T-529-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-529/12
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES Y PRINCIPIO DE INMEDIATEZ
DEFECTO
PROCEDIMENTAL ABSOLUTO-Configuración
Esta corporación ha reconocido el defecto
procedimental absoluto como el error en que incurre el juez cuando se desvía
por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite a
determinadas cuestiones y actúa de forma arbitraria y caprichosa, con
fundamento en su sola voluntad. Es importante reconocer que estaría viciado
todo proceso en el que se pretermitan etapas señaladas en la ley para el
desarrollo de un asunto relevante para asegurar las garantías de los sujetos
procesales, como la solicitud y práctica de pruebas o la comunicación de inicio
del proceso que permita su participación en el mismo. Un elemento esencial del defecto procedimental
absoluto es que la desviación cometida por el juez frente al procedimiento
legal establecido, hubiese sido sin justificación. Al respecto ha dicho esta
Corporación que el fallador incurre en defecto procedimental cuando sin motivo
alguno niega la solicitud o práctica de testimonios o de cualquier otro medio
probatorio, o cuando habiéndolo decretado, después, por simple capricho, se
abstiene de continuar o culminar su práctica para apresurar y tramitar etapas
posteriores, lo que conlleva la vulneración al derecho fundamental al debido
proceso”. Por tanto, resulta de esencial importancia que el error se hubiese
cometido sin un fundamento proveído por el juez a las partes, pues el elemento
de arbitrariedad cumple un esencial rol dentro del defecto bajo estudio.
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Dejar sin efectos las actuaciones de proceso
ejecutivo adelantado contra la tutelante ante el Juzgado 45 Civil Municipal
Referencia: expediente T-3398723
Acción de tutela instaurada por Elizabeth Acosta López
contra el Juzgado 45 Civil Municipal de Bogotá.
Magistrada Ponente (e):
ADRIANA MARÍA GUILLÉN ARANGO
Colaboró: Ana Bejarano Ricaurte.
Bogotá D.C.,  diez (10) de julio de dos mil doce
(2012)
La
Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio, Gabriel Eduardo Mendoza y Adriana María
Guillén Arango, quien la preside, en ejercicio de sus competencias legales y
constitucionales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En
el proceso de revisión de la providencia del 24 de enero de 2012 del Juzgado 8º
Civil del Circuito de Bogotá por medio de la cual se negaron las pretensiones
de la peticionaria.
I.
ANTECEDENTES
La
accionante solicita que se protejan sus derechos fundamentales al mínimo vital
y móvil, a la vida digna, a la integridad personal, a la salud, a la seguridad
social y al debido proceso, pues el Juzgado 45 Civil Municipal de Bogotá ordenó
el embargo de su salario y falló en su contra sin atender las pretensiones que
presentó en la contestación de la demanda, según las cuales, el título ejecutivo
con el cual se adelantó el proceso ejecutivo es falso. Petición que se
fundamenta en los siguientes
1.
Hechos.
1.
La señora Elizabeth Acosta López
padece de diabetes y es madre cabeza de familia, de quien dependen su madre
enferma y sus cinco hijos.
2.
El señor Edgar Martínez Paz presentó
demanda ejecutiva contra la señora Elizabeth Acosta López, alegando que el día
19 de junio de 2007 suscribieron un título valor por el monto de cinco millones
de pesos y que la señora Acosta no cumplió con el pago oportuno de la
obligación así adquirida.
3.
En virtud de la demanda
ejecutiva, el Juzgado 45 Civil Municipal de Bogotá avocó conocimiento y
por medio de auto del 4 de marzo de 2009 expidió mandamiento de pago, ordenando
a la señora Elizabeth Acosta López el pago de “la suma de cinco millones de
pesos m/cte ($5.000.000.00), por concepto de capital representado en la Letra
de Cambio allegada como base de la presente ejecución”. (Folio 17, cuaderno
1).
4.
Por medio de auto expedido el
21 de abril de 2009, el Juzgado 45 Civil Municipal de Bogotá, ordenó el embargo
y retención de una quinta parte del excedente del salario mínimo mensual que “la
demandada devengue como empleada de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL de
esta ciudad, limitando esta medida a la suma de $10’000.000.00”. (Folio 16,
cuaderno 1).
5.
Siendo el momento procesal
propicio, la señora Elizabeth Acosta López contestó la demanda ejecutiva,
oponiéndose a cada una de las pretensiones y planteando un acápite de “EXCEPCIONES”
de la siguiente manera:
“- Que se revise y suspenda en forma inmediata el
proceso ejecutivo en mi contra por cuanto yo no le debo dinero al Sr. EDGAR
MARTÍNEZ PAZ.
- Se revise la autenticación de mi firma grafológica,
y que las costas corran por cuenta del demandante.
- La letra de Cambio demuestra que fue llenada en
todos sus espacios en blanco con una letra diferente a la mía y por ende el
valor es de su Invención, ya que no tengo compromisos económicos a nombre del
Sr. EDGAR MARTÍNEZ PAZ.
- He iniciado una Denuncia Penal, contra el ejecutante
aquí, ante la Fiscalía por el delito de Fraude Procesal, Art. 453 del Código
Penal. (anexo copia de la misma)”. (Folio
18, cuaderno 1).
6.
Concluida la etapa para la contestación
de la demanda, el Juzgado 45 Civil Municipal expidió un auto el 7 de diciembre
de 2009 por medio del cual afirmó “sería el caso decretar las pruebas
solicitadas por las partes, sin embargo observa el despacho que las
manifestaciones elevadas por el demandado al contestar la demanda no tienen
el carácter de excepciones y por lo tanto no hay lugar a correr traslado de
las mismas y darles el trámite previsto en el Art. 510 del C. de P.C., tal como
se dispuso mediante auto de fecha 4 de noviembre de 2009”. (Folio 21, cuaderno 1). (Negrilla por fuera del texto original).
7.
Siguiendo esta misma
argumentación, el Juzgado 45 Civil Municipal de Bogotá expidió sentencia el 28
de abril de 2010 por medio de la cual consideró que “respecto del documento
aportado como base de la presente ejecución cumple los requisitos enunciados en
los arts. 621 y 671 del C. del Co., y reúne las calidades señaladas en el art.
488 del C. de P.C., para demandar ejecutivamente la obligación en el contenido,
lo cual impone proferir sentencia que ordene llevar adelante la ejecución en la
forma señalada en el art. 507 del mismo ordenamiento”. (Folio 22, cuaderno
1).
8.
Más de un año después, el día 30
de septiembre de 2011, se presentó informe grafológico en el proceso penal
adelantado por la señora Acosta contra el señor Martínez por el delito de
fraude procesal, según el cual la firma plasmada en el título valor “NO ES
UNIPROCEDENTE, ya que no guarda claridad gráfica en su contenido frente a las
muestras aportadas como patrón de referencia. Lo referido anteriormente se
observa en las imágenes a lo largo del informe”. (Folio 27, cuaderno 1). Es
decir, según dicho informe, la firma de la señora Acosta plasmada como
referencia y la firma del título valor no tienen un mismo origen.
9.
A raíz de las nuevas conclusiones
que se aportaron al proceso penal por medio del informe mencionado, la señora
Elizabeth Acosta López presentó acción de tutela contra el Juzgado 45 Civil
Municipal por los hechos narrados.
2.
Solicitud de tutela.
Con
base en los hechos expuestos previamente, la señora Acosta presentó acción de
tutela contra la decisión del Juzgado, para que se anule y en su lugar se
ordene que “los títulos judiciales no le sean entregados al demandante hasta
tanto el órgano judicial penal competente falle el proceso que cursa en contra
del señor EDGAR MARTÍNEZ PAZ. Todo en cuanto la prueba pericial practicada por
el C.T.I. de la Policía Judicial no ha sido sometida a debate dentro del
proceso penal que se adelanta bajo el sistema acusatorio por el delito de
fraude procesal y termine con la sentencia que en derecho se obtenga”.
(Folio 32, cuaderno 1).
Esta
declaración se fundamenta en virtud de que la ejecución ordenada en el proceso
bajo estudio, condujo al embargo de una parte del salario de la peticionaria y
esta actuación puede constituir una afectación real al derecho del mínimo vital
y móvil de la accionante y su familia, por ser la señora López Acosta quien
mantiene a su madre enferma y sus cinco hijos, además de cuidar su delicado
estado de salud por la diabetes que padece.
3.
Decisión que se revisa.
i.
Única instancia.
El
Juzgado 8º Civil del Circuito, profirió sentencia el 24 de enero de 2012,
negando las pretensiones de la accionante al considerar que “el juzgado
accionado en sentencia adiada el 28 de abril de 2010 ordenó seguir adelante la
ejecución conforme a lo establecido en la orden de apremio, pues la demandada
no presentó excepción alguna frente a dicha acción (Folio 53, cuaderno 1)
(…) la tutelante acude a esta acción de tutela con el fin de que se lleve a
cabo la suspensión del aludido litigio, sin embargo, es del caso acotar que tal
petición se torna improcedente , pues ésta vía constitucional no es el medio
idóneo para ello, toda vez, que la Ley Adjetiva Civil establece los
presupuestos y trámite para dar aplicación a dicha figura procesal, de tal
manera que no se puede desconocer el carácter excepcional y subsidiario de la
presente acción”.(Folio 53 a 54, cuaderno 1).
4.
Intervención del Juzgado 45
Civil Municipal de Bogotá.
El
Juzgado accionado no presentó escrito alguno interviniendo en el trámite de la tutela
que obra en su contra.
5.
Pruebas que obran en el
expediente.
1.
Demanda ejecutiva presentada por
el señor Edgar Martínez Paz contra Elizabeth Acosta López por el supuesto
incumplimiento en el pago de una letra de cambio por el valor de $5’000.000.00.
(Folios 13 a 15, cuaderno 1).
2.
Auto del Juzgado 45 Civil
Municipal de Bogotá del 21 de abril de 2009 por medio del cual decretó el
embargo y retención de un porcentaje del salario de la señora Acosta. (Folio
16, cuaderno 1).
3.
Auto del Juzgado 45 Civil
Municipal de Bogota del 4 de marzo de 2009 por medio del cual se libró mandamiento
de pago. (Folio 17, cuaderno 1).
4.
