T-174-16
Sentencia T-174/16
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre
procedencia excepcional
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
CARACTERIZACION
DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
Este defecto existe
cuando la autoridad judicial emplea una norma inaplicable al caso concreto,
deja de aplicar la norma adecuada, o resuelve la Litis con base en una
interpretación manifiestamente inadecuada de la base legal señalada.
DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO-Configuración
Existe defecto procedimental absoluto
cuando: el
funcionario judicial aplica un trámite ajeno al
asunto sometido a su competencia; no se agotan
etapas sustanciales del procedimiento establecido, se eliminan trámites
procesales vulnerando el derecho de defensa y contradicción de una de las
partes y se
suprimen oportunidades procesales para que las partes o intervinientes en el
proceso ejerzan las potestades otorgadas por el legislador al regular el
procedimiento.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION-Contenido y alcance en la Constitución Política y
Jurisprudencia constitucional
DERECHOS DE LAS VICTIMAS-Marco
general de los derechos de las víctimas en la Constitución Política y deber de
garantía de sus derechos por las autoridades judiciales
PRINCIPIO DE LA BUENA FE, PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA Y PRINCIPIO
DE RESPETO AL ACTO PROPIO-Reiteración
de jurisprudencia
VICTIMAS EN EL PROCESO REGIDO POR LA LEY 600 DE 2000-Participación en cualquier momento
La jurisprudencia constitucional ha precisado que éstas pueden
intervenir y constituirse como parte civil dentro del proceso regulado en la
ley 600 de 2000, en cualquier momento, precisamente porque se reconoce en ella
otros intereses distintos al indemnizatorio dentro del proceso penal.
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por configurarse defecto sustantivo al no dar
aplicación a la definición legal de los casos de ruptura de la unidad procesal
contenidos en el artículo 92 de la ley 600 de 2000
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por configurarse defecto procedimental absoluto por
cuanto la actuación del Juzgado accionado es contraria al ordenamiento procesal penal
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por violación
directa de la Constitución que se ocasiona al no pronunciarse sobre las solicitudes probatorias de la parte civil dentro
de la audiencia preparatoria y desconocer el derecho que le asiste a la víctima
de intervenir dentro del proceso penal
Referencia: expediente T- 5.255.735
Acción de tutela promovida por Gloria
Cecilia Krog Hernández contra el Juzgado Séptimo Penal del Circuito
Especializado de Bogotá.
Magistrado
Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá D.C.,  once (11) de abril de dos mil dieciséis (2016)
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva, María Victoria Calle
Correa y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente, las previstas en los artículos 86
y 241 numeral 9º de la Constitución Política, así como en los artículos 33 y
siguientes del Decreto 2591 de 1991, profiriere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de los fallos dictados
el 23 de septiembre de 2015 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
y el 29 de octubre de 2015 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, dentro de la acción de tutela interpuesta por Gloria Cecilia Krog
Hernández contra el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá.
El expediente fue seleccionado para revisión por auto
del 26 de noviembre de 2015, de la Sala de Selección Número Once.
I.
ANTECEDENTES
Mediante apoderado la señora Gloria Cecilia Krog Hernández, promovió acción de
tutela para la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia y a la confianza legítima, que
estima vulnerados por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de
Bogotá, que mediante providencia del 26 de agosto de 2015 le negó la posibilidad
de continuar interviniendo como parte civil dentro de la acción penal
adelantada por el delito de homicidio cometido en la persona de Jaime Hernando
Garzón Forero.
1.1. Hechos
De la solicitud de tutela y las pruebas
allegadas al proceso se establecen los siguientes hechos relevantes:
1.       El 13 de agosto de 1999 fallece el periodista Jaime
Garzón Forero, compañero sentimental de la señora Gloria Cecilia Hernández
Prieto, hoy identificada con el nombre de Gloria Cecilia Krog Hernández.
2.       Desde esa fecha se inició la investigación penal
radicada con el número 564, en desarrollo de la cual a finales de febrero del
año 2000 la accionante, a través de apoderado presentó demanda de constitución
de parte civil que fue admitida por el Fiscal Delegado el 3 de marzo de 2000.
3.       Al proceso fueron vinculados Juan Pablo Ortiz Agudelo,
Carlos Castaño Gil y Edilberto Antonio Sierra Ayala.  El 3 de enero de 2002 fue
cerrada la investigación aunque la parte civil, dice la tutelante, pidió no
hacerlo con el fin de recaudar material probatorio frente a otras hipótesis de
responsabilidad.
4.       El 12 de marzo de 2002 la Fiscalía profirió resolución
de acusación contra los procesados y el 17 de septiembre siguiente inició el
juicio con audiencia preparatoria a cargo del Juzgado Séptimo Penal del
Circuito Especializado de Bogotá, ahora accionado.
5.       El 10 de marzo de 2014 el juzgado accionado profirió
sentencia condenatoria contra Carlos Castaño y absolvió a Antonio Sierra y a
Juan Pablo Ortiz Agudelo de responsabilidad en el homicidio de Jaime Garzón
Forero; igualmente dispuso continuar por separado con la investigación para
determinar quiénes fueron los autores materiales y demás coparticipes en el
hecho punible.
6.       Por lo anterior, el 4 de agosto de 2004 la Fiscalía 13
de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario inició la investigación
preliminar Nº 1942, en averiguación de responsables, con base en las copias del
expediente inicial del cual hacen parte las demandas de constitución de parte civil.
7.       Dentro de esta actuación el 25 de septiembre de 2009
los apoderados de quienes fueron reconocidos el 3 de marzo de 2000 como parte
civil, solicitaron a la Fiscalía abriera investigación contra José Miguel
Narváez Martínez, Juan Pimiento Traslaviña y Diego Fernando Murillo Bejarano.
8.       El 28 de septiembre siguiente el mencionado despacho
judicial ordenó la apertura de instrucción y vinculación de José Miguel Narváez
Martínez, lo cual se llevó a cabo mediante indagatoria efectuada en distintas
sesiones durante los meses de octubre y noviembre de 2009, mayo y junio de
2010.
9.       El 28 de junio de 2010 la Fiscalía resolvió la situación
jurídica del imputado con medida de aseguramiento de detención preventiva y el
15 de abril de 2011 dispuso el cierre de investigación.
10.  El 17 de junio del mismo año la Fiscalía 13 de la
Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario profirió
resolución de acusación contra Narváez Martínez como presunto autor de los
delitos de homicidio agravado con fines terroristas y ordenó continuar con
la investigación de otros posibles partícipes bajo el radicado 1942A.
11.  Dentro de éste último proceso el 11 de abril de 2012
se dio apertura a la investigación contra Diego Fernando Murillo Bejarano,
vinculado mediante declaratoria de persona ausente el 22 de julio de 2013 y
afectado con medida de detención preventiva por auto del 31 de octubre de 2013.
La investigación contra Murillo Bejarano se suspendió por decisión del 11 de
marzo de 2014 ante la postulación a la ley de justicia y paz.
12.  En la misma actuación radicada 1942A, el 13 de
agosto de 2012 el ente acusador también ordenó la vinculación del Coronel (r)
Jorge Eliecer Plazas Acevedo y el 26 de septiembre de 2012 lo declaró persona
ausente; el 6 de diciembre de 2013 le impuso medida de aseguramiento de
detención preventiva por el delito de homicidio agravado y el 17 de julio de
2014 profirió resolución de acusación por el mencionado punible.
13.  La anterior decisión fue apelada por la parte civil por
estimar que debió tenerse en cuenta que se trata de un delito de lesa
humanidad. Al resolver el recurso el Fiscal 71 Delegado ante el Tribunal
Superior de Bogotá, confirmó la resolución de acusación por el delito de
homicidio agravado.
14.  El 15 de julio de 2015 el Juzgado Séptimo Penal del
Circuito Especializado de Bogotá, avocó el conocimiento del proceso 1942A seguido
contra el Coronel (r) Plazas Acevedo y corrió traslado a los sujetos procesales
e intervinientes conforme al artículo 400 de la ley 600 de 2000, entre ellos a
la accionante quien venía actuando como parte civil, y fijó fecha para
audiencia preparatoria. En atención a lo dispuesto por el despacho judicial
accionado, los representantes de la parte civil presentaron su solicitud de
pruebas mediante escrito radicado el 4 de agosto de 2015.
15.  El 26 de agosto de 2015 el Juzgado Séptimo Penal del
Circuito Especializado de Bogotá, realizó la audiencia preparatoria y en ella
se abstuvo de pronunciarse sobre la petición de pruebas de la parte civil argumentando
que de forma irregular los abogados que representaba a este sujeto procesal
estaban participando sin haber sido reconocidos como parte civil dentro del
expediente radicado 1942A.
En el acta de ésta audiencia, consta que al pronunciarse sobre la solicitud
de pruebas presentada por los apoderados de la parte civil, el juzgado
accionado señaló:
“al
verificar la actuación se aprecia que si bien no hay irregularidad que
determine causal de nulidad. Es indiscutible que en cuanto a la
intervención del proceso de los abogados que han fungido como representantes de
parte civil, no tienen legitimidad para actuar, (...) en sentencia de fecha 10
de marzo de 2004 ... en otras determinaciones se dispuso que por separado se
prosiguiera con la investigación para determinar e identificar a los
autores materiales y demás coparticipes en el crimen de Jaime Garzón (...)Si
bien podemos afirmar que se violó el debido proceso, por cuanto se permitió la
intervención de unos abogados quienes, afirmaban ser representantes de parte
civil, sin haber sido reconocidos dentro de la actuación, se tiene que tales
actuaciones no fracturan en momento alguno la estructura básica del proceso, ya
que, al efectuarse una detallada revisión del proceso, el cual consta de 47 c
originales; se aprecia que en efecto, los abogados que fungen como
representantes de la parte civil no presentaron demanda de constitución de
parte civil y por ende, jamás se les reconoció tal calidad, pero si se les
permitió actuar y solicitar pruebas, a pesar de que no tenían legitimidad para
ello. Pero tal irregularidad no conlleva per-se, la declaratoria de nulidad de
todos aquellos actos procesales en los cuales intervinieron. En razón a que se
debe tener en cuenta que el proceso penal no es un proceso de formas, sino que
cada acto procesal  conlleva de manera intrínseca una finalidad, y si ella se
consigue, muy a pesar de todas las irregularidades cometidas, el vicio queda
saneado, no existiendo, por ello fundamento alguno para traducirlo como una
causal de nulidad. Más si tenemos en cuenta que por parte de la defensa se
guardó silencio, lo cual se traduce en su aceptación y por ende convalidación
en toda la actuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 310-1
de la Ley 600 de 2000, lo cual comporta que no es procedente la declaratoria de
nulidad, ya que la defensa participó en todos los actos procesales y tuvo la
oportunidad de ejercer a plenitud el derecho de defensa. Tan claro es ello que
el mismo defensor lo reconoce en su escrito de solicitud de pruebas.” (Resaltado
fuera del texto)
Y luego agregó:
“siendo incuestionable  que
con fundamento en los anteriores pronunciamientos, esos actos procesales
cumplieron con la finalidad para la cual estaban destinados (…) hasta la fecha,
el procesado siempre estuvo representado  por un defensor de oficio y luego por
su defensor técnico, quien ha intervenido y participado activamente, se le ha
permitido el acceso al mismo, por lo cual ejerció su defensa a plenitud, lo
que permite señalar que se cumplió con el fin último, el cual es la
controversia probatoria. Bajo las anteriores consideraciones, se infiere
que no se ha afectado en momento alguno el derecho de defensa, por lo cual no
se decretará la nulidad de las actuaciones surtidas, en las cuales actuó la
parte civil. Es así que acorde con lo señalado en precedencia, y como
quiera que los señores abogados que fungen como representantes de la parte
civil, no tienen legitimidad para actuar dentro de las presentes diligencias,
el Despacho se abstendrá de pronunciarse sobre la solicitud de pruebas elevada
por estos abogados y los mismos deberán dar cumplimiento con lo estipulado en
el artículo 48 del Código Penal” (Resaltado
fuera del texto)
16.       Contra la decisión anterior los representantes de la
parte civil interpusieron recursos de reposición y en subsidio de apelación,
con fundamento en que se vulneran los derechos de las víctimas y que fueron
reconocidos en la investigación inicial del homicidio de Jaime Garzón Forero adelantada
contra Carlos Castaño. Las impugnaciones presentadas y el sustento de las
mismas fue coadyuvado por el representante de la fiscalía quien solicita que
las víctimas sean reconocidas para actuar dentro del proceso.  Por su parte la
defensa se opone  al considerar que no hubo ruptura de la unidad procesal sino
el inicio de un proceso nuevo con base en la compulsación de copias.
