C-173-10
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
C-173/10
LECHES DE CRECIMIENTO-No
exención tributaria
LECHES DE CRECIMIENTO Y LECHES METERNIZADAS O HUMANIZADAS-Distinción
OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Concepto
Se presenta cuando el legislador incumple una obligación
derivada de la Constitución, que le impone adoptar determinada norma legal; en
efecto, al respecto esta Corporación ha dicho que este tipo de omisión “está
ligado, cuando se configura, a una "obligación de hacer", que
supuestamente el Constituyente consagró a cargo del legislador, el cual sin que
medie motivo razonable se abstiene de cumplirla, incurriendo con su actitud
negativa en una violación a la Carta
OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Elementos que la configuran
La demanda de inconstitucionalidad por omisión
legislativa relativa, impone al actor demostrar lo siguiente: (i) que exista una norma sobre la cual se predique
necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias
jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos
en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un
ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial
para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la
exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón
suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los
casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los
que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la
omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por
el constituyente al legislado.
OMISION LEGISLATIVA ABSOLUTA-Concepto/OMISION LEGISLATIVA ABSOLUTA-Incompetencia
de la Corte Constitucional
Se presenta en caso de falta absoluta de regulación
legal, cuando no pesa sobre el legislador el deber constitucional de proferir
una determinada norma”. Este tipo de omisión legislativa no puede ser objeto de
demanda de inconstitucionalidad, porque “el juicio de constitucionalidad
esencialmente consiste en la comparación entre dos textos normativos, uno de
rango legal y otro constitucional, de manera que la inexistencia del primero
lógicamente impide adelantar tal proceso comparativo propio del control
abstracto de constitucionalidad de las leyes
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SOBRE LOS BIENES BASICOS DE
CONSUMO-Reiteración de
jurisprudencia/IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO-Evolución histórica en la
legislación colombiana
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-Límites
En relación concreta con el IVA, y más particularmente
con la posibilidad de crear o no crear o eliminar exclusiones o exenciones
respecto de este impuesto indirecto, asunto que interesa para definición del
presente proceso, la jurisprudencia ha admitido que ello cae dentro del amplio
margen de libertad de configuración que en esta materia le asiste al Congreso
de la República. En efecto, en ese sentido la Corte ha sostenido que la
decisión del legislador de "restringir o eliminar una exención equivale a
la decisión de gravar algo que no estaba gravado, o que lo estaba de manera
diferente, lo que significa que hace parte de la potestad impositiva del
Estado, atribuida por la Constitución al Congreso".  En este mismo orden
de ideas ha señalado que “reafirma que el Congreso de la República puede, a la
luz de la Constitución, eliminar las exclusiones y exenciones en el pago del
IVA sobre bienes y servicios”. No obstante lo anterior, la jurisprudencia
también ha insistido en que esta potestad encuentra límites en la Constitución,
como toda facultad en un estado constitucional. En especial, la Corte ha
encontrado que el principio de igualdad, el derecho al mínimo vital y el
principio de dignidad limitan fuertemente las facultades del legislador cuando
señala qué tipo de bienes y servicios pueden ser objeto de este impuesto.
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE
EXENCIONES DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-Principio
de igualdad como límite
En relación concreta con la forma en la cual el
principio de igualdad restringe las facultades del legislador en el diseño de
las exclusiones y exenciones al IVA, la Corte dijo:“... "[l]a igualdad
exige el mismo trato para los entes y hechos que se encuentran cobijados bajo
una misma hipótesis", en tanto que garantía de no discriminación. De
acuerdo con este criterio, la Corte ha declarado la inconstitucionalidad o la constitucionalidad
condicionada de normas tributarias, por ejemplo, las que prevén exenciones que
no responden a un criterio objetivo de diferenciación y que por lo tanto
resultan discriminatorias. Según esta Corporación, "[s]i el legislador
grava con un impuesto un hecho, acto o negocio, por ser precisamente
indicativos de riqueza actual o potencial, no puede dejar de hacerlo ante
situaciones semejantes o equiparables, salvo que militen razones poderosas de
política fiscal o fines extra-fiscales relevantes, siempre que, en este último
caso, los mismos estén al servicio de bienes protegidos por la Constitución o
de metas ordenadas por ella.  La Corte no excluye que algunas exenciones o
beneficios fiscales tengan una justificación atendible y puedan por lo tanto
adoptarse. Lo que se quiere significar es que sólo pueden introducirse como
instrumentos dirigidos a configurar materialmente la carga tributaria de manera
técnica, justa y equitativa. Por el contrario, cuando la exención o beneficio
fiscal, no tiene razón de ser distinta de la mera acepción de personas, ella se
presenta contraria a la generalidad del tributo y, frente a los obligados que
se encuentran en la misma relación con el hecho imponible, como clara afrenta
al principio de igualdad en la carga tributaria
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE
EXENCIONES DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-Concepto de mínimo vital como límite
El Estado no puede, al ejercer la potestad tributaria,
pasar por alto si está creando tributos que ineludible y manifiestamente
impliquen traspasar el límite inferior constitucionalmente establecido para
garantizar la supervivencia digna de la persona, dadas las políticas sociales
existentes y los efectos de las mismas. Esta limitante se ha expresado
tradicionalmente en la prohibición de los impuestos confiscatorios (art. 34 de la
C.P.). Pero también es especialmente relevante para el caso el derecho
fundamental al mínimo vital, en particular el de las personas que a penas
cuentan con lo indispensable para sobrevivir (art. 13 de la C.P.). En
cumplimiento de los fines que explican su existencia (art. 2° de la C.P.), el
Estado está obligado a propender por la creación y mantenimiento de las
condiciones materiales necesarias para que una persona pueda sobrevivir
dignamente; en determinadas circunstancias de urgencia, gran peligro o penuria
extrema, y en otras señaladas en las leyes, está a su vez obligado a garantizar
tales condiciones, usualmente de manera temporal, para evitar la degradación o
el aniquilamiento del ser humano
DERECHO FUNDAMENTAL AL MINIMO VITAL-Constituye un límite al poder impositivo y un mandato
que orienta la intervención del Estado en la economía
El derecho fundamental al mínimo vital, concretamente
en lo que se refiere a las condiciones materiales básicas e indispensables para
asegurar una supervivencia digna y autónoma, constituye un límite al poder
impositivo del Estado y un mandato que orienta la intervención del Estado en la
economía (artículo 334 C.P.). La intersección entre la potestad impositiva del
Estado y el principio de Estado Social de derecho consiste en la determinación
de un mínimo de subsistencia digna y autónoma protegido constitucionalmente.
Este mínimo constituye el contenido del derecho fundamental al mínimo vital, el
cual, a su vez, coincide con las competencias, condiciones básicas y prestaciones
sociales para que la persona humana pueda llevar una vida libre del temor y de
las cargas de la miseria. Si bien el deber de tributar es general pues recae
sobre "la persona y el ciudadano" (art. 95-9 de la C.P.), el derecho
al mínimo vital exige analizar si quien no dispone de los recursos materiales
necesarios para subsistir digna y autónomamente puede ser sujeto de ciertas
cargas fiscales que ineludible y manifiestamente agraven su situación de
penuria, cuando es notoria la insuficiencia de una red de protección social
efectiva y accesible a los más necesitados. De ahí que la propia Carta haya
señalado como límite a la potestad impositiva del Estado "los principios
de equidad, eficiencia y progresividad" que rigen "el sistema
tributario" (art. 363 de la C.P.) y que haya enmarcado el deber de
tributar dentro de los "conceptos de justicia y equidad" (art. 95-9
de la C.P.).
CAPACIDAD CONTRIBUTIVA-Concepto/CAPACIDAD
CONTRIBUTIVA-No es automáticamente equiparable a la capacidad adquisitiva
La
capacidad contributiva es la posibilidad económica que tiene una persona de
tributar, o sea, la idoneidad subjetiva, no teórica sino real, en cuanto
depende de la fuerza económica del sujeto, para ser llamado a cumplir con el
deber de pagar tributos. Entonces, las personas que apenas disponen de lo
necesario para subsistir son las que tienen menor capacidad contributiva, o,
inclusive, las que pueden carecer de capacidad económica de tributar. Llamar a
quienes carecen de capacidad contributiva a soportar estas cargas públicas de
orden impositivo que las afecta de manera ineludible y manifiesta en su
subsistencia, resulta contrario a la justicia tributaria. La capacidad económica
o contributiva, fundada, por ejemplo, en el ingreso, en la riqueza, o en una
actividad productiva, no puede ser equiparada a la realización de una actividad
social básica e ineludible, como adquirir un bien o servicio indispensable para
sobrevivir. En ese sentido, la capacidad contributiva no es automáticamente
equiparable a la capacidad adquisitiva
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-Naturaleza
de impuesto indirecto/IMPUESTO DIRECTO E INDIRECTO-Distinción
En
cuanto a las características del impuesto al valor agrado IVA, dentro de
aquellas que interesan especialmente para la definición del problema jurídico
que se analiza en este caso, se tiene que la Corte ha destacado que se trata de
un impuesto indirecto que como tal se distingue porque en él no existe una
identificación concreta y previa del sujeto contribuyente.  Esta circunstancia
hace que, en este tipo de gravámenes, el principio de progresividad tributaria
no tenga el mismo alcance que en otros tributos, como lo ha explicado la
doctrina tributaria así: “la capacidad de pago solamente se puede determinar
por la propensión al consumo de los distintos sujetos pasivos del tributo. En
tal virtud, los contribuyentes que con mayor frecuencia incurran en el hecho
gravado pagarán proporcionalmente más que los demás, y es evidente que quienes
tienen mayores recursos normalmente efectuarán erogaciones por mayor cuantía de
las que tienen menos medios. En este tipo de impuestos existe la posibilidad de
acentuar las cargas tributarias sobre los que tengan una mayor capacidad
económica, mediante el establecimiento de tarifas diferenciales, respecto de
los consumos de lujo.” Lo anterior, a diferencia de lo que acontece en los
impuestos directos, como el de renta o el predial, en donde “como se identifica
en ellos al contribuyente respectivo, es posible conocer la capacidad de pago
del mismo mediante las informaciones relativas a sus rentas y patrimonio. En
tal caso, es lógico el establecimiento de tarifas progresivas, de tal manera
que en la medida en que aumente la base gravable aumente también la medida
aplicable
PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD TRIBUTARIA-Contenido
La jurisprudencia ha aceptado que el principio
constitucional de progresividad tributaria se hace efectivo de manera más
concreta y efectiva en materia de impuestos directos, mediante el recurso al
establecimiento de tarifas progresivas respecto de un mismo gravamen, según los
niveles de renta o patrimonio del contribuyente. En cambio, en materia de
impuestos indirectos, como el IVA, “la progresividad es más difusa, y parte de
la presunción relativa a la mayor capacidad adquisitiva de aquellas personas
que gastan en bienes o servicios más costosos y menos relacionados con la
satisfacción de necesidades básicas, los cuales son gravados con tarifas más
altas”. Es decir, el principio constitucional de progresividad tributaria, en
relación con los impuestos indirectos como el IVA, sólo puede hacerse efectivo
cuando el gravamen recae sobre el consumo de bienes que no son considerados
básicos, cometido que se logra mediante la imposición de tarifas cada vez más
altas, en cuanto menos básico o más suntuario es el consumo del bien o servicio
en cuestión. De donde se deduce que las tarifas más altas del IVA, cuando hay
tarifas diferenciales, en principio deben reservarse para productos que no
puedan clasificarse como de consumo básico.
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-Mecanismos para aplicación del principio de
progresividad
La
jurisprudencia ha explicado que, con respecto al IVA, el legislador puede
“recurrir a mecanismos institucionales que le confieren a la estructura de este
impuesto cierto grado de progresividad y que propenden por una más equitativa
distribución de sus cargas”, mecanismos dentro de los cuales está el
señalamiento de tarifas diferenciales, que “gravan con tarifas superiores a la
tarifa general los bienes y servicios cuyo consumo suele estar concentrado en
los sectores de la sociedad que disfrutan de un mayor nivel adquisitivo o con
tarifas inferiores los bienes y servicios cuyo consumo se encuentre
generalizado entre los diferentes sectores de la población o cuando se acentúe
en los sectores de menor capacidad contributiva
Referencia:
expediente D-7819
Demanda
de inconstitucionalidad contra los artículos 420 y 477 del Estatuto Tributario
-Decreto Extraordinario 624 de 1989-.
Actores: Adriana María Nassar Hernández, Patricia Contreras,
Sara Cristina Cabello Londoño y Zayde Gayón Figueroa.
Magistrado
Ponente:
Dr.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá
D.C., diez (10) de marzo de dos mil diez (2010).
La
Sala Plena de la Corte Constitucional,
conformada por los magistrados Mauricio González Cuervo, -quien la preside-, María
Victoria Calle Correa, Juan Carlos Henao Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio, Nilson Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, Humberto Antonio Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas Silva, en
ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los
requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la
presente sentencia con fundamento en los siguientes,
1.     ANTECEDENTES
En
ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, las ciudadanas Adriana
María Nassar Hernández, Patricia Contreras, Sara Cristina Cabello Londoño y
Zayde Gayón Figueroa demandaron los artículos 420 (parcial) y 477 (parcial) del
Estatuto Tributario.
Mediante
auto del 27 de julio de 2009, el Despacho del magistrado sustanciador inadmitió
la demanda, por cuanto las accionantes no cumplieron con el requisito de
señalar y transcribir literalmente las normas acusadas y porque faltó precisión
en cuanto a si la alegada inconstitucionalidad de los artículos demandados era
parcial o total. Finalmente, se advirtió a las demandantes sobre la
insuficiencia de los cargos expuestos en la demanda.
En
atención a lo anterior, las accionantes corrigieron la demanda y el Despacho,
mediante auto de 25 de agosto de 2009, procedió a su admisión.
2.
LA DEMANDA
2.1.
NORMA DEMANDADA
A
continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, dentro de la
cual se resaltan y subrayan los apartes en contra de los cuales se dirige la
acusación:
“DECRETO 624 DE 1989
(30 de marzo de 1989)
“Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los
Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales
“EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
“En ejercicio de las facultades extraordinarias que le
confieren los artículos 90, numeral 5°, de la Ley 75 de 1986 y 41 de la Ley 43
de 1987, y oída la Comisión Asesora de la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado.
DECRETA:
(…)
LIBRO TERCERO
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
TITULO I
“ARTICULO
420. HECHOS SOBRE LOS QUE RECAE EL IMPUESTO. El impuesto a las ventas se aplicará sobre:
a. Las ventas de bienes corporales muebles que
no hayan sido excluidas expresamente.
b. <Literal modificado por el artículo 25 de la Ley
6 de 1992. El nuevo texto es el siguiente:> La prestación de servicios en el
territorio nacional.
c. La importación de bienes corporales muebles que no
hayan sido excluidos expresamente.
d. <Literal adicionado por el artículo 62 de la Ley
863 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Impuesto sobre las Ventas en
los juegos de suerte y azar. Constituye hecho generador del Impuesto sobre las
Ventas la circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar con
excepción de las loterías.
El impuesto se causa en el momento de realización de
la apuesta, expedición del documento, formulario, boleta o instrumento que da
derecho a participar en el juego. Es responsable del impuesto el operador del
juego.
