C-176-06
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
C-176/06
TRATADO INTERNACIONAL-Representación del
Estado colombiano en proceso de celebración y suscripción
SANCION DE LEY POR MINISTRO DELEGATARIO-Ley
aprobatoria de tratado internacional/SANCION DE LEY POR MINISTRO
DELEGATARIO-Procedencia
El Ministro
del Interior y de Justicia, delegatario de funciones presidenciales sancionó la Ley aprobatoria del Convenio sub exámine, el
trece (13) de julio del año 2005, por medio del Decreto 2317 del 8 de
julio de 2005, el Presidente de la República, habida cuenta que se trasladaría
los días 9 al 14 de julio de 2005 a las ciudades de Madrid y Londres con el fin
de asistir a una visita de Estado y cumplir una agenda de trabajo, delegó en el
Ministro del Interior y de Justicia el ejercicio de algunas de sus funciones
constitucionales durante ese periodo.  Específicamente, el Presidente confió al
Ministro delegatario las competencias previstas en los artículos de la Carta
129; 150, numeral 10, en cuanto se refiere al ejercicio de las facultades
extraordinarias concedidas al Presidente de la República; 163; 165; 166; 189,
con excepción de lo previsto en los numerales 1 y 2; 200; 201; 213; 214; 215;
303; 304; y 314. La facultad del Gobierno para sancionar las leyes ordinarias
está contemplada en los artículos 165 y 189-9 de la Carta Política.  A su vez,
el inciso cuarto del artículo 196 Superior establece que “cuando el Presidente
de la República se traslade a territorio extranjero en ejercicio de su cargo,
el ministro a quien corresponda, según el orden de precedencia legal, ejercerá
bajo su propia responsabilidad las funciones constitucionales que el Presidente
le delegue, tanto aquéllas que le son propias como las que ejerce en su calidad
de Jefe del Gobierno”. Además, la misma norma prevé que el Ministro Delegatario
pertenecerá al mismo partido o movimiento político del Presidente. De esta
manera, en la medida en que la facultad de sancionar leyes fue expresamente
delegada por el Presidente al Ministro del Interior y de Justicia, de
conformidad con el Decreto antes mencionado, la Corte infiere que fueron
cumplidos los requisitos previstos por el Estatuto Superior para esta última
etapa del procedimiento legislativo.
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Trámite
legislativo
La Corte constata que el trámite observado para
la aprobación de la Ley sub examine, se surtió de conformidad con los
requisitos establecidos en la Constitución Política.  En efecto, el proyecto
inició su trámite en el Senado de la República conforme lo ordena el último
inciso del artículo 154 superior; cumplió con los requisitos a que alude el
artículo 157 constitucional respecto de i) la publicación inicial del proyecto,
ii) la aprobación en la Comisión II Constitucional Permanente y en la Plenaria
de cada Cámara, y iii) la sanción por el Gobierno.  Así mismo fueron
presentados en las Comisiones Segundas Permanentes de cada Cámara los informes
de ponencia que exige el artículo 160 superior, de la misma manera que fueron
respetados los plazos allí establecidos que deben mediar entre el primero y el
segundo debate en cada Cámara, así como entre la aprobación del proyecto en una
de ellas y la iniciación del debate en la otra Corporación.   De la misma
manera que se cumplió con el requisito señalado en el mismo artículo a partir
de la aprobación del Acto legislativo No. 01 de 2003 en relación con el anuncio
previo de que el proyecto sería sometido a votación.   La ley fue finalmente
sancionada y remitida para control de la Corte, también dentro del término
constitucional.
CONVENIO DE
COOPERACION TECNICA, CIENTIFICA Y TECNOLOGICA-Importancia
ACUERDOS SIMPLIFICADOS-Requisitos para
que se entiendan ajustados a la Constitución
TRATADO Y CONVENIO DE COOPERACION-Acuerdos complementarios o de desarrollo
TRATADO DE
COOPERACION INTERNACIONAL-Instrumentos internacionales que lo
desarrollen, modifiquen o adicionen deben someterse a aprobación interna
conforme la Constitución
CONVENIO DE COOPERACION TECNICA, CIENTIFICA Y TECNOLOGICA ENTRE EL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE  COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE
HONDURAS-Acuerdos complementarios, canjes de notas
y programas
El Convenio Sub examine  es constitucional en la medida que los
acuerdos complementarios, canjes de notas y programas a que en él se alude: a)
No contengan nuevas obligaciones distintas a las pactadas en el mismo; b) Se
enmarquen dentro de los propósitos y objetivos del Convenio, y c) No se
modifique el convenio, ni se refieran dichos Acuerdos a aspectos diferentes a
la cooperación “Técnica, Científica y Tecnológica” entre los dos Estados.
LEY APROBATORIA DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA, CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE
HONDURAS-Compatible con la Carta Política
Referencia: expediente L.A.T.-281
Revisión constitucional de la Ley 969 del 13 de
julio de 2005 “por medio de la cual se
aprueba el Convenio de Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de
Honduras”, suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C.,
el 12 de noviembre de 2003
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá D.C., ocho (8) de marzo de dos mil seis
(2006).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.       ANTECEDENTES
El Gobierno Nacional, por conducto de la
Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, allegó a esta
Corporación, el día diecinueve (19) de julio de 2005, fotocopia auténtica de la
Ley 969 del 13 de julio de 2005 “por medio de
la cual se aprueba el Convenio de Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de
Honduras”, suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C.,
el 12 de noviembre de 2003.
Mediante auto del once (11) de agosto de 2005,
con el objeto de ejercer el control de constitucionalidad que el numeral décimo
(10) del artículo 241 de la Constitución Política ordena, se asumió el examen
del Convenio bajo estudio y de la Ley 969 de 2005 que lo aprueba.
De manera que, luego de surtidos los trámites
constitucionales y legales propios de esta clase de procesos, esta Corporación
se pronuncia respecto de la constitucionalidad del instrumento internacional
bajo examen.
II.      TEXTO DE LAS NORMAS QUE SE
REVISAN
A continuación se
transcribe el texto de la Ley 969 de 2005, tomado de la copia auténtica que
remitió el Gobierno Nacional y conforme al Diario Oficial, Año CXLI No. 45.970
del 15 de julio de 2005, Págs. 84 a 87.
“LEY 969 DE 2005
(julio 13)
por medio de la
cual se aprueba el Convenio de Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de
Honduras”, suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C., el 12 de noviembre de 2003
PROYECTO DE LEY NUMERO 89 DE 2004
por medio de la
cual se aprueba el "Convenio de Cooperación Técnica, Científica y
Tecnológica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República de Honduras", suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C., el 12 de
noviembre de 2003.
El Congreso de la República
Visto el texto
del "Convenio de Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de
Honduras", suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C., el 12 de noviembre de
2003, que a la letra dice:
(Para ser
transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del instrumento
internacional mencionado).
CONVENIO DE COOPERACION TECNICA, CIENTIFICA
Y TECNOLOGICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA
Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
El Gobierno de la República de Colombia
y
El Gobierno de la República de Honduras
En adelante
denominados las Partes;
Animados por el deseo de fortalecer en ambos países
los lazos de amistad y cooperación, y convencidos de los múltiples beneficios
que se derivan de una mutua colaboración;
Reconociendo la importancia que la cooperación técnica,
científica y tecnológica, representa para la intensificación de las acciones en
el orden económico y social en ambas naciones;
Destacando la necesidad de fomentar, concretar y
modernizar la infraestructura técnica, científica y tecnológica de los dos
países;
Han acordado
lo siguiente:
Artículo I
Objeto
El presente
instrumento tiene como finalidad, establecer las condiciones generales que
regulan la cooperación técnica, científica y tecnológica, acordada por las
Partes en proyectos específicos definidos a través de acuerdos complementarios,
Canjes de Notas o Programas definidos por las Partes, en la Comisión Mixta de
que trata el artículo VI.
Las Partes al
definir las áreas de cooperación en proyectos y programas específicos, tendrán
particularmente en cuenta, que las mismas respondan a criterios afines con la
promoción de la Paz y la Seguridad Internacional, el fomento al respeto de los
Derechos Humanos, el Desarrollo Sostenible y el fortalecimiento a la
Democracia.
Artículo II
Areas de cooperación
Las Partes
establecen las siguientes áreas de cooperación, y las que se definan de mutuo
acuerdo, las cuales podrán ampliarse en el futuro de común acuerdo.
Educación,
Modernización del Estado y Gestión del Estado; Agropecuario y Agroindustria;
Mujer y Género; Salud; Turismo; Participación Ciudadana; Microempresa.
Artículo III
Financiación
La ejecución
de los proyectos o programas de cooperación técnica, científica y tecnológica,
se realizarán bajo la modalidad de costos compartidos, definidos en el instrumento
específico correspondiente. Las Partes pueden solicitar de común acuerdo, la
participación de terceros países y/o organismos internacionales, tanto para la
financiación como para la ejecución de programas y proyectos, que surjan de las
modalidades de cooperación contempladas en cada caso.
Artículo IV
Entidades responsables de la cooperación
Como Entidades
responsables para el cumplimiento de los términos del presente Convenio:
- La Parte
Colombiana designa al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Agencia
Colombiana de Cooperación Internacional, ACCI.
- La Parte
Hondureña designa a la "Secretaría Técnica y de Cooperación Internacional,
SETCO".
Artículo V
Modalidades de cooperación
Para los fines
del presente Convenio, la cooperación técnica y científica entre las Partes
podrán asumir las siguientes modalidades:
- Intercambio
de especialistas, profesionales, investigadores y profesores universitarios.
- Estudios e
investigación.
- Recepción de
expertos.
- Capacitación
y Pasantías en instituciones de reconocido prestigio y nivel de excelencia.
- Intercambio
de información científica y tecnológica.
- Otorgamiento
de becas para estudios de especialización profesional y estudios intermedios de
capacitación técnica.
- Proyectos
integrales.
- Envío de
equipo y material necesario para la ejecución de proyectos específicos.
- Cualquier
otra actividad de cooperación que sea convenida entre las Partes.
Artículo VI
Alcance, funcionamiento e instrumentación
1. Se crea una
Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica, como Instancia de
funcionamiento e instrumentación de la Cooperación entre Colombia-Honduras,
conformada por las entidades responsables citadas en el artículo IV, y otros
representantes y expertos que las instituciones consideren necesarios.
La Comisión
Mixta estará presidida por la Dirección de Cooperación Internacional del
Ministerio de Relaciones Exteriores en conjunto con la Agencia Colombiana de
Cooperación Internacional, ACCI, en el caso de Colombia, y por la Secretaría
Técnica y de Cooperación Internacional, SETCO, en el caso de Honduras.
2. Los
proyectos específicos se identificarán y prepararán siguiendo los
procedimientos establecidos en cada país, y se presentarán en el Marco de la
Comisión Mixta de Cooperación.
3. La Comisión
Mixta cumplirá las siguientes funciones:
- Determinar y
analizar los campos prioritarios, en los que se puedan realizar programas y
proyectos específicos de cooperación técnica y científica.
- Proponer y
coordinar las actividades, proyectos y acciones concretas, en relación con los
objetivos del presente Convenio, y definir los medios necesarios para su
realización y evaluación.
- Identificar
nuevos sectores y áreas de cooperación.
- Buscar los
medios adecuados para prevenir las dificultades que se puedan presentar en los
campos cubiertos por el presente Convenio.
- Controlar,
hacer seguimiento, evaluar las actividades y formular las recomendaciones y
modificaciones necesarias, para garantizar el cumplimiento de los objetivos
propuestos.
- Incentivar
la aplicación de los resultados logrados en el curso de la cooperación.
- Informar a
las Partes sobre las recomendaciones que tengan por objeto la expansión de los
intercambios y diversificación de la cooperación.
- Definir y
aprobar un programa bianual de trabajo, que contemple proyectos específicos,
agentes ejecutores y fuentes de financiación.
4. Con el fin
de revisar la cooperación bilateral y preparar las comisiones mixtas, se
realizarán anualmente reuniones de evaluación y seguimiento. Dichas reuniones,
serán ejercicios de revisión sobre el avance de los proyectos y programas de
cooperación, las cuales se llevarán a cabo en forma individual tanto en la
República de Colombia como en la República de Honduras bajo la responsabilidad
de:
- Los representantes
de la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones
Exteriores; de la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, ACCI, y de
las instituciones técnicas colombianas y los representantes de la Embajada de
la República de Honduras en Bogotá, de una Parte.
- Los
representantes de la Secretaría Técnica y de Cooperación Internacional, SETCO,
de Honduras y entidades públicas que la Parte Hondureña estimare conveniente y
los representantes de la Embajada de Colombia, en Tegucigalpa, de otra Parte.
- Los
resultados de las Reuniones de Evaluación y Seguimiento, quedarán anotadas en
un Acta que se enviará a las entidades responsables de la cooperación, para que
sirvan de instrumento de evaluación y para la coordinación en la preparación de
las futuras Comisiones Mixtas.
5. La Comisión
Mixta se reunirá cada dos años alternadamente, en la República de Colombia y en
la República de Honduras.
Sin perjuicio
de lo previsto en el párrafo precedente, las Partes podrán convocar, de común
acuerdo y cuando lo consideren necesario reuniones extraordinarias de la
Comisión Mixta.
