C-277-14
Sentencia C-277/14
Sentencia C-277/14
(Bogotá D.C., 7 de mayo de 2014)
PROPUESTA
DE ENMIENDA DE CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL SOBRE
REFORMA DEL DIRECTORIO EJECUTIVO-Se ajusta a la Constitución Política, tanto
en su aspecto formal como en su contenido material
El
examen de validez formal de la “Propuesta de Enmienda del Convenio
Constitutivo del Fondo Monetario Internacional sobre la Reforma del Directorio
Ejecutivo (séptima enmienda)”, aprobada por la Junta de Gobernadores del Fondo
Monetario Internacional (FMI) mediante la Resolución número 66-2 del 15 de
diciembre de 2010 y la ley 1631 de 27 de mayo de 2013 aprobatoria de la misma,
arroja para la Corte que: (i) es válida la aprobación de la enmienda mediante
la adhesión y (ii) se observaron las reglas propias del trámite legislativo que
precedieron la aprobación de la ley objeto de análisis. No se evidencia
un vicio en las Plenarias del Senado de la República ni de la Cámara de
Representantes, en tanto si bien la regla general de decisión es que la
votación de los proyectos de ley se realice en forma nominal y pública, esta se
exceptúa cuando exista unanimidad en la respectiva comisión o plenaria para
aprobar o negar todo o parte del articulado del proyecto. Sin embargo, la
excepción anterior no procede en los casos que existiendo unanimidad, alguno
de  sus miembros solicita que  la votación se realice de manera nominal y
pública o cuando antes de realizarse la votación, algún miembro manifiesta su
voto disidente, pues ello entraña la inexistencia de unanimidad. Como
consecuencia de los antes expuesto, la manifestación del voto negativo con
posterioridad a la votación y aprobación de los proyectos de ley, no invalida
la votación ordinaria, sino que la habilita como una constancia.  Encuentra la
Corte que en el proceso legislativo, existe un deber de mínima diligencia por
parte de los Congresistas, para manifestar su voto disidente, con el fin de
hacerlo de manera oportuna.  Asimismo, revisado el contenido de las
disposiciones de la “Propuesta de Enmienda del Convenio
Constitutivo del Fondo Monetario Internacional sobre la Reforma del Directorio
Ejecutivo (séptima enmienda)”, aprobada por la Junta de Gobernadores del Fondo
Monetario Internacional (FMI) mediante la Resolución número 66-2 del 15 de
diciembre de 2010, la Corte encuentra que se ajusta a los postulados
constitucionales relativos a la integración con otros Estados, a la soberanía nacional
(CP. Art. 9), el mandato de internacionalización de las relaciones económicas,
sociales y ecológicas de la nación con otras naciones y a la integración
económica, social y política los países de América Latina  y del Caribe. (CP.,
arts. 226 y 227). Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Corte
Constitucional declara exequible el contenido de la “Propuesta de
Enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional sobre la
Reforma del Directorio Ejecutivo (séptima enmienda)”, aprobada por la Junta de
Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante la Resolución
número 66-2 del 15 de diciembre de 2010 y la ley 1631 de 27 de mayo de 2013 aprobatoria
de la misma.
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE TRATADOS Y LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Competencia de la Corte Constitucional/ENMIENDAS
DE TRATADOS-Sometimiento al control constitucional
La Corte
Constitucional es competente para examinar la constitucionalidad de los
tratados internacionales y de sus leyes aprobatorias, según lo establecido por
el artículo 241.10 de la Constitución Política, todo lo cual tiene por
finalidad evitar que el Gobierno asuma compromisos internacionales
incompatibles con la Constitución. Sobre las enmiendas a los Tratados Internacionales,
dado que pueden implicar la modificación del contenido y alcance del
instrumento internacional, puede conducir a que se asuman obligaciones
contrarias a la Carta Política, por lo que es indispensable la revisión previa
por parte de la Corte. Es competencia de la Corte Constitucional  al igual que
los tratados internacionales y de las leyes aprobatorias, el control de
constitucionalidad de las enmiendas a los tratados internacionales y a las
leyes que las aprueben. La revisión de constitucionalidad de las enmiendas, así
como de su ley aprobatoria comprende: (i) la facultad de representación del
Estado colombiano, por el funcionario que suscribió la enmienda; (ii) el
trámite legislativo del correspondiente proyecto de ley en el Congreso de la
República y (iii) el contenido material de las disposiciones de la enmienda y
la ley aprobatoria.
PROCESO
DE ADOPCION DE ENMIENDA-Representación
y competencia
PROPUESTA
DE ENMIENDA DE CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL SOBRE
REFORMA DE DIRECTOTRIO EJECUTIVO-Control
formal
PROPUESTA
DE ENMIENDA DE CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL SOBRE
REFORMA DE DIRECTORIO EJECUTIVO-Trámite
legislativo
VOTACION
NOMINAL Y PUBLICA-Excepciones
a la regla general
PRINCIPIO
DE INSTRUMENTALIZACION DE LAS FORMAS-Jurisprudencia constitucional
PROPUESTA
DE ENMIENDA DE CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL SOBRE
REFORMA DE DIRECTORIO EJECUTIVO-Contenido
y alcance
Referencia:
Expediente  LAT- 413
Revisión
de constitucionalidad: de la “Propuesta de Enmienda del Convenio
Constitutivo del Fondo Monetario Internacional sobre la
Reforma del Directorio Ejecutivo (séptima enmienda)”, aprobada por la
Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante la
Resolución número 66-2 del 15 de diciembre de 2010 y la ley 1631 de 27 de
mayo de 2013 que la aprobó.
Magistrado
Ponente: MAURICIO GONZALEZ CUERVO
I.
ANTECEDENTES.
1. Textos
normativos: El Acuerdo y la Ley Aprobatoria.
A
continuación se transcribe el texto de la “Propuesta de Enmienda del
Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional sobre la
Reforma del Directorio Ejecutivo (séptima enmienda)”, aprobada por la
Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante la
Resolución número 66-2 del 15 de diciembre de 2010 y la ley 1631 de 27 de mayo
de 2013 que la aprobó.
“LEY 1631 DE 2013
(mayo 27)
Diario Oficial No. 48.803 de 27 de mayo de 2013
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por medio de la cual se aprueba la “Propuesta de Enmienda
del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional sobre la
Reforma del Directorio Ejecutivo” (Séptima Enmienda), aprobada por la
Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante la
Resolución número 66-2 del 15 de diciembre de 2010.
EL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA
Visto el
texto de la “Propuesta de
Enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional sobre la
Reforma del Directorio Ejecutivo” (Séptima Enmienda), aprobada por la
Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante la
Resolución número 66-2 del 15 de diciembre de 2010.
(Para ser
transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa en castellano del Convenio y
Protocolo certificados por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de
Tratado de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del
Ministerio de Relaciones Exteriores, documento que reposa en los archivos de
ese Ministerio).
REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D.
C.
“Propuesta
de Enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional sobre la
Reforma del Directorio Ejecutivo” (Séptima Enmienda), aprobada por la
Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante la
Resolución número 66-2 del 15 de diciembre de 2010.
AUTORIZADO
Sométase a
consideración del Congreso de la República para los efectos constitucionales.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN CUÉLLAR.
Anexo II
Propuesta de
Enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional sobre la
Reforma del Directorio Ejecutivo
Los
Gobiernos en cuyo nombre se firma el presente Convenio acuerdan lo siguiente:
1. El
texto del artículo XII, Sección 3(b) se enmendará para que quede así:
“(b) Sujeto a (c) abajo, el Directorio
Ejecutivo consistirá de 20 Directores Ejecutivos elegidos por los integrantes,
y el Director Ejecutivo será el Presidente”.
2. El
texto de la Sección 3(c) del artículo XII, se enmendará para que quede así:
“(c) Para propósitos de cada elección
ordinaria de Directores Ejecutivos, la Junta de Gobernadores podrá, por una mayoría
del 85% del poder total de votos, aumentar o reducir el número de Directores
Ejecutivos que se indica en (b) anterior”.
3. El
texto de la Sección 3(d) del artículo XII se enmendará para que quede así:
“(d) Las elecciones de los Directores
Ejecutivos tendrán lugar en intervalos de dos años de acuerdo con el reglamento
que adopte la Junta de Gobernadores. El reglamento incluirá un límite del
número total de votos que más de un integrante podrá emitir para el mismo
candidato”.
4. El
texto de la Sección 3(f) del artículo XII se enmendará para que quede así:
‘‘(f)
Los Directores Ejecutivos seguirán en sus cargos hasta que sus sucesores sean
elegidos. Si el cargo de un Director Ejecutivo queda vacante por más de 90 días
antes de que termine su vigencia, los integrantes que eligieron al anterior
Director Ejecutivo elegirán a otro Director Ejecutivo. Para la elección se
requerirá una mayoría de los votos emitidos. Durante el tiempo que el cargo
permanezca vacante, el Suplente del anterior Director Ejecutivo ejercerá las
Facultades de este, salvo el de nombrar a un Suplente”.
5. El
texto de la Sección 3(i) del artículo XII se enmendará para que quede así:
“(i)
(i) Cada Director Ejecutivo podrá emitir el número de votos que contaron para
su elección.
(ii) Cuando
sean aplicables las disposiciones de la Sección 5 (b) de este artículo, los votos que de
otra forma un Director Ejecutivo tendría derecho a emitir se aumentarán o
disminuirán según corresponda. Todos los votos que un Director Ejecutivo tenga
derecho a emitir serán emitidos como una unidad.
(iii) Cuando
se termine la suspensión de los derechos de votos de un integrante de acuerdo
con la Sección2(b) del
artículo XXVI, el integrante podrá acordar con todos los integrantes que hayan
elegido a un Director Ejecutivo que el número de votos asignado a ese
integrante será emitido por ese Director Ejecutivo, teniendo en cuenta que, si
no se ha hecho ninguna elección ordinaria de Directores Ejecutivos durante el
periodo de la suspensión, el Director Ejecutivo en cuya elección haya
participado el integrante antes de la suspensión, o su sucesor elegido de
acuerdo con el parágrafo 3(c)(i) del Anexo L o (f) anterior, tendrá derecho a emitir
el número de votos asignados al integrante. Se considerará que el integrante
haya participado en la elección del Director Ejecutivo con derecho a emitir el
número de votos asignados al integrante”.
6. El
texto de la Sección 3(j) del artículo XII se enmendará para que quede así:
“(j) La
Junta de Gobernadores adoptará el reglamento conforme al cual un integrante
podrá enviar a un representante para que asista a cualquier reunión del
Directorio Ejecutivo cuando se haga una solicitud por ese integrante, o se
trate un asunto que afecte en particular al mismo”.
7. El
texto de la Sección 8 del artículo XII se enmendará para que quede así:
“El Fondo
tendrá en todo momento el derecho de comunicar sus opiniones informalmente a
cualquier integrante sobre cualquier asunto que surja conforme a este Convenio.
Por una mayoría del 70% del poder total de votos, el Fondo podrá decidir
publicar un informe a un integrante con respecto a sus condiciones monetarias o
económicas y sucesos que directamente tiendan a producir un grave desequilibrio
en la balanza de pagos internacional de los integrantes. El respectivo
integrante tendrá derecho a representación de acuerdo con la
Sección 3(j) de este
artículo. El Fondo no publicará un informe que tenga que ver con cambios en la
estructura fundamental de la organización económica de los integrantes.
8. El
texto del artículo XXI(a) (ii) se enmendará para que quede así:
“(a) (ii) Para las decisiones del
Directorio Ejecutivo sobre asuntos que atañan exclusivamente al Departamento de
Derechos Especiales de Giro, únicamente los Directores Ejecutivos elegidos por
al menos un integrante que sea participante tendrán derecho a voto. Cada uno de
estos Directores Ejecutivos podrá emitir el número de votos asignados a los
integrantes que sean participantes cuyos votos hayan contado para su elección.
Sólo la presencia de los Directores Ejecutivos elegidos por los integrantes que
sean participantes y los votos asignados a los integrantes que sean
participantes valdrá para los propósitos de determinar si existe quórum o si se
toma una decisión por la mayoría requerida”.
9. El
texto del artículo XXIX(a) se enmendará para que quede así:
“(a) Cualquier asunto de interpretación
de las disposiciones de este Convenio que surja entre cualquier integrante del
Fondo o entre cualquiera de los integrantes del Fondo será sometido al
Directorio Ejecutivo para su decisión. Si el asunto afecta en particular a
algún integrante, este tendrá derecho a representación de acuerdo con la
Sección 3 (j) del
artículo XII.
10. The text of paragraph 1(a) of Schedule D shall be amended to
read as follows:
“(a) Cada integrante o grupo de
integrantes que tenga el número de votos que le haya sido asignado a él o a
ellos emitido por un Director Ejecutivo nombrará a un Consejero para el Consejo
quien será un Gobernador, Ministro en el gobierno de un integrante, o una
persona de jerarquía comparable, y podrá nombrar a no más de siete asociados.
Por una mayoría del 85% de la totalidad de votos posible, la
Junta de Gobernadores podrá cambiar el número de Asociados que puedan ser
nombrados, un Consejero o Asociado actuará en su cargo hasta que se haga un
nuevo nombramiento o hasta la próxima elección ordinaria de Directores
Ejecutivos, lo que suceda primero.
11. El
texto del parágrafo 5(e) del Anexo D será eliminado.
12. El
parágrafo 50(f) del Anexo D se renumerará por 5(e) del Anexo D, y el texto del
nuevo parágrafo 5(e) se enmendará para que quede así:
“(e) Cuando un Director Ejecutivo tenga
derecho a emitir el número de votos asignados a un integrante de acuerdo con la
Sección 3(i)(iii) del artículo XII, el consejero nombrado por el grupo
cuyos integrantes eligieron a ese Director Ejecutivo tendrán derecho a voto y
emitirán el número de votos asignados a ese integrante. Se considerará que el
integrante ha participado en el nombramiento del Consejero con derecho a voto y
emitirá el número de votos asignados a ese integrante”.
13. El
texto del Anexo E se enmendará para que quede así:
“Disposiciones
Transitorias con respecto a Directores Ejecutivos.
1. Cuando
este Anexo entre en vigor:
(a)
Cada Director Ejecutivo que haya sido nombrado de acuerdo con las Secciones 3(b)(i) o 3(c) anteriores del artículo XII y que
haya ocupado el cargo inmediatamente antes de que este Anexo entre en vigor, se
considerará que ha sido elegido por el integrante que lo haya nombrado; y
(b) Cada Director ejecutivo que emita
el número de votos de un integrante de acuerdo con la
Sección 3(i) (ii) anterior del artículo XII inmediatamente antes de que
este Anexo entre en vigor, se considerara que ha sido elegido por ese
integrante”.
14. El
texto del parágrafo 1(b) del Anexo L se enmendará para que quede así:
“(b) nombrar a un Gobernador o a un
Gobernador Suplente, nombrar o participar en el nombramiento de un Consejero o
Consejero Suplente, o elegir o participar en la elección de un Director
Ejecutivo”.
15. El
texto del encabezamiento del parágrafo 3(c) del Anexo L se enmendará para que
quede así:
“(c)
El Director Ejecutivo elegido por el integrante, o en cuya elección haya
participado el integrante, dejará de ocupar el cargo, salvo que ese Director
Ejecutivo haya tenido derecho a emitir el número de votos asignados a otros
integrantes cuyos derechos de voto no hayan sido suspendidos. En el último
caso”.
Resolución
66-2, efectiva a partir del 15 de diciembre de 2010.
La
suscrita Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección
de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de
la República de Colombia
CERTIFICA:
Que la
reproducción del texto que antecede es copia fiel y completa de la traducción
oficial de la copia certificada por el Fondo
Monetario Internacional de la “Propuesta de enmienda del Convenio
Constitutivo del Fondo Monetario Internacional sobre la
Reforma del Directorio Ejecutivo” (Séptima
Enmienda), aprobada por la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario
Internacional (FMI) mediante la Resolución número 66-2 del 15 de diciembre de
2010, documento que reposa en el archivo del Grupo Interno de Trabajo Tratados
de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales de este Ministerio.
Dada en Bogotá, D. C., a los veintiséis (26) días del mes de
junio de dos mil doce (2012).
La Coordinadora del Grupo de Trabajo terno de Tratados Dirección
de Asuntos Jurídicos Internacionales,
ALEJANDRA VALENCIA GARTNER.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA
Bogotá, D.
C., 2 de mayo de 2012.
Autorizado.
Sométanse a la consideración del honorable Congreso de la República para los
efectos constitucionales.
(Fdo.) JUAN
MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra
de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) María Ángela Holguín Cuéllar.
DECRETA:
Artículo 1o.
Apruébase la “Propuesta de
enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional sobre la
reforma del Directorio Ejecutivo” (Séptima Enmienda), aprobada por la
Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante la
Resolución número 66-2 del 15 de diciembre de 2010.
Artículo 2o.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la
Ley 7ª de 1944, la “Propuesta
de enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional sobre
la reforma del Directorio Ejecutivo” (Séptima Enmienda), aprobada por la
Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante la
Resolución número 66-2 del 15 de diciembre de 2010, que por el artículo
primero de esta ley se aprueba, obligará al Estado colombiano a partir de la
fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
Artículo 3o.
La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a los
Presentado
al honorable Congreso de la República por la
Ministra de Relaciones Exteriores y el Ministro de Hacienda y Crédito Público.
La Ministra de Relaciones Internacionales,
MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN CUÉLLAR.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
JUAN CARLOS ECHEVERRY GARZÓN.
LEY 424 DE 1998
(enero 13)
por la cual se ordena el seguimiento a los convenios
internacionales suscritos por Colombia.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1o.
El Gobierno Nacional a través de la
Cancillería presentará anualmente a las Comisiones Segundas de Relaciones
Exteriores de Senado y Cámara, y dentro de los primeros treinta días calendario
posteriores al período legislativo que se inicia cada 20 de julio, un informe
pormenorizado acerca de cómo se están cumpliendo y desarrollando los Convenios
internacionales vigentes suscritos por Colombia con otros Estados.
Artículo 2o.
Cada dependencia del Gobierno nacional encargada de ejecutar los Tratados
Internacionales de su competencia y requerir la reciprocidad en los mismos,
trasladará la información pertinente al Ministerio de Relaciones Exteriores y
este a las Comisiones Segundas.
Artículo 3o.
El texto completo de la presente ley se incorporará como anexo a todos y cada
uno de los Convenios Internacionales que el Ministerio de Relaciones Exteriores
presente a consideración del Congreso.
Artículo 4o.
La presente ley rige a partir de su promulgación.
El Presidente del honorable Senado de la República,
Amylkar Acosta.
El Secretario General del honorable Senado de la República,
Pedro Pumarejo.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Carlos Ardila B.
El Secretario General de la honorable Cámara de
Representantes,
Diego Vives.
REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y ejecútese.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 13 de enero de 1998.
ERNESTO SAMPER PIZANO
La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Emma Mejía.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D.
C., 2 de mayo de 2012.
Autorizado.
Sométanse a la consideración del honorable Congreso de la República para los
efectos constitucionales.
(Fdo.) JUAN
MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra
de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) María Ángela Holguín Cuéllar,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Apruébase
la “Propuesta de enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario
Internacional sobre la reforma del Directorio Ejecutivo” (Séptima Enmienda),
aprobada por la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI)
mediante la Resolución número 66-2 del 15 de diciembre de 2010.
ARTÍCULO 2o. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la
Ley 7ª de 1944, la “Propuesta de enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo
Monetario Internacional sobre la reforma del Directorio Ejecutivo” (Séptima
Enmienda), aprobada por la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario
Internacional (FMI) mediante la Resolución número 66-2 del 15 de diciembre de
2010, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al Estado
colombiano a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional
respecto de la misma.
