C-374-97
Sentencia C-374/97
Sentencia
C-374/97
LEY ESTATUTARIA-Improcedencia para fijar reglas sobre
extinción de dominio
Si bien es cierto
el artículo 152 de la Constitución Política exige el trámite de ley estatutaria
para la regulación de los derechos fundamentales y de los mecanismos mediante
los cuales ellos se protegen, lo que implica el cumplimiento de los requisitos
exigidos por el artículo 153 ibídem -mayoría absoluta de los miembros
del Congreso, trámite dentro de una sola legislatura y revisión previa de esta
Corte-, no todo cuanto se refiere a tales derechos afecta su núcleo esencial,
ni toda disposición del orden jurídico alusiva a ellos tiene que sufrir tan
especial trámite.
LEY ESTATUTARIA-Criterio para su determinación respecto de
derechos fundamentales
La jurisprudencia
constitucional ha advertido que si una norma legal contiene, desde el punto de
vista material, cláusulas que afecten, restrinjan, limiten o condicionen el
núcleo esencial de derechos fundamentales, el trámite de ley estatutaria no
puede evadirse, y ello es lógico por cuanto, según el artículo 152 de la
Constitución Política, es esa jerarquía normativa la única que, después de la
propia Constitución, goza de aptitud para el señalado efecto, siempre que se
sujete a sus mandatos.
EXTINCION DE
DOMINIO-Desarrollo no
requiere trámite de ley estatutaria/LEY DE EXTINCION DE DOMINIO-Objeto
En cuanto a la
normatividad impugnada, es claro que su objeto no consiste en establecer
limitaciones o restricciones a derechos fundamentales que la Carta Política
haya garantizado pura y simplemente -lo que haría indispensable el trámite
estatutario en guarda de su intangibilidad y aun podría conducir, según la
magnitud de aquéllas, a la inexequibilidad de lo que se dispusiera-, sino que
mediante su expedición se busca contemplar los mecanismos institucionales, y
especialmente procesales, para desarrollar una norma de la propia Constitución
que, de suyo y expresamente, consagró una forma jurídica orientada a declarar
el no reconocimiento de un derecho, por tener éste un origen turbio, lo cual en
nada se opone a la garantía, allí mismo contemplada, de que en Colombia no se
aplicará la pena de confiscación. Es la propia Constitución la que plasma en
esa materia la norma básica, luego si se echan de menos la jerarquía del
mandato, quejándose de que se la haya dejado en el plano ordinario cuando ha
debido dársele rango estatutario, por la materia de la cual se ocupa, el
pedimento de inconstitucionalidad pierde sentido en cuanto la regla mencionada,
respecto de la garantía constitucional, tiene su mismo nivel -el de la propia
Constitución- y goza, desde luego, de autoridad superior a la de las leyes
estatutarias. El objeto de la Ley consiste en la determinación de los
mecanismos judiciales aptos para la efectividad de una institución creada por
el propio Constituyente. No puede haber derecho fundamental a la adquisición
ilícita de bienes.
PROYECTO DE LEY
DE EXTINCION DE DOMINIO-Votación
sobre el trámite que debía darse/CONGRESISTA-Voto indelegable/PROYECTO
DE LEY-Carencia de competencia para decidir sobre tipo de trámite y
validación
El voto de los
congresistas es indelegable, aunque el escogido para depositarlo en su nombre
sea el Presidente de una de las cámaras o comisiones. Es la cámara o comisión
respectiva, o las comisiones conjuntas en su caso, y no uno de sus integrantes,
el cuerpo encargado constitucionalmente de dar trámite a los asuntos que se le
confían, más cuando se trata del ejercicio de la función legislativa. No
obstante, la circunstancia de haber sido el Presidente de las comisiones
conjuntas quien trazó el rumbo del trámite por seguir en este caso, no afectó
la constitucionalidad de la Ley -sin perjuicio de su eventual responsabilidad
disciplinaria, no en razón de la materia de la decisión tomada, sino por haber
invadido la órbita propia de la célula congresional que orientaba-, pues los
pasos posteriores, en los que sí participaron los miembros de las comisiones y
las cámaras directamente, como la aprobación de los textos y de la
conciliación, convalidaron la determinación adoptada en cuanto al proyecto se
le dio el trámite de ley ordinaria, que es lo que, a juicio de la Corte, ha
debido hacerse, según la Constitución.
LEY-Votación para determinar tipo de trámite
La Constitución
no exige que la determinación sobre el tipo de trámite que deba darse a una ley
tenga que adoptarse por mayoría calificada. Ella tiene relevancia en el trámite
de cualquier asunto, con arreglo al mandato de la propia Carta, que debe ser
expreso según su artículo 146, pues "las decisiones se tomarán por la
mayoría de los votos de los asistentes, salvo que la Constitución, exija
expresamente una mayoría especial".
PROYECTO DE LEY-Mensaje de urgencia es imperativo y
perentorio
El canon
constitucional, que otorga al Jefe del Estado una prerrogativa de indudable
importancia y que abre una valiosa oportunidad de colaboración armónica entre
las ramas del poder público para el logro de los fines del Estado, es
imperativo y perentorio; la presentación de un mensaje de urgencia por el
Presidente de la República no confiere a los congresistas una facultad para
resolver si atienden o no el llamado gubernamental de tramitar con mayor rapidez
un proyecto de ley, sino que comporta una obligación ineludible, que deben
cumplir, so pena de sanción.
PROYECTO DE LEY-Término de mensaje de urgencia no es
preclusivo
El incumplimiento
del término no puede constituir un vicio que tenga la virtualidad de generar la
inexequibilidad de la norma, toda vez que tal plazo fue establecido por el
Constituyente con el fin de obtener un trámite expedito para los proyectos de
ley que, por su importancia, estime el Gobierno que deben ser estudiados con
mayor prontitud, y no en calidad de término preclusivo para hacer algo que
después no pudiera hacerse -aprobar o negar el proyecto-, pues el Congreso
conserva su atribución legislativa aun después de vencido aquél. De tal modo
que lo aprobado, así lo haya sido después de transcurridos los treinta días, lo
fue válidamente, ya que nada esencial hace falta, desde el punto de vista de
los pasos constitucionalmente requeridos para hacer tránsito en la comisión o
cámara correspondiente. Pasados los 30 días, el Congreso no pierde competencia
para seguir tramitando el proyecto. Su incumplimiento genera responsabilidad
para los congresistas que dieron lugar a la decisión tardía, pero no afecta en
modo alguno la constitucionalidad de la norma.
PREVALENCIA DEL
DERECHO SUSTANCIAL-Tema
respecto al título de la ley es igual/PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA-Correspondencia
e interrelación de contenidos
Si bien las
palabras pudieron cambiar, el tema al cual se refieren los dos encabezamientos
es exactamente el mismo. Debe aquí aplicarse el principio de prevalencia del
Derecho sustancial. No sobra reiterar lo que la Corte ha proclamado varias
veces sobre el telos y las características de la unidad de materia,
institución que mira más a la correspondencia e interrelación de contenidos que
a un sometimiento formal a catálogos externos o a rótulos que no consultan la
materia de los temas tratados por el legislador.
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD-Inexistencia
sobre disposición inocua, innecesaria e inconveniente
Bajo la tesis de
que una disposición de la Ley puede resultar inocua, innecesaria o reiterativa,
no es posible estructurar un cargo de inconstitucionalidad. Tampoco con apoyo
en la supuesta inconveniencia de lo que dispone, pues a la competencia de la
Corte Constitucional escapa ese tipo de juicios.
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-No
atribución de un vicio a todo el articulado/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Cargos
globales
No se puede
atribuir a todo el articulado un vicio relativo a la vigencia de las normas o a
la operatividad de los instrumentos que regula, pues a definir tales aspectos
se destinan normas específicas cuya eventual declaración de
inconstitucionalidad no tendría que extenderse al conjunto íntegro del
estatuto. Lo propio ocurre con los derechos de terceros de buena fe, materia a
la cual no todos los preceptos de la Ley están referidos, y que de todas
maneras, en las normas respectivas, están suficientemente resguardados.
EXTINCION DE
DOMINIO Y EXPROPIACION-Diferencias
La expropiación
implica el ejercicio de una potestad, de la cual es titular el Estado Social de
Derecho, que le permite, con el cumplimiento de los requisitos
constitucionales, quitar la propiedad individual sobre un determinado bien en
beneficio del interés colectivo. La expropiación en nada se asemeja a la
extraordinaria figura consagrada en el artículo 34, inciso 2, de la
Constitución. Aquélla, como lo indicó la Corte Constitucional, implica la
conversión de la propiedad privada en pública por motivos de utilidad pública o
de interés social, por razones de equidad o por la necesidad de responder
adecuadamente a los requerimientos de la guerra, pero "no se aplica a
título de sanción por la conducta del propietario sino en desarrollo del
principio constitucional de prevalencia del interés común sobre el particular,
que debe ceder ante aquél en caso de conflicto". Pero, además -lo que es
relevante en este análisis-, la expropiación supone el reconocimiento que hace
el Estado de que el afectado es titular de un derecho y justamente por eso,
salvo el caso de las razones de equidad declaradas por el Congreso, la Carta
exige su resarcimiento, mientras que, en el caso de extinción del dominio en la
forma consagrada por el inciso 2 del artículo 34 constitucional, el supuesto
primordial de la indemnización desaparece, dado el vicio original que empaña el
dominio, hasta el punto de provocar que el Estado lo declare extinguido desde
siempre.
EXTINCION DE
DOMINIO Y CONFISCACION-Diferencias
En cuanto a la
confiscación, rechazada en nuestro Ordenamiento, tampoco se confunde con la
figura objeto de estudio, pues si bien no ocasiona indemnización ni
compensación alguna, así ocurre por tratarse de una sanción típicamente penal,
y no del específico objeto patrimonial que caracteriza a la extinción del
dominio. Esta, tiene varias expresiones y se produce a raíz de la realización
de ciertos supuestos de hecho establecidos por el Constituyente o el
legislador.
EXTINCION DE
DOMINIO-Sentencia es
declarativa
La sentencia
mediante la cual, después de seguidos rigurosamente los trámites legales y una
vez observadas las garantías del debido proceso, se declara la extinción del
dominio, desvirtúa la presunción de que quien exhibía la titularidad de la
propiedad de uno o varios bienes, que se procuró en contra del orden jurídico,
la tenía de manera legítima. Se trata, entonces, de una providencia judicial
que no crea a partir de su vigencia el fenómeno de la pérdida de una propiedad
que se tuviera como derecho, sino que declara -como el artículo 34 de la
Constitución lo estatuye claramente- que tal presunta propiedad, dado su
irregular origen, nunca se hizo merecedora de la garantía ofrecida por la
Constitución, ni a la luz del artículo 30 de la Carta Política anterior, ni con
arreglo al 58 de la hoy vigente. Estos preceptos han partido del esencial
presupuesto de la licitud para cobijar bajo el manto de la legitimidad y la
tutela jurídica el derecho alegado por alguien. Resulta, entonces, que la
sentencia es meramente declarativa: aquél que aparecía como titular del derecho
de propiedad jamás lo fue ante el Derecho colombiano, pues su titularidad
estaba viciada desde el principio.
PRESUNCION DE
INOCENCIA EN PROCESO DE EXTINCION DE DOMINIO/TERCERO DE BUENA FE EN PROCESO DE
EXTINCION DE DOMINIO/PROCESO DE EXTINCION DE DOMINIO-Carga de la prueba
Aunque no tiene
carácter específicamente penal sino patrimonial, como el artículo 34 de la
Constitución consagra una consecuencia negativa, que impone el Estado a una
persona, ha de partirse de la presunción de inocencia, es decir, de la
hipótesis de que aquélla sí es la titular legítima del derecho de propiedad
mientras no se le demuestre, en el curso de un proceso judicial, con la
integridad de las garantías constitucionales, que, en efecto, la adquisición
que hizo de los bienes que figuran en su patrimonio estuvo afectada por la
ilicitud, el perjuicio del Tesoro Público o el daño a la moral social, o que,
aun siendo ajeno al delito, en la adquisición misma del bien afectado obró con
dolo o culpa grave. De no ser así, habrá de tenérselo por tercero de buena fe,
cuyo dominio sobre el bien no puede ser objeto de extinción del dominio. La
carga de la prueba en contrario, de acuerdo con los sistemas probatorios que
establezca la ley, suficiente para desvirtuar las indicadas presunciones, corre
a cargo del Estado. No obstante ser declarativa la sentencia, cuyos efectos,
por tanto, consisten en reconocer hechos que estaban latentes y que ahora se
desvelan, proyectándose al momento de la supuesta y desvirtuada adquisición del
derecho, en tanto aquélla no se profiera se tiene por dueño de buena fe a quien
exhibe su condición de tal.
EXTINCION DE
DOMINIO-Fundamento de su
consagración
Vuelve a decirse
que la figura de la extinción del dominio no es nueva en el ordenamiento
jurídico colombiano, aunque debe anotarse que la modalidad contemplada en el
artículo 34 de la Constitución apareció en 1991, por una sola razón: como
consecuencia de la grave proliferación de conductas ilícitas de muy diverso
origen -especialmente el narcotráfico- y del alto grado de corrupción que, para
el momento en el cual deliberó la Asamblea Nacional Constituyente, se habían
apoderado de la sociedad colombiana. No cabe duda de que con el precepto
constitucional se buscó dotar al Estado de un instrumento eficaz para
desestimular el delito -en especial ciertas expresiones de él-, la inmoralidad
pública y la corrupción administrativa, actuando sobre los bienes mal habidos,
sin que ello tropezara con la tajante prohibición de la confiscación, plasmada
también en el artículo 34 de la Constitución anterior.
EXTINCION DE
DOMINIO-Definición
La extinción del
dominio es una institución autónoma, de estirpe constitucional, de carácter
patrimonial, en cuya virtud, previo juicio independiente del penal, con previa
observancia de todas las garantías procesales, se desvirtúa, mediante
sentencia, que quien aparece como dueño de bienes adquiridos en cualquiera de
las circunstancias previstas por la norma lo sea en realidad, pues el origen de
su adquisición, ilegítimo y espurio, en cuanto contrario al orden jurídico, o a
la moral colectiva, excluye a la propiedad que se alegaba de la protección
otorgada por el artículo 58 de la Carta Política. En consecuencia, los bienes
objeto de la decisión judicial correspondiente pasan al Estado sin lugar a
compensación, retribución ni indemnización alguna.
EXTINCION DE
DOMINIO-Objeto/EXTINCION
DE DOMINIO-Privación del reconocimiento jurídico a la propiedad
No se trata de
una sanción penal, pues el ámbito de la extinción del dominio es mucho más
amplio que el de la represión y castigo del delito. Su objeto no estriba
simplemente en la imposición de la pena al delincuente sino en la privación del
reconocimiento jurídico a la propiedad lograda en contravía de los postulados
básicos proclamados por la organización social, no solamente mediante el delito
sino a través del aprovechamiento indebido del patrimonio público o a partir de
conductas que la moral social proscribe, aunque el respectivo comportamiento no
haya sido contemplado como delictivo ni se le haya señalado una pena privativa
de la libertad o de otra índole. Será el legislador el que defina el tipo de
conductas en las cuales se concretan los tres géneros de actuaciones enunciadas
en el mandato constitucional.
DERECHO A LA
PROPIEDAD-Adquisición
lícita
El derecho de
propiedad que la Constitución garantiza en su artículo 58 es el adquirido de
manera lícita, ajustada a las exigencias de la ley, sin daño ni ofensa a los
particulares ni al Estado y dentro de los límites que impone la moral social.
Nadie puede exigir garantía ni respeto a su propiedad cuando el título que
ostenta está viciado, ya que, si contraría los postulados mínimos, jurídicos y
éticos, que la sociedad proclama, el dominio y sus componentes esenciales
carecen de legitimidad.
TRABAJO-Propiedad obtenida lícitamente
Uno de los
pilares fundamentales del Estado colombiano está constituido por el trabajo. La
Constitución reconoce y ampara la propiedad obtenida con base en el esfuerzo y
en el mérito que el trabajo implica, y se lo desestimularía en alto grado si se
admitiera que sin apelar a él, de modo fácil, por fuera de escrúpulos y
restricciones, puede obtenerse y acrecentarse el patrimonio personal y
familiar.
LIBERTAD DE
EMPRESA, ACTIVIDAD ECONOMICA E INICIATIVA PRIVADA-Límites del bien común y su función social
EXTINCION DE
DOMINIO-Límites materiales
al proceso de adquisición de bienes
La extinción del
dominio en la modalidad prevista por el artículo 34 de la Carta traza límites
materiales al proceso de adquisición de los bienes y simultáneamente otorga al
Estado la herramienta judicial para hacer efectivo y palpable el postulado,
deducido del concepto mismo de justicia, según el cual el crimen, el fraude y
la inmoralidad no generan derechos. La disposición constitucional da lugar a
que se propicien las investigaciones, los trámites y los procedimientos
orientados a definir -si prosperan las pretensiones de las entidades estatales
que ejerzan la acción- que jamás se consolidó derecho alguno en cabeza de quien
quiso construir su capital sobre cimientos tan deleznables como los que
resultan del comportamiento reprobable y dañino.
EXTINCION DE
DOMINIO-Naturaleza de la
institución y efecto de la sentencia
La naturaleza de
la institución prevista en el artículo 34, inciso 2, de la Carta Política no se
convierte en penal por tal circunstancia, pues uno es el motivo que da lugar al
ejercicio de la acción y otro es el efecto de la sentencia, que en esta materia
no consiste en una pena sino en la declaración judicial de que por los hechos
pasados -fundados en el delito- no pueden en el futuro invocarse por quien
pasaba por propietario, para defender un "derecho" suyo que ni antes
ni después estuvo amparado por la Constitución. Y ello sin que la sanción
patrimonial de que se trata dependa de la suerte del proceso penal ni de la
responsabilidad de esa índole por el delito en cuestión.
TRATADO
INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS-Prevalencia en el orden interno
Los tratados
internacionales sobre derechos humanos, por expreso mandato constitucional,
prevalecen en el orden interno y, más aún, los derechos y deberes consagrados
en la Carta habrán de interpretarse de conformidad con aquéllos. Además, una
vez ratificados por Colombia, tales tratados obligan en grado superlativo a
todos los órganos estatales, incluido el legislador, según lo ha expuesto la
Corte en varias ocasiones.
EXTINCION DE
DOMINIO Y TRATADOS INTERNACIONALES-Supuestos distintos
La Convención
Americana sobre Derechos Humanos, estipula que "toda persona tiene derecho
al uso y goce de sus bienes" y que "ninguna persona puede ser privada
de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de
utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas
establecidas por la ley". Esa regla de Derecho Internacional no dispone
nada diferente de lo que establece la Constitución Política colombiana en su
artículo 58, que no ha sido violado por la normatividad sub exámine,
pues la institución que se reglamenta en ella parte de un supuesto distinto del
que la indicada norma asume: el de la ilicitud de la propiedad. Mal podría
interpretarse y aplicarse en los Estados que se obligaron por la Convención un
principio ajeno a la elemental concepción jurídica de que en el transfondo de
toda garantía a los derechos subjetivos se encuentra el requisito de su
legítima y lícita adquisición. La extinción de dominio surge como reacción de
la sociedad contra el crimen organizado, por medio de un instrumento no
constitutivo de pena, con la finalidad, entre otras, de cumplir importantes
pactos internacionales que comprometen a Colombia en la lucha contra el delito.
Obsérvese que, aunque la extinción del dominio no equivale en nuestro Derecho
interno al decomiso, la ley desarrolla los objetivos primordiales de la Convención
de Viena, al disponer instrumentos jurídicos aptos para desestimular, entre
otras conductas, la del narcotráfico, mediante la persecución de los bienes
conseguidos por ese conducto.
EXTINCION DE
DOMINIO-Concreción
características del proceso por legislador
Si la modalidad
de extinción del dominio consagrada en el artículo 34 de la Constitución
implica una sentencia declarativa acerca de que ningún derecho tenía quien
pasaba por propietario de los bienes adquiridos en cualquiera de las hipótesis
que el mismo precepto constitucional contempla, es el legislador el llamado a
concretar las características del proceso correspondiente y a definir, puesto
que no lo hizo el propio Constituyente, lo que se entiende en el Derecho
Público colombiano cuando se alude a esa extraordinaria institución.
EXTINCION DE
DOMINIO-Bienes que afecta
La extinción del
dominio recae única y exclusivamente sobre los bienes adquiridos por
enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro
de la moral social, y sólo hasta el monto de la adquisición no protegida
constitucionalmente, pues lo lícitamente adquirido escapa por definición a la
declaración judicial correspondiente, a menos que se trate de bienes
equivalentes a los mal habidos, sobre el supuesto de que, como lo indica el
artículo 6 de la Ley, resultare imposible ubicar, incautar o aprehender los
bienes determinados que primariamente debían ser afectados por la medida.
EXTINCION DE
DOMINIO-Beneficiario
inicial
Es natural que
sea el Estado el beneficiario inicial de la sentencia que decreta la extinción
del dominio, recibiendo física y jurídicamente los bienes respectivos, toda vez
que ha sido la sociedad, que él representa, la perjudicada por los actos
ilícitos o inmorales que dieron lugar al aumento patrimonial o al
enriquecimiento irregular de quien figuraba como propietario. Es la
organización política, por tanto, la que debe disponer de esos bienes, y la que
debe definir, por conducto de la ley, el destino final de los mismos.
EXTINCION DE
DOMINIO-Apariencia de
propiedad/EXTINCION DE DOMINIO-Exclusión de contraprestación o
compensación
En realidad, la
"pérdida" de la que habla el artículo acusado no es tal en estricto
sentido, por cuanto el derecho en cuestión no se hallaba jurídicamente
protegido, sino que corresponde a la exteriorización a posteriori de que
ello era así, por lo cual se extingue o desaparece la apariencia de propiedad
existente hasta el momento de ser desvirtuada por la sentencia. Es claro que,
mientras tal providencia no esté en firme, ha de presumirse que dicha
apariencia corresponde a la realidad, pues suponer lo contrario implicaría
desconocer las presunciones de inocencia y buena fe plasmadas en la
Constitución, pero ya ejecutoriado el fallo, acaba esa apariencia,
entendiéndose que sustancialmente, y a pesar de haber estado ella formalmente
reconocida, jamás se consolidó el derecho de propiedad en cabeza de quien decía
ser su titular. En ese orden de ideas, el artículo 1, bajo examen, no viola la
Carta Política por haber excluido toda forma de contraprestación o compensación
por la declaración judicial. Se pone aquí de presente una de las diferencias
más claras entre la extinción del dominio y la expropiación. Esta última, salvo
el caso extraordinario de las razones de equidad calificadas por el legislador,
exige la indemnización por regla general. A la inversa, en la extinción del
dominio no hay nada qué indemnizar.
EXTINCION DE
DOMINIO-Concreción de
causales por legislador/EXTINCION DE DOMINIO-Inexistencia de regulación
legislativa que no implique necesariamente un hecho punible/EXTINCION DE
DOMINIO-Podría aplicarse a conductas no necesariamente delictivas
Era necesario que
el legislador determinara, indicando las respectivas conductas, cuál es el
contenido de las razones excepcionales que en nuestro sistema, a la luz de la
mencionada norma constitucional, dan lugar a esa extraordinaria medida. Es el
legislador el llamado a concretar en qué consisten las aludidas causales
constitucionales de la extinción del dominio, y evidentemente puede él
considerar que tengan carácter de delictivas, pero sin que por definirlo así en
una determinada ley -la presente-, se agote su facultad de prever en el futuro
otros comportamientos, no necesariamente calificados como delitos, que por
causar daño al Tesoro Público o por afectar la moral colectiva, ocasionen el
proceso judicial de carácter patrimonial del que se trata. El legislador no ha
regulado todavía el trámite de extinción del dominio en aquellos casos que,
según la Constitución, ameritan la aplicación de esa figura, pero que no
implican necesariamente la comisión de un hecho punible.
ENRIQUECIMIENTO
ILICITO-Carácter de delito
El
enriquecimiento ilícito tiene hoy en nuestro sistema, y de manera autónoma, el
carácter de delito; el perjuicio del Tesoro Público se concreta normalmente en
conductas que tienen asignada una sanción penal; y algunas formas de deterioro
de la moral social constituyen a la vez delitos. Pero, a juicio de la Corte,
especialmente en lo que se refiere a la última de las causales enunciadas, no
toda conducta contraria a la moral social que la afecte gravemente tiene que
configurar, a la vez, un comportamiento tipificado como delictivo.
EXTINCION DE
DOMINIO-Efectos civiles y
patrimoniales de delitos políticos
Habiendo separado
el Constituyente los efectos estrictamente penales de los civiles y
patrimoniales de los delitos políticos, y siendo claro que la rebelión, la
sedición y la asonada pueden implicar un perjuicio para el Tesoro Público, o
grave deterioro de la moral social, la figura de la extinción del dominio sobre
los bienes que puedan haberse adquirido en el curso de los actos
correspondientes es perfectamente aplicable.
EXTINCION DE
DOMINIO-Carácter
patrimonial
El carácter de la
extinción del dominio es exclusivamente patrimonial y constituye una
consecuencia no penal sino económica de los actos imputables a una persona.
Estos, por tanto, no exigen necesariamente el dolo para merecer sanción, aunque
no puede olvidarse que la culpa grave, de acuerdo con nuestra ley civil, se
asimila al dolo.
EXTINCION DE
DOMINIO-Corrupción
administrativa
Se pide que se
declare inexequible la referencia al interés ilícito en la celebración de
contratos administrativos y a los contratos celebrados sin requisitos legales,
como delitos constitutivos del perjuicio del Tesoro Público. La Corte no puede
admitir que tal inclusión en la norma vulnere la Carta Política, pues ello
implicaría aceptar que la corrupción administrativa, tan extendida entre
nosotros, puede ser fuente del derecho de propiedad. Desde luego, la extinción
del dominio que en tales casos se decrete tan sólo puede referirse al monto del
provecho ilícito.
EXTINCION DE
DOMINIO Y DECOMISO E INCAUTACION DE BIENES-Diferencias
La figura de la
extinción del dominio prevista en la Constitución, no corresponde a una
"constitucionalización" de los institutos legales conocidos como
comiso e incautación de bienes, los cuales, sin perjuicio de aquélla, siguen
cumpliendo, respecto de todo proceso penal, el objetivo que les es propio,
tanto para la investigación correspondiente como en lo relacionado con el
vínculo existente entre el ilícito y la destinación a él de cierto bien, o
entre el delito y el provecho ilegítimo que de él podría derivarse. La
extinción del dominio, no cobija toda clase de delitos, al paso que el decomiso
y la incautación de bienes son aplicables en términos generales, como lo
contemplan las normas procesales pertinentes, a un cúmulo de hechos punibles
que escapan a la excepcional medida contemplada por el artículo 34, inciso 2,
de la Constitución. Además, mientras el decomiso es una medida inmediata,
adoptada por la autoridad que la ley indique sin necesidad del agotamiento de
todo un proceso, precisamente por cuanto está concebida para servir a los fines
del mismo, la extinción del dominio requiere, por expreso mandado
constitucional, de sentencia judicial, previo el agotamiento del proceso, con
todas las garantías previstas en el artículo 29 de la Carta. Mal puede afirmarse
que se trate de las mismas instituciones.
EXTINCION DE
DOMINIO COMO ACCION REAL
Se trata de una
acción real, pues el proceso se inicia y se desarrolla en relación con bienes
concretos y determinados, y la sentencia, salvo el caso de los llamados bienes
equivalentes, ha de referirse a ellos, especificándolos, para declarar -si la
acción prospera- que se ha extinguido el dominio que sobre ellos ejercía la
persona contra la cual se ha intentado, o sus causahabientes que actuaron de
mala fe.
EXTINCION DE
DOMINIO-Procedencia hasta
el monto del provecho ilícito
Si se mezclan
bienes de procedencia ilícita con otros que fueron adquiridos lícitamente, la
extinción del dominio procederá sólo hasta el monto del provecho ilícito,
distinción razonable y necesaria, porque el fundamento de la extinción del
dominio está en la adquisición, no ajustada a Derecho, o contraria a la moral
pública, del bien correspondiente. Resultaría opuesto a la seguridad jurídica y
altamente lesivo del artículo 6 y del mismo 34 de la Constitución un precepto
general e indiscriminado que llevara a aplicar tan grave sanción a una persona
sobre la totalidad de su patrimonio sin introducir diferenciación alguna entre
los bienes según su origen.
EXTINCION DE
DOMINIO-Derechos
personalísimos no gozan de protección por ilicitud
Los llamados
derechos personalísimos (uso y habitación, según el artículo 878 del Código
Civil), merecerían protección si se tratara de derechos ejercidos sobre bienes
adquiridos al amparo de la Constitución Política, pero que de ningún modo
pueden aspirar a ese amparo bajo los supuestos de la ilicitud inherente al
artículo 34, inciso 2, de la Constitución. Si se tienen tales derechos, a los
cuales el legislador atribuye el carácter de intransmisibles a los herederos,
no susceptibles de ser cedidos a ningún título, ni prestados ni arrendados,
merecen que se los preserve, con arreglo al artículo 58 de la Carta Política.
Pero tal no es el caso de los supuestos derechos que a ese título quisiera
alguien referir a bienes mal habidos, por lo cual la salvedad introducida en el
artículo 3 ibídem, que pretende sustraerlos a la estricta regla del
artículo 34, inciso 2, C.P. -precepto que no introduce distinción alguna-, debe
ser declarada inexequible.
EXTINCION DE
DOMINIO-Bienes adquiridos
por acto entre vivos
En el caso de los
bienes adquiridos por acto entre vivos, reviste trascendencia el hecho de si el
adquirente obró o no dolosamente o con culpa grave. Si ocurrió así, lo cual
debe ser probado en el curso del proceso, es viable la declaración de extinción
del dominio. En caso contrario, no lo es, con lo cual se quiere salvaguardar el
derecho de los terceros de buena fe, esto es, el de quienes, aun tratándose de
bienes de procedencia ilícita o afectada por cualquiera de las causas señaladas
en el artículo 34 de la Constitución, los adquirieron ignorando ese estigma,
sin intención proterva o torcida, sin haber tomado parte en los actos
proscritos por el orden jurídico, sin haber buscado encubrir al delincuente o
al corrupto, sin entrar en concierto con él, sin pretender ganancia o provecho
contrarios a la ley, y no habiendo incurrido en culpa grave, en los términos
descritos por ella. Desde luego, no puede entenderse que tal culpa grave se
configure, en una interpretación exagerada y de imposible aplicación, en
términos tales que el comprador de un bien se vea obligado a adelantar una
investigación exhaustiva acerca de los antecedentes penales de su vendedor y,
menos, de quienes a él le vendieron o le transfirieron el dominio. Esa es una
responsabilidad de las autoridades públicas competentes. Si el dolo o la culpa
grave han tenido lugar y son debidamente establecidos en cabeza del adquirente,
cabe la extinción del dominio, toda vez que el tercero, en esas hipótesis,
participa en el proceso ilícito "a sabiendas", o en virtud de
imperdonable descuido que constituye culpa grave aunque se haya acudido a la
figura jurídica del encargo o la fiducia.
EXTINCION DE
DOMINIO-Bienes adquiridos
por causa de muerte
En cuanto a los
bienes adquiridos por causa de muerte, la determinante legal para establecer si
procede o no la extinción del dominio no es la conducta del heredero o
legatario, sino la del causante. Si éste adquirió los bienes en cualquiera de
las circunstancias previstas por el artículo 2 de la Ley, se extingue el
dominio que se había radicado en cabeza de los adquirentes a este título con la
advertencia de que el Estado les devolverá los pagos que hubieren efectuado por
concepto de impuestos. Nadie puede dar de lo que no tiene, y es evidente que el
causante, habiéndose probado la ilicitud de su propiedad, no la tenía en
realidad y mal podía transferirla a otro u otros al momento de su muerte.
EXTINCION DE
DOMINIO-Bienes
equivalentes
El legislador ha
partido de un supuesto fundado en la realidad: quien adquirió un bien de manera
ilícita buscará muy probablemente deshacerse de él, aprovechando casi siempre
la buena fe de otros, y, de todas maneras, si lo consigue, habrá logrado el provecho
equivalente, que estará radicado ahora en el dinero o en otros bienes. Sobre
éstos o sobre los que los sustituyan dentro de su patrimonio cabe la extinción
del dominio para hacer realidad el principio según el cual la sociedad no puede
premiar el delito ni la inmoralidad. Establecer lo contrario llevaría a aceptar
figuras tan corruptoras y dañinas como el lavado de activos, que no están
cobijadas por la protección constitucional de la propiedad. De nuevo en esta
norma quedan protegidos los derechos de los terceros de buena fe, por lo cual,
si los bienes equivalentes a los ilícitamente adquiridos se traspasan a otra
persona, que ha obrado sin dolo ni culpa grave, respecto de ella no tiene lugar
la declaración de extinción del dominio.
EXTINCION DE
DOMINIO-Naturaleza de la
acción
El precepto
califica la acción como jurisdiccional, reiterando lo estatuido por el artículo
34 de la Constitución en el sentido de que la extinción del dominio en esta
modalidad sólo procede por decisión de un juez. Y subraya que es de naturaleza
real, como se ha explicado. Igualmente, la norma señala contra quién debe
instaurarse la demanda, es decir, los titulares reales o presuntos o los
beneficiarios reales de los bienes, sin perjuicio de los derechos
correspondientes a los terceros de buena fe. Prohibe el legislador que la
acción se intente en forma independiente si hay actuaciones penales en curso,
lo cual significa que, en tal evento, lo relativo a la extinción del dominio
deberá tramitarse dentro del proceso penal, pero aclara cómo habrá de
procederse si la acción penal se extingue o termina sin que se haya proferido
decisión sobre los bienes. La autonomía de la extinción del dominio respecto
del proceso penal, y su naturaleza real, avalan la constitucionalidad del
precepto. El proceso de extinción del dominio podrá iniciarse, con
independencia del proceso penal, sobre la base de que se acrediten los
presupuestos del origen viciado de la propiedad, particularmente en el evento
en que el proceso penal termine por muerte del procesado o cuando por esas
mismas causas el proceso penal no se hubiere iniciado.
ACCION DE
EXTINCION DE DOMINIO-Autonomía
La acción de
extinción del dominio como distinta de la acción penal y complementaria de las
actuaciones penales, con base en los razonamientos que de manera extensa se han
formulado en este fallo.
EXTINCION DE
DOMINIO-Suspensión del
poder de disposición de bienes
En nada se
vulnera la Constitución Política por consagrar la suspensión del poder que
tiene todo propietario de disponer de sus bienes. Esa facultad, que hace parte
del derecho de dominio, proviene del artículo 669 del Código Civil y, por
tanto, es permitido al legislador, en circunstancias tan características  como
las  descritas  y  existiendo  fundados  motivos  para ello -entre los cuales
están la preservación del interés del Estado y la protección, esta vez a modo
preventivo, de terceros de buena fe que pudieran resultar afectados-, suspender
su pleno ejercicio en razón del trámite que se adelanta. El bien afectado queda
excluido del comercio sólo una vez se haya practicado la medida cautelar que
corresponda, según el Código de Procedimiento Civil.
EXTINCION DE
DOMINIO-No amparo de
vivienda familiar/PROPIEDAD ILICITA-No genera derechos
No obstante, el
origen viciado de la propiedad que se exhibía, en el supuesto de la declaración
judicial de la extinción del dominio, afecta también los bienes a los que se
refiere esta disposición, pues los indicados fines institucionales y su
realización no pueden procurarse sobre la base del reconocimiento de que lo
ilícito genera derechos. Así, pues, por vulnerar el artículo 34, inciso 2, de
la Constitución Política, este artículo será declarado inexequible, desde luego
sin perjuicio de que los derechos a los cuales se refiere puedan ser ejercidos,
según las reglas generales, cuando los bienes respectivos hayan sido
lícitamente adquiridos.
EXTINCION DE
DOMINIO-Persecución de
fortunas antes de entrar a regir la Constitución Política
No solamente se
ha prohibido, de manera perentoria, que hacia el futuro se incrementen los
patrimonios personales de las personas sometidas al orden constitucional
colombiano por la vía de las modalidades ilícitas, sino que se ha ordenado, en
el más alto nivel de la juridicidad, que las autoridades estatales persigan las
fortunas que a ese título ya se habían obtenido, inclusive antes de entrar a
regir la Carta Política. Y eso es así porque, a la luz de la Constitución de
1886, los comportamientos que hoy describe la norma citada tampoco generaban
derecho alguno, como quiera que el artículo 30 de esa codificación sólo
garantizaba la propiedad y los demás derechos adquiridos "con justo
título, con arreglo a las leyes civiles", de tal manera que cuando, con
base en cualquiera de los delitos que el artículo 2 de la Ley examinada, una
persona creyó adquirir el derecho de propiedad sobre un bien o grupo de bienes,
ya sabía, antes de la existencia del artículo 34 de la Constitución de 1991,
sobre el carácter ilegítimo de su pretendido derecho y acerca de que él, ante el
Estado colombiano, carecía de toda protección.
