T-395-18
Sentencia
T-395/18
LEGITIMACION POR ACTIVA EN
TUTELA-Formas previstas por ordenamiento jurídico
ACCION
DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES CUANDO EXISTE UNA
RELACION DE INDEFENSION O SUBORDINACION-Jurisprudencia
constitucional sobre procedencia excepcional
SUBORDINACION
E INDEFENSION-Diferencias
ACCION
DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Procedencia
en razón de la subordinación que se halla implícita en toda relación de
naturaleza laboral
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ EN ACCION DE TUTELA-Reglas
generales
ACCION
DE TUTELA Y REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD-Flexibilidad
en caso de sujetos de especial protección constitucional
ACCION
DE TUTELA PARA PROTEGER EL DERECHO A LA ESTABILIDAD
LABORAL REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA O GESTANTE-Procedencia
excepcional
PROTECCION
LABORAL REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA Y EN PERIODO LACTANCIA-Fuerza
vinculante con instrumentos internacionales
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA Y DURANTE EL
PERIODO DE LACTANCIA-Reglas según el marco legal colombiano
ESTABILIDAD
LABORAL REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA-Presunción
legal según la cual, el despido obedece a un trato discriminatorio por motivos
o con ocasión del embarazo
DESPIDO DE
MUJER EMBARAZADA SIN AUTORIZACION PREVIA-Ineficacia
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA Y DURANTE EL
PERIODO DE LACTANCIA-Reglas jurisprudenciales fijadas en sentencia
SU.070/13
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA Y DURANTE EL
PERIODO DE LACTANCIA-Reglas jurisprudenciales fijadas en sentencia
SU.075/18
CAMBIO DE JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE ESTABILIDAD LABORAL DE
MUJER EMBARAZADA CUANDO NO SE DEMUESTRA QUE EL EMPLEADOR TUVO CONOCIMIENTO DEL
ESTADO DE EMBARAZO AL MOMENTO DEL DESPIDO-Empleador no debe asumir el
pago de cotizaciones a la seguridad social ni el pago de la licencia de
maternidad cuando desvincula a la trabajadora sin conocer su estado de embarazo
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA Y EN
PERIODO DE LACTANCIA-Alternativa laboral en la cual se desempeñaba la
trabajadora como elemento para establecer el grado de protección laboral a la
maternidad
MUJER
EMBARAZADA EN CONTRATO DE OBRA O LABOR-Hipótesis
fácticas de la alternativa laboral de mujer embarazada
Cuando el empleador conoce el estado de gestación de
la trabajadora se presentan dos situaciones: i) Si la
desvinculación se produce previo al vencimiento de la obra o labor contratada
sin la autorización del inspector del trabajo. Al respecto se aplica la
protección derivada del fuero consistente en la ineficacia del despido y el
consecuente reintegro, junto con el pago de los salarios dejados de percibir,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 239 del CST, de cara a una
eventual discriminación. ii) Si la terminación de la relación laboral se da una
vez vencido el contrato y se alega como una justa causa la terminación de la
obra o labor contratada, corresponde al empleador acudir, antes de la
terminación de la obra, ante el inspector del trabajo para que determine si
subsisten las causas objetivas que dieron origen a la relación laboral. En caso
de que el inspector del trabajo determine que subsisten las causas del
contrato, debe extenderlo por lo menos durante el periodo del embarazo y el
tiempo que dure la licencia de maternidad. En caso de que la autoridad laboral
determine que no subsisten las causas de la relación laboral, se puede dar por
terminado el contrato y deben pagarse las cotizaciones que garanticen el pago
de la licencia de maternidad. En caso de no acudir ante el inspector del
trabajo, el juez de tutela debe ordenar el reconocimiento de las cotizaciones
durante el periodo de gestación y se ordenará la renovación si se demuestra que
las causas del contrato laboral no desaparecen. Ahora bien, a fin de evitar que
los empleadores desconozcan la regla de acudir al inspector de trabajo si no se
cumple este requisito se debe aplicar la sanción de 60 días prevista en el
artículo 239 del CST.
MUJER
EMBARAZADA EN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO DE APRENDIZAJE-Concepto
CONTRATO DE APRENDIZAJE-Naturaleza
CONTRATO DE APRENDIZAJE-Características
CONTRATO DE APRENDIZAJE-Jurisprudencia
constitucional
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE MUJER
EMBARAZADA EN CONTRATO DE APRENDIZAJE-Alcance
En la
sentencia T-174 de 2011, en lo que respecta a la protección de la
mujer en estado de gestación se estableció que en razón a los principios de solidaridad, estabilidad laboral
reforzada y protección laboral de la mujer en estado de embarazo y de la
persona que está por nacer, es viable determinar que aunque el contrato de
aprendizaje no tiene la naturaleza de un contrato laboral, sí se equipara como
modalidad especial dentro del derecho ordinario laboral, en lo concerniente a
la protección del fuero por maternidad, como consecuencia del traslado de
algunos de los elementos propios de la legislación laboral permitiendo de esta
manera: (i) la ampliación de dicha protección; (ii) la activación del fuero por
maternidad previsto en el ordenamiento; (iii) el cumplimiento de la finalidad
del Estado social de derecho; y (iv) la materialización del deber tanto del
Estado como de los particulares, de proteger los derechos fundamentales. Bajo
estas consideraciones en la sentencia en comento se determinó que existe plena obligación
por parte de la empresa patrocinadora de brindar a la aprendiz en estado de
embarazo: (i) estabilidad reforzada durante
el contrato de aprendizaje y el periodo de protección por fuero de maternidad;
(ii) el pago de las cotizaciones correspondientes a salud sin importar en qué
etapa del contrato de aprendizaje se encuentre; y (iii) el pago del
correspondiente apoyo de sostenimiento. En este orden de ideas concluyó que sin
importar que inicialmente se haya pactado como duración del contrato de
aprendizaje un periodo de tiempo determinado, la trabajadora vinculada por
contrato de aprendizaje que quede en estado de embarazo durante su desarrollo,
goza de su especial protección constitucional de acuerdo con lo establecido en
el ordenamiento laboral.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia
excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
CARACTERIZACION DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO COMO CAUSAL DE
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de
jurisprudencia
DERECHO
A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA VINCULADA POR CONTRATO
DE PRESTACION DE SERVICIOS-Orden a Personería Municipal renovar la relación contractual con
la accionante
DERECHO
A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA VINCULADA POR CONTRATO
DE APRENDIZAJE-Orden a empresa renovar contrato de aprendizaje con la accionante
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN MATERIA DE ESTABILIDAD LABORAL
REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA-Procedencia por defecto sustantivo, en la medida que desconoció el
derecho adquirido a la estabilidad laboral reforzada de la accionante y se dio
validez a la transacción de terminación de contrato
DERECHO A LA ESTABILIDAD
LABORAL REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA VINCULADA POR CONTRATO DE OBRA O LABOR-Ordenar a empresa
reinstalar a la accionante a un cargo de igual o similares condiciones al que
venía desempeñando
Referencia: Expedientes T-6.522.741, T-6.570.959, T-6.592.995 y
T-6.710.353.
Acciones de tutela promovidas por: Martha Liliana Rincón Mantilla
contra la Personería Municipal de Piedecuesta, Santander (T-6.522.741); Aida
Judith Pabón Cervantes contra Transportes Lafe SAS (T-6.570.959); Natalia
Andrea Reinoso Villarraga contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá
(T-6.592.995); e Ingrid Paola Riaño contra Servi Arévalo Integral y otro
(T-6.710.353).
Magistrado Ponente:
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos
mil dieciocho (2018).
La Sala Octava de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados Alberto Rojas Ríos, Carlos Bernal Pulido y José Fernando Reyes
Cuartas, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de
la Constitución Política, y en el Decreto Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de los fallos de tutela proferidos:
(i) El 18 de septiembre de 2017 por el Juzgado Once Civil del
Circuito de Bucaramanga, que revocó la decisión adoptada por el Juzgado Segundo
Civil Municipal de Bucaramanga el 9 de agosto de 2017, con ocasión de la acción
de tutela interpuesta por Martha Liliana Rincón Mantilla contra la Personería Municipal
de Piedecuesta, Santander (Expediente T-6.522.741).
(ii) El 25 de octubre de 2017 por el Juzgado Primero
Promiscuo del Circuito de Sabanalarga, Atlántico, que revocó la decisión
adoptada por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Sabanalarga –Atlántico-
el 29 de agosto de 2017, con ocasión de la acción de tutela interpuesta por Aida Judith Pabón Cervantes contra Transportes Lafe SAS (Expediente
T-6.570.959).
(iii) El 6 de diciembre de 2017 por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con ocasión de la acción de tutela
interpuesta por Natalia Andrea Reinoso Villarraga contra la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá (Expediente T-6.592.995).
(iv) El 24 de enero de 2018 por el Juzgado Civil Municipal
de Facatativá con ocasión de la acción de tutela interpuesta por Ingrid Paola Riaño contra Servi Arévalo Integral y Jardines de Los
Andes SAS (Expediente T-6.710.353).
Los expedientes T-6.522.741
y T-6.570.959 fueron seleccionados para revisión y acumulados
para ser fallados en una misma sentencia por la Sala de Selección Número Dos a
través del Auto del 16 de febrero de 2018, comunicado por estado el 2 de marzo
de 2018[1].
Por su parte, el proceso radicado con el número T-6.592.995
fue seleccionado para revisión y acumulado al T-6.522.741 por decisión de la Sala de Selección Número Dos a
través de Auto del 27 de febrero de 2018, comunicado por estado el 13 de marzo
del mismo año[2]. Posteriormente, la Sala de Selección Número Cuatro a través de Auto
del 27 de abril de 2018 decidió seleccionar y acumular el expediente con
radicado T-6.710.353 a los anteriores asuntos, el cual fue notificado por
estado el 15 de mayo de 2018[3].
I. ANTECEDENTES
- T-6.522.741 (Martha
Liliana Rincón Mantilla contra la Personería Municipal de Piedecuesta,
Santander)
Hechos y pretensiones
1. La señora Rincón Mantilla estuvo vinculada mediante diversos
contratos de prestación de servicio con la Personería Municipal de Piedecuesta,
desde el 21 de enero de 2015 hasta el 15 de julio de 2017, donde devengaba en
promedio la suma de $1’500.000[4].
2. Según lo expuesto por la accionante, estaba obligada a cumplir
con un horario de “lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 12:00 del mediodía
y de 2:00 de la tarde a 6:00 de la tarde, con descanso de dos horas para
almorzar entre 12:00 del mediodía y 2:00 de la tarde”.
3. El último contrato suscrito por la actora estaba
encaminado a “prestar servicios de apoyo a la gestión, en la realización de
las actividades jurídicas y administrativas propias de la Personería Municipal
de Piedecuesta, tales como el acompañamiento y seguimiento de los procesos y
procedimientos policivos realizados por las Inspecciones de Policía del
Municipio de Piedecuesta”[5].
4. La accionante afirma que recibía órdenes directas del
Personero “quien guiado por las solicitudes de los inspectores de policía
del Municipio de Piedecuesta, organizaba y asignaba las diligencias al sector
rural y urbano (…) donde prestaba sus servicios como garante de los derechos
fundamentales y humanos de la comunidad Piedecuesta”.
5. El 18 de mayo de 2017, debido a unas molestias físicas la
actora le comentó a una compañera de trabajo que “sentía fastidio a los
olores de algunas lociones y que tenía molestias en las glándulas mamarias”,
por lo que ese mismo día procedió a realizarse la prueba de embarazo, la cual
dio un resultado positivo[6].
Este examen fue ratificado por ecografía, en la que se concluyó existencia de “saco
gestacional intrauterino, de adecuada calidad con embrión único, CRL 11MM,
equivalente a 7 semanas 3 días, se observó pequeño hematoma retrocorial, cérvix
corto”[7],
por lo que se recomendó limitar la actividad física y desplazamientos por encontrarse
en riesgo de pérdida.
6. El 19 de mayo de 2017 la señora Rincón Mantilla se
presentó en la oficina del Personero Municipal de Piedecuesta para informarle
su estado de embarazo, así como las recomendaciones médicas, lo cual le
impediría realizar caminatas prolongadas a las veredas, pero estaría en
condiciones de cumplir con las inspecciones urbanas y atención al público.
9. El 11 de julio de 2017 la señora Rincón Mantilla presentó
por escrito notificación del estado de embarazo[8],
hecho que fue aceptado por esa entidad el 12 de julio siguiente[9].
10. El 15 de julio de 2017 se terminó el último contrato de
prestación de servicios, el cual no fue renovado.
11. En orden a lo expuesto, el 26 de julio de 2017, la
señora Rincón Mantilla a través de apoderada judicial, acudió a la presente
acción de tutela para que se adopten las medidas administrativas
correspondientes que le permitan reestablecer o reintegrase a la situación
contractual que estaba desarrollando a fin de garantizar el mínimo vital y se
ordene el pago de la indemnización de 180 días de salario por despido injusto
en razón de su embarazo.
Trámite procesal
12. El 26 de julio de 2017, el Juzgado Segundo Civil
Municipal de Bucaramanga, asumió el conocimiento del presente asunto y corrió
traslado a la accionada. En igual sentido decidió vincular a la Alcaldía
Municipal de Piedecuesta, Santander y al Ministerio del Trabajo.
Respuestas otorgadas
13. La Dirección Territorial de Santander del Ministerio del
Trabajo, advirtió que no está legitimado por pasiva para atender la presente
solicitud de amparo.
14. La Alcaldía Municipal de Piedecuesta también comenzó por
destacar que no está legitimada por pasiva en el presente asunto, toda vez que
las Personerías Municipales hacen parte del Ministerio Público y cuentan con
autonomía administrativa y presupuestal para el cumplimiento de sus funciones
(Ley 225 de 1995).
Posteriormente se refirió a la procedencia del amparo, en
donde indicó que existen otros medios de defensa judicial para la protección de
los derechos que se alegan vulnerados, como lo es la acción ordinaria laboral o
contenciosa administrativa, dado que en este caso se discute la existencia de
una eventual relación laboral.
15. La Personería Municipal de Piedecuesta, destacó que la
accionante en ningún momento tuvo continuidad en los contratos de prestación de
servicios, pues se presentaron diversas interrupciones que oscilan entre 1 y 50
días, además, la mayoría de ellos obedecieron al desarrollo de su práctica
jurídica como judicante, y únicamente los contratos 034 de 2016 y 021 de 2017,
tuvieron como fin el apoyo a la gestión de esa entidad.
De manera enfática advirtió que en ningún momento se
configuró una relación laboral con la señora Rincón Mantilla, pues no percibió
salario, no estaba obligada a cumplir horario y no existía una relación de
subordinación o dependencia teniendo en cuenta que el Personero Municipal no
tenía la obligación de verificar el cumplimiento de las obligaciones del
contratista, siendo esta función propia del supervisor del contrato, motivo por
el cual no hubo una delegación de funciones propias del Ministerio Público.
Por último advierte que la acción de tutela es improcedente
en la medida que existen otros medios de defensa judicial y no se está en
presencia de un perjuicio irremediable, toda vez que en el “Formulario único
de declaración juramentada de bienes y rentas para el año 2016”
diligenciado por la accionante y allegado como parte de la documentación
requerida para la suscripción del contrato consignó: “Ingresos y rentas
obtenidos el último año gravable: Salarios y demás ingresos laborales
$12’300.000; Arriendos $6’000.000; TOTAL: $18’300.000; Bien inmueble por
$27’202.000; y sociedad conyugal vigente con Mario Leonel Reatiaga Ardila”.
Decisiones de instancia
13. El 9 de agosto de 2017, el Juzgado Segundo Civil
Municipal de Bucaramanga concedió el amparo invocado, por lo que ordenó a la
Personería Municipal de Piedecuesta reintegrar a la señora Rincón Mantilla al
cargo que venía ocupando o a uno similar, no obstante, negó el pago de la
indemnización por despido injusto.
Para tal fin, consideró que la actora se enmarcaba en la
categoría de sujeto de especial protección constitucional, dado su estado de
embarazo, por lo que se requería un permiso del Ministerio del Trabajo para su
desvinculación. En igual sentido consideró que existió un nexo causal entre el embarazo
y la terminación del contrato. En cuanto a la indemnización advirtió que al
tratarse de una pretensión económica debía reclamarse por los medios ordinarios
de defensa judicial.
Impugnación
14. La accionante consideró que en su caso era procedente
ordenar el pago de la indemnización por despido injusto, debido a que el fuero
de maternidad debe garantizarse en cualquier tipo de relación laboral. Afirmó
que en este asunto no era necesario debatir sobre su capacidad económica sino
la protección integral de la mujer embarazada, máxime cuando el ingreso que
recibía lo invertía en sus necesidades básicas y las de su futuro hijo, pues “cubría
los costos de salud, controles médicos particulares que requiere por su estado
especial y exclusivo de embarazo de alto riesgo con producto valioso, así como
también los gastos de transporte, aportes en los diferentes egresos para su
hogar como son alimentación, arriendos, vestuario y demás gastos que por su nuevo
estado se han incrementado”.
15. La Personería Municipal de Piedecuesta consideró que el
juez excedió su competencia al declarar la existencia de una relación laboral,
cuando dicha situación no fue probada. Explicó que el contrato de prestación de
servicios 021 de 2017 se terminó por vencimiento del término pactado y dada su
naturaleza comercial no era necesario pedir permiso al Ministerio del Trabajo para
darlo por finiquitado. Aunado a ello expuso que en la misma oportunidad en que
se terminó el contrato suscrito con la accionante se cumplió el término para 6
contratos más, los cuales no fueron renovados[10],
y en igual sentido se celebraron 5 nuevos contratos de prestación de servicios
pero con objetos contractuales diferentes[11].
16. El 18 de septiembre de 2017, el Juzgado Once Civil del
Circuito de Bucaramanga revocó la decisión del a quo y en su lugar
declaró improcedente el amparo al encontrar que en este caso no estaban dados
los presupuestos para declarar la existencia de un contrato realidad, por lo
que se debía acudir a la jurisdicción ordinaria laboral para resolver esta
situación.
- T-6.570.959 (Aida Judith Pabón Cervantes contra
Transportes LAFE SAS)
Hechos y pretensiones
17. La señora Aida Judith Pabón Cervantes
se vinculó laboralmente como aprendiz con la empresa Transportes Lafe SAS a
través de contrato escrito, el cual tendría un periodo de duración del 27 de
septiembre de 2016 al 26 de marzo de 2017, en el cargo de técnico en seguridad
ocupacional[12].
18. El 2 de marzo de 2017, la señora Pabón
Cervantes a través de correo electrónico informó a la coordinadora de gestión
humana sobre su estado de embarazo, para tal fin anexó los exámenes médicos
respectivos[13].
19. La accionante afirma que el 25 de marzo
de 2017 se le informó vía electrónica que el día siguiente (26 de marzo)
llegaba a su fin el contrato de aprendizaje y no sería vinculada nuevamente.
20. En orden a lo expuesto, el 8 de junio
de 2017, la señora Pabón Cervantes interpuso acción de tutela en orden a
alcanzar la protección a la estabilidad laboral reforzada de mujer embarazada,
mínimo vital y los derechos al que está por nacer y en consecuencia se ordene a
la empresa accionada el reintegro, la afiliación a la seguridad social y el
pago de los auxilios legales mensuales dejados de percibir.
Trámite procesal
21. El 9 de junio de 2017, el Juzgado Primero
Promiscuo Municipal de Sabanalarga, Atlántico, admitió la acción de tutela y
ordenó correr traslado del amparo a la empresa Transportes Lafe SAS, para que
se pronunciara sobre la solicitud de amparo. Igualmente se vinculó al presente
trámite al Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA y al Ministerio del Trabajo y
Seguridad Social, seccional Barranquilla, Atlántico.
Respuestas otorgadas
22. El Servicio Nacional de Aprendizaje
seccional Barranquilla, en adelante SENA, señaló que esa entidad no es
responsable de la vulneración de derechos fundamentales alegada. En cuanto a la
relación entre la accionante y la empresa Transportes Lafe SAS estableció que
de acuerdo con lo contemplado en la Ley 789 de 2002 (art. 30)[14], el contrato de aprendizaje
genera un vínculo diferente a la relación laboral, por lo que la estabilidad
laboral que se pretende no se predica en el caso particular.
Destacó que el referido contrato es
suscrito, celebrado y ejecutado por el aprendiz y la empresa patrocinadora,
correspondiéndole al SENA únicamente hacer seguimiento al proceso de formación
del aprendiz que cursó la etapa lectiva, para poder certificarla. Agregó que el
vínculo contractual se extingue cuando se cumplen las fechas pactadas entre las
partes sin que la patrocinadora deba asumir un compromiso adicional con el
aprendiz.
