C-564-98
Sentencia C-564/98
Sentencia
C-564/98
RETIRO DEL
SERVICIO DE LA POLICIA NACIONAL-Funciones del Comité de evaluación
La
discrecionalidad para la remoción de suboficiales por parte de la respectiva
autoridad, no significa arbitrariedad sino que es un instrumento normal y
necesario para el buen funcionamiento de una institución como la Policía
Nacional; por lo tanto, a juicio de la Corte, el Comité de Evaluación de
Suboficiales cumple sus funciones, no de forma caprichosa sino discrecional,
pero basada en elementos y causales previamente regladas por la ley, cuyo
ejercicio implica una aplicación ceñida a las normas que fijan los
procedimientos adecuados, los cuales, a su vez, deben descansar en razones de
buen servicio público, por parte de los organismos competentes, para expedir
este tipo de actos administrativos de índole particular y contenido concreto.
Los Comités de Evaluación de suboficiales cuyas funciones señala el artículo
55, en los segmentos acusados, deben cumplir estrictamente sus deberes,
señalando en el acta de sus recomendaciones los motivos del retiro, y
ajustándolas al debido proceso administrativo. Vale decir que ellas deben
constar por escrito y ser notificadas a los interesados para que ejerzan la
defensa de sus derechos.
Referencia:
Expediente D-2016
Acción pública de
inconstitucio-nalidad contra los numerales 2, 3 y 4 del artículo 55 del Decreto
41 de 1994  “Por el cual se modifican las normas de carrera del personal de
oficiales y suboficiales de la Policía  Nacional y se dictan otras
disposiciones.”
Actor: Alberto Daza
Rodríguez
Magistrado Ponente:
Dr. FABIO MORON
DIAZ.
Santafé de Bogotá
D.C., octubre siete (7) de mil novecientos noventa y ocho (1998).
I.  ANTECEDENTES
El ciudadano ALBERTO
DAZA RODRIGUEZ, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad
consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, solicitó a
esta Corporación la declaración de inexequibilidad de los artículos 55
numerales 2, 3 y 4 del Decreto ley 41 de 1994 y 11 del decreto ley 574 de 1995.
Por auto de 22 de
abril de 1998, el Magistrado sustanciador decidió rechazar la demanda contra el
artículo 11 del decreto  ley 574 de 1995 por existir cosa juzgada
constitucional.
En la misma
providencia se admitió la demanda, únicamente, contra  el numeral 2º. del
artículo 55 del decreto ley 041 de 1994, así como en cuanto a la expresión:  “emitir
concepto sobre la continuidad en la institución de los suboficiales  en el
grado de cabo segundo que  se encuentren en período de prueba”, del numeral
tercero, del artículo  referido.
Igualmente, el auto
admisorio ordenó adelantar el juicio de constitucionalidad también en cuanto a
la frase “recomendar el retiro o la continuidad en el servicio de los
suboficiales sometidos a observación o evaluación eventual por conducta
deficiente”, contenida en el numeral 4 del artículo cuestionado por el demandante.
Se ordenó fijar en
lista el negocio,  correr traslado del expediente al señor Procurador General
de la Nación para efectos de recibir el concepto de su competencia y enviar las
comunicaciones respectivas Al Presidente de la República y a los señores
Ministros de Defensa Nacional y Director General de la Policía Nacional.
Una vez cumplidos
todos los trámites propios de esta clase de actuaciones, procede la Corte a
decidir.
II.             EL TEXTO DE LAS NORMAS
ACUSADAS
El ciudadano
demandante reprodujo en el libelo demandatorio el texto de la preceptiva
acusada cuyo tenor literal es el siguiente:
“Decreto 041 de
1994
“(Enero 10)
“Por el cual se
modifican las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de la
Policía  Nacional y se dictan otras disposiciones.
“…..
“Artículo 55.  Funciones del Comité de Evaluación de
Suboficiales.  Al Comité de evaluación  de suboficiales, previo estudio de la
hoja de vida y de la trayectoria profesional, en cada caso le corresponde:
“1.  Revisar los
antecedentes del personal de suboficiales  y del  nivel ejecutivo y evaluar sus
condiciones morales, profesionales e intelectuales.
“2.  Proponer los
retiros por incapacidad profesional.
