C-651-11
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-651/11
IMPROCEDENCIA DE ALEGATOS ANTES QUE EL JUEZ RESUELVA SOBRE LA PETICION
DE ABSOLUCION PERENTORIA-No desconoce los derechos de
las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral
FACULTAD DEL IMPUTADO-Petición de absolución
perentoria
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos/ CONCEPTO DE VIOLACION EN
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Características/DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y
suficientes/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Concepto de violación
MARGEN DE CONFIGURACION NORMATIVA PARA LA
DETERMINACION DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES-Reiteración
de jurisprudencia/LIBERTAD DE CONFIGURACION NORMATIVA DEL LEGISLADOR EN EL
DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS Y ETAPAS JUDICIALES-No es absoluta
VICTIMA COMO INTERVIENTE ESPECIAL Y SUS DERECHOS-Reiteración de jurisprudencia/VICTIMA-Concepto
DERECHOS DE LAS VICTIMAS-Alcance y naturaleza
La Corte en relación con el alcance y la
naturaleza compleja de los derechos de las víctimas y perjudicados con el hecho
punible, fijó las siguientes reglas que han sido reiteradas en múltiples
oportunidades: “(i) Concepción amplia de los
derechos de las víctimas: Los derechos de las
víctimas y perjudicados por un hecho punible gozan de una concepción amplia, no
restringida exclusivamente a una reparación económica, sino que incluye
garantías como los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación
integral de los daños sufridos. Esta protección está fundada en los derechos
que ellas tienen a ser tratadas con dignidad, a participar en las decisiones
que las afecten y a obtener la tutela judicial efectiva del goce real de sus
derechos. La tendencia universal a esta protección ampliada comprende
actuaciones relativas al interés en el esclarecimiento de los hechos en aras de
la verdad, como al interés en el derecho a que la víctima sea escuchada cuando
se negocie la condena o se delibere sobre una medida de libertad condicional. (ii)
Deberes correlativos de las autoridades públicas: El reconocimiento de
estos derechos impone unos correlativos deberes a las autoridades públicas
quienes deben orientar sus acciones hacia el restablecimiento integral de sus
derechos cuando han sido vulnerados por un hecho punible. (iii)
Interdependencia y autonomía de las garantías que integran los   derechos de
las víctimas: Las garantías de verdad, justicia y reparación son
interdependientes pero autónomos por cuanto “Aun cuando tradicionalmente la
garantía de estos tres derechos le interesan a la parte civil, es posible que
en ciertos casos, ésta sólo esté interesada en el establecimiento de la verdad
o el logro de la justicia, y deje de lado la obtención de una indemnización”.
(iv) La condición de víctima: Para acreditar la condición de víctima se requiere
que haya un daño real, concreto, y específico cualquiera que sea la naturaleza
de éste, que legitime la participación de la víctima o de los perjudicados en
el proceso penal para buscar la verdad y la justicia, el cual ha de ser
apreciado por las autoridades judiciales en cada caso. Demostrada la calidad de
víctima, o en general que la persona ha sufrido un daño real, concreto y
específico, cualquiera sea la naturaleza de éste, está legitimado para
constituirse en parte civil, y puede orientar su pretensión a obtener
exclusivamente la realización de la justicia, y la búsqueda de la verdad,
dejando de lado cualquier objetivo patrimonial.”
DERECHOS DE
LA VICTIMA EN LAS ETAPAS PREVIAS AL JUICIO-Contenido
En el sistema penal con
tendencia acusatoria que rige en nuestro país, instaurado por el Acto
Legislativo 03 de 2002 y desarrollado por la
Ley 906 de 2004, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la
reparación, en las etapas previas al juicio han sido protegidos a través del
reconocimiento de los derechos y facultades que a continuación se presentan:
(i)  El derecho a que se les comunique el archivo de las diligencias protegido
en la sentencia C-1154 de 2005. (ii) El derecho a que se les comunique la
inadmisión de las denuncias garantizado en la sentencia C-1177 de 2005. (iii)
El derecho a intervenir en los preacuerdos y negociaciones con
poder de afectar su derecho a un recurso judicial efectivo para obtener la
garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral, resguardado en la sentencia C-516 de 2007. (iv) El
derecho de representación técnica durante el proceso garantizado en la
sentencia C-516 de 2007, en la que la
Corte reconoció la posibilidad de una intervención plural de las víctimas a
través de sus representantes durante la investigación. (v)
Derechos de las víctimas en materia probatoria. En la sentencia C-209 de 2007, la
Corte realizó un estudio sistemático de las normas que concurren
a estructurar un esquema de intervención de las víctimas en materia probatoria,
conforme al modelo diseñado por la ley 906 de 2004. En esa oportunidad, la
Corte reiteró que hacen parte esencial del derecho de las víctimas a la
verdad, a la justicia y a la reparación, los derechos a probar (C-454 de 2006)
y a intervenir en los diferentes momentos procesales, atendiendo las
especificidades del sistema. (vi) El derecho a solicitar medidas
de aseguramiento y de protección garantizado en la sentencia C-209 de 2007, en
la que la Corte determinó que las víctimas pueden acudir directamente ante el
juez competente, ya sea el de control de garantías o el de conocimiento, para
solicitar la medida de aseguramiento o de protección, según corresponda. (vii)
Derechos en relación con la aplicación del principio de oportunidad protegido
en la sentencia C-209 de 2007, fallo en el cual, la
Corte sostuvo que su aplicación por parte del Fiscal supone la valoración de
los derechos de las víctimas, la realización del principio de verdad y de
justicia, y no excluye la posibilidad de acudir a la acción civil para buscar
la reparación de los daños. (viii)  Derechos frente a la solicitud de
preclusión del Fiscal amparados en la sentencia C-209 de 2007, en la que la
Corte reconoció a las víctimas  la posibilidad de hacer uso de la palabra para
controvertir la petición del Fiscal, la posibilidad de solicitar la práctica de
pruebas que muestren que sí existe mérito para acusar, o que no se presentan
las circunstancias alegadas por el fiscal para su petición de preclusión, y el
ejercicio del derecho de apelación contra la sentencia que resuelve la
solicitud de preclusión. (ix) Derecho a participar en la formulación de la
acusación con el fin de elevar observaciones al escrito de acusación o
manifestarse sobre posibles causales de incompetencia, recusaciones,
impedimentos o nulidades, garantizado en la sentencia C-209 de 2007.
DERECHOS DE LA VICTIMA EN LA
ETAPA DEL JUICIO ORAL-Contenido
IMPROCEDENCIA DE ALEGATOS ANTES QUE EL JUEZ RESUELVA SOBRE LA PETICION
DE ABSOLUCION PERENTORIA-No desconoce el debido
proceso, el acceso a la administración de justicia, ni las normas que integran
el bloque de constitucionalidad
SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Etapas del proceso
Se trata de un
proceso conformado en términos generales por tres etapas principales,
indagación, investigación y juicio, y dos intermedias o de transición,
audiencia de formulación de acusación y audiencia preparatoria, caracterizado
por la realización de un juicio oral, público, con inmediación de las pruebas,
contradictorio, concentrado y con todas las garantías procesales de la persona,
en el que la afectación de los derechos fundamentales es de reserva judicial
porque debe ser autorizada de manera previa por el fiscal (en casos
excepcionales) o el juez, mediante orden escrita motivada. En la sentencia
C-025 de 2009 la Corte se refirió cada una de las anteriores etapas. Respecto
de la indagación indicó que su objeto consiste en que la
Fiscalía reúna la información que se requiere para dar inicio al proceso
penal, y defina si el hecho delictivo se cometió, cómo ocurrió y quienes
participaron en su realización, salvo que exista claridad sobre tales
circunstancias, caso en el cual no es necesario adelantarla. En la etapa de
investigación, deben practicarse las diligencias
dirigidas a establecer la forma cómo ocurrieron los hechos, las circunstancias
de tiempo, modo y lugar en que los mismos se presentaron, los sujetos que
aparecen implicados en su condición de autores o partícipes, los daños y
perjuicios ocasionados con la conducta y el monto de la indemnización. En la
fase de transición denominada acusación, se busca delimitar los temas que serán
debatidos en el juicio oral y la fijación de los elementos de convicción que
podrán practicarse como pruebas en el juicio. El objetivo de ésta etapa es
“depurar el debate que será llevado a instancias del juez de conocimiento en el
juicio, de manera que allí sólo se discuta lo relacionado con la
responsabilidad penal del imputado”. Asimismo, en la audiencia acusatoria se
determina la calidad de víctima, se concretan los autores del ilícito y se le
otorga una calificación provisional a los delitos, lo cual orienta la acusación
que formulará la Fiscalía en el juicio oral. Concluida la audiencia de
formulación de acusación, en un término no inferior a 15 días ni superior a 30,
el juez de conocimiento deberá convocar a una segunda audiencia, denominada “audiencia
preparatoria”, que tiene como fin central la fijación de las pruebas que se
harán valer en el juicio oral y el señalamiento de la fecha de iniciación del
juicio.  En esta audiencia que cuenta con la presencia del fiscal, del
defensor, del acusado, del Ministerio Público y del representante de las
víctimas (art. 355 CPP.), el juez dispone, entre otras cosas, que las partes
manifiesten sus observaciones sobre el procedimiento de descubrimiento de los elementos
probatorios, que la defensa muestre sus elementos materiales probatorios y
evidencia física, y que la Fiscalía y la defensa enuncien la totalidad de las
pruebas que harán valer en la audiencia del juicio oral y público. Una vez
tramitada la audiencia preparatoria, el juez de conocimiento fija la fecha y la
hora de inicio del “juicio oral”, que deberá realizarse dentro de los 30 días
siguientes a la audiencia preparatoria (art. 365 CPP), con el fin de que el
juez escuche la presentación del caso por parte de la
Fiscalía y la defensa, practique las pruebas que se ordenaron en la audiencia
preparatoria, y atienda los alegatos finales de las partes e intervinientes. A
continuación, el juez  decide sobre la responsabilidad del acusado y expide la
sentencia correspondiente.
OSTENSIBLEMENTE ATIPICO-Significado de la
expresión según la Corte Suprema de Justicia
En relación con la expresión
“ostensiblemente atípicos”, la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, ha precisado  que “hace
referencia a un quehacer que de manera palpable, demostrable, o manifiesto no
colinde en la esfera del derecho penal al no adecuarse a la descripción típica
que previamente ha efectuado el legislador.” Es decir, “cuando no hay tipicidad
en relación con la figura en concreto, como cuando falta el sujeto pasivo o
cualquier otro elemento de la conducta típica. Así por ejemplo no existiría
daño en bien ajeno, si el bien es propio, o fuga de presos si el presunto autor
no se encuentra privado de la libertad.” Dentro de este contexto, para esa
Corporación, la razón por la cual el juez no
está obligado a oír a las partes obedece a la atipicidad de los hechos que
surge después de practicadas las pruebas de la etapa del  juicio, atipicidad
que es tan “palmaria, patente o manifiesta” que no tendría sentido continuar
con el proceso, en la medida en que de la ausencia de
alguno de los elementos estructurales del tipo objetivo, entendidos como
aquellos que no requieren un especial proceso valorativo para su comprensión
por parte del juzgador, deviene que la conducta se torne manifiestamente
atípica. Cuando esta situación se presenta, se considera que la intervención de
los sujetos procesales para sus alegaciones finales, no es necesaria, puesto
que “resultarían inanes ante la evidencia de la conclusión”.  Sostener lo contrario, implica en palabras
de la Sala de Casación Penal, que lo “ostensible dejaría de serlo si abarca el
tipo subjetivo, porque en tal caso el juicio de atipicidad estaría sometido a
un proceso de valoración extraño a la perentoriedad que este tipo de absolución
demanda; pues en el caso de los comportamientos dolosos, se transitaría por la
fase del conocimiento y la comprensión de la tipicidad objetiva, y se impondría
valorar el querer, la voluntad de realizar ese comportamiento que se sabe
ilícito; proceso intelectivo que impone al juzgador estudiar la controversia
probatoria que plantean las partes, así como las pruebas que en uno u otro
sentido hayan sido incorporadas, lo que resulta contrario a lo “ostensible” de
la atipicidad que soporta esta figura.” La expresión ostensiblemente atípicos, supone entonces
que los hechos en los cuales se fundamenta la acusación, después de practicadas
las pruebas en el juicio oral, no encajan de manera manifiesta en la descripción
de la conducta punible que previamente ha previsto el legislador en el Código
Penal, situación que desvirtúa la necesidad de continuar con el proceso ante el
peso de una conducta evidentemente atípica.
