T-626-13
ANTECEDENTES
Sentencia T-626/13
AGENCIA
OFICIOSA DE PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN PRESTANDO SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Requisitos
para determinar la legitimidad del padre o madre del hijo que presta el
servicio militar
AGENCIA
OFICIOSA EN TUTELA-Padre en representación de su hijo que presta servicio
militar para solicitar desacuartelamiento de éste por no haber terminado sus
estudios de bachillerato
DERECHO
FUNDAMENTAL DE PETICION-Protección constitucional y alcance
El
derecho de petición consagra de un lado la facultad de presentar solicitudes
respetuosas a las entidades públicas y privadas. Y de otro lado, el derecho a
obtener respuesta oportuna, clara, completa y de fondo al asunto solicitado. La
jurisprudencia constitucional también ha resaltado que la respuesta de la
autoridad debe incluir un análisis profundo y detallado de los supuestos
fácticos y normativos que rigen el tema, así, se requiere “una contestación
plena que asegure que el derecho de petición se ha respetado y que el
particular ha obtenido la correspondiente respuesta, sin importar que la misma
sea favorable o no a sus intereses”. Se establece pues el deber de las
autoridades de resolver de fondo las peticiones elevadas ante ellas, sin que
ello quiera decir que la respuesta deba ser favorable, y no son suficientes ni
acordes con el artículo 23 constitucional las respuestas evasivas o abstractas,
como quiera que condenan al peticionario a una situación de incertidumbre, por
cuanto éste no logra aclarar sus inquietudes, especialmente si se considera que
en muchos eventos, de esa respuesta depende el ejercicio de otros derechos
subjetivos. Entonces, le corresponde al juez constitucional
revisar si los lineamientos dispuestos por la ley para considerar que
efectivamente se ha dado una apropiada respuesta, se han respetado
adecuadamente o no. Si ello no fuere así, se estaría ante una clara vulneración
del derecho fundamental de petición, momento en el cual el juez de tutela podrá
ordenar a la respectiva autoridad producir o darle a conocer debidamente al
solicitante, la contestación que resuelva de manera efectiva lo requerido.
SERVICIO
MILITAR OBLIGATORIO-Marco normativo y jurisprudencial/SERVICIO MILITAR
OBLIGATORIO-Exención por cursar estudios de bachillerato
El marco
normativo actual del servicio militar tiene las siguientes implicaciones (i)
todo varón colombiano tiene la obligación de definir su situación militar a
partir de que cumpla la mayoría de edad y hasta los cincuenta (50) años de
edad; (ii) los jóvenes menores y mayores de edad elegidos, pueden aplazar el
deber de prestar el servicio militar y cumplir con el deber al finalizar los
estudios de pregrado y (iii) quien haya aplazado y realizado los estudios de
educación superior prestará el servicio militar por un período de seis (6)
meses, pudiendo con esto homologar el servicio social o comunitario que exigen
algunas profesiones.
DERECHO DE
PETICION Y A LA EDUCACION-Vulneración por Ejército Nacional al no dar
respuesta de fondo sobre solicitud de desincorporación por estar cursando
bachillerato
Observa la
Sala que existe falta de respuesta oportuna por parte del Ejército Nacional
sobre la desincorporación del soldado ante el derecho de petición presentado
por su señor padre, así como la falta de pronunciamiento de fondo por quien era
competente para determinar si procedía la solicitud de desacuartelamiento. Es
necesario recalcar que frente al derecho de petición, se consagra pues el deber
de las autoridades de resolver de fondo las peticiones elevadas ante ellas, y
no son suficientes ni acordes con el artículo 23 constitucional las respuestas
evasivas, que no plantean una solución de fondo: “La respuesta de la
Administración debe resolver el asunto, no admitiéndose en consecuencia
respuestas evasivas, o la simple afirmación de que el asunto se encuentra en
revisión o en trámite”.
SERVICIO
MILITAR-Orden a Ejército disponga reunión con el padre y su hijo, sobre la
conveniencia de continuar con la prestación del servicio militar o la
suspensión del mismo, con base en la excepción del artículo 10 de la ley 48 de
1993
Referencia: expediente T- 3905434
Acción de
tutela instaurada por Erpidio Delgado Villarraga en contra de la Décima Segunda
Brigada del Ejército Nacional-Distrito Militar de Reclutamiento No. 43
Magistrado
Ponente
ALBERTO ROJAS
RÍOS
Bogotá D. C.,
once (11)  de septiembre de dos mil trece (2013)
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados María Victoria Calle Correa, Luis Ernesto Vargas Silva y Alberto
Rojas Ríos, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales
y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º
de la Constitución Política, y en los artículos 33 y siguientes del Decreto
2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del
proceso de revisión del fallo de tutela proferido por el Juzgado Primero Civil del
Circuito de Florencia el 18 de marzo de 2013, en la acción de tutela instaurada
por Erpidio Delgado Villarraga en contra de la Décima Segunda Brigada del
Ejército Nacional-Distrito Militar de Reclutamiento No. 43
I.
ANTECEDENTES
A
continuación se resumen los fundamentos fácticos relevantes que obran dentro
del expediente de la acción de tutela interpuesta por Erpidio Delgado
Villarraga en contra de la Décima Segunda Brigada del Ejército
Nacional-Distrito Militar de Reclutamiento No. 43.
1. Hechos
1.1.- El Sr.
Erpidio Delgado Villarraga, instauró acción de tutela en contra del Ejército
Nacional – Décima Segunda Brigada – Distrito Militar de Reclutamiento No. 43
por considerar que se vulneró el derecho fundamental de su hijo Brayan Mauricio
al no obtener respuesta de la petición elevada ante dicho Distrito Militar
solicitando el desacuartelamiento de su hijo Bryan Mauricio. Fundamenta su
demanda en los siguientes hechos:
1.2. En
fecha 15 de Febrero de 2013, el señor Erpidio Delgado Villarraga, presentó
derecho de petición en calidad de padre de Brayan Mauricio Delgado Rojas ante
el Distrito Militar No.43 solicitando su desacuartelamiento por estar incurso
en una de las excepciones a la prestación del servicio militar obligatorio,
consagrada en el Artículo 10 de la Ley 48 de 1993.
1.3. Al no
recibir respuesta al derecho de petición presentado, el señor Erpidio Delgado Villarraga
presentó acción de tutela aduciendo la vulneración del derecho fundamental de petición,
por la entidad accionada al no dar respuesta oportuna a la solicitud elevada.
2. Actuaciones
procesales y Decisión del juez de tutela
2.1. Por
reparto, la acción de tutela correspondió al juzgado Primero Civil del Circuito
de Florencia Caquetá quien ofició a los comandantes de la Décimo Segunda
Brigada del Ejército Nacional y al Distrito Militar No. 43 para que informaran
todo lo relativo a los hechos expuestos por el actor.
