T-566-13
Sentencia T-566/13
Sentencia
T-566/13
PRINCIPIO DE OFICIOSIDAD E INFORMALIDAD DE PROCESO DE
TUTELA-Deberes del juez de tutela
como garante de derechos fundamentales y debido proceso
En primer lugar, la informalidad que caracteriza el
trámite de la tutela no puede implicar el quebrantamiento del debido proceso al
que están sometidas las actuaciones judiciales y administrativas por expreso
mandato superior (art. 29 C.P.), en cuyo contenido constitucionalmente
protegido se incorporan los derechos de defensa y contradicción. En segundo
lugar, el juez de tutela tiene amplias facultades oficiosas que debe asumir de
forma activa para brindar una adecuada protección a los derechos
constitucionales presuntamente vulnerados, amparando las garantías necesarias a
las partes implicadas en el litigio y a los terceros con interés en el proceso.
Es decir, le corresponde la debida integración del contradictorio, con el fin
de salvaguardar el derecho fundamental al debido proceso, lo cual se concreta
en la aplicación de los principios de informalidad y oficiosidad, dado que
“[e]l contenido del fallo no puede ser inhibitorio”. En tercer lugar, el juez
constitucional, como director del proceso, está obligado a integrar debidamente
el contradictorio, “vinculando al trámite a aquellas personas naturales o
jurídicas que puedan estar comprometidas en la afectación iusfundamental y en
el cumplimiento de una eventual orden de amparo, o que  puedan resultar
afectadas por las decisiones que adopte el juez constitucional, para que en
ejercicio de la garantía consagrada en el artículo 29 superior, puedan
intervenir en el trámite, pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda,
aportar y solicitar las pruebas que consideren pertinentes, y en fin, hacer uso
de los medios de defensa y contradicción que ofrece el ordenamiento jurídico”. Por último, si bien es cierto que al accionante le
corresponde indicar cuál es la autoridad o el particular que ha provocado la
vulneración de los derechos fundamentales que reclama, esto no imposibilita al
juez, para que en virtud del principio de oficiosidad, vincule una parte o un
tercero con interés legítimo en el resultado del proceso, pues se trata de una
actuación que en últimas, está encaminada a garantizar el derecho fundamental
al debido proceso.
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES-Determinación del derecho
a la vivienda digna como fundamental
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Procedencia de tutela como mecanismo de protección
cuando adquiere rango fundamental/DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Procedencia
de la acción de tutela cuando se trate de sujetos de especial protección
Para
la Corte, la noción de vivienda digna incluye contar con un lugar propio o
ajeno, que le posibilite  a la persona desarrollarse en unas condiciones mínimas
de dignidad y seguridad, así como le permita  satisfacer su proyecto autónomo
de vida. Por lo tanto, una “vivienda digna” debe contar con condiciones
adecuadas que no pongan en peligro la vida y la integridad física de sus
ocupantes, pues ella además de ser un refugio para las inclemencias externas,
es el lugar donde se desarrolla gran parte de la vida de las personas que la
ocupan, por lo que “adquiere importancia en la realización de la dignidad del
ser humano”. De esta forma, la Corte ha insistido en múltiples ocasiones en que
la vivienda apropiada
registra máxima trascendencia para la realización de la dignidad del ser
humano. En ese orden de ideas, la Corte igualmente ha reiterado que es necesario
priorizar la garantía del derecho a la vivienda digna a los grupos más
vulnerables de la sociedad que viven en condiciones de precariedad material.
Ese criterio de prioridad, indica que las autoridades y los particulares se
obligan a cumplir con el deber de solidaridad que se traduce  en dispensar
atención y consideración especial a las personas que esta Corporación ha
reconocido como particularmente vulnerables
DEBER DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DE REUBICAR A
LAS PERSONAS ASENTADAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE POR REMOCION DE
MASA-Garantía de acceder a una
vivienda digna
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Vulneración por no adoptar medidas adecuadas y
necesarias para cumplir efectivamente el programa de reubicación
PRINCIPIO DE OFICIOSIDAD-Juez debe vincular a la parte o a tercero con interés
legítimo en el resultado del proceso
El
Juez Municipal, concluyó que en el caso concreto era imposible corregir los
yerros en que incurrió el accionante al no vincular a las entidades competentes
sino al Municipio de Medellín para efectos de obtener los beneficios del
subsidio de arrendamiento temporal y por lo tanto “le asiste la razón al ente
accionado” en cuanto a que no podía el juez “emitir una orden en su contra
respecto de la pretensión del accionante”, motivo por el cual declaró la falta
de legitimación en la causa por pasiva del Municipio de Medellín. Para la Sala
una decisión de esta naturaleza es inaceptable, toda vez, que el juez de tutela
había podido vincular a las entidades responsables de la política de vivienda
de interés social de Medellín y promover la práctica de pruebas conducentes a
esclarecer los hechos y afirmaciones que sustentaron la acción de amparo, para
decidir el asunto bajo su conocimiento pues así lo exigía el principio de
oficiosidad. En consecuencia el juez de tutela se abstuvo injustificadamente no
solo de analizar la vulneración de los derechos del accionante sino de conminar
a la Alcaldía de Medellín, al Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín –ISVIMED-y a la Corporación Ayuda Humanitaria a cumplir con las
obligaciones de orden constitucional y legal que les competen en materia de
protección del derecho a la vivienda digna, así como a evitar que situaciones
de estas características se vuelvan a repetir.
DERECHO DE PETICION Y VIVIENDA DIGNA-Vulneración por autoridades municipales al no dar
respuesta a solicitud de entrega de solución de vivienda al accionante a quien
se realizó demolición de su inmueble por estar en zona de alto riesgo
La
Administración Municipal no respondió el derecho de petición formulado por el
accionante, en el que solicitó “comedidamente gestionar de manera urgente todo
lo pertinente para que mi solución de vivienda se de lo más pronto posible con
el fin de restablecer mis derechos fundamentales”. Por lo anterior, la Sala
considera que la administración municipal vulneró el derecho fundamental de
petición, al no responder su solicitud tal como lo prevé tanto la Constitución
Política (Art. 23 C.P.), el Código Contencioso Administrativo (Arts. 5 y ss.
C.C.A.) y la jurisprudencia de esta Corporación
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Vulneración por autoridades municipales al suspender
la entrega del subsidio de arrendamiento temporal y negar posibilidad de acceso
al subsidio de vivienda para reubicación por demolición de inmueble del
accionante
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA Y REUBICACION EN CASOS DE
ZONAS DE ALTO RIESGO-Orden a ISVIMED
reanude el pago del subsidio de arrendamiento temporal por demolición de
inmueble propiedad del accionante y se entregue de manera definitiva solución
de vivienda
Referencia: expediente T-3.891.685
Acción de tutela instaurada por Primitivo Atehortua
Gutiérrez contra el Municipio de Medellín, el Instituto Social de Vivienda y
Hábitat de Medellín (ISVIMED) y la Corporación Ayuda Humanitaria de Medellín.
Magistrado
Ponente:
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Bogotá,
DC.,  veintiséis (26) de agosto de dos mil trece (2013)
La
Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados MARÍA VICTORIA CALLE CORREA, MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO y LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas
en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto
2591 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del
proceso de revisión del fallo proferido por el Juzgado Once Civil Municipal de
Medellín, el 4 de diciembre de 2012, al resolver la acción de tutela promovida
por Primitivo Atehortua Gutiérrez.
I.
