T-467-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-467/11
DERECHO A LA
VIVIENDA DIGNA-Naturaleza jurídica, alcance y contenido
Esta Corporación ha precisado
que la noción de “vivienda digna” implica contar con un lugar, propio o ajeno,
que le permita a la persona desarrollarse en unas mínimas condiciones de
dignidad y satisfacer su proyecto de vida. Esta Corte ha indicado que una
“vivienda digna” debe tener condiciones adecuadas que no pongan en peligro la
vida y la integridad física de sus ocupantes, ya que ella, además de ser un
refugio para las inclemencias externas, es el lugar donde se desarrolla gran
parte de la vida de las personas que la ocupan, por lo que “adquiere
importancia en la realización de la dignidad del ser humano” la Corte
Constitucional ha sostenido que es procedente la acción de tutela para proteger
el derecho a la vivienda digna cuando se evidencia una afectación del mínimo
vital, tanto en la persona como en su familia, especialmente en personas que se
encuentran en una situación de debilidad manifiesta, toda vez que, como ya se
señaló, el derecho a la vivienda adquiere importancia en la realización de la
dignidad del ser humano.
PROCESO DE
REUBICACION DE HOGARES SITUADOS EN ZONAS DECLARADAS COMO DE ALTO RIESGO-Marco
normativo
Esta Corporación ha precisado
que el deber frente a la población ubicada en zonas de alto riesgo que
el legislador ha concretado en las autoridades locales, tiene como fundamento
directo lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución Política, precepto del
cual “se desprende un deber genérico de actuación que obliga a las autoridades
de cualquier nivel territorial, dirigido a impedir que se concreten amenazas o
se produzcan vulneraciones en los derechos de los residentes en Colombia”.
Asimismo ha aclarado que, aun cuando la administración cuenta en estos casos
con un ámbito de discrecionalidad en la apreciación de la gravedad de los
hechos y para la elección de las medidas a aplicar, dicho margen se reduce a
encontrar el medio más adecuado para proteger y garantizar el goce efectivo de
los derechos fundamentales de las personas afectadas, dada la urgencia de la
situación. La Sala reitera que para las autoridades administrativas municipales
es un imperativo (i) desarrollar herramientas idóneas y eficientes que permitan
la reubicación de la población asentada en zonas catalogadas como de alto
riesgo, con el fin de proteger la vida de este grupo de personas; (ii)
“efectuar los actos administrativos indispensables para que los afectados
encuentren otro lugar donde vivir en condiciones parecidas a las que antes
disfrutaban”. Competencias que no se reducen a las zonas de alto riesgo, ni se
agotan con la reubicación de asentamientos, ya que, además de ello, deben
“atender las medidas que las autoridades de otros niveles territoriales les
dirijan en materia de prevención, entre ellas por supuesto la ejecución de las
obras recomendadas por éstas”.
DEBERES
SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA SOCIEDAD FRENTE A LAS VICTIMAS DE DESASTRES
NATURALES-Reiteración de jurisprudencia
Esta
Corporación ha precisado que el impacto que pueden generar los fenómenos
naturales sobre las personas justifica el tratamiento diferenciado de las
medidas a adoptar en estos casos, toda vez que el desconocimiento de las
situaciones de vulnerabilidad, “ignorando tanto el evento del desastre como sus
consecuencias en el entorno social, económico, ambiental y familiar, implica
una vulneración contra derechos fundamentales de los damnificados, por lo cual
se hace exigible la cesación de las causas contrarias a la especial protección debida
a la población vulnerable, o las acciones tendientes a la efectividad de la
misma”. En consecuencia, la Corte Constitucional ha manifestado que respecto
del manejo de emergencias, es fundamental que las autoridades competentes hagan
el análisis necesario para evaluar el riesgo en que se encuentra la población
afectada con el propósito de tomar medidas efectivas para evitar que aumente la
exposición y debilidad, sin excluir a ninguna de las víctimas del desastre.
DERECHO A LA
VIVIENDA DIGNA-Vulneración de autoridades municipales por negligencia y
omisión de medidas para reubicar a los accionantes que se encuentran en zonas
de alto riesgo
La Sala concluye que las
viviendas de los accionantes se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo,
sin que a la fecha sus respectivas administraciones municipales los haya
provisto de vivienda digna, ni tomado medidas efectivas dirigidas a eliminar el
riesgo para su vida e integridad personal. Así las cosas, la negligencia y
omisión de esas autoridades son evidentes, vulnerando el derecho a la vivienda
digna de los accionantes y de sus núcleos familiares, el cual se torna fundamental
por guardar conexidad con los derechos a la vida y a la integridad física,
siendo necesario ampararlos por el medio más eficaz, que en este caso es la
acción de tutela, dada la gravedad y la inminencia del peligro a que están
expuestos.
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Fundamental por conexidad con la vida
e integridad física
Referencia: expedientes T-2929755,              T-2935083, T-2951181, T-2953483
y    T-2954767.
Acciones de tutela interpuestas por Leonardo Machado López contra la
Alcaldía Municipal de Ibagué y otros; Martha Lucía Díaz Restrepo contra la
Alcaldía Municipal de Pereira; Ana María Quiñónez Zemanate contra la Alcaldía
Municipal de Popayán; Antonio Carlos Vásquez contra la Alcaldía Municipal de
Becerril y otros y Marco Antonio Valero Hernández contra la Alcaldía Municipal de
Villavicencio y otro.
Magistrado Ponente:
JORGE IVAN PALACIO PALACIO.
Bogotá, D.C.,
nueve (9) de junio de dos mil once (2011).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio, Nilson Pinilla Pinilla y Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro
del proceso de revisión de los fallos emitidos por los Juzgados Quinto Civil
del Circuito de Ibagué, (Expediente T-2929755), Quinto Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Pereira (Expediente T-2935083), Quinto Civil
Municipal de Popayán (Expediente T-2951181), Tercero Penal del Circuito de
Valledupar (Expediente T-2953483) y Cuarto Civil Municipal de Villavicencio
(Expediente T-2954767).
Mediante auto
del dieciséis (16) de febrero de 2011, la Sala de Selección número dos de esta
Corporación decidió seleccionar los procesos de tutela radicados bajo los
números T-2951181, T-2953483 y T-2954767 para su revisión ante la Corte y los
acumuló para ser fallados en la misma sentencia, atendiendo a la igualdad de
materia que ostentan. Posteriormente esta Sala, en Auto de fecha 9 de mayo de
2011, debido a la unidad temática existente, ordenó acumular los expedientes de
tutela número T-2929755 y T-2935083 al expediente T-2951181.
I. ANTECEDENTES.
1. Expediente T-2929755.
1.1.  Hechos. El 14 de
julio de 2010, el señor Leonardo Machado López presentó acción de tutela contra
la Alcaldía Municipal de Ibagué, el Banco Inmobiliario Gestora Urbana de Ibagué,
y la Secretaría de Planeación Municipal de la misma ciudad, buscando la
protección de sus derechos fundamentales a la vida, a la vivienda digna y a la
igualdad, de conformidad con los siguientes hechos:
- Afirma que vive con su familia
en el sitio el Salón, finca El Refugio, vereda Cataima del municipio de Ibagué
y que su vivienda se está derrumbando debido a la falla geológica causada por
el paso de la carretera Tapias-Toche, razón por la cual se encuentran en
inminente peligro de muerte.
- Sostiene
que ninguna autoridad le ha contestado la petición que formuló el 8 de
septiembre de 2008 al Director de Desastres de Ibagué para que le hiciera una
visita a su vivienda y evaluara los daños causados.
- Agrega que el 3 de agosto de
2009 le solicitó al Alcalde de Ibagué la reubicación suya y la de su familia y
que la Secretaría Municipal, Grupo de Prevención y Atención de Desastres -GPAD-,
le contestó el 1 de ese de mes y año que había sido censado por el Grupo de
Prevención y Atención de Desastres -GPAD-; que se estaba tramitando en el orden
nacional un subsidio de vivienda; que le recomendaba pedir al “sena” incluírlo
en el censo de vivienda afectada en el área de influencia del volcán Cerro
Machín.
- Precisa que todavía no ha
recibido ningún subsidio, ni ha sido reubicado.
Como consecuencia de lo anterior,
el señor Leonardo Machado López solicita que se ordene a las entidades
accionadas que “den solución real y efectiva a [su] situación de convivencia
en el predio de [su] propiedad ubicado en la vereda el Cataima, vía boquerón
tapias finca el refugio del Municipio de Ibagué. Otorgando el subsidio de
vivienda solicitado o reubi[cándolo] en un predio similar al mencionado”.
1.2.  Contestación de la demanda.
1.2.1. Secretaría de
Planeación Municipal de Ibagué. El Secretario de Planeación Municipal de
Ibagué se opone a la acción incoada, por considerar que no ha vulnerado ningún
derecho fundamental al accionante, toda vez que éste no ha radicado en su
despacho ningún derecho de petición y que el Grupo de Prevención y Atención de
Desastres -GPAD- pertenece a la Secretaría de Salud Municipal.
1.2.2. Banco Inmobiliario
Gestora Urbana de Ibagué. La representante legal del Banco Inmobiliario
Gestora Urbana de Ibagué expone argumentos similares a los señalados por la
Secretaría de Planeación Municipal de Ibagué, aclarando que esa entidad es una
empresa industrial y comercial del orden municipal, con personería jurídica y
patrimonio propio, que carece de competencia para conocer de la solicitud del
accionante, según lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 175 de 2002 que la
creó.
1.2.3. Alcaldía del Municipio
de Ibagué. Solicita que no se tutelen los derechos fundamentales que invoca
el accionante por carecer éste de fundamentos válidos.
Sostiene que la Alcaldía le dio
traslado de la solicitud del actor a la Secretaría de Salud Municipal, que es
el ente encargado de dar la solución, razón por la cual la Alcaldía se atiene a
lo que ese despacho manifieste.
Considera que, según estudio
técnico previamente realizado, el mal estado de la vivienda se debe al manejo
deficiente de las aguas lluvias.
Agrega que el accionante carece
de legitimación en la causa por activa, puesto que, de acuerdo con la copia de
la escritura pública 605 del 23 de febrero de 1996, que anexa, vendió sus
derechos herenciales a la señora Laura María Montaña Machado. Esto indica que
está buscando beneficios a los que no tiene derecho y que está engañando a las
autoridades administrativas.
Afirma que las matrículas
inmobiliarias correspondientes demuestran que la señora Laura María Montaña
Machado tiene dos fincas más, circunstancia esta que no le da derecho a
subsidio de vivienda por emergencias o desastres naturales, los cuales se
entregan a personas de bajos recursos económicos.
Por último, asevera que el actor
no ha demostrado que esté ante un perjuicio irremediable que haga procedente la
acción de tutela.
1.2.4. Secretaría de Salud del
Municipio de Ibagué. El Secretario de Salud del Municipio de Ibagué pide
que se exonere de toda responsabilidad a esa entidad porque su actuación está
de acuerdo con las normas vigentes y no ha vulnerado ningún derecho fundamental
al demandante. Solicita que se vincule al Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.
Aclara que esa entidad le ha dado
a la petición del señor Leonardo Machado López el trámite señalado en los
artículos 6 del Decreto 919 de 1989 y 10, literal d) de la Ley 388 de 1997,
puesto que incluyó en el censo al peticionario por medio de una visita técnica
a la vivienda, habiendo determinado que efectivamente es necesaria la
reubicación, situación que fue comunicada al Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, que dispone del presupuesto para esos auxilios, según la
Ley 46 de 1998.
1.3. Decisiones judiciales
objeto de revisión
1.3.1
Sentencia de Primera Instancia. El Juzgado Sexto Civil Municipal de Ibagué,
en sentencia del 29 de julio de 2010, resolvió amparar los derechos solicitados
por el señor Leonardo Machado López y ordenó a la Alcaldía Municipal de Ibagué,
por medio de sus dependencias, reubicar de forma inmediata al accionante, junto
con su núcleo familiar, en un albergue temporal, hasta tanto se ubique
definitivamente en un plazo de 6 meses.
Considera que
el artículo 56 de la Ley 9 de 1989, modificado por la Ley 2 de 1991, entre
otras, ordena a la administración pública, en casos de desastres naturales o
presencia de alto riesgo de derrumbe o deslizamiento en una zona determinada,
desalojar a las personas afectadas y en riesgo, darles alojamiento temporal en
una vivienda digna y tomar las medidas oportunas para eliminar definitivamente
el riesgo.
Sostiene que
en este caso el despacho evidencia que la vida y la salud del accionante y su
familia se encuentra en peligro por la omisión del Municipio de Ibagué en
reubicarlos en una vivienda digna, lo cual compromete su responsabilidad.
1.3.2. Impugnación. La Alcaldía Municipal de Ibagué,
la Secretaría de Salud de Ibagué, la Secretaría de Planeación del mismo
municipio y el Banco Inmobiliario Gestora Urbana de Ibagué impugnaron
oportunamente el fallo de tutela mencionado reiterando los argumentos expuestos
al responder la acción de tutela.
