T-855-08
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-855/08
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Reiteración de jurisprudencia
DERECHO A MANTENER EL PODER ADQUISITIVO DE
LAS PENSIONES-Reiteración
de jurisprudencia
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia
excepcional/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
CONSEJOS SECCIONAL Y SUPERIOR DE LA
JUDICATURA-Competencia
para conocer en primera y segunda instancia de la presente acción de tutela
DERECHO A MANTENER EL PODER ADQUISITIVO DE
LAS PENSIONES Y LA
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA-No cabe ningún trato diferenciado, ni
siquiera por el transcurso del tiempo/DERECHO A MANTENER EL PODER
ADQUISITIVO DE LAS PENSIONES Y LA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA-La
inmediatez no es argumento que permita declarar la improcedencia de la tutela
en el presente caso
DEFECTO SUSTANTIVO-Configuración/DEFECTO SUSTANTIVO-No
se presenta en este caso por cuanto la decisión  fue realizada con los
criterios jurisprudenciales del momento y un cambio de jurisprudencia posterior
no afecta la cosa juzgada
DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE-No se presenta en este caso porque los
jueces ordinarios reconocieron la indexación de la primera mesada pensional
actualizando las sumas con base en el IPC y tal como lo señaló la C-862/06
Para esta Sala, las decisiones sub examine no
incurrieron en un defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial
sobre la materia.  En las providencias judiciales que hoy son objeto de
reproche, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Neiva fueron enfáticos al asegurar que el pensionado adquirió los
derechos con base en lo dispuesto en la ley 33 de 1985 sin embargo, las
prestaciones le habían sido reconocidas de conformidad con las exigencia de la
Ley 100 de 1993, circunstancia que, según el desarrollo y alcance que la
jurisprudencia ordinaria le había dado paso a la disposición contenida en
inciso tercero del artículo 36 de dicha normatividad, exigía que el calculo de
la indexación se hiciera anual. Adicionalmente, esta Corporación al hacer un
análisis de las decisiones mencionadas por el tutelante encuentra que las
discusiones jurídicas en los casos de tutelas anteriores giraba en torno a la
negativa de indexar la primera mesada pensional del actor, lo cual demuestra
que en ese momento el debate jurídico se centraba en un punto que hoy se
encuentra superado, pues es evidente que la primera mesada pensional del
tutelante se concedió, pues como ya se ha dicho en este caso la discrepancia
radica en la fórmula para calcular el valor de la indexación de la primera
mesada pensional, la cual fue reconocida al actor dentro de los respectivos
procesos. Resulta necesario precisar que, en todo caso la interpretación
consignada en la sentencias acusadas relativas a la fórmula contenida en el
artículo 36 de la ley 100 de 1993, encuentran total armonía con los recientes
pronunciamientos realizados por la Corte Constitucional en las sentencias C-862
de 2006, y en la sentencia C-891-A de 2006.
Referencia: expediente T-1.902.846
Acción de tutela instaurada por Germán
Bautista Serrano contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia,  la Sala Civil, Familia y Laborar del Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Neiva y el Banco Cafetero en liquidación.
Magistrado Ponente:
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá D.C.,
dos (2) de septiembre de dos mil ocho (2008).
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional
integrada por los Magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Jaime Araujo
Rentería y Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en los artículos 33
y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de los fallos de tutela
dictados por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, el veinte (20) de febrero de dos mil ocho (2008) y
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del  Consejo Superior de la Judicatura el
quince (15) de abril de  dos mil ocho (2008).
I. ANTECEDENTES
El señor Germán Bautista Serrano, actuando por medio
de apoderado judicial, interpuso acción de tutela en contra de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Civil-Familia-Laboral
del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Neiva y el Banco Cafetero en
Liquidación por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad,
el debido proceso,  el respeto a los derechos adquiridos y a la seguridad
social.
Hechos y Pretensiones
1.- Manifiesta el accionante que prestó sus servicios
personales al Banco Cafetero, mediante contrato a término indefinido, desde el
22 de septiembre de 1969 hasta el 15 de septiembre de 1988.
Indica que, teniendo en cuenta lo anterior, el Banco
Cafetero hoy en liquidación, en calidad de último empleador, le otorgó mediante
la resolución No. 096 de 2002 la pensión de jubilación oficial, a partir del 2
de octubre de 2001, fecha en la que el actor cumplió 55 años de edad,  en
cuantía inicial de $286.000 correspondiste al salario mínimo legal mensual
vigente para dicho año.
Señala que, inconforme con la cuantía inicial de su pensión,
interpuso los recursos de la vía gubernativa ante el Banco Cafetero hoy en
liquidación, los cuales fueron resuelto en forma negativa, por lo que inició el
correspondiente proceso ordinario laboral, cuyo conocimiento correspondió en
primera instancia al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva, el cual
mediante sentencia del 26 de enero de 2005 condenó al Banco Cafetero en
liquidación a pagarle al demandante, por concepto de pensión de jubilación, a
partir del 2 de octubre de 2001, la suma de $864.807, más el valor de los
reajustes pensiónales causados y que se causarán desde esa fecha, previo
descuento de los aportes para salud, hasta que cumpliera los 60 años de edad.
Expresa que, el Banco Cafetero en Liquidación
insatisfecho con el fallo de primer grado presentó recurso de apelación, que
fue conocido por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Neiva, la cual mediante sentencia de 21 de septiembre de
2005 modificó el mencionado fallo en el sentido de declarar que el valor
correcto de la pensión de jubilación del actor al 2 de octubre de 2001 ascendía
a $368.659.27.
A juicio del actor, el Tribunal Superior de Neiva
utilizó una fórmula equivocada, que no tiene respaldo matemático ni jurídico, y
que se aparta de las previstas en los artículos 11 del Decreto 1748 de 1995 y
178 del C. C. A.
El Banco Cafetero formuló recurso extraordinario de
casación contra la sentencia del Tribunal, el cual fue resuelto, mediante
providencia del 24 de julio de 2007 por la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, que decidió no casarla.
Estima el accionante que, la sentencia de la Sala
Labora de la Corte Suprema de Justicia se sustenta en un error aritmético por
haber omitido la certificación expedida por el DANE, sobre la cual se debe
basar la indexación, y que contiene el monto de valorización acumulada del
961.84%.
De igual forma, considera que la fórmula para indexar
que aplicó la Corte Suprema de Justicia no corresponde a un verdadero cálculo
actuarial para determinar el valor de una suma que debe ser actualizada. Lo
anterior, por cuanto se aparta de la contenida en los artículos 11 de Decreto 1748
de 1995 y 178 del C. C. A., que es la utilizada por el DANE para tales efectos,
al igual que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
Manifiesta el actor que la sentencia objeto de
reproche fue adoptada con pleno respeto a la normatividad aplicable al caso
controvertido, razón por la cual, expresa que su inconformidad se circunscribe
exclusivamente a la metodología que se utilizó para indexar la mesada inicial
del señor Bautista Serrano.
Seguidamente, indica que al efectuar la operación
matemática con la fórmula que se debe aplicar resulta claro que la Corte se
equivocó al considerar que los $106.860.9 de septiembre de 1988 equivalían en
octubre de 2001 a la suma de $368.569.27, como se indicó en la sentencia.
El demandante pone de presente que, a causa de la
fórmula aplicada por la Corte Suprema de Justicia, el monto de su primera mesada
pensional se disminuyó en más de $496.147.73, lo que representa una pérdida del
57.3%.
Señala que al no existir fórmula expresa señalada en
la normatividad vigente, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la
Judicatura han acogido la contenida en  los artículos 11 del Decreto 1748 de
1995 y 178 del C. C. A., la cual a juicio del actor, resulta ser más
beneficiosa para el trabajador, pues refleja criterios de justicia y equidad.
Considera el accionante que, la Corte Suprema de
Justicia desconoció el principio in dubio pro operario, al no hacer uso
de la analogía, para aplicar las fórmula más favorable para la indexación de
las mesadas pensiónales, contenida en los artículos 11 del decreto 1748 de
1995, y 178 del Código Contenciosos Administrativo. Por todo lo anterior,
manifiesta que el alto Tribunal incurrió en una vía de hecho por defecto
sustantivo y desconocimiento del precedente jurisprudencial, profiriendo una
sentencia arbitraria contraria al ordenamiento jurídico.
Para terminar, el actor manifiesta que es una persona
de la tercera edad, quien fue discriminado por el Banco Cafetero en liquidación
y que está sufriendo un perjuicio irremediable de carácter vitalicio, ya que se
trata de una obligación de tracto sucesivo.
Como consecuencia de lo anterior, solicita al juez de
tutela ordene dejar sin efectos las sentencias proferidas por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el día 24 de julio de 2007, y
la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Distrito de Neiva, el
día 21 de septiembre de 2005. En consecuencia, pide se deje vigente la
sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva, el
día 26 de enero de 2005, y por consiguiente se ordene al Banco Cafetero en
Liquidación “realizar los correspondientes pagos de la indexación de la
primera mesada pensional en la forma como lo establece el Decreto 1748 de 995 y
el artículo 178 del C. C. A. a favor del señor GERMÁN BAUTISTA SERRANO  a
partir del 2 de octubre y en adelante, en cuantía inicial de $864.807 mensuales
con sus reajustes de ley y el pago retroactivo del monto total adeudado al
actor, teniendo en cuenta el porcentaje certificado por el DANE (indice final –
indice inicial) de conformidad con la fórmula establecida en el artículo 178 del
C. C. A..(…)”
Intervención de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia.
2.- Mediante auto de trece (13) de febrero de 2008, la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia manifiesta las razones
por las cuales consideraba que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca no puede asumir el conocimiento y
darle trámite a la acción de tutela de la referencia.
De manera textual expresa: “1. La acción de tutela
que intenta el señor el señor (sic) fue inicialmente presentada ante la SALA DE
CASACIÓN PENAL DE CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, que mediante auto
del 17 de enero de 2008 la rechazó.
De lo citado se desprende con claridad que la acción
interpuesta fue materia de una decisión definitiva por la autoridad judicial
competente para conocerlo, de modo que no puede ser nuevamente intentada ante
una diferente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 38 del
Decreto 2591 de 1991.
2.  Según el artículo 235 de la  Constitución
Política, el conocimiento del recurso de casación es una atribución exclusiva
de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  Por lo tanto, ningún otro órgano ni
corporación puede “actuar como tribunal de casación”, ni producir decisiones en
este campo.
Como “máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, la
Corte Suprema de Justicia es un órgano límite y , por tanto, sus decisiones no
pueden ser modificadas, anuladas o desconocidas por ninguna autoridad,, pues la
propia Constitución les da el sello de intangibilidad, de modo que son últimas
y definitivas dentro de la respectiva especialidad, dado que, adicionalmente,
no existe órgano judicial superior, de acuerdo con la misma Carta Política (…)
3. Por lo anteriormente expuesto, es evidente que la
Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura de Cundinamarca
carece de competencia para conocer de una acción de tutela instaurada contra la
Corte Suprema de Justicia, con más veras si se en consideración lo establecido
en el inciso 2° del numeral 2° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000 (…)
Dicha disposición fue incluida dentro de carias demandas de nulidad que se
acumularon, promovidas contra el citado Decreto 1382 de 2000, de las que
conoció el Consejo de Estado (…)Corporación que en sentencia del 18 de julio de
2002, denegó las súplicas, respecto de la citada norma, entre otras.  Como ese
precepto está actualmente vigente, pues no ha sido declarado nulo ni derogado,
debe ser inexonerablemente cumplido por las autoridades judiciales.
4. Si existe una clara disposición que atribuye a la
propia CORTE SUPREMA DE JSUTICIA el conocimiento de las acciones de tutela que
se intentan contra sus decisiones y dicho precepto está en vigor y es de
obligatoria observancia, no tiene ningún efecto jurídico la atribución de
competencia efectuada por la CORTE CONSTITUCIONAL pata conocer de esas acciones
a otras autoridades judiciales distintas de las señaladas por el ordenamiento
legal, pues actuó completamente por fuera de sus funciones, con desconocimientos
de principios tan caros a un estado de derecho como el de legalidad e invitando
a los jueces se sustraigan al imperativo de aplicar normas vigentes y que ya
surtieron el examen de constitucionalidad y legalidad por el órgano competente
pata el efecto”[1].
Para finalizar, la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia solicita declarar la nulidad de lo actuado y rechazar
la acción de tutela.
Intervención del Banco Cafetero en liquidación
3.- El señor Pablo Muñoz Gómez, Gerente
Liquidador del Banco Cafetero en Liquidación, previo a su pronunciamiento sobre
la acción de tutela de la referencia, se refirió a la naturaleza jurídica de
dicha entidad financiera, indicando que el Gobierno Nacional mediante Decreto
610 de 7 de marzo de 2005, ordenó la disolución y liquidación del BANCO
CAFETERO S. A., sociedad de economía mixta del orden nacional, vinculada al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme a las facultadas otorgadas
al Presidente de la República en los numerales 1°, 2° y 3° del artículo 52 de
la Ley 489 de 1998, y de acuerdo con la recomendación que efectuó el Consejo
Nacional de Política Económica y Social CONPES.
