C-602-16
Sentencia C-602/16
CODIGO NACIONAL DE POLICIA DE 1970-Vigilancia privada/INDAGACIONES
CON FINES LABORALES Y COMERCIALES QUE AUTORIZA EL CODIGO NACIONAL DE POLICIA DE
1970-No pueden implicar la vulneración del derecho a la intimidad/INDAGACIONES
CON FINES LABORALES Y COMERCIALES QUE AUTORIZA EL CODIGO NACIONAL DE POLICIA DE
1970-Deben ser razonables y proporcionadas
La Corte Constitucional encontró que la expresión “Sin
embargo”, prevista a continuación del primer inciso del artículo 55 del Decreto
1355 de 1970, puede interpretarse como una autorización para adelantar
indagaciones que vulneren el derecho fundamental a la vida íntima. Ello se
opone al artículo 15 de la Constitución y determina, en consecuencia, su
inexequibilidad. Esta conclusión se apoya en las siguientes razones: (i)
la protección de la vida íntima proscribe su
restricción a menos que se encuentre justificada de manera suficiente; (ii)
prever de manera general una autorización de indagar sobre la vida íntima se
opone directamente a lo ordenado por la Carta; (iii) no pueden los particulares
adelantar actividades de indagación con fines laborales o comerciales que, sin
el consentimiento de la persona, impliquen acceder, por ejemplo, a documentos
privados, libros de contabilidad, historias clínicas o información genética;
(iv) dado que la expresión acusada descarta dichos límites debe ser expulsada
del ordenamiento. Para la Corte la expresión “podrán realizarse
indagaciones privadas con fines laborales o comerciales” resulta compatible con
la Constitución, siempre y cuando se entienda que el derecho fundamental
a la intimidad solo puede ser objeto de restricciones razonables y
proporcionadas a la luz del orden constitucional vigente.
SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE PERSONAS EN EL MARCO DE UN PROCESO DE
INVESTIGACION A CARGO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Jurisprudencia
constitucional
DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR-Protección
constitucional
DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR-Instrumentos
integrados al bloque de constitucionalidad
Varios instrumentos integrados al bloque de
constitucionalidad amparan también el derecho a la intimidad. Así la Convención
Americana de Derechos Humanos y El Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos establecen en los artículos 11 y 17 respectivamente, que nadie podrá ser objeto de injerencias arbitrarias o
abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su
correspondencia al tiempo que reconoce que toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra esas injerencias.
DERECHO A LA
INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR-Alcance
El derecho a la intimidad
permite y garantiza en los asociados, el poder contar con una esfera o espacio
de vida privada no susceptible de la interferencia arbitraria de las demás
personas, que al ser considerado un elemento esencial del ser,  se
concreta en el derecho a poder actuar libremente en la mencionada esfera o
núcleo, en ejercicio de la libertad personal y familiar, sin más limitaciones
que los derechos de los demás y el ordenamiento jurídico.
DERECHO
A LA INTIMIDAD-Alcance de los conceptos público y privado
PRIVACIDAD-Concepto
VIDA PRIVADA-Alcance
DERECHO A LA INTIMIDAD-Núcleo
esencial
DERECHO A LA INTIMIDAD-Justificación
en la delimitación
El carácter central de la “justificación” en la
delimitación del derecho a la intimidad ha sido expuesto por este Tribunal en
muchas oportunidades. Ha dicho, que el sujeto “compelido a soportar injerencias arbitrarias en
su intimidad sufre una restricción injustificada de su espacio vital, de su autonomía y
de sus posibilidades de libre acción”. Según la Corte, es ello lo que sucede
“cuando el contenido del derecho es significativamente recortado por las
exigencias o cargas impuestas al mismo como resultado de la interrelación con
otros derechos fundamentales”.
DERECHO A LA INTIMIDAD-Dimensiones/DERECHO A LA INTIMIDAD-Grados en que
se clasifica
Identificando
ahora cuatro dimensiones de la intimidad, la Corte sostuvo: “Dichos grados de
intimidad se suelen clasificar en cuatro distintos niveles, a saber: la
intimidad personal, familiar, social y gremial (C.P. art. 15). La primera,
alude precisamente a la salvaguarda del derecho de ser dejado sólo y de poder
guardar silencio, es decir, de no imponerle a un determinado sujeto, salvo su
propia voluntad, el hecho de ser divulgados, publicados o fiscalizado aspectos
íntimos de su vida. La segunda, responde al secreto y a la privacidad en el
núcleo familiar, una de cuyas principales manifestaciones es el derecho a la
inmunidad penal, conforme al cual, “nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o
contra su cónyuge, compañero permanente o parientes entro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”. La tercera,
involucra las relaciones del individuo en un entorno social determinado, tales
como, las sujeciones atenientes a los vínculos labores o públicos derivados de
la interrelación de las personas con sus congéneres en ese preciso núcleo
social, a pesar de restringirse -en estos casos- el alcance del derecho a la
intimidad, su esfera de protección se mantiene vigente en aras de preservar
otros derechos constitucionales concomitantes, tales como, el derecho a la
dignidad humana (…). Finalmente, la intimidad gremial se relaciona
estrechamente con las libertades económicas e involucra la posibilidad de
reservarse -conforme a derecho- la explotación de cierta información, siendo,
sin lugar a dudas, uno de sus más importantes exponentes, el derecho a la
propiedad intelectual (C.P. art. 61)”.
DERECHO A LA INTIMIDAD-Garantías
DERECHO A LA INTIMIDAD CORPORATIVA-Jurisprudencia constitucional
DERECHO
A LA INTIMIDAD-Clasificación de la información/CLASIFICACION DE LA INFORMACION-Finalidad
INFORMACION
PUBLICA-Definición
La información pública, ha dicho este Tribunal, “en tanto no está relacionada con el ámbito de
protección del derecho a la intimidad, recae dentro del ejercicio amplio del
derecho a recibir información (Art. 20 C.P.)” y en consecuencia, es de libre
acceso. Comprende la relativa a “los actos normativos de carácter
general, los documentos públicos en los términos del artículo 74 de la
Constitución, y las providencias judiciales debidamente ejecutoriadas” así como
a “los datos sobre el estado civil de las personas o sobre la conformación de
la familia” y el dato sobre la
pertenencia a un partido o movimiento político de quienes ejercen cargos de
elección popular (integrantes). Ella “puede ser obtenida
y ofrecida sin reserva alguna y sin importar si la misma sea información
general, privada o personal.” Cuando se trata de esta información no se
requiere la intervención de ninguna autoridad a efectos de autorizarla, ni se
exige presentar una justificación particular para su conocimiento. En estos
casos lo que ocurre, en realidad, es que el derecho a la intimidad se torna
irrelevante.
INFORMACION
SEMIPRIVADA-Definición
La información semi-privada
corresponde a aquella información que no es pública, pero que se encuentra
sometida a “algún grado de limitación
para su acceso” de manera que “se
trata de información que sólo puede accederse por orden de autoridad judicial o
administrativa y para los fines propios de sus funciones, o a través del
cumplimiento de los principios de administración de datos personales”. En esa dirección
esos datos son “aquellos que no
tienen naturaleza íntima, reservada, ni pública y que, por ende, su
conocimiento puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo
de personas o a la sociedad en general”.
INFORMACION PRIVADA-Definición
La información privada es aquella “que por
versar sobre información personal o no, y que por encontrarse en un ámbito
privado, sólo puede ser obtenida y ofrecida por orden de autoridad judicial en
el cumplimiento de sus funciones”. Comprende la relativa a “los libros de los
comerciantes, (…) los documentos privados, (…) las historias clínicas o (…) la
información extraída a partir de la inspección del domicilio o luego de la práctica de pruebas en procesos penales
sujetas a reserva”. Igualmente reviste la naturaleza de información privada la información genética que reposa en bancos de sangre,
esperma, laboratorios, consultorios médicos u odontológicos o similares. En estos casos, el
tipo de información revela dimensiones particularmente importantes de la vida
personal, social y económica de las personas y que, debido a expresa
disposición constitucional (arts. 15 y 250) o a su naturaleza, solo puede ser
divulgada por autorización de la persona a la que se refiere o por la
existencia de una decisión judicial. En estos casos, la justificación que explica
la posibilidad de divulgar la información, en contra de la voluntad de la
persona a la que se refiere, puede hallarse en finalidades especialmente
importantes como ocurre, por ejemplo, con la búsqueda de la verdad en un
proceso penal.
INFORMACION RESERVADA-Alcance
Si
se trata de información reservada, tal y como ocurre por ejemplo con la
relativa a datos sensibles, a la inclinación sexual, a los hábitos personales o
los datos relativos a la pertenencia a un partido o
movimiento político de los ciudadanos votantes, ella
“no puede siquiera ser obtenida ni ofrecida por autoridad judicial en el
cumplimiento de sus funciones”.  En este último caso, la relación entre el
derecho a la información y la protección de la intimidad cambia de manera
significativa. En efecto, el tipo de información de la que se trata hace que su
conocimiento, en cuanto alude a datos de especial impacto, significado y
trascendencia para las personas, se encuentra sometido a especiales cautelas,
exigiendo la voluntad del sujeto concernido. En estos supuestos nadie puede
pretender auscultarla.
DERECHO AL
HABEAS DATA-Líneas interpretativas en la jurisprudencia
constitucional /DERECHO A LA INTIMIDAD Y HABEAS DATA-Relación
PRINCIPIO DE
RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD-Exigencias para controlar el exceso en la
actuación de los particulares
INDAGACIONES
POR PARTICULARES CON FINES LABORALES Y COMERCIALES QUE AUTORIZA EL CODIGO
NACIONAL DE POLICIA DE 1970-Alcance
INDAGACIONES
POR PARTICULARES CON FINES LABORALES EN CODIGO NACIONAL DE POLICIA DE 1970-Tipos
La permisión de realizar indagaciones
con fines laborales comprende diferentes tipos de iniciativas. En primer lugar
(i) se refiere a todas aquellas actuaciones emprendidas por los particulares a
efectos de obtener en el curso de procesos de contratación laboral y mediante
la consulta directa de la persona concernida, información relativa a sus
antecedentes, a su experiencia previa y a las competencias requeridas para la
actividad correspondiente (conocimiento directo con propósitos de vinculación
laboral). En estos casos, la información se obtiene, previo consentimiento del
sujeto al que se refiere la información. En segundo lugar, (ii) comprende
también la consulta que se realiza a terceros que disponen de información
acerca de personas que participan o pretenden participar en procesos de
contratación laboral. En estos casos, se acude a tales terceros con el
objetivo, por ejemplo, de contrastar la información obtenida directamente de la
persona vinculada a tal tipo de procesos a efectos de comprobar su veracidad o
precisar su alcance (conocimiento indirecto con propósitos de vinculación
laboral). En tercer lugar, (iii) durante los trámites disciplinarios o
correccionales que adelantan los particulares en desarrollo o con ocasión del contrato
de trabajo, puede ser necesario adelantar averiguaciones respecto del
comportamiento de los trabajadores a efectos de adoptar las decisiones que
corresponden en el marco de las relaciones laborales (verificación de
cumplimiento de deberes contractuales del trabajador). En cuarto lugar (iv) el
Código Sustantivo del Trabajo ha establecido la posibilidad de que los
empleadores realicen exámenes médicos de ingreso con el propósito de establecer
la situación de salud de los trabajadores (Verificación de condiciones de salud
del trabajador).
INDAGACIONES
POR PARTICULARES CON FINES COMERCIALES EN CODIGO NACIONAL DE POLICIA DE 1970-Tipos
La actuación al amparo de la
autorización prevista en el inciso acusado cuando tiene fines comerciales, se
manifiesta de diferentes formas. En primer lugar (i) el establecimiento de
relaciones comerciales que suponen el suministro de bienes o servicios, exige
conocer de manera más o menos detallada las características de los clientes o
de los proveedores -según el caso- a efectos de definir si se establece un
determinado vínculo contractual (conocimiento de clientes y proveedores con
propósitos de contratación). Tales averiguaciones revisten una importancia
significativa en aquellos vínculos contractuales que se perfeccionan teniendo
en cuenta las características de la persona –intuitu personae-. Uno de los
campos en los cuales la indagación de los clientes reviste una particular
trascendencia es el correspondiente a la actividad financiera (conocimiento del
cliente del sistema financiero para preservar la estabilidad y confianza). En
esa dirección, en el ordenamiento se ha dispuesto (i) la obligación de las
instituciones sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia
Financiera -así como de las personas que se dedican profesionalmente a
actividades de comercio exterior, operaciones de cambio y del mercado libre de
divisas, o de casinos y juegos de azar- de adoptar medidas de control
apropiadas y suficientes para evitar que en el curso de sus operaciones se
oculten, manejen, inviertan o aprovechen recursos que provengan de actividades
delictivas o que se encuentren destinados a financiarlas (arts. 102 del Decreto
663 de 1993 y 43 de la Ley 190 de 1995, modificados por la Ley 1121 de 2006).
En adición a ello, debe destacarse que el artículo 20 de la ley 1121 de 2006 ha
previsto la obligación de los particulares de consultar las listas de personas
y entidades asociadas con organizaciones terroristas, al prever que cuando
conozcan de la presencia o tránsito de una persona incluida en una de las
listas mencionadas o de bienes o fondos relacionados con estas, deberán
informar oportunamente al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS y a la
Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, para lo de su competencia. Igualmente
la jurisprudencia de este Tribunal se ha referido (ii) al deber de las
entidades financieras de emprender las indagaciones requeridas para establecer
si la celebración de un contrato con determinada persona puede suscitar riesgos
legales, operativos o reputacionales (entre otras, las sentencias SU-157 de
1999 y T-468 de 2003). Las indagaciones con fines comerciales también
encuentran expresión (iii) en aquellas disposiciones que le imponen a sus
destinatarios la carga de actuar de buena fe exenta de culpa a efectos de
otorgar determinada protección (conocimiento especial como instrumento de
realización de la lealtad y honestidad). (…) Las
indagaciones adelantadas por los particulares pueden tener también como
propósito (iv) investigar los diferentes mercados a efectos de adoptar
decisiones comerciales, para lo cual puede resultar relevante la observación
del comportamiento de los consumidores o la realización de estadísticas a fin
de precisar de manera general sus gustos o preferencias respecto de la oferta
de bienes y servicios (conocimiento con propósitos de mercadeo). Ha reconocido
el ordenamiento (v) la posibilidad de emprender indagaciones con el fin de
promover una mayor oferta de bienes y servicios, tal y como ello ocurre en el
artículo 14 de la Ley 256 de 1996 al autorizar la imitación de prestaciones
mercantiles y de iniciativas empresariales (conocimiento con propósitos de
competencia). Asimismo se encuentran comprendidas por los fines comerciales
(vi) las averiguaciones que desarrollan los consumidores con el objetivo de
decidir la adquisición de determinados bienes o servicios, tal y como lo prevé
el actual Estatuto del Consumidor al establecer el derecho a obtener información
completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e
idónea respecto de los productos que se ofrezcan o se pongan en circulación,
así como sobre los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización,
los mecanismos de protección de sus derechos y las formas de ejercerlos (Ley
1480, art. 3) (conocimiento con propósitos de consumo).
LIMITACIONES
AL DERECHO A LA INTIMIDAD-Respeto de los principios de razonabilidad y
proporcionalidad
Los fines
constitucionales en los que se apoya la realización de las indagaciones
autorizadas en el inciso demandado (arts. 20, 78, 83, 333 y 335) pueden
colisionar con la protección del derecho a la intimidad y, en particular, con
los derechos específicos (i) a impedir cualquier interferencia no autorizada en los
espacios en los cuales la persona o su familia se desenvuelven, (ii) a
controlar la divulgación de la información relativa a la esfera íntima y (iii)
a tomar las decisiones o autodeterminarse acerca de asuntos que solo le
conciernen a la persona. Para este Tribunal, cualquier restricción de los
derechos referidos, comprendidos todos ellos por el derecho a la intimidad,
debe estar justificada y, en esa medida, deberá ser razonables y
proporcionadas.
INDAGACION PRIVADA CON FINES
LABORALES Y COMERCIALES-Límites
INDAGACIONES
POR PARTICULARES CON FINES LABORALES EN CODIGO NACIONAL DE POLICIA DE 1970-Exigencias
o condiciones para acceder al empleo que constituyen prima facie
vulneración del derecho a la intimidad/INDAGACIONES POR PARTICULARES CON
FINES LABORALES EN CODIGO NACIONAL DE POLICIA DE 1970-Proscripción de
prácticas discriminatorias
La
Corte juzga necesario afirmar que constituye prima facie, una violación del
derecho a la intimidad, someter a una persona, como condición para acceder al
empleo (i) a la carga de revelar información relativa a datos sensibles o
privados, tal y como ocurre por ejemplo con la inclinación sexual o las
prácticas asociadas a ella, la religión, el origen o conformación familiar, la
información genética o las opiniones políticas o filosóficas. Semejante carga
se opone no solo al artículo 15 sino también al derecho constitucional de no
ser obligado a revelar las propias convicciones según lo prescribe el artículo
18 constitucional. También se encuentra comprendido por la regla anterior y con
fundamento en el artículo 33 de la Constitución (ii) el requerimiento de
entregar información que pueda conducir a la incriminación propia o de las
personas comprendidas por esa disposición. Igualmente, no resulta posible (iii)
la realización de exámenes que tengan como propósito verificar si la persona
padece el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o si se encuentra en estado
de embarazo. Varios de los supuestos referidos guardan relación con la búsqueda
de datos sensibles, en ocasiones vinculados a prácticas discriminatorias. La
indagación de tal tipo de información se encuentra cubierta por una presunción
de inconstitucionalidad. En estos casos, subordinar el acceso al empleo a la
entrega de tal información o a la realización de pruebas en las condiciones
antes referidas, constituye una forma de infracción del derecho a la intimidad.
Esa infracción no podrá desvirtuarse aduciendo que la persona ha prestado su
consentimiento en divulgar tal información o en someterse a dichas pruebas,
considerando que en estos casos puede inferirse una situación de relativa
debilidad que relieva el deber constitucional del Estado de proteger el trabajo
en sus diversas modalidades (art. 25) e impedir la discriminación (art. 13). De
otra forma dicho, someter de una persona al dilema de aceptar interferencias intensas
en su esfera íntima o ver frustrada la posibilidad de acceder a un trabajo, se
encuentra constitucionalmente proscrito.
INDAGACION
DEL EMPLEADOR RESPECTO DEL DERECHO A LA INTIMIDAD DEL EMPLEADO-Tensión/ACTIVIDADES
DE VIGILANCIA AL INTERIOR DE ORGANIZACION EMPRESARIAL-Jurisprudencia
constitucional/ACTIVIDADES DE VIGILANCIA AL INTERIOR DE ORGANIZACION
EMPRESARIAL-Derechos de los trabajadores a oponerse a intervenciones en los
instrumentos empleados para el desarrollo de sus actividades, cuando ello tiene
como resultado la afectación del derecho a la intimidad
INDAGACION
PRIVADA CON FINES COMERCIALES RESPECTO DEL DERECHO A LA INTIMIDAD-Tensión/INDAGACION
PRIVADA CON FINES COMERCIALES-Relación con el derecho a la intimidad y el
derecho al habeas data
TRATAMIENTO
DE DATOS PERSONALES-Contenido y alcance/DERECHO AL HABEAS DATA-Jurisprudencia
constitucional/INFORMACION RESERVADA-Tratamiento/DATOS SENSIBLES-Concepto/INFORMACION
PRIVADA Y SEMIPRIVADA-Tratamiento
Referencia: Expediente D-11332
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 55 (parcial) del
Decreto 1355 de 1970 “por el cual se dictan normas sobre policía”
Actor: Luis Felipe Blanco Ortega
Magistrado Ponente:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Bogotá D.C., dos (2) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites
establecidos en el Decreto Ley 2067 de 1991, ha proferido la siguiente,
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
A.   NORMA DEMANDADA
DECRETO 1355 DE 1970
(Agosto 04)
"Por el cual se dictan
normas sobre Policía"
EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA,
en ejercicio de las
facultades extraordinarias que le confirió la ley 16 de 1968 y atendido el
concepto de la comisión asesora establecida en ella,
DECRETA:
ARTÍCULO 55.- La vida íntima de persona ajena a
sindicación penal no podrá ser objeto de investigación privada o judicial.
Sin embargo, podrán realizarse indagaciones
privadas con fines laborales o comerciales.
B.   LA DEMANDA
Las pretensiones de la demanda
1. El ciudadano Luis Felipe Blanco Ortega solicita la declaratoria
de inconstitucionalidad del inciso 2, del artículo 55 del Decreto 1355 de 1970 “Por
el cual se dictan normas sobre Policía”, al considerar que desconoce los artículos
1, 2 y 15 de la Constitución.
Fundamentación de los cargos
2. El artículo 1 de la Constitución define al Estado como una
institución fundada en la dignidad humana. Tal principio debe irradiar todo el
ordenamiento jurídico con el fin de que ninguna norma lo desconozca, en tanto
se trata del derecho que tiene toda persona a ser respetada y valorada tanto en
su esfera individual como social.
Así las cosas, el artículo cuestionado vulnera dicho principio, al
otorgar a diferentes instituciones y personas privadas la posibilidad de
indagar -sin limitación de ninguna naturaleza- y acceder a información personal
con fines laborales y comerciales. Este tipo de información – personal – es un
elemento íntimo de la personalidad y al permitir la búsqueda de datos e
indagación privada o institucional, se está vulnerando la dignidad humana.
No
obstante que es posible flexibilizar el uso, la divulgación y la indagación de
datos íntimos, ello solo resulta posible si obedece a fines de naturaleza
constitucional y legal más importantes o a la protección de derechos. Para
ello, es necesario que se garantice el debido proceso, que se cuente con
autorización judicial previa y que se respete el principio de proporcionalidad.
3. El artículo 2 de la Constitución establece los fines del Estado.
Entre ellos se encuentra la efectiva realización de los derechos establecidos
en la norma superior. Permitir el acceso a la información con fines laborales y
comerciales afecta de manera directa las normas constitucionales que amparan,
entre otras cosas, la intimidad y la dignidad humana. Debe advertirse que el
eje fundamental de los fines del Estado se encuentra en el deber que tienen las
autoridades y la sociedad de respetar los derechos y libertades. Dicho deber
de protección encuentra fundamento en los artículos 86, 188 y 241.9 de la
Constitución.
4.
El artículo 15 de la Carta ampara la intimidad personal y familiar. Tal derecho
implica que nadie puede ser intervenido en su vida íntima, en tanto su
divulgación depende exclusivamente de la voluntad de cada persona. Así, el
artículo impugnado parcialmente, constituye una grave vulneración al derecho a
la intimidad, puesto que permite que se realicen indagaciones con fines
comerciales y laborales, sin estar sujetas a ningún límite. Las investigaciones
adelantadas por el Estado deben ser proporcionales a los fines que se buscan y
contar con la autorización correspondiente de la autoridad competente, pues de
lo contario cualquier persona podría desbordar la intimidad personal sin establecer
ningún límite.
C.   INTERVENCIONES
1.     Intervenciones oficiales
a.     Ministerio de Defensa Nacional
El Ministerio de Defensa Nacional[1]
solicita que se declare la constitucionalidad del artículo demandado. A su
juicio, el Código Nacional de Policía es una herramienta ágil con la que cuenta
el Estado para prevenir, controlar y atacar aquellas conductas que atentan
contra la seguridad y estabilidad de la comunidad.
