C-347-19
Sentencia C-347/19
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE TRATADOS Y LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Competencia
de la Corte Constitucional
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEY APROBATORIA DE TRATADO-Características
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Aspecto
formal
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Facultades
del representante del Estado colombiano
CONVENCION
DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS ENTRE ESTADOS-Validez
en la representación de un Estado
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA CONSULTA PREVIA-Jurisprudencia
constitucional/CONSULTA PREVIA-Criterios
utilizados para identificar en qué casos procede por existir una afectación
directa de los grupos étnicos
En
relación con la verificación de si el instrumento internacional y su ley
aprobatoria deben someterse a consulta previa, cabe recordar que la
jurisprudencia ha señalado los casos en los cuales es indispensable dicha
verificación durante el proceso de control de constitucionalidad. En ese
sentido ha establecido que es
necesario someter a consulta previa (i) los tratados internacionales
que impliquen una afectación directa a las comunidades indígenas,
tribales, rom, afro-descendientes y raizales y (ii) las medidas
de orden legislativo y administrativo que se adopten en desarrollo del tratado
y que impliquen afectación directa para los mismos sujetos .En el
primer caso, será obligatorio adelantar el procedimiento de consulta “antes de
que se presente la norma para su aprobación en el Congreso de la República”.
Por el contrario, la Corte ha resaltado que no es necesario agotar la consulta
previa cuando el tratado o las medidas que lo desarrollen (i) no
impliquen una afectación directa sobre el territorio o sobre aspectos definitorios
de la identidad cultural de las comunidades titulares de este derecho; (ii) carezca
de disposiciones que regulen de manera favorable o desfavorable a tales
sujetos, impongan limitaciones, gravámenes o beneficios particulares a los
mismos, y (iii) solo contenga disposiciones generales que no alteren
el estatus de tales comunidades, como aquellas que se refieren a las
condiciones de libre comercio.
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADOS INTERNACIONALES Y LEYES APROBATORIAS DE
TRATADOS-Verificación de la realización de la
consulta previa a las comunidades étnicas
PROYECTO
DE LEY-Trámite en el Congreso/LEYES
APROBATORIAS DE TRATADOS INTERNACIONALES-Procedimiento de formación
previsto para leyes ordinarias
LEY
APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Trámite
de ley ordinaria con inicio de debates en el Senado de la República
CONVENCION
INTERNACIONAL Y PROTOCOLO-Trámite del proyecto de
ley en Senado y Cámara
LEY-Publicación
del texto aprobado
LEY
APROBATORIA DE ACUERDO INTERNACIONAL-Sanción
presidencial/LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Remisión a la
Corte Constitucional
TRATADO
INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Cumplimiento de
requisitos constitucionales y legales en su trámite legislativo
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO Y LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Elemento
material
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL DE COMERCIO-Contenido
y alcance
BLOQUE
DE CONSTITUCIONALIDAD-Parámetro de control de
constitucionalidad/BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Estricto sensu
El
control de constitucionalidad material se orienta a evaluar el contenido
del instrumento internacional y su ley aprobatoria a la luz del contenido
integral de la Constitución. Además, ha dicho esta Corporación, han de
fungir como parámetro de constitucionalidad los tratados internacionales
ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben
su limitación en los estados de excepción (art. 93 superior). Esto es, incluye
el denominado bloque de constitucionalidad stricto sensu.
CONTROL
JUDICIAL DE CONSTITUCIONALIDAD-Garantía de la
supremacía de la Constitución
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Negociación
y celebración
La
Corte ha dicho que el juicio de constitucionalidad no puede realizarse al
margen de las actuales dimensiones de los intercambios comerciales, las
expectativas válidas de incremento o profundización del comercio y el grado de
desarrollo de las economías. Esta Corporación al resolver sobre tratados
comerciales complejos, ha sostenido que en el proceso de negociación y
celebración cada Estado debe ceder parte de sus intereses en aras de alcanzar
la apertura de mercados para sus productos, lo que implica un sistema de
concesiones y beneficios mutuos (aranceles, servicios, inversiones).
JUICIO
DE CONSTITUCIONALIDAD-Intensidad del control
ACUERDO
MARCO DE LA ALIANZA DEL PACIFICO-Contenido y
alcance
PRIMER
Y SEGUNDO PROTOCOLO MODIFICATORIO DEL PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO MARCO DE
LA ALIANZA PACIFICO-Contenido y alcance
PRIMER
Y SEGUNDO PROTOCOLO MODIFICATORIO DEL PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO MARCO DE
LA ALIANZA PACIFICO-Se ajusta a la
Constitución Política
Referencia:
Expediente LAT-452
Revisión oficiosa de la Ley 1898 de 2018 “Por medio de la cual se aprueba
el primer protocolo modificatorio del protocolo adicional al acuerdo marco de
la alianza pacífico, firmado en Paracas, Ica, República del Perú, el 3 de julio
de 2015 y el segundo protocolo modificatorio del protocolo adicional al acuerdo
marco de la alianza del pacífico, firmado en Puerto Varas, República de Chile,
el 01 de julio de 2016”.
Magistrada Sustanciadora:
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Bogotá D. C., treinta y uno (31) de julio
de dos mil diecinueve (2019).
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales, una vez cumplidos los requisitos y trámites establecidos en
el Decreto ley 2067 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En
cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 241 de la
Constitución la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República remitió
copia auténtica del Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional
al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico, firmado en Paracas, Ica, República del
Perú, el 3 de julio de 2015 y el Segundo Protocolo Modificatorio del Protocolo
Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, firmado en Puerto Varas,
República de Chile, el 01 de julio de 2016” y la Ley aprobatoria número
1898 de 2018.
En
desarrollo de dicho mandato superior, el despacho de la magistrada
sustanciadora, mediante providencia del 6 de julio de 2018, dispuso: i) avocar
el conocimiento de los protocolos adicionales y la ley aprobatoria; ii)
decretar la práctica de algunas pruebas; iii) comunicar la iniciación del
asunto al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo. Al Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la
Superintendencia de Industria y Comercio, al Departamento Nacional de
Planeación, a la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia –
DIAN-, a la Asociación Nacional de Comercio Exterior- ANALDEX-, al Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA-, a la Cámara de
Comercio de Bogotá, a la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, a las
Facultades de Derecho de la Universidad del Rosario, de la Universidad de los
Andes, de la Universidad Sergio Arboleda, de la Universidad Nacional de Colombia
y a la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la
Universidad Externado de Colombia.
Cumplido
el trámite propio de este asunto, previo concepto del Ministerio Público, la
Corte Constitucional procede a proferir la decisión que corresponda.
II.
TEXTO
DE LA NORMA BAJO EXAMEN
A
continuación se transcribe el texto completo de la ley
aprobatoria del Acuerdo que se revisa:
LEY 1898 DE 2018
(Junio 7)
Diario Oficial No. 50.617 de 7 de junio
de 2018
PODER PÚBLICO – RAMA LEGISLATIVA
Por medio de la cual se aprueba el “Primer Protocolo
Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del
Pacífico”, firmado en Paracas, ICA, República del Perú, el 3 de julio de 2015,
y el “Segundo Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional República de
Chile al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”, firmado en Puerto Varas, el
1o de julio de 2016.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
Visto el texto por medio de la cual se aprueba el
“Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la
Alianza del Pacífico”, firmado en Paracas, ICA, República del Perú, el 3 de
julio de 2015, y del “Segundo Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional
al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”, firmado en Puerto Varas, República
de Chile, el 1o de julio de 2016.
(Para ser transcrito: Se adjunta copia fiel y
completa del texto de los Protocolos, certificados por la Directora de Asuntos
Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, documentos
que reposan en los archivos de este Ministerio y constan de treinta y seis (36)
y dos (2) folios, respectivamente).
El presente proyecto de ley consta de cincuenta (50)
folios.
PRIMER PROTOCOLO MODIFICATORIO DEL PROTOCOLO
ADICIONAL AL ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO
La República de Colombia, la República de Chile, los
Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, en lo sucesivo denominadas
“las Partes”,
EN EL MARCO de sus compromisos en el ámbito de la
Alianza del Pacífico;
TENIENDO PRESENTE el mandato presidencial de la
Declaración de Cali de 2013, en que se instruye iniciar negociaciones en
materia de Mejora Regulatoria, con la finalidad de adoptar y mejorar los
estándares regulatorios de las Partes;
CONSIDERANDO los mandatos presidenciales de las Declaraciones
de Paranal de 2012 y Cali de 2013, mediante las cuales se instruye a continuar
con la identificación de sectores de interés común con el fin de avanzar, entre
otros, en los trabajos de cooperación regulatoria, así como establecer una
normativa en materia de cosméticos que refleje las mejores prácticas y
estándares internacionales;
TOMANDO EN CUENTA el mandato presidencial de la
Declaración de Punta Mita de 2014, que instruye a continuar los desarrollos en
materia de telecomunicaciones y comercio electrónico, con el fin de alcanzar
una integración más profunda en estos ámbitos;
Han acordado modificar el Protocolo Adicional al
Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico (en lo sucesivo, denominado “Protocolo
Adicional”), suscrito en Cartagena de Indias, D. T. y C., República de
Colombia, el 10 de febrero del 2014 en los siguientes términos:
ARTÍCULO 1.
Incorporación del Anexo 7.11 Cosméticos (Eliminación
de Obstáculos Técnicos al Comercio de Productos Cosméticos).
Incorporar el Anexo 7.11 Cosméticos (Eliminación de
Obstáculos Técnicos al Comercio de Productos Cosméticos) al Capítulo 7
(Obstáculos Técnicos al Comercio) del Protocolo Adicional, cuyo texto se
adjunta al presente Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al
Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico (en lo sucesivo, denominado “Protocolo
Modificatorio”) como Anexo 1, y forma parte integrante del Protocolo Adicional.
ARTÍCULO 2.
Modificaciones al Capítulo 13 (Comercio
Electrónico).
Modificar el Capítulo 13 (Comercio Electrónico) del
Protocolo Adicional como sigue:
(a) Se enmiendan los siguientes Artículos:
(i) 13.1 (Definiciones);
(ii) 13.2 (Ámbito y Cobertura), y
(iii) 13.6 (Protección de los Consumidores).
(b) Se reemplaza el Artículo 13.11 (Flujo
Transfronterizo de Información) por el Artículo 13.11 (Transferencia
Transfronteriza de información por Medios Electrónicos).
(c) Se adicionan los siguientes Artículos:
(i) 13.4 bis (No Discriminación de Productos
Digitales), y
(ii) 13.11 bis (Uso y Localización de Instalaciones
Informáticas).
Las modificaciones a las que se refiere este
Artículo se incorporan al Capítulo 13 (Comercio Electrónico) del Protocolo
Adicional, el cual se adjunta al presente Protocolo Modificatorio como Anexo 2,
y forma parte integrante del Protocolo Adicional.
ARTÍCULO 3.
Modificaciones al Capítulo 14 (Telecomunicaciones).
Modificar el Capítulo 14 (Telecomunicaciones) del
Protocolo Adicional como sigue:
(a) Se enmiendan los siguientes Artículos:
(i) 14.20 (Roaming Internacional), y
(ii) 14.22(a) (Solución de Controversias sobre
Telecomunicaciones).
(b) Se adicionan los siguientes Artículos:
(i) 14.3 bis (Utilización de las Redes
Telecomunicaciones en de Situaciones de Emergencia);
(ii)  14.6 bis (Equipos Terminales Móviles Hurtados,
Robados o Extraviados);
(iii) 14.6 ter (Banda Ancha);
(iv) 14.6 quáter (Neutralidad de la Red);
(V) 14.15 bis (Cooperación Mutua y Técnica);
(vi) 14.19 bis (Calidad de Servicio), y
(vii) 14.21 bis (Protección a los Usuarios Finales
de Servicios de Telecomunicaciones).
Las modificaciones a las que se refiere este
Artículo se incorporan al Capítulo 14 (Telecomunicaciones) del Protocolo
Adicional, el cual se adjunta al presente Protocolo Modificatorio como Anexo 3,
y forma parte integrante del Protocolo Adicional.
ARTÍCULO 4
Incorporación del Capítulo 15 bis (Mejora
Regulatoria)
Incorporar el Capítulo 15 bis (Mejora Regulatoria),
cuyo texto se adjunta al presente Protocolo Modificatorio como Anexo 4, y forma
parte integrante del Protocolo Adicional.
ARTÍCULO 5
Modificación al Anexo 16.2 (Comités, Subcomités y
Grupos de Trabajo) Incorporar al párrafo 1 del Anexo 16.2 (Comités, Subcomités
y Grupos de Trabajo) del Protocolo Adicional, el siguiente subpárrafo:
(i) Comité de Mejora Regulatoria (Artículo 15
bis.C).
ARTÍCULO 6
Entrada en Vigor
El presente Protocolo Modificatorio y sus Anexos
entrarán en vigor de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19.4
(Enmiendas) del Protocolo Adicional.
Suscrito en Paracas, Ica, República del Perú, el 3
de julio del 2015, en un ejemplar en original, en idioma castellano, que
quedará bajo custodia del Depositario, el cual proporcionará a cada Parte
copias debidamente autenticadas del presente Protocolo Modificatorio.
El
primer protocolo modificatorio del protocolo adicional al acuerdo marco de la
alianza pacífico fue aprobado por la Ley 1898 de 2018.
ANEXO
1.
Anexo
7.11 Cosméticos
ELIMINACIÓN
DE OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO DE PRODUCTOS COSMÉTICOS
Armonización
de la Definición de Producto Cosmético
1.
Las Partes realizarán las gestiones necesarias para armonizar la definición de
producto cosmético con base en la definición establecida en el Reglamento (CE)
N° 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009
sobre los productos cosméticos, de la Unión Europea.
Sistema
de Vigilancia en el Mercado
2.
Las Partes adoptarán o fortalecerán un modelo basado en la vigilancia en el
mercado de los productos cosméticos, de conformidad con las buenas prácticas
regulatorias internacionales e incluirá, entre otros, la eliminación de la
autorización sanitaria previa o su sustitución por un esquema de notificación
automática, con requisitos mínimos indispensables para garantizar la seguridad
sanitaria de dichos productos, de manera que no representen un obstáculo
técnico innecesario al comercio.
Eliminación
del Certificado de Libre Venta
3.
Las Partes eliminarán el Certificado de Libre Venta.[1]
Sistemas
de Revisión de Ingredientes
4.
Las Partes tomarán como referencia en sus sistemas de revisión, los listados de
ingredientes reconocidos y/o prohibidos en la Unión Europea y en los Estados
Unidos de América.
5.
Asimismo, las Partes adoptarán mecanismos expeditos para incluir, prohibir o
restringir ingredientes en sus listados, incluyendo los ingredientes
autóctonos.
Armonización
de Etiquetado de Productos Cosméticos
6.
Las Partes armonizarán, con base en normas internacionales, sus requisitos de
etiquetado para productos cosméticos, con el objetivo de contar con un
etiquetado único que contenga los requisitos mínimos para la protección al
consumidor.
7.
Las Partes incluirán la fórmula cualitativa completa en los rótulos de los
productos cosméticos, con excepción de productos pequeños en los que no sea
posible su inclusión.
8.
Ninguna Parte requerirá el número de registro sanitario o el número de
notificación sanitaria en los rótulos de los productos cosméticos. Para Chile y
Perú, esta obligación se limitará a considerar la eliminación del número de
registro sanitario o el número de notificación sanitaria en los rótulos, en un
plazo que no excederá los 3 años a partir de la entrada en vigor del Primer
Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza
del Pacífico. Chile y Perú reportarán al Comité de Obstáculos Técnicos al
Comercio el estado de sus avances a solicitud de cualquiera de las Partes.
Buenas
Prácticas de Manufactura
9.
Las Partes armonizarán los requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura, así
como su aplicación, con base en normas internacionales.
10
En cumplimiento del párrafo 2 del presente Anexo, las Partes deberán verificar,
mediante la vigilancia en el mercado, el cumplimiento de las Buenas Prácticas
de Manufactura.
ANEXO
2.
Capítulo
13
COMERCIO
ELECTRÓNICO
Artículo
13.1: Definiciones
Para
los efectos del presente Capítulo:
Comercio
realizado por medios electrónicos significa el comercio realizado a través de
telecomunicaciones por sí solo, o en conjunto con otras tecnologías de la
información y las comunicaciones;
Documentos
de administración del comercio significa formularios que una Parte expide o
controles que tienen que ser completados por o para un importador o exportador
en relación con la importación o exportación de mercancías;
Información
personal significa cualquier información sobre una persona natural identificada
o identificable;
Instalaciones
informáticas significa servidores informáticos y dispositivos para el
procesamiento o almacenamiento de información con fines comerciales, pero no
incluye instalaciones usadas para proveer servicios públicos de
telecomunicaciones,
Interoperabilidad
significa la capacidad de dos o más sistemas o componentes de intercambiar
información y usar la información que ha sido intercambiada,
Mensajes
comerciales electrónicos no solicitados significa un mensaje electrónico que se
envía con fines comerciales o publicitarios sin el consentimiento de los
receptores, o contra la voluntad explícita del destinatario, utilizando un
servicio de internet o, de conformidad con la legislación de la Parte, por
otros servicios de telecomunicaciones;
Persona
cubierta significa:
(a)
una inversión cubierta, tal como se define en el Artículo 10.1 (Definiciones);
(b)
un inversionista de una Parte, tal como se define en el Artículo 10.1
(Definiciones), pero excluye al inversionista en una institución financiera, o
(c)
un proveedor de servicios de una Parte, tal como se define en el Artículo 9.1
(Definiciones), pero no una institución financiera o un proveedor de servicios
financieros transfronterizos de una Parte, tal como se define en el Artículo
11.1 (Defunciones), y
Productos
digitales significa programas de cómputo, texto, video, imágenes, grabaciones
de sonido y otros productos que estén codificados digitalmente, que son
producidos para la venta o distribución comercial, y que pueden ser
transmitidos electrónicamente.[2]
Artículo
13.2: Ámbito y Cobertura
1
El presente Capítulo aplica a las medidas que afectan las transacciones
electrónicas de mercancías y servicios, incluidos los productos digitales, sin
perjuicio de las disposiciones sobre servicios e inversiones que sean
aplicables en virtud del presente Protocolo Adicional.
2.
El presente Capítulo no se aplica a:
(a)
la información en posesión de una Parte, o en representación de ella, ni a
medidas relacionadas con dicha información, ni
(b)
la contratación pública.
Artículo
13.3: Disposiciones Generales
1.
Las Partes reconocen el crecimiento económico y las oportunidades
proporcionadas por el comercio electrónico.
2.
Considerando el potencial del comercio electrónico como un instrumento de
desarrollo social y económico, las Partes reconocen la importancia de:
(a)
la claridad, transparencia y previsibilidad de sus marcos normativos nacionales
para facilitar, en la medida de lo posible, el desarrollo del comercio
electrónico;
(b)
alentar la autorregulación en el sector privado para promover la confianza en
el comercio electrónico, teniendo en cuenta los intereses de los usuarios, a
través de iniciativas tales como las directrices de la industria, modelos de
contratos, códigos de conducta y sellos de confianza;
(c)
la interoperabilidad, la innovación y la competencia para facilitar el comercio
electrónico;
(d)
asegurar que las políticas internacionales y nacionales de comercio electrónico
tengan en cuenta el interés de todos los usuarios, incluyendo empresas,
consumidores, organizaciones no gubernamentales e instituciones públicas
pertinentes;
(e)
facilitar el uso del comercio electrónico por las micro, pequeñas y medianas
empresas, y
(f)
garantizar la segundad de los usuarios del comercio electrónico, tomando en
consideración los estándares internacionales de protección de datos.
3.
Cada Parte procurará adoptar medidas para facilitar el comercio realizado por
medios electrónicos abordando las cuestiones pertinentes al entorno
electrónico.
4.
Las Partes reconocen la importancia de evitar barreras innecesarias para el
comercio realizado por medios electrónicos. Teniendo en cuenta sus objetivos de
política nacional, cada Parte procurará evitar medidas que:
(a)
dificulten el comercio realizado por medios electrónicos, o
(b)
tengan el efecto de tratar el intercambio comercial realizado a través de
medios electrónicos de manera más restrictiva que el comercio realizado por
otros medios.
Artículo
13.4: Derechos Aduaneros
1.
Ninguna Parte podrá aplicar derechos aduaneros, tasas o cargos a la importación
o exportación por medios electrónicos de productos digitales.
2.
Para mayor certeza, el presente Capítulo no impide que una Parte imponga
impuestos internos u otras cargas internas sobre productos digitales
transmitidos electrónicamente, siempre que dichos impuestos o cargas no se
impongan de una manera que sea incompatible con el presente Protocolo
Adicional.
Artículo
13.4 BIS: No Discriminación de Productos Digitales
1.
Ninguna Parte otorgará un trato menos favorable a los productos digitales
creados, producidos, publicados, contratados, comisionados o puestos a
disposición por primera vez en condiciones comerciales en el territorio de otra
Parte o de un país no Parte, o a los productos digitales cuyo autor,
intérprete, productor, gestor o propietario es una persona de otra Parte o de
un país no Parte, que el que otorga a otros productos digitales similares.
2.
Para mayor certeza, este Artículo no aplica a los subsidios o donaciones
otorgados por una Parte, incluyendo los préstamos, garantías y seguros que
cuenten con apoyo gubernamental.
Artículo
13.5: Transparencia
Cada
Parte, de acuerdo a su legislación publicará prontamente o de cualquier otra
forma pondrá a disposición del público sus leyes, reglamentos, procedimientos y
decisiones administrativas de aplicación general que se relacionen con el
comercio electrónico.
Artículo
13.6: Protección de los Consumidores
1.
Las Partes reconocen la importancia de mantener y adoptar medidas transparentes
y efectivas para proteger a los consumidores de prácticas comerciales
fraudulentas y engañosas en el comercio electrónico.
2.
Para los propósitos del párrafo 1, las Partes deberán intercambiar información
y experiencias sobre los sistemas nacionales relativas a la protección de los
consumidores que participan en el comercio electrónico.
3.
Las Partes evaluarán mecanismos alternativos de solución de controversias
transfronterizas que se desarrollen a través de medios electrónicos y relativos
a la protección del consumidor en las transacciones electrónicas
transfronterizas.
4.