IRRETROACTIVIDAD
DE LA LEY PENAL-Elemento
personal y de libre albedrío/EXTINCION DE DOMINIO-Secuela de actividad
delictiva previa
La garantía de la
irretroactividad de las leyes penales no puede ser esgrimida frente a una
consecuencia de estirpe constitucional que gobierna los efectos de situaciones
pasadas y que, además, se predica de los bienes y por sí misma no entraña
pérdida de la libertad. La irretroactividad penal toma en consideración el
elemento personal y de libre albedrío que deben intervenir en la decisión de
adoptar una conducta o de evitarla, según la calificación legal que sobre ellas
recaiga. La extinción del dominio es una secuela, de conformidad con la
Constitución y según la   Ley   examinada,   de una   actividad delictiva
previa -que deja incólume el principio de irretroactividad de la ley penal, por
lo cual no se trata de una pena-, que se dirige a operar sobre los bienes
obtenidos a causa del delito o derivados de éste. El verdadero sentido de la
irretroactividad de la ley, consiste en la protección de quien ya ha sido
amparado por el Derecho, ante la posible arbitrariedad de futuros legisladores
que, por razones políticas o de otra índole, pudieran pretender atropellarlo,
desconociendo sus derechos adquiridos. Tal institución no es ahora, y no lo fue
jamás, una argucia para legitimar lo que siempre fue ilegítimo.
NORMA
CONSTITUCIONAL DE EXTINCION DE DOMINIO-Carácter absoluto y no reducción temporal del alcance
por el legislador
La disposición
constitucional tiene carácter absoluto y no puede la ley menoscabar el efecto
profundo que ella pretende tener en la estructura social y económica del país.
Dicha regla, de otra parte, contribuye a definir por exclusión el campo de lo
que no se protege bajo el concepto de propiedad y, al mismo tiempo, precisa un
camino o método que se juzga inepto para consolidar derechos subjetivos en
cualquier época. Dada la doble función de la norma constitucional, de ninguna
manera puede el legislador, en ejercicio de un poder constituido y subalterno,
reducir su alcance temporal, medida que, en este caso,  no tendría efecto
distinto que el de desplazar las fronteras puestas por el Constituyente, con el
objeto de amparar los frutos ilícitos obtenidos por quienes desafiaron el
Derecho positivo en su nivel superior y atentaron gravemente contra la
sociedad. Bajo el manto de la irretroactividad de las leyes penales y el
respeto a los derechos adquiridos, entendidos de manera equivocada, se pretende
sustraer eficacia a una disposición constitucional absoluta, como si su
efectividad tuviese menos consideración que la intangibilidad de los
patrimonios nacidos e incrementados con abierto desacato de la misma
Constitución, de las leyes y de la moral social.
PROPIEDAD-Licitud/DERECHOS ADQUIRIDOS-No
desconocimiento ni vulneración por leyes posteriores
La garantía que
el artículo 58 de la Constitución confiere a la propiedad supone la licitud de
la misma. En otros términos, no está amparada por la Constitución, como diáfanamente
lo declara su artículo 34, la propiedad mal habida, la lograda mediante el
delito, a través del enriquecimiento ilícito, con grave perjuicio para el
Tesoro Público o transgrediendo las reglas mínimas de la moral social. Cuando
el artículo 58 de la Carta declara que los derechos adquiridos no pueden ser
desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores, supone que ellos se
alcanzaron por sus titulares "con arreglo a las leyes civiles",
expresión que, a juicio de la Corte, no es específica sino genérica, es decir,
alude tanto a las reglas integrantes del Código Civil y disposiciones
complementarias, como al conjunto del ordenamiento jurídico basado en la
Constitución.
EXTINCION DE
DOMINIO-No desconoce
derechos adquiridos consolidados/MALA FE-No genera derechos
La normatividad
examinada no desconoce derechos adquiridos consolidados. En los supuestos que
ella contempla, se obtuvo la propiedad en abierta transgresión al Derecho
vigente, desbordando los límites trazados por el orden jurídico, quebrantando
los derechos de los demás y, en consecuencia, no puede afirmarse que existiera
un derecho legítimo de los presuntos titulares de la propiedad. La mala fe no
puede generar derecho alguno frente al orden constitucional.
PROPIEDAD ILICITA-No puede legitimarse
No se está
confiriendo efecto retroactivo a sanciones penales. Simplemente se está
haciendo explícita por la ley una condición que ya el ordenamiento jurídico
imponía, desde el momento en que se produjo la adquisición de la propiedad y
que, por tanto, era suficientemente conocida por los infractores: la propiedad
lograda con base en conductas ilícitas, en hechos reprobados ya por las
disposiciones que regían, jamás puede legitimarse.
EXTINCION DE
DOMINIO-No vulnera
principio de irretroactividad de la ley penal/EXTINCION DE DOMINIO-Retrospectividad
L norma examinada
no vulnera el principio de irretroactividad de la ley penal, primero porque,
como ya se dijo, no se está ante la aplicación de penas, y segundo por cuanto
la figura allí prevista no corresponde al concepto de retroactividad, en su
sentido genuino, sino al de retrospectividad. En efecto, puede verse en el
texto del artículo que la Ley aprobada "rige a partir de la fecha de su
promulgación", es decir que sus disposiciones tendrán efecto y concreción
en el futuro y sobre la base del conocimiento público y oficial de su
contenido. Luego no es retroactiva. Sin embargo, el segundo inciso advierte que
la extinción del dominio habrá de declararse con independencia de la época de
la adquisición o destinación ilícita de los bienes o derechos, aun tratándose
de situaciones jurídicas existentes con anterioridad a la vigencia de la Ley.
Esta previsión no implica que se autorice a los jueces para desconocer derechos
adquiridos con arreglo al orden jurídico precedente, pues si ello fuese así se
tendría sin duda una flagrante inconstitucionalidad, dada la garantía que
contempla el artículo 58 de la Carta Política, el cual asegura que los derechos
adquiridos con arreglo a las leyes civiles "no pueden ser desconocidos ni
vulnerados por leyes posteriores". Para la Corte, el principio de
irretroactividad de la ley descansa más en la necesidad de realizar la
seguridad jurídica, como valor de interés público, que en la protección ciega y
absoluta del interés individual.
PRINCIPIO DE
IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY-Supuesto
esencial
Supuesto esencial
de la garantía de irretroactividad de la ley es, entonces, la legitimidad del
derecho consolidado según el orden jurídico anterior. El propósito de ese
postulado no es otro que el de crear en los gobernados la certidumbre acerca de
que si cumplen las leyes vigentes y al amparo de ellas adquieren derechos o a
su favor se perfeccionan situaciones jurídicas, las nuevas leyes que el Estado
promulgue no habrán de afectar lo que legítimamente se obtuvo con anterioridad
a su vigencia. Pero, a la inversa, el Estado goza de libertad para regular los
efectos de hechos anteriores que no han implicado la consolidación de derechos
ni el perfeccionamiento de situaciones jurídicas bajo la protección del orden
jurídico precedente, en especial si ello resulta indispensable para hacer que
prevalezca el interés colectivo.
RETROACTIVIDAD DE
LA LEY-Supone existencia
de un derecho adquirido
El concepto de
retroactividad de las normas no se aplica al caso, pues aquél supone
necesariamente que exista un derecho adquirido (según las voces de la teoría
clásica) o una situación jurídica (de acuerdo con la teoría moderna expuesta
por Paul Rubier), elementos que, desde luego, llevan implícito el ya consolidado
reconocimiento y amparo de la ley anterior.
EXTINCION DE
DOMINIO-No saneamiento de
vicios que afectan patrimonio mal habido
PRESCRIPCION DE
LA ACCION DE EXTINCION DE DOMINIO-Inconstitucionalidad
Referencia:
Expedientes  acumulados  D-1551,  D-1553, D-1554,  D-1556,  D-1559, D-1561,
D-1562,  D-1568, D-1570 y D-1571.
Demandas de
inconstitucionalidad instauradas contra la Ley 333 de 1996, "Por la cual
se establecen las normas de extinción de dominio sobre los bienes adquiridos en
forma ilícita".
Actores: Luis
Antonio Vargas Alvarez, Jorge E. Peñuela García, Ramiro Basili Colmenares
Sayago, Carlos Enrique Martínez Palacio, Jose Gustavo Villamizar Santacruz,
Marlon Yovanni Colmenares Velosa, Andrés De Zubiria Samper, Jose Luis Roys
Aguilar, Soledad Arias Ramírez, Gustavo Salazar Pineda, Jose William Gonzalez
Zuluaga, Franky Urrego Ortiz, Pedro Pablo Camargo, German Navarro Palau, Raul
Duarte Fajardo
Magistrado Ponente:
Dr. JOSE GREGORIO
HERNÁNDEZ GALINDO
Sentencia aprobada
en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los trece (13) días del mes de agosto de mil
novecientos noventa y siete (1997).
I. ANTECEDENTES
Varios ciudadanos,
en ejercicio de la acción  pública contemplada en el artículo 241, numeral 4,
de la Constitución Política, presentaron a la Corte demandas de
inconstitucionalidad contra la Ley 333 de 1996, "Por la cual se establecen
las normas de extinción de dominio sobre los bienes adquiridos en forma
ilícita", y contra disposiciones específicas de ella.
La Sala Plena de la
Corporación, en cumplimiento del artículo 5 del Decreto 2067 de 1991, y en
razón de la unidad de materia, resolvió acumular los expedientes abiertos a
raíz de dichas solicitudes de inconstitucionalidad, para que fueran tramitadas
en conjunto y decididas mediante una sola sentencia.
Una vez practicadas
y evaluadas las pruebas pedidas y las de oficio que el Magistrado Sustanciador
decidió decretar, recibido el concepto del Procurador General de la Nación,
cumplidos los trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991 y efectuados los
debates de Sala Plena que culminaron con la suficiente ilustración de los
magistrados, procede la Corte a fallar.
II. TEXTO
La Ley acusada dice
textualmente:
"LEY 333 DE 1996
(diciembre 19)
Por la cual se establecen las normas de
extinción de dominio sobre los bienes adquiridos en forma ilícita.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
CAPITULO I
De la extinción del dominio
Artículo 1º. Del concepto. Para
los efectos de esta Ley, se entiende por extinción del dominio la pérdida de
este derecho en favor del Estado, sin contraprestación ni compensación de
naturaleza alguna para su titular.
Artículo 2º. De
las causales. Por sentencia judicial se declarará la
extinción del derecho de dominio de los bienes provenientes directa o
indirectamente del ejercicio de las actividades que más adelante se establezcan
o que hayan sido utilizados como medios o instrumentos necesarios para la
realización de los mismos. Dichas actividades son:
1. Enriquecimiento
ilícito de servidores públicos, de particulares.
2. Perjuicio del
Tesoro Público que provenga de los delitos de peculado, interés ilícito en la
celebración de contratos, de contratos celebrados sin requisitos legales,
emisión ilegal de moneda o de efectos, o valores equiparados a moneda;
ejercicio ilícito de actividades monopolísticas o de arbitrio rentístico; hurto
sobre efectos y enseres destinados a seguridad y defensa nacionales; delitos
contra el patrimonio que recaigan sobre bienes del Estado; utilización indebida
de información privilegiada; utilización de asuntos sometidos a secreto o
reserva.
3. Grave deterioro
de la moral social. Para los fines de esta norma, se entiende que son hechos de
(sic) deterioran la moral social, los delitos contemplados en el Estatuto
Nacional de Estupefacientes y las normas que lo modifiquen o adicionen,
testaferrato, el lavado de activos, los delitos contra el orden económico
social, delitos contra los recursos naturales; fabricación y tráfico de armas y
municiones de uso privativo de las fuerzas militares, concusión, cohecho,
tráfico de influencias, rebelión, sedición, asonada o provenientes del
secuestro, secuestro extorsivo o extorsión.
4. Los eventos en
que se utilicen bienes como medio o instrumentos de actuaciones delictivas o se
destinen a éstas, salvo que sean objeto de decomiso o incautación ordenada
dentro del proceso penal mediante providencia en firme.
5. También procederá
la extinción del dominio cuando judicialmente se haya declarado la ilicitud del
origen de los bienes en los eventos consagrados en los incisos 2º y 3º del
artículo 7º de esta Ley, y en el Código de Procedimiento Penal.
Artículo 3º. De
los bienes. Para los efectos de esta Ley se entenderá
por bienes susceptibles de extinción del dominio todo derecho o bien mueble o
inmueble, con excepción de los derechos personalísimos.
La extinción del
dominio también se declarará sobre el producto de los bienes adquiridos en las
circunstancias de que trata esta Ley, los derivados de éstos, sus frutos, sus
rendimientos, y sobre los recursos provenientes de la enajenación o permuta de
bienes adquiridos ilícitamente o destinados a actividades delictivas o
considerados como producto, efecto, instrumento u objeto del ilícito. Cuando se
mezclen bienes de ilícita procedencia con bienes adquiridos lícitamente, la
extinción del dominio procederá sólo hasta el monto del provecho ilícito.
Artículo 4º. De
los bienes adquiridos por acto entre vivos. Tratándose
de bienes transferidos por acto entre vivos, procederá la extinción del dominio
cuando un tradente los haya adquirido en los casos contemplados en el artículo
2º y los adquirentes hubieren actuado con dolo o culpa grave respecto del
conocimiento de las causales allí contempladas.
En los casos en que
se hubiere constituido fiducia o encargo fiduciario sobre los bienes respecto
de los cuales se pretenda la extinción del dominio, bastará para su procedencia
que alguna de las causales señaladas en el artículo 2º sea predicable del
encargante o constituyente, sin perjuicio de los derechos de la fiduciaria a su
remuneración y de los derechos de beneficiarios y terceros que no hubieren
actuado con dolo o culpa grave.
Las disposiciones de
esta Ley no afectarán los derechos que con arreglo a las leyes civiles se
deriven de los negocios jurídicos válidamente celebrados ni los de su
invalidez, nulidad, resolución, rescisión e ineficacia para las partes y
terceros, ni los inherentes al pago de lo no debido ni al ejercicio de las
profesiones liberales.
Artículo 5º.De
los bienes adquiridos por causa de muerte. Procederá
la extinción del derecho de dominio respecto de los bienes objeto de sucesión
por causa de muerte, cuando dichos bienes hayan sido adquiridos por el causante
en cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 2º de la presente
Ley.
En el evento de
haberse efectuado la partición y realizado el pago del impuesto por el
adjudicatario, así como la ganancia ocasional si la hubiere, el Estado deberá
devolverlos para que sea procedente la ejecución de la sentencia.
Artículo 6º. De
los bienes equivalentes.
Cuando no resultare posible ubicar, incautar o aprehender otros bienes
determinados sobre los cuales verse la extinción del dominio, al momento
de la sentencia podrá el Juez declarar extinguido el dominio sobre un valor
equivalente. Lo dispuesto en el presente artículo no podría interpretarse en
perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.
Parágrafo. Antes de la sentencia de primera
instancia, no podrá el Juez que esté conociendo de la acción de extinción de
dominio aprehender, ocupar u ordenar la práctica de medidas cautelares sobre
bienes equivalentes.
CAPITULO II
De la acción de extinción del dominio
Artículo 7º. De
la Naturaleza de la acción. La acción de extinción
del dominio de que trata esta Ley es de naturaleza jurisdiccional y de carácter
real, y procederá contra el titular real o presunto o los beneficiarios reales
de los bienes, independientemente de quien lo (sic) tenga en su poder o
lo (sic) haya adquirido, y sin perjuicio de los derechos de los terceros de
buena fe. En ningún caso se podrá intentar la acción de extinción del dominio
en forma independiente, si hay actuaciones penales en curso.
Si la acción penal
se extingue o termina sin que se haya proferido decisión sobre los bienes,
continuará el trámite ante el mismo funcionario que conoció del proceso penal y
procederá la declaración de extinción del dominio de aquellos bienes adquiridos
en cualquiera de las circunstancias de que trata esta Ley.
Si terminado el
proceso penal aparecieren nuevos bienes, en cualquier caso procederá la acción
de extinción del dominio ante el mismo funcionario que conoció de la acción
penal correspondiente.
Artículo 8º. De
la legitimación. La Dirección Nacional de Estupefacientes,
la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación,
de acuerdo con su especialidad, de oficio, a petición de cualquier persona, o
de las entidades o autoridades extranjeras u organismos internacionales,
ejercerán la acción de extinción del dominio sobre los bienes adquiridos en las
circunstancias de que trata la presente Ley. La Fiscalía General de la Nación
la iniciara de oficio.
Parágrafo. De conformidad con los tratados y
convenios de colaboración recíproca las entidades ó autoridades extranjeras u
organismos internacionales habilitados para ello, podrán solicitar que se
inicie la acción de extinción de dominio de que trata la presente Ley.
Artículo 9º. De
la prescripción. La acción
de extinción del dominio prescribirá en el término de veinte (20) años contados
desde la última adquisición o destinación ilícita de los bienes, cualesquiera
sea.
Artículo 10. De
la autonomía. La acción de
extinción del dominio es distinta e independiente de la responsabilidad penal y
complementaria de las actuaciones penales.
La declaración de
extinción del dominio corresponderá a los jueces competentes para conocer de
las actuaciones penales. En consecuencia, las entidades estatales legitimadas,
en los casos en que los bienes tengan su origen en una actividad delictiva,
promoverán la acción consagrada en esta Ley cuando la actuación penal termine
por cualquier causa y no se haya declarado en ésta la extinción del dominio
sobre los bienes considerados como producto, efecto, instrumento u objeto del
delito o se hubiere declarado sólo sobre una parte. Por las demás causales,
dichas entidades estatales deberán instaurar la acción con absoluta
independencia de la actuación penal.
La providencia que
declare la ilicitud de la adquisición del dominio de los bienes en un proceso
penal y la sentencia condenatoria que así lo establezca constituye prueba de la
ilícita procedencia de los bienes.
CAPITULO III
Del debido proceso y de los derechos de
terceros
Artículo 11. Del
debido proceso. En el
ejercicio y trámite de la acción de extinción del dominio se garantizarán el
debido proceso, el derecho de defensa y la plenitud de las formas propias del
mismo.
Artículo 12. De
la protección de derechos.
Durante el procedimiento
se garantizarán y protegerán los derechos de las personas y de los terceros,
para cuyo efecto no podrá declararse la extinción del dominio:
l. En detrimento de
los derechos de los titulares legítimos y terceros de buena fe.
2.Si no estuvieren
probadas las circunstancias contempladas en la ley.
3.Si no se hubiere
garantizado el debido proceso y el derecho de defensa.
4.En todos los casos
se respetarán el principio de la Cosa Juzgada.
Parágrafo. Los titulares de derechos o los
poseedores de los bienes objeto de la acción de extinción del dominio, así como
los terceros, podrán comparecer al proceso dentro de las oportunidades
procesales previstas en esta Ley para el ejercicio de su derecho de defensa. En
todo caso, los que no comparezcan están representados por un curador ad litem,
sin perjuicio de que, en el evento de no comparecer durante el trámite por
razones no atribuibles a su culpa o dolo, puedan en cualquier tiempo antes del
fallo interponer las acciones y recursos legales que consideren pertinentes
para la defensa de sus derechos.
Artículo 13.  De
las víctimas. Toda persona
y sus causahabientes forzosos a quienes se les hubiere causado un daño por el
titular de los bienes cuyo dominio haya sido extinguido conforme a esta Ley,
tendrá derecho preferencial a la reparación integral siempre que el mismo haya
sido reconocido por sentencia judicial ejecutoriada.
Si los bienes
hubieren ingresado al patrimonio del Estado, éste reembolsará a las víctimas el
monto de la indemnización hasta concurrencia del valor de aquéllos, para lo
cual formularán solicitud en tal sentido acompañada de copia autenticada de la
sentencia ejecutoriada en la que le reconoce el derecho y tasa el daño y de la
sentencia que declaró la extinción del dominio, siendo aplicable en este evento
lo dispuesto por el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.
En todo caso, el
Estado se subrogará en los derechos que reconozca la sentencia judicial a quien
reciba un pago, según lo provisto en el inciso anterior, por la cuantía de lo
pagado, y perseguirá el patrimonio de la persona obligada a resarcir el daño a
que se refiera la correspondiente sentencia judicial, con los mismos derechos
reconocidos al beneficiario en dicha providencia.
CAPITULO IV
Del procedimiento y de la competencia
Artículo 14. De
la competencia. Corresponderá a los funcionarios
competentes para conocer de las actuaciones penales la declaración de extinción
del dominio cuando la adquisición de los bienes se origine en cualquiera
de las circunstancias de que trata esta Ley, o cuando se trate de bienes
vinculados a actividades delictivas o destinados a las mismas, sin perjuicio de
que la acción de extinción del dominio sea iniciada por las entidades estatales
legitimadas con posterioridad a la terminación de la actuación penal, cuando
ésta termine por cualquier causa y no se declare la extinción del dominio o se
declare sólo sobre una parte de éstos.
Conocerán de la
extinción del dominio los fiscales de la justicia regional en los asuntos penales
de su competencia y, en los demás casos, la Fiscalía adscrita a la Unidad
Especializada, o la que determine el Fiscal General de la Nación, así como los
jueces regionales o el Juez Penal del Circuito que esté conociendo de la
actuación.
Artículo 15. Del
trámite. El trámite de la extinción del dominio en
las actuaciones penales se surtirá en cuaderno separado y se adelantará de
conformidad con las siguientes reglas:
a) El fiscal que
deba conocer de la acción de extinción del dominio, de oficio o por
interposición de demanda, ordenará su iniciación mediante providencia
interlocutoria apelable en el efecto devolutivo indicativa de los hechos en que
se funda, los bienes y las pruebas o indicios, prevendrá sobre la suspensión
del poder dispositivo y decretará la inmediata aprehensión y ocupación y las
medidas preventivas pertinentes, si no se hubieren adoptado en la actuación
penal;
b) En la misma
providencia, ordenará la notificación al Agente del Ministerio Público y a las
demás personas afectadas cuya dirección se conozca, que se surtirá según las
reglas generales, y dispondrá el emplazamiento de las personas respectivas, de
los titulares actuales de derecho real principal o accesorio que figuren en el
certificado registral correspondiente, de los terceros y personas
indeterminadas con interés en la causa para que comparezcan a hacer valer sus
derechos, quienes tomarán la actuación en el estado en que se encuentre al
instante de su comparecencia. El emplazamiento se surtirá por edicto que
permanecerá fijado en la Secretaría por el término de veinte (20) días y se
publicará y divulgará por una vez dentro de este término en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radiodifusora de la localidad. Cumplidas
estas formalidades, si no se presenta el emplazado dentro de los cinco (5) días
siguientes al vencimiento del término de fijación del edicto, continuará la
actuación con un curador ad litem;
c) Dentro de los
diez (10) días siguientes al vencimiento del término de comparecencia, deberá
contestarse aportando las pruebas o solicitando la práctica de aquéllas en que
se funda la oposición. En este mismo término, el agente del Ministerio Público
solicitará la práctica de pruebas;
d) Transcurrido el
término anterior, se decretarán las pruebas conducentes y pertinentes y las que
oficiosamente considere el funcionario, quien fijará el término para su
práctica el cual será de veinte (20) días, prorrogables por un término igual
por una sola vez;
e) Concluido el
término probatorio, se surtirá traslado por Secretaría por el término común de
ocho (8) días a los intervinientes para alegar de conclusión y al agente del
Ministerio Público para su concepto;
f) Transcurrido el
término anterior, cuando el trámite hubiere sido conocido por la Fiscalía, dictará
una providencia de acuerdo con lo alegado y probado, en la cual concluya
respecto de la procedencia o improcedencia de la extinción del dominio. Si
concluye sobre la procedencia de la declaratoria de extinción del dominio,
enviará inmediatamente el expediente al Juez Regional en los asuntos de su
competencia o al Juez Penal del Circuito en los demás casos, quienes dictarán
la respectiva sentencia de extinción del dominio, verificando que durante el
trámite que hubiere adelantado la Fiscalía se hubiera respetado el debido
proceso, la plenitud de las formas y la protección de derechos;
g) En contra de la
sentencia que decrete la extinción del dominio procede el recurso de apelación
conforme a las reglas generales. La que se abstenga de esta declaración se someterá
al grado de consulta.
Artículo 16.
Protección de derechos.
Los funcionarios
competentes para conocer de las actuaciones penales y de la acción de extinción
del dominio, garantizarán el debido proceso, el derecho de defensa, la plenitud
de las formas y observarán lo dispuesto en los artículos 4, 11 y 12 de la
presente Ley en materia de protección de derechos.
En todo caso, la
extinción del dominio prevista en esta Ley no excluye la aplicación del
decomiso, comiso, incautación, aprehensión, ocupación y demás medidas
consagradas por el ordenamiento jurídico en materia de bienes.
CAPITULO V
Del procedimiento
Artículo 17. Del
procedimiento. El procedimiento de la acción de extinción
del dominio, se sujetará a las disposiciones especiales contenidas en la
presente Ley.
Artículo 18.  De
la demanda. La demanda contendrá los siguientes
requisitos:
a) Nombres y
apellidos, identificación y domicilio del titular presunto, del real y de los
terceros con interés en la causa, según el caso;
b) La identificación
del bien o bienes, estimación de su valor o de los bienes o valores
equivalentes;
c) La petición de
pruebas, acompañando las que tenga en su poder, y
d) La dirección del
lugar para recibir notificaciones.
Artículo 19. De
las medidas preventivas.
Desde la presentación de la demanda y en cualquier estado del proceso, el
demandante podrá pedir la práctica de medidas cautelares de los bienes sobre
los cuales pretende la extinción del dominio. para lo cual se observarán las
reglas contenidas en el Libro IV, Título XXXV, del Código de Procedimiento
Civil.
Artículo 20. De
la perentoriedad de los términos. La
inobservancia de los términos y oportunidades señalados en esta Ley constituye
causal de mala conducta sancionable con destitución del cargo que será impuesta
por la autoridad competente.
Artículo 21. De
la sentencia. Si la sentencia declara la extinción del
dominio, ordenará la cancelación de las limitaciones, desmembraciones,
gravámenes, embargos e inmovilizaciones e inscripciones que recaigan sobre los
bienes y su inscripción en el registro competente sin costo alguno para el
Estado.
Cuando los bienes
objeto de extinción se encuentren gravados con prenda, hipoteca o recaiga sobre
éstos algún otro derecho real accesorio distinto del dominio o medida cautelar
de embargo o secuestro decretado por autoridad competente y debidamente
inscrito con fecha anterior al decreto de medida preventiva o de suspensión del
poder dispositivo dentro del proceso de extinción, la sentencia se pronunciará
respecto de la eficacia o ineficacia, licitud o ilicitud de los títulos y
derechos de conformidad con las disposiciones civiles y establecidas en la
presente Ley.
Si la sentencia
declara la ilicitud o ineficacia de los títulos y derechos de que trata el
inciso anterior, decretará igualmente su extinción y su inscripción en el
registro competente sin costo alguno para el Estado.
En caso contrario,
se decretará la venta en pública subasta conforme a las normas del Código de
Procedimiento Civil y con su producto se pagarán las acreencias
correspondientes. Los remanentes corresponderán al Estado en los términos de la
presente Ley.
Los titulares de los
derechos contemplados en esta norma deberán comparecer al proceso de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de esta Ley. Quienes tengan
legitimación para concurrir al proceso podrán impugnar la eficacia y licitud de
los títulos y derechos a que se refiere este precepto.
Parágrafo. También procederá la extinción del
dominio sobre bienes equivalentes, en el evento de que el Estado tuviere que
reconocer a un tercero el derecho que se hubiere probado en el proceso,
respecto del cual se haya establecido limitación, gravamen o desmembración,
embargo, registro de demanda, inmovilización e inscripción sobre los bienes
materia del proceso.
Artículo 22. De
la entrega. Sí la sentencia declara la extinción del
dominio de los bienes y éstos no estuvieron en poder del Estado, ordenará su
entrega definitiva a quien corresponda y, ejecutoriada, comisionará para la
diligencia que se practicará de preferencia por el comisionado dentro de los
diez (10) días siguientes a la providencia respectiva.
Artículo 23. De
la persecución de bienes.
El Estado podrá perseguir
bienes de los que sea titular o beneficiario real la persona contra quien se
dictó sentencia de extinción del dominio o sus causahabientes que no sean de
buena fe y hasta concurrencia del valor por el cual se decretó la extinción.
CAPITULO VI
De la suspensión del poder dispositivo
Artículo 24. De
la suspensión del poder dispositivo. Desde
la providencia que ordena el trámite de extinción, no podrá adquirirse ni
transferirse el dominio de los bienes provenientes de actividades ilícitas, ni
constituirse derecho alguno, ni celebrarse acto, contrato o negocio jurídico
alguno respecto de éstos, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena
fe.
CAPITULO VII
Del Fondo para la Rehabilitación, Inversión
Social y la Lucha contra el Crimen Organizado
Artículo 25. De
la creación del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y la Lucha
contra el Crimen
Organizado. Créase el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y la
Lucha contra el Crimen Organizado, que funcionará como una cuenta especial sin
personería jurídica administrada por la Dirección Nacional de Estupefacientes,
de acuerdo con las políticas trazadas por el Consejo Nacional de
Estupefacientes.
Los bienes objeto de
extinción del dominio, sin excepciones de naturaleza alguna hechas las
deducciones a que se refiere el artículo 21 de la presente Ley, según el caso,
formarán parte de los recursos de este Fondo.
Parágrafo lº. Durante el desarrollo del proceso, la
Dirección Nacional de Estupefacientes podrá destinar en forma provisional los
bienes sobre los cuales esté vigente una medida cautelar, a las entidades
oficiales o instituciones de beneficio común legalmente reconocidas. Los gastos
de conservación estarán a cargo de la entidad destinataria. La Dirección
Nacional de Estupefacientes tomará las medidas necesarias para garantizar que
los bienes objeto de destinación provisional continúen siendo
productivos y generadores de empleo, para lo cual podrá recurrir al
arrendamiento o fiducia de los bienes en caso de que la operación genere
utilidades. Estos recursos deberán destinarse a la financiación de los
programas sociales de que trata esta Ley con preferencia en la circunscripción
territorial en que se encuentran localizados.
Preferencialmente en
tratándose de bienes rurales con caracterizada vocación rural, una vez
decretada su extinción pasarán de manera inmediata al Instituto Colombiano de
la Reforma Agraria, Incora, para ser aplicados a los fines establecidos en la
Ley 160 de 1994.
Parágrafo 2o. Desde la providencia que ordena el trámite
de extinción del dominio, la Dirección Nacional de Estupefacientes podrá
enajenar los bienes fungibles o que amenacen deterioro, respecto de los demás
bienes, si se hiciere necesario en razón de lo oneroso de su administración y
custodia, podrá celebrar contratos de administración con entidades públicas o
privadas sometidas a vigilancia estatal.
En el evento en que
los bienes hubiesen sido enajenados y se ordenare su devolución mediante
sentencia judicial debidamente ejecutoriada, el Fondo reconocerá el precio de
la venta con actualización de su valor, sin perjuicio de las acciones
consagradas en la ley.
Parágrafo 3o. Dentro de los seis (6) meses siguientes a
la promulgación de esta Ley, el Gobierno Nacional procederá a reestructurar la
Dirección Nacional de Estupefacientes para el cumplimiento de las funciones que
se le asignan.
Artículo 26. De
la disposición y destinación de los bienes. Los bienes y recursos sobre los cuales se
declare la extinción del dominio, sin excepción alguna ingresarán al Fondo para
la Rehabilitación, Inversión Social y la Lucha contra el Crimen Organizado y
serán asignados por el Consejo Nacional de Estupefacientes, de conformidad con
los reglamentos, para:
a) Financiar
programas y proyectos en el Area de Educación, Recreación y Deporte.
Así mismo, los
programas que prevengan el consumo de la droga, como los que tiendan a la
rehabilitación y la promoción de la cultura de la legalidad;
b) Financiar
programas de desarrollo alternativo para la erradicación de cultivos ilícitos;
c) Financiar programas
para prevenir, combatir y erradicar la corrupción administrativa en cualquiera
de sus manifestaciones;
d) Financiar
programas de reforma agraria y de vivienda de interés social para los
desplazados por la violencia y los involucrados en los programas de
erradicación de cultivos ilícitos;
e)Reembolsar en la
hipótesis de que trata esta Ley, los daños causados a los nacionales titulares
y terceros de buena fe. Para ello financiará la contratación de seguros que
cubran los riesgos por actos terroristas súbitos y violentos y los perjuicios
en que pueda incurrir la población civil por esos mismos actos, cuando no estén
amparados, por el Gobierno Nacional mediante pólizas de seguros. Igualmente
garantizar mediante la contratación de pólizas expedidas por compañías de
seguros, la protección de los bienes sobre los cuales esté vigente una medida
cautelar o sobre aquellos que sean objeto de extinción del dominio;
f) Financiar
programas que ejecute el deporte asociado, con el objeto de fomentar, masificar
y divulgar la práctica deportiva. Igualmente, apoyar programas recreativos,
formativos y social comunitarios;
g) Financiar la
inversión en preparación técnica y tecnológica, en soportes logísticos,
adquisición de equipos y nueva tecnología, y, en general, en el fortalecimiento
de las acciones del Estado en su lucha contra el delito del narcotráfico. Los
bienes culturales e históricos serán asignados a las entidades estatales
pertinentes para los efectos consagrados en la legislación sobre la materia;
h) Financiar programas
de rehabilitación, educación, capacitación y microempresas para la población
carcelaria;
i) Financiar
programas de reubicación dentro de la Frontera Agrícola, a colonos asentados en
la Amazonia y Orinoquia colombiana;
j) Financiar todos
los aspectos atinentes al cumplimiento de las funciones que, competen al
Consejo Nacional de Política Criminal;
k) Para financiar
programas de nutrición a la niñez de estratos bajos, a través del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar;
l) Para financiar en
parte la administración de justicia a través del Consejo Superior de la
Judicatura;
m) Financiar los
programas de las mujeres cabeza de familia, menores indigentes y tercera edad;
n) Para
financiar el Programa de Bibliotecas Públicas para Santa Fe de Bogotá;
o) Para financiar la
asignación de recursos al Fondo de Seguridad de la Rama Judicial y del
Ministerio Público;
p) Financiar
programas de desarrollo humano sostenible en las regiones de ecosistemas
frágiles en los cuales se han realizado cultivos ilícitos;
q) Los bienes
y recursos que se encuentren dentro de la jurisdicción del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y cuya extinción de
dominio se haya decretado, conforme a la presente Ley, serán asignados por el
Consejo Nacional de Estupefacientes al Instituto de Tierras del Archipiélago,
para el cumplimiento de sus fines, consagrados en la legislación
correspondiente.
Mientras se crea el
Instituto de Tierras del Archipiélago el Consejo Nacional de Estupefacientes
asignará los bienes a programas de vivienda de interés social reforma agraria,
obras públicas o para financiar programas de educación en el Archipiélago y
promover su cultura;
r) Financiar
programas para población de los discapacitados físicos, psíquicos y
sensoriales;
s) Financiar
programas de recreación y cultura de pensionados y la tercera edad;
t) Implementación
de programas de vivienda de interés social;
u) Financiar
programas para erradicar la indigencia en el país.
Parágrafo. Las tierras aptas para la producción y que
ingresen al Fondo que se crea en la presente Ley, se adjudicarán a los
campesinos e indígenas que cumplan los requisitos establecidos. La adjudicación
se hará de conformidad con lo dispuesto en la Ley 160 de 1994. Los desplazados
por la violencia y los involucrados en los programas de erradicación de
cultivos ilícitos tendrán prioridad para la adjudicación.
Artículo 27. Del
ejercicio especializado y preferente. Sin perjuicio de la competencia de los fiscales ante
la Justicia Regional, de los que determine el Fiscal General de la Nación y de
los Jueces Penales del Circuito, la Fiscalía General de la Nación conformará,
por reorganización de su planta de personal, una unidad especializada para
investigar bienes de ilícita procedencia, adelantar la extinción del dominio en
las actuaciones penales e integrar un registro y control de los procesos en los
cuales se inicie y declare la extinción del dominio.
Las investigaciones
preliminares para investigar bienes de ilícita procedencia de la unidad
especializada tendrán un plazo hasta de seis (6) meses; en ellas se observará
lo dispuesto en el artículo 2º.
Los funcionarios
competentes para conocer de la acción de extinción del dominio la ejercerán
preferentemente, tratándose de las actividades delictivas de organizaciones
criminales, del crimen organizado y de la corrupción administrativa, de los
delitos contemplados en el Estatuto Nacional de Estupefacientes, contra el
Régimen Constitucional, la Administración Pública, la Administración de
Justicia, la Seguridad Pública, los de secuestro, secuestro extorsivo,
extorsión, lavado de activos, testaferrato, enriquecimiento ilícito, así como
los que sean predicables de la subversión.
Las entidades
estatales legitimadas para iniciar la acción y los funcionarios competentes
para conocer de la acción de extinción del dominio, informarán a la Unidad
Especializada de la Fiscalía General de la Nación de la iniciación del proceso
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su iniciación, con indicación
de las partes, bienes y persona o personas contra quienes se promueva, así como
de la sentencia que se pronuncie.
El deber de
iniciación del proceso de extinción del dominio se entiende sin perjuicio de
las obligaciones de información que corresponden a las entidades estatales
legitimadas, de sus funciones de inspección, vigilancia y control, así como de
las atribuciones y facultades específicas que se derivan de éstas.
Artículo 28. Del ejercicio temerario de la
acción. En los eventos en que la demanda interpuesta por la entidad estatal
sea temeraria o motivada en el dolo o culpa grave del funcionario que la
interpuso habrá lugar a la indemnización de los daños causados al demandado,
sin perjuicio de las acciones penales y administrativas a que haya lugar.
Parágrafo. Quien realice una falsa denuncia en los
supuestos de la presente Ley incurrirá en la sanción penal respectiva,
incrementada hasta en una tercera parte. Igual aumento se aplicará a la sanción
a que se haga acreedor el Fiscal o funcionario judicial que incurra en
prevaricato, por indebida aplicación.
