T-093-19
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-093/19
PROTECCION A MUJERES VICTIMAS
DE VIOLENCIA Y LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
APODERAMIENTO JUDICIAL-Elementos
normativos
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
CARACTERIZACION DEL DEFECTO
FACTICO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES POR DEFECTO "ERROR INDUCIDO" O "VIA DE HECHO POR
CONSECUENCIA"-Configuración
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE
CONSTITUCIONAL COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
VALOR VINCULANTE DEL PRECEDENTE
JUDICIAL DE ORGANOS DE CIERRE JURISDICCIONAL Y POSIBILIDAD DE APARTAMIENTO-Jurisprudencia
constitucional
Este defecto debe revisarse, a su
vez, a partir de dos variables: a) el desconocimiento del precedente
constitucional y; b) el desconocimiento del precedente de la jurisdicción
natural
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DE
LA CORTE CONSTITUCIONAL-Formas en que puede ser desconocida
la jurisprudencia
Esta Corporación ha
sostenido que existen diversas formas de desconocer un precedente
constitucional, tales como: a) aplicar disposiciones legales que se declararon
inexequibles en una sentencia de inconstitucionalidad; b) aplicar disposiciones
legales cuyo contenido normativo haya sido encontrado contrario a la
constitución; c) contrariar la ratio decidendi de las sentencias de
constitucionalidad y; d) desconocer el alcance de los derechos fundamentales
fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus
sentencias de tutela
VIOLACION DIRECTA DE LA
CONSTITUCION COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Configuración
CONVENCION SOBRE ELIMINACION
DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER-Hace
parte del bloque de constitucionalidad
CONVENCION INTERAMERICANA
SOBRE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Medidas para prevenir,
sancionar y erradicar violencia contra la mujer
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Definición
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Definición
VIOLENCIA SEXUAL-Definición
La violencia sexual es definida por
la OMS como todo “acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual o
insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o
utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción
por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en
cualquier ámbito, incluidos el hogar y el trabajo”.
VIOLENCIA PSICOLOGICA-Características
VIOLENCIA ECONOMICA CONTRA LA
MUJER-Manifestación
DERECHO DE LAS MUJERES A UNA
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA-Dimensión positiva y negativa
ADMINISTRACION DE JUSTICIA CON
PERSPECTIVA DE GENERO-Obligación de investigar, sancionar y
reparar la violencia estructural contra la mujer, a través de la Rama Judicial
La
Corte Constitucional considera que el cumplimiento de la obligación de
prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer se garantiza
mediante la construcción permanente de marcos interpretativos que ofrezcan a
los operadores jurídicos visiones más amplias y estructurales del problema, que
les permitan ofrecer soluciones judiciales integrales y que aporten, desde su
función, a la reconfiguración de los mencionados patrones culturales
discriminadores
ADMINISTRACION DE JUSTICIA CON
PERSPECTIVA DE GENERO-Vulneración del derecho fundamental a
una vida libre de violencia
Para la Corte Constitucional se
configura una vulneración al derecho fundamental a una vida libre de violencia,
cuando el juez incurre en: a) una omisión de toda actividad investigativa y/o
la realización de investigaciones aparentes; b) en falta de exhaustividad en el
análisis de la prueba recogida o revictimización en la recolección de pruebas;
c) en la utilización de estereotipos de género para tomar sus decisiones y; d)
en la afectación de los derechos de las victimas
PRINCIPIO DE
SUPREMACIA CONSTITUCIONAL-Implica diferentes funciones dentro del orden jurídico
PRINCIPIO DE SUPREMACIA
CONSTITUCIONAL-Función integradora
ADMINISTRACION DE JUSTICIA CON
PERSPECTIVA DE GENERO-Criterios a tener en cuenta al
momento de desplegar la actividad investigativa en cada caso concreto
Estos criterios son: a) el análisis
probatorio sistemático; b) la duda razonable y; c) el respeto de las
competencias
ADMINISTRACION DE JUSTICIA CON
PERSPECTIVA DE GENERO-Discriminación de género en las
decisiones judiciales
ADMINISTRACION DE JUSTICIA CON
PERSPECTIVA DE GENERO-Forma de combatir la violencia contra
la mujer
PROTECCION DE LA MUJER FRENTE
A TODO TIPO DE VIOLENCIA-Instar a la Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla para que incluya en el programa de formación la perspectiva de
género y capacitación sobre enfoque diferencial desde su dimensión económica a
jueces civiles
Referencia: Expediente T-6.935.616.
Acción de tutela formulada María Elena Ramírez contra
el Juzgado Octavo Civil Municipal de Neiva, Huila.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil diecinueve
(2019).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Diana Fajardo Rivera, Carlos Bernal Pulido y
Alberto Rojas Ríos -quien la preside-, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo de
tutela proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala
Civil, Familia y Laboral, que confirmó la
sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva, el 24.05.2018,
el cual otorgó el amparo
solicitado dentro de la acción de tutela instaurada por María Elena Ramírez contra el Juzgado Octavo Civil
Municipal de Neiva.
La Sala de Selección de Tutelas Número Nueve[1] de la Corte Constitucional seleccionó, mediante Auto[2] del
17.09.2018, el Expediente T- 6.935.616 para su revisión y, según el sorteo
realizado, lo repartió al Despacho del Magistrado Alberto Rojas Ríos, para que
tramitara y proyectara la sentencia correspondiente.
I. ANTECEDENTES
A. Hechos relevantes
1.
Omar Malagón Salas demandó, el 13.06.2017, a María Elena Ramírez para que fuese
declarada la terminación del contrato verbal de arrendamiento y se restituya el
bien inmueble, ubicado en la carrera 8A No. 22-20 del barrio José Eustacio
Rivera del municipio de Neiva, Huila.
2.
La demanda fue admitida por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Neiva, se
radicó con el número 2017.229 y se notificó a la demandada, para que la
contestara.
3.
El 07.07.2017 la demandada se opuso. Sostuvo que no era arrendataria del
demandante, sino que “[fue] compañera permanente durante más de 7 año (sic),
hasta el mes de agosto 2017 (sic)”[3],
y había iniciado un proceso de declaración de unión marital de hecho ante el
Juzgado Segundo de Familia[4]
de Neiva. Asimismo, indicó que ha sido víctima de tratos violentos por parte
del demandante.
4.
El demandante negó la existencia de una unión marital de hecho, fundado en
que María Elena Ramírez tiene vigente una unión con Ulises Medina y un vínculo
matrimonial con Edilberto Suárez Hurtado. Asimismo sostuvo que lo argumentado
en la oposición es un acto de agravio en su contra.
5.      El Juzgado Octavo Civil Municipal de Neiva, el 19.10.2017, realizó la audiencia prevista en el artículo
392 del Código General del Proceso, para escuchar a las partes y dictar
sentencia (artículo 392 inciso 1 en concordancia con el artículo 372 inciso 1
numeral 9 CGP). En la audiencia no intervino la señora Ramírez[5].
6.      Finalizada la referida audiencia, el juez
declaró terminado el contrato verbal de arrendamiento entre las partes, le
ordenó a la demandada restituir el inmueble arrendado y decretó el lanzamiento
de la arrendataria[6].
Esta decisión se apoya en los siguientes razonamientos: a) el juez, en sus
providencias, está sometido al imperio de la ley –mientras que la
jurisprudencia y la doctrina son criterios auxiliares–  y, por tanto, su
decisión debe fundamentarse exclusivamente en el art. 372 inciso 1 numeral 4
CGP, los artículos 1973 y siguientes del Código Civil y la ley 820 de 2003; b)
el artículo 372 inciso 1 numeral 4 CGP establece como sanción por inasistencia
de la demandada la presunción de certeza de los hechos susceptibles de
confesión en los que se funde la demanda y como la pasiva no asistió a la audiencia,
operó dicha presunción legal; c) existen dos actas de conciliación –una ante el
centro de conciliación de la Policía Nacional[7]
y otra ante la Inspección Segunda de Policía de Neiva[8]–,
en cuyos hechos se menciona que se trataría una cuestión de arrendamiento, por
tanto, debe ser cierto que exista dicho contrato –aunque no se tuviera en
cuenta la no conciliación entre las partes y la recomendación de iniciar
denuncia por violencia doméstica– y; d) si bien la tutelante presentó oposición
y manifestó que no existía un contrato de arrendamiento, sino una unión marital
de hecho, no es una razón suficiente para fallar a su favor, pues dicha acción
fue rechazada por el Juzgado Segundo de Familia, debido a que su apoderado
tenía tarjeta profesional provisional.
7.
El Juzgado Octavo Civil Municipal de Neiva solicitó el 14.11.2017 al
Inspector de Policía Municipal (reparto) de Neiva, diligenciar el despacho
comisorio 0095, en el cual se ejecuta la orden de la sentencia del 19.10.2017,
consistente en decretar el lanzamiento de la arrendataria del inmueble[9].
8.      Por los anteriores hechos, María Elena Ramírez
se consideró vulnerada en sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa y a la igualdad, pues el juez fue inducido a error por parte del
demandante y, en consecuencia, interpuso acción de tutela.
B. Actuaciones procesales
9.      El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva
admitió, en primera instancia, la acción de tutela[10]
mediante auto del 10.05.2018, vinculó a Omar Malagón Salas, solicitó al Juzgado
Octavo Civil Municipal de Neiva el expediente del proceso de restitución de
inmueble arrendado, y negó la medida provisional pretendida por la accionante.
10.    El Juzgado Octavo Civil Municipal de Neiva fue
notificado del auto admisorio de la acción de tutela y decidió, el 10.05.2018,
“suspender la diligencia de restitución de inmueble arrendado en espera del
fallo de instancia”[11].
11.    Posteriormente, el 11.05.2018, el juez de
tutela profirió auto, mediante el cual solicitó la ampliación de la tutela a la
accionante[12]
y citó a Omar Malagón Salas, para que se pronunciara sobre la acción
interpuesta. Asimismo, el juez de tutela requirió al Juzgado Octavo Civil
Municipal remitir copia de la audiencia llevada a cabo, que no se encontraba en
el expediente remitido.
12.    El 15.05.2018 Omar Malagón Salas contestó la
tutela[13].
Afirmó que no se indujo a error alguno al Juez Octavo Civil Municipal de Neiva,
pues no existe unión marital de hecho con la accionante, y que no se configuró
ninguna de las causales establecidas por la jurisprudencia en materia de acción
de tutela contra providencia judicial, pues el Juzgado Octavo Civil Municipal
era el competente para conocer la acción de restitución de inmueble arrendado y
su decisión se basó en las leyes vigentes y aplicables para el caso, así como
en los hechos y las pruebas aportadas al proceso. Además, manifestó que la
tutelante no aportó pruebas que soportaran sus argumentos. Finalmente, sostuvo
que la tutela interpuesta era una maniobra para desviar el proceso de restitución
de inmueble arrendado y la sentencia proferida en el mismo, así como para
apoderarse del bien inmueble[14].
13.    La accionante se presentó el 17.05.2018 ante el
juez de tutela[15]
para ampliar la solicitud de amparo. Durante la diligencia, manifestó que es
vendedora ambulante y no devenga lo suficiente para financiar su propia
vivienda. También reiteró que tuvo una relación con Omar Malagón Salas desde el
año 2009 (sin indicar fecha exacta) hasta marzo de 2018. Durante la relación
ella fue sometida a malos tratos. Y explicó que fue notificada del proceso de
restitución de inmueble arrendado, pero que el señor Malagón le dijo que no
asistiese a la audiencia, pues arreglarían los problemas entre ellos. Tiempo
después se sorprendió con la notificación del desalojo.
1. Decisión de primera instancia
14.    El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva,
mediante sentencia del 24.05.2018, amparó el derecho fundamental al debido
proceso de la accionante[16],
dejó sin efecto todo lo actuado en el proceso de restitución de inmueble
arrendado y ordenó al Juez Octavo Civil Municipal de Neiva celebrar nuevamente
la audiencia del artículo 392 CGP.
15.    Según el juez de instancia, “el Juzgado
Octavo Civil Municipal conculcó el derecho fundamental al debido proceso de la
accionante, en la medida que la motivación en que se funda es notoriamente
insuficiente por cuenta de una “indebida valoración probatoria” y el
«desconocimiento de la línea jurisprudencial» frente al enfoque diferencial y
la aplicación de la perspectiva de género”[17].
Esta afirmación se soporta, a su vez, en dos argumentos: a) la existencia de
obligaciones normativas respecto a la aplicación del enfoque diferencial con
perspectiva de género y; b) la existencia de elementos probatorios que implican
un cambio significativo en la decisión.
16.    Sobre el primer punto, el Juzgado Segundo Civil
del Circuito de Neiva indicó que, a partir de la integración por Bloque de
constitucionalidad consagrada en el artículo 93 inciso 1 de la Constitución
Política, el Estado se encuentra obligado a garantizar el derecho fundamental
de la mujer a una vida libre de violencia, conforme a las normas consagradas en
el CEDAW y en la Convención Belem do Pará[18].
En materia judicial, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva invocó los
arts. 2 lit. c) y 7 lit e) de la Convención Belem do Pará, y sostuvo que “los
imperativos convencionales e internos exigen, en primer lugar, un
reconocimiento de la asimetría en que se hallan hombres y mujeres frente al
acceso a la administración de justicia; y de allí, la necesidad de adoptar
medidas afirmativas por parte de los jueces, tendientes a restablecer los
planos desiguales con el fin de permitirle a la mujer la defensa efectiva de
sus derechos y contribuir a la eliminación de la discriminación histórica a la
que ha sido sometida”[19].
17.    Asimismo, el juez de instancia recordó que la
Corte Suprema de Justicia manifestó, entre otros, que “[p]ara el ejercicio
de un buen manejo probatorio en casos donde es necesario el «enfoque
diferencial» es importante mirar si existe algún tipo de estereotipo de género
o de perjuicio que puedan afectar en la toma de la decisión final, recordando
que «prejuicio o estereotipo» es una simple creencia que atribuye
características a un grupo; que no son hechos probados en el litigio para
tenerlo como elemento esencial o básico dentro del análisis de la situación
fáctica a determinar”[20].
18.    En cuanto al segundo punto, el Juzgado Segundo
Civil del Circuito de Neiva manifestó que “el juez ordinario pretirió
valiosos elementos que dejaban entrever una posible asimetría entre Omar
Malagón Salas y María Elena Ramírez, dada por la condición de compañera en la
unión familiar que reiteradamente esta había alegado en forma extrajudicial y
judicial”[21].
Esto se debe, según el juez de instancia, a que “[el juez] no asumió una
actitud proactiva tendiente a esclarecer el hecho, pues es incuestionable que
si se trataba de un conflicto familiar, lo expuesto por el demandante resultaba
a todas luces una práctica sospechosa de discriminación, en tanto no pudo haber
utilizado la jurisdicción para a través de una figura contractual anular los
derechos de la mujer”[22].
19.    Lo anterior no significa, aclara el juez de
instancia, “estimar el escenario procesal utilizado como idóneo para declarar
la unión marital de hecho, sino de verificar si la permanencia de María Elena
Ramírez en el inmueble reclamado se originó en un contrato de arrendamiento
celebrado con Omar Malagón Salas, o en la unión familiar que aquélla
presuntamente sostuvo con este, en cuyo caso se estaría frente a una evidente
situación de discriminación que debe ser superada”[23].
2. Impugnación y decisión de segunda instancia
20.    Omar Malagón Salas impugnó el 29.05.2018 la
sentencia del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva. El recurso lo
conoció el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala Quinta de
Decisión Civil, Familia y Laboral, quien confirmó, el 18 de junio de 2018, la
sentencia del juez de primera instancia[24].
21.    La decisión se fundamenta en los siguientes
puntos: a) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales; b) el enfoque de género y su aplicación por parte de los jueces y;
c) el análisis del caso en concreto.
22.    Para el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Neiva, debe tenerse en cuenta que la acción de tutela procede contra
decisiones judiciales, cuando se cumplan los requisitos generales y específicos
establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la sentencia
C- 590 de 2005[25].
Estos requisitos, a su vez, fueron satisfechos por la acción de tutela, “habida
cuenta que el mismo versa sobre la presunta violación del derecho fundamental
al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Carta Política, a causa
de una decisión judicial que no es de tutela, por parte del Juez Octavo Civil
Municipal dentro del proceso de restitución de inmueble arrendado, el cual se
sigue bajo el procedimiento de única instancia, sin que existan recursos
ordinarios para controvertir la decisión. Así mismo, encuentra la Sala
razonable el tiempo transcurrido desde el 19 de octubre de 2017, fecha de
ejecutoria de la providencia, hasta la fecha de presentación de la acción
constitucional, el 10 de mayo de 2018. Igualmente, la parte accionante alegó
como causal específica de procedencia el error inducido, pues a su juicio el
Juez Octavo Civil Municipal decidió con fundamento en pruebas y afirmaciones
del demandante, faltas de verdad”[26].
23.    Después de dar por cumplidos los requisitos de
procedencia de la acción de tutela, el juez de segunda instancia abordó el
enfoque de género, a partir del concepto de violencia de género y los deberes
estatales de erradicación de ésta. Para el Tribunal, debe seguirse el mismo
razonamiento de la Corte Constitucional e “incluir en este juicio los
distintos instrumentos internacionales y desarrollos doctrinales que reflejan
la preocupación de la sociedad mundial por erradicar este tipo de violencia, de
la que no es ajena el Estado colombiano”[27].
Las normas que deben tenerse en cuenta, de acuerdo con el Tribunal, son la
Convención para la Eliminación de todas las formas de Violencia contra la Mujer
(CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (Belem do Pará), las cuales deben ser interpretadas
con ayuda de los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos[28].
24.    Esta operación le permitió al Tribunal, por un
lado, retomar la conceptualización interamericana de la violencia de género y,
por otro lado, apoyarse en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para
quien “es evidente la necesidad de que los estados diseñen y fortalezcan
programas de capacitación para funcionarios del sistema de justicia y de la
policía sobre el problema de la violencia contra las mujeres como una grave
violación a los derechos humanos y su obligación de ofrecer un trato digno y
humano a las víctimas cuando intentan acceder a instancias judiciales”[29].
25.    En el caso en concreto, el Tribunal consideró
que “el juez de instancia asumió una conducta pasiva, indiferente, pasiva,
apegada al ritualismo propio del procedimiento, sin desplegar actuación
tendiente a verificar si la oposición realizada por la demandada, tenía
vocación de prosperidad, emitiendo sentencia favorable a las pretensiones del
demandante (…) sin tener en cuenta la posición dominante que pudiera tener el
señor OMAR MALAGÓN SALAS sobre la demandada y el posible constreñimiento que
pudiere privarla de ejercer su derecho de contradicción; desconociendo de este
modo el precedente constitucional que ha sentado la guardiana de la
constitución, en reiterada jurisprudencia sobre la perspectiva de género debe (sic)
la administración de justicia en virtud de la especial protección otorgada a
la mujer”[30].
26.    El Tribunal manifiestó, en consecuencia, que “los
documentos relacionados en precedencia, los obrantes en el proceso de
restitución de inmueble arrendado y la declaración rendida por la accionante el
17 de mayo de 2018 en sede de tutela, dan mérito para conceder el amparo
deprecado, con la finalidad de que el juez natural del caso desarrolle las
diligencias procesales con enfoque diferencial y perspectiva de género,
siguiendo los preceptos referidos en precedencia que hacen parte integral del
Bloque de Constitucionalidad y del Derecho interno”[31].
27.    El amparo no significa, en opinión del
Tribunal, “pretende[r] desconocer los derechos del señor OMAR MALAGÓN
SALAS que pudieran asistirle como titular del bien objeto de restitución, sino
que para decidir dicha controversia, deberá realizarse un despliegue probatorio
exhaustivo, que no deje asomo de duda que en el escenario de la realidad, las
partes ostentan las calidades de arrendador y arrendataria, y que no se trata
de un compañero permanente que pretende desconocer los derechos de su pareja,
más aún (sic) cuando los medios de prueba aportados al proceso de
restitución de inmueble arrendado no se colige la existencia del contrato de
arrendamiento”[32].