Escrito de contestación de la
demanda presentado por la señora Elizabeth Acosta López el 21 de octubre de
2009. (Folio 18 a 19, cuaderno 1).
5.
Oficio 1432 del Juzgado 45 Civil
Municipal de Bogotá del 12 de mayo de 2009 por medio del cual se informó a la
Secretaría de Educación Distrital el decreto del embargo y retención de la
quinta parte del excedente del salario mínimo mensual que la demandada devenga.
(Folio 20, cuaderno 1).
6.
Auto del Juzgado 45 Civil
Municipal de Bogotá del 7 de diciembre de 2009 por medio del cual se afirmó que
las manifestaciones elevadas por la demanda “no tienen el carácter de
excepciones” y por tanto no se dará el trámite indicado. (Folio 21,
cuaderno 1).
7.
Sentencia del Juzgado 45 Civil
Municipal de Bogotá del 28 de abril de 2010 por medio de la cual se ordenó la
ejecución de la señora Elizabeth Acosta López. (Folios 22 a 23, cuaderno 1).
8.
Comunicado de la Jefe de Oficina
de Nómina de la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, Martha Lucia Vélez
Vallejo, por medio de la cual se informó al Juzgado 45 Civil Municipal que la
señora Elizabeth Acosta López se encuentra con otras deducciones por el juzgado
51 Civil Municipal por tanto “no le figura capacidad de endeudamiento”
(Folio 24, cuaderno 1).
9.
Examen grafológico presentado por la
Policía Judicial CTI -Documentología y Grafología Forense- ante la Fiscalía 365
de la Unidad de Orden Económico, Social y Lavados de Activos, por medio de la
cual se estableció que la firma de la señora Elizabeth Acosta López no es la
que se encuentra plasmada en el título valor utilizado para la ejecución.
(Folios 25 a 27, cuaderno 1).
10.Escrito
de tutela presentada por la señora peticionaria contra el Juzgado 45 Civil
Municipal de Bogotá. (Folios 29 a 34, cuaderno 1).
11.Sentencia
que negó las pretensiones de la tutela, expedida por el Juzgado 8º Civil del
Circuito, el 24 de enero de 2012.
II.
Revisión por la Corte
Constitucional.
1.
Competencia.
Esta
Corte es competente para conocer del fallo materia de revisión, de conformidad
con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y
con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y demás disposiciones
pertinentes, así como por la escogencia del caso que hizo la Sala de Selección,
mediante auto del 22 de marzo de 2012.
2.
Actuaciones en sede de
revisión.
En
sede de revisión el entonces Magistrado Sustanciador expidió auto el 19 de
abril de 2012 ordenando “SUSPENDER, a partir de la notificación de esta
providencia y hasta tanto sea decidida la presente causa en sede de tutela,
cualquier medida encaminada a concretar la ejecución ordenada en la sentencia
del 28 del abril de 2010 del proceso ejecutivo singular de Edgar Martínez Paz
contra Elizabeth Acosta López”. (Folio 11, cuaderno 2).
En
virtud de dicha orden, el Juzgado 45 Civil Municipal de Bogotá respondió
mediante escrito del 30 de abril de 2012, señalando que “se suspenden las
presentes diligencias [encaminadas a concretar la ejecución] hasta tanto
sea decidida la causa en sede de tutela por la Corte Constitucional”.
(Folio 15, cuaderno 2).
3.
Consideraciones
3.1.
Problema jurídico y esquema
de resolución.
Para
atender las pretensiones alegadas por la accionante, se resolverá el siguiente
problema jurídico: ¿incurrió el Juzgado 45 Civil Municipal en defectos
procedimentales al negar el decreto de la prueba grafológica solicitada y al no
estudiar la posibilidad de suspender el proceso por una posible
prejudicialidad, al concluir que la contestación de la demanda presentada ‘no
podía considerarse como tal’ y no dar motivación alguna?
Para
responder a este problema jurídico la Sala atenderá las consideraciones de la
siguiente manera: a la luz de los hechos que constituyen el caso, primero se
verificará la existencia de los requisitos para la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Una vez constada la procedencia de la
acción, se indagará por la existencia de los defectos procedimentales
específicos señalados por la solicitante, más precisamente el defecto fáctico
frente a la negación del decreto de la prueba grafológica, el defecto
procedimental absoluto frente al desvío del procedimiento indicado y la falta
de motivación de las providencias denegatorias.
3.2.
Estudio de los requisitos
para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
3.2.1.
En virtud de que se está ante una acción de tutela contra una providencia
judicial, la Corte debe analizar si se reúnen los requisitos necesarios para
que proceda el amparo incoado. Por medio de una reiterada línea
jurisprudencial, esta Corporación ha fijado los criterios que se deben analizar
ante una acción de tutela en contra de una providencia judicial. Siendo que
sólo en casos excepcionales puede proceder una acción de amparo constitucional
contra una sentencia, la Corte distinguió unos criterios de carácter general,
que habilitan la interposición de la tutela y, otros de carácter específico,
que tratan la procedencia misma de la acción, una vez presentada.
3.2.2. La verificación de los requisitos generales
constituye la puerta de entrada a la cuestión procesal, a las posiciones
jurídicas iusfundamentales del procedimiento en cuestión. Estos
requisitos han sido sintetizados de la siguiente manera:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional.
b. Que se hayan agotado todos los medios
-ordinarios y extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable
tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y
que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela.”[1]
3.2.3. Solamente cuando se ha constatado el
cumplimiento de los requisitos generales, puede el juez constitucional entrar a
determinar la existencia de alguno de los defectos que ha establecido la Corte,
de los que puede padecer una providencia judicial y que la convierte en un
instrumento de vulneración a los derechos fundamentales. Los defectos que ha
señalado la Corte se pueden concretizar así:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina
cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos
en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
g.  Desconocimiento del precedente, hipótesis que
se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
h.    Violación
directa de la Constitución.
Estos eventos en que procede la acción de tutela
contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de vía de
hecho y la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en eventos en
los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata
de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales”.[2]
3.2.4. La existencia de alguno de los defectos
señalados previamente sólo se puede verificar una vez se haya constatado el
cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela. Por
este motivo, la excepcionalidad de la tutela contra providencias judiciales
conduce a la imperiosa necesidad de que se compruebe el cumplimiento de todos
los requisitos de procedibilidad y además la existencia por lo menos de uno de
los defectos procedimentales que ha establecido la Corte.
3.2.5. En este sentido, pasa la Sala a comprobar los
requisitos de procedibilidad sólo si se encuentran reunidos todos ellos,
procederá al estudio de la existencia de los defectos de carácter procedimental.
3.3. Relevancia constitucional de la cuestión
estudiada.
3.3.1 Esta primera condición hace referencia a que el
asunto tratado involucre realmente derechos de rango constitucional y no sea
una cuestión que deba resolverse ante el juez ordinario de manera exclusiva. La
Corte ha descrito el alcance de este requisito de la siguiente manera:
“Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede
entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda
claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes”.[3]
3.3.2 En el presente caso, la cuestión a estudiar
tiene una evidente relevancia constitucional. La importancia de esta materia se
encuentra respaldada en la Carta por el artículo 29 de la Carta que prescribe: “quien
sea sindicado tiene derecho (…) a presentar pruebas y a controvertir las que se
alleguen en su contra”. En efecto, esta Corporación se ha pronunciado en
diversas ocasiones reiterando el carácter de derecho fundamental que tiene la
prueba y la posibilidad de pedirla dentro del proceso para quienes en él
actúan. Como se sentó en una de las primeras sentencias sobre el tema, la T-393
de 1994, “el derecho de toda persona de presentar pruebas y controvertir las
que se alleguen en su contra (…), constituye un derecho constitucional
fundamental”[4].
Por este motivo, cuando en un proceso judicial se desconoce el derecho que
tiene toda persona para pedir pruebas que le permitan sustentar sus
pretensiones, se está ante una posible vulneración de los derechos
constitucionales del sujeto procesal.
En este sentido, la situación puesta a consideración
de la Sala tiene una evidente relevancia constitucional pues el Juzgado 45
Civil Municipal de Bogotá negó las pruebas pedidas por la demandante al
considerar que la petición de las mismas se había realizado de forma insuficiente.
En efecto, en el escrito de contestación de la
demanda, la peticionaria solicitó se revisara “la autenticación de mi firma
grafológica, y que las costas corran por cuenta del demandante”. (Folio 18,
cuaderno 1). Así, y a pesar de no responder a las fórmulas sacramentales que la
práctica jurídica ha dispuesto para la petición de pruebas, es evidente que la
señora Acosta López estaba solicitando una prueba grafológica que permitiera
constatar la autenticidad de la firma plasmada en el título. De esta manera,
por medio del estudio del escrito presentado como contestación de la demanda
por la peticionaria, la Sala considera que en el mismo sí se consagraron una
serie de excepciones y la petición de una prueba.
Aunque la práctica jurídica ha consagrado, de manera
consuetudinaria, algunas formas específicas para la presentación de la
contestación de la demanda por medio de la cual se aducen excepciones, las contestaciones
que por fuera de ellas se realicen no pueden considerarse como equívocas. Por
ejemplo, una forma en que usualmente se contesta la demanda en un proceso civil
para presentar excepciones es el esquema por medio del cual se identifica al
actor y su apoderado, se da respuesta a cada uno de los hechos (planteando si
es cierto o no), se presenta un acápite de pretensiones por medio de la cual se
enumeran las excepciones presentadas (otorgándole a cada una de ellas un nombre
específico), se enumeran las pruebas solicitadas y las razones que fundamentan
su solicitud y finalmente el señalamiento de los lugares donde podrán
realizarse las notificaciones correspondientes.
A pesar de dicha fórmula, que se ha instaurado como
regla general en la práctica procesal colombiana, el Código de Procedimiento
Civil, estatuto que debe guiar el actuar del abogado litigante, no consagra
ninguna norma que establezca de manera específica cómo deben presentarse una
contestación de la demanda. Más aún, no existe en el Código consecuencia
negativa alguna para el no cumplimiento de fórmulas sacramentales, tal como la
que se señaló previamente.
Por estos motivos, a pesar de que el escrito
presentado por la señora Acosta no correspondió a una forma específica, como la
planteada previamente, se puede evidenciar claramente que sí se estaban
presentando excepciones y solicitando una prueba: la grafológica frente a la
firma del título allegado.