En todo caso, no se
podrá abrir o iniciar investigación alguna contra personas naturales o
jurídicas con base en anónimos o pruebas obtenidas ilegalmente.
Artículo 29. Del ámbito de aplicación. Esta Ley
se aplicará en todos los casos en que los hechos o actividades a que se refiere
el artículo segundo hayan ocurrido total o parcialmente en Colombia, o cuando
los bienes se encuentren ubicados en el territorio nacional.
Respecto de aquellos
bienes situados en el exterior cuyos titulares o beneficiarios reales sean
colombianos o cuando los hechos se hayan iniciado o consumado en la República
de Colombia, se aplicará con sujeción a los tratados y convenios
internacionales.
Las disposiciones de
esta Ley no serán aplicables respecto de tributos e impuestos, ni a propósito
de las otras formas de extinción del dominio contempladas en la legislación
agraria, minera y ambiental, que se regularán por las leyes sobre el particular.
Artículo 30. De
la integración. En
los aspectos no contemplados en esta Ley se aplicarán las disposiciones de los
Códigos de Procedimiento Penal, de Procedimiento Civil y Contencioso
Administrativo, en los que sean compatibles con la naturaleza del proceso y las
actuaciones que se realicen en el mismo.
Artículo 31.
Autorización. Autorízase
al Gobierno para abrir créditos adicionales, y hacer las adiciones y traslados
presupuestales que sean necesarios para el cumplimiento de esta Ley.
Artículo 32.
Protección a la vivienda familiar.
Sin perjuicio de disposición legal en contrario, la acción de extinción de
dominio no procederá respecto del bien inmueble amparado por el régimen de
patrimonio de familia inembargable, o sobre bien afectado a vivienda familiar,
siempre y cuando dicho bien sea el único inmueble en cabeza de su titular y su
valor no exceda de quinientos salarios mínimos legales mensuales al momento de
la declaración de extinción.
Artículo 33. De
la vigencia. Esta Ley rige
a partir de la fecha de su promulgación.
No obstante, la
extinción del dominio se declarará, cualquiera sea la época de la adquisición o
destinación ilícita de los bienes o derechos, aun tratándose de situaciones
jurídicas existentes con anterioridad a la vigencia de esta Ley, siempre que
dicha adquisición o destinación ilícita de los bienes o derechos haya sido
realizada con posterioridad a la existencia de los delitos que dan lugar a esta
medida de extinción, así la legislación haya modificado o modifique la
denominación jurídica, sin perjuicio del término de prescripción de que trata
el artículo 9º de esta Ley.
En todo caso, se
entenderá que la adquisición ilícita de los bienes no constituye justo título,
causa un grave deterioro de la moral social y es conducta con efectos permanentes.
El Presidente del
honorable Senado de la República,
(fdo.)
El Secretario
General del honorable Senado de la República
(fdo.)
El Presidente de la
honorable Cámara de Representantes.
(fdo.)
El Secretario de la
honorable Cámara de Representantes.
(fdo.)
REPUBLICA DE
COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y
ejecútese.
Dada en Santa Fe de
Bogotá, D. C., a 19 de diciembre de 1996.
ERNESTO SAMPER
PIZANO
El Ministro de
Justicia y del Derecho,
Carlos Eduardo
Medellín Becerra".
III. LAS DEMANDAS
Los ciudadanos PEDRO
PABLO CAMARGO, GERMAN NAVARRO PALAU y RAUL DUARTE FAJARDO solicitan a la Corte
que declare la inconstitucionalidad de la Ley  333 de   1996 por   existir
vicios de forma y por violar los artículos 152, 153, 157, 163 y 169 de la
Constitución Política, teniendo en cuenta que no se  le  dio  el  trámite  de
ley  estatutaria,   que era obligatorio,  ya que regula derechos fundamentales
como la propiedad privada y la  prohibición  de la  confiscación   (artículos
58  y   34   C.P.).   Así mismo -aseguran-, se le cambió el nombre al proyecto
de ley, que inicialmente decía "por la cual se desarrollan los artículos
34 y 58 de la Constitución Política en materia de extinción del dominio",
dejando el actual, que no corresponde al contenido material de ella.
Afirman que la
Comisión Primera del Senado votó a favor de que el trámite de la ley fuera el
de estatutaria, mientras que la Comisión Primera de la Cámara de Representantes
votó en el sentido de que se hiciera como ley ordinaria, pero dichas decisiones
fueron por simple mayoría y no por mayoría absoluta.
Por último,
manifiestan que el Gobierno solicitó trámite de urgencia para la mencionada ley
y pasados los 30 días establecidos en el artículo 163 constitucional, ésta no se
aprobó en primer debate (expediente D-1571).
El ciudadano GUSTAVO
SALAZAR PINEDA demanda la totalidad de la Ley 333 de 1996, argumentando que es
ambigua, inocua y superflua, además de que atenta contra el principio de la
irretroactividad de la ley, cuya única excepción es la favorabilidad para el
acusado, y desconoce los derechos de terceros de buena fe (expediente D-1562).
El ciudadano LUIS
ANTONIO VARGAS ALVAREZ solicita la inconstitucionalidad de los siguientes
artículos de la Ley, por considerarlos contrarios a los cánones 1, 13, 22, 29,
34, 95, 230 y 380 constitucionales (se subraya lo demandado):
"Artículo
2º. De las causales. Por sentencia judicial se declarará la
extinción del derecho de dominio de los bienes provenientes directa o
indirectamente del ejercicio de las actividades que más adelante se establezcan
o que hayan sido utilizados como medios o instrumentos necesarios para la
realización de los mismos. Dichas actividades son:
1. Enriquecimiento
ilícito de servidores públicos, de particulares.
2. Perjuicio del
Tesoro Público que provenga de los delitos de peculado, interés ilícito en
la celebración de contratos, de contratos celebrados sin requisitos legales,
emisión ilegal de moneda o de efectos, o valores equiparados a moneda;
ejercicio ilícito de actividades monopolísticas o de arbitrio rentístico; hurto
sobre efectos y enseres destinados a seguridad y defensa nacionales; delitos
contra el patrimonio que recaigan sobre bienes del Estado; utilización indebida
de información privilegiada; utilización de asuntos sometidos a secreto o
reserva.
3. Grave deterioro
de la moral social. Para los fines de esta norma, se entiende que son hechos de
(sic) deterioran la moral social, los delitos contemplados en el Estatuto
Nacional de Estupefacientes y las normas que lo modifiquen o adicionen,
testaferrato, el lavado de activos, los delitos contra el orden económico
social, delitos contra los recursos naturales; fabricación y tráfico de armas y
municiones de uso privativo de las fuerzas militares, concusión, cohecho,
tráfico de influencias, rebelión, sedición, asonada o provenientes del
secuestro, secuestro extorsivo o extorsión.
4. Los eventos en
que se utilicen bienes como medio o instrumentos de actuaciones delictivas o se
destinen a éstas, salvo que sean objeto de decomiso o incautación ordenada
dentro del proceso penal mediante providencia en firme.
5. También procederá
la extinción del dominio cuando judicialmente se haya declarado la ilicitud del
origen de los bienes en los eventos consagrados en los incisos 2º y 3º del
artículo 7º de esta Ley, y en el Código de Procedimiento Penal.
(...)
Artículo 4º. De
los bienes adquiridos por acto entre vivos. Tratándose
de bienes transferidos por acto entre vivos, procederá la extinción del dominio
cuando un tradente los haya adquirido en los casos contemplados en el artículo
2º y los adquirentes hubieren actuado con dolo o culpa grave respecto
del conocimiento de las causales allí contempladas.
En los casos en que
se hubiere constituido fiducia o encargo fiduciario sobre los bienes respecto
de los cuales se pretenda la extinción del dominio, bastará para su procedencia
que alguna de las causales señaladas en el artículo 2º sea predicable del
encargante o constituyente, sin perjuicio de los derechos de la fiduciaria a su
remuneración y de los derechos de beneficiarios y terceros que no hubieren
actuado con dolo o culpa grave.
Las disposiciones de
esta Ley no afectarán los derechos que con arreglo a las leyes civiles se
deriven de los negocios jurídicos válidamente celebrados ni los de su
invalidez, nulidad, resolución, rescisión e ineficacia para las partes y
terceros, ni los inherentes al pago de lo no debido ni al ejercicio de las
profesiones liberales.
(...)
Artículo 6º.
De los bienes equivalentes. Cuando no resultare posible ubicar, incautar o aprehender otros bienes
determinados sobre los cuales verse la extinción del dominio, al momento
de la sentencia podrá el Juez declarar extinguido el dominio sobre un valor
equivalente. Lo dispuesto en el presente artículo no podría interpretarse en
perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.
Parágrafo. Antes de la sentencia de primera
instancia, no podrá el Juez que esté conociendo de la acción de extinción de
dominio aprehender, ocupar u ordenar la práctica de medidas cautelares sobre
bienes equivalentes.
(...)
Artículo 21. De
la sentencia. Si la sentencia declara la extinción del
dominio, ordenará la cancelación de las limitaciones, desmembraciones,
gravámenes, embargos e inmovilizaciones e inscripciones que recaigan sobre los
bienes y su inscripción en el registro competente sin costo alguno para el
Estado.
Cuando los bienes
objeto de extinción se encuentren gravados con prenda, hipoteca o recaiga sobre
éstos algún otro derecho real accesorio distinto del dominio o medida cautelar
de embargo o secuestro decretado por autoridad competente y debidamente
inscrito con fecha anterior al decreto de medida preventiva o de suspensión del
poder dispositivo dentro del proceso de extinción, la sentencia se pronunciará
respecto de la eficacia o ineficacia, licitud o ilicitud de los títulos y
derechos de conformidad con las disposiciones civiles y establecidas en la
presente Ley.
Si la sentencia
declara la ilicitud o ineficacia de los títulos y derechos de que trata el
inciso anterior, decretará igualmente su extinción y su inscripción en el
registro competente sin costo alguno para el Estado.
En caso contrario,
se decretará la venta en pública subasta conforme a las normas del Código de
Procedimiento Civil y con su producto se pagarán las acreencias
correspondientes. Los remanentes corresponderán al Estado en los términos de la
presente Ley.
Los titulares de los
derechos contemplados en esta norma deberán comparecer al proceso de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de esta Ley. Quienes tengan
legitimación para concurrir al proceso podrán impugnar la eficacia y licitud de
los títulos y derechos a que se refiere este precepto.
Parágrafo. También procederá la extinción del
dominio sobre bienes equivalentes, en el evento de que el Estado tuviere que
reconocer a un tercero el derecho que se hubiere probado en el proceso,
respecto del cual se haya establecido limitación, gravamen o desmembración,
embargo, registro de demanda, inmovilización e inscripción sobre los bienes
materia del proceso.
(...)
Artículo 32.
Protección a la vivienda familiar. Sin perjuicio de disposición legal en contrario, la
acción de extinción de dominio no procederá respecto del bien inmueble amparado
por el régimen de patrimonio de familia inembargable, o sobre bien afectado a
vivienda familiar, siempre y cuando dicho bien sea el único inmueble en cabeza
de su titular y su valor no exceda de quinientos salarios mínimos legales
mensuales al momento de la declaración de extinción.
Artículo 33. De
la vigencia. Esta Ley rige
a partir de la fecha de su promulgación.
No obstante, la
extinción del dominio se declarará, cualquiera sea la época de la adquisición o
destinación ilícita de los bienes o derechos, aun tratándose de situaciones
jurídicas existentes con anterioridad a la vigencia de esta Ley, siempre que
dicha adquisición o destinación ilícita de los bienes o derechos haya sido
realizada con posterioridad a la existencia de los delitos que dan lugar a esta
medida de extinción, así la legislación haya modificado o modifique la
denominación jurídica, sin perjuicio del término de prescripción de que trata
el artículo 9º de esta Ley.
En todo caso, se
entenderá que la adquisición ilícita de los bienes no constituye justo título,
causa un grave deterioro de la moral social y es conducta con efectos
permanentes".
Manifiesta el actor
que, de acuerdo con el artículo 29 de la Carta, la ley penal no puede ser
retroactiva, principio que se violó con la Ley 333 de 1996, que es de carácter
eminentemente penal, y no garantiza la seguridad jurídica.
En cuanto al
artículo 2, afirma que es contradictorio y absurdo, confunde la obligación de
reparar con la figura de extinción del dominio y se incluyen delitos que
"autónomamente no generan incremento patrimonial". Respecto de éstos
manifiesta que en caso de probarse la responsabilidad penal en cuanto a su
comisión, habría lugar a la acción civil, bien tramitada en forma independiente
o dentro del proceso penal, con el fin de obligar al responsable a la
reparación por los perjuicios ocasionados. Lo que se trató de hacer en este
caso -agrega-, fue disfrazar la confiscación bajo el nombre de extinción del
dominio, estando la primera figura erradicada de nuestro ordenamiento jurídico.
Es igualmente
ilógico, a su juicio, que los delitos políticos se equiparen a los delitos
comunes, pues los primeros se caracterizan por el altruismo y por la ausencia
de la búsqueda de beneficio propio. Ello genera -según su argumento- que
quienes se encuentren descontentos deban expresarse de manera diferente, so
pena de verse inmersos como sujetos pasivos de la acción de extinción del
dominio. De otro lado y en cuanto al numeral 4 de la misma norma, aduce que se
crea una confusión para los jueces sobre la forma de castigar el crimen y se
torna inaplicable, porque se está dejando por fuera de la acción de extinción
del dominio a aquéllos bienes objeto de comiso o incautación, que son las
figuras que debían haber continuado vigentes.
Respecto del
artículo 4 demandado, manifiesta el actor que los hechos culposos se están
equiparando a los dolosos, violando el artículo 34 constitucional. Los primeros
-dice- no son manifestación de mala fe, sino que corresponden a una actuación
negligente o imprudente, que ni siquiera en los delitos de narcotráfico se
consagran en la modalidad culposa.
Afirma, además, que
lo que da origen a la extinción del dominio es lo relativo a los bienes de mala
procedencia y es absurdo que, si el Estado no puede demostrar que los bienes de
determinada persona tienen ese carácter, se deba acudir a la confiscación de
los bienes legítimamente adquiridos, o que se obtuvieron en forma lícita, con
el fruto de su trabajo, o como producto de una herencia recibida. Los mismos
argumentos son utilizados por el demandante para atacar el artículo 21,
agregando que si existen derechos de terceros, una vez reconocidos, éstos
pueden ejercer las acciones pertinentes.
Sobre la solicitada
inconstitucionalidad del artículo 32, argumenta que en un Estado Social de
Derecho donde se pregona la igualdad, el marco jurídico y la prevalencia del
interés general, resulta a todas luces inadmisible y contrario al artículo 13
C.P. que aquellos bienes que favorecen a la familia no sean objeto de la medida
consagrada en la Ley 333 de 1996, además de que ello daría lugar a que bienes
adquiridos ilícitamente, se legitimen, con el único objeto de que no fueren
confiscados.
En lo atinente al
artículo 33, el actor expresa que no puede considerarse que la adquisición de
un bien sea un delito autónomo de carácter permanente, dando lugar a la
imprescriptibilidad de la acción de extinción del dominio. Igualmente, al
establecerse el carácter retroactivo de la ley, se viola el debido proceso y se
desconocen los derechos que tienen los antisociales (expediente D-1551).
Los ciudadanos JOSE
WILLIAM GONZALEZ ZULUAGA y FRANKY URREGO ORTIZ demandan la inconstitucionalidad
de los siguientes artículos (se subraya lo demandado):
"Artículo
6º. De los bienes equivalentes. Cuando no resultare posible ubicar, incautar o
aprehender otros bienes determinados sobre los cuales verse la extinción
del dominio, al momento de la sentencia podrá el Juez declarar extinguido el
dominio sobre un valor equivalente. Lo dispuesto en el presente artículo no
podría interpretarse en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.
Parágrafo. Antes de la sentencia de primera
instancia, no podrá el Juez que esté conociendo de la acción de extinción de
dominio aprehender, ocupar u ordenar la práctica de medidas cautelares sobre
bienes equivalentes.
(...)
Artículo 21. De
la sentencia. Si la sentencia declara la extinción del
dominio, ordenará la cancelación de las limitaciones, desmembraciones,
gravámenes, embargos e inmovilizaciones e inscripciones que recaigan sobre los
bienes y su inscripción en el registro competente sin costo alguno para el
Estado.
Cuando los bienes
objeto de extinción se encuentren gravados con prenda, hipoteca o recaiga sobre
éstos algún otro derecho real accesorio distinto del dominio o medida cautelar
de embargo o secuestro decretado por autoridad competente y debidamente
inscrito con fecha anterior al decreto de medida preventiva o de suspensión del
poder dispositivo dentro del proceso de extinción, la sentencia se pronunciará
respecto de la eficacia o ineficacia, licitud o ilicitud de los títulos y
derechos de conformidad con las disposiciones civiles y establecidas en la
presente Ley.
Si la sentencia
declara la ilicitud o ineficacia de los títulos y derechos de que trata el
inciso anterior, decretará igualmente su extinción y su inscripción en el
registro competente sin costo alguno para el Estado.
En caso contrario,
se decretará la venta en pública subasta conforme a las normas del Código de
Procedimiento Civil y con su producto se pagarán las acreencias
correspondientes. Los remanentes corresponderán al Estado en los términos de la
presente Ley.
Los titulares de los
derechos contemplados en esta norma deberán comparecer al proceso de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 15 de esta Ley. Quienes tengan legitimación
para concurrir al proceso podrán impugnar la eficacia y licitud de los títulos
y derechos a que se refiere este precepto.
Parágrafo. También procederá la extinción del dominio
sobre bienes equivalentes, en el evento de que el Estado tuviere que reconocer
a un tercero el derecho que se hubiere probado en el proceso, respecto del cual
se haya establecido limitación, gravamen o desmembración, embargo, registro de
demanda, inmovilización e inscripción sobre los bienes materia del proceso.
(...)
Artículo 32.
Protección a la vivienda familiar.
Sin perjuicio de disposición legal en contrario, la acción de extinción de
dominio no procederá respecto del bien inmueble amparado por el régimen de
patrimonio de familia inembargable, o sobre bien afectado a vivienda familiar,
siempre y cuando dicho bien sea el único inmueble en cabeza de su titular y
su valor no exceda de quinientos salarios mínimos legales mensuales al momento
de la declaración de extinción.
Artículo 33. De
la vigencia. Esta Ley rige
a partir de la fecha de su promulgación.
No obstante, la
extinción del dominio se declarará, cualquiera sea la época de la adquisición o
destinación ilícita de los bienes o derechos, aun tratándose de situaciones
jurídicas existentes con anterioridad a la vigencia de esta Ley, siempre que
dicha adquisición o destinación ilícita de los bienes o derechos haya sido
realizada con posterioridad a la existencia de los delitos que dan lugar a esta
medida de extinción, así la legislación haya modificado o modifique la
denominación jurídica, sin perjuicio del término de prescripción de que trata
el artículo 9º de esta Ley.
En todo caso, se
entenderá que la adquisición ilícita de los bienes no constituye justo título,
causa un grave deterioro de la moral social y es conducta con efectos
permanentes".
A juicio de los
actores, las disposiciones atacadas infringen los artículos 5, 13, 16, 29, 42,
58 y 83 de la Constitución. Los argumentos son similares a los expuestos en la
demanda incluida en el expediente D-1551.
En cuanto al aparte
demandado del artículo 32, exponen que la garantía al patrimonio de familia
inembargable no puede ser limitado a una suma específica de dinero. Con dicho
precepto se viola el principio de la igualdad, por cuanto "sería hacer una
legislación para los pobres y otra para los ricos" (expediente D-1568).
El ciudadano JORGE
E. PEÑUELA GARCIA demanda la inconstitucionalidad del artículo 33 de la Ley 333
de 1996 (se subraya lo demandado):
"Artículo
33. De la vigencia. Esta
Ley rige a partir de la fecha de su promulgación.
No obstante, la
extinción del dominio se declarará, cualquiera sea la época de la adquisición o
destinación ilícita de los bienes o derechos, aun tratándose de situaciones
jurídicas existentes con anterioridad a la vigencia de esta Ley, siempre que
dicha adquisición o destinación ilícita de los bienes o derechos haya sido
realizada con posterioridad a la existencia de los delitos que dan lugar a esta
medida de extinción, así la legislación haya modificado o modifique la
denominación jurídica, sin perjuicio del término de prescripción de que trata
el artículo 9º de esta Ley.
En todo caso, se
entenderá que la adquisición ilícita de los bienes no constituye justo título,
causa un grave deterioro de la moral social y es conducta con efectos
permanentes".
Considera el actor
que con esta disposición se violan los artículos 4, 28 y 29 de la Constitución
Política, teniendo en cuenta que no pueden existir penas ni medidas de
seguridad imprescriptibles. De igual forma, se presenta una contradicción
respecto de su vigencia, entre el inciso primero y el segundo, en tanto que
inicialmente se dice que la Ley rige a partir de su promulgación, es decir el
23 de diciembre de 1996 y posteriormente se la quiere aplicar en forma
retroactiva.
La Ley 333 de 1996,
a su juicio, no sólo adolece de falta de técnica jurídica, sino que además es
inconveniente por cuanto las conductas allí señaladas ya están tipificadas en
nuestro ordenamiento penal, artículo 340, que desarrolla el artículo 34 de la
Carta (expediente D-1553).
Los ciudadanos PEDRO
PABLO CAMARGO, GERMAN NAVARRO PALAU y RAUL DUARTE FAJARDO, solicitan se declare
inexequible el artículo 33 de la mencionada Ley (se subraya lo demandado):
"Artículo
33. De la vigencia. Esta
Ley rige a partir de la fecha de su promulgación.
No obstante, la
extinción del dominio se declarará, cualquiera sea la época de la adquisición o
destinación ilícita de los bienes o derechos, aun tratándose de situaciones
jurídicas existentes con anterioridad a la vigencia de esta Ley, siempre que
dicha adquisición o destinación ilícita de los bienes o derechos haya sido
realizada con posterioridad a la existencia de los delitos que dan lugar a esta
medida de extinción, así la legislación haya modificado o modifique la
denominación jurídica, sin perjuicio del término de prescripción de que trata
el artículo 9º de esta Ley.
En todo caso, se
entenderá que la adquisición ilícita de los bienes no constituye justo título,
causa un grave deterioro de la moral social y es conducta con efectos
permanentes".
Según concepto de
los actores, la norma demandada viola los artículos 29 y 58 de la Constitución
Política, 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las
Naciones Unidas, y 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Manifiestan que la irretroactividad de la ley se predica no sólo en materia
penal, sino también en las demás ramas del Derecho (expediente D-1570).
El ciudadano ANDRES
DE ZUBIRIA SAMPER solicita la inconstitucionalidad de las siguientes normas,
por considerarlas contrarias de los artículos 29, 83, 228 y 230 de la Carta
Política (se subraya lo demandado):
"Artículo
2º. De las causales. Por sentencia judicial se declarará la
extinción del derecho de dominio de los bienes provenientes directa o
indirectamente del ejercicio de las actividades que más adelante se establezcan
o que hayan sido utilizados como medios o instrumentos necesarios para la
realización de los mismos. Dichas actividades son:
1. Enriquecimiento
ilícito de servidores públicos, de particulares.
2. Perjuicio del
Tesoro Público que provenga de los delitos de peculado, interés ilícito en la
celebración de contratos, de contratos celebrados sin requisitos legales,
emisión ilegal de moneda o de efectos, o valores equiparados a moneda;
ejercicio ilícito de actividades monopolísticas o de arbitrio rentístico; hurto
sobre efectos y enseres destinados a seguridad y defensa nacionales; delitos
contra el patrimonio que recaigan sobre bienes del Estado; utilización indebida
de información privilegiada; utilización de asuntos sometidos a secreto o
reserva.
3. Grave
deterioro de la moral social. Para los fines de esta norma, se entiende que
son hechos de (sic) deterioran la moral social, los delitos contemplados en el
Estatuto Nacional de Estupefacientes y las normas que lo modifiquen o
adicionen, testaferrato, el lavado de activos, los delitos contra el orden económico
social, delitos contra los recursos naturales; fabricación y tráfico de armas y
municiones de uso privativo de las fuerzas militares, concusión, cohecho,
tráfico de influencias, rebelión, sedición, asonada o provenientes del
secuestro, secuestro extorsivo o extorsión.
4. Los eventos en
que se utilicen bienes como medio o instrumentos de actuaciones delictivas o se
destinen a éstas, salvo que sean objeto de decomiso o incautación ordenada
dentro del proceso penal mediante providencia en firme.
5. También procederá
la extinción del dominio cuando judicialmente se haya declarado la ilicitud del
origen de los bienes en los eventos consagrados en los incisos 2º y 3º del
artículo 7º de esta Ley, y en el Código de Procedimiento Penal.
(...)
Artículo 7º.
De la Naturaleza de la acción. La acción de extinción del dominio de que trata esta Ley es de
naturaleza jurisdiccional y de carácter real, y procederá contra el titular real o presunto o los
beneficiarios reales de los bienes, independientemente de quien lo (sic) tenga
su poder o lo (sic) haya adquirido, y sin perjuicio de los derechos de los
terceros de buena fe. En ningún caso se podrá intentar la acción de extinción
del dominio en forma independiente, si hay actuaciones penales en curso.
Si la acción
penal se extingue o termina sin que se haya proferido decisión sobre los
bienes, continuará el trámite ante el mismo funcionario que conoció del proceso
penal y procederá la declaración de extinción del dominio de aquellos bienes
adquiridos en cualquiera de las circunstancias de que trata esta Ley.
Si terminado el
proceso penal aparecieren nuevos bienes, en cualquier caso procederá la acción
de extinción del dominio ante el mismo funcionario que conoció de la acción
penal correspondiente.
(...)
Artículo 24.
De la suspensión del poder dispositivo. Desde la providencia que ordena el trámite de extinción, no podrá
adquirirse ni transferirse el dominio de los bienes provenientes de actividades
ilícitas, ni constituirse derecho alguno, ni celebrarse acto, contrato o negocio
jurídico alguno respecto de éstos, sin perjuicio de los derechos de terceros de
buena fe.
(...)
Artículo 33. De
la vigencia. Esta Ley rige
a partir de la fecha de su promulgación.
No obstante, la
extinción del dominio se declarará, cualquiera sea la época de la adquisición o
destinación ilícita de los bienes o derechos, aun tratándose de situaciones
jurídicas existentes con anterioridad a la vigencia de esta Ley, siempre que
dicha adquisición o destinación ilícita de los bienes o derechos haya sido
realizada con posterioridad a la existencia de los delitos que dan lugar a esta
medida de extinción, así la legislación haya modificado o modifique la
denominación jurídica, sin perjuicio del término de prescripción de que trata
el artículo 9º de esta Ley.
En todo caso, se
entenderá que la adquisición ilícita de los bienes no constituye justo título,
causa un grave deterioro de la moral social y es conducta con efectos
permanentes".
Expone el actor que,
con las disposiciones acusadas, se está aboliendo el concepto jurídico de los
delitos políticos, al equiparárselos a los comunes, teniendo aquéllos fines
distintos a los segundos. Así mismo, se están desconociendo los principios
generales del Derecho Penal y Procesal Penal, al señalarse que la Ley 333 tiene
efectos retroactivos. En cuanto al artículo 7, también demandado, aduce que
genera serias dudas, pues no se sabe si el proceso penal y el de extinción del
dominio son independientes o dependientes el uno del otro. Si es de naturaleza
real, se pregunta el demandante, por qué no se le otorga la competencia a los
jueces civiles y no a los penales. Dice que se modifica aquel enunciado del
Código Penal vigente desde 1980, que expresa que la muerte del sujeto activo
genera la extinción de la acción penal.
Por último,
manifiesta que la Ley impugnada, al invertir la carga de la prueba, presume la
mala fe, contrariando lo dispuesto por el artículo 83 de la Carta. (expediente
D-1556).
El ciudadano JOSE
LUIS ROYS AGUILAR demanda por inconstitucionales los siguientes artículos (se
subraya lo demandado):
"Artículo
2º. De las causales. Por
sentencia judicial se declarará la extinción del derecho de dominio de los
bienes provenientes directa o indirectamente del ejercicio de las actividades
que más adelante se establezcan o que hayan sido utilizados como medios o
instrumentos necesarios para la realización de los mismos. Dichas actividades
son:
1.
Enriquecimiento ilícito de servidores públicos, de particulares.
2. Perjuicio del
Tesoro Público que provenga de los delitos de peculado, interés ilícito en la
celebración de contratos, de contratos celebrados sin requisitos legales,
emisión ilegal de moneda o de efectos, o valores equiparados a moneda;
ejercicio ilícito de actividades monopolísticas o de arbitrio rentístico; hurto
sobre efectos y enseres destinados a seguridad y defensa nacionales; delitos
contra el patrimonio que recaigan sobre bienes del Estado; utilización indebida
de información privilegiada; utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva.
3. Grave
deterioro de la moral social. Para los fines de esta norma, se entiende que son
hechos de (sic) deterioran la moral social, los delitos contemplados en el
Estatuto Nacional de Estupefacientes y las normas que lo modifiquen o
adicionen, testaferrato, el lavado de activos, los delitos contra el orden
económico social, delitos contra los recursos naturales; fabricación y tráfico
de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas militares, concusión,
cohecho, tráfico de influencias, rebelión, sedición, asonada o provenientes del
secuestro, secuestro extorsivo o extorsión.
4. Los eventos en
que se utilicen bienes como medio o instrumentos de actuaciones delictivas o se
destinen a éstas, salvo que sean objeto de decomiso o incautación ordenada
dentro del proceso penal mediante providencia en firme.
5. También procederá
la extinción del dominio cuando judicialmente se haya declarado la ilicitud del
origen de los bienes en los eventos consagrados en los incisos 2º y 3º del
artículo 7º de esta Ley, y en el Código de Procedimiento Penal.
(...)
Artículo 33.
De la vigencia.
Esta Ley rige a partir de la fecha de su promulgación.
No obstante, la
extinción del dominio se declarará, cualquiera sea la época de la adquisición o
destinación ilícita de los bienes o derechos, aun tratándose de situaciones
jurídicas existentes con anterioridad a la vigencia de esta Ley, siempre que
dicha adquisición o destinación ilícita de los bienes o derechos haya sido
realizada con posterioridad a la existencia de los delitos que dan lugar a esta
medida de extinción, así la legislación haya modificado o modifique la
denominación jurídica, sin perjuicio del término de prescripción de que trata
el artículo 9º de esta Ley.
En todo caso, se
entenderá que la adquisición ilícita de los bienes no constituye justo título,
causa un grave deterioro de la moral social y es conducta con efectos
permanentes".
Manifiesta el actor
que las disposiciones demandadas contrarían el principio constitucional de la
irretroactividad de la ley, desconocen los derechos adquiridos, y violan el
artículo 13 de la Carta, por cuanto únicamente se refieren a algunos delitos y
no a todos los contemplados en la ley penal (expediente D-1559).
Los ciudadanos
RAMIRO BASILI COLMENARES SAYAGO, CARLOS ENRIQUE MARTINEZ PALACIO, JOSE GUSTAVO
VILLAMIZAR SANTACRUZ y MARLON YOVANNI COLMENARES VELOSA, presentan demanda
contra la totalidad de los artículos que a continuación se transcriben:
"Artículo 1º. Del concepto. Para
los efectos de esta Ley, se entiende por extinción del dominio la pérdida de
este derecho en favor del Estado, sin contraprestación ni compensación de
naturaleza alguna para su titular.
Artículo 2º. De
las causales. Por sentencia judicial se declarará la
extinción del derecho de dominio de los bienes provenientes directa o
indirectamente del ejercicio de las actividades que más adelante se establezcan
o que hayan sido utilizados como medios o instrumentos necesarios para la
realización de los mismos. Dichas actividades son:
1. Enriquecimiento
ilícito de servidores públicos, de particulares.
2. Perjuicio del
Tesoro Público que provenga de los delitos de peculado, interés ilícito en la
celebración de contratos, de contratos celebrados sin requisitos legales,
emisión ilegal de moneda o de efectos, o valores equiparados a moneda;
ejercicio ilícito de actividades monopolísticas o de arbitrio rentístico; hurto
sobre efectos y enseres destinados a seguridad y defensa nacionales; delitos
contra el patrimonio que recaigan sobre bienes del Estado; utilización indebida
de información privilegiada; utilización de asuntos sometidos a secreto o
reserva.
3. Grave deterioro
de la moral social. Para los fines de esta norma, se entiende que son hechos de
(sic) deterioran la moral social, los delitos contemplados en el Estatuto
Nacional de Estupefacientes y las normas que lo modifiquen o adicionen,
testaferrato, el lavado de activos, los delitos contra el orden económico
social, delitos contra los recursos naturales; fabricación y tráfico de armas y
municiones de uso privativo de las fuerzas militares, concusión, cohecho,
tráfico de influencias, rebelión, sedición, asonada o provenientes del
secuestro, secuestro extorsivo o extorsión.
4. Los eventos en
que se utilicen bienes como medio o instrumentos de actuaciones delictivas o se
destinen a éstas, salvo que sean objeto de decomiso o incautación ordenada
dentro del proceso penal mediante providencia en firme.
5. También procederá
la extinción del dominio cuando judicialmente se haya declarado la ilicitud del
origen de los bienes en los eventos consagrados en los incisos 2º y 3º del
artículo 7º de esta Ley, y en el Código de Procedimiento Penal.
Artículo 3º. De
los bienes. Para los efectos de esta Ley se entenderá
por bienes susceptibles de extinción del dominio todo derecho o bien mueble o
inmueble, con excepción de los derechos personalísimos.
La extinción del
dominio también se declarará sobre el producto de los bienes adquiridos en las
circunstancias de que trata esta Ley, los derivados de éstos, sus frutos, sus
rendimientos, y sobre los recursos provenientes de la enajenación o permuta de
bienes adquiridos ilícitamente o destinados a actividades delictivas o
considerados como producto, efecto, instrumento u objeto del ilícito. Cuando se
mezclen bienes de ilícita procedencia con bienes adquiridos lícitamente, la
extinción del dominio procederá sólo hasta el monto del provecho ilícito.
Artículo 4º. De
los bienes adquiridos por acto entre vivos. Tratándose
de bienes transferidos por acto entre vivos, procederá la extinción del dominio
cuando un tradente los haya adquirido en los casos contemplados en el artículo
2º y los adquirentes hubieren actuado con dolo o culpa grave respecto del
conocimiento de las causales allí contempladas.
En los casos en que
se hubiere constituido fiducia o encargo fiduciario sobre los bienes respecto
de los cuales se pretenda la extinción del dominio, bastará para su procedencia
que alguna de las causales señaladas en el artículo 2º sea predicable del
encargante o constituyente, sin perjuicio de los derechos de la fiduciaria a su
remuneración y de los derechos de beneficiarios y terceros que no hubieren
actuado con dolo o culpa grave.
Las disposiciones de
esta Ley no afectarán los derechos que con arreglo a las leyes civiles se
deriven de los negocios jurídicos válidamente celebrados ni los de su
invalidez, nulidad, resolución, rescisión e ineficacia para las partes y
terceros, ni los inherentes al pago de lo no debido ni al ejercicio de las
profesiones liberales.
Artículo 5º.De
los bienes adquiridos por causa de muerte. Procederá
la extinción del derecho de dominio respecto de los bienes objeto de sucesión
por causa de muerte, cuando dichos bienes hayan sido adquiridos por el causante
en cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 2º de la presente
Ley.
En el evento de
haberse efectuado la partición y realizado el pago del impuesto por el
adjudicatario, así como la ganancia ocasional si la hubiere, el Estado deberá
devolverlos para que sea procedente la ejecución de la sentencia.
Artículo 6º. De
los bienes equivalentes.
Cuando no resultare posible ubicar, incautar o aprehender otros bienes
determinados sobre los cuales verse la extinción del dominio, al momento
de la sentencia podrá el Juez declarar extinguido el dominio sobre un valor
equivalente. Lo dispuesto en el presente artículo no podría interpretarse en
perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.
Parágrafo. Antes de la sentencia de primera
instancia, no podrá el Juez que esté conociendo de la acción de extinción de
dominio aprehender, ocupar u ordenar la práctica de medidas cautelares sobre
bienes equivalentes".
Respecto de las
disposiciones acusadas, manifiestan los demandantes que vulneran el artículo 34
de la Constitución Política, al establecer la pena de confiscación, que atenta
arbitrariamente contra la propiedad privada, la cual es inviolable de acuerdo
con el artículo 58 constitucional. El legislador ordinario al dictar esta ley y
determinar como causales de extinción del dominio otras distintas al
enriquecimiento ilícito, desconoció la Carta que "estableció como única
excepción al principio de la pena de confiscación, sabiamente, la extinción del
dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en
perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social,
declarándose mediante sentencia judicial".
Los artículos 4, 5 y
6 de la Ley demandada violan también el artículo 83 de la Carta Política, pues
a quienes se quiere castigar es a los responsables del delito de
enriquecimiento ilícito y no a los adquirentes, herederos y terceros,
presumiéndose su mala fe (expediente D-1554).
La ciudadana SOLEDAD
ARIAS RAMIREZ presenta demanda de inconstitucionalidad contra los artículos
siguientes (se subraya lo demandado):
"Artículo
2º. De las causales. Por sentencia judicial se declarará la
extinción del derecho de dominio de los bienes provenientes directa o
indirectamente del ejercicio de las actividades que más adelante se establezcan
o que hayan sido utilizados como medios o instrumentos necesarios para la
realización de los mismos. Dichas actividades son:
1. Enriquecimiento
ilícito de servidores públicos, de particulares.