2.2. La
Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas Novena Zona de Reclutamiento
del Distrito Militar No. 43, indicó que verificada la unidad de correspondencia
de esa unidad no se encontró petición alguna del señor Erpidio Delgado
Villarraga, sin embargo atendiendo la copia de la solicitud anexa a  la
presente acción de tutela, mediante oficio 0139 se dio respuesta al peticionario
informándole que su petición fue remitida por competencia mediante oficio no.
0138 al Batallón de Ingenieros No. 12 “General Liborio Mejía”, unidad militar
donde se encuentra reclutado el hijo del actor y por ende es la única con la
facultad de pronunciarse de fondo sobre la solicitud del peticionario.
2.3. El Batallón
de Ingenieros No. 12 “General Liborio Mejía”, indicó que verificada la información
relacionada con el señor Bryan Mauricio Delgado Rojas, se encontró que el mismo
se halla prestando su servicio militar obligatorio según lo preceptúa el art. 3
de la Ley 48 de 1993.
Afirma
igualmente, que ante esa unidad militar nunca llegó el derecho de petición, puesto
que este último dirigió el mismo al Distrito Militar No.43 el cual nunca envió
el derecho de petición a ese comando. Por esta razón, el mencionado Batallón
“no ha dado trámite al derecho de petición propuesto por el accionante”.[1]
2.4. El 3 de
abril de 2013, El Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia Caquetá, resolvió
en el fallo de tutela, negar el amparo del Derecho Fundamental de Petición al
considerar que se presentó un hecho superado bajo el entendido que la situación
de hecho que causó la vulneración del derecho alegado había sido superada. En
efecto, el Juez de tutela consideró que si bien dicha respuesta tuvo lugar  a
raíz del oficio ordenado por el juez de tutela, la vulneración del derecho
fundamental del actor cesó durante el trámite de la demanda en la medida que se
había dado respuesta a la petición del señor Erpidio Delgado Villarraga.
3. Pruebas
que obran en el expediente
3.1. Copia
de la cédula de ciudadanía del Sr. Erpidio Delgado Villarraga (Folio 5 del
cuaderno 1).
3.2. Copia
del derecho de petición del 15 de febrero de 2013, que presentó el Sr. Erpidio
Delgado Villarraga ante el Distrito Militar No. 43 con recibido manuscrito del
15 de febrero de 2013. (Folios 6 al 8 del cuaderno 1).
3.3. Copia
de certificación expedida por la Institución Educativa Ciudadela Siglo XXI
expedida el 11 de febrero de 2013 donde hacen constar que el estudiante Brayan
Mauricio Delgado Rojas se encuentra matriculado en el ciclo V (10º) Jornada Nocturna
en el año lectivo 2013. (Folio 9 del cuaderno 1).
3.4. Oficio
No.141 del 21 de Marzo de 2013, mediante el cual el Distrito Militar No. 43 da
respuesta al oficio 0907 del 19 de marzo de 2013 mediante el cual el juzgado
Primero Civil del circuito de Florencia  notifica la admisión de la acción de
tutela, donde exponen que no hay evidencia de petición alguna radicada en ese
Distrito Militar pero que en vista de la copia allegada en la acción de tutela,
se dio el traslado de la petición por competencia al Batallón de Ingenieros
No.12 “GN. Liborio Mejía.
3.5. Copia
del Oficio No. 139 del 20 de marzo de 2013, mediante el cual dan respuesta del
derecho de petición presentado por el señor Erpidio Delgado Villarraga en el
sentido de confirmar la incorporación de Brayan Mauricio Delgado Rojas por el
Batallón de Ingenieros No. 12 “Gral. Liborio Mejía” y que siendo que no reposa
ningún soporte que hasta el momento probara la exención de prestar servicio
militar por estudios, se remite la petición al mencionado Batallón quien es
competente para decidir la desincorporación. (Folios 18 y 19 del cuaderno 1)
3.6. Oficio
No. 1277 del Batallón de Ingenieros No. 12 “General Liborio Mejía” dirigido al
Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia en el que se aclara que  nunca recibieron
el derecho de petición del señor Erpidio Delgado Villarraga y por lo tanto
nunca le dieron trámite. (Folio 21 del cuaderno1)
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.- Competencia
Es competente esta Sala de la Corte Constitucional para revisar las
decisiones proferidas dentro de la acción de tutela de la referencia de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241 de la Constitución
Nacional, el Decreto 2591 de 1991 y las demás disposiciones pertinentes.
2.- Presentación del caso, planteamiento del asunto
objeto de revisión y problema jurídico.
2.1- El Sr. Erpidio
Delgado Villarraga interpuso acción de tutela en contra del Ejército
Nacional-Décima Segunda Brigada – Distrito Militar de Reclutamiento No.43,
solicitando la protección del derecho fundamental de petición de su hijo Brayan
Mauricio Delgado Rojas que estima ha sido vulnerado, por la falta de respuesta
de fondo a la  solicitud presentada el 15 de febrero de 2013, según consta en
el recibido que obra en el expediente a folio 6 del cuaderno 1, tendiente a que
se ordenara su desacuartelamiento por estar incurso en la excepción para
prestar servicio militar que trae el artículo 10 de la Ley 48 de 1993 referente
a los estudiantes de bachillerato, quienes definirán su situación militar
cuando obtengan su título de bachiller.
Problema
Jurídico
2.2.- Con
fundamento en lo expuesto, corresponde a esta Sala de Revisión determinar si el
Ejército Nacional-Décima Segunda Brigada – Distrito Militar de Reclutamiento
No.43 le vulneró o no al accionante su derecho fundamental de petición, en tanto
no fue resuelto a su debido tiempo y la respuesta tardía no solucionó el fondo
del asunto. De la misma forma, se debe determinar también si se vulnera el
derecho a la educación de Brayan Mauricio Delgado Rojas en la medida que
habría sido reclutado en momentos en que adelantaba sus estudios.
A fin de
resolver el asunto, la Sala se pronunciará sobre los siguientes tópicos: (i) legitimación
activa del accionante y procedencia de la acción de tutela cuando se actúa en
nombre de quien está prestando el servicio militar obligatorio (i) protección
constitucional y alcance del derecho fundamental de petición, (ii) marco
normativo y jurisprudencial del servicio militar obligatorio en Colombia con
particular referencia al alcance de la causal de exención de prestación del
servicio militar obligatorio por cursar estudios de bachillerato.
3.- La
legitimidad por activa en materia de tutela cuando se actúa en nombre de quien
está prestando el servicio militar obligatorio.
3.1. De
acuerdo con el artículo 86 de la Carta Política la acción de tutela se podrá
promover en nombre propio o en representación de otros, en los siguientes
términos: “Toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública.”