En respuesta, el Juzgado en cuestión negó la solicitud de dicha prueba al
considerar que “sería el caso decretar las pruebas solicitada (sic) por las
partes, sin embargo observa el despacho que las manifestaciones elevadas por el
demandado al contestar la demanda no tienen el carácter de excepciones y por lo
tanto no hay lugar a correr traslado de las mismas”. (Folio 21, cuaderno
1). De esta manera, y en virtud de una consideración sin fundamento legal por
medio de la cual no se aceptó la forma en que se solicitó la prueba, el juez
que conoció de la ejecución impugnada, procedió a denegarla. Esta actuación
debe revisarse con especial cuidado pues como se mencionó previamente, siendo
el ejercicio probatorio un elemento de esencial importancia para el desarrollo
del derecho fundamental al debido proceso, la denegación de una oportunidad
probatoria tiene evidente relevancia constitucional y amerita la revisión por
parte de la Sala.
3.3.3. Esta misma consideración se obtiene, en cuanto
la medida que ordenó el embargo de una parte del salario de la peticionaria puede
amenazar el derecho al mínimo vital y móvil de la accionante, más aun cuando la
orden proferida por el juez dispone “el embargo y retención de la quinta
parte del excedente del salario mínimo mensual que la demandada ELIZABETH
ACOSTA LOPEZ devengue como empleada de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL de
esta ciudad, limitando esta medida a la suma de $10’000.000.oo”. (Folio 16,
cuaderno 1). Con la cual el decreto del embargo dobla la suma debida.
Aunque se podría pensar que el porcentaje embargado no
representa un parte significativa del salario, como lo puso en evidencia la
peticionaria, de dichos ingresos no depende únicamente el cuidado de su
diabetes, sino también el de su madre enferma y sus cinco hijos[5], por tanto, cualquier
porcentaje de este monto que se vea retenido representa una dificultad
económica delicada. Por esta razón, y teniendo en cuenta que la orden de
embargo expedida a raíz del proceso ejecutivo impugnado puede afectar el
derecho al mínimo vital y móvil de la peticionaria y su familia, el presente
litigio reviste una evidente importancia constitucional, que amerita el estudio
por parte de la esta Corporación.
3.3.4.
Por último, el caso concreto reviste un asunto de esencial relevancia
constitucional, pues la señora Acosta López alegó la falta de una defensa
técnica en el desarrollo del proceso. Esta ausencia de consejo especializado es
la causa por medio de la cual la accionante fundamentó la inacción de su
defensa en el proceso ejecutivo. Como lo señaló la solicitante en la acción de
tutela, una vez fue demandada para lograr el cobro ejecutivo de la deuda “me
notifiqué personalmente y dentro del término que allí me señalaban, procedí a
contestar la demanda, sin acudir a abogado alguno ya que en ese juzgado me
dijeron que podía hacerlo sin asesoría pues se trataba de una demanda de mínima
cuantía. Advierto que no soy abogada, soy una simple Bachiller con deseo de
prosperar”. (Folio 30, cuaderno1).
En
efecto, el régimen procesal civil colombiano exige en el artículo 63 de su
estatuto el deber de que “las personas que hayan de comparecer al proceso
deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos que la
ley permite su intervención directa”[6].
Dentro de las excepciones que contempla la norma citada, se encuentra la
salvedad contenida en el artículo 28 del Decreto 196 de 1971, que plantea: “por
excepción se podrá litigar en causa propia sin ser abogado inscrito, en los
siguientes casos: (…) en los procesos de mínima cuantía”. En virtud de este
esquema normativo, la alegación de la señora López Acosta es cierta, y es
posible que, cuando se está ante una causa de mínima cuantía, se haga parte del
proceso sin mediación de un abogado, pero en este caso particular ésta regla actuó
en pro del deterioro del derecho del acceso efectivo a la justicia de la señora
López Acosta.
Esta
Corporación ha reconocido y desarrollado la especial importancia que se deriva
del derecho a la defensa dentro del orden constitucional y para el sistema
judicial colombiano. En este sentido, cuando se constata una situación
específica por medio de la cual una persona enfrentó el desarrollo de un
proceso judicial sin el adecuado consejo técnico, y que esta situación condujo
a la afectación de su estrategia de defensa, se evidencia una cuestión de
esencial relevancia constitucional.
A
pesar de que en este caso específico existe licencia legal (el artículo 28 del
Decreto 196 de 1971 citado previamente) para que la señora Acosta López actuara
en nombre propio y sin necesidad de apoderado, cuando el juez advirtió que esta
situación actuó en desmedro del derecho a la defensa de la accionante, tenía el
deber, como director del proceso y guardián de las garantías constitucionales
que se deben preservar en el mismo, de señalar soluciones posibles a la
situación.
Aunque
es evidente que el juez debe preservar su absoluta imparcialidad y tratar con
igualdad a las partes, pues así lo estatuye el numeral 2º del artículo 37 del
C.P.C., otro de los deberes consagrados en dicha norma es el de dirección del
proceso. Así, dentro de la potestad que se le atribuye al juez como Director
del proceso, si el mismo advierte que a una de las partes no se le está
asegurando su derecho al acceso efectivo a la administración de justicia, por
carecer del consejo técnico del cual pende la interacción apropiada en un
proceso judicial, debe señalarle las posibilidades que tiene para remediar esta
situación y conseguir un abogado.
De
esta manera, el juez compensa la falta que se estructura en el proceso cuando
una persona no puede adelantar sus pretensiones por encontrarse sin asesoría
técnica y le señala los servicios por medio de los cuales puede obtener este
consejo, por ejemplo la asistencia de los consultorios jurídicos, en caso de no
tener los recursos necesarios para los servicios requeridos. Esta actuación no
vulnera el derecho a la igualdad entre las partes, al contrario, lo garantiza
pues por medio de ella se asegura que ambos lados del contradictorio actúen en
el proceso a la luz de las reglas exigidas y acorde con el concepto técnico de
una persona que conoce las vicisitudes del proceso y la forma en que se deben
adelantar las pretensiones de cada parte.
En
congruencia, la facultad de dirección del proceso que adelanta el juez
involucra lo que doctrinariamente se conoce como la fijación de la litis,
actividad por medio de la cual debe realizar todos los esfuerzos necesarios
para determinar con claridad cuáles son las pretensiones de cada parte, los elementos
probatorios que sustentan sus solicitudes y el proceder legal por medio del
cual se deben tramitar. Carnelutti describe este ejercicio como el deber del
juez de “dirigir, orientando, estimulando o modelando, los debates entre las
partes a través de los cuales se forma el cuadro definitivo de las respectivas
razones”[7].
Este
deber en cabeza del juez no se suspende cuando existe autorización legal para
que las partes actúen sin representación de un apoderado, pues esta excepción
se estructura como una facilidad y no como un obstáculo para la realización de
la justicia material. En efecto, el profesor López Blanco plantea al respecto “la
finalidad de la ley al establecer esta excepción fue evitar a quien litiga en
procesos por sumas tan bajas las erogaciones que demanda contratar un abogado,
cuyos honorarios podrían resultar mayores que lo pretendido”[8]. Por este motivo,
es claro que la posibilidad de actuar sin un apoderado en los procesos de
mínima cuantía se presenta como una garantía para el acceso efectivo a la
administración de justicia, y así poder evitar un costo excesivo para quien
enfrenta una causa de un monto dinerario pequeño. Por tanto, esta excepción no
puede entonces actuar en deterioro del derecho a la defensa, derecho que
inspiró su misma consagración.
Al
contrario, cuando existe falta de asesoría legal para alguna de las partes, el
deber de dirección del proceso del juez se vigoriza, pues debe ser más acucioso
en aras de lograr una apropiada integración de la litis, realizando esfuerzos
adicionales para entender aquello expresado por las partes ante la falta del
consejo técnico de un abogado. En definitiva, una parte no se expresa de la
misma manera cuando está asesorada por un abogado que cuando no lo está. Por
tanto, el juez debe comprender y actuar de manera consecuente con esta
diferencia, utilizando criterios más flexibles cuando se enfrenta a una persona
que actúa sin consejo legal, contribuyendo a un verdadero entendimiento de lo
que quiso decir y de sus pretensiones reales en el transcurso del proceso.
En
virtud de esta argumentación, se puede evidenciar que la falta de un consejo
técnico en este caso y la actitud poco diligente del juez, sí se tradujo en una
afectación del derecho al efectivo acceso a la administración de justicia de la
accionante, como ella misma lo afirma en el escrito de tutela (Folio 30,
cuaderno 1) y por tanto se estructura como un elemento de esencial relevancia
constitucional.
3.4.
Agotar todos los medios de defensa judicial posibles o en su defecto la
acreditación de la inminente ocurrencia de un perjuicio irremediable.
3.4.1.
Este segundo requisito hace referencia al “deber del actor de desplegar
todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga
para la defensa de sus derechos”.[9]
La teleología tras esta condición de procedibilidad es preservar el carácter
alternativo y subsidiario que inspiró la consagración de la acción de tutela en
el ordenamiento constitucional colombiano. Así, se pretende evitar que la
tutela invada las competencias asignadas a las distintas autoridades de la
justicia ordinaria, conllevando a un desborde institucional a través del abuso
de la jurisdicción constitucional.
3.4.2.
En el presente caso es posible evidenciar que sí existían otros medios de
defensa judicial que hubiese podido utilizar la peticionaria para adelantar sus
pretensiones. En primera instancia, y para remediar la negación a practicar la
prueba grafológica solicitada, la accionante hubiese podido interponer recurso
de apelación contra dicha decisión. Este recurso no se presentó y por tanto la
decisión que cercenó la práctica de la prueba adquirió firmeza dentro del
proceso ejecutivo.
Una
vez consumado el término para presentar el recurso de apelación contra el auto
que negó el decreto de la prueba, y puesta en firme la sentencia, la señora
Acosta López hubiese podido solicitar la práctica del incidente de nulidad,
alegando la causal sexta que establece esta posibilidad cuando “se omiten
los términos u oportunidades para pedir o practicar pruebas o para formular
alegatos de conclusión”[10].