1.3.3. Segunda Instancia. El
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagué, en fallo del 6 de septiembre de
2010, revocó el de primera instancia y resolvió no conceder por improcedente el
amparo constitucional reclamado por el señor Leonardo Machado López, por considerar
que no concurre en este caso la inmediatez como requisito de procedibilidad de
la acción de tutela, puesto que el actor demoró un año desde cuando ocurrió la
vulneración de sus derechos hasta cuando presentó la acción de tutela,
circunstancia ésta indicativa de que no ha estado ante un peligro inminente,
además de que no aduce ningún motivo que justifique el ejercicio tardío de la
acción.
Agrega que los accionados tampoco han vulnerado el derecho
fundamental de petición del señor Leonardo Machado López, porque el Grupo de
Prevención de Desastres -GPAD- le contestó su solicitud el 19 de agosto de
2009, explicándole las diligencias adelantadas ante el nivel nacional para la
consecución de los recursos económicos necesarios para el subsidio de vivienda.
1.4
Pruebas relevantes que obran dentro de este expediente.
- Copia de la
escritura pública número 605 de fecha 23 de febrero de 1996 (folios 5 a 12).
-Derecho de
petición radicado el 9 de agosto de 2008 por los señores Leonardo Machado López
y Laura María Montaña ante el Director de Desastres de Ibagué (folio 4).
- Derecho de
Petición presentado el 3 de agosto de 2009 por el señor Leonardo Machado López
al Alcalde Municipal de Ibagué (folio 2).
- Respuesta
de la Secretaría de Salud Municipal, Grupo de Prevención y Atención de Desastres
-GPAD-, de fecha 19 de agosto de 2009, al derecho de petición del señor
Leonardo Machado López (folio 3).
- Copia del
informe técnico número 5.4.7.0096, de fecha 1 de diciembre de 2008 (folios 41 a 44).
2. Expediente T-2935083.
2.1.  Hechos. La señora Martha
Lucía Díaz Restrepo presentó el 5 de noviembre de 2010 acción de tutela en
contra de la Alcaldía Municipal de Pereira, solicitando la protección de sus
derechos fundamentales a la vivienda, a la vida en condiciones dignas y de los
menores de edad, basándose en los siguientes hechos:
- Señala que es madre cabeza de
familia, con 3 hijos dependientes económicamente de ella y que vive en la
ciudad de Pereira, barrio Rocío Bajo, en la casa número 84, la cual se
encuentra en estado avanzado de deterioro. Anexa un estudio técnico que
corrobora esas afirmaciones y califica el sector como de riesgo combinado alto.
- Agrega que no devenga salario,
trabaja en oficios varios y no recibe colaboración económica de nadie.
- Explica que desde el año 2001 solicitó
ser reubicada, pero que fue “rechazada porque figuraba como propietaria”.
Como consecuencia de lo anterior,
solicita ser “reubicada debido al riesgo que presenta [su] vivienda o sea
[ser] incluída en uno de los planes de vivienda que tiene la alcaldía a la mayor
brevedad posible”.
2.2.  Contestación de la demanda.
2.2.1. Municipio de Pereira. El
apoderado judicial del representante legal del municipio de Pereira pide que se
declare probada la excepción de “indebida escogencia de la acción” y se
nieguen en su totalidad las pretensiones de la accionante.
Sostiene que, según lo dispuesto
en el artículo 51 de la Constitución y lo señalado por la Corte Constitucional
en su Sentencia T-251 de 1995, el derecho a la vivienda digna no otorga a la
persona un derecho subjetivo para exigir del Estado en forma directa e
inmediata su plena satisfacción, sino que es un derecho objetivo, de carácter
asistencial, progresivo, que sólo produce efectividad una vez se cumplan
ciertas condiciones jurídico materiales que lo hacen posible. Por ejemplo, el
artículo 34, literal d, del Decreto 2190 de 2009 reza que no pueden postularse
al subsidio familiar de vivienda los hogares que, entre otras circunstancias,
en el caso de adquisición o construcción en sitio propio, algún miembro del
hogar sea propietario de otra vivienda a la fecha de postulación.
Precisa que, por ser el derecho a
la vivienda de desarrollo progresivo, el Estado solo puede fijar planes de
vivienda en la medida que las capacidades protectoras de su estructura lo
permitan, teniendo en cuenta las condiciones económicas del país y dentro del
Plan de Desarrollo Nacional y Municipal que existen para tal fin. Es así como
hay una lista de 4.000 familias en espera de subsidio de vivienda, entre
desplazados, habitantes en zona de riesgo y madres cabeza de hogar, que supera
las capacidades presupuestales del municipio.
Afirma también que el proceso de
asignación de subsidio de vivienda es complejo, porque no solamente interviene
el municipio, sino otras entidades nacionales, las cuales exigen el
cumplimiento de todos los requisitos legales.
Anota que, no obstante lo
anterior, el 7 de julio de 2005 la Secretaría de Gestión Inmobiliaria de la
Alcaldía de Pereira realizó la postulación del hogar de la accionante para
subsidio de vivienda por valor de $7.518.000 para el proyecto “Ciudadela
Tokio”, pero que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Protección Social lo
rechazó con base en el Decreto 2190 de 2009 y el informe del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi por predios cruzados en la base de datos, es decir,
porque la señora Martha Lucía Díaz aparece como propietaria de otro predio en
la ciudad de Pereira, sin importar que se trate del mismo inmueble situado en
el barrio Rocío Bajo.
Considera, de acuerdo con lo
anterior, que la Alcaldía de Pereira no le ha vulnerado ningún derecho
fundamental a la accionante, ya que ha hecho todo lo que legalmente le
corresponde para darle el subsidio de vivienda y no ha sido posible porque el
Ministerio se lo negó por falta de requisitos legales.
2.3. Decisión judicial objeto
de revisión.
2.3.1 Sentencia de Única
Instancia. El Juzgado Quinto Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Pereira, en sentencia del 22 de noviembre de 2010, resolvió no
tutelar los derechos invocados por la señora Martha Lucía Díaz Restrepo y
declarar improcedente la pretensión de reubicación formulada por ella contra la
Alcaldía Municipal de Pereira.
Siguiendo los lineamientos
jurisprudenciales de la Sentencia T-203 de 1999, dice que, a pesar de la
naturaleza prestacional, el derecho a la vivienda digna adquiere rango
fundamental y es objeto de la acción de tutela cuando guarda conexidad con otro
derecho fundamental que se vea afectado, como la vida, la dignidad humana, la
integridad física, la igualdad; y cuando se afecta el mínimo vital de personas
que se encuentran en situación de debilidad manifiesta.
Advierte que, de acuerdo con las
pruebas que obran en la actuación, la Alcaldía Municipal de Pereira, el 7 de
julio de 2005, postuló a la accionante para la obtención de una solución de
vivienda nueva, pero que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, se la negó, porque halló demostrada una incompatibilidad al
realizar un cruce de información con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
De donde surge que la Alcaldía de Pereira no le ha vulnerado ningún derecho
fundamental a la señora Martha Lucía Díaz.
Considera que
tampoco concurre en este caso la inmediatez como requisito procedimental de la
acción de tutela, puesto que ésta fue presentada en un término que no es
razonable, ni oportuno, después de que el Ministerio le rechazó la postulación
a la accionante en el año de 2005.
2.4.
Pruebas relevantes que obran dentro de este expediente.
- Copia de la
convocatoria expedida por la Secretaria de Gestión Inmobiliaria y la Oficina
Municipal para la Prevención y Atención de Desastres -OMPAD- (folio 4).
- Copia de
los comentarios realizados a la “visita técnica. Noviembre 11 de 2003.
RADICACIÓN 17001” (folios 5 a 8).
- Copia del
formato de solicitud de visita técnica de fecha 27 de noviembre de 2003,
diligenciado por la señora Martha Lucía Díaz Restrepo.
- Copia del
formato de solicitud de visita técnica de fecha 03 de enero de 2005, elaborado
por la señora Martha Lucía Díaz Restrepo.
- Copia del
formato de solicitud de visita técnica de fecha 27 de junio de 2006,
diligenciado por la señora Martha Lucía Díaz Restrepo.
- Respuesta
de la Oficina Municipal para la Prevención y Atención de Desastres -OMPAD- al
derecho de petición de fecha 11 de agosto de 2006 (folio 12).
- Repuesta
dada por la Oficina Municipal para la Prevención y Atención de Desastres de la
Alcaldía Municipal de Pereira a la solicitud de visita técnica para evaluación
del riesgo, de fecha 29 de agosto de 2006 (folios 15 a 24).
- Copia de la
“consulta estado de subsidio por cédula”, Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial, de fecha 10 de noviembre de 2010 (folio 34).
-Impresión de
“resultado final cruces con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi” (folio
54).
- Impresión
de “Cavis- Consultas - Datos básicos del postulante”  (folio 56).
3. Expediente T-2951181.
3.1.  Hechos. La señora Ana
María Quiñónez Zemanate en nombre propio, en representación de su hijo incapaz José
Rosendo Medina Quiñónez y como agente oficiosa de su nieta Diana Zuleima Ruiz y
de su biznieto Duván Alejandro Tobar Ruiz, presentó el 1 de julio de 2010,
acción de tutela en contra de la Alcaldía Municipal de Popayán, pretendiendo la
protección de los derechos fundamentales de los niños y a la vivienda digna, a
partir de los siguientes hechos:
- Refiere que es persona mayor de
70 años de edad, madre cabeza de familia y que se sostiene con lo que devenga
trabajando ocasionalmente lavando ropas.
- Afirma que vive desde hace cerca
de 25 años, junto con su hijo José Rosendo Medina Quiñónez, quien padece “retardo
del desarrollo psicomotriz y alteración de la conducta secundaria”, y con
su nieta Diana Zuleyma Ruiz Medina, quien tiene un hijo de 24 días de nacido,
en una casa situada en Popayán, en la calle 15 número 22-101, en zona de alto
riesgo, construida sin cimientos y con materiales de mala calidad, sobre un
talud que requiere estabilización urgente.
- Asevera que solicitó
reubicación a la Alcaldía Municipal de Popayán desde el año de 2001, habiendo
recibido numerosas respuestas negativas y contradictorias sobre las condiciones
de alto riesgo, cuyas copias anexa, más unas fotografías del inmueble
destinadas a demostrar la precariedad de éste y del sector.
Como consecuencia de lo anterior,
la accionante solicita que “se ordene al Municipio de Popayán a través de su
Representante Legal, reubique de manera inmediata y en condiciones de dignidad
a los señores Ana María Quiñónez Zemanate, José Rosendo Medina Quiñónez, Diana
Zuleyma Ruiz Medina y al menor Duván Alejandro Tobar Ruiz”.
3.2.  Contestación de la demanda.
3.2.1. Alcaldía Municipal de
Popayán. La Jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Municipio de
Popayán pide que no se conceda la pretensión solicitada.
Acepta que la zona en la cual se
encuentra ubicada la vivienda de la accionante es catalogada en los documentos
del Plan de Ordenamiento Territorial como “zona de amenaza por deslizamiento”,
situación que le fue comunicada oportunamente. Pero que en visitas técnicas
realizadas después se pudo constatar que la mencionada vivienda se encuentra
ubicada realmente en un sector donde el riesgo es intermedio, no inminente,
dado que se observa estabilidad en las pendientes, sin ningún nivel de alarma,
aunque se requieren obras mínimas de mitigación que debe asumir el dueño del
predio, porque el municipio no puede hacerlas legalmente por tratarse de un
inmueble privado y por encontrarse en proceso de reestructuración de pasivos (Ley
550 de 1999).
Aclara que, dada la carencia de
recursos económicos de la señora Ana María Quiñónez Zemanate, puede solicitar
un subsidio estatal de vivienda para reubicación en una Caja de Compensación
Familiar que disponga de esos recursos para personas de alta vulnerabilidad
social, pues el Municipio de Popayán carece de ellos por la citada
reestructuración en que se encuentra.
3.3. Decisión judicial objeto
de revisión.
3.3.1.
Sentencia de Única Instancia.
El Juzgado Quinto Civil Municipal
de Popayán, en sentencia del 15 de julio de 2010, resolvió no tutelar los
derechos invocados por la señora Ana María Quiñónez Zemanate.
Apoyándose en
la jurisprudencia contenida en las Sentencias T-894 de 2005, T-175 de 2008 y en
las pruebas que contiene la actuación, considera: (i) que el derecho a la
vivienda digna se reconoce como fundamental sólo cuando su desconocimiento
vulnera derechos de la misma categoría o afecta a personas de especial
protección constitucional, siempre y cuando se encuentren en alto riesgo; (ii)
que, si bien la vivienda de la accionante presenta fallas, éstas no constituyen
un peligro inminente, ya que la primera evaluación que catalogó el sector como
de alto riesgo, sucedió hace más de 9 años, sin que la accionante haya
solicitado el subsidio de vivienda a las Cajas de Compensación Familiar,
además, esa evaluación ha sido revaluada por otras, según las cuales la
vivienda no se encuentra en alto riesgo.
3.4. Pruebas
relevantes que obran dentro de este expediente.
- Copia del derecho
de petición de fecha 6 de mayo de 2008, presentado por la señora Ana María Quiñónez
Zemanate en la Alcaldía Municipal de Popayán (folio 1).
- Copia de la
certificación expedida por la Secretaría de Planeación Municipal de Popayán, de
fecha 28 de enero de 2001 (folio 2).
