T-212-03
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-212/03
INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Alcance
DERECHO DE ALIMENTOS-Alcance
DESACATO A ORDEN JUDICIAL
DEBIDO PROCESO-Cumplimiento de sentencias/DERECHO DE ACCESO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Cumplimiento de sentencias
ACCION DE TUTELA-Protección respecto de alimentación
equilibrada a menores
PREVALENCIA DEL DERECHO
SUSTANCIAL
Referencia: expediente T- 679630
Acción de tutela instaurada por María Reyes
Medina en nombre y representación de sus hijos Cindy Paola Arenas Reyes y
Antonio Arenas Reyes, contra la E.S.E Hospital San Pablo de Cartagena.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA
Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil
tres (2003).
La Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados ALFREDO BELTRAN SIERRA, MANUEL
JOSE CEPEDA ESPINOSA y JAIME ARAUJO RENTERIA, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de revisión de la decisión
judicial tomada por el Juzgado Sexto de Familia del Circuito de Cartagena D.T.,
dentro de la acción de tutela instaurada  por la señora MARÍA REYES MEDINA en
representación de sus hijos CINDY PAOLA ARENAS REYES y ANTONIO ARENAS REYES
contra la E.S.E HOSPITAL SAN PABLO DE CARTAGENA.
I.  ANTECEDENTES.
Invocando el derecho a la vida, MARÍA REYES
MEDINA interpuso acción de tutela en nombre de sus hijos CINDY PAOLA ARENAS
REYES Y ANTONIO ARENAS REYES, menores de edad, contra la E.S.E HOSPITAL SAN
PABLO DE CARTAGENA, por cuanto éste ha venido reteniendo el dinero que debía
consignar a ordenes del Juzgado Cuarto de Familia de Cartagena y a nombre de la
demandante.
Dicho dinero es descontado por parte del
hospital al salario de ANTONIO ARENAS BAYUELO, padre de los menores, en razón
de la orden judicial que por embargo por alimentos pesa sobre el mismo.
Para fundamentar su solicitud de amparo la
solicitante pone de presente los siguientes hechos:
El señor Antonio Arenas Bayuelo es empleado
del Hospital San Pablo de Cartagena, como consta dentro del expediente en
certificación expedida por esta entidad[1].
En  relación con el proceso de alimentos
contra el señor Arenas Bayuelo, el Juzgado Cuarto de Familia del Circuito de
Cartagena impartió orden judicial para que el tesorero de la entidad demandada
descontara el 25% del salario devengado por aquél, desde octubre de 1998[2].
La actora, durante el periodo transcurrido
entre los meses de marzo a agosto de 2002 presentó varias solicitudes escritas
ante el Juzgado Cuarto de Familia, con el fin de que éste hiciese cumplir en su
totalidad la orden judicial impartida.[3]
A su vez el juzgado envió cuatro oficios,
en los meses de abril, mayo, junio y agosto de 2002, con el fin de que el
hospital demandado explicara la razón por la cual no se habían realizado las
consignaciones a órdenes del Juzgado Cuarto de Familia del Circuito de
Cartagena y a nombre de la demandante[4].
El Hospital San Pablo de Cartagena, nunca
respondió a los requerimientos hechos por el Juzgado Cuarto de Familia del
Circuito de Cartagena.
En apoyo de su petición anexó los
siguientes documentos:
-
Copia de los pedimentos
hechos por la demandante (6) al Juzgado Cuarto de Familia del Circuito de
Cartagena para que este último ordenase al tesorero de la entidad demandada
hacer las consignaciones respectivas[5].
Las fechas de dichos requerimientos son: marzo 21 de 2002, abril 22 de 2002,
mayo 8 de 2002, mayo 29 de 2002, junio 13 de 2002 y agosto 30 de 2002.
-
Copia de la solicitud
hecha por la demandante al director del hospital demandado, con el fin que éste
expidiese una certificación que explicase detalladamente los descuentos
realizados al señor Arenas Bayuelo[6],
recibida el 27 de junio de 2002.
