T-669-13
Sentencia T-590/11
Sentencia T-669/13
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCION DE TUTELA
ANTE LA EXISTENCIA DE MECANISMOS DE DEFENSA JUDICIAL PERTINENTES-Reiteración de jurisprudencia
La Corte ha reiterado que la acción de tutela no se ha
constituido como una instancia para decidir conflictos de rango legal, puesto
que para abordar temas de este orden la misma Carta Política ha contemplado, en
su título VIII, la existencia de jurisdicciones distintas a la constitucional,
las cuales deben someterse a los dictados de la ley y la Constitución y,
estando los derechos fundamentales en el medio, corresponde a todos los jueces
de las diferentes jurisdicciones velar porque los derechos fundamentales sean
respetados dentro y como resultado de los procesos judiciales. Así las cosas,
debe considerarse que los procedimientos ordinarios cuentan con los elementos
procesales adecuado para resolver las controversias de derechos, garantizando
la efectividad de las prerrogativas fundamentales. Por ello, la tutela no puede
ser empleada como un medio alternativo, ni complementario, ni puede ser
estimada como un último recurso.
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD-Excepciones/PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD-Procedencia
de la acción de tutela para evitar un perjuicio irremediable pese a existir
otro medio de defensa judicial
Existiendo otro medio de defensa judicial, la Corte ha
contemplado dos excepciones que hacen procedente la acción de tutela. La
primera, consiste en que el medio o recurso legal existente para obtener el
amparo no sea eficaz e idóneo y, la segunda, que la tutela se invoque como
mecanismo transitorio para evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable.
En cuanto a la primera excepción, la Corte ha sostenido que la sola existencia
de otro mecanismo judicial no constituye una razón suficiente para declarar la
improcedencia de la acción: el medio con que cuenta el ciudadano debe ser
idóneo y eficaz. Para la Corte, la idoneidad hace referencia a la aptitud
material del mecanismo judicial para producir el efecto protector de los
derechos fundamentales, lo cual ocurre cuando existe una relación directa entre
el medio de defensa y el contenido del derecho. Así mismo, la eficacia tiene
que ver con que el mecanismo esté diseñado de forma tal que brinde de manera
rápida y oportuna una protección al derecho amenazado o vulnerado. Para
determinar la concurrencia de estas dos características, deben examinarse los planteamientos
fácticos de cada caso, estudiando aspectos tales como si la utilización del
medio o recurso de defensa judicial existente tiene por virtud ofrecer la misma
protección que se lograría a través de la acción de tutela; el tiempo que tarda
en resolverse la controversia en la jurisdicción ordinaria; el agotamiento de
la posibilidad de ejercicio del derecho fundamental durante el trámite, la
existencia de medios procesales a través de los cuales puedan exponerse los
argumentos relacionados con la protección de los derechos fundamentales; las
circunstancias que excusen o justifiquen que el interesado no haya promovido o
no espere promover los mecanismos ordinarios que tiene a su alcance; la
condición de sujeto de especial protección constitucional del peticionario, que
exige una especial consideración de su situación, entre otras. En relación a la
segunda situación excepcional, ha dicho la Corte que puede  acudirse a la
acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, cuando quien hace esta solicitud demuestra que la tutela es una
medida necesaria para evitar la consumación de un perjuicio irremediable en
contra del afectado.
PERJUICIO IRREMEDIABLE-Características
La Corte ha establecido que un perjuicio tendrá
carácter irremediable cuando quiera que, en el contexto de la situación
concreta, el accionante demuestre que: (i) El perjuicio es cierto e inminente.
Es decir, que “su existencia actual o potencial se infiera objetivamente a
partir de una evaluación razonable de hechos reales, y no de meras conjeturas o
deducciones especulativas”, de suerte que, de no frenarse la causa, el daño se
generará prontamente. (ii) El perjuicio es grave, en la medida en que lesione,
o amenace con lesionar con gran intensidad un bien que objetivamente pueda ser
considerado de alta significación para el afectado. (iii) Y que se requiera de
la adopción de medidas urgentes e impostergables, que respondan de manera
precisa y proporcional a la inminencia del daño ya que, de no tomarse, la
generación del daño sería inevitable. Solo cuando concurran la totalidad de los
mencionados elementos, se hace manifiesta la necesidad de desplazar el medio
ordinario de defensa, y amparar los derechos fundamentales vulnerados, hasta
tanto el afectado inicie la acción correspondiente y, habiéndolo hecho, esta
sea resuelta de fondo por la jurisdicción respectiva.
ACCION DE ACCION DE TUTELA PARA CONTROVERTIR ACTOS DE LA
ADMINISTRACION EN MATERIA DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
PASAJEROS-Improcedencia para
controvertir decisiones del reestructuración del transporte SITM-MIO
ACCION DE TUTELA CONTRA SECRETARIA DE TRANSITO Y
TRANSPORTE-Improcedencia por existir
acción ante Jurisdicción Contencioso Administrativa en relación con la
implementación del Sistema integrado de transporte masivo SITM-MIO
Advierte
esta Sala que, de manera general, la corporación ha sido consistente en
sostener que es preciso acudir a la jurisdicción contencioso administrativa
para exponer las inconformidades presentada frente a las decisiones generales y
particulares adoptadas en materia de organización del sistema de transporte
masivo de pasajeros. Por ello, la Corte ha determinado que son improcedentes
las tutelas instauradas por quienes fungen como operadores del sistema o
aquellas presentadas por quienes se consideran afectados en virtud de la
aplicación general y uniforme de las políticas de reestructuración del sistema
de transporte.