17.       Al desatar el recurso de reposición el Juzgado Séptimo
Penal del Circuito Especializado de Bogotá, en la misma audiencia confirmó su
decisión con fundamento en que los apoderados no cumplieron con la obligación
contenida en el artículo 48 de la Ley 600 de 2000, pues la demanda de parte
civil presentada lo fue para el proceso inicial y no para uno nuevo, seguido contra
el Coronel (r) Jorge Enrique Plazas Acevedo en virtud de la compulsación de copias
y no por la ruptura de la unidad procesal. El despacho judicial sostuvo que los
derechos de las víctimas deben protegerse sin desconocer los derechos de los
procesados, por lo que es necesario atender a las reglas procesales en materia
penal.
En relación
con los fundamentos de la decisión, en el acta de la diligencia, visible a
folio 78, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá señala:
“Revisado todo el proceso
es preciso aclarar que en efecto a folio 249 a 252 del cuaderno 7, aparece
demanda de parte civil, que fue presentada por el doctor Alirio Uribe Muñoz,
como principal y el doctor Luis Guillermo Pérez Casas como suplente... en el
proceso penal adelantado primigeniamente se presentó demanda de parte civil
pero para ese preciso diligenciamiento y no para otro.” Y luego añade: “conforme a la sentencia proferida
por el Juez séptimo en su momento procesal la compulsación de copias fue
ordenada en razón a que el mismo doctor Muñoz solicitó que se compulsaran
copias para que se investigara a los verdaderos autores materiales, en momento
alguno se dijo por parte de él, que se procediera a una ruptura de la unidad
procesal por la sencilla razón que el proceso se acaba ... y no puede
pretenderse por parte del recurrente que se revivan etapas fenecidas y que en
virtud a ese revivimiento el mismo pueda seguir actuando son que se pueda
cumplir con los requisitos que ordena la ley (...)  son los mismos intervinientes
o sujetos procesales los que le solicitan al despacho para que se compulsen
copias para que se inicie una nueva investigación y  se establezca cuáles son
los verdaderos autores por lo que nunca se habló ruptura (sic) de la unidad
procesal”(folio 81)
18.       El mencionado Juzgado concedió el recurso de apelación
en efecto devolutivo, por lo que el proceso continúa sin la participación de la
parte civil. Al respecto dice la tutelante que aunque se pueda volver a
presentar la demanda, en lo que se refiere a las pruebas, las pedidas en su
momento por el apoderado de la víctima no fueron decretadas.
19.       De acuerdo a lo consignado en el acta de la
diligencia, los representantes de la parte civil tampoco pudieron controvertir
las decisiones del juez en materia probatoria.
1.2. Fundamentos y pretensión de la accionante
La accionante, mediante apoderado,
fundamenta la solicitud de amparo constitucional en los hechos antes indicados,
y considera que es procedente la acción de tutela contra la decisión proferida
el 26 de agosto de 2015 por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado
de Bogotá, porque:
i) Impedir a la señora Gloria Cecilia
Krog Hernández su intervención en la etapa de juicio desconoce las garantías constitucionales
del debido proceso, el acceso a un recurso judicial efectivo y el principio de
confianza legítima. Sostiene que la autoridad judicial le está negando a la
víctima la posibilidad de intervenir en el debate probatorio y exponer sus
argumentos jurídicos, lo que constituye una trasgresión de los mencionados derechos
constitucionales fundamentales. Estima vulnerada la confianza legítima, que tiene
fundamento constitucional en el artículo 83, dado que luego de haberle
notificado el auto por el cual el juez avoca el conocimiento y reconocido su
condición de sujeto procesal, el despacho judicial decide excluir a la
accionante como la parte civil.
ii) Se ejercieron los medios ordinarios
de defensa porque en el trámite del proceso penal el apoderado de la accionante
interpuso los recursos procedentes contra la decisión del Juzgado Séptimo Penal
del Circuito Especializado de Bogotá, sin embargo requiere la protección
inmediata de sus derechos.
iii) Existe un perjuicio irremediable
porque la víctima no puede participar en etapas relevantes del proceso penal, en
las que se ejerce la contradicción probatoria y se exponen argumentos de orden
jurídico, circunstancias que hacen procedente la acción ya que el recurso de
apelación se concedió en el efecto devolutivo y por ello el juzgamiento
continuará sin representación de la parte civil.
iv) La actuación que viola los derechos
de la accionante tiene incidencia en la sentencia que se profiera en el proceso
penal por cuanto el proceso se está tramitando sin que pueda intervenir como
parte civil y contribuir al esclarecimiento de la verdad para obtener justicia.
Por lo cual su ausencia en el juicio “tendría un efecto directo, sustancial
y determinante en la sentencia judicial de fondo”.
v) Existe defecto sustantivo porque la
decisión judicial de excluirla como parte civil se funda en una norma
inexistente. No hay una disposición legal que establezca que en caso de ruptura
de la unidad procesal la parte civil está obligada a presentar de nuevo la
demanda de constitución para continuar interviniendo en la investigación de los
hechos, y no es razonable hacer esta exigencia toda vez que actualmente a las
víctimas se les reconocen derechos que van más allá de los patrimoniales y
están legitimadas para intervenir por interés en la verdad y la justicia. El
Juzgado debió hacer uso de los principios constitucionales del derecho procesal
para resolver el caso, dice la tutelante.
Añade que es incoherente considerar que
la intervención de la víctima como parte civil en etapas previas del proceso no
afecta el proceso, y sin embargo determinar su salida en la etapa de juicio. La
providencia judicial censurada desconoce que la investigación se deriva del
expediente Nº 564, y aunque la demanda se interpuso antes de la vinculación del
procesado Plazas Acevedo y de la ruptura de la unidad procesal, la víctima no
pierde su calidad de parte por lo que no debe presentar de nuevo la demanda de
constitución, pues esta tesis impondría que ante cada ruptura procesal la
víctima está obligada a solicitar de nuevo que sea considerada como parte
civil. Señala, lo accesorio debe seguir la suerte de lo principal.
vi) También considera que se configura un
defecto procedimental absoluto porque: i) la decisión de excluir a la parte
civil se adoptó en la audiencia preparatoria, diligencia que tiene por fin
decretar las pruebas y resolver las nulidades con la participación de los
sujetos procesales, y por esto fue convocada al señora Gloria Cecilia como
sujeto procesal; y ii) Sin que existiera petición de nulidad y aunque el
despacho judicial estimará que no había lugar a decretarla, se aprovechó esta
audiencia para excluir a la accionante como parte civil en el proceso. Precisa
el apoderado de la tutelante que la facultad oficiosa para pronunciarse sobre
nulidades existe solo cuando se advierta que hay una nulidad y no cuando no ésta
no se corrobore.
vii) Existe una violación directa de la
Constitución porque la decisión judicial pretermitió garantizar los derechos
fundamentales de las víctimas.
Finalmente, la accionante concluye que la
fundamentación de la decisión judicial, así como el procedimiento utilizado
para adoptarla constituyen vías de hecho que afectan los derechos fundamentales
de la parte civil, por lo cual solicita se revoque la decisión adoptada el 26
de agosto de 2015, para que el Juzgado se pronuncie sobre las pruebas pedidas
por las víctimas; subsidiariamente pide declarar la nulidad desde que se avoca
conocimiento porque al notificarle ésta decisión se creó en la accionada la
creencia de ser parte civil dentro del proceso penal.  Como medida provisional
solicita la suspensión de la audiencia de juicio programada para el 19 de
octubre de 2015, hasta que se decida la acción de tutela.
1.2. Trámite procesal a partir de la
acción de tutela
Mediante auto del 10
de septiembre de 2015 la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá D.C., asumió el trámite de la acción y dispuso la vinculación como
autoridades  accionadas  del Juzgado Séptimo Penal  del  Circuito  Especializado
de Bogotá, D.C., y  de la Fiscalía Trece de la Unidad de Derechos Humanos y
Derechos Internacional Humanitario;  y por auto del  11 de  septiembre del
mismo año negó la medida provisional solicitada al considerar que previamente
debía escuchar a las entidades accionadas y valorar las pruebas que aporten
dado que no contaba con los elementos de juicios suficientes para determinar la
necesidad de la medida solicitada, y además para la fecha fijada para la
audiencia de juicio ya habría emitido el fallo de tutela.
En la misma fecha, con
el fin de integrar el contradictorio el Tribunal dispuso vincular al
representante de la otra víctima que se constituyó como parte civil, al
procesado y su defensor, y al delegado  del  Ministerio Público.
1.3. Respuesta de las entidades
accionadas
1.3.1. Juzgado
Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, D.C
Este Juzgado, en
respuesta a la acción de tutela, señala que si bien el proceso penal en el cual
se profirió la providencia judicial acusada se inició con base en lo
determinado por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado, se trata
de un proceso nuevo. Por ello, al advertir que los abogados que fungen como
representantes de la parte civil no cumplieron con el artículo 48 de la ley 600
de 2000, que establece como requisito la presentación de demanda de parte
civil, concluyó que no están legitimados para actuar dentro del proceso penal
como quiera que el poder otorgado a los apoderados lo fue para otro proceso, y
en tal virtud se abstuvo de pronunciarse sobre la petición de pruebas que
realizaron y “se les ordenó a los abogados que venían cumpliendo las labores
de parte civil que se constituyeran como tal a fin de adoptar las medidas
necesarias a fin (sic) cumplir los requisitos establecidos en la Ley”.
Agrega que contra su
decisión los apoderados de las personas que actuaban como parte civil
interpusieron los recursos de reposición y apelación, los que fueron
sustentados en la misma audiencia preparatoria. Como no repuso la decisión, en
la misma diligencia concedió el de apelación en el efecto diferido, y el 2 de
septiembre remitió el expediente al Tribunal Superior de Bogotá.
Igualmente informa que
el mismo día de la audiencia preparatoria el apoderado de María Soledad Garzón
Forero presentó la demanda de parte civil y el 9 de septiembre fue admitida.
Y, en aquello que no
se relaciona con el asunto debatido en el recurso de apelación dio continuidad
al proceso recaudando pruebas mediante despachos comisorios y cartas rogatorias
para escuchar en declaración a algunos testigos.
Por último  resalta
que la  decisión de excluirlos  del proceso no se  encuentra ejecutoriada
porque se encuentra en trámite el recurso de apelación interpuesto por los dos
abogados que venían actuando como parte civil, y en tal virtud la acción de
tutela es improcedente al encontrarse pendientes de ser resueltos los recursos
de alzada; a lo cual se suma que a la accionante solo le está solicitando que
cumpla con lo ordenado en la ley (folio 66).
