T-446-20
Sentencia
T-446/20
Referencia:
Expedientes T-7.235.254 y T-7.248.658.
Acciones de
tutela instauradas por Martha Cecilia Díaz Suárez (exp. T-7.235.254) y Carmen
Cecilia Delgado Sierra (exp. T-7.248.658), contra Rodolfo Hernández Suárez.
Magistrado
Sustanciador:
JOSÉ FERNANDO
REYES CUARTAS
Bogotá D.C., quince (15) de octubre dos mil
veinte (2020).
La Sala Octava de Revisión de tutelas de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Richard Ramírez Grisales,
Alberto Rojas Ríos y José Fernando Reyes Cuartas, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere
la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del trámite de revisión de los
fallos dictados por: (i) el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bucaramanga,
que confirmó el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con
Función de Conocimiento de Bucaramanga el 18 de septiembre de 2018, dentro de
la acción de tutela instaurada por Martha Cecilia Díaz Suárez contra el señor
Rodolfo Hernández Suárez (expediente T-7.235.254); y (ii) el Juzgado Once Civil
de Bucaramanga dentro de la acción de tutela instaurada por Carmen Cecilia
Delgado Sierra contra el señor Rodolfo Hernández Suárez (expediente T-7.248.658).
I. ANTECEDENTES
Expediente T-7.235.254
La señora Martha Cecilia Díaz Suárez, promovió acción de
tutela contra el señor Rodolfo Hernández Suárez, solicitando el amparo de sus
derechos al buen nombre y a la honra.
Hechos y solicitud[1]
1. Explicó que el 27 de agosto de 2018, el señor Rodolfo
Hernández Suárez[2],
quien para ese entonces se desempeñaba como alcalde del municipio de
Bucaramanga, a través del programa “Hable con el alcalde” transmitido en
Facebook Live, profirió afirmaciones ofensivas, injuriosas y falsas que lesionan su buen nombre como presidenta de la
Asociación Sindical Colombiana de los Servidores y de los Servicios Públicos
-ASTDEMP-, Subdirectiva Bucaramanga, tales como:
“Como segundo tema le
quiero comentar a la ciudadanía lo siguiente: la politiquería que todavía sigue
viva, porque está ahí en el Concejo, está en la Contraloría, está en la
Personería, está en unos círculos que se beneficiaban de toda esa corrupción no
hace sino metiéndome demandas penales, administrativas y fiscales.
Tengo 24 demandas
penales, aquí las tengo, aquí están totalmente relacionadas, son 24, me
escribieron las últimas dos que fueron la semana pasada y, la gran mayoría son
de Martha Cecilia Díaz la presidenta del sindicato, que tiene es un sindicato
reivindicativo que es cobrarle y, por lo general, no cumplir con las
obligaciones y no tienen un sindicato social que incluya realmente a la clase trabajadora
que ella pertenece. Aquí están trabajando y lo que quieren es que no los toquen
como venían haciéndole las administraciones anteriores que tenían compromisos
con la politiquería, porque ¿qué hacían?, tomen lo que quieran señores del
sindicato y los politiqueros se roban todo, ese era el pacto que tenían: denos
a nosotros que nosotros no decimos nada, y nosotros aquí arrasamos con el
patrimonio público. Entonces, aquí penales 24.
Denuncias en la
Procuraduría General de la Nación, total 64; mire: unas, tengo dos abogados
dedicados a eso, ellos piensan que me asustan con todas esas denuncias y me
quieren arrodillar y a mí no le paro ni 5 de bolas a esto, estoy es concentrado
en el hacer, en mejorar la eficiencia y la eficacia de la inversión de los
recursos públicos que son de todos los bumangueses.
Aquí tenemos otra que
nos la lleva la Dra. Gloria Wilches, mire, 45 demandas en la Procuraduría,
ellos creen que con esto me arrodillan y me asustan, pero, como les he dicho
como les he venido diciendo, ustedes me han visto pero no me conocen, no le
comemos cuento a esas acciones que hace la politiquería, y tengo que decir por
qué las hacen, porque allá en la Contraloría Municipal tienen pura
politiquería, los que se quedaron sin la Alcaldía que pretendían repetir el
asalto que hicieron en, anteriormente, entonces el oficio es atacar, pero eso,
mire que no han podido arrodillarme y no nos vamos a dejar. Ellos están
sorprendidos de que yo no les como cuento a todos esos chantajes y acciones que
hacen para poderme doblegar y que yo quede sumido o sumiso a todos los deseos
que tiene la politiquería de poder tomarse la Alcaldía (…)”.
2. Consideró que los señalamientos del accionado resultan
especialmente ofensivos y dañinos, no solo por hacer parte de un discurso de
acusaciones de corrupción y conspiraciones, sino también porque el video
correspondiente a la transmisión se encuentra en las redes sociales Facebook
y YouTube, situación que acarrea una mayor exposición.
3. Por lo anterior, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al buen nombre y a la honra y, en consecuencia, se ordene al señor
Hernández Suárez “retirar, retractarse y rectificar públicamente”[3]
las expresiones del 27 de agosto de 2018. Adicionalmente, como medida
provisional de protección, pidió ordenar al accionado retirar la información
presuntamente trasgresora de sus cuentas de Facebook, Twitter y YouTube,
y de su página web.
Trámite procesal
4. El 11 de septiembre de 2018, el Juzgado Cuarto Penal
Municipal con Función de Conocimiento de Bucaramanga avocó la acción constitucional
y corrió traslado al señor Hernández Suárez para que se pronunciara acerca de
los hechos y pretensiones. De otro lado denegó la medida provisional solicitada,
comoquiera que esta se refiere al mismo “objeto de la pretensión final”[4].
Contestación
5. El 18 de septiembre de 2018, el señor Rodolfo Hernández
Suárez indicó que en la transmisión “Hable con el alcalde” del 27 de
agosto de agosto de 2018, se limitó a realizar algunos comentarios relacionados
con las conductas de politiquería que se presentan al interior de la Alcaldía
de Bucaramanga, las cuales obstaculizan la buena marcha de la administración
municipal.
Aseguró que las afirmaciones censuradas solo tuvieron la
finalidad de informar a la comunidad sobre la existencia de 24 denuncias
penales interpuestas en su contra, muchas de las cuales corresponden a investigaciones
promovidas por la peticionaria. De otro lado, mencionó que la señora Díaz
Suárez es funcionaria de carrera de la Alcaldía de Bucaramanga en el cargo de
Auxiliar Administrativo, y que el 27 de octubre de 2017 procedió a denunciarla
por los delitos de injuria y calumnia, toda vez que esta lo ha señalado en
múltiples ocasiones como el autor de las amenazas de muerte que presuntamente
ha recibido por su condición de líder sindical. Por último, expuso que la
acción de tutela es improcedente, pues la peticionaria se abstuvo de solicitar
la rectificación.
Sentencias objeto de revisión
6. Primera instancia. El Juzgado Cuarto Penal
Municipal con Función de Conocimiento de Bucaramanga, en providencia del 18 de
septiembre de 2018, declaró improcedente la acción, al considerar que la
accionante (i) cuenta con otras herramientas jurídicas para hacer efectivos sus
derechos, y (ii) no solicitó al accionado retractarse de las expresiones
presuntamente trasgresoras de su buen nombre y honra.
7. Impugnación. La accionante señaló que la decisión
de primera instancia omitió analizar: (i) que las expresiones infractoras se
dirigen contra una funcionaria pública –inspectora de policía- y subalterna del
accionado; (ii) la situación de indefensión en la que se encuentra frente al
señor Hernández Suárez; y (iii) que el vídeo ha sido reproducido cerca de
214.000 veces y compartido otras 1400 ocasiones.
Enfatizó en que el accionado se ha valido de su condición de
alcalde para emitir declaraciones infundadas y temerarias, pues no existen
investigaciones o condenas judiciales en su contra por delitos contra el
erario. Agregó que el vocablo “politiquería” tantas veces pronunciado en
la alocución, hace referencia a quienes se dedican a la actividad política bajo
criterios ruines y mezquinos; de manera que no se trata de un comentario
imparcial, sino de una afrenta directa contra su buen nombre y honra.
8. Segunda instancia. El 24 de octubre de 2018, el Juzgado
Quinto Penal del Circuito de Bucaramanga, confirmó el fallo de primera
instancia por razones diferentes. Explicó que la solicitud de rectificación
solo opera frente a medios de comunicación, de manera que la señora Díaz Suárez
sí estaba habilitada para acudir directamente a la acción de tutela; no
obstante, consideró que el exalcalde no incurrió en la vulneración iusfundamental
alegada, toda vez que las “opiniones”[5]
que emitió se encontraban respaldadas en hechos constatables, esto es, en las
múltiples denuncias que habría formulado la accionante. De otro lado, expuso que
la expresión “politiquería”, dada su vaguedad semántica, debía ser
analizada en el marco de un proceso penal por los delitos de injuria y
calumnia.
Pruebas
9. Las
siguientes son las pruebas relevantes allegadas al expediente de tutela:
(i)  Grabación de la transmisión
efectuada por el accionado el 27 de agosto de 2018, por medio de la plataforma
de Facebook (cuaderno de tutela, folio 64).
(ii)  Copia de la denuncia presentada por
el señor Rodolfo Hernández Suárez en contra de la accionante, por los delitos
de injuria y calumnia (rad. 20170090665652)[6] (cuaderno
de tutela, CD 2).
(iii) Copia del informe de la Fiscalía
General de la Nación sobre las denuncias formuladas en contra del señor
Hernández Suárez; se registran 21 noticias criminales (cuaderno de tutela, CD 2).
(iv) Copia de la respuesta emitida el 27
de noviembre de 2017 por la Dirección de Atención a Usuarios de la Fiscalía
General de la Nación, en la que se indica que la señora Díaz Suárez ha
presentado 7 denuncias frente al accionado por los delitos de secuestro simple,
calumnia, amenazas, entre otros (cuaderno de tutela, CD
2).
(v) Copia del comunicado emitido por ASTDEMP,
en la que se exige al señor Hernández Suárez respetar los derechos de la
accionante (presidenta) y los trabajadores afiliados al sindicato (cuaderno de tutela, folios 51 a 53).
Expediente T-7.248.658
La señora Carmen
Cecilia Delgado Sierra, promovió acción de tutela contra el señor Rodolfo
Hernández Suárez, solicitando el amparo de sus derechos al buen nombre y a la
honra.
Hechos y solicitud[7]
10. Explicó que el 6 de noviembre de 2018, el señor Rodolfo
Hernández Suárez[8], quien para ese entonces se desempeñaba
como alcalde del municipio de Bucaramanga, a través del programa “Hable con
el alcalde” transmitido en Facebook Live, profirió acusaciones
calumniosas, injuriosas y falsas, que lesionan sus derechos al buen nombre y a
la honra, tales como:
“Aquí me pasan otra, vereda Los Angelinos,
asentamiento La Gracia de Dios. Hay unos vendedores que se quieren ir a la
cárcel. Octavio Delgado, cédula (…), Alberto Almeyda, cédula (…) y Carmen
Cecilia Delgado debe ser pariente, hermana de Octavio el de arriba, cédula (…).
Hay otro asentamiento que se llama Fuerza
Alternativa Revolucionaria de Colombia, ¡ah, pero son los mismos vendedores!
Están vendiendo lotes de 6 por 10 a $12.000.000 y a $20.000.000 sin urbanismo,
¡eso es penal! Entonces, luego se vienen y les compran a ellos y luego vienen
aquí que los urbanicen. ¡No!, no le vamos a jalar a eso. Que se derrumba la
¡qué se derrumben las casas!, porque ellos ya están notificados, ellos saben
que están es(sic) haciendo simplemente una compra que no reúne los requisitos
legales.
Repito, vereda Los Angelinos, asentamiento
La gracia de Dios, y otro Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia. Los
vendedores son Octavio Delgado, cédula (…), Alberto Almeyda (…) y Carmen
Cecilia Delgado (…) Estos simplemente están haciendo es estafas, les vamos a
mandar ahoritica mismo las acciones a ver cómo es el cuento para hacerles la
judicialización pertinente.
Sin
embargo, uno de los que han comprado vienen y me dicen que ya tienen las
demandas en la Fiscalía, yo no sé desde cuándo, que la Fiscalía no hace
absolutamente nada. Voy a hablar con el director de fiscalías porque esto es
una estafa que se puede volver un Madoff como en los Estados Unidos. Lotes a
$12.000.000 y a $20.000.000 sin ninguna obra de urbanismo. ¡Y lo más grave!,
para aplanar el lote pa (sic) que se vea atractivo aplanan y no compactan,
cuando hacen la casa, la casa se hunde.