Referencia:
Expediente T-3.903.885
Accionante:
Hermes Adley Echeverry Carbonel y otros
Demandado:
Secretaría de Tránsito y Transporte de
Cali y otros
Magistrado Ponente:
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá D.C., veinticuatro
(24) de septiembre de 2013
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván
Palacio Palacio y Nilson Elías Pinilla Pinilla, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo de tutela,
proferido, en única instancia, el 27 de marzo de 2013, por el Juzgado
Veinticinco Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali, que
resolvió conceder, transitoriamente, la protección de los derechos invocados,
dentro del expediente T-3.903.885, escogido por la Sala de Selección número Cinco
mediante auto de 28 de mayo de 2013 y repartido a la Sala Cuarta de Revisión.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud
Los accionantes, Hermes Adley Echeverry Carbonel,
Henry Renza Zuñiga y Carlos Alberto Morales Díaz, mediante apoderado judicial, impetraron
acción de tutela contra la Secretaría de Tránsito y Transporte de Santiago de
Cali, para que le fueran protegidos sus derechos fundamentales al mínimo vital,
al trabajo y al debido proceso, que consideran vulnerados por la entidad
accionada al cancelar las rutas de operación de los buses de transporte público
que ellos lideraban, con ocasión de la implementación de las fases del SITM-MIO.
La situación fáctica a partir de la cual se ejercita
el mecanismo de amparo constitucional, es la que a continuación se expone:
2. Reseña fáctica
Los demandantes, a través de apoderado judicial, los
narra, en síntesis, así:
2.1. Mediante Resolución 415 del 16 de noviembre de 2006, Metro Cali S.A., entidad descentralizada del orden municipal encargada de gestionar el diseño,
construcción y puesta en marcha del Nuevo Sistema Integrado de Transporte
Masivo de la ciudad de Cali (en adelante SITM-MIO), adjudicó al Grupo Integrado
de Transporte Masivo (en adelante, GIT MASIVO S.A.) la concesión de operación
del sistema, y estipuló que el contrato se desarrollaría durante las siguientes
etapas:
“11.1 La etapa Pre-Operativa (…).
11.2 La etapa de Operación Regular que tendrá una
duración de veinticuatro (24) meses contados a partir de la fecha que al efecto
defina Metro Cali S.A., mediante comunicación escrita dirigida a la registrada
por el CONCESIONARIO.
11.3 La etapa de Reversión y Restitución (…)”.
2.2. Con el
objeto de evitar el paralelismo entre el antiguo y el nuevo sistema de
transporte, la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Cali y Metro Cali
S.A., suscribieron un convenio interadministrativo de utilización de vías y
operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali, en el cual se
estipuló, en su  cláusula 3.6, el esquema de reducción de oferta de transporte
público colectivo en el que reza lo siguiente: “La Secretaría se compromete
a realizar la reducción gradual de las capacidades transportadoras de las
empresas de Transporte Colectivo, a medida que se genere la entrada del Sistema
Integrado de Transporte Masivo”. Así mismo,  se comprometió a llevar
a cabo el proceso de reducción de oferta y, en particular, a aplicar los planes
sobre reestructuración de rutas existentes dentro de los 90 días hábiles
posteriores a la declaración de operación regular del SITM-MIO.
2.3. De acuerdo
con ese estudio, el desmonte del antiguo sistema de transporte integrado de la
ciudad de Cali debería hacerse por fases, teniendo en cuenta las etapas de
construcción del SITM-MIO, el plan de obras y de transformación de empresas,
así como los planes de mitigación de impactos. Concretamente, para la primera
fase del SITM-MIO el estudio previó emplear un máximo de “144 rutas de
transporte público (…) para complementar los viajes hacia y desde las zonas que
no están cubiertas por las rutas del nuevo sistema”. Así mismo, para la
segunda fase del sistema, proyectó “la eliminación de las rutas actuales del
sistema de transporte público colectivo de la ciudad”.
2.4. A partir del documento entregado por la Unión
Temporal, en desarrollo del mencionado contrato, la Secretaría de Tránsito y
Transporte Municipal profirió la Resolución No. 4152.9.8.704 de 2007, “Por
medio de la cual se adoptan los estudios y diseños conceptuales, técnicos,
económicos de la reestructuración de rutas del sistema de servicio público de
transporte terrestre automotor colectivo de pasajeros de Santiago de Cali, en
el proceso de transición a la operación plena del sistema integrado de
transporte masivo”.
2.5. Posteriormente, en el mismo mes se expidieron
varios actos administrativos a través de los cuales se procedió a la
cancelación de las licencias de operación de algunos vehículos de servicio
público afiliados a las diferentes empresas de transporte de la ciudad. Así mismo,
se procedió a la cancelación y reestructuración de rutas correspondientes a la
fase I del SITM, sin que, según manifiestan los accionantes, se hubiere
cumplido cabalmente con el proceso de terminación de la fase I.
2.6. En marzo de 2012, a la empresa de transporte Montebello se le notificó un oficio mediante el cual se le informaba
que varios de los vehículos que tenían afiliados salían de circulación a partir
del 22 de mayo de 2012, debido a la implementación del Sistema Integrado Masivo
MIO.
2.7. La empresa de transporte público, notificó a los
accionantes el acto administrativo el 22 de mayo de 2012, día en que debían
salir de circulación los buses y busetas de los cuales son propietarios, es
decir dos meses después de haberse proferido el acto, negándoseles la
posibilidad de presentar los recursos en vía gubernativa y por tanto, el
derecho de ejercer su defensa ante la administración municipal.
2.8. A juicio de los demandantes, la declaratoria de
operación regular del SITM-MIO se realizó sin que Metro Cali hubiera cumplido a
plenitud los requerimientos de la primera fase de operación del sistema. Sobre
el punto, señaló, que hasta la fecha no se ha cumplido con la totalidad de las
rutas establecidas para la fase I y algunas rutas de la fase II son actualmente
prestadas por la misma flota de la fase I, lo que implica una deficiente
prestación del servicio del SITM-MIO.
2.9. Así pues, concluyen que la decisión irregular de
la administración municipal  de implementar la operación del SITM- MIO antes de
que se cumplieran los requisitos estipulados en el contrato, generó la
inesperada cancelación de algunas rutas de transporte público colectivo urbano
afectando con dicha determinación sus derecho fundamentales en su condición de
propietarios de buses y busetas afiliados a la empresa Montebello S.A., que se
encargaban de suministrar, de manera continua e ininterrumpida, el servicio de
algunas rutas urbanas de Cali que hoy son cubierta de manera deficiente por
SITM-MIO.