1.3.2.  Fiscalía 13
de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
La Fiscal 13 sostiene
que la accionante tiene razón porque la decisión de la juez de no reconocerla
como parte civil dentro del proceso vulnera el debido proceso porque se
abstiene de decretar las pruebas pedidas por ese representante y no le permite
su participación en el juicio, con lo cual le niega el derecho de acceso a la
administración de justicia, a conocer la verdad de lo sucedido y a la
reparación del daño. Señala que aunque la actuación penal  se inició con  base
en las  copias  compulsadas,  en necesario tener  en cuenta  que en este  proceso
se juzga  por el mismo hecho  del inicial  y se trata de las mismas víctimas
quienes tienen derecho  a participar activamente en el proceso penal,
independientemente de las rupturas de la unidad procesal que se efectúen.
Agrega que el juez
negó la nulidad procesal al considerar que la irregularidad causada por la
intervención de los dos apoderados sin que hubieran presentado nueva demanda en
este proceso, está saneada, consideración que comparte la fiscal, por cuanto la
investigación por el homicidio de Jaime Garzón es una sola y los representantes
de la parte civil presentaron la demanda al comienzo de la actuación. A  ello
se suma que no hay  norma que obligue a las  víctimas a  presentar  nuevamente  demanda
de parte civil luego de la ruptura  de la unidad  procesal;  sin embargo  para
evitar  posibles nulidades insta al  apoderado de la  accionante a presentar la
demanda y así continua el desarrollo normal de la investigación.
Indica que el derecho de
las víctimas a ser parte del proceso tiene rango constitucional, por ello es
censurable la actuación de la Juez que coloca a las víctimas en una situación
de desigualdad respecto de la defensa y al fiscalía y con lleva a negarle a la
parte la posibilidad de intervenir y ejercer sus derechos “por no cumplir un
requisito formal” establecido en el código procesal penal, cuando los
derechos de las víctimas deben prevalecer sobre la norma adjetiva.
1.3.3. Defensa del
procesado Jorge Eliécer Plazas Acevedo.
El apoderado dentro
del proceso penal del enjuiciado Jorge Eliécer Plazas Acevedo solicita declarar
improcedente la acción de tutela por cuanto el despacho judicial accionado no
incurrió en vía de hecho porque obró siguiendo las formas propias del juicio, así
mismo en aplicación del principio de “residualidad”, ya que existe otro medio
de defensa judicial que fue ejercido por la accionante y se encuentra pendiente
de decisión.
1.4. Pruebas que obran dentro del
expediente
Copia de la demanda de constitución
de parte civil que obra dentro del proceso Nº 1817 adelantado contra el Coronel
(r) Jorge Eliecer Plazas Acevedo. (Folio 33)
Copia de la Resolución del 3 de marzo
de 2000 mediante la cual la Fiscalía  admite la demanda de constitución de
parte civil presentada por la accionante mediante apoderado. (Folio 44)
Copia del auto del 5 de julio de
2015, mediante el cual el Juzgado accionado avoca el conocimiento y corre
traslado a la tutelante, como parte civil dentro del proceso.
Copia del oficio NºJ7-00754 emitido
dentro del proceso (1817-7) Rad. 1942, adelantado contra Plazas Acevedo, remitido
a Sebastián Felipe Escobar  Uribe, apoderado  de la accionante  dentro del
proceso penal, en el cual se le informa que el Juzgado  avocó el conocimiento,  ordena
dejar a disposición el expediente de los sujetos procesales conforme al
artículo 400 de la Ley 600 de 2000 y se le cita para audiencia preparatoria
para el 26 de agosto de 2015,  y “con respecto de lo anterior le solicito
comparecer a la fecha y hora indicadas en su calidad de apoderado de parte
civil”. (Folio 47)
Copia de la Cédula de Extranjería de
Gloria Cecilia Krog Hernández y de la certificación de la Embajada de Colombia
en Oslo donde consta que la señora Gloria Cecilia renunció a la nacionalidad
colombiana  y  adoptó ese nombre.
Audio de la audiencia preparatoria
realizada el 26 de agosto de 2015, dentro del proceso radicado
11001-31-07-2015-0054 (1817-7), y copia del acta de la audiencia, en la cual
consta que al pronunciarse sobre la solicitud de pruebas presentada por los
abogados que actuaron como parte civil, el Juzgado accionado señaló:  “Si
bien podemos afirmar que se violó el debido proceso, por cuanto se permitió la
intervención de unos abogados quienes, afirmaban ser representantes de parte
civil, sin haber sido reconocidos dentro de la actuación, se tiene que tales
actuaciones no fracturan en momento alguno la estructura básica del proceso...
Pero tal irregularidad no conlleva per-se, la declaratoria de nulidad de todos
aquellos actos procesales en los cuales intervinieron..., ya que la defensa
participó en todos los actos procesales y tuvo la oportunidad de ejercer a
plenitud el derecho de defensa.”
1.5.
Decisiones judiciales que se revisan
1.5.1.
Sentencia de primera instancia
La
Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
D.C.,  mediante fallo  proferido el 23  de septiembre de  2015 declaró
improcedente el amparo solicitado por Gloria Cecilia Krog Hernández, al
considerar que para la protección de sus derechos fundamentales frente a la
decisión adoptada el 26 de agosto de 2015 por el Juzgado Séptimo Penal del
Circuito Especializado de Bogotá, existen mecanismos ordinarios de defensa
judicial, de los cuales hizo uso la tutelante, ya que presentó recurso de
apelación el cual está por resolverse por ese Tribunal, a donde fue enviado el
expediente el 2 de septiembre siguiente. Por ello concluye la Sala de Decisión
Penal que no se cumple con el requisito de agotar los medios ordinarios o
extraordinarios con que se cuenta al interior del proceso; y resalta que la
acción de tutela no es una instancia adicional o paralela al proceso penal como
parece entenderlo la accionante.
1.5.2.
Sentencia de segunda instancia
La
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en fallo del 29 de
octubre de 2015, al resolver la impugnación presentada por el apoderado de la
accionante, confirmó la sentencia de primera instancia dado que dentro del
proceso penal existe un escenario natural de discusión sobre la providencia que
fue acusada ante el juez constitucional, por lo que la tutela es improcedente.
A juicio de esa Corporación, dentro del juzgamiento pueden plantearse los
cuestionamientos formulados en la acción de tutela mediante recursos
ordinarios, como lo hizo la accionante. Por ello  no se puede desconocer ni
pretermitir las decisiones que en ejercicio de sus funciones emiten las
autoridades competentes en el trámite de los procesos, y estudiar supuestas
irregularidades acaecidas en una actuación aún en curso que puede llegar a ser
de conocimiento de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación.
Tampoco
considera  viable la intervención del juez constitucional de manera transitoria
porque el daño irreparable es hipotético, ya que no es posible determinar de
antemano cuánto tiempo puede tardar en resolverse el recurso de apelación. De
acuerdo con el artículo 200 de la Ley 600 de 2000 para resolver la apelación  de
autos interlocutorios el superior tiene un plazo de 20 días, “por tanto, el
alegado perjuicio irremediable solamente tendría lugar si el Tribunal excediera
los plazos legales referidos, es decir, incurriera en lo que la jurisprudencia  constitucional
ha denominado ‘mora judicial’;  caso en el cual, tiene sentado  la Corte, es
posible remediar la irregularidad acudiendo a la figura de los impedimentos  y  las
recusaciones  con fundamento en la causal relacionada con el vencimiento de
términos, pues de prosperar el incidente, según prevé el estatuto adjetivo, el
asunto de adjudicará a otro funcionario que se ocupará de éste”, y también
puede colocarse la queja ante el órgano de control disciplinario.
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
2.1.
Competencia
La
Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar
los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de la referencia,  de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9º de la
Constitución Política, en concordancia con el artículo 33 del Decreto 2591 de
1991 y 56 del Reglamento de la Corporación.
2.2.
Planteamiento del asunto objeto de
revisión y problema jurídico
La señora Gloria Cecilia Krog Hernández, mediante apoderado se
constituyó en parte civil dentro de la actuación penal iniciada en el año 1999 para
investigar el homicidio de su compañero Jaime Garzón Forero. Al proferirse la
primera sentencia condenatoria por ese hecho el Juzgado Séptimo Penal del
Circuito Especializado de Bogotá, ahora accionado, a solicitud de la parte
civil, dispuso se continuara investigando para establecer los demás
responsables del referido delito.
Con base en lo anterior se inició el
proceso 1942 contra José Miguel Narváez, en desarrollo del cual se dispuso
continuar la investigación por otra cuerda procesal y bajo el radicado Nº 1942A,
con el fin de establecer la responsabilidad de otros presuntos responsables. A
ésta investigación fueron vinculados  Diego Fernando  Murillo Bejarano y  el
Coronel (r) Jorge Eliecer Plazas Acevedo. La investigación contra el primero se
suspendió por el trámite de sometimiento a la ley de justicia y paz. El Juzgado
Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, continuó el proceso en
relación con  el Coronel (r) Plazas  Acevedo y el 26 de agosto de  2015 en  desarrollo
de la  audiencia preparatoria,  de oficio  decidió negar  la condición  de
sujeto procesal a la  accionante porque  dentro de ese expediente no se había
presentado demanda de constitución de parte civil, lo que, consideró el juez de
conocimiento,  impedía pronunciarse sobre la  solicitud de pruebas  efectuada
por el  apoderado de la Señora Krog Hernández y permitirle continuar
interviniendo dentro del juicio. Contra ésta decisión el apoderado de la
accionante interpuso recurso de apelación, el cual se encuentra pendiente de
ser resuelto, mientras continúa avanzando el juicio contra Jorge Eliecer Plazas
Acevedo.
Por considerar que la decisión
adoptada por el Juez Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá el 26
de agosto de 2015 vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia y a la confianza legítima, la
señora Gloria Cecilia Krog Hernández promovió acción de tutela, con el fin de
que se deje sin efecto esa determinación y así pueda continuar participando de
la etapa de juicio dentro del proceso penal en el cual se investiga el
homicidio del señor Jaime Hernando Garzón Forero.
El fallo de tutela de primera instancia sostiene que no se han
agotado los medios ordinarios de defensa porque contra la decisión judicial
acusada la accionada interpuso recurso de apelación, el cual se encuentra en
curso, lo cual hace improcedente la petición de amparo. En similar sentido el ad
quem sostiene que hay otro mecanismo para la defensa de los derechos
fundamentales que se estiman vulnerados que es el recurso de apelación, el cual
está por decidirse; y añade que no está demostrado un perjuicio irremediable
que permita la intervención del juez constitucional.
La
acción de tutela plantea dos problemas jurídicos a la Sala de Revisión:
i)
Establecer si el Juzgado Séptimo
Penal del Circuito Especializado de Bogotá, incurrió en un defecto sustantivo
al excluir del proceso a la accionante y ordenarle la presentación de demanda
de constitución de parte civil para poder participar en el proceso, en el cual
venía interviniendo desde su inicio y hasta la audiencia preparatoria en la
cual se produjo la decisión judicial cuestionada.
ii)
Determinar si el mencionado
despacho judicial incurrió en defecto por Violación directa de la Constitución,
particularmente de los derechos reconocidos en la Constitución a las víctimas, porque
con la mencionada decisión impidió a la accionante continuar interviniendo como
víctima en el proceso, y omitió considerar sus solicitudes probatorias.
Para resolver estos problemas jurídicos, y antes de ocuparse del
caso concreto, la Sala abordará el estudio normativo y jurisprudencial de los
siguientes temas: i) Procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y  ii) Derecho de las víctimas a la justicia  y acceso a la
administración de justicia penal.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales: reiteración de jurisprudencia[1]
La
Corte en la sentencia C-543 de 2002 determinó la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra providencias judiciales que desconozcan o pongan en
riesgo derechos fundamentales. Inicialmente se estableció, entonces que ésta
acción pública podía dirigirse cuando la decisión judicial constituya una vía
de hecho por defectos sustantivos, orgánicos, fácticos o procedimentales[2] en la
providencia que perdía fuerza jurídica y obedecía entonces capricho o la
arbitrariedad judicial[3].