ANTECEDENTES
1. Hechos y demanda
El 21 de noviembre de 2012, Primitivo Atehortua
Gutiérrez presentó acción de tutela contra el Municipio de Medellín, por
considerar que esta autoridad vulneró sus derechos a la dignidad humana, a la
igualdad, a la vida digna, al mínimo vital y a la protección especial y
prevalente que corresponde a su condición de persona de la tercera edad que se
encuentra en “condiciones de desplazamiento por catástrofe”[1],
atendiendo los siguientes hechos y consideraciones:
1.1
Afirmó el accionante que tiene 67 años, que no sabe leer ni escribir, que
deriva su sostenimiento de la venta ambulante de dulces y que durante 10 años
aproximadamente vivió con su compañera en un inmueble de su propiedad en el
Barrio Villa Liliam de la ciudad de Medellín.[2]
1.2
Señaló que fue visitado por funcionarios de la Alcaldía de Medellín, adscritos
a la Subsecretaria del Sistema Municipal para la Prevención y Atención de
Desastres (SIMPAD)[3] en noviembre de 2007 y
junio de 2009, y  que una vez evaluadas las condiciones de la vivienda le
ordenaron evacuar para proceder a su demolición por encontrarse ubicada en zona
de alto riesgo.[4]
1.3
Agregó que dichos funcionarios en representación de la Alcaldía de Medellín, le
manifestaron también que le entregarían un apoyo en dinero por valor de
$260.000.oo mensuales para sufragar el costo del arrendamiento de la vivienda a
donde se trasladaría a vivir y lo incluirían en un programa de reubicación o de
subsidio de vivienda.[5]
1.4
Relató que su vivienda fue demolida el 11 de mayo de 2010, lo cual quedó
consignado en el acta de ejecución suscrita por el Inspector Ocho B de Policía
Urbana de Medellín, en los siguientes términos: “Se inicia la demolición de
la vivienda ubicada en la Carrera 8ª No.57A-41 (349), propiedad de Primitivo
Atehortua quien ya estaba disfrutando de los arriendo (sic) temporales del
Municipio de Medellín  y por lo tanto había evacuado la vivienda (…)”.[6]
1.5
Sostuvo el accionante que recibió apoyo económico para pagar arriendo hasta el
mes de abril de 2012 y que al acercarse a la Corporación Ayuda Humanitaria a
reclamar el valor del arrendamiento de mayo de 2012, se le comunicó que ya no
tenía más subsidio, sin ninguna explicación sobre las razones de esta decisión.[7]
1.6
Afirmó el actor que además de no beneficiarse más de las ayudas para el pago
del arrendamiento tampoco cumplió la Alcaldía de Medellín con el compromiso de
reubicar su vivienda.[8]
1.7
Expresó que por la suspensión de la ayuda económica que estaba recibiendo se
vio obligado a desalojar la casa donde vivía pues no podía sufragar los costos
del canon de arrendamiento. Igualmente manifestó que no contaba con los medios
necesarios para satisfacer otras necesidades vitales, tales como los gastos de
alimentación.[9]
1.8
Indicó también que a raíz de lo sucedido surgieron para él una serie de
dificultades tales como la separación de su compañera,  pues al quedarse sin
vivienda los hijos de ésta se la llevaron quedando solo.[10]
1.9
Informó que el 9 de noviembre de 2012, interpuso un derecho de petición dirigido
al Alcalde de Medellín en el que de una parte, solicitó ingresar de nuevo al
sistema para volver a recibir la ayuda económica y de otra parte, pidió una solución de vivienda definitiva en
tanto le habían prometido la reubicación y manifestó que, al momento de
instaurar la tutela, no había recibido ninguna información, así como tampoco,
había obtenido respuesta al derecho de petición.[11]
1.10
El accionante insistió en su solicitud de obtener de nuevo beneficios
representados en ayudas económicas para sufragar gastos de alimentación y
arrendamiento hasta que se le brindara una solución definitiva de vivienda  y adicionalmente
solicitó se le incluyera en un programa de estabilización socio-económica o
proyecto productivo para las personas de la tercera edad.[12]
2. Respuesta de
las entidades accionadas
2.1
La doctora Paula Andrea Elejalde López, en calidad de apoderada del Municipio
de Medellín, mediante escrito del 28 de noviembre de 2012, contestó la acción
de tutela, y consideró que se debían desestimar las pretensiones del accionante
por ser improcedentes. Afirmó que “[n]o puede endilgársele responsabilidad a
la entidad territorial, en tanto ésta es ajena respecto a los procedimientos
aplicables en el presente caso, pues es el Instituto Social de Vivienda y
Hábitat de Medellín –ISVIMED- y la Corporación Ayuda Humanitaria, quien funge
como contratista del mismo, en el tema de los arrendamientos temporales, quien
debe directamente pronunciarse sobre la pretensión del accionante” .[13] Puntualizó además que [e]s
el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín la autoridad competente
para ejercer todas las acciones y actividades directa o indirectamente
relacionadas con la política de vivienda municipal dentro del Municipio de
Medellín, incluyendo el de arrendamiento temporal”[14],
razón por la cual instó a la autoridad judicial para que “se
vincule al Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín –ISVIMED- en la
presente acción….”.[15] (Énfasis
dentro del texto).
2.2
Por su parte, el Director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo
de Desastres –DAGRD- mediante oficio del 27 de noviembre de 2012, dio respuesta
al requerimiento de la apoderada del Municipio de Medellín y manifestó que “[e]n
todo lo relacionado con temas que obedezcan a la política de vivienda municipal
estos deberán ser resueltos por el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de
Medellín –ISVIMED- quien es el organismo encargado de gerenciar la vivienda de
interés social en el Municipio de Medellín, conduciendo a la solución de
necesidades habitacionales; especialmente de los asentamientos humanos y grupos
familiares en situación de pobreza y vulnerabilidad (…).[16]
Agregó, que en el ámbito de competencias del citado Instituto, se prevé “[l]a
regulación y manejo del programa de arrendamientos temporales por emergencias y
subsidios de vivienda”.[17]
2.3
También el Inspector Ocho B de Policía Urbana de Medellín, con oficio del 27 de
noviembre de 2012, hizo mención de las actuaciones adelantadas por esa
dependencia y puntualizó que a partir del 25 de junio de 2009, con base en los
informes de los funcionarios del Sistema Municipal para la Prevención y
Atención de Desastres -SIMPAD-, se ordenó la evacuación y demolición definitiva
del inmueble de propiedad del accionante, comunicando tal decisión al Concejo
de Medellín, así como a la  Directora General del Instituto Social de Vivienda
y Hábitat de Medellín –ISVIMED- a quien solicitó“[i]nformar a esta agencia
administrativa de manera oportuna, de las ayudas entregadas a la persona
damnificada de nuestra jurisdicción (…)”.[18]
3. Del fallo
de tutela
3.1
El Juzgado Once Civil Municipal de Medellín, el 4 de diciembre de 2012, profirió
el fallo de primera instancia en el que declaró la falta de legitimación en la
causa por pasiva del Municipio de Medellín, dentro de la acción de tutela promovida
por Primitivo Atehortua Gutiérrez, con fundamento en que “[s]i bien es
cierto que el Juez de tutela debe, de manera oficiosa corregir los posibles
yerros en los que incurra el accionante al dirigir la acción constitucional, en
el presente caso dicha situación era casi que imposible, debido a que en
primera medida, el actor instauró la misma ante el Municipio de Medellín y ni
de la narración fáctica y lo allegado se desprendía que fuera otro el que debía
entregar al mismo, el arrendamiento temporal; y en segunda medida, de los
documentos arrimados como anexos se desprende que toda la actuación la surtió
el Municipio, a través de la Alcaldía. Tampoco, fue posible la comparecencia
del señor ATEHORTUA GUTIÉRREZ al interrogatorio decretado como prueba de oficio
por el Despacho, pese haber sido notificado”.[19]
3.2
Agregó, que “[e]n ese sentido, se advierte que le asiste razón al
ente accionado y no podría esta judicatura, emitir una orden en su contra
respecto de la pretensión del accionante, motivo por el cual, habrá de
declararse la falta de legitimación sin que haya lugar al estudio del quid del
asunto”. La decisión no fue impugnada.
4. Pruebas decretadas en Sede de Revisión
4.1 Una vez revisado el trámite de instancia se constató que no
fueron vinculadas como partes accionadas en el proceso de tutela el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín
–ISVIMED-y la Corporación Ayuda Humanitaria. En consecuencia, la Sala Novena de Revisión, mediante auto del 9 de julio de
2013, procedió a integrar directamente el contradictorio con las citadas
entidades y dispuso por Secretaría poner en conocimiento de las mismas la
solicitud de tutela instaurada por Primitivo Atehortua Gutiérrez, para que
procedieran a exponer los criterios que a bien consideraran en relación con los
hechos sometidos al conocimiento del juez constitucional y sobre las
pretensiones del accionante.
4.2
Atendiendo lo anterior, la Sala ordenó al representante legal del Instituto
Social de Vivienda y Hábitat de Medellín –ISVIMED- informar (i) si fue suscrito
algún acuerdo con el accionante en cuanto a la entrega de ayudas económicas
para sufragar los costos de arrendamiento, otros subsidios o si fue inscrito en
programas de reubicación de vivienda por la demolición del inmueble de su
propiedad; (ii) en qué programas y servicios fue incluido como beneficiario el
actor, durante cuánto tiempo y qué ayudas recibe actualmente y/o le puede
suministrar el Instituto y (iii) qué programas de subsidios y reubicación de
vivienda tiene previsto ese Instituto en el marco de la política pública de
vivienda en Medellín para la población que ha sido evacuada y su vivienda
demolida por encontrarse construida en zonas de alto riesgo de catástrofe.
4.2.1 En respuesta recibida el 1 de agosto de 2013, mediante oficio No.14536 la Subdirectora Poblacional del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de
Medellín –ISVIMED- informó:
-
“En ningún
momento suscribió acuerdo alguno con el señor PRIMITIVO ATEHORTUA GUTIÉRREZ
identificado con la cédula No.4485672 respecto de la entrega de ayuda económica
para sufragar el arrendamiento, la entrega de subsidios y la inscripción en
programas de reubicación de la vivienda luego de que fuera demolido el inmueble
de su propiedad el 11 de mayo de 2010 por encontrarse en alto riesgo, ya que
para recibir este tipo de ayudas para el caso del Subsidio de Arrendamiento
Temporal, lo que se requiere es que un grupo se encuentre  en condiciones de
vulnerabilidad social y económica ocasionada  por un evento especial como
desastre natural, desastre antrópico o calamidad, reasentamiento por ubicación
en zona de alto riego, o por una intervención ordenada por el ente municipal
con ocasión de obras de interés colectivo previamente certificados por la
autoridad competente, según lo dispone el Artículo 1º del Decreto 813 del 10
de mayo de 2011 (…).[20] (Énfasis dentro del texto).
(…)
“Respecto del programa de reubicación
entendida como la solución definitiva de la vivienda, es algo que se logra
gracias a la adjudicación del Subsidio Municipal de Vivienda, que se asigna
siempre y cuando el grupo familiar cumpla con los requisitos mínimos para
postular a vivienda y no se vea inmerso en impedimentos para postular de
conformidad con lo consagrado en el Decreto 867 de 2003 por medio del
cual se reglamenta la Administración y Adjudicación del Subsidio Municipal de
Vivienda”.[21] (Énfasis dentro del texto).
4.2.2. La entidad accionada además resaltó “[d]e este modo
queda claro que para ser beneficiario de subsidio alguno por parte del ISVIMED
no se procede a la suscripción de ningún tipo de acuerdo escrito o verbal con
el grupo familiar, no obstante y por obvias razones en lo único que se requiere
de la voluntad del beneficiario para acceder a los subsidios es que el grupo
familiar desee ser subsidiado  por el Municipio de Medellín a través del
ISVIMED para mitigar y superar el problema habitacional que ha debido soportar,
adelantando las diligencias pertinentes para ingresar al programa de
arrendamiento temporal como también las que posteriormente debe realizar a fin
de ser beneficiario de un Subsidio Municipal de Vivienda y lograr la solución
definitiva de vivienda”.