En el presente caso, el Juzgado 45 Civil Municipal consideró que aquello
presentado por la peticionaria para responder la demanda no satisfizo las formas
básicas y por el mismo motivo entendió que la oportunidad propicia no se había
utilizado para pedir las pruebas. En efecto, en la sentencia de ejecución, el
juez consideró que la demandante “no opuso excepción alguna al ejercicio de
la acción” (Folio 22, cuaderno 1), desconociendo así la actuación adelantada
y omitiendo la oportunidad legal y constitucional para pedir la prueba
grafológica.
Por
último, la peticionaria hubiese podido presentar recurso extraordinario de
revisión ante la aparición de la prueba grafológica en el proceso penal
iniciado contra el señor Edgar Martínez Paz, invocando la causal primera que
según el artículo 380, numeral 1 del C.P.C. se presenta al “haberse
encontrando después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado
la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al
proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.
En efecto, el informe grafológico según el cual la firma de la señora López
Acosta no es la que se encuentra plasmada en el título, se realizó el 30 de
septiembre de 2011, aproximadamente un año y medio después de que se expidiera
la sentencia el 28 de abril de 2010.
3.4.3.
A pesar de los recursos que se señalaron en cabeza de la señora Acosta López, y
que en principio cercenarían la procedencia de la presente acción de tutela, la
falta de acción de la peticionaria no se constituye como razón suficiente para
declarar la improcedencia de la presente acción, pues conduciría a la
consumación de un perjuicio irremediable.
Frente
a esta posibilidad la Corte ha reconocido que “aun existiendo otro medio de
defensa judicial, es posible promover la tutela como mecanismo transitorio,
cuando el actor logra acreditar que el derecho presuntamente afectado se
encuentra sometido a un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción debe
orientarse a evitar la consumación del perjuicio y los efectos del fallo serán
transitorios, mientras se resuelven los recursos ordinarios que deben ser
interpuestos”[11].
Finalmente,
y para poder utilizar la acción de tutela en aras de evitar el acaecimiento de
un perjuicio irremediable, resulta de imperiosa necesidad que el peticionario
lo pruebe sumariamente sus pretensiones. Pues:
“si se alega como perjuicio irremediable la afectación
del mínimo vital, la Corte ha señalado que si bien en casos excepcionales es
posible presumir su afectación, en general quien alega una vulneración de este
derecho como consecuencia de la falta de pago de alguna acreencia laboral, debe
acompañar su afirmación de alguna prueba, al menos sumaria. Esta Corporación ha
reconocido que la informalidad de la acción de tutela no exonera al actor de
probar, aunque sea de manera sumaria, los hechos en los que basa sus
pretensiones”.[12]
Por
tanto, frente a la existencia del perjuicio irremediable existen diversos
elementos que han de tenerse en cuenta a la luz de la jurisprudencia citada
previamente. Primero, cuando se constatan en cabeza del peticionario otras
acciones para adelantar la defensa de sus pretensiones, procederá la acción de
tutela como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable. Segundo, la ocurrencia de dicho perjuicio debe sustentarse de
manera sumaria en los documentos allegados.
3.4.4.
En el caso que estudia la Sala, la peticionaria allegó suficiente material
probatorio para constatar ante el juez de tutela que se encuentra en una
situación económica precaria, que varios miembros de su familia dependen de ella
y por tanto, que el embargo de una parte de su salario, conduciría a la
afectación de su mínimo vital y el de su familia. En efecto, obran en el
expediente los certificados médicos que constatan que la solicitante padece de Diabetes
Mellitus y ha sido tratada por ansiedad y depresión.[13] El nivel de diabetes que
padece la solicitante la convierte en una paciente dependiente de la insulina
para sobrevivir, por tanto, es una delicada situación de salud que requiere
recursos para su cuidado apropiado. En el expediente también obran pruebas de
la delicada condición de la madre de la peticionaria por padecer síndrome de
colon irritable y arritmia cardiaca.[14]
Por último, también se encuentra el contrato que suscribió la señora Acosta,
para arrendar el apartamento en el cual vive con sus cinco hijos.[15]
En
virtud de los documentos citados previamente, se hace evidente que la situación
económica de la señora López Acosta sí es ciertamente precaria, pues debe
responder por su delicado estado de salud, el de su madre y por sus cinco hijos,
de modo que el embargo de un porcentaje de su salario implicaría una afectación
a su vida y la de sus familiares que dependen de ella. Por ese motivo, procede
la acción de tutela en aras de evitar un perjuicio irremediable con efectos transitorios,
como se justificará al resolver el caso concreto que ocupa a la Sala.
3.4.5.
Frente a la inacción de la señora López Acosta es preciso traer a colación la
falta de consejo técnico desarrollado en el acápite número 3.2.4. de esta providencia y puede constituirse como
una explicación a la posterior inacción de la peticionaria en el proceso ejecutivo.
En efecto, la falta de certeza por parte del juez de qué cuantía se trataba el
asunto sometido a su conocimiento, y la falta de apoderado judicial condujo a
la inacción de la peticionaria en el proceso ejecutivo.
Por
un lado, mediante la providencia que ordenó la ejecución de la señora López
Acosta se evidencia que no hubo certeza sobre la cuantía durante el desarrollo
del proceso, y por tanto tampoco fue clara la necesidad o no de un apoderado
judicial. En efecto, la sentencia de ejecución del 28 de abril de 2010 dictada
por el Juzgado 45 Civil Municipal se pretendió aclarar que “téngase en
cuenta que el presente proceso es de mínima cuantía y no de menor como quedó
señalado en el auto de mandamiento de pago”. (Folio 22, cuaderno 1). Así,
se pone en evidencia la forma en que el juez intentó subsanar un error que
hubiese conducido a la nulidad del proceso pues, de haber adelantado un proceso
de menor cuantía sin que la parte demandada actuara por medio de un apoderado
judicial, se hubiera incurrido en una causal de nulidad, además de una
afectación al derecho al acceso efectivo a la administración de justicia de la
señora López Acosta. Por este motivo, cuando acaeció el momento de fallar, el
juez subsanó dicha inconsistencia aclarando que el proceso era de hecho de
mínima cuantía y que por tanto la falta de un apoderado durante todo su
transcurso, no afectaría su validez.
A
pesar de haber subsanado, la falta de certeza frente a un asunto de vital
importancia durante el desarrollo del proceso, actuó en desmedro de los
derechos de la señora López Acosta quien se presentó sin apoderado judicial que
prestara su consejo técnico para adelantar una estrategia de defensa acorde con
sus intereses.
En
virtud de esta situación, aunque sí es posible que la peticionaria actuase en
el proceso sin apoderado judicial, se hace evidente -como ella misma lo relata
en el escrito de tutela- que la falta de asesoría condujo a su inacción en el
proceso ejecutivo y por tanto no se puede endilgar esta situación como motivo
para sustentar la improcedencia de la presente acción de tutela.
3.5.
Requisito de la inmediatez.
3.5.1.
El tercer requisito propugna porque la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la supuesta
vulneración. Esta condición está encaminada a proteger los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, pues de permitir que la acción
de tutela proceda años después de proferida la decisión, contribuiría a su
menoscabo.
Si
bien en el artículo 86 constitucional y en el Decreto 2591 de 1991 no se
consigna ningún término de caducidad de la acción de tutela, la jurisprudencia
de esta Corte ha insistido en que su formulación debe realizarse en un término
razonable desde la configuración del acto o de la omisión que amenaza o que
vulnera algún derecho fundamental[16].
Es
de señalar, sin embargo, que el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991 consagraba
originalmente un término de caducidad aplicable a la acción constitucional[17]. Sin
embargo, esta norma fue declarada inexequible en la sentencia C-543 de 1992,
providencia que encontró “palpable la oposición entre el establecimiento de
un término de caducidad para ejercer la acción y lo estatuido en el artículo 86
de la Constitución cuando señala que ella puede intentarse ‘en todo momento’”.
En
virtud de esta declaración y tras realizar un estudio del marco normativo de la
acción de tutela, resulta evidente que este mecanismo de defensa judicial es el
más fulminante, breve y urgente para el amparo de los derechos fundamentales,
salvo el mecanismo del habeas corpus en relación exclusiva con el
derecho a la libertad personal cuando alguien es privado de ella con violación
de las garantías constitucionales o legales.
En
este orden de ideas, la Sala recuerda que “[e]n ningún caso podrán
transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución”[18], es decir
que esta acción cuenta con un privilegio especial entre el conjunto de acciones
compiladas en el ordenamiento jurídico, ya que debe ser fallada en un término
que, además de perentorio, es muy corto, lo que hace de éste un procedimiento
preferente y sumario[19],
como en efecto lo establece el primer inciso del artículo 86 de la Carta y el
artículo 1° del Decreto 2591 de 1991.
Dada
la relevancia de los bienes jurídicos que la tutela protege, ésta no sólo debe
ser resuelta prontamente sino que puede ser interpuesta en cualquier momento.
Por ello es que el artículo 1° del Decreto 2591 de 1991 prevé que “[t]odos
los días y horas son hábiles para interponer la acción de tutela” y que “[l]a
acción de tutela procederá aún bajo los estados de excepción”.
Así
pues, el juez de tutela está investido del poder de decretar medidas
provisionales para proteger un derecho, al igual que puede tutelar un derecho
fundamental de manera transitoria cuando, existiendo otro medio de defensa
judicial, la acción constitucional busque evitar la consumación de un perjuicio
irremediable. Asimismo, la procedencia de la acción de tutela no está sujeta al
previo agotamiento de los recursos de la vía gubernativa[20] y puede ser promovida
directamente por las personas sin necesidad de estar representadas por un
abogado.
La
premura que define a la acción constitucional se corrobora con los principios
de “publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y
eficacia”[21]
que la irradian. Igualmente, el artículo 18 del Decreto 2591 de 1991 concede al
juez constitucional la potestad de “tutelar el derecho, prescindiendo de
cualquier consideración formal y sin ninguna averiguación previa, siempre y
cuando el fallo se funde en un medio de prueba del cual se pueda deducir una
grave e inminente violación o amenaza del derecho”, lo cual aporta más
elementos al perfil de urgencia que tiene la tutela. La anterior potestad está
complementada por el artículo 22 del Decreto 2591 de 1991 que dispone que “[e]l
juez, tan pronto llegue al convencimiento respecto de la situación litigiosa,
podrá proferir el fallo, sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas”.