VICTIMA EN SISTEMA PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA-Factores de los cuales depende su intervención
La forma
cómo puede actuar la víctima en el proceso penal de tendencia acusatoria que
rige a partir del Acto Legislativo 03 de 2002, según la jurisprudencia
constitucional, depende de varios factores: “(i) del papel
asignado a otros participantes, en particular al Fiscal; (ii) del rol que le
reconoce la propia Constitución a la víctima; (iii) del lugar donde ha previsto
su participación; (iv) de las características de cada una de las etapas del
proceso penal; y (v) del impacto que esa participación tenga tanto para los
derechos de la víctima como para la estructura y formas propias del sistema
penal acusatorio”
DERECHOS DE LAS VICTIMAS Y PERJUDICADOS POR UN HECHO PUNIBLE-Gozan de una concepción amplia, no restringida exclusivamente a una
reparación económica, sino que incluye garantías como los derechos a la verdad,
a la justicia y a la reparación integral de los daños sufridos
JUICIO
PENAL-Derechos de la víctima
En la etapa final del
proceso, la del juicio oral, la jurisprudencia constitucional ha
establecido que el conducto para el ejercicio de los derechos de las víctimas
es el fiscal, quien debe oír al abogado de la víctima, estando el juez en la
obligación de garantizar ese espacio. Al respecto, dijo la
Corte: “[…)  La víctima, a través de su abogado, podrá ejercer sus
derechos en la etapa del juicio sin convertirse en una parte que pueda
presentar y defender su propio caso al margen del Fiscal. El conducto para
culminar en esta etapa final del proceso el ejercicio de sus derechos es el
fiscal, quien debe oír al abogado de la víctima. Así, por ejemplo, éste podrá
aportar a la Fiscalía observaciones para facilitar la contradicción de los
elementos probatorios, antes y durante el juicio oral, pero solo el fiscal
tendrá voz en la audiencia en aquellos aspectos regulados por las normas
acusadas. En el evento de que la víctima y su abogado estén en desacuerdo con
la sentencia podrán ejercer el derecho de impugnarla, de conformidad con el
artículo 177 de la Ley 906 de 2004. Cabe agregar que en el sistema colombiano
el Ministerio Público es un interviniente sui generis que también puede abogar
por los derechos de todos, incluidas las víctimas en dicha etapa, sin sustituir
ni al Fiscal ni a la defensa”. No obstante lo anterior, a
la víctima aún le queda la posibilidad de controvertir las decisiones que
considera adversas a sus derechos. Así lo reconoció la
Corte en la sentencia C-047 de 2006, en la que protegió el derecho de la
víctima del delito permitiéndole impugnar la sentencia absolutoria, y en la
sentencia C-979 de 2005, en la que garantizó su derecho a solicitar la revisión
extraordinaria de las sentencias condenatorias en procesos por violaciones a
derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario,
cuando una instancia internacional haya concluido que dicha condena es aparente
o irrisoria. Además, en tanto la decisión de absolución perentoria es proferida
por el juez a través de una sentencia, la misma puede ser objeto de impugnación
a  través del recurso de apelación previsto para este tipo de decisiones en el
artículo 176 del Código de Procedimiento Penal, dado que, la
efectividad de los derechos de la víctima del delito depende, entre otras
garantías procedimentales, del ejercicio del derecho a impugnar decisiones
adversas, en particular las sentencias condenatorias, absolutorias y las que
conlleven penas irrisorias.
Referencia: expediente
D-8412
Actores: Mauricio Pava
Lugo y Jacobo Alejandro González Cortés.
Demanda de inconstitucionalidad
contra el artículo 442 (parcial) de la Ley 906 de 2004, “por la cual se
expide el Código de Procedimiento Penal”.
Magistrada Ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE
CORREA
Bogotá, D.C., siete (7)
de septiembre de dos mil once (2011).
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y
de los requisitos de trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En ejercicio de la
acción pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos Mauricio Pava Lugo y
Jacobo Alejandro González Cortés demandaron el artículo 442 (parcial) de la
Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
Mediante Auto del 23
de febrero de 2011, la demanda fue admitida y se ordenó comunicar la iniciación
del proceso al Presidente del Congreso de la
República, al Ministerio del Interior y de Justicia, a la
Fiscalía General de la Nación, a la
Defensoría del Pueblo, a la
Comisión Colombiana de Juristas, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal y
a la Procuraduría General de la
Nación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 244 de la
Constitución Política y los artículos 7, 11 y 13 del Decreto 2067 de 1991.
Cumplidos los
trámites constitucionales y legales propios de los procesos de
constitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la
demanda en referencia.
II.
NORMAS DEMANDADAS
El texto de la
disposición demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial
No. 45.658, del 1 de septiembre de 2004, es
el siguiente (en negrillas y subrayas):
“LEY 906 DE 2004[1]
(agosto 31)
Por
la cual se expide el Código de Procedimiento Penal
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
[…]
ARTÍCULO
442. PETICIÓN DE ABSOLUCIÓN PERENTORIA. Terminada la práctica de las
pruebas, el fiscal o el defensor podrán solicitar al juez la absolución
perentoria cuando resulten ostensiblemente atípicos los hechos en que se
fundamentó la acusación, y el juez resolverá sin escuchar alegatos de las
partes e intervinientes.”
III.
LA DEMANDA
1. Normas constitucionales que se
consideran infringidas
Los actores consideran
que el aparte demandado del artículo 442 de la
Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”,
vulnera los artículos 2 y 228 (administración de justicia como función pública),
13 (igualdad), 29 (derecho de defensa) y 229 (acceso a la administración de
justicia) de la
Constitución Política, así como el artículo 14.1 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos[2] y el artículo 8.1 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.[3]
2. Fundamentos de la demanda
El argumento central
de la acusación de inconstitucionalidad se basa en que el artículo 442 parcialmente
demandado, restringe los derechos de las víctimas a ser oídas por el juez, puesto
que les impide intervenir y pronunciarse sobre la petición de absolución que
realice la Fiscalía o el defensor y les niega la posibilidad de tomar parte
para ejercer su derecho de oposición y contradicción, derivando como
consecuencia de ello, en el desconocimiento de sus derechos a la verdad,
justicia y reparación.
Después de realizar un
recuento pormenorizado de las garantías reconocidas por el legislador a las
víctimas en desarrollo de sus derechos  a la verdad, justicia y reparación, los
accionantes aducen que los mismos argumentos sobre los que la
Corte ha fundamentado la inexequibilidad de la improcedencia de presentar
recursos contra la decisión que resuelve sobre la procedibilidad del principio
de oportunidad o sobre la solicitud de preclusión presentada por el Fiscal, son
predicables respecto de la imposibilidad de pronunciarse respecto a una
eventual absolución perentoria, cuyos graves efectos inciden de manera directa
sobre los derechos de las víctimas.
A continuación, los
ciudadanos demandantes con base en la doctrina nacional y en algunos apartes de
la jurisprudencia constitucional, realizan un recuento de la caracterización
del procedimiento penal y de la evolución de la figura de la víctima,
actualmente dotada de numerosas e importantes facultades pre-procesales, para
ilustrar la relevancia de su participación activa, y concluir que la norma
cuestionada contradice la línea jurisprudencial vigente sobre la protección de
los derechos de las víctimas y le resta eficacia a los derechos que el
ordenamiento jurídico les ha reconocido. Reiteran que no se puede permitir que frente a una solicitud
tan trascendental como lo es la petición absolutoria, se le impida a la víctima
ser oída, pues ésta tiene derecho a oponerse y a promover que la determinación
en este sentido sea controlada.
Señalan que si bien la norma
demandada establece que la absolución procede cuando los hechos sean
ostensiblemente atípicos, y podría pensarse que se trata de una causal
objetiva, los actores estiman que ello no es razón para no oír a la víctima, en
primer lugar, porque aún sobre causales objetivas, por ejemplo, cuando se
archiva una indagación, la víctima tiene oportunidad de intervenir ante el juez
de garantías para que controle la decisión (C-1154 de 2005); y en segundo
lugar, porque el derecho penal establece varias clases de atipicidad (objetiva,
subjetiva, absoluta y relativa) sobre las que existe una inmensa posibilidad de
discusión.
Los accionantes consideran, en
consecuencia, que es contrario a la Carta que el artículo 442 de la
Ley 906 de 2004 imponga frente a la solicitud de absolución perentoria, que el
juez resolverá sin escuchar alegatos de las partes e intervinientes, en tanto
desconoce los derechos que la
Constitución le ha reconocido a las víctimas del delito, que han sido reconocidos
por la Corte Constitucional y que implican, en este caso, el desconocimiento de
la obligación que tiene el Estado de garantizar el acceso a la justicia de las
personas afectadas,  inclusive cuando se trate de hechos atípicos porque deja a
las víctimas sin la posibilidad de aportar elementos nuevos al proceso y hacer
valer sus pretensiones (artículos 2, 228 y 229 CP); la igualdad de trato a los
ciudadanos dentro del proceso penal a efectos de que puedan controvertir cualquier
decisión judicial, garantía que debe ser de aplicación inmediata puesto que le
permite a las víctimas hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez
(artículos 13 CP y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos); y el derecho de defensa en la medida que se les niega la
oportunidad de controvertir una decisión judicial que pone fin a un proceso a
fin de hacer efectivos sus derechos a la verdad, justicia y reparación (artículos
29 CP y 8.1 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos).
IV. INTERVENCIONES
1. Misterio del Interior y de Justicia
El Ministerio del Interior y de
Justicia solicita a la Corporación abstenerse de emitir un pronunciamiento de
fondo por ineptitud sustancial de la demanda, con fundamento en los argumentos
que a continuación se sintetizan.
Anota el Ministerio, que las
pretensiones de los demandantes desconocen la función que la
Constitución otorga a la
Fiscalía General de la Nación y pretenden dispensar a la víctima un rol en el
proceso, que no atiende la naturaleza del nuevo procedimiento penal, según la
cual la controversia se produce entre el imputado y la
Fiscalía, como encargada de la persecución del delito, y no entre el imputado
y la víctima. En este sentido, no resulta procedente adscribirle a las víctimas
una facultad que ninguna de las partes o intervinientes tiene, como en efecto
lo es, el ser escuchadas por el juez antes de decidir la solicitud de
absolución perentoria, sobre todo si se tiene en cuenta que las víctimas han
tenido múltiples oportunidades de ser oídas durante el proceso.
Para el Ministerio, el cargo por
violación del derecho a la igualdad no cumple con los requisitos de certeza y
especificidad exigidos por la jurisprudencia constitucional para generar un
pronunciamiento de fondo, por un lado, porque los demandantes parten de una
equiparación plena entre la víctima y el acusado como protagonistas del
proceso, que no tiene sustento en la jurisprudencia que citan, no exponen las
razones por las cuales no hay justificación para el trato diferenciado, ni dan
cuente de por qué el mismo, en caso de existir, resulta inconstitucional; y por
el otro, porque la exclusión de la oportunidad de ser oídos por el juez antes
de que se resuelva la petición de absolución perentoria, opera frente a todos
los sujetos que pueden participar en el proceso por igual, partes e
intervinientes, de manera que el cargo formulado por los actores resulta de una
proposición que no ha sido suministrada por el legislador, sino de una deducida
incorrectamente por los mismos.
El Ministerio encuentra la norma
ajustada a la Carta, en tanto la víctima como el interviniente pueden
participar y ejercer sus derechos en las etapas de la investigación y el
juicio, sin convertirse en parte de conformidad con la sentencia C-209 de 2007
proferida por esta Corporación.
2. Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo, a través de la
Defensora Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales, solicita a la
Corte declarar la inexequibilidad de la norma demandada.
En el sentir de la interviniente,
se está  ante una medida desproporcionada que compromete en materia grave los
derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, puesto que
la decisión de absolución perentoria, al igual que las decisiones de archivo de
las diligencias y preclusión de la investigación, reguladas en los artículos 79
y 333 de la Ley 906 de 2004, tiene incidencia directa y negativa sobre los
derechos de las víctimas, en la medida en que afecta el esclarecimiento de la
verdad y la obtención de justicia en el caso concreto, máxime si se considera
que tal pretensión al tener efectos definitivos deja en el limbo la
reivindicación de los derechos vulnerados.
Luego de realizar una profusa
explicación de la jurisprudencia constitucional referente a la participación de
las víctimas dentro del proceso penal,  de los derechos de las víctimas en
materia probatoria, de la estructura del sistema penal y de la naturaleza de la
intervención de las víctimas dentro del mismo, la
Defensoría del Pueblo concluye que a los accionantes les asiste razón, en
cuanto a la necesidad de garantizar la participación de las víctimas cuando se formula
la petición de absolución perentoria, dada su calidad de interviniente especial
dentro del proceso penal.
Finalmente, señala la
Defensoría del Pueblo que en la sentencia C-209 de 2007, la
Corte declaró exequible de forma condicionada una restricción similar
contenida en el artículo 333 de la Ley  906 de 2004, en el entendido de que las
víctimas pueden allegar o solicitar elementos materiales probatorios y
evidencias  físicas para oponerse a la petición de preclusión del Fiscal, en
aras de garantizar un control adecuado de sus acciones y omisiones y
controvertir de manera efectiva sus decisiones.
3. Intervenciones ciudadanas
Durante el término de fijación en
lista se presentaron siete intervenciones ciudadanas, de las cuales, en tres se
solicitó a esta Corporación, la exequibilidad de la norma parcialmente
demandada, en otras tres la inexequibilidad o exequibilidad condicionada, y en
una, un pronunciamiento inhibitorio.
3.1. Solicitudes de exequibilidad de la norma
parcialmente demandada[4]
Los principales argumentos
expuestos en defensa del artículo 442 parcialmente demandado, se sintetizan a
continuación:
3.1.1. El sistema procesal penal
colombiano consagra como regla general la aplicación del principio de
legalidad, según el cual, la
Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la
acción penal y a realizar la investigación de los hechos que revistan las
características de un delito que lleguen a su conocimiento cuando medien
suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible comisión
del mismo, de tal suerte que, el Estado despliega la actividad penal sin
consideración a la voluntad del ofendido, salvo en los delitos querellables,
interviniendo en la investigación de todos los hechos punibles de que tenga
noticia.