C. Pruebas en el proceso
28.    En el expediente reposan las siguientes
pruebas:
a)
Copia del Acta de matrimonio
celebrado el 10.10.1984 entre Edilberto Hurtado Suárez y Segunda Ramírez en la
Parroquia de Rivera de la Diócesis de Neiva[33].
b)
Copia del testimonio notarial
extra proceso de la unión marital de hecho entre Ulises Medina y María Elena
Ramírez, hecho el 31.10.2008 ante la Notaría quinta del Círculo de Neiva[34].
c)
Copia de la ampliación de denuncia
penal hecha el 12.12.2013 por María Elena Ramírez contra Ulises Medina por los
delitos de abuso de confianza y hurto[35].
d)
Copia de la solicitud de la medida
de protección en la noticia criminal No. 410016000586201700261 hecha por la
Fiscalía III de la Unidad de Gestión de Alertas y Clasificación temprana de
Denuncias (GATED) de Neiva[36].
e)
Copia de la matrícula inmobiliaria
No. 200-32939 del bien inmueble objeto de restitución[37].
f)
Copia del acta de no conciliación
entre Omar Malagón Salas y María Elena Ramírez del 24.01.2017, en la cual se
exhorta al Omar Malagón Salas a iniciar proceso de restitución de inmueble
arrendado y a María Elena Ramírez a iniciar proceso de declaración de unión
marital de hecho[38].
g)
Copia del acta no acuerdo
conciliatorio entre Omar Malagón Salas y María Elena Ramírez, celebrada el 24.04.2017
ante el Centro de Conciliación de la Policía Nacional (Sede Ibagué)[39].
h)
Copia de la declaración de los
testigos Alfredo Bernal, Bartolomé Gasca y Luis Arturo Mana Silva sobre
existencia del contrato de arrendamiento verbal entre Omar Malagón Salas y
María Elena Ramírez[40].
i)
Copia de la oposición interpuesta
por la señora Ramírez en el proceso de restitución de inmueble arrendado[41].
j)
Copia del auto emitido por el
Juzgado Segundo de Familia Oral de Neiva el 21.07.2017, en el cual se rechaza
de plano la acción de declaración de unión marital de hecho entre Omar Malagón
Salas y María Elena Ramírez, por no cumplirse el requisito de conciliación
extrajudicial en derecho y porque no se le reconoció personería jurídica al
representante de la accionante[42].
k)
Copia –en CD– de la audiencia del
proceso verbal sumario de restitución de inmueble arrendado, celebrada el 19 de
octubre de 2017 ante el Juzgado Octavo Civil Municipal de Neiva[43].
l)
Copia del despacho comisorio
proferido el 14.11.2017[44]
por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Neiva, en el cual se solicita diligenciar
la orden de lanzamiento de la señora María Elena Ramírez.
m)
Copia –en CD– de la audiencia de
recepción de declaración de Omar Malagón Salas, celebrada el 15.05.2018 ante el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva[45].
n)
Copia de la audiencia de ampliación
de solicitud de tutela de María Elena ante el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Neiva[46],
celebrada el 17.05.2018.
o)
Copia de la suspensión de la
diligencia de restitución de inmueble arrendado, proferida el 10.05.2018 por el
Juzgado Octavo Civil Municipal de Neiva[47].
D. Actuaciones en sede de Revisión
1. Auto que decreta pruebas e invitación a
intervinientes
29.
Mediante auto del 16.11.2018, se consideró pertinente complementar el acervo
probatorio[48]
pues, si bien en el expediente reposan pruebas que indican la posible
existencia de violencia doméstica, resulta conveniente conocer si el proceso
surtido ante la Fiscalía III de la Sala GATED continuó y logró determinarse
algún resultado relevante entre la fecha de inicio del proceso verbal sumario
de restitución de inmueble arrendado y la selección del presente caso para
revisión[49],
que pueda incidir en la presente decisión. Asimismo, se consideró importante[50]:
a) comprobar si el Juzgado Octavo Civil Municipal de Neiva celebró una nueva
audiencia y una decisión en concreto –bien de restitución o bien de negación de
la pretensión, que implique un cambio sustancial[51];
c) determinar si María Elena Ramírez aún habita el inmueble objeto de
restitución y si ella ha persistido en las acciones de reconocimiento de unión
marital de hecho y de violencia doméstica[52],
y; c) revisar si Omar Malagón Salas continuó con las acciones civiles de
restitución de inmueble arrendado y si cuenta con pruebas no previstas en el
expediente[53].
30.
Por otra parte, en el auto se estimó conveniente invitar a la Comisión
Nacional de Género de la Rama Judicial, así como a la Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla[54],
a fin de conocer las estrategias, los programas y el seguimiento que hacen
estas instituciones en materia de aplicación del enfoque diferencial con
perspectiva de género por parte de los jueces de la República. Igualmente se
consideró invitar a las siguientes instituciones, para que, si lo consideraban
oportuno, intervinieran y aportaran, desde su experticia institucional y
académica, en la presente tutela[55]:
a) la Defensoría del Pueblo; b) el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y
Sociedad (DEJUSTICIA); c) Colombia Diversa; d) la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional; e) el Observatorio de Género y Justicia de Women´s Link
World Wide; f) el Instituto de estudios constitucionales Carlos Restrepo
Piedrahita de la Universidad Externado; g) el Observatorio de Intervención
ciudadana constitucional (OIcc) de la Universidad Libre; h) la Corporación
SISMA mujer; i) ONU mujeres Colombia y; j) a la Corporación Casa de la Mujer.
2. Respuestas
a. Respuesta de la tutelante
31.
María Elena Ramírez, mediante escrito del 23.11.2018, respondió las
preguntas formuladas en el auto. Ella manifestó que aún vive en el inmueble
ubicado en la Carrera 8A No. 22-20 del Barrio José Eustacio Rivera, ya que, por
una parte, “aún no [ha recibido] la liquidación de la sociedad
patrimonial, la cual [estudia] el juzgado primero de familia”[56]
y, por otra parte, tiene cincuenta y ocho (58) años, es una vendedora ambulante
y no posee otros medios económicos para el sustento diario[57].
32.
Asimismo, María Elena Ramírez afirmó que, después de la realización de la
segunda audiencia ordenada por el juez de primera instancia de tutela, Omar
Malagón Salas continúa con agravios en su contra, pues la ha amenazado y le ha
dicho que “le hará brujería, la sacará a las buenas o a las malas de la casa”,
entre otros[58].
b. Respuesta del Juzgado Octavo Civil Municipal de
Neiva
33.
Ricardo Alonso Álvarez Padilla, Juez Octavo Civil Municipal de Neiva, envío
escrito el 04.12.2018, en el cual manifestó su posición sobre la acción de
tutela objeto de estudio. En su opinión, el fallo del Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Neiva causó un “grave e injusto tratamiento” a Omar Malagón
Salas “so pretexto de la indebida aplicación de un precedente judicial”[59].
Para fundamentar esta afirmación, el Juez Octavo Civil Municipal de Neiva
abordó los siguientes puntos: a) la garantía del derecho fundamental al debido
proceso mediante una aplicación estricta de la ley procesal; b) el estado de
sujeto de especial protección constitucional de Omar Malagón Salas y; c) el
deber de ponderar los derechos fundamentales de personas de especial protección
constitucional.
34.
Sobre el primer punto afirma el Juzgado Octavo Civil Municipal de Neiva, que
éste “se limitó a cumplir con la orden imperativa para los funcionarios
judiciales, pues los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al
imperio de la ley, agregando que la equidad, la jurisprudencia, los principios
generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares”[60].
35.
El sometimiento a la ley implicó, en opinión del juzgado accionado, respetar
el carácter de norma de orden público de la ley procesal (CGP)[61].
Esta ley, a su vez, “exige a todos los sujetos procesales e inclusive al
juez, una participación mucho más dinámica en el juicio oral y por audiencias,
es decir, en el trámite propiamente dicho, en todos los aspectos de la prueba y
su valoración así como la presencia de todos en las respectivas audiencias”[62].
Este deber lo cumplió el juzgado, según el Juez Octavo Municipal de Neiva,
mediante la convocatoria de la audiencia consagrada en el art. 372 CGP, la
notificación por estado a las partes[63];
sin embargo, en opinión del juzgado accionado, María Elena Ramírez no cumplió
con el deber de participar activamente en el proceso, pues no asistió a la
audiencia fijada en el auto[64].
En consecuencia, el juez accionado procedió a aplicar estrictamente el art. 372
CGP, en especial en lo relacionado con las consecuencias procesales y las
sanciones pecuniarias[65].
36.
El cumplimiento estricto de la ley le permitió al juzgado accionado, en su
opinión, garantizar los principios del proceso civil –en especial los arts. 2,
3, 4, 5, 6 y 7 CGP– así como las reglas concretas de iniciación e impulso de
los procesos –art. 8 CGP–, la gratuidad –art. 9 CGP–, la interpretación de las
normas procesales –art. 11 CGP– y la observancia de las reglas procesales –art.
13 CGP–.
37.
Sobre el segundo punto, el Juez Octavo Municipal de Neiva acogió las órdenes
proferidas por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva en la sentencia
de tutela[66]
del 24.05.2018 y ordenó la celebración de una nueva audiencia el 19.06.2018. La
orden fue notificada personalmente a la tutelante y por estado a los demás
sujetos procesales[67].
Sin embargo, el juzgado accionado manifestó que la audiencia no se pudo
celebrar, pues el expediente se encontraba en el Tribunal Superior de Distrito
judicial de Neiva y los testigos informaron el 18.06.2018 que no podían asistir
por motivos médicos[68].
38.
Por lo anterior, el Juzgado Octavo Civil Municipal de Neiva, mediante auto
del 21.06.2018, reprogramó la audiencia[69]
para el 06.07.2018, la cual se realizó sin la presencia de Omar Malagón Salas y
de los testigos[70].
Ante la inasistencia de Omar Malagón Salas, el juez accionado decidió aplicar,
con la misma rigurosidad que lo hizo con María Elena Ramírez, el art. 372 CGP
y, en consecuencia: a) declaró que las pretensiones del demandante no
prosperan; b) condenó en costas al demandante; c) multó al demandante con cinco
(5) salarios mínimos legales mensuales vigentes por su inasistencia
injustificada; d) compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, para que
se investiguen las amenazas de muerte que ha hecho el demandante a Hernán
Londoño Polanía –quien fue testigo en la segunda audiencia–  y; e) compulsó
copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen las
violaciones que María Elena Ramírez afirma haber sufrido de parte de Omar Malagón
Salas.
39.
Sin embargo, el Juzgado Octavo Civil Municipal consideró que el fallo
proferido en virtud de la orden emitida por el Juzgado Segundo Civil del
Circuito constituye una vulneración manifiesta a los derechos fundamentales de
Omar Malagón Salas, quien es un sujeto de especial protección por su avanzada
edad[71].
40.
En opinión del juzgado accionado, “la Constitución en sus artículos 13 y
46, contempla la especial protección del Estado y la sociedad a las personas
mayores, de acuerdo con el principio de solidaridad y los preceptos de Estado
Social de Derecho que inspiran el ordenamiento superior. En especial, el
artículo 46 pone en cabeza de las familias, la sociedad y el Estado mismo unos
deberes de protección y asistencia en favor de los adultos mayores, que
conlleven su integración en la vida comunitaria”[72].
El deber de protección se concreta, en opinión del Juzgado Octavo Civil
Municipal, en situaciones tales como la seguridad social (pensión)[73],
desplazamiento y refugio[74],
trabajo[75]
y asistencia social[76].
Además, el juzgado accionado considera que el Estado se encuentra en la
obligación de “responder con diligencia y agilidad a las quejas que se
puedan presentar, especialmente si provienen de quienes habitan o dependen
[de las instituciones]”[77].
41.
Sobre el tercer punto, el Juzgado Octavo Civil Municipal se cuestiona cómo
debe resolverse un caso, en el cual se encuentran dos sujetos de especial
protección constitucional[78].
Para responder esta pregunta, el Juzgado aborda el concepto de ponderación y proporcionalidad[79],
pero manifiesta que “le corresponde a esa H. Corte (sic) considerar
que la situación de Omar Malagón Salas requiere particular consideración por
parte del juez de tutela”[80].
42.
Después de tratar los tres puntos anteriormente reseñados, el Juzgado Octavo
Civil Municipal de Neiva concluyó[81]:a)
que garantizó a las partes el debido proceso; b) que se dio estricta aplicación
a las normas de orden público contenidas en el CGP; c) que María Elena Ramírez
nunca logró probar, hasta la fecha, ni la existencia de una unión marital de
hecho a la luz de la normatividad vigente ni la existencia de una sociedad
patrimonial entre compañeros permanentes; d) que el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Neiva discriminó injustificadamente a Omar Malagón Salas, “menospreciando
su carácter de sujeto de especial protección constitucional por contar con
sesenta y siete (67) años de edad ante el carácter de mujer de María Elena
Ramírez”; e) que la discriminación injustificada se debió a “un erróneo
y afanoso planteamiento del enfoque diferencial y la perspectiva de género,
aplicando sin un tets (sic) de igualdad o una ponderación derechos”;
f) que le asiste protección especial a Omar Malagón Salas; g) que la categoría
de sujeto de especial protección constitucional, según ha afirmado la Corte
Constitucional, se constituye por aquellas personas que, debido a su condición
física, psicológica o social particular, merecen una acción positiva estatal
para efectos de lograr una igualdad real y efectiva; h) los grupos de especial
protección son, según el juzgado accionado, “los niños, los adolescentes,
los ancianos, los disminuidos físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres
cabeza de familia, las personas desplazadas por la violencia y aquellas
personas que se encuentran en extrema probreza”[82].
c. Respuesta de la Sala de Denuncias de la Fiscalía de
Neiva
43.
La entidad, mediante correo del 21.11.2018, indicó que la denuncia hecha por
María Elena Ramírez contra Omar Malagón Salas por el delito de calumnia se “asignó
por competencia a la Fiscalía Trece (13) Local de Neiva” y que el estado
actual de la misma “es inactivo”[83].
Asimismo, la entidad manifestó que existe una denuncia interpuesta por la
tutelante contra Omar Malagón Salas “por el delito de amenazas”[84],
el cual fue asignado a la Fiscalía Cuarta (4) de Neiva.
d. Respuesta de la Fiscalía Trece (13)
Local de Neiva
44.
La entidad, mediante correo del 22.11.2018, informó que la denuncia
interpuesta en contra de Omar Malagón Salas por el delito de calumnia (art. 221
C. P.) fue archivada por conducta atípica, “al considerar que la afectación
sufrida por la víctima no alcanza a menoscabar en forma considerable su
patrimonio moral, ni alcanza a cumplir los lineamientos del principio de
antijuridicidad material o del principio de lesividad, resultando un
innecesario desgaste de la administración de justicia”[85].
e. Comisión nacional de Género de la
Rama Judicial
45.
Gloria Stella Ortíz Delgado, Presidenta de la Comisión Nacional de Género -y
Magistrada de la Corte Constitucional- envió escrito[86]
el 26.11.2018, en el cual se contestan preguntas relacionadas con las
estrategias de sensibilización y de aplicación del enfoque diferencial con
perspectiva de género.
46.
Respecto a las estrategias, la Comisión Nacional de Género ejecuta tres
estrategias, a saber[87]:
a) la formación y sensibilización; b) la sensibilización y la divulgación y; c)
las estadísticas, el seguimiento y la evaluación.
47.
En cuanto a la política concreta en materia de decisiones judiciales con
enfoque diferencial con perspectiva de género, la Rama Judicial “fijó la
política de igualdad y no discriminación con enfoque diferencial”[88].
Su base es la aplicación de los artículos 13 y 41 de la Constitución Política
de Colombia, los cuales “orientan el actuar de nuestros funcionarios
judiciales en lo que atañe a la aplicación de la perspectiva de género dentro
del enfoque del derecho a la igualdad y el principio de la no discriminación en
las decisiones judiciales”[89].
48.
A partir de estos mandatos, así como de las normas convencionales, la
Comisión nacional de Género ha establecido criterios “para los funcionarios
y funcionarias judiciales, a fin de que los consideren como una ruta de
navegación, en su función de administrar justicia y servir de herramienta para
garantizar la producción de decisiones más equitativas. [Estos criterios] han
sido plasmados en una herramienta virtual para promover y facilitar su uso por
los despachos judiciales que profieren sentencias sobre casos relacionados con
violencia basada en género”[90].
f. Respuesta de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla”
49.
Mary Lucero Novoa Moreno, Directora de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla”, presentó escrito el 28.11.2018, en el cual informó que “uno de los
programas ofertados a la comunidad judicial, es la FORMACIÓN EN INCORPORACIÓN
DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, que se
caracteriza por ser un programa de índole transversal, por cuanto se dirige
tanto a funcionarios como empleados judiciales de las distintas jurisdicciones
y especialidades del país”[91].
Asimismo, la Escuela Judicial impulsa escenarios de formación, “encaminados
a que los servidores judiciales (...) identifiquen las prácticas
sociales, culturales y laborales discriminatorias”[92].
50.
Por otra parte, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla considera este tipo
de programas importante, pues “el asegurar el derecho a la igualdad de todas
las personas, conlleva no solo al reconocimiento formal y a la consagración del
derecho en el cuerpo normativo estatal, sino quen principalmente el Estado debe
adoptar las medidas (políticas, sociales, administrativas, judiciales, etc.)
encaminadas a asegurar la igualdad material de los grupos históricamente
discriminados en la sociedad”[93].
e. Respuesta de la Defensoría del Pueblo
51.
A través de escrito presentado el 26.11.2018 por la Delegada para Asuntos
Constitucionales y Legales, Paula Robledo Silva, la Defensoría del Pueblo
intervino en el presente proceso[94]
y analizó tres puntos: a) la obligación estatal de erradicar todas las formas
de violencia contra las mujeres, entre ellas las derivadas del ejercicio de la
administración de justicia; b) la incorporación del enfoque de género a los
procesos y providencias judiciales, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional
y; c) la categoría de sujeto de especial protección constitucional.
52.
Sobre el primer punto, la intervención sostiene que, a través del art. 93 de
la Constitución Política, se incorporan “disposiciones en las que se
reconozcan Derechos humanos”[95],
entre los cuales deben mencionarse la Convención sobre Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (en adelante CEDAW) y la Convención Americana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante
Belem do Pará).
53.
Respecto a la primera norma internacional, la interviniente recordó el
artículo 2 literal c) CEDAW y manifestó que el compromiso asumido por los
Estados partes “no se limita al establecimiento de la protección de los
derechos de las mujeres dentro del ordenamiento jurídico, sino que se extiende
incluso a la actividad de los jueces encargados de aplicarlo, quienes deben
garantizar su protección efectiva contra todo acto de discriminación, entre
ellos la violencia contra las mujeres”[96].
Para garantizar esta obligación, la intervención trae a colación la
recomendación general No. 33  “sobre el acceso de las mujeres a la justicia”,
en la cual se llama a los estados a revisar “las normas sobre la carga de la
prueba para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos en que
las relaciones de poder priven a las mujeres de la oportunidad de un
tratamiento equitativo de su caso por la judicatura”[97].
Esto significa, entre otros, que el contenido del CEDAW, según la intervención,
“prevé la necesidad de incorporar una perspectiva de género, no sólo a la
adopción de las decisiones en las que puedan verse afectados los derechos de
las mujeres, sino igualmente al trámite de los procesos, con el fin de que la
dimensión formal de las normas que los rigen no puedan constituir un elemento
legitimador de la vulneración de sus derechos, como consecuencia de la omisión
en el estudio de las cuestiones de género que puedan afectar el curso de los
mismos”[98].
54.
En cuanto a la Convención Belem do Pará, la interviniente afirma que esta
norma incorpora el deber de los Estados de “eliminar aquellas prácticas
jurídicas que permitan o refuercen la existencia de escenarios que dificulten o
hagan más gravoso el ejercicio de la defensa judicial de los derechos de las
mujeres, en el marco de procesos de cualquier naturaleza”[99].
55.
Sobre el segundo punto, la intervención retoma la sentencia T- 338 de 2018,
que se cuestiona “sobre el papel que ejerce el Estado, a través de los
jueces y magistrados, en torno a su obligación de prevenir y propiciar a las
mujeres una vida libre de violencia en el derecho civil y de familia”[100].
Para responder la pregunta, la interviniente recuerda que la sentencia T- 388
de 2018 consideró que es necesario que “el Estado fortalezca su intervención
en los casos de maltrato doméstico y psicológico más allá del derecho penal,
con el fin de que estos casos trasciendan el ámbito público y no permanezcan
dentro de la esfera privada”[101].
