T-381-01
Sentencia T-381/01
Sentencia T-381/01
DERECHO AL MINIMO
VITAL DEL PENSIONADO-Pago
oportuno de mesadas
CAJA DE PREVISION
SOCIAL DEPARTAMENTAL-Pago
de mesadas pensionales previa disponibilidad presupuestal o inicio de
diligencias para su consecución
-Reiteración de Jurisprudencia-
Referencia: expediente T-396771
Acción de tutela
instaurada por Miguel Quintero López contra la Caja de Previsión Social de
Boyacá.
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR
GIL.
Bogotá D. C., cuatro (4) de  abril del año
dos mil uno (2001).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en
particular las contenidas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la
Constitución y en el Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente,
SENTENCIA
en el proceso de revisión del fallo
proferido por el Juzgado Cuarto del Circuito de Tunja - Boyacá, al resolver
sobre la acción de tutela instaurada por Miguel Quintero López.
I. ANTECEDENTES.
1. El señor Miguel Quintero López
manifiesta que mediante Resolución No. 100 del 7 febrero de 2000 expedida por
la Caja de Previsión Social de Boyacá, Fondo Territorial de Pensiones de
Boyacá, se le reconoció y ordenó el pago de su pensión mensual vitalicia, a
partir del 15 de septiembre de 1999.
2. Sin embargo, expresa el actor que hasta
el momento la Caja no le ha cancelado ninguna mesada, lo que le ha generado
graves perjuicios económicos, al no poder sufragar las necesidades de sus tres
hijos de seis, tres y un año y medio de edad.
3. En consecuencia, solicita que la Caja
demandada le pague las mesadas correspondientes a la pensión de vejez conferida
desde el mes de septiembre de 1999 hasta la fecha y, además, que se advierta a
dicha entidad para que en adelante se pague la mesada puntualmente.
II.  DECISION JUDICIAL QUE SE REVISA
El 11 de septiembre de 2000 el Juzgado
Cuarto Civil del Circuito de Tunja, negó la tutela al considerar que "...la
Caja de Previsión Social de Boyacá no tiene una responsabilidad directa en el
pago de las mesadas pensionales de Miguel Quintero López, hasta tanto la
Contraloría Departamental no sufrague a órdenes del Fondo los dineros
necesarios. Sin embargo, por el hecho de haber reconocido el derecho a la
pensión de vejez, si está obligada a realizar todas las gestiones pertinentes
ante los organismos y entidades que legalmente deben consignar los aportes para
lograr que éstos cumplan con su obligación", lo que significa que "la
Caja de Previsión Social como administradora del fondo de pensiones no es
responsable de efectuar el pago a los pensionados; derivaría eventual
responsabilidad si teniendo los recursos en sus arcas no paga las pensiones a
los beneficiarios".
III.    CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.      Competencia
De conformidad con lo establecido en los
artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del
Decreto 2591 de 1.991, la Corte Constitucional es competente para revisar la
decisión judicial mencionada.
2. Reiteración de jurisprudencia. Las
mesadas pensionales son un recurso financiero que permite al ex trabajador
solventar las necesidades propias de la familia.
Esta Corporación a través de las sentencias
T-680 de 2000 y T-229 de 2001 concedió el amparo constitucional por haberse
demostrado que la falta de pago de las mesadas pensionales dejadas de cancelar
por parte de la Caja de Previsión Social de Boyacá, afectan los derechos
fundamentales de los pensionados que dependen económicamente de tal recurso, al
ponerse en riesgo la subsistencia de éstos.
Al respecto la Corte dijo:
"Sobre la
necesidad del pago completo de las mesadas pensionales, y el perjuicio que
causa la demora en la cancelación de las mismas, recientemente la sentencia
T-126 de 2000, Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Galindo, expresó lo
siguiente:
“La mesada
pensional es una fuente de manutención, una forma de asegurar dignamente el
estado de sobrevivencia, como lo ha considerado la doctrina constitucional,
cuando ha precisado que el ser pensionado no es un privilegio, sino una
compensación que se ha ganado previo cumplimiento de los requisitos establecidos
para tal fin, lo que indica que los pensionados merecen la protección del
Estado, por cuanto su capacidad laboral ya se extinguió.
“Por regla
general, quien vivió siempre del salario y ahora lo hace de su pensión,
especialmente si es exigua, ve afectada su posibilidad real de subsistencia al
no poder procurársela por otros medios, y por tanto, sus derechos esenciales se
ven atropellados por la falta de pago de las mesadas que legítimamente le
corresponden.”