Por
último, la urgencia que es transversal al procedimiento de tutela es confirmada
por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 al prescribir que el recurso de
apelación contra un fallo de tutela se concede en el efecto devolutivo, esto
es, que entre tanto se define la segunda instancia, no se suspende el
cumplimiento de la providencia apelada[22].
En idéntico efecto se concede la revisión por parte de la Corte Constitucional[23].
En
resumen, “el constituyente, para evitar dilaciones que prolonguen la
vulneración de los derechos invocados y para propiciar una protección tan
inmediata como el ejercicio de la acción, permite que se interponga
directamente por el afectado, es decir, sin necesidad de otorgar poder a un
profesional del derecho; orienta el mecanismo al suministro de protección
inmediata; sujeta su trámite a un procedimiento preferente y sumario; dispone
que la decisión se tome en el preclusivo término de diez días; ordena que el
fallo que se emita es de inmediato cumplimiento y, cuando se dispone de otro
medio de defensa judicial, permite su ejercicio con carácter transitorio para
evitar un perjuicio irremediable”[24].
Habida
cuenta de todas las disposiciones reseñadas que demuestran que la tutela es una
acción irradiada por la urgencia, resulta apenas natural que se le exija al
demandante actuar con premura en su interposición, esto es, el accionante debe
presentar la acción de tutela en un término prudencial contado desde el momento
de la lesión o amenaza del derecho fundamental. A contrario sensu, la
formulación de la tutela mucho tiempo después de ocurrido el acto o la omisión
que vulnera o amenaza un derecho fundamental es indicativo de que el
solicitante no requiere de una solución con respecto a sus derechos
fundamentales con la prontitud y la inmediatez que simbolizan a esta acción, de
suerte que podría acudir a los demás medios de defensa, tanto administrativos
como judiciales, previstos en el ordenamiento, con el objetivo de obtener la
protección de sus derechos[25].
Esta
premura, que se evidencia como piedra angular del procedimiento de tutela, está
llamada a cuidar que el peticionario hubiese actuado ante la jurisdicción
constitucional y hubiese puesto de presente sus pretensiones, proscribiendo así
la inacción por parte del solicitante. Así, de la mano con la prontitud que se
exige al peticionario para presentar la acción de tutela, se debe tener en
consideración también la actividad del solicitante ante otras jurisdicciones.
Es decir, aunque no debe transcurrir un lapso de tiempo demasiado amplio entre
la presentación de la tutela y el hecho constitutivo de la afectación a los
derechos fundamentales, esta situación se puede subsanar si se evidenció que el
peticionario intentó promover sus pretensiones ante otros jueces y otras
jurisdicciones.
De
esta manera la Corte ha reconocido en diversos pronunciamientos[26] la posibilidad de que se
satisfaga el requisito de inmediatez a pesar de que la tutela no se haya
presentado justo después del hecho vulneratorio, pues esta falta se subsana si
se comprueba que el accionante actúo por otras vías para presentar sus
argumentos, pero este ejercicio no le hubiese resultado exitoso y por tanto debió
recurrir a la acción de tutela.
3.5.2.
En el caso bajo estudio, aunque transcurrió un período de tiempo considerable -20
meses- entre la ocurrencia del proceso judicial estimado vulneratorio del
debido proceso y la presentación de la acción de tutela, a juicio de la Sala sí
se satisface el requisito de inmediatez. Lo anterior por cuanto es claro que la
accionante acudió a otros medios de defensa judicial  para presentar sus
argumentos en el periodo transcurrido entre la sentencia que la condenó en el
proceso ejecutivo y la interposición de la acción de amparo. Durante dicho
lapso la accionante acudió al proceso penal con el fin de establecer la
falsedad del título; proceso que si bien no es una de las vías civiles
señaladas previamente para impugnar la decisión, si es una acción que tiene
como fin proteger los intereses de la misma.
Así,
aunque el proceso ejecutivo finalizó con una providencia del 28 de abril de
2010 y la acción de tutela fue presentada en los días de diciembre del año 2011,
es indiscutible que la peticionaria sí tuvo una posición activa e interesada en
el entretanto. Por este motivo sí se cumple con el requisito de la inmediatez
pues “con tal exigencia se pretende evitar que este mecanismo de defensa
judicial se emplee como herramienta que premia la desidia, negligencia o
indiferencia de los actores, o se convierta en un factor de inseguridad
jurídica”.[27]
Adicionalmente,
como resultado del proceso penal, se efectuó una prueba grafológica que le
permitió establecer la falsedad de la firma utilizada en el título, dicho
informe se allegó el día 30 de septiembre de 2011. De manera que su actividad
en periodo entre la providencia que la condenó y la interposición de la acción
de tutela, tuvo como fruto una prueba que respalda sus pretensiones.
3.6.
Injerencia de la
irregularidad procesal en la providencia atacada.
3.6.1.  Frente al cuarto requisito para la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, esta corporación ha
establecido:
“Cuando se trate de una irregularidad procesal,
debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora”.[28]
3.6.2.
En el caso bajo estudio sí se argumentó la existencia de una irregularidad
procesal, consistente en la respuesta que dio el juez de la ejecución a la
contestación de la demanda presentada por la peticionaria, y esta supuesta
irregularidad tuvo determinantes efectos en la providencia atacada. En efecto,
la irregularidad procesal consistió en el desconocimiento de la contestación de
la demanda y las órdenes que el Juzgado 45 Civil Municipal expidió tras su
presentación, olvidando el conducto regular que debía seguir el proceso
iniciado, una vez contestada la acción como se contestó.
La
demanda ejecutiva se contestó el día 21 de octubre de 2009, presentando
oposición a las pretensiones de la ejecución, en la que la peticionaria señaló
que “la letra que presenta no corresponde a mi firma y nunca he creado a
favor del Sr. EDGAR MARTINEZ PAZ, una letra de cambio” y por tanto solicitó
que “se revise la autenticación de mi firma grafológica”. (Folio 18,
cuaderno 1).
A
pesar de encontrarse contestada la demanda, como se señaló atrás, el Juzgado 45
Civil Municipal expidió un auto el 7 de diciembre de 2009 por medio del cual
afirmó que “sería el caso decretar las pruebas solicitadas por las partes,
sin embargo observa el despacho que las manifestaciones elevadas por el demandado
al contestar la demanda no tiene el carácter de excepciones y por lo tanto no
hay lugar a correr traslado de las mismas”. (Folio 21, cuaderno 2). De esta
manera, el juez consideró que los argumentos presentados en la contestación no
podían considerarse como excepciones y sin motivar esta decisión, optó por no
ordenar la práctica de la prueba grafológica solicitada por la peticionaria.
Esta
actitud del juez de ejecución constituye una irregularidad procesal pues, se
desconoció la contestación de la demanda, considerada como insuficiente y como
consecuencia de esta decisión inmotivada se negó la práctica de una prueba
solicitada y de trascendental importancia para la decisión a tomar en el
proceso.
Por
último, resulta evidente la injerencia que tuvo esta irregularidad en el
proceso ejecutivo cuestionado pues en la sentencia se planteó que “el
demandado el día quince de nueve de octubre de 2009 (sic) se notificó
personalmente, quien dentro de la oportunidad procesal correspondiente no opuso
excepción alguna al ejercicio de la acción, así como tampoco cancelo (sic) la
obligación, resultando oportuno tomar la decisión que corresponda con arreglo a
lo previsto en el art. 507 del C. de P.C.” (Folio 22, cuaderno 1). Como se
puede verificar, el hecho de que el juez considerase que la demanda no fue
contestada, a pesar del escrito presentado, sí tuvo una ingerencia determinante
en la decisión pues condujo a la ejecución de la señora López Acosta, por la
deuda que hoy se cuestiona.
Por
estos motivos se cumple también este requisito de procedencia de la acción de
tutela impetrada pues la irregularidad procesal señalada tuvo una importancia determinante
para la decisión que ahora se analiza.
3.7.
Identificación razonable de los hechos que generaron la vulneración y los
derechos considerados vulnerados y que se hubiere alegado tal vulneración en el
proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.
3.7.1.
Este requisito está encaminado a asegurar que quien interpone la acción de
tutela identifique de manera clara y razonable cuales fueron las actuaciones u
omisiones que condujeron a la vulneración alegada. El segundo elemento que
compone este criterio, es que dichos argumentos se hubiesen presentado en el proceso
judicial que fue impugnado con la tutela de manera reiterada.
3.7.2.
En el presente caso los alegatos sobre la falsedad del título presentado se
esgrimieron en la contestación de la demanda, como ya se ha dicho, y en concordancia
con ellos también se presentó una denuncia penal tendiente a esclarecer la
autenticidad de la firma cuestionada. Por tanto, se satisface este requisito al
encontrar que los hechos que configuran la supuesta vulneración a los derechos
fundamentales, fueron presentados en sendas ocasiones dentro del presente
litigio y por medio de diversas vías jurídicas.
3.8.
Que no se trate de sentencias
de tutela.
La
providencia atacada no es una sentencia de tutela, por tanto no incurre en la
prohibición contenida en el último requisito.
3.9.
Existencia de los defectos específicos en la providencia atacada.
Constatados
como se encuentran todos los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, es posible pasar a determinar si en
el presente caso se puede verificar la existencia de los defectos alegados por
la peticionaria.
3.10.
Análisis sobre la
existencia de algún defecto en las providencias atacadas.
3.10.1.
En el escrito de tutela presentado se pueden evidenciar dos argumentos
principales clasificados como un defecto fáctico y un cargo por falta de
motivación.
Para
entender realmente el contenido de los cargos aducidos por la peticionaria, es
necesario reiterar la naturaleza de los fenómenos jurídicos traídos a colación.
Por
un lado, esta Corporación ha
definido al defecto fáctico “como aquel que surge o se presenta por omisión
en el decreto y la práctica de las pruebas; la no valoración del acervo
probatorio y el desconocimiento de las reglas de la sana crítica; por último, la
Corte también lo ha llegado a derivar de problemas intrínsecos relacionados con
los soportes probatorios”[29].