“3.  Emitir
concepto sobre la continuidad en la institución de los suboficiales en el grado
de Cabo Segundo, que se encuentren en período de prueba.
“4.  Recomendar
el retiro o la continuidad  en el servicio de los suboficiales sometidos a
observación o evaluación eventual por conducta deficiente.”
“5…Recomendar los
ascensos de los suboficiales hasta el grado de sargento mayor.
“6.  Evaluar la
trayectoria profesional y recomendar el ingreso del personal de agentes, que
previo el lleno de los demás requisitos, solicite su admisión al primer grado
de la escala  jerárquica del nivel ejecutivo.
“7.  Las demás
funciones que le asigne la Dirección General de la Policía Nacional. “  (Se
subraya lo demandado).
III.    LA DEMANDA
El demandante
esgrime como inconstitucionales  los artículos  55 numeral 2,  3 y 4  del
decreto ley 41 de 1994 y el artículo 11 del decreto ley 574 de 1995, los cuales
considera que violan los artículos  25, 26 y 29 superiores.
En efecto, a juicio
del actor, los numerales acusados del artículo 55  del decreto 41 de 1994,
contrarían el debido proceso, porque “la actividad policial es una profesión de
la cual no se puede ser separado  sino por la comisión de conductas delictivas
o por faltas disciplinarias, debidamente probadas y no por simple información
de un subteniente o  capitán quienes son  falibles ”.
Aduce igualmente, en
su demanda el ciudadano, que la discrecionalidad no puede implicar abuso de
autoridad por la existencia de  un informe de los inmediatos superiores, muchas
veces animados  de pasión, odio, envidia o venganza, sin que para ello los
literales de la norma  acusada exijan pruebas o un debido proceso.
IV.   INTERVENCIONES OFICIALES
1.  DEL DIRECTOR
DE LA POLICIA NACIONAL
En la oportunidad
que procede, el Director General de la Policía  Nacional,  Gral. Rosso José
Serrano Cadena, se presentó ante la Corte Constitucional mediante escrito en el
que manifiesta que en relación con los artículos 5, 6 y 11  del decreto  574 de
1995, objeto de la demanda, esta Corte había declarado la exequibilidad de
tales disposiciones mediante sentencia C-525 de 1995.
De otra parte,
expuso el interviniente, que  en cuanto al artículo  55 parcial del decreto 41
de 1994 que contiene las funciones  del comité de evaluación de suboficiales  y
personal ejecutivo, no encuentra que dicho texto sea contrario a la
Constitución Política, por lo  que solicita su exequibilidad.
2. DEL MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL
Así mismo, la
abogada Claudia Patricia Cáceres, actuando en condición de apoderada del
Ministerio de Defensa Nacional, se presentó ante la Corte Constitucional
mediante escrito  en el cual solicita la declaratoria de exequibilidad de los
numerales 2, 3 y 4 del artículo 55 del decreto 41 de 1994, que consagran las
funciones del comité de evaluación de suboficiales, por encontrarlos, a su
juicio, que no desconocen normas superiores.
Finalmente, en
relación con el artículo  11 del decreto 574 de 1995, afirma que este fue
declarado exequible por la Corte mediante sentencias C-525 de 1995 y C-071 de
1996.
V.  EL CONCEPTO FISCAL
El señor Procurador
General de la Nación (e) rindió en el término legal, el concepto de su
competencia y en él solicitó a la Corte declarar exequible en lo acusado, el
artículo 55  del decreto 41 de 1994.
Estima el señor
Procurador que:
“Se observa que el
legislador extraordinario en la misma normatividad, estableció los parámetros
dentro de los cuales el Comité de Evaluación debe desarrollar las funciones
asignadas.  Es así como en el artículo 82 se determinaron las causales de
retiro por incapacidad profesional, las cuales son:
a.  No obtener
calificaciones aprobatorias en cursos o exámenes de capacitación para ascenso,
de acuerdo con este estatuto y las disposiciones que lo reglamentan.
b.   No superar el
período de prueba.
“A su vez, en el
artículo 24 se preceptuó que los oficiales y  suboficiales que ingresarán al
primer grado del escalafón, en período de prueba, por el  término de un año,
lapso durante el cual serán evaluados de acuerdo con el reglamento de
evaluación y clasificación, y quienes superen el período de  prueba y obtengan
concepto favorable para continuar en la Institución, quedarán automáticamente
en propiedad en el respectivo grado.