De manera concreta, frente a los hechos
expuestos en la presente tutela manifestó que mediante Resolución 096 de 2002,
el Banco Cafetero le reconoció al actor una pensión mensual de jubilación
oficial, en cuantía inicial de $286.000 a partir del 2 de octubre de 2001.
El ISS, mediante Resolución No. 001212 de
2007, le reconoció al señor BAUTISTA SERRANO una pensión de vejez a partir del
2 de octubre de 2006, en cuantía inicial de $630.727. Como consecuencia de
ello, y dado que el fenómeno de la compatibilidad pensional opera ipso iure,
el Banco Cafetero hoy en liquidación mediante Resolución No. 518 P del 17 de
mayo de 2007, extinguió el derecho de jubilación oficial a partir del 2 de
octubre de 2006.
Indicó que el señor Germán Bautista
Serrano instauró proceso ordinario laboral, el cual culminó con la sentencia de
casación proferida por la Corte Suprema de Justicia el 24 de julio de 2007.  El
Banco Cafetero para darle cumplimiento al mencionado fallo procedió a realizar
la reliquidación correcta mensual junto con la reconciliación de los valores
pagados, conforme a lo dispuesto por esa Corporación.  Liquidación que arrojó
la suma de $6.434.708, que corresponde a la mesadas de octubre de 2001 a
octubre de 2006, incluidas las adicionales, como quiera que a partir del 2 de
octubre de 2006 el ISS asumió la totalidad de la pensión.  Suma que fue pagada
mediante depósito judicial efectuado el 29 de octubre de 2007.
A juicio de la entidad demandada la
acción de tutela no puede prosperar, toda vez que existe cosa juzgada sobre la
materia, dado que en el mencionado proceso ordinario laboral se definió la
controversia de acuerdo con la fórmula aplicable a la indexación de la primera
mesada pensional.
Adicionalmente, indicó que en el caso
concreto no se cumplen con ninguno de los requisitos para que proceda la acción
de tutela contra decisiones judiciales, pues lo que se discute es la fórmula
que debe utilizarse para indexar la primera mesada, lo cual, a su juicio no
tiene relevancia constitucional.  Además, no se cumplió con el presupuesto de
la inmediatez, como quiera que la providencia de la Corte Suprema data de 24 de
julio de 2007, es decir, desde hace más de seis meses.
Señaló que no puede pasarse inadvertido
que la parte actora tampoco acreditó que se estuviera en presencia de las
causales específicas de procedibilidad como son la existencia de un defecto
fáctico, orgánico, procedimental, material o sustancial, o un error inducido, o
falta de motivación, ni mucho menos una violación directa de la Constitución.
Afirmó que no ha existido trasgresión del
ordenamiento jurídico y la decisión no puede ser revocada por vía de tutela,
sino con sujeción a los procedimientos, recursos e instancias que el mismo
contempla, ya que admitir lo contrario vulneraría los principios de cosa
juzgada, seguridad jurídica y autonomía funcional consagrados en  el artículo
228 de la Carta.
A su juicio resulta inadmisible que la
acción de tutela sea el mecanismo para acceder al reconocimiento de un beneficio
económico en cuantía mayor teniendo en cuenta que el juez natural accedió al
derecho, tal como ocurrió en el presente caso.
De igual forma, expresó que no existe
duda alguna en torno a la existencia de un precedente jurisprudencial
constitucional referido a la improcedencia de las acciones de tutela, en donde
se persigue la aplicación de la fórmula diferente a la establecida por la Corte
Suprema de Justicia para liquidar la indexación de la primera mesada pensional.
Para finalizar, concluyó que i) el Banco
Cafetero en Liquidación no ha vulnerado ni ha puesto en peligro ningún derecho
fundamental del accionante; y por el contrario, su actuar se encuentra ajustado
a derecho como quiera que se ha dado cumplimiento a las sentencia judicial que
ordenó la indexación de la primera mesada pensiona del señor BAUTISTA SERRANO;
ii) No existe, desde ningún punto de vista, vía de hecho o defecto alguno,
dentro de la decisión proferida el 24 de julio de 2007 por la Honorable Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, iii)  la acción de tutela no
debe ser utilizada como mecanismo para acceder al reconocimiento de un
beneficio económico en cuantía mayor, cuando ya el juez natural reconoció el
derecho, iv) en el presente caso no se cumple con el requisito de la
inmediatez, toda vez que la sentencia contra la cual se dirige la presente
acción fue proferida hace mas de 6 meses, lo que denota la ausencia de urgencia
y necesidad del amparo pretendido por el BAUTISTA SERRANO, v) conforme a los
planteamientos expuestos por la Corte Constitucional en sentencia T-440/06 y
T-070/07, no es procedente la acción de tutela cuando lo que se persigue es la
modificación de la fórmula utilizada por la jurisprudencia ordinaria para
liquidar la indexación de la primera mesada pensional, pues en tales casos no
se evidencia, pues, en tales casos no se evidencia ninguno de los defectos
específico para que sea procedente la tutela contra la sentencia judicial. De
acuerdo con lo anterior, solicitó negar la solicitud de amparo.
Actuación surtida ante la Corte Constitucional
4.- Por medio de auto de veintiocho
(28) de julio de 2008 el Magistrado Sustanciador a fin de lograr un mejor
proveer en el asunto de la referencia, ordenó que por Secretaría General de
esta Corporación se solicitara a la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, que en el término de cinco (5) días hábiles remitiera a
este despacho copia del copia del expediente contentivo del Proceso Ordinario
Laboral iniciado por el señor Germán Bautista Serrano contra Banco Cafetero en
Liquidación, radicado bajo el número 28.383.
Vencido el término probatorio, mediante oficio de
treinta y uno (31) de julio de 2008, la Secretaria de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia informó que el expediente contentivo
del ordinario laboral promovido por el señor German Bautista Serrano contra
BANCAFE fue devuelto a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito
judicial de Neiva, por cuanto mediante sentencia de fecha de 24 de julio de 2007
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia decidió el recurso
de casación que interpuso el abogado de la parte demandada.
5.- Mediante auto de 13 de agosto de 2008 el
Magistrado Sustanciador a fin de lograr un mejor proveer en el asunto de la
referencia, ordenó que por Secretaría General de esta Corporación se solicitara
al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva, que en el término de dos (2)
días hábiles remitiera al Despacho copia del expediente contentivo del Proceso
Ordinario Laboral iniciado por el señor Germán Bautista Serrano contra Banco
Cafetero en Liquidación, radicado bajo el número 41001 31 05 002 2004 00159 01.
Dentro del término probatorio, la Secretaría del
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva, mediante oficio No. 1323 de 13
de agosto de 2008 remitió el expediente del proceso laboral iniciado por el
señor Germán Bautista Serrano contra BANCAFÉ, en cuatro cuadernos de 153, 81,
14 y 88 folios.
II. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
Fallo de primera instancia.
6.- La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca que obró como juez de conocimiento
en primera instancia, declaró improcedente la acción de tutela formulada por el
señor Germán Bautista Serrano contra la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Neiva y el Banco Cafetero en Liquidación.
Conviene mencionar que el a quo, previo el
análisis del problema jurídico de fondo, precisó su competencia para conocer de
la presente acción de tutela, por mandato de la máxima autoridad constitucional
ante los eventos en que, como en el presente caso, las acciones de tutela
contra providencia judiciales fueron rechazadas por la Corte Suprema de
Justicia.
De manera concreta, el Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca consideró que el recurso de amparo no cumplía con el
requisito de inmediatez, toda vez que las sentencias impugnadas
correspondientes al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Neiva y a la
Corte Suprema de Justicia, fueron proferidas el 21 de septiembre de 2005 y el
24 de julio de 2007 respectivamente, sin embargo la acción de tutela fue
formulada por primera vez en el mes de enero de 2008, esto es, “casi seis
(6) meses después de proferida la última de las decisiones en cita y más de dos
años de emitida la primera”[2].
A juicio del juzgado de primera instancia, no se
evidenció una justa causa que explique los motivos por los cuales el señor
GERMAN BAUTISTA SERRANO no formuló su acción de tutela de manera oportuna,
dentro de un término razonable, prudencial y adecuado, ni se infiere la
ocurrencia de hechos nuevos que impongan la protección de los derechos
fundamentales invocados.
Destacó el Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca que “(…) aunque el apoderado judicial del señor BAUTISTA
SERRANO afirma que se reúne el requisito general de la inmediatez exigido por
la Corte Constitucional para que proceda la acción de tutela contra decisiones
judiciales porque: se trata de una obligación de tracto sucesivo, lo cierto es
que la documental allegada por el Banco Cafetero En Liquidación da cuenta que
mediante Resolución No. 001212 del 12 de abril de 2007, el ISS le reconoció la
pensión por vejez en cuantía superior a la que devengaba por concepto de
pensión de jubilación oficial, razón por la cual, le extinguió esta última a
partir del 2 de octubre de 2006, lo que significa que actualmente no se
encuentra cobijado por la misma”.
Agregó que, si bien el apoderado del actor dirige
todos sus planteamientos a atacar la providencia de la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, al afirmar que la misma incurrió en un error
al escoger la fórmula que se debía aplicar para liquidar la indexación de su
primera mesada pensional, la revisión de las copias por él mismo allegadas
informan que el señor Germán Bautista Serrano no formuló recurso extraordinario
de casación contra la sentencia proferida por el Tribunal, por medio de la cual
se modificó el fallo de primera instancia, en el sentido de declarar que el
valor correcto de la pensión de jubilación del actor al 2 de octubre de 2001
ascendía a la suma de $368.629.27.  De acuerdo con lo anterior, reitera la Sala
que “quien no hace uso de los mecanismos de defensa judicial que le ofrecía
el ordenamiento jurídico, no puede luego acudir ala acción de tutela como si
fuera una tabla de salvación”.
Impugnación del señor Germán Bautista Serrano
7.- Por medio de escrito presentado el veintiséis (26)
de febrero de 2008, el apoderado judicial del señor Germán Bautista Serrano
impugnó la sentencia proferida por el juez de primera instancia, a partir del
cual manifestó que el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca
desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en especial la
sentencia C-862 de 2006 en la que se definió la procedibilidad de la indexación
de la mesada pensional para todos los pensionados de Colombia, teniendo como
fundamento el índice de precios al consumidor certificado por el DANE.
Manifestó que, en lo que respecta al principio de
inmediatez, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que el
Juez no puede rechazar la tutela por el paso del tiempo, pues su deber es
estudiar el fondo del asunto para determinar si hubo vulneración de algún
derecho fundamental.  Adicionalmente, señaló que en sentencia C-543 de 1992 se
indicó que no existe un término perentorio para la interposición de la tutela,
razón por la cual consideró que no es posible rechazar este tipo de acciones
por el paso del tiempo.
De igual forma, indicó que el juez constitucional es
quien  debe determinar la inmediatez de la presentación de una tutela en cada
caso concreto y la duda siempre debe resolverse a favor del trabajador o
pensionado.
Por otro lado, expresó que la Corte Suprema de
Justicia utilizó para indexar la primera mesada pensional una fórmula no
prevista en la ley, que a su juicio obedece más a una liquidación de intereses
que a una indexación en estricto sentido, por tal motivo, en su sentir, el alto
tribunal debió utilizar la fórmula prevista en los artículos 11 del decreto
1748 de 1995 y 178 del C. C. A.
Por último, concluyó que no le asiste razón al
fallador de primera instancia al considerar que la presente acción de tutela es
improcedente por cuanto no se interpuso el recurso extraordinario de casación.
Lo anterior, debido a que el proceso ordinario  finalmente fue conocido por la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con lo cual se
agotaron todas las etapas procesales existentes. Además, a su juicio la
sentencia objeto de impugnación resulta contradictoria, ya que por un lado,
afirma que desde hace varios años la Corte Constitucional se ha pronunciado
sobre la procedencia para reclamar la indexación de la primera mesada
pensional, y del otro, concluye que la demanda de tutela no esta llamada a
prosperar, lo anterior, sin tener en cuenta que la jurisprudencia
constitucional ha señalado que el principio de inmediatez no es aplicable
respecto de derechos que se causen en forma periódica y vitalicia.
Para finalizar, indicó que el juez de tutela para
resolver el proceso de la referencia no puede dejar de lado el hecho que, el
fallo de casación que decidió el proceso del señor Bautista Serrano fue
proferido el 24 de julio de 2007 con base en un criterio jurisprudencia que fue
abandonado 5 meses después por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia  mediante sentencias No. 31222 de 13 de diciembre de 2007 y No. 29171
de 22 de enero de 2008, a partir de las cuales se desechó el criterio que venía
manejando para indexar el valor inicial de la pensión, y se acogieron los
lineamientos que, a juicio del accionante permiten la aplicación de la fórmula
establecida en el decreto 1748 de 1995.
Fallo de segunda instancia.