Reforzar la intervención estatal en estos casos implica, en opinión de la
intervención, considerar algunos aspectos –igualdad de armas, justicia rogada,
rigidez procesal y formalismo probatorio– que, si  bien brindan cierta
neutralidad a los procesos que se adelantan ante la jurisdicción ordinaria,
pueden brindar “un trascendental lugar a la verdad procesal, por encima,
muchas veces, de realidades fácticas estructuralmente desiguales”[102].
Ante esto, la interviniente sostiene que se debe “ahondar en la construcción
de marcos interpretativos que ofrezcan a los operadores jurídicos visiones más
amplias y estructurales del problema, que les permitan ofrecer soluciones
judiciales integrales y que aporten, desde su función, a la reconfiguración de
los mencionados patrones culturales discriminadores”[103].
56.
Sobre el tercer punto, la interviniente considera que no se está solamente
ante un caso de violencia contra la mujer, a quien se le han reconocido
garantías específicas en los artículos 13, 40, 43 y 53 de la Constitución
Política, sino también ante una persona que deriva “su sustento del ejercicio
del comercio informal, dado que [la accionante] alega la condición de
vendedora ambulante”[104].
57.
La interviniente, apoyada en los puntos anteriores, considera que, en el
caso concreto, “la decisión adoptada por el Juzgado Octavo Civil Municipal
de Neiva incurrió en una aplicación incompleta de la normatividad que resultaba
aplicable al caso”[105],
pues “omitió tomar en consideración los elementos probatorios que permitían
advertir un escenario de anormalidad y de asimetría entre las partes, derivada
de posibles actos de violencia basada en género en contra de [María Elena
Ramírez] por parte de [Omar Malagón Salas]”[106].
Asimismo, la intervención manifiesta que el juzgado debió tomar en cuenta la
totalidad de pruebas aportadas al proceso –las actas de no conciliación, donde
se recomienda iniciar acciones en materia de unión de hecho–, “con el fin de
evitar que el rigor de la ritualidad procesal y probatoria establecida para el
desarrollo del proceso de restitución de inmueble arrendado, (sic) se
impusieran al estudio de fondo de unas circunstancias que bien pudieron
resultar evidentes con un ejercicio de la facultad oficiosa del juez más acorde
a la obligación constitucional de incorporar la perspectiva de género al
trámite de los procesos encomendados al conocimiento de los jueces civiles”[107].
58.
Adicionalmente, la interviniente consideró que la decisión del Juzgado
Segundo de Familia Oral de Neiva de rechazar la acción de declaración de unión
marital de hecho por no haberse celebrado conciliación prejudicial constituye
un desconocimiento del precedente fijado en la sentencia C- 1195 de 2001, la
cual estableció que la “constitucionalidad [de la conciliación
prejudicial] depende de que no se hayan presentado situaciones de violencia
intrafamiliar, pues en esos eventos no resulta adecuado ni efectivamente
conducente que se obligue a la víctima a encontrarse con su agresor”[108].
59.
Por lo anterior, La Defensoría del Pueblo, solicita[109]:
a) que se confirme la decisión de tutelar los derechos al debido proceso, a la
defensa, a la igualdad y los demás derechos presuntamente vulnerados, adoptada
por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva y confirmada por el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Neiva; b) que se ordene al Juzgado Octavo
Civil Municipal de Neiva oficiar a la Fiscalía General de la Nación, para que
obren en el proceso las evidencias recaudadas con motivo de la noticia criminal
No. 41001-60-00-586-2017-00261, que dio lugar a la medida de protección a favor
de María Elena Ramírez; c) que se ordene a Ricardo Alonso Álvarez Padilla, Juez
Octavo Civil Municipal de Neiva, asistir a las capacitaciones sobre género que
ofrece la Escuela judicial “Rodrigo Lara Bonilla” y la Comisión Nacional de
Género de la Rama Judicial, a fin de evitar la expedición de futuras decisiones
en las que se omita el examen de aquellas circunstancias que pueden evidenciar
la existencia de un escenario de violencia o discriminación contra las mujeres;
d) que se ordene a las autoridades competentes el estudio de la situación de la
demandante, para que adopten en su favor las medidas de protección o atención
que resulten adecuadas y; e) que se ordene a la entidad competente para el
efecto la prestación de servicios de asistencia sicológica y jurídica a favor
de la demandante, en relación con los actos de violencia basada en género que
haya padecido.
g. Respuesta del Observatorio de Intervención
Ciudadana Constitucional
60.
Diana Patricia Jiménez, Camila Alejandra Rozo Ladino y Vanessa González
Guerra radicaron el 28.11.2018 escrito mediante el cual abordaron, entre otros,
dos puntos: a) las reglas aplicables en casos donde es necesario el enfoque
diferencial con perspectiva de género y; b) el problema probatorio en el
presente caso.
61.
El Observatorio de intervención ciudadana citó el documento “Criterios de
equidad para una administración de justicia con perspectiva de género” y, a
partir de él, manifestó que existen unas reglas de derecho “dirigidas a los
operadores de justicia, especialmente para jueces y magistrados, con el fin de
que ellos adopten acciones y/o decisiones que garanticen igualdad y no
discriminación de la mujer en el acceso a la administración de justica”[110].
Dichas reglas son[111]:
a) analizar si entre los hechos y las cuestiones de derecho está de por medio
una mujer e identificar si hay una vulneración de sus derechos, así como el
contexto en que se da; b) el juez debe formularse preguntas encaminadas a
determinar, entre otros, si es posible comprobar la existencia de un control
sobre la mujer que, en principio, es invisible y; c) el análisis de enfoque
diferencial con perspectiva de género debe aplicarse desde los actos previos de
la admisión de la demanda hasta que sea dictada la sentencia.
62.
En cuanto al análisis probatorio, las intervinientes consideran “que el
presente caso debe ser analizado bajo el enfoque diferencial con perspectiva de
género puesto que uno de los actores es una mujer a quien se le vulneró el
derecho al debido proceso e igualdad (sic). Incluso su integridad física al ser
víctima de violencia doméstica. No obstante, se requieren de más pruebas que
permitan determinar, por un lado, si se celebró o no un contrato de
arrendamiento entre María Elena Ramírez y Omar Malagón Salas y, por otro lado,
la existencia de la unión marital de hecho entre ellos”[112].
II.
CONSIDERACIONES
A. Competencia
63.
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional es competente para
revisar los fallos proferidos por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Neiva y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva en el proceso de
tutela objeto de estudio, conforme al artículo 241 numeral 9 de la Constitución
Política en concordancia con el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991 y el
artículo 56 del Acuerdo 02 de 2015.
B. Planteamiento del caso y problema jurídico
1. Presentación del caso
64.
Omar Malagón Salas demandó a María Elena Ramírez ante el Juzgado Octavo
Civil Municipal de Neiva, con el fin de que se declarase la terminación del
contrato verbal de arrendamiento y se ordenara la restitución del bien inmueble,
ubicado en la carrera 8A No. 22-20 del barrio José Eustacio Rivera del
municipio de Neiva. María Elena Ramírez se opuso a las pretensiones de la
demanda y manifestó que ella fue compañera permanente del demandante y que
había sido víctima de violencia doméstica por parte de éste.
65.
El Juez Octavo Civil Municipal de Neiva convocó a la audiencia prevista en
el artículo 372 CGP. A ella acudieron únicamente Omar Malagón Salas y dos
testigos. Ante la inasistencia de la demandada, el Juzgado Octavo Civil
Municipal de Neiva declaró terminado el contrato verbal de arrendamiento entre
las partes, ordenó a la demandada a restituir el inmueble arrendado y decretó
el lanzamiento de la arrendataria, basado en el ceñimiento estricto a la ley
procesal, la presunción de certeza de los hechos susceptibles a confesión, la
recomendación hecha al demandante de iniciar un proceso de restitución de
inmueble arrendado por parte de la Inspección Segunda de Policía de Neiva –en
acta de no conciliación del 24.01.2017– y en la no existencia de una prueba que
demuestre la unión marital de hecho entre las partes, pues la acción judicial
iniciada por la demandada fue rechazada.
66.
María Elena Ramírez consideró que la sentencia del Juzgado Octavo Civil
Municipal de Neiva vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa y a la igualdad, pues Omar Malagón Salas le pidió a la accionante no
acudir a la audiencia, por una parte, e indujo en error al juez para que
fallase a su favor, por otra parte. Asimismo, la tutelante consideró que el
juez hizo una valoración incompleta de las pruebas, pues solo tuvo en cuenta
los testimonios aportados por Omar Malagón Salas y la recomendación de iniciar
el proceso de restitución de inmueble arrendado, mas no la recomendación de
iniciar la acción de declaración de unión marital de hecho y la oposición
fundada en violencia doméstica.
2. Problema Jurídico
67.
Corresponde a la Sala Novena de Revisión determinar si la decisión judicial
del Juzgado Octavo Civil Municipal de Neiva vulneró los derechos fundamentales
al debido proceso, a la defensa y a la igualdad de María Elena Ramírez, al
haber omitido valorar las pruebas obrantes en el proceso, sin tener en cuenta
que algunas indicaban una posible situación de violencia doméstica.
68.
Para responder este problema, la Sala Novena abordará: a) los requisitos de
procedencia de la acción de tutela, en especial cuando ésta se dirige contra
providencias judiciales; b) el derecho a una vida libre de violencia; c) los
deberes concretos de los jueces para erradicar la violencia de género y; d) la
decisión en concreto.
C. Procedencia de la acción de tutela
69.
El artículo 86 inciso 1 de la Constitución Política de Colombia consagra que
toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento sumario, por sí misma o
por quién actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos se resulten vulnerados
o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública.
1. Titularidad de la acción
70.
El artículo 86 inciso 1 de la Constitución Política consagra que toda
persona puede ejercer la acción de tutela. Ella, a su vez, puede intervenir por
sí misma o por quien actúe en su lugar. La segunda alternativa propuesta por el
artículo 86 inciso 1 de la Constitución Política de Colombia fue desarrollada
por el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, el cual consagra tres variables:
a) el ejercicio de la acción de tutela a través de representante –artículo 10
inciso 1 del Decreto 2591 de 1991–; b) el ejercicio de la acción mediante
agencia oficiosa –artículo 10 inciso 2 del Decreto 2591 de 1991– y; c) el
ejercicio de la acción a través del Defensor del Pueblo y los personeros
municipales –artículo 10 inciso 3 en concordancia con los artículos 46 y
siguientes del Decreto 2591 de 1991–. En el presente caso debe revisarse la
acción de tutela mediante representante.
71.
El artículo 10 inciso 1 oración 1 del Decreto 2591 de 1991 establece que la
acción de tutela podrá ser interpuesta a través de representante. Esta
expresión,  comprende dos tipos de representación, a saber, el representante
legal –en el caso de menores de edad y personas jurídicas, entre otros– y el
apoderado judicial[113].
72.
Cuando el recurso de amparo es interpuesto por el apoderado judicial, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido los siguientes
requisitos[114]:
a) debe otorgarse un poder[115],
el cual se presume auténtico –artículo 10 inciso 1 oración 2 del Decreto 2591
de 1991–; b) el poder es un acto jurídico formal, por lo que debe realizarse
por escrito; c) el poder debe ser especial[116];
d) el poder no se entiende conferido para la promoción de procesos diferentes a
la acción de tutela[117]
y; d) el destinatario del acto de apoderamiento solo puede ser un profesional
en derecho habilitado con tarjeta profesional[118].
2. Destinatario de la acción
(legitimación por pasiva)
73.
El artículo 86 inciso 1 de la Constitución Política establece que la acción
de tutela procede por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La
calidad de autoridad pública también cobija a los jueces, en cuanto les
corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son
obligatorias tanto para los particulares como para el Estado[119].
74.
Sin embargo, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que,
cuando la acción de tutela se dirige contra las decisiones judiciales, aquella
es de carácter excepcional[120].
Esto se debe a que, por un lado, el recurso de amparo contra este tipo de
acciones implica una tensión entre los derechos fundamentales de la persona y
los principios de seguridad jurídica (cosa juzgada) y autonomía judicial[121]
y; por otro lado, la acción de tutela podría implicar que el riesgo de extender
el poder del juez de tutela hasta el extremo de resolver sobre la cuestión
litigiosa que se debate en el proceso[122].
75.
El carácter de excepcionalidad significa, que la acción de tutela procederá,
siempre y cuando se esté ante decisiones ilegítimas que afectan los derechos
fundamentales[123]
o, en otras palabras, cuando se considere que una actuación del juzgador es
abiertamente contraria al orden jurídico o al precedente judicial aplicable, y
además vulnera derechos fundamentales como el debido proceso y el acceso a la
administración de justicia[124]
-graves falencias[125]-.
La excepcionalidad implica también, que los requisitos de procedencia
incrementan. Esta Corporación ha sostenido que, para determinar si una acción
de tutela contra providencia judicial procede, deben revisarse dos tipos de
requisitos: a) genéricos y; b) específicos.
a. Requisitos genéricos
76.
Ellos se entienden como los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra las decisiones judiciales[126],
que no son más que los requisitos generales de procedibilidad de la acción,
adecuados (incrementados) a la especificidad de las providencias judiciales[127].
Ellos son[128]:
a) la relevancia constitucional; b) la subsidiariedad y; c) la inmediatez; d) el
carácter decisivo de la irregularidad procesal; e) la identificación razonable
de los hechos vulneradores y; f) la ausencia de acción contra sentencia de
tutela.
77.
Por relevancia constitucional se entiende que el juez de tutela debe indicar
con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión a resolver es un
asunto de trascendencia constitucional que afecta los derechos fundamentales de
las partes[129].
Este requisito tiene como finalidad que el juez de tutela evite involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[130].
78.
La subsidiariedad consiste en que la acción de tutela procederá, siempre y
cuando se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, a menos que se busque
evitar un perjuicio irremediable en los derechos fundamentales[131].
79.
Por inmediatez se entiende que la acción de tutela debe interponerse en un
plazo razonable, pues ejercerla meses o años después de proferido el fallo
judicial, podría implicar el sacrificio de los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica, ya que existiría una incertidumbre sobre las situaciones
jurídicas definidas por el juez y, por tanto, una desnaturalización de los
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos[132].
80.
Si la acción de tutela se dirige a cuestionar una irregularidad procesal,
debe quedar claro que ésta tiene un efecto decisivo o determinante en el fallo
cuestionado y que este efecto vulnere los derechos fundamentales de la parte
actora[133].
81.
La identificación razonable consiste en que el accionante debe identificar
de manera razonable los hechos que generaron la vulneración, así como los
derechos vulnerados[134].
Asimismo debe demostrarse que tal vulneración se alegó en el proceso judicial,
siempre que hubiese sido posible[135].
82.
El último requisito consiste en que la acción de tutela no procede contra
sentencias de tutela[136].
Ello se debe a que los debates sobre la protección de los derechos
fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, en especial si las sentencias
proferidas fueron sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias que son seleccionadas
para revisión se tornan definitivas[137].
b. Requisitos específicos
83.
Son aquellos que aluden a la concurrencia de defectos en el fallo que, por
su gravedad, hacen la decisión incompatible con los preceptos constitucionales[138].
Estos defectos, según la jurisprudencia constitucional, no tienen un límite
entre sí, pues resulta evidente que la aplicación de una norma inconstitucional
o el desconocimiento del precedente puede implicar, a su vez, el
desconocimiento de los procedimientos legales[139];
igualmente, el desconocimiento de los procedimientos legales o la falta de
apreciación de la prueba pueden producir una aplicación indebida o la falta de
aplicación de disposiciones normativas relevantes para la solución de un caso
específico[140].
84.
Los requisitos específicos son[141]:
a) defecto orgánico; b) defecto procedimental absoluto; c) defecto fáctico; d)
defecto material o sustantivo; e) error inducido; f) decisión sin motivación;
h) desconocimiento de precedente; i) violación directa de la Constitución. En
este caso sólo se revisarán el defecto fáctico, el error inducido, el
desconocimiento del precedente y la violación directa de la Constitución,
porque son los cargos aducidos por la accionante en contra de las actuaciones
desplegadas por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Neiva.
aa. Defecto fáctico
85.
Este surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión[142].
Este defecto tiene como finalidad garantizar que las decisiones judiciales se
ajusten objetivamente al material probatorio recaudado en el proceso judicial
que las antecede[143].
86.
Este defecto, sin embargo, es uno de los más exigentes para su comprobación.
Ello se debe a que la valoración probatoria es uno de los campos en que se
concretan con mayor fuerza los principios de autonomía e independencia judicial[144].
En ese sentido, la Corte Constitucional ha manifestado que este defecto se
limita a aquellos eventos en los cuales existan fallas sustanciales en la
decisión, que se deban deficiencias probatorias en el proceso, es decir, que se
cometa un error ostensible, flagrante y manifiesto, que incida directamente en
la decisión[145]
(emisión de un fallo arbitrario e irrazonable).
87.
En ese sentido, la intervención del juez de tutela, que debe ser de carácter
reducido[146],
deberá comprobar[147]:
a) que se haya producido una omisión en el decreto o valoración de una prueba;
b) que haya una apreciación irrazonable de las pruebas; c) que exista la
suposición de algún medio probatorio o; d) que se le haya otorgado a una prueba
un alcance material o jurídico que no tiene.
bb. Error inducido
88.
Este se configura cuando el juez, a través de engaños, es llevado a tomar
una decisión arbitraria que afecta los derechos fundamentales[148].
En estos casos, se presenta una violación al debido proceso, no atribuible al
funcionario judicial, en la medida que no lo puede apreciar, como consecuencia
de la actuación inconstitucional de otros actores[149].
89.
Para comprobar la existencia de un error inducido, se deben cumplir dos
requisitos, establecidos por la jurisprudencia constitucional, a saber[150]:
a) que la decisión judicial se base en la apreciación de hechos o situaciones
jurídicas, en cuya determinación los órganos competentes hayan violado derechos
fundamentales y; b) que tenga como consecuencia un perjuicio iusfundamental.
cc. Desconocimiento del precedente
90.
La Corte Constitucional ha definido como precedente la sentencia o conjunto
de sentencias, anteriores al caso objeto de estudio, que por su pertinencia y
semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente
considerarse por las autoridades al momento de emitir un fallo[151].
Para determinar cuándo una sentencia -o varias sentencias- constituye
precedente aplicable, la Corte Constitucional ha establecido los siguientes
criterios[152]:
a) que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla
jurisprudencial aplicable al caso a resolver; b) que la ratio decidendi
resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y; c) que
los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente.
91.
El precedente judicial cumple, además, con unos fines específicos[153]:
a) lograr una concreción del principio de igualdad en la aplicación de las
leyes; b) constituir una exigencia del principio de confianza legítima, que
prohíbe al Estado sorprender a los ciudadanos con actuaciones imprevisibles y;
c) garantizar el carácter normativo de la Constitución y la efectividad de los
derechos fundamentales, así como la unidad y coherencia del ordenamiento
jurídico.
92.
A partir de esta definición, la jurisprudencia constitucional ha entendido
que el desconocimiento del precedente se configura, cuando un juez desconoce
las reglas jurisprudenciales fijadas por un órgano de cierre sin justificar las
razones por las cuales se aparta de dichas reglas[154].
Este defecto debe revisarse, a su vez, a partir de dos variables: a) el
desconocimiento del precedente constitucional y; b) el desconocimiento del
precedente de la jurisdicción natural.
93.
Sobre la primera ha dicho la Corte Constitucional que debe comprobarse la
existencia de un conjunto de sentencias previas al caso por resolver, bien sea
varias de tutela, una de unificación o una de constitucionalidad, y que dicho
precedente, respecto del caso que se estudia, tenga un problema jurídico
semejante y unos supuestos fácticos y normativos análogos[155].
Asimismo, esta Corporación ha sostenido que existen diversas formas de
desconocer un precedente constitucional, tales como[156]:
a) aplicar disposiciones legales que se declararon inexequibles en una
sentencia de inconstitucionalidad; b) aplicar disposiciones legales cuyo
contenido normativo haya sido encontrado contrario a la constitución; c)
contrariar la ratio decidendi de las sentencias de constitucionalidad y; d)
desconocer el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional
a través de la ratio decidendi de sus sentencias de tutela.