23. Transportes Lafe SAS solicitó negar el
amparo, toda vez que en este caso no es viable invocar la estabilidad laboral
reforzada, en la medida que la accionante omitió advertir que actualmente se
encuentra afiliada a la EPS-S CAJACOPI del régimen subsidiado por lo que
esa entidad es la llamada a cubrir todos los servicios de salud[15] lo que muestra que la
atención médica está garantizada. Además se trata de una profesional en derecho[16], aspecto que evidencia
la existencia de medios para su sustento, situación que se hace más palpable al
tener en cuenta que solo hasta tres meses después de su desvinculación
interpuso la presente solicitud de amparo. Todo lo anterior desdibuja la
existencia de un eventual perjuicio irremediable.
Agrega que al tratarse de un contrato de
aprendizaje, es normal que el mismo no se prorrogue por decisión unilateral del
empleador y, en consecuencia, cuando termina esta relación contractual no se
cuenta con ninguna obligación adicional.
Finaliza advirtiendo que existe otro medio de defensa
judicial para solucionar el presente conflicto y no se está ante un perjuicio
irremediable que haga procedente el amparo.
24. En ampliación del escrito de tutela, la accionante
explicó que a pesar de las facultades asignadas al SENA en materia de
regulación del contrato de aprendizaje, según la Corte Constitucional dicho
concepto se contrapone a la protección reconocida por la Carta Política, por lo
que la simple terminación del mencionado contrato no constituye una excusa
válida para dejar de renovarlo a favor de una mujer en embarazo.
Advirtió que por el hecho de ser abogada no implica que esté
ejerciendo, ni que tenga otros ingresos. Por último aclaró que se encuentra en
la lista de aprendices del SENA dada su condición de técnico en seguridad
ocupacional[17].
25. El Ministerio del Trabajo advirtió que una vez revisadas
las bases de datos de Registro de solicitudes de autorización de retiro de
trabajadores en estado de embarazo del año 2017, no se encontró petición por
parte de Transportes Lafe SAS, para despedir a la señora Pabón Cervantes.
Decisiones de instancia
22. El 29 de agosto de 2017, el Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de Sabanalarga, Atlántico, concedió el amparo al considerar que
conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional es procedente el
reintegro de los aprendices hasta completar el término de 2 años, por ser el
lapso máximo para este tipo de relaciones contractuales.
Impugnación.
23. La empresa Transportes Lafe SAS en su escrito de
impugnación reiteró los argumentos expuestos en la contestación del amparo.
24. El 25 de octubre de 2017, el Juzgado Primero Promiscuo
del Circuito de Sabanalarga, Atlántico, revocó la decisión del primera instancia
y en su lugar declaró improcedente el amparo, pues no es posible renovar el
contrato de aprendizaje cuando la accionante se encuentra certificada por el SENA
como Técnico en Seguridad Ocupacional[18],
pues de acuerdo al materia probatorio obrante en el expediente, el 2 de mayo de
2017 el SENA otorgó el título de Técnico en Seguridad Ocupacional con lo cual
el amparo resulta inocuo.
- T-6.592.995 (Natalia Andrea Reinoso
Villarraga contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá)
Hechos y pretensiones
25. El 1 de noviembre de 2012, entre la
señora Reinoso Villarraga y la firma Activos SA se celebró un contrato laboral
por obra o labor contratada, para que se desempeñara como encuestadora, por un
salario mensual de $587.000 más auxilio de transporte por $67.800, y un
auxilio extralegal de alimentación por $102.488[19].
26. El 6 de noviembre de 2012 la accionante
conoció su estado de embarazo y lo informó a su empleador[20].
27. El 11 de diciembre de 2012, en atención
a un acuerdo de transacción se dio por terminada la relación laboral, sin
contar con autorización del Ministerio del Trabajo. En concreto el mencionado
documento estipula: “Las partes han convenido finalizar el
contrato de mutuo acuerdo teniendo como último día laborado el 11 de diciembre
de 2012.(…) Las partes han convenido transar cualquier diferencia que pueda
surtir del contrato de trabajo que vinculó a las partes (…) Sin que este hecho
implique la continuidad de la relación laboral, se continuará con el pago de
los aportes al sistema de seguridad social en salud de la trabajadora hasta el
30 de agosto de 2013”[21].
28. A la accionante se le otorgó una
licencia de maternidad entre el 22 de julio y el 27 de octubre de 2013, la cual
no fue pagada por la EPS, debido a que no cumplió con los periodos mínimos
cotizados de forma completa e ininterrumpida.
29. El 1º de febrero de 2015, la accionante
interpuso demanda ordinaria laboral cuyas pretensiones estuvieron encaminadas a
obtener el reconocimiento y pago de los derechos laborales por haber sido
despedida en estado de embarazo. Como sustento de sus pretensiones afirmó que
fue coaccionada a firmar el mencionado acuerdo dadas las especiales condiciones
en que se encontraba, por lo que se le vulneraron sus derechos a la estabilidad
laboral reforzada y al mínimo vital suyo y de la persona que está por nacer.
30. El 9 de noviembre de 2016 el Juzgado
Quinto Laboral del Circuito de Bogotá dictó sentencia a favor de la accionante
al encontrar que la actora gozaba de la protección laboral reforzada propia del
fuero por maternidad, conforme lo establecido en el artículo 236, 239 y 241.1
del Código Sustantivo del Trabajo, por lo que el contrato de transacción no
tenía validez. Por su parte, reconoció que el artículo 15 CST permite la
transacción para derechos inciertos y discutibles, más no para aquellos ciertos
e indiscutibles. En consecuencia, se presentó un vicio del consentimiento, pues
al ofrecer el pago de las cotizaciones a la seguridad social en salud, la
aceptación se dio por el temor a perder la atención médica requerida por su
estado.
Además, explicó que era necesario contar
con el visto bueno de la autoridad laboral competente, de lo contrario la
terminación del contrato se tornaría ineficaz.
En este orden de ideas, consideró que el
contrato se debió extender por el término del embarazo y la licencia de maternidad,
situación que llevó a establecer que existió una relación laboral entre el 1 de
noviembre de 2012 y 27 de octubre de 2013 cuando finalizó la referida licencia
que le fue otorgada, con un salario mensual de $587.000, más $67.800 por
auxilio de transporte para el año 2012, y de $589.500, más $70.500 auxilio de
transporte por ser el salario mínimo para el año 2013.
Por lo que estableció una suma final por
concepto de salarios insolutos de $6’775.167, haciendo la deducción por el pago
de la liquidación respectiva. Así como los pagos correspondientes a cesantías,
intereses a las cesantías, primas de servicios y vacaciones. En igual sentido,
condenó a la parte demandada a la sanción establecida en el artículo 239.3 del
Código Sustantivo del Trabajo por $1’179.000, más los pagos correspondientes a
los aportes pensionales.
31. Esta decisión fue apelada en estrados
por Activos SA. Al respecto consideró que el acto de transacción no fue objeto
de ningún tipo de coacción, ni vicio alguno del consentimiento (error, fuerza y
dolo), donde la sociedad empleadora se comprometió a pagar las cotizaciones a
salud hasta la fecha probable del parto, lo que lejos de ser una presión fue
una garantía a los derechos de la trabajadora embarazada. Aclaró que la terminación
del contrato se dio por la finalización de la obra para la cual fue contratada
y no por su condición de mujer gestante.
32. El 28 de marzo de 2017, la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión de primera instancia, en la
medida que el contrato de transacción permite a las partes terminar un litigio
pendiente o evitar un litigio eventual. Para la Sala la transacción suscrita no
vulneró derechos ciertos e indiscutibles, pues la trabajadora aceptó finalizar
por mutuo acuerdo su contrato de trabajo, sin que se hubiere probado actos de
presión sobre la demandante. En estas condiciones consideró que se trató de un
acto de disposición del trabajador.
33. El 7 de noviembre de 2017, la señora
Reinoso Villarraga, a través de apoderada judicial, interpuso acción de tutela
en contra de la anterior decisión. Comenzó por advertir que como la condena fue
inferior a 120 salarios mínimos no hay lugar a una instancia superior como
sería la casación.
Posteriormente argumentó que la trabajadora
fue objeto de coerción para la firma del acuerdo de terminación de la relación
laboral, pues una vez se tuvo conocimiento del estado de embarazo fue citada a las
oficinas de la empresa y aprovechándose de su estado de indefensión y angustia
le ofrecieron el pago de la seguridad social hasta la fecha probable de parto,
a cambio de acceder a su desvinculación. Sobre este punto resalta que no se
contó con la autorización de la autoridad del trabajo.
Afirmó la parte accionante que el juez de
segunda instancia incurrió en un defecto sustantivo al establecer que “la
demandante no logró probar la coerción de la que aduce fue objeto, por ello
prevalece el acuerdo transaccional celebrado entre demandante y demandada”,
basando su decisión en el artículo 2469 del Código Civil, sin tener en cuenta
que el debate se centraba en la relación laboral que existía entre las partes. Agregó
que en este caso se presentó ausencia de motivación pues “el sustento a su
disertación no duró más de 15 minutos y refirió que se podía consultar las
sentencias 7712 de 1995, 862 de 2003”.
Añadió que la decisión atacada también
desconoció los artículos 13 y 53 de la Constitución, apartándose de las
disposiciones que en el ordenamiento jurídico interno protegen a la mujer gestante.
Pasando por encima incluso de los precedentes jurisprudenciales sobre los
derechos a la estabilidad laboral reforzada en mujer embarazada.
Por lo anterior, solicitó el amparo de
sus derechos fundamentales invocados y como consecuencia de ello se revoque la
sentencia de segundo grado y en su lugar se confirme la decisión proferida por
el a quo.
Trámite procesal
34. El 28 de noviembre de 2017, la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, asumió el conocimiento de la
presente solicitud de amparo y corrió traslado a la parte accionada y a la
empresa Activos SA.
Respuesta otorgada
35. La empresa Activos SA argumentó que el
Tribunal Superior de Bogotá no incurrió en ninguna irregularidad procesal y la
tutela se torna improcedente dado que no se acudió al recurso extraordinario de
casación.
La Sala Laboral del Tribunal Superior de
Bogotá guardó silencio.
Decisión de instancia.
36. El 6 de diciembre de 2017 la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvió negar el amparo
invocado, toda vez que en su criterio la decisión atacada por vía de tutela
cuenta con argumentos que consultaron reglas mínimas de razonabilidad jurídica
y que, sin lugar a dudas, obedecieron a la labor hermenéutica propia del juez,
sin que sea dable recurrir a la acción de tutela como una tercera instancia.
Esta decisión no fue impugnada.
- T-6.710.353
(Ingrid Paola Riaño contra Servi Arévalo Integral y Jardines
de Los Andes SAS)
Hechos y pretensiones
37. El 25 de noviembre de 2017 la
accionante presentó su hoja de vida a la empresa Servi Arévalo Integral, a fin
de vincularse como trabajadora en misión en el área de la floricultura.
38. El 26 de noviembre de 2017, la actora se
realizó exámenes médicos de ingreso, donde se le indicó que estaba en estado de
gestación, por lo que se dirigió a su EPS y ratificó dicha situación[22].
39. En la misma fecha, es decir, el 26 de
noviembre de 2017, se le indicó que había superado las pruebas, por lo que
suscribió contrato individual de trabajo por obra o labor contratada, con fecha
de inicio el 27 de noviembre siguiente, como trabajadora en misión para la
empresa Jardines de Los Andes[23].
40. El 29 de noviembre de 2017, fue
notificada de la terminación del contrato de trabajo, en virtud de lo
consagrado en el artículo 61 Lit. “D” del Código Sustantivo del Trabajo, que
hace alusión a la terminación de la obra o labor contratada.
41. En orden a lo expuesto, el 16 de enero
de 2018 la señora Riaño acudió a la acción de tutela a fin de alcanzar la
protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo y a la
estabilidad laboral reforzada en mujer embarazada y en consecuencia se ordene
su reintegro.
Trámite procesal
42. El 16 de enero de 2018 el Juzgado Civil
Municipal de Facatativá asumió el conocimiento del presente asunto y ordenó
correr traslado a Servi Arévalo Integral y a Jardines de Los Andes.
Respuestas otorgadas
43. El representante legal de Jardines de
Los Andes SAS, indicó que nunca tuvo una relación laboral con la accionante,
toda vez que se trató de una trabajadora en misión a partir del contrato de
suministro de personal suscrito con la empresa Servi Arévalo Integral SAS, por
lo que desconoce los motivos por los cuales se dio por terminado el contrato
laboral.
44. La representante legal de Servi Arévalo
SAS solicitó negar las pretensiones de la accionante, pues en este caso se
presentó una suspensión del contrato de trabajo hasta que la actora presentara
la prueba de embarazo, teniendo en cuenta que la comunicación de terminación
del contrato laboral fue rechazada por la accionante. Agregó que continuó con
el pago de aportes sociales[24]
y está pendiente de la liquidación de acreencias laborales. Por último señaló que
la accionante debe reintegrarse a su trabajo conforme a las condiciones
pactadas[25].
Decisión de instancia
41. El 24 de enero de 2018, el Juzgado Civil
Municipal de Facatativá declaró improcedente el amparo, al no encontrar que las
accionadas hubieran incurrido en conductas que violen o amenacen los derechos
fundamentales invocados.
Argumentó que si bien existe una carta de
terminación de contrato de trabajo con fecha 29 de noviembre de 2017, la misma
no cuenta con una rúbrica de su destinataria en señal de aceptación, a lo que
se suma el pago de aportes a seguridad social en forma continua, así como la
invitación del empleador a que se reintegre a sus labores.
Expuso además que en este caso se desvirtúa
la presunción legal de despido con ocasión del estado de gravidez, dado que la
actora fue contratada aún contando con la información reportada en el examen de
ingreso.  A su vez, la accionante no cumplió con el requerimiento hecho por el
empleador, en el sentido de aportar la prueba de embarazo por parte de su EPS.
Esta decisión no fue impugnada.
II. CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1. Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional
es competente para proferir sentencia dentro de la acción de tutela de la
referencia, con fundamento en los artículos 86, inciso 2 y 241 numeral 9 de la
Constitución, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto Ley 2591 de
1991.
Problema jurídico y metodología de
decisión
2. Teniendo en cuenta que los casos
estudiados plantean diferentes situaciones fácticas, se hace necesario
establecer distintos problemas jurídicos de cara a las consideraciones
presentadas. En tal medida corresponde a esta Sala de Revisión determinar:
i) ¿Se vulneran los derechos fundamentales
a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital y a la no discriminación de
una persona, cuando se interrumpe la renovación continua y periódica de un
contrato de prestación de servicios pese a tener conocimiento de su estado de
embarazo y no contar con el respectivo permiso de la autoridad de trabajo?
ii) ¿Se desconoce el derecho fundamental a
la estabilidad laboral reforzada de una mujer en estado de embarazo que es
desvinculada de una empresa patrocinadora, como lo es Transportes Lafe SAS, al
terminar el respectivo contrato de aprendizaje?
iii) ¿La Sala Laboral del Tribunal Superior
de Bogotá incurrió en un defecto sustantivo por interpretación errónea de las
normas que establecen la protección a favor de la mujer en estado de embarazo,
al dar por válida una desvinculación laboral con ocasión de un acuerdo transaccional,
sin tener en cuenta que se tratan de derechos ciertos e indiscutibles?
iv) ¿Se vulneran los derechos fundamentales a la
estabilidad laboral reforzada, al trabajo, al mínimo vital, a la vida digna y a
la no discriminación de una mujer en embarazo, cuando alegando la terminación
de la obra para la cual se celebró el contrato, se “suspende” una relación
laboral sin autorización del Ministerio de Trabajo?
Previo al desarrollo de los problemas jurídicos
planteados, la Corte analizará los aspectos referentes a la procedencia de la
acción de tutela para alcanzar la protección del derecho a la estabilidad
laboral reforzada de la mujer en estado de gravidez o en periodo de lactancia, con ocasión de la existencia de otros
medios de defensa judicial ante la jurisdicción ordinaria laboral o la
jurisdicción contenciosa administrativa.
Superado
lo anterior y con el objetivo de solucionar los problemas jurídicos planteados,
la Sala reiterará su jurisprudencia relacionada con: (i) los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela; (ii) la protección constitucional del
derecho a la estabilidad laboral reforzada por maternidad y lactancia; (iii) el alcance de la estabilidad laboral reforzada a la mujer en
estado de embarazo en el contrato de aprendizaje; (iv) los requisitos generales
y específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales; (v) una breve caracterización del defecto sustantivo; para finalmente
(vi) abordar la resolución de los casos concretos.
Legitimación por activa
3. El artículo 86 de la Constitución
Política, determina que la acción de tutela es un mecanismo de defensa al que
puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus
derechos fundamentales. Ello en concordancia con lo consagrado en el artículo
10° del Decreto Ley 2591 de 1991, el cual establece que la acción de tutela podrá
ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o
amenazada en uno de sus derechos fundamentales, por sí misma o a través de
representante[26].
Legitimación por pasiva
4. El artículo 5º del Decreto Ley 2591 de 1991 señala que la
acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades
públicas que vulneren o amenacen vulnerar los derechos fundamentales de los
accionantes. De manera excepcional, es posible ejercerla en contra de
particulares si: (i) están encargados de la prestación de un servicio público;
(ii) su conducta afecta grave y directamente el interés colectivo; o (iii) el
accionante se encuentra en una situación de indefensión o de subordinación
respecto a este.
5. En relación con esta última hipótesis, el artículo 42.9
de la normatividad en cita reitera que el amparo procede contra acciones u
omisiones de particulares, entre otras circunstancias cuando el accionante se
encuentra en situación de subordinación o indefensión respecto del particular
contra el cual se interpuso la acción.
6. La Corte Constitucional ha determinado[27]
que la indefensión hace referencia a una situación relacional que implica la
dependencia de una persona respecto de otra, por causa de una decisión o
actuación desarrollada en el ejercicio irrazonable, irracional o
desproporcionada de un derecho del que el particular es titular. De este modo,
la situación de indefensión debe ser evaluada por el juez atendiendo las
circunstancias del caso concreto, las personas involucradas, los hechos
relevantes y las condiciones de desprotección, que pueden ser económicas,
sociales, culturales y personales.
7. Por su parte, en cuanto a la
subordinación, es importante tener en cuenta lo señalado en la sentencia T-334
de 2016, donde la Corte Constitucional precisó que “la diferencia existente
entre una y otra [subordinación e indefensión] es el tipo de relación
con el particular, ya que si está regulada por un título jurídico se trata de
un caso de subordinación, pero si la dependencia del particular es producto de
una situación de hecho, nos encontramos frente a un caso de indefensión.”
8. En consecuencia, las relaciones de
subordinación implican la sujeción de un individuo respecto a las órdenes y
directrices del otro, generalmente, obedecen a las que se presentan entre el
trabajador y su empleador o entre el estudiante y su profesor.
Inmediatez
9. El artículo 86 de la Constitución
Política establece la procedencia de la acción de tutela para solicitar la
protección inmediata de derechos fundamentales, cuando quiera que estos
resulten amenazados o afectados por la actuación u omisión de una autoridad o
un particular. Pese a que el mecanismo por regla general no cuenta con término
de caducidad, esta Corte ha establecido que procede dentro de un término “razonable
y proporcionado” a partir del hecho que originó la vulneración[28].
Así, cuando el titular de manera negligente ha dejado pasar un tiempo excesivo
o irrazonable desde la actuación irregular que trasgrede sus derechos, se
pierde la razón de ser del amparo[29]
y consecuentemente su procedibilidad[30].
10. Frente al plazo para acudir al amparo, el
término debe ser analizado por el juez en cada caso, atendiendo a las
particulares circunstancias fácticas y jurídicas del asunto, de ahí que si este
lapso es prolongado, deba ponderar si: (i) existe motivo válido para la
inactividad de los accionantes, (ii) la inactividad justificada vulnera el
núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión, (iii)
existe nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de
los derechos fundamentales, y (iv) el fundamento de la acción surgió después de
acaecida la actuación violatoria de derechos fundamentales de cualquier forma
en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición[31].
Subsidiaridad
11. De acuerdo con lo señalado en la
Constitución Política de Colombia, la acción de tutela es un mecanismo judicial
preferente y sumario del que dispone toda persona para reclamar la protección
de sus derechos fundamentales. En tal sentido, presenta un carácter
subsidiario, pues únicamente se puede acceder a esta cuando no existen los
medios de defensa judicial o cuando a pesar de existir, los mismos carecen de
idoneidad o resultan ineficaces para garantizar de manera efectiva los derechos
presuntamente vulnerados.