- Copia de la
certificación expedida por la Secretaría de Planeación Municipal de Popayán, de
fecha 28 de abril de 2010 (folio 3).
- Copia de
los escritos dirigidos por el Jefe de la Oficina de Planeación Municipal de
Popayán a la señora Ana María Quiñónez Zemanate, de fechas 4 de junio de 2005,
15 de octubre de 2007, 6 de marzo, 6 de junio y 29 de julio de 2008 (folios 4 y
5).
- Copia del escrito
del 11 de febrero de 2008 enviado por el Secretaria de Infraestructura del
Municipio de Popayán a la señora Ana María Quiñónez Zemanate (folio 10).
- Copia del escrito
de fecha 3 de marzo de 2010 dirigido por al Secretario de Infraestructura del
Municipio de Popayán al Defensor Regional (folio 12).
- Copia del
registro civil de nacimiento del niño Duván Alejandro Tobar Ruiz (folio 17).
- Copia de la
cédula de ciudadanía de la señora Ana María Quiñónez Zemanate (folio 14).
- Copia de la
cédula de ciudadanía de la señora Diana Zuleyma Ruiz Medina (folio 14).
- Copia de la
cédula de ciudadanía del señor José Rosendo Medina Quiñónez (folio 16).
- Copia del
formulario para solicitud de ayudas diagnósticas o certificaciones médicas de la
Empresa Social del Estado Popayán E.S.E., de fecha 15 de noviembre de 2007
(folio 17).
- Copia de la
escritura pública número 1648 de fecha 12 de diciembre de 1995, expedida por la
Notaría Tercera del Círculo de Popayán (folios18 a 21).
- Copia del
certificado de tradición de la matrícula inmobiliaria número 120-92469,
correspondiente al inmueble urbano ubicado en la “calle 15 Lote Barrio El
Retiro” (folio 23).
- Fotografías
del predio ubicado en la calle 15 número 22-101 (folios 24 a 27).
4. Expediente T-2953483.
4.1.
Hechos. El señor Antonio Carlos Vásquez presentó el 4 de noviembre de 2010
acción de tutela contra la Alcaldía Municipal de Becerril, la Gobernación del
Cesar y la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional -Acción Social-, solicitando la protección de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la dignidad humana, a la ayuda humanitaria de
emergencia, a los derechos de los niños y a la vida, a partir de la siguiente
situación fáctica:
- Afirma que
desde hace aproximadamente 40 años es dueño de la parcela denominada Marasoco,
ubicada en la vereda Socomba del Municipio de Becerril (Cesar), de donde fue
desplazado por la violencia en el año 2002, habiendo regresado a ese lugar hace
aproximadamente 3 años, junto con su hija y la familia de ésta.
- Agrega que
en el año 2008 las autoridades construyeron una bocatoma, sin estudios técnicos
suficientes, para desviar el cauce original del río Socomba, frente a la
vivienda de su parcela que actualmente habita, causando desgaste y destrucción progresivos
de las barreras naturales de contención, hasta el punto de constituir grave
amenaza para la vida de las personas y daños incalculables en los animales y
cultivos.
- Precisa que
la Secretaría de Obras del Municipio de Becerril no ha practicado aún una visita
que solicitó por escrito el 15 de febrero de 2010 con el fin de constatar los
perjuicios en su finca y vivienda.
- Aclara que
en el mes de septiembre de 2010 el Secretario de Gobierno del Municipio de
Becerril le dijo que ellos ya habían hecho la canalización del río y los
gaviones en ese lugar; mientras que la Secretaría de Planeación y Obras le
manifestó en el mes de octubre que la Alcaldía no tenía recursos para
solucionar el problema que les ha planteado, a pesar de los informes recibidos
de la Cruz Roja.
- El mismo señor Antonio Carlos
Vásquez, en escrito posterior, expresa al Juzgado Tercero Penal del Circuito de
Valledupar que, después de haber interpuesto la tutela, el río Socomba se
desbordó y arrasó con su vivienda, los enseres, semovientes y cultivos, por lo
cual se encuentra en abandono con su familia, sin techo y sin alimentación.
Como consecuencia de lo anterior,
el actor solicita: (i) que se ordene a la Alcaldía Municipal de Becerril (Cesar),
a la Gobernación del Cesar y a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional      -Acción Social- “reali[zar] las obras civiles
pertinentes con el fin de evitar que las aguas del Río Socomba arrasen los
cultivos y pastizales de [su] propiedad”; (ii) que le “presten la
asistencia alimentaria, de vivienda, vestido y agua potable, durante tres meses
a él y a [su] núcleo familiar conformado por 7 personas”; y (iii) que se
evalúen los bienes de su propiedad perdidos y destruidos y se le indemnice por
los perjuicios causados.
4.2.  Contestación de la demanda.
4.2.1. Departamento del
Cesar. El Delegado del Gobernador del Departamento del Cesar solicita que
se nieguen las pretensiones del accionante y se absuelva al Departamento del
Cesar.
Considera que, dada la condición
de desplazado del accionante, la entidad territorial que representa carece de
legitimación para ser demandado en este caso, por cuanto según la Ley 46 de
1988, el Decreto 919 de 1989, la Ley 387 de 1997, la Ley 715 de 2001, la Ley 1152
de 2007 y la Sentencia T-036 de 2010 de la Corte Constitucional, el municipio
donde ocurre un desastre natural o una calamidad pública es el llamado a
prestar la ayuda que requieren las personas damnificadas, mientras que los
departamentos y la Dirección Nacional de Prevención y Atención de Desastres
tienen para tal efecto una competencia subsidiaria, a solicitud del respectivo
municipio. Además, porque el Departamento del Cesar no ordenó la construcción
de la bocatoma en el río Socomba, que produce el desbordamiento de éste.
Sostiene que la acción de tutela
no es procedente para que se ordene la construcción de la obra solicitada por el
accionante, porque se trata del incumplimiento de un contrato civil o
administrativo de conocimiento de la justicia ordinaria o de la contencioso
administrativa, según el caso.
4.2.2. Alcaldía
Municipal de Becerril. La Alcaldesa de Becerril solicita que se declare
improcedente la acción propuesta por el actor en cuanto a la ayuda humanitaria
de emergencia y que se niegue el amparo de los derechos al mínimo vital, a la
dignidad humana y a la vida.
Explica que la bocatoma en el río
Socomba fue construida sin estudios previos, porque esa obra fue producto del
decreto de una emergencia manifiesta en el año 2008, con fundamento en la Ley
80 de 1993, que autoriza la contratación directa e inmediata en casos
excepcionales relacionados con calamidades, desastres y fuerza mayor, entre
otros.
Informa que, en cuanto a la
situación creada por la ola invernal en todo el país, la Alcaldía de Becerril
ha gestionado ayudas para reubicación de familias afectadas ante la Gobernación
del Cesar, Acción Social Unidad Territorial del Cesar y el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; mientras que el Banco Agrario de
Becerril dijo estar en condiciones de otorgar nuevos créditos a los
damnificados por el invierno, a la vez que emitió concepto favorable a la solicitud
de la Alcaldía sobre condonación de intereses a los campesinos que habían
obtenido créditos para cultivos y los perdieron.
Dice que el municipio de Becerril
adoptó el Plan Integral Único -PIU-, que prioriza la atención a la población
desplazada y vulnerable del municipio, que asciende a 2.760 personas, de las
cuales tienen carné de salud 2.119 y el resto reciben también ese servicio; 61
madres cabeza de familia recibieron vivienda, 3 poseen lote y vivienda y 22
tienen lote.
Precisa igualmente que el
municipio ha celebrado convenios con el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar -ICBF- para alimentación y atención de niños; con la Fundación Ayudar
para alimentación de escolares; con la Cooperativa Multiactiva Asociados de
Codazzi para transporte escolar; con la ONG Campesina de la Costa Atlántica
para la construcción de galpones y sostenimiento de gallinas ponedoras de
grupos de desplazados; y que también ha celebrado contratos de prestación de
servicios de salud con el Centro Médico Sebastián Villazón Ovalle. Aclara que
la población desplazada puede acceder a todos los servicios a que se refieren
los mencionados convenios y contratos.
Concluye afirmando que la
Alcaldía de Becerril no le ha vulnerado ningún derecho fundamental al
accionante.
4.3. Decisión judicial objeto
de revisión.
4.3.1. Sentencia de Única Instancia.
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Valledupar, en sentencia del 22 de
noviembre de 2010, negó la tutela impetrada, porque se refiere a un hecho
consumado en el año 2008, constitutivo de una servidumbre sobre tierras que
debe ser decidido por la justicia ordinaria; y a un perjuicio causado por la
Alcaldía de Becerril por una bocatoma construida en el río Socomba, que debe
ser ventilado en la jurisdicción contencioso administrativa.
4.4.
Pruebas relevantes que obran dentro de este expediente.
- Copia de la
Resolución 00303 del 30 de abril de 1984, expedida por el Instituto Colombiano
de la Reforma Agraria –INCORA- (folios 45 a 50).
- Copia de la
certificación de fecha 26 de mayo de 2009, expedida por la Agencia Presidencial
para la Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción Social- (folio
21).
- Copia de la
certificación Registro Único de Población Desplazada de fecha 20 de enero de
2010, expedida por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional -Acción Social- (folio 21).
- Copia del
acta 002 del 21 de junio de 2010, correspondiente al Comité Local de Prevención
y Atención de Desastres del Municipio de Becerril, Cesar (folios 23 a 27).
- Copia de
documento de fecha 9 de noviembre de 2010, expedida por el Comité Local de
Prevención y Atención de Desastres -CLOPAD- del Municipio de Becerril, Cesar
(folio 39).
- Copia del “Listado
de Asistencia al CLOPAD por ola invernal noviembre de 2010” (folio 40).
-Copia del
oficio dirigido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial a la Alcaldesa del Municipio de Becerril, Cesar (folios 91 a 93).
- Dos CD’s
con fotografías de la vivienda del accionante.
5. Expediente T-2954767.
5.1.  Hechos.
El señor Marco Antonio Valero
Hernández presentó, el 29 de octubre de 2010, acción de tutela contra la
Alcaldía Municipal de Villavicencio y la Empresa Industrial y Comercial del
Municipio de Villavicencio                                       -Villavivienda-,
con el fin de que amparen sus derechos fundamentales a la igualdad y a la
vivienda digna, con fundamento en los siguientes hechos:
- Afirma haber nacido el 19 de
julio de 1926, estar gravemente enfermo del corazón, no tener ninguna clase de
recursos económicos para sostenerse, toda vez que vive de la caridad pública, y
estar habitando en la ronda de un caño del barrio Morichal de la ciudad de
Villavicencio, en una enramada destruida parcialmente por  los desbordamientos
del caño.
- Afirma que la administración
municipal y la Empresa Industrial y Comercial del Municipio de Villavicencio -Villavivienda-
lo han discriminado, “toda vez que a los desplazados sí les han asignado viviendas
de interés social”  y a él no.
Como consecuencia de lo anterior,
el señor Marco Antonio Valero Hernández solicita que se ordene “a la
Alcaldía Municipal de Villavicencio por intermedio de Villavivienda se [le]
asigne una casita de interés social, también como lo ordena el art. 61 del
Decreto Ley 919 de 1989”.
5.2.  Contestación de la demanda.
5.2.1. Alcaldía Municipal de
Villavicencio. La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía de
Villavicencio solicita que se exonere de toda responsabilidad a esa entidad,
que no puede conceder subsidios de vivienda por orden de una tutela, por cuanto
debe observar el procedimiento señalado en las leyes 3 de 1991, 60 de 1993, en
el Decreto 1168 de 1996, en el Acuerdo número 029 de 2008 y en el reglamento
municipal de postulación y asignación de subsidios de vivienda contenido en el
Decreto Municipal 079 de 2010.
5.2.2. Empresa Industrial y
Comercial del Municipio de Villavicencio
-Villavivienda-. La Gerente y Representante Legal de la Empresa Industrial
y Comercial del Municipio de Villavicencio -Villavivienda- solicita: (i) que se
rechace por improcedente en este caso la acción de tutela, porque los derechos
cuya protección se pide no son de primera generación; (ii) y que se niegue el
amparo impetrado, en virtud de que la entidad accionada no le ha vulnerado
ningún derecho fundamental, no ha celebrado ningún contrato, ni tiene vínculo
jurídico con el actor.
Considera que, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 48 y 49 del Decreto Municipal 079 de 2010, y el
Decreto 091 de 2007, la Empresa Industrial y Comercial del Municipio de
Villavicencio -Villavivienda- no tiene por objeto proveer vivienda de
interés social, ni otorgar auxilios para vivienda, sino funcionar como banco de
tierras del municipio, facilitando el acceso al suelo para vivienda de interés
social, ejecutando el proceso de convocatoria para la asignación de subsidios
de vivienda del orden municipal, el cual incluye la postulación, la
calificación y la asignación, pero observando lo dispuesto en las leyes 3 de
1991 y 60 de 1993 y en el Decreto 079 mencionado sobre requisitos para tener
derecho a tales subsidios.