3.1.2. La norma demandada contempla
una causal objetiva de absolución, como lo es el descubrimiento de la
atipicidad del hecho investigado. Si la conducta analizada no se encuentra
descrita en la legislación penal, es decir, no cumple con los requisitos de
tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad (art. 9 de la
Ley 599 de 2000), el juez no tiene la posibilidad de condenar al acusado por
la conducta realizada. Como la norma demandada plantea una situación de falta
de tipicidad, la absolución inmediata resulta procedente. En esta hipótesis es
evidente la inexistencia de una víctima, caso en el cual los derechos a la
verdad, justicia y reparación están en cabeza exclusivamente del investigado.
3.1.3. La víctima es protagonista
en el proceso penal, ya no es un simple espectador, y en esa medida  tiene
garantizada su participación en todos los momentos procesales esenciales y decisivos,
a través de su representante y con apoyo del Ministerio Público. En la etapa de
investigación está facultada para solicitar pruebas ante el juez de control de
garantías; en la etapa de imputación puede intervenir y pronunciarse sobre, las
que considera, omisiones de la
Fiscalía General de la Nación; en la etapa de acusación formular acusaciones o
manifestarse sobre las posibles causales de incompetencia, recusaciones,
impedimentos o nulidades; en la audiencia preparatoria tiene derecho a pedir pruebas,
a solicitar exclusión de evidencia o a oponerse a la misma, entre otras; y una
vez finalizada la etapa probatoria, tiene la facultad de controvertir las
pruebas. Así, la víctima participa en todas las fases procesales, preclusión,
archivo y absolución o  condena, según el caso.
3.1.4. La decisión de absolución
perentoria puede ser impugnada por los intervinientes en el proceso penal,
puesto que la Corte en la sentencia C-047 de 2006, garantizó el derecho de las
víctimas del delito a impugnar la sentencia absolutoria.
3.1.5. Los demandantes pretenden
que las víctimas reciban un tratamiento privilegiado, puesto que solicitan que
sean equiparadas respecto de una facultad que ninguna de las partes o
intervinientes tiene, como lo es la de ser escuchadas por el juez antes de
decidir sobre la solicitud de absolución perentoria formulada.
3.2. Solicitudes de inexequibilidad de la norma
parcialmente demandada
Los argumentos centrales
presentados por los intervinientes para sustentar la inexequibilidad del artículo
442 parcialmente demandado, se resumen en las líneas siguientes: [5]
3.2.1. La exclusión de las víctimas
del derecho a ser oídas en la absolución perentoria, si bien es una medida
garantista para el procesado, vulnera su derecho a la igualdad material, en
tanto constituye una negación de sus derechos fundamentales. La circunstancia
de que la restricción cobije a todos los intervinientes, no tiene el alcance de
desvirtuar la afectación que ocasiona a la víctima la imposibilidad de oponerse
a la pretensión de la Fiscalía.
3.2.2. La intervención de la
víctima en el procedimiento penal debe darse no sólo en las fases de las etapas
preprocesal y procesal, sino en todos los escenarios, pues esta ha sido la
tendencia de la jurisprudencia constitucional. Incluso, ante figuras procesales
similares en sus efectos, como la petición de archivo de la indagación, la
preclusión de investigación o la aplicación del principio de oportunidad, la
Corte ha aducido que debe reconocerse facultades a las víctimas a fin de que
puedan presentar sus opiniones y pretensiones, y tengan la posibilidad de
allegar y solicitar pruebas en procura de la defensa de sus derechos.
3.2.3. El artículo demandado agrede
el principio, según el cual, las autoridades de la
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, puesto que no permite a la víctima oponerse a la decisión del juez
cuando decide declarar la preclusión invocada por el Fiscal, vulnerado los
derechos de defensa y a obtener un pronunciamiento que repare en un lapso
razonable los daños causados, generando  impunidad.
3.2.4. El Estado tiene la
obligación de garantizar el acceso a la justicia, incluso cuando se trata de
hechos atípicos, pues no se puede desconocer el derecho de defensa de la persona
afectada. El quebrantamiento de esta garantía deja a la víctima  sin la
posibilidad de aportar elementos nuevos al proceso y hacer valer sus derechos,
puesto que el juez termina tomado decisiones sin tener en cuenta la información
y material probatorio que protagonistas de primera línea pueden suministrarle.
3.3. Solicitud de fallo inhibitorio
La solicitud de inhibición formulada
por uno de los intervinientes,[6] se fundamenta en que los cargos de inconstitucionalidad no
fueron propuestos en debida forma al no existir una confrontación directa entre
el texto Superior y el aparte normativo demandado, razón por la cual la
pretensión no puede tener vocación alguna de prosperidad. En este sentido, el
interviniente estima que los actores se limitaron a efectuar una formulación
vaga, abstracta y global de los motivos de inconstitucionalidad, sin acusar con
razones concretas la disposición demandada, apartándose de la especificidad
sustancial exigida por los cánones del procedimiento constitucional.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN
El Ministerio
Público,[7] solicita a la Corte declararse inhibida para emitir un pronunciamiento
de fondo por ineptitud sustancial de la demanda y se reitere lo dicho en la
Sentencia C-942 de 2010.
En la sentencia C-942
de 2010, anota la Vista Fiscal, la Corte se declaró inhibida para pronunciarse
sobre la demanda de la que se da cuenta en el Expediente D-8145, en la cual
también fueron autores los accionantes actuales. En esta demanda, se
cuestionaba la constitucionalidad de los artículos 268, 271, 272 y 442 de la
Ley 906 de 2004 y frente a éste último artículo, las razones en las que se
apoyaba la demanda anterior son las mismas que se presentan en la demanda sub
examine.
A pesar de que el
Ministerio Público considera  que no puede advertirse que la demanda sea por
completo ininteligible o que presente una oscuridad insuperable, encuentra que
fue presentada por las mismas personas, contra el mismo artículo y con apoyo en
los mismos argumentos de la demanda anterior. Así, sobre la base de esta triple
identidad -sujetos, objeto y discurso-, sostiene que lo dicho por la
Corte en la sentencia C-942 de 2010 se constituye en un precedente relevante
para decidir este caso, y por tanto, solicita a la
Corte estarse a lo resuelto en dicha sentencia.
vI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.     Competencia
De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 241 numeral 4 de la
Constitución Política, la Corte es competente para conocer de la presente
demanda.
2. Cuestiones
previas
2.1. Inexistencia
de un pronunciamiento anterior de la
Corte Constitucional con efecto de cosa juzgada
La Procuraduría General de la
Nación, en su intervención, solicita a esta Corporación estarse a lo resuelto
en la sentencia C-942 de 2010,[8] en la que la
Corte decidió declararse inhibida para pronunciarse de fondo respecto de la
demanda que en esa oportunidad analizó, con fundamento en que la actual demanda
presenta con aquella una triple identidad respecto de los sujetos, objeto y cargos.
Al respecto, la
Sala debe recordar que en las sentencias inhibitorias en tanto no se produce
un estudio de fondo sobre la cuestión que se pone a consideración de la
Corte, no tienen efecto de la cosa juzgada, y por tanto, nada impide a los
mismos accionantes volver a intentar la demanda. Por ello debe la
Corte analizar si los cargos en esta oportunidad resultan aptos.
Previamente,
precisará por qué el cargo formulado contra el artículo 442 del Código de
Procedimiento Penal en el expediente D-8145 que dio lugar a la sentencia C-942
de 2010, es distinto del que en aquella oportunidad dio lugar a la inhibición.
En la sentencia
C-942 de 2010, la Sala abordó un cargo por omisión legislativa relativa contra
el artículo 442 del Código de Procedimiento Penal, fundamentado en  los siguientes
términos, según resumen que realiza la propia sentencia:
“- El cercenar el derecho de la víctima a ser oída ante una decisión
determinante como la absolución perentoria, desconoce su condición de
protagonista principal del conflicto penal.
- El conjunto de derechos que le han sido reconocidos a la víctima en
el proceso penal pierden efectividad cuando se le impide a ésta ser oída por el
juez antes de resolver sobre la petición de absolución perentoria presentada
por el Fiscal o la defensa.
- Teniendo en cuenta que en otras decisiones que tienen los mismos
efectos de la absolución perentoria como es el caso de la petición de archivo
de la indagación, la preclusión de investigación o la aplicación del principio
de oportunidad donde la víctima si puede intervenir en procura de defender sus
derechos, lo preceptuado por el artículo 442 resulta contradictorio.
- Por tanto en este caso, se deben aplicar los mismos razonamientos
expuestos en la sentencia C-209 de 2007, sobre intervención de la víctima frente
a la solicitud de preclusión y en general sobre todas las materias a las que se
refirió dicha providencia, con el propósito de arropar a aquella de garantías
de participación y control durante el proceso penal.
- Se incluye también un análisis de la aplicación del precepto, aún en
el caso de que se admita que la víctima fuera oída, previa la decisión del juez
de conocimiento ante la solicitud de absolución perentoria presentada por el
Fiscal. Pues no obstante ser el sistema procesal penal colombiano de tendencia
acusatoria y caracterizado por una identidad propia, según la jurisprudencia de
la Corte Suprema de Justicia, dicha petición equivale al retiro de cargos, o a
una declinación del interés del Estado en el hecho investigado. En tales
condiciones el Juez no puede emitir decisión distinta de la que allí se
solicita. Por esto propone entender el precepto, en el sentido de que ante la
mencionada solicitud del fiscal, el juez decida si acoge o no las propuestas
formuladas por quienes  conforme al art. 443 del C.P.P. están autorizados a
alegar en la conclusión del juicio oral.”
La Sala concluyó que el cargo no era apto en los
siguientes términos:
“[...] Los
actores formulan un cargo de omisión legislativa relativa del todo oscuro, pues
como también lo observó el Ministerio Público, aunque señalan que el legislador
desconoció un deber constitucional de protección para con las víctimas del
delito, que impondría ser subsanado mediante su inclusión dentro del precepto,
no es comprensible frente a quiénes son tratadas de modo desigual y ni las
razones de ello.
Ciertamente,
según el texto de la demanda, no lo es respecto del fiscal o de la defensa del
acusado para los efectos de solicitar la absolución perentoria, cuando las
pruebas practicadas muestren de manera ostensible la falta de tipicidad de los
hechos en que se fundamentó la acusación. Su pretensión consiste en determinar
que se incluya en el precepto que la víctima pueda ser oída con antelación a
que el juez adopte la decisión de aceptar o no la absolución perentoria pedida.
No es claro
entonces de qué modo se sostiene la omisión legislativa relativa del artículo 442
C.P.P. con respecto a la víctima, pues aunque es verdad que ésta última no
debe ser oída por el juez previo a resolver sobre la petición, tampoco lo han
de ser los demás interesados, sean partes o intervinientes.
Y como se
apuntó frente a las primeras disposiciones acusadas, esta situación también
revela una falta de certeza, es decir, que la demanda se encamina a establecer
una inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa, sobre una
proposición inexistente. Ello, cuando los actores observan en el artículo 442
C.P.P. una omisión legislativa relativa alusiva sólo a la víctima que la
excluye de las consecuencias jurídicas que, por ser asimilables, tenían que
estar comprendidas también para ella como forma de armonizar el texto legal con
los mandatos de la Carta. Pues, como se ha dicho, la exclusión de la
oportunidad de ser oídos por el juez antes de que resuelva la petición de absolución
perentoria, opera frente a todos los sujetos que pueden participar en el
proceso: partes e intervinientes. La omisión legislativa relativa señalada se
formula entonces sobre una proposición jurídica deducida por los actores, que
no ha sido suministrada por el legislador.
En tales
circunstancias, es comprensible que no se sustenten las razones específicas por
las que se vulnera la Constitución en términos de la omisión legislativa
alegada. En particular no hay exposición ninguna sobre por qué se crea aquí una
desigualdad discriminatoria e injustificada, pues del texto del artículo 442
del C.P.P. se desprende que esta medida comprende a todas las partes e
intervinientes, esto es, iguala.”
En el actual
proceso, la Sala encuentra que la censura formulada contra un aparte del
artículo 442 del CPP es distinta a la planteada en aquella oportunidad, ya que
no se refiere a una omisión legislativa relativa, sino a la vulneración del
derecho de la víctima a ser oída en todas las fases del proceso penal. El cargo
de inconstitucionalidad que cumple con los requisitos de claridad certeza,
pertinencia y suficiencia, consiste en la violación del derecho de la
víctima a ser oída en todas las fases del proceso penal, como base esencial del
debido proceso (art. 29 CP), plasmado en los artículos 14.1 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8.1 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y como consecuencia de ello, del
derecho de acceso a la administración de justicia (art. 229 CP), como a continuación
se analiza.
2.2. La demanda
es apta para emitir un pronunciamiento de fondo
El Ministerio del
Interior y de Justicia, la
Procuraduría General de la Nación y uno de los intervinientes solicitan a la
Corte inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo respecto del cargo
formulado por ineptitud sustantiva de la demanda. De manera que antes de
proceder a realizar el análisis específico de los argumentos de
inconstitucionalidad en el asunto de la referencia, la
Sala debe verificar la aptitud de la demanda.