3.2. El
Decreto 2591 de 1991 en su artículo 10 al desarrollar  la reglamentación de la
acción de tutela estableció las condiciones de la legitimidad para actuar de la
siguiente forma: “La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y
lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos. // También se pueden agenciar derechos ajenos
cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
// También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.[2]
3.3. Por su
parte, la Corte Constitucional ha advertido sobre la legitimidad por activa
para interponer acción de tutela las siguientes modalidades: “(i) la acción
directa por parte del afectado, (ii) el ejercicio de la acción a través de
representantes legales (para menores de edad, los incapaces absolutos, los
interdictos y las personas jurídicas), (iii) el ejercicio de este mecanismo de
protección por medio de apoderado judicial, y (iv) la interposición de la
acción de tutela por parte de un agente oficioso. // Ahora bien, la
configuración de la agencia oficiosa se halla en principios constitucionales,
entre los que se encuentran, i) la prevalencia del derecho sustancial sobre las
formas (artículo 228 C.P.), cuyo objetivo principal es hacer efectiva la
protección de los derechos de las personas e impedir se presenten
circunstancias y requisitos superfluos; ii) el principio de eficacia de los
derechos fundamentales (artículo 2º C.P.), el cual vincula tanto a las
autoridades públicas como a los particulares; iii) el principio de solidaridad
(artículo 95 C.P.), que exige velar por la defensa no sólo de los propios
derechos, sino también de los ajenos cuando los titulares se encuentren en
imposibilidad de hacerlo por sí mismos.”[3]
3.4. De esta
forma, y en relación con la prestación del servicio militar obligatorio, la
acción de tutela puede ser promovida, entre otros, por los padres como
representantes legales de sus hijos menores de edad o por un agente oficioso.
En esta última forma de intervención, el fundamento radica en la intención de salvaguardar
los derechos fundamentales de quienes no pueden acceder a la administración de
justicia por sus propios medios. Al respecto, la jurisprudencia constitucional
ha exigido el cumplimiento de dos requisitos que se enuncian a continuación
para la configuración de la agencia oficiosa:
“i) la
necesidad de que el agente oficioso manifieste explícitamente que está actuando
como tal, y (ii) que el titular de los derechos invocados no se encuentre en
condiciones para instaurar la acción de tutela a nombre propio”[4]
3.5. No
obstante,
“la Corte ha
flexibilizado su posición en torno a la necesidad de manifestar expresamente
que se actúa como agente oficial y de enunciar las razones por las cuales el
titular del derecho no puede ejercer la acción por sí mismo y, ha dispuesto que
en aquellos casos en los que por razones físicas, mentales y síquicas, éste no
pueda actuar por sí mismo y no se ponga de presente ese hecho así como, el de
actuar como agente oficioso, el juez de tutela tiene el deber de identificar
las razones y los motivos que conducen al actor a impetrar la acción en nombre
de otro.
Así en
sentencia T-1012 de 1999, la Corte aclaró: “(…) son dos los requisitos exigidos
para la prosperidad de la agencia oficiosa: la manifestación de que se actúa
como agente oficioso de otra persona y, la imposibilidad de ésta de promover
directamente la acción constitucional. ¿Pero que sucede si en el escrito de
tutela no se manifiesta en forma expresa que se están agenciando derechos de
personas que se encuentran imposibilitadas para acudir a un proceso que afecta
sus derechos, circunstancia ésta que se encuentra debidamente acreditada en el
caso sub examine, pero, del contenido mismo de la demanda de tutela, se
concluye que se actúa en nombre de otro? Considera la Corte que al juez
constitucional le compete dentro del ámbito de sus funciones realizar una
interpretación del escrito de tutela, en aras de brindar una protección
efectiva de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados. Precisamente,
uno de los avances más relevantes de la Constitución Política, consiste en
hacer prevalecer la realidad sobre las formas, con el fin  de evitar que
los derechos fundamentales y las garantías sociales, se conviertan en
enunciados abstractos, como expresamente lo ordena la Carta Política en su
artículo 228.”
En
este orden de ideas, le corresponde al juez constitucional valorar las circunstancias
del caso y determinar si es procedente o no la acción de tutela cuando no es el
titular del derecho quien la ejerce sino un tercero determinado o indeterminado
en su nombre, más aún cuando se trata de personas enfermas de la tercera edad.[5] En
esos casos, la realidad debe primar sobre las formas[6] y, el juez de tutela
debe propender por garantizar los derechos de ese grupo poblacional que se
encuentra en una “debilidad manifiesta”, pues tal como lo ha expresado esta
Corte, la figura de la agencia oficiosa “es suficientemente comprehensiva y
guarda relación con hechos de cualquier naturaleza o con situaciones que
imposibilitan la comparecencia directa del interesado”; razón por la que, “no
puede elaborarse de antemano una lista de circunstancias justificantes  de
la forma en que se ha llegado a los estrados. Empero, en el marco normativo
encajan todas las eventualidades que limitan a quien se considera afectado para
acudir ante el juez, siendo claro que debe tratarse de circunstancias que
lleven razonada y fundadamente al agente oficioso a obrar sin poder expreso,
como debería ocurrir normalmente.” [7]
”[8]
3.6. De esta
forma tal como se ha expuesto en sentencia T-926 de 2011 “corresponde al
juez constitucional analizar en cada caso las condiciones para el cumplimiento flexible
de los requisitos que permiten acreditar la agencia oficiosa, a saber, la
imposibilidad del agenciado para acudir directamente a la defensa de sus
derechos fundamentales y la comunicación de actuar, en el trámite
constitucional, como agente oficioso.”
Así, desde
un análisis flexible de los requisitos de la agencia oficiosa derivados de la
jurisprudencia de esta Corte, puede verse la conducencia de esta figura dadas
las circunstancias que redundan en la imposibilidad o la dificultad física o
mental de que él o la titular de los derechos en juego interponga personalmente
la tutela.
Conclusiones
3.7. En
relación con el caso concreto se puede concluir razonada y fundadamente que:
(i) Es un
asunto relativo a la protección de derechos agenciados respecto de un tercero
que presta el servicio  militar y cumple las condiciones que se han descrito,
por lo cual la acción de tutela resulta procedente.
(ii) En
cuanto a la imposibilidad del agenciado de acudir directamente a la defensa de
sus derechos fundamentales, existen motivos para entender que el agenciado,
quien se encuentra prestando en la actualidad servicio militar obligatorio, se le
hace difícil materialmente presentar por sí mismo una acción tendiente a su
desincorporación, configurándose el adecuado uso de la agencia oficiosa.
