T-384-19
Sentencia
T-384/19
SERVICIO PUBLICO DE ALCANTARILLADO-Marco
normativo
SERVICIO PUBLICO DE ALCANTARILLADO-Responsable
el Estado por la indebida prestación del servicio
La inadecuada e ineficiente prestación de servicios
públicos domiciliarios como el de alcantarillado, podrían estar llamados a
responder tanto el Estado, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, como las entidades territoriales, las empresas prestadoras de
los servicios públicos y los urbanizadores y/o constructores.
DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIVIENDA DIGNA O ADECUADA-Elementos
de asequibilidad y habitabilidad
DEBER DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DE REUBICAR
A LAS PERSONAS ASENTADAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE POR REMOCION DE
MASA-Garantía
de acceder a una vivienda digna
REGLAS QUE DEBEN ATENDER LAS ENTIDADES TERRITORIALES
EN RELACION CON LAS PERSONAS QUE HABITAN ZONAS DE ALTO RIESGO-Jurisprudencia
constitucional
DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIVIENDA DIGNA-Orden
a Alcaldía reubicar temporalmente al accionante y su familia, hasta que cese el
riesgo y se garantice habitabilidad de la vivienda
Referencia:
Expediente T-7.118.726
Demandante: Carmen Rosa Solano Córdoba
Demandado:
Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P.
Magistrado
Sustanciador:
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Bogotá, D.C., veintiuno
(21) de Agosto de dos mil diecinueve (2019)
La Sala Quinta
de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En la revisión
de la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Cúcuta, el 9
de octubre de 2018, la cual negó el amparo pretendido por la señora Carmen Rosa
Solano Córdoba a través de la acción de tutela promovida contra Aguas Kpital
Cúcuta S.A. E.S.P., en adelante, Aguas Kpital.
El expediente
fue escogido para revisión por la Sala de Selección Número Doce, mediante Auto
del 14 de diciembre de 2018 y repartido a la Sala Quinta de Revisión.
I.
ANTECEDENTES
1.     Solicitud
La señora Carmen
Rosa Solano Córdoba, actuando a nombre propio y de su familia, presentó acción
de tutela contra Aguas Kpital[1],
por considerar que vulneró sus derechos fundamentales a la vivienda digna, a la
vida, a la integridad y a la dignidad humana, al omitir reparar la red de
alcantarillado, que viene desembocando en el predio de su propiedad las aguas
negras provenientes de los inmuebles vecinos.
2.     Hechos
2.1.
La accionante manifiesta que el 19 de julio de 2017, solicitó a Aguas Kpital, efectuar
una inspección técnica a su vivienda ubicada en la avenida 25 No.22-80 del barrio
Gaitán de la ciudad de Cúcuta, y la respectiva reparación de la tubería del
alcantarillado[2],
debido a unas filtraciones que afectan la pared del patio; y que a pesar de que
la accionada efectuó visitas técnicas a su vivienda y algunas reparaciones
superficiales, no ha solucionado de manera definitiva la problemática.
2.2.
Adicionalmente, indica que el 5 de abril de 2018, “se presentó un derrumbe
por causa de las filtraciones en las acometidas de acueducto y alcantarillado
de la empresa Aguas Kpital, deslizamiento de tierra que afectó el predio de su
propiedad ya que el muro de contención colapsó afectando su predio. Que como
consecuencia del deslizamiento de tierra, las acometidas de aguas residuales
desembocan en [su] predio generando malos olores y proliferaciones de plagas
que afectaban su salud”[3].
2.3. Señala
además, que requiere una solución urgente, toda vez que las filtraciones
provienen de aguas negras y los malos olores que produce, afectan la salud de
sus nietos y de las demás personas que habitan la vivienda.
3.     Pretensiones
La
accionante solicita que se amparen sus derechos fundamentales a la vivienda
digna, a la vida, integridad y dignidad humana y, en consecuencia, se ordene a
la accionada, adelantar los trabajos y tomar las medidas necesarias para que
las aguas provenientes del alcantarillado no sigan desembocando en su vivienda.
Además, pretende que se asignen los recursos necesarios para tomar en arriendo
otro inmueble mientras se efectúan las reparaciones que le permitan retornar al
inmueble de su propiedad.
4.
Pruebas
relevantes
Reposan como
prueba documental, los siguientes:
- Comunicación de Aguas Kpital, de fecha 28 de abril de
2016[4].
-
Comunicación radicada en Aguas Kpital, el 19 de julio de 2017[5].
-
Comunicación de Aguas Kpital, de fecha 4 de agosto de 2017[6].
-
Comunicación radicada en Aguas Kpital, el 25 de abril de 2018[7].
-
Comunicación de Aguas Kpital, de fecha 15 de mayo de 2018[8].
5.     Trámite
procesal y contestación a la demanda de tutela
La
acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Octavo Civil
Municipal de Cúcuta, el cual resolvió, mediante
Auto del 26 de septiembre de 2018: i) admitirla, ii) correr
traslado a Aguas Kpital, para que
ejerciera su derecho de defensa y contradicción, y iii) vincular a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Alcaldía de Cúcuta, el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Oficina de Planeación Municipal de
Cúcuta.
Vencido
el término de traslado, se recibió respuesta por parte del accionado e
intervención de los vinculados.
5.1.
Aguas Kpital S.A. ESP, mediante comunicación
radicada el 2 de octubre de 2018, solicitó negar las pretensiones
de la tutelante. Adujo que “el predio del actor no fue vinculado por AGUAS
KPITAL CÚCUTA SA ESP, como usuario de los servicios operados por esta” y
que además “las unidades habitacionales causantes de la problemática no son
usuarios de los servicios de acueducto y alcantarillado, SON INVASORES que
levantaron sus unidades habitación en un TERRENO DE ALTO RIESGO SUCEPTIBLE DE
REMOCIÓN EN MASA”. Explicó que los predios que están generando el
vertimiento de aguas residuales, no son usuarios de los servicios de acueducto
y alcantarillado de la ciudad, y no lo pueden ser porque no cumplen con los
requisitos establecidos para tal fin, dada su ubicación en zona de Alto Riesgo
(art.129 y 139.2, Ley 142 de 1994), y que por tanto, la reparación y reconstrucción
de las tuberías construidas por la comunidad para evacuar sus aguas residuales,
no son su responsabilidad. Por último, recomienda no recuperar, ni reconstruir
ninguna vivienda, ni muros ni tuberías en el sector, por el contrario, sugiere
desalojar la zona, no dejar ninguna vivienda, eliminando de esa manera la
posibilidad de vertimientos y así, minimizar la posible afectación grave en
pérdida de vidas, enseres e inmuebles. Adicionalmente, para mayor ilustración,
remitió el registro fotográfico del derrumbe que se presenta en la zona, así
como de la destrucción de la tubería que afecta el inmueble de la accionante[9].
5.2.
La Alcaldía de Cúcuta, mediante comunicación
con radicado del 2 de octubre de 2018, solicitó su desvinculación del proceso
tutelar por carecer de legitimación en la causa por pasiva. Refiere que
claramente la actuación de la accionante va dirigida contra Aguas Kpital, quien
conforme al contrato de operación No.030 de 2006 tiene la obligación de “realizar
la operación y mantenimiento de la infraestructura de los sistemas de acueducto
y alcantarillado” y quien a la fecha, presuntamente no ha ejecutado las
obras correspondientes para superar la desembocadura de aguas negras en su
predio.
5.3. La Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios,
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Oficina de Planeación Municipal
de Cúcuta,
solicitaron su desvinculación por falta de legitimación por pasiva.
6.     Decisión
Judicial
6.1.
Primera
instancia
El Juzgado Octavo
Civil Municipal de Cúcuta, mediante sentencia del nueve (9) de octubre de 2018,
negó el amparo deprecado, al considerar que la accionante, al no ser usuaria
del acueducto y alcantarillado de la red de Aguas Kpital, y al tener su
vivienda en una invasión con redes ilegales, no puede invocar su propia culpa y
pretender beneficiarse de ello, para obtener reparaciones en su inmueble y el
pago de gastos de arrendamiento. Concluyó que en el caso bajo estudio, “se
configura una situación de riesgo en que la misma persona se ha colocado por
imprudencia, pues debió prever las consecuencias que traería habitar en zonas
declaradas como de alto riesgo, cuyas complicaciones y desenlaces, son hoy por
hoy, de público conocimiento”.
7.     Trámite
en Sede de Revisión de Tutela
7.1.
Una vez seleccionado el proceso de la referencia y puesto a disposición de
esta Sala de Revisión, el suscrito magistrado sustanciador, mediante Auto del 27
de marzo de 2019, en procura de verificar los supuestos de hecho que sirvieron
de fundamento a la acción de tutela y lograr un mejor proveer, dispuso la
práctica de medios probatorios, consistentes en:
“PRIMERO.-
Por Secretaría General OFÍCIESE a la accionante, para que en el término de
cinco (5) días hábiles, contados a partir de la comunicación de esta
providencia, informe a
esta Sala lo siguiente: i) la actividad económica o vinculación laboral de la cual deriva sus
ingresos en la actualidad, señalando el monto mensual de los mismos. Si recibe
ingresos por otros medios, indicar cuál es la fuente (el
origen de los ingresos que le sirven de sustento); la relación de sus gastos mensuales
por todo concepto (alimentación, vivienda, educación, vestuario, recreación,
etc.); si es dueña de bienes muebles o inmuebles, indicar cuál es su valor y de
darse el caso, cuál es la renta que pueda derivar de ellos; si tiene personas a
cargo, indicar quiénes (parentesco) y edades;
ii) su situación en términos de
vivienda actualmente, específicamente, si aún se encuentra habitando junto con su
familia, el inmueble ubicado en la avenida
25 No.22-80 Barrio Gaitán de la ciudad de Cúcuta; iii) si ha recibido comunicación o notificación alguna mediante
el cual se le informe que su vivienda se encuentra en zona de alto riesgo de
acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio, y que debido a
ello, no es posible la prestación del servicio público de acueducto y
alcantarillado en ella. En caso afirmativo, informar si ha presentado
solicitudes ante alguna autoridad para la solución de su situación habitacional
y anexar copia de las mismas, así como de las respuestas que haya recibido.
Asimismo, se solicita que remita
certificado de tradición y libertad reciente,
y copia del último recibo del servicio público de acueducto y alcantarillado de
su vivienda familiar, ubicada en la avenida 25 No.22-80 Barrio Gaitán de la
ciudad de Cúcuta, objeto de esta tutela.
