T-450-06
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-450/06
VIA DE HECHO-Defecto sustantivo
VIA DE HECHO EN PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Terminación del proceso por reliquidación del crédito de UPAC
LEY 546 DE 1999-Doctrina constitucional
sobre el artículo 42 parágrafo 3
DERECHO A LA VIVIENDA FRENTE A CREDITOS HIPOTECARIOS Y DEBIDO
PROCESO
PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Terminación
al entrar en vigencia Ley 546/99
JUEZ CIVIL-Requisitos para dar por
terminados procesos ejecutivos hipotecarios
Referencia: expediente T-1307302
Acción de tutela interpuesta por Miriam Ardila Arenas contra la Sala
Civil del Tribunal Superior de Bucaramanga, la Entidad AV Villas y el Juzgado
Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Bogotá D.C., seis
(6) de junio de dos mil seis (2.006).
La Sala Primera
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados JAIME
ARAÚJO RENTERÍA, ALFREDO BELTRÁN SIERRA y MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA,
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
que pone fin al
trámite de revisión de la sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia de Febrero 3 de 2.006, dentro de la ACCION DE
TUTELA seguida por Miriam Ardila Arenas contra la Sala Civil del Tribunal
Superior de Bucaramanga, la Entidad AV Villas y el Juzgado Cuarto Civil del
Circuito de esa ciudad.
I. LOS
ANTECEDENTES.
Funda la parte
actora, el petitum de su escrito tutelar en los hechos que a continuación se
sintetizan:
1. Los
hechos.
A favor del
Banco AV VILLAS, anteriormente Ahorramas,  la accionante firmó el pagaré No
06600180217 el 23 de Noviembre de 1.995 para garantizar un préstamo que la
mencionada entidad le hizo a la señora Miriam Ardila Arenas, por la suma de ($23.000.000.000.oo)
mcte. Tramitada la ejecución se libró mandamiento de pago el 7 de Marzo de
1.997, el cual fue notificado personalmente a la parte demandada el 17 de Abril
de 1.998.
Afirma que en el
año 1.999 la Corte Constitucional dictó varias providencias que se reflejó en
el desmejoramiento jurídico de la unidad de poder adquisitivo constante UPAC,
como quiera que ésta fue declarada inconstitucional.
Por tanto,
asegura que con base en las sentencias proferidas por el alto Tribunal, se
excluyó de la DTF la corrección monetaria del sistema UPAC, se prohibió la
capitalización de intereses y, además, paralelamente, el Consejo de Estado
declaró la nulidad de artículo 1º de la Resolución 18 de 1.995 que se refiere a
que la corrección monetaria se fije teniendo en cuenta la DTF en lugar del IPC.
No obstante las
anteriores consideraciones de orden jurisprudencial, luego de que el Banco AV
Villas, le iniciara proceso de ejecución hipotecaria para reclamar el pago
forzado de la obligación, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga y
que conoció del proceso en la primera instancia, libró mandamiento de pago por
el valor del saldo insoluto del crédito más los intereses de mora que se
hubieren causado.
Señala que, a
pesar de que en su calidad de parte demandada solicitó la terminación del
proceso con base en la doctrina constitucional de la Corte, el Juzgado, por
auto de 5 de Agosto de 2.004 negó la terminación, providencia ésta que fue
apelada ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Bucaramanga.
Incurriendo en
la misma conducta, el Tribunal ignoró la línea jurisprudencial fijada por la
Corte Constitucional, y en segunda instancia, por auto de Enero 13 de 2.005
confirmó el auto dictado por el Juzgado también accionado.
2. Las pretensiones.
La parte actora
presentó acción de tutela esgrimiendo la vulneración de su derecho fundamental
a la igualdad y al debido proceso. Así mismo y como corolario de lo anterior
solicita que se declare la nulidad del proceso a partir de las actuaciones
surgidas después de la reliquidación del crédito y que se disponga la
terminación del proceso sin más trámite, tal como lo señala la ley 546 de
1.999.
3. La
intervención de las autoridades judiciales accionadas.
3.1. En respuesta a lo ordenado por la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, luego de admitir la tutela, mediante proveído de
Septiembre 8 de 2.006, el Tribunal Superior de Bucaramanga descorrió el
traslado del  recurso de amparo iniciado en su contra, haciendo notar el carácter
excepcional y subsidiario de la acción de tutela, además de que la decisión
materia de la acusación por esa vía no obedeció al capricho ni a la
arbitrariedad de la Sala, sino, por el contrario, a un análisis juicioso y
motivado, atendiendo la realidad fáctica y jurídica que les correspondió
revisar.
En consecuencia,
expresa que la decisión es razonable y en nada se adecua a una vía de hecho
judicial.
3.2 El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga manifestó que en
la actuación materia de la tutela se adelantaron cada una de las etapas
procesales atendiendo la normatividad adjetiva que regula la materia y,
principalmente, de acuerdo a los parámetros fijados en la ley 546 de 1.999.
Insiste en que
la deudora hoy accionante, luego de concluida la reliquidación del crédito
arrimada por el Banco AV Villas a la actuación, no había quedado al día y que,
por consiguiente, no se accedió a la solicitud de terminación del proceso.
Advierte que el
inmueble materia de la ejecución hipotecaria estaba pendiente para entrega
luego de ordenarse su adjudicación por auto de 8 de Abril de 2.005 y que,
además, dicho bien era perseguido por jurisdicción coactiva luego del embargo
decretado en proceso adelantado por ejecuciones fiscales de la Secretaria de
Hacienda del Municipio de Bucaramanga y donde dicha obligación fue cancelada
por el Banco AV Villas.
II. DECISION
JUDICIAL QUE SE REVISA
1. La
Instancia
La Sala Civil de
la Corte Suprema de Justicia anotó que resulta improcedente el amparo
constitucional deprecado, habida consideración que los hechos materia de la
solicitud de tutela han sido en numerosas ocasiones objeto de pronunciamiento
de esa Corporación.
En virtud de esa
posición, es pertinente señalar algunos de los apartes de providencia anterior
de la Sala Civil de Casación en sede de tutela, con los cuales se ha insistido
en la improcedencia de la acción a que se refiere el artículo 86
constitucional.
Pues bien,
argumenta la alta Corporación que no ignoran lo dispuesto en la sentencia de la
Corte Constitucional No T-603 de 23 de Julio de 2.005 y que en la práctica, lo
que hizo fue prescribir la terminación de los procesos ejecutivos hipotecarios
en curso a 31 de Diciembre de 1.999 y su consiguiente peligro de que haya
nulidad en todo lo actuado en ellas con posterioridad a esa fecha.
Señala que esa
providencia plantea problemas serios, relativos a establecer el momento en que
las sentencias de constitucionalidad adquieren el carácter de cosa juzgada y,
particularmente sobre cuando se termina el proceso de expedición de dichas
sentencias.
Insiste en que
resulta inaceptable que una Sala de revisión entre a dilucidar aspectos que no
fueron consignados en un fallo de constitucionalidad, contrario a lo que
demandan los canones; es decir, desconociendo lo que dijeron el Legislador y el
Juez constitucional en su momento[1].
Finaliza
señalando que, de acuerdo con el precedente que ha sido reiterado por esa Sala
de Casación, y atendiendo que en el caso objeto de examen, cual lo informó el
Juez accionado, la imputación del alivio resultante de la reliquidación del
crédito no alcanzó a cubrir la totalidad de las cuotas adeudadas a 31 de
Diciembre de 1.999 y a falta de prueba que desvirtuara esa situación, no podía
declararse la terminación del proceso para imponer al demandante la iniciación
de una nueva ejecución.
4. Las
pruebas relevantes practicadas en las instancias.
Se tuvieron como tales las siguientes:
a.) Copia de la
providencia de 5 de Agosto de 2.004, dictada por el Juzgado Cuarto Civil del
Circuito de Bucaramanga, denegando la solicitud de terminación del proceso.
(Folio 63-70).
b.) Copia del
auto proferido por las Sala Civil del Tribunal Superior de Bucaramanga, de 13
de Enero de 2.005 confirmando la providencia del Juzgado que denegó la
terminación. (Folio 75-81).
c.)
Certificación de AV Villas indicando que la reliquidación del crédito de la
accionante, se realizó de acuerdo con lo establecido por la ley 546 de 1.999 y
señalando, el saldo de la obligación hipotecaria. (Folio 51).
d.) Copia del
memorial contentivo de la reliquidación del crédito presentada por el apoderado
de la entidad ejecutante. (Folio 59).
e.) Copia del
auto dictado por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga, corriendo
traslado a la parte demandada de la reliquidación del crédito. (Folio 60).
5. Trámite
ante la Corte Constitucional.
Escogida para
revisión la acción de tutela de la referencia por la Sala de Selección No 3,
mediante proveído dictado el 24 de Marzo de 2.006, el Magistrado Ponente por
auto de Abril 6 de 2.006 dispuso la vinculación al trámite de tutela, del Banco
AV Villas, como que éste, no obstante su condición de parte por haberse
dirigido contra la entidad la solicitud de amparo, no le fue notificada la
iniciación de la acción de tutela en su contra, procediendo esta Sala Unitaria
a corregir el yerro procesal.
Vencido el
término de traslado, nada señaló el Banco accionado para oponerse o allanarse a
las pretensiones.
III.
FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES.
1. La
competencia.
De conformidad
con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional es competente para
revisar las decisiones judiciales mencionadas en precedencia.
2. El asunto
bajo revisión.
En el caso sub
examine, la señora Miriam Ardila Arenas, solicita que se le protejan sus derechos
a la igualdad y al debido proceso. Reclama como consecuencia de ello que se
declare la nulidad del proceso a partir de las actuaciones surgidas después de
la reliquidación del crédito y que se disponga la terminación del proceso sin
más trámite, tal como lo señala la ley 546 de 1.999.
Habida cuenta de lo anterior, para resolver el problema jurídico
planteado, la Sala expondrá (i) la doctrina constitucional establecida por esta
Corporación frente a la vía de hecho; (ii) hará un análisis sobre la situación
del derecho a la vivienda digna frente a los créditos hipotecarios; (iii) la
obligación de terminar los procesos ejecutivos hipotecarios de acuerdo a los
parámetros de la ley 546 de 1.999 y, (iv) se entrará a definir sí las agencias
judiciales accionadas y el Banco AV Villas violaron el derecho fundamental a la
igualdad y al debido proceso de la actora, al no haber dado por terminado el
proceso ejecutivo hipotecario iniciado en su contra, luego de que dicha
obligación se hubiere reliquidado en los términos de la Ley 546 de 1999.
3. Doctrina
constitucional sobre la vía de hecho judicial.
En sentencia T-381 de 2004 (M.P. Jaime Araújo
Rentería), esta Sala hizo una exposición sobre la doctrina constitucional de la
vía de hecho judicial. En esta providencia la Sala Primera de Revisión expresó:
“La Corte en
reiteradas ocasiones ha sostenido que la acción de tutela es improcedente
contra providencias judiciales, a menos que se configure una vía de hecho, esto
es que el funcionario judicial haya incurrido en algún defecto relevante en su
actuación[2]. Esta
circunstancia determina la excepcionalidad de la tutela contra providencias
judiciales, razón por la cual se han señalado una serie de límites estrictos
que deben ser atendidos cuando se pretenda invocar la protección por el juez
constitucional[3].
(…)
Por ende, la admisión de la tutela en estos casos juega un papel
armonizador de las relaciones político sociales inherentes al Estado
Constitucional y democrático, dado que, aunque se establezca como principio la
improcedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales, para
privilegiar principios y derechos superiores tales como la autonomía,
imparcialidad e idoneidad de los jueces, la cosa juzgada, la vigencia de un
orden justo, la seguridad jurídica y la prevalencia y protección real del
derecho sustancial (CP, artículo 228), de todas formas tal principio admite
excepciones que, en vez de desdibujar los postulados antes enunciados, tienden
a su consagración, en la medida en que permiten atacar errores protuberantes de
los jueces, con lo cual, además, se salvaguardan derechos fundamentales como
son el debido proceso, el acceso a la administración de justicia, la igualdad y
la tutela judicial efectiva dentro del marco del Estado social de derecho[4].
Con tales propósitos, la Corte tiene identificados cuatro defectos
que pueden conducir al juez a incurrir en una vía de hecho, por los cuales se
admite la interposición de la acción de tutela contra decisiones judiciales.
Ellos son:
1)        Defecto sustantivo si
la decisión impugnada se funda en una norma evidentemente inaplicable
2)        Defecto fáctico si
resulta incuestionable que el juez carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión[5]
3)        Defecto orgánico si el
funcionario judicial que profirió la decisión carece, en forma absoluta, de
competencia para hacerlo
4)        Defecto procedimental
si el juez actuó completamente por fuera del procedimiento establecido[6].