No en vano
es el padre del soldado quien acude a la protección de los derechos
fundamentales de su hijo, ante el caso omiso de las autoridades frente a las
repetidas  alegaciones de la causal por parte del accionante y de su hijo tal
como lo exponen en su derecho de petición y en la tutela. Igualmente deben
tenerse presentes las particulares circunstancias de internamiento y ubicación
geográfica de quien presta el servicio militar que en la mayoría de circunstancias
dificultan las posibilidades de acceso a la justicia y por ende, las de
interponer una demanda de tutela para su propia defensa. A la par, la especial
sujeción a la que están obligados quienes se encuentran en el medio castrense,
en particular la debida obediencia, la estricta disciplina y el rigor
jerárquico podrían conducir a configurar la dificultad de  incoar una tutela
por sus propios medios.
3.8. Frente
a los presupuestos anteriormente expuestos, esta sala encuentra cumplidos los
requisitos de la legitimación activa del accionante basándose en la relación
paterno filial para derivar la agencia oficiosa, aunadas las demás
circunstancias que auguran la excepcional dificultad de la protección directa
de los derechos fundamentales de Brayan Mauricio Delgado Rojas.
4.- Protección
constitucional y alcance del derecho fundamental de petición. Reiteración de
Jurisprudencia.
4.1. El
artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, consagra el derecho
fundamental en cabeza de toda persona de presentar peticiones respetuosas en
interés general o particular ante las autoridades y a obtener de ellas pronta
resolución de fondo.
4.2. Esta
Corte[9]
de manera abundante y en numerosas oportunidades se ha referido al alcance y
ejercicio del derecho de petición, perfilando las reglas básicas que determinan
el ámbito de su protección constitucional y ha definido sus rasgos distintivos en
los siguientes términos:
(i)
se trata de un derecho fundamental, el cual a su vez es determinante
para la efectividad de otros derechos fundamentales tales como los derechos a
la información, a la participación política y a la libertad de expresión;
(ii)
este derecho se ejerce mediante la presentación de solicitudes respetuosas
ante las autoridades públicas y a los particulares;
(iii)
el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución
pronta y oportuna de la cuestión planteada por el peticionario;
(iv)
La respuesta debe cumplir con estos requisitos: a) debe resolverse de
fondo, de manera clara, precisa, oportuna y acorde con lo solicitado; y b) debe
ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos
requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental
de petición.
(v)
la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe
ser lo más corto posible[10];
por regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso
Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de
que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una
respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los
motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este
efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la
solicitud.
(vi)
la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se
concreta siempre en una respuesta escrita;
(vii)
por regla general están vinculadas por este derecho las entidades
estatales, y en algunos casos a los particulares[11];
(viii)
el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para
agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho
fundamental de petición[12]
pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la
prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición;
(ix)
el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa[13];
(x)
la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la
exonera del deber de responder;[14]
(xi)
ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar
su respuesta al interesado[15]
4.3. Se
concluye entonces, que el derecho de petición consagra de un lado la facultad
de presentar solicitudes respetuosas a las entidades públicas y privadas. Y de
otro lado, el derecho a obtener respuesta oportuna, clara, completa y de fondo
al asunto solicitado. La jurisprudencia constitucional también ha resaltado que
la respuesta de la autoridad debe incluir un análisis profundo y detallado de
los supuestos fácticos y normativos que rigen el tema, así, se requiere “una
contestación plena que asegure que el derecho de petición se ha respetado y que
el particular ha obtenido la correspondiente respuesta, sin importar que la
misma sea favorable o no a sus intereses”.
4.4. Se establece
pues el deber de las autoridades de resolver de fondo las peticiones elevadas
ante ellas, sin que ello quiera decir que la respuesta deba ser favorable, y no
son suficientes ni acordes con el artículo 23 constitucional las respuestas
evasivas o abstractas, como quiera que condenan al peticionario a una situación
de incertidumbre, por cuanto éste no logra aclarar sus inquietudes,
especialmente si se considera que en muchos eventos, de esa respuesta depende
el ejercicio de otros derechos subjetivos.[16]
4.5. Entonces,
le corresponde al juez constitucional revisar si los lineamientos dispuestos
por la ley para considerar que efectivamente se ha dado una apropiada respuesta,
se han respetado adecuadamente o no. Si ello no fuere así, se estaría ante una
clara vulneración del derecho fundamental de petición, momento en el cual el
juez de tutela podrá ordenar a la respectiva autoridad producir o darle a
conocer debidamente al solicitante, la contestación que resuelva de manera
efectiva lo requerido.
5. Marco
normativo y jurisprudencial del servicio militar obligatorio en Colombia
particularmente referido a la exención por cursar estudios de bachillerato.
Reiteración de jurisprudencia[17].
5.1.
Conforme lo establece la Constitución Política la fuerza pública esta integrada
en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional (Art. 216).
En relación con las primeras, debe indicarse que la finalidad primordial es la
defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio
nacional y del orden constitucional y están integradas por el ejército, la
armada y la fuerza aérea (Art. 217). Por su parte, la segunda es un cuerpo
armado permanente de naturaleza civil a cargo de la Nación, cuyo fin esencial
es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los
derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia
convivan en paz (Art. 218).
Así mismo,
el Ordenamiento Superior (Art. 216) dispone que todos los colombianos tienen la
obligación de tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para
defender la independencia nacional y las instituciones públicas, previsión
normativa que debe ser armonizada con valores y principios constitucionales
tales como la prevalencia del interés general como postulado estructurante de
nuestro Estado Social de Derecho (Art. 1°), deberes de los ciudadanos (Art. 95)
de respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas
para mantener la independencia y la integridad nacionales, participar en la
vida política, cívica y comunitaria del país y propender al logro y
mantenimiento de la paz, lo cual indudablemente tiene por finalidad el
fortalecimiento de la unidad de la Nación (preámbulo) y el mantenimiento de la
integridad territorial para asegurar la convivencia pacífica (Art. 2°).
5.2. En el
plano legislativo, debe resaltarse que el marco normativo regulatorio del
servicio militar obligatorio está determinado actualmente por las leyes 48 de
1993, 418 de 1997, 548 de 1999 y 642 de 2001. La primera normativa establece
como imperativo que todo varón colombiano está obligado a definir su situación
militar desde el momento en el que cumpla la mayoría de edad, con excepción de
los estudiantes de bachillerato quienes deberán definirla cuando obtengan el
título de bachiller, obligación que únicamente cesará a los cincuenta (50) años
de edad (Art. 10). Igualmente, prevé que la duración del servicio bajo banderas
tendrá una duración de doce (12) a veinticuatro (24) meses, tiempos que
dependen de la modalidad de servicio prestado, es decir, ya sea como soldado
regular, soldado bachiller, auxiliar de policía bachiller o soldado campesino
(Arts. 11, 13).