El propósito de la expresión impugnada consiste en mantener la
armonía social a través de la creación de mecanismos jurídicos que brinden a
las autoridades competentes los elementos necesarios para garantizar los
derechos de las personas y prevenir los actos que atentan contra ellos. Por
tanto, si el Estado no cuenta con los mecanismos pertinentes no puede
garantizar a sus asociados la protección y respeto de su derecho a la dignidad
humana. Además, pretende fortalecer las instituciones para mantener la
seguridad nacional y el orden democrático.
La demanda no satisface los presupuestos de claridad, especificidad,
certeza, pertinencia y suficiencia exigidos por la ley y la jurisprudencia para
dar curso a su estudio de fondo, toda vez que los cargos formulados (i) recaen
sobre una proposición jurídica inferida por el demandante, (ii) en lugar de
atacar el contenido de la norma, controvierte los alcances atribuidos por aquel,
a partir de argumentos vagos e imprecisos y (iii) se limitan a expresar puntos
de vista subjetivos.
En este orden de ideas, el artículo demandado surgió a la vida
jurídica dentro del marco estricto de los principios de legalidad y
constitucionalidad.
b.    Ministerio de Justicia y Derecho
El Ministerio de Justicia y del Derecho[2]
interviene dentro del proceso de la referencia, para solicitar una sentencia
inhibitoria.
El marco normativo en el cual se encuentra inserta la norma acusada
hace parte del Título I, Capítulo VI del Código de Policía, referido a la
vigilancia privada. Dicha materia se encuentra comprendida por el Decreto Ley
356 de 1994, correspondiente al estatuto o régimen jurídico que reglamenta las
actividades de vigilancia y seguridad privada. Tal regulación fue declarada
exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-186 de 2003.
En este orden de ideas, las indagaciones privadas con fines
laborales y comerciales a las que hace referencia la norma cuestionada, se
encuentran reguladas en el Decreto Ley 354 de 1994 y, en ese sentido, aquella
disposición legal no se encuentra produciendo efectos. Adicionalmente, quienes
desarrollen tales actividades están obligadas por los contenidos de tal Decreto
y, adicionalmente, por los establecidos en las leyes 1266 de 2008 y 1581 de
2012.
c.      Policía Nacional
La
Policía Nacional[3]
solicita a la Corte declararse inhibida o, en su defecto, declarar la
exequibilidad del aparte demandado.
Los argumentos planteados en la demanda resultan indefinidos,
confusos e imprecisos, toda vez que no se indica con exactitud cuáles
interpretaciones del artículo 55 del Decreto Ley 1355 de 1970, son violatorias
de la Constitución. La acusación tampoco precisa con claridad el contenido de
la censura y su justificación. Ello implica que la impugnación no cumple con
los parámetros definidos en el Decreto 2067 de 1991.
El derecho a la intimidad comprende una serie de elementos
inherentes a la vida íntima, que permite a las personas manejar su propia
existencia como a bien lo tengan, con el mínimo de injerencias exteriores y con
la finalidad de asegurar la protección de sus intereses morales. Dentro de ese
contexto, la norma debatida podría vulnerar garantías constitucionales, pues
deja abierta la posibilidad para que, sin limitación alguna, cualquier persona
conozca y disponga de aspectos, fenómenos o circunstancias inherentes a la vida
íntima. No obstante, esa información se utiliza para trámites laborales y
comerciales, razón por la cual es de carácter académico y profesional, es
decir, que la misma no está sustraída del conocimiento público, dado que con
base en ella, la persona se da a conocer en el ámbito social y se promociona en
el mercado laboral.
Se evidencia entonces que el espíritu de la norma no pretende
entrometerse en el ámbito personalísimo del individuo, sino que procura crear
una herramienta jurídica que le permita a las entidades públicas y privadas
conocer información que desde otra orbita resulta ser pública. En adición a
ello, la disposición cuestionada debe valorarse de manera íntegra con la
legislación que ha reglado lo referente a los datos personales, que consagra
límites respecto de los datos sensibles, en vista de que no se puede invadir el
círculo de los derechos fundamentales de la persona.
2.     Intervenciones académicas
a.     Instituto Colombiano de Derecho Procesal
El
Instituto Colombiano de Derecho Procesal[4]
solicita a la Corte declarar inexequible la disposición acusada.
El régimen constitucional contempla el derecho de toda persona a su
intimidad personal y familiar como expresión genuina de la dignidad humana y
del libre desarrollo de la personalidad, razón por la cual, es deber del Estado
respetarla y hacerla respetar. Por tanto, se concibe como intimidad susceptible
de protección jurídica, el conjunto de aspectos de la vida humana que se
ocultan al público, en tanto sean materialmente susceptibles de mantenerse en
reserva, se quieran mantener a salvo de la observación ajena y se preserven del
conocimiento público, mediante las precauciones idóneas.
Establecer la legitimidad constitucional de la incursión en la
intimidad, impone un ejercicio de ponderación que comprende la identificación
de otro propósito constitucionalmente legítimo. En consecuencia, la
responsabilidad de calificar tal intromisión no puede recaer en cualquier
individuo o autoridad, sino que el régimen constitucional reservó tal misión al
juez. Así las cosas, es incompatible la disposición legal objeto de cuestionamiento
con los preceptos constitucionales, pues autoriza a “realizar indagaciones
privadas con fines laborales y comerciales”, expresión que exhibe un
excesivo grado de indeterminación. De ser así, el mero hecho de que se aduzca
un fin laboral o comercial exonera de la previa orden judicial, lo que implica
descartar la valoración de la legitimidad constitucional y equivale a autorizar
la intromisión caprichosa de la policía en el ámbito íntimo.
b.    Universidad de Caldas
El Programa de Derecho de la Universidad de Caldas[5]
solicita que se adopte una decisión inhibitoria.
Las atribuciones otorgadas a diferentes entidades y personas
privadas, de poder inmiscuirse en la esfera personal e íntima de la persona,
para acceder a información de carácter laboral y comercial, fue planteada por
el legislador en la figura de la vigilancia privada. Dicha información
compromete la dignidad humana de una manera casi indetectable, ya que termina
por ser de público conocimiento, tanto por la sociedad como por el Estado, pues
en nada afecta al ciudadano aportar información de su lugar de trabajo o del
ejercicio de su actividad comercial.
El ordenamiento jurídico y la misma Constitución han permitido que
en ciertas ocasiones los particulares presten servicios de carácter público y la
vigilancia privada es uno más de esos fenómenos. Por consiguiente, se halla
sujeta a una serie de filtros naturales al proceso policial, ya que tal
actividad está estrictamente autorizada y vigilada por esa entidad. Así, quien
ejerce la vigilancia privada no encuentra una función sin límites, dado que su
actuar se deduce del control estatal. El cargo por infracción del artículo 1 de
la Constitución parte de una lectura incorrecta de la disposición acusada “ya
que se limita a deducir posibles riesgos en la aplicación de la figura en pugna
sin abordar el problema jurídico de manera integral (…)”. Así las
cosas el cargo planteado no cumple las condiciones de certeza, pertinencia y
suficiencia.
La norma acusada es un desarrollo de los fines del Estado, comoquiera
que para asegurar un orden social justo, donde además se aplique el principio
de legalidad, resulta evidente la necesidad de una actividad de vigilancia. Las
acusaciones del demandante “no pueden disfrazar lo que verdaderamente
pretende el legislador a la hora de expedir la norma impugnada, ya que la misma
busca la posibilidad de coadyuvar el descubrimiento de hechos relativos a
infracciones penales”. Conforme a ello “si bien hay una limitación de
algunos derechos, es necesaria para desarrollar los principios y deberes del
Estado”. Tal circunstancia indica que es imprescindible la aplicación del
interés general “en la tarea investigativa y de policía judicial que por su
naturaleza es una labor propia estatal, en este caso, delegada en particulares”.
Así las cosas, el cargo planteado carece de certeza, pertinencia y suficiencia.
La indagación sobre la información personal con fines laborales y
comerciales, en ningún momento establece algún imperativo del cual se deduzca
que la persona indagada debe proporcionar información íntima, pues para todo
caso se requiere el consentimiento y la libre voluntad de aportar a la
investigación que por cualquier razón se lleve a cabo. Así las cosas no se
cumplen las exigencias de certeza, pertinencia y suficiencia aplicables a estos
casos.
3.     Intervenciones ciudadanas
a.     Ramiro Cubillos Velandia
El ciudadano Ramiro Cubillos Velandia defiende la constitucionalidad
de la norma demandada por cuanto debe interpretarse armónicamente con la
regulación que en materia de protección de datos personales ha sido expedida y
que permite precisar el alcance de la expresión “indagar”. Lo anterior, no significa que exista una facultad de indagación
ilimitada, ni que la información resultado de la misma carezca de un control.
Contrario a lo expuesto en la demanda, el marco regulatorio limita el alcance
de las indagaciones. Precisamente la conducta objeto de revisión, entendida
como un tipo normativo en blanco, es completado por el régimen general de
tratamiento de datos personales y de acceso a la información pública y privada.
Conforme con lo expuesto y comoquiera que la naturaleza del hombre
es social, es legítimo el proceso de indagación previsto en la norma
cuestionada, pues este no es algo distinto a agrupar y verificar datos de carácter
laboral y comercial de una persona. Conforme a ello, la indagación particular
solo está asociada a temas laborales y comerciales, su alcance se encuentra
delimitado y en ese sentido no se afecta la dignidad humana. De ahí que, el
derecho de indagación sea una herramienta de concreción de la dignidad humana y
dentro de este contexto, debe ajustarse a lo señalado en las sentencias
C-1011 de 2008 y C-748 de 2011.
b.    Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI
La
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia[6]
solicita a la Corte (i) declararse inhibida por cuanto el aparte cuestionado no
está vigente, ya que fue derogado tácitamente por normas posteriores, entre
ellas, el Decreto Ley 356 de 1994, y las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012. En
su defecto procede (ii) adoptar una decisión de exequibilidad condicionada pues
una interpretación que implique indagaciones irrestrictas con fines comerciales
o laborales es contraria a la Constitución. En consecuencia la disposición
sería exequible, “en el sentido de que las indagaciones privadas deben tomar
en cuenta los postulados legales y jurisprudenciales relativos a la intimidad
personal y al tratamiento de datos.”
D.   CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
Solicita
a la Corte declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo por
carencia actual de objeto.
La disposición acusada no se encuentra vigente. Si bien existe una
presunción sobre su capacidad regulatoria dado que no es posible identificar
una derogatoria expresa, el asunto del que se ocupa fue objeto de regulación
por parte de normas posteriores y especiales que, de una parte, establecen las
reglas que deben cumplir quienes presten el servicio de seguridad privada
-Decreto Ley 354 de 1994- y, de otra, reglamentan lo relativo al tratamiento de
los datos personales – Ley 1266 de 2008 y Ley 1581 de 2012-. Así las cosas,
puede concluirse que la disposición impugnada fue derogada tácitamente por el
Decreto Ley antes mencionado.
II. CONSIDERACIONES
A.   COMPETENCIA
1. La Corte Constitucional es competente para pronunciarse sobre la
constitucionalidad del Decreto 1355 de 1970, con fundamento en el numeral 5 del
artículo 241 de la Constitución[7].
B.   PRIMERA CUESTION PREVIA: EXISTENCIA DEL OBJETO DE CONTROL
CONSTITUCIONAL
2. Varios de los intervinientes le han planteado a este Tribunal que
la disposición acusada se encuentra derogada y, como consecuencia de ello, no
podría adoptar un pronunciamiento de fondo debido a la inexistencia de objeto
de control. Con el propósito de abordar tal cuestión la Corte (i) se referirá
brevemente a las reglas fijadas en materia de control constitucional de normas
derogadas y, a continuación, (ii) llevará a cabo el examen correspondiente.
3. Antes de emprender el referido análisis, es necesario abordar
otra cuestión que, aunque no fue planteada por los intervinientes, merece una
consideración especial de este Tribunal. La sentencia C-421 de 2005 se
pronunció frente a una demanda formulada en contra del inciso ahora nuevamente
acusado. En esa ocasión, la Corte adoptó una decisión inhibitoria al
considerar, de una parte, que los cargos no estaban formulados debidamente y,
de otra, que la Corte no podía pronunciarse sobre la exequibilidad dado que no
había sido demandado integralmente el artículo 55 del Decreto 355 de 1970.
Sobre el particular señaló:
“Ahora bien, la demanda se dirige contra el inciso
segundo del artículo 55 del Código Nacional de Policía, enunciado normativo que
a juicio de esta Corporación carece de un contenido normativo propio que
permita realizar un juicio de constitucionalidad.
En efecto, el uso de la locución conjuntiva
adverbial Sin embargo para encabezar el inciso demandado así
lo evidencia, pues demuestra que el precepto en cuestión fue redactado como una
oposición parcial al inciso primero y, entonces, para emprender su estudio
previamente es necesario establecer los posibles contenidos normativos y
examinar la constitucionalidad de la primera parte de la disposición.
Por esa razón la Vista Fiscal y uno de los
intervinientes solicitan que la Corte realice la integración normativa entre la
expresión demandada y el inciso primero del artículo 55 del Decreto 1355 de
2000 y se pronuncie sobre la totalidad de dicha disposición. No
obstante, tal solicitud  es improcedente porque implica que la Corte
Constitucional decida de manera oficiosa analizar la constitucionalidad de un
enunciado normativo que no ha sido demandado y sobre el cual no se ha formulado
cargo alguno en la demanda, lo cual sería contrario a la naturaleza rogada del
control por vía de acción pública. A lo que se añade que al estar dirigida la
demanda contra del inciso segundo no hubo oportunidad de intervención
ciudadana en torno a la constitucionalidad del inciso primero del mencionado
artículo y, por lo tanto, proceder a integrar la unidad normativa en este caso
iría adicionalmente en contra del carácter participativo del control de
constitucionalidad.”
La Corte considera necesario rectificar la postura en esa
oportunidad asumida dado que, si bien los dos incisos se encuentran
estrechamente relacionados, el segundo de ellos tiene un contenido deóntico
propio al establecer la posibilidad de realizar indagaciones privadas con fines
comerciales y laborales. El hecho de que el primer inciso se relacione con el
segundo y que incluso pueda tener una influencia en su interpretación, no
implica que deban ser objeto de juzgamiento simultáneo. Si el desacuerdo del
demandante consiste exclusivamente en la autorización de que los particulares
adelanten indagaciones para fines comerciales y laborales, no resulta
comprensible que deba además demandar, sin quererlo, una disposición diferente
que disciplina no solo las investigaciones privadas sino también las judiciales
relativas a la vida íntima de una persona bajo sindicación penal.
Debe entonces precisar este Tribunal que la relación o vínculo entre
dos enunciados normativos no puede impedir la adopción de un pronunciamiento
cuando solo uno de ellos es demandado. Semejante tesis podría admitirse
únicamente en aquellos casos en los cuales, además de considerarse improcedente
la integración de la unidad normativa, la relación entre la norma acusada y la
que no lo fue es de tal naturaleza que la primera carece de todo contenido
normativo en caso de ser examinada aisladamente. Admitir una conclusión
diferente afectaría gravemente la naturaleza de la acción pública en tanto
obligaría al demandante a impugnar la validez de normas que, aunque
relacionadas con otras, no plantean a su juicio problemas de
constitucionalidad. De proceder así tendría que concluirse, por ejemplo, que no
pueden acusarse las normas que establezcan una determinada variante o excepción
a una regla general sin acusar, al mismo tiempo, esta última.
Ciertamente la norma que contempla la regla general puede ser
relevante para interpretar algunas de sus variantes, pero ello no implica que
sin la acusación de la primera, esta Corporación se encuentre inhabilitada para
adelantar el juicio. De conformidad con lo expuesto, se concluye que el inciso
segundo acusado del artículo 55, si bien guarda relación con la regla prevista
en el primer inciso, tiene un contenido normativo que puede juzgarse de manera
independiente.
Vigencia normativa y control de constitucionalidad
3. Recientemente, esta Corporación -en la sentencia
C-797 de 2014- sistematizó las reglas relacionadas con la situación del objeto
de control y su posibilidad de adoptar un pronunciamiento de fondo.
3.1. En primer lugar, caracterizó la regla general
conforme a la cual el juicio constitucional “únicamente recae sobre preceptos infra
constitucionales que tienen la potencialidad de producir efectos jurídicos, y
no frente a aquellos otros que carecen de esta virtualidad (…)”. De acuerdo con ello “las
disposiciones legales que han perdido su vigencia en razón de una derogación
tácita, expresa u orgánica, en principio no son susceptibles de control, salvo
que en razón del principio de favorabilidad, de reglas especiales de transición
o de circunstancias análogas, tengan efectos ultra activos”. Con apoyo en
ese mismo fundamento ha indicado “que se encuentra facultada para examinar
la validez de disposiciones que aún no han entrado a regir, en razón a que
aunque actualmente no despliegan sus efectos jurídicos, sí tienen vocación para
hacerlo (…).”.
Esta regla encuentra fundamento en el hecho de que el
objeto del juicio abstracto de constitucionalidad se encuentra conformado por
las normas que, en efecto, pertenezcan al ordenamiento jurídico (nums. 1, 2, 3,
4, 5, 7 y 10 del artículo 241) o en cuyo proceso de formación se exige la
participación de este Tribunal (num. 8 del artículo 241). Cuando una norma ya
no cumple los criterios de validez para pertenecer al ordenamiento y,
adicionalmente, no produce efecto de ninguna naturaleza, lo que ocurre, en
verdad, es que ella ha dejado de integrar el sistema de fuentes y, en
consecuencia, carece de la aptitud para regular la actuación de las autoridades
o de los particulares. No se trata, en principio, de un acto que deba ser
controlado.
3.2. En segundo lugar, este Tribunal identificó
algunos supuestos especiales en los cuales, pese a que la disposición ya no
produce efectos, es posible un pronunciamiento de fondo. Ello ocurre, por
ejemplo, cuando se trata de disposiciones (a) con cortos períodos de vigencia,
(b) cuyo control resulta especialmente importante, tal y como ocurre con los
decretos dictados con ocasión de la declaratoria de un estado de excepción, (c)
que desconocen manifiestamente la Carta o (d) que han sido demandadas antes de
perder su vigencia.
3.3. Finalmente, esta Corporación señaló la vigencia
de una regla a favor de la competencia en aquellos casos en los cuales se
presenten dudas sobre la posibilidad o no de adoptar un pronunciamiento de
fondo. A su juicio, el favorecimiento de su competencia cuando no existe
certeza respecto de la vigencia encuentra fundamento en el carácter público de
la acción, en la supremacía de la Constitución y en el derecho de acceso a la
justicia constitucional.
4. En varias oportunidades la Corte ha precisado el concepto
de derogatoria y de sus modalidades. Conforme a su jurisprudencia “[l]a
derogatoria de las leyes implica la cesación de la eficacia de las mismas
(…).”[8] Según
este Tribunal “ella se produce cuando a través de una ley posterior se les
priva de su fuerza obligatoria, reemplazando o no sus disposiciones por otras.”[9] Ha indicado además que la derogatoria
solo es posible llevarla a efecto a través de disposiciones de la misma o de
superior jerarquía. A su vez, refiriéndose a las formas en que puede producirse
señala:
“La
derogatoria puede ser expresa, tácita o por reglamentación integral (orgánica)
de la materia, sucediendo la primera cuando la nueva ley suprime formal y
específicamente la anterior; la segunda, cuando la ley nueva contiene
disposiciones incompatibles o contrarias a las de la antigua, y la tercera,
cuando una ley reglamenta toda la materia regulada por una o varias normas
precedentes, aunque no haya incompatibilidad entre las disposiciones de éstas y
las de la ley nueva.”[10]
En su labor
de delimitación del objeto de control, a este Tribunal le corresponde precisar
la vigencia de las normas que son sometidas a su examen determinando, para
ello, las modificaciones o alteraciones que han sufrido y, en particular, si
han sido sustituidas total o parcialmente debido a la expedición de otras
normas de equivalente o mayor jerarquía.
Examen de vigencia del inciso segundo del artículo 55
del Decreto 1355 de 1970
5. Procede la Corte a establecer si la disposición que
se impugna en esta oportunidad se encuentra vigente o si, por el contrario,
está derogada por virtud de la ocurrencia de algunos de los modos en que ello
es posible. Con tal propósito determinará su vigencia a la luz de lo
establecido en la Ley 1801 de 2016 y en el Decreto Ley 356 de 1994.
a)
La derogación
del Decreto 1355 de 1970 prevista en la Ley 1801 de 2016 no ha entrado en
vigencia
6. La ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y
Convivencia” dispone en su artículo
242 la derogatoria de todas las disposiciones que le sean contrarias y, en
particular, del Decreto Ley 1355 de 1970[11].
Sin embargo, en el artículo 243 del nuevo Código de Policía se prevé que regirá
seis meses después de su promulgación. En consecuencia, habiendo sido
promulgada la Ley 1801 de 2016 en el Diario Oficial 49949 de fecha 29 de julio
del mismo año, concluye la Corte que en el momento en que debe adoptarse esta
decisión el Decreto Ley 1355 de 1970 no ha perdido aún su vigencia.
b)
El Decreto Ley
356 de 1994 no derogó el inciso segundo del artículo 55 del Decreto 1355 de
1970
7. Algunos de los intervinientes afirman que la regla
acusada fue derogada a raíz de la expedición del Decreto Ley 356 de 1994 “por el cual se
expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada”.
7.1. El Decreto Ley 1355 de 1970, tal y como se ha
señalado, tuvo como propósito adoptar normas de policía. En su título
preliminar se incluyen disposiciones generales que establecen, entre otras
cosas, las finalidades de la policía. En esa dirección su primer artículo prevé
que se encuentra “instituida
para proteger a los habitantes del territorio colombiano en su libertad y en
los derechos que de ésta se derivan, por los medios y con los límites
estatuidos en la Constitución Nacional, en la ley, en las convenciones y
tratados internacionales, en el reglamento de policía y en los principios
universales del derecho.” A su vez, el libro
primero de dicho estatuto señala los diferentes medios de policía,
estableciendo disposiciones en materia de reglamentos (Capítulo I), permisos
(Capítulo II), órdenes (Capítulo III), empleo de la fuerza y otros medios
coercitivos (Capítulo IV), servicio de policía (Capítulo V) y vigilancia
privada (Capítulo VI).
Este último capítulo, del cual hace parte la disposición acusada, se
encuentra conformado por siete disposiciones. El artículo 49 establece
que la Policía Nacional tendrá a su cargo el fomento y la orientación de
las agrupaciones que los moradores organicen voluntariamente para la vigilancia
y protección de la vecindad. El artículo 50 señala que el servicio remunerado
de vigilancia en lugares públicos o abiertos al público solo puede ofrecerse
previo permiso de la Dirección General de la Policía Nacional. El artículo 51
prevé las condiciones que deben cumplirse para conceder los permisos a los que
se refiere el artículo precedente. El artículo 52 establece que el Director
General de la Policía podrá ordenar la suspensión, en algunos casos, del
servicio de vigilancia privada. El artículo 53, a su vez, dispone la
posibilidad de que la Policía Nacional autorice a las juntas de defensa civil o
acción comunal la prestación de los servicios de vigilancia. Por su
parte, el artículo 54 señala que la investigación privada puede dirigirse a
coadyuvar el descubrimiento de hechos relacionados con infracciones penales,
bajo la condición de que no interfiera en modo alguno con la función judicial,
siendo posible que los resultados de las pesquisas sean ofrecidos al juez del
caso. Finalmente, el artículo 55 prevé que la vida íntima de una persona que es
ajena a sindicación penal no puede ser objeto de investigación privada o
judicial, lo que no se opone –según el inciso impugnado- a la realización de
indagaciones privadas con fines laborales o comerciales.