2. Perjuicio del
Tesoro Público que provenga de los delitos de peculado, interés ilícito en la
celebración de contratos, de contratos celebrados sin requisitos legales,
emisión ilegal de moneda o de efectos, o valores equiparados a moneda;
ejercicio ilícito de actividades monopolísticas o de arbitrio rentístico; hurto
sobre efectos y enseres destinados a seguridad y defensa nacionales; delitos
contra el patrimonio que recaigan sobre bienes del Estado; utilización indebida
de información privilegiada; utilización de asuntos sometidos a secreto o
reserva.
3. Grave deterioro
de la moral social. Para los fines de esta norma, se entiende que son hechos de
(sic) deterioran la moral social, los delitos contemplados en el Estatuto
Nacional de Estupefacientes y las normas que lo modifiquen o adicionen,
testaferrato, el lavado de activos, los delitos contra el orden económico
social, delitos contra los recursos naturales; fabricación y tráfico de armas y
municiones de uso privativo de las fuerzas militares, concusión, cohecho,
tráfico de influencias, rebelión, sedición, asonada o provenientes del
secuestro, secuestro extorsivo o extorsión.
4. Los eventos en
que se utilicen bienes como medio o instrumentos de actuaciones delictivas o se
destinen a éstas, salvo que sean objeto de decomiso o incautación ordenada
dentro del proceso penal mediante providencia en firme.
5. También
procederá la extinción del dominio cuando judicialmente se haya declarado la
ilicitud del origen de los bienes en los eventos consagrados en los incisos 2º
y 3º del artículo 7º de esta Ley, y en el Código de Procedimiento Penal.
(...)
Artículo 6º.
De los bienes equivalentes. Cuando no resultare posible ubicar, incautar o aprehender otros bienes
determinados sobre los cuales verse la extinción del dominio, al momento
de la sentencia podrá el Juez declarar extinguido el dominio sobre un valor
equivalente. Lo dispuesto en el presente artículo no podría interpretarse en
perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.
Parágrafo. Antes de la sentencia de primera
instancia, no podrá el Juez que esté conociendo de la acción de extinción de
dominio aprehender, ocupar u ordenar la práctica de medidas cautelares sobre
bienes equivalentes.
Artículo 7º. De
la Naturaleza de la acción. La acción de
extinción del dominio de que trata esta Ley es de naturaleza jurisdiccional y de carácter real, y
procederá contra el titular real o presunto o los beneficiarios reales de los
bienes, independientemente de quien lo (sic) tenga su poder o lo
(sic) haya adquirido, y sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena
fe. En ningún caso se podrá intentar la acción de extinción del dominio en
forma independiente, si hay actuaciones penales en curso.
Si la acción
penal se extingue o termina sin que se haya proferido decisión sobre los
bienes, continuará el trámite ante el mismo funcionario que conoció del proceso
penal y procederá la declaración de extinción del dominio de aquellos bienes
adquiridos en cualquiera de las circunstancias de que trata esta Ley.
Si terminado el
proceso penal aparecieren nuevos bienes, en cualquier caso procederá la acción
de extinción del dominio ante el mismo funcionario que conoció de la acción
penal correspondiente.
Artículo 10. De
la autonomía. La
acción de extinción del dominio es distinta e independiente de la
responsabilidad penal y complementaria de las actuaciones penales.
La declaración de
extinción del dominio corresponderá a los jueces competentes para conocer de
las actuaciones penales. En consecuencia, las entidades estatales legitimadas,
en los casos en que los bienes tengan su origen en una actividad delictiva,
promoverán la acción consagrada en esta Ley cuando la actuación penal termine
por cualquier causa y no se haya declarado en ésta la extinción del dominio
sobre los bienes considerados como producto, efecto, instrumento u objeto del
delito o se hubiere declarado sólo sobre una parte. Por las demás causales,
dichas entidades estatales deberán instaurar la acción con absoluta
independencia de la actuación penal.
La providencia que
declare la ilicitud de la adquisición del dominio de los bienes en un proceso
penal y la sentencia condenatoria que así lo establezca constituye prueba de la
ilícita procedencia de los bienes.
(...)
Artículo 33. De
la vigencia. Esta Ley rige
a partir de la fecha de su promulgación.
No obstante, la
extinción del dominio se declarará, cualquiera sea la época de la adquisición o
destinación ilícita de los bienes o derechos, aun tratándose de situaciones
jurídicas existentes con anterioridad a la vigencia de esta Ley, siempre que
dicha adquisición o destinación ilícita de los bienes o derechos haya sido
realizada con posterioridad a la existencia de los delitos que dan lugar a esta
medida de extinción, así la legislación haya modificado o modifique la
denominación jurídica, sin perjuicio del término de prescripción de que trata
el artículo 9º de esta Ley.
En todo caso, se
entenderá que la adquisición ilícita de los bienes no constituye justo título,
causa un grave deterioro de la moral social y es conducta con efectos
permanentes".
A su juicio, los
artículos 7 y 10 acusados violan los cánones 29 y 34 de la Constitución, pues
el último precepto enunciado consagra únicamente un tipo de acción, entendida
ésta "como la facultad de dar el primer impulso a la actividad
jurisdiccional"; la acción civil resarcitoria es solamente una pretensión
de carácter patrimonial, de tal forma que no se puede hablar de una acción de
carácter real. La extinción del dominio consagrada en el artículo 34 ibídem,
requiere previamente que la conducta delictiva esté demostrada y exista una
sentencia condenatoria. "Por lo tanto -aduce la demandante- es
abiertamente inconstitucional el cambiar de naturaleza la extinción del dominio
y darle un carácter de acción real". Manifiesta que no se entiende cómo se
puede extinguir el dominio sobre unos bienes, si previamente no se ha
demostrado la adquisición ilícita de los mismos y no se ha dictado la sentencia
condenatoria respectiva.
Dice la demandante
que el título de la Ley 333 se refiere a los bienes adquiridos en forma ilícita
(artículo 34 C.P.), pero no guarda unidad de materia con el articulado de la
misma. En efecto, el citado precepto constitucional reprocha la adquisición de
bienes de procedencia ilícita, mientras que el numeral 4 del artículo 2
demandado, se refiere a la utilización o destinación del bien a actividades
ilícitas., De lo anterior, concluye que el legislador desbordó sus
atribuciones.
Expone igualmente
que la pena no puede trascender la persona del delincuente y por ello resulta
abiertamente inconstitucional el inciso 1 del artículo 7. Señala: "si los
bienes se extinguen con anterioridad a la muerte, éstos no tienen por qué ser
transmitidos a los causantes". Con las disposiciones acusadas se está
desconociendo el principio de la seguridad jurídica frente al condenado y ante
la misma sociedad.
En cuanto a la
equivalencia señalada en el artículo 6 de la ley, afirma la demandante que ella
sólo podría proceder sobre aquellos bienes que se adquiriesen con posterioridad
al delito del cual se derivó ilícitamente el patrimonio. Además, dicho precepto
resulta contradictorio, pues no es posible establecer una equivalencia sobre
bienes que ni siquiera están determinados.
Por último, asegura
que resulta a todas luces inconstitucional aplicar dicha ley en forma
retroactiva, cuando la irretroactividad está proscrita del ordenamiento
jurídico (expediente D-1561).
IV.
INTERVENCIONES
El ciudadano HECTOR
RODRIGUEZ CRUZ presenta escrito, mediante el cual coadyuva las demandas
presentadas y concretamente los argumentos expuestos por el actor José Luis
Roys Aguilar. Además de reafirmar lo manifestado por el citado libelista,
agrega que en el derecho común la irretroactividad es la regla general, excepto
la favorabilidad en materia penal y lo estipulado en el artículo 33 de la Ley
333 es la retroactividad en forma tácita, la cual también es inadmisible. Con
esta normatividad legal se están desconociendo los derechos adquiridos y
aplicando la pena de confiscación.
Se pregunta qué
sucedería en el evento en que, como si bien es cierto, nadie puede ser objeto
de extinción de bienes sin que medie sentencia penal en firme, se extinga la
acción penal por muerte o haya prescrito ésta.
El ciudadano CARLOS
ALBERTO VARGAS FLOREZ presenta escrito por medio del cual demanda la
inconstitucionalidad de las expresiones "culpa grave", utilizadas en
varias normas de la Ley 333 de 1996, pues en su concepto violan los artículos
2, 13, 29 y 34 de la Constitución Política.   En ningún caso -señala- se puede
equiparar la culpa grave al dolo, y es inadmisible que se aplique la pena de
extinción del dominio a un hecho que no constituye delito en la modalidad
culposa, como es el caso del narcotráfico, el interés ilícito en la celebración
de contratos o el peculado.
Respecto a los
bienes equivalentes, de que trata el artículo 6 demandado, aduce que se
confunden los bienes adquiridos ilícitamente con los de procedencia lícita, y
se está creando la pena de confiscación que está proscrita en nuestro
ordenamiento jurídico. Con lo establecido en el artículo 7 de la ley demandada
la responsabilidad penal deja de ser personal para convertirse en real.
Manifiesta que el
artículo 33 desconoce el principio de legalidad, al estipular que la ley es de
carácter retroactivo.
Por último, también
acusa la totalidad de la Ley por vicios de forma, señalando que dada su
naturaleza y contenido, debió tramitarse como una ley estatutaria y no como
ordinaria.
Los ciudadanos
GUSTAVO MENDOZA TORRES, IVAN MAHECHA CORRECHA, JAIME GARZON SALAZAR, JOSE
ANTONIO PARRA APONTE y EMELINO TAPIAS MATURANA presentan escrito en el cual
manifiestan estar de acuerdo con los argumentos expuestos en las demandas
contenidas en los expedientes D-1551, D-1554, D-1561 y D-1570.
El ciudadano FELIX
CATAÑO GALLEGO interviene dentro del proceso para coadyuvar la solicitud de
inconstitucionalidad de los artículos 2, numerales 2, 3 y 5; 4, 5, 6, 10, 33, y
algunos apartes del 7 que no fueron demandados en los expedientes acumulados.
Las consideraciones expuestas son, en términos generales, las mismas aducidas
por los libelistas en sus demandas.
El Presidente del
Consejo Gremial Nacional, JUAN MANUEL OSPINA RESTREPO, en su intervención,
considera que la Ley 333 está ajustada a la Constitución Política, y la figura
que allí se crea es un desarrollo del artículo 34 constitucional, siendo justa
y proporcionada y no puede equipararse a la confiscación desde ningún punto de
vista.
El ciudadano JAIME
ARTEAGA CARVAJAL presenta escrito en el cual solicita a la Corte declarar la
constitucionalidad de la ley demandada.
A su parecer, la Ley
333 de 1996 se analiza por los demandantes bajo la órbita del derecho penal,
algo que no es procedente, teniendo en cuenta que su contenido se refiere
únicamente a instituciones como la extinción del dominio o propiedad, que están
reguladas por el Derecho Civil. Así las cosas, dicha Ley debe ser mirada dentro
del contexto del artículo 14 del Código Civil.
Afirma que la
propiedad privada no es un derecho absoluto, sino que tiene limitaciones según
la forma en que se adquiere, se ejerce y se extingue. Esta, de acuerdo con el
artículo 58 de la Carta, debe adquirirse con arreglo a las leyes civiles
"con medios legítimos y justos (art. 39 C.N.) y no puede ser, por
consiguiente, efecto de enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro
público o con grave deterioro de la moral social".
En cuanto a los
bienes equivalentes, aduce que los demandantes han olvidado que de acuerdo con
el artículo 2341 del C.C., para pagar las indemnizaciones y las multas, no se
requiere que se haga con bienes originados en la culpa o el delito, sino que
pueden ser de otra índole, eso sí, que estén dentro del patrimonio del
obligado. En lo relacionado con el artículo 5, advierte que los bienes que
tenga una persona sin título legítimo no entran dentro de su patrimonio y, por
tanto, no pueden sus herederos entrar a recibir unos bienes de los cuales el
causante no era propietario válidamente. Dichos bienes no componen el acervo
herencial.
El Ministro de
Justicia y del Derecho para el momento en que venció el término de fijación en
lista, CARLOS EDUARDO MEDELLIN BECERRA, solicita a la Corte declarar la
exequibilidad de la Ley 333 de 1996, manifestando que se ajusta a los preceptos
constitucionales.
Expresa que de
acuerdo con la Carta Política, el derecho a la propiedad está protegido por el
Estado siempre que contribuya a cumplir con sus fines esenciales y a su
desarrollo como Estado Social de Derecho, entendiéndose la propiedad como
aquélla que se ha adquirido dentro de los parámetros establecidos por el
ordenamiento jurídico, de tal forma que el dominio adquirido ilícitamente debe
extinguirse. Bajo estos parámetros, la ley demandada está creada para defender
la propiedad adquirida jurídicamente, es un desarrollo del artículo 34
constitucional.
No se puede
equiparar la confiscación con la extinción del dominio. Son totalmente
diferentes, pues esta última está consagrada como una forma de atacar las
actividades ilícitas, ajena al Derecho Penal, mientras que la confiscación está
expresamente prohibida por el primer inciso del citado artículo 34, siendo
claro que la Ley 333 de 1996 determina la pérdida del derecho de dominio por un
motivo definido en la Carta Política: "la injuridicidad del origen de los
bienes".
El contenido
normativo de la ley en comento es abstracto e impersonal y no reúne los
elementos de una ley estatutaria, como afirman los actores. Unicamente
reglamenta ciertos casos contemplados en la Constitución, que se convierten en
excepción a la garantía del derecho a la propiedad. Este derecho no es
fundamental per se. "Tal carácter le es predicable dependiendo sólo
de las circunstancias específicas de su ejercicio, y siempre y cuando esté
ligado a otro derecho que sí sea fundamental". La ley desarrolla los
artículos 34 y 58 de la Carta.
Afirma que la ley se
tramitó con estricta sujeción a las normas constitucionales, y respecto a lo
alegado por los actores sobre el mensaje de urgencia enviado por el Gobierno,
no se observa ninguna irregularidad pues el término de 30 días establecido en
la Carta Política no ata al Congreso para aprobar la ley, y el incumplimiento
de tal plazo, no vicia la ley de inconstitucionalidad.
En relación con la
norma sobre bienes equivalentes, aduce que ella tiene su antecedente en el
artículo 5 de la Convención de Viena, y se justifica en el hecho de que el
Estado debe buscar siempre el interés general y recuperar para la sociedad el
producido del ilícito.
Quien era Fiscal
General de la Nación al momento de vencer el término de fijación en lista,
ALFONSO VALDIVIESO SARMIENTO, presenta escrito en el cual sustenta la
constitucionalidad de la ley en comento por aspectos formales, con argumentos
similares a los expuestos por el Ministro de Justicia y del Derecho.
Afirma, además, que
la extinción del dominio no puede confundirse con la confiscación, como lo
pretenden los actores, pues persigue la satisfacción de intereses colectivos.
Procede a través de una actuación de carácter judicial, donde se observa el
principio del debido proceso y en manera alguna puede ser considerada como una
pena.
Estima que la Ley
demandada está ajustada a los preceptos constitucionales y no atenta contra el
derecho a la propiedad, sino que por el contrario, garantiza su ejercicio,
despoja a los ciudadanos de aquellos bienes que han sido adquiridos
ilícitamente, en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral
social, teniendo en cuenta que el Estado no puede avalar ni legitimar la
adquisición, utilización o destinación de bienes con fines contrarios a la ley,
desconociendo la función social de la propiedad (art. 58 C.P.).
El Fiscal General de
la Nación solicita a la Corte expresamente considerar la constitucionalidad de
los siguientes apartes del artículo 33:
"...siempre que
dicha adquisición o destinación ilícita de los bienes o derechos haya sido
realizada con posterioridad a la existencia de los delitos que dan lugar a esta
medida de extinción, así la legislación haya modificado o modifique la
denominación jurídica, sin perjuicio del término de prescripción de que trata
el artículo 9º de esta Ley".
También pide la
inconstitucionalidad de la totalidad del artículo 9, relativo a la
prescripción. A su juicio, se está violando el artículo 58 de la Constitución
Política, pues aceptar la prescripción del artículo 9, o el límite de tiempo en
la tipificación de los delitos del artículo 33 "es permitir la extensión
de la garantía de la propiedad privada, en forma inconstitucional a patrimonios
que han sido adquiridos sin arreglo a las leyes civiles y que se han
consolidado con anterioridad a los límites que expuso la Ley 333 de 1996",
y -continúa- "la Constitución no autoriza al legislador a sanear
patrimonios de origen ilícito por el transcurso del tiempo". Advierte que
el señalamiento de límites temporales que legitimen las propiedades adquiridas
ilegalmente, atenta contra el principio de la igualdad (art. 13 C.P.).
V. CONCEPTO DEL
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador
General de la Nación (E) solicita a la Corte declare la constitucionalidad de
las disposiciones demandadas.
Manifiesta que la
Ley 333 de 1996, por su contenido, no ameritaba el trámite de ley estatutaria.
Por tanto no se encuentra vicio alguno de inconstitucionalidad por este motivo.
Asevera que el
derecho de dominio encuentra sus límites en el bien común y precisamente lo
buscado con la ley demandada es no proteger la adquisición de bienes sin los
requerimientos de la ley, pues "lo ilícito carece de idoneidad para
generar lo lícito". Lo que se pretende con la extinción del dominio, que
es una acción real, es destruir la apariencia de dominio conseguida mediante un
acto realizado al margen de la ley.
Respecto a los
derechos de terceros de buena fe, aduce que nadie puede transferir un bien del
cual no es propietario, es decir "nadie puede transmitir más derechos de
los que tiene".
Finalmente, en lo
atinente a la irretroactividad agrega que "si con anterioridad a la
vigencia de la presente ley, los bienes provienen directa o indirectamente de
conductas tipificadas en ese momento como delitos, no se estructura la figura
de la irretroactividad, porque existía un origen ilícito en la adquisición del
derecho"..."La sentencia de extinción del dominio se limita a
declarar un estado de ilicitud que estaba consolidado con anterioridad".
VI.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
A. Competencia
Esta Corte es
competente para decidir en definitiva sobre la constitucionalidad de la
normatividad acusada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241,
numeral 4, de la Constitución Política.
B. Aspectos
formales
La Corte se limitará
en esta ocasión a resolver en torno a los cargos que, sobre aspectos
procedimentales, formulan los demandantes con arreglo al numeral 4 del artículo
2 del Decreto 2067 de 1991. No se efectúa un examen exhaustivo acerca de la
constitucionalidad de los procedimientos surtidos en cuanto a la aprobación de
la Ley 333 de 1996, pues el presente proceso ha tenido  origen en acción
ciudadana y no en ejercicio del control oficioso -aplicable a la revisión
de   leyes  estatutarias,   en la  de  leyes  aprobatorias   de   tratados internacionales
y en la de decretos expedidos durante los estados de excepción-, que exige la
verificación íntegra de los antecedentes formales del estatuto correspondiente.
1. La
normatividad que establece las reglas sobre extinción del dominio en desarrollo
del artículo 34 de la Constitución no requiere trámite de ley estatutaria
Aducen algunos
actores que a la Ley objeto de examen se le debió haber dado el trámite de ley
estatutaria, por cuanto, a su juicio, regula derechos fundamentales, como la
propiedad privada y la prohibición de confiscación.
Al respecto ha de
reiterarse que, si bien es cierto el artículo 152 de la Constitución Política
exige el trámite de ley estatutaria para la regulación de los derechos
fundamentales y de los mecanismos mediante los cuales ellos se protegen, lo que
implica el cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 153 ibídem
-mayoría absoluta de los miembros del Congreso, trámite dentro de una sola
legislatura y revisión previa de esta Corte-, no todo cuanto se refiere a tales
derechos afecta su núcleo esencial, ni toda disposición del orden jurídico
alusiva a ellos tiene que sufrir tan especial trámite.
Dijo esta
Corporación:
"En
el caso de los derechos fundamentales, es bien sabido que pueden verse
afectados directa o indirectamente, de una u otra forma, por cualquier regla
jurídica, ya en el campo de las relaciones entre particulares, o en el de las
muy diversas actividades del Estado. En últimas, en el contenido de todo
precepto se encuentra, por su misma naturaleza, una orden, una autorización,
una prohibición, una restricción, una regla general o una excepción, cuyos
efectos pueden entrar en la órbita de los derechos esenciales de una persona
natural o jurídica.
Piénsese,
por ejemplo, en el caso de los procedimientos, que según el artículo 29 de la
Constitución deben ser fijados por la ley de manera previa a todo juzgamiento o
actuación judicial o administrativa. Por definición se relacionan con el debido
proceso, que es un derecho fundamental, y, más aun, de lo que en tales normas
se diga debe deducirse en los casos concretos a ellas sometidos si quien las
aplica acata o vulnera las garantías procesales.
Pero
deducir de esa consideración que todas las normas de procedimiento deban estar
incluidas forzosamente en leyes estatutarias implica interpretación exagerada
del artículo 152 de la Constitución Política y convierte la excepción allí
incluída en regla general que, en ese supuesto, debería extenderse lógicamente
a todos los códigos procesales y a las reglas, aún aisladas, que pudieran
afectarlos, adicionarlos o modificarlos.
Si
fuera seguido ese mismo criterio, que la Corte no acoge, la materia penal en su
integridad debería ser objeto del especialísimo trámite por cuanto, al fin y al
cabo, las sentencias condenatorias y los autos de detención, así como las
medidas de seguridad que se aplican a los inimputables, afectan de manera
directa el derecho fundamental de la libertad.
En
ese orden de ideas, el correcto entendimiento del artículo 152 de la
Constitución no puede consistir en que el legislador evada las exigencias
formales de excepción para aquellos casos en que, según la Carta, tiene lugar
la ley estatutaria, pero tampoco en que esta modalidad legislativa abarque, sin
un criterio razonable que encaje dentro del sistema positivo colombiano, todas
las normas que integran el orden jurídico.
En
cuanto a los derechos fundamentales, el criterio para definir si se requiere
ley estatutaria para la expedición de las normas que tocan con ellos radica,
según lo ha expuesto esta Corte, en la verificación de si los preceptos
correspondientes afectan el núcleo esencial de aquéllos, como cuando se
consagran restricciones o limitaciones a su ejercicio, lo que en verdad se
traduce en su regulación, claramente aludida en el artículo 152 de la
Carta". (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-247 del 1 de junio de
1995).
La jurisprudencia
constitucional ha advertido que si una norma legal contiene, desde el punto de
vista material, cláusulas que afecten, restrinjan, limiten o condicionen el
núcleo esencial de derechos fundamentales, el trámite de ley estatutaria no
puede evadirse, y ello es lógico por cuanto, según el artículo 152 de la
Constitución Política, es esa jerarquía normativa la única que, después de la
propia Constitución, goza de aptitud para el señalado efecto, siempre que se
sujete a sus mandatos.
La Corte se expresó
al respecto en los siguientes términos:
"La
Constitución Política de 1991 introdujo la modalidad de las leyes estatutarias
para regular algunas materias respecto de las cuales quiso el Constituyente dar
cabida al establecimiento de conjuntos normativos armónicos e integrales,
caracterizados por una mayor estabilidad que la de las leyes ordinarias, por un
nivel superior respecto de éstas, por una más exigente tramitación y por la
certeza inicial y plena acerca de su constitucionalidad.
Esas materias son
las señaladas en el artículo 152 de la Constitución, a cuyo tenor, el Congreso
de la República regulará, mediante las expresadas leyes, los derechos y deberes
fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su
protección; la administración de justicia; la organización y régimen de los
partidos y movimientos políticos; el estatuto de la oposición y las funciones
electorales; las instituciones y mecanismos de participación ciudadana y los
estados de excepción.
La propia Carta ha
diferenciado esta clase de leyes no solamente por los especiales asuntos de los
cuales se ocupan y por su jerarquía, sino por el trámite agravado que su
aprobación, modificación o derogación demandan: mayoría absoluta de los
miembros del Congreso, expedición dentro de una misma legislatura y revisión
previa, por parte de la Corte Constitucional, de la exequibilidad del proyecto,
antes de su sanción por el Presidente de la República (artículos 153 y 241 - 8
de la Constitución Política).
En cuanto se refiere
a derechos fundamentales, esta Corte ha destacado que la reserva constitucional
de su regulación por el trámite calificado, propio de la ley estatutaria, no
supone que toda norma atinente a ellos deba necesariamente ser objeto del
exigente proceso aludido, pues una tesis extrema al respecto vaciaría la
competencia del legislador ordinario.
(...)
Ha preferido la
Corte, entonces, inclinarse por una interpretación estricta, en cuya virtud,
"cuando de la regulación de un derecho fundamental se trata, la exigencia
de que se realice mediante una ley estatutaria debe entenderse limitada a los
contenidos más cercanos al núcleo esencial de ese derecho". (Cfr. Corte
Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-408 del 15 de septiembre de 1994, M.P.:
Dr. Fabio Morón Díaz).
Pero, desde luego,
la indicada apreciación sobre el alcance de la normativa superior en ese punto,
que ahora se reafirma, no podría conducir al extremo contrario del que, por
exagerado, se ha venido desechando -el de que pueda el legislador afectar el
sustrato mismo de los derechos fundamentales mediante ley ordinaria-, en cuanto
ello representaría la nugatoriedad de los artículos 152 y 153 de la
Constitución y, lo que es más grave, la pérdida del especialísimo sentido de
protección y garantía que caracteriza a nuestro sistema constitucional cuando
de tales derechos se trata". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena.
Sentencia C-425 del 29 de septiembre de 1994).
En cuanto a la
normatividad ahora impugnada, es claro que su objeto no consiste en establecer
limitaciones o restricciones a derechos fundamentales que la Carta Política
haya garantizado pura y simplemente -lo que haría indispensable el trámite
estatutario en guarda de su intangibilidad y aun podría conducir, según la
magnitud de aquéllas, a la inexequibilidad de lo que se dispusiera-, sino que
mediante su expedición se busca contemplar los mecanismos institucionales, y
especialmente procesales, para desarrollar una norma de la propia Constitución
que, de suyo y expresamente, consagró una forma jurídica orientada a declarar
el no reconocimiento de un derecho, por tener éste un origen turbio, lo cual en
nada se opone a la garantía, allí mismo contemplada, de que en Colombia no se
aplicará la pena de confiscación.
Es decir, no son las
disposiciones de la Ley las que introducen en el ordenamiento la extinción del
dominio, ni tampoco las que prevén las causales de ella, es decir, no se puede
atribuir al legislador la creación de la figura, en cuanto toca con derechos
fundamentales de orden constitucional. Es la propia Constitución la que plasma
en esa materia la norma básica, luego si los demandantes echan de menos la
jerarquía del mandato, quejándose de que se la haya dejado en el plano
ordinario cuando ha debido dársele rango estatutario, por la materia de la cual
se ocupa, su pedimento de inconstitucionalidad pierde sentido en cuanto la
regla mencionada, respecto de la garantía constitucional, tiene su mismo nivel
-el de la propia Constitución- y goza, desde luego, de autoridad superior a la
de las leyes estatutarias.
Si de lo que se
trataba era de preservar un trámite exigente para introducir en el ordenamiento
tal figura, en cuanto vino a relativizar ciertos derechos, la precaución ha
sido tomada, y de sobra, pues la regla correspondiente sufrió el difícil
tránsito procedimental aplicable a la Asamblea Nacional Constituyente.
Que el legislador en
desarrollo del mandato constitucional, al precisar el alcance de las causales
constitucionales, concrete los hechos que dan lugar a la extinción del dominio,
señale los procedimientos aplicables y establezca las respectivas competencias,
no significa que regule derecho fundamental alguno. El objeto de la Ley
en estudio no consistía en ello, sino en la determinación de los mecanismos
judiciales aptos para la efectividad de una institución creada por el propio
Constituyente.
Por otro lado, si de
derechos fundamentales se trata, el de propiedad no lo es per se, sino
que ese carácter depende de las circunstancias en que se encuentre el titular,
tal como lo ha subrayado esta Corporación, y para alcanzar tal nivel, debe
estar unido, en el evento correspondiente, a derechos que primariamente sean
fundamentales.
Un derecho que,
desde la propia Constitución, presenta limitaciones tan profundas como la
función social de la propiedad, la posibilidad de expropiación, en algunos
casos sin indemnización, la ocupación temporal por causa de guerra y la
extinción del dominio, no puede tener, con efectos absolutos y definitivos, la
naturaleza de derecho fundamental.
Pero, además, no
puede haber derecho fundamental a la adquisición ilícita de bienes, que es el
supuesto del cual parten el artículo 34 de la Constitución y la Ley 333 de
1996.
Ahora bien, ya que
el presente proceso se refiere a algunas disposiciones impugnadas en concreto y
puesto que el cargo del que se trata alude a la  ley considerada
globalmente,   la  Corte  lo  desecha  desde   ese  punto  de  vista
-genérico-, lo que de ninguna manera excluye que, dado su contenido material
específico, alguno o algunos de los artículos ahora no examinados, en cuanto no
se los demandó individualmente, pudiera haber requerido el trámite estatutario.
Ello se verá en su oportunidad, si se instauran acciones específicas.
2. La votación
sobre el trámite que debía darse al proyecto de Ley
En cuanto se refiere
a la votación por medio de la cual se aprobó que el trámite de la Ley 333 fuera
el de ley ordinaria, cabe anotar que, según consta en acta del 6 de noviembre
de 1996, la Comisión Primera del Senado aprobó por mayoría que el proyecto
debía tramitarse como ley estatutaria; por su parte, la correspondiente célula
de la Cámara consideró que debía surtirse el trámite de ley ordinaria.
En sesiones
conjuntas, la comisión primera del Senado ratificó su decisión y, por ello,
aconteció lo que aparece en la mencionada acta: "A petición de varios
congresistas, los cuales solicitan al Presidente asumir él como Presidente de
las sesiones conjuntas una posición que sería aceptada por los integrantes de
las comisiones y, en consecuencia, la Presidencia anuncia que el tratamiento
que se le dará a esta iniciativa, es de ley ordinaria".
Esta forma de
adoptar decisiones es irregular frente a la Constitución y al Reglamento del
Congreso, pues el voto de los congresistas es indelegable, aunque el escogido
para depositarlo en su nombre sea el Presidente de una de las cámaras o
comisiones. Es la cámara o comisión respectiva, o las comisiones conjuntas en
su caso, y no uno de sus integrantes, el cuerpo encargado constitucionalmente
de dar trámite a los asuntos que se le confían, más cuando se trata del
ejercicio de la función legislativa.
No obstante, la
Corte estima que la circunstancia de haber sido el Presidente de las comisiones
conjuntas quien trazó el rumbo del trámite por seguir en este caso, no afectó
la constitucionalidad de la Ley -sin perjuicio de su eventual responsabilidad
disciplinaria, no en razón de la materia de la decisión tomada, sino por haber
invadido la órbita propia de la célula congresional que orientaba-, pues los
pasos posteriores, en los que sí participaron los miembros de las comisiones y
las cámaras directamente, como la aprobación de los textos y de la
conciliación, convalidaron la determinación adoptada en cuanto al proyecto se
le dio el trámite de ley ordinaria, que es lo que, a juicio de la Corte, ha
debido hacerse, según la Constitución.
Declarar la
inconstitucionalidad de la Ley no obstante haberse cumplido en el curso del
proceso aprobatorio correspondiente aquello que resulta de los mandatos
constitucionales, por el sólo hecho de que quien decidió en un primer momento
sobre tal trámite carecía de competencia para hacerlo, cuando el órgano cuya
autoridad él había asumido actuó después de conformidad con lo resuelto, sin
revocarlo ni modificarlo, sería desconocer no solamente la evidencia de que la
Constitución no fue violada con dicho trámite, sino desautorizar las
posteriores determinaciones de las comisiones y corporaciones competentes, que
mantuvieron el criterio adoptado, aplicable al proyecto que estudiaban,
criterio que, además, es el mismo acogido por la Corte.
Ahora bien, la
Constitución no exige que la determinación sobre el tipo de trámite que deba
darse a una ley tenga que adoptarse por mayoría calificada, como lo entienden
los demandantes. Ella tiene relevancia en el trámite de cualquier asunto, con
arreglo al mandato de la propia Carta, que debe ser expreso según su artículo
146, pues "las decisiones se tomarán por la mayoría de los votos de los
asistentes, salvo que la Constitución, exija expresamente una mayoría
especial" (se subraya).
3. El trámite del
mensaje de urgencia
Otro de los cargos
por vicios formales es el relativo al incumplimiento, por parte del Congreso,
del término fijado en el artículo 163 de la Constitución Política para dar
trámite a un proyecto de ley cuando existe un mensaje de urgencia enviado por
el Presidente de la República.
El señalado canon
constitucional, que otorga al Jefe del Estado una prerrogativa de indudable
importancia y que abre una valiosa oportunidad de colaboración armónica entre
las ramas del poder público para el logro de los fines del Estado (art. 113
C.P.), es imperativo y perentorio; la presentación de un mensaje de urgencia
por el Presidente de la República no confiere a los congresistas una facultad
para resolver si atienden o no el llamado gubernamental de tramitar con mayor
rapidez un proyecto de ley, sino que comporta una obligación ineludible,
que deben cumplir, so pena de sanción.
Consta en el
expediente que el 17 de septiembre de 1996 se recibió en la Comisión Primera
del Senado un mensaje de urgencia y que el 25 de septiembre del mismo año
comenzaron a sesionar conjuntamente las comisiones primeras de las cámaras. El
23 de octubre el Ministro del Interior, delegatario de funciones presidenciales,
presentó un nuevo mensaje de urgencia, y el debate finalizó el 21 de noviembre
de 1996.
Cabe anotar que el
17 de octubre de 1996 venció el término de 30 días calendario para que las
comisiones decidieran sobre el proyecto, según lo establecido en el artículo
163 de la Carta. No obstante lo anterior, considera la Corte que el
incumplimiento de dicho término no puede constituir un vicio que tenga la
virtualidad de generar la inexequibilidad de la norma, toda vez que tal plazo
fue establecido por el Constituyente con el fin de obtener un trámite expedito
para los proyectos de ley que, por su importancia, estime el Gobierno que deben
ser estudiados con mayor prontitud, y no en calidad de término preclusivo para
hacer algo que después no pudiera hacerse -aprobar o negar el proyecto-, pues
el Congreso conserva su atribución legislativa aun después de vencido aquél. De
tal modo que lo aprobado, así lo haya sido después de transcurridos los treinta
días, lo fue válidamente, ya que nada esencial hace falta, desde el punto de
vista de los pasos constitucionalmente requeridos para hacer tránsito en la
comisión o cámara correspondiente.
Pasados los 30 días,
el Congreso no pierde competencia para seguir tramitando el proyecto. Su
incumplimiento, claro está, genera responsabilidad para los congresistas que
dieron lugar a la decisión tardía, pero no afecta en modo alguno la
constitucionalidad de la norma. De aceptarse ello, se iría en contra del fin
perseguido por el precepto constitucional y por el propio Ejecutivo, el cual va
dirigido a un estudio más ágil y a la evacuación del proyecto en razón de su
interés y urgencia. Su inexequibilidad por la aprobación posterior a los
treinta días frustraría la razón misma de la institución supuestamente
defendida.
Desde luego, el
hecho de que la Corte no encuentre fundado el cargo de inconstitucionalidad por
el enunciado motivo en nada disminuye el reconocimiento de que hubo una omisión
por parte de los miembros de las comisiones conjuntas. El efectivo desacato a
la regla constitucional, consagrada justamente para asegurar el pronto trámite
de proyectos legislativos de importancia, convierte en teórico el artículo 163
de la Constitución y despoja al Gobierno de un eficaz dispositivo para
participar de manera útil en el trámite de las leyes, en integración con la
Rama Legislativa.
4. El título de
la Ley. La unidad de materia
La Ley bajo examen
también fue impugnada por cuanto, según los demandantes, su título actual no
corresponde al del proyecto inicial, además de que no guarda relación con el
contenido material de ella.
Aparece en el
expediente legislativo (Gaceta 537) que, en sesiones conjuntas, las comisiones
respectivas aprobaron el siguiente título: "Por la cual se desarrollan los
artículos 34 y 58 de la Constitución Política en materia de extinción del
dominio".
Posteriormente, en
el trámite surtido en las plenarias de una y otra cámara, se aprobó el título
que actualmente tiene la norma y que aparece en el Diario Oficial No. 42.945:
"Por la cual se establecen las normas de extinción de dominio sobre los
bienes adquiridos en forma ilícita".
Considera esta
Corporación que el cargo es infundado, pues si bien las palabras pudieron
cambiar, el tema al cual se refieren los dos encabezamientos es exactamente el
mismo. Debe aquí aplicarse el principio de prevalencia del Derecho sustancial
(art. 228 C.P.).
No sobra reiterar lo
que la Corte ha proclamado varias veces sobre el telos y las
características de la unidad de materia, institución que mira más a la
correspondencia e interrelación de contenidos que a un sometimiento formal a
catálogos externos o a rótulos que no consultan la materia de los temas
tratados por el legislador:
"...lo
relevante es la identidad sustancial del tema objeto de legislación y la ya
anotada correspondencia entre el articulado y el título de la ley". (Cfr.
Corte Constitucional. Sentencia C-434 del 12 de septiembre de 1996)
Conclúyese,
entonces, que los cargos al respecto no están llamados a prosperar en este
caso.
C. Examen
material de las disposiciones demandadas
1. Los cargos
globales
Entre los cargos
formulados contra la Ley 333 de 1996, hay uno dirigido a demostrar que, en
cuanto ya la extinción del dominio estaba consagrada en el artículo 340 del
Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal), no podía el legislador
dictar nuevas normas sobre el tema, por ser ellas inconvenientes.