12. Así mismo, aun ante la presencia de
instrumentos judiciales eficaces e idóneos, la acción procede de manera
transitoria, siempre y cuando se interponga con el fin de evitar la ocurrencia
de un perjuicio irremediable.
13. Sin embargo, cuando se reclaman derechos de contenido
laboral la jurisprudencia constitucional también ha determinado que la acción
de tutela se despoja de su carácter subsidiario para convertirse en un
mecanismo de defensa principal, en dos hipótesis: (i) cuando la persona que
reclama la protección del derecho a la estabilidad laboral reforzada, es un
sujeto de especial protección constitucional, como el caso de las mujeres
gestantes y de las madres y sus hijos recién nacidos; y (ii) cuando la persona
que reclama el pago de una prestación social, ve comprometido su derecho
fundamental al mínimo vital y el de su hijo que acaba de nacer, por no contar
con otra fuente de ingresos que les asegure una digna subsistencia[32]. Así en
estas circunstancias, el examen de procedencia de la tutela se hace menos
estricto. Es por ello que frente a la protección especial a
la maternidad, en consideración a los derechos de los trabajadores, procede la
acción de tutela como mecanismo judicial prevalente[33].
14. En suma, en principio la acción de
tutela por su naturaleza residual y subsidiaria, no es el mecanismo idóneo para
reclamar derechos o prestaciones laborales; no obstante, cuando se encuentran
comprometidos los derechos de la madre gestante y los de su hijo por nacer o
recién nacido, procede excepcionalmente como medida de asistencia y protección
a estos sujetos de especial protección constitucional.
15. Ahora bien, en relación con los
contratos de prestación de servicios la SU-070 de 2013, expresamente señaló que
corresponde al juez constitucional analizar las circunstancias fácticas que
rodean cada caso, para determinar si bajo dicha figura contractual no se está
ocultando la existencia de una auténtica relación laboral. En este preciso
punto se advirtió que si bien la acción de tutela no es el mecanismo judicial
idóneo para declarar la configuración de un “contrato realidad”, pues existen
las vías procesales ordinarias laborales o las contencioso administrativas, a
través de las cuales se puede buscar el reconocimiento de una vinculación
laboral, en los casos donde se encuentre en inminente riesgo de afectación el
mínimo vital de la accionante u otro derecho constitucional fundamental, este
estudio debe adelantarse por el juez de tutela.
Protección a la estabilidad laboral reforzada de la mujer
en embarazo y lactancia. Reiteración de jurisprudencia
16. El artículo 13 de la Constitución consagra el principio
de igualdad, de donde se deduce que está prohibida cualquier forma de
discriminación en la esfera laboral de la mujer embarazada o en etapa de
lactancia. A su vez, el artículo 43 superior, establece la protección la protección constitucional del derecho a la estabilidad laboral en
el empleo durante el embarazo y después del parto, a partir de la especial
protección y asistencia a las trabajadoras por parte del Estado, durante el
embarazo y después del parto[34].
17. La protección a la maternidad también se manifiesta en
diversos instrumentos internacionales, que tienen carácter vinculante para el
Estado Colombiano: (i) la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos,
establece que la maternidad y la lactancia tienen derecho a cuidados y
asistencia especial (artículo 25.2); (ii) el Pacto de Derechos Civiles y
Políticos, que dispone que los Estados parte tienen el deber de garantizar la
protección efectiva contra cualquier clase de discriminación por motivos de
sexo (artículos 4 y 26); (iii) el Pacto Internacional de Derechos Económicos
Sociales y Culturales, señala que se debe conceder especial protección a las madres antes y después del parto, otorgarles licencia
remunerada y otras prestaciones, si trabajan (artículo 10); (iv) la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, determina que los Estados tienen la obligación de evitar el despido por
motivo de embarazo, además de prestar protección especial a la mujer gestante
(artículo 11.2 Lit. a); (v) el Convenio 183 de la OIT, atribuye a los Estados,
el deber de lograr la igualdad real de la mujer trabajadora “atendiendo su
estado de discriminación, por el hecho de la maternidad” (artículo 8 y
siguientes); (vi) el Protocolo Facultativo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que el derecho a la
seguridad social de las mujeres en estado de embarazo cubre la licencia
remunerada antes y después del parto (artículo 9.2); (vii) el Convenio número
tres de la OIT, relativo al empleo de las mujeres antes y después del parto[35];
y (viii) la Recomendación 191 de la OIT sobre la
protección a la maternidad que desarrolla las condiciones mínimas que se deben
implementar en la legislación de los Estados frente al reconocimiento de la
licencia de maternidad y los permisos laborales durante el período de
lactancia.
18. De igual forma, la legislación nacional ha desarrollado
normatividad que protege a la mujer trabajadora durante el embarazo y la
lactancia. Así, el artículo 236[36]
del Código Sustantivo del Trabajo, establece que toda trabajadora tiene derecho
a una licencia de 18 semanas en la época del parto, remunerada con el salario
que devengue al momento de iniciar su licencia.
19. A su vez, el artículo 239[37] del Código Sustantivo
del Trabajo, dispone la prohibición de despedir a una mujer por motivo de su
embarazo o lactancia y señala una presunción, según la cual se entiende que el
despido se ha efectuado por tales motivos, cuando se realiza sin el
correspondiente permiso del inspector del trabajo. Igualmente, estipula el pago de una indemnización en caso de que se produzca la
desvinculación laboral sin la respectiva autorización del Ministerio de Trabajo
que consiste en 60 días de salario.
20. El artículo 240 del Código Sustantivo del Trabajo,
impone la carga al empleador de acudir al inspector del trabajo antes de
proceder al despido de una mujer durante el periodo de embarazo o de lactancia.
Finalmente, el artículo 241 de la misma normatividad, dispone
que no producirá efecto alguno el despido que el empleador comunique a la
trabajadora en período de licencia de maternidad o lactancia.
21. De cara a este contexto, la Corte Constitucional ha
venido edificando la jurisprudencia frente a la protección de la maternidad y a
través de esta, ha reconocido a la mujer en estado de embarazo un trato
preferente[38],
debido a su condición de sujeto de especial protección, así como la necesidad
de velar por la garantía de los derechos de la persona que está por nacer o el
recién nacido. Los presupuestos esenciales que ha determinado la Corte para el
fuero de maternidad son: (i) la existencia de una relación laboral o de
prestación de servicios; y que (ii) en vigencia de la citada relación laboral o
de prestación, se encuentre en embarazo o dentro de los tres (03) meses
siguientes al parto[39].
22. Ahora bien, el alcance de esta
prerrogativa se debe determinar a partir de: (i) el conocimiento del empleador;
y (ii) la alternativa laboral mediante la cual se encontraba vinculada la mujer
embarazada.
23. En cuanto al conocimiento por parte
del empleador en la SU-070 de 2013 se enunciaron los eventos en los
cuales se presenta esta situación, a saber: (i) cuando el embarazo se encuentra
en un estado que permite que sea inferido; (ii) cuando
se solicitan permisos o incapacidades laborales con ocasión del
embarazo; y (iii) cuando el embarazo es de conocimiento público por parte de
los compañeros de trabajo.
En la referida sentencia unificadora se
advirtió que el conocimiento del empleador del estado de gestación de la
trabajadora, tenía incidencia únicamente para determinar el grado de
protección, mas no como presupuesto para establecer la procedencia del fuero de
maternidad.
24. No obstante, esta posición fue
reevaluada en la sentencia SU-075 de 2018, donde la Sala Plena consideró
necesario modificar el precedente únicamente en los supuestos en los que el
empleador no tiene conocimiento del embarazo de la trabajadora al momento de su
despido. Así las cosas, se determinó que cuando se demuestra en el proceso de
tutela que el empleador no tiene conocimiento sobre el estado de gravidez, no
debe sufragar las cotizaciones requeridas para que la empleada tenga derecho a
acceder a la licencia de maternidad. Tampoco debe pagar dicha prestación
económica como medida sustitutiva ni está obligado a reintegrar a la
trabajadora.
Vale advertir que la regla jurisprudencial
anterior imponía a los empleadores la obligación de pagar las cotizaciones al
Sistema General de Seguridad Social en Salud hasta el momento del parto y, en
algunos casos, la licencia de maternidad. Sin embargo, en la actual posición la
Corte Constitucional consideró que dicha regla era contraria a los valores,
objetivos, principios y derechos en los que se funda el ordenamiento jurídico,
porque establecía una carga desproporcionada para el empleador pese a que su
actuación no había sido motivada en criterios discriminatorios. Por ende,
consideró que se desincentivaba la contratación de mujeres en edad
reproductiva, lo cual implicaba una mayor discriminación para aquellas en el
ámbito laboral.
26. En este orden de cosas, procede la Sala
a hacer alusión a la protección constitucional sentada a partir de la
respectiva alternativa laboral, sentada en la SU-070 de 2013, excluyendo las
condiciones en que se hacía alusión a la ausencia de conocimiento por parte del
empleador, en la medida que dicha condición fue modificada, como se expuso
previamente.
27. Frente a la alternativa laboral, la
referida SU-070 de 2013 precisó que la estabilidad laboral reforzada de las
mujeres gestantes y lactantes, se aplica de manera autónoma a la modalidad del
vínculo contractual que exista entre las partes[40], de ahí que
para prodigar la protección constitucional por maternidad sea indistinto que se
trate de un contrato laboral a término fijo, indefinido, por obra o labor
determinada, o incluso, un contrato de prestación de servicios. En
consecuencia, de cara al desarrollo de los casos objeto de estudio, la Sala Octava
de Revisión únicamente hará alusión a las reglas respecto a las alternativas
laborales que interesan para la presente sentencia, por lo cual, no resumirá la
totalidad de los parámetros establecidos por la decisión.
28. Contrato de obra. Cuando
el empleador conoce el estado de gestación de la trabajadora se
presentan dos situaciones:
i) Si la desvinculación se produce previo al
vencimiento de la obra o labor contratada sin la autorización del inspector del
trabajo. Al respecto se aplica la protección derivada del fuero consistente en
la ineficacia del despido y el consecuente reintegro, junto con el pago de los
salarios dejados de percibir, de acuerdo con lo establecido en el artículo 239
del CST, de cara a una eventual discriminación.
ii) Si la terminación de la relación laboral se da
una vez vencido el contrato y se alega como una justa causa la terminación de
la obra o labor contratada, corresponde al empleador acudir, antes de la
terminación de la obra, ante el inspector del trabajo para que determine si
subsisten las causas objetivas que dieron origen a la relación laboral. En caso
de que el inspector del trabajo determine que subsisten las causas del
contrato, debe extenderlo por lo menos durante el periodo del embarazo y el
tiempo que dure la licencia de maternidad[41].
En caso de que la autoridad laboral determine que no subsisten las causas de la
relación laboral, se puede dar por terminado el contrato y deben pagarse las
cotizaciones que garanticen el pago de la licencia de maternidad.
En caso de no acudir ante el inspector del trabajo, el juez
de tutela debe ordenar el reconocimiento de las cotizaciones durante el periodo
de gestación y se ordenará la renovación si se demuestra que las causas del
contrato laboral no desaparecen. Ahora bien, a fin de evitar que los
empleadores desconozcan la regla de acudir al inspector de trabajo si no se
cumple este requisito se debe aplicar la sanción de 60 días prevista en el
artículo 239 del CST.
29. Contrato de prestación de
servicios. En la misma decisión, la Corte también previó el supuesto de
vinculación de una mujer lactante o gestante, donde le corresponde al juez de
tutela “analizar las circunstancias fácticas que rodean cada caso, para
determinar si bajo dicha figura contractual no se está ocultando la existencia
de una auténtica relación laboral”.
Por lo que se deben establecer los
elementos para que se configure una relación laboral, a saber: (i) el salario,
(ii) la continua subordinación o dependencia y (iii) la prestación personal del
servicio. Así en caso de que concurran estos tres elementos en una
vinculación mediante contrato de prestación de servicios de una trabajadora
gestante o lactante, podrá concluirse que se está en presencia de un verdadero
contrato de trabajo.
Adicionalmente, advirtió la jurisprudencia
en cita que en el caso de contratos de prestación de servicios celebrados entre
el Estado y las personas naturales, este solo opera cuando “para el
cumplimiento de los fines estatales la entidad contratante no cuente con el
personal de planta que garantice el conocimiento profesional, técnico o
científico que se requiere o los conocimientos especializados que se demanden”.
Por último, “en el supuesto en que la
trabajadora gestante o lactante haya estado vinculada mediante un contrato de
prestación de servicios y logre demostrarse la existencia de un contrato
realidad, la Sala ha dispuesto que se deberán aplicar las reglas propuestas
para los contratos a término fijo.”
30. En la sentencia T-350 de 2016, la Corte
dispuso que las mujeres en embarazo o en lactancia que desarrollen sus labores
bajo la modalidad de prestación de servicios, no pueden ser despedidas tras el
argumento que el plazo llegó a su fin, toda vez que el empleador debe demostrar
que no subsiste el objeto para el cual se suscribió el contrato y que las
causas que originaron la contratación desaparecieron.
31. Teniendo en cuenta que la otra
modalidad de vinculación que se da en los casos sometidos a examen corresponde
al contrato de aprendizaje, se procede a desarrollar un acápite sobre el
particular, en la medida que tal figura no fue abordada en la SU-070 de 2013.
32. El
contrato de aprendizaje. En razón a las
diferentes clases de trabajo y relaciones de dependencia laboral surgieron
regulaciones especiales relativas a contratos que se apartan de las normas
comunes de la legislación general, debido al carácter peculiar de los sujetos y
la naturaleza de la prestación dándose origen al “Contrato de aprendizaje”.
Esta forma de vinculación está regulada en la Ley 789 de 2002[42]
“por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección
social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo”
y el Decreto 933 de 2003[43],
que definen el contrato de aprendizaje como una modalidad especial de
vinculación dentro del derecho laboral con tres características básicas, a
saber: (i) desarrollo de la formación teórico-práctica de una persona; (ii) el
término de duración de dicha vinculación no puede exceder los 2 años; y (iv)
durante la vinculación, el aprendiz recibirá un apoyo de sostenimiento mensual,
el cual no constituye salario.
33. Dentro de
las particularidades que envuelven este tipo de contrato se destacan: (i)
facilitar la formación en las ocupaciones propias de la empresa patrocinadora;
(ii) la subordinación está referida exclusivamente a las actividades propias
del aprendizaje; (iii) la formación se recibe a título personal; y (iii) el
apoyo de sostenimiento mensual tiene como fin garantizar el proceso de
aprendizaje.
Además, durante
la fase práctica el aprendiz cuenta con afiliación a riesgos profesionales. En
materia de salud, en las etapas lectiva y práctica, el aprendiz es cubierto por
el sistema de seguridad social en salud, conforme al régimen de trabajadores
independientes y pagado plenamente por la empresa patrocinadora cotizando sobre
el 100% del salario mínimo mensual vigente. El apoyo de sostenimiento es de
solamente el 50% de un salario mínimo mensual legal vigente durante el periodo
lectivo, del 75% durante el práctico y del 100% del salario mínimo cuando la
tasa de desempleo en el país sea menor al 10%.
34. La Corte Constitucional ya se ha
pronunciado sobre esta forma de contratación, en la sentencia C-038 de
2004, al analizar la reforma
introducida en la Ley 789 de 2002, se determinó que a pesar de haberse
transformado la naturaleza jurídica del contrato de aprendizaje, eliminando
expresamente su contenido laboral, dicha modificación no lo convertía en
inconstitucional, pues se ajustaba a la finalidad de capacitar al aprendiz en
un oficio determinado y facilitar su inserción en el mundo del trabajo,
teniendo en cuenta que el Estado debe propiciar la ubicación laboral de las
personas en edad de trabajar.
Del mismo modo, la Corte precisó que si bien el hecho de
cambiar la naturaleza del contrato de aprendizaje representa un retroceso en
los beneficios logrados por los trabajadores a través de la historia, tal
situación tiene un fin proporcional y adecuado por cuanto se busca aminorar la
tasa de desempleo en el país, así como la necesidad de fomentar el empleo en
toda la nación favoreciendo a la población joven.
35. En las sentencias C-175 de 2004 y C-457 de
2004, esta Corporación resolvió estarse a lo resuelto en la sentencia C-038
de 2004, no obstante lo anterior, se destacó que el contrato de aprendizaje
tiene múltiples especificidades y sustento constitucional, en la medida en que
garantiza los fines del Estado social de derecho por sus propósitos de
educación, formación e inclusión en el mundo laboral a todas las personas.
36. Posteriormente, en la sentencia T-906
de 2007[44],
al analizar la procedencia del amparo en ese caso, se indicó que el contrato de
aprendizaje según la legislación laboral, genera un vínculo laboral singular
que es definido como un contrato “especial dentro del derecho laboral”,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 789 de 2002.
37. Por su parte, en la sentencia T-174
de 2011[45],
en lo que respecta a la protección de la mujer en estado de gestación se
estableció que en razón a los principios de solidaridad, estabilidad
laboral reforzada y protección laboral de la mujer en estado de embarazo y de
la persona que está por nacer, es viable determinar que aunque el contrato de
aprendizaje no tiene la naturaleza de un contrato laboral, sí se equipara como
modalidad especial dentro del derecho ordinario laboral, en lo concerniente a
la protección del fuero por maternidad, como consecuencia del traslado de
algunos de los elementos propios de la legislación laboral permitiendo de esta
manera: (i) la ampliación de dicha protección; (ii) la activación del fuero por
maternidad previsto en el ordenamiento; (iii) el cumplimiento de la finalidad
del Estado social de derecho; y (iv) la materialización del deber tanto del
Estado como de los particulares, de proteger los derechos fundamentales.
Bajo estas consideraciones en la sentencia en comento se
determinó que existe plena obligación por parte de la
empresa patrocinadora de brindar a la aprendiz en estado de embarazo: (i)
estabilidad reforzada durante el contrato de aprendizaje y el periodo de
protección por fuero de maternidad; (ii) el pago de las cotizaciones correspondientes
a salud sin importar en qué etapa del contrato de aprendizaje se encuentre; y
(iii) el pago del correspondiente apoyo de sostenimiento.
En este orden de ideas concluyó que sin importar que
inicialmente se haya pactado como duración del contrato de aprendizaje un
periodo de tiempo determinado, la trabajadora vinculada por contrato de
aprendizaje que quede en estado de embarazo durante su desarrollo, goza de su
especial protección constitucional de acuerdo con lo establecido en el
ordenamiento laboral.
38. Finalmente, en la sentencia T-881 de 2012, la Corte
Constitucional se refirió a la figura de la estabilidad ocupacional reforzada
para personas que perdieron un porcentaje de su capacidad laboral en ejecución
de la fase práctica de su contrato de aprendizaje. Al respecto se advirtió que
las normas que regulan el contrato de aprendizaje no se pronuncian expresa y
puntualmente sobre el derecho a la estabilidad reforzada de los aprendices que
han sufrido una pérdida de su capacidad laboral durante la fase práctica de la
formación.
En este punto hizo alusión al concepto de estabilidad ocupacional
reforzada acorde a lo establecido en los artículos 13 y 47 de la Constitución
Política, en los que se consagra el deber del Estado de proteger especialmente
a aquellas personas que por su condición física se encuentren en circunstancia
de debilidad manifiesta, de sancionar los abusos que contra ellas se cometan[46],
y de promover la integración social de estas personas[47].
39. Con todo, si bien el contrato de aprendizaje puede obedecer a
fines razonables, como defender la libertad de empresa sin imponer cargas
desproporcionadas al empleador, no puede desconocer garantías constitucionales
a favor de los sujetos de especial protección constitucional, como lo son las
mujeres en estado de gestación, que se encuentren en una faceta de formación
laboral.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales
40. La Corte Constitucional ha admitido la
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales que quebranten
los derechos fundamentales de las partes y desconozcan los mandatos
constitucionales, en procura de salvaguardar el equilibrio que debe
existir entre los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia
judicial y la supremacía de la Constitución y efectividad de los derechos constitucionales[48]. No obstante, se ha precisado que la procedencia de la acción de
tutela en estos casos debe ser excepcional, dada su naturaleza subsidiaria[49].
41. Después de una amplia evolución jurisprudencial sobre la
materia, la Corte Constitucional consolidó su jurisprudencia incorporando las
causales de procedencia y defectos, tales como el desconocimiento del
precedente o la ausencia o insuficiencia de motivación en el fallo judicial.