Así mismo,
el legislador extendió como causal de aplazamiento que el inscrito esté
cursando último año de enseñanza media y no obtuviere el título de bachiller
por pérdida de año (Art. 29-f).
5.3. De otra
parte, la Ley 418 de 1997 (Art. 13) circunscribió la figura del aplazamiento
del servicio militar obligatorio para los jóvenes menores de edad, incluidos
aquellos estudiantes que estuvieren cursando undécimo grado hasta tanto cumplan
la mayoría de edad, excepto que voluntariamente y con autorización expresa y
escrita de sus padres opten por el cumplimiento inmediato de su deber
constitucional, no pudiendo ser destinados los menores a zonas donde se
desarrollen operaciones de guerra, ni empleados en acciones de confrontación
armada.
La misma
preceptiva dispuso que en el evento de que el joven alcance la mayoría de edad
y habiendo aplazado el servicio militar se encuentre matriculado en un programa
de pregrado en institución de educación superior, tendrá la opción de cumplir
inmediatamente su deber o de aplazarlo para el momento de la terminación de sus
estudios. En caso de que llegare a optar por el cumplimiento inmediato, la
institución educativa le conservará el respectivo cupo en las mismas
condiciones. En cambio, si la decisión es aplazar el servicio militar, el
título en el establecimiento de educación superior solamente podrá ser otorgado
tan pronto haya cumplido el servicio militar obligatorio. La interrupción de
los estudios superiores hace exigible la obligación de incorporarse a las filas
para la prestación del servicio.
5.4. La
citada previsión normativa fue derogada por la Ley 548 de 1999 (Art. 2°), al
disponer que los menores de 18 años de edad en ningún caso podrán ser
incorporados a las filas para la prestación del servicio militar, enfatizando
en que aquellos estudiantes de último grado de educación media que hubieren
resultado elegidos para prestar dicho servicio, la incorporación a las filas
será aplazada hasta tanto cumplan la mayoría de edad (inciso 1°). En caso de
que al momento de alcanzar la referida edad el joven estuviere matriculado o
admitido a un programa de pregrado, tendrá la opción de cumplir inmediatamente
su deber o de aplazarlo para el momento de la terminación de sus estudios. De
optar inmediatamente por el cumplimiento, la institución educativa le conservará
el respectivo cupo en las mismas condiciones, mientras que si la opción es el
aplazamiento el título sólo podrá ser otorgado una vez haya cumplido el
servicio militar, precisando que la interrupción de los estudios superiores
hará exigible la obligación de incorporarse al servicio militar (inciso 2°).
Agregó que
aquellos jóvenes que hubieren optado por el aplazamiento de su servicio militar
hasta la terminación de sus estudios profesionales, cumplirá su deber
constitucional como profesional universitario o profesional tecnólogo al
servicio de las fuerzas armadas en actividades de servicio a la comunidad, en
obras civiles y tareas de índole científica o técnica en la respectiva
dependencia a la que sea adscrito, caso en el cual tendrá una duración de 6
meses y será homologable al año rural, período de práctica, semestre
industrial, año de judicatura, servicio social obligatorio o exigencias
académicas similares que la respectiva carrera establezca como requisito de
grado (parágrafo).[18]
5.5.
Posteriormente, la Ley 642 de 2001 aclaró el inciso segundo de la Ley 548 de
1999 en lo atinente a la incorporación de jóvenes bachilleres al servicio
militar, en el sentido de que la posibilidad de aplazamiento opera igualmente
para quienes cumplan dieciocho (18) años mientras cursan sus estudios de bachillerato,
momento en el cual deben definir su situación militar, cobijando “a quienes
finalicen sus estudios de bachillerato durante la vigencia de la Ley 548 de 1999.”
Esta
Corporación en sentencia C-456 de 2002 al efectuar el control de constitucional
al aparte señalado en cursiva, declaró la exequibilidad condicionada bajo el
entendido que los beneficios previstos en la Ley 548 de 1999 también se aplican
a los jóvenes bachilleres que válidamente aplazaron el cumplimiento del deber
de prestar el servicio militar desde la entrada en vigencia de la Ley 418 de
1997.
Sostuvo este
Tribunal Constitucional que la circunstancia de que la Ley 548 excluyera de los
beneficios a aquellos menores de edad que decidieron aplazar el servicio
militar con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 418, esto es, la
reducción del período del servicio militar de doce (12) a seis (6) meses y la
posibilidad de homologar el servicio militar obligatorio con el servicio social
y comunitario que exigen algunas profesiones, constituye un criterio que
provoca una discriminación injustificada e irrazonable en tanto se trata del
mismo presupuesto fáctico “estar facultados por la ley para aplazar la prestación
del servicio militar.”[19]
Al respecto, la Corte indicó:
“En
consecuencia, la Corte Constitucional considera que la distinción creada por el
legislador en cuanto a los sujetos a los que se aplican los beneficios de la
Ley 548, no pueden restringirse a los jóvenes bachilleres que a partir de 1999
aplacen la prestación del servicio militar, sino que también cubre a los
jóvenes menores bachilleres que aplazaron el cumplimiento del deber militar
bajo la facultad otorgada por la Ley 418 de 1997. El aplazamiento es la
condición legalmente válida para acceder a la posición jurídica prevista por
los beneficios legales, no es el momento en que entra en vigencia la ley el que
define el grupo de personas a las que les aplican los beneficios.
Los
beneficios creados por la Ley 548 de 1999 son condiciones dentro de las cuales
los jóvenes bachilleres cumplen el deber de prestar el servicio militar, pero
ellos tienen un vínculo estrecho con la posibilidad del aplazamiento que no es
creación de la mencionada ley sino fue prescrito por la Ley 418 de 1997. En
este sentido, lo creado por la Ley 548 de 1999 se suma a lo ya existente, el
aplazamiento que para el caso, ya se había convertido en una situación jurídica
válida. Conforme a ello, todos los jóvenes que por ser menores de edad, al
momento de definir su situación militar, decidieron aplazar la prestación del
servicio son beneficiarios de la reducción a seis meses del servicio y a la
homologación con el servicio social.