En el presente caso,
está demostrada la afectación a las condiciones mínimas de los accionantes, y
por ello será necesario reiterar la jurisprudencia mencionada según la cual,
excepcionalmente, proceden las tutelas cuando los demandantes se encuentran en
circunstancias apremiantes que ameritan la protección del juez por pertenecer a
la tercera edad o por hallarse en juego su mínimo vital.[1]
Las
dificultades financieras...,  no constituyen justificación para el
incumplimiento en el pago de sus obligaciones  laborales, ni lo redimen de la
cancelación oportuna de las mesadas pensionales, en tanto éstas son el producto
de una prestación personal que goza de especial protección por parte del
Estado".  (Sentencia T-680 de 2000. M.P.: Alvaro Tafur Galvis).
En el caso particular, el actor necesita de
la mesada pensional, reconocida mediante Resolución No. 100 del 7 de febrero de
2000, para la manutención propia y de sus hijos menores de edad.
La mencionada Resolución en su artículo
tercero dispone "La Pensión estará a cargo del Fondo Territorial de
Pensiones de Boyacá [Caja de Previsión Social de Boyacá]..." [2],  es decir que dicha
entidad debe realizar las gestiones
pertinentes a fin de conseguir los recursos para cumplir con el pago de las
mesadas pensionales, así lo hace conocer la apoderada de la Contraloría General
de Boyacá, mediante escrito aportado al expediente de tutela, el día 13 de
septiembre de 2000, donde dice: "En relación con mesadas pensionales de
ex funcionarios, en el caso que nos ocupa, la Contraloría General de Boyacá no
tiene obligación legal de hacer aporte alguno en este momento porque la Entidad
transfirió los aportes patronales y los del trabajados a la Caja de Previsión
Social de Boyacá donde se encontraban afiliados durante todo el tiempo en que
duró la relación laboral con cada uno de ellos", por tanto, los
"...argumentos de la Caja de Previsión Social no pueden tener por
válidos ni justificados para el no pago de las mesadas pensionales de sus
pensionados por cuanto dicha entidad de Previsión Social recibió los recursos
para tal efecto por término de más de 20 años, la cual debe responder por la
administración debida que debió dar a dichos recursos. No es óbice para el no
pago, la quiebra en que se encuentra por sus malos manejos Administrativos y si
alguien debe responder por las actuaciones de la Caja de Previsión Social de
Boyacá, en última, sería su propietario, que no es otro que el Departamento de
Boyacá"[3]. En consecuencia, no puede el actor
soportar la falta de recursos a costa de poner en riesgo su subsistencia, ni la
de su familia, cuando ésta, de conformidad con el artículo 42 de  la
Constitución "es el núcleo fundamental de la sociedad".
Por ello, se revocará
la sentencia objeto de revisión y se ordenará a la Caja de Previsión Social de
Boyacá, para que en el plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a
partir de la notificación de la presente decisión, y si aún no lo ha hecho,
cancele todas las mesadas pensionales  adeudadas al accionante, siempre y
cuando haya la disponibilidad presupuestal para ello. De no existir tal
disponibilidad, dispondrá del mencionado término para iniciar las gestiones
pertinentes a fin de conseguir los recursos para cumplir con el pago aquí
ordenado, el cual deberá estar hecho en un plazo máximo de tres (3) meses.
IV. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el 11 de
septiembre de 2000, por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Tunja, y en su
lugar CONCEDER la tutela.
Segundo. ORDENAR a la Caja de
Previsión Social de Boyacá, para que en el plazo máximo de cuarenta y ocho (48)
horas, contadas a partir de la notificación de la presente decisión, y si aún
no lo hubiere hecho, cancele todas las mesadas pensionales  adeudadas al
accionante, siempre y cuando haya la disponibilidad presupuestal para ello. De
no existir tal disponibilidad, dispondrá del mencionado término para iniciar
las gestiones pertinentes a fin de conseguir los recursos para cumplir con el
pago aquí ordenado, el cual deberá hacerse en un plazo máximo de tres (3)
meses.
Tercero. Por Secretaría líbrese la comunicación de que trata
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Cfr. sentencias T-234 de 2000  M.P. José
Gregorio Hernández, T-424 de 2000, M.P. Alvaro Tafur Galvis, T-468 de 2000 M.P.
Alvaro Tafur Galvis, entre otras.
[2] Folio 4 del expediente de tutela.
[3] Folios 30 y 31 del expediente de tutela.