Artículo VII
Instrumentos y medios para la realización
de la cooperación
Con el fin de
facilitar la realización de los objetivos de la cooperación estipulada en el
presente Convenio, cada una de las Partes, podrá celebrar Convenios
Complementarios sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo II de este
Convenio.
En dicho
Convenio Complementario se designarán las entidades ejecutoras de cada proyecto.
Artículo VIII
De los expertos, impedimentos, privilegios
e inmunidades
El personal
que en forma oficial intervenga en los proyectos de cooperación, se someterá a
las disposiciones del presente Convenio y no podrá dedicarse a ninguna
actividad ajena a sus funciones ni recibir remuneración alguna, fuera de las
estipuladas por las Partes.
Las Partes
concederán a los funcionarios expertos o técnicos enviados por el Gobierno de
cualquiera de las Partes, en el marco del presente Convenio, que no sean nacionales
ni extranjeros, residentes en el país, además de los privilegios y exenciones
que para funcionarios o peritos respectivamente, contiene la Convención de
Privilegios e Inmunidades del 13 de febrero de 1946 de las Naciones Unidas, las
siguientes facilidades:
a) La
obtención del visado correspondiente para el funcionario experto o técnico y
los miembros de su familia que se encuentren bajo su dependencia directa y
convivan con él por el término de su misión, prorrogable por un plazo
prudencial, para que efectúen los arreglos pertinentes para su salida del país;
b) Documento
de identificación en el que se haga referencia a la protección especial y
respaldo que les concede el Gobierno del Estado receptor;
c) Exención
del pago de impuesto de aduana para el ingreso y salida del país del menaje
doméstico. También estarán exentos de dichos impuestos el equipo y material
necesario para la ejecución de los proyectos.
Artículo IX
Solución de controversias sobre
interpretación y aplicación del convenio
Las normas del
presente Convenio serán interpretadas de conformidad con las disposiciones
previstas en los artículos 31 y 32 de la "Convención de Viena de 1969
sobre el Derecho de los Tratados", vigente para ambas Partes y las
discrepancias que pudieren surgir de la interpretación o aplicación del
presente Instrumento, serán resueltas por las Partes, por cualquiera de los
medios de solución pacífica de controversias contempladas en el Derecho
Internacional.
Artículo X
Actualización de convenio
El presente
Convenio sustituirá a partir de la fecha de su entrada en vigor, al
"Convenio de Cooperación Técnica y Científica, entre la República de
Colombia y la República de Honduras", firmado en Bogotá el 4 de marzo de
1980.
Artículo XI
Vigencia y duración
El presente
Convenio entrará en vigor, en la fecha del Canje de los Instrumentos de
Ratificación, una vez se hayan cumplido los requisitos legales y
constitucionales en cada una de las Partes.
El presente
Convenio tendrá una duración de cinco (5) años y se renovará automáticamente
por períodos iguales, si ninguna de las Partes manifiesta por escrito su deseo
de no prorrogarlo, con una antelación de por lo menos seis meses a la fecha de
terminación del período respectivo.
Cualquiera de
las Partes podrá denunciar el presente Convenio, mediante notificación escrita,
que surtirá efectos seis (6) meses después de la fecha de recibo de la Nota
correspondiente. Los proyectos o programas de cooperación que se encuentren en
curso, continuarán ejecutándose hasta su terminación o hasta la fecha que las
Partes convengan.
Suscrito en la
ciudad de Bogotá, D. C., el día 12 de noviembre dedos mil tres (2003), en dos
ejemplares originales en idioma español, siendo ambos textos igualmente
válidos.
Por el
Gobierno de la República de Colombia,
Carolina Barco,
Ministra
de Relaciones Exteriores.
Por el
Gobierno de la República de Honduras,
Leonidas Rosa Bautista,
Secretario
de Relaciones Exteriores.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Bogotá, D. C.,
22 de julio de 2004
Aprobado.
Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos
constitucionales.
(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.)
Carolina Barco Isakson.
DECRETA:
Artículo 1º.
Apruébase el "Convenio de Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de
Honduras", suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C., el 12 de noviembre de
2003.
Artículo 2º.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el
"Convenio de Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de
Honduras", suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C., el 12 de noviembre de
2003, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a
partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del
mismo.
Artículo 3º.
La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en
Bogotá, D. C., a
DECRETA:
Artículo 1º.
Apruébase el "Convenio de Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de
Honduras", suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C., el 12 de noviembre de
2003.
Artículo 2º.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el
"Convenio de Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de
Honduras", suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C., el 12 de noviembre de
2003, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a
partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del
mismo.
Artículo 3º.
La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
El Presidente
del honorable Senado de la República,
Luis Humberto Gómez Gallo.
El Secretario
General del honorable Senado de la República,
Emilio Ramón Otero Dajud.
La Presidenta
de la honorable Cámara de Representantes,
Zulema Jattin Corrales.
El Secretario
General de la honorable Cámara de Representantes,
Angelino Lizcano Rivera.
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y
cúmplase.
Ejecútese,
previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la
Constitución Política.
Dada en
Bogotá, D. C., a 13 de julio de 2005.
El Ministro
del Interior y de Justicia, delegatario de funciones presidenciales, conforme
al Decreto número 2317 del 8 de julio de 2005,
Sabas Pretelt de la Vega.
El
Viceministro de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores,
encargado de las funciones del despacho de la Ministra de Relaciones
Exteriores,
Jaime Girón Duarte.”
III.    PRUEBAS DECRETADAS
Para efectos del
presente estudio se ofició a los Ministros del Interior y de Justicia y de
Relaciones Exteriores para que remitieran a esta Corporación los antecedentes
del Convenio materia de revisión, como también el pronunciamiento respecto de
la constitucionalidad del mismo.  De la misma manera se ordenó correr traslado
al Procurador General de la Nación con el fin de que rindiera el concepto de
rigor.
Igualmente se ofició a
los Secretarios Generales del Senado de la República, de la Cámara de Representantes
y de las Comisiones Segundas Constitucionales Permanentes, de ambas Cámaras
Legislativas, para que enviaran copia de las Gacetas del Congreso donde se
publicó el proyecto que culminó con la expedición de la Ley 969 del 13 de julio
de 2005 y las ponencias e informes de ponencia para los respectivos debates
constitucionales; así mismo, para que certificaran respecto del desarrollo de
los debates que se llevaron a cabo para la discusión y aprobación del referido
proyecto, especificando la fecha en la que fue aprobado, el quórum y la
votación obtenida finalmente.
Sobre el material probatorio recaudado se hará
referencia en las consideraciones que fundamentarán la parte resolutiva de esta
providencia.
IV.    INTERVENCION DE AUTORIDADES PUBLICAS
De acuerdo con los escritos que obran en el
expediente, intervinieron en el presente proceso el Ministerio del Interior y
de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores en los términos que se
resumen a continuación:
1.  Ministerio del Interior y
de Justicia
En el presente proceso intervino el
Ministerio del Interior y de Justicia, a través del Director del Ordenamiento
Jurídico para solicitar la declaratoria de constitucionalidad del Convenio bajo
estudio y de su Ley aprobatoria, a partir de las consideraciones que enseguida
se sintetizan.
El interviniente recuerda que de conformidad con
lo establecido en los artículos 154 y 155 de la Constitución Política, las
Leyes pueden tener origen en cualquiera de las Cámaras, siempre y cuando la
persona que lo presente tenga iniciativa legislativa para el efecto.
En ese entendido, afirma que el Gobierno
Nacional por intermedio de la Ministra de Relaciones Exteriores presentó el día
23 de agosto de 2004 ante el Congreso de la República, en el Senado de la
República el proyecto de ley que antecedió a la norma que se revisa, siendo
radicado bajo el número 89 de 2004 y repartido para el conocimiento de la
Comisión Segunda Constitucional Permanente de esa Cámara.
Indica que dando cumplimiento a lo previsto en
el artículo 157 superior y en el artículo 144, 149 y 150 de la Ley 5ª de 1992,
la iniciativa del proyecto referido fue publicada junto con la respectiva
exposición de motivos en la Gaceta del Congreso No. 471 del 26 de agosto de
2004, siendo designados como ponentes los Senadores Jesús Angel Carrizosa y
Gloria Stella Díaz Ortíz que rindieron ponencia positiva, siendo publicada en
la Gaceta del Congreso No. 611 del 14 de octubre de 2004, la cual previo
anunció fue debatida y aprobada en la Comisión Segunda del Senado el día 3 de
noviembre de 2004 con el quórum reglamentario exigido para ese tipo de
iniciativa.
Manifiesta que una vez cumplido el término de
ocho días previsto en el artículo 160 constitucional, el proyecto pasó a
estudio de la Plenaria del Senado en donde se presentó ponencia favorable la
cual fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 745 del 25 de noviembre de
2004, y previo anuncio fue aprobada el día 6 de diciembre de 2004 según consta
en el Acta No. 54 de dicha sesión, publicada en la Gaceta del Congreso No. 396
de 2004, con el quórum reglamentario exigido para ese tipo de iniciativa.
Aduce que una vez cumplido el término de quince
días exigido por el artículo 160 superior, el proyecto fue presentado en la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes siendo designado como ponente
el Representante Fabio Arango Torres que rindió ponencia favorable a la
aprobación del proyecto la cual fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 184
del 18 de abril de 2005, la Comisión previo anuncio, estudió la ponencia y le
dio su aprobación el día 2 de junio de 2005 con el quórum reglamentario exigido
para ese tipo de iniciativas.
Agrega que posteriormente el proyecto pasó a
estudio de la Plenaria de la Cámara de Representantes en donde se presentó
ponencia favorable que fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 371 del 15
de junio de 2005, y previo anunció se le dio aprobación el día 20 de junio de
2005 con el quórum reglamentario exigido por la Constitución Política.  Además,
una vez aprobado el proyecto de ley en el Congreso, éste fue sancionado por el
Presidente de la República en concurso con la Ministra de Relaciones
Exteriores.
En lo relativo al contenido de la Ley 969 de 2005,
señala que ésta: “...tiene el ánimo de fortalecer entre Colombia y Honduras
los lazos de amistad y cooperación, y la convicción de que la mutua
colaboración es mutuamente beneficiosa, reconoce la importancia de la
cooperación técnica, científica y tecnológica para la intensificación de las
acciones en el orden económico y social en ambas naciones, y además, destaca la
necesidad de fomentar, concretar y modernizar la infraestructura técnica,
científica y tecnológica de los dos países...”.
De otra parte, señala que el Convenio tiene un
objeto y finalidad muy claros, establece que las áreas de cooperación entre las
Partes en el marco del instrumento internacional son la educación, la
modernización y gestión del Estado, aspectos a nivel agropecuario y agroindustrial,
la mujer y el género, la salud, el turismo, la participación ciudadana y la
microempresa, y además prevé que las áreas aludidas podrán definirse y
ampliarse en el futuro de mutuo acuerdo entre las Partes celebrantes.
Explica que el Convenio bajo estudio establece
en forma clara que: “...la financiación de la ejecución de los proyectos o
programas de cooperación de que trata el mismo, se realizaran bajo la modalidad
de costos compartidos.  Establece que las Partes podrán solicitar de común acuerdo,
la participación de terceros países y/o organismos internacionales, tanto para
la financiación como para la ejecución de programas y proyectos, que surjan de
las modalidades de cooperación contempladas en cada caso...”.
Así mismo, destaca que el instrumento
internacional referido, prevé que los responsables del cumplimiento del mismo
por parte de la República de Colombia serán el Ministerio de Relaciones
Exteriores y la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional –ACCI-, y por
parte de la República de Honduras será la Secretaría Técnica y de Cooperación
Internacional –SETCO-.
Advierte que el Convenio fija expresamente
cuáles son las modalidades de cooperación y crea una Comisión Mixta de
Cooperación Técnica y Científica como una instancia de fundamento e
instrumentación de la cooperación entre las Partes, la cual estará integrada
por las entidades encargadas del cumplimiento del Convenio en ambos Estados.
En ese sentido, establece cuáles son las funciones de la Comisión aludida y
señala que la misma se reunirá cada dos años sin perjuicio de que las Partes
convoquen de común acuerdo y siempre que lo consideren necesario a reuniones
extraordinarias.
Agrega además que el Convenio señala claramente
cuáles son los instrumentos y medios para la realización de la cooperación,
regula el tema de los expertos, impedimentos, privilegios e inmunidades y en
general del personal que en forma oficial intervenga en los proyectos de
cooperación, y por último establece los temas relativos a la solución de
controversias sobre la interpretación y aplicación del instrumento
internacional, la actualización del mismo y su vigencia y duración.
En esos términos, considera que la justificación
del Convenio quedó claramente explicada en la exposición de motivos del mismo
que hizo la Ministra de Relaciones Exteriores en el Congreso de la República.
Finalmente, a su juicio la Ley 969 de 2005
considerada independientemente del Convenio que aprueba, es constitucional pues
se ajusta a los parámetros previstos en la Carta Política, y por su parte, el
Convenio también cumple con los mandatos constitucionales, en la medida en que
recoge en su contenido muchos de los postulados que sustentan el Estado Social
de Derecho y otros que son la base misma de la función de éste con miras a la
consecución de los fines constitucionales.