Para
atender este requerimiento, sírvase allegar de manera organizada, los
documentos que soporten las respuestas correspondientes.
SEGUNDO.- ORDENAR por conducto de la Secretaría General
de esta Corporación, a la Alcaldía del Municipio de Cúcuta, para que en el
término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la
comunicación de esta providencia,  certifique: i) si el
suelo donde reposa el inmueble de la avenida 25 No.22-80 Barrio Gaitán de la
ciudad de Cúcuta, fue calificado como de alto riesgo en el Plan de Ordenamiento
Territorial de la ciudad de Cúcuta, desde qué fecha, y en caso de ser
mitigable, indicar de qué manera. En caso afirmativo, de tratarse de suelo de
alto riesgo –mitigable o no-, exponer las gestiones que se han adelantado
frente a los habitantes de la zona, especialmente, frente a la accionante y su
familia; y,  ii) si el referido predio contó en su momento, con la licencia de
urbanismo y construcción.
Igualmente,
se solicita que informe si tiene planes o programas de reubicación en vivienda en la actualidad y,
de no contar con ninguno, manifestar la razón; e indicar las alternativas con
que cuenta para atender las necesidades de vivienda de quienes se encuentra
habitando inmuebles ubicados en zonas de alto riesgo no mitigables.
De
igual manera, remita a esta Corporación la documentación que
soporte su respuesta al presente requerimiento.
TERCERO.- ORDENAR por conducto de la Secretaría General de esta Corporación, a Aguas Kpital
Cúcuta S.A. ESP, para que en el término de cinco (5) días
hábiles, contados a partir de la comunicación de esta providencia,  certifique
desde qué fecha y hasta cuando se prestó el servicio público de acueducto y
alcantarillado en el inmueble ubicado en la avenida 25 No.22-80 Barrio Gaitán
de la ciudad de Cúcuta, e informar las razones de la cesación de la prestación
del mismo.”
Adicionalmente,
en la misma providencia se dispuso la suspensión de términos del trámite de
revisión.
7.2. El 10 de abril
de 2019 se recibió respuesta de la apoderada judicial de Aguas Kpital, mediante
la cual se certificó que “el código de suscriptor 108564, se encuentra
registrado a nombre de Benjamín Delgado Mancipe, con dirección av.25 No.22-80
barrio Gaitán, a partir del periodo de mayo de 1999 es vinculado como usuario
de los servicios de acueducto y alcantarillado encontrándose a la fecha
activos. A periodo de facturación marzo de 2019 la factura se encuentra al día”.
7.3. También, el
11 de abril de 2019 se recibió vía correo electrónico, respuesta parcial de la
Alcaldía de Cúcuta, con la cual allegó dos certificaciones: i) de la
Curaduría Urbana No.1 del mencionado municipio, en la que se señaló que presta
sus servicios desde el 15 de junio de 2007 y que “revisado el registro
consolidado de licencias urbanísticas en cualquiera de las modalidades
otorgadas o en diligenciamiento, por parte de este despacho, se constató que no
obra, ni ha obrado trámite alguno en este Despacho sobre el predio ubicado en
la Avenida 25 No.22-80 barrio Gaitán con número catastral 01-03-0552-0006-000”;
y ii) del Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Cúcuta,
en el cual se indicó que “revisado el Plano 06 de la cartografía urbana
denominado RIESGOS GEOLÓGICOS, el cual forma parte integral del Acuerdo 089 de
2011 “POR EL CUAL SE APRUEBA Y ADOPTA UNA MODIFICACIÓN EXCEPCIONAL AL PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, el predio con dirección
Avenida 25 No.22-80 barrio Gaitán y que corresponde al número predial o
catastral 01-03-0552-0006-000 según base de datos IGAC que reposa en los
archivos de ésta dependencia, se encuentra en ZONA DE ALTO RIESGO POR REMOCIÓN
EN MASA”.
7.4. Mediante
auto del 27 de junio de 2019, se reiteró la solicitud de pruebas, toda vez que
en la primera oportunidad no se obtuvo respuesta por parte de la accionante, y
según constancias de Secretaría General de esta corporación, de manera
extemporánea, se recibió respuesta parcial por parte de la Alcaldía de Cúcuta.
7.5.
La Alcaldía del municipio de Cúcuta, presentó escrito en esta Corporación el 10
de julio de 2019, en el cual informó que “en la presente administración, la
situación financiera del municipio no permitió el desarrollo de programas de
vivienda. Pero ante la demanda de vivienda digna por vías excepcionales de
acciones constitucionales, el 11 de febrero de esta anualidad, luego de un
estudio realizado por Planeación Municipal, se pudo ubicar en el sector de
María Gracia de Cúcuta, una construcción que consta de 40 apartamentos,
levantada sobre terrenos del municipio actualmente invadidos. Precisa Planeación
Municipal, que dicha construcción carece de las respectivas licencias, por lo
que se han librado las órdenes correspondientes para la recuperación de los
predios invadidos mediante medidas policivas y así poder satisfacer las necesidades
de vivienda que surjan como resultado de los fallos de tutela o acciones
populares, en lo venidero”. En efecto, anexó el registro fotográfico y en
seis folios, el respectivo estudio, en el que también se precisó que “según
consulta en la plataforma GESTOR y según base del IGAC, los predios
identificados con el código catastral… aparecen a nombre del Municipio de
Cúcuta”.
7.6. En
la misma fecha, la Curaduría Urbana No.2 de la ciudad de Cúcuta informó que “revisada
nuestra base de datos, no se encontró trámite y/o licencia expedida para el
inmueble de la referencia, lo anterior data desde las vigencias 2017, 2018 y
2019”.
7.7. Finalmente,
mediante auto del 12 de julio de 2019, se dispuso dar cumplimiento al artículo
64 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional[10], en
razón a que en ambas oportunidades probatorias no fue posible poner en
conocimiento de las partes las respuestas recibidas, debido a la
extemporaneidad de las mismas.
II.
FUNDAMENTO
JURÍDICO DE LA DECISIÓN
1.     Competencia
La Corte
Constitucional, a través de esta Sala de Revisión, es competente para examinar
la sentencia proferida dentro del proceso de la referencia, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución
Política, en concordancia con los artículos 31
al 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Procedibilidad de la acción de tutela
El
artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con lo previsto en los
artículos 1, 5, 6, 8, 10 y 42 del Decreto 2591 de 1991, dispone los elementos
que el operador jurídico debe observar con el fin de determinar la procedencia
de la acción de tutela, entendiendo que estos son: (i) la legitimación en la
causa (activa y pasiva); (ii) la inmediatez; y (iii) la subsidiariedad.
2.1.
Legitimación en la causa por activa
Según lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política,
la acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial preferente y sumario,
al que puede acudir cualquier persona, cuando sus derechos fundamentales
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión en que incurra cualquier
autoridad pública o un particular -en los casos específicamente previstos por
el Legislador- y no exista otro mecanismo de defensa judicial que permita su
protección efectiva.
Conservando el
sentido de este mandato constitucional, el artículo 10° del Decreto 2591 de
1991, “Por el cual se
reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”, precisa lo
siguiente:
“La acción de
tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se
presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando
el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa.
Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la
solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales”
En este orden de ideas, la legitimación en la causa por activa
para presentar esta acción de tutela se encuentra acreditada en cabeza de la
accionante, quien actuó en ejercicio directo como titular y como representante
de su familia, de los derechos fundamentales que aducen como vulnerados por Aguas
Kpital.
2.2.
Legitimación en la causa por
pasiva
La legitimación pasiva en sede de tutela se refiere a la aptitud
legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción y quien está
llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental,
cuando esta resulte demostrada; trátese de una autoridad pública o de un
particular, según el artículo 86 Superior.
En este caso, la acción es presentada contra Aguas Kpital, así
como contra la Alcaldía de Cúcuta -por vinculación que hiciere el juez de
instancia-, porque presuntamente está
desconociendo -entre otros- los derechos a la vida y a la vivienda
digna de la accionante y su núcleo familiar.
La Sala constata el cumplimiento del requisito de
legitimación en la causa por pasiva por tratarse i) de un particular
encargado de la prestación de un servicio público[11] en la ciudad de
Cúcuta y ii) de una autoridad pública cuya acción u omisión
presuntamente vulnera derechos constitucionales fundamentales y, en consecuencia, puede ser
demandada a través de acción de tutela, en
los términos del artículo 86 Superior y el artículo 1º del Decreto 2591 de
1991.
Debe indicarse, igualmente, que esta acción constitucional no se
dirige a determinar las responsabilidades del ente territorial, pues su objeto
no es otro que el amparo de los derechos fundamentales, siempre que se
compruebe su afectación o su amenaza. Por tanto, cualquier pretensión que
desborde este contexto, los accionantes deberán acudir a los procesos
ordinarios correspondientes.
2.3.
Principio de inmediatez
La acción de tutela debe ser ejercida en un plazo razonable,
contado a partir del momento en que ocurre la vulneración del derecho
fundamental, con el fin de asegurar que no haya desaparecido la necesidad de
proteger dicho derecho y, en consecuencia, evitar que se desnaturalice la
acción de tutela.
La acción de tutela que
se revisa, fue presentada verbalmente ante el Juzgado Cuarto Administrativo
Oral de Cúcuta[12], el 25
de septiembre de 2018. Actuación que se dio como consecuencia de la amenaza que
representa la red
de alcantarillado que desemboca las aguas negras provenientes de los inmuebles
vecinos, en el predio de su propiedad desde comienzos del año 2016[13], y en
especial, por el derrumbe del muro de contención de la vivienda, que debido a ella,
tuvo ocurrencia el 5 de abril de 2018. En otros términos, la situación se ha
tornado cada vez más gravosa con el paso del tiempo.
En consecuencia, esta Corporación encuentra que la presunta
vulneración de los derechos a la vivienda digna y a la vida se ha dado de
manera continua en el tiempo, al existir el peligro de la ocurrencia de un daño
inminente, grave y actual, el cual hasta el momento de interposición de la
acción de tutela no había cesado.
2.4.
Subsidiariedad
En virtud de lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política[14],
el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 y la reiterada jurisprudencia
constitucional sobre la materia, la acción de tutela tiene un carácter residual
y subsidiario. Por lo anterior, solo procede como mecanismo de protección
definitivo (i) cuando el presunto afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial; o (ii) cuando existiendo, ese medio carezca de
idoneidad o eficacia para proteger de forma adecuada, oportuna e integral los
derechos fundamentales invocados, a la luz de las circunstancias del caso
concreto. Además, procederá como mecanismo transitorio cuando se interponga
para evitar la consumación de un perjuicio irremediable en un derecho
fundamental. En el evento de proceder como mecanismo transitorio, el accionante
deberá ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro (4) meses a partir
del fallo de tutela[15]
y la protección se extenderá hasta tanto se produzca una decisión definitiva
por parte del juez ordinario.