-
Copia de la anterior
solicitud, presentada ante la Defensoría del Pueblo[7], recibida el 5 de julio
de 2002.
-
Copia de la solicitud
previamente citada, ante la Contraloría Distrital[8], recibida el 2 de
agosto de 2002.
-
Copia de la
certificación expedida por el Hospital San Pablo de Cartagena, en la cual
acredita el descuento del 25% sobre el salario del señor Arenas Bayuelo[9], correspondiente al
período comprendido entre octubre de 1998 y agosto de 2002.
-
Certificación del
Tesorero del Hospital San Pablo de Cartagena, mediante
la cual se reconoce el valor adeudado a la actora por
concepto de descuentos hechos al señor Antonio Arenas por embargo de alimentos:
$ 5.917.117.00.
Con fundamento en lo expuesto, la actora considera que la entidad
demandada ha vulnerado los derechos fundamentales de sus hijos menores, motivo
por el cual solicita su protección inmediata, en el sentido de que se ordene al
Hospital San Pablo de Cartagena consignar el dinero adeudado a órdenes del
juzgado Cuarto de Familia del Circuito de Cartagena y a nombre de ella.
El doctor Fabio Castellanos Herrera, en su
calidad de Representante Legal del Hospital San Pablo de Cartagena, en
comunicación de octubre 8 de 2002, enviada al juzgado de instancia, manifestó
“ La puesta en vigencia de la Ley 100 de 1993, dejó al descubierto la grave
crisis del sector hospitalario publico. (...) El Hospital San Pablo E.S.E; no
ha sido ajeno a esta profunda CRISIS ESTRUCTURAL, su difícil situación
financiera ha generado DEMORAS EN LAS ACREENCIAS, dado el pesado DEFICIT
ACUMULADO, EL CUAL SE ENCUENTRA PLENAMENTE CUANTIFICADO Y COMPROBADO EN MAS DE
DOCE MIL MILLONES DE PESOS. (...) La anterior situación ha sido combativa con
la nueva administración la cual ha hecho ingentes esfuerzos para cumplir de
acuerdo a las POSIBILIDADES REALES DE FLUJO DE CAJA, a los trabajadores
activos; sin embargo se han presentado atrasos absolutamente justificados en
RAZONES DE FUERZA MAYOR, en el envío de DESCUENTOS JUDICIALES Y LEGALES
(Seguridad Social, etc). (...) En el caso de marras, el tutelante a pesar que
el Hospital tiene una obligación no satisfecha con él, no se puede inferir que
existe una relación causal lógica entre EL ATRASO en la consignación de dichos
dineros y LA VIOLACIÓN AL DERECHO A LA VIDA Y A LA EDUCACIÓN, toda vez que los
menores cuentan con el apoyo del otro padre para satisfacer estas necesidades
mínimas”[10].
II. DECISIÓN JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN.
Del asunto conoció el Juzgado Sexto de
Familia de Cartagena, quien mediante sentencia de 22 de octubre de 2002 no
tuteló los derechos fundamentales de los menores CINDY PAOLA ARENAS REYES y
ANTONIO ARENAS REYES, por considerar que no se ha “...hecho el reclamo por
la vía judicial indicada para ello como sería la forma indicada (sic) en el
ordenamiento procesal civil. 2) Que existe otro medio eficaz y eficiente de
defensa judicial, como lo es la justicia ordinaria. 3) La presente acción se
dirige sin que exista una vinculación laboral entre la tutelista (sic) y el
entutelado. 5)(sic) Esta acción NO fue solicitada como “mecanismo transitorio”,
ni se dice causar un “perjuicio irremediable”[11].
Para el a quo es claro que la demandante
debió hacer uso de la vía judicial procesal civil (Titulo XXXV, art. 681, num.
10) o en su defecto, la vía judicial penal por el delito de fraude a resolución
judicial (Art. 454 de la Ley 599 de 2000)[12].