94.
Sobre la segunda, la Corte Constitucional sostiene que las sentencias
proferidas por los órganos de cierre generan, por una parte, deberes de
obediencia por parte de los jueces de instancias inferiores[157]
y, por otra parte, deberes de coherencia judicial. En ese sentido, desconocer
un precedente proferido por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de
Estado sin una justificación razonable, constituye también la configuración de
una vulneración al debido proceso y a la igualdad.
dd. Violación directa de la Constitución
95.
Esta causal se configura, cuando el juez ordinario adopta una decisión que
desconoce, de forma específica, los postulados de la Constitución Política[158].
Esta causal se debe a que el actual modelo jurídico reconoce el valor normativo
de los preceptos constitucionales –artículo 4 inciso 1 de la Constitución
Política–y, en consecuencia, existen deberes de aplicación directa de éstos por
parte de las autoridades públicas y, en circunstancias concretas, por
particulares[159].
96.
Para comprobar si una decisión ha desconocido un precepto constitucional, el
juez de tutela debe verificar[160]:
a) que el juez realiza una interpretación de la normatividad que es evidentemente
contraria a la Constitución y; b) que el juez se abstenga de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad en un caso en el cual, de no hacerlo, la
decisión quebrantaría preceptos constitucionales.
4. Verificación de los requisitos de
procedencia
97.
En el presente caso, la accionante cumple con los requisitos genéricos de la
acción de tutela contra providencia judicial.
98.
María Elena Ramírez interpuso acción de tutela a través de su apoderada
judicial. Para ello, la tutelante otorgó un poder especial el 08.05.2018, en el
cual se faculta a la apoderada a formular acción de tutela contra el Juzgado
Octavo Civil Municipal de Neiva[161].
Este poder cumple con los requisitos establecidos anteriormente.
99.
En cuanto a los requisitos genéricos de la acción de tutela contra
providencias judiciales, la Sala de Revisión considera que el asunto sometido a
revisión es de relevancia constitucional pues, como lo ha sostenido esta
Corporación, en casos como estos se está, por una parte, ante la posible
vulneración del principio de igualdad –en especial del Derecho fundamental a
una vida libre de violencia– y, por otra parte, ante el desconocimiento por
parte del operador jurídico de integrar las normas constitucionales a las
decisiones concretas[162].
Si bien pareciese que, en principio, se está ante el debate sobre una
restitución de inmueble arrendado, se discute en realidad si el ejercicio de
valoración probatoria cumplió con los estándares establecidos por la
jurisprudencia constitucional pues, al parecer, el juez interpretó parcialmente
pruebas aportadas al proceso y otorgó un valor errado a dichos elementos.
Asimismo pareciese que en el presente caso se está ante la existencia de una
posible violencia contra la mujer, pues en el proceso obran documentos en los
cuales se mencionan investigaciones de tipo penal, en las cuales se solicita la
protección de María Elena Ramírez. Estos documentos, sin embargo, no fueron
tenidos en cuenta por parte del juez y, en consecuencia, podría configurarse
una omisión de los deberes judiciales reconocidos en el derecho fundamental a
una vida libre de violencia, consagrado en los artículos 13 y 43 de la
Constitución Política de Colombia y normas de Derecho Internacional que
componen el Bloque de Constitucionalidad.
100.
La acción de tutela cumplió con el requisito de inmediatez pues, como lo
sostuvo el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, es razonable el
tiempo transcurrido entre el 19.10.2017, fecha de ejecutoria de la providencia
que presuntamente vulneró los derechos fundamentales, y el 09.05.2018, fecha en
que se presenta el recurso de amparo[163].
Ello se debe a que, entre la sentencia se realizaron actuaciones relacionadas
con el proceso. Por ejemplo, el Juzgado Octavo Civil Municipal de Neiva
dispuso, el 14.05.2017, la práctica de lanzamiento del bien inmueble objeto de
restitución[164]
para el día 10.05.2018.
101.
Asimismo, el recurso de amparo cumple con el requisito de subsidiariedad. De
acuerdo con el artículo 384 del CGP, el proceso de restitución de inmueble
arrendado se tramitará en única instancia, cuando la causal de restitución sea
exclusivamente la mora en el pago del canon de arrendamiento. Por ello, no
existe un mecanismo idóneo ni eficaz para la protección de los derechos
fundamentales de la tutelante.
102.
En cuanto a los requisitos específicos de la acción de tutela contra
providencia judicial, la accionante manifestó que la sentencia cuestionada
incurrió en error inducido y violación al precedente pues, por una parte, Omar
Malagón dio información no verídica para que se fallase a su favor y, por otra
parte, el Juez accionado no hizo una valoración integral de las pruebas. La
Sala Considera que se cumplió con el deber de indicar las causas específicas
con una motivación mínima y, por tanto se procederá a continuar con el examen.
D. Análisis material de la acción de tutela
1. Derecho fundamental a una vida libre
de violencia
103.
El artículo 13 inciso 1 de la Constitución Política de Colombia consagra que
todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna distinción por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. La
Corte Constitucional ha sostenido que un escenario constitucional del principio
de igualdad es el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia[165].
104.
Este derecho se fundamenta, a su vez, en la existencia de  garantías normativas
efectivas a la mujer en diversas situaciones sociales, por una parte, y en la
integración –bloque de constitucionalidad– de normas internacionales con
mandatos constitucionales, por otra parte.
105.
En cuanto a la integración por bloque, la Corte Constitucional ha aplicado el
artículo 93 inciso 1 de la Constitución Política de Colombia y ha integrado
diversas normas internacionales en materia de la prevención, sanción y
erradicación de la violencia de género. En especial, deben mencionarse dos
instrumentos internacionales ratificados por el Estado Colombiano en materia de
violencia contra la mujer: a) la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de violencia contra la mujer (en adelante CEDAW) y; b) la Convención
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer (en adelante Convención Belem do Pará).
106.
En el preámbulo del CEDAW, los estados partes declaran, entre otros, que: a) la
discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos
y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la
mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social,
económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento
del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno
desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a
la humanidad; b) que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la
mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la
mujer en la sociedad y en la familia y; c) el establecimiento del nuevo
orden económico internacional basado en la equidad y la justicia contribuirá
significativamente a la promoción de la igualdad entre el hombre y la mujer.
Por lo anterior, el artículo 15 inciso 2 CEDAW consagró como uno de los deberes
del Estado dispensar un trato igual en todas las etapas del procedimiento en
las cortes de justicia y los tribunales.
107.
El preámbulo de la Convención Belem do Pará reconoce, por su parte, que: a) la violencia contra la mujer constituye una violación
de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o
parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y
libertades; b) la violencia contra
la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las
relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres; c) la
violencia contra la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad
independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos,
cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias
bases y; d) la eliminación de la violencia contra la mujer es condición
indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria
participación en todas las esferas de vida. Para logar el objetivo de
prevenir, sancionar y erradicar las diferentes formas de violencia contra la
mujer, el artículo 7 literales b) y g) consagró como deberes específicos del
Estado: a) actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y
sancionar la violencia contra la mujer y; b) establecer los mecanismos
judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de
violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros
medios de compensación justos y eficaces.
a. Contenido y dimensiones del
derecho a una vida libre de violencia
aa. Significado de
violencia contra la mujer
108.
La Corte Constitucional ha construido el concepto de
violencia contra la mujer con ayuda de los diferentes instrumentos
internacionales, según el artículo 93 inciso 2 de la Constitución Política de
Colombia[166].
En especial, la jurisprudencia constitucional se apoya en: a) el artículo 2 de
la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, que
sostiene que por ésta debe entenderse todo acto de violencia basado en la
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o
sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se
producen en la vida pública como en la vida privada; b) la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer, que definió la violencia contra la mujer como todo acto
de violencia basado en el género que tiene como resultado posible un daño real,
sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o privación
arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida
privada; c) las Recomendaciones generales adoptadas por el Comité para la
Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW), que entienden que la
violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente
el goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre[167] y la define como la violencia
dirigida contra la mujer por el hecho de serlo así y que la afecta de manera
desproporcionada[168],
y; d) el artículo 1 de la Convención Belem do Pará, que define la violencia
contra la mujer como cualquier acción o conducta, basada en su género, que
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto
en el ámbito público como en el privado.
109.
La Corte Constitucional entiende la violencia contra la
mujer como un tipo específico de violencia de género[169]. Ésta, a su vez, se ha definido
como aquella violencia que hunde sus raíces en las relaciones de género
dominantes de una sociedad, como resultado de un notorio desequilibro de poder[170]. En el caso colombiano, el
dominio es masculino y, por tanto, los actos se dirigen en contra de las
mujeres o personas con una identidad de género y orientación sexual diversa
(lesbianas, gay, bisexuales, transgeneristas e intersexuales) con el fin de
perpetuar la subordinación[171].
110.
Al considerar la mujer como víctima concreta de la
violencia de género, la Corte Constitucional sostiene que los actos contra ella
son de dos tipos[172]:
a) la violencia visible, que se refiere a las lesiones físicas y psicológicas,
y; b) la violencia invisible, que consiste en una violencia estructural,
compuesta por la inequidad en el ámbito de lo político, lo social y lo
económico, así como la violencia cultural, constituida por los discursos que
justifican el trato desigual.
bb. Clases de violencia
contra la mujer
111.
La Corte Constitucional, en armonía con los instrumentos
internacionales, ha sostenido que la violencia contra la mujer se da tanto en
espacios públicos como privados[173]
y, en ese sentido, ella se puede clasificar en tres tipos[174]: a) violencia doméstica o
familiar; b) violencia social (o a nivel de la comunidad) y; c) violencia
estatal. En el presente caso se revisará el primer tipo de violencia.
112.
La violencia doméstica es aquella que se propicia por
el daño físico, emocional, sexual, psicológico o económico que se causa entre
miembros de la familia y al interior de la unidad doméstica[175]. Esta se puede dar, a su vez,
por acción u omisión de cualquier miembro de la familia[176].
113.
Este tipo de violencia es difícil de detectar pues,
como lo manifestó la Corte Constitucional, ella se ha invisibilizado en nuestra
sociedad, a partir de la histórica diferenciación entre los conceptos de lo
privado y lo público, que por décadas ha marcado una pauta de acción estatal
nula o de indiferencia cuando se alegaban conflictos al interior del ámbito
íntimo de la familia[177].
114.
La violencia sexual es definida por la OMS como todo
“acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual o insinuaciones sexuales
no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro
modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona,
independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito,
incluidos el hogar y el trabajo”[178].
115.
La violencia psicológica se compone del conjunto de
acciones u omisiones dirigidas intencionalmente a producir en una persona
sentimientos de desvalorización e inferioridad sobre sí misma, que le generan
baja autoestima[179].
Este tipo de violencia no ataca la integridad física de la persona, sino su
integridad moral y psicológica, así como su autonomía y desarrollo personal, y
se materializa, entre otros, a través de las siguientes conductas[180]: a) insultar a la mujer o
hacerla sentir mal; b) humillarla delante de los demás; c) intimidarla o
asustarla; d) amenazarla con daños físicos; e) ejercer actos de intimidación,
tales como impedirle ver a sus amigos, limitarle el contacto con su familia,
ignorarla o tratarla con indiferencia, enojarse con ella si habla con otros
hombres, acusarla constantemente de infidelidad y controlar su acceso a la
atención en salud[181].
116.
La violencia económica consiste en el uso del poder
económico de la persona para controlar las decisiones y proyecto de vida de la
pareja[182]
y se presenta bajo una apariencia de colaboración[183], en la cual el hombre se
presenta como proveedor por excelencia. Bajo esta apariencia, el hombre le
impide a la mujer participar en las decisiones económicas del hogar y le impone
la obligación de rendirle cuentas de todo tipo de gasto[184]. Igualmente, el hombre le
impide estudiar o trabajar para evitar que la mujer logre su independencia
económica, bajo el discurso de necesidad, es decir, que sin ayuda del hombre la
mujer no podrá sobrevivir[185].
117.
Por otra parte, es necesario tener en cuenta que la
violencia económica se manifiesta cuando surgen rupturas en la relación[186]. En ellas, la mujer exige sus
derechos económicos, pero es el hombre quien se beneficia en mayor medida, como
ocurrió durante la relación[187].
Asimismo, cuando ocurren las rupturas, también se puede presentar el caso, en
el cual la mujer “compra su libertad” para evitar pleitos dispendiosos,
que en muchos eventos son inútiles.
118.
Junto a las clases anteriormente mencionadas, la Corte
Constitucional adoptó las propuestas por el Comité CEDAW. Estas son[188]: a) el abuso sexual de las
niñas en el hogar; b) la violencia relacionada con el dote; c) la violación por
el marido; d) la mutilación genital y otras prácticas tradicionales que atentan
contra la mujer; e) la violencia ejercida por personas distintas al marido y;
f) la violencia relacionada con la explotación.
119.
La violencia social o a nivel de comunidad está
compuesta por las siguientes conductas[189]:
a) las violaciones; b) los abusos sexuales; c) el hostigamiento y la
intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educativas y en otros
ámbitos; c) la trata de mujeres y la prostitución forzada.
120.
La violencia estatal, por su parte, consiste en las
agresiones físicas, sexuales y psicológicas perpetradas por el Estado o
toleradas por éste, donde quiera que ocurra[190].
b. dimensiones del
derecho a una vida libre de violencia
121.
A partir de la definición de violencia contra la mujer
puede decirse que el derecho fundamental a una vida libre de violencia consiste
en la posición jurídica que tiene toda mujer, para exigirle al Estado que se
abstenga de realizar conductas que constituyan una agresión en los términos
expuestos, así como para exigirle que despliegue conductas que le garanticen a
la mujer no ser víctima de actos de violencia por parte de los particulares.
122.
Esto significa, que el derecho a una vida libre de violencia comprende dos
dimensiones. La primera es la dimensión negativa, la cual se compone por el
conjunto de conductas estatales no permitidas. Esta dimensión se encuentra en
el artículo 7 literal a) de la Convención Belem do Pará, la cual consagra que
los Estados partes se comprometen a “abstenerse de cualquier acción o
práctica de violencia contra la mujer (…)”. Ejemplo de ello es la
prohibición a las entidades públicas de despedir a una trabajadora por
criterios relacionados con el género o la defensa de los derechos de las
mujeres[191].
123.
La segunda es la dimensión positiva y consiste en el deber estatal de adoptar,
por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a
prevenir, sancionar y erradicar las distintas formas de violencia contra la
mujer, según el artículo 7 de la Convención Belem do Pará. Esta obligación
vincula, a su vez a todos los poderes públicos.
124.
En materia legislativa, el artículo 7 literales c), e) y h) de la Convención
Belem do Pará establece las siguientes obligaciones positivas: a) incluir en la
legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de
otra naturaleza, que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer y adoptar las medidas necesarias para el caso; b)
tomar todas las medidas de tipo legislativo apropiadas, para abolir leyes y
reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias
que respalden la persistencia o tolerancia de la violencia contra la mujer y;
c) adoptar las medidas legislativas que sean necesarias para hacer efectiva la
Convención Belem do Pará.
125.
En cumplimiento de esta obligación, el Congreso de la República ha promulgado
varias leyes. Una de ellas es la Ley 294 de 1996, por medio la cual se
desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para
prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. El artículo 3
literal c) de la Ley 294 de 1996 entiende la violencia intrafamiliar como todo
daño físico o psíquico, amenaza, maltrato, agravio, ofensa o ultraje que pueda
sufrir la persona por causa del comportamiento de otro integrante de la unidad
familiar. Este tipo de violencia es considerada por el cuerpo normativo como
destructiva de la armonía y unidad familiar y, por tanto, ordena su prevención,
corrección y sanción por parte de las autoridades públicas, conforme al
artículo 3 literal b) de la Ley 294 de 1996.
126.
Otro cuerpo normativo por mencionar es la Ley 1257 de 2008, por la cual se
dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y
discriminación contra las mujeres, se reforma el Código Penal, la Ley 254 de
1996 y se dictan otras disposiciones. El artículo 2 inciso 1 de la Ley 1257 de
2008 define la violencia contra la mujer cualquier acción u omisión, que le
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o
patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la
coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en
el ámbito público o en el privado. El daño, a su vez, es clasificado por el
artículo 3 de la Ley 1257 de 2008 de la siguiente forma: a) psicológico; b)
sufrimiento físico; c) sufrimiento sexual y; d) daño patrimonial.
127.
La Ley 1257 de 2008 consagra, además, un conjunto de principios que deben
orientar el análisis de los casos, en los cuales exista violencia contra la
mujer. Entre estos principios debe mencionarse la atención diferenciada
–artículo 6 numeral 8 Ley 1257 de 2008–, según el cual el Estado garantizará la
atención a las necesidades y circunstancias específicas de colectivos de
mujeres especialmente vulnerables o en riesgo, de tal manera que se asegure su
acceso efectivo a los derechos consagrados en la presente ley.
128.
Una tercera ley por mencionar es la 1639 de 2013, por medio de la cual se
fortalecen las medidas de protección a la integridad de las víctimas de
crímenes con ácido y se adiciona el artículo 113 de la Ley 599 de 2000. Además
de modificar normas de tipo penal, este cuerpo normativo consagra el deber de
atención integral, según el cual se garantizará a las víctimas de ataques con
ácidos o sustancias similares o corrosivas que generen daño o destrucción al
entrar en contacto con el tejido humano, mecanismos para proporcionar ocupación
laboral o su continuidad laboral, según el caso.
129.
En cuanto al poder ejecutivo, el artículo 8 de la Convención Belem do Pará
consagra la obligación de adoptar, de manera progresiva, medidas específicas,
tales como –a manera enunciativa–: a) fomentar el conocimiento y la observancia
del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer
a que se respeten y protejan sus derechos humanos; b) fomentar la educación y
capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás
funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a
cuyo cargo esté la aplicación de las normas de prevención, sanción y
eliminación de la violencia contra la mujer; c) fomentar
y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado destinados
a concientizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia
contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda y; d)
ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de
rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida
pública, privada y social.
130.
Esta obligación se cumple a través de medidas adoptadas tanto a nivel central
como a nivel territorial. Un ejemplo de medida de nivel central es el Decreto
164 de 2010, el cual creó una comisión intersectorial denominada “Mesa
Interinstitucional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres”, la cual se
encarga de aunar esfuerzos para la articulación, coordinación y cooperación
entre las entidades, para lograr la atención integral, diferenciada, accesible
y de calidad a las mujeres víctimas de la violencia[192];
a nivel territorial puede mencionarse las medidas adoptadas por la Secretaría
de la Mujer de la Alcaldía de Bogotá, mediante las cuales se crearon las “casas
refugio”, cuya finalidad es otorgar a las mujeres víctimas de violencia
intrafamiliar o del conflicto armado interno alojamiento gratuito por un
período de cuatro (4) meses y brindarles atención integral a ellas y a sus
familiares[193].
2. Obligaciones judiciales en materia de prevención,
sanción y erradicación de la violencia contra la mujer
131.
La Corte Constitucional ha sostenido que la administración de justicia también
se encuentra obligada a garantizar el derecho fundamental a una vida libre de
violencia[194].
Para ello, la jurisprudencia constitucional se apoyó en el artículo 7 literales
b) y e) de la Convención Belem do Pará, el cual consagra que los Estados se
comprometen a: a) actuar con la debida
diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer
y; b) fomentar la educación y capacitación del personal en la
administración de justicia sobre la aplicación de las normas de prevención,
sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
132.
En relación con la obligación de formación, el Estado colombiano adelanta
distintos programas de capacitación judicial. Por ejemplo, la Escuela Judicial
“Rodrigo Lara Bonilla” impulsa “escenarios de formación encaminados a que
los servidores judiciales (magistrados, jueces, juezas, empleados y empleadas)
identifiquen las prácticas sociales, culturales y laborales discriminatorias”[195].
Entre esos programas es de mencionar el denominado “Incorporación de la
perspectiva de género de la administración de justicia”[196],
que se caracteriza por ser un programa transversal que se dirige tanto a
funcionarios como empleados judiciales[197].
Asimismo, la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial realiza acciones
de sensibilización y divulgación, tales como la puesta a disposición de 46
publicaciones, en medio físico y magnético, que contienen la normativa nacional
e internacional, así como sentencias paradigmáticas de género y lineamientos de
atención a las víctimas de violencia basada en género[198].