<Ajuste de salarios mínimos en términos de UVT por
el artículo 51 de la Ley 1111 de 2006 (A partir del año gravable 2007). El
texto con el nuevo término es el siguiente:> La base gravable estará
constituida por el valor de la apuesta, del documento, formulario, boleta,
billete o instrumento que da derecho a participar en el juego. En el caso de
los juegos localizados tales como las maquinitas o tragamonedas, se presume que
la base gravable mensual está constituida por el valor correspondiente a 20
UVT y la de las mesas de juegos estará constituida por el valor
correspondiente a 290 UVT.
La tarifa del impuesto sobre las ventas en los juegos
de suerte y azar es del cinco por ciento (5%).
Son documentos equivalentes a la factura en los juegos
de suerte y azar, la boleta, el formulario, billete o documento que da derecho
a participar en el juego. Cuando para participar en el juego no se requiera
documento, se deberá expedir factura o documento equivalente. El valor del
impuesto sobre las ventas a cargo del responsable no forma parte del valor de
la apuesta.
El impuesto generado por concepto de juegos de suerte
y azar se afectará con impuestos descontables.
PARAGRAFO. El impuesto no se aplicará a las ventas de activos
fijos, salvo que se trate de las excepciones previstas para los automotores y
demás activos fijos que se vendan habitualmente a nombre y por cuenta de
terceros y para los aerodinos.
PARAGRAFO
2o. <Parágrafo adicionado por el artículo 176  de la
Ley 223 de 1995. El nuevo texto es el siguiente:> Para efectos de la
aplicación del Impuesto sobre las Ventas, los servicios de telecomunicaciones
prestados mediante el sistema de conversión intencional del tráfico saliente en
entrante, se considerarán prestados en la sede del beneficiario.
PARAGRAFO
3o.
<Parágrafo adicionado por el artículo 33  de la Ley 383 de 1997. El nuevo
texto es el siguiente:> Para la prestación de servicios en el territorio
nacional se aplicarán las siguients <sic> reglas:
Los servicios se considerarán prestados en la sede del
prestador del servicio, salvo en los siguientes eventos:
1. Los servicios relacionados con bienes inmuebles se
entenderán prestados en el lugar de su ubicación.
2. Los siguientes servicios se entenderán prestados en
el lugar donde se realicen materialmente:
a) Los de carácter cultural, artístico, así como los
relativos a la organización de los mismos;
b) Los de carga y descarga, trasbordo y almacenaje.
3. <Párrafo modificado por el artículo 53  de la
Ley 488 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:> Los siguientes servicios
ejecutados desde el exterior a favor de usuarios o destinatarios ubicados en el
territorio nacional, se entienden prestados en Colombia, y por consiguiente
causan el impuesto sobre las ventas según las reglas generales:
a. <Literal modificado por el artículo 53  de la
Ley 488 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:> Las licencias y
autorizaciones para el uso y explotación, a cualquier título, de bienes
incorporales o intangibles;
b) Los servicios profesionales de consultoría,
asesoría y auditoría;
c) Los arrendamientos de bienes corporales muebles,
con excepción de los correspondientes a naves, aeronaves y demás bienes muebles
destinados al servicio de transporte internacional, por empresas dedicadas a
esa actividad;
d) Los servicios de traducción, corrección o
composición de texto;
e) Los servicios de seguro, reaseguro y coaseguro,
salvo los expresamente exceptuados;
f) Los realizados en bienes corporales muebles, con
excepción de aquellos directamente relacionados con la prestación del servicio
de transporte internacional.
g) <Literal modificado por el artículo 134  de la
Ley 633 de 2000. El texto sin la parte derogada queda así:> Los servicios de
conexión o acceso satelital, cualquiera que sea la ubicación del satélite.
h) <Literal adicionado por el artículo 29  de la
Ley 633 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> El servicio de televisión
satelital recibido en Colombia, para lo cual la base gravable estará conformada
por el valor total facturado al usuario en Colombia.
Lo previsto por el numeral tercero del presente
artículo se entiende sin perjuicio de lo dispuesto por el literal e) del
artículo 481 del Estatuto Tributario.
PARAGRAFO
4o. <Parágrafo
adicionado  por el artículo 33 de la Ley 383 de 1997. El nuevo texto es el
siguiente:> Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a los
servicios de reparación y mantenimiento en naves y aeronaves prestados en el
exterior.
PARAGRAFO
5o. <Parágrafo
adicionado por el artículo 28  de la Ley 633 de 2000. El nuevo texto es el
siguiente:> La venta e importación de cigarrillos y tabaco elaborado,
nacionales y extranjeros, los cuales estarán gravados a la tarifa general. El
impuesto generado por estos conceptos dará derecho a impuestos descontables en
los términos del artículo 485  de este estatuto.
<Inciso 2o. derogado por el artículo 78  de la Ley
1111 de 2006>
“...
“TITULO VI
“BIENES EXENTOS
“ARTICULO
477. BIENES QUE SE ENCUENTRAN EXENTOS DEL IMPUESTO. <Artículo modificado por el artículo 31 de la Ley
788 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> Están exentos del impuesto
sobre las ventas los siguientes bienes:
02.01 Carne de animales de la especie bovina, fresca o
refrigerada
02.02 Carne de animales de la especie bovina,
congelada
02.03 Carne de animales de la especie porcino, fresca,
refrigerada o congelada.
02.04 Carne de animales de las especies ovino o
caprina, fresca, refrigerada o congelada.
02.06 Despojos comestibles de animales
02.07 Carne y despojos comestibles, de aves de la
partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados.
02.08.10.00.00 Carne fresca de conejo o liebre
03.02 Pescado fresco o refrigerado, excepto los
filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04
03.03 Pescado congelado, excepto los filetes y demás
carne de pescado de la partida 03.04
03.04 Filetes y demás carne de pescado (incluso
picado), frescos, refrigerados o congelados
04.01 Leche y nata (crema), sin concentrar, sin
adición de azúcar ni otro edulcorante de otro modo
04.02 Leche y nata (crema), con cualquier proceso
industrial concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante
04.06.10.00.00 Queso fresco (sin madurar)
04.07.00.10.00 Huevos para incubar, y los pollitos de
un día de nacidos
04.07.00.90.00 Huevos de ave con cáscara, frescos
19.01.10.10.00 Leche maternizado o humanizada
48.20 Cuadernos de tipo escolar.
Alcohol carburante, con destino a la mezcla con
gasolina para los vehículos automotores.
<Inciso adicionado por el artículo 8 de la Ley 939
de 2004. El nuevo texto es el siguiente:> El biocombustible de origen
vegetal o animal para uso en motores diesel de producción Nacional con destino
a la mezcla con ACPM estará exento del impuesto a las ventas.
<Inciso adicionado por el artículo 56  de la Ley
1111 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> También son exentos del
impuesto sobre las ventas, los alimentos de consumo humano y animal que se
importen de los países colindantes a los departamentos de Vichada, Guajira,
Guainía, Amazonas y Vaupés, siempre y cuando se destinen exclusivamente al
consumo local en esos Departamentos”.
2.2.
LA DEMANDA
Solicitan
las demandantes la declaratoria de inconstitucionalidad de los  artículos 420
(parcial) y 477 (parcial) del Estatuto Tributario, por considerarlos
violatorios de los artículos 13, 44 y 334 de la Constitución Política.
Señala
la demanda que los artículos acusados gravan las “leches de crecimiento”,
necesarias para niños ubicados en el rango de uno a cinco años, mientras que
las leches “maternizadas o humanizadas”, especiales para niños menores
de un año, así como las leches y natas (cremas) “con o sin concentrar, con o
sin adición de azúcar u otro edulcorante”, recomendadas para mayores de
cinco años de edad,  se encuentran exentas del impuesto sobre las ventas IVA. A
su juicio, lo anterior es violatorio del derecho fundamental a la igualdad,
pues los niños de todas las edades deben tener acceso a su principal alimento,
cual es la leche, sin el recargo del IVA. Agregan que las “leches de
crecimiento” son necesarias para los niños de uno a cinco años de edad,
pues ellas se elaboran a partir de la leche fresca, pero “han sido adaptadas
específicamente a las necesidades nutricionales y capacidad digestiva del niño
a partir del primer año de vida, adicionando las vitaminas y minerales
necesarios y  modificando las grasas de origen animal, las cuales contribuyen a
un mejor equilibrio en la alimentación del niño”.
Refiriéndose
a la presunta violación del artículo 44 superior por parte de las normas
acusadas, las demandantes recuerdan que esta norma constitucional consagra los
derechos fundamentales de los niños, entre ellos el derecho a recibir una
alimentación equilibrada. De donde deducen que no se ajusta a la Constitución
que las “leches de crecimiento”, producidas para niños entre uno y cinco
años de edad, sean gravadas con el IVA, pues se trata de un alimento básico
para el desarrollo y crecimiento del ser humano.
Explicando
las razones por las cuales el artículo 334 de la Carta también resulta
vulnerado por las normas acusadas, las accionantes indican que conforme a esta
norma superior, el Estado Social de Derecho debe garantizar “que todos los
ciudadanos lleven una vida digna, la cual incluye, entre otras, una buena
alimentación”. Tratándose de niños entre uno y cinco años, dicen que la
leche modificada para que sea tolerada por ellos es esencial en su dieta, por
lo cual impedir el acceso a ella desconoce su mínimo vital de subsistencia en
condiciones dignas.
Adicionalmente,
las demandantes fundamentan su pretensión con la exposición de los datos
extraídos de la “Encuesta nacional de la situación nutricional en Colombia
ENSIN 2005”, relativa a las deficiencias nutricionales de los niños en
Colombia y la importancia que para el futuro de la sociedad tiene una adecuada
alimentación de la niñez. Estos datos señalan, entre otras conclusiones, que “los
niños entre 12 y 23 meses presentan una prevalencia altísima de anemia (53.2%)”
y que “el 25.1% de los niños pequeños no consumió leche”. Sostienen que el
hecho de que las “leches de crecimiento” se encuentren gravadas con el
IVA genera un impacto negativo en el consumo de éste alimento por parte de los
hijos de los contribuyentes de escasos recursos, vulnerándose por consiguiente
el derecho a la igualdad real y efectiva propia del Estado Social de Derecho.
Indican
que la jurisprudencia constitucional, entre la que mencionan y citan apartes de
las sentencias C-776 de 2003[1] y T-881 de 2006[2],
ha señalado en varias ocasiones que, en desarrollo de la noción de Estado
Social de Derecho y en aras de la protección al derecho a la igualdad y al
mínimo vital, los productos de primera necesidad no deben ser gravados con
impuestos indirectos, por cuanto a ellos deben acceder todos los ciudadanos.
Agregan que las normas acusadas desconocen también los principios
constitucionales de progresividad y equidad que presiden el sistema tributario,
toda vez que no atienden a la mayor o menor capacidad contributiva de los
sujetos y consagran impuestos simplemente proporcionales.
3.
INTERVENCIONES
3.1.
INTERVENCIÓN DEL CIUDADANO JUAN CARLOS SALAZAR.
El
ciudadano Juan Carlos Salazar intervino oportunamente dentro del proceso para
coadyuvar las pretensiones de la demanda.
Previo
a entrar en el fondo del asunto, la intervención llama la atención sobre el
hecho de que la leche entera no es un alimento adecuado para el crecimiento de
los niños entre uno y cinco años de edad.  Por lo anterior, afirma el
ciudadano, se han creado las llamadas “leches de crecimiento”, las
cuales “por tecnicismos legales han quedado clasificadas en una subpartida
arancelaria diferente a la de las leches maternizadas  (que se consumen en
el primero año de vida) y por ello, sin que hubiere mediado una política
legislativa expresa, quedaron gravadas con IVA”.
Indica
que resulta “absurdo” imponer el 16% de gravamen a la leche de crecimiento de
los niños, si se tiene en cuenta que ellos gozan de una especial protección
constitucional.  Por lo cual solicita que la Corte se pronuncie de fondo
de manera que todas las leches maternizadas y de crecimiento para los niños
queden exentas del IVA.
Manifiesta
que las normas acusadas violan directamente los derechos fundamentales de los
niños, al ser la leche la base fundamental de su crecimiento y desarrollo,
sobre todo en la primera fase de crecimiento infantil, que va desde los cero
(0) hasta los cinco (5) años. Además, de acuerdo con el artículo 44 de la
Constitución Política, los derechos de los niños prevalecen sobre los demás,
sobresaliendo el derecho a una alimentación equilibrada. Narra que en los
países desarrollados se garantiza que la leche no sea gravada con ningún tipo
de impuesto y además su producción es subsidiada por el Estado.
Finalmente,
aduce que la Corte Constitucional en sede de tutela ha reconocido que una
adecuada nutrición durante los primeros años de vida de un niño garantizan su
desarrollo psicofísico. Para esos efectos  transcribe apartes de la Sentencia T
-224 de 2005[3].
3.2.
INTERVENCIÓN DEL CIUDADANO
WILSON DAZA.
En
forma oportuna intervino dentro del proceso el ciudadano Wilson Daza, médico
gastroenterólogo pediatra, quien apoyó la demanda con fundamento en los
siguientes argumentos de carácter científico:
Explica
el interviniente que según la “Encuesta de la situación nutricional en
Colombia”, liderada por el ICBF en el año 2005, existen varias deficiencias
nutricionales entre los niños de uno a cuatro años, dentro de la cuales se
destacan la desnutrición y las deficiencias nutricionales específicas en
vitamina A, hierro, zinc y calcio. Expone entonces unas consideraciones
relativas a las características fisiológicas de los niños de entre uno y tres
años de edad, destacando que se trata de una etapa de crecimiento y desarrollo
en la cual el cerebro y otros sistemas están en fase de formación. Sostiene
que, por lo anterior, la alimentación de los niños de esta edad debe proveer
todos los nutrientes, en cantidad y calidad óptimas para el crecimiento y
desarrollo del menor. Agrega que las deficiencias nutricionales más frecuentes
en los niños en esta etapa son en materia de hierro, zinc, calcio y yodo,
explicando las consecuencias que estas carencias implican en la salud y
desarrollo adecuado de los menores.
Vertidas
las anteriores explicaciones, la intervención sostiene que la leche de vaca sin
modificar no es recomendable para los niños entre uno y tres años de edad, por
el excesivo contenido de proteínas y grasas saturadas y la baja presencia de
ciertos minerales y ácidos grasos esenciales. Por ello, recomienda las “fórmulas
infantiles de continuación”, que cuentan con ventajas nutricionales para
los menores en esta etapa de formación, por lo cual sostiene que la solución
que el Estado debe apoyar es el consumo de este tipo de “leches de
crecimiento”.
3.3.
INTERVENCIÓN DE LA ACADEMIA
COLOMBIANA DE JURISPRUDENCIA.
Estando
dentro del término legalmente previsto, la Academia Colombiana de
Jurisprudencia hizo llegar el concepto elaborado por el académico Juan Rafael
Bravo Arteaga, en donde se defiende la constitucionalidad de las disposiciones
acusadas, con fundamento en los siguientes argumentos:
En
primer lugar, sostiene la Academia interviniente que la demanda, en cuanto se
dirige en contra de del artículo 420 del Estatuto Tributario, “carece de
toda justificación lógica, pues la norma se limita a consagrar una disposición
obvia dentro de un sistema tributario como es que los hechos gravados por la
ley dan lugar al nacimiento del tributo, salvo que la misma ley haya consagrado
excepciones a la norma general.” Por tanto, en concepto de la Academia,
respecto de esta norma la demanda no está llamada a prosperar.