ARTÍCULO 3o. La
presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
El Presidente del honorable Senado de la República,
ROY BARRERAS MONTEALEGRE.
El Secretario General del honorable Senado de la República,
GREGORIO ELJACH PACHECO.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
AUGUSTO POSADA SÁNCHEZ.
El Secretario General de la honorable Cámara de
Representantes,
JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO.
REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte constitucional,
conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de mayo de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN CUÉLLAR.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA.”
2.
Intervenciones.
2.1. Ministerio
de Relaciones Exteriores.
Considerando
que se cumplió con todos los requisitos formales previstos en la Constitución
política, para la suscripción y aprobación legislativa y que el contenido de la
misma consulta los principios y postulados que gobiernan al Estado colombiano y
su política exterior, estima que la Corte debe declarar exequible el
instrumento internacional a la par con la ley aprobatoria número 1631 de 2013.
2.2.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Solicita la exequibilidad de la Ley 1631 de 2013 por
medio de la cual se aprobó la “Propuesta de Enmienda del Convenio
constitutivo del Fondo Monetario Internacional sobre la reforma al Directorio
Ejecutivo”, en tanto se dio cumplimiento a los requisitos establecidos en
la Constitución Política para la expedición de la Ley y su contenido se ajusta
plenamente al artículo 9 de la Carta Política en cuanto al respeto por los
principios del derecho internacional aceptados por Colombia y en especial, al
artículo 226 constitucional, que señala que el Estado colombiano promoverá la
internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y
ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.
2.3.
Academia Colombiana de Jurisprudencia.
Considera que dentro del proceso legislativo que
culminó con la expedición de la Ley 1631 de 2013, se presentaron vicios de
constitucionalidad en las plenarias de ambas cámaras, respecto al
desconocimiento de la votación nominal y pública establecida como regla general
por el artículo 133 constitucional y que resultaba procedente,  toda vez
que no había unanimidad en la aprobación de la misma.
Frente a la constitucionalidad del contenido
material del instrumento internacional, estima que sus objetivos redundan en la
participación y representatividad del Estado colombiano en el FMI, los que
resultan armónicos con los fines del Estado Social de Derecho establecido por
el constituyente en el artículo 1 de nuestra Carta Política.
Por lo expuesto debe la Corte devolver al Congreso
de la republica la ley 1631 de 2013, para que se subsanen los vicios de
constitucionalidad anotados.
2.4.
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.
Debe la Corte declarar la exequibilidad de la
Ley 1631 de mayo 27 de 2013, mediante la cual se aprobó la “Propuesta de
Enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional sobre la
Reforma del Directorio Ejecutivo (séptima enmienda)”, aprobada por la Junta
de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) por la Resolución
número 66-2 del 15 de diciembre de 2010, por cuanto la aprobación de estas
normas se encuentra acorde a los artículos 9, 226 y 227 de la Constitución
Política, según las cuales, las relaciones internacionales del Estado se basan
en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y
en el reconocimiento de los principios de derecho internacional aceptados por
Colombia y en tanto en lo sustantivo el organismo internacional permanece
incólume.
2.5.
Universidad Externado de Colombia.
Dentro de
las modificaciones introducidas en la séptima enmienda, resalta la revaluación
y reestructuración de la fórmula para determinar el tamaño de la cuota
individual de los países y su participación en el voto del FMI, para reajustar
la de los países históricamente infrarrepresentados, así como la de algunos
países Europeos sobrerrepresentados, mediante la reconfiguración de los
asientos del Directorio Ejecutivo de 24
a 20 sillas y el reajuste en la participación de votos asignada para cada
país.
Concluye que
con el fin de que los Estados se encuentren representados  en el proceso de
toma de decisiones, la ley aprobatoria de la enmienda al Convenio constitutivo
del Fondo Monetario Internacional sobre la reforma al Directorio ejecutivo no
solamente es respetuosa de la Constitución Política, sino que es un paso mas en
el cambio de la estructura de gobierno que requiere dicha institución económica
internacional  en el que las decisiones sean el resultado de una discusión
abierta con participación plena de sus miembros y se tomen en consideración los
intereses de todos con independencia del nivel de desarrollo relativo.
3.
Concepto del Procurador General de la Nación[1].
Se advierte
que dentro del proceso legislativo de la Ley 1631 de 2013, se dio cumplimiento
a los requisitos que para la formación de las leyes, prescriben la Constitución
Política (CP., arts. 154, 157, 158, 160 y 162) y el reglamento del Congreso de
la República, así como la remisión oportuna a la Corte Constitucional, por
parte del Presidente de la República (CP., art. 241.10).
Con relación
al contenido material de la “Propuesta de Enmienda del Convenio Constitutivo
del Fondo Monetario Internacional sobre la Reforma del Directorio Ejecutivo
(séptima enmienda)”, aprobada por la Junta de Gobernadores del Fondo
Monetario Internacional (FMI) por la Resolución número 66-2 del 15 de diciembre
de 2010 y su ley aprobatoria 1631 de 2013,
debe declararse exequible, por cuanto desarrolla las reglas
establecidas en los artículos 9, 150.16, 226 y 227 de la Constitución Política,
que establecen los principios reguladores de las relaciones internacionales
entre el Estado colombiano y los demás sujetos de derecho internacional
público, pues la propuesta promueve la internacionalización de las relaciones y
la integración económica, social y política del país con las demás naciones, y
fundamentalmente con los países de América Latina y del Caribe.
II.
CONSIDERACIONES.
1.
Competencia.
1.1. La
Corte Constitucional es competente para examinar la constitucionalidad de los
tratados internacionales y de sus leyes aprobatorias, según lo establecido por
el artículo 241.10 de la Constitución Política, todo lo cual tiene por
finalidad evitar que el Gobierno asuma compromisos internacionales
incompatibles con la Constitución.
1.2. Sobre
las enmiendas a los Tratados Internacionales, dado que pueden implicar la
modificación del contenido y alcance del instrumento internacional[2],
puede conducir a que se asuman obligaciones contrarias a la Carta Política, por
lo que es indispensable la revisión previa por parte de la Corte.
Al respecto,
esta Corporación ha indicado:
“... esta
Corporación concluye que cuando la Carta habla de tratados también hace
referencia a las enmiendas. En tales condiciones, mutatis mutandi, las
enmiendas están sometidas al mismo procedimiento de aprobación y control
constitucional que los tratados, por lo cual la Corte, conforme al numeral 10
del artículo 241 superior, es competente para pronunciarse de manera automática
y previa sobre las leyes que aprueban enmiendas a un tratado. Y, como lo ha
señalado en repetidas ocasiones esta Corporación, éste es un control completo
de constitucionalidad, por razones de fondo y también de forma”.[3]
1.3. En
consecuencia, es competencia de la Corte Constitucional  al igual que los
tratados internacionales y de las leyes aprobatorias, el control de
constitucionalidad de las enmiendas a los tratados internacionales y a las
leyes que las aprueben.
1.4. La
revisión de constitucionalidad de las enmiendas, así como de su ley aprobatoria
comprende: (i) la facultad de representación del Estado colombiano, por el
funcionario que suscribió la enmienda; (ii) el trámite legislativo del
correspondiente proyecto de ley en el Congreso de la República y (iii) el
contenido material de las disposiciones de la enmienda y la ley aprobatoria.
Hechas estas
consideraciones, entra la Corte a efectuar el examen formal y material de las
enmiendas bajo revisión y de su Ley aprobatoria.
2.
Proceso de adopción de la enmienda: representación y competencia.
2.1. El
control de constitucionalidad de los Tratados Internacionales comprende la
verificación de las facultades del representante del Estado colombiano para
negociar, adoptar el articulado mediante su voto y autenticar el instrumento
internacional respectivo, si a ello hubiere lugar, de acuerdo con lo previsto
en la Convención de Viena, sobre el Derecho de los Tratados entre Estados de
1969, así como la  revisión de las modificaciones que a ellos se introduzcan y
la forma en que el Estado colombiano manifestará su consentimiento.
2.2. El
instrumento que se revisa en esta oportunidad es una “Propuesta de Enmienda
del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional sobre la Reforma
del Directorio Ejecutivo (séptima enmienda)”, aprobada por la Junta de
Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante la Resolución
número 66-2 del 15 de diciembre de 2010, la cual no fue suscrita por el Estado
Colombiano, siendo por lo tanto procedente adherir a la misma, conforme al
procedimiento dispuesto por el Convenio constitutivo del Fondo Monetario
Internacional, suscrito en Bretton Woods, Estados Unidos de América, el 22 de
julio de 1944 que señala:
“(...)
Artículo XXVIII
Enmiendas
a) toda propuesta
para modificar este convenio, ya sea que emane de un país miembro, de un
gobernador o del Director Ejecutivo, se comunicará al presidente de la Junta de
Gobernadores, quien la someterá a esta. Si la Junta de Gobernadores aprueba la
enmienda propuesta, el Fondo preguntará a todos lo países miembros, por medio
de carta, circular o telegrama, si aceptan la enmienda propuesta. Si tres
quintos de los países miembros cuyos votos sumen el ochenta y cinco por ciento
de la totalidad de los votos aceptan la enmienda propuesta, el Fondo lo
certificará así mediante una comunicación oficial dirigida a todos los países
miembros.
b) No obstante lo
dispuesto en el apartado a), será necesaria la aceptación de todos los países
miembros para cualquier enmienda que modifique:
i. El derecho a
retirarse del Fondo (Artículo XXVI, Sección 1)
ii. La
disposición de que no se modificará la cuota de ningún país miembro sin su
consentimiento (Artículo III, Sección 2d) y
iii. La
disposición de que no podrá modificarse la paridad de la moneda de un país
miembro, salvo a propuesta de este (Anexo C, párrafo 6)
c) Las enmiendas
entrarán en vigor para todos los países miembros tres meses después de la fecha
de la comunicación oficial a menos que en la carta circular o telegrama se
indique un periodo mas corto.
(...)”
2.3. Como
consecuencia de lo anterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que
no fue necesaria la expedición de plenos poderes pues en concordancia con lo
dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados, el consentimiento en obligarse por un tratado puede ser
manifestado mediante la adhesión, “... cuando el tratado disponga que ese
Estado puede manifestar su consentimiento mediante la adhesión;(...)”
procedimiento que se surte entre otras cosas, con su depósito en poder del
depositario.
2.4. Además
de lo anterior, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 189 numeral 2 de la
Constitución Política, señaló la Cancillería que el Presidente de la República,
señor Juan Manuel Santos Calderón impartió la aprobación ejecutiva, el día 2 de
mayo de 2012, autorizando y ordenando someter a consideración del Congreso de
la República “Propuesta de Enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo
Monetario Internacional sobre la Reforma del Directorio Ejecutivo (séptima
enmienda)”.
3.
Control Formal: El proceso de formación del proyecto de ley en el Congreso de
la República[4].
3.1.
Competencia.
3.1.1. Aprobación.
Corresponde al Congreso de la República “aprobar o improbar los tratados que
el Gobierno celebre con otros estados (…)” (CP, 150.16).
3.1.2.
Iniciativa y radicación. El Proyecto de Ley fue radicado en el Senado de la
República, por el Gobierno Nacional, por la Ministra de Relaciones Exteriores y
el Ministro de Hacienda y Crédito Publico, el 26 de julio de 2012, de
conformidad con la Constitución (art 154) que ordena la iniciación de tales
procedimientos legislativos en el Senado de la República.
3.2.
Trámite en el Senado de la República.
- Publicación
del texto y la exposición de motivos.
Aparecen
publicados en la Gaceta del Congreso No. 469[5]
de julio 26 de 2012, cumpliéndose así el requisito de hacerlo antes de darle
curso en la comisión respectiva (numeral 1 del artículo 157 de la Carta).
3.2.1.
Primer debate en Senado.
-
Publicación de la ponencia para primer debate.
La ponencia
para primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado
de la República  fue presentada en sentido favorable, por la Senadora Miryam
Paredes Aguirre, y publicada en la Gaceta del Congreso No. 565 del el día 29 de
agosto de 2012[6].
- Anuncio
para votación en primer debate.
El Proyecto
de Ley 35 de 2012 Senado fue anunciado previamente en la sesión
del 29 de agosto de 2012, para ser discutido y aprobado en primer debate, en la
próxima sesión, la cual se llevó a cabo el 4 de septiembre, según consta en
Acta 5 de la citada fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 36[7]
del 11 de febrero de 2013, en los siguientes términos:
“Siendo las 10:00
a. m. del miércoles veintinueve (29) de agosto del año dos mil doce (2012),
(...)
Por instrucciones
de la señora Presidente de la Comisión Segunda del Senado de la
República, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima
sesión (artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003).
Interpelación del
Senador Édgar Espíndola Niño:
Como prácticamente
la discusión de votación de proyectos está evacuada, tenemos unas proposiciones
que van a ser aprobadas, esas van después del anuncio de proyectos.
Procede con el
anuncio de proyectos el Secretario de la Comisión, doctor Diego Alejandro
González:
(...)
2. Proyecto de
ley número 35 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba la propuesta de enmienda del
convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional sobre la reforma del
Directorio Ejecutivo (Séptima Enmienda), aprobada por la Junta de
Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante la
Resolución número 66-2 del 15 de diciembre de 2010. Autores:
Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Ponente: honorable Senadora Myriam Alicia Paredes
Aguirre. Publicaciones: Texto del Proyecto de ley: Gaceta: 469
de 2012. Ponencia Primer Debate: Gaceta: 2012.
Le informo,
señora Presidente, que han sido anunciados los proyectos de ley para la próxima
sesión de la Comisión.
(...)
De tal manera que
se levanta la sesión y se convoca para el día martes a partir de las 10:00 de
la mañana. Muchas gracias a todos los Senadores.”
- Aprobación
en primer Debate (quorum y mayoría).
El proyecto
de ley fue discutido y aprobado en la sesión del día 4 de septiembre de 2012,
según consta en el Acta No. 6 de la citada fecha, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 37[8]
del 11 de febrero de 2013, en los siguientes términos:
“Siendo las 10:00
a. m., del martes cuatro (4) de septiembre del año dos mil doce (2012), (...)
Le informo que
está leída la proposición con que termina el informe de ponencia señor
Presidente.
El Presidente,
Senador Carlos Emiro Barriga, somete a consideración de los Senadores
de la Comisión el informe con el cual termina la ponencia del
Proyecto de ley 35 de 2012 Senado. Lo sometemos a consideración de la
Comisión. Aprueban los miembros el informe con que termina la ponencia.
El Secretario,
doctor Diego Alejandro González González, informa que sí se aprueba por los Senadores
de la Comisión el informe final de ponencia.
Lectura del
articulado.
El Secretario,
doctor Diego González González, da lectura al articulado del proyecto. Informo señor
Presidente que hay solicitud de la Senadora Myriam Paredes de la
omisión de la lectura del articulado.
El Presidente,
Senador Carlos Emiro Barriga, somete a consideración de la Comisión lo
propuesto por la Senadora Myriam Paredes de la omisión de lectura del
articulado. Aprueban los Miembros de la Comisión la omisión de la
lectura del articulado.
El Secretario
de la Comisión, doctor Diego Alejandro González González, informa que sí ha sido aprobado por los
Senadores de la Comisión la omisión de lectura del articulado del
Proyecto de ley 35 de 2012 Senado.
El Presidente
solicita al Secretario leer el título del proyecto de ley.
El Secretario
doctor Diego Alejandro González, da lectura al título del proyecto de ley:
Proyecto de
ley número 35 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba la propuesta de enmienda
del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, sobre la reforma
del directorio ejecutivo, (Séptima Enmienda), aprobada por la junta de
gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI), mediante la
Resolución número 66-2 del 15 de diciembre de 2010.
Está leído el
título del proyecto señor Presidente.
El Presidente,
Senador Carlos Emiro Barriga:
Somete a
consideración de la Comisión el articulado del proyecto, el título
del proyecto y el querer que este proyecto de ley pase al siguiente debate. Lo
aprueban los miembros de la Comisión.
El Secretario,
doctor Diego González González:
Le informa a la
presidencia que sí se aprueba por los Senadores de la Comisión, el
articulado del proyecto, el título del proyecto y el querer que este proyecto
de ley pase al siguiente debate.
El Presidente,
Senador Carlos Emiro Barriga, nombra como ponente para el siguiente
debate a la Senadora Myriam Paredes Aguirre. Señor Secretario por
favor continúe con el Orden del Día.”
Conforme a
certificación emitida por el Secretario General de la
Comisión Segunda del Senado de la República,
“En relación al
quorum quedó integrado por diez (10) de los trece (13) Senadores que conforman
la Comisión Segunda del Senado, algunos de los cuales contestaron a lista al
iniciar la sesión y otros que se hicieron presentes durante el transcurso de la
misma, según consta en el Acta 06 del 04 de septiembre de 2012. Publicada en la
Gaceta No. 37 del 11 de febrero de 2013, la cual se adjunta (págs.: 1-4)
El proyecto de
ley No. 25/12 Senado, hoy ley 1631 de 2013, fue aprobado el día 04 de
septiembre de 2012, según consta en el Acta No. 06  de Sesión ordinaria de la
Comisión Segunda del Senado de la republica de esa fecha, publicada en la
Gaceta No. 37 del 11 de febrero de 2013, la cual se adjunta (págs.: 1-4).
La proposición
final, la omisión de lectura del articulado, el articulado propuesto, el titulo
del proyecto y el querer que este tenga segundo debate y se convierta en ley de
la República fueron aprobados conforme al artículo 129 del Reglamento del
Congreso y/o artículo 1º de la Ley 1431 de 2011 y revisada el Acta No. 06 de 04
de septiembre de 2012, no se registraron votos en contra o abstenciones.”[9]
-
Publicación del texto aprobado  en la Comisión del Senado.
El texto del
proyecto de ley aprobado en la Comisión Segunda del Senado de la República fue
publicado en la Gaceta del Congreso No. 278 del 28 de mayo de 2012.
3.2.2.
Segundo Debate:
- Término
entre Comisión y Plenaria.
Habiendo
sido aprobado el proyecto de ley en primer debate de Senado el día 4 de
septiembre de 2012 e iniciado el debate en la correspondiente Plenaria el 26 de
septiembre de 2012, se cumple el requisito Constitucional del término mínimo de
ocho (8)  días entre uno y otro momento legislativo (C.P. art. 160)
-
Publicación de la ponencia para segundo debate.
La ponencia
para segundo debate en el Senado fue presentada por la  Senadora Miryam
Paredes Aguirre y publicada en la Gaceta del Congreso No.  611[10]
de 14 de septiembre de 2012.
- Anuncio
para votación para segundo debate.
El proyecto
de ley fue anunciado en la sesión ordinaria del día 25 de
septiembre de 2012, según consta en el Acta No. 16 de la misma fecha, publicada
en la Gaceta del Congreso No. 895[11]
del 7 de diciembre de 2012, para ser discutido y votado en la siguiente sesión.
“En Bogotá, D.
C., a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de dos mil doce (2012)
previa citación, se reunieron en el recinto del honorable Senado de la
República los miembros del mismo, con el fin de sesionar en pleno.
(…)
Anuncio de
proyectos
Por instrucciones
de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de
2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en
la próxima sesión.
Sí, señor
Presidente, los proyectos para discutir y votar en la próxima sesión son los
siguientes:
(…)
“ Proyecto de
ley número 35 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba la propuesta de
enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional sobre la
reforma del Directorio Ejecutivo” (Séptima Enmienda), aprobada por la
Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante la
Resolución número 66-2 del 15 de diciembre de 2010.