De lo anterior se desprende que el amparo constitucional es
residual y subsidiario a los medios de defensa ordinarios existentes en el
ordenamiento jurídico.
En
el caso sub examine, se encuentran de por medio los derechos
fundamentales a la vivienda digna de la accionante y su familia, quienes actualmente
habitan en un inmueble en el cual viene desembocando las aguas
residuales provenientes de los inmuebles vecinos
y el que además, podría estar ubicado en zona declarada de alto riesgo, lo que
constituye un riesgo latente para su seguridad e integridad personal, aunado a la ausencia de recursos económicos necesarios para optar por una
vivienda en arriendo u adquirir otra propiedad[16]. Bajo ese orden, esta acción
constitucional es el mecanismo idóneo para procurar la protección de los
derechos alegados, acreditándose de esta manera la subsidiariedad.
Precisado lo anterior, corresponde a la Sala Quinta de Revisión
presentar el caso y plantear el problema jurídico.
3.     Problema
jurídico
De
acuerdo con la situación fáctica expuesta, los medios probatorios obrantes y
recaudados en sede de revisión, así como las decisiones de instancia
mencionadas, le corresponde a la Sala Quinta de Revisión determinar si la accionada
y/o vinculadas vulneraron los derechos fundamentales a la vivienda digna y a la
seguridad personal de la accionante y su familia, al omitir reparar la red de
alcantarillado, que viene desembocando en el predio de su propiedad, las aguas
negras provenientes de los inmuebles vecinos, o si en su defecto, la afectación
es en razón a la calidad del suelo en el cual se encuentra asentado.
Para dar solución al problema jurídico planteado, la Sala abordará
la normatividad vigente y la jurisprudencia relacionada con la prestación del
servicio público de alcantarillado, así como también se reiterará la doctrina
constitucional referente al alcance del derecho a la vivienda digna y los deberes de las autoridades
territoriales en relación con los asentamientos en zonas de alto riesgo. Finalmente, se planteará la solución del asunto objeto de
revisión.
4.
Marco
normativo de la prestación del servicio público de alcantarillado
El artículo 365 de la Constitución Política determina que los
servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, el cual
tiene el deber de garantizar su prestación eficiente a todos
los habitantes del territorio nacional; y que además, sin importar si los
servicios públicos son proveídos directa o indirectamente, por comunidades
organizadas, o por particulares, el Estado conserva la regulación, el control y
la vigilancia sobre los mismos.
En desarrollo del precepto superior, la Ley 142 de 1994 contempló
el régimen de los servicios públicos domiciliarios, incluido el de alcantarillado, entendido como la recolección, transporte,
tratamiento y disposición final de residuos, principalmente líquidos, por medio
de tuberías y conductos. Este régimen resulta aplicable al
Estado, las entidades territoriales y los particulares que asumen la prestación
de servicios públicos.
En relación con el Estado, el artículo 2º dispone
que su intervención tiene distintos fines, como son: garantizar la prestación
eficiente del servicio, asegurar la calidad del bien objeto del servicio
público y su disposición final para el mejoramiento de la calidad de vida de
los usuarios y la prestación eficiente, entre otros.
Los objetivos antes mencionados se realizan a través
de distintos instrumentos de intervención estatal -contenidos en el artículo 3º-,
tales como la función de control, inspección y vigilancia que ejerce la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Así, el primer
responsable por la adecuada prestación de los servicios será el propio Estado.
Por otra parte, el artículo 5º de la ley en comento,
dispone que es competencia de los municipios, entre otros, asegurar que se
presten a sus habitantes de manera eficiente los servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y
telefonía pública básica conmutada, por empresas de carácter oficial, privado o
mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio.
Con respecto a los particulares, el artículo 28 de
la Ley 142 de 1994, dispone que “Todas las empresas tienen el derecho a construir, operar y
modificar sus redes e instalaciones para prestar los servicios públicos, para
lo cual cumplirán con los mismos requisitos, y ejercerán las mismas facultades
que las leyes y demás normas pertinentes establecen para las entidades
oficiales que han estado encargadas de la prestación de los mismos servicios, y
las particulares previstas en esta Ley. // Las empresas tienen la
obligación de efectuar el mantenimiento y reparación de las redes locales,
cuyos costos serán a cargo de ellas”.
De la
misma manera, el Decreto
302 de 2000[17] que
reglamentó la Ley 142 de 1994 en materia de prestación de los servicios
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, en su artículo 22, dispuso
que la entidad prestadora de los servicios públicos está en la obligación de
hacer el mantenimiento y la reparación de las redes públicas de acueducto y
alcantarillado y, que para el efecto, debe contar con un archivo referente a la
fecha de construcción de las redes, especificaciones técnicas y la información
necesaria para su mantenimiento y reposición.
La jurisprudencia
de esta Corte se ha pronunciado en ese mismo sentido al indicar que “cuando los servicios públicos
domiciliarios son prestados indirectamente por particulares, entre los que
se encuentran las empresas, su obligación principal en el
contrato de servicios públicos, es la prestación continua de un servicio de
buena calidad”[18].
Y finalmente,
responden también por la prestación de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto y alcantarillado, los urbanizadores y/o constructores, quienes conforme
al artículo 8º del Decreto 302 de 2000, tienen como obligación “[l]a construcción de las redes locales y demás obras,
necesarias para conectar uno o varios inmuebles al sistema de acueducto o de
alcantarillado será responsabilidad de los urbanizadores y/o constructores; no
obstante, la entidad prestadora de los servicios públicos podrá ejecutar estas
obras, en cuyo caso el costo de las mismas será asumido por los usuarios del
servicios”.
En conclusión, en el marco de las
normas de rango constitucional y legal, ante la inadecuada e ineficiente prestación de servicios públicos
domiciliarios como el de alcantarillado, podrían estar llamados a responder tanto el Estado, a través de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, como las entidades
territoriales, las empresas prestadoras de los servicios públicos y los
urbanizadores y/o constructores.
5.
Alcance del derecho a la vivienda
digna. Reiteración jurisprudencia[19]
De
acuerdo con la Carta Política, todos los
colombianos tienen derecho a una vivienda digna y radicó en cabeza del Estado,
el deber de fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho,
así como promover planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación
a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda[20].
El derecho
en comento, hace parte del grupo de derechos que la Constitución catalogó como
sociales, económicos y culturales, razón por la cual, en un principio se negó
su carácter iusfundamental  y por ende, también su amparo mediante la acción de tutela[21]. Sin embargo, con fundamento en
las obligaciones adquiridas por Colombia con la firma de diversos instrumentos
internacionales sobre derechos humanos[22], los cuales han sido
incorporados por la jurisprudencia de esta Corte al denominado bloque de
constitucionalidad, y en la concepción de que un derecho es fundamental en
razón a su estrecha relación con la dignidad humana, se aceptó que no todos los
derechos fundamentales están consagrados expresamente en el texto, pues no
pueden negarse como derechos aquellos que ‘siendo inherentes a la persona humana’, no estén
enunciados en la Carta. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha
sostenido que son fundamentales (i) aquellos derechos respecto de los
cuales existe consenso sobre su naturaleza fundamental y (ii) todo derecho constitucional
que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y sea traducible
en un derecho subjetivo.
Dentro de los instrumentos internacionales adoptados por Colombia,
está el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en
adelante PIDESC, el cual dispone en el numeral 1 del art.11, que toda persona
tiene derecho “a un nivel de vida
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia” y que además, “los Estados Partes tomarán medidas
apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho…”.
Con respecto al derecho a una “vivienda adecuada”, para el Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, significa “disponer
de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad
adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica
adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios
básicos, todo ello a un costo razonable”[23].
Asimismo, indica el documento, que la
adecuación viene determinada en parte por factores sociales, económicos,
culturales, climatológicos, ecológicos y de otra índole, pero que, aun así, es
posible identificar algunos aspectos de ese derecho que deben ser tenidos en
cuenta a estos efectos en cualquier contexto determinado, entre los cuales
figuran: a) seguridad
jurídica de la tenencia; b) disponibilidad de servicios, materiales,
facilidades e infraestructura; c) gastos soportables; d) habitabilidad; e)
asequibilidad; f) lugar y g) adecuación cultural.
En cuanto a la condición de
habitabilidad, para el aludido Comité, “una vivienda adecuada debe ser
habitable, en sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de
protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras
amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad.
Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes”. En ese mismo
sentido, esta Corporación ha señalado que para que una vivienda pueda
considerarse digna, en términos de habitabilidad, debe cumplir “con los
requisitos mínimos de higiene, calidad y espacio necesarios para que una
persona y su familia puedan ocuparla sin peligro para su integridad física y su
salud”[24].
En múltiples pronunciamientos, este Tribunal ha manifestado que
existen otros derechos que pueden verse afectados cuando la vivienda no cuenta
con una habitabilidad adecuada, como por ejemplo la seguridad y la integridad
personal. Lo anterior, puesto que dicha circunstancia puede someter a las
personas a una circunstancia de riesgo extraordinario[25] y, por tanto, estos también son
susceptibles de ser protegidos por vía de tutela, más aun cuando las
autoridades competentes para atender la cuestión no demuestran diligencia en
solucionar el asunto[26]. En
efecto, esta Corporación concluyó que los elementos que configuran la habitabilidad son dos[27]:
i) la prevención de riesgos estructurales y ii) la garantía de la
seguridad física de los ocupantes. De modo, que para que una vivienda sea
habitable conforme a los requisitos constitucionales esta debe salvaguardar la
vida de sus habitantes, por lo que el Estado debe disponer de los medios
necesarios para evitar fallas en su estructura y resguardar a sus habitantes de
cualquier riesgo o daño natural que pueda poner en peligro su integridad
física.
Adicionalmente, esta Corporación al analizar la naturaleza jurídica de esta garantía, ha determinado
que se trata de un derecho fundamental autónomo, que su protección a través de
la tutela se encuentra condicionada a la posibilidad de que este se traduzca en
un derecho subjetivo, que se aplica para todos, indistintamente de que se trate
de personas o familias e independientemente de su edad, sexo o situación
económica, es decir, sin sujeción a cualquier tipo de discriminación. De igual
manera, ha establecido que este derecho no debe contener una interpretación
restrictiva, la cual lo limite simplemente a contar con un “techo por encima
de la cabeza”, sino que este debe implicar el “derecho a vivir en
seguridad, paz y dignidad en alguna parte”[28].