Afirma que no está demostrado
objetivamente que la Empresa Industrial y Comercial del Municipio de
Villavicencio -Villavivienda- esté vulnerando el derecho a la igualdad del
señor Marco Antonio Valero Hernández frente al trato dado a otra persona que se
halle en circunstancias similares; como tampoco el derecho a la vivienda digna,
porque éste es de contenido social y “no le otorga a la persona un derecho
subjetivo para exigir en forma inmediata y directa del estado su plena
satisfacción, pues se requiere de condiciones jurídico materiales que lo hagan
posible, para estos casos se deben cumplir con los requisitos establecidos en la
Ley 3 de 1991, Ley 60 de 1993 y sus demás normas que lo regulan, es decir que
se lleven a cabo los procedimientos de selección de beneficiarios y de
asignación de los subsidios (…)”.
Aclara que el señor Marco Antonio
Valero Hernández ya se encuentra en la base de datos de familias que están en
vulnerabilidad y que no tienen vivienda, para que, previo el cumplimiento de
los requisitos legales, se postule al nuevo proyecto de vivienda de interés
social denominado La Madrid, en el cual será atendido con prioridad por ser
persona de la tercera edad.
5.3. Decisión judicial objeto
de revisión.
5.3.1 Sentencia de Única Instancia.
El Juzgado Cuarto Civil Municipal de Villavicencio, en fallo del 17 de
noviembre de 2010, negó la tutela de los derechos invocados por el accionante.
Afirma que, según la
jurisprudencia constitucional, los derechos económicos, sociales y culturales
no son susceptibles de amparo por medio de la acción de tutela, porque de ellos
no se derivan derechos subjetivos para los asociados, excepto cuando resulta
afectado un derecho fundamental conexo o el mínimo vital.
Agrega que, si bien el artículo
51 de la Constitución eleva a constitucional el derecho a la vivienda digna,
éste es primigeniamente de carácter prestacional y progresivo, razón por la
cual su adquisición se encuentra atada a las diversas políticas de los niveles
estatales, en las cuales debe tener prioridad la población más pobre y
necesitada.
Considera demostrado que el
accionante no tiene ningún vínculo contractual o extracontractual con las
entidades accionadas, razón por la cual estas últimas no le han vulnerado
ningún derecho fundamental a aquél. Por el contrario, lo han incluído como
aspirante a recibir el subsidio de vivienda en el próximo proyecto La Madrid.
Precisa que la Alcaldía del Municipio
de Villavicencio contestó la petición formulada por el actor y que no está
demostrado un perjuicio irremediable que torne procedente la acción de tutela
en este caso.
5.4.
Pruebas relevantes que obran en este expediente.
- Copia del
escrito dirigido por el Procurador Regional del Meta al Alcalde Municipal de
Villavicencio, de fecha 31 de agosto de 2009 (folios 2 y 3).
- Copias de
los escritos enviados por la Oficina Asesores del Despacho de la Alcaldía de
Villavicencio al Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Gaitana
y a la Procuraduría Regional del Meta, de fechas 16 de abril y 7 de agosto de
2009, respectivamente (folios 5 a 6).
-Copia del escrito
dirigido por la Secretaría de Gobierno de la Gobernación del Meta y al
Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Gaitana, de fecha 26 de
junio de 2009 (folios 7 y 8).
- Copia de
los escritos enviados por el Presidente de la Junta de Acción Comunal del
barrio La Gaitana al Procurador Regional de Villavicencio y a la Empresa
Industrial y Comercial del Municipio de Villavicencio                        -Villavivienda-,
de fechas 3 de agosto de 2009 y 24 de marzo de 2010 (folios 9 y 10).
- Copia del
escrito dirigido por la Alcaldía Municipal de Villavicencio al Presidente de la
Junta de Acción Comunal del barrio La Gaitana, de fecha 30 de diciembre de 2009
(folio 11).
- Copia del
escrito enviado por el Gerente de la Empresa Industrial y Comercial del
Municipio de Villavicencio -Villavivienda- al Presidente de la Junta de Acción
Comunal del barrio La Gaitana (folio 12).
- Copia del
listado de “familias aspirantes a subsidios de vivienda municipales”, expedido
por la Alcaldía Municipal de Villavicencio (folio 58).
II. ACTUACIONES
EN SEDE DE REVISIÓN.
1. Mediante Auto del 19 de
mayo 2011, se estimó necesaria la vinculación: (i) al proceso de tutela número
T-2935083 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; (ii) al
proceso de tutela número T-2953483 de dicho ministerio y de la Dirección de
Gestión del Riesgo para la Prevención y Atención de Desastres.  Igualmente, con
el fin de allegar elementos de juicio adicionales a estos procesos para adoptar
la decisión definitiva, a través de la Secretaría General de esta Corporación,
se ordenaron algunas pruebas. Al respecto, el auto dispuso:
“Primero.-ORDENAR
la vinculación al proceso de tutela número T-2935083 del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. En consecuencia, se dispone que la
Secretaría General de la Corte Constitucional notifique esta providencia a
dicha entidad, para que dentro de los dos (2) días hábiles siguientes se
pronuncie acerca de la misma y allegue las pruebas que considere pertinentes.
Anéxese copia de la demanda de tutela y de las respuestas dadas por  las
entidades accionadas. Además, el Ministerio deberá explicar de manera concreta
y clara por qué razones rechazó la postulación del subsidio de vivienda de la
señora Martha Lucía Díaz Restrepo, identificada con la cédula de ciudadanía
número 42.079.332, que le hizo el Municipio de Pereira.
Segundo.-ORDENAR
la vinculación al proceso de tutela número T-2953483  de la Dirección de Gestión
del Riesgo para la Prevención y Atención de Desastres y del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. En consecuencia, se dispone que la
Secretaría General de la Corte Constitucional notifique esta providencia a
dichas entidades, para que dentro de los dos (2) días hábiles siguientes se
pronuncien acerca de la misma y alleguen las pruebas que consideren
pertinentes, informando qué clase de ayuda han otorgado al señor Antonio Carlos
Vásquez, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.759.975, como
damnificado del desbordamiento del río Socomba del Municipio de Becerril
(Cesar). Anéxese copia de la demanda de tutela y de las respuestas dadas por
las entidades accionadas.
Tercero.-
ORDENAR al Alcalde del Municipio de Becerril (Cesar) que, en el
término de dos (2) días hábiles, informe a esta Sala si el señor Antonio Carlos
Vásquez, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.759.975, ha sido incluído en el censo de personas damnificadas por el desbordamiento del río
Socomba del Municipio de Becerril (Cesar) y qué clase de ayuda le ha brindado
efectivamente.”
2. En oficio del 25 de
mayo de 2011 el apoderado judicial del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial se opone a la prosperidad de la acción de tutela. Para
fundamentar su solicitud expone los siguientes argumentos: (i) falta de
legitimación por pasiva, ya que el ministerio “no es el sujeto o parte
legitimado o llamado a otorgar el subsidio de vivienda que demandan los
accionantes”; (ii) según la Ley 99 de 1993 y el Decreto 216 de 2003 la
entidad que representa “está encargada de formular políticas en materia
habitacional pero NO es el ente ejecutor de las mismas ya que esta función
corresponde al Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA”; (iii) de conformidad
con lo establecido por el Decreto 555 de 2003, el responsable “(…) de
atender de manera continua la postulación de hogares y asignar subsidios
familiares de vivienda de interés social urbano, bajo las diferentes
modalidades y de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el
reglamento y condiciones definidas por el Gobierno Nacional, es el Fondo
Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA-, que es un fondo con personería jurídica
propia, patrimonio, autonomía presupuestal y financiera (…)”; (iv) Acción
Social es quien coordina y asigna la ayuda humanitaria de emergencia.
3. En escrito de fecha 27
de mayo de 2011, la Dirección de Gestión del Riesgo para la Prevención y
Atención de Desastres, después de hacer un recuento de las normas aplicables a
los casos bajo estudio, afirma que dicha entidad no tiene ninguna responsabilidad.
Agrega que, según la Ley 136 de 1994, es función de los municipios “el
desarrollo económico, social y ambiental así como el velar por el adecuado
manejo de los recursos naturales y del medio ambiente de su territorio (…)”,
razón por la cual es deber del “CLOPAD del Municipio de Becerril
(Cesar) (…) actuar conforme a sus competencias, al igual que la Corporación
Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR”.
4. El magistrado
sustanciador, mediante Auto del 30 de mayo de 2011, ordenó la vinculación al
proceso de tutela número T-2935083 del Fondo Nacional de Vivienda
-FONVIVIENDA-, solicitándole que explicara de manera concreta y clara por qué
razones se rechazó la postulación del subsidio de vivienda de la señora Martha
Lucía Díaz Restrepo, identificada con la cédula de ciudadanía número
42.079.332, que hizo el Municipio de Pereira en el año 2005.
5. El apoderado especial
del Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA-, en oficio de fecha 3 de junio de
2011, solicita denegar las pretensiones de la señora Martha Lucía Díaz Restrepo
frente a su representada, ya que esa entidad no le ha vulnerado ningún derecho
fundamental, por las siguientes razones: (i) “la accionante se postuló con
el fin de acceder al subsidio de vivienda de los que otorga FONVIVIENDA, en la
Bolsa Única Nacional del año 2005, en la modalidad de Adquisición de Vivienda
Nueva, postulación efectuada ante la Caja de Compensación Familiar de
Risaralda- Pereira”; (ii) de acuerdo con el reporte del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, en ese momento la actora “era propietaria de un
bien inmueble en el Departamento de Risaralda con Cédula Catastral
305700001006, ubicado en el barrio Rocío Bajo casa  84 B”, razón por la
cual la postulación resultó “cruzada y/o rechazada” ; (iii) el
ordenamiento jurídico vigente para la época de los hechos (Ley 3 de 1991 y
Decreto 975 de 2004) disponía “que solamente pueden ser beneficiarios
quienes se postulen para recibir el Subsidio Familiar de Vivienda por carecer
de recursos suficientes para obtener una solución de vivienda”; (iv) la
accionante se presentó por intermedio de la Secretaría de Gestión Inmobiliaria
de la Alcaldía de Pereira, y por lo tanto, era el ente territorial el que debía
velar porque se cumpliera con los requisitos exigidos para poder ser
beneficiaria; (v) es el municipio “quien debe presentar proyectos de
vivienda dirigidos a los hogares afectados o localizados en zonas de alto
riesgo no mitigable”; (vi) el subsidio de vivienda urbana otorgado por el
fondo corresponde a un “complemento para una solución de vivienda y en el
caso de la Bolsa Única Nacional, era un apoyo para la ejecución de los
proyectos de vivienda formulados y cofinanciados por la Entidades
Territoriales”.
III.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
1.
Competencia.
Esta Corte es competente para conocer los
fallos materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos
86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Presentación de los casos objeto de revisión y
planteamiento de los problemas jurídicos.
Sin perjuicio
de las especificidades que serán valoradas al examinar cada caso en particular,
de los antecedentes reseñados la Sala observa que los accionantes solicitan:
(i) Ser
reubicados en una vivienda digna, toda vez que: (a) sus lugares de habitación
se encuentran situados en zonas que fueron o son catalogadas como de alto
riesgo (expedientes T-2929755, T-2935083 y T-2951181); (b) su casa se encuentra
ubicada en la ronda de un caño, cuyos desbordamientos la han venido destruyendo
(T-2954767). Situaciones que ponen en riesgo la vida, la salud y la integridad
física tanto de ellos como la de sus núcleos familiares.
(ii) La
indemnización por los perjuicios causados a su vivienda y demás propiedades
destruidas por un desastre natural, puesto que consideran que existió negligencia
por parte de las autoridades municipales al construir una bocatoma para desviar
el cause original de un río (T-2953483)[1].
Visto lo
anterior y de acuerdo con los hechos y decisiones de instancia, corresponde a
esta Sala resolver los siguientes problemas jurídicos:
(i) ¿Se
vulnera el derecho fundamental a la vivienda digna, en conexidad con los
derechos a la vida, a la salud e integridad física de una persona cuando no se
accede a su reubicación, a pesar de que la zona en que habita sea considerada
por las autoridades municipales como de alto riesgo?
(ii) ¿Se
vulnera el derecho fundamental a la vivienda digna, al no reubicar a una
persona cuya casa de habitación se encuentra en la ronda de un caño, cuyos
desbordamientos ponen en peligro su vida y salud?
(iii) ¿Es
procedente la acción de tutela para solicitar la indemnización de los
perjuicios causados en una vivienda destruida por un desastre natural, dada la
supuesta negligencia de las autoridades municipales al construir una bocatoma
para desviar el cauce original de un río?
Para resolver
los anteriores interrogantes estima la Sala preciso analizar la jurisprudencia
de esta Corporación en relación con: (i) naturaleza, alcance y exigibilidad del
derecho a la vivienda digna; (ii) el marco normativo del proceso de reubicación
de hogares situados en zonas declaradas como de alto riesgo; (iii) deber social
tanto del Estado como de la sociedad frente a las víctimas de desastres
naturales. Examinados esos aspectos, (iv) la
Sala procederá al análisis de cada uno de los casos
objeto de revisión para determinar si hay lugar o no a la protección
invocada.
3. Derecho a la vivienda en
condiciones dignas. Naturaleza, alcance y exigibilidad en sede de tutela.
Reiteración de jurisprudencia.
3.1. El artículo 51 de la
Constitución Política dispone que:
“Todos
los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes
de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo
y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.” (Negrillas
fuera de texto).