2.   Ministerio de Relaciones Exteriores
El Ministerio de Relaciones Exteriores, actuando
a través de apoderado judicial, interviene en el presente proceso con el fin de
solicitar la declaratoria de constitucionalidad del Convenio bajo estudio y de
su Ley aprobatoria, con base en los argumentos que a continuación se resumen.
Advierte que el Convenio bajo estudio fue
suscrito por los Gobiernos de Colombia y Honduras: “...convencidos de la
importancia de establecer mecanismos que contribuyan al desarrollo técnico,
científico y tecnológico, así como la necesidad de ejecución de programas y
planes que enriquezcan dichos mecanismos, y propendan por la efectiva
incidencia de esos avances en el desarrollo social y económico de sus
respectivos Estados, constituyéndose así este Convenio en un instrumento de
vital importancia para alcanzar ese propósito, armonizando así los mecanismos
necesarios, para poner a tono la cooperación existente con la realidad mundial
en materia de avances tecnológicos...”.
De otra parte, señala que el instrumento
internacional aludido fue suscrito por la Ministra de Relaciones Exteriores
Dra. Carolina Barco Isakson, quien en virtud de sus funciones, no necesitaba la
presentación de plenos poderes para la suscripción del Convenio, de conformidad
con lo previsto en el artículo 7, numeral 2, literal a) de la Convención de
Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados.
En lo relativo al trámite del proyecto de ley,
recuerda que el Presidente de la República impartió su aprobación ejecutiva a
la Ley que aprobó el Convenio bajo estudio el 22 de julio de 2004, y en el
mismo acto en cumplimiento de los trámites constitucionales ordenó someter el
mismo a consideración del Congreso de la República, que finalmente aprobó el
Convenio mediante la Ley 969 de 2005.
En lo atinente al contenido material del
Convenio, señala que éste: “... contempla el fomento y la realización del
programas de cooperación técnica y científica en áreas de interés común, de
conformidad con las prioridades establecidas, en las políticas y estrategias de
desarrollo económico y social de los países contratantes...”, de forma tal
que con el propósito de lograr los avances previstos en el texto del
instrumento internacional, las Partes se comprometen con los principios del
beneficio mutuo, reciprocidad, respeto a la soberanía, no intervención en
asuntos internos y las políticas de desarrollo social y económico establecidas
en cada país.
Así mismo, afirma que el Convenio bajo estudio
señala cuáles son las áreas de cooperación que abarcan temas como la Educación,
la modernización y gestión del Estado, la salud, el turismo, la participación
ciudadana y el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, además crea una
Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica con el fin de garantizar el
funcionamiento e instrumentación de la cooperación entre las Partes firmantes y
por ello a dicha Comisión le fueron asignadas unas funciones claras y precisas.
Por otra parte, destaca que: “...Las partes
contratantes, además de los privilegios e inmunidades contenidas en la
Convención de Naciones Unidas en 1946, convienen otorgar al personal que
intervenga en los proyectos de cooperación, todas las facilidades para entrar,
permanecer y salir del país, de conformidad con las legislaciones internas de
cada Estado...”, además dispone que el personal destinado al cumplimiento
de los proyectos en materia de cooperación y al correcto desarrollo del
Convenio de Cooperación deberá velar por el estricto cumplimiento de sus
funciones, de conformidad con la práctica existente para la cooperación
técnica-bilateral y con la legislación interna vigente en cada una de los
países firmantes teniendo en cuenta el régimen de la más estricta reciprocidad.
Explica que el Convenio bajo estudio se ajusta a
lo previsto en los artículos 9, 64, 65, 67, 70, 150-16, 189-2, 226 y 227 de la
Constitución Política, en la medida en que tiene como propósito fundamental el
desarrollo de las relaciones amistosas con la República de Honduras, el fomento
y el estímulo de la cooperación bilateral en diversos campos, además desarrolla
las relaciones económicas entre Colombia y Honduras sobre las bases de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional, y evidencia la necesidad de profundizar
las relaciones mediante una cooperación técnica y científica en igualdad de
condiciones.
En ese entendido, señala que: “...El
fundamento de las relaciones económicas aludidas se puede hallar enmarcado en
los principios generales del Derecho Internacional, desarrollando el principio
del ‘Beneficio Mutuo y Equitativo’, reafirmándose así que este Convenio celebró
(sic) las bases de internacionalización de las relaciones políticas,
económicas, sociales y culturales de conformidad con los enunciados básicos de
equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, constituyéndose en todo caso, en
un paso para la aplicación del principio de la cooperación internacional, sobre
las que se sustenta este Convenio...”.
Concluye entonces que el instrumento
internacional referido desarrolla los principios rectores de la Constitución
Política, pues mediante aquel se ponen en práctica los lineamientos de la
actividad económica, social y de desarrollo del Estado, se reafirman los
objetivos de la Política Exterior Colombiana, en el sentido de incrementar la
cooperación con los países latinoamericanos y del caribe en materias tan
importantes como la ciencia y la tecnología, fomentando así el desarrollo de
Colombia en esos temas y permitiendo por tanto su posicionamiento regional a
nivel técnico, científico y tecnológico.
3.  Intervención ciudadana – Ciudadano José
Manuel Alvarez Zárate
El ciudadano José Manuel Alvarez Zárate
intervino en el presente proceso con el fin de solicitar a la Corte la
declaratoria de constitucionalidad del Convenio bajo estudio y de su Ley
aprobatoria, a partir de las consideraciones que enseguida se sintetizan.
Afirma que el artículo 2° del Convenio bajo
estudio al incluir dentro de las áreas de cooperación la cooperación en temas
de salud, guarda consonancia con lo previsto en el artículo 49 de la
Constitución Política que promueve la protección de la salud y el ius cogens
adoptado por la Carta Fundamental.
En ese entendido, advierte que: “...El
derecho a la salud es reconocido por el ius cogens, entendiendo por éste el
conjunto de normas imperativas del derecho internacional respecto de las cuales
no cabe entre los Estados pacto en contrario.  El ius cogens está integrado no
sólo por las normas internacionales sino por normas internas que participan de
la calidad de imperativas que las caracteriza, como los derechos fundamentales,
tanto los reconocidos por nuestra Constitución como de aquellos que ingresan a
nuestro ordenamiento por la vía de los tratados internacionales ratificados por
Colombia...”, de forma tal que el derecho a la salud también forma parte de
aquel núcleo de los derechos humanos que constituyen ius cogens, pues las normas
de derechos humanos que lo constituyen comprenden dentro del derecho a la vida
y a la integridad física, derechos conexos como el de la salud.
Agrega además que en el caso del derecho a la
vida y su conexo a la salud, por tratarse de un derecho de rango superior, los
tratados internacionales deben considerar que sus obligaciones no vulneren o
pongan en peligro los mismos y mucho menos que sus obligaciones impliquen un
retroceso en el nivel de bienestar de los mismos, o incluso de los derechos
sociales, de suerte que todas las obligaciones relativas a la salud pública
deben ser estudiadas con cuidado, pues ese acceso a la salud también ha sido
reconocido como un derecho derivado de la vida en la Constitución Política, así
como en los acuerdos sobre derechos humanos, sociales y económicos.
Considera que en relación con lo previsto en el artículo VII del
Convenio según el cual se deben presentar las declaraciones respecto a los
Convenios complementarios, la Corte debe al momento de pronunciarse de fondo sobre
la constitucionalidad de tal norma, hacer una precisión en el sentido de
aclarar que dichos Convenios por crear nuevas obligaciones entre los Estados
comprometiendo internacionalmente a los mismos deben surtir el trámite previsto
en la Constitución Política, esto es, deben gozar de la aprobación por parte
del Legislativo y el control previo automático de constitucionalidad.
Así mismo, estima que la Corte debe advertir que
la celebración de los citados convenios complementarios no implicará en ningún
momento la incorporación por referencia a otros tratados de orden
internacional: “...entendido por esta figura (incorporación por referencia)
la facultad de ‘sustituir la regulación directa de la totalidad o parte de una
materia por la invocación de un texto conocido y determinado que se entiende
incorporado al tratado en los términos que los negociadores convengan’....”, esto
en virtud de lo previsto en la Constitución Política, según la cual no se puede
acudir a esa forma de regulación indirecta de tratados internacionales, toda
vez que, el proceso de celebración de éstos es un acto complejo, con
competencias diferenciadas en cada una de las ramas del poder público que no
pueden ser usurpadas por el Gobierno Nacional al momento de suscribir un
instrumento internacional.
Como fundamento de sus aseveraciones cita un
aparte de la sentencia C-690 de 2003.
En ese orden de ideas, reitera que la Corte: “...deberá
realizar la respectiva declaración bajo el entendido de que la celebración de
dichos convenios complementarios para que se ajusten al ordenamiento
constitucional deberán cumplir el trámite previsto en la norma, es decir,
deberán gozar de la aprobación por parte del legislativo y su respectivo
control constitucional, así como tampoco implicará la incorporación por
referencia de otros tratados internacionales, toda vez que la celebración de
dichos convenios implica que el Estado se está comprometiendo
internacionalmente y como tal convirtiéndose en un sujeto de obligaciones...”.
Finalmente, manifiesta que en relación con lo
previsto en el artículo VIII del Convenio, la Corte igualmente deberá realizar
la respectiva declaración interpretativa, en el sentido de indicar que el tipo
de exenciones tributarias allí señaladas, son válidas sin perjuicio del reconocimiento
de la capacidad impositiva del Estado, en sus órdenes territorial y orgánico,
de forma tal que la norma en cita del Convenio será valida, esto es,
constitucional siempre que respete la facultad impositiva que le asiste a las
entidades territoriales, de conformidad con lo previsto en el artículo 294
superior.  Sobre el particular cita un aparte de la sentencia C-178 de 1995.
V.      CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACION
El Procurador General
de la Nación, mediante concepto No. 3975 recibido en esta Corporación el
primero (1°) de noviembre de 2005, solicitó a la Corte declarar la
exequibilidad del Convenio sometido a estudio así como la Ley aprobatoria del
mismo, por las razones que a continuación se explican.
Recuerda que el instrumento internacional objeto
de estudio fue suscrito en la ciudad de Bogotá D. C. el 12 de noviembre de 2003
por la Ministra de Relaciones Exteriores doctora Carolina Barco Isakson, sin
que para tal acto se hiciera necesaria la expedición de plenos poderes de
conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Convención de Viena de 1969
sobre los Derechos de los Tratados.
En lo atinente al trámite del proyecto de ley en
el Congreso, afirma que dado que la Constitución no señaló un trámite especial
para las leyes aprobatorias de tratados internacionales ni para efectos de su
incorporación a la legislación interna, les corresponde el previsto para las
leyes ordinarias (arts. 157, 158, 159, 160 y 165 de la Constitución Política),
considerando que la iniciación del procedimiento debe efectuarse por mandato
del artículo 154 superior en el Senado de la República, toda vez que, la Ley
que aprueba un instrumento público se inscribe en la órbita de las relaciones
internacionales.
En cuanto al
trámite del proyecto de ley surtido en el Congreso de la República y el que se
radicó bajo el número 89/04 del Senado y 268/04 –Cámara-, señala que el texto
original del proyecto así como su respectiva exposición de motivos, fueron
presentados el día 22 de julio de 2004, siendo publicados en la Gaceta del
Congreso No. 471 del 26 de agosto de 2004, cumpliendo así con los requisitos
referentes a la iniciación de esta clase de asuntos en el Senado (art.154
constitucional), al igual que la publicación del proyecto de ley antes de su
estudio en la comisión respectiva para darle primer debate (art.157, numeral 1
de la Constitución).
Manifiesta que el informe de ponencia para
primer debate en la Comisión Segunda Constitucional del Senado, fue presentado
por los Senadores Gloria Stella Díaz y Jesús Angel Carrizosa, y publicado en la
Gaceta del Congreso No. 611 del 14 de octubre de 2004.   Afirma que de
conformidad con la certificación expedida por el Secretario General de la
Comisión Segunda del Senado, dicha Comisión aprobó en forma unánime en primer
debate, el proyecto de ley el día 3 de noviembre de 2004 con un quórum
deliberatorio y decisorio integrado por once (11) de los trece (13) miembros
que integran esa Corporación, cumpliéndose así el requisito que sobre quórum
decisorio exige el artículo 146 constitucional, adicionalmente el proyecto de
ley fue anunciado el 26 de octubre de 2004, según consta en el Acta No. 17
publicada en la Gaceta del Congreso No. 540 de 2005, dándose así cumplimiento a
lo previsto en el artículo 8° del Acto Legislativo No. 1 de 2003.