Asimismo, las Partes se comprometen a:
(a)
promover la celebración de acuerdos de cooperación entre ellas, para la protección
transfronteriza de los derechos de los consumidores en el comercio electrónico;
(b)
intercambiar información sobre proveedores que hayan sido sancionados por
infracción a los derechos de los consumidores en el comercio electrónico, tales
como, prácticas comerciales fraudulentas y engañosas;[3]
(c)
promover iniciativas de capacitación relacionadas con la protección de los
derechos de los consumidores en el comercio electrónico y con la prevención de
prácticas que vulneren dichos derechos;
(d)
procurar estandarizar la información que se debe proporcionar a los
consumidores en el comercio electrónico, la cual deberá considerar al menos:
los términos, condiciones de uso, precios, cargos adicionales de ser el caso, y
formas de pago, y
(e)
considerar, de manera conjunta, otras formas de cooperación destinadas a
proteger los derechos de los consumidores en el comercio electrónico.
5.
Cada Parte evaluará la adopción de políticas que incentiven a los proveedores
que realicen su actividad mediante el comercio electrónico, a cumplir las
normas de protección del consumidor en el territorio de la Parte en que se
encuentre el consumidor.
Artículo
13.7: Administración del Comercio sin Papel
1.
Cada Parte se esforzará por poner a disposición del público en forma
electrónica todos los documentos de administración del comercio.
2.
Cada Parte se esforzará por aceptar los documentos de administración del
comercio presentados electrónicamente de acuerdo a su legislación, como el
equivalente legal de la versión en papel de dichos documentos.
Artículo
13.8: Protección de la Información Personal
1.
Las Partes deberán adoptar o mantener leyes, regulaciones o medidas
administrativas para la protección de la información personal de los usuarios
que participen en el comercio electrónico. Las Partes tomaran en consideración
los estándares internacionales que existen en esta materia.
2.
Las Partes deberán intercambiar información y experiencias en cuanto a su
legislación de protección de la información personal.
Artículo
13.9: Mensajes Comerciales Electrónicos no Solicitados
Las
Partes adoptarán o mantendrán medidas para proteger a los usuarios, de los
mensajes comerciales electrónicos no solicitados.
ARTÍCULO
13.10: Autenticación y Certificados Digitales
1.
Ninguna Parte podrá adoptar o mantener legislación sobre autenticación
electrónica, que impida a las partes de una transacción realizada por medios
electrónicos, tener la oportunidad de probar ante las instancias judiciales o
administrativas correspondientes, que dicha transacción electrónica cumple los
requerimientos de autenticación establecidos por su legislación.
2.
Las Partes establecerán mecanismos y criterios de homologación que fomenten la
interoperabilidad de la autenticación electrónica entre ellas de acuerdo a
estándares internacionales. Con este propósito, podrán considerar el
reconocimiento de certificados de firma electrónica avanzada o digital según
corresponda, emitidos por prestadores de servicios de certificación, que operen
en el territorio de cualquier Parte de acuerdo con el procedimiento que
determine su legislación, con el fin de resguardar los estándares de seguridad
e integridad.
Artículo
13.11: Transferencia Transfronteriza de Información por Medios Electrónicos
1.
Las Partes reconocen que pueden tener sus propios requisitos regulatorios para
la transferencia de información por medios electrónicos.
2.
Cada Parte permitirá la transferencia transfronteriza de información por medios
electrónicos, incluyendo la transferencia de información personal, para el
ejercicio de la actividad de negocios de una persona cubierta.
3.
Ninguna disposición del presente Artículo impedirá a una Parte adoptar o
mantener medidas incompatibles con el párrafo 2 para alcanzar un objetivo
legítimo de política pública, siempre que dichas medidas no se apliquen en
forma que constituyan un medio de discriminación arbitrario o injustificable, o
una restricción encubierta al comercio.
Artículo
13.11 BIS: Uso y Localización de Instalaciones Informáticas
1.
Ninguna Parte podrá exigir a una persona cubierta usar o localizar
instalaciones informáticas en el territorio de esa Parte, como condición para
el ejercicio de su actividad de negocios.[4]
2.
Ninguna disposición del presente Artículo impedirá a una Parte adoptar o mantener
medidas incompatibles con el párrafo 1 para alcanzar un objetivo legítimo de
política pública, siempre que dichas medidas no se apliquen en forma que
constituyan un medio de discriminación arbitrario o injustificable, o una
restricción encubierta al comercio.
Artículo.13.12:
Cooperación
Reconociendo
la naturaleza global del comercio electrónico, las Partes afirman la
importancia de:
(a)
trabajar conjuntamente para facilitar el uso del comercio electrónico por las
micro, pequeñas y medianas empresas;
(b)
compartir información y experiencias sobre leyes, regulaciones, y programas en
la esfera del comercio electrónico, incluyendo aquellos relacionados con
protección de la información personal, protección del consumidor, seguridad en
las comunicaciones electrónicas, autenticación, derechos de propiedad
intelectual, y gobierno electrónico;
(c)
trabajar para mantener los flujos transfronterizos de información como un
elemento esencial en el fomento de un entorno dinámico para el comercio
electrónico;
(d)
fomentar el comercio electrónico promoviendo la adopción de códigos de
conducta, modelos de contratos, sellos de confianza, directrices y mecanismos
de aplicación en el sector privado, y
(e)
participar activamente en foros regionales y multilaterales, para promover el
desarrollo del comercio electrónico.
Artículo
13.13: Administración del Capítulo
Las
Partes trabajarán conjuntamente para alcanzar los objetivos del presente
Capítulo a través de diversos medios, tales como las tecnologías de la
información y las comunicaciones, reuniones presenciales o grupos de trabajo
con expertos.
Artículo
13.14. Relación con otros Capítulos
En
caso de incompatibilidad entre este Capítulo y otro Capítulo del presente
Protocolo Adicional, el otro Capítulo prevalecerá en la medida de la
incompatibilidad.
ANEXO
3.
Capítulo
14
TELECOMUNICACIONES
Artículo
14.1: Definiciones
Para
los efectos del presente Capítulo:
Autorización
significa las licencias, concesiones, permisos, registros u otro tipo de
autorizaciones que una Parte pueda exigir para suministrar servicios públicos
de telecomunicaciones;
Circuitos
arrendados significa instalaciones de telecomunicaciones entre dos o más puntos
designados que se destinan para el uso dedicado o para la disponibilidad de un
determinado cliente o para otros usuarios elegidos por ese cliente;
Co-ubicación
significa el acceso y uso de un espacio físico con el fin de instalar, mantener
o reparar equipos en predios de propiedad o controlados y utilizados por un
proveedor importante para el suministro de servicios públicos de
telecomunicaciones;
Elemento
de la red significa una instalación o un equipo utilizado en el suministro de
un servicio público de telecomunicaciones, incluidas las características,
funciones y capacidades que son proporcionadas mediante dichas instalaciones o
equipos;
Instalaciones
esenciales significa instalaciones de una red o de un servicio público de
telecomunicaciones que:
(a)
sean suministradas en forma exclusiva o predominante por un único o por un
limitado número de proveedores, y
(b)
no sea factible, económica o técnicamente, sustituirlas con el objeto de
suministrar un servicio;
Interconexión
significa el enlace con proveedores que suministran servicios públicos con el
objeto de permitir a los usuarios de un proveedor comunicarse con los usuarios
de otro proveedor y acceder a los servicios suministrados por otro proveedor;
No
discriminatorio significa un trato no menos favorable que el otorgado, en
circunstancias similares, a cualquier otro usuario de servicios públicos de
telecomunicaciones similares;
Oferta
de interconexión de referencia significa una oferta de interconexión ofrecida
por un proveedor importante y registrada o aprobada por el organismo regulador
de telecomunicaciones, que sea suficientemente detallada para permitir que los
proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones que deseen aceptar
dichas tarifas, términos y condiciones, obtengan la interconexión sin tener que
involucrarse en negociaciones con el proveedor en cuestión;
Oferta
de interconexión estándar significa una oferta de interconexión ofrecida por un
proveedor importante que sea suficientemente detallada para permitir que los
proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones que deseen aceptar
dichas tarifas, términos y condiciones, obtengan la interconexión sin tener que
involucrarse en negociaciones con el proveedor en cuestión;
Organismo
regulador de telecomunicaciones significa el organismo u organismos de una
Parte responsable de la regulación de telecomunicaciones;
Orientada
a costo significa basada en costos, y podrá incluir una utilidad razonable e
involucrar diferentes metodologías de cálculo de costo para diferentes
instalaciones o servicios;
Portabilidad
numérica significa la facultad de los usuarios finales de servicios públicos de
telecomunicaciones de mantener, en la misma zona geográfica,[5] los
mismos números de teléfono, sin menoscabar la calidad y confiabilidad cuando
cambie a un proveedor similar de servicios públicos de telecomunicaciones;
Proveedor
importante significa un proveedor de servicios públicos de telecomunicaciones
que tiene la capacidad de afectar de manera importante las condiciones de
participación (desde el punto de vista de los precios y del suministro) en el
mercado relevante de servicios públicos de telecomunicaciones, como resultado
de:
(a)
el control de las instalaciones esenciales, o
(b)
la utilización de su posición en el mercado.
Red
pública de telecomunicaciones significa la infraestructura de
telecomunicaciones que se usa para suministrar servicios públicos de
telecomunicaciones;
Servicio
público de telecomunicaciones significa cualquier servicio de
telecomunicaciones que una Parte disponga, en forma explícita o de hecho, que
se ofrezca al público en general. Dichos servicios pueden incluir, entre otros,
telefonía y transmisión de datos que típicamente incorporen información
suministrada por el cliente entre dos o más puntos sin ningún cambio de extremo
a extremo en la forma o contenido de dicha información;
Telecomunicaciones
significa la transmisión y recepción de señales por cualquier medio
electromagnético;
Usuario
significa un usuario final o un proveedor de servicios públicos de
telecomunicaciones, y
Usuario
final significa un consumidor final o un suscriptor de un servicio público de
telecomunicaciones, incluido un proveedor de servicios, excepto un proveedor de
servicios públicos de telecomunicaciones.
Artículo
14.2: Ámbito de Aplicación
1.
El presente Capítulo se aplica a:
(a)
las medidas relacionadas con el acceso a y el uso de las redes y los servicios
públicos de telecomunicaciones;
(b)
las medidas relacionadas con las obligaciones de los proveedores de servicios
públicos de telecomunicaciones, y
(c)
otras medidas relacionadas con las redes y los servicios públicos de
telecomunicaciones.
2.
El presente Capítulo no se aplica a medidas relacionadas con la radiodifusión y
la distribución por cable de programación de radio o televisión, salvo para
garantizar que las empresas que proveen dichos servicios tengan acceso y uso
continuo a las redes y a los servicios públicos de telecomunicaciones de
conformidad con el Artículo 14.3.
3.
Ninguna disposición del presente Capítulo se interpretará en el sentido de:
(a)
obligar a una Parte, u obligar a una Parte a exigir a cualquier empresa, que
establezca, construya, adquiera, arriende, opere o suministre redes o servicios
de telecomunicaciones, cuando tales redes o servicios no son ofrecidos al
público en general;
(b)
obligar a una Parte a exigir a cualquier empresa, dedicada exclusivamente a la
radiodifusión o la distribución por cable de programación de radio o
televisión, poner a disposición sus instalaciones de distribución por cable o
radiodifusión como red pública de telecomunicaciones, o
(c)
impedir que una Parte prohíba a las personas que operen redes privadas el uso
de sus redes para suministrar redes o servicios públicos de telecomunicaciones
a terceras personas.
Artículo
14.3: Acceso y Uso de Redes y Servicios Públicos de Telecomunicaciones[6]
1.
Cada Parte garantizará que las empresas de las otras Partes tengan acceso a, y
puedan hacer uso de cualquier servicio público de telecomunicaciones ofrecido
en su territorio o de manera transfronteriza, en términos y condiciones
razonables y no discriminatorias. Esta obligación deberá ser aplicada,
incluyendo, entre otros, lo especificado en los párrafos 2 al 6.
2.
Cada Parte garantizará que a dichas empresas se les permita:
(a)
comprar o arrendar y conectar terminales o equipos que hagan interfaz con las
redes públicas de telecomunicaciones;
(b)
suministrar servicios a usuarios finales, ya sean individuales o múltiples, a
través de circuitos propios o arrendados;
(c)
conectar circuitos propios o arrendados con las redes y servicios públicos de
telecomunicaciones o con circuitos propios o arrendados de otra empresa;
(d)
realizar funciones de conmutación, señalización, procesamiento y conversión, y
(e)
usar protocolos de operación de su elección.
3.
Cada Parte garantizará que las empresas de las otras Partes puedan usar las
redes y servicios públicos de telecomunicaciones para transmitir información en
su territorio o a través de sus fronteras y para tener acceso a la información
contenida en bases de datos o almacenada de forma que sea legible por una
máquina en el territorio de cualquiera de las Partes.
4.
No obstante lo dispuesto en el párrafo 3, una Parte podrá tomar medidas que
sean necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los
mensajes, o para proteger la privacidad de los datos personales de los usuarios
finales, siempre que tales medidas no se apliquen de tal manera que pudieran
constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable, o una
restricción encubierta al comercio de servicios.
5.
Cada Parte garantizará que no se impongan condiciones al acceso a y uso de las
redes y los servicios públicos de telecomunicaciones distintas a las necesarias
para:
(a)
salvaguardar las responsabilidades de los proveedores de las redes y servicios
públicos de telecomunicaciones, en particular, su capacidad de poner a
disposición del público en general sus redes o servicios, o
(b)
proteger la integridad técnica de las redes o servicios públicos de
telecomunicaciones.
6.
Siempre que se cumpla con los criterios establecidos en el párrafo 5, las
condiciones para el acceso a y uso de las redes y servicios públicos de
telecomunicaciones podrán incluir:
(a)
requisitos para usar interfaces técnicas específicas con inclusión de
protocolos de interfaz, para la interconexión con dichas redes y servicios;
(b)
requisitos, cuando sean necesarios, para la inter-operabilidad de dichas redes
y servicios;
(c)
la homologación o aprobación del equipo terminal u otros equipos que estén en
interfaz con la red y requisitos técnicos relacionados con la conexión de
dichos equipos a esas redes, y
(d)
notificación, registro y otorgamiento de autorizaciones.
ARTÍCULO
14.3 BIS: Utilización de las Redes de Telecomunicaciones en Situaciones de
Emergencia
1.
Cada Parte procurará adoptar las medidas necesarias para que las empresas de
telecomunicaciones transmitan, sin costo para los usuarios, los mensajes de
alerta que defina su autoridad competente en situaciones de emergencia.[7]
2.
Cada Parte alentará a los proveedores de servicios de telecomunicaciones a
proteger sus redes ante fallas graves producidas por situaciones de emergencia,
con el objeto de asegurar el acceso de la ciudadanía a los servicios de
telecomunicaciones en dichas situaciones.
3.
Las Partes procurarán gestionar, de manera conjunta y coordinada, acciones en
materia de telecomunicaciones ante situaciones de emergencia.
4.
Cada Parte evaluará la adopción de medidas necesarias para que los proveedores
de servicios de telefonía móvil otorguen la posibilidad de realizar llamadas a
los números de emergencia gratuitos de esa Parte a los usuarios de roaming
internacional de las otras Partes, de acuerdo con su cobertura nacional.
Artículo
14.4: Interconexión
1.
Cada Parte garantizará que los proveedores de servicios públicos de
telecomunicaciones en su territorio suministren, directa o indirectamente,
interconexión a los proveedores de servicios de telecomunicaciones de las otras
Partes.
2.
Cada Parte otorgará a su organismo regulador de telecomunicaciones la facultad
para requerir interconexión a tarifas orientadas a costo.
3.
Al llevar a cabo lo dispuesto en el párrafo 1, cada Parte garantizará que los
proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones en su territorio tomen
acciones razonables para proteger la confidencialidad de la información
comercialmente sensible de, o relacionada con, proveedores y usuarios finales
de servicios públicos de telecomunicaciones, y que solamente usen tal
información para proveer esos servicios.
Artículo
14.5: Portabilidad Numérica
Cada
Parte garantizará que los proveedores de servicios públicos de
telecomunicaciones en su territorio, proporcionen portabilidad numérica,[8][9] de
manera oportuna, y en términos y condiciones razonables y no discriminatorias.
Artículo
14.6: Acceso a Números de Teléfono
Cada
Parte garantizará que a los proveedores de servicios públicos de
telecomunicaciones de las otras Partes se les brinde un acceso no
discriminatorio a los números de teléfono.
ARTÍCULO
14.6 Bis: Equipos Terminales Móviles Hurtados, Robados o Extraviados
1.
Cada Parte establecerá procedimientos que permitan a los proveedores de
servicios públicos de telecomunicaciones, establecidos en su territorio,
intercambiar y bloquear en sus redes los códigos IMEI (International Mobile
Equipment Identity) de los equipos terminales móviles reportados en el
territorio de otra Parte como hurtados, robados o extraviados.
2.
Los procedimientos señalados en el párrafo 1 deberán incluir la utilización de
las bases de datos que las Partes acuerden para tal efecto.
Artículo
14.6 TER\ Banda Ancha
Las
Partes procurarán:
(a)
promover la interconexión del tráfico de Internet dentro del territorio de cada
Parte, entre todos los proveedores de servicios de Internet (Internet Service
Provider, denominado “ISP”), mediante nuevos puntos de intercambio de tráfico
de Internet (Internet Exchange Point, denominado “IXP”), así como promover la
interconexión entre los IXP de las Partes;
(b)
adoptar o mantener medidas para que los proyectos de obras públicas[10]
contemplen mecanismos que faciliten el despliegue de redes de fibra óptica u
otras redes de telecomunicaciones;
(c)
incentivar el despliegue de redes de telecomunicaciones que conecten a los
usuarios con los principales centros de generación de contenidos de Internet a
nivel mundial, y
(d)
adoptar políticas que fomenten la instalación de centros de generación y redes
de distribución de contenidos de Internet en sus respectivos territorios.
Artículo
14.6 QUÁTER-. Neutralidad de la Red
Cada
Parte adoptará o mantendrá medidas para asegurar el cumplimiento de la
neutralidad de la red.[11]
ARTÍCULO
14.7: Salvaguardias Competitivas
1.
Cada Parte mantendrá medidas adecuadas con el objeto de impedir que los
proveedores que, en forma individual o conjunta, sean proveedores importantes
en su territorio, empleen o sigan empleando prácticas anticompetitivas.
2.
Las prácticas anticompetitivas referidas en el párrafo 1 incluyen en
particular:
(a)
emplear subsidios cruzados anticompetitivos;
(b)
utilizar información obtenida de los competidores con resultados
anticompetitivos, y
(c)
no poner a disposición en forma oportuna a otros proveedores de servicios
públicos de telecomunicaciones, la información técnica sobre instalaciones
esenciales y la información comercialmente relevante que éstos necesiten para
suministrar servicios públicos de telecomunicaciones.
ARTÍCULO
14.8: Interconexión con Proveedores Importantes
Términos
Generales y Condiciones
1.
Cada Parte garantizará que los proveedores importantes en su territorio
suministren interconexión a los proveedores de servicios públicos de
telecomunicaciones de las otras Partes:
(a)
en cualquier punto que sea técnicamente factible de su red;
(b)
bajo términos, condiciones incluyendo normas técnicas y especificaciones y
tarifas no discriminatorias;
(c)
de una calidad no menos favorable que la proporcionada por dichos proveedores
importantes a sus propios servicios similares, a servicios similares de
proveedores de servicios no afiliados o a servicios similares de sus
subsidiarias u otros afiliados;
(d)
de una manera oportuna, en términos, condiciones (incluyendo normas técnicas y
especificaciones) y tarifas orientadas a costo, que sean transparentes,
razonables, teniendo en cuenta la factibilidad económica, y suficientemente
desagregadas de manera que los proveedores no necesiten pagar por componentes
de la red o instalaciones que no requieran para el servicio que se
suministrará, y
(e)
previa solicitud, en puntos adicionales a los puntos de terminación de red ofrecidos
a la mayoría de los usuarios, sujeto a cargos que reflejen el costo de la
construcción de instalaciones adicionales necesarias.
Opciones
de Interconexión
2.
Cada Parte garantizará que los proveedores de servicios públicos de
telecomunicaciones de las otras Partes, puedan interconectar sus instalaciones
y equipos con los de los proveedores importantes en su territorio, de acuerdo
con al menos una de las siguientes opciones:
(a)
una oferta de interconexión de referencia u otra oferta de interconexión
estándar que contenga tarifas, términos y condiciones que los proveedores
importantes ofrecen a los proveedores de servicios públicos de
telecomunicaciones;
(b)
los términos y condiciones de un acuerdo de interconexión vigente, o (c) a
través de la negociación de un nuevo acuerdo de interconexión.
Disponibilidad
Pública de los Procedimientos para Negociación de Interconexión
3.
Cada Parte pondrá a disposición del público los procedimientos aplicables para
las negociaciones de interconexión con los proveedores importantes de su
territorio.
Disponibilidad
Pública de tarifas, términos y condiciones necesarios de Interconexión
4.
Cada Parte proporcionará los medios para que los proveedores de servicios
públicos de telecomunicaciones de las otras Partes puedan obtener las tarifas,
términos y condiciones necesarios para la interconexión ofrecida por un
proveedor importante. Tales medios incluyen, como mínimo, asegurar:
(a)
la disponibilidad pública de los acuerdos de interconexión vigentes entre un
proveedor importante en su territorio y otros proveedores de servicios públicos
de telecomunicaciones en su territorio;
(b)
la disponibilidad pública de tarifas, términos y condiciones para la
interconexión con un proveedor importante establecidos por el organismo
regulador de telecomunicaciones u otro organismo competente, o
(c)
la disponibilidad pública de la oferta de interconexión de referencia.
ARTÍCULO
14.9: Tratamiento de los Proveedores Importantes
Cada
Parte garantizará que los proveedores importantes en su territorio otorguen a
los proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones de las otras Partes
un trato no menos favorable que el otorgado por dichos proveedores importantes,
en circunstancias similares, a sus subsidiarias, a sus afiliados o a
proveedores no afiliados de servicios, con respecto a:
(a)
la disponibilidad, suministro, tarifas o calidad de los servicios públicos de
telecomunicaciones similares, y
(b)
la disponibilidad de interfaces técnicas necesarias para la interconexión.