3. Fundamento de la acción y pretensión
Los accionantes, mediante apoderado judicial,
solicitan a través del mecanismo de amparo, la protección de los derechos
fundamentales que consideran vulnerados y, en consecuencia, que se ordene  a la
Secretaría de Tránsito y Transporte de Cali suspender los efectos de la
resolución en virtud de la cual se dispone la cancelación de rutas y reducción
de la capacidad transportadora de la empresa Montebello S.A., hasta tanto no se
declare la operación regular de toda la fase I del Sistema Mio, de conformidad
con lo estipulado en el contrato de concesión de operación del sistema.
Por último, solicitan  que la suspensión de los
efectos jurídicos se establezca, inicialmente, por el término de cuatro meses
mientras se presentan las respectivas demandas de nulidad y restablecimiento
del derecho y hasta tanto, se profiera un fallo ejecutoriado por parte de la
jurisdicción contencioso administrativa.
4. Pruebas relevantes
En el expediente obran las siguientes pruebas:
-Copia del documento CONPES 3504, por el cual el
Consejo Nacional de Política Económica y Social, específicamente el
Departamento Nacional de Planeación, presentó el estudio del “Sistema
Integrado de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros para
Santiago de Cali” (folios 1 al 15 – cuaderno 1).
-Copia de la Resolución No. 0347, del 13 de diciembre
de 2000, por medio de la cual la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal
de Santiago de Cali “fija la capacidad transportadora de la ciudad” (folios
16 al 22 – cuaderno 1).
-Copia de la Resolución No 456, del 15 de agosto de
2007, por medio de la cual la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal “modifica
la capacidad transportadora de la Empresas de Servicios de Transporte Público
Colectivo de la ciudad” (folios 29 al 41 – cuaderno 1).
-Copia de la Resolución No. 4152.0.21.0408, del 22 de
marzo de 2012, por medio de la cual la Secretaría de Tránsito y Transporte
Municipal de Santiago de Cali “aplica una reducción a las capacidades
transportadora de las empresas de servicios de transporte público colectivo de
la ciudad”, en la cual se resolvió a partir del 22 de mayo de 2012, las
capacidades transportadoras mínimas y máximas de las empresas de transporte
público colectivo de la ciudad en la modalidad de buses, busetas y microbuses.
A su vez, se especificó que las empresas de transporte público colectivo
deberán realizar la entrega de la relación de los vehículos que ellas decidan
desvincular. Así mismo, se dispuso que en caso de no recibir las relaciones de
los vehículos a retirar de las empresas, para ajustar sus capacidades, transportadoras
conforme con lo acordado, la Secretaría de Cali determinara los vehículos con
los cuales realizará el ajuste (folios 44 al 50 – cuaderno 1).
-Copia del informe técnico-jurídico del proceso de implementación
del sistema integrado de transporte masivo SITM-MIO, realizado el 14 de marzo
de 2011 por la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Santiago de
Cali (folios 60 al 96 – cuaderno1).
-Copia de la Resolución No.695 de 10 de diciembre de
2007, mediante la cual la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Cali
decidió “cancelar las tarjetas de operación de servicio público colectivo a
la empresa Transporte Montebello S.A.” (folios 148 al 153 – cuaderno 1).
-Copias de las tarjetas de propiedad de los
accionantes respecto de los buses, busetas y microbuses que salieron de
circulación (folios 178 al 182 – cuaderno1).
-Copia de la comunicación que la empresa Montebello
S.A. dirigió a los accionantes, en la que informaba que, dando continuidad al
avance y desarrollo del Sistema Integrado Masivo MIO, a partir del 22 de mayo
de 2012, se aplica una reducción a las capacidades transportadoras de las
empresas de servicio de transporte público colectivo de la ciudad y se
especifican las placas de los buses, busetas y microbuses  objetos de exclusión
(folios 183 al 204 – cuaderno 1).
5.
Oposición a la demanda
Mediante auto de 12 de marzo de 2013, el Juzgado
Veinticinco Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali
decidió admitir la acción de tutela y, en dicho proveído, notificó y corrió
traslado al Municipio de Santiago de Cali y a la Secretaría de Tránsito de la
misma ciudad para que se pronunciaran acerca de los hechos y de las
pretensiones planteados en el asunto bajo estudio.
A su vez, en el mismo auto, decidió decretar como
medida provisional la suspensión inmediata de los actos administrativos por
medio de los cuales se ordenó cancelar las tarjetas de operación de los
vehículos de propiedad de los accionantes.
5.1.
Secretaría de Tránsito y
Transporte Municipal de Santiago de Cali
El Secretario de Tránsito y Transporte de Cali, en el
escrito de contestación de la tutela, solicitó que se denegara por improcedente
el mecanismo de amparo, al considerar que no se puede pretender obtener con su
presentación la suspensión de actos administrativos.
Comenzó por indicar, que los accionantes carecen de
legitimación en la causa por activa, toda vez que la decisión adoptada por la
Secretaría de Transito que pretenden controvertir mediante acción de tutela
recaen sobre la empresa de transporte Montebello a la cual se le otorgó la
habilitación de las tarjetas de operación y no a los propietarios directamente.
Sin embargo, aclaró que los permisos de transporte público otorgados por la
administración no pueden entenderse como derechos adquiridos para la empresa o
propietarios de los vehículos, toda vez que la ley es clara al establecer que
en cualquier momento pueden ser retirados.
A su vez, sostuvo que el mecanismo de amparo carece de
inmediatez, por cuanto fue presentado siete meses después de la cancelación de
las tarjetas de operación. En ese orden de ideas, indicó que si los accionantes
no han hecho uso del mecanismo jurídico que se otorga para controvertir las
decisiones adoptadas mediante actos administrativos de carácter general, no
pueden a través de la acción de tutela reclamar la protección que ahora se
alega.