Así entonces, para que el juez de tutela pueda conferir el amparo
constitucional contra una sentencia judicial, debe fundar su decisión en uno,
al menos, de los cuatro defectos señalados.
(…)
Una exigencia adicional para admitir la procedencia de la acción de
tutela contra una decisión judicial, consiste en la ocurrencia de una lesión o
amenaza de lesión de un derecho fundamental por parte del acto de la
jurisdicción enjuiciado. Este requisito está consagrado en el artículo 86 de la
Constitución como principio general de procedencia de la acción de tutela.  Es
del caso resaltar esta condición, en tanto “puede suceder que en un proceso se
produzca una vía de hecho como consecuencia de una alteración mayúscula del
orden jurídico que, no obstante, no amenaza o lesiona derecho fundamental
alguno. En estas circunstancias, pese a la alteración del orden jurídico, la
tutela no puede proceder. La Corte se ha pronunciado en este sentido al afirmar
que la vía de hecho se configura si y sólo si se produce una operación material
o un acto que superan el simple ámbito de la decisión y que afecta un derecho
constitucional fundamental”[7].
En suma, el
carácter excepcional de la acción de tutela por actos arbitrarios de los
jueces, impone la sujeción de este mecanismo de protección a la observancia de
una serie de límites rígidos: de una parte, los establecidos en el artículo 86
de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991, que incluyen la
vulneración o amenaza de un derecho fundamental de las personas afectadas con
la decisión judicial[8] y, de otro
lado, la verificación de alguno de los defectos de carácter sustantivo,
fáctico, orgánico o procedimental a que se hizo referencia. El respeto de los
límites fijados pretende garantizar la autonomía e independencia de los jueces
para proferir sus fallos, como presupuesto propio del Estado de derecho.”
4. El derecho
a la vivienda frente a los créditos hipotecarios.
Corresponde al
Estado fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a la
vivienda digna y promover planes que consulten los problemas habitacionales,
consideren las diversas situaciones y propongan soluciones coherentes, previo
el cumplimiento de trámites y requisitos razonables –artículos 13 y 51 C.P.-.
La provisión de
vivienda constituye una verdadera política pública. Y aquella, implica, más que
un deber (i) garantizar la seguridad en la tenencia de vivienda  y (ii)
establecer sistemas de acceso a la vivienda. Pero además, sin duda, la
realización plena del artículo 51 constitucional, supone la implementación de
sistemas de crédito hipotecario en sus distintos plazos.
De ahí que toda política estatal
tendiente a solventar los problemas habitacionales de la población vulnerable
requiera de asesorías claras y acompañamientos ciertos, porque las funciones
administrativas se habrán de desarrollar con fundamento en los principios y
valores constitucionales, y el ordenamiento superior impone a las autoridades
la promoción de condiciones para que la igualdad de derechos, libertades y
oportunidades sea real y efectiva –artículos 209 y 13 C.P.-.
Con base en
estos postulados constitucionales se expidió la ley 546  de 1.999 por la cual
se dictan normas en materia de vivienda, se señalan los objetivos y criterios
generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular un
sistema especializado para su financiación y se crean instrumentos de ahorro
destinado a ésta, así como medidas relacionadas con los impuestos y otros
costos vinculados a la construcción y negociación de vivienda.
La Corte Constitucional ha insistido en la necesidad de adecuar los
trámites y requisitos para acceder a los planes de vivienda y a la vez ha
rechazado las prácticas tendientes a obstaculizar el ingreso de las personas de
menores recursos a soluciones habitacionales y los procedimientos que
discriminan a los más débiles, destacando la importancia que comporta la
confianza de los asociados en los sistemas de ejecución y financiación de
programas de vivienda.
En este sentido, ha manifestado la Corte Constitucional en sentencia
de 26 de Julio de 2.000.
“En los referidos préstamos debe garantizarse la democratización del
crédito; ello significa que las posibilidades de financiación, en particular
cuando se trata del ejercicio del derecho constitucional a la adquisición de
una vivienda digna (artículos 51 y 335 C.P.) deben estar al alcance de todas
las personas, aun las de escasos recursos. Por lo tanto, las condiciones
demasiado onerosas de los préstamos, los sistemas de financiación que hacen
impagables los créditos, las altas cuotas, el cobro de intereses de usura,
exentos de control o por encima de la razonable remuneración del prestamista,
la capitalización de los mismos, entre otros aspectos, quebrantan de manera
protuberante la Constitución Política y deben ser rechazados, por lo cual
ninguna disposición de la Ley que se examina puede ser interpretada ni aplicada
de suerte que facilite estas prácticas u obstaculice el legítimo acceso de las
personas al crédito o al pago de sus obligaciones[9].
5. La obligación de terminar los
procesos ejecutivos con título hipotecario[10] basados
en un crédito UPAC que se encontraban en curso el 31 de diciembre de 1999.
Reiteración de jurisprudencia.
En múltiple jurisprudencia esta Corte ha afirmado que la correcta
interpretación del parágrafo 3 del artículo 42 de la Ley 546 de 1999[11]
debe estar orientada a entender que los procesos ejecutivos con título
hipotecario por deudas contraídas en UPAC, vigentes el 31 de diciembre de 1999,
deben ser terminados luego de la correspondiente reliquidación del crédito y
sin trámite adicional.
Así, luego de proferida la sentencia C-955 de 26 de julio de 2000,
-y que realizare el control de constitucionalidad de la Ley 546 de 1999-, la
Corte indicó que la condición para dar por terminados los procesos ejecutivos
hipotecarios en trámite a 31 de diciembre de 1999 era la reliquidación de la
deuda. En este sentido no distinguió la hipótesis en la cual, luego de la
reliquidación quedaren saldos insolutos o aquella según la cual las partes no
pudieran llegar a un acuerdo respecto de la reestructuración del crédito.
Según el parecer de esta Corporación, dado que la crisis en el
sistema de vivienda tuvo su origen en el colapso generalizado del sistema de
financiación y no en el simple incumplimiento de los deudores, resultaba
necesario que los alivios que la ley establecía se hicieran efectivos con la
suspensión de los procesos ejecutivos[12]. En este orden, por
consideraciones relativas al principio de igualdad, la Corte declaró
inexequible el plazo de 90 días que establecía el parágrafo 3 del artículo 42
de la ley 546 de 1999, para acogerse a la reliquidación del crédito y solicitar
la terminación del proceso. De igual manera, declaró inexequible el inciso
final del mismo parágrafo, que consagraba la posibilidad de reanudar el proceso
ejecutivo en la etapa en la que se encontraba el proceso suspendido si dentro
del año siguiente el deudor llegare a incurrir nuevamente en mora.
Al respecto señaló la Corte:
“ En ese orden de ideas, la suspensión de los procesos en curso, ya
por petición del deudor, o por decisión adoptada de oficio por el juez, tiene
por objeto que se efectúe la reliquidación del crédito y, producida ella, debe
dar lugar a la terminación del proceso y a su archivo sin más trámite, como lo
ordena la norma, que en tal sentido, lejos de vulnerar, desarrolla el postulado
constitucional que propende al establecimiento de un orden justo (Preámbulo y
artículo 2 C.P.) y realiza los principios de prevalencia del derecho sustancial
(art. 228 C.P.) y de acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.).
Empero, esos mismos propósitos del legislador, y por consiguiente
las normas constitucionales que los contemplan, aparecen desvirtuados por el
parágrafo que se estudia cuando supedita la suspensión del proceso a que el
deudor decida acogerse a la reliquidación de su crédito dentro de los noventa
días siguientes a la entrada en vigencia de la Ley. Por una parte, ese término
es inconstitucional por las razones atrás expuestas, y de otro lado, si las
condiciones objetivas que deben dar lugar a la mencionada suspensión no
dependen de haberse acogido o no a una reliquidación a la que todos los
deudores tenían derecho, se trata de un requisito que rompe la igualdad y que
injustificadamente condena a una persona, además de no recibir oportunamente el
abono que le corresponde, a no poder efectuar la compensación entre el abono y
lo que debe, y muy probablemente a ser condenada en el proceso”[13].
Definido lo anterior, el contenido del
artículo 42 de la Ley 546 de 1999 quedó así:
“Parágrafo 3. Los deudores cuyas obligaciones se
encuentren vencidas y sobre las cuales recaigan procesos judiciales tendrán
derecho a solicitar suspensión de los mencionados procesos. Dicha suspensión
podrá otorgarse automáticamente por el juez respectivo. En caso de que el
deudor acuerde la reliquidación de su obligación, de conformidad con lo
previsto en este artículo el proceso se dará por terminado y se procederá a su
archivo sin más trámite”.
Se observa
entonces luego de revisar la línea jurisprudencial existente, que la Corte ha
concedido las tutelas en situaciones similares al caso que ahora ocupa la
atención de la Sala, luego de concluir la existencia de una vía de hecho
judicial ante la configuración de un defecto sustantivo.[14]
Ha entendido
sobre el particular la Corte Constitucional, en sentencia T-199 de 2005, M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra cuando reiteró:
“En efecto,
dicho derecho fundamental – el derecho al debido proceso - fue ostensiblemente
vulnerado por las decisiones tanto del Juez de ejecución, como de la Sala Civil
del Tribunal Superior de Medellín, pues ellas desconocieron los efectos
procesales resultantes de la reliquidación del crédito, que consistían en la
terminación del proceso y su archivo sin más trámites. Con ello se apartaron
infundadamente de lo dispuesto por la ley, concretamente de lo reglado
actualmente por el parágrafo 3° del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, y de la
jurisprudencia vertida al respecto por esta Corporación, incurriendo en una vía
de hecho por defecto sustantivo. Efectivamente, la Corte ha venido
explicando por qué este alejamiento injustificado del texto de la ley y de los
precedentes jurisprudenciales en materia constitucional se erige en una
decisión caprichosa que no puede ser tenida en cuenta como ajustada a derecho,
sino más bien como una verdadera vía de hecho. (...) Así pues, como lo
dijera el magistrado disidente de la Sala Civil del h. Tribunal Superior de
Medellín, dentro del trámite del proceso ejecutivo ha debido tenerse en cuenta
lo reglado por el parágrafo 3° del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, así como
la jurisprudencia referente a la terminación del proceso por reliquidación del
crédito que dicha norma prescribe. Sin necesidad de entrar a establecer si
dicha liquidación se ajustaba a la ley, tan pronto la misma se produjo debió
haberse ordenado la terminación del proceso. Como no se procedió así, se
incurrió en vía de hecho por defecto sustantivo y en violación del derecho al
debido proceso de los aquí demandantes.”[15](subrayas fuera del texto).
6. Del
caso concreto.
La parte actora
presentó acción de tutela esgrimiendo la vulneración de su derecho fundamental
a la igualdad y al debido proceso. Así mismo y como corolario de lo anterior
solicita que se declare la nulidad del proceso ejecutivo hipotecario que
adelantó el Banco AV Villas en su contra, a partir de las actuaciones surgidas
después de la reliquidación del crédito y que se disponga la terminación del
proceso sin más trámite, tal como lo señala la ley 546 de 1.999
En el sentir
de la accionante el Juzgado y el Tribunal demandados se apartaron de lo
establecido por la Ley 546 de 1999 y de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el momento mismo en que decidió negar la solicitud de
terminación del proceso. Reitera que, de acuerdo con la ley y los múltiples
pronunciamientos jurisprudenciales, la terminación de los procesos con las
condiciones que se estructuran en el sub-lite debe producirse de plano,
sin consideraciones de ninguna naturaleza.
Frente a la
tutela por esas razones pretendida, y luego de que las Agencias Judiciales
acusadas descorrieran el traslado oponiéndose a todas y cada una de las
pretensiones, se despachó desfavorablemente el recurso de amparo por la Sala
Civil de la Corte Suprema de Justicia, pues consideró esa Corporación que las
decisiones de los Órganos de Justicia contra quienes se dirigió la tutela, no
desconocen los postulados normativos que reglamentan la materia.
6.2 Sea
fundamental aquí señalar que lo primero a determinar por esta Sala de Revisión
consiste en verificar que los presupuestos para declarar la terminación de los
Procesos de ejecución con titulo hipotecario se hallan o no colmados. Debe
observarse, que estos requisitos se deducen de la interpretación de la misma
Ley 546 de 1999 y de las decisiones jurisprudenciales que subsiguientemente
fueron proferidas.