Entonces
queda advertida la ciudadanía, vereda Los Angelinos, todos los que compren ahí
saben que los están robando y luego no se vengan para acá a que les arreglen la
irresponsabilidad que hicieron con respecto a una compra mal hecha”.
11. Refirió que
es “sucesora legítima”[9] de los terrenos de su fallecido
cónyuge, los cuales habría mantenido en posesión de forma continua, quieta,
pacífica y pública durante 30 años; por tal motivo, inició en el año 2016 un
proceso de pertenencia que se adelanta ante el Juzgado Séptimo Civil del
Circuito de Bucaramanga bajo el radicado 2016-00056.
12. Explicó que
su hijo Octavio Delgado fundó en dichos predios el asentamiento denominado “La
Gracia de Dios”[10], habitado en la actualidad por
cerca de 35 familias que compraron sus lotes y construyeron sus viviendas.
Frente al señor
Alberto Almeyda Sánchez, indicó que es amigo y socio del señor Delgado y que
son “personas ampliamente reconocidas en los barrios del norte de la ciudad
por sus ejecutorias en el ámbito social, su capacidad de convocatoria y
liderazgo (…)”[11].
13. Consideró que
el demandado no cuenta con sustento para señalar que son estafadores,
que tampoco confirmó la información antes de realizar tales afirmaciones, y que
actuó como fiscal y juez al amenazarlos “en vivo y en directo con enviarlos
a la cárcel”[12].
14. Así las cosas,
solicitó la protección de sus derechos fundamentales al buen nombre y a la
honra y, por consiguiente, se ordene al señor Hernández Suárez retractarse de
las afirmaciones efectuadas el 6 de noviembre de 2018.
Trámite
procesal
15. El 21
de noviembre de 2018, el Juzgado Once Civil Municipal de Bucaramanga avocó
conocimiento y corrió traslado al demandado para que se pronunciara acerca de
los hechos y pretensiones de la acción constitucional. Adicionalmente, requirió
a la señora Delgado Sierra para que informara si se encontraba actuando en
calidad de agente oficiosa de los señores Octavio Delgado y Alberto Almeyda
Sánchez.
Contestación
16. El señor
Hernández Suárez[13] indicó que en la transmisión “Hable
con el alcalde” del 6 de noviembre, advirtió a la comunidad sobre la venta
sin requisitos legales de unos lotes en los asentamientos “La Gracia de Dios”
y “Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia”, conducta que,
en su criterio, configuraría el delito establecido en el artículo 318 del
Código Penal[14].
Destacó que a la
Administración Municipal no le consta sobre el proceso de pertenencia
adelantado por la parte actora; por el contrario, sí tiene conocimiento de la compraventa
de algunos lotes sin el cumplimiento de la normatividad respectiva.
Refirió que como
primera autoridad local tiene el deber de proteger a los ciudadanos en su vida,
honra y bienes; de ahí que en la aludida transmisión estimó necesario informar a
la comunidad acerca de las enajenaciones irregulares que se estaban efectuando.
Agregó que dichos predios presentan fallas geológicas por lo que no son aptos
para construir. En ese orden, adujo que no vulneró los derechos invocados por
la accionante y requirió denegar las pretensiones del amparo.
17. De acuerdo
con el requerimiento efectuado por el a quo, el 26 de noviembre de 2018 la
accionante aclaró que actúa en nombre propio.
Sentencia
objeto de revisión
18. Primera
instancia. El Juzgado Once Civil Municipal de
Bucaramanga, en providencia del 4 de diciembre de 2018, declaró
improcedente la acción, tras argumentar que la peticionaria no demostró que se
hubiere solicitado al alcalde de Bucaramanga la rectificación de las
manifestaciones presuntamente trasgresoras de sus derechos. No se presentó
impugnación.
Pruebas
19. Las siguientes son las pruebas
relevantes allegadas al expediente de tutela:
(i) Grabación de la transmisión
efectuada en Facebook Live por el accionado, el 6 de noviembre de 2018
(cuaderno de tutela, CD anexo en folio 5).
(ii) Copia de los contratos de compraventa y
de promesas de compraventa de “posesiones y mejoras” respecto de unos “lote[s]
de terreno segregado[s] de otro de mayor extensión”, celebrados entre
diferentes compradores y los señores Alberto Almeyda Sánchez, Octavio Delgado o
la señora Carmen Cecilia Delgado Sierra en calidad de vendedores (cuaderno de
tutela, folios 20, 29 a 31, 32 a 33, 34 a 36 y 44 a 46).
(iii) Copia de la hoja de visita realizada por
la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga
-CDMB- el 15 de agosto de 2017, a un predio ubicado en el asentamiento La
Gracia de Dios. Se registran los siguientes hallazgos “(…) Se identifica a
los señores Octavio Delgado y Alberto Almeyda como los vendedores de las
parcelas (…)” (cuaderno de tutela, folio 24).
(iv) Copia de un recibo de caja menor por
valor de $6.000.000 pagados al señor Alberto Almeyda Sánchez el 19 de julio de
2016 por concepto de “compromiso de compraventa (…) barrio La Gracia de Dios”
(cuaderno de tutela, folio 37).
(v) Copia del escrito dirigido a la
Inspección de Policía del “corregimiento Uno” el 13 de noviembre de 2018,
suscrito por 12 ciudadanos, en el cual se exponen que las viviendas se están
agrietando y a punto de colapsar, por lo cual esperan la actuación de la
alcaldía en contra de quienes están vendiendo sin tener las respectivas licencias
(cuaderno de tutela, folios 47 y 48).
II. ACTUACIONES EN SEDE DE REVISIÓN
1. Los asuntos llegaron a la Corte Constitucional por la
remisión que hicieron los jueces de instancia en virtud de lo ordenado por el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. El 28 de marzo de 2019, la Sala de
Selección de Tutelas número Tres de esta Corporación escogió los expedientes
para su revisión y ordenó acumularlos entre sí por presentar unidad de materia,
para que fueran fallados en una sola sentencia.
Auto del 16 de mayo de 2019, decreto de pruebas[15]
2. Revisado el expediente, el Magistrado Sustanciador
advirtió la necesidad de ordenar la práctica de varias pruebas a fin de contar
con mejores elementos de juicio para adoptar la decisión definitiva. Así pues, se
solicitó: (i) a las partes dentro de los expedientes acumulados, ampliar
los hechos que originaron la presentación de las acciones de tutela[16];
(ii) a las sociedades Facebook, Twitter y Google (YouTube)
inscritas en Colombia, certificar la actividad registrada en las redes
(reproducciones, comparticiones, “me gusta”) en torno a los vídeos de las
transmisiones del 27 de agosto y el 6 de noviembre de 2018; (iii) a la Fiscalía
General de la Nación, informar acerca de la existencia de investigaciones
penales adelantadas en contra de las señoras Martha Cecilia Díaz Suárez y
Carmen Cecilia Delgado Sierra, por las presuntas conductas punibles referidas
en las transmisiones objeto de análisis constitucional; y  (iv) al
Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bucaramanga, indicar en qué estado se
encuentra el proceso de pertenencia por prescripción extraordinaria de dominio,
promovido por la señora Delgado Sierra contra Cemex Colombia S.A. (rad.
2016-00056-00).
Respuestas
Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bucaramanga
3. El 24 de mayo de 2019, la juez titular del despacho[17]
refirió que el proceso declarativo identificado con el radicado n.°
2016-00056-00 se encontraba nuevamente en la etapa de admisión de la demanda (22
de mayo de 2019). Explicó que el 27 de marzo de 2019 se decretó la nulidad de
todo lo actuado desde el auto admisorio (inclusive), toda vez que se incurrió
en la causal prevista en el artículo 133.8 del Código General del Proceso[18].
Google LLC.
4. El 27 de mayo de 2019, el apoderado general de la entidad
indicó que Google LLC es la única titular del servicio que presta la red
social YouTube[19].
Expuso que los vídeos alojados en las diferentes plataformas (Twitter,
Facebook, YouTube, etc.) se identifican con una URL[20]
específica, es decir, una secuencia de números y caracteres que se usan
para nombrar y localizar contenido en Internet; en ese orden, para la
recopilación de la información requerida mediante el auto del 16 de mayo de
2019, era necesario conocer las URL correspondientes. Así mismo,
solicitó conceder un plazo mayor para emitir la respuesta de fondo, toda vez
que la misma debía “procesarse” en la casa matriz de Google LLC, ubicada
en Estados Unidos.
Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Bucaramanga
5. El 30 de mayo de 2019, en relación con el expediente T-7.248.658,
la secretaria jurídica de la Alcaldía de Bucaramanga expresó que algunos
habitantes de la vereda Los Angelinos advirtieron a la Alcaldía sobre la venta de
predios sin requisitos legales que la señora Carmen Cecilia Delgado Sierra
estaría realizando en el sector, conducta que se adecúa al delito establecido
en el artículo 318 del Código Penal[21].
Sostuvo que las afirmaciones efectuadas por el exalcalde el 6 de noviembre de
2018 encuentran fundamento en el artículo 2º de la Constitución Política, según
el cual las autoridades de la República están instituidas para proteger la
vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades de todos los residentes
en el territorio nacional.
Por otra parte, frente al expediente T-7.235.254[22],
indicó que el exmandatario local en ningún momento profirió acusaciones
infundadas, y que la señora Díaz Suárez tergiversó la declaración del 27 de
agosto de 2018[23].
Fiscalía General de la Nación
6. El 12 de junio de 2019, el “Director Seccional Fiscalía
Santander”[24]
señaló que, revisado el sistema misional SPOA, no se encontró anotación
alguna en contra de las señoras Martha Cecilia Díaz Suárez y Carmen Cecilia
Delgado Sierra[25].
Auto del 21 de junio de 2019[26]
7. La Sala de Revisión solicitó por segunda ocasión a las
casas matrices de Facebook, Twitter y Google (YouTube), certificar
la actividad registrada en las correspondientes redes sociales (reproducciones,
comparticiones, “me gusta”, etc.) en torno a los vídeos de las transmisiones
del 27 de agosto y el 6 de noviembre de 2018.
Respuestas
Google LLC.
8. El 10 de julio de 2019, el apoderado general de la entidad
señaló que el canal de YouTube denominado “ing Rodolfo Hernández”[27],
el 5 de julio de 2019 contaba con 8713 seguidores. Destacó que dicha cifra no es
estática, dado que constantemente los canales creados por los usuarios están
sujetos al aumento y a la disminución del número de suscriptores. Respecto del
video publicado el 27 de agosto de 2018[28]
(exp. T-7.235.254), verificó que registraba 241 reproducciones, 13 referencias
positivas (me gusta) y ninguna negativa (no me gusta); en cuanto a la grabación
alojada el 6 de noviembre de 2018[29]
(exp. T-7.248.658), reseñó que presentaba 634 reproducciones, 26 referencias
positivas y 2 negativas.
Twitter Inc.
9. El 14 de julio de 2019, Twitter
explicó que los requerimientos de información efectuados por países
extranjeros para colaborar con “investigaciones penales”[30]
están gobernados por el Título 28 del Código de los Estados Unidos, Secciones
1781 y 1782 y un tratado de asistencia legal mutua, en caso de que exista. En
ese orden, indicó que únicamente de cumplirse con los requisitos señalados en
la norma, la compañía procesaría la solicitud de acuerdo con sus procedimientos
estandarizados, entre los que se encuentra dar aviso al usuario para que tenga
la posibilidad de expresar su oposición.
Facebook Inc.
10. En escrito allegado el 15 de julio de
2019, adujo que la cuenta “Ing Rodolfo Hernández Suárez
(@ingrodolfohernandezsuarez)[31]
“en la fecha en que fue visitada”[32],
tenía 303.332 seguidores. Refirió que el contenido divulgado el 27 de
agosto de 2018[33]
(exp. T-7.235.254), presentaba 214.000 reproducciones, había sido
compartido en la plataforma de Facebook 1.462 veces, y contaba con las
siguientes reacciones: 2.400 me gusta, 386 me encanta, 89 me enoja, 26 me
divierte, 7 me sorprende, y 6 me entristece.
En relación con el video atinente a la
transmisión del 6 de noviembre de 2018[34]
(exp. T-7.248.658), afirmó que tenía 56.000
reproducciones, había sido compartido en la plataforma 173 veces, y presentaba
la siguiente actividad: 553 me gusta, 104 me encanta, 11 me enoja, 15 me
divierte, 4 me sorprende y 1 me entristece. Finalmente, observó que dicha
información pudo haber cambiado desde la fecha en que se visitó, debido a que las
interacciones son actualizadas en tiempo real.