Por último, negó que pueda deducirse una vulneración
del derecho al debido proceso toda vez que la instalación de la operación regular
del SIMT-MIO se notificó oportunamente a los transportadores. Adicionalmente,
sostuvo que las inconformidades respecto de la declaratoria de operación
regular constituyen problemas contractuales que involucran únicamente a las
partes de los convenios pero en ningún caso a los trabajadores individualmente
considerados.
III. DECISIÓN JUDICIAL QUE SE REVISA
Decisión de instancia
El Juzgado Veinticinco Penal Municipal con Funciones
de Control de Garantías de Santiago de Cali, en sentencia proferida el 27 de
marzo de 2013, decidió tutelar transitoriamente los derechos fundamentales
invocados por los accionantes, con fundamento en los siguientes argumentos:
Consideró que las resoluciones a través de las cuales
se ordenó la cancelación de las tarjetas de operación de los vehículos de
transporte público debían tener una justa motivación, por cuanto en ellas se
afectan unos derechos que dependen de manera directa de la orden impartida en la
Resolución No. 456 de 2007.
Bajo esa hipótesis, el operador judicial encontró que la
Secretaría de Tránsito y Transporte de Cali incurrió en vulneración de los
derechos fundamentales al desconocerle a los transportadores, los tiempos
establecidos en el contrato de concesión  para el desmonte del transporte
público convencional de la ciudad.
Con fundamento en ello, el operador constitucional
motivó su decisión de tutelar transitoriamente los derechos invocados y, en
consecuencia, ordenó, en aras de evitar el acaecimiento de un perjuicio
irremediable, suspender de manera inmediata, los efectos jurídicos de las
actuaciones administrativas a través de las cuales la Secretaría Municipal de
Transporte canceló las tarjetas de operación de los vehículos de servicio público
de propiedad de los accionantes.
En virtud de lo anterior, el juez ordenó a la
Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Cali suspender los efectos de la
Resolución  4152.0.21.0408 del 22 de marzo de 2012, y en su lugar, concedió a
los accionantes un plazo de cuatro meses para demandar ante lo Contencioso
Administrativo los actos, mediante acción de nulidad o de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Por último, decidió que la medida transitoria se mantuviera
vigente hasta tanto el juez competente de la jurisdicción contencioso
administrativa resuelva de fondo la controversia planteada.
II.
FUNDAMENTO DE LA DECISIÓN
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es
competente para revisar la sentencia proferida dentro de la acción de tutela de
la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 2 y 241 numeral 9 de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema jurídico
De acuerdo con el acontecer fáctico descrito, la
problemática de índole jurídico constitucional por resolver, en sede de
revisión, se contrae a la necesidad de establecer si las entidades municipales
encargadas de la implementación del nuevo sistema integrado de transporte
masivo urbano vulneraron los derechos fundamentales de los accionantes, al
ordenar la cancelación de rutas de operación y reducción de la capacidad
transportadora de los vehículos que se encontraban autorizados para suministrar
el servicio público, por la aparente operación regular de la fase I del
SITM-MIO.
Con tal propósito, la Sala abordará, antes de
cualquier análisis sobre la eventual violación de los derechos de los
accionantes, el tema concerniente a si la tutela es el mecanismo procesal
idóneo para garantizar la protección de los derechos invocados o sí, por el
contrario, esta acción es improcedente.
En desarrollo de lo anterior, la Sala reiterará
brevemente la jurisprudencia relacionada con (i) el carácter subsidiario de la
acción de tutela ante la existencia de mecanismos de defensa judicial
pertinentes, así como (ii) la procedencia de la acción para controvertir actos
y hechos de la administración  y, en todo caso, solo en el evento de que se
establezca que es formalmente procedente, se llevará a cabo (iii) un examen de
fondo del asunto.
3. El principio de subsidiariedad de la acción de
tutela ante la existencia de mecanismos de defensa judicial pertinentes.
Reiteración de jurisprudencia
La Constitución Política dispone, en su artículo 86,
que la acción de tutela es un mecanismo residual y subsidiario[1], diseñado
para la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando no se cuente
con alguna otra vía judicial de protección o, cuando existiendo ésta, se acuda
a ella como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable[2]. En el mismo
sentido, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, estableció que la existencia de otros recursos o medios de defensa judiciales hacen
improcedente el amparo, excepto cuando este se solicita de manera transitoria.
La Corte ha reiterado que la acción de tutela no se ha
constituido como una instancia para decidir conflictos de rango legal, puesto
que para abordar temas de este orden la misma Carta Política ha contemplado, en
su título VIII, la existencia de jurisdicciones distintas a la constitucional,
las cuales deben someterse a los dictados de la ley y la Constitución y,
estando los derechos fundamentales en el medio, corresponde a todos los jueces
de las diferentes jurisdicciones velar porque los derechos fundamentales sean
respetados dentro y como resultado de los procesos judiciales[3].
Así las cosas, debe considerarse que los
procedimientos ordinarios cuentan con los elementos procesales adecuado para
resolver las controversias de derechos, garantizando la efectividad de las
prerrogativas fundamentales. Por ello, la tutela no puede ser empleada como un
medio alternativo, ni complementario, ni puede ser estimada como
un último recurso[4].
No obstante, existiendo otro medio de defensa
judicial, la Corte ha contemplado dos excepciones que hacen procedente la
acción de tutela. La primera, consiste en que el medio o recurso legal existente
para obtener el amparo no sea eficaz e idóneo y, la segunda, que la tutela se
invoque como mecanismo transitorio para evitar el acaecimiento de un perjuicio
irremediable.
En cuanto a la primera excepción, la Corte ha
sostenido que la sola existencia de otro mecanismo judicial no constituye una
razón suficiente para declarar la improcedencia de la acción: el medio con que
cuenta el ciudadano debe ser idóneo y eficaz[5].
Para la Corte, la idoneidad hace referencia a la aptitud material del mecanismo
judicial para producir el efecto protector de los derechos fundamentales, lo
cual ocurre cuando existe una relación directa entre el medio de defensa y el
contenido del derecho[6].
Así mismo, la eficacia tiene que ver con que el mecanismo esté diseñado de
forma tal que brinde de manera rápida y oportuna una protección al derecho
amenazado o vulnerado[7].