En primer
lugar, se exige que los procesos ejecutivos con título hipotecario objeto del
beneficio ofrecido por la Ley 546 de 1999, se hubieren iniciado con
anterioridad al 31 de diciembre de 1999, es decir, que el juicio ejecutivo, con
el cual una entidad crediticia pretendía hacer efectiva la obligación
hipotecaria contraída en Unidades de Poder Adquisitivo Constante (UPAC), por
aplicación de la Ley 546 de 1999, debía ser suspendido a efectos de que dicha
obligación financiera se reliquidara previo el abono señalado en el artículo 40
de la misma ley, actuación que podía adelantarse de oficio o a solicitud del
titular del crédito.
En segundo
lugar, había sostenido también la doctrina de la Corte que la conducta del
actor debía ser diligente en el proceso ejecutivo, y que en consecuencia
hubiese agotado los mecanismos judiciales correspondientes para obtener la
terminación del mismo. Se consideró que era coherente con la pretensión de la
acción de tutela en estos casos, que el demandado dentro del proceso ejecutivo
hipotecario asumiera una posición activa al interior del juicio, agotando todos
los mecanismos legales de que disponía dentro del mismo para solicitar la
terminación de su proceso, pues, de no ser así, la acción de protección de los
derechos fundamentales se encasillaría como un mecanismo para revivir
oportunidades que no se utilizaron en su momento procesal debido.
Es así como,
si de los hechos se demostraba que la actuación de quien consideraba vulnerados
sus derechos no había sido diligente, no podía dicho particular pretender que
por vía de tutela se corrigieran o adelantaran aquellas actuaciones que de
manera negligente o imprudente no adelantó como debía hacerlo[16].
Se reclamaba, inclusive, que se solicitara la terminación del proceso dentro de
la actuación surtida en el trámite judicial ordinario.
Sin embargo, es preciso señalar al respecto, que jurisprudencia
reciente de esta Corte ha entendido que este requisito no debe ser exigido como
elemento que califique la diligencia del deudor para casos como el que aquí se
analiza, pues, se desprende de la misma Ley 546 de 1999 que esa decisión de
terminación del proceso debe proceder de oficio[17].
En efecto, en sentencia T- 258 de 2005,[18]
por similares motivos, se concedió la tutela a varias personas que reclamaban
la terminación de  procesos ejecutivos hipotecarios iniciados antes del 31 de
diciembre de 1999 y cuya reliquidación, a la luz de la Ley 546 de 1999, había
sido aportada a los respectivos procesos. La Corte sostuvo que procede
el amparo al derecho al  debido proceso  en todos aquellos casos en los cuales
los procesos ejecutivos hipotecarios que estaban siendo adelantados con
anterioridad al 31 de diciembre de 1999 contra las personas que habían adquirido
créditos de vivienda bajo el sistema UPAC, no se declararon terminados
oficiosamente por los jueces que conocían de ellos.
Del desarrollo jurisprudencial antes citado se deduce que
para que el juez civil deba dar por terminado el proceso ejecutivo hipotecario
instaurado para el cobro de créditos de vivienda en UPAC es necesario que se
haya iniciado antes del 31 de Diciembre de 1999 y que la entidad acreedora haya
aportado a él la reliquidación del crédito[19].
Así mismo, infiérase, -se repite -, que NO es necesario que el ejecutado
solicite al juez la terminación del proceso, ya que ésta se produce por
ministerio de la ley y por tanto aquel debe declararla oficiosamente.
El segundo parámetro a cumplir es el relativo al aporte de la
reliquidación al proceso ejecutivo. Lo anterior, habida consideración del
precedente sentado en la sentencia que realizó el control de constitucionalidad
a la ley de vivienda en la cual se dijo: “…producida
ella, (la reliquidación) debe dar lugar
a la terminación del proceso y a su archivo sin más trámite, como lo ordena
la norma”(Subrayas por fuera del texto original). El texto legal citado
no puede ser interpretado de manera diferente a como efectivamente lo hizo esta
Corte en un pronunciamiento posterior, la sentencia T-606 de 2003, en la que
reiteró que la C-955 de 2000 había señalado que:
“En suma, una vez concluido el trámite de la
reliquidación del crédito, los procesos iniciados antes del 31 de diciembre de
1999, iniciados para hacer efectivas obligaciones hipotecarias convenidas en
UPACS, terminaron por ministerio de la ley…”
En ese orden de ideas, reliquidada la obligación hipotecaria, el
camino a seguir, es la terminación del proceso, como así lo estableció la
jurisprudencia de la Corporación al interpretar el contenido del parágrafo 3º
del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 cuando dispone que “…En caso de que el
deudor acuerde la reliquidación de su obligación, de conformidad con lo
previsto en este artículo el proceso se dará por terminado y se procederá a su
archivo sin más trámite”.
6.3 Pues bien, del primero de los presupuestos exigibles para dar
por terminado los procesos ejecutivos hipotecarios, es el consistente al
aspecto cronológico, vale decir, que en el momento en que se inicia la
ejecución por deudas contraídas en UPAC, se hubieren iniciado antes del 31 de
diciembre de 1999.
Efectivamente, en el caso de autos, tal como lo señala el Juzgado
Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga, dicha Agencia Judicial libró
mandamiento de pago el 7 de Marzo de 1.997, el cual fue notificado
personalmente a la parte demandada el 17 de Abril de 1.998, y como quiera que
no se propusieron excepciones, se dictó sentencia el 10 de Septiembre de 1.998.
Con lo dicho, sin mayores lucubraciones se pude colegir que el requisito
temporal se halla satisfecho.
6.4 Se sabe, que el otro presupuesto, consiste en la aportación de
la reliquidación del crédito, o lo que es lo mismo, que se haya arrimado al
plenario la reliquidación de la deuda que sirvió de soporte al proceso
ejecutivo hipotecario que se estudia, también se cumplió.
El cumplimiento de dicha exigencia fácilmente puede ser advertida,
como que el mismo Juzgado atacado al contestar para oponerse a la tutela
manifestó que de la reliquidación del crédito que se aportó por la entidad
ejecutante, representada por el Banco AV Villas S.A se corrió traslado a la
parte demandada por auto de 27 de Febrero de 2.003.
Es más, en constancia que reposa en el paginario (folio 51), aparece
certificación de AV Villas indicando que el crédito fue reliquidado, quedando
un saldo pendiente. Dicha operación, además aparece en memorial visible a folio
59.
No huelga
señalar aquí que, por así estar palmariamente demostrado, que el Juez singular
y el colegiado en segundo grado desconocieron la objetiva enunciación normativa
que los obliga a decretar de oficio la terminación del proceso ejecutivo, y,
por tanto, lógico resulta pensar, que sus decisiones se apoyaron en su voluntad
subjetiva, lo que advierte la existencia del presupuesto exigido en análisis
para en el caso concreto conceder la tutela.
6.5 Habida cuenta de lo anterior, la Sala
considera que la acción de tutela instaurada por la señora Miriam Ardila Arenas
está llamada a prosperar. En virtud de ello, se revocará la decisión proferida
por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, y en su lugar se tutelará el
derecho a la vivienda digna, en conexidad con el debido proceso, para lo cual
se impartirán las órdenes pertinentes para el restablecimiento de los derechos
vulnerados.
IV. DECISIÓN.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero. REVOCAR la decisión de Febrero 3 de 2.006 proferida por la Sala de
Casación - Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual negó acción
de tutela presentada en este caso, y en su lugar se dispone, TUTELAR el
derecho a la vivienda, en conexidad con el derecho al debido proceso de la
señora Miriam Ardila Arenas.
Segundo. DECLARAR LA NULIDAD del proceso ejecutivo hipotecario adelantado por el Banco
Comercial AV Villas S.A. contra Miriam Ardila Arenas., a partir de la actuación
siguiente a la reliquidación del crédito.
Tercero. ORDENAR al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga que en
el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de esta
sentencia declare terminado el citado proceso y ordene el archivo del
expediente sin más trámite.
Cuarto. Por Secretaría, dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art.
36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
Ponente
ALFREDO
BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
SALVAMENTO DE VOTO DEL
MAGISTRADO
MANUEL JOSÉ CEPEDA
ESPINOSA
A LA SENTENCIA T-450 de
2006
JUEZ DE TUTELA-Discrepancias entre
jueces por interpretación diferente no puede ser calificada como vía de hecho/PROCESO
EJECUTIVO HIPOTECARIO-Las providencias que no terminen los procesos
iniciados antes del 31 de diciembre de 1999 no siempre constituyen vía de hecho
(Salvamento de voto)
PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Interpretación
de la ley 546 de 1999 y la sentencia C-955 no conduce a la terminación de todos
los procesos (Salvamento de voto)
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES QUE NEGARON
TERMINACION DE PROCESO HIPOTECARIO-Improcedencia
por no haber ejercido los recursos de ley dentro del proceso ejecutivo
(Salvamento de voto)
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Interpretación
de la Sala de Casación Civil sobre continuación de procesos ejecutivos con
saldos insolutos (Salvamento de voto)
TRIBUNAL SUPERIOR-Interpretación de la
sala unitaria sobre terminación de procesos ejecutivos con saldos insolutos
(Salvamento de voto)
PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Hipótesis
fácticas que deben darse para que el proceso continúe (Salvamento de voto)
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES QUE NEGARON
TERMINACION DE PROCESO HIPOTECARIO-Improcedencia
por no haber ejercido los recursos de ley (Salvamento de voto)
Referencia:
expediente T-1307302
Acción de
tutela interpuesta por Miriam Ardila Arenas contra la Sala Civil del Tribunal
Superior de Bucaramanga, la Entidad AV Villas y el Juzgado Cuarto Civil del
Circuito de Bucaramanga.
Magistrado
Ponente:
Dr. JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Con el acostumbrado respeto por las
decisiones de la Corte, salvo mi voto. Mi disidencia se funda en las razones
que expondré después de resaltar los hechos del caso que han debido merecer
mayor consideración en la sentencia, y que conducen – a pesar de la carencia
actual de objeto, que comparto – a que en el numeral primero de la parte
resolutiva de la sentencia se haya debido confirmar la sentencia de tutela de
primera instancia, la cual negó el amparo por ausencia de una vía de hecho.
En este caso, la
accionante solicita mediante la acción de tutela que se le ampare su derecho al
debido proceso y en consecuencia se proceda a ordenar la nulidad de todo lo
actuado en el proceso ejecutivo desde el año 2000 y se ordene la terminación y
archivo del expediente.
De acuerdo con
los hechos del caso, se vislumbra que el proceso ejecutivo hipotecario se ha
adelantado con sujeción a las normas procedimentales que regulan el proceso,
concediendo a la parte ejecutada - accionante de la presente tutela - todas las
garantías dispuestas para el ejercicio de su derecho de contradicción y
defensa.
Así, se observa
que la parte ejecutada solicitó la terminación del proceso ejecutivo, debido a
que el proceso judicial había continuado no obstante haber sido ordenado por la
Ley 546 la terminación del proceso una vez se produjera la reliquidación del
crédito. Dicha solicitud fue denegada por el Juez Civil del Circuito al
considerar que no obstante haber operado la conversión del crédito de UPAC a UVR
existían saldos a favor de la entidad demandante (Banco AV VILLAS), y no se
había celebrado un acuerdo entre la entidad financiera y el deudor hipotecario
para definir como habrían de ser pagados. Por tanto, según el juez, de acuerdo
con el Artículo 42 no procedía la terminación del proceso ejecutivo
hipotecario, por falta de uno de los requisitos previstos en el mismo. Frente a
la anterior decisión fue interpuesto el recurso de apelación.
Por tanto,
frente a la solicitud de terminación del proceso elevada por la accionante, el
Juzgado al resolver desfavorablemente dicha solicitud sustentó su decisión en
una interpretación razonable del Artículo 42 de la Ley 546, que de manera
alguna puede ser considera “arbitraria” y configurativa de una vía de
hecho.
Estimo que ni de la ley ni de la jurisprudencia de la
Corte sobre la misma se deduce que la terminación de los procesos ejecutivos
vigentes antes del 31 de Diciembre de 1999 deba ser automática. Corresponde a
los jueces civiles verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en
dicha ley, y si éstas se dan, ordenar la terminación. Pero pueden darse casos
en que no se reúnan tales condiciones o en los cuales es preciso esperar a que
dentro  del mismo proceso ejecutivo se esclarezcan ciertos hechos determinantes
para definir si tales condiciones se reúnen. En este evento el juez civil no
está obligado por la ley a decretar la terminación del proceso y el juez de
tutela no puede concluir que la continuación del proceso, en el entretanto, es
una vía de hecho del juez civil.
En este caso particular, estimo que el proceso no
debió haberse dado por terminado debido a que la deudora se encontraba en mora
aún después de haberse efectuado la reliquidación del crédito hipotecario, sin
que de la lectura de las pruebas obrantes en el expediente pueda establecerse
que la misma adelantó diligencias para ponerse al día con la entidad financiera
ni demostró que su capacidad económica fuera insuficiente para honrar las
cuotas del crédito hipotecario.