La jurisprudencia
constitucional ha señalado que aún cuando toda demanda debe ser analizada a la
luz del principio pro actione, dado el carácter popular que la
Constitución misma le atribuye, en ella deben concurrir unas condiciones
mínimas que permitan guiar la labor del juez constitucional y orientar,
asimismo, el debate de los intervinientes en el proceso que pretende instarse.
Es así que el Decreto 2067 de 1991, ‘por el cual se dicta el régimen
procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la
Corte Constitucional’, en su artículo 2º prescribe que la demanda debe
contener: (i) el señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales,
trascribiéndolas literalmente por cualquier medio o aportando un ejemplar de la
publicación oficial (num. 1); (ii) el señalamiento de las normas
constitucionales infringidas (num. 2); (iii) las razones que sustentan la
acusación, esto es, el por qué se estima que se violan los textos
constitucionales (num. 3); (iv) si se acusa quebrantamiento del debido trámite
legislativo, entonces debe señalarse cuál es el trámite que debió haberse
observado (num. 4), y; (v) la razón por la cual la
Corte es competente (num. 5).
No obstante, tal como lo ha
señalado esta Corporación, no es suficiente la observancia formal de
esos requisitos, sino que es necesario determinar el objeto de la demanda, la
razón por la cual la Corte es competente para conocer de ella, y el concepto de
la violación.[9]
De conformidad con la
jurisprudencia constitucional el concepto de la violación se formula
debidamente cuando (i) se identifican las normas constitucionales
vulneradas; (ii) se expone el contenido normativo de las disposiciones
acusadas -lo cual implica señalar aquellos elementos materiales que se estiman
violados-; (iii) y se expresan las razones por las cuales los textos
demandados violan la
Constitución. Esas razones deben ser razones claras,[10] ciertas,[11] específicas,[12] pertinentes[13] y suficientes.[14]
A pesar de que los
accionantes citan como normas constitucionales violadas los artículos 2
(efectividad de los de los principios y derechos consagrados en la
Carta como fin esencial del Estado), 13 (igualdad), 29 (debido proceso), 228 (administración
de justicia) y 229 (acceso a la administración de justicia) de la
Constitución Política, el artículo 14 del Pacto Universal de Derechos Humanos y
el artículo 8 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (referentes al derecho de toda
persona a ser oída en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada
contra ella en desarrollo del principio de igualdad ante los tribunales), en
realidad su argumentación y cargos concretos se centran en la violación del derecho
de la víctima a ser oída en todas las fases del proceso penal, como base
esencial del debido proceso (art. 29 CP), y en consecuencia, de su derecho de
acceso a la administración de justicia (art. 229 CP). Por ello, la
Corte Constitucional circunscribirá su análisis al cargo efectivamente
planteado.
Para la
Sala, el cargo formulado cumple con los requisitos constitucionales. En
efecto, los accionantes, (i) identifican y transcriben la norma acusada como
inconstitucional, específicamente el aparte del artículo 442 del Código de
Procedimiento Penal, que dice “el juez resolverá sin escuchar alegatos de
las partes e intervinientes”; (ii) señalan las
normas constitucionales que resultan vulneradas por la disposición legal
impugnada, que para el efecto son los artículos 29 y 229 de la
Carta  y 14 y 8-1 del Pacto Internacional de
Derechos Humanos y de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, respectivamente; y (iii) presentan las razones por las cuales el texto normativo
demandado viola la Constitución.
Observa la
Corte, que contrario a lo sostenido por el Ministerio del Interior y de
Justicia, el Procurador General de la
Nación y uno de los intervinientes, los accionantes exponen al menos un cargo
de inconstitucionalidad en debida forma. Efectivamente, la demanda formula un
cargo claro que permite comprender el contenido de la misma y las
justificaciones en las que se basa, cuando expresa que la vulneración de los
artículos 29 y 229 de la Carta y del artículo 14.1 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8.1 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, se produce debido a que el aparte
cuestionado autoriza al juez a decidir sobre la petición de absolución
perentoria sin oír a las víctimas, vulnerando sus derechos a la verdad,
justicia y reparación.
El cargo es
igualmente cierto porque  de la lectura de la disposición demanda se
desprende prima facie la imposibilidad de las víctimas de intervenir a
efectos de exponer sus argumentos en relación con la solicitud de absolución
perentoria  formulada por el fiscal o la defensa, y no se trata de una
hipótesis supuesta por los actores. Es pertinente porque plantea un
problema de relevancia constitucional, el presunto desconocimiento del derecho
de las víctimas a ser oídas en una decisión significativa en su propósito de hacer
efectivos sus derechos a la verdad, justicia y reparación. Y es suficiente,
porque por lo anterior, genera una mínima duda razonable y relevante sobre la
exequibilidad de la norma demandada.
Así, una vez establecido
que la demanda cumple las formalidades exigidas en el Decreto 2067 de 1991, en
especial en lo referente a las razones por las cuales se estima violado el
texto constitucional mencionado, la Corte procederá a abordar el estudio de
fondo.
3. El problema
jurídico que se plantea
Los accionantes
argumentan que el artículo 442 de la Ley 906 de 2004 parcialmente demandado es
inexequible porque impide a las víctimas de los delitos intervenir y
controvertir la petición de absolución que realice la
Fiscalía o el defensor y les niega la posibilidad de ejercer algún tipo de
intervención sobre tal petición, restringiendo inconstitucionalmente sus
derechos a la verdad, justicia y reparación.
El Ministerio del
Interior considera que el cargo no cumple con los requisitos de certeza y
especificidad exigidos para generar un pronunciamiento de fondo, en la medida
en que la demanda, por un lado, desconoce la función que la
Constitución le otorga a la
Fiscalía General de la Nación y pretende reconocerle a la víctima un rol que
no corresponde al carácter adversarial del proceso penal,  y por el otro, parte
de una equiparación plena entre víctima y acusado que no tiene sustento en la
jurisprudencia por ellos citada.
En tanto la demanda
presenta identidad de sujetos, objeto y discurso, el Ministerio Público estima
que la sentencia C-942 de 2010[15] constituye un
precedente que debe tenerse en cuenta para decidir el caso, motivo por el cual la
Corte debe estarse a lo resuelto en la misma y declararse inhibida para
decidir.
Uno de los
intervinientes, igualmente, respalda la solicitud de inhibición señalando que
la demanda no fue formulada en debida forma, pues los accionantes se limitaron
a efectuar un planteamiento vago de las razones de la inconstitucionalidad por
ellos esgrimida, sin que exista una real confrontación directa entre el texto
constitucional y el aparte normativo demandado.
La Defensoría del Pueblo, a su vez, solicita
la declaratoria de inexequibilidad del aparte demandado porque estima que contiene una medida
desproporcionada que compromete gravemente los derechos de las víctimas a la
verdad, la justicia y la reparación, y en ese contexto, pide a la
Corte  pronunciarse en el mismo sentido en que lo hizo respecto de las
decisiones de archivo de las diligencias y preclusión de la investigación,
reguladas en los artículos 79 y 333 de la
Ley 906 de 2004, y examinadas en las providencias C-1154 de 2005[16] y C-209 de 2007,[17] respectivamente, en las que
garantizó los derechos de las víctimas.
En este mismo sentido, varios ciudadanos
consideran además que la intervención de la víctima en el proceso penal no debe
estar circunscrita a una fase determinada, sino que debe garantizarse a lo
largo de todo el proceso, porque de lo contrario, quedaría sin la posibilidad
de oponerse a las decisiones del juez, aportar elementos nuevos y hacer valer
sus derechos.
Por último, algunos intervinientes
se pronuncian a favor de la exequibilidad de la norma demandada, de una parte,  porque
en su concepto, la misma contempla una causal objetiva de absolución, como en
efecto lo es el descubrimiento de su atipicidad, antijuridicidad y culpabilidad,
generando como efecto la imposibilidad de condenar al acusado por la conducta
realizada; y de otra, porque consideran que la participación de las víctimas
está debidamente garantizada en todas las etapas del proceso, ya sea
directamente o a través de la
Fiscalía General de la Nación o del Ministerio Público.
De conformidad con
los diversos planteamientos antes expuestos, en esta
oportunidad corresponde a la
Corte Constitucional determinar:
¿Si vulnera los artículos  29 y 229 de la
Constitución y los artículos 14 y 8-1 del Pacto Internacional de Derechos
Humanos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respectivamente, la
expresión contenida en el artículo 442 del Código de Procedimiento Penal, según
la cual, “el juez resolverá sin escuchar alegatos de las partes e
intervinientes”,  porque impide a las víctimas el ejercicio de sus derechos
a ser oídas y a controvertir decisiones adversas, y con ello, la realización
efectiva, a través del proceso penal, de sus derechos a la verdad, justicia y reparación?
Para resolver el anterior
problema jurídico, la Corte reiterará su jurisprudencia sobre el margen de
configuración normativa para la determinación de los
procedimientos judiciales, el concepto de víctima y sus derechos en el sistema
penal con tendencia acusatoria.
4. El margen de configuración normativa para
la determinación de los procedimientos judiciales. Reiteración de
jurisprudencia
La jurisprudencia constitucional ha sido constante en afirmar, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 150, numerales 1 y 2, y 229 de la
Constitución, que consagran la llamada cláusula general de competencia, que el Congreso tiene un amplio margen de configuración normativa para
la determinación de los procedimientos judiciales y administrativos, pues en el
diseño propio de los Estados Democráticos al legislador no sólo corresponde
hacer la ley, expresión de la voluntad popular dirigida a regular las conductas
humanas como instrumento de convivencia civilizada y pacífica, sino también la
determinación de los procedimientos y actuaciones que deben surtirse ante los
jueces para la defensa de las libertades y derechos ciudadanos o para la
mediación estatal en situaciones de conflicto.[18]
Es competencia del
legislador, en ejercicio de la potestad de configuración normativa, establecer
las formas propias de cada juicio y fijar las reglas y condiciones para acceder
a los jueces en búsqueda de la adecuada administración de justicia (artículos
29 y 229 de la Carta). Según la jurisprudencia constitucional, el legislador en
desarrollo de esta potestad, puede fijar nuevos procedimientos,[19] determinar la naturaleza de actuaciones judiciales[20], eliminar etapas procesales,[21] requerir la intervención estatal o particular en el curso de las
actuaciones judiciales,[22] imponer cargas procesales[23] o establecer plazos para el ejercicio del derecho de acceso a la
administración de justicia.[24] De tal manera que, por regla general, la determinación de los sujetos
procesales y de los momentos en que ellos pueden intervenir en los procesos
judiciales hace parte de la libertad de configuración normativa del legislador
que debe responder a las necesidades de la política legislativa, para lo cual
evalúa la conveniencia y oportunidad de los mecanismos o instrumentos
procesales para hacer efectivos los derechos, libertades ciudadanas y las
garantías públicas respecto de ellos.[25]
No obstante lo
anterior, también ha sido enfática la jurisprudencia constitucional en señalar
que esa libertad de configuración normativa del legislador en el diseño de los
procedimientos y etapas judiciales no es absoluta, puesto que se encuentra
limitada por los derechos sustanciales y la defensa de las garantías esenciales
de las personas. [26]
5. La víctima
como interviniente especial y sus derechos. Reiteración de jurisprudencia
La jurisprudencia de
esta Corporación ha precisado que si bien la
Constitución no define el concepto de víctima, el mismo hace parte de la
Carta Política, en la medida en que el numeral 6º del artículo 250
establece entre las  atribuciones de la
Fiscalía General de la Nación, la de solicitar ante el juez de conocimiento
las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas y  disponer
el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el
delito.[27]
A su vez, el Acto Legislativo 03 de 2002 asignó diversas responsabilidades a la
Fiscalía General de la Nación en relación con las víctimas (art. 250 CP),
tales como (i) solicitar al juez de control de garantías las medidas necesarias
para “la protección de la comunidad, en especial, de
las víctimas”; (ii) solicitar al juez de conocimiento
las medidas judiciales indispensables para la asistencia a las víctimas, lo
mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a
los afectados con el delito; y (iii) velar por la protección de las víctimas,
los jurados, los testigos y los demás intervinientes en el proceso penal.[28]
En la sentencia C-516 de 2007,[29] la
Corte precisó que en el derecho internacional, se considera víctima toda
persona que ha sufrido un daño a consecuencia del delito, tal y como lo expresa
el conjunto de principios y directrices básicas de la
ONU sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves de derecho
internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones:“A
los efectos del presente documento, se entenderá por víctima a toda persona que
haya sufrido daños individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o
mentales, sufrimiento emocional, pérdida económica o menoscabo sustancial de
sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que
constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos
humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando
corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima”
también comprenderá a la familia inmediatas o a las personas a cargo de la
víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para
prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización.”[30]
Siguiendo esa tendencia del derecho internacional[31] la
jurisprudencia de esta Corporación se ha pronunciado en diversas oportunidades
sobre el alcance del concepto víctima, señalando que son titulares de los
derechos a la justicia, la verdad y la reparación las víctimas y perjudicados
con el delito que hubiesen sufrido un daño real, concreto y específico,
cualquiera que sea la naturaleza de éste. Este criterio se ha sostenido  tanto
en el contexto de los procesos penales de la justicia ordinaria en el ámbito
nacional, como en el contexto de la justicia transicional, y de la justicia
internacional.[32]
Con fundamento en los artículos
1, 2, 15, 21, 93, 229 y 250 de la Carta y en las normatividad que hace parte
del bloque de constitucionalidad, la
Sala Plena de esta Corporación ha realizado un desarrollo amplio de los derechos
de las víctimas del delito. Efectivamente, a partir de la sentencia C-228 de
2002, en la que estableció el alcance y la naturaleza compleja de los derechos
de las víctimas y perjudicados con el hecho punible,[33] y posteriormente, en la
sentencia C-454 de 2006,[34] a
raíz de una demanda contra los artículos 135 y 357 de la
Ley 906 de 2004.