Para determinar la concurrencia de estas dos
características, deben examinarse los planteamientos fácticos de cada caso,
estudiando aspectos tales como si la utilización del medio o recurso de defensa
judicial existente tiene por virtud ofrecer la misma protección que se lograría
a través de la acción de tutela[8];
el tiempo que tarda en resolverse la controversia en la jurisdicción ordinaria;
el agotamiento de la posibilidad de ejercicio del derecho fundamental durante
el trámite[9],
la existencia de medios procesales a través de los cuales puedan exponerse los
argumentos relacionados con la protección de los derechos fundamentales[10]; las
circunstancias que excusen o justifiquen que el interesado no haya promovido o
no espere promover los mecanismos ordinarios que tiene a su alcance[11]; la
condición de sujeto de especial protección constitucional del peticionario, que
exige una especial consideración de su situación[12], entre otras.
En relación a la segunda situación excepcional, ha
dicho la Corte que puede  acudirse a la acción de tutela como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, cuando quien hace esta
solicitud demuestra que la tutela es una medida necesaria para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable en contra del afectado[13].
La Corte ha establecido que un perjuicio tendrá
carácter irremediable cuando quiera que, en el contexto de la situación
concreta, el accionante demuestre que: (i) El perjuicio es cierto e inminente.
Es decir, que “su existencia actual o potencial se infiera objetivamente a
partir de una evaluación razonable de hechos reales, y no de meras conjeturas o
deducciones especulativas”[14],
de suerte que, de no frenarse la causa, el daño se generará prontamente. (ii)
El perjuicio es grave, en la medida en que lesione, o amenace con
lesionar con gran intensidad un bien que objetivamente pueda ser considerado de
alta significación para el afectado. (iii) Y que se requiera de la adopción de
medidas urgentes e impostergables, que respondan de manera
precisa y proporcional a la inminencia del daño ya que, de no tomarse, la
generación del daño sería inevitable[15].
Solo cuando concurran la totalidad de los mencionados
elementos, se hace manifiesta la necesidad de desplazar el medio ordinario de
defensa, y amparar los derechos fundamentales vulnerados, hasta tanto el
afectado inicie la acción correspondiente y, habiéndolo hecho, esta sea
resuelta de fondo por la jurisdicción respectiva.
4. La acción de tutela para controvertir actos y hecho
de la administración realizados en virtud de políticas públicas relativa al
servicio público de transporte terrestre de pasajeros. Reiteración
jurisprudencial
La Corte Constitucional ha establecido, alrededor del
principio de subsidiariedad, reglas generales respecto a la procedencia de las
acciones de tutela presentadas por transportadores, empresas de transporte y
por usuarios quienes, en algunas oportunidades, han considerado vulnerado sus
derechos fundamentales con ocasión de decisiones de las autoridades del orden
municipal o distrital, en lo relativo a la organización del servicio público de
transporte.
Así pues,  la Corte al estudiar acciones de tutelas
presentadas por personas afectadas en su derecho fundamental al trabajo por los
actos o hechos de la administración que definen los planes de reestructuración
o reorganización del servicio de transporte, encontró, de un lado, el deber
constitucional del Estado frente a la dirección, vigilancia y administración de
un servicio público y, de otro, el interés de los particulares que prestaban el
servicio, para quienes el suministro del servicio de transporte se convierte en
la fuente de ingresos[16].
Al respecto, esta corporación señaló que dado que esta actividad del Estado
constituye el desarrollo legítimo de los artículos 1 y 365 de la Constitución[17], relativos a
la primacía del interés general y a los servicios públicos como finalidad
inherente del Estado, las actuaciones de las autoridades en este sentido están
avaladas por la Constitución. Su legitimidad no se desvirtúa solo por el hecho
de que la política de reestructuración genere un detrimento patrimonial a un
particular, siempre que se hayan observado los procedimientos y los contenidos
esenciales de los derechos fundamentales de los afectados.
Así las cosas, se tiene que la Corte en su
jurisprudencia concluyó que el problema jurídico planteado por los accionantes afectado
mediante actos administrativos solo podía ser abordado desde la óptica de
validez de los actos administrativos generales o particulares que dieron lugar
a la aplicación de medidas de reestructuración del sistema de transporte. Bajo
esa hipótesis, consideró que el escenario legal del debate planteado es la
jurisdicción contencioso administrativa.
A su vez, estimó que la controversia lleva implícita
un análisis exhaustivo del material probatorio y uno detallado de la
normatividad que gira en torno a los planes de reestructuración, lo cual no
puede ser garantizado de mejor manera que en la jurisdicción contencioso
administrativa. Por esa razón, en sede de revisión declaró improcedente la
acción de tutela.
De este modo, advierte esta Sala que, de manera
general, la corporación ha sido consistente en sostener que es preciso acudir a
la jurisdicción contencioso administrativa para exponer las inconformidades
presentada frente a las decisiones generales y particulares adoptadas en
materia de organización del sistema de transporte masivo de pasajeros. Por
ello, la Corte ha determinado que son improcedentes las tutelas instauradas por
quienes fungen como operadores del sistema o aquellas presentadas por quienes
se consideran afectados en virtud de la aplicación general y uniforme de las
políticas de reestructuración del sistema de transporte.
Sobre el particular, en Sentencia T-1031 de 2003 esta
corporación sostuvo:
“De manera previa la Corte advierte que la acción de nulidad
y restablecimiento de derecho se constituye en un mecanismo judicial idóneo
para garantizar la protección de la derechos presuntamente vulnerados por la
Administración, más aún cuando en esa instancia se puede solicitar y obtener la
suspensión provisional de ciertos actos administrativos desde el momento mismo
de la admisión de la demanda.
Al respecto la Corte, en varias oportunidades ha
precisado que la suspensión provisional es un mecanismo no menos importante y
efectivo que la acción de tutela, el cual se concibe como medida cautelar
cuando una entidad vulnera en forma manifiesta  los derechos del administrado.