En
cuanto a la acusación contra el artículo 477, destaca que la demanda no
persigue que la Corte declare inexequibles los apartes parcialmente acusados de
dicha norma, conforme a los cuales están exentas del IVA algunas leches y
cremas, sino que lo que en realidad se pretende es que, a través de una
sentencia integradora, esta Corporación declare la exequibilidad de dichos
apartes legales, bajo el entendido según el cual la exención también cobija las
“leches de crecimiento” que usan los niños de uno a cinco años de edad.
Explicado
lo anterior, la intervención observa que la terminología utilizada en la
demanda, que llama  “leches de crecimiento” a aquellas especiales para
niños de uno a cinco años de edad, no corresponde a la que utiliza el
legislador. Agrega que la atribución dada al legislador en el artículo 338 de la
Constitución de establecer el hecho gravado de los tributos implica la facultad
de determinar, en el caso del impuesto a las ventas, las exclusiones o
exenciones a la regla general, según la cual dicho impuesto grava la venta de
todos los bienes corporales muebles.
Continúa
el concepto señalando que toda exención tributaria por definición consagra un
trato legal diferente, lo cual per se no resulta contrario a la
Constitución, siempre que tal desigualdad resulte razonable y se encuentre
justificada por la necesidad de alcanzar un objetivo constitucionalmente
importante. En el caso presente, la Academia encuentra ajustada a la
Constitución la exención consagrada en las normas acusadas y el gravamen para
los demás productos lácteos no exentos, “ya que los primeros corresponden a
productos de primera necesidad para la población, ya sea infantil o adulta, a
tiempo que los segundos no son absolutamente indispensables para la
alimentación de la población, por lo cual los consumidores de los mismos bien
pueden soportar el gravamen a que se hace referencia o sustituirlos por
productos exentos.”
3.4.
INTERVENCIÓN DE NESTLÉ DE
COLOMBIA S.A.
Respondiendo
a la invitación de la Corte, el ciudadano Carlos Ernesto Torres Guevara,
obrando como tal y también en su condición de representante legal de Nestlé de
Colombia S.A., intervino oportunamente dentro del proceso para solicitar la
declaración de inconstitucionalidad de las normas acusadas; en fundamento de su
solicitud expuso los siguientes argumentos:
Inicialmente
explica los propósitos básicos a los cuales se dedica la empresa a la cual
representa, estando entre ellos “la investigación científica necesaria para
la elaboración de los diferentes productos que ofrece, entre ellos, las leches
modificadas o también llamadas “leches de crecimiento”, dirigidas a los niños
entre 1 y 5 años de edad”, siendo una de las políticas de la compañía
promover la leche materna en la época de lactancia, pues constituye su alimento
básico.
Indica
que, de acuerdo a estudios realizados, está demostrado que el sistema digestivo
infantil hasta los cinco años de edad no tiene la capacidad de asimilar las
grasas animales y otros elementos presentes en la leche entera de vaca,
por lo que es necesario producir las leches que clasifica como “maternizadas”,
que van desde los cero a doce meses, y las de “crecimiento”, que van
desde el año uno al cinco de vida del menor, para que así ellas puedan ser
asimiladas por el infante.
Aclarado
lo anterior, recuerda que estas leches en el pasado estaban exentas del IVA,
pero a raíz de una decisión del INVIMA, las leches de crecimiento (que en la
marca Nestlé son las denominadadas Klim 1+ y Klim 3+) fueron reclasificadas en
una subpartida diferente a la que pertenecían anteriormente, razón por la cual
a partir de ese momento la DIAN las incluyó dentro de los alimentos lácteos,
que no se encuentran exentos del IVA.
Aclara
entonces que esta reclasificación no se debió a una política estatal ni tampoco
a una reforma tributaria, “sino simplemente a un tecnicismo jurídico que
obligó a reclasificar las leches de crecimiento en una partida arancelaria que
no se encuentra incluida en la lista de los bienes exentos”;  por lo tanto,
“bajo esa clasificación y a la luz de las normas que son demandadas en el
presente proceso, resultan gravadas las leches de crecimiento”.
Manifiesta
que tras el cambio arancelario, el consumo de leche de crecimiento decayó un
20%, afectando directamente la población infantil que es la más
vulnerable.
Por
las anteriores razones, apoya las pretensiones de la demanda, pues considera
que al gravar con el IVA este tipo de alimentos, se genera una barrera para el
consumo de “la mejor opción de nutrición para los niños, frente a los
cánones constitucionales que disponen que la alimentación equilibrada de los
niños es un derecho constitucionalmente protegido”; lo anterior por cuanto “definitivamente
en 16% adicional al precio del producto afecta a la población más vulnerable y
resulta violatorio de la Constitución” .
3.5.
INTERVENCIÓN DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO.
Estando dentro del término de fijación en lista,
intervino el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, quien presentó a la
Corte el concepto preparado por el ciudadano Mario Posada García-Peña, miembro
de dicho Instituto, en el cual se defiende la constitucionalidad de la
disposición acusada con base en las siguientes consideraciones:
Tras recordar el origen y el desarrollo legal del
impuesto a las ventas en Colombia, la intervención explica que lo que se debate
dentro del presente proceso es si “el hecho de que la ley expresamente no
disponga un tratamiento preferencial o excepcional de un bien frente a un
tributo, hace dicha ley inconstitucional”.  Para responder a dicho
interrogante, sostiene que debe acudirse al principio de equidad, indagando las
razones que pudo tener el legislador para establecer distinciones en materia
tributaria. En la medida que en existan razones constitucionalmente aceptables,
“puede decirse que la equidad queda afectada por el hecho de que se
presenten diferencias en la conformación de las obligaciones fiscales.”
Explicado lo anterior, el concepto se pregunta si las
normas acusadas son inconstitucionales, “por no incluir como bien exento del
impuesto sobre las ventas la “leche de crecimiento de niños” de la partida
arancelaria 19.01.10, mientras que productos similares clasificados en otras
partidas arancelarias si tiene un tratamiento preferencial.”
Para dar respuesta al anterior interrogante la
Academia se remite a los antecedentes de la Ley 788 de 2002, norma que en su artículo
31 efectuó la última modificación al artículo 477 del Estatuto Tributario.
Hecho el estudio correspondiente, concluye que “según lo entiende este
Instituto, la distinción entre leches preparadas gravadas y no gravadas para
niños de menos de 12 meses, para niños entre uno y cinco años y para niños
mayores de  esta edad, no proviene de las normas acusadas, como tampoco del
arancel de aduanas. Esa distinción es una interpretación subjetiva de las
demandantes, debido a que las mencionadas normas no establecen una distinción
por edades para efectos de la exención, lo que conlleva que no exista
objetividad en las pretensiones de las convocantes.”
En tal virtud, el Instituto no encuentra que los
artículos acusados vulneren la Constitución.
3.6.
INTERVENCIÓN DE LA
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES –DIAN-.
Estando dentro del término legal previsto para ello,
intervino dentro del proceso la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
-DIAN-, para defender la constitucionalidad de las normas demandadas.
Después de referirse a la historia legislativa del
impuesto a las venta en Colombia, la intervención recuerda que en virtud de lo
dispuesto por el artículo 338 superior, mientras respete los principios de
igualdad, equidad, eficiencia y progresividad, el Congreso tiene la potestad de
establecer a quiénes se les cobrará y a quiénes no un determinado impuesto,
entre estos el IVA. Por tal razón, en principio, las normas acusadas deben
presumirse ajustadas a la Constitución.
No obstante lo anterior, la intervención continua
planteando una posible ineptitud de la demanda. Para tales efectos, observa que
lo que en realidad propone la acusación es una omisión legislativa que haría
que las normas demandadas fueran inconstitucionales por no incluir dentro del
listado de productos exentos del IVA las llamadas leches de crecimiento. Sin
embargo, estima que la acusación no cumple con los requisitos jurisprudenciales
exigidos para este tipo de demandas.
De otro lado, la DIAN señala que existe una “carencia
total de objeto en la pretensión cuando se demanda del artículo 420 del
Estatuto Tributario, lo atinente a “Hechos sobre los que recae el impuesto”, lo
cual no tiene ninguna razón de ser, dada la competencia discrecional del
Congreso.”
Prosigue la intervención destacando que ni la terminología
de la ley ni la del decreto de arancel utilizan la denominación “leches de
crecimiento”. Explica entonces que la OMS y otras entidades internacionales
europeas promueven una política de estímulo a la lactancia materna hasta al
menos los dos años de edad, por lo cual desaconsejan las etiquetas de los
preparados lácteos para niños pequeños que “idealizan” su consumo; así
mismo, rechazan el uso en dichas etiquetas de términos como “humanizado”,
“maternizado”  u otros análogos. Agrega que la O.C.U. (Organización de
consumidores y Usuarios) estima que las leches de crecimiento no son
necesarias, pues “no suponen ninguna ventaja alimentaria y que incluso su
alto contenido en azúcares y en calorías las convierten en poco adecuadas para
los niños.”
De todo lo anterior, la DIAN concluye que las
disposiciones acusadas no resultan contrarias a la Constitución, pues la no
exención del IVA respecto de las leches de crecimiento no vulnera el derecho a
la igualdad, dado que se trata de un producto que, además de ser inocuo, “no
podrá estar al alcance del presupuesto de todas las familias del país.”
4.
CONCEPTO DEL PROCURADOR
GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez
Maldonado, estando dentro el término legalmente previsto, emitió el concepto de
su competencia, en el cual pidió declarar la exequibilidad de las normas
demandadas, con base en las siguientes consideraciones:
La Vista Fiscal comienza por señalar el problema
jurídico a determinar, consistente en establecer si los artículos demandados,
al contemplar la aplicación del Impuesto de Valor Agregado sobre las ventas de
las denominadas “leches de crecimiento”, configura o no una
discriminación en contra de los niños de entre uno y cinco años de edad, como
sujetos de especial protección.
Inicia su exposición refiriéndose a la libertad de
configuración del legislador tributario, precisando que la misma aunque amplia
no es absoluta, teniendo en cuenta que si bien al Congreso, por mandato
constitucional, le corresponde determinar la política tributaria del Estado y
establecer contribuciones fiscales y parafiscales a través de leyes que
desarrollen una política pública económica que incluya una esfera impositiva,
dicha facultad debe ejercerla respetando los límites trazados por el ordenamiento
jurídico, como lo son, entre otros, el derecho a la igualdad y los principios
de de equidad, eficiencia y progresividad del sistema tributario.
Sostiene el Ministerio Público, que en desarrollo de
la política tributaria, corresponde al Legislador fijar quiénes son los sujetos
activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, así como las tarifas de
los tributos. Y en esa medida, tiene la potestad de establecer a quiénes se
cobrará el tributo, fijando las reglas y excepciones que considere pertinentes.
Precisa que para lograr el mantenimiento de cualquier
organización política y social, deben preverse medios idóneos de obtención y
distribución de los recursos, lo cual se logra a través del sistema tributario,
siendo ésta la justificación de la potestad impositiva del Estado para exigir a
los ciudadanos el deber de tributar.
Procede luego a explicar el caso concreto del IVA,
señalando que el Congreso en desarrollo de su facultad impositiva ha
determinado los aspectos estructurales del impuesto, estableciendo como sujeto
activo del mismo a la Nación y como sujeto pasivo a los adquirientes o usuarios
de bienes y servicios gravados, salvo las personas que expresamente hayan sido
excluidas del pago de este gravamen por decisión legal. Al respecto, manifiesta
que sobre el legislador recae la responsabilidad de diseñar las cargas
inherentes a este tributo de manera técnica, justa y equitativa, tomando en
consideración la forma en que se puedan ver afectados los sectores más
desfavorecidos de la sociedad, y velando porque la igualdad sea real y
efectiva.
Entrando a analizar de manera particular la
constitucionalidad de las normas  acusadas, dice la vista fiscal que las
exclusiones y exenciones al IVA pueden ser creadas, modificadas o suprimidas
por el Congreso en ejercicio legítimo de su potestad impositiva, no sólo por
razones de fomento de algún sector de la economía, sino para no extender la
carga tributaria a personas de baja capacidad contributiva.
Recuerda entonces el Ministerio Público que esta
Corporación ha considerado que los bienes y servicios de primera necesidad son
aquellos que consumen sectores muy amplios de la población, con el propósito de
atender necesidades básicas. Se pregunta entonces si las “leches de
crecimiento” pueden ser catalogadas dentro de esta categoría de productos.
Al respecto señala que tales leches son de creación relativamente reciente, que
no existen directrices oficiales sobre su composición, promoción y empleo, que
tiene diversa composición según la marca y que no existe un consenso científico
sobre su necesidad y conveniencia. Agrega que no cuentan con un aval definitivo
de la OMS ni de la FAO, entidades que han optado por seguir privilegiando la
lactancia materna. En sustento de estas opiniones, el Señor Procurador
transcribe apartes del estudio efectuado por la OCU (Organización de
Consumidores y Usuarios) integrante del grupo Euroconsumers (consumidores
europeos), que califa dichas leches como “decepcionantes”, básicamente
por contener demasiadas calorías, exceso de azúcar y vitaminas de más,
impidiendo además hábitos de dieta variada y equilibrada.
Frente a las opiniones científicas de las demandantes,
la vista fiscal opone las anteriores conclusiones y agrega que a pesar de que
efectivamente en Colombia se presentan altos índices de desnutrición infantil,
la demanda no demuestra un “nexo causal alguno entre el consumo o no de las
leches de crecimiento y el mejor o peor grado de nutrición de los niños entre
uno y tres años de edad.” Además, observa que una desventaja muy importante
de dichas leches es el alto costo que tienen para la familia y para la
sociedad.
De todo lo anterior, el Ministerio Público concluye
que con el IVA sobre las leches de crecimiento no se está extendiendo la carga
tributaria a personas de baja capacidad contributiva frente a un producto de
primera necesidad, por lo cual el Estado tiene potestad para gravarlas,
inclusive con el propósito de desestimular su venta por razones de salud
pública. Por lo cual, la decisión legislativa de no extender la exención del
IVA a estos productos no es caprichosa ni desproporcionada, y más bien se funda
en criterios científicos avalados por la OMS y la FAO.
En tal virtud, estima que la demanda no está llamada a
prosperar, en cuanto las normas acusadas no vulneran el derecho a la igualdad
ni el mínimo vital de la población infantil, ni suponen la imposición de una
carga excesiva para personas de bajos ingresos, contraria a los principios de
proporcionalidad o equidad tributaria.
5.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN.
5.1.
COMPETENCIA
De conformidad con lo prescrito por el numeral 5° del
artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente
para resolver sobre la constitucionalidad de las normas demandadas.
5.2.
EL PROBLEMA JURÍDICO QUE
PROPONE LA DEMANDA.
De la demanda, las intervenciones y el concepto del
señor Procurador, se desprende que el problema jurídico que le corresponde
resolver a la Corte es el concerniente a si, cuando primero el artículo 420 del
Estatuto Tributario señala que el impuesto a las ventas se aplicará sobre las
ventas de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidas expresamente y,
posteriormente, el artículo 477 del mismo ordenamiento no concede una exención
para el pago de dicho impuesto respecto de las llamadas “leches de
crecimiento”, producidas para niños de uno a cinco años, pero sí lo otorga
a las “humanizadas y maternizadas”, aptas para niños menores de un año,
y a las leches y cremas con o sin concentrar, con o sin adición de azúcar u
otro edulcorante,  se incurre en inconstitucionalidad por desconocimiento del
derecho a la igualdad (C.P. art. 13), por vulneración del derecho prevalente de
los niños a recibir una alimentación equilibrada (C.P. art. 44), y por
violación de los postulados superiores relativos al deber estatal de intervenir
la economía procurando asegurar que todas las personas, en particular las de
menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos, de
manera que quede asegurada su vida en condiciones dignas. (C.P. art. 334).