(…)
Siendo las 10:50
p. m., la Presidencia levanta la sesión y convoca para el día
miércoles 26 de septiembre de 2012, a las 3:00 p. m.
(…)”
- Aprobación
en Segundo Debate.
El proyecto
de ley fue discutido y aprobado en la sesión del 26 de septiembre
de 2012, según consta en el Acta No. 17 de esa fecha, publicada en la Gaceta
del Congreso No. 896[12]
de diciembre 7 de 2012, en los siguientes términos:
En Bogotá D. C.,
a los veintiséis (26) días del mes de septiembre de dos mil doce (2012) previa
citación, se reunieron en el recinto del honorable Senado de la
República los miembros del mismo, con el fin de sesionar en pleno.
(…)
Proyecto de ley
número 35 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba la propuesta de
enmienda del convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional sobre la
reforma del directorio ejecutivo “(séptima enmienda), aprobada por la junta de
Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante la
Resolución número 66-2 del 15 de diciembre de 2010.
La
Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora ponente,
Myriam Alicia Paredes Aguirre.
Palabras de la honorable
Senadora Myriam Alicia Paredes Aguirre.
Con la venia
de la Presidencia hace uso de la palabra la honorable Senadora Myriam
Alicia Paredes Aguirre:
Presidente, es un
proyecto muy sencillo dado que es un convenio internacional y lo que pretende
este proyecto es simplemente modificar la elección de los, del Directorio del
Fondo Monetario.
El Fondo
Monetario tiene un Directorio conformado por veinte miembros de los cuales
cinco se forman se nombran de manera directa por los países que tiene mayor
cuota y quince se nombran, se eligen democráticamente.
La reforma hace
referencia exclusivamente a que no habrá una designación de los cinco de una
manera directa, sino que los veinte miembros del Directorio del Fondo Monetario
Internacional será de elección democrática, esa es la reforma, ha sido acogida
por la mayoría de los países que son miembros del Fondo Monetario Internacional
y Colombia debe hacerlo en esta oportunidad, tal como lo ha hecho con las
diferentes enmiendas que se han presentado. Gracias, Presidente.
La
Presidencia indica a la Secretaría dar lectura a la proposición
con que termina el informe.
Por Secretaría se
da lectura a la proposición positiva con que termina el informe de ponencia.
La
Presidencia somete a consideración de la plenaria la proposición leída y,
cerrada su discusión, esta le imparte su aprobación.
Se abre segundo
debate
La
Presidencia pregunta a la plenaria si acepta la omisión de la lectura del
articulado y, cerrada su discusión, esta responde afirmativamente.
La
Presidencia somete a consideración de la plenaria el articulado del
proyecto, y cerrada su discusión pregunta: “Adopta la plenaria el articulado
propuesto” y esta responde afirmativamente.
La
Presidencia indica a la Secretaría dar lectura al título del
proyecto.
Por Secretaría se
da lectura al título del Proyecto de ley número 35 de 2012
Senado, por medio de la cual se aprueba la propuesta de enmienda del
convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional sobre la
Reforma del Directorio Ejecutivo” (séptima enmienda), aprobada por la
junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante la
Resolución número 66-2 del 15 de diciembre de 2010.
Leído
este, la Presidencia lo somete a consideración de la plenaria, y
cerrada su discusión pregunta: “Aprueban los miembros de la
Corporación el título leído” Y estos le imparten su aprobación.
Cumplidos los
trámites constitucionales, legales y reglamentarios, la
Presidencia pregunta: “Quieren los Senadores presentes que el proyecto de
ley aprobado, surta su trámite en la honorable Cámara de Representantes” Y
estos responden afirmativamente.
Dejan constancia
de su voto negativo los honorables Senadores: Luis Carlos Avellaneda Tarazona,
Mauricio Ernesto Ospina Gómez y Parmenio Cuéllar Bastidas.
(…)”
Que conforme
a la certificación expedida por el Secretario General del Senado de la
República, “… el proyecto de ley 35 de 2012 Senado “por medio de la cual
se aprueba la propuesta de enmienda del convenio constitutivo del Fondo
Monetario Internacional sobre la Reforma del Directorio Ejecutivo”
(séptima enmienda), aprobada por la junta de Gobernadores del Fondo Monetario
Internacional (FMI) mediante la Resolución número 66-2 del 15 de
diciembre de 2010”, fue aprobado con el lleno de los requisitos
constitucionales, legales y reglamentarios, y un quórum deliberatorio y
decisorio de 91 de 98 senadores, según el llamado a lista de la sesión plenaria
del día 26 de septiembre de 2012,. El suscrito Secretario registró los votos
negativos de los Senadores Luis Carlos Avellaneda, Mauricio Ospina y Parmenio
Cuellar, como consta en el acta No. 17, publicada en la Gaceta del Congreso No.
896 del siete de diciembre de 2012. (págs. 16 y 17).”[13]
-
Publicación del texto aprobado  en la Plenaria del Senado.
El texto
definitivo del proyecto de ley aprobado en la plenaria de Senado de la
República fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 661[14]
del dos de octubre de 2012.
3.2.3. Inexistencia de un vicio de trámite en la sesión Plenaria
del Senado de la República.
3.2.3.1. La Academia Colombiana de
Jurisprudencia, solicita a la Corte la declaratoria de inexequibilidad de la
Ley 1631 de 2013, al considerar que se presentó un vicio en la votación en la
Plenaria del Senado de la República, así como en la Plenaria de la Cámara de
Representantes, como consecuencia del voto disidente de algunos congresistas.
En consecuencia procederá la Corte a evaluar si se dio o no el vicio aludido.
3.2.3.2. El
artículo 133 constitucional, modificado por el artículo 5 del Acto legislativo
No. 1 de 2009, prescribe que el voto de los miembros de los cuerpos colegiados
será nominal y público, salvo los casos que determine la ley, cuestión
inspirada en la búsqueda del fortalecimiento del sistema de partidos y la
transparencia del trabajo legislativo, tal como lo indicó esta Corporación en la
Sentencia C-303 de 2010 cuando
expresó “…el objetivo general de la reforma fue fortalecer la
democracia participativa, a través de la imposición de condiciones más
estrictas para la conformación de partidos y movimientos, establecer sanciones
severas a los actos de indisciplina y, en un lugar central, prodigar
herramientas para impedir que la voluntad democrática del electorado resulte
interferida por la actuación de los grupos ilegales mencionados”, y en la
sentencia C-141 de 2010, cuando dijo: “Respecto del método
de votación que debe ser empleado el art. 5º del acto legislativo 01 de 2009,
modificatorio del artículo 133 de la
Constitución, determinó que la regla general de votación desde esa fecha sería
la votación nominal, lo que sumado a la ya existente característica de
publicidad crea una condición inmejorable de transparencia y, además, de
responsabilidad –accountability- de los congresistas ante sus electores,
profundizando las bases democráticas del procedimiento de creación legislativa
en el ordenamiento colombiano”.
3.2.3.3. Con
el fin de regular las excepciones a la regla general de voto nominal y público,
el Congreso expidió la Ley 1431 de 2011 “por la cual se establecen las
excepciones a que se refiere el artículo 133 de la
Constitución Política”, la cual reformó los aspectos pertinentes a las
votaciones contenidas en la Ley 5ª de 1992 y en su artículo 1º señaló dichas
excepciones[15].
3.2.3.4.
Contempló así, que no será necesaria la votación nominal y pública, cuando haya
unanimidad por parte de la respectiva comisión o plenaria para aprobar o negar
todo o parte del articulado del proyecto, a menos que alguno de los miembros,
solicite la votación nominal y pública.
3.2.3.5. En este punto resulta relevante
traer al caso, el “principio de instrumentalización de
las formas” según el cual, las formas
procesales “deben interpretarse teleológicamente al servicio de un fin
sustantivo”, esto es, el valor material pretendido con las reglas, sin que
ello vaya en detrimento del respeto de las normas procesales, pues son las
encargadas de proteger “valores sustantivos significativos”[16].
Acudir
a este principio frente a la existencia de un vicio en el procedimiento de
formación de una ley, permite establecer si la trascendencia del vicio genera la inexequibilidad de la norma, o si se trata de una irregularidad
que no afecta aspectos sustanciales.
Al respecto, esta
Corporación señaló:
“Es por ello que
al analizar la trascendencia de un vicio de forma es preciso tener en cuenta
tanto el contexto en el cual éste se presentó, como el conjunto integral del
trámite legislativo. Sobre este punto, esta Corporación ha señalado que ‘lo que
debe ser objeto de análisis de constitucionalidad dentro de un Estado
democrático de derecho, es la verificación del cumplimiento de todas las
garantías constitucionales involucradas en el debate parlamentario, independientemente
de qué grupo esté siendo perjudicado con su pretermisión, y en ese sentido,
dicha función está encaminada a permitir que tanto minorías como mayorías
tengan la posibilidad de conocer y estudiar los textos sometidos a su
consideración y por lo tanto de discutirlos previamente a su aprobación.’[17]
Por ello, para
determinar si un vicio de procedimiento relativo al debate parlamentario genera
la inconstitucionalidad del proyecto de ley o se trata de una irregularidad
irrelevante que no afecta valores sustantivos, es preciso acudir al principio
de la instrumentalidad de las formas.” [18]
3.2.3.6. Del
examen del texto del Acta que da cuenta de la deliberación y aprobación del
proyecto de ley 35 de 2012 Senado, se pudo constatar que ninguno de los
miembros del Senado de la Republica solicitó previamente al inicio de la
votación, que su aprobación se realizare mediante votación nominal y pública, y
una vez realizada ésta, se dejó constancia pública del voto divergente a la
mayoría, de los Senadores Luis Carlos Avellaneda, Mauricio Ospina y Parmenio Cuellar.
3.2.3.7.
Para la Corte, la forma en que se votó el proyecto de ley y como se registró el
voto disidente de los Senadores antes mencionados, no constituye un vicio en la
formación de la voluntad de la plenaria del Senado de la
República, en razón de que previamente a la votación, no hubo solicitud de ningún
congresista para que ésta se realizara mediante voto nominal y público.
3.2.3.8.
Además de lo anterior, el voto negativo de los Senadores no se presentó en el
curso de la votación del proyecto de ley, sino que fue una constancia
registrada con posterioridad a la misma, cuando se dijo: “Dejan constancia
de su voto negativo los honorables Senadores: Luis Carlos Avellaneda Tarazona,
Mauricio Ernesto Ospina Gómez y Parmenio Cuéllar Bastidas”, constancia que
en criterio de ésta Corporación, no afecta la validez de la ley, ni el proceso
de formación de la voluntad democrática, pues con ella fue posible identificar
las mayorías exigidas para aprobar el proyecto, determinar el sentido del voto
de los senadores presentes al momento de aprobar la iniciativa,  permitiendo
establecer la responsabilidad política ante la sociedad y frente a sus
electores.
En este
sentido, considerar que era necesario repetir la votación mediante el llamado a
lista, o la utilización de mecanismos electrónicos, resulta un exceso ritual,
que da prioridad a las formas frente al debate democrático surtido y al
cumplimiento de los fines de publicidad, transparencia y responsabilidad,
consagrados en el artículo 5º del Acto legislativo 1 de 2009 y que contradice
el principio de la instrumentalización de las formas.
3.2.3.9. En
conclusión, la votación ordinaria en la aprobación de los proyectos de ley
será  valida, si no se manifiesta con anticipación a la misma, la solicitud de
que se vote mediante votación nominal y pública, y solo con posterioridad a la
culminación de la votación y aprobación, se deja constancia expresa y pública
del voto negativo de algunos congresistas.
En
consecuencia, no encuentra la Corte que se haya presentado un vicio en la
formación de la voluntad de la plenaria del Senado de la
República.
Cabe
resaltar que con la presente decisión, no se presenta una modificación del
precedente jurisprudencial, en especial, frente a la decisión adoptada en la
Sentencia C- 134 de 2014, toda vez que los presupuestos fácticos son
distintos, pues la expresión del voto disidente en esa ocasión, se presentó una
vez leída la proposición con que termina el informe de ponencia, antes de la
apertura al segundo debate y de la votación del articulado, en tanto que en
esta oportunidad, se presenta como una constancia dejada al final del debate,
con posterioridad a la votación y a la aprobación del proyecto de ley.
3.3.
Trámite en la Cámara de Representantes.
3.3.1.
Primer Debate.
- Término
entre Senado y Cámara.
Habiendo
sido aprobado el proyecto en segundo debate de Senado el día 26 de septiembre
de 2012, e iniciado el primer debate en la Cámara de Representantes el día 3 de
abril de 2013, se cumple el requisito Constitucional del término mínimo de
quince días entre uno y otro momento legislativo. (C.P. art. 160).
- Publicación
de la ponencia para primer debate en Cámara.
La
ponencia para primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes fue presentada por el representante a la Cámara Juan Carlos
Martínez Gutiérrez y fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 958[19]
del 21 de diciembre de 2012.
-  Anuncio
de Votación.
El proyecto
de ley fue anunciado el día 20 de marzo de 2013, según consta en el Acta
No. 25 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 388[20]
de junio 7  de 2013, en los siguientes términos:
“(…)
Fecha:
20 de marzo de 2013
Hora:
9:10 a. m.
(…)
Quinto. Anuncios
de proyectos de ley para discusión y aprobación en primer debate en la próxima
sesión de Comisión donde se discutan y aprueben proyectos de ley. Este anuncio
es para dar cumplimiento al artículo 8º del acto legislativo número 01 de 2003.
(…)
Proyecto de
ley número 175 de 2012 Cámara, 035 de 2012 Senado, por medio de la cual se
aprueba la Propuesta de Enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo
Monetario Internacional sobre la Reforma del Directorio Ejecutivo,
Séptima Enmienda aprobada por la Junta de Gobernadores del Fondo
Monetario Internacional (FMI), mediante la Resolución número 66-2 del 15
de diciembre de 2010.
(…)
Agotado el Orden
del Día se levanta la sesión y se cita para el día 3 de abril a las 9:00 de la
mañana.”
- Aprobación
del Proyecto.
En la sesión
del 3 de abril de 2013, Acta No. 26, se le dio primer debate y se aprobó por
votación nominal y pública, según consta en la Gaceta del Congreso No. 388[21]
del 7 de junio de 2013, en los siguientes términos:
“(…)
Fecha:
3 de abril de 2013
Hora:
10:00 a. m.
(…)
Hace uso de la
palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora
Pilar Rodríguez Arias:
Siguiente Proyecto
de ley números 175 de 2012 Cámara, 35 de 2012 Senado, por medio de la
cual se aprueba la propuesta de Enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo
Monetario Internacional sobre la Reforma del Directorio Ejecutivo,
Séptima Enmienda aprobada por la Junta de Gobernadores del Fondo
Monetario Internacional mediante la Resolución número 66-2 del 15 de
diciembre de 2010.
Autores: señora
Ministra de Relaciones Exteriores, doctora María Ángela Holguín Cuéllar,
y el señor Ministro de Hacienda y Crédito Público de la época doctor Juan
Carlos Echeverry Garzón.
Ponente:
honorable Representante Juan Carlos Martínez Gutiérrez.
Publicaciones:
Texto Gaceta del Congreso número 469.
Ponencia Primer
debate: Gaceta del Congreso número 565 de 2012.
Ponencia Segundo
debate en Senado: Gaceta del Congreso número 611 de
2012.
Ponencia Primer
debate Cámara: Gaceta del Congreso número 958 de 2012.
(…)
Hace uso de la
palabra el señor Presidente, honorable Representante Óscar de Jesús Marín:
La
Proposición con que termina el informe de ponencia señora Secretaria.
Hace uso de la
palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora
Pilar Rodríguez Arias:
Con gusto señor
Presidente. por lo anteriormente expuesto, presento ponencia positiva y
solicito muy comedidamente a los integrantes de la honorable Comisión Segunda
Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes del
Congreso la República, dar primer debate al Proyecto de ley
números 35 de 2012 Senado, 175 de 2012 Cámara, por medio de la cual
se aprueba la Propuesta de Enmienda del Convenio Constitutivo del
Fondo Monetario Internacional sobre la Reforma del Directorio
Ejecutivo, Séptima Enmienda aprobada por la Junta de Gobernadores del
Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante la Resolución número
66-2 del 15 de diciembre de 2010. Juan Carlos Martínez Gutiérrez Representante
a la Cámara, departamento del Valle del Cauca. Leída la proposición señor
Presidente.
Hace uso de la
palabra el señor Presidente, honorable Representante Óscar de Jesús Marín:
En consideración
el informe de ponencia, se abre su discusión. Tiene la palabra el doctor Juan
Carlos Martínez como ponente, luego el doctor Telésforo Pedraza.
(…)
Hace uso de la
palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora
Pilar Rodríguez Arias:
Con mucho gusto
señor Presidente. Procederemos a votación nominal honorables Representantes,
por el Sí se aprueba la proposición con que termina el informe de ponencia, con
el No se niega.
Yahir Fernando
Acuña Cardales   -
Bayardo Gilberto
Betancourt Pérez        Excusa
Eduardo José
Castañeda Murillo Sí
Iván Cepeda
Castro                No
José Gonzalo Gutiérrez
Triviño    Sí
Carlos Eduardo
León Celis     -
Óscar de Jesús
Marín             Sí
Juan Carlos
Martínez Gutiérrez   Sí
José Ignacio Mesa
Betancur   -
Víctor Hugo
Moreno Bandeira      -
Hernán Penagos
Giraldo        Sí
Pedro Pablo Pérez
Puerta        -
Telésforo Pedraza
Ortega        Sí
Augusto Posada
Sánchez       -
Juan Carlos
Sánchez Franco Sí
Iván Darío
Sandoval Perilla    Sí
Albeiro Vanegas
Osorio          -
Carlos Alberto
Zuluaga Díaz   Sí
Nueve (9) votos
por el Sí, señor Presidente un (1) voto por el No, en consecuencia ha sido
aprobada la proposición con que termina el informe de Ponencia.
Hace uso de la
palabra el señor Presidente, honorable Representante Óscar de Jesús Marín:
Articulado señora
Secretaria.
Hace uso de la
palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora
Pilar Rodríguez Arias:
Señor Presidente,
son 3 artículos debidamente publicados en la Gaceta del
Congreso correspondiente, no existe ninguna proposición modificatoria
al respecto, radicada en Secretaria señor Presidente.
Hace uso de la
palabra el señor Presidente, honorable Representante Óscar de Jesús Marín:
En consideración
el articulado se abre su discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada.
“Aprueba la Comisión el articulado”, el doctor Cepeda pide votación
nominal.
Hace uso de la
palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora
Pilar Rodríguez Arias:
Igualmente por
votación nominal señor Presidente. Por el Sí se aprueban los 3 artículos, con
el No se niegan.
Yahir Fernando
Acuña Cardales   -
Bayardo Gilberto
Betancourt Pérez        Excusa
Eduardo José
Castañeda Murillo Sí
Iván Cepeda
Castro                   No
José Gonzalo
Gutiérrez Triviño    Sí
Carlos Eduardo
León Celis       -
Óscar de Jesús
Marín               Sí
Juan Carlos Martínez
Gutiérrez   Sí
José Ignacio Mesa
Betancur     -
Víctor Hugo
Moreno Bandeira  Sí
Hernán Penagos
Giraldo           Sí
Pedro Pablo Pérez
Puerta          -
Telésforo Pedraza
Ortega           Sí
Augusto Posada
Sánchez          -
Juan Carlos
Sánchez Franco    Sí
Iván Darío
Sandoval Perilla       Sí
Albeiro Vanegas
Osorio             -
Carlos Alberto
Zuluaga Díaz     Sí.
Diez (10) votos
por el Sí, señor Presidente un (1) voto por el No, en consecuencia ha sido
aprobado el articulado del proyecto leído, señor Presidente.
