T-488-01
Sentencia T-488/01
Sentencia
T-488/01
DERECHO A LA VIDA
DIGNA-Suministro de
audífonos a persona mayor de edad
Aunque la vida misma de la actora no
esté en juego por el no suministro de dicho elemento, su integridad personal si
lo está, ya que su vida se torna indigna por la carencia del mismo, dadas las
condiciones especiales en que se encuentra, sin trabajo y sin posibilidad
alguna de acceder al mercado laboral, dada la limitación de una de sus
funciones sensoriales. No puede la Sala pasar por alto la situación de la
actora y señalar que la falta de audífonos tan sólo disminuye su nivel de vida
al no permitirle tener una salud óptima, cuando se trata de una persona que ha
visto disminuida una de sus facultades sensoriales, que carece de la función
propia de uno de los órganos de los sentidos, necesario para su integridad
personal y física, que no poseyendo los recursos necesarios para propiciarse el
aditamento necesario para establecer o aumentar el nivel de audición requiere
la especial protección del estado prevista en el art. 13 de la Carta Magna.
Reiteración de Jurisprudencia
Referencia:
expediente T - 417 633
Acción de tutela
instaurada por Ludy Amparo Ibarra Vacca contra el Instituto Departamental de
Arauca -IDESA-
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME ARAUJO
RENTERIA
Bogotá D.C., a los
once (11) días del mes de mayo de dos mil uno (2001).
La Sala Primera de
Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241, numeral 9, de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, ha
proferido la siguiente,
SENTENCIA
dentro del proceso
de revisión del fallo proferido por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de
Arauca, en el trámite de la acción de tutela instaurada por Ludy Amparo Ibarra
Vacca contra el Instituto Departamental de Salud de Arauca -IDESA-.
I. ANTECEDENTES.
La demandante, quien
cuenta con 23 años de edad, señala que desde muy pequeña padece de mala
audición en ambos oídos, motivo por el cual el Dr. Felix Valois Parales, médico
especializado en otorrinolaringología, adscrito al Hospital San Vicente, le
diagnosticó “Hipoacusia Neurosensorial Bilateral Simétrica Congénita” rehabilitable
mediante el uso de audífonos, siendo remitida al Instituto Departamental de
Salud de Arauca.
Precisa que el ente
demandado inicialmente le manifestó que le haría entrega de los audífonos, para
lo cual la hicieron ir en múltiples oportunidades, pero luego de una larga
espera, se le informó que no había recursos y  por lo tanto no le entregarían
nada.
Aduce la demandante
finalmente que, “tales instrumentos tienen un costo considerable que no
puedo sufragar por falta de recursos pues me encuentro sin empleo y abandonada
de mi esposo”.
El doctor Francisco
Jacobo Matus Díaz, en su calidad de Director del Instituto Departamental de
Salud -IDESA-, mediante oficio SSS-81 81-3112, dirigido al Juzgado de Instancia,
manifestó que efectivamente existe constancia de la solicitud radicada en el
Instituto el 31 de julio del año 2000, suscrita por la Coordinadora del Régimen
Subsidiado de Arauca mediante la cual se remite a la demandante para el
suministro a título gratuito de audífonos, sin embargo, a la peticionaria se le
informó, la imposibilidad de atender su solicitud, debido a que los recursos
destinados para las atenciones de tercer nivel no son ilimitados y los pocos
recursos con que cuentan son destinados para atender los casos mas urgentes.
Asimismo, señala que no existe rubro o partida especial dentro del presupuesto
del Instituto, para atender programas especiales de audición.
Finalmente señala
que la resolución 5261 de 1994 del Ministerio de Salud, indica los servicios
del plan obligatorio de salud, y no se contemplan en los amparos el suministro
de este elemento de audición.
Por lo expuesto, la
peticionaria solicita la protección de sus derechos fundamentales a la vida y a
la salud y en consecuencia, se ordene a la entidad accionada, suministrar los
audífonos de acuerdo con la prescripción médica.