Artículo
14.10: Reventa
Cada
Parte garantizará que los proveedores importantes en su territorio:
(a)
ofrezcan para reventa, a tarifas razonables,[12]
a los proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones de las otras
Partes, servicios públicos de telecomunicaciones que tales proveedores
dominantes suministren al por menor a los usuarios finales, y
(b)
no impongan condiciones o limitaciones discriminatorias o injustificadas en la
reventa de tales servicios.[13]
ARTÍCULO
14.11: Desagregación de Elementos de la Red
1.
Cada Parte otorgará a su organismo regulador de telecomunicaciones, la facultad
de exigir que los proveedores importantes en su territorio suministren a los
proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones de las otras Partes,
acceso a los elementos de la red de manera desagregada en términos, condiciones
y tarifas orientadas a costo que sean razonables, no discriminatorias y
transparentes.
2.
Cada Parte podrá determinar los elementos de red que se requiera estén
disponibles en su territorio y los proveedores que pueden obtener tales
elementos, de conformidad con sus leyes y regulaciones.
ARTÍCULO
14.12: Suministro y Fijación de Precios de Circuitos Arrendados
1.
Cada Parte garantizará que los proveedores importantes en su territorio
suministren a empresas de las otras Partes circuitos arrendados, que son
servicios públicos de telecomunicaciones, en términos, condiciones y tarifas
que sean razonables y no discriminatorias.
2.
Para cumplir con el párrafo 1, cada Parte otorgará a su organismo regulador de
telecomunicaciones la facultad de exigir a los proveedores importantes en su
territorio, ofrecer a las empresas de las otras Partes circuitos arrendados, a
precios basados en capacidad y orientados a costo.
Artículo
14.13: Co-ubicación
1.
Cada Parte garantizará que los proveedores importantes en su territorio
suministren a los proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones de
las otras Partes, la co-ubicación física de los equipos necesarios para
interconectarse o acceder a los elementos de red desagregados, en términos,
condiciones y tarifas orientadas a costo, que sean razonables, no
discriminatorias y basadas en una oferta generalmente disponible.
2.
Cuando la co-ubicación física no sea practicable por razones técnicas o debido
a limitaciones de espacio, cada Parte garantizará que los proveedores
importantes en su territorio proporcionen una solución alternativa, como
facilitar la co-ubicación virtual, en términos, condiciones y tarifas
orientadas a costo, que sean razonables, no discriminatorias y basadas en una
oferta generalmente disponible.
3.
Cada parte podrá determinar, de acuerdo a sus leyes y regulaciones, las
instalaciones sujetas a los párrafos 1 y 2.
Artículo
14.14: Acceso a Postes, Ductos, Conductos y Derechos de Paso[14],[15]
Cada
Parte garantizará que los proveedores importantes en su territorio provean
acceso a sus postes, ductos, conductos y derechos de paso propios o controlados
por dichos proveedores importantes a los proveedores de servicios públicos de
telecomunicaciones de las otras Partes en términos, condiciones, y tarifas que
sean razonables y no discriminatorias.
ARTÍCULO
14.15: Organismos Reguladores Independientes
1.
Cada Parte garantizará que su organismo regulador de telecomunicaciones sea independiente
y esté separado de todo proveedor de servicios públicos de telecomunicaciones y
no sea responsable ante ninguno de ellos. Para este fin, cada Parte garantizará
que su organismo regulador de telecomunicaciones no tenga intereses financieros
ni funciones operativas en cualquier proveedor de servicios públicos de
telecomunicaciones.
2.
Cada Parte garantizará que las decisiones y procedimientos de su organismo
regulador de telecomunicaciones sean imparciales con respecto a todos los
participantes del mercado. Para este fin, cada Parte garantizará que cualquier
interés financiero que ésta tenga en un proveedor de servicios públicos de
telecomunicaciones, no influencie las decisiones y procedimientos de su
organismo regulador de telecomunicaciones.
3.
Ninguna Parte otorgará a un proveedor de servicios públicos de
telecomunicaciones un trato más favorable que aquél otorgado a un proveedor
similar de las otras Partes, justificando que el proveedor que recibe el trato
más favorable es de propiedad total o parcial del gobierno nacional de
cualquiera de las Partes.
ARTÍCULO
14.15 bis: Cooperación Mutua y Técnica
Las
Partes cooperarán en:
(a)
el intercambio de experiencias y de información en materia de política,
regulación y normatividad de las telecomunicaciones;
(b)
la promoción de espacios de capacitación por parte de las autoridades de
telecomunicaciones competentes para el desarrollo de habilidades
especializadas, y
(c)
el intercambio de información sobre estrategias que permitan el acceso a los servicios
de telecomunicaciones en áreas rurales y zonas de atención prioritaria
establecidas por cada Parte.
Artículo
14.16: Autorizaciones
1.
Cuando una Parte exija una autorización a un proveedor de servicios públicos de
telecomunicaciones, ésta pondrá a disposición del público:
(a)
los criterios y procedimientos aplicables para el otorgamiento de dicha
autorización;
(b)
el plazo normalmente requerido para tomar una decisión con respecto a dicha
solicitud de autorización, y
(c)
los términos y condiciones de toda autorización que haya expedido.
2.
Cada Parte garantizará que, previa solicitud, un solicitante reciba las razones
por las que se le deniega una autorización.
ARTÍCULO
14.17: Atribución, Asignación y Uso de Recursos Escasos
1.
Cada Parte administrará sus procedimientos para la atribución, asignación y uso
de recursos escasos de telecomunicaciones incluyendo frecuencias, números y los
derechos de paso de una manera objetiva, oportuna, transparente y no
discriminatoria, salvo aquellos relacionados con usos gubernamentales.
2.
Cada Parte pondrá a disposición del público el estado actual de las bandas de
frecuencias atribuidas pero no estará obligada a proporcionar la identificación
detallada de las frecuencias atribuidas para usos gubernamentales específicos.
3.
Las medidas de una Parte relativas a la atribución y asignación del espectro y
a la administración de las frecuencias, no constituyen per se medidas
incompatibles con el Artículo 9.6 (Acceso a los Mercados), el cual se aplica al
comercio transfronterizo de servicios y al Capítulo 10 conforme a lo dispuesto
en el Artículo 9.2 (Ámbito de Aplicación). En consecuencia, cada Parte conserva
el derecho de establecer y aplicar sus políticas de administración del espectro
y de las frecuencias, que puedan tener como efecto limitar el número de
proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones, siempre que se haga de
una manera que sea consistente con el presente Protocolo Adicional. Cada Parte
también conserva el derecho de atribuir y asignar las bandas de frecuencia
tomando en cuenta las necesidades presentes y futuras y la disponibilidad del
espectro.
4.
Cuando se atribuya el espectro para servicios de telecomunicaciones no
gubernamentales, cada Parte procurará basarse en un proceso público de
comentarios, abierto y transparente, que considere el interés público. Cada
Parte procurará basarse, en general, en enfoques de mercado en la asignación
del espectro para servicios de telecomunicaciones terrestres no
gubernamentales.
ARTÍCULO
14.18: Servicio Universal
Cada
Parte tiene el derecho de definir el tipo de obligaciones de servicio universal
que desea adoptar o mantener y administrará dichas obligaciones de una manera
transparente, no discriminatoria, y competitivamente neutral, y garantizará que
las obligaciones de servicio universal no sean más gravosas de lo necesario
para el tipo de servicio universal que se ha definido.
ARTÍCULO
14.19: Transparencia
Adicionalmente
al Capítulo 15 (Transparencia), cada Parte garantizará que:
(a)
se publique prontamente o se ponga a disposición del público la regulación del
organismo regulador de telecomunicaciones, incluyendo las bases para dicha
regulación;
(b)
se otorgue a las personas interesadas, en la medida de lo posible, mediante
aviso público, con adecuada anticipación, la oportunidad de comentar cualquier
regulación que el organismo regulador de telecomunicaciones proponga;
(c)
se ponga a disposición del público las tarifas para usuarios finales, y
(d)
se ponga a disposición del público las medidas relativas a las redes y los
servicios públicos de telecomunicaciones, incluyendo las medidas relativas a:
(i)
tarifas y otros términos y condiciones del servicio;
(ii)
especificaciones de las interfaces técnicas;
(iii)
las condiciones para la conexión de equipo terminal o cualquier otro equipo a
la red pública de telecomunicaciones;
(iv)
requisitos de notificación o autorizaciones, si existen;
(v)
la normalización o estándares que afecten el acceso y uso, y
(vi)
los procedimientos relacionados con la solución de controversias en
telecomunicaciones señalados en el Artículo 14.22.
Artículo
14.19 Calidad de Servicio
1.
Cada Parte establecerá medidas para regular, monitorear y vigilar la calidad de
los servicios públicos de telecomunicaciones con los indicadores, parámetros y
procedimientos que al efecto establezca su organismo regulador de
telecomunicaciones.
2.
Cada Parte asegurará que:
(a)
los proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones, en su territorio,
o
(b)
su organismo regulador de telecomunicaciones, publiquen los indicadores de
calidad de servicio provisto a los usuarios finales de servicios públicos de
telecomunicaciones.
3.
Cada Parte facilitará, a solicitud de otra Parte, la metodología utilizada para
el cálculo o medición de los indicadores de calidad del servicio, así como las
metas que se hubieran definido para su cumplimiento, de conformidad con su
legislación.
Artículo
14.20: Roaming Internacional
1.
Las Partes procurarán cooperar en la promoción de tarifas transparentes y
razonables para los servicios móviles de roaming internacional.
2.
Cada Parte deberá adoptar o mantener medidas para:
(a)
asegurar que la información sobre las tarifas al por menor de los servicios
móviles de roaming internacional sea de fácil acceso al público;
(b)
minimizar los impedimentos o las barreras al uso de alternativas tecnológicas
al roaming, que permita a los consumidores de las otras Partes, que visitan su
territorio, acceder a servicios de telecomunicaciones usando los dispositivos
de su elección, e
(c)
implementar mecanismos mediante los cuales los proveedores de servicios
públicos de telecomunicaciones permitan a los usuarios de roaming internacional
controlar sus consumos de datos, voz y mensajes de texto (Short Message Service,
denominado “SMS”).
3.
En cumplimiento de lo establecido en el párrafo 2 (a), cada Parte asegurará
que:
(a)
los proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones en su territorio, o
(b)
su organismo regulador de telecomunicaciones, pongan a disposición del público
las tarifas al por menor de los servicios móviles de roaming internacional,
respecto de voz, datos y mensajes de texto.
4.
Las Partes evaluarán la adopción de acciones conjuntas tendientes a la
reducción de tarifas de roaming internacional entre las Partes.
5.
Las Partes evaluarán conjuntamente la posibilidad de establecer mecanismos para
regular el servicio de roaming internacional mayorista ofrecidos entre las
Partes para los servicios de voz, datos y mensajería.
Artículo
14.21: Flexibilidad en la Elección de Tecnologías
Ninguna
Parte podrá impedir que los proveedores de servicios públicos de
telecomunicaciones tengan la flexibilidad para escoger las tecnologías que
ellos deseen usar para el suministro de sus servicios, sujeto a los requisitos
necesarios para satisfacer los intereses legítimos de política pública.
ARTÍCULO
14.21 bis: Protección a los Usuarios Finales de Servicios de Telecomunicaciones
Las
Partes garantizarán los siguientes derechos a los usuarios finales de servicios
de telecomunicaciones:
(a)
obtener el suministro de los servicios de telecomunicaciones de conformidad con
los parámetros de calidad contratados o establecidos por la autoridad
competente, y
(b)
cuando se trate de personas con discapacidad, obtener información sobre los
derechos de los que gozan. Las Partes emplearán los medios disponibles para tal
fin.
ARTÍCULO
14.22: Solución de Controversias sobre Telecomunicaciones
Cada
Parte garantizará que:
Recursos
(a)
las empresas de las otras Partes puedan acudir ante el organismo regulador de
telecomunicaciones u otro organismo competente, para resolver controversias
relacionadas con las medidas de la Parte relativas a los asuntos establecidos
en los Artículos 14.3, 14.4, 14.5, 14.6 y del 14.7 al 14.14;
(b)
los proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones de otra Parte que
hayan solicitado interconexión a un proveedor importante en el territorio de la
Parte, puedan acudir ante el organismo regulador de telecomunicaciones, dentro
de un plazo específico razonable y público con posterioridad a la solicitud de
interconexión por parte del proveedor, para que resuelva las controversias
relativas a los términos, condiciones y tarifas para la interconexión con dicho
proveedor importante;
Reconsideración
(c)
toda empresa que sea perjudicada o cuyos intereses sean afectados adversamente
por una resolución o decisión del organismo regulador de telecomunicaciones de
una Parte, pueda pedir a dicho organismo que reconsidere[16],[17] tal
resolución o decisión. Ninguna Parte permitirá que tal petición sea fundamento
para el no cumplimiento de la resolución o decisión del organismo regulador de
telecomunicaciones, a menos que una autoridad competente suspenda tal
resolución o decisión[18].
Una Parte puede limitar las circunstancias en las que la reconsideración está
disponible, de conformidad con sus leyes y regulaciones;
Revisión
Judicial
(d)
cualquier empresa que se vea perjudicada o cuyos intereses hayan sido afectados
adversamente por una resolución o decisión del organismo regulador de
telecomunicaciones de una Parte, pueda obtener una revisión judicial de dicha
resolución o decisión por parte de una autoridad judicial independiente. La
solicitud de revisión judicial no constituirá base para el incumplimiento de
dicha resolución o decisión, salvo que sea suspendida por el organismo judicial
competente.
ARTÍCULO
14.23: Relación con otros Capítulos
En
caso de incompatibilidad entre este Capítulo y otro Capítulo del presente
Protocolo Adicional, este Capítulo prevalecerá en la medida de la
incompatibilidad.
ANEXO.4
PROVEEDORES
DE TELEFONÍA RURAL PERÚ.
1.
Para efectos del presente Anexo:
área
rural significa un centro poblado:
(a)
que no está incluido dentro de las áreas urbanas, con una población de menos de
3000 habitantes, de baja densidad poblacional y escaso de servicios básicos, o
(b)
un centro poblado con una teledensidad de menos de dos líneas fijas por cada
100 habitantes;
operador
rural significa una compañía telefónica rural que tiene al menos el 80% ciento
del total de sus líneas fijas en servicio en áreas rurales.
2.
En el caso del Perú:
(a)
un operador rural puede no ser considerado un proveedor importante;
(b)
el Artículo 14.5 no aplicará a los operadores rurales, y
(c)
las obligaciones con respecto a los proveedores importantes, contenidas en los
Artículos 14.12, 14.13 y 14.14 pueden no ser aplicadas a las instalaciones
desplegadas en áreas rurales por los proveedores de servicios públicos de
telecomunicaciones.
ANEXO
4.
Capítulo
15 BIS
MEJORA
REGULATORIA
Artículo
15 bis. 1: Definiciones
Para
los efectos del presente Capítulo:
medidas
regulatorias significa aquellas medidas de aplicación general, relacionadas con
cualquier materia cubierta por el presente Protocolo Adicional, adoptadas por
autoridades regulatorias y cuya observancia es obligatoria, y
medidas
regulatorias cubiertas significa aquellas medidas regulatorias determinadas por
cada Parte a ser cubiertas por el presente Capítulo de conformidad con el
Artículo 15 bis.3.
ARTÍCULO
15 BIS. 2: Disposiciones Generales
1.
Para los efectos del presente Capítulo, mejora regulatoria se refiere a la
utilización de buenas prácticas regulatorias internacionales en el proceso de
planificación, elaboración, promulgación, implementación y revisión de las
medidas regulatorias a fin de facilitar el logro de objetivos de política
pública nacional, y a los esfuerzos de los gobiernos para mejorar la
cooperación regulatoria con el propósito de lograr dichos objetivos, así como
para promover el comercio internacional, la inversión, el crecimiento económico
y el empleo.
2.
Las Partes afirman la importancia de:
(a)
mantener y mejorar los beneficios de la integración promovida a través del
presente Protocolo Adicional mediante la mejora regulatoria, facilitando el
aumento del comercio de mercancías y servicios, así como de la inversión entre
las Partes;
(b)
el derecho soberano de cada Parte para identificar sus prioridades regulatorias
y establecer e implementar medidas de mejora regulatoria que tomen en cuenta
tales prioridades, en los ámbitos y niveles de gobierno que dicha Parte
considere apropiados;
(c)
el derecho soberano de cada Parte para establecer las regulaciones que
considere apropiadas;
(d)
el rol que desempeña la regulación en la consecución de objetivos de política
pública;
(e)
considerar los aportes de personas interesadas en la elaboración de propuestas
de medidas regulatorias;
(f)
el desarrollo de la cooperación regulatoria internacional, y
(g)
la cooperación entre las Partes para el desarrollo de la política de mejora
regulatoria, así corno para la construcción y el fortalecimiento de capacidades
en la materia.
Artículo
15 BIS3: Ámbito de Aplicación
Cada
Parte deberá, a más tardar tres años después de la entrada en vigor del Primer
Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza
del Pacífico (en lo sucesivo denominado “Primer Protocolo Modificatorio”),
determinar y poner a disposición del público las medidas regulatorias cubiertas
a las que les aplicarán las disposiciones de este Capítulo, de conformidad con
su legislación. En dicha determinación, cada Parte considerará alcanzar una
cobertura significativa.
Artículo
15 BIS A: Establecimiento de Mecanismos o Procesos de Coordinación y Revisión
1.
Las Partes reconocen que la mejora regulatoria puede fomentarse a través del
establecimiento de mecanismos internos que faciliten la coordinación
interinstitucional asociada a los procesos para la elaboración y revisión de
las medidas regulatorias cubiertas. En consecuencia, cada Parte procurará
garantizar la existencia de mecanismos o procesos que faciliten una efectiva
coordinación interinstitucional y la revisión de proyectos o propuestas de
medidas regulatorias cubiertas. Para tal fin, cada Parte procurará considerar
el establecimiento y mantenimiento de un órgano o mecanismo de coordinación a
nivel nacional o central.
2.
Las Partes reconocen que si bien los mecanismos o procesos a los que se refiere
el párrafo 1 pueden variar en función de sus respectivas circunstancias,
incluyendo las diferencias en los niveles de desarrollo y en las estructuras
políticas e institucionales, estos deberían, por lo general, constar en
documentos que incluyan una descripción de éstos y que puedan ser puestos a
disposición del público. Estos mecanismos o procesos deberían tener
características tales como la capacidad de:
(a)
revisar los proyectos o propuestas de medidas regulatorias cubiertas a fin de
determinar si en su elaboración se tomaron en consideración las buenas
prácticas regulatorias internacionales, que pueden incluir, pero no se limitan
a las establecidas en el Artículo 15 bis.5, y hacer recomendaciones con base en
dicha revisión;
(b)
fortalecer la coordinación y las consultas entre las instituciones
gubernamentales nacionales para identificar posibles duplicidades, y evitar la
creación de requerimientos inconsistentes entre las mismas;
(c)
hacer recomendaciones a fin de fomentar mejoras regulatorias de manera
sistémica, e
(d)
informar públicamente las medidas regulatorias cubiertas que han sido revisadas
y cualquier propuesta para llevar a cabo mejoras regulatorias sistémicas, así
como las actualizaciones sobre cambios a los procesos y mecanismos.
Artículo
15 BIS.5: Implementación de Buenas Prácticas Regulatorias
1.
Cada Parte debería alentar a sus autoridades regulatorias competentes para que,
de acuerdo con su legislación, lleven a cabo evaluaciones de impacto
regulatorio cuando se elaboren proyectos o propuestas de medidas regulatorias
cubiertas que superen el umbral de impacto económico o, cuando sea apropiado,
otro criterio establecido por esa Parte, para asistirles en el diseño de medidas
regulatorias que cumplan de la mejor manera con el objetivo perseguido por esa
Parte. Las evaluaciones de impacto regulatorio podrán comprender una variedad
de procedimientos para determinar los impactos posibles.
2.
Reconociendo que las diferencias en las circunstancias institucionales,
sociales, culturales, jurídicas y de desarrollo de las Partes pueden resultar
en enfoques regulatorios específicos, las evaluaciones de impacto regulatorio
deberían, entre otros aspectos:
(a)
evaluar la necesidad de elaborar un proyecto o propuesta de medida regulatoria
cubierta, incluyendo una descripción de la naturaleza e importancia del
problema;
(b)
examinar las alternativas posibles, incluyendo, hasta donde sea factible y
conforme a sus respectivas legislaciones, los costos y beneficios
correspondientes, reconociendo que algunos de éstos pueden ser difíciles de
cuantificar;
(c)
explicar las razones por las que se concluyó que la alternativa seleccionada
cumple con los objetivos de política pública de manera eficiente, incluyendo,
de ser el caso, la referencia a los costos y beneficios, así como la capacidad
para administrar los riesgos, y
(d)
basarse en la mejor información disponible en materia científica, técnica,
económica u otro tipo de información pertinente, que esté al alcance de las
respectivas autoridades regulatorias en el marco de sus competencias, mandato,
capacidades y recursos.
3.
Cuando se realicen las evaluaciones de impacto regulatorio, las autoridades
regulatorias podrán tener en cuenta el posible impacto de la propuesta
regulatoria en las micro, pequeñas y medianas empresas.
4.
Cada Parte debería alentar a sus autoridades regulatorias competentes, cuando
elaboren medidas regulatorias cubiertas, a que consideren las medidas
regulatorias de las otras Partes, así como los desarrollos relevantes en foros
regionales, internacionales y otros, en la medida que sea apropiado y conforme
a su legislación.
5.
Cada Parte procurará que las nuevas medidas regulatorias cubiertas estén
claramente escritas, sean concisas, organizadas y fáciles de entender,
reconociendo que algunas medidas involucran asuntos técnicos, respecto de los
cuales se podría requerir conocimiento especializado para entenderlos y
aplicarlos.
6.
Cada Parte procurará garantizar que sus autoridades regulatorias competentes,
conforme a su legislación, faciliten el acceso público a la información sobre
las nuevas medidas regulatorias cubiertas y, cuando sea posible, hagan que esa
información esté disponible en una página de Internet.
7.
Cada Parte procurará revisar sus medidas regulatorias cubiertas, con la
periodicidad que considere apropiada, a fin de determinar si éstas deben ser
modificadas, ampliadas, simplificadas o derogadas, con el objeto de lograr que
el régimen regulatorio de dicha Parte sea más efectivo en la consecución de sus
objetivos de política pública.
8.
Cada Parte debería publicar anualmente un aviso, de la manera que considere
apropiado y conforme a su legislación, sobre cualquier medida regulatoria
cubierta que prevea que sus autoridades regulatorias puedan emitir o modificar
durante los 12 meses siguientes.