Accionado Rodolfo Hernández Suárez[35]
11. En memorial radicado el 10 de
septiembre de 2019, sostuvo que no tiene conocimiento de investigaciones
penales en contra de la señora Martha Cecilia Díaz Suárez[36] por delitos contra la
administración pública; además consideró que las afirmaciones efectuadas el 27
de agosto son genéricas, pues solo hacen referencia a la problemática de corrupción
que obstaculizaba el buen curso de la administración municipal, sin mencionar específicamente
a la señora Díaz Suárez.
Por otra parte, respondió que no presentó
denuncia contra la señora Carmen Cecilia Delgado Sierra[37] por las presuntas
conductas punibles en las que habría incurrido, toda vez que la comunidad
afectada con la venta de las parcelas y la desestabilización de las viviendas
se comprometió a hacerlo. Igualmente, reiteró que las manifestaciones del 6 de
noviembre de 2018 se sustentaron en las quejas verbales y escritas allegadas a
la Alcaldía referentes a la enajenación de unos predios sin tener la propiedad
del terreno, ni la licencia de construcción, urbanismo y subdivisión predial.
Por último, mencionó que los vídeos
atinentes a dichas declaraciones fueron publicados en sus cuentas de Twitter
(@ingrodolfohdez) y YouTube (ingeniero Rodolfo Hernández).
Accionante Carmen Cecilia Delgado
Sierra -exp. T-7.248.658-[38]
12. El 13 de septiembre de 2019, señaló que
los predios ubicados en el asentamiento La Gracia de Dios son considerados terreno rural de acuerdo con el Plan de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Bucaramanga 2014-2027, de manera que
no sería posible “llenar los requisitos necesarios y fundamentales, para
obtener la licencia de urbanismo, parcelación, subdivisión o urbanización”. Así
mismo, expuso que el proceso de pertenencia por prescripción extraordinaria de
dominio que se adelanta sobre los terrenos “brindará en definitiva el piso jurídico
fundamental y necesario para la plena legalización”.
III. CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1. Esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional es competente para proferir sentencia dentro de la acción de
tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86, inciso 2 y 241
numeral 9 de la Constitución, en concordancia con los artículos 31 a 36 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
Problema
jurídico y metodología de decisión
2. De acuerdo con la situación fáctica
expuesta, la Sala Octava de Revisión debe determinar si las acciones de tutela
instauradas por Martha Cecilia Díaz Suárez (exp. T-7.235.254) y Carmen Cecilia Delgado Sierra (exp. T-7.248.658)
contra el entonces Alcalde de Bucaramanga, constituyen un mecanismo judicial procedente
para establecer la presunta
vulneración de los derechos fundamentales a la honra y buen nombre invocados.
3. En caso afirmativo, pasará a estudiar si ¿un funcionario público, actuando en
ejercicio de su cargo, vulnera los derechos al buen nombre y a la honra al
realizar declaraciones o afirmaciones difamatorias en sus redes sociales
digitales, que exceden los límites del poder-deber de comunicación con la
ciudadanía?
4. Para resolver lo anterior, la Sala se
pronunciará sobre: (i) las reglas de procedibilidad de la acción de tutela en
materia de libertad de expresión; y (ii) el ejercicio del derecho a la libertad
de expresión por los servidores públicos, énfasis en el poder-deber de
comunicación de los altos funcionarios del Estado; para finalmente (iii) solucionar
los casos concretos.
Reglas
de procedibilidad de la acción de tutela en materia de libertad de expresión en
redes sociales
5. De
acuerdo con el artículo 86 de la Carta[39],
esta Corporación ha establecido que la acción de tutela solo procede cuando se
han agotado todos los medios de defensa establecidos legalmente para resolver
el conflicto, salvo (i) que los mismos no resulten
suficientemente idóneos y/o eficaces para proteger los derechos presuntamente
vulnerados, o (ii) que el recurso de amparo se
interponga como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable.
6. Particularmente en lo que concierne a la
trasgresión de los derechos al buen nombre y a la honra por la difusión de
contenido deshonroso o difamador en redes sociales digitales, la sentencia
SU-420 del 2019 estableció que el presupuesto de subsidiariedad de la acción de
tutela entre personas naturales[40]
debe sujetarse a la verificación de: (i) la previa solicitud de retiro o
enmienda dirigida a la persona que hizo la publicación; (ii) la reclamación
ante la plataforma en la que se encuentra alojada, siempre y cuando las “reglas
de la comunidad” permitan la exclusión del contenido; y (iii) la relevancia
constitucional del asunto, requisito encaminado a evaluar el contexto en que se
desarrolla la presunta vulneración[41].
7. En cuanto a la reclamación ante la plataforma
donde se encuentra alojado el contenido dañino, la sentencia de unificación
señaló que las redes sociales digitales establecen pautas de autorregulación o
“normas de la comunidad”, a las cuales se somete cada persona que pretende
hacer uso de sus canales. Por ejemplo, Facebook no acepta los contenidos
relacionados con (i) violencia
y comportamiento delictivo, (ii) suicidio y autolesiones, desnudos y
explotación sexual de menores, explotación sexual de adultos, acoso, e infracciones
a la privacidad; y (iii) lenguaje que incita al odio, violencia y contenido
gráfico, desnudos y actividad sexual de adultos, contenido cruel e insensible[42], entre otros. Por su parte, YouTube rechaza
las publicaciones relacionadas con acoso, discursos de odio, violencia gráfica
o contenido sexualmente explícito[43].
8. Bajo
ese entendido, la Corte dispuso que, si los usuarios cuentan con la posibilidad
de “reportar” el contenido o la publicación que se considera trasgresora de los
derechos al buen nombre y a la honra porque a su vez desconoce las pautas de
autorregulación del canal, deben acudir en primer lugar a este mecanismo de
autocomposición, con la finalidad de que la controversia se resuelva en el
mismo contexto en el que se produjo, la red social. En otras palabras,
únicamente en los eventos en que la vulneración no concuerda con los asuntos
regulados por las normas de la comunidad “es necesaria la intervención de una autoridad
judicial”.
9. En
relación con el tercer elemento, es decir, la relevancia constitucional del
asunto desde una perspectiva iusfundamental, la Corte determinó que se
debe analizar el contexto en el que tiene ocurrencia la presunta vulneración, a
partir de los siguientes tópicos:
“i) Quién
comunica. Se debe establecer la clase del perfil desde que se hace la
publicación, en orden a determinar la manera en que el juez constitucional debe
interpretar la comunicación. En consecuencia, se debe: (i) establecer si se
trata de un perfil anónimo o es una fuente identificable; (ii) en caso de
tratarse de un perfil concreto, analizar las cualidades y el rol que el presunto agresor ejerce en la sociedad, esto
es, un particular, un funcionario público, una persona jurídica, un periodista,
o si pertenece a un grupo históricamente discriminado, marginado o que se
encuentra en una especial situación de vulnerabilidad. (...)
Funcionario público. La jurisprudencia constitucional[44] e
interamericana[45] han
coincidido en señalar que el derecho a la libertad de expresión, cuando es
ejercido por funcionarios públicos en uso de sus funciones, tiene limitaciones
mayores frente a un particular.  Ello por cuanto el ejercicio del derecho
a la libertad de expresión por parte de funcionarios públicos tiene mayor
impacto en la sociedad, dado el grado de confianza y credibilidad que las
personas suelen tener en las afirmaciones de quienes ocupan estos cargos, se
justifica que tengan una diligencia mayor a la que debería tener un particular
al momento de expresar sus opiniones. (…)
ii) Respecto de quién se comunica. En este parámetro
obliga al juez constitucional a establecer las calidades de las personas (naturales,
jurídicas o con relevancia pública) respecto de quienes se hacen las
publicaciones en orden a determinar si se requiere poner un límite a la
libertad de expresión.
En
este contexto, es claro que los particulares (personas naturales y
jurídicas) cuentan con un mayor grado de protección que del que gozan los
servidores públicos o personajes con amplio reconocimiento social. (…).
Por otra parte, la jurisprudencia de esta Corporación ha admitido
que la esfera de protección de estos derechos se reduce en relación con los
personajes públicos[46] y,
dentro de estos, de manera especial para los altos funcionarios del Estado,
pues en razón del rol que desempeñan han de estar dispuestos a someterse al
escrutinio de su vida pública y de aquellos aspectos de su vida privada sobre
los cuales asiste a la ciudadanía un legítimo derecho a conocer y debatir, por
estar referidos (i) a las funciones que esa persona ejecuta; (ii) al
incumplimiento de un deber legal como ciudadano; (iii) a aspectos de la vida
privada relevantes para evaluar la confianza depositada en las personas a las
que se confía el manejo de lo público; (iv) a la competencia y capacidades
requeridas para ejercer sus funciones[47]. En
tal sentido, la Corte Interamericana ha destacado que frente a este tipo de
sujetos procede un umbral diferente de protección, el cual no se enfoca en la
calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público que implican sus
actividades o actuaciones[48].
Con todo, también es necesario asentar que ello no significa que los servidores
públicos no tengan derecho fundamental a la dignidad, sino que su grado de
tolerancia a la crítica ha de ser alto y, solo se verían exceptuados los
eventos en los que se corrobore una periodicidad y reiteración en las
publicaciones vejatorias, que puedan constituirse en acoso u hostigamiento.
iii) Cómo se
comunica. En este ítem se debe valorar (a) el contenido del mensaje, (b)
el medio o canal a través del cual se hace la afirmación y (c) el impacto de la
misma (…)”. (Énfasis propio).
10. Frente al contenido del mensaje, es
necesario examinar su grado de comunicabilidad, es decir, la capacidad de
transmitir o comunicar de manera ágil y sencilla. Para el efecto, la
providencia en cita determinó que se debe verificar si la publicación fue consignada
en un “lenguaje fácilmente comunicable”[49]
a cualquier receptor (convencional, oral o escrito), o si se emplean “signos o conductas con contenido
expresivo o implicaciones expresivas, que no tienen la virtualidad de comunicar
de manera sencilla el mensaje a todo tipo de público”[50].
11. Por otra parte, cada medio o
canal por el cual se hace la afirmación presenta
especificidades y complejidades constitucionalmente relevantes que repercuten
en el alcance de la libertad de expresión. Ciertamente, las opiniones y la información pueden
expresarse en gran variedad de canales como libros, periódicos, videos,
películas, obras de teatro, escultura, fotografías, emisiones radiales, redes
sociales, manifestaciones públicas, etc.; por lo que “es fundamental que el juez valore el medio
a través del cual se exterioriza la opinión, ya que este incide en el impacto
que aquella tenga sobre los derechos como el buen nombre, la honra o la
intimidad[51]”[52].
12. Por último, en lo concerniente al
impacto de la afirmación, la citada sentencia SU-420 de 2019, explicó que
este ítem permite evaluar la capacidad de penetración del mecanismo de
divulgación y su trascendencia inmediata sobre la audiencia a partir de dos
criterios, la buscabilidad y la encontrabilidad del mensaje; el
primero hace referencia a “la facilidad con la que en el uso de los motores
de búsqueda –buscadores-, se puede localizar el sitio web en donde está el
mensaje”, mientras que el segundo alude a “la facilidad para hallar el
mensaje dentro del sitio web en el que este reposa”[53].
13. El impacto de la divulgación también se
puede valorar por el número de reproducciones y visitas, o incluso a través de las
interacciones que los usuarios digitales tengan con el contenido como los “me
gusta” o “retweets”. De
otro lado, en la sentencia de unificación se recabó sobre la importancia de
determinar en este punto “si se trata de afirmaciones publicadas de
manera reiterada e insistente por un sujeto en relación con otro, donde se
percibe un uso desproporcionado de la libertad de expresión dada la repetitividad
de las publicaciones vejatorias, de tal forma que se pueda establecer si
corresponde a un caso de persecución o acoso provocado con tal actuación
sistemática”[54].
14. En suma, el
cumplimiento del principio de subsidiariedad de las acciones de tutela promovidas
entre personas naturales para resolver controversias por publicaciones en redes
sociales debe examinarse a partir de la verificación de: (i) la
solicitud de retiro o enmienda ante el titular de la publicación; (ii)
la reclamación ante la plataforma en la que se encuentra alojado el contenido
difamador, y (iii) la relevancia constitucional del asunto. A su
vez, este último requisito exige un análisis de contexto de: (a) la
persona que emite el contenido (quién comunica), esto, con el fin de verificar
si le asisten cargas o prerrogativas especiales; (b) respecto de quién se
comunica, parámetro que permite determinar características o cualidades
específicas que puedan llegar a incidir en una mayor o menor carga soportable
sobre los derechos al buen nombre y la honra y, finalmente, (c) cómo se comunica,
condición que pretende analizar las particularidades del mensaje (contenido y
canal), así como su capacidad de difusión.