Es decir, que la acción promovida no está llamada a prosperar por existir un
mecanismo judicial eficaz de defensa de los derechos alegados.
III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
1. Competencia.
De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la
Corte Constitucional es competente para revisar la decisión judicial
mencionada.  Al igual que en cumplimiento del Auto de Selección No. 12 de 13 de
diciembre de 2002.
2. Problema
jurídico.
Debe la Corte entrar a dilucidar si los
derechos fundamentales de los menores Cindy Paola Arenas Reyes y Antonio Arenas
Reyes, han sido vulnerados por parte del Hospital San Pablo de Cartagena al no
consignar a ordenes del juzgado y a nombre de la demandante el dinero por
concepto de alimentos retenido por éste.
3. Consideraciones Jurídicas y
caso concreto.
El caso en estudio presenta varios temas a
considerar, los cuales serán analizados en el siguiente orden: i) derechos
fundamentales de los niños; ii) derecho de Alimentos; iii) desacato a Orden
Judicial;  iv) el caso concreto.
3.1. Derechos Fundamentales de los Niños
La señora María Reyes Medina, actuando en
representación de sus hijos Cindy Paola Arenas Reyes y Antonio Arenas Reyes,
busca mediante este mecanismo excepcional la protección de los derechos
fundamentales de los menores, los cuales fueron vulnerados
por el Hospital San Pablo de Cartagena al retener el dinero descontado al padre
de los menores.
De todo lo actuado resulta indudable que en el caso
examinado están involucrados derechos fundamentales de los niños, respecto de
los cuales la Constitución Política (art. 44) consagra un régimen de protección
especial, proclamando al efecto que los derechos de los niños prevalecen sobre
los derechos de los demás.  La norma reza:
“ARTICULO 44. Son derechos
fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener
una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la
cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos
contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta,
abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán
también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en
los tratados internacionales ratificados por Colombia.
“La familia, la sociedad y el Estado tienen
la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo
armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona
puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los
infractores.
“Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los
demás.”.
La definición que en este artículo se
adopta de los derechos de los menores como de naturaleza fundamental, “debe
entenderse como el resultado de la incorporación de ese principio del interés
supremo del menor en el orden constitucional, el cual no sólo configura un
énfasis materializado para garantizar su eficacia[13] sino
también como parte de la estructura del sistema normativo, pues se incluye como
un precepto “en el punto más alto de la escala axiológica contenida en el texto
constitucional”[14]
que guía la interpretación y definición de otros derechos”[15].
Al respecto la sentencia T-408
de 1995[16]
expresa: “(...) se trata de
un principio de naturaleza constitucional que reconoce a los menores con una
caracterización jurídica específica fundada en sus derechos prevalentes y en
darles un trato equivalente a esa prelación, en cuya virtud se los proteja de
manera especial, se los defienda ante abusos y se les garantice el desarrollo
normal y sano por los aspectos físico, sicológico, intelectual y moral, no
menos que la correcta evolución de su personalidad (Ver también la sentencia
T-514 de 1998[17]).”
En esta perspectiva afirmó la
Corte Constitucional en sentencia T-283 de 1994[18],
haciendo referencia a las sentencias T-589 de 1993 y C-041 de 1994:
"El artículo constitucional que consagra los derechos de los
niños posee una especial fuerza normativa en relación con los demás derechos
económicos sociales y culturales. El constituyente puso un énfasis especial en
la manera como este derecho vincula a todos los poderes del Estado. Ello se
refleja en la redacción del inciso segundo del artículo 44 y, en especial, en
las expresiones "la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación
de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e
integral" y "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos
de los demás.
"La fuerza normativa del texto
constitucional resulta aún más relevante en las circunstancias del caso presente.
En efecto, el Estado adquiere una mayor responsabilidad cuando la afectación
del menor resulta de una decisión tomada por una de sus autoridades. Con
independencia de la legalidad del acto, el hecho de que la suerte del menor
haya sido determinada mediatamente por la aplicación de reglas impuestas por el
mismo Estado, trae consigo una carga ética adicional en la relación que las
autoridades públicas mantienen con el menor."
