T-259-19
Sentencia
T-259/19
DERECHO
AL DIAGNOSTICO-Pacientes están facultados para
exigir que se realicen exámenes e indagaciones que sean necesarias para conocer
sobre su estado de salud
DERECHO
AL DIAGNOSTICO-Está compuesto por tres etapas:
identificación, valoración y prescripción
CUBRIMIENTO
DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA PACIENTE Y ACOMPAÑANTE POR EPS-Reglas
jurisprudenciales
GASTOS
DE TRANSPORTE Y VIATICOS PARA PACIENTE Y ACOMPAÑANTE-Subreglas
jurisprudenciales
PRINCIPIO
DE INTEGRALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD-Orden
a EPS de financiar el transporte y viáticos que requieran las accionantes
cuando se autoricen servicios en un municipio diferente al de su residencia
Referencia:
Expedientes T-7.096.964 y     T-7.117.030
Demandantes:
Ximena Isabel Castro Segura y Luz Dary Zamora Sinisterra
Demandados:
Comfamiliar EPS y Asmet Salud EPS
Magistrado
Sustanciador:
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Bogotá, D.C., seis (6) de junio de dos
mil diecinueve (2019)
La Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo,
quien la preside, Gloria Stella Ortiz Delgado y Cristina Pardo Schlesinger, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente
SENTENCIA
En la revisión de las sentencias adoptadas
por: (i) el Juzgado Primero Civil del Circuito de San Andrés de Tumaco
(Nariño), el 13 de septiembre de 2018, mediante el cual negó la acción de
tutela presentada por la señora Ximena Isabel Castro Segura y, en consecuencia,
revocó el fallo dictado por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Tumaco
(Nariño), el 14 de agosto de 2018, en el que se había accedido al amparo
(T-7.096.964); y (ii) el Juzgado Primero Civil del Circuito de Buenaventura
(Valle del Cauca), el 23 de octubre de 2018, por medio de la cual negó el
amparo solicitado por la señora Luz Dary Zamora Sinisterra y, por ende, revocó el
fallo dictado por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Buenaventura (Valle del
Cauca), el 20 de septiembre 2018, en el que se había accedido al amparo
(T-7.117.030).
Los mencionados expedientes fueron
escogidos para revisión por la Sala de Selección Número 12, mediante Autos del
6 y 14 de diciembre de 2018 y, por presentar unidad en la materia, se
acumularon para ser decididos en una misma providencia.
I. ANTECEDENTES
Antes de abordar los asuntos objeto de
revisión, se precisa que fueron presentados a través de escritos separados, los
cuales coinciden en sus aspectos esenciales. Por consiguiente, para mayor
claridad y coherencia, se realizará una sola reseña de los supuestos fácticos
relevantes y, de ser necesario, al finalizar, se precisarán algunos elementos particulares
y específicos de cada caso.
1. Solicitud
Las accionantes Ximena Isabel Castro
Segura y Luz Dary Zamora Sinisterra, presentaron acciones de tutela el 31 de
julio y el 11 de septiembre de 2018, respectivamente, en nombre propio, contra
COMFAMILIAR EPS y ASMET SALUD EPS, respectivamente, por haber vulnerado,
presuntamente, su derecho fundamental a la salud, por no cubrir los gastos de
transporte interurbano e intermunicipal, en el primer caso, e intermunicipal,
en el segundo, el cual se requiere para asistir a sus citas programadas en el
transcurso de su tratamiento médico.
2. Hechos
2.1. Las accionantes
manifiestan que se encuentran afiliadas al Sistema de Seguridad Social en Salud
mediante el régimen subsidiado, en el caso de la señora Ximena Isabel Castro
Segura, por medio de COMFAMILIAR EPS  y Luz Dary Zamora Sinisterra, a través de
ASMET SALUD EPS.
2.2. Las dos demandantes
se encuentran en el transcurso de un tratamiento médico. En el primer caso, la
señora Ximena Isabel Castro Segura se encuentra diagnosticada con esquizofrenia
paranoide. En el segundo, la señora Luz Dary Zamora Sinisterra padece de ASMA,
actualmente tiene un edema en extremidades, dolor grado 1 y cefalea crónica,
actualmente se encuentra en exámenes de diagnóstico para descartar posible
trombosis venosa profunda.
2.3. En los dos casos
se ha ordenado tratamiento médicos constantes en municipios distintos de
aquellos donde residen. La señora Ximena Isabel Castro Segura reside en Tumaco
(Nariño) y, frecuentemente, su tratamiento lo recibe en la ciudad de Pasto
(Nariño). Por su parte, la señora Luz Dary Zamora Sinisterra vive en Buenaventura
y, seguidamente, su tratamiento lo recibe en Cali (Valle del Cauca). En cada
cita, según manifiestan, requieren un acompañante, en consideración a la
gravedad del diagnóstico y, en el segundo, caso, según se precisó en la tutela,
por instrucción de su médico tratante, formulada de manera verbal.
2.4. La situación
socioeconómica de ambas accionantes es compleja. Como se indicó, ambas
pertenecen al régimen subsidiado de seguridad social en salud, puntualmente, en
el primer caso, además de su grave diagnóstico, la accionante se encuentra
registrada en el SISBEN, con puntaje de 21,88, obtiene sus ingresos mensuales
de la venta de fruta y se encuentra a cargo de su hijo, quien tiene 14 años. En
el segundo, la demandante, aunado a su diagnóstico, está registrada también en
el SISBEN, con puntaje de 33,84, reside en el sector rural, trabaja como ama de
casa, es madre cabeza de familia a cargo de una menor de 14 años de edad y
carece de recursos económicos propios.
2.5. Debido a lo anterior,
la señora Ximena Isabel Castro Segura solicita que se cubran los gastos de
transporte interurbano y, en ambos casos, las accionantes requieren que las EPS
a las que se encuentran afiliadas cubran los costos de transporte, alojamiento
y alimentación para ellas y un acompañante. Así mismo, indican que requieren
tratamiento integral, en procura de que se garantice la continuidad de su
atención médica. La señora Ximena Isabel Castro Segura solicitó acceder a esta
pretensión en procura de que se evite la necesidad frecuente de presentación de
tutelas. En el caso de señora Luz Dary Zamora Sinisterra, esta solicitud fue presentada
a su EPS. Sin embargo, fue contestada desfavorablemente y agregó que ha perdido
diferentes citas médicas por no contar con los recursos para desplazarse desde
su lugar de residencia a aquellos lugares en los cuales se le autorizan los
servicios.
3. Pretensiones
Las accionantes solicitan que, por medio
de esta acción de tutela, les sea amparado su derecho fundamental a la salud y,
en consecuencia, se ordene cubrir los gastos de transporte, alojamiento y
alimentación, para cada una de ellas y un acompañante, en procura de poder
asistir a recibir el tratamiento prescrito por su médico tratante, cuando este
requiera su traslado fuera del municipio en el que residen. En el caso de la
accionante Ximena
Isabel Castro Segura, también se solicita el transporte interurbano
(T-7.096.964).
4. Pruebas
En cada caso, se aportaron los
siguientes elementos probatorios relevantes:
4.1. Señora Ximena
Isabel Castro Segura contra COMFAMILIAR EPS              (T-7.096.964)
- Copia de la historia clínica de la
señora Ximena Isabel Castro Segura emitida, el 22 de junio de 2018, por el Hospital
Mental, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Hermanas Hospitalarias, ubicado en
Pasto (Nariño). En los antecedentes se indica su diagnóstico ESQUIZOFRENIA
PARANOIDE; en el tratamiento a seguir, se prescribe que continúa con manejo
farmacológico y la orden de “volver a control en 3 meses”. Igualmente,
en este documento se deja constancia de que la accionante reside en Tumaco
(Nariño), su sustento económico lo obtiene de la venta de fruta y reside con su
hijo de 14 años (cuaderno de primera instancia, folios 5 y 6).
- Copia de solicitud de autorización de
tratamiento médico presentada por la señora Ximena Isabel Castro Segura el 22
de junio de 2018 al hospital mental, nuestra señora del Perpetuo Socorro,
Hermanas Hospitalarias, ubicado en Pasto (Nariño). Se deja constancia en
las “ordenes de procedimiento y laboratorios” de la “cita de control
por psiquiatría en 3 meses” (cuaderno de primera instancia, folio 4).
4.2. Señora Luz Dary
Zamora Sinisterra contra Asmet Salud EPS (T-7.117.030)
-  Copia de la historia clínica
de la señora Luz Dary Zamora Sinisterra emitida, el 24 de febrero de 2018, por
la Clínica Santa Sofía del Pacífico, IPS Multimedicas Cali, ubicada en Cali
(Valle del Cauca). En los antecedentes se indica que la accionante padece ASMA
y tiene un EDEMA EN EXTREMIDADES, DOLOR GRADO 1 Y CEFALEA CRÓNICA, motivo por
el cual actualmente se encuentra en exámenes de diagnóstico para descartar
posible trombosis venosa profunda. Igualmente, se precisa que reside en
Buenaventura (Valle del Cauca) y trabaja como ama de casa (cuaderno de primera
instancia, folio 5).
- Copia de 3 autorizaciones de
tratamiento médico emitidas por ASMET SALUD EPS, el 29 de agosto de 2018. En la
descripción de servicios autorizados se indica electrocardiograma dinámica
(holter), ecocardiograma transtoracico; y consulta de control de seguimiento
por especialista en medicina interna (cuaderno de primera instancia, folios
2, 3 y 4).
5. Trámite de la acción de tutela y
respuestas de las entidades demandas
Las acciones de tutela correspondieron
por reparto al Juzgado Segundo Civil Municipal de Tumaco (Nariño) y al Juzgado
Cuarto Civil Municipal de Buenaventura (Valle del Cauca), autoridades judiciales
que decidieron admitirlas, correr traslado de la demanda y vincular, en el
primer caso, al Instituto Departamental de Salud de Nariño y, en el segundo, a
la Secretaria de Salud Distrital de Buenaventura y a la Secretaria de Salud
Departamental del Valle
5.1. Señora
Ximena
Isabel Castro Segura contra COMFAMILIAR EPS (Expediente T-7.096.964)
5.1.1. El Instituto Departamental de
Salud de Nariño, por medio de escrito presentado el 2 de agosto de 2018,
solicitó ser desvinculada de la acción de tutela por carecer de legitimación
por pasiva, debido a que “el tratamiento integral a la totalidad de las
afecciones de la misma, le corresponde a la EPS a la cual se encuentra
adscrita”. Para justificar lo anterior destacó el Acuerdo 032 de 2012, emitido
por la Comisión de Regulación en Salud, en el que se determinó la unificación
de prestaciones del Plan de Beneficios en Salud para la población perteneciente
a los regímenes de salud del régimen contributivo y subsidiado[1]; así
como la Resolución 5269 de 2017, emitido por el Ministerio de Salud y Protección
Social, mediante el cual se actualizó el Plan de Beneficios en Salud con cargo
a la Unidad de Pago por Capitación, que en el artículo 9º determinó que “las
EPS o las entidades que hagan sus veces, deberán garantizar a los afiliados del
SGSSS el acceso efectivo a las tecnologías en salud para el cumplimiento de la
necesidad y finalidad del servicio, a través de su red de prestadores de
servicios de salud”.
En concordancia, destacó la Ley 1751 de
2015, artículo 8º, en el cual se regula el principio de integralidad y la
Resolución 5269 de 2017, artículos 15 y 22, según los cuales las EPS deben
garantizar los beneficios de salud contemplados en dicho acto administrativo y
se indica que el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC cubre las tecnologías
en salud contempladas en dicho acto administrativo para el diagnóstico,
tratamiento, rehabilitación de todas las enfermedades, condiciones clínicas y
problemas de salud de los afiliados.
Así mismo, indicó que COMFAMILIAR EPS tiene
la responsabilidad de prestar y financiar los servicios solicitados por la
accionante, debido a que su tratamiento consistente en los servicios de “consulta
global o de primera vez y consulta de control y seguimiento en medicina general
y especializada, en psiquiatría” y “en las demás especialidades
requeridas”, están incluidos en el Plan de Beneficios en Salud[2].
Igualmente, indicó que a dicha empresa
le corresponde garantizar el acceso, en consideración a lo dispuesto en la
Circular Única 51 de 2007 del Ministerio de la Protección Social[3], la
Ley 1438 de 2011, artículo 22 y 124. Y, puntualmente, el servicio de transporte
se requiere en razón de las Sentencias T-149 de 2011 y T-206 de 2013, “es
obligación de todas las EPS suministrar el costo del servicio de transporte,
cuando ellas mismas autorizan la práctica de un determinado procedimiento
técnico en un lugar distinto al de la residencia del paciente, por tratarse de
una prestación que se encuentra comprometida en los contenidos del POS”.