Aduce que la
ponencia para segundo debate fue presentada igualmente por los Senadores Gloria
Stella Díaz y Jesús Angel Carrizosa en la plenaria del Senado y el
correspondiente informe de ponencia se publicó en la Gaceta del Congreso No. 745
del 25 de noviembre de 2004.  Afirma que de conformidad con la certificación
expedida por el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado y según
consta en el Acta No. 26 publicada en la Gaceta del Congreso No. 003 del 24 de
enero de 2005, dicha Comisión aprobó en segundo debate el proyecto de ley el
día 6 de diciembre de 2004 con un quórum deliberatorio y decisorio integrado
por noventa y cinco (95) de los ciento dos (102) miembros que integran esa
Corporación, cumpliéndose así el requisito que sobre quórum decisorio exige el
artículo 146 constitucional, adicionalmente, el proyecto de ley fue anunciado
en la sesión ordinaria del día 1° de diciembre de 2004 según consta en el Acta
No. 25 publicada en la Gaceta del Congreso No. 002 del 24 de enero de 2005,
dando así cumplimiento a lo previsto en el artículo 8° del Acto Legislativo No.
01 de 2003.
En relación
con la ponencia para primer debate en la Comisión Segunda Constitucional de la
Cámara precisa que la ponencia fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 184
del 18 de abril de 2005, siendo el ponente para primer debate el Representante
Fabio Arango Torres, además de conformidad con la certificación expedida el 23
de agosto de 2005 por el Secretario de esa Corporación, la Comisión Segunda de
la Cámara con la asistencia de diecisiete (17) Representantes votó y aprobó
unánimemente en sesión del 2 de junio de 2005 el proyecto de ley No. 286 de
2004 –Cámara-, cumpliéndose así con el requisito de quórum deliberatorio y
decisorio exigido por la Constitución, así como del término que debe mediar
entre la aprobación de un proyecto de ley en una de las Cámaras y la iniciación
del debate en la otra, esto es, de quince (15) días mínimo, adicionalmente, el
proyecto de ley fue anunciado en la sesión ordinaria del día 1° de junio de
2005 según consta en el Acta No. 40 de la misma fecha, dando así cumplimiento a
lo previsto en el artículo 8° del Acto Legislativo No. 01 de 2003.
Afirma que la ponencia para segundo debate fue
presentada por el Representante Francisco Arango Torres y publicada en la
Gaceta del Congreso No. 371 del 15 de junio de 2005, según la certificación
expedida por el Secretario General de esa Corporación, el proyecto fue aprobado
por mayoría el día 20 de junio de 2005, con la presencia de 161 Representantes,
adicionalmente el proyecto de ley fue anunciado para el segundo debate en
sesión plenaria el día 17 de junio de 2005, según consta también en el Acta No.
183 de la misma fecha, dando cumplimiento así a lo previsto en el artículo 8°
del Acto Legislativo No. 1° de 2003.
En ese sentido, considera que no solamente se
cumplió con el requisito del anuncio del proyecto y su votación en la fecha
señala con anterioridad tanto en la Comisión como en la Plenaria, sino también
con el requisito de quórum decisorio, y el término que debe mediar entre la
aprobación de un proyecto de ley en la Comisión Constitucional respectiva y la
Plenaria correspondiente, esto es ocho días.
Recuerda que el día trece (13) de julio de 2005
el Presidente de la República sancionó la ley aprobatoria del instrumento
internacional bajo examen, convirtiéndose en la Ley 969 de 2005, la citada ley
fue remitida posteriormente por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la
República a la Corte Constitucional el dieciocho (18) de julio de 2005, de
conformidad con lo previsto para el efecto en el artículo 241, numeral 10 de la
Carta Política.
Considera entonces que la Ley 969 de 2005
aprobatoria del instrumento internacional en análisis cumplió con los
requisitos constitucionales y legales para efectos de su expedición, en
consecuencia, ésta resulta exequible desde el punto de vista formal.
En lo atinente al contenido material del
Convenio, señala que éste constituye una herramienta efectiva en el ámbito
bilateral con el propósito de dinamizar la cooperación en sectores vitales para
los Estados como son la educación, la cultura, el medio ambiente, la salud, la
energía, entre otros.
De otra parte, considera que el citado
instrumento internacional constituye un desarrollo importante del Capítulo 2°
de la Constitución Política, especialmente los artículos 70 y 71, que por demás
están en armonía con lo previsto en el artículo 27 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos, y el artículo 15, literal b) del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.
Finalmente, advierte que en lo relativo a los
acuerdos complementarios a los que hace alusión el Convenio objeto de estudio,
la Corte debe aclarar que éstos requerirán aprobación del Congreso de la
República y el control previo de constitucionalidad, en la medida en que ellos
impongan alguna obligación al Estado Colombiano.
En esos términos, concluye entonces que: “...
a través del contexto de la globalización, el Convenio de Cooperación implica
otorgar una atención especial a los procesos relacionados con la técnica
científica y tecnológica, constituyéndose completamente y bajo múltiples formas
como materia prima por excelencia de las sociedades contemporáneas...”, en
ese entendido, el Convenio propende por el intercambio y la cooperación
educativa y cultural dentro de un marco de respeto por la soberanía y el
derecho a la autodeterminación de los países signatarios.
VI.    CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
1.      Competencia
En los términos del numeral 10 del artículo 241
de la Carta Política, la Corte Constitucional es competente para pronunciarse
en forma definitiva sobre la exequibilidad de la Ley “por medio de la cual se aprueba el Convenio de Cooperación Técnica,
Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de la República de Honduras”, suscrito en
la ciudad de Bogotá, D. C., el 12 de noviembre de 2003.
2. Examen de
constitucionalidad del Convenio y de su Ley Aprobatoria
La Corte ha afirmado en forma reiterada que el
mencionado control de constitucionalidad que ejerce respecto de los
instrumentos internacionales y sus leyes aprobatorias, comprende la totalidad
del contenido de esos actos jurídicos, tanto en sus aspectos formales como de
fondo.  A continuación, la Sala se propone adelantar dicho control integral con
el alcance anunciado.
2.1.   La constitucionalidad en los aspectos formales
La revisión de la constitucionalidad del
Convenio materia de estudio, así como de su Ley aprobatoria, por aspectos de
forma, comprenderá tanto la facultad de representación del Estado Colombiano
para la firma del respectivo instrumento internacional, como lo referente al
trámite legislativo de su Ley aprobatoria en el Congreso de la República, con
sujeción a los mandatos superiores, de la siguiente forma:
2.1.1. La representación del Estado colombiano
en la celebración del Convenio
El “Convenio
de Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la República de Honduras”, suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C., el 12 de noviembre de 2003,
fue suscrito por la Ministra de Relaciones Exteriores doctora Carolina Barco
Isakson, quien actuó en nombre y representación de la República de Colombia,[1]
sin que para tal acto se hiciera necesaria la
expedición de plenos poderes de conformidad con lo previsto en el artículo 7°
de la Convención de Viena de 1969 sobre los Derechos de los Tratados.
Por su parte, el Presidente de la República, doctor Alvaro Uribe
Vélez, impartió al Convenio la correspondiente aprobación ejecutiva, el
veintidós (22) de julio de 2004 y ordenó someterlo a la consideración del
Congreso de la República.[2]
Por lo anterior, de acuerdo con reiterada
jurisprudencia[3]
la suscripción del instrumento que se examina, cumple con lo dispuesto por el
artículo 189-2 de la Constitución Política que asigna al Presidente de la
República la dirección de las relaciones internacionales y, en ejercicio de
dicha facultad, la posibilidad de celebrar tratados o convenios con otros
Estados y con entidades de derecho internacional.
En ese orden de ideas, por este aspecto ningún
reproche de constitucionalidad cabe hacer al Convenio sub examine ni a su Ley
aprobatoria.
2.1.2.
Trámite legislativo para la expedición de la Ley
969 de 2005
Con fundamento en las certificaciones remitidas
a la Corte por el Senado de la República y la Cámara de Representantes, así
como en los antecedentes legislativos y en las actas publicadas en las Gacetas
del Congreso de la República, se pudo determinar que el trámite surtido en esa
Corporación para la expedición de la Ley No. 969 de 2005, fue el siguiente:
2.1.2.1.       El proyecto de ley junto con la exposición de motivos fue
presentado al Senado de la República por el Gobierno Nacional a través de la
Ministra de Relaciones Exteriores el día veintitrés (23) de agosto de 2004, y
fue radicado bajo el No. 89 de 2004 –Senado- y publicado en la Gaceta del Congreso Año XIII, No. 471 del jueves 26 de agosto de 2004 (págs. 23
a 26) (Folios 11 a 42, Cuaderno de Pruebas).
2.1.2.2.       Dicho proyecto con su correspondiente exposición de motivos
fue repartido a la Comisión Segunda Constitucional del Senado donde se surtió
el primer debate siendo ponente los Senadores Gloria Stella Díaz y Jesús Angel
Carrizosa Franco.  La ponencia publicada en la Gaceta del Congreso No. 611 del jueves 14 de octubre de 2004 (págs. 12 a 15) (Folios 43 a
66, Cuaderno de Pruebas) fue debatida y aprobada con un quórum deliberatorio y
decisorio de once (11) votos a favor y ninguno en contra de los trece (13)
miembros que integran la Comisión, en sesión del tres (3) de noviembre de 2004
según consta en el Acta No. 18 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 541 del 19 de agosto de 2005 (pág.
3) (Folios 528 a 543 del Cuaderno de Pruebas) y
según certificación del veinticuatro (24) de agosto de 2005, expedida por el
Secretario General de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado
de la República (Folio 1, Cuaderno de Pruebas).
Ahora bien, según consta en el Acta No. 17 de la sesión ordinaria del veintiséis (26) de octubre
de 2004 publicada en la Gaceta del Congreso No. 540 del 19 de agosto de 2005,
(pág. 6) (Folios 520 a 527 Cuaderno de Pruebas), y según certificación del
veinticuatro (24) de agosto de 2005, expedida por el Secretario General de la
Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República (Folio 1,
Cuaderno de Pruebas), dentro
de los proyectos de ley cuya votación fue anunciada por la Secretaria de la
Corporación para la sesión del tres (3) de noviembre de 2004 figuró el proyecto
de ley 89 de 2004 –Senado-, 268 de 2004 –Cámara-, “por medio
de la cual se aprueba el Convenio de Cooperación Técnica, Científica y
Tecnológica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República de Honduras”.  Así las cosas, la Corte constata que en este caso se dio
cumplimiento al mandato contenido en el último inciso del artículo 160
constitucional.
2.1.2.3.       La plenaria del Senado
adelantó el segundo debate con base en la ponencia publicada en la Gaceta del
Congreso No. 745 del jueves 25 de noviembre de 2004 (págs. 35 y 36) (Folios 67
a 102, Cuaderno de Pruebas) siendo ponentes los Senadores Alexandra Moreno
Piraquive y Jesús Angel Carrizosa Franco.   El
proyecto fue aprobado en sesión ordinaria del día seis (6) de diciembre de 2004
con un quórum deliberatorio y decisorio de noventa y cinco (95) de los ciento
dos (102) Senadores que conforman la plenaria, según consta en el Acta No. 26
de la misma fecha publicada en la Gaceta del Congreso No. 03 del lunes 24 de
enero de 2005 (pág. 32), (Folios 103 a 166, Cuaderno de Pruebas) y según
certificación del Secretario General del Senado de la República del veintitrés
(23) de agosto de 2005. (Folio 220, Cuaderno de Pruebas).
Ahora bien, según consta en el Acta No. 25 de la sesión ordinaria
del primero (1°) de diciembre de 2004 publicada en la Gaceta del Congreso No.
02 del lunes 24 de enero de 2005, (pág. 38) (Folios 167 a 218 Cuaderno de
Pruebas), y según certificación del Secretario General del Senado de la
República del veintitrés (23) de agosto de 2005 (Folio 220, Cuaderno de
Pruebas), dentro de los proyectos de ley cuya votación
fue anunciada por la Secretaria de la Corporación para la sesión del seis (6)
de diciembre de 2004 figuró el proyecto de ley 89 de 2004 –Senado-, 268 de 2004
–Cámara-, “por medio de la cual se aprueba el Convenio de
Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la República
de Colombia y el Gobierno de la República de Honduras”.
Así las cosas, la Corte constata que en
este caso igualmente se dio cumplimiento al mandato contenido en el último
inciso del artículo 160 constitucional.
2.1.2.4.       Una vez radicado el
proyecto de ley en la Cámara de Representantes bajo el No. 268 de 2004
–Cámara-, la Comisión Segunda Constitucional Permanente adelantó el primer
debate con fundamento en la ponencia publicada en la Gaceta del Congreso No. 184
del lunes 18 de abril de 2005 (págs. 13 y 14) (Folios 278 a 283, Cuaderno de
Pruebas), siendo ponente el Representante Fabio Arango Torres.  Dicho proyecto
fue discutido y aprobado con la asistencia de diecisiete (17) Representantes,
en forma unánime, en sesión ordinaria del dos (2) de junio de 2005, según
certificación del Secretario General de la Comisión Segunda Constitucional
Permanente de la Cámara de Representantes expedida el veintitrés (23) de agosto
de 2005. (Folio 395, Cuaderno de Pruebas) y según consta en el Acta No. 41 del
dos (2) de junio de 2004 de la Comisión Segunda Constitucional Permanente
publicada en la Gaceta del Congreso No. 734 del 24 de octubre de 2005, (pág. 9)
(Folios 569 a 580 del Cuaderno de Pruebas).