Para la Sala resulta evidente que la primacía de los
derechos de los niños y la protección que ha de dársele por mandato
constitucional a este sector de la población, fue ignorada por el a quo al
considerar que la existencia de otro medio judicial de defensa de dichos
derechos garantizaba su salvaguarda. Por lo demás, y dado el insensible
análisis del juez de instancia, quedó desprotegida la normal subsistencia de
los menores.
3.2. El Derecho de Alimentos
A esta altura del análisis conviene destacar el
derecho fundamental del menor a recibir alimentos. Entiende ésta Corporación que
el derecho de alimentos es aquel que le asiste a una persona para reclamar de
la persona obligada legalmente a darlos, lo necesario para asegurar la
satisfacción de sus necesidades vitales cuando no se está en capacidad de
procurarse su propia subsistencia. Así, la  obligación alimentaria está en
cabeza de quien, por ley, debe afectar parte de su propiedad con el fin de
garantizar la supervivencia y desarrollo del acreedor de los alimentos. Para el
caso que nos ocupa, los acreedores de este derecho son dos menores que ven
lesionado su derecho por parte del Hospital San Pablo de Cartagena, lo cual
hace imperiosa la intervención tuitiva del aparato Estatal de protegerlos. Al
respecto, en sentencia C-184 de 1999 expresó esta
Corte:
"El reconocimiento y concreción de las
obligaciones alimentarias y su realización material, se vincula con la
necesaria protección que el Estado debe dispensar a la familia como institución
básica o núcleo fundamental de la sociedad, y con la efectividad y vigencia de
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, en la medida en que el
cumplimiento de aquéllas sea necesario para asegurar en ciertos casos la
vigencia de los derechos fundamentales de las personas al mínimo vital o los
derechos de la misma estirpe en favor de los niños, o de las personas de la
tercera edad, o de quienes se encuentren en condiciones de marginación o de
debilidad manifiesta (art. 2º, 5, 11, 13, 42, 44 y 46 C.P.)"[19].
También el Código Civil reconoce y
reglamenta el derecho que le asiste a ciertas personas para exigir de otras el
suministro de lo necesario para vivir, cuando ellas mismas no tienen ni la
capacidad ni los medios para procurárselo por sí mismas. Esta obligación
supone, como cualquiera otra, la existencia de una situación de hecho que, por
estar contemplada en una norma jurídica, genera consecuencias en el ámbito del
derecho.[20]
El Código del Menor, a su vez define en el
artículo 133 los alimentos como "todo lo que es indispensable para el
sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, formación
integral y educación o instrucción del menor", de modo que, según esta
disposición y de acuerdo con la Constitución en sus artículos 2, 5, 11, 13, 42, 44 y 46, debe entenderse que la prestación de alimentos no sólo
comprende el suministro de lo estrictamente necesario para vivir, sino, además,
todo aquello que se requiere para llevar una vida digna. Dichos artículos
constitucionales también resaltan la importancia y prevalencia de los derechos
del menor frente a los derechos de los demás.
Por donde, de conformidad con todo lo
anterior, al privar a un menor de los mencionados derechos se desvirtúa el
mandato constitucional, imponiéndose al punto la necesidad de conceder la
protección impetrada con el fin de garantizar las condiciones mínimas de
subsistencia de los susodichos menores, como que a la fecha de presentación de
la demanda de tutela la acreencia ascendía a $ 5´917.117.00.
3.3. Desacato a Orden judicial
Esta Corporación no puede pasar
por alto la contumacia que ha protagonizado el Hospital San Pablo de Cartagena
frente a la orden impuesta por el Juzgado Cuarto de Familia de Cartagena,
quebrantando al efecto los derechos fundamentales de los menores, a tiempo que
desestabiliza el principio democrático y los valores propios del Estado Social
de Derecho. En este sentido sostuvo la Corte en sentencia T-1686 de 2000[21]:
“La exactitud y
oportunidad en el cumplimiento de los fallos judiciales resulta esencial para
garantizar no solamente el cometido de la persona (que se constituye en su
derecho fundamental) de acceder materialmente a la administración de justicia
sino para sostener el principio democrático y los valores del Estado de
Derecho.