Estas son las razones que sustentan mi posición[20]:
Si bien comparto
algunos apartes de la sentencia y considero que en ciertos casos los procesos
ejecutivos iniciados antes de la Ley 546 de 1999 debieron haberse terminado,
disiento de varios elementos centrales de la parte resolutiva y de la parte
motiva de la presente providencia.
Primero, no comparto las afirmaciones
tajantes, así puedan ser leídas como obiter dicta, que se han consignado
en la parte motiva de la sentencia en el sentido de que todos los procesos
ejecutivos con obligaciones denominadas en UPAC debieron haberse terminado. Ni
de la ley ni de la sentencia de la Corte Constitucional pertinente se deduce
dicha regla absoluta e incondicionada. Estimo que la terminación de tales
procesos fue sometida por el legislador a condiciones. Algunas de estas fueron
declaradas inconstitucionales por la Corte, pero otras fueron declaradas
exequibles. Por lo tanto, la terminación de los procesos ejecutivos sólo esta
legalmente ordenada cuando se reúnan dichas condiciones exequible.
Posteriormente en este salvamento se desarrollará el punto.
Segundo, estimo
que en los eventos en que los procesos ejecutivos han debido ser terminados, la
Corte debe incluir en la parte resolutiva de sus sentencias una orden en el
sentido de que si el acreedor decide iniciar un nuevo proceso ejecutivo, las
pruebas que obraban en el anterior han de ser trasladadas al nuevo proceso en
aras de la celeridad y para evitar que el cumplimiento de las obligaciones sea
postergado por más de cinco o siete años.[21] Al proteger a
los deudores que de acuerdo con la ley y la jurisprudencia deban recibir los
beneficios establecidos, la Corte ha de valorar que los alivios y remedios
creados en 1999, no fueron una patente de corzo para no pagar las deudas.
Tercero,
considero que como cada proceso ejecutivo tiene sus especificidades, los jueces
civiles competentes tienen, como cualquier juez, un margen razonable para
aplicar a los hechos particulares de cada caso las normas vigentes. Por eso, me
preocupa que a partir de un caso específico se sienten por vía de una sentencia
de tutela reglas que no se derivan de la Constitución, ni de la ley, ni de la
jurisprudencia constitucional. Además, en sede de tutela le corresponde a la
Corte definir si la providencia del juez acusada incurrió en una vía de hecho.
La acción de tutela contra providencias judiciales permite controlar la validez
de las mismas, no remplazar a los jueces de instancia para corregir sus decisiones.
Las
consideraciones generales en las que se funda mi disidencia en este caso
concreto se pueden desagregar en tres partes, a saber:
1.
En la primera
parte se enfatiza la diferencia, depurada y pacífica, entre una interpretación
de la ley razonable, pero no compartida, de un lado, y una vía de hecho
judicial, de otro lado.
2.
En la segunda
parte se muestra que la Ley 546 de 1999, aún después de la sentencia C-955 de
2000, no ordena la terminación de todos los procesos ejecutivos con garantía
hipotecaria anteriores a 31 de diciembre de 1999, puesto que establece
condiciones para que ello ocurra, algunas de las cuales fueron declaradas
exequibles por la Corte Constitucional.
3.
En la tercera
parte se indican ciertas hipótesis en que el juez civil puede razonablemente
decidir que el proceso ejecutivo ha de continuar, pero para cobrar la deuda
reliquidada, convertida a UVR y disminuida con los alivios establecidos por el
legislador. Por lo tanto, se presentarán hipótesis de improcedencia de la
acción de tutela contra providencias en los cuales se ha continuado el proceso
ejecutivo.
1. Diferencia entre una interpretación de la ley
razonable y una vía de hecho judicial del otro lado
La Corte ha fijado unos parámetros para determinar si
una providencia judicial incurrió en una vía de hecho que la hace inválida.
Estos parámetros permiten que los jueces ordinarios ejerzan el margen de
interpretación que la Constitución les reconoce y apliquen las normas
pertinentes a los hechos particulares de cada caso. Bien puede suceder que dos
jueces tomen decisiones diferentes, pero que ninguna de las dos providencias
constituya una vía de hecho porque no se ha colocado en los extramuros del
derecho. Ello ha sucedido muchas veces, en especial cuando el juez de primera
instancia decide en un sentido, pero el de segunda revoca y decide en un
sentido diferente o, inclusive, contrario. La Corte no toma esa discrepancia
judicial como indicadora de una vía de hecho. Admite que los jueces civiles,
penales, laborales, o contencioso administrativos, pueden llegar a conclusiones
diversas habida cuenta de los hechos del caso y de la valoración de las
pruebas, así como de los márgenes razonables de interpretación de las normas
aplicables.
Pues bien, a la Corte pueden llegar tutelas contra
providencias que ordenaron terminar un proceso ejecutivo, pero también
providencias que dispusieron que otro diferente continuara. No todas las
segundas constituyen automáticamente una vía de hecho. Por eso, la Corte ha
negado acciones de tutela contra providencias que dispusieron la continuación
de procesos ejecutivos relativos a obligaciones denominadas en UPAC e iniciados
antes de la Ley 546 de 1999.
El anterior fue por ejemplo el caso analizado en la
sentencia T-535 de 2004[22], en
la cual la Sala Segunda de Revisión declaró improcedente una acción de tutela
interpuesta por un deudor que había omitido solicitar al juez civil que
decidiera sobre la terminación del proceso ejecutivo. En éste caso, la Corte
consideró que el juez civil no incurrió en violación del debido proceso alegado
por el accionante–parte demandada en el proceso ejecutivo -, puesto que en el
transcurso del proceso ejecutivo éste no hizo uso de los recursos legales
previstos y no solicitó la terminación del mismo[23].
En consecuencia, para este caso la Corte consideró que la no terminación del
proceso ejecutivo no constituía por si misma una vía de hecho.
De tal manera que afirmar que las providencias que no
ordenen la terminación de tales procesos son, sin más consideraciones, vías de
hecho, no solo es difícilmente armonizable con la jurisprudencia de la Corte
sobre las vías de hecho, sino que contradice precedentes específicos en los
cuales no se invalidó la providencia de un juez que decidió no dar por
terminado un proceso ejecutivo atendiendo a las especificidades del caso[24].
Se dirá que la ley ordenó terminar todos los procesos
ejecutivos o que, si bien la ley no lo ordenó, ésta es la consecuencia de la
sentencia de la Corte Constitucional sobre dicha ley. A mi entender, esa
conclusión no es clara, por lo menos no lo suficientemente clara como para
decidir que los jueces que tengan una interpretación distinta y por las
circunstancias del caso decidan no dar por terminado procesos ejecutivos
incurren en una arbitrariedad constitutiva de vías de hecho.
2. La interpretación de la Ley 546 de 1999 y de la
sentencia C-955 de 2000 no conduce a una regla absoluta que ordena la
terminación de procesos ejecutivos sin condiciones y sin importar la conducta
del deudor. Jurisprudencia constitucional. Sentencia C-955 de 2000.
2.1 La interpretación de la Ley 546 de 1999 debe ser
sistemática, a la luz de todas las decisiones adoptadas en la sentencia C-955
de 2000.
La afirmación según la cual todos los procesos
ejecutivos hipotecarios que estuvieren en curso a 31 de diciembre de 1999 se
deben dar por terminados automáticamente, sin importar las condiciones de cada
proceso ni la conducta del deudor, no resulta compatible con la idea de
búsqueda de acuerdos de reestructuración que está desarrollada en la Ley 546,
por las siguientes razones:
(i)
En primer
lugar, en el inciso primero del Artículo 42 de la Ley 546 de 1999, se establece
que la entidad procederá a “condonar los intereses de mora y reestructurar el
crédito si fuere necesario”, de lo cual se desprende que existe una diferencia
normativa entre reliquidación de la obligación, como consecuencia de aplicar
los abonos previstos en el Artículo 41 de la Ley 546, y reestructuración de la
misma. Así, se tiene que como consecuencia de la reliquidación se podrán
presentar eventos tales como saldos insolutos a favor del acreedor, sobre los
cuales se podrá proceder a una eventual reestructuración del crédito. Conviene
mencionar, por tanto, que al ser conceptos diferentes, las consecuencias
jurídicas derivadas de la reliquidación y la reestructuración habrán de ser
diferentes.
(ii)
En segundo
lugar, en el Parágrafo 3 del Artículo 42 se emplea la expresión condicional “en
caso de que el deudor acuerde la reliquidación para que proceda la terminación
del proceso”[25]. Al
respecto, debe decirse que una lectura sistemática de la Ley 546 y en
particular del Artículo 42 permite concluir que cuando el legislador utilizó en
el Artículo 42 el concepto “reliquidación” en el Parágrafo 3 se estaba
refiriendo a la reliquidación posterior a un acuerdo de “reestructuración”.
Esto por cuanto la reliquidación la debe efectuar el establecimiento de crédito
siguiendo el procedimiento previsto en el Artículo 41, y por tanto en dicho
procedimiento no media “acuerdo” entre la entidad financiera y el deudor del
crédito hipotecaria. En tanto que la reestructuración supone un expresión de voluntad
del deudor, él cual acuerda con la entidad financiera las nuevas condiciones
del crédito hipotecario, en aspectos tales como plazo y monto. Así, el deudor
puede decidir aceptar o no las condiciones de reestructuración. El Parágrafo 3
se refiere entonces al evento en el cual el deudor “acuerda” con el acreedor
las nuevas condiciones del crédito, en cuyo caso habrá lugar a la terminación y
archivo del proceso judicial. Por tanto, la norma estableció un claro
condicionamiento para la terminación del proceso: que medie acuerdo de
reestructuración de la obligación entre deudor y entidad financiera. En
consecuencia, las demás hipótesis no contempladas en el Parágrafo 3 no pueden
sujetarse a lo previsto en el mismo.
(iii)
En tercer
lugar, el Artículo 43 que regula la excepción de pago, fue interpretado por la
Corte en la sentencia C-1140 de 2000[26], en
el sentido de que la aplicación de los abonos a las deudas hipotecarias a los
que se refiere la Ley 546 de 1999 no eximía al deudor de que contra él se
entablaran reclamos judiciales por lo que quedara debiendo. Dijo la Corte en
dicha sentencia al admitir que cabía la compensación de deudas entre la entidad
financiera y el deudor hipotecario:
“Para la Corte el precepto legal en cuestión es exequible, pues no
vulnera ningún texto constitucional y, por el contrario, se considera que las
medidas establecidas en el artículo 43 tienden a desarrollar eficazmente el
derecho consagrado en el artículo 51 de la Carta Política, y a reconocer a la compensación
por mutuas deudas el efecto judicial consiguiente.
No obstante, con el fin de evitar una situación injusta, se estima
pertinente advertir que, desde luego, la excepción que puede oponer una
entidad financiera ante demanda del deudor, debe entenderse como de carácter
relativo, ya que cobija sólo la parte efectivamente pagada o compensada, y,
por tanto, la norma no puede interpretarse en el sentido de que resulten
excluidas para el deudor las posibilidades de entablar nuevos reclamos
judiciales por lo que todavía considera que se le debe y que ha de ser
compensado con lo que él adeuda a la institución financiera”. (Subrayado
agregado al texto)
2.2. Jurisprudencia constitucional: la importancia de
las especificidades de cada caso de tutela.
Por su parte, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional no ha resuelto que en todos los casos el juez civil ha de dar
por terminado el proceso. La Corte Constitucional ha procedido a analizar las
especificidades de cada caso a fin de decidir si hay lugar o no a la
terminación y archivo del proceso judicial como consecuencia de la aplicación
del Artículo 42 de la Ley 546.
Lo anterior se constata al observar el resumen
realizado en la sentencia T-1243 de 2004[27],
mediante la cual la Sala Tercera de Revisión declaró improcedente una acción de
tutela en la cual el accionante, deudor en el proceso ejecutivo había
solicitado al juez civil terminar el proceso de manera extemporánea[28].
La sentencia T-1243 de 2004. Esta sentencia se cita en
extenso a continuación:
“3.1. Aun
cuando la jurisprudencia de la Corte Constitucional frente a los derechos de
los deudores y de los acreedores de créditos hipotecarios cuyo valor se
calculaba bajo la figura del UPAC es abundante, en relación con los dos
problemas jurídicos planteados, la Corte se ha pronunciado en diversas
ocasiones cuando se controvierten, alegándose la existencia de vías de hecho,
providencias proferidas en procesos ejecutivos adelantados contra deudores
hipotecarios que se encontraban en mora a la fecha de expedición de la Ley 546
de 1999.
“3.2.