Así mismo, se precisó que se requiere
asumir los costos de un acompañante en 3 situaciones: (a) cuando el paciente
sea totalmente dependiente de un tercero para su desplazamiento; (b) requiera
atención permanente para garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado
de sus labores cotidianas; y (c) ni él ni su núcleo familiar cuenta con los
recursos suficientes para financiar el traslado.
En razón de lo anterior, solicitó al
juez de conocimiento que se haga efectiva la “prestación y el financiamiento de
los servicios de transporte y alojamiento requeridos por (la accionante) y un
acompañante”, en caso de que se cumplan los lineamientos establecidos en el
precedente constitucional.
En relación con la alimentación, indicó
que si bien al Instituto Departamental de Salud le corresponde asumir el costo
de los servicios NO POS dirigido a población vulnerable, lo cierto es que dicho
emolumento excede la capacidad presupuestal de esa entidad y, por consiguiente,
sugiere que es una carga que debe asumir la familia en virtud del principio de
solidaridad.
Igualmente, indicó que, en aplicación de
la Resolución 1479 de 2015, dictada por el Ministerio de Salud y Protección
Social y la Resolución 1381 de 2018  del IDSN (por medio de la cual se derogó
la Resolución 1602 de 2015 del IDSN) y, en especial, de los artículos 1º y 2º, COMFAMILIAR
EPS es legalmente responsable de prestar todos los servicios médicos y, puede
ejercer el cobro ante el Instituto Departamental en Salud solamente cuando se
trate de prestaciones en salud y/o tecnologías no incluidas en el Plan de
Beneficios de Salud prescritas desde el segundo nivel de atención en adelante.
5.1.2. La Caja de Compensación
Familiar de Nariño EPS (COMFAMILIAR EPS), por medio de escrito
presentado el 3 de agosto de 2018, solicitó declarar improcedente la acción de
tutela. Manifestó que no existe un perjuicio irremediable que haga procedente
la acción de amparo debido a que esa empresa ha garantizado el servicio de
salud a la accionante, ya que ha cumplido con las obligaciones que le
corresponden, así, por ejemplo, ha autorizado y prestado los servicios del POS
que la demandante ha solicitado a esa entidad.
Puntualmente, en relación con el
transporte indicó que la EPS ha procurado que los servicios que requiere la
usuaria sean prestados en el lugar más cercano a su residencia y, por
consiguiente, los gastos para trasladarse consisten en una carga mínima que es
responsabilidad de ella y de su red de apoyo familiar, en razón del principio
de solidaridad. En concordancia con lo cual advirtió un mal uso de la acción de
tutela cuando esta se ejerce “tras cada formulación y autorización de
servicios de salud”.
Seguidamente, puso de presente que en
muchas oportunidades la EPS debe asumir los gastos de traslados como el
pretendido, sin que se hubiese demostrado que el paciente carezca de capacidad
económica, ocasionando un detrimento patrimonial a la entidad de salud y
dificultando el cumplimiento de las obligaciones legales ordinarias.
Así las cosas, solicitó negar la
pretensión de autorizar los servicios de transporte, alojamiento y alimentación.
En todo caso, de acceder a dicha solicitud, solicitó ordenar al Instituto
Departamental de Salud de Nariño que asuma las competencias para garantizar
dichas pretensiones, dado que a este le corresponde asumir los servicios NO POS
o excluidos del POS, según lo dispuesto en el Decreto 806 de 1998, artículo 31,
y Ley 715 de 2001, artículo 43 (43.2.1. y 43.2.2), Resolución 5334 de 2008,
artículo 4º, Resolución 1479 del 2015, modificada por la Resolución 1667 de
2015 del Instituto Departamental de Salud de Nariño, artículo 3º, así como la
jurisprudencia de la Corte Constitucional (T-788 de 2008 y T-556 de 2016).
En relación con el tratamiento integral,
advirtió que a la fecha se ha garantizado el acceso a los servicios de salud y
solamente es posible acceder a dicha pretensión cuando “existan
justificaciones concretas emitidas por los médicos tratantes más no cuando el
paciente lo demanda”[4].
En esa medida, solicitó también negar la pretensión de tratamiento integral.
Documentos anexos:
- Historial de servicios autorizados
emitidos por EPS COMFAMILIAR DE NARIÑO  a favor de la accionante.
- Copia de Circular Externa No. 228
emitida por el Instituto Departamental de Salud de Nariño sobre los requisitos
para autorizar servicios excluidos del POS.
5.2. Señora Luz
Dary Zamora Sinitsterra contra ASMET SALUD EPS (Expediente T-7.117.030)
5.2.1. Asmet Salud EPS, por medio
de escrito presentado el 13 de septiembre de 2018, solicitó negar la acción de
tutela.
Advirtió que esta entidad ha cumplido el
tratamiento prescrito por el médico tratante de la demandante y adicionó que un
requisito para acceder a servicios no contemplados en el Plan de Beneficios de
Salud es la existencia de una orden médica, requisito con el cual no se cumple.
Para fundamentar este argumento puso de presente la Resolución 5269 de 2017 y
las Sentencias T-212 de 2011 y T-745 de 2013.
En relación con la solicitud de
tratamiento integral, advirtió que es una pretensión que recae sobre hechos
futuros e inciertos, debido a que al expediente no se allegó material
probatorio que sustente dicha pretensión. Por consiguiente, no resulta posible
acceder a esta solicitud so pena de generar una orden indeterminada, en
contradicción de los parámetros jurisprudenciales establecidos al respecto en
la Sentencia T-1177 de 2008.
Señaló que, según la Ley 1751 de 2015 y
la Resolución 5269 de 2017, las EPS se encuentran obligadas a cubrir el acceso
a los servicios en el Plan de Beneficios de Salud. Por su parte, las entidades
territoriales, de acuerdo con la Resolución 1479 de 2015, deben asumir los
costos de los servicios no contemplados en dicho Plan y de las exclusiones. Sin
embargo, por órdenes de “CTC y fallos de tutela” la EPS ha asumido costos de
estos últimos servicios, lo que ha ocasionado que el Departamento del Valle del
Cauca tenga una deuda a su favor de $9.241.677.814, suma que no se ha podido
recuperar a pesar de recobros y demandas judiciales. Dicha situación ha
ocasionado a su vez una deuda a favor de las IPS, las cuales se niegan a la
prestación del servicio hasta tanto se pague la mora.
En consecuencia, solicita que, en caso
de acceder a las pretensiones, se ordene al Departamento del Valle del Cauca realizar
el pago inmediato y anticipado del servicio solicitado por la demandante, lo
contrario implicaría imponer una carga desproporcionada a la EPS que no se
encuentra en capacidad de soportar.
5.2.2. El Departamento del Valle del
Cauca, mediante su Secretaría de Salud Pública, mediante escrito presentado
el 19 de septiembre de 2018, solicitó ser desvinculada de la acción de tutela,
por considerar que el único ente territorial que debe ser vinculado a la tutela
es el Distrito Especial de Buenaventura, en razón del Decreto 2459 de 2015.
Adicionó que ASMET SALUD EPS debe asumir
los servicios del Plan de Beneficios de Salud sin derecho a recobro, como
sucede con los servicios solicitados por la accionante. Y, únicamente en los
servicios que no componen dicho Plan puede solicitar el correspondiente recobro
a la Secretaría Distrital de Salud de Buenaventura.
5.2.3. La Secretaría Distrital de
Salud de Buenaventura guardó silencio.
II. Decisiones de instancia
Señora Ximena
Isabel Castro Segura contra COMFAMILIAR EPS (Expediente T-7.096.964)
1. Primera instancia. El Juzgado
Segundo Civil Municipal de Tumaco (Nariño), por medio de Sentencia emitida
el 14 de agosto de 2018, accedió a las pretensiones. (i) Señaló que la
ausencia de recursos económicos para desplazarse desde su lugar de residencia a
aquel donde debe recibir atención médica, impide el acceso al tratamiento
prescrito y, en el presente asunto, la ausencia de capacidad económica de la
demandante se presume en razón de que se encuentra afiliada al Sistema de
Seguridad Social mediante el régimen subsidiado. (ii) No obstante,
precisó que los costos de alojamiento se supeditan a que la actora deba
permanecer en la ciudad de tratamiento, sin posibilidad de retorno a su lugar
de residencia. (iii) Adicionalmente, en relación con la solicitud  consistente
en que se cubran los mismos gastos para un acompañante indicó que, debido a que
no existe prueba en el expediente de que se cumplan los requisitos jurisprudenciales
para ello (Sentencias T-246 de 2010 y T-481 de 2011), pero, por la gravedad de
la enfermedad, determinó que debe ser el médico tratante quien establezca si
por su condición clínica requiere de la compañía de un tercero para asistir. (iv)
En relación con el tratamiento integral indicó que sí resulta posible
acceder a la pretensión debido a que la accionante es un sujeto de especial
protección constitucional debido a su patología y la situación de vulnerabilidad
que esta genera. (v) Finalmente, indicó que COMFAMILIAR EPS tiene la
responsabilidad inicial de asumir dichas obligaciones, según la Ley 1479 de 2015
y la Resolución 1381 de 2017 y “con posterioridad conforme a los términos de
la Resolución antes citada, efectuar el cobro ante el Instituto Departamental
de Salud de Nariño”.
Así las cosas, ordenó en favor de la
demandante, primero, a COMFAMILIAR EPS que “en adelante y en razón de su
diagnóstico de “esquizofrenia paranoide” proceda a autorizar el transporte
intermunicipal y urbano que necesita la señora Ximena Isabel Castro Segura para
efectos de su traslado (…) así como la alimentación y alojamiento que se
otorgarán debido a su desplazamiento, lo que se hace extensivo a su
acompañante, de así disponerlo su médico tratante. Es de aclarar que el
alojamiento se otorga ante la imposibilidad de retornar a su lugar de
residencia en el mismo día”.
Segundo, también a cargo de dicha
empresa, el tratamiento integral de todos los servicios incluidos o no en el
plan de beneficios y que se necesiten debido a su diagnóstico, incluyendo
transporte, alimentación y alojamiento, cuando deba recibir atención fuera de
Tumaco. “Para el efecto, se autoriza a la EPS EMSSANAR E.S.S. o su red de
prestadores, adelante el trámite por los servicios prestados no incluidos en el
Plan de Beneficios en Salud, y que no le corresponda asumir en los términos de
la Resolución 1381 de 2017 o normatividad que esté vigente al momento de la
prestación del servicio”.
2. Impugnación. COMFAMILIAR
EPS, por medio de escrito presentado el 22 de agosto de 2008, respecto al
transporte, alojamiento y alimentación, insistió en que son SERVICIOS NO POS y
EXCLUIDOS DEL POS, por ende la entidad territorial tiene la responsabilidad de
cumplir el fallo respecto a estos servicios, pero no la EPS, como se determinó
en el fallo. En relación con el tratamiento integral, indicó que no debe accederse
a esa pretensión porque el servicio de salud que le corresponde asumir a esa
entidad respecto a la demandante se ha prestado con continuidad.
En el escrito la EPS insistió en que no
ha descuidado el servicio de salud de la accionante y, al contrario, se ha
procurado que este sea prestado en lugares cercanos a su residencia. Sin
embargo, los gastos correspondientes al transporte, al alojamiento y a la
alimentación no se encuentran en el Plan de Beneficios y, por consiguiente, son
las entidades territoriales departamentales quienes deben asumirlos, pues,
según la Ley 715 de 2001, a esas se les han asignado los recursos de subsidio a
la oferta para cubrir los gastos ajenos a las competencias de las EPS
subsidiadas.
Adiciona que, a pesar de lo anterior, en
diferentes oportunidades fallos emitidos en procesos de tutela le han impuesto
dicha responsabilidad a la EPS, causando, por un lado, un perjuicio a la
estabilidad financiera y, por otro, la dificultad en el cumplimiento de las
funciones ordinarias que sí le corresponden asumir a esa empresa por
insuficiencia de recursos. Situación que resulta de mayor gravedad considerando
que, hasta el momento, las entidades territoriales no han reembolsado los
gastos en que dicha empresa ha incurrido para prestar servicios excluidos del
Plan de Beneficios.