Concretando los cargos que propone la demanda, puede
decirse que el principal reproche sobre el cual se funda la acusación radica en
la consideración según la cual, de un lado, las “leches de crecimiento”
para niños de uno a cinco años, y de otro las “leches humanizadas o
maternizadas” y las leches y cremas con o sin concentrar, con o sin adición
de azúcar u otro edulcorante, son bienes de consumo igualmente importantes
en la alimentación de los menores de edad, por lo cual los usuarios de
cualquiera de ellas merecen un idéntico trato tributario; en sustento de esta
opinión citan conceptos científicos relativos a la situación de desnutrición de
la población infantil en Colombia y a la importancia de las “leches de
crecimiento” en el desarrollo del menor; algunas de las intervenciones
coadyuvan esta posición; otras, y la vista fiscal, trayendo a colación otros
conceptos científicos opuestos, sostienen que las llamadas “leches de
crecimiento” no son necesarias para la adecuada alimentación y desarrollo
de los niños entre uno cinco años de edad, y que, antes bien, resultan
contraproducentes para ellos.
Así las cosas, corresponde a la Sala establecer si,
por ser las “leches de crecimiento” un producto igual a las “leches
maternizadas” y a las leches y cremas con o sin concentrar, con o sin
adición de azúcar u otro edulcorante, por ser tan importante como ellas para la
alimentación de los infantes de uno a cinco años, el hecho de que el legislador
lo haya gravado con el IVA vulnera la Constitución, al dificultar el acceso al
mismo por las personas de menores ingresos, con la consecuente vulneración de
los derechos a la igualdad y a la alimentación equilibrada de los menores de
uno a cinco años para quienes se fabrican dichas leches, y el desconocimiento
del deber estatal de intervenir la economía para asegurar que todas las
personas, especialmente las de menores ingresos,  tengan acceso a condiciones
materiales de vida que respeten su  dignidad.
Para resolver el anterior problema jurídico, la Corte
recordará la jurisprudencia relativa al IVA sobre bienes de consumo, más
adelante se detendrá a considerar si efectivamente puede estimarse que las
llamadas “leches de crecimiento” constituyen un bien tan importante como
las “leches maternizadas” y las leches y cremas con o sin concentrar,
con o sin adición de azúcar u otro edulcorante, de cara a la adecuada
alimentación de los menores de uno a cinco años, para luego estudiar si, a la
luz de la Carta y de la jurisprudencia constitucional, la no exención del IVA
respecto de esas leches produce o no las consecuencias jurídicas denunciadas en
la demanda.
No obstante, antes de realizar el estudio anterior, la
Sala se referirá al alcance jurídico de las normas parcialmente acusadas, al
propósito de la demanda y a la posible ineptitud de la misma alegada por
algunos de los intervinientes.
5.3.
EL ALCANCE JURÍDICO DE LAS
NORMAS ACUSADAS, EL PROPÓSITO DE LA DEMANDA Y LA APTITUD DE LA MISMA.
5.3.1.
La demanda recae sobre algunas
expresiones de los artículos 420 y 477 del Estatuto Tributario. De la primera
de estas disposiciones se acusa la frase que consagra la regla general en
materia de bienes gravados con el impuesto a las ventas (IVA), regla conforme a
la cual dicho gravamen se aplicará sobre todas “las ventas de bienes
corporales muebles que no hayan sido excluidas expresamente”. Por su parte,
lo acusado del artículo 477, relativo a los bienes que están exentos del
impuesto sobre las ventas, son los numerales que incluyen los siguientes bienes
dentro de la exención del gravamen: (i) la “leche y nata (crema), sin
concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante de otro modo”; (ii)
la “leche y nata (crema), con cualquier proceso industrial concentradas o
con adición de azúcar u otro edulcorante”; y (iii) la “leche maternizado
o humanizada”.
La acusación se dirige a cuestionar la
constitucionalidad de las anteriores disposiciones, por cuanto conforme a la
parte demandada del artículo 420, las “leches de crecimiento” resultan
gravadas con el IVA, según la regla general consagrada en esa disposición.
Prescripción legal que resulta confirmada por el artículo 477, al no incluir
expresamente dentro de los bienes exentos, las mencionadas “leches de
crecimiento”.
Partiendo del supuesto según el cual los artículos
acusados, en conjunto,  gravan con el IVA las “leches de crecimiento”[4],
la demanda arguye que dichas normas resultan contrarias al derecho a la
igualdad, pues las leches “maternizadas o humanizadas”, para menores de
un año, y las leches y cremas con o sin concentrar, con o sin adición de azúcar
u otro edulcorante, aptas –según las actoras- para mayores de cinco años, sí
están exentas de dicho gravamen. Agregan que también se desconoce el derecho
prevalente de los niños entre uno y cinco años a recibir una alimentación
equilibrada (C.P. Art. 44) y deber del Estado de intervenir la economía para
garantizar que todas las personas lleven una vida digna. (C.P Art. 334).
La intervención de la Academia Colombiana de
Jurisprudencia sostiene que la demanda, en cuanto se dirige contra la expresión
del artículo 420 del Estatuto Tributario que consagra la regla general en
materia de bienes gravados con el IVA, “carece de toda justificación lógica,
pues la norma se limita a consagrar una disposición obvia dentro de un sistema
tributario como es la que los hechos gravados por la ley dan lugar al
nacimiento del tributo, salvo que la misma ley haya consagrado excepciones a la
norma general”. En este mismo sentido, la intervención de la DIAN afirma
que, en relación con el mencionado artículo 420, la demanda presenta una “carencia
total de objeto”.
De otro lado, algunas intervenciones expresan que la
acusación en realidad no recae sobre las frases expresamente acusadas del
artículo 477 del Estatuto Tributario, pues no se alega que las exenciones que allí
se consagran sean contrarias a la Constitución, sino que lo que denuncian las
actoras es la omisión legislativa consistente en no haber cobijado con la
referida exención a las llamadas “leches de crecimiento”, lo cual
estiman contrario a varios derechos y principios constitucionales. En tal
virtud, lo que persiguen es una sentencia integradora que declare la
constitucionalidad de los apartes acusados, bajo el entendido según el cual la
exención también cobija a las mencionadas leches. Ahora bien, para la DIAN, la
demanda de la omisión legislativa en el presente caso no cumple los requisitos
jurisprudencialmente decantados para este tipo de acusaciones, por lo que la
Corte debe inhibirse de proferir un fallo de fondo.
Por último, la intervención del Instituto Colombiano
de Derecho Tributario cuestiona que las normas acusadas tengan el alcance que
les atribuyen las actoras, pues sostiene que la distinción entre las distintas
clases de leches a que alude la demanda, no proviene del tenor literal de las
disposiciones demandadas.
5.3.2.
Visto lo anterior, la Sala
debe analizar si en la presente oportunidad la demanda resulta sustancialmente
apta para propiciar el examen de constitucionalidad. Al respecto encuentra que
efectivamente la acusación se orienta a cuestionar una omisión legislativa
consistente en la no exención del IVA sobre las “leches de crecimiento”,
que se produciría por la no inclusión de tales leches dentro del listado de
bienes exentos contenido en el artículo 477 del Estatuto Tributario, lo cual
hace que resulten gravadas según la regla general expresada en el artículo 420 ibídem.
En este orden de ideas, es claro que la omisión legislativa denunciada se
ocasionaría por la no inclusión de las mencionadas leches, concretamente dentro
del texto del artículo 477, parcialmente acusado.
Así las cosas, la Sala se plantea una primera pregunta,
concerniente a sí, dado que la omisión legislativa denunciada se presentaría
concretamente en el artículo 477 del Estatuto Tributario, la demanda, en cuanto
recae también sobre el artículo 420, resulta inepta respecto de este último
artículo, porque no es allí donde se originaría la presunta
inconstitucionalidad.
Para responder el anterior interrogante, la Corte
tiene en cuenta la técnica legislativa propia del impuesto a las ventas,
acogida en Colombia  a partir de la expedición del Decreto  1988 de 1974 y Ley
6ª de 1992[5], técnica legislativa que
consiste “no en la enunciación de lo expresamente gravado sino de lo
expresamente excluido o exento”[6],  previa la consagración
de una regla general conforme la cual todos los bienes y servicios están
gravados con dicho impuesto. Siendo este el sistema utilizado por el legislador
para gravar, excluir o declarar exento un determinado bien o servicio[7],
resulta obvio que el legislador forzosamente debe proferir al menos dos
disposiciones: una que consagra la regla general y otra que enlista
expresamente lo excluido o exento, disposiciones que en su conjunto pueden
considerarse constitutivas de una unidad normativa, entendida esta noción en su
sentido lato o amplio, definido por la Corte como aquella situación en la cual
una disposición no puede ser estudiada independientemente, “por cuanto su
examen remite inevitablemente al estudio del conjunto normativo del cual forma
parte”. [8]
Así las cosas,
independientemente de si la constitucionalidad denunciada, de existir, se
origina o no concretamente en el artículo 477 del Estatuto Tributario por no
incluir dentro del listado de bienes exentos del IVA a las “leches de
crecimiento”, la Corte no encuentra carente de objeto o ilógico que las
actoras hayan extendido la acusación a la unidad normativa compuesta por dicha
norma y el artículo 420 ejusdem, toda vez que el estudio del artículo
470 necesariamente supone la remisión al 420, que es la norma que positivamente
grava con el impuesto el producto que las actoras estiman que no debe ser
objeto del mismo.
5.3.3.  En segundo
lugar, la Sala debe responder el otro cuestionamiento planteado en las
intervenciones, relativo a sí en esta oportunidad la demanda cumple los
requisitos jurisprudenciales para formular una acusación de
inconstitucionalidad por omisión legislativa.
Al respecto, la
Sala recuerda que conforme a  la doctrina constitucional sentada por la Corte,
es posible distinguir entre las nociones de omisión relativa legislativa y
absoluta. La primera se presenta
cuando el legislador incumple una obligación derivada de la Constitución, que
le impone adoptar determinada norma legal; en efecto, al respecto esta
Corporación ha dicho que este tipo de omisión “está ligado, cuando se
configura, a una "obligación de hacer", que supuestamente el
Constituyente consagró a cargo del legislador, el cual sin que medie motivo
razonable se abstiene de cumplirla, incurriendo con su actitud negativa en una
violación a la Carta”[9]. Por lo anterior,
la demanda de inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa, impone al
actor demostrar lo siguiente:
“ (i) que exista una norma sobre la cual se predique
necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias
jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos
en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un
ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial
para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la
exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón
suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los
casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los
que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la
omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico
impuesto por el constituyente al legislador.[10]” [11]
“Por su parte, la omisión legislativa absoluta “se presenta en caso de falta absoluta de regulación
legal, cuando no pesa sobre el legislador el deber constitucional de proferir
una determinada norma”.[12] Este tipo de omisión legislativa no puede ser objeto
de demanda de inconstitucionalidad, porque “el juicio de constitucionalidad
esencialmente consiste en la comparación entre dos textos normativos, uno de
rango legal y otro constitucional, de manera que la inexistencia del primero
lógicamente impide adelantar tal proceso comparativo propio del control
abstracto de constitucionalidad de las leyes”.[13]
En el presente
caso, la demanda recae sobre ciertos apartes de dos disposiciones legales
precisamente señalados, que en su conjunto tienen el siguiente alcance
normativo: gravan de manera general todos los bienes (E.T. art. 420), pero
consagran una exención respecto de dos clases de leches procesadas
industrialmente, a saber: las leches “maternizadas o humanizadas”, aptas
para menores de un año, y las leches
y cremas con o sin concentrar, con o sin adición de azúcar u otro edulcorante,
aptas -según las actoras- para mayores de cinco años; de suerte que, según la acusación, al no incluirse
expresamente las “leches de crecimiento” dentro de las exentas
enumeradas en el artículo 477, se generaría una inconstitucionalidad por
omisión relativa.
Al respecto, la
Sala estima que la acusación cumple con el primero de los requisitos exigidos
por la jurisprudencia constitucional en relación con este tipo de demandas,
cual es señalar de manera expresa la norma legal respecto de la cual se predica
el cargo. En efecto, las actoras no se limitan a demandar de manera global el
artículo 477 del Estatuto Tributario, que enlista todos los bienes exentos del
IVA, sino que dirigen su acusación de manera concreta contra los numerales que
establecen la exención respecto de bienes con alguna similitud con las “leches
de crecimiento”, como lo son las leches y cremas procesadas con o sin adición de azúcar u otro edulcorante y las “leches maternizadas
o humanizadas”. Con lo anterior, señalan con precisión cuáles son las
prescripciones normativas en donde se generaría la omisión legislativa que
sería contraria a la Constitución.
Así mismo,
observa la Sala que el cargo consiste en decir que, dado que tanto los
productos lácteos que mencionan las expresiones acusadas, como las “leches
de crecimiento”, son, a juicio de las actoras, bienes de consumo igualmente importantes en la
alimentación de los menores de edad, los usuarios de cualquiera de ellos
merecen un idéntico trato tributario, sin que sea posible que unos estén
exentos y otros no; por lo cual se cumple también con los requisito de las
acusaciones por omisión legislativa, que exigen que la demanda consista en
afirmar que la norma acusada excluye de sus consecuencias jurídicas un caso
que, por ser asimilable al regulado, tenía que estar contenido en el texto
normativo cuestionado, y que dicha omisión origina una “desigualdad negativa
frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma” [14].
Ciertamente, en esta oportunidad el caso excluido estaría constituido por las “leches
de crecimiento”.
De igual manera, la acusación se orienta a demostrar
que no hay un motivo claro para no considerar exentas del IVA a las “leches
de crecimiento”, y para ello cita estudios científicos con los cuales se
pretende probar que dichas leches son tan necesarias para el desarrollo de los
niños como aquellas otras que el artículo 477 expresamente incluye dentro de
los bienes exentos del IVA. Así las cosas, la Sala estima que la demanda
también cumple con el requisito conforme al cual en ella debe tratar de
demostrarse que la exclusión del caso que se erige en omisión legislativa,
carece “de un principio de razón suficiente” [15].
Finalmente, las actoras afirman que con la no
inclusión de las “leches de crecimiento” dentro del listado de leches
exentas, el legislador incumplió con sus deberes constitucionales de dar un
trato igual a todos los niños de cualquier edad, de garantizarles a todos ellos
el derecho fundamental a la alimentación balanceada, y de procurarles una vida
en condiciones dignas, con lo cual puede entenderse acreditado el último
requisito exigido por la jurisprudencia constitucional, según el cual la
acusación debe alegar que la omisión legislativa implica el incumplimiento de
un deber constitucional del legislador.
Por todo lo anterior, a juicio de la Sala, en esta
oportunidad la demanda constituye una clásica acusación de inconstitucionalidad
por omisión legislativa relativa, aunque en el libelo no se diga expresamente.
Así, en aplicación del principio pro actione[16],
procederá a examinarla.
5.3.4.