II. DECISION
JUDICIAL
Mediante providencia
del 30 de octubre de 2000 el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Arauca,
negó el amparo solicitado, al considerar que ni la integridad física, ni la
vida de la demandante se encuentran en peligro ante la falta de entrega de los
audífonos por parte del Instituto Departamental de Salud de Arauca -IDESA-
III.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
1.  Competencia.
La Sala Primera de
Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar la decisión
judicial mencionada, en el expediente de la referencia, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Viabilidad de
la tutela para proteger el derecho a la salud y a la vida, como una forma digna
de existir. Personas con limitaciones y de escasos recursos requieren la
protección del estado.
Esta Corporación ha
sostenido que la salud puede ser considerada como un derecho fundamental por
conexidad, cuando en casos concretos, su amparo incide directamente en la
protección de otros derechos. Es por esto, que la Corte ha protegido el derecho
a la salud en conexidad con el derecho a una vida digna, ordenando la práctica
o suminsitro de tratamientos, medicamentos o elementos excluidos del POS, en
razón a que prima la norma superior que protege el mencionado derecho
fundamental.
Para que proceda
dichap rotección debe tenerse en cuenta el cumplimiento de ciertos
presupuestos, como son:
1.
Que la falta del medicamento o
tratamiento excluido por la reglamentación legal o administrativa, amenace los
derechos constitucionales fundamentales a la vida o a la integridad personal
del interesado.[1]
2.
Que se trate de un medicamento
o tratamiento que no pueda ser sustituido  por uno de los contemplados en el
Plan Obligatorio de Salud Subsidiado o que, pudiendo sustituirse, el sustituto
no tenga el mismo nivel de efectividad que el excluido del plan, siempre y
cuando ese nivel de efectividad sea necesario para proteger el mínimo vital del
paciente.
3.
Que el paciente realmente no
pueda sufragar el costo del medicamento o tratamiento requerido, y que no pueda
acceder a él por ningún otro sistema o plan de salud.
4.
Finalmente, que el medicamento
o tratamiento haya sido prescrito por un médico de la entidad prestadora de
Servicios de Salud a la cual se halle afiliado el demandante.
De conformidad con
los citados requisitos, observa la Sala que:
La señora Ludy
Amparo Ibarra Vacca, padece “Hipoacusia Neurosensorial Bilateral simétrica
congénita”, con la cual ve desmejorada su calidad de vida y su salud
auditiva, la cual puede ser rehabilitada mediante el uso de audífonos, los
cuales no pueden ser sustituidos por ningún otro elemento.
Con las pruebas que
obran dentro del proceso (declaración de la demandante y dos testimonios
-folios 12 a 17- ), se puede establecer que la actora es desempleada y vive de
la ayuda que le proporciona un hermano con quien vive en una pieza y no cuenta
con recursos económicos que le permitan sufragar el costo del aparato auditivo.
De otra parte, se
observa que la remisión de la actora para rehabilitar su audición con audífonos
fue realizada por el doctor Felix Valois Parales, médico especialista en
Otorrinolaringología del Hospital San Vicente de Arauca, además del oficio
proveniente de la misma Coordinadora del Régimen Subsidiado de Arauca al que se
refiere el demandado en su respuesta, mediante el cual se solicita la atención,
de donde se puede establecer que la actora pertenece al Régimen Subsidiado de
Salud que cubre a la población pobre y vulnerable.
El inciso final del
art. 13 de la C.P., establece que, el Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta.
Por su parte el art.47
ibídem señala que el Estado adelantará una política de previsión,
rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y
psíquicos a quienes se prestará la atención especializada que requieran.
Mediante la Ley 361
de 1997 inspirada en los principios constitucionales que se fundamentan en los
arts. 13, 47, 54 y 68 de la Constitución Política se establecen mecanismos de
integración social de las personas con limitación reconociendo la asistencia y
protección necesarias en consideración a la dignidad humana que les es propia a
fin de lograr su realización personal y su total integración social, estando
obligados para su eficaz realización, la administración central, el sector
descentralizado, las administraciones departamentales, distritales y
municipales, todas las corporaciones públicas y privadas del país.