3. Segunda instancia. El Juzgado
Primero Civil del Circuito de San Andrés de Tumaco (Nariño), mediante
Sentencia del 13 de septiembre de 2018, revocó y, en su lugar, negó la acción
de tutela. En el falló se indicó, primero, que los gastos de transporte pueden
ser cubiertos cuando el paciente demuestra que carece de los recursos
económicos para suplir los gastos, no obstante, en el presente caso, la
demandante no alegó dicha situación ni aportó material probatorio que permita
inferirla; segundo, la actora no allegó material probatorio para constatar que
solicitó cubrir los gastos solicitados antes de acudir a la vía judicial y, por
ende, en primera instancia no se podía concluir que la EPS no accedió a las
pretensiones de cubrir los gastos que la accionante pretende que sean asumidos
por esa empresa.
Señora Luz
Dary Zamora Sinitsterra contra ASMET SALUD EPS (Expediente T-7.117.030)
1. Primera instancia. El Juzgado
Cuarto Civil Municipal de Buenaventura (Valle del Cauca), por medio de
Sentencia del 20 de septiembre de 2018, accedió a las pretensiones de la
demanda. Advirtió que la difícil situación económica de la demandante se
presume en razón de la afiliación de la demandante al Sistema de Seguridad
Social en Salud mediante el régimen subsidiado, y las manifestaciones de esta
relacionadas con ser madre cabeza de familia y estar a cargo de una hija menor
de edad. A lo que se agrega que el sujeto pasivo de la demanda no desvirtúa
estas manifestaciones.
Explicó que el servicio de transporte es
parte del Plan Obligatorio de Salud, según la Resolución 5269 de 2017 del
Ministerio de Salud y Protección Social. Por consiguiente, es obligación de la
EPS “brindar una adecuada asistencia”. Adicionalmente, este no se encuentra
supeditado a orden médica, pues su requerimiento es evidente porque las citas y
procedimientos médicos deben ser llevados a cabo en una ciudad distinta a
aquella en la que reside la demandante. De hecho, cuando las citas son “de un
día para otro” también se requiere cubrir los gastos de alimentación y
transporte.
Sin embargo, no accedió a las
pretensiones de transporte, alojamiento y alimentación para un acompañante, en
razón de que con el material probatorio allegado no se demostró su dependencia
hacia otra persona para su desplazamiento.
En relación con el tratamiento integral
advirtió que “el juez constitucional no puede permitir, que para cada
diligencia, etapa o paso que requiera el tratamiento de una enfermedad, se
compela al afectado a instaurar una acción de tutela”. En esa medida,
advirtió que resultaba indispensable disponer el tratamiento integral para
garantizar la atención médica de manera oportuna relacionada con el diagnóstico
actual de la accionante y según lo prescrito por sus médicos tratantes.
Así las cosas ordenó a ASMET SALUD EPS
(i) “suministrar únicamente a la accionante, los costos de transporte
intermunicipal (ida y vuelta) y urbano (en la ciudad donde se remita), en el
evento de que los medicamentos, exámenes, procedimientos y demás atenciones
médicas ordenadas por su médico tratante, se realicen fuera de la ciudad de
Buenaventura y tengan relación con la patología que actualmente padece y se
encuentre en su historia clínica. Además, cuando las citas médicas o
procedimientos sean de un día para otro, será necesario que la entidad
accionada suministre el alojamiento y la alimentación”. (ii) Prestar el
tratamiento integral que requiera la demandante “como con el suministro de
elementos, medicamentos, vitaminas, práctica de exámenes, valoraciones,
terapias hospitalizaciones, cirugías y demás atenciones médicas dadas por los
galenos en relación con la enfermedad que actualmente padece y se encuentre
relacionada en su historia clínica”.
2. Impugnación. ASMET
SALUD EPS impugnó el fallo. Señaló que no debió accederse al tratamiento
integral debido a que los servicios que se han requerido por la demandante se
han prestado con continuidad y suficiencia.
3. Segunda instancia. El Juzgado
Primero Civil de Circuito de Buenaventura, mediante Sentencia del 23 de
octubre de 2018, revocó el amparo y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda. Señaló que, primero, la accionante no demostró la ausencia de
capacidad económica ni que sus familiares fueran personas de escasos recursos
económicos y es a estos últimos a quienes les corresponde apoyar a la
demandante en razón del principio de solidaridad. Segundo, no existe orden
médica en el expediente que evidencie que ordene el traslado de la demandante
para una cita próxima ni tampoco existe evidencia de que su tratamiento sea
periódico. Y, tercero, la demandante no alegó ni existe constancia en el
expediente que evidencie que la EPS ha incurrido en la prestación irregular del
servicio de salud.
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DECISIÓN
1. Competencia
La Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional es competente para revisar las sentencias proferidas dentro de los
procesos de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86 y
241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos
33 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Procedencia de la acción de tutela
2.1. Legitimación por activa
Según lo establecido en el artículo 86
de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo de defensa
judicial, preferente y sumario, al que puede acudir cualquier persona cuando
sus derechos fundamentales resulten vulnerados o amenazados por la acción u
omisión en que incurra cualquier autoridad pública o un particular, en los
casos específicamente previstos por el Legislador y no exista otro mecanismo de
defensa judicial que permita su protección efectiva.
En este sentido, el artículo 10
del Decreto 2591 de 1991, “[p]or el cual se reglamenta la acción de tutela
consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”, determina
que “(l)a acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por
cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos”.
En el presente
caso, las señoras Ximena Isabel Castro Segura y Luz Dary Zamora
Sinisterra acudieron a la acción de tutela en nombre propio, en procura de que
se proteja su derecho fundamental a la salud que, en su criterio, fue vulnerado
por las EPS Comfamiliar y Asmet Salud. Por consiguiente, este requisito se
encuentra cumplido.
2.2. Legitimación por pasiva
Según lo establecido en los artículos
5º, 13 y 42 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra
cualquier acción u omisión en que incurra una autoridad pública o un
particular, en los casos determinados por la ley, cuando se les atribuye la
vulneración de un derecho fundamental. Puntualmente, según el artículo 42.2 la
tutela procede “cuando contra quien se hubiere hecho la solicitud esté
encargado de la prestación del servicio público de salud”.
En el asunto bajo revisión, la tutela
fue presentada contra las EPS COMFAMILIAR y ASMET SALUD por estar
a cargo de la prestación del servicio de salud y debido a que son acusadas de
haber incurrido, presuntamente, en la vulneración del derecho fundamental a la
salud de las demandantes. En consecuencia, se encuentran legitimadas para
actuar en la presente tutela.
En el trámite de la tutela fueron
vinculadas las entidades territoriales, en el primer caso, el Instituto
Departamental de Salud de Nariño y, en el segundo, el Departamento del Valle
del Cauca y la Secretaría Distrital de Salud de Buenaventura, debido a que
tienen responsabilidades en la prestación del servicio de salud en poblaciones
vulnerables, como sucede con las accionantes, por pertenecer al régimen
subsidiado de seguridad social en salud, se evidencia que también se encuentran
legitimadas para actuar en la presente causa.
2.3. Inmediatez
La finalidad de la acción de tutela es
garantizar una protección efectiva, actual y expedita frente a la transgresión
o amenaza inminente de un derecho fundamental, motivo por el cual, entre la
ocurrencia de los hechos que, presuntamente, generaron la vulneración, y la
presentación de la demanda, debe haber trascurrido un lapso razonable. Con este
requisito se busca garantizar la seguridad jurídica y evitar que la acción de
tutela instaurada sea empleada para subsanar la negligencia en que incurrieran
los ciudadanos para la protección de sus derechos.
Se encuentra cumplido este requisito
debido a que la acción de tutela resulta procedente cuando se mantiene vigente
la lesión de los derechos fundamentales, presuntamente, afectados. En el primer
caso, se evidencia que la señora Ximena Isabel Castro Segura se
encuentra en tratamiento constante por su enfermedad ESQUIZOFRENIA
PARANOIDE,
por consiguiente, la necesidad de los gastos en los que debe incurrir para
trasladarse desde su ciudad de residencia hasta el lugar en el cual es prestado
su servicio médico es frecuente, de hecho, antes de la presentación de la
tutela, el 22 de junio de 2018, su médico tratante, prescribió cita de control
en 3 meses.
En el segundo caso, se evidencia que la
demandante se encuentra sometida a un tratamiento médico porque padece ASMA, EDEMA
EN EXTREMIDADES, DOLOR GRADO 1 Y CEFALEA CRÓNICA y está siendo sometida a la
realización de exámenes de diagnóstico para descartar posible trombosis venosa
profunda; incluso, en su historia clínica del 29 de agosto de 2018, previa a la
presentación de la tutela, se precisó en la descripción
de servicios autorizados se indica “electrocardiograma dinámica (holter),
ecocardiograma transtoracico; y consulta de control de seguimiento por
especialista en medicina interna”. En consecuencia, la demandante se
encuentra en continuo tratamiento médico y en un proceso de diagnóstico, para
lo cual debe desplazarse desde su lugar de residencia hasta el municipio en que
son prestados los servicios.
En razón de lo anterior, se evidencia
que la presunta vulneración en la cual incurrieron las EPS accionadas por
negarse a cubrir los costos de transporte, alimentación y alojamiento, es
actual y, en esa medida, se encuentra cumplido el requisito de inmediatez.
2.4. Subsidiariedad
En el marco del derecho
fundamental a la salud existe un mecanismo jurisdiccional específico regulado
por el Legislador en procura de su protección. Este se encuentra desarrollado,
principalmente, en la Ley 1122 de 2007 “(p)or la cual se
hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
y se dictan otras disposiciones”, artículo 41,
modificado por la Ley 1438 de 2011 “(p)or medio de
la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan
otras disposiciones”, artículo 126.
Según este marco
jurídico, la Superintendencia Nacional de Salud es competente para “conocer
y fallar en derecho, con carácter definitivo y con las facultades propias de un
juez” diferentes controversias relacionadas, entre otros, con la
denegación por parte de las Entidades Promotoras de Salud de servicios
incluidos en el “Plan Obligatorio de Salud” (“POS”)[5]  y la denegación de servicios excluidos del “Plan de
Beneficios en Salud” (“PBS”) que no sean pertinentes para atender
las condiciones particulares del afiliado[6].
Igualmente, en dichas
disposiciones se determinó que el mecanismo de defensa judicial debe
desarrollarse mediante un procedimiento “preferente y sumario”, regido
por los principios de informalidad, “publicidad, prevalencia del derecho
sustancial, economía, celeridad y eficacia, garantizando debidamente los
derechos al debido proceso, defensa y contradicción”. Este mecanismo de
defensa judicial se caracteriza porque (a) la acción puede ser presentada sin
formalidad ni autenticación; (b) se puede ejercer a nombre propio (sin
apoderado judicial); (c) el término para resolverla es de 10 días siguientes a
la solicitud; y (d) cuenta con doble instancia, debido a que en los 3 días
siguientes a la notificación el fallo puede ser impugnado.
En consecuencia, por regla
general, el mencionado mecanismo de defensa judicial ante la Superintendencia
Nacional de Salud es preferente y principal cuando se trate de un asunto que es
de su competencia (artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, modificado por el
artículo 126 de la Ley 1438 de 2011). Sin embargo, ello no excluye la
procedencia de la acción de tutela, según la Sentencia C-119 de 2008, mediante
la cual se resolvió una acción de inconstitucionalidad presentada contra el
artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, en la cual se declaró la constitucionalidad
de la norma precisando que subsidiariamente la tutela procede:
(a) Cuando el mecanismo
de defensa judicial carece de idoneidad y eficacia, caso en el cual la acción
de amparo procede como mecanismo definitivo. El mecanismo
judicial resulta idóneo cuando (i) éste se encuentre regulado
para resolver la controversia judicial y (ii) permita la protección de las
garantías superiores.  La eficacia se relaciona con la
oportunidad de esta protección, según el Decreto 2591 de 1991, artículo 6º, la
eficacia de cada mecanismo de defensa judicial debe ser apreciada en concreto “atendiendo las circunstancias
en que se encuentra el solicitante”[7].
(b) Cuando se requiera
evitar la consumación de un perjuicio irremediable, evento en el que la tutela
procederá transitoriamente.[8]
Siguiendo este marco
jurídico, según la jurisprudencia constitucional la determinación sobre la
procedencia de la tutela exige un análisis singular, que atienda a las
particularidades del caso concreto y, en concordancia, la acción de amparo procede,
entre otros, cuando:
(i)
“Exista riesgo la vida, la salud o la integridad
de las personas”, al respecto de ha indicado que “(e)l
juez de tutela se debe abstener de remitir las diligencias a la
Superintendencia de Salud cuando se encuentre en riesgo la vida, la salud o la
integridad de las personas”[9].