De otro lado, el artículo 25 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 sostiene:
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y
en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia
médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros
casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias
independientes de su voluntad.” (Negrillas
fuera de texto original).
Por su parte, el artículo 11,
numeral 1º, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales[2]
dice:
“Los
Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un
nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido
y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de
existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la
efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial
de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.” (Negrillas
fuera de texto).
A partir de los parámetros
fijados en los artículos precitados, esta Corporación ha precisado que la
noción de “vivienda digna” implica contar con un lugar, propio o ajeno,
que le permita a la persona desarrollarse en unas mínimas condiciones de
dignidad y satisfacer su proyecto de vida[3].
De igual forma ha señalado los requisitos que debe cumplir una vivienda para
poder tener dicha connotación, a saber:
“En primer
lugar, debe presentar condiciones adecuadas, las cuales dependen de la
satisfacción de los siguientes factores, entre otros: (i) Habitabilidad,
es decir, que la vivienda cumpla con los requisitos mínimos de higiene, calidad
y espacio necesarios para que una persona y su familia puedan ocuparla sin
peligro para su integridad física y su salud. (ii) Facilidad de acceso
a los servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la
nutrición de sus ocupantes. (iii) Ubicación que permita el fácil acceso a
opciones de empleo, centros de salud y educativos, y otros servicios sociales,
y en zonas que no pongan en riesgo la salud de los habitantes. (iv)
Adecuación cultural a sus habitantes. ║ En segundo lugar, debe rodearse
de garantías de seguridad en la tenencia, condición que comprende, entre otros
aspectos: (i) Asequibilidad, que consiste en la existencia de una oferta
suficiente de vivienda y de posibilidades de acceso a los recursos requeridos
para satisfacer alguna modalidad de tenencia, entre otros. (…). (ii) Gastos
soportables, que significa que los gastos de tenencia –en cualquier modalidad-
deben ser de un nivel tal que no comprometan la satisfacción de otros bienes necesarios
para la garantía de una vida digna de los habitantes de la vivienda. Para
satisfacer este componente, el Estado debe, por ejemplo, crear subsidios para
quienes no puedan sufragar el costo de la tenencia y sistemas de financiación
que permitan a las familias acceder a la vivienda sin comprometer su vida en
condiciones dignas, proteger a los inquilinos contra aumentos desproporcionados
en los cánones de arrendamiento y facilitar el acceso a materiales de
construcción. (iii) Seguridad jurídica en la tenencia, que implica que las
distintas formas de tenencia estén protegidas jurídicamente, principalmente
contra el desahucio, el hostigamiento, o cualquier forma de interferencia
arbitraria e ilegal.”[4]
(Negrillas fuera del texto).
Dentro de la misma línea esta
Corte ha indicado que una “vivienda digna” debe tener condiciones
adecuadas que no pongan en peligro la vida y la integridad física de sus
ocupantes, ya que ella, además de ser un refugio para las inclemencias
externas, es el lugar donde se desarrolla gran parte de la vida de las personas
que la ocupan, por lo que “adquiere importancia en la realización de la
dignidad del ser humano”[5].
De igual forma ha sostenido que, para hacer efectiva la asequibilidad a la
vivienda, debe darse prioridad en los programas que la promuevan “a los
grupos desfavorecidos como las personas de la tercera edad, los niños, los
discapacitados, los enfermos terminales, los portadores de VIH, las personas
con problemas médicos persistentes, los enfermos mentales, las víctimas de
desastres naturales, las personas que viven en zonas de alto riesgo
y los desplazados por la violencia”[6].
(Negrillas fuera de texto original).
3.2. Bajo este contexto, la
jurisprudencia constitucional ha establecido los alcances del derecho a la
vivienda digna, los cuales “se han desplegado (…), entre el reconocimiento
de los elementos inherentes a la naturaleza prestacional del mismo y su
excepcional carácter fundamental[7]”[8].
Como ocurrió con los demás
derechos económicos, sociales y culturales, la jurisprudencia constitucional en
sus primeros pronunciamientos negó la iusfundamentalidad del derecho a
la vivienda digna, haciendo énfasis en la naturaleza prestacional del mismo en
la medida en que “requiere un desarrollo legal previo y que debe ser
prestado directamente por la administración o por las entidades asociativas que
sean creadas para tal fin, sin olvidar que su aplicación exige cargas
recíprocas para el Estado y para los asociados que pretendan beneficiarse de los
programas y subsidios”[9].
Posteriormente,
la competencia del juez constitucional fue reivindicada con fundamento en el
criterio de la conexidad, aceptándose la procedencia directa de la acción de
tutela para lograr la protección del derecho a la vivienda digna cuando su
desconocimiento directo o indirecto implique la vulneración o la amenaza de
derechos fundamentales per se, tales como la vida, la dignidad, la
integridad física, la igualdad, el debido proceso, entre otros[10], siempre que exista para
su titular la concreta ofensa a aquel derecho[11].
Así lo sostuvo en sentencia T-203 de 1999, al indicar:
“Ahora
bien, aunque se ha dicho que el derecho a la vivienda digna no es exigible
directamente por vía de tutela, lo cierto es que esta restricción desaparece
cuando su quebrantamiento vulnera o pone en peligro derechos fundamentales.
Ciertamente, la Corte Constitucional ha reconocido en prolija jurisprudencia
que, en virtud del factor de conexidad, los derechos de segunda generación
v.gr. los derechos a la salud, a la seguridad social o a la vivienda digna,
pueden ser protegidos de la misma forma que los derechos fundamentales.”
Con todo, el criterio de la
conexidad fue insuficiente para resolver algunos casos en los que la equidad
hacía indispensable un pronunciamiento que permitiera la protección del derecho
a la vivienda digna, tal situación hizo necesario establecer “algunas
hipótesis adicionales en las que pese al carácter no fundamental de este
derecho, la acción de tutela resultaba procedente”[12]. En este sentido, la
Corte Constitucional ha sostenido que es procedente la acción de tutela para
proteger el derecho a la vivienda digna cuando se evidencia una afectación del
mínimo vital, tanto en la persona como en su familia, especialmente en personas
que se encuentran en una situación de debilidad manifiesta[13], toda vez que, como ya
se señaló, el derecho a la vivienda adquiere importancia en la realización de
la dignidad del ser humano[14].
Por otra parte y bajo la misma
idea de ampliar las hipótesis en las que es posible proteger el derecho a la
vivienda digna, “la jurisprudencia constitucional ha reconocido que en los
casos en los cuales el contenido de estos derechos ha perdido la vaguedad e
indeterminación que como obstáculo para su fundamentalidad se argüía en un
principio, tales garantías deben ser consideradas fundamentales y en tal
sentido, admiten la intervención del juez de amparo. // Así, respecto de
aquellas prestaciones que han sido reconocidas positivamente, por vía legal o
reglamentaria, a favor de los individuos, de forma tal que pueden ser definidas
como derechos subjetivos, es admitido el carácter iusfundamental de la vivienda
digna, con fundamento en el criterio de la transmutación.[15] Un caso
emblemático al respecto es el relacionado con la concesión y desembolso de
subsidios de vivienda cuando los adquirentes de vivienda han cumplido con todos
los requisitos establecidos por la ley para el efecto.// En otras ocasiones, el
juez constitucional ha recurrido a la aplicación de otros principios
definitorios del Estado como es el caso de la solidaridad para, por esta vía,
procurar la protección del derecho a la vivienda digna (…)”[16].
3.3. Finalmente, se hace
necesario indicar que la jurisprudencia constitucional ha aclarado que en estos
casos la prosperidad de la acción constitucional está sujeta a las condiciones
jurídico-materiales del caso concreto, “debiendo determinar el juez de
tutela si la carencia de vivienda apropiada acarrea conculcación a la dignidad
humana y aún riesgo a la vida o integridad física de quien acude a esta
instancia judicial[17]
y de los integrantes de su núcleo familiar”[18].
4. Marco normativo del proceso
de reubicación de hogares situados en zonas declaradas como de alto riesgo.
Reiteración de jurisprudencia.
Toda vez que este tema ha sido
estudiado por la Corte Constitucional en otras oportunidades, esta Sala
reiterará la línea jurisprudencial, concretamente lo expuesto en la Sentencia
T-036 de 2010.
4.1. Como ya se señaló, el
derecho a una vivienda digna implica necesariamente que la vivienda posea las
condiciones adecuadas para que sus ocupantes puedan habitarla sin peligro para
su integridad física y su salud, ya que ella, además de ser un refugio para las
inclemencias externas, es el lugar donde se desarrolla el proyecto de vida de
las personas, con la incidencia que esto trae en la “realización de la
dignidad del ser humano”[19],
siendo deber del Estado fijar las condiciones necesarias para hacer
efectivo este derecho (artículo 51 Superior).
En este contexto y como una
respuesta a las condiciones de vulneración manifiesta a las que se enfrenta la
población asentada en zonas que por “las condiciones del suelo o por el
efecto de las actividades humanas allí desarrolladas puedan ser consideradas como
proclives a la presencia de derrumbes, deslizamientos o situaciones similares”[20], se ha
desarrollado un sistema normativo que tiene como principal propósito la
protección de los derechos y los bienes de las personas que habitan dichas
zonas[21].
4.2. Con tal
intención, el artículo 56 de la Ley 9ª de 1989[22],
modificado por el artículo 5 de la Ley 2 ª de 1991, dispone:
"Los alcaldes y el Intendente de San Andrés y Providencia
procederán a levantar, en el término máximo de seis (6) meses contados a
partir de la vigencia de la presente ley, un inventario de los asentamientos
humanos que presenten altos riesgos para sus habitantes, en razón a su
ubicación en sitios anegadizos, o sujetos a derrumbes y deslizamientos, o
que de otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda, y
reubicarán a estos habitantes en zonas apropiadas, con la participación del
Instituto de Crédito Territorial. Además, tomarán todas las medidas y
precauciones necesarias para que el inmueble desocupado no vuelva a ser usado
para vivienda humana. ║ Se podrán adquirir los inmuebles y mejoras de las
personas a ser reubicadas, mediante enajenación voluntaria directa o mediante
expropiación, en los términos de la presente ley. Cuando se trate de la
enajenación voluntaria directa, se podrá prescindir de las inscripciones en el
folio de matrícula inmobiliaria de que trata el artículo 13 de esta ley.
Los inmuebles y mejoras así adquiridos podrán ser recibidos en pago de los
inmuebles donde fueren reubicados los habitantes. Adquirido el inmueble, pasará
a ser un bien de uso público bajo la administración de la entidad que lo
adquirió. ║ Si los habitantes de inmuebles ubicados en sitios de alto
riesgo rehusan (sic) abandonar el sitio, corresponderá al alcalde o al
Intendente de San Andrés y Providencia ordenar la desocupación con el concurso
de las autoridades de policía, y la demolición de las edificaciones afectadas. (...)"
La Corte ha interpretado
el artículo 56 precitado a la luz del “deber de protección y de garantía de
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución,
en el sentido de hacer imperativa la evacuación de los inquilinos en situación
de alto riesgo, así como la adquisición del respectivo inmueble, sea por
negociación voluntaria o expropiación, de forma que el antiguo propietario
pueda suplir el que tenía como solución al riesgo que corre la sociedad y en
especial el particular que lo habitaba”[23].
4.3. La Ley
9ª de 1989 fue complementada por la Ley 388 de 1997[24] que a su vez modificó
algunas de sus normas. Con el propósito de garantizar “que la utilización
del suelo permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y
a los servicios públicos domiciliarios y velar por la protección del medio
ambiente y la prevención de desastres, entre otros propósitos[25], la ley
388 reiteró la obligación de identificar las zonas de riesgo en desarrollo de
la competencia relativa al ordenamiento del territorio local radicada en cabeza
de las autoridades municipales y distritales”[26]. En ese sentido, el
artículo 8 de la ley en mención establece:
"La función pública del ordenamiento del territorio local se
ejerce mediante la acción urbanística de las entidades distritales y
municipales, referida a las decisiones administrativas y a las actuaciones
urbanísticas que les son propias, relacionadas con el ordenamiento del
territorio y la intervención en los usos del suelo. Son acciones urbanísticas,
entre otras:
(...)
5. Determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para
la localización de asentamientos humanos, por amenazas naturales, o que de otra
forma presenten condiciones insalubres para la vivienda.
(...)
10. Expropiar los terrenos y las mejoras cuya adquisición se declare
como de utilidad pública o interés social, de conformidad con lo previsto en la
ley.
11. Localizar las áreas críticas de recuperación y control para la
prevención de desastres, así como las áreas con fines de conservación y
recuperación paisajística.
(...)
Parágrafo. Las acciones urbanísticas aquí previstas deberán estar
contenidas o autorizadas en los planes de ordenamiento territorial o en los
instrumentos que los desarrollen o complementen, en los términos previstos en
la presente ley.” (Subrayas fuera de texto).
Por otro lado, el artículo 13 de
la misma ley señala que el componente urbano del Plan de Ordenamiento
territorial debe contener por lo menos:
“5.