Lo que ha querido el legislador al reglamentar el
mecanismo de la suspensión provisional, ha sido precisamente ofrecer a los
particulares un medio eficaz y oportuno, que se materialice desde la admisión
misma de la demanda, para evitar que sus derechos sean vulnerados de manera
flagrante por la administración.[18]”.
Bajo ese contexto, solo cuando la Corte observa
evidente omisiones en los deberes legales y constitucionales de las autoridades
de transporte, que impliquen violaciones a los derechos fundamentales de los
usuarios del sistema, o decisiones sancionatorias para los trabajadores, ha
considerado que la tutela es procedente pero, aún en los casos en los que se
encuentra una vulneración, a Corte restringió su decisión a las órdenes que
protegen únicamente los derechos fundamentales de los accionantes sin modificar
o suspender por vía de tutela el sistema de transporte elegido.
En conclusión, esta corporación determinó que frente a
los actos administrativos acusados de transgredir derechos, la ley previó los
medios idóneos ante la jurisdicción contencioso administrativa para obtener la
protección por la vía simple de nulidad o la nulidad y restablecimiento del
derecho[19],
existiendo además la posibilidad de solicitar la suspensión provisional [20] del acto tal
y como lo dispone el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo[21].
5. Caso concreto
Le corresponde a la Sala Cuarta de Revisión
determinar, si la acción de tutela presentada por los señores Hermes Adley Echeverry Carbonel, Henry Renza Zuñiga y
Carlos Alberto Morales Díaz, es procedente para efectos de controvertir la decisión
adoptada por las autoridades municipales en el 2012 de sacar de circulación
unos buses de transporte colectivo como consecuencia del proceso de
implementación del sistema integrado de transporte masivo de  Cali.
En la acción de tutela se indicó que, con el
objeto de evitar el paralelismo entre el antiguo y el nuevo sistema de
transporte, la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Cali y Metro
Cali S.A., suscribieron un convenio interadministrativo de utilización de vías
y operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali, en virtud del
cual se comprometieron a realizar la reducción gradual de las capacidades
transportadoras de las empresas de transporte colectivo.
En desarrollo del mencionado Convenio, se acordó que
el desmonte del antiguo sistema de transporte integrado de la ciudad de Cali
debería hacerse por fases, teniendo en cuenta las etapas de construcción del
SITM-MIO, el plan de obras y de transformación de empresas, así como los planes
de mitigación de impacto.
Así pues, con la declaratoria de la operación regular de
la fase I del SITM-MIO se originó la cancelación de algunas rutas de transporte
público colectivo lo cual, según advierten los accionantes, tanto la
implementación de la Fase I como la consecuente decisión de reestructurar de
forma definitiva las flotas existentes, fueron determinaciones adoptadas sin el
cumplimiento de los requerimientos establecidos para ello en el contrato de
concesión de transporte. Por esta razón, solicitaron mediante el mecanismo de
amparo la suspensión temporal de los actos administrativos que ordenan la cancelación
de unas rutas de transporte, hasta tanto no se cumplan los requisitos
correspondientes para la operación regular del SITM-MIO.
De conformidad con el problema jurídico planteado,
esta Sala encuentra que la presente tutela se dirige, primordialmente, a
cuestionar las consecuencias jurídicas de unos actos administrativos que dan
inicio a la operación regular del SITM-MIO que, presuntamente, afectaron los derechos
fundamentales de los accionantes.
En efecto, el argumento central esgrimido por quienes
solicitan el amparo constitucional, consiste en que la declaratoria de inicio
de la operación regular del sistema integrado de transporte, exigía la
concurrencia de una serie de requisitos previos contenidos en el contrato de
concesión, los cuales, según advierten, no concurrían plenamente al momento de
emitirse los actos administrativos que sacaron de circulación varias rutas
cubiertas por buses y busetas de diferentes empresas de transporte público de
la ciudad. No obstante, los actores instauran la tutela contra la decisión, no
porque consideren que esta atenta contra la legalidad del acto contractual o
porque genere un detrimento patrimonial para el Estado, sino porque esta
manifestación de la administración produce efectos  contrarios a sus intereses,
los cuales no son distintos a los de conservar la posibilidad de seguir
prestando el servicio de transporte en la ciudad de Cali.
Al respecto, considera la Sala apremiante destacar
que, tal y como se advirtió en la parte motiva de esta sentencia, la existencia
de recursos o medios de defensa judiciales hacen, en principio, improcedente la
acción de tutela a menos que, se solicite el amparo como mecanismo transitorio
para evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable. En esos casos, se
debe demostrar que el perjuicio que se pretende evitar con la acción
constitucional afecta o coloca en inminente y grave riesgo derechos
fundamentales como la vida, la seguridad social y el mínimo vital, lo que hace
imperiosa la intervención del juez constitucional.
Con fundamento en esa apreciación, establece la Sala
que el problema jurídico planteado en la acción de tutela sujeta a estudio,
puede ventilarse ante la jurisdicción contencioso administrativa mediante las
acciones de simple nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho e incluso de
reparación directa si los accionantes así lo desean, pues el debate legal surge
de la consideración según la cual las actuaciones de la Secretaría de Tránsito
de Cali les causa un perjuicio patrimonial.
En efecto, se observa que las actuaciones referidas en
el mecanismo de amparo son manifestaciones de la voluntad de la administración
las cuales constituyen actos administrativos de índole general o impersonal
proferidos por el funcionario encargado de la Secretaría de Tránsito y
Transporte de Cali, en virtud de los cuales se pronunció sobre los efectos de
la instalación de la operación regular del sistema de transporte masivo y su
respectiva consecuencia de sacar de circulación los vehículos particulares
encargados de suministrar las rutas otorgadas al SITM-MIO.
Así pues, mediante la resolución referida por los
actores, la administración resolvió aplicar la reducción de las capacidades
transportadora mínimas y máximas de las empresas de la ciudad en la modalidad
de buses, busetas y microbuses. En el mismo acto, se estableció que las
compañías de transporte público colectivo deberían realizar la entrega de la
relación de los vehículos que ellas decidieran desvincular y, en caso de que no
lo hicieren, la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Santiago de
Cali, determinaría los vehículos con los cuales realizaría el ajuste de las
capacidades transportadoras teniendo en cuenta los modelos y la reducción de
oferta, garantizando así el retiro de los más antiguos.