7.2.
El Congreso de la República, mediante la Ley 61 de 1993 y con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 150.10 de la Carta, revistió al Presidente de la
República de facultades extraordinarias para dictar normas sobre armas,
municiones y explosivos así como para reglamentar la vigilancia y seguridad privadas. En el literal j) del artículo 1 se
dispuso que en desarrollo de dichas facultades le correspondía expedir
el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada. Prescribió que se encontraba
habilitado, en concreto, para adoptar normas relativas (i) a los principios
generales, constitución, licencias de funcionamiento y renovación de empresas
de vigilancia privada y departamentos de seguridad; (ii) al régimen del
servicio de vigilancia y seguridad privada y control de las empresas; (iii) a
la adquisición y empleo de armamento; (iv) a la regulación sobre equipos
electrónicos para vigilancia y seguridad privada y equipos de comunicaciones y
transporte; (v) a los mecanismos de inspección y control a la industria de la
vigilancia privada; (vi) a la protección, seguridad y vigilancia no armada,
asesorías, consultorías en seguridad privada e investigación privada ­-destaca
la Corte-; (vii) a la colaboración de la vigilancia y seguridad privada con las
autoridades; y (viii) al régimen de sanciones, regulación de
establecimientos de capacitación y entrenamiento en técnicas de seguridad de
vigilancia privada.
Con fundamento en la referida autorización, el
Presidente de la República adoptó el Decreto Ley 356 de 1994 “por el
cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada”.
El artículo 1 prevé que dicha
norma tiene por objeto establecer el estatuto
para la prestación por particulares de servicio de vigilancia y seguridad
privada, al paso que el artículo 2 prescribe que en tal tipo de servicios se
encuentran comprendidas las actividades tendientes a prevenir o detener
perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual, en lo relacionado con
la vida y los bienes propios o de terceros, y la fabricación, instalación,
comercialización y utilización de equipos para vigilancia y seguridad privada,
blindajes y transporte con este mismo fin. Las disposiciones subsiguientes del
referido Decreto se ocupan de regular los diversos tipos de servicios de
vigilancia y seguridad privada, así como los deberes de quienes los
desarrollan.
7.3. La contrastación del objeto del Capítulo VI del
libro primero del Decreto 1355 de 1970 -del que hace parte el artículo 55
parcialmente acusado- con el contenido de la Ley 61 de 1993 y del Decreto Ley
356 de 1994 sugiere, a primera vista, que la expedición de este último Decreto
implicó la derogatoria integral del referido Capítulo VI. En efecto, dado que
dicho capítulo se denomina “De la vigilancia privada” y se ocupa de
establecer las reglas bajo las cuales es posible desarrollar ese tipo de
actividades, la adopción posterior del Decreto Ley 356 de 1994 -que se ocupa de
establecer el régimen de la vigilancia privada en todas sus manifestaciones-
podría calificarse como una derogatoria orgánica del régimen anterior. En atención
a ello y teniendo en cuenta que el artículo cuestionado hace parte de ese
capítulo, sería factible concluir que fue derogado por la adopción de un nuevo
régimen de vigilancia privada en el año 1994.
7.4. En contra de esa conclusión puede aducirse una
objeción muy importante que impide a la Corte aceptarla: el Decreto Ley 356 de
1994 no disciplina de manera particular las actividades de investigación
privada a las que se refiere el artículo 55 impugnado. En efecto, la revisión
de tal decreto permite identificar que sus normas regulan las formas de
vigilancia privada así como de investigaciones en materia de seguridad, pero
nunca las actividades de indagación adelantadas por particulares con propósitos
laborales o comerciales. Se echa de menos en dicho estatuto una regulación al
respecto, a pesar de que las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente
de la República en el literal j) del artículo 1º de la Ley 61 de 1993 fueron
conferidas también para regular la investigación privada. En consideración
a lo expuesto, la Corte encuentra que la regulación contenida en el artículo 55
del Decreto 1355 de 1970 es, a pesar de su inclusión en el mismo capítulo –De
la vigilancia privada-, conceptualmente diferente de lo asuntos relativos a la
prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada. En consecuencia, no
puede afirmarse que se haya producido la derogatoria tácita u orgánica de la
disposición acusada como consecuencia de la adopción del estatuto de 1994.
c)
Síntesis
sobre la vigencia del inciso
segundo del artículo 55 del Decreto 1355 de 1970
8. En síntesis, este Tribunal ha
constatado (i) que la derogatoria del Decreto Ley 1355 de 1970 prevista en la
Ley 1801 de 2016 no ha producido sus efectos y (ii) que la expedición del
Decreto Ley 356 de 1994 no implicó la derogatoria del inciso acusado, en tanto
la regulación allí contenida se ocupó únicamente de la vigilancia privada y no de
las actividades de indagación privada. Es entonces posible que la Corte se
pronuncie sobre la constitucionalidad de la norma impugnada.
C.
EL ALCANCE
DE LA DISPOSICIÓN DEMANDADA
9. La
estructura de la disposición acusada suscita algunas dificultades
interpretativas. Con independencia de cualquier análisis sobre su
vigencia o constitucionalidad, el primer inciso del artículo 55 del Decreto Ley
1355 de 1970 establece que la vida íntima de persona ajena a sindicación penal
no podrá ser objeto de investigación privada o judicial[12]. Prevé
entonces una prohibición general, vinculante para los particulares y las
autoridades judiciales, de investigar la vida íntima de una persona a menos que
sea objeto de una sindicación penal.
Pese al carácter general de la referida prohibición, el
segundo inciso del mismo artículo, luego usar la expresión “sin embargo”,
prescribe que podrán realizarse indagaciones por parte de particulares con
fines laborales o comerciales. Teniendo en cuenta que dicha expresión puede
reemplazarse por la frase “sin que ello sirva de impedimento”, es
posible asumir que el legislador de 1970 estableció una hipótesis exceptiva a la
restricción prevista en el primer inciso, cuando quiera que las indagaciones se
realicen con fines laborales o comerciales. Se trataría entonces, según lo
dicho, de una norma que permite realizar investigaciones o averiguaciones con
tales fines, incluso respecto de aquellos aspectos comprendidos por la vida
íntima.
D.
PROBLEMA
JURÍDICO Y METODO DE LA DECISIÓN
10. A la Corte Constitucional le
corresponde en esta oportunidad resolver dos problemas constitucionales
diferentes aunque relacionados. De una parte, debe definir si la expresión “Sin
embargo” contenida en el segundo inciso del artículo 55 del Decreto
Ley 1355 de 1970 desconoce el derecho a la intimidad. A su vez, es necesario
establecer, con independencia de la conclusión a la que se arribe respecto del
referido problema, cuáles son los límites constitucionales de la facultad que
tienen los particulares para realizar indagaciones con fines laborales o
comerciales y si ello tiene incidencia en la exequibilidad de la disposición
acusada en esta oportunidad.
11. Con el propósito de resolver las
cuestiones planteadas la Corte seguirá el siguiente orden. En primer lugar
identificará el alcance constitucional del derecho a la intimidad y, en
particular, a las restricciones que dicho derecho le impone a las actuaciones
desarrolladas por los particulares (sección E). Una vez precisado dicho alcance
la Corte analizará de manera específica los dos problemas antes identificados
(sección F).
E.
LA
PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA INTIMIDAD.
12. En el artículo 15 de la
Constitución se establece que todas las personas tienen derecho a su intimidad
personal y familiar. Con fundamento en ello, establece que el Estado tiene la
obligación no solo de respetarlo sino también de hacerlo respetar. Además de
esta cláusula general de protección, los incisos tercero y cuarto de la misma
disposición, consagran garantías específicas al prever (i) que la
correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables y solo
podrán ser objeto de interceptación o registro, mediante orden judicial, en los
casos y bajo las formalidades que establezca la ley[13]
y (ii) que para efectos tributarios, judiciales o de inspección, vigilancia e
intervención del Estado, puede exigirse la presentación de los libros de
contabilidad y los demás documentos privados en las condiciones que establezca
la ley.
La protección prevista por esta
cláusula se complementa con otras disposiciones s. Así el artículo 18 prescribe
que nadie estará obligado a revelar sus convicciones, el artículo 33 reconoce
el derecho a no autoincriminarse y a no declarar en contra de sus parientes, el
artículo 42 prevé que la intimidad de la familia es inviolable y el artículo 74
dispone que el secreto profesional es también inviolable. Adicionalmente el
artículo 250 de la Carta, al regular la competencia de la Fiscalía para llevar
a cabo registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de
comunicaciones prevé, en plena concordancia con el tercer inciso del artículo
15, el control judicial posterior a efectos de determinar la validez de las
actuaciones.
Varios instrumentos integrados al bloque de constitucionalidad
amparan también el derecho a la intimidad. Así la Convención Americana de
Derechos Humanos y El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
establecen en los artículos 11 y 17 respectivamente, que nadie podrá ser objeto de injerencias arbitrarias o
abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su
correspondencia al tiempo que reconoce que toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra esas injerencias.
13. La definición de aquello que es
público o privado se encuentra en la base de la discusión acerca del alcance
del derecho a la intimidad. Ha sostenido este Tribunal ocupándose del asunto
que “el concepto de ‘privacidad’ o ‘de lo privado’,
corresponde a los asuntos que en principio tocan exclusivamente con los
intereses propios y específicos de la persona humana, sin que afecten o se
refieran a los demás miembros de la colectividad”[14]
En concordancia con ello, la
jurisprudencia ha señalado que “el derecho a la intimidad permite y
garantiza en los asociados, el poder contar con una esfera o espacio de vida
privada no susceptible de la interferencia arbitraria de las demás personas,
que al ser considerado un elemento esencial del ser, se concreta en el
derecho a poder actuar libremente en la mencionada esfera o núcleo, en
ejercicio de la libertad personal y familiar, sin más limitaciones que los
derechos de los demás y el ordenamiento jurídico”[15].
Asumiendo una interpretación amplia del derecho a la intimidad destacó que se
trataba de  “un derecho de status negativo, o de
defensa frente a cualquier invasión indebida de la esfera privada, a la vez que
un derecho de status positivo, o de
control sobre las informaciones que afecten a la persona o la familia”[16].
Según
lo ha sostenido, se proyecta no solo “como
secreto que impide la divulgación ilegítima de hechos o documentos privados” sino también “como libertad, que se realiza en el
derecho de toda persona a tomar las decisiones que conciernen a la esfera de su
vida privada”[17].
Tal derecho, ampara varias posiciones
y relaciones generales, de las que se desprenden muchas otras particulares o
específicas. En primer lugar, confiere a su titular la facultad (permisión)
de oponerse (i) a la intromisión injustificada en la órbita que se ha
reservado para sí o su familia[18], (ii) a la divulgación injustificada
de los hechos privados o (iii) a las restricciones injustificadas a su libertad
de tomar las decisiones acerca de asuntos que solo le conciernen a la persona[19].
En segundo lugar, le impone a las autoridades y particulares el deber
(prohibición) de abstenerse de ejecutar actos que impliquen (iii) la intromisión
injustificada en dicha órbita, (iv) la divulgación de los hechos privados o (v)
la restricción injustificada de la libertad de elegir en asuntos que solo le
conciernen a la persona o a su familia.  En tercer lugar, impone a las
autoridades el deber (mandato) (vi) de adoptar las medidas normativas,
judiciales y administrativas a efectos de asegurar el respeto de las
dimensiones del derecho[20].
14. La delimitación anterior exige
varios complementos a efectos de precisar adecuadamente el alcance definitivo del
derecho a la intimidad. En primer lugar (a) los titulares del derecho pueden
ser las personas naturales y la familia con fundamento en lo previsto de manera
expresa en el artículo 15 de la Constitución[21]. En segundo lugar (b) la
intimidad se proyecta en diferentes dimensiones de la vida de las personas y,
en esa dirección, de la jurisprudencia de este Tribunal puede desprenderse un
amparo de la vida solitaria, de la vida familiar e incluso de la vida social o
gremial. Sobre ello volverá la Corte más adelante.
Al ensamblar estos elementos con las
posiciones y relaciones antes mencionadas, los derechos que la Constitución
ampara adquieren mayor precisión. Puede afirmarse, por ejemplo, que existe un
derecho de la persona natural a impedir que hechos que tienen lugar en su
familia no sean divulgados por las autoridades o los particulares, a menos que
exista una justificación suficiente para ello. Igualmente existe un deber de
las autoridades públicas de impedir que una persona ejecute actos que supongan
la intromisión injustificada en espacios sociales que las personas pretenden
mantener aislados de otros.
15. De lo dicho hasta ahora, se
desprende que uno de los aspectos centrales en la definición del alcance del
derecho a la intimidad, consiste en determinar cuándo (i) una intromisión en la
órbita que la persona o la familia se ha reservado para sí, (ii) una
divulgación de hechos o datos privados o (iii) una restricción a la libertad de
decidir, se encuentra justificada constitucionalmente. Se trata de establecer,
de otra forma dicho, el grado de resistencia que puede adscribirse a la
decisión de una persona de mantener un espacio de acción no interferido.
El carácter central de la
“justificación” en la delimitación del derecho a la intimidad ha sido expuesto
por este Tribunal en muchas oportunidades. Ha dicho, que el sujeto “compelido
a soportar injerencias arbitrarias en su intimidad sufre una restricción injustificada de su espacio vital, de su autonomía y
de sus posibilidades de libre acción”. Según la Corte, es ello lo que sucede
“cuando el contenido del derecho es significativamente recortado por las
exigencias o cargas impuestas al mismo como resultado de la interrelación con
otros derechos fundamentales”[22].
Se trata entonces de una conexión
estrecha entre la prohibición de arbitrariedad y la obligación de
justificación. La jurisprudencia se ha ocupado de establecer cuando una
intervención prima facie en el derecho a la intimidad, se encuentra
justificada y, en esa medida, no desconoce la prohibición de injerencias
arbitrarias. Para ello ha seguido, entre otras, tres vías interpretativas.
15.1. La primera ha consistido
en establecer una clasificación de la información con el propósito de “determinar
la intensidad con que dicha información se encuentra ligada la esfera íntima
del individuo y a los casos en que la misma puede o debe ceder a favor del
interés público”[23]. En esa dirección, la Corte estableció
que la información puede ser pública, semiprivada, privada o reservada. Dicha
tipología se apoya en tres ideas generales que muestran su utilidad: (i) es
posible clasificar la información a partir del tipo de contenidos a los que se
refiere; (ii) en función de esos contenidos, es posible definir los sujeto
habilitados para permitir su divulgación cuando el titular de la información no
lo ha autorizado; y (iii) el tipo de razones que pueden justificar su
conocimiento por parte de terceros varía en función de su cercanía con la
esfera más íntima de la persona.
La información pública, ha dicho este Tribunal, “en tanto no está relacionada con el ámbito de
protección del derecho a la intimidad, recae dentro del ejercicio amplio del
derecho a recibir información (Art. 20 C.P.)”[24]
y en consecuencia, es de libre acceso. Comprende la relativa a “los actos
normativos de carácter general, los documentos públicos en los términos del
artículo 74 de la Constitución, y las providencias judiciales debidamente
ejecutoriadas”[25] así
como a “los datos sobre el estado civil de las personas o sobre la
conformación de la familia”[26] y el dato sobre la pertenencia a un partido o movimiento
político de quienes ejercen cargos de elección popular (integrantes)[27]. Ella “puede ser obtenida
y ofrecida sin reserva alguna y sin importar si la misma sea información
general, privada o personal.”[28] Cuando
se trata de esta información no se requiere la intervención de ninguna
autoridad a efectos de autorizarla, ni se exige presentar una justificación
particular para su conocimiento. En estos casos lo que ocurre, en realidad, es que
el derecho a la intimidad se torna irrelevante.
La información semi-privada corresponde a aquella
información que no es pública, pero que se encuentra sometida a “algún grado
de limitación para su acceso”[29] de manera que “se trata de información que sólo puede accederse por
orden de autoridad judicial o administrativa y para los fines propios de sus
funciones, o a través del cumplimiento de los principios de administración de
datos personales”[30]. En esa
dirección esos datos son “aquellos que
no tienen naturaleza íntima, reservada, ni pública y que, por ende, su
conocimiento puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo
de personas o a la sociedad en general”[31]. Entre la información que
encuadra en esta clasificación se encuentra, por ejemplo, la relativa al
sistema de seguridad social –con exclusión de la historia clínica-, la
administrada por las bases de datos de información financiera[32], la recaudada y almacenada por los Centros de Reconocimiento en el RUNT de conformidad con las normas de tránsito[33], los datos contenidos en el Registro Único de
Seguros[34], los datos incluidos en el Registro de la
propiedad de perros altamente peligrosos[35], la información sobre aportes, contribuciones
y créditos, que reciben las campañas políticas[36] y la información sobre la pertenencia a un partido
o movimiento político de los miembros[37].
Respecto de esta información, la resistencia a su divulgación es
reducida en tanto corresponde a materias que, a pesar de referirse al
individuo, revisten una importancia clara y significativa para el cumplimiento
de funciones o tareas asignadas a otras personas. En estos eventos, las razones
constitucionalmente admisibles para acceder a la información, están vinculadas
al cumplimiento de las tareas o funciones ejercidas por quien tiene interés en
conocerla. Se trata entonces de información que tiene una vocación de
circulación restringida. El desconocimiento de los fines previstos para su
circulación así como de las condiciones para su divulgación, constituye una infracción
no solo del derecho a la intimidad, sino también de otras garantías como el
habeas data.
A su vez, (iii) la información privada es aquella “que
por versar sobre información personal o no, y que por encontrarse en un ámbito
privado, sólo puede ser obtenida y ofrecida por orden de autoridad judicial en
el cumplimiento de sus funciones”[38].
Comprende la relativa a “los libros de los comerciantes, (…) los
documentos privados, (…) las historias clínicas o (…) la
información extraída a partir de la inspección del domicilio o luego de la práctica de pruebas en procesos penales
sujetas a reserva”[39]. Igualmente reviste la
naturaleza de información privada la información
genética que reposa en bancos de sangre, esperma, laboratorios, consultorios
médicos u odontológicos o similares[40]. En estos casos, el tipo de
información revela dimensiones particularmente importantes de la vida personal,
social y económica de las personas y que, debido a expresa disposición
constitucional (arts. 15 y 250) o a su naturaleza, solo puede ser divulgada por
autorización de la persona a la que se refiere o por la existencia de una
decisión judicial. En estos casos, la justificación que explica la posibilidad
de divulgar la información, en contra de la voluntad de la persona a la que se
refiere, puede hallarse en finalidades especialmente importantes como ocurre,
por ejemplo, con la búsqueda de la verdad en un proceso penal.
Finalmente
(iv) si se trata de información reservada, tal y como ocurre por ejemplo con la
relativa a datos sensibles, a la inclinación sexual, a los hábitos personales o
los datos relativos a la pertenencia a un partido o
movimiento político de los ciudadanos votantes[41], ella
“no puede siquiera ser obtenida ni ofrecida por autoridad judicial en el
cumplimiento de sus funciones”[42].  En
este último caso, la relación entre el derecho a la información y la protección
de la intimidad cambia de manera significativa. En efecto, el tipo de
información de la que se trata hace que su conocimiento, en cuanto alude a
datos de especial impacto, significado y trascendencia para las personas, se
encuentra sometido a especiales cautelas, exigiendo la voluntad del sujeto
concernido. En estos supuestos nadie puede pretender auscultarla.
En suma el derecho a la intimidad comprende la información
reservada, la privada y la semiprivada. Respecto de cada una de ellas existe un
interés jurídicamente protegido, que se traduce en la posibilidad de oponerse
absolutamente a la búsqueda, divulgación y uso de la información (información
reservada) o en la necesidad de que tales actividades estén precedidas de una
autorización judicial (información privada) o administrativa (información
semiprivada). Advierte la Corte, desde ahora, que cualquier indagación
realizada por los particulares con fines laborales o comerciales que desconozca
los límites fijados para el acceso a tal tipo de información, resultará
incompatible con la Constitución lo que hará posible, de cumplirse las
condiciones para ello, plantear la violación del derecho a la intimidad a
través de la acción de tutela.
15.2.
Otra de las orientaciones de la jurisprudencia constitucional, que permite
precisar el alcance de la protección del derecho a la intimidad se encuentra en
su relación con el derecho al habeas data. En efecto, (i) el derecho a conocer,
actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en
base de datos o archivos, y (ii) la obligación de respetar la libertad y las
demás garantías constitucionales en la recolección, tratamiento y circulación
de datos, constituyen valiosas mecanismos de protección de la intimidad, dado
que partir de ellos se limitan las posibilidades del tratamiento de datos así
como su divulgación. Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional ha
destacado, al ocuparse del habeas data financiero, que de un correcto
tratamiento de los datos personales depende  “en buena medida, la
eficacia del derecho a la intimidad del individuo, en tanto la intervención en
la información personal que hacen las bases de datos debe llegar a un grado tal
que permita que aquellos datos que no estén relacionados con el cálculo del
riesgo, permanezcan en la órbita propia del sujeto concernido y, en
consecuencia, no ingresen al tráfico de datos propio de las centrales de
información financiera”[43].
Esto no implica, en modo alguno, negar
al derecho al habeas data su autonomía. Lo que se trata de destacar es que -tal
como lo dijo la Corte en la sentencia C-748 de 2011 después de explicar las
etapas de la jurisprudencia constitucional en relación con el estatus de dicho
derecho- la protección de los datos personales “responde
a la importancia que tales datos revisten para la garantía de otros derechos
como la intimidad, el buen nombre y el libre desarrollo de la personalidad”.
Como se verá más adelante, la relación referida se evidencia con especial
claridad al examinar las reglas aplicables a los datos sensibles, así como los
principios que rigen el tratamiento de datos personales que constituyen, al
mismo tiempo, información privada o semiprivada.
15.3.
Una tercera línea interpretativa vigente en la jurisprudencia constitucional,
tiene su punto de partida, de una parte, en la identificación y caracterización
de las diferentes dimensiones del desarrollo de las personas y, de otra, en la
definición del grado de resistencia que ofrece el derecho a la intimidad en
cada una de ellas. En esta dirección la jurisprudencia ha establecido un
conjunto de reglas que pueden sintetizarse en los siguientes términos: (i) a
menos que se encuentre establecida una obligación constitucional y legal de revelar
determinado tipo de información debido a su relevancia pública, está protegida
la decisión de las personas de no divulgarla y el deber de las autoridades y
los particulares de no acceder a ella[44]; (ii) el núcleo esencial del
derecho a la intimidad “supone la existencia y goce de una órbita reservada
en cada persona, exenta del poder de intervención del Estado o de las
intromisiones arbitrarias de la sociedad, que le permita a dicho individuo el
pleno desarrollo de su vida personal, espiritual y cultural”[45];
(iii) el alcance definitivo del derecho a la intimidad, al no tratarse de una
garantía absoluta[46], se encuentra en conexión
directa con los límites que se impongan a las actuaciones de los demás[47];
y, en esa dirección (iv) se tendrán como límites no solo algunas garantías
formales -autorización judicial o administrativa, por ejemplo- sino también la
obligación de satisfacer las exigencias del principio de proporcionalidad[48].