“A no dudarlo,
un signo inequívoco de decadencia institucional y de debilitamiento de la
democracia es la pérdida del respeto y acatamiento a las determinaciones de los
jueces, encargados de definir el Derecho y de suministrar a la sociedad, con
arreglo a la Constitución y a las leyes, las fórmulas pacíficas de solución de
los conflictos que surgen en su seno.
“La actitud de desacato a las providencias
de los jueces, por lo que significa como forma de desestabilización del sistema
jurídico, debe ser sancionada con severidad. Frente a ella, por supuesto, cabe
la tutela para proteger los derechos fundamentales que, como consecuencia,
puedan resultar afectados.
“(...)
“El cumplimiento de las sentencias
judiciales es parte integrante de los derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia, pues la circunstancia de una
persona a cuyo favor se ha resuelto tiene derecho, garantizado por el Estado, a
que lo judicialmente ordenado se cumpla con exactitud y oportunidad. La falta
de efectividad de lo dispuesto por el juez haría nugatoria la posibilidad
material de realización de la justicia. Y si la propia Constitución Política
estableció en el artículo 87 las acciones de cumplimiento para hacer efectivo
el cumplimiento de una ley o un acto administrativo, no cabe duda de que el
mecanismo idóneo para lograr la debida ejecución de un fallo judicial, habida
cuenta de esa vulneración de derechos fundamentales, no es otro que la acción
de tutela”. (Subrayas
fuera de texto).
Asimismo dijo esta Corte en sentencia T-329
de 1994[22]:
“Lo esencial en
los casos sometidos al análisis de la Sala guarda relación con la viabilidad de
ejercer la acción de tutela para obtener el cumplimiento de fallos judiciales
en firme.
“Ha de partirse del supuesto de que el
orden jurídico fundado en la Constitución no podría subsistir sin la debida
garantía del acatamiento a los fallos que profieren los jueces. Ellos han sido
revestidos de autoridad suficiente para resolver los conflictos que surgen en
los distintos campos de la vida en sociedad y, por tanto, constituyen elemento
fundamental de la operatividad y eficiencia del Estado de Derecho.
“Un sistema jurídico que únicamente
descansa sobre la base de verdades teóricas no realiza el orden justo
preconizado en el Preámbulo de la Carta. Tan precario sentido tiene una
estructura judicial que no adopta decisiones con la rapidez y oportunidad
requeridas como una que funcione adecuadamente pero cuyos fallos, por falta de
cumplimiento de quienes están obligados por ellos, se convierten en meras
teorías. En tal hipótesis no sólo se quedan escritas las providencias mismas
sino las normas sustantivas que les sirven de fundamento.
“En el caso de los derechos fundamentales,
de cuya verdadera eficacia ha querido el Constituyente ocuparse en forma
reiterada, el desacato a las sentencias judiciales que los reconocen es en sí
mismo un hecho flagrantemente violatorio del Ordenamiento fundamental.
“Todos los funcionarios estatales, desde el
más encumbrado hasta el más humilde, y todas las personas, públicas y privadas,
tienen el deber de acatar los fallos judiciales, sin entrar a evaluar si ellos
son convenientes u oportunos. Basta saber que han sido proferidos por el juez
competente para que a ellos se deba respeto y para que quienes se encuentran
vinculados por sus resoluciones contraigan la obligación perentoria e
inexcusable de cumplirlos, máxime si están relacionados con el imperio de las
garantías constitucionales.