Ahora bien, según consta en el Acta No. 40 de la sesión ordinaria
del primero (1) de junio de 2005 publicada en la Gaceta del Congreso No. 733
del 24 de octubre de 2005, (pág. 22) (Folios 544 a 568 Cuaderno de Pruebas), y
según certificación del Secretario General de la Comisión Segunda
Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes expedida el veintitrés
(23) de agosto de 2005 (Folio 11 Cuaderno de Pruebas), dentro de los proyectos
de ley cuya votación fue anunciada por la Secretaria de la Corporación para la
sesión del dos (2) de junio de 2005 figuró el proyecto de ley 268 de 2004
–Cámara- y 89 de 2004 –Senado-, “por medio
de la cual se aprueba el Convenio de Cooperación Técnica, Científica y
Tecnológica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República de Honduras”.  Así las cosas, la Corte constata que en este caso
igualmente se dio cumplimiento al mandato contenido en el último inciso del
artículo 160 constitucional.
2.1.2.5.       La plenaria de la Cámara
de Representantes adelantó el segundo debate del proyecto de ley, a partir de
la ponencia publicada en la Gaceta del Congreso No. 371 del miércoles 15 de
junio de 2005 (págs. 9 a 11) (Folios 240 a 255, Cuaderno de Pruebas), siendo
ponente el Representante Fabio Arango Torres, dicha ponencia fue discutida y
aprobada en sesión plenaria del veinte (20) de junio de 2005 por mayoría de los
presentes ciento sesenta y uno (161) Representantes de la Corporación, según
consta en el Acta No. 184 de la misma fecha publicada en la Gaceta del Congreso
No. 505 del lunes ocho (8) de agosto de 2005 (pág. 97) (Folios 256 a
355, Cuaderno de Pruebas) y según certificación expedida por el Secretario
General de la Cámara de Representantes del veinticinco (25) de agosto de 2005
(Folio 223 Cuaderno de Pruebas).
Ahora bien, según consta en el Acta No. 183 de la sesión ordinaria
del diecisiete (17) de junio de 2005 publicada en la Gaceta del Congreso No.
515 del miércoles 10 de agosto 2005, (pág. 37), (Folios 356 a 394 Cuaderno de
Pruebas), y según certificación expedida por el Secretario General de la Cámara
de Representantes del veinticinco (25) de agosto de 2005 (Folio 223 Cuaderno de
Pruebas), dentro de los proyectos de ley cuya
votación fue anunciada por la Secretaria de la Corporación para la sesión del
veinte (20) de junio de 2005 figuró el proyecto de ley 268 de 2004
–Cámara- y 89 de 2004 –Senado-, “por medio
de la cual se aprueba el Convenio de Cooperación Técnica, Científica y
Tecnológica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República de Honduras”.  Así las cosas, la Corte constata que en este caso
igualmente se dio cumplimiento al mandato contenido en el último inciso del
artículo 160 constitucional.
2.1.2.6.       El
Ministro del Interior y de Justicia, delegatario de funciones presidenciales sancionó la Ley aprobatoria del Convenio sub exámine,
el trece (13) de julio del año 2005, bajo el No. 969 y la remitió a esta
Corporación, siendo recibida el día diecinueve (19) de julio del año dos mil
cinco (2005), es decir, dentro del término previsto en artículo 241-10
de la Constitución Política para su revisión.
Sobre este
particular debe resaltarse que por medio del Decreto 2317 del 8 de julio de
2005, el Presidente de la República, habida cuenta que se trasladaría los días
9 al 14 de julio de 2005 a las ciudades de Madrid (España) y Londres (Reino
Unido) con el fin de asistir a una visita de Estado y cumplir una agenda de
trabajo, delegó en el Ministro del Interior y de Justicia el ejercicio de
algunas de sus funciones constitucionales durante ese periodo.
Específicamente, el Presidente confió al Ministro delegatario las competencias
previstas en los artículos de la Carta 129; 150, numeral 10, en cuanto se
refiere al ejercicio de las facultades extraordinarias concedidas al Presidente
de la República; 163; 165; 166; 189, con excepción de lo previsto en los
numerales 1 y 2; 200; 201; 213; 214; 215; 303; 304; y 314.
La facultad del
Gobierno para sancionar las leyes ordinarias está contemplada en los artículos
165 y 189-9 de la Carta Política.  A su vez, el inciso cuarto del artículo 196
Superior establece que “cuando el Presidente de la República se traslade a
territorio extranjero en ejercicio de su cargo, el ministro a quien
corresponda, según el orden de precedencia legal, ejercerá bajo su propia
responsabilidad las funciones constitucionales que el Presidente le delegue,
tanto aquéllas que le son propias como las que ejerce en su calidad de Jefe del
Gobierno”. Además, la misma norma prevé que el Ministro Delegatario
pertenecerá al mismo partido o movimiento político del Presidente. De esta
manera, en la medida en que la facultad de sancionar leyes fue expresamente
delegada por el Presidente al Ministro del Interior y de Justicia, de
conformidad con el Decreto antes mencionado, la Corte infiere que fueron
cumplidos los requisitos previstos por el Estatuto Superior para esta última
etapa del procedimiento legislativo[4].
2.1.2.7.    Teniendo presente el anterior recuento, la Corte constata
que el trámite observado para la aprobación de la Ley sub examine, se surtió de
conformidad con los requisitos establecidos en la Constitución Política.  En
efecto, el proyecto inició su trámite en el Senado de la República conforme lo
ordena el último inciso del artículo 154 superior; cumplió con los requisitos a
que alude el artículo 157 constitucional respecto de i) la publicación inicial
del proyecto, ii) la aprobación en la Comisión II Constitucional Permanente y
en la Plenaria de cada Cámara, y iii) la sanción por el Gobierno.  Así mismo
fueron presentados en las Comisiones Segundas Permanentes de cada Cámara los
informes de ponencia que exige el artículo 160 superior, de la misma manera que
fueron respetados los plazos allí establecidos que deben mediar entre el
primero y el segundo debate en cada Cámara, así como entre la aprobación del
proyecto en una de ellas y la iniciación del debate en la otra Corporación.
De la misma manera que se cumplió con el requisito señalado en el mismo
artículo a partir de la aprobación del Acto legislativo No. 01 de 2003 en
relación con el anuncio previo de que el proyecto sería sometido a votación.
La ley fue finalmente sancionada y remitida para control de la Corte, también
dentro del término constitucional.
2.2.   Constitucionalidad del
Convenio por su aspecto material
2.2.1. Antecedentes del Convenio y de su Ley aprobatoria
Como se recuerda en la exposición de
motivos presentada por el Gobierno para la aprobación de la ley de la
referencia, desde comienzos del año 2000 se vio la necesidad de actualizar el
Convenio de Cooperación Técnica y Científica hecho entre Colombia y Honduras en
Bogotá el 4 de marzo de 1980, y se instruyó al señor Embajador de Colombia en
Honduras para que iniciara conversaciones con los dignatarios hondureños
tendientes a la conclusión de un nuevo Convenio sobre la materia que
reemplazara al vigente.   Así fue como, en la I Reunión de la Comisión Mixta de
Cooperación Técnica y Científica entre Colombia y Honduras, realizada en la
ciudad de Tegucigalpa el 24 y 25 del mes de abril del 2003 entre los dos
países, se acordó suscribir un Nuevo Convenio de Cooperación Técnica y
Científica, que permitiera dinamizar las relaciones de Cooperación y
profundizar los lazos de amistad y vecindad entre ambas naciones.
El objetivo de
suscribir un nuevo Acuerdo según el Gobierno  fue el de  actualizar las relaciones
bilaterales entre Honduras y Colombia en materia de cooperación, estableciendo
disposiciones sobre costos compartidos en la financiación de los proyectos, la
introducción de una Comisión Mixta y los lineamientos para hacer operativas las
reuniones de evaluación y seguimiento de los proyectos previamente
establecidos. Igualmente  para que se incorporaran nuevas modalidades de
cooperación a través del envío de expertos y una cláusula de solución de
controversias, la cual no estaba contemplada anteriormente.
El Convenio forma
parte de un grupo de acuerdos de cooperación que Colombia ha suscrito en los
últimos años, con el ánimo de establecer nuevas y adecuadas bases de
cooperación, especialmente con los países de Sudamérica, Centroamérica y el
Caribe, en desarrollo de las políticas constitucionales, y dentro del marco de
los principios que orientan la integración regional.
Según  la misma
exposición de motivos a que se ha hecho referencia el  Convenio sub examine
mantiene el espíritu de la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo
(CTPD), trazado por las Naciones Unidas en el Plan de Acción de Buenos Aires de
1978, como un instrumento importante de solidaridad y crecimiento entre países
que se encuentran enfrentados a los mismos retos en el contexto de
globalización de la economía.
2.2.2. Descripción del contenido de las normas que se
revisan
2.2.2.1  El contenido del Convenio
El Convenio de
Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la República
de Colombia y el Gobierno de la República de Honduras, está conformado por un
preámbulo y once (11) artículos.  En el Preámbulo se consignan expresiones
comunes de buena voluntad entre las Partes, para propiciar y estimular las
acciones de cooperación, que se han venido realizando entre los dos países.
A su vez  el
contenido de los artículos es el siguiente:
- Artículo
Primero: Se refiere al
objeto del Convenio, que tiene por finalidad establecer las condiciones
generales que regulan la Cooperación técnica, científica y tecnológica acordada
entre las Partes en proyectos específicos definidos a través de acuerdos
complementarios, canjes de notas o programas, siendo importante señalar que
tales acuerdos complementarios serán evaluados previamente por una Comisión
Mixta creada por el artículo VI del mismo Convenio.
- Artículo
Segundo Establece que las
partes al definir el área de cooperación en proyectos específicos tendrán en
cuenta que las mismas correspondan a criterios afines con la promoción de la
paz y la seguridad internacional, así como el respecto a los derechos humanos.
Dentro de los temas de cooperación, se encuentran puntualmente la educación, la
modernización y gestión del Estado, lo agropecuario y la agroindustria, la
mujer y el género, la salud, el turismo, la participación ciudadana, la
microempresa y las que se definan a futuro de muto acuerdo entre las Partes.
- Artículo
Tercero: Establece lo
relativo a la financiación de los programas de cooperación técnica, científica
y tecnológica, la que se realizará bajo la modalidad de costos compartidos,
previamente definidos en el instrumento específico. Así mismo, prevé que las
Partes pueden, de común acuerdo, solicitar la participación de terceros países
y/o organismos internacionales para la financiación y ejecución de programas o
proyectos específicos de Cooperación.
- Artículo
Cuarto: Señala cuáles son
las entidades designadas por las Partes, responsables del cumplimiento de los
términos del Convenio en materia de cooperación, y en ese sentido para el caso
colombiano designa al Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia de
Cooperación Internacional –ACCI-, y en el caso de Honduras designa a la
Secretaría Técnica y de Cooperación Internacional –SETCO-
- Artículo
Quinto: Enumera las
modalidades de Cooperación entre las Partes, que podrán asumir entre otras
modalidades las siguientes: intercambio de especialistas, de profesionales, de
investigadores y profesores universitarios, capacitación y pasantías, estudios
de investigación e intercambio de información científica y técnica, recepción
de expertos.
- Artículo Sexto: Se refiere al
alcance, funcionamiento e instrumentación del Convenio. Igualmente crea y
define las funciones de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica,
como instancia de funcionamiento de la cooperación entre Colombia y Honduras,
conformada por las entidades responsables citadas en el artículo VI.   Dicha
Comisión cumplirá entre otras, las siguientes funciones: i) evaluar,
analizar y delimitar las áreas prioritarias de Cooperación, ii) estudiar,
revisar y analizar los proyectos que se ejecutarán en desarrollo del Convenio, iii)
buscar los medios adecuados para prevenir las dificultades que se pueden
presentar en los campos cubiertos por el Convenio.
De otra parte, se
acordó que la Comisión Mixta se reunirá alternadamente cada dos años tanto en
la República de Honduras como en la de Colombia, en las fechas acordadas
oficialmente, dejando la posibilidad de llevar a cabo reuniones de evaluación y
seguimiento para someter a consideración de las Partes los proyectos
específicos que sean de interés para las mismas, no obstante, si se considera
necesario las Partes podrán convocar a reuniones extraordinarias.
- Artículo
Séptimo: Prevé la
posibilidad de celebrar acuerdos complementarios, como instrumentos y medios
que serán utilizados para la realización de la Cooperación entre las Partes, y
en los que se determinarán las entidades ejecutoras de cada proyecto, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2° del Convenio.
- Artículo
Octavo: Prescribe que el
personal que en forma oficial intervenga en los proyectos de cooperación, se
someterá a las disposiciones del Convenio y no podrá dedicarse a ninguna
actividad ajena a sus funciones ni recibir remuneración fuera de la
estipulada.  De otro lado, las partes concederán a los funcionarios expertos o
técnicos enviados por el Gobierno de cualquiera de las partes, que no sean
nacionales o extranjeros, residentes en el país, además de los privilegios y exenciones
que para funcionarios o peritos respectivamente, contiene la Convención de
Privilegios e Inmunidades del 13 de febrero de 1946 las Naciones Unidas, las
siguientes facilidades: i) la obtención de visado correspondiente para
el funcionario o técnico y para su familia por el término de su misión
prorrogable por un plazo prudencial para que se efectúen los arreglos de salida
del país, ii) documento de identificación en el que se haga referencia a
la protección especial y respaldo que le concede el Gobierno del Estado
receptor, iii) exención del pago de impuestos de aduana para el ingreso
y salida del país del menaje doméstico, también estarán exentos dichos
impuestos el equipo y material necesario para la ejecución de los proyectos.