Finalmente, la Corte estudiará
la posible ineptitud de la demanda que se generaría por lo alegado por uno de
los intervinientes, para quien las leches de crecimiento estarían incluidas
dentro de alguna de las categorías de leches exentas, pues “...la distinción
entre leches preparadas gravadas y no gravadas para niños de menos de 12 meses,
para niños entre uno y cinco años y para niños mayores de  esta edad, no
proviene de las normas acusadas, como tampoco del arancel de aduanas. Esa
distinción es una interpretación subjetiva de las demandantes, debido a que las
mencionadas normas no establecen una distinción por edades para efectos de la
exención, lo que conlleva que no exista objetividad en las pretensiones de las
convocantes.”  [17] Si esta interpretación
llegara  a aceptarse, la demanda sería inepta por falta de certeza del cargo,
en cuanto el alcance regulador de las disposiciones acusadas no sería el que
les endilgan las demandantes; de donde se deduciría que las “leches de
crecimiento” estarían cobijadas por alguna de las exenciones contempladas
en los numerales acusados del artículo 477 Estatuto Tributario.
No obstante lo anterior, la Corte no encuentra que la
anterior interpretación sea plausible, por cuanto las exenciones tributarias
son expresas y en tal virtud de interpretación restringida, no pudiendo hacerse
extensivas por vía analógica. En efecto, cuando el legislador propone una regla
general y señala respecto de ella unas excepciones, la recta exégesis
legislativa indica que, en caso de duda, debe hacerse prevalecer la regla
general y que las excepciones a ella, por su naturaleza de regla especial, no
pueden ser de interpretación extensiva.
5.4
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
-IVA- SOBRE LOS BIENES BÁSICOS DE CONSUMO. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA.
5.4.1.
En diversas ocasiones, pero en
especial en la sentencia C-776 de 2003[18], esta Corporación
judicial se ha referido al IVA, estudiando su evolución histórica en Colombia,
sus características y las limitaciones constitucionales a que se ve sujeto el
legislador a la hora de diseñar este gravamen, especialmente cuando él recae
sobre bienes de consumo básico. A continuación se presenta un breve resumen de
esta jurisprudencia, destacando aquellos aspectos en que la misma resulta
relevante para la solución del caso que ahora estudia la Sala:
5.4.1.1.
En lo relativo a la evolución
histórica del impuesto a las ventas en Colombia, el asunto fue analizado en la
citada sentencia C-776 de 2003[19], en la cual se presentó
sobre el tema el siguiente resumen:
“i) el impuesto a las ventas se instituyó en 1963 como
un impuesto de una etapa, aplicable sobre bienes manufacturados de consumo
final. A mediados de los años setenta[20], éste se transformó en un
impuesto al valor agregado aplicable tanto a la venta de bienes como de
servicios, el cual se causa en las diferentes etapas de producción y
comercialización de los bienes y servicios gravados; ii) el Decreto 1988 de
1974 y Ley 6ª de 1992 introdujeron para los bienes y para los servicios,
respectivamente, una metodología consistente no en la enunciación de lo
expresamente gravado sino de lo expresamente excluido o exento; iii) la
base del impuesto ha experimentado una tendencia de expansión, pasando de un
gravamen sobre bienes manufacturados de consumo a uno generalizado sobre casi
todos los bienes y servicios; y iv) no obstante lo anterior, se aprecia que hasta
la expedición de la Ley 788 de 2002, el legislador había conservado un régimen
de exclusiones y exenciones, que, contadas excepciones –tales como la leche o
algunos productos médicos -, había sido mantenido de manera reiterada al
conjunto de bienes y servicios de primera necesidad”. (Negrillas fuera del
original).
Del párrafo jurisprudencial trascrito,
se destaca ahora, para lo que interesa a esta causa, que a partir de 1988 la
técnica legislativa utilizada para regular el IVA ha sido la anteriormente
explicada, que consiste “no en la enunciación de lo expresamente gravado
sino de lo expresamente excluido o exento”, previa la consagración de una
regla general conforme la cual todos los bienes y servicios están gravados con
dicho impuesto. Además, el repaso de la historia legislativa del IVA arroja
también que tradicionalmente el conjunto de bienes y servicios de primera
necesidad ha estado cobijado por una exención o por una exclusión del impuesto,
de manera que tal categoría de bienes y servicios no ha sido gravada con el
IVA.[21]
5.4.1.2.
En lo que tiene que ver con
los límites generales a la potestad impositiva del legislador, en diversos
pronunciamientos[22] esta Corporación ha
recordado que, conforme a lo prescrito por el artículo 338 de la Constitución
Política que recoge el principio de legalidad tributaria, solamente el
Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y
municipales pueden imponer contribuciones fiscales o parafiscales, de manera
que la ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los
sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de
los impuestos. En cumplimiento de esta labor, el Congreso dispone de un amplio
margen de libertad de configuración, que en todo caso debe respetar los límites
fijados por el mismo constituyente, en especial debe tener en cuenta los
principios equidad[23], eficiencia[24]
y progresividad[25] que presiden el sistema
tributario, según lo prescribe el artículo 363 de la Constitución Política. Así
mismo, la jurisprudencia ha destacado que el principio de igualdad limita la
facultad de configuración en esta materia[26].
En relación concreta con el IVA, y más particularmente
con la posibilidad de crear o no crear o eliminar exclusiones o exenciones
respecto de este impuesto indirecto, asunto que interesa para definición del
presente proceso, la jurisprudencia ha admitido que ello cae dentro del amplio
margen de libertad de configuración que en esta materia le asiste al Congreso
de la República. En efecto, en ese sentido la Corte ha sostenido que la
decisión del legislador de "restringir o eliminar una exención equivale
a la decisión de gravar algo que no estaba gravado, o que lo estaba de manera
diferente, lo que significa que hace parte de la potestad impositiva del
Estado, atribuida por la Constitución al Congreso"[27].
En este mismo orden de ideas ha señalado que “reafirma que el Congreso de la
República puede, a la luz de la Constitución, eliminar las exclusiones y
exenciones en el pago del IVA sobre bienes y servicios”[28].
No obstante lo anterior, la jurisprudencia también ha insistido en que esta
potestad encuentra límites en la Constitución, como toda facultad en un estado
constitucional.[29] En especial, la Corte ha
encontrado que el principio de igualdad, el derecho al mínimo vital y el
principio de dignidad limitan fuertemente las facultades del legislador cuando
señala qué tipo de bienes y servicios pueden ser objeto de este impuesto.
5.4.1.3.
En efecto, refiriéndose a los
límites constitucionales que restringen la potestad tributaria del Congreso de la
República concretamente en materia de exenciones o exclusiones respecto del
IVA, la Corte ha explicado de la siguiente manera que principio de igualdad
restringe al legislador a la hora de señalar los bienes y servicios objeto del
gravamen:
"... en cuanto atañe al Impuesto al Valor
Agregado, es menester que la norma legal sea consecuente con la realidad del
universo fáctico en relación con el cual habrá de ser aplicada y exigida, a
efectos de lograr los propósitos que busca la política tributaria pero sin
crear o profundizar condiciones de desigualdad real.
Como ya se ha dicho, este tipo de tributo recae en
última instancia sobre el consumidor final por cuanto los eslabones de la
cadena económica a cuyas fases se aplica lo van trasladando. De allí resulta
que, al gravar indiscriminadamente todos los servicios, el legislador
afectaría irremediablemente a sectores muy amplios de la población en
aspectos vitales de sus necesidades básicas como la salud o la
educación, desvirtuando claros derroteros constitucionales de su actividad”. [30]
(Negrillas y subrayas fiera el original)
También en relación concreta con la forma en la cual
el principio de igualdad restringe las facultades del legislador en el diseño
de las exclusiones y exenciones al IVA, la Corte dijo:
“... "[l]a igualdad exige
el mismo trato para los entes y hechos que se encuentran cobijados bajo una
misma hipótesis"[31], en tanto que
garantía de no discriminación. De acuerdo con este criterio, la Corte ha
declarado la inconstitucionalidad[32] o la
constitucionalidad condicionada de normas tributarias, por ejemplo, las que
prevén exenciones que no responden a un criterio objetivo de diferenciación y
que por lo tanto resultan discriminatorias. Según esta Corporación, "[s]i
el legislador grava con un impuesto un hecho, acto o negocio, por ser
precisamente indicativos de riqueza actual o potencial, no puede dejar de
hacerlo ante situaciones semejantes o equiparables, salvo que militen razones
poderosas de política fiscal o fines extra-fiscales relevantes, siempre que, en
este último caso, los mismos estén al servicio de bienes protegidos por la
Constitución o de metas ordenadas por ella.  La Corte no excluye que algunas
exenciones o beneficios fiscales tengan una justificación atendible y puedan
por lo tanto adoptarse. Lo que se quiere significar es que sólo pueden
introducirse como instrumentos dirigidos a configurar materialmente la carga
tributaria de manera técnica, justa y equitativa. Por el contrario, cuando
la exención o beneficio fiscal, no tiene razón de ser distinta de la mera
acepción de personas, ella se presenta contraria a la generalidad del tributo
y, frente a los obligados que se encuentran en la misma relación con el hecho
imponible, como clara afrenta al principio de igualdad en la carga tributaria.
El deber cívico de contribuir con el erario, con arreglo a la capacidad
económica y en los mismos términos fijados por la ley, se predica por igual de
las personas que se encuentran en la misma situación contemplada por la norma.
En este caso, el indicio de inequidad surge de limitar el alcance de una
exención a un concepto que también cabe predicar de otro sujeto que, sin
embargo, se excluye del beneficio fiscal. La Corte debe precisar si la
exclusión del mencionado beneficio tiene una razón de ser que la haga
admisible. De lo contrario, será patente la violación del principio de igualdad
en la carga tributaria"[33].
“A la luz de este criterio, la
Corte ha declarado la inexequibilidad de ciertas normas relativas al IVA, por
ejemplo, cuando conceden beneficios a un universo de contribuyentes al tiempo
que lo niegan a otro universo que se encuentra en igualdad de condiciones como
contribuyentes[34]. También ha
declarado ajustadas a la Constitución normas del régimen de IVA, como algunas
exclusiones de la base del tributo referentes a servicios básicos, como la
salud, en razón a que éstas se justificaron en aras de alcanzar la igualdad
real y efectiva en un Estado Social de derecho.[35]
Para el caso que ocupa la atención de la Corte en esta oportunidad, el
principio de igualdad resulta relevante por cuanto uno de los elementos del
problema jurídico constitucional expresado en esta providencia se refiere a la
eliminación de una serie de exenciones o exclusiones del IVA cuya finalidad era
la promoción de la igualdad real y efectiva en un Estado Social de Derecho.”[36]
(Negrillas fuera del original)
5.4.1.4.
Por su parte, refiriéndose al
concepto de mínimo vital, derivado del principio de dignidad, consubstancial al
Estado Social de Derecho, en la misma Sentencia en cita se vertieron estos
elocuentes conceptos acerca de cómo tal concepto constituye otra limitante para
el Congreso, cuando ejerce su facultad de gravar con el IVA aquellos bienes y
servicios considerados de consumo básico:
“El Estado no puede, al ejercer la potestad
tributaria, pasar por alto si está creando tributos que ineludible y
manifiestamente impliquen traspasar el límite inferior constitucionalmente
establecido para garantizar la supervivencia digna de la persona, dadas las
políticas sociales existentes y los efectos de las mismas. Esta limitante
se ha expresado tradicionalmente en la prohibición de los impuestos
confiscatorios (art. 34 de la C.P.). Pero también es especialmente relevante
para el caso el derecho fundamental al mínimo vital, en particular el de las
personas que a penas cuentan con lo indispensable para sobrevivir (art. 13 de la
C.P.). En cumplimiento de los fines que explican su existencia (art. 2° de la
C.P.), el Estado está obligado a propender por la creación y mantenimiento de
las condiciones materiales necesarias para que una persona pueda sobrevivir
dignamente; en determinadas circunstancias de urgencia, gran peligro o penuria
extrema, y en otras señaladas en las leyes, está a su vez obligado a garantizar
tales condiciones, usualmente de manera temporal, para evitar la degradación o
el aniquilamiento del ser humano.
“El derecho fundamental al mínimo vital, concretamente
en lo que se refiere a las condiciones materiales básicas e indispensables para
asegurar una supervivencia digna y autónoma, constituye un límite al poder
impositivo del Estado y un mandato que orienta la intervención del Estado en la
economía (artículo 334 C.P.). La
intersección entre la potestad impositiva del Estado y el principio de Estado
Social de derecho consiste en la determinación de un mínimo de subsistencia
digna y autónoma protegido constitucionalmente. Este mínimo constituye el
contenido del derecho fundamental al mínimo vital, el cual, a su vez, coincide
con las competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales para que la
persona humana pueda llevar una vida libre del temor y de las cargas de la
miseria. Si bien el deber de tributar es general pues recae sobre "la persona
y el ciudadano" (art. 95-9 de la C.P.), el derecho al mínimo vital
exige analizar si quien no dispone de los recursos materiales necesarios para
subsistir digna y autónomamente puede ser sujeto de ciertas cargas fiscales que
ineludible y manifiestamente agraven su situación de penuria[37],
cuando es notoria la insuficiencia de una red de protección social efectiva y
accesible a los más necesitados. De ahí que la propia Carta haya señalado
como límite a la potestad impositiva del Estado "los principios de
equidad, eficiencia y progresividad" que rigen "el sistema
tributario" (art. 363 de la C.P.) y que haya enmarcado el deber de
tributar dentro de los "conceptos de justicia y equidad" (art. 95-9
de la C.P.).
“Por eso, en un Estado social de derecho, el concepto
de capacidad contributiva –que es uno de los componente de la justicia
tributaria–, está estrechamente vinculado al de mínimo vital. La capacidad
contributiva es la posibilidad económica que tiene una persona de tributar, o
sea, la idoneidad subjetiva, no teórica sino real, en cuanto depende de la
fuerza económica del sujeto, para ser llamado a cumplir con el deber de pagar
tributos[38]. Entonces, las
personas que apenas disponen de lo necesario para subsistir son las que tienen
menor capacidad contributiva, o, inclusive, las que pueden carecer de capacidad
económica de tributar. Llamar a quienes carecen de capacidad contributiva a
soportar estas cargas públicas de orden impositivo que las afecta de manera
ineludible y manifiesta en su subsistencia, resulta contrario a la justicia
tributaria. La capacidad económica o contributiva, fundada, por ejemplo, en el
ingreso, en la riqueza, o en una actividad productiva, no puede ser equiparada
a la realización de una actividad social básica e ineludible, como adquirir un
bien o servicio indispensable para sobrevivir. En ese sentido, la capacidad
contributiva no es automáticamente equiparable a la capacidad adquisitiva”.[39]
5.4.1.5.