En concordancia se ha determinado que se debe tener en cuenta que el demandante se encuentre expuesto a graves condiciones de
salud, teniendo en consideración la “gravedad del riesgo para la salud o la
vida digna de los afectados”[10].
(ii)
El accionante sea una persona de
especial protección constitucional o se encuentra en condición de debilidad
manifiesta[11], debido a que esta se encuentra
expuesta a condiciones de vulnerabilidad y, por ende, a “una posición de
desigualdad material con respecto al resto de la población”[12].
Por ende, se exige asumir medidas especiales, brindar un tratamiento
preferencial y flexibilizar los trámites administrativos y judiciales, en
procura de “garantizar la igualdad material a través de
discriminaciones afirmativas a (su) favor”[13]
y, de esa manera, lograr la oportuna materialización de sus derechos.
(iii)
El sujeto activo de la demanda no
esté en condiciones de acudir a la  Superintendencia Nacional de Salud de
manera física o virtual. En efecto, esta entidad no cuenta con presencia en
todos los municipios del país, a diferencia de los jueces constitucionales,
quienes son de más fácil accesibilidad en el territorio colombiano[14].
(iv)
La existencia de “una
respuesta negativa por parte de la entidad prestadora de salud; o si, por el
contrario, se desprende de una conducta puramente omisiva que vulnera
directamente el derecho iusfundamental a la salud, ámbito sobre el cual el juez
constitucional inexorablemente conserva la competencia principal”[15].
En el caso concreto, la
Sala evidencia que se encuentra cumplido el requisito de subsidiariedad. Si
bien las accionantes cuentan con el mecanismo de defensa judicial ante la
Superintendencia Nacional de Salud y esta herramienta cumple con el requisito
de “idoneidad” para tramitar sus pretensiones (Ley 1122 de 2007,
artículo 41, literal c y Ley 1438 de 2011, artículo 26, literal e); lo cierto
es que esta herramienta no cumple con el requisito de “eficacia” debido
a que no permite una respuesta oportuna para la protección de las garantías
constitucionales presuntamente comprometidas.
En el caso bajo estudio
se evidencia que, en efecto, (i) se encuentra en riesgo la salud de las
demandantes. Específicamente, la señora Ximena Isabel
Castro Segura se encuentra diagnosticada con esquizofrenia paranoide. En
el segundo, la señora Luz Dary Zamora Sinisterra padece de asma,
actualmente tiene un edema en extremidades, dolor grado 1 y cefalea crónica y
se encuentra en exámenes de diagnóstico para descartar posible trombosis
venosa profunda. (ii) Las accionantes son sujetos
de especial protección constitucional debido a que son madres cabeza de
familia, de escasos recursos económicos y a cargo de sus hijos, quienes son
menores de edad[16]. (iii) Las
accionantes residen en sectores de difícil acceso (Tumaco) y en el sector rural
(ubicado en Buenaventura),  por consiguiente, acercarse a las instalaciones de la
Superintendencia Nacional de Salud se torna complejo y (iv) las demandantes,
presuntamente, se enfrentan al actuar omisivo de las EPS a las que se
encuentran afiliadas y de las entidades territoriales a las que se encuentran
afiliadas, por la falta de prestación efectiva de los servicios que requieren.
En adición a lo anterior, la Corte
Constitucional en audiencia de seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008, llevada a cabo el 6 de diciembre de
2008, tuvo conocimiento que la Superintendencia Nacional de Salud atraviesa
dificultades administrativas que le impiden el ejercicio de la función
jurisdiccional. Según informó esa misma entidad, afronta los siguientes
problemas: (i) no le resulta posible dictar decisiones jurisdiccionales en los
10 días determinados en la Ley. De hecho, (ii) la demora para emitir una
solución de fondo de las controversias oscila entre dos y tres años,
especialmente de aquellas de carácter económico; y (iii) las dificultades se
agravan en las oficinas regionales, en razón de que la entidad no cuenta
con personal
especializado suficiente y, por ende, se ha generado una dependencia alta hacía
Bogotá. En razón de lo anterior, esta Corporación ha determinado que “mientras
persistan dichas dificultades y de conformidad con las circunstancias concretas
del caso estudiado, el mecanismo jurisdiccional ante la Superintendencia de
Salud no es un medio idóneo y eficaz para la protección inmediata de derechos
fundamentales de los usuarios del SGSSS”[17].
Razón adicional para declarar cumplido el requisito de subsidiariedad en el
caso bajo análisis.
3. Problema jurídico
En consideración a los
hechos y a las decisiones de instancia expuestas, le corresponde a la Sala
Quinta de Revisión determinar si las Entidades Promotoras de Salud COMFAMILIAR y
ASMET SALUD incurrieron en la vulneración del derecho fundamental a la salud de
las accionantes señoras Ximena Isabel Castro Segura y Luz
Dary Zamora Sinisterra, por no cubrir los
gastos de transporte, alojamiento y alimentación para ellas y un acompañante,
que requieren para desplazarse desde su lugar de residencia hasta los
municipios donde deben asistir a las citas y procedimientos médicos prescritos por
su médico tratante (en el primer caso desde Tumaco hasta Pasto; en el segundo desde
Buenaventura hasta Cali). Lo anterior, bajo el argumento de la supuesta
inexistencia de orden médica o la no inclusión de estos insumos en el Plan de
Beneficios en Salud (PBS), a pesar de que se trata de dos madres cabeza de
familia, ambas registradas en el Sistema de Identificación de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN).
Adicionalmente, en el
primer caso (accionante señora Ximena Isabel
Castro Segura contra COMFAMILIAR EPS)
se deberá determinar además si la EPS incurrió en la vulneración del derecho
fundamental a la salud por no cubrir los costos del transporte interurbano.
En razón de lo anterior,
a continuación se estudiaran los siguientes temas: (1) el derecho
fundamental a la salud; (2) el principio de integralidad; (3)
el diagnóstico efectivo; (4) el cubrimiento de los gastos de
transporte, alojamiento y alimentación para el paciente y un acompañante.
Reiteración jurisprudencial; (5) el tratamiento integral condiciones
para acceder a la pretensión. Y, finalmente, se resolverá el (6) caso
concreto.
IV. CONSIDERACIONES
1.
El
derecho fundamental a la salud
El
derecho a la salud es es un derecho fundamental autónomo e
irrenunciable y un servicio público a cargo del Estado, el cual debe ser
prestado de manera oportuna, eficaz y con calidad, a todas las personas,
siguiendo el principio de solidaridad, eficiencia y
universalidad. Se encuentra regulado principalmente en los artículos 48 y 49
Superior, en la Ley Estatuaria Ley 1751 de 2015[18]
y en las Leyes 100 de 1993, 1122 de 2007 y 1438 de 2011.
Según
la Ley Estatutaria 1751 de 2015, artículo 6º, dicha garantía constitucional comprende
diferentes elementos y principios que guían la prestación del servicio, entre
estos, los de accesibilidad, según el cual los servicios prestados deben ser accesibles
física y económicamente para todos en condiciones de igualdad y sin
discriminación (Literal c); continuidad, implica que una vez se haya iniciado
la prestación de un servicio, “este no podrá ser
interrumpido por razones administrativas o económicas” (Literal d);y
oportunidad, que exige la no dilación en el tratamiento (Literal e).
2.
El
principio de integralidad
Según el
artículo 8° de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 el derecho
fundamental y servicio público de salud se rige por el principio de integralidad,
según el cual los servicios de salud deben ser suministrados de manera completa
y con “independencia del origen de la enfermedad o condición de salud”.
En concordancia, no puede “fragmentarse la responsabilidad en la prestación
de un servicio de salud específico en desmedro de la salud del usuario”.
Bajo ese entendido, ante la duda sobre el alcance de un servicio o tecnología
de salud “cubierto por el Estado, se entenderá que este comprende
todos los elementos esenciales para lograr su objetivo médico respecto de la
necesidad específica de salud diagnosticada”.
En concordancia,
la Sentencia C-313 de 2014, por medio de la cual se realizó el control de
constitucionalidad a la Ley 1751 de 2015, determinó que el contenido del
artículo 8º implica que “en caso de duda sobre el alcance de un servicio o
tecnología de aquellos cubiertos por el Estado, esta se decanta a favor del
derecho” y cualquier incertidumbre se debe resolver en favor de quien lo
solicita. En concordancia, el tratamiento integral implica garantizar el acceso
efectivo al servicio de salud suministrando “todos aquellos medicamentos,
exámenes, procedimientos, intervenciones y terapias, entre otros, con miras a
la recuperación e integración social del paciente, sin que medie obstáculo
alguno independientemente de que se encuentren en el POS o no”[19].
Igualmente, comprende un tratamiento sin fracciones, es decir “prestado de
forma ininterrumpida, completa, diligente, oportuna y con calidad”[20].
Es importante
precisar que en el proyecto de la Ley Estatutaria el mencionado artículo 8º
contenía un parágrafo, según el cual se definía como tecnología o servicio de
salud aquello “directamente relacionado” con el tratamiento y el
cumplimiento del objetivo preventivo o terapéutico. Mediante la Sentencia C-313
de 2014 se estudió esta disposición, se puso de presente que en criterio de
algunos intervinientes esta podría “comprometer la prestación de servicios
usualmente discutidos en sede de tutela”, entre estos el “financiamiento
de transporte”. Al respecto, la Corte señaló que, en efecto, implicaba una
limitación indeterminada de acceso, en contradicción con los artículos 2º y 49
Superiores y, por consiguiente, la declaró inexequible.
En concordancia,
recientemente en las Sentencias T-171 de 2018 y T-010 de 2019 se precisó que el
principio de integralidad opera en el sistema de salud no solo para garantizar la prestación
de los servicios y tecnologías necesarios para que la persona pueda superar las
afectaciones que perturban sus condiciones físicas y mentales, sino, también,
para que pueda sobrellevar la enfermedad manteniendo su integridad y dignidad
personal. Así como para garantizar el acceso efectivo.
En esa medida se ha precisado que el Sistema
de Seguridad Social en Salud, según el artículo 15 de la Ley 1751 de 2015, se
estructura bajo el concepto de integralidad, que incluye la promoción,
prevención, paliación, atención de la enfermedad y rehabilitación de sus
secuelas. Sin embargo, no se encuentran cubiertas por el
Sistema General de Seguridad Social en Salud aquellas tecnologías y
prestaciones excluidas expresamente por el Ministerio de
Salud y Protección Social, previo el procedimiento técnico-científico señalado
en el mencionado artículo. Debe precisarse que las exclusiones son
únicamente las determinadas por dicha cartera ministerial en las listas que
emite, las cuales tienen un carácter taxativo y, en concordancia con el
principio de integralidad, su interpretación y aplicación debe ser restrictiva
y, a la inversa, la interpretación y aplicación de las listas de inclusiones
tienen que ser amplias[21].
Cabe destacar
que cuando se trata de prestaciones no incluidas en el Plan de Beneficios en
Salud con cargo a la UPC, pero que tampoco se encuentran expresamente
excluidas, anteriormente, el sistema garantizaba el acceso a dichos servicios
cuando: (i) el médico tratante ordenaba su realización[22]; y,
en el régimen subsidiado cuando además de la autorización médica se tuviera la (ii)
aprobación del Comité Técnico Científico (CTC).
Este último
requisito, es decir, la aprobación por parte del CTC fue eliminado mediante la
Resolución 2438 de 2018[23]
(el término para cumplir esa disposición, inicialmente, fue el 1º de enero de
2019, plazo ampliado, por medio de la Resolución 5871 de 2018, al 1º de abril
de 2019). Actualmente, según el artículo 19 de la mencionada Resolución 2438 de
2018, “(l)as IPS que se encuentren habilitadas de acuerdo con la normativa
vigente, deberán conformar una Junta de Profesionales de la Salud en caso de
que los profesionales de la salud de su planta de personal prescriban o presten
tecnologías en salud no financiadas con recursos de la UPC o servicios
complementarios, con el fin de aprobar bajo criterios médicos, técnicos y de
pertinencia, únicamente aquellas prescripciones de servicios complementarios,
productos de soporte nutricional prescritas en el ámbito ambulatorio o
medicamentos de la lista temporal de medicamentos con uso no incluido en
registro sanitario en los términos previstos en los artículos 44 y 45 de este
acto administrativo”. Puntualmente, según se dispone en el artículo 20 “(l)a
obligatoriedad que tienen las IPS de conformar las Juntas de Profesionales de
la Salud, está determinada por la prescripción o prestación de tecnologías en
salud no financiadas con recursos de la UPC o servicios complementarios, por
parte de los profesionales de la salud que conforman su planta o de acuerdo al
cumplimiento de las normas de habilitación del SOGCS”.