15. La Sala reitera que solo cuando se supera el anterior
examen “es dable determinar la falta de idoneidad y eficacia de la acción
penal y civil, de manera que el amparo constitucional se erige como mecanismo
eficaz para la protección de los derechos fundamentales mencionados conculcados
mediante el ejercicio de la libertad de expresión en redes sociales”[55].
El
ejercicio del derecho a la libertad de expresión de los servidores públicos y
sus límites constitucionales. Énfasis en el poder-deber de comunicación de los
altos funcionarios del Estado[56]
16. A partir del artículo 20 de la
Constitución[57],
la Corte ha entendido que la libertad de expresión es un derecho complejo que agrupa un conjunto de garantías diferenciables en su contenido y
alcance, dentro de las que se destacan la libertad de opinión, comprensiva
de la facultad de difundir el propio pensamiento, opiniones e ideas a través
del medio y la forma escogidos por quien se expresa[58], y la libertad de información, que protege aquellas formas de comunicación en las que prevalece la finalidad de
describir o dar noticia de lo acontecido, y de recibir información veraz e
imparcial sobre hechos, ideas y opiniones de toda índole[59].
17. En lo que respecta a los funcionarios
públicos, como toda persona, son titulares del derecho a la libertad de
expresión en cualquiera de sus manifestaciones; sin embargo, debido al rol
que cumplen en la sociedad, se encuentran sometidos a cargas especiales en el ejercicio
de esta prerrogativa. En efecto, la actuación de los servidores del Estado debe
ceñirse a las obligaciones que la Constitución y la Ley les asigna, en especial, las señaladas en el artículo 2º superior que dispone: “[l]as
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales
del Estado y de los particulares”.
18. Sobre esa base, la jurisprudencia
constitucional ha expuesto que cuando las personas vinculadas al servicio
público actúan en ejercicio de sus funciones “tienen un rango muy limitado
de autonomía y deben orientarse a la defensa de (…) los derechos fundamentales de
todas las personas habitantes del territorio”[60]. Así pues, toda vez
que ostentan una posición de garante frente a las
prerrogativas de los asociados[61],
es necesario que se guíen bajo el criterio de máxima
prudencia al momento de emitir manifestaciones que pongan en riesgo o
constituyan injerencias lesivas sobre tales derechos[62], obligación que adquiere mayor relevancia tratándose de sujetos de
especial protección constitucional, tales como los defensores de derechos
humanos, los desplazados por la violencia o los miembros de comunidades de
paz, entre otros, quienes debido al estado de vulnerabilidad en el que se
encuentran merecen un tratamiento especial y la adopción de medidas reforzadas
de protección[63].
19. Se debe tener en cuenta, además, que las
redes sociales intrínsecamente constituyen un canal con una amplia difusión y/o
capacidad para llegar a un número extenso e indeterminado de personas;
precisamente por ello son consideradas medios de comunicación masiva[64].
En ese sentido, se destaca que la Corte ha considerado que el uso de este tipo
de instrumentos por funcionarios públicos, especialmente aquellos que ostentan
altos cargos, genera una mayor responsabilidad, dada la importancia que para la
opinión pública presentan sus declaraciones.
20. Esta tesis fue sostenida inicialmente en
la sentencia T-1104 de 2004, que, al examinar las declaraciones del Presidente
de la República, señaló: “el empleo de estos medios genera una
responsabilidad mayor (…) en atención a la gran capacidad de penetración en
todas las esferas de la sociedad que éstos poseen, al número considerable de
receptores a los que pueden llegar, al impacto inmediato que poseen sobre la
formación de la opinión pública e, incluso, sobre los comportamientos y
reacciones de los individuos”. Posteriormente, en los fallos T-263 de 2010
y T-627 de 2012 fue ampliada a las declaraciones de los alcaldes y gobernadoras,
y al Procurador General de la Nación, respectivamente.
21. Quiere decir todo lo anterior que, de cara
a la posibilidad de difundir informaciones y opiniones, los servidores públicos
difieren de los particulares, en tanto desempeñan una
actividad reglada y con un alto compromiso social; en
ese orden, sus manifestaciones deben ser incluso más prudentes y respetuosas de
derechos como el buen nombre, la honra y la intimidad y, por tanto, las
posibles extralimitaciones que puedan cometer serán objeto de un control más
estricto, con mayor razón, cuando se expresan a través de medios de
comunicación masiva, como las redes sociales[65].
22. Ahora bien, la Corte ha establecido que las
declaraciones de los altos funcionarios del Estado sobre temas de interés
general, más que al simple uso de su libertad de expresión, corresponden al
ejercicio de un poder-deber de comunicación permanente con la ciudadanía[66], corolario de un
sistema democrático en el que los actos o las omisiones de los representantes
del poder público se encuentran sujetos a un examen detallado. En otras
palabras, los pronunciamientos públicos de determinados agentes del Estado no
entran exclusivamente en el ámbito de su libertad de expresión, sino que constituyen una forma de ejercer sus deberes frente a los
administrados, y un mecanismo que
facilita la conformación de una opinión pública libre e
informada, presupuesto indispensable para la discusión y participación de los
ciudadanos en la toma de las decisiones que los afectan y en el control del
poder público[67].
23. Dicha forma de entender las
declaraciones de los servidores públicos ha sido señalada, entre otras, en la
sentencia T-263 del 2010, ocasión en la que se protegieron los
derechos al buen nombre y a la honra de dos veedores ciudadanos que resultaron
afectados por las manifestaciones falsas y carentes de fundamento objetivo realizadas
por el Alcalde de Fusagasugá en espacios radiales y
televisivos oficiales[68].
En primer lugar, la Corte sostuvo que ciertos agentes estatales, verbigracia,
los jefes de la administración local, son titulares de un poder-deber de
comunicación con la sociedad, el cual se deriva de la obligación de las autoridades
de informar sobre asuntos de interés general, y se extiende, incluso, a la
posibilidad de opinar acerca de su gestión pública. Sin embargo, también precisó
que, en todo caso, dicha prerrogativa comporta el respeto por la objetividad, tanto
en los eventos de transmisión de información, como de opinión[69].
24. Asimismo, expuso que: “al igual que
toda persona tiene por deber ‘(…) respetar los derechos ajenos y no abusar
de los propios’, los servidores públicos deben precaver con mayor ahínco
posibles desmanes que en ejercicio de este poder-deber puedan cometer, pues han
sido revestidos de sus facultades para garantizar el respeto de los derechos
fundamentales de las personas y la materialización de los principios constitucionales.
Por lo mismo, los posibles abusos o extralimitaciones que un servidor
público en el ejercicio de la facultad de expresar su opinión o de presentar
información pueda cometer, deben ser analizado de forma más estricta que si lo
llevara a cabo cualquier otra persona”.
25. Pues bien, en relación con el
poder-deber de comunicación mediante discursos o intervenciones, ha entendido
la jurisprudencia[70]
que los servidores públicos, en particular, los altos funcionarios estatales,
tienen la facultad y, a su vez, la obligación de (a) informar sobre asuntos de su competencia, (b) fijar la
posición de la entidad frente a los mismos; (c)
dar a conocer las políticas oficiales; (d) analizar,
comentar, opinar y, defender el programa gubernamental que desarrolla, (e)
responder a las críticas; y (f) fomentar el ejercicio de una
participación ciudadana responsable, entre otros[71].
26. Sobre esa base, este Tribunal
constitucional ha identificado dos escenarios del referido ejercicio
comunicativo, diferenciables a partir de la intención del discurso divulgado, a
saber: “(i) aquellas manifestaciones que pretenden
trasmitir información objetiva a los ciudadanos sobre asuntos de
interés general; y (ii) aquellas otras en las que, más allá de la transmisión
objetiva de información, se expresan cuestiones acerca de la política oficial,
defienden su gestión, responden a sus críticos, o expresan su opinión sobre
algún asunto, casos estos últimos en los cuales caben apreciaciones
subjetivas formuladas a partir de criterios personales”[72].
27. En virtud del
poder-deber de comunicación con los administrados, los altos funcionarios deben
garantizar al público la recepción de información lo más completa y ecuánime
posible[73];
por ello, la Corte ha señalado que la posibilidad de dirigirse
a la ciudadanía no es libre, en tanto envuelve un deber correlativo de respeto
por la objetividad, aun cuando los servidores públicos expresen su opinión.
Para el efecto se han establecido las siguientes reglas:
(i) Si el pronunciamiento se refiere a
información que se presenta como auténtica, debe someterse a las cargas de “veracidad
y objetividad”[74]
de conformidad con el artículo 20 de la Constitución, presupuestos que
pretenden evitar “cualquier tipo de manipulación sobre la opinión pública”[75], con mayor razón
teniendo en cuenta el alto grado de credibilidad con el que pueden contar los
altos funcionarios del Estado.
(ii) Si el pronunciamiento no tiene la
intención de transmitir información sino criterios personales sobre la política
oficial de respectivo servidor, defiende su gestión, responde críticas, o
expresa juicios sobre algún asunto, cabe la apreciación personal y subjetiva, no
siendo exigible la estricta objetividad. No obstante, “para garantizar la
formación de una opinión pública verdaderamente libre, estas opiniones no
pueden ser formuladas sino a partir de mínimo de justificación fáctica real y
de criterios de razonabilidad”[76].
28. La diferencia de rigurosidad en la aplicación de las cargas de
veracidad e imparcialidad en los señalados parámetros de control deviene de la
división conceptual entre la libertad de información, de un lado, y de
pensamiento y opinión, del otro (supra, 16)[77].
29. Teniendo en
cuenta las especificidades del asunto sometido a consideración, es importante
resaltar la sentencia T-276 de 2015, que revisó la acción de tutela promovida
en contra del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural por la presunta
vulneración de los derechos al buen nombre y a la honra de un Senador de la
República, luego de haber divulgado en varios medios de comunicación apartes de
un audio que registraba una conversación en la que el Senador parecería sugerir
a un grupo de líderes sindicales “aliarse con corruptos y ladrones” y
“actuar por fuera de la ley”. La Corte, siguiendo el precedente
establecido en relación con el poder-deber de comunicación de los altos
funcionarios públicos, encontró que el ministro accionado efectivamente había
divulgado información inexacta
y descontextualizada del gestor del amparo, que, por tanto, no se sujetaba a
los parámetros de veracidad y objetividad. Adicionalmente, enfatizó que, “por
las funciones que se le atribuyen a la Rama Ejecutiva del poder público, sus
cuestionamientos sobre la rectitud pública de un ciudadano, incluso si
este también es un servidor, deben sujetarse a la máxima prudencia pues no solo
se le confía la veeduría sobre el interés general, sino también el respeto, la
protección y la garantía de los derechos fundamentales de las personas”[78].
30. En ese orden, para la Corte, otro de los criterios que
rige los pronunciamientos de los agentes estatales, en particular los
pertenecientes al poder ejecutivo, lo constituye la máxima prudencia, parámetro
que adquiere mayor trascendencia cuando las afirmaciones cuestionan la rectitud
pública de un ciudadano.
31. En definitiva,
la Sala concluye que los servidores públicos, al tomar posesión de su cargo,
juran cumplir y defender la Constitución y las leyes, de manera que su conducta
tiene que precaver eventuales abusos a los derechos de la población y
contribuir a la vigencia del
ordenamiento jurídico. Por ello, en el ejercicio del derecho a la libertad de
expresión, en general, se encuentran sometidos a cargas especiales y mayores
restricciones que los demás ciudadanos. Asimismo, las declaraciones de los altos funcionarios del Estado no son absolutamente libres, pues es
necesario que en virtud de su poder-deber de comunicación: (i) se
ciñan a estrictos parámetros de objetividad y veracidad cuando se trata de
transmitir información; (ii) expresen sus opiniones a
partir de mínimo de justificación fáctica real y de criterios de razonabilidad[79]; (iii) actúen con máxima prudencia y cuidado, con mayor
razón cuando cuestionan la rectitud de un ciudadano, y (iv)
respeten, protejan y garanticen las prerrogativas de los asociados.