En cuanto a las
características del impuesto al valor agrado IVA, dentro de aquellas que
interesan especialmente para la definición del problema jurídico que se analiza
en este caso, se tiene que la Corte ha destacado que se trata de un impuesto
indirecto que como tal se distingue porque en él no existe una
identificación concreta y previa del sujeto contribuyente.[40]
Esta circunstancia hace que, en este tipo de gravámenes, el principio de
progresividad tributaria[41] no tenga el mismo
alcance que en otros tributos, como lo ha explicado la doctrina tributaria así:
“la capacidad de pago solamente se puede determinar por la propensión al
consumo de los distintos sujetos pasivos del tributo. En tal virtud, los
contribuyentes que con mayor frecuencia incurran en el hecho gravado pagarán
proporcionalmente más que los demás, y es evidente que quienes tienen mayores
recursos normalmente efectuarán erogaciones por mayor cuantía de las que tienen
menos medios. En este tipo de impuestos existe la posibilidad de acentuar
las cargas tributarias sobre los que tengan una mayor capacidad económica,
mediante el establecimiento de tarifas diferenciales, respecto de los
consumos de lujo.”[42] Lo anterior, a
diferencia de lo que acontece en los impuestos directos, como el de renta o el
predial, en donde “como se identifica en ellos al contribuyente respectivo,
es posible conocer la capacidad de pago del mismo mediante las informaciones
relativas a sus rentas y patrimonio. En tal caso, es lógico el establecimiento
de tarifas progresivas, de tal manera que en la medida en que aumente la base
gravable aumente también la medida aplicable.”[43] Por las anteriores
razones, la jurisprudencia ha aceptado que el principio constitucional de
progresividad tributaria se hace efectivo de manera más concreta y efectiva en
materia de impuestos directos, mediante el recurso al establecimiento de
tarifas progresivas respecto de un mismo gravamen, según los niveles de renta o
patrimonio del contribuyente. En cambio, en materia de impuestos indirectos,
como el IVA, “la progresividad es más difusa, y parte de la presunción
relativa a la mayor capacidad adquisitiva de aquellas personas que gastan en
bienes o servicios más costosos y menos relacionados con la satisfacción de
necesidades básicas, los cuales son gravados con tarifas más altas” [44].
Es decir, el principio constitucional de progresividad tributaria, en relación
con los impuestos indirectos como el IVA, sólo puede hacerse efectivo cuando el
gravamen recae sobre el consumo de bienes que no son considerados básicos,
cometido que se logra mediante la imposición de tarifas cada vez más altas, en
cuanto menos básico o más suntuario es el consumo del bien o servicio en
cuestión. De donde se deduce que las tarifas más altas del IVA, cuando hay
tarifas diferenciales, en principio deben reservarse para productos que no
puedan clasificarse como de consumo básico.
En efecto, en este sentido, la jurisprudencia ha
explicado que, con respecto al IVA, el legislador puede “recurrir a
mecanismos institucionales que le confieren a la estructura de este impuesto
cierto grado de progresividad y que propenden por una más equitativa
distribución de sus cargas”[45], mecanismos
dentro de los cuales está el señalamiento de tarifas diferenciales, que “gravan
con tarifas superiores a la tarifa general los bienes y servicios cuyo consumo
suele estar concentrado en los sectores de la sociedad que disfrutan de un
mayor nivel adquisitivo o con tarifas inferiores los bienes y servicios cuyo
consumo se encuentre generalizado entre los diferentes sectores de la población
o cuando se acentúe en los sectores de menor capacidad contributiva”[46].
5.4.1.6.
Finalmente, dentro del
recuento de la jurisprudencia que puede resultar relevante para la definición
del presente proceso de constitucionalidad, no puede perderse de vista que esta
Corporación ha hecho ver que los principios constitucionales que presiden la
potestad impositiva del Estado constituyen parámetros para determinar la legitimidad
del sistema tributario en su conjunto y no de un impuesto en particular[47],
lo cual no impide que se juzgue una norma en cuanto a sus implicaciones para el
sistema. En efecto, en este sentido la Corte ha dicho:
"Si bien la cualidad sistémica de los principios
de equidad, eficiencia y progresividad, no puede ser aprehendida en una
revisión de constitucionalidad de una ley singular, ello no quiere decir que su
examen no pueda llevarse a cabo frente al contenido concreto de la norma
acusada cuando la misma, de conservarse, podría aportar al sistema una dosis de
manifiesta inequidad, ineficiencia y regresividad. Finalmente, las leyes singulares
son los afluentes normativos del sistema que resulta de su integración y, de
otra parte, los principios, como se ha recordado, tienen un cometido esencial
de límites que, desprovistos de control constitucional, quedarían
inactuados"[48]
5.4.2
De todo el anterior repaso
jurisprudencial, la Corte extrae ahora las siguientes conclusiones, que
resultan relevantes para el estudio de constitucionalidad de las normas sub
examine:
a.
La jurisprudencia ha establecido
que si el legislador grava indiscriminadamente todos los bienes y servicios,
afecta a sectores muy amplios de la población en aspectos vitales de sus
necesidades básicas. [49]
b.
La Corte ha considerado que no se
ajustan a la Constitución aquellas normas legales que prevén exenciones que no responden a un criterio objetivo de
diferenciación y que por lo tanto resultan discriminatorias. [50]
c.
Cuando el legislador no concede
una exención a un bien o servicio que en principio es igual o similar a otro
que sí resulta exento, la Corte “debe precisar si la exclusión del
mencionado beneficio tiene una razón de ser que la haga admisible. De lo
contrario, será patente la violación del principio de igualdad en la carga
tributaria"[51].
d.
El Estado no puede, “al ejercer
la potestad tributaria, pasar por alto si está creando tributos que ineludible
y manifiestamente impliquen traspasar el límite inferior constitucionalmente
establecido para garantizar la supervivencia digna de la persona”.[52]
e.
“El derecho fundamental al
mínimo vital, concretamente en lo que se refiere a las condiciones materiales
básicas e indispensables para asegurar una supervivencia digna y autónoma,
constituye un límite al poder impositivo del Estado y un mandato que orienta la
intervención del Estado en la economía (artículo 334 C.P.)”. ”[53]
f.
“El derecho al mínimo vital
exige analizar si quien no dispone de los recursos materiales necesarios para subsistir
digna y autónomamente puede ser sujeto de ciertas cargas fiscales que
ineludible y manifiestamente agraven su situación de penuria”. [54]
g.
Cuando hay tarifas diferenciales
respecto del IVA, las más altas  deben reservarse para productos que no puedan
clasificarse como de consumo básico, a fin de hacer efectivo, en este impuesto
indirecto, el principio de progresividad tributaria. [55]
h.
Los principios constitucionales
que presiden la potestad impositiva del Estado constituyen parámetros para
determinar la legitimidad del sistema tributario en su conjunto y no de un
impuesto en particular[56], lo cual no impide que se juzgue una norma en cuanto
a sus implicaciones para el sistema. [57]
Con fundamento en las anteriores conclusiones,
enseguida pasa la Corte a estudiar la constitucionalidad de las disposiciones
concretamente acusadas en esta oportunidad.
5.5.
EXAMEN CONCRETO DE
CONSTITUCIONALIDAD.
5.5.1.
El fundamento fáctico de la
demanda.
Según se reseñó ad supra, la demanda se edifica
sobre un presupuesto fáctico, cual es considerar que las “leches de
crecimiento” son tan necesarias para niños de uno a cinco años, como las “leches
de maternizadas o humanizadas” para menores de un año, y las leches y natas
(cremas) “con o sin concentrar, con o sin adición de azúcar u otro
edulcorante” para los mayores de cinco; por lo cual resulta contrario a
varios principios y derechos constitucionales que las de “crecimiento” estén
gravadas con el IVA,  mientras que las otras se encuentran exentas de dicho
impuesto.
Así pues, las diversas acusaciones esgrimidas en
contra de las dos normas parcialmente acusadas parten del supuesto de hecho
conforme al cual las “leches de crecimiento” son productos de consumo
tan necesarios para la alimentación de los niños de uno a cinco años, como lo
son las “leches humanizadas o maternizadas” para los menores de un año,
y las leches y natas (cremas) con o sin concentrar, con o sin adición de azúcar
u otro edulcorante, para las personas mayores de esta edad.
Ahora bien, de la certeza de esta afirmación depende
la prosperidad de los cargos de la demanda. Es decir, solamente si puede
establecerse  que el fundamento fáctico de la demanda es cierto, porque las “leches
de crecimiento” efectivamente son productos de consumo necesario o
indispensable para los niños de uno a cinco años de edad, puede entrar a
considerarse si, por ser ello así, no podían gravarse con el IVA sin desconocer
los derechos a la igualdad y a la alimentación equilibrada de dichos niños, y
el deber estatal de intervenir la economía para asegurar a todos los habitantes
un mínimo de vital de subsistencia en condiciones dignas. Pasa entonces la
Corte a verificar si, con base en los estudios científicos allegados al
expediente, puede o no concluirse que el fundamento fáctico de la demanda es
cierto.
5.6.1.1.
Como se dijo en el acápite de
Antecedentes de la presente sentencia, las demandantes, todas ellas médicas
pediatras y madres de niños menores de cinco años de edad, fundamentan su
acusación en la consideración según la cual las “leches de crecimiento” son
necesarias para los infantes de uno a cinco años de edad, pues ellas se
elaboran a partir de la leche fresca, pero “han sido adaptadas
específicamente a las necesidades nutricionales y capacidad digestiva del niño
a partir del primer año de vida, adicionando las vitaminas y minerales
necesarios y  modificando las grasas de origen animal, las cuales contribuyen a
un mejor equilibrio en la alimentación del niño”. Precisan que entre las
vitaminas y minerales con las que se adicionan estas leches están el hierro, el
zinc, el calcio, y la vitamina D, substancias estas que previenen contra la
anemia, refuerzan el sistema inmune y contribuyen a la formación de los huesos.
Agregan que las grasas presentes en dichas  leches “también han sido
modificadas con adición de mezclas de origen vegetal para mejor aporte de
ácidos grasos esenciales que contribuyen a un mejor equilibrio de la alimentación
del niño. Además tienen un contenido de proteínas, sodio, potasio más adecuado
a las necesidades del organismo de los niños que la leche de vaca consumida por
los adultos... Junto a estas características es importante también la adición
de prebióticos, ingredientes cuyo beneficio es ayudar a promover el desarrollo
de la flora bacteriana benéfica del colon. Esto disminuye el riesgo de contraer
infecciones intestinales, ayuda a mejorar la absorción de los nutrientes y
contribuye a disminuir el riesgo de problemas gastrointestinales como el
estreñimiento.”
Como
sustento científico de la necesidad de suministrar “leches de crecimiento”
a los niños de uno a cinco años de edad, las demandantes presentan datos
extraídos de la “Encuesta nacional de la situación nutricional en Colombia
ENSIN 2005”, en donde se lee, entre otras cosas, lo siguiente:
“Estado nutricional en niños de 0 a 4 años de edad
“El 12% de los niños de 0 a 4 años presentan baja
estatura para la edad, conocida también como desnutrición crónica, 2,1% muestra
desnutrición crónica severa. El 7% de estos niños presenta desnutrición global
o insuficiencia ponderada, siendo más prevalente en los que tienen entre 12 y
23 meses de edad (9,2%). 3,1% de los niños de 0 a 4 años presentan exceso de
peso, siendo similar en niñas y niños. Los
porcentajes de desnutrición son mayores en niños entre 1 y 2 años de edad.
“Estado nutricional en niños de 5 a 9 años
“El 12,6% de los niños entre 5 y 9 años tiene retraso
en crecimiento (estatura baja para su edad), el 5,4% de éstos presentan
desnutrición global (bajo peso para su edad)- De los niños entre 5 y 9 años,
1,1% muestra desnutrición aguda (bajo peso para la estatura) y un 4,3% de estos
niños presenta exceso de peso.
“Deficiencias nutricionales específicas
“Hierro
…
“Anemia nutricional
“En los niños 1 a 4 años la prevalencia de anemia
aumentó en los últimos 10 años, al pasar de 23,3% en 1995 a 33,2% en 2005. La
situación es alarmante en los niños de 12 a 23 meses, en quienes la prevalencia
es de 53,2% y en los que están en el nivel socioeconómico más bajo (nivel 1 del
Sisbén), con 41,9%. Esta deficiencia afecta de manera directa el desarrollo
físico, cognitivo, emocional y social en la primera infancia. La prevalencia de
anemia en los niños de 5 a 12 años es de 37,6%, preocupante teniendo en cuenta
las consecuencias negativas en el crecimiento pondo-estatural y en su desempeño
escolar y social”.
“Anemia en niños de 1 a 4 años de edad
La prevalencia de anemia en este grupo poblacional es
de 33,2%. Los niños entre 12 y 23 meses presenta una prevalencia altísima de
anemia (53,2%). A partir de esa edad, y hasta los 59 meses, hay una reducción
progresiva, hasta llegar a 22,1% en los niños entre 48 y 59 meses de edad.
“Vitamina A
“La deficiencia subclínica de vitamina A en la
población de 1 a 4 años es de 5,9% lo que es un problema leve de salud pública
para el país. Sin embargo, en el área rural es de 9,4% porcentaje preocupante
que debe conducir a implementar programas tendentes a aumentar el consumo de
alimentos fuente de vitamina A y de hierro en toda la población”.
“Niños de 1 a 4 años
La prevalencia de deficiencia subclínica de vitamina A
(retinol sérico <20mg/dL) en los niños de esa edad es de 5,9%, que según la
OMS constituye un problema de salud pública leve.
“Deficiencia de zinc
“Más de la cuarta parte (26,9%) de los niños entre 1 y
4 años muestra deficiencia de zinc; lo anterior es consecuencia de dietas
deficientes en alimentos fuente de este micronutriente tales como carnes,
mariscos y pescado. Esta prevalencia es preocupante teniendo en cuenta el
impacto en el retrazo del crecimiento, anormalidades en el sistema inmune y
disminución en las cualidades cognitivas de los niños, entre otros”.
“Niños de 1 a 4 años
La prevalencia de deficiencia de zinc en este grupo
poblacional es de 26,9%. Los niños entre los 12 y 23 meses presentan la
prevalencia más alta (30,2), aunque no hay diferencia significativa con los
demás grupos de edad. A partir de esa edad y hasta los 59 meses las
prevalencias son similares.
“CONSUMO DE ALIMENTOS
“…
“La encuesta mostró que el 25,1% de los niños
pequeños no consumió leche, lo cual es preocupante si se tiene en cuenta que es
la principal fuente de calcio e importante en proteínas de origen animal.
“En los otros lácteos el porcentaje de consumo es
mucho menor que para la leche. 65% de los niños no consumió otros lácteos.
“El 63,1% de los niños en el país no consumió frutas
fuente de vitamina A.
Alrededor de la quinta parte de los niños en Colombia
no consumió carnes ni huevo, privándose de alimentos fuente de proteína animal,
vitaminas y minerales, especialmente hierro de alta biodisponibilidad.
“INGESTA
“Una tercera parte de las personas entre 2 y 3 años de
edad muestra deficiencia energética.
“…
“Al analizar el tipo de grasa consumida se observa que
25,8% de la población ingiere más de 10% del VCT de grasa saturada. Por otra
parte, 81,6% ingiere menos de 10% del VCT proveniente de la monoinsaturada.
“…
“La prevalencia de deficiencia en la ingesta usual de
vitamina A es de 12,8% en el grupo de 4 a 8 años de edad, y aumenta
drásticamente a partir de los 9, alcanzando el valor máximo de 45,6% en el
grupo de hombres de 51 a 64 años.
“CALCIO
“El 85,8% de los colombianos no llena los
requerimientos de calcio. A partir de los 12 años de edad la prevalencia está
por encima de 90%.
“Es preocupante la prevalencia de la deficiencia en la
ingesta usual de calcio y de zinc en la población colombiana. Afecta a todas
las edades, en especial a partir de los 9 años, edad en la que se inicia la
última etapa del crecimiento, que requiere de estos nutrientes para cumplir con
las demandas fisiológicas. Es necesario adelantar acciones efectivas tendentes
a mejorar el consumo de carnes y lácteos en toda la población, haciendo énfasis
en la cantidad ingerida diariamente”.