- Artículo
Noveno: Establece que en
caso de controversia las normas del Convenio se interpretarán de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena de 1969
sobre el Derecho de los Tratados, y que las discrepancias que puedan surgir de
la interpretación o aplicación del Convenio serán resueltas por las Partes por
cualquiera de los medios de solución pacífica previstas en el Derecho
Internacional.
- Artículo
Décimo: Hace alusión a la
actualización del Convenio, en el sentido de indicar que a partir de la fecha
de su entrada en vigor, éste sustituirá el "Convenio de Cooperación
Técnica y Científica del 4 de marzo de 1980, suscrito entre la República de
Colombia y la República de Honduras actualmente vigente entre los dos Estados.
- Artículo
Undécimo: Se refiere a la
vigencia y duración del Convenio, el cual entrará en vigor en la fecha del
Canje de Instrumentos de Ratificación, previo el cumplimiento de los requisitos
constitucionales de cada parte, y que tendrá una duración de cinco (5) años y
se renovará automáticamente por períodos iguales, salvo que, con una antelación
de seis meses a la finalización de dicho período, una de las partes manifieste
por escrito a la otra su intención de darlo por terminado; en todo caso, la
terminación del Convenio no afecta la ejecución de proyectos o programas en
curso.
2.2.2.2  El contenido de la Ley 969 de 2005
Por su parte, la Ley 969 de 2005, en tres
artículos, se limita a aprobar el texto del Convenio, a determinar que el mismo
obligará al país en cuanto se perfeccione el vínculo internacional respecto del
mismo y a fijar la vigencia de la ley, a partir de la fecha de su publicación.
2.2.3. Constitucionalidad material del “Convenio de Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de
Honduras”, suscrito en la ciudad de Bogotá,
D. C., el 12 de noviembre de 2003
Como se desprende de los antecedentes y del contenido del Tratado
que se revisa el objetivo del mismo es el de establecer las condiciones
generales de la Cooperación técnica, científica y tecnológica entre las
Repúblicas de Honduras y de Colombia en proyectos específicos definidos a
través de acuerdos complementarios, canjes de notas o programas, según la
evaluación previa de una Comisión Mixta que crea el mismo Convenio. En
particular se alude a la cooperación en materia de educación, modernización y
gestión del Estado, sector agropecuario y agroindustria, mujer y género, salud,
turismo, participación ciudadana, microempresa y las que se definan a futuro de
muto acuerdo entre las Partes.
Al respecto, en diversas providencias de esta Corporación,
precisamente referidas a la aplicación de los instrumentos internacionales en
materia de cooperación técnica, científica y tecnológica[5],
se ha señalado que dichos convenios no contravienen el ordenamiento
constitucional. Por el contrario, este tipo de acuerdos desarrollan el mandato
de la internacionalización de las relaciones exteriores colombianas, sobre
bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional (artículo 226 de la
Carta Política).
Dichos instrumentos desarrollan concretamente  varios preceptos
superiores, en especial el artículo 70 de la Carta, conforme al cual “el Estado
tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los
colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente
y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional…”, así como el
artículo 71 constitucional que señala que el Estado dispondrá incentivos para
las personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la
tecnología.
Convenios como el que se examina desarrollan también los mandatos constitucionales que indican que es
deber del Estado promover la competitividad, la productividad y la formación
tecnológica de los trabajadores (arts. 54 y 334 C.P.).
Adicionalmente, instrumentos como el analizado se encuentran en clara coincidencia con la orientación de la política
exterior colombiana hacia la integración latinoamericana y del caribe (art. 9 y
227 C.P.), en tanto se refiere a la cooperación con un país de la región.
Sobre la importancia del desarrollo de la ciencia y la tecnología, y
el diálogo permanente que sobre esta materia debe establecer Colombia con el
resto de las naciones de la comunidad internacional, se ha  pronunciado  de
manera reiterada esta Corporación  con ocasión  de la revisión de
constitucionalidad de acuerdos que perseguían similares objetivos a los que se
buscan con el Convenio Sub examine. Al respecto  ha señalado la Corte:
“El lenguaje de la ciencia y la tecnología es un lenguaje universal,
que implica para los países no sólo la necesidad de promover y fomentar
internamente la consolidación de sus comunidades académicas, las cuales tienen
como fundamento de su quehacer la investigación científica y tecnológica, sino
el compromiso ineludible de facilitar que ellas se incorporen y participen
activamente en las tareas que adelanta la comunidad científica internacional;
de no hacerlo el costo será el aislamiento y por ende el rezago en el acceso al
conocimiento, el cual en el Estado social de derecho se reivindica como un
derecho de todas las personas, que las sociedades modernas y postmodernas
reclaman como un componente esencial e insustituible para su propio
desarrollo.”[6]
Ahora bien, cabe
destacar que las cláusulas de este Convenio, establecen compromisos recíprocos
y condiciones para la cooperación sobre la base de prestaciones y
contraprestaciones balanceadas, mediante las cuales las Partes procuran un
intercambio provechoso de técnicas y ciencia para el mutuo beneficio de
Colombia y Honduras.
Desde esta perspectiva es claro que el Convenio
atiende los presupuestos que orientan el manejo de las relaciones
internacionales de Colombia sobre bases de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional (artículo 226 C.P.).
Ahora bien, particular examen merece en el
presente caso la mención que se hace de la definición a
través de acuerdos complementarios, canjes de notas o programas, previa
evaluación de una Comisión Mixta, de proyectos específicos para el desarrollo
del Convenio (art. .I)[7].
Al respecto cabe recordar que esta Corporación
ha señalado que si  para el desarrollo de un tratado de cooperación se hace
necesaria la suscripción de otros instrumentos internacionales, que creen nuevas obligaciones, modifiquen o adicionen el Convenio
inicialmente suscrito, aquellos deberán someterse a los procedimientos
constitucionales de aprobación del Congreso y revisión de constitucionalidad
por esta Corporación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 150
numeral 16, 189 numeral 2° y 241 de la Constitución[8].
Si por el contrario dichos instrumentos no generen nuevas obligaciones para Colombia, por ser desarrollo
directo de un tratado negociado, suscrito, aprobado y revisado en la forma
prevista en la Constitución Política (artículos 189, numeral 2., 150, numeral
16., 241, numeral 10) puede prescindirse del trámite de aprobación
parlamentaria y ponerse en vigor por el Presidente de la República, en
ejercicio de la competencia que posee para la dirección de las relaciones
internacionales.
Sobre el particular ha dicho la Corte en efecto
de manera reiterada lo siguiente:
“Ahora bien, la importancia de estos acuerdos está en que, por la
práctica del derecho internacional, la celebración de tratados y convenios de
cooperación, por su naturaleza, implica la inclusión de cláusulas generales que
exigen, por su especialidad, de la celebración de acuerdos futuros que y
complementen la voluntad de los Estados incluida en el respectivo tratado o
convenio internacional.
Esos acuerdos complementarios o de desarrollo de tratados ya
incorporados a la legislación colombiana corresponden a una de las clases de
los llamados procedimientos simplificados que  como se ha dicho y surge del
texto de  Convenio sujeto a análisis son instrumentos que buscan dar
cumplimiento a las cláusulas sustantivas de un tratado vigente y que no dan
origen a obligaciones nuevas ni puede exceder las ya contraídas por el Estado
colombiano; la otra clase de procedimientos simplificados se integra por
aquellos acuerdos relativos a materias que son de la órbita exclusiva del
Presidente de la República, directamente o por delegación, como director de las
relaciones internacionales.
A juicio de la Corporación, si se trata de un instrumento
internacional que no genera nuevas obligaciones para Colombia, por ser
desarrollo directo de un tratado negociado, suscrito, aprobado y revisado en la
forma prevista en la Constitución Política  ( artículos 189, numeral 2., 150,
numeral 16., 241, numeral 10)  puede prescindirse del trámite de aprobación
parlamentaria y ponerse en vigor por el Presidente de la República, en
ejercicio de la competencia que posee para la dirección de las relaciones
internacionales. Al igual que cuando se trata de declaraciones de enunciados
políticos, de actos unilaterales del Estado colombiano o de acuerdos verbales,
instrumentos que no están sometidos a la formalidad de la aprobación legislativa,
la cual se aplica únicamente a los tratados propiamente dichos. Ni menos aún a
control constitucional por parte de esta Corporación.
En efecto, si se trata de instrumentos en los que simplemente se
contempla la ejecución por el Jefe de la Rama Ejecutiva de actividades que le
son propias en virtud de sus funciones y de sus competencias exclusivas y
discrecionales, no hay lugar a que la Corporación sea llamada a confrontar
dichas acciones con la Carta.
En este punto es pertinente precisar que las anteriores
consideraciones no modifican la orientación asumida por esta Corte en las
sentencias C-710 de 1.998 y C- 187 de 1999 expresada en la primera de ellas en
los siguientes términos :
“Anteriormente esta Corporación no admitía su competencia para
conocer acerca de la constitucionalidad de los denominados “Acuerdos
Simplificados”, al considerar que estos regían con la sola firma o el canje de
los respectivos instrumentos, razón por la cual no se encontraban sometidos a
control constitucional. A partir de lo expresado en la sentencia C-400 de 1998
(MP. Dr. Alejandro Martínez Caballero), dichos Acuerdos están sometidos a la
exigencia según la cual, para que el consentimiento pueda ser prestado por el
representante colombiano, debe haberse aprobado el tratado por el Congreso y
verificada su constitucionalidad por la Corte Constitucional.
Ahora bien, resulta oportuno expresar que los Acuerdo Simplificados
están previstos en los artículos 12 y 13 de la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre
Organizaciones Internacionales, hecha en Viena el 21 de marzo de 1986, de los
cuales puede inferirse que tienen validez los tratados formales como los acuerdos
en forma simplificada”.
En efecto, esa orientación, dentro del contexto constitucional
colombiano busca impedir que sin el lleno de los requisitos constitucionales
pueda el Estado Colombiano comprometerse internacionalmente ex novo; por ello,
en la medida en que el acuerdo simplificado  forme parte, como necesario
instrumento de ejecución, de un tratado que haya sido sometido al trámite
completo y propio de los tratados y no contenga obligaciones nuevas que excedan
el marco de los compromisos expresamente enunciados en el tratado sujeto a
aprobación legislativa y control de constitucionalidad, no se ve razón
constitucional  que imponga la sumisión a los trámites completos y al control
de la Corte. En ese supuesto se estaría confrontando el acuerdo no tanto con
las normas constitucionales como con el texto del Tratado a cuyo desarrollo y
ejecución propende, lo cual excede de manera evidente la precisa competencia de
esta Corporación en la materia.”[9]
Conforme con lo anterior, el Convenio Sub examine  es constitucional
en la medida que los acuerdos complementarios, canjes de notas y programas a
que en él se alude: a) No contengan nuevas obligaciones distintas a las
pactadas en el mismo; b) Se enmarquen dentro de los propósitos y objetivos del
Convenio, y c) No se modifique el convenio, ni se refieran dichos Acuerdos a
aspectos diferentes a la cooperación “Técnica, Científica y Tecnológica” entre
los dos Estados.
Hechas las precisiones anteriores no encuentra la Corte
motivo de dificultad constitucional para el Convenio analizado y en
consecuencia  lo que procede es declarar su exequibilidad y así se señalará en
la parte resolutiva de esta sentencia.
2.2.4 Constitucionalidad material de la Ley 969 de 2005
Como se advirtió, el contenido de la Ley 969 de
2005 se limita a aprobar el Convenio, a determinar que las obligaciones que del
mismo dimanan para el Estado colombiano comenzarán a regir desde cuando se
perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo, y a señalar que la
vigencia de la Ley comienza a regir a partir de su publicación, de modo que no
existen reparos sobre la constitucionalidad de su contenido.
VII.   DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la
Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Declarar EXEQUIBLE el “Convenio de Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de
Honduras”, suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C.,
el 12 de noviembre de 2003.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 969 del trece (13) de
julio de 2005, por medio de la que se aprueba el citado Convenio.
Tercero.- Ordenar la comunicación de la presente sentencia al
Presidente de la República y a la Ministra de Relaciones Exteriores, para los
fines contemplados en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución
Política.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
MANUEL
JOSE CEPEDA ESPINOSA
Presidente
JAIME
ARAUJO RENTERIA
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
ALFREDO
BELTRÁN SIERRA
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
AUSENTE EN PERMISO
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
ALVARO
TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA
INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL
MAGISTRADO HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO A LA SENTENCIA C-176 DE 2006.