Por
otro, se ha planteado que la falta de motivación:
“es un defecto de las providencias judiciales cuando
se adoptan sin justificación suficiente. La deficiencia puede originarse –como
lo ha reconocido la Corte Constitucional- o bien en la falta de justificación
externa o bien en la carencia de justificación interna.
La primera, la falta de justificación externa, se
predica de aquellos juicios jurídicos en los cuales la premisa normativa o la
premisa fáctica del juicio jurídico aparecen construidas por el juez sin
argumentación suficiente. Tanto los elementos fácticos como los normativos
empleados en una sentencia podrían, efectivamente, responder a la realidad
procesal o a lo que dispone el ordenamiento jurídico. Pero, aún así, si no se
ofrecen motivos para sustentarlos, la interpretación estaría indebidamente
justificada, porque no existirían muestras de la actuación adelantada por el
juez para concluir que esos eran, definitivamente, los componentes
determinantes del sentido de su decisión”[30].
Por
su parte, la segunda deficiencia, se denomina falta de justificación interna y “se
le atribuye a la conclusión cuando no es ‘solidaria con las premisas’ o, como
lo señaló la Corte en otra ocasión, cuando no ‘se sigue lógicamente de las
premisas que se aducen como fundamentación’. Sin embargo, debido a que las
decisiones jurídicas, muy a menudo no son evidentes, y no pueden nunca ser
arbitrarias, es preciso exponer las razones que justifican el paso de las
premisas a la conclusión”[31].
Esta
distinción pretende hacer hincapié en que “la argumentación, como medio
técnico de control de cualquier decisión en el Estado social de derecho, no es
un simple requisito meramente formal, sino de fondo, de allí que la teoría
estándar de la argumentación jurídica imponga que las decisiones deban contar
no sólo con una justificación externa, sino interna. En está última, como lo enseña
el profesor Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue
lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”.[32]
3.10.2.
En el presente caso, la peticionaria alegó la existencia de un defecto fáctico al
considerar que se desconoció una oportunidad probatoria determinante al no
ordenar la práctica del cotejo grafológico que ella solicitó se practicara
dentro del proceso, para comparar su firma con la firma plasmada en el título
que se utilizó como fundamento de la ejecución. Por otro lado, se estructura
también un cargo de decisión sin motivación por falta de justificación externa,
pues el juez consideró que la contestación de la demanda y excepciones
presentadas, no podían ser consideradas como tales y desechó lo planteado sin
motivación alguna.
Una
vez presentados los defectos y cargos aducidos por la accionante en el escrito
de tutela, pasa la Sala a considerar si en el caso concreto se puede evidenciar
la existencia de dichas anomalías procesales que puedan conducir a la consolidación
de la protección solicitada.
3.11.
Constatación de los defectos procedimentales específicos frente a los hechos
estudiados.
3.11.2.
Para la Sala resulta evidente la existencia de los defectos procedimentales
señalados por la peticionaria y en virtud de estos se puede advertir que las
actuaciones que tomaron lugar en el proceso ejecutivo impugnado atentaron
contra el derecho al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de
justicia de la señora López Acosta. La actuación vulneratoria por parte del
Juzgado 45 Civil Municipal se concretó en el desconocimiento que se hizo de la
contestación de la demanda oportunamente presentada por la peticionaria y las
consecuencias traumáticas que esto generó para la decisión adoptada, como se expondrá
a continuación.
En
efecto, la accionante presentó contestación de la demanda ejecutiva el día 21
de octubre haciendo dos afirmaciones trascendentales. Por un lado, la
peticionaria solicitó “se revise la autenticación de mi firma grafológica”
y por el otro, indicó que había “iniciado una Denuncia Penal, contra el
ejecutante aquí, ante la Fiscalía por el delito de fraude procesal”. (Folio
18, cuaderno 2). Ninguna de estas afirmaciones fue tenida en cuenta por el juez,
quien en lugar de decretar la práctica de la prueba y estudiar una posible
prejudicialidad, planteó mediante auto del 7 de diciembre de 2009 que “las
manifestaciones elevadas por el demandado al contestar la demanda no tienen el
carácter de excepciones y por lo tanto no hay lugar a correr traslado de las
mismas y darles el trámite previsto en el Art. 510 del C. de P.C.” (Folio
21, cuaderno 1).
3.11.3.
La respuesta dada por el juez del proceso ejecutivo resulta a todas luces
insuficiente y vulneratoria del derecho del debido proceso de la peticionaria,
al configurarse como una clara manifestación del fenómeno judicial denominado
como defecto por ‘exceso ritual manifiesto’.
El
exceso ritual manifiesto se presenta cuando “un funcionario utiliza o concibe
los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y
por esta vía, sus actuaciones devienen en una denegación de justicia”[33].
Cuando
un juez incurre en este tipo de actuaciones, desconoce el mandato
constitucional contenido en el artículo 228 de la Carta por medio del cual se
da prevalencia al derecho sustancial por encima de las formalidades. Este tipo
de error se estructura por: “(i) dejar de inaplicar disposiciones procesales
que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto;
(ii) exigir el cumplimiento de requisitos formales de forma irreflexiva, aunque
en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir
para las partes, siempre que esa situación se encuentre comprobada; o (iii),
incurrir en un rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas”[34].
En
el presente caso, se evidencia claramente que se configuró la existencia del exceso
ritual manifiesto en la segunda de sus acepciones pues el Juez 45 Civil
Municipal desconoció los argumentos planteados en la contestación de la demanda
presentada, por no cumplir con ciertas características -que ni siquiera
enunció- de forma irreflexiva e inmotivada. Así, el juez de la ejecución
decidió que la contestación presentada no llenó determinados requisitos y por
tanto los argumentos en ella plateados no podían ser tenidos en cuenta,
conduciendo a la denegación de la oportunidad probatoria solicitada por la
accionante y a la falta de observación de una posible prejudicialidad. Este
accionar configura una exaltación de las formas, desconociendo elementos de
justicia material y exigiendo requisitos que no contempla el régimen de
procedimiento civil y que desconocen los derechos de la solicitante.
3.11.4.
En efecto, las normas que regulan la materia no exigen ningún tipo específico de
formalidades que establezcan cómo se debe presentar la contestación de una
demanda y a través de ella las excepciones. Como se señaló en el acápite número
3.3.2. de esta providencia, el artículo 92 del estatuto procesal civil
establece que la contestación de la demanda contendrá diversos elementos, pero
en ningún aparte de la norma se plantea cómo se deberá presentar dicha
contestación, en términos de redacción y presentación formal de su contenido.
Es más, como lo plantea el profesor Hernán Fabio López Blanco, la falta de
cumplimiento de requisitos en la contestación de la demanda no podría conducir
al rechazo de la misma por no contemplar la normatividad relevante dicha
posibilidad. En este sentido argumenta:
“por la trascendencia que tiene la contestación de la
demanda, el art. 92 indica una serie de requisitos formales que ‘contendrá’ la
contestación de la demanda, los que, como se verá, son muy similares, aun
cuando menores que los exigidos para la presentación de la demanda. Empero,
tienen menos importancia en el proceso, pues así no se cumplan íntegramente, el
juez no dispone de facultad alguna para rechazar esa contestación, por no
contemplar la ley tal posibilidad”[35].
De
esta manera, si la falta de los elementos contenidos en el Código no puede
conducir al rechazo de la demanda, menos podría hacerlo el desconocimiento de
alguna formalidad que indique cómo se deberían presentar estos argumentos,
especialmente si dichas formas no están contempladas en la norma. Por tanto,
aunque técnicamente el Juez 45 Civil Municipal no rechazó la contestación de la
demanda, en términos materiales sí lo hizo pues desconoció lo planteado en
ella, ignorando los argumentos y excepciones presentadas por la solicitante,
así como la necesidad de realizar un esfuerzo especial para la comprensión de
sus argumentos en virtud de la falta de asistencia técnica que obviamente
limitó la adecuada pretensión de los argumentos de la defensa, conduciendo a la
denegación de oportunidades probatorias entre otros elementos esenciales del
derecho al debido proceso.
3.10.5.
Además y en la misma dirección, la presentación de excepciones por la parte
demandada no responde a ninguna forma específica y en su postulación debe
observarse los elementos de fondo que a través de ella se planteen y no la
forma en que se estructuran. Así lo reitera claramente el profesor López Blanco
al afirmar: “no es necesario dar a la excepción una denominación específica
y si se hace erróneamente no tendrá trascendencia, pues los formalismos de
nuestra legislación no pueden producir efectos tales que por no emplear
determinada palabra pueda desestimarse de fondo el asunto”[36].
Bajo
el mismo argumento, es importante reiterar que las excepciones de fondo a las
cuales se refiere la Sala no tienen una consagración taxativa en el texto
legal. En efecto, el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil regula
específicamente el tema de las excepciones en el proceso de ejecución y
plantea:
“En
el proceso ejecutivo pueden proponerse las siguientes excepciones: 1. Dentro de
los diez (10) días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, el
demandado podrá proponer excepciones de mérito, expresando los hechos en que se
funden. Al escrito deberá acompañarse los documentos relacionados con aquéllas
y solicitarse las demás pruebas que se pretenda hacer valer”.
Así,
se reitera que no existe en la normatividad aplicable una consagración taxativa
de las excepciones que se pueden proponer por el demandado en el proceso
ejecutivo. Como lo establece el artículo citado previamente, “el demandado podrá
proponer excepciones de mérito, expresando los hechos en que se funden”, sin
delimitar cuáles pueden ser dichas excepciones. Por este motivo, cuando el
demandado desea desconocer las pretensiones del accionante y atacar su validez
de fondo, propone excepciones de mérito, las fundamenta con los elementos
probatorios que tenga a su alcance y las denomina como lo considere.
Aun
así, en el caso bajo análisis, el Juez de la ejecución consideró que las
manifestaciones realizadas en la contestación de la demanda, no podían
entenderse como excepciones y sin mayor motivación negó el trámite
correspondiente, cuando es claro que el escrito presentado sí contenía
excepciones, como por ejemplo la de prejudicialidad, que no fueron atendidas.