Las
exigencias de razonabilidad y proporcionalidad cumplen una función central para
controlar el exceso en la actuación de los particulares. La eficacia del
derecho a la intimidad en las relaciones entre particulares exige que cualquier
restricción que se desprenda de su actuación sea sometida a un juicio que
evalúe las finalidades perseguidas y los medios empleados. Solo serán
compatibles con la Constitución aquellas limitaciones que encuentren apoyo en
una finalidad admisible y superen el escrutinio del medio empleado. Como ha
dicho la Corte al referirse a las relaciones laborales “en eventos en los
cuales se encuentren en pugna el derecho a la intimidad del trabajador y el
derecho del empleador a dirigir su actividad laboral, se deberá determinar las
circunstancias específicas del caso en concreto para ponderar los mismos en
razón de la finalidad, proporcionalidad, necesidad e idoneidad de la medida, y
por tanto determinar su razonabilidad (…)”[49].
El
principio de proporcionalidad o razonabilidad no exige lo mismo en todos los
casos puesto que, como lo ha advertido este Tribunal “[l]a intensidad del
juicio de razonabilidad depende de la relevancia constitucional de los valores
en juego”[50]. Tal y como lo demuestra la
graduación que del juicio ha efectuado la Corte, dicho principio impone, en
atención a la circunstancias específicas analizadas, cargas argumentativas más o
menos complejas respecto (a) de la finalidad que puede invocarse para
fundamentar una restricción del derecho a la intimidad, así como (b) de la relación
entre dicho propósito y la medida mediante la cual dicha restricción se
instrumenta[51]. La intensidad del control de
una restricción y, en consecuencia, la complejidad para justificarla, se
encuentra en una estrecha relación con las esferas en las que actúa el
individuo. En esa dirección y apoyándose en la jurisprudencia comparada la
Corte tuvo oportunidad de indicar lo siguiente en la sentencia C-505 de 1999:
“Ahora
bien, la intimidad, que es el derecho fundamental que busca ser salvaguardado
por la inviolabilidad del domicilio, no es un valor puramente dicotómico, de tal
manera que una actividad es estrictamente reservada o totalmente pública, sin
que existan situaciones intermedias. Por el contrario, la experiencia humana
demuestra que las personas desarrollan muchos comportamientos que son íntimos
en ciertos aspectos, pero más o menos públicos para otros efectos. Por ejemplo,
es indudable que la vida familiar de una persona es un asunto más privado que
sus relaciones de trabajo, pero eso no significa que su desempeño laboral sea
una actividad pública que pueda automáticamente ser conocida y examinada por
las autoridades y las demás personas. Debido a esa gradación de la privacidad,
y con el fin de facilitar la ponderación entre la intimidad y otros
derechos y valores constitucionales concurrentes, la jurisprudencia comparada
ha distinguido diversas esferas de la intimidad, de suerte que en ellas el
grado de protección constitucional es distinto (…). Así, en Alemania, el
tribunal constitucional ha diferenciado tres ámbitos: la esfera más íntima
corresponde a los pensamientos o sentimientos más personales que un individuo
sólo ha expresado a través de medios muy confidenciales, como cartas o diarios
estrictamente privados, y es según esa corporación, un ámbito intangible de la
dignidad humana. La garantía en este campo es casi absoluta, de suerte que sólo
situaciones o intereses excepcionalmente importantes justifican una
intromisión. Luego encontramos la esfera privada en sentido amplio, que
corresponde a la vida en ámbitos usualmente considerados reservados, como la
casa o el ambiente familiar de las personas, en donde también hay una intensa
protección constitucional, pero hay mayores posibilidades de injerencia ajena
legítima. Y, finalmente, el tribunal de ese país habla de la esfera social o
individual de las personas, que corresponde a las características propias de
una persona en sus relaciones de trabajo o más públicas, en donde la protección
constitucional a la intimidad autonomía es mucho menor, aun cuando no
desaparece, pues no se puede decir que las autoridades puede examinar e
informar sobre todo lo que una persona hace por fuera de su casa, sin violar su
intimidad”.
En un
pronunciamiento posterior, identificando ahora cuatro dimensiones de la
intimidad, la Corte sostuvo:
“Dichos
grados de intimidad se suelen clasificar en cuatro distintos niveles, a saber:
la intimidad personal, familiar, social y gremial (C.P. art. 15). La primera,
alude precisamente a la salvaguarda del derecho de ser dejado sólo y de poder
guardar silencio, es decir, de no imponerle a un determinado sujeto, salvo su
propia voluntad, el hecho de ser divulgados, publicados o fiscalizado aspectos
íntimos de su vida. La segunda, responde al secreto y a la privacidad en el
núcleo familiar, una de cuyas principales manifestaciones es el derecho a la
inmunidad penal, conforme al cual, “nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o
contra su cónyuge, compañero permanente o parientes entro del cuarto grado de
consaguinidad, segundo de afinidad o primero civil”. La tercera,
involucra las relaciones del individuo en un entorno social determinado, tales
como, las sujeciones atenientes a los vínculos labores o públicos derivados de
la interrelación de las personas con sus congéneres en ese preciso núcleo
social, a pesar de restringirse -en estos casos- el alcance del derecho a la
intimidad, su esfera de protección se mantiene vigente en aras de preservar
otros derechos constitucionales concomitantes, tales como, el derecho a la
dignidad humana (…). Finalmente, la intimidad gremial se relaciona estrechamente
con las libertades económicas e involucra la posibilidad de reservarse
-conforme a derecho- la explotación de cierta información, siendo, sin lugar a
dudas, uno de sus más importantes exponentes, el derecho a la propiedad
intelectual (C.P. art. 61)”[52].
Así pues, el ámbito de la vida íntima comprende no solo los
asuntos estrictamente personales o familiares, sino que puede extenderse
también a otro tipo de información del individuo y de sus relaciones. En
efecto, según lo ha advertido la jurisprudencia “[e]l alcance del derecho a la intimidad no se reduce
a su núcleo esencial, sino que se extiende hasta abarcar relaciones
intersubjetivas por fuera del ámbito meramente personal o familiar, como las
relaciones dentro de asociaciones privadas, los vínculos de naturaleza
partidista e, inclusive, algunos aspectos de las relaciones sociales y
económicas dentro de los cuales se encuentra el secreto profesional y la
reserva bancaria”[53].
El reconocimiento de las esferas en que puede activarse la
protección de la intimidad, implica que diversas manifestaciones de la vida de
los individuos –personal, familiar, social y gremial- resultan comprendidas por
el artículo 15 de la Carta. El derecho a la intimidad se proyecta entonces en
muy diversos planos que reflejan, a su vez, el grado de intensidad o
resistencia con el que se activa su protección. A medida que el radio de acción
de la actividad de las personas se amplía o trasciende (desde lo absolutamente
reservado a lo más público), se acentúan las posibilidades de que se susciten
tensiones con otros intereses constitucionales como el derecho a la
información.
Unida
a esta clasificación, esta Corporación también ha señalado que el grado de
realización del derecho a la intimidad –y por ello la intensidad con la que se
controlan sus restricciones- puede depender del espacio físico en el que actúen
las personas. En ese sentido ha intentado una clasificación de los espacios en
privados, semiprivados, semipúblicos y públicos. El espacio privado se asocia
con el concepto de domicilio que, según la Corte, va más allá de la idea
prevista en el Código Civil abarcando, “además de los lugares de habitación,
trabajo, estudio, todos aquellos espacios o recintos aislados en los que la
persona normal y legítimamente pretenda desarrollar su propia vida privada,
separada de los terceros y sin su presencia”[54].
Según la jurisprudencia “la garantía y protección de los espacios privados,
está estrechamente asociada a la noción de intimidad y por ello la limitación
de este derecho en los mismos debe ser excepcional”[55].
El espacio público es “un derecho ciudadano de acceso, utilización y goce,
como también, un lugar en el que se ejercen múltiples derechos, en un contexto
mediado por normas y susceptible de ser restringido por las autoridades
(…), por lo cual el derecho a la intimidad
podrá limitarse en el mismo”. Los otros dos tipos de espacios, que han sido
denominados por la jurisprudencia como espacios intermedios, “tienen
características tanto privadas como públicas”. Los semiprivados, como por
ejemplo los establecimientos de educación son “espacios
cerrados en los que un conjunto de personas comparten una actividad y en los
que el acceso al público es restringido” lo que implica que “las injerencias a
la intimidad y demás libertades que se ejercen en tales contextos, son
limitados”[56].
A su vez, los semipúblicos que comprenden, entre otros, el cine o los estadios
“son lugares de acceso
relativamente abierto en los que diferentes personas se encuentran en
determinado momento para realizar cierta actividad puntual dentro de un espacio
compartido”[57]
y, no obstante tratarse de lugares cerrados, “hay gran flujo de personas y
mayor libertad de acceso y movimiento, por lo cual las restricciones a la
intimidad son tolerables por cuestiones de seguridad y por la mayor repercusión
social de las conductas de las personas en dichos espacios”[58].
La clasificación de las diferentes
esferas de intimidad y de los ámbitos físicos en los que se desenvuelve la vida
de las personas, no define en todos los casos la intensidad con la que deben
controlarse las medidas de las autoridades públicas o de los particulares que
tienen como efecto restringir el derecho a la intimidad. Sin embargo, sí
proporcionan elementos muy importantes a efectos de resolver los diferentes conflictos,
tal y como lo evidencia la jurisprudencia constitucional.
15.4. En suma, (i) la naturaleza de
la información y los límites a su divulgación, (ii) las reglas que rigen la
administración de datos personales y (iii) la relevancia de las diferentes
esferas de la intimidad así como de los espacios en los que se despliega la
actividad humana, son criterios relevantes para identificar el ámbito protegido
por el derecho a la intimidad y para definir las restricciones que resultan
admisibles. Tales criterios, que encuentran apoyo en el Texto Superior, en la
jurisprudencia de esta Corporación así como en la regulación estatutaria
vigente en materia de habeas data, rigen la actividad de las autoridades
públicas y de los particulares y permiten valorar si una medida que tiene la
aptitud de limitar el derecho a la intimidad se encuentra o no justificada. Las
restricciones a este derecho, con independencia de su origen, deben superar las
exigencias que se desprenden del principio de proporcionalidad.
F.
EXAMEN
CONSTITUCIONAL DEL SEGUNDO INCISO DEL ARTÍCULO 55 DEL DECRETO 1355 DE 1970
16. Tal y como su alcance fue
precisado, la expresión “Sin embargo” del segundo inciso del artículo 55
del Decreto 1355 de 1970, autoriza la afectación de la vida íntima cuando se
desarrollen indagaciones con fines laborales y comerciales.
Este contenido normativo se opone
abiertamente al alcance que la jurisprudencia constitucional le ha conferido al
artículo 15 de la Carta. Como quedó expuesto, la protección de la vida íntima
proscribe su restricción a menos que se encuentre justificada de manera
suficiente. Prever de manera general una autorización de indagar sobre la vida
íntima, se opone directamente a lo ordenado por la Carta. En efecto, no pueden
los particulares adelantar actividades de indagación con fines laborales o
comerciales que supongan acceder, por ejemplo, a documentos privados, libros de
contabilidad, historias clínicas o información genética, sin el consentimiento
de la persona o la autorización que pueda requerirse. A pesar de ello, la
expresión acusada descarta tales límites, al exceptuar de la prohibición
prevista en el inciso primero del artículo 55, las indagaciones que tengan
propósitos laborales o comerciales.
En síntesis, la Corte declarará
inexequible la expresión “Sin embargo” del segundo inciso del artículo
55 del Decreto 1355 de 1970 dado que establece una autorización general que
permite vulnerar el derecho a la intimidad.
17. La declaratoria de
inexequibilidad de la expresión “Sin embargo” no supone que la parte
restante del segundo inciso del artículo 55 del Decreto 1355 de 1970 sea
compatible con la Carta. El enunciado, después de la declaratoria de
inexequibilidad, prescribe que “podrán realizarse indagaciones
privadas con fines laborales o comerciales”. El demandante afirma que la
disposición acusada permite “indagar sin límites”, “sin restricción
ni límite establecido” y emprender investigaciones “de manera
indiscriminada por cualquier persona y sin establecer ningún límite”.
Aunque la parte restante del inciso -expulsada la expresión
“sin embargo”- no prevé una autorización general de afectación de la vida
íntima, su apertura exige a la Corte preguntarse si resulta o no compatible con
la Carta en tanto que, como se explicará a continuación, puede colisionar con
la prohibición de que los particulares se entrometan, injustificadamente, en
alguna de las dimensiones protegidas por el derecho a la intimidad.
17.1. El inciso demandado permite que los particulares
realicen indagaciones con propósitos comerciales o laborales. Comprende
entonces todas aquellas actuaciones encaminadas a averiguar hechos, datos o
noticias que se relacionan de manera directa o indirecta con otras personas, a
fin de emplear la información obtenida, por ejemplo, en los procesos de
vinculación laboral, en el desarrollo de contratos comerciales o en las
actividades de mercadeo o adquisición de bienes y servicios. Conforme a lo
dicho, la norma impugnada establece (i) el sujeto titular de la libertad o
permisión -los particulares-, (ii) el objeto de la misma –la indagación- y
(iii) las finalidades que debe perseguir –laborales o comerciales-.    Autoriza
entonces, al emplear un lenguaje relativamente abierto, un universo muy amplio
de comportamientos, comprendidos por la expresión “indagación” que es
equivalente a “averiguación” o “investigación”.
17.2. Un examen de las finalidades que se
persiguen con las averiguaciones adelantadas por los particulares evidencia, al
menos prima facie, que ellas cuentan con un apoyo directo no solo en la
cláusula general que ampara el derecho a buscar y recibir información de
diversa naturaleza (art. 20)[59],
sino también en la protección de los derechos del consumidor (art. 78), en la
promoción de comportamientos compatibles con la buena fe (art. 83) y en la
protección de la libre iniciativa privada, la libre competencia y la empresa
como base del desarrollo (art. 333). Igualmente en algunos casos las
actividades de indagación encuentran fundamento en la naturaleza de la
actividad que se desarrolla y, en particular, en su calificación como de
interés público (art. 335). A continuación la Corte se ocupa de ello.
a) La permisión de realizar indagaciones
con fines laborales comprende diferentes tipos de iniciativas. En primer lugar
(i) se refiere a todas aquellas actuaciones emprendidas por los particulares a
efectos de obtener en el curso de procesos de contratación laboral y mediante
la consulta directa de la persona concernida, información relativa a sus
antecedentes, a su experiencia previa y a las competencias requeridas para la
actividad correspondiente (conocimiento directo con propósitos de
vinculación laboral). En estos casos, la información se obtiene, previo
consentimiento del sujeto al que se refiere la información. En segundo lugar,
(ii) comprende también la consulta que se realiza a terceros que disponen de
información acerca de personas que participan o pretenden participar en
procesos de contratación laboral. En estos casos, se acude a tales terceros con
el objetivo, por ejemplo, de contrastar la información obtenida directamente de
la persona vinculada a tal tipo de procesos a efectos de comprobar su veracidad
o precisar su alcance (conocimiento indirecto con propósitos de vinculación
laboral). En tercer lugar, (iii) durante los trámites disciplinarios o
correccionales que adelantan los particulares en desarrollo o con ocasión del
contrato de trabajo, puede ser necesario adelantar averiguaciones respecto del
comportamiento de los trabajadores a efectos de adoptar las decisiones que
corresponden en el marco de las relaciones laborales (verificación de
cumplimiento de deberes contractuales del trabajador). En cuarto lugar (iv)
el Código Sustantivo del Trabajo ha establecido la posibilidad de que los
empleadores realicen exámenes médicos de ingreso con el propósito de establecer
la situación de salud de los trabajadores[60]
(Verificación de condiciones de salud del trabajador).
b) La actuación al amparo de la
autorización prevista en el inciso acusado cuando tiene fines comerciales, se
manifiesta de diferentes formas. En primer lugar (i) el establecimiento de
relaciones comerciales que suponen el suministro de bienes o servicios, exige
conocer de manera más o menos detallada las características de los clientes o
de los proveedores -según el caso- a efectos de definir si se establece un
determinado vínculo contractual (conocimiento de clientes y proveedores con
propósitos de contratación). Tales averiguaciones revisten una importancia
significativa en aquellos vínculos contractuales que se perfeccionan teniendo
en cuenta las características de la persona –intuitu personae-.
Uno de los campos en los cuales la
indagación de los clientes reviste una particular trascendencia es el
correspondiente a la actividad financiera (conocimiento del cliente del
sistema financiero para preservar la estabilidad y confianza). En
esa dirección, en el ordenamiento se ha dispuesto (i) la obligación de las
instituciones sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia
Financiera -así como de las personas que se dedican profesionalmente a
actividades de comercio exterior, operaciones de cambio y del mercado libre de
divisas, o de casinos y juegos de azar- de adoptar medidas de control
apropiadas y suficientes para evitar que en el curso de sus operaciones se
oculten, manejen, inviertan o aprovechen recursos que provengan de actividades
delictivas o que se encuentren destinados a financiarlas (arts. 102 del Decreto
663 de 1993[61]
y 43 de la Ley 190 de 1995, modificados por la Ley 1121 de 2006). En adición a
ello, debe destacarse que el artículo 20 de la ley 1121 de 2006 ha previsto la
obligación de los particulares de consultar las listas de personas y entidades
asociadas con organizaciones terroristas, al prever que cuando conozcan de la
presencia o tránsito de una persona incluida en una de las listas mencionadas o
de bienes o fondos relacionados con estas, deberán informar oportunamente al
Departamento Administrativo de Seguridad, DAS y a la Unidad de Información y
Análisis Financiero, UIAF, para lo de su competencia. Igualmente la
jurisprudencia de este Tribunal se ha referido (ii) al deber de las entidades
financieras de emprender las indagaciones requeridas para establecer si la
celebración de un contrato con determinada persona puede suscitar riesgos legales,
operativos o reputacionales (entre otras, las sentencias SU-157 de 1999 y T-468
de 2003).
Las indagaciones con fines comerciales también encuentran
expresión (iii) en aquellas disposiciones que le imponen a sus destinatarios la
carga de actuar de buena fe exenta de culpa a efectos de otorgar determinada
protección (conocimiento especial como instrumento de realización de la
lealtad y honestidad). Ello exige que las personas emprendan específicas
actividades de indagación puesto que, como lo ha señalado este Tribunal, dicha
buena fe “se acredita demostrando no solo la
conciencia de haber actuado correctamente sino también la presencia de un
comportamiento encaminado a verificar la regularidad de la situación”[62]. Así por
ejemplo (a) la ley libera de la responsabilidad solidaria al adquirente de un
establecimiento de comercio por las obligaciones que no consten en los libros,
cuando su actuación ha sido de buena fe exenta de culpa (art. 529 C. Co); (b) impide que se propongan al tercero de buena fe
exenta de culpa que presenta un título valor para su pago, las excepciones
derivadas del negocio causal (art. 784 C. Co.); (c) hace responsable frente a
los terceros de buena fe exenta de culpa a quién dé motivo a que se crea,
conforme a las costumbres comerciales o por su culpa, que una persona está
facultada para celebrar un negocio jurídico (art. 842 C. Co.); y (d) prescribe
la inoponibilidad frente a terceros de buena fe exenta de culpa, de los
defectos en la definición de las facultades del agente en un contrato de
agencia mercantil (art. 1320)[63].
Con orientación similar (e) el Código de Comercio ha previsto la posibilidad de
que las sociedades aseguradoras realicen indagaciones con el objeto de conocer
el estado de riesgo de los tomadores (art. 1058).
Las indagaciones adelantadas por los
particulares pueden tener también como propósito (iv) investigar los diferentes
mercados a efectos de adoptar decisiones comerciales, para lo cual puede
resultar relevante la observación del comportamiento de los consumidores o la
realización de estadísticas a fin de precisar de manera general sus gustos o
preferencias respecto de la oferta de bienes y servicios (conocimiento con
propósitos de mercadeo). Ha reconocido el ordenamiento (v) la posibilidad
de emprender indagaciones con el fin de promover una mayor oferta de bienes y
servicios, tal y como ello ocurre en el artículo 14 de la Ley 256 de 1996 al
autorizar la imitación de prestaciones mercantiles y de iniciativas
empresariales (conocimiento con propósitos de competencia).
Asimismo se encuentran comprendidas por
los fines comerciales (vi) las averiguaciones que desarrollan los consumidores
con el objetivo de decidir la adquisición de determinados bienes o servicios,
tal y como lo prevé el actual Estatuto del Consumidor al establecer el derecho
a obtener información completa, veraz, transparente, oportuna,
verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los productos que se
ofrezcan o se pongan en circulación, así como sobre los riesgos que puedan
derivarse de su consumo o utilización, los mecanismos de protección de sus
derechos y las formas de ejercerlos (Ley 1480, art. 3) (conocimiento con
propósitos de consumo).
17.3. Los fines constitucionales en
los que se apoya la realización de las indagaciones autorizadas en el inciso
demandado (arts. 20, 78, 83, 333 y 335) pueden colisionar con la protección del
derecho a la intimidad y, en particular, con los derechos específicos (i) a
impedir cualquier interferencia no
autorizada en los espacios en los cuales la persona o su familia se
desenvuelven, (ii) a controlar la divulgación de la información relativa a la
esfera íntima y (iii) a tomar las decisiones o autodeterminarse acerca de
asuntos que solo le conciernen a la persona. Para este Tribunal, cualquier restricción
de los derechos referidos, comprendidos todos ellos por el derecho a la
intimidad, debe estar justificada y, en esa medida, deberá ser razonables y
proporcionadas.
17.4. Esta
exigencia encuentra apoyo, de una parte, en el hecho de considerar que la norma
a la que se adscribe el derecho a la intimidad admite diferentes grados de
realización dependiendo de las posibilidades fácticas y jurídicas existentes y,
de otra, en el principio de armonización concreta que impone la identificación
de fórmulas que aseguren la convivencia de las diferentes normas
constitucionales, de manera que puedan realizarse en la mayor medida posible. A
continuación la Corte presenta algunos de los criterios que deberán
considerarse a efectos de establecer si una restricción del derecho a la
intimidad puede considerarse proporcionada y razonable.  No se trata de una
indicación taxativa o definitiva, sino de algunos de tales elementos, de manera
que en el futuro la Corte habrá de examinar o resolver otras situaciones. .
a) Puede
identificarse un grupo de hipótesis en las cuales -en el contexto de la
contratación laboral- el empleador requiere al interesado en ser contratado a
efectos de que le suministre información o se someta a determinadas pruebas
encaminadas, por ejemplo, a indagar acerca de sus condiciones personales y
profesionales, o a verificar la veracidad de sus afirmaciones. Este tipo de
indagaciones con fines laborales, incluso cuando la persona manifiesta su
consentimiento o aceptación respecto de los requerimientos efectuados, suscita
complejas tensiones entre los fines perseguidos con su realización, de una
parte, y la facultad de controlar la divulgación de la información personal,
así como la libertad de la persona para tomar las decisiones acerca de asuntos
que solo a ella le conciernen, de otra.
La
Corte juzga necesario afirmar que constituye prima facie, una violación
del derecho a la intimidad, someter a una persona, como condición para acceder
al empleo (i) a la carga de revelar información relativa a datos sensibles o
privados, tal y como ocurre por ejemplo con la inclinación sexual o las prácticas
asociadas a ella[64], la religión, el origen o
conformación familiar, la información genética o las opiniones políticas o
filosóficas. Semejante carga se opone no solo al artículo 15 sino también al
derecho constitucional de no ser obligado a revelar las propias convicciones
según lo prescribe el artículo 18 constitucional. También se encuentra
comprendido por la regla anterior y con fundamento en el artículo 33 de la
Constitución (ii) el requerimiento de entregar información que pueda conducir a
la incriminación propia o de las personas comprendidas por esa disposición. Igualmente,
no resulta posible (iii) la realización de exámenes que tengan como propósito
verificar si la persona padece el síndrome de inmunodeficiencia adquirida[65]
o si se encuentra en estado de embarazo[66] .