3.
El
diagnóstico efectivo
Según
la jurisprudencia constitucional, el derecho al diagnóstico deriva del
principio de integralidad y consiste en la garantía del paciente de “exigir de las entidades prestadoras
de salud la realización de los procedimientos que resulten precisos con el
objetivo de establecer la naturaleza de su dolencia para que, de esa manera, el
médico cuente con un panorama de plena certeza sobre la patología y determine
‘las prescripciones más adecuadas’ que permitan conseguir la recuperación de la
salud, o en aquellos eventos en que dicho resultado no sea posible debido a la
gravedad de la dolencia, asegurar la estabilidad del estado de salud del
afectado”[24].
El
goce del derecho a la salud depende de un diagnóstico efectivo, el cual implica
una valoración oportuna respecto a las dolencias que afecta al paciente, la
determinación de la patología y del procedimiento médico a seguir, el cual, una
vez iniciado “no podrá ser interrumpido por razones administrativas o
económicas”[25].
En consecuencia, el diagnóstico comprende el punto base para el
restablecimiento de la salud del paciente.
En lectura de lo anterior, esta
Corporación ha precisado que la finalidad del diagnóstico se compone por tres
elementos: (a) identificación: que exige “(e)stablecer con precisión la patología
que padece el paciente; lo cual, revela a profundidad su importancia, en la
medida en que se erige como verdadero presupuesto de una adecuada prestación
del servicio de salud”; (b) valoración: que implica “(d)eterminar con el
máximo grado de certeza permitido por la ciencia y la tecnología el tratamiento
médico que asegure de forma más eficiente el derecho al “más alto nivel
posible de salud”; y (c) prescripción, que implica “(i)niciar dicho
tratamiento con la prontitud requerida por la enfermedad sufrida por el
paciente”[26].
4.
El cubrimiento de los gastos de transporte, alojamiento y alimentación
para el paciente y un acompañante. Reiteración jurisprudencial
4.1.
Transporte. Según la Ley 1751 de 2015, artículo 6º, literal c, “(l)os
servicios y tecnologías de salud deben ser accesibles a todos, en condiciones
de igualdad, dentro del respeto a las especificidades de los diversos grupos
vulnerables y al pluralismo cultural. La accesibilidad comprende la no
discriminación, la accesibilidad física, la asequibilidad
económica y el acceso a la información” (Resaltado propio). En
concordancia, el transporte y los viáticos requeridos para asistir a los
servicios de salud prescritos por los médicos tratantes, si bien no constituyen
servicios médicos[27], lo
cierto es que sí constituyen elementos de acceso efectivo en condiciones
dignas.
Resulta
importante diferenciar entre el transporte intermunicipal (traslado entre
municipios) e interurbano (dentro del mismo municipio)[28]. En
relación con lo primero, el Ministerio de Salud y Protección Social emitió la
Resolución 5857 de 2018-“Por la cual se actualiza integralmente el
Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC)”,
el cual busca que “las Entidades Promotoras de Salud (EPS) o las entidades
que hagan sus veces, garanticen el acceso a los servicios y tecnologías
en salud bajo las condiciones previstas en esta resolución” (Resalta la
Sala).
Bajo
ese entendido, dicha Resolución consagró el Título V sobre “transporte o
traslado de pacientes”, que en el artículo 120 y 121 establece las
circunstancias en las que se debe prestar el servicio de transporte de
pacientes por estar incluido en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), con cargo
a la UPC. En términos generales “el servicio de transporte para el
caso de pacientes ambulatorios se encuentra incluido en el PBS y debe ser
autorizado por la EPS cuando sea necesario que el paciente se traslade a un
municipio distinto al de su residencia (transporte intermunicipal), para
acceder a una atención que también se encuentre incluida en el PBS”[29]
(Resaltado propio).
Siguiendo
lo anterior, en principio el paciente únicamente está llamado a costear el
servicio de transporte cuando no se encuentre en los eventos señalados en la
Resolución 5857 de 2018[30].
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha precisado que cuando el
servicio de transporte se requiera con necesidad y no se cumplan dichas hipótesis,
los costos de desplazamiento no se pueden erigir como una barrera que impide el
acceso a los servicios de salud prescritos por el médico tratante. Por
consiguiente, “es obligación de todas las E.P.S. suministrar el
costo del servicio de transporte, cuando ellas mismas autorizan la práctica
de un determinado procedimiento médico en un lugar distinto al de la
residencia del paciente, por tratarse de una prestación que se encuentra comprendida
en los contenidos del POS” (Negrilla fuera de texto original).
En
consideración a lo anterior se han establecido las siguientes subreglas que
implican la obligación de acceder a las solicitudes de transporte
intermunicipal, aun cuando no se cumplan los requisitos previstos en la Resolución
5857 de 2018:
“i.   El servicio fue
autorizado directamente por la EPS, remitiendo a un prestador de un municipio
distinto de la residencia del paciente[31].
ii.
Ni
el paciente ni sus familiares cercanos tienen los recursos económicos
suficientes para pagar el valor del traslado.
iii.
De
no efectuarse la remisión se pone en riesgo la vida, la integridad física o el
estado de salud del usuario.
En relación con el transporte intramunicipal,
esta Corporación ha evidenciado que “no se encuentran incluidos expresamente
en el PBS con cargo a la UPC”, por consiguiente, cuando el profesional de
la salud advierta su necesidad y verifique el cumplimiento de los requisitos
señalados en los anteriores párrafos, deberá tramitarlo a través del
procedimiento de recobro correspondiente[32].
4.2. Alimentación
y alojamiento. La Corte Constitucional reconoce que
estos elementos, en principio, no constituyen servicios médicos, en
concordancia, cuando un usuario es remitido a un lugar distinto al de su
residencia para recibir atención médica, los gastos de estadía tienen que ser
asumidos por él o por su familia. No obstante, teniendo en consideración que no
resulta posible imponer barreras insuperables para asistir a los servicios de
salud, excepcionalmente, esta Corporación ha ordenado su financiamiento.
Para ello, se han
retomado por analogía las subreglas construidas en relación con el servicio de
transporte. Esto es, (i) se debe constatar que ni los pacientes ni su
familia cercana cuentan con la capacidad económica suficiente para asumir los
costos; (ii) se tiene que evidenciar que negar la solicitud de
financiamiento implica un peligro para la vida, la integridad física o el
estado de salud del paciente; y, (iii) puntualmente en las solicitudes
de alojamiento, se debe comprobar que la atención médica en el lugar de
remisión exige “más de un día de duración se cubrirán los gastos de
alojamiento”[33].
4.3. Transporte,
alimentación y alojamiento para un acompañante. En algunas
ocasiones el paciente necesita un acompañante para recibir el tratamiento
médico. Al respecto, la Corte Constitucional ha determinado que las EPS deben
costear los gastos de traslado de un acompañante cuando (i) se constate
que el usuario es “totalmente dependiente de un tercero para su
desplazamiento”; (ii) requiere de atención “permanente” para
garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado de sus labores
cotidianas; y (iii) ni él ni su núcleo familiar tengan la capacidad
económica para asumir los costos y financiar su traslado[34].
4.4. Falta
de capacidad económica. En relación con el requisito consistente
en demostrar la carencia de recursos económicos para cubrir los gastos de
alimentación, alojamiento y transporte para un acompañante debe precisarse que la
ausencia de capacidad financiera puede constatarse con los elementos allegados
al expediente, cuando el paciente afirme la ausencia de recursos, la carga de
la prueba se invierte y le corresponde a la EPS desvirtuar lo dicho[35] pero,
en caso de guardar silencio, la afirmación del paciente se entiende probada[36] y, puntualmente, respecto de las personas afiliadas al Sistema de
Seguridad Social en Salud mediante el Régimen Subsanado o inscritas en el
SISBEN “hay presunción de incapacidad económica (…) teniendo
en cuenta que hacen parte de los sectores más pobres de la población”[37].
4.5. Financiación.
Según
la Resolución 5857 de 2018, artículo 121 “(e)l servicio de transporte en un
medio diferente a la ambulancia, para acceder a una atención descrita en el
Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC, no disponible en el lugar de
residencia del afiliado, será financiado en los municipios o corregimientos con
la prima adicional para zona especial por dispersión geográfica”. Por
consiguiente, el traslado de pacientes ambulatorios desde su lugar de
residencia hasta el lugar de atención está incluido en el PBS, “con cargo a
la prima adicional por dispersión establecida sobre la unidad de pago por
capitación para algunas zonas geográficas”[38].
La prima adicional es “un
valor destinado a los departamentos y regiones en los cuales por haber menor
densidad poblacional se generan sobrecostos en la atención, entre otras
razones, por el traslado de pacientes. De tal forma, en esas áreas geográficas
no se cuenta con la totalidad de red prestadora especializada, ni de alto nivel
de complejidad, por tanto, la necesidad de traslado a otro centro urbano donde
se cubran estos servicios motiva la asignación de un pago adicional por parte
del Estado”.
En razón de lo anterior, la Corte Constitucional ha precisado que:
“Se infiere que las zonas que no son
objeto de prima por dispersión, cuentan con la totalidad de infraestructura y
personal humano para la atención en salud integral que requiera todo usuario,
por consiguiente, no se debería necesitar trasladarlo a otro lugar donde le
sean suministradas las prestaciones pertinentes. En tal contexto (…) se
presume que en el domicilio del usuario existe la capacidad para atender a la
persona, pues, en caso contrario, es responsabilidad directa de la EPS velar
por que se garantice la asistencia médica” (Resalta la Sala).
Bajo ese
entendido, esta Corporación ha establecido dos subreglas: (i) “en las áreas
a donde se destine la prima adicional, esto es, por dispersión geográfica, los
gastos de transporte serán cubiertos con cargo a ese rubro”[39]; (ii)
“en los lugares en los que no se reconozca este concepto se pagarán por la
unidad de pago por capitación básica” [40].
Estas mismas subreglas se aplican a los viáticos, teniendo en consideración que
son necesarios por iguales razones del traslado[41].
Puntualmente, se ha precisado que “tanto el transporte como los viáticos
serán cubiertos por la prima adicional en áreas donde se reconozca este
concepto; sin embargo, en los lugares en los que no se destine dicho rubro se
pagarán con la UPC básica”[42].
5. Tratamiento
integral. Condiciones para acceder a la pretensión
El
tratamiento integral tiene la finalidad de garantizar la continuidad en la
prestación del servicio de salud y evitar la interposición de acciones de
tutela por cada servicio prescrito por el médico tratante del accionante[43]. “Las
EPS no pueden omitir la prestación de los servicios de salud que supongan la
interrupción de los tratamientos por conflictos contractuales o
administrativos, e impidan el acceso de sus afiliados a la finalización óptima
de los tratamientos”[44].
En esa medida, el objetivo final del tratamiento integral consiste en “asegurar
la atención (…) de las prestaciones relacionadas con las afecciones de los
pacientes”[45].
Por
lo general, se ordena cuando (i) la entidad encargada de la
prestación del servicio ha sido negligente en el ejercicio de sus funciones y
ello ponga en riesgo los derechos fundamentales del paciente[46].
Igualmente, se reconoce cuando (ii) el usuario es un sujeto de
especial protección constitucional (como sucede con los menores de edad,
adultos mayores, indígenas, desplazados, personas con discapacidad física o que
padezcan enfermedades catastróficas); o con aquellas (iii) personas
que “exhiben condiciones de salud extremadamente precarias e indignas”[47].
El
juez constitucional en estos casos debe precisar el diagnóstico que el médico
tratante estableció respecto al accionante y frente al cual recae la orden del
tratamiento integral. Lo dicho teniendo en consideración que no resulta posible
dictar órdenes indeterminadas ni reconocer prestaciones futuras e inciertas; lo
contrario implicaría presumir la mala fe de la EPS en relación con el
cumplimiento de sus deberes y las obligaciones con sus afiliados, en
contradicción del artículo 83 Superior.
6.      Análisis
constitucional del caso concreto
Conforme
con los elementos fácticos mencionados y el marco jurídico estudiado, la Sala
procede a resolver el problema jurídico.