Así, en la sentencia C-590 de 2005, la Sala Plena sistematizó la jurisprudencia
desarrollada desde el año 1992, precisando el fundamento normativo de la tutela
contra providencias judiciales, al igual que los requisitos formales y los
supuestos sustanciales o causales de procedencia de la tutela cuando se dirige
a controvertir fallos judiciales, la cual es la línea que se sigue respetando
actualmente.
42. En ese orden de ideas, en la mencionada decisión se
establecieron las siguientes condiciones genéricas de procedibilidad: (i)
que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional[50];
(ii) que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela[51];
(iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez[52];
(iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un
efecto decisivo o determinante en la decisión que presuntamente amenaza o
desconoce derechos fundamentales[53];
(v) que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan
la violación y que la haya alegado en el proceso judicial respectivo, si ello
era posible[54];
y (vi) que no se trate de sentencias de tutela[55].
43. En cuanto a las causales específicas de procedencia de
la tutela contra decisiones judiciales, la misma sentencia C-590 de 2005
identificó las siguientes: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando
el funcionario judicial que profirió la decisión carece absolutamente de
competencia para ello; (ii) defecto procedimental absoluto, que se
origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido; (iii) defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión;
(iv) error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales; (v) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar
cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional; (vi) desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de
un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado; y (vii) violación directa
de la Constitución.
44. Atendiendo las características de los
asuntos sometidos a examen, se procede a hacer unas breves consideraciones sobre
la causal relevante para analizar el caso concreto, a saber, la configuración
de un defecto sustantivo.
Defecto material o sustantivo
45.
El defecto sustantivo se fundamenta en los límites al principio de autonomía e
independencia judicial. En la sentencia SU-159 de 2002, la Corte
estableció que este se presenta cuando el juez se apoya en una norma que es
evidentemente inaplicable a un caso concreto, por ejemplo, cuando: (i) ha sido
derogada y en consecuencia, no produce efectos en el ordenamiento jurídico;
(ii) ha sido declarada inexequible por la Corte Constitucional; (iii) es
inconstitucional y no se aplicó la excepción de inconstitucionalidad; y (iv) la
norma no está vigente o, a pesar de estarlo y ser  constitucional, no se
adecua a las circunstancias fácticas del caso.
46.
Posteriormente, en la sentencia T-686 de 2007, esta Corporación afirmó
que, aunado a las circunstancias anteriormente referidas, el defecto material
como requisito específico de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales se genera cuando: (i) la aplicación de una norma es irracional y
desproporcionada en contra de los intereses de una de las partes del proceso;
(ii) el juez desconoce lo resuelto en una sentencia con efectos erga
omnes, de la jurisdicción constitucional o contenciosa en la
interpretación de una norma, es decir que desconoce el precedente; o (iii)
cuando la norma aplicable al caso no es tenida en cuenta por el fallador.
47. La caracterización del defecto
sustantivo como un error de la providencia judicial que se genera en el proceso
de interpretación o aplicación de las disposiciones jurídicas que rigen el
asunto sometido a consideración del juez, fue reiterado en las sentencias
SU-918 de 2013, SU-498 de 2016 y SU-395 de 2017. Así se ha concluido
que esta clase de actuaciones afectan el ordenamiento jurídico vigente y terminan
por desconocer los derechos fundamentales de quien acude a la administración de
justicia.
48.
De acuerdo con lo expuesto, las subreglas que llevan a configurar este defecto
se pueden resumir en las siguientes: (i) se aplica una disposición que perdió
vigencia por cualquiera de la razones previstas por el ordenamiento, por
ejemplo, su inexequibilidad o derogatoria por una norma posterior; (ii) se
aplica una norma manifiestamente inaplicable al caso y la aplicable pasa
inadvertida por el fallador; (iii) el juez realiza una interpretación
contraevidente -interpretación contra legem- o claramente
irrazonable o desproporcionada que afecta los intereses de las partes; (iv) el
juzgador se aparta del precedente judicial -horizontal o vertical- sin
justificación suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución.
Caso concreto
- Verificación del cumplimiento de los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela en los expedientes acumulados T-6.522.741, T-6.570.959, T-6.592.995 y T-6.710.353
Legitimación en la causa
49. Por
activa: Martha Liliana Rincón Mantilla (T-6.522.741) actúa a través de apoderado judicial, con lo cual cumple con este
presupuesto de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del Decreto ley 2591
de 1991, al haber otorgado poder a un profesional del derecho para que la
represente en el trámite de tutela.
Aida Judith Pabón Cervantes (T-6.570.959) actúa en nombre propio, por lo que se encuentra legitimada para formular
la presente solicitud de amparo.
Natalia Andrea Reinoso Villarraga (T-6.592.995), actúa a través de apoderado judicial, con lo cual cumple con este
presupuesto de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del Decreto ley 2591
de 1991, al haber otorgado poder a un profesional del derecho para que la
represente en el trámite de tutela.
Ingrid Paola Riaño (T-6.710.353), actúa en
nombre propio, por lo que se encuentra legitimada para formular la presente acción
de tutela.
50. Por pasiva: En el expediente T-6.522.741, se accionó a una autoridad
pública como es la Personería Municipal de Piedecuesta, por lo que en
concordancia con lo señalado en el artículo 5 del Decreto Ley 2591 de
1991[56],
se cumple con este presupuesto.
En el
expediente T-6.570.959, a tratarse de un contrato de
aprendizaje, se accionó a la empresa empleadora (Transportes Lafe SAS),
donde evidentemente se materializa una relación de subordinación, con lo cual
se cumplen con los presupuestos advertidos en el fundamento jurídico 8 de la
parte dogmática de esta decisión.
En el asunto identificado con el radicado
T-6.592.995, se accionó a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, por
lo que al ser una autoridad pública cumple con este presupuesto, de acuerdo a
lo señalado en el artículo 5 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Finalmente,
en el expediente T-6.710.353, se accionó al empleador con
ocasión del contrato laboral suscrito con la accionante, donde
evidentemente se materializa una relación de subordinación, con lo cual se
cumplen con los presupuestos advertidos en el fundamento jurídico 8 de la parte
dogmática de esta decisión.
Inmediatez
51. El análisis de este presupuesto atenderá a la fecha en que se
materializa la conducta a través de la cual presuntamente se afectaron los
derechos fundamentales invocados y la interposición de la acción de tutela.
i) En el expediente T-6.522.741 (Martha Liliana Rincón Mantilla contra la Personería
Municipal de Piedecuesta, Santander), el
15 de julio de 2017 se terminó el contrato de prestación de servicios, el cual
no fue renovado y el 26 de julio se interpuso la solicitud de amparo, es decir,
alrededor de 10 días después de que se produjo el presunto hecho vulnerador.
ii) En el expediente T-6.570.959 (Aida Judith Pabón Cervantes contra Transportes Lafe SAS), el 25 de marzo de 2017 se informó a la accionante vía electrónica
que el día siguiente (26 de marzo) llegaba a su fin el contrato de aprendizaje
y el 8 de junio siguiente interpuso la acción de tutela objeto de revisión, es
decir, poco más de dos meses desde que que se produjo el presunto hecho
vulnerador.
iii) En el expediente T-6.710.353 (por Ingrid
Paola Riaño contra Servi Arévalo Integral y Jardines de Los Andes SAS), la notificación de la terminación del contrato de trabajo se dio
el 29 de noviembre de 2017 y la acción de tutela se interpuso el 16 de enero de 2018, es decir, poco menos de dos meses después de
que se produjo el presunto hecho vulnerador.
52. Como se advierte, los espacios de tiempo trascurridos entre la
fecha de ocurrencia de los hechos objeto de censura y la interposición de las
acciones de tutela, no son extensos, prolongados o desproporcionados, así como
tampoco muestran una inactividad injustificada en la defensa de los derechos
fundamentales reclamados, que desdibuje la inminencia en la vulneración que
pretende conjurar la acción de tutela. Por lo expuesto, en las presentes
acciones de tutela se satisface el requisito de inmediatez.
Ahora bien, respecto del expediente T-6.592.995
(Natalia Andrea Reinoso Villarraga contra la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá), al tratarse de un asunto
de tutela contra providencia judicial, se abordará en el análisis respectivo
que sobre el particular se haga al verificar los presupuestos generales de
procedencia.
Subsidiariedad
53. Respecto al requisito de la subsidiariedad, se debe reiterar que cuando se reclama la efectividad de la protección especial a la
maternidad, procede la tutela como mecanismo judicial prevalente ya que
permite la eficacia de los mandatos que exigen la defensa de los derechos de
las trabajadoras y los del hijo recién nacido o que está por nacer; pues es de
vital importancia que durante la gestación y el post parto, las necesidades de
la madre y el niño sean atendidas oportuna e integralmente.
Así las cosas, y de conformidad con lo expuesto en el fundamento
jurídico número 14 de esta providencia, en principio
la acción de tutela por su naturaleza residual y subsidiaria, no es el mecanismo
idóneo para reclamar derechos o prestaciones laborales; no obstante, cuando se
encuentran comprometidos los derechos de la madre gestante y los de su hijo por
nacer o recién nacido, procede excepcionalmente como medida de asistencia y
protección a estos sujetos de especial protección constitucional.  En esta
medida, la Sala considera que en los casos objeto de
estudio la acción de tutela es procedente, toda vez que no existe duda que las
accionantes son sujetos de especial protección constitucional, por lo cual merecen mayores garantías que faciliten el
goce y disfrute de sus derechos fundamentales.
Adicionalmente, se debe indicar que en las circunstancias en las que
se encuentran las solicitantes, los mecanismos ordinarios de defensa carecen de
la idoneidad necesaria para la defensa exhaustiva e inmediata de los derechos
fundamentales vulnerados o amenazados, toda vez que no se puede desconocer que la especial situación de desamparo que se
genera después de la terminación del vínculo, por lo general afecta la fuente
de la cual obtienen su sustento.
54. No obstante lo expuesto, en este punto conviene hacer
unas precisiones respecto de la acción de tutela interpuesta por Martha Liliana Rincón Mantilla contra la Personería Municipal de
Piedecuesta, Santander (Expediente T-6.522.741), al
tratarse de una vinculación a través de la figura del contrato de prestación de
servicios. De conformidad con
lo establecido en la sentencia SU-070 de 2013, de manera preliminar procede la
Sala a establecer la procedencia de la protección por fuero de maternidad
reclamada por la señora Rincón Mantilla.
Al respecto vale recordar que en este tipo
de vínculo contractual se debe verificar si se está ocultando la existencia de
una auténtica relación laboral. Pues si bien la acción de tutela no es el
mecanismo judicial idóneo para declarar la configuración de un “contrato
realidad”, al existir las vías procesales ordinarias laborales o las
contencioso administrativas, a través de las cuales se puede buscar el
reconocimiento de una vinculación laboral, en los casos donde se encuentre en
inminente riesgo de afectación el mínimo vital de la accionante u otro derecho
constitucional fundamental, este estudio debe adelantarse por el juez de
tutela.
De entrada la Sala encuentra que al momento de la
suscripción del último contrato (021 de 2017) la accionante declaró como “Ingresos
y rentas obtenidos el último año gravable: Salarios y demás ingresos laborales
$12’300.000; Arriendos $6’000.000; TOTAL: $18’300.000; Bien inmueble por
$27’202.000; y sociedad conyugal vigente con Mario Leonel Reatiaga Ardila”,
aspecto que en principio llevaría a no advertir una afectación al mínimo vital
que haga procedente el amparo, sin embargo, en materia de protección a la mujer
gestante y de la persona que está por nacer, es necesario tener en cuenta que
cualquier afectación a su situación personal, laboral o contractual termina por
afectar sus garantías constitucionales, máxime cuando la misma manifestó que
del ingreso recibido “cubría los costos de salud, controles médicos
particulares que requiere por su estado especial y exclusivo de embarazo de
alto riesgo con producto valioso, así como también los gastos de transporte,
aportes en los diferentes egresos para su hogar como son alimentación,
arriendos, vestuario y demás gastos que por su nuevo estado se han
incrementado”. Aspecto que no fue rebatido en el trámite de tutela, con lo
cual la solicitud de amparo resulta procedente en este caso.
Presupuestos generales de procedencia de
la acción de tutela interpuesta por Natalia Andrea Reinoso Villarraga contra la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá (Expediente T-6.592.995)
55. Teniendo en cuenta lo dispuesto en la
sentencia C-590 de 2005, se analizarán los presupuestos de procedencia de la
acción de tutela cuando se interpone contra providencia judicial, de acuerdo a
lo señalado en el fundamento jurídico 42 de esta decisión.
i) El asunto
planteado tiene relevancia constitucional, pues la promotora del amparo
denunció la vulneración de los derechos al debido proceso, a la estabilidad
laboral reforzada de mujer embarazada y a las garantías fundamentales a favor
de la mujer gestante y de la persona que está por nacer, como consecuencia del
aparente desconocimiento de las normas que regulan la desvinculación y
terminación de una relación laboral con una mujer en estado de embarazo.
Lo anterior encuentra respaldo en el
reconocimiento de la estabilidad laboral reforzada, cuyo objetivo es proteger
al trabajador que por sus condiciones especiales es más vulnerable a ser
despedido por causas distintas al trabajo que desempeña, por lo que los motivos
que lleven a la terminación de su relación laboral deben estar asociados a
factores objetivos que se desprendan del ejercicio de sus funciones y sean
verificados por el Inspector de Trabajo.
ii) Respecto
del requisito general de agotar todos los mecanismos judiciales de defensa a
su disposición, la Sala advierte que en el presente asunto, la decisión
atacada por vía de tutela corresponde a la sentencia proferida por la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, con lo cual la parte actora solo
contaría con el recurso extraordinario de casación, siempre que el mismo fuera
procedente, situación que no ocurre en este caso, como pasa a exponerse.
Las pretensiones de la demanda se refieren
a la suma de los salarios dejados de percibir desde el momento de su
desvinculación hasta el reintegro, teniendo como base para liquidación de
prestaciones sociales la suma de $589.000, los que fueron calculados por la
parte demandante de la siguiente manera: (i) $2’118.194 por cesantías; (ii)
$254.183 por intereses a las cesantías; (iii) $25’418.333 por salarios dejados
de percibir; (iv) $1’887.500 por primas de servicios; (v) $2’678.400 por
aportes a pensión; (vi) $2’077.200 por aportes a salud; y (vii) $6’794.000 por
concepto de la indemnización contemplada en el artículo 99.3 de la Ley 50 de
1990 por no haber consignado las cesantías correspondientes al año 2012. Todo
lo anterior daría un total de $41’227.810.
En este punto conviene destacar que el
Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá que en su momento dictó sentencia
a favor de la accionante, consideró que el contrato se debió extender por el
término del embarazo y la licencia de maternidad, por lo que estableció que
existió una relación laboral entre el 1 de noviembre de 2012 y el 27 de octubre
de 2013 cuando finalizó la referida licencia que le fue otorgada, con un
salario mensual de $587.000, más $67.800 por auxilio de transporte para 2012, y
de $589.500, más $70.500 auxilio de transporte por ser el salario mínimo para
el 2013.
Por lo que determinó como suma final por
concepto de salarios insolutos $6’775.167, haciendo la deducción por el pago de
la liquidación respectiva. Así como los pagos correspondientes a cesantías,
intereses a las cesantías, primas de servicios y vacaciones. En igual sentido,
condenó a la parte demandada a la sanción establecida en el artículo 239.3 del
Código Sustantivo del Trabajo por $1’179.000.
Teniendo en cuenta lo anterior, se destaca
que el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (modificado
por el art. 43 de la Ley 712 de 2001), señala: “sólo serán susceptibles del
recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de ciento veinte (120)
veces el salario mínimo legal mensual vigente”.
Entonces, si para el 2017 el salario mínimo
era de $737.717, la cuantía para poder acudir al recurso de casación estaría en
$88’526.040, con lo cual se cumple este presupuesto de procedibilidad, en la
medida que la accionante no contaba con otro medio de defensa judicial para
reclamar la protección a sus derechos fundamentales, pues la cuantía del
proceso no excede los 120 salarios mínimos legales mensuales, exigidos en la
norma.
iii) La accionante
identificó de manera razonable los hechos que generaron la vulneración de sus
derechos, así como las irregularidades que, estima, hacen procedente la
acción de tutela. Los hechos están claramente detallados en la demanda y
debidamente soportados en las pruebas documentales aportadas.
La actora también explicó el yerro
atribuido a la decisión judicial atacada, como fue la configuración de un
defecto sustantivo, por aplicación indebida de normas civiles a un asunto que
debió resolverse acorde a la legislación laboral, así como el desconocimiento
de normas constitucionales (arts. 13 y 53 de la Carta Política).
iv) La acción de tutela fue interpuesta en un término
razonable. De cara a este requisito, la Sala considera
importante destacar que la jurisprudencia constitucional no ha establecido un
término específico para la presentación de la acción de tutela, dado que se
trata de un requisito que debe ser valorado de cara a las circunstancias de
cada caso concreto, a partir de las condiciones particulares del accionante y
la posibilidad efectiva que ha concurrido para acceder a las vías judiciales
ordinarias.
En tal medida se
ha exigido que el amparo se eleve dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración, sin que para ello
exista un plazo perentorio, toda vez que se ha insistido en que no existe un
término de caducidad para la acción de tutela, debido a que el artículo 86 de
la Constitución establece que esta puede intentarse “en todo momento”,
sin que ello implique que la inmediatez no sea esencial en el examen de
procedibilidad de la acción de tutela[57].
En este caso, la
decisión judicial atacada se profirió el 28 de marzo de 2017, siendo notificada
en estrados, por su parte la acción de tutela se interpuso el 7 de noviembre de
2017, si bien, en principio se advierte que el amparo se elevó poco más de 7
meses después de dictada la decisión objeto de reproche, este término resulta
razonable dadas las especiales condiciones de la parte accionante, pues se
trata de un sujeto que reviste una especial protección constitucional que está
procurando la protección no solo de sus derechos fundamentales sino también de
su hijo.
Por lo que en este
caso no es adecuado establecer un plazo perentorio para acudir a la acción de
tutela cuando se desconocieron los derechos de la mujer gestante e incluso del
que está por nacer, es necesario dar prevalencia a las garantías fundamentales
a favor de los sujetos de especial protección constitucional.
Finalmente, es preciso
evidenciar que mediante las sentencias T-100 de 2010, T-246 y T-253 de 2015, y
recientemente la T-198 de 2018, esta Corporación realizó análisis similares del
cumplimiento del requisito de inmediatez, en casos en los cuales se presentaron
acciones de tutela en los que habían transcurrido siete y ocho meses entre la
notificación de la providencia judicial atacada y la presentación de la acción
de tutela.
Así las cosas, y
debido a que el término de presentación de la acción de tutela no es
irrazonable y desproporcionado, la Corte concluye que el requisito de
inmediatez se encuentra satisfecho.
v) Por
último, la acción de tutela no se dirige contra un fallo de tutela. La
actora ataca la decisión proferida el 28 de marzo de 2017 por la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Bogotá, que revocó la decisión de primera instancia y
negó las pretensiones de la demanda laboral interpuesta contra Activos SA.
56. Como quiera
que se encuentran cumplidos los presupuestos para analizar de fondo las
presentes acciones de tutela, la Sala de Revisión pasa a desarrollar el estudio
respectivo.
-
Análisis de fondo de los expedientes acumulados T-6.522.741,
T-6.570.959, T-6.592.995 y T-6.710.353
Expediente
T-6.522.741 (Martha
Liliana Rincón Mantilla contra la Personería Municipal de Piedecuesta,
Santander)
55. Para
abordar la situación fáctica del caso bajo análisis, la Sala señalará las
circunstancias que se encuentran acreditadas:
56. Entre
la señora Rincón Mantilla y la Personería Municipal de Piedecuesta se
suscribieron una serie de contratos de prestación de servicios de manera
interrumpida, como pasa a señalarse:
- Contrato 012-015, suscrito el 21 de
enero del 2015, con acta de inicio del 22 de enero del 2015 y fecha de
terminación del 21 de abril del 2015, cuyo objeto fue la prestación de
servicios de apoyo a la gestión como judicante, en acompañamientos y visitas
que requieran las Inspecciones I y II de Policía; su valor fue la suma de
$2.700.000.
- 4 días hábiles después se celebró el contrato 029-015, suscrito
el 27 de abril del 2015, con acta de inicio del mismo día y fecha de
terminación del 10 de junio del 2015, cuyo objeto fue la prestación de
servicios de apoyo a la gestión como judicante, en acompañamiento y visitas que
requieran las Inspecciones I y II de Policía y las demás delegadas por el jefe
inmediato; su valor fue la suma de $1.350.000.