En este mismo sentido, en la sentencia
C-516 de 2007,[35] la
Corte en relación con el alcance y la naturaleza compleja de los derechos de
las víctimas y perjudicados con el hecho punible, fijó las siguientes reglas
que han sido reiteradas en múltiples oportunidades:
“(i)
Concepción amplia de los derechos de las víctimas: Los derechos de
las víctimas y perjudicados por un hecho punible gozan de una concepción
amplia, no restringida exclusivamente a una reparación económica, sino que
incluye garantías como los derechos a la verdad,[36] a la justicia[37] y a la
reparación integral de los daños sufridos.[38] Esta protección está fundada
en los derechos que ellas tienen a ser tratadas con dignidad, a participar en
las decisiones que las afecten y a obtener la tutela judicial efectiva del goce
real de sus derechos. La tendencia universal a esta protección ampliada
comprende actuaciones relativas al interés en el esclarecimiento de los hechos
en aras de la verdad, como al interés en el derecho a que la víctima sea
escuchada cuando se negocie la condena o se delibere sobre una medida de
libertad condicional.
(ii)
Deberes correlativos de las autoridades públicas: El reconocimiento
de estos derechos impone unos correlativos deberes a las autoridades públicas
quienes deben orientar sus acciones hacia el restablecimiento integral de sus
derechos cuando han sido vulnerados por un hecho punible.
(iii)
Interdependencia y autonomía de las garantías que integran los   derechos de
las víctimas: Las garantías de verdad, justicia y reparación son
interdependientes pero autónomos por cuanto “Aun cuando tradicionalmente la
garantía de estos tres derechos le interesan a la parte civil, es posible que
en ciertos casos, ésta sólo esté interesada en el establecimiento de la verdad
o el logro de la justicia, y deje de lado la obtención de una indemnización”.
(iv)
La condición de víctima: Para acreditar la condición de víctima se
requiere que haya un daño real, concreto, y específico cualquiera que sea la
naturaleza de éste, que legitime la participación de la víctima o de los
perjudicados en el proceso penal para buscar la verdad y la justicia, el cual
ha de ser apreciado por las autoridades judiciales en cada caso. Demostrada la
calidad de víctima, o en general que la persona ha sufrido un daño real,
concreto y específico, cualquiera sea la naturaleza de éste, está legitimado
para constituirse en parte civil, y puede orientar su pretensión a obtener
exclusivamente la realización de la justicia, y la búsqueda de la verdad,
dejando de lado cualquier objetivo patrimonial.”
Aun cuando en
el proceso penal con tendencia acusatoria, el Fiscal representa los intereses
del Estado y de la víctima, ello no implica que la víctima carezca del derecho
de participación en el proceso penal. Esta Corte ha reconocido, con fundamento
en el numeral 7 del artículo 250 de la
Constitución, que la víctima actúa como interviniente especial sin sustituir
ni desplazar al Fiscal. Es decir, que a pesar de no contar con las mismas
facultades del procesado ni de la
Fiscalía, la víctima tiene capacidades especiales que le permiten intervenir
activamente en el proceso, actuación que depende de varios factores: “(i) del papel asignado a otros participantes, en particular al Fiscal;
(ii) del rol que le reconoce la propia Constitución a la víctima; (iii) del lugar
donde ha previsto su participación; (iv) de las características de cada una de
las etapas del proceso penal; y (v) del impacto que esa participación tenga
tanto para los derechos de la víctima como para la estructura y formas propias
del sistema penal acusatorio”.[39]
En la medida
en que la competencia atribuida al legislador para desarrollar la intervención
de la víctima, está supeditada a la estructura del proceso acusatorio (investigación,
imputación, acusación y juzgamiento), su lógica propia y la proyección de la
misma en cada etapa, la Corte ha señalado que en tanto el constituyente sólo precisó
respecto de la etapa del juicio, sus características, enfatizando su carácter
adversarial (confrontación entre acusado y acusador), debe entenderse que la posibilidad
de actuación directa y separada de la víctima al margen del fiscal,  es mayor
en las etapas previas o posteriores al juicio, y menor en la etapa del juicio,[40] como a
continuación se verá.
5.1. Derechos de la víctima en
las etapas previas al juicio
En el sistema penal con tendencia
acusatoria que rige en nuestro país, instaurado por el Acto Legislativo 03 de
2002 y desarrollado por la Ley 906 de 2004, los derechos de las víctimas a la
verdad, la justicia y la reparación, en las etapas previas al juicio han sido
protegidos[41] a
través del reconocimiento de los derechos y facultades que a continuación se
presentan:
(i)  El derecho a que se les
comunique el archivo de las diligencias protegido en la sentencia C-1154 de
2005.[42]
(ii) El derecho a
que se les comunique la inadmisión de las denuncias garantizado en la
sentencia C-1177 de 2005.[43]
(iii) El derecho
a intervenir en los preacuerdos y negociaciones con poder
de afectar su derecho a un recurso judicial efectivo para obtener la garantía
de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral, resguardado en la sentencia C-516 de 2007.[44]
(iv) El derecho de representación
técnica durante el proceso garantizado en la sentencia C-516 de
2007,[45] en
la que la Corte reconoció la posibilidad de una intervención plural de las
víctimas a través de sus representantes durante la investigación.
(v) Derechos de las víctimas en
materia probatoria. En la sentencia C-209 de 2007,[46] la
Corte realizó un estudio sistemático de las normas que concurren
a estructurar un esquema de intervención de las víctimas en materia probatoria,
conforme al modelo diseñado por la ley 906 de 2004. En esa oportunidad, la
Corte reiteró que hacen parte esencial del derecho de las víctimas a la
verdad, a la justicia y a la reparación, los derechos a probar (C-454 de 2006[47]) y a
intervenir en los diferentes momentos procesales, atendiendo las
especificidades del sistema.
(vi) El derecho a solicitar
medidas de aseguramiento y de protección garantizado en la sentencia C-209 de
2007, en la que la Corte determinó que las víctimas pueden acudir directamente
ante el juez competente, ya sea el de control de garantías o el de
conocimiento, para solicitar la medida de aseguramiento o de protección, según
corresponda.[48]
(vii) Derechos en relación con la
aplicación del principio de oportunidad protegido en la sentencia C-209 de
2007, fallo en el cual, la Corte sostuvo que su aplicación por parte del Fiscal
supone la valoración de los derechos de las víctimas, la realización del
principio de verdad y de justicia, y no excluye la posibilidad de acudir a la
acción civil para buscar la reparación de los daños.[49]
(viii)  Derechos frente a la
solicitud de preclusión del Fiscal amparados en la sentencia C-209 de 2007, en
la que la Corte reconoció a las víctimas  la posibilidad de hacer uso de la
palabra para controvertir la petición del Fiscal, la posibilidad de solicitar
la práctica de pruebas que muestren que sí existe mérito para acusar, o que no
se presentan las circunstancias alegadas por el fiscal para su petición de
preclusión, y el ejercicio del derecho de apelación contra la sentencia que
resuelve la solicitud de preclusión.[50]
(ix) Derecho a participar en la
formulación de la acusación con el fin de elevar observaciones al escrito de
acusación o manifestarse sobre posibles causales de incompetencia,
recusaciones, impedimentos o nulidades, garantizado en la sentencia C-209 de
2007.[51]
5.2. Derechos de la víctima en
la etapa del juicio oral
En la etapa del
juicio oral, la víctima a través de su abogado tiene la posibilidad de participar,
tal y como ocurre en otras etapas del proceso, como la audiencia de formulación
de acusación[52] y
la audiencia preparatoria.[53] En
la etapa del juicio la intervención de la víctima está mediada por el fiscal, quien
debe oír al abogado de la víctima, sin perjuicio, de la intervención del
Ministerio Público que puede abogar por los derechos de todos, incluidas las víctimas,
sin sustituir al fiscal ni a la defensa. Dada la importancia que
tiene para la víctima la posibilidad de que el fiscal le oiga, esta Corporación
ha precisado que el juez deberá velar para que dicha comunicación sea efectiva,
y cuando así lo solicite el fiscal del caso, decretar un receso para
facilitarla.[54]
Específicamente, en la sentencia
C-209 de 2007[55] la
Corte sostuvo que en la etapa final del proceso, el conducto para el ejercicio
de los derechos de las víctimas es el fiscal, quien debe oír al abogado de la
víctima. En el evento de que la víctima y su abogado estén en desacuerdo con la
sentencia podrán ejercer el derecho a impugnarla, de conformidad con el
artículo 176 de la Ley 906 de 2004.
En tal ocasión, la
Corte declaró la constitucionalidad de los artículos 378, 391 y 395 de la
Ley 906 de 2004 que excluyen a las víctimas de los actores procesales que
pueden controvertir los medios de prueba, los elementos materiales probatorios
y la evidencia física en la etapa del juicio oral, así como interrogar al
testigo y oponerse a las preguntas que se planteen en esta etapa. Sobre este
aspecto consideró la Corte que la participación directa de las víctimas en el
juicio oral implicaría una modificación de los rasgos estructurales del sistema
acusatorio, convirtiendo a la víctima en un segundo acusador o contradictor del
acusado en desmedro de la dimensión adversarial del proceso.
No obstante, en la
sentencia C-250 de 2011[56] la
Corte adoptó una decisión encaminada a asegurarles voz propia a las víctimas,
en esa fase final del proceso. En efecto, en esa ocasión juzgó la
constitucionalidad del artículo 100 de la
Ley 1395 de 2010, que contemplaba como un deber del juez, en casos en que el fallo
fuere condenatorio o se aceptare el acuerdo celebrado con la
Fiscalía, asignarles sólo al fiscal y luego a la defensa la posibilidad de
hacer uso de la palabra para referirse “a las condiciones individuales,
familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden del culpable”.
Y la Corte estimó que el legislador había incurrido en una omisión legislativa
relativa, por no incluir a las víctimas dentro del grupo de quienes podían
hacer uso de la palabra en la etapa de individualización de la pena y la
sentencia.
En esencia, la
Corporación consideró que esa omisión era contraria a los derechos que tienen
las víctimas a ser tratadas de igual forma que el condenado (CP, 13), pues la
defensa sí tenía derecho a intervenir para efectuar las declaraciones del caso,
mientras que las víctimas no. Además, la
Corte manifestó que se violaba también el derecho al debido proceso (CP, 29) y
limitaba el derecho de acceso a la administración de justicia (CP, 229), en
tanto no había razones constitucionales para restringir su derecho a perseguir
el mayor nivel posible de verdad, justicia y reparación, en una etapa en la
cual ya se ha tomado la decisión de condenar al individuo.  Por lo tanto,
procedió a declarar la exequibilidad condicionada de la disposición demandada,
bajo el entendido de que “las víctimas y/o sus representantes en el proceso
penal, podrán ser oídos en la etapa de individualización de la pena y la
sentencia”.
6. La expresión demandada del artículo 442 de la
Ley 906 de 2004 no desconoce los artículos 29 y 229 de la
Constitución, ni las normas que integran el bloque de constitucionalidad
A continuación, el problema
jurídico formulado impone a la Corte la tarea de verificar si la expresión demandada del artículo 442 del
CPP, “el juez resolverá sin escuchar alegatos de las partes e
intervinientes”,  desconoce los artículos  29 y 229 de la
Constitución y los artículos 14 y 8-1 del Pacto Internacional de Derechos
Humanos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respectivamente, porque
impide a las víctimas el ejercicio de sus derechos a ser oídas y a impugnar
decisiones adversas, y con ello, la realización efectiva de sus derechos a la
verdad, justicia y reparación, a través del proceso penal.
La norma demandada,
hace parte de la ley que expide el nuevo Código de Procedimiento Penal, en
desarrollo de la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 03
de 2002 (reformatoria de los artículos 116, 250 y 251 de la
Carta Política), que modificó la estructura básica del proceso penal en
Colombia. Con esta reforma se pasó de un modelo mixto de tendencia inquisitiva
que había sido el adoptado por la
Constitución de l991, a un sistema procesal penal de tendencia acusatoria, que
hace especial énfasis en la garantía de los derechos fundamentales del
inculpado para la consecución de la verdad y la realización efectiva de la
justicia, y que busca privilegiar también los derechos de las víctimas.[57]
El proceso penal
con tendencia acusatoria ha sido desarrollado y regulado por el Legislador
mediante la Ley 906 de 2004, con las modificaciones introducidas por las leyes 1121
de 2006, 1142 de 2007, 1257 de 2008, 1273 de 2009, 1312 de 2009, 1395 de 2010 y
1453 de 2011. En las sentencias C-1194 de 2005[58] y C-025 de 2009,[59] entre otras
providencias, la Corte explicó éste  procedimiento, refiriéndose a los aspectos
más relevantes de su estructura y desarrollo.