8.- Por medio de sentencia del quince (15) de abril de
2008, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura, confirmó el
fallo de tutela impuganado.  Sin embargo, consideró el ad quem que “En
el presente caso, el lapso de tiempo transcurrido entre la presunta violación
del derecho alegado y la interposición  de la presente acción no ha sido mayor
a seis meses, situación que analizada inconcreto no se puede considerar como un
plazo desproporcionado, por cuanto la ejecutoria de la decisión de casación
sólo ocurrió el 28 de agosto de 2007 y su rechazo en la Sala Penal de la Corte
Suprema se produjo el 17 de Enero, por lo que su presentación fuee anterior,
estando de por medio la vacancia judicial del mes de diciembre, de suerte tal
que en realidad de verdad, nos encontramos ante un término de 4 meses, el que
de ninguna manera puede considerarse desproporcionado”.
Respecto del agotamiento de los medios de defensa judicial,
estimó que el accionante al no haber acudido al recurso extraordinario de
casación, omitió la utilización de unos de los mecanismos judiciales con los
que contaba para defenderse, sin alegar justificación alguna, circunstancia que
trajo como consecuencia la declaratoria de improcedencia de la acción en
segunda instancia.
III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
Competencia.
1.- Es competente esta Sala de la Corte Constitucional
para revisar la decisión proferida dentro de la acción de tutela de la
referencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral
9o., de la Constitución Política y en concordancia con los artículos 31 a 36
del Decreto 2591 de 1991.
Asunto a tratar
y problema jurídico
2.-De la lectura del expediente que ahora ocupa la
atención de la Sala Octava de Revisión se encuentra que el problema jurídico a
resolver es el siguiente:
¿Incurrió la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia en una causal de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales al proferir la sentencia de casación de 24 de
julio de 2007 que a su vez confirma el fallo emitido por la Sala
Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Neiva el 26
de enero de 2005, por haber aplicado la fórmula para indexar la primera mesada
pensional del accionante contenida en el artículo 36 de la ley 100 de 1994,
omitiendo así la utilización de fórmulas que a juicio del actor resultaban más
benéfica para el?
3.- A partir de las anteriores
consideraciones, para resolver el problema jurídico planteado en este caso, la
Sala (i) analizará el derecho a la indexación de la primera
mesada pensional o mejor el derecho a la indexación del salario base para la
liquidación de la primera mesada pensional, (ii) reiterará los
argumentos que se han desarrollado en torno a la procedencia excepcional de la
acción de tutela en contra de providencias judiciales, (iii) resolverá
el caso concreto.
El derecho a la indexación de la primera
mesada pensional o mejor el derecho a la indexación del salario base para la
liquidación de la primera mesada pensional.
4.- La jurisprudencia constitucional ha
reconocido la existencia de un derecho constitucional de los pensionados
a mantener el poder adquisitivo de su mesada pensional. Este derecho ha
sido derivado de una interpretación sistemática de distintos enunciados
normativos constitucionales.
5.- Por una parte del artículo 48
constitucional precepto según cuyo tenor “[l]a ley definirá los medios para
que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo
constante”. Este precepto, aunque por su indeterminación normativa tiene la
típica estructura de principio[3], señala explícitamente un
deber constitucional en cabeza del Congreso de la República y por lo tanto
sirve de parámetro de control de las medidas adoptadas por el poder legislativo
en la materia. El artículo en comento fue adicionado por el Acto Legislativo 01
de 2005, el cual introdujo el deber adicional en cabeza del Estado colombiano
de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional, sin embargo,
este añadido no desvirtúa el mandato cuya realización incumbe al Legislador, de
definir los medios para mantener el poder adquisitivo constante de los recursos
destinados a pensiones, simplemente señala expresamente un factor que ha de ser
ponderado por la ley, cuya importancia por otra parte ha sido puesta de relieve
por la jurisprudencia constitucional de tiempo atrás[4].
6.- De otro lado, el artículo 53
constitucional señala que “[e]l Estado garantiza el derecho al pago oportuno
y al reajuste periódico de las pensiones legales”, según ha sostenido esta
Corporación:
“… la redacción del artículo 53 en comento
señala claramente un derecho constitucional cuyo titular son los pensionados y
cuyo sujeto pasivo es el Estado colombiano al cual le corresponde garantizar
el reajuste periódico de las pensiones legales. Este precepto también tiene una
estructura normativa propia de un principio, por lo tanto es un mandato de
optimización cuya ejecución corresponde al Estado colombiano, el cual deberá
satisfacerlo en la mayor medida posible de acuerdo a las circunstancias
fácticas y jurídicas y ponderando los restantes derechos y bienes
constitucionales en juego. Su configuración corresponde en primera medida al
Legislador, el cual deberá precisar los instrumentos adecuados para garantizar
la actualización periódica de las mesadas pensionales, labor en la cual cuenta
con una significativa libertad”[5].
7.- Igualmente para la configuración del
derecho constitucional de los pensionados al mantenimiento del poder
adquisitivo de la mesada pensional resultan relevantes principios y derechos
fundamentales consagrados en la Carta de 1991, algunos de los cuales encuentran
aplicación específica en derecho laboral, tales como la especial protección
constitucional a las personas de la tercera edad (Art. 46 de la C. P.), el derecho
fundamental a la igualdad (Art. 13 de la C. P. ) y el derecho al mínimo vital.
En efecto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la mesada
pensional es un mecanismo que garantiza el derecho al mínimo vital de las
personas de la tercera edad, porque esta prestación periódica dineraria permite
a los pensionados acceder al conjunto de prestaciones constitutivas del mínimo
vital, en esa medida se han establecido presunciones tales como que el no pago
de la mesada pensional vulnera el derecho al mínimo vital, en esa medida la
actualización periódica de esta prestación es simultáneamente una garantía del
derecho al mínimo vital y una medida concreta a favor de los pensionados, por
regla general adultos mayores o personas de la tercera edad y por lo tanto
sujetos de especial protección constitucional.
8.- Las anteriores consideraciones resultan
relevantes en lo que hace referencia al contenido del derecho a mantener el
poder adquisitivo de las pensiones porque éste no se limita a la
actualización de las mesadas pensionales una vez han sido reconocidas por la
entidad competente, sino que también incluye la actualización del salario
base para la liquidación de la primera mesada. Al respecto cabe destacar
que las numerosas decisiones de tutela[6] proferidas por esta
Corporación en las cuales se ha ocupado de la indexación del salario base para
liquidar la pensión de jubilación se ha entendido que esta pretensión en
concreto esta cobijada por el derecho a la actualización de las mesadas
pensionales.
9.- Se tiene, entonces que la
jurisprudencia constitucional ha derivado de distintos preceptos
constitucionales un derecho constitucional de los pensionados a mantener
el poder adquisitivo de su mesada pensional dentro de cuyo ámbito de
conductas protegidas se encuentra el derecho a la indexación de la primera
mesada pensional.
10.- En fecha reciente, en la sentencia
C-862 de 2006, al examinar la constitucionalidad del artículo 260 del C. S. T.
se sostuvo:
Ahora bien, como se sustentó en acápites
anteriores de la presente decisión, si bien puede afirmarse que existe un
derecho constitucional a la actualización de las mesadas pensionales, del cual
hace parte el derecho a la actualización del salario base para la liquidación
de la pensión o de la primera mesada pensional, en esta materia como antes se
dijo existe una amplia libertad de configuración del Congreso de la República,
precisamente debido a que el artículo 48 constitucional señala que incumbe al
órgano legislativo establecer los medios para el cumplimiento de tal fin. Desde
esta perspectiva, corresponde al Legislador señalar los mecanismos idóneos para
garantizar este derecho constitucional. Sin embargo, desde la perspectiva
jurisprudencial el problema siempre ha sido considerado a partir del derecho
a la indexación de la primera mesada pensional, es decir, tanto la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, como la de la Corte
Constitucional, se han referido a un instrumento específico para actualizar el
salario base de la liquidación de la mesada pensional: la indexación.
Considera esta Corporación que los
precedentes fijados en materia de tutela resultan relevantes para subsanar la
vulneración de los distintos derechos y principios constitucionales en juego,
máxime cuando en estos casos la jurisprudencia constitucional ha atendido al
criterio utilizado por el Legislador para actualizar la capacidad adquisitiva
de las pensiones.
En efecto, como se refirió en un acápite
precedente de esta decisión, la indexación es el criterio empleado de manera
preferente por el Congreso de la República para mantener la capacidad
adquisitiva de las mesadas pensionales y, adicionalmente, la Ley 100 de 1993 la
prevé específicamente en su artículos 21, respecto del ingreso base para la
liquidación de la pensión de los trabajadores e igualmente en su artículo 36
respecto del ingreso base para la liquidación de la pensión de vejez de las
personas cobijadas por el régimen de transición previsto en el mismo estatuto.
Como antes se anotó, corresponde al
Legislador en ejercicio de su libertad de configuración determinar los
mecanismos idóneos para mantener la capacidad adquisitiva de las pensiones, no
obstante, frente a la ausencia de una previsión legal al respecto, laguna
normativa que afecta desfavorablemente a una categoría determinada de
pensionados, aquellos cobijados por el artículo 260 del C. S. T., y que por lo
tanto vulnera distintos derechos constitucionales amén de resultar contraria a
principios consagrados en la Carta de 1991 -tales como el principio de in
dubio pro operario, y el principio de Estado social de derecho- es preciso
adoptar un criterio reparador de la afectación constatada. En esa medida se
considera que la indexación, al haber sido acogida por la legislación vigente
para los restantes pensionados, es un mecanismo adecuado para la satisfacción
de los derechos y principios constitucionales en juego.
Lo anterior no significa que a indexación
sea el único mecanismo idóneo para la actualización de las mesadas pensionales
que pueda implementarse, pues el Legislador en ejercicio de su libertad de
configuración puede acudir a otros criterios, siempre y cuando garantice el
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones mediante la actualización
de la salario base para su liquidación.
Por las anteriores consideraciones se
declararán exequibles los numerales 1 y 2 del artículo 260 del C. S. T. en el
entendido que el salario base para la liquidación de la pensión de jubilación
de que trata este precepto deberá ser actualizado con base en la variación del
índice de precios del consumidor IPC certificada por el DANE.
11.- De acuerdo con lo anterior, puede
concluirse que esta Corporación ha entendido que la indexación es un mecanismo
idóneo –aunque no el único- para garantizar la actualización de la primera
mesada pensional –o mejor del salario base para liquidación de esta prestación económica-
cuando ha mediado un tiempo sustancial entre el momento en que el trabajador se
retira o es retirado de una empresa y el reconocimiento de la pensión.
Pretensión que como se ha dicho tiene sustento en el derecho constitucional de
los pensionados a mantener el poder adquisitivo de la pensión y que ha sido
protegido tanto en sede de constitucionalidad como en sede de tutela en
numerosas oportunidades.
Procedencia excepcional de la acción de tutela en
contra de providencias judiciales. Reiteración jurisprudencial
12.- En una consolidada línea jurisprudencial[7],
la Corte Constitucional ha establecido con precisión los requisitos que deben
cumplirse para la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Antes de analizar cada uno de ellos, es preciso detenerse sobre
algunas consideraciones.  En efecto, la Sala recuerda que uno de los primeros
pronunciamiento sobre este tema lo constituye  la sentencia C- 543 de 1992 en
virtud de la cual se estudiaron los cargos de inconstitucionalidad contra los
artículos 11 y 12 del decreto 2591 de 1991 que regulaban la acción de tutela
contra providencias judiciales, los cuales fueron declarados inexequibles. Sin
embargo, esta Corporación en aquella oportunidad matizó los efectos de su
decisión de manera que abrió la posibilidad para que de modo excepcional
procediera la tutela contra providencias judiciales en el evento en que tales
decisiones, revestidas desde el punto de vista formal de un aparente sustento
jurídico, constituyeran, de facto, una vía de hecho[8]por
haber sido dictadas sin fundamento ni justificación y por obedecer, en ese
sentido, a actuaciones caprichosas y arbitrarias del juzgador.
La Corte se pronunció en aquella ocasión a favor del
principio de seguridad jurídica, pero no dejó de lado las consideraciones de
justicia y estimó que en casos en los cuales se presente dilación injustificada
en la adopción de un fallo; o no se observen con diligencia los términos
procesales; o incurra el funcionario competente para fallar en actuaciones de
hecho por medio de las cuales se amenace vulnerar o se vulneren los derechos constitucionales
fundamentales; o la decisión amenace causar o cause  un perjuicio irremediable,
procedería la acción de tutela contra providencias judiciales.
13.- Según lo expresado por la Corte Constitucional en
innumerables ocasiones, existe un estrecho nexo entre la posibilidad de ejercer
la acción de tutela contra providencias judiciales y varios de los principios
establecidos en la Constitución. Ello es así, ha dicho este Tribunal, por
cuanto no puede admitirse que las autoridades públicas actúen de manera
manifiestamente contraria a la Constitución y a la Ley. Esto no solo
significaría cuestionar seriamente la legitimidad de las decisiones estatales
sino que representaría, a un mismo tiempo, desconocer el principio de legalidad
que es el fundamento sobre el cual deben surtirse todas las actuaciones de las
autoridades públicas (artículos 121 y 122 de la Constitución Nacional) y a
partir del cual se deriva su responsabilidad (artículos 6 y 90 de la
Constitución Nacional). La Corte ha insistido en que tolerar actuaciones
arbitrarias infringe también el principio de igualdad (artículo 13 de la
Constitución Nacional)[9].