Ciertamente, en dicha resolución la Secretaría de
Transporte Municipal al definir la capacidad transportadora de la ciudad dejó por
fuera del servicio a los vehículos de los accionantes. Sin embargo, no obstante
que en el expediente se comprobó que los demandantes son los propietarios de
los buses con licencia de servicio cancelada, para esta Sala de Revisión, es
clara la improcedencia de la presente tutela, dado que en ella se plantea una
discusión que debe ser resuelta por el juez competente y no por el juez
constitucional, pues la inconformidad de los demandantes con el contenido de
las decisiones administrativas proferidas por la Secretaría de Transporte
corresponde, en principio, a una clara discusión legal que no involucra
derechos constitucionales.
Como corolario de lo anterior, precisa la Sala que la
vía alterna con la que disponen los demandante, en las circunstancias
concretas, incluye la posibilidad de utilizar un mecanismo complementario
suficientemente eficaz para la obtener pronta protección de sus derechos, como
lo es la solicitud de suspensión provisional, la cual debe ser resuelta por la
jurisdicción contencioso administrativa al admitir la demanda. De tal manera,
que si la actuación de la Secretaría de Transporte resulta arbitraria y
contraria a la ley, como lo denuncian los accionantes y, si su ejecución les
causa un perjuicio que pueda demostrarse al menos sumariamente, la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho será el medio para obtener la protección
que pretenden, en los términos de lo establecido en el artículo 152 del Código
Contencioso Administrativo. En todo caso, la decisión sobre la suspensión debe
producirse de inmediato, por lo que se permite inferir que la prontitud convierte
al medio judicial en eficaz para la protección de la supuesta vulneración de
los derechos fundamentales.
Así pues, se tiene que los accionantes, supuestamente
afectados con un acto administrativo, tienen a su alcance otro medio de defensa
judicial, lo que hace que, en principio, la acción de tutela se torne
improcedente salvo que esté probado el acaecimiento de un perjuicio
irremediable que justifique que el juez constitucional asuma la competencia
para conocer de fondo la controversia planteada.
Al respecto, es de recordar que esta corporación ha
sostenido que para determinar el acaecimiento de un perjuicio irremediable se
debe observar el cumplimiento de los requisitos de necesidad, urgencia,
gravedad e inminencia[22].
Por tanto, los derechos a proteger deben ser claros y objetivos, estar sujetos
a una amenaza capaz de ocasionar perjuicios irreparables o, cuando esos ya se
ocasionaron, que la situación pueda agravarse con el trámite ordinario previsto
en el ordenamiento. De otra parte, las órdenes que imparta el juez de tutela
deberán tener la capacidad de evitar que el daño se produzca o, cuando menos,
ser capaces de mitigarlo.
Así las cosas, al establecer los supuestos fácticos
del caso concreto, encuentra la Sala que los accionantes manifiestan que la
decisión adoptada por la Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de Cali
les ocasiona un detrimento patrimonial, toda vez que a través de ellas se
afectó el ejercicio habitual de sus actividades económicas, no obstante esta
Sala no encontró que la decisión de la administración generara en ellos el
acaecimiento de un perjuicio irremediable, pues si bien alegan que de la
explotación vehicular depende sus núcleos familiares, lo cierto es que en el
expediente no reposa prueba, siquiera sumaria, que permita inferir que la
subsistencia de las familias de cada uno de los accionantes dependa,
exclusivamente, de los vehículos que pretenden sean nuevamente puestos en
circulación. Bajo ese entendido, se tiene que no existe una amenaza que haga
urgente e impostergable el amparo, es decir, que no se puede concluir que al no
otorgarse la protección constitucional se pueda causar un daño de tal gravedad
que no pueda ser reparado, pues en efecto no existe certeza de que sus ingresos
se originen, exclusivamente, de los vehículos de transporte.
De tal suerte que, considera la Sala, las razones
esbozadas no constituyen argumentos suficientes para que el juez constitucional
se pronuncie de fondo, toda vez que en el mecanismo de amparo no se acreditaron
los elementos que configuran el perjuicio irremediable, desconociéndose así, la
obligación establecida por parte de esta corporación de demostrar de forma
suficiente el carácter impostergable de la intervención transitoria del juez constitucional.
Por último, no encuentra esta corporación que con los
elementos de juicio allegados, pueda determinarse que las actuaciones de las
entidades accionadas sean desproporcionadas, teniendo en cuenta la primacía del
interés general sobre el particular.
Así las cosas, en este caso resulta pertinente
reiterar la jurisprudencia sentada por la Corte respecto a que, en principio,
es improcedente la acción de tutela para que los transportadores
individualmente considerados, o las empresas de transporte, discutan las
decisiones generales y particulares adoptadas por la administración en materia
de reorganización del sistema de transporte masivo de pasajeros, solo por el
hecho de que presuntamente generan un detrimento patrimonial, sin que se
demuestre que la tutela es necesaria, como mecanismo transitorio, para evitar
el acaecimiento de un perjuicio irremediable.
La Sala enfatiza en que el asunto debatido es
relevante en la medida en que las ganancias, fruto de la prestación del
servicio de transporte, constituyen, aparentemente, una fuente de trabajo para
los accionantes, pero se estima, que esta controversia, puede resolverse con
mayor garantía para los derechos fundamentales que puedan afectarse, dentro de
la jurisdicción contencioso administrativa, pues no fue acreditado el perjuicio
irremediable  en el expediente objeto de revisión lo cual, se insiste, torna
improcedente el mecanismo de amparo.