En
consecuencia, y dada la gran importancia que comporta la materialización del
derecho a la vivienda digna en relación con la posibilidad de poder llevar a
cabo un proyecto de vida y la dignidad del ser humano, en aquellos eventos en
los que el inmueble se encuentre ubicado en una zona que implica un riesgo para
quienes lo habitan, se puede entender que el bien no cumple con unos requisitos
mínimos para ajustarse a lo que se reconoce como habitabilidad y asequibilidad
adecuadas y, por tanto, no sólo se encuentra amenazado el derecho fundamental a
la vivienda digna, sino también, a la seguridad e integridad personal, debido a
la inacción de las autoridades responsables de brindar solución a la situación,
motivo por el cual, se hace imperativa la intervención del juez constitucional[29].
6.     Deberes de las autoridades
territoriales en relación con los asentamientos en zonas de alto riesgo.
Reiteración jurisprudencia[30]
En virtud
del artículo 311 de la Constitución, los municipios tienen el deber de
desarrollar su jurisdicción, propender por el progreso social y cultural de la
población y, a su vez, se encuentran obligados a reglamentar todo aquello
relacionado con la construcción de inmuebles destinados a vivienda, así como
los usos del suelo. Lo anterior, comprende la implementación de programas de
ordenamiento territorial, dentro de los cuales se encuentran aquellos cuyo
objetivo es atender a los habitantes que se encuentran asentados en zonas de
alto riesgo.
Para hacer frente a situaciones de suelos identificados como propensos a
los deslizamientos, derrumbes o fenómenos similares, y que por tanto hacen que
estos sean vulnerables, el Estado, a fin de implementar una política pública
para atender este tipo de situaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con
la identificación y evacuación de dichos lugares, ha desarrollado un sistema
normativo con el objeto de garantizar los derechos de quienes los ocupan[31].
La Ley 9 de 1989[32] en
su artículo 56, modificado por el artículo 5º de la Ley 2ª de 1991[33], estableció la
obligación de realizar un inventario de aquellos asentamientos ubicados en
zonas de alto riesgo, para con ello proceder a la reubicación de personas asentadas
en sitios proclives a deslizamientos, derrumbes, o que se encuentran en
condiciones insalubres para ser habitados. De igual manera, en virtud del
mencionado artículo, la entidad territorial tiene la facultad de efectuar
desalojos cuando se encuentre comprometida la seguridad de la población del
lugar, recurriendo a la enajenación voluntaria o a la expropiación de
considerarlo necesario.
Era tal la preocupación del Legislador sobre la materia, que incluso
facultó a los alcaldes para, no solo ordenar el desalojo de los bienes, sino
también demoler las estructuras en riesgo y las que se hubieran edificado como
consecuencia de asentamientos ilegales, señalando que las entidades que
incumplieran dichos deberes incurrirían en el delito de prevaricato por omisión[34].
Posteriormente,
se profirió la Ley 388 de 1997, que modificó las leyes antes mencionadas, en el
sentido de complementarlas y reiterar el deber de las entidades territoriales
competentes, de identificar las zonas de riesgo. Bajo ese orden, se advierte
que el objeto principal de la ley es la implementación de mecanismos que
permitan el ordenamiento territorial y la prevención de desastres en
asentamientos de alto riesgo. Para ello, estableció la acción urbanística, con
miras  a la planificación e intervención en los usos del suelo. Esto
implica: “(i) determinar las zonas que presenten riesgos para la
localización de asentamientos humanos, por amenazas naturales, o que de otra
forma presenten condiciones insalubres para la vivienda; (ii) expropiar los
terrenos y las mejoras cuya adquisición se declare como de utilidad pública o
interés social; y (iii) localizar las áreas críticas de recuperación y control
para la prevención de desastres, así como aquellas con fines de conservación y
recuperación paisajística”[35].
En efecto,
el artículo 10 de la precitada ley, señala que, al elaborar el Plan de
Ordenamiento Territorial, la entidad encargada debe ajustarse a criterios como
la prevención de amenazas y riesgos naturales, localizar las áreas de riesgo
para asentamientos humanos y establecer los planes de manejo en las zonas que
se encuentran en situación de vulnerabilidad debido a lo anterior.
El
mencionado plan debe contemplar, como mínimo, los mecanismos para la
reubicación de asentamientos ubicados en sitios catalogados de alto riesgo,
garantizando la salud y la integridad de dicha población, incorporando también
las medidas para impedir que dichas zonas sean ocupadas nuevamente. En igual
sentido, posteriormente, se profirió la Ley 715 de 2001, a través de la cual se
reiteró la obligación de los municipios en relación con la prevención de
desastres, así como su respectiva atención dentro de su jurisdicción[36].
Como se
puede advertir, tanto constitucional como legalmente, es clara la
responsabilidad en cabeza de los municipios frente a sus administrados, en lo que
tiene que ver con la prevención y atención de desastres, en específico, en
aquello relacionado con los deberes respecto a la población que habita en zonas
de riesgo. En consecuencia, la jurisprudencia constitucional ha establecido que
dichos entes territoriales, se encuentran en la obligación de[37]:
“(i)
tener una información actual y completa de las zonas de alto riesgo de
deslizamientos o derrumbes que se encuentran en su municipio, y (ii) adoptar
las medidas necesarias de reubicación en los casos en que personas se
encuentren ubicadas en las zonas donde se ponga en riesgo sus derechos por las
condiciones del terreno. Así, pues, cuando la vivienda se encuentra en
situación que ponga en peligro la vida de las personas, es necesario que “se
proceda a la evacuación de las personas para proteger su vida y además será
obligación del Estado efectuar los actos administrativos indispensables para
que los afectados encuentren otro lugar donde vivir en condiciones parecidas a
las que antes disfrutaban”[38].
Así las
cosas, con base en el marco constitucional, legal y jurisprudencial antes
señalado, esta Corte ha establecido las reglas que deben atender las entidades
territoriales en relación con las personas que habitan las zonas de alto
riesgo, a saber: (i) los alcaldes deben llevar a cabo un inventario de
las zonas que presenten altos riesgos para la localización de asentamientos
humanos, entre otros factores, por estar sujetas a derrumbes o deslizamientos; (ii)
adelantar programas de reubicación de quienes se encuentran en estos sitios, o
implementar las medidas necesarias para eliminar el respectivo riesgo; (iii)
la entidad o el funcionario público que no cumpla con lo anterior incurrirá en
causal de mala conducta; (iv) cualquier interesado puede presentar ante
el alcalde o intendente, la solicitud de incluir una zona o asentamiento al
señalado inventario; (v) los inmuebles y las mejoras de quienes deben
ser reubicados, pueden ser adquiridos a través de enajenación voluntaria
directa o mediante expropiación; (vi) los bienes antes mencionados,
adquiridos a través de las modalidades señaladas, pueden ser recibidos en pago
de los inmuebles donde fueren reubicados; (vii) el terreno a obtener
debe pasar a ser un bien de uso público administrado por la entidad que lo adquirió;
(viii) las zonas de alto riesgo deben ser desalojadas de manera
obligatoria, por tanto, en caso de que quienes las habitan se nieguen a ello,
los alcaldes deben ordenar la desocupación en concurso con la policía, así como
la demolición de las construcciones averiadas. Finalmente, según lo establecido
en el artículo 56 de la Ley 9 de 1989, modificado por el artículo 5º de la Ley
2ª de 1991, las autoridades que incumplan con lo dispuesto en la norma,
incurren en el delito de prevaricato por omisión[39].
Es claro
entonces, que al cumplir la obligación impuesta por mandato legal y
constitucional a las autoridades territoriales en relación a la población que
habita lugares de alto riesgo, estas pueden escoger las medidas a adoptar en
pro de eliminar las amenazas a las que están expuestos quienes habitan dichas
zonas. No obstante, cabe resaltar que, si bien los entes locales tienen cierta
discrecionalidad, no se les exime de ofrecer atención eficaz y oportuna durante
el proceso de restablecimiento de los derechos de estas personas, especialmente
cuando la afectación se presenta como consecuencia de un desastre natural[40].
7.     Del caso concreto
La accionante manifiesta que, desde principios del año 2016, viene
informando a la empresa accionada acerca de unas filtraciones que se han venido
presentado en el muro de la parte posterior de su vivienda, el cual, en abril
de 2018, colapsó afectando gravemente el predio. Además, que debido a lo
ocurrido, las aguas residuales vienen desembocando en su inmueble, por lo que
los malos olores y la proliferación de plagas ponen en riesgo su salud y la de
su familia.
Por
consiguiente, solicita que se amparen sus derechos fundamentales a la vivienda
digna y a la seguridad personal, entre otros; y en consecuencia, se ordene a
los accionados a adoptar las medidas necesarias para que cese el vertimiento de
aguas residuales en el bien de su propiedad, y que además, asuma los costos del
arriendo de otro inmueble mientras los trabajos de reparación se realicen, de
manera que puedan retornar al inmueble una vez la obra finalice.
Conforme al acervo probatorio obrante en el expediente, allegado
en la primera instancia y en sede de revisión, se advierte lo siguiente:
En primer lugar, el predio ubicado en la
avenida 25 No.22-80 del barrio Gaitán de la ciudad de Cúcuta, en el que habita la accionante y su familia,
es usuario de los servicios de acueducto y alcantarillado con el código de
suscriptor 108564, a nombre de Benjamín Delgado Mancipe, desde mayo de 1999 y
actualmente registra como activo con el “periodo de facturación marzo de
2019” al día[41], según
certificó Aguas Kpital, por solicitud que hiciere la Sala.
También, conforme a lo informado por la misma accionada, los
predios que están generando el vertimiento de aguas residuales, no son usuarios
de los servicios de acueducto y alcantarillado de la ciudad y la tubería
domiciliaria de esas unidades habitacionales al occidente del predio de la
accionante, fueron construidas a costo y riesgo de los vecinos[42]; tubería que, con posterioridad, fue
destruida por el derrumbe o deslizamiento del talud o movimiento de remoción en
masa continuo que se ha estado presentando en la zona.