La
acción de tutela contra providencias judiciales es un instrumento excepcional, mediante
el cual se adelanta un juicio de validez constitucional de la actuación de la
administración de justicia para el amparo de los derechos fundamentales de
quienes son partes o intervinientes dentro de la actuación procesal. Esta
acción pública no es entonces una instancia adicional para la discusión de los
asuntos de índole probatoria o de interpretación de la ley, máxime cuando la
ley prevé mecanismos de contradicción e impugnación para que los sujetos
procesales debatan sobre los yerros de las providencias judiciales que
consideran afectan sus derechos fundamentales.
No
obstante, en algunos casos el ejercicio de los mecanismos de impugnación y
defensa al interior del proceso no permiten superar con la eficacia necesaria
los hechos generadores del quebrantamiento del derecho, ya sea porque dadas las
circunstancias los recursos no sean un medio idóneo y oportuno, o porque
subsista al desatar el recurso la arbitrariedad judicial, eventos en los cuales
es procedente y necesaria la intervención del juez constitucional con el fin de
restablecer el derecho al debido proceso y proteger las garantías
constitucionales de quienes están llamados a participar en el debate judicial.
La
Sala Plena de la Corte Constitucional en Sentencia C-590 de 2005, reiterada
por  la sentencia de unificación SU-195 de 2012, señaló los requisitos de
naturaleza sustancial y procedimental, que deben cumplirse en el caso concreto
para la protección de los derechos fundamentales afectados por una providencia
judicial.
Así,
la Corte determinó que en el estudio de las acciones de tutela contra
providencia judiciales hay que observar dos tipos de requisitos: i) los que
determina la procedibilidad de la acción o causales generales de
procedibilidad, y ii) los presupuestos para que proceda el amparo, éstos
últimos contienen los defectos que desde el desarrollo inicial de la acción de
tutela se clasificaron como determinantes de la vía de hecho, y se analizan
actualmente en la categoría de requisitos específicos de procedencia de la
acción de tutela contra las decisiones judiciales.
Los
requisitos generales, que están relacionados con aspectos fácticos y de
procedimiento, que “buscan hacer compatible dicha procedencia con la
eficacia de valores de estirpe constitucional y legal, relacionados con la
seguridad jurídica, los efectos de la cosa juzgada, la independencia y
autonomía del juez, al igual que la distribución jerárquica de competencias en
la rama jurisdiccional”. Los requisitos específicos se refieren a los
defectos en que puede incurrir una decisión judicial y que hacen procedente el
amparo constitucional.
En
este orden de ideas, los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales son los siguientes:
“a. Que  la cuestión que se discuta resulte  de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a
estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones[4].
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable[5].
De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de
protección  alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de
las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional
todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración[6].
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o
aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y  seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que
la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna
y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7].  No obstante, de
acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa
humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la
incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del
juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8].
Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas
por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse
de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son
sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en
virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de
la sala respectiva, se tornan definitivas.”[10]
Los
requisitos específicos de procedencia del amparo frente a una providencia judicial,
esta Corte ha señalado que se requiere la configuración de al menos, uno de los
siguientes vicios:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello.
b. Defecto  procedimental absoluto, que se  origina cuando  el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales[11] o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
f.  Decisión  sin motivación, que  implica el incumplimiento  de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[12].
h. Violación directa de la Constitución.”[13]
Serán
estos los requisitos que se deberán tener en cuenta al momento de valorar la
procedibilidad de una acción de tutela contra providencias judiciales.
Defecto sustantivo
En atención al carácter normativo de la Constitución
corresponde a las autoridades interpretar y aplicar las normas con base a una
hermenéutica que tenga en cuenta el orden jurídico vigente y los valores,
principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de
Derecho. La autonomía del juez para elegir la norma aplicable al caso concreto
está sometida a las disposiciones constitucionales y las garantías fundamentales
de quienes intervienen en el trámite judicial. El incumplimiento de éste deber
configura un defecto en la decisión judicial.
Grosso modo este defecto existe
cuando la autoridad judicial emplea una norma inaplicable al caso concreto,
deja de aplicar la norma adecuada, o resuelve la Litis con base en una
interpretación manifiestamente inadecuada de la base legal señalada[14]. Cabe
recordar que la tutela contra
providencias judiciales no procede para debatir la interpretación de una norma,
“salvo que la opción hermenéutica escogida por el juez natural del conflicto
resulte insostenible porque: (i) entra en conflicto con normas
constitucionales, (ii) es irrazonable, pues la arbitrariedad de la actuación
lleva a una violación del debido proceso, (iii) es desproporcionada, lesiona
los intereses de una de las partes y esa afectación ostenta relevancia
constitucional, o (iv) es incompatible con la interpretación sentada en la
jurisprudencia uniforma de las altas cortes”[15].
Varios
supuestos caben dentro del concepto de defecto sustantivo en sentido estricto:
·
El fundamento de la decisión judicial es una norma inaplicable al
caso concreto por impertinente, porque no está vigente o
no existe, o porque viola la Constitución.
·
Se da aplicación a la norma bajo una
interpretación aislada o irrazonable de la misma, o cuando se
le otorga un alcance diverso del definido  por la autoridad judicial en sentencias con efectos erga omnes.
·
La decisión judicial no tiene en consideración la regulación
especial, específica y vigente contenida en una disposición aplicable al caso
concreto.
Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la
existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han
presentado anteriormente.
Defecto Procedimental Absoluto
Una de las garantías constitucionales del debido proceso es el
principio de legalidad procesal, consistente en que las diferentes etapas y actuaciones
a desarrollar dentro de los procesos está previamente definida por el
legislador, y solo ante el vacío legal, corresponde al funcionario judicial
señalar términos procesales, más no fijar procedimientos distintos o trámites
adicionales a los determinados en la ley para el desarrollo de las actuaciones
judiciales.
La necesidad de brindar seguridad jurídica a  los destinatarios  de
las normas procesales y fomentar la lealtad procesal, sin desconocer la
autonomía judicial ha llevado a conceder el  amparo por vía de tutela cuando
los funcionarios judiciales se apartan injustificadamente de las reglas
adjetivas que definen las diversas  etapas, cargas y deberes  procesales de
quienes intervienen ante los despachos judiciales para la defensa y protección
de sus derechos e intereses y exigen actuaciones procesales o cumplir cargas
procesales que no están señaladas en la ley;  suprimen de manera  caprichosa el
agotamiento de alguna etapa procesal o relevan sin razón objetiva a alguno  de
los sujetos  procesales de cumplir cargas u obligaciones procesales
absteniéndose de declarar las consecuencias jurídicas adversas por su omisión.
Los defectos en la aplicación del procedimiento hacen procedente
la acción de tutela, cuando comprometen los derechos de los sujetos procesales.
Existe defecto procedimental absoluto cuando:
·
El funcionario judicial aplica un trámite ajeno al
asunto sometido a su competencia;
·
No se agotan etapas sustanciales del procedimiento establecido,
·
Se eliminan trámites procesales vulnerando el derecho de defensa y
contradicción de una de las partes
·
Se suprimen oportunidades procesales para que las partes o
intervinientes en el proceso ejerzan las potestades otorgadas por el legislador
al regular el procedimiento.
2.4. Marco general de los derechos de las víctimas en la
Constitución Política y deber de garantía de sus derechos por las autoridades
judiciales.
Los
derechos constitucionales  de las víctimas  a la verdad, a la justicia, a la
reparación y las garantías de no repetición y el deber de las autoridades
judiciales de garantizarlos en todo el desarrollo de la actuación encuentra
fundamento en distintas disposiciones superiores: i) En el principio de
dignidad humana  (artículo1°), ii) En el  deber de las  autoridades de proteger
los derechos  de todos los  residentes en Colombia (artículo 2); iii) En las
garantías del debido proceso judicial  (artículo 29, CP); iv) La consagración
de los derechos de las víctimas como derechos de rango constitucional y la
obligación dentro del proceso penal por buscar la reparación y garantía de sus  derechos
(artículo 250  numerales 6 y 7); v) La integración del bloque de constitucionalidad
con los tratados internacionales sobre derechos  humanos ratificados por  Colombia
(artículo 93); vi) El derecho de acceso a la administración de justicia (artículo
229 CP) ; y el  deber de adoptar instrumentos de justicia transicional  que  garanticen  en el mayor nivel posible, los  derechos  de
las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación señalado en el artículo
transitorio  66 y el artículo 1  del Acto legislativo  01 del 31 de julio de
2012.
Dentro de los derechos incorporados en la Constitución
Política está el de acceso a la administración de justicia, el cual
logra materializarse mediante el establecimiento de herramientas jurídicas que
le permiten a las víctimas acercarse a la justicia penal para coadyuvar en el descubrimiento
de la verdad que le permitirá satisfacer éste derecho, y así lograr la sanción
de los responsables. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional la víctima
que se acerca al proceso penal no está legitimada solamente para plantear al
interior del mismo sus pretensiones de orden económico, sino también para
realizar en su desarrollo los demás derechos que la Constitución le reconoce:
la verdad y la justicia. Por lo anterior, es deber de los funcionarios
judiciales facilitar los medios para que las víctimas que intervienen en el
proceso tengan conocimiento del desarrollo del mismo, de las prerrogativas y
cargas procesales que tienen, e igualmente de garantizar en toda actuación el
respeto por sus derechos y su dignidad humana, evitando la revictimización. Así
mismo, considerar en sus actuaciones la condición de las víctimas y el deber de
protección especial que tienen frente a ellas.
Estos deberes de protección a las víctimas compromete
tanto a la Fiscalía General de la Nación, como al director del proceso penal,
el cual debe asegurar que tengan acceso al proceso y a través de él se logre la
tutela judicial efectiva. Así mismo se hace efectivo el derecho de acceso a la
administración de justicia mediante la observancia rigurosa del principio de
legalidad en la actuación procesal, proceder que le permite a los sujetos
procesales anticipar las consecuencias de sus acciones y omisiones frente a las
cargas procesales, y al mismo tiempo brinda seguridad jurídica respecto de la
actuación que le es posible realizar a los funcionarios judiciales en cada una
de las etapas del proceso.