- 4 días hábiles después se celebró el contrato 041-015, suscrito
el 17 de junio del 2015, acta de inicio suscrita el mismo día y fecha de
terminación del 16 de agosto del 2015, cuyo objeto fue la prestación de
servicios de apoyo a la gestión como judicante, en acompañamientos y visitas
que requieran las Inspecciones I y II de Policía, además de adelantar los
procesos disciplinarios correspondientes a esas inspecciones y las demás
delegadas por el jefe inmediato; el contrato tuvo un valor de $1.800.000.
- Al día hábil siguiente se celebró el contrato 063-015, suscrito
el 18 de agosto del 2015, acta de inicio suscrita el mismo día y fecha de
terminación el 17 de octubre del 2015, cuyo objeto fue la prestación de
servicios de apoyo a la gestión como judicante, realizando actividades
jurídicas y administrativas propias de la Personería de Piedecuesta, por un
valor de $1.800.000.
- 10 días hábiles después se celebró el contrato 076-015, suscrito
el 3 de noviembre del 2015, acta de inicio suscrita el 6 de noviembre del 2015
y fecha de terminación del 5 de diciembre del 2015, cuyo objeto fue la
prestación de servicios de apoyo a la gestión como judicante, realizando
actividades jurídicas y administrativas propias de la Personería de Piedecuesta
por un valor contractual de $900.000.
- Al día hábil siguiente se celebró
el contrato 093-015, suscrito el 7 de diciembre del
2015, acta de inicio suscrita el mismo día y fecha de terminación el 30 de
diciembre del 2015, cuyo objeto fue la prestación de servicios de apoyo a la
gestión como judicante, realizando actividades jurídicas y administrativas
propias de la Personería de Piedecuesta, por un valor de $800.000.
- 6 días hábiles después se celebró el contrato 005-016, suscrito
el 12 de enero del 2016, acta de inicio suscrita el mismo día y fecha de
terminación el 4 de marzo del 2016, cuyo objeto fue la prestación de servicios
de apoyo a la gestión como judicante, realizando actividades jurídicas y
administrativas propias de la Personería de Piedecuesta, por valor de
$1.900.000.
- 5 días hábiles después se celebró el contrato 021-016, suscrito
el 11 de marzo del 2016, acta de inicio suscrita el 16 de marzo del 2016 y
fecha de terminación el 15 de abril del 2016, cuyo objeto fue la prestación de
servicios de apoyo a la gestión como judicante, en la realización de
actividades jurídicas y administrativas propias de la Personería de
Piedecuesta, tales como el acompañamiento y seguimiento de los procesos y
procedimientos policivos realizados por las Inspecciones de Policía de
Piedecuesta, por un valor de $950.000.
- 14 días hábiles después se celebró el contrato 034-016, suscrito
el 6 de mayo del 2016, acta de inicio del 10 de mayo del 2016 y fecha de
terminación el 9 de octubre del 2016, ahora en calidad de profesional del
derecho; luego se suscribió una adición con fecha de terminación del 23 de
diciembre del 2016. Su objeto fue la prestación de servicios de apoyo a la
gestión, en la realización de actividades jurídicas y administrativas propias
de la Personería de Piedecuesta, tales como el acompañamiento y seguimiento de
los procesos y procedimientos policivos realizados por las Inspecciones de
Policía de Piedecuesta. El valor inicial del contrato fue de $5.500.000 y posteriormente
tuvo un valor adicional de $2.750.000.
- 13 días hábiles después se celebró el contrato 021-017, suscrito
el 12 de enero del 2017, acta de inicio suscrita el 16 de enero del 2017 y
fecha de terminación del 15 de julio del 2017, cuyo objeto fue la prestación de
servicios de apoyo a la gestión, en la realización de actividades jurídicas y
administrativas propias de la Personería de Piedecuesta, tales como el
acompañamiento y seguimiento de los procesos y procedimientos policivos
realizados por las Inspecciones de Policía de Piedecuesta; el contrato fue por
un valor de $9.000.000.
57. En
desarrollo del último contrato, esto es, el 11 de julio de 2017, la señora
Rincón Mantilla presentó por escrito notificación del estado de embarazo[58], aspecto que
fue aceptado por la entidad contratante el 12 de julio siguiente[59].
58. El 15
de julio de 2017 se terminó el contrato de prestación de servicios, el cual no
fue renovado.
59. En la
misma oportunidad en que se terminó el contrato suscrito con la accionante se
cumplió el término para 6 contratos más, los cuales no fueron renovados. Estos
contratos fueron relacionados así: (i) Laura Juliana Luna Arias con fecha de
inicio 11 de enero de 2017 y terminación 10 de julio de 2017 (6 meses), cuyo
objeto era apoyo a la gestión en actividades jurídicas y administrativas; (ii)
Guillermo Alfonso Núñez Robayo con fecha de inicio 12 de enero de 2017 y
terminación 11 de julio de 2017 (6 meses), cuyo objeto era apoyo a la gestión
en descongestión de procesos disciplinarios; (iii) Andrés Felipe Parada Londoño
con fecha de inicio 23 de enero de 2017 y terminación 22 de junio de 2017 (5
meses), cuyo objeto era apoyo a la gestión como judicante en actividades
jurídicas y administrativas; (iv) Julieth Vanesa Cabrera Jaimes con fecha de
inicio 25 de enero de 2017 y terminación 24 de junio de 2017 (5 meses), cuyo
objeto era apoyo a la gestión en actividades jurídicas y administrativas; (v)
Laura Mercedes Duarte con fecha de inicio 23 de marzo de 2017 y terminación 1
de junio de 2017 (3 meses), cuyo objeto era prestar servicios profesionales
para implementar SGC y modelo estándar de control interno; y (vi) Claudia
Jazmín Castro López con fecha de inicio 23 de febrero de 2017 y terminación 2
de junio de 2017 (2 meses), cuyo objeto era prestar servicios profesionales de
apoyo a descongestión de procesos disciplinarios (folios 245 a 250 cuaderno
principal).
60. En
igual sentido se celebraron 5 nuevos contratos de prestación de servicios pero
con objetos contractuales diferentes, así: (i) Andrés Felipe Maldonado con
fecha de registro presupuestal 17 de julio de 2017, para apoyo a la gestión en
actividades jurídicas y administrativas para procesos de contratación estatal;
(ii) Natalia Rueda con fecha de registro presupuestal 29 de junio de 2017, para
apoyo a la gestión asistencia operativa y logística para archivo y otras
actividades; (iii) Natalia Rojas con fecha de registro presupuestal 24 de julio
de 2017, para apoyo a la gestión para trámite y seguimiento a peticiones; (iv)
Lady González con fecha de registro presupuestal 17 de julio de 2017, para
apoyo a la gestión para actividades jurídicas y administrativas en asuntos
ambientales; y (v) Cielo Hasbleidy Delgado Bautista con fecha de registro
presupuestal 17 de julio de 2017, para apoyo a la gestión como judicante en
actividades jurídicas y administrativas de proyección de respuestas a
peticiones.
61. En este punto, corresponde establecer
si en este caso están dados los elementos para que se configure una relación
laboral, a saber: (i) el salario, (ii) la continua subordinación o dependencia
y (iii) la prestación personal del servicio. Así en caso de que
concurran estos tres elementos en una vinculación mediante contrato de
prestación de servicios de una trabajadora gestante o lactante, podrá
concluirse que se está en presencia de un verdadero contrato de trabajo.
Así es necesario aclarar que este Tribunal Constitucional, en la sentencia C-614 de 2009,
fijó cinco criterios para diferenciar un contrato de prestación de servicios en
entidades públicas de uno laboral, a saber:
i) Criterio funcional: si la
función contratada se refiere a aquellas que usualmente debe adelantar la
entidad pública, en los términos señalados en el reglamento, la ley y la
Constitución, debe ejecutarse mediante un vínculo laboral.
ii) Criterio de igualdad: si
las labores desarrolladas por el contratista son las mismas que las de los
servidores públicos vinculados a la planta de personal de la entidad, debe
acudirse a la relación legal y reglamentaria o al contrato laboral y no a la
contratación pública.
iii) Criterio temporal o de la
habitualidad: si las funciones contratadas demuestran el ánimo de la
administración de emplear de modo permanente y continuo los servicios de una
misma persona y se encuentra que no se trata de un vínculo de tipo ocasional o
esporádico, se trata de una relación laboral.
iv) Criterio de la
excepcionalidad: si la tarea acordada corresponde a una “actividad nueva”
que no puede ser desarrollada por el personal de planta, o se requieren
conocimientos especializados, o de manera transitoria resulta necesario
redistribuir funciones por la excesiva carga laboral para el personal de
planta, puede acudirse a la contratación pública. Es decir que, si la gestión
contratada equivale al “giro normal de los negocios” de la entidad, las labores
se deben desempeñar por medio de una relación laboral y no contractual.
v) Criterio de la continuidad:
si la vinculación se realiza mediante contratos sucesivos de prestación de
servicios, para desempeñar funciones de carácter permanente, la relación
existente es de tipo laboral.
62. Conforme
a lo expuesto, la Sala partirá de lo
consignado en el último contrato (021 de 2017), pues fue la relación vigente al
momento en que la accionante quedó en estado de gestación.
63. En primer lugar, la Sala advierte que
el salario constituye toda remuneración en dinero o en especie que recibe un
trabajador como contraprestación al servicio prestado. Para el caso particular,
se aprecia que en el contrato suscrito entre la señora Martha Liliana Rincón
Mantilla y la Personería Municipal de Piedecuesta (021/2017), efectivamente se
pactó un valor económico como remuneración y una forma de pago, dado que el
contrato se suscribió por valor total de $9’000.000,
pagaderos en mensualidades de $1.500.000, previa presentación de informe de
actividades, constancia de cumplimiento del supervisor y comprobante de pago al
SGSSS en salud, pensión y riesgos laborales.
Es decir, la
accionante recibía una retribución por los servicios prestados, la cual, bien
podría ser tenida como salario, sin embargo, no se puede desconocer que la
remuneración es un elemento ordinario y común a todos los contratos, por lo que
es la subordinación, como elemento primordial del contrato de trabajo, la que
define la relación laboral.
64. En cuanto a la figura de la
subordinación, encuentra la Sala es aquella facultad del empleador de dar
órdenes en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo.  En este caso, la Sala
observa que la misma no está probada, ya que dentro del contrato suscrito por
los sujetos procesales no se fijó un horario de trabajo, por lo que podría
entenderse que la accionante disponía libremente de su tiempo, a pesar de
constar en el expediente de planillas de atención al público o acompañamientos
a diligencias[60].
65. Adicionalmente, tampoco existen pruebas
que respalden la afirmación que la señora Rincón Mantilla recibía órdenes en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, pues si bien se pactaron unas
obligaciones entre las que se hallan presentar informes al supervisor del
contrato, tal circunstancia no tiene la entidad suficiente como para determinar
la dependencia de la peticionaria respecto a la Personería de Piedecuesta, máxime
si está en la obligación de vigilar y  asegurar la adecuada ejecución del
contrato.
66. En suma, para la Sala, en principio y
de acuerdo con el material probatorio obrante, no es posible establecer que en
este caso existiera subordinación por parte de la señora Rincón Mantilla respecto
de la Personería Municipal de Piedecuesta, razón por la cual se abstendrá de
realizar pronunciamiento frente a la prestación personal del servicio;
situación que no obsta para que si la accionante considera que existió un
contrato realidad, acuda al mecanismo de defensa respectivo, para dirimir
definitivamente la presente controversia, de cara a los criterios sentados por
estas Corporación, como son: i) funcional; ii) de igualdad;
iii) temporal o de la habitualidad; iv) de excepcionalidad; y v) de continuidad[61].
67. Ahora bien, lo expuesto no implica que
la accionante esté desprotegida frente a la presunta amenaza o vulneración de
sus derechos fundamentales, toda vez que la protección reforzada a la mujer en
estado de gestación procede de manera autónoma a la forma de vinculación. Sobre
el particular, la Corte Constitucional ha establecido que el hecho de no
encontrar probada una relación de trabajo, no impide otorgar una protección por
vía de tutela a la madre gestante, posición que ha sido reiterada en las
sentencias T-346 de 2013, T-715 de 2013, T-238 de 2015, T-102 de 2016, y
recientemente retomada en la T-030 de 2018[62].
68. En igual sentido, en la sentencia T-030
de 2018 señaló que una entidad no puede alegar el cumplimiento del plazo
contractual para la no renovación de un contrato de prestación de servicios de
una mujer embarazada, cuando se aprecian los siguientes supuestos fácticos: (i)
conoce el estado de gestación de la contratista; y (ii) el objeto contractual persiste;
y (iii) no cuenta con el permiso del inspector de trabajo para dar por
terminado el contrato por justa causa, el cual se activa al verificarse las dos
primeras condiciones[63].
69. Así las cosas, en el caso bajo estudio
se encuentran acreditadas las anteriores circunstancias. En primer lugar, la
señora Rincón Mantilla antes del vencimiento del plazo del contrato notificó a
la Personería de Piedecuesta su situación, esto es, el 11 de julio y el
contrato terminó el 15 de julio siguiente, aspecto que no fue controvertido por
esa entidad.
70. En segundo lugar, la ejecución del
objeto contractual persiste, en razón a que se refería a “servicios de apoyo a la gestión, en la realización de las
actividades jurídicas y administrativas propias de la Personería Municipal de
Piedecuesta, tales como el acompañamiento y seguimiento de los procesos y
procedimientos policivos realizados por las Inspecciones de Policía del
Municipio de Piedecuesta”, actividades que en sí
mismas son propias del funcionamiento de esa entidad, por lo que no se trataba
de una actividad nueva o de carácter accidental.
Así, a pesar de que la Personería de
Piedecuesta alegue que el objeto contractual terminó y para ello haga alusión a
contratos que corrieron la misma suerte, la generalidad del fin para el cual se
firmó el acto jurídico sometido a examen, permite a esta Sala de Revisión
inferir que el mismo se mantiene[64].
Lo anterior adquiere mayor relevancia si se
tiene en cuenta que desde el año 2015 se venían firmando contratos de
prestación de servicios, ya fuera en la categoría de judicante o como
profesional del derecho, aspecto que se dejó de presentar una vez la accionante
informó su estado de embarazo.
71. En tercer lugar, el ente accionado no
obtuvo autorización del Ministerio del Trabajo para dar por terminado el contrato
de prestación de servicios, elemento determinante para desvirtuar que la
desvinculación se dio como resultado del embarazo de la contratista, máxime si
se tiene en cuenta que la accionante venía suscribiendo contratos con la
entidad accionada de manera regular.
72. En consecuencia, esta Corporación
advierte que en efecto existió vulneración a la especial protección de la mujer
embarazada y de la persona que está por nacer, al abstenerse de renovar el
contrato de prestación de servicios suscrito con la accionante.
73. En este punto destaca la Sala que entre
las modalidades de protección que se han adoptado en las providencias referidas,
se encuentran la renovación de la relación contractual, el pago de los
honorarios dejados de percibir, la indemnización y la licencia de maternidad;
sin embargo, atendiendo las particularidades del caso, esta Sala solo ordenará
el pago del porcentaje correspondiente a las cotizaciones realizadas al Sistema de
Seguridad Social desde la fecha en la que no le fue renovado su contrato hasta la terminación de su período de lactancia; la
cancelación de la licencia de maternidad, y la renovación del contrato de
prestación de servicios, toda vez que según como quedó acreditado, se advierte
que persisten la circunstancias iniciales que dieron origen a la misma, al
menos hasta el mismo periodo de lactancia.
Expediente
T-6.570.959 (Aida Judith Pabón Cervantes contra
Transportes Lafe SAS)
74. Para abordar la situación fáctica del caso
bajo análisis, la Sala señalará las circunstancias que están acreditadas:
75. La accionante se vinculó en la
modalidad de aprendiz con la empresa Transportes Lafe SAS, del 27 de septiembre
de 2016 al 26 de marzo de 2017, en el cargo de técnico en seguridad ocupacional.
76. El 2 de marzo de 2017, la señora Pabón
Cervantes a través de correo electrónico informó a la coordinadora de gestión
humana sobre su estado de embarazo, para tal fin anexó los exámenes médicos
respectivos, situación que fue reconocida por la empresa.
77. El 25 de marzo de 2017 se le informó
vía electrónica que el contrato de aprendizaje finalizaba el 26 de marzo
siguiente y no sería vinculada nuevamente.
78. Para la Sala, como se expuso en la parte considerativa de esta
decisión, dicha actuación es contraria al ordenamiento constitucional[65]
y por tanto, su aplicación va en contra del precedente jurisprudencial sentado
por la Corte[66].
En efecto, es importante reiterar que la
protección de la mujer en estado de gestación se estableció en razón a
los principios de solidaridad, estabilidad laboral reforzada y protección
laboral de la mujer en estado de embarazo y de la persona que está por nacer,
por lo que aunque el contrato de aprendizaje no tiene la naturaleza de un
contrato laboral, sí se equipara a este como modalidad especial dentro del
derecho ordinario laboral, en lo concerniente a la protección del fuero por
maternidad, con lo cual la mujer en estado de gestación tiene derecho a la
activación del fuero por maternidad previsto en el ordenamiento, a fin de
materializar el deber tanto del Estado como de los particulares de proteger sus
derechos fundamentales.
Lo anterior implica que la empresa
patrocinadora está en la obligación de brindar a la aprendiz en estado de
embarazo: (i) estabilidad reforzada durante el contrato de aprendizaje y
el periodo de protección por fuero de maternidad; (ii) el pago de las
cotizaciones correspondientes a salud sin importar en qué etapa del contrato de
aprendizaje se encuentre; y (iii) el pago del correspondiente apoyo de
sostenimiento.
79. Por tanto,
a pesar de las particularidades que envuelve este tipo de vinculación, cuando
se está frente a los derechos de la mujer gestante, así como los de la persona
que está por nacer, esta relación adquiere las características propias de un
vínculo laboral, por lo que se debe verificar si: (i) la terminación del
contrato de aprendizaje se presentó durante el periodo de gestación; y (ii)
solicitar autorización ante la autoridad laboral, a fin de desvirtuar la presunción
bajo la cual el despido es consecuencia del estado de embarazo.
80. En este
caso, en efecto la terminación del contrato de aprendizaje se presentó durante
el periodo en el que la accionante se encontraba en estado de embarazo, toda
vez que este se produjo el 26 de marzo de 2017, cuando ya se había informado
sobre su condición de mujer embarazada (2 de marzo de 2017) [67].
81. Frente al
nexo causal entre la terminación del contrato de aprendizaje y el estado de
embarazo, se encuentra cumplido el requisito que
establece que “el despido se produjo como consecuencia del embarazo”. En
esta ocasión la Sala se apoya, en primer lugar, en la presunción legal que consagra
el numeral segundo del artículo 239 del CST, según la cual: “Se presume que
el despido se ha efectuado por motivo de embarazo o lactancia, cuando ha tenido
lugar dentro del período de embarazo o dentro de los tres meses posteriores al
parto, y sin autorización de las autoridades de que trata el artículo siguiente”[68].
82. Entonces, ante la ausencia de permiso del Ministerio del Trabajo
para autorizar la desvinculación laboral de la actora, esta carece de efecto,
dado que se debió obtener la previa autorización del funcionario del trabajo.
83. En
este contexto, se seguirá la línea de responsabilidad sentada en la sentencia
SU-070 de 2013, de cara al contrato a término fijo, que alude a que cuando el
empleador conoce en desarrollo de esta alternativa laboral el estado de
gestación de la empleada y la desvincula una vez vencido el contrato, alegando
como una justa causa el vencimiento del plazo pactado, sin acudir ante el
inspector del trabajo, el juez de tutela debe ordenar el reconocimiento de las
cotizaciones durante el periodo de gestación y la renovación si se demuestra
que las causas del contrato laboral a término fijo no desaparecen.
Dado
que la vinculación como aprendiz de la señora Pabón Cervantes se dio a partir
del proceso de formación como Técnico en Seguridad Ocupacional, el cual según
el perfil que otorga el SENA se materializa a partir de una serie de actividades llevadas a cabo para
la identificación y control de las causas de accidentes laborales, a partir del
manejo de las diferentes situaciones de prevención y promoción de la salud de
los trabajadores[69].