La estrategia de mediano plazo para el desarrollo de programas de vivienda de
interés social, incluyendo los de mejoramiento integral, la cual incluirá
directrices y parámetros para la localización en suelos urbanos y de expansión
urbana, de terrenos necesarios para atender la demanda de vivienda de interés
social, y el señalamiento de los correspondientes instrumentos de gestión; así
como los mecanismos para la reubicación de los asentamientos humanos
localizados en zonas de alto riesgo para la salud e integridad de sus
habitantes, incluyendo la estrategia para su transformación para evitar su
nueva ocupación.” (Negrillas y subrayas fuera del texto).
Así las
cosas, el Plan de Ordenamiento Territorial “-definido como el conjunto de
objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y
normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio
y la utilización del suelo[27]
- es el instrumento en desarrollo del cual corresponde a distritos y municipios
asumir la identificación y tratamiento de las zonas que representen riesgo para
los bienes y derechos de quienes habiten en ellas”[28].
4.4. De las normas transcritas se
deduce que el legislador ha concretado en cabeza del Estado, específicamente en
las autoridades locales, deberes frente a la población ubicada en zonas de alto
riesgo, fijando entre otras, las siguientes reglas:
“1) los
alcaldes deben llevar a cabo un inventario de las zonas que presenten altos
riesgos para la localización de asentamientos humanos, entre otros factores,
por estar sujetas a derrumbes o deslizamientos;
2) los
alcaldes deben adelantar programas de reubicación de los habitantes o
desarrollar las operaciones necesarias para eliminar el riesgo en los
asentamientos localizados en dichas zonas;
(…)
4)
Cualquier ciudadano puede presentar al alcalde o intendente la iniciativa de
incluir en el inventario una zona o asentamiento determinado;
5) Se
pueden adquirir los inmuebles y mejoras de las personas a ser reubicadas,
mediante enajenación voluntaria directa o mediante expropiación;
6) Los
inmuebles y mejoras así adquiridos pueden ser recibidos en pago de los
inmuebles donde fueren reubicados los habitantes;
7) El
inmueble adquirido debe pasar a ser un bien de uso público bajo la
administración de la entidad que lo adquirió;
8) Si los
habitantes de inmuebles ubicados en sitios de alto riesgo rehúsan abandonar el
sitio, el respectivo alcalde debe ordenar la desocupación con el concurso de
las autoridades de policía, y la demolición de las edificaciones afectadas; (…).”[29]
En este punto, se hace necesario
señalar que esta Corporación ha precisado que el deber frente a la población
ubicada en zonas de alto riesgo que el legislador ha concretado en las
autoridades locales, tiene como fundamento directo lo dispuesto en el artículo
2 de la Constitución Política, precepto del cual “se desprende un deber
genérico de actuación que obliga a las autoridades de cualquier nivel
territorial, dirigido a impedir que se concreten amenazas o se produzcan
vulneraciones en los derechos de los residentes en Colombia”[30].
Asimismo ha
aclarado que, aun cuando la administración cuenta en estos casos con un ámbito
de discrecionalidad en la apreciación de la gravedad de los hechos y para la elección
de las medidas a aplicar, dicho margen se reduce a encontrar el medio más
adecuado para proteger y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales
de las personas afectadas, dada la urgencia de la situación. En este sentido,
esta Corte, en Sentencia T-1094 de 2002, expuso:
“Si bien
la administración debe cumplir las funciones a ella encomendadas dentro del
marco de facultades establecido en la ley, para lo cual cuenta con un ámbito de
discrecionalidad en la apreciación de la gravedad de los hechos y para la
escogencia de las medidas correspondientes, la urgencia de la situación y la
inminente amenaza a los derechos fundamentales de la persona –ambos hechos
probados y aceptados por la administración municipal correspondiente– hacen
exigibles los deberes constitucionales de cuyo cumplimiento inmediato depende
la efectividad de los respectivos derechos constitucionales fundamentales.
Esto, porque ante la evidencia acerca de la existencia de los hechos que
previeron las leyes citadas, el margen de apreciación de la administración se
reduce a encontrar el medio más adecuado para cumplir sus deberes. Dicho margen
no comprende la posibilidad de abstenerse de actuar en forma oportuna y eficaz,
ya que la omisión en proteger y garantizar el goce efectivo de los derechos
fundamentales amenazados de manera inminente constituye un desconocimiento de la
Carta.
No basta,
entonces, a la autoridad pública afirmar que el ejercicio de las facultades
legales cae dentro del ámbito de libre valoración de la administración. Las
facultades legales de la administración pública establecidas para el
cumplimiento de sus funciones no son optativas; ellas deben ejercerse
oportunamente, en especial cuando de su ejercicio depende la protección
oportuna y el goce efectivo de los derechos de la persona. Prueba de ello es
que la consecuencias dañinas de un derrumbe o deslizamiento de tierra posterior
a la advertencia del inminente riesgo sobre las vidas y los bienes de las
personas que habitan un determinado territorio, sin que se hubieran tomado las
medidas preventivas por la autoridad en forma oportuna, pueden llevar al
enjuiciamiento del Estado por omisión de sus funciones y a su responsabilidad
patrimonial.”
4.5. En ese orden de ideas, la
Sala reitera que para las autoridades administrativas municipales es un
imperativo (i) desarrollar herramientas idóneas y eficientes que permitan la
reubicación de la población asentada en zonas catalogadas como de alto riesgo,
con el fin de proteger la vida de este grupo de personas[31]; (ii) “efectuar
los actos administrativos indispensables para que los afectados encuentren otro
lugar donde vivir en condiciones parecidas a las que antes disfrutaban”[32]. Competencias
que no se reducen a las zonas de alto riesgo, ni se agotan con la reubicación
de asentamientos, ya que, además de ello, deben “atender las medidas que las
autoridades de otros niveles territoriales les dirijan en materia de
prevención, entre ellas por supuesto la ejecución de las obras recomendadas por
éstas”[33].
5. Deber
social tanto del Estado como de la sociedad frente a las víctimas de desastres
naturales. Reiteración de jurisprudencia.
5.1. Colombia
es un Estado Social de Derecho y como República “se funda en la dignidad
humana, el trabajo, la solidaridad y en la prevalencia del interés general
sobre el particular (artículo 1° de la Constitución). Las autoridades de la
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades,
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares (artículo 2° inciso 2º de la Constitución). Dentro de los fines
esenciales del Estado está garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución Política (artículo 2° inciso
1º). También reconoce y garantiza los derechos a la vida (artículo 11), y a la
vivienda digna (artículo 51). Frente a personas que por su condición económica
se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta tiene, además, el deber
de protegerlas especialmente (artículo 13 inciso 3°)”[34].
En este contexto la
jurisprudencia constitucional ha señalado que “en el caso de personas que se
encuentran en situaciones de debilidad manifiesta, debido a su estado de
vulnerabilidad a causa del acaecimiento de un desastre, el principio de
solidaridad cobra una dimensión concreta que hace que el derecho a una vida
digna se relacione directamente con la salud, con la seguridad alimentaria y
con la protección mínima de seguridad ante los peligros de la intemperie entre
otros aspectos. Por esta razón tanto el Estado, como la sociedad y la familia
deben concurrir a la protección de este bien jurídico”[35]. En
el mismo sentido ha precisado que la situación de desamparo a que se ven
abocados los damnificados ante la ocurrencia de un desastre natural, que se
manifiesta en un primer momento en la urgencia por hallar un lugar donde
refugiarse, debe también ser afrontada solidariamente por el Estado y la
sociedad en general. Sobre este último punto, en Sentencia T-1125 de 2003,
sostuvo:
“La situación
de desamparo a que se ven abocados los damnificados ante la ocurrencia de un
desastre, manifestada en un primer momento en la urgencia por hallar un
lugar donde refugiarse ante la emergencia, es una cuestión de humanidad que
debe ser afrontada solidariamente por todas las personas, comenzando desde
luego por el Estado.
…   …   …
En materia
de atención y prevención de desastres, la especial atención constitucional se
brinda para la protección de la población afectada que ostenta una calidad de
vulnerabilidad y debilidad evidente, y en esta medida para el aseguramiento de
sus derechos fundamentales a la vida, a la subsistencia, a la dignidad, y a la
salud, entre otros. Además, el principio general de solidaridad impide que la
sociedad sea indiferente al sufrimiento evidente de las personas o insensible
ante la situación de desamparo o de extrema necesidad en que éstas se encuentren.”
5.2. Por otra
parte, esta Corporación ha precisado que el impacto que pueden generar los
fenómenos naturales sobre las personas justifica el tratamiento diferenciado de
las medidas a adoptar en estos casos, toda vez que el desconocimiento de las
situaciones de vulnerabilidad, “ignorando tanto el evento del desastre como
sus consecuencias en el entorno social, económico, ambiental y familiar,
implica una vulneración contra derechos fundamentales de los damnificados, por
lo cual se hace exigible la cesación de las causas contrarias a la especial
protección debida a la población vulnerable, o las acciones tendientes a la
efectividad de la misma”[36].
En consecuencia, la Corte
Constitucional ha manifestado que respecto del manejo de emergencias, es
fundamental que las autoridades competentes hagan el análisis necesario para
evaluar el riesgo en que se encuentra la población afectada con el propósito de
tomar medidas efectivas para evitar que aumente la exposición y debilidad, sin
excluir a ninguna de las víctimas del desastre.
De igual forma, ha señalado que “en
lo relativo a la recuperación y la reconstrucción, las autoridades competentes
deben tomar en cuenta como objeto de su acción no sólo las zonas, las
actividades y los grupos poblacionales que fueron directamente afectados, sino
todo los que presentan afectaciones indirectas, [pues a]nte estos eventos son
múltiples los factores en riesgo,  dentro del contexto social, material
y ambiental afectado, en el que  se encuentran personas, infraestructuras,
contextos de actividad humana,  recursos, servicios e incluso ámbitos de
aplicación de ciertos derechos que pueden verse afectados con la ocurrencia de
la calamidad”[37].
5.3. Ahora bien, el marco
normativo para la atención y prevención de desastres, lo establecen la
Constitución (artículos 1, 2, 13 y 95), la Ley 46 de 1988[38], el Decreto 919 de 1989[39], la Ley 99
de 1993[40],
el Decreto 93 de 1998[41]
y la Ley 715 de 2001[42],
entre otras normas.
El artículo 18 del Decreto 919 de 1989 define
como desastre "el daño grave o la alteración grave de las condiciones normales de vida en un área
geográfica determinada, causada por
fenómenos naturales y por efectos catastróficos de la acción del hombre en
forma accidental, que requiere por ello de
la especial atención de los organismos del Estado y de otras entidades de carácter humanitario o de servicio social".
Dentro de dicho marco normativo,
dada la relevancia del tema y con el propósito de enfrentar y manejar todo lo
relativo a desastres, “se estableció el Sistema Nacional para la Prevención
y Atención de Desastres el cual está constituido por el conjunto de entidades
públicas y privadas que realizan acciones específicas, para definir las
responsabilidades y funciones de todos los organismos y entidades públicas,
privadas y comunitarias en las fases de prevención, atención, rehabilitación y
reconstrucción en situaciones de desastre. Su función es integrar los esfuerzos
públicos y privados para la adecuada prevención y atención de desastre, así como
garantizar un manejo oportuno y eficiente de los recursos humanos,
administrativos, técnicos y económicos necesarios”[43].
Por su parte, el Decreto 93 de
1998 establece los lineamientos esenciales de la forma en que el Estado
colombiano ha asumido el manejo de los desastres y los programas de prevención
del riesgo, de los cuales cabe destacar: “(i) la previsión de un sistema
articulado en los distintos niveles territoriales y con participación
multisectorial[44];
(ii) la conjugación del enfoque de atención de desastre con el de prevención
del riesgo[45]
como orientaciones esenciales para el manejo del riesgo, y la articulación de ‘(l)as
fases de prevención, atención inmediata, reconstrucción y desarrollo en
relación con los diferentes tipos de desastres y calamidades públicas’[46];
(iii) la asignación de competencias entre los distintos niveles, enfocando en
el nivel central las medidas de planeación y en los niveles territoriales
(particularmente el municipio) las de ejecución de las medidas y elaboración de
planes concretos de acción frente a desastres; (iv) la obligación de los
niveles regional y nacional de concurrir a la atención de situaciones que
desborden la capacidad de los entes municipales; (v) los principios de descentralización,
ámbito de competencias, coordinación y participación[47]; (vi) el
presupuesto de la intervención necesaria y obligatoria de todas las autoridades
para la prevención y atención de desastres, entre otras notas centrales que
serán tenidas en cuenta para el estudio del caso concreto[48]; (vii)
la previsión de diseño de programas de conocimiento, monitoreo, alerta
temprana, difusión de la información[49]”[50] .
Por último, se hace necesario
señalar que esta Corporación se ha referido también a los deberes en cabeza de
los municipios en materia de prevención de desastres, haciendo énfasis en el
papel que estas entidades tienen como células funcionales del ordenamiento
territorial. Al respecto, en Sentencia  T-199 de 2010, dijo:
“(…) el
artículo 76 de la  Ley 715 de 2001 señala la obligación de los municipios de
promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal, bien sea
mediante esfuerzo propio o a través del dinero percibido del Sistema General de
Participaciones, entre otros, en materia de prevención y atención de desastres:
“[Artículo 76.9] Los municipios con la cofinanciación de la Nación y los
departamentos podrán: || 76.9.1. Prevenir y atender los desastres en su
jurisdicción. || 76.9.2. Adecuar las áreas urbanas y rurales en zonas de alto
riesgo y reubicación de asentamientos”.