Primero, en la sentencia T-606 de 2003[29] la Sala
Octava de Revisión resolvió una acción de tutela presentada por el Banco
Comercial AV Villas S.A. contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín, el cual había anulado el proceso ejecutivo promovido por la entidad
bancaria contra la propietaria de un inmueble sobre el cual se había
constituido una hipoteca de primer grado. La Sala Octava partió de la base de
que la tutela sí era procedente y analizó lo decidido por el Tribunal de
Medellín a la luz de la sentencia C-955 de 2000 así como de las expresiones
contenidas en el artículo 42 de la Ley 546 de 1999 relevantes para decidir la
tutela.[30] Para el caso concreto,
la Corte concluyó lo siguiente:
“Así las
cosas, la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia deberá se confirmada, en cuanto revocó la decisión de la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, pero por las consideraciones
expuestas en esta providencia, como quiera que – como se vio- esta Corporación
encontró ajustadas a la Carta Política las previsiones de Parágrafo 3° del
artículo 42 de la Ley 546 de 1999, que dispuso la suspensión de los procesos en
curso, para que la entidad prestamista procediera a convertir los créditos de
vivienda concedidos en UPACS, que el 31 de diciembre de 1999 se encontraban en
ejecución, como también la terminación de los asuntos, por ministerio de la
ley.
“A fin de
que los deudores contaran con la posibilidad de reestructurar el crédito,
previa la adecuación de los documentos contentivos de la obligación
“De manera
que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, debía revocar
la sentencia de primera instancia, como efectivamente lo hizo, pero por las
motivaciones que quedaron expuestas.”
“3.3. Segundo,
en la sentencia T-535 de 2004,[31] la Sala Tercera de
Revisión revisó una tutela interpuesta por una deudora hipotecaria contra el
Juzgado 16 Civil del Circuito de Bogotá, por considerar que éste había
incurrido en una vía de hecho al no dar por terminado el proceso ejecutivo
adelantado en su contra. La Corte consideró que la tutela era improcedente para
invalidar lo actuado dentro del proceso ejecutivo, porque la accionante y
deudora del crédito hipotecario, luego de haber solicitado la reliquidación del
crédito,  no había hecho uso oportuno de los recursos ordinarios disponibles
para la defensa de sus derechos. En efecto, luego de hacer el recuento de las
distintas etapas del proceso ejecutivo,[32] la Corte
señaló lo siguiente:
“De este
recuento, se puede concluir: no existe ninguna solicitud de la actora encaminada
a que el juez dé por terminado el proceso y la única actividad que ha realizado
en el largo proceso ejecutivo, se encuentra en la objeción que presentó en
contra del avalúo del inmueble, objeción que fue resuelta desfavorablemente
mediante auto de 14 de julio de 2003. Pero antes de esto no se observa otra
actuación procesal, no obstante haber sido notificada personalmente del
mandamiento de pago, tampoco compareció como parte demandada a la audiencia de
conciliación, ni objetó la liquidación del crédito. Sólo faltando 4 días antes
de la fecha señalada para la diligencia de remate, la actora presentó esta
acción de tutela.
“En estas
condiciones, para esta Sala de Revisión, no se da la violación al debido
proceso por parte de la Juez 16 Civil del Circuito de Bogotá, de la manera como
lo presenta la peticionaria, pues si no ha hecho uso de las herramientas que la
ley procesal ha puesto a su disposición dentro del proceso, ni ha pedido la
terminación del mismo, no puede sostenerse válidamente la violación mencionada.
“Otra cosa
distinta es si dentro del proceso ordinario se pide la terminación del mismo, y
la decisión del juez, aceptando o no la petición, constituye una vía de hecho,
evento en el que si se dan los elementos que conforman la denominada vía de
hecho, según la Constitución, la ley y la jurisprudencia de la Corte, la acción
de tutela puede proceder. Pero este no es el caso.”[33]
“3.4. En la
sentencia T-701 de 2004[34] la Sala Séptima de
Revisión declaró procedente la acción pero, en cuanto al fondo, negó la tutela
interpuesta por la Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda contra una
providencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín en el
proceso de ejecución que la entidad financiera seguía en contra una persona
propietaria de un bien inmueble hipotecado.[35]
“La Sala Séptima
de la Corte Constitucional procedió a resolver los problemas jurídicos
expuestos a continuación: “(i) ¿vulneró la decisión de la Sala demandada los
derechos fundamentales invocados por la entidad demandante al haber resuelto,
en grado jurisdiccional de consulta, declarar la nulidad y la terminación y
archivo del proceso de la referencia? (ii)¿Es infundada, y resulta, por tanto, irrazonable
la interpretación dada por la Sala demandada a la Ley 546 de 1999 y a la
sentencia C-955 de 2000?”
“La Sala respondió
a ambas preguntas de forma negativa y respecto del caso concreto concluyó:
“[T]eniendo
en cuenta que la interpretación del Tribunal es no sólo razonable, sino que es
la que más se adecua a la Carta, es obvio que el demandado no incurrió en una
vía de hecho. No se activa, pues, la competencia del Juez Constitucional para
modificar la resolución de la justicia ordinaria –en punto del defecto
sustantivo alegado-, por cuanto en el trámite del proceso, el juez de
conocimiento actuó de manera razonable como garante de los postulados
superiores. Es más, por los argumentos señalados en los fundamentos anteriores
de esta providencia, la Corte Constitucional que la interpretación adelantada
por la Sala Unitaria  de Decisión Civil del Tribunal de Medellín es la
hermenéutica correcta y constitucionalmente más adecuada del significado del
parágrafo 3 del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, interpretado a la luz de la
sentencia C-955 de 2000. En consecuencia, la solicitud de amparo elevada por
Conavi, no será concedida.”
“3.5. En
una reciente decisión, mediante sentencia T- 1207 de 2004[36],
la Sala Cuarta resolvió, declarar procedente la acción y “tutelar el derecho
al debido proceso” de la entidad financiera CONAVI, quien había interpuesto
una acción de tutela contra una providencia proferida por el Tribunal Superior
de Medellín, en la cual se ordenó la anulación de un proceso ejecutivo iniciado
por la entidad bancaria mencionada contra un deudor hipotecario.[37]
La Sala Cuarta resaltó que, a pesar de que la deuda hipotecaria había sido
inicialmente contraída en UPAC, el proceso ejecutivo había sido iniciado con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 546 de 1999, lo cual constituye
una especificidad de este caso”.
A partir de lo
anterior, frente al primer problema jurídico planteado en la sentencia T-1243
de 2004, esto es, la procedibilidad de la acción de tutela, la Corte afirma:
“3.6. Del
resumen anterior, en punto a la procedibilidad de la acción de tutela, se puede
apreciar que: (i) la Corte ha analizado caso por caso si la acción de tutela
cumple los requisitos de procedibilidad; (ii) en algunas sentencias concluyó
que sí los cumplía, y en otras que no; (iii) en ninguna de éstas sentencias la
Corte ha impartido órdenes con efectos inter pares, inter comunis,
u otra modulación de los alcances de sus órdenes, las cuales están contenidas
en sentencias que responden a las especificidades de cada caso y que explican
cada resultado; (iv) en dos de los casos en que se reunieron los requisitos de
procedibilidad de la acción, la Corte decidió confirmar las respectivas
sentencias de tutela proferidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, pero por las razones expuestas en cada providencia, las
cuales negaron las acciones de tutela. En otra sentencia la Corte concedió la
tutela interpuesta por la entidad financiera contra la providencia del juez
civil que anuló el proceso ejecutivo”.
Del resumen
anterior, es pertinente detenerse en lo establecido por la sentencia T-701 de
2004 precitada. En esta providencia, la Corte reconoció que de la Ley 546 de
1999 surgían varias interpretaciones[38], no una sola, respecto
de la terminación de los procesos ejecutivos. Al respecto dijo:
“[C]orresponde a
la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional determinar si la Sala
Unitaria de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín, con ocasión de la
decisión de declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso ejecutivo
seguido contra la ciudadana Molina Sanín a partir del 31 de diciembre de 1999 y
ordenar, así mismo, la terminación y archivo del expediente, previo
levantamiento de las medidas cautelares, vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la prevalencia del
derecho sustancial, a la defensa y a la tutela efectiva de los derechos del
banco CONAVI.  En concreto, la Sala responderá las siguientes preguntas: (i)
¿vulneró la decisión de la Sala demandada los derechos fundamentales invocados
por la entidad demandante al haber resuelto, en grado jurisdiccional de
consulta, declarar la nulidad y la terminación y archivo del proceso de la
referencia? (ii) ¿Es infundada, y resulta, por tanto, irrazonable la
interpretación dada por la Sala demandada a la Ley 546 de 1999 y a la sentencia
C-955 de 2000?
[…]
“[…] [L]a
controversia esencial en el presente caso gira en torno al alcance del
parágrafo 3 de este artículo, pues dos interpretaciones de la norma que define
las condiciones de procedencia de terminación y archivo de los procesos en
curso a 31 de diciembre de 1999 han sido sustentadas por los diversos
operadores jurídicos.”
[…]
“La terminación de
los procesos ejecutivos en curso, como consecuencia jurídica adjudicable a
ciertos supuestos de hecho, es un punto coincidente en ambas interpretaciones
de la norma. Así, los jueces aceptan uniformemente que el proceso ejecutivo
debe terminar cuando luego de efectuada la reliquidación del crédito (a) no
quedan saldos insolutos a favor de la entidad bancaria, (b) aunque hay saldos
insolutos, los mismos son cancelados por el deudor y (c) hay saldos de la
deuda, pero los extremos de la obligación acuerdan la reestructuración del
crédito. El punto de controversia se circunscribe a aquellos casos en los
cuales, luego de efectuada la reliquidación del crédito –ya sea a petición de
parte o ya sea de manera oficiosa por el juez- hay saldos insolutos a favor del
acreedor y el deudor no acuerda la reestructuración del crédito con la entidad
financiera. En ese evento, conforme a la interpretación del actor y de la Sala
de Casación Civil, el ejecutivo debe proseguir; por el contrario, según la
interpretación de la sentencia impugnada del Tribunal Superior de Medellín,
también en este caso, el proceso ejecutivo cesa.
“Para una mejor
ilustración de la existencia de esta doble hermenéutica, la Sala procederá a
exponer las tesis que respaldan cada una de ellas, para luego determinar si la
sentencia del Tribunal demandado constituye o no una vía de hecho
“Primera
interpretación: continuación de los procesos ejecutivos con saldos insolutos no
sometidos a reestructuración
“[…] Para la Sala
de Casación Civil y para el actor de la presente tutela, el efecto jurídico de
la no reestructuración de los créditos objeto de procesos ejecutivos debe ser
el levantamiento de la suspensión y la continuación del mismo en la etapa en
que se encontraba. Fundamentan su posición en los siguientes argumentos:
"a)    Lo “racional” en casos como el
que provocó la demanda de tutela era que, presentada la reliquidación y
sometida al trámite pertinente, las consecuencias procesales que de ello se
deriven, debían estar en consonancia con la finalidad del proceso ejecutivo
(art. 535 C.P.C.), cual es, el pago total de la obligación.
"b)    La Ley 546 de 1999 dispuso que,
si las partes involucradas en el cobro compulsivo llegan a un acuerdo de
refinanciación o reestructuración–para el evento en que el alivio fuera menor
al monto de la deuda- el proceso se terminaría por tal circunstancia. No es
viable, entonces, dar por terminados procesos ejecutivos con título hipotecario
con la mera aprobación de la reliquidación de los créditos.
"c) Aunque la norma empleó
indistintamente los términos “reliquidación” y “reestructuración”, un
entendimiento sistemático de la misma permite concluir que, cuando el parágrafo
dice “en caso de que el deudor acuerde la reliquidación”, está haciendo
mención no sólo al nuevo monto de la obligación (reliquidación), sino también a
las condiciones de pago de la misma (reestructuración). No puede, entonces,
derivarse la misma consecuencia jurídica de supuestos de hecho diversos.
"d)    Si la finalidad del legislador
hubiera sido terminar todos los procesos ejecutivos en curso, sin distinción
alguna, así lo habría consignado expresamente. Pero no. Su estrategia para
hacer frente a la crisis fue aplicar –de conformidad con las reglas por él
mismo fijadas- un alivio a todos los créditos de vivienda. Si el abono fue la
estrategia para ayudar a los deudores, no se entiende cómo es derivada, sin
más, la obligación de dar por terminados procesos ejecutivos con saldos a favor
del deudor respecto de los cuales no hubo acuerdo de pago.
"e) La tesis de conformidad con la
cual todos los procesos ejecutivos terminaron por ministerio de la ley no se
sigue ni de la Ley 546 de 1999 ni de la sentencia C-955 de 2000. Por tal razón,
la declaratoria de  nulidad de todas las actuaciones judiciales realizadas
después del 31 de diciembre de 1999, además de configurar un defecto sustantivo
de las providencias, vulnera el derecho al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de las entidades bancarias, las cuales, además, no
cuentan con otro medio de defensa ordinario.