133.
En cuanto a los deberes concretos relacionados con la administración de
Justicia, esta Corporación “ha introducido
subreglas sobre cómo analizar casos que involucren presuntos actos
discriminatorios en contra de la mujer, o medidas que limiten la igualdad real
con respecto a los hombres. Como se indicó en párrafos anteriores, este enfoque
de género, entonces, permite corregir la visión tradicional del derecho según
la cual en ciertas circunstancias y bajo determinadas condiciones, consecuencias
jurídicas pueden conducir a la opresión y detrimento de los derechos de las
mujeres. De ahí que, entonces, se convierta en un“deber constitucional” no dejar sin contenido el artículo
13 Superior y, en consecuencia, interpretar los hechos, pruebas y normas
jurídicas con base en enfoques diferenciales de género”[199].
134.
La obligación de aplicar el enfoque de género corresponde tanto a la
jurisdicciones penal y de familia, como a las jurisdicciones civil, contencioso
administrativa y laboral[200].
La pregunta que surge respecto a esta obligación, consiste en cómo mantener el velo
de la igualdad de armas, sin que se desconozca la obligación de prevenir,
investigar y sancionar cualquier tipo de violencia contra la mujer[201].
135.
Para responder esta pregunta, la Corte Constitucional recordó que la
jurisdicción civil se basa en un conjunto de valores universales que
otorgan un cierto carácter de neutralidad[202].
Éstos son los principios de autonomía de la voluntad, igualdad de armas,
justicia rogada, rigidez procesal y formalismo probatorio[203].
Estos principios, sin embargo, pueden implicar la elección de la verdad
procesal sobre la verdad material[204],
pues en varias ocasiones puede ocurrir que la mujer se encuentre en una
realidad fáctica estructuralmente diferente[205].
136.
Sobre esto, la Corte Constitucional ha manifestado que la falta de recursos económicos, la vergüenza, las amenazas, las
intimidaciones, las distancias físicas o geográficas, la falta de orientación,
la invisibilización, los estereotipos de género presentes en los operadores
jurídicos, entre otras situaciones, son factores que permiten concluir que bajo
una perspectiva de género una víctima de violencia en Colombia no llega en igualdad de armas
procesales a un proceso civil o de familia[206].
137.
Esta postura es compartida por la Relatoría sobre los
Derechos Humanos de la Mujer, que constató “que ciertos
patrones socioculturales discriminatorios influyen en las actuaciones de los
funcionarios en todos los niveles de la rama judicial,
lo que se traduce en un número aún ínfimo de juicios orales y sentencias
condenatorias que no corresponden al número elevado de denuncias y a la
prevalencia del problema. La CIDH ha podido verificar que la violencia y la
discriminación contra las mujeres todavía son hechos aceptados en las
sociedades americanas, lo cual se ve reflejado en la respuesta de los
funcionarios de la administración de la justicia hacia las mujeres víctimas de
violencia y en el tratamiento de los casos.  Existe asimismo una
tendencia a considerar los casos de violencia contra las mujeres como
conflictos domésticos, privados y no prioritarios que deben ser resueltos sin
la intervención del Estado”[207].
138.
Por lo
anterior, la Corte Constitucional considera que el cumplimiento de la
obligación de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer se
garantiza mediante la
construcción permanente de marcos interpretativos que ofrezcan a los operadores
jurídicos visiones más amplias y estructurales del problema, que les permitan
ofrecer soluciones judiciales integrales y que aporten, desde su función, a la
reconfiguración de los mencionados patrones culturales discriminadores[208].
139.
Actualmente, la Corte Constitucional ha identificado
los siguientes deberes concretos[209]:
a) desplegar toda actividad investigativa en aras de garantizar los derechos en
disputa y la dignidad de las mujeres; b) analizar los hechos, las pruebas y las
normas con base en interpretaciones sistemáticas de la realidad, de manera que
en ese ejercicio hermenéutico se reconozca que las mujeres han sido un grupo
tradicionalmente discriminado y como tal, se justifica un trato diferencial; c)
no tomar decisiones con base en estereotipos de género; d) evitar la
revictimización de la mujer a la hora de cumplir con sus funciones; reconocer las
diferencias entre hombres y mujeres; e) flexibilizar la carga probatoria en
casos de violencia o discriminación, privilegiando los indicios sobre las
pruebas directas, cuando estas últimas resulten insuficientes; f) considerar el
rol transformador o perpetuador de las decisiones judiciales; g) efectuar un
análisis rígido sobre las actuaciones de quien presuntamente comete la
violencia; h) evaluar las posibilidades y recursos reales de acceso a trámites
judiciales y; i) analizar las relaciones de poder que afectan la dignidad y
autonomía de las mujeres.
140.
Ante estos deberes, para la Corte Constitucional se
configura una vulneración al derecho fundamental a una vida libre de violencia,
cuando el juez incurre en[210]:
a) una omisión de toda actividad investigativa y/o la realización de
investigaciones aparentes; b) en falta de exhaustividad en el análisis de la
prueba recogida o revictimización en la recolección de
pruebas; c) en la utilización de estereotipos de género para tomar sus
decisiones y; d) en la afectación de los derechos de las víctimas.
141.
Propuestas las reglas y subreglas aplicables a los
casos en los cuales se puede configurar violencia contra las mujeres, la Sala
procede a revisar el caso en concreto.
E. Caso concreto
142.
María Elena Ramírez interpuso acción de tutela contra
la decisión del Juzgado Octavo Civil Municipal de Neiva, que declaró la
terminación del contrato verbal de arrendamiento y ordenó la restitución del
inmueble arrendado, así como el desalojo del mismo, pues consideró que el juez
fue inducido a error y, además, no tuvo en cuenta que en la oposición ella
manifestó haber tenido una relación sentimental con Omar Malagón Salas y ser
víctima de actos violentos por parte de él.
143.
El Juzgado accionado manifestó que no vulneró derecho
fundamental alguno, pues aplicó rigurosamente la ley procedimental. Igualmente,
manifestó que, una vez el juez de tutela de primera instancia tuteló los
derechos de María Elena Ramírez, se realizó una segunda audiencia, en la cual
aplicó con el mismo rigor la ley procesal, solo que, en esta ocasión, las
consecuencias previstas en la misma recayeron sobre Omar Malagón Salas. Esta
situación, en opinión del Juzgado Octavo Civil Municipal, implicó un
desconocimiento del derecho fundamental al acceso pronto a la administración de
justicia de Omar Malagón Salas, quien es un adulto mayor y, por tanto, un
sujeto de especial protección.
144.
Por otra parte, el juez accionado consideró que: a) la
aplicación estricta de las normas procesales constituía una garantía efectiva de
los derechos de las partes y; b) el papel activo del juez ordinario se resume
en la convocatoria de audiencias, en la recepción y valoración de las pruebas,
así como en la notificación de las partes.
145.  La Sala Novena de Revisión considera que la actuación
desplegada por el Juez Octavo Civil Municipal de Neiva, así como el
razonamiento que la soporta, incurrió en las causales de desconocimiento del
precedente y de defecto fáctico.
146.
La omisión del Juez Octavo Civil Municipal de Neiva
implicó el desconocimiento tanto del precedente constitucional como el
precedente ordinario en materia de enfoque diferencial con perspectiva de
género.
147.
Por una parte, y como se expuso anteriormente, el
derecho fundamental a una vida libre de violencia implica, desde su dimensión
positiva, el deber judicial de aplicar el enforque diferencial con perspectiva
de género en todos aquellos casos en los cuales se tenga sospecha de una posible
situación de violencia de género. Esta obligación a su vez, vincula a todas las
jurisdicciones y en todos los procesos. Esto no significa, sin embargo, que el
juez falle a favor de una mujer por el hecho de serlo, sino que tiene que
desplegar todas las acciones tendientes a comprobar la existencia de una forma
de violencia, como la doméstica en el presente caso. Asimismo, la dimensión
positiva implica el deber judicial de no caer en razonamientos estereotipados.
148.
Por otra parte, las reglas de derecho enunciadas han
sido adoptadas por la Corte Suprema de Justicia, quien sostuvo que “el
funcionario judicial debe aplicar el derecho a la igualdad dentro de las
decisiones judiciales en virtud de los convenios internacionales ratificados
por Colombia que así lo imponen y el artículo 13 de la Carta Política que se
encarga de establecerlos como norma nacional fundamental e introducir la
perspectiva de género en las decisiones judiciales a efecto de disminuir
la violencia frente a grupos desprotegidos y débiles como ocurre con la mujer,
implica aplicar el derecho a la igualdad y romper los patrones socioculturales
de carácter machista en el ejercicio de los roles hombre-mujer que por sí, en
principio, son roles de desigualdad”[211].
149.
El Juez Octavo Civil Municipal de Neiva no tuvo en
cuenta estos precedentes y prefirió aplicar, bajo un criterio de igualdad
formal, las normas procesales, sin considerar la existencia de una posible
relación asimétrica de poder que deriva de la oposición hecha por María Elena
Ramírez, en la cual se indicó que había una relación sentimental entre ella y
Omar Malagón Salas. Este desconocimiento se concreta en dos puntos: a) el uso
de razonamientos estereotipados y; b) la subestimación del status de María
Elena Ramírez.
150.
Como se mencionó anteriormente, la jurisprudencia
constitucional reconoció la obligación que tiene todo juez de no tomar
decisiones con base en estereotipos de género, así como de analizar los hechos,
las pruebas y las normas con base en interpretaciones de la realidad, de manera
que ese ejercicio hermenéutico se reconozca que las mujeres han sido un grupo
tradicionalmente discriminado y, como tal, se justifica un trato diferencial[212].
151.
La prohibición de fallar basado en estereotipos
comprende, a su vez, unas prohibiciones concretas, entre las cuales deben mencionarse[213]: a) malinterpretar la
relevancia de los hechos e; b) imponer una carga adicional sin fundamento
constitucional a quienes son objeto de decisiones basadas en estereotipos por
cuánto éstos últimos pueden reducir la probabilidad de responsabilizar a quienes
eventualmente han desconocido sus derechos fundamentales.
152.
Estas reglas de derecho fueron desconocidas por el
Juzgado Octavo Civil Municipal de Neiva. Por una parte, el juez tutelado
manifestó, en la audiencia del 19.10.2017, que el caso debe fallarse teniendo
en cuenta que el juez está sometido sólo al imperio de la ley y que la
jurisprudencia es un criterio auxiliar –restó valor al precedente–. A partir de
este sometimiento, el juez invocó el artículo 372 numeral 4 del Código General
del Proceso para presumir ciertos los hechos narrados por Omar Malagón Salas y
omitir la narración de María Elena Ramírez en la oposición presentada ante el
juzgado. La presunción le permitió al juez tutelado manifestar que, si bien
existían dos hechos a discutir –la relación contractual o la existencia de una
relación sentimental que podría condicionar la existencia del contrato– el juez
determinó que debía darse por probada la relación contractual, ya que: a) los
testigos mencionaban un contrato, a pesar de que el mismo juez reconoce que en
las narraciones de aquellos hay recuerdos someros y la imprecisión en fechas[214] –los cuales no dieron
razón de los elementos constitutivos del arriendo– y; b) las actas de no
conciliación informan que la convocatoria por parte de las autoridades se dio
en virtud de la afirmación de Omar Malagón Salas, según la cual él había dado
en arriendo una habitación a María Elena Ramírez, pero ella había incumplido el
pago de los cánones de arrendamiento[215]
–sin que ello signifique que dicho contrato haya existido–.
153.
Además, debe resaltarse que el juez accionado no tuvo
en cuenta que, en una de las actas de no conciliación, se recomienda tanto el
inicio de un proceso de restitución de inmueble arrendado, como el trámite de
un proceso de declaración de unión marital de hecho. El juez tampoco consideró
que en el expediente obraba un acta de no conciliación de la Fiscalía General
de la Nación 08.03.2017, en la cual se discutía la afirmación de María Elena
Ramírez, según la cual era víctima de calumnias por parte de Omar Malagón Salas[216]. Por el contrario, el juez
accionado manifestó que frente a la afirmación sobre una posible unión marital
de hecho entre las partes, María Elena Ramírez debería acudir a la jurisdicción
de familia, pero con posterioridad a la sentencia que se dictaría. En otras
palabras, el juez no tuvo en cuenta la afirmación sobre la unión marital de
hecho e interpretó las pruebas obrantes en el proceso de tal forma que le restó
valor a un hecho que podría ser determinante en el análisis de la existencia de
una relación contractual. Esto conlleva a un desconocimiento de la regla de no
malinterpretación.
154.
Asimismo, existe un razonamiento estereotipado por
parte del Juez Octavo Civil Municipal de Neiva, al considerar que una posible
unión marital de hecho entre María Elena Ramírez y Omar Malagón Salas era una
cuestión privada, que no tiene influencia en la decisión que se tomó respecto a
la restitución de inmueble arrendado. De acuerdo al juzgado accionado, “aparece
también en los folios, luego de notificada la demandada, María Elena Ramírez,
ella afirma que ingresó a ese inmueble con ocasión a la relación sentimental
que ella tenía con una persona, relación que terminó, y ella afirma que luego
inició otra con Omar Malagón Salas, relación que duró más de siete años.
Posteriormente, presenta una demanda, ante el Juzgado Segundo de Familia y la
demanda fue rechazada por aspectos procesales, visibles en este expediente a
folio 21. Corresponderá a la demandada, si insiste en su pretensión cumplir con
los parámetros de la ley 54 de 1990, pero será posterior a esta audiencia”[217]. Sin embargo, este análisis es
errado por dos razones. Por una parte, el juez considera que la declaratoria de
la unión marital de hecho es una situación independiente a la relación
contractual de arrendamiento (distinción entre el espacio privado y el espacio
público) y que aquel no tiene injerencia en éste (el espacio privado no
es un aspecto relevante para definir el espacio público); por otra
parte, aunque el juez no lo enuncia, existen elementos que reforzarían esta
distinción entre lo público y lo privado a partir de afirmación estereotipadas.
Por ejemplo, Omar Malagón Salas manifiesta, tanto en la contestación a la
oposición como en la audiencia pública, que María Elena Ramírez ha tenido
relaciones sentimentales anteriores (exponer el pasado de una mujer) y que esta
situación resta valor a la afirmación de una posible existencia de unión
marital de hecho.
155.
En cuanto a la subestimación de María Elena Ramírez,
debe recordarse que, para el Juez Octavo Civil Municipal de Neiva, la situación
de la tutelante no era relevante. Para ello, podrían indicarse tres aspectos:
a) en la respuesta dada por el Juzgado accionado, hubo desplazamiento del eje
gravitacional de la discusión, es decir, el Juez Octavo Civil Municipal obvió
la posible existencia de una situación de violencia de género y prefirió
centrarse en la edad de Omar Malagón Salas, su situación de avanzada edad y la
posición jurídica y derechos que derivan de la misma; b) en la respuesta puede
apreciarse, además, que para el Juzgado accionado no es una condición de
especial protección el hecho de ser mujer que puede ser víctima de violencia de
género, sino solamente “(…) las mujeres cabeza de familia, las personas
desplazadas por la violencia y aquellas personas que se encuentran en extrema
pobreza”[218]
y; c) para el Juez Octavo Civil Municipal de Neiva, en caso hipotético de
existir una colisión de derechos de sujetos de especial protección, la garantía
debe otorgársele a Omar Malagón Salas, pues en este caso se está ante una
vulneración de los derechos fundamentales de los adultos mayores por una
indebida aplicación del enfoque diferencial con perspectiva de género[219].
156.
La omisión del Juez Octavo Civil Municipal de Neiva incurrió
también un desconocimiento del deber de practicar pruebas y, por tanto, se
configuró el defecto fáctico.
157.
Cuando se está ante una posible situación de violencia
contra la mujer, el juez ordinario debe desplegar toda actividad investigativa
en aras de garantizar los derechos en disputa y la dignidad de las mujeres, así
como analizar los hechos, las pruebas y las normas con base en interpretaciones
sistemáticas de la realidad, de manera que en ese ejercicio hermenéutico se reconozca
que las mujeres han sido un grupo tradicionalmente discriminado y como tal, se
justifica un trato diferencial. Igualmente el juez debe flexibilizar la carga
probatoria en casos de violencia o discriminación, privilegiando los indicios
sobre las pruebas directas, cuando estas últimas resulten insuficientes. Si el
juez desconoce alguno de estos deberes, puede configurarse una causal concreta
del defecto fáctico.
158.
Estos deberes implican, sin embargo, dos preguntas
relevantes. La primera consiste en si, en el presente caso, existe alguna
facultad o poder judicial que le hubiese permitido al Juez Octavo Civil
Municipal desplegar la actividad investigativa en el proceso de restitución de
inmueble arrendado; mientras que la segunda consiste en cómo puede emplearse el
enfoque diferencial con perspectiva de género, sin incurrir en una invasión de
competencias que le corresponden a los jueces de familia.
159.
Respecto a la primera pregunta, el Juez Octavo Civil
Municipal de Neiva sostuvo que el papel activo del juez se centra en la
convocatoria a audiencias, en la recepción y valoración de pruebas, en la toma
decisiones y la realización de las respectivas notificaciones. La Sala
considera, sin embargo, que la posición del juez sobre la pasividad probatoria
es errada
160.
Desde una perspectiva general, el Código General del
Proceso impone al juez el deber de interpretar las normas procesales conforme a
los mandatos constitucionales y de lograr una igualdad real en el proceso.
161.
El artículo 11 oración 2 del Código General del proceso
consagra que las dudas que surjan en la
interpretación de las normas del presente código deberán aclararse mediante la
aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesal
garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad
de las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales; mientras que
el artículo 4 del Código General del Proceso establece que el juez debe usar
los poderes que este código le otorga para lograr la igualdad real de las
partes. En ese sentido, lo que propone el estatuto procesal es que el juez debe
verificar que sus actuaciones garanticen los derechos fundamentales de la
persona y que, en caso de verificar una posible desigualdad material, debe
hacer uso de sus facultades para eliminar la situación asimétrica.
162.
Desde una perspectiva concreta, el Código General del proceso reconoce la
facultad de restablecer el equilibrio de las partes mediante el decreto
oficioso de pruebas. El artículo 372 parágrafo único del Código General del
Proceso consagra que cuando se advierta que la práctica de pruebas es
posible y conveniente en la audiencia inicial, el juez de oficio
o a petición de parte, decretará las pruebas en el auto que fija fecha y hora
para ella, con el fin de agotar también el objeto de la audiencia de
instrucción y juzgamiento de que trata el artículo 373. En este evento, en esa
única audiencia se proferirá la sentencia, de conformidad con las reglas
previstas en el numeral 5 del referido artículo 373. Por otra parte el artículo
392 inciso primero del Código General del Proceso consagra que, en el mismo
auto en el juez cite a audiencia decretará las pruebas pedidas por las partes y
las que de oficio considere[220].
163.
Las normas procesales enunciadas no entran en conflicto
con el deber de despliegue de la actividad investigativa, sino que, por el
contrario, lo complementan y hacen efectivo. Debe tenerse en cuenta, además,
que la facultad oficiosa de decreto de pruebas puede llegar a convertirse en un
deber cuando las circunstancias particulares del caso requieran de una mayor presencia
judicial. Ejemplo de ello es el presente asunto. El proceso de restitución
de inmueble arrendado objeto de estudio es un proceso de mínima cuantía, el cual
permite que las partes litiguen en causa propia sin ser abogados inscritos,
conforme al artículo 28 numeral 2 del Decreto Ley 196 de 1971. Esto significa,
que a este tipo de procesos pueden acudir personas que, por una parte, no
ostentan la calidad de abogado y, por otra parte, no tengan los conocimientos
jurídicos suficientes para actuar adecuadamente en el proceso. Si esto llegase
a ocurrir, sería necesario que el juez haga uso de sus facultades para evitar
que, por desconocimiento de las partes, el proceso no llegue a buen término y
se afecte el derecho fundamental de acceso a la justicia.
164.
En ese sentido, le asiste la razón a la Defensoría del
Pueblo[221],
quien sostuvo que el juez accionado debió realizar “un ejercicio más
acucioso (...) dada la existencia de elementos de juicio que permitían
sospechar de la asimetría entre las partes” pues, como se evidencia en el
proceso, María Elena Ramírez es una mujer de escasos recursos, con formación
básica y que no cuenta con los conocimientos jurídicos adecuados para ejercer
su defensa ante el operador jurídico.