En efecto, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal
de Cúcuta certificó que “revisado el Plano 06 de la cartografía
urbana denominado RIESGOS GEOLÓGICOS, el cual forma parte integral del Acuerdo
089 de 2011 “POR EL CUAL SE APRUEBA Y ADOPTA UNA MODIFICACIÓN EXCEPCIONAL AL
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA”, el
predio con dirección Avenida 25 No.22-80 barrio Gaitán y que corresponde al
número predial o catastral 01-03-0552-0006-000 según base de datos IGAC que
reposa en los archivos de ésta dependencia, se encuentra en ZONA DE ALTO RIESGO
POR REMOCIÓN EN MASA”[43]. En
términos simples, la
zona en la cual se encuentra ubicada la vivienda a que hace referencia la
accionante, fue calificada de alto riesgo en el Plan de Ordenamiento Territorial
vigente de la ciudad.
Del informe y del registro fotográfico allegado por la empresa accionada,
se observa: i) que la vivienda de la accionante se encuentra ubicada en
la parte baja de la falda del cerro y las unidades habitacionales beneficiarias
de la tubería domiciliaria destruida, se hallan en la parte posterior, a una
altura mayor; ii) que hubo un derrumbe y que la tubería destruida
desemboca en el predio de la demandante, por lo que es allí a donde llegan las
aguas residuales; iii) que el sector ha sido objeto constante de
derrumbes o deslizamientos, debido al suelo suelto, tal y como se advierte de los
escombros de construcciones aledañas derribadas; y, iv) que debido a la
alta pendiente en que se encuentran las invasiones y la calidad del suelo,
existe un riesgo inminente y latente de que la vivienda de la peticionaria
colapse en cualquier momento debido al movimiento constante en masa y al
posible deslizamiento de las invasiones.
En otros términos, de manera preliminar se advierte que: i)
las aguas residuales que están llegando a la vivienda de la accionante
provienen de una derivación construida por los habitantes de las posibles invasiones
que se encuentran en la parte posterior de su casa; tubería que fue destruida
por el derrumbe o deslizamiento del talud o movimiento de remoción en masa
continuo que se ha estado presentando en la zona, y ii) existe un riesgo
que la vivienda de la demandante colapse en cualquier momento debido al
movimiento constante en masa y al posible deslizamiento de las presuntas invasiones.
Frente a la primera situación -motivo por la cual la petente
presentó esta acción de amparo-, el fallo de tutela bajo revisión, negó la
protección pretendida tras considerar que “NADIE PUEDE INVOCAR SU PROPIA
CULPA PARA BENEFICIARSE, situación que perfectamente desea hacer en el sub judice
la accionante y su núcleo familiar, pretendiendo sacar provecho aun cuando por
su propio conocimiento se ubicó en una zona de alto riesgo SIN CONEXIÓN LEGAL
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO que le diera el estatus de usuaria y que la
hiciera merecedora de derechos para reclamar ante AGUAS KPITAL CÚCUTA SA ESP”.
Al respecto, es preciso señalar que revisado el fallo de instancia y los medios
probatorios obrantes en el expediente, resultan inexactas las razones por las
cuales el juez de tutela decidió negar el amparo. Primero, porque se desconoce
si la accionante y su familia, se radicaron en la zona antes o después de que
fuera declarada de alto riesgo, y en segundo término, porque la conexión de
acueducto y alcantarillado de la vivienda en cuestión, no es ilegal de acuerdo
con lo informado por Aguas Kpital. Por consiguiente, es impreciso afirmar que
la demandante pretende beneficiarse de su propia culpa.
Ahora,
como se indicó en los fundamentos jurídicos de este fallo, por la inadecuada e
ineficiente prestación de servicios públicos domiciliarios y esenciales como es
el de alcantarillado, pueden responder entre otros, el municipio y la empresa
prestadora del servicio.
En el caso sub examine, se observa que la
entidad territorial delegó la prestación del servicio de alcantarillado en
Aguas Kpital, cuya obligación
principal en el contrato de servicios públicos, es la prestación continua
de un servicio de buena calidad a sus usuarios. Si bien el inmueble en
el que habita la accionante es usuario de la empresa de acueducto y
alcantarillado referida, las unidades habitacionales que se benefician de la
tubería que viene afectando su vivienda y su dignidad, no lo son.  Así las cosas, la reparación de la
tubería averiada, que viene afectando la habitabilidad de la vivienda de la demandante,
no está a cargo de la empresa demandada, en razón a que la referida estructura
no hace parte de la red de servicios de acueducto y alcantarillado por ella
prestados, y por tanto, su mantenimiento y reparación no están dentro de sus
obligaciones contractuales.
Por el contrario, advierte la Sala, que el origen de la
problemática son, de una parte, los habitantes de las viviendas vecinas
que construyeron bajo su cuenta y riesgo una red alterna de alcantarillado, y
de otra, en razón a la calidad del suelo sobre el cual se encuentran tanto la
mencionada red alterna como la vivienda de la accionante, cuyo deslizamiento y
movimientos en masa provocaron la ruptura del tubo que ahora desemboca en su
inmueble las aguas residuales provenientes de las unidades habitacionales
vecinas.
Ahora bien,
como se observó en la parte considerativa de esta providencia, el derecho a la
vivienda digna implica, no solo que la persona cuente con un inmueble para
vivir, sino que este disponga de las condiciones adecuadas y suficientes para
que, quien lo habite, pueda desarrollar con dignidad su proyecto de vida. A su
vez, debe contar con una seguridad y una
infraestructura básica para poder ofrecer el espacio adecuado a sus
ocupantes y protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u
otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de
vectores de enfermedad.
En relación
con lo anterior, se observa que, de lo allegado al expediente, es claro que el
inmueble que habita la accionante y su núcleo familiar, no cumple con los
criterios antes señalados para considerar garantizada una vivienda digna, pues
dicho bien no tiene la posibilidad de brindar seguridad a sus ocupantes y,
evidentemente, no los protege del riesgo que implica vivir bajo una vivienda
construida en suelos inestables y de las amenazas para la salud que conlleva el
cohabitar con las aguas residuales. En efecto, la unidad habitacional recibe
vertimiento de aguas residuales y además, el terreno fue certificado por la
entidad territorial competente como de alto riesgo.
Bajo ese
orden, como se advirtió en líneas anteriores, frente a este último evento, las
entidades territoriales tienen ciertas obligaciones para procurar la protección
de los derechos de quienes se encuentran en la señalada situación fáctica. Así,
se reitera que, como lo ha señalado esta Corte y las normas que rigen la
materia: (i) los alcaldes deben llevar a cabo un inventario de las zonas que
presenten altos riesgos para la localización de asentamientos humanos, por
estar sujetas a derrumbes o deslizamientos, entre otros factores; (ii)
también diseñar programas de reubicación de quienes se encuentran en
estos sitios, o adelantar las medidas necesarias para eliminar el respectivo
riesgo. De igual manera, la misma ley impone que las zonas de alto riesgo
deben ser desalojadas de manera obligatoria, por tanto, en el evento en que
quienes las habitan se nieguen a desalojarlas, los alcaldes deben ordenar la
desocupación en concurso con la policía, así como la demolición de las
construcciones averiadas, entre otras. Lo anterior, tratándose de zonas de alto
riesgo no mitigable. En caso de que el riesgo sea mitigable, las
entidades encargadas deben adelantar las obras públicas tendientes a reducirlo
o desaparecerlo.
Así, de las
circunstancias anotadas, la Sala advierte que según la certificación del
Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Cúcuta, por lo menos desde el año 2011, el
inmueble que habita la accionante se encuentra en zona de alto riesgo, y
que de las fotografías se evidencia el grave deterioro en el que se
encuentran las estructuras de la construcción en la parte posterior. No
solamente es claro que la vivienda de la demandante no cumple con las
características antes mencionadas para ser considerada como adecuada y segura,
sino que, además, las entidades territoriales competentes no han brindado una
solución a la situación de la peticionaria, a pesar de las distintas
visitas que han realizado al lugar[44]. En efecto, en el expediente no
obra prueba alguna de que la administración haya desplegado medidas destinadas
a remediar la situación.
Por tanto,
para la Corte es claro que el municipio está desconociendo de manera evidente
la obligación, tanto constitucional como legal frente a sus administrados, de
adelantar las medidas necesarias para la prevención y atención de desastres, en
específico, las relacionadas con la población que habita en zonas de riesgo,
bajo el argumento de que no cuentan con proyectos de vivienda debido a la
situación financiera del municipio. Ello, a pesar de que además de estar
consagrado en la Constitución, en la ley y en la jurisprudencia, tales deberes
se encuentran plasmados también en su Plan de Ordenamiento Territorial[45], sin que haya siquiera una prueba
sumaria de que se ha iniciado trámite alguno, para dar cumplimiento a lo
planteado en este último.
En este punto vale la pena aclarar
que, teniendo en cuenta las amplias facultades que le asisten al juez de
tutela, esta Sala entiende que si bien la actora manifestó una serie de
pretensiones, en principio encaminadas a solucionar el vertimiento de aguas
residuales que desembocan en su vivienda, luego de revisar el material
probatorio, se encuentra que la solución definitiva y de fondo al asunto, se
halla en el cumplimiento de los deberes por parte del municipio de Cúcuta
frente a la población asentada en la zona de alto riesgo, esto es, adelantar las medidas necesarias para
reducir el riesgo y/o la reubicación
de quienes se encuentren en estos sitios, para salvaguardar de esa manera la
integridad de los habitantes. Ello, en razón a que:
i) de haberse reubicado a la población de la zona -incluida la
accionante-, no existiría la afectación a que alude esta acción de amparo; o ii)
de haberse adelantado las medidas necesarias para eliminar el respectivo riesgo -mitigable-, la red de
servicios públicos podría extenderse a las unidades habitacionales vecinas, caso en el cual, tampoco
existiría la derivación que vierte actualmente las aguas residuales en la
vivienda de la demandante.
Entonces, la
omisión atribuible a las entidades territoriales involucradas, va en contravía
de lo señalado en la parte motiva de esta sentencia, en la que se advirtió que,
atender este tipo de situaciones, es una responsabilidad del municipio, ya sea
de manera directa o indirecta. Por consiguiente, el municipio de Cúcuta debe,
de no haberlo hecho aún, gestionar y ejecutar programas de reubicación de
quienes se encuentran en estos sitios, así como recuperar las
zonas para fines ambientales, o en su defecto, adelantar las medidas necesarias para eliminar el
respectivo riesgo, impulsar la constitución y puesta en marcha de los
programas de mejoramiento integral de vivienda y entorno, de acuerdo con los
resultados que arrojen los estudios técnicos del
suelo y estructura de las viviendas (su estado y estabilidad) -que de
manera previa habrá de realizar- y conforme al Plan de Ordenamiento Territorial
adoptado.