Dicha ley señala en
su artículo 18 que toda persona con limitación que no haya desarrollado al
máximo sus capacidades, o que con posterioridad a su escolarización hubiere sufrido
la limitación, tendrá derecho a seguir el proceso requerido para alcanzar sus
óptimos niveles de funcionamiento psíquico, físico, fisiológico, ocupacional y
social, para lo cual el Gobierno Nacional deberá establecer los mecanismos
necesarios para que los limitados cuenten con los programas y servicios de
rehabilitación integral, en términos de readaptación funcional, rehabilitación
profesional y para que en general cuenten con los instrumentos que les permitan
autorrealizarse, cambiar la calidad de sus vidas, intervenir en su ambiente
inmediato y en la sociedad.
A su vez el art. 19
ibídem, expresa que los limitados de escasos recursos  serán beneficiarios del
Régimen Subsidiado de Seguridad Social establecido en la ley 100 de 1993, para
lo cual el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud deberá incluir en el
POS Subsidiado los servicios de tratamiento y rehabilitación de la población
con limitación.
En cumplimiento a lo
anterior el CNSSS mediante Acuerdo 074  de 1997 adicionó el Plan de Beneficios
del POS S en cuanto a la atención necesaria  para la rehabilitación funcional
de las personas, en cualquier edad, con deficiencia discapacidad y/o
minusvalía, remitiendo dicha atención a los arts. 12 y 84 del Mapipos contenido
en la Resolución 5261 de 1994 que no contemplan el suministro de los aparatos
necesarios para restablecer la audición como son los audífonos.
De no suministrarse
los audífonos requeridos por la actora y que según concepto del especialista
que obra en el expediente son necesarios para rehabilitar su audición, el
contenido de la citada ley y los principios constitucionales que invoca son
letra muerta, pues la actora limitada sensorialmente en  su audición, no podrá
lograr su rehabilitación funcional e integral y mucho menos intervenir en su
ambiente inmediato y en la sociedad permaneciendo aislada de ella e impidiendo
con esto su integración y realización como ser humano.
Lo expuesto, permite
concluir que en caso sub lite, se dan los presupuestos exigidos en la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, para proteger el derecho a la salud
y a la dignidad humana de la peticionaria.
Es así como la
actora acude al mecanismo de la acción de tutela solicitando la protección para
el suministro de los audífonos que requiere para restablecer el normal
funcionamiento de uno de sus principales órganos de los sentidos: “la
audición”.
Aunque la vida misma
de la actora no esté en juego por el no suministro de dicho elemento, su
integridad personal si lo está, ya que su vida se torna indigna por la carencia
del mismo, dadas las condiciones especiales en que se encuentra, sin trabajo y
sin posibilidad alguna de acceder al mercado laboral, dada la limitación de una
de sus funciones sensoriales.
No puede la Sala
pasar por alto la situación de la actora y señalar que la falta de audífonos
tan sólo disminuye su nivel de vida al no permitirle tener una salud óptima,
cuando se trata de una persona que ha visto disminuida una de sus facultades
sensoriales, que carece de la función propia de uno de los órganos de los
sentidos, necesario para su integridad personal y física, que no poseyendo los
recursos necesarios para propiciarse el aditamento necesario para establecer o
aumentar el nivel de audición requiere la especial protección del estado
prevista en el art. 13 de la Carta Magna.
En relación con la
dignidad humana se reitera lo expresado en la sentencia T-1123 de 2000, M.P.
Dr. Alejandro Martínez Caballero:
Es
que el concepto de dignidad humana no constituye hoy, en el sistema
colombiano, un recurso literario u oratorio, ni un adorno para la exposición
jurídica, sino un principio constitucional, elevado al nivel de fundamento del
Estado y base del ordenamiento y de la actividad de las autoridades públicas.
En
virtud de la dignidad humana se justifica la consagración de los derechos
humanos como elemento esencial de la Constitución Política (art. 1 C.P.) y como
factor de consenso entre los Estados, a través de las cláusulas de los tratados
públicos sobre la materia (art. 93 C.P.).