Vulneración
del derecho fundamental a la salud de las accionantes por desconocimiento del
principio de acceso efectivo
Las demandantes
señoras Ximena Isabel Castro Segura y Luz Dary Zamora Sinisterra se encuentran
afiliadas al Sistema de Seguridad Social en Salud por medio del régimen
subsidiado, a través de las EPS COMFAMILIAR y ASMET SALUD, respectivamente. En el
primer caso, la accionante reside en Tumaco y, debido a que padece esquizofrenia
paranoide,
requiere tratamiento especializado, el cual debe ser recibido en la ciudad de
Pasto, que es el lugar más cercano a su residencia en donde la EPS a la que se
encuentra afiliada puede prestar el servicio, según esta informó en trámite de
contestación. En
el segundo caso, la demandante vive en Buenaventura, actualmente se encuentra
en exámenes de diagnóstico para descartar posible trombosis
venosa profunda y en tratamiento médico, debido a que padece asma y un
edema en extremidades, dolor grado 1 y cefalea crónica, los servicios son
autorizados por su EPS en la ciudad de Cali. En razón de lo anterior, las
accionantes solicitaron la financiación de los gastos de transporte,
alojamiento y alimentación para ellas y un acompañante.
Adicionalmente,
en los dos casos las demandantes solicitaron garantizar tratamiento integral, manifestando,
en el primer caso, que se debe evitar la necesidad continua de presentación de
acciones de tutela “congestionando de esta manera la rama judicial”. En
el segundo, se precisó que a pesar de que se ha solicitado la financiación de
los mencionados servicios, no se ha accedido y, por consiguiente, la demandante
ha perdido las citas médicas asignadas en el transcurso de su tratamiento, lo
cual perjudica su estado de salud.
A
continuación, la Sala procede a manifestarse respecto a cada una de estas
pretensiones.
Servicio
de transporte, alojamiento y alimentación para las
demandantes
El
derecho fundamental a la salud según la Ley Estatutaria 1751 de 2015, artículo
6º, literal c, se rige, entre otros, por el principio de accesibilidad, el cual
implica garantizar a las accionantes Ximena Isabel Castro Segura y Luz Dary
Zamora Sinisterra el acceso físico a los servicios de salud prescritos por sus
médicos tratantes y autorizados por su EPS en un lugar diferente a su
residencia.
Según
la Resolución
5857 de 2018,
artículo 121, cuando
se requiera “el transporte en un medio diferente a la ambulancia (este)
podrá (…) ser autorizado por la EPS cuando se requiera acceder a una atención
en salud que tenga lugar en un municipio distinto a la residencia del
paciente”[48]
(Resalta la Sala). En los dos casos sujetos a revisión, las accionantes
tienen que desplazarse desde su lugar de residencia a un municipio diferente,
debido a que las EPS a las que se encuentra afiliadas autorizaron los servicios
en IPSs ubicadas fuera del lugar en el que viven. Por consiguiente, en
aplicación del marco jurídico vigente, las EPS COMFAMILIAR SA y ASMET SALUD
tienen obligación de cubrir los gastos que implica dicho desplazamiento.
Adicionalmente,
debe recordarse que las listas de exclusiones son taxativas
y, en concordancia con el principio de integralidad, su interpretación y
aplicación debe ser restrictiva y, a la inversa, la interpretación y aplicación
de las listas de inclusiones tienen que ser amplias[49]. Por
consiguiente, la autorización del servicio de transporte y viáticos solicitado
por las señoras Ximena Isabel Castro Segura y Luz Dary Zamora
Sinisterra
“en tanto (…) no se encuentra excluido del Plan de Beneficios en Salud, debe
entenderse incluido”[50].
Aunado
a lo anterior, se cumplen los requisitos establecidos jurisprudencialmente para
acceder al servicio de transporte aun cuando no se cumplan los requisitos
previstos en la Resolución 5857 de 2018 debido a que:
(i) El servicio fue
autorizado directamente por las EPS a las cuales se encuentran afiliadas las
demandantes, remitiéndolas a un prestador de un municipio distinto de su
residencia.
(ii) Ni las
accionantes ni su familia cercana cuentan con la capacidad económica para
asumir los costos, las dos se encuentran afiliadas al SISBEN y, según esta
Corporación, respecto de esta población “hay presunción
de incapacidad económica (…) teniendo en cuenta que hacen parte de los sectores
más pobres de la población”[51] y,
adicionalmente, son madres cabeza de familia, a
cargo de sus hijos, quienes son menores de edad.
(iii) De no
efectuarse la remisión se pone en riesgo la salud de las demandantes, debido a
que las dos se encuentran bajo constante supervisión médica por sus patologías
y, puntualmente, en el caso de la señora Luz Dary Zamora Sinisterra, se
encuentra en exámenes de diagnóstico.
Respecto de este último punto debe
recordarse que según los principios de integralidad y continuidad (Ley 1751 de
2015, artículo 6º, literal d; y artículo 8º) una vez se haya
iniciado la prestación de un servicio, “este no podrá ser
interrumpido por razones administrativas o económicas”, al contrario, el
tratamiento debe ser prestado de forma “completa, diligente, oportuna y con
calidad”[52].
Por consiguiente, no resulta posible imponer barreras de acceso a las
accionantes para que puedan acceder a los servicios ordenados por su médico
tratante, tal y como sucede cuando se impone asumir los gastos de transporte y
los viáticos que exige el desplazamiento, a pesar de que la paciente carece de
recursos económicos, llegando al punto de que deban dejar de asistir a sus
citas médicas, ocasionando un deterioro en su salud. Igualmente, en relación
con este caso se recuerda que la finalidad del diagnóstico consiste
en identificar la patología, determinar el tratamiento médico e iniciar el
mismo bajo la prescripción médica. Por consiguiente, dificultar el proceso,
compromete directamente el goce efectivo de su derecho fundamental a la salud.
Así
las cosas, se ordenará a las EPS COMFAMILIAR SA y ASMET SALUD financiar el transporte
y los viáticos que requieran las accionantes cuando estas entidades
autoricen los servicios en un municipio diferente al de su residencia, en el
caso de señora
Ximena
Isabel Castro Segura por su patología esquizofrenia
paranoide;
y, respecto a la señora Luz Dary Zamora Sinisterra, asma, edema
en extremidades, dolor grado 1 y cefalea crónica y procedimiento
de diagnóstico para descartar posible trombosis venosa profunda. La
financiación de
alojamiento, dependerá de que la atención médica en el lugar de remisión
exija más de un día de duración y, respecto a los gastos de alimentación, se
cubrirán aquellos que se requieran para la manutención en el municipio donde se
reciba la correspondiente atención médica durante el tiempo de la estadía.
Transporte,
alimentación y alojamiento para un acompañante
Las
accionantes no allegaron al expediente material probatorio que permita
constatar los requisitos impuestos por la jurisprudencia constitucional para
ordenar que se garanticen los servicios de transporte, alimentación y
alojamiento para un acompañante, debido a que no demostraron que sean
totalmente dependientes de un tercero para su desplazamiento. Sin embargo, se
evidencia que, en el primer caso, la señora Ximena Isabel
Castro Segura
padece un grave diagnóstico de esquizofrenia paranoide y, en el caso de
la señora Luz
Dary Zamora Sinisterra, esta afirmó que su médico tratante, de
manera verbal, sugirió la asistencia al tratamiento con un acompañante.
Por
consiguiente, esta Sala ordenará a las EPS COMFAMILIAR  y ASMET SALUD que en el
término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de
este fallo programe una cita médica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes con el médico tratante de las señoras Ximena Isabel Castro Segura y
Luz Dary Zamora Sinisterra, quien atienda sus patologías, en el primer caso, esquizofrenia
paranoide y, en el segundo, asma, edema en
extremidades, dolor grado 1 y cefalea crónica y el
procedimiento de diagnóstico para descartar posible trombosis venosa profunda, en
procura de que determine si ellas requieren un acompañante para desplazarse desde
su residencia a los lugares donde reciben la atención médica. La cita deberá
ser asignada dentro del mes siguiente a la notificación de la sentencia y, en
caso de que el concepto médico indique que las demandantes requieren un
acompañante, entonces la EPS debe garantizar su financiación.
Transporte
intramunicipal (interurbano)
Actualmente,
en el Régimen Subsidiado, cuando el médico tratante prescribe un servicio no
incluido en el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC, y no excluido mediante
las listas emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, debe
llevarse a cabo el proceso determinado en la Resolución 2438 de 2018 ante la
Junta de Profesionales en Salud, en la cual se determinará la aprobación o no
de lo prescrito.
Según las
consideraciones de esta providencia, el transporte interurbano solicitado por
la señora Ximena Isabel Castro Segura, no se encuentra cubierto por el PBS con
cargo a la UPC, ni tampoco está excluido por las listas del Ministerio de Salud
y Protección Social. Sin embargo, con el material probatorio allegado al
expediente no se evidencia la prescripción del médico tratante ni el trámite
surtido ante la Junta de Profesionales en Salud, (ni ante el Comité Técnico
Científico que se encontraba funcionando cuando se presentó esta acción de
tutela).
No obstante,
debe tenerse en consideración que el material probatorio allegado al expediente
permite constatar que la accionante se encuentra en graves condiciones de
vulnerabilidad, está afiliada al SISBEN, sus ingresos económicos dependen de la
venta de fruta y está a cargo de un menor de edad que es su hijo, a lo que se
agregan sus graves padecimientos, por estar diagnosticada con esquizofrenia
paranoide, enfermedad que requiere control médico constante.
Por
consiguiente, esta Sala ordenará a la EPS COMFAMILIAR que, en el término de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de este fallo,
disponga que el médico especialista de la señora Ximena Isabel Castro Segura, por
el diagnostico esquizofrenia paranoide, determine si requiere transporte
intramunicipal y, en caso afirmativo, este deberá prescribirlo siguiendo lo
dispuesto en la Resolución 2438 de 2018, por ende, la aprobación quedará
supeditada a lo que determine la Junta de Profesionales de la Salud
(funcionando en Nariño a partir de la Resolución 2176 del 5 de septiembre de
2018 del Instituto Departamental de Salud de Nariño). La cita deberá ser
asignada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de
la sentencia.
Tratamiento
integral
La
Sala de Revisión considera que el tratamiento integral resulta procedente en
los dos casos objeto de revisión. Lo anterior por cuanto:
(i) Las
accionantes se encuentran en el transcurso de un tratamiento médico que
requiere continuidad, en el primer asunto bajo revisión, la señora Ximena
Isabel Castro Segura padece esquizofrenia paranoide, enfermedad que
requiere un control médico constante; y, en el segundo, la señora Luz Dary
Zamora Sinisterra padece asma, tiene un edema en
extremidades, dolor grado 1 y cefalea crónica y se encuentra
en exámenes de diagnóstico para descartar posible trombosis venosa profunda,
lo cual exige garantizar la no interrupción del tratamiento y, por ende, no
imponer barreras de acceso al servicio.
(ii) Las
demandantes se encuentran en condición de vulnerabilidad, lo cual se encuentra
probado debido a que se están afiliadas al SISBEN (puntajes de 21,88% y 33,84%),
su sustento mensual depende, en el primer caso de la venta de fruta y se
encuentra a cargo de su hijo, quien tiene 14 años. En el segundo caso, la
demandante reside en el sector rural, trabaja como ama de casa, está a cargo de
una menor de 14 años de edad y carece de recursos económicos propios.
(iii)
En
ambos casos, las demandantes se han visto expuestas a barreras que les impiden
el goce efectivo de los servicios de salud. Es decir, no resulta eficaz
autorizar y cubrir los servicios contemplados en el Plan Básico de Salud (PBS)
y, sin embargo, no ofrecer las garantías de acceso correspondiente, lo cual
constituye una indirecta negación de los servicios. En el presente caso, las
accionantes se han expuesto a barreras de acceso y, por ende, a la denegación
del servicio a pesar de que, en el primer caso, la señora Ximena
Isabel Castro Segura manifestó que se requiere el tratamiento integral en
procura de que se evite la necesidad continua de presentación de tutelas en
procura de acceder a los servicios prescritos por su médico tratante. En el
segundo, la demandante manifestó que ASMET SALUD EPS negó la solicitud de
cubrir los gastos de transporte, situación que ha conducido a que pierda las
citas asignadas por su médico tratante.
Así
las cosas, se ordenará a las EPS COMFAMILIAR y ASMET SALUD que,
en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación del fallo y en adelante, garantice el tratamiento integral en favor de las
señoras Ximena Isabel Castro Segura, respecto a su diagnóstico esquizofrenia
paranoide; y Luz Dary Zamora Sinisterra, frente al diagnóstico edema
en extremidades, dolor grado 1, cefalea crónica y asma y el
procedimiento de diagnóstico para descartar posible trombosis venosa
profunda. Lo anterior, en procura de que sean prestados los servicios que
disponga el médico tratante de cada una de las accionantes en consideración a
los mencionados diagnósticos con el fin de lograr la recuperación
o estabilización integral de la salud de las accionantes.