Hace uso de la
palabra el señor Presidente, honorable Representante Óscar de Jesús Marín:
Título del
proyecto de ley señora Secretaria.
Hace uso de la
palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar
Rodríguez Arias:
Sí señor
Presidente. Por medio de la cual se aprueba la propuesta de Enmienda del
Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional sobre la
Reforma del Directorio Ejecutivo, Séptima Enmienda aprobada por la
Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI)
mediante la Resolución número 66-2 del 15 de diciembre de 2010. Leído
el título del Proyecto, señor Presidente.
Hace uso de la
palabra el señor Presidente, honorable Representante Óscar de Jesús Marín:
En consideración
el título leído así como la pregunta a los honorables miembros de la
Comisión Segunda, si quieren que este proyecto pase a segundo debate. Se abre
su discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. Lo aprueba la
Comisión, nominal señora Secretaria.
Hace uso de la
palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora
Pilar Rodríguez Arias:
Sí, señor
Presidente. Por el Sí se aprueba el título del proyecto, y ustedes manifiestan
que este proyecto pase a segundo debate y sea ley de la República.
Por el No se
niega.
Yahir Fernando
Acuña Cardales   -
Bayardo Gilberto
Betancourt Pérez        Excusa
Eduardo José
Castañeda Murillo Sí
Iván Cepeda
Castro                   No
José Gonzalo
Gutiérrez Triviño Sí
Carlos Eduardo
León Celis       -
Óscar de Jesús
Marín               Sí
Juan Carlos
Martínez Gutiérrez   Sí
José Ignacio Mesa
Betancur     -
Víctor Hugo
Moreno Bandeira  Sí
Hernán Penagos
Giraldo           Sí
Pedro Pablo Pérez
Puerta          -
Telésforo Pedraza
Ortega           Sí
Augusto Posada
Sánchez          -
Juan Carlos
Sánchez Franco    Sí
Iván Darío
Sandoval Perilla       Sí
Albeiro Vanegas
Osorio             -
Carlos Alberto
Zuluaga Díaz     Sí.
Diez (10) votos
por el Sí, señor Presidente un (1) voto por el No, en consecuencia ha sido
aprobado el título del proyecto leído y los honorables Representantes quieren
que este Proyecto tenga segundo debate y sea Ley de la República, señor
Presidente.
(…)”
Conforme a
la certificación expedida por la Secretaria  General de la Comisión Segunda de
la Cámara de Representantes, “En sesión del 3 de abril de 2013, Acta No. 26,
se le dio primer debate y se aprobó por votación nominal de acuerdo a la Ley
1431 de 2011, el PROYECTO DE LEY POR EL CUAL SE APRUEBA LA PROPUESTA DE
ENMIENDA DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL SOBRE LA
REFORMA DEL DIRECTORIO EJECUTIVO (SEPTIMA ENMIENDA), APROBADA POR LA JUNTA DE
GOBERNADORES DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL “FMI” MEDIANTE RESOLUCION No.
66-2 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2010.”
- Publicación
del Texto aprobado en primer debate en Cámara.
El Texto
aprobado en primer debate en Cámara fue publicado en la Gaceta del Congreso No.
748[22]
del 31 de octubre de 2012.
3.3.2.
Segundo Debate.
- Término
entre Comisión y Plenaria.
Habiendo
sido aprobado el proyecto en primer debate en Cámara de Representantes el día 3
de abril de 2013 e iniciado el segundo debate el 30 de abril de 2013, se cumple
el requisito Constitucional del término mínimo de ocho (8) días entre uno y
otro  momento legislativo. (C.P. art. 160).
-
Publicación del Texto de la ponencia.
La ponencia
para segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes
fue presentada por el Representante Cámara Juan Carlos Martínez Gutiérrez y
publicada en la Gaceta del Congreso No. 209 del 17 de abril de 2013[23].
- Anuncio
para votación en Plenaria.
El proyecto
fue anunciado en la sesión Plenaria del día 29 de abril de 2013, según
consta en el Acta No. 200 de esa misma fecha, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 636 del 21 de agosto de 2013, en los siguientes términos:
“(…)
Dirección
de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Gracias señor
Secretario, por favor realizar los anuncios que serán discutidos el día de
mañana 30 de abril a las 2 de la tarde.
Subsecretaria
General, doctora Flor Marina Daza Ramírez:
Sí, presidente,
se anuncian los siguientes proyectos de ley para la Sesión
Plenaria del día 30 de abril del año 2013 o para la siguiente Sesión
Plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos.
(…)
Proyecto de
ley número 252 de 2012 Cámara, 175 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueban el
Proyecto de Enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario
Internacional, para reforzar la representación y la participación en el Fondo
Monetario Internacional. Adoptado el 28 de marzo de 2008 y aprobado por la
Junta de Gobernadores, mediante la Resolución número 63-2
adoptada el 28 de abril de 2008, y el Proyecto de Enmienda del Convenio
Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, para ampliar las facultades de
inversión del Fondo Monetario Internacional, adoptada el 7 de abril del 2008 y
aprobado por la Junta de Gobernadores mediante la
Resolución número 63-3, adoptada el 5 de mayo de 2008.
(…)
Dirección
de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Gracias señora
Secretaria, se cita para el día de mañana 30 de abril a las dos de la tarde, se
levanta la sesión siendo las 7:28 p. m. y muchas gracias a todos por su
asistencia y a los televidentes por estar atentos al debate.
(…)”
-
Aprobación.
El proyecto
fue aprobado por la Plenaria de la Cámara el día 30 de abril de 2013,
según consta en el Acta No. 201 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 578[24]
de abril 30 de 2013, en los siguientes términos:
“En Bogotá, D.
C., Sede Constitucional del Congreso de la República, el día martes 30 de
abril de 2013, abriendo el registro a las 2:01 p. m., e iniciando a las 2:47 p.
m., se reunieron en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional los honorables
Representantes que adelante se indican con el fin de sesionar de conformidad
con el mandato legal.
(…)
Dirección
de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Próximo proyecto
en el Orden del Día, señor Secretario.
Secretario,
doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano. Informa:
Es el siguiente,
señor Presidente; Proyecto de ley número 175 del 2012 Cámara, 035 de 2012
Senado, por medio de la cual se aprueban las propuestas de enmienda del
“Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional sobre la reforma del
Directorio Ejecutivo, Séptima Enmienda”, aprobada por la junta de Gobernadores
del Fondo Monetario Internacional mediante la Resolución número 62
del 15 diciembre 2010.
Autores: Ministra
de Relaciones Exteriores, doctora María Angélica Holguín Cuéllar y
el Ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Juan Carlos
Echeverría Garzón.
Ponente: Juan
Carlos Martínez Gutiérrez.
Y la proposición
con que termina la ponencia dice así: Por lo anteriormente expuesto presento
ponencia positiva y solicitamos muy comedidamente a los integrantes de la
honorable Cámara de Representantes dar segundo debate al Proyecto de ley número
035 de 2012 Senado y 175 de 2012 Cámara, por medio de la cual se
aprueba las propuestas de enmienda del “Convenio Constitutivo del Fondo
Monetario Internacional sobre la reforma del Directorio Ejecutivo, Séptima
Enmienda”, aprobada por la junta de Gobernadores del Fondo Monetario
Internacional mediante la Resolución número 62 del 15 diciembre 2010.
Firma Juan
Carlos Martínez Gutiérrez Representante a la Cámara.
Señor Presidente,
ha sido leída la proposición con que termina la ponencia, manifiesta y
recomienda que se dé segundo debate a este proyecto.
Dirección
de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Gracias señor
Secretario, en consideración la proposición con que termina en forma ponencia.
Doctor Alba Luz Pinilla tiene usted el uso de la palabra.
Intervención de
la honorable Representante Alba luz Pinilla Pedraza:
Es que yo tenía
una confusión, quiero preguntar al Ministro si este proyecto de ley es donde
abre el cupo a dos países de África o es que tengo una confusión, en el
anterior votamos dos Resoluciones, pero yo quiero preguntar en este proyecto de
qué habla la resolución, creo que es de la Junta Directiva y que abre
el cupo para la participación de dos países de África no estoy segura y tengo
confusión entonces solamente preguntarle al Ministro, porque esta es otra enmienda
pero de otra resolución, en la anterior votamos dos resoluciones, en esta es
otra resolución, pero ahí sí tengo duda, señor Presidente.
Dirección
de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Señor Ministro,
tiene usted el uso de la palabra.
Intervención del
señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría:
Esta enmienda lo
que hace es que le da más participación, es decir cuotas y poder de voto a los
países más pobres, es decir, con esto ganan participación y se reacomodan lo que
llaman allá las sillas, que son los grupos de países que se organizan para que
lleve su representación, entonces se le quita representación a Europa, le
quitan el número de sillas en el Consejo Directivo a Europa y le dan más sillas
a África y le dan más sillas a Latinoamérica, de manera que es ese reacomodo.
En cuanto al
número de miembros no creo que haya cambiado, es decir no es que haya más
países, o más países, en particular africanos, para responder su pregunta, lo
que sí le puedo decir es que se barajan las sillas del Directorio Ejecutivo
para que haya más participación de países en desarrollo o países en economías
emergentes.
Entonces no hay
nuevos países simplemente aumentan la participación los países de economías
emergentes, como les decía ante Colombia en este proyecto que lo que hace un
enmienda al convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional aumente su
participación del 0,34% al 0,44%, de manera que aumentan nuestro poder de
votos, aumenta nuestra representación como lo hacen también otras economías
emergentes, de manera que es todo, lo que busca es un nuevo equilibrio en el
orden, cambio internacional donde las economías emergentes tengamos más voz,
más capacidad de decisión y que lo que hace el Fondo Monetario Internacional no
esté dictado por los Estados Unidos y por Europa, por eso no es sorprendente
que el país que no ha ratificado esto sea los propios Estados Unidos que eso lo
que está mal demorados, porque para ellos representa una pérdida de
participación de poder de voto, pero lo que sí no es explicable es que los
países que ganamos, que ganan participación como Colombia pues, nos hayamos
demorado en ratificar estas enmiendas al convenio constitutivo del Fondo
Monetario Internacional. Gracias señor Presidente.
Dirección
de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Gracias, señor
Ministro, en consideración la proposición con que termina el informe de
ponencia anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, “Aprueba la Plenaria”
Secretario,
doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano. Informa:
Ha sido aprobado,
señor Presidente.
Dirección
de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Articulado del
proyecto.
Secretario,
doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano. Informa:
Consta de tres
artículos, señor Presidente, no existe ninguna proposición.
Dirección
de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
En consideración
el articulado del proyecto, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado,
“Aprueba la Plenaria”
Secretario,
doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano. Informa:
Ha sido aprobado,
señor Presidente.
Dirección
de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Doctora Alba luz
Pinilla.
Intervención de
la honorable Representante Alba Luz Pinilla Pedraza:
Gracias, señor
Presidente, y no con el ánimo de torpedear la votación, quiero dejar constancia
en el acta del voto negativo del Polo Democrático Alternativo.
Dirección
de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Doctora Alba Luz
me disculpa pero entonces tendríamos que reabrir la votación, porque entonces
pues se aprobó, nadie había solicitado votación nominal anteriormente, si usted
considera, entonces, al someter el título, la pregunta, lo hacemos de manera
nominal. Doctor Telésforo.
Intervención del
honorable Representante Telésforo Pedraza Ortega:
Mire Presidente,
con el mayor respeto, pero es el respeto por la Ley 5ª, yo escucho
las muy importantes observaciones juiciosas desde su punto de vista de nuestra
muy querida colega la doctora Alba Luz Pinilla, pero es que, Presidente, ese
tipo de constancia ya no es permitido, lo que hay que hacerlo es cuando se
estaba haciendo la votación no a posteriori, usted lo sabe muy bien, de tal
manera que con muchísima pena en este momento tendría era que volverse a un
procedimiento que a mí no me parece lógico, de volver a reabrir una discusión
para ver si se vuelve a hacer la votación porque es que la votación ya se
efectuó, Presidente.
Entonces ahora,
como usted lo dice, cuando se vote el título del proyecto y si la
Plenaria quiere que sea ley de la República, ah, entonces, pueden
pedir que votación nominal y votamos y ahí quedan las constancias, pero me
parece que en estricto cumplimiento de la Ley 5ª, Presidente, no es
factible, con todo el aprecio que le tengo a la Representante
Alba Luz Pinilla.
Dirección
de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Comparto su
posición, doctor Telésforo, tendría que presentarse una proposición para
reabrir la votación y pedir votación nominal, pero comparto desde luego su
lectura de la Ley 5ª, título y pregunta, señor Secretario.
Secretario,
doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano, Informa:
Proyecto de ley
número 175 del 2012 Cámara 035 del 2012 Senado, por medio de la cual se
aprueba la propuesta de enmienda del “Convenio Constitutivo del Fondo Monetario
Internacional sobre la Reforma del Directorio Ejecutivo, Séptima
Enmienda”, aprobada por la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario
Internacional mediante la Resolución número 66-2 del 15 diciembre
2010.
Firma Ministra de
Relaciones.
Ha sido leído,
señor Presidente, el título del proyecto.
Dirección
de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
En consideración
el título y le pregunto a la Plenaria si quiere que este proyecto de
ley sea ley de la República, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado,
“Aprueba la Plenaria”
Secretario,
doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano. Informa:
Ha sido aprobado,
señor Presidente.
(…)”
Mediante
escrito del Secretario General de la Cámara de Representantes, de fecha
diecisiete (17) de julio de 2013, certificó:
“Que en la sesión
Plenaria de la H. Cámara de Representantes del día 30 de abril de 2013, que
consta en el Acta No. 201, a la cual se hicieron presentes ciento treinta y
cuatro (134) Honorables Representantes a la Cámara, fueron considerados y
aprobados por unanimidad en votación ordinaria, la ponencia para segundo
debate, el articulado, titulo y la pregunta “Quiere la Plenaria que este
proyecto sea Ley de la República” del Proyecto de Ley No. 175 de 2012 Cámara –
035 de 2012 Senado, hoy Ley 1631 de 2013, “POR
MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA PROPUESTA DE ENMIENDA DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL SOBRE LA REFORMA DEL DIRECTORIO EJECUTIVO
(SÉPTIMA ENMIENDA), APROBADA POR LA JUNTA DE GOBERNADORES DEL FONDO MONETARIO
INTERNACIONAL (FMI) MEDIANTE LA RESOLUCIÓN NÚMERO 66-2 DEL 15 DE DICIEMBRE DE
2010.
(…)”
-
Publicación del Texto definitivo aprobado en Plenaria de Cámara de
Representantes.
En la Gaceta
del Congreso No 268[25]
de 2013 se publicó el texto definitivo del Proyecto Ley 175 de 2012
Cámara, 35 de 2012 Senado.
3.3.3.
Inexistencia de un vicio
de trámite en la sesión Plenaria de la Cámara de Representantes.
3.3.1. Igual
observación se presenta en el trámite legislativo en la
Plenaria de la Cámara de Representantes, cuando se afirma por parte de la
Academia Colombiana de Jurisprudencia, sobre la existencia de un vicio en la
aprobación del proyecto de ley, con ocasión de la constancia del voto negativo
del Polo Democrático Alternativo.
3.3.2. Como
se indicó en el numeral 3.2.3., la reforma introducida al artículo 133 de la
Constitución, con el Acto legislativo 1 de 2009, estableció que por regla
general el voto de los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa,
será nominal y público, excepto en los casos que determine la ley, disposición
que tiene por objeto permitir el control de la responsabilidad política ante la
sociedad y los electores del cumplimiento de las obligaciones propias de la
investidura.
3.3.3. El legislador orgánico previó
un listado para el uso del mecanismo ordinario de votación, como excepción a la
regla general de la votación nominal y pública, entre las que consagró la
existencia de unanimidad para aprobar o negar en todo o en parte un proyecto, a
menos que la votación nominal y pública sea solicitada por alguno de sus
miembros (Art. 129 de la Ley 5 de 1992, modificada por la
Ley 1431 de 2011).
3.3.4. Al
efecto, en la plenaria de la Cámara de Representantes, una vez iniciada la
votación, la Representante a la Cámara Alba Luz Pinilla solicitó aclaración del
tema que se estaba votando, obtenida la aclaración, se procedió a votar.
Culminada la votación de la proposición con la que terminaba el informe de
ponencia y del articulado del proyecto de ley, manifestó la citada
representante, que quería dejar constancia en el acta, del voto negativo del
Polo Democrático Alternativo.
3.3.5. Al
respecto, cabe observar que en esta sesión, tampoco se solicitó previamente,
que la votación se realizare en forma nominal y pública conforme a lo prescrito
por el artículo 129 de la Ley 1431/11 y la manifestación pública del voto
contrario a la mayoría, fue expresada con posterioridad a la aprobación del
informe de ponencia y del texto del articulado, momento en el cual ya no es
posible invalidar la votación efectuada.
3.3.6. En
consecuencia, la votación ordinaria en la aprobación de los proyectos de ley
será  válida, si no se manifiesta con anticipación a la misma, la solicitud de
que se vote mediante votación nominal y pública, y solo con posterioridad a la
culminación de la votación y aprobación, se deja constancia expresa y pública
del voto negativo de algunos congresistas.
Por lo
expuesto, la Corte considera que no se presentó un vicio en la formación de la
voluntad de la plenaria de la Cámara de Representantes.
3.4.
Sanción Presidencial y envío a la Corte Constitucional.
3.4.1.
Sanción.
El
Presidente de la República sancionó la ley “Por medio de la cual se aprueba
la “Propuesta de Enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario
Internacional sobre la Reforma del Directorio Ejecutivo (séptima enmienda)”,
aprobada por la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI)
mediante la Resolución número 66-2 del 15 de diciembre de 2010, convirtiéndose
en la ley 1631 de 27 de mayo de 2013, la cual fue debidamente publicada en el
Diario Oficial No. 48.803 de 27 de mayo de 2013.
3.4.2.
Remisión gubernamental oportuna.
Mediante
oficio recibido el día 30 de mayo de 2013, la Secretaría Jurídica de la
Presidencia de la República, remitió a esta Corporación copia auténtica de la
Propuesta de Enmienda y de la ley aprobatoria, dentro del término de seis días
contados a partir de la sanción de ésta, en cumplimiento del artículo 241
numeral 10 de la Constitución.
4.
Conclusión.
El proyecto
de la ley ““Por medio de la cual se aprueba la “Propuesta de Enmienda
del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional sobre la Reforma
del Directorio Ejecutivo (séptima enmienda)”, aprobada por la Junta de
Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante la Resolución
número 66-2 del 15 de diciembre de 2010, (i) surtió los cuatro debates de
aprobación con el quórum exigido y las mayorías necesarias; (ii) contó con las
publicaciones del proyecto y las ponencias para cada debate; (iii) recibió los
anuncios previos a cada votación; (iv) cumplió los términos que deben existir
entre las votaciones en comisión y plenaria de ambas cámaras y entre Senado y
Cámara de Representantes, y v) su trámite no excedió dos legislaturas (26 de
julio de 2012 – 30 de abril de 2013). Por lo anterior, la Corte concluye que no
hay vicio alguno de Constitucionalidad en el trámite de este proyecto.
5. Examen
Material.
La Corte realizará el control
material de constitucionalidad sobre el contenido material de las disposiciones
del tratado y la ley.
5.1. El
régimen Constitucional de las relaciones internacionales.