La
dignidad de la persona se funda en el hecho incontrovertible de que el ser
humano es, en cuanto tal, único en relación con los otros seres vivos, dotado
de la racionalidad como elemento propio, diferencial y específico, por lo cual
excluye que se lo convierta en medio para lograr finalidades estatales o
privadas, pues, como lo ha repetido la jurisprudencia, la persona es "un
fin en sí misma". Pero, además, tal concepto, acogido por la Constitución,
descarta toda actitud despectiva frente a sus necesidades corporales y
espirituales, todas las cuales merecen atención en el Estado Social de Derecho,
que reconoce en el ser humano la razón de su existencia y la base y
justificación del sistema jurídico.
Ese
concepto se traduce en la idea, prohijada por la Corte, de que no se garantiza
bien ningún derecho de los que la Constitución califica de fundamentales
-intrínsecos a la persona- si a un individuo de la especie se lo condena a
sobrevivir en condiciones inferiores a las que la naturaleza le señale en
cuanto ser humano. Es decir, cuando, como en los casos materia de examen,
personas menores deben afrontar una evolución irregular de sus sistemas físico
y sicológico en condiciones de desamparo".
Igualmente en
Sentencia T - 099 de 1999 , M.P.: Dr. Alfredo Beltrán Sierra se expresó:
“Debe aclararse,
como también se hizo en las sentencias relacionadas, que el concepto de Vida al
que se ha hecho referencia, supone un derecho constitucional fundamental no
entendido como una mera existencia, sino como una existencia digna con las
condiciones suficientes para desarrollar, en la medida de lo posible, todas las
facultades de que puede gozar la persona humana; así mismo, un derecho a la
integridad personal en todo el sentido de la expresión que, como prolongación
del anterior y manifestación directa del principio de la dignidad humana,
impone tanto el respeto por la no violencia física y moral, como el derecho al
máximo trato razonable y la mínima afectación posible del cuerpo y del espíritu[2].
El ser humano, necesita mantener ciertos niveles de salud
para sobrevivir y desempeñarse, de modo que, cuando la presencia de ciertas  anomalías
en la salud, aún cuando no tenga el carácter de enfermedad, afectan esos
niveles, poniendo en peligro la dignidad  personal, resulta válido pensar que
el paciente tiene derecho, a abrigar esperanzas de recuperación, a procurar alivio a sus dolencias, a buscar, por los medios
posibles, la posibilidad de una vida, que no obstante las dolencias, pueda
llevarse con dignidad.[3]
Por lo expuesto,
resulta evidente que el Instituto Departamental de Salud de Arauca, vulneró el
derecho fundamental a la salud en conexidad con la vida digna de que trata el
art. 11 de la C.P., en concordancia con el art. 13 ibídem, de la señora Ludy
Amparo Ibarra Vacca al negar el suministro de los audífonos ordenados por el
especialista para lograr la rehabilitación de la función auditiva.
En consecuencia, la Sala revocará el fallo
proferido por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Arauca, que negó la
tutela interpuesta.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR la sentencia proferida por
el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Arauca, dentro de la acción de tutela
instaurada por Ludy Amparo Ibarra Vacca contra el Instituto Departamental de
Salud de Arauca -IDESA-. En su lugar CONCEDE el amparo solicitado.
Segundo. ORDENAR al Instituto Departamental de Salud de
Arauca, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación  de esta providencia, suministre a la señora Ludy Amparo Ibarra
Vacca, los audífonos que le fueron recetados por el médico tratante. De no
disponer el demandado de recursos especiales destinados a las personas
limitadas de acuerdo a lo previsto por la ley 361 de 1997, la IPS podrá repetir
contra el Fondo de Solidaridad de Garantías -FOSYGA- por el valor correspondiente.
Tercero: Por Secretaría General, líbrense las
comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Se pueden consultar entre otras las Sentencias T-207 de 1995,
T-042 de 1996
[2] Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión,
sentencia T-645 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[3] Ver sentencia T- 224 de 1997,
M.P. Carlos Gaviria Díaz