Artículo
15 BIS.6. Comité de Mejora Regulatoria
1.
Las Partes establecen un Comité de Mejora Regulatoria (en lo sucesivo,
denominado el “Comité”), el cual estará integrado por representantes de las
Partes.
2.
El Comité se reunirá dentro del primer año de la entrada en vigor del Primer
Protocolo Modificatorio y, posteriormente, cuando las Partes lo consideren
necesario. Las reuniones del Comité podrán llevarse a cabo de manera presencial
o a través de cualquier medio tecnológico que las Partes acuerden. El Comité
podrá llevar a cabo su trabajo a través de cualquier medio acordado por las
Partes, incluyendo reuniones en el margen de otros foros regionales o internacionales.
3.
El Comité adoptará sus decisiones por consenso.
4.
El Comité deberá considerar los temas relativos a la implementación del
presente Capítulo, También considerará la identificación de futuras
prioridades, incluyendo posibles iniciativas sectoriales y actividades de
cooperación, que involucren temas relativos a este Capítulo y a asuntos
relacionados con la mejora regulatoria cubiertos por otros Capítulos del
presente Protocolo Adicional.
5.
El Comité evaluará la pertinencia de incorporar trabajos futuros respecto de
prácticas y herramientas adicionales en materia de mejora regulatoria, tales
como la capacitación en habilidades de reforma regulatoria; la transparencia y
acceso a las regulaciones; los procesos de consulta pública formales; los
sistemas electrónicos para facilitar la interacción de las autoridades
regulatorias con los emprendedores, empresarios y público en general; la
racionalización del inventario regulatorio y la medición de cargas
administrativas, entre otras que considere relevantes.
6.
En el proceso de identificación de futuras prioridades, el Comité deberá tener
en cuenta las actividades de otros comités y demás órganos establecidos en el
Protocolo Adicional y deberá coordinarse con ellos a fin de evitar la
duplicación de actividades.
7.
El Comité se asegurará de que el trabajo que desempeñe en materia de
cooperación regulatoria ofrezca un valor adicional a las iniciativas en curso
en otros foros relevantes, a fin de evitar afectar o duplicar tales esfuerzos.
8.
Al menos una vez cada tres años después de la fecha de entrada en vigor del
Primer Protocolo Modificatorio, el Comité deberá considerar los acontecimientos
en las áreas de buenas prácticas regulatorias internacionales, así como las
experiencias de las Partes en la aplicación de este Capítulo, con el fin de
considerar la posibilidad de formular recomendaciones a la Comisión de Libre
Comercio para la mejora de las disposiciones del presente Capítulo, y de
potenciar los beneficios del presente Protocolo Adicional.
9.
Cada Parte notificará a las otras Partes, a la entrada en vigor del Primer
Protocolo Modificatorio, un punto de contacto. Dicho punto de contacto deberá
proporcionar información relativa a la implementación de este Capítulo, a
petición de otra Parte.
ARTÍCULO
15 BIS.7: Cooperación
1.
Las Partes cooperarán a fin de implementar adecuadamente el presente Capítulo y
maximizar los beneficios derivados del mismo. Las actividades de cooperación
deberán tomar en cuenta las necesidades de cada Parte, y podrán incluir:
(a)
intercambio de información, diálogos o encuentros entre las Partes, con
personas interesadas, incluyendo a las micro, pequeñas y medianas empresas;
(b)
intercambio de información, diálogos o encuentros con no Partes, organismos
internacionales, con personas interesadas, incluyendo a las micro, pequeñas y
medianas empresas de no Partes;
(c)
programas de capacitación, seminarios y otras iniciativas de asistencia;
(d)
el fortalecimiento de la cooperación y otras actividades relevantes entre las autoridades
regulatorias, y
(e)
otras actividades que las Partes puedan acordar.
2.
Las Partes reconocen que la cooperación entre ellas, en materia regulatoria,
podrá ser mejorada, entre otras, mediante el aseguramiento de que las medidas
regulatorias de cada Parte estén disponibles de manera centralizada.
ARTÍCULO
15 BIS.8: Participación de Personas Interesadas
El
Comité establecerá mecanismos apropiados para que las personas interesadas de
las Partes tengan la oportunidad de proporcionar opiniones sobre temas
relacionados con la mejora regulatoria y su fortalecimiento.
ARTÍCULO
15 BIS.9: Notificación de Informe de Implementación
1.
Para efectos de transparencia, y para que sirva como base para la cooperación y
las actividades enfocadas en la creación de capacidades, cada Parte deberá
notificar un informe de implementación del presente Capítulo al Comité dentro
de los dos años siguientes a la fecha de entrada en vigor del Primer Protocolo
Modificatorio y, en lo sucesivo, al menos una vez cada tres años. Para tal fin,
cada Parte distribuirá a las otras Partes dicho informe, a través de los puntos
de contacto designados de conformidad con el Artículo 15 bis.6.9. Dicho informe
podrá ser revisado por el Comité en su reunión más próxima.
2.
En su primer informe, cada Parte deberá describir las acciones que ha tomado
desde la fecha de entrada en vigor del Primer Protocolo Modificatorio y
aquéllas que planea tomar para implementar el presente Capítulo, incluyendo
aquellas para:
(a)
establecer un órgano o mecanismo para facilitar una coordinación y revisión
interinstitucional efectiva de proyectos o propuestas de medidas regulatorias
cubiertas, de conformidad con el Artículo 15 bis. 4;
(b)
alentar que sus autoridades regulatorias competentes realicen evaluaciones de
impacto regulatorio, de conformidad con los Artículos 15 bis 5.1 y 15 bis 5.2;
(c)
garantizar que los proyectos o propuestas de medidas regulatorias cubiertas
sean accesibles, de conformidad con los Artículos 15 bis.5.5 y 15 bis.5.6;
(d)
revisar las medidas regulatorias cubiertas vigentes, de conformidad con el
Artículo 15 bis.5.7, y
(e)
dar a conocer al público el aviso anual de medidas regulatorias cubiertas que
se pretendan emitir o modificar durante los 12 meses siguientes, de conformidad
con el Artículo 15 bis. 5.8.
3.
En sus informes sucesivos, cada Parte deberá describir las acciones que ha
tomado desde el informe anterior y las que planea adoptar para la
implementación del presente Capitulo.
4.
Al considerar las cuestiones relacionadas con la implementación del presente
Capítulo, de conformidad con el Artículo 15 bis. 6.4, el Comité podrá efectuar
la revisión de los informes de implementación. Durante esta revisión, las
Partes podrán dialogar o formular preguntas sobre aspectos específicos del
informe de cualquiera de las Partes. Asimismo, el Comité con base en dicha
revisión podrá identificar oportunidades de asistencia o actividades de
cooperación.
ARTÍCULO
15 BIS. 10: Relación con otros Capítulos
En
caso de incompatibilidad entre este Capítulo y otro Capítulo del Protocolo
Adicional, el otro Capítulo prevalecerá en la medida de la incompatibilidad.
ARTÍCULO
15 BIS. 11: Solución de Diferencias
El
presente Capítulo no se encuentra sujeto a las disposiciones establecidas en el
Capítulo 17 (Solución de Diferencias) del Protocolo Adicional.
SEGUNDO
PROTOCOLO MODIFICATORIO DEL PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA
DEL PACÍFICO
La
República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la
República del Perú, en lo sucesivo denominadas "las Partes",
EN
EL MARCO de sus compromisos en el ámbito de la Alianza del Pacífico;
TENIENDO
PRESENTE que el Capítulo 7 (Obstáculos Técnicos al Comercio) del Protocolo
Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, en lo sucesivo
denominado "Protocolo Adicional", tiene como objetivos, entre otros,
incrementar y facilitar el comercio, profundizar la integración entre las
Partes, y asegurar que las normas, reglamentos técnicos y procedimientos de
evaluación de la conformidad no creen obstáculos técnicos innecesarios al
comercio;
TENIENDO
EN CUENTA que conforme al Artículo 7.11 del Protocolo Adicional las Partes
podrán negociar anexos para profundizar las disciplinas de dicho Capítulo;
CONSIDERANDO
que la Comisión de Libre Comercio es el órgano encargado de velar por el
cumplimiento y la correcta aplicación de las disposiciones del Protocolo
Adicional,
Han
acordado modificar el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del
Pacífico, suscrito en Cartagena de Indias, D. T. Y c., República de Colombia,
el de febrero de 2014 en los siguientes términos:
ARTÍCULO
1
Modificación
del Artículo 16.2. (Funciones de la Comisión de Libre Comercio) Incorporar al
subpárrafo 2(a) del Artículo 16.2 (Funciones de la Comisión de Libre Comercio),
el siguiente subpárrafo:
(v)
aprobar los anexos de implementación referidos en el Artículo 7.11 (Anexos de
Implementación). "
ARTÍCULO
2
Entrada
en Vigor
El
presente Protocolo Modificatorio entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 19.4 (Enmiendas) del Protocolo Adicional.
Suscrito
en Puerto Varas, Chile, el 1 de julio del 2016, en un ejemplar original, en
idioma castellano, que quedará bajo custodia del Depositario, el cual
proporcionará a cada Parte copias debidamente autenticadas del presente
Protocolo Modificatorio.
III.    INTERVENCIONES
1.  Ministerio
de Relaciones Exteriores
El Ministerio de Relaciones exteriores
mediante escrito de intervención solicita se declare la exequibilidad de la Ley 1898 de
2018 “Por
medio de la cual se aprueba el primer protocolo modificatorio del protocolo
adicional al acuerdo marco de la alianza pacífico, firmado en Paracas, Ica,
República del Perú, el 3 de julio de 2015 y el segundo protocolo modificatorio
del protocolo adicional al acuerdo marco de la alianza del pacífico, firmado en
Puerto Varas, República de Chile, el 01 de julio de 2016”.
Manifiesta que en la revisión previa que
hizo la Corte Constitucional del Acuerdo Marco y de la Ley 1721 de 2014 y del
Protocolo Adicional aprobado mediante la Ley 1746 de 2014 (sentencias C-163 de
2015 y C-620 de 2015) la Corte ya había reconocido que las enmiendas que se
estimaran necesarias debían surtir el tramite prescrito en el artículo 19.4 del
tratado, bajo el entendido según el cual ese procedimiento se ajusta a los
términos constitucionales.
Considera que en la práctica los Estados
acuden a la celebración de protocolos mediante los cuales se modifican las cláusulas
y el alcance de los acuerdos comerciales que han sido suscritos con
anterioridad, con el objeto de profundizar la integración económica y social,
así como estimular la expansión y diversificación del comercio de mercancías y
servicios en sus territorios.
Sobre el particular reitera que tal como
ha sido explicado en la jurisprudencia precedente, la naturaleza jurídica de un
protocolo modificatorio en materia comercial corresponde a una reforma de un
tratado de libre comercio que ya ha surtido la correspondiente revisión
constitucional.
La Cancillería destaca que en virtud del
Protocolo Adicional se establece el objetivo general de eliminar los obstáculos
al comercio entre los países miembros de la alianza, generando un mayor
dinamismo en los flujos de mercancías, servicios e inversión, promoviendo así
servicios aduaneros eficientes, transparentes y previsibles para los
importadores y exportadores adicionalmente se establecen reglas claras y de
beneficio mutuo para atraer inversiones a las economías de sus Estados Parte.
Explica que el Primer Protocolo
Modificatorio del Protocolo Adicional al acuerdo Marco de la Alianza del
Pacífico consta de seis artículos y cuatro anexos: (i) eliminación de
obstáculos técnicos al comercio de productos cosméticos, (ii) comercio
electrónico, (iii) telecomunicaciones (iv) mejora regulatoria (v) comités, (vi)
entrada en vigor). Mientras que el Segundo Protocolo modificatorio del tratado
bajo estudio abarca: (i) las funciones de la Comisión de Libre Comercio (ii)
entrada en vigor.
En relación con la entrada en vigor de
los protocolos anota que la República de Chile comunicó el cumplimiento de los
procedimientos internos y los Estados Unidos Mexicanos el depósito de los
instrumentos de ratificación. Una vez la república de Colombia y la República
del Perú depositen los respectivos instrumentos de ratificación, los Protocolos
Modificatorios entraran en vigor según lo previsto en el artículo 6º del Primer
Protocolo y el artículo 2º del segundo Protocolo.
Resalta que la importancia de la
ratificación por parte del Estado colombiano profundiza el cumplimiento de los
objetivos del Protocolo Adicional en las áreas de cooperación regulatoria,
mejora regulatoria, comercio electrónico y las telecomunicaciones.
En relación con la constitucionalidad
del trámite de los protocolos considera que se ha llevado a cabo de conformidad
con lo previsto en el artículo 189, numeral 2º de la Constitución Política. Al
respecto indica lo siguiente:
“Mejora
regulatoria: la mejora regulatoria permite una mejor administración de la
economía, la implementación de políticas y la corrección o estímulo de
comportamientos de los miembros en una sociedad. Sobre esta materia, la
organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE- ha
establecido que existe evidencia de que las economías con una mejor regulación
se recuperan más rápido de situaciones de crisis y registran pérdidas
acumulativas menores ante choques externos.
Cooperación
regulatoria: en cuanto a este punto, se destacan medidas no arancelarias para
competir con otras economías, representadas en medidas no arancelarias y de
requisitos técnicos y de calidad, avanzando hacia la mejora de procesos
enfocados a la transparencia y al incremento del comercio en sectores de
interés común.
Para
el caso de los productos cosméticos colombianos, se resalta que los Estados
Miembros de la Alianza del Pacífico constituyen cerca del 44% del mercado de
exportación de este tipo de productos. En ese sentido, en atención a que el
Protocolo Adicional incluye un capítulo de obstáculos técnicos al comercio,
OTC, resultaría conveniente armonizar los requisitos regulatorios en este y en
diversos sectores para dinamizar el comercio intra- Alianza.
Comercio
electrónico: según cifras del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, el comercio electrónico viene creciendo en Colombia a una tasa
superior al 40% anual. En este mismo sentido, la Cámara Colombiana de Comercio
Electrónico ha estimado que, para el año 2021, la cantidad de dinero generado
por el comercio en línea igualaría las transacciones en efectivo en el país.
En
tal virtud, el Primer Protocolo Modificatorio establece compromisos para
garantizar la protección de los consumidores y facilitar las transacciones
electrónicas, beneficiando a sectores con gran potencial en soluciones de tecnologías
de la información, tales como BigData, computación en la nube y data
centers, para los cuales se prevén incrementos anuales de participación en la
economía colombiana en los próximos años.”
Manifestó la importancia de la
ratificación por parte del Estado Colombiano de los protocolos modificatorios,
aduciendo que la Alianza del Pacífico es un proceso dinámico de integración que
tiene entre sus objetivos incrementar y facilitar el comercio, así como
asegurar que las normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación,
no creen obstáculos técnicos innecesarios al comercio; estos protocolos
modificatorios al Protocolo adicional profundizan dichos objetivos en las
siguientes áreas: cooperación regulatoria, mejora regulatoria, comercio electrónico
y telecomunicaciones.
Así mismo resaltó la relevancia de los
dos protocolos para el desarrollo económico y comercial del país, pues advierte
que estos establecen compromisos para garantizar la protección de los
consumidores y facilitar las transacciones electrónicas, beneficiando a
sectores con gran potencial en soluciones de tecnologías de la información,
tales como el big data, computaciones en la nube y data centers, para los
cuales prevén incrementos anuales de participación en la economía Colombiana en
los próximos años.
2.  Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo
José Manuel Restrepo Abondano en
su calidad de Ministro de Comercio, Industria y Turismo, solicitó a la Corte
Constitucional declarar la exequibilidad de la ley 1898 de 2018, con fundamento
en los siguientes argumentos:
Advirtió que  la Ley 1898 de
2018, aprobatoria del Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al
Acuerdo Marco De La Alianza Del Pacífico y el Segundo Protocolo Modificatorio
del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, cumplió
con las exigencias constitucionales formales para su aprobación. De igual
manera, resaltó que el contenido material de la ley está ajustado a la
Constitución y las obligaciones adquiridas por Colombia, en la medida de sus disposiciones
contribuyen al desarrollo de los mandatos de la Constitución Política.
Refirió que el desarrollo de
estos instrumentos estuvo precedido de una serie de mandatos presidenciales, en
los cuales instruyó a los grupos técnicos a avanzar en disposiciones sobre
cooperación regulatoria, normativa en materia de cosméticos que refleje los
estándares internacionales y continuar con desarrollos en materia de
telecomunicaciones y comercio electrónico.
Así mismo manifestó que estos
instrumentos no resulta un asunto nuevo o incipiente en materia de relaciones
económicas entre los países suscriptores del Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico,
sino que por el contrario resulta ser un mecanismo para profundizar, ampliar y
facilitar el comercio de bienes y servicios, entre otros, encaminado a remover
barreras arancelarias y no arancelarias que todavía persisten, diversificar los
destinos de exportación (desarrollo de una estrategia Asia-Pacífico) y preparar
las economías de los estados parte para enfrentar y dar apertura respecto a los
nuevos retos que plantea el comercio internacional.
Adujo que el objetivo principal
de estos instrumentos es modernizar los acuerdos comerciales existentes entre
los países de la Alianza del Pacífico, introduciendo algunos asuntos nuevos,
bajo el principio de coexistencia de los acuerdos internacionales coexistentes.
Anotó que si bien es cierto existen asimetrías en el grado de desarrollo
económico de los países suscriptores, el protocolo adicional previó mecanismos
de resolución para alcanzar grandes equilibrios entre las partes del acuerdo.
De igual manera resaltó la
importancia de estos, y sostuvo que el sector de los cosméticos y aseo personal
en Colombia tiene una gran trascendencia pues constituye una de las áreas en
las cuales la producción nacional ha verificado gran crecimiento en su
internacionalización, pasando de exportaciones por US$448 millones en 2008 a
US$559 millones en 2018. En esa misma línea, según la Encuesta integrada de
hogares del DANE, el sector empleó 52 mil personas en el 2016. En el año 2018
Colombia exportó USD$559 millones al mundo en productos cosméticos,
verificándose que un 48% de tales exportaciones estuvieron dirigidas a los
mercados de la Alianza del Pacífico (23% a Perú, 19% a México y 7% a Chile).
Finalizó su intervención
reiterando que tanto el primer protocolo como el segundo están creados para
facilitar el comercio y evitar que existan normas y obstáculos técnicos que dificulten
el comercio de bienes. Finalmente solicita la exequibilidad del
Protocolo Adicional y su ley aprobatoria.
IV. CONCEPTO DEL PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
En cuanto al examen formal de la
Ley 1898 del 07 de junio de 2018, que aprueba el primer protocolo
modificatorio del protocolo adicional al acuerdo marco de la alianza pacífico,
firmado en Paracas, Ica, República del Perú, el 3 de julio de 2015 y el segundo
protocolo modificatorio del protocolo adicional al acuerdo marco de la alianza
del pacífico, firmado en Puerto Varas, República de Chile, el 01 de julio de
2016”, el Ministerio Público estima que se respetaron los parámetros
constitucionales y reglamentarios pertinentes, toda vez que:
El proyecto de Ley fue publicado en la
Gaceta del Congreso, previo al inicio del trámite legislativo, de conformidad
con lo previsto en el artículo 144 de la Ley 5 de 1992 y 157, numeral 1, de la
Constitución.
El proyecto de ley aprobatoria de
tratado internacional inició su trámite en la Comisión Segunda del Senado de la
República, por lo que se respetó la competencia temática determinada en el
artículo 2º de la Ley 3 de 1992, y se dio cumplimiento al artículo 154
constitucional que señala el deber de que las leyes referentes a relaciones
internacionales inicien su trámite en el Senado.
En todas las sesiones se respetó tanto
el quórum deliberatorio como el decisorio, y la aprobación del proyecto se hizo
según la mayoría requerida (artículos 145 y 146 de la Constitución Política, y
118 de la Ley 5ª de 1992).
El deber de anuncio previo, establecido
en el artículo 160 de la Constitución Política, también se respetó. De esta
forma, se cumplió con el requisito constitucional toda vez que: i) el proyecto
fue discutido y votado en la sesión previamente anunciada, y ii) el anuncio se
hizo en sesión distinta a la que se realizó la votación.
La aprobación del proyecto de ley se dio
dentro del término de dos legislaturas, según lo previsto en el artículo 162
constitucional.
El Congreso de la República actúo dentro
de sus competencias respecto de la aprobación de leyes que incorporan tratados
internacionales al ordenamiento interno, puesto que no modificó el contenido del
Acuerdo.
Luego de la aprobación por parte del
órgano legislativo, el 7 de junio de 2018, el Presidente de la República
sancionó la ley aprobatoria del instrumento internacional objeto de exámen,
convirtiéndose en la Ley 1898 de 2018 y la remitió a la Corte Constitucional,
para lo de su competencia, el día 14 de junio de 2018, esto es, al quinto día
siguiente a la sanción, de manera que se hizo la remisión  dentro del término
de seis (6) días señalados por el artículo 241, numeral 10 de la Constitución.
En
relación con el contenido material del instrumento internacional el Ministerio
Público indicó lo siguiente:
“Para
el Ministerio Público el Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional
del Acuerdo marco de la Alianza del Pacífico es respetuoso del ordenamiento
constitucional, en tanto es un instrumento de aplicación del Acuerdo Marco.
Adicionalmente, las disposiciones descritas son herramientas para la
consecución de fines del Estado y de deberes constitucionales en materia de
integración e internacionalización, así como en materia económica, social y
política.
Pues
bien, el acceso a bienes de calidad supone un desarrollo del artículo 78 de la
Constitución, puesto que el control de calidad de los bienes, servicios y la
correlativa obligación de proveer información sobre el impacto de los bienes en
la seguridad y la salud. En el mismo sentido, la eliminación de barreras en el
marco de la provisión de bienes y servicios en el comercio electrónico no solo
se deriva de los mandatos de integración, como se dijo sino además supone una
aplicación concreta de la libertad económica y la iniciativa privada (Art. 333
C.P.). Lo propio ocurre con la regulación de las telecomunicaciones, dado que
la eliminación progresiva de barreras para el acceso a este tipo de servicios,
tiene sustento en la prestación y regulación de los servicios públicos (Art.
365 C.P.), de cara a materializar el principio de universalidad y cumplir con
los fines del Estado (Art. 2 C.P.).