Ahora, con el fin de proteger el derecho fundamental a la vivienda
digna de la accionante y su familia, el Alcalde del Municipio de Cúcuta deberá adelantar de manera inmediata, las
gestiones necesarias para verificar el riesgo real y actual que recae sobre la
vivienda ubicada en la avenida 25 No.22-80 del Barrio Gaitán; y dependiendo de la gravedad del riesgo
identificado, la alcaldía deberá adoptar los mecanismos que garanticen de manera oportuna la
protección de los
derechos fundamentales acá debatidos, dentro de los cuales debe contemplarse la reubicación de manera transitoria de la peticionaria
y su familia hasta tanto cese el riesgo o de manera definitiva,
si el mismo no se logra mitigar. Los mecanismos de protección que se adopten, deberán ejecutarse y
cumplirse dentro del mes siguiente a la notificación de esta sentencia, o en un
tiempo menor, dependiendo de la gravedad del mismo.
De otra
parte, en cuanto al vertimiento de aguas residuales en la vivienda que habita, advierte
la Sala, que la actora cuenta con un mecanismo alterno y de carácter
preventivo, cuyo fin último es la búsqueda de establecer las condiciones para
la convivencia en el territorio nacional; con el cual, puede obtener una pronta
solución.
De acuerdo con la Constitución
Política, es un fin esencial del Estado el asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, y para cumplirlo es deber de todos los habitantes del territorio nacional,
regular sus comportamientos a fin de respetar a las demás personas, en el
ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos, en su vida, honra y bienes, de
conformidad con la norma superior y las leyes[46].
Así, el
legislador en aras de garantizar la interacción
pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con los bienes, y con el
ambiente, promulgó la Ley 1801 de 2016[47], la
cual establece los comportamientos contrarios a la convivencia que
no deben ser realizados por las personas que habitan o visitan el territorio
nacional, siendo algunos de ellos: “no retirar o reparar, en los inmuebles,
los elementos que ofrezcan riesgo a la vida e integridad”, y “modificar
o alterar redes o instalaciones de servicios públicos”[48].
Además, el cuerpo normativo en
mención, prevé que cualquier persona puede solicitar para resolver ante la
autoridad competente, un conflicto de convivencia, mediante un procedimiento
verbal, sumario y eficaz, tendiente a garantizarla y conservarla[49];
y en caso de hallar fundadas las conductas reprochables, la autoridad de
Policía está facultada para imponer las medidas correctivas a que haya a lugar.
Estas medidas tienen por objeto disuadir, prevenir, superar, resarcir,
procurar, educar, proteger o restablecer la convivencia[50].
En efecto, teniendo en cuenta que
la derivación que desemboca las aguas residuales en la vivienda que habita la
accionante fue construida por los habitantes de unidades habitacionales
colindantes, la tutelante puede presentar la acción policiva de que trata la
Ley 1801 de 2016, si así lo considera pertinente.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- LEVANTAR los términos
suspendidos mediante auto del 27 de marzo de 2019.
SEGUNDO.- REVOCAR el fallo proferido el diez (09) de octubre de
dos mil dieciocho (2018), por el Juzgado Octavo Civil
Municipal de Cúcuta, que negó
la acción de tutela, y,  en  su
lugar, AMPARAR los derechos fundamentales a la vivienda digna y a la seguridad personal
de la señora Carmen Rosa
Solano Córdoba y su familia.
TERCERO.- ORDENAR al Alcalde del Municipio de Cúcuta
que, por conducto de la Oficina de Gestión del Riesgo, adelante de manera prioritaria,
las gestiones necesarias para verificar el riesgo real y actual que recae sobre
la vivienda ubicada en la avenida 25 No.22-80 del Barrio Gaitán, su estado y
estabilidad. Dicha verificación deberá llevarse a cabo sin exceder los
cinco (5)
días hábiles siguientes a la notificación
de esta providencia.
Así mismo, dependiendo de la gravedad
del riesgo identificado -mitigable o no- la Alcaldía deberá adoptar
los mecanismos que
garanticen de manera oportuna la protección de los derechos
fundamentales acá debatidos, dentro de los cuales debe contemplarse la reubicación de manera transitoria de la accionante y su familia hasta tanto cese el riesgo,
o de manera definitiva si el mismo no se logra mitigar.
En
todo caso, los mecanismos de protección que se
adopten deberán ejecutarse y cumplirse en el menor tiempo posible, sin que este
exceda del mes contado a partir de la notificación de esta sentencia.
CUARTO.- ORDENAR a la Defensoría
del Pueblo y a la Personería Municipal de Cúcuta (Norte de Santander) que
acompañen, desde el ámbito de sus competencias, el cumplimiento de todas las
órdenes impartidas en esta decisión.
QUINTO.- Por Secretaría General de esta Corporación, LÍBRENSE las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese y cúmplase.
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con aclaración de voto
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA T-384/19
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA VIVIENDA DIGNA O ADECUADA-Requisito de inmediatez se debió analizar a partir del
derrumbe ocurrido en la zona (Aclaración
de voto)
Referencia: Expedientes T-7.118.726.
Acción de tutela instaurada por Carmen
Rosa Solano Córdoba contra Aguas Kpital Cúcuta
S.A. E.S.P.
Magistrado Ponente:
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Con el acostumbrado respeto por las
decisiones de la Corte Constitucional, a continuación, presento las razones que
me conducen a aclarar el voto en la Sentencia T-384 de 2019,
adoptada por la mayoría de la Sala Quinta de Revisión, en sesión del 21 de
agosto de ese mismo año.
1.  A pesar de que
comparto la decisión de conceder la acción de tutela de la referencia, de
estimar vulnerados los derechos fundamentales invocados y encontrar demostrados
todos los requisitos de procedencia de la acción constitucional, no estoy de
acuerdo con el análisis que la sentencia hizo del cumplimiento del requisito de
inmediatez, aspecto por lo cual presento la presente aclaración de voto, como
paso a explicar:
2.  La providencia
mencionada estudió la acción de tutela presentada por Carmen Rosa
Solano Córdoba contra Aguas Kapital Cúcuta S.A. E.S.P. por estimar
vulnerados sus derechos fundamentales a la vivienda digna, la vida,
la integridad y la dignidad humana, teniendo en cuenta que la empresa en
mención omitió su deber de reparar la red de alcantarillado y, por esa razón,
las aguas negras provenientes de los inmuebles vecinos empezaron a desembocar
en el predio de su propiedad.
3.  La Sentencia
T-384 de 2019 amparó los derechos a la vivienda digna
y a la seguridad personal de la accionante, al establecer que el
Municipio de Cúcuta omitió su deber de adelantar medidas para reducir el riesgo
de deslizamiento de tierras en ciertas zonas y/o reubicar a quienes se
encuentren en estos lugares para salvaguardar la integridad de los habitantes.
Al respecto, la providencia advirtió que de “i) de
haberse reubicado a la población de la zona -incluida la accionante-, no
existiría la afectación a que alude esta acción de amparo; o ii) de
haberse adelantado las medidas necesarias para eliminar el respectivo
riesgo -mitigable-, la red de servicios públicos podría extenderse a las
unidades habitacionales vecinas, caso en el cual, tampoco existiría la
derivación que vierte actualmente las aguas residuales en la vivienda de la
demandante”.
4.  Previo a
resolver la cuestión de fondo, la Sala Quinta de Revisión concluyó que se
cumplieron los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela. En
particular, afirmó que se acreditaba el presupuesto de inmediatez, sustentado
en el hecho de que la vulneración de los derechos a la vivienda digna y
a la vida de la accionante se daba de manera continua en el tiempo y que, al
momento de interposición de la tutela, dicha perturbación no había cesado. Dijo
entonces la providencia, que la acción de tutela se dio como consecuencia “de la
amenaza que representa la red de alcantarillado que desemboca las aguas
negras provenientes de los inmuebles vecinos, en el predio de
[propiedad de la accionante] desde comienzos del año 2016, y en especial,
por el derrumbe del muro de contención de la vivienda, que debido a ella, tuvo
ocurrencia el 5 de abril de 2018”.
5.  En consideración
a lo anterior y no obstante compartir lo decidido en la providencia con
relación a la afirmación de que en el presente caso se cumple el requisito de
la inmediatez requerido, considero que el fundamento de esa
determinación es en realidad el derrumbe que ocurrió el 5 de abril de 2018
ocasionado por las filtraciones del acueducto, circunstancia que motivó la
acción de tutela. Así, al ser presentada el 25 de septiembre del mismo año, fue
efectivamente promovida en un plazo razonable.
6.  Con todo, la
divergencia en el análisis del presupuesto de inmediatez, entre la idea de la
providencia de que existe una amenaza permanente en el tiempo a los derechos
del accionante y mi opinión sobre la existencia de un hecho cierto que condujo
a la tutela, justifica en esta oportunidad mi aclaración de voto, en la medida
en que considero relevante precisar conceptualmente los alcances del requisito
de inmediatez y con ello la naturaleza de la acción de tutela, como lo explico
a continuación.
7.  Los
artículos 86 de la Constitución y 1° del Decreto 2591 de 1991 establecen la
acción de tutela para reclamar la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales. Así mismo, la Sentencia C-543 de 1992[51], al
declarar la inconstitucionalidad de las reglas de caducidad de la acción de
tutela, recordó que por mandato constitucional, la protección puede reclamarse en
cualquier tiempo.
8.  De igual manera,
la Sentencia SU-691 de 1999[52]
determinó que “la inexistencia de un término de caducidad no puede
significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo
razonable”[53]. Es
decir, es obligación del juez de tutela verificar si el amparo se interpuso en ese plazo, “impidiendo que se
convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos
fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción”[54].
Con el propósito de cumplir con esta exigencia, “[d]e acuerdo con los
hechos, (…) el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso
dentro de un tiempo prudencial y adecuado”[55].
9.  Por ello, la
jurisprudencia constitucional ha dicho que la tutela es improcedente “cuando
la demanda se interpone después de transcurrido un lapso considerable desde la
fecha en que sucedieron los hechos o viene presentándose la omisión que afecta
los derechos fundamentales del peticionario”[56]. El
cumplimiento de esta regla tiene entre sus propósitos, que no se premie “la inactividad de los interesados en el ejercicio
oportuno de los recursos, la negligencia y la [desidia]”[57].