165.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que una valoración
integral y sistemática de las pruebas obrantes en el presente proceso,
conducirían a una situación de incertidumbre respecto a la existencia de un
contrato de arrendamiento y, en consecuencia, a tomar una decisión bien de
rechazo de la demanda o de negación de las pretensiones por carecer de
elementos probatorios suficientes. Por ejemplo, Omar Malagón Salas reconoce, en
la audiencia pública celebrada, que le dio la posada a María Elena Ramírez en
un momento[222]
y que luego se vio obligado a llamarla para que respondiera a partir de abril
del 2014[223].
En otras palabras, antes de abril del 2014 no existía una relación contractual
y después de ese mes pareciera que sí, pero no existe una prueba, siquiera
sumaria, que indique cómo fueron los acuerdos para pasar de una situación a
otra. Podría decirse, como lo indica Omar Malagón Salas, que sí hubo una
tratativa según el testimonio de Alfredo Beltrán conocía del arriendo[224]. Sin embargo, cuando se le
pregunta a Alfredo Beltrán sobre su conocimiento respecto al canon de
arrendamiento[225]
-elemento constitutivo del contrato–, él informa que no tiene conocimiento del
mismo y, en el documento que él también firmó, no se indica el valor por el
cual es arrendado el inmueble[226].
Lo que sí indica el testigo, por el contrario, es que entre la partes del
proceso verbal sumario existían discusiones[227].
166.
Podría decirse que una prueba determinante es la
declaración de los testigos Alfredo Beltrán, Bartolomé Gasca y Luis Arturo Mana
Silva, quienes manifestaron por escrito, que existe un contrato verbal de
arrendamiento entre María Elena Ramírez y Omar Malagón Salas[228]. Sin embargo, si se revisa el
documento, puede corroborarse que en él hay enmendaduras (modificación de la
fecha de elaboración del escrito), no cuenta con la presentación personal de
los testigos y la presentación personal de Omar Malagón Salas es del
12.06.2017, lo cual implica una pérdida del valor probatorio que dicha
declaración pretendía tener.
167.
En cuanto a los demás documentos que obran en el
expediente, el juez accionado consideró que las afirmaciones del señor Omar
Malagón Salas, que motivaban la convocatoria a audiencia de conciliación, eran
hechos ciertos, sin tener en cuenta que, en esos mismos documentos, se
manifestaba que no había un acuerdo sobre la afirmación –la existencia de un
contrato de arrendamiento–, y que se recomendaba tanto el inicio de la acción
de restitución de inmueble arrendado como la acción de declaración de unión
marital de hecho[229].
En otras palabras, lo que hizo el juez accionado fue darle valor probatorio a
una parte de los documentos –apoyado en la presunción del artículo 372 numeral
4 del CGP–, sin considerar la integridad de los mismos –toda la información
existente en ellos–, así como su relación con las otras pruebas, como por
ejemplo el acta de no conciliación ante la Fiscalía General de la Nación[230]. Estas operaciones implican no
sólo una valoración probatoria errada, sino también contraria a la regla de
derecho, según la cual el juez debe analizar los hechos, las pruebas y las
normas con base en interpretaciones sistemáticas de la realidad[231].
168.
La segunda pregunta es ¿cómo puede emplearse el enfoque
diferencial con perspectiva de género, sin incurrir en una invasión de
competencias que le corresponden a los jueces de familia o penales?
169.
Los jueces constitucionales de primera y segunda
instancia aciertan al decir, que la aplicación del enfoque diferencial con perspectiva
de género no implica una suplantación de jueces de otras especialidades ni la
negación definitiva de los derechos que pudiera tener Omar Malagón Salas sobre
el bien inmueble objeto de disputa. Sin embargo, la jurisprudencia
constitucional no ha fijado criterios estrictos sobre cómo desplegar la
actividad investigativa. Por ello la Sala procederá a plantear algunos
criterios, sin perjuicio de que, en ocasiones futuras, se puedan fijar otros de
acuerdo a las particularidades de los casos.
170.
Estos criterios, a su vez, se construyen en virtud de
la supremacía constitucional[232].
De acuerdo a la jurisprudencia de esta Corporación, el artículo 4 inciso 1 de
la Constitución Política de Colombia consagra el principio de supremacía
constitucional, del cual derivan[233]:
a) la regla de supremacía jerárquica y; b) la regla interpretativa. Asimismo,
el principio de supremacía constitucional contiene tres funciones, de las
cuales es de mencionar la función integradora[234].
171.
La función integradora consiste en la unidad de sentido
que otorgan los principios fundantes de la Constitución Política de Colombia a
las diferentes normas jurídicas[235].
Esto implica que, por un lado, las normas deben aplicarse coordinada y
unívocamente para mantener la vigencia de los principios fundamentales[236] y, por otra parte, el deber de
las autoridades de aplicar las normas jurídicas infraconstitucionales con el
objetivo de lograr una realización efectiva de los derechos fundamentales[237]. Esta función no es ajena al
ordenamiento procesal civil pues, como se comentó anteriormente, el Código
General del Proceso estableció como pauta interpretadora de las normas
procesales la garantía de los derechos fundamentales[238].
172.
El primer criterio es el análisis probatorio
sistemático. El consiste en el deber judicial de desplegar toda la actividad
probatoria posible, incluso oficiosa, para corroborar los supuestos fácticos
del caso como, por ejemplo, la existencia de una violencia de género o la configuración
de una relación contractual. Dicho deber, a su vez, comprende dos elementos. El
primero consiste en la revisión de las facultades judiciales para decretar
oficiosamente pruebas en procesos concretos. Por ejemplo, en los casos de
restitución de inmueble arrendado de mínima cuantía, dicha facultad está
prevista en el artículo 392 inciso 1 del Código General del proceso[239]. El segundo elemento es la
revisión de pruebas que respeten los principios probatorios (licitud,
pertinencia y conducencia). Por ejemplo, el juez no podrá valorar pruebas donde
se cuestione el pasado familiar, social o sexual de la mujer o se busque un
careo entre la mujer y la contra parte (prohibición a no ser confrontada con el
victimario, conforme al artículo 8 literal k) de la Ley 1257 de 2008).
173.
El segundo criterio es la duda razonable. Si el juez,
después de desplegar toda la actividad probatoria posible, determina que no hay
certeza sobre la configuración del contrato o, que a pesar de haber contrato
también existe un indicio sobre violencia de género, el juez deberá tomar una
decisión que garantice los derechos fundamentales de la mujer posible víctima
de la violencia. En otras palabras, el juez deberá permitir que se esclarezca,
con plena certeza, la existencia de violencia de género, antes de tomar una
decisión. Esto implica, sin embargo, que la decisión debe tener presente también
el derecho fundamental al acceso de la justicia de la contraparte. La
aplicación de la duda razonable permitiría, por una parte, que la mujer no sea
condenada en un proceso ordinario sin que se cuente con claridad respecto a las
relaciones personales y, por otra parte, evitar que, en caso de que se descarte
la posible violencia de género en la jurisdicción, se le cierre la oportunidad
a la otra persona de reclamar judicialmente sus derechos.
174.
El tercer criterio es el respeto de las competencias.
Él consiste en que la decisión del juez, en caso de incertidumbre, debe
respetar su ámbito competencial. Ello significa, que el juez civil ordinario no
es el competente para declarar violencia de género ni para determinar la
configuración de una conducta típica. Por tanto, el juez deberá tomar una
decisión que le sea propia de su competencia, como el rechazo de la demanda y
la remisión a la autoridad competente, pues son los jueces de familia y penales
quienes cuentan con las competencias, facultades y acciones suficientes para
poder determinar la existencia o no de violencia contra la mujer.
175.
Estos criterios permiten armonizar el deber de
oficiosidad probatoria en casos de violencia contra la mujer y el deber de
respetar las competencias de otros órganos jurisdiccionales. Igualmente estos
criterios tienen en cuenta que la acción de restitución es un proceso verbal
sumario según cuantía, que busca una respuesta pronta y ágil de la
administración de justicia.
176.
Si se aplican estos criterios al caso en concreto,
puede obtenerse como resultado lo siguiente. Al momento de iniciarse el proceso
de restitución de inmueble arrendado, el Juez Octavo Civil Municipal de Neiva
no sólo había recibido la oposición de María Elena Ramírez, en la cual se
indicaba que existió una unión de hecho, sino que también existía un acta de no
conciliación, que le recomendaba a la tutelante iniciar el proceso de
declaración de unión marital de hecho y a Omar Malagón Salas inicar un proceso
de restitución de inmueble arrendado. Igualmente la plataforma fáctica permitía
sospechar de una relación asimétrica, pues se está ante una persona que ha
vivido por un tiempo prolongado en un inmueble, sin haber pagado cánones de arrendamiento
y sin que haya sido demandada por mora anteriormente, como lo mencionó Omar
Malagón Salas. Estos dos elementos debieron llevar al juez, por una parte, a
desplegar toda la actividad probatoria posible para determinar que, sin margen
de duda alguna, existía un contrato de arrendamiento. Dicho despliegue –decreto
oficioso de pruebas–  pudo hacerse en el auto admisorio de la demanda del
14.06.2017 o en el auto del 24.08.2017, en el cual se fija fecha de audiencia
pública, conforme al artículo 392 inciso 1 del CGP –el cual faculta el decreto
de pruebas–
177.
Sin embargo, dicho despliegue no se dio y se decidió a
partir de las pruebas documentales y testimoniales aportadas en el proceso.
Éstas, a su vez, no arrojan claridad alguna sobre la ocurrencia de los hechos[240] (por ejemplo, el testimonio
escrito y presentado ante notario[241]
tiene enmendaduras e imprecisiones que impiden determinar cuándo se celebró el
contrato de arrendamiento y cuándo se elaboró el documento; mientras que los
testimonios rendidos en la primera audiencia pública dicen conocer de una
relación contractual, mas no del canon de arrendamiento ni del tiempo de
duración del mismo). Por otra parte, no existe una prueba que permita concluir
que haya existido una unión marital de hecho entre las partes. En ese sentido,
el juez accionado debió ejercer el decreto oficioso de pruebas, a fin de tener
certeza sobre la ocurrencia de los hechos.
178.
La ausencia de pruebas, así como la inactividad del
Juez Octavo Civil Municipal, conllevan a tal grado de indeterminación (duda
razonable), que no es posible declarar la existencia de un contrato de
arrendamiento y, por tanto, el incumplimiento del mismo[242]. Ante esa situación, el Juez
Octavo Civil Municipal debió rechazar la demanda, a fin de que, una vez se
logre definir la situación entre María Elena Ramírez y Omar Malagón Salas, se
pudiese iniciar una segunda acción, en caso de que se desestime la existencia
de una unión marital de hecho.
179.
En conclusión el razonamiento del Juzgado Octavo Civil
Municipal de Neiva adolece de dos fallas. Por una parte, desconoce la
advertencia hecha por la Corte Constitucional, de garantizar la verdad material
sobre la procesal y no en sentido contrario, pues las realidades concretas
pueden reflejar una desigualdad estructural, en especial cuando se está ante
una mujer de escasos recursos; por otra parte, se desconoce el deber de
desplegar toda actividad investigativa en aras de garantizar los derechos en
disputa y la dignidad de las mujeres, así como el deber de flexibilizar la
carga probatoria en casos de violencia o discriminación, privilegiando los
indicios sobre las pruebas directas, cuando estas últimas resulten
insuficientes.
F. Síntesis y decisiones a adoptar
180.
Omar Malagón Salas demandó a María Elena Ramírez, para
que se le restituyese el bien inmueble,
ubicado en la carrera 8A No. 22-20 del barrio José Eustacio Rivera del
municipio de Neiva. Una vez admitida la demanda por el Juzgado Octavo Civil
Municipal, María Elena Ramírez se opuso a la pretensión de restitución del
inmueble, bajo el argumento de no existir una relación contractual, sino una
unión marital de hecho con el demandante.
181.
El Juzgado Octavo Civil Municipal de Neiva convocó a la
audiencia prevista en el artículo 372 del Código General del Proceso. A ella no
acudió María Elena Ramírez y, por tanto, el juez declaró la terminación del
contrato verbal de arrendamiento y ordenó la restitución del inmueble
arrendado, así como el desalojo de la demandada.
182.
María Elena Ramírez consideró que la decisión del
Juzgado Octavo Civil Municipal vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa y a la igualdad, pues Omar Malagón Salas le dijo a ella
que no asistiese a la audiencia e indujo a error al juez ordinario, por una
parte, y éste, a su vez, hizo una valoración probatoria incompleta, por otra
parte. Por lo anterior, María Elena Ramírez promovió acción de tutela por
configurarse un error inducido y un defecto fáctico en la sentencia.
183.
El Juez Octavo Civil Municipal de Neiva manifestó que
no vulneró los derechos fundamentales de las partes en la audiencia celebrada,
pues aplicó rigurosamente los preceptos procesales, así como los efectos que
éstos preveen. Igualmente indicó que, una vez conoció la orden del juez de
tutela de primera instancia -celebrar nuevamente la audiencia prevista en el
artículo 372 el Código General del Proceso, aplicar el enfoque diferencial con
perspectiva de género y desplegar la actividad investigativa-, convocó a una
segunda audiencia para el 06.07.2018. A ésta no acudió Omar Malagón Salas y,
por tanto, el juez accionado declaró que las pretensiones de éste no prosperaron.
184.
La Sala Novena de Revisión considera que la acción de
tutela cumple con los requisitos genéricos establecidos para los casos en los
cuales se cuestiona una providencia judicial. Asimismo, la Sala considera que
el Juzgado Octavo Civil Municipal de Neiva incurrió en desconocimiento de
precedente constitucional y en defecto fáctico. Ello porque el juez no tuvo en
cuenta que la jurisprudencia constitucional ha reconocido el derecho
fundamental a una vida libre de violencia, cuya dimensión positiva obliga a
todos los jueces a desplegar toda la actividad investigativa que permita
esclarecer si se está ante un caso de violencia de género, así como de evitar
estereotipos. Igualmente, la Sala considera que se incurrió en defecto fáctico,
pues el juez accionado hizo una valoración probatoria parcial y no decretó
oficiosamente pruebas que permitiesen esclarecer la situación real de Omar
Malagón Salas y María Elena Ramírez.
185.
El decreto oficioso de pruebas tiene fundamento en los
artículos 4 y 14 del Código General del Proceso, desde una perspectiva general,
y en los artículos 372 parágrafo único y 392 inciso 1 del Código General del
Proceso, desde una perspectiva concreta. La Sala fijo también unos criterios
para decretar oficiosamente pruebas en casos donde haya sospecha de una posible
violencia contra la mujer. Estos criterios son: a) el análisis probatorio
sistemático; b) la duda razonable y; c) el respeto de las competencia.
186.
Por lo anterior, la Sala Novena de Revisión confirmará
las sentencias proferidas por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva y
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, que ampararon el derecho
fundamental a la igualdad en su faceta de una vida libre de violencia.
187.
La Sala considera, además, que en el presente caso se
encuentra activa una investigación penal iniciada por María Elena Ramírez en
contra de Omar Malagón Salas y que existe una medida de protección a favor de
ella. Por tanto, se instará a la Fiscalía Cuarta Seccional de Neiva, para que
avance en la investigación pertinente y se defina la situación jurídica de Omar
Malagón Salas sin mayor demora. Asimismo, de acuerdo a la declaración dada por
María Elena Ramírez y a la verificación del Sistema de Consulta de Procesos de
la Rama Judicial, existe un proceso de declaración de unión marital de hecho
iniciado por María Elena Ramírez en contra de Omar Malagón Salas. Por ello se solicitará
a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación para que,
en el marco de sus competencias, realice acompañamiento al proceso.
188.
Finalmente instará a la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla, para que incluya en el Programa de Formación para la Incorporación de
la Perspectiva de Género, así como en el Plan de Formación, módulos –y
herramientas– de capacitación sobre enfoque diferencial de género en casos de
violencia de género desde su dimensión económica, destinada a jueces civiles y
a quienes se considere pertinente.
IV.    DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- CONFIRMAR la
sentencia adoptada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Neiva, Sala Civil, Familia y Laboral, el 18.06.2018, que confirmó la providencia proferida por Juzgado Segundo Civil
del Circuito de Neiva, el 24.05.2015, que tuteló los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad
en su faceta de una vida libre de violencia de María Elena Ramírez.
SEGUNDO.- ORDENAR
a la Defensoría del
Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación que, en el marco de sus
competencias, realice acompañamiento al proceso de declaración de unión marital
de hecho iniciado por María Elena Ramírez contra Omar Malagón Salas (radicado
41001311000120170055501), tramitado ante el Juzgado Primero de Familia de Neiva.
TERCERO.- INSTAR a la Fiscalía Cuarta (4) Seccional de Neiva que avance en la investigación con
número radicado 410016000584201801052, para que se protejan los derechos y se
defina la situación jurídica de Omar Malagón Salas.
CUARTO.- INSTAR la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, para que
incluya en el Programa de Formación para la Incorporación de la Perspectiva de
Género, así como en el Plan de Formación, módulos –y  herramientas– de
capacitación sobre enfoque diferencial en casos de violencia de género desde su
dimensión económica, destinada a jueces civiles y a quienes se considere
pertinente.
QUINTO.- Por
Secretaría General de esta Corporación, LÍBRENSE las comunicaciones a que alude el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
Con salvamento de voto
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
CARLOS BERNAL PULIDO
A LA SENTENCIA T-093/19
ADMINISTRACION
DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GENERO-No concurren razones
que permitan inferir una desigualdad efectiva, y la accionante no ofreció
elementos para que el juez pudiera evidenciar su existencia (salvamento de
voto)
ADMINISTRACION
DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GENERO-Se considera
que en el caso concreto existe un inadecuado entendimiento de la perspectiva de
género (salvamento de voto)
PROTECCION
DE LA MUJER FRENTE A TODO TIPO DE VIOLENCIA-Resulta
desproporcionado exigirle a un juez que practique pruebas de oficio cuando ello
resulta materialmente imposible (salvamento de voto)
ADMINISTRACION
DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GENERO-Los elementos
adicionales que permitirían inferir que se podría estar frente a un contexto de
desigualdad de género solo aparecieron en el marco de la acción de tutela
(salvamento de voto)
ENFOQUE
DE GENERO-No resulta cierta la censura efectuada al juez al desconocer la
línea jurisprudencial de género porque impulso cargas adicionales a la
accionante (salvamento de voto)
ADMINISTRACION
DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GENERO-No se
comparte que el juez hubiera aplicado la presunción por inasistencia en forma
irreflexiva, o que haya efectuado una valoración irrazonable de las pruebas
(salvamento de voto)
ADMINISTRACION
DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GENERO-No se debieron
impartir órdenes a entidades que no hicieron parte del trámite (salvamento de
voto)
Referencia:
Expediente T-6.935.616
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte
Constitucional, suscribo este salvamento de voto en relación con la decisión
adoptada por la Sala Novena de Revisión en el asunto de la referencia, con
fundamento en las siguientes consideraciones:
1.
En la señalada sentencia la Sala
Novena de Decisión de la Corte Constitucional decidió que el Juez Octavo Civil
Municipal de Neiva violó los derechos fundamentales de la Señora María Elena
Ramírez por dos motivos: (I) porque desconoció el precedente
jurisprudencial relativo al derecho fundamental a una vida libre de violencia,
en la medida que a) el juez no desplegó toda la actividad investigativa
necesaria que le hubiese permitido esclarecer si se encontraba ante un caso de
violencia de género, y omitió practicar las pruebas de oficio necesarias para
el caso b) porque no valoró la posible desigualdad entre los dos
litigantes, c) porque aplicó rigurosamente las leyes procesales y d)
porque obró con fundamento en estereotipos de género. De otra parte,  porque (II)
incurrió en un defecto fáctico, ya que a) dejó de valorar adecuadamente
las pruebas del caso, y porque b) no decretó oficiosamente las que le
permitieran esclarecer la situación real entre Omar Malagón Salas y María Elena
Ramírez. No obstante, considero que las razones expuestas para soportar el
primer grupo de argumentos resultan meramente abstractas, y las referidas al
segundo punto resultan incorrectas, como procederé a explicar.
2.