En este sentido en la
sentencia C-180 de 2014, dijo esta Corte: “Para la Corte es claro que de
acuerdo al mandato constitucional consagrado en el artículo 250 en cita, a la
justicia penal no sólo le incumbe determinar si se cometieron conductas
punibles y las circunstancias en que éstas se cometieron, sino también atender
a las víctimas y procurar la efectividad de sus derechos dentro del proceso
penal cuando el afectado decide acudir a éste para reclamar la garantía y
protección de sus derechos. Ésta es la visión de la justicia penal que surge de
la misma adopción del modelo de Estado Social de Derecho, en el cual la
dignidad humana y los derechos que de ella dimanan son el fin y el fundamento
de las normas que se imponen para garantizar el cumplimiento de la ley y la
sanción de la infracción a la misma. En el Estado Social de Derecho las
víctimas son relevantes y su protección mediante la decisión del Juez penal
garantiza la efectividad de sus derechos, siendo éste uno de los fines
esenciales del Estado, conforme al artículo 2 de la Constitución Política”
Sobre la necesidad de garantizar la tutela judicial  efectiva
cuando la víctima decide acudir al proceso penal en sentencia C-454 de 2006,
dijo a Corte Constitucional: “La explícita consagración constitucional de la víctima como
sujeto que merece especial consideración en el conflicto penal, se deriva la
profundización de las relaciones entre el derecho constitucional y el derecho
penal del Estado social de derecho, que promueve una concepción de la política
criminal respetuosa de los derechos fundamentales  de todos los  sujetos e
intervinientes  en el proceso. Los intereses de la víctima, elevados a rango
constitucional se erigen así en factor determinante de los fines del proceso
penal que debe apuntar hacia el restablecimiento de la paz social. Esta
consagración constitucional  de la víctima  como elemento  constitutivo del sistema
penal, es así mismo coherente con los paradigmas de procuración de justicia
provenientes del derecho internacional,  que han sido  acogidos por  la  jurisprudencia
de  esta Corte tal  como se dejó  establecido en aparte anterior. La
determinación de una posición procesal de la víctima en el proceso penal
conforme a esos paradigmas, debe establecerse tomando como punto de partida
un sistema de garantías fundado en el principio de la tutela judicial efectiva,
de amplio reconocimiento internacional, y con evidente acogida constitucional a
través de los artículos 229, 29 y 93 de la Carta. Este principio que se
caracteriza  por establecer un sistema de garantías de naturaleza
bilateral. Ello implica que garantías como el acceso a la justicia (Art.229);
la igualdad ante los tribunales (Art.13); la defensa en el proceso (Art.29); la
imparcialidad e independencia de los tribunales; la efectividad de los derechos
(Arts. 2° y 228);  sean predicables tanto del acusado como de la víctima.”[16]
2.5. Buena fe, la confianza
legítima y respeto por el acto propio.
La Constitución Política, en el título
II, que se ocupa ‘De los derechos, garantías y deberes’, en el capítulo IV,
relativo a la protección y aplicación de los derechos, en el artículo 83
consagra el principio de buena fe, conforme al cual “Las actuaciones de los
particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de
la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten
ante éstas.”
Este principio que “dota de un determinado nivel
de estabilidad al tránsito jurídico, y obliga a las autoridades a mantener un
alto grado de coherencia en su proceder a través del tiempo.”[17], encuentra proyección en el desarrollo de los procesos penales, y
ha sido incorporado como un principio esencial en la normativa procesal en los
artículos 17 de la Ley 600 de 2000, y posteriormente en el artículo 12  de la
Ley 906 de 2004, que imponen a quienes intervienen en el proceso penal, obrar
con lealtad.
Dice el artículo 17 de la ley 600 de 2000, disposición aplicable
para el caso en estudio:
“Artículo 17. Lealtad. Quienes intervienen en la actuación procesal están
en el deber de hacerlo con absoluta lealtad y buena fe.
Deben obrar sin temeridad en el ejercicio de los
derechos y deberes procesales”
Y, en
concordancia con ello, el artículo 142 ibídem, impone a los servidores
judiciales la obligación de “1. Resolver
los asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la
ley y con sujeción a los principios y garantías que orientan el ejercicio de la
función jurisdiccional” y “2. Evitar la lentitud procesal, sancionando y
rechazando de plano las maniobras dilatorias o manifiestamente inconducentes y
así como todos aquellos actos contrarios a los deberes de lealtad, probidad,
veracidad, honradez y buena fe”.
Este principio constitucional se
materializa en la confianza legítima, que revela el respeto por la
institucionalidad, da seguridad y certidumbre a quienes deben interactuar con
las autoridades judiciales para la defensa o protección de sus derechos e intereses
dentro del proceso.
Por la confianza legítima en un
proceder coherente de los servidores judiciales, los usuarios de la
administración de justicia tiene la expectación que los jueces tomarán
decisiones con base en la ley y un grado de coherencia al interior de cada
proceso.
Supone entonces el principio de buena fe y el
deber de lealtad, que los funcionarios judiciales actuarán con respeto
por el acto propio, que, como se indicó en sentencia
T 672 de 2010:“El principio de respeto del acto propio opera cuando un
sujeto de derecho ha emitido un acto que ha generado una situación particular,
concreta y definida a favor de otro.  Tal principio le impide a ese sujeto
de derecho modificar unilateralmente su decisión, pues la confianza del
administrado no se genera por la convicción de la apariencia de legalidad de
una actuación, sino por la seguridad de haber obtenido una posición jurídica
definida a través de un acto que creó situaciones particulares y concretas a su
favor.  De ello se desprende que el respeto del acto propio comprende una
limitación del ejercicio de los derechos consistente en la fidelidad de los
individuos a las decisiones que toman, sin que puedan revocarlas por sí mismos,
más aún cuando el acto posterior se funde en criterios irrazonables,
desproporcionados o extemporáneos”[18]
Ha establecido esta Corporación que para concluir que determinada
actuación generó una situación de confianza legítima que impide desconocer su
propio acto, se “requiere de tres
condiciones: (i) una conducta inicial, relevante y eficaz, es decir, un acto o una serie de actos que
revelen la actitud de  una persona  respecto de intereses  vitales de  otra, de
donde surge la confianza en la seriedad de su proceder; (ii) una conducta
posterior y  contradictoria: puede tratarse  de una nueva conducta o de un acto
nuevo por el que se manifiesta una pretensión que, pudiendo ser lícita, resulta
inadmisible por ser opuesta a  la primera,  y por lesionar la confianza
generada por aquella. La confianza es en ese sentido, lo que caracteriza a la
primera  conducta;  en tanto que  la segunda, se determina por su  finalidad;
(iii) el  ejercicio de una  facultad o derecho subjetivo por quien crea la
situación litigiosa debido a la contradicción; (iv) la identidad del sujeto o
centros de interés que se vinculan en ambas conductas. Es decir, que el emisor
y receptor de la conducta sean los mismos.”[19]
2.6. Participación
de las víctimas en el proceso regido por la Ley 600 de 2000.
El proceso penal es uno de los espacios en los que las
víctimas pueden lograr la  realización  de sus  derechos a la  verdad, la  justicia
y  la reparación integral. Inicialmente la judicatura consideraba que podían
intervenir en el proceso penal siempre que  acudieran a él para  reclamar una
pretensión pecuniaria, esto es, una indemnización por los daños  sufridos por
el delito. Posteriormente y particularmente a partir de la sentencia C-228 de
2002, la Corte Constitucional advirtió que debe garantizarse a las víctimas la
participación dentro del proceso aunque no la anime un interés económico sino
la satisfacción de sus derechos a la verdad y a la justicia.
En la sentencia C-228 de 2002, dijo la Corte:
“Aun
cuando tradicionalmente la garantía de estos tres derechos le interesan a la
parte civil, es posible que en ciertos casos, ésta sólo esté interesada en el
establecimiento de la verdad o el logro de la justicia, y deje de lado la
obtención de una indemnización. Ello puede ocurrir, por citar tan sólo un
ejemplo, cuando se trata de delitos que atentan contra la moralidad pública, el
patrimonio público, o los derechos colectivos o donde el daño material causado
sea ínfimo –porque, por ejemplo, el daño es difuso o ya se ha restituido el
patrimonio público– pero no se ha establecido la verdad de los hechos ni se ha
determinado quién es responsable, caso en el cual las víctimas tienen un
interés real, concreto y directo en que se garanticen sus derechos a la verdad
y a la justicia a través del proceso penal.
No obstante, ello no significa que
cualquier persona que alegue que tiene un interés en que se establezca la
verdad y se haga justicia pueda constituirse en parte civil –aduciendo que el
delito afecta a todos los miembros de la sociedad– ni que la ampliación de las
posibilidades de participación a actores civiles interesados sólo en la verdad
o la justicia pueda llegar a transformar el proceso penal en un instrumento de
retaliación contra el procesado. Se requiere que haya un daño real, no necesariamente de contenido patrimonial, concreto y específico, que
legitime la participación de la víctima o de los perjudicados en el proceso
penal para buscar la verdad y la justicia, el cual ha de ser apreciado por las
autoridades judiciales en cada caso.[54] Demostrada la calidad de víctima, o en general que la persona ha
sufrido un daño real, concreto y específico, cualquiera sea la naturaleza de
éste, está legitimado para constituirse en parte civil, y puede orientar su
pretensión a obtener exclusivamente la realización de la justicia, y la
búsqueda de la verdad, dejando de lado cualquier objetivo patrimonial. Es más:
aun cuando esté indemnizado el daño patrimonial, cuando este existe, si tiene
interés en la verdad y la justicia, puede continuar dentro de la actuación en
calidad de parte. Lo anterior significa que el único presupuesto  procesal
indispensable  para  intervenir  en  el  proceso,  es  acreditar  el daño
concreto,  sin  que  se  le pueda  exigir una demanda tendiente a obtener la
reparación patrimonial.”(Resaltado fuera del texto)
De la mano de este avance en el reconocimiento de los
derechos de las víctimas, la jurisprudencia constitucional ha precisado que
éstas pueden intervenir y constituirse como parte civil dentro del proceso
regulado en la ley 600 de 2000, en cualquier momento, precisamente porque se
reconoce en ella otros intereses distintos al indemnizatorio dentro del proceso
penal. Fue así como en virtud de la sentencia C-760 de 2001, que declaró
parcialmente inexequible el artículo 47 de la Ley 600 de 2000 se eliminaron las
barreras temporales para su intervención.
3. Estudio
del caso concreto
3.1.
Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela.
Previamente
a examinar si en el presente evento se configuran o no las causales específicas
de procedencia de la tutela contra la decisión judicial adoptada por el Juzgado
Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá en la audiencia celebrada el
26 de agosto de 2015, corresponde a la Sala examinar si se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de ésta acción pública contra la
providencia judicial en cita, de modo que de superarse los mismos, la Sala pasará
a abordar el análisis de los defectos alegados por la accionante.
i)
Relevancia constitucional del asunto sometido a estudio del juez de tutela.
La
solicitud de amparo se fundamenta en la presunta inobservancia de las reglas
que integran el debido proceso porque encontrándose la actuación penal Nº1942A
en etapa de juicio dentro de la audiencia preparatoria, el Juzgado Séptimo
Penal del Circuito Especializado de Bogotá decidió negar la condición de sujeto
procesal y excluir del proceso a la accionante, porque en su criterio la señora
Gloria Cecilia Krog debió presentar demanda de constitución de parte civil en
esa actuación, no obstante haberse reconocido como parte civil en el proceso
que dio origen a la nueva investigación penal.
Con
ésta conducta, señala la tutelante se le están violando sus derechos
constitucionales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y
quebrantando la confianza legítima. Plantea entonces la parte accionante una
confrontación entre la decisión judicial mencionada y las garantías
constitucionales del debido proceso y los derechos que tiene a la verdad,
reparación integral y a la justicia.
ii)
Agotamiento previo de los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios.
En
el presente evento la accionada, mediante apoderado, interpuso recurso de
apelación contra la decisión adoptada por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito
Especializado de Bogotá, el cual fue concedido en el efecto devolutivo. Así,
aunque en principio puede sostenerse que no se cumple este requisito, como lo
considera el a quo, la verificación del ejercicio del derecho de contradicción
mediante la interposición de la apelación demuestra que la accionante hizo uso
de los mecanismos ordinarios de defensa, al interponer el recurso, el cual ha
resultado ineficaz para la protección efectiva de sus derechos dado que el
proceso penal sigue avanzando en la etapa de juicio, sin que sus solicitudes
probatorias hayan sido consideradas por el juzgado de conocimiento, y por tanto,
se hubiera decretado la práctica de pruebas para ser recaudadas en el juicio.
La
interposición de la acción de tutela en éste evento, conforme lo señaló la
accionante obedece a la necesidad de que se adopten medidas urgentes para la
protección de los derechos fundamentales de la accionante dentro de actuación
penal que avanza y en la cual se siguen agotando etapas luego de haberse
excluido a la tutelante como parte civil.