Por último, este tribunal reitera que le está vedado
al juez constitucional hacer uso de sus amplias facultades para suspender el
sistema de transporte masivo de una ciudad, ni siquiera de forma temporal,
cuando es evidente que el amparo constitucional se torna improcedente. Unas
actuaciones en este sentido, desconocería las imperativas reglas
jurisprudenciales sobre procedibilidad de la acción de tutela y constituiría
una decisión que, en últimas, no garantiza en forma eficiente los derechos
fundamentales, toda vez que dicha suspensión no significa la revocatoria
definitiva de la decisión administrativa.
De conformidad con lo expuesto, esta Sala procederá a
revocar la sentencia proferida por el Juzgado 25 Penal Municipal con Funciones
de Control de Garantías de Cali, en el trámite de tutela iniciado por los
señores Hermes Adley Echeverry Carbonel,
Henry Renza Zuñiga y Carlos Alberto Morales Díaz, mediante apoderado judicial, contra la Secretaría de Transito y Transporte
Municipal de Cali y, en su lugar declarará improcedente la acción de tutela por
ausencia del requisito de subsidiaridad.
III.
DECISIÓN
Con fundamento en las consideraciones expuestas en
precedencia, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero: REVOCAR la sentencia proferida en este
proceso por el Juzgado Veinticinco (25) Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Santiago de Cali el veintisiete (27) de
marzo de 2013, en el proceso de la referencia. En su lugar, declarar
improcedente el amparo solicitado por lo señores Hermes Adley Echeverri
Carbonel, Henry Renza Zuñiga y Carlos Alberto Morales Díaz, de conformidad con
los argumentos expuestos en esta sentencia.
Segundo: Por
Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de
la Corte Constitucional y cúmplase.
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON ELÍAS PINILLA PINILLA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Ver entre
otras las sentencias T-827 de 2003; T-648 de 2005; T-1089 de 2005; T-691 de
2005 y T-015 de 2006.
[2] Sobre la
procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio, para evitar un
perjuicio irremediable, resultan relevantes las sentencias C-1225 de 2004;
SU-1070 de 2003; SU–544 de 2001; T–1670 de 2000;. T-698 de 2004 y T-827 de
2003.
[3] Al respecto ver,
entre muchas otras, las sentencias T-367/08, C-590/05, y T-803/02.
[4]
Así lo estableció la Corte desde la sentencia C-543/92.
[5] Ver,
entre muchas otras, las sentencias T-211/09, T-580/06, T-068/06, T-972/05 y
SU-961/99.
[6] Ver sentencias
T-211/09, T-001/07, T-580/06, T-760/05, T-822/02 y T-003/92.
[7] Ver, entre
otras, las sentencias T-858/10, T-160/10, T-211/09, T-514/08, T-021/05,
T-1121/03 y T-425/01.
[8] Ver
sentencias T-068/06, T-822/02,  T-384/98, y T-414/92.
[9]
Ver sentencias T-864/07, T-123/07, T-979/06 y T-778/05.
[10] Ver sentencias T-809/09, T-843/06, T-966/05, T-436/08, T-816/10,
T-417/10.
[11] Ver,
entre otras, las sentencias T-512/99 y T-039/96.
[12] Ver,
entre otras, las sentencias T-656/06, T-435/06, T-768/05, T-651/04, y
T-1012/03, T-329/96; T-573/97, T-654/98 y T-289/03.
[13] Ver
sentencias T-043/07, T-1068/00 y T-278/95.
[14]
T-456/04.
[15] Al
respecto existen numerosas providencias. Ver, entre otras, las sentencias
T-080/09, T-076/09, T-892/08, T-595/08, T-383/01, T-1282/01, T-1285/01,
T-254/02, T-787/02, T-026/03, T-367/03, T-535/03, T-537/03, SU.975/03,
T-1031/03, T-067/04, T-165/04, T-168/04, T-632/04, T-686/04, T-695/04,
T-705/04, T-711/04, T-951/04, T-953/04, T-1216/04, T-123/05, T-485/05,
T-954/05, T-973/05, T-1117/05, T-628/06, T-999/06, T-149/07, T-167/07,
T-187/07, T-304/07, T-538/07, SU.713/06, SU.636/03, SU.1070/03.
[16]
Ver sentencia T-026 de 2006; T-356 de 2006; T-753 de 2006; y T-590 de 2011.
[17]
Sobre este tema ver las sentencias C-885/10, C-529/03 y C-066/99.
[18]
Ver entre otras las sentencias T-640 de 1996, T-533 de 1998 y T-127 de 2001.
[19]
Artículos 84  y 85 del Código Contencioso Administrativo.
[20] Sentencia
T-127 de 2001: “(…) la suspensión provisional de los actos administrativos
es trámite que se ubica como una de las medidas que deben solicitarse antes de
que sea admitida la demanda que se formule en contra del acto correspondiente;
es concebida como medida cautelar en presencia de excepcionales casos en los
que la vulneración de normas superiores sea manifiesta, y como tal es cuestión
previa a decidir en el trámite de la acción que se adelanta. Así las cosas,
esta posibilidad judicial resulta ser un trámite pronto, y por lo mismo no
menos eficaz que la vía de la tutela”.  (Negrillas fuera del original).
[20]
Código Contencioso Administrativo. Artículo 152. “Procedencia de la
suspensión. El Consejo de Estado y los tribunales administrativos podrán
suspender los actos administrativos mediante los siguientes requisitos:
1. Que la
medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito
separado, presentado antes de que sea admitida. 2. Si la acción es de nulidad,
basta que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como
fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos
públicos aducidos con la solicitud. 3. Si la acción es distinta de la de
nulidad, además se deberá demostrar, aunque sea sumariamente, el perjuicio que
la ejecución del acto demandado causa o podría causar al actor”.
[22] Sentencia
T-599 de 2002: “(…) es importante reiterar que en múltiples oportunidades
esta Corporación ha indicado que el único perjuicio que habilita la procedencia
transitoria de la acción de tutela es aquel que cumple las siguientes
condiciones: (1) se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho
fundamental; (2) de ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido;
(3) su ocurrencia es inminente; (4) resulta urgente la medida de protección
para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y,
(5) la gravedad de los hechos, es de tal magnitud que hace evidente la
impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales”.