Las
relaciones exteriores de Colombia se basan en la soberanía nacional, en el
respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los
principios del derecho internacional aceptados por el Estado (CP., art. 9) y la
celebración de tratados, lo cuales deben edificarse sobre bases de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional (CP, artículos 150.16, 226 y 227) y en el
impulso de la integración de Colombia con las demás naciones y, en particular,
con la comunidad latinoamericana y del caribe (C.P., preámbulo, arts. 9º y 227)
5.2. Antecedentes
de la Propuesta de Enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario
Internacional sobre la Reforma del Directorio Ejecutivo (séptima enmienda).
5.2.1. El Fondo Monetario Internacional (FMI), fue creado en la reunión
de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, celebrada en
Bretton Woods, New Hampshire, el 22 de julio de 1944, mediante la suscripción
de su tratado constitutivo, que entró en vigor el 27 de diciembre de 1945.
El Convenio Constitutivo del FMI fue mediante la
Ley 96 de 1945, y ha sido enmendado en seis (6) oportunidades,
así:
La Primera Enmienda entró en vigor el 28 de
julio de 1969 y fue incorporada al ordenamiento jurídico interno por la
Ley 2ª de septiembre 26 de 1969.
La Segunda Enmienda entró en vigor el 1° de
abril de 1978 y fue incorporada a nuestra legislación mediante la
Ley 17 de abril 15 de 1977.
La Tercera Enmienda, que entró en vigor el 11 de noviembre de 1992
y fue adoptada como legislación interna mediante la Ley 92 de 1993,
la cual fue declarada exequible por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-359 de 1994.
La Cuarta Enmienda, entró en vigor el 10 de agosto
de 2009 y fue adoptada como legislación interna por la
Ley 652 de 2001 y fue declarada exequible por la
Corte Constitucional en la
Sentencia C-057 de 2002.
La Quinta Enmienda y la
Sexta Enmienda fueron presentadas para la aprobación del Congreso de la
República mediante el Proyecto de ley número 175 de 2011 Senado, las cuales
culminaron con la expedición de la ley 1634 de 2013, la cual fue declarada
inexequible por la Corte Constitucional, en sentencia C- 134 de 2014.
5.3. La
“Propuesta de Enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario
Internacional sobre la Reforma del Directorio Ejecutivo.
5.3.1. La “Propuesta
de Enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional sobre la
Reforma del Directorio Ejecutivo (séptima enmienda)”, aprobada por la
Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante la
Resolución número 66-2 del 15 de diciembre de 2010, corresponde a la
Séptima Enmienda al Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional.
5.3.2. La
Enmienda está conformada por 15 numerales, mediante los cuales se modifican los
artículos XII, XXI (a) (ii), XXIX(a), el parágrafo 1(a) del Anexo D, el
parágrafo 5(e) del anexo D, el parágrafo 50(f) del anexo D, el anexo  E, el
parágrafo 1(b) del Anexo 1 y el texto del encabezamiento del parágrafo 3(c) del
anexo 1.
5.3.2.1.
Modificaciones al artículo XII, Sección 3(b)[26],
(c)[27],
(d)[28],
(f)[29],
(i)[30],
(j)[31]
y 8[32]:
El artículo XII, Sección 3 b) quedará de la siguiente manera:
“b) Con sujeción a
lo dispuesto en el apartado c) de esta Sección, el Directorio
Ejecutivo estará integrado por veinte directores ejecutivos y será
presidido por el Director Gerente”
El Artículo XII, Sección 3 c) quedará de la siguiente manera:
“c) A los
efectos de cada elección ordinaria de directores ejecutivos, la
Junta de Gobernadores, por mayoría del ochenta y cinco por ciento de la
totalidad de los votos, podrá aumentar o reducir el número de directores
ejecutivos especificado en el apartado b) de esta Sección”.
El Artículo XII, Sección 3 d) quedará enmendado de la siguiente
manera:
“d) Las elecciones de directores
ejecutivos se efectuarán a intervalos de dos años, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias que adopte la Junta de
Gobernadores. Dichas disposiciones incluirán un límite al número total de votos que pueden emitir más de un país
miembro a favor del mismo candidato”.
El Artículo XII, Sección 3 f) quedará de la siguiente manera:
“f) Los
directores ejecutivos continuarán en el desempeño de sus cargos hasta que sus
sucesores hayan sido elegidos. Si un cargo de director ejecutivo quedare
vacante más de noventa días antes de la expiración del mandato de este, los
países miembros que lo eligieron elegirán otro director ejecutivo por el resto
de dicho mandato. Para la elección se necesitará la mayoría de los votos
emitidos. Mientras subsista la vacante, el suplente del antiguo director
ejecutivo ejercerá las facultades de este, excepto la de designar suplente”.
El Artículo XII, Sección 3 i) quedará de la siguiente manera:
“i) i) Cada
uno de los directores ejecutivos elegidos tendrá derecho a emitir el número de
votos que haya recibido al ser electo;
ii) Cuando
sean aplicables las disposiciones de la Sección 5 b) de este
Artículo, se aumentarán o disminuirán, según corresponda, los votos que de otro
modo tenga derecho a emitir un director ejecutivo. Todos los votos que un
director ejecutivo tenga derecho a emitir los emitirá en bloque;
iii) Cuando
se dé por terminada la suspensión del derecho de voto de un país miembro
conforme al Artículo XXVI, Sección 2 b), el país miembro podrá ponerse de
acuerdo con todos los países miembros que hayan elegido un director ejecutivo
para que los votos asignados a dicho país miembro sean emitidos por ese
director ejecutivo, teniendo en cuenta que, si no se hubiese celebrado una
elección ordinaria de directores ejecutivos durante el período de la
suspensión, el director ejecutivo en cuya elección hubiera participado el país
miembro con anterioridad a la suspensión, o su sucesor elegido de acuerdo con
el Anexo L, párrafo 3 c) i), o de acuerdo con el apartado f) de esta
Sección, estará facultado para emitir los votos asignados al país miembro. Se
considerará que este ha participado en la elección del director ejecutivo
facultado para emitir los votos asignados al país miembro”.
El texto del Artículo XII, Sección 3 j) quedará de la siguiente
manera:
“j) La
Junta de Gobernadores adoptará disposiciones reglamentarias por las cuales
todo país miembro podrá enviar un representante a cualquier reunión del
Directorio Ejecutivo en que haya de considerarse una solicitud presentada por
dicho país miembro o haya de tratarse un asunto que le afecte particularmente”.
El texto del Artículo XII, Sección 8, quedará enmendado de la
siguiente manera:
“El Fondo tendrá
derecho en todo momento a comunicar extraoficialmente su opinión a cualquier país miembro sobre toda cuestión que surja en
relación con este Convenio. El Fondo podrá disponer,
por mayoría del setenta por ciento de la totalidad de los votos, que se
publique el informe que haya dirigido a un país miembro referente a su
situación monetaria o económica y demás factores que tiendan directamente a producir un grave desequilibrio en las balanzas de
pagos internacionales de los países miembros. El país miembro tendrá derecho a
la representación prevista en la Sección 3 j) de este Artículo.
El Fondo no publicará informes que se refieran a cambios
en la estructura fundamental de la organización económica de los países
miembros”.
El Gobierno Nacional en la exposición de motivos, señaló la
importancia de las modificaciones introducidas a la conformación del Directorio
Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, indicando: “Las reformas propuestas para modificar la estructura y la
composición del Directorio Ejecutivo, cuya fortaleza es vital para el
funcionamiento eficaz y representativo de la institución, incluyen pasar a un
régimen en el cual este órgano sea resultado exclusivo de un sistema de
elecciones (para lo cual se requiere la enmienda a la que se refiere este
proyecto de ley), y reducir en dos puestos la representación combinada de los
países europeos avanzados en el Directorio (quedarán en cabeza de dos países
emergentes). También incluyen la ampliación del margen para nombrar un segundo
director ejecutivo suplente a fin de mejorar la representación de los grupos
integrados por varios países.”
Para la Corte, no reviste contradicción alguna con la
Constitución Política, la propuesta de enmienda al Convenio Constitutivo del
FMI que contempla la reforma a su estructura de gobierno del Fondo, al eliminar
la categoría de Directores Ejecutivos nombrados por
los países con mayores cuotas, y adopta un esquema donde todos los directores
son elegidos por votación; mantiene el numero de Directores en 20, pero permite
su modificación, por votación de la mayoría que represente el 85%
del poder de voto; establece la periodicidad de las elecciones de los
Directores, el límite de votos por un mismo candidato, determina la forma de
suplir las vacancias de los cargos de lo Directores ejecutivos, la forma de
contabilizar los votos que emita un Director, las normas relativas a la
divulgación de información de los miembros, entre otros.
Lo anterior,
en tanto los cambios en la elección del Directorio del Fondo, la designación de
sus miembros basada en la votación y no en el monto de sus cuotas, permite una
mayor participación de todos los países integrantes del fondo, en condiciones
de igualdad, haciendo que su estructura de gobierno refleje la realidad
mundial, en la medida que se otorga mayor representación a los países
emergentes y se dando cumplimiento al mandato de integración al Estado
colombiano, consagrado en la
Constitución Política.
Para la Corte, los mandatos señalados, se ajustan a la Carta
Política, en tanto la democratización de la elección del Directorio Ejecutivo
del FMI, permite una mayor participación de los Estados emergentes en las
decisiones del FMI y coadyuvan a la internacionalización de las relaciones
políticas, económicas y  sociales, así como a la integración económica del
Estado colombiano con las demás naciones (CP., art. 227).
5.3.2.2. Modificaciones al artículo XXI (a)) (ii)[33]:
El Artículo XXI a), ii) quedará así:
“a) ii) En
las decisiones del Directorio Ejecutivo sobre asuntos que se refieran
exclusivamente al Departamento de Derechos Especiales de Giro, solo tendrán
derecho a votar los directores ejecutivos en cuya elección haya intervenido por
lo menos un país miembro que sea participante. Cada uno de estos directores
ejecutivos tendrá derecho a emitir el número de votos que les haya sido
asignado a los países miembros participantes cuyos votos hayan contribuido a su
elección. A efectos de constituir quórum o de adoptar decisiones mediante las
mayorías requeridas, solo contarán la presencia y los votos de los directores
ejecutivos elegidos por países miembros que sean participantes”.
La nueva redacción de este artículo, se ajusta a las
modificaciones introducidas a la conformación del Directorio Ejecutivo del
Fondo, en tanto se eliminaron del Directorio, los cinco Directores
nombrados por los cinco países miembros con mayores cuotas, haciéndose
necesaria la reformulación del artículo XXI(a) (i).
En este medida,
encuentra la Corte que la disposición bajo
examen, no riñe con ningún postulado constitucional, en tanto constituye la
forma en que a partir de la enmienda, se regula el derecho al voto de los
Directores, la contabilización de los votos a emitir, el quórum y las mayorías
en el Directorio Ejecutivo, en lo que se refiere al Departamento de Derechos de
Giro, contemplando las debidas garantías.
5.3.2.3.
Modificaciones al artículo XXIX (a)[34]:
Consagra la propuesta de enmienda, que el texto del Artículo XXIX
a) quedará así:
“a) Toda cuestión
de interpretación de las disposiciones de este Convenio que surja entre
cualquier país miembro y el Fondo o entre cualesquiera países miembros se
someterá a la decisión del Directorio Ejecutivo. Si la cuestión afecta en
particular a un país miembro, este país tendrá derecho a la representación
prevista en el Artículo XII, Sección 3 j)”
Para la Corte, la enmienda a este artículo, que señala que las
divergencias en la interpretación del convenio serán dirimidas por el
Directorio Ejecutivo del FMI, y que cuando dicha interpretación afecte a un
país, éste puede hacer uso de la facultad de enviar a un representante para que
asista a la reunión del Directorio, conforme a lo preceptuado en la
Sección 3 (j) del artículo XII, no riñe con ningún postulado constitucional;
por el contrario, permite que en caso de requerirse, el Estado colombiano pueda
solicitar la asistencia de un representante a la reunión del Directorio
Ejecutivo, y participar en ella para defender sus intereses nacionales.
5.3.2.4.
Modificaciones al Anexo D: párrafo 1 a)[35],
párrafo 5 (e)[36]
y 5(f)[37]:
El párrafo 1° a) del Anexo D quedará enmendado de la siguiente
manera:
“a) Todo
país miembro o grupo de países miembros en representación del cual o los cuales
un director ejecutivo emite el número de votos asignado nombrarán, para
integrar el Consejo, un consejero, que será gobernador, ministro del gobierno
del país miembro o persona de categoría similar, y podrán nombrar hasta siete
adjuntos. Por mayoría del ochenta y cinco por ciento de la totalidad de los
votos, la Junta de Gobernadores podrá modificar el número de adjuntos
que pueden nombrarse. Los consejeros y adjuntos desempeñarán sus cargos hasta
que se haga un nuevo nombramiento o hasta la siguiente elección ordinaria de
directores ejecutivos, según lo que ocurra antes.”
Se suprimirá el texto del párrafo 5 e) del Anexo D. que
establece: “e) A los efectos del apartado b) de este párrafo y
del párrafo 3 b), el acuerdo a que llegue un país miembro o un país
miembro que sea participante, en virtud del Artículo XII, Sección 3 i)
ii), facultará al consejero para votar y emitir el número de votos asignados a
dicho país.”
El párrafo 5 f) del Anexo D pasará a denominarse párrafo 5 e)
del Anexo D y el texto del nuevo párrafo 5 e) quedará enmendado de la siguiente
manera:
“e) Cuando
un director ejecutivo esté facultado para emitir los votos asignados a un país
miembro de conformidad con el Artículo XII, Sección 3 i) iii), el
consejero nombrado por el grupo de países que eligieron a dicho director
ejecutivo estará facultado para votar y emitir los votos asignados al país
miembro. Se considerará que este ha participado en el nombramiento del
consejero facultado para votar y emitir los votos asignados al país miembro.”
Sobre las
reformas contempladas en la enmienda, el gobierno nacional en la exposición de
motivos, señaló: “Las modificaciones al Convenio Constitutivo antes
señaladas, junto con las demás decisiones adoptadas por la
Junta de Gobernadores del FMI en la
Resolución número 66-2 de diciembre 15 de 2010 en cuanto a la
reorganización de la estructura de gobierno del FMI y al aumento de las cuotas
de los países miembros, refuerzan la legitimidad, credibilidad y la eficacia
del Organismo, haciendo que su estructura de gobierno refleje de mejor manera
la realidad mundial en la medida que otorgan mayor representación a los países
emergentes.”
La Corte
no encuentra reparo de constitucionalidad de los artículos precedentes, que se
relacionan con las reglas relativas al nombramiento de los Consejeros, a las
facultades de los mismos, a la emisión de los votos, entre otros, en tanto reflejan
la nueva forma en que se gobernará el Fondo Monetario Internacional, conforme a
la enmienda realizada a la conformación y forma de elección de los Directores
Ejecutivos, en consideración a la eliminación de los Directivos
nombrados.
5.3.2.5.
Modificaciones al Anexo E[38].
La propuesta de enmienda consagra que el Anexo E quedará así:
“Disposiciones
transitorias con respecto a los directores ejecutivos
1. Al entrar en
vigor el presente anexo:
a) Se considerará
que cada director ejecutivo nombrado conforme al anterior Artículo XII,
Secciones 3 b) i) o 3 c) y que se encontraba en funciones inmediatamente antes
de la entrada en vigor del presente anexo ha sido elegido por el país miembro
que lo había nombrado, y
b) Se considerará
que cada director ejecutivo que haya emitido el número de votos que
correspondía a un país miembro conforme al anterior Artículo XII, Sección 3 i)
ii) inmediatamente antes de la entrada en vigor del presente anexo ha sido
elegido por dicho país miembro.”
La enmienda establece un periodo transitorio, en virtud del cual
entre la entrada en vigencia del Convenio Constitutivo y la primera elección de
Directores Ejecutivos que se realice bajo la misma, los directores designados
se considerarán directores elegidos por votación. Prescribe además que  durante
este periodo, todos los Directores Ejecutivos en ejercicio de sus funciones a
la entrada en vigencia de la enmienda, mantendrán sus posiciones hasta que sus
sucesores sean elegidos por votación.
Para La
Corte las modificaciones del anexo E., no revisten reparo de
constitucionalidad alguno, en tanto señalan las disposiciones que definen como
será la transición  entre el régimen anteriormente vigente y la entrada en
vigor de la enmienda, garantizando la adecuada interpretación de las
disposiciones de la enmienda y su armonización con el Convenio constitutivo.
5.3.2.6.
Modificaciones al parágrafo 1(b) [39]
y encabezamiento del párrafo 3 c) del Anexo L[40]:
El anexo L, señala que en el caso de una suspensión del derecho de
voto de un país miembro, conforme al Artículo XXVI, Sección 2 b) el país
miembro no podrá: “(...) b) nombrar
a un gobernador o gobernador suplente, nombrar o participar en el nombramiento
de un consejero o consejero suplente, ni elegir o participar en la elección de
un director ejecutivo.”
El texto del encabezamiento del
párrafo 3 c) del Anexo L quedará enmendado de la siguiente manera: “c) El
director ejecutivo que haya sido elegido por el país miembro, o en cuya
elección haya participado el mismo, cesará en su cargo, a menos que dicho
director ejecutivo tuviera derecho a emitir los votos asignados a otros países
miembros cuyo derecho de voto no se haya suspendido. En este último caso”.
Observa la Corte que en el Anexo L (b), en donde se establecen las
limitaciones que tienen los países cuando son suspendidos en el derecho al
voto, la enmienda suprime la palabra “nombrar”, referida a los Directores
Ejecutivos, toda vez que a partir de la entrada en vigor de la misma, todos los
Directores Ejecutivos serán elegidos mediante votación.
Ahora bien, frente al encabezamiento del parágrafo 3 (c) del Anexo
L, la modificación responde a los mismos motivos reseñados anteriormente, por
cuanto se suprime la palabra “nombrado” de la expresión “El director
ejecutivo que haya sido nombrado o elegido” por desaparecer este
tipo de Directores.
Para esta Corporación, no riñen con los postulados
de la Constitución, las modificaciones introducidas al anexo L del Convenio
constitutivo del FMI, en la medida que son el resultado de las enmiendas
realizadas al Directorio Ejecutivo, a su conformación y a la forma en que se
designan sus miembros, toda vez que a partir de la enmienda, todos los
Directores Ejecutivos son elegidos por todos los integrantes, habiéndose
suprimido los que conforme al Convenio constitutivo eran representantes de los
cinco países con mayores cuotas que eran nombrados por ellos.
Por el contrario, la modificación de la forma de
designación de los Directores Ejecutivos, a que la totalidad de ellos se eligen
por votación, permitirá al Estado colombiano y a sus países aliados, contar con
una mayor posibilidad de participar en las decisiones del FMI, en procura de
sus intereses nacionales, de los procesos de integración económica e
internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y
ecológicas. (CP., preámbulo, arts. 2, 226 y 227).
5.3.2.7. Frente a la entrada en vigencia de la
enmienda, cabe resaltar que si bien el texto del proyecto señala que la
Resolución 66-2 es efectiva a partir del 15 de diciembre de 2010, fecha de su
aprobación por parte de la Junta de Gobernadores, conforme al Convenio
constitutivo del Fondo Monetario Internacional, las enmiendas se adoptan
mediante su aprobación por parte de la Junta de Gobernadores y la aceptación de
tres quintos de los países miembros, que equivalen al 85% de los votos.
Al respecto cabe resaltar que para el Estado
Colombiano, la enmienda entrará en vigor cuando haya sido aprobada mediante ley
por el Congreso de la Republica y declarada su exequibilidad por esta
Corporación, conforme a los consagrado en el artículo 224 de la Constitución
Política, momento en el cual el Presidente de la República podrá proceder a su
ratificación.
III.
CONCLUSIONES
1.
Síntesis del Caso.