No pasa
desapercibido ante la Corte el hecho de que, en efecto, el artículo 340 del
Código de Procedimiento Penal, expedido después de haber entrado en vigencia la
Constitución, con base en facultades extraordinarias por ella conferidas al
Presidente de la República, desarrolló parcialmente el artículo 34, inciso 2,
de aquélla, en los siguientes términos:
"Artículo
340. Extinción del derecho de dominio. Por sentencia judicial se
declarará extinguido el dominio sobre bienes adquiridos mediante
enriquecimiento ilícito, en perjuicio del patrimonio del tesoro público o con
grave deterioro de la moral social. Para estos efectos, los delitos
contemplados en el Estatuto Nacional de Estupefacientes se considera que causan
grave deterioro de la moral social. En todo caso quedan a salvo los derechos de
terceros de buena fe. Los bienes que pasen al dominio público serán de
propiedad de la Fiscalía General de la Nación".
Posteriormente,
habiendo entrado ya en vigencia la Ley acusada en este proceso, el Congreso de
la República dictó la Ley 365 de 1997 (febrero 21), que en su artículo 14
modificó el transcrito precepto del Código de Procedimiento Penal, agregando a
las causales constitutivas de grave deterioro de la moral social, que
originalmente contemplaba, las previstas en el artículo 2 de la Ley 333 de
1996.
No entrará la Corte
a decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la nueva norma
por cuanto, de una parte, no se encuentra demandada en este proceso, y de otra,
cursa en esta Corporación una demanda incoada contra la totalidad de la Ley 365
de 1997, por razones de forma (expediente D-1650), lo que aconseja aguardar la
oportunidad procesal para resolver al respecto.
No se configura la
sustracción de materia, toda vez que ninguna de las disposiciones de la Ley 333
de 1996, que ahora se estudia, resultó modificada por el indicado artículo.
Pero lo que sí debe
afirmar esta Corte es que, bajo la tesis de que una disposición de la Ley puede
resultar inocua, innecesaria o reiterativa, no es posible estructurar un cargo
de inconstitucionalidad. Tampoco con apoyo en la supuesta inconveniencia de lo
que dispone -como acontece en esta ocasión-, pues a la competencia de la Corte
Constitucional escapa ese tipo de juicios.
Ahora bien, de
ninguna manera puede admitirse la idea, implícita en el cargo formulado, de
que, cuando el legislador dictó el precepto del Código de Procedimiento Penal
en cuya virtud se estimaban como delitos generadores de grave deterioro de la
moral social los previstos en el Estatuto Nacional de Estupefacientes, agotó la
facultad de dar desarrollo al artículo 34, inciso 2, de la Constitución
Política.
Para la Corte
resulta inherente a la función legislativa la de reformar, ampliar, restringir,
adicionar, interpretar y derogar, total o parcialmente, las leyes anteriores
(art. 150, numeral 2, C.P.), mas aún si como en esta oportunidad ocurre, ha
hecho apenas un desarrollo parcial de mandatos constitucionales.
Otro de los actores
sostiene que toda la Ley 333 de 1996 es inconstitucional por ser ambigua, por
ser superflua y por ser inocua.
A juicio de la
Corte, aparte de lo que se acaba de exponer, ninguno de los indicados motivos
puede afectar el texto integral de la normatividad acusada. Se requeriría un
análisis de sus diferentes artículos, a propósito de demandas específicas, para
verificar si respecto de alguno o algunos de ellos, habida cuenta de lo que
disponen, tales cargos están llamados a prosperar en cuanto la vaguedad o
indeterminación de una norma considerada en concreto pudiera repercutir en el
quebranto de postulados o mandatos de la Carta Política.
Por ahora, se
descarta una inconstitucionalidad total de la ley. Las críticas en referencia
no configuran, per se, razones válidas de inconstitucionalidad.
De otra parte, se ha
dicho en una de las demandas que toda la Ley es inexequible por atentar contra
el principio de la irretroactividad de la ley y por desconocer los derechos de
terceros de buena fe.
No se puede atribuir
a todo el articulado un vicio relativo a la vigencia de las normas o a la
operatividad de los instrumentos que regula, pues a definir tales aspectos se
destinan normas específicas cuya eventual declaración de inconstitucionalidad
no tendría que extenderse al conjunto íntegro del estatuto. Lo propio ocurre
con los derechos de terceros de buena fe, materia a la cual no todos los
preceptos de la Ley están referidos, y que de todas maneras, como se verá más
adelante, en las normas respectivas, están suficientemente resguardados.
2. Origen,
naturaleza, características y efectos de la institución consagrada en el artículo
34, inciso 2, de la Constitución Política
El artículo 34 de la
Constitución Política prohibe las penas de destierro, prisión perpetua y
confiscación y señala de inmediato que, no obstante, por sentencia judicial, se
declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante
enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro público o con grave deterioro
de la moral social.
Se hace preciso
distinguir aquí este concepto de otros a los que se refiere la Constitución y
que también tocan con la propiedad, sus restricciones y su privación.
El artículo 58 de la
Constitución, como lo hacía el 30 de la Carta Política de 1886, reformado en
1936, consagra, al lado de la garantía del derecho de propiedad y de los demás
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, la función social de ellos
-hoy adicionada con la ecológica-, la prevalencia del interés general sobre el
individual y las distintas formas de expropiación.
La expropiación
implica el ejercicio de una potestad, de la cual es titular el Estado Social de
Derecho, que le permite, con el cumplimiento de los requisitos
constitucionales, quitar la propiedad individual sobre un determinado bien en
beneficio del interés colectivo.
De conformidad con
los preceptos fundamentales, la expropiación común u ordinaria sólo se aplica
si el legislador, por vía general, ha señalado los motivos de utilidad pública
o de interés social; si se ha adelantado un proceso judicial; y si se ha pagado
previamente la justa indemnización a la que tiene derecho el afectado.
La misma norma
contempla la expropiación sin indemnización por razones de equidad, mediante el
voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra cámara, a
cuyos alcances se refirió la Corte en Sentencia C-358 del 14 de agosto de 1996.
También establece la
Constitución de 1991 una modalidad expropiatoria por vía administrativa cuya
aplicación requiere determinación del legislador, sujeta a posterior acción
contencioso administrativa, incluso respecto del precio.
El artículo 59 de la
Constitución prevé finalmente una forma de expropiación sin indemnización
previa y sin necesidad de sentencia judicial, en caso de guerra exterior, cuyas
exigencias esenciales también fueron objeto de análisis de esta Corte en
Sentencia T-303 del 20 de junio de 1997, en la que se dijo:
"El artículo 59
de la Constitución establece que "en caso de guerra y sólo para atender
a sus requerimientos, la necesidad de una expropiación podrá ser decretada por
el Gobierno Nacional sin previa indemnización" y agrega que "en
el expresado caso la propiedad inmueble sólo podrá ser temporalmente
ocupada, para atender a las necesidades de la guerra, o para destinar a ella
sus productos" (ha subrayado la Corte).
Como puede verse, en
tiempo de paz no cabe la ocupación de la propiedad inmueble.
Aun en ese caso, no
es cualquier autoridad pública -militar o civil- la facultada por la
Constitución para impartir la orden de ocupación. La competencia al respecto
está deferida constitucionalmente al Gobierno Nacional, que se compone, según
el artículo 115 de la misma Carta, por el Presidente de la República, los
ministros del Despacho y los directores de departamentos administrativos, y en
cada negocio particular por el Presidente y el Ministro o Director de
Departamento correspondiente.
No vacila esta Corte
en afirmar que si una autoridad diferente de las indicadas manda a la tropa
ocupar determinado inmueble, en especial si ello ocurre en tiempo de paz,
usurpa las funciones del Gobierno Nacional y debe responder por ello, pero, por
contera, viola -y de manera protuberante- el derecho de los afectados al debido
proceso".
La expropiación,
como puede verse, en nada se asemeja a la extraordinaria figura consagrada en
el artículo 34, inciso 2, de la Constitución.
Aquélla, como ya lo
indicó la Corte Constitucional, implica la conversión de la propiedad privada
en pública por motivos de utilidad pública o de interés social, por razones de
equidad o por la necesidad de responder adecuadamente a los requerimientos de
la guerra, pero "no se aplica a título de sanción por la conducta del
propietario sino en desarrollo del principio constitucional de prevalencia del
interés común sobre el particular, que debe ceder ante aquél en caso de
conflicto". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-216 del 9
de junio de 1993).
Pero, además -lo que
es relevante en este análisis-, la expropiación supone el reconocimiento que
hace el Estado de que el afectado es titular de un derecho y justamente por
eso, salvo el caso de las razones de equidad declaradas por el Congreso, la
Carta exige su resarcimiento, mientras que, en el caso de extinción del dominio
en la forma consagrada por el inciso 2 del artículo 34 constitucional, el
supuesto primordial de la indemnización desaparece, dado el vicio original que
empaña el dominio, hasta el punto de provocar que el Estado lo declare
extinguido desde siempre.
En cuanto a la confiscación,
rechazada en nuestro Ordenamiento, tampoco se confunde con la figura objeto de
estudio, pues si bien no ocasiona indemnización ni compensación alguna, así
ocurre por tratarse de una sanción típicamente penal, y no del específico
objeto patrimonial que caracteriza a la extinción del dominio. Esta, tal como
en la citada providencia se puso de presente, tiene varias expresiones -una de
las cuales es la prevista en el artículo 34-2 de la Carta, desarrollado
mediante la ley demandada- y se produce a raíz de la realización de ciertos
supuestos de hecho establecidos por el Constituyente o el legislador.
En su concepción original,
que no ha desaparecido de nuestro ordenamiento, definida con un perfil social
en la Reforma Constitucional de 1936 y estructurada por la legislación y la
jurisprudencia, la extinción del dominio representa el efecto jurídico
producido por el hecho de que un propietario deje de cumplir la función social
que exigía la Constitución anterior en su artículo 30 y que hoy impone el
artículo 58.
Sobre el punto, la
Corte se remite a lo ya destacado por ella en sus sentencias C-066 del 24 de
febrero y C-216 del 9 de junio de 1993.
Los antecedentes que
en tales providencias se resaltan explican con claridad el sentido del artículo
29 de la Ley objeto de análisis, según el cual sus disposiciones no son
aplicables a propósito de otras formas de extinción del dominio contempladas en
la legislación agraria, minera y ambiental, que se regularán por las leyes
expedidas y que se expidan sobre el particular.
Ahora bien, la
extinción del dominio a la que se refiere el artículo 34 de la Carta es la
regulada en la Ley 333 de 1996.
La sentencia
mediante la cual, después de seguidos rigurosamente los trámites legales y una
vez observadas las garantías del debido proceso, se declara la extinción del
dominio, desvirtúa la presunción de que quien exhibía la titularidad de la
propiedad de uno o varios bienes, que se procuró en contra del orden jurídico,
la tenía de manera legítima.
Se trata, entonces,
de una providencia judicial que no crea a partir de su vigencia el fenómeno de
la pérdida de una propiedad que se tuviera como derecho -del cual se despojara
al propietario-, sino que declara -como el artículo 34 de la
Constitución lo estatuye claramente- que tal presunta propiedad, dado su
irregular origen, nunca se hizo merecedora de la garantía ofrecida por la
Constitución, ni a la luz del artículo 30 de la Carta Política anterior, ni con
arreglo al 58 de la hoy vigente. Estos preceptos han partido del esencial
presupuesto de la licitud para cobijar bajo el manto de la legitimidad y la
tutela jurídica el derecho alegado por alguien. Resulta, entonces, que la
sentencia es meramente declarativa: aquél que aparecía como titular del derecho
de propiedad jamás lo fue ante el Derecho colombiano, pues su titularidad
estaba viciada desde el principio.
Sin embargo, aunque
no tiene carácter específicamente penal sino patrimonial, como el artículo 34
de la Constitución consagra una consecuencia negativa, que impone el Estado a
una persona, ha de partirse de la presunción de inocencia (artículo 29 C.P.),
es decir, de la hipótesis de que aquélla sí es la titular legítima del derecho
de propiedad mientras no se le demuestre, en el curso de un proceso judicial,
con la integridad de las garantías constitucionales, que, en efecto, la
adquisición que hizo de los bienes que figuran en su patrimonio estuvo afectada
por la ilicitud, el perjuicio del Tesoro Público o el daño a la moral social, o
que, aun siendo ajeno al delito, en la adquisición misma del bien afectado obró
con dolo o culpa grave. De no ser así, habrá de tenérselo por tercero de buena
fe, cuyo dominio sobre el bien no puede ser objeto de extinción del dominio. La
carga de la prueba en contrario, de acuerdo con los sistemas probatorios que
establezca la ley, suficiente para desvirtuar las indicadas presunciones, corre
a cargo del Estado.
Así, pues, no
obstante ser declarativa la sentencia, cuyos efectos, por tanto, consisten en
reconocer hechos que estaban latentes y que ahora se desvelan, proyectándose al
momento de la supuesta y desvirtuada adquisición del derecho, en tanto aquélla
no se profiera se tiene por dueño de buena fe a quien exhibe su condición de
tal.
Vuelve a decirse que
la figura de la extinción del dominio no es nueva en el ordenamiento jurídico
colombiano, aunque debe anotarse que la modalidad contemplada en el artículo 34
de la Constitución apareció en 1991, por una sola razón: como consecuencia de
la grave proliferación de conductas ilícitas de muy diverso origen
-especialmente el narcotráfico- y del alto grado de corrupción que, para el
momento en el cual deliberó la Asamblea Nacional Constituyente, se habían
apoderado de la sociedad colombiana.
En efecto, como se
puso de presente en una de las sesiones de la Comisión Quinta (la del 5 de
abril de 1991), la propuesta de su consagración "tiene fundamento en las
realidades muy dolorosas de los últimos decenios de la historia de Colombia, en
los cuales el país ha sufrido un deterioro impresionante, monstruoso, en las
conductas sociales y un deterioro en la propia legitimidad del Estado y de las
instituciones, por la impotencia de la sociedad para reprimir la
corrupción," a la vez que "quienes han hecho uso del delito para
satisfacer su egoísmo, quienes han tomado el camino de la ilegalidad pueden
ostentar ante la sociedad el éxito, el triunfo, en cuanto pueden hacer uso de los
bienes obtenidos por ese camino..." (Presidencia de la República.
Consejería para el desarrollo de la Constitución. Asamblea Nacional
Constituyente. Consulta textual y referencial. Sesión Comisión 5, abril 16
(5416), 30 de mayo de 1994, pág. 1).
En la ponencia
presentada por los delegatarios Angelino Garzón, Guillermo Guerrero, Tulio
Cuevas, Iván Marulanda, Guillermo Perry y Jaime Benitez (Gaceta Constitucional
No. 46, página 27), se dijo:
"El
enriquecimiento ilícito ha sido un factor de corrupción social en Colombia, no
sólo por lo que implica el delito en sí mismo, sino porque quienes lo cometen
hacen ostentación ante los demás con bienes lujosos que en verdad no les
pertenecen y que no fueron obtenidos como fruto del trabajo honrado
(subraya la Corte).
De esta situación de
impunidad se ha derivado un ejemplo letal para la comunidad. Los ciudadanos se
sienten desestimulados en frente al esfuerzo de buscar sustento y progreso en
actividades legales que no traen como compensación la fácil obtención de bienes
costosos, cuando al tiempo ven expuestas ante sus ojos las riquezas conseguidas
en forma fácil y rápida por quienes infringen la ley.
Esta comparación
desmoraliza a la población y a las actividades marginales se ven tentados (sic)
y arrastrados los individuos en forma masiva, en busca del progreso personal,
cómodo y exuberante. En tales circunstancias el país ha sufrido un
desmoronamiento fatal y la corrupción y la criminalidad se han extendido en
forma que hoy atenta contra la propia estabilidad de la Nación y de sus
instituciones" (LLERAS DE LA FUENTE, Carlos y TANGARIFE TORRES, Marcel:
"Constitución Política de Colombia. Origen, evolución y
vigencia". 1996. Bogotá. Biblioteca Jurídica DIKE, Pontificia Universidad
Javeriana y Ediciones Rosaristas. Tomo I. Pág. 170).
No cabe duda de que
con el precepto constitucional se buscó dotar al Estado de un instrumento
eficaz para desestimular el delito -en especial ciertas expresiones de él-, la
inmoralidad pública y la corrupción administrativa, actuando sobre los bienes
mal habidos, sin que ello tropezara con la tajante prohibición de la
confiscación, plasmada también en el artículo 34 de la Constitución anterior.
La Corte, al sentar
doctrina constitucional sobre la norma, estima necesario destacar sus características.
La extinción del
dominio, como de lo dicho resulta, es una institución autónoma, de estirpe
constitucional, de carácter patrimonial, en cuya virtud, previo juicio
independiente del penal, con previa observancia de todas las garantías procesales,
se desvirtúa, mediante sentencia, que quien aparece como dueño de bienes
adquiridos en cualquiera de las circunstancias previstas por la norma lo sea en
realidad, pues el origen de su adquisición, ilegítimo y espurio, en cuanto
contrario al orden jurídico, o a la moral colectiva, excluye a la propiedad que
se alegaba de la protección otorgada por el artículo 58 de la Carta Política.
En consecuencia, los bienes objeto de la decisión judicial correspondiente
pasan al Estado sin lugar a compensación, retribución ni indemnización alguna.
No se trata de una
sanción penal, pues el ámbito de la extinción del dominio es mucho más amplio
que el de la represión y castigo del delito. Su objeto no estriba simplemente
en la imposición de la pena al delincuente sino en la privación del
reconocimiento jurídico a la propiedad lograda en contravía de los postulados
básicos proclamados por la organización social, no solamente mediante el delito
sino a través del aprovechamiento indebido del patrimonio público o a partir de
conductas que la moral social proscribe, aunque el respectivo comportamiento no
haya sido contemplado como delictivo ni se le haya señalado una pena privativa
de la libertad o de otra índole. Será el legislador el que defina el tipo de
conductas en las cuales se concretan los tres géneros de actuaciones enunciadas
en el mandato constitucional.
La figura
contemplada en el inciso 2 del artículo 34 de la Constitución debe entenderse
en armonía con la integridad del sistema jurídico que se funda en ella.
El derecho de
propiedad que la Constitución garantiza en su artículo 58 es el adquirido de
manera lícita, ajustada a las exigencias de la ley, sin daño ni ofensa a los
particulares ni al Estado y dentro de los límites que impone la moral social.
Nadie puede exigir
garantía ni respeto a su propiedad cuando el título que ostenta está viciado,
ya que, si contraría los postulados mínimos, jurídicos y éticos, que la
sociedad proclama, el dominio y sus componentes esenciales carecen de
legitimidad.
Uno de los pilares
fundamentales del Estado colombiano está constituido por el trabajo. La
Constitución reconoce y ampara la propiedad obtenida con base en el esfuerzo y
en el mérito que el trabajo implica, y se lo desestimularía en alto grado si se
admitiera que sin apelar a él, de modo fácil, por fuera de escrúpulos y
restricciones, puede obtenerse y acrecentarse el patrimonio personal y
familiar.
Lo propio tiene que
afirmarse de la libertad de empresa, de la actividad económica y de la
iniciativa privada, aseguradas en nuestro sistema dentro de los límites del
bien común y bajo el supuesto de las obligaciones y los compromisos que implica
su función social. La industria, el comercio, la producción agrícola y
ganadera, la intermediación financiera, la gestión empresarial en sus diversas
modalidades, razonable y lícitamente ejercidos, son factores de desarrollo que
la Constitución protege, y fuente legítima de progreso y bienestar para quien
se ocupa en ellos. En cambio, el montaje de empresas delictivas, la ejecución
de actos con objeto ilícito, el saqueo del Tesoro público, el negocio basado en
la corrupción, la ganancia obtenida en abierta oposición a los valores
jurídicos y éticos que la comunidad profesa son extraños al orden
constitucional, atentan contra él y conspiran gravemente contra la pacífica
convivencia y contra el bien público y privado, por lo cual no pueden acogerse
a sus garantías ni contar con su protección.
La extinción del
dominio en la modalidad prevista por el artículo 34 de la Carta traza límites
materiales al proceso de adquisición de los bienes y simultáneamente otorga al
Estado la herramienta judicial para hacer efectivo y palpable el postulado,
deducido del concepto mismo de justicia, según el cual el crimen, el fraude y
la inmoralidad no generan derechos. La disposición constitucional da lugar a
que se propicien las investigaciones, los trámites y los procedimientos
orientados a definir -si prosperan las pretensiones de las entidades estatales
que ejerzan la acción- que jamás se consolidó derecho alguno en cabeza de quien
quiso construir su capital sobre cimientos tan deleznables como los que
resultan del comportamiento reprobable y dañino.
Por eso, la Corte
insiste en que "el Estado no puede avalar o legitimar la adquisición de la
propiedad que no tenga como fuente un título válido y honesto; es decir, que la
propiedad se obtiene en cierto modo mediante la observancia de los principios
éticos. La protección estatal, en consecuencia, no cobija a la riqueza que
proviene de la actividad delictuosa de las personas; es decir, no puede
premiarse  con el amparo de la autoridad estatal la adquisición de bienes por
la vía del delito; el delincuente debe saber que el delito no produce
utilidades,..." (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-389
del 1 de septiembre de 1994. M.P.: Dr. Antonio Barrera Carbonell).
La Ley objeto de
análisis constituye desarrollo del precepto constitucional, aunque no agota las
posibilidades existentes a la luz de la Carta en cuanto al señalamiento de
conductas cuya comisión ocasiona la extinción del dominio, lo cual corresponde
al legislador dentro de las causas genéricas consagradas en su artículo 34. Por
ahora, mientras la ley no adicione el artículo 2 impugnado y el 14 de la Ley
365 de 1997, ellas están constituidas tan sólo por los delitos que tales normas
enuncian.
Advierte la Corte,
eso sí, que la naturaleza de la institución prevista en el artículo 34, inciso
2, de la Carta Política no se convierte en penal por tal circunstancia, pues
uno es el motivo que da lugar al ejercicio de la acción y otro es el efecto de
la sentencia, que en esta materia no consiste en una pena sino en la
declaración judicial de que por los hechos pasados -fundados en el delito- no
pueden en el futuro invocarse por quien pasaba por propietario, para defender
un "derecho" suyo que ni antes ni después estuvo amparado por la
Constitución. Y ello sin que la sanción patrimonial de que se trata dependa de
la suerte del proceso penal ni de la responsabilidad de esa índole por el delito
en cuestión.
Obsérvese, por
ejemplo, que -según se verá- el heredero o legatario -de quien no puede
afirmarse que lleve el estigma de la responsabilidad penal del causante, por
ser ella eminentemente personal- sufrirá las consecuencias negativas del fallo
que declare la extinción del dominio sobre el bien que recibió, en razón de la
ilícita procedencia del mismo, vinculada a hechos en los cuales pudo no haber
tenido participación alguna. Dejará de figurar como propietario, no por ser
responsable penalmente sino por cuanto quien lo instituyó heredero o legatario
no le podía transmitir por causa de muerte una propiedad que no tenía, así la
exhibiese en apariencia, ya que no la protegía la Constitución.
En el caso del
tercero de mala fe, que ha recibido el bien ilícitamente adquirido y lo ha
incorporado a su patrimonio a sabiendas de la ilicitud, para aprovechar
en su beneficio la circunstancia o con el objeto de colaborar al delincuente, o
de encubrir el delito, será afectado por las consecuencias que acarrea la
sentencia de extinción del dominio, pero no porque se lo haya encontrado
penalmente responsable del delito cometido por su tradente y que dio lugar a la
adquisición del bien por parte de aquél, sino en tanto en cuanto admitió entre
sus haberes el de ilegítima procedencia, enterado como estaba de que el Derecho
colombiano rehusaba avalar la propiedad correspondiente.
3. La extinción
del dominio y los tratados internacionales
Se sostiene en
algunas de las demandas que la Ley acusada desconoce los tratados
internacionales que excluyen la pena de confiscación.
Como lo tiene dicho
la jurisprudencia, los tratados internacionales sobre derechos humanos, por
expreso mandato constitucional (artículo 93 C.P.), prevalecen en el orden
interno y, más aún, los derechos y deberes consagrados en la Carta habrán de
interpretarse de conformidad con aquéllos.
Además, una vez
ratificados por Colombia, tales tratados obligan en grado superlativo a todos
los órganos estatales, incluido el legislador, según lo ha expuesto la Corte en
varias ocasiones.
En la materia que
ahora se debate, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San
José de Costa Rica), aprobada por la Ley 16 de 1972, estipula en su artículo 21
que "toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes" y que
"ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago
de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y
en los casos y según las formas establecidas por la ley".
Esa regla de Derecho
Internacional no dispone nada diferente de lo que establece la Constitución
Política colombiana en su artículo 58, que, según lo expuesto, no ha sido
violado por la normatividad sub exámine, pues la institución que se
reglamenta en ella parte de un supuesto distinto del que la indicada norma
asume: el de la ilicitud de la propiedad. Mal podría interpretarse y aplicarse
en los Estados que se obligaron por la Convención un principio ajeno a la
elemental concepción jurídica de que en el transfondo de toda garantía a los
derechos subjetivos se encuentra el requisito de su legítima y lícita
adquisición.
Aparte de las
diferencias ya anotadas entre la confiscación y la extinción de dominio, no se
olvide que ésta surge como reacción de la sociedad contra el crimen organizado,
por medio de un instrumento no constitutivo de pena, con la finalidad, entre
otras, de cumplir importantes pactos internacionales que comprometen a Colombia
en la lucha contra el delito.
La Ley 333 de 1996,
al prever precisamente en el artículo 2 "...la extinción del derecho de
dominio de los bienes provenientes directa o indirectamente del ejercicio de
las actividades que más adelante se establezcan o que hayan sido utilizados
como medios o instrumentos necesarios para la realización de los mismos."
(subrayado fuera de texto), está consagrando una figura autónoma, cuya
existencia no se debe a la voluntad del legislador sino a la decisión del
Constituyente, quien con claridad advirtió que introducía tal institución no
obstante haber sido proscrita la pena de confiscación, pues definitivamente las
dos tienen naturaleza y alcances diferentes.
El artículo 15 del
Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, celebrado el 16 de
diciembre de 1966 y aprobado por Ley 74 de 1968, que prohibe la imposición de
penas retroactivas, tampoco es desconocido, como se explica en esta Sentencia
al analizar el artículo 33 de la ley demandada.
Obsérvese, en
cambio, que, aunque la extinción del dominio no equivale en nuestro Derecho
interno al decomiso, la ley desarrolla los objetivos primordiales de la
Convención de Viena, celebrada el 21 de febrero de 1971 y aprobada por Ley 43
de 1980, al disponer instrumentos jurídicos aptos para desestimular, entre
otras conductas, la del narcotráfico, mediante la persecución de los bienes
conseguidos por ese conducto.
4. Análisis de
los artículos considerados individualmente
Tan sólo se ocupará
la Corte de aquellas normas integrantes de la Ley 333 de 1996 que han sido
objeto de acusación específica en las demandas acumuladas, indicando el actor
las razones por las cuales estima que vulneran los preceptos constitucionales.
1) Constitucionalidad del concepto
El artículo 1 de la
Ley 333 de 1996 establece:
"Artículo 1º.
Del concepto. Para los efectos de esta Ley, se entiende por
extinción del dominio la pérdida de este derecho en favor del Estado, sin
contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para su titular".
Si, como se deja
dicho, la modalidad de extinción del dominio consagrada en el artículo 34 de la
Constitución implica una sentencia declarativa acerca de que ningún derecho
tenía quien pasaba por propietario de los bienes adquiridos en cualquiera de
las hipótesis que el mismo precepto constitucional contempla, es el legislador
el llamado a concretar las características del proceso correspondiente y a
definir, puesto que no lo hizo el propio Constituyente, lo que se entiende en
el Derecho Público colombiano cuando se alude a esa extraordinaria institución.
Como resulta de lo
ya expuesto, la extinción del dominio no se confunde con la confiscación, de la
cual el propio artículo de la Carta se ha encargado de diferenciarla, al
indicar que la prohibición de esa pena no obsta para que judicialmente se
declare extinguido el dominio de los bienes mal habidos.
No estamos,
entonces, ante un despojo absoluto del patrimonio de una persona a manos del
Estado, impuesto a título de pena, generalmente bajo una motivación de carácter
político. La extinción del dominio recae única y exclusivamente sobre los bienes
adquiridos por enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro Público o con
grave deterioro de la moral social, y sólo hasta el monto de la adquisición no
protegida constitucionalmente, pues, como se verá, lo lícitamente adquirido
escapa por definición a la declaración judicial correspondiente, a menos que se
trate de bienes equivalentes a los mal habidos, sobre el supuesto de que, como
lo indica el artículo 6 de la Ley, resultare imposible ubicar, incautar o
aprehender los bienes determinados que primariamente debían ser afectados por
la medida.
Es cierto que, como
el artículo 1 lo establece, se declara la extinción del dominio, en los casos
previstos por la Carta, en favor del Estado, pero ello, si bien no fue
expresamente contemplado por la Constitución, no la vulnera, puesto que, de una
parte, algún destino útil habrían de tener los bienes cuyo dominio se declara
extinguido y, de otra, está de por medio la prevalencia del interés general,
preservada por el artículo 1 de la Carta Política. Es natural, entonces, que
sea el Estado el beneficiario inicial de la sentencia que decreta la extinción
del dominio, recibiendo física y jurídicamente los bienes respectivos, toda vez
que ha sido la sociedad, que él representa, la perjudicada por los actos
ilícitos o inmorales que dieron lugar al aumento patrimonial o al
enriquecimiento irregular de quien figuraba como propietario.
Es la organización
política, por tanto, la que debe disponer de esos bienes, y la que debe
definir, por conducto de la ley, el destino final de los mismos.
También se ha
estatuido que la declaración judicial acerca de que el dominio se extinga, y
los efectos jurídicos de la misma, se produzcan "sin contraprestación ni
compensación de naturaleza alguna para su titular". Aunque por este
aspecto existe similitud con la confiscación, no puede soslayarse la
importancia del elemento diferencial respecto de esa figura, que deriva del
hecho de no tratarse de una pena, en cuya virtud se prive a la persona de un
derecho que tenía, sino de una sentencia declarativa acerca de la inexistencia
del derecho que se ostentaba -aparente-, cuyos efectos, por tanto, se proyectan
al momento de la supuesta y desvirtuada adquisición de aquél.
Insístese en que
ningún derecho adquirido se desconoce a quien figura como titular de la
propiedad.
Entonces, mal puede
hablarse de indemnizar al sujeto afectado por la sentencia, o de compensar de
alguna forma y en cualquier medida la disminución que por tal motivo se
produzca en su patrimonio.
En realidad, la
"pérdida" de la que habla el artículo acusado no es tal en estricto
sentido, por cuanto el derecho en cuestión no se hallaba jurídicamente
protegido, sino que corresponde a la exteriorización a posteriori de que
ello era así, por lo cual se extingue o desaparece la apariencia de propiedad
existente hasta el momento de ser desvirtuada por la sentencia.
Es claro que,
mientras tal providencia no esté en firme, ha de presumirse que dicha
apariencia corresponde a la realidad, pues suponer lo contrario implicaría
desconocer las presunciones de inocencia y buena fe plasmadas en la
Constitución, pero ya ejecutoriado el fallo, acaba esa apariencia,
entendiéndose que sustancialmente, y a pesar de haber estado ella formalmente
reconocida, jamás se consolidó el derecho de propiedad en cabeza de quien decía
ser su titular.
En ese orden de
ideas, el artículo 1, bajo examen, no viola la Carta Política por haber
excluido toda forma de contraprestación o compensación por la declaración
judicial en comento.
Se pone aquí de
presente una de las diferencias más claras entre la extinción del dominio y la
expropiación. Esta última, salvo el caso extraordinario de las razones de
equidad calificadas por el legislador, exige la indemnización por regla
general. El propietario, titular de un legítimo derecho, lo pierde por razón de
la prevalencia del interés social o colectivo sobre el suyo, que es individual,
o en  cuanto  se  configura  el  caso  de  la utilidad pública, pero tiene
derecho -salvo las razones de equidad que el Congreso declare- a un
resarcimiento, toda vez que él no puede ser el único que asuma en su totalidad
la carga pública correspondiente y, en cambio, ha sido afectado,
justificadamente sí, pero sin que tal motivo lo excluya, también en justicia,
de obtener la adecuada compensación.
A la inversa, en la
extinción del dominio no hay nada qué indemnizar.
2) Las causales
El texto del artículo
2, demandado, es el siguiente:
"Artículo
2º. De las causales. Por sentencia judicial se declarará la
extinción del derecho de dominio de los bienes provenientes directa o
indirectamente del ejercicio de las actividades que más adelante se establezcan
o que hayan sido utilizados como medios o instrumentos necesarios para la
realización de los mismos. Dichas actividades son:
1. Enriquecimiento
ilícito de servidores públicos, de particulares.
2. Perjuicio del
Tesoro Público que provenga de los delitos de peculado, interés ilícito en la
celebración de contratos, de contratos celebrados sin requisitos legales,
emisión ilegal de moneda o de efectos, o valores equiparados a moneda;
ejercicio ilícito de actividades monopolísticas o de arbitrio rentístico; hurto
sobre efectos y enseres destinados a seguridad y defensa nacionales; delitos
contra el patrimonio que recaigan sobre bienes del Estado; utilización indebida
de información privilegiada; utilización de asuntos sometidos a secreto o
reserva.
3. Grave deterioro
de la moral social. Para los fines de esta norma, se entiende que son hechos de
(sic) deterioran la moral social, los delitos contemplados en el Estatuto
Nacional de Estupefacientes y las normas que lo modifiquen o adicionen,
testaferrato, el lavado de activos, los delitos contra el orden económico
social, delitos contra los recursos naturales; fabricación y tráfico de armas y
municiones de uso privativo de las fuerzas militares, concusión, cohecho,
tráfico de influencias, rebelión, sedición, asonada o provenientes del
secuestro, secuestro extorsivo o extorsión.
4. Los eventos en
que se utilicen bienes como medio o instrumentos de actuaciones delictivas o se
destinen a éstas, salvo que sean objeto de decomiso o incautación ordenada
dentro del proceso penal mediante providencia en firme.
5. También procederá
la extinción del dominio cuando judicialmente se haya declarado la ilicitud del
origen de los bienes en los eventos consagrados en los incisos 2º y 3º del
artículo 7º de esta Ley, y en el Código de Procedimiento Penal".
Esta norma,
considera la Corte, en nada lesiona las disposiciones constitucionales. Se
limita a desarrollar el artículo 34 de la Carta, reiterando el requisito de la
sentencia judicial y precisando las causales de la extinción del dominio.
Era necesario que el
legislador determinara, indicando las respectivas conductas, cuál es el
contenido de las razones excepcionales que en nuestro sistema, a la luz de la
mencionada norma constitucional, dan lugar a esa extraordinaria medida.
No sobra anotar, sin
embargo, que, como en esta sentencia se explica, la norma constitucional tiene
una mayor amplitud material que el Código Penal, es decir, que la enunciación
del enriquecimiento ilícito, del perjuicio del Tesoro Público y del grave
deterioro de la moral social abarca mucho más de lo que, en ejercicio de sus
funciones, pueda el legislador señalar como hechos punibles.
Para la Corte, es el
legislador el llamado a concretar en qué consisten las aludidas causales
constitucionales de la extinción del dominio, y evidentemente puede él
considerar que tengan carácter de delictivas, pero sin que por definirlo así en
una determinada ley -la presente-, se agote su facultad de prever en el futuro
otros comportamientos, no necesariamente calificados como delitos, que por
causar daño al Tesoro Público o por afectar la moral colectiva, ocasionen el
proceso judicial de carácter patrimonial del que se trata.
No es necesario,
entonces, en términos estrictamente constitucionales, que se haya iniciado o
que esté en curso o haya habido un proceso penal para que la acción de
extinción del dominio pueda iniciarse ni tampoco para que prospere. Todo
depende, pues, del catálogo de conductas que el legislador haya señalado como
constitutivas de enriquecimiento ilícito, grave deterioro de la moral social o
perjuicio del Tesoro público. Bien puede él incorporar comportamientos
sancionados en la ley penal como delictivos, o aludir a actos u omisiones que,
aunque no elevados a la categoría de punibles, o habiéndola perdido, sí
contraríen la moral o causen agravio al interés patrimonial del Estado.
Aunque el legislador
habría podido definir, como constitutivas de cualquiera de las causales
constitucionales de extinción del dominio, actuaciones u omisiones no
tipificadas en la ley como delitos, mientras no se produzca una ley que así lo
haga, el único desarrollo legislativo al respecto es el contenido en el
artículo 2 de la Ley 333 de 1996, luego complementado por el artículo 14 de la
Ley 365 de 1997, por fuera de cuyos linderos no puede abrirse proceso alguno de
extinción del dominio.
El legislador,
entonces, no ha regulado todavía el trámite de extinción del dominio en
aquellos casos que, según la Constitución, ameritan la aplicación de esa figura,
pero que no implican necesariamente la comisión de un hecho punible.
En efecto, no hay
duda de que el enriquecimiento ilícito tiene hoy en nuestro sistema, y de
manera autónoma, el carácter de delito; el perjuicio del Tesoro Público se
concreta normalmente en conductas que tienen asignada una sanción penal; y
algunas formas de deterioro de la moral social constituyen a la vez delitos.