En
conclusión las medidas adoptadas en el Primer Protocolo, son coherentes con el
principio de soberanía y la igualdad de los Estados Parte, propende a la consecución
de los fines del Estado, son respetuosas de los derechos y garantías
constitucionales y se enmarcan en las obligaciones internacionales adquiridas
por Colombia desde la entrada en vigor del Acuerdo Marco.”
V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. COMPETENCIA
La
Corte Constitucional es competente para efectuar el control de
constitucionalidad del “Primer protocolo modificatorio del protocolo
adicional al acuerdo marco de la alianza pacífico, firmado en Paracas, Ica,
República del Perú, el 3 de julio de 2015 y el segundo protocolo modificatorio
del protocolo adicional al acuerdo marco de la alianza del pacífico, firmado en
Puerto Varas, República de Chile, el 01 de julio de 2016”. y la Ley
aprobatoria número 1898 de 2018, de conformidad con lo previsto en el numeral
10 del artículo 241 de la Constitución, toda vez que le corresponde decidir
definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las
leyes que los aprueban, antes de la ratificación del instrumento internacional.
Según lo ha establecido reiterada jurisprudencia de
esta Corporación,[19]
el control que ejerce la Corte Constitucional sobre los tratados públicos y sus
leyes aprobatorias, se caracteriza por ser:
“(i) previo al perfeccionamiento
del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción
gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviada directamente por el
Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días
siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la
Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y
el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza
de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del
correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su
finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el
cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano.”
La revisión del aspecto formal del tratado
internacional y de su ley aprobatoria se dirige a examinar dos aspectos: i) la
validez de la representación del Estado Colombiano en las fases de negociación,
celebración y firma del Acuerdo internacional; y ii) el cumplimiento de las
reglas de trámite legislativo en la formación de la ley aprobatoria.
Por su parte, en cuanto al examen de fondo, éste
consiste en confrontar las disposiciones del texto del tratado internacional
que se revisa y su ley aprobatoria, con la totalidad del texto constitucional,
para de esta manera determinar si se ajustan o no al ordenamiento superior.
Hechas las anteriores precisiones, pasa la Corte a
examinar la constitucionalidad del tratado internacional objeto de estudio y de
su ley aprobatoria, tanto en su aspecto formal como material.
2. ANÁLISIS FORMAL DE LA SUSCRIPCIÓN Y APROBACIÓN
DEL ACUERDO
2.1. Suscripción del Acuerdo
Según lo ha manifestado esta
Corporación,[20]
el control formal de constitucionalidad de los tratados internacionales y sus
leyes aprobatorias incluye el examen de las facultades del representante del
Estado colombiano para negociar, adoptar el articulado mediante su voto y
autenticar el instrumento internacional respectivo.
La anterior verificación ha sido
realizada por la Corte de acuerdo con lo previsto en los artículos 7º a 10º de
la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados de 1969,
incorporada al ordenamiento interno por la Ley 32 de 1985, por remisión que
hace el artículo 9º de la Carta en el sentido de que las relaciones exteriores
del Estado se fundamentan en el reconocimiento de los principios aceptados por
Colombia.
De esta manera, el artículo 7º de
la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, señala lo
siguiente:
“1. Para la
adopción o la autenticación del texto de un tratado, o para manifestar el
consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerará que una
persona representa a un Estado:
a) Si presenta los adecuados plenos
poderes, o
b) Si se deduce de la práctica seguida
por los Estados interesados, o de otras circunstancias, que la intención de
esos Estados han sido considerar a esa persona representante del Estado para
esos efectos y prescindir de la presentación de plenos poderes.
2. En virtud de sus funciones, y sin
tener que presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado:
a) Los jefes de Estado, jefes de
gobierno y ministros de relaciones exteriores, para la ejecución de todos los
actos relativos a la celebración de un tratado;
b) Los jefes de misión diplomática, para
la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el Estado
ante el cual se encuentran acreditados;
c) Los representantes acreditados por
los Estados ante una conferencia internacional o ante una organización
internacional o uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en
tal conferencia, organización u órgano.” (Subrayado fuera
de texto original).
De la información enviada por la
Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República[21] se
observa que el Primer Protocolo Modificatorio fue suscrito en Paracas, Ica en
la República del Perú el 3 de julio de 2015, por la Ministra de Comercio
Industria y Turismo; y el segundo Protocolo Modificatorio fue suscrito en
Puerto Varas, Chile, el 1º de julio de 2016, también por la Ministra de la
misma cartera.
De
conformidad con lo anterior, la Sala encuentra válida la representación del
Estado durante el trámite del tratado que se revisa en tanto el Ministerio de
Relaciones Exteriores informó lo siguiente:
“El
primer Protocolo Modificatorio fue suscrito en la ciudad de Paracas, Ica,
República del Perú, a los tres (3) días del mes de julio del año 2015, por
parte de la señora Ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez –
Correa Glen. Para tales efectos, el Presidente de la República le otorgó Plenos
Poderes el día  1º de julio de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 1º  del artículo 7º de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados” del 23 de mayo de 1969.
Por
su parte, el Segundo Protocolo Modificatorio fue suscrito el 1º de julio de
2016 en Puerto Varas, República de Chile, por parte de la señora Ministra de
Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture Pinedo, en ejercicio de
los Plenos Poderes otorgados por el Presidente de la República el 27 de junio
de 2016”.[22]
De
igual manera, con sujeción a lo previsto en el artículo 189 numeral 2º de la
Constitución, se adjuntó copia autentica de aprobación ejecutiva del 15 de
septiembre de 2016, en la que el señor Presidente de la República de entonces,
Juan Manuel Santos Calderón, autorizó y ordenó someter a aprobación del
Congreso de la República los protocolos objeto de control.
De conformidad con lo anterior, el
Gobierno Nacional por intermedio de la señora Ministra de Relaciones
Exteriores, María Ángela Holguín Cuellar y la Ministra de Comercio, Industria y
Turismo, doctora María Claudia Lacouture, y en consonancia con los artículos
150 numeral 16º, 189 numeral 2º y 224 de la Constitución Política, presentó el
día 10 de noviembre de 2016, ante la Secretaría General del Senado de la
República el proyecto de ley por medio del cual se aprobaron los referidos
Protocolos.
De tales precisiones se concluye
que la adopción del instrumento internacional satisface el requisito de forma,
respecto a la calidad de la persona que debió suscribirlo, pues quien lo hizo
fue la Ministra de Comercio, Industria y Turismo a quien el Presidente de la
República le otorgó plenos poderes.
En relación con la verificación
de si el instrumento internacional y su ley aprobatoria deben someterse a
consulta previa, cabe recordar que la jurisprudencia ha señalado los casos en
los cuales es indispensable dicha verificación durante el proceso de control de
constitucionalidad. En ese sentido ha establecido que es necesario
someter a consulta previa (i) los tratados internacionales que impliquen
una afectación directa a las comunidades indígenas, tribales,
rom, afro-descendientes y raizales[23]
y (ii) las medidas de orden legislativo y administrativo que se adopten
en desarrollo del tratado y que impliquen afectación directa para los mismos
sujetos[24].En
el primer caso, será obligatorio adelantar el procedimiento de consulta “antes
de que se presente la norma para su aprobación en el Congreso de la República”[25].Por
el contrario, la Corte ha resaltado que no es necesario agotar la consulta
previa cuando el tratado o las medidas que lo desarrollen (i) no
impliquen una afectación directa sobre el territorio o sobre aspectos
definitorios de la identidad cultural de las comunidades titulares de este
derecho[26];
(ii) carezca de disposiciones que regulen de manera favorable o
desfavorable a tales sujetos, impongan limitaciones, gravámenes o beneficios
particulares a los mismos[27],
y (iii) solo contenga disposiciones generales que no alteren el estatus
de tales comunidades[28],
como aquellas que se refieren a las condiciones de libre comercio[29].
Con
base en lo anterior, la Corte constata que el tratado internacional y la ley
aprobatoria objetos de control no han debido someterse a consulta previa. Esto
es así por tres razones. Primera, tales instrumentos normativos no contienen
medida alguna que implique una afectación directa al territorio o a la
identidad cultural de las comunidades titulares del derecho a la consulta
previa. Segunda, el contenido del tratado y de su ley aprobatoria no surte
ningún efecto diferenciado o específico en relación con tales comunidades, sino
que despliega sus efectos generales sobre el Estado y, por contera, sobre la
sociedad en general. Los derechos y beneficios previstos en dicho tratado se
reconocen sin distinción de sujetos de especial protección constitucional como
las comunidades indígenas tribales, rom, afro-descendientes y
raizales, titulares del derecho a la consulta previa.
2.2.
Trámite de aprobación del proyecto de ley
en el Congreso de la República
La Constitución Política no señaló trámite especial
para las leyes aprobatorias de los tratados internacionales y su incorporación
a la legislación interna, por lo que a éstas les corresponde el trámite
previsto para las leyes ordinarias, contemplado en los artículos 157, 158, 160
y 165 de la Carta Política. Sin embargo, este trámite tiene dos
particularidades, a saber: (i) por tratarse de asuntos relativos a relaciones
internacionales, en virtud de lo previsto en el artículo 154 Superior,[30]
el debate debe iniciarse en el Senado de la República, y (ii) una vez ha sido
sancionada la ley por el Presidente, deberá remitirla a la Corte Constitucional
dentro de los 6 días siguientes, para efectos de la revisión de
constitucionalidad, según lo establecido en el numeral 10 del artículo 241
Superior.[31]
De conformidad con la documentación que obra en el
expediente legislativo, se logró establecer que el proyecto de ley radicado
bajo los números 179
de 2016 Senado
y 122 de 2017 Cámara, agotó el
siguiente trámite en el Congreso de la República:
2.3.1. Trámite
en el Senado de la República.
El proyecto de ley 179 fue radicado en el Senado de
la República por el Gobierno Nacional, el 10 de noviembre de 2016, a
través de los Ministros de Relaciones Exteriores y Comercio, Industria y
Turismo.
El texto original con la respectiva exposición de
motivos radicados en el Senado, aparecen publicados en la Gaceta del
Congreso No. 1003 del 16 de noviembre de 2016,[32]
cumpliéndose así, con los requisitos referentes a la iniciación de esta clase
de asuntos en el Senado de la República (artículo 154 Constitucional), y la
publicación del proyecto de ley antes de darle curso en la comisión respectiva
(numeral 1° del artículo 157 de la Carta Política)[33].
Advertida la publicación oficial del proyecto de ley
se tiene por cumplido el requisito formal de publicidad previsto en el artículo
156 de la Ley 5ª de 1992.[34]
2.3.1.1. Publicación de la ponencia para primer
debate:
La ponencia para primer debate
fue repartida en la Comisión Segunda del Senado de la República y presentada en
forma favorable por el Senador designado Jimmy Chamorro Cruz. La ponencia fue
publicada en la Gaceta del Congreso No. 150 del 16 de marzo de 2017,[35]
en cumplimiento del artículo 157 de la Ley 5ª de 1992.[36]
2.3.1.2. Anuncio y
aprobación en primer debate:
El Proyecto de Ley 179 de 2016 Senado fue anunciado
para primer debate en el Senado de la República el 22 de marzo de 2017,
tal como consta en el Acta No. 15 de ese año, publicada en la Gaceta
del Congreso No. 447 del 07 de junio de 2017,[37]
en los siguientes términos:
El
señor Secretario, doctor Diego Alejandro Gonzáles González, informa:
Por
instrucciones del señor Presidente me permito anunciar los proyectos de ley
para discutir y votar en la próxima sesión de la Comisión Segunda del Senado (artículo
8° del Acto Legislativo número 1 de 2003).
Proyecto de ley número 179 de 2016
Senado, por medio de la cual se aprueba el “Primer
Protocolo   Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la
Alianza Pacífico”, firmado en Paracas, ICA, República del Perú, el 3 de julio
de 2015, y el “Segundo Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al
Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico” firmado en Puerto Varas, República de
Chile, el 1º de julio de 2016.
Autores:
Ministra de Relaciones Exteriores doctora María Ángela Holguín Cuellar.
Ministra de Comercio, Industria y Turismo, doctora María Claudia Lacouture.
(…)
El
proyecto fue discutido y aprobado en la sesión del día 28 de marzo de 2017,
según consta en el Acta No. 16 de esta fecha, publicada en la Gaceta
del Congreso No. 447 del 07 de junio de 2017,[38]
conforme al siguiente texto:
Discusión y votación de proyectos de ley
anunciados en sesión anterior
1. Proyecto de ley
número 179 de 2016 Senado, por medio de la cual se aprueba
el “Primer Protocolo   Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco
de la Alianza Pacífico”, firmado en Paracas, ICA, República del Perú, el 3 de
julio de 2015, y el “Segundo Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al
Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico” firmado en Puerto Varas, República de
Chile, el 1º de julio de 2016.
Autores:
Ministra de Relaciones Exteriores doctora María Ángela Olguín Cuellar.
Ministra de Comercio, Industria y Turismo, doctora María Claudia Lacouture.
Ponente: honorable Senador Jimmy Chamorro Cruz.
El señor
Presidente, honorable senador Jaime Enrique Durán Barrera:
Le concede el
uso de la palabra al Senador ponente Jimmy Chamorro.
(…)
Solicito  entonces señor Presidente que
se ponga a consideración la proposición con la cual termina el informe.
El señor Presidente, honorable senador
Jaime Enrique Duran Barrera:
Solicita al Secretario leer el informe
con el cual termina la ponencia del Proyecto de ley número 179 de 2016 Senado.
Proposición
Por lo anteriormente expuesto y por cumplir el
proyecto de ley con los requisitos constitucionales y legales me permito
proponer a los honorables senadores de la Comisión Segunda Constitucional
Permanente del Senado de la República, aprobar en Primer Debate sin
modificaciones, el Proyecto de ley número 179 de 2016 Senado, por medio
de la cual se aprueba el “Primer Protocolo   Modificatorio del Protocolo
Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico”, firmado en Paracas, ICA,
República del Perú,el3 de julio de 2015, y el “Segundo Protocolo Modificatorio
del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico” firmado en
Puerto Varas, República de Chile, el 1º de julio de 2016. Cordialmente,
Jimmy Chamorro Cruz
Senador de la República
Le informo señor
presidente, está leída la proposición final con que termina el Informe de
Ponencia del proyecto de ley número 179 Senado.
(…)
El señor
Presidente, honorable Senador Jaime Enrique Duran Barrera manifiesta:
Vamos a votar el
informe con que termina la ponencia, el Senador Cepeda ha pedido que sea
nominal; señor secretario sírvase llamar a lista.
El señor
Secretario de la Comisión, doctor Diego Alejandro González González:
Procede el
llamado de lista de los honorables Senadores para la votación nominal del
informe de Ponencia del Proyecto de ley número 179 de 2016 Senado.
Avirama Avirama Marco Aníbal                  Vota
Si
Barón Neira León
Rigoberto
Vota Sí.
Cepeda Castro
Iván
Vota No.
Chamorro Cruz William
Jimmy
Vota Sí.
Durán Barrera Jaime
Enrique            Vota
Sí.
Galán Pachón Carlos
Fernando                 Vota Sí.
Holguín Moreno Paola
Andrea
Lizcano Arango Óscar Mauricio
Name Vásquez Iván
Leonidas
Name Cardozo José David                 Vota Si
Osorio Salgado Nidia
Marcela
Vega de Plazas
Thania
Vota Sí.
Velasco Chaves Luis
Fernando            Vota Sí.
Le informo al Presidente, han votado por el Sí ocho
(8) honorables senadores, por el No, un (1) honorable Senador, en consecuencia,
se ha aprobado la proposición final con que termina el Informe de Ponencia del
Proyecto de ley número 179 de 2016 Senado.
El Presidente, Senador Jimmy Chamorro Cruz, solicita
al Secretario proceder con el articulado del proyecto; el Senador Iván Name ha
solicitado la omisión de la lectura del articulado. Aprueban los Senadores la
omisión de lectura del articulado.
El Secretario de la Comisión, doctor Diego
Alejandro González González:
Procede con el llamado a lista para la votación de
la omisión de la lectura del articulado y el articulado del Proyecto de ley
número 179 de 2016 Senado.
Avirama Avirama Marco Aníbal                 Vota Sí
Barón Neira León Rigoberto                Vota Sí.
Cepeda Castro
Iván.
Vota No
Chamorro Cruz William
Jimmy           Vota Sí.
Durán Barrera Jaime
Enrique             Vota
Sí.
Galán Pachón Carlos
Fernando         Vota Sí.
Holguín Moreno Paola
Andrea
Lizcano Arango Óscar Mauricio
Name Vásquez Iván
Leonidas
Name Cardozo José David               Vota Sí
Osorio Salgado Nidia
Marcela
Vega de Plazas
Thania
Vota Sí.
Velasco Chaves Luis
Fernando          Vota Sí.
Le informo al Presidente, han votado ocho (08)
honorables Senadores por el Sí; por el No, un (1) honorable Senador, en
consecuencia, se aprueba la omisión de lectura del articulado y el articulado
del Proyecto de ley número 179 de 2016.
El Presidente, solicita al Secretario se sirva dar
lectura al título del proyecto de ley.
El Secretario de la Comisión, doctor Diego
Alejandro González González, procede con el título del proyecto:
Proyecto de ley número 179 de 2016 Senado, por
medio de la cual se aprueba el “Primer Protocolo   Modificatorio del Protocolo Adicional
al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico”, firmado en Paracas, ICA, República
del Perú, el 3 de julio de 2015, y el “Segundo Protocolo Modificatorio del
Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico” firmado en Puerto
Varas, República de Chile, el 1º de julio de 2016.
Está leído el título señor Presidente.
El señor Presidente, honorable Senador Jaime Enrique
Duran Barrera informa a los Senadores:
Está en consideración el título del proyecto de ley
leído y el querer de los Senadores, para que este proyecto tenga segundo
debate, lo aprueban los honorables se senadores.
El Secretario de la Comisión, doctor Diego
Alejandro González González:
Procede con el llamado a lista de los honorables
Senadores, para la votación y aprobación del título del Proyecto de ley
número 179 de 2016 Senado y el querer de los honorables senadores que este
tenga un segundo debate
Avirama Avirama Marco Aníbal               Vota Si
Barón Neira León
Rigoberto             Vota
Sí.
Cepeda Castro
Iván.
Vota No.
Chamorro Cruz William
Jimmy         Vota Sí.
Durán Barrera Jaime
Enrique           Vota
Sí.
Galán Pachón Carlos
Fernando        Vota Sí.
Holguín Moreno Paola
Andrea
Lizcano Arango Oscar Mauricio
Name Vásquez Iván
Leonidas
Name Cardozo José
David
Vota Sí
Osorio Salgado Nidia
Marcela
Vega de Plazas
Thania
Vota Sí.
Velasco Chaves Luis
Fernando          Vota Sí.
Le informo al Presidente, han votado ocho (08)
honorables Senadores por el Sí; por el No, un (1) honorable Senador, en
consecuencia han aprobado título del Proyecto de ley  número 179 de 2016
Senado; y el querer de los honorables Senadores que este proyecto tenga segundo
debate en la Plenaria del Senado.
El señor Presidente, honorable Senador Jaime Enrique
Duran Barrera:
Designa como Ponente para el segundo debate al
Senador Jimmy Chamorro Cruz. Continúe con el siguiente punto del Orden del
Día.”
El Secretario General de la Comisión Segunda
Constitucional Permanente del Senado de la República, mediante certificación
del 12 de julio de 2018,[39]
señaló que la
proposición final, la omisión de la lectura del articulado, discusión y
votación del articulado propuesto, el título del proyecto y el querer de que
éste tenga segundo debate y se convierta en ley de la República, fueron
aprobados conforme al Acto Legislativo No. 01 de 2009, con votación nominal y
pública, registrándose un (1) voto en contra.
Con
el fin de corregir algunos errores de transcripción del proyecto ocasionados
durante la publicación, fue necesario publicarlo nuevamente a través de la
Gaceta del Congreso número 55 de 2017, en donde se encuentra debidamente
corregidas y revisadas las inconsistencias presentadas en la Gaceta del
Congreso número 1003 de 2016.
2.3.1.3. Ponencia para segundo debate
La
ponencia positiva para segundo debate al proyecto de ley de la referencia fue
presentada por el Senador Jimmy Chamorro Cruz y publicada en la Gaceta del
Congreso No. 294 del 3 de mayo de 2017.[40]
2.3.1.4. Anuncio y aprobación del proyecto en
segundo debate
El
proyecto de ley fue anunciado para segundo debate en el Senado de la República
el 15 de agosto de 2017, como consta en el Acta 08 de esa fecha,
publicada en la Gaceta del Congreso No. 963 del 24 de octubre de 2017.
El anuncio se realizó así:
Por instrucciones de la Presidencia y, de
conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los
proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.
(…)
Con ponencia para segundo debate, dentro del trámite
legislativo ordinario:
Proyecto de ley número 179 Senado por medio del cual
se aprueba el “Primer Protocolo Modificatorio del
Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico”, firmado en
Paracas, ICA, República del Perú, el 3 de julio de 2015, y el “Segundo
Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza
Pacífico” firmado en Puerto Varas, República de Chile, el 1º de julio de 2016.
(…)
El
proyecto fue discutido y aprobado en la sesión del día 16 de agosto de 2017
según consta en el Acta No. 09 de esta fecha, publicada en la Gaceta
del Congreso No. 1171 del 11 de diciembre de 2017, conforme al
siguiente texto:
“La Presidencia somete a consideración de la
plenaria la proposición positiva con que termina el Informe de Ponencia del
Proyecto de ley número 179 de 2016 Senado y cerrada su discusión, abre la
votación e índica a la Secretaría abrir el registro electrónico para proceder
en forma nominal.
La Presidencia cierra la votación, e indica a la
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el resultado de la
votación.
Por
Secretaría se informa el siguiente resultado:
Por
el Sí: 54
Por
el No: 03
Total:
57 Votos
Votación
nominal a la proposición positiva con que termina la ponencia del Proyecto de
ley número 179 de 2016 Senado por medio del
cual se aprueba el “Primer Protocolo Modificatorio del
Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico”, firmado en
Paracas, ICA, República del Perú, el 3 de julio de 2015, y el “Segundo
Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza
Pacífico” firmado en Puerto Varas, República de Chile, el 1º de julio de 2016.
(…)
En
consecuencia ha sido aprobada la proposición positiva con que termina el
Informe de Ponencias del Proyecto de ley número 179 de 2016 Senado.