4.2.3
De otra parte, señaló el citado Instituto que el accionante estuvo incluido en
el Programa de Arrendamiento Temporal desde el 30 de julio de 2009 hasta el 20
de mayo de 2012[22] y que actualmente el
grupo familiar del señor Primitivo Atehortua Gutiérrez “no recibe ningún
tipo de ayudas respecto a lo habitacional debido a que le fue retirado el
beneficio de Subsidio de Arrendamiento Temporal por el hecho de no haber
presentado los documentos suficientes y necesarios para acreditar la tenencia
del inmueble objeto de evacuación y por no presentar la documentación completa
de su grupo familiar (…).[23]
4.2.4
Por último, el Instituto informó sobre los programas de su competencia, esto
es, el Subsidio de Arrendamiento Temporal y el de Subsidio Municipal de
Vivienda  que se desarrollan “en el marco de la política pública de vivienda
en Medellín”[24] puntualizando que
“[l]os grupos familiares que se vean afectados por un evento que les genere
evacuación definitiva y acrediten la calidad de propietarios o poseedores
frente al bien inmueble del cual fueron evacuados, serán beneficiarios del
Subsidio de Arrendamiento Temporal hasta la solución habitacional definitiva
que se brinda mediante el otorgamiento del Subsidio Municipal de Vivienda (…).[25]
4.3
Igualmente, la Sala ordenó al gerente de la Corporación Ayuda Humanitaria de Medellín informar a la Sala sobre (i) las
razones que dieron lugar a la suspensión del subsidio de arrendamiento temporal
del que era beneficiario el accionante y (ii) los programas o proyectos que
desarrolla la entidad para la población social y económicamente vulnerable.
4.3.1 La Corporación dio respuesta el 26 de julio de 2013 y por medio
de oficio No.0566, informó:
-
“El Instituto
Social de Vivienda y Hábitat de Medellín –ISVIMED- a través nuestro como
operadores brinda atención a las familias que tienen orden de evacuación
temporal o definitiva emitida por la comisión técnica y social del DAGRD,
mediante el programa de arrendamiento temporal, el cual tiene la finalidad de
contribuir con el pago del subsidio de arrendamiento de una vivienda como
alternativa de solución habitacional y medida temporal de mitigación, cuando se
presenta alguna de las situaciones de vulnerabilidad contempladas en la
normatividad vigente”.[26]
-
El señor Primitivo
Atehortua Gutiérrez “fue atendido hasta el 20 de mayo de 2012, momento en el
cual fue suspendido el subsidio de arrendamiento por el incumplimiento a los
requisitos exigidos por el Decreto 813 de 2011 y 1637 bajo (sic) del mismo año
y bajo la orientación del ISVIMED, los cuales exigen que se deben aportar los
documentos de identidad del grupo familiar con el cual fue censado en el
momento de ocurrencia del evento, además de acreditar la posesión o propiedad
del mismo inmueble. En el caso del señor Primitivo los documentos de identidad
del grupo familiar faltantes y desactualizados fueron exigidos al igual que los
de tenencia del inmueble evacuado, los primeros no fueron aportados y en el
segundo caso solo presentó un  certificado del sisbén, recibo de servicios
públicos y la constancia de demolición del inmueble expedida por el inspector
competente, documentos que no fueron suficientes para acreditarlo como poseedor
del inmueble”.[27]
4.3.2 Agregó la citada
Corporación que “[n]o es necesario que el participante aporte todos los
documentos mencionados, si con alguno de estos se logra certificar la calidad
de poseedor o propietario”[28] e hizo mención
de los programas de arrendamiento temporal y de subsidio para mejoramiento de
vivienda, así como mencionó los requisitos que deben cumplir quienes aspiran a
obtener dichos beneficios.
4.4
Finalmente, la Sala ordenó a la Alcaldía de Medellín designar un profesional de
Trabajo Social para realizar una visita socio-familiar integral al lugar de
residencia del accionante y rendir el respectivo informe sobre sus condiciones
socio-familiares y económicas actuales y respecto del plan de intervención a
seguir. Sobre lo solicitado, no hubo respuesta.[29]
La Sala hará expresa referencia a lo anterior, en el acápite (iv) de análisis y solución del caso
concreto.
5. Pruebas documentales que obran en el
expediente de tutela
En el trámite de la acción de tutela se aportaron como
pruebas:
5.1 Fotocopia
de la cédula de
ciudadanía que corresponde a Primitivo Atehortua Gutiérrez donde indica que nació el 4 de agosto de 1946.[30]
5.2 Fotocopia del derecho
de petición dirigido por el accionante al Alcalde de Medellín, el 9 de
noviembre de 2012, en el que solicitó que se le entregaran de nuevo las ayudas
económicas y se le brindara una solución de vivienda definitiva tal como se le
había prometido.[31]
5.3 Fotocopia de los registros
de recolección de información del Sistema Municipal para la Prevención y
Atención de Desastres –SIMPAD- , calendados el 4 de noviembre de 2007[32] y el 11 de junio de 2009, que
sirvieron de soporte para ejecutar la orden de evacuación y demolición de la
vivienda del accionante a causa de la ola invernal.[33]
5.4 Fotocopia de la constancia expedida el
20 de febrero de 2012 y suscrita por el Secretario de Apoyo a la Justicia de la
Alcaldía de Medellín, donde señaló que el inmueble de propiedad del accionante fue
demolido en cumplimiento de la orden 179-1 del 25 de junio de 2009.[34]
5.5 Fotocopia del oficio de 27 de
noviembre de 2012, suscrito por el Director del Departamento Administrativo de
Gestión del Riesgo y Desastres de Medellín –DAGR-, en que hizo referencia a las
competencias de la entidad a su cargo y las que prevé la normatividad para el  Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín –ISVIMED-.[35]
5.6 Fotocopia del oficio de 27 de
noviembre de 2012, suscrito por el Inspector Ocho B de Policía Urbana de
Medellín, donde informó acerca de las gestiones realizadas en el curso de la
evacuación y demolición de la vivienda de propiedad del accionante.[36]
5.7 Fotocopia del oficio de 17 de junio de
2009, suscrito por la Coordinadora Operativa del Sistema Municipal para la Prevención y Atención de Desastres (SIMPAD)
de Medellín y dirigido a la Coordinadora de la Comisión Social de la Secretaría
de Bienestar Social de la Alcaldía, con copia a la Directora General del
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín –ISVIMED- para que cada una
de esas entidades realice las gestiones que sean de su competencia con ocasión
de la orden de evacuación y demolición de la vivienda del accionante.[37]
5.8 Fotocopia de la Resolución 179-1 de 25
de junio de 2009, mediante la cual se dio la respectiva orden de policía para
la evacuación y demolición definitiva de la vivienda del accionante que fue
ordenada en atención “[a]l riesgo que
representa la vivienda localizada en el margen derecho de la quebrada de la
Castro en la parte trasera de la Institución Educativa Gabriel García Márquez,
dentro de la zona de retiro de la quebrada, en donde se reitera la evacuación
del predio por el riesgo que genera el talud ubicado en la parte posterior de
la vivienda (…).[38]
5.9 Fotocopia de oficio de 16 de julio de 2009, suscrito
por el Inspector Ocho B de Policía Urbana de Medellín, con destino a la
Dirección General del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín
–ISVIMED- en el que hizo referencia a la demolición de 31 viviendas, entre
ellas la del accionante, y solicitó informar de manera individualizada sobre las
ayudas entregadas a las personas damnificadas de esa jurisdicción.[39]
5.10 Fotocopia del acta de ejecución de la orden de evacuación
y demolición de la vivienda de propiedad del accionante, suscrita por el
Inspector Ocho B de Policía Urbano de Medellín el 11 de mayo de 2010.[40]
5.11 Copia del Informe del 27 de noviembre
de 2012, expedido por el Consultor para el Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Refugiados –ACNUR- de la Unidad Municipal de Atención y Reparación a
Víctimas – Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, en que indicó que una vez
realizada la respectiva consulta del Sistema de Información, Gestión, Monitoreo
y Atención a la Población Desplazada (SIGMA) administrado por la Alcaldía de
Medellín y el Sistema de Información para Población Desplazada (SIPOD), se
encontró que el accionante “NO figura en los citados sistemas de
información de población desplazada”.[41]
5.12 Oficio No.0566 del 26 de julio de
2013, suscrito por el Director (E) de la Corporación Ayuda Humanitaria en el
que rindió informe a la Sala sobre lo ordenado mediante auto del 9 de julio de
2013.[42]
5.13 Oficio No.14536 del 1 de agosto de
2013, suscrito por la Subdirectora Poblacional del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín –ISVIMED- en
el que informó sobre lo ordenado por la Sala en auto del 9 de julio de 2013.[43]
II.
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
Competencia
1.
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar la
sentencia proferida dentro del proceso de la referencia, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9º de la Constitución Política,
en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Problema
jurídico y esquema de resolución
2. Teniendo en cuenta los hechos y circunstancias
descritas con anterioridad la Sala entra a examinar si el derecho a la vivienda
digna o cualquier otro derecho
fundamental del accionante en su condición de persona de la tercera edad ha sido vulnerado al suspender el
subsidio de arrendamiento temporal y no
reubicar su vivienda, teniendo en cuenta que el inmueble de su propiedad fue
demolido por estar ubicado en una zona de alto riesgo.
3.
Para resolver el problema jurídico planteado procederá la Sala a (i) reiterar
la jurisprudencia en materia de los principios que rigen la actuación del juez
en el trámite de las acciones de tutela; (ii) analizará el alcance
constitucional del derecho a la vivienda digna, en general, y del derecho a la
vivienda digna para población vulnerable, en particular; (iii) se pronunciará
sobre el deber que tienen las autoridades de reubicar las viviendas que se
encuentran en zonas de alto riesgo; para finalmente (iv) entrar a analizar y
resolver el caso concreto.
(i)
Principios que rigen la actuación del juez en el trámite de la acción de tutela
1.1
En diversas oportunidades la jurisprudencia de la Corte ha destacado el papel
central que la Constitución Política ha otorgado al juez de tutela como
garantes de los derechos fundamentales. Le corresponde decidir las acciones que
interponen las personas solicitando el amparo de sus derechos (Art.86 C.P.) y,
por lo tanto “sus providencias
pueden contribuir a que los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución irradien las actuaciones de las entidades públicas, de los
particulares, y del sistema jurídico en general”[44].