"f) La frase condicional no declarada
inexequible por la sentencia C-955 de 2000: “en caso de que el deudor
acuerde la reliquidación de su obligación”, implica que, si no hay acuerdo,
entonces no habrá lugar a la terminación de los procesos. El acuerdo se refiere
a lo que técnicamente es denominado reestructuración. Cuando la norma hace
referencia a la reliquidación, no establece condicionamiento alguno, por cuanto
la misma opera aún sin el concurso de voluntades de deudor y acreedor.
"g)    Si la ley hubiese querido dar por
terminados todos los procesos ejecutivos en curso a 31 de diciembre de 1999,
así lo habría consignado expresamente. No hay lugar, entonces, a hacer
extensivo el efecto de terminación por ministerio de la ley a hipótesis no
contempladas por la misma.
“Segunda
Interpretación: terminación de todos los procesos ejecutivos hipotecarios en
curso a 31 de diciembre de 1999.
“[…] Por su parte,
el Tribunal demandado y numerosos operadores jurídicos defienden la hipótesis
contraria, esto es, que los procesos ejecutivos también terminan en ese caso,
lo cual fundamentan en los siguientes argumentos:
"a)        La sentencia C-955 de 2000
prescribe que los procesos ejecutivos cuya causa fuera un título valor
consignado en UPAC, debían terminar a más tardar el 31 de diciembre de 1999. Los tres meses más otorgados por la ley
–hasta marzo 31 de 2000-, era el plazo con que contaban las entidades bancarias
y los deudores para reestructurar la forma de pago del saldo insoluto del
crédito de vivienda. La única condición que señaló el fallo de control para
terminar y archivar los procesos en curso era la reliquidación de los créditos,
y aquella, en todo caso, debía realizarse –por petición del interesado o de
manera oficiosa por el Juez de conocimiento-.
"b)        Las decisiones judiciales
que establecieron la terminación y archivo de los procesos judiciales en curso
a 31 de diciembre de 1999, acogieron la hermenéutica expuesta en la sentencia
C-955 de 2000 del parágrafo 3° del artículo 42 de la Ley 546 de 1999. Por tal
razón, no se configura en aquellos casos una causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra actuaciones judiciales por indebida interpretación
normativa.
"c) El 31 de diciembre de 1999, los
procesos ejecutivos en los que una entidad financiera cobraba un crédito concedido
en UPAC para adquirir vivienda, se suspendieron a efectos de permitir la
reliquidación del crédito, de oficio o a petición del deudor. Una vez efectuada
la reliquidación del crédito, el proceso finalizó y la actuación fue archivada.
"d)        El parágrafo 3° del
artículo 42 de la Ley 546 de 1999 no estableció una modalidad de terminación
por pago total de la obligación, sino la finalización de los procesos
ejecutivos en curso por ministerio de la ley, sin consideración al estado del
mismo, ni la cuantía del abono especial, como tampoco las “gestiones” del
deudor para cancelar las cuotas insolutas del crédito. Señaló la sentencia de
control: “(…) la suspensión de los procesos en curso, ya por petición del
deudor, o por decisión adoptada de oficio por el juez, tiene por objeto que se
efectúe la reliquidación del crédito y, producida ella, debe dar lugar a la
terminación del proceso y a su archivo sin más trámite, como lo ordena la norma
que, en tal sentido, lejos de vulnerar, desarrolla el postulado constitucional
que propende al establecimiento del orden justo (Preámbulo y artículo 2 C.P.) y
realiza los principio de prevalencia del derecho sustancial (art. 288C.P.) y de
acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.)”[39]
"e) La conversión de los créditos al
sistema UVR, significa que, en adelante, se adeuda el capital correspondiente y
se entiende saneada la mora anterior a ello. Cuando se acelera el plazo
(cláusula aceleratoria) la mora se cuenta desde que se toma esa decisión. A 31
de diciembre de 1999, se adeudaba tan sólo un capital concebido en UVR. Se
sigue de lo anterior, que los procesos judiciales iniciados con ocasión de la
mora en que incurrieron los deudores, terminan necesariamente. Si la causa para
acelerar el plazo era la mora, desaparecida ésta, desaparece el pleito que la
apoyaba.
"f) Y tal y como lo destacó la
sentencia T-606 de 2003 de esta Corte, la ley 546 de 1999 fue una normatividad
expedida con el objeto de solucionar una crisis social y económica de grandes
proporciones, motivada en gran parte por el gran número de procesos ejecutivos
en curso (i) dado que las obligaciones superaron el monto e pago de los
deudores, y en muchos casos el valor de las viviendas (ii) en razón de que los
deudores fueron compelidos a trasladar a las entidades prestamistas sumas
superiores a lo realmente adeudado; (iii) toda vez que los deudores no conocían
el mondo de sus obligaciones, siéndoles imposible proyectar sus pagos, como
también solicitar la reestructuración del crédito para adecuarlo a sus reales
condiciones de pago.
“Razonabilidad
y adecuación constitucional de la interpretación de la sentencia atacada.
“[…] El defecto
sustantivo de las providencias judiciales –como causal de procedibilidad de la
acción de tutela- se configura cuando el operador jurídico aplica de manera
arbitraria e infundada una norma, y de tal aplicación, se sigue la vulneración
de derechos fundamentales, no subsanable con los medios de defensa ordinarios.
De conformidad con la exposición hecha en párrafos anteriores, la
interpretación del Tribunal demandado no puede calificarse como caprichosa o
injustificada, en tanto expone como base de su decisión argumentos admisibles,
de conformidad con la normatividad y la jurisprudencia vigentes. Ese sólo hecho
ya es suficiente para negar el amparo solicitado, pues la interpretación del
Tribunal es razonable.”
En concordancia con la jurisprudencia precitada,
considero que no es irrazonable una interpretación del parágrafo 3º del
Artículo 42 de la Ley 546 de 1999, según la cual, en algunos casos específicos,
el proceso ejecutivo en contra del deudor hipotecario que se encuentra en mora,
pueden proseguir, aún después de reliquidado el crédito.
La misma jurisprudencia de la Corte ha reconocido que
los argumentos para apoyar la tesis según la cual el parágrafo 3º no ordena de
manera incondicional y automática la terminación de todos los procesos
ejecutivos iniciados antes del 31 de diciembre de 1999, no son irrazonables.
Según dicha jurisprudencia, la vía de hecho se configura en el momento que el
operador jurídico aplica una norma de manera “arbitraria e infundada”. A la
vez, menciona argumentos a partir de los cuales el parágrafo 3º puede ser
interpretado en varios sentidos. Ello significa que existe un fundamento
razonable para concluir que la Ley no ordena la terminación automática e
incondicionada de los procesos ejecutivos hipotecarios en todos los casos. Al
menos algunos de dichos argumentos son no solo plausibles sino convincentes.
Dentro de estos se encuentra el de que el legislador, al expedir la Ley 546
precitada, no ordenó de manera expresa la terminación de estos procesos y el de
que el artículo sobre suspensión y terminación establece como condición “el
acuerdo del deudor” con la reliquidación, condición que fue declarada exequible
por la Corte.
Es inevitable entonces concluir que la propia Corte
Constitucional ha considerado que no es infundada ni irrazonable la
interpretación del Artículo 42, que en la presente sentencia -de la cual me
aparto- considera como la causa de la configuración de una vía de hecho. Una
interpretación que ante las especificidades de un caso la propia Corte ha
admitido que es razonable, no puede ser calificada genéricamente de ser una vía
de hecho.
2.3. Sentencia C-955 de 2000: la necesidad de
distinguir y armonizar las diversas decisiones adoptadas cuando se juzgó la Ley
546 de 1999.
A su vez, lo decidido por la Sala Plena de la Corte
Constitucional en la sentencia C-955 de 2000, en relación con la inexequibilidad
de algunas expresiones del Artículo 42 aludido, no está estrictamente
relacionada con el problema jurídico presente. En primer lugar, las razones por
las cuales la Corte declaró inexequible el plazo de noventa días a partir de la
entrada en vigencia de la ley, para que los deudores en mora pudieran acogerse
a la reliquidación, como condición para que fuera suspendido el correspondiente
proceso fueron las siguientes:
“(…) si las
condiciones objetivas que deben dar lugar a la mencionada suspensión no
dependen de haberse acogido o no a una reliquidación a la que todos los
deudores tenían derecho, se trata de un requisito que rompe la igualdad y que
injustificadamente condena a una persona, además de no recibir oportunamente el
abono que le corresponde, a no poder efectuar la compensación entre el abono y
lo que debe, y muy probablemente a ser condenada en el proceso”[40].
En segundo lugar, en cuanto a la inexequibilidad del
inciso final del parágrafo 3º el cual establecía que en caso de que dentro del
año siguiente a la reliquidación el deudor incurriera nuevamente en mora, los
procesos podrían reiniciarse en la etapa en la cual estaban en el momento en
que operó la suspensión previa actualización de su cuantía la Corte consideró
que dicha norma era contraria a los derechos a la igualdad, al debido proceso y
a la administración de justicia, en razón de que situaciones jurídicas
distintas (deudas constituidas en forma y en tiempos diferentes) no estaban
siendo diferenciadas por la Ley.
Obsérvese que lo dicho en dicha sentencia no aplica
estrictamente a algunos casos que pueden darse en los procesos ejecutivos. La
norma declarada inexequible establecía que, después de un año de reliquidado el
crédito, en caso de una nueva mora del deudor – es decir, en caso de que el
deudor, después de reliquidada la deuda, faltare al pago de las nuevas cuotas
-, el proceso ejecutivo reviviría en la etapa en la cual se encontraba en el
momento de la suspensión. La Corte encontró que era contraria a la Carta una
norma que sancionaba al deudor que, a pesar de la ayuda recibida, incurriera
nuevamente en mora, estableciendo que el proceso ejecutivo se reiniciaría desde
el momento de la suspensión, es decir, antes de la reliquidación y antes de los
alivios. En dicho caso, el deudor perdía, por ejemplo, el abono concedido por
la Ley.[41]
La sentencia citada no se pronunció acerca de
situaciones distintas, ya que éstas no estaban previstas explícitamente en la
Ley 546 de 1999. Así, por ejemplo, la Corte en la sentencia C-955 de 2000 no
abordó el tema de qué sucede en los casos en los cuales, el deudor vuelve a
incurrir en mora y por ello se reinicia el proceso ejecutivo después de la
reliquidación, es decir, para la recuperación de un saldo determinado en
términos de UVR que incluye los alivios concedidos. Cabe subrayar que en esa
hipótesis no se le concede efectos ultraactivos a lo que sucedió antes de la
condonación de los intereses de mora, del abono y de la consecuente
reliquidación, sino que el proceso ejecutivo sólo puede continuar para cobrar
la obligación disminuida, aliviada y denominada en UVR. Tampoco se pronuncia la
sentencia C-955 acerca de lo que sucede si después de la reliquidación de la
obligación, continúa existiendo un saldo por pagar a favor de la entidad
financiera. La ratio decidendi de la declaratoria de inexequibilidad de la
expresión, “si dentro del año siguiente a la reestructuración del crédito el
deudor incurriere nuevamente en mora, los procesos  se reiniciarán a solicitud
de la entidad  financiera y con  la sola demostración de la mora, en la
etapa en que se encontraban al momento de la suspensión, y previa
actualización de su cuantía" fue que
“se trata de
situaciones jurídicas distintas, en cuanto la nueva mora, que al tenor del
precepto se constituye en hipótesis de la reanudación del proceso, debe dar
lugar a un proceso nuevo y de ninguna manera acumularse a la que había
propiciado el anterior, terminado, según el mismo mandato legal, con las
consecuencias que tiene la terminación de todo juicio.”
No dijo la Corte que el deudor que nunca pagara lo debido, a pesar
del abono y demás beneficios, sería premiado con la terminación del proceso
ejecutivo. Lo que la Corte impidió fue que desapareciera el alivio, lo cual
sucedería si se regresaba “al momento de la suspensión”.
En conclusión, ni de las sentencias de tutela anteriores a la
presente, ni de las sentencias de constitucionalidad sobre la Ley 546 de 1999
se puede concluir que siempre constituye una vía de hecho la providencia
judicial que no de por terminado el proceso ejecutivo iniciado antes del 31 de
diciembre de 1999. Además, del texto de la ley citada tampoco se deduce dicha
consecuencia. Por el contrario, la terminación de tales procesos ejecutivos
está sujeta a condiciones fijadas en la propia ley, las cuales fueron
declaradas exequibles por la Corte Constitucional.