Además de lo anterior, ha insistido esta Corporación
en que es preciso reparar, al tenor de lo dispuesto por el artículo 86 de la
Constitución Nacional, en que la protección de los derechos constitucionales
fundamentales por vía de acción de tutela procede “cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública.” (Subrayas fuera de texto). De conformidad con está
línea de pensamiento ha dicho este Tribunal Constitucional, “[l]os jueces
son autoridades públicas y sus providencias constituyen su principal forma de
acción. (...) la Corte Constitucional en sus salas de revisión y en su Sala
Plena ha reiterado que la tutela sí procede contra providencias judiciales
cuando éstas constituyen vías de hecho. También ha proferido sentencias de
constitucionalidad con efectos erga omnes en el mismo sentido.”
(Énfasis dentro del texto)[10].
14.- La procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales ha sido reconocida de manera expresa y detallada por la
Sala Plena de la Corporación en varias sentencias de unificación[11]
y ha sido confirmada, desarrollada y profundizada por las distintas Salas de
Revisión de Tutela. Así por ejemplo, en la sentencia T-441 de 2003, la Sala
Séptima de Revisión hizo una síntesis de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional al respecto. En aquella ocasión, la Sala puso énfasis en que la
procedencia de la acción de tutela se fundamenta también en el artículo 25 de
la Convención Interamericana de Derechos Humanos e insistió en que por medio de
la jurisprudencia constitucional se han fijado los requisitos de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales[12].
6.- En sentencia
T-231 de 1994 se establecieron cuáles eran los defectos que hacían posible la
procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias
judiciales por configurar vías de hecho. Dicho fallo estableció que estos
defectos eran: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión
controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii)
defecto fáctico, que tiene lugar cuando resulta indudable que el juez
carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto
legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se
presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada,
carece, absolutamente, de competencia para ello; y, (iv) defecto
procedimental que aparece en aquellos eventos en los que se actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
15.- En sentencia T-327 de 1994,
la Corte precisó los requisitos que deben ser verificados en cada caso concreto
a fin de determinar la procedencia de la tutela contra una actuación judicial.
Estos deben ser, de conformidad con la jurisprudencia: (i) que la conducta del
juez carezca de fundamento legal; (ii) que la actuación obedezca a la voluntad
subjetiva de la autoridad judicial; (iii) que conlleve la vulneración grave de
los derechos fundamentales; y, (iv) que no exista otro mecanismo de defensa
judicial, o que de existir, la tutela sea interpuesta como mecanismo
transitorio a fin de evitar un perjuicio irremediable; o que, de la valoración
hecha por el juez constitucional surja que el otro mecanismo de defensa no es
eficaz para la protección del derecho fundamental vulnerado o amenazado[13].
16.- Posteriormente, en
sentencia T-462 de 2003 se elaboró una clara clasificación de las causales de
procedibilidad de la acción. En dicho fallo, la Sala Séptima de Revisión indicó
que este mecanismo constitucional resulta procedente únicamente en aquellos
casos en los cuales, con ocasión de la actividad jurisdiccional, se vean
afectados los derechos fundamentales al verificar la ocurrencia de uno de los
siguientes eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii)
defecto fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v)
violación directa de la Constitución y, (vi) desconocimiento del precedente.
17.- Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional[14]
ha indicado que la acción de tutela es el mecanismo idóneo para restablecer los
derechos fundamentales conculcados mediante una decisión judicial, cuando se
cumplen ciertos requisitos, entre los que puede destacarse, el relacionado con
el principio de subsidiariedad, según el cual el actor antes de
acudir al amparo constitucional debe haber agotado todos los recursos
judiciales ordinarios para la defensa de sus derecho fundamentales, en
consecuencia debe quedar clara la inexistencia de otro medio de defensa
judicial eficaz e inmediato que permita precaver la ocurrencia de un perjuicio
irremediable[15].
18.- De igual forma, esta Corporación ha
señalado que, la procedencia la acción de tutela contra providencia judiciales,
exige que esté plenamente probado dentro del proceso la existencia de por lo
menos alguna de las causales especiales de procedibilidad, las cuales han sido
identificadas como posibles vicios o defectos que al estar presentes en la
decisión judicial, permiten que el juez constitucional revise el fallo
cuestionado.[16]
En efecto, la Corte Constitucional ha desarrollado
toda una extensa línea jurisprudencial acerca de este tema, la cual ha ido
precisando con el propósito de definir el concepto y campo de acción de cada
uno de los vicios o defectos que pueden presentarse en las providencias
judiciales, cuya enunciación no pretende ser exhaustiva, pero si registra los
principales casos en los que este Tribunal ha encontrado  “una manifiesta
desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial”.[17]
A continuación se hará un breve explicación de algunos de estos defectos, no
sin antes mencionar que, en esta oportunidad se hará referencia especial al
llamado defecto fáctico por su importancia en la solución del caso que hoy nos
ocupa.
19.- En lo que atañe al denominado (i) defecto
orgánico, se ha establecido que se presenta “cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello”[18]. Respecto
del (ii) defecto procedimental absoluto, se ha expresado que
surge “cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento
establecido”[19],  es decir, se desvía
ostensiblemente de su deber de cumplir con las “formas propias de cada
juicio”[20], con la
consiguiente perturbación o amenaza a los  derechos fundamentales de las partes.
En estos casos, el error procesal debe ser manifiesto, debe extenderse  a la
decisión final, y no puede ser en modo alguno atribuible al afectado[21].
20.- Por su parte, el llamado (iii) defecto
fáctico, ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como aquel
que surge “cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión”[22].
La Corte Constitucional en sentencia
T-458 de 2007 enunció diversos casos en los que se configura de manera clara un
defecto fáctico a saber: (i) Defecto fáctico por la omisión en el decreto y
la práctica de pruebas; (ii) Defecto fáctico por la no valoración del acervo
probatorio (iii) Defecto fáctico por desconocimiento de las reglas de la sana
crítica.[23]De
igual forma, esta Corporación ha explicado que el defecto fáctico se
presenta cuando están de por medio problemas relacionados con soportes
probatorios.
21.- De igual forma, esta Corporación ha establecido
otros tipos de defectos, entre los cuales encontramos (iv) el error
inducido “Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales”; (v) decisión sin
motivación, “que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional”; (vi) desconocimiento del precedente, hipótesis
que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado[24]”; (vii)
Violación directa a la Constitución[25].
(Subrayado fuera del texto).
22.- Finalmente, debe mencionarse otro tipo de vicio
que ha sido denominado por la jurisprudencia constitucional como (viii)
defecto sustantivo, el cual en términos generales, se presenta “cuando
la actuación controvertida se funda en una norma indiscutiblemente
inaplicable”. En relación con este defecto, recientemente en sentencia
T-087 de 2007 precisó que: “Existe un defecto sustantivo en la decisión
judicial, cuando la actuación controvertida se funda en una norma
indiscutiblemente inaplicable[26], ya sea
porque[27] (a) la
norma perdió vigencia por cualquiera de las razones de ley[28],
(b) es inconstitucional[29], (c) o
porque el contenido  de la disposición no tiene conexidad material con los
presupuestos del caso[30]. También
puede darse en circunstancias en las que a pesar del amplio margen
interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, se
produce (d) un grave error en la interpretación de la norma[31],
el cual puede darse por desconocimiento de sentencias con efectos erga omnes, o
cuando la decisión judicial se apoya en una interpretación contraria a la
Constitución[32].
Así mismo, en
la mencionada sentencia se precisó que se considera también que existe un
defecto sustantivo en las providencias judiciales que tenga problemas
determinantes relacionados: “(e) con una insuficiente sustentación o
justificación de la actuación[33] que
afecte derechos fundamentales; (f) cuando se desconoce el precedente judicial[34]
sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, que hubiese permitido una
decisión diferente si se hubiese acogido la jurisprudencia[35];
o (g) cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución siempre
que se solicite su declaración por alguna de las partes en el proceso[36].
(Subrayado fuera del texto)
Con base en las consideraciones antes
expuestas, procederá la Sala a resolver el caso que hoy es objeto de análisis.
Análisis del
Caso Concreto
23.- El señor Germán Bautista Serrano trabajó para el
Banco Cafetero desde el 22 de septiembre de 1969 hasta el 15 de septiembre de
1988.  El 2 de octubre de 2001 cumplió 55 años de edad, razón por la cual
solicitó al Banco su pensión de jubilación con fundamento en la ley 33 de 1985,
la cual fue reconocida mediante la resolución No.096 de 19 de junio de 2002 en
cuantía inicial de $80.145, reajustada al salario mínimo legal de la
anualidad, es decir, $286.000.oo.
Conviene precisar que, para los efectos de la
liquidación de ésta pensión el banco Cafetero tomó como base el 75% del salario
promedio devengado en los último años de servicios comprendidos entre el 16 de
agosto de 1987 y el 15 de septiembre de 1988, lo que arrojó un sueldo promedio
de $62.661 al que se le agregó otros factores salariares, para un salario
promedio total de $106.860, cuyo 75% arroja $80.145 reajustada al
salario mínimo legal de la anualidad, es decir, $286.000.
24.- Inconforme con la cuantía inicial de su pensión,
interpuso los recursos de la vía gubernativa ante el Banco Cafetero en
Liquidación, los cuales fueron resuelto de forma negativa, razón por la cual
presentó demanda ordinaria laboral ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito
de Neiva, que mediante sentencia de 26 de enero de 2005 condenó al Banco
Cafetero a reajustar la mesada inicial de la pensión del demandante a $864.807,
junto con sus reajustes de ley, previo descuento de los aportes para salud
hasta que cumpla los 60 años de edad.
25.- Dicha providencia fue apelada por el Banco
Cafetero, impugnación que conoció la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva, que mediante sentencia de 21 de
septiembre de 2005, modificó el fallo de primera instancia y declaró que el
valor correcto de la pensión de jubilación del señor Bautista Serrano al 2 de
octubre de 2001 ascendía a $368.659.27. En la citada decisión el
Tribunal advirtió que el actor no devengó salarios entre la fecha de su
desvinculación del Banco (15 de septiembre de 1988) y hasta cuando cumplió los
requisitos legales para pensionarse (2 de octubre de 2001), razón por la cual
se tuvo en cuenta el salario promedio devengado en el último año de servicio,
pues al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, le faltaban menos de 10 años
para adquirir el derecho.
Para la actualización de la primera mesada pensional,
el Tribunal acudió a los lineamientos establecidos por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 25 de octubre de 2004,
radicación 21930, es decir, tomó como base el salario promedio devengado por el
actor durante su último año de servicios, esto es, entre el 16 de septiembre de
1987 y el 15 de septiembre de 1988, es decir, $106.860 y lo actualizó año tras
año desde la fecha de retiro que fue el 16 de septiembre de 1988 hasta cuando
cumplió el requisito de la edad para jubilarse, o sea, el 2 de octubre de 2001,
aplicó como referente los índices de precios al consumidor en cada uno de esos
años y los multiplicó por el numero de días que trascurrieron entre el día
siguiente de la fecha de su retiro y aquella en la que cumplió la edad
requerida.
26.- Contra la anterior sentencia, el Banco Cafetero
formuló recurso extraordinario de casación, el cual fue resuelto por la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante providencia de 24 de julio de
2007, en la que decidió no casar la sentencia del Tribunal, pues a su juicio,
el planteamiento acogido por el fallador de segunda instancia se ajustó al
criterio mayoritario de la Corte Suprema de Justicia sobre esta materia.  Lo
anterior, por cuanto el actor se encontraba cobijado por el régimen de
transición de la ley 100 de 1993, por haber cumplido con el requisito de la
edad en vigencia de ésta, por tanto base salarial para tasar la correspondiente
mesada pensional de bía determinarse con base en el inciso tercero del artículo
36 de la mencionada ley.
27.- El señor Germán Bautista Serrano interpuso acción
de tutela contra las decisiones proferidas por la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia y la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal
Superior de Distrito de Neiva por considerar que vulneraron sus derechos
fundamentales a la igualdad, el debido proceso, la seguridad social en
pensiones, al principio de favorabilidad, entre otros.
De manera concreta alega que las mencionadas providencia
presentan varios defectos, entre los que pueden destacarse dos principalmente:
(i) la existencia de un defecto sustantivo por haber omitido la
aplicación de una fórmula de indexación de la primera mesada pensional mucho
más favorable a sus intereses, contenida en los artículos 11 de Decreto 1748 de
1995 y 178 del C. C. A, desconociendo con ello,
el derecho constitucional de mantener el poder adquisitivo de las pensiones, y
(ii) defecto por desconocimiento del precedente, por no aplicar la
jurisprudencia de la Corte Constitucional en la que se indexó con base en la
fórmula:  R=Rh Índice final/Indice Inicial.