1.2
En esa medida, esta Corporación ha insistido en la relevancia que tienen en el
curso del proceso y en la decisión que se la aplicación de los principios de informalidad
y oficiosidad de la tutela.
1.3
El principio de informalidad, consiste en que los requisitos para
presentar una acción de tutela son mínimos, y no requiere de sofisticados
formalismos, de suerte que no prevalezca la ritualidad sobre la finalidad de
proteger o restablecer los derechos que las personas invocan. Esas
características se reflejan en la posibilidad de presentar la acción de tutela
de forma “verbal en caso de urgencia, o cuando el solicitante sea menor de
edad, o no sepa escribir; no se requiere de apoderado judicial; y no es
necesario citar el artículo en el que se encuentra la norma constitucional
infringida, siempre que se identifique de manera suficiente cuál es el derecho
que se considera amenazado o violado, y se narren los hechos que lo originan”[45].
1.4 Para que estas prerrogativas “no resten operatividad ni eficacia a la protección
de los derechos fundamentales –cuando a ello haya lugar-, también es necesario
que se aplique el principio de oficiosidad por parte del juez. La
Corte ha dicho que este principio:
“se
traduce en el papel activo que debe asumir el juez de tutela en la conducción
del proceso, no sólo en lo que tiene que ver con la interpretación de la
solicitud de amparo, sino también, en la búsqueda de los elementos que le
permitan comprender a cabalidad cuál es la situación que se somete a su
conocimiento, para con ello tomar una decisión de fondo que consulte la
justicia, que abarque íntegramente la problemática planteada, y de esta forma
provea una solución efectiva y adecuada, de tal manera que se protejan de
manera inmediata los derechos fundamentales cuyo amparo se solicita si hay
lugar a ello”.[46]
1.5 Pero además, en la aplicación del principio de
oficiosidad el juez de tutela debe cumplir varios deberes. De una parte le
corresponde verificar la legitimidad por
pasiva de la acción e integrar debidamente el contradictorio, poniendo en
conocimiento de la actuación a los terceros eventualmente perjudicados con la
decisión.[47] De otro lado, debe promover
oficiosamente la actividad probatoria que le permita establecer con claridad
los hechos y afirmaciones que sustentan la solicitud de amparo, hasta tener suficientes
elementos de juicio para decidir el asunto sometido a su conocimiento.[48]
También si una vez examinada la acción se percata que hubo omisión de alguno de
los requisitos mínimos exigibles por la ley es su obligación convocar al
accionante para que subsane dichas falencias y conforme a los hechos probados
en el proceso debe proteger todos los derechos vulnerados o amenazados, incluso
aquellos que el accionante no invocó.[49] Finalmente, es su deber emitir
las órdenes necesarias para garantizar el amparo de los derechos e incluso
requerir a prevención a las autoridades públicas para que no vuelvan a incurrir
en las acciones u omisiones que dieron lugar a la vulneración de los derechos[50].
1.6
Así las cosas, el juez de tutela no puede omitir su deber principalísimo de
dirigir el proceso, ni permanecer pasivo ante el amparo invocado absteniéndose de
ordenar lo necesario para garantizar la protección y pronto restablecimiento de
los derechos fundamentales que dieron lugar a la solicitud de amparo, ni mucho
menos hacer prevalecer lo formal sobre lo sustancial o desestimar la acción
bajo el argumento de falta de pruebas para determinar la veracidad de los hechos
que están bajo examen. [51].
1.7 Teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir,
en primer lugar, que la informalidad que caracteriza el trámite de la
tutela no puede implicar el quebrantamiento del debido proceso al que están
sometidas las actuaciones judiciales y administrativas por expreso mandato
superior (art. 29 C.P.), en cuyo contenido constitucionalmente protegido se
incorporan los derechos de defensa y
contradicción[52].
1.8 En segundo lugar, el juez de tutela tiene amplias
facultades oficiosas que debe asumir de forma activa para brindar una adecuada
protección a los derechos constitucionales presuntamente vulnerados, amparando
las garantías necesarias a las partes implicadas en el litigio y a los terceros
con interés en el proceso[53]. Es decir, le
corresponde la debida integración del contradictorio, con el fin de
salvaguardar el derecho fundamental al debido proceso, lo cual se concreta en
la aplicación de los principios de informalidad y oficiosidad, dado que “[e]l
contenido del fallo no puede ser inhibitorio” [54].
1.9 En tercer lugar, el juez constitucional, como
director del proceso, está obligado a integrar debidamente el contradictorio, “vinculando
al trámite a aquellas personas naturales o jurídicas que puedan estar
comprometidas en la afectación iusfundamental y en el cumplimiento de una
eventual orden de amparo, o que  puedan resultar afectadas por las decisiones
que adopte el juez constitucional, para que en ejercicio de la garantía
consagrada en el artículo 29 superior, puedan intervenir en el trámite, pronunciarse sobre las
pretensiones de la demanda, aportar y solicitar las pruebas que consideren
pertinentes, y en fin, hacer uso de los medios de defensa y contradicción que
ofrece el ordenamiento jurídico”.[55]
1.10 Por último, si bien es cierto que al accionante le
corresponde indicar cuál es la autoridad o el particular que ha provocado la
vulneración de los derechos fundamentales que reclama, esto no imposibilita al
juez, para que en virtud del principio de oficiosidad, vincule una parte o un
tercero con interés legítimo en el resultado del proceso, pues se trata de una
actuación que en últimas, está encaminada a garantizar el derecho fundamental
al debido proceso.[56]
(ii)
Derecho a la vivienda digna y en condiciones adecuadas. Carácter fundamental y
exigibilidad a través de la acción de tutela
2.1 A partir de los mandatos del artículo 51 de la Constitución
Política[57]
y del artículo 11, numeral 1º, del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales[58],
la Corte ha definido los alcances del derecho a la vivienda digna.[59]
El Pacto, en el mencionado artículo 11, numeral 1º, reconoce “[e]l derecho
de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las
condiciones de existencia”. Para proteger este derecho, dicho instrumento
internacional establece que los Estados Parte tienen la obligación de adoptar
todas las medidas orientadas a “[a]segurar la efectividad de este derecho,
reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación
internacional fundada en el libre consentimiento”.
2.2
La Corte se ha pronunciado sobre el alcance que tiene para el ordenamiento
jurídico colombiano el Pacto y la Observación General No.4 de 1991, emitida por
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en materia de
protección del derecho a la vivienda digna y adecuada. Sobre el particular
señaló que “[a] partir de la sentencia C-936 de 2003 esta Corporación, con
el objeto de precisar el alcance y el contenido del derecho a la vivienda
digna, ha recurrido al artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos Sociales y Culturales, precepto que reconoce el derecho a una
vivienda adecuada, cuyo contenido a su vez ha sido desarrollado por la
Observación General 4 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales.
Este último instrumento internacional se ha convertido por esta vía en un
referente interpretativo que permite dilucidar el contenido del artículo 51
constitucional”.[60]
2.3
En este contexto, el Comité en la citada Observación No.4, para dar alcance al
artículo 11 del Pacto establece una serie de directrices en las que deja de
presente que el derecho a una vivienda digna y adecuada es un derecho humano
de la mayor importancia para el disfrute
de todos los derechos económicos, sociales y culturales en su conjunto. En ese
sentido, al derecho a la vivienda digna, se integra el concepto de dignidad humana y no discriminación.
2.4
Entonces, por definición el derecho a la vivienda digna abarca un campo más
amplio de realización del ser humano en términos de poder ejercitar con
libertad el derecho a “[v]ivir en seguridad, paz y dignidad en alguna
parte”[61] y no solamente a tener un techo como tal.
Como parte de este derecho es exigible que la vivienda tenga condiciones
adecuadas, es decir, que se pueda “[d]isponer de un lugar donde poderse
aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y
ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación
adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un
costo razonable".[62]
2.5
De igual forma, el Comité enfatizó en dos criterios que se derivan del artículo
11 del Pacto. El primero, señala que los Estados Partes, “reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia"[63].  El segundo establece que los Estados Partes, se obligan a “otorgar
la debida prioridad a los grupos sociales que viven en condiciones
desfavorables concediéndoles una atención especial. Las políticas y la
legislación, en consecuencia, no deben ser destinadas a beneficiar a los grupos
sociales ya aventajados a expensas de los demás” [64].  Omitir estos criterios, sin duda, daría lugar a “un
deterioro general en las condiciones de vida y vivienda, que sería directamente
atribuible a las decisiones de política general y a las medidas legislativas de
los Estados Partes, y a falta de medidas compensatorias concomitantes,
contradiría las obligaciones dimanantes del Pacto”[65].
2.6
Ahora bien, para maximizar las medidas que tomen los Estados Partes en el marco
de aplicación del artículo 11 del Pacto, el Comité resaltó los factores que es
necesario tener en cuenta al analizar si determinada forma de vivienda se puede
considerar como una "vivienda adecuada". A su juicio,  “el concepto de adecuación es particularmente significativo
en relación con el derecho a la vivienda, puesto que sirve para subrayar una serie
de factores que hay que tener en cuenta al determinar si determinadas formas de
vivienda se puede considerar que constituyen una "vivienda adecuada"
a los efectos del Pacto”.[66]
2.7
Estos factores son: a) seguridad jurídica de la tenencia de la vivienda, b)
disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, c)
gastos soportables, d) habitabilidad, e) asequibilidad, f) lugar de ubicación
que permita el acceso a distintos servicios básicos de atención y otros
servicios sociales, y g) adecuación cultural que permita la expresión de la
identidad cultural y la diversidad de la vivienda.[67]
Son mínimos que deben permitir no sólo contar con una vivienda sino que esta
debe ser adecuada porque tanto la dignidad como la adecuación hacen parte
integral del derecho a la vivienda digna.