Cabe
recordar que de acuerdo a lo dispuesto por los
artículos 86 de la Carta Política y 6º del Decreto 2591 de 1991, la acción de
tutela es un mecanismo judicial para la protección inmediata de los derechos
fundamentales, de carácter subsidiario, que de manera
excepcional ante la existencia en el ordenamiento de mecanismos de defensa
puede prosperar si éstos no son eficaces para la tutela judicial
inmediata que se requiere[20],
como sucede en éste evento.
Es
del caso señalar que según lo informó el apoderado de la tutelante en escrito
radicado en noviembre de 2015, los días 19 y 20 de octubre del mismo año el
Juzgado accionado inició la audiencia de práctica de pruebas en el juicio, sin
la intervención de la parte civil y para el mes de enero de 2016 se programó
otra ausencia con el mismo objetivo, lo cual pone en evidencia la generación de
un perjuicio irremediable que se concreta en la imposibilidad de intervenir en
el juicio y en el mismo hacer valer sus derechos como víctima, que autoriza la
intervención excepcional y como mecanismo transitorio del juez constitucional
para la defensa de los derechos de la víctima del punible.
En
síntesis, en éste caso la accionante ha hecho uso del mecanismo ordinario de
defensa que tiene al interior del proceso penal para la defensa de los derechos
fundamentales que estima quebrantados, pero éste no ha sido eficaz para garantizarle
el acceso a la administración de justicia, por cuanto el Tribunal en segunda
instancia pasados varios meses no ha decidido la apelación que oportunamente
presentó, razón por la cual es viable examinar la procedencia del amparo como
mecanismo transitorio, mientras dicha Corporación resuelve el recurso de alzada.
iii)
Inmediatez.
La
acción de tutela se interpuso el 10 de septiembre de 2015, es decir, días
después de la audiencia preparatoria en la que el Juzgado accionado adoptó la
decisión judicial cuestionada, por lo cual se cumple con el requisito de
inmediatez.
iv)
Incidencia de la irregularidad procesal, cuando ésta se aduce, en la decisión
judicial que se cuestiona.
En el presente evento en la solicitud de
tutela el accionante señala que se
configura un defecto procedimental consistente en que el Juzgado Séptimo Penal del
Circuito Especializado de Bogotá adoptó en la audiencia preparatoria una
decisión ajena al objetivo de la misma, que es decretar las pruebas y resolver
las nulidades, y  a pesar de advertir que no hay irregularidad que constituya
causal de nulidad, aprovechó esta etapa procesal para excluir a la accionante
como parte civil en el proceso. De esta forma las irregularidades relacionadas
con la competencia y facultades que tenía ese despacho judicial en la vista
pública determinaron que en desarrollo de la misma el juzgado adoptara la
decisión cuestionada e impidiera desde ese momento la participación de la
víctima dentro del proceso, asunto que además trae como consecuencia que sus
pretensiones no sean consideradas en el juicio, y por consiguiente en la
sentencia.
Además,
cabe señalar que la petición de amparo se basa también en la violación del
debido proceso por configuración de defecto sustantivo por ausencia de
fundamento normativo y violación directa de la Constitución al impedir a la
víctima la continuidad de su participación dentro del proceso penal.
v)
Identificación de los hechos que generan la vulneración de sus derechos y que,
de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso judicial.
Como
hechos que generan la vulneración del derecho al debido proceso, la accionante
señala la adopción de una decisión judicial sin fundamento normativo, el
desconocimiento infundado de su calidad de parte civil dentro del proceso,
condición adquirida dentro de la actuación penal inicial y la restricción del
derecho que tiene como víctima a participar en la investigación del homicidio
de su compañero para contribuir en el esclarecimiento de la verdad y la
realización del derecho a la justicia. Estos hechos fueron planteados dentro
del proceso en la sustentación del recurso de apelación.
vi)
El fallo censurado no es de tutela.
Se trata de una decisión judicial adoptada el 26 de agosto de 2015 dentro de la
audiencia preparatoria realizada en el juicio seguido contra Jorge Eliecer
Plazas Acevedo por el delito de homicidio, cometido sobre la persona de Jaime
Hernando Garzón Forero.
3.2.
Estudio concreto de los defectos atribuidos a la providencia judicial
cuestionada.
Como
se manifestó en precedencia, la acción de tutela que ahora se resuelve plantea los
siguientes problemas jurídicos a la Sala de Revisión:
i)
Establecer si el Juzgado Séptimo
Penal del Circuito Especializado de Bogotá, incurrió en defecto sustantivo por
ausencia de fundamento normativo, al excluir del proceso a la accionante y
ordenarle la presentación de demanda de constitución de parte civil para poder
participar en el proceso, en el cual venía interviniendo desde su inicio y
hasta la audiencia preparatoria en la cual se produjo la decisión judicial
cuestionada.
ii)
Determinar si el mencionado
despacho judicial incurrió en defecto sustantivo por violación directa de la
Constitución, particularmente de los derechos reconocidos en la Carta Política a
las víctimas, porque impidió a la accionante continuar interviniendo como
víctima en el proceso, y omitió considerar sus solicitudes probatorias.
Pasa
la Sala a resolver los problemas jurídicos.
3.2.1.  Defecto sustantivo en la decisión judicial que aparta
del proceso a la accionante porque no presentó demanda de constitución de parte
civil en desarrollo del proceso 1942A.
El primer defecto señalado por la
accionante consiste en que la decisión judicial de excluirla como parte civil
se funda en una norma inexistente, dado que no hay una norma que en caso de
ruptura de la unidad procesal imponga a la parte civil presentar de nuevo la
demanda de constitución para continuar participando en la investigación del
delito del cual es víctima, luego de la ruptura procesal.
El Juzgado accionado sustenta la decisión
adoptada en que existe una irregularidad en el trámite del proceso consistente
en que se dio la calidad de parte civil y sujeto procesal a la accionante sin
que hubiera presentado demanda de parte civil dentro de la actuación seguida
contra Jorge Eliecer Plazas Acevedo. El despacho judicial tiene como
presupuesto que el proceso 1942A inicia con base en una compulsación de copias
y no por la ruptura de la unidad procesal.
Esta afirmación no es de recibo por
cuanto desconoció el Juzgado que la accionante se constituyó como parte civil
dentro del expediente Nº 564, radicado bajo el cual se inició la investigación
del homicidio de Jaime Hernando Garzón Forero y de la cual se derivó la
investigación radicada con el número 1492 contra José Miguel Narváez Martínez
luego de la ruptura generada por la necesidad de continuar investigando el mismo
delito para establecer la responsabilidad de otras personas.
Así, aunque en las decisiones judiciales
no se hubiere explicado que la compulsación de copias ordenada el 10 de marzo
de 2004 se produce en virtud de la primera ruptura de la unidad procesal, que
para este caso, encuentra fundamento en el artículo 92, numeral 6 de la Ley 600
de 2000[21],
era evidente que en este caso no se trataba de dar inicio a la indagación de
una conducta punible nueva o diferente a la que se venía investigando dentro
del radicado 564, y por tanto en realidad se produjo la ruptura de la unidad
procesal para dar continuidad a la investigación de la muerte de Jaime Garzón
Forero, después de la primera sentencia contra algunos de los responsables,
actuación penal en la cual la accionante ya había sido reconocida como parte
civil y venía participando de manera activa como sujeto procesal y víctima del
reato.
Tampoco consideró el Juzgado Séptimo
Penal del Circuito Especializado de Bogotá, que luego se produjo una segunda
ruptura de la unidad procesal ante la necesidad una vez más de proseguir con la
investigación para esclarecer la responsabilidad de otras personas en el
homicidio del señor Garzón Forero.
En efecto, el sumario contra Plazas
Acevedo nace a partir de la decisión adoptada por la Fiscalía 13 de la Unidad
de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del 17 de junio de
2011, al calificar el mérito del sumario radicado 1942 con resolución de
acusación contra José Miguel Narváez Martínez como presunto determinador del
delito de homicidio agravado con fines terroristas sobre la humanidad de Jaime
Garzón Forero, momento en el cual resuelve continuar la investigación de
otros posibles responsables bajo en radicado 1942A.
Esta situación se enmarca dentro de los
eventos que conforme al artículo 92 de la ley 600 de 2000 da lugar a la ruptura
de la unidad procesal. Dice esta disposición que no se conservará la unidad
procesal: “2. Cuando la resolución de cierre de investigación sea parcial o
la resolución de acusación no comprenda todos las conductas punibles o a todos
los autores o partícipes”.
En este orden, existe un defecto  sustantivo
en  la sustentación de la  decisión adoptada por el juzgado accionado el 26 de
agosto de 2015, al no tener en cuenta que se produjo una ruptura de la unidad
procesal en la investigación iniciada por el delito de homicidio del señor
Garzón Forero bajo el radicado 564 que tuvo continuidad en el proceso 1942 y
luego en virtud de una segunda ruptura de la unidad procesal, en la actuación
radicada 1942A, las cuales ocurrieron en virtud de las causales señaladas en
los numerales 2 y 6 del artículo 92 de la Ley 600 de 2000, como se indicó
anteriormente.
El error en la aplicación de las causales
de la norma en cita, llevaron a restarle validez y eficacia al reconocimiento
que el 3 de marzo de 2000 se hizo de la accionante como parte civil dentro de
la investigación por el homicidio de Jaime  Garzón Forero y considerar que  su
intervención  dentro del proceso Nº1942A era  irregular, cuando  en realidad  su
condición había sido reconocida desde el inicio de la investigación de ese
delito.
El defecto  sustantivo que  se configura  en
este caso  al no dar  aplicación a las definición legal de los casos de ruptura
de la unidad procesal contenidos en el artículo 92 de la ley  600 de 2000,  desencadenó
la violación de otros derechos además del debido proceso. En efecto, los
derechos de la accionante a la justicia y a la verdad están siendo afectados
como consecuencia de la restricción del acceso a la administración de justicia
hasta tanto vuelva a presentar la demanda y que ésta sea admitida, ignorando
que la señora Gloria Cecilia Krog Hernández es una víctima que ya ha sido
reconocida como parte civil y que de ello había evidencia dentro del plenario.
En efecto, el juzgado en la audiencia
preparatoria deja constancia que revisó el expediente y pudo constatar que en
él se encontraba la copia de la demanda de constitución de parte civil
presentada dentro de la actuación penal Nº564 y el reconocimiento que hizo la
fiscalía en ese momento a Gloria Cecilia Hernández Prieto (hoy Gloria Cecilia
Krog Hernández) como parte civil pero no le dio efecto en la investigación
1942A porque erradamente consideró que se trataba de un proceso nuevo,
diferente e independiente del anterior y no de uno que daba continuidad a la
investigación del homicidio cometido en la persona de Jaime Garzón Forero,
compañero de la accionante.  Por ello el Juzgado a pesar de saber que en el
plenario estaba la demanda de parte civil no advirtió que esa prueba documental
acreditaba la condición de sujeto procesal de la accionante que la habilitaba para
intervenir en el proceso penal.
Dado que no hay fundamento legal para que
el Juzgado accionado considere que la víctima pierde la calidad de parte civil
para reclamar sus derechos a pesar de que se encuentre reconocida como tal en
la investigación de la conducta penal respecto de la cual se acredita la
condición de víctima, y tampoco para que le exija a la accionante la
presentación nuevamente de la demanda de constitución de parte civil en cada
uno de los procesos que dan continuidad al inicial, a juicio de la Sala Octava de
Revisión se configura un defecto sustantivo por imponer a la víctima el
cumplimiento del requisito señalado en el artículo 48 de la ley 600 de 2000, no
obstante haberlo hecho desde los albores de la investigación del homicidio de
quien fuera su compañero.