Pero, a juicio de la
Corte, especialmente en lo que se refiere a la última de las causales
enunciadas, no toda conducta contraria a la moral social que la afecte
gravemente tiene que configurar, a la vez, un comportamiento tipificado como
delictivo.
Algunos de los
actores han sostenido que ciertos delitos, específicamente los políticos, no
pueden dar lugar a la extinción del dominio.
En el sentir de la
Corte, tal aseveración no coincide con los mandatos constitucionales, si se
tiene en cuenta que es el legislador el encargado de dar desarrollo al precepto
constitucional y por cuanto, además del grave daño que tales comportamientos
causan a la sociedad, en ellos ni siquiera la amnistía y el indulto, una vez
concedidos por el Congreso, excluyen la responsabilidad civil de los autores
del delito ni la indemnización a la que tienen derecho las víctimas por razón
del mismo (artículos 150, numeral 17, y 201, inciso 2).
Es verdad que el
Estado, según las reglas del artículo 150, numeral 17, puede eximir a los
favorecidos de la responsabilidad civil respecto de particulares, pero,
obviamente, tal decisión está justamente en cabeza del Congreso, que no viola
la Carta Política si se abstiene de hacerlo.
Entonces, habiendo
separado el Constituyente los efectos estrictamente penales de los civiles y
patrimoniales de los delitos políticos, y siendo claro que la rebelión, la sedición
y la asonada pueden implicar un perjuicio para el Tesoro Público, o grave
deterioro de la moral social, la figura de la extinción del dominio sobre los
bienes que puedan haberse adquirido en el curso de los actos correspondientes
es perfectamente aplicable.
También se cuestiona
por algunos de los demandantes e intervinientes el que se haya incluido, dentro
de las figuras delictivas que propician la extinción del dominio, la modalidad
culposa de las conductas enumeradas.
Uno de los
impugnantes llega al extremo de considerar inconstitucional la normatividad
demandada por no haber excluido de sus reglas las formas culposas de los
delitos de narcotráfico, interés ilícito en la celebración de contratos y
peculado.
Ante todo, un cargo
de inconstitucionalidad no puede fundarse en lo que el actor cree que ha debido
decir la ley, sino en lo que ella en efecto establece y puede contrariar la
Constitución.
La Corte reitera:
"Para que la
Corte Constitucional pueda establecer, con fuerza de verdad jurídica, la inexequibilidad
que ante ella se solicita, es indispensable que la demanda recaiga sobre un
texto real y no simplemente deducido por el actor o implícito.
Es verdad que la
Corte, al efectuar el cotejo de una norma con la Constitución puede introducir
en ella distinciones, para declarar la exequibilidad condicionada, excluyendo
del ordenamiento jurídico determinado alcance del precepto objeto de su fallo.
Es decir, puede la
Corte, en ejercicio de sus atribuciones, al analizar una norma que ante ella se
demanda, o que debe revisar oficiosamente, diferenciar entre varios sentidos
posibles del precepto admitiendo aquéllos que se avienen a la Constitución y
desechando los que la contradicen.
La misma función del
control constitucional, para que sea efectiva, exige que la autoridad encargada
de ejercerla pueda condicionar en casos excepcionales la decisión de
exequibilidad, cuando de la propia disposición enjuiciada pueden surgir efectos
jurídicos diversos o equívocos, por lo cual se requiere que el juez de constitucionalidad
defina hasta dónde llega el precepto en su ajuste a la Constitución, y donde y
porqué principia a quebrantarla.
Pero esa técnica de
control difiere de aquella encaminada a establecer proposiciones inexistentes,
que no han sido suministradas por el legislador, para pretender deducir la
inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden.
Esta es la circunstancia del caso en estudio, en el cual los demandantes piden
que no se declare inexequible ninguna parte de la norma vigente sino una
hipótesis arbitrariamente inferida de ella.
No resulta posible
resolver sobre cada uno de los casos particulares hipotéticamente cobijados por
un precepto legal, introduciendo comparaciones con otros casos igualmente
particulares no previstos en él.
Para llegar a la
declaración de inexequibilidad total o parcial de una disposición de la ley es
menester definir si existe una oposición objetiva y verificable entre lo que
dispone el precepto acusado y lo que manda la Constitución". (Cfr. Corte
Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-504 del 9 de noviembre de 1995)
Por otra parte, la
Constitución Política no establece distinción en cuanto a los motivos que dan
lugar a la extinción del dominio y, más todavía, según lo ya expuesto, a la luz
del segundo inciso de su artículo 34, podría aplicarse tal figura a conductas
no necesariamente delictivas que ocasionaran los efectos allí indicados.
Y es que el carácter
de la extinción del dominio es exclusivamente patrimonial y constituye una
consecuencia no penal sino económica de los actos imputables a una persona.
Estos, por tanto, no exigen necesariamente el dolo para merecer sanción, aunque
no puede olvidarse que la culpa grave, de acuerdo con nuestra ley civil, se
asimila al dolo.
Otros demandantes
piden que se declare inexequible la referencia al interés ilícito en la
celebración de contratos administrativos y a los contratos celebrados sin
requisitos legales, como delitos constitutivos del perjuicio del Tesoro
Público.
La Corte no puede
admitir que tal inclusión en la norma vulnere la Carta Política, pues ello
implicaría aceptar que la corrupción administrativa, tan extendida entre
nosotros, puede ser fuente del derecho de propiedad.
Desde luego, la
extinción del dominio que en tales casos se decrete tan sólo puede referirse al
monto del provecho ilícito.
Uno de los
demandantes afirma que la norma crea confusión y por tanto viola el debido
proceso, pues desconoce las herramientas que la ley penal consagra para evitar
la constitución de patrimonios ilícitos. En efecto -según afirma-, la
disposición genera dudas "acerca de si el comiso o la acción de
restitución continúan vigentes, o si sólo se aplican a las conductas señaladas
taxativamente por la ley acusada".
Así mismo -agrega-
se viola el principio de igualdad, ya que los bienes objeto de decomiso o
incautación no son susceptibles de la acción de extinción del dominio.
No se aceptan tales
argumentos, pues, según lo expuesto, la figura de la extinción del dominio
prevista en el inciso 2 del artículo 34 de la Constitución, no corresponde a
una "constitucionalización" de los institutos legales conocidos como
comiso e incautación de bienes, los cuales, sin perjuicio de aquélla, siguen
cumpliendo, respecto de todo proceso penal, el objetivo que les es propio,
tanto para la investigación correspondiente como en lo relacionado con el
vínculo existente entre el ilícito y la destinación a él de cierto bien, o
entre el delito y el provecho ilegítimo que de él podría derivarse.
No se olvide que la
extinción del dominio, según acaba de advertirse, no cobija toda clase de
delitos, al paso que el decomiso y la incautación de bienes son aplicables en
términos generales, como lo contemplan las normas procesales pertinentes, a un
cúmulo de hechos punibles que escapan a la excepcional medida contemplada por
el artículo 34, inciso 2, de la Constitución.
Además, mientras el
decomiso es una medida inmediata, adoptada por la autoridad que la ley indique
sin necesidad del agotamiento de todo un proceso, precisamente por cuanto está
concebida para servir a los fines del mismo, la extinción del dominio requiere,
por expreso mandado constitucional, de sentencia judicial, previo el
agotamiento del proceso, con todas las garantías previstas en el artículo 29 de
la Carta.
Mal puede afirmarse,
entonces, que se trate de las mismas instituciones, menos con la atrevida
pretensión del demandante, quien quiso corregir al Constituyente, para
someterlo a las reglas del proceso penal instauradas por la ley.
Finalmente, ha de
referirse la Corte al cargo que formula uno de los actores contra el artículo 2
acusado, en el sentido de que la norma confunde la extinción del dominio -que
él llama confiscación- con la responsabilidad civil generada por el delito.
Del texto demandado
no se deduce que tal aseveración sea cierta, pues se limita a enunciar los
delitos en los cuales se concretan las tres causales constitucionales de
extinción del dominio, sin entrar a establecer el carácter, indemnizatorio o
no, de la destinación que pueda darse a los bienes cuya propiedad se declara
extinguida.
No podría, en todo
caso, atribuirse a la Ley el aludido efecto, si se repara en que , según el
artículo 1, ya estudiado, el derecho de propiedad se pierde "a favor del
Estado", y si no siempre es el Estado el ente que sufre perjuicio como
consecuencia de los delitos que se enumeran, está excluido por regla general el
carácter indemnizatorio de la sentencia que declara extinguido el dominio.
3) Los bienes
El artículo 3
acusado dispone:
"Artículo
3º. De los bienes. Para los efectos de esta Ley se entenderá
por bienes susceptibles de extinción del dominio todo derecho o bien mueble o
inmueble, con excepción de los derechos personalísimos.
La extinción del
dominio también se declarará sobre el producto de los bienes adquiridos en las
circunstancias de que trata esta Ley, los derivados de éstos, sus frutos, sus
rendimientos, y sobre los recursos provenientes de la enajenación o permuta de
bienes adquiridos ilícitamente o destinados a actividades delictivas o
considerados como producto, efecto, instrumento u objeto del ilícito. Cuando se
mezclen bienes de ilícita procedencia con bienes adquiridos lícitamente, la
extinción del dominio procederá sólo hasta el monto del provecho ilícito".
La acción de
extinción del dominio no tiene por objeto la imposición de las sanciones
privativas de la libertad a quien haya delinquido. La declaración
correspondiente es una consecuencia de la comisión de cualquiera de los hechos
enunciados, siempre que se pruebe que hay una relación directa o indirecta,
entre el ejercicio de las actividades constitucionalmente proscritas y la
adquisición del bien. Se trata entonces de una acción real, pues el
proceso se inicia y se desarrolla en relación con bienes concretos y
determinados, y la sentencia, salvo el caso de los llamados bienes equivalentes
(artículo 6), ha de referirse a ellos, especificándolos, para declarar -si la
acción prospera- que se ha extinguido el dominio que sobre ellos ejercía la
persona contra la cual se ha intentado, o sus causahabientes que actuaron de
mala fe.
La norma enjuiciada
cobija tanto los bienes muebles e inmuebles, como los frutos, productos y
rendimientos de ellos, lo cual parece lógico si se tiene en cuenta el carácter
ilegítimo de la propiedad, aunque debe aclararse, como lo hace el legislador,
que, si se mezclan bienes de procedencia ilícita con otros que fueron
adquiridos lícitamente, la extinción del dominio procederá sólo hasta el monto
del provecho ilícito, distinción razonable y necesaria, porque el fundamento de
la extinción del dominio está en la adquisición, no ajustada a Derecho, o
contraria a la moral pública, del bien correspondiente. Resultaría opuesto a la
seguridad jurídica y altamente lesivo del artículo 6 y del mismo 34 de la
Constitución un precepto general e indiscriminado que llevara a aplicar tan
grave sanción a una persona sobre la totalidad de su patrimonio sin introducir
diferenciación alguna entre los bienes según su origen.
No se encuentra
motivo alguno de inconstitucionalidad en esta disposición, salvo en lo relativo
a los llamados derechos personalísimos (uso y habitación, según el artículo 878
del Código Civil), que merecerían protección si se tratara de derechos
ejercidos sobre bienes adquiridos al amparo de la Constitución Política, pero
que de ningún modo pueden aspirar a ese amparo bajo los supuestos de la
ilicitud inherente al artículo 34, inciso 2, de la Constitución.
Si se tienen tales
derechos, a los cuales el legislador atribuye el carácter de intransmisibles a
los herederos, no susceptibles de ser cedidos a ningún título, ni prestados ni
arrendados, merecen que se los preserve, con arreglo al artículo 58 de la Carta
Política.
Pero tal no es el
caso de los supuestos derechos que a ese título quisiera alguien referir a
bienes mal habidos, en los términos del artículo 2 de la Ley 333 de 1996, por
lo cual la salvedad introducida en el artículo 3 ibídem, que pretende
sustraerlos a la estricta regla del artículo 34, inciso 2, C.P. -precepto que
no introduce distinción alguna-, debe ser declarada inexequible.
4) Los bienes
objeto de extinción de dominio según se hayan adquirido por acto entre vivos o
por causa de muerte
Los artículos 4 y 5
de la Ley 333 de 1996 hacen una importante distinción entre los bienes materia
de extinción de dominio, tomando en consideración si el actual titular de la
propiedad los adquirió por acto entre vivos o por causa de muerte.
Señalan tales
normas:
"Artículo
4º. De los bienes adquiridos por acto entre vivos. Tratándose de
bienes transferidos por acto entre vivos, procederá la extinción del dominio
cuando un tradente los haya adquirido en los casos contemplados en el artículo
2º y los adquirentes hubieren actuado con dolo o culpa grave respecto del
conocimiento de las causales allí contempladas.
En los casos en que
se hubiere constituido fiducia o encargo fiduciario sobre los bienes respecto
de los cuales se pretenda la extinción del dominio, bastará para su procedencia
que alguna de las causales señaladas en el artículo 2º sea predicable del
encargante o constituyente, sin perjuicio de los derechos de la fiduciaria a su
remuneración y de los derechos de beneficiarios y terceros que no hubieren
actuado con dolo o culpa grave.
Las disposiciones de
esta Ley no afectarán los derechos que con arreglo a las leyes civiles se
deriven de los negocios jurídicos válidamente celebrados ni los de su
invalidez, nulidad, resolución, rescisión e ineficacia para las partes y
terceros, ni los inherentes al pago de lo no debido ni al ejercicio de las
profesiones liberales.
Artículo 5º.De
los bienes adquiridos por causa de muerte. Procederá
la extinción del derecho de dominio respecto de los bienes objeto de sucesión
por causa de muerte, cuando dichos bienes hayan sido adquiridos por el causante
en cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 2º de la presente
Ley.
En el evento de
haberse efectuado la partición y realizado el pago del impuesto por el
adjudicatario, así como la ganancia ocasional si la hubiere, el Estado deberá
devolverlos para que sea procedente la ejecución de la sentencia".
Así, pues, en el
caso de los bienes adquiridos por acto entre vivos, reviste trascendencia el
hecho de si el adquirente obró o no dolosamente o con culpa grave. Si ocurrió
así, lo cual debe ser probado en el curso del proceso (artículo 29 C.P.), es
viable la declaración de extinción del dominio. En caso contrario, no lo es,
con lo cual se quiere salvaguardar el derecho de los terceros de buena fe, esto
es, el de quienes, aun tratándose de bienes de procedencia ilícita o afectada
por cualquiera de las causas señaladas en el artículo 34 de la Constitución,
los adquirieron ignorando ese estigma, sin intención proterva o torcida, sin
haber tomado parte en los actos proscritos por el orden jurídico, sin haber
buscado encubrir al delincuente o al corrupto, sin entrar en concierto con él,
sin pretender ganancia o provecho contrarios a la ley, y no habiendo incurrido
en culpa grave, en los términos descritos por ella. Desde luego, no puede entenderse
que tal culpa grave se configure, en una interpretación exagerada y de
imposible aplicación, en términos tales que el comprador de un bien se vea
obligado a adelantar una investigación exhaustiva acerca de los antecedentes
penales de su vendedor y, menos, de quienes a él le vendieron o le
transfirieron el dominio. Esa es una responsabilidad de las autoridades
públicas competentes.
Por supuesto, si el
dolo o la culpa grave han tenido lugar y son debidamente establecidos en cabeza
del adquirente, cabe la extinción del dominio, toda vez que el tercero, en esas
hipótesis, participa en el proceso ilícito "a sabiendas", o en virtud
de imperdonable descuido que constituye culpa grave aunque se haya acudido a la
figura jurídica del encargo o la fiducia.
Los cargos que se
formulan contra esta norma, por haber desconocido los derechos de los terceros
de buena fe, resultan totalmente infundados, para concluir lo cual es
suficiente, además de lo dicho, leer su inciso final, a cuyo tenor las
disposiciones de la Ley no afectan derechos que con arreglo a las leyes civiles
se deriven de negocios jurídicos válidamente celebrados.
En cuanto a los
bienes adquiridos por causa de muerte, la determinante legal para establecer si
procede o no la extinción del dominio no es la conducta del heredero o
legatario, sino la del causante. Si éste adquirió los bienes en cualquiera de
las circunstancias previstas por el artículo 2 de la Ley, se extingue el
dominio que se había radicado en cabeza de los adquirentes a este título con la
advertencia de que el Estado les devolverá los pagos que hubieren efectuado por
concepto de impuestos.
No se observa
violación alguna de la Constitución por haberse consagrado las indicadas
reglas, ya que nadie puede dar de lo que no tiene, y es evidente que el
causante, habiéndose probado la ilicitud de su propiedad, no la tenía en
realidad y mal podía transferirla a otro u otros al momento de su muerte.
5) Los bienes
equivalentes
Dice el artículo 6
impugnado:
"Artículo 6º.
De los bienes equivalentes. Cuando no resultare posible ubicar, incautar o
aprehender otros bienes determinados sobre los cuales verse la extinción
del dominio, al momento de la sentencia podrá el Juez declarar extinguido el
dominio sobre un valor equivalente. Lo dispuesto en el presente artículo no
podría interpretarse en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.
Parágrafo. Antes de la sentencia de primera
instancia, no podrá el Juez que esté conociendo de la acción de extinción de
dominio aprehender, ocupar u ordenar la práctica de medidas cautelares sobre
bienes equivalentes".
No es
inconstitucional, como lo afirmaron varios de los demandantes. El legislador ha
partido de un supuesto fundado en la realidad: quien adquirió un bien de manera
ilícita buscará muy probablemente deshacerse de él, aprovechando casi siempre
la buena fe de otros, y, de todas maneras, si lo consigue, habrá logrado el
provecho equivalente, que estará radicado ahora en el dinero o en otros bienes.
Sobre éstos o sobre los que los sustituyan dentro de su patrimonio cabe la
extinción del dominio para hacer realidad el principio según el cual la
sociedad no puede premiar el delito ni la inmoralidad. Establecer lo contrario
llevaría a aceptar figuras tan corruptoras y dañinas como el lavado de activos,
que no están cobijadas por la protección constitucional de la propiedad.
De nuevo en esta
norma quedan protegidos los derechos de los terceros de buena fe, por lo cual,
si los bienes equivalentes a los ilícitamente adquiridos se traspasan a otra
persona, que ha obrado sin dolo ni culpa grave, respecto de ella no tiene lugar
la declaración de extinción del dominio.
En concordancia con
el artículo transcrito, será declarado exequible el parágrafo del artículo 21
de la misma Ley.
Según el primero de
ellos, también procederá la extinción del dominio sobre bienes equivalentes en
el evento en que el Estado tuviere que reconocer a un tercero el derecho que se
hubiere probado en el juicio, respecto del cual se haya establecido limitación,
gravamen o desmembración, embargo, registro de demanda, inmovilización o
inscripción sobre los bienes materia de proceso. Se trata de un mecanismo
enderezado a asegurar para el Estado la recuperación de lo que ha destinado al
resarcimiento de los terceros de buena fe.
6) La naturaleza
de la acción
Dispone el artículo
7 de la ley acusada (se subraya lo demandado):
"Artículo
7º. De la Naturaleza de la acción. La acción de
extinción del dominio de que trata esta Ley es de naturaleza jurisdiccional y
de carácter real, y procederá contra el titular real o presunto o los
beneficiarios reales de los bienes, independientemente de quien lo (sic)
tenga en su poder o lo (sic) haya adquirido, y sin perjuicio de los
derechos de los terceros de buena fe. En ningún caso se podrá intentar la
acción de extinción del dominio en forma independiente, si hay actuaciones
penales en curso.
Si la acción
penal se extingue o termina sin que se haya proferido decisión sobre los
bienes, continuará el trámite ante el mismo funcionario que conoció del proceso
penal y procederá la declaración de extinción del dominio de aquellos bienes
adquiridos en cualquiera de las circunstancias de que trata esta Ley.
Si terminado el
proceso penal aparecieren nuevos bienes, en cualquier caso procederá la acción
de extinción del dominio ante el mismo funcionario que conoció de la acción
penal correspondiente.
Esta disposición, en
los apartes demandados, se ajusta a la Carta Política.
En efecto, el precepto
califica la acción como jurisdiccional, reiterando lo estatuido por el artículo
34 de la Constitución en el sentido de que la extinción del dominio en esta
modalidad sólo procede por decisión de un juez. Y subraya que es de naturaleza
real, como se ha explicado.
Igualmente, la norma
señala contra quién debe instaurarse la demanda, es decir, los titulares reales
o presuntos o los beneficiarios reales de los bienes, sin perjuicio de los
derechos correspondientes a los terceros de buena fe.
Prohibe el
legislador, en un aparte de la norma que no se encuentra acusado, que la acción
se intente en forma independiente si hay actuaciones penales en curso, lo cual
significa que, en tal evento, lo relativo a la extinción del dominio deberá
tramitarse dentro del proceso penal, pero aclara en la parte demandada cómo
habrá de procederse si la acción penal se extingue o termina sin que se haya
proferido decisión sobre los bienes. La autonomía de la extinción del dominio
respecto del proceso penal, y su naturaleza real, avalan la constitucionalidad
del precepto.
Claro está, el
proceso de extinción del dominio podrá iniciarse, con independencia del proceso
penal, sobre la base de que se acrediten los presupuestos del origen viciado de
la propiedad, particularmente en el evento en que el proceso penal termine por
muerte del procesado o cuando por esas mismas causas el proceso penal no se
hubiere iniciado.
7) La autonomía
El artículo 10 de la
Ley 333 de 1996 establece (se subraya lo demandado):
"Artículo
10. De la autonomía. La acción de extinción del dominio es distinta e
independiente de la responsabilidad penal y complementaria de las actuaciones
penales.
La declaración de
extinción del dominio corresponderá a los jueces competentes para conocer de
las actuaciones penales. En consecuencia, las entidades estatales legitimadas,
en los casos en que los bienes tengan su origen en una actividad delictiva,
promoverán la acción consagrada en esta Ley cuando la actuación penal termine
por cualquier causa y no se haya declarado en ésta la extinción del dominio
sobre los bienes considerados como producto, efecto, instrumento u objeto del
delito o se hubiere declarado sólo sobre una parte. Por las demás causales,
dichas entidades estatales deberán instaurar la acción con absoluta
independencia de la actuación penal.
La providencia que
declare la ilicitud de la adquisición del dominio de los bienes en un proceso
penal y la sentencia condenatoria que así lo establezca constituye prueba de la
ilícita procedencia de los bienes.
La Corte considera
que el primer inciso del artículo transcrito, objeto de demanda es
constitucional, entendida la acción de extinción del dominio como distinta de
la acción penal y complementaria de las actuaciones penales, con base en los
razonamientos que de manera extensa se han formulado en este fallo.
8) De la
suspensión del poder dispositivo
El artículo 24
demandado establece:
"Artículo
24. De la suspensión del poder dispositivo. Desde la providencia que
ordena el trámite de extinción, no podrá adquirirse ni transferirse el dominio
de los bienes provenientes de actividades ilícitas, ni constituirse derecho
alguno, ni celebrarse acto, contrato o negocio jurídico alguno respecto de
éstos, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe".
En nada se vulnera
la Constitución Política por consagrar la suspensión del poder que tiene todo
propietario de disponer de sus bienes. Esa facultad, que hace parte del derecho
de dominio, proviene del artículo 669 del Código Civil y, por tanto, es permitido
al legislador, en circunstancias tan características  como  las  descritas  y
existiendo  fundados  motivos  para ello -entre los cuales están la
preservación del interés del Estado y la protección, esta vez a modo
preventivo, de terceros de buena fe que pudieran resultar afectados-, suspender
su pleno ejercicio en razón del trámite que se adelanta.
La exequibilidad de
este artículo se declara advirtiendo que el bien afectado queda excluido del
comercio sólo una vez se haya practicado la medida cautelar que corresponda,
según el Código de Procedimiento Civil.
9) Protección a
la vivienda familiar y al patrimonio de familia inembargable. La Constitución
no les brinda amparo si se trata de bienes mal habidos
Dice el artículo 32
de la Ley acusada:
"Artículo
32. Protección a la vivienda familiar. Sin perjuicio de disposición
legal en contrario, la acción de extinción de dominio no procederá respecto del
bien inmueble amparado por el régimen de patrimonio de familia inembargable, o
sobre bien afectado a vivienda familiar, siempre y cuando dicho bien sea el
único inmueble en cabeza de su titular y su valor no exceda de quinientos
salarios mínimos legales mensuales al momento de la declaración de
extinción".
Según el artículo 5
de la Constitución Política, el Estado ampara a la familia como institución
básica de la sociedad, y, al tenor del 42 ibídem, el Estado y la
sociedad garantizan la protección integral de la familia.
Es claro que,
además, la ley puede fijar las reglas sobre el patrimonio familiar inembargable
e inalienable, según el artículo 42 de la Constitución y que también le
corresponde fijar las condiciones necesarias para hacerlo efectivo a todos los
colombianos.
No obstante, el
origen viciado de la propiedad que se exhibía, en el supuesto de la declaración
judicial de la extinción del dominio, afecta también los bienes a los que se
refiere esta disposición, pues los indicados fines institucionales y su
realización no pueden procurarse sobre la base del reconocimiento de que lo
ilícito genera derechos.
Así, pues, por
vulnerar el artículo 34, inciso 2, de la Constitución Política, este artículo
será declarado inexequible, desde luego sin perjuicio de que los derechos a los
cuales se refiere puedan ser ejercidos, según las reglas generales, cuando los
bienes respectivos hayan sido lícitamente adquiridos.
10) Vigencia
Señala el artículo
33 de la Ley 333 de 1996:
"Artículo
33. De la vigencia. Esta Ley rige a partir de la fecha de su promulgación.
No obstante, la
extinción del dominio se declarará, cualquiera sea la época de la adquisición o
destinación ilícita de los bienes o derechos, aun tratándose de situaciones
jurídicas existentes con anterioridad a la vigencia de esta Ley, siempre que
dicha adquisición o destinación ilícita de los bienes o derechos haya sido
realizada con posterioridad a la existencia de los delitos que dan lugar a esta
medida de extinción, así la legislación haya modificado o modifique la
denominación jurídica, sin perjuicio del término de prescripción de que trata
el artículo 9º de esta Ley.
En todo caso, se
entenderá que la adquisición ilícita de los bienes no constituye justo título,
causa un grave deterioro de la moral social y es conducta con efectos
permanentes".
Algunos de los
actores sostienen que esta norma es inconstitucional por desconocer derechos
adquiridos y por otorgar carácter retroactivo a normas de naturaleza penal.
No lo estima así la
Corte Constitucional, lo que implicará la declaración de exequibilidad del
precepto, en la parte que contempla la posibilidad de extinguir el dominio de
bienes independientemente de la época en la cual se produjo la adquisición o
destinación ilícita de ellos, aun tratándose de situaciones jurídicas
existentes con anterioridad a la vigencia de la ley.
Como se ha
explicado, el artículo 34 de la C.P., rechaza, en términos absolutos, toda
protección jurídica a la adquisición de bienes mediante enriquecimiento
ilícito, en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral
social. No solamente se ha prohibido, de manera perentoria, que hacia el futuro
se incrementen los patrimonios personales de las personas sometidas al orden
constitucional colombiano por la vía de las indicadas modalidades ilícitas,
sino que se ha ordenado, en el más alto nivel de la juridicidad, que las
autoridades estatales persigan las fortunas que a ese título ya se habían
obtenido, inclusive antes de entrar a regir la Carta Política. Y eso es así
porque, a la luz de la Constitución de 1886, los comportamientos que hoy
describe la norma citada tampoco generaban derecho alguno, como quiera que el
artículo 30 de esa codificación sólo garantizaba la propiedad y los demás
derechos adquiridos "con justo título, con arreglo a las leyes
civiles", de tal manera que cuando, con base en cualquiera de los delitos
que el artículo 2 de la Ley examinada, una persona creyó adquirir el derecho de
propiedad sobre un bien o grupo de bienes, ya sabía, antes de la existencia del
artículo 34 de la Constitución de 1991, sobre el carácter ilegítimo de su
pretendido derecho y acerca de que él, ante el Estado colombiano, carecía de
toda protección.
Por tanto, no
solamente es constitucional que se contemple la viabilidad de extinguir el
dominio de bienes adquiridos en tales condiciones en épocas anteriores a la
vigencia de la actual Constitución, sino que ésta resulta violada por cualquier
determinación legal que delimite en el tiempo, pasado o futuro, la acción
correspondiente.
El Constituyente ha
querido trazar una clara, visible y decidida frontera moral y jurídica, que sirva
al propósito de reordenar de manera radical a la sociedad colombiana, atacada
en los últimos lustros por los efectos deletéreos de la corrupción y el
narcotráfico, entre otros males que han desdibujado en la conciencia social las
mejores tradiciones de un país que siempre ha asociado la riqueza y el
bienestar al trabajo honesto y que, asimismo, ha estimado como la mayor
traición a los deberes públicos el enriquecimiento que se configura a partir
del menoscabo del erario.
El repudio a los
actos que erosionan en un grado superlativo el ethos colectivo o los
valores supremos de la dignidad humana, se expresa en la Constitución bajo la
forma de disposiciones absolutas, como la que proscribe la esclavitud y el
enriquecimiento proveniente de las actividades indicadas. Se trata en estos
casos de aplicar la voluntad constituyente a la extirpación de fenómenos que no
pueden coexistir con el primado de la Constitución, así sus manifestaciones
iniciales fuesen anteriores a su vigencia.
El enriquecimiento
derivado de las actividades descritas -conviene recabarlo- era ilícito sin
atenuantes aun bajo el régimen constitucional precedente, por lo cual no puede
alegarse que los delincuentes, o quienes de mala fe se aprovecharon de sus
riquezas pudieran hoy reclamar protección jurídica sobre la base de que
entonces ignoraban que el artículo 34 de la Constitución habría de ser
promulgado. Dicha norma representa apenas la consecuencia actual del germen que
ya afectaba el dominio, habida cuenta de la ilicitud de los hechos en que se
fundaba.
Al dictarse la
norma, las fortunas y patrimonios de espurio origen no tenían ningún justo
título qué oponer a la prohibición, ya de tiempo atrás consagrada en el
sistema jurídico y que en ella se elevaba a canon constitucional. También, bajo
la anterior Constitución, tales adquisiciones quedaban por fuera de la tutela
jurídica y el Derecho positivo incorporaba el principio según el cual a nadie
se permite invocar su dolo o su culpa como fuente de derechos.
La garantía de la
irretroactividad de las leyes penales no puede ser esgrimida frente a una
consecuencia de estirpe constitucional que gobierna los efectos de situaciones
pasadas y que, además, se predica de los bienes y por sí misma no entraña
pérdida de la libertad. La irretroactividad penal toma en consideración el
elemento personal y de libre albedrío que deben intervenir en la decisión de
adoptar una conducta o de evitarla, según la calificación legal que sobre ellas
recaiga. La extinción del dominio es una secuela, de conformidad con la
Constitución y según la   Ley   examinada,   de una   actividad delictiva
previa -que deja incólume el principio de irretroactividad de la ley penal, por
lo cual no se trata de una pena-, que se dirige a operar sobre los bienes obtenidos
a causa del delito o derivados de éste.
Llegar hasta el
extremo de sostener que aun a las sanciones ad rem que tienen como
antecedente el delito, debe aplicarse la garantía de la irretroactividad,
equivale a sostener que el ordenamiento, mediante el juego de
estímulo-disuasión, concede al delincuente en relación con los frutos de su
delito un espacio legítimo para discernir el curso de la conducta que ha de
seguir, de suerte que, si se ordenare la   extinción   retroactiva  de los
bienes mal habidos -según la tesis de los demandantes- se lo habría
"sorprendido" de manera maligna por el Estado y se habría
injustamente conculcado sus "derechos adquiridos" sobre el botín
arrebatado a la víctima de sus fechorías o al erario.
La Corte no acepta
el argumento de los actores, por cuanto desvirtúa el verdadero sentido de la
irretroactividad de la ley, que consiste en la protección de quien ya ha sido
amparado por el Derecho, ante la posible arbitrariedad de futuros legisladores
que, por razones políticas o de otra índole, pudieran pretender atropellarlo,
desconociendo sus derechos adquiridos. Tal institución no es ahora, y no lo fue
jamás, una argucia para legitimar lo que siempre fue ilegítimo.
A quienes razonan
como lo hicieron los demandantes cabría preguntarles si acaso, al margen del
decomiso penal aplicable a los frutos de la actividad delictiva, el
delincuente, o sus causahabientes de mala fe, pueden pretender, y aun atreverse
a reclamar jurídicamente, la inmunidad e intangibilidad de su patrimonio ilícito,
exigiendo que la extinción del dominio fuese establecida antes de la comisión
de la infracción de la que derivan su fortuna.
Así como, si no
cobijara situaciones anómalas anteriores que se proyectan sobre el presente, el
precepto constitucional perdería sustancialmente significado como norma
configuradora de la realidad social, también resultaría extraño a la misma que
su efecto futuro se limitara por virtud de la ley. La disposición
constitucional -insiste la Corte- tiene carácter absoluto y no puede la ley
menoscabar el efecto profundo que ella pretende tener en la estructura social y
económica del país.
Dicha regla, de otra
parte, contribuye a definir por exclusión el campo de lo que no se protege
bajo el concepto de propiedad y, al mismo tiempo, precisa un camino o
método que se juzga inepto para consolidar derechos subjetivos en cualquier
época. Dada la doble función de la norma constitucional -que por una parte
define, con proyección efectiva hacia el futuro, la consecuencia del no
reconocimiento jurídico a la propiedad ilícita, y, por otra, prohibe las
conductas futuras que encajen en su preceptiva, ambos mandatos con el carácter
supremo del Estatuto Fundamental-, de ninguna manera puede el legislador, en
ejercicio de un poder constituido y subalterno, reducir su alcance temporal,
medida que, en este caso,  no tendría efecto distinto que el de desplazar las
fronteras puestas por el Constituyente, con el objeto de amparar los frutos
ilícitos obtenidos por quienes desafiaron el Derecho positivo en su nivel
superior y atentaron gravemente contra la sociedad.
Bajo el manto de la
irretroactividad de las leyes penales y el respeto a los derechos adquiridos,
entendidos de manera equivocada, se pretende sustraer eficacia a una
disposición constitucional absoluta, como si su efectividad tuviese menos
consideración que la intangibilidad de los patrimonios nacidos e incrementados
con abierto desacato de la misma Constitución, de las leyes y de la moral
social.
Sobre el carácter
intemporal de las consecuencias negativas del delito, dispuesto por la
Constitución, ya se pronunció la Corte en una pasada oportunidad, en la que
expresó:
“El Constituyente
puede erigir en causal de ineligibilidad permanente para ocupar ciertos cargos
públicos, hechos y circunstancias muy diversas, inclusive ajenos a la voluntad
de las personas, como acontece con la doble nacionalidad y el parentesco en
algunos casos. No se ve porqué no pueda el Constituyente asociar el presupuesto
constitutivo de una causal de inhabilidad, a la expedición de una sentencia
condenatoria por la comisión de un delito contra el patrimonio público. La
defraudación previa al erario público, es un precedente que puede legítimamente
ser tomado en consideración por la Constitución, para impedir que en lo
sucesivo la persona que por ese motivo fue condenada penalmente asuma de nuevo
el manejo de la cosa pública. El propósito moralizador que alienta la
Constitución no se ha detenido ante las causales de ineligibilidad que por
causas idénticas se aplican a los condenados que aspiran a ser Congresistas. Si
en este evento, en atención a un criterio de proporcionalidad de la pena, se
autorizara a la ley para imponer un término máximo de duración de la
inhabilidad contemplada en el artículo 122 de la C.P., no sería posible dejar
de hacerlo respecto de las restantes inhabilidades plasmadas directamente en la
Constitución. En esta hipótesis, que la Corte no comparte, la ley estaría
modificando el diseño moral mínimo dispuesto por el Constituyente.” (Sentencia
C-038/96 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
La garantía que el
artículo 58 de la Constitución confiere a la propiedad supone la licitud de la
misma. En otros términos, no está amparada por la Constitución, como
diáfanamente lo declara su artículo 34, la propiedad mal habida, la lograda
mediante el delito, a través del enriquecimiento ilícito, con grave perjuicio
para el Tesoro Público o transgrediendo las reglas mínimas de la moral social.
Cuando el artículo
58 de la Carta declara que los derechos adquiridos no pueden ser desconocidos
ni vulnerados por leyes posteriores, supone que ellos se alcanzaron por sus
titulares "con arreglo a las leyes civiles", expresión que, a juicio
de la Corte, no es específica sino genérica, es decir, alude tanto a las reglas
integrantes del Código Civil y disposiciones complementarias, como al conjunto
del ordenamiento jurídico basado en la Constitución.
Así lo entendió
también la Corte Suprema de Justicia, que al efecto expuso:
"…desborda los
ordenamientos que tradicionalmente corresponden al ámbito del Código Civil para
comprender cualesquiera otros que reconozcan u otorguen a las personas
particulares beneficios patrimoniales, así tengan su origen en precepciones de
derecho público propiamente dicho o en normas que, como un desprendimiento o
especialización de la ley civil tradicional, han alcanzado autonomía y
lineamientos peculiares bajo el nombre de derecho del trabajo o de la previsión
social, ubicándose en el terreno del orden público" (C.S.J. Sentencia del
15 de marzo de 1968).
Aunque el actual
texto del artículo 58 de la Carta no contiene las expresiones "justo
título", que caracterizaban la propiedad constitucionalmente protegida en
el artículo 30 de la Constitución de 1886, y ello precisamente porque el
Constituyente de 1991 las trasladó al inciso 2 del artículo 34 en forma más
severa y determinante, tal elemento es indispensable, a la luz de dicho
precepto y del 83 ibídem, para acceder a la garantía que al derecho de
dominio ofrece el sistema jurídico.