Varios
de los supuestos referidos guardan relación con la búsqueda de datos sensibles,
en ocasiones vinculados a prácticas discriminatorias. La indagación de tal tipo
de información se encuentra cubierta por una presunción de
inconstitucionalidad. En estos casos, subordinar el acceso al empleo a la
entrega de tal información o a la realización de pruebas en las condiciones
antes referidas, constituye una forma de infracción del derecho a la intimidad.
Esa infracción no podrá desvirtuarse aduciendo que la persona ha prestado su consentimiento
en divulgar tal información o en someterse a dichas pruebas, considerando que
en estos casos puede inferirse una situación de relativa debilidad que relieva
el deber constitucional del Estado de proteger el trabajo en sus diversas
modalidades (art. 25) e impedir la discriminación (art. 13). De otra forma
dicho, someter de una persona al dilema de aceptar interferencias intensas en
su esfera íntima o ver frustrada la posibilidad de acceder a un trabajo, se
encuentra constitucionalmente proscrito.
b) En
el lugar de trabajo se pueden presentar también tensiones entre las actividades
de indagación del empleador respecto del derecho a la intimidad del empleado.
La Corte Constitucional se ha ocupado de indicar las restricciones a las que se
someten las actividades de vigilancia al interior de una organización
empresarial. La sentencia T-768 de 2008 se refirió a ello, al ocuparse de
analizar la decisión de situar cámaras de monitoreo y vigilancia en el lugar
del trabajo advirtiendo que “la facultad de instalar
mecanismos de vigilancia y control no puede ser ejercida de manera absoluta,
aparejando una injerencia arbitraria en la esfera íntima de los trabajadores, y
por tanto en eventos en los cuales se encuentren en pugna el derecho a la
intimidad del trabajador y el derecho del empleador a dirigir su actividad
laboral, se deberá determinar las circunstancias específicas del caso en
concreto para ponderar los mismos en razón de la finalidad, proporcionalidad,
necesidad e idoneidad de la medida, y por tanto determinar su razonabilidad,
que deben encontrarse fundamentadas según el desarrollo inherente de la
relación laboral”[67].
Este Tribunal, también ha establecido reglas relacionadas con los
derechos de los trabajadores a oponerse a intervenciones en los instrumentos
empleados para el desarrollo de sus actividades, cuando ello tiene como
resultado la afectación del derecho a la intimidad. Así, en la sentencia T-405
de 2007 al referirse a la decisión de la empleadora de sustraer imágenes de una
de sus trabajadoras de los archivos del computador sostuvo que “[l]a relación laboral existente entre actora y
demandada no autorizaba esta invasión a aspectos de la vida privada de la
primera, por antiestético, desagradable o “escabroso” como lo define la
demandada, que le pareciera el contenido de las imágenes que halló en el
archivo auscultado”. Sostuvo este Tribunal que correspondía a “una
información que revelaba escenas de la vida personal de la actora, sin
incidencia alguna en su desempeño laboral.”
c) Las
actividades de indagación con fines comerciales, pueden plantear también
algunas tensiones cuando se obtienen, recopilan o administran datos personales,
esto es, los datos que se refieren a información exclusiva y propia de una
persona natural[68]. En estos casos, la relación
entre el derecho a la intimidad y el derecho al habeas datas se manifiesta con
particular intensidad y pone de presente la relevancia de la exigencia de
proporcionalidad. En efecto, el tratamiento de esos datos plantea problemas
relativos al tipo de información que puede ser recolectada y a la forma como
dicha información puede circular. Las normas estatutarias que se han expedido
en esta materia permiten identificar las pautas que deben seguirse a efectos de
salvaguardar no solo el derecho al habeas data sino también el derecho a la
intimidad.
En sus respectivos ámbitos de regulación, las leyes
1266 de 2008 y 1581 de 2012 guardan relación con las actividades permitidas
por  el inciso demandado. La segunda de ellas prescribe en el artículo 3º que
(i) el dato personal está constituido por cualquier
información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales
determinadas o determinables; (ii) el tratamiento constituye cualquier
operación o conjunto de operaciones sobre datos personales incluyendo, entre
otros, la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión; y
(iii) la base de datos es el conjunto
organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento.
De lo dicho se desprende que una
porción del universo de actividades de indagación privada con fines comerciales
–e incluso laborales- se encuentra regulada por la Ley 1581 de 2012 al
implicar, en los términos de dicha ley, el tratamiento de datos
personales. En efecto, la indagación puede suponer la recolección y uso
de información vinculada o que puede vincularse a personas naturales. Se trata
de una actividad dirigida a reunir datos relativos a los gustos, acciones o
intereses de las personas y, en esa medida, queda comprendida por el objeto de
protección del derecho al habeas data. Cabe señalar que la Corte
advirtió en la sentencia C-748 de 2011, que el concepto de tratamiento previsto
en la ley es muy amplio y alude “a cualquier operación que se pretenda hacer
con el dato personal, con o sin ayuda de la informática, pues a diferencia de
algunas legislaciones, la definición que aquí se analiza no se circunscribe
únicamente a procedimientos automatizados”.  En adición a ello,
considerando los fines de la indagación referida por el inciso cuestionado,
ella puede suponer  la organización de datos o archivos
contentivos de información personal para ser usada con fines comerciales.
Dos
aspectos muestran especialmente la relación de la indagación comercial con los
derechos a la intimidad y al habeas data[69]. Son ellos el relativo al
tratamiento de información reservada y a la administración de información
privada o semiprivada. El seguimiento de las reglas que a continuación se
mencionan resulta imperativo a fin de amparar apropiadamente tales derechos.
·
El tratamiento de la información
reservada
En la
sentencia C-1011 de 2008 al examinar la definición que de datos privados incluía
el proyecto de ley que finalmente se convertiría en la Ley 1266 de 2008 -habeas
data financiero[70]-, la Corte destacó que en ella el
legislador había incluido la información privada y la información reservada.
Dicho eso precisó que en el caso de los datos sensibles -comprendidos por la
definición de información reservada- “todo acto de divulgación mediante los
procesos genéricos de administración de datos personales, distintos a las
posibilidades de divulgación excepcional descritas (…), se encuentra proscrita”[71].
Según la Corte, ello encuentra fundamento en el hecho de que “permitir que
información de esta naturaleza pueda ser objeto de procesos ordinarios de
acopio, recolección y circulación vulneraría el contenido esencial del derecho
a la intimidad”.
Ahora bien, la Ley 1581 de 2012 definió en el artículo 5º los
datos sensibles  indicando que corresponden a los “que afectan la intimidad
del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como
aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las
convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos,
organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de
cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos
políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida
sexual y los datos biométricos”. A su vez, el artículo 6º prohíbe cualquier
operación o conjunto de operaciones sobre datos sensibles, tales como la
recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión, salvo que se
configure alguna de las hipótesis excepcionales definidas por la misma
disposición[72]. Dichas excepciones comprenden
los casos en los cuales (i) el titular haya
dado su autorización explícita –salvo los eventos en que por ley no sea
requerido el otorgamiento de dicha autorización-; (ii) sea necesario para
salvaguardar el interés vital del titular y este se encuentre física o
jurídicamente incapacitado; (iii) sea efectuado en el curso de las actividades
legítimas y con las debidas garantías por parte de una fundación, ONG,
asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea
política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que se refieran
exclusivamente a sus miembros o a las personas que mantengan contactos
regulares por razón de su finalidad; (iv) se refiera a datos que sean
necesarios para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un
proceso judicial; y (v) tenga una finalidad histórica, estadística o
científica, sin perjuicio de las medidas conducentes para suprimir la identidad
de las personas.
·
El tratamiento de información
privada y semiprivada
La regulación contenida en la Ley
1266 de 2008 y en la Ley 1581 de 2012, evidencia también las restricciones a
las que se encuentra sometido el tratamiento de datos privados o semiprivados.
El parágrafo del artículo 6 de la primera de las leyes prescribe que la
administración de datos semiprivados y privados requiere el consentimiento
previo y expreso de su titular. Igualmente establece que el tratamiento debe
someterse a los principios de administración de los datos personales conforme a
los cuales, por ejemplo, se exige que los datos incluidos en las bases de datos
sean los estrictamente necesarios para alcanzar su finalidad.
La segunda de tales leyes -que tiene
un ámbito de aplicación más amplio- dispone en el artículo 4º que el
tratamiento de los datos debe sujetarse a varios principios, entre los cuales
se encuentran (i) el de finalidad por virtud del cual el tratamiento debe obedecer a un propósito legítimo
de acuerdo con la Constitución y la Ley, (ii) el de libertad según el cual
dicho tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, expreso e
informado del titular, (iii) el de acceso y circulación restringida conforme al
cual el tratamiento sólo podrá hacerse por personas autorizadas y (iv) el de
confidencialidad que impone a todas las personas que intervengan en el tratamiento
de datos personales, la obligación de garantizar la reserva de la información.
En concordancia con el referido principio de libertad, el artículo 9º de dicha ley indica que salvo circunstancias
excepcionales, en el tratamiento se requiere la autorización previa e
informada del titular.
d) El desarrollo por
parte de los particulares de indagaciones con fines comerciales o laborales,
puede relacionarse también con la búsqueda y empleo de la información pública a
la que se refiere la Ley 1712 de 2014 “por medio de la cual se reguló
el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el
ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de
información”. Con ese objetivo, la citada ley establece diferentes reglas
sobre el acceso de los particulares a la información administrada por las
entidades públicas.
En una dirección semejante, la Ley
1755 de 2015, en la que se regula el derecho fundamental de petición, fija
diferentes normas que establecen las condiciones y límites para su ejercicio
ante las autoridades públicas y los particulares. Con esa finalidad establece,
entre otras cosas, la información y documentos que pueden ser objeto de
divulgación, así como los eventos en que ello no procede por razones de
diferente orden como ocurre, por ejemplo, con los documentos protegidos por el secreto comercial o industrial, así
como los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos.
Conforme a lo anterior, en cuanto las indagaciones
emprendidas por los particulares con los fines previstos en el inciso acusado,
se vinculen con el ámbito de aplicación de las normas contenidas en las Leyes
1712 de 2014 y 1755 de 2015, dichas indagaciones deberán ajustarse a las
condiciones allí previstas.
d)
Aunque no
constituyen normas que puedan ser consideradas parámetros de control
constitucional, en la actualidad se encuentran vigentes diferentes
disposiciones en el ordenamiento que, expedidas con posterioridad al año 1970
en que fue adoptado el Código de Policía, sancionan comportamientos que con
ocasión del desarrollo de indagaciones laborales o comerciales, podrían afectar
la intimidad. En efecto, el Código Penal sanciona a la persona (i) que se introduzca arbitraria, engañosa o
clandestinamente en habitación ajena o en sus dependencias inmediatas, o que
por cualquier medio indebido, escuche, observe, grabe, fotografíe o filme,
aspectos de la vida domiciliaria de sus ocupantes (art. 189). Igualmente se
prevé que se impondrá la sanción (ii) cuando tales conductas se realicen en el
lugar de trabajo (art. 190). También se reprocha penalmente (iii) al que
ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o
impida una comunicación privada dirigida a otra persona, o se entere
indebidamente de su contenido, así como la revelación de su contenido, o su
empleo en provecho propio o ajeno (art. 192). En el mismo sentido, se
establecen sanciones (iv) por la divulgación y empleo de un documento
que deba permanecer en reserva (art. 194) y (v) por la introducción abusiva en
un sistema informático protegido con medida de seguridad (art. 195). Con igual
sentido se sanciona (vi) al que indebidamente conozca, copie u obtenga secreto
relacionado con descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación
industrial o comercial, incrementándose la pena si se obtiene provecho propio o
de terceros (art. 308).
En adición a lo anterior, no puede la Corte dejar de
advertir que incluso la regulación en materia de competencia, establece como desleal
la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos
industriales o de cualquiera otra clase de secretos empresariales a los que se
haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, o ilegítimamente (artículo
16 de la Ley 256 de 1996). En esa dirección dicha disposición ha establecido
que será también desleal, la adquisición de secretos por medio de espionaje o
procedimientos análogos.
18. La Corte destaca entonces que las actividades de
indagación con fines laborales y comerciales se encuentran autorizadas. Sin
embargo, están sometidas a los límites que se desprenden del derecho a la
intimidad y de otras garantías que, como el derecho al habeas data, precisan las
condiciones para obtener y usar la información reservada, privada y
semiprivada. La Corte ha identificado en la presente decisión algunos supuestos
en los cuales dichas actividades de indagación pueden suscitar tensiones
especiales y ha descrito los límites aplicables.
Sin embargo, considerando que la indagación con fines
laborales o comerciales se extiende a muy diversas hipótesis, debe advertirse
con claridad y por ello así quedará establecido en la parte resolutiva, que sin
perjuicio de la permisión para realizar tal tipo de indagaciones ellas deberán
ajustarse -en vigencia o no de la disposición acusada- al derecho a la
intimidad que exige que cualquier restricción que se le imponga resulte razonable
y proporcionada. Ello supone que, en general, las indagaciones deben encontrar apoyo
en objetivos constitucionales de notable importancia y, además de que su
desarrollo no puede comprender la búsqueda de información más allá de la estrictamente
relevante y necesaria para alcanzar tales objetivos, no pueden imponer a la
intimidad una restricción que no pueda ser justificada por la importancia del
propósito que se persigue. Esta autorización no puede entenderse como una
habilitación para realizar indagaciones o investigaciones, sin límite
teleológico alguno. Igualmente, la información que se obtenga debe ser
utilizada de manera leal y honesta y, en esa medida, no puede destinarse a
comportamientos que afecten el buen nombre o a la honra de las personas.
G.  SINTESIS DE LA
DECISIÓN
19. La Corte Constitucional encontró que la expresión “Sin
embargo”, prevista a continuación del primer inciso del artículo 55 del
Decreto 1355 de 1970, puede interpretarse como una autorización para adelantar
indagaciones que vulneren el derecho fundamental a la vida íntima. Ello se
opone al artículo 15 de la Constitución y determina, en consecuencia, su
inexequibilidad.
Esta conclusión se apoya en las siguientes razones: (i)
la protección de la vida íntima proscribe su
restricción a menos que se encuentre justificada de manera suficiente; (ii)
prever de manera general una autorización de indagar sobre la vida íntima se
opone directamente a lo ordenado por la Carta; (iii) no pueden los particulares
adelantar actividades de indagación con fines laborales o comerciales que, sin
el consentimiento de la persona, impliquen acceder, por ejemplo, a documentos
privados, libros de contabilidad, historias clínicas o información genética;
(iv) dado que la expresión acusada descarta dichos límites debe ser expulsada
del ordenamiento.
20.
Para la Corte la expresión “podrán realizarse indagaciones privadas con
fines laborales o comerciales” resulta compatible con la Constitución,
siempre y cuando se entienda que el derecho fundamental a la intimidad solo
puede ser objeto de restricciones razonables y proporcionadas a la luz del
orden constitucional vigente.
Esta decisión encuentra fundamento en las siguientes
razones: (i) la realización de indagaciones privadas con fines laborales o
comerciales se apoya no solo en la cláusula general que ampara
el derecho a buscar y recibir información de diversa naturaleza (art. 20), sino
también en la protección de los derechos del consumidor (art. 78), en la
promoción de comportamientos compatibles con la buena fe (art. 83) y en la
protección de la libre iniciativa privada, la libre competencia y la empresa
como base del desarrollo (333). Igualmente en algunos casos las
actividades de indagación encuentran fundamento en la naturaleza de la
actividad que se desarrolla y, en particular, en su calificación como de
interés público (art. 335); (ii) no obstante lo anterior, la realización de tal
tipo de indagaciones puede colisionar con la protección del derecho a la intimidad y, en
particular, con los derechos específicos (a) a impedir cualquier interferencia no autorizada en los espacios en los
cuales la persona o su familia se desenvuelven, (b) a controlar la divulgación
de la información relativa a la esfera íntima y (c) a tomar las decisiones o
autodeterminarse acerca de asuntos que solo le conciernen a la persona;
(iii) el riesgo de colisión entre los propósitos perseguidos por la realización
de las indagaciones y las normas que amparan el derecho a la intimidad debe ser
tomado en consideración a fin de asegurar su armonización; (iv) dicho riesgo puede
controlarse estableciendo que la autorización para realizar indagaciones
laborales o comerciales resulta compatible con la Carta, siempre y cuando las
restricciones que se le impongan al derecho a la intimidad sean razonables y
proporcionadas a la luz del orden constitucional vigente; (v) esta condición
implica que cualquier restricción al derecho a la intimidad en desarrollo de la
autorización analizada en esta oportunidad exige, tomando en cuenta las
circunstancias concretas de cada caso, ofrecer una justificación compatible con
el derecho a la intimidad; y (iv) las Leyes 1266
de 2008, 1581 de 2012, 1712 de 2014 y 1755 de 2015 regulan algunas de las
indagaciones realizadas por particulares cuando ellas comporten la recolección,
administración, consulta o uso de datos personales contenidos en las bases de
datos o archivos a los que se refieren las primeras dos leyes, o implican
pretensiones de acceder a información considerada pública según las dos
últimas. Dichas normas son en consecuencia aplicables a tal tipo de
indagaciones.
III.
DECISIÓN
La Corte Constitucional de la República de
Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- Declarar INEXEQUIBLE la
expresión “Sin embargo,” del segundo inciso del artículo 55 del Decreto Ley
1355 de 1970, y EXEQUIBLE el aparte restante de dicha disposición, en el
entendido que el derecho fundamental a la intimidad solo puede ser objeto de
restricciones razonables y proporcionadas a la luz del orden constitucional
vigente.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
Con salvamento de voto
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado (e)
Con aclaración de voto
LUIS GUILLERMO GUERRERO
PÉREZ
Magistrado
Con aclaración de voto
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con aclaración de voto
JORGE GABINO PINZÓN SÁNCHEZ
Conjuez
ALBERTO ROJAS RIOS
Magistrado
Con salvamento de voto
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE
VOTO DEL MAGISTRADO
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
A LA SENTENCIA
C-602/16
INDAGACIONES
CON FINES LABORALES Y COMERCIALES QUE AUTORIZA EL CODIGO NACIONAL DE POLICIA DE
1970-Las motivaciones de la decisión debieron
limitarse a señalar que los cargos formulados por el demandante adolecían
absolutamente de falta de suficiencia argumental y certeza normativa, como
venía planteado acertadamente en la versión original de la ponencia que fue
presentada ante la Sala Plena (Aclaración de voto)
INDAGACIONES
CON FINES LABORALES Y COMERCIALES QUE AUTORIZA EL CODIGO NACIONAL DE POLICIA DE
1970-Optar por declarar la inhibición, era la opción
más apropiada, por cuanto esas indagaciones deben estar sujetas a las normas
constitucionales y legales vigentes que restringen las intromisiones en la vida
íntima de las personas y en modo alguno el demandante lo entendió así, como ha
debido hacerlo (Aclaración de voto)
Referencia: Expediente D-l 1332
Asunto:
Demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 55 (parcial) del Decreto 1355 de
1970 "por el cual se dictan normas sobre policía ". Actor: Luis
Felipe Blanco Ortega.
Magistrado ponente:
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
A mi juicio, y a eso se contrae mi
aclaración de voto, las motivaciones de la decisión debieron limitarse a
señalar que los cargos formulados por el demandante adolecían absolutamente de
falta de suficiencia argumental y certeza normativa, como venía planteado
acertadamente en la versión original de la ponencia que fue presentada ante la
Sala Plena, la cual, en síntesis discurría así:
"La Corte
Constitucional ha establecido que una de las condiciones para que sea posible
emitir un pronunciamiento de fondo en ejercicio de las funciones de control
abstracto de constitucionalidad, consiste en que la norma acusada efectivamente
pertenezca al ordenamiento jurídico. Para el efecto es necesario que la Corte
establezca (i) si el artículo cuya inexequibilidad se pretende y al que se
adscribe la norma demandada ha sido o no derogado y (ii) si en efecto la norma
.impugnada se desprende del artículo correspondiente. Conforme a ello si el
artículo acusado ya fue derogado y no está produciendo efecto alguno, procede
una decisión inhibitoria por inexistencia de objeto de control, al paso que si
la norma cuya inconstitucionalidad se solicita no se desprende del artículo
impugnado procederá la misma decisión inhibitoria por falta de certeza.
La Corte Constató (i) que la derogatoria
del Decreto Ley 1355 de 1970 prevista en la Ley 1801 de 2016 no ha producido
sus efectos; (ii) que la expedición del Decreto Ley 356 de 1994 no implicó la
derogatoria del inciso acusado, en tanto la regulación allí contenida se ocupó
solo de la vigilancia privada y no de las actividades de indagación privada;
(iii) que las Leyes 1266 de 2008, 1581 de 2012, 1712 de 2014 y 1755 de 2015 sí
regulan, aunque sin agotarlas, algunas de las indagaciones realizadas por
particulares. En efecto, si las actividades de indagación con fines comerciales
o laborales comportan la recolección, administración, consulta o uso de datos
personales contenidos en las bases de datos o archivos a los que se refieren
las primeras leyes, o implican pretensiones de acceder a información
considerada pública según las dos últimas, serán aplicables las reglas allí
previstas. En los demás casos, la regulación pertinente será la prevista en la
norma ahora juzgada. De lo anterior se desprende (iv) que el inciso demandado -
a pesar de que parte de su ámbito normativo se encuentra hoy comprendido por
las leyes estatutarias 1266 de 2008, 1581 de 2012, 1712 de 2014 y 1755 de 2015-
no ha sido derogado totalmente.
El planteamiento
del demandante carece de certeza dado que, de la interpretación del artículo
del que hace parte a la luz de todo el ordenamiento jurídico, se desprende la
regla según la cual las indagaciones de los particulares para fines comerciales
o laborales no son ilimitadas y no pueden comprender, en ningún caso, la vida
íntima de las personas. La comprensión de dicha autorización debe entonces
tomar nota de los límites que se desprenden del derecho a la intimidad y, para
ello, resultará especialmente útil considerar, de una parte, los diferentes
ámbitos de actuación del individuo (personal, familiar, social o gremial) así
como la clasificación de la información como pública, semiprivada, privada y
reservada ".
En efecto optar por declarar la inhibición,
era la opción más apropiada, por cuanto esas indagaciones deben estar sujetas a
las normas constitucionales y legales vigentes que restringen las intromisiones
en la vida íntima de las personas y en modo alguno el demandante lo entendió
así, como ha debido hacerlo.