Si bien es cierto la perspectiva
de género es una aplicación jurisprudencial de la igualdad material entre
hombres y mujeres en aquellos casos en los que exista desbalanceo material
fundado en algún estereotipo o criterio sospechoso, tal forma de entender la
igualdad no puede tornarse en una suerte de desigualdad formal que
habilite a las mujeres a desatender los deberes procesales en forma general.
Por el contrario, la intervención desigual por razones de género que resulta
admisible debe contar, al menos, con dos elementos: por un lado, con algún
elemento que permita inferir que efectivamente existe una asimetría en el caso
concreto, pues es de donde se deriva la necesidad de una intervención
“desigual” del juez para conjurarla y, de otro lado, se requiere algún grado de
diligencia mínimo razonable por parte del tutelante. En este caso no se
presenta ninguno de los dos elementos, pues no existen razones que permitan
inferir una desigualdad efectiva, ni la accionante ofreció elementos mínimos
para que el juez pudiera evidenciar que aquella existía.
3.
Así mismo, considero que en el
asunto de la referencia existe un inadecuado entendimiento de la perspectiva de
género, en la medida en que en el proceso no existe ningún elemento que permita
concluir que la condición de mujer hubiese sido la que hubiere desbalanceado el
acceso al aparato de administración de justicia. En cambio, parece asimilarse
la perspectiva de género con la mera existencia de una relación de pareja. Si
bien, en el contexto de las relaciones de pareja pueden presentarse asimetrías
y, por ende, la necesidad de aplicar la perspectiva de género, no se puede
confundir lo primero con lo segundo, ya que ello sería tanto como estimar que
en todas las relaciones de pareja la mujer adolece de una minoría ontológica,
en lugar de un desbalanceo circunstancial o cultural, que es el llamado a
corregirse, cuando este se evidencia.
4.
En este caso, el Juez Octavo Civil
Municipal de Neiva solo contó con dos elementos que eventualmente le hubieren
permitido inferir que se estaba frente a un asunto de desigualdad con razón en
el género: (i) la denuncia por el presunto delito de calumnia que la
señora María Elena Ramírez interpuso contra el señor Omar Malagón Salas, en el
que censura que él le dijo “ladrona” (fls. 40 y 41, cuaderno del proceso
ordinario); y (ii) la contestación de la demanda, en la que ella señala
que era compañera permanente. Respecto de lo primero, debe señalarse que es
algo meramente indiciario y que en sí mismo no tiene suficiente fuerza de
convicción para encuadrar un determinado asunto como un tema de violencia de
género; y el segundo, que sí era relevante, fue atendido por el juez ordinario
conforme a las posibilidades que tuvo, tal como se señala más adelante.
5.
En la audiencia celebrada 19 de
octubre de 2017 se evidencia que el juez fue diligente y activo en la medida
que lo permitían las circunstancias del caso, para establecer si se encontraba
frente ante un caso de uso abuso de las acciones judiciales para menoscabar los
derechos de la señora María Elena Ramírez, indistintamente de que ella hubiere
faltado a esa diligencia. En concreto, el juez interrogó activamente a los
presentes, confrontándoles la versión de la señora María Elena Ramírez. Por
ejemplo, a minuto 21:43 de la audiencia el juez pidió al señor Omar que se
manifestara respecto de la existencia de la unión marital de hecho, y a minuto 45:03 preguntó al testigo Alfredo
Bernal cómo era la relación entre Omar Malangón Salas y María Elena Ramírez.
No obstante, la Sala omitió efectuar una valoración en concreto de dichos
esfuerzos probatorios del juez.
6.
En cambio de lo
anterior, la Sala censuró que Juez que no hubiera decretado pruebas de oficio
en el auto que convocó a la primera audiencia. Si bien es cierto que dicho
comportamiento podría calificarse como deseable, al menos en abstracto, para el
caso concreto resultaba ser una exigencia descontextualizada e imposible. Al
revisar la forma como la señora María Elena Ramírez contestó la demanda se
encuentra que lo hizo en una forma sumamente precaria, al punto que no ofreció ningún elemento que permitiera al juez
acercarse oficiosamente a las circunstancias fácticas del caso. Es decir, como
dicho documento carecía de toda insinuación relativa a nombres, la existencia
de documentos, o a cualquier otro elemento análogo, con los que el juez hubiese
podido, al menos, precisar la forma de practicar una prueba de oficio, no
parece posible cargarle al juez una presunta falta de diligencia derivada de la
carencia de tales datos. Es cierto que los jueces tienen la posibilidad de
decretar pruebas de oficio en el auto que convoca a la audiencia única. No
obstante, un reproche sobre la falta de pruebas de oficio debe sopesar la
posibilidad efectiva de hacerlo, ya que resulta desproporcionado exigirle a un
juez que practique pruebas de oficio cuando esta práctica resulta materialmente
imposible.
7.
Conforme a la manera en que se
contestó la demanda, el único recurso que tenía el juez para haber decretado
pruebas de oficio consistía en ordenar la corrección o complementación
de la contestación de la demanda, situación que implicaba una intervención muy
fuerte en el proceso, que no está prevista en el diseño legislativo, y que
incluso pudo ser violatoria de un derecho de las partes como es el de guardar
silencio. En otras palabras, en este caso la Sala censura al juez que no
hubiere decretado pruebas de oficio, cuando esto no era materialmente posible,
imponiéndole tácitamente un presunto deber de ordenar la complementación de la
demanda, pero sin una justificación directa o expresa sobre dicha intervención
procesal tan fuerte.
8.
En cambio, la Sala no
valoró elementos que dan cuenta de que el Juez del caso buscó los medios para
impedir que el derecho procesal avasallara derechos sustanciales. En primer
lugar, debe resaltarse que el Juez inaplicó tácitamente la regla prevista en el
numeral 4 del artículo 384 del C.G.P. según la cual el inquilino incumplido en
el pago del canon no será oído en el proceso. Como en este caso era evidente
que se encontraba en discusión la existencia del contrato de arrendamiento, el
funcionario optó por atender plenamente la contestación de la demanda y
confrontarla en la audiencia, como lo ha señalado la línea jurisprudencial de
esta Corporación, y pese a la inasistencia de la demandada. En el mismo
sentido, el juez se abstuvo de aplicar la presunción por inasistencia respecto
de temas que claramente resultaron desvirtuados en el curso del proceso. Debe
resaltarse que en la sentencia del proceso ordinario solo se ordenó el
lanzamiento de la demandada, y no se mandó el pago de lo que el accionante
reclamaba como deuda de cánones atrasados, pese a que dicho montó era
confesable. Ello quiere decir que, pese a la presunción aplicada, el juez solo
falló respecto de aquellos puntos en los que la presunción complementaba la
labor probatoria (la existencia de un contrato de arrendamiento y su
incumplimiento) pero no respecto de aquellos frente a los que no hubo ningún
elemento de convicción, como el monto del incumplimiento. Por tanto, no resulta
cierto el reproche, según el cual se trató de un fallo que aplicó rigurosamente
la ley, sin atender a las circunstancias concretas y a la búsqueda de la
justicia, y que tampoco resulta acertado que se hubiese estado frente a un juez
con una postura procesal o probatoria inactiva. Más bien, lo que se evidencia
es que en el caso se optó por la postura más activa que las circunstancias
permitían de acuerdo a la forma como obró procesalmente la señora María Elena
Ramírez, es decir, tomando en cuenta su inasistencia a la audiencia y la forma
en que contestó demanda.
9.
De otro lado, los
elementos adicionales que permitirían inferir que se podría estar frente a un
contexto de desigualdad de género solo aparecieron en el marco de la acción de
tutela. En concreto, me refiero a dos elementos: (i) la solicitud de
medida de protección, fechada el 25 de enero de 2017 (fl. 10, cuaderno 1 de
tutela), en el que el objeto de la protección consistió en que “el
denunciado le hizo una advertencia de que le iría muy mal si no le desocupaba
su casa”; y (ii) la afirmación de la accionante, según la cual ella
había inasistido a la audiencia porque el accionante le había pedido que no
fuera. Dejando de lado que el Juez Octavo Municipal de Neiva no pudo conocer
dicho material, encuentro que tales razones no son suficientes para fundamentar
la acción de tutela, ni mucho menos para demostrar que la acción fue utilizada
para menoscabar sus derechos como compañera permanente.
10.
Si bien es cierto la
perspectiva de género permite flexibilizar las exigencias procesales, para
hacerlo resulta necesario efectuar una ponderación en la que se evidencie la
razonabilidad de dicha flexibilización. En este caso, la flexibilización que se
solicita consiste en inaplicar el deber de haber concurrido a la audiencia, y
la justificación para hacerlo sería el señalamiento, según el cual la señora
María Elena Ramírez había inasistido a la audiencia por petición del
accionante. En este caso no es posible dar credibilidad a la sola manifestación
efectuada porque en el expediente se evidencia que la accionante María Elena
Ramírez asumió posturas contradictorias en sus dichos, situación que no permite
dar la entidad suficiente a esa manifestación como para ser causa única y
suficiente que permita repetir un proceso, y excusarle el incumplimiento de los
deberes procesales ordinarios.
11.
Por ejemplo, mientras
que en la contestación de la demanda la accionante manifestó que ella había
llegado al inmueble como arrendataria y compañera permanente de una expareja,
ella misma se retractó de tales afirmaciones. Cuando se repitió la audiencia,
por cuenta del fallo de tutela de instancia, el Juez Octavo le preguntó a la
señora María Elena la forma como había llegado al inmueble, a lo que contestó
que había llegado sola. Cuando ello ocurrió, el Juez le hizo ver que eso se
contradecía con lo que había afirmado en la contestación de la demanda, a lo que
la Señora María Elena Ramírez adoptó una actitud evasiva; señaló que no era
cierto lo que se había dicho en la contestación de la demanda y que ella nunca
había pagado canon de arrendamiento alguno (minuto 37:29 y ss. Audiencia, C.D.
anexo a folio 78, cuaderno de proceso ordinario). Situaciones como esta derivan
en que el juez de tutela deba fundar el amparo en elementos adicionales a las
solas afirmaciones de las partes, más aún, cuando los efectos de la tutela son
de tal entidad como para dejar sin efectos una sentencia, ordenar la repetición
prácticamente completa de un proceso y excusar de las consecuencias procesales
de la inasistencia a una audiencia.
12.
En relación con otro de
los reproches efectuados al Juez Octavo, no estoy de acuerdo con que se diga
que él obró con fundamento en estereotipos de género. Para fundar tal
afirmación, la Sala adujo vario motivos: (i) que el juez restó valor a
la jurisprudencia, al señalar que estaba atado al imperio de la Ley; (ii) que
no tomó en cuenta las actas de no conciliación en las que se sugería iniciar un
proceso de restitución de inmueble arrendado y un proceso de declaración y
liquidación de unión marital de hecho; (iii) que se basó en un
estereotipo de género consistente en la separación de lo privado y de lo
público; y (iv) que el juez dio prelación a la situación de especial
protección constitucional del señor Omar, antes que a la de María Elena. A
continuación procederé a explicar por qué me aparto de dichas cuatro
consideraciones.
13.
La primera razón (restar
importancia a la jurisprudencia como fuente de derecho) resulta ser solo una
interpretación descontextualizada de una frase de la sentencia. En este caso,
cuando el juez señaló que obraba bajo el impero de la Ley, se refirió a que se
debía aplicar la presunción de confesión por inasistencia, y no a que
desatendería la jurisprudencia de género. Como ya se advirtió, en este caso el
juez obró con fundamento en los elementos que tenía a su alcance, y de ellos no
se podía evidenciar una situación de desigualdad de género que debiera ser
corregida. Si no era posible para el juez advertir un caso de género, tampoco
lo era que hubiera querido desatender la línea jurisprudencial al respecto.
14.
En segundo lugar, no
resulta correcto exigirle al juez que le de valor probatorio a las
recomendaciones efectuadas en el contexto de audiencias de conciliación. Más
aún, ello resulta prohibido análogamente por el artículo 76 de la Ley 23 de
1991. En dicha norma se establece que “las
fórmulas de acuerdo que se propongan o ventilen, no incidirán en el proceso
subsiguiente cuando éste tenga lugar”.
Ello tiene un sentido claro, y es evitar que las partes se sientan coartadas en
la conciliación. Si el juez constitucional confiere valor probatorio a las
recomendaciones de los conciliadores, desconocerá el sentido de la referida Ley
y generará un efecto no deseado para la conciliación, como es que las personas
se prevengan de intervenir libremente en tales audiencias, pues bastará una
manifestación propia, una fórmula de arreglo, o una sugerencia del conciliador
para tener eventuales consecuencias desfavorables en los procesos judiciales
ulteriores.
15.
En tercer lugar, no es
cierto que el juez haya efectuado una distinción entre lo público y lo privado,
siendo esto otra reflexión descontextualizada de algún aparte de la sentencia.
Cuando el juez se refirió a que debía valorar el contrato y no la existencia de
una unión marital de hecho, lo que hizo fue delimitar su competencia, es decir,
precisar que su labor se circunscribía al contrato de arrendamiento y no a la
unión marital de hecho. Más aún, resulta contradictorio que la Sala efectúe ese
reproche, cuando ella misma se preocupa por establecer criterios para que se
pueda aplicar la perspectiva de género, en casos como este, sin que ello
implique invadir la competencia de otros jueces, especialmente los de familia.
16.
En cuarto lugar, no es
verdad que el juez hubiere dado prelación a la protección constitucional de un
sujeto sobre otro, justamente porque la sentencia censurada decidió el caso
ordinario sin acudir a reflexiones directamente constitucionales. Si bien la
Sala infirió tal asunto de la contestación de la tutela por parte del Juez
Octavo, considero que dicha inferencia resulta meramente especulativa, pues no
se basa en ningún elemento o referencia que se encuentre en la sentencia. En
cambio, sí resulta incompatible con el reproche, previamente efectuado, de
fallar el caso desde la perspectiva meramente legal, ya que si el caso fue
fallado desde la perspectiva estrictamente legal, y sin acudir a
consideraciones constitucionales, no se entiende cómo se le reprocha el que
haya hecho una valoración o ponderación constitucional errada.
17.
De otra parte, se
censura que el juez hubiere desconocido la línea jurisprudencial de género
porque impuso cargas adicionales a la accionante. Ello no resulta cierto, pues
en el proceso se observa lo contrario, es decir, que el juez solo exigió cargas
admisibles, y que, incluso, relevó a la señora María Elena Ramírez de otras que
eran teóricamente posibles.
18.
Si bien es cierto la
accionante resulta ser una persona de escasos recursos y de poca formación
académica, ello no es suficiente para afirmar que la exigencia de asistir a una
audiencia resulte desproporcionada. Tan es así, que la señora María Elena
Ramírez efectivamente pudo hacerse asistir por apoderada de confianza, tanto
para la presentación de la tutela, como para la audiencia cuando esta se
ordenó, audiencia a la que efectivamente asistió. En cambio de ello, en este
caso se le inaplicaron la cargas propias del inquilino frente al pago del
canon, como ya se indicó en antecedencia.
19.
De otro lado, tampoco
comparto que en este evento el juez hubiera aplicado la presunción por
inasistencia en forma irreflexiva, o que haya efectuado una valoración irrazonable
de las pruebas. En la consideración 152 se precisa que el Juez distorsionó los
hechos del caso  por haber aplicado la presunción del artículo 372, en contra
de lo que resultó probado en la audiencia. No obstante, dicho abordaje resulta
inadecuado, porque lo que ocurrió fue que el juez aplicó la presunción en
aquellos asuntos en los que resultaba armónica con el esfuerzo probatorio
efectuado.
20.
Es un hecho que la
presunción del artículo 372 existe en el ordenamiento jurídico y, por tanto, su
inaplicación sólo resultaría procedente si se encontrara algún motivo que la
tornara en inconstitucional para el caso concreto. En este caso, no se advierte
ningún motivo para dicha consecuencia. Si bien es cierto la igualdad material
entre hombres y mujeres sería una disposición constitucional de la que se
podría desprenderse la necesidad de inaplicar, lo cierto es que en este evento
no existe ningún elemento que conlleve a dicha circunstancia, como ya se ha
explicado.
21.
En cambio de lo
anterior, al revisar los elementos con los que contaba el juez a la hora de
fallar, se encuentra que aplicó la presunción en aquellos eventos en la que
resultaba armónica con el esfuerzo probatorio y la inaplicó en los que no lo
era.
22.
Este caso resulta ser
sumamente complejo porque se trata de relaciones sumamente informales. Por
ejemplo, según se advierte en la audiencia, el testigo Bartolomé Gasca, que se
reconoce arrendatario del señor Omar Malagón Salas, señaló que la forma como
paga su contrato es ayudando con el pago de los recibos de los servicios
públicos (minuto 33:20 y ss, audiencia, cd. Anexo a folio 41, cuaderno del
proceso ordinario). Dicho contexto informal hace que la tenencia por parte de
la señora María Elena Ramírez no se configure en forma tradicional, pero no por
ello resulta irracional encuadrarla en tal figura legal. En cambio de ello,
deber resaltarse que el juez no dio valor probatorio a la confesión para dar
por probados aspectos respecto de los que no se dio ninguna certeza como el
monto de los cánones adeudados. Ello demuestra que el papel que el juez le dio
a la presunción  fue la de absolver las dudas probatorias, y no derrotar los
hechos probados, lo que resulta plenamente razonable.
23.
Inclusive, al revisar
la segunda audiencia, en la que solo intervino la señora María Lena Ramírez se
encuentra que este es un proceso en el que las dudas probatorias continúan. En
concreto, de dicha audiencia aparece la duda respecto de la existencia o no de
una unión marital de hecho, pues se encuentran elementos que parecen indicar
que se desarrolló una relación personal afectiva entre los dos litigantes, pero
aparentemente esta no implicaba la convivencia, pues se efectuaron varias
afirmaciones, por parte de la señora María Elena Ramírez (ver minuto 23:45 y
27:50, audiencia Cd. Anexo a folio 78, cuaderno de proceso ordinario) y del
testigo Hernán Londoño Polaina (ver minuto 56:20 de la misma audiencia) de las
que se infiere que la habitación de la señora María Elena Ramírez era privada y
no compartida con el señor Omar Malagón Salas. Por todo lo anterior, resulta
desproporcionado que la Sala califique los razonamientos del juez como
contentivos de una vía de hecho cuando, por el contrario, resultan un resultado
razonable de conformidad con los elementos del expediente, y más aún cuando ni
dicho juez, ni la Corte Constitucional tienen la función de definir si existió
o no una unión marital de hecho.
24.
Finalmente, no
comparto que se hubiesen dado órdenes a la Personería, a la Procuraduría, a la
Fiscalía ni a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, pues ellos no hicieron
parte del trámite. A lo sumo, hubiese sido posible efectuar un exhorto, el cual
debió estar acompañado, en la parte motiva, de la correspondiente evaluación
competencial del cual se deriva que lo solicitado resulta del cumplimiento de
alguna función expresamente asignada a tales entidades, aspecto faltante en la
decisión. No obstante, en lo relativo a la orden impartida a la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla debo agregar que me parece indebida, en la medida
que de la respuesta dada por esa entidad se evidencia que ya está realizando lo
que allí se le insta, porque esta no se soporta en un estudio de los contenidos
de los respectivos cursos.
Fecha
ut supra,
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
[1] Integrada por la Magistrada Cristina Pardo Schlesinger y el Magistrado Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
[2] Cuaderno 3, f. 3-11.
[3]
Cuaderno 1, f. 38.
[4]
Cuaderno 1, f. 38.
[5]
Cuaderno 1, f. 12.
[6]
Cuaderno 1, f. 12.
[7]
Cuaderno 1, f. 100.
[8]
Cuaderno 1, f. 99.
[9]
Cuaderno 1, f. 11.
[10]
Cuaderno 1, f. 14.
[11]
Cuaderno 1, f. 43.
[12]
Cuaderno 1, f. 20.
[13]
Cuaderno 1, f. 25ss.
[14]
Cuaderno 1, f. 26.
[15]
Cuaderno 1, f. 75.
[16]
Cuaderno 1, f. 77ss.
[17]
Cuaderno 1, f. 78.
[18]
Cuaderno 1, ff. 78ss.
[19]
Cuaderno 1, f. 79.
[20]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 21.02.2018
(núm. STC 2287-2018), Magistrada Ponente Margarita Cabello Blanco, citada en
Cuaderno 1, ff. 80ss.