Casos
concretos
Expediente T-7.235.254
32. La señora Martha Cecilia Díaz
Suárez, inspectora de policía de la Alcaldía de Bucaramanga y presidenta de la
Subdirectiva Bucaramanga de la Asociación Sindical Colombiana de los Servidores
y de los Servicios Públicos ASTDEMP, le atribuye al señor Rodolfo Hernández
Suárez la vulneración de sus derechos al buen nombre y a la honra, toda vez que
afirmó en la transmisión del programa oficial “Hable con el alcalde”
realizada a través de Facebook Live el 27 de agosto de 2018:
“(…) Tengo 24 demandas
penales, aquí las tengo, aquí están totalmente relacionadas, son 24, me escribieron
las últimas dos que fueron la semana pasada y, la gran mayoría son de Martha
Cecilia Díaz la presidenta del sindicato, que tiene es un sindicato
reivindicativo que es cobrarle y, por lo general, no cumplir con las
obligaciones y no tienen un sindicato social que incluya realmente a la clase
trabajadora que ella pertenece. Aquí están trabajando y lo que quieren es que
no los toquen como venían haciéndole las administraciones anteriores que tenían
compromisos con la politiquería, porque ¿qué hacían?, tomen lo que quieran
señores del sindicato y los politiqueros se roban todo, ese era el pacto que
tenían: denos a nosotros que nosotros no decimos nada, y nosotros aquí
arrasamos con el patrimonio público. Entonces, aquí penales 24 (…)”.
33. El vídeo
de la transmisión se encuentra alojado en la red social Facebook, y en
las plataformas de YouTube y Twitter del accionado. Por lo anterior, la gestora del amparo
solicitó la protección de sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se
ordene al señor Hernández Suárez “retirar, retractarse y rectificar
públicamente”[80]
las señaladas afirmaciones.
34. El exalcalde refirió que efectuó manifestaciones
genéricas sobre la problemática de corrupción que obstaculiza
el buen curso de la administración municipal, sin mencionar específicamente a
la señora Díaz Suárez. Adicionó que no le consta la existencia de
investigaciones penales por los supuestos hechos de corrupción que alegó en sus
declaraciones, y tampoco ha presentado denuncias al respecto.
35. El Juzgado Cuarto Penal Municipal con
Función de Conocimiento de Bucaramanga declaró la improcedencia del amparo al
considerar que existen otras herramientas jurídicas por medio de las cuales se
pueden proteger los derechos al buen nombre y a la honra; además expuso que la
señora Díaz Suárez no agotó el requisito de la solicitud previa de
rectificación. Por su parte, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de
Bucaramanga, confirmó el fallo por razones diferentes. Estimó que la acción de
tutela sí era procedente, dado que la rectificación solo opera frente a medios
de comunicación. Sin embargo, sostuvo que no se presentó la vulneración
alegada, toda vez que “las opiniones” del exalcalde tendrían asidero en hechos
constatables, es decir, en las 24 denuncias penales que se habían promovido en
su contra.
36. Así las
cosas, el presente caso plantea un conflicto entre el derecho a la libertad de
expresión del señor Rodolfo Hernández Suárez y los derechos fundamentales a la
honra y al buen nombre de la señora Martha Cecilia Díaz Suárez. De forma
preliminar, la Sala de Revisión estudiará el cumplimiento de los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela.
Análisis de procedencia de la acción
37. Legitimación
en la causa. En el presente asunto, el extremo
activo está integrado por la señora Martha Cecilia Díaz Suárez, quien se
encuentra plenamente legitimada para formular la solicitud de amparo, ya que
actúa en nombre propio, con el fin de obtener la salvaguarda de sus derechos
fundamentales a la honra y al buen nombre.
En cuanto a la legitimidad por pasiva, la acción
se dirige contra el señor Rodolfo Hernández Suárez como autoridad responsable
de la presunta vulneración, dado que para el momento de los hechos se
desempeñaba como Alcalde de Bucaramanga[81],
y se encontraba en ejercicio de sus funciones[82].Adicionalmente,
se enfatiza que el demandado dispone de la administración y control del
contenido objeto de análisis constitucional, ya que fue publicado desde sus
cuentas de Facebook, Twitter y YouTube, de tal forma, este
requisito se haya superado.
38. Inmediatez. Se advierte que entre la transmisión objeto de control (27 de agosto
de 2018) y la interposición del amparo (11 de septiembre de 2018)
transcurrieron solo 13 días, término breve que resulta razonable y proporcional
para acudir a la acción de tutela.
39. Subsidiariedad.
El análisis de este
criterio se sujetará, primero, a la obligación de elevar la solicitud de
rectificación previa[83],
y segundo, al cumplimiento de las reglas especiales de procedibilidad en
materia de libertad de expresión en redes sociales.
40. La solicitud de rectificación contenida en el artículo 42.7 del
Decreto 2591 de 1991. De acuerdo con la
jurisprudencia constitucional[84],
la procedibilidad de la acción de tutela para la reivindicación de los derechos
a la intimidad, la honra y el buen nombre debe atender la previa solicitud de
rectificación establecida en el artículo 42.7 del Decreto 2591 de 1991 siempre
que se trate de información difundida por medios de comunicación o particulares
en ejercicio del periodismo. La Sala observa, entonces, que la señora Díaz
Suárez no estaba llamada a agotar el presente requisito, toda
vez que: (a) el demandado no ejerce el periodismo, y (b) las
publicaciones que dieron origen al recurso de amparo no fueron realizadas por
un medio de comunicación. En ese orden, se destaca que la decisión del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bucaramanga, juez de segunda instancia, se ajustó al precedente de esta
Corporación, al revocar el fallo de primer nivel
que consideró erróneamente que el presente mecanismo de amparo se tornaba
improcedente por no haber presentado previamente la solicitud de rectificación
al alcalde de Bucaramanga.
41. Requisitos de procedibilidad
en materia de libertad de expresión en redes sociales. Conforme
a la sentencia SU-420 de 2019, las controversias derivadas de la trasgresión de los derechos al buen nombre y a la honra por la
difusión de contenido deshonroso o difamador en redes sociales digitales, solo podrán ser resueltas a
través de la acción de tutela si se verifica el cumplimiento de los siguientes
supuestos: (i) la solicitud de retiro y enmienda; (ii) la
reclamación ante la plataforma donde se encuentra alojada la publicación,
siempre y cuando en las reglas de la comunidad se habilite esta posibilidad; y (iii)
la constatación de la relevancia constitucional del asunto.
42. Sin embargo, la Sala de Revisión
considera que en el asunto sub examine resultaría desproporcionado exigir
a la accionante el agotamiento de los dos primeros requisitos (solicitud de enmienda
y reclamación ante la plataforma), toda vez que para la fecha de interposición
de la acción de tutela no existía una regla inequívoca de procedibilidad que
exigiera el uso previo de tales herramientas[85].
En efecto, el recurso de amparo se promovió el 11 de septiembre de 2018,
mientras que la referida sentencia de unificación fue proferida el 12 de
septiembre de 2019, es decir, un año más tarde.
43. Asimismo, debe destacarse que la
sentencia SU-420 de 2019, al realizar el análisis concreto de procedibilidad, solo
constató la relevancia constitucional de los asuntos acumulados sometidos a su
conocimiento, de lo cual es posible concluir que, pese a que no lo refirió
expresamente, las dos primeras reglas fueron fijadas a futuro. Siendo así, en consonancia
con el análisis efectuado por el pleno de la Corte en la referida sentencia de
unificación, en esta oportunidad la subsidiariedad de la acción únicamente se
valorará de cara a la relevancia constitucional que la controversia exhiba.
44.  Por consiguiente, se procederá a
examinar (i) el tipo sujeto emisor del contenido (quién comunica);
(ii) la calidad del sujeto afectado (respecto de quién se
comunica); y (iii) la carga difamatoria de las expresiones (contenido
del mensaje, medio de difusión, e impacto de la publicación).
45. Quién comunica. El contenido censurado proviene de una fuente identificable, es
decir, del señor Rodolfo Hernández Suárez, sujeto que ostenta reconocimiento
público debido al rol que desempeñó en la esfera política del municipio de Bucaramanga,
lo que a su vez implica que sus manifestaciones cuentan con un grado elevado de
difusión, al menos, en el ámbito local.
46. Toda vez que para el momento de los
hechos examinados el demandado actuaba como alcalde, en este caso le son
aplicables las reglas del ejercicio a la libertad de expresión en funcionarios
públicos. Como se indicó, los agentes estatales deben expresarse con mayor
respeto, atendiendo no solo el impacto que tienen en la sociedad, sino también
que el servicio público es una actividad altamente reglada y con significativo
compromiso social; de tal forma, se encuentra justificado que se les exija una
diligencia superior a la que debería tener una particular al expresar sus
opiniones o transmitir información[86].
47. En particular, los altos funcionarios
del Estado tienen un poder-deber de comunicación con la ciudadanía, en virtud
del cual pueden acercarse a la colectividad través de discursos o
intervenciones públicas; no obstante, esta facultad se
encuentra limitada por: el deber de máxima prudencia y cuidado de no menoscabar
en sus intervenciones los derechos de los asociados; los parámetros de
objetividad y veracidad cuando se trata de transmitir información, y los
criterios de mínimo de justificación fáctica real y razonabilidad al expresar opiniones.
48. Los anteriores elementos permiten concluir
que, en términos generales, las declaraciones del señor Hernández Suárez ostentan
trascendencia constitucional, debido a su reconocimiento público, y a la
calidad de servidor estatal que detentaba, de manera que se cumple el presente
requisito.
49. Respecto de quién se comunica. Las declaraciones del accionado se
realizaron frente a un sujeto con proyección pública. Ciertamente, según se
precisó en el trámite procesal, la señora Díaz Suárez se desempeña como
inspectora de policía del municipio de Bucaramanga, y a su vez, tiene la calidad de líder sindical al ejercer como
presidenta de la Subdirectiva Bucaramanga de la Asociación Sindical
Colombiana de los Servidores y de los Servicios Públicos -ASTDEMP-. Por tanto, es
posible considerar que la peticionaria es un personaje con un nivel de
proyección en el ámbito público, lo que la hace susceptible de ser sujeto de
la opinión pública[87].
En efecto, en la
sentencia SU-420 de 2019[88] la Corte destacó que, tratándose de funcionarios públicos, el
ámbito de protección de sus derechos al buen nombre y a la honra se reduce, pues
debido al rol que desempeñan en la sociedad no solo han de estar dispuestos a
someterse al escrutinio de su vida pública, sino también de su vida privada, especialmente
frente a aquellos aspectos que la ciudadanía tiene un derecho legítimo a conocer
y debatir, tales como: (i) las funciones que ejecuta; (ii) incumplimiento
de un deber legal como ciudadano; (iii) los aspectos relevantes para
evaluar la confianza depositada en el manejo de lo público, y (iv) la
competencia y capacidades requeridas para ejercer sus funciones.
Ello implica que los
servidores estatales tienen una mayor carga soportable en comparación con los
particulares. En ese sentido, deben “aceptar el riesgo de ser afectados por
críticas, opiniones o revelaciones adversas, por cuanto buena parte del interés
general ha dirigido la mirada a su conducta ética y moral”[89].
Visto lo anterior,
dado que la accionante se desempeña como funcionaria pública y, además, como
líder sindical, tiene el deber de tolerar una mayor carga de reproche social, es
decir, de ser afectada por críticas u opiniones adversas; de tal forma que no
se encuentra superado el presente criterio, debido a que, en principio, se
trata de una relación simétrica entre emisor y receptor.
50. Cómo se comunica. El 27 de agosto del 2018, en el programa oficial “Hable con el
alcalde” el exalcalde manifestó[90]:
“Como segundo tema le
quiero comentar a la ciudadanía lo siguiente: la politiquería que todavía sigue
viva, porque está ahí en el Concejo, está en la Contraloría, está en la
Personería, está en unos círculos que se beneficiaban de toda esa corrupción no
hace sino metiéndome demandas penales, administrativas y fiscales.
Tengo 24 demandas
penales, aquí las tengo, aquí están totalmente relacionadas, son 24, me
escribieron las últimas dos que fueron la semana pasada y, la gran mayoría son
de Martha Cecilia Díaz la presidenta del sindicato, que tiene es un sindicato
reivindicativo que es cobrarle y, por lo general, no cumplir con las
obligaciones y no tienen un sindicato social que incluya realmente a la clase
trabajadora que ella pertenece. Aquí están trabajando y lo que quieren es que
no los toquen como venían haciéndole las administraciones anteriores que tenían
compromisos con la politiquería, porque ¿qué hacían? Tomen lo que quieran
señores del sindicato y los politiqueros se roban todo, ese era el pacto que
tenían: denos a nosotros que nosotros no decimos nada, y nosotros aquí
arrasamos con el patrimonio público. Entonces, aquí penales 24.