(…)
La posición
jurídica de los jóvenes mayores que finalizan sus estudios de bachillerato
antes de la vigencia de la Ley 548 de 1999, es diferente de la posición
jurídica de los menores que válidamente aplazaron la prestación del servicio
militar hasta finalizar sus estudios profesionales antes de entrar en vigencia
la mencionada ley. Desde luego, como concluye el Procurador General, a los
jóvenes mayores que finalizaron sus estudios antes de entrar en vigencia de
(sic) la Ley 548 de 1999 no es posible conceder el aplazamiento ni mucho menos
los beneficios de esta misma ley, porque ellos se encontraban en la obligación
de definir su situación militar inmediatamente terminaran el bachillerato. En
condiciones diferentes y por ende, constitutivas de una posición jurídica
distinta se encuentran los jóvenes que por mandato de la Ley 418 de 1997,
estaban facultados para aplazar la prestación del servicio militar y al
encontrarse cursando estudios superiores se crea una ley que confiere
beneficios para quienes aplazan la prestación del servicio militar. Si la
condición para conceder los beneficios de la Ley 548 de 1999 es haber aplazado
válidamente el servicio militar ¿cuál es la diferencia entre quienes lo
hicieron durante los años 1997- 1998 y los que lo hacen en 1999? Ninguna,
porque el presupuesto fáctico es el mismo: estar facultados por la ley para
aplazar la prestación del servicio militar.”
5.6. En
resumen, el marco normativo actual del servicio militar tiene las siguientes
implicaciones (i) todo varón colombiano tiene la obligación de definir su
situación militar a partir de que cumpla la mayoría de edad y hasta los
cincuenta (50) años de edad; (ii) los jóvenes menores y mayores de edad
elegidos, pueden aplazar el deber de prestar el servicio militar y cumplir con
el deber al finalizar los estudios de pregrado y (iii) quien haya aplazado y
realizado los estudios de educación superior prestará el servicio militar por un
período de seis (6) meses, pudiendo con esto homologar el servicio social o
comunitario que exigen algunas profesiones.
Con base en
los anteriores criterios se abordará en lo sucesivo, el análisis del caso
concreto.
6.- Análisis del caso concreto
6.1. En el
presente caso, el sr. Erpidio Delgado Villarraga interpuso acción de tutela en
contra del Ejército Nacional-Décima Segunda Brigada – Distrito Militar de
Reclutamiento No.43, solicitando la protección del derecho fundamental de
petición de su hijo Brayan Mauricio Delgado Rojas. El accionante, estima que ha
sido vulnerado el derecho fundamental de petición, ante la respuesta tardía que
no solucionó el fondo, tendiente a lograr su desacuartelamiento por estar
incurso en la excepción para prestar servicio militar que trae la ley según la
cual los estudiantes definirán su situación militar cuando obtengan su título
de bachiller.
6.2. Del
análisis de las pruebas allegadas al expediente de tutela de Erpidio Delgado
Villarraga, es posible concluir, que el derecho de petición elevado ante el Distrito
Militar No. 43 fue vulnerado desde un comienzo, primero por no haberle dado el
trámite correspondiente y segundo por no ser respondido de forma clara, concisa
y de fondo tal como, según se vio, lo ha reiterado la jurisprudencia de esta Corporación.
6.3. Es así
como frente al acervo probatorio que obra en el expediente, observa la Sala que
existe falta de respuesta oportuna por parte del Ejército Nacional sobre la
desincorporación del soldado Brayan Mauricio Delgado Rojas  ante el derecho de
petición presentado por su señor padre, así como la falta de pronunciamiento de
fondo por quien era competente para determinar si procedía la solicitud de
desacuartelamiento. Tal como se extrae de los oficios en los cuales se da
respuesta a la petición y a  la tutela, la respuesta del Comandante del
Distrito Militar No. 43 se reduce a que no tienen registro del derecho de
petición pero que en todo caso lo remiten a quien es competente para decidir
sobre el mismo.
Sin embargo,
el derecho de petición, tiene el correspondiente recibido con fecha 15
de febrero de 2013 tal como obra en el folio 6 del cuaderno 1. Igualmente, en
los distintos oficios que se han relacionado en las pruebas, no aparece una
tacha directa contra el recibido del derecho de petición sino
simplemente se alude a que el derecho de petición con el correspondiente anexo
no aparece registrado en la unidad de correspondencia.
En cuanto a
la remisión hecha por el Distrito Militar No. 43 al Batallón de Ingenieros No.
12 “General Liborio Mejía”, no obra en el expediente respuesta al accionante y
solo se tiene copia de la contestación dirigida al Juzgado Primero Civil de Circuito
de Florencia en la que indica que no es procedente la acción de tutela porque
no se ha vulnerado el derecho de petición ya que esa unidad en ningún momento
tuvo conocimiento del derecho de petición origen de la tutela.
6.4. Es
evidente, que ante la remisión hecha por el Distrito Militar No. 43 del derecho
de petición junto con el soporte que corrobora que el joven Brayan Mauricio
Delgado Rojas se encontraba matriculado en el grado décimo en una institución
educativa, la autoridad que era competente debía haber dado respuesta efectiva
a la petición. Sin embargo, la vulneración del derecho de petición fue patente
al no dar respuesta ni entrar a considerar el certificado de estudios aportado y
escudarse en la falta de remisión del derecho de petición.
Debe hacerse
claridad que la sola respuesta del Distrito Militar No. 43 no puede
considerarse satisfactoria a efectos de garantizar el derecho de petición del
actor, primero por tardía y segundo por incompleta sin resolver el fondo del
asunto.
6.5. Si bien
es cierto que la entidad accionada aduce que al momento de la inscripción, para
definir su situación militar, Brayan Mauricio Delgado Rojas no logró acreditar
su calidad de bachiller académico,-aunque el padre alega que en varias
oportunidades manifestaron tal circunstancia- también lo es que al ser
incorporado efectivamente al servicio, mediante el derecho de petición se
allegó copia de la certificación de estudios el cual, como se ha dicho, está
demostrado que fue recibido. Adicionalmente durante el trámite de tutela se
envió copia de tal derecho de petición junto con la mentada certificación
justificando entonces la excepción que consagra  la ley.
6.6. Es
necesario recalcar que frente al derecho de petición, se consagra pues el deber
de las autoridades de resolver de fondo las peticiones elevadas ante ellas, y
no son suficientes ni acordes con el artículo 23 constitucional las respuestas
evasivas, que no plantean una solución de fondo: “La respuesta de la
Administración debe resolver el asunto, no admitiéndose en consecuencia
respuestas evasivas, o la simple afirmación de que el asunto se encuentra en
revisión o en trámite”.[20]
6.7. De esta
forma, a la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas Novena Zona de
reclutamiento Distrito Militar No.43 y en particular el Batallón de Ingenieros
No. 12 “General Liborio Mejía” les correspondía dirigir una actuación
encaminada a establecer la real situación que envolvía al conscripto, de suerte
que se debió, estudiar y analizar por completo los documentos allegados por el
actor relacionados con la certificación de estudios de Brayan Mauricio Delgado
Rojas, para así evaluar las posibilidades de hacer efectiva las actuaciones
administrativas tendientes a modificar la incorporación al servicio militar de
esta persona.