1.1. La
Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante la
Resolución número 66-2 del 15 de diciembre de 2010 aprobó la “Propuesta de
Enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional sobre la
Reforma del Directorio Ejecutivo (séptima enmienda)”, la cual conforme a su
Convenio Constitutivo, debe ser presentada a sus países miembros para su
aceptación.
1.2. En
cumplimiento de lo preceptuado en la
Constitución Política, el Presidente de la
República le impartió la aprobación ejecutiva y ordenó su presentación al
Congreso de la República para su aprobación. Surtido el trámite legislativo,
fue expedida la Ley 1631, sancionada por el Presidente de la
República, el 27 de mayo de 2013 y sometida a control constitucional de esta
Corporación el 30 de mayo de 2013.
2. Razón
de la Decisión.
2.1. El
examen de validez formal de la “Propuesta de Enmienda del Convenio
Constitutivo del Fondo Monetario Internacional sobre la
Reforma del Directorio Ejecutivo (séptima enmienda)”, aprobada por la
Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante la
Resolución número 66-2 del 15 de diciembre de 2010 y la ley 1631 de 27 de mayo
de 2013 aprobatoria de la misma, arroja para la
Corte que: (i) es válida la aprobación de la enmienda mediante la adhesión y
(ii) se observaron las reglas propias del trámite legislativo que precedieron
la aprobación de la ley objeto de análisis.
2.2. No se
evidencia un vicio en las Plenarias del Senado de la
República ni de la Cámara de Representantes, en tanto si bien la regla general
de decisión es que la votación de los proyectos de ley se realice en forma
nominal y pública, esta se exceptúa cuando exista unanimidad en la respectiva
comisión o plenaria para aprobar o negar todo o parte del articulado del
proyecto. Sin embargo, la excepción anterior no procede en los casos que
existiendo unanimidad, alguno de  sus miembros solicita que  la votación se
realice de manera nominal y pública o cuando antes de realizarse la votación,
algún miembro manifiesta su voto disidente, pues ello entraña la inexistencia
de unanimidad.
Como
consecuencia de los antes expuesto, la manifestación del voto negativo con
posterioridad a la votación y aprobación de los proyectos de ley, no invalida
la votación ordinaria, sino que la habilita como una constancia.
Encuentra la
Corte que en el proceso legislativo, existe un deber de mínima diligencia por
parte de los Congresistas, para manifestar su voto disidente, con el fin de
hacerlo de manera oportuna.
2.3.
Asimismo, revisado el contenido de las disposiciones de la “Propuesta de
Enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional sobre la
Reforma del Directorio Ejecutivo (séptima enmienda)”, aprobada por la Junta
de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante la Resolución
número 66-2 del 15 de diciembre de 2010, la Corte encuentra que se ajusta a los
postulados constitucionales relativos a la integración con otros Estados, a la
soberanía nacional (CP. Art. 9), el mandato de internacionalización de las
relaciones económicas, sociales y ecológicas de la nación con otras naciones y
a la integración económica, social y política los países de América Latina  y
del Caribe. (CP., arts. 226 y 227).
2.4. Con
fundamento en las anteriores consideraciones, la Corte Constitucional declarará
exequible el contenido de la “Propuesta de Enmienda del Convenio
Constitutivo del Fondo Monetario Internacional sobre la Reforma del Directorio
Ejecutivo (séptima enmienda)”, aprobada por la Junta de Gobernadores del
Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante la Resolución número 66-2 del 15
de diciembre de 2010 y la ley 1631 de 27 de mayo de 2013 aprobatoria de la
misma.
IV. DECISIÓN.
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.-
Declarar EXEQUIBLE la “Propuesta de Enmienda del Convenio Constitutivo
del Fondo Monetario Internacional sobre la
Reforma del Directorio Ejecutivo (séptima enmienda)”, aprobada por la
Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante la
Resolución número 66-2 del 15 de diciembre de 2010.
Segundo.-
Declarar EXEQUIBLE la Ley 1631 de 27 de mayo de 2013  por medio de la cual
se aprobó la “Propuesta de Enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo
Monetario Internacional sobre la Reforma del Directorio Ejecutivo (séptima
enmienda)”, aprobada por la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario
Internacional (FMI) mediante la Resolución número 66-2 del 15 de diciembre de
2010.
Tercero.-
Disponer que se comunique inmediatamente esta sentencia al Presidente de
la República para lo de su competencia, así como al Presidente del Congreso de
la República.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
cúmplase y archívese el expediente.
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Presidente
Con
aclaración de voto
MARIA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Con
salvamento de voto
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con
salvamento de voto
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Con
aclaración de voto
NILSON
ELÍAS PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO
ROJAS RIOS
Magistrado
Con
salvamento de voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO Y
ALBERTO ROJAS RIOS
A LA SENTENCIA C-277/14
Referencia: Expediente LAT-413
Revisión de constitucionalidad: de la “Propuesta
de Enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional sobre
la Reforma del Directorio Ejecutivo (séptima enmienda)”, aprobada por la
Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante la
Resolución número 66-2 del 15 de diciembre de 2010 y la ley 1631 de 27 de mayo
de 2013 que la aprobó.
Magistrado Ponente:
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
1. Con el acostumbrado respeto por las
decisiones tomadas por la Sala Plena, salvamos el voto respecto de la sentencia
C-277 de 2014, ya que ésta desconoce el
artículo 133, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009; el artículo 129 de
la Ley 5ª de 1992, el artículo 1º de la Ley 1433 de 2011, y las subreglas
definidas en jurisprudencia constitucional constante sobre la obligatoriedad de
la votación nominal y pública.[41]
2. Esas normas, de origen constitucional,
legal y jurisprudencial, establecen: (i) la regla general de votación nominal y
pública, en las decisiones del Congreso; (ii) la reserva legislativa para la
definición de excepciones taxativas a esa regla; (iii) la caracterización de la
omisión de este tipo de votación como un vicio susceptible de afectar la
validez de la ley, (iii.1) de carácter subsanable cuando se presenta durante
los debates 3º o 4º, pues ya se haya conformada la voluntad de una de las
cámaras legislativas; pero (iii.2) insubsanable cuando ocurre durante los
debates primero y segundo; y, (iv) la subregla según la cual si el vicio
se manifiesta en constancia posterior a la votación, esta debe repetirse de
forma inmediata, para preservar a la vez la regularidad del procedimiento y la
voluntad de la mayoría democrática.
3. En la decisión adoptada en este trámite
no se mencionaron precedentes constitucionales relevantes, y especialmente, la
sentencia C-134 de 2014, emitida por esta misma Sala hace menos de dos meses
(11 de marzo de 2014), sin salvamentos de voto, y con una sola aclaración en la
que el Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez consideró que “en el evento
de que se proceda a realizar una votación ordinaria de un proyecto de ley sin
que  antes de que el secretario declare el resultado de la misma, se expresen
votos negativos, es viable que el presidente de la comisión o cámara respectiva
vuelva a repetir la votación, de manera que pueda darse cumplimiento al mandato
del artículo 133 de la Constitución de votación nominal y pública”.
En lugar de ello, se propuso que existió
una irregularidad pero que, en virtud del principio de “instrumentalidad de
las formas”, esta no afecta la validez de la ley.
4. Consideramos que el principio de “instrumentalidad
sobre las formas” fue aplicado erróneamente en esta oportunidad. Este
principio plantea que las normas procedimentales del trámite legislativo deben
ser interpretadas “teleológicamente”, es decir, asociadas al
cumplimiento de fines constitucionales de especial relevancia como el principio
democrático, la formación de la voluntad mayoritaria y el respeto por las
minorías. Pero no implica, en cambio, que las formas del trámite sean
irrelevantes, o que puedan ser ignoradas abiertamente pues, precisamente por
los fines constitucionales que persiguen, estas deben cumplirse.
5. Además, nos parece oportuno recordar que
lo que debe indagar la Corte Constitucional para establecer si la aplicación
del principio de instrumentalidad sobre las formas puede llevar a la
superación de una irregularidad procesal o si tal irregularidad es un vicio que
afecta la validez del procedimiento, es la manera en que tal irregularidad
afecta (o no) el trámite, y si comporta una violación de los citados principios
constitucionales, atendiendo el contexto en que ocurrió y el conjunto de
actuaciones que llevaron a la aprobación de la ley.
6. En este caso, el vicio se tradujo en la
violación de una norma directamente incorporada a la Constitución, con
propósitos tan relevantes como la defensa de la publicidad y transparencia del
trámite y el fortalecimiento del principio de responsabilidad política de los
congresistas ante sus electores. La decisión mayoritaria no explicó de qué
manera, a pesar de la existencia de un vicio de esa naturaleza, se preservó la
efectividad de los principios constitucionales que satisface la regla de
votación nominal y pública, creando entonces una excepción no prevista en la
Ley o, lo que resulta más problemático, convirtiendo en regla la excepción.
7. El principio de instrumentalidad de
las formas, tal como fue aplicado en este proyecto implicaría que si el
trámite legislativo llega a su fin, toda irregularidad debe considerarse
superada en sede de control abstracto. Y, bajo esa perspectiva, se convertiría
en una facultad que supuestamente ostenta el Legislador para desconocer las
condiciones constitucionales y legales del trámite legislativo.
8. De otra parte, en la sentencia, el
abandono del precedente no acata la carga de argumentación definida por la
Corte necesaria para que un cambio de jurisprudencia sea legítimo, y
establecidas en jurisprudencia constante, al menos desde el año 2001. Primero,
no asumió la denominada “carga de transparencia”, consistente en
identificar las decisiones previas relevantes; y segundo, no satisfizo la carga
de suficiencia, pues no dio ninguna razón, de especial fuerza
constitucional para demostrar la necesidad del abandono de una línea
jurisprudencial consolidada.[42]
9. En este caso es muy claro que no se
cumplieron esas condiciones, pues desde la decisión C-134 de 2014, adoptada el
día 11 de marzo de 2014 hasta el día en que se profirió la sentencias C-277 de
2014 (6 de mayo  de 2014) no ha cambiado el parámetro de control constitucional
previsto en los artículos 133 de la Carta y 5º de la Ley 5ª de 1992 y no puede
considerarse que haya existido un nuevo desarrollo jurisprudencial que justifique
la variación, pues este solo podría configurarse en una sentencia que asuma las
cargas argumentativas a las que se ha hecho referencia, y no un cambio
inmotivado, como el que se pretende en la sentencia de la que nos apartamos.
Tal vez lo que sí se presenta es un cambio de opinión por parte de
algunos magistrados, pero ello no justifica la modificación de la
jurisprudencia.
10. El 11 de marzo de 2014, es decir, 55
días antes de proferirse esta sentencia, la ausencia de controversias sobre la
obligatoriedad de la votación nominal y pública en un escenario constitucional
similar al abordado en esta oportunidad quedó plasmada en la sentencia C-134 de
2014, en la que se defendió la obligatoriedad de la votación nominal y pública
y la necesidad de repetir la votación, en caso de constancias negativas
presentadas por los Congresistas, una vez terminada la votación inicial.
En esa sentencia (C-134 de 2014), al igual
que en esta que motiva nuestra discrepancia, (C-277 de 2014), se examinó la
Constitucionalidad de normas modificatorias del Reglamento del Fondo Monetario
Internacional, y podría resultar incomprensible para los demás países miembros
del Organismo Internacional que dos instrumentos complementarios, que siguieron
el mismo trámite para su aprobación interna (y presentan también el mismo
vicio), obtengan un trato distinto por parte de la Corte Constitucional.
Especialmente cuando esta Corporación ha explicado, de manera uniforme y
constante, que el respeto de los precedentes es condición de eficacia de la
seguridad jurídica, la igualdad y la confianza legítima frente a las
instituciones judiciales.
Fecha ut supra,
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Magistrada
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
ALBERTO ROJAS RIOS
Magistrado
ACLARACION DE VOTO DEL MAGISTRADO
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
A LA SENTENCIA C-277/14
PROPUESTA DE ENMIENDA DE CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO MONETARIO
INTERNACIONAL SOBRE REFORMA DEL DIRECTORIO EJECUTIVO-Necesidad de respetar el
mandato constitucional de votación nominal y pública como regla general
(Aclaración de voto)/VOTACION NOMINAL Y
PUBLICA-Regla general en trámite legislativo (Aclaración de voto)
VOTACION NOMINAL Y PUBLICA-Argumentos
constitucionales que sustentan la regla general (Aclaración de voto)
Ref: Expediente LAT – 413
Revisión de constitucionalidad de la “Propuesta
de Enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional sobre
la Reforma del Directorio Ejecutivo (séptima enmienda)”, aprobada por la
Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante la
Resolución número 66-2 del 15 de diciembre de 2010 y la ley 1631 de 27 de mayo
de 2013 que la aprobó.
Magistrado Ponente:
Mauricio González Cuervo
Con el
debido respeto por las decisiones de esta Corte, me permito aclarar mi voto al
presente fallo de revisión de constitucionalidad de la “Propuesta de
Enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional sobre la
Reforma del Directorio Ejecutivo (séptima enmienda)”, aprobada mediante la
Resolución número 66-2 del 15 de diciembre de 2010 y la ley 1631 de 27 de mayo
de 2013, y su declaratoria de exequibilidad, con fundamento en las siguientes
consideraciones:
1. Si bien el suscrito Magistrado comparte el proyecto en
su parte formal, ya que se observa que no se presentan irregularidades en el
proceso legislativo de la ley, de manera que se evidencia que no existen
desajustes en el trámite legislativo respecto de la Constitución Política, en
relación con cada uno de los requisitos para el trámite legislativo de tratados
internacionales: suscripción; ponencias; publicaciones; anuncios para votación;
votaciones y aprobaciones; quórum deliberatorio y decisorio; votaciones
unánimes, excepto en el debate en la Comisión en la Cámara en donde se hace el
debido estudio de votación nominal y pública;  cumplimiento de términos y
sanción presidencial; no obstante lo anterior, me permito aclarar mi voto en
relación con el debate que se presentó en respecto de la votación y
aprobación en la Plenaria de la Cámara de Representantes que se alega debió
ser nominal y pública.
2. En este
sentido, aclaro mi voto, puesto que en el trámite legislativo para la
aprobación de la presente Enmienda se presenta un debate en torno a si debió
realizarse votación nominal y pública en las aprobaciones en las Plenarias de
Senado y Cámara, ya que en principio se realizaron votaciones ordinarias sin
que hubiera sido solicitado la votación nominal y pública por parte de los
senadores o representantes a la Cámara, y al final de la votación en la
Plenaria de la Cámara de Representantes, la bancada del Polo Democrático dejó
constancia de su voto negativo al proyecto de ley. Frente a esta situación, el
Presidente y la Secretaria de la Cámara discutieron si el procedimiento era
volver a reabrir el debate, pero llegaron a la conclusión de que de conformidad
con el artículo 129 de la Ley 5 de 1992, modificada por la ley 1431 de 2011, no
se había solicitado, con anterioridad a la aprobación, que la aprobación del
proyecto se hiciera mediante votación nominal y pública, de manera que
coligieron que ya surtida la votación, a posteriori, las constancias
dejadas no tenían la fuerza para invalidar la votación reglamentaria, ni para
volver a reabrir el debate.
La presente
sentencia avala esta postura, e indica que la votación ordinaria en la
aprobación de los proyectos de ley será válida, si no se manifiesta con
anticipación a la misma la solicitud de que se vote mediante votación nominal y
pública, y solo con posterioridad a la culminación de la votación, se deja
constancia expresa y pública del voto negativo de algunos congresistas
(págs.28-29)
De
conformidad con lo anterior, el suscrito Magistrado comparte en principio esta
posición constitucional, ya que considero que (i) en primer lugar, las
constancias de voto negativo con posterioridad a la culminación del debate y la
aprobación de los proyectos de ley, no vician el trámite legislativo; y (ii) en
segundo lugar, el hecho fáctico de que algunos congresistas, al evidenciar que
son minoría y una vez culminado el debate y la aprobación, dejen constancias de
voto negativo, no cuenta con el fundamento ni constitucional ni legal para
invalidar el debate y la aprobación, y por el contrario, considero que se puede
llegar a utilizarse como una estrategia o constituirse en una mala práctica de
los congresistas para tratar de invalidar proyectos con los cuales las minorías
no se encuentran de acuerdo.
3. De otra
parte, este Magistrado aclara que el presente caso se presenta una situación
diferente a la estudiada en un anterior trámite legislativo de tratado
internacional, estudiado por esta Corte mediante el expediente LAT-420. Así,
se constata que los hechos planteados en esa ocasión son disímiles a los aquí
estudiados, por cuanto en esa oportunidad, en la Plenaria del Senado, dos
senadores del Polo Democrático manifestaron su voto en contra durante la
votación, de manera que su voto no fue posterior a la votación, como en el caso
que aquí nos ocupa, de ahí que este Magistrado, en este caso, a diferencia del
caso anterior, considere que no se invalida la formación de la voluntad
democrática y que por tanto la ley aprobatoria es exequible.
4. No
obstante lo anterior, me permito igualmente aclarar mi voto en esta oportunidad
en cuanto a reiterar la necesidad de respetar el mandato constitucional de
votación nominal y pública como regla general en las aprobaciones de proyectos
de ley en los trámites legislativos, y no como algo excepcional, tal como viene
implementándose, lo cual sí nos parece una violación al mandato constitucional
contenido en artículo 133 de la Constitución Política:
El artículo
133 de la
Constitución Política, modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de
2009, obliga a que el voto de los congresistas sea nominal y público, excepto
en los casos que determine la ley. Esta regla general “(..) se justifica en
el propósito del Constituyente derivado de 2009 de fortalecer el sistema de
partidos e imponer mayores niveles de razonabilidad y transparencia al trabajo
legislativo”.[43]
En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha expresado que “la
exigencia, como regla general, del voto nominal y público en los debates
legislativos, se encuadra en la consecución de los fines centrales de la
reforma constitucional de 2009.  Esta ha sido la posición de la
Corte al analizar los objetivos y los instrumentos contenidos en dicha
enmienda a la Carta Política”. [44]
De otra
parte, la Ley 1431 de 2001 fue expedida ante la necesidad de regular las
excepciones legales a la regla general de voto nominal y público. Esta ley de
naturaleza orgánica, reformó los aspectos pertinentes a las votaciones en la
Ley 5ª de 1992 – Reglamento del Congreso (R.C.). El artículo 2º de esta
normatividad modificó el artículo 130 R.C., en el sentido de indicar que “como
regla general las votaciones [serán] nominales y públicas, con las
excepciones que determine la presente ley o aquellas que la modifiquen.” Así
mismo, estipuló los mecanismos que permiten a las cámaras satisfacer esa
exigencia constitucional.
A su vez, el artículo 1º de la Ley 1431 de 2011 modificó el artículo 129
R.C., a efectos de regular el concepto de votación ordinaria, explicar cómo se
lleva a cabo y, en especial, presentar el listado taxativo de excepciones a la
regla general, de origen constitucional, de votación nominal y pública.
Así es como el Legislador Orgánico
ha previsto un listado taxativo de modalidades de votación ordinaria, lo cual
es apenas resultado del carácter exceptivo a los tipos de votación diferentes a
la nominal y pública, impuesto por el artículo 133
C.P.  En tal sentido, aquellas actuaciones del Congreso que no se hallen
descritas en dicho listado, se comprenden subsumidas en la regla general que
prevé la mencionada norma superior.  Esto salvo que se trate de votaciones
secretas, también expresamente identificadas por la legislación orgánica.[45]
De esta manera, los sistemas de votación en el Congreso de la
República pueden ser de tres formas: nominal, ordinario y secreto. Sin
embargo, es exigible como regla general la votación nominal y pública dejando
las otras modalidades para los casos excepcionales que ha establecido el legislador.