6. Análisis de los casos concretos.
Conforme a los hechos, pruebas y
jurisprudencia reseñados, esta Sala entra a determinar si las entidades
accionadas han vulnerado los derechos fundamentales de los señores Leonardo
Machado López (T-2929755), Martha Lucía Díaz (T-2935083), Ana María Quiñónez
Zemanate (T-2951181), Antonio Carlos Vásquez (T-2953483) y Marco Antonio Valero
Hernández (T-2954767).
6.1. Expedientes T-2929755 y
T- 2935083.
6.1.1. El señor Leonardo Machado
López pretende la tutela de los derechos fundamentales a la vida, a la vivienda
digna y a la igualdad, que considera vulnerados por la Alcaldía Municipal de
Ibagué, el Banco Inmobiliario Gestora Urbana de Ibagué y la Secretaría de
Planeación de la misma ciudad, y como consecuencia, pide que se ordene a las
entidades accionadas que “den solución real y efectiva a [su] situación de
convivencia en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda el Cataima, vía
boquerón tapias finca el refugio del Municipio de Ibagué. Otorgando el subsidio
de vivienda solicitado o reubicándo[lo] en un predio similar al mencionado”.
Sostiene que el Grupo de
Prevención y Atención de Desastres de la Secretaría de Salud Municipal de
Ibagué no le ha contestado la solicitud que le formuló el 8 de septiembre de
2008 para que le practicaran una visita y evaluación urgentes del estado de su
vivienda y le fuera solucionado su problema.
Agrega que el 3 de agosto de 2009
solicitó al Alcalde Municipal de Ibagué la reubicación de él y su familia por
encontrarse en peligro de muerte debido a un inminente deslizamiento, sin que
haya tenido solución efectiva.
Contrario a lo resuelto por el ad
quem, esta Sala considera que la acción es procedente en este caso y que no es
razonable su rechazo por falta de inmediatez, en primer lugar, porque el actor
ha sido diligente pidiendo la protección de sus derechos fundamentales ante las
autoridades administrativas, siendo éstas las que han demorado una pronta
solución. En segunda medida, porque no ha cesado el riesgo de afectación de
esos derechos, razón por la cual no tiene sentido sostener que falta la
inmediatez como requisito de procedibilidad de la acción[51].
Tampoco se configura la ausencia
de legitimación por activa por el hecho de que el accionante no sea dueño del
predio donde se encuentra ubicada su vivienda, porque, según ya se anotó, esta Corporación
ha sostenido que la noción de “vivienda digna (…) implica contar con un
lugar propio o ajeno, que le permita [a la persona] desarrollarse en unas
mínimas condiciones de dignidad y satisfacer su proyecto de vida”[52]. Lo
fundamental a tener en cuenta es que el señor Leonardo Machado López ha estado
viviendo en el mencionado predio, junto con su cónyuge Laura María Montaña,
quien es la propietaria del inmueble, como claramente lo demuestra el informe
técnico practicado el 1 de diciembre de 2008[53].
En cuanto al derecho de petición,
el mismo actor acompaña copia del escrito de fecha 19 de agosto de 2009,
mediante el cual el Grupo de Prevención y Atención de Desastres de la
Secretaría de Salud Municipal de Ibagué le pide que desaloje la vivienda en
razón de las condiciones del terreno donde se encuentra ubicada y le responde
la solicitud formulada al Alcalde en el sentido de que fue incluído en el censo
del Grupo de Prevención y Atención de Desastres -GPAD- y que estaban
adelantando el trámite en el nivel nacional para obtener el subsidio de
vivienda[54].
El informe técnico que contiene
la actuación da cuenta de la evaluación de la vivienda y del terreno donde está
situada, practicado por la administración municipal[55].
Ahora bien, el Secretario de
Salud del Municipio de Ibagué, en su respuesta a la acción de tutela, afirma
que esa entidad ha adelantado el trámite para la reubicación del accionante y
que en desarrollo del mismo realizó el censo o visita técnica a la vivienda,
habiendo determinado la necesidad de la reubicación[56].
Por tanto, las entidades
accionadas no han vulnerado, ni amenazado el derecho de petición al señor
Leonardo Machado López.
Igualmente obra en la actuación
copia del informe técnico número 5.4.7.0096, de fecha 1 de diciembre de 2008,
según el cual se constataron estos hechos: (i) la vivienda evaluada se halla
situada en la finca El Refugio, vereda Cataima del municipio de Ibagué; (ii) se
encuentra habitada por Leonardo Machado y Laura Montaña, quienes están
afiliados al Sisben; (iii) ese predio fue afectado por varios deslizamientos de
tierra que dañaron la vivienda casi en su totalidad; (iv) ésta se halla
construida en bareque, techo en teja de zinc, rodeada de pendientes altas, sin
alcantarillado, con incidencia de una vía cercana y altos niveles de agua que
amenazan con nuevos deslizamientos; (v) todas esas circunstancias llevaron al
perito a decir que la vivienda se encuentra situada en zona de alto riesgo[57].
6.1.2. La señora Martha Lucía
Díaz Restrepo solicita la protección de sus derechos fundamentales y los de sus
3 hijos menores de edad a la vivienda y a la vida en condiciones dignas, que
considera vulnerados, y pide que, a la mayor brevedad posible, sea reubicada o
incluída en uno de los planes de vivienda que tiene la Alcaldía.
Sustenta sus peticiones en que: (i)
es madre de tres hijos menores de edad dependientes de ella; (ii) viven en la
ciudad de Pereira, barrio Rocío Bajo, casa número 84, la cual se encuentra
situada en una zona de alto riesgo combinado; (iii) no devenga salario fijo, aunque
labora en oficios varios; (iv) y le fue negada una solicitud de reubicación
presentada en el año 2001, porque “figuraba como propietaria”.
Si bien la sentencia que se
revisa niega la tutela, entre otras razones, por falta de inmediatez, esta Sala
considera que esa causal de improcedencia no se configura realmente porque está
demostrado que la vivienda de la accionante se halla ubicada en zona de alto
riego, circunstancia que no ha desaparecido, sino que continúa.
En cuanto a la situación de alto
riesgo de la vivienda es la propia accionante quien gráficamente la describe
diciendo que “está que se me cae encima”.
Sobre este aspecto la demandante
acompaña copia de la comunicación remitida el 12 de diciembre de 2003 por la
Directora de la Oficina para la Prevención y Atención de Desastres del Municipio
de Pereira, que hace relación a la visita técnica practicada a la vivienda, en
el sentido de que ésta corresponde al número 84 del barrio Rocío Bajo y que se
compone de una casa de un piso, con sótano, construida en paredes de guadua,
esterilla y tabla, a la intemperie por fuera y cubierta interiormente con
plástico para evitar la entrada del agua, con una inclinación de 15 centímetros. Continúa diciendo que ese barrio está clasificado desde el año 1995 como de riesgo
combinado alto o riesgo alto geotécnico e hidrológico, anotando que el último
deslizamiento de tierra sucedió en el mes de diciembre de 2003. Finalmente
recomienda que todas las viviendas de ese barrio sean incluídas en un programa
de reubicación[58]
.
Los mismos funcionarios le
enviaron a la señora Martha Lucía Díaz Restrepo, el 29 de agosto de 2006, otro
oficio, mediante el cual le hacen saber el resultado de una nueva visita
técnica practicada a su casa número 84 del barrio Rocío Bajo, que evidenció una
situación de riesgo alto en la zona por causas semejantes a las anteriores,
pero agravadas, en cuanto dice que hay frente a la vivienda un talud de 8 metros de alto, sobre el cual se han presentado varios deslizamientos de tierra y existe la amenaza
de otros. Aclara que ese sector fue incluído en el inventario municipal de
viviendas en riesgo desde el año de 2005[59].
Por su parte, el apoderado
judicial del Alcalde de Pereira sostiene que la Secretaría de Gestión
Inmobiliaria recibió a la accionante la documentación requerida y que realizó
la postulación de su hogar ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial el 7 de julio de 2005, la cual fue rechazada con fundamento en el informe
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, según el cual la señora Martha Lucía
Díaz “aparece como propietaria de una vivienda en el Municipio de Pereira,
que si bien corresponde a la misma casa que se encuentra en zona de riesgo,
este cruce la inhabilita para recibir un subsidio de vivienda de cualquier
entidad estatal (…)”. El mismo funcionario anexa un reporte del mencionado
ministerio, en el que aparece la postulación para subsidio de vivienda por
$7.518.000, realizada el 07 de julio de 2005, con cero pesos de asignación, por
hallarse en estado “cruzados”[60].
En el mismo sentido, el apoderado
especial del Fondo Nacional de Vivienda            -FONVIVIENDA-, asevera que: (i)“la
accionante se postuló con el fin de acceder al subsidio de vivienda de los que
otorga FONVIVIENDA, en la Bolsa Única Nacional del año 2005, en la modalidad de
Adquisición de Vivienda Nueva, postulación efectuada ante la Caja de
Compensación Familiar de Risaralda- Pereira”; (ii) de acuerdo con el
reporte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en ese momento el hogar de la
actora “era propietario de un bien inmueble en el Departamento de Risaralda
con Cédula Catastral 305700001006, ubicado en el barrio Rocío Bajo casa  84 B”,
razón por la cual la postulación resultó “cruzada y/o rechazada”; y (iii)
el ordenamiento jurídico vigente para la época de los hechos (Ley 3 de 1991 y
Decreto 975 de 2004) disponía “que solamente pueden ser beneficiarios
quienes se postulen para recibir el Subsidio Familiar de Vivienda por
carecer de recursos suficientes para obtener una solución de vivienda”.
De acuerdo con esto, resulta
claro que el predio “cruzado” al que se refieren el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi y el Fondo Nacional de Vivienda            -FONVIVIENDA-
corresponde exactamente a la casa número 84 del barrio Rocío Bajo de Pereira,
que se encuentra ubicado en zona de alto riesgo.
6.1.3. Con base en las pruebas
que se acaban de examinar, la Sala concluye que las viviendas de los
accionantes Leonardo Machado López y Martha Lucía Díaz Restrepo se encuentran
ubicadas en zonas de alto riesgo, sin que a la fecha sus respectivas
administraciones municipales los haya provisto de vivienda digna, ni tomado medidas
efectivas dirigidas a eliminar el riesgo para su vida e integridad personal. Así
las cosas, la negligencia y omisión de esas autoridades son evidentes,
vulnerando el derecho a la vivienda digna de los accionantes y de sus núcleos
familiares, el cual se torna fundamental por guardar conexidad con los derechos
a la vida y a la integridad física, siendo necesario ampararlos por el medio
más eficaz, que en este caso es la acción de tutela, dada la gravedad y la
inminencia del peligro a que están expuestos.
Ante estas circunstancias
fácticas, la Sala considera aplicables a estos dos casos la jurisprudencia
constitucional y las normas legales pertinentes que se han analizado en esta
providencia, en relación con las viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo,
para concluir que corresponde a los alcaldes de los municipios de Ibagué y
Pereira, con relación a los señores Leonardo Machado López y Martha Lucía Díaz
Restrepo, respectivamente:
(i) Incluirlos, si aún no lo han
hecho, junto con sus núcleos familiares, en el censo de familias que viven en
zonas de alto riesgo.
(ii) Si esas personas se rehúsan
a abandonar voluntariamente los lugares en que habitan, desalojarlos con el
concurso comedido de las autoridades de policía y disponer prudentemente la
demolición de las edificaciones afectadas, lo cual se hará con el cardinal
objetivo de proteger la vida y la integridad de las personas ante reales
riesgos inminentes.
(iii) Ubicar inmediatamente a los
referidos accionantes y sus familias en albergues temporales que tengan las
condiciones de vivienda digna.
(iv) Incluir a dichos accionantes
y a su núcleo familiar en un programa municipal de reubicación definitiva de
vivienda, acudiendo de ser necesario, a la colaboración departamental y
nacional, teniendo en cuenta que esas personas gozan de tratamiento
prioritario, según lo dispuesto en el literal f del artículo 2 del Decreto 3111
de 2004, modificado por el Decreto 3745 del mismo año. La Sala precisa que,
para efectos de la interpretación y aplicación  de la Ley 3 de 1991, del
Decreto 975 de 2004 y del artículo 34 del Decreto 2190 de 2009, las autoridades
competentes para hacer la asignación de los recursos de vivienda no deben
negarla porque los postulantes sean propietarios del predio ubicado en zona de
alto riesgo, toda vez que resulta contradictorio sostener que en esos casos las
personas no tienen derecho al subsidio por ser dueñas de  predios inhabitables
de los cuales van a ser desalojadas.
(v) Adelantar las operaciones
indispensables para eliminar el riesgo en las zonas afectadas, o tomar las precauciones
necesarias para que los terrenos desocupados no vuelvan a ser usados para
vivienda.
De acuerdo con lo anterior, la
Sala revocará los fallos proferidos por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de
Ibagué, de fecha 6 de septiembre de 2010, y por el Juzgado Quinto Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Pereira, del 22 de noviembre
de 2010, y, en su lugar, protegerá el derecho fundamental a la vivienda digna,
en conexidad con los de la vida e integridad física, de los señores Leonardo
Machado López y Martha Lucía Díaz Restrepo, ordenando a la vez que se tomen las
medidas que han omitido las entidades accionadas.