Indica el accionante que al efectuar la operación
matemática con la fórmula que debe aplicarse a su caso, resulta claro que la
Corte se equivocó al considerar que los $106.860.9 de septiembre de 1988
equivalían en octubre de 2001 a la suma de $368.569.27. Además, manifiesta que
al no existir fórmula expresa señalada en la normatividad vigente, el Consejo
de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura han acogido la contenida en
los artículos 11 del Decreto 1748 de 1995 y 178 del C. C. A., la cual, a juicio
del actor, resulta ser mas benéfica para el
trabajador, pues refleja criterios de justicia y equidad.
Asunto previo: competencia de la las Salas
Disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y del
Consejo Superior de la Judicatura para conocer en primera y segunda instancia
respectivamente de la presente acción de tutela.
28.- Antes de entrar a analizar el asunto de fondo de
la presente acción de tutela resulta necesario hacer algunas precisiones
relacionadas con la competencia de las Salas Disciplinarias del Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y del Consejo Superior de la Judicatura
para conocer en primera y segunda instancia respectivamente de la presente
acción de tutela.
En primer lugar, debe mencionarse que el señor Germán
Bautista Serrano, en un primer momento presentó la acción de tutela de la
referencia ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la
cual decidió rechazar sin darle trámite. En consecuencia, el actor acudió ante
el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca para que conociera del respectivo
amparo, quien por medio de auto de 8 de febrero de 2008 decidió admitir y
avocar el conocimiento de la misma.  Concretamente ordenó:
“1. Se notifique el trámite de esta acción
a todos y cada uno de los Magistrados de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, a los Magistrados de la Sala Civil-Familia-Laboral
del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Neiva – Huila (fl44 C. O.) y al
Representante Legal del Banco Cafetero EN LIQUIDACIÓN, a quienes se les
remitirá copia de la demanda formulada para que manifiesten lo que consideren
pertinente respecto de los hechos y circunstancias allí señaladas en ejercicio
del derecho de defensa (art. 16 del Decreto 2591 de 1991).
2. Notificar esta acción de tutela, como
tercero determinado, al Juzgado 2ª Laboral del Circuito de Neiva (Huila).
3. Tener como pruebas copias allegadas por
el apoderado judicial del actor.
4. Reconocer al doctor EDUARDO ARDILA
TORIIJOS como apoderado judicial del señor GERMAN BAUTISTA SERRANO, a quienes
se le notificará lo dispuesto en este auto.”[37]
A partir de lo mencionado anteriormente, la Sala
considera que la decisión de darle trámite a la acción de tutela se ajustó a lo
establecido por la Corte Constitucional por medio de auto 004 de 3 de febrero
de 2004 en el que se dispuso:
“En esa medida, si la Constitución Política
(art. 86), el Decreto 2591 de 1991 (art. 1º), y el Decreto Reglamentario 1382
de 2000, establecen que la tutela procede contra cualquier autoridad pública y
no solo en contra de las autoridades administrativas, y así lo han reiterado la
Corte Constitucional en sus sentencias sobre la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales por vía de hecho y el Consejo de Estado en la sentencia
anteriormente citada, es evidente que lo resuelto por las diferentes Salas de
Casación de la Corte Suprema de Justicia al no admitir a trámite las acciones
de tutela que interponen las personas contra providencia judicial proferida por
una Sala de dicha Corporación, les vulnera su derecho constitucional
fundamental de acceso a la administración de justicia (C. N., art. 229) y a
obtener la tutela judicial efectiva de sus derechos fundamentales, de
conformidad con los Tratados Internacionales (Convención Americana de Derechos
Humanos, art. 25), y las Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (OC-11/90, OC-16/99).
Le corresponde por lo tanto a la Corte Constitucional,
como máximo órgano de la Jurisdicción Constitucional, impedir que continúe la violación
advertida, dado que las solicitudes de tutela en los casos en que las
diferentes Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia resuelven no
admitir su trámite, no pueden quedar sin solución alguna.
Pese a lo anterior, no es posible, como regla general,
que la respectiva Sala de Selección disponga lo pertinente sin que las tutelas
hubieren surtido el trámite propio de las instancias.
En estos casos entonces, con fundamento en el artículo
37 del decreto 2591 de 1991, que dispone que son competentes para conocer de la
acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el
lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación
de la solicitud, y con el fin de que las personas logren que se pueda disponer
lo pertinente en relación con la revisión de dichas acciones de tutela, los
accionantes tienen el derecho de acudir ante cualquier juez (unipersonal o
colegiado), incluida otra Corporación de igual jerarquía, solicitando la tutela
del derecho fundamental que consideran violado. Es claro que el juez
escogido por el actor o actores no podrá suscitar conflicto de competencia con
la Corte Suprema de Justicia pues es la autoridad que ya con anterioridad ha
resuelto no admitir su trámite.(Subrayado fuera del texto)
Tampoco podrá negarse la tutela respectiva con
fundamento en la temeridad o mala fe del accionante, por cuanto para estos
casos, al no existir una decisión de fondo, la vulneración sobreviniente del
derecho de acceso a la administración de justicia justifica la nueva
interposición de la acción de tutela.
Finalmente, es necesario dar un tratamiento
igual a otros ciudadanos que puedan encontrarse en la misma situación aquí
advertida. Por ello, para los casos en que exista la misma situación de
vulneración del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y
la no tutela judicial efectiva de sus derechos fundamentales, los ciudadanos
tienen el derecho de acudir ante cualquier juez (unipersonal o colegiado),
incluyendo una Corporación de igual jerarquía a la Corte Suprema de Justicia,
para reclamar mediante una acción de tutela la protección del derecho
fundamental que consideran violado con la actuación de una Sala de casación de
la Corte Suprema de Justicia” (negrillas añadidas).
De acuerdo con lo anterior, esta Sala de Revisión,
confirmará la decisión de los órganos de la Jurisdicción disciplinaria de
declararse competente para conocer de la acción de tutela de la referencia.
Análisis de los requisitos genéricos de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales exigidos por la
jurisprudencia constitucional.
29.- En relación con el primer requisito la Sala pudo
constatar que el caso sometido a estudio involucra la posible vulneración de
derechos fundamentales del accionante, entre los que pueden destacarse, por
ejemplo, el derecho constitucional de los pensionados a mantener el poder
adquisitivo de su mesada pensional, dentro de cuyo ámbito de conducta protegida
se encuentra el derecho a la indexación de la primera mesada pensional, el
derecho a la vida digna, el mínimo vital, la seguridad social, entre otros, los
cuales pueden verse comprometidos de alguna forma con las decisiones de la
justicia ordinaria que indexan la primera mesada pensional con base en la
fórmula creada a partir del artículo 36 de la ley 100 de 1993.
30.- En
cuanto al segundo requisito referido al agotamiento de todos los mecanismos
judiciales de defensa requeridos para obtener el reconocimiento de su derecho
pensional, conviene precisar que en el presente caso, a partir de la lectura
del expediente, se evidencia que el actor agotó todos los medios judiciales
ordinarios que se encontraban a su alcance y a pesar de no haber interpuesto el
recurso extraordinario de casación, la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia conoció del respectivo proceso en virtud del recurso presentado por el
Banco Cafetero en liquidación, con lo cual tuvo la oportunidad de pronunciarse
sobre este tema en sede de casación.
A juicio de
esta Sala de Revisión en el presente proceso se agotaron todos los medios
judiciales de defensa existentes, pues el proceso laboral ordinario llegó a la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quedando con ello
superada todas la etapas procesales existentes.
31.- En tercer lugar, la Sala debe determinar si la
tutela se interpuso dentro de un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la presunta vulneración a los derechos fundamentales del
accionante, esto es, si se cumplió con el requisito de inmediatez.  En este
punto, la Sala considera oportuno reiterar las consideraciones expuestas por el
juez de segunda instancia al decidir la presente tutela respeto del requisito
de inmediatez.  Consideró el ad quem que:
“En el presente caso, el lapso de tiempo
transcurrido entre la presunta violación del derecho alegado y la
interposición  de la presente acción no ha sido mayor a seis meses, situación
que analizada inconcreto no se puede considerar como un plazo desproporcionado,
por cuanto la ejecutoria de la decisión de casación sólo ocurrió el 28 de
agosto de 2007 y su rechazo en la Sala Penal de la Corte Suprema se produjo el
17 de Enero, por lo que su presentación fue anterior, estando de por medio la
vacancia judicial del mes de diciembre, de suerte tal que en realidad de
verdad, nos encontramos ante un término de 4 meses, el que de ninguna manera
puede considerarse desproporcionado”.
De igual forma, conviene recordar que la Corte
Constitucional en sentencia C-862 de 2007 consideró que en los supuestos en
donde la acción de tutela se dirije a conseguir el mantenimiento del poder
adquisitivo de la pensión, así como la indexación de la primera mesada
pensional, no cabe hacer ningún trato diferenciado, ni siquiera por el transcurso
del tiempo. Dicho argumento, ha sido puesto de presente en fallos posteriores,
de manera concreta la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
mediante sentencia T-1059 de 2007  indicó:
Al respecto
esta Sala debe recordar que, tal y como se anunció arriba cuando se extrajeron
algunas de las consideraciones más importantes de la Sentencia de
Constitucionalidad C-862 de 2006, en tratándose de solicitudes que pretendan el
mantenimiento del poder adquisitivo de la pensión, así como la indexación de la
primera mesada pensional, no cabe hacer ningún trato diferenciado, ni siquiera,
por el transcurso del tiempo.
Lo anterior
quiere decir, que a diferencia de lo que planteó la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia en el fallo de tutela, en este caso concreto la
inmediatez no es un argumento que permita declarar la improcedencia de la
presente acción y en consecuencia, se concluye que en el presente caso la
acción de tutela interpuesta por la accionante es plenamente procedente.
En efecto, subsiste
la vulneración del derecho constitucional a obtener la indexación de la primera
mesada pensional y por tanto la acción es procedente. Esto significa que no es
procedente alegar inmediatez cuando el desconocimiento de un derecho
constitucional se ha prolongado en el tiempo y no se ha dado el
cumplimiento de tal derecho. (Negrillas fuera del texto original).
Lo que en la
actualidad, por vía de tutela, pone en conocimiento la accionante es que
estando vigente el derecho constitucional de indexación de la primera mesada
pensional y el de actualización de poder adquisitivo de las pensiones, ella
continúa en un estado de indeterminación, puesto que a pesar de existir un
fallo de segunda instancia dictado por un juez en la vía ordinaria que la
afecta, actualmente se encuentra vigente una vulneración de sus derechos
constitucionales que, tal y como se resalta en la demanda de tutela, fueron
reafirmados en la sentencia de constitucionalidad C-862 de 2006. Para la
accionante en la actualidad no se le están garantizando sus derechos
constitucionales como pensionada, derechos que puede hacer exigibles en todo
momento sin que se pueda existir ningún tipo de discriminación, incluso ni
siquiera por haber interpuesto una acción ordinaria con anterioridad.
Existe el
derecho de indexación de la primera mesada pensional. Lo que la sentencia C-862
de 2006 ha hecho es declarar que tal derecho deriva de la Constitución. Esto significa
que si el derecho está consagrado en la Constitución de 1991 en el artículo 53
no puede hablarse de inmediatez porque subsiste la vulneración de tal derecho,
por lo cual es irrelevante el tiempo transcurrido.
A diferencia de lo estimado por el juez de primera
instancia, la Sala considera que  en el caso sub examine, el demandante
interpuso oportunamente la acción de tutela, lo anterior por cuanto en esta
materia la posible vulneración del derecho a obtener la indexación de la
primera mesada pensional subsiste mientras no sea reconocida en debida forma,
con lo cual la violación del derecho constitucional se prolonga en el tiempo
mientras no se haya hecho efectivo el mencionado reconocimiento, circunstancia
que permite concluir que el actor en la presente tutela cumplió con el
respectivo requisito.
32.- En cuarto lugar, esta Corporación observa que el
accionante identificó de manera razonable los hechos que a su juicio generaron
la posible vulneración de sus derechos fundamentales, no sólo dentro del
trámite de tutela sino en el proceso que se adelantó ante la justicia
ordinaria, pues desde ese momento la parte actora dejó en claro que su derecho
reclamado era de orden constitucional y que el las entidades accionadas lo
habían vulnerado al utilizar, supuestamente de manera equivocada, una fórmula
matemática que reducía el monto de la primera mesada pensional.
33.- Por último, en los que respecta al último
requisito, queda claro que la presente acción de tutela no se dirige a
controvertir fallos de tutela, sino la sentencia de casación de la Sala Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, al igual que el fallo proferido por el
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Neiva, razón por la cual se considera
cumplida esta exigencia.
Análisis de los requisitos especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales exigidos por la
jurisprudencia constitucional.
34.- A partir de la lectura del expediente es posible
concluir que, el actor circunscribe el presunto defecto judicial de las
sentencias proferidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia y el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Neiva en la falta de
aplicación de la fórmula para indexar la primera mesada pensional contenida en
los artículos 11 del Decreto 1748 de 1995 y 178 del C. C. A.