6.8. Ahora
bien, en gracia de discusión y en adición a las consideraciones anteriormente
esbozadas, cabe mencionar que aunque se encontrara una justificación para
concluir que las autoridades respectivas no se enteraron de la calidad de
estudiante en su momento, es decir, antes de la incorporación efectiva, la
normatividad vigente en materia del servicio de reclutamiento y movilización,
no prevé consecuencias negativas ante la falta de demostración a tiempo de la
condición de estudiante del obligado a prestar servicio militar. Es decir, la
demostración extemporánea de una excepción legal que implique la suspensión del
servicio militar obligatorio no supone  per se la imposibilidad de ser
aplicada. De todas formas, como se ha explicado varias veces, este no es el
caso en el presente asunto, pues de las pruebas se deriva que la solicitud con
el respectivo certificado de estudios fue recibida.
6.9. Así las
cosas, es evidente que, como ocurre en el presente caso, al configurarse una
causal de aplazamiento la respuesta de la autoridad competente no podía ser
otra que la desincorporación del hijo del accionante por lo que la protección
constitucional solicitada debe ser acorde con esta circunstancia.
6.10. En
efecto, la opción de aplazamiento prevista en el artículo 2° de la Ley 548 de
1999[21],
igualmente aplica tanto para menores de edad como para quienes cumplan la
mayoría de edad mientras cursan sus estudios de bachillerato al momento de
definir su situación militar tal y como fue aclarado por la Ley 642 de 2001[22].
6.11. En ese
orden de ideas, la certificación expedida por la Institución Educativa
Ciudadela Siglo XXI que da cuenta de que Brayan Mauricio Delgado Rojas se
encuentra matriculado en el ciclo V (10º) para el año lectivo 2013, es
suficiente para concluir que se configura la causal de aplazamiento prevista en
el ordenamiento jurídico y para afirmar que se vulneraron los derechos de
petición y a  la educación en tanto, la respuesta al derecho de petición fue
tardía y sin decisión sobre el fondo del asunto, lo que a su vez conllevó la
imposibilidad para Brayan Mauricio Delgado Rojas de continuar con sus estudios
de bachillerato para los cuales se encontraba matriculado.
6.12. Ante
las circunstancias expuestas y los razonamientos presentados, para la Sala
Octava de Revisión, hay mérito para revocar la sentencia dictada por el Juzgado
Primero Civil del Circuito de Florencia el tres (3) de abril de dos mil trece
(2013) dentro de la acción incoada por el señor Erpidio Delgado Villarraga
contra la Décima Segunda Brigada del Ejército Nacional- Distrito Militar de
Reclutamiento No.43, y en su lugar, tutelar los derechos fundamentales de
petición, debido proceso del accionante y a la educación de Brayan Mauricio
Delgado Rojas.
6.13. En
virtud de las particularidades del caso, se hará una reflexión sobre la modalidad
más efectiva para subsanar el quebrantamiento de los derechos fundamentales
comprometidos en esta tutela y se deberá instruir medidas especiales para la
ejecución de esta sentencia tal como la Corte ha decidido en otros casos[23], donde la
eficacia de la decisión de tutela depende en gran medida de la conveniencia del
titular de los derechos afectados.
7. Medidas
Especiales de ejecución de la sentencia como forma de reparación del derecho
conculcado
7.1. Esta
Sala advierte que han transcurrido más de 6 meses a partir de la fecha de
incorporación del actor al servicio militar, puesto que ello ocurrió el 4 de
febrero de 2013.
7.2. De otro
lado, la información dada por parte del Ejército Nacional no permite definir si
el señor Brayan Mauricio Delgado Rojas se encuentra prestando servicio militar
obligatorio como soldado bachiller, quienes deben hacerlo durante 12 meses, o
si por el contrario es posible que se encuentre reclutado en condición de
soldado regular, los cuales deben estar incorporados entre 18 y 24 meses.
7.3. En
atención a esto, si la Corte ordena la desincorporación, a la fecha en que se
propone esta decisión de la Sala Octava de Revisión (septiembre de 2013), ello
acontecería en un momento muy avanzado del curso académico y probablemente no
habría posibilidad de reanudar la carga académica en lo que resta el año de
forma que pueda continuar con los estudios sino que por el contrario muy seguramente
habrá de esperar hasta el nuevo año lectivo para retomar el ciclo V (10º) en el
que se encontraba matriculado.
7.4. Frente
a esta circunstancia, puede ser posible que tanto el padre como el hijo
prefieran culminar con la prestación del servicio militar y no suspenderlo, en tanto
la causal legal en la que está incurso Brayan Mauricio Delgado Rojas  implica
una suspensión y no la exención de la obligación de prestar servicio militar.
7.5. Por lo
tanto, considera esta Sala que la mejor forma de hacer efectiva la decisión que
se ha venido anunciando será la de establecer que la entidad brinde la opción al
señor Erpidio Delgado Villarraga y a su hijo de decidir si éste suspende la
prestación del servicio militar obligatorio para continuar con los estudios o
por el contrario dilata su permanencia en las filas del ejército hasta
finalizar el periodo que le corresponda.
7.6. Para
tal fin, se ordenará al Ejército Nacional y en concreto al Batallón de
Ingenieros No. 12 “General Liborio Mejía”, comando en el que el hijo del
accionante se encuentra prestando servicio militar obligatorio, que dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia,
disponga una reunión entre el Señor Erpidio Delgado Villarraga y su hijo Brayan
Mauricio Delgado Rojas con el funcionario que tenga competencia para tomar la
decisión de desacuartelamiento, en la que decidan sobre la continuación de la
prestación del servicio militar obligatorio o por el contrario la suspensión
del mismo con base en la excepción del artículo 10 de la Ley 48 de 1993. Además
dispondrá que dicha decisión se comunique en el plazo de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la reunión al Comandante del Batallón de Ingenieros No.
12 “General Liborio Mejía”, al Comandante de la Décima Segunda Brigada del
Ejército Nacional-Distrito Militar de Reclutamiento No. 43, al Juez de tutela
de primera instancia, así como a la Corte Constitucional.
7.7. Si la
decisión consiste en suspender la prestación del servicio militar obligatorio
con base en la excepción expuesta, se ordenaría en consecuencia que dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a dicha notificación, disponga la
desincorporación como soldado del Ejército Nacional, lo cual no exime a Brayan
Mauricio Delgado Rojas una vez finalice sus estudios de educación básica media,
de continuar con el deber constitucional de prestar el servicio militar
obligatorio por el tiempo que le hiciere falta, a menos que para ese momento
estuviere matriculado o admitido en un programa de pregrado en una institución
de educación superior, evento en el cual se aplicará lo previsto en la Ley 548
de 1999.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR la
sentencia dictada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia
el tres (3) de abril de dos mil trece (2013) dentro de la acción de tutela
incoada por el señor Erpidio Delgado Villarraga contra la Décima Segunda
Brigada del Ejército Nacional- Distrito Militar de Reclutamiento No.43 y en su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales de
petición, al debido proceso del accionante y a la educación de Brayan Mauricio
Delgado Rojas conforme al apartado 7 de esta sentencia.