Fecha ut supra,
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
A LA SENTENCIA C-602/16
NORMAS DE POLICIA SOBRE INDAGACIONES PRIVADAS CON FINES LABORALES O
COMERCIALES-Debió declararse inexequible el
artículo 55 del Decreto Ley 1355 de 1970 en su totalidad por ser contrario al
derecho a la intimidad (Salvamento de voto)
DERECHO A LA INTIMIDAD-Restricciones
deben estar fundamentadas en finalidades legítimas desde la perspectiva
constitucional (Salvamento de voto)/DERECHO A LA INTIMIDAD-Razonabilidad
y proporcionalidad de las restricciones (Salvamento de voto)/DERECHO A LA
INTIMIDAD-Limitaciones deben estar reguladas por el legislador (Salvamento
de voto)/RECOLECCION, TRATAMIENTO Y CIRCULACION DE LOS DATOS PERSONALES-Respeto
por la libertad y la intimidad personal y familiar (Salvamento de voto)
NORMAS DE POLICIA SOBRE INDAGACIONES PRIVADAS CON FINES LABORALES O
COMERCIALES-Condicionamiento evidencia su
inconstitucionalidad y no garantiza el derecho a la intimidad personal y
familiar (Salvamento de voto)/NORMAS DE POLICIA SOBRE INDAGACIONES PRIVADAS
CON FINES LABORALES O COMERCIALES FRENTE A LA DESPROTECCION DE LA VIDA INTIMA
DE LAS PERSONAS-Corte debió retirar del ordenamiento jurídico, el inciso
segundo del artículo 55 del Decreto 1355 de 1970 (Salvamento de voto)
Referencia: Expediente D-11332
Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 55 (parcial) del Decreto 1355 de 1970
“por el cual se dictan normas sobre policía”
Actor: Luis Felipe Blanco Ortega
Magistrado Ponente:
Alejandro Linares Cantillo
Con el debido respeto, salvo el voto. La mayoría de
la Sala Plena resolvió en esta ocasión declarar inexequible la expresión “Sin
embargo” del segundo inciso del artículo 55 del Decreto Ley 1355 de 1970 y
exequible el aparte restante de dicha disposición, en el entendido que el
derecho fundamental a la intimidad solo puede ser objeto de restricciones
razonables y proporcionadas a la luz del orden constitucional vigente. Consideró
la Sala en esta ocasión, con respecto del resto del inciso, que no hay una
afectación a la intimidad, porque la indagación con fines laborales y
comerciales tiene fundamento constitucional en el derecho a buscar y recibir
información de diversa naturaleza (artículo 20 de la C.P), la protección de la
buena fe (artículo 83 de la C.P), la protección a la iniciativa privada, la
libre competencia y la empresa como base del desarrollo (artículo 333 de la
CP). Discrepo de ese razonamiento y de la solución a la que condujo, por cuanto
estimo que el inciso segundo del artículo 55 del Código Nacional de Policía
actualmente vigente debió declararse inexequible en su totalidad por ser
contrario al artículo 15 de la Constitución Política.
En mi criterio, si bien es cierto que en ciertos
casos la ley puede establecer restricciones al derecho a la intimidad que estén
fundamentadas en finalidades legítimas desde la perspectiva constitucional, que
sean razonables y proporcionadas, también lo es, que tales limitaciones deben
estar reguladas en detalle por el legislador, a fin de asegurar la plena
garantía de respeto de la esfera íntima de las personas, cuya salvaguarda es un
deber del Estado. Además, parte de la garantía constitucional consiste en que
en la recolección, tratamiento y circulación de los datos personales se respete
la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución y en particular de
la intimidad personal y familiar. De ahí, que estas actividades deban estar
sujetas a unas reglas claras y expresas establecidas previamente en la ley, que
garanticen el que no se invada la vida íntima de las personas, como lo
establece de igual manera, el inciso primero del mismo artículo 55 acusado, que
prohíbe la investigación privada o judicial de la vida de persona ajena a una
sindicación penal.
Desde mi punto de vista, el condicionamiento de la
norma censurada evidencia su inconstitucionalidad y no constituye una verdadera
garantía del derecho a la intimidad personal y familiar, en la medida en que no
subsana la indeterminación de una autorización tan amplia para realizar
indagaciones privadas con fines laborales o comerciales, que puede llegar a
comprender la vida íntima de las personas. El señalar que estas restricciones
deben ser razonables y proporcionadas a la luz del ordenamiento constitucional,
sigue siendo indeterminado, puesto que tal razonabilidad y proporcionalidad
queda supeditada al arbitrio de quien realice la indagación para los fines
señalados en la norma, lo que deja en total desprotección la vida íntima de las
personas. Por consiguiente, la Corte ha debido retirar del ordenamiento
jurídico, el inciso segundo del artículo 55 del Decreto 1355 de 1970.
En estos términos dejo expresada las razones que me
llevaron a apartarme de la decisión mayoritaria.
Fecha ut supra,
María
Victoria Calle Correa
Magistrada
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
A LA SENTENCIA C-602/16[73]
NORMAS DE POLICIA SOBRE INDAGACIONES PRIVADAS CON FINES LABORALES O
COMERCIALES-Se debió juzgar en su integridad el
inciso segundo del artículo 55 del Decreto 1355 de 1970 frente a la estimación
excesiva de la expresión “sin embargo” (Salvamento de voto)
NORMAS DE POLICIA SOBRE INDAGACIONES PRIVADAS CON FINES LABORALES O
COMERCIALES-Resultaba imposible determinar las
implicaciones de la expresión "sin embargo" sin recurrir al resto del
inciso demandado e irrelevante un pronunciamiento independiente sobre esa
expresión (Salvamento de voto)
NORMAS DE POLICIA SOBRE INDAGACIONES PRIVADAS CON FINES LABORALES O
COMERCIALES-Inciso demandado tenía problemas de
constitucionalidad frente a la prohibición al establecer una excepción
(Salvamento de voto)/NORMAS DE POLICIA SOBRE INDAGACIONES PRIVADAS CON FINES
LABORALES O COMERCIALES-Falta de claridad en la decisión al dividir el
inciso demandado en dos partes y asignar a cada una, una decisión distinta
(Salvamento de voto)/CONTROL CONSTITUCIONAL-Decisiones moduladas que
impactan normas restrictivas de derechos fundamentales deben ser de la mayor
claridad posible (Salvamento de voto)
NORMAS DE POLICIA SOBRE INDAGACIONES PRIVADAS CON FINES LABORALES O
COMERCIALES-Si bien inciso demandado era
inconstitucional hay desacuerdo con el condicionamiento establecido (Salvamento
de voto)/NORMAS DE POLICIA SOBRE INDAGACIONES PRIVADAS CON FINES LABORALES O
COMERCIALES-Condicionamiento de la medida debió ser más vigorosa y ajustada
a la normatividad actual sobre el tratamiento de datos personales (Salvamento
de voto)/RECOLECCION, TRATAMIENTO Y CIRCULACION DE LOS DATOS PERSONALES-Corte
debió condicionar el inciso demandado a que se sometiera a los requisitos
previstos en la ley según el tipo de dato de que se tratara (Salvamento de
voto)
NORMAS DE POLICIA SOBRE INDAGACIONES PRIVADAS CON FINES LABORALES O
COMERCIALES-Resultaban ajustadas a la Constitución
siempre que los datos personales fueran tratados con el consentimiento libre,
informado, previo y expreso del titular de la información y para los fines
indicados en la norma salvo las excepciones legales (Salvamento de voto)
NORMAS DE POLICIA SOBRE INDAGACIONES PRIVADAS CON FINES LABORALES O
COMERCIALES-Condicionamiento al test de
proporcionalidad si bien puede prevenir injerencias arbitrarias, también podría
legitimar la intromisión en datos personales aún si el afectado no ha prestado su
consentimiento para acceder a ellos (Salvamento de voto)
Con el
acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte, me permito exponer las
razones por las cuales discrepo de la decisión adoptada por la mayoría.
1.   La disposición
demandada establece que la vida íntima de persona ajena a sindicación penal no
puede ser objeto de investigación privada o judicial, pero que, sin embargo, sí puede serlo de
investigaciones privadas con fines laborales o comerciales. La mayoría
consideró que el conector adversativo "sin embargo" era
inconstitucional, al comportar una autorización general para indagar la vida
íntima de las personas en relación con tales fines, sin su consentimiento y sin
límite alguno, que, en consecuencia, permitía vulneraciones del derecho a su
intimidad.
Adicionalmente,
consideró que la parte restante del inciso, referida al carácter privado de las
indagaciones y a los fines laborales o comerciales para los cuales pueden ser
empleadas, es constitucional siempre y cuando se entienda que la intimidad solo
puede ser objeto de restricciones razonables y proporcionadas a la luz del
orden constitucional vigente. En opinión de la mayoría, si bien las
investigaciones privadas con los mencionados propósitos encuentran también
sustento en normas constitucionales, podrían llegar a significar invasiones
excesivas e ilegítimas en la intimidad de las personas, de modo que su
realización debe sujetarse, en cada caso, a una justificación constitucional
compatible con la mencionada prerrogativa.
2.   En primer lugar,
no veo la razón por la cual, para llevar a cabo el análisis de
constitucionalidad, la Sala hizo una disección entre el conector "sin
embargo" y el resto del inciso demandado. Desde mi punto de
vista, el inciso contenía una proposición jurídica con sentido completo que
debía juzgarse en su integridad. La sentencia afirma que la citada expresión
suponía una autorización general para desarrollar indagaciones a la vida
privada de las personas, con fines comerciales o laborales, sin autorización
del afectado ni ningún otro límite. No obstante, esa específica consecuencia
que Sala estimó excesiva en términos constitucionales se derivaba precisamente
de todo el inciso, no de la referida expresión aisladamente considerada.
En el contenido
del fallo es evidente que no solo resultaba imposible determinar las
implicaciones de la expresión "sin embargo" sin recurrir al
resto del inciso[74], sino, en
particular, que era por completo irrelevante un pronunciamiento independiente
sobre esa expresión, debido a que por sí sola no hacía inconstitucional el
inciso ni, correlativamente, su supresión, como lo ordenó la mayoría, tampoco
remediaba la inconstitucionalidad que aquél presentaba, de lo cual es prueba el
hecho de que la sentencia se haya ocupado de la parte restante de la
disposición y haya identificado los mismos riesgos para el derecho a la
intimidad a los que se refirió al analizar la expresión discutida.
En mi criterio,
elementalmente, el inciso demandado tenía problemas de constitucionalidad
porque, frente a la prohibición de investigaciones privadas o judiciales de
personas no sindicadas penalmente, establecía una excepción para las primeras,
cuando se realizaban con fines laborales o comerciales. El modo en que procedió
la sentencia no solo supone una debilidad desde el punto de vista técnico, sino
que introdujo oscuridad a la decisión, pues dividió el inciso demandado en dos
partes y a cada una asignó una decisión distinta (una de inexequibilidad y otra
de exequibilidad condicionada), cuando el sentido de las decisiones de control
constitucional moduladas y que impactan normas restrictivas de derechos
fundamentales deben ser de la mayor claridad posible.
3. En segundo
lugar, si bien considero que el inciso demandado era inconstitucional en el
texto de la ley, no estoy de acuerdo con el condicionamiento que estableció la
mayoría. Es verdad que superar un examen de proporcionalidad, con arreglo a las
circunstancias de cada caso, es una forma de prevenir los excesos de una medida
que permita la intromisión en el ejercicio de derechos fundamentales como la
intimidad personal. Sin embargo, desde mi perspectiva, la medida debió ser
condicionada de manera mucho más vigorosa y ajustada a la normatividad actual
sobre el tratamiento de datos personales, en favor de los eventuales afectados
con el permiso contenido en la norma impugnada.
En efecto, si
bien es cierto son múltiples los campos en que cabe imaginar conflictos entre
la prerrogativa de obtener información y el derecho a la intimidad de la
personas objeto de las respectivas indagaciones, considero que la norma
establecía en especial un permiso para obtener, administrar y tratar datos e
información personales, relacionados con asuntos comerciales o laborales del
individuo, como ocasionalmente también lo indica la sentencia. En este sentido,
creo que, para que dicho permiso se ajustara a la Constitución, la Corte debió
condicionar el inciso demandado a que el acceso, recolección, almacenamiento,
uso y circulación de los datos personales se sometiera a los requisitos previstos
en la ley, según el tipo de dato de que se tratara.
En particular,
considero que debió someterse a las exigencias más importantes previstas en las
leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 que, en sustancia, implicaban para este caso
que las indagaciones previstas en la norma acusada resultaban ajustadas a la
Constitución siempre que, salvo las excepciones legales, los datos personales
fueran tratados con el consentimiento libre, informado, previo y expreso del
titular de la información y únicamente para los fines indicados en la norma.
Por el contario,
condicionar la norma al test de proporcionalidad, como indiqué, si bien en
muchos casos puede prevenir injerencias arbitrarias, también podría legitimar
la intromisión en datos personales, aún si el afectado no ha prestado su
consentimiento para acceder a ellos, que es, en estos eventos, la primera y más
sólida garantía contemplada por el legislador y constitucionalmente justificada
en favor de sus derechos.
Las anteriores
son las dos razones básicas de mi desacuerdo con la decisión adoptada por la
Sala.
Fecha ut supra,
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
SALVAMENTO DE
VOTO DEL MAGISTRADO
ALBERTO ROJAS
RÍOS
A LA
SENTENCIA C-602/16
CODIGO
NACIONAL DE POLICIA DE 1970-Disentimiento de la decisión de exequibilidad
condicionada en relación con la expresión “podrán realizarse indagaciones
privadas con fines laborales o comerciales” (Salvamento de voto)
CODIGO
NACIONAL DE POLICIA DE 1970-Norma acusada debió ser declarada inexequible en
su integridad por cuanto vulnera el artículo 15 de la Constitución Política, al
permitir que la vida íntima de las personas pueda ser objeto de indagaciones
privadas con fines laborales y comerciales (Salvamento de voto)
Referencia: Expediente D-11332.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 55 (parcial) del
Decreto 1355 de 1970 “por el cual se dictan normas sobre policía”.
Magistrado Ponente:
Alejandro Linares Cantillo
Disiento de
la decisión de EXEQUIBILIDAD condicionada que se adoptó en la sentencia
C-602 de 2016 en relación con la expresión “podrán realizarse indagaciones
privadas con fines laborales o comerciales”, contenida en el
inciso segundo del
artículo 55 del Decreto 1355 de 1970, en el entendido que ha debido ser declarada inexequible por permitir que la vida
íntima de las personas pueda ser objeto de indagaciones privadas con fines
laborales y comerciales, lo cual a mi juicio vulnera el artículo 15 de la
Constitución.
A
fin de justificar el presente salvamento de voto, comenzaré por resumir lo resuelto
por la Corte Constitucional en la sentencia C-602 de 2016. Luego, expondré las
razones por las cuales considero que el inciso segundo del artículo 55 del Decreto 1355 de 1970 ha
debido ser declarado inexequible en su integridad.
A.
Decisión de la Corte Constitucional en la Sentencia C-602 de
2016.
La
demanda de inconstitucionalidad se formuló contra el inciso
segundo del artículo 55 del Decreto 1355 de 1970, el cual establece: “Sin
embargo, podrán realizarse indagaciones privadas con fines laborales o comerciales”,
por considerarse que contraría los artículos 1, 2 y 15 de la Constitución.
Ello, con base en los argumentos que fueron resumidos
de la siguiente manera en la Sentencia C-602 de 2016:
“El artículo 1 de la Constitución define al
Estado como una institución fundada en la dignidad humana. Tal principio debe
irradiar todo el ordenamiento jurídico con el fin de que ninguna norma lo
desconozca, en tanto se trata del derecho que tiene toda persona a ser
respetada y valorada tanto en su esfera individual como social.
Así las cosas, el artículo cuestionado vulnera
dicho principio, al otorgar a diferentes instituciones y personas privadas la posibilidad de indagar -sin limitación de ninguna
naturaleza- y acceder a información personal con fines laborales y comerciales.
Este tipo de información – personal – es un elemento íntimo de la personalidad
y al permitir la búsqueda de datos e indagación privada o institucional, se
está vulnerando la dignidad humana.
No obstante que es posible flexibilizar el uso, la
divulgación y la indagación de datos íntimos, ello solo resulta posible si
obedece a fines de naturaleza constitucional y legal más importantes o a la
protección de derechos. Para ello, es necesario que se garantice el debido
proceso, que se cuente con autorización judicial previa y que se respete el
principio de proporcionalidad.
El artículo 2 de la Constitución establece los
fines del Estado. Entre ellos se encuentra la efectiva realización de los
derechos establecidos en la norma superior. Permitir el acceso a la información
con fines laborales y comerciales afecta de manera directa las normas
constitucionales que amparan, entre otras cosas, la intimidad y la dignidad
humana. Debe advertirse que el eje fundamental de los fines del Estado se
encuentra en el deber que tienen las autoridades y la sociedad de respetar los
derechos y libertades. Dicho deber de
protección encuentra fundamento en los artículos 86, 188 y 241.9 de la
Constitución.
El artículo 15 de la Carta ampara la intimidad personal y
familiar. Tal derecho implica que nadie puede ser intervenido en su vida
íntima, en tanto su divulgación depende exclusivamente de la voluntad de cada
persona. Así, el artículo impugnado parcialmente, constituye una grave
vulneración al derecho a la intimidad, puesto que permite que se realicen
indagaciones con fines comerciales y laborales, sin estar sujetas a ningún
límite. Las investigaciones adelantadas por el Estado deben ser proporcionales
a los fines que se buscan y contar con la autorización correspondiente de la
autoridad competente, pues de lo contario cualquier persona podría desbordar la
intimidad personal sin establecer ningún límite.”
En
la Sentencia C-602 de 2016, la Corte planteó dos problemas jurídicos, a saber:
(i) “definir si la expresión “Sin embargo” contenida en el segundo inciso
del artículo 55 del Decreto Ley 1355 de 1970 desconoce el derecho a la
intimidad”, y (ii) “es necesario establecer, con independencia de la
conclusión a la que se arribe respecto del referido problema, cuáles son los
límites constitucionales de la facultad que tienen los particulares para
realizar indagaciones con fines laborales o comerciales y si ello tiene
incidencia en la exequibilidad de la disposición acusada en esta oportunidad.”
Para
resolverlos, la Sala Plena identificó el alcance constitucional del derecho a
la intimidad y, en particular, a las restricciones que dicho derecho impone a
las actuaciones desarrolladas por los particulares. Con base en dicho análisis,
concluyó:
1.
En relación con la expresión “Sin embargo,” contenida en el inciso
segundo del artículo 55 del Decreto 1355 de 1970, se dijo lo siguiente:
“autoriza
la afectación de la vida íntima cuando se desarrollen indagaciones con fines
laborales y comerciales.
(…)
Prever
de manera general una autorización de indagar sobre la vida íntima, se opone
directamente a lo ordenado por la Carta. En efecto, no pueden los particulares
adelantar actividades de indagación con fines laborales o comerciales que
supongan acceder, por ejemplo, a documentos privados, libros de contabilidad,
historias clínicas o información genética, sin el consentimiento de la persona
o la autorización que pueda requerirse.”
2.
En cuanto al aparte restante de la disposición normativa demandada, esto es, “podrán realizarse indagaciones privadas con fines laborales o
comerciales”, la Corte destacó:
“Las
actividades de indagación con fines laborales y comerciales se encuentran
autorizadas. Sin embargo, están sometidas a los límites que se desprenden del
derecho a la intimidad y de otras garantías que, como el derecho al habeas
data, precisan las condiciones para obtener y usar la información reservada,
privada y semiprivada. (…)
Sin
embargo, considerando que la indagación con fines laborales o comerciales se
extiende a muy diversas hipótesis, debe advertirse con claridad y por ello así
quedará establecido en la parte resolutiva, que sin perjuicio de la permisión
para realizar tal tipo de indagaciones ellas deberán ajustarse -en vigencia o
no de la disposición acusada- al derecho a la intimidad que exige que cualquier
restricción que se le imponga resulte razonable y proporcionada.”
Con
base en lo anterior, la Corte declaró inexequible la expresión “Sin
embargo,” del inciso segundo del artículo 55 del Decreto Ley 1355 de 1970,
y exequible “el aparte restante de dicha disposición, en el entendido que el
derecho fundamental a la intimidad solo puede ser objeto de restricciones
razonables y proporcionadas a la luz del orden constitucional vigente.”
B.   El
inciso segundo del artículo 55 del Decreto 1355 de 1970 ha debido ser declarado
inexequible en su integridad, por cuanto vulnera el artículo 15 de la
Constitución Política, al permitir que la vida íntima de las personas pueda ser
objeto de indagaciones privadas con fines laborales y comerciales.
Como lo sostuvimos al inicio de este salvamento, disiento de la decisión adoptada en la
sentencia C-602 de 2016, pues consideramos que el inciso segundo del artículo
55 del Decreto 1355 de 1970 ha debido ser declarado inexequible en su integridad,
por cuanto vulnera el artículo 15 de la Constitución. Mi posición la sustento en las razones que a
continuación expongo:
1. Es de advertir que si bien es cierto que en algunos casos
la ley puede establecer restricciones al derecho a la intimidad que estén
fundamentadas en finalidades legítimas desde la perspectiva constitucional, que
sean razonables y proporcionadas, también lo es, que tales limitaciones deben
estar reguladas en detalle por el legislador, a fin de asegurar la plena
garantía de respeto de la esfera íntima de las personas, cuya salvaguarda es un
deber del Estado.
2. Además, parte de la garantía constitucional
consiste en que en la recolección, tratamiento y circulación de los datos
personales se debe respetar la libertad y demás garantías consagradas en la
Constitución y en particular de la intimidad personal y familiar. De ahí, que
estas actividades deban estar sujetas a unas reglas claras y expresas
establecidas previamente en la ley, que garanticen la no invasión de la vida
íntima de las personas, como lo establece de igual manera, el inciso primero
del mismo artículo 55 acusado, que prohíbe la investigación privada o judicial
de la vida de persona ajena a una sindicación penal.
3.
Consideramos que el condicionamiento de la exequibilidad de la norma censurada
evidencia su inconstitucionalidad y no constituye una verdadera garantía del
derecho a la intimidad personal y familiar, en la medida en que no subsana la
indeterminación de una autorización tan amplia para realizar indagaciones privadas
con fines laborales o comerciales, que puede llegar a comprender la vida íntima
de las personas. El señalar que estas restricciones deben ser razonables y
proporcionadas a la luz del ordenamiento constitucional, sigue siendo
indeterminado, puesto que tal razonabilidad y proporcionalidad queda supeditada
al arbitrio de quien realice la indagación para los fines señalados en la
norma, lo que deja en total desprotección la vida íntima de las personas.
La
Corte ha debido retirar del ordenamiento jurídico, el inciso segundo del
artículo 55 del Decreto 1355 de 1970 en su integridad.
Dejo aquí las razones que me llevaron a salvar mi voto frente a la
providencia C-602 de 2016, en relación con la decisión de exequibilidad
condicionada que se adoptó respecto a la expresión “podrán realizarse
indagaciones privadas con fines laborales o comerciales”, contenida en el
inciso segundo del artículo 55 del Decreto 1355 de 1970, en
el entendido que el derecho fundamental a la intimidad solo puede ser objeto de
restricciones razonables y proporcionadas a la luz del orden constitucional
vigente.
Fecha ut supra,
ALBERTO ROJAS
RÍOS
Magistrado
ACLARACION DE VOTO DE LA MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA C-602/16
DERECHO A LA INTIMIDAD Y HABEAS DATA-Relación (Aclaración de
voto)
DERECHO FUNDAMENTAL AL HABEAS DATA-Reiteración de
jurisprudencia (Aclaración de voto)
DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR-Protección constitucional (Aclaración de voto)
DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR-Instrumentos integrados al bloque de constitucionalidad (Aclaración
de voto)
EXPECTATIVA RAZONABLE DE INTIMIDAD-Concepto/EXPECTATIVA RAZONABLE DE INTIMIDAD-Jurisprudencia
(Aclaración de voto)
EXPECTATIVA LEGITIMA DE PRIVACIDAD-Jurisprudencia y doctrina (Aclaración de voto)
INDAGACION PRIVADA CON FINES LABORALES Y COMERCIALES-Reglas
jurisprudenciales (Aclaración de voto)
INVESTIGADOR PRIVADO-Fijación de límites
constitucionales (Aclaración de voto)
Referencia: Expediente D-11332
Demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 55 (parcial) del Decreto 1355 de 1970 “por el cual se dictan normas
sobre policía”.