Además, la accionante presentó otra excepción de esencial importancia que no
fue tramitada por el juez y se podría considerar como una excepción de fondo
por medio de la cual se tachó de falsedad el documento aportado. A pesar de que
la peticionaria no hubiese denominado la excepción, ni la hubiese propuesto
dentro de las formas en que usualmente se presenta, es claro que el documento
allegado como título valor fue tachado de falsedad y dicha defensa fue ignorada
sin motivación alguna por el juez.
3.11.6.
Con este accionar el juez de la ejecución otorgó valor excesivo a las formas y
ritualidades -que provienen de las pautas que la misma práctica procesal ha
estructurado y no de una norma que las consagre- y desconoció el importante rol
que el juez, como director del proceso, debe cumplir para permitir un diálogo
entre las partes, donde prevalezca la justicia antes que las formas. Como lo
planteó el procesalita italiano Piero Calamandrei, frente a la esencia básica
de la oratoria forense y el discurrir del proceso:
“el proceso se aproximará a la perfección cuando haga
posible, entre jueces y abogados, el intercambio de preguntas y respuestas que
se desarrollan normalmente entre personas que se respetan cuando, sentadas en
una mesa, tratan, en interés de todos, de aclararse recíprocamente las ideas.
Desmenuzado el discurso en un diálogo, con ello perderá la oratoria forense,
pero ganará la justicia”[37].
En
el mismo sentido que Calamandrei, esta Corporación ha reiterado la prevalencia
que debe tener la justicia material sobre las formas, entendiendo siempre que
la preservación de las formalidades es sólo un mecanismo para alcanzar la justicia
efectiva y jamás un obstáculo para su consecución. Por tanto, el
desconocimiento de los argumentos presentados en un escrito de contestación de
una demanda, por no cumplir con determinadas formas que se han instituido de
manera consuetudinaria, constituye un claro ejemplo de exceso rigor manifiesto,
que se traduce en la existencia de determinados defectos procesales y que
resulta vulneratorio de los derechos constitucionales de la ciudadanía, como se
verifica en el presente caso.
Desde
esta perspectiva, la existencia del defecto por exceso rigor manifiesto condujo
a la configuración de otros defectos en el desarrollo del proceso,
específicamente el defecto fáctico al negar la práctica de la prueba
grafológica y el estudio de la prejudicialidad, el defecto por falta de
motivación de las providencias denegatorias y el defecto procedimental absoluto
por haber ignorado el trámite que correspondía después de la apropiada
contestación de la demanda.
3.11.7.
En el mismo sentido, y en virtud del defecto en que incurrió al no considerar
la contestación de la demanda, el juez 45 Civil Municipal desconoció también su
deber de estudiar la posible prejudicialidad que se configura en el caso bajo
estudio. En efecto, en el escrito de contestación, la señora López Acosta
afirmó “he iniciado una Denuncia Penal, contra el ejecutante aquí, ante la
Fiscalía por el delito de Fraude Procesal” (Folio 18, cuaderno 2),
indicando la posible existencia de otro proceso, en el cual se decidirían
importantes elementos que podrían afectar las decisiones tomadas en el proceso
civil en curso. Ante esta manifestación, el juez de la ejecución debió estudiar
los hechos que configuraban la supuesta prejudicialidad y aceptarla o
descartarla de manera motivada, situación que no se verifica en la providencia
impugnada.
Este
deber se encuentra reflejado en el artículo 170 del estatuto procesal civil que
plantea: “el juez decretará la suspensión del proceso: 1. cuando iniciado un
proceso penal, el fallo que corresponda dictar en él haya de influir
necesariamente en la decisión del civil, a juicio del juez que conoce de éste”[38].
Esta
potestad de suspender o no el proceso por una prejudicialidad argumentada por
alguna de las partes, radica en cabeza del juez civil, quien tiene la
competencia exclusiva de determinar si otro proceso judicial pendiente
constituye o no razón suficiente para detener el proceso civil. Aun así, y a
pesar de que esta posibilidad depende del libre arbitrio del juez civil, el
convencimiento de suspender o no el proceso debe ser plena y suficientemente motivado
ante las partes, pues este, como cualquier argumento que los sujetos procesales
presentan ante el juez, debe ser debidamente debatido y discutido en el momento
procesal indicado y no simplemente ignorado en el momento de fallar.
Desde
esta óptica, en el caso bajo estudio el juez incumplió su deber de estudiar la
posibilidad de suspender o no el proceso por la prejudicialidad aducida por la
señora López Acosta, y esto se evidenció en la falta de motivación al respecto,
pues en ningún momento el juzgador se refirió a este elemento que había sido
puesto en su conocimiento por la demandada.
3.11.8.
Finalmente, y en consonancia con las consideraciones presentadas previamente,
el accionar del juez bajo cuestión, en términos generales, responde al defecto
procesal denominado como defecto procedimental absoluto. Esta corporación ha
reconocido el defecto procedimental absoluto como el error en que incurre el
juez cuando “se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para
dar trámite a determinadas cuestiones y actúa de forma arbitraria y caprichosa,
con fundamento en su sola voluntad”[39].
En esta línea, y de acorde con los hechos relevantes del caso, es importante
reconocer que “estaría viciado todo proceso en el que se pretermitan etapas
señaladas en la ley para el desarrollo de un asunto relevante para asegurar las
garantías de los sujetos procesales, como la solicitud y práctica de pruebas o
la comunicación de inicio del proceso que permita su participación en el mismo”[40].
Desde
esta perspectiva, al haber negado la prueba solicitada por la señora Acosta
López, y como consecuencia de ello concluir que“sería el caso decretar las pruebas solicitadas por
las partes, sin embargo observa el despacho que las manifestaciones elevadas
por el demandado al contestar la demanda no tienen el carácter de excepciones y
por lo tanto no hay lugar a correr traslado de las mismas y darles el trámite
previsto en el Art. 510 del C. de P.C.”
(Folio 21, cuaderno 1), el juez pretermitió una oportunidad probatoria, de un
elemento debida y oportunamente solicitado sin motivación alguna. Así, y a
pesar de que sí se había solicitado la prueba por parte de la señora Acosta
López, el juez ignoró la solicitud, y por tanto obvió el procedimiento indicado
que era el estudio del decreto o no de la prueba, su posterior traslado a la
parte contraria y la valoración de la misma al momento de fallar.
Por
último, un elemento esencial del defecto procedimental absoluto es que la
desviación cometida por el juez frente al procedimiento legal establecido,
hubiese sido sin justificación. Al respecto ha dicho esta Corporación “el
fallador incurre en defecto procedimental cuando sin motivo alguno niega la
solicitud o práctica de testimonios o de cualquier otro medio probatorio, o
cuando habiéndolo decretado, después, por simple capricho, se abstiene de
continuar o culminar su práctica para apresurar y tramitar etapas posteriores,
lo que conlleva la vulneración al derecho fundamental al debido proceso”[41]. Por tanto,
resulta de esencial importancia que el error se hubiese cometido sin un
fundamento proveído por el juez a las partes, pues el elemento de arbitrariedad
cumple un esencial rol dentro del defecto bajo estudio. En este caso, se puede
advertir, con un examen del expediente, que el juez no motivó ninguna de sus
decisiones, incluyendo por supuesto la de no decretar la prueba debida y
oportunamente solicitada.
3.12.
En congruencia y en virtud de los argumentos presentados previamente, se puede
evidenciar que en el presente caso se configura el defecto por exceso de rigor
manifiesto, que se derivó en la existencia de un defecto fáctico en virtud del
cercenamiento de la práctica de la prueba solicitada por la peticionaria, un
defecto procedimental absoluto por desviarse del procedimiento adecuado tras la
solicitud de la prueba y la falta de motivación de las providencias por medio
de las cuales se tomaron dichas determinaciones.
En
efecto, el juez del proceso ejecutivo impugnado desconoció la contestación de
la demanda debida y oportunamente presentada por la peticionaria, situación que
condujo al desconocimiento de la prueba solicitada y de la prejudicialidad
señalada. En este sentido, no está en lo cierto el juez de única instancia de
la presente acción de tutela al rechazar la protección impetrada y se revocará
su providencia.
Por
estos motivos, procederá la Sala a ordenar que se dejen sin efectos las actuaciones
adelantadas en el proceso civil de ejecución hasta el momento del trámite del
artículo 510 del C.P.C., teniendo en cuenta los elementos señalados en la parte
motiva de esta providencia. Especialmente se deberá devolver el monto dinerario
que por concepto del embargo decretado se hubiese descontado del salario de la
accionante.
Así,
el amparo incoado se concederá de manera transitoria hasta que el Juzgado 45
Civil Municipal reviva el proceso terminado desde el momento de la contestación
de la demanda, renovando dicha oportunidad para que la demandada pueda
contestar de nuevo la demanda. Una vez concluida esta etapa, deberá proceder a
estudiar la contestación interpuesta y tomar las decisiones que correspondan,
incluyendo por supuesto el auto del decreto de pruebas, motivando debidamente
la decisión que corresponda, adelantando el resto de actuaciones judiciales
hasta el momento de fallar en derecho.
En
el momento de estudiar el decreto de pruebas, el juez deberá ordenar el
traslado de la prueba grafológica que se practicó en el proceso penal
adelantado contra el señor Edgar Martínez Paz y así poder descartar o probar la
excepción por medio de la cual se tachó de falsedad el título aportado. En aras
de no incurrir nuevamente en una vulneración de derechos fundamentales, el juez
deberá tener especial cuidado con las decisiones que asuma, motivando
suficientemente cada una de ellas y reconociendo que el derecho procesal es un
mecanismo para lograr la materialización del derecho sustancial y nunca un obstáculo.
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión
de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
III.
RESUELVE
PRIMERO.-
REVOCAR la providencia del 24 de
enero de 2012 del Juzgado Octavo Civil del Circuito por medio de la cual se
negó el amparo incoado.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTOS las actuaciones del proceso
ejecutivo adelantado por el señor Edgar Martínez Paz en contra de la señora
Elizabeth Acosta López ante el Juzgado 45 Civil Municipal, hasta antes del
trámite consagrado en el artículo 510 del Código de Procedimiento Civil, para
que se dé traslado a las excepciones debidamente presentadas por la
peticionaria, como se señala en el acápite 3.12. de esta providencia.