[21]
Cuaderno 1, f. 81.
[22]
Cuaderno 1, ff. 81s.
[23]
Cuaderno 1, f. 82.
[24]
Cuaderno 2, f. 9ss.
[25]
Cuaderno 2, f. 11.
[26]
Cuaderno 2, ff. 11s.
[27]
Cuaderno 2, f. 13.
[28]
Cuaderno 2, f. 13.
[29]
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe de fondo No. 4/01, María
Eugenia Morales de Sierra (Guatemala), 19.01.2001. Citado por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva. Cuaderno 2, f. 15.
[30]
Cuaderno 2, f. 12.
[31]
Cuaderno 2, f. 18.
[32]
Cuaderno 2, f. 18.
[33]
Cuaderno 1, f. 41.
[34]
Cuaderno 1, f. 40.
[35]
Cuaderno 1, f. 47.
[36]
Cuaderno 1, f. 10.
[37]
Cuaderno 1, f. 37.
[38]
Cuaderno 1, f. 99.
[39]
Cuaderno 1, f. 100.
[40]
Cuaderno 1, f. 39.
[41]
Cuaderno 1, f. 47.
[42]
Cuaderno 1, f. 62.
[43]
Cuaderno 1, f. 29.
[44]
Cuaderno 1, f. 11.
[45]
Cuaderno 1, f. 31.
[46]
Cuaderno 1, f. 75.
[47]
Cuaderno 1, f. 43.
[48]
Cuaderno 3, ff. 21ss..
[49] Auto del 16.11.2018: “SEGUNDO.- Por la Secretaría General de esta
Corporación, OFICIAR a la Fiscalía III de Sala GATED de Neiva, para que,
en el término de tres (3) días siguientes al recibo de la notificación del
presente auto, informe sobre las gestiones realizadas en virtud de la noticia
criminal 410016000586201700261 y, en caso de existir otra denuncia de María
Elena Ramírez acción en contra del señor Omar Malagón Salas, informar sobre
ella y allegar el respectivo expediente”.
[50]
Cuaderno 3, f. 25.
[51]
Auto del 16.11.2018: “PRIMERO.- Por la Secretaría General de esta Corporación, OFICIAR al Juzgado
Octavo Civil Municipal de Neiva para que, en el término de tres (3) días
siguientes al recibo de la notificación del presente auto, allegue el
expediente radicado 2017.229 del proceso de restitución de inmueble arrendado
(Rad. 2017.229), con las actuaciones realizadas desde la suspensión de la
diligencia de restitución de inmueble arrendado hasta la fecha”.
[52]
Auto del 16.11.2018: “TERCERO.- Por Secretaría General de la Corte Constitucional, OFÍCIESE a María Elena
Ramírez, para qué, en el término de tres (3) días siguientes al recibo de la
notificación del presente auto, responda mediante escrito las preguntas
planteadas en la consideración 30 del presente auto”.
[53] Auto del 16.11.2018: “CUARTO.- Por Secretaría General de la Corte Constitucional, OFÍCIESE a Omar Malagón Salas para qué, en el término de tres (3) días
siguientes al recibo de la notificación del presente auto, responda mediante
escrito las preguntas planteadas en la consideración 30 del presente auto”.
[54]
Auto del 16.11.2018: “QUINTO.- Por Secretaría General de la Corte Constitucional, INVITAR
a la Comisión nacional de Género de la Rama Judicial y a la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla para que, en el término de cinco (5) días
siguientes a la notificación del presente auto, respondan por escrito las
preguntas propuestas en las consideraciones 31 y 32 del presente auto y, en
caso de considerarlo oportuno, expongan desde su experticia en otros aspectos
que sean relevantes para el caso”.
[55]
Auto del 16.11.2018: “SEXTO.- Por Secretaría
General de la Corte Constitucional, INVITAR a la Defensoría del Pueblo,
al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), a Colombia
Diversa, a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, al Observatorio
de Género y Justicia de Women´s Link World Wide, al Instituto de estudios
constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita de la Universidad Externado de
Colombia, al Observatorio de Intervención ciudadana constitucional (OIcc) de la
Universidad Libre, a ONU mujeres Colombia, a la Corporación Casa de la Mujer y
a la Corporación SISMA MUJER, para que, si lo consideran oportuno, en el
término de cinco (5) días siguientes a la notificación del presente auto, y desde su experticia institucional y académica, participen en calidad de intervinientes y de esta forma
contribuyan a enriquecer el debate y el contenido de la decisión a adoptar, a
cuyo efecto se les enviará copia del expediente de tutela. En especial, se
solicita a las organizaciones invitadas abordar las posibles formas de
violencia doméstica económica o patrimonial registradas o estudiadas hasta el
momento, así como los deberes judiciales que han de tenerse en cuenta en este
tipo de casos”.
[56]
Cuaderno 3, f.66.
[57]
Cuaderno 3, f. 66.
[58]
Cuaderno 3, f. 66.
[59]
Cuaderno 3, f. 97.
[60]
Cuaderno 3, f. 97.
[61]
Cuaderno 3, f. 97.
[62]
Cuaderno 3, ff. 97s.
[63]
Cuaderno 3, f. 98.
[64]
Cuaderno 3, f. 98.
[65]
Cuaderno 3, f. 98.
[66]
Cuaderno 3, f. 98.
[67]
Cuaderno 3, f. 99.
[68]
Cuaderno 3, f. 99.
[69]
Cuaderno 3, f. 99.
[70]
Cuaderno 3, f. 99.
[71]
Cuaderno 3, ff. 99ss.
[72]
Cuaderno 3, f. 101.
[73]
Cuaderno 3, f. 101.
[74]
Cuaderno 3, f. 104.
[75]
Cuaderno 3, f. 104.
[76]
Cuaderno 3, ff. 104ss.
[77]
Cuaderno 3, f. 106.
[78]
Cuaderno 3, f. 110.
[79]
Cuaderno 3, ff. 110ss.
[80]
Cuaderno 3, f. 112.
[81]
Cuaderno 3, ff. 112ss.
[82]
Cuaderno 3, f. 112.
[83]
Cuaderno 3, f. 62.
[84]
Cuaderno 3, f. 62.
[85]
Cuaderno 3, f. 62.
[86]
Cuaderno 3, f. 73.
[87]
Cuaderno 3, f. 67.
[88]
Cuaderno 3, f. 68.
[89]
Cuaderno 3, f. 68.
[90]
Cuaderno 3, f. 68.
[91]
Cuaderno 3, f. 73.
[92]
Cuaderno 3, f. 73.
[93]
Cuaderno 3, f. 73.
[94]
Cuaderno 3, f. 85.
[95]
Cuaderno 3, f. 88.
[96]
Cuaderno 3, f. 90.
[97]
Cuaderno 3, f. 89.
[98]
Cuaderno 3, f. 90.
[99]
Cuaderno 3, f. 90.
[100]
C. Const., sentencia T- 388 de 2017, citada por la interviniente. Cuaderno 3,
f.90.
[101]
C. Const., sentencia T- 388 de 2017, citada por la interviniente. Cuaderno 3,
f. 90.
[102]
Cuaderno 3, f. 91.
[103]
Cuaderno 3, f. 91.
[104]
Cuaderno 3, f. 92.
[105]
Cuaderno 1, f. 93.
[106]
Cuaderno 1, f. 93.
[107]
Cuaderno 1, f. 94.
[108]
C. Const., sentencia de constitucionalidad C- 1195 de 2001, citada por la
interviniente. Cuaderno 3, f. 94.
[109]
Cuaderno 3, f. 95.
[110]
Cuaderno 3, f. 76.
[111]
Cuaderno 3, ff. 76s.
[112]
Cuaderno 3, f. 78.
[113]
C. Const., sentencias de tutela T- 088 de 1999; T- 658 de 2002; T- 047 de 2005;
T- 697 de 2006.
[114]
C. Const., sentencia de tutela T- 975 de 2005.
[115]
C. Const., sentencia de tutela T- 088 de 1999.
[116]
C. Const., sentencia de tutela T- 001 de 1997, reiterado por la sentencia T-
658 de 2002.
[117]
Cfr. C. Const., sentencia de tutela T-658 de 2002.
[118]
C. Const., sentencias de tutela T- 530 de 1993, reiterada por la sentencia
T-821 de 1999; T- 414 de 2000.
[119]
C. Const., sentencia de constitucionalidad C- 543 de 1992; T- 012 de 2016.
[120]
C. Const., sentencia de constitucionalidad C- 590 de 2005; sentencias de tutela
T- 1112 de 2008; T- 012 de 2016; T- 241 de 2016; T- 184 de 2017.
[121]
C. Const., sentencia de constitucionalidad C- 543 de 1992; T- 1306 de 2001; C-
590 de 2005; T- 1112 de 2008; T- 184 de 2017.
[122]
C. Const., sentencia de constitucionalidad C- 543 de 1992; C- 590 de 2005.
[123]
C. Const., sentencia de constitucionalidad C- 590 de 2005.
[124]
C. Const., sentencia de tutela T- 241 de 2016; cfr. T- 184 de 2017.
[125]
C. Const., sentencia de tutela T- 012 de 2016.
[126]
C. Const., sentencia de constitucionalidad C- 590 de 2005.
[127]
C. Const., sentencia T- 1112 de 2008.
[128]
C. Const., sentencia de constitucionalidad C- 590 de 2005, reiterada por T-
1112 de 2008, T- 012 de 2016, T- 241 de 2016 y T- 184 de 2017.
[129]
C. Const., sentencia de constitucionalidad C- 590 de 2005, reiterada por T-
1112 de 2008, T-012 de 2016, T- 241 de 2016 y T- 184 de 2017.
[130]
C. Const., sentencia de constitucionalidad C- 590 de 2005, reiterada por T-
1112 de 2008, T-012 de 2016, T- 241 de 2016 y T- 184 de 2017.
[131]
C. Const., sentencia de constitucionalidad C- 590 de 2005, reiterada por T-
1112 de 2008, T-012 de 2016, T- 241 de 2016 y T- 184 de 2017.
[132]
C. Const., sentencia de constitucionalidad C- 590 de 2005, reiterada por T-
1112 de 2008, T-012 de 2016, T- 241 de 2016 y T- 184 de 2017.
[133]
C. Const., sentencia de constitucionalidad C- 590 de 2005, reiterada por T-
1112 de 2008, T-012 de 2016, T- 241 de 2016 y T- 184 de 2017.
[134]
C. Const., sentencia de constitucionalidad C- 590 de 2005, reiterada por T-
1112 de 2008, T-012 de 2016, T- 241 de 2016 y T- 184 de 2017.
[135]
C. Const., sentencia de constitucionalidad C- 590 de 2005, reiterada por T-
1112 de 2008, T-012 de 2016, T- 241 de 2016 y T- 184 de 2017.
[136]
C. Const., sentencia de constitucionalidad C- 590 de 2005, reiterada por T-
1112 de 2008, T-012 de 2016, T- 241 de 2016 y T- 184 de 2017.
[137]
C. Const., sentencia de constitucionalidad C- 590 de 2005, reiterada por T- 1112
de 2008, T-012 de 2016, T- 241 de 2016 y T- 184 de 2017.
[138]
C. Const., sentencia de tutela T- 012 de 2016.
[139]
C. Const., sentencia de tutela T- 1112 de 2008.
[140]
C. Const., sentencia de tutela T- 1112 de 2008.
[141]
C. Const., sentencia de constitucionalidad C- 590 de 2005.
[142]
C. Const., sentencia de tutela T- 012 de 2016; T- 027 de 2017.
[143]
C. Const., sentencia de tutela T- 261 de 2013.
[144]
C. Const., sentencia de tutela T- 012 de 2016.
[145]
C. Const., sentencia de tutela T- 145 de 2017.
[146]
C. Const., sentencia de tutela T- 012 de 2016.
[147]
C. Const., sentencia de tutela T- 012 de 2016.
[148]
C. Const., sentencia de unificación SU- 917 de 2013; sentencias de tutela T-
145 de 2014; T- 012 de 2016; T- 031 de 2016.
[149]
C. Const., sentencia de unificación SU-014 de 2001, reiterada por la sentencia
T- 031 de 2016.
[150]
C. Const., sentencia de tutela T- 705 de 2002, reiterada por la sentencia T-
012 de 2016.
[151]
C. Const., sentencia de unificación SU- 053 de 2015.
[152]
C. Const., sentencia de tutela T- 292 de 2006, reiterada por la sentencia de
unificación SU- 053 de 2015.
[153]
C. Const., sentencia de constitucionalidad C- 539 de 2011, reiterada por la
sentencia T- 208A de 2018.
[154]
C. Const., sentencia de tutela T- 012 de 2016.
[155]
C. Const., sentencia de tutela T- 208A de 2018.
[156]
C. Const., sentencia SU- 567 de 2015; sentencia de tutela T- 208A de 2018.
[157]
C. Const., sentencia de constitucionalidad C- 836 de 2001.
[158]
C. Const., sentencias de tutela T- 012 de 20016; T- 395 de 2016.
[159]
C. Const., sentencia de tutela T- 369 de 2015, reiterada por las sentencias T-
012 de 2016 y T- 395 de 2016.
[160]
C. Const., sentencia de tutela T- 1143 de 2003, reiterada por la sentencia
T-395 de 2016.
[161]
Cuaderno 1, f. 8.
[162]
Cfr. C. Const., sentencia de tutela T- 012 de 2016.
[163]
Cuaderno 2, f. 11.
[164]
Expediente 2017-0029, cuaderno único, f. 53.
[165]
C. Const., sentencias de constitucionalidad C- 408 de 1996; C- 297 de 2016;
sentencias de tutela T- 434 de 2014; T- 684 de 2014; T- 878 de 2014; T- 012 de
2016; T- 531 de 2017; T- 239 de 2018.
[166]
C. Const., sentencia de tutela T- 878 de 2014.
[167]
Comité general para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer,
Recomendación 19, 1992.
[168]
Comité general para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer,
Recomendación 19, observación 6, 1992.
[169]
C. Const., sentencia de tutela T-878 de 2014.
[170]
C. Const., sentencia de tutela T- 878 de 2014.
[171]
C. Const., sentencia de tutela T- 878 de 2014.
[172]
C. Const., sentencia de tutela T- 878 de 2014.
[173]
C. Const., sentencia de tutela T- 012 de 2016.
[174]
C. Const., sentencia de tutela T- 967 de 2014.
[175]
C. Const., sentencia de tutela T- 967 de 2014, reiterada por la sentencia T-
012 de 2016.
[176]
C. Const., sentencia de tutela T- 967 de 2014, reiterada por la sentencia T-
012 de 2016.
[177]
C. Const., sentencia de tutela T- 967 de 2014.
[178]
Organización Mundial de la Salud, Comprender y Abordar la Violencia contra las
mujeres, recuperado el 03.12.2018, de http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/98821/WHO_RHR_12.37_spa.pdf?sequence=1.
[179]
C. Const., sentencia de tutela T- 697 de 2014.
[180]
C. Const., sentencia de tutela T- 967 de 2014.
[181]
C. Const., sentencia de tutela T- 967 de 2014.
[182]
C. Const., sentencia de tutela T- 012 de 2016.
[183]
C. Const., sentencia de tutela T- 012 de 2016.
[184]
C. Const., sentencia de tutela T- 012 de 2016.
[185]
C. Const., sentencia de tutela T- 012 de 2016.
[186]
C. Const., sentencia de tutela T- 012 de 2016.
[187]
C. Const., sentencia de tutela T- 012 de 2016.
[188]
Comité general para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer,
Recomendación 19, observación 113, 1992, retomada por la sentencia de tutela T-
967 de 2014.
[189]
Comité general para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer,
Recomendación 19, observación 113, 1992, retomada por la sentencia de tutela T-
967 de 2014.
[190]
Comité general para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer,
Recomendación 19, observación 113, 1992, retomada por la sentencia de tutela T-
967 de 2014.
[191]
C. Const., sentencia de tutela T-. 239 de 2018.
[192]
Véase C. Const., sentencia de tutela T- 531 de 2017.
[193]
Véase C. Const., sentencia de tutela T- 531 de 2017.
[194]
C. Const., sentencia de tutela T- 012 de 2016.
[195]
Cuaderno 3, f. 73.
[196]
Cuaderno 3, f. 74.
[197]
Cuaderno 3, f. 69.
[198]
Cuaderno 3, f. 67.
[199]
C. Const., sentencia de tutela T- 012 de 2016.
[200]
C. Const., sentencia de tutela T- 967 de 2014.
[201]
C. Const., sentencia de tutela T- 967 de 2014.
[202]
C. Const., sentencia de tutela T- 967 de 2014.
[203]
C. Const., sentencia de tutela T- 967 de 2014.
[204]
C. Const., sentencia de tutela T- 967 de 2014.
[205]
C. Const., sentencia de tutela T- 967 de 2014.
[206]
C. Const., sentencia de tutela T- 967 de 2014.
[207]
Relatoría sobre los Derechos Humanos
de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, El acceso a la justicia para
las mujeres víctimas de violencia en las Américas, 2007, recuperado el
04.12.2018, de http://www.cidh.org/pdf%20files/Informe%20Acceso%20a%20la%20Justicia%20Espanol%20020507.pdf.
Citado por la C. Const., sentencia de tutela T- 967 de 2014.
[208]
C. Const., sentencia de tutela T- 967 de 2014.
[209]
C. Const., sentencia de tutela T- 012 de 2016.
[210]
C. Const., sentencia de tutela T- 878 de 2014, reiterada por la sentencia T-
012 de 2016.
[211]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del
21.02.2018 (STC 2287), M. P. Margarita Cabello Blanco.
[212]
Consideración 149.
[213]
C. Const., sentencia de tutela T- 878 de 2014.
[214]
Expediente 2017-0029, audiencia 19.10.2017, mins. 61.46-62.20.
[215]
Expediente 2017-0029, audiencia 19.10.2017, mins. 62.47-63.57.
[216]
Expediente 2017-00229, cuaderno único, ff. 40s.
[217]
Expediente 2017-0029, audiencia 19.10.2017, mins. 65.25-66.25.
[218]
Véase consideración 42.
[219]
Véase consideraciones 33, 39 y 40.
[220]
Estas normas son aplicables pues, si bien la restitución de inmueble arrendado
es un proceso que se rige bajo las reglas del procedimiento verbal (artículos
372 y 384 del Código General del Proceso), la pretensión de Omar Malagón Salas
equivalía al reconocimiento de un canon de arrendamiento de cien mil pesos
mensuales ($ 100.000) desde el 2014 hasta la fecha, lo cual constituye un
desplazamiento hacia el procedimiento verbal sumario, conforme al artículo 390
inciso 1 del Código General del Proceso (Expediente 2017-0029, Cuaderno único,
ff. 3 y 12).
[221]
Cuaderno 3, f. 94.
[222]
Expediente 2017-0029, audiencia 19.10.2017, mins. 55.20-55.27.
[223]
Expediente 2017-0029, audiencia 19.10.2017, mins. 55.29-66.25.
[224]
Expediente 2017-0029, audiencia 19.10.2017, min. 55.37.
[225]
Expediente 2017-0029, audiencia 19.10.2017, mins. 43.27-43.30.
[226]
Expediente 2017-0029, cuaderno único, f. 15.
[227]
Expediente 2017-0029, audiencia 19.10.2017, mins. 45.17-45.30.
[228]
Expediente 2017-0029, cuaderno único, f. 6.
[229]
Expediente 2017-0029, cuaderno único, ff. 7s.
[230]
Expediente 2017-0029, cuaderno único, ff. 11s.
[231]
Consideración 139.
[232]
C. Const., sentencia de constitucionalidad C- 054 de 2016.
[233]
C. Const., sentencia de constitucionalidad C- 054 de 2016.
[234]
C. Const., sentencia de constitucionalidad C- 054 de 2016.
[235]
C. Const., sentencia de constitucionalidad C- 054 de 2016.
[236]
C. Const., sentencia de constitucionalidad C- 054 de 2016.
[237]
Cfr. C. Const., sentencia de constitucionalidad C- 415 de 2012, reiterada en la
sentencia de constitucionalidad C- 054 de 2016.
[238]
Consideración 161.
[239]
Consideración 162.
[240]
Consideración 164.
[241]
Cuaderno 1, f. 57.
[242]
Consideración 164.