De acuerdo con lo anterior, puede inferirse que el
tipo de defecto que el señor Germán Bautista aduce como sustento de la
procedencia de la acción de tutela, puede corresponder según la clasificación
de la jurisprudencia, a uno de los tipos que a continuación se indican:
a)
Defecto
Sustantivo
35.- De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional el defecto sustantivo, en términos generales, se presenta
cuando el caso se decide con base en  normas indiscutiblemente inaplicables,
inexistentes o inconstitucionales.
Acorde con lo anterior, a juicio del demandante los
jueces de la jurisdicción ordinaria incurrieron en este defecto al haber
omitido la aplicación de una fórmula de indexación de la primera mesada
pensional mucho más favorable a sus intereses, contenida en los artículos 11 de
Decreto 1748 de 1995 y 178 del C. C. A, desconociendo
con ello, el derecho constitucional de mantener el poder adquisitivo de las
pensiones y el principio de in dubio pro operario.
36.- En este punto, la Sala debe recordar que de
acuerdo con las pruebas documentales que obran en el expediente, el actor fue
pensionado por el Banco Cafetero como consecuencia del cumplimiento de los
requisitos previstos en la Ley 33 de 1985, de acuerdo con el régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.  Inconforme con la
suma reconocida por el Banco, interpuso acción ordinaria laboral, que fue
decidida favorablemente a sus intereses en primera instancia; sin embargo, en
segunda instancia el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Neiva, revocó
parcialmente el fallo anterior, al considerar que el actor por haber adquirido
el derecho a pensionarse bajo la vigencia de la ley 100 de 1993, tenía garantizado
por ley la indexación de la primera mesada pensional.
De manera concreta precisó el Tribunal que, respecto
de las personas que se pensionaron bajo la vigencia de la ley 100 de 1993, pero
adquirieron el derecho de acuerdo con los requisitos exigidos por la Ley 33 de
1985, la liquidación de la indexación de la primera mesada pensional debe
hacerse aplicando la fórmula contenida en la Ley 100 de 1993, pues la Ley 33 de
1985 opera únicamente para efectos de determinar el cumplimiento de los
requisitos de la pensión.
Dicha decisión encuentra sustento en la jurisprudencia
de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia sobre esta
materia, la cual ha determinado que el procedimiento para indexar la primera
mesada pensional de estas personas, se encuentra en el inciso tercero del
artículo 36 de la ley 100 de 1993,  consistente en hacer la indexación
anualmente, no como lo sugiere el apoderado del actor, de manera global.
37.- Dentro del trámite de casación, la Sala Laboral
de la Corte Suprema de Justicia indicó que el planteamiento del Tribunal
Superior de Distrito judicial de Neiva se ajustaba al criterio mayoritario
predominante, por tanto la base salarial para tasar la mesada pensional del
señor Bautista Serrano es la señalada en el inciso tercero del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, resultando en estas condiciones procedente la actualización
del ingreso base de liquidación como se anotó  en la sentencia de casación del
27 de julio de 2004 radicado 21907, la cual estableció lo siguiente:
“El cometido del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 es actualizar anualmente la base salarial que ha de
servir para tasar la mesada pensional, valga decir, garantizar que los ingresos
para establecer esa base de liquidación mantengan su valor real, lo que se
logra adecuando la aludida disposición a todas las situaciones cuya
actualización sea procedente, entre ellas la que ocupa la atención de la Sala,
que no es otra que en el evento de no haberse cotizado ni recibido salario
entre el retiro del servicio o la entrada en vigencia de la nueva Ley de
Seguridad Social y la fecha en que se cumplió la edad o requisitos para acceder
al derecho pensional. (Negritas fuera del texto)
“De acuerdo con el inciso
tercero de la disposición en comento, la actualización debe hacerse año por año
o por fracción de año, tomando la variación del IPC de cada una de esas
anualidades y aplicándolo al salario promediado, sin que sea dable como lo
sostiene el censor, que para la casuística del examine se suponga que continuó
el demandante devengando un salario superior para cada lapso, pues aquí no se
trata de actualizar un ingreso nominal que ha sufrido cambios periódicos sino
un salario promedio que no tuvo modificación con posterioridad a la vigencia de
la Ley 100, máxime cuando esa base de liquidación se remonta es al promedio
devengado en el último año de prestación de servicios. (Negritas fuera del
texto)
“Y si se le diera la razón al
recurrente, lo que se estaría actualizando sería el salario del año anterior ya
indexado, lo cual iría en contra vía del espíritu de la norma que no prevé que
esos montos se acumulen, conllevando una doble revaluación, siendo que lo
pertinente es tomar como punto de partida el mismo promedio y aplicarle el
incremento del índice respecto de cada una de las anualidades conforme a la
ley, en la forma reflejada en la fórmula que viene utilizando la Corte, que es
igual a la acogida por los sentenciadores, al igual que la desarrollada por el
propio demandante en su escrito de alegación de folios 83 a 88 y que
extrañamente luego la cambió en su memorial de apelación obrante de folios 166
a 169, tratando de obtener un mayor valor de la mesada.
“En consecuencia, aplicando
la fórmula empleada por la Sala de esta Corte que respeta los parámetros y el
propósito del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la cual se a viene más al caso
particular, la base salarial para tasar la mesada inicial se contrae a la
cantidad de $591.531,38,00, cifra que ha de actualizarse año a año, desde el
momento en que se desvinculó el actor de la entidad bancaria (10 de enero de
1993) y hasta cuando cumplió los 55 años de edad (7 de septiembre de 2 ),
tomando como referente para ello los índices de variación de precios al consumidor
para cada uno de esos años que aparecen certificados por el DANE a folios 89 a
91 y multiplicado por el número de días que transcurrieron entre el día
siguiente a la fecha de retiro del accionante y aquella en que cumplió el requisito
de la edad para que surja el derecho al reconocimiento de la pensión, que fue
3.127 días”
38.- De lo anterior se desprende que, tanto el
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Neiva como la Corte Suprema de
Justicia consideraron que el caso del señor Bautista Serrano encuadraba en el
supuesto de hecho atrás descrito, razón por la cual debía aplicársele la
normatividad contenida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a fin de
indexar su primera mesada pensional.  En otras palabras, los jueces ordinarios
dieron solución a las pretensiones del demandante, teniendo en cuenta el
criterio jurisprudencial predominante de la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, en virtud del cual la liquidación de la indexación de la primera
mesada pensional de las personas que se encuentran en la misma situación
jurídica que el accionante debe hacerse de conformidad con el inciso tercero
del artículo 36 de la ley 100 de 1993, que literal y expresamente ordena
computar la indexación del promedio devengado anualmente, no globalmente como
lo solicita el accionante en la presente tutela.
39.- La Sala encuentra que, en este caso concreto, no
son de recibo las consideraciones del apoderado del accionante dirigidas a
intentar la aplicación de criterios que han sido trazados actualmente por la
jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia a partir de
las sentencias No. 31222 de 13 de diciembre de 2007 y No. 29171 de 22 de enero
de 2008, las cuales fueron proferidas 5 meses después de que se resolviera de
manera definitiva su controversia por medio de sentencia de casación, dentro
del proceso laboral correspondiente, el cual a juicio de la Sala contó con
todas las garantías constitucionales necesarias. Lo anterior, debido a que, a
partir de una lectura detenida del expediente se pudo evidenciar, tal como se
ha expresado, que la liquidación de la indexación de la primera mesada
pensional del accionante fue realizada de acuerdo con los criterios
jurisprudenciales que para el momento del fallo eran los acogidos
mayoritariamente por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, con lo cual un cambio jurisprudencia posterior no puede influir en un
asunto que fue resuelto de manera legal y argumentada con el lleno de las
garantías constitucionales por el órgano competente en un momento determinado.
40.- En tal sentido, recuerda la Sala que la acción de
tutela no puede servir de instrumento para revivir controversias que fueron
resueltas con anterioridad, cuya decisión ha hecho transito a cosa juzgada; y
mucho menos para controvertir interpretaciones objetivas y razonables  de los
órganos de cierre sobre esa materia.  En efecto, esta Corporación ha reiterado
en varias oportunidades que la preservación de los principios de autonomía e
independencia judicial, y de respeto a las jurisdicciones naturales, impone
reconocer que, frente a una interpretación razonable de una disposición
jurídica, el juez de tutela debe abstenerse de adoptar medidas anulatorias[38].
De manera concreta la Corte Constitucional en sentencia T-588 de 2005 señaló:
“[N]o es posible
cuestionar, por vía de tutela, una sentencia, únicamente porque el actor o el
juez constitucional consideran que la valoración probatoria o la interpretación
de las disposiciones legales por el juez ordinario fueron discutibles. Es
necesario que las interpretaciones y valoraciones probatorias del juez
ordinario sean equivocadas en forma evidente y burda para que pueda  proceder el
amparo constitucional. Cualquier tesis distinta implicaría no sólo desconocer
la autonomía funcional que tienen los jueces para interpretar el derecho y
valorar las pruebas (CP art. 230) sino que además desconocería la separación
funcional entre la justicia constitucional y la jurisdicción ordinaria.
Así, desde el punto de vista
interpretativo, es obviamente ‘contrario al principio de autonomía judicial, -
uno de los pilares y presupuestos del Estado de Derecho - que el juez de tutela
tenga la facultad de dejar sin efecto las decisiones válidamente producidas por
otros jueces, con el argumento de una disparidad de criterios en la lectura de
una norma’.[39]
41.- Así pues, la Sala encuentra que en el fondo lo
que el actor controvierte es la aplicación de la ley 100 de 1993 a su caso
concreto, problema jurídico que fue resuelto en su momento por el órgano
competente para hacerlo, el cual estimó que se trataba de supuestos que
encuadraban perfectamente en la normatividad mencionada, por cumplir el
accionante los requisitos para obtener su pensión en vigencia de ésta, esto es,
el 2 de octubre de 2001.  Circunstancia que sirvió de base para que se hiciera
uso de una interpretación de autoridad consagrada en la jurisprudencia laboral
sobre la materia, en virtud de la cual, la fórmula aplicable era la contenida
en el artículo 36 de la ley 100 de 1993 y no la del decreto 1748 de 1995.
42.- Los argumentos expuestos encuentran pleno
respaldo en la jurisprudencia constitucional, específicamente se tiene que esta
Corporación mediante sentencia T-440 de 2007, resolvió un caso parecido
al que hoy es sometido a consideración de la esta Sala.  En aquella oportunidad,
el demandante alegaba que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia y el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Laboral, habían incurrido en
una causal de procedibilidad de tutela contra providencia judiciales al no
utilizar la fórmula del cálculo para la indexación de la primera mesada
pensional contenida en el artículo 11 del Decreto 1748 de 1995.  A fin de
resolver la controversia suscitada alrededor de la fórmula que debía aplicarse
para indexar la primera mesada pensional, la Sala Sexta de Revisión indicó:
“(…) la Corte Suprema de Justicia respondió
al demandante el cargo que hoy esgrime como sustento de la tutela, relativo a
la fórmula utilizada por el juzgador de segunda instancia para adelantar el
cálculo de la indexación de la primera mesada pensional. De manera expresa, la
Corte Suprema advirtió al casacionista que, tal como lo reconocieron fallos
previos de esa Corporación, la aplicación del artículo 11 del Decreto
1748 de 1995 resulta inapropiada para adelantar el cálculo de la indexación de
la primera mesada pensional de personas que se han pensionado de conformidad
con la ley 100 de 1993, pues el Decreto 1748 de 1995 está destinado a regular
la forma de emisión, cálculo redención y demás condiciones de los bonos
pensionales, asunto cuyo tratamiento resulta inapropiado para operaciones
relativas a la base salarial de una pensión. (Subrayado fuera del texto
original”
Así pues, además de advertir al señor
Pancha Bohórquez que la liquidación de la indexación de la primera mesada pensional
debía hacerse -según criterio de la jurisprudencia- de conformidad con el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la Corte Suprema de Justicia le aclaró que
tal decisión no implicaba vulneración de la fórmula prevista en el Decreto 1748
de 1995, pues ésta era inaplicable al caso en estudio, argumento que además
explicó profusamente mediante la cita del siguiente aparte jurisprudencial:
“Como primera
medida, no es de recibo la critica de orden técnico que realizó el opositor a
la demanda de casación, por razón de que el Tribunal al desatar la apelación
interpuesta por la parte actora, no fundó su decisión de modo exclusivo en la
jurisprudencia, ya que sobre el punto aquí controvertido edificó su propia
argumentación consistente en no acoger los parámetros sugeridos por el
demandante para que se aplicara la fórmula contenida en el artículo 11 del
Decreto 1748 de 1995, aduciendo que lo que allí se regula es lo atinente a la “emisión,
cálculo, redención y demás condiciones de los bonos pensionales...”, es así
que ni siquiera el ad-quem cita el pronunciamiento jurisprudencial que evoca el
censor para concluir la inaplicabilidad de esa disposición al caso en estudio.