Denuncias en la
Procuraduría General de la Nación, total 64; mire: unas, tengo dos abogados
dedicados a eso, ellos piensan que me asustan con todas esas denuncias y me
quieren arrodillar y a mí no le paro ni 5 de bolas a esto, estoy es concentrado
en el hacer, en mejorar la eficiencia y la eficacia de la inversión de los
recursos públicos que son de todos los bumangueses.
Aquí tenemos otra que
nos la lleva la Dra. Gloria Wilches, mire, 45 demandas en la Procuraduría,
ellos creen que con esto me arrodillan y me asustan, pero, como les he dicho
como les he venido diciendo, ustedes me han visto pero no me conocen, no le
comemos cuento a esas acciones que hace la politiquería, y tengo que decir por
qué las hacen, porque allá en la Contraloría Municipal tienen pura
politiquería, los que se quedaron sin la Alcaldía que pretendían repetir el
asalto que hicieron en, anteriormente, entonces el oficio es atacar, pero eso,
mire que no han podido arrodillarme y no nos vamos a dejar. Ellos están sorprendidos
de que yo no les como cuento a todos esos chantajes y acciones que hacen para
poderme doblegar y que yo quede sumido o sumiso a todos los deseos que tiene la
politiquería de poder tomarse la Alcaldía (…)”.
51. En cuanto al contenido del mensaje, de
entrada la Sala advierte acreditado el criterio de comunicabilidad,
pues las afirmaciones fueron expresadas en un lenguaje claro, sencillo y de
fácil comprensión para los destinatarios.
52. De cara al medio o canal de difusión, se encuentra que las declaraciones
inicialmente se transmitieron a través de la plataforma de Facebook Live;
luego, el vídeo correspondiente a la difusión en vivo fue publicado en
la misma red social y en las cuentas de YouTube y Twitter del
accionado.
53. Ahora bien, en relación con el impacto concreto del mensaje,
en las plataformas de Facebook y YouTube la transmisión del
exalcalde presentó la siguiente actividad[91]:
Plataforma
Seguidores/
Suscriptores
Reproducciones
Comparticiones
Referencias Positivas
Referencias negativas
Facebook
303.332
214.000
1.462
2.819
95
YouTube
8.713
241
-
13
0
54. No obstante, a nivel de buscabilidad y encontrabilidad, es necesario precisar que
en la emisión del programa “Hable con el alcalde” del 27 de agosto de
2018, el accionado no solo se refirió a la señora Díaz Suárez, sino que hizo
alusión a un gran número de asuntos enmarcados en el tema “Estamos rematando
los incumplidos”; en ese contexto, en el vídeo que tiene una duración
aproximada de una hora[92], el exalcalde únicamente alude a la accionante por espacio de un
minuto[93]. Asimismo, el nombre de la grabación no indica ningún dato que
permita identificar a la peticionaria o a las expresiones posiblemente
trasgresoras.
Sin duda, la
anterior circunstancia incide negativamente en el análisis de los mencionados
elementos, ya que, primero, a pesar de que la publicación está localizada en
plataformas de fácil acceso, lo cierto es que al rastrear en los motores de
búsqueda las expresiones que específicamente acusa la accionante[94] no se encuentran resultados que lleven al mensaje censurado (buscabilidad); y segundo, dentro de la misma grabación no se llega
fácilmente el contenido posiblemente vulneratorio (encontrabilidad). En ese
orden, no se satisfacen los elementos de buscabilidad y encontrabilidad, dado
que cualquier persona no podría ubicar el mensaje denunciado de manera
sencilla, ágil y eficiente; sino únicamente quien cuente con información
precisa (términos de búsqueda y exploración exactos).
55. Por último, dentro
del impacto de la publicación, de acuerdo con la sentencia SU-420 de
2019[95], se debe resaltar que las afirmaciones bajo examen no se realizaron
de manera reiterada e insistente, por lo que es diáfano que no se trata de un
caso de acoso o persecución que evidencien un uso desproporcionado de la
libertad de expresión o una afectación sistemática y reiterada de los derechos
al buen nombre y a la honra de la peticionaria.
Visto lo anterior,
es evidente que el mecanismo de divulgación no representa un impacto inmediato
sobre la audiencia.
56. En definitiva, la Sala considera que la
presente acción de tutela no supera el principio de subsidiariedad, debido a
que revisado el contexto de los hechos vulneratorios, no se logra determinar la
concurrencia de todos los parámetros que otorgan la relevancia
constitucional de naturaleza iusfundamental necesaria para abordar el
análisis de fondo. En efecto, a pesar de que se supera el primer requisito
(quién comunica) dado que el exalcalde tiene el deber de pronunciarse con mayor
prudencia en atención al rol que cumple en la sociedad, lo cierto es que la
señora Díaz Suárez soporta una mayor carga sobre sus derechos al buen nombre y
a la honra como consecuencia de ejercer un cargo público y desempeñarse como
líder sindical (respecto de quién se comunica); igualmente, si bien el lenguaje
empleado por el accionado es comunicable (supra, 52), el medio de
divulgación no representa un impacto inmediato sobre la audiencia en tanto no
se cumplen los parámetros de buscabilidad y encontrabilidad, y la publicación
no puede ser catalogada como un acto de hostigamiento (cómo se comunica).
57. Si bien en el presente asunto, por los argumentos
indicados, la Corte no procede al análisis de fondo de la vulneración alegada,
lo anterior no es óbice para resaltar que el exalcalde debía actuar con
prudencia y cuidado de no menoscabar los derechos ajenos al utilizar las redes
sociales digitales, conforme a las reglas que esta Corporación ha decantado
sobre el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y del poder-deber de
comunicación de los altos funcionarios públicos.
58.  Con todo, teniendo en cuenta que la
falta de relevancia constitucional no permite satisfacer el estudio de
procedibilidad, en este caso es necesario indicar que las acciones penales y
civiles disponibles en el ordenamiento jurídico constituyen los medios de
defensa idóneos y eficaces para resolver la controversia. Bajo ese entendido, se
confirmará la decisión
proferida el 24 de octubre de 2018 por el Juzgado Quinto Penal del
Circuito de Bucaramanga que, a su
vez, confirmó (por motivos diferentes) la sentencia del 18 de septiembre de
2018 expedida por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de
Conocimiento de Bucaramanga, en el sentido de declarar la improcedencia de la
acción.
Expediente
T-7.248.658
59. Carmen Cecilia Delgado Sierra, le atribuye a
Rodolfo Hernández Suárez, la vulneración de sus derechos al buen nombre y a la
honra, toda vez que afirmó en la transmisión del programa oficial “Hable con
el alcalde” realizada a través de Facebook Live el 6 de noviembre de
2018, que:
“(…) Hay otro asentamiento que se llama
Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia, ¡ah, pero son los mismos
vendedores! Están vendiendo lotes de 6 por 10 a $12.000.000 y a $20.000.000 sin
urbanismo, ¡eso es penal! Entonces, luego se vienen y les compran a ellos y
luego vienen aquí que los urbanicen. ¡No!, no le vamos a jalar a eso. Que se
derrumba la ¡qué se derrumben las casas!, porque ellos ya están notificados,
ellos saben que están es(sic) haciendo simplemente una compra que no reúne los
requisitos legales. // Repito, vereda Los Angelinos, asentamiento La gracia de
Dios, y otro Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia. Los vendedores son
Octavio Delgado, cédula (…), Alberto Almeyda (…) y Carmen Cecilia Delgado
(…) Estos simplemente están haciendo es estafas, les vamos a mandar ahoritica
mismo las acciones a ver cómo es el cuento para hacerles la judicialización
pertinente (…)”.
60. El vídeo de la difusión en vivo se
encuentra alojado en la red social Facebook, y en las plataformas de YouTube
y Twitter del accionado. Por lo anterior, la gestora del amparo solicitó
la protección de sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se ordene al
señor Hernández Suárez rectificar las señaladas afirmaciones.
61. El
accionado explicó que el 6 de noviembre solo advirtió a la comunidad sobre la
venta sin requisitos legales de unos lotes en los asentamientos “La Gracia
de Dios” y “Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia”, conducta
que configuraría el delito establecido en el artículo 318 del Código Penal[96]. Aclaró que
sus afirmaciones se fundamentaron en las denuncias ciudadanas que fueron
allegadas a la Alcaldía.
62. El
Juzgado Once Civil del Juzgado de Bucaramanga, declaró improcedente la acción
de tutela tras considerar que no se cumplió con el requisito de solicitud
rectificación previa.
63. Así las
cosas, el presente caso plantea un conflicto entre el derecho a la libertad de
expresión del señor Rodolfo Hernández Suárez y los derechos fundamentales a la
honra y al buen nombre de la señora Carmen Cecilia Delgado Sierra. De forma
preliminar, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela.
Análisis de procedencia de la acción
64. Legitimación en la causa.
La
señora Delgado Sierra se encuentra legitimada para formular la solicitud de
amparo, toda vez que actúa en nombre propio, con el fin de obtener la
salvaguarda de sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre. Así
mismo, en consonancia con lo indicado en el párrafo 40 de esta providencia, el
señor Hernández Suárez se encuentra legitimado en la causa pasiva, pues para la
fecha de los hechos analizados aún se desempeñaba como Alcalde de Bucaramanga[97]
y se encontraba en ejercicio de sus funciones; de forma que en el presente
trámite actúa como autoridad presuntamente infractora. Se destaca que el
demandado igualmente dispone de la administración del contenido censurado.
65. Inmediatez. La acción objeto de examen supera el
requisito de inmediatez. Efectivamente, entre la transmisión del exalcalde (6
de noviembre de 2018) y la interposición del amparo (21 de septiembre de 2018)
transcurrieron solo 14 días, término que se ajusta a los lineamientos de
razonabilidad y proporcionalidad.
66. Subsidiariedad.
El análisis de este criterio igualmente se sujetará
a la presunta obligación de elevar la solicitud de rectificación previa[98], y al cumplimiento de
las reglas especiales de procedibilidad en materia de libertad de expresión en
redes sociales.
67. La
solicitud de rectificación contenida en el artículo 42.7 del Decreto 2591 de
1991. Como se indicó en el anterior asunto, la
procedencia de la acción de tutela para la reivindicación de los derechos a la
intimidad, la honra y al buen nombre, debe atender la previa solicitud de
rectificación siempre que se trate de información difundida por medios
de comunicación o particulares en ejercicio del periodismo[99].
Así entonces, contrario a lo indicado por el juez de primera instancia,
la señora Delgado Sierra no estaba llamada a agotar el
presente requisito, toda vez que el demandado no ejerce el periodismo, ni las
publicaciones que dieron origen al recurso de amparo fueron realizadas por un
medio de comunicación.
68. Requisitos de procedibilidad en materia
de libertad de expresión en redes sociales. La subsidiariedad del presente
asunto igualmente se estudiará atendiendo los criterios expuestos en materia de
relevancia constitucional; sin embargo, la Sala se concentrará en las calidades
del receptor del mensaje y en cómo se realiza el ejercicio comunicativo, habida
cuenta que las consideraciones frente al funcionario emisor del contenido presentadas
en el anterior caso (párrafo 47) resultan plenamente aplicables.
69. Respecto de quién se comunica. Este
Tribunal señaló que los particulares cuentan con un mayor umbral de
protección, de manera que las manifestaciones que de ellos se hagan suponen un
grado más alto de relevancia constitucional. Pues bien, dado que las
declaraciones del señor Hernández Suárez están dirigidas a cuestionar a una
persona natural que no cumple ningún rol especial (funcionario o personaje
público, periodistas, representación de persona jurídica, etc.); cualquier desmán en el ejercicio de su derecho a la libertad de
expresión debe ser juzgado de forma más estricta; de manera que se cumple el
presente requisito teniendo en cuenta que no se trata de una relación simétrica
entre emisor y receptor.
70. Cómo se comunica. El 6 de noviembre del 2018, en el programa oficial “Hable con el
alcalde” el exalcalde manifestó[100]:
“Aquí me pasan otra, vereda Los Angelinos,
asentamiento La Gracia de Dios. Hay unos vendedores que se quieren ir a la
cárcel. Octavio Delgado, cédula (…), Alberto Almeyda, cédula (…) y Carmen
Cecilia Delgado debe ser pariente, hermana de Octavio el de arriba, cédula (…).