Magistrado Sustanciador:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte
Constitucional, presento a continuación las razones que me conducen a aclarar
mi voto en la decisión adoptada por la Sala Plena en sesión del 2 de noviembre
de 2016, que por votación mayoritaria profirió la Sentencia C-602 de 2016,
de la misma fecha.
La
providencia en la que aclaro mi voto, estudió la constitucionalidad del
artículo 55 (parcial) del Decreto 1355 de 1970[75],
que establecía:
“ARTÍCULO 55.- La vida íntima de persona ajena
a sindicación penal no podrá ser objeto de investigación privada o judicial.
Sin embargo, podrán realizarse indagaciones privadas
con fines laborales o comerciales.” (Énfasis agregado)
Dicha
decisión declaró inexequible la expresión “Sin embargo” del segundo
inciso del artículo 55 del Decreto Ley 1355 de 1970 y exequible, el aparte
restante, en el entendido de que el derecho fundamental a la intimidad solo
puede ser objeto de restricciones razonables y proporcionadas a la luz del
orden constitucional.
Luego de precisar
la disposición normativa objeto de control abstracto y de establecer tanto su
vigencia como su alcance jurídico, la Corte revisó la constitucionalidad del
precepto acusado bajo las siguientes líneas argumentativas: i) el derecho a la
intimidad y los límites a las actuaciones de los particulares; y, ii) el examen
de los contenidos reprochados.
Aunque
comparto la decisión adoptada y las razones que la sustentan, considero que la
Corte debió precisar algunos fundamentos de la sentencia, particularmente en
relación con el análisis de los siguientes aspectos: i) la garantía del derecho
fundamental de habeas data en la disposición declarada exequible
condicionada; ii) el análisis del concepto de expectativas legítimas de
intimidad; y, iii) los límites constitucionales al ejercicio de la labor de
investigador privado. A continuación presento los argumentos que fundan mi
aclaración de voto:
I. Precisiones sobre la garantía del derecho fundamental
de habeas data
1. La Sentencia C-602 de 2016 declaró exequible la
norma acusada bajo el entendido de que el derecho fundamental a la intimidad
solo puede ser objeto de restricciones razonables y proporcionales. La posición
mayoritaria destacó que las actividades de indagación con fines laborales y
comerciales están autorizadas por la Constitución. No obstante, dichas
actuaciones se encuentran limitadas por el derecho a la intimidad y otras
garantías como el habeas data.
En
efecto, la providencia hace un recuento de las posibles hipótesis que
configuran restricciones legítimas al ejercicio de las indagaciones privadas
entre las que se encuentra la garantía de habeas data que prevé las
condiciones para obtener y usar la información reservada, privada y semi
privada.
2. En este aspecto, reconozco que si bien la Corte avanzó
en el establecimiento de límites a la actividad de indagación privada para
fines laborales y comerciales, pudo asumir el control de constitucionalidad de
la misma con mayor contundencia, particularmente en la prohibición de
divulgación de hechos privados, en donde se interrelacionan los derechos
fundamentales a la intimidad y al habeas data.
3. La Sentencia C-881 de 2014[76]
reiteró que el derecho a la intimidad puede vulnerarse de la siguiente
manera[77]:
a. La intromisión en la intimidad mediante el ingreso en el
campo que el titular ha reservado.
b. La divulgación de hechos privados, cuando se hace
pública una información cierta veraz, pero no susceptible de ser compartida,
porque pertenece al círculo íntimo de cada persona, siempre que no se cuente
con autorización para hacerlo por parte de su titular o de autoridad
competente.
Por
su parte, el habeas data ha sido considerado por esta Corte como un
derecho autónomo e independiente del postulado de intimidad. La Sentencia
T-729 de 2002[78]
precisó que:
“El derecho fundamental al habeas data, es aquel que
otorga la facultad[79]
al titular de datos personales, de exigir a las administradoras de datos
personales el acceso, inclusión, exclusión, corrección, adición, actualización,
y certificación de los datos, así como la limitación en la posibilidades de
divulgación, publicación o cesión de los mismos, conforme a los principios[80]
que informan el proceso de administración de bases de datos personales”
La
Sentencia C-748 de 2011[81]
indicó que la protección de los datos personales (habeas data)
responde a la importancia que tal información tiene para la garantía de otros
derechos como la intimidad, el buen nombre y el libre desarrollo de la
personalidad. En tal perspectiva, el contenido mínimo del derecho de habeas
data es el siguiente:
a. Conocer (acceso) la información sobre
aquellas recolectada en bases de datos;
b. Incluir nuevos datos con el fin de que
se genere una imagen completa del titular;
c. Actualizar la información;
d. Rectificar o corregir la información
contenida en bases de datos, de tal forma que concuerde con la realidad;
e. Excluir información de una base de
datos, bien porque se hace un uso indebido de ella o por la simple voluntad del
titular.
4. Bajo ese entendido, la
constitucionalidad de la norma no solamente estaba condicionada a restricciones
razonables y proporcionadas del derecho a la intimidad, sino que además se
extendía a la necesidad de garantizar el derecho de habeas data, en
especial, el uso, la divulgación, la publicación y la cesión de la información
recolectada en ejercicio de las actividades de indagación privada con fines
laborales o comerciales, por lo que dicho aspecto pudo aclararse en la parte
resolutiva de la Sentencia C-602 de 2016.
II. Precisiones sobre el análisis de las expectativas
legítimas de intimidad
5. En la Sentencia C-602 de 2016, la Corte recordó
que el derecho a la intimidad es una garantía contenida en el artículo 15 de la
Constitución y se expresa mediante la cláusula general de protección que genera
para el Estado de una parte, la obligación de respetar dicho postulado y de
otra, procurar su protección.
De
igual forma, expresó que la mencionada disposición superior consagra otras
garantías específicas, entre las que se encuentra la inviolabilidad de la
correspondencia y demás formas de comunicación privada, por lo que solo podrán
ser objeto de interceptación y registro mediante orden judicial, en los casos y
bajo las formalidades que establezca la ley y además, que para efectos
tributarios, judiciales o de inspección, vigilancia e intervención del Estado,
puede exigirse la presentación de libros de contabilidad y los demás documentos
privados que establezca la ley.
Insistió
en que dicha disposición debe interpretarse en armonía con otros postulados de
la Carta, como el caso de la ausencia de obligación de revelar sus convicciones
(artículo 18), el derecho a no autoincriminarse (artículo 33), la
inviolabilidad de la intimidad familiar (artículo 42) y del secreto profesional
(artículo 74).
Esta
garantía también está consagrada en tratados que hacen parte del bloque de
constitucionalidad, particularmente en los artículos 11 y 17 de la Convención
Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, respectivamente. El mencionado cuerpo normativo prevé que nadie
podrá ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en
la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, al tiempo que
reconoce a toda persona el derecho a la protección de la ley contra esas
intromisiones.
6. No obstante, la Corte podría haber precisado que el
análisis del derecho a la intimidad también incluía el concepto de expectativa
legítima de privacidad. En efecto, la noción de privacy guarda relación
lo que la jurisprudencia norteamericana ha denominado el derecho a estar solo “right
to be alone”, basado en el principio de “a man’s house as his castle”,
que confiere al hogar del individuo la máxima protección personal. En tal
sentido, las garantías de la Tercera, Cuarta y Quinta Enmienda protegen la
esfera individual, en especial la inmunidad del ciudadano en su domicilio frente
a la acción del Gobierno y de los particulares, mediante la prohibición de
registros y requisas injustificadas en dicho espacio, en especial con el
propósito de obtener evidencias contra su titular[82].
En
el caso de la actriz Brigitte Bardot en 1959, los Tribunales decidieron que el
hecho de que una persona fotografiara a otra en su residencia y publicara tales
fotografías sin ningún tipo de autorización, a pesar de la manifestación
inequívoca de refugiarse en su casa, en aras de encontrar el sosiego y la tranquilidad
que reporta la soledad, violaba la intimidad de la persona[83].
Al
definir el derecho a estar solo, esa jurisdicción lo concibió como un derecho a
la completa inmunidad, que le permite al individuo protegerse de intromisiones
ilegales en su esfera privada por parte de los agentes del Estado y por la “curiosidad
lasciva del público en general”[84].
7. Es solo hasta la década de los sesenta, que se produce
un giro importante en la jurisprudencia norteamericana relativa a la
privacidad, pues hasta aquel momento la protección del mencionado derecho
giraba en torno a la prohibición contenida en la Cuarta Enmienda relacionada
con los registros arbitrarios personales y domiciliarios. En tal sentido, la
privacidad es considerada como un derecho fundamental, especialmente porque se
refiere a la toma de decisiones relevantes para el desenvolvimiento de la
personalidad individual, la cual se interrelaciona con el concepto de libertad[85].
En
el caso Griswold vs Connecticut del año 1965, el Tribunal Supremo
declaró la inconstitucionalidad de una norma estatal que prohibía la venta y
utilización de anticonceptivos por considerarla lesiva del derecho fundamental
a la privacidad. Este argumento fue reiterado en Eisentadt vs Baird,
Carey vs popularion services international y Roe vs Wade.
En este último caso se resolvió sobre la decisión personal de la mujer de
practicarse un aborto en las doce primeras semanas de gestación.
8. En el caso Katz vs United States, definió
la expectativa legítima y razonable de privacidad como una zona de
protección garantizada por la Cuarta Enmienda, si la persona ha actuado
conforme a una real confianza legítima de intimidad, de acuerdo con las
particularidades de cada situación.
En aquella ocasión, el señor Charles Katz fue condenado por
la realización de apuestas ilegales con base en la captación de las
conversaciones que realizaba en un teléfono público a través de un dispositivo
electrónico colocado al interior de la cabina[86].
La Suprema Corte de los Estados Unidos consideró que en este asunto era
aplicable la Cuarta Enmienda también a la grabación de comunicaciones, porque
una cabina telefónica es un lugar donde se tiene una expectativa razonable de
intimidad[87].
En posteriores pronunciamientos, la Suprema Corte estableció aquellos eventos
que no configuran expectativas razonables de privacidad.
La
Sentencia Oliver vs United States (1984), señaló que dicha
garantía no opera en un campo abierto (open field)[88].
El caso United States vs White (1971), resolvió que la
participación de un agente encubierto en un diálogo en tiempo real con el
sospechoso no vulnera la expectativa razonable de intimidad, pues siempre
existe el riesgo de que el interlocutor sea un agente de persecución penal
infiltrado[89].
En la Sentencia California vs Ciraolo (1986), la
Corte Federal de California señaló que los sobrevuelos en terrenos donde se
encuentran cultivos ilícitos, no desconocía la expectativa razonable de
intimidad y por ello no requería orden judicial[90].
De
otra parte, la Sentencia Kyllo vs United States (2001), señaló
que la obtención de imágenes térmicas en el domicilio de un ciudadano no
respeta la expectativa razonable de intimidad y por ello requiere de orden
judicial[91].
Esta providencia precisó que el domicilio de las personas se encuentra plenamente
protegido por el derecho a la intimidad y por ello requiere intervención
judicial así no se ingrese en el mismo y se utilice tecnología para hacer un
escaneo termal[92].
Con
base en lo expuesto, ese Tribunal ha reconocido una expectativa razonable de
privacidad en diversos ámbitos y con distintas gradaciones en aspectos como: i)
la utilización de mecanismos de interceptación y grabación[93];
ii) registros administrativos de casas y oficinas[94];
iii) registros de equipajes y taquillas. Sin embargo, dicha garantía no se
configura en supuestos como acciones de policía dirigidas a la prevención y
detección de actividades criminales, datos bancarios individuales, registros y
acciones relacionados con la lucha contra el narcotráfico, pues en estos casos
prevalece el interés general en la persecución y prevención de tales
actividades delictivas frente a una determinada confianza legítima de intimidad[95].
9. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha desarrollado el
concepto de “Reasonable Expectation of Privacy”. Fue utilizado por
primera vez en el caso Halford vs United Kingdom
(1997)
[96] para indicar que las interceptaciones realizadas a los teléfonos
del trabajo de una empleada de la policía con la finalidad de discriminarla y
obstaculizar su ascenso, vulneraron el derecho a la intimidad[97].
El
caso Peck v. United Kingdom (2003), conoció el caso de un
joven que intentó suicidarse en una vía pública. El hecho fue grabado por una
cámara de vigilancia pública y luego transmitido en televisión abierta por la
BBC. Ese Tribunal estableció que el actor tenía una expectativa razonable de
que su conducta solamente fuera observadas por las personas que se encontraban
en el lugar y no por los televidentes del canal de televisión[98].
La
Sentencia Hannover v. Germany estudió el caso de
las fotografías tomadas a la Princesa Carolina de Mónaco y a su novio por un
paparazzi. Esa Corporación concluyó que los actores tenían una expectativa
razonable de intimidad que no podía ser afectada, pues dicho registro no tenía
como finalidad un debate de interés público[99].
10. Esta Corte ha utilizado la noción de expectativa
razonable de intimidad. La Sentencia C-881 de 2014[100]
analizó un artículo de la Ley 906 de 2004[101]
que regula las labores de seguimiento y vigilancia de personas por parte de la
Fiscalía, sin que las mismas pudieran afectar la expectativa razonable de
intimidad del indiciado, imputado o de terceros. En aquel pronunciamiento,
realizó una extensa reseña del concepto y concluyó que las normas acusadas no
desconocían el derecho a la intimidad, por lo que resultaban constitucionales.
11. Con fundamento en lo expuesto, el análisis de la norma
acusada, que autoriza las indagaciones privadas con fines laborales y
comerciales, pudo comprender el estudio de la dimensión de la expectativa
razonable de intimidad en estos especiales eventos, particularmente, cuando
dicha garantía constitucional puede ser afectada por un particular. En tal
sentido, el estudio constitucional del precepto acusado, generaba la necesidad
de precisar las reglas y subreglas jurisprudenciales para identificar las
expectativas legítimas de intimidad de quienes resultarían afectados por la
indagación privada.
III. Precisión sobre los límites constitucionales al
ejercicio de la labor de investigador privado
12. La Sentencia C-602 de 2016 analizó los posibles
escenarios de indagación privada que restringen el derecho a la intimidad. Una
forma de limitación de la mencionada garantía son las actividades realizadas
por los investigadores privados. No obstante, este aspecto no fue examinado por
la providencia de la cual aclaro mi voto, por lo que a continuación presento
las razones que sustentan la necesidad de que la Corte abordara su estudio.
13. El capítulo VI del Decreto 1355 de 1970, establece
normas sobre la vigilancia privada. El artículo 54 de esa normativa regula la
posibilidad de realizar investigaciones privadas para coadyuvar el
descubrimiento de hechos relativos a infracciones penales siempre que no
interfiera con la función judicial. Por su parte, el artículo 55 consagra que la
vida íntima de la persona ajena al juicio penal no puede ser objeto de
investigación privada o judicial. No obstante, podrán realizarse indagaciones
privadas con fines laborales o comerciales.
En
este último evento, se trata de una disposición jurídica sustantiva que buscó
garantizar el derecho a la intimidad. Sin embargo, dicho cuerpo normativo no
contempló el ejercicio de la actividad de investigador privado, aspecto que
tiene relevancia en el análisis de constitucionalidad del precepto acusado, puesto
que es una de las maneras en que se efectúan las indagaciones particulares.
14. La labor que realiza el investigador privado no tiene
una regulación clara en el ordenamiento colombiano, tal y como se demuestra a
continuación:
a. Los artículos 14 al 17 del Decreto 2347 de 1971[102],
establecieron la forma en que puede ejercerse la labor de vigilancia privada,
pero no contemplaron la labor de investigador privado. Por su parte, los
artículos 149 al 152 del Decreto 2137 de 1983[103],
se refirieron a la labor de vigilancia privada, sin referirse a los
investigadores particulares.
b. El artículo 47 del Decreto Ley 848 de 1990[104]
dispuso que las personas que ejercen las labores de vigilancia no podrán
ejercer actividades de investigación privada. De otra parte, los Decretos 1195
de 1990[105]
y 356 de 1994[106],
así como las Leyes 61[107]
y 62[108]
de 1993, no regularon la labor de investigador privado.
De
acuerdo con lo expuesto, la actividad de los investigadores privados no tiene
una regulación clara en el ordenamiento jurídico colombiano a diferencia de lo
que ocurre en otros países.
15. Bajo ese entendido, en España la Ley 5/2014 de 4 de
abril, de seguridad privada, en su artículo 48 reguló los servicios de
investigación privada en los siguientes términos:
“Artículo
48. Servicios de investigación privada.
1. Los servicios de investigación privada, a
cargo de detectives privados, consistirán en la realización de las
averiguaciones que resulten necesarias para la obtención y aportación, por
cuenta de terceros legitimados, de información y pruebas sobre conductas o
hechos privados relacionados con los siguientes aspectos:
a) Los relativos al ámbito
económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal,
familiar o social, exceptuada la que se desarrolle en los domicilios o lugares
reservados.
b) La obtención de información tendente a
garantizar el normal desarrollo de las actividades que tengan lugar en ferias,
hoteles, exposiciones, espectáculos, certámenes, convenciones, grandes
superficies comerciales, locales públicos de gran concurrencia o ámbitos
análogos.
c)
La realización de averiguaciones y la obtención de información y pruebas
relativas a delitos sólo perseguibles a instancia de parte por encargo de los
sujetos legitimados en el proceso penal.
2.
La aceptación del encargo de estos servicios por los despachos de detectives
privados requerirá, en todo caso, la acreditación, por el solicitante de los
mismos, del interés legítimo alegado, de lo que se dejará constancia en el
expediente de contratación e investigación que se abra.
2.En ningún caso se podrá investigar
la vida íntima de las personas que transcurra en sus domicilios u otros lugares
reservados, ni podrán utilizarse en este tipo de servicios medios personales,
materiales o técnicos de tal forma que atenten contra el derecho al honor, a la
intimidad personal o familiar o a la propia imagen o al secreto de las
comunicaciones o a la protección de datos.
4.
En la prestación de los servicios de investigación, los detectives privados no
podrán utilizar o hacer uso de medios, vehículos o distintivos que puedan
confundirse con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
5.
En todo caso, los despachos de detectives y los detectives privados encargados
de las investigaciones velarán por los derechos de sus clientes con respeto a
los de los sujetos investigados.
6.
Los servicios de investigación privada se ejecutarán con respeto a los
principios de razonabilidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad.”
(Énfasis agregado)
El
artículo 50 de esa normativa consagró el deber de reserva profesional de los
detectives privados sobre las investigaciones que realicen y la prohibición de
facilitar datos o informaciones sobre éstas, pues únicamente deben
suministrarlos a las personas que las encomendaron.
16. De acuerdo con lo expuesto, la Corte podría haber
analizado la labor que realizan los investigadores privados en desarrollo de la
disposición censurada, particularmente porque dicha actividad no está regulada
en el ordenamiento jurídico colombiano y en todo caso, debe garantizarse la
protección del derecho a la intimidad de quienes son objeto de pesquisas
particulares, aun cuando se trata de esta modalidad de indagación.
17. En suma, aunque comparto la decisión adoptada por la
Corte, considero que pudieron precisarse algunos fundamentos de la sentencia,
particularmente en los siguientes aspectos: i) la Corte avanzó en la protección
del derecho a la intimidad personal en materia de indagaciones particulares con
fines laborales o comerciales. Sin embargo, pudo ejercer un control de
constitucionalidad más contundente de la disposición acusada en relación con la
garantía del derecho fundamental de habeas data, en especial, sobre el
uso, la divulgación, la publicación y la cesión de la información recolectada;
ii) el análisis de las expectativas legítimas de privacidad como dimensión de
protección del derecho a la intimidad; y, iii) los límites constitucionales a
la labor de investigador privado, puesto que no existe regulación sobre la
prestación de dichos servicios y podrían haberse establecido los límites
constitucionales de esa actividad, con la finalidad de garantizar el derecho a
la intimidad.
Fecha ut supra
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] Sandra Marcela Parada Aceros actúa como
apoderada especial del interviniente.
[2] Fernando
Arévalo Carrascal participa en su condición de Director de la Dirección de
Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico de la entidad interviniente.
[3] El Coronel Pablo Antonio Criollo Rey actúa en su
condición de Secretario General de la entidad interviniente.
[4] Miguel Enrique Rojas Gómez participa como
representante del referido Instituto.
[5] La intervención se hace a través de los estudiantes del programa de derecho de
esa universidad, Giovanni Andrés Osorio Pulgarín y Sebastián Quiñones Vélez,
adscritos al Consultorio Jurídico y del Monitor del área de Derecho Laboral,
Gustavo Mejía Chávez.
[6] Participa
a través de su presidente y representante legal Bruce Mac Master.
[7] La Corte ha reconocido su competencia respecto de este
Decreto en la sentencias C-024
de 1994 y C-176 de 2007. Cabe advertir, sin embargo, que en las sentencias
C-237 de 2005 y C-850 de 2005 la Corte apoyó su competencia en el numeral 4 del
artículo 241 de la Carta.
[8] Sentencia
C-634 de 1996.
[9] Sentencia
C-634 de 1996.
[10] Sentencia
C-634 de 1996.
[11] Tal
disposición tiene el siguiente contenido: “ARTÍCULO
242. DEROGATORIAS. El
presente Código deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en
especial el Decreto-ley 1355 de 1970, la Ley 1356 de 2009 excepto los artículos 4o y del 218Aal 218L; el Decreto número 522 de 1971; la Ley 232 de 1995; el artículo 108 de la Ley 388 de 1997; los artículos 1o y 2o de la Ley 810 de 2003; artículo 12 numeral 2,
artículo 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35 y 36 del
Decreto número 2876 de 1984; artículo 26 y último inciso o párrafo del artículo 10 de la Ley 679 de 2001, en razón a que se aplicará el
proceso verbal abreviado establecido en el presente Código; artículos 5o, 6o, 7o y 12 de la Ley 1259 de 2008; Ley 746 de julio 19 de 2002; artículo 24, 29 e inciso final del artículo 31 de la Ley 1335 de 2009; y los artículos 12 y 13 de la Ley 140 de 1994. // Este Código no modifica ni
deroga ninguna norma del Código Penal.”
[12] Sobre
el seguimiento y la vigilancia de personas en el marco de un proceso de
investigación a cargo de la Fiscalía se encuentra, por ejemplo, lo dispuesto en
el artículo 54 de la Ley 1453 de 2011 Algunos apartes de esa disposición fueron
juzgados en la sentencia C-881 de 2014.
[13] El
alcance de esta garantía se complementa por lo dispuesto en el artículo 250.2
de la Constitución.
[14] Sentencia
T-787 de 2004.
[15] Sentencia
T-517 de 1998.
[16] Sentencia
C-489 de 1995.
[17] Sentencia
C-489 de 1995. En el derecho comparado esta parece ser una tendencia relevante.
Sobre el particular puede consultarse, por ejemplo, Privacy, Cepeda, Manuel
José, en The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law. 2013, Pág.
969.
[18] Sentencia
T-696 de 1996. En la sentencia C-881 de 2014 la Corte se refiere a esta
dimensión al indicar que la intimidad implica “el respeto de un ámbito exclusivo que incumbe
solamente al individuo, que es resguardo de sus posesiones privadas, de sus
propios gustos y de aquellas conductas o actitudes personalísimas que no está
dispuesto a exhibir, y en el que no caben legítimamente las intromisiones
externas (…)”.