La normatividad
examinada no desconoce derechos adquiridos consolidados. En los supuestos que
ella contempla, se obtuvo la propiedad en abierta transgresión al Derecho
vigente, desbordando los límites trazados por el orden jurídico, quebrantando
los derechos de los demás y, en consecuencia, no puede afirmarse que existiera
un derecho legítimo de los presuntos titulares de la propiedad. La mala fe no
puede generar derecho alguno frente al orden constitucional.
No se está
confiriendo efecto retroactivo a sanciones penales. Simplemente se está
haciendo explícita por la ley una condición que ya el ordenamiento jurídico
imponía, desde el momento en que se produjo la adquisición de la propiedad y
que, por tanto, era suficientemente conocida por los infractores: la propiedad
lograda con base en conductas ilícitas, en hechos reprobados ya por las
disposiciones que regían, jamás puede legitimarse.
Mediante las
disposiciones de esta Ley no se hace nada distinto de afirmar el mecanismo
institucional para deducir la consecuencia de la señalada premisa: la entrega
al Estado de unos bienes que nunca fueron de la legítima propiedad de quienes
decían ser sus dueños.
Contra lo que
señalan los demandantes, la norma examinada no vulnera el principio de
irretroactividad de la ley penal, primero porque, como ya se dijo, no se está
ante la aplicación de penas, y segundo por cuanto la figura allí prevista no
corresponde al concepto de retroactividad, en su sentido genuino, sino
al de retrospectividad.
En efecto, puede
verse en el texto del artículo que la Ley aprobada "rige a partir de la
fecha de su promulgación", es decir que sus disposiciones tendrán efecto y
concreción en el futuro y sobre la base del conocimiento público y oficial de su
contenido. Luego no es retroactiva.
Sin embargo, el
segundo inciso advierte que la extinción del dominio habrá de declararse con
independencia de la época de la adquisición o destinación ilícita de los bienes
o derechos, aun tratándose de situaciones jurídicas existentes con anterioridad
a la vigencia de la Ley.
Esta previsión no
implica que se autorice a los jueces para desconocer derechos adquiridos con
arreglo al orden jurídico precedente, pues si ello fuese así se tendría sin
duda una flagrante inconstitucionalidad, dada la garantía que contempla el
artículo 58 de la Carta Política, el cual asegura que los derechos adquiridos
con arreglo a las leyes civiles "no pueden ser desconocidos ni vulnerados
por leyes posteriores".
Pero no es ese el
caso, según se desprende de la interpretación que esta Corte ha hecho sobre los
alcances del artículo 34, inciso 2, de la Constitución, toda vez que, al tenor
de ella, en los eventos allí descritos, desarrollados por los artículos 2 de la
Ley 333 de 1996 y 14 de la Ley 365 de 1997, no hay derecho adquirido alguno.
Esto significa, por sustracción de materia, que, no habiendo objeto sobre el
cual pueda haber recaído la protección del sistema jurídico, es no solamente
posible sino natural y obvio que el Estado tenga la facultad de hacer explícito
mediante sentencia que ningún derecho existía, con miras a deducir los efectos
prácticos de esa situación jurídica, tomando para sí, a nombre de la sociedad,
los bienes mal habidos, sin importar la fecha en que la supuesta adquisición se
produjo.
Para la Corte, el
principio de irretroactividad de la ley descansa más en la necesidad de
realizar la seguridad jurídica, como valor de interés público, que en la
protección ciega y absoluta del interés individual.
Como explica Francois
Terré (Introduction générale au droit. Précis Dalloz. Paris. 1991. P. 364),
"si un individuo que ha obedecido la orden de la ley pudiera ser
molestado bajo el pretexto de que una ley posterior ha modificado los términos
de la reglamentación que existía antes, la ley perdería toda su fuerza, puesto
que nadie osaría ni siquiera ejecutar las órdenes de la ley por el temor de ver
ulteriormente actos, aunque legítimamente ejecutados, criticados por una
ley nueva y desconocida" (subraya la Corte)
Supuesto esencial de
la garantía de irretroactividad de la ley es, entonces, la legitimidad del
derecho consolidado según el orden jurídico anterior.
El propósito de ese
postulado no es otro que el de crear en los gobernados la certidumbre acerca de
que si cumplen las leyes vigentes y al amparo de ellas adquieren derechos o a
su favor se perfeccionan situaciones jurídicas, las nuevas leyes que el Estado
promulgue no habrán de afectar lo que legítimamente se obtuvo con anterioridad
a su vigencia.
Pero, a la inversa,
el Estado goza de libertad para regular los efectos de hechos anteriores que no
han implicado la consolidación de derechos ni el perfeccionamiento de
situaciones jurídicas bajo la protección del orden jurídico precedente, en
especial si ello resulta indispensable para hacer que prevalezca el interés
colectivo.
En reciente
sentencia, que la Corte Constitucional comparte, la Sala Civil y Agraria de la
Corte Suprema de Justicia ha sostenido:
"De manera que
mientras la ley nueva no entre a regular el pasado para suprimir efectos
realizados de un derecho, ni a desconocer hacia el futuro la realidad de
derechos ya anticipadamente constituidos, ella no tiene alcance retroactivo ni
lesiona derechos adquiridos. Además, aun cuando la ley nueva puede llegar a
modificar los efectos futuros de hechos o actos anteriores, no por ello puede
sostenerse que se vulneran los derechos de que se trata, pues aquí se
presentaría el fenómeno de la retrospección, caracterizado por actuar sobre
hechos aún pendientes o sin producirse y no sobre la causa generadora del
derecho, que distingue particularmente a la retroactividad
(…)
Ahora bien, los
particulares no pueden prevalerse de las irregularidades que, por una u otra
causa, surgen en el devenir de la vida diaria para pretender derivar de ellas
la existencia de derechos adquiridos, menos cuando el ordenamiento jurídico
está orientado por el principio general de subsanar esas situaciones. De
ahí que, cual lo ha expuesto igualmente la Corte, las leyes de orden público
encaminadas a remediar injusticias sociales existentes, se expidan no sólo con
el propósito de evitar que tales injusticias se produzcan en el futuro sino que
se eliminen las ya producidas; o, en otros términos, que su aplicación
comprenda las nuevas situaciones y las anteriores…" (se subraya) (Cfr.
Sentencia del 29 de mayo de 1997. M.P.:Nicolás Bechara Simancas)
En efecto, sería un
contrasentido el hecho de que alguien invocara la protección de un supuesto y
mal llamado derecho subjetivo -en tanto que no ha sido amparado y reconocido
por el sistema jurídico- cuando lo cierto es que el derecho subjetivo sólo
ostenta esa calidad, en virtud del reconocimiento que previamente hace de él el
Derecho objetivo.
Así, si el Derecho
positivo nunca reconoció ni protegió una determinada situación, precisamente
porque procedía directa o indirectamente de una transgresión al orden jurídico,
no puede el infractor reclamar una inmunidad ante la acción del Estado ni
tampoco le es dable pretender, distorsionando las garantías constitucionales,
recuperar o conservar lo obtenido en contra de la ley. No sería racional ni
justo que alguien pudiera sacar provecho de una conducta lesiva de la
normatividad sólo porque después, y precisamente para afirmarla y hacerla
valer, el Constituyente o el legislador introducen mecanismos aptos para sacar
a flote la ilicitud antecedente y para deducir los resultados prácticos de la
misma. No debe el Estado, a través de su inercia, premiar a quien no ha
obedecido la ley, ni la jurisdicción impedirle, por un mal entendido alcance
del principio de no retroactividad de las leyes, forzarlo a sanear aquello que
siempre estuvo viciado.
Por ello, se
reitera, el concepto de retroactividad de las normas no se aplica al caso bajo
estudio, pues aquél supone necesariamente que exista un derecho adquirido
(según las voces de la teoría clásica) o una situación jurídica (de acuerdo con
la teoría moderna expuesta por Paul Rubier), elementos que, desde luego, llevan
implícito el ya consolidado reconocimiento y amparo de la ley anterior. No
siendo así, la discusión sobre el punto pierde todo sustento.
Las anteriores
afirmaciones son plenamente compatibles con el conjunto de principios y reglas
que en nuestro sistema jurídico han fijado la manera en que la ley se aplica en
el tiempo. Entre las disposiciones que sobre la materia contempló la Ley 153 de
1887, aplicable a los negocios jurídicos celebrados en el presente siglo aunque
todavía no se hubiera introducido el actual artículo 34 de la Carta ni se
hubiera dictado la Ley 333 de 1996, vale la pena recordar el tenor literal de
las siguientes:
"Artículo 17.
Las meras expectativas no constituyen derecho contra la ley nueva que las anule
o cercene".
Artículo 18. Las leyes que por motivos de moralidad,
salubridad o utilidad pública restrinjan derechos amparados por la ley
anterior, tienen efecto general inmediato.
Si la ley
determinare expropiaciones, su cumplimiento requiere previa indemnización, que
se hará con arreglo a las leyes preexistentes ...
(...)
Artículo 28. Todo derecho real adquirido bajo una ley y
en conformidad con ella, subsiste bajo el imperio de otra; pero en cuanto a
su ejercicio y cargos y en lo tocante a su extinción, prevalecerán las
disposiciones de la nueva ley" (se subraya).
Como se puede apreciar,
todas estas normas se refieren a la protección de derechos adquiridos de
acuerdo con un régimen legal anterior. Este es el presupuesto ineludible para
que opere la garantía contra los actos del legislador.
Por otra parte, vale
la pena anotar que, si al legislador no le está vedado desconocer
extraordinariamente verdaderos derechos adquiridos cuando motivos de interés
general, público o social, utilidad o necesidad públicas y la equidad así lo
aconsejen, más aún puede la ley actuar en contra de situaciones que no son
reconocidas como derechos, sino que simplemente han tenido la apariencia de
tales, bajo una presunción de validez desvirtuada por la sentencia que declara
la extinción del dominio, sobre presupuestos como el enriquecimiento ilícito, en
perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social, que son
justamente los que originan, en el ordenamiento vigente, la consecuencia de tal
declaración.
Por esas mismas
razones, que justifican la constitucionalidad de la norma en cuanto consagra un
carácter retrospectivo de la extinción del dominio, puesto que implican también
la consecuencia jurídica de que los vicios que afectan el patrimonio mal habido
jamás pueden sanearse, y menos todavía inhibir al Estado para perseguir los
bienes mal adquiridos, se declarará inexequible la última parte del inciso 2 de
la norma, que dice:
"...siempre que
dicha adquisición o destinación ilícita de los bienes o derechos haya sido
realizada con posterioridad a la existencia de los delitos que dan lugar a esta
medida de extinción, así la legislación haya modificado o modifique la
denominación jurídica, sin perjuicio del término de prescripción de que trata
el artículo 9º de esta Ley".
Y, por unidad de
materia, dada la inescindible relación con el aparte hallado contrario a la
Constitución, será también declarado inexequible el artículo 9 de la Ley, ya
que, contra el claro sentido intemporal del citado precepto de la Constitución,
consagra una prescripción de la acción de extinción del dominio, dando lugar al
saneamiento -no querido por la Carta- de las fortunas ilícitas.
La Corte declara la
inconstitucionalidad de la prescripción de la acción de extinción del dominio,
sin que ello suponga que se pronuncia acerca de la prescripción adquisitiva del
mismo, regulada por leyes civiles que no han sido demandadas.
DECISION
Con fundamento en
las consideraciones precedentes, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la
República de Colombia, oído el concepto del Ministerio Público y cumplidos los
trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Declárase EXEQUIBLE
la Ley 333 de 1996, "por la cual se establecen las normas de extinción de
dominio sobre los bienes adquiridos en forma ilícita", en cuanto no se
configuraron los vicios de procedimiento alegados.
Segundo.- Decláranse
EXEQUIBLES, en los términos de esta Sentencia, los artículos 1, 2, 4, 5,
6, 10, inciso 1, 21 (parágrafo), 24 y 32 de la Ley 333 de 1996.
Tercero.- Declárase EXEQUIBLE
el artículo 3 de la Ley 333 de 1996, excepto las expresiones "con
excepción de los derechos personalísimos", que se declaran INEXEQUIBLES.
Cuarto.- Decláranse
EXEQUIBLES los siguientes apartes del artículo 7 de la Ley 333 de 1996:
" Artículo
7º. De la Naturaleza de la acción. La
acción de extinción del dominio de que trata esta Ley es de naturaleza
jurisdiccional y de carácter real, y procederá contra el titular real o
presunto o los beneficiarios reales de los bienes (...)
Si la acción penal
se extingue o termina sin que se haya proferido decisión sobre los bienes,
continuará el trámite ante el mismo funcionario que conoció del proceso penal y
procederá la declaración de extinción del dominio de aquellos bienes adquiridos
en cualquiera de las circunstancias de que trata esta Ley.
(...)"
Quinto.- Declárase
INEXEQUIBLE el artículo 9 de la Ley 333 de 1996.
Sexto.- Declárase EXEQUIBLE
el artículo 33 de la Ley 333 de 1996, excepto la expresión "siempre
que dicha adquisición o destinación ilícita de los bienes o derechos haya sido
realizada con posterioridad a la existencia de los delitos que dan lugar a esta
medida de extinción, así la legislación haya modificado o modifique la
denominación jurídica, sin perjuicio del término de prescripción de que trata
el artículo 9º de esta Ley", perteneciente a su inciso 2, que se declara INEXEQUIBLE.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
cúmplase y archívese el expediente.
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Presidente
JORGE ARANGO
MEJIA                 EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado                      Magistrado
CARLOS GAVIRIA
DIAZ               HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado                   Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ
CABALLERO            FABIO MORON DIAZ
Magistrado                     Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Aclaración y
Salvamento parcial de voto a la Sentencia C-374/97
EXTINCION DE
DOMINIO-Sanción de
carácter penal (Aclaración y salvamento parcial de voto)
EXTINCION DE
DOMINIO-La propiedad nace
a la vida jurídica pero con un vicio esencial (Aclaración y salvamento parcial
de voto)
No veo como se puede extinguir el dominio
de un bien que no ha nacido a la vida jurídica, mas aún cuando el propio Estado
por diferentes medios, registro inmobiliario, registro catastral, imposición de
obligaciones tributarias, lo ha reconocido como tal. Por lo demás, no puede el
intérprete de la Constitución ser mas sabio que el propio Constituyente que
expresamente empleó la expresión "extinción del dominio". La
propiedad nace a la vida jurídica, pero con un vicio esencial que afecta su
legitimidad en los términos de la Constitución y que habilita al Estado,
mediante decisión judicial, para ponerle fin.
PRESCRIPCION
EXTINTIVA DE LA ACCION DE DOMINIO-Saneamiento situaciones irregulares o ilícitas/PRESCRIPCION-Facultad
legislativa de determinación (Aclaración y salvamento parcial de voto)
La sentencia, al partir del supuesto del no
nacimiento del dominio en las circunstancias que prevé el art. 34 superior, no
avala constitucionalmente la figura de la prescripción extintiva. Con ello, se
atenta contra la seguridad jurídica, pues el fin público de  la institución de
la prescripción como lo reconoce la doctrina y la jurisprudencia es
precisamente la de sanear las situaciones irregulares o ilícitas, hasta el
punto de que es un instituto para la extinción de la acción penal y de la pena
misma impuesta por el juez y, además, se le niega al legislador una competencia
que le es propia para determinar en que casos opera la figura de la
prescripción. Nos hallamos así ante una verdadera paradoja jurídica dentro de
nuestro ordenamiento jurídico que se enuncia asi: todo prescribe, incluso el
delito y la pena, menos, según la sentencia, la acción de extinción del
dominio. En tal virtud indudablemente, la decisión implica una seria,
injustificada e inconstitucional injerencia del juez constitucional en el
ámbito de una competencia que es exclusiva del legislador, a quien le compete
establecer las formalidades para el acceso a la justicia y del debido proceso.
EXTINCION DE
DOMINIO-Legislador señala
condiciones de operancia de la retrospectividad (Aclaración y salvamento
parcial de voto)
En la sentencia se dice que la extinción de
dominio es una sanción patrimonial, que no tiene un efecto retroactivo sino
retrospectivo, pero, sin embargo, se le niega al legislador una facultad que
igualmente es de su resorte, como es la de señalar en que condiciones opera
dicha retrospectividad.
Referencia: Expedientes
acumulados D-1551, D-1553, D-1554, D-1556, D-1559, D-1561, D-1562, D-1568,
D-1570 y D-1571.
Demandas de
inconstitucionalidad instauradas contra la Ley 333 de 1996, "Por la cual
se establecen las normas de extinción de dominio sobre los bienes adquiridos en
forma ilícita".
Con el respeto
debido por la decisión mayoritaria, adoptada por la Sala Plena de la
Corporación en el asunto de la referencia, procedo a exponer las razones de mi
aclaración y salvamento de voto parcial a dicha decisión, en los siguientes
términos:
1. En la sentencia
C-389 de 1994 de la cual fui ponente, y que fue aprobada en forma unánime por
los integrantes de la Corporación, se expusieron una serie de criterios en
relación con la figura jurídica de la extinción del dominio, cuando aún el
legislador no había hecho un desarrollo completo del art. 34 de la Constitución
Política y se vinculaba a esta especie de extinción con la idea de una pena, es
decir, de una sanción de carácter penal. Esto último se corrobora con los
antecedentes que se traen a colación en la referida sentencia.
2. Los criterios
expuestos en la aludida sentencia, necesariamente giraron en torno a la
concepción exclusivamente penal imperante en ese entonces con respecto a la
figura, mas aún cuando de lo que se trataba era de definir si se ajustaba a la
Constitución o no un aparte del parágrafo segundo del art. 60 del Código de
Procedimiento Penal que establecía que "Tratándose de bienes no vinculados
a un proceso penal, si transcurrido un año no son reclamados, se declarará la
extinción de su dominio".
Fue entonces dentro
de dichos contexto y circunstancias como la Corte expresó, para declarar
inexequible el referido segmento normativo, lo siguiente:
"a) El
inciso 2o. de la norma en cita contiene un mandato del constituyente, en el
sentido de que perentoriamente ordena declarar extinguido el derecho de dominio
sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del
Tesoro Público o con grave deterioro de la moral pública".
"El sentido
teleológico del precepto consiste en que el Estado no puede avalar o legitimar
la adquisición de la propiedad que no tenga como fuente un título válido y
honesto; es decir, que la propiedad se obtiene en cierto modo mediante la
observancia de los principios éticos. La protección estatal, en consecuencia,
no cobija a la riqueza que proviene de la actividad delictuosa de las personas;
es decir, no puede premiarse  con el amparo de la autoridad estatal la
adquisición de bienes por la vía del delito; el delincuente debe saber que el
delito no produce utilidades, sino que por el contrario coloca a éste en la
obligación de otorgar una retribución a la sociedad a través de la
pena".
"b) La
extinción procede mediante sentencia judicial y previa observancia del debido
proceso consagrado en el art. 29 de la Constitución Política".
"c)
Corresponde al legislador definir el alcance o contenido del concepto
enriquecimiento ilícito, como ya lo ha hecho, y determinar cuando se configuran
las hipótesis del "perjuicio del Tesoro Público o grave deterioro de la
moral social". Actualmente, ya el legislador ha considerado que existe
dicho deterioro en los casos de los delitos de narcotráfico".
"d) La
medida tiene la naturaleza jurídica de una pena accesoria a la que  corresponde
al delito que se juzgue. Sin embargo, el legislador la puede instituir como una
pena principal".
"e) La
extinción se configura como una sanción objetiva, pues puede ser decretada
siempre que en el proceso judicial correspondiente se acrediten los supuestos
fácticos que la norma del art. 34 prevé para que opere dicha
extinción".
"Como
conclusión del tema que se desarrolla, es posible afirmar que nuestro
ordenamiento constitucional no autoriza al legislador para establecer a su
arbitrio la extinción del derecho de dominio, pues esta figura sólo puede ser
regulada dentro del marco constitucional que aparece trazado por los artículos
34 y 58 de la Constitución Política".
3. En la sentencia de
la cual parcialmente discrepo, se parte del supuesto de que cuando se adquiere
un bien en cualquiera de las circunstancias que señala el art. 34 de la
Constitución, propiamente no se adquiere el dominio sino una apariencia de
dominio que se desvirtúa mediante la declaración judicial de extinción.
4. No comparto este
criterio, porque no veo como se puede extinguir el dominio de un bien que no ha
nacido a la vida jurídica, mas aún cuando el propio Estado por diferentes
medios, registro inmobiliario, registro catastral, imposición de obligaciones
tributarias, lo ha reconocido como tal. Por lo demás, no puede el intérprete de
la Constitución ser mas sabio que el propio Constituyente que expresamente
empleó la expresión "extinción del dominio", siguiendo la tradición
jurídico cultural que se ha tenido de la figura desde su consagración en la ley
200 de 1936.
Por lo demás, estimo
que no era necesario acudir a la fórmula que utiliza la sentencia para arribar
a la conclusión de que es posible extinguir el dominio en los eventos que
menciona el art. 34 de la Constitución, si se tiene en cuenta que lo que sucede
es que la propiedad nace a la vida jurídica, pero con un vicio esencial que afecta
su legitimidad en los términos de la Constitución y que habilita al Estado,
mediante decisión judicial, para ponerle fin.
5. En la sentencia
C-374/97 se declaró inexequible el art. 9 de la ley 333 de 1996 que dice :
"De la
prescripción. La acción de extinción del dominio prescribirá en el término de
veinte (20) años contados desde la última adquisición o destinación ilícita de
los bienes, cualesquiera sea".
Igualmente, se
declaró inexequible el aparte normativo del art. 33 que se subraya :
"De la
vigencia. Esta ley rige a partir de la fecha de su promulgación"
"No obstante,
la extinción del dominio se declarará cualquiera sea la época de la adquisición
o destinación ilícita de los bienes o derechos, aun tratándose de situaciones
jurídicas existentes con autoridad a la vigencia de esta ley, siempre que
dicha adquisición o destinación ilícita de los bienes o derechos haya sido
realizada con posterioridad a la existencia de los delitos que dan lugar a esta
medida de extinción, así la legislación haya modificado o modifique la
denominación jurídica, sin perjuicio del término de prescripción de que trata
el artículo 9 de esta ley".
"En todo caso,
se entenderá que la adquisición ilícita de los bienes no constituye justo
título, causa grave deterioro de la moral social y es conducta con efectos
permanentes".
6. Con respecto a la
proscripción que hace la sentencia, en el sentido de que la propiedad adquirida
con los vicios a que alude el art. 34 de la Constitución no puede sanearse a
través de la prescripción, consideró lo siguiente:
Evidentemente, la
norma del art. 9 consagró la prescripción extintiva de la acción de extinción
de dominio, de modo que el Estado no podía declarar ésta cuando hubiere
transcurrido el término de veinte (20) años contados desde la última
adquisición o destinación ilícita de los bienes, cualesquiera sea.
La sentencia, al
partir del supuesto del no nacimiento del dominio en las circunstancias que
prevé el art. 34 superior, no avala constitucionalmente la figura de la
prescripción extintiva. Con ello, se atenta contra la seguridad jurídica, pues
el fin público de  la institución de la prescripción como lo reconoce la
doctrina y la jurisprudencia es precisamente la de sanear las situaciones
irregulares o ilícitas, hasta el punto de que es un instituto para la extinción
de la acción penal y de la pena misma impuesta por el juez y, además, se le
niega al legislador una competencia que le es propia para determinar en que
casos opera la figura de la prescripción. Nos hallamos así ante una verdadera
paradoja jurídica dentro de nuestro ordenamiento jurídico que se enuncia asi:
todo prescribe, incluso el delito y la pena, menos, según la sentencia, la
acción de extinción del dominio. En tal virtud indudablemente, la decisión
implica una seria, injustificada e inconstitucional injerencia del juez
constitucional en el ámbito de una competencia que es exclusiva del legislador,
a quien le compete establecer las formalidades para el acceso a la justicia y
del debido proceso.
7. En relación con
el pronunciamiento de inexequibilidad sobre el aparte subrayado del art. 33,
estimo que la sentencia no guarda congruencia en sus planteamientos. En efecto,
en ella se dice que la extinción de dominio es una sanción patrimonial, que no
tiene un efecto retroactivo sino retrospectivo, pero, sin embargo, se le niega
al legislador una facultad que igualmente es de su resorte, como es la de
señalar en que condiciones opera dicha retrospectividad. Por lo demás,
considero que la regulación contenida en el segmento normativo declarado
inexequible, no es inconstitucional, porque ella pertenece, como se dijo, a la
competencia que es propia del legislador y la cual no ha sido utilizada en
forma arbitraria ni desproporcionada a la finalidad que perseguía la norma. Es
decir, que en resumen, tratándose de la extinción del dominio tampoco le es
permitido al legislador, según la sentencia, regular la institución de la
retrospectividad.
En los anteriores
términos dejo consignado mi aclaración y salvamento de voto.
Santafé de Bogotá,
D.C., septiembre diez y nueve (19) de mil novecientos noventa y siete (1997).
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
Salvamento de
voto a la Sentencia C-374/97
CONDUCTA HUMANA-Control/CONTROL NORMATIVO-Alcance/CONDUCTA
OBLIGATORIA-Alcance (Salvamento de voto)
La conducta
humana puede ser controlada, en vista de alguna finalidad, de múltiples
maneras.  Para nuestro propósito podemos hablar de dos:  una que suprime la
libertad del agente, como cuando se encierra a alguien o se le ata para que no
se mueva de un lugar; y la otra cuando, asumiendo que el agente es libre, y
respetando esa libertad, se le estimula su voluntad para que observe un
comportamiento que se juzga deseable (ofreciéndosele un premio, por ejemplo) o
se desestimula una opción, que se estima indeseable, asociándole un castigo.
Esa segunda forma de control es la que se denomina normativa, y la última de
las modalidades descritas, es la que usualmente emplea el derecho.  A la
conducta desestimulada mediante la amenaza de una sanción, se le llama
obligatoria. Cuando a alguien se le impide actuar de un cierto modo o se le
compele por medios a los que no es posible resistir, es claro que no nos
encontramos frente a esa técnica específica de control que llamamos normativa.
La conducta que se prescribe ha de observarse en el futuro, es decir, después
de formulada la norma.
NORMA LEGAL-Conducta de la comunidad (Salvamento de
voto)
El Estado de
derecho regula la conducta de su comunidad mediante normas, pues asume que tal
comunidad está constituída por sujetos libres que sólo de ese modo pueden ser
dignamente tratados.  Renuncia, por principio, a cualquier técnica diferente de
control, que implique un avasallamiento brutal de la voluntad humana y, en
consecuencia, un desconocimiento de la condición de persona en tanto que sujeto
libre.  Esas simples observaciones subyacen a los principios del derecho penal
humanitario:  "nullum crimen, nulla poena sine previa lege".
EXTINCION DE
DOMINIO-Es una pena/EXTINCION
DE DOMINIO-Efectos futuros (Salvamento de voto)
No es cierto,
como se dice en la sentencia, que el dominio nunca nació. La misma ley dice que
la acción tiende a extinguir el dominio de los bienes adquiridos de un cierto
modo. Se decreta su extinción por haber sido adquirido por medios que el Estado
juzga indeseables y, por tanto, la consecuencia es sin duda sancionatoria.
Pero como dicho efecto negativo específico no se había contemplado antes de
expedirse la ley él, jurídicamente sólo podría tener lugar hacia el futuro,
asociado a adquisiciones ocurridas en adelante. La extinción del dominio tuvo
que establecerla la ley cuya constitucionalidad se examina y, por tanto, es
apenas un efecto contingente atribuído a ciertos hechos que, con toda razón,
quiere el legislador desestimular, pero que sólo pueden regir hacia el futuro. Se trata de una típica sanción penal
que, como tal, no puede ser aplicada a conductas anteriores a la ley que la
contempla, so pena de cambiar el control normativo de la conducta por un
control brutal, que nada tiene que ver con el Estado de derecho que nuestra
Constitución consagra.
NORMA LEGAL-Clasificación (Salvamento de voto)
ACCION DE
EXTINCION DE DOMINIO-No es
independiente de la responsabilidad penal/PRESUNCION DE INOCENCIA-Demostración
comisión del delito (Salvamento de voto)
La acción de
extinción del dominio no puede ser independiente de la responsabilidad penal.
Una acción cuya existencia está subordinada a la comisión de un delito, no
puede jamás ser "independiente de la responsabilidad penal". Por el
contrario, su nacimiento depende de ella: si no se demuestra la comisión del
delito, no hay lugar a la extinción del dominio. Establecer que la acción de
extinción del dominio es independiente de la responsabilidad penal, es
contrariar ostensiblemente la presunción de inocencia consagrada por el
artículo 29 de la Constitución. Es claro que solamente cuando el proceso penal
termina por sentencia condenatoria ejecutoriada, es procedente adelantar la
extinción del dominio: se ha demostrado jurídicamente la comisión del delito
que es el origen de los bienes mal habidos.
EXTINCION DE
DOMINIO-Procede si proceso
penal termina con sentencia condenatoria firme (Salvamento de voto)
Solamente cuando
el proceso penal termina por sentencia condenatoria firme, hay lugar a
adelantar la extinción del dominio.  En los demás casos (sentencia absolutoria
y extinción de la acción penal por prescripción o por la muerte del procesado),
la norma que permite ejercer la acción de extinción del dominio "con
absoluta independencia de la actuación penal", quebranta los artículos 29
y 248 de la Constitución.
PRESCRIPCION DE
LA ACCION DE EXTINCION DE DOMINIO-Constitucionalidad del término (Salvamento de voto)
Si la extinción
de dominio es una sanción penal, su imprescriptibilidad quebranta el artículo
28 de la Constitución, citado.  Pero si, como lo afirma la sentencia, es una
acción civil, correspondiente a un derecho de la misma naturaleza, ¿cómo aceptar
que si la acción penal y la pena, aun en los delitos más graves, se extinguen
por el paso del tiempo, no se extingan este derecho y esta acción de naturaleza
civil? Pero, al establecer la imprescriptibilidad de la acción de extinción del
dominio, asimilándola indebidamente a la reivindicatoria, olvidó la mayoría una
diferencia fundamental y elemental: la acción de dominio es imprescriptible
porque éste también lo es; en cambio el Estado jamás ha sido dueño de los
bienes que adquiere por la  extinción del dominio de los particulares sobre los
mismos.  Y como jamás fue dueño, no puede sostenerse que tenga un derecho de
dominio imprescriptible y una acción para recobrar la posesión, que tampoco se
extinga por el paso del tiempo. La declaración de inexequibilidad del artículo
9º., parte de un supuesto falso:  que la calidad de dueño de quien ha poseído
un bien por veinte años, se origina en un título viciado, que no es título
justo.  Se olvida, sin embargo, que en este caso (el de quien ha poseído por
veinte años), la adquisición del dominio se ha realizado por prescripción
adquisitiva extraordinaria, cuyo único título es la ley.
EXTINCION DE
DOMINIO-Exclusión
retroactividad por recaer sobre instrumentos del delito (Salvamento de voto)
Si la Corte quería
ser consecuente con sus premisas, debió excluir la retroactividad de la
extinción del dominio cuando ésta recae sobre los instrumentos del delito, pues
en tal caso, no es válido afirmar que no se había consolidado un derecho de
propiedad sobre el respectivo bien.
EXTINCION DE
DOMINIO-Aplicación a
bienes adquiridos con posterioridad a existencia de delitos (Salvamento de
voto)
La Corte es
totalmente inconsistente cuando declara la inexequibilidad del límite
establecido por el artículo 33 a los efectos retroactivos de la ley, a saber
que, la acción sólo podía aplicarse a bienes que hubieran sido adquiridos con
posterioridad a la existencia de los delitos que dan lugar a esa medida de
extinción. No hemos logrado entender cómo del principio de que el delito no
genera nunca derechos, la Corte dedujo que era posible que el Estado pudiera
extinguir el dominio de un bien proveniente de una actividad que no era
entonces delictiva. ¿O es que puede haber delitos sin ley previa que los
defina? Como vemos, el argumento es lógicamente inconsistente y muy peligroso
para la seguridad jurídica y las garantías constitucionales, pues permite que
la criminalización de una conducta en 1997, y su incorporación como causal de
extinción de dominio, pueda tener efectos en el pasado sobre la licitud de los
bienes obtenidos por alguien al realizar ese comportamiento, que entonces era
perfectamente lícito, conforme a ese principio esencial del constitucionalismo,
según el cual los particulares pueden realizar todas aquellas conductas que no
se encuentren prohibidas por el ordenamiento.
EXTINCION DE
DOMINIO-Retroactividad a
los casos de dolo en el adquirente (Salvamento de voto)
Si la sentencia
quería ser consistente, debió al menos limitar la retroactividad a los casos de
dolo en el adquirente y excluir los eventos de culpa grave. Es cierto que en el
campo del derecho civil esos conceptos a veces se asimilan. Sin embargo, la
diferencia es nítida, pues el dolo siempre exige el conocimiento de la ilicitud
de una conducta, y la voluntad, o al menos la aceptación, de su realización,
mientras que la  culpa, incluso si es grave, se funda en la negligencia o
imprudencia de quien no evita el evento antijurídico previsible.
Referencia:
Salvamento de voto de la sentencia C-374 de 1997. Demanda de varios ciudadanos
contra la Ley 333 de 1996, "Por la cual se establecen las normas de
extinción de dominio sobre los bienes adquiridos en forma ilícita."
Con nuestro
acostumbrado respeto, nos permitimos salvar nuestro voto de la presente
sentencia. Compartimos con la Corte las consideraciones generales relativas a
la legitimidad constitucional de la acción de extinción de dominio prevista por
la Ley 333 de 1996. Sin embargo, según nuestro criterio, los artículos de esta
ley que establecen la retroactividad (art. 33) y la autonomía procesal de esta
acción (art. 10 inciso primero) son inconstitucionales, por lo cual debieron
ser retirados del ordenamiento. En cambio, consideramos que no existía ninguna
razón para declarar la inexequibilidad del artículo 9º y de aquellos apartes
del artículo 33 que establecían un término prescriptivo para esta acción.
La sentencia
justifica su decisión a partir del siguiente argumento: el delito nunca genera
derechos, por lo cual la propiedad de los bienes derivados de actividades
delictivas no es más que un dominio aparente. En tales circunstancias, la
extinción de dominio no es una pena sino una acción declarativa, que se dirige
contra los bienes, y no contra las personas, por lo cual puede ser
procesalmente autónoma e independiente del proceso penal. Además, como la
acción simplemente declara que el  dominio no nació a la vida jurídica,
entonces no es retroactiva, ni desconoce derechos adquiridos, ni puede
prescribir, pues el mandato del artículo 34 de la Carta es absoluto, ya que,
como lo dice expresamente la sentencia, “los vicios que afectan el patrimonio
mal habido jamás pueden sanearse”. Según nuestro criterio, ese razonamiento es
equivocado pues parte de premisas falsas. De un lado, no sólo en general
ninguna regulación legal puede ser retroactiva, pues es de la esencia de toda
norma jurídica su prospectividad, sino que, además, según la propia ley, la
extinción de dominio es claramente una pena por la comisión de conductas
delictivas, por lo cual no puede ser retroactiva ni independiente del proceso
penal. De otro lado, creemos que la tesis de la imprescriptilidad de esta
acción procesal es contraria a la Constitución. Finalmente, según nuestro
parecer, la propia sentencia incurre en inconsistencias lógicas y conceptuales,
pues incluso si se aceptan sus premisas, ellas no conducen necesariamente a la
exequibilidad de todos los aspectos de la retroactividad de la extinción de
dominio prevista por la Ley 333 de 1996.
1.  Sobre la
retroactividad de las normas.
La conducta humana
puede ser controlada, en vista de alguna finalidad, de múltiples maneras.  Para
nuestro propósito podemos hablar de dos:  una que suprime la libertad del
agente, como cuando se encierra a alguien o se le ata para que no se mueva de
un lugar; y la otra cuando, asumiendo que el agente es libre, y respetando esa
libertad, se le estimula su voluntad para que observe un comportamiento que se
juzga deseable (ofreciéndosele un premio, por ejemplo) o se desestimula una
opción, que se estima indeseable, asociándole un castigo.
Esa segunda forma de
control es la que se denomina normativa, y la última de las modalidades
descritas, es la que usualmente emplea el derecho.  A la conducta desestimulada
mediante la amenaza de una sanción, se le llama obligatoria.
V.gr.: no matar, no atentar contra el patrimonio ajeno, etc.
El destinatario de
la norma, en tanto que sujeto libre, puede optar por la observancia de la
conducta que se juzga deseable (no matar, por ejemplo), y en ese caso el
castigo no debe ser, o afrontar la consecuencia sancionatoria
incurriendo en el comportamiento que mediante la amenaza de la fuerza trata de
desestimularse.  Es lo que caracteriza a la conducta prescrita por la norma y
que se denomina obligatoria: que no es necesaria (como en el caso
de los medios de control físico) ni imposible.  Cuando a alguien se le impide
actuar de un cierto modo o se le compele por medios a los que no es posible
resistir, es claro que no nos encontramos frente a esa técnica específica de
control que llamamos normativa.