Hay otro asentamiento que se llama Fuerza
Alternativa Revolucionaria de Colombia, ¡ah, pero son los mismos vendedores! Están vendiendo lotes de 6 por 10 a $12.000.000 y a
$20.000.000 sin urbanismo, ¡eso es penal! Entonces, luego se vienen y les
compran a ellos y luego vienen aquí que los urbanicen. ¡No!, no le vamos a
jalar a eso. Que se derrumba la ¡qué se derrumben las casas!, porque ellos ya
están notificados, ellos saben que están es(sic) haciendo simplemente una
compra que no reúne los requisitos legales.
Repito, vereda Los Angelinos, asentamiento
La gracia de Dios, y otro Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia. Los
vendedores son Octavio Delgado, cédula (…), Alberto Almeyda (…) y Carmen
Cecilia Delgado (…) Estos simplemente están haciendo es estafas, les vamos a
mandar ahoritica mismo las acciones a ver cómo es el cuento para hacerles la
judicialización pertinente.
Sin
embargo, uno de los que han comprado vienen y me dicen que ya tienen las
demandas en la Fiscalía, yo no sé desde cuándo, que la Fiscalía no hace
absolutamente nada. Voy a hablar con el director de fiscalías porque esto es
una estafa que se puede volver un Madoff como en los Estados Unidos. Lotes a
$12.000.000 y a $20.000.000 sin ninguna obra de urbanismo. ¡Y lo más grave!,
para aplanar el lote pa (sic) que se vea atractivo aplanan y no compactan,
cuando hacen la casa, la casa se hunde.
Entonces
queda advertida la ciudadanía, vereda Los Angelinos, todos los que compren ahí
saben que los están robando y luego no se vengan para acá a que les arreglen la
irresponsabilidad que hicieron con respecto a una compra mal hecha”.
71. Frente al contenido del mensaje, de
entrada la Sala advierte acreditado el criterio de comunicabilidad,
pues las afirmaciones fueron expresadas en un lenguaje claro, sencillo y de
fácil comprensión para los destinatarios.
72.
De cara al medio o canal de difusión, las declaraciones
se transmitieron a través de la plataforma de Facebook Live; luego, el
vídeo correspondiente a la difusión en vivo fue publicado en la misma
red social y en las cuentas de YouTube y Twitter del accionado.
73. En relación con el impacto concreto
del mensaje, en las plataformas de Facebook y YouTube las transmisión
presentó la siguiente actividad:
Plataforma
Seguidores/
Suscriptores
Reproducciones
Comparticiones
Referencias Positivas
Referencias negativas
Facebook
303.332
56.000
173
672
12
YouTube
8.713
634
-
26
2
74. No obstante, a
nivel de buscabilidad y encontrabilidad, al ingresar en los motores de búsqueda
web términos sencillos como “Hable con el alcalde 6 de noviembre de 2018”,
los resultados arrojan publicaciones del mencionado programa, pero no la
atinente al 6 de noviembre. De otro lado, como ocurrió en el caso anterior, es
necesario precisar que en la emisión del programa “Hable con el alcalde”
del 6 de noviembre de 2018, el accionado no solo se refirió a la señora Delgado
Sierra, sino que hizo alusión a un gran número de asuntos enmarcados en el tema
“Construcción social, transparencia y dignidad”; de tal forma, en el
vídeo que tiene una duración aproximada de una hora[101], el exalcalde solo
alude al asunto controvertido por la accionante por espacio de 3 minutos[102]. Además, el nombre de
la grabación no indica ningún dato que permita identificar a la peticionaria o
las expresiones posiblemente trasgresoras.
75. Sin duda, lo
anterior repercute en el análisis de los mencionados criterios, ya que,
primero, a pesar de que la publicación está localizada en plataformas de fácil
acceso, al rastrear en los motores de búsqueda las expresiones que específicamente
acusan a la accionante no se encuentran resultados que lleven a la publicación
censurada[103];
y segundo, dentro de la misma grabación no se halla fácilmente o de entrada el
contenido presuntamente vulneratorio. Ello permite concluir que el mensaje que
acusa la actora no cumple los elementos de buscabilidad y encontrabilidad,
pues cualquier persona no podría ubicarlo de manera sencilla, ágil y eficiente;
en otras palabras, únicamente quien cuente con información precisa (términos de
búsqueda y exploración exactos) llegaría al contenido impugnado.
76. Finalmente,
dentro de dentro del impacto de la publicación, se debe resaltar que las
afirmaciones bajo examen no se realizaron de manera reiterada e insistente, por
lo que es diáfano que no se trata de un caso de acoso o persecución que
evidencien un uso desproporcionado de la libertad de expresión o una afectación
sistemática y reiterada de los derechos al buen nombre y a la honra de la
peticionaria.
77. En definitiva, la Sala considera que la
presente acción de tutela no supera el principio de subsidiariedad, debido a
que revisado el contexto de los hechos vulneratorios, no se logra determinar la
concurrencia de todos los parámetros que otorgan la relevancia
constitucional de naturaleza iusfundamental necesaria para abordar el
análisis de fondo. En efecto, a pesar de que se superan los dos primeros requisitos
(quién comunica y respecto de quién se comunica), dado que: (i) el
exalcalde tiene el deber de pronunciarse con mayor prudencia en atención al rol
que cumple en la sociedad, y (ii) la accionante es un particular que ostenta
un umbral más alto de protección; lo cierto es que el mensaje del accionado,
ciertamente comunicable (supra, 71), no representa un impacto inmediato
sobre la audiencia en tanto no se cumplen los parámetros de buscabilidad y
encontrabilidad, y la publicación no puede ser catalogada como un acto de
hostigamiento (cómo se comunica).
78. Si bien en el presente asunto, por los argumentos
indicados, la Corte no procede al análisis de fondo de la vulneración alegada,
lo anterior no es óbice para resaltar que el exalcalde debía actuar con
prudencia y cuidado de no menoscabar los derechos ajenos al utilizar las redes
sociales digitales, conforme a las reglas que esta Corporación ha decantado
sobre el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y del poder-deber de
comunicación de los altos funcionarios públicos.
79.  Por lo tanto,
teniendo en cuenta que la falta de relevancia constitucional no permite
satisfacer el estudio de procedibilidad, en este caso es necesario indicar que
las acciones penales y civiles disponibles en el ordenamiento jurídico
constituyen los medios de defensa idóneos y eficaces para resolver la
controversia. Bajo ese entendido, se confirmará la decisión proferida el 4 de diciembre de 2018 por el Juzgado
Once Civil Municipal de Bucaramanga, en el sentido de declarar la improcedencia
de la acción.
V. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO. CONFIRMAR por las razones
expuestas en esta providencia, el fallo
proferido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bucaramanga el 24 de octubre de 2018, que a su vez confirmó la sentencia
expedida por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de
Conocimiento de Bucaramanga el 18 de septiembre del mismo año,
mediante la cual se declaró la improcedencia de la acción de tutela presentada
por Martha Cecilia Díaz Suárez contra Rodolfo Hernández Suárez.
SEGUNDO. CONFIRMAR por las razones
expuestas en esta providencia, el
fallo de primera instancia proferido el 4 de diciembre de 2018 por el Juzgado
Once Civil Municipal de Bucaramanga, mediante el cual se declaró la improcedencia de
la acción de tutela presentada por Carmen Cecilia Delgado Sierra contra Rodolfo
Hernández Suárez.
TERCERO. Por Secretaría General de esta
Corporación LIBRAR las comunicaciones previstas en el artículo
36 del Decreto Estatutario 2591 de 1991.
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
RICHARD
STEVE RAMÍREZ GRISALES
Magistrado
(e.)
Con
aclaración de voto
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Los hechos narrados por el accionante fueron integrados con las
pruebas que obran en el expediente.
[2] El demandado fungió como primer mandatario de la ciudad de
Bucaramanga entre el 1º de enero de 2016 y el 16 de septiembre de 2019.
[3] Cuaderno de tutela, folio 2.
[4] Cuaderno de tutela, folio 12.
[5] Cuaderno de tutela, folio 64.
[6] En el escrito que formula la denuncia se precisó: “Me
permito poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, que la
presidente del sindicato ASTDEMP (…) realiza imputaciones falsas en contra del
Alcalde de Bucaramanga, de ser el autor de las amenazas de muerte (…)”.
[7] Los hechos narrados por el accionante fueron integrados con las
pruebas que obran en el expediente.
[8] Cfr. nota
al pie n.° 2.
[9] Cuaderno de tutela, folio 1.
[10] Ib.
[11] Cuaderno de tutela, folio 2.
[12] Ib.
[13] En escrito allegado el 22 de noviembre de
2018.
[14] “ARTICULO 318. URBANIZACIÓN ILEGAL. El que adelante,
desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, facilite, tolere, colabore
o permita la división, parcelación, urbanización de inmuebles, o su
construcción sin el lleno de los requisitos de ley, incurrirá por esta sola
conducta, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento veintiséis (126) meses
(…)”.
[15] Cuaderno de revisión, folio 21.
[16] La señora Díaz Suárez debía indicar a
través de qué otros medios de comunicación el accionado habría reproducido las
afirmaciones del 27 de agosto de 2018. Por su parte, la señora Delgado Sierra
respondería si solicitó y obtuvo la licencia de urbanismo para la parcelación,
subdivisión o urbanización de los predios ubicados en el asentamiento La Gracia
de Dios. Finalmente, el señor Hernández Suárez explicaría si denunció, o tuvo
conocimiento de investigaciones penales adelantadas en contra de las respectivas
accionantes. Adicionalmente, indicaría si difundió en las redes sociales Twitter
y YouTube las alocuciones cuestionadas.
[17] Cuaderno de revisión, folio 42.
[18] “8. Cuando no se practica en legal
forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas,
o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban
ser citadas como partes (…)”.
[19] En sentido similar, Twitter Colombia, Facebook
Colombia y Google Colombia, en escritos allegados el 28 y 29 de mayo de
2019, respectivamente, indicaron que las plataformas son operadas, soportadas y
controladas por sus homólogas a nivel internacional; por lo tanto, cualquier
solicitud de información debía ser dirigida a Twitter International
Company, a Facebook Inc. y a Google LLC.
[20] Uniform Resource Locator.
[21] “ARTICULO 318. Urbanización Ilegal. El
que adelante, desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, facilite,
tolere, colabore o permita la división, parcelación, urbanización de inmuebles,
o su construcción, sin el lleno de los requisitos de ley incurrirá, por esta
sola conducta, en prisión (…)”.
[22] Escrito del 31 de mayo del 2019.
[23] Por medio de la providencia del 10 de junio de 2019, el Magistrado
sustanciador ordenó comunicar al señor Hernández Suárez el decreto probatorio a
las direcciones de notificación personal aportadas por la Administración
Municipal de Bucaramanga. Cfr. cuaderno de revisión, folio 234.
[24] Cuaderno de revisión, folio 241.
[25] Sin embargo, indicó que sí se registra la denuncia formulada
por la señora Díaz Suárez en contra del accionado, como consecuencia de las
afirmaciones del 27 de agosto de 2018 (noticia criminal 680016008828201803899).
[26] Cuaderno de revisión, folios 244 a 249.
[27] Identificado con la URL https://www.youtube.com/channel/UCkyBvBPxXCrDICOGzQ6C_HA.
[28] Alojado en la URL https://youtu.be/Jziv9U9eoY8.
[29] Identificada con la URL
https://youtu.be/SuYh_0UugxA.
[30] Cuaderno de revisión, folio 272.
[31] Localizada en la URL
https://www.facebook.com/ing.rodolfohernandezsuarez.
[32] Cuaderno de revisión, folio 272.
[33] Disponible en la URL
www.facebook.com/ing.rodolfohernandezsuarez/videos/300974394040534/.
[34] Disponible en la URL
www.facebook.com/ing.rodolfohernandezsuarez/videos/365014274238448/.
[35] Se destaca que el 28 de agosto de 2019, con la finalidad de acopiar
la totalidad de las pruebas necesarias para adoptar la decisión definitiva, el
Magistrado sustanciador requirió nuevamente al señor Hernández Suárez y a la
accionante Carmen Cecilia Delgado Sierra, para que de manera inmediata
procedieran a remitir la información solicitada mediante el auto del 16 de mayo
de 2019. Del mismo modo, se insistió a Twitter Inc. y a Twitter International
Company para que resolvieran los interrogantes planteados en la providencia del
21 de junio de 2019. Cfr. Cuaderno de revisión,
folios 367 a 369.
[36] Exp. T-7.235.254.
[37] Exp. T-7.248.658.
[38] Cfr. nota
al pie n.° 36.
[39] Constitución Política, artículo 86: “(…)
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable (…)”.