De
los anteriores datos, las demandantes concluyen que las “leches de
crecimiento” son necesarias para la adecuada alimentación de los niños de
uno a cinco años de edad, por lo cual el hecho de que se encuentren gravadas
con el IVA genera un impacto negativo en el consumo de éste alimento por parte
de los hijos de los contribuyentes de escasos recursos, vulnerándose por
consiguiente los derechos de los niños a la igualdad real y a una alimentación
equilibrada, propios del Estado social de Derecho, e incumpliéndose el deber
estatal de intervenir la economía para asegurar a toda la población condiciones
de vida digna.
5.6.1.2
Visto lo anterior, en especial
los datos extraídos de la “Encuesta nacional de la situación nutricional en
Colombia ENSIN 2005” que se acaban de transcribir, la Sala observa
que allí se pone de manifiesto la grave situación de desnutrición de la
población infantil en Colombia; no obstante, repara la Corte en que en dicho
documento no se hace referencia a que el consumo de “leches de crecimiento” por
parte de los niños de uno a cinco años sea necesario o esencial para superar
esta situación; de hecho, dichas leches no son ni siquiera mencionadas en la
encuesta parcialmente transcrita, ni en ella se hace un análisis relativo a la
importancia o necesidad de consumirlas como alimento durante esta etapa del
crecimiento del menor, como tampoco se indica que la situación de desnutrición
de la infancia de esa edad sea consecuencia directa de la falta de consumo de
dichas leches, que por lo tanto resultan necesarias o imprescindibles, es decir
insubstituibles por la leche entera sin adición alguna, o por otro tipo de
alimento.
Ahora
bien, es posible suponer que si los menores de uno a cinco años de edad
presentan las deficiencias nutricionales y de crecimiento que se describen en la
Encuesta trascrita, y que si, como lo afirman las demandantes, las “leches
de crecimiento” contienen los elementos que parecen contrastar dicha
situación, debería concluirse que los mencionados productos lácteos son de
consumo necesario para la población infantil colombiana. No obstante, esta
conclusión no emana directamente de la lectura de la Encuesta, sino que ella es
deducida por las actoras, sin mayor análisis acerca de otros asuntos, como la
posibilidad de superar la desnutrición acudiendo a la leche entera sin adición
alguna o a otro tipo de alimentos, o los posibles efectos nocivos de la
llamadas “leches de crecimiento”.
Por
su parte, el ciudadano que interviene a nombre de  Nestlé de Colombia S.A.,
empresa productora de “leches de crecimiento”, coadyuva la demanda y
explica que el sistema digestivo infantil hasta los cinco años de edad no tiene
la capacidad de asimilar las grasas animales y otros elementos presentes
en la leche entera de vaca, por lo que es necesario producir las leches que
clasifica como “maternizadas”, que van desde los cero a doce meses, y
las “de crecimiento”, que van desde el año uno al año cinco de vida del
menor, para que así ellas puedan ser asimiladas por el infante. No obstante,
esta afirmación resulta desvirtuada por otros conceptos allegados al
expediente, como enseguida pasa a verse:
5.6.1.3.
Ciertamente, la Corte observa
que alguna de las intervenciones y también la vista fiscal mencionan estudios
científicos que desaconsejan el consumo de “leches de crecimiento” por
parte de niños de uno a cinco años de edad; en efecto, en este sentido se
refieren de manera especial al estudio efectuado por la OCU (Organización de
Consumidores y Usuarios[58]), integrante del grupo
EUROCONSUMERS (Consumidores Europeos[59]). En dicho estudio, se
lee lo siguiente:
“Demasiadas calorías
“De todas las leches de crecimiento que podemos encontrar en el
mercado, hemos sometido a estudio las más habituales. En total han sido
seleccionadas 19 marcas, 12 líquidas y 7 en polvo. En el análisis comparativo
se han incluido aquellas presentaciones que mezclan la leche con cereales,
frutas o cacao.
“...
“- Lo primero que nos ha llamado la atención es el alto valor
energético de la leche de crecimiento respecto a la de vaca. En algunos casos,
es más de tres veces superior. Un niño de estas edades debe consumir unas 1.400
Kcal al día. Con tres vasos de leche de vaca alcanza el 13% de la energía
diaria necesaria. Sin embargo, si empleamos la de crecimiento para
proporcionarle la misma cantidad de leche (3 vasos) el porcentaje de calorías
ingerido es del 32%. Estas diferencias son muy apreciables y se deben tener en
cuenta para no sobrealimentar al niño.
“- El único azúcar que existe en la leche es la lactosa. La presencia
de otros azúcares contribuye claramente a ese elevado valor energético de la
leche de crecimiento. Además, no ayudan al niño a la hora de adquirir pautas
correctas de alimentación.
“- En cuanto al contenido proteico, en algunas marcas los valores son
ligeramente más bajos que en la leche de vaca. Es cierto que en la materna
ocurre lo mismo debido a que el riñón del niño, menor de un año, no está
adaptado para asimilar una mayor concentración de proteínas. Sin embargo, a
partir de esa edad ya no hay ningún motivo para que sea así. Destaca, no
obstante, Puleva cacao, que tiene un porcentaje muy parecido al de la leche de
vaca.
“- Los contenidos en materia grasa son adecuados en la
totalidad de las muestras. En todas son muy parecidos a los de la leche de vaca
entera. Sólo Nutribén
tiene valores algo más bajos, sin que haya motivos para ello. No resulta tan
similar el perfil de grasas, es decir el tipo de ácidos grasos. El contenido en
grasas saturadas es muy inferior al de la leche de vaca, salvo en Hero Baby
junior, Milupa cacao y Pascual. Sin embargo, las monoinsaturadas y
poliinsaturadas (estas últimas son fuente de ácidos grasos esenciales) aparecen
en mayor proporción que en la leche tradicional.
“No al azúcar
“Otro punto importante para la salud de nuestros pequeños es el contenido
en azúcares. Como hemos visto, el único que existe en la leche es la lactosa.
También presente en la de crecimiento, aunque generalmente en mayor cantidad
que en la leche de vaca para asemejarse a la materna, no se encuentra, sin
embargo, sola. Le acompaña otro azúcar, la sacarosa o azúcar común, claramente
inútil y cuya presencia es, además, inadecuada en la leche.
“La hemos detectado en más del 60% de las marcas analizadas. Tomando
como referencia los valores de azúcar de la leche de vaca y de la materna,
varias muestras presentan cantidades muy superiores. Marcas como Puleva
cereales, Puleva cacao o Milupa cacao obtienen, en este sentido, valoraciones
muy malas.
“Además, el sabor dulce que la sacarosa proporciona a la leche no
contribuye a crear buenos hábitos alimentarios al niño. Cuanto menos se
acostumbre a ella, mucho mejor.
“Vitaminas de más
“La leche es una fuente de minerales esenciales para el
desarrollo físico y mental del niño. Hemos comparado los contenidos de varios
de estos elementos con los que hay en la leche de vaca. El más importante es,
sin duda, el calcio. Salvo en una muestra, Nestlé crecimiento con cereales, que
presenta un contenido mayor, los niveles son parecidos a los que puede tener la
leche tradicional. En cuanto al fósforo, que permite la asimilación del calcio,
los valores son similares, si bien algunas marcas tienen contenidos algo
menores. Es el caso de Almirón, Aptamil, Miltina, Nestlé crecimiento, Nestlé
cereales y Nestlé frutas. Sin embargo, la relación entre fósforo y calcio, tan
importante para la correcta absorción de éste, no se cumple en la mayoría de
las marcas analizadas.
“En cuanto a la presencia de vitaminas, no hemos encontrado
deficiencias. Al contrario, todas las marcas de nuestro análisis tienen una
cantidad superior a las de la leche de vaca.
“Sin embargo, los aportes extra no son necesarios para una alimentación
adecuada. No olvidemos que a partir de un año el niño ya toma todo tipo de
alimentos. Por lo tanto, todos estos nutrientes pueden ser incorporados en la
dieta diaria a través de las frutas, verduras, carne, pescado, huevos, cereales
y, por supuesto, la propia leche de vaca.
“Por tratarse de un alimento infantil, los criterios microbiológicos
deben ser exhaustivos. Aún así, no hemos detectado microorganismos en ninguno
de los productos de nuestro análisis. Podemos afirmar que las normas de higiene
se cumplen perfectamente en todas las muestras analizadas.
“Dieta variada y equilibrada
“Las conclusiones finales de nuestro análisis son bastante
decepcionantes y pocas leches se salvan.
“Especialmente inaceptable nos ha parecido la presencia de sacarosa,
que ha marcado negativamente la calificación global de los productos que la
contienen.
“Si ponemos en una balanza los supuestos beneficios de la leche de
crecimiento y sus claras desventajas, vemos que, realmente, no son necesarias.
“La mejor opción es una dieta variada y equilibrada, en el supuesto de
un niño sano. Sólo si existe algún problema de inapetencia se recomienda tomar
este tipo de leche. Por
supuesto, siempre después de consultar al pediatra para descartar cualquier
otro problema en la salud del niño.”
5.6.1.4.
La Corte aprecia que el
estudio publicado por la OCU expresa que los contenidos de grasas presentes en
las leches de crecimiento “son adecuados en la totalidad de las muestras.” No
obstante agrega que “en todas son muy parecidos a los de la leche de vaca
entera”. Así mismo dicho estudio informa sobre la presencia de azucares
añadidos a dichas leches, explicando que no son recomendables en la dieta de
los menores.
En síntesis, para Corte no resulta claro ni científicamente
demostrado que las leches de crecimiento sean generalmente necesarias e
insustituibles por la leche entera de vaca, de manera que deban ser catalogadas
como un producto alimenticio necesario para niños de uno a cinco años de edad.
Por el contrario, observa que existen otros estudios demuestran que el tema
genera amplio debate entre los gremios de consumidores y de pediatras.
A lo anterior se  adiciona que la OMS y la UNICEF
desarrollaron una “Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y
del Niño Pequeño”, que se fundamenta en las conclusiones de las consultas a
expertos, las cuales dieron como resultado recomendaciones para la audiencia
pública orientadas a proteger, promover y apoyar la lactancia materna hasta los
dos años de edad.[60] Sólo en caso de que la
lactancia materna sea imposible de suministrar al menor, se aconseja acudir a
la leche maternizada[61].
Por todo lo anterior, la Corte descarta que exista un
concepto unánime entre la comunidad científica que indique que las leches de
crecimiento son productos de consumo necesario en la población infantil de dos
a cinco años de edad, tan recomendables, necesarias e insubstituibles por otros
alimentos como lo son las “leches materinizadas” para los niños menores
de un año que no pueden acudir a la lactancia materna, o las leches y cremas procesadas con
o sin adición de azúcar u otro edulcorante, para los niños mayores de cinco
años de edad.
5.6.2
Constitucionalidad de las
normas acusadas.
Como se recuerda, la acusación central de la demanda
consiste en afirmar que las disposiciones acusadas que, en su conjunto, gravan
con el IVA -o no conceden una exención sobre el mismo impuesto- a “las
leches de crecimiento”, son inconstitucionales por tres razones: (i) por
desconocimiento del derecho a la igualdad (C.P. Art. 13), en cuanto de un lado
las “leches maternizadas y humanizadas”, aptas para niños menores de un
año,  y de otro las leches y cremas con o sin adición de endulzantes o
edulcorantes, aptas, según las demandantes, para mayores de cinco años, sí
están exentas de dicho gravamen, a pesar de que las tres clases de leches son
igualmente productos de consumo básico para la población infantil de distintas
edades; (ii) por violación del derecho fundamental y prevalente de los niños a
recibir una alimentación equilibrada (C.P. art. 44), dado que dichas leches son
un producto de consumo necesario para la generalidad de los niños de uno a cinco
años de edad; y (iii) porque gravar con el IVA a las “leches de crecimiento”
significa un incumplimiento del deber estatal de intervenir al economía
para asegurar a todos los habitantes condiciones de vida digna. (C.P. Art.
334). La Corte pasa enseguida analizar de manera concreta estos tres cargos de
inconstitucionalidad:
5.6.2.1.
En las consideraciones
anteriores de la presente sentencia, se han presentado una serie de
conclusiones extraídas de la jurisprudencia  constitucional relativa a los
límites de las facultades de legislador en materia de IVA. Dentro de ellas, se
ha resaltado que cuando el legislador no concede una exención a un bien o
servicio que en principio es igual o similar a otro que sí resulta exento, la
Corte “debe precisar si la exclusión del mencionado beneficio tiene una
razón de ser que la haga admisible. De lo contrario, será patente la violación
del principio de igualdad en la carga tributaria"[62].
Así  mismo, se han recordado las conclusiones de la jurisprudencia relativas a
que “el derecho fundamental al mínimo vital, concretamente en lo que se
refiere a las condiciones materiales básicas e indispensables para asegurar una
supervivencia digna y autónoma, constituye un límite al poder impositivo del
Estado y un mandato que orienta la intervención del Estado en la economía
(artículo 334 C.P.)” [63]
En el presente caso, la Corte ha encontrado que no
está demostrado dentro del expediente que la “leche de crecimiento” sea
un producto de consumo necesario para los niños de dos a cinco años, como sí lo
son las “leches maternizadas o humanizadas” que requiere el recién
nacido que no puede alimentarse mediante lactancia materna, o la leche o
crema con o sin concentrar, o con o sin adición de endulzantes o edulcorantes[64],
categoría ésta dentro de la cual se incluyen varios productos lácteos, entre
ellos la leche entera de vaca, alimentos que tradicionalmente han sino exentos
del IVA.
Ciertamente, detecta la Sala que unas y otras leches
tienen destinatarios diferentes y que las “leches de crecimiento” no son
consideradas por toda la comunidad científica como productos de consumo
necesario, al paso que las otras dos categorías de leches sí lo son, de manera
particular las leches maternizadas y la leche entera. En efecto, como es
sabido, la leche maternizada o humanizada es la misma leche de vaca, “privada
por centrifugación de una parte de su caseína y grasa, hasta la proporción que
de ésta contiene la leche de mujer, y a la que se añade lactosa”[65].
Su uso sólo es indicado ante la imposibilidad de acudir a la lactancia materna,
primera opción recomendada para todos los niños durante los dos primeros años
de edad. Así, las “leches maternizadas o humanizadas” son un substituto
indispensable de la lactancia materna durante esta etapa, al paso que las
leches de crecimiento no lo son, pues su finalidad, sus destinatarios, su
composición y el proceso industrial a que son sometidas son distintos. Lo
anterior marca una diferencia substancial entre esos dos tipos de leches. Por
otro lado, la Corte ha detectado que la comunidad científica y las ligas de
consumidores no están de acuerdo en torno a la conveniencia  de suministrar “leches
de crecimiento” a los niños mayores de un año y menores de cinco. Debate
éste que no se presenta en relación con la importancia de suministrar “leches
maternizadas”  a los niños menores de dos años que no pueden acceder a la
leche materna. Finalmente, debe tenerse en cuenta que, como es de público
conocimiento,  los niños mayores de un año consumen una dieta que incluye
alimentos complementarios a la leche, por lo cual no se hallan en la misma
situación de hecho que los niños recién nacidos menores de seis meses, quienes exclusivamente
deben consumir leche materna o maternizada[66].
Por su parte, es claro también, como lo explican las
mismas demandantes y otros intervinientes, que las “leches de crecimiento”
son así mismo diferentes de la leche o crema con o sin concentrar, o con o sin
adición de endulzantes o edulcorantes, categoría ésta que incluye a la leche de
vaca entera, dado que estos productos lácteos carecen de un proceso industrial
tendiente a añadirle a la leche minerales y vitaminas y a modificar las grasas
naturales, como sí lo tienen las llamadas “leches de crecimiento”.