Para
la Sala es claro que tratándose de la investigación de un mismo hecho generador
del daño, ante cada ruptura procesal la víctima no está obligada a solicitar de
nuevo que sea reconocida como tal y considerada como parte civil.
3.2.2.  Defecto procedimental absoluto en el trámite de la
audiencia preparatoria.
1. A través de la decisión censurada el Juzgado
Séptimo Penal del Circuito especializado establece la necesidad de agotar un
procedimiento para el reconocimiento de la condición de parte civil no
establecido en la ley, porque exige a la víctima presentar tantas demandas de
constitución de parte civil como procesos existan para la investigación de los
responsables de la comisión de una misma conducta punible, aunque se le haya
reconocido esta condición dentro de la investigación que dio origen a las
demás, y la demanda y el auto que la admite hayan sido incorporada a cada uno
de los expedientes, como si la calidad de parte civil se perdiera con la
ruptura de la unidad procesal.
En efecto, el juez niega la condición de sujeto
procesal a la accionante, no obstante ya encontrarse constituida y haber sido
reconocida como parte civil dentro de la investigación que se adelanta por el
homicidio de quien fuera su compañero Jaime Garzón Forero. La exigencia de este
requisito de trámite viola el derecho al debido proceso de la señora Gloria
Cecilia Krog Hernández al imponerle agotar un trámite no impuesto en el
ordenamiento procesal penal.
2. El Juez Séptimo Penal del Circuito Especializado en
la decisión adoptada el 26 de agosto de 2015 crea una nueva consecuencia jurídica
cuando dentro en el proceso penal se presentan situaciones extraordinarias que
no afectan la validez de lo actuado.
En efecto, aunque el funcionario judicial sostiene que
la intervención de la señora Gloria Cecilia Krog Hernández en esta actuación
era irregular, pero que se encuentra saneada, por lo cual no ordena la nulidad
de lo actuado, le establece como consecuencia la exclusión del proceso.
Esa medida tan drástica y nociva para los derechos de
la parte accionante, además de resultar incomprensible porque se fundamenta en
que la participación de la víctima no da lugar a anular el proceso pues no
afecta el debido proceso, carece por completo de base normativa.
El régimen procesal de las nulidades determina que
cuando el funcionario judicial se encuentra en el momento procesal de sanear el
proceso con miras a avanzar en la etapa final y así poder dictar sentencia en
un proceso que no esté afectado por nulidad se puede encontrar frente a las
siguientes hipótesis:
i) existen irregularidades insustanciales que no
afectan la validez del proceso, supuesto en el cual la actuación debe seguir su
curso por el carácter insubstancial del hecho; o
ii) Pero si el funcionario judicial establece que la
irregularidad incide en el desarrollo posterior de la actuación debe optar por
alguna de dos alternativas:
1- Tomar las medidas necesarias para subsanarlo y
seguir adelante; o
2- Si no es posible lo anterior, el juez debe declarar
la nulidad desde el momento en que se generó el hecho constitutivo de causal y
ordenar se rehaga el proceso.
En este sentido, el artículo 310 de la Ley 600 de
2000, al determinar los principios que rigen la ineficacia de los actos
procesales señala que:
“1. No se declarará la invalidez de un
acto cuando cumpla la finalidad para la cual estaba destinado, siempre que no
se viole el derecho a la defensa.
2. Quien alegue la nulidad debe
demostrar que la irregularidad sustancial afecta garantías de los sujetos
procesales, o desconoce las bases fundamentales de la instrucción y el
juzgamiento.
3. No puede invocar la nulidad el
sujeto procesal que haya coadyuvado con su conducta a la ejecución del acto
irregular, salvo que se trate de la falta de defensa técnica.
4. Los actos irregulares pueden
convalidarse por el consentimiento del perjudicado, siempre que se observen las
garantías constitucionales.
5. Sólo puede decretarse cuando no
exista otro medio procesal para subsanar la irregularidad sustancial.”
Aunque en su decisión el juez accionado expresa que la
irregularidad es insubstancial, que ha sido saneada, que no afectó el
desarrollo del debido proceso pues se cumplió con la finalidad y que por tanto
no declara la nulidad, si señala como consecuencia la exclusión del proceso de la
parte civil, opción que no le brinda la ley procesal, y que por el contrario,
como se advirtió en precedencia desconoce los derechos de la señora Gloria
Cecilia Krog Hernández como víctima a acceder al proceso penal, para obtener
justicia, reparación integral y verdad.
Observa la Sala de Revisión que la
determinación del Juez es contradictoria en si misma si se tiene en cuenta que
en los fundamentos el funcionario judicial sostiene que : “Más si tenemos en cuenta que por parte de la defensa
se guardó silencio, lo cual se traduce en su aceptación y por ende
convalidación en toda la actuación, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 310-1 de la Ley 600 de 2000, lo cual comporta que no es procedente la
declaratoria de nulidad, ya que la defensa participó en todos los actos
procesales y tuvo la oportunidad de ejercer a plenitud el derecho de defensa.
Tan claro es ello que el mismo defensor lo reconoce en su escrito de solicitud
de pruebas.”
La argumentación anterior conduciría a seguir adelante
con el juicio y a pronunciarse sobre las solicitudes probatorias de la parte
civil, sin embargo el juzgado accionado en un giro conceptual difícil de
comprender, incoherente y cuestionable desde la lógica, resuelve excluir del
proceso a quienes venían actuando como parte civil y continuar adelante con la
causa, sin dar espera a que el superior definiera el recurso de apelación
interpuesto por la accionante.
Situación ésta por la que, se insiste, es  urgente
la adopción de medidas  para garantizar los derechos  de la víctima y en
consecuencia  hace viable el amparo como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
En este orden, la actuación del Juzgado accionado es
extraña al ordenamiento procesal penal, configurándose un defecto procedimental
absoluto.
De otra parte, y aunque se considerara en
gracia de discusión que la parte civil dentro del proceso penal está obligada a
presentar demanda de constitución de  parte civil  en todos los  procesos en  los
cuales se investigue una misma conducta y surjan de uno inicial en que ha sido
reconocida como sujeto procesal, ante esta situación el despacho judicial
demandado no podía simplemente excluirlo del proceso en manifiesta violación de
su derecho a la justicia, sino que, dado que, conforme a la normativa antes
citada podía constituirse  como sujeto  procesal en cualquier momento, la juez
podía dentro de la misma audiencia  preparatoria disponer que se formulara la
demanda y allí mismo resolver sobre la misma.
La Juez Séptima Penal Especializada del Circuito de
Bogotá, desconoció que como servidora judicial y directora del proceso tenía la
obligación de  corregir los actos irregulares, respetando siempre los
derechos y garantías de los sujetos procesales, y de hacer prevalecer el
derecho sustancial, de conformidad con los artículos 15 y 16 de la Ley 600 de
2000[22].
La
ley, entonces, obligaba al despacho judicial para optar por otra actuación
distinta a la exclusión del proceso y coherente con el deber constitucional de
proteger a las víctimas y garantizarles el acceso a la administración de
justicia, consistente en subsanar de inmediato la formalidad, la cual él mismo
despacho califica de insustancial, y hacerlo en ese momento no implicaba la
desprotección o violación del derecho de los demás sujetos procesales, en tanto
estaba dada la posibilidad de que ejercieran la contradicción y defensa
respecto de las pretensiones y argumentos que la parte civil planteara dentro
del proceso.
3.2.3.  Violación
del debido proceso por defecto sustantivo  por violación directa de la
Constitución que se ocasiona al no pronunciarse
sobre las solicitudes probatorias de la parte civil dentro de  la audiencia  preparatoria
y  desconocer el derecho que le asiste  a la  víctima  de intervenir  dentro
del  proceso penal.
Finalmente,
la accionante concluye que la fundamentación de la decisión judicial, así como
el procedimiento utilizado para adoptarla constituyen vías de hecho que afectan
los derechos fundamentales de la parte civil.
Como
quedó expuesto, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá,
carecía de fundamentos fácticos y jurídicos para negarle a la accionante la
condición de parte civil que le había sido reconocida desde el inicio de la
investigación del delito, así como para  no tramitar las solicitudes procesales
de la parte civil y excluirla del juicio.
La
decisión adoptada no solo tiene alcance procesal dentro del juicio penal dado que
involucra el quebrantamiento de los derechos constitucionales a la verdad,
justicia y reparación que en su condición de víctima tiene la señora Gloria
Cecilia Krog Hernández, y que debían ser garantizados por el juez de
conocimiento.
Ignoró
el despacho judicial accionado que como víctima la tutelante tiene derecho de
acceso a la administración de justicia y, si bien su intervención está sometida
a reglas procesales, los servidores judiciales no pueden imponer condiciones o
requerimientos adicionales para permitirle el acceso al proceso penal.
De hecho, cabe resaltar que la
accionante como parte civil venía interviniendo en el proceso
1942A en forma activa, y fue así como al correrle traslado como sujeto procesal
-traslado que el mismo Juzgado accionado le hizo-, presentó solicitudes
probatorias dentro de la oportunidad señalada para el efecto, con el fin de
contribuir al esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables.
Por
las razones expuestas, para esta Sala de Revisión existe defecto sustantivo en
la providencia ahora atacada, que impone adoptar medidas provisionales y
urgentes encaminadas a garantizar los derechos de la víctima dentro del proceso
penal 1942A adelantado por el homicidio de Jaime Hernando Garzón Forero.
En
este sentido la protección mediante esta acción es procedente toda vez que: (i) el mecanismo ordinario de defensa no es suficientemente idóneo y
eficaz para garantizar la protección de los derechos de la tutelante a la
verdad, justicia y reparación, debido proceso y de acceso a la administración
de justicia; (ii) se requiere el amparo constitucional como mecanismo
transitorio, pues, de lo contrario, la accionante continuará viéndose afectada
por el perjuicio derivado del avance del juicio sin su participación, ni la
práctica de las pruebas que pidió por estimar necesarias para proferir
sentencia; y, (iii) la accionante,
por su condición de víctima del delito de homicidio de su compañero Jaime
Garzón Forero, es sujeto de especial protección constitucional.
En
tal virtud se dispondrá suspender los efectos  de las  decisiones adoptadas
respecto de la parte civil por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito
Especializado de Bogotá, el 26 de agosto de 2015, dentro de la audiencia
preparatoria, mientras el ad quem resuelve la apelación interpuesta por
las  mismas, y se  ordenará al  mencionado despacho  judicial que
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
sentencia  dicte providencia  mediante la  cual reconozca a la accionante como
sujeto procesal, de modo que permita y
garantice la participación de quienes fueron reconocidos como parte civil
dentro de la investigación adelantada por el homicidio de Jaime Garzón Forero
durante el juicio y les permita el ejercicio de todos los derechos que les
asisten como sujetos procesales.
Así mismo, para el restablecimiento de
los derechos fundamentales quebrantados, dado que el amparo se concede de
manera transitoria mientras el Tribunal decide en segunda instancia el
mecanismo ordinario de defensa  promovido por  la parte civil  contra la
decisión  judicial acusada, se ordenará al despacho judicial accionado que en
el mismo término y respetando las garantías procesales de todos los sujetos
procesales, el Juzgado accionado se pronuncie  sobre las pruebas  solicitadas
por la parte civil, y le garantice el ejercicio  de todos  los derechos que
como sujeto procesal y víctima tiene dentro de la actuación penal.