En efecto, se trata
de un proceso conformado en términos generales por tres etapas principales, indagación,
investigación y juicio, y dos intermedias o de transición, audiencia de
formulación de acusación y audiencia preparatoria, caracterizado por la
realización de un juicio oral, público, con inmediación de las pruebas,
contradictorio, concentrado y con todas las garantías procesales de la persona,
en el que la afectación de los derechos fundamentales es de reserva judicial
porque debe ser autorizada de manera previa por el fiscal (en casos
excepcionales) o el juez, mediante orden escrita motivada.[60]
En la sentencia
C-025 de 2009[61] la
Corte se refirió cada una de las anteriores etapas. Respecto de la indagación indicó
que su objeto consiste en que la
Fiscalía reúna la información que se requiere para dar inicio al proceso
penal, y defina si el hecho delictivo se cometió, cómo ocurrió y quienes
participaron en su realización, salvo que exista claridad sobre tales
circunstancias, caso en el cual no es necesario adelantarla.
En la etapa de
investigación, deben practicarse las diligencias dirigidas
a establecer la forma cómo ocurrieron los hechos, las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que los mismos se presentaron, los sujetos que aparecen
implicados en su condición de autores o partícipes, los daños y perjuicios ocasionados
con la conducta y el monto de la indemnización.
En la fase de
transición denominada acusación, se busca delimitar los temas que serán
debatidos en el juicio oral y la fijación de los elementos de convicción que
podrán practicarse como pruebas en el juicio. El objetivo de ésta etapa es “depurar
el debate que será llevado a instancias del juez de conocimiento en el juicio,
de manera que allí sólo se discuta lo relacionado con la responsabilidad penal
del imputado”.[62] Asimismo,
en la audiencia acusatoria se determina la calidad de víctima, se concretan los
autores del ilícito y se le otorga una calificación provisional a los delitos,
lo cual orienta la acusación que formulará la
Fiscalía en el juicio oral.
Concluida la
audiencia de formulación de acusación, en un término no inferior a 15 días ni
superior a 30, el juez de conocimiento deberá convocar a una segunda audiencia,
denominada “audiencia preparatoria”, que tiene como fin central la
fijación de las pruebas que se harán valer en el juicio oral y el señalamiento
de la fecha de iniciación del juicio.  En esta audiencia que cuenta con la
presencia del fiscal, del defensor, del acusado, del Ministerio Público y del
representante de las víctimas (art. 355
CPP.), el juez dispone, entre otras cosas, que las partes manifiesten sus
observaciones sobre el procedimiento de descubrimiento de los elementos
probatorios, que la defensa muestre sus elementos materiales probatorios y
evidencia física, y que la Fiscalía y la defensa enuncien la totalidad de las
pruebas que harán valer en la audiencia del juicio oral y público.[63]
Una vez tramitada
la audiencia preparatoria, el juez de conocimiento fija la
fecha y la hora de inicio del “juicio oral”, que deberá realizarse
dentro de los 30 días siguientes a la audiencia preparatoria (art. 365
CPP), con el fin de que el juez escuche la presentación del caso por parte de la
Fiscalía y la defensa, practique las pruebas que se ordenaron en la audiencia
preparatoria, y atienda los alegatos finales de las partes e intervinientes. A
continuación, el juez  decide sobre la responsabilidad del acusado y expide la
sentencia correspondiente.[64]
Dentro de este
contexto, se inscribe el artículo 442 demandado, disposición que tiene que ver
con una figura que opera precisamente en la última etapa del proceso, puesto
que se ubica en el Título IV denominado “Juicio oral”, específicamente
en el Capítulo IV correspondiente a los “Alegatos de las partes e
intervinientes”. Según la norma, una vez terminada la práctica de pruebas
dentro de la etapa del juicio oral, el fiscal o el defensor podrán solicitar al
juez la absolución perentoria cuando los hechos en que se basó la acusación
resulten “ostensiblemente atípicos”, caso en el cual, el juez resolverá
sin escuchar alegatos de las partes e intervinientes.
En relación con la expresión “ostensiblemente
atípicos”, la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, ha precisado  que “hace referencia a un quehacer que de manera palpable,
demostrable, o manifiesto no colinde en la esfera del derecho penal al no
adecuarse a la descripción típica que previamente ha efectuado el legislador.” Es decir, “cuando no hay tipicidad
en relación con la figura en concreto, como cuando falta el sujeto pasivo o
cualquier otro elemento de la conducta típica.[65] Así
por ejemplo no existiría daño en bien ajeno, si el bien es propio, o fuga de
presos si el presunto autor no se encuentra privado de la libertad.”
[66]
Dentro de este contexto, para esa Corporación, la razón por la cual el juez no está obligado a oír a las partes
obedece a la atipicidad de los hechos que surge después de practicadas las
pruebas de la etapa del  juicio, atipicidad que es tan “palmaria, patente o
manifiesta” que no tendría sentido continuar con el proceso, en la medida
en que de la ausencia de alguno de los elementos
estructurales del tipo objetivo, entendidos como aquellos que no requieren un
especial proceso valorativo para su comprensión por parte del juzgador, deviene
que la conducta se torne manifiestamente atípica. Cuando esta situación se
presenta, se considera que la intervención de los sujetos procesales para sus
alegaciones finales, no es necesaria, puesto que “resultarían inanes ante la
evidencia de la conclusión”.
[67]
Sostener lo contrario, implica en palabras de la
Sala de Casación Penal, que lo “ostensible dejaría de serlo si abarca el
tipo subjetivo, porque en tal caso el juicio de atipicidad estaría sometido a
un proceso de valoración extraño a la perentoriedad que este tipo de absolución
demanda; pues en el caso de los comportamientos dolosos, se transitaría por la
fase del conocimiento y la comprensión de la tipicidad objetiva, y se impondría
valorar el querer, la voluntad de realizar ese comportamiento que se sabe
ilícito; proceso intelectivo que impone al juzgador estudiar la controversia
probatoria que plantean las partes, así como las pruebas que en uno u otro
sentido hayan sido incorporadas, lo que resulta contrario a lo “ostensible” de
la atipicidad que soporta esta figura.”[68]
La expresión ostensiblemente atípicos, supone
entonces que los hechos en los cuales se fundamenta la acusación, después de
practicadas las pruebas en el juicio oral, no encajan de manera manifiesta en
la descripción de la conducta punible que previamente ha previsto el legislador
en el Código Penal, situación que desvirtúa la necesidad de continuar con el
proceso ante el peso de una conducta evidentemente atípica.
La forma cómo puede actuar la
víctima en el proceso penal de tendencia acusatoria que rige a partir del Acto
Legislativo 03 de 2002, según la jurisprudencia constitucional, depende de
varios factores: “(i) del papel asignado a otros
participantes, en particular al Fiscal; (ii) del rol que le reconoce la propia
Constitución a la víctima; (iii) del lugar donde ha previsto su participación;
(iv) de las características de cada una de las etapas del proceso penal; y (v)
del impacto que esa participación tenga tanto para los derechos de la víctima
como para la estructura y formas propias del sistema penal acusatorio”.[69]
Los derechos de las
víctimas y perjudicados por un hecho punible gozan de una concepción amplia, no
restringida exclusivamente a una reparación económica, sino que incluye
garantías como los derechos a la verdad, a la justicia  y a la reparación
integral de los daños sufridos. Esta protección está fundada en los derechos
que ellas tienen a ser tratadas con dignidad, a participar en las decisiones
que las afecten y a obtener la tutela judicial efectiva del goce real de sus
derechos.
Concretamente,
respecto de la imposibilidad de ser oída en el momento en que el Fiscal o la
defensa solicitan la absolución perentoria, la
Sala se pregunta si en un modelo de enjuiciamiento de tendencia acusatoria
como el que nos rige en la actualidad, los derechos de la víctima se ven
menoscabados ante la falta de intervención  en este momento procesal.
Al respecto, la
Corte encuentra que la norma demandada no obstruye las posibilidades de lograr
la efectiva realización de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y
reparación, en la medida en que no la sitúa de manera injustificada en una
posición de desventaja en relación con los actores y demás intervinientes,
puesto que ha tenido la oportunidad de intervenir a lo largo de todo el proceso
para contribuir en la construcción del expediente, con plenas garantías en
defensa de sus derechos, y en la etapa del juicio a través del fiscal, quien
debe oír al abogado de la víctima.
Como ya se señaló, en la etapa final
del proceso, la del juicio oral, la jurisprudencia constitucional ha
establecido que el conducto para el ejercicio de los derechos de las víctimas
es el fiscal, quien debe oír al abogado de la víctima, estando el juez en la
obligación de garantizar ese espacio. Al respecto, dijo la
Corte:
“[…)  la
víctima, a través de su abogado, podrá ejercer sus derechos en la etapa del
juicio sin convertirse en una parte que pueda presentar y defender su propio
caso al margen del Fiscal. El conducto para culminar en esta etapa final del
proceso el ejercicio de sus derechos es el fiscal, quien debe oír al abogado de
la víctima. Así, por ejemplo, éste podrá aportar a la
Fiscalía observaciones para facilitar la contradicción de los elementos
probatorios, antes y durante el juicio oral, pero solo el fiscal tendrá voz en
la audiencia en aquellos aspectos regulados por las normas acusadas. En el
evento de que la víctima y su abogado estén en desacuerdo con la sentencia
podrán ejercer el derecho de impugnarla, de conformidad con el artículo 177 de la
Ley 906 de 2004.
Cabe agregar
que en el sistema colombiano el Ministerio Público es un interviniente sui
generis que también puede abogar por los derechos de todos, incluidas las
víctimas en dicha etapa, sin sustituir ni al Fiscal ni a la defensa”.[70]
No obstante lo
anterior, a la víctima aún le queda la posibilidad de controvertir las
decisiones que considera adversas a sus derechos. Así lo reconoció la
Corte en la sentencia C-047 de 2006,[71] en
la que protegió el derecho de la víctima del delito permitiéndole impugnar la
sentencia absolutoria, y en la sentencia C-979 de 2005,[72] en la que garantizó su
derecho a solicitar la revisión extraordinaria de las sentencias condenatorias
en procesos por violaciones a derechos humanos o infracciones graves al derecho
internacional humanitario, cuando una instancia internacional haya concluido
que dicha condena es aparente o irrisoria.
Además, en tanto la
decisión de absolución perentoria es proferida por el juez a través de una
sentencia, la misma puede ser objeto de impugnación a  través del recurso de
apelación previsto para este tipo de decisiones en el artículo 176 del Código
de Procedimiento Penal,[73] dado que, la
efectividad de los derechos de la víctima del delito depende, entre otras
garantías procedimentales, del ejercicio del derecho a impugnar decisiones
adversas, en particular las sentencias condenatorias, absolutorias y las que
conlleven penas irrisorias.[74]
De conformidad con
lo anterior, la limitación contenida en el aparte demandado no resulta violatoria
de los artículos 29 y 229 de la Carta y los artículos
14 y 8-1 del Pacto Internacional de Derechos Humanos y de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, respectivamente, porque (i) por regla
general, la determinación de los sujetos procesales y de los momentos en que
ellos pueden intervenir en los procesos judiciales hace parte de la libertad de
configuración normativa del legislador; (ii) por expresa
disposición constitucional el legislador está obligado a respetar y preservar
la naturaleza adversarial del proceso penal de conformidad con el artículo 250 del
Estatuto Superior, carácter que se ha garantizado, entre otras medidas,
permitiendo la participación de las víctimas a través del fiscal en la etapa
del juicio; y (iii) posteriormente la víctima cuenta con la posibilidad de
controvertir la decisión de absolución perentoria a través de un recurso
judicial efectivo, como lo es la apelación, en el evento de que no esté de
acuerdo con ella.
VII. DECISION
En
mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declarar exequible, por el cargo analizado
en esta providencia, el aparte demandado del artículo 442 de la
Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
JUAN
CARLOS HENAO PEREZ
Presidente
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
Impedimento aceptado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
Ausente con permiso
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Reformada
por las leyes 1453 de 2011, “Por medio de la cual se reforma el Código
Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia,
las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en
materia de seguridad”; 1395 de 2010, “Por la cual se adoptan medidas en
materia de descongestión judicial”; 1312 de 2009, “Por medio de la cual
se reforma la Ley 906 de 2004 en lo relacionado con el Principio de Oportunidad”;
1273 de 2009, “Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un
nuevo bien jurídico tutelado - denominado “de la protección de la información y
de los datos”- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las
tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones”;
1257 de 2008, “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y
sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman
los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la
Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”; 1142 de 2007, “Por
medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y
600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad
delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana”; y
1121 de 2006, “por la cual se dictan normas para la prevención, detección,
investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras
disposiciones”.
[2] “Artículo
14 // 1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de
justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas
garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido
por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal
formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de
carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o
parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad
nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida
privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del
tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera
perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal
o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores
de edad exija lo contrario, o en las actuaciones referentes a pleitos
matrimoniales o a la tutela de menores. // (…).”
[3] Artículo
8. Garantías Judiciales // 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley,
en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para
la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal
o de cualquier otro carácter. // (….)”