Esta Corporación insiste, con base en el artículo 133 Superior y de
conformidad con la modificación prevista en el artículo 1º del
Acto Legislativo 1 de 2009, que la votación en el Congreso debe ser
obligatoriamente nominal y pública, salvo en los casos que expresamente lo
señale la ley, ya que con este mandato superior se pretende “fortalecer el
sistema de partidos e imponer mayores niveles de razonabilidad y transparencia
al trabajo legislativo”[46].
Sobre la
relevancia de la votación en el Congreso de la
República para la conformación de la voluntad popular, el Reglamento de esta
institución o Ley 5ª de 1992 consagra en su artículo 122 que la votación “es
una acto colectivo por medio del cual las cámaras y sus comisiones declaran su
voluntad respecto de una iniciativa o asunto de interés general” (énfasis
de la Corte), y aclara que los congresistas son los únicos con voto, con lo
cual se aplica el principio de democracia representativa (art. 3
C.P.). Igualmente, en el artículo 123 R.C. se indica que el voto es personal e
intransferible y que cualquier proposición que se desee votar debe haber tenido
antes un debate, lo cual también cuenta con algunas excepciones que se
especifican en el mismo reglamento. Por su parte, el articulo 132 R.C. plantea
que cuando se inicie la votación, previo anuncio del presidente, ésta no puede
interrumpirse “salvo que el congresista plantee una cuestión de orden sobre
la forma en que se está votando” y que esta votación debe ser nominal, lo
cual aunado a la característica de publicidad, da como resultado la
transparencia del acto y la responsabilidad que tienen los congresistas con sus
electores, con todo lo cual se busca lograr un mayor arraigo democrático en el
procedimiento que crea la legislación colombiana[47].
Así las cosas, es claro para este Tribunal que en la votación el legislador
manifiesta su voluntad en relación con la iniciativa discutida y emite su
decisión en relación con el punto o los puntos previamente estudiados, siendo
éste un acto público, nominal y transparente.
En armonía
con lo expuesto, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que existen al
menos dos tipos de argumentos constitucionales que sustentan la regla general
de la votación nominal y pública: (i) la vigencia del principio de supremacía
constitucional, y (ii) la interpretación de los regímenes exceptivos previstos
en la legislación.[48] Al respecto ha afirmado:
“En cuanto al primer nivel de
análisis se tiene que, según lo explicado, existe un mandato constitucional
expreso y definido, según el cual la regla general para la expresión de la
voluntad congresional es la votación nominal y pública. Por ende, solo
aquellas excepciones previstas en la ley quedan incorporadas a la aplicación de
la votación ordinaria.  El artículo 129 R.C. ofrece un listado preciso y
minucioso de excepciones.  Resultaría a todas luces contrario al principio de
supremacía constitucional que se hiciera una interpretación flexible de estos
tipos exceptivos, pues ello llevaría a contradecir el mandato constitucional
consistente en que la regla general es la votación nominal y pública, a fin de
cumplir los propósitos de la enmienda de 2009….  Además, carecería de sentido
que mientras el legislador orgánico, en cumplimiento del mandato constitucional
mencionado, describe las excepciones a dicha regla general de forma detallada, la
Corte realice una interpretación extensiva que tiende a desconocer la
prescripción superior.  De otro lado, dicha hermenéutica flexible llevaría a
que cada vez que en el procedimiento legislativo se esté ante decisiones
unánimes, lo cual no es poco frecuente, se haga uso de la votación ordinaria,
desnaturalizándose con ello lo previsto en el artículo 133 de la
Constitución.[49]
Frente al segundo grupo de
argumentos, se tiene que dentro de las reglas usuales de interpretación, cuando
el legislador prevé enumeraciones taxativas, no corresponde al intérprete
realizar aplicaciones analógicas a las mismas.  Esto mucho más cuando se trata
de excepciones a una regla general de raigambre constitucional”.[50]
Con fundamento en los criterios
normativos expuestos, la jurisprudencia constitucional ha concluido que las
votaciones en el trámite legislativo, que es la misma para aprobación de
tratados internacionales, salvo que tiene su inicio en el Senado de la
República, debe llevarse a cabo de forma nominal y pública, en tanto (i) es la
regla general para las votaciones del Congreso, según lo señala el artículo 133
C.P. y el artículo 130 R.C.; y (ii) siempre y cuando no se configure
claramente una de las excepciones previstas en el artículo 129 R.C.[51]
Con
fundamento en lo expuesto, aclaro mi voto a la presente decisión.
Fecha ut
supra,
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO DEL
MAGISTRADO JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
A LA SENTENCIA C-277/14
PROPUESTA DE
ENMIENDA DE CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL SOBRE
REFORMA DEL DIRECTORIO EJECUTIVO-Votación nominal y
pública en el proceso
legislativo (Aclaración de voto)
PROPUESTA DE
ENMIENDA DE CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL SOBRE
REFORMA DEL DIRECTORIO EJECUTIVO-No existe contradicción entre la
declaratoria de exequibilidad de la Ley 1631 de 2013 y los argumentos de la
sentencia C-134 de 2014 que llevaron a declarar la inexequibilidad de la Ley
1634 de 2013 (Aclaración de voto)
PROPUESTA DE
ENMIENDA DE CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL SOBRE
REFORMA DEL DIRECTORIO EJECUTIVO-Presupuestos fácticos con la
sentencia C-134 de 2014 frente al voto disidente de los congresistas en el proceso legislativo son distintos (Aclaración
de voto)
PRINCIPIO DE
INSTRUMENTALIZACION DE LAS FORMAS-Formas procesales
deben interpretarse teleológicamente al servicio de un fin sustantivo (Aclaración de voto)/PRINCIPIO DE
INSTRUMENTALIDAD DE LAS FORMAS EN EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO-Jurisprudencia
constitucional (Aclaración de
voto)
PROPUESTA DE
ENMIENDA DE CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL SOBRE
REFORMA DEL DIRECTORIO EJECUTIVO-Repetición de la votación mediante
llamado a lista o utilización de mecanismos electrónicos resulta un exceso
ritual que contradice el principio de la instrumentalización de las formas (Aclaración de voto)
APROBACION DE
PROYECTOS DE LEY-Validez de la votación ordinaria si no se manifiesta con
anticipación la solicitud de votación nominal y pública (Aclaración de voto)
PROPUESTA DE
ENMIENDA DE CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL SOBRE
REFORMA DEL DIRECTORIO EJECUTIVO-No se desconoce el precedente
constitucional de la sentencia C-134 de 2014 frente a la votación ordinaria en
la aprobación de proyectos de ley por cuanto se originan en supuestos fácticos
distintos (Aclaración de voto)
Referencia:
expediente
LAT- 413
Revisión de
constitucionalidad: de la "Propuesta de Enmienda del Convenio
Constitutivo del Fondo Monetario Internacional sobre la Reforma del Directorio
Ejecutivo (séptima enmienda) ", aprobada por la
Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante la
Resolución número 66-2 del 15 de diciembre de 2010 y la Ley 1631 de 27 de mayo
de 2013, que la aprobó
Magistrado
ponente: Mauricio González Cuervo
Con el debido respeto por las decisiones
de esta Corporación, presento aclaración de voto al fallo adoptado por la Sala
Plena en la sentencia C-277 de 2014, mediante la cual se realizó la revisión de
constitucionalidad de la "Propuesta de Enmienda del Convenio
Constitutivo del Fondo Monetario Internacional sobre la Reforma del Directorio
Ejecutivo (séptima enmienda) ", aprobada por la Junta de
Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Comparto las-premisas centrales sobre las
que se fundamenta el citado fallo, tales como: (i) no se presentaron
irregularidades en el proceso legislativo, en relación con cada uno de los
requisitos para el trámite de aprobación del tratado internacional y (ii) la oposición por
parte de varios congresistas respecto a la aprobación de la enmienda del
Convenio Constitutivo no puede catalogarse como un vicio de trámite que afecte
el deber de votación nominal y pública.
Respecto del
deber de contar con una votación nominal y pública, específicamente la
providencia en comento afirmó que dicho requisito se cumplió tanto en la Cámara
de Representantes como en el Senado de la República, en los siguientes
términos:
"Del examen
del texto del Acta que da cuenta de la deliberación y aprobación del proyecto
de ley 35 de 2012 Senado, se pudo constatar que ninguno de los miembros del
Senado de la República solicitó previamente al inicio de la votación, que su
aprobación se realizare mediante votación nominal y pública, y una vez
realizada ésta, se dejó constancia pública del voto divergente a la mayoría, de
los Senadores Luis Carlos Avellaneda, Mauricio Ospina y Parmenio Cuellar.
Para la Corte, la
forma en que se votó el proyecto de ley y como se registró el voto disidente de
los Senadores antes mencionados, no constituye un vicio en la formación de la
voluntad de la plenaria del Senado de la República, en razón de que previamente
a la votación, no hubo solicitud de ningún congresista para que ésta se
realizara mediante voto nominal y público.
Además de lo
anterior, el voto negativo de los Senadores no se presentó en el curso de la
votación del proyecto de ley, sino que fue una constancia registrada con
posterioridad a la misma, cuando se dijo: Dejan constancia de su voto negativo
los honorables Senadores: Luis Carlos Avellaneda Tarazona, Mauricio Ernesto
Ospina Gómez y Parmenio Cuéllar Bastidas, constancia que en criterio de ésta
Corporación, no afecta la validez de la ley, ni el proceso de formación de la
voluntad democrática, pues con ella fue posible identificar las mayorías
exigidas para aprobar el proyecto, determinar el sentido del voto de los
senadores presentes al momento de aprobar la iniciativa, permitiendo establecer
la responsabilidad política ante la sociedad y frente a sus electores ".
Sobre la votación nominal y pública en la
plenaria de la Cámara de Representantes, en igual medida la sentencia C-277 de
2014 precisó lo siguiente:
"Al efecto,
en la plenaria de la Cámara de Representantes, una vez iniciada la votación, la
Representante a la Cámara Alba Luz Pinilla solicitó aclaración del tema que se
estaba votando, obtenida la aclaración, se procedió a votar. Culminada la
votación de la proposición con la que terminaba el informe de ponencia y del
articulado del proyecto de ley, manifestó la citada representante, que quería
dejar constancia en el acta, del voto negativo del Polo Democrático
Alternativo.
Al respecto, cabe
observar que en esta sesión, tampoco se solicitó previamente, que la votación
se realizare en forma nominal y pública conforme a lo prescrito por el artículo
129 de la Ley 1431/11 y la manifestación pública del voto contrario a la
mayoría, fue expresada con posterioridad a la aprobación del informe de
ponencia y del texto del articulado, momento en el cual ya no es posible
invalidar la votación efectuada".
Cabe resaltar que el objeto de la
presente aclaración de voto busca precisar, que no existe una contradicción
entre la declaratoria de exequibilidad de la Ley 1631 de 2013 y los argumentos
esbozados en la sentencia C-134 de 2014, los cuales llevaron a declarar la
inexequibilidad de la Ley 1634 de 2013.
Esto por cuanto, los presupuestos
fácticos analizados en las dos providencias son distintos, ya que la expresión
del voto disidente de los congresistas en la primera ocasión, se presentó una
vez leída la proposición con que termina el informe de ponencia, antes de la
apertura al segundo debate y de la votación del articulado, en tanto que en
esta oportunidad, se presentó como una constancia dejada al final del debate,
con posterioridad a la votación y a la aprobación del proyecto de ley.
Así las cosas, el precedente sentado en
la sentencia C-134 de 2014 se diferencia del adoptado en la sentencia C-277 de
2014, por cuanto en uno y en otro evento la manifestación de los congresistas
respecto a la existencia de votos negativos se efectuó en momentos legislativos
distintos. La primera de estas providencias sobre el particular adujó lo
siguiente:
"Ahora bien,
en relación con la votación, el Secretario del Senado informó que se llevó a
cabo de forma ordinaria y que tres senadores dejaron constancia de su voto
negativo. Al observar la Gaceta del Congreso Correspondiente (G.C. 495 de 2012,
previamente citada), se constata que no se efectuó la votación nominal. La
advertencia de los tres Senadores desvirtuaba la existencia de unanimidad en la
votación, y por lo tanto, constituía un llamado para que se repitiera y se
realizara de manera nominal y pública, como lo ordenan el Reglamento del
Congreso y la Constitución Política.
Ahora bien,
podría suponerse que las minorías políticas del Congreso de la República
instrumentalicen esta regla, permitiendo que se realice la votación sin
anunciar el sentido de su voto, de manera que solo se constate la existencia de
votos negativos al momento de anunciar el resultado, para posteriormente alegar
la existencia de un vicio por desconocimiento de la regla de votación nominal y
pública, y desconocer de esa forma la voluntad mayoritaria.
En ese evento
hipotético, el riesgo puede ser controlado en el seno de la Comisión o Plenaria
correspondiente, mediante la repetición inmediata de la votación, de manera
nominal y pública. De esa forma, se preserva el derecho de las minorías a
escoger el momento en el que deciden expresar su voluntad y manifestar su
disenso mediante el voto negativo, al tiempo que se asegura la prevalencia de
la voluntad mayoritaria, y la transparencia y publicidad plenas del trámite
legislativo, representadas en la regla general de votación nominal y pública.
La inexistencia de unanimidad, y la forma en que se ignoró la constancia de
tres Senadores, que al manifestar su voto negativo, hacían necesaria la
repetición de la votación, comporta un vicio de procedimiento "
En este punto
resulta relevante traer a colación, tal y como tangencialmente lo hizo la
sentencia C-277 de 2014 el "principio de instrumentalización de las
formas" según el cual las formas procesales "deben
interpretarse teleológicamente al servicio de un fin sustantivo "; esto es, el valor
material pretendido con las reglas, sin que ello vaya en detrimento del respeto
de las normas procesales, ya que son las encargadas de proteger "valores
sustantivos significativos"[52]. En este sentido,
la sentencia C-786 de 2012 sobre el particular afirmó:
"En cuanto
al principio de instrumentalidad de las formas en el procedimiento legislativo,
si bien esta Corporación ha reconocido la importancia que tienen las reglas que
gobiernan el trámite de las leyes en el Congreso de la República para la
realización de los postulados del Estado constitucional y democrático de
Derecho, como quedó reseñado en el acápite anterior; ha puntualizado igualmente
que estos requisitos constitucionales y legales que regulan el proceso de
formación de las leyes no tienen como finalidad obstruir o dificultar tal
proceso, sino que deben interpretarse al servicio del fin sustantivo que
cumplen. Lo anterior, dado que estos procedimientos no tienen un valor en sí
mismos, sino que constituyen los medios o presupuestos de carácter
procedimental para el aseguramiento de los fines materiales del Estado
constitucional y democrático de Derecho. En este sentido, la Corte ha señalado
que"(...) las formas procesales no tienen un valor en sí mismo y deben interpretarse
teleológicamente al servicio de un fin sustantivo (...)", y por tanto,
este principio enunciado tiene plena aplicación en la interpretación de las
reglas constitucionales que gobiernan la  aprobación de las leyes. Así mismo,
ha expuesto que "no cualquier falla procedimental constituirá vicio de
inconstitucionalidad, pues en virtud del principio de instrumentalidad de las
formas algunos defectos pueden ser intrascendentes, otros pueden ser suplidos
por mecanismos expresamente previstos en las normas vigentes, otros pueden ser
saneados a lo largo del proceso legislativo y otros serán vicios subsanables
bajo ciertas condiciones. Así pues, no toda irregularidad en el trámite del
proyecto da lugar a la materialización de un vicio de procedimiento. De acuerdo
con la jurisprudencia, los vicios que conducen a la inexequibilidad de la ley o
el proyecto de ley, definidos como "vicios de carácter sustancial",
se caracterizan porque: (i) vulneran algún principio o valor constitucional;
(ii) afectan el proceso de formación de la voluntad democrática en las cámaras;
o (iii) desconocen las competencias y estructura básica institucional diseñada
por la Carta , lo que a su vez remite en últimas, a la infracción de la ley 5ª de
1992 u otras prescripciones que regulen el procedimiento legislativo ".
Así las cosas, considerar que era
necesario repetir la votación mediante el llamado a lista o la utilización de
mecanismos electrónicos, resulta un exceso ritual, que da prioridad a las
formas frente al debate democrático surtido y al cumplimiento de los fines de
publicidad, transparencia y responsabilidad, consagrados en el artículo 5o
del Acto legislativo 1 de 2009 y que contradice el principio de la
instrumentalización de las formas.
En este orden de ideas, es claro que la
votación ordinaria en la aprobación de los proyectos de ley será válida si no
se manifiesta con anticipación a la misma la solicitud de que se vote nominal y
públicamente. De lo contrario la jurisprudencia constitucional estaría avalando
que una expresa minoría parlamentaria pudiese afectar el principio democrático,
simplemente guardando silencio al momento de efectuar la votación, y
manifestado con posterioridad a la culminación de misma, que existían votos
negativos por parte de algunos congresistas.
Esta postura como se mencionó con anterioridad
no desconoce lo resuelto en la sentencia C-134 de 2014, por cuanto en dicha
oportunidad la advertencia de los tres Senadores respecto a la existencia de su
voto negativo se presentó antes de la votación, razón por la cual se desvirtuó
la existencia de unanimidad en un momento que permitía modificar o subsanar la
votación realizada, y por lo tanto, constituía un llamado para que se repitiera
y se realizara de manera nominal y pública.
En conclusión, la postura sentada en la
sentencia C-277 de 2014 según la cual la votación ordinaria en la aprobación de
los proyectos de ley será válida, si no se manifiesta con anticipación a la
misma, no desconoce el precedente constitucional que apoyé en la sentencia
C-134 de 2014, por cuanto se originan en supuestos fácticos distintos.
De esta manera dejo expuestas las razones
que me llevan a aclarar voto en la presente decisión
Fecha ut supra,
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
[1]
Concepto 5667 de noviembre 12 de 2013.
[2]
Convención de Viena, sobre el Derecho de los Tratados, artículo 39.
[3]
Sentencia C-176 de 1997,  C-991 de 2000,
[4]
En lo relativo a la realización
de la consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes, la
Corte aprecia que el objeto de la Enmienda posee disposiciones que no implican una regulación para las comunidades étnicas que como
tal pueda afectarlas de manera directa, sino que prevé normas generales que
pueden tener incidencia en todas las personas. En consecuencia, su consulta
previa no se torna obligatoria. Lo anterior, en tanto la afectación que se
puede derivar del mismo frente a estos grupos no difiere de la que se produce
para los demás habitantes del territorio colombiano, la cual proviene del
efecto general que, en principio, tienen las leyes y los tratados
internacionales.
[5]
Folios 21 a 31.
[6]
Folios 22 a 28.
[7]
Folios 36 a 38.
[8]
Folios 1 a 4.
[9]
Folio 2, cuaderno de pruebas.
[10]
Folios 25 a 31.
[11]
Folio 13.
[12]
Folio 16.
[13]
Folio 37.
[14]
Folio 19.
[15] “Artículo  1°. El
artículo 129 de la Ley 5ª de 1992 quedará así:
Artículo
129. Votación Ordinaria. Se utilizará para los casos señalados en este
artículo y se efectúa dando los Congresistas, con la mano, un golpe sobre el
pupitre. El Secretario informará sobre el resultado de la votación, y si no se
pidiere en el acto la verificación, se tendrá por exacto el informe.
Si se
pidiere la verificación por algún Senador o Representante, para dicho efecto
podrá emplearse cualquier procedimiento electrónico que acredite el sentido del
voto de cada Congresista y el resultado total de la votación, lo cual se
publicará íntegramente en el acta de la sesión.