“El artículo 85
prevé que los oficiales y suboficiales serán retirados en cualquier tiempo del
servicio activo por conducta deficiente, en los siguientes casos:
a.  Cuando su
clasificación anual  sea en lista número 3, de acuerdo con el reglamento de
evaluación y clasificación y en virtud de una sanción disciplinaria.
b.  Cuando de una
evaluación eventual de conducta conforme al reglamento de evaluación y
clasificación, se clasifique  en lista número 3.
“Las precedentes
causales taxativas, permiten establecer que las facultades del Comité de
Evaluación, cuestionada por el demandante, no se ejercen de manera
discrecional, sino que son eminentemente regladas, pues el legislador
extraordinario estableció los supuestos que debe observar el Comité de
Evaluación para efectuar sus recomendaciones, los cuales son claros, precisos y
no admiten la aplicación de criterios distintos y de índole subjetiva. Por esta
razón, los numerales acusados no desconocen el artículo 29 de la Carta
Política, ya que las recomendaciones que realice el Comité deben estar
acreditadas conforme las exigencias de los artículos 24, 82 y 85 del Decreto 41
de 1994, y la taxatividad de las causales, que como es obvio, exigen la
aplicación y observancia de las respectivas actuaciones administrativas,
excluyen actuaciones caprichosas.”
A juicio del
Ministerio Público, los preceptos acusados del artículo 55 tampoco desconocen
los artículo 25 y 26 de la Carta Política, pues la desvinculación de la
institución de un suboficial por recomendación del Comité de Evaluación está
precedida de la aplicación de criterios  taxativos y objetivos previstos en la
misma norma cuestionada y en los artículos 24, 82 y 85 del Decreto 41 de 1994,
los cuales son, a juicio del Procurador justos, razonables y ponderados y por
lo tanto,  aplicados estrictamente previo un debido proceso, tal como lo ha
entendido la misma Corte Constitucional en la sentencia C-525 de 1995 (M.P. Dr.
Vladimiro Naranjo Mesa).
Finalmente,
argumenta la vista fiscal, que los derechos al trabajo y a escoger profesión u
oficio no son absolutos, porque el legislador se encuentra habilitado para que,
de manera razonable y proporcionada, regule su ejercicio, por lo tanto estima,
que el artículo 55, en lo acusado,  no desconoce normas superiores.
VI.   CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Primera:  La
Competencia
En virtud de lo
establecido en el numeral 5º del artículo 241 de la Constitución Política, la
Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre
la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, por tratarse de
disposiciones que forman parte de un decreto con fuerza de ley, expedido de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 01 del  artículo  35 de la ley 62 de
1993.
Segunda.  Las Facultades extraordinarias y su
ejercicio
Debe recordarse en
primer término que el artículo 35 de la ley 62 de 1993 “Por la cual se expiden
normas sobre la Policía Nacional, se crea un  establecimiento público de
seguridad social y bienestar para la Policía Nacional, se crea la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades
extraordinarias al  Presidente de la República”, dispuso que:
“Artículo 35:    Facultades
extraordinarias. De conformidad con el numeral 10 del artículo 150 de la
Constitución Política, revístese al Presidente de la República de precisas
facultades extraordinarias, hasta por el término de seis (6) meses contados a
partir de la promulgación de la presente ley, para los siguientes efectos:
“….
“4.   Modificar el
reglamento de evaluación y clasificación para el personal de la Policía
Nacional en los siguientes aspectos:
“a.   Ambito de
aplicación:  Oficiales, suboficiales, agentes y personal no uniformado;
“b.  De la
evaluación;
“c.  Autoridades
evaluadoras y revisoras;
“d. Documentos de
evaluación, formularios y normas para su diligenciamiento;
“e.  De la
clasificación;
“f.   Juntas de
clasificación de oficiales, suboficiales, agentes y personal no uniformado, y
“g.  Efectuar una
estricta evaluación de todo el personal de la institución.
“…..