TERCERO.-
LÍBRESE por Secretaría la
comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
ADRIANA MARÍA GUILLEN ARANGO
Magistrada
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con salvamento de voto
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
A LA SENTENCIA T-529/12
Referencia: Expediente T-3.398.723
Acción de tutela instaurada por Elizabeth Acosta López
contra el Juzgado 45 Civil Municipal de Bogotá.
Magistrada Ponente (e):
ADRIANA MARÍA GUILLÉN ARANGO
Mi
salvamento de voto a la decisión mayoritaria de:
“PRIMERO. REVOCAR la providencia del 24 de enero de 2012 del Juzgado
Octavo Civil del Circuito por medio del cual se negó el amparo incoado.
SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS las actuaciones del proceso ejecutivo adelantado por
el señor Edgar Martínez Paz en contra de la señora Elizabeth Acosta López ante
el Juzgado 45 Civil Municipal, hasta antes del trámite consagrado en el
artículo 510 del Código de Procedimiento Civil, para que se dé traslado a
las excepciones debidamente presentadas por la peticionaria, como se señala
en el acápite 3.12 de esta providencia.
(…).”(negrillas fuera del texto),
Obedece a
las razones que a continuación expongo:
La acción
de tutela presentada 20 meses después de proferido el auto impugnado de fecha 7
de diciembre de 2009[42],
claramente incumple el requisito de la inmediatez que exige la jurisprudencia
para estos casos, circunstancia que bastaría para negar el amparo impetrado.
Adicionalmente
advierto que la manera como se hace efectivo el amparo, disponiendo que se
revoca un proceso que al parecer terminó, adolece de falta de claridad porque
no se sabe si lo que se anula es lo actuado a partir del auto de fecha 7 de
diciembre de 2009 inclusive, para que el juez tramite las excepciones
presentadas en la contestación de la demanda, o si lo que se pretende es darle
a la demandada una nueva oportunidad para que vuelva a contestar la demanda,
más aún cuando en ninguno de estos dos casos tendría que devolvérsele las sumas
retenidas por concepto del embargo de su salario, que es una etapa previa a
ambas actuaciones habida cuenta de que el mandamiento de pago es de fecha 4 de
marzo de 2009 y el 21 de abril de ese mismo año decretó dicha medida cautelar.
De otra
parte, si la tutela se concede como mecanismo transitorio los dineros tendrían
que mantenerse a disposición del juzgado y no entregarse a la demandada, para
efectos de que subsanadas las irregularidades que se hubiesen podido cometer,
el operador judicial determinase su entrega a quien corresponda.
Por
último, en la sentencia no se precisa si el ejecutante fue vinculado al trámite
de la tutela.
Fecha
ut supra,
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
[1] Esta serie de criterios jurisprudenciales
fueron sentados por la providencia C-590 de 2005 y fueron posteriormente
recogidos en otros pronunciamientos como en la Sentencia T-429/11. (MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). En esta providencia se revisó el
caso de un ciudadano que consideró vulnerado su derecho fundamental al debido
proceso en vista de que la Sección Tercera del Consejo de Estado en segunda instancia, no incluyó en la parte resolutiva de un fallo el nombre del accionante
como una de las personas que debía ser indemnizada por los daños y perjuicios
ocasionados por el Ejército Nacional (a raíz de los bombardeos realizados en el
año de 1990 en la vereda La Concepción del Municipio de Yondó -Antioquia-), pese a que en la parte motiva de la sentencia se determinó que el accionante
debía ser resarcido por los perjuicios morales que le fueron causados. En este
caso, la Corte realizó un recuento jurisprudencial en el que recogió la
evolución del concepto de vía de hecho hasta convertirse en la serie de
requisitos y criterios que están vigentes hoy en día para determinar la
procedibilidad de una acción de tutela contra una providencia judicial.
[2] Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. (MP: Jaime Córdoba
Triviño)
[3] Ibidem.
[4] Corte Constitucional. Sentencia T-393 de 1994. (MP: Antonio Barrera
Carbonell).
[5] Ver folios 1 a 12, cuaderno 1.
[6] Artículo 63. Código de Procedimiento Civil.
[7] CARNELUTTI, Francesco. Instituciones del
Proceso Civil. Volumen II. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos Aires.
1973. p. 24.
[8] LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento
Civil, Parte General, Tomo 1. Dupré Editores. Bogotá. 2009. p. 371.
[9] Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. (M.P. Jaime Córdoba
Triviño).
[10] Artículo 140 Código de Procedimiento Civil.
[11] Corte Constitucional. Sentencia T-309 de 2010. (MP: María Victoria Calle Correa). En esta ocasión la Corte estudió el conflicto entre la Unión Temporal Prodesa y la Alcaldía de San Francisco, Putumayo, pues la unión temporal consideró que unos pliegos
publicados por la Alcaldía infringían la normatividad vigente y por tanto se
debía suspender el proceso licitatorio. En virtud de esta solicitud la Corte estudió la posibilidad de que se utilice la tutela, aun cuando existan otros mecanismos
jurídicos viables, si se prueba la ocurrencia de un perjuicio irreparable.
[12] Corte Constitucional. Sentencia T-236 de 2007.
(MP: Manuel José Cepeda Espinosa). En esta oportunidad la Corte estudió el caso de María Inés Serna de Echeverri, contra Colfondos S.A., en el
que la señora solicitaba el pago de la pensión de supervivencia de su marido. Para conceder el amparo la Corte estudió si se había probado si quiera
sumariamente, la existencia del perjuicio reclamado por la señora, como de
hecho lo hizo.
[13] Ver folio 7, cuaderno 1.
[14] Ver folio 9, cuaderno 1.
[15] Ver folios 10 a 12, cuaderno 1.
[16] “Si bien no existe un
término de caducidad para la presentación la acción de tutela, es decir, ésta
puede ser interpuesta en cualquier tiempo, esta Corporación ha considerado que
dada su naturaleza cautelar, la petición de amparo debe ser interpuesta en un
plazo razonable dentro del cual se presuma que la afectación del derecho
fundamental es inminente y realmente produce un daño palpable. Lo anterior se
sustenta en que si lo que se persigue con esta acción constitucional es la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales frente a
una vulneración o amenaza, es necesario que la petición sea presentada en el
marco temporal de ocurrencia de la amenaza o violación de los derechos”. Sentencia T-290 de 2011.
[17] La disposición aseguraba que “[l]a acción de tutela podrá ejercerse
en todo tiempo salvo la dirigida contra sentencias o providencias judiciales
que pongan fin a un proceso, la cual caducará a los dos meses de ejecutoriada
la providencia correspondiente”.
[18] Artículo 86 de la Constitución Política.
[19] “ARTÍCULO 15. TRÁMITE
PREFERENCIAL. La tramitación de la tutela estará a cargo del juez, del
presidente de la sala o magistrado a quien éste designe, en turno riguroso, y
será sustanciada con prelación para lo cual se pospondrá cualquier asunto de
naturaleza diferente, salvo el de hábeas corpus.
“Los plazos son perentorios o improrrogables”.
[20] Artículo 9° del Decreto 2591 de 1991.
[21] Artículo 3° del Decreto 2591 de 1991.
[22] “ARTÍCULO 31. IMPUGNACIÓN DEL FALLO. Dentro de los tres días
siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del
Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano
correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato”
(subrayas añadidas por la Sala).
[23] “ARTÍCULO 35. DECISIONES DE
REVISIÓN. […] La revisión se concederá en el efecto devolutivo, pero la Corte podrá aplicar lo dispuesto en el artículo 7 de este Decreto”.
[24] Corte Constitucional. Sentencia T-730 de 2003.
(MP: Jaime Córdoba Triviño).
[25] “Al no limitar en el
tiempo la presentación de la demanda de amparo constitucional, se burla el
alcance jurídico dado por el Constituyente a la acción de tutela, y se
desvirtúa su fin de protección actual, inmediata y efectiva de tales derechos
[fundamentales]”.
Sentencia T-279 de 2010.
[26] Corte Constitucional. Sentencia T-584 de 2011. (MP: Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub).
[27] Corte Constitucional. Sentencia T-900 de 2004. (MP: Jaime Córdoba
Triviño).
[28] Corte Constitucional. Sentencia T-429 de (MP: Jorge Ignácio Pretelt
Chaljub).
[29] Corte Constitucional. Sentencia T-464 de 2011.
(MP: Jorge Iván Palacio Palacio).
[30] Corte Constitucional. Sentencia T-589 de 2010. (MP: María Victoria
Calle Correa).
[31] Ibidem.
[32] Corte Constitucional. Sentencia T-597 de 2007. (MP: Jaime Cordoba Triviño).
[33] Corte Constitucional. Sentencia T-264 de 2009. (MP: Luis Ernesto
Vargas Silva).
[34] Corte Constitucional. Sentencia T-637 de 2010.
(MP: Juan Carlos Henao).
[35] LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil, Parte General, Tomo 1. Dupré Editores. Bogotá. 2009. p. 540.
[36] Ibidem. p. 561.
[37] CALAMANDREI, Piero. Elogio de los jueces. Ara
Editores. Perú. 2006. p. 60.
[38] Artículo 170 del Código de Procedimiento
Civil.
[39] Corte Constitucional. Sentencia T-996
de 2003. (MP: Clara Inés Vargas). En este caso la Sala Novena de revisión de tutelas estudió el conflicto entre  Manuel Pérez Llerena y el
Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cartagena y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena. En esta ocasión el peticionario acusó a los
despachos señalados de haber omitido una etapa probatoria en virtud de que ni
el ni sus coadyuvantes se hicieron presentes en una audiencia en donde se iban
a practicar unas pruebas. Al resolver este conflicto la Corte indicó la existencia de un defecto procedimental absoluto por considerar que el
juzgador ignoró el procedimiento establecido para la etapa probatoria dentro
del proceso laboral ordinario.
[40] Ibidem.
[41] Ibidem.
[42] Por medio del cual se afirmó “sería el caso decretar las pruebas
solicitadas por las partes, sin embargo observa el despacho que las
manifestaciones elevadas por el demandado al contestar la demanda no tienen el
carácter de excepciones y por lo tanto no hay lugar a correr traslado de las
mismas y darle el trámite previsto en el Art. 510 del C. de P.C., tal como se
dispuso mediante auto de fecha 4 de noviembre de 2009”. (Folios 2 y 3 de la sentencia de revisión).