3. Hipótesis en las cuales no está ordenado terminar el proceso
ejecutivo
Paso a continuación a indicar algunas de las hipótesis en las cuales
estimo que no incurre en vía de hecho el juez que no de por terminado algunos
de esos procesos ejecutivos. Reitero que en otros casos, cuando sí se reúnan
las condiciones de ley para dar por terminado alguno de tales procesos, el juez
debe ordenar dicha terminación. Si no lo hace, y el deudor cumplió con sus
cargas procesales dentro del proceso ejecutivo, entonces la tutela puede ser
procedente. Pero si el deudor acude a la tutela para suplir su inactividad en
el proceso ejecutivo, entonces la acción es improcedente. Algunas de las
hipótesis en que sí cabe continuar con un proceso ejecutivo iniciado antes del
31 de diciembre de 1999 son las siguientes:
La primera hipótesis se presenta cuando se reúnen las siguientes
condiciones:
(i)
Una deuda hipotecaria adquirida en UPAC es
reliquidada en UVR;
(ii)
Dicha reliquidación respeta lo dispuesto en la
ley en cuanto a condonación de los intereses de mora, reconocimiento de un
abono y conversión de UPAC a UVR según las fórmulas definidas;
(iii)
Después de la reliquidación, se le ofrece al
deudor reestructurar los plazos y las cuotas de pago, de tal forma que éstos se
ajustan a sus posibilidades de pago si la reliquidación fue insuficiente para
ese efecto, y
(iv)
A pesar de ello el deudor incurre de nuevo en
mora.
Segundo, estimo que, de acuerdo a la jurisprudencia de tutela de
esta Corporación, existen casos en los cuales es improcedente la acción de
tutela en contra de una providencia judicial mediante la cual el juez civil
decide no dar por terminado el proceso. Esto sucede en los casos en los cuales
el deudor no ejerció los recursos para controvertir las decisiones con las
cuales se encuentra en desacuerdo, o ni siquiera solicitó al juez civil que de
por terminado el proceso. Es así como en la sentencia T-535 de 2004[42],
la Sala Segunda de Revisión declaró improcedente una acción de tutela
interpuesta por un deudor hipotecario, que había dejado de acudir a los
mecanismos judiciales ordinarios para hacer valer su posición. En dicho caso el
deudor no había solicitado al juez ordinario que diera por terminado el proceso
ejecutivo.
En el mismo sentido, en la sentencia T-1243 de 2004[43],
la Sala Tercera de Revisión decidió que era improcedente una acción de tutela
interpuesta por un deudor que en el proceso ejecutivo había solicitado al juez
terminar el proceso de manera extemporánea. El recurso había sido presentado en
el momento en el cual el inmueble ya había sido adjudicado a la entidad
financiera y se había intentado dos veces la diligencia de entrega del
inmueble.
Por lo tanto, cuando una de las partes ha sido negligente en la
defensa de sus intereses en el proceso ordinario y no ha ejercido los recursos
en él previstos, la tutela no es el mecanismo para suplir su injustificada
inactividad procesal. Esta regla ha sido repetidamente aplicada por la Corte
Constitucional en su jurisprudencia de tutela, y no se entendería que respecto
de los procesos ejecutivos hipotecarios sea modificada por una Sala de
Revisión.
Tercero, puede presentarse el caso de un deudor que a pesar de tener
capacidad económica para honrar sus obligaciones, opta por no pagar lo debido.
Es importante recordar que los alivios creados por el legislador para amparar a
los deudores de obligaciones contraídas para adquirir vivienda fueron adoptados
con el fin de proteger a las personas que por razones económicas fuera de su
control, perdieron la capacidad de pago de sus obligaciones, lo cual a su vez
puso en peligro la propiedad sobre sus viviendas
Sin embargo, sucede algo distinto con las personas que de manera
evidente no hacen parte del grupo anterior descrito, y que más bien, se
aprovechan de manera abusiva de las facilidades otorgadas por el Congreso. Por
ejemplo, en el caso en el que se logre probar que los deudores en el proceso
ejecutivo no son víctimas de una situación macroeconómica y financiera que les
impidió pagar cumplidamente su deuda, sino que incurrieron en mora con el fin
de abusar del sistema y eludir el pago de deudas que tenían la capacidad
económica de honrar, el juez ha de concluir que éstos no son merecedores de
protección por vía de tutela cuando solicitan que el juez constitucional ordene
la terminación del proceso ejecutivo que el juez civil, ante esas
circunstancias específicas de comprobada elusión de las obligaciones
contraídas, no ordenó terminar. Aquellos que se aprovechan abusivamente del
sistema, sin tener necesidad de ayudas porque disponen de la capacidad
económica para honrar sus deudas, no pueden ser premiados por su mora con la
terminación de los procesos ejecutivos. De manera específica, las personas a
quienes se compruebe en el proceso de tutela que (i) gozan de ingresos
claramente altos y, por lo tanto, no son la población objetivo de la política
de ayuda a los deudores de créditos hipotecarios, y (ii) carecen de la
intención de pagar la obligación adquirida, que honrar claramente se encuentra
dentro de sus capacidades económicas, no pueden ser protegidos por la actuación
del juez de tutela mediante la doctrina de las vías de hecho. Esto, pues el
juez civil que, en esas circunstancias, estime que el proceso ejecutivo debe
continuar, está obrando dentro de los parámetros de razonabilidad. Además, dado
que el deudor en esos casos tiene recursos económicos altos y suficientes, no
está en juego su mínimo vital, ni el de su familia. Tampoco estaría comprometido
su derecho a acceder a una vivienda, quizás menos lujosa, pero no por ello
menos digna.
Las consideraciones anteriores, son factores que el juez de tutela
ha de ponderar en cada caso particular, cuando el accionante le solicita que
declare la existencia de una vía de hecho en una providencia que se abstiene de
dar por terminado el proceso ejecutivo hipotecario. Se deduce de esto que no
existe una regla clara a aplicar a todos los procesos, regla general y
abstracta que haga caso omiso de las particularidades de cada caso, y de las
condiciones fijadas por la ley para que se reúnan los supuestos que generan la
terminación de los procesos ejecutivos iniciados antes del 31 de diciembre de
1999. La declaratoria de la terminación del proceso no es automática, ni ajena
a los hechos de cada caso y a las condiciones fijadas en la ley. En su análisis
el juez de tutela ha de establecer cuál es el margen de interpretación legítimo
con el que cuenta el juez civil en el proceso ejecutivo, y a su vez, en qué
punto se sale de dicho margen y comete una arbitrariedad con el deudor, y por
ende se produce una vía de hecho.
Fecha ut
supra,
MANUEL
JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
[1] Tomado de apartes de
sentencia de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil. (folio 85-90
del c.p.).
[2]   En la sentencia T-539-02 MP: Clara Inés Vargas
Hernández, la Corte señaló que “la vía de hecho se consolida en aquellos
casos en los cuales el juez se desapodera de la función que constitucional,
legal y reglamentariamente le corresponde, para asumir mediante una decisión
judicial, una conducta arbitraria en forma superlativa”.
[3]  Así
por ejemplo, en la sentencia T-008-98 MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, se dijo: “3. La Corte Constitucional ha entendido que la acción de
tutela no procede contra decisiones judiciales, salvo que se trate de una vía
de hecho que afecte derechos constitucionales fundamentales y siempre que se
cumplan los restantes requisitos de procedibilidad de la citada acción. En este
sentido, la tutela sólo habrá de proceder contra una vía de hecho judicial si
no existe ningún mecanismo ordinario de defensa o, si éste existe, a condición
de que el amparo constitucional resulte necesario para evitar la consumación de
un perjuicio irremediable de carácter iusfundamental”.
[4]   Cfr. Corte Constitucional. Sentencias
T-231-94 MP: Eduardo Cifuentes Muñoz y SU-132-02 MP: Alvaro Tafur Gálvis.
[5]   Al respecto, esta Corporación ha estimado que se
incurre en vía de hecho por defecto fáctico cuando “resulta incuestionable que
el juez carece de apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión” (Sent. T-008-98 MP: Eduardo Cifuentes
Muñoz).  Ha señalado igualmente que el defecto fáctico puede presentarse en una
dimensión omisiva o en una dimensión positiva de la valoración de las pruebas
que realice el funcionario judicial. La primera “comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez. La segunda, la dimensión positiva, abarca la valoración
de pruebas igualmente esenciales que el juzgador no puede apreciar, sin
desconocer la Constitución” (Sent. SU-159-02 MP: Manuel José Cepeda Espinosa).
También ha expresado que no todo vicio en la valoración probatoria culmina en
una vía de hecho. Por ello, la Sala reitera que sólo es factible fundar una
acción de tutela cuando se observa que la valoración probatoria hecha por el
juez en la correspondiente providencia es manifiestamente arbitraria. Es la
razón para exigir que  el error en el juicio valorativo de la prueba deba ser
de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto y que tenga una
incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse
en una instancia revisora de la evaluación probatoria del juez de conocimiento.
(Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-442-94 MP: Antonio Barrera
Carbonell y SU-159-02 MP: Manuel José Cepeda Espinosa).  Igualmente, sobre este
particular, en la sentencia SU-132-02 MP: Alvaro Tafur Gálvis, se expresó que “Cabe
recordar que en la valoración probatoria efectuada por una autoridad judicial,
prima la autonomía e independencia del juez que la realiza. Lo que se rechaza
de la misma es el posible exceso en que se pueda llegar a incurrir, por un
ejercicio arbitrario de esa discrecionalidad. Esto es lógico, puesto que como
director del proceso, el juez de la causa es el que está llamado a determinar
la utilidad, pertinencia y procedencia del material probatorio, a través de
criterios objetivos y razonables, de manera que pueda formar su convencimiento
y sustentar la decisión final, utilizando las reglas de la sana crítica
(C.P.C., art. 187 y C.P.L., art. 61). El ejercicio de ese poder discrecional
sería arbitrario si la valoración probatoria fuese resultado de un manifiesto
juicio irrazonable, determinante de la decisión final”.
[6]   Cfr. Corte Constitucional. Sentencia
T-231-94, T-008-98 y T-1017-99 MP: Eduardo Cifuentes Muñoz y SU-132-02 MP:
Alvaro Tafur Gálvis; T-405-02 MP: Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras
decisiones.
[7]   Ibídem.
[8]   Corte Constitucional. Sentencia SU-132-02 MP: Alvaro
Tafur Gálvis.
[9]
Sentencia C-955 de 2000 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[10]
Ver aclaración hecha en el numeral 1 de los pie de pagina.
[11]
“La Ley 546 de 23 de diciembre de 1999 “por la cual se
dictan normas en materia de vivienda, se señalan los objetivos y criterios
generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular un
sistema especializado para su financiación, se crean instrumentos de ahorro
destinado a dicha financiación, se dictan medidas relacionadas con los
impuestos y otros costos vinculados a la construcción y negociación de vivienda
y se expiden otras disposiciones”, estableció las normas y los criterios
generales a los cuales debe circunscribirse el Gobierno Nacional para regular
los sistemas de financiación para la adquisición de vivienda individual a largo
plazo, ligada al índice de precios al consumidor, y las condiciones especiales
que regularán la materia en punto de vivienda de interés social urbano y rural.
En la misma disposición (par. 2) se señaló que las entidades podrán otorgar
créditos de vivienda denominados en moneda legal colombiana o unidades de valor
real (UVR), siempre que los sistemas de pago no contemplen capitalización de
intereses, ni sanciones por prepagos totales o parciales”. Ver sentencia T-701
de 2004.
[12]
Sentencia T-846 de 2000
[13]
Sentencia C-955 de 2000
[14]
Explicado en el acápite titulado “procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Vía de hecho”.  Ver sentencias T-576 de1998 y T472 de
2005
[15]
ver al respecto sentencias T-199 de 2005, T-258 de 2005, T-282
de 2005, T-357 de 2005 y T-391 de 2005.
[16]
Ver sentencias T-535 de 2004 y T-472 de 2005.
[17]
Ver sentencias T-357 de 2005 y T-258 de 2005
[18] Sentencia Corte
Constitucional T-258 de 2.005 M.P. Jaime
Araújo Rentería
[19]
Este requisito será expuesto a continuación.
[20] Consignadas,
entre otros, en los salvamentos de voto a las sentencias T–357 de 2005(M.P.:
Jaime Araujo Rentería), T–391 de 2005, T-373 y T-449 de 2006 (M.P.: Alfredo
Beltrán Sierra), T-258 de 2006 (M.P.: Jaime Córdoba Triviño) y  T-363 de 2006
(M.P.: Jaime Araujo Rentería).