(…)
“De acuerdo
con el inciso tercero de la disposición en comento, la actualización debe
hacerse año por año o por fracción de año, tomando la variación del IPC de cada
una de esas anualidades y aplicándolo al salario promediado, sin que sea dable
como lo sostiene el censor, que para la casuística del examine se suponga que
continuó el demandante devengando un salario superior para cada lapso, pues
aquí no se trata de actualizar un ingreso nominal que ha sufrido cambios
periódicos sino un salario promedio que no tuvo modificación con posterioridad
a la vigencia de la Ley 100, máxime cuando esa base de liquidación se remonta
es al promedio devengado en el último año de prestación de servicios.
“Y si se le
diera la razón al recurrente, lo que se estaría actualizando sería el salario
del año anterior ya indexado, lo cual iría en contravía del espíritu de la
norma que no prevé que esos montos se acumulen, conllevando una doble
revaluación, siendo que lo pertinente es tomar como punto de partida el mismo
promedio y aplicarle el incremento del índice respecto de cada una de las
anualidades conforme a la ley, en la forma reflejada en la fórmula que viene
utilizando la Corte, que es igual a la acogida por los sentenciadores, al igual
que la desarrollada por el propio demandante en su escrito de alegación de
folios 83 a 88 y que extrañamente luego la cambió en su memorial de apelación
obrante de folios 166 a 169, tratando de obtener un mayor valor de la mesada.
(…)
En suma, la Corte Suprema de Justicia
advirtió al hoy tutelante que, por ser inaplicable la disposición del artículo
11 del Decreto 178 de 1995, procedía, en atención a sus condiciones
particulares, ordenar el cálculo de la indexación de la primera mesada
pensional según lo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que literal
y expresamente ordena computar la indexación del promedio devengado anualmente,
no integralmente, ni a partir del salario percibido cada año, como éste lo
solicitaba. La Corte puso de manifiesto así que seguir la fórmula de cálculo
sugerida por el casacionista implicaría indexar el último salario devengado,
que ya se encontraba actualizado, y no el promedio de los salarios, como lo
ordena la ley.
Hecho el anterior recuento, para esta Sala
resulta claro que las providencias judiciales que resolvieron en segunda
instancia y casación la demanda laboral presentada por el tutelante no incurren
en defecto sustantivo por inaplicación de una norma inexistente, como parece
indicarlo el tutelante.
43.- Las consideraciones antes mencionadas, fueron
retomadas por esta misma Corporación recientemente en sentencia T-070 de
2007, por medio de la cual se decidieron dos asuntos acumulados, en los que
varios accionantes consideraban que se les habían vulnerados sus derechos
fundamentales a raíz de la expedición de las sentencias de casación laboral de
la Corte Suprema de Justicia en las que se utilizaban una fórmulas
desarrolladas en su jurisprudencia con base en el artículo 36 de la ley 100 de
1993 para liquidar la indexación de la primera mesada pensional. En aquella oportunidad
se manifestó:
26. De conformidad con el anterior
recuento, para esta Sala resulta claro que las providencias judiciales
cuestionadas por esta vía no incurren en el defecto alegado por los
accionantes, puesto que la Sala de Casación Laboral al aplicar la fórmula
para obtener la indexación de la primera mesada pensional ordenada por los
jueces de instancia, aplicó los criterios previstos en el inciso 3° del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993,[40] norma que
la jurisprudencia especializada ha decidido aplicar a casos como los presentes,
que expresamente ordenan liquidar la actualización monetaria, año por año, con
fundamento en el promedio de los salarios devengados. (Negritas fuera del
texto original)
27. De otra parte, es claro que las
decisiones cuestionadas no partieron del capricho y la arbitrariedad de los
juzgadores, sino de una fundamentada argumentación acerca del error que
implicaría recurrir al artículo 11 del Decreto 1748 de 1995 para liquidar la
indexación de la primera mesada pensional, o acerca de la equivocada
interpretación de la norma, con lo cual se descarta la existencia de otra de
las causales de procedencia de la acción de tutela. (Negritas fuera del texto original)
En efecto, tal como se lee en la sentencias
impugnada, dentro del Expediente T-1431017, la Corte Suprema de Justicia
sometió a consideración el cargo del casacionista y decidió que resultaba
equivocado acudir a la metodología de cálculo del Decreto 1748 de 1995, toda
vez que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, exige que se haga año por año, no
anualmente. Adicionalmente señaló que la fórmula utilizada por el Tribunal de
apelación era la utilizada por esa Corporación en casos similares, fórmula que
a la sazón aplica los criterios resaltados por la jurisprudencia laboral y que
fueron reseñados previamente.
Por su parte en el Expediente T-1424117, la
Corte hizo el señalamiento expreso de la equivocación en que incurrió el
Tribunal en la interpretación del inciso 3° del artículo 36, al haber hecho uso
de una fórmula “…que no corresponde a la que dispone tal precepto y que exige
la actualización año por año y no global.” (folio 67 del expediente).
Lo anteriormente expuesto, evidencia que la
discusión jurídica descansa sobre un problema de interpretación de la ley, que
por presentarse dentro de los marcos de razonabilidad y motivación, no es
susceptible de ser corregido por vía de tutela. (Negritas fuera del texto original)
Ha sido reiterada la jurisprudencia de la
Corte Constitucional según la cual, la acción de tutela resulta improcedente
para controvertir providencias judiciales cuando el sustrato del problema
jurídico es la interpretación objetiva y razonable de una disposición legal.
(…)
(…)
28. Finalmente, la Sala considera que las
decisiones judiciales impugnadas, tampoco incurren en el defecto de ignorar el
precedente jurisprudencial en la materia, sino por el contrario en sus
argumentaciones se comprueba la existencia de un criterio jurídico de la
jurisprudencia de casación en la materia.
Así entonces, es evidente que la
decisión de adoptar la fórmula para calcular la indexación de la primera mesada
pensional fue tomada por la Corte Suprema de Justicia, de providencias
anteriores de la misma Corporación, en las que expresamente se estableció que
en casos similares a los de los actores, el cálculo de la indexación debía
respetar los parámetros del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en tanto que el
derecho a pensionarse fue adquirido en vigencia de dicha normatividad.
En este sentido, varios pronunciamientos de
la Corte Suprema de Justicia, que a continuación se citan, demuestran
claramente la existencia de un criterio jurídico de la jurisprudencia de
casación en la materia:
“En efecto, bajo los supuestos no
controvertidos referentes a que el tiempo de servicio lo tenía satisfecho el
actor al retirarse de la entidad en mayo 4 de 1988 y que la edad, 55 años, la
cumplió cuando ya regía la mencionada Ley 100 (en diciembre 2 de 1995), se
observa que es conforme a ese ordenamiento que se debió estudiar y definir
el reajuste del valor inicial de la pensión reconocida al demandante.[41] (Subrayas fuera del original)
En otra de sus providencias, la Corte
Suprema aseveró:
“Ahora bien, teniendo en cuenta los
supuestos fácticos y jurídicos demostrados  y aducidos en el proceso, y que no
son objeto de discusión en el recurso, esto es, que a la demandante le asiste
el derecho a acceder a la pensión de jubilación bajo el régimen de transición
que contempla el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y que los 50 años de edad
exigidos en la ley 33 de 1985 los cumplió en vigencia de la primera ley citada:
el 4 de diciembre de 1997, resulta procedente la aplicación de la indexación
del ingreso base de liquidación de las pensiones, que como la de la demandante,
se encuentran reguladas por dicha norma. (…)”
(…)
Hecho el anterior recuento para esta Sala
resulta claro que las providencias judiciales que resolvieron el proceso
laboral en segunda instancia y en casación no incurrieron en defecto sustantivo
por aplicación de una norma inexistente o inconstitucional. En efecto, los
jueces al realizar el computo de la indexación de la primera mesada pensional,
aplicaron los criterios previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
norma que a su juicio gobernaba el caso concreto, en la que se ordena liquidar
la actualización monetaria, año por año, con fundamento en el promedio de
salarios devengados, de la siguiente manera:
Por lo anterior, el que los tribunales
acogieran la referida fórmula y no la contenida en los artículos 11 del Decreto
1748 de 1995 y 178 del C. C. A., se encuentra totalmente justificado en la
normativa que gobierna el caso específico, en tal virtud, no son de recibo las
afirmaciones de la parte demandante que sugieren que las autoridades judicial
actuaron de facto al haber calculado la indexación por fuera de las supuestas
previsiones legales que trae a colación.  De los partes mencionados se tiene
que tanto el Tribunal como la Corte Suprema de Justicia se ajustaron a los
lineamientos establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
b)
Defecto por
desconocimiento del precedente
44.- Para esta Sala, las decisiones sub examine
no incurrieron en un defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial
sobre la materia.
En las providencias judiciales que hoy son objeto de
reproche, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Neiva fueron enfáticos al asegurar que el pensionado adquirió los
derechos con base en lo dispuesto en la ley 33 de 1985 sin embargo, las
prestaciones le habían sido reconocidas de conformidad con las exigencia de la
Ley 100 de 1993, circunstancia que, según el desarrollo y alcance que la
jurisprudencia ordinaria le había dado paso a la disposición contenida en
inciso tercero del artículo 36 de dicha normatividad, exigía que el calculo de
la indexación se hiciera anual.
Adicionalmente, esta Corporación al hacer un análisis
de las decisiones mencionadas por el tutelante encuentra que las discusiones
jurídicas en los casos de tutelas anteriores giraba en torno a la negativa de
indexar la primera mesada pensional del actor, lo cual demuestra que en ese
momento el debate jurídico se centraba en un punto que hoy se encuentra
superado, pues es evidente que la primera mesada pensional del tutelante se
concedió, pues como ya se ha dicho en este caso la discrepancia radica en la
fórmula para calcular el valor de la indexación de la primera mesada pensional,
la cual fue reconocida al señor German Bautista Serrano dentro de los
respectivos procesos.
45.- Resulta necesario precisar que, en todo caso la
interpretación consignada en la sentencias acusadas relativas a la fórmula
contenida en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, encuentran total armonía con
los recientes pronunciamientos realizados por la Corte Constitucional en las
sentencias C-862 de 2006, y en la sentencia C-891-A de 2006, en los que se
declaró la exequibilidad condicionada de los apartes de los preceptos acusados,
en el entendido que el salario base para la liquidación de la primera mesada
pensional allí estipuladas, deberá ser actualizado con base en la variación del
Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE.
De lo anteriormente relatado, no se deriva que los
jueces ordinarios hayan violado el precedente, en tanto que reconocieron la
indexación de la primera mesada pensional, actualizando las respectivas sumas
con base en la variación del índice de precios del consumidor IPC certificada
por el DANE tal y como lo señaló la sentencia  C-862 de 2006.
A partir de anteriores argumentos, esta Sala estima
que las providencias proferidas por la Sala de Casación laboral de la Corte
Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Neiva,
dentro del proceso ordinario Laboral Ordinario iniciado por el señor German
Bautista Serrano contra el Banco Cafetero no cumplen ninguna de las causales
específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
IV. DECISION
Con base en las expuestas consideraciones, la Sala
Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO: Por las razones expuestas en esta providencia, CONFIRMAR las
sentencias de tutela sometidas a revisión proferidas por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, el veinte
(20) de febrero de dos mil ocho 2008 y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del  Consejo Superior de la Judicatura el quince (15) de abril de 2008.
SEGUNDO.- ORDENAR a la Secretaría General de esta Corporación enviar de
vuelta al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva, el expediente del
proceso laboral iniciado por el señor Germán Bautista Serrano contra BANCAFÉ,
en cuatro cuadernos de 153, 81, 14 y 88 folios.
TERCERO.- Por Secretaría LÍBRESE la comunicación prevista
en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los fines allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
JAIME
ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Folios 122 a 124 del
cuaderno 1.
[2] Ver folio 151 del
cuaderno 1.
[3] En efecto debido a su indeterminación normativa y
semántica, este precepto puede ser interpretado en diversos sentidos. Así puede
entenderse que la expresión “recursos destinados a pensiones” hace referencia a
los recursos que financian el sistema de seguridad social en pensiones, tanto
los recursos públicos como los recursos depositados en los fondos privados, y
por lo tanto el mandato de actualización tendría por objeto garantizar el
mantenimiento de la capacidad adquisitiva de tales recursos considerados como
partidas globales; pero la misma expresión puede ser entendida de una manera
mucho más individualizada y concreta, es decir, como las mesadas pensionales, y
en esa medida el mandato del artículo 48 iría dirigido a establecer legalmente
mecanismos específicos de actualización de estas obligaciones dinerarias. La
jurisprudencia constitucional ha acogido ambas posibilidades y ha sostenido que
el artículo constitucional en comento prevé el incremento periódico de las
pensiones pero también se refiere a la totalidad de los recursos destinados a
financiar el sistema de seguridad social en pensiones. Así por ejemplo en la
sentencia C-630 de 2006 la garantía de una rentabilidad mínima de las
cotizaciones depositadas en las cuentas de ahorro pensional individual prevista
en el Art. 101 de la Ley 100 de 1993, “es uno de los posibles medios, aunque no
el único, que consagra la regulación legal del Sistema de Seguridad Social
Integral para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder
adquisitivo constante, como lo exige el Art. 48 superior”; en el mismo sentido
se ha entendido que las previsiones legales que ordenan la actualización
periódica de las pensiones son una realización de este mandato constitucional.