III.-
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de Tutelas de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución
RESUELVE:
PRIMERO.-
REVOCAR las sentencias
de segunda instancia dictadas por el Juzgado Primero Civil del
Circuito de San Andrés de Tumaco (Nariño), el 13 de septiembre de 2018
(T-7.096.964); y por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Buenaventura
(Valle del Cauca), el 23 de octubre de 2018 (T-7.117.030), mediante las cuales
se negaron las acciones de tutela presentadas por las señoras Ximena Isabel
Castro Segura y Luz Dary Zamora Sinisterra, contra las EPS COMFAMILIAR  y ASMET
SALUD, respectivamente, revocando las decisiones de primera instancia que les
concedían las tutelas interpuestas. En su lugar, CONCEDER el
amparo solicitado por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO.- ORDENAR a las EPS
COMFAMILIAR SA y ASMET SALUD financiar el transporte y los viáticos que
requieran las accionantes cuando estas entidades autoricen los servicios en un municipio
diferente al de su residencia, en el caso de señora Ximena
Isabel Castro Segura por su patología esquizofrenia
paranoide;
y, respecto a la señora Luz Dary Zamora Sinisterra, asma, edema
en extremidades, dolor grado 1 y cefalea crónica y procedimiento
de diagnóstico para descartar posible trombosis venosa profunda. La
financiación de
alojamiento, dependerá de que la atención médica en el lugar de remisión
exija más de un día de duración y, respecto a los gastos de alimentación, se
cubrirán aquellos que se requieran para la manutención en el municipio donde se
reciba la correspondiente atención médica durante el tiempo de la estadía.
TERCERO.-
ORDENAR a la EPS COMFAMILIAR
que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de este fallo, programe una cita, que deberá ser asignada dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia, con
el médico especialista que atiende a la señora Ximena Isabel Castro Segura por
su patología (esquizofrenia paranoide), en procura de que este determine
si la accionante, en razón de su enfermedad, requiere, primero, un
acompañante para desplazarse desde su residencia al municipio donde recibe la
atención médica, en caso afirmativo, la EPS garantizará su financiación. Y, segundo,
si requiere transporte interurbano cuando deba asistir a los
correspondientes controles o a los procedimientos que requiere por su
tratamiento, en caso de que el concepto médico sea afirmativo, así deberá
prescribirlo el médico siguiendo lo dispuesto en la Resolución 2438 de 2018.
CUARTO.-
ORDENAR a la EPS ASMET SALUD que,
en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de este fallo, programe una cita, que deberá ser asignada dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia, con
el médico tratante de la señora Luz Dary Zamora Sinisterra, en procura de que
determine si ella, en razón de sus patologías (edema en
extremidades, dolor grado 1, cefalea crónica),  requiere
acompañante para desplazarse desde su residencia al lugar donde recibe la
atención médica. En caso de que el concepto médico indique que la demandante
requiere dicho servicio, entonces la EPS debe garantizar su financiación.
QUINTO.-
ORDENAR
a las EPS
COMFAMILIAR y ASMET SALUD que, en el término de cuarenta y ocho
(48) horas contadas a partir de la notificación del fallo y en adelante, garantice
el tratamiento integral en
favor de las
señoras Ximena Isabel Castro Segura, respecto a su diagnóstico esquizofrenia
paranoide; y Luz Dary Zamora Sinisterra, frente al diagnóstico edema
en extremidades, dolor grado 1, cefalea crónica y asma y el
procedimiento de diagnóstico para descartar posible trombosis venosa
profunda. Lo anterior, en procura de que sean prestados los servicios que
disponga el médico tratante de cada una de las accionantes en consideración a
los mencionados diagnósticos con el fin de lograr la recuperación
o estabilización integral de la salud de las accionantes.
SEXTO.- LIBRAR, por
la Secretaría General de esta Corporación, la comunicación de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y
cúmplase.
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con aclaración de voto
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
A
LA SENTENCIA T-259/19
CUBRIMIENTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA
PACIENTE Y ACOMPAÑANTE POR EPS-Para la autorización del servicio, se incluyó un requisito que constituye
una nueva barrera de accesibilidad al servicio de salud (Aclaración de voto)
La interpretación acogida por la sentencia de
la referencia, según la cual el servicio de transporte urbano para acceso a la
atención médica requiere, además de la aprobación del médico tratante, una
segunda verificación a cargo de la Junta de Profesionales de la Salud, puede
implicar consecuencias desproporcionadas y contrarias a la Constitución.
CUBRIMIENTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA PACIENTE
Y ACOMPAÑANTE POR EPS-Es
posible adjudicar la responsabilidad de la prestación del servicio de
transporte urbano a la EPS, cuando este sea indispensable para el desarrollo de
un tratamiento (Aclaración de voto)
Referencia:
Expedientes T-7.096.964
y T‑7.117.030.
Demandantes:
Ximena
Isabel Castro Segura y Luz Dary Zamora Sinisterra
Demandados:
Comfamiliar EPS y Asmet Salud EPS
Magistrado
Ponente:
ANTONIO JOSÉ
LIZARAZO OCAMPO
Con el
acostumbrado respeto por las providencias de la Corte Constitucional, a
continuación expongo las razones que me conducen a aclarar el voto en la Sentencia
T-259 de 2019, proferida por la Sala Quinta de Revisión el 6 de junio de
ese mismo año.
Esta aclaración
de voto tiene como objeto explicar que si bien comparto la decisión de amparar
los derechos fundamentales de las accionantes y de ordenar los procedimientos y
servicios requeridos, en uno de los casos acumulados, la Sala de Revisión
incluyó un requisito para la autorización del servicio, no previsto ni en la
ley ni en la jurisprudencia, de tal forma que constituye una nueva barrera de
accesibilidad al servicio de salud. Paso a explicar mi diferencia con la
mayoría de la Sala.
1. En la referida providencia, esta Corporación
estudió las acciones de tutela presentadas por las señoras  Ximena Isabel Castro Segura y Luz Dary Zamora Sinisterra contra
COMFAMILIAR EPS y ASMET SALUD EPS, respectivamente, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida y la salud, ante la
omisión o negativa de dichas entidades de asumir
los gastos de transporte[53], alimentación y alojamiento
para ellas y un acompañante, lo que les ha impedido continuar con el
tratamiento médico que requieren para superar sus patologías. Igualmente,
solicitaron
tratamiento integral.
Ambas accionantes pertenecen al Régimen
Subsidiado en salud y alegaron que: (i) son madres cabeza de familia; (ii)
carecen de ingresos mensuales fijos; (iii) tienen a su cargo la manutención de
sus hijos menores de edad; y (iv) carecen de recursos para costear el
transporte y demás gastos requeridos para cumplir con sus citas médicas,
asignadas en ciudades distintas a la de su residencia[54].
2. En el trámite de tutela, en
primera instancia se concedió la protección de
los derechos fundamentales invocados. No obstante, dichas decisiones fueron
revocadas en segunda instancia y se negaron las acciones de tutela al
considerar que las accionantes no allegaron pruebas suficientes de: (i) su
grave situación económica y falta de capacidad de pago; (ii) la periodicidad de
su tratamiento; y (iii) haber solicitado el pago de transporte y demás gastos
ante las EPS respectivas mediante una petición, antes de acudir a la vía
judicial.
3. En la Sentencia T-259 de 2019[55], la Sala Quinta de
Revisión de esta Corporación decidió revocar dichas providencias y, en su
lugar, amparó los derechos fundamentales a la salud y a la vida de Ximena Isabel Castro Segura y Luz Dary Zamora Sinisterra. En
consecuencia, ordenó a las EPS accionadas: (i) financiar el transporte
intermunicipal y los viáticos que requieran las accionantes cuando estas
entidades autoricen los servicios médicos en un lugar diferente al de su
residencia; (ii) programar una cita para que el médico tratante establezca si
ambas pacientes requieren de un acompañante para sus traslados; y (iii)
garantizar el tratamiento integral.
Particularmente, respecto de la
accionante Ximena Isabel Castro Segura (expediente
T-7.096.964), se dispuso una valoración con el médico tratante para determinar
si ella requería el servicio de transporte intraurbano, en la medida en que no
se encuentra cubierto por el Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la Unidad
de Pago por Capitación (en adelante, PBSUPC). Sin embargo, sostuvo que “la
aprobación [del médico tratante] quedará supeditada a lo que determine la Junta
de Profesionales de la Salud”[56].
4. Como lo anuncié
desde el inicio de este documento, comparto la decisión adoptada en
la Sentencia
T-259 de 2019, en
tanto amparó los derechos fundamentales a la vida y la salud de las tutelantes.
No obstante, quiero dejar constancia de que advertía a la Sala la necesidad de
analizar con mayor detalle la solicitud de transporte intraurbano formulada por
la accionante Ximena Isabel Castro Segura. Particularmente, no solo era
necesario sustentar, sino aportar serias razones para explicar por qué se
condicionó el acceso a ese servicio de transporte a la aprobación de una Junta
de Profesionales de la Salud, de forma adicional a la prescripción del médico
tratante. Este requisito no solo es nuevo en la jurisprudencia constitucional
sino también contrario a la filosofía  proteccionista de la garantía de
accesibilidad al servicio de salud, tal y como lo paso a explicar.
El transporte intraurbano y su
importancia para eliminar las barreras de acceso a los servicios de salud
5. Esta
Corporación ha señalado que, en principio, los gastos de transporte para
acceder a servicios de salud corresponden al paciente y su familia, “independientemente
de que los traslados sean en la misma ciudad,
interinstitucionales o intermunicipales, dirigidos a la práctica de
procedimientos médicos o a la prestación de algún servicio del cual no dispone
la IPS remitente”[57].
Sin embargo, recientemente, la
reglamentación sobre el Plan de Beneficios, en sus actualizaciones anuales[58],
ha admitido el cubrimiento de servicios de transporte con cargo a la UPC en
algunos eventos específicos[59],
para atender urgencias y para pacientes ambulatorios, en condiciones
específicas y cuando se trate de servicios no disponibles en el lugar de
residencia del afiliado.
6. En
consecuencia, la cobertura del servicio de transporte para acceder a la
atención en salud puede dividirse en dos categorías: (i) cubierto por el PBSUPC,
en los eventos en que se necesite transporte medicalizado para atender
urgencias o para pacientes ambulatorios, cuando se requiera para acceder a
prestaciones y beneficios incluidos en el PBSUPC que se garanticen en un sitio
distinto al que reside el afiliado; y (ii) cubierto por el Sistema General
de Seguridad Social en Salud, pero sin cargo a la UPC, en todos los demás
eventos en los que se cumpla con las reglas jurisprudenciales previstas para
asegurar el acceso a este servicio[60].
Así, el transporte intraurbano se encuentra en este segundo grupo.
7. Sobre
la garantía del transporte urbano como mecanismo de acceso al servicio de
salud, por ejemplo, en la Sentencia T-346 de 2009[61] se
resolvió el caso de un menor de edad en condición de discapacidad que dependía
absolutamente de terceros. Su madre carecía de recursos económicos para pagar
su tratamiento y, por su condición de salud, su mejor alternativa de transporte
era el servicio público particular o taxi, inaccesible por las condiciones
económicas de su núcleo familiar. En ese asunto, la Corte encontró que la EPS
debía costear el servicio de transporte del niño y un acompañante “porque ni
el paciente ni sus familiares cercanos tienen recursos suficientes para pagar
el valor del traslado del menor, en las condiciones que este lo requiere”.
8. La Sentencia
T-636 de 2010[62]
estudió el caso de un niño con parálisis cerebral, cuya madre no disponía de
los recursos económicos para sufragar los gastos del transporte hacia el lugar
en donde se programaron algunas terapias ordenadas por su médico tratante. En
esa decisión, la Corte destacó que el transporte, incluso urbano, debía ser
suministrado cuando el paciente lo requiera para recibir oportunamente los
servicios médicos programados.
9. Por
su parte, la Sentencia T-1158 de 2001[63]
abordó el caso de un menor de edad en situación de discapacidad, cuya familia
no tenía recursos económicos para asegurar el servicio de transporte urbano,
requerido para asistir a las citas programadas en virtud de su tratamiento. La
sentencia señaló que este servicio debía ser suministrado por la EPS, bajo el
entendido de que no basta con programar el servicio médico, cuando el paciente
no dispone de los recursos para asumir el transporte para acudir a las
instituciones prestadoras de salud.