[21]
Acerca del traslado de pruebas, por ejemplo, el artículo 185 del Código de
Procedimiento Civil dice: “La pruebas practicadas válidamente en un proceso
podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más
formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a
petición de la parte contra quien se aducen, o con audiencia de ella.”
[22]
MP Alfredo Beltrán Sierra (unánime).
[23] En este caso, la Corte afirmó:
“Otra cosa distinta es si dentro del proceso ordinario se pide la
terminación del mismo, y la decisión del juez, aceptando o no la petición,
constituye una vía de hecho, evento en el que si se dan los elementos que
conforman la denominada vía de hecho, según la Constitución, la ley y la
jurisprudencia de la Corte, la acción de tutela puede proceder.
“Pero este no es el caso.
“Por
consiguiente, en esta acción de tutela, simplemente se reiterará la
jurisprudencia que de tiempo atrás ha expuesto la Corte en relación con
acciones de tutela presentadas en medio del desarrollo de un proceso judicial,
que se puede sintetizar así: la acción de tutela no procede cuando se está
desarrollando un proceso judicial, en donde las partes han tenido la
oportunidad de proponer los argumentos que, precisamente, motivan la acción de
tutela, y no lo han hecho. Pues, es el juez natural del proceso es el
competente para resolverlos. Sólo cuando la decisión judicial se convierte en
una vía de hecho, y puede causar un perjuicio irremediable, el juez
constitucional, excepcionalmente, puede conceder la tutela.” (subraya
por fuera del texto original).
[24]
Ver las sentencias T-535 de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra), T-1243 de 2004
(MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-1207 de 2004 (MP Jaime Córdoba Triviño).y
T-102 de 2005 (MP Alfredo Beltrán Sierra)
[25] El artículo 42 (después del control de
constitucionalidad realizado en la sentencia C-955 de 2001) dice: “Artículo 42.
Abono a los créditos que se encuentren en mora. Los deudores hipotecarios que
estuvieren en mora al 31 de diciembre de 1999, podrán beneficiarse de los
abonos previstos en el artículo 40, la entidad financiera procederá a condonar
los intereses de mora y a reestructurar el crédito si fuere necesario. || A su
turno, el Gobierno Nacional procederá a abonar a dichas obligaciones el monto
total de la diferencia que arroje la reliquidación de la deuda, efectuada de
conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 41 anterior, mediante
la entrega al respectivo establecimiento de crédito de los títulos a que se
refiere el parágrafo cuarto del mismo artículo 41. || Parágrafo 1. Si los
beneficiarios de los abonos previstos en este artículo incurrieren en mora de
más de doce (12) meses, el saldo de la respectiva obligación se incrementará en
el valor del abono recibido. El establecimiento de crédito devolverá al
Gobierno Nacional títulos a los que se refiere el parágrafo 4° del artículo 41,
por dicho valor. En todo caso, si el crédito resultare impagado y la garantía
se hiciere efectiva, el establecimiento de crédito devolverá al Gobierno
Nacional la parte proporcional que le corresponda de la suma recaudada. ||
Parágrafo 2. A las reliquidaciones contempladas en este artículo les serán
igualmente aplicables el numeral 1 del artículo 41 anterior, así como lo
previsto en los parágrafos 1° y 2° del mismo artículo. || Parágrafo 3. Los
deudores cuyas obligaciones se encuentren vencidas y sobre las cuales recaigan
procesos judiciales, tendrán derecho a solicitar suspensión de los mencionados
procesos. Dicha suspensión podrá otorgarse automáticamente por el juez
respectivo. En caso de que el deudor acuerde la reliquidación de su obligación,
de conformidad con lo previsto en este artículo el proceso se dará por
terminado y se procederá a su archivo sin más trámite”.
[26]
MP José Gregorio Hernández Galindo. AV de Antonio Barrera Carbonell, Alfredo
Beltrán Sierra, Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo,
Vladimiro Naranjo Mesa, Álvaro Tafur Galvis. El contenido de la norma
demandada, declarada exequible sin condicionamientos es: "Artículo 43. (...)La excepción aquí prevista podrá
proponerse en cualquier estado del proceso. Así mismo, en las sentencias que se
dicten se aplicará como mecanismo para satisfacer los correspondientes derechos
individuales, los previstos en esta ley".
[27]
MP Manuel José Cepeda Espinosa (unánime).
[28] El recurso fue
presentado en el momento en el cual el inmueble ya había sido adjudicado a la
entidad financiera y se había intentado dos veces la diligencia de entrega del
inmueble. La Corte acomete en esta sentencia el estudio del caso a
partir de la formulación de dos problemas jurídicos, a saber: (i) Si es
procedente o no la acción de tutela interpuesta contra las actuaciones del juez
encargado del proceso ejecutivo hipotecario, quien continúo con el curso del
proceso después de efectuada la reliquidación del crédito hipotecario y quien
negó la solicitud de nulidad de lo actuado a partir del mandamiento de pago; y
(ii) En caso de considerarse que la solución al problema anterior es
afirmativa, es decir, que la tutela procede en la hipótesis enunciada, la Corte
analiza si constituye una vía de hecho el que dentro de un proceso ejecutivo
hipotecario se ordene la continuación del mismo, cuando como resultado de la
reliquidación del crédito quedan saldos insolutos a favor de la entidad
financiera.
[29]
MP Álvaro Tafur Galvis.
[30] La persona demandada en
el proceso ejecutivo era propietaria de una vivienda adquirida mediante un
crédito hipotecario, cuyo monto se expresaba en UPAC. Dada la promulgación de
la Ley 546 de 1999, el juez del circuito suspendió el proceso ejecutivo con el
fin de que la entidad bancaria reliquidara la deuda en términos de la unidad
UVR. Como resultado de esta operación, y luego de descontar el valor del alivio
a la deuda, se estableció que subsistía un saldo a favor de la entidad
financiera, por lo que el banco solicitó al juez continuar con el proceso
ejecutivo. Tras la propuesta de la parte demandada de excepciones de mérito, el
Juez consideró mediante auto que en el caso no se presentaban causales de
nulidad de lo actuado. En vista de que dicho auto fue apelado, la Sala Civil
del Tribunal Superior de Medellín anuló todo lo actuado, con el argumento según
el cual, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la
reliquidación del crédito tenía como efecto la terminación del proceso
ejecutivo. La entidad bancaria consideró que la Sala Civil del Tribunal había
violado sus derechos al debido proceso y a acceder a la administración de
justicia, al hacer una interpretación de la Ley 546 contraria a los principios
de economía procesal por cuanto le obligaba a comenzar de nuevo un proceso
ejecutivo cuando era evidente que la deudora permanecía en mora a pesar del
alivio obtenido en la reliquidación. Indicó además que los argumentos esgrimidos
por el Tribunal confundían “la mora en sí misma con la sanción legal que
ella produce y que para este caso es el cobro de un interés moratorio.”
[31]
MP Alfredo Beltrán Sierra.
[32] Según el recuento hecho
por la Corte en la sentencia T-525 de 2004, el proceso ejecutivo se desarrollo
de la siguiente manera: (1) El día 15 de enero de 1999 se libró mandamiento de
pago en el proceso ejecutivo hipotecario; (2) El 8 de diciembre de 2001 se
suspendió el proceso hasta que se efectuara la reliquidación; (3) El 1 de marzo
de 2001, se notificó personalmente a la actora, que no propuso excepciones de
mérito; (4) se citó a las partes a audiencia de conciliación, pero la parte
demandada no concurrió, por lo que el Juzgado declaró desiertas las excepciones
de mérito propuestas e impuso multa de 5 salarios mínimos mensuales vigentes;
(5) El 15 de abril de 2002, se dictó sentencia en la que se decretó la venta en
pública subasta del inmueble, se ordenó la liquidación del crédito y se condenó
en costas a la parte demandada.; (6) La parte demandante presentó liquidación
del crédito, liquidación que no fue objetada dentro de la oportunidad, quedando
aprobada, mediante auto, el día 26 de septiembre de 2002; (7) Presentado el
avalúo del inmueble, fue objetado por la parte demandada. Se le dio el trámite
legal y el 14 de julio de 2003 fue declarada infundada la objeción.; (8) Para
el día 20 de octubre de 2003, se fijó fecha para la diligencia de remate; (9)
Esta diligencia se llevó a cabo en esa fecha y se declaró desierta; (10) 4 días
antes del remate, la accionante interpuso la acción de tutela para suspender
dicha diligencia.
[33]
Corte Constitucional, Sentencia T-525 de 2004, MP: Alfredo Beltrán Sierra,
tutela interpuesta por la deudora de un crédito hipotecario contra la sentencia
del juzgado civil que ordenó la continuación del proceso ejecutivo, por la
subsistencia de un saldo a favor de AV Villas, luego de la reliquidación de su
crédito con base en la ley 546 de 1999 y la sentencia C-955 de 2000.
[34]
MP Rodrigo Uprimny Yepes.
[35] En el año de 1998 el
señor Alveiro Escobar Rico, adquirió un crédito de vivienda a través del
sistema UPAC garantizado con hipoteca de primer grado sobre un inmueble de su
propiedad. A partir del mes siguiente a la adquisición del crédito, el deudor
dejó de cancelar las cuotas mensuales a que estaba obligado. El 20 de marzo de
1999, el señor Escobar Rico transfirió el derecho real de dominio del inmueble
a la señora Catalina Molina Sanín. En agosto de 1999 el banco inició un proceso
ejecutivo contra la nueva propietaria, a partir del cual el juez del circuito
libró mandamiento de pago. Sin embargo, debido a que en Diciembre de 1999 se
promulgó la Ley 546 de 1999, el juzgado suspendió el trámite del proceso
ejecutivo, hasta que la deuda fuera reliquidada y convertida a unidades UVR e
incluido el alivio abonado. En febrero de 2001, la entidad bancaria presentó el
cálculo de la reliquidación y solicitó que fuera reiniciado el proceso
ejecutivo. En consecuencia, el juzgado del circuito dictó sentencia modificando
la deuda expresada en el mandamiento de pago en términos de unidades UVR y
ordenó la venta en subasta pública del bien inmueble. Dado que la demandada
había estado representada por curador ad-litem, la sentencia pasó a consulta a
la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, la cual resolvió anular todo
lo actuado en el proceso, además de darlo por terminado y archivado. El
Tribunal consideró que la conversión de los créditos al sistema UVR llevaba a
que “se
entiend[a] saneada la mora anterior a ello”. Por ello, la entidad
bancaria interpuso una acción de tutela contra el Tribunal Superior de
Medellín, al considerar que la decisión por medio de la cual se declaró la
nulidad de lo actuado en el proceso ejecutivo violaba sus derechos al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, dado que la interpretación
de la Sala Civil del Tribunal respecto del artículo 42 de la Ley 546 de 1999
era equivocada.
[36]
MP Jaime Córdoba Triviño.
[37]
La Corte ordenó al Tribunal de Medellín decidir “conforme al ordenamiento
vigente, el grado jurisdiccional de consulta.”
[38]
La doble interpretación del Artículo 42 de la Ley 546 que va a señalar la
sentencia T-701 de 2004 es: (i) Continuación de los procesos ejecutivos con
saldos insolutos no sometidos a reestructuración, expuesta por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia; y, (ii) Terminación de todos los
procesos ejecutivos hipotecarios en curso a 31 de diciembre de 1999, expuesta
por el Tribunal Superior de Medellín.
[39]
Sentencia C-955 de 2000.
[40]
Sentencia C-955 de 2000.
[41]
Dijo la Corte: “También contraviene el derecho a la igualdad, el debido
proceso y el derecho a la administración de justicia la parte final del mismo
parágrafo 3, a cuyo tenor, si dentro del año siguiente a la reestructuración
del crédito el deudor incurriere nuevamente en mora, los procesos se
reiniciarán a solicitud de la entidad financiera y con la sola demostración de
la mora, en la etapa en que se encontraban al momento de la suspensión, y
previa actualización de su cuantía. || En efecto, es evidente que se trata de
situaciones jurídicas distintas, en cuanto la nueva mora, que al tenor del
precepto se constituye en hipótesis de la reanudación del proceso, debe dar lugar
a un proceso nuevo y de ninguna manera acumularse a la que había propiciado el
anterior, terminado, según el mismo mandato legal, con las consecuencias que
tiene la terminación de todo juicio. || El acreedor goza, por supuesto, del
derecho a iniciar un nuevo proceso ejecutivo en contra de su deudor, pero mal
puede retomarse el proceso expirado, en la etapa en que se encontraba cuando se
produjo la suspensión, puesto que ello significa atribuir efectos ultra activos
a situaciones previas ya definidas, combinándolas con hechos nuevos, en contra
de una de las partes, con notorio desequilibrio en la relación procesal.”
[42]
MP Alfredo Beltrán Sierra.
[43]
MP Manuel José Cepeda Espinosa.