Por su parte , la
ley 62 de 1993 fue publicada en el Diario Oficial No. 40987 de agosto 12 de
1993 y con base en la habilitación legislativa, el Presidente de la República
expidió el Decreto 041 de 1994, fechado el día martes 10 de enero de 1994,
decreto del que hace parte la preceptiva  acusada, que por el aspecto formal no
contradice la  Carta, si se tiene en cuenta que  se expidió dentro del término
previsto de  seis meses,  ordenado por el artículo 35 de la Ley 62 de 1993, tal
como lo  consideró la sentencia C-417/94 (M.P. Dr. Carlos  Gaviria Díaz).
Tercera:  Los
Límites Materiales
Los segmentos
acusados hacen parte de un decreto con fuerza de ley, expedido al amparo de las
facultades extraordinarias previstas en el artículo 35 de la ley 62  de 1993.
Dicho  decreto modificó las normas de carrera del personal de oficiales y
suboficiales de la Policía Nacional, regulando, entre  otras materias,  el
sistema de evaluación de este personal, en los artículos 54 y 58, en
concordancia con los artículos 24, 48 a 53, 82 y 85 del mismo estatuto.
Por lo anterior,
atañe a la Corte examinar el ejercicio de las aludidas facultades con el fin de
establecer  si la habilitación  legislativa y la expedición del decreto que
contiene la  preceptiva acusada se ajustan o no a la Carta Política de 1991.
En relación con los
límites materiales  es importante destacar que la  ley 62 de 1993 se expidió,
por parte del Congreso de la República, como el estatuto aplicable a la Policía
Nacional, en cuyo cuerpo normativo se definió a ésta como parte integrante de
las autoridades de la República, y a su vez se desarrollaron las funciones
constitucionales señaladas en el artículo 218 superior.  Asimismo, el artículo
35-4 del mismo estatuto legal, otorgó facultades extraordinarias al Gobierno
Nacional para efectos de:  “Modificar el reglamento de evaluación y
clasificación para el personal de la  Policía Nacional en los siguientes
aspectos:
“a)    Ambito de
aplicación.  Oficiales, Suboficiales, agentes y   personal no uniformado
“b)   De la
evaluación
“c) Autoridades
evaluadoras y revisoras
“d) Documentos
de evaluación, formularios y normas de   diligenciamiento
“e)  De la
clasificación
“f)  Juntas de
clasificación de oficiales, suboficiales, agentes y      personal  no
uniformado, y
“g)  Efectuar una
estricta evaluación de todo el personal de la      institución.
“…….
Como se puede
observar, para la Corte, el  Congreso de  la República,  cumplió con su deber
constitucional de fijar las materias para las cuales se  concedieron las atribuciones,
de forma precisa y taxativa, tal como lo exige el artículo 150-12  de la Carta
Política.
Siendo así las
cosas, al radicar en cabeza del Presidente de la República la habilitación
legislativa para los fines señalados  anteriormente, el  Ejecutivo, mediante el
Decreto 41 de 1994, actuó a juicio de la Corte, sin desbordar el marco trazado
por la ley  de facultades.  En efecto, en los artículos  54 y 55 del Decreto 41
de 1994, se creó, por un lado, un comité de evaluación de suboficiales y personal
del nivel ejecutivo, integrado por un Oficial General, designado por la
Dirección General de  la Policía  Nacional, el Jefe de la División de
Procedimientos de Personal, el Director de la Escuela Nacional de Suboficiales
“Gonzalo Jiménez de Quezada”, el Jefe  de la Unidad de Suboficiales, el Jefe de
la Unidad del nivel ejecutivo y el Jefe de la Sección de Clasificación, quien
actuará como su secretario, y por el otro lado, se señalaron las funciones que
corresponden a dicho comité, entre las que se pueden resaltar lo siguiente:
“Artículo 55.  Funciones del Comité de Evaluación de
Suboficiales y
personal del
nivel ejecutivo:
“….
“1.       Revisar
los antecedentes del personal de suboficiales y del nivel ejecutivo y evaluar
sus condiciones morales, profesionales e intelectuales.
“2.        Proponer
los retiros por incapacidad profesional
“3.       Emitir
concepto sobre la  continuidad en la  Institución de los suboficiales en el
grado de Cabo Segundo y de los patrulleros, carabineros, investigadores del
nivel ejecutivo, que se encuentren en período de prueba.
“4.        Recomendar
el retiro  o la continuidad en el servicio de los  suboficiales y personal de
nivel ejecutivo sometido a observación o evaluación eventual por conducta
deficiente.