Teniendo
en cuenta el principio de celeridad de los procedimientos, de que trata el
artículo 3° de este reglamento, se establecen las siguientes excepciones al
voto nominal y público de los congresistas, según facultad otorgada en el artículo
133 de la Constitución Política, tal como fue modificado por el artículo 5° del
Acto Legislativo 1 de 2009 y cuyas decisiones se podrán adoptar por el modo de
votación ordinaria antes descrito:
1.
Consideración y aprobación del orden del día y propuestas de cambios,
modificaciones o alteración del mismo.
2.
Consideración y aprobación de actas de las sesiones.
3.
Consideración y aprobación de corrección de vicios subsanables de procedimiento
en el trámite de proyectos de ley.
4.
Suspensión o prórroga de la sesión, declaratoria de la sesión permanente o
levantamiento de la sesión por moción de duelo o circunstancia de fuerza mayor.
5.
Declaratoria de sesión reservada.
6.
Declaratoria de sesión informal.
7.
Declaración de suficiente ilustración.
8.
Mociones o expresiones de duelo, de reconocimiento o de rechazo o repudio, así
como saludos y demás asuntos de orden protocolario.
9.
Proposiciones de cambio o traslado de comisiones que acuerden o soliciten sus
respectivos integrantes.
10.
Resolución de las apelaciones sobre las decisiones del presidente o la mesa
directiva de la corporación o de las comisiones.
11.
Proposiciones para citaciones de control político, información general o de
control público o para la realización de foros o audiencias públicas.
12.
Adopción o aprobación de textos rehechos o integrados por declaratoria parcial
de inconstitucionalidad.
13.
Decisiones sobre apelación de un proyecto negado o archivado en comisión.
14.
Decisión sobre excusas presentadas por servidores públicos citados por las
comisiones o por las cámaras legislativas.
15.
Adopción de los informes de las Comisiones de Ética sobre suspensión de la
condición Congresional.
16.
Tampoco se requerirá votación nominal y pública cuando en el trámite de un
proyecto de ley exista unanimidad por parte de la respectiva comisión o
plenaria para aprobar o negar todo o parte del articulado de un proyecto, a
menos que esa forma de votación sea solicitada por alguno de sus miembros. Si
la unanimidad no abarca la totalidad del articulado se someterán a votación
nominal y pública las diferentes proposiciones sobre los artículos respecto de
los cuales existan discrepancias.
17. El
título de los proyectos siempre que no tenga propuesta de modificación.
18.
La pregunta sobre si la cámara respectiva quiere que un proyecto sea ley
de la República o reforme la Constitución.
19. La
pregunta sobre si declara válida una elección hecha por el Congreso, alguna de
sus cámaras o sus comisiones.
20.
Los asuntos de mero trámite, entendidos como aquellos que, haciendo o no parte
de la función constituyente y legislativa, no corresponden al debate y votación
de los textos de los proyectos de ley y de acto legislativo y los no prescritos
que puedan considerarse de similar naturaleza.
Parágrafo
1°. La verificación de la votación ordinaria debe surtirse por el mismo
procedimiento que la votación nominal y pública, es decir deberá arrojar el
resultado de la votación y el sentido del voto de cada congresista.
Parágrafo
2°. Aceptado o negado un impedimento a un congresista en el trámite de un
proyecto de ley en comisión, no será necesario volver a considerarse en la
Plenaria de la corporación a menos que se presenten circunstancias nuevas que
varíen los fundamentos del mismo.
[16]
Sentencia C-737  de 2001.
[17]
Sentencia C-760 de 2001.
[18]
Sentencia C-131 de 2009.
[19]
Folios 8 a 15.
[20]
Folio 13.
[21]
Folios 23 a 28.
[22]
Folio 24.
[23]
Folios 36 y ss.
[24]
Folios 29 a 30.
[25]
Folio 3 y ss.
[26] -
El Artículo XII (Organización y Dirección), Sección 3 (Directorio Ejecutivo)
b), del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional estipula que:
“b) El Directorio Ejecutivo estará integrado por los
directores ejecutivos, y será presidido por el Director Gerente. De los
directores ejecutivos:
i) cinco serán nombrados por los cinco países miembros
que tengan las mayores cuotas, y
ii) quince serán elegidos por los demás países miembros.
A los efectos de toda elección ordinaria de directores
ejecutivos, la Junta de Gobernadores, por mayoría del ochenta y cinco
por ciento de la totalidad de los votos, podrá aumentar o reducir el número de
directores ejecutivos prescrito en el inciso ii). El número de directores
ejecutivos que se elijan conforme al inciso ii) se reducirá en uno o dos, según
sea el caso, si se nombraran directores ejecutivos conforme al apartado c) de
esta Sección, a menos que la Junta de Gobernadores resuelva, por
mayoría del ochenta y cinco por ciento de la totalidad de los votos, que esa
reducción dificultaría el cumplimiento eficaz de las funciones del Directorio
Ejecutivo o de los directores ejecutivos o podría alterar el equilibrio que es
conveniente exista en el Directorio Ejecutivo”.
[27]
El Artículo XII (Organización y
Dirección), Sección 3 (Directorio Ejecutivo) c), del Convenio Constitutivo del
Fondo Monetario Internacional estipula que:
“c) Si en la segunda elección ordinaria de directores
ejecutivos, o en las sucesivas, no figurasen entre los países miembros con
facultad para designar directores ejecutivos, de acuerdo con el apartado b) i),
los dos países miembros las tenencias de cuyas monedas mantenidas por el Fondo
en la Cuenta de Recursos Generales se hayan reducido, como promedio
en los dos años anteriores, a menos de sus cuotas en las mayores cantidades
absolutas expresadas en derechos especiales de giro, uno de estos países miembros,
o ambos, según sea el caso, podrá designar un director ejecutivo”.
[28]
El Artículo XII (Organización y
Dirección), Sección 3 (Directorio Ejecutivo) d), del Convenio Constitutivo del
Fondo Monetario Internacional estipula que:
“d) Las elecciones de los directores ejecutivos
electivos se efectuarán a intervalos de dos años, de acuerdo con las
disposiciones del Anexo E, complementadas por las reglas que el Fondo estime
pertinentes. En cada una de las elecciones ordinarias de directores ejecutivos, la
Junta de Gobernadores podrá dictar reglas que modifiquen la proporción de
los votos necesarios para elegir directores ejecutivos conforme a las
disposiciones del Anexo E”.
[29]
El Artículo XII
(Organización y Dirección), Sección 3 (Directorio Ejecutivo) f), del Convenio
Constitutivo del Fondo Monetario Internacional estipula que:
“f) Los directores ejecutivos continuarán en el
desempeño de sus cargos hasta que sus sucesores hayan sido nombrados o
elegidos. Si un cargo de director ejecutivo electivo quedare vacante más de
noventa días antes de la expiración del mandato de este, los países miembros
que lo eligieron elegirán otro director ejecutivo por el resto de dicho
mandato. Para la elección se necesitará la mayoría de los votos emitidos.
Mientras subsista la vacante, el suplente del antiguo director ejecutivo
ejercerá las facultades de este, excepto la de designar suplente”.
[30] El Artículo XII (Organización y Dirección), Sección 3 (Directorio
Ejecutivo) i), del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional
estipula que:
i) i) Cada uno de los directores ejecutivos nombrados
tendrá derecho a emitir el número de votos que, conforme a la
Sección 5 de este Artículo, corresponda al país miembro que lo haya
nombrado;
ii) Si los votos que correspondan a un país miembro
que designe director ejecutivo conforme al apartado c) fueran emitidos por un
director ejecutivo junto con los votos que correspondan a otros países miembros
en virtud de la última elección ordinaria, dicho país miembro podrá convenir
con cada uno de esos países en que el número de votos que le corresponda sea
emitido por el director ejecutivo designado. El país miembro que convenga en
ese procedimiento no participará en la elección de directores ejecutivos;
iii)
Cada uno de los directores ejecutivos elegidos tendrá derecho a emitir el
número de votos que haya recibido al ser electo;
iv)
Cuando sean aplicables las disposiciones de la Sección 5 b) de este
Artículo, se aumentarán o disminuirán, según corresponda, los votos que de otro
modo tenga derecho a emitir un director ejecutivo. Todos los votos que un
director ejecutivo tenga derecho a emitir los emitirá en bloque;
v)
Cuando se dé por terminada la suspensión del derecho de voto de un país miembro
conforme al Artículo XXVI, Sección 2 b), y dicho país miembro no esté facultado
para nombrar un director ejecutivo, el país miembro podrá ponerse de acuerdo
con todos los países miembros que hayan elegido un director ejecutivo para que
los votos asignados a dicho país miembro sean emitidos por ese director
ejecutivo, teniendo en cuenta que, si no se hubiese celebrado una elección
ordinaria de directores ejecutivos durante el período de la suspensión, el
director ejecutivo en cuya elección hubiera participado el país miembro con
anterioridad a la suspensión, o su sucesor elegido de acuerdo con el Anexo L,
párrafo 3 c) i), o de acuerdo con el apartado f) de esta Sección, estará
facultado para emitir los votos asignados al país miembro. Se considerará que
este ha participado en la elección del director ejecutivo facultado para emitir
los votos asignados al país miembro”.
[31] El Artículo XII (Organización y Dirección), Sección 3 (Directorio Ejecutivo)
j), del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional estipula que:
“j) La Junta de Gobernadores adoptará
disposiciones reglamentarias por las cuales el país miembro que no esté
facultado para nombrar un director ejecutivo de acuerdo con el apartado b)
podrá enviar un representante a cualquier reunión del Directorio Ejecutivo en
que haya de considerarse una solicitud presentada por dicho país miembro o
tratarse un asunto que le afecte particularmente”.
[32] El
Artículo XII (Organización y Dirección), Sección 8 (Comunicación de opiniones a
los países miembros) del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario
Internacional estipula que:
“El Fondo tendrá derecho en todo momento a comunicar
extraoficialmente su opinión a cualquier país miembro sobre toda cuestión que
surja en relación con este Convenio. El Fondo podrá disponer, por mayoría del
setenta por ciento de la totalidad de los votos, que se publique el informe que
haya dirigido a un país miembro referente a su situación monetaria o económica
y demás factores que tiendan directamente a producir un grave desequilibrio en
las balanzas de pagos internacionales de los países miembros. Si el país
miembro no estuviera facultado para nombrar un director ejecutivo, lo estará
para hacerse representar de acuerdo con la
Sección 3 j) de este Artículo. El Fondo no publicará informes que se
refieran a cambios en la estructura fundamental de la organización económica de
los países miembros”.
[33] El Artículo XXI
(Administración del Departamento General y del Departamento de Derechos
Especiales de Giro) a), ii) del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario
Internacional estipula que: “a) ii) En las decisiones del Directorio Ejecutivo
sobre asuntos que se refieran exclusivamente al Departamento de Derechos
Especiales de Giro, sólo tendrán derecho a votar los directores ejecutivos en
cuyo nombramiento o elección haya intervenido por lo menos un país miembro que
sea participante. Cada uno de estos directores ejecutivos tendrá derecho a
emitir el número de votos que le haya sido asignado al país miembro
participante que lo haya nombrado o a los países miembros participantes cuyos
votos hayan contribuido a su elección. A efectos de constituir quórum o de
adoptar decisiones mediante las mayorías requeridas, sólo contarán la presencia
y los votos de los directores ejecutivos nombrados o elegidos por países
miembros que sean participantes. A los fines de este precepto, el
consentimiento dado, a tenor de lo dispuesto en el Artículo XII, Sección 3 i)
ii), por un país miembro que sea participante dará derecho a un director
ejecutivo designado a votar y a emitir el número de votos asignado a dicho
país”.
[34] El Artículo XXIX
(Interpretación) a) del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional
estipula que:
“a) Toda cuestión de
interpretación de las disposiciones de este Convenio que surja entre cualquier
país miembro y el Fondo o entre cualesquiera países miembros se someterá a la
decisión del Directorio Ejecutivo. Si la cuestión afecta en particular a un
país miembro que no tenga derecho a nombrar director ejecutivo, el país tendrá
derecho a hacerse representar de acuerdo con el Artículo XII, Sección
3 j)”.
[35] El párrafo 1 a) del Anexo D (Consejo) del Convenio Constitutivo
del Fondo Monetario Internacional estipula que:
“a) Todo país miembro que nombre un director ejecutivo
y todo grupo de países miembros en representación del cual un director
ejecutivo electo emite el número de votos asignado nombrarán, para integrar el
Consejo, un consejero, que será gobernador, ministro del gobierno del país
miembro o persona de categoría similar, y podrán nombrar hasta siete adjuntos.
Por mayoría del ochenta y cinco por ciento de la totalidad de los votos, la
Junta de Gobernadores podrá modificar el número de adjuntos que pueden
nombrarse. Los consejeros y adjuntos desempeñarán sus cargos hasta que se haga
un nuevo nombramiento o hasta la siguiente elección ordinaria de directores
ejecutivos, según lo que ocurra antes”.
[36] El párrafo 5 e) del Anexo D (Consejo) del Convenio Constitutivo del
Fondo Monetario Internacional estipula que:
“e) A los efectos del apartado b) de este párrafo
y del párrafo 3 b), el acuerdo a que llegue un país miembro o un país
miembro que sea participante, en virtud del Artículo XII, Sección 3 i) ii
), facultará al consejero para votar y emitir el número de votos asignados a
dicho país”.
[37] El
párrafo 5 f) del Anexo D (Consejo) del Convenio Constitutivo del Fondo
Monetario Internacional estipula que:
“f) Cuando un director ejecutivo esté facultado para
emitir los votos asignados a un país miembro de conformidad con el Artículo
XII, Sección 3 i) v), el consejero nombrado por el grupo de países que
eligieron a dicho director ejecutivo estará facultado para votar y emitir los
votos asignados al país miembro. Se considerará que este ha participado en el
nombramiento del consejero facultado para votar y emitir los votos asignados al
país miembro.”
[38]
El Anexo E (Elección de
Directores Ejecutivos) del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario
Internacional estipula que:”1. La
elección de los Directores Ejecutivos electivos se hará por votación de los
gobernadores que tengan derecho a voto.2. En la votación para elegir a los
directores ejecutivos, cada gobernador con derecho a voto deberá emitir a favor
de una sola persona todos los votos a que tenga derecho según el Artículo XII,
Sección 5 a). Serán elegidos directores ejecutivos las quince personas que
reciban el mayor número de votos, pero no se considerarán electas las que
obtengan menos del cuatro por ciento del número total de votos que puedan
emitirse (votos que cuentan para la elección).3. Si en la primera votación no
resultaren electas quince personas, se efectuará una segunda votación en la que
votarán únicamente: a) los gobernadores que en la primera votación votaron por
una persona que no resultó electa, y b) los gobernadores cuyos votos a favor de
una persona electa se considere que, conforme a lo previsto en el párrafo 4,
elevan el número de votos emitidos a favor de dicha persona a más del nueve por
ciento del total de votos que puedan emitirse para la elección. Si en la
segunda votación el número de candidatos fuera mayor que el número de
directores ejecutivos que han de ser electos, no podrá ser candidato la persona
que haya recibido el número menor de votos en la primera votación.4. Al
determinar si los votos de un gobernador han elevado el total emitido a favor
de una persona a más del nueve por ciento de los votos que puedan emitirse, se
considerará que ese nueve por ciento incluye, primeramente, los votos del
gobernador que haya emitido el número mayor de votos a favor de dicha persona;
después, los votos del gobernador que le siga en cuanto al número de votos
emitidos, y así sucesivamente hasta llegar al nueve por ciento.5. Se
considerará que el gobernador cuyos votos deban contarse en parte para elevar
el total emitido a favor de una persona a más del cuatro por ciento ha emitido
todos sus votos a favor de dicha persona, incluso si por esa razón el total de
votos a favor de dicha persona excediera del nueve por ciento.6. Si después de
la segunda votación no resultasen electas quince personas, se efectuarán nuevas
votaciones de acuerdo con las mismas bases hasta que resulten electos quince
directores ejecutivos, con la salvedad de que una vez que se hayan elegido
catorce personas, la decimoquinta podrá ser elegida por simple mayoría de los
votos restantes y se considerará que lo ha sido por la totalidad de dichos
votos”.
[39] El párrafo 1° b) del
Anexo L (Suspensión del derecho a voto) del Convenio Constitutivo del Fondo
Monetario Internacional estipula que:
“b) nombrar a un
gobernador o gobernador suplente, nombrar o participar en el nombramiento de un
consejero o consejero suplente, ni nombrar, elegir o participar en la elección
de un director ejecutivo”.
[40] El encabezamiento
del párrafo 3 c) del Anexo L (Suspensión del derecho a voto) del Convenio
Constitutivo del Fondo Monetario Internacional estipula que:
“c) El
director ejecutivo que haya sido nombrado o elegido por el país miembro, o en
cuya elección haya participado el mismo, cesará en su cargo, a menos que dicho
director ejecutivo tuviera derecho a emitir los votos asignados a otros países
miembros cuyo derecho de voto no se haya suspendido. En este último caso:”.
[41]
Ver, entre otras, las providencias A-031 de 2012, A-032 de 2012 y C-134 de
2014.
[42] Estas cargas argumentativas han sido ampliamente desarrolladas por
la jurisprudencia constitucional. En particular, en la sentencia C-228 de 2002
se afirmó: “para que un cambio jurisprudencial no se
considere arbitrario, éste debe obedecer a razones poderosas que lleven no sólo
a modificar la solución al problema jurídico concreto sino que prevalezcan
sobre las consideraciones relativas al derecho a la igualdad y a la seguridad
jurídica que invitarían a seguir el precedente.[42] Dentro de tales razones la Corte encuentra que, en este caso, las
más pertinentes aluden a los siguientes puntos:  1) Un cambio en el ordenamiento jurídico que sirvió de referente
normativo para la decisión anterior, lo cual también incluye la consideración
de normas adicionales a aquellas tenidas en cuenta inicialmente.|| 2) Un cambio
en la concepción del referente normativo debido, no a la mutación de la opinión
de los jueces competentes, sino a la evolución en las corrientes de pensamiento
sobre materias relevantes para analizar el problema jurídico planteado.|| 3) La
necesidad de unificar precedentes, por
coexistir, antes del presente fallo, dos o más líneas jurisprudenciales
encontradas.|| 4) La constatación de que el precedente se funda en una doctrina
respecto de la cual hubo una gran controversia”.
[43] Auto A-032 de 2012,
reiterado en Sentencias C-141 de 2010 y C-585 de 2014.
[44] Ibidem.
[45] El artículo 3º de la
Ley 1431/11 modificó el Reglamento del Congreso en materia de votaciones
secretas, del modo siguiente:
“Artículo 131. Modificado
por la Ley 1431 de 2011, artículo 3º. Votación secreta. No permite identificar
la forma como vota el Congresista. Las rectificaciones solo serán procedentes
cuando el número de votos recogidos no sean igual al de los votantes.
Esta votación solo se
presentará en los siguientes eventos:
a) Cuando se deba hacer
elección;
b) Para decidir sobre
proposiciones de amnistías o indultos. Aprobado la votación secreta, el
Presidente dispondrá repartir papeletas que tengan impresas, en una de sus
caras, la leyenda “Sí” o “No”, y espacios para marcar. El Secretario llamará a
cada Congresista, según el orden alfabético de su apellido, para que deposite
la papeleta en la urna dispuesta para el efecto. Previamente el Presidente
designará una comisión escrutadora.”
[46]Auto
032 de 2012, reiterado en Sentencia C-585 de 2014.
[47]
Ver Sentencia C-141 de 2010.
[48] Ibidem.
[49] Ibidem.
[50] Auto A-032 de 2012.
[51] Ibidem.
[52] Sentencia C-737
de 2001.