Se
abre Segundo Debate:
Por
solicitud del honorable Senador William Jimmy Chamorro Cruz, la Presidencia
somete a consideración de la plenaria la omisión de la lectura del articulado y
cierra su discusión.
La
Presidencia somete a consideración de la plenaria el articulado en bloque del
proyecto y cerrada su discusión pregunta ¿Adopta la plenaria el articulado
propuesto?
La
Presidencia indica a la Secretaría dar lectura al título del proyecto.
Por
Secretaría se da lectura al título del Proyecto de ley 179 de 2016 Senado por
medio del cual se aprueba el “Primer Protocolo Modificatorio
del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico”, firmado en
Paracas, ICA, República del Perú, el 3 de julio de 2015, y el “Segundo
Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza
Pacífico” firmado en Puerto Varas, República de Chile, el 1º de julio de 2016.
Leído este, la Presidencia lo somete a consideración
de la plenaria, y cerrada su discusión pregunta: ¿Aprueban los miembros de la
Corporación el título leído?
Cumplidos los trámites constitucionales, legales y
reglamentario, la Presidencia pregunta ¿Quieren los Senadores presentes que el
proyecto de ley aprobado surta trámite en la Honorable Cámara de
Representantes?
La Presidencia abre la votación de la omisión de la
lectura del articulado, el articulado en bloque, el título y que surta su
trámite en la Honorable Cámara de Representantes del Proyecto de ley número 179
de 2016 Senado e indica a la Secretaría abrir el registro electrónico para
proceder en forma nominal.
La Presidencia cierra la votación, e indica a la
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el resultado de la
votación.
Por
el Sí: 52
Por
el No: 03
Total:
55 Votos
Votación
nominal a la omisión de la lectura del articulado, bloque del articulado,
título y tránsito a la otra Cámara del Proyecto de ley número 179 de 2016
Senado.
(…)
En
consecuencia ha sido aprobada la omisión de la lectura del articulado, el
articulado en bloque, el título y que surta su trámite en la Honorable Cámara
de Representantes del Proyecto de ley bloque del articulado, título y que haga
tránsito a la otra Cámara del Proyecto de ley número 139 de 2016 Senado.
La
Presidencia indica a la Secretaría continuar con el siguiente punto del orden
del día”.
2.3.1.5.
Publicación del texto aprobado
El
texto definitivo aprobado en segundo debate en la Plenaria del Senado fue
publicado en la Gaceta del Congreso No. 730 del 24 de agosto de 2017.
2.3.2. Trámite
en la Cámara de Representantes
2.3.2.1. Ponencia para primer debate:
Radicado el proyecto de ley de la referencia en la
Cámara de Representantes con el número 122 de 2017, fue repartido a la Comisión
Segunda Constitucional de la Cámara de Representantes, y se designó como
ponente a la Honorable Representante Ana Paola Agudelo. La ponencia favorable
para primer debate se encuentra publicada en la Gaceta del
Congreso No. 890 del 5 de octubre de 2017.
2.3.2.2. Anuncio y aprobación en primer debate:
De conformidad con el texto del Acta No. 17 del
05 de diciembre de 2017, publicada en la Gaceta del Congreso No. 108 del
05 de abril de 2018, el anuncio de la aprobación del proyecto de ley
se realizó en los siguientes términos:
“Siguiente punto del orden del día.
Hace uso de la palabra el Secretario de la Comisión
Segunda, doctor Benjamín Niño Flórez:
Sí, Presidente.
Quinto punto: anuncio de proyectos de ley para
discusión y votación en primer debate, de conformidad con el artículo 8º del
Acto Legislativo número 01 de 2003, Presidente, con su venia, me permito
anunciar proyectos de ley para la próxima sesión de Comisión donde se sometan a
discusión y votación este tipo de iniciativas legislativas.
Proyecto de ley número 122 de 2017 Cámara, 179
Senado.
(…)
.
Han sido anunciados los proyectos de ley, señor
Presidente.”
En efecto, la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes discutió y aprobó el proyecto de ley de la referencia en la
siguiente sesión del 12 de diciembre de 2017, según consta en el Acta
No. 18 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 109 del 5
de abril de 2018, conforme
al siguiente texto:
“Hace uso de la palabra la Presidenta
(e) de la Comisión Segunda, honorable Representante Ana Paola Agudelo García:
Señor Secretario, solicito permiso para pasar a
discutir el proyecto de ley como ponente, si den pronto el doctor Urrego me
puede reemplazar acá en la Presidencia y yo exponer el proyecto de ley para su
votación.
Hace uso de la palabra el Presidente (e) de la
Comisión Segunda, Honorable Representante Luis Fernando Urrego Carvajal:
Buenos días y respetuoso saludo a todos los colegas.
Leemos por favor el informe de ponencia.
Hace uso de la palabra el Secretario de la Comisión
Segunda, doctor Benjamín Niño Flórez:
Sí Presidente. Informe de ponencia, proposición
final. Por las anteriores consideraciones solicitamos a la Comisión Segunda de
la Cámara de Representantes aprobar en primer debate el Proyecto de ley número
122 de 2017 Cámara, 179 Senado, por medio del
cual se aprueba el “Primer Protocolo Modificatorio del
Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico”, firmado en
Paracas, ICA, República del Perú, el 3 de julio de 2015, y el “Segundo
Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza
Pacífico” firmado en Puerto Varas, República de Chile, el 1º de julio de 2016.
Firma el informe de ponencia la doctora Ana Paola
Agudelo, Presidente, puede usted someter a consideración el informe de
ponencia.
(…)
Hace uso de la palabra el Secretario de
la Comisión Segunda, doctor Benjamín Niño Flórez:
Sí, Señor presidente. Informe de
Ponencia Votando SÍ, se aprueba, votando NO, se niega.
Honorables Representantes
Votación
Agudelo García Ana Paola
Sí
Barreto Castillo Miguel Ángel
Cabello Flórez Tatiana
Sí
Deluque Zuleta Alfredo Rafael
Excusa
Durán Carrillo Antenor
No
Hoyos Salazar Federico Eduardo
Sí
Mendoza Bustos Vanessa Alexandra
Sí
Merlano Rebolledo Aída
-----
Mesa Betancur José Ignacio
Sí
Mizger Pacheco José Carlos
Sí
Pérez Oyuela José Luis
Sí
Rincón Vergara Nevardo Eneiro
-----
Rosado Aragón Álvaro Gustavo
No
Torres Monsalvo Efraín Antonio
-----
Triana Vargas María Eugenia
-----
Uribe Muñoz Alirio
No
Urrego Carvajal Luis Fernando
Sí
Villamizar Ortiz Andrés Felipe
-----
Yepes Martínez Jaime Armando
-----
Señora Presidenta han votado once (11) honorables
Representantes, ocho (8) han votado por el SÍ, tres (3) por el NO, en
consecuencia ha sido aprobado el informe de ponencia.
Hace uso de la palabra el Presidente (e)
de la Comisión Segunda honorable Representante Luis Fernando Urrego Carvajal:
Vamos a votar el articulado.
Hace uso de la palabra el Secretario
General de la Comisión Segunda, doctor Benjamín Niño Flórez:
Presidente son tres artículos. Me permito dar
lectura.
Artículo 1°: Apruébese el primer Protocolo Modificatorio
del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico”, firmado en
Paracas, ICA, República del Perú, el 3 de julio de 2015, y el “Segundo
Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza
Pacífico” firmado en Puerto Varas, República de Chile, el 1º de julio de 2016.
Artículo 2°: De conformidad con lo dispuesto en el artículo
1° de la Ley 7ª de 1944, el Primer Protocolo Modificatorio del
Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico”, firmado en
Paracas, ICA, República del Perú, el 3 de julio de 2015, y el “Segundo
Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza
Pacífico” firmado en Puerto Varas, República de Chile, el 1º de julio de 2016,
que por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará a la República de
Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional
respecto del mismo.
Artículo 3°: La presente ley rige a partir de la
fecha de su publicación.
Presidente puede someter en bloque los artículos ya
que no hay proposición que modifique el articulado.
Hace uso de la palabra el Presidente (e)
de la Comisión Segunda honorable Representante Luis Fernando Urrego
Carvajal:
El articulado a consideración, anuncio que vamos a
cerrar, queda cerrado. Votan los honorables Representantes vamos a llamar a
lista señor Secretario.
Hace uso de la palabra el Secretario
General de la Comisión Segunda, doctor Benjamín Niño Flórez:
Votando SÍ, se aprueba el articulado leído, votando
NO, se niega.
Honorables Representantes
Votación
Agudelo García Ana Paola
Sí
Barreto Castillo Miguel Ángel
Cabello Flórez Tatiana
Sí
Deluque Zuleta Alfredo Rafael
Excusa
Durán Carrillo Antenor
No
Hoyos Salazar Federico Eduardo
Sí
Mendoza Bustos Vanessa Alexandra
Sí
Merlano Rebolledo Aída
-----
Mesa Betancur José Ignacio
Sí
Mizger Pacheco José Carlos
Sí
Pérez Oyuela José Luis
Sí
Rincón Vergara Nevardo Eneiro
-----
Rosado Aragón Álvaro Gustavo
No
Torres Monsalvo Efraín Antonio
-----
Triana Vargas María Eugenia
-----
Uribe Muñoz Alirio
No
Urrego Carvajal Luis Fernando
Sí
Villamizar Ortiz Andrés Felipe
Sí
Yepes Martínez Jaime Armando
-----
Señora Presidenta han votado doce (12) honorables
Representantes, nueve (9) han votado por el Sí, tres (3) por el No. En
consecuencia ha sido aprobado el articulado.
Hace uso de la palabra el Presidente (e)
de la Comisión Segunda honorable Representante Luis Fernando Urrego Carvajal:
Ratificado que con mayoría simple ha sido aprobado
el articulado. Título y pregunta señor secretario.
Hace uso de la palabra el Secretario
General de la Comisión Segunda, doctor Benjamín Niño Flórez:
Título. Por medio del cual se aprueba el Primer
Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza
Pacífico”, firmado en Paracas, ICA, República del Perú, el 3 de julio de 2015,
y el “Segundo Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco
de la Alianza Pacífico” firmado en Puerto Varas, República de Chile, el 1º de
julio de 2016.
Señor Presidente ha sido leído el título, puede
usted someter a consideración el título y la pregunta si esta Comisión quiere
que este proyecto de ley pase a segundo debate y se convierta en ley de la
República.
Hace uso de la palabra el Presidente (e)
de la Comisión Segunda honorable Representante Luis Fernando Urrego
Carvajal:
Honorables Representantes a consideración título y
pregunta, anuncio que se va a cerrar. Llamamos a lista Secretario.
Hace uso de la palabra el Secretario
General de la Comisión Segunda, doctor Benjamín Niño Flórez:
Sí señora Presidenta, votando SÍ se aprueba el
título y la pregunta del proyecto en discusión, votando NO se niega.
Honorables Representantes
Votación
Agudelo García Ana Paola
Sí
Barreto Castillo Miguel Ángel
Cabello Flórez Tatiana
Sí
Deluque Zuleta Alfredo Rafael
Excusa
Durán Carrillo Antenor
No
Hoyos Salazar Federico Eduardo
Sí
Mendoza Bustos Vanessa Alexandra
Sí
Merlano Rebolledo Aída
-----
Mesa Betancur José Ignacio
Sí
Mizger Pacheco José Carlos
Sí
Pérez Oyuela José Luis
Sí
Rincón Vergara Nevardo Eneiro
-----
Rosado Aragón Álvaro Gustavo
No
Torres Monsalvo Efraín Antonio
-----
Triana Vargas María Eugenia
-----
Uribe Muñoz Alirio
No
Urrego Carvajal Luis Fernando
Sí
Villamizar Ortiz Andrés Felipe
Sí
Yepes Martínez Jaime Armando
-----
Señor Presidente han votado doce (12) honorables
Representantes, nueve (9) han votado por el Sí, tres (3) por el No, en
consecuencia ha sido aprobado el título y pregunta.
Hace uso de la palabra el Presidente (e)
de la Comisión Segunda honorable Representante Luis Fernando Urrego Carvajal:
Continúa el mismo ponente con el proyecto, la
doctora Ana Paola.
Hace uso de la palabra el Secretario
General de la Comisión Segunda, doctor Benjamín Niño Flórez:
Se le notificará por secretaría al señor Presidente.
Hace uso de la palabra el Presidente (e)
de la Comisión Segunda honorable Representante Luis Fernando Urrego
Carvajal:
Continuemos con el orden del día.”
De acuerdo con certificación expedida por la
Secretaria General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes del 12
de julio de 2018, la aprobación del informe de ponencia, el articulado, el
título del proyecto y el deseo de que el proyecto pase a segundo de debate y
sea ley de la República se dio por votación nominal y pública.
2.3.2.3. Ponencia para la Plenaria de la Cámara de
Representantes:
La ponencia para segundo debate al proyecto de la
ley de la referencia fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 065 del viernes
02 de marzo de 2018, con ponencia favorable de la Honorable Representante
Ana Paola Agudelo.
2.3.2.4. Anuncio y
aprobación de la Plenaria:
El anuncio de votación del proyecto de ley que
ordena el Acto Legislativo 01 de 2003 se hizo en la sesión del 11 de abril
de 2018, según consta en el Acta de Plenaria No. 280 de esa fecha y
que se encuentra publicada en la Gaceta del Congreso No. 569 del 02 de
agosto de 2018.  La trascripción del anuncio es la siguiente:
“Dirección de Presidencia, Lina María Barrera Rueda:
Señor Secretario sírvase suspender la votación y
anunciar proyectos para el próximo martes próximo martes 17 a las 2:00 de la
tarde, anunciar proyectos.
Subsecretaria General, Yolanda Duque Naranjo:
Señores de cabina favor cerrar el registro,
suspender la votación, perdón y se anuncian los siguientes proyectos, para la
sesión plenaria del día martes 17 de abril o para la siguiente sesión plenaria
en cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos, se convoca para las
2:00 de la tarde.
(…)
Proyectos para segundo debate
(…)
Proyecto de ley número 122 de 2017 Cámara,
179 de 2016 Senado.
(…)
Han sido anunciados señora Presidenta los proyectos
de ley para la sesión plenaria del día martes 17 de abril a las 2:00 de la
tarde o para la siguiente sesión plenaria en cual se debatan proyectos de ley o
actos legislativos.
Dirección de Presidencia, Lina María Barrera Rueda:
Se levanta la sesión y se cita para el próximo
martes 17 de abril a las 2:00 p. m.
Subsecretaria General, Yolanda Duque Naranjo:
Se levanta la sesión siendo las 6:02 p. m., una
buena noche para todos y un feliz fin de semana.”
En efecto, tal como consta en el Acta de Plenaria
No. 281 de la sesión del 17 de abril de 2018, la plenaria de la
Cámara de Representantes aprobó el proyecto de la ley a través de votación
nominal y pública, como consta en la Gaceta del Congreso No. 520 del martes
10 de julio de 2018.
La aprobación se realizó de la siguiente manera:[41]
“Proyecto de ley número 122 de 2017
Cámara, 178 de 2016 Senado,  de 2017 Cámara, 139 de 2016 Senado, por
medio del cual se aprueba el Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo
Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico”, firmado en Paracas, ICA,
República del Perú, el 3 de julio de 2015, y el “Segundo Protocolo
Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico”
firmado en Puerto Varas, República de Chile, el 1º de julio de 2016.
Autores: Ministra de Relaciones Exteriores, doctora
María Ángela Holguín Cuéllar, y Ministra de Comercio, Industria y Turismo,
doctora María Claudia Lacouture Pinedo.
Ponente: Ana Paola Agudelo García.
(…)
La proposición que termina la ponencia dice lo
siguiente:
Jefe de Relatoría, Raúl Enrique Ávila Hernández:
Por las anteriores consideraciones solicitamos a la
plenaria de la cámara de Representantes aprobar en segundo debate el Proyecto
de ley número 122 Cámara, 179 Senado, por medio del cual se aprueba el Primer
Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza
Pacífico”, firmado en Paracas, ICA, República del Perú, el 3 de julio de 2015,
y el “Segundo Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco
de la Alianza Pacífico” firmado en Puerto Varas, República de Chile, el 1º de
julio de 2016. Firma Ana Paola Agudelo, ponente.
Está leída la proposición con la que termina el
informe de ponencia.
Dirección de la Presidencia, Lina María Barrera
Rueda:
En consideración el informe de ponencia leído, tiene
el uso de la palabra el representante Alirio Uribe
(…)
Dirección de la Presidencia, Rodrigo Lara Restrepo:
Bueno, muy bien, no hay más solicitudes de
intervención, por consiguiente se  cierra la discusión de la proposición con
que termina el informe de la ponencia. Esta proposición debe votarse
nominalmente, supongo yo, muy bien, me lo confirma aquí la Secretaría General.
Entonces abra el registro, señor Secretario para votar la proposición con que
termina el informe de la ponencia por favor.
Subsecretaria General, Yolanda Duque Naranjo:
Señores de cabina, por favor abrir el registro para
votar la proposición con que termina el informe de ponencia. El Representante
Edward Rodríguez vota sí.
Auxiliar Secretaría:
La doctor a Diana Liliana Benavides vota sí; el
Representante Nilton Córdoba vota sí.
Jefe de Relatoría, Raúl Enrique Ávila Hernández:
Lina Barrera vota sí.
Secretario General, Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Telesforo Pedraza vota sí.
Dirección de la Presidencia, Rodrigo Lara Restrepo:
Señor Secretario, yo creo que ya tenemos, ¿ya
tenemos decisión? El Representante Carrillo no ha votado por favor, tenga en
cuenta su voto, el doctor Harry Giovanny.
Jefe de Relatoría, Raúl Enrique Ávila Hernández:
Harry Gonzáles vota sí.
Secretario General, Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Wilmer Carrillo vota sí.
Dirección de la Presidencia, Rodrigo Lara Restrepo
El doctor Alfredo Molina. Muy bien, cierre el
registro, señor Secretario, y certifique el resultado por favor.
Secretario General, Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Se cierra el registro la votación es como sigue: por
el sí, 92 votos electrónicos  y 7 manuales, para un total por el sí de 99
votos. Por el no, 8 votos electrónicos, ninguno manual, para un total por el no
de 8.
Ha sido aprobado el informe de ponencia que busca
que se le dé segundo debate a este proyecto de ley Articulado, consta, señor
Presidente, este proyecto de tres artículos sin  ninguna proposición.
(…)
Dirección de la Presidencia, Rodrigo Lara Restrepo:
Bueno, se abre la discusión del articulado, anuncio
que se va a cerrar, se cierra la discusión del articulado, señor Secretario
abra el registro por favor para votar el mismo.
Secretario General, Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Se abre el registro para votar el articulado de este
proyecto, señores de cabina habilitar el sistema, señores Representantes pueden
votar.
Edward Rodríguez vota sí, Liliana Benavidez vota sí,
Diela Liliana Benavidez.
Jefe de Relatoría, Raúl Enrique Ávila Hernández:
La doctora Nancy Denis Castillo vota si, Ana Paola
Agudelo vota sí.
Subsecretaria General, Yolanda Duque Naranjo:
Se retira el voto manual de la Representante Ana
Paola Agudelo García ya que lo hizo electrónicamente.
Dirección de la Presidencia, Rodrigo Lara Restrepo:
Señor Secretario ya tenemos decisión.
Secretario General, Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Presidente hay decisión de la plenaria.
Si hay decisión de la plenaria.
Wilmer Carrillo vota sí.
Dirección de la Presidencia, Rodrigo Lara Restrepo:
Muy bien, ya votaron todos.
Secretario General, Jorge Humberto Mantilla
Serrano:
Argenis Velásquez vota sí.
Dirección de la Presidencia, Rodrigo Lara Restrepo:
Perfecto. Señor Secretario, cierre el registro, por
favor.
Secretario General, Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Se cierra el registro, la votación final es como
sigue:
Por el SÍ 96 votos electrónicos y 5 manuales, para
un total por el SÍ de 101 votos.
Por el NO 8 votos electrónicos, ninguno manual, para
un total por el NO de 8 votos.
Ha sido aprobado el articulado de este proyecto de
ley sobre protocolo modificatorio del protocolo adicional al acuerdo marco de
la Alianza del Pacífico.
Título y pregunta señor Presidente, si ordena
entonces leemos.
Dirección de la Presidencia, Rodrigo Lara Restrepo:
Título y pregunta señor Secretario por favor.
Secretario General, Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Entonces, señor Presidente, para hacer una
aclaración para que quede en el acta, se retira el voto manual de la doctora
Argenis que voto por el sí porque lo pudo hacer electrónicamente, entonces la
votación es así.
Por el SÍ 96 votos electrónicos y 4 manuales, para
un total por el SÍ de 100 votos.
Por el NO 8 votos electrónicos, ninguno manual, para
un total por el NO de 8 voto.
Como se dijo fue votado nominalmente el proyecto
anterior, el título y la pregunta entonces dice lo siguiente.
Publicación registro de votación
(…)
Titulo:
Por medio del cual se aprueba el primer protocolo
modificatorio del protocolo adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del
Pacífico, firmado en Paracas ICA, República del Perú, el 3 de julio de 2015, y
el segundo protocolo modificatorio del protocolo adicional al acuerdo marco de
la Alianza del Pacífico, firmado en Puerto Varas, república de Chile, el
primero de julio de 2016.
Y la pregunta:
¿Quiere la plenaria que este proyecto sea ley de la
república?
Dirección de la Presidencia, Rodrigo Lara Restrepo:
Abra el registro, señor Secretario, por favor.
Secretario General, Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Se abre el registro para votar el título y la
pregunta, señores de cabina habilitar el sistema, Representantes, señores
pueden votar.
Héctor Osorio Botello vota sí, Wilmer Carrillo vota
sí.
Dirección de la Presidencia, Rodrigo Lara Restrepo:
¿Señor Secretario ya tenemos los votos para tomar
decisión?
Secretario General, Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Sí señor Presidente.
Dirección de la presidencia, Rodrigo Lara Restrepo:
Muy bien, cierre el registro y anuncie el resultado
por favor.
Secretario General, Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Bérner Zambrano vota sí.
Se cierra el registro, votación es como sigue:
Por el SÍ 88 votos electrónicos y 3 manuales, para
un total por el SÍ de 91 votos.
Por el NO 5 votos electrónicos, ninguno manual, para
un total por el NO de 5.
Ha sido aprobado el título y la pregunta sobre este
proyecto que aprueba el protocolo modificatorio de la Alianza del Pacífico.