2.8
Sobre estos factores, la jurisprudencia[68] ha destacado especialmente la habitabilidad y la
asequibilidad al analizar casos en los cuales se ha debatido el derecho a la
vivienda digna de personas que resultaron damnificadas como consecuencia de la
ola invernal de finales de 2010:
“(i) Habitabilidad, de conformidad con la cual “una
vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder ofrecer espacio
adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la
lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de
vectores de enfermedad. Debe garantizar también la seguridad física de los
ocupantes”. A partir de esta descripción esta Corporación ha identificado
entonces dos elementos que configuran la habitabilidad: (i) la prevención de
riesgos estructurales y (ii) la garantía de la seguridad física de los
ocupantes[69].
(ii) Asequibilidad, de acuerdo con la cual “La
vivienda adecuada debe ser asequible a los que tengan derecho. Debe concederse
a los grupos en situación de desventaja un acceso pleno y sostenible a los
recursos adecuados para conseguir una vivienda. Debería garantizarse cierto
grado de consideración prioritaria en la esfera de la vivienda a los grupos
desfavorecidos como (…) las víctimas de desastres naturales, las personas que
viven en zonas en que suelen producirse desastres, y otros grupos de personas”.[70]
2.9
En ese marco, en distintas oportunidades la Corte se ha referido al derecho a
la vivienda digna como derecho fundamental. Por ejemplo, ha protegido este
derecho cuando las personas atraviesan
especiales situaciones de disminución por razones de salud, contingencias
sociales y familiares, precariedades de tipo económico o de otra índole, cuando
se afecta su mínimo vital o cuando se encuentran en situaciones en las que se
restringe grave y permanentemente el goce efectivo de ese derecho fundamental.[71]
2.10 En ese sentido, para dar aplicación al criterio
de prevalencia en la realización del derecho a la vivienda digna y en
condiciones adecuadas para las poblaciones más vulnerables de que trata el
artículo 11 del Pacto y que desarrolla la Observación No.4 del Comité, la
jurisprudencia
ha reiterado que es deber del
Estado dar prioridad en los programas de vivienda “a los grupos
desfavorecidos como las personas de la tercera edad, los niños, los
discapacitados, los enfermos terminales, los portadores de VIH, las personas
con problemas médicos persistentes, los enfermos mentales, las víctimas de
desastres naturales, las personas que viven en zonas de alto riesgo y los
desplazados por la violencia”.[72] También, en numerosas oportunidades la Corte ha
protegido este derecho cuando se trata de situaciones de “indigencia,
pobreza, riesgo de derrumbe o desplazamiento forzado de las personas, no
obstante no ser éstas titulares de derechos subjetivos configurados con arreglo
a las disposiciones legales o reglamentarias”[73].
2.11 Incluso, cabe recordar que la jurisprudencia da
cuenta de “casos en los cuales la administración había ordenado el
desalojo e incluso la destrucción de la vivienda por encontrarse en zona de
alto riesgo; y posteriormente, en sede de tutela se amparó el derecho a la
vivienda digna y en consecuencia se ordenó la reubicación de las personas, sin
cumplir el requisitos del ahorro previo (…)”[74].
2.12
En suma, para la Corte, la noción de vivienda digna incluye contar con un lugar
propio o ajeno, que le posibilite  a la persona desarrollarse en unas
condiciones mínimas de dignidad y seguridad, así como le permita  satisfacer su
proyecto autónomo de vida[75].
Por lo tanto, una “vivienda digna” debe contar con condiciones adecuadas
que no pongan en peligro la vida y la integridad física de sus ocupantes, pues
ella además de ser un refugio para las inclemencias externas, es el lugar donde
se desarrolla gran parte de la vida de las personas que la ocupan, por lo que “adquiere
importancia en la realización de la dignidad del ser humano”[76]. De esta forma,
la Corte ha insistido en múltiples ocasiones en que la vivienda apropiada registra máxima
trascendencia para la realización de la dignidad del ser humano[77].
2.13 En ese orden de ideas, la Corte igualmente ha reiterado que
es necesario priorizar la garantía del derecho a la vivienda digna a los grupos
más vulnerables de la sociedad que viven en condiciones de precariedad material.
Ese criterio de prioridad, indica que las autoridades y los particulares se
obligan a cumplir con el deber de solidaridad que se traduce  en dispensar
atención y consideración especial a las personas que esta Corporación ha
reconocido como particularmente vulnerables (Art.13, inc. 3 C.P.) y cuya mención se ha hecho en párrafos anteriores de esta providencia.
(iii)
Reubicación de viviendas que se encuentran en zonas declaradas como de alto
riesgo no mitigable
3.1 La Ley 9 de 1989[78],
en su artículo 56, subrogado por el artículo 5 de la Ley 2 de 1991, ordena a
las autoridades territoriales, en particular, a los alcaldes, realizar “un
inventario de los asentamientos humanos que presenten altos riesgos para sus
habitantes, en razón a su ubicación en sitios anegadizos, o sujetos
a derrumbes y deslizamientos, o que de otra forma presenten condiciones
insalubres para la vivienda, y reubicarán a estos habitantes en zonas apropiadas,
con la participación del Instituto de Crédito Territorial. Además, tomarán
todas las medidas y precauciones necesarias para que el inmueble desocupado no
vuelva a ser usado para vivienda humana. (…).
3.2 La Ley 9 citada fue complementada con la
expedición de la  Ley 388 de 1997, que reiteró la obligación de identificar las
zonas de riesgo en desarrollo de la competencia relativa al ordenamiento del
territorio local radicada en cabeza de las autoridades municipales y
distritales.
En ese sentido, el artículo 8 de la Ley 388, establece:
"La función pública del
ordenamiento del territorio local se ejerce mediante la acción urbanística de
las entidades distritales y municipales, referida a las decisiones
administrativas y a las actuaciones urbanísticas que les son propias,
relacionadas con el ordenamiento del territorio y la intervención en los usos
del suelo. Son acciones urbanísticas, entre otras:
(...)
5. Determinar las zonas no urbanizables
que presenten riesgos para la localización de asentamientos humanos, por
amenazas naturales, o que de otra forma presenten condiciones insalubres para
la vivienda.
(…)
Parágrafo. Las acciones urbanísticas
aquí previstas deberán estar contenidas o
autorizadas en los planes de ordenamiento territorial o en los
instrumentos que los desarrollen o complementen, en los términos
previstos en la presente ley".
3.3 El Plan de Ordenamiento Territorial, que los municipios y distritos deben
adoptar en aplicación de la Ley 388[79]
y al cual se refiere el artículo 41 de la Ley 152 de 1994[80], se define como “el instrumento básico para desarrollar el
proceso de ordenamiento del territorio municipal. Se define como el conjunto de
objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y
normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del
territorio y la utilización del suelo”[81].
El Plan debe contener, entre otras cosas:
(…)
“[L]os mecanismos para la
reubicación de los asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo
para la salud e integridad de sus habitantes, incluyendo la estrategia para su
transformación para evitar su nueva ocupación”.[82]
3.4 Por su parte, la Ley 715 de 2001[83],
prevé la asignación de competencias
del municipio en sectores como el de vivienda, señalando que además de lo
previsto en la Constitución y en otras disposiciones, es de competencia de los
municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del sistema general
de participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos
de interés municipal y en especial ejercer entre otras competencias las
siguientes:
“(…) 76.2 En materia de vivienda:
76.2.1. Participar en el Sistema Nacional
de Vivienda de Interés Social.
76.2.2. Promover y apoyar programas o
proyectos de vivienda de interés social, otorgando subsidios para dicho objeto,
de conformidad con criterios de focalización nacionales, si existe
disponibilidad de recursos para ello.
(…)
76.9. En prevención y atención de desastres:
Los municipios con la cofinanciación de la
Nación y los departamentos podrán:
76.9.1. Prevenir y atender los desastres
en su jurisdicción.
76.9.2. Adecuar las áreas urbanas y
rurales en zonas de alto riesgo y reubicación de asentamientos.
(…)
76.11. Atención a grupos vulnerables:
Podrán establecer programas de apoyo
integral a grupos de población vulnerable, como la población infantil,
ancianos, desplazados o madres cabeza de hogar”.[84]
3.5 Por último, la Ley 1537 de 2012[85],
dispone lo relativo al subsidio en especie para población vulnerable:
“(…) Artículo
12. La asignación de las viviendas a las que hace referencia el presente
artículo beneficiará en forma preferente a la población que se encuentre en
alguna de las siguientes condiciones: a) que esté vinculada a programas
sociales del Estado que tengan por objeto la superación de la pobreza extrema o
que se encuentre dentro del rango de pobreza extrema, b) que esté en situación
de desplazamiento, c) que haya sido afectada por desastres naturales,
calamidades públicas o emergencias y/o d) que se encuentre habitando en zonas
de alto riesgo no mitigable. Dentro de la población en estas condiciones, se
dará prioridad a las mujeres y hombres cabeza de hogar, personas en situación
de discapacidad y adultos mayores”.[86]
3.6
Pero además, la Corte en varias oportunidades se ha pronunciado sobre el deber
de las autoridades nacionales y territoriales de intervenir de forma preventiva
en situaciones en que están en riesgo los derechos fundamentales a la vida y a
la vivienda digna de las personas que viven en zonas de alto riesgo a esa labor
preventiva que implica evacuar y demoler las viviendas de los pobladores de
forma inmediata las autoridades deben responder salvaguardando sus bienes y
prodigándole albergue temporal y ayudas económicas con miras a la más pronta
reubicación de la vivienda de los afectados.