6.2. Expediente T-2951181.
La señora Ana María Quiñónez
Zemanate, en nombre propio, como representante de su hijo incapaz José Rosendo
Medina Quiñónez, como agente oficioso de su nieta Diana Zuleima Ruiz y de su
biznieto menor de edad Duván Alejandro Tobar Ruiz, pide la protección de los
derechos fundamentales de los niños y a la vivienda digna, que estima están
siendo vulnerados por la Alcaldía Municipal de Popayán, y como consecuencia,
solicita que se le ordene a ese municipio, por medio de su representante legal,
que la reubique de manera inmediata, junto con su núcleo familiar.
Afirma que viven en una casa
situada en Popayán, en la calle 15, número 22-101, en zona de alto riesgo,
sobre un talud que requiere estabilización urgente, y que la alcaldía municipal
ha contestado su petición de reubicación del año 2001 de manera negativa y
contradictoria, como lo demuestran los documentos que acompaña.
En orden a demostrar los hechos
planteados por la accionante se cuenta con la copia de la certificación expedida
el 26 de enero de 2001 por la Secretaría de Planeación Municipal de Popayán,
según la cual el predio ubicado en la calle 15 número 22-101 interior, de
propiedad de Ana María Quiñónez Zemanate, está situado en zona de alto riesgo
por las pendientes, la geología y la topografía[61].
Obra copia del oficio de fecha 4
de junio de 2005, remitido a la actora por el Jefe de la oficina Asesora de
Planeación de Popayán, por el cual le hace saber que, el 31 de mayo de ese año,
funcionarios de esa dependencia practicaron una visita a su vivienda, habiendo
constatado que “la casa se encuentra afectada por filtraciones de agua
lluvia sobre el piso en tierra. En consecuencia es necesario estabilizar el
suelo de la vivienda con un muro de contención en el borde externo inmediato a
la vía peatonal de la misma que disminuya el riesgo de deslizamiento de la casa
sobre la pendiente”[62].
Asimismo le aclara que ese es un inmueble privado, en el cual el municipio
está limitado para hacer inversión y le recomienda gestionar un subsidio de
vivienda estatal en una caja de compensación familiar.
Una vez más, el Jefe de la Oficina
Asesora de Planeación de Popayán, en oficio de fecha 6 de marzo de 2008,
enviado a la señora Ana María Quiñónez Zemanate, le explica que esa dependencia
ha practicado repetidas visitas a su vivienda, habiendo constatado que los taludes
anterior y posterior y el techo requieren obras mínimas de adecuación, las cuales
corresponden a la dueña del predio y no al municipio. Agrega que el riesgo de
deslizamiento no es inminente y que se trata de un caso de vulnerabilidad
social[63].
Este concepto fue ratificado por
la precitada oficina por medio del oficio del 28 de marzo de 2010, según el
cual “(…) se identificó mediante visita, que el riesgo no es inminente
y se trata de un caso de vulnerabilidad social”[64] (negrillas
fuera de texto).
Ante esta situación la Sala
concluye que no está demostrado que la señora Ana María Quiñónez Zemanate tenga
su vivienda en una zona de alto riesgo y que, por tanto, no están siendo
vulnerados los derechos fundamentales cuya protección reclama, lo que lleva a
confirmar la sentencia que se revisa.
No obstante, la Sala también
considera necesario conminar al Alcalde de Popayán que haga practicar una nueva
visita técnica, con un perito idóneo, a la vivienda de la señora Ana María Quiñónez
Zemanate y a la zona que la circunda, con el fin de establecer con certeza si
actualmente es de alto riesgo, sin tener en cuenta que se trata de predios de
uso público o privado, ya que lo que las normas aplicables protegen en este
caso no son los bienes, sino los derechos fundamentales en peligro de las
personas que los habitan y por eso impone a las autoridades municipales la
obligación de determinar esas zonas de alto riesgo y de desalojar de ellas a
quienes las ocupan. Igualmente que, en caso de que ese lugar llegare a ser
calificado como zona de alto riesgo, deberá desalojar a sus ocupantes y darles
de inmediato un albergue provisional, mientras los reubican definitivamente en
una vivienda digna.
Además, se solicitará a la Procuraduría
y a la Defensoría Regional del Cauca que, dentro de sus competencias constitucionales
y legales, vigilen el cumplimiento de lo ordenado en esta providencia en
relación con la señora Ana María Quiñónez Zemanate.
6.3.
Expediente T-2953483.
El señor Antonio Carlos Vásquez
pretende que se tutelen sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la
dignidad humana, a la vida, los derechos de los niños y a la ayuda humanitaria
de emergencia, que estima vulnerados por la Alcaldía Municipal de Becerril, la
Gobernación del Cesar y la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional -Acción Social-; que se ordene a las entidades
accionadas realizar las obras civiles necesarias para evitar que las aguas del
río Socomba arrasen los cultivos y pastos de su propiedad; que le presten a él
y a su núcleo familiar compuesto por siete personas, durante 3 meses,
asistencia alimentaria, vivienda, vestido y agua potable; y que se ordene la
indemnización de los perjuicios causados a sus bienes.
Como sustento fáctico expone que,
habiendo sido desplazado por la violencia desde el año 2002, regresó, junto con
su grupo familiar, a su parcela denominada Marasoco, ubicada en la vereda
Socomba del municipio de Becerril (Cesar), donde las autoridades construyeron,
sin estudios técnicos, una bocatoma para desviar el cauce natural del río
Socomba, lo que ha causado desgaste y destrucción progresivos de las barreras
naturales de contención del río, originando a la vez amenaza grave para la vida
propia y de su familia, así como daños incalculables en bienes y animales.
Después de que el Juzgado Tercero
Penal del Circuito de Valledupar admitió la acción de tutela, el actor hizo
llegar un escrito reiterando sus pretensiones iniciales, más la tutela del
derecho al mínimo vital y a la vez informando que efectivamente el río Socomba
se desbordó y arrasó “con la vivienda de su propiedad, además perdí los
enseres, semovientes y cultivos, bajo estas circunstancias me encuentro
totalmente abandonado con mi familia, sin techo, alimentación (…)”. Aclara que
la administración municipal de Becerril no hizo nada por evitar esos
perjuicios, a pesar de haber puesto el peligro en su conocimiento con 7 meses
de anticipación. Anexa un CD con fotografías en las cuales se pueden observar
los daños causados a la vivienda por el desbordamiento del río[65].
Para demostrar los hechos que
narra el accionante obra en la actuación copia del derecho de petición
formulado por el señor Antonio Carlos Vásquez, el 15 de febrero de 2010, a la Alcaldía Municipal de Becerril, para que ordenara una visita a la bocatoma del río Socomba
y con base en ella se realizara la canalización o dragado del río y así evitar
los desbordamientos en su vivienda y parcela[66].
El 5 de marzo de 2010, el
Secretario del Interior y Salud del municipio de Becerril le respondió al señor
Antonio Carlos Vásquez que “el Municipio de Becerril, Cesar, actualmente se
encuentra adelantando trámites necesarios para la celebración de un contrato
mediante el cual se desarrollarán obras de mantenimiento de la bocatoma y
dragado del río (…)”[67].
Se cuenta igualmente con la copia
del acta del Comité Local de Becerril de Prevención y Atención de Desastres, de
fecha 9 de noviembre de 2010, en la cual tomó algunas medidas relacionadas con
los desastres causados por la ola invernal, en desarrollo del cual “el señor
Luís Alfonso Cárcamo, representante de la Cruz Roja Municipal hace entrega de
soportes de verificación de los hechos mostrando registros fotográficos de las
viviendas y las inquietudes de las familias afectadas las cuales sufrieron
pérdidas de cultivos, animales, enseres y viviendas encontrándose un número de
12 familias con numerosas pérdidas por motivo de las crecientes de los ríos,
también reportó el informe de las familias que se encuentran aisladas porque el
río en estos momentos no dio paso para hacer la respectiva evacuación (…)”[68].
Con base en estos elementos de
juicio la Sala da por cierto que: (i) el señor Antonio Carlos Vásquez se
encontraba viviendo, junto con una hija y la familia de ésta, en la parcela de
su propiedad situada en la vereda Socomba del municipio de Becerril (Cesar);
(ii) dicho municipio construyó cerca a esa finca una bocatoma para desviar el
cauce natural del río Socomba, que en el mes de noviembre de 2010 se desbordó
arrasando la vivienda y la finca del actor y causando perjuicios a sus
habitantes por daños muy graves en esos bienes, los cultivos y los animales;
(iii) el señor Antonio Carlos Vásquez, desde el 15 de febrero de 2010, puso en
conocimiento de la Alcaldesa de Becerril el inminente peligro que corrían él,
su familia y sus bienes por el mal estado de la mencionada bocatoma y le solicitó
tomar las medidas adecuadas para eliminar el riesgo; (iv) no está demostrado
que la administración municipal de Becerril haya incluido al actor y a su grupo
familiar en la lista de damnificados del desastre natural producido por el
desbordamiento del río Socomba, ni que hayan recibido ayuda alguna.
De acuerdo con esa realidad
fáctica, con las normas y la jurisprudencia de esta Corporación ya citadas, es
evidente que el señor Antonio Carlos Vásquez y su grupo familiar son personas
que se encuentran en estado de vulnerabilidad y debilidad manifiestas, que ven
afectados sus derechos fundamentales a la vida, a la subsistencia, a la
dignidad, a la salud y a la vivienda digna, entre otros, por ser damnificados
de un desastre natural consistente en el desbordamiento del río Socomba, derechos
que deben ser amparados.
En consecuencia, se ordenará la
revocatoria parcial de la sentencia que se revisa; y se dispondrá el amparo de
los derechos mencionados, ordenando al Alcalde Municipal de Becerril que, si
aún no lo ha hecho, adelante los trámites necesarios para incluir al señor Antonio
Carlos Vásquez y su grupo familiar en el censo oficial de damnificados del
desastre natural ocurrido por el desbordamiento del río Socomba en noviembre de
2010 y les otorgue toda la ayuda que legalmente les corresponda.
Ahora bien, en cuanto a la
posible responsabilidad del municipio en la construcción de la bocatoma para
desviar el cauce natural del río Socomba y los perjuicios de orden económico
que hayan podido causarse al accionante con el desbordamiento del río, la
acción de tutela no es procedente, porque para ello el actor dispone de la
jurisdicción contencioso administrativa. Así lo ha sostenido la jurisprudencia
constitucional al indicar que “la responsabilidad del Estado por los
posibles daños antijurídicos que con su omisión ocasione es un asunto ajeno al
procedimiento de tutela”[69].
6.4. Expediente T-2954767.
El señor Marco
Antonio Valero Hernández solicita la protección de sus derechos fundamentales a
la igualdad y a la vivienda digna, que considera vulnerados por la Alcaldía
Municipal de Villavicencio y la Empresa Industrial y Comercial del municipio de
Villavicencio -Villavivienda-, y que se les ordene a las entidades accionadas
que le asignen una casa de interés social.
Aclara que
nació el 19 de julio de 1926, padece una grave enfermedad cardiaca, carece totalmente
de recursos económicos y vive en una enramada en el barrio Morichal de la
ciudad de Villavicencio.
Acerca del
lugar donde reside el accionante explica que vive a orillas de un caño, cuyas
crecientes le han destruido la mitad de su enramada[70].
El Presidente
de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Gaitana de Villavicencio, en sus
comunicaciones a algunas autoridades locales, solicita la reubicación del señor
Marco Antonio Valero Hernández, quien vive en condiciones infrahumanas en la
ronda de un caño y es persona discapacitada por tener “en su cuerpo marcapasos
y platinas en los pies”[71].
Por otra
parte, en escrito del 16 de abril de 2009, la Alcaldía de Villavicencio le
informó al presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio la Gaitana que
el señor Marco Antonio Valero Hernández sería incluido en una lista de
postulantes a subsidio de vivienda[72].
De igual forma la Alcaldía de Villavicencio, en mensaje del 30 de diciembre de
2009, le explicó al Presidente de la junta de acción comunal mencionada que la
alcaldía le había solicitado al Jefe de la Oficina de Participación Ciudadana
buscarle al accionante un hogar geriátrico y brindarle un albergue en
condiciones dignas[73].
La gerente y
representante legal de la Empresa Industrial y Comercial del Municipio de
Villavicencio -Villavivienda-, en respuesta a la presente acción de tutela,
después de sostener la improcedencia de la acción, aclara que “actualmente
se encuentra estudiando la viabilidad de asignarle al accionante el subsidio en
especie otorgado por el Municipio a través de VILLAVIVIENDA. No sin antes
aclarar que el señor MARCO ANTONIO VALERO HERNÁNDEZ se encuentra en la base de
datos de familias que se encuentran en algún grado de vulnerabilidad y que no
cuenta con vivienda; para que previo el cumplimiento de requisitos de Ley;
(dándosele prioridad por su condición de tercera edad) se postule al nuevo
proyecto de vivienda de interés prioritario que adelanta VILLAVIVIENDA y el
Municipio denominado LA MADRID”