10.  A
partir de lo expuesto, considero relevante que, en la verificación del plazo
razonable, de conformidad con el carácter inmediato de la acción de tutela, los
jueces establezcamos de forma precisa cuándo ocurrió el hecho u omisión
presuntamente violatoria de los derechos fundamentales invocados, que dieron
lugar a la interposición del amparo, con el fin de que exista claridad sobre
los alcances reales de este criterio de procedencia.
11.  En ese sentido,
la Corte ha
precisado que en los casos en que exista duda acerca del cumplimiento del
requisito de inmediatez, deben considerarse “algunos
parámetros jurisprudenciales de carácter excepcional para determinar el
cumplimiento del requisito”[58],
entre los que se encuentra “[l]a permanencia en el tiempo de la vulneración
o amenaza de los derechos fundamentales del accionante, esto es, su situación
desfavorable como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y
(…)es actual”[59].
Así, algunas
sentencias han dicho que uno de los motivos que
puede dar lugar a la inaplicación excepcional del requisito de inmediatez es
precisamente, “la permanencia en el tiempo de la vulneración, o su
agravación con el paso de los días”[60].
11. De lo expuesto cabe destacar que el carácter
permanente de la presunta vulneración del derecho fundamental alegado, como
criterio de análisis del requisito de inmediatez, no puede ser utilizado como
un criterio general sino que debe ser visto como una situación excepcional que
se justifica por las especiales situaciones de los accionantes en los casos
concretos, de ahí que recurrir a esa tesis debe ser una excepcionalidad. En tal
virtud, solo puede aplicarse la excepción cuando no se ha
ejercido la acción constitucional en forma oportuna por circunstancias
insuperables, o irresistibles del actor, de acuerdo con los hechos del caso.
El
carácter excepcional de este parámetro enunciado se robustece, si se tiene en
cuenta que algunas providencias de la Corte Constitucional lo consideran un
supuesto en el que es aceptable la inaplicación del requisito de inmediatez. En
otras palabras, dado que acudir al criterio de vulneración permanente en el
tiempo de los derechos, puede implicar la inaplicación de un requisito de
procedencia de la tutela que está expresamente consagrado en la Constitución y
la ley, su utilización, a mi juicio, debe reservarse para casos excepcionales
en los que los hechos no evidencien en forma clara que hubo un ejercicio
oportuno de la acción de tutela.
12.  Así las cosas,
en la sentencia de la referencia, no se estableció adecuadamente el momento en
el que ocurrió el hecho u omisión violatorio de los derechos fundamentales a la
vivienda
digna y a la seguridad personal de la accionante, de acuerdo con las
circunstancias del caso. Debo anotar que la pretensión del amparo consistió en
que se ordenara a la accionada “adoptar las
medidas necesarias para que cese el vertimiento de aguas residuales en el bien
de su propiedad” y tales descargas se produjeron “como
consecuencia del deslizamiento de tierras” ocurrido el 5 de abril de 2018
(hecho 2.2). Sumado a lo anterior, la misma providencia dijo que el “motivo
por [el] cual la petente presentó esta acción de amparo” fue “el
derrumbe o deslizamiento del talud o movimiento de remoción en masa continuo
que se ha estado presentando en la zona”[61].
Lo descrito indicaba entonces, que el hecho a partir
del cual debía analizarse el cumplimiento del requisito de inmediatez en esta
acción de tutela, era el derrumbe que ocurrió el 5 de abril de
2018. Sin embargo, en la sentencia de la referencia se actuó como si esta
situación no hubiese tenido lugar, y se consideró que el carácter actual de la
vulneración respondía a un problema que se remontaba a comienzos de 2016;
un problema que el derrumbe simplemente agravó.
13.  Esta conclusión,
a mi juicio equivocada, condujo a que se optara por el criterio del
carácter permanente de la vulneración del derecho fundamental a la vivienda
digna como fundamento de análisis del requisito de inmediatez, sin que ello
fuera necesario en este caso, dada la actualidad de la violación generada con
ocasión del derrumbe que se presentó muy pocos meses antes de la interposición
de la acción de tutela.
14.  Esta aplicación
flexible, innecesaria y que no atiende al carácter excepcional del criterio de
permanencia en el tiempo de la violación del derecho, hace necesario
cuestionar, en atención a la jurisprudencia previamente expuesta, la decisión
de la sentencia de aplicar el criterio excepcional, en circunstancias en que la
tutela se ejerció de forma oportuna, precisamente ante el
derrumbe que claramente motivó su presentación.
En consecuencia,
aunque comparto la opinión de la sentencia que advierte que en
el presente caso se cumple el requisito de inmediatez, considero que el
fundamento que asegura la correcta aplicación de esta exigencia conforme a los
hechos y el mandato constitucional era el derrumbe que
ocurrió el 5 de abril de 2018, generado por las filtraciones del acueducto. Por
esta razón, la tutela presentada el 25 de septiembre del mismo año fue
promovida claramente, en un plazo razonable.
De
esta manera, expongo las razones que me conducen a aclarar el voto respecto de
la Sentencia
T-384 de 2019, adoptada por la Sala Quinta de Revisión.
Fecha ut supra,
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] Acción
de tutela recibida de manera verbal por el Juez Cuarto Administrativo Oral de
Cúcuta, el 25 de septiembre de 2018. Ver fol.1 Cuad. de primera instancia.
[2] Escrito obrante
a folio 2 del cuaderno de primera instancia.
[3] Escrito de
tutela, folio 1 Cuad. de primera instancia.
[4] Cuad. Primera
Instancia, fls. 5 vto y 6.
[5] Cuad. Primera
Instancia, fol.2.
[6] Cuad. Primera
Instancia, fls. 3 vto y 4.
[7] Cuad. Primera
Instancia, fl.6 vto.
[8] Cuad. Primera
Instancia, fls. 2 vto y 3.
[9] Cuad. Primera
Instancia, fls.33 al 43.
[10] Acuerdo 02 de
2015. Art.64: “Con miras a la protección inmediata y efectiva del derecho
fundamental vulnerado y para allegar al proceso de revisión de tutela elementos
de juicio relevantes, el Magistrado sustanciador, si lo considera pertinente,
decretará pruebas. Una vez se hayan recepcionado, se pondrán a disposición de
las partes o terceros con interés por un término no mayor a tres (3) días para
que se pronuncien sobre las mismas, plazo durante el cual el expediente quedará
en la Secretaría General”.
[11] “En este orden de ideas, la Corte considera que la
acción de tutela contra particulares encargados de la prestación de cualquier servicio
público se sustenta en el hecho de que en todos los casos existe una ruptura en
las condiciones de igualdad bajo las cuales normalmente interactúan los
particulares en sus relaciones de derecho privado. En efecto, el operador que
brinda un servicio público, cualquiera que sea, dispone de una sólida
infraestructura técnica, económica y humana que le sitúa en una instancia de
poder y evidente asimetría frente al usuario, quien para tales efectos se halla
en condiciones objetivas de indefensión. De esta manera, la acción de tutela
representa el mecanismo de control a la arbitrariedad, como es lógico con
independencia de que los servicios públicos prestados sean o no domiciliarios”. (Sentencias C-134 de 1999, C-378 de 2010)
[12]
Folio 1 del cuaderno de primera instancia.
[13] Ver
folio 5 vto. Cuaderno de primera instancia.
[14]
Constitución Política, art.86: “Esta acción
solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable”.
[15]
Decreto 2591 de 1991, art. 8.
[16] Manifestación efectuada bajo juramento por la
accionante ante la autoridad judicial que recibió la acción de tutela.
Asimismo, consultada la Base de Datos Única de Afiliados BDUA del Sistema
General de Seguridad Social en Salud BDUA-SGSSS, la Sala encontró que la
accionante se encuentra en régimen subsidiado.
[17] “Por el cual se reglamenta la
Ley 142 de 1994, en materia de prestación de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado”
[18] T-082 de 2013.
[19] Sentencias
T-420 de 2018, T-355 de 2018, T-327 de 2018, T-149 de 2017, T-251 de 2017,
T-497 de 2017, T-139 de 2017, T-726 de 2017, T-709 de 2017, T-601 de 2017 y
T-531 de 2017.
[20] Constitución
Política de Colombia, art.51.
[21] Constitución
Política de Colombia, art.86: “Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales,
cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública”.
Ver sentencias T-251 de
1995, T-258 de 1997, T-203 y T-383 de 1999.
[22] El derecho a la vivienda digna está incurso en el párrafo 1
del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el
apartado iii) del párrafo e) del artículo 5 de la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial, el párrafo 2 del artículo 14 de la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el
párrafo 3 del artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del
Niño, el artículo 10 de la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo
en lo Social, el párrafo 8 de la sección III de la Declaración de
Vancouver sobre los Asentamientos Humanos, 1976 (Informe de Hábitat:  Conferencia de las Naciones Unidas sobre
los Asentamientos Humanos, el párrafo 1 del artículo 8 de
la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo y la Recomendación Nº 115 de
la Organización Internacional del Trabajo sobre la vivienda de los
trabajadores, 1961).
[23] Observación
general No.4: El derecho a una vivienda adecuada. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
Párrafo 1 del art.11.
[24] Sentencia
T-141 de 2012.
[25] Sentencia C-018 de 2018 - El
derecho fundamental a la seguridad personal: La Constitución Política, a
partir de su preámbulo, y especialmente en los artículos 2 y 11, consagra la
vida como un derecho fundamental que debe ser protegido por el ordenamiento
constitucional. De manera particular, el artículo 2º de la Carta señala que “las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades (…)”. El
deber de protección de la vida y la integridad personal, se encuentra previsto
no solo en la Constitución Política, sino también en diferentes tratados
internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia. En ellos se
instituyó, como mandato superior de obligatorio cumplimiento para todas las
autoridades del Estado, la realización de actividades tendientes a lograr las
condiciones para la pervivencia y el desarrollo efectivo de la vida e
integridad de los ciudadanos. Asimismo, se ha advertido que el Estado y en
particular las autoridades públicas, están obligadas no solo a abstenerse de
vulnerar la vida e integridad personal de los asociados, en lo que se conoce
como deberes de respeto, sino también a evitar que terceras personas los
afecten (deberes de protección) (Sentencia C-331 de 2017). Con base
en estos últimos, se ha desarrollado la noción de seguridad personal.
La
jurisprudencia constitucional ha establecido que la noción de seguridad
personal se proyecta en tres dimensiones distintas: (i) como un valor
constitucional, (ii) como un derecho colectivo y (iii) como un derecho
individual de rango fundamental.