DELEGACION DE FUNCIONES CONSTITUCIONALES PRESIDENCIALES-Requisitos formales (Salvamento de voto)
DELEGACION DE FUNCIONES CONSTITUCIONALES PRESIDENCIALES-Requisitos materiales (Salvamento de voto)
DELEGACION DE FUNCIONES CONSTITUCIONALES PRESIDENCIALES-Naturaleza de las funciones delegadas (Salvamento de voto)
PRINCIPIO DE INTERPRETACION DEL EFECTO UTIL-Aplicación (Salvamento de voto)
PRINCIPIO DE LA NO REDUNDANCIA-Aplicación
(Salvamento de voto)
MINISTRO DELEGATARIO-Antecedentes
(Salvamento de voto)
FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA COMO JEFE DE GOBIERNO Y
GOBIERNO-Diferenciación (Salvamento de voto)
Hay que
diferenciar entre las funciones del Presidente de la República como Jefe de
Gobierno y la figura del Gobierno prevista en distintas disposiciones
constitucionales. En efecto, afirmar que la sanción de las leyes ordinarias
corresponde al “Gobierno” y que por lo tanto se trata de una función
presidencial que corresponde a la calidad de Jefe de Gobierno no resiste el
menor análisis. Cuando el texto constitucional emplea la expresión Gobierno no
se refiere a las funciones del Presidente como Jefe de Gobierno, sino a la
figura de prevista por el artículo 115 constitucional, la cual guarda relación
con otras características propias de un régimen presidencial como la
responsabilidad del Primer Mandatario y el refrendo ministerial. Por ejemplo,
sostener que la previsión del artículo 212 constitucional en el sentido que el
Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar
el Estado de Guerra Exterior y “mediante tal declaración, el Gobierno tendrá
las facultades estrictamente necesarias para repeler la agresión, defender la
soberanía, atender los requerimientos de la guerra, y procurar el
restablecimiento de la normalidad”, corresponde a una función presidencial que
se ejerce en calidad de Jefe de Gobierno y por lo tanto puede ser temporalmente
transferida al ministro delegatario no resiste el menor análisis desde la
perspectiva de un Estado constitucional de derecho.
SANCION DE LEY POR MINISTRO DELEGATARIO-Improcedencia/SANCION
DE LEY-Función del Presidente de la República como Jefe de Estado
(Salvamento de voto)
La función de
sancionar las leyes no es una función constitucional que el Presidente de la
República pueda delegar en el ministro delegatario. En primer lugar, el Primer
Mandatario puede continuar sancionando las leyes cuando se encuentra en el
exterior, máxime con los avances en materia de comunicaciones presentes en un
mundo globalizado, no se encuentra entonces el requisito fáctico o material que
la función en cuestión no pueda ser ejercida por el Presidente en el exterior.
En segundo lugar la sanción de las leyes no es una función que pueda ser
ejercida por el Ministro “bajo su propia responsabilidad”. En tercer lugar, y
según lo previamente consignado, la previsión del artículo 165 constitucional
en el sentido que la sanción de las leyes corresponde al Gobierno no debe
conducir al equívoco de asumir que se trata de una función que el Presidente
ejerce como Jefe de Gobierno y en esa medida es susceptible de delegación. Por
el contrario, por la responsabilidad política que acarrea se trata de una
función típica de Jefe de Estado, máxime cuando esta figura es un medio por
medio del cual participa el primer mandatario en la elaboración de las leyes.
SISTEMA DE FUENTES EN EL ESTADO DE DERECHO-Importancia en la determinación de la autoridad encargada de
sancionar las leyes (Salvamento de voto)
Referencia: expediente L.A.T.-281
Revisión constitucional de la Ley 969 del 13 de julio de 2005 “por
medio de la cual se aprueba el Convenio de Cooperación Técnica, Científica y
Tecnológica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República de Honduras”, suscrito en la ciudad de Bogotá D. C., el 12 de
noviembre de 2003.
Magistrado
Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Con el
acostumbrado respeto, el suscrito Magistrado disiente de la decisión
mayoritaria que declaró exequible la Ley 969 de 13 de julio de 2005, por medio
de la cual se aprueba el “Convenio de Cooperación Técnica, Científica y
Tecnológica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República de Honduras”.
Consideró la
mayoría que la ley aprobatoria del tratado internacional podía ser sancionada
por el Ministro del Interior y de Justicia, delegatario de funciones
presidenciales, decisión de la cual me aparto por considerar que la sanción
presidencial de las leyes es una función indelegable.
En efecto, en el
fallo en cuestión se sostuvo:
“Sobre este particular debe resaltarse que por medio del Decreto
2317 del ocho (8) de julio de 2005, el Presidente de la República habida cuenta
que se trasladaría los días 9 al 14 de julio de 2005 a las ciudades de Madrid
(España) y Londres (reino Unido) con el fin de asistir a una visita de Estado y
cumplir con una agenda de trabajo, delegó en el Ministro del Interior y de
Justicia el ejercicio de algunas de sus constitucionales durante ese período.
Específicamente el Presidente confió al ministro delegatario las competencias
previstas en los artículos de la Carta 129; 150 numeral 10, en cuanto se
refiere al ejercicio de facultades extraordinarias conferidas al Presidente de
la república; 163; 165; 166; 189, con excepción de lo previsto en los numerales
1 y 2; 200; 201; 213; 214; 215; 303; 304 y 314.
La facultad del Gobierno para sancionar las leyes ordinarias está
contemplada en los artículos 165 y 189-9 de la Carta Política. A su vez, el
inciso cuarto del artículo 196 Superior establece que “cuando el Presidente
de la República se traslade al extranjero en ejercicio de su cargo, el ministro
a quien corresponda, según el orden de precedencia legal, ejercerá bajo su
propia responsabilidad las funciones que el Presidente le delegue, tanto
aquellas que le son propias como las que ejerce en su calidad de Jefe de
Gobierno”. Además la misma norma prevé que el Ministro delegatario
pertenecerá al mismo partido o movimiento político que el Presidente. De esta
manera, en la medida en que la facultad de sancionar leyes fue expresamente
delegada por el Presidente al Ministro del Interior y de Justicia, de
conformidad con el decreto antes mencionado, la Corte infiere que fueron
cumplidos los requisitos previstos por el Estatuto Superior para esta última
etapa del procedimiento legislativo”.
A mi juicio la
anterior postura es contraria del ordenamiento constitucional, por las razones
que expongo a continuación.
En primer lugar
cabe señalar que el inciso final del artículo 196 constitucional establece una
serie de requisitos concurrentes para la delegación de las funciones
constitucionales presidenciales en el ministro delegatario, tales requisitos
son los siguientes: (i) que el Presidente de la República se traslade al
extranjero en ejercicio de su cargo, (ii) la expedición de un acto
administrativo mediante el cual se deleguen expresamente las funciones
presidenciales, (iii) que las funciones delegadas puedan ser ejercidas por el
ministro delegatario bajo su propia responsabilidad, (iv) las funciones
delegadas pueden ser de distinta naturaleza “tanto aquellas que le son propias
como aquellas que ejerce en su calidad de Jefe de Gobierno”, (v) las
funciones delegadas no puedan ser ejercidas por el Presidente de la República
desde el exterior, (vi) el ministro delegatario debe pertenecer al mismo
partido o movimiento político del Presidente.
Más allá de los
requisitos formales señalados en el precepto constitucional en cuestión, es
preciso detenerse en los requisitos materiales fijados por dicho inciso, es
decir, en la cuestión de la naturaleza de las funciones delegadas. Lo
primero que salta a la vista al analizar este extremo es la indeterminación del
enunciado normativo objeto de estudio, porque se limita a establecer que las
funciones deben poder ser ejercidas por el ministro delegatario bajo su propia
responsabilidad, y que adicionalmente pueden delegarse “tanto aquellas que
le son propias como las que ejerce en su calidad de Jefe de Gobierno”. La
indeterminación normativa a la que se ha hecho referencia tiene que ver con el
significado del enunciado “tanto aquellas que le son propias”, el cual
puede ser interpretado de dos distintas maneras en primer lugar podría
entenderse que se refiere a las funciones que le son propias al Presidente,
y en segundo lugar podría referirse a las funciones que le son propias al
ministro delegatario. Acudiendo a diversos criterios interpretativos –tales
como los del efecto útil y el principio de la no redundancia- cobra sentido la
primera interpretación, es decir, que pueden ser delegadas las funciones que le
son propias al Ministro.
En efecto, la
posibilidad interpretativa según la cual pueden ser delegadas las funciones
que le propias al Presidente es contraria al principio del efecto útil
porque la precisión introducida posteriormente –en el sentido que pueden ser
delegadas la funciones del Jefe de Gobierno- carecería de cualquier eficacia
pues no restringiría el ámbito de funciones delegables, por otra parte de
conformidad con uno de los criterios de uso frecuente en la interpretación –el
de la no redundancia- no tendría sentido que se hubiera previsto que el
Presidente delegara las funciones que le son propias y aquellas que ejerce en
su calidad de Jefe de Gobierno, porque nuevamente la segunda expresión sería
redundante. Adicionalmente, entender que el Presidente puede delegar cualquier
función que le sea propia en el ministro delegatario, significaría
desnaturalizar esta figura, pues no hay que olvidar que éste no suple una falta
temporal del Presidente de la República, quien continúa en el ejercicio de sus
funciones, salvo aquellas propias de su calidad de Jefe de Gobierno que decida
delegar.
Se tiene
entonces que el ministro delegatario ejercerá aquellas funciones que le son
propias en su calidad de ministro y aquellas que el Presidente le delegue como
Jefe de Gobierno, y aquí nuevamente se debe introducir una nueva precisión pues
sólo son delegables aquellas funciones que el Presidente no pueda cumplir por
estar temporalmente en el exterior en el ejercicio de su cargo, se trata en
este caso de una restricción de carácter fáctico que se relaciona con la
imposibilidad de cumplir ciertas funciones presidenciales desde el extranjero.
Cabe recordar
aquí los orígenes de la figura del Ministro Delegatario creada bajo la vigencia
de la Constitución de 1886 precisamente para enfrentar la situación anómala que
se presentaba cuando el Presidente de la República viajaba al exterior en el
ejercicio de sus funciones, conservando las prerrogativas y atribuciones
propias de su investidura como jefe de Estado y era reemplazado por el
designado ala Presidencia, quien en esta calidad cumplía iguales atribuciones a
las del Presidente titular, originándose así la coexistencia o contemporaneidad
de dos titulares del mismo órgano con funciones iguales, lo cual rompía la
unidad en la dirección del Estado. Estos inconvenientes quedaron superados con
la expedición del Acto Legislativo 01 de 1977, mediante el cual se subrogó el
artículo 128 de la Constitución de 1886 para permitir la delegación de
funciones en cabeza de un ministro, en los casos de ausencia temporal del
Presidente en los que no se produce la vacancia del cargo.
Como sostuvo con
acierto la Corte Suprema de Justicia “El ministro delegatario cumple funciones
subalternas del Presidente de quien sigue subordinado políticamente, sin que
jamás adquiera le preeminencia presidencial que sí puede llegar a adquirir el
Designado en el evento que asuma el encargo de sustituir al Presidente por
falta temporal o definitiva de éste”[10].
Por tal razón el
órgano encargado del control de constitucionalidad bajo el anterior
ordenamiento constitucional mantuvo una concepción restringida respecto de las
funciones presidenciales que podía ejercer el Ministro delegatario, así en
sentencia de doce (12) de diciembre de 1986 afirmó:
“A pesar de la
aparente amplitud y discrecionalidad absolutas que le reconoce el inciso
tercero del artículo 128 de la Constitución al Presidente, para señalar o transferir
al Ministro delegatario las funciones constitucionales de las que es titular y
que en su sentir deban ser ejercidas por éste en el desempeño de tan
transitorio encargo; es innegable que no se puede despojar de las que tiene
como Jefe de Estado; como es igualmente claro, que aún estando ausente del
país, puede reasumir las que inicialmente delegó y cuyo ejercicio directamente
por él desde el exterior no esté condicionado por su regreso al territorio
nacional (…)”.[11]
Finalmente, hay
que diferenciar entre las funciones del Presidente de la República como Jefe de
Gobierno y la figura del Gobierno prevista en distintas disposiciones
constitucionales. En efecto, afirmar que la sanción de las leyes ordinarias
corresponde al “Gobierno” y que por lo tanto se trata de una función
presidencial que corresponde a la calidad de Jefe de Gobierno no resiste el
menor análisis. Cuando el texto constitucional emplea la expresión Gobierno no
se refiere a las funciones del Presidente como Jefe de Gobierno, sino a la
figura de prevista por el artículo 115 constitucional, la cual guarda relación
con otras características propias de un régimen presidencial como la
responsabilidad del Primer Mandatario y el refrendo ministerial. Por ejemplo,
sostener que la previsión del artículo 212 constitucional en el sentido que el
Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar
el Estado de Guerra Exterior y “mediante tal declaración, el Gobierno tendrá
las facultades estrictamente necesarias para repeler la agresión, defender la
soberanía, atender los requerimientos de la guerra, y procurar el
restablecimiento de la normalidad”, corresponde a una función presidencial
que se ejerce en calidad de Jefe de Gobierno y por lo tanto puede ser
temporalmente transferida al ministro delegatario no resiste el menor análisis
desde la perspectiva de un Estado constitucional de derecho.