“5.        Recomendar
los ascensos de los suboficiales hasta el grado de sargento mayor y los del
nivel ejecutivo hasta el grado de comisario.
“6.        Evaluar
la trayectoria profesional y recomendar el ingreso del personal de agentes, que
previo el lleno de los demás requisitos, solicite su admisión al primer grado
de la escala  jerárquica del nivel ejecutivo.
“7.       Las demás
funciones que le asigne la Dirección General de la Policía Nacional. “
En este orden de
ideas, el legislador extraordinario, en la misma normatividad del Decreto 041
de 1994, estableció los parámetros dentro de los cuales el Comité de Evaluación
debe desarrollar las funciones  descritas anteriormente, interpretando las
mismas con la totalidad de disposiciones jurídicas que componen o integran el cuerpo
normativo del referido decreto, todo lo cual, a juicio de la Corte, es
desarrollo del preciso ámbito de materias para cuya  atribución  el ejecutivo
estaba autorizado  desde el punto de vista constitucional, esto es, lo señalado
por  el numeral  4 del artículo 35 de la ley 62 de 1993; por lo tanto, en el
artículo 55 cuestionado parcialmente, se fijaron las atribuciones por parte del
Gobierno Nacional, sin que en su desarrollo se excedieran los límites
materiales de la ley de facultades, por lo cual será declarado exequible.
Empero,  debe esta
Corte recordar que mediante sentencia C-417 del 22 de septiembre de 1994,
(M.P.  Dr. Carlos Gaviria Díaz), esta Corporación decidió declarar INEXEQUIBLES,
por desbordar el límite material fijado en la ley de habilitación legislativa,
las expresiones:  “y de los patrulleros, carabineros o investigadores del nivel
ejecutivo” y “personal del nivel  ejecutivo”, contenidas en los artículos  1,
2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13,  14, 15, 16, 17, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34 35, 36, 37, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94,
95, 96, 97, 105, 107, 108, 112, 133, 114  del Decreto 41 de 1994.  Por lo
tanto, la Corte reconocerá respecto de estas normas la cosa juzgada
constitucional, y decidirá estarse a lo resuelto en la mencionada
sentencia.
Cuarta.  La
Materia Objeto de la demanda
A juicio del demandante,
los numerales  2, 3 y 4 del artículo 55 del Decreto 041 de 1994, así como el
artículo 11 del decreto ley 574 de 1995, contrarían los artículos 25, 26 y 29
superiores, como quiera que, en su  sentir, tales preceptos jurídicos, por un
lado, violentan el debido proceso como derecho fundamental “porque la actividad
policial es una profesión de la cual no se puede ser separado sino por la
comisión de conductas delictivas o por faltas disciplinarias, debidamente
probadas y no por simple información de un subteniente o capitán”, quienes a
juicio del actor, pueden equivocarse.
Señala igualmente en
su demanda el actor, que la discrecionalidad con la que actúa dicho comité por
virtud de las normas cuestionadas, no puede implicar abuso de autoridad por
parte del mismo, ante la existencia de informes rendidos por los inmediatos
superiores del suboficial a evaluar o calificar, muchas veces animados de
pasión, odio o venganza, sin que para ello, los literales de la norma acusada
exijan pruebas o el trámite de un debido proceso.
Sea lo primero
advertir por parte de esta Corporación, que el juicio de constitucionalidad se
pronunciará,  tal como se manifestó en el auto admisorio de este proceso,
únicamente, en relación con el numeral 2º del artículo 55 del Decreto 041 de
1994, y las expresiones:  “Emitir concepto sobre la continuidad en la
institución de los suboficiales en el grado de  Cabo Segundo, que  se
encuentren en período de prueba”  y “Recomendar el retiro o la continuidad en
el servicio de los suboficiales sometidos a observación o evaluación eventual
por conducta deficiente”,   contenidas en los numerales 3 y 4  del mismo
artículo 55 del decreto  041 de 1994, respectivamente, por encontrarse vigentes
y producir plenos efectos legales, es decir, por ser normas pertenecientes al
sistema jurídico nacional y no haber sido objeto de derogatoria tácita o
expresa por parte del legislador.