[4] En
este sentido se presentaron tres (3) intervenciones: la primera, suscrita por
los ciudadanos Gladys Andrea Álvarez Forero, Viviana Fernando Alfaro, Jardany
Puentes Bolívar,  Santiago Morales Ojeda y Mario Cesar Giraldo Neira (folios 69
a 75); la segunda, por las
ciudadanas Luz Enith Ríos Arbaláez, Diana Milena Hernández Mora y Natalia
Peñuela Sastoque (folios 107 a 110); y la tercera, por los ciudadanos Sara
Lucía Rodríguez, Tatiana González, Roberth Andrés Beltrán y Miguel Ramírez
(folios 111 a 117).
[5] Se
presentaron tres (3) intervenciones en este sentido: una, suscrita por la ciudadana
Sandra Milena Vargas Rengifo (folios 77
a 85), la segunda, por los ciudadanos Yadira Esther Vargas Melo, Carlos Alberto Zuluaga Prado, Sandra
Patricia Rincón Castañeda, Víctor Hugo Quintero Balcázar y Miguel Ángel
Cárdenas Castillo (folios (86 a 97); y la tercera, por los  ciudadanos Nelly Rubiela Buitrago López,
Lorena Moncaleano Suárez, Albeiro Villamil Gordillo, Manuel Abadía Bermúdez y
Álvaro Pérez Martínez (folios 98 a 106).
[6] Laura
Catalina Barriga Durán (folios 131 a 141).
[7] Intervino
a través de la doctora Martha Isabel Castañeda Cúrvelo, Procuradora General de la
Nación (e).
[8] MP.
Juan Carlos Henao Pérez.
[9] Sentencia C-1052 de 2001 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa); C-405 de
2009 (MP. Luís Ernesto Vargas Silva); C-012 de 2010 (MP. Juan Carlos Henao
Pérez. SV. Jorge Iván Palacio Palacio); C-423 de 2010 (MP. Humberto Antonio
Sierra Porto); y Auto 249 de 2009 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio).
[10] “La claridad de la demanda es un requisito
indispensable para establecer la conducencia del concepto de la violación, pues
aunque “el carácter popular de la acción de inconstitucionalidad, [por regla
general], releva al ciudadano que la ejerce de hacer una exposición erudita y
técnica sobre las razones de oposición entre la norma que acusa y el Estatuto Fundamental”,
no lo excusa del deber de seguir un hilo conductor en la argumentación que
permita al lector comprender el contenido de su demanda y las justificaciones
en las que se basa.” Ver Sentencia C-1052 de 2001 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa).
[11] Que
“sean ciertas significa que la demanda recaiga sobre una proposición
jurídica real y existente “y no simplemente [sobre una] deducida por el actor,
o implícita” e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el
objeto concreto de la demanda. Así, el ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad supone la confrontación del texto constitucional con una
norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la interpretación de
su propio texto; “esa técnica de control difiere, entonces, de aquella [otra]
encaminada a establecer proposiciones inexistentes, que no han sido
suministradas por el legislador, para pretender deducir la inconstitucionalidad
de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden.” Sentencia
C-1052 de 2001 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). También la
Sentencia C-587 de 1995 (MP. José Gregorio Hernández Galindo).
[12] “Las
razones son específicas si definen con claridad la manera como la disposición
acusada desconoce o vulnera la
Carta Política a través “de la formulación de por lo menos un cargo
constitucional concreto contra la norma demandada.” El juicio de
constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente
existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el
texto de la
Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su
inexequibilidad a partir de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos,
abstractos y globales” que no se relacionan concreta y directamente con las
disposiciones que se acusan. Sin duda, esta omisión de concretar la acusación
impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad.”
Sentencias C-1052 de 2001  (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). Ver, además las
Sentencias C-447 de 1997 (MP. Alejandro Martínez Caballero) y C-898 de 2001
(MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[13] “La pertinencia también es un elemento
esencial de las razones que se exponen en la demanda de inconstitucionalidad.
Esto quiere decir que el reproche formulado por el peticionario debe ser de
naturaleza constitucional, es decir, fundado en la apreciación del contenido de
una norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado. En este
orden de ideas, son inaceptables los argumentos que se formulan a partir de consideraciones
puramente legales y doctrinarias, o aquellos otros que se limitan a expresar
puntos de vista subjetivos en los que “el demandante en realidad no está
acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción pública
para resolver un problema particular, como podría ser la indebida aplicación de
la disposición en un caso específico”; tampoco prosperarán las acusaciones que
fundan el reparo contra la norma demandada en un análisis de conveniencia,
calificándola “de inocua, innecesaria, o reiterativa” (…) a partir de una
valoración parcial de sus efectos.” Sentencia C-1052 de 2001  (MP. Manuel
José Cepeda Espinosa). Véanse también las Sentencias C-504 de 1995 y C-587 de
1995  (MP. José Gregorio Hernández Galindo); C-447 de 1997 (MP. Alejandro
Martínez Caballero) y C-100 de 2007  (MP. Álvaro Tafur Galvis).
[14] “La
suficiencia que se predica de las razones de la demanda de inconstitucionalidad
guarda relación, en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de
juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de
constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche; así, por ejemplo,
cuando se estime que el trámite impuesto por la
Constitución para la expedición del acto demandado ha sido quebrantado, se
tendrá que referir de qué procedimiento se trata y en qué consistió su
vulneración (artículo 2 numeral 4 del Decreto 2067 de 1991), circunstancia que
supone una referencia mínima a los hechos que ilustre a la
Corte sobre la fundamentación de tales asertos, así no se aporten todas las
pruebas y éstas sean tan sólo pedidas por el demandante. Por otra parte, la
suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la
demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prima
facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la
Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la
norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a
desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y
hace necesario un pronunciamiento por parte de la
Corte Constitucional.”  Ver sentencia C-1052 de 2001 (MP. Manuel José
Cepeda Espinosa).
[15] MP.
Juan Carlos Henao Pérez.
[16] MP.
Manuel José Cepeda Espinosa. AV. Jaime Araújo Rentería.
[17] MP.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[18] Sentencias
C-038 de 1995 (MP: Alejandro Martínez Caballero);  C-327 de 1997 (MP. Fabio
Morón Díaz); C-555 de 2001 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra); C-965 de 2003 (MP:
Rodrigo Escobar Gil); C-591 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández. SPV.
Alfredo Beltrán Sierra); C-210 de 2007 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. AV.
Nilson Pinilla Pinilla); C-692 de 2008 (MP: Manuel José Cepeda Espinosa); y
C-814 de 2009 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. SPV. Humberto Antonio Sierra
Porto);  entre otras.
[19] Por
ejemplo, la sentencia C-510 de 2004 (MP. Álvaro Tafur Galvis. AV. Jaime Araújo
Rentería), declaró la exequibilidad de la norma que establecía un nuevo
procedimiento y términos para los cobros o las reclamaciones ante el FOSYGA,
por cuanto consideró, entre otras cosas, que el legislador es libre para
establecer condiciones previas al acceso a la justicia.
[20] Por
ejemplo, en sentencia C-163 de 2000 (MP. Fabio Morón Díaz), la
Corte consideró ajustada a la
Constitución la consagración de la figura de la parte civil en el proceso
penal, a pesar de que la naturaleza de sus pretensiones podrían ser únicamente
pecuniarias. De igual manera, en sentencia C-1149 de 2001 (MP. Jaime Araújo
Rentería. SV. Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra y Álvaro Tafur
Galvis), la Corte dijo que, dentro de la libertad de configuración normativa,
era válido que la ley autorice la intervención de la parte civil en el proceso
penal militar.
[21] La
sentencia C-180 de 2006 (MP. Jaime Araújo Rentería) declaró la exequibilidad de
la eliminación del recurso extraordinario de súplica en los procesos
contencioso administrativos, por cuanto la
Constitución confiere al legislador “libertad de configuración amplia en
materia de procedimientos judiciales.”
[22] Por
ejemplo, en la sentencia C-1264 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), la
Corte se refirió a la libertad de configuración normativa del legislador para
regular la forma cómo debe adelantarse la notificación personal en el
procedimiento civil.
[23] En
este asunto, entre otros casos, se recuerdan las sentencias C-316 de 2002 (MP.
Marco Gerardo Monroy Cabra), respecto de la caución en el proceso penal; C-043
de 2004 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. AV. Jaime Araújo Rentería) que declaró
la exequibilidad del pago de condena en costas y C-641 de 2002 (MP: Rodrigo
Escobar Sierra. SV. Eduardo Montealegre Lynett y Álvaro Tafur Galvis), en
cuanto consideró ajustado a la Carta el término de ejecutoria de las sentencias
como carga procesal a las partes.
[24] En
sentencia C-1232 de 2005 (MP. Alfredo Beltrán Sierra), la
Corte Constitucional dijo que el legislador goza de amplio margen de
configuración normativa para consagrar el término de prescripción de las
acciones derivadas del fuero sindical.
[25] Sentencia
C-210 de 2007 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. AV. Nilson Pinilla Pinilla).
[26] Sentencias
C-800 de 2000 (MP. José Gregorio Hernández Galindo); C-927 de 2000 (MP. Alfredo
Beltrán Sierra); C-555 de 2001 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra); C-640 de 2002
(MP. Marco Gerardo Monroy Cabra); C-736 de 2002 (MP: Jaime Araújo Rentería);
C-788 de 2002 (MP: Manuel José Cepeda Espinosa. SPV. Rodrigo Escobar Gil; SV.
Marco Gerardo Monroy Cabra); y C-561 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[27] Constitución
Política. “ARTICULO 250. <Artículo modificado por el artículo 2 del Acto
Legislativo No. 3 de 2002.  (…) //  En ejercicio de sus funciones la
Fiscalía General de la
Nación, deberá: // (…) // 6. Solicitar ante el juez de conocimiento las
medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que
disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los
afectados con el delito. (…).”
[28]
Sentencia C-591 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández. SPV. Alfredo Beltrán
Sierra), C-516 de 2007 (MP. Jaime Córdoba Triviño. SPV. Jaime Araújo Rentería)
y T-1057 de 2007 (MP. Clara Inés Vargas Hernández).
[29] MP.
Jaime Córdoba Triviño. SPV. Jaime Araújo Rentería.
[30] E/CN.4/2005/L.48. Abril 13 de 2005. Aprobados por la
Comisión de Derechos Humanos mediante Resolución 2005/35 del 19 de abril de
2005.
[31] La regla 85 del documento de las Reglas de Procedimiento y Pruebas,
anexo al estatuto de la Corte Penal Internacional, establece que “para los
fines del Estatuto y de las Reglas procedimiento y Pruebas: a) ¨Por “víctima”
se entenderá a las personas naturales que hayan sufrido un daño como
consecuencia de la comisión de algún crimen de la competencia de la
Corte”.
[32] Sentencias C- 228 de 2002 (MMPP. Manuel José Cepeda
y Eduardo Montealegre Lynett. AV. Jaime Araújo Rentería); C-578 de 2002 (MP.
Manuel José Cepeda. AV. Rodrigo Escobar Gil); y C-516 de 2007 (MP. Jaime
Córdoba Triviño. SPV. Jaime Araújo Rentería).
[33] MMPP. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo
Montealegre Lynett. AV.  Jaime Araujo Rentería. En esta sentencia la
Corte Constitucional precisó el alcance constitucional de los derechos de las
víctimas en el proceso penal y resolvió lo siguiente: Primero.- Declarar
EXEQUIBLE, en relación con los cargos estudiados, el inciso primero del
artículo 137 de la Ley 600 de 2000, en el entendido de que la parte civil tiene
derecho al resarcimiento, a la verdad y a la justicia en los términos de la
presente sentencia. Así mismo, declarar EXEQUIBLES, en relación con los cargos
estudiados, los incisos segundo y tercero del artículo 137 de la
Ley 600 de 2000, salvo la expresión “en forma prevalente y desplazar la
constituida por las entidades mencionadas”, contenida en el inciso segundo,
que se declara inexequible. Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 30 de la
Ley 600 de 2000, en relación con los cargos estudiados, en el entendido de que
las víctimas o los perjudicados, una vez se hayan constituido en parte civil,
pueden acceder directamente al expediente. Tercero.- Declarar EXEQUIBLE el
artículo 47 de la Ley 600 de 2000, en relación con los cargos estudiados, salvo
la expresión “a partir de la resolución de apertura de instrucción” que se
declara INEXEQUIBLE.
[34] Sentencia
C-454 de 2006 (MP. Jaime Córdoba Triviño). Demanda de inconstitucionalidad
contra los artículos 11, 132, 133, 134, 135, 136, 137 y 357 de la
Ley 906 de 2004. La Corte resolvió: Primero: Declararse INHIBIDA para
pronunciarse de fondo sobre los artículos 11, 132, 133, 134, 136 y 137 de la
Ley 906 de 2004, por ineptitud sustantiva de la demanda. Segundo: Declarar
EXEQUIBLE, en relación con los cargos estudiados, el artículo 135 de la
Ley 906 de 2004, en el entendido que la garantía de comunicación a las
víctimas y perjudicados con el delito opera desde el momento en que éstos
entran en contacto con las autoridades, y se refiere a los derechos a la
verdad, la justicia y la reparación. Tercero: Declarar EXEQUIBLE, en relación
con los cargos estudiados, el artículo 357 de la
Ley 906 de 2004, en el entendido que los representantes de las víctimas en el
proceso penal, pueden realizar solicitudes probatorias en la audiencia
preparatoria, en igualdad de condiciones que la defensa y la fiscalía.