Hechas las
anteriores precisiones cobra sentido porque la función de sancionar las leyes
no es una función constitucional que el Presidente de la República pueda
delegar en el ministro delegatario. En primer lugar, el Primer Mandatario puede
continuar sancionando las leyes cuando se encuentra en el exterior, máxime con
los avances en materia de comunicaciones presentes en un mundo globalizado, no
se encuentra entonces el requisito fáctico o material que la función en
cuestión no pueda ser ejercida por el Presidente en el exterior.
En segundo lugar
la sanción de las leyes no es una función que pueda ser ejercida por el
Ministro “bajo su propia responsabilidad”. La sanción es un acto mediante el
cual el Presidente transmite su legitimidad política a la voluntad del
Congreso, y en esa medida conlleva una responsabilidad política que es
indelegable.
En tercer lugar,
y según lo previamente consignado, la previsión del artículo 165 constitucional
en el sentido que la sanción de las leyes corresponde al Gobierno no debe
conducir al equívoco de asumir que se trata de una función que el Presidente
ejerce como Jefe de Gobierno y en esa medida es susceptible de delegación.  Por
el contrario, por la responsabilidad política que acarrea se trata de una
función típica de Jefe de Estado, máxime cuando esta figura es un medio por
medio del cual participa el primer mandatario en la elaboración de las leyes.
Para concluir,
cabe consignar que la regulación constitucional del sistema de fuentes, de la
cual hace parte la previsión de quien es la autoridad encargada de sancionar
las leyes, es de extrema importancia en un Estado de Derecho. No hay que
olvidar que esta materia hace referencia a quien puede producir ciertos actos y
bajo que procedimientos, en esa medida sostener que la sanción de las leyes es
una atribución presidencial delegable significa desvirtuar el orden
constitucional vigente y desconocer la atribución de competencias en la materia
hecha por la Carta Política de 1991.
Fecha ut supra.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ALFREDO
BELTRÁN SIERRA CON RELACIÓN A LA SENTENCIA
C-176 DE 8 DE MARZO DE 2006
(EXPEDIENTE LAT-281)
MINISTRO
DELEGATARIO-Incumplimiento del requisito de
pertenecer al mismo partido o movimiento del Presidente de la República
(Salvamento de voto)
Con el respeto acostumbrado por las
decisiones de la Corte Constitucional, salvo el voto en relación con la
sentencia C-176 de 8 de marzo de 2006, mediante la cual se declaró exequible la
Ley 969 de 13 de julio de 2005 “por medio de la cual se aprueba el Convenio de
Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la República
de Colombia y el Gobierno de la República de Honduras”, suscrito en la ciudad
de Bogotá D.C. el doce (12) de noviembre de 2003.
Son razones de
este salvamento de voto, las que a continuación se expresan:
1. De acuerdo
con la competencia expresa que la Constitución Política le asigna a la Corte
Constitucional en el artículo 241, a ésta se le confía la guarda de la
integridad y la supremacía de aquella, para decidir entre otros asuntos, sobre
“la exequibilidad de los Tratados Internacionales y de las leyes que los
aprueben” (Art. 241, num. 10). Es pues, esa función un control automático
de constitucionalidad sobre estos actos jurídicos que no requiere demanda
ciudadana, sino que debe realizarse por la Corte de manera integral, con la
mayor amplitud y con sujeción rigurosa a las normas constitucionales, pues ni
el Tratado Internacional celebrado por el Ejecutivo ni la ley que lo aprueba
pueden violar norma alguna de la Constitución Política.
Revisado el
texto de la Ley 969 del 13 de julio de 2005, publicado en el Diario Oficial No.
45970 de 15 de julio de ese año, se observa que fue sancionado por el Ministro
del Interior y de Justicia, doctor Sabas Pretelt de la Vega, “delegatario de
funciones presidenciales, conforme al Decreto No. 2317 del ocho de julio de
2005”, quien además impartió su firma para el acto de sanción de la ley
como Ministro del Interior y de Justicia. Esto implica, de manera indiscutible
que en el acto de sanción de la Ley actúo la misma persona con dos calidades
jurídicas diferentes: Como delegatario de funciones presidenciales la primera y
como Ministro del Interior y de Justicia, la segunda.
El artículo 196
de la Constitución Política autoriza al presidente de la República cuando se
traslade a territorio extranjero en ejercicio de su cargo, delegar en “el
Ministro a quien corresponda, según el orden de precedencia legal” algunas
funciones constitucionales de las que le incumben a aquel, y agrega que “el
Ministro delegatario pertenecerá al mismo partido o movimiento político del
Presidente”.
De esta manera,
se exige por la Carta que, si el Presidente de la República cuando se traslade
a territorio extranjero decide delegar algunas de sus funciones para que otro
funcionario las cumpla en su ausencia, no puede hacer la delegación con
libertad absoluta como si dispusiera de un derecho subjetivo personal, sino con
los requisitos y en las condiciones precisas que la Constitución le impone
cumplir, a saber: a) Que el delegatario sea un Ministro; b) que se observe el
orden de precedencia legal de los Ministros para reemplazar temporalmente al
Presidente como delegatarios de funciones presidenciales, que en este caso, es
el señalado por el artículo 7° de la Ley 790 de 2002; c) que en el Decreto
respectivo se determinen de manera precisa las funciones presidenciales que se
delegan; d) que el Ministro delegatario pertenezca al mismo partido o
movimiento político del presidente.
Con respecto al
último de los requisitos constitucionales mencionados, es evidente su profunda
raigambre democrática. Si los ciudadanos eligen Presidente de la República,
éste no puede delegar sus funciones ad-libitum y sin tener en cuenta la
filiación política del delegatario, pues el mandato del cual lo invisten los
ciudadanos con su voto, implica una decisión de carácter político, de tal
manera que lo que la Constitución dispone es que el mandatario o quien ejerza
transitoriamente sus funciones pertenezca al partido o movimiento político por
el cual sufragaron los ciudadanos cuando le confirieron el mandato mayoritario
por la voluntad popular.
La expresión de
la voluntad política de los ciudadanos es asunto de tal trascendencia que la
Constitución Política se ocupó de los partidos políticos en varias de sus
disposiciones. Así acontece, por ejemplo, con el artículo 40 de la Carta que
confiere a los ciudadanos, entre otros derechos, el de “constituir partidos,
movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna”, así como
formar parte de ellos “libremente y difundir sus ideas y programas”; el
artículo 107 de la Carta así lo reitera y prohíbe a los ciudadanos “pertenecer
simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería
jurídica” y ordena además que éstos “se organizarán democráticamente”;
el artículo 263 de la Constitución dispone que en los procesos de elección
popular “los partidos y movimientos políticos presentarán listas y
candidatos únicos”; el artículo 263A autoriza a “cada partido o movimiento
político” para optar por el mecanismo de voto preferente si así lo
resuelve. De tal manera que, en la Constitución de 1991 no se guardó silencio
sobre los partidos y movimientos políticos, como sí ocurrió en la de 1886. Al
contrario, de manera expresa ordenó que mediante Ley Estatutaria se regulara
por el Congreso lo atinente a la organización y régimen de los partidos y
movimientos políticos (art. 152, literal c) y, por ello, el Congreso expidió la
Ley 130 de 1994 sobre la materia.
Desde luego, ni
en la teoría política, ni en el Derecho Constitucional Colombiano, ni conforme
a la Ley 130 de 1994 pueden confundirse los partidos o movimientos políticos
con una coalición de partidos para el ejercicio del gobierno. Cada partido o
movimiento político, en el caso de una coalición conserva su propia personería,
mantiene su identidad, permanece con su propia organización, sin que la alianza
circunstancial con otros partidos o movimientos para ejercer la función
gubernativa implique que quienes forman parte de una coalición desaparezcan
como partidos o movimientos autónomos.
En este caso, es
evidente, pues constituye un hecho notorio que el Ministro del Interior y de
Justicia, ciudadano Sabas Pretelt de la Vega, en forma pública ha afirmado no
en una sino en varias ocasiones pertenecer al Partido Conservador; y es
igualmente un hecho notorio que el actual Presidente de la República, ciudadano
Álvaro Uribe Vélez, en sus actuaciones políticas anteriores a su elección como
Presidente de la República y el las actuaciones públicas posteriores a su
elección como tal, no ha declarado pertenecer al Partido Conservador. De manera
pues, que no existe coincidencia en la filiación política de esos altos
funcionarios del Estado. Tampoco pertenecen a un mismo movimiento político con
personería jurídica como tal. De tal suerte que fluye sin esfuerzo una
conclusión, el Decreto 2317 de 8 de julio de 2005 que delegó funciones
presidenciales en el doctor Sabas Pretelt de la Vega, Ministro del Interior y
de Justicia viola de manera flagrante el artículo 196 de la Constitución y, por
consiguiente, la Ley 970de 13 de julio de 2005, fue sancionada por quien no la
podía sancionar de acuerdo con la Carta Política, razón ésta por la cual la
Corte Constitucional en ejercicio de sus funciones en guarda de la supremacía y
de la integridad de la Constitución, debería haber declarado la inexequibilidad
de esa Ley, sin la excusa de la falta de prueba de la filiación política de
esos altos funcionarios del Estado, como se hizo.
Fecha ut supra.
ALFREDO
BELTRÁN SIERRA
Magistrado
SALVAMENTO
DE VOTO A LA SENTENCIA C-176 DEL 2006 DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
SANCION
DE LEY-Función
del Presidente como Jefe de Estado (Salvamento de voto)
SANCION
DE LEY POR MINISTRO DELEGATARIO-Improcedencia (Salvamento de
voto)
MINISTRO
DELEGATARIO-Incumplimiento del requisito de pertenecer al mismo
partido o movimiento del Presidente de la República (Salvamento de voto)
Referencia: expediente L.A.T.-281
Revisión constitucional de la Ley 969 del 13 de julio de 2005 “por
medio de la cual se aprueba el Convenio de Cooperación Técnica, Científica y
Tecnológica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República de Honduras”, suscrito en la ciudad de Bogotá, D.C., el 12 de
noviembre de 2003
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Con el respeto
acostumbrado por las decisiones mayoritarias de esta Corporación, me permito
presentar Salvamento de Voto a esta decisión, en relación a la sanción de las
leyes por el Presidente de la República, en su calidad de Jefe de Estado y el
carácter indelegable de dicha función, reiterando para ello mi posición
jurídica sostenida en otras oportunidades[12]:
1. En primer
lugar, discrepo de la presente decisión por cuanto considero que la sanción de
las leyes es una función reservada al Presidente de la República en su calidad
de Jefe de Estado y por lo mismo, es una función indelegable, más aún, tratándose
de una ley aprobatoria de un tratado internacional, que compromete al Estado
colombiano.
Por
consiguiente, al haber sido sancionada la Ley 969 de 2005 por el Ministro
Delegatario de funciones presidenciales, debía haber sido declarada inexequible
por esta Corporación por dicha razón.
2. En segundo
lugar, disiento de este fallo ya que en mi criterio, en el presente caso
también se desconoce el requisito establecido en el inciso final del artículo
196 de la Constitución, en cuanto el Ministro Delegatario debe pertenecer al
mismo partido o movimiento del Presidente de la República, requisito que al no
cumplirse afecta la validez del Decreto 2317 de 2005, mediante el cual se
designó al Ministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega como Ministro delegatario
y por ende, la Ley 969 de 2005, sancionada por el Ministro delegatario en
virtud de esa designación.
Por las razones expuestas, salvo mi voto
a la presente decisión.
Fecha ut
supra.
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
[1] Folio 9 del
Expediente.
[2] Folios 19 y 20 del Expediente.
[3] Sentencia C-400 de 1998  M.P Alejandro Martínez
Caballero En el mismo sentido ver, entre otras, las sentencias C-834 de 2001
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y C-369 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre
Lynett, C-401 de 2003 y C-533 de 2004 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[4] Ver en el mismo sentido  la Sentencia C-172/06 M.P. Jaime Córdoba
Triviño  S.V. Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Humberto Antonio
Sierra Porto.
[5] Ver entre oras las sentencias C-186 de 1999. M. P Fabio Morón Díaz,
C-1439/00 M.P. Marta V. Sáchica de Moncaleano, C-303/01 M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra, C-862/01 y C-953/01 - M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[6] Sentencia C-186 de 1999. M. P Fabio Morón Díaz.
[7]
Artículo 2 (…)El presente instrumento tiene
como finalidad, establecer las condiciones generales que regulan la cooperación
técnica, científica y tecnológica, acordada por las Partes en proyectos
específicos definidos a través de acuerdos complementarios, Canjes de Notas o
Programas definidos por las Partes, en la Comisión Mixta de que trata el
artículo VI. (…).
[8] Ver entre otras la sentencia C-303/01 M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra.
[9] Sentencia C-363 de 2000 M.P. Álvaro Tafur Galvis. En el
mismo sentido ver, entre otras las sentencias   C-1258
y C-1439   de 2000 M.P (E), Martha
Victoria Sáchica Moncaleano, C-862 y C-953 de 2001,
C-264 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa , C-715 de 2002, M.P, Eduardo
Montealegre Lynett y  C-533/04 M.P. Álvaro Tafur Galvis
[10] Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, Sentencia No. 111 de doce
(12) de diciembre de 1986, M. P. Jairo Enrique Duque Pérez.
[11] Loc. Cit.
[12] Ver Salvamento de Voto a la sentencia C-172 del 2006.