Por otra parte la jurisprudencia ha reiterado que el derecho a la actualización
de las mesadas pensionales encuentra fundamento también en el artículo 48
constitucional y en esta medida se adopta la segunda interpretación a la que se
ha hecho referencia (Ver sentencia SU-120 de 2003, T-906 de 2005 entre otras).
[4] Así por ejemplo en la sentencia C-569 de 1996 sostuvo
esta Corporación:
“El
Estado debe garantizar el reajuste periódico de las pensiones y que los
recursos en este campo mantengan su poder adquisitivo (CP. arts. 48 y 53). Sin
embargo, lo cierto es que la concesión de estos reajustes debe tener en cuenta
una realidad de gran trascendencia en este examen: los recursos económicos para
satisfacer ese pago de las pensiones no son infinitos sino que son limitados.
Por ello, la Corte tiene bien establecido que, dentro de ciertos límites, el
Legislador tiene cierta libertad para determinar el monto y los alcances de
estos reajustes a fin de lograr el mejor uso de los recursos en este campo”.
[5] Sentencia C-862 de 2006, f. j.
4.
[6] Ver entre otras la sentencias
SU-120 de 2003, T-1169 de 2003, T-663 de 2003, T-805 de 2004, T-815 de 2004,
T-098 de 2005.
[7] Sentencias T-328 de
2005, T-1226 de 2004, T-853 de 2003, T-420 de 2003, T- 1004 de 2004, T-328 de
2005, T-842 de 2004, T-328 de 2005, T-842 de 2004, T-836 de 2004, T-778 de
2005, T-684 de 2004, T-1069 de 2003, T-803 de 2004, T-685 de 2003, T-1222 de
2004, entre otras.
[8] Así se expresó la Corte en aquel momento: “(…)
nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido
en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a
resolver o que observe con diligencia los térmi­nos judiciales, ni riñe con los
preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de
hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen
los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un
perjuicio irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la
tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la
Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo
por el juez ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º
del Decreto 2591 de 1991). En hipótesis como éstas no puede hablarse de
atentado alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se
trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia.”
[9] “Una decisión de la autoridad no es constitucional
solamente por el hecho de adoptarse en ejercicio de las funciones del cargo.
Ella debe respetar la igualdad de todos ante la ley (CP art. 13), principio que
le imprime a la actuación estatal su carácter razonable. Se trata de un
verdadero límite sustancial a la discrecionalidad de los servidores públicos,
quienes, en el desempeño de sus funciones, no pueden interpretar y aplicar
arbitrariamente las normas, so pena de abandonar el ámbito del derecho y pasar
a patrocinar simple y llanamente actuaciones de hecho contrarias al Estado de
Derecho que les da su legitimidad[9].”
[10] Corte
constitucional. Sentencia T-839 de 2005.
[11] Corte
Constitucional. Sentencia SU-640 de 1998; SU 168 de 1999.
[12] En la sentencia T-441 de 2003, subrayó la Sala el
hecho de que la jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto de las causales
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales ha variado
paulatinamente: “se ha abandonado como criterio básico la carencia de
fundamentación legal y la construcción de los conceptos de capricho y
arbitrariedad a partir de dicho elemento básico.” A propósito de lo
anterior, la Sala se refirió a las consideraciones realizadas en la sentencia
T-1031 de 2001 cuando la Sala Séptima de Revisión, en respuesta a una argumentación
parecida a la utilizada por las Salas de Casación Laboral y Civil de la Corte
Suprema de Justicia – muy similar a la expresada por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado en la presente ocasión -, llamó la atención sobre  la evolución
jurisprudencial que ha tenido lugar respecto de los conceptos de capricho y
arbitrariedad judicial como requisitos para que proceda la acción de tutela
contra providencias judiciales. Dijo la Sala en aquella oportunidad, que los
conceptos capricho y arbitrariedad no sólo hacían referencia a las situaciones
en las que el juez imponía su voluntad sin sustento o fundamentación alguna, de
manera burda y grosera. También se entendía haber incurrido en una actitud
caprichosa y arbitraria cuando el juez: “se aparta de los precedentes sin
argumentar debidamente (capricho) [así como] cuando su discrecionalidad
interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los
asociados (arbitrariedad).”  La Sala resaltó la importancia que tiene para
los jueces  argumentar de modo razonable, tanto más cuanto los jueces gozan de
una amplia potestad interpretativa. Lo razonable, dijo la Sala, “está
condicionado, en primera medida, por el respeto a la Constitución.” A
renglón seguido, la Sala realizó un recuento de las distintas circunstancias
genéricas de violación de la Constitución con fundamento en las cuales procede
la acción de tutela contra providencias judiciales, a saber: (i) Cuando la violación de la
Constitución y la afectación de los derechos fundamentales se presenta como
consecuencia del desconocimiento de normas de rango legal. Lo anterior, se
corresponde, según la Sala, con el llamado defecto sustantivo e incluye “el desconocimiento de sentencias con efectos erga
omnes-, [así como los defectos] orgánico y procedimental”. (ii) en el evento en que se presenten problemas
graves relacionados con “el soporte fáctico de los procesos –sea por omisión en
la práctica o decreto de pruebas o [por la] indebida valoración de las mismas -.” Lo anterior equivale, a juicio de la Sala, al
denominado por la jurisprudencia constitucional, defecto fáctico. Junto
a los defectos mencionados, cuya presencia definió en un inicio el concepto de
vía de hecho judicial, aparecen otras circunstancias en las que, según lo
expresado por la Sala, tiene lugar  la vulneración de los derechos
fundamentales por parte del funcionario judicial, esto es, cuando: (iii) el
funcionario judicial ha incurrido en un error. La jurisprudencia constitucional
ha denominado esta situación vía de hecho por consecuencia;  (iv) la decisión
judicial carece de suficiente sustento o justificación; (v) la providencia
desconoce el precedente judicial, en particular, el precedente sentado por la
Corte Constitucional; (vi) la providencia judicial vulnera de manera directa la
Constitución y viola  los derechos fundamentales. Lo anterior, ha dicho la
Corte Constitucional, se presenta en aquellas hipótesis en las que  el
funcionario judicial realiza una interpretación que contraviene preceptos constitucionales
o cuando se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad en
aquellos eventos, en los cuales, o bien la vulneración resulta manifiesta o se
pone de bulto la negativa de resolver el punto ante una solicitud expresa por
alguna de las partes en el proceso. Insistió la Sala, no obstante, que todas
las circunstancias mencionadas con antelación las cuales abren paso a la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
presuponen, a su turno, la vulneración de un derecho constitucional
fundamental, tal como lo dispone el artículo 86 superior.
[13] Ver Corte
Constitucional. Sentencia T-951 y T-1216 de 2005, entre otras.
[14] En esta oportunidad
la Sala reitera la sentencia  C-590 de 2005.
[15] Corte
Constitucional. Sentencia T-698 de 2004.
[16] Ver entre otras sentencias C- 590
de 2005 y T-086 de 2007
[17] Sentencia T-231 de 1994.
[18] Sentencia C- 590 de 2005
[19] Sentencia C-590 de 2005
[20] Sentencia SU-1185 de 2001.
[21] En la sentencia SU-158 de 2002 se consideran que este
tipo de defecto puede producirse, a título de ejemplo, cuando se pretermiten eventos o etapas señaladas
en la ley para asegurar el ejercicio de todas las garantías que se le reconocen
a los sujetos procesales de forma tal que, por ejemplo, no: (i.) puedan
ejercer el derecho a una defensa técnica, que supone la posibilidad de contar
con la asesoría de un abogado –en los eventos en los que sea necesario -,
ejercer el derecho de contradicción y presentar y solicitar las pruebas que
considere pertinentes para sustentar su posición; (ii.) se les comunique de la
iniciación del proceso y se permita su participación en el mismo y (iii.) se
les notifiquen todas las providencias proferidas por el juez, que de acuerdo
con la ley, deben serles notificadas.
[22] Sentencia C-590 de 2005.  Adicionalmente, encontramos
que el concepto de defecto fáctico fue explicado en la sentencia T-087 de 2007
de la siguiente manera: “(ii) Se produce  un defecto fáctico en una
providencia, cuando de la actividad probatoria ejercida por el juez se
desprende, - en una dimensión negativa -, que se omitió la “valoración de
pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por
el juez. En esta situación se incurre cuando se produce “la negación o
valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba  que se presenta
cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración,  o cuando
sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la
misma emerge clara y objetivamente”. En una dimensión positiva, el defecto
fáctico tiene lugar, cuando “la valoración de pruebas igualmente esenciales que
el juzgador no se puede apreciar, sin desconocer la Constitución”. Ello ocurre
generalmente cuando el juez “aprecia pruebas que no ha debido admitir ni
valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29
C.P.).  En estos casos, sin embargo, sólo es factible fundar una acción de
tutela  por vía de hecho cuando se “observa que de una manera manifiesta,
aparece arbitraria la valoración probatoria hecha por el juez en la
correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba
“debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo
debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no
puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas
generales de competencia”.
[23] “a. Defecto fáctico por la omisión en el
decreto y la práctica de pruebas. Esta hipótesis se presenta cuando el funcionario
judicial omite el decreto y la práctica de pruebas, lo cual tiene como
consecuencia impedir la debida conducción al proceso de ciertos hechos que
resultan indispensables para la solución del asunto jurídico debatido. (…) b.
Defecto fáctico por la no valoración del acervo probatorio. Otra de las
hipótesis se presenta cuando el funcionario judicial, a pesar de que en el
proceso existan elementos probatorios, omite considerarlos, no los advierte o
simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar la decisión
respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que de haberse realizado su
análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido variaría
sustancialmente. (…) c. Defecto fáctico por desconocimiento de las reglas de
la sana crítica. Tal situación se advierte cuando el funcionario judicial,
en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los
hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico
debatido, es el defecto fáctico por valoración defectuosa del material
probatorio;  o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva”. Ver sentencia T- 458 de 2007.
[24] Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184
de 2001; T-1625 de 2000 y  T-1031 de 2001.
[25] Al respecto ver sentencia C-590
de 2001.
[26] Sentencia T-774 de
2004.
[27] Sentencia SU-120 de
2003.
[28] Vgr. ha sido
derogada o declarada inexequible.
[29] Sentencia T-292 de
2006.
[30] Sentencia SU-1185 de 2001.
[31] En la sentencia T-1031
de 2001 la Corte decidió que la acción de tutela procede contra una providencia
judicial que omite, sin razón alguna, los precedentes aplicables al caso o
cuando “su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los
derechos fundamentales de los asociados”. Puede verse además la sentencia
T-1285 de 2005. y la sentencia T-567 de 1998.
[32] Corte
Constitucional. Sentencias SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001.
También la T-047
de 2005. En estos casos, si bien el  juez de la causa es quien le fija el alcance
a la norma que aplica, no puede hacerlo en oposición a los valores, principios
y derechos constitucionales, de manera que, debiendo seleccionar entre dos o
más entendimientos posibles, debe forzosamente acoger aquél que se ajuste a la
Carta política.
[33] Sentencia T-114 de
2002,  T- 1285 de 2005.
[34] Ver la sentencias
T-292 de 2006, SU-640 de 1998 y  T-462 de 2003.
[35]Ver  Sentencia
T-1285 de 2005. Además, en la sentencia T-193 de 1995, esta Corporación señaló:
"Es razonable exigir, en aras del principio de igualdad en la
aplicación de la ley, que los jueces y funcionarios que consideren
autónomamente que deben apartarse de la línea jurisprudencial trazada por las
altas cortes, que lo hagan, pero siempre que justifiquen de manera suficiente y
adecuada su decisión, pues, de lo contrario, estarían infringiendo el principio
de igualdad (CP art.13). A través de los recursos que se contemplan en cada
jurisdicción, normalmente puede ventilarse este evento de infracción a la
Constitución”. Sobre este tema, también puede consultarse  la sentencia
T-949 de 2003.
[36] Sobre el tema
pueden consultarse además, las sentencias SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000;
T-522 de 2001;  T-047
de 2005.
En la sentencia T-522 de 2001, la Corte señaló que:  “es evidente que se
desconocería y contraven­dría abiertamente la Carta Política si se aplica una
disposición cuyo contenido normativo es precisamente, y solamente, impedir que
se otorguen medi­das de aseguramiento a los sindicados porque los procesos se
adelantan ante jueces especializados”, razón por la cual el juez, al constatar
su existencia, tendría que haber aplicado la excepción de inconstitucionalidad.
[37] Ver folios 113 y 114 del cuaderno
1.
[38] Ver sentencia T-440 de 2006
[39] Ver Sentencias
T-1009 de 2000, SU-429 de 1998, T-100 de 1998 y T-350 de 1998.
[40] El inciso 3° del artículo 36 de la  Ley 100 de 1993
dispone:
(…)
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en
el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el
derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta
para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor,
según certificación que expida el DANE. (Subrayado fuera del texto).
[41] M. P. Francisco
Escobar Henríquez, Radicación No. 16221 Acta N° 41, 24 de agosto de 2001.