Por
su parte, la empresa Transportes Lafe SAS tiene por objeto social “la
actividad de servicio público de transporte terrestre automotor en la modalidad
de carga, a nivel nacional e internacional, pudiendo transportar, comprar y vender,
todo tipo de productos, mercancías, bienes o elementos, bien a nivel de carga
seca, líquida o refrigerada. Adicionalmente podrá dedicarse a: a) Promover el
pleno aprovechamiento de los medios de transporte de carga; b) adquirir,
enajenar, administrar, arrendar y adoptar cualquier otra forma de explotación
de vehículos automotores para el transporte público, tanto en la modalidad de
carga como en otras respecto de las cuales obtuviere autorización
posteriormente; c) afiliar, administrar o contratar vehículos propios, de los
socios o terceros; d) la compra y venta de repuestos automotores”, entre muchas otras[70].
Con
todo, es evidente que en este caso las causas que dieron origen al contrato de
aprendizaje se mantienen, en orden a las calidades de formación de la
accionante frente al objeto social de la empresa contratante.
84. En
consecuencia, se ordenará a Transportes Lafe SAS que renueve el contrato de
aprendizaje a la señora Aida Judith Pabón Cervantes en el cargo que desempeñaba
o a otro que esté en iguales o mejores condiciones, hasta completar desde su
vinculación inicial el término de 2 años[71]
para que finalmente se determine si se inicia una nueva vinculación pero
mediante contrato laboral. Del mismo modo, se ordenará: (i) la cancelación de
las cuotas por concepto de apoyo de sostenimiento producidas  por el contrato
de aprendizaje y (ii) el pago de las cotizaciones a salud, como quiera que la
terminación del contrato de aprendizaje careció de efecto en lo relativo a la
protección a la maternidad y actualmente se encuentra vinculada al régimen
subsidiado[72].
Expediente
T-6.592.995 (Natalia Andrea Reinoso Villarraga contra
la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá)
85. Para
abordar la situación fáctica del caso bajo análisis, la Sala señalará las
circunstancias que están acreditadas:
86. El 1 de noviembre de 2012, entre la
señora Reinoso Villarraga y la firma Activos SA se celebró un contrato laboral
por obra o labor contratada, para que se desempeñara como encuestadora, por un
salario mensual de $587.000.
87. El 6 de noviembre de 2012 la accionante
conoció su estado de embarazo y lo informó a su empleador, circunstancia que
fue reconocida en el trámite de tutela[73].
88. El 11 de diciembre de 2012, en atención
a un acuerdo de transacción, se dio por terminada la relación laboral, sin
contar con autorización del Ministerio del Trabajo. En concreto en el acuerdo
transaccional se consignó: “Las partes han convenido finalizar
el contrato de mutuo acuerdo teniendo como último día laborado el 11 de
diciembre de 2012.(…) Las partes han convenido transar cualquier diferencia que
pueda surtir del contrato de trabajo que vinculó a las partes (…) Sin que este
hecho implique la continuidad de la relación laboral, se continuará con el pago
de los aportes al sistema de seguridad social en salud de la trabajadora hasta
el 30 de agosto de 2013”.
89. El 1 de febrero de 2015, la accionante
interpuso demanda ordinaria laboral cuyas pretensiones estuvieron encaminadas a
obtener el reconocimiento y pago de los derechos laborales por haber sido
despedida en estado de embarazo. Como sustento de sus pretensiones afirmó que
fue coaccionada a firmar el mencionado acuerdo dadas las especiales condiciones
en que se encontraba, por lo que se le vulneraron sus derechos a la estabilidad
laboral reforzada y al mínimo vital suyo y de la persona que está por nacer.
90. El 9 de noviembre de 2016 el Juzgado
Quinto Laboral del Circuito de Bogotá dictó sentencia a favor de la accionante
al establecer que la actora gozaba de la protección laboral reforzada propia
del fuero por maternidad, conforme lo consagrado en el artículo 236, 239 y
241.1 del Código Sustantivo del Trabajo, por lo que el contrato de transacción
no tenía validez. Explicó que es necesario que la autoridad laboral competente
otorgue el visto bueno a este tipo de acuerdos transaccionales, de lo contrario
la terminación del contrato se torna ineficaz. En consecuencia, consideró que
el contrato se debió extender por el término del embarazo y la licencia de
maternidad, por lo que estableció que existió una relación laboral entre el 1
de noviembre de 2012 y el 27 de octubre de 2013 cuando finalizó la referida
licencia que le fue otorgada.
91. Esta decisión fue apelada en estrados
por Activos SA, al considerar que el acto de transacción no fue objeto de
ningún tipo de coacción, ni vicio alguno del consentimiento (error, fuerza y
dolo), donde en su calidad de empleador se comprometió a pagar las cotizaciones
a salud hasta la fecha probable del parto, lo que lejos de ser una presión fue
una garantía a los derechos de la trabajadora embarazada.
92. El 28 de marzo de 2017, la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión de primera instancia, en la
medida que el contrato de transacción permite a las partes terminar un litigio
pendiente o evitar un litigio eventual. Para la autoridad accionada la
transacción suscrita no vulneró derechos ciertos e indiscutibles, pues la
trabajadora aceptó finalizar por mutuo acuerdo su contrato de trabajo, sin que
se hubiere probado actos de presión sobre la demandante. En estas condiciones
consideró que se trató de un acto de disposición del trabajador. En específico
indicó:
“(...)
acreditado está que entre la actora y Activos S.A., se firmó el 11 de diciembre
de 2012 un acuerdo de transacción en el que se indicó, en lo que interesa al
recurso, que la demandante prestó servicios en la demandada mediante un
contrato de obra o labor contratada con vigencia 1o de noviembre al
11 de diciembre de 2012, el cuál finalizó por mutuo acuerdo y con el fin de
transar cualquier diferencia, la empresa pagaría los aportes a la seguridad
social en salud hasta el 30 de agosto de 2013, sin que este hecho implicara
continuidad del vínculo laboral, así se consignó en este documento (...).
Sobre el
contrato de transacción debe indicarse que el artículo 2469 del Código Civil
dice ‘la transacción es un contrato en que las partes terminan
extrajudicialmente un litigio o precaven un litigio eventual, no es transacción
el acto que solo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa’.
En forma
específica el ordenamiento laboral en el artículo 15 explica ‘es válida la
transacción en los asuntos del trabajo salvo cuando se trate de derechos
ciertos e indiscutibles’, por su parte la Corte Constitucional con relación a
los contratos de obra o labor contratada que suscriben las empresas de
servicios temporales ha enseñado que estos deben tener un límite sea en el
tiempo o al culminarse una actividad determinada, de manera que el vínculo
subsiste mientras el usuario requiere los servicios del trabajador o se haya
terminado la labor para la cual fue contratado y cuando se trate de mujeres en
estado de embarazo la protección prevalece de manera que para proceder a su
despido se ‘deberá configurar una justa cusa o razón objetiva y conseguirse la
autorización del funcionario’, esto se puede consultar en la sentencia T-862 de
2003, de manera que las mujeres en estado de gestación gozan de estabilidad
laboral reforzada, aún en los contratos celebrados de obra o labor contratada,
lo que prohíbe al empleador finalizar sus contratos de trabajo sin causa
justificada y sin la autorización de la autoridad competente, condiciones en el
presente asunto que no debía observar la demandada, como quiera que con
fundamento en la transacción que se celebró el 11 de noviembre de 2012, de
común acuerdo las partes finalizaron el contrato que las unía, lo que descarta
que en principio la terminación del contrato de trabajo (...) ocurrió por
despido de Activos S.A., pues ninguna prueba acredita que fue el empleador el
que tomó la decisión de finalizar el contrato de trabajo por el estado de
embarazo de la demandante.
Desde el
punto de vista jurídico el hecho del estado de embarazo de la señora Natalia
Reinoso Villarraga hace presumir que la terminación del contrato de trabajo fue
con ocasión de su estado, sin que ello implique que el demandado no pueda
probar como en este caso que el vínculo finalizó por el acuerdo de voluntades
de las partes, entonces para la Sala la transacción que suscribieron las partes
no vulneró derechos ciertos e indiscutibles de la señora (...) por cuanto si
bien gozaba de estabilidad reforzada por su estado de gravidez, la trabajadora
en forma libre y voluntaria aceptó finalizar por mutuo acuerdo su contrato,
porque no se probaron hechos de presión que citó la demandante en el escrito de
demanda, luego como el artículo 61 literal B del Código Sustantivo del Trabajo
consagra el mutuo acuerdo como un modo legal de terminación del contrato de
trabajo, bajo el entendido que la manifestación de la voluntad de las partes
estuvo exenta de vicios y se reitera, acá la demandante, no demostró lo
contrario, no existe motivo para invalidar la transacción”.
93. Hecho el anterior recuento, proceden la
Corte al estudio del defecto alegado por la parte actora, a efectos de
determinar si la decisión judicial atacada vulneró algún derecho fundamental.
Materialización del defecto sustantivo.
94. En primer lugar, la Sala encuentra
necesario destacar que el acuerdo de transacción por medio del cual se dio por
terminada la relación laboral que ahora se analiza indicaba: “Las
partes han convenido finalizar el contrato de mutuo acuerdo teniendo como
último día laborado el 11 de diciembre de 2012.(…) Las partes han convenido
transar cualquier diferencia que pueda surtir del contrato de trabajo que
vinculó a las partes (…) Sin que este hecho implique la continuidad de la
relación laboral, se continuará con el pago de los aportes al sistema de
seguridad social en salud de la trabajadora hasta el 30 de agosto de 2013”.
95. Por su parte, en la decisión objeto de reproche se
destacan los siguientes argumentos:
i) El artículo 2469 del Código
Civil establece que “la transacción es un contrato en que las partes
terminan extrajudicialmente un litigio o precaven un litigio eventual, no es
transacción el acto que solo consiste en la renuncia de un derecho que no se
disputa”.
ii) El artículo 15 del CST explica
que “es válida la transacción en los asuntos del trabajo salvo cuando se
trate de derechos ciertos e indiscutibles”.
iii) Atendiendo la protección a
favor de mujeres en embarazo, para dar por terminado un contrato de obra o
labor se debe configurar una justa cusa o razón objetiva y conseguirse la
autorización del funcionario competente.
iv) En el presente asunto la
demandada no debía observar tales condiciones atendiendo la transacción de
común acuerdo que celebraron las partes, lo que descarta un despido por parte
de Activos SA.
v) No existe prueba alguna que
acredite que fue el empleador el que tomó la decisión de finalizar el contrato
de trabajo por el estado de embarazo de la demandante.
vi) Para la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá la mencionada transacción no vulneró derechos
ciertos e indiscutibles, por cuanto la trabajadora en forma libre y voluntaria
aceptó finalizar por mutuo acuerdo su contrato, la cual estuvo exenta de
vicios.
96. De acuerdo con lo expuesto, encuentra la Corte que en
este caso se configura un defecto sustantivo, en la medida que
la autoridad judicial accionada adelantó una interpretación contraevidente de
las disposiciones laborales y constitucionales lo que terminó por afectar las
garantías fundamentales de la accionante.
97. Efectivamente, el Código Civil define en su artículo
2469 el contrato de transacción como aquel “en que las partes terminan
extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual”. Sin
embargo, dicha posibilidad encuentra una limitante en lo estipulado en los
artículos 13 y 15 del Código Sustantivo del Trabajo que consagran: (i) en
materia laboral solo se pueden transigir y conciliar los derechos inciertos y
discutibles; y (ii) los derechos mínimos a favor del trabajador son
irrenunciables.
98. A su vez, los artículos 235A[74], 239[75] y 241.1[76] de la misma
normatividad hacen alusión a la protección laboral reforzada a favor de la
mujer en estado de embarazo, por lo que existe una expresa prohibición de
desvincular a una mujer en estado de embarazo, sin que medie previa
autorización del Ministerio del Trabajo.
99. Expuestas así las cosas, es importante
reiterar que en materia transaccional de derechos laborales, la Corte
Constitucional ha indicado que “una transacción exitosa implica que
la manifestación de voluntad debe ser libre, consciente y espontánea, lo que
exige que esté libre de error, fuerza o dolo; el objeto debe ser lícito; la
causa debe ser lícita; la manifestación de voluntad debe provenir de una
persona capaz o de su representante; y, en los casos que se requiera, se debe
verificar que esté presente la formalidad habilitante. Que su objeto sea
lícito, significa en derecho laboral y de la seguridad social que esté acotado
por los derechos ciertos e indiscutibles”[77].
100. Entonces, la prohibición de transar
derechos ciertos e indiscutibles en materia laboral y de seguridad social, está
enfocada a impedir que las personas renuncien a sus derechos,
aun si lo consienten voluntariamente. Ello debido a que los trabajadores y los
afiliados al sistema de seguridad social pueden verse forzados a realizar
renuncias como respuesta a un estado de necesidad, máxime si se tiene en cuenta
que las relaciones laborales no se desenvuelven en un plano de igualdad entre
empleador y trabajador.
101. Sobre el particular, la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 11 de abril
de 2018 (sentencia SL1062-2018), confirmó que “para que un derecho pierda la calidad de cierto e indiscutible, no
basta con que el empleador lo cuestione en el curso de un proceso, de manera
tal que cualquier beneficio o garantía pueda ser renunciable por el trabajador,
so pretexto de que el empleador controvierta su nacimiento, por lo que, ha
discernido, ‘…un derecho será cierto, real, innegable, cuando no haya duda
sobre la existencia de los hechos que le dan origen y exista certeza de que no
hay ningún elemento que impida su configuración o su exigibilidad…’ (CSJ SL, 14
dic. 2007, rad. 29332 y CSJ SL4464-2014, entre otras)”.
102. En consecuencia, aquellos derechos que
estén incorporados en el patrimonio de un sujeto, es decir, cuando operaron los
supuestos de hecho de la norma que consagra el derecho, así no se haya
configurado aún la consecuencia jurídica de la misma, adquieren la categoría de
ciertos e indiscutibles y en tal media no pueden ser objeto de transacción.
103. Teniendo claro lo anterior, para la Sala la estabilidad
laboral reforzada es un derecho cierto e indiscutible y en consecuencia es
irrenunciable. Ello teniendo en cuenta que el artículo 53 de
la Constitución, establece como uno de los principios mínimos de las relaciones
laborales, el derecho que tiene todo trabajador a permanecer estable en el
empleo, a menos que exista una justa causa para su desvinculación.
104. Frente a la desigualdad que existe
entre el trabajador y el empleador, que en aplicación del principio de igualdad
(art. 13 C. Pol.) surge el derecho a la estabilidad laboral reforzada a favor
de la mujer embarazada, como “respuesta a la discriminación histórica que
han afrontado las mujeres en el ámbito laboral, quienes fueron y aún son
despedidas por causa del embarazo. Así, en razón de la situación de desventaja
histórica a la que ha sido sometida la mujer trabajadora −el despido en
razón del embarazo−, el fuero de maternidad se encamina a potenciar su
estabilidad en el trabajo y su posibilidad de permanecer en la fuerza laboral
cuando ejerce su rol reproductivo”[78].
105. Por otra parte, específicamente el artículo
43 Superior, consagra que la mujer “durante el embarazo y después del parto
gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste
subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada”.
106. En este escenario, el fuero de
maternidad garantiza una protección a favor de la mujer en estado de embarazo
en materia laboral y evita su desvinculación, con ocasión de factores externos
al cumplimiento de su labor, que la pongan en situación de inferioridad en relación
con los trabajadores, con lo cual se constituye en un derecho que adquiere la
mujer cuando en medio de una relación laboral queda en estado de gestación.
107. De cara al asunto bajo examen, encuentra esta
Corporación que a través del acuerdo de terminación del contrato laboral, la
señora Reinoso Villarraga renunció a su derecho fundamental a la estabilidad
laboral reforzada, el cual tiene la categoría de cierto e indiscutible, pues
desde que quedó en estado de embarazo y al estar bajo una relación laboral, se
hizo acreedora del fuero de maternidad que implica, entre otras garantías, el
derecho a no ser despedida en razón de su embarazo sin autorización del
inspector del trabajo.
En tal medida, para la Corte no son de recibo las
afirmaciones hechas por el Tribunal accionado cuando sostiene que “las mujeres en estado de gestación gozan de estabilidad laboral
reforzada, aún en los contratos celebrados de obra o labor contratada, lo que
prohíbe al empleador finalizar sus contratos de trabajo sin causa justificada y
sin la autorización de la autoridad competente, condiciones en el presente
asunto que no debía observar la demandada, como quiera que con fundamento en la
transacción que se celebró el 11 de noviembre de 2012, de común acuerdo las
partes finalizaron el contrato que las unía, lo que descarta que en principio
la terminación del contrato de trabajo (...) ocurrió por despido de Activos
S.A., pues ninguna prueba acredita que fue el empleador el que tomó la decisión
de finalizar el contrato de trabajo por el estado de embarazo de la demandante”
(énfasis fuera del texto original). Ello
por cuanto no se trataba de un derecho incierto o discutible, con lo cual tal
planteamiento carece de soporte.
108. Ahora bien, si se aceptara que la
terminación de común acuerdo del contrato de trabajo es susceptible de
transacción, cuando se trata de una mujer en estado de embarazo, resultaba indispensable
que la autoridad laboral competente avalara tal transacción para verificar que
el acuerdo no obedece a un acto discriminatorio. Esto a fin de establecer que
no medió un vicio del consentimiento, como respuesta a un estado de necesidad.
En este escenario se advierte que al ser la mujer gestante un sujeto de
especial protección constitucional, cuando en el marco de una relación
contractual el empleador decide adoptar una decisión relativa a la vigencia del
vínculo laboral, se debe contar con la autorización del Inspector del Trabajo,
por lo que incluso en caso de decidir suspender el contrato laboral debió
contar con la aquiescencia de la autoridad laboral.
109. Así las cosas, encuentra la Sala que el juez de segunda
instancia incurrió en un defecto sustantivo, en la medida que desconoció el
derecho adquirido a la estabilidad laboral reforzada de la señora Natalia Rengifo
Villarraga y dio validez a la transacción de terminación de contrato.
110. Por lo expuesto, se revocará la
decisión adoptada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia que negó el amparo deprecado y en su lugar, se tutelarán los derechos
al debido proceso y a la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada,
por lo que se dejará sin efectos la decisión adoptada por la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, el 28 de marzo de 2017, debiendo proferir
una nueva decisión de conformidad con los lineamientos
establecidos en la SU-070 de 2013, de cara a la desvinculación de la mujer
embarazada en contratos de obra o labor, cuando el empleador conoce el estado
de gestación y la desvinculación se da antes de la terminación de la obra, es
decir: la ineficacia del despido y el consecuente reintegro, junto con
el pago de las erogaciones dejadas de percibir, así como la indemnización prevista en
el artículo 239.3 del Código Sustantivo de Trabajo.
111. Por último, cabe advertir que la accionante señala que
la decisión adoptada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá
carecía de fundamento, pues la misma fue adoptada en audiencia que no superó
los 15 minutos. Sobre el particular para la Sala de Revisión, esta circunstancia
no encuentra respaldo, pues la decisión se basó en la interpretación que esa
autoridad judicial hizo de las normas sobre la materia, las que a pesar de
desconocer los presupuestos constitucionales, no carecen de argumentación como
lo expresa la accionante.
Expediente
T-6.710.353 (Ingrid Paola Riaño contra Servi Arévalo Integral y Jardines de Los
Andes SAS)
112. Para
abordar la situación fáctica del caso bajo análisis, la Sala señalará las
circunstancias que están acreditadas:
113. El 25 de noviembre de 2017 la
accionante presentó su hoja de vida a la empresa Servi Arévalo Integral, a fin
de vincularse como trabajadora en misión en el área agrícola.
114. El 26 de noviembre de 2017, la actora
se realizó exámenes médicos de ingreso, donde se le indicó que estaba en estado
de gestación, el cual fue ratificado posteriormente por su EPS.
115. El 26 de noviembre de 2017 se le
indicó que había superado las pruebas, por lo que suscribió contrato individual
de trabajo por obra o labor contratada, con fecha de inicio el 27 de noviembre
siguiente, como trabajadora en misión para la empresa Jardines de Los Andes[79].
116. El 29 de noviembre de 2017, fue
notificada de la terminación del contrato de trabajo, en virtud de lo
consagrado en el artículo 61 Lit. “D” del Código Sustantivo del Trabajo, que
hace alusión a la terminación de la obra o labor contratada, la cual no cuenta
con firma de aceptación.
117. La empresa beneficiaria (Jardines de
Los Andes) indicó que desconoció los motivos por los cuales se dio por
terminado el contrato laboral.
118. Por su parte, la firma empleadora
(Servi Arévalo Integral) expuso que en este caso se presentó una suspensión del
contrato de trabajo hasta que la actora presentara la prueba de embarazo y
continuó con el pago de aportes sociales[80].