“De allí se desprende necesariamente que si
la causa actual de la vulneración de un derecho está representada por la
resistencia de un funcionario público o de un particular a ejecutar lo
dispuesto por un juez de la República, nos encontramos ante una omisión de las
que contempla el artículo 86 de la Carta, como objeto de acción encaminada a la
defensa efectiva del derecho constitucional conculcado. Al fin y al cabo, se
trata de acudir a una instancia dotada del suficiente poder como para lograr
que de manera cierta e indudable tengan vigencia en el caso concreto las prescripciones
abstractas de la Constitución.
“El acceso a la administración de justicia,
garantizado en el artículo 229 Superior, no implica solamente la posibilidad de
acudir ante el juez para demandar que deduzca de la normatividad vigente
aquello que haga justicia en un evento determinado, sino que se concreta en la
real y oportuna decisión judicial y, claro está, en la debida ejecución de
ella. Esto, a la vez, representa una culminación del debido proceso, que no
admite dilaciones injustificadas en el trámite de los asuntos puestos en
conocimiento de los jueces ni, por supuesto, en el cabal y pleno desarrollo de
lo que se decida en el curso de los juicios.
“Por tanto,
cuando el obligado a acatar un fallo lo desconoce, no sólo viola los derechos
que con la providencia han sido protegidos, sino que se interpone en el libre
acceso a la administración de justicia, en cuanto la hace imposible, frustrando
así uno de los cometidos básicos del orden jurídico, y truncando las
posibilidades de llevar a feliz término el proceso tramitado. Por ello es
responsable y debe ser sancionado, pero con su responsabilidad y sanción no
queda satisfecho el interés subjetivo de quien ha sido víctima de la violación
a sus derechos, motivo por el cual el sistema tiene que propiciar, de manera
indiscutible, una vía dotada de la suficiente eficacia para asegurar que lo
deducido en juicio tenga cabal realización”.
3.4. El caso concreto
En el caso de autos está demostrada la
obligación alimentaria que pesa en cabeza del señor ANTONIO ARENAS BAYUELO a
favor de las menores CINDY PAOLA ARENAS REYES y ANTONIO ARENAS REYES.
Igualmente está acreditado que al señor ANTONIO ARENAS BAYUELO, padre de las
menores, se le viene descontando por parte del Hospital San Pablo el 25% sobre
su salario, desde octubre de 1998 hasta el 12 de agosto de 2002, por concepto
de embargo de alimentos a nombre de la actora (fl.15).  Lo cual es indicativo
de que el señor ANTONIO ARENAS BAYUELO ha percibido efectivamente su salario
durante dicho lapso, y que por tanto, hay basamento económico suficiente para
la presentación de la demanda de tutela que hoy nos ocupa.  A lo cual concurre
el certificado expedido por el Tesorero del Hospital San Pablo, que en lo
pertinente expresa:
“Que esta institución adeuda por concepto
embargo (sic) de menores a la señora MARÍA REYES descontado al señor ANTONIO
ARENAS funcionario de esta institución, (...) $ 5917.117.00”. (fls. 30 y 31).
Sin que por otra parte obre alusión alguna
que pudiera dar a entender que al señor ANTONIO ARENAS BAYUELO no se le ha
pagado el salario durante el período ya comentado, y que por lo mismo, no sería
procedente la demanda de tutela, esto es, por sustracción de materia.  Por el
contrario, pese a las carencias financieras del Hospital, al señor ARENAS le ha
sido pagado el salario durante el período certificado, previos los descuentos
de ley, entre los cuales figura el correspondiente a la cuota de alimentos
decretada por el Juzgado Cuarto de Familia de Cartagena a favor de los dos
menores que hoy reclaman a través de su progenitora.
Pues bien, para el caso en cuestión, en
principio podría pensarse que existe una vía judicial para hacer efectivo el
fallo del Juzgado Cuarto de Familia de Cartagena.  Sin embargo, la
jurisprudencia de esta Corporación ha subrayado enfáticamente que, para excluir
la tutela, el mecanismo judicial preestablecido debe ser idóneo al fin
específico de garantizar con plena certidumbre el ejercicio del derecho
conculcado o amenazado.