Consecuencia lógica
de lo anterior, es que la conducta que se prescribe ha de observarse en el
futuro, es decir, después de formulada la norma.  No es irrelevante la
etimología de la palabra: prescribir (de prae - scribere) es
escribir antes.  Se nombra la conducta (se escribe) para que así ocurra en el
futuro.  Esto por la potísima y evidente razón de que yo puedo (en tanto que
sujeto libre) controlar mis actos futuros, pero no los pasados.  Un ejemplo
puede aclarar aun más lo dicho:  si el legislador juzga que fumar es
socialmente nocivo, puede asociar a esa conducta una pena drástica (20 años de
prisión, por ejemplo) que se impondrá a los que en adelante fumen.  Pero si
dispone que tal pena se imponga a quienes fumaron el año pasado, habrá
renunciado a la técnica de control normativa, aunque las apariencias puedan
inducir a engaño.
Por eso autores tan
poco sospechosos de radicalismo libertario como Lon L. Fuller, han concluído
que la prospectividad no es una característica valiosa de la norma, sino un
requisito ontológico.  Sin ella, no puede hablarse de norma.
Ahora bien: el
Estado de derecho regula la conducta de su comunidad mediante normas, pues
asume que tal comunidad está constituída por sujetos libres que sólo de ese
modo pueden ser dignamente tratados.  Renuncia, por principio, a cualquier
técnica diferente de control, que implique un avasallamiento brutal de la
voluntad humana y, en consecuencia, un desconocimiento de la condición de
persona en tanto que sujeto libre.  Esas simples observaciones subyacen a los
principios del derecho penal humanitario:  "nullum crimen, nulla poena
sine previa lege".
2.  ¿Es una pena
la extinción de dominio?
No vacilamos un
momento en responder afirmativamente esa pregunta.  Las razones abundan, pero
pueden citarse las mas relevantes:
1. No es cierto, como se dice en la
sentencia, que el dominio nunca nació.  La misma ley (art. 2)
dice que la acción tiende a extinguir el dominio de los bienes
adquiridos de un cierto modo.  La pregunta es obvia: ¿puede extinguirse
(dejar de ser) un derecho que nunca fue?  Se decreta su extinción por haber
sido adquirido por medios que el Estado juzga indeseables y, por tanto, la
consecuencia es sin duda sancionatoria.  Pero como dicho efecto negativo
específico no se había contemplado antes de expedirse la ley él, jurídicamente
sólo podría tener lugar hacia el futuro, asociado a adquisiciones ocurridas en
adelante.
2. Podrá argüirse que dicha consecuencia (la
extinción) es inherente a la adquisición del bien mediante dinero ilícitamente
incorporado al patrimonio.  Pero tal argumento no resiste el más mínimo
análisis.  Veamos: quien trafica con droga (vende) realiza un contrato que
puede ser declarado nulo por ilicitud de objeto, en virtud de las normas
contenidas en nuestro Código Civil (arts. 1524 y 1741), y hacerse acreedor a
las sanciones contempladas en las correspondientes normas penales.  Pero a la
violación de uno y otro estatuto no estaban asociadas más consecuencias que las
descritas.  La extinción del dominio que no es, como se da a entender en el
fallo, una consecuencia lógicamente necesaria, tuvo que establecerla la ley
cuya constitucionalidad se examina y, por tanto, es apenas un efecto
contingente atribuído a ciertos hechos que, con toda razón, quiere el
legislador desestimular, pero que sólo pueden regir hacia el futuro, por las
consideraciones que atrás quedan consignadas.
3. Una clasificación
de las normas, elaborada por el maestro Eduardo García Maynez y admirablemente
utilizada por Carlos Cossio, puede arrojar aun más luz sobre el asunto que se
examina.  Ella distingue tres clases de normas:
1) La que plantea
una relación de identidad entre el deber jurídico transgredido, y
la correspondiente sanción V.gr.: "Quien tenga indebidamente un bien
ajeno, debe restituírlo". ¿Cuál es el deber jurídico? Restituír lo que se
tiene indebidamente.  Y ¿a qué pueden condenar el transgresor? A que restituya.
2)  La que plantea
una relación de equivalencia entre los mismos términos. V.gr.: "Quien dañe
debe reparar".  El deber jurídico primario consiste en no dañar.  Pero si
alguien daña, no se le puede condenar a que no dañe (sólo quienes adhieren a
las normas retroactivas podrían incurrir en semejante exabrupto) si no a que dé
una suma equivalente al daño o que vuelva las cosas a un estado similar al
anterior.
3)  La que establece
una relación imponderable entre el deber jurídico transgredido y
la sanción. V.gr.: "Quien mate debe ser sancionado con prisión".
¿Existe alguna
relación racional entre el acto desestimulado y el tipo de castigo?  Ninguna.
La sanción la ha elegido arbitrariamente el legislador.  No se desprende
racionalmente de la transgresión, como en las dos categorías anteriores.
Allí radica el
carácter irracional del derecho penal y es ésa la razón para que sus normas no
puedan extenderse analógicamente.  Por que lo racional puede extenderse
racionalmente, pero lo irracional no.
Ahora bien: si a la
luz de esa clasificación preguntamos a cuál de esas categorías de normas
pertenece la extinción de dominio, la respuesta inexorable nos parece que es
ésta: a la tercera.  Bien pudo el legislador optar, arbitrariamente, por otra
consecuencia diferente a ésta, que no se desprende lógicamente de la naturaleza
del deber jurídico transgredido.  Se trata de una típica sanción penal que,
como tal, no puede ser aplicada a conductas anteriores a la ley que la
contempla, so pena de cambiar el control normativo de la conducta por un
control brutal, que nada tiene que ver con el Estado de derecho que nuestra
Constitución consagra.  Por eso, reiteramos, tales "normas" son
abiertamente violatorias de la Carta.
3. La
inconstitucionalidad de la independencia de la acción de extinción de dominio.
El artículo 10º de
la ley establece que “la acción de extinción del dominio es distinta e
independiente de la responsabilidad penal y complementaria de las actuaciones
penales”.
Lo primero que salta
a la vista es la incongruencia de esta declaración. Si lo complementario es “lo
que sirve para completar o perfeccionar alguna cosa”, ¿cómo esta acción puede
ser a la vez independiente y complementaria de la responsabilidad penal? ¿Se
olvida, acaso, que lo independiente es lo “que no tiene dependencia, que no
depende de otro”?
La verdad es
diferente: la acción de extinción del dominio no puede ser independiente de la
responsabilidad penal, como se demuestra fácilmente.
Una razón de orden
lógico, surge del texto mismo de la ley. De conformidad con el artículo 2º., la
procedencia de la acción de extinción del dominio está subordinada a la
comisión de uno de los delitos allí enumerados.  Y no podría ser de otra
manera.  Lo contrario implicaría que el legislador pudiera, a su capricho,
desconocer el derecho de dominio adquirido según la ley.  Es claro, en
consecuencia, que una acción cuya existencia está subordinada a la comisión de
un delito, no puede jamás ser “independiente de la responsabilidad penal”. Por
el contrario, su nacimiento depende de ella: si no se demuestra la
comisión del delito, no hay lugar a la extinción del dominio.
En síntesis:
establecer que la acción de extinción del dominio es independiente de la
responsabilidad penal, es contrariar ostensiblemente la presunción de inocencia
consagrada por el artículo 29 de la Constitución.
De lo anterior se
deduce fácilmente una consecuencia: también el inciso segundo del citado
artículo 10º contiene una disposición inconstitucional.  En efecto, en tal
inciso se dice que “en los casos en que los bienes tengan su origen en una
actividad delictiva”, se promoverá la acción de extinción “cuando la actuación
penal termine por cualquier causa y no se haya declarado en ésta la extinción
del dominio de los bienes … producto, efecto, instrumento u objeto del delito”.
Esta norma absurda se basa en el olvido de principios elementales del derecho y
de normas expresas de la Constitución.
¿Cómo declara el
Estado que alguien ha cometido un delito? Por medio de la sentencia
condenatoria ejecutoriada: “Toda persona se presume inocente mientras no se la
haya declarado judicialmente culpable”. (Artículo 29, C.P.). Y como para que no
quedara lugar a la menor duda, se estableció en el artículo 248 de la misma
Constitución: “Unicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales
tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los
órdenes legales”. Sobre el alcance de esta norma, se dijo en uno de los
salvamentos de voto a la sentencia C-319/96, de julio 18 de 1996:
“Juzgo inaceptable
el restringido alcance que en la sentencia se da al artículo 248 de la
Constitución, interpretación que lo convierte en una norma baladí, que no
debería figurar entonces en una Constitución, al estimar que no tiene que ver
directamente con el debido proceso, sino sólo con “los derechos fundamentales
al honor, al buen nombre o al habeas data,  pues, se repite, la norma
constitucional se refiere únicamente a ´antecedentes´”. Por el contrario, el
mencionado artículo no contiene este tipo de restricciones, como se desprende
fácilmente de su simple lectura:
“Artículo 248.
Unicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva
tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los
órdenes legales”.
“Como consecuencia
directa del artículo citado, el delito de enriquecimiento ilícito no es un
delito autónomo, es decir, en principio, requiere de sentencia previa, que
compruebe la comisión del delito que origina la riqueza indebidamente adquirida
por el tercero, a quien se acusa de esta clase de ilícito”. (Salvamento de voto
del magistrado Jorge Arango Mejía).
Es claro, en
consecuencia, que solamente cuando el proceso penal termina por sentencia
condenatoria ejecutoriada, es procedente adelantar la extinción del dominio: se
ha demostrado jurídicamente la comisión del delito que es el origen de los
bienes mal habidos.
Por el contrario, si
la acción penal se extingue por prescripción o por la muerte del procesado, es
evidente que no se destruyó la  presunción de inocencia, circunstancia que es
un obstáculo insalvable para el ejercicio de la acción de extinción del
dominio.  Lo mismo acontece cuando termina el proceso penal por sentencia
absolutoria firme.
Acaso por lo
anterior, incurriendo en una contradicción más, en el numeral 4 del artículo 12
se declaró: “En todos los casos se respetarán (sic) el principio de la cosa
juzgada”.
En conclusión:
solamente cuando el proceso penal termina por sentencia condenatoria firme, hay
lugar a adelantar la extinción del dominio.  En los demás casos (sentencia
absolutoria y extinción de la acción penal por prescripción o por la muerte del
procesado), la norma que permite ejercer la acción de extinción del dominio
“con absoluta independencia de la actuación penal”, quebranta los artículos 29
y 248 de la Constitución.
Todo lo anterior
está de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte sobre el artículo 34 de la
Constitución, contenida en la sentencia C-389/94, aprobada por unanimidad:
“Con fundamento en
el análisis precedente, la Corte hace las siguientes precisiones en torno a la
figura de la extinción del dominio consagrada en el art. 34 de la Constitución
Política:
“a) El inciso 2o. de
la norma en cita contiene un mandato del constituyente, en el sentido de que
perentoriamente ordena declarar extinguido el derecho de dominio sobre los
bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro
Público o con grave deterioro de la moral pública.
“El sentido
teleológico del precepto consiste en que el Estado no puede avalar o legitimar
la adquisición de la propiedad que no tenga como fuente un título válido y
honesto; es decir, que la propiedad se obtiene en cierto modo mediante la
observancia de los principios éticos. La protección estatal, en consecuencia,
no cobija a la riqueza que proviene de la actividad delictuosa de las
personas; es decir, no puede premiarse  con el amparo de la autoridad estatal
la adquisición de bienes por la vía del delito; el delincuente debe
saber que el delito no produce utilidades, sino que por el contrario
coloca a éste en la obligación de otorgar una retribución a la sociedad a
través de la pena.
“b) La extinción
procede mediante sentencia judicial y previa observancia del debido proceso
consagrado en el art. 29 de la Constitución Política.
“c) Corresponde al
legislador definir el alcance o contenido del concepto enriquecimiento ilícito,
como ya lo ha hecho, y determinar cuando se configuran las hipótesis del
"perjuicio del Tesoro Público o grave deterioro de la moral social".
Actualmente, ya el legislador ha considerado que existe dicho deterioro en los
casos de los delitos de narcotráfico.
“d) La medida tiene la
naturaleza jurídica de una pena accesoria a la que  corresponde al delito que
se juzgue. Sin embargo, el legislador la puede instituir como una pena
principal.
“e) La extinción se
configura como una sanción objetiva, pues puede ser decretada siempre que en el
proceso judicial correspondiente se acrediten los supuestos fácticos que la
norma del art. 34 prevé para que opere dicha extinción.
“Como conclusión del
tema que se desarrolla, es posible afirmar que nuestro ordenamiento
constitucional no autoriza al legislador para establecer a su arbitrio la
extinción del derecho de dominio, pues esta figura sólo puede ser regulada
dentro del marco constitucional que aparece trazado por los artículos 34 y 58
de la Constitución Política”. (Magistrado ponente, dr. Antonio Barrera
Carbonell).
4. Sobre la
constitucionalidad del término de prescripción de la acción de extinción de
dominio.
La mayoría, llevando
al extremo su afán moralizador, fue más allá de la voluntad del legislador:
éste había dictado el artículo 9º de la ley, que consagraba la prescripción de
veinte (20) años en relación con la acción de extinción de dominio, artículo
que fue declarado inexequible.
¿Cuál fue el
argumento esgrimido para esta declaración de inexequibilidad? El simplista, y por
lo mismo falso, de que como la conducta ilícita no creaba derecho, en cualquier
época podría declararse extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos
merced a aquélla.  Para llegar a esta conclusión errónea, se olvidaron
principios elementales del derecho, la razón de ser de la prescripción, tanto
extintiva como adquisitiva, y hasta normas expresas de la Constitución.
Al decir de
Josserand, “La prescripción llamada extintiva o liberatoria
realiza la extinción de un derecho, especialmente de un crédito, por el solo
transcurso de cierto plazo; el tiempo, a cuyas manos todo perece, que gasta las
instituciones, las leyes y las palabras, echa el olvido sobre los derechos, que
caen también en desuso cuando no han sido ejercitados durante un tiempo fijado por
la ley; su no utilización conduce a su abolición” (Derecho Civil, tomo II,
volumen primero, pág. 741, Ediciones jurídicas Europa-América, Bs. Aires,
1950).
Dos son los
fundamentos de la prescripción extintiva:  el primero, el orden público; el
segundo, la seguridad jurídica. “De todas las instituciones del derecho civil,
la prescripción es la más necesaria para el orden social”, decía Bigot de
Preameneu, citado por los Mazeaud, al presentar ante el Cuerpo Legislativo el
proyecto de título del Código Civil francés relativo a la prescripción.  Y el
gran jurista belga Laurent escribía: “¡Representaos un instante el estado de
una sociedad en la que pudieran alegarse derechos que dataran de diez mil
años!… Una incertidumbre permanente y universal tendría como consecuencia una
perturbación general e incesante”. (Citado por Henri y León Mazeaud, y Jean
Mazeaud, “Lecciones de Derecho Civil”, parte segunda, volumen tercero, pág.
411, ediciones Jurídicas Europa-América, Bs. Aires, 1960).
La prescripción es,
además, un factor de la seguridad jurídica.  Según Josserand, esta institución
“presenta la ventaja de evitar averiguaciones difíciles, de conjurar contiendas
tardías, de poner término a las reclamaciones póstumas y a la chicana; un
proceso motivado por un crédito de un siglo o más, suscitaría cuestiones de
hecho y de derecho cuya solución sería difícil: la seguridad jurídica
exige que se ponga un término a las reivindicaciones ya en sus comienzos”. (Ob.
Cit., pág. 744, tomo II volumen primero).
Don Fernando Vélez,
refiriéndose a la usucapión y a la prescripción extintiva, afirma que ellas,
“protegiendo el patrimonio contra injustas reclamaciones, traen la tranquilidad
a los individuos”. Y agrega: “Considerada la prescripción de la manera
anterior, es justa por los grandes servicios que presta a la sociedad.
Apreciada desde ese punto de vista, los antiguos le dieron el título de patrona
generis humani”.  “Estudio sobre el Derecho Civil Colombiano”, tomo IX,
pág. 305, Imprenta Paris-América, París).
El artículo 28 de la
Constitución, al final del inciso tercero, dispone: “En ningún caso podrá haber
prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad
imprescriptibles”.
Y sobre el
fundamento de la prescripción de la acción penal y de la pena, escribió el
maestro Carlos Lozano y Lozano: “El daño público del delito, o sea la
intimidación y la alarma sociales que produce, se van borrando con el tiempo y
llegan a extinguirse por completo; y entonces cesa el fundamento esencial de la
represión. A lo cual se agrega que los padecimientos e inquietudes del
responsable, obligado a la fuga, al exilio, al abandono de su familia, pueden
considerarse como un sucedáneo de la sanción social. Un dilatado espacio de
tiempo hace muy difícil la recolección de las pruebas y su estudio y
confrontación, de modo que habría el peligro de cometer graves errores
judiciales.  Además, cuando el delincuente no vuelve a delinquir durante un
largo lapso, es natural y jurídico presumir que se ha arrepentido y corregido,
lo cual demuestra que ha cesado de ser peligroso.” (“Elementos de Derecho
Penal”, pág. 388, ediciones Lerner, Bogotá, 1961”).
Tenemos, pues, que
tanto en el derecho penal (la prescripción de la acción penal y de la pena),
como en el civil (prescripción adquisitiva y prescripción extintiva), la
institución de la prescripción ha sido universalmente aceptada, en todos los
tiempos.
¿Por qué se ha hecho
referencia a la prescripción en materia penal y en la civil? Por lo siguiente.
Si, como lo
sostuvimos quienes disentimos de la mayoría, la extinción del dominio es una
verdadera sanción, la pena accesoria establecida para determinados delitos
(como lo demuestra inequívocamente el artículo 2º de  la ley 333/96), es
evidente que al declarar inexequible el artículo 9º., que consagraba la
prescripción, se violó el artículo 28, en el aparte citado.
Si, por el
contrario, como lo afirmó la mayoría, la extinción del dominio no es una
sanción ni una pena, sino una “acción real”, es menester no perder de vista lo
siguiente:
El que la extinción
del dominio sea una acción real, como la misma ley la denomina, acción cuyo
titular es el Estado, supone fatalmente la existencia de un derecho cuyo
titular es también el Estado: derecho a extinguir el dominio adquirido como consecuencia
de las conductas ilícitas descritas por el artículo 34 de la Constitución y
manifestadas en los delitos a que se refiere el artículo 2º de la ley.  A ese
derecho, como a todos los derechos, corresponde a una obligación: la que debe
existir en quien incurrió en la conducta ilícita, de entregar al Estado los
bienes adquiridos por causa de esa conducta.  Pues bien: según la singular
teoría de la mayoría, tendríamos una acción civil (la de extinción del dominio)
en cabeza del Estado, acción que correspondería al derecho, cuyo titular es
también el Estado, a extinguir el dominio de los bienes adquiridos como
consecuencia de las conductas ilícitas descritas en el artículo 34 de la C.P.
Derecho que, según no se extingue y puede ejercerse en relación con bienes
adquiridos en cualquier tiempo pasado; acción que, como el derecho a que
corresponde, tampoco se extingue jamás por su no ejercicio; derecho, en fin, al
cual corresponde una obligación siempre exigible, a pesar del paso del tiempo.
Ya se vio cómo si la
extinción de dominio es una sanción penal, su imprescriptibilidad quebranta el
artículo 28 de la Constitución, citado.  Pero si, como lo afirma la sentencia,
es una acción civil, correspondiente a un derecho de la misma naturaleza, ¿cómo
aceptar que si la acción penal y la pena, aun en los delitos más graves, se
extinguen por el paso del tiempo, no se extingan este derecho y esta acción de
naturaleza civil? ¿Será, acaso, más grave el enriquecimiento ilícito que da
lugar a la extinción de dominio, que los peores delitos como la traición a la
patria, el asesinato, los actos terroristas, el secuestro?
Sin saberlo y sin
proponérselo, la mayoría asimiló esta acción de extinción del dominio, a la
acción reivindicatoria, que no prescribe. Se olvidó, sin embargo, que si la
acción reivindicatoria no se extingue por no ejercerla, es porque corresponde
al derecho de propiedad que tampoco se extingue por no hacer uso de él.  Dicho
sea de paso, la confusión en que algunos incurren en esta materia, nace de lo
siguiente: ante quien ejerce la acción de dominio o reivindicatoria, el
poseedor demandado jamás puede oponer, como excepción, la prescripción
extintiva del dominio o de la acción reivindicatoria, que, como se explicó, no
se extinguen por prescripción.  Por el contrario: opone la excepción de
prescripción adquisitiva del dominio, también llamada usucapión.  Un ejemplo
ilustra este aserto.  Si alguien deja de ejercer el dominio sobre un inmueble
durante cincuenta o sesenta años, o más, su derecho no se extingue.  En caso de
demandar a un poseedor, en ejercicio de la acción reivindicatoria, podrá
presentarse una de estas dos situaciones: la primera, que el demandado haya
poseído el bien al menos por veinte (20) años, o por diez (10) años y proponga
la excepción de prescripción adquisitiva extraordinaria, u ordinaria, caso en
el cual enervará la acción reivindicatoria; la segunda, que el demandado no
proponga la excepción mencionada, bien por no tener el tiempo de posesión
requerido para la usucapión, o por no ser su voluntad alegar ésta.  En este
último evento, la acción reivindicatoria prosperará. Y lo mismo acontecerá si
habiendo propuesto la excepción de prescripción, no consigue demostrar la
posesión por el tiempo y en las condiciones exigidas por la ley.
Pero, al establecer
la imprescriptibilidad de la acción de extinción del dominio, asimilándola
indebidamente a la reivindicatoria, olvidó la mayoría una diferencia
fundamental y elemental: la acción de dominio es imprescriptible porque éste
también lo es; en cambio el Estado jamás ha sido dueño de los bienes que
adquiere por la  extinción del dominio de los particulares sobre los
mismos.  Y como jamás fue dueño, no puede sostenerse que tenga un derecho de
dominio imprescriptible y una acción para recobrar la posesión, que tampoco se
extinga por el paso del tiempo.
Recuérdese que la
Constitución sólo se refiere específicamente a unos bienes cuyo dominio no
puede adquirirse por usucapión, en los artículos 63, 72 y 75. Esos tres
artículos, sin embargo, nada tienen que ver con la extinción del dominio
prevista en el artículo 34.
Menos mal que,
echando mano de las que podrían ser sus últimas reservas de pudor jurídico, la
mayoría dejó esta aclaración al final de la parte motiva.
“La Corte declara la
inconstitucionalidad de la prescripción de la acción de extinción de dominio
sin que ello suponga que se pronuncia acerca de la prescripción adquisitiva del
mismo, regulada por leyes civiles que no han sido demandadas”.
En buen romance,
¿qué quiere decir este párrafo? Lo primero, que quienes conformaron la mayoría
no se atrevieron a declarar la inexequibilidad de las normas del Código Civil
que consagran la prescripción de las acciones (por ejemplo, de la acción de
responsabilidad civil extracontractual, por los delitos y culpas), como
deberían haberlo hecho para ser consecuentes.  Y a declarar también la
inexequibilidad de las normas que consagran la prescripción adquisitiva
extraordinaria, que no requiere justo título ni demostración de la buena fe,
porque ésta se presume de derecho.  Prescripción adquisitiva extraordinaria que
bien puede basarse en la posesión irregular (la que no procede de un justo
título y no ha sido adquirida de buena fe). Es más: la prueba de haber poseído
sin violencia, clandestinidad ni interrupción por el término de veinte años,
sólo es necesaria cuando existe un título de mera tenencia.
La declaración de
inexequibilidad del artículo 9º., parte de un supuesto falso:  que la calidad
de dueño de quien ha poseído un bien por veinte años, se origina en un título
viciado, que no es título justo.  Se olvida, sin embargo, que en este caso (el
de quien ha poseído por veinte años), la adquisición del dominio se ha
realizado por prescripción adquisitiva extraordinaria, cuyo único título es la
ley.
Por todo lo
anterior, es claro que a pesar de la torpeza en que se ha incurrido al declarar
inexequible el artículo 9º. (que, además, ni siquiera había sido demandado),
cualquier poseedor que haya completado veinte (20) años de posesión, y proponga
la excepción de prescripción adquisitiva extraordinaria del dominio, conseguirá
enervar la acción de extinción.  Téngase presente, además, que cuando se trata
de la prescripción adquisitiva extraordinaria, no es necesaria la existencia de
nexo jurídico alguno entre el prescribiente y algún titular anterior del
dominio (no se requiere título alguno).
5- Sobre las
inconsistencias de la sentencia
Fuera de las
anteriores consideraciones, que muestran la debilidad de las premisas de la
argumentación de la sentencia, creemos que ésta incurre además en graves
inconsistencias. En efecto, según nuestro criterio, incluso si, en gracia de
discusión, se aceptaran las premisas de la Corte, éstas no permiten fundamentar
la exequibilidad de la retroactividad de todas las normas de la ley, ni la
inconstitucionalidad del límite establecido por el artículo 33 a los propios
efectos retroactivos de la ley.
Toda la
justificación de la retroactividad se estructura sobre la idea de que la
extinción del dominio es simplemente una acción que declara que un derecho no
nació a la vida jurídica por provenir de un delito. Si se aceptan esas premisas
de la Corte, el argumento puede tener algún sustento en relación con la
extinción del dominio que recae sobre el producto  del delito, esto es, sobre
el provecho que una persona ha derivado de una conducta punible. Sin embargo,
conforme al artículo 2º de la ley, esta acción también recae sobre “los medios
o instrumentos necesarios para la realización” de tales conductas. Ahora bien,
supongamos que una persona compra una casa, unos equipos químicos, unos
insumos, y construye en ese lugar un laboratorio que utiliza para fabricar
cocaína. Nótese que todos los bienes fueron lícitamente adquiridos en el
comercio, pero son utilizados posteriormente como un instrumento para cometer
el delito de narcotráfico, por lo cual, conforme a la Ley 333 de 1996, tales
bienes quedan sujetos a extinción de dominio. ¿Cómo justificar en este caso la
retroactividad de la medida si era indudable que la persona era propietaria
legítima de tales bienes? ¿Cómo argumentar que en tal evento la extinción de
dominio no es una pena, que priva a un individuo de unos bienes que había
lícitamente adquirido, pero que posteriormente utilizó en una actividad
delictiva? Creemos que incluso con las premisas de la Corte, resulta imposible
sostener que no estamos en frente de una pena que es retroactivamente aplicada,
con la vulneración de elementales principios constitucionales. Por ello, según
nuestro parecer, si la Corte quería ser consecuente con sus premisas, debió
excluir la retroactividad de la extinción del dominio cuando ésta recae sobre
los instrumentos del delito, pues en tal caso, no es válido afirmar que no se
había consolidado un derecho de propiedad sobre el respectivo bien. Sin
embargo, no sólo la sentencia no hace tal precisión sino que,
sorprendentemente, no presenta ningún argumento específico para justificar la
retroactividad en tales casos, como si la extinción del dominio que versa sobre
el producto del delito -que se basa en la ilicitud del origen de esos bienes-
fuera idéntica a aquella que recae sobre los instrumentos del  delito, que se
funda en la ilicitud del empleo de unos bienes que pueden tener un origen
legítimo.
En ese mismo orden
de ideas, nos parece que la Corte es totalmente inconsistente cuando declara la
inexequibilidad del límite establecido por el artículo 33 a los efectos
retroactivos de la ley, a saber que, la acción sólo podía aplicarse a bienes
que hubieran sido adquiridos con posterioridad a la existencia de los delitos
que dan lugar a esa medida de extinción. Según la sentencia, esa limitación
debe ser excluida del ordenamiento por cuanto el delito nunca genera derechos,
y el mandato del artículo 34 de la Carta  de extinguir el dominio en tales
casos es absoluto, por lo cual no podía la ley consagrar límites al ejercicio
de tal acción por el Estado. Sin embargo, el argumento es ilógico pues, como lo
veremos, extrae una conclusión que es contradictoria con la premisa de la cual
parte.
Así, la premisa de
la Corte es que un beneficio derivado de un delito no puede nunca llegar a ser
un derecho. Esto significa que una ganancia que una persona A obtiene por la
realización de una conducta X, definida como delito por una ley de 1970, nunca llegará
a convertirse en un derecho consolidado para A. Ya tuvimos la oportunidad de
mostrar la falsedad de esa premisa, cuando analizamos el problema de la
prescripción (Cf supra 4). No volveremos sobre este punto. Lo que nos interesa
ahora es mostrar que esa premisa no justifica en manera alguna la
inexequibilidad de la expresión “siempre que dicha adquisición o destinación
ilícita de los bienes o derechos sido haya sido realizada con posterioridad a
la existencia de los delitos que dan lugar a esta medida de extinción, así la
legislación haya modificado o modifique la denominación jurídica” del inciso
segundo del artículo 33 de la ley. En efecto, esa expresión simplemente decía
que antes de 1970 no se podía perseguir el provecho obtenido por X de la conducta
A, simple y llanamente porque antes de esa fecha, la conducta A no era
delictiva. Por consiguiente, al declarar exequible esa expresión, la Corte
parece estar autorizando que se extinga a X el dominio proveniente de haber
realizado la conducta A en 1960, cuando esa conducta no había sido tipificada
penalmente.  Así las cosas, y por más esfuerzos lógicos que hemos realizado, no
hemos logrado entender cómo del principio de que el delito no genera nunca
derechos, la Corte dedujo que era posible que el Estado pudiera extinguir el
dominio de un bien proveniente de una actividad que no era entonces delictiva.
¿O es que puede haber delitos sin ley previa que los defina? Como vemos, el
argumento es lógicamente inconsistente y muy peligroso para la seguridad jurídica
y las garantías constitucionales, pues permite que la criminalización de una
conducta en 1997, y su incorporación como causal de extinción de dominio, pueda
tener efectos en el pasado sobre la licitud de los bienes obtenidos por alguien
al realizar ese comportamiento, que entonces era perfectamente lícito, conforme
a ese principio esencial del constitucionalismo, según el cual los particulares
pueden realizar todas aquellas conductas que no se encuentren prohibidas por el
ordenamiento (CP art. 6).
Finalmente, también
creemos que la sentencia es inconsistente en relación con el problema de la
retroactividad de la extinción de dominio de los derechos de quienes
adquirieron un bien con culpa grave o con dolo, tal y como lo señala el
artículo 4º de la ley. La Corte justifica la pérdida del dominio en este caso
“toda vez que el tercero, en esas hipótesis, participa en el proceso ilícito “a
sabiendas”, o en virtud de imperdonable descuido que constituye culpa grave”.
Según nuestro criterio, es válido que a partir de la vigencia de la ley, se
exija a una persona un cuidado mayor en sus transacciones comerciales, a fin de
que no adquiera bienes provenientes de actividades delictivas, por lo cual es
legítimo que hacia el futuro se pueda extinguir el dominio en los casos en que
se adquirió con dolo o con culpa grave un bien de esas características. Sin
embargo, incluso si se aceptan las premisas de la Corte, resulta exagerado
proyectar hacia el pasado ese deber de cuidado, por lo cual creemos que si la
sentencia quería ser consistente, debió al menos limitar la retroactividad a
los casos de dolo en el adquirente y excluir los eventos de culpa grave. Es
cierto que en el campo del derecho civil esos conceptos a veces se asimilan.
Sin embargo, la diferencia es nítida, pues el dolo siempre exige el
conocimiento de la ilicitud de una conducta, y la voluntad, o al menos la
aceptación, de su realización, mientras que la  culpa, incluso si es grave, se
funda en la negligencia o imprudencia de quien no evita el evento antijurídico
previsible. En tales condiciones, con base en las premisas de la Corte, podría
ser admisible que se extinga el dominio de quienes, en el pasado, hubiesen
actuado dolosamente al adquirir  un bien de origen delictivo, pues la persona
conocía esa ilicitud; pero nos parece absurdo aplicar retroactivamente esa
acción a quienes actuaron con culpa grave pero sin dolo, pues resulta todavía
más inadmisible exigir retroactivamente a las personas determinados deberes de
cuidado.
6.
Consideraciones finales.
Por todas las
anteriores razones, nos vemos obligados a salvar el voto de la presente
decisión, en donde la Corte, a partir de premisas discutibles y argumentaciones
inconsistentes, ha erosionado el alcance de algunos de los principios
esenciales de todo ordenamiento jurídico, como son la irretroactividad y la
prescriptibliidad de las sanciones penales. Entendemos que las finalidades de
la sentencia son generosas, pues se trata de combatir eficazmente el delito,
evitando que éste sea rentable para quienes lo cometen. Pero creemos que esa
búsqueda debe hacerse dentro del marco de las garantías constitucionales y del
respeto de los derechos fundamentales de las personas, pues uno de los
postulados esenciales del Estado de derecho es que no todos los instrumentos de
política criminal son admisibles, por más bondadosas que sean sus pretensiones.
En efecto, el régimen constitucional limita el poder punitivo del Estado no
sólo desde el punto de vista de los fines que puede legítimamente buscar sino
también de los medios que puede válidamente emplear; así como hay fines tan
inaceptables que deslegitiman cualquier instrumento que se pretenda poner a su
servicio, igualmente hay medios tan inadmisibles que restan todo valor al
objetivo que se pretende alcanzar. Por ello, como bien lo dijo la Corte en una
sus decisiones precedentes, los derechos constitucionales de las personas son
“el fundamento y límite del poder punitivo del Estado. Fundamento, porque el ius
punendi debe estar orientado a hacer efectivos esos derechos y valores
constitucionales. Y límite, porque la política criminal del Estado no puede
desconocer los derechos y la dignidad de las personas” (Sentencia C-038/95.
Fundamento Jurídico No 4).
Fecha ut supra.
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Magistrado
ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Magistrado
Nota de
Relatoría: Por auto N° 36
de fecha 9 de octubre de 1997 se corrigió el numeral segundo y se adicionó la
parte resolutiva de la sentencia C-374 de 13 de agosto de 1997
Auto 036/97
Referencia:
Sentencia C-374 del 13 de agosto de 1997
Magistrado Ponente:
Dr. JOSE GREGORIO
HERNANDEZ GALINDO
Auto aprobado en
Santa Fe de Bogotá, D.C., a los nueve (9) días del mes de octubre de mil
novecientos noventa y siete (1997).
I. CONSIDERACIONES
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, al estudiar un grupo de demandas de inconstitucionalidad
presentadas en contra de algunos artículos de la Ley 333 de 1996, "por la
cual se establecen las normas de extinción del dominio sobre los bienes
adquiridos en forma ilícita", profirió la Sentencia C-374 del 13 de agosto
de 1997.
Al analizar la
constitucionalidad del artículo 32 de la mencionada Ley, la Corporación
consideró:
"9)
Protección a la vivienda familiar y al patrimonio de familia inembargable. La
Constitución no les brinda amparo si se trata de bienes mal habidos
Dice el artículo 32
de la Ley acusada:
"Artículo
32. Protección a la vivienda familiar. Sin perjuicio de disposición
legal en contrario, la acción de extinción de dominio no procederá respecto del
bien inmueble amparado por el régimen de patrimonio de familia inembargable, o
sobre bien afectado a vivienda familiar, siempre y cuando dicho bien sea el
único inmueble en cabeza de su titular y su valor no exceda de quinientos
salarios mínimos legales mensuales al momento de la declaración de
extinción".
Según el artículo 5
de la Constitución Política, el Estado ampara a la familia como institución
básica de la sociedad, y, al tenor del 42 ibídem, el Estado y la
sociedad garantizan la protección integral de la familia.
Es claro que,
además, la ley puede fijar las reglas sobre el patrimonio familiar inembargable
e inalienable, según el artículo 42 de la Constitución y que también le
corresponde fijar las condiciones necesarias para hacerlo efectivo a todos los
colombianos.
No obstante, el
origen viciado de la propiedad que se exhibía, en el supuesto de la declaración
judicial de la extinción del dominio, afecta también los bienes a los que se
refiere esta disposición, pues los indicados fines institucionales y su
realización no pueden procurarse sobre la base del reconocimiento de que lo
ilícito genera derechos.
Así, pues, por
vulnerar el artículo 34, inciso 2, de la Constitución Política, este artículo
será declarado inexequible, desde luego sin perjuicio de que los derechos a los
cuales se refiere puedan ser ejercidos, según las reglas generales, cuando los
bienes respectivos hayan sido lícitamente adquiridos".
De lo anterior se
deduce claramente que la voluntad de la Corte Constitucional en pleno fue la de
declarar la inexequibilidad del aludido precepto, tal como consta en Acta de
Sala Plena del 13 de agosto de 1997, fecha en que se aprobó la Sentencia C-374.
Empero, debido a un
error de transcripción, en el numeral segundo de la parte resolutiva de la
Sentencia, dicho artículo apareció entre los que se declaraban exequibles, pese
a que se ha debido declarar expresamente su inexequibilidad.
II. DECISION
Con fundamento en
las consideraciones precedentes, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
Primero.- Corregir
el numeral segundo de la parte resolutiva de la Sentencia C-374 del 13 de
agosto de 1997, que debe leerse así:
"Segundo.-
Decláranse EXEQUIBLES, en los términos de esta Sentencia, los artículos
1, 2, 4, 5, 6, 10, inciso 1, 21 (parágrafo) y 24 de la Ley 333 de 1996".
Segundo.-
Adicionar la parte resolutiva de la Sentencia C-374 del 13 de agosto de
1997 así:
"Séptimo.- Declárase
INEXEQUIBLE el artículo 32 de la Ley 333 de 1996".
Tercero.- Para
todos los efectos, este Auto se entenderá incorporado y deberá acompañar la
Sentencia número C-374 del 13 de agosto de 1997.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Presidente
JORGE ARANGO
MEJIA                        EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado                            Magistrado
CARLOS GAVIRIA
DIAZ                 HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado                     Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ
CABALLERO              FABIO MORON DIAZ
Magistrado                              Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General