Sobre el particular, informó la accionante que desde la fecha de comunicación
de “suspensión del contrato” fue desvinculada del cargo y se le impidió el
ingreso hasta nuevo aviso[81].
119. De acuerdo con lo expuesto, para esta Corporación
efectivamente la empresa Servi Arévalo desconoció los derechos a la estabilidad
laboral reforzada de la señora Ingrid Riaño, dado que su vinculación como
trabajadora en misión duró solamente tres días, lo que permite inferir que el motivo de la terminación del contrato fue su estado de embarazo,
debiendo el empleador haber acreditado ante la autoridad de trabajo competente
la existencia de una justa causa para dar por terminado el vínculo contractual.
120. En este caso, a pesar de lo alegado por la firma
accionada, se presentan serias irregularidades que llevan a establecer una
afectación a los derechos de la accionante, así:
(i) Con tan solo dos días de vinculación laboral, a la
actora se le informó que su contrato había terminado por haberse cumplido el
fin de la obra para la cual fue contratada, no obstante, ante el estado de
gestación de la trabajadora se optó por suspenderlo y continuar cancelado los
aportes a la seguridad social en salud.
(ii) La empresa beneficiaria desconoció los motivos que
llevaron a la desvinculación de la accionante, lo que permite establecer que la
obra o labor para la cual fue contratada continuaba vigente al momento de
informar la terminación de la relación laboral.
(iii) Se remitió una carta de terminación de la relación
laboral[82],
con lo cual se sometió a una mujer en estado de gestación a ver afectados sus
derechos a la estabilidad laboral reforzada, lo que acarrea un desconocimiento
de sus garantías constitucionales.
(iv) La empresa accionada arguye que el contrato por obra o
labor quedó suspendido hasta que se acreditara la condición de embarazo y
continuó cotizando al sistema de seguridad social en salud, sin embargo, de
acuerdo con la legislación laboral tal figura no aplica para la verificación
del estado de gestación de una mujer. En concreto el artículo 51 del Código
Sustantivo del Trabajo señala:
“El contrato de trabajo se
suspende:
1. Por fuerza mayor o caso
fortuito que temporalmente impida su ejecución.
2. Por la muerte o la
inhabilitación del empleador, cuando éste sea una persona natural y cuando ello
traiga como consecuencia necesaria y directa la suspensión temporal del
trabajo.
3. Por suspensión de
actividades o clausura temporal de la empresa, establecimiento o negocio, en
todo o en parte, hasta por ciento veinte (120) días por razones técnicas o
económicas u otras independientes de la voluntad del empleador, mediante
autorización previa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. De la
solicitud que se eleve al respecto el empleador deberá informar en forma
simultánea, por escrito, a sus trabajadores.
4. Por licencia o permiso
temporal concedido por el empleador al trabajador o por suspensión
disciplinaria.
5. Por ser llamado el
trabajador a prestar el servicio militar. En este caso el empleador está
obligado a conservar el puesto del trabajador hasta por {treinta (30) días}
después de terminado el servicio. Dentro de este término el trabajador puede
reincorporarse a sus tareas, cuando lo considere conveniente, y el empleador
está obligado a admitirlo tan pronto como éste gestione su reincorporación.
6. Por detención preventiva
del trabajador o por arresto correccional que no exceda de ocho (8) días por
cuya causa no justifique la extinción del contrato.
7. Por huelga declarada en la
forma prevista en la Ley.”
121. Todo lo expuesto muestra que efectivamente el empleador
conocía el estado de gestación de la accionante, con lo cual intentó en un
primer momento dar por terminada la relación laboral y posteriormente acudió a
la figura de la suspensión. Además, no de otra forma se entiende que haya
continuado con el pago de aportes al sistema de seguridad social en salud y
presuntamente exigiera copia del examen de embarazo previo a hacer efectiva la
desvinculación de la actora.
En igual sentido Servi Arévalo se valió de distintas
actuaciones irregulares a efectos de no reconocer los derechos que se
desprenden a favor de la mujer en estado de embarazo, pues su vinculación duró
solo 3 días; la empresa beneficiaria desconoció la razón de su desvinculación,
lo que muestra que el objeto contractual continuaba vigente; se remitió una
carta de despido sin contar con el permiso de la autoridad laboral; y acudió a
la figura de la suspensión que no es aplicable en este caso. Con todo, lo que
realmente muestra la actitud de la sociedad empleadora es una persecución a la
trabajadora dada su especial condición.
Así las cosas, es pertinente advertir que, al tratarse de
sujetos de especial protección constitucional, cuando en el marco de una
relación de trabajo el empleador decide adoptar una decisión relativa a la
vigencia del vínculo laboral de la mujer embarazada, se debe contar con la
autorización del Inspector del Trabajo, por lo que no es viable acudir a la
figura de la suspensión como un medio para eludir el control de la autoridad laboral.
122. De lo anterior se puede concluir que la finalización o
suspensión de la relación entre las partes no obedeció a criterios objetivos,
pues la obra o labor para la cual fue contratada la accionante continuaba
vigente, así como tampoco se presentó una falta disciplinaria. Además, el
empleador se valió de una figura como la suspensión del contrato para no acudir
a la autoridad laboral a fin de hacer efectiva la desvinculación de la empleada
en estado de embarazo, lo que constituye una burla a las normas que protegen a
la mujer en gestación, toda vez que solo podía dar por terminado el contrato de
trabajo a través de los medios legales idóneos, a saber, el permiso del
inspector de trabajo como resultado de la demostración de una de las justas
causas contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo.
123. En tal medida, encuentra la Sala que
en este caso existe una evidente discriminación en contra de la mujer gestante,
que se materializa a partir de una práctica arbitraria con ocasión del embarazo.
124. Entonces, ante la necesidad de brindar una protección a
favor de la mujer dada su condición de sujeto de especial protección constitucional en la que
se halla la trabajadora durante el embarazo y después del parto, así como el
recién nacido, se hace necesario adoptar medidas dirigidas a detener la amenaza
o la vulneración de los derechos fundamentales que se deriva de la
desvinculación laboral en especial el mínimo vital y la seguridad social.
125. Teniendo en cuenta que el empleador conoció el estado
de gestación de la empleadora y la desvinculación se dio antes del vencimiento
de la terminación de la obra o labor contratada sin la previa calificación de
una justa causa por el inspector del trabajo, se debe aplicar la protección
derivada del fuero consistente en la ineficacia del despido y el consecuente reintegro,
junto con el pago de las erogaciones dejadas de percibir, así como la
indemnización establecida en el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo.
En orden a lo expuesto, se revocará la decisión adoptada por
el Juzgado Civil Municipal de Facatativá el 24 de enero de 2018, que declaró
improcedente el amparo.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero. En
el expediente T-6.522.741, REVOCAR la sentencia
proferida por el Juzgado Once Civil del Circuito de Bucaramanga, el 18
de septiembre de 2017, que revocó la decisión adoptada por el Juzgado Segundo
Civil Municipal de Bucaramanga, autoridad que en su momento concedió el amparo,
y en su lugar declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por Martha Liliana Rincón Mantilla contra la Personería Municipal de
Piedecuesta, Santander. CONCEDER el amparo de
los derechos a la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada y a la
seguridad social de la señora Martha Liliana Rincón Mantilla,
conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia.
Segundo. ORDENAR a la Personería Municipal de Piedecuesta, Santander que en el término
de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la
presente sentencia: (i)
renueve la relación contractual con la señora Martha Liliana Rincón Mantilla, al menos hasta que culmine la
protección constitucional a favor de las mujeres gestantes; (ii) pague los gastos de las cotizaciones al Sistema de Seguridad
Social desde la fecha en la que no le fue renovado su contrato hasta la
terminación de su período de lactancia, las
cuales se deberán calcular con base en el IBL sobre el cual cotizaba la señora Martha Liliana Rincón Mantilla en el mes anterior a la terminación del vínculo
contractual; y (iii) pague los honorarios dejados de percibir desde la fecha en
que el contrato de prestación de servicios no fue renovado, hasta la fecha de
notificación de la presente providencia.
Tercero. En
el expediente T-6.570.959, REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado
Primero Promiscuo del Circuito de Sabanalarga, Atlántico, el 25 de octubre de
2017, que revocó la decisión adoptada por el Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de Sabanalarga, Atlántico, autoridad que en su momento concedió el
amparo, y en su lugar, declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por
Aida Judith Pabón Cervantes contra Transportes LAFE SAS. CONCEDER el amparo de los derechos
a la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada, a la seguridad
social y al mínimo vital de la señora Aida Judith Pabón Cervantes, conforme a
las consideraciones expuestas en esta providencia.
Cuarto. ORDENAR a la empresa Transportes LAFE SAS que en el término de cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo: (i) renueve el
contrato de aprendizaje con la señora Aida Judith Pabón Cervantes en el cargo
que desempeñaba o en otro en condiciones similares o mejores hasta
completar desde su vinculación inicial el término de 2 años[83]; y (ii) cancele las
cuotas por concepto de apoyo de sostenimiento dejadas de pagar a partir de su
desvinculación, y realice la consignación de las cotizaciones a salud
correspondientes, como quiera que la terminación del contrato de aprendizaje
careció de todo efecto en lo relativo a la protección por la maternidad.
Quinto. En
el expediente T-6.592.995, REVOCAR la sentencia
proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
el 6 de diciembre de 2017, que resolvió
negar el amparo invocado dentro de la acción de tutela interpuesta por Natalia
Andrea Reinoso Villarraga contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Bogotá. En su lugar, CONCEDER el amparo de
los derechos al debido proceso, a la estabilidad laboral reforzada de la mujer
embarazada y a la seguridad social de la señora Natalia Andrea Reinoso
Villarraga.
Sexto. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida por Sala Laboral del Tribunal Superior
de Bogotá el 28 de marzo de 2017 dentro del proceso ordinario
laboral Número 11001-31-05-005-2015-00056-00, promovido por la señora Natalia
Andrea Reinoso Villarraga contra Activos SA.
Séptimo. ORDENAR a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá que en los
términos establecidos en los artículos 81 y siguientes del Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (Decreto-ley 2158 de 1948),
proceda a adoptar una nueva decisión dentro del proceso ordinario laboral
Número 11001-31-05-005-2015-00056-00, promovido por la señora Natalia
Andrea Reinoso Villarraga contra Activos SA, de acuerdo a las
consideraciones hechas en esta providencia.
Octavo. En
el expediente T-6.710.353, REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Civil
Municipal de Facatativá, el 24 de enero de 2018,
que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por Ingrid
Paola Riaño contra Servi Arévalo Integral y Jardines de Los Andes SAS. En su lugar, CONCEDER el amparo de
los derechos a la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada, a la
seguridad social y al mínimo vital de la señora Ingrid Paola Riaño,
Noveno. ORDENAR a la empresa Servi Arévalo Integral que en el término de cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo: (i) reinstalar a la
señora Ingrid Paola Riaño a un cargo de igual o
similares condiciones al que venía desempeñando al momento de la terminación
del contrato laboral; (ii) pagar los salarios dejados de percibir desde el
momento de su desvinculación por la “suspensión” de la relación laboral hasta
el reintegro efectivo; y (iii) pagar la indemnización prevista en el artículo
239.3 del Código Sustantivo de Trabajo.
Décimo. Por Secretaría General de esta Corporación LIBRAR
las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto Estatutario 2591
de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
JOSÉ FERNANDO REYES
CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
Con salvamento
parcial de voto
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO
PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO
CARLOS
BERNAL PULIDO
A
LA SENTENCIA T-395/18
ACCION DE TUTELA PARA PROTEGER EL DERECHO A
LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE MUJER
EMBARAZADA O GESTANTE-No se cumplía el requisito de
subsidiariedad para amparar el derecho a la estabilidad laboral reforzada de la
accionante (Salvamento de voto)
ACCION DE TUTELA
PARA PROTEGER EL DERECHO A LA ESTABILIDAD
LABORAL REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA O GESTANTE-No se debió flexibilizar el requisito de
inmediatez, más aún cuando la accionante no requería la protección que otorga
el fuero de maternidad (Salvamento de voto)
ACCION DE TUTELA
PARA PROTEGER EL DERECHO A LA ESTABILIDAD
LABORAL REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA O GESTANTE-No existían elementos de juicio suficientes
para determinar si la providencia judicial incurrió en el defecto alegado por
la accionante (Salvamento de voto)
Referencia:
Expedientes T-6.522.741AC
Magistrado Ponente:
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
En atención a la decisión adoptada por la
Sala Octava de Revisión dentro de los expedientes de la referencia, me permito
presentar Salvamento Parcial de Voto. Aunque estoy de acuerdo con la orden de
revocar las sentencias de instancia y amparar los derechos fundamentales de las
señoras Aida Judith Pabón Cervantes  T-6.570.959) e Ingrid Paola Riaño
(T-6.710.353), me aparto de las decisiones adoptadas con relación a las
acciones de tutela promovidas por las señoras Martha Liliana Rincón Mantilla
(T-6.522.741) y Natalia Andrea Reinoso Villarraga               (T-6.592.995),
por las siguientes razones:
Expediente
T-6.522.741 (Martha Liliana Rincón Mantilla contra la Personería Municipal de
Piedecuesta)
En este asunto no se satisface el requisito de
subsidiariedad para amparar el derecho a la estabilidad laboral reforzada de la
señora Rincón Mantilla vía acción de tutela.
La
jurisprudencia constitucional ha fijado el criterio de protección del fuero de
maternidad en el marco del contrato de prestación de servicios. No obstante,
para el otorgamiento de la protección se exige afectación del mínimo vital y
que la mujer embarazada o lactante necesite protección urgente. Así mismo, esta
Corporación ha señalado que en los casos en que la accionante sea titular del
derecho a la estabilidad laboral reforzada, "el examen de procedencia de
la tutela se hace menos estricto, a través de criterios de análisis más
amplios, pero no menos rigurosos"[84].
En ese sentido, es preciso advertir que el estado de embarazo de una mujer implica, per
se, la modificación de sus condiciones económicas con ocasión de las
necesidades que debe satisfacer a su hijo que está por nacer. Por ello,
considerar como criterio determinante para la protección de fuero de
maternidad, mediante la acción de tutela, que “cualquier afectación a su
situación personal, laboral o contractual [que] termina por afectar sus
garantías constitucionales”, desvirtúa su naturaleza excepcional como medida de
asistencia y protección a sujetos de especial protección constitucional, en
tanto la excepción se convierte en la regla general.
Expediente
T-6.592.995 (Natalia Andrea Reinoso Villarraga
contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá)
1. En este asunto no existe justificación
para flexibilizar el requisito de inmediatez, más aun cuando la accionante no
requiere la protección urgente que otorga el fuero de maternidad.
Si bien es cierto que “la Corte ha entendido que 6 meses es un
plazo razonable para satisfacer el requisito de inmediatez sin que ello
signifique que dicho término es perentorio”, también ha señalado que, en
tratándose de tutela contra providencia judicial, la exigencia de la inmediatez
debe ser más estricta.
Ello
es así, pues el fundamento de la intervención del juez de tutela es la
necesidad de protección urgente del sujeto de especial protección
constitucional, garantía de la cual son titulares las mujeres embarazadas o
lactantes en razón de su especial condición. Sin embargo, esta condición, por
sí sola, no es suficiente para enervar el requisito de inmediatez y justificar
sin más el transcurso de más de 7 meses entre la ejecutoria de la providencia
judicial cuestionada y la interposición de la tutela. Máxime cuando la
situación que daba lugar al fuero de maternidad de la accionante estaba
superada.
2. De otra parte, no existían elementos de
juicio suficientes para determinar si la providencia
judicial proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá el 28 de
marzo de 2017 incurrió en el defecto alegado por la accionante. Al expediente
T-6.592.995 no fue aportado el acuerdo de transacción suscrito entre la señora
Natalia Andrea Reinoso Villarraga y Activos S.A., por lo que no es posible
establecer si la decisión de terminar el contrato de trabajo por mutuo acuerdo,
en efecto, vulneró los derechos mínimos irrenunciables que, para ese momento,
la accionante ostentaba por su condición de mujer embarazada.
De acuerdo a lo anterior, las acciones de
tutela interpuestas por las señoras Martha Liliana Rincón Mantilla
(T-6.522.741) y Natalia Andrea Reinoso Villarraga (T-6.592.995) debieron ser
declaradas improcedentes.
Respetuosamente,
CARLOS
BERNAL PULIDO
Magistrado
[1] La Sala de Selección Número Dos de 2018, estuvo integrada por la
Magistrada Cristina Pardo Schlesinger y el Magistrado Antonio José Lizarazo
Ocampo.
[2] Ibídem.
[3] La Sala de Selección Número Cuatro de 2018, estuvo integrada por los
Magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo y José Fernando Reyes Cuartas.
[4] En la relación de contratos suscritos entre la accionante y
la Personería Municipal de Piedecuesta, se cuentan los siguientes: (i) contrato
012 de 2015, firmado el 21 de enero de 2015, por un plazo de 90 días a partir
de la suscripción del acta de inicio; (ii) contrato 029 de 2015, firmado el 27
de abril de 2015, por un plazo de 45 días a partir de la suscripción del acta
de inicio; (iii) contrato 041 de 2015, firmado el 17 de junio 2015, por un
plazo de 60 días a partir de la suscripción del acta de inicio; (iv) contrato
063 de 2015, firmado el 18 de agosto de 2015, por un plazo de 60 días a partir
de la suscripción del acta de inicio; (v) contrato 076 de 2015, firmado el 07
de diciembre de 2015, por un plazo de 24 días a partir de la suscripción del
acta de inicio; (vi) contrato 093 de 2015, firmado el 03 de noviembre de 2015,
por un plazo de 30 días a partir de la suscripción del acta de inicio; (vii)
contrato 005 de 2016, firmado el 21 de enero 2016, por un plazo de 53 días a
partir de la suscripción del acta de inicio; (viii) contrato 021 de 2016,
firmado el 11 de marzo de 2016, por un plazo de 30 días a partir de la
suscripción del acta de inicio; (ix) contrato 034 de 2016, firmado el 06 de
mayo de 2016, por un plazo de 5 meses a partir de la suscripción del acta de
inicio. Adicionado el 6 de octubre de 2016, en donde se estableció una prórroga
de 2 meses y 15 días; (x) contrato 021 de 2017, firmado el 12 de enero de 2017,
por un plazo de 6 meses a partir de la suscripción del acta de inicio. (folios
48 a 100 cuaderno principal).
[5] De acuerdo con una certificación expedida por la Personería
Municipal de Piedecuesta, se estableció que la señora Martha Liliana Rincón
Mantilla celebró contrato de prestación de servicios del 10 de mayo al 24 de
diciembre de 2016 (contrato 034 de 2016, adicionado –folios 53 a 58 cuaderno
principal) y del 16 de enero al 15 de julio de 2017 (contrato 021 de
2017-folios 48 a 52) (folio 3 cuaderno principal).
[6] Folio 4 cuaderno principal.
[7] Folio 5 cuaderno principal.
[8] Folio 43 cuaderno principal.
[9] Folio 44 cuaderno principal.
[10] Estos contratos fueron relacionados así: (i) Laura Juliana
Luan Arias con fecha de inicio 11 de enero de 2017 y terminación 10 de julio de
2017 (6 meses), cuyo objeto era apoyo a la gestión en actividades jurídicas y
administrativas; (ii) Guillermo Alfonso Núñez Robayo con fecha de inicio 12 de
enero de 2017 y terminación 11 de julio de 2017 (6 meses), cuyo objeto era
apoyo a la gestión en descongestión de procesos disciplinarios; (iii) Andrés
Felipe Parada Londoño con fecha de inicio 23 de enero de 2017 y terminación 22
de junio de 2017 (5 meses), cuyo objeto era apoyo a la gestión como judicante
en actividades jurídicas y administrativas; (iv) Julieth Vanesa Cabrera Jaimes
con fecha de inicio 25 de enero de 2017 y terminación 24 de junio de 2017 (5
meses), cuyo objeto era apoyo a la gestión en actividades jurídicas y
administrativas; (v) Laura Mercedes Duarte con fecha de inicio 23 de marzo de
2017 y terminación 1 de junio de 2017 (3 meses), cuyo objeto era prestar
servicios profesionales para implementar SGC y modelo estándar de control
interno; y (vi) Claudia Jazmín Castro López con fecha de inicio 23 de febrero
de 2017 y terminación 2 de junio de 2017 (2 meses), cuyo objeto era prestar
servicios profesionales de apoyo a descongestión de procesos disciplinarios
(folios 245 a 250 cuaderno principal).