SEGUNDO.- ORDENAR al Batallón de Ingenieros No. 12 “General Liborio Mejía”
que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de
esta providencia, disponga una reunión entre el Señor Erpidio Delgado
Villarraga y su hijo Brayan Mauricio Delgado Rojas con el funcionario que tenga
competencia para tomar la decisión de desincorporarlo en la que resuelvan sobre
la continuación de la prestación del servicio militar obligatorio o por el
contrario la suspensión del mismo con base en la excepción del artículo 10 de la
Ley 48 de 1993.
TERCERO.- ORDENAR al funcionario a que hace referencia
el numeral anterior que comunique la respectiva decisión, en el plazo de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la reunión, al Comandante del Batallón
de Ingenieros No. 12 “General Liborio Mejía”, al Comandante de la Décima
Segunda Brigada del Ejército Nacional-Distrito Militar de Reclutamiento No. 43,
al Juez Primero Civil del Circuito de Florencia quien expidió la sentencia de
primera instancia, así como a la Corte Constitucional.
CUARTO.- ORDENAR al Batallón de Ingenieros No. 12 “General Liborio Mejía”,
si la decisión es no continuar con la prestación del servicio militar, que
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la
comunicación del numeral anterior, disponga la
desincorporación como soldado del Ejército Nacional de Brayan Mauricio Delgado
Rojas.
QUINTO.- ADVERTIR
a Brayan Mauricio Delgado Rojas que lo anterior no
lo exime, una vez finalice sus estudios de educación básica media, de continuar
con el deber constitucional de prestar el servicio militar obligatorio por el
tiempo que le hiciere falta.
SEXTO.- ADVERTIR a Brayan
Mauricio Delgado Rojas, a la Décima Segunda Brigada del Ejército
Nacional-Distrito Militar de Reclutamiento No. 43 y
al Batallón de Ingenieros No. 12 “General Liborio Mejía” que la obligación
constitucional mencionada en el numeral anterior no obsta para que al momento
de finalizar sus estudios de educación básica pueda matricularse o ser admitido
en un programa de pregrado en una institución de educación superior, evento en
el cual se aplicará lo previsto en la Ley 548 de 1999.
SEPTIMO.-
Por la Secretaría General, LÍBRESE la comunicación prevista en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los fines allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y cúmplase.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Ausente en comisión
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Oficio 1277 Folio 21 del cuaderno 1
[2] Entre otras, ver la sentencia T-489 de 2011
[3] Sentencia T-608 de 2009.
[4] Sentencia T-294 de 2004. En el mismo sentido, pueden consultarse
las sentencias SU-707 de 1996, T-659 de 1998, T-414 de 1999, T-574 de 1999,
T-239 de 2003, T-1020 de 2003, T-078 de 2004, T-681 de 2004, T-794 de 2004,
T-095 de 2005, T-365 de 2006, T-849 de 2006, T-299 de 2007, T-703 de 2007,
T-1029 de 2007, T-050 de 2008, T-573 de 2008, T-591 de 2009, T-799 de 2009 y
T-961 de 2009, T-489 de 2011, T-248 de 2010, T-926 de 2011.
[5] Corte Constitucional. Sentencias T- 095 de 2005 y T- 843 de 2005.
[6] Corte Constitucional. Sentencia T-299 de 2007.
[7] Corte Constitucional. Sentencia T-315 de 2000
[8] Corte Constitucional. Sentencia T-573 de
2008
[9] Sentencia T-377 de 2000 y Sentencia T-249 de 2001 reiterada por
las sentencias T-1046 de 2004, T-180a de 2010, T-691 de 2010, T-161 de 2011,
entre otras.
[10] Sentencia T-481 de 1992.
[11] Al respecto véase la sentencia T-695 de 2003.
[12] Sentencia  T-1104 de 2002.
[13] Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994.
[14] Sentencia 219 de 2001.
[15] Cfr. Sentencia T-249 de 2001.
[16] Sobre el particular se puede consultar
la sentencia T-1752 de 2000, en donde la Corte manifestó que con el propósito de salvaguardar el derecho fundamental a la seguridad social en materia de
pensiones, se considera que el derecho a acceder a la pensión es subjetivo, en
la medida en que el aspirante a la pensión cumple con todos los requisitos para
acceder a ella, y además se puede reclamar
ante los funcionarios administrativos; y también ante los funcionarios
judiciales porque la justicia es una función pública y los ciudadanos tienen
acceso a ella, de suerte que el aspirante a pensionado tiene derecho a
que se le resuelva su situación dentro del marco normativo correspondiente,
preferenciándose el derecho sustancial.
[17] Al respecto ver en especial las sentencias  T 699 de 2009, MP
Humberto Antonio Sierra Porto y  T 218 de 2010 MP. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
[18] Los incisos 2°,
3° y parágrafo del artículo 2° de la Ley 548 de 1999 fueron declarados
exequibles mediante sentencia C-1409 de 2000.
[19] C-456 de 2002
[20] Sentencia
T-046 de 2007, M.P
[21] Ley 548 de 1999. ARTICULO 2o.  El artículo 13 de la Ley 418 de 1997, quedará así:
"Artículo
13. Los menores de 18 años de edad no serán incorporados a filas para la
prestación del servicio militar. A los estudiantes de undécimo grado, menores
de edad que, conforme a la Ley 48 de 1993, resultaren elegidos para prestar
dicho servicio, se les aplazará su incorporación a las filas hasta el
cumplimiento de la referida edad.
[22] la Ley 642 de 2001. ARTÍCULO 1o.  Aclarase el articulo 2o.
de la Ley 548 de 1999 en el sentido de que la opción prevista en el inciso
segundo de este artículo se aplicará también a quienes cumplan los dieciocho
(18) años mientras cursan sus estudios de bachillerato momento en el cual debe
definir su situación militar
[23] Así por ejemplo, en la sentencia T-908 de 2011,  la Corte decide sobre  un menor con Síndrome de Down a quien la institución educativa en la que
se encontraba no le permitía asistir sin un acompañante. Sin embargo la familia
del menor alegaba que el estaba en capacidad de asistir solo al lugar de
estudios lo que a su vez afianzaba su autonomía y capacidad de relación con los
demás niños. La Corte entonces, adopta una decisión en la que da tres opciones
a elegir entre los padres y la Institución con el fin de conjurar la
vulneración de su derecho a la educación, por ello ordena celebrar una reunión
entre las partes mencionadas para que allí se decida el asunto.