3.6.1
Esta Corporación expresó que la Administración vulnera el derecho a una
vivienda digna “cuando no adopta las medidas adecuadas y necesarias para
culminar oportunamente un proceso de reubicación de familias que se encuentran
viviendo en condiciones de precariedad tal que pueden perder sus viviendas,
bien sea por causas físicas o jurídicas”.[87]
3.6.2
Posteriormente, puntualizó que si las condiciones de habitabilidad de la
vivienda se dan en circunstancias en que las personas que allí habitan están
sometidas a riesgos o peligros “las normas constitucionales y legales
establecen un marco de responsabilidades de las autoridades competentes,
relativo al deber de reubicación de estas personas. De esta manera, estos
derechos pueden hacerse valer en sede de tutela, si las autoridades
administrativas han sido reticentes en su aplicación por los caminos procesales
administrativos ordinarios”[88],
afirmándose que “como es apenas obvio, la reubicación conlleva
necesariamente la provisión de vivienda digna y adecuada”.[89]
3.6.3
Así mismo, la jurisprudencia reconoció la procedencia de la acción de tutela
para la reubicación de hogares que se encuentran en zonas declaradas como de alto riesgo no mitigable.[90]
Sobre el particular, sostuvo que “[p]ara las autoridades administrativas es un imperativo
(i) desarrollar herramientas idóneas y eficientes que permitan la reubicación
de la población asentada en zonas catalogadas como de alto riesgo, ello con el
fin de proteger la vida de este grupo de personas[91], y (ii)
“efectuar los actos administrativos indispensables para que los afectados
encuentren otro lugar donde vivir en condiciones parecidas a las que antes
disfrutaban”[92].
3.6.4
Advirtió adicionalmente, que dichas competencias no se restringen a las zonas de alto riesgo, ni se agotan con la reubicación de
asentamientos, ya que, además de ello, deben “atender las medidas que las
autoridades de otros niveles territoriales les dirijan en materia de
prevención, entre ellas por supuesto la ejecución de las obras recomendadas por
éstas”[93].
3.6.5
Incluso la jurisprudencia teniendo en cuenta la ubicación de las viviendas en
zonas de alto riesgo y las condiciones de vida de los sectores de población que
allí habitan, señaló que “Igualmente, el derecho a la vivienda digna ha sido protegido por la
Corte, independientemente de la calidad de propietario que en estricto sentido
legal pueda tener el afectado sobre el inmueble”[94]
puntualizó que “[p]or
el  contrario, la vivienda digna se proyecta sobre la necesidad humana de
disponer de un sitio de vivienda sea propio o ajeno, que reviste las
características para poder realizar de manera digna el proyecto de vida.”[95]
En ese sentido, “el derecho a la vivienda digna ha sido protegido cuando
la persona se encuentra gozando plenamente de este derecho, pero lo que
pretende es evitar una injusta privación o afectación del mismo; no
necesariamente para obtener la prestación tendiente a lograr su disfrute o el
derecho de propiedad”.[96]
3.6.6 Teniendo en cuenta
lo anterior, la Corte de nuevo exteriorizó su preocupación acerca de la
necesaria protección y garantía del derecho a la vivienda digna de las
poblaciones más vulnerables. En ese sentido, en varias oportunidades esta Corporación
manifestó que “es
procedente la acción de tutela para proteger el derecho a la vivienda digna
cuando quien invoca su protección se encuentra en estado de vulnerabilidad o
debilidad manifiesta, o constituye un sujeto de especial protección
constitucional (…)”[97].
(iv)
Análisis y solución del caso concreto
4.1
En la demanda de tutela el señor Primitivo Atehortua Gutiérrez afirmó que la
Alcaldía de Medellín le
vulneró su derecho a una vivienda digna, toda vez que el 11 de mayo del año
2010, el inmueble de su propiedad ubicado en el barrio Villa Liliam fue evacuado
y demolido por funcionarios de la Inspección Ocho B de Policía Urbana de
Medellín y dicha entidad “se ha negado a seguir pagando la mensualidad del
arriendo sin encontrar justificación alguna”[98] y
además “no ha cumplido con la reubicación de su casa”.[99]
4.2
Por su parte, el Juez Once Civil Municipal de Medellín, concluyó que en el caso
concreto era imposible corregir los yerros en que incurrió el accionante al no
vincular a las entidades competentes sino al Municipio de Medellín para efectos
de obtener los beneficios del subsidio de arrendamiento temporal y por lo tanto
“le asiste la razón al ente accionado”[100] en cuanto a que
no podía el juez “emitir una orden en su contra respecto de la pretensión
del accionante”[101], motivo por el
cual declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del Municipio de
Medellín. Para la Sala una decisión de esta naturaleza es inaceptable, toda
vez, que el juez de tutela había podido vincular a las entidades responsables
de la política de vivienda de interés social de Medellín y promover la práctica
de pruebas conducentes a esclarecer los hechos y afirmaciones que sustentaron
la acción de amparo, para decidir el asunto bajo su conocimiento pues así lo
exigía el principio de oficiosidad. En consecuencia el juez de tutela se
abstuvo injustificadamente no solo de analizar la vulneración de los derechos
del señor Primitivo Atehortua Gutiérrez sino de conminar a la Alcaldía de
Medellín, al Instituto Social de Vivienda
y Hábitat de Medellín –ISVIMED-y a la
Corporación Ayuda Humanitaria a cumplir con las obligaciones de orden
constitucional y legal que les competen en materia de protección del derecho a
la vivienda digna, así como a evitar que situaciones de estas características se
vuelvan a repetir.
4.3 De acuerdo a las normas que rigen a nivel local la
ejecución de la política de vivienda de interés social es de competencia del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín
–ISVIMED-[102] la asignación del subsidio municipal de arrendamiento
temporal entendido como “un aporte de dinero con cargo al gasto público
social, adjudicado a grupos familiares en condiciones de vulnerabilidad social
y económica ocasionada por un evento especial como desastre natural, desastre
atrópico o calamidad, reasentamiento por ubicación en zona de alto riesgo (…)”.[103]
También corresponde al Instituto la ejecución del programa de reubicación que
se concreta a través de la adjudicación del subsidio municipal de vivienda.[104]
4.4 Por lo tanto, es deber legal de dicho Instituto
dar respuesta a las necesidades habitacionales del accionante dadas sus
condiciones de pobreza y vulnerabilidad[105] y por tener una
condición especial al ser una persona de la tercera edad. Las disposiciones
legales municipales son claras en cuanto a la prioridad que establece para la
protección del derecho a la vivienda digna de la población más vulnerable. Así
se desprende de las normas que reglamentan el subsidio municipal de arrendamiento temporal, esto es, el Decreto No.0813
de 2011[106] así como el subsidio
municipal de vivienda que está destinado a la reubicación de los afectados
mediante la solución definitiva de vivienda de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto No.0867 de 2003, ambas normas expedidas por el Concejo de Medellín.
4.5
La entrega del subsidio municipal de
arrendamiento temporal se realiza a través de la Corporación de Ayuda
Humanitaria de Medellín[107], entidad privada contratada por el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín –ISVIMED- como
operador de los subsidios. La Corporación suspendió a partir de mayo de 2012 la
entrega del subsidio a Primitivo Atehortua Gutiérrez y para la Sala las explicaciones
que consignó dicha entidad en el informe enviado el 26 de julio de 2013, resultan
insuficientes para desvirtuar lo reclamado por el accionante.
4.6
Por su parte el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín –ISVIMED- en
su Informe del 5 de agosto de 2013, también señala que para recibir el subsidio
de arrendamiento temporal, lo que se requiere es que el grupo familiar se
encuentre en condiciones de vulnerabilidad social y económica ocasionada por un
evento especial como desastre natural, desastre antrópico o calamidad,
reasentamiento por ubicación en zona de alto riesgo y que para ser beneficiario
del programa de reubicación que brinda una solución definitiva de la vivienda a
partir de la adjudicación del subsidio municipal de vivienda se requiere que el
grupo familiar cumpla con los requisitos mínimos para postular a vivienda.
4.7
Sobre lo anterior, encuentra la Sala que el Instituto Social de Vivienda y
Hábitat de Medellín –ISVIMED- y la Corporación Ayuda Humanitaria de Medellín
desconocen que el señor Primitivo Atehortua Gutiérrez no sólo hizo expresa
manifestación de la voluntad de acceder al subsidio de arrendamiento temporal
sino que además adelantó diligencias y entregó varios documentos como lo señala
la Corporación Ayuda Humanitaria en el Informe enviado el 26 de julio de 2013[108]
con la expresa finalidad de mantener el beneficio de los subsidios.
4.8
Pero además, atribuir la causa de la suspensión del subsidio de arrendamiento
temporal al señor Primitivo Atehortua Gutiérrez aduciendo como principal
argumento que no probó la calidad de propietario, poseedor o mero tenedor del
inmueble demolido deja en evidencia que las entidades  citadas le restaron
crédito a lo señalado por otras autoridades municipales como el Secretario de la
Alcaldía de Medellín que certificó que el inmueble demolido es de propiedad del
accionante, el Inspector Ocho B de Policía Urbana de Medellín que se expresó en
idéntico sentido en el acta de ejecución de la orden de demolición de la
vivienda del accionante el 11 de mayo de 2010 y a lo expuesto por esta misma
autoridad en su informe del 27 de noviembre de 2012. Además, de forma
injustificada dichas entidades dejaron de constatar lo afirmado por el
accionante tanto en su derecho de petición del 9 de noviembre de 2012, al
señalar que vivía en el barrio Villa Liliam en una casa de su propiedad de la
que las autoridades locales ordenaron su desalojo por encontrarse ubicada en
una zona de alto riesgo, afirmación que reiteró en el escrito de tutela del 21
de noviembre del mismo año vulnerando así el principio de la buena fe
consagrado en el artículo 83 de la Carta Política.