[19] Esta caracterización de las posiciones amparadas por
el derecho a la intimidad coinciden con la posición de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos vertida en la sentencia correspondiente al Caso Fontevecchia
y D’amico VS. Argentina - Sentencia de 29 de noviembre de 2011 (Fondo,
Reparaciones y Costas). Dijo en esa oportunidad: “Por su parte, el artículo 11
de la Convención Americana reconoce que toda persona tiene, entre otros,
derecho a la vida privada y prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva en
ella, enunciando diversos ámbitos de la misma como la vida privada de sus
familias, sus domicilios o sus correspondencias. El ámbito de la privacidad se
caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o
arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública (…) y comprende,
entre otras dimensiones, tomar decisiones relacionadas con diversas áreas de la
propia vida libremente, tener un espacio de tranquilidad personal, mantener reservados
ciertos aspectos de la vida privada y controlar la difusión de información
personal hacia el público”.
[20] Sobre el particular, en la sentencia citada en la
nota de pie anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalo: “El
artículo 11.2 de la Convención Americana protege al individuo frente a la
posible interferencia arbitraria o abusiva del Estado. Sin embargo, eso no
significa que el Estado cumpla sus obligaciones convencionales con el solo
hecho de abstenerse de realizar tales interferencias. Además, el artículo 11.3
de la Convención impone a los Estados el deber de brindar la protección de la
ley contra aquellas injerencias. En consecuencia, el Estado tiene la obligación
de garantizar el derecho a la vida privada mediante acciones positivas, lo cual
puede implicar, en ciertos casos, la adopción de medidas dirigidas a asegurar
dicho derecho protegiéndolo de las interferencias de las autoridades públicas
así como también de las personas o instituciones privadas, incluyendo los
medios de comunicación”.
[21] Varias providencias de
la Corte han señalado que en principio las personas jurídicas no son titulares
del derecho a la intimidad, sin que ello suponga que la actividad de tal tipo
de personas se encuentren desprotegidas frente a intervenciones injustificadas,
tal y como ocurre, por ejemplo, con la garantía de mantener en reserva los
documentos derivados de su actividad. En ese sentido por ejemplo, la
sentencia T-317 de 2013. No obstante, la Corte se ha referido también, en la
sentencia C-328 de 2000, a la existencia de un derecho constitucional a la
intimidad corporativa.
[22] Sentencia
T-210 de 1994. Las negrillas hacen parte del texto original.
[23] Sentencia
C-692 de 2003.
[24] Sentencia C-1011 de 2008.
[25] Sentencia
T-729 de 2002.
[26] Sentencia
T-729 de 2002.
[27] Sentencia
C-490 de 2011.
[28] Sentencia
T-729 de 2002.
[29] Sentencia C-1011 de 2008.
[30] Sentencia C-1011 de 2008. En el contexto de la regulación de los datos
personales, la Ley 1266 de 2008 prescribe que es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima,
reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no sólo
a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en
general, como el dato financiero y crediticio de actividad comercial o de
servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley. A este tipo de
información se han referido también las sentencias T-729 de 2002, C-490 de 2011, T-828 de 2014 y T-058 de 2015.
[31] C-1011
de 2008.
[32] T-658
de 2011. En esa sentencia la Corte sostuvo lo siguiente: “(…) debe tenerse presente que la
administración de los datos recae sobre aquélla información considerada como
semiprivada. En otras palabras, sobre aquella información que tiene relevancia
pública en la medida en que dichos datos le permiten a las entidades
financieras y a las personas que desarrollan una actividad mercantil,
conocer el grado de cumplimiento crediticio y financiero de sus potenciales
clientes. Lo anterior encuentra consonancia con los postulados constitucionales
referidos a la estabilidad financiera, la confianza en el sistema de crédito y
la protección del ahorro público administrado por las entidades bancarias y de
crédito”.
[33] C-850
de 2013.
[34] C-640 de 2010.
[35] C-692
de 2003.
[36] C-1153
de 2005.
[37] C-490
de 2011.
[38] Sentencia
T-729 de 2002.
[39] Sentencia
C-1011 de 2008. Respecto de la historia clínica la Corte ha señalado que en
algunos casos, cuando se cumplen estrictamente las condiciones definidas por la
jurisprudencia, los familiares más cercanos de una persona fallecida puedan
solicitarla. En esa dirección están, por ejemplo, las sentencias T-158A de 2008
y T-427 de 2013.
[40] No
obstante que algunas referencias de la sentencia C-334 de 2010 emplean la
expresión reservada a efectos de referirse a este tipo de información, la Corte
reconoció que ella podría ser obtenida en un proceso penal previa orden
judicial según lo dispuesto por el artículo 250.3. En consecuencia, encuadra
más precisamente en la denominada información privada.
[41] C-490
de 2011
[42] Sentencia
T-729 de 2002. La clasificación de la información contenida en esta sentencia
ha sido retomada por este Tribunal en providencias posteriores. Entre ellas se
encuentran, por ejemplo, las sentencias de tutela T-216 de 2004, T-787 de 2004,
T-547 de 2008, T-947 de 2008, T-414 de 2010, T-161 de 2011 y T-427 de 2013 y
T-276 de 2015, de una parte, y las sentencias de constitucionalidad C-640 de
2010, C-274 de 2013 y C-339 de 2014, de otra.
[43] Sentencia
C-1011 de 2008.
[44] Sentencia T-787 de 2004.
[45] Sentencia T-787 de 2004.
[46] Diversas providencias han caracterizado así el
derecho. Por ejemplo, la sentencia C-594 de 2014 señaló que “[e]l derecho a
la intimidad no es absoluto (…), como quiera que puede limitarse cuando entra en
conflicto con derechos de terceros o con la defensa de intereses superiores del
ordenamiento”. Igualmente, entre otras, la sentencia C-186 de 2008.
[47] Sentencia T-787 de 2004.
[48] En la sentencia T-453 de 2005 la Corte sostuvo al
respecto: “En esa medida, las limitaciones al
derecho a la intimidad, al igual que la de cualquier otro derecho fundamental,
deben respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad, en el
contexto de un sistema democrático. Estos principios han sido aplicados por
esta Corporación para examinar las limitaciones a los derechos que haga el legislador,
pero también al ponderar el enfrentamiento de derechos”. La relevancia
de la exigencia de proporcionalidad en el examen de las restricciones del
derecho a la intimidad ha sido también indicada por la Corte al adelantar el
control abstracto. Así por ejemplo en la sentencia C-540 de 2012 indicó “que las limitaciones al derecho a la intimidad, al
igual que de cualquier otro derecho fundamental, deben respetar los principios
de razonabilidad y proporcionalidad en el contexto del sistema democrático”.
En igual dirección, también las sentencias C-594 de 2014 y C-881 de 2014.
[49] Sentencia T-768 de 2008.
[50] Sentencia T-453 de 2015. En ese sentido se encuentra
también la sentencia C-438 de 2013.
[51] La
muy estrecha conexión entre la definición del alcance del derecho a la
intimidad y el principio de proporcionalidad, fue puesta de presente en la
sentencia T-787 de 2004 en la que la Corte, al referirse a los principios que “permiten delimitar el concepto
de ‘lo público’ y de cuyo acatamiento depende la protección  del núcleo esencial del derecho a la
intimidad” indicó que entre ellos se encontraban el principio de finalidad
conforme al cual se encuentra prohibido “obligar a los ciudadanos a relevar
datos íntimos su vida personal, sin un soporte en el Texto Constitucional que,
por ejemplo, legitime la cesión de parte de su interioridad en beneficio de la
comunidad” y el principio de necesidad por virtud del cual “la información
personal que deba ser objeto de divulgación, se limita estrechamente a aquella
que guarda relación de conexidad con la finalidad pretendida mediante su
revelación”.
[52] Sentencia T-787 de 2004. Esta clasificación ha sido
retomada en otras providencias. Entre ellas, por ejemplo, las sentencias C-186
de 2008, C-438 de 2013, C-552 de 2014, C-594 de 2014 y T-546 de 2016.
[53] Sentencia
T-440 de 2003. En esa misma dirección y reiterando la tesis según la cual “el derecho a la intimidad no se
reduce al ámbito meramente personal o familiar” se encuentra la sentencia T-814
de 2003.
[54] Sentencia C-041 de 1994.
[55] Sentencia C-881 de 2014.
[56] Sentencia T-407 de 2012. Sostuvo la Corte: “Sin embargo, no son espacios privados,
porque las acciones de cada uno de los individuos en una oficina, o en un
establecimiento educativo, tiene repercusiones sociales: no se trata del
individuo en su propio ámbito de acción, sino del individuo en una comunidad”.
[57] Sentencia T-407 de 2012.
[58] Sentencia T-407 de 2012.
[59] También se encuentra, por ejemplo, en el artículo 13
de la Convención Americana de Derechos Humanos al establecer: “Toda persona
tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de
toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
[60] Así
por ejemplo, el numeral 1 del artículo 321 indica lo siguiente: “Las empresas, por conducto de los médicos y demás
personal sanitario, pondrán en práctica las medidas profilácticas ordenadas por
el Ministerio del Trabajo, Oficina Nacional de Medicina e Higiene Industrial,
<hoy división de Medicina del trabajo> para combatir el paludismo, anemia
tropical, disentería, pian y demás endemias tropicales, y las enfermedades
llamadas sociales, y para evitar por los medios científicos modernos la
viruela, la fiebre amarilla, la difteria, la fiebre tifoidea, y  demás
enfermedades evitables por la vacunación”.
[61] Tal artículo -correspondiente al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero-
prevé a cargo de las entidades financieras el deber (a) de conocer adecuadamente la actividad económica que
desarrollan sus clientes, su magnitud, las características básicas de las
transacciones en que se involucran corrientemente; (b) de establecer la
frecuencia, volumen y características de las transacciones financieras de sus
usuarios; y (c) de establecer que el volumen y movimientos de fondos de sus
clientes guarde relación con la actividad económica de los mismos.
[62] Sentencia
C-820 de 2012.
[63] Reglas
que imponen esta carga de indagación o verificación a los particulares también
se encuentran previstas, entre otras, en la Ley 1448 de 2012. En esa dirección
el artículo 99 establece: “CONTRATOS PARA EL USO DEL PREDIO RESTITUIDO. Cuando existan proyectos agroindustriales productivos
en el predio objeto de restitución y con el propósito de desarrollar en forma
completa el proyecto, el Magistrado que conozca del proceso podrá autorizar,
mediante el trámite incidental, la celebración de contratos entre los beneficiarios
de la restitución, y el opositor que estuviera desarrollando el proyecto
productivo, sobre la base del reconocimiento del derecho de dominio del
restituido o restituidos, y que el opositor haya probado su buena fe exenta de
culpa en el proceso. // Cuando no
se pruebe la buena fe exenta de culpa, el Magistrado entregará el proyecto
productivo a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas para que lo explote a través de terceros y se destine el
producido del proyecto a programas de reparación colectiva para víctimas en las
vecindades del predio, incluyendo al beneficiario de la restitución.”
[64] En la sentencia T-787 de 2004 la Corte sostuvo: “El que alguien decida tener relaciones sexuales con
otra persona, no es un asunto que interese a la comunidad o que sea considerado
por el derecho como de importancia pública. Por el contrario, se trata de un
suceso propio de la vida íntima de cada persona, el cual sólo puede ser
divulgado, con el consentimiento de los individuos comprometidos en esa
relación, o cuando -por ejemplo- el acto tiene lugar en un espacio visible al
público o donde éste tiene injerencia, circunstancias que no tuvieron lugar en
el presente caso”.
[65] En
la sentencia T-1218 de 2005 la Corte indicó que “(…) no existe por parte del empleado portador de VIH
una obligación legal de comunicar a su empleador tal condición (…). De hecho,
la Corte ha señalado que está prohibido exigir la prueba de VIH para acceder o
permanecer en una actividad laboral (…)”.
[66] En
la sentencia T-071 de 2007 este Tribunal explicó: “En consecuencia, no existe por parte
del empleado portador de VIH una obligación legal de comunicar a su empleador
tal condición (…). De hecho, la Corte ha señalado que está prohibido exigir la
prueba de VIH para acceder o permanecer en una actividad laboral (…)”.
[67] De manera específica explicó este Tribunal: “En este marco de ideas, al estudiar cada caso en particular se
deberán analizar, diversas situaciones tales como: (i) el objeto social que
desarrolla la empresa, pues es lógico que las medidas se refuercen en bancos o
establecimientos públicos tales como organismos de inteligencia, en los que
esté en juego la seguridad nacional; (ii) el lugar donde la medida es
implementada, pues es razonable que recaiga en lugares donde se desarrolle la
actividad laboral que, por ejemplo, se encuentren abiertos al público, pero no
lo sería en aquellos donde el trabajador ejerce una esfera privada como lugares
de descanso, tales como baños o vestuarios; (iii) la finalidad de la medida,
que guarden una relación directa con la seguridad necesaria de las
instalaciones de trabajo o el control del cumplimiento de los deberes y
funciones de los trabajadores; (iv) que pueda tomarse otras medidas menos
invasivas para lograr los propósitos legítimos; (v) que los perjuicios
derivados de la medida, en lo posible, sean mínimos; (vi) que la medida sea
conocida, pues de manera excepcional puede legitimarse medidas subrepticias; y
(vii) que la medida no implique someter a la persona a tratos crueles,
inhumanos o degradantes, los cuales se encuentran proscritos de manera
absoluta”.
[68] Sentencia C-748 de 2011. Según el artículo 3 de la ley 1266 de 2008 los datos personales se
encuentran conformados por cualquier pieza de información vinculada a
una o varias personas determinadas o determinables o que puedan asociarse con
una persona natural o jurídica.
[69] En este contexto puede
reconocerse la importancia de lo que ha dicho el Tribunal Constitucional
Federal Alemán al indicar, en decisión de fecha 15 de diciembre de 1983, que “[u]n
ordenamiento social y un orden legal en el que los ciudadanos no pudieran
conocer quiénes, cuándo y en qué circunstancias saben qué sobre ellos, serían
incompatibles con el derecho a la autodeterminación de la información”.
[70] La Ley 1266 de 2008, conforme lo establece su
artículo primero tiene por objeto, entre otras cosas, desarrollar el derecho de
las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan
recogido sobre ellas en bancos de datos, y los demás derechos, libertades y
garantías constitucionales relacionadas con la recolección, tratamiento y
circulación de datos personales a que se refiere el artículo 15 de
la Constitución Política. De manera particular se ocupa de la información
financiera y crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros
países.
[71] Al
ocuparse de las hipótesis excepcionales de divulgación explicó esta Corporación:
“Por último, se encuentra la información
reservada, eso es, aquella que sólo interesa al titular en razón a que está
estrechamente relacionada con la protección de sus derechos a la dignidad
humana, la intimidad y la libertad; como es el caso de los datos sobre la
preferencia sexual de las personas, su credo ideológico o político, su
información genética, sus hábitos, etc. Estos datos, que han sido agrupados por
la jurisprudencia bajo la categoría de “información sensible”, (…) no son
susceptibles de acceso por parte de terceros, salvo que se trate en una
situación excepcional, en la que el dato reservado constituya un elemento
probatorio pertinente y conducente dentro de una investigación penal y que, a
su vez, esté directamente relacionado con el objeto de la investigación.
En este escenario, habida cuenta la naturaleza del dato incorporado en el proceso,
la información deberá estar sometida a la reserva propia del proceso penal. //
De otro lado, la restricción de divulgación de los datos de naturaleza privada
y reservada opera sin perjuicio de la existencia de hipótesis, en todo caso
restrictivas, de circulación interna, como sucedería, por ejemplo, en la
circulación de los datos contenidos en las historias clínicas dentro de una
institución hospitalaria y para los fines de la adecuada atención médica.
Estas modalidades son admisibles a condición que se cuente con la expresa
autorización del titular y la circulación interna esté dirigida al cumplimiento
de fines constitucionalmente legítimos”.
[72] La
sentencia C-748 de 2011 destacó la
necesidad de interpretarlas de manera restrictiva al referirse a una de ellas: “Por estas razones, la Sala declarará
el literal b) exequible, no sin antes reiterar que las excepciones a las
protecciones del habeas data, en este caso a la prohibición de someter a
tratamiento los datos sensibles, son de interpretación restrictiva”.
[73]
MP
Alejandro Linares Cantillo
[74] Esto no significa
que en todos los casos en que una expresión demandada requiera, para la
comprensión de sus presuntas consecuencias inconstitucionales, del resto de la
norma, deba juzgarse esta en su integridad. La expresión impugnada puede tener
un efecto inconstitucional autónomo y, pese a que haya que recurrir a la norma
en su conjunto para la comprensión de dicho efecto, el pronunciamiento versará
solo sobre el vocablo o la expresión si la inconstitucionalidad se deriva
exclusivamente de estos y no de la disposición en general. No obstante, en el
presente asunto me parece la inconstitucionalidad no provenía específicamente
de la expresión "sin embargo", individualmente considerada.
[75]
“por el cual se dictan normas
sobre policía”
[76]
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[77]
Reiteró las Sentencias T-696 de 1996 M.P. Fabio Morón Díaz, T-169 de 2000 M.P.
Alfredo Beltrán Sierra y T-1233 de 2001 M.P. Jaime Araujo Rentería.
[78]
M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[79] “En este sentido, en sentencia T-414 de 1992, la
Corte afirmó: "la libertad informática, consiste ella en la facultad de
disponer de la información, de preservar la propia identidad informática, es
decir, de permitir, controlar o rectificar los datos concernientes a la
personalidad del titular de los mismos y que, como tales, lo identifican e
individualizan ante los demás." Así mismo, en sentencia SU-082 de 1995,
afirmó: "La autodeterminación informática es la facultad de la persona a
la cual se refieren los datos, para autorizar su conservación, uso y
circulación, de conformidad con las regulaciones legales." Y en la
sentencia T-552 de 1997 afirmó: ‘...el derecho a la autodeterminación
informativa implica, como lo reconoce el artículo 15 de la Carta Fundamental,
la facultad que tienen todas las personas de “conocer, actualizar y rectificar
las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en
archivos de entidades públicas y privadas’.”
[80] “El fundamento de validez de los llamados
principios de la administración de datos personales, se encuentra en el segundo
inciso del artículo 15 de la Constitución, el cual constituye en términos de la
Corte, ‘el contexto normativo y axiológico dentro del cual debe moverse,
integralmente el proceso informático’ y del cual derivan ‘unas reglas generales
que deben ser respetadas para poder afirmar que el proceso de acopio, uso y
difusión de datos personales sea constitucionalmente legítimo’, y que a su vez
son el resultado ‘de la aplicación directa de las normas constitucionales al
proceso informático’."
[81]
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[82] Nieves Saldaña M. El derecho a la privacidad en los Estados
Unidos: aproximación diacrónica a los intereses constitucionales en juego. Uned
Teoría y realidad constitucional, num 28, 2011, Pág. 283
[83] Sentencias
de la Corte Constitucional C-282 de 1997 M.P. José Gregorio Hernández Galindo y
T-787 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Véase, Madrid-Malo, Mario, Estudios
sobre derechos fundamentales, Bogotá. 1995. Citadas en la Sentencia C-881 de
2014 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[84]
Nieves Saldaña Ob. Cit. Pág.283.
[85] Nieves Saldaña Ob. Cit. Pág. 289
[86] WHITEBREAD,
C. / SLOBOGIN, C.: Criminal Procedure, Thomson / West, Nueva York, 2008, 357.
Citado en la Sentencia C-881 de 2014.
[87] Katz vs.
U.S., 1967. Citado en la Sentencia C-881 de 2014.
[88] ADAMS, James / BLINKA, Daniel: Prosecutor's
Manual for Arrest, Search and Seizure, Lexis Nexis, 2012, 2279. Citado en la
Sentencia C-881 de 2014.
[89] Sentencia caso United States vs. White (1971): “Desde que Katz v. United States, supra, la piedra de
toque del análisis de la Cuarta Enmienda  ha sido si una persona tiene “una
expectatitva razonable de intimidad protegida constitucionalmente. La enmienda
no protégé la mera expectativa subjetiva de privacidad, sino solo aquella
expectativa que la sociedad está preparada para reconocerla como razonable.
Porque los campos abiertos son accesibles al público y a la policía en el
sentido que un hogar, oficina o estructura comercial no lo están y debido a que
las cercas o señales de “no ingresar” no prohiben al público ver espacios
abiertos, la señaladas expectativa de privacidad en campos abiertos no se
reconoce como razonable”.
Citado en la Sentencia C-881 de 2014.
[90] HESS, Harr,Kären / ORTHMANN, Christine:
Constitutional Law and the Criminal Justice System, 301. Citado en C-881
de 2014.
[91] HESS, Harr,Kären / ORTHMANN,
Christine: Constitutional Law and the Criminal Justice System, 286.
[92] Sentencia
caso Danny Lee Kyllo v. United States, 11 de junio de 2001. Citado en
Sentencia C-881 de 2014.
[93] Berger v, New York.
[94] Cámara v, municipal court entre otros
[95]Nieves Saldaña, Ob, Cit. pág. 288 y 289.
[96]
GÓMEZ-AROSTEGUI, Tomás, Defining private life under the european convention on
human rights by referring to reasonable expectations, 35 CAL. W. INT’L L. J.
153 (2005), 165.
[97] Sentencia
caso Halford v. the United Kingdom, 25 de junio de 1997. Citado en Sentencia C-881 de
2014.
[98] Sentencia
caso Peck v. United Kingdom,
28 de enero de 2003. Citada en la Sentencia C-881 de 2014.
[99] Sentencia
caso von Hannover v. Germany, 24 de junio de 2004. Citada en la Sentencia C-881 de
2014.
[100] M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[101] “Artículo 239. Vigilancia y
seguimiento de personas. Sin perjuicio de los procedimientos preventivos
que adelanta la fuerza pública, en cumplimiento de su deber constitucional, el
fiscal que tuviere motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los
medios cognoscitivos previstos en este código, para inferir que el indiciado o
el imputado pudiere conducirlo a conseguir información útil para la
investigación que se adelanta, podrá disponer que se someta a seguimiento
pasivo, por tiempo determinado, por parte de la Policía Judicial. Si en el
lapso de un (1) año no se obtuviere resultado alguno, se cancelará la orden de
vigilancia, sin perjuicio de que vuelva a expedirse, si surgieren nuevos
motivos.
En la ejecución de la vigilancia se empleará cualquier
medio que la técnica aconseje. En consecuencia, se podrán tomar fotografías,
filmar videos y, en general, realizar todas las actividades relacionadas que
permitan recaudar información relevante a fin de identificar o individualizar
los autores o partícipes, las personas que lo frecuentan, los lugares a donde
asiste y aspectos similares, cuidando de no afectar la expectativa razonable de
la intimidad del indiciado o imputado o de terceros.
En todo caso se surtirá
la autorización del Juez de Control de Garantías para la determinación de su
legalidad formal y material, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes
a la expedición de la orden por parte de la Fiscalía General. Vencido el
término de la orden de vigilancia u obtenida la información útil para la
investigación el fiscal comparecerá ante el Juez de Control de Garantías, para
que realice la audiencia de revisión de legalidad sobre lo actuado.”
[102]
“Por el cual se reorganiza la Policía Nacional”
[103]
“Por el cual se reorganiza la Policía Nacional”
[104]
“Por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia Privada.”
[105]
“por el cual se modifica parcialmente el Decreto-ley 848 del 23 de abril de
1990 “Estatuto de Vigilancia Privada”.
[106]
“Por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada”
[107]
"Por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades
extraordinarias  para dictar normas sobre armas, municiones y explosivos,
y para reglamentar la vigilancia y seguridad privadas"
[108]
“Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un
establecimiento público de seguridad social y bienestar para la Policía
Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se
reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la República”.