La Corte
Constitucional no comparte los argumentos expuestos por el demandante en su
libelo, pues ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Corporación en el
sentido de considerar que los retiros discrecionales de oficiales o
suboficiales  de la Policía Nacional por parte de estos Comités, no  violan
normas  fundamentales, como quiera que la discrecionalidad no se asimila a arbitrariedad,
ya que tales organismos, en el ejercicio de sus funciones, no producen actos de
desvinculación  del servicio sino que cumplen sus deberes de evaluación
respetando precisas normas relacionadas con el debido proceso y con la
actuación legal de la administración.
En efecto, en el
artículo 55 del Decreto 041 de 1994 se establecieron taxativamente las
funciones que corresponden al Comité de Evaluación de Suboficiales, dentro de
las cuales aparece la de proponer, previo estudio de la Hoja de Vida y de la
trayectoria profesional: “los retiros por incapacidad profesional” -numeral 2,
y  “emitir concepto sobre la continuidad en la institución de los suboficiales
en el  grado de cabo segundo que se encuentra en período de prueba -numeral 3 y
“ Recomendar el retiro o la continuidad en el servicio de los suboficiales
sometidos a observación o evaluación eventual por conducta deficiente”, numeral
4º.
Para la Corporación,
el legislador extraordinario fijó en los numerales 2, 3 y 4 del artículo
cuestionado unos parámetros objetivos, dentro de los cuales,  el mencionado
Comité de Evaluación puede proponer, previo el estudio de la hoja de vida, los
retiros por incapacidad profesional, o emitir concepto sobre la continuidad en
la institución de los suboficiales en el grado de cabo segundo que se
encuentren en período de prueba, o recomendar el retiro o la continuidad en el
servicio de los suboficiales sometidos a observación o evaluación por conducta
deficiente,  los cuales  constituyen un conjunto o marco de competencias o de
atribuciones objetivas, serias, ponderadas, racionales y razonables, que no
caprichosas, como  lo afirma el actor  en su demanda, ya que por un lado, es
claro para la Sala Plena, que  tales funciones están plenamente regladas, pues
el legislador extraordinario fijó las circunstancias  de hecho y de derecho que
deben ser plenamente observadas por la mencionada autoridad para  poder emitir
sus conceptos, los cuales, a juicio de la Corte, procuran ser  proporcionales a
la medida o fin que buscan; por lo tanto, no admiten en su  aplicación
criterios subjetivos, como quiera que tales elementos de juicio o de  valor,
deben ser  el resultado de la aplicación de un debido proceso administrativo,
conforme a una interpretación sistemática e integral de cada atribución, con
las reglas y procedimientos definidos en función de la naturaleza de cada
facultad, previstos taxativamente en el artículo 55 del decreto 41 de 1994, en
armonía con los artículos  24, 82 y 85 del mismo decreto.  Es pertinente
precisar que en la aplicación y evaluación de las respectivas actuaciones
administrativas por parte  de este tipo de Comités, se excluyen actividades
caprichosas o subjetivas, tal como ya ha tenido oportunidad de manifestarlo
esta Corporación en la sentencia  C-525 de 1995 (M.P.  Dr. Vladimiro Naranjo
Mesa), a propósito de la constitucionalidad del retiro de oficiales de la
Policía  Nacional.
En efecto, dijo la Corte
Constitucional en su oportunidad que
“Estos comités
tienen a su cargo el examen exhaustivo de los cargos o razones que inducen a la
separación -el primero- de oficiales o suboficiales, o de agentes, el segundo.
En dichos comités se examina la hoja de vida de la persona cuya separación es
propuesta, se verifican los informes de inteligencia o contrainteligencia, así
como del "Grupo anticorrupción" que opera en la Policía Nacional;
hecho este examen, el respectivo comité procede a recomendar que el implicado
sea o no retirado de la institución. De todo ello se levanta un acta, y en caso
de decidirse la remoción se le notifica al implicado. No se trata pues de un
procedimiento arbitrario, sino de una decisión fundamentada en la evaluación
hecha por un Comité establecido legalmente para el efecto (Arts. 50 y 52 del
Decreto 041 de 1994), y motivada en las razones del servicio.”