4.9
Finalmente, las entidades accionadas omitieron que en situaciones como la que
ocupa la atención de la Sala, el derecho a la vivienda digna ha sido protegido por la Corte independientemente de la
calidad de propietario que en estricto sentido legal pueda tener el afectado
sobre el inmueble, toda vez que este derecho se fundamenta en la  necesidad
humana de disponer de un sitio de vivienda sea propio o ajeno, que revista las
características para poder realizar de manera digna el proyecto de vida y no
solo sobre un derecho real sobre el bien. De igual forma, esta Corporación ha
protegido de forma especial este derecho cuando se trata de personas en
condición de vulnerabilidad, pobreza o sujetos de especial protección
constitucional como las personas de la tercera edad, condiciones todas que son
atribuibles al accionante, pues además, es una persona que no sabe leer y
escribir, lo cual lo deja situado en una condición de mayor indefensión.
4.10 Si bien es cierto, que las
autoridades municipales competentes actuaron con diligencia para prevenir un
desastre mayor al evacuar y demoler las viviendas de las familias ubicadas en
el barrio Villa Liliam donde estaba ubicado
el hogar de Primitivo Atehortua Gutiérrez considerada dicha zona por expresa
disposición del Concejo de Medellín como de alto riesgo no recuperable, como
quiera, que se trata de viviendas construidas sobre terrenos cuyas características
topográficas son de muy difícil acceso, con gran inestabilidad geológica, sometidas a una amenaza o riesgo externo
permanente, calificadas como  irrecuperables cuya situación se agrava cuando la
vivienda está sobre un terreno colindante o en las márgenes de quebradas o ríos
y en planicies de inundación carentes de obras de protección y que no son aptas
para la localización de asentamientos humanos[109],
también es cierto que cumplida la evacuación y demolición de la vivienda
encuentra la Sala que las autoridades municipales responsables de la política
de vivienda que les corresponde mitigar el impacto de la pérdida de la vivienda
a través de la asignación de los subsidios y reubicación como solución
definitiva de vivienda no respondieron con la misma diligencia pues carece de
sentido que el Estado llegue a las comunidades y exija que los habitantes evacuen
sus viviendas que han adquirido o construido, hagan las demoliciones y luego dejen
en total situación de indefensión a sus pobladores, pues ello desconoce las
previsiones de orden constitucional y legal destinadas a proteger el derecho a
la vivienda digna de todos los colombianos y en especial de las personas en
situación de vulnerabilidad como acontece con el accionante.
4.11
En esa medida se vulneró el derecho a la vivienda en cuanto a la seguridad
jurídica en la tenencia y a la confianza legítima que el accionante depositó en
las autoridades, cuando con la intención loable de conjurar el peligro ordenó
evacuar al accionante de la zona de riesgo, pero no lo reubicó. El resultado es
que el actor quedó sin vivienda, expuesto a condiciones de mayor vulnerabilidad
por ser una persona de la tercera edad, que no sabe leer ni escribir, en
situación de pobreza y sin un trabajo estable como quiera que subsiste de la
venta ambulante de dulces.
4.12
Pero además, la Administración Municipal de Medellín no respondió el derecho de
petición formulado por el accionante el 9 de noviembre de 2012, en el que
solicitó “comedidamente gestionar de manera urgente todo lo pertinente para
que mi solución de vivienda se de lo más pronto posible con el fin de
restablecer mis derechos fundamentales”. Por lo anterior,  la Sala
considera que la administración municipal vulneró el derecho fundamental de
petición al señor Primitivo Atehortua Gutiérrez, al no responder su solicitud
tal como lo prevé tanto la Constitución Política (Art. 23 C.P.), el Código Contencioso Administrativo (Arts. 5 y ss. C.C.A.) y la jurisprudencia de esta
Corporación que “en múltiples ocasiones, se ha pronunciado sobre el
contenido, ejercicio y alcance del derecho de petición, confirmando su carácter
de derecho fundamental”[110] para concluir que
“[l]a protección otorgada al derecho de petición cobra aún más importancia
cuando la persona que impetra la solicitud se encuentra inmersa en una
circunstancia de debilidad manifiesta, lo que implica la acción inmediata de
las entidades estatales para resolver el requerimiento pues, se torna
indispensable asegurar la protección de las personas que se encuentran
afectadas”.[111]
4.13
Así las cosas, concluye la Sala que las autoridades municipales vulneraron el derecho
a la vivienda digna del señor Primitivo Atehortua Gutiérrez, al   suspenderle la
entrega del subsidio de arrendamiento temporal y al negarle toda posibilidad de
acceso al subsidio municipal de vivienda con el que se concreta la reubicación y
la solución definitiva de vivienda. Pero además, la Alcaldía de Medellín vulneró
el derecho de petición del accionante al no dar respuesta a la solicitud
formulada el 9 de noviembre de 2012.
4.14
Por las razones precedentes, la Corte revocará la decisión adoptada por el Juzgado Once Civil Municipal de Medellín el
4 de diciembre de 2012 que declaró la falta de legitimación en la causa por
pasiva del Municipio de Medellín, dentro
del trámite de la acción de tutela promovida por Primitivo Atehortua Gutiérrez
en contra de dicho ente territorial, y en su lugar, concederá, por las
razones y en los términos expuestos en esta sentencia, la protección del
derecho fundamental a la vivienda digna y en condiciones adecuadas.
4.15 La Sala ordenará a la Alcaldía de Medellín que dentro del término de las cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, proceda a
dar respuesta de fondo a la petición presentada por el accionante el 9 de
noviembre de 2012 atendiendo lo expuesto en la parte considerativa de esta
providencia.
4.16
La Sala ordenará a la Corporación de Ayuda Humanitaria de Medellín, que en el
término de cuarenta y ocho (48) horas incluya al señor Primitivo Atehortua
Gutiérrez en el programa de subsidio de arrendamiento temporal hasta cuando se
le reubique y se le haga efectiva una solución definitiva de vivienda.
4.17
De igual forma, la Sala ordenará al Instituto de Vivienda  Social y Hábitat de Medellín –ISVIMED-  que en el término
de quince (15) días inicie las gestiones necesarias para vincular al señor
Primitivo Atehortua Gutiérrez  al programa de reubicación con el fin de brindar
una solución definitiva de vivienda. El citado Instituto debe brindar dicha
solución en un plazo no mayor a seis (6) meses.
4.18
Finalmente, ante las precarias condiciones de existencia del accionante, que
tiene 67 años de edad, no sabe leer y escribir y se encuentra en condiciones de
extrema pobreza, esta Sala ordenará a la Alcaldía de Medellín incluirlo en los
programas de protección para las personas de la tercera edad[112]
que sean de su competencia y/o coordinar con aquellas entidades públicas o
privadas que se ocupen de brindar atención y bienestar a este grupo de
población.
Todo
lo anterior, debe entenderse en el sentido que la pretensión del accionante se
materializa y sólo se agota con la reubicación y solución definitiva de su vivienda.
III.
DECISIÓN
Con
fundamento en las consideraciones expuestas en precedencia, la Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo
y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.-
REVOCAR la decisión adoptada por el Juzgado Once Civil Municipal de Medellín el
4 de diciembre de 2012, que declaró la falta de legitimación en la causa por
pasiva del Municipio de Medellín, dentro
del trámite de la acción de tutela promovida por Primitivo Atehortua Gutiérrez
en contra de dicho ente territorial, y en su lugar, CONCEDER, la
protección del derecho fundamental a la vivienda digna y en condiciones
adecuadas del accionante.
SEGUNDO.- ORDENAR
a la Alcaldía de Medellín que dentro del
término de las cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación
de la presente sentencia, proceda a dar respuesta de fondo a la petición
presentada por el accionante el 9 de noviembre de 2012 atendiendo lo expuesto
en la parte considerativa de esta providencia.
TERCERO.-
ORDENAR a la Corporación Ayuda
Humanitaria de Medellín que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas
a partir de la notificación de la presente sentencia, reanude el pago del subsidio de arrendamiento temporal
al señor Primitivo Atehortua Gutiérrez hasta
que constate que fue reubicado y que se le otorgó una solución definitiva de
vivienda.
CUARTO.- ORDENAR al Instituto de Vivienda  Social y Hábitat de Medellín –ISVIMED-
que en el término de quince (15) días contados
a partir de la notificación de la presente sentencia vincule al señor Primitivo Atehortua Gutiérrez al
programa de reubicación de vivienda, de modo que en un término no superior a
seis (6) meses le brinde una solución habitacional definitiva de vivienda mediante
el otorgamiento del Subsidio Municipal de Vivienda.
QUINTO.-
ORDENAR a la Alcaldía
de Medellín que en el término de  cuarenta
y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, incluya al señor Primitivo Atehortua Gutiérrez en los
programas de protección para las personas de la tercera edad que sean de su
competencia y/o coordinar con aquellas entidades públicas o privadas que se
ocupen de brindar atención y bienestar a este grupo de población.
SEXTO.- A través de la Secretaría General, REMITIR copia
de la presente sentencia al Personero Municipal de Medellín con el fin de SOLICITAR
a dicha autoridad que realice la
supervisión y seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas en los
numerales anteriores.
SÉPTIMO.- Por
Secretaría General líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
LUÍS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaría General
[1]
Folios 1 y 2, Cuaderno 1.
[2]
Folios 1 a 4, Cuaderno 1.
[3] Folios 5 y 22, Cuaderno
1. De las citadas actuaciones los funcionarios de la Subsecretaria del Sistema Municipal para la Prevención y Atención de Desastres (SIMPAD),
enviaron copia a la Secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía de Medellín, a la Secretaría de Gobierno Municipal y al Instituto Social de Vivienda
y Hábitat de Medellín (ISVIMED) y a la Inspección 8 B de Policía Urbana de Medellín para lo de su competencia.
[4]
Folio 4, Cuaderno 1.
[5]
Folios 1 y 4, Cuaderno 1.
[6]
Folio 29, Cuaderno 1.
[7]
Folios 1 y 4, Cuaderno 1.
[8]
Folios 1y 4, Cuaderno 1.
[9]
Folios 1 y 4, Cuaderno 1.
[10]
Folio 1, Cuaderno 1.
[11]
Folio 2, Cuaderno 1.