[40] Cuando se trata de una persona jurídica alegando la afectación respecto de una persona natural, aplican las
mismas reglas. De otro lado, la sentencia estableció que Si quien invoca el
derecho al buen nombre es una persona jurídica respecto de otra persona
jurídica, solo procede la acción de tutela una vez se hayan agotado los
medios de defensa judiciales disponibles en el ordenamiento jurídico, esto es,
el proceso civil de responsabilidad extracontractual y los relacionados con los
actos de competencia desleal (Ley 256 de 1996, art. 20).
[41] Sentencia SU-420 de 2019. Fundamento
jurídico 69.
[42] Ib.
[43] Estas Reglas de la
Comunidad se encuentran disponibles en el enlace https://www.youtube.com/intl/es-419/yt/about/policies/#community-guidelines.
[44] “En la sentencia T-949 de 2011, específicamente se
dijo: ‘[s]i bien es cierto que los servidores públicos mantienen su
libertad de información y de opinión, en su calidad de ciudadanos, también lo
es que se les restringe, por su mayor compromiso social y debido a que el
servicio público es una actividad altamente reglada, que impone mayor prudencia
y respeto’.”
[45] “Corte I.D.H., Caso Apitz
Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) vs. Venezuela.
Sentencia de 5 de agosto de 2008. Párr 131. En concreto
se indicó: ‘no sólo es legítimo sino que en ciertas ocasiones es un deber de
las autoridades estatales pronunciarse sobre cuestiones de interés público. Sin
embargo, al hacerlo están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto
a constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los
hechos en los que fundamentan sus opiniones, y deberían hacerlo con una
diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, en atención al alto
grado de credibilidad de la que gozan y en aras a evitar que los ciudadanos
reciban una versión manipulada de los hechos’.”
[46] “Sentencia T-244 de 2018”.
[47] “En el caso Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos sistematizó de este modo los criterios para
evaluar la relevancia pública de información atinente a la vida privada de
altos funcionarios del Estado; los mismos que fueron empleados en la sentencia
proferida en este asunto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (29 de
noviembre de 2011), para considerar que la información sobre aspectos de la
vida privada del Presidente Menem era de relevancia pública por cuanto se
refería, entre otros, al incumplimiento del deber legal de reconocer a un
hijo”.
[48] “Sentencia T-244 de 2018”.
[49] Sentencia SU-420 del 2019, fundamento
jurídico 70, num. (iii) lit. a.
[50] Ib.
[51] “Sentencia T-155 de 2019”.
[52] Sentencia SU-420 del 2019, fundamento
jurídico 70, num. (iii) lit. b.
[53] Sentencia SU-420 del 2019, fundamento
jurídico 70, num. (iii) lit. c.
[54] Ib.
[55]Sentencia SU-420 de 2019, fundamento jurídico 71.
[56] La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre este tópico en las
sentencias T-440 del 1993, C-1172 del 2001, T-1191 del 2004, T-1062 del 2005, T-1037
del 2008, T-263 del 2010, T-949 del 2011, T-627 del 2012, T-276 del 2015, T-466
del 2016, T-695 del 2017, T-244 del 2018 y T-293 del 2018.
[57] “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir
su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e
imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. // Estos son libres y
tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en
condiciones de equidad. No habrá censura”.
[58] Sentencia T-022 del 2017. Cfr. sentencia T-244 del 2018.
[59] Sentencia T-904 del 2013.
[60] Sentencia T-1037 del 2008.
[61] Cfr. T-1191 del 2004, T-1062 del 2005, T-1037 del 2008, T-263 del 2010 y T-627 del 2012,
entre otras.
[62] Sentencias T-1037 del 2008 y T-276 de
2015.
[63] Cfr. sentencias T-1191 del 2004, T-1062 del 2005, T-1037 del
2008, T-263 del 2010 y T-627 del 2012.
[64] Ib.
[65] Sentencia T-949 del 2011.
[66] Cfr. T-1191 del 2004, T-1062 del 2005, T-1037 del 2008, T-263 del 2010 y T-627 del 2012,
entre otras.
[67] Ib.
[68] Los accionantes señalaron que la primera autoridad local había
trasgredido sus derechos al buen nombre y a la honra, al afirmar sin ningún
sustento en espacios radiales y televisivos de tipo oficial, que la revocatoria
de su mandato fue promovida por los peticionarios como un instrumento de
retaliación por no haber cedido dineros del presupuesto a su favor. La Corte
sostuvo que la relación de poder entre un gobernante y los ciudadanos es
vertical, por lo que cualquier desmán en el ejercicio de la mencionada facultad
debe ser juzgado de forma más estricta, con mayor razón cuando se materializa a
través de medios de comunicación masiva. Así las cosas, tras comprobar la
falsedad de las afirmaciones del alcalde, la Sala estimó que este debía
efectuar una rectificación pública con despliegue y relevancia equivalente al
mensaje trasgresor, explicando en qué había consistido su equivocación
[69] Importa destacar que la sentencia T-263 de 2010, aplicó
analógicamente las consideraciones señaladas en el fallo T-1191 de 2004, a
través del cual esta Corporación conoció la acción de tutela formulada por un grupo de miembros de organizaciones de derechos humanos
contra el entonces Presidente de la República, por considerar lesionados sus derechos a la honra, al buen
nombre, a la vida, a la integridad física, y a defender y promover los
derechos. A pesar de que en esta ocasión se estableció que la acción
constitucional era improcedente por falta de legitimación en la causa activa,
la Corte formuló en relación con el Primer Mandatario la tesis del
poder-deber de comunicación con la ciudadanía, indicando que esta potestad
no es libre, pues implica una obligación recíproca de
respeto por la objetividad, la cual es aplicable, incluso, cuando expresa su
opinión sobre tópicos específicos. La tesis del poder-deber de comunicación del
Presidente de la República, paulatinamente se ha
hechos extensiva a otros servidores estatales. Al respecto, confrontar las
sentencias T-1062 del 2005, T-1037 del 2008, T-263 del
2010, T-949 del 2011, T-627 del 2012 y T-466 del 2016.
[70] Cfr. Sentencias T-1191 del 2004, T-1062 del 2005, T-1037 del
2008, T-263 del 2010, T-949 del 2011, T-627 del 2012 y T-466 del 2016.
[71] Ib.
[72] Sentencias T-263 del 2010 y T-466 del
2016.
[73] Sentencia T-466 de 2016.
[74] Sentencia T-1191 del 2004.
[75] Ib.
[76] Ib.
[77] Esta Corporación ha precisado que la libertad de información debe
respetar el principio de veracidad, lo que supone que los enunciados fácticos
divulgados puedan ser verificados razonablemente; así como el principio de
imparcialidad que procura que la información difundida diferencie claramente
entre hechos y opiniones, y no envuelva “irrazonables distinciones o
restricciones de difusión apoyadas en una particular simpatía o antipatía
política o ideológica” (Sent. T-1191 de 2004). Por su parte, la libertad de
pensamiento y opinión, prima facie, no se limita por los parámetros de
veracidad e imparcialidad (Sent. SU-420 de 2019); no obstante, cuando la
opinión está fundamentada en sucesos no veraces se desnaturaliza “al no
versar sobre una interpretación o valoración de hechos ciertos o pensamientos
verídicamente conocidos”, lo que puede generar la vulneración al derecho a
la información de los receptores de la opinión (Sent. T-1191 de 2004).
[78] No obstante, la Corte declaró la carencia actual de objeto por daño
consumado, toda vez que la afectación a los derechos al buen nombre y a la
honra del Senador se había tornado irreversible.
[79] Cfr. sentencias T-1191
del 2004, T-1062 del 2005, T-1037 del 2008, T-263 del 2010, T-949 del 2011,
T-627 del 2012 y T-466 del 2016. En sentido similar se
pronunció la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, en la publicación del informe “Marco
jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión”, efectuada
el 30 de diciembre del 2009 (páginas 74 a 79).
[80] Cuaderno de tutela, folio 5.
[81] El demandado fungió como primer mandatario de la ciudad de
Bucaramanga entre el 1º de enero de 2016 y el 16 de septiembre de 2019.
[82] Como sabemos, la publicación objeto de inconformidad se originó en
una transmisión en vivo del programa denominado “Hable con el alcalde”
realizada desde la cuenta de Facebook del señor Rodolfo Hernández Suárez. De
acuerdo con la información registrada en la página web de la Alcaldía de
Bucaramanga “Hable con el alcalde es un espacio virtual creado en redes
sociales, a través de Facebook Live, para establecer una comunicación más
directa entre ciudadanos y el Alcalde de Bucaramanga (…) el mandatario local
responde, en directo, a las inquietudes de los ciudadanos sobre la temática
propuesta y se realizan las anotaciones de algunas solicitudes de la comunidad
para la oportuna solución”. Asimismo, debe indicarse que dentro del Plan de
Gobierno del accionado para el periodo 2016 – 2019, se encuentra el proyecto de
“puesta en marcha de un programa de información, divulgación y publicidad
institucional a través de medios propios y espacios de comunicación comercial
(…) [que busca] dar validación de cumplimiento del presente Programa de
Gobierno el cual los ciudadanos podrán hacer seguimiento y control”. De
esta forma, se observa que el espacio “Hable con el alcalde”, se
realizaba en cumplimiento del programa de gobierno, y tenía la finalidad de
establecer contacto con la ciudadanía y comunicar el avance de la gestión de
administración local, por lo que se concluye que el accionado efectivamente
actuaba en ejercicio de sus funciones públicas.  Para más información visitar
los enlaces https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/category/hable_con_el_alcalde/#:~:text=Hable%20con%20el%20Alcalde%20es,una%20tem%C3%A1tica%20definida%20a%20trata
y https://www.transitobucaramanga.gov.co/files/PROGRAMA_DE_GOBIERNO_RODOLFO_HERNANDEZ.pdf.
[83] El Juzgado Once Civil del Juzgado de Bucaramanga, declaró
improcedente la acción de tutela tras considerar que no se cumplió con el
requisito de solicitud rectificación previa.
[84] Cfr. sentencias T-921 de 2002, T-959 de 2006, T-110 de 2015,
T-593 de 2017 y T-695 de 2017, T-117 del 2018, SU-274 del 2019, y SU-355 de
2019. entre otras.
[85] Cfr. sentencias T-155 de 2019, T-102 de
2019, T-277 de 2018, T-244 de 2018, T-243 de 2018, T-695 de 2017, entre otras.
[86] Sentencias T-949 de 2011 y SU-420 de 2019.
[87] La Corte ha enfatizado la importancia de proteger las expresiones o
discursos sobre funcionarios públicos o frente a “quienes por razón de sus
cargos, actividades y desempeño en la sociedad se convierten en centros de
atención con notoriedad pública e inevitablemente tienen la obligación de
aceptar el riesgo de ser afectados por críticas, opiniones o revelaciones
adversas, por cuanto buena parte del interés general ha dirigido la mirada a su
conducta ética y moral”. Sentencias T-312 de 2015
y T-155 de 2019.
[88] Fundamento jurídico 70, num. (ii), inciso
3°.
[89] Sentencias T-312 de 2015 y T-155 de 2019.
[90] Minuto 6:23, transmisión
en vivo del 27 de agosto de 2018.
[91] Se debe precisar que los datos
corresponden aproximadamente a la fecha en que las sociedades que administran
las plataformas remitieron la información a la Corte, esto es, 10 y 15 de julio
de 2019.
[92] 1 hora, 4 minutos, 59 segundos.
[93] Minuto 7:10 a 8:10.
[94] Por ejemplo “politiquería Corrupción
sindicato Martha Cecilia Díaz Suárez”.
[95] Fundamento jurídico 70, num. (iii), lit.
c, inc. 3.
[96] “ARTICULO 318. URBANIZACIÓN ILEGAL. El que adelante,
desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, facilite, tolere, colabore
o permita la división, parcelación, urbanización de inmuebles, o su
construcción sin el lleno de los requisitos de ley, incurrirá por esta sola
conducta, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento veintiséis (126) meses
(…).”
[97] El demandado fungió como primer mandatario de la ciudad de
Bucaramanga entre el 1º de enero de 2016 y el 16 de septiembre de 2019.
[98] El Juzgado Once Civil del Juzgado de Bucaramanga, declaró
improcedente la acción de tutela tras considerar que no se cumplió con el
requisito de solicitud rectificación previa.
[99] Cfr. sentencia SU-355 de 2019.
[100] Minuto 16:57.
[101] 1 hora, 3 minutos, 9 segundos.
[102] Minuto 16:57 a
20:11.
[103] Por ejemplo “Carmen Cecilia Delgado Sierra
asentamiento la gracia de dios estafa”.