Publicación registro de votación
(…)
El Texto definitivo proyecto de ley NÚMERO 122 DE
2017 CÁMARA, 179 DE 2016 SENADO aprobado en la plenaria de la Cámara de
Representantes se encuentra en la Gaceta del Congreso número 267 del 16 de mayo
de 2018
2.3.2.5 Sanción Presidencial y envío a la Corte
Constitucional
El 07 de junio de 2018, el Presidente de la
República de Colombia
mediante auto, sancionó la Ley 1898 de 2018, por medio de la cual
se aprueba el instrumento internacional que es objeto de estudio.[42]
Posteriormente, el 15 de junio de 2018, fue
remitido el texto de la ley por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la
República a la Corte Constitucional, dando cumplimiento al término de seis días
otorgado por el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución.
2.4. CONSTITUCIONALIDAD DEL TRÁMITE DADO A LA LEY
1844 de 2017
Luego del recuento anterior, pasa la Corte a
determinar la constitucionalidad del trámite de aprobación de la Ley 1844 de
2017.
2.4.1. Oportunidad en la radicación del proyecto de
ley en el Senado de la República
La Corte observa que la Aprobación Ejecutiva del
Acuerdo fue suscrita por el Presidente de la República el día 19 de julio de
2016.[43]
Por otro lado, se verifica que la radicación del proyecto de ley en el Senado
de la República por parte de los Ministros de Relaciones Exteriores y de
Comercio, Industria y Turismo se realizó el 10 de noviembre de 2016,
según consta en la Gaceta del Congreso No. 1003 de 2016.
De esta manera, se dio cumplimiento a los requisitos
referentes a la iniciación de esta clase de asuntos en el Senado de la
República (artículo 154 Constitucional).
2.4.2. Oportunidad de la publicación del proyecto de
ley y cumplimiento de los requisitos del artículo 157 Superior
El artículo 157, numeral 1, de la Constitución
Política establece que ningún proyecto será ley sin “haber sido
publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la comisión
respectiva”. Sobre el particular, esta Corte constata el
cumplimiento de este requisito, pues el proyecto de ley fue publicado el 16
de noviembre de 2016 y se inició el trámite en la Comisión Segunda del
Senado el 16
de marzo de 2017.
Además, fue aprobado en primer debate en las
correspondientes comisiones de cada cámara,[44]
aprobado en segundo debate en las plenarias de cada cámara[45]
y recibió la debida sanción presidencial.[46]
2.4.3. Cumplimiento del primer inciso del artículo
160 Superior
Entre el primer y segundo debate en cada una de las
cámaras transcurrió un tiempo no inferior a ocho días, tal como lo ordena el
artículo 160 Constitucional: la aprobación en primer debate en la Comisión
Segunda del Senado tuvo lugar el 28 de marzo de 2017,[47]
mientras que la aprobación en la plenaria ocurrió el 16 de agosto de 2017;[48]
del mismo modo, la aprobación en primer debate en la Comisión Segunda de la
Cámara ocurrió el 12 de diciembre de 2017,[49]
y el segundo debate tuvo lugar el 17 de abril de 2018.[50]
De otro lado, entre la aprobación del proyecto en el
Senado (16 de agosto de 2017) y la iniciación del debate en la Cámara de
Representantes (02 de octubre de 2017[51])
transcurrió un lapso no inferior a quince días, en cumplimiento del artículo
160 de la Carta Política.
2.4.4. Cumplimiento del quórum decisorio.
El proyecto fue discutido y aprobado en cuatro
debates, en Comisiones y Plenarias de ambas Cámaras, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 157 Superior.
Tratándose
de la aprobación del proyecto en cada uno de los debates adelantados por las
mayorías exigidas, la Corte constata que en las certificaciones remitidas por
el Congreso de la República y en las actas y gacetas, se acredita el
cumplimiento de este requisito y se deja consignado que la votación fue nominal
y pública.
Es necesario
tener en cuenta que, de conformidad con el artículo 5º del Acto Legislativo No.
01 de 2009, que reformó el artículo 133 de la Constitución, en los cuerpos
colegiados de elección directa, el voto de sus miembros “será nominal y
público, excepto en los casos que determine la ley”, de donde se desprende
que en el trámite legislativo la votación nominal y pública es la regla
general, que ha sido exceptuada mediante la Ley 1431 de 2011, “por la cual
se establecen las excepciones a que se refiere el artículo 133 de la
Constitución Política”.
2.4.5. Cumplimiento del requisito de anuncio del
artículo 160 constitucional, tal como fue modificado por el artículo 8º del
Acto Legislativo 01 de 2003
En cuanto al cumplimiento del requisito del anuncio
de que trata el artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003,[52]
que adicionó el artículo 160 de la Constitución Política, encuentra la Corte
que dicho requisito también se cumplió.
En efecto, el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de
2003 dispone lo siguiente:
“Ningún proyecto de ley será sometido a votación en
sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que
un proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada cámara o
comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación.”
Según lo establece la jurisprudencia pertinente,
esta disposición busca evitar la votación sorpresiva de los proyectos de ley y
actos legislativos, en aras de permitir que los congresistas se enteren de los
proyectos que van a ser discutidos y votados en las sesiones siguientes.[53]
Según la Corte, la finalidad del anuncio es la de“permitir
a los Congresistas saber con anterioridad cuales proyectos de ley o informes de
objeciones presidenciales serán sometidos a votación, suponiendo el
conocimiento pleno de los mismos y evitando, por ende, que sean sorprendidos
con votaciones intempestivas”.[54]
La exigencia del anuncio previo es entonces de rango
constitucional, para afianzar el principio democrático, el respeto por las
minorías parlamentarias, y la publicidad y transparencia del proceso
legislativo.
Ahora bien, del texto de la disposición
constitucional se desprende que el anuncio debe cumplir los siguientes
requisitos:[55]
“a) El anuncio debe estar presente en la votación de
todo proyecto de ley.
b) El anuncio debe darlo la presidencia de la cámara
o de la comisión en una sesión distinta y previa a aquella en que debe
realizarse la votación del proyecto.
c) La fecha de la votación debe ser cierta, es
decir, determinada o, por lo menos, determinable.
d) Un proyecto de ley no puede votarse en una sesión
distinta a aquella para la cual ha sido anunciado”.
En el caso concreto de la aprobación del proyecto de
la Ley 1898 de 2018, esta Corporación encuentra lo siguiente:
En el curso del proyecto durante su primer debate en
la Comisión Segunda del Senado, el 22 de marzo de 2017 (Acta No. 15,
publicada en la Gaceta del Congreso No. 447 del 07 de junio de 2017), se
anunció el proyecto de ley para la próxima sesión y al
finalizar la sesión se convocó para el día 28 de marzo (“Se cierra la
sesión y se cita la Comisión para el próximo martes a las 10:00 A.M.”),
sesión en la que efectivamente se llevó a cabo la aprobación (Acta No.
16, publicada en la Gaceta del Congreso No. 447 del 07 de junio
de 2017).
Igualmente, en el trámite del proyecto en el segundo
debate en la plenaria del Senado, el proyecto se anunció el 15
de agosto de
2017 (Acta No. 08 de esa fecha,
publicada en la Gaceta del Congreso No. 1963 del 24 de octubre de 2017).
En efecto, el proyecto se aprobó en la siguiente
sesión, es decir, en la sesión del 16 de agosto de 2017 (Acta No. 09 de
esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 1171 del 11 de
diciembre de 2017).
Por su parte, en cuanto a lo ocurrido en la Cámara
de Representantes, se encontró que el anuncio para primer debate
se realizó el 5 de diciembre de 2017 (Acta No. 17 de esa fecha,
publicada en la Gaceta del Congreso No. 108 del 05 de abril de 2018) para
la próxima sesión de la Comisión, la que se realizó el 12 de diciembre
de 2017, donde se discutió y aprobó el proyecto (Acta No. 18,
publicada en la Gaceta del Congreso No. 109 del 05 de abril de 2018).
Finalmente, en el segundo debate en la Plenaria de
la Cámara de Representantes, el proyecto de ley se anunció el 11
de abril de 2018 (Acta No. 280 de esa fecha, publicada en la Gaceta
del Congreso No. 569 del 02 de agosto de 2018) para el martes 17 de
abril de 2018, fecha en la que el proyecto fue aprobado (Acta No. 281
de esa fecha), publicada en la Gaceta del Congreso No. 520 del 10 de julio
de 2018).
Resalta la Corte que en ninguna de las etapas de
formación de este proyecto se interrumpió la secuencia de anuncios, citaciones
y votaciones. Así, tanto para los Congresistas de la correspondiente cámara
legislativa, como para los ciudadanos interesados en la formación de esta ley,
la fecha en que se haría la votación del proyecto era claramente determinable y
futura, lo cual asegura que los fines de este requisito constitucional se
cumplieron a cabalidad.
2.4.6. Cumplimiento del artículo 162 de la
Constitución.
El artículo 162 de la Constitución Política señala
que “Los proyectos de ley que no hubieren completado su trámite en una
legislatura y que hubieren recibido primer debate en alguna de las Cámaras,
continuarán su curso en la siguiente, en el estado en que se encuentren. Ningún
proyecto de ley podrá ser considerado en más de dos legislaturas”.
(Subrayado fuera de texto)
Observa la Corte que se le dio cabal cumplimiento a
lo preceptuado en el artículo 162 Superior. Lo anterior, se verifica al
observar la fecha en que el proyecto fue radicado en el Senado de la República
y la fecha en que fue aprobado en cuarto debate. Así, el proyecto fue radicado
en el Senado de la República el 10 de noviembre de 2016, es decir, en la
legislatura que empezó el 20 de julio de 2016 y que terminó el 20 de junio de
2017. Por su parte, el proyecto fue aprobado por la Plenaria de la Cámara de Representantes
el 17 de abril de 2018, es decir, se dio dentro de la siguiente legislatura que
inició el 20 de julio de 2017 y finalizó el 20 de junio de 2018.
En consecuencia, colige la Corte Constitucional que
desde el punto de vista formal, la Ley 1844 de 2017 cumplió el procedimiento
legislativo previsto en la Constitución Política de Colombia y en la Ley 5 de
1992.[56]
Concluido el análisis de forma
del procedimiento de aprobación del proyecto de la ley de la referencia,
procede la Corte a realizar el estudio material del Acuerdo objeto de revisión.
3.
El
contenido material de la Ley 1898 de 2018 y la constitucionalidad de los
protocolos.
3.1. El Control Constitucional sobre tratados
internacionales en materia de libre comercio. Reiteración de Jurisprudencia
La
Corte Constitucional ha establecido unos parámetros acerca del alcance del
examen de validez constitucional sobre acuerdos de libre comercio, que vendrán
a supeditar el control de los protocolos modificatorios que se revisan en esta oportunidad.[57].
Al
respecto ha señalado que los convenios internacionales suscritos por Colombia
en materia económica y comercial, así como del derecho comunitario no implican
una jerarquía normativa superior a la prevista para las leyes ordinarias aplicables
con base en un criterio de especialidad, sin desconocer la fuerza
normativa que revisten en virtud del principio del pacta sunt servanda
(art. 26, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 1969)[58].
El
control de constitucionalidad material se orienta a evaluar el contenido
del instrumento internacional y su ley aprobatoria a la luz del contenido
integral de la Constitución. Además, ha dicho esta Corporación, han de
fungir como parámetro de constitucionalidad los tratados internacionales
ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben
su limitación en los estados de excepción (art. 93 superior). Esto es, incluye
el denominado bloque de constitucionalidad stricto sensu[59].
Ahora
bien, a la Corte le corresponde hacer un exámen de carácter jurídico que garantice
la supremacía de la Constitución, excluyendo los análisis sobre la oportunidad
y utilidad de las cláusulas que regulan el intercambio comercial, pues la
atribución de dirigir las relaciones internacionales corresponde al Presidente
de la República y la de disponer la aprobación e improbación de los tratados al
Congreso de la República, tal y como está establecido en los artículos 150.16 y
189.2 de la Constitución.[60]
En
relación con los acuerdos de liberación comercial, la Corte ha señalado que los
aspectos técnicos y operativos no generan en principio infracción de
disposición constitucional, a menos que tuvieran claras implicaciones o
consecuencias constitucionales[61].
La
Corte ha dicho que el juicio de constitucionalidad no puede realizarse al
margen de las actuales dimensiones de los intercambios comerciales, las
expectativas válidas de incremento o profundización del comercio y el grado de
desarrollo de las economías[62].
Esta Corporación al resolver sobre tratados comerciales complejos, ha
sostenido que en el proceso de negociación y celebración cada Estado debe ceder
parte de sus intereses en aras de alcanzar la apertura de mercados para sus
productos[63],
lo que implica un sistema de concesiones y beneficios mutuos (aranceles,
servicios, inversiones)[64].
Sobre
la intensidad del control la Corte ha manifestado que deben observarse
criterios de razonabilidad y proporcionalidad y en cierta medida debe apreciar
las razones que llevaron al Gobierno a negociar el instrumento internacional.
Al respecto ha dicho lo siguiente:
“(…) la intensidad del
control de constitucionalidad sobre acuerdos de libre comercio adopta mayores
niveles cuando la materia regulada incide decisivamente sobre valores,
principios, derechos o bienes jurídicos de relevancia constitucional, caso en
el cual deben observarse los criterios de razonabilidad y proporcionalidad[65].
A pesar de la
conveniencia y tecnicidad en que se mueve la celebración de acuerdos de
liberación comercial, el estudio de constitucionalidad que efectúa la Corte no
puede limitarse a una función notarial, sino que debe partir de apreciar las
razones que llevaron al Gobierno a su negociación, los estudios empíricos que
soportan su necesidad, los beneficios que representa para el país una vez
efectuado el balance integral de las ventajas y desventajas, cómo se encuentra
preparado el Estado para asumir los nuevos retos (v. gratia, infraestructura),
las medidas de prevención, salvaguardia y excepciones acogidas para los
sectores de la economía doméstica sensibles, los intereses de los exportadores
e importadores, el diseño de un plan de ejecución, entre otros, que permitan al
Gobierno advertir que no se ha celebrado un tratado comercial improvisado sino
oportuna y debidamente diseñado.[66]
3.2.    Sentencia
C-163 de 2015, que declaró la exequibilidad del Acuerdo Marco de la Alianza del
Pacífico y su ley aprobatoria 1721 de 2014 y Sentencia
C- 620 de 2015 que declaró la constitucionalidad del Protocolo Adicional al
Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico.
En el presente asunto la Corte debe empezar por señalar que se está
ante un instrumento internacional que modifica el Protocolo Adicional al “Acuerdo
Marco de la Alianza del Pacífico” firmado en la ciudad de Paranal,
Antofagasta, Chile, el seis (06) de junio de dos mil doce (2012) y de la Ley
1721 de 2014 que lo aprueba.
La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional
creada en abril de 2011 encaminada a:
a.
Constituir de manera
participativa y consensuada, un área de integración profunda para avanzar
progresivamente hacia la libre circulación de bienes y servicios, capitales y
personas.
b.
Impulsar crecimiento y
competitividad de las economías de las Partes, con miras a superar la
desigualdad socioeconómica e impulsar la inclusión social de sus habitantes.
c.
Convertirse en una
plataforma de articulación política, integración económica y comercial, y
proyección al mundo, con énfasis en la región Asia – Pacífico.
En la sentencia C-163 de 2015 se estudió la constitucionalidad del
Acuerdo del Pacífico. Allí la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del
mismo.[67]
Concluyó que en el caso sometido al
control de la Corte, la conformidad del instrumento internacional con los
principios constitucionales de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional no
ofrece mayor dificultad, por su naturaleza general de Acuerdo Marco. Así, no se
observa vulneración alguna a los principios superiores que orientan el manejo
de las relaciones exteriores del Estado colombiano.
Posteriormente la sentencia C-620 de 2015 estudió la constitucionalidad
del “Protocolo Adicional al Acuerdo
Marco de la Alianza del Pacífico, firmado en Cartagena de Indias, República de
Colombia, el 10 de febrero de 2014” y
la Ley aprobatoria número 1746 del 26 de diciembre de 2014. En esa ocasión la Sala Plena sostuvo que
el Protocolo Adicional tenía por objeto profundizar y facilitar el
comercio entre los cuatro Estados firmantes. Concretamente hizo consideraciones
respecto de la sujeción de los objetivos del Protocolo a los mandatos
constitucionales, así como la ausencia de una afectación directa a comunidades
étnicas por las disposiciones contenidas en el tratado en los siguientes
términos:
“Debe recordarse que el objetivo del Protocolo Adicional está dado
en avanzar en el cumplimiento de una política integral sobre ampliación y
facilitación del comercio de bienes y servicios, encaminada a remover barreras
arancelarias y no arancelarias, para así enfrentar los nuevos retos que plantea
el comercio internacional (algunas de sus disposiciones son de índole técnica).
Está sentado sobre acuerdos comerciales anteriores con tales países, en la
búsqueda de su profundización y consecución de mercados regionales y globales,
por lo que continúan una senda de afianzamiento entre los países miembros de la
AP. Como lo ha sostenido este Tribunal, respecto de aquellas normas legales que
se han previsto de manera uniforme para la generalidad de los colombianos, las
comunidades étnicas cuentan también de tales espacios de participación u otros
que se prevean con tal finalidad[68],
y de ahí que en el proceso de negociación del Protocolo Adicional se haya
previsto por el Gobierno espacios de participación de la sociedad civil en
general.
Si bien el Protocolo Adicional atiende la suscripción de países
pertenecientes al litoral pacífico y de ahí que lleve tal denominación (Alianza
del Pacífico), como se ha podido vislumbrar de la exposición de motivos del
proyecto de ley, ello obedece principalmente a lo contemplado en los planes
nacionales de desarrollo, que compromete una política pública de interés
general, consistente en diversificar los destinos de exportación comercial, en
desarrollo de una estrategia del Estado colombiano (Plan Estratégico Sectorial
PES 2011-2014) con destino hacia el mundo, y particular énfasis en el Asia Pacífico,
partiendo del afianzamiento de las relaciones geográficas y temáticas para el
bienestar de toda la población colombiana. De ahí que no le asista la razón a
algunos de los planteamientos que de manera general se formularon por la ONIC y
la Universidad Santo Tomás respecto a la necesidad de la consulta previa de los
pueblos étnicos, sin que con ello este Tribunal desconozca la grave situación
social, económica, política y cultural que exponen y padecen las comunidades
asentadas en tales territorios de la geografía colombiana (también el
campesinado), como más adelanta se desarrollará.
Por consiguiente, es posible señalar por la Corte que las
disposiciones del Protocolo Adicional parten
esencialmente de un marco abstracto (en materia de acceso a mercados, reglas de
origen, facilitación del comercio y cooperación aduanera, medidas sanitarias y
fitosanitarias, servicios financieros y marítimos,  comercio electrónico,
telecomunicaciones, contratación pública, inversión, etc.), que concierne al
conjunto de la población, sin que sea posible avizorar la imposición de restricciones o gravámenes o la concesión de
beneficios, encaminadas directa y específicamente a los grupos étnicos, o que
comprometa puntualmente la explotación de los recursos naturales en sus territorios.”
Así las cosas, para la Sala tanto el Acuerdo del Pacífico como su
Protocolo Modificatorio constituyen un punto de partida sobre la cual debe
realizarse la la actual revisión los Protocolos Modificatorios en esta
oportunidad.
3.3.
Primer y Segundo Protocolo Modificatorio
del Protocolo Adicional al Acuerdo marco de la Alianza Pacífico
El Primer Protocolo busca a través de sus disposiciones establecer
la eliminación de obstáculos técnicos al comercio de cosméticos, comercio
electrónico, telecomunicaciones y mejoras regulatorias. Así, mediante el desarrollo
del Acuerdo Marco, promueve la armonización de definiciones técnicas, los
requisitos para la comercialización, la eliminación de barreras y el
fortalecimiento de los mercados específicos.
En relación con el comercio de productos cosméticos el Protocolo
incluye un anexo en el que promueve una mayor protección al consumidor,
mediante la garantía de altos estándares de calidad y acceso a la información
suficiente por parte de los consumidores.
Respecto del comercio electrónico se incorporan modificaciones al
capítulo 13 del Protocolo Adicional. Dichas modificaciones se tratan de
enmiendas a los artículos sobre: i) definiciones de los ámbitos y la cobertura
de las transacciones electrónicas y ii) la protección al consumidor.
Sobre el sector de telecomunicaciones se implementan mecanismos de
solución de controversias, se regulan aspectos relativos a la utilización de
redes de servicios de telecomunicaciones, sobre la calidad en los servicios, la
interconexión entre proveedores, y en general otros aspectos de cooperación
técnica reciproca dado el creciente crecimiento del sector.
De otra parte, el Protocolo hace alusión a las mejoras que se pueden
hacer en materia de regulación, y la conformación de grupos de trabajo, comités
y subcomités con el propósito de mejorar la cooperación y promover el comercio
internacional, la inversión, el crecimiento económico y el empleo.
Por último se refiere a la entrada en vigor del Protocolo de acuerdo
a las cláusulas establecidas por las partes en el protocolo adicional.
Cláusulas que fueron declaradas exequibles en la sentencia C-620 de 2015.
El Segundo Protocolo Modificatorio tuvo por objetivo incrementar y
facilitar el comercio, profundizar la integración entre las Partes, y asegurar
que las normas y reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación tengan
obstáculos técnicos que son innecesarios para el comercio.
Este Segundo protocolo está integrado por dos artículos: i) sobre
adición a las funciones de la Comisión de Libre Comercio como el órgano
encargado de velar por la correcta aplicación de las disposiciones del
Protocolo Adicional (incluida la aprobación de los anexos), y (ii) la vigencia
de los acuerdos de acuerdo a lo establecido en el Protocolo Adicional.
3.3.1.
Anexos
Anexo
1
El
Anexo 7.11 tiene como objetivo principal incrementar y facilitar el comercio
entre la Partes y garantizar la efectiva circulación de cosméticos y el acceso
a los mercados de los países de la Alianza. Con ese propósito el anexo armoniza
la definición de producto cosmético con base en lo establecido por referentes
internacionales como la Unión Europea, así como la adopción o el
fortalecimiento del sistema de vigilancia en el mercado de los productos
cosméticos de conformidad con las buenas prácticas internacionales.