[12]
Folios 1 a 4, Cuaderno 1.
[13] Folio
11, Cuaderno 1.
[14] Folio
12, Cuaderno 1.
[15] Folio
12, Cuaderno 1.
[16]
Folios 17 y 18, Cuaderno 1.
[17] Folio
17, Cuaderno 1.
[18]
Folio 19, Cuaderno 1.
[19]
Folio 38, Cuaderno 1.
[20]
Folio 23, Cuaderno 2.
[21]
Folio 23, Cuaderno 2.
[22]
Folio 24, Cuaderno 2.
[23]
Folio 24, Cuaderno 2.
[24]
Folio 25, Cuaderno 2.
[25]
Folio 26, Cuaderno Principal.
[26]
Folio 17, Cuaderno Principal.
[27]
Folios 17 a 20, Cuaderno Principal.
[28]
Folio 18, Cuaderno Principal.
[29]
Folio 16, Cuaderno Principal.
[30] Folios 7 y 27, Cuaderno 1.
[31]
Folio 4, Cuaderno 1.
[32]
Folio 5, Cuaderno 1.
[33]
Folio 22, Cuaderno 1.
[34]
Folio 6, Cuaderno 1.
[35]
Folios 17 y 18, Cuaderno 1.
[36]
Folio 19, Cuaderno 1.
[37]
Folio 21, Cuaderno 1.
[38]
Folios 23 a 26, Cuaderno 1.
[39]
Folio 28, Cuaderno 1.
[40]
Folios 29 a 31, Cuaderno 1.
[41]
Folio 32, Cuaderno 1.
[42]
Folios 17 a 21, Cuaderno Principal.
[43]
Folios 23 a 38, Cuaderno Principal.
[44]
Sentencia T-317/09 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Ver sentencias C-483/08 M.P.
Rodrigo Escobar Gil y T-464A/06 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[45]
Ver, entre otras, sentencias T-227/06 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-594/99 M.P.
José Gregorio Hernández Galindo, T-389/97 M.P. José Gregorio Hernández Galindo
y T-501/92 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Martínez Caballero y
Fabio Morón Díaz.
[46] Sentencia T-317/09 M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[47]
Cfr sentencias T-164/03 M.P. Eduardo Montealegre Lynett,
T-308/02 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Auto116A/02 M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
[48]
Cfr, entre otras, las sentencias T-464A/06 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-585/05 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-696/02 M.P. Jaime
Córdoba Triviño, T-1056/01 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-523/01 M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa y T-555/95 M.P. Carlos Gaviria
Díaz.
[49]
Cfr, entre otras, las sentencias T-137/08 M.P. Jaime Córdoba
Triviño, T-312/05 M.P. Jaime Córdoba Triviño y T-684/01 M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[50]
Art. 24 Decreto 2591 de 1991. Ver sentencias T-317/09 M. P. Luis Ernesto Vargas
Silva y T-042/05 M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[51]
Sentencia T-464A/06 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[52]
Auto 021/00 M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[53]
Auto 115A/08 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[54]
Decreto 2591 de 1991, Art. 29, parágrafo. Ver Autos 065/10, M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva, A-305/08 M.P. Jaime Córdoba Triviño, A-165/08 M.P. Clara Inés
Vargas Hernández, A-150/08 M.P. Jaime Córdoba Triviño, A-315/06 Calara Inés
Vargas Hernández, A-099A/06 Jaime Córdoba Triviño y A-073A/05 M.P. Jaime
Córdoba Triviño.
[55] Auto 196 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[56] Auto 196 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[57]“Todos
los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de
vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y
formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.”
[58]
“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a
un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y
vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.
Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de
este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la
cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.” El Pacto fue
incorporado al ordenamiento interno colombiano mediante la Ley 74 de 1968. Otros instrumentos internacionales de derechos humanos protegen el derecho a
la vivienda diga, entre ellos: La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, artículo 25; la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, artículo 11; la Carta de la Organización de los Estados Americanos de 1948, artículo 34; la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 1969, aprobada mediante la Ley 16 de 1972, artículo 26; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de 1965, aprobada mediante la Ley 22 de 1981, artículo 5; la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social de
1969, artículo 10, literal f); la Declaración de Vancouver sobre los Asentamientos Humanos de 1976, en su Sección III, numeral 8; la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 1986, artículo 8 y la Declaración de Viena de 1993, numeral 31.
[59]
Ver las Sentencias T-585 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-966 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández y T-473 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, entre otras.
[60]
T-199/10 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Se sugiere consultar las
Sentencias T-473 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-408 de 2008 M.P. Jaime Araujo Rentería, C-444 de 2009 M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, T-199 de 2010 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y T-036 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, entre otras.
[61]
Ibídem, Observación General No.4, numeral 6.
[62]
Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el Año 2000 en su párrafo 5. NACIONES UNIDAS, CDESC,
Observación General, No.4, numeral 6.
[63]
Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, Observación general 4, El derecho a una
vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto), (Sexto período de
sesiones, 1991), U.N. Doc. E/1991/23 (1991), numeral 1.
[64]
NACIONES UNIDAS, CDESC, Observación General No.4, párrafo 11.
[65]
CDESC, Observación General No.4 de 1991, numeral 11.
[66]
Ibídem, párrafo 8.
[67]
NACIONES UNIDAS, CDESC, Observación General No.4, párrafo 8.
[68]
Sentencias T-585 de 2006 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-109 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-837 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, entre otras.
[69]
Sentencias T-473 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-199 de 2010 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[70]
Sentencia T-530 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[71]
Sentencia T-275 de 2008 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver sentencias T-1091
de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández y T-333 de 2011 M.P. Nilson Pinilla Pinilla y T-740 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, entre otras.
[72]
Sentencias T-585 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-740 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[73]
Sentencia T-530 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[74] Sentencia T-816 de 2012 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Ver las sentencias T-079 de 2008 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-624 de 2011 M.P. María Victoria Calle Correa, T-1027 de 2003 M.P. Alfredo Beltrán Sierra, T-894 de 2005 M.P. Jaime Araujo Rentería y T-065 de 2011 M.P. Mauricio González Cuervo, entre otras.
[75]
Ver Sentencias T-079 de 2008 M.P.
Rodrigo Escobar Gil, T-894 de 2005 M.P. Jaime Araujo Rentería, T-585 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-791 de 2004 M.P. Jaime Araujo Rentería y T-958 de 2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, entre otras.
[76]
Sentencia T-079 de 2008 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[77]
Sentencia T-740 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Ver sentencias T-985 de
2001 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-373 de 2003 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-791 de 2004 M.P. Jaime Araujo Rentería, T-894 de 2005 M.P. Jaime Araujo Rentería, T-079 de 2008 M.P. Rodrigo
Escobar Gil, T-275 de 2008 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-109 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-837 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[78] Por la cual se dictan
normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de
bienes  y se dictan otras disposiciones.
[79]
Ley 388 de 1989, artículo 9.
[80] Ley 152 de 1994, establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.
[81]
Ley 388 de 1989, artículo 9.
[82]
Ley 388 de 1989, artículo13, numeral 5.
[83]
Ley 715 de 2011, dictó normas
orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y expidió otras disposiciones para organizar la prestación de los
servicios de educación y salud, entre otros.
[84]
Ley 715 de 2001, artículo 76.
[85] Ley 1537 de
2012,  dictó normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el
acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones. ver el CONPES 3740 de
2013, sobre la importancia estratégica del “Programa subsidio familiar de
vivienda urbana en especie de FONVIVIENDA”.
[86]
Ley 1537 de 2012, artículo 12.
[87] Sentencia T-544 de 2009 M.P. María Victoria Calle Correa.
[88]
Sentencia T-740 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Ver sentencia T-065 de 2011 M.P. Mauricio González Cuervo.
[89] T-036 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[90]
Ver Sentencia T-109 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[91]
Ver Sentencias  T-408 de 2008 y T-021 de 1995 M.P. Alejandro Martínez Caballero, entre otras.
[92]
Sentencia T-740 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Ver sentencia T-021 de 1995 M.P. Alejandro Martínez Caballero, ver también sentencias T-079 de 2008 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-894 de 2005 M.P. Jaime Araujo Rentería y T-1094 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras.
[93]
Sentencia T-740 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Ver sentencia T-041 de 2011 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[94] Sentencia T-740 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[95] Sentencia T-740 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[96]
Sentencia T-740 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Ver sentencia T-573 de 2010 M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[97]
Sentencia T-740 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Ver sentencia T-907 de 2001 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[98]
Folio 1, Cuaderno 1.
[99]
Folio 1, Cuaderno 1.
[100]
Folio 38, Cuaderno 1.
[101]
Folio 38, Cuaderno 1.
[102]
El Acuerdo No.052 de 2008, expedido por el Concejo de Medellín transformó el
Fondo de Vivienda de Interés Social del Municipio de Medellín FOVIMED, por el
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín ISVIMED.
[103] Decreto No.0813 de
2011, artículo 1.
[104] Decreto Municipal
No.867 de 2003.
[105]
Acuerdo 52 de 2008, artículo 3.
[106]
Modificado por el Decreto No.1637 de 2011.
[107]
El Acuerdo No.052 de 2008, en su artículo 4, numeral 6, facultó al Instituto
para celebrar convenios o contratos con organizaciones sin ánimo de lucro,
solidario o comunitario, para facilitar el acceso de los habitantes a la
vivienda y propender por el desarrollo social y económico sostenible.
[108] Folio 17 y 18, Cuaderno
Principal.
[109]
Acuerdo 046 de 2006, artículo 120.
[110]
Sentencia T-705 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Ver Sentencia T-159 de 1993 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[111] Ibídem.
[112]
La Ley 1251 de 2008, dictó normas tendientes a procurar la protección,
promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores. El artículo 3 de
esta Ley establece: “Adulto mayor. Es aquella persona que cuenta con sesenta
(60) años de edad o más”.