En relación
con la seguridad personal como derecho individual de rango fundamental, la
Corte (Sentencia T-039 de 2016) ha señalado que su contenido se
encamina a la protección de la vida y de la integridad personal de quien lo
invoca, razón por la cual: “(…) faculta
a las personas para recibir protección adecuada por parte de las autoridades,
cuandoquiera que estén expuestas a riesgos que no tienen el deber jurídico de tolerar, por rebasar éstos (sic) los
niveles soportables de peligro implícitos en la vida en sociedad; en esa medida
el derecho a la seguridad constituye una manifestación del principio de
igualdad ante las cargas públicas, materializa las finalidades más básicas
asignadas a las autoridades del Constituyente, garantiza la protección de los
derechos fundamentales de los más vulnerables, discriminados y perseguidos, y
manifiesta la primacía del principio de equidad” (Sentencia T-719 de 2009).
En lo que
respecta a la faceta de derecho individual, la Corte, en sentencia T-039
de 2016 precisó que de aquí se deriva la posibilidad de exigir de parte del
Estado acciones positivas para conjurar una amenaza concreta contra la
seguridad personal, destacando que tal actividad procede cuando se ha
identificado un riesgo excepcional, es decir, aquellos que “no tiene el
deber jurídico de tolerar, por rebasar éstos los niveles soportables de peligro
implícitos en la vida en sociedad” (Sentencia T-719 de 2003).
[26] El Derecho a la
Seguridad Personal opera para proteger a las personas de aquellas situaciones
que se ubican en el nivel de riesgos extraordinarios, que el individuo no tiene
el deber jurídico de soportar (Ver Sentencias T-496 de 2008, T-728 de 2010, T-780 de 2011, T-223 de 2015, T-707 de 2015, T-149 de 2017).
[27] Sentencias
T-327 de 2018, T-473 de 2008, T-199 de 2010, T-566
de 2013, entre otras.
[28] Sentencia T-024 de 2015. Ver, también, sentencias
T-341 de 2016, T-189 de 2013, T-163 de 2013 y T-530 de 2011.
[29] Extracto de la Sentencia T-203A de 2018. Reiterado en
la T-420 de 2018.
[30] Tomado
de la sentencia T-203A de 2018.
[31] Al respecto, ver sentencias T-045 de 2014 y T-149 de
2017.
[32] Por la cual
se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y
expropiación de bienes.
[33] Artículo 5º "Los
alcaldes y el Intendente de San Andrés y Providencia procederán a levantar, en
el término máximo de seis (6) meses contados a partir de la vigencia de la
presente ley, presenten altos riesgos para sus habitantes, en razón a su
ubicación en sitios anegadizos, o sujetos a derrumbes y deslizamientos, o que
de otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda, y reubicarán a
estos habitantes en zonas apropiadas, con la participación del Instituto de
Crédito Territorial. Además, tomarán todas las medidas y precauciones
necesarias para que el inmueble desocupado no vuelva a ser usado para vivienda
humana”.
[34] Artículos 56 y 69 de la Ley 9 de 1989.
[35] Ley 388 de 1997, artículo 8, numerales 5, 10 y 11. Ver también, sentencia T-149 de
2017.
[36] Al respecto, ver sentencia T-149 de 2017.
[37] Al respecto, ver sentencias T-045 de 2014 y T-149 de
2017.
[38] Sentencia T-848 de 2011 y ver también, sentencia T-149
de 2017.
[39] Al respecto, ver sentencia T-1094 de 2002 y T-149 de 2017.
[40] Al respecto, ver sentencia T-683 de 2012.
[41] Fol.33, Cuad.
de Revisión.
[42] En las
comunicaciones de Aguas Kpital, dirigidas a la accionante, se le informó lo
siguiente: “se realizó visita de verificación y se observa filtración de
agua que viene de un muro de la parte posterior que se encuentra en cota
topográfica superior; se remite a detección de fugas, cuyo personal realizó
visita en el sitio el día 20 de abril, observándose que continúa la filtración
en el predio; se procede a hacer revisión en los predios de la parte alta y se
observa una derivación no autorizada del predio ubicado en la avenida 25
No.23-96 código 108565 y otros predios con posible fraude los cuales pueden ser
los que afecten el predio de la solicitante ubicado en la avenida 25 No.22-80”
(28 de abril de 2016); “el día 01 de agosto de 2017, se practica visita de
verificación al predio con código de usuario 108564 localizado en la avenida 25
No.22-80 del barrio Gaitán donde reside la señora Carmen Rosa Solano y se
observa humedad en muro posterior pero en el momento no se está prestando el
servicio de acueducto en el sector, por lo cual se remite para detección de
fugas con la orden de trabajo 2000-1192045 para descartar daños en las
acometidas y red de acueducto que surten a los predios del sector ubicado en la
parte alta” (4 de agosto de 2017); “le informamos que por parte del
personal del Centro de Negocios de Alcantarillado se realizó inspección en el sector
donde se localiza el predio con código de usuario 108564 de la calle 25
No.22-80 del barrio Gaitán, donde se observó que el daño en el ramal de
alcantarillado en tubería gres de 8” se produjo por deslizamiento del terreno
posiblemente a causa de las aguas lluvias que desestabilizó el talud la tubería
y al perderse el suelo de soporte” (15 de mayo de 2018).
[43] Se desconoce si
el riesgo de la zona es mitigable o no, en razón a que entidad territorial
omitió dicha información a pesar de haberse solicitado en sede de revisión.
[44] Visitas por
parte de funcionarios de la Alcaldía Municipal de Cúcuta, según
información suministrada por la accionante vía telefónica.
[45] Acuerdo
089 del 30 de diciembre de 2011 del Consejo Municipal de Cúcuta, “por el cual
se aprueba y se adopta una modificación excepcional al Plan de Ordenamiento
Territorial del Municipio de San José de Cúcuta”, Art.138 que
modifica el artículo 201 del Acuerdo 0083 de 17 de enero de 2001, así: “Artículo
201. Política de Reubicación de Población. Se aplicará a sectores de desarrollo
incompleto que por sus condiciones físicas, erosionables e inestables presenten
peligro para quienes lo habitan y que a juicio de las autoridades con base en
estudios técnicos y socioeconómicos, deben ser reubicados en sectores o
terrenos con posibilidades de ser habitados o desarrollados. Será
responsabilidad de la Administración Municipal, determinar los sectores que
deben ser sujeto de políticas de reubicación, a través de la implementación
efectiva del Programa de Mejoramiento Integral de vivienda y entorno, que
deberá atender la necesidad de vivienda para las familias localizadas en zonas
de riesgo no mitigable, como intervención prioritaria. Como quiera que en
dichos sectores existe restricción para la extensión de redes de servicios
públicos y con el fin de garantizar la cobertura del servicio para la población
allí asentada, se determina como prioritaria la inversión en extensión de redes
de servicios matrices, secundarias e incluso domiciliarias por parte de las
empresas prestadoras de los mismos, en aquellas zonas urbanas y de expansión
que sean requeridas y destinadas en el desarrollo de proyectos de construcción
de vivienda de interés social o de interés prioritario para la reubicación de
estas familias. Una vez extendidas las redes en los sectores determinados, las
empresas deberán proceder a garantizar al Municipio que no persistan las
pérdidas por conexiones ilegales en las zonas sujeto de reubicación”.
Art.150, que adiciona el Artículo 233 del Acuerdo 083 de 17 de enero de 2001,
así: “PROGRAMA DE EJECUCIÓN: INVERSIÓN Y EJECUCIÓN PRIORITARIA CONFORME A LA
ESTRATEGIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PROPUESTA EN LA REVISIÓN EXCEPCIONAL DEL
POT. Se aprueban los siguientes proyectos prioritarios, los cuales buscan
cumplir con la Estrategia de ordenamiento Territorial propuesta en la Revisión
excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial, proyectos que deberán
liderarse por parte de la Administración Municipal (…) Formulación de programas
y proyectos de reubicación de familias asentadas en zonas de riesgo no
mitigable”.
(https://cucutanortedesantander.micolombiadigital.gov.co/sites/cucutanortedesantander/content/files/000084/4152_acuerdo-089-de-2011-1.pdf)
[46] Ley 1801 de
2016, art.26.
[47] “Por la cual
se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”.
[48] Ley 1801 de
2016, art.27 y 28.
[49] Ley 1801 de
2016, art.215.
[50] Ley 1801 de
2016, art.172 y 173
[51]
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[52]
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[53]
Sentencia SU-691 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, consideración jurídica 5.
[54]
Ibídem
[55]
Ibídem.
[56]
Sentencias T-001 de 2007, T-335 de 2007 M.P. Nilson Pinilla Pinilla y T-1236 de
2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[57]
Sentencias T-575 de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-178 de 2012 M.P. María
Victoria Calle Correa.
[58]
Sentencia T-185 de 2007 M.P. Jaime Araujo Rentería, consideración jurídica 3.2.
El carácter excepcional de aplicación de estos parámetros fue reiterado en las
Sentencias T-672 de 2007 M.P. Jaime Araujo Rentería, T-681 de 2007 M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa y T-905 de 2006 MP: Humberto Sierra Porto.
[59] Sentencia
T-185 de 2007 M.P. Jaime Araujo Rentería, consideración jurídica 3.3.
[60] Sentencias
T-022 de 2017 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez,  T-150 de 2013 M.P. Alexei
Julio Estrada, T-663 de 2012 M.P. Adriana María Guillén Arango, T-981 de 2011
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-206 de 2011 M.P. María Victoria Calle Correa
y T-1028 de 2010 MP. Humberto Antonio Sierra Porto. La Sentencia T-206 de 2011
específicamente dijo lo siguiente: “A partir de esa concepción del principio
de inmediatez, la Corporación ha destacado una serie de elementos que deben
tomarse en cuenta al momento de efectuar el estudio del requisito en mención, y
ha previsto algunos eventos en los cuales el análisis tiende a ser más
flexible, o el requisito es directamente inaplicable, siempre concibiendo las
exigencias de procedibilidad de la tutela como medios para la eficacia de
principios constitucionales de mayor relevancia. […] // Y, entre los motivos que puedan dar lugar a la inaplicación
del requisito se encuentran, en primer término, las condiciones de
vulnerabilidad del peticionario pues, en virtud del principio de igualdad
material, las cargas procesales deben distribuirse de acuerdo con las
posibilidades fácticas de cumplimiento de los interesados; y, en segundo término,
la permanencia en el tiempo de la vulneración, o su
agravación con el paso de los días, aspecto que se evidencia especialmente
en el escenario de los derechos pensionales”.
[61]
Sentencia T-384 de 2019, consideración jurídica 7.