El
anexo propende porque los países de la Alianza armonicen los requisitos de
etiquetado para productos cosméticos, con el objetivo de contar con un
etiquetado único que contenga los requisitos para la protección del consumidor;
que se incluya la formula cualitativa completa en los rótulos de los productos,
con excepción de los productos pequeños, y que se deje de requerir el registro
sanitario o el número de notificación sanitaria en los rótulos. Adicionalmente
se promueve la armonización de las buenas prácticas de manufactura.
Otros
aspectos en los que se enfoca el Anexo 1 son los siguientes:
-
Prevé que las partes realizarán las gestiones
necesarias para armonizar la definición de producto cosmético con base en la
definición establecida en el reglamento del Parlamento Europeo y Consejo del 30
de noviembre de 2009 sobre Productos Cosméticos. Establece básicamente
compromisos de las partes para armonizar las definiciones.
-
Establece que las Partes adoptaran o
fortalecerán un modelo basado en la vigilancia del mercado de los productos
cosméticos, de conformidad con las buenas prácticas regulatorias
internacionales e incluirá, entre otros, la eliminación de la autorización
sanitaria previa o su sustitución por un esquema de notificación automática,
con requisitos mínimos indispensables para garantizar la seguridad sanitaria de
dichos productos, de manera que no representen un obstáculo técnico innecesario
al comercio.
-
Dispone que las partes eliminarán el certificado
de libre venta debido a que no representa una garantía sanitaria en el modelo
de vigilancia del mercado.
-
Prevé que las Partes tomarán como referencia en
sus sistemas de revisión, los listados de ingredientes reconocidos y/o prohibidos
en la Unión Europea y los Estados Unidos de América, así como la adopción de
mecanismos adecuados para incluir, prohibir o restringir ingredientes en sus
listados.
-
Consagra que las Partes armonizaran con base en
normas internacionales, sus requisitos de etiquetado para productos cosméticos,
con el objetivo de contar con un etiquetado único que contenga los requisitos
mínimos para la protección al consumidor.
-
Dispone que las Partes armonizaran los
requisitos de buenas prácticas de manufactura con base en normas
internacionales.
Anexo
2
El
artículo 13.2 sobre ámbito de cobertura, se incluye en el párrafo 2 para
precisar que el Capítulo 13 no se aplica a: i) la información en posesión de
una Parte, o en representación de ella, ni a medidas relacionadas con dicha
información, ni ii) a la contratación pública.
En
el artículo 13.6 sobre protección de los consumidores señala que las partes se
comprometen a. i) promover la celebración de acuerdos de cooperación entre
ellas, para la protección transfronteriza de los derechos de los consumidores
en el comercio electrónico, ii) intercambiar información sobre proveedores que
hayan sido sancionados por infracción a los derechos de los consumidores en el
comercio electrónico, para lo cual se prevé que las Partes puedan acordar los
mecanismos para el intercambio de información, iii) promover iniciativas de
capacitación relacionadas con la protección de los derechos de los consumidores
en el comercio electrónico, iv) promover la estandarización de la información
que se debe brindar a los consumidores del comercio electrónico, y las demás
formas de cooperación conjunta para proteger los derechos de los consumidores
del comercio electrónico.
El
artículo 13.11 sobre flujo transfronterizo se reemplaza por un nuevo artículo
sobre transferencia transfronteriza de información.
Se
adiciona un artículo 13.4 bis sobre no discriminación de los productos
digitales. Este artículo dispone que ninguna Parte otorgará un trato menos
favorable a los productos digitales que el que otorgue el territorio de otra
Parte o de un país no Parte. Sin embargo este artículo no se aplica a los
subsidios o donaciones otorgados por una Parte, incluyendo los préstamos,
garantías y seguros que cuenten con apoyo gubernamental.
Se
adiciona el artículo 13.11 bis sobre uso y localización de instalaciones
informáticas. Ninguna Parte puede exigir a una persona usar o localizar
instalaciones informáticas en el territorio de esa Parte como condición para el
ejercicio de su actividad de negocios.
Anexo
3
El
capítulo 14 sobre telecomunicaciones del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco
de la Alianza Pacífico, es objeto de algunas modificaciones y adiciones
descritas en este Anexo.
En
cuanto al artículo 14.3 sobre la utilización de las redes de telecomunicaciones
en situaciones de emergencia además de la importancia que representa el uso de
las comunicaciones en eventos catastróficos.
Incorporación
del Capítulo 15 Bis sobre Mejora Regulatoria
Este
capítulo incluye las disposiciones relevantes en materia de mejora regulatoria.
Esta última se entiende como la utilización de buenas prácticas regulatorias
internacionales en el proceso de planificación, elaboración, promulgación,
implementación y revisión de las medidas regulatorias a fin de facilitar el
logro de los objetivos de las políticas nacionales en la materia. La mejora
regulatoria es un elemento clave para lograr una mejor administración de la
economía y de los dineros púbicos, a través de procesos que resulten en una
mayor eficacia y mayor utilización del capital humano. Además de permitir
mejores niveles de competitividad.
En
lo que se refiere al Segundo Protocolo Modificatorio del Acuerdo Adicional al
Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, este permite que las Partes profundicen
algunas disciplinas definidas previamente para facilitar el comercio y evitar
que haya normas que obstaculicen el comercio de bienes. En esa medida el
capítulo 16 sobre Administración del Protocolo crea la Comisión de Libre
Comercio como principal instancia de administración del instrumento
internacional y señala los comités, subcomités y grupos de trabajo que
conforman la institucionalidad del Acuerdo.
3.4.
Control de constitucionalidad del articulado de la Ley 1898 de
2008
La
Ley 1898 del 07 de junio de 2018 por medio de la cual se aprueba el
“Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la
Alianza del Pacífico”, firmado en Paracas, ICA, República del Perú, el 3 de
julio de 2015, y el “Segundo Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional
República de Chile al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”, firmado en
Puerto Varas, el 1o de julio de 201, contiene 6 artículos. El primero incorpora
el Anexo 7.11 sobre eliminación de obstáculos técnicos al comercio de productos
cosméticos; el segundo incorpora modificaciones al Capítulo 13 sobre comercio
electrónico; el tercero incorpora modificaciones al capítulo 14 sobre
telecomunicaciones; el cuarto incorpora modificaciones al capítulo 15 sobre
mejora regulatoria: el quinto incorpora modificaciones al anexo 16.2 sobre
comités, subcomités y grupos de trabajo; y por último el sexto que establece
que el Protocolo Modificatorio y sus Anexos entraran en vigor de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 19.4 del Protocolo Adicional.
La
Corte considera que los artículos mencionados son compatibles con la
Constitución Política, en la medida que buscan dar cumplimiento a los
compromisos internacionales del Estado colombiano en el marco de la Alianza del
Pacífico relacionadas a adoptar y mejorar los estándares regulatorios, así como
continuar los desarrollos en materia de telecomunicaciones y comercio
electrónico con el fin de alcanzar mayores niveles de integración entre los
países.
En
tales términos, la Corte considera exequibles los seis artículos que integran
la Ley 1898 de 2008.
3.5.
Conclusión
El “Primer
Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza
Pacífico”, firmado en Paracas, ICA, República del Perú, el 3 de julio de 2015,
y el “Segundo Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco
de la Alianza Pacífico” firmado en Puerto Varas, República de Chile, el 1º de
julio de 2016, se presentan como un instrumentos que impulsa un
proceso de transformación hacía el desarrollo sostenible de todas las naciones.
De esta manera, al establecer las condiciones para el desarrollo mundial
compromete a los países a readecuar sus políticas económicas, sociales y
ambientales para el cumplimiento de sus objetivos. Estos Protocolos encuentran
justificación jurídica en el capítulo 19 del Protocolo Adicional sobre
enmiendas.
Observa la Corte que lo que los
objetivos de la modificación al Protocolo Adicional que presenta el instrumento
que es objeto de estudio en esta ocasión se ajustan a la Constitución en la
medida que buscan simplificar operaciones, incrementar la protección a los
consumidores y promover mejoras regulatorias en las materias del tratado.
La Corte encuentra que el primer Anexo
busca garantizar que la calidad de los bienes sean protegidos por las
autoridades y que cumplan estándares técnicos expedidos por autoridades
competentes. Se basa fundamentalmente en la idea de eliminar barreras al
comercio mediante el establecimiento de reglas claras y transparentes, de
acuerdo a los postulados que consagra la Constitución Política de Colombia en
los artículos 226 y 227.
En relación con el Anexo 2 la Corte
estima que se orienta a actualizar el marco normativo atendiendo principalmente
a la protección de los consumidores, facilitando a la vez mecanismos de
cooperación entre los cuatro países de la Alianza del Pacífico, teniendo en
cuenta la importancia del sector en el desarrollo de la economía colombiana.
Sobre el capítulo de telecomunicaciones
es evidente que es un tema de primer orden en cualquier proceso de integración
o de relación económica entre Estados. Tal como fue expresado por la
Corporación en la sentencia C-620 de 2015 en donde justamente se reconoció que
la prestación eficiente de este tipo de servicios es inherente a la finalidad
del Estado Social de Derecho.
De la misma forma, los lineamientos
incorporados en relación con la mejora regulatoria son acordes al artículo 2 de
la Constitución, el cual consagra que uno de los fines esenciales del Estado es
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes allí
consagrados. En esa medida el artículo 15 Bis establece que a más tardar tres
años después de la entrada en vigor del primer Protocolo Modificatorio, cada
parte deberá determinar y poner a disposición del público las medidas
regulatorias necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones del dicho
capítulo.
Finalmente, en relación con las normas
incluidas en el Segundo Protocolo, para la Sala están resultan armónicas con el
texto constitucional pues conforman un conjunto de normas que buscan
implementar de forma efectiva el tratado.
De conformidad con lo expuesto, La Corte
Constitucional concluye que tanto Primer
y Segundo Protocolos Modificatorios del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de
la Alianza Pacífico, como su ley aprobatoria (Ley 1898 de
2018)
son plenamente respetuosas de las disposiciones constitucionales colombianas.
VI. DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de Colombia, en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLE
el “Primer
Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza
Pacífico”, firmado en Paracas, ICA, República del Perú, el 3 de julio de 2015,
y el “Segundo Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco
de la Alianza Pacífico” firmado en Puerto Varas, República de Chile, el 1º de
julio de 2016.
SEGUNDO.- Declarar EXEQUIBLE
la Ley 1898 de 2018, “por medio de la cual se aprueba el “Primer
Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza
Pacífico”, firmado en Paracas, ICA, República del Perú, el 3 de julio de 2015,
y el “Segundo Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco
de la Alianza Pacífico” firmado en Puerto Varas, República de Chile, el 1º de
julio de 2016.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Presidenta
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Las partes eliminaran el Certificado de Libre Venta debido a que no
representa una garantía sanitaria en el modelo de vigilancia del mercado.
[2] Para
mayor certeza, los productos digitales no incluyen las representaciones
digitalizadas de instrumentos financieros, incluido el dinero. La definición de
productos digitales es sin perjuicio de las discusiones en curso en la OMC
acerca de si el comercio de productos digitales  transmitidos electrónicamente
constituye una mercancía o un servicio.
[3] Las partes podrán acordar lineamientos para el intercambio de
información.
[4] Para mayor certeza, nada en el presente párrafo impedirá a una parte
condicionar la recepción de una ventaja, o que continúe recibiendo una ventaja,
de conformidad con el Artículo 10.8.3 (Requisitos de Desempeño).
[5] Para mayor certeza, la “zona geográfica” será definida por la
regulación o legislación de cada parte.
[6] Para mayor certeza, el presente Artículo no prohíbe a ninguna Parte
requerir licencia, concesión u otro tipo de autorización para que una empresa
suministre servicios públicos de telecomunicaciones en su territorio.
[7] Las situaciones de emergencia serán determinadas por la autoridad
competente de cada Parte.
[8] En el caso de Colombia, el Artículo 14.5 aplicará únicamente a los
servicios móviles, y aplicará a los servicios de telefonía fija en la medida
que se determine que es técnica y económicamente factible.
[9] En el
caso de Perú, el Artículo 14.5 aplicará únicamente a los servicios móviles. En
el caso de telefonía fija, el Artículo 14.5 aplicará tres años después de la
entrada en vigor del presente Protocolo Adicional.
[10] El término “obra pública” se entenderá de conformidad con la
legislación de cada Parte. En el caso del Perú, “obras públicas” se entienden
como los proyectos de infraestructura de redes de transmisión eléctrica, redes
de transporte de hidrocarburos, carreteras de la red vial nacional y las vías férreas.
[11] El
término “neutralidad de la red” se entenderá de conformidad de cada Parte.
[12] Una Parte podrá determinar tarifas razonables a través de cualquier
metodología que considere apropiada.
[13] Una Parte podrá prohibir al revendedor que obtenga, a tarifas al por
mayor, un servicio público de telecomunicaciones que esté disponible a nivel
minorista únicamente para una categoría limitada de usuarios, que ofrezca dicho
servicio a una categoría diferente de usuarios.
[14]
Para mayor certeza, Chile podrá cumplir con esta obligación manteniendo medidas
apropiadas con el propósito de prevenir que los proveedores importantes en su
territorio nieguen el acceso a los postes, duetos, conductos y derechos de
paso, propios o controlados por dichos proveedores importantes, de una manera
que pueda constituir prácticas anticompetitivas.
[15]
Para México, derechos de paso es equivalente a derechos de vía.
[16]
Para Colombia y el Perú, las empresas no podrán solicitar reconsideración
respecto de las resoluciones administrativas de aplicación general, como se
definen en el artículo 15.1 (Definiciones), a menos que su respectiva
legislación lo permita.
[17]
Para México, las normas generales, actos u omisiones del organismo regulador de
telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante juicio de amparo
indirecto y no serán objeto de suspensión.
[18] En Colombia, la decisión o resolución del organismo regulador queda
en firme cuando dicho organismo resuelve la petición.
[19] Ver
entre otras, Corte Constitucional, Sentencias C–468 de 1997 (MP Alejandro Martínez Caballero), C-378 de 1996 (MP Hernando Herrera Vergara), C-682 de
1996 (MP Fabio Morón Díaz), C-400 de 1998 (MP Alejandro Martínez Caballero),
C-924 de 2000 (MP Carlos Gaviria Díaz), C–576 de 2006 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa) y C-332 de 2014 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[20] Corte Constitucional, Sentencias C–582 de 2002, C–933 de 2006, C–534 de 2008
(MP Rodrigo Escobar Gil), C–537 de 2008 (MP Jaime Córdoba Triviño), C–039 de
2009 y C–378 de 2009 (MP Humberto Sierra Porto), entre otras.
[21] Comunicaciones
del 17 y 23 de febrero de 2015.
[22] Expediente LAT-452 Folio 102.
[23] Sentencia C-750 de 2008.
[24] Sentencia C-027 de 2011.
[25] Sentencia C-214 de 2017.
[26] Sentencias C-1051 de 2012 y C-217 de 2015.
Cfr. Sentencia C-915 de 2010. “En esta oportunidad, la Corte concluyó que la
consulta previa no era necesaria porque el acuerdo no estaba dirigido
especialmente a las comunidades indígenas y su objeto tampoco se situaba
mayormente sobre un territorio indígena”.
[27] Sentencias C-047 de 2017 y C-214 de 2017.
[28] Id. Cfr. Sentencia C-048 de 2018
[29] Sentencia C-214 de 2017.
[30] Constitución Política, inciso final del artículo 154“Los proyectos de ley relativos a los
tributos iniciarán su trámite en la Cámara de Representantes y los que se
refieran a relaciones internacionales, en el Senado”.(Subrayado fuera de texto)
[31] Constitución Política, artículo 241 “A
la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de
la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal
fin, cumplirá las siguientes funciones: (…) 10. Decidir definitivamente sobre
la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los
aprueben. Con tal fin, el Gobierno los remitirá a la Corte, dentro de los seis
días siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir
para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los declara
constitucionales, el Gobierno podrá efectuar el canje de notas; en caso
contrario no serán ratificados. Cuando una o varias normas de un tratado
multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, el
Presidente de la República sólo podrá manifestar el consentimiento formulando
la correspondiente reserva”.
[32] Ver folios 3 – 18  cuaderno de pruebas No. 2.
[33] Constitución Política, artículo 157 “Ningún proyecto será ley sin los requisitos
siguientes:
1. Haber sido publicado
oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva.
(…)”.
[34] Ley 5 de 1992, artículo 156. “Presentación y
publicación de la ponencia. El informe será presentado por escrito, en original y dos copias,
al secretario de la Comisión Permanente. Su publicación se hará en la Gaceta
del Congreso dentro de los tres (3) días siguientes. // Sin embargo, y para agilizar el trámite del proyecto,
el Presidente podrá autorizar la reproducción del documento por cualquier medio
mecánico, para distribuirlo entre los miembros de la Comisión; ello, sin
perjuicio de su posterior y oportuna reproducción en la Gaceta del Congreso”.
[35] Ver folios 58 a 62 del cuaderno de pruebas No. 2.
[36] Ley 5 de 1992, artículo
157 “Iniciación del debate. La iniciación del primer debate no tendrá lugar antes de la
publicación del informe respectivo.// No será necesario dar lectura a la ponencia, salvo que así lo disponga,
por razones de conveniencia, la Comisión.// El
ponente, en la correspondiente sesión, absolverá las preguntas y dudas que
sobre aquélla se le formulen, luego de lo cual comenzará el debate.// Si el
ponente propone debatir el proyecto, se procederá en consecuencia sin necesidad
de votación del informe. Si se propone archivar o negar el proyecto, se
debatirá esta propuesta y se pondrá en votación al cierre del debate.// Al
debatirse un proyecto, el ponente podrá señalar los asuntos fundamentales
acerca de los cuales conviene que la Comisión decida en primer término”.
[37] Ver folio 36 del cuaderno de pruebas No. 2.
[38] Ver
folios 81 a 86 del cuaderno de pruebas No. 2.
[39] Ver
folios 1 y 2 del cuaderno de pruebas No. 2.
[40] Ver folios 72 a 76 del cuaderno de pruebas No. 2.
[41] Ver folios 80 y siguientes del cuaderno de pruebas
No. 1.
[42] Ver Folio 53 expediente LAT 452.
[43] Folios
2 del cuaderno de pruebas No. 2
[44] Constitución
Política, artículo 157, numeral 2 “Haber sido aprobado en primer debate en
la correspondiente comisión permanente de cada Cámara. El reglamento del
Congreso determinará los casos en los cuales el primer debate se surtirá en
sesión conjunta de las comisiones permanentes de ambas Cámaras”.
[45] Constitución
Política, artículo 157, numeral 3 “Haber sido aprobado en cada Cámara en
segundo debate”.
[46] Constitución
Política, artículo 157, numeral 4 “Haber obtenido la sanción del Gobierno”.
[47] Acta No.
16 del 28 de marzo de 2017, publicada en la Gaceta del Congreso No. 447 del 07
de junio de 2017.
[48] Según consta en el Acta No. 09 de esta fecha,
publicada en la Gaceta del Congreso No. 1171 del 11 de diciembre de 2017Según
consta en el Acta No. 75 del 17 de mayo de 2017, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 691 del 15 de agosto de 2017.
[49] Según consta en el Acta No. 18 de
esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 109 del 5 de abril de 2018.
[50] Tal como
consta en el Acta de Plenaria No. 281 de la sesión del 17 de abril de 2018, la
plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de la ley a través
de votación nominal y pública, como consta en la Gaceta del Congreso No. 520
del martes 10 de julio de 2018.
[51] Gaceta
890 del 5 de octubre de 2017. Se publica informe de ponencia para primer
debate.
[52]“Por el cual se adopta una Reforma Política
constitucional y se dictan otras disposiciones”
[53] Cfr.
Sentencia C-644 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil
[54] Cfr. Auto 038 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa y Sentencia C-533 de 2004 M.P. Álvaro Tafur Galvis
[55]Sentencia C-576 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa
[56]“Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el
Senado y la Cámara de Representantes”
[57] Cfr.
sentencia C-051 de 2012.
[58] Cfr. sentencias C-051 de 2012, C-941 de 2010, C-1647
de 2000, C-256 de 1998 y C-358 de 1997. De manera excepcional este Tribunal ha
admitido que algunas normas comunitarias puedan integrarse al bloque de
constitucionalidad, siempre que se trate de una preceptiva que reconozca de
manera explícita y directa los derechos humanos, como la Decisión 351 de 1993,
expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena en cuanto a los derechos morales
de autor (C-941 de 2010, C-750 de 2008. C-1118 de 2005 y C-988 de 2004).
[59] Cfr.
sentencia C-941 de 2010, C-608 de 2010, C-031 de 2009, C-750 de 2008, C-291 de 2007, C-155 de 2007, C-047 de 2006, C-028 de
2006, C-1001 de 2005, C-067 de 2003, C-200 de 2002 y C-774 de 2001, entre
otras.
[60]
Corte Constitucional, sentencia C- 620 de 2015 (MP. Jorge Iván Palacio
Palacio).
[61] En la sentencia
C-369 de 2002 se señaló:
“entra la Corte a estudiar esas disposiciones, precisando
que esta Corporación centrará su examen en el contenido general de las
obligaciones asumidas por Colombia y sólo estudiará aspectos técnicos si ellos
tienen una implicación constitucional clara”.
[62] Cfr. sentencia C-608 de 2010 que
declaró exequible el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la República de
Colombia, además de Ley 1363 de 2009 aprobatoria del mismo. Sentencia C-031 de
2009
que declaró exequible el Acuerdo de Libre Comercio entre la República de
Colombia y la República de Chile, al igual que la Ley 1189 de 2008, aprobatoria
del mismo.
[63] Sentencia C-864 de 2006 que declaró exequible
el Acuerdo de Complementación Económica,  suscrito por Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay, Estados Partes de MERCOSUR y Colombia, Ecuador y Venezuela,
Países Miembros de la COMUNIDAD ANDINA. Igualmente, declaró la exequibilidad de
la Ley 1000 de 2005, aprobatoria del mismo.
[64] Sentencia
C-941 de 2010.
[65] Sentencia C-335 de 2014, que
declaró exequible el Acuerdo Comercial entre Colombia y El Perú, por una parte,
y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otra, firmado en Bruselas, el 26
de junio de 2012, junto con su ley aprobatoria 1669 de 2013. Cfr. sentencia
C-051 de 2012.
[66]
Corte Constitucional, sentencia C-620 de 2015. (MP. Jorge Iván Palacio
Palacio).
[67] Con aclaración
de voto de la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado.
[68] Cfr.
sentencias C-540 de 2012, C-490 de 2011, entre otras.