[35] MP. Jaime Córdoba Triviño. SPV. Jaime Araújo Rentería.
[36] El derecho a la verdad, esto es, la posibilidad de
conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y
la verdad real. Este derecho ha sido relevante para la resolución de entre
otros, los casos Velásquez Rodríguez (fundamento 166), Sentencia del 29 de
julio de 1988 y Barrios Altos (fundamento 43), Sentencia de 14 de Marzo de 2001
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la
Corte resalta como contrarios a la
Convención Americana aquellos instrumentos legales desarrollados por los
Estados partes que le nieguen a  las víctimas su derecho a la verdad y a la
justicia.
[37] El
derecho a que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a que
no haya impunidad.
[38] El derecho a la reparación del daño que se le ha
causado a través de una compensación económica, que es la forma tradicional
como se ha resarcido a la víctima de un delito. Los sistemas jurídicos
reconocen diversos mecanismos para la reparación del daño, en algunos puede ser
solicitado dentro del mismo proceso penal (rasgo  característico de los
sistemas romano germánicos), o bien a través de la jurisdicción civil (esquema
propio de los sistemas del tradición anglosajona. (C-228 de 2002, citando a
Pradel, Jean, “Droit  Pénal Comparé. Ed. Dalloz, 1995. págs. 532 y ss.).
[39] Sentencia
C-209 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[40] Ibídem.
[41] Ver:
sentencia C-591 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández. SPV. Alfredo Beltrán
Sierra); C-1154 de 2005 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. Av. Jaime Araujo
Rentería); C-1177 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño); C-979 de 2005 (MP. Jaime
Córdoba Triviño. AV. Jaime Araújo Rentería); C-1154 de 2005 (MP. Manuel José
Cepeda Espinosa. AV. Jaime Araújo Rentería); C-454 de 2006 (MP. Jaime Córdoba
Triviño); C-209 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa); C-516 de 2007 (MP.
Jaime Córdoba Triviño. SPV. Jaime Araújo Rentería).
[42] Sentencia
C-1154 de 2005 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. Av. Jaime Araujo Rentería), en
donde la Corte decidió lo siguiente: “Décimo octavo.- Declarar por el cargo
analizado la exequibilidad condicionada del artículo 79 de la
Ley 906 de 2004 en el entendido de que la expresión “motivos o circunstancias
fácticas que permitan su caracterización como delito” corresponde a la
tipicidad objetiva y que la decisión será motivada y comunicada al denunciante
y al Ministerio Público para el ejercicio de sus derechos y funciones.” En
sentido similar, en la sentencia C-1177 de 2005, MP. Jaime Córdoba Triviño, la
Corte dispuso la comunicación a las víctimas o denunciantes en el evento de
inadmisión de denuncias o demandas cuando éstas carecen de fundamento. en donde
la Corte resolvió lo siguiente: “PRIMERO: Declarar EXEQUIBLE la expresión “En
todo caso se inadmitirán las denuncias sin fundamento”, del inciso 2° del
artículo 69 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que la inadmisión de la
denuncia únicamente procede cuando el hecho no existió, o no reviste las
características de delito. Esta decisión, debidamente motivada, debe ser
adoptada por el fiscal y comunicada al denunciante y al Ministerio Público.”
[43]MP. Jaime Córdoba Triviño. En esta oportunidad la
Corte resolvió lo siguiente: “PRIMERO: Declarar EXEQUIBLE la expresión “En
todo caso se inadmitirán las denuncias sin fundamento”, del inciso 2° del
artículo 69 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que la inadmisión de la
denuncia únicamente procede cuando el hecho no existió, o no reviste las
características de delito. Esta decisión, debidamente motivada, debe ser
adoptada por el fiscal y comunicada al denunciante y al Ministerio Público.”
[44] MP. Jaime Córdoba Triviño. SPV.
Jaime Araújo Rentería. En esta oportunidad la
Corte resolvió lo siguiente: Tercero:
Declarar la
EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA, por los cargos analizados en esta sentencia, de
los artículos 348, 350, 351 y 352 de la Ley 906 de 2004, en el entendido  que la víctima también podrá
intervenir en la celebración de acuerdos y preacuerdo entre la
Fiscalía y el imputado o acusado, para lo cual deberá ser oída e informada de
su celebración por el fiscal y el juez encargado de aprobar el acuerdo.
[45] MP.
Jaime Córdoba Triviño. SPV. Jaime Araújo Rentería. En cuanto a la posibilidad
de limitar mediante una regulación legislativa el número de apoderados de las
víctimas que intervienen en determinada fase del proceso penal, la corte
encontró  que era contraria a la Carta y procedió a declarar la inexequibilidad
del numeral 4° del artículo 137 de la Ley 906 de 2004.
[46] MP.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[47] MP.
Jaime Córdoba Triviño.
[48] Al
respecto, la Corte decidió declarar la exequibilidad del artículo 306, del
artículo 316 y del artículo 342 de la Ley 906 de 2004, “en el entendido de
que la víctima también puede acudir directamente ante el juez competente a
solicitar la medida correspondiente.”
[49] En
esta ocasión la Corte decidió declarar la exequibilidad del artículo 324 de la
Ley 906 de 2004 por los cargos analizados en esta sentencia.
[50] La
Corte declaró la exequibilidad del artículo 333 de la
Ley 906 de 2004, “en el entendido de que las víctimas pueden allegar o
solicitar elementos materiales probatorios y evidencia física para oponerse a la
petición de preclusión del fiscal.”
[51] La
Corte decidió en esta oportunidad declarar la exequibilidad del artículo 339 “en
el entendido de que la víctima también puede intervenir en la audiencia de
formulación de acusación para elevar observaciones al escrito de acusación o
manifestarse sobre posibles causales de incompetencia, recusaciones,
impedimentos o nulidades.”
[52] En la sentencia C-209 de 2007 (MP. Manuel José
Cepeda Espinosa), la Corte declaró la exequibilidad del artículo 344 de la
Ley 906 de 2004 en el entendido de que la víctima también puede solicitar el
descubrimiento de un elemento material probatorio específico o de evidencia
física específica.
[53] En la sentencia C-454 de 2006 (MP. Jaime Córdoba
Triviño), la Corte declaró la exequibilidad del artículo 357 de la
Ley 906 de 2004, en el entendido que el representante de las víctimas también
podrá hacer  en esta audiencia solicitudes probatorias. En la sentencia C- 209
de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa) la
Corte declaró la exequibilidad condicionada del artículo 358 ib., en el
entendido que la víctima también puede solicitar la exhibición de los elementos
materiales probatorio y evidencia física que serán llevado al juicio oral con
el fin de ser conocidos y estudiados.
[54] Sentencia
C-209 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[55] MP.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[56] MP.
Mauricio González Cuervo.
[57] En
este sentido, la Corte ha precisado que “(…) A diferencia del sistema de
tendencia inquisitiva, en el que la
Fiscalía cumplía al mismo tiempo la función acusatoria y funciones
jurisdiccionales, en el nuevo sistema procesal penal la labor del ente de
investigación se desarrolla con especial énfasis en la función acusatoria,
enfocándose en la búsqueda de evidencias destinadas a desvirtuar la presunción
de inocencia del procesado. En ese sentido, los actos de la
Fiscalía no son jurisdiccionales sino de investigación, con excepción de
aquellos que impliquen restricción de los derechos fundamentales de las
personas, los cuales deben ser en todo caso controlados por el juez de
garantías, quien los autoriza y convalida en el marco de las garantías
constitucionales, “guardándose el equilibrio entre la eficacia del
procedimiento y los derechos del implicado mediante la ponderación de
intereses, a fin de lograr la mínima afectación de derechos fundamentales”.
Sentencia C-025 de 2009 (MP. Rodrigo Escobar Gil. SV. Jaime Araújo Rentería).
Ver también, las Sentencias C-873 de 2003 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
SPV. Jaime Araújo Rentería; SV. y AV. Alfredo Beltrán Sierra;  SV. Álvaro Tafur
Galvis); C-591 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández. SPV. Alfredo Beltrán
Sierra); y C-1194 de 2005 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[58] MP.
Marco Gerardo Monroy Cabra.
[59] MP.
Rodrigo Escobar Gil. SV. Jaime Araújo Rentería.
[60] Sentencia
C-591 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández).
[61] MP.
Rodrigo Escobar Gil. SV. Jaime Araújo Rentería.
[62] Ibídem.
[63] Ibídem.
[64] Ibídem.
[65] “Si
bien las circunstancias de agravación o de atenuación son elementos objetivos
del tipo, de su ausencia no deviene la atipicidad del comportamiento.”
[66] Corte
Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal, MP. Augusto J. Ibañez Guzmán, 31
de agosto de 2011, aprobado Acta No. 311, única instancia 34.848 Honorio Galvis
Aguilar. En palabras de la Corte Suprema: “La expresión literal contenida en
el precepto apunta a que los hechos en que se fundamentó la acusación ´resulten
ostensiblemente atípicos´. // A voces del Diccionario de la
Real Academia de la Lengua Española, la acepción ´ostensiblemente´ representa
un adverbio ´De un modo ostensible´, y ésta por su parte
proviene del latín ostendére, mostrar, y se traduce en un
adjetivo que puede manifestarse o mostrarse. Ha
de entenderse como, claro, manifiesto, patente. [Diccionario de la
Lengua Española, Real Academia Española, vigésima segunda edición ] // Por su parte, el término atípico, se dice del adjetivo que por sus
caracteres se aparta de los modelos representativos o de los tipos conocidos[66]; expresión de marcado acento penal que hace
alusión en su modalidad de tipicidad  a uno de los escaños que conforman la
conducta punible; o en su sentido positivo lo típico penalmente consiste en el
actuar contra derecho. //
Luego el sentido natural
de la expresión ´ostensiblemente atípica´ hace referencia a un quehacer que de
manera palpable, demostrable, o manifiesto no colinde en la esfera del derecho
penal al no adecuarse a la descripción típica que previamente ha efectuado el
legislador.”
[67] Ibídem.
[68] Ibídem.
[69] Sentencia
C-209 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[70] Ibídem.
[71] Sentencia C-047 de 2006 (MP. Rodrigo Escobar Gil), en
donde la Corte se pronuncia sobre la constitucionalidad de la expresión
“absolutoria”, contenida en el inciso 3º del artículo 176 y en el numeral 1º
del artículo 177 de la Ley 906 de 2004, cuestionada porque supuestamente
violaba la garantía del non bis ibídem a favor del procesado. La
Corte declara la exequibilidad de los apartes demandados y señala que la
posibilidad de impugnar la sentencia absolutoria en el proceso penal regulado
por la Ley 906 de 2004, no sólo no viola el principio del non bis ibídem
sino que es además una de las garantías a los derechos de las víctimas. La
Corte resolvió: Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos estudiados, de la
expresión “absolutoria”, contenida en el inciso 3º del artículo 176 y en el
numeral 1º del artículo 177 de la Ley 906 de 2004.
[72] Sentencia C-979 de 2005 (MP. Jaime Córdoba
Triviño. AV. Jaime Araujo Rentería). En esta oportunidad la
Corte se pronunció respecto del cargo dirigido contra la expresión “absolutorio”
que forma parte de  la causal  cuarta de revisión del artículo 192 de la
Ley 906 de 2004, en cuanto restringe la procedencia de la acción en los
términos previstos en la causal, a los eventos en que se hubieren producido
fallos en tal sentido (absolutorios), por cargos de violaciones de derechos
humanos  e infracciones graves al derecho internacional humanitario. La
Sala encuentra que la expresión acusada, “entraña en primer término, una
violación de la Constitución en virtud del desconocimiento de claros referentes
internacionales aplicables a la materia por concurrir a integrar el bloque de
constitucionalidad (Art. 93 CP); en segundo término, una actuación contraria al
deber constitucional de protección de los derechos de las víctimas de estos delitos
que desconocen la dignidad humana y afectan condiciones básicas de convivencia
social, necesarias para la vigencia de un orden (artículo 2 CP); en tercer
lugar, un desconocimiento de los compromisos internacionales del Estado
colombiano de colaborar con la vigencia de los derechos humanos y sancionar las
conductas que afectan estos valores supremos del orden internacional, que
nuestro país ha reconocido como elementos esenciales de las relaciones
internacionales (CP Art. 9°); y en cuarto lugar una violación al debido proceso
de la persona condenada en una actuación que desatiende los deberes
constitucionales e internacionales de investigar seria e imparcialmente estos
crímenes, aspecto que ha sido constado por una instancia internacional.”
Por lo anterior, la Corte declara la inexequibilidad de la expresión acusada
que hace parte del artículo 192.4 de la Ley 906 de 2004.
[73] “ARTÍCULO
176. RECURSOS ORDINARIOS. Son recursos ordinarios la reposición y la apelación.
//  Salvo la sentencia la reposición procede para todas las decisiones y se
sustenta y resuelve de manera oral e inmediata en la respectiva audiencia. //
La apelación procede, salvo los casos previstos en este código, contra los
autos adoptados durante el desarrollo de las audiencias, y contra la sentencia
condenatoria o absolutoria.”
[74] Sentencia
C-209 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).