10. Así
mismo, la Sentencia
T-557 de 2016[64]
evaluó el caso de dos niños que solicitaban transporte urbano para acceder a
los servicios de salud contemplados dentro de cada uno de sus tratamientos. Uno
de ellos era de la ciudad de Medellín y tenía diagnóstico de autismo, con un
tratamiento basado en terapias de habilitación y rehabilitación programadas en
esa misma ciudad. Su familia estaba en imposibilidad de costear los servicios
de transporte en tanto el padre del niño estaba privado de la libertad y su
madre, esporádicamente, se dedicaba a desarrollar servicios domésticos, sin
devengar lo suficiente para asumir su valor.
11. Finalmente, la Sentencia
T-674 de 2016[65]
decidió el caso de un niño diagnosticado con trastorno de espectro autista,
trastorno de hiperactividad, déficit de atención, trastorno de comportamiento
secundario y de lenguaje. En esa oportunidad, se reiteró que el servicio de
salud debe prestarse sin barreras económicas, máxime cuando el usuario es un
menor de edad.  De igual modo, se destacó que la imposibilidad del traslado por
razones ajenas al paciente, sean físicas o económicas, es una barrera para
acceder a los servicios y debe eliminarse, pues “el impedimento no
necesariamente se genera por la distancia, sino que también, a pesar de
encontrarse relativamente cerca, por la falta de recursos o del transporte
idóneo.”
12. A modo de
conclusión, puede sostenerse que, conforme a la jurisprudencia reiterada y
constante de esta Corporación, es posible adjudicar la responsabilidad de la
prestación del servicio de transporte urbano a la EPS, cuando este sea
indispensable para el desarrollo de un tratamiento, como consecuencia de las
condiciones de salud del usuario y de la situación económica en la que se
encuentre el paciente y su familia. Para esta Corporación es claro que el
servicio médico debe garantizarse no solamente en la adecuación de condiciones
médicas idóneas para el efecto, sino también mediante la eliminación de
barreras físicas o económicas que lo impide, tales como la falta de recursos
económicos para costear el transporte hasta el sitio donde se prestará el
servicio.
En el caso de la accionante Ximena
Isabel Castro Segura (expediente T‑7.096.964)
era necesario explicar las razones imperiosas por las que el servicio de
transporte intraurbano requería la aprobación de una Junta de Profesionales de
la Salud, de forma adicional a la orden del médico tratante
13. Como
se explicó anteriormente, en el caso de la accionante Ximena
Isabel Castro Segura se ordenó a la EPS que programara una cita para que
el médico tratante determinara si requería el servicio de transporte
intraurbano. Sin embargo, se dispuso que “la aprobación [del médico
tratante] quedará supeditada a lo que determine la Junta de Profesionales de la
Salud”[66].
14. En mi
criterio, la decisión respecto de la cual aclaro mi voto debió fundamentar, con
razones imperiosas, el por qué se estimaba aplicable la aprobación de la Junta
de Profesionales de la Salud pese a que, en principio, bastaría con la orden
del médico tratante para garantizar que el servicio de transporte intraurbano
sea prescrito solo cuando sea necesario, de acuerdo con la patología que
presente el paciente.
15. En
efecto, a partir de las discusiones que se han suscitado en las Salas de
Revisión de esta Corporación[67],
considero que el asunto objeto de estudio implicaba abordar la cuestión del
procedimiento que debe seguirse para la aprobación de servicios de transporte
en el Régimen Subsidiado cuando no está cubierto por el Plan de Beneficios. En
concreto, era necesario dilucidar la duda acerca de la aplicabilidad o no del
requisito de acudir a la Junta de Profesionales de la Salud. Era necesario
aclarar si ese nuevo requisito se originaba en la desconfianza del sistema de
salud en el criterio del médico o si obedecía a razones objetivas y serias que
lo sustenten.
16. Así
las cosas, considero que la interpretación acogida por la sentencia de la
referencia, según la cual el servicio de transporte urbano para acceso a la
atención médica requiere, además de la aprobación del médico tratante, una
segunda verificación a cargo de la Junta de Profesionales de la Salud, puede
implicar consecuencias desproporcionadas y contrarias a la Constitución.
De acuerdo con esa hermenéutica,
mientras que para garantizar el transporte intermunicipal o interdepartamental
en los servicios de salud (que puede representar mayores costos para el
Sistema) basta con una orden de médico tratante, para autorizar el transporte
urbano se debe, además, contar con la aprobación de una Junta de Profesionales
de la Salud cuando se trata de la población afiliada al régimen subsidiado, aun
cuando pudiera implicar menores costos.
17. Dicha
conclusión, implica una barrera de acceso adicional para los pacientes del
Régimen Subsidiado en salud y una desconfianza al criterio del médico tratante.
No obstante, ni esta desigualdad fue objeto de análisis en el fallo, ni ese
prejuicio fue rebatido, razones por las cuales considero que debió estudiarse
el procedimiento que los profesionales de la salud deben seguir para autorizar
el transporte urbano en casos como el que se analiza y seguir la jurisprudencia
constitucional vigente.
18. De esta manera,
expongo brevemente las razones que me conducen a aclarar el voto respecto de la
Sentencia T-259 de 2019, adoptada por la Sala Quinta de Revisión.
Fecha ut supra,
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] Acuerdo 032 de 2012,
artículo 1°. A partir del 1º de julio de 2012 las prestaciones asistenciales en
salud para la población de dieciocho (18) a cincuenta y nueve (59) años de edad
afiliada al Régimen Subsidiado, serán las contenidas en el Plan de Beneficios
del Régimen Contributivo.
[2] Precisó que se identifican bajo
los siguientes códigos de Clasificación Única de Procedimientos en Salud (CUPS)
89.02 y 89.03, respectivamente.
[3] Según la Circular
Única 51 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, las entidades
promotoras de salud del régimen contributivo y subsidiado, deben llevar a cabo
oportunamente los trámites y gestiones necesarias ante las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud, pertenezcan o no a su red de prestación de
servicios, de conformidad con lo presupuestado en el Decreto 4747 de 2007 y la
Resolución 3047 de 2008, para lograr el efectivo acceso a los servicios de
salud de los afiliados.
[4] Como referencia de lo anterior,
resaltó las Sentencias T-790 de 2012, T-501 de 2013 y T-266 de 2014.
[5] Ley 1122 de 2007, artículo 41 literal a.
[6] Ley 1122 de 2007, artículo 41, modificado por
la Ley 1438 de 2011, artículo 126, literal e.
[7] Sentencia T-149 de
2013.
[8] Sentencia T-069 de 20128 y T-061
de 2019.
[9] Sentencia SU-124 de 2018.
[10] Sentencia T-414 de
2016, T-206 de 2013 y SU-124 de 2018.
[11] SU-124 de 2018
[12] Sentencia T-495 de 2010.
[13] Sentencia T-495 de 2010,
reiterada en el Sentencia T-010 de 2019.
[14] Sentencia T-450 de 2016, T-425 de
2017, T-178 de 2017, T-163 de 2018 y T-446 de 2018.
[15] Sentencia T-446 de 2018.
1. [16] Ver Sentencia
T-084 de 2018: “Desde
sus primeros pronunciamientos, esta Corporación ha destacado que las mujeres
cabeza de familia son titulares de una especial protección constitucional[16],
garantía que se deriva de varias fuentes[16]:
(i) El principio de igualdad, que implica el deber de reconocer y brindar un
trato especial y diferenciado a los grupos de personas que tienen un alto grado
de vulnerabilidad o que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta
y la consecuente obligación del Estado de promover acciones y medidas para que
la igualdad sea real y efectiva[16]. (ii) El
mandato constitucional específico contenido en el artículo 43 Superior, según
el cual, es deber del Estado apoyar “de manera especial a la mujer cabeza de
familia”. (iii) “Los instrumentos internacionales de derechos humanos,
particularmente la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), en cuyo
artículo 11 se establece la obligación de los Estados Partes de adoptar todas
las medidas apropiadas para eliminar la discriminación en la esfera del empleo,
así como los prejuicios y las funciones estereotipadas de cada uno de los sexos[16]. (iv) La
garantía del derecho de toda persona a recibir protección integral para su
grupo familiar, establecido en el artículo 42 de la Constitución Política, así
como la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes,
prevista en el artículo 44 Superior[16].”
[17] Sentencia T-114 de
2019.
[18] “Por la cual se
regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”.
[19]Al respecto, ver entre
otras las sentencias T-872 de 2012 y T-395
de 2015.
[20] Sentencia T-611 de
2014.
[21] Sentencia T-760 de 2008,
reiterada en la Sentencia T-491 de 2018.
[22] En el régimen
contributivo mediante el aplicativo dispuesto para el efecto (MIPRES).
[23] Por la cual “se
establece el procedimiento y los requisitos para el acceso, reporte de
prescripción y suministro de tecnologías en salud no financiados con recursos
de la UPC del Régimen Subsidiado y servicios complementarios”
[24] Ver, Sentencia T-1181 de 2003, reiterada por la Sentencia T-027 de 2015
y T-061 de 2019
[25] Ley 1751 de 2015,
artículo 6º, Literal c.
[26] Sentencia T-061 de
2019.
[27]
Sentencia T-074 de 2017 y T-405 de 2017.
[28] Sentencia T-491 de 2018.
[29] Sentencia T-491 de 2018.
[30] Sentencia T-491 de 2018.
[31] Sentencia T-769 de
2012.
[32] Sentencia T-491de
2018.
[33] Sentencias T-487 de
2014, T-405 de 2017 y T-309 de 2018.
[34]
Sentencias T-154 de 2014; T-674 de 2016; T-062
de 2017; T-032, T-163, T-196 de 2018 y T-446 de 2018, entre otras.
[35] Sentencia T-446 de
2018.
[36] En el
mismo sentido ver sentencias: T-074 de 2017, T-002 de 2016, T-487 de 2014, T-206
de 2013, T-523 de 2011 y T-405 de 2017, entre otras.
[37]
Sentencia T-487 de 2014 reiterada las Sentencias T-022 de 2011 y T-405 de 2017.
[38] Sentencia T-405 de 2017.
[39] Sentencia T-405 de 2017.
[40] Sentencia T-405 de 2017.
[41] Sentencias T-405 de 2017 y T-309
de 2018.
[42] Sentencia T-309 de
2018.
[43] Sentencia T-365 de 2009.
[44] Sentencia T-124 de
2016.
[45] Sentencia
T-178 de 2017.
[46] Sentencias T-702 de 2007 y T-727 de 2011, posición
reiteradas en la Sentencia T-092 de 2018.
[47] Ver Sentencias T-062
y T-178 de 2017.
[48]
Parágrafo del artículo 121 de la Resolución No. 5269 de 2017,
[49] Sentencia T-760 de 2008,
reiterada en la Sentencia T-491 de 2018.
[50] Sentencia T-446 de 2018.
[51]
Sentencia T-487 de 2014 reiterada las Sentencias T-022 de 2011 y T-405 de 2017.
[52] T-611 de 2014.
[53] En ambos expedientes, se solicitó
transporte intermunicipal y, particularmente, en el caso de la accionante
Ximena Isabel Castro Segura, también se solicita el transporte intraurbano
(expediente T-7.096.964).
[54] En concreto, la señora Castro Segura fue diagnosticada con
esquizofrenia paranoide, reside en Tumaco (Nariño) y su tratamiento lo recibe
en Pasto (Nariño). Por otro lado, la señora Zamora Sinisterra sufre de
asma, “edema en extremidades, dolor grado 1 y cefalea crónica”, y
se encuentra en exámenes de diagnóstico para descartar trombosis venosa
profunda, vive en Buenaventura y su tratamiento lo recibe en Cali (Valle del
Cauca).
[55] M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[56] Sentencia T-259 de 2019. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[57] Sentencia T-650 de 2015. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[58] Sentencia T-010 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[59] Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución N°6408 del 26
de diciembre de 2016 (Título V, artículo 120 y ss.), N°5269 del 22 de diciembre
de 2017 y N°5857 del 26 de diciembre de 2018 (Título V, artículo 126 y ss.)
[60] “(i) El servicio fue autorizado directamente por la EPS,
remitiendo a un prestador de un municipio distinto de la residencia del
paciente; (ii) Ni el paciente ni sus familiares cercanos tienen los recursos
económicos suficientes para pagar el valor del traslado; (iii) De no efectuarse
la remisión se pone en riesgo la vida, la integridad física o el estado de
salud del usuario”.
[61] M.P. María Victoria Calle Correa.
[62] M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[63] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[64] M.P. Alberto Rojas Ríos.
[65] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[66] Sentencia T-259 de 2019. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[67] Véase, por ejemplo, la aclaración de voto del Magistrado Carlos
Bernal Pulido a la Sentencia T-309 de 2018 (M.P. José Fernando Reyes Cuartas).