De lo anterior se
concluye  que la discrecionalidad para la remoción de suboficiales por parte de
la respectiva autoridad, no significa arbitrariedad como lo parece entender el
autor en su libelo sino que es un instrumento normal y necesario para el buen
funcionamiento de una institución como la Policía Nacional;  por lo tanto, a
juicio de la Corte,  el Comité de Evaluación de Suboficiales cumple  sus
funciones, no de forma  caprichosa sino discrecional, pero basada en elementos
y causales  previamente regladas por la ley, cuyo ejercicio implica una
aplicación ceñida a las normas que fijan los procedimientos adecuados, los
cuales,  a su vez, deben descansar en razones de buen servicio público, por
parte de los organismos competentes, para  expedir  este tipo de actos
administrativos de índole particular y contenido concreto.   Así como ocurre en
el caso subexamine, la discrecionalidad que surge de las atribuciones del
Comité de Evaluación debe ir siempre acompañada de ciertos requisitos de
racionalidad y razonabilidad, propios de cada juicio de esta naturaleza;  en
consecuencia, este acto discrecional por parte del Comité de  evaluación de
suboficiales, en el sentido de proponer los retiros por incapacidad
profesional, o los de emitir conceptos sobre la continuidad de un suboficial en
período de prueba, o la de recomendar su retiro, luego de ser sometido a
observación o evaluación eventual por conducta deficiente,  debe tener, a su
vez un mínimo de motivación o justificación, más aun cuando la discrecionalidad
radica en cabeza de una autoridad pública que concentra  dichas atribuciones en
razón del servicio,  y requiere,  como lo indica la hipótesis normativa que
señala el artículo 55 del decreto 041 de 1994, del examen previo del Comité de
Evaluación de Suboficiales, el cual debe aplicar tales causales, en armonía con
los artículos 24, 82 y 84 del mismo decreto,  que prevén las circunstancias de
hecho y de derecho para el ejercicio de tales atribuciones.
En este orden de
ideas, la Corte Constitucional comparte plenamente los argumentos expuestos por
el señor Procurador General de la Nación, vertidos en este proceso en relación
con los numerales 2, 3, 4 de la norma  cuestionada.  En efecto el Ministerio
Público señala que:
“Se observa que el
legislador extraordinario en la misma normatividad, estableció los parámetros
dentro de los cuales el Comité de Evaluación debe desarrollar las funciones
asignadas.  Es así como en el artículo 82 se determinaron las causales de
retiro por incapacidad profesional, las cuales son:
a.   No obtener
calificaciones aprobatorias en cursos o exámenes de capacitación para ascenso,
de acuerdo con este estatuto y las disposiciones que lo reglamentan.
b.   No superar el
período de prueba.
“A su vez, en el
artículo 24 se preceptuó que los oficiales y  suboficiales que ingresarán al
primer grado del escalafón, en período de prueba, por el  término de un año,
lapso durante el cual serán evaluados de acuerdo con el reglamento de
evaluación y clasificación, y quienes superen el período de  prueba y obtengan
concepto favorable para continuar en la Institución, quedarán automáticamente
en propiedad en el respectivo grado.
“El artículo 85
prevé que los oficiales y suboficiales serán retirados en cualquier tiempo del
servicio activo por conducta deficiente, en los siguientes casos:
a.  Cuando su
clasificación anual  sea en lista número 3, de acuerdo con el reglamento de
evaluación y clasificación y en virtud de una sanción disciplinaria.
b.  Cuando de una
evaluación eventual de conducta conforme al reglamento de evaluación y
clasificación, se clasifique  en lista número
“Las precedentes
causales taxativas, permiten establecer que las facultades del Comité de
Evaluación, cuestionada por el demandante, no se ejercen de manera
discrecional, sino que son eminentemente regladas, pues el legislador
extraordinario estableció los  supuestos que debe observar  el Comité  de
Evaluación para efectuar sus recomendaciones, los cuales son claros, precisos y
no admiten la aplicación de criterios distintos y de índole subjetiva.  Por
esta razón, los numerales acusados no desconocen el artículo 29 de la Carta
Política, ya que las recomendaciones que realice el Comité deben estar
acreditadas conforme  las exigencias de los artículos 24, 82 y 85 del Decreto
41 de 1994, y la taxatividad de las causales, que como es obvio, exigen la
aplicación y observancia de las respectivas actuaciones administrativas,
excluyen actuaciones caprichosas.”