Síntesis de la decisión
La Sala Octava de Revisión, con base en los hechos demostrados
dentro del expediente determinó que dentro del proceso penal adelantado por el
homicidio de Jaime Hernando Garzón Forero se desconocieron los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la señora Gloria
Cecilia Krog Hernández, compañera del occiso, dado que en desarrollo de la
audiencia preparatoria el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de
Bogotá, la excluyó del proceso penal y le negó la condición de sujeto procesal porque
dentro del expediente radicado 1942A, iniciado a petición de la misma
tutelante, no presentó la demanda de constitución de parte civil. Al hacer esta
exigencia, determinó la Sala de Revisión, el despacho judicial incurrió en un
defecto sustantivo dado que desconoció que la accionante ya había presentado
demanda de parte civil y ésta se había admitido dentro de la investigación
inicial Nº564 adelantada por la referida conducta punible, la cual continuó
bajo el radicado 1942 y posteriormente bajo la radicación 1942A, en virtud de
la ruptura de la unidad procesal derivada de la condena a uno de los
coparticipes, en el primer evento, y de la acusación contra algunos de los
presuntos responsables en el segundo.
En este caso, el desconocimiento de la ruptura de la unidad
procesal que llevaba a darle validez y efectos a la demanda de constitución de
parte civil inicialmente presentada, así como la exigencia de radicar una nueva
para cumplir lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 600 de 2000, concluyó la
Sala de Revisión, constituyen defectos sustanciales que afectan el debido
proceso.
Como quiera que la exclusión del proceso penal también desconoce
los derechos de acceso a la administración de justicia y a la verdad que tiene
la accionante como víctima, también se configura un defecto sustantivo por violación
directa de la Constitución, pues el funcionario accionado ignoró que las
víctimas tienen derecho a participar dentro del proceso penal y que debía
garantizarle las oportunidades y mecanismos necesarios para su intervención
ante la justicia penal.
Para la Sala de Revisión aunque en este momento está en curso el
trámite del recurso de apelación contra la providencia judicial censurada en el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, existe un
perjuicio irremediable que habilita la intervención excepcional del juez
constitucional para la protección de los derechos de Gloria Cecilia Krog
Hernández como víctima, ante el avance del proceso sin que exista un
pronunciamiento de la segunda instancia sobre la apelación interpuesta contra la
decisión de excluirla de la actuación, no obstante haberse vencido los términos
señalados en la ley para desatar la alzada contra el auto interlocutorio
proferido por el Juzgado accionado en la audiencia preparatoria del 26 de
agosto de 2015.
En este caso, advierte la Sala, el recurso de apelación resulta
ineficaz ante la urgencia que demanda la intervención para restablecer los
derechos de la accionante dentro del proceso penal, por lo cual el amparo se
concede como mecanismo transitorio, mientras el juez natural resuelve la
segunda instancia. En consecuencia la Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional ordena suspender los efectos de la decisión
del 26 de agosto de 2015 del Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado
de Bogotá, de excluir del proceso 1942A seguido contra Jorge Eliecer Plazas Acevedo, a la señora
Gloria Cecilia Krog Hernández como parte civil, y en consecuencia ordena al
Juzgado que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta sentencia dicte providencia mediante la cual reconozca a
la accionante como sujeto procesal y se pronuncie sobre las pruebas solicitadas
por la parte civil.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR la sentencia  proferida
el 29  de octubre  de 2015  por la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que  confirmó  el  fallo pronunciado
el 23 de  septiembre de 2015 por el  Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá, que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por Gloria
Cecilia Krog Hernández contra el Juzgado Séptimo Penal del Circuito
Especializado de Bogotá, y en su lugar CONCEDER de manera provisional y
mientras el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal,
decide el recurso de apelación interpuesto por la accionante, el amparo de sus
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido
proceso.
Segundo. En consecuencia, SUSPENDER
los efectos de la  decisión del 26 de agosto de 2015 del Juzgado Séptimo Penal  del
Circuito  Especializado de Bogotá, de excluir del proceso 1942A seguido contra Jorge Eliecer Plazas Acevedo, a la señora
Gloria Cecilia Krog Hernández como parte civil, y  en consecuencia  ORDENAR
al Juzgado que  dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta sentencia dicte providencia mediante la cual reconozca a
la accionante como sujeto procesal y se pronuncie sobre las pruebas solicitadas
por la parte civil.
Tercero. Advertir al Juzgado Séptimo Penal del
Circuito Especializado de Bogotá, que debe respetar y garantizar el ejercicio
efectivo de los derechos de las víctimas durante todo el desarrollo de la
actuación penal que adelanta.
Cuarto. Líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, Notifíquese, insértese en la gaceta de la Corte
Constitucional y Cúmplase,
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con aclaración de voto
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
A LA SENTENCIA T-174/16
PRINCIPIO DE PARTICIPACION EN DERECHO DE VICTIMAS EN PROCESO
PENAL-Se debió dictar como medida provisional la suspensión
de la etapa de juicio o de la providencia atacada, hasta tanto se dictara la
sentencia de revisión de tutela (Aclaración de voto)
La
Sala debió dictar como medida provisional la suspensión de la etapa de juicio o
de la providencia atacada, hasta tanto se dictara la sentencia de revisión de
tutela, como lo solicitó el apoderado de la actora desde la interposición de la
tutela. Como no lo hizo, el trámite penal continuó su curso sin la
participación de la peticionaria y sin la incorporación de las pruebas pedidas
por la parte civil, lo que le impidió intervenir en etapas, relevantes del
proceso que podrían repercutir en el sentido de la sentencia y, de contera, en
la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación
Referencia.
T-5.255.735
Acción de tutela
de Gloria Cecilia Krong Hernández contra el Juzgado Séptimo Penal Especializado
del Circuito de Bogotá.
Magistrado ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Con el respeto acostumbrado por las
decisiones de la Corte, me permito aclarar el voto en el asunto de la
referencia.
Acompaño la Sentencia T-174 de 2016 en
tanto tuteló los derechos fundamentales al acceso a la administración de
justicia y al debido proceso de la señora Gloria Cecilia Krog Hernández,
vulnerados por el Juzgado Séptimo Penal Especializado del Circuito de Bogotá al
abstenerse de resolver sobre la solicitud de pruebas que la actora realizó como
parte civil en el juicio que se sigue contra el coronel (r) del Ejército
Nacional Jorge Enrique Plazas Acevedo por su presunta responsabilidad en el
homicidio de Jaime Hernando Garzón Forero.
Pese a que los derechos conculcados
fueron protegidos en la sentencia al ordenar al juzgado accionado que
reconociera a la peticionaria como sujeto procesal y se pronunciara sobre las
pruebas pedidas por la parte civil, aclaro mi voto, pues en mi criterio la Sala
debió dictar como medida provisional la suspensión de la etapa de juicio o de
la providencia atacada, hasta tanto se dictara la sentencia de revisión de
tutela, como lo solicitó el apoderado de la actora desde la interposición de la
tutela.
Como no lo hizo,
el trámite penal continuó su curso sin la participación de la peticionaria y
sin la incorporación de las pruebas pedidas por la parte civil, lo que le
impidió intervenir en etapas, relevantes del proceso que podrían repercutir en
el sentido de la sentencia y, de contera, en la garantía de los derechos a la
verdad, justicia y reparación.
Cabe destacar que estas observaciones
fueron puestas a consideración de la Sala. Sin embargo, la mayoría tuvo otra
apreciación. Por esa razón, aclaro mi voto.
ÇFecha ut supra,
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
[1] Cfr. Sentencias T-307 de 2011, T-265 de 2013 y las sentencias de
unificación, SU-917 de 2013, SU-918 de 2013, SU-949 de 2014, SU 950 de 2014,
entre otras.
[2] Cfr. Sentencias T-231 de 1994 y T-008 de 1998.
[3] En este sentido, por ejemplo las sentencias T-1031 de 2001 y
T-774 de 2004 señalaron: “No sólo se trata de los casos en que el juez impone,
de manera grosera y burda su voluntad sobre el ordenamiento, sino que incluye
aquellos casos en los que se aparta de los precedentes sin argumentar
debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad interpretativa se desborda
en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados (arbitrariedad).
Debe advertirse que esta corporación ha señalado que toda actuación estatal,
máxime cuando existen amplias facultades discrecionales (a lo que de alguna manera
se puede asimilar la libertad hermenéutica del juez), ha de ceñirse a lo
razonable. Lo razonable está condicionado, en primera medida, por el respeto a
la Constitución”.
[4]  Sentencia 173 de 1993.
[5] Sentencia T-504 de 2000.
[6] Ver entre otras la reciente Sentencia T-315 de 2005
[7] Sentencias T-008 de 1998 y SU-159 de 2000
[8] Sentencia T-658 de 1998
[9] Sentencias T-088 de 1999 y SU-1219 de 2001
[10] Sentencia C-590 de 2005, reiterada por la
Sentencia SU-195 de 2012
[11] Sentencia T-522 de 2001
[12] Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001;
T-1625de 2000 y T-1031de 2001.
[13] Sentencia C-590 de 2005, reiterada por la
Sentencia SU-195 de 2012
[14]
SU-195-2012
[15] Cfr. Sentencia SU-949 de  2014
[16]
En sentencia T- 247 de 2007, sobre la procedencia del amparo constitucional de
éste derecho dio la corte “El derecho a la tutela judicial efectiva
comprende no solo la posibilidad que se  reconoce a las personas, naturales o
jurídicas, de demandar justicia ante las autoridades judiciales del Estado,
sino, también, la obligación correlativa de éstas, de promover e impulsar las
condiciones para que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea
real y efectivo. Así, ha dicho la Corte que “[n]o existe duda que cuando el
artículo 229 Superior ordena ‘garantiza[r] el derecho de toda persona para
acceder a la administración de justicia’, está adoptando, como imperativo
constitucional del citado derecho su efectividad, el cual comporta el
compromiso estatal de lograr, en forma real y no meramente nominal, que a
través de las actuaciones judiciales se restablezca el orden jurídico y se
protejan las garantías personales que se estiman violadas.”[16]
De este modo, el derecho de Acceso a la Administración de Justicia permite alentar
a las personas la expectativa de que el proceso culmine con una decisión que
resuelva de fondo las pretensiones.”
[17]
Sentencia T-180 de 2010
[18]
Sobre el respecto al acto propio en sentencia T-248 de
2008, dijo esta Corporación “comporta el deber de mantener una
coherencia en las actuaciones desarrolladas a lo largo del tiempo, de manera
que deviene contraria al principio aludido toda actividad de los operadores
jurídicos que, no obstante ser lícita, vaya en contravía de comportamientos
precedentes que hayan tenido entidad suficiente para generar en los interesados
la expectativa de que, en adelante, aquellos se comportarían consecuentemente
con la actuación original”.
[19]
Sentencia T-753 de 2014.
[20]
Recientemente en la sentencia T-440 de 2014, dijo la Corte:
“la
acción de tutela procede de manera excepcional cuando (i) no existan
otras acciones legales, (ii) o existiendo
éstas no fueren eficaces para
salvaguardar los derechos fundamentales, (iii) o no son
eficaces para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable (art. 86,
C.P.). Dado que para reclamar
derechos en general se establecieron medios de defensa judiciales ordinarios,
idóneos para tramitar la pretensión de reconocimiento de la prestación, la
procedencia de la acción de tutela se supedita a la eficacia de estos para
evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable, analizando las
circunstancias del peticionario y
los elementos de juicio obrantes en el expediente”
[21] 6. Cuando en la etapa de juzgamiento sobrevengan
pruebas que determinen la posible existencia de otra conducta punible o la
vinculación de una persona en calidad de autor o partícipe.”
[22]
“Artículo 15. Celeridad
y eficiencia. Toda actuación se surtirá pronta y cumplidamente sin
dilaciones injustificadas. Los términos procesales son perentorios y de
estricto cumplimiento.
El funcionario judicial está en la obligación de
corregir los actos irregulares, respetando siempre los derechos y garantías de
los sujetos procesales.
Artículo 16. Finalidad
del procedimiento. En la actuación procesal los funcionarios
judiciales harán prevalecer el derecho sustancial y buscarán su efectividad.”