Por consiguiente, reconociendo que la vía
judicial preestablecida para la entrega de las sumas alegadas por la actora no
es idónea para salvaguardar oportunamente los derechos de los menores, pues el
perjuicio irremediable se hace patente, para esta Corporación sí es procedente
la demanda de tutela instaurada en orden a la protección del derecho
fundamental a la alimentación equilibrada de los menores.
De otra parte, para esta Corte no es dable
soslayar la indiferencia del Juez Sexto de Familia de Cartagena para con los
postulados superiores, toda vez que al conocer del caso se limitó, única y
exclusivamente, a aplicar la normatividad existente en la jurisdicción civil y
penal, dejando al margen el carácter fundamental de los derechos en cuestión,
la prevalencia de los titulares de dichos derechos y el compromiso de todos y
cada uno de los órganos del Estado para con los menores desprotegidos. En este
sentido el Juez Sexto de Familia de Cartagena le dio primacía a lo formal sobre
lo sustancial, contrariando así lo dispuesto por la Constitución Política, al
propio tiempo que desestimó los lineamientos trazados por esta Corporación en
torno a la preeminencia de los derechos fundamentales, particularmente cuando
éstos obran en cabeza de los niños.
Así, pues, con arraigo en el acervo
probatorio recaudado esta Sala tutelará el derecho a la alimentación
equilibrada de que son titulares los menores CINDY PAOLA ARENAS REYES y ANTONIO
ARENAS REYES, según voces del artículo 44 superior.
IV. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el 22 de octubre de
2002 por el Juzgado Sexto de Familia de Cartagena, mediante la cual denegó por
improcedente la tutela del derecho fundamental de alimentos, invocado por MARIA
REYES MEDINA como derecho a la vida en cabeza de sus hijos menores CINDY PAOLA
ARENAS REYES y ANTONIO ARENAS REYES.
Segundo. CONCEDER la tutela solicitada por MARIA REYES
MEDINA en relación con el derecho a la alimentación equilibrada, en cabeza de
los menores CINDY PAOLA ARENAS REYES y ANTONIO ARENAS REYES.
Tercero. ORDENAR al pagador de la E.S.E. Hospital San Pablo
de Cartagena, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir
de la notificación de esta providencia, consigne a órdenes del Juzgado Cuarto
de Familia de Cartagena y a nombre de la señora MARIA REYES MEDINA, el monto
total de lo adeudado por concepto de alimentos retenidos y no consignados desde
1998 hasta la fecha de la presente sentencia.
Cuarto.  PREVENIR a la E.S.E. Hospital San Pablo de
Cartagena, para que en lo sucesivo no reincida en la conducta omisiva ya
ventilada en autos, toda vez que al tenor de dicha irregularidad se vulnera el
derecho fundamental de los menores a una alimentación equilibrada y se corre el
riesgo de incurrir en el delito de fraude a resolución judicial, según voces
del articulo 454 del Código Penal.
Quinto. Por Secretaría, líbrese la comunicación de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de
la Corte Constitucional y cúmplase.
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado Ponente
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1] Folios 28 y 30.
[2] Folio 14 del
expediente.
[3] Folios 2,3,4,5,6 y
13 del expediente.
[4] Folios 7,8,9 y 10
del expediente.
[5] Folios 2,3,4,5,6 y
13 del expediente.
[6] Folio 11 del
expediente.
[7] Folio 12 del
expediente.
[8] Folio 13 del
expediente.
[9] Folio 15 del
expediente.
[10] Folio 20 del
expediente.
[11] Folio 40 del
expediente.
[12] Folio 41 del
expediente.
[13] Sentencia T-124 de
1994.
[14] Sentencia C-544 de
1992
[15] Sentencia 1064 de
2000, M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[16] M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz
[17] M.P. José Gregorio
Hernandez Galindo.
[18] M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[19] M.P. Antonio Barrera Carbonell
[20] Ver sentencias
C-237 de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz y  C-1064 2000 M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[21] M.P. José Gregorio
Hernandez Galindo.
[22] M.P. José Gregorio Hernandez Galindo.