De todo lo anterior la Corte concluye que no se trata
de productos iguales o similares, por lo cual el legislador, en principio, no
está obligado a dispensarles un mismo tratamiento tributario.
5.6.2.2.
Pero, adicionalmente, la Corte
encuentra que existe otra razón que hace admisible el no otorgamiento de la
exención tributaria sobre las leches de crecimiento. Dicha razón radica
en que la exención podría estimular el consumo de esta leches por parte de
niños cuya edad oscila entre uno y dos años (ellos se encuentran entre la
población a la que se dirige su consumo), en contravía de lo que han indicado la
OMS y la UNICEF, entidades que han aconsejado que los menores consuman leche
materna hasta los dos años de edad o más tarde.
En efecto, en el documento titulado “Estrategia
mundial para la alimentación del
lactante y el niño pequeño”, adoptado
por la OMS y la UNICEF,  se lee lo siguiente:
“Promoción de una alimentación
apropiada de los lactantes
y los niños pequeños
10. La lactancia natural es una forma
sin parangón de proporcionar un alimento ideal para el crecimiento y el
desarrollo sanos de los lactantes; también es parte integrante del proceso
reproductivo, con repercusiones importantes en la salud de las madres. Como
recomendación de salud pública mundial, durante los seis primeros meses
de vida los lactantes deberían ser alimentados exclusivamente con leche materna
para lograr un crecimiento, un desarrollo y una salud óptimos. A
partir de ese momento, a fin de satisfacer sus requisitos nutricionales en
evolución, los lactantes deberían recibir alimentos complementarios adecuados e
inocuos desde el punto de vista nutricional, sin abandonar la lactancia
natural hasta los dos años de edad, o más tarde. La lactancia natural
exclusiva puede practicarse desde el nacimiento, salvo el caso de algunas
afecciones médicas, y si se practica sin limitaciones, propicia una abundante
producción de leche.”[67]
5.6.2.3.
Visto todo lo anterior, la
Corte concluye que las “leches de crecimiento” no son productos iguales
o similares a las “leches maternizadas o humanizadas” ni a la leche o
crema con o sin concentrar, o con o sin adición de endulzantes o edulcorantes,
como lo afirman las demandantes, ni están dentro de aquella categoría de
productos cuyo consumo es necesario o indispensable para asegurar la
supervivencia digna de los niños, por lo cual no hay respecto de ellas un
límite absoluto al poder impositivo del Estado en materia de IVA, que impida
gravarlas con dicho impuesto, en cumplimiento de la función estatal de
intervenir la economía para asegurar condiciones de vida digna a todos los
habitantes. (C.P. art. 334)
6.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre el pueblo y por mandato de la
Constitución:
RESUELVE:
PRIMERO:
Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados en la presente sentencia,
el literal a) del artículo 420 del Estatuto Tributario.
SEGUNDO:
Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados en la presente sentencia,
los numerales 04.01, 04.02 y 19.01.10.10.00 del artículo 477 del Estatuto
Tributario, modificado por el artículo 31 de la Ley 788 de 2002.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
cúmplase y archívese el expediente.
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrado
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
Ausente en comisión
JORGE IGNACIO PRETELT
CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[2]
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[3]
M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[4]
Literalmente, la demanda dice: “Las normas demandadas son los artículos 420 y
477 del Estatuto Tributario en la medida que gravan con el Impuesto a las
Ventas, las leches de crecimiento...”
[5]
Cfr. Sentencia C-776 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,
consideración jurídica N° 4.5.2.2.
[6]
Sentencia C-776 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[7]
Esta Corporación ha explicado que "la distinción [entre bienes y
servicios excluidos y exentos]  radica en que los primeros no causan el
impuesto y su venta no confiere la calidad de responsable a quien la realiza,
mientras que en el segundo evento el gravamen se causa en las ventas efectuadas
por los productores que adquieren la calidad de responsables, pero con tarifa
cero (0) y con derecho a obtener devoluciones". (Sentencia C-405 de 1997,
M.P. Fabio Morón Díaz). Dentro del Estatuto Tributario, los artículos 424 a
428-2 y los artículos 476 y 476-1 del Estatuto Tributario enuncian,
respectivamente los bienes y los servicios excluidos del IVA, mientras que el
artículo 477 y siguientes del mismo estatuto contienen los bienes y servicios
exentos del mismo gravamen.
[8]
Sentencia C-320 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[9]
Sentencia C-188 de 1996 M.P. Dr. Fabio Morón Díaz
[10]
Cfr. las Sentencias C-543/96 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), C-427/2000
(M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) y C-1549/2000 (M.P. (e) Martha Victoria Sáchica
de Moncaleano), entre otras.
[11]
Sentencia C-185 de 2002, MP, Rodrigo Escobar Gil
[12]
Sentencia C-444 de 2009, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[13]
Ibídem.
[14]
Sentencia C-185 de 2002, MP, Rodrigo Escobar Gil
[15]
Sentencia C-185 de 2002, MP, Rodrigo Escobar Gil
[16]
El principio pro accione indica que, teniendo en cuenta que la acción de
inconstitucionalidad de las leyes una acción pública, es decir abierta a todos
los ciudadanos, que no exige acreditar la condición de abogado, “el rigor en
el juicio que aplica la Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un
método de apreciación tan estricto que haga nugatorio el derecho reconocido al
actor y que la duda habrá de interpretarse a favor del demandante, es decir,
admitiendo la demanda y fallando de fondo”.(Sentencia c-480 de 2003)
[17] Intervención del
Instituto Colombiano de Derecho Tributario
[18]
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[19]
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[20]
No hay pleno acuerdo sobre el momento en el cual operó la transformación
referida. Por ejemplo, Perry, G. y Cárdenas, M. (En: Diez años de reformas
tributarias en Colombia. Fedesarrollo, 1986) coinciden con esta fecha.
Igualmente Ebrill et al (En: The Modern VAT. IMF, 2001). En cambio, Steiner, R.
y Soto, C. (En: Cinco ensayos sobre tributación en Colombia.
Fedesarrollo, 1999) al igual que Clavijo, S. (En: Política Fiscal y Estado
Social en Colombia. Banco de la República – Universidad de Los Andes;
Bogotá, 1998. Pág. 23), consideran que esta transformación no tuvo lugar sino
hasta la reforma tributaria de 1983.
[21] En la Sentencia C-776 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), la
Corte Constitucional resolvió declarar inexequible el artículo 116 de la Ley
788 de 2002, que extendía la base del IVA para gravar bienes y servicios de primera necesidad que antes habían sido excluidos
para promover la igualdad real y efectiva; la sentencia  consideró que la
extensión del IVA en los términos dispuestos en la norma acusada vulneraba el goce
efectivo del derecho al mínimo vital de un amplio sector de la población del
país, que dicha norma había sido adoptada sin un mínimo de deliberación pública
en el seno del Congreso, y sin que los ingreso tributarios que el Estado
recibiría en virtud de tal medida legislativa estuvieran dirigidos a generar
gasto público encaminado a cumplir fines redistributivos.
[22]
Sobre este tema pueden consultarse, entre otras, las sentencias, C-04 de 1993,
M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-394 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz;
C-183 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-341 de 1998, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo;  C-776 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; y c-426 de
2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[23]
La jurisprudencia ha explicado que la equidad del sistema tributario "es
un criterio con base en el cual se pondera la distribución de las cargas y de
los beneficios o la imposición de gravámenes entre los contribuyentes para
evitar que haya cargas excesivas o beneficios exagerados. Una carga es excesiva
o un beneficio es exagerado cuando no consulta la capacidad económica de los
sujetos pasivos en razón a la naturaleza y fines del impuesto en cuestión".
Sentencia C-734 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda
[24]
La Corte ha entendido que el principio de eficiencia tributaria se concreta en
el logro de un mayor recaudo de tributos con el menor costo de operación
posible. Cfr. Sentencia C-734 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda
[25]
La Corte ha explicado que “el principio de progresividad, el cual se
predica del sistema tributario, hace referencia al reparto de la carga
tributaria entre los diferentes obligados a su pago, según la capacidad
contributiva de la que disponen, es decir, es un criterio de análisis de la
proporción del aporte total de cada contribuyente en relación con su capacidad
contributiva. En este orden de ideas, es neutro el sistema que conserva las
diferencias relativas entre los aportantes de mayor y de menor capacidad
contributiva; es progresivo el que las reduce; y es regresivo el que las
aumenta”. Sentencia C-773 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[26]
Cfr., entre otras, las  Sentencias C-094 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández
Galindo y c-183 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[27]
Sentencia C-341 de 1998 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
[28] Sentencia C-776 de 2003, M.P. Manuel  José Cepeda Espinosa.
[29]
Cfr. Ibídem.
[30]
Sentencia C-094 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[31]
Sentencia C-094 de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
[32]
Ver, por ejemplo, la Sentencia C-349 de 1995 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) en la
cual, la Corte encontró que "la exención de impuestos que se establece
sobre algunas transacciones comerciales, cuando se realizan con una entidad
sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, implica un
trato preferente en relación con el que se da a las personas jurídicas que
están sometidas a control de entidades distintas, cuyas operaciones comerciales
sí aparecen gravadas con el impuesto a las ventas, sin que existan
justificaciones razonables y objetivas para establecer la diferenciación, pues
lo que en esencia se hace es tratar en forma diferente la misma actividad. El
supuesto de hecho sobre el que se establece la discriminación: que la entidad
esté sometida a la vigilancia y control de la Superintendencia Bancaria o que
no lo esté, es irrelevante para adoptar un diferencia de trato, y en
consecuencia, la norma demandada viola también el artículo 13 de la
Constitución".
[33]
Sentencia C-183 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. S.V. M. José Gregorio
Hernández Galindo).
[34]
Ver: Sentencia C-349 de 1995 (M.P. Carlos Gaviria Díaz). En este fallo, la
Corte declaró la inexequibilidad de una norma que concedía una exclusión en
materia de IVA sobre la venta de un tipo particular de servicio, sin que
hubiera razón para que servicios de similar naturaleza no quedaran también
cubiertos por dicho beneficio. En la Sentencia C-183 de 1998 (M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz. S.V. M. José Gregorio Hernández Galindo), la Corte conoció de
una situación normativa similar a la analizada en el fallo ya mencionado,
aunque decidió declarar la exequibilidad condicionada de la norma, en el
sentido de extender el beneficio a las personas que no estaban cubiertas por la
norma acusada, se encontraban en igualdad fáctica respecto de las sí cubiertas.
[35]
Sentencia C-094 de 1993 (MP. José Gregorio Hernández  Galindo).
[36]
Sentencia C-776 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[37]
Al respecto, desde las primeras sentencias de los jueces constitucionales sobre
el ejercicio de la potestad tributaria se ha advertido que el poder de imponer
tributos es el poder de destruir (“the power to tax maybe exercised as to
destroy”). Ver el célebre caso donde por primera vez en una decisión del
Justicia Marshall, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos sostuvo
que la potestad impositiva de los estados federados no era absoluta. Mccullorh v. State of Maryland. 17 U.S. 316 (1819).
[38]
Sentencias C-250 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y C-183 de 1998 (M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz. S.V. M. José Gregorio Hernández Galindo).
[39]
Sentencia C-776 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[40]
Cfr. Sentencia C-426 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[41]
Se recuerda que la Corte ha explicado que “el principio de progresividad,
el cual se predica del sistema tributario, hace referencia al reparto de la
carga tributaria entre los diferentes obligados a su pago, según la capacidad
contributiva de la que disponen, es decir, es un criterio de análisis de la
proporción del aporte total de cada contribuyente en relación con su capacidad
contributiva. En este orden de ideas, es neutro el sistema que conserva las
diferencias relativas entre los aportantes de mayor y de menor capacidad
contributiva; es progresivo el que las reduce; y es regresivo el que las
aumenta”. Sentencia C-776 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[42]
Bravo Arteaga, Juan Rafael. “Nociones Fundamentales de Derecho Tributario”. Universidad
del Rosario, 1997. Citado en la Sentencia C-426 de 2005, M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[43]
Ibídem.
[44]
Ibídem. Negrillas y subrayas fuera del original.
[45]
Sentencia C-776 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[46]
Ibídem.
[47]
Cfr. Sentencia C-643 de 2002, M.P Jaime Córdoba Triviño.
[48]
Sentencia C-333 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). En esta sentencia, la
Corte declaró la exequibilidad del aporte especial del 10% de los ingresos
brutos obtenidos por los notarios. El demandante sostuvo que la norma en
cuestión era contraria a los principios de equidad y de progresividad del
sistema tributario.
[49]
Cfr. Sentencia C-094 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[50]
Cfr. Sentencia C-183 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[51]
Sentencia C-183 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[52]
Sentencia C-776 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[53]
Ibídem
[54]
Ibídem
[55]
Cfr. Sentencia C-776 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[56]
Cfr. Sentencia C-643 de 2002, M.P Jaime Córdoba Triviño.
[57]
Cfr. Sentencia C-333 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[58] La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) es una
asociación privada independiente y sin ánimo de lucro que nació en 1975 con el
objetivo de promover y defender los intereses de los consumidores, orientarles
en sus elecciones como consumidor, trabajar para ayudarles a resolver sus
problemas de consumo y a hacer valer sus derechos fundamentales como
consumidores.
[59]
EUROCONSUMERS (Consumidores Europeos), es un grupo de organizaciones de
consumidores fundado en 1990. Actualmente, EUROCONSUMERS agrupa a más de un
millón y medio de consumidores y publica 32 revistas de información al
consumidor, en cinco idiomas distintos.
[60] Las recomendaciones contenidas en este documento
fueron recogidas en la Resolución
WHA55.25  de la OMS sobre Nutrición del lactante y del niño pequeño.
[61] La
leche maternizada es la misma leche de vaca, “privada por centrifugación de una
parte de su caseína y grasa, hasta la proporción que de ésta contiene la leche
de mujer, y a la que se añade lactosa”. Cfr.  Diccionario de la Leche en
términos médicos. www.iqb.es/diccio/l/leche.htm
[62]
Sentencia C-183 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[63]
Ibídem
[64]
Esta categoría de productos aparece cobijada por la exención del IVA prescrita
en los numerales 04.01 y 04.02 del artículo 477 del Estatuto Tributario, normas
aquí acusadas.
[65]
Cfr.  Diccionario
de la Leche en términos médicos. www.iqb.es/diccio/l/leche.htm
[66]
La OMS y la UNICEF, en el documento titulado “Estrategia
mundial para la alimentación del lactante y el niño pequeño” recomiendan
que los menores de seis meses se alimenten exclusivamente de leche materna.
[67]
La OMS y el UNICEF prepararon conjuntamente la “Estrategia
mundial para la alimentación del lactante y el niño pequeño” a fin de
reavivar la atención que el mundo presta a las repercusiones de las prácticas
de alimentación en el estado de nutrición, el crecimiento y el desarrollo, la
salud, y en suma, en la propia supervivencia de los lactantes y los niños
pequeños. La estrategia mundial se basa en pruebas científicas de la
importancia de la nutrición en los primeros meses y años de vida y del papel
fundamental que juegan las prácticas de alimentación correctas para lograr un
estado de salud óptimo. El documento concluye que “no practicar la lactancia
natural, y especialmente la lactancia natural exclusiva durante el primer medio
año de vida, representa un factor de riesgo importante a efectos de morbilidad
y mortalidad del lactante y del niño pequeño, que se agrava aún más por la
alimentación complementaria inadecuada”.