[11] Los contratos de prestación de servicio celebrados luego de
la terminación de los antes referidos tenían los siguientes objetos: (i) Andrés
Felipe Maldonado con fecha de registro presupuestal 17 de julio de 2017, para
apoyo a la gestión en actividades jurídicas y administrativas para procesos de
contratación estatal; (ii) Natalia Rueda con fecha de registro presupuestal 29
de junio de 2017, para apoyo a la gestión asistencia operativa y logística para
archivo y otras actividades; (iii) Natalia Rojas con fecha de registro
presupuestal 24 de julio de 2017, para apoyo a la gestión para trámite y
seguimiento a peticiones; (iv) Lady González con fecha de registro presupuestal
17 de julio de 2017, para apoyo a la gestión para actividades jurídicas y
administrativas en asuntos ambientales; y (v) Cielo Hasbleidy Delgado Bautista
con fecha de registro presupuestal 17 de julio de 2017, para apoyo a la gestión
como judicante en actividades jurídicas y administrativas de proyección de
respuestas a peticiones.
[12] Folios 22 y 23 cuaderno principal.
[13] Folios 24 a 26 cuaderno principal.
[14] La norma en comento señala: “El contrato de aprendizaje es una
forma especial dentro del Derecho Laboral, mediante la cual una persona natural
desarrolla formación teórica práctica en una entidad autorizada, a cambio de
que una empresa patrocinadora proporcione los medios para adquirir formación
profesional metódica y completa requerida en el oficio, actividad u ocupación y
esto le implique desempeñarse dentro del manejo administrativo, operativo
comercial o financiero propios del giro ordinario de las actividades de la
empresa, por cualquier tiempo determinado no superior a dos (2) años, y por
esto reciba un apoyo de sostenimiento mensual, el cual en ningún caso
constituye salario.”
[15] Anexa impresión de la base de datos única de afiliación del Sistema
de Seguridad Social en Salud donde se constata que está afiliada al régimen
subsidiado desde el 01 de agosto de 2016 y es madre cabeza de familia, con
fecha de consulta 07 de junio de 2017 (folio 101 cuaderno principal).
[16] Adjunta certificado de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura donde se
consigna que la señora Aida Judith Pabón Cervantes cuenta con tarjeta
profesional vigente desde el 28 de agosto de 2014 (folio 98 cuaderno
principal).
[17] En este se registra como aprendiz del SENA especializada en el
programa Técnico en Seguridad Ocupacional (folio 214 cuaderno principal).
[18] Folios 137 y 138 cuaderno principal.
[19] Folios 65 a 72 cuaderno proceso ordinario. Información
consignada en audiencia pública de trámite y juzgamiento.
[20] Al interior del proceso laboral que se surtió con ocasión del
despido, obra interrogatorio de parte el representante legal de la
sociedad accionada aceptó que le fue informado el estado de embarazo de la
trabajadora, donde expresamente indicó que: “fue una información que llegó
directamente a la gerencia de Recursos Humanos y fue por este estado que en
lugar de terminarle el contrato a la demandante se procedió a celebrar con ella
un acuerdo de transacción”. Información consignada en diligencia de
Audiencia pública de trámite y juzgamiento.
[21] Folios 12 y 13, 64 y 65 cuaderno proceso ordinario.
Información consignada en audiencia pública de trámite y juzgamiento.
[22] Sobre el particular no existe una constancia que indique si
la actora informó su estado de embarazo.
[23] Folio 2 cuaderno principal.
[24] En los folios 57 a 64 reposan las planillas de pagos y
cotizaciones al sistema de seguridad social por los meses de noviembre y
diciembre de 2017 y enero de 2018.
[25] Sobre el particular, la accionante informó que desde la fecha de
comunicación de “suspensión del contrato” fue desvinculada del cargo y se le
impidió el ingreso hasta nuevo aviso (folios 14 y 15 cuaderno de revisión).
[26] Ver sentencia T-176 de 2011, reiterada en la sentencia T-591
de 2017, entre otras.
[27] Sentencia T-176 A de 2014.
[28] Sentencia T-219 de 2012.
[29] Sentencia T-743 de 2008.
[30] La
Sala Plena de la Corte Constitucional ha inferido tres reglas para el análisis
de la inmediatez: “En primer término, la inmediatez es un principio orientado a
la protección de la seguridad jurídica y los intereses de terceros, y no una
regla o término de caducidad, posibilidad opuesta a la literalidad del artículo
86 de la Constitución. En segundo lugar, la satisfacción del requisito debe
analizarse bajo el concepto de plazo razonable y en atención a las
circunstancias de cada caso concreto[7]. Finalmente, esa razonabilidad se
relaciona con la finalidad de la acción, que supone a su vez la protección
urgente e inmediata de un derecho constitucional fundamental.” Sentencia SU-189 de 2012,
reiterada en la Sentencia T-246-15.
[31] Sentencia SU-961 de 1999 y T-243 de
2008; reiteradas, entre otras T-246 de 2015.
[32] Ver sentencia T-583 de 2017T-406 de 2012.
[33] Cfr. Sentencias T-256 de 2016 y T-598 de 2012.
[34] La mujer embarazada o lactante es un sujeto de especial protección
constitucional, por lo que cuenta con una estabilidad laboral reforzada, en
consecuencia, la protección de sus derechos por vía de tutela solo debe cumplir
en esencia dos requisitos: “a) la existencia de una relación
laboral o de prestación de servicios y, b) que la mujer se encuentre en
estado de embarazo o dentro de los tres meses siguiente al parto, en vigencia
de dicha relación laboral o de prestación.” (SU-070 de 2013). Esta posición fue reiterada en
las sentencias T-550 de 2017, T-350 de 2016, T-102 de 2016, T-138 de 2015,
entre otras. Ahora bien, en reciente pronunciamiento (SU-075 de 2018), la Corte
Constitucional advirtió que la protección varía dependiendo del conocimiento
del empleador del estado de gestación. Entonces cuando se demuestra que este no
tiene conocimiento del embarazo de su trabajadora no está obligado a cancelar
las cotizaciones requeridas para tenga derecho a la licencia de maternidad, ni
está obligado al reintegro de la trabajadora.
[35] Señala que “en todas las empresas industriales o
comerciales, públicas o privadas, o en sus dependencias, con excepción de las
empresas en que sólo estén empleados los miembros de una misma familia, la
mujer: a) no estará autorizada para trabajar durante un período de seis semanas
después del parto; b) tendrá derecho a abandonar el trabajo mediante la
presentación de un certificado que declare que el parto sobrevendrá
probablemente en un término de seis semanas; c) recibirá, durante todo el
período en que permanezca ausente en virtud de los apartados a) y b),
prestaciones suficientes para su manutención y las del hijo en buenas
condiciones de higiene...”.
[36] Modificado por el artículo 1º de la Ley 1822 de 2017 y por
el artículo 1º de la Ley 1468 de 2011.
[37] Modificado por el artículo 2 de la Ley 1468 de 2011.
[38] Ver sentencias T-550 de 2017, T-222 de 2017, T-350 de 2016,
T-102 de 2016, T-138 de 2015, entre otras.
[39] Ver sentencias T-092 de 2016 y T-102
de 2013.
[40] Sentencia T-583 de 2017.
[41] Art. 236 Código Sustantivo del Trabajo.
[42] “ARTÍCULO 30. NATURALEZA Y
CARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN DE APRENDIZAJE. El contrato de aprendizaje es
una forma especial dentro del Derecho Laboral, mediante la cual una persona
natural desarrolla formación teórica práctica en una entidad autorizada, a
cambio de que una empresa patrocinadora proporcione los medios para adquirir
formación profesional metódica y completa requerida en el oficio, actividad u
ocupación y esto le implique desempeñarse dentro del manejo administrativo,
operativo comercial o financiero propios del giro ordinario de las actividades
de la empresa, por cualquier tiempo determinado no superior a dos (2) años, y
por esto reciba un apoyo de sostenimiento mensual, el cual en ningún caso
constituye salario.//Son elementos particulares y
especiales del contrato de aprendizaje: a) La finalidad es la de facilitar la
formación de las ocupaciones en las que se refiere el presente artículo; b) La
subordinación está referida exclusivamente a las actividades propias del
aprendizaje; c) La formación se recibe a título estrictamente personal; d) El
apoyo del sostenimiento mensual tiene como fin garantizar el proceso de
aprendizaje.//Durante toda la vigencia de la relación, el aprendiz recibirá de
la empresa un apoyo de sostenimiento mensual que sea como mínimo en la fase
lectiva el equivalente al 50% de un (1) salario mínimo mensual vigente.//El
apoyo del sostenimiento durante la fase práctica será equivalente al setenta y
cinco por ciento (75%) de un salario mínimo mensual legal vigente.//El apoyo de
sostenimiento durante la fase práctica será diferente cuando la tasa de
desempleo nacional sea menor del diez por ciento (10%), caso en el cual será
equivalente al ciento por ciento (100%) de un salario mínimo legal vigente.//En
ningún caso el apoyo de sostenimiento mensual podrá ser regulado a través de
convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una
negociación colectiva.//Si el aprendiz es estudiante universitario el apoyo
mensual, el apoyo de sostenimiento mensual no podrá ser inferior al equivalente
a un salario mínimo legal vigente.//Durante la fase práctica el aprendiz estará
afiliado en riesgos profesionales por la ARP que cubre la empresa. En materia
de salud, durante las fases lectiva y práctica, el aprendiz estará cubierto por
el Sistema de Seguridad Social en Salud, conforme al régimen de trabajadores
independientes, y pagado plenamente por la empresa patrocinadora en los
términos, condiciones y beneficios que defina el Gobierno Nacional.//El
contrato de aprendizaje podrá versar sobre ocupaciones semicalificadas que no
requieran título o calificadas que requieran título de formación técnica no
formal, técnicos profesionales o tecnológicos, de instituciones de educación
reconocidas por el Estado y trabajadores.//El Contrato de aprendizaje
podrá versar sobre estudiantes universitarios para los casos en que el aprendiz
cumpla con actividades de 24 horas semanales en la empresa y al mismo tiempo
cumpla con el desarrollo del pénsum de su carrera profesional, o que curse el
semestre de práctica. En todo caso la actividad del aprendiz deberá guardar
relación con su formación académica.”
[43] “Por medio del cual se reglamenta el
Contrato de Aprendizaje y se dictan otras disposiciones” “Artículo 1°.
Características del contrato de aprendizaje”. “El contrato de aprendizaje
es una forma especial de vinculación dentro del Derecho Laboral, sin
subordinación y por un plazo no mayor a dos (2) años en la que una persona
natural recibe formación teórica en una entidad de formación autorizada con el
auspicio de una empresa patrocinadora que suministra los medios para que
adquiera formación profesional metódica y completa requerida en el oficio,
actividad u ocupación dentro del manejo administrativo, operativo, comercial o
financiero propios del giro ordinario de las actividades del patrocinador con
exclusividad en las actividades propias del aprendizaje y el reconocimiento de
un apoyo de sostenimiento que garantice el proceso de aprendizaje y el cual, en
ningún caso, constituye salario…”
[44] En esta oportunidad la Corte conoció una acción de tutela en que
una mujer celebró contrato de aprendizaje con la empresa Manufacturas DELMYP,
del 1 de diciembre de 2006 hasta el 31 de enero de 2007, tiempo durante el cual
informó a su empleador de su estado de embarazo, no obstante, se dio por
terminado el mismo por vencimiento del término. Al respecto, se ordenó renovar
el contrato de aprendizaje en términos no menos favorables de los suscritos con
ella el 27 de noviembre de 2006, así como el desembolso a la actora del
respectivo “apoyo de sostenimiento” dejado de pagar.
[45] Este Tribunal Constitucional revisó la acción de tutela
interpuesta por una mujer que laboró con la empresa COMCEL
S.A., bajo la modalidad de “contrato de aprendizaje”, desde el 1° de septiembre
de 2008 hasta el 3 de mayo de 2009, periodo durante el cual quedó en estado de
embarazo, trabajando así por espacio de 6 meses. A través de un derecho de
petición reclamó a COOMEVA E.P.S. el pago de la licencia por maternidad
proporcional al tiempo laborado en COMCEL S.A., el cual fue resuelto en forma
desfavorable. La Corte dentro del análisis del caso concreto procedió a
establecer si COMCEL S.A.
vulneró el derecho fundamental a la estabilidad reforzada de la accionante al
desvincularla estando embarazada, bajo el argumento de haber culminado el
contrato de aprendizaje. En tal sentido se ordenó renovar el contrato de
aprendizaje en el cargo que desempeñaba o a otro que esté en iguales o mejores
condiciones, hasta completar desde su vinculación inicial el término de 2 años
para que finalmente se determine si se inicia una nueva vinculación pero
mediante contrato laboral.
[46] Constitución Política, artículo 13. “Todas las personas nacen
libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las
autoridades gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin
ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar,
lengua, religión, opinión política o filosófica. // El Estado promoverá las
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en
favor de grupos discriminados o marginados. // El Estado protegerá
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los
abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”
[47] Constitución Política, artículo 47. “El Estado adelantará una
política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos
físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención
especializada que requieran.”
[48] Ver sentencias SU-168 de 2017, SU-222 de
2016. En las que se recoge la posición sentada en las sentencias T-006 de 1992,
C-543 de 1992, T-079 de 1993, C-590 de 2005, entre muchas otras.
[49] Cfr. T-283 de 2013.
[50] El
juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de
tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que
entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
[51] Es un deber del actor desplegar todos los mecanismos
judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos.  De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las
competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de
propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta
última.
[52] Es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.  De lo
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún
años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se
cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
[53] Debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora.  No obstante, si la irregularidad comporta
una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de
pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la
protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
[54] Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de
tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad
en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión
judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo
ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
[55] Esto por cuanto los debates sobre la protección de los
derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no
seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan
definitivas.
[56] “Artículo 5º. Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela
procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas (…)”.
[57] Ver sentencias SU-210 de 2017, T-060 de 2016, T-332 de 2015, T-643
de 2014, T-936 de 2013, T-187 de 2012, T-288 de 2011, entre otras.
[58] Folio 43 cuaderno principal.
[59] Folio 44 cuaderno principal.
[60] Folios 26 a 40 cuaderno principal.
[61] Ver fundamento jurídico 61.
[62] En esta oportunidad la Corte Constitucional asumió el
conocimiento de un expediente de cuatro casos acumulados y sentó las reglas que
se siguen en esta oportunidad.
[63] Esta postura fue tomada de la sentencia T-350 de 2016.
[64] La Corte Constitucional ha señalado que “en
el evento en que el objeto de la prestación de servicios no desaparezca, debe
entenderse que la madre gestante o en periodo de lactancia tiene derecho al pago
de honorarios desde el momento mismo de la renovación de contratos, o la firma
de otros distintos que encubren la continuidad en el desarrollo del mismo”. En este sentido se puede confrontar las sentencias T-715 de 2013 y SU 070 de 2013. Así mismo,
en distintas oportunidades este Tribunal ha protegido derechos laborales de
sujetos de especial protección constitucional en casos de vinculación a través
de contratos de prestación de servicios u órdenes de servicios. Por ejemplo, en
la sentencia T-490 de 2010 la Sala de Revisión consideró que la actuación del
Hospital demandado desconocía los derechos fundamentales a la dignidad humana y
a la estabilidad laboral reforzada de una persona que se encontraba en una
situación de debilidad manifiesta por no renovar la orden de prestación de
servicios, cuando la accionante se encontraba incapacitada por el médico
tratante como consecuencia de la lesión que padece. En la Sentencia T-886 de
2011, partiendo de la base de que la mujer embarazada o en periodo de lactancia
cuenta con una protección reforzada, independientemente del tipo de contrato de
trabajo que haya suscrito con su empleador, concedió el amparo de los derechos
solicitados por la accionante, quién había suscrito tres contratos de
prestación de servicios con el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación
accionado para llevar a cabo actividades de fisioterapia, cuyo último contrato
no fue renovado a pesar de contar con 6 meses de embarazo. En la Sentencia
T-350 de 2016, este Tribunal consideró reprochable la actuación de la
Universidad demandada al dar por terminado el contrato de prestación de
servicios de la accionante con fundamento en el cumplimiento del término
pactado sin antes contar con la autorización de la autoridad de trabajo
correspondiente, la cual era necesaria por estar la accionante embarazada y
debido a que el objeto del contrato continuaría desarrollándose.
[65] Estado social de derecho, principio de solidaridad y especial
amparo a la mujer en estado de embarazo y al niño que está por nacer.
[66] Sentencias T-906 de 2007 y T-174 de 2011, donde en casos similares se ordenó que de inmediato se
reintegrara a su contrato de aprendizaje en iguales o mejores condiciones que
en las que estaba, y en la misma medida, se realizara el pago por concepto de
apoyo de sostenimiento dejado de percibir, al igual que las cotizaciones a
salud y los gastos en que pudo haber incurrido la actora como consecuencia de
su embarazo y parto.
[67] Folios 24 a 26 cuaderno principal.
[68] Inspector del trabajo o alcalde municipal. Artículo
240 Código Sustantivo del Trabajo.
[69] Información consultada de la página http://senasofiaplus.org/seguridad-ocupacional-cursos-tecnicos-en-el-sena/
[70] Certificado de Cámara de Comercio de Medellín (folios 11 a
20 cuaderno principal).
[71] Tiempo máximo de duración del contrato de
aprendizaje contemplado en el artículo 30 de la
Ley 789 de 2002. Dicho término se establece debido a que una vez culminado ese
periodo el contrato de aprendizaje no se puede prorrogar como tal y en
consecuencia la empresa patrocinadora debe determinar si muta el contrato de
aprendizaje en contrato laboral vinculando al aprendiz.
[72] Conforme lo afirma la parte accionada y se corroboró en la
página https://www.adres.gov.co/BDUA/Consulta-Afiliados-BDUA.
[73] En el interrogatorio de parte adelantado dentro del proceso
laboral ordinario, el representante legal de la sociedad accionada aceptó que
le fue informado el estado de embarazo de la trabajadora. Expresamente indicó: “fue
una información que llegó directamente a la gerencia de Recursos Humanos y fue
por este estado que en lugar de terminarle el contrato a la demandante se
procedió a celebrar con ella un acuerdo de transacción”. Información
consignada en diligencia de Audiencia pública de trámite y juzgamiento.
[74] Artículo <235-a>. Protección a la maternidad. <artículo
adicionado por el artículo 33 de la ley 50 de 1990. El nuevo texto es el
siguiente:> la maternidad gozará de la protección especial del estado.
[75] Artículo 239. Prohibición de despido.
<artículo modificado por el artículo 2 de la ley 1822 de 2017. El nuevo
texto es el siguiente:> 1. Ninguna trabajadora podrá ser despedida por
motivo de embarazo o lactancia sin la autorización previa del ministerio de
trabajo que avale una justa causa (numeral condicionalmente exequible en
el entendido que la prohibición de despido y la exigencia de permiso para
llevarlo a cabo, se extienden al(la) trabajador(a) que tenga la condición de
cónyuge, compañero(a) permanente o pareja de la mujer en período de embarazo o
lactancia, que sea beneficiaria de aquel(la).//2. Se presume el despido
efectuado por motivo de embarazo o lactancia, cuando este haya tenido lugar
dentro del período de embarazo y/o dentro de los tres meses posteriores al
parto.
[76] Artículo 241. Nulidad del despido. <artículo
modificado por el artículo 8o. Del decreto 13 de 1967. El nuevo texto es el
siguiente:> 1. El empleador está obligado a conservar el puesto a la
trabajadora que esté disfrutando de los descansos remunerados de que trata este
capítulo, o de licencia por enfermedad motivada por el embarazo o parto.
[77] Sentencia T-662 de 2012
[78] Sentencia T-583 de 2017.
[79] Folio 2 cuaderno principal.
[80] En los folios 57 a 64 reposan las planillas de pagos y
cotizaciones al sistema de seguridad social por los meses de noviembre y
diciembre de 2017 y enero de 2018.
[81] Folios 14 y 15 cuaderno de revisión.
[82] Folio 1 cuaderno principal.
[83] Tiempo máximo de duración del contrato de aprendizaje contemplado
en el artículo 30 de la Ley 789 de 2002. Dicho término se establece debido a
que una vez culminado ese periodo el contrato de aprendizaje no se puede prorrogar
como tal y en consecuencia la empresa patrocinadora debe determinar si muta el
contrato de aprendizaje en contrato laboral vinculando al aprendiz.
[84] Sentencia T-084 de 2018