En esta oportunidad,
la Corte quiere reiterar su jurisprudencia sobre esta materia en el sentido de
que los Comités de Evaluación de suboficiales cuyas funciones señala  el
artículo 55, en los segmentos acusados, deben cumplir estrictamente sus
deberes, señalando en el acta de sus recomendaciones los motivos del retiro, y
ajustándolas al debido proceso administrativo.  Vale decir que ellas deben
constar por escrito  y ser notificadas a los interesados para que ejerzan la
defensa de sus derechos.
Finalmente, tampoco
comparte la Corte, los cargos  formulados por el demandante, según los  cuales
los numerales 2, 3 y 4 del artículo 55 del decreto 41 de 1994, desconocen los
artículos 25 y 26 superiores, pues el derecho al trabajo o a escoger profesión
u oficio no se lesionan por el ejercicio de unas facultades legales por parte
del Comité de Evaluación de Suboficiales  de la Policía Nacional, como quiera
que el legislador  se halla habilitado por la Constitución y la ley para que
regule su ejercicio de manera razonable y proporcionada, pues, recuérdese, que
el artículo 26 de la Carta, reconoce  a toda persona la libertad de escoger
profesión u oficio.  No obstante, tal  libertad no es  absoluta como lo ha
entendido en múltiples ocasiones la jurisprudencia de esta Corte, porque el
legislador puede exigir títulos de idoneidad, e igualmente las autoridades
competentes, con fundamento en la Constitución y la ley, poseen la facultad de
inspección sobre el ejercicio de las profesiones; por lo tanto, el principio de
libertad  de escogencia de una profesión que se conjuga con el derecho al
trabajo, no es plena o absoluta, como quiera que  de su naturaleza y de las
repercusiones  sociales de su ejercicio se desprenden limitaciones que  la
sujetan a normas de carácter general establecidas por el legislador y a
restricciones de índole concreta por parte de las autoridades administrativas,
encargadas de su aplicación, máxime si se tiene en cuenta  que, en el caso concreto
de la Policía Nacional, las condiciones esenciales de ingreso o de permanencia
de un individuo en dicha institución deben ser, como en general ocurre para
todos los servidores, las de una moralidad e idoneidad necesarias.  Por tal
causa, a juicio de esta Corte  resulta  apenas razonable y lógico que en una
institución de esta naturaleza, sus directivas posean facultades legales  y
reglamentarias para remover, previo el trámite de un debido proceso
administrativo, a aquellos de sus miembros, para el caso concreto, en el rango
de suboficiales, cuando incurran en las causales previstas en los numerales 2,
3 y 4 del artículo cuestionado, pues la desvinculación de la institución de un
suboficial por recomendación del Comité de Evaluación está precedida de la
aplicación de circunstancias objetivas, justas y razonables.  Si ello resulta
lógico,  en virtud del artículo 209 de la CP, en cualquier tipo de entidad
estatal, con mayor razón se justifica en el  caso de la Policía Nacional,
autoridad instituída para la protección de los derechos  y libertades de los
ciudadanos.
En mérito de lo
expuesto la Sala Plena de la Corte Constitución administrando justicia en
nombre  del Pueblo y por mandato de la Constitución Nacional,
RESUELVE:
Declarar EXEQUIBLES
las expresiones “Proponer los retiros por incapacidad profesional”, “Emitir
concepto sobre la continuidad en la institución de los suboficiales en el grado
de Cabo Segundo, que se encuentren en período de prueba”, y “Recomendar el
retiro o la continuidad en el servicio de los suboficiales sometidos a
observación o evaluación eventual por conducta deficiente”, contenidas en los
numerales 2, 3 y 4 del artículo 55 del Decreto 041 de 1994 “Por el cual se
modifican las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de la
Policía Nacional y se dictan otras disposiciones”, bajo el entendimiento de que
las actuaciones del Comité de Evaluación de Suboficiales deben constar en acta
en donde aparezcan los motivos del retiro que se recomienda, dentro de las
reglas del debido proceso administrativo.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
VLADIMIRO NARANJO
MESA
Presidente
ANTONIO BARRERA  CARBONELL
Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES
MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO
HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
HERNANDO HERRERA
VERGARA
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ
CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SACHICA  DE MONCALEANO
Secretaria General