T-210-08
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-210/08
VIA DE HECHO JUDICIAL-Clases de defectos en la actuación
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia excepcional por vía de hecho judicial
VIA DE HECHO POR CONSECUENCIA-Alcance/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE TUTELA-Prohibición
ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIA
DE TUTELA-Prohibición cuando la cuestión que haya
motivado una solicitud de amparo tiene su fuente en una sentencia anterior cuyo
cumplimiento está en duda
CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA-Procede el incidente de desacato
ACCION DE TUTELA CONTRA
INCUMPLIMIENTO DE FALLOS JUDICIALES-Deber de los
funcionarios del Estado y los agentes del sector privado a quienes se les
ordena cumplir una determinada conducta, de acatar los fallos proferidos por la
jurisdicción, sin entrar a evaluar su conveniencia u oportunidad
SENTENCIA-Ejecución/FALLO DE TUTELA-Cumplimiento
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR VIA DE HECHO-Improcedencia por
cumplimiento de decisión judicial contenida en la Sentencia T-402 de 2006
Referencia. expediente
T-1711414
Acción de tutela
presentada por Alfonso Bejarano Hinestrosa por conducto de apoderado contra el
Tribunal Superior de Bogotá y el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá.
Magistrado Ponente:
Dr.
JAIME ARAUJO RENTERIA
Bogotá D.C., veintiocho (28) de
febrero de dos mil ocho (2.008).
La Sala Primera
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados JAIME
ARAÚJO RENTERÍA, JAIME CORDOBA TRIVIÑO y MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA,
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente,
SENTENCIA
que pone fin al trámite de revisión de las sentencias proferidas por
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de 14 de agosto de
2007 y por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia de 8 de
junio de 2007.
I. LOS ANTECEDENTES.
Funda la parte
actora, el petitum de su escrito tutelar en los hechos que a continuación se
sintetizan:
1. Los hechos.
El señor Alfonso Bejarano
Hinestrosa y otros pensionados más de la Compañía de Inversiones de la Flota
Mercante en Liquidación Obligatoria, subordinada de la Federación Nacional de
Cafeteros demandaron en proceso ordinario a dichas entidades para que entre
otras declaraciones se dispusiera que la Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia – Fondo Nacional del Café, como matriz o controlante, es responsable
subsidiaria del pago oportuno con carácter definitivo de las pensiones de
jubilación de los demandantes, reconocidas por la sociedad subordinada o
controlada Flota Mercante Grancolombiana S.A. hoy, Compañía de Inversiones de la
Flota Mercante S.A. –en liquidación obligatoria.
Dicho asunto, correspondió por
reparto al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, en donde luego de
admitirse e imprimírsele el trámite de rigor, la parte demandada propuso la
excepción de falta de jurisdicción y competencia, considerando que el
conocimiento del caso corresponde a la jurisdicción civil ordinaria.
El juez de la causa declaró
probado el señalado medio de defensa y por auto de 8 de julio de 2003, ordenó
que se le asignara el proceso al Juez Civil del Circuito de Bogotá que
corresponda. Contra esa providencia se presentó recurso de apelación y el
Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión, pero modificándola en el
sentido de ordenar la remisión de las diligencias a la Superintendencia de
Sociedades, aduciendo que es esa la entidad competente con fundamento en el
artículo 148 de la ley 222 de 1995.
No obstante, la Superintendencia
de Sociedades se pronunció el 11 de junio de 2004 declarándose incompetente
para conocer del proceso y promovió conflicto de competencia, disponiendo que la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura
definiera la colisión.
Posteriormente, el 24 de
noviembre de 2004 se resolvió el conflicto por el Consejo Superior, indicando
que la entidad competente para el conocimiento del caso, es el Juez del
concurso, es decir, la Superintendencia de Sociedades.
Al mismo tiempo y en momento
anterior al recurso de amparo que ahora ocupa la atención de la Sala, se
promovió acción de tutela contra la providencia del Consejo Superior arriba
descrita y que fuere fallada en primera instancia por la misma entidad y en
segundo grado por su Sala de Conjueces, negando en ambos casos la tutela
referida.
Revisado el proceso en la Corte
Constitucional, ésta, mediante sentencia T-402 de 25 de mayo de 2006, revocó la
sentencia dictada en la instancia por la Sala de Conjueces del Consejo Superior
de 21 de febrero de 2006 y en su lugar concedió la protección reclamada para lo
cual dispuso:
“ (…)
Segundo. Dejar sin efecto, el
Auto aprobado según Acta No 182 proferido el  día 24 de noviembre de 2004 por la
H. Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura”
Tercero. ORDÉNASE a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que,
en el plazo máximo de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de este fallo, dicte una nueva providencia que, en forma motivada
y ciñéndose a los parámetros que establece la Constitución y las conclusiones
de esta providencia en relación con la jurisdicción competente para definir la
responsabilidad subsidiaria de la matriz o controlante respecto a la filial,
dirima el conflicto que en su momento se suscitó entre la Superintendencia de
Sociedades y la jurisdicción ordinaria. dentro del proceso número  20020046 tramitado en  el Juzgado 5º. Laboral del Circuito de  Bogotá”.
Con base a lo resuelto en la sentencia de
tutela, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior acató por auto de 22 de
junio de 2006 lo dispuesto por la Corte Constitucional, declarando “que la
jurisdicción competente para el conocimiento del asunto es la jurisdicción
ordinaria”, de suerte que la Superintendencia de Sociedades remitió los
documentos correspondientes al Tribunal Superior de Bogotá mediante oficio
03193 de 10 de abril de 2006.
Enviado el expediente ante esa
Corporación, ésta, a su vez, por auto de 11 de agosto de 2006 remitió la
foliatura al Juzgado Quinto Laboral del Circuito del mismo Distrito Judicial.
El mencionado Juzgado ordenó el
28 de agosto de 2006 continuar con el trámite del proceso y aún así, el 23 de
octubre de ese mismo año dictó un nuevo pronunciamiento en el que manifestó su
incompetencia para conocer del proceso iniciado entre otros, por el aquí
accionante  contra la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante en
Liquidación Obligatoria, subordinada de la Federación Nacional de Cafeteros
ordenando que el asunto se sometiera a las formalidades de reparto ante los
Jueces Civiles del Circuito de Bogotá y, consecuencialmente negó la práctica de
pruebas.
Inconforme la parte demandante
con la decisión, recurrió la providencia en apelación, recurso del cual se
abstuvo de conocer el Juzgado de conocimiento al considerar que dicho auto no
está enlistado dentro de los apelables de acuerdo con el artículo 65 del Código
Procesal del Trabajo. Fue por ello, que los demandantes presentaron recurso de
reposición y subsidiariamente solicitaron copias para recurrir en queja ante el
Tribunal Superior,  Corporación esa que por auto de 30 de abril de 2007 declaró
bien negada la apelación.
Indica el actor que existen
varias providencias proferidas por las otras Salas de Decisión Laboral del
Tribunal de Bogotá que han adoptado posición diferente con respecto al tópico
de la falta de jurisdicción como el aquí tratado, además que, las providencias
materia de censura por la vía de la acción de tutela desconocen lo dispuesto
por el artículo  148 inciso 3º del C.P.C., aplicable por remisión al
procedimiento laboral.
Por otro lado, ignoran las
agencias judiciales acusadas el contenido de la sentencia T-402 de 2006 dictada
por la Corte Constitucional y la definición de competencia que en su momento,
en este mismo asunto y cumpliendo lo dispuesto por la Corte hiciere la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
2. Las
pretensiones.
Solicita la
parte actora la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, acceso a la justicia y prevalencia del derecho sustancial, como
consecuencia de la vía de hecho en que incurrió la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bogota y el Juzgado Quinto Laboral del Circuito  del mismo Distrito
Judicial con sus decisiones de 23 de octubre de 2006 y 7 de febrero de 2007
proferidas por el Juzgado accionado y la fechada de 30 de abril de 2007 dictada
por el Tribunal Superior.
Lo anterior para
que, como consecuencia de esa declaratoria se disponga que el señalado Juzgado
de la especialidad laboral tramite normalmente el proceso No 2002-0046 de
Alfonso Bejarano Hinestrosa y otros contra la Federación Nacional de Cafeteros
de Colombia como administrador del Fondo Nacional del Café.
3. La intervención de la entidad
accionada.
Por auto de 28
de mayo de 2007, la Corte Suprema de Justicia en Sala Unitaria de Decisión,
avocó el conocimiento del caso y ordenó la notificación de las autoridades
judiciales accionadas. Sin embargo, nada dijeron dichas autoridades en la
oportunidad correspondiente para ejercer su derecho a la defensa y oponerse o
allanarse a las pretensiones contenidas en el escrito tutelar. Tampoco se
hicieron presentes los terceros a quienes vinculó el Magistrado Sustanciador
por tener un legítimo interés en las resultas del proceso.
4. Pruebas
relevantes arrimadas a la actuación.
Se tuvieron como
tales las obrantes en el expediente contentivo del proceso ordinario laboral
iniciado por el señor Alfonso Bejarano Hinestrosa y otros contra la Federación
Nacional de Cafeteros de Colombia – Fondo Nacional del Café y la Compañía de
Inversiones de la Flota Mercante S.A. – En Liquidación Obligatoria. (Folio
2-276).
II DECISION JUDICIAL QUE SE REVISA.
1. Sentencia de primera instancia.
Mediante proveído de 8 de junio de 2007 la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia profirió sentencia desfavorable a las súplicas del
accionante, resolviendo negar por improcedente la solicitud de amparo.
Luego de hacer una presentación de la excepcionalidad de la acción
de tutela para controvertir decisiones judiciales y argumentando,
fundamentalmente tal improcedencia en el desconocimiento de los principios de
cosa juzgada, independencia y autonomía de los Jueces, así como la ausencia de
soporte normativo que la justifique, motivó la Sala Laboral de la Corte la
improcedencia del recurso de amparo en este caso  interpuesto, en varios
argumentos fundamentales, pero potísiamente en el hecho de que indistintamente
que se comparta o no la juridicidad de las consideraciones esgrimidas en las
decisiones atacadas, lo cierto es que tales determinaciones están edificadas en
reflexiones que consulta las reglas mínimas de razonabilidad jurídica.
2. Sentencia de segunda instancia.
Por medio de sentencia de 14 de agosto de 2007, la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia, ratificó íntegramente la decisión de la primera
instancia reiterando que la acción de tutela no puede ser utilizada como
mecanismo para controvertir las decisiones judiciales, a riesgo de desconocer
la autonomía e independencia de los Jueces.
Indicó esa Colegiatura que aunque con un carácter muy restringido se
ha aceptado la posibilidad de acusar decisiones de la jurisdicción por medio
del instrumento constitucional de la acción de tutela, la situación de marras
no es el caso, teniendo en cuenta que las actuaciones y providencias censuradas
no se adecuan a ninguno de los defectos aceptados por la jurisprudencia para el
efecto.
Entre tanto, y en lo que al aspecto especifico del caso concreto
refiere, manifestó la Corte Suprema de Justicia que la sentencia T-402 de 2006
proferida por la Corte Constitucional hace alusión a la necesidad de radicar
competencia en la jurisdicción ordinaria sin que se dijera en parte alguna que
era concretamente la justicia laboral, de suerte que a las agencias judiciales
accionadas no desconocieron ninguna decisión judicial y, por el contrario, se
sometieron a ella.
III.
FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES.
1. La competencia.
De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Corte
Constitucional es competente para revisar las decisiones judiciales mencionadas
en precedencia.
2. El asunto bajo revisión.
Se demanda por
el señor Alfonso Bejarano Hinestrosa, la protección de los derechos fundamentales
al debido proceso, igualdad, acceso a la justicia y prevalencia del derecho
sustancial, como consecuencia de las vías de hecho en que incurrió
presuntamente la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogota y el Juzgado
Quinto Laboral del Circuito  del mismo Distrito Judicial con sus decisiones de
23 de octubre de 2006 y 7 de febrero de 2007 proferidas por el Juzgado
accionado y la fechada de 30 de abril de 2007 dictada por el Tribunal Superior,
mediante las cuales se abstuvieron de adelantar el trámite del proceso
ordinario que motivó la solicitud de amparo.
3. Problema jurídico.
De la lectura del expediente que
ahora ocupa la atención de la Sala, se encuentra como problema jurídico a
resolver, el de si las decisiones de el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de
Bogotá y la Sala Laboral del Tribunal Superior de ese mismo Distrito Judicial
que por la ruta procesal de la acción de tutela se censuran son o no
constitutivas de unas “vía de hecho”. Al mismo tiempo entrará a definir esta
Corporación si tiene o no facultad para hacer cumplir fallos de tutela en esta
misma cede.
Habida cuenta de lo anterior, para
resolver el problema jurídico planteado en este caso, la Sala analizará: (i) la
doctrina constitucional establecida por esta Corporación sobre la vía de hecho
judicial; (ii) la improcedencia general de la acción de tutela para solicitar
el cumplimiento de órdenes dictadas en esa misma sede. (iii) Por último,
abordará la Corte el estudio del caso concreto.
3. Doctrina constitucional sobre la vía de hecho judicial.
En la sentencia
T-381 de 2004[1], esta Sala hizo una
exposición sobre la doctrina constitucional de la vía de hecho judicial. Al
respecto, expresó:
“La
Corte en reiteradas ocasiones ha sostenido que la acción de tutela es
improcedente contra providencias judiciales, a menos que se configure una vía
de hecho, esto es que el funcionario judicial haya incurrido en algún defecto relevante en su actuación[2]. Esta circunstancia determina la
excepcionalidad de la tutela contra providencias judiciales, razón por la cual
se han señalado una
serie de límites estrictos que deben ser atendidos cuando se pretenda invocar
la protección por el juez constitucional[3].
Este ha sido el criterio jurisprudencial
adoptado por la Corte desde sus primeras decisiones, en particular desde la
sentencia C-543 de 1992, en cuya parte motiva la Corporación estableció que en
aquellos casos en los cuales se evidencie una actuación de hecho por cuenta de
una autoridad judicial, la acción de tutela procederá como mecanismo de
protección judicial[4].
Para esta Corporación, cuando se incurre en
una vía de hecho se desfigura la función judicial y violan derechos
fundamentales de quienes acuden ante el juez en procura de una pronta y
cumplida justicia, con lo cual se quebranta la juridicidad que impone el Estado
democrático y constitucional.[5]
Al
admitir la acción de tutela por vía de hecho se establece la posibilidad para
que el juez constitucional corrija los yerros judiciales abusivos que hayan
comprometido los principios, valores y derechos fundamentales[6].
Esto es así, en cuanto “en un Estado Social de Derecho como el nuestro,
sustentado en la eficacia de los derechos y de las libertades públicas de las
personas, los jueces en sus decisiones deben someterse al principio de
legalidad. Apartarse de los parámetros que dicho principio les demarca para
ajustar su actuación, podría concluir en decisiones arbitrarias y caprichosas
que permitirían  a los jueces constitucionales erigidos en jueces de tutela
entrar a revisarlas en aspectos sustanciales, a fin de constatar la existencia
de situaciones irregulares configuradoras de una vía de hecho, dentro de los términos
y requisitos establecidos en la jurisprudencia reiterada de esta Corte”[7].
(…) aunque se establezca como principio la
improcedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales, para
privilegiar principios y derechos superiores tales como la autonomía,
imparcialidad e idoneidad de los jueces, la cosa juzgada, la vigencia de un
orden justo, la seguridad jurídica y la prevalencia y protección real del
derecho sustancial (CP, artículo 228), de todas formas tal principio admite
excepciones que, en vez de desdibujar los postulados antes enunciados, tienden
a su consagración, en la medida en que permiten atacar errores protuberantes de
los jueces, (…)Por ende, la admisión de la tutela en estos casos juega un papel
armonizador de las relaciones político sociales inherentes al Estado
Constitucional y salvaguardan derechos fundamentales como son el debido
proceso, el acceso a la administración de justicia, la igualdad y la tutela
judicial efectiva dentro del marco del Estado Social de Derecho[8].
Con tales propósitos, la Corte tiene identificados
cuatro defectos que pueden conducir al juez a incurrir en una vía de hecho, por
los cuales se admite la interposición de la acción de tutela contra decisiones
judiciales. Ellos son:
1)           Defecto sustantivo si la decisión impugnada se funda en una
norma evidentemente inaplicable
2)           Defecto fáctico si resulta incuestionable que el juez
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión[9]
3)           Defecto orgánico si el funcionario judicial que profirió la
decisión carece, en forma absoluta, de competencia para hacerlo.
4)           Defecto procedimental si el juez actuó completamente por fuera
del procedimiento establecido[10]. Así
entonces, para que el juez de tutela pueda conferir el amparo constitucional
contra una sentencia judicial, debe fundar su decisión en uno, al menos, de los
cuatro defectos señalados.
(…)
Visto lo anterior se puede decir que una vía de hecho se produce
cuando el Juez que conoce de un caso, en forma arbitraria y con fundamento en
su única voluntad, actúa en franca y absoluta desconexión con la voluntad del
ordenamiento jurídico, vulnerando o amenazando derechos fundamentales.
Adicionalmente a los cuatro tipos de defectos judiciales presentados
como los errores que pueden hacer que una actuación judicial se configure como
una vía de hecho, y con ocasión de ellos deba ser revisada en sede de tutela,
esta misma Corte, en sentencia SU-014 de 2001, planteó un posible quinto tipo
de defecto en una actuación judicial y que podría definirse como una vía de
hecho por consecuencia. En dicha providencia se señaló lo siguiente: “De
presentarse una sentencia en la que se verifique una vía de hecho por
consecuencia, esto es, que la decisión judicial se base en la
apreciación de hechos o situaciones jurídicas, en cuya determinación los
órganos competentes hayan violado derechos constitucionales, y que tenga como
consecuencia un perjuicio iusfundamental, se impone, en aras de garantizar los
fines esenciales del Estado, su revisión. En caso de que no exista otro medio
de defensa judicial, no existe razón constitucional alguna para que no se pueda
acudir a la tutela”. (Negrilla y subraya fuera del texto original).[11]
De todo lo anterior se
desprende, en conclusión, que existen dos requisitos que deben ser satisfechos
para que la solicitud de tutela de los derechos fundamentales deba prosperar,
aun en contra de providencias judiciales, estos son: (i). Que el fallador de un
caso, en forma arbitraria y con fundamento únicamente en su voluntad, actúe en
franca y absoluta desconexión con la voluntad del ordenamiento jurídico y (ii).
Que se vean vulnerados o amenazados derechos fundamentales.
5.
Improcedencia general de la acción de tutela para solicitar el cumplimiento de
órdenes dictadas en esa misma sede.
Desde la
sentencia SU-1219/01[12], la Corte Constitucional
en sentencia de unificación, declaró la improcedencia general de la acción de
tutela, cuando quiera que lo pretendido procurara atacar decisiones judiciales
dictadas también en sede de otras nuevas acciones de tutela.
Lo anterior, lo dispuso la Corte,
no obstante advertir que los jueces de la república no son infalibles y que tratándose de fallos
de tutela, los administradores de justicia pueden equivocarse.
Para ello, esta Corporación
advirtió las diferencias de competencia y de procedimiento entre las
actuaciones de los jueces ordinarios y las actuaciones de los jueces de tutela
que justifican la existencia de mecanismos diferentes para la protección de los
derechos fundamentales ante un error judicial.
Nótese entonces
que la doctrina de la Corte –y que es criterio actual- no considera posible
cuestionar mediante el mecanismo que consagra el canon 86 constitucional fallos
de tutela, como tampoco procurar el cumplimiento de las decisiones de igual
estirpe, reviviendo el debate sustantivo y procesal a través de esa misma
herramienta.
En este orden de
ideas, cuando el problema o la cuestión que haya motivado una solicitud de
amparo tiene su fuente en una sentencia anterior cuyo cumplimiento está en
dudas,  no es este mecanismo procesal el carril idóneo para el efecto.
Es más, el Legislador ha ideado
los procedimientos pertinentes cuando de procurar el cumplimiento de órdenes de
tutela se trata. Y es que, la lógica natural de la tutela indica que luego de
incumplirse una orden proferida en esta clase de actuaciones, lo que prosigue
es la iniciación del incidente de desacato.
Lo anterior,
como quiera que la eficacia, es uno de los principios que
constitucional y estatutariamente (ley 270 / 96), orientan a la administración
de justicia, de manera que, lógico resulta que el acceso a la Jurisdicción, no
se agota con el hecho físico de tener  una vía determinada para acudir ante los
Jueces.
Es así que, la
simple resolución formal a un litigio no constituye per se, la solución
–FINAL Y DEFINITIVA-, de una controversia, pues los fallos jurisdiccionales son
para cumplirse, de ahí que las codificaciones penales se han preocupado por
tipificar conductas como del fraude a resolución judicial se trata.
6. El caso concreto.
6.1 Se
demanda por la parte actora el amparo de su garantía al debido proceso y a la  igualdad,
quebrantado presuntamente por la vía de hecho en que incurrieron el Juzgado
Quinto Laboral del Circuito de Bogotá con sus decisiones de 23 de octubre de
2006 y 7 de febrero de 2007 y con la decisión proferida por el 30 de abril de
2007 dictada por el Tribunal Superior.
Reclama el
accionante lo atrás descrito para que, como consecuencia de esa declaratoria se
disponga que el señalado Juzgado de la especialidad laboral tramite normalmente
el proceso No 2002-0046 de Alfonso Bejarano Hinestrosa y otros contra la
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia como administrador del Fondo
Nacional del Café.
Frente a la
tutela por esa razón pretendida, la primera y segunda instancia declararon la
improcedencia de la acción de tutela,  esgrimiendo entre otras cosas la
inexistencia de defectos constitutivos de vías de hecho y la inmutabilidad que
adquieren las providencias emanadas de la jurisdicción.
Con respecto a
las sentencias materia de revisión, advierte esta Sala de Decisión lo
siguiente:
6.2 En primer
lugar, ha de decirse que no se referirá la Corte al tema de la competencia,
pues fue aquél un asunto sobre el que ya se produjo una definición jurídica por
el Tribunal de Conflictos, esto es, por el Consejo Superior de la Judicatura –
Sala Jurisdiccional Disciplinaria.
6.3 En segundo
orden ha de reiterarse aquí que, una cosa es la procura de protección de un derecho
fundamental a través de la acción de tutela, y otra muy distinta, la actuación
que le sucede a un pronunciamiento judicial previo, proferido en un asunto de
esta naturaleza, caso en el cual el ordenamiento tiene  previstos distintos
caminos.
Así, un recorrido
por las actuaciones que antecedieron la presentación del recurso de amparo dan
cuenta de ello. Pues bien, recordemos que en pasada oportunidad y de acuerdo a
lo manifestado en el acápite de los hechos, esta misma Corte mediante sentencia
T-402 de 2006, revocó las sentencias de instancia que negaron la existencia de
una vía de hecho en la decisión del Consejo Superior de la Judicatura en punto
al conflicto de competencia suscitado entre  la Superintendencia de Sociedades
y la Jurisdicción Ordinaria Laboral. En efecto, esa superioridad cumplió lo
dispuesto por la Corte mediante proveído de junio 22 de 2006, para lo cual
indicó: “DECLARAR que la jurisdicción competente para el conocimiento del
presente asunto lo es la jurisdicción ordinaria, conforme los razonamientos
expuestos en la parte motiva del presente proveído y lo ordenado por la Corte
Constitucional en la sentencia T-402 de 2006”
Fue por ello que, de conformidad
con lo decidido en
la sentencia de tutela, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior acató a
través de auto de 22 de junio de 2006 lo dispuesto por la Corte Constitucional,
por lo que declaró que la competencia radicaba en la jurisdicción ordinaria.
Así, la Superintendencia de Sociedades remitió los documentos correspondientes
al Tribunal Superior de Bogotá mediante oficio 03193 de 10 de abril de 2006.
Una vez llegó el expediente al
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dicha Corporación por auto
de 11 de agosto de 2006 remitió la foliatura al Juzgado Quinto Laboral del
Circuito del mismo Distrito Judicial.
Obsérvese que, comoquiera que el
Juzgado accionado ordenó el 28 de agosto de 2006 continuar con el trámite del
proceso y aún así el 23 de octubre de ese mismo año dictó un nuevo
pronunciamiento en el que manifestó su incompetencia para conocer del trámite
iniciado entre otros, por el aquí accionante contra la Compañía de Inversiones
de la Flota Mercante en Liquidación Obligatoria, ordenando que el asunto se
repartiera ante los Jueces Civiles del Circuito, es fácil concluir que lo que
finalmente pretende la parte actora es: (i) o bien que esta Corporación entre a
definir NUEVAMENTE un conflicto de competencia o, (ii) que se cumpla con la
dispuesto en una orden de tutela anterior (Sentencia T-402 de 2006).
6.4 Frente a lo primero, ya se
advirtió lo insulso del estudio, por haber sido un tema tratado ante la
autoridad a la que la Constitución y la ley le confiaron la competencia para
ello, amen de que en sede de tutela esta Corporación ya emitió el
pronunciamiento correspondiente.
6.5 Y, con respecto a lo segundo,
es una pretensión que resulta inadmisible. En verdad, todos los funcionarios
del Estado, desde el más encumbrado hasta el más humilde, y todos los agentes
del sector privado a quienes se les ordena cumplir una determinada conducta,
tienen el deber de acatar los fallos proferidos por la Jurisdicción, sin entrar
a evaluar si ellos son convenientes u oportunos. Basta saber que han sido
proferidos por el juez competente para que a ellos se deba respeto y para que
quienes se encuentran vinculados por sus resoluciones contraigan la obligación
perentoria e inexcusable de cumplirlos, máxime si están relacionados con el
imperio de las garantías constitucionales.[13]
Interpretación diversa sería un
craso desconocimiento a la garantía de acceso a la administración de justicia,
pues sería inocente pensar que la realización plena de este derecho se concreta
con la simple permisión al usuario del aparato jurisdiccional de acudir ante
los Jueces, sin conllevar la obligación implícita de que se cumplan las
ordenaciones por ellos proferidas. Igualmente, representa una culminación al
justo proceso, que no admite dilaciones injustificadas en el trámite de los
asuntos puestos en conocimiento de quienes administran justicia ni, por
supuesto, en el cabal y pleno desarrollo de lo que se decida en el curso de los
juicios[14].
Sin embargo, no puede utilizarse
la acción de tutela como mecanismo que incite una cadena sucesiva e
interminable de recursos de esta índole para cumplir lo ya dispuesto en una de
ellas, prolongando con vocación de perpetuidad los pleitos y desencadenando una
manifiesta inseguridad jurídica. Para eso, se repite, tanto el decreto
reglamentario del artículo 86 superior (Decreto 2591 de 1991), como la
distintas normas existentes en la materia punitiva tienen previstas las
herramientas necesarias para el efecto.
En este orden, ya hubo una
definición de competencia que, a las claras, simplemente no ha sido cumplida. En
verdad, si bien no hay el señalamiento expreso en la sentencia T-402 de 2006
proferida por la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional M.P.
Alfredo Beltrán Sierra, de que dentro de la jurisdicción ordinaria sea el Juez
laboral a quien le competía tramitar el asunto, pues indistintamente se habla in
genere de jurisdicción ordinaria, nótese que, el conflicto se había
suscitado precisamente entre el Juez de esa especialidad, el laboral y el Juez
del concurso, esto es, la Superintendencia de Sociedades y no entre operadores
del ramo civil, familia, penal o agrario.
En efecto, en esa oportunidad la
Corte resolvió la “acción de tutela presentada por la Federación
Nacional de Cafeteros como administradora del Fondo Nacional del Café contra la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria  del Consejo Superior de la Judicatura y
distintas Salas de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá”. (Negrilla fuera de
texto).
Pero además, el Código Procesal
del Trabajo modificado en lo pertinente por la ley 712 de 2001 ha señalado
expresamente en su artículo 1º que los asuntos de que conoce la jurisdicción
ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social se tramitarán de
conformidad con ese Código.
A su turno, el artículo 2º ibidem
dispone que la jurisdicción laboral conoce de:
“1. Los conflictos jurídicos que
se originen directa o indirectamente en un contrato de trabajo.
(…)
4. Las controversias referentes
al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados,
usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras,
cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos
jurídicos que se controviertan.
(…)”
Así las cosas, tratándose el
litigio, concretamente de un reclamo para que se cancelen definitivamente unas
mesadas pensionales reconocidas por la Flota Mercante Grancolombiana, no existe
duda de que ello se adecua a lo prescrito en la norma arriba citada, pues –se
insiste- dichas controversias originadas en conflictos de la seguridad social
son del resorte de la justicia ordinaria laboral, cualquiera sea la naturaleza
y los sujetos involucrados. Recordemos que aquí, la determinación de la
competencia no está ligado a un criterio subjetivo como en otrora lo
preceptuaba la norma anterior, sino, por el contrario, la materia objeto de la
disputa, vale decir, si la misma está referida a un tópico de seguridad social
integral.
6.6 Por otro
lado, advierte la Corte que ignorar el contenido de la plurimencionada
sentencia T-402 de 2006, sería, al mismo tiempo, tanto como desconocer el
principio de igualdad ante la ley, teniendo en consideración que en casos
anteriores, como el decidido en la sentencia SU-1023 de 2001 también relativo al
pago de pensión de jubilación, siendo parte  la Compañía de Inversiones de la
Flota Mercante S.A, se había hecho el señalamiento de la competencia de la
jurisdicción ordinaria “laboral”  como la habilitada para conocer del asunto.
En conclusión,
esta Sala encuentra que no se ha violentado derecho constitucional fundamental
alguno, porque lo que aquí se discute es el cumplimiento de una decisión
judicial adoptada por vía de tutela que en su momento fue atendida por el
Consejo Superior de la Judicatura, distinto a lo que ocurrió en este caso.
Ahora,
considerando que el Consejo Superior conserva competencia para hacer cumplir lo
ordenado en el fallo de conformidad con el artículo 27 del decreto 2591 de 1991,
a esa entidad se remitirá copia de esta decisión para los fines legales
pertinentes.
6.7 Habida
cuenta de las consideraciones atrás expuestas, se revocará la sentencia de 14
de agosto de 2007 dictada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia que declaró improcedente la acción de tutela, para en su lugar denegar
el amparo por no encontrarse violación de derecho fundamental alguno. Al mismo
tiempo, se dispondrá remitir copia de esta sentencia a la Sala jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Suprior de la Judicatura para que de cumplimiento al
fallo de esa Colegiatura de 25 de mayo de 2006 contenido en la decisión T-
402/06.
IV. DECISIÓN.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR la sentencia de 14 de agosto de 2007 dictada por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que declaró improcedente la
acción de tutela, para en su lugar DENEGAR el amparo por no encontrarse
violación de derecho fundamental alguno.
Segundo.-
REMÍTASE copia de esta sentencia a la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que de cumplimiento al
fallo de la Corte Constitucional de 25 de mayo de 2006 contenido en la decisión
T-402/06
Tercero.- Por Secretaría, dar
cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
Notifíquese y cúmplase.
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
Ponente
JAIME
CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
MANUEL
JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] M.P. Jaime Araújo Rentería.
[2]   En la sentencia T-539-02 MP: Clara Inés Vargas
Hernández, la Corte señaló que “la vía de hecho se consolida en aquellos
casos en los cuales el juez se desapodera de la función que constitucional, legal
y reglamentariamente le corresponde, para asumir mediante una decisión
judicial, una conducta arbitraria en forma superlativa”.
[3]  Así
por ejemplo, en la sentencia T-008-98 MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, se dijo: “3. La Corte Constitucional ha entendido que la acción
de tutela no procede contra decisiones judiciales, salvo que se trate de una
vía de hecho que afecte derechos constitucionales fundamentales y siempre que
se cumplan los restantes requisitos de procedibilidad de la citada acción. En
este sentido, la tutela sólo habrá de proceder contra una vía de hecho judicial
si no existe ningún mecanismo ordinario de defensa o, si éste existe, a
condición de que el amparo constitucional resulte necesario para evitar la consumación
de un perjuicio irremediable de carácter iusfundamental”.
[4]   Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-539-00
MP: Clara Inés Vargas Hernández.  En la evolución jurisprudencial sobre la vía
de hecho sobresalen por su importancia las sentencias T-231-94, T-008-98 y
T-1017-99 MP: Eduardo Cifuentes Muñoz; T-1031-01 y SU-132-02 MP: Alvaro Tafur
Gálvis y SU-159-02 MP: Manuel José Cepeda Espinosa.
[5]   Cfr. Corte Constitucional. Sentencias
T-784-00 MP: Vladimiro Naranjo Mesa y SU-132-02 MP: Alvaro Tafur Gálvis. Al
respecto, la Corte ha afirmado que la vía de hecho “constituye un abuso de
poder, un comportamiento que se encuentra desvinculado de fundamento normativo
alguno, un acto que traduce la negación de la naturaleza reglada de todo
ejercicio del poder constituido. La vía de hecho desconoce que en un Estado
constitucional, a excepción del constituyente originario, todos los poderes son
limitados y que esos límites vienen impuestos por la Carta Política y por la
ley pues éstos desarrollan valores, principios y derechos que circunscriben los
ámbitos del poder y que determinan los espacios correlativos de ejercicio de
los derechos fundamentales”
[6]   Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-094-97
MP: José Gregorio Hernández Galindo. En este sentido, en la Sentencia T-1223-01
MP: Alvaro Tafur Gálvis, se dijo que “desde la perspectiva de la vía de
hecho judicial el amparo de tutela que se otorga persigue corregir la
arbitrariedad y el abuso del poder en que incurre una autoridad judicial cuando
profiere la decisión con desconocimiento de los principios, valores y demás
mandatos constitucionales, en cuanto  a partir de ello se genera una violación
o amenaza de los derechos fundamentales de las personas cobijadas por esa
actuación”.
[7]   Corte Constitucional.  Sentencia T-1223-01 MP:
Alvaro Tafur Gálvis.
[8]   Cfr. Corte Constitucional. Sentencias
T-231-94 MP: Eduardo Cifuentes Muñoz y SU-132-02 MP: Alvaro Tafur Gálvis.
[9]   Al respecto, esta Corporación ha estimado que se
incurre en vía de hecho por defecto fáctico cuando “resulta incuestionable que
el juez carece de apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión” (Sent. T-008-98 MP: Eduardo Cifuentes Muñoz).
Ha señalado igualmente que el defecto fáctico puede presentarse en una
dimensión omisiva o en una dimensión positiva de la valoración de las pruebas
que realice el funcionario judicial. La primera “comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez. La segunda, la dimensión positiva, abarca la valoración
de pruebas igualmente esenciales que el juzgador no puede apreciar, sin
desconocer la Constitución” (Sent. SU-159-02 MP: Manuel José Cepeda Espinosa).
También ha expresado que no todo vicio en la valoración probatoria culmina en
una vía de hecho. Por ello, la Sala reitera que sólo es factible fundar una
acción de tutela cuando se observa que la valoración probatoria hecha por el
juez en la correspondiente providencia es manifiestamente arbitraria. Es la
razón para exigir que  el error en el juicio valorativo de la prueba deba ser
de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto y que tenga una
incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse
en una instancia revisora de la evaluación probatoria del juez de conocimiento.
(Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-442-94 MP: Antonio Barrera
Carbonell y SU-159-02 MP: Manuel José Cepeda Espinosa).  Igualmente, sobre este
particular, en la sentencia SU-132-02 MP: Alvaro Tafur Gálvis, se expresó que “Cabe
recordar que en la valoración probatoria efectuada por una autoridad judicial,
prima la autonomía e independencia del juez que la realiza. Lo que se rechaza
de la misma es el posible exceso en que se pueda llegar a incurrir, por un
ejercicio arbitrario de esa discrecionalidad. Esto es lógico, puesto que como
director del proceso, el juez de la causa es el que está llamado a determinar
la utilidad, pertinencia y procedencia del material probatorio, a través de
criterios objetivos y razonables, de manera que pueda formar su convencimiento
y sustentar la decisión final, utilizando las reglas de la sana crítica
(C.P.C., art. 187 y C.P.L., art. 61). El ejercicio de ese poder discrecional
sería arbitrario si la valoración probatoria fuese resultado de un manifiesto
juicio irrazonable, determinante de la decisión final”.
[10]   Cfr. Corte Constitucional. Sentencia
T-231-94, T-008-98 y T-1017-99 MP: Eduardo Cifuentes Muñoz y SU-132-02 MP:
Alvaro Tafur Gálvis; T-405-02 MP: Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras
decisiones.
[11]
Ver también sentencias T-472 de 2005 yT-053 de 2005 entre otras.
[12]
M.P. Manuel José Cepeda
[13]  Corte Constitucional.
Sentencia T-329 de 1994, MP: José Gregorio Hernández Galindo
[14] Sentencia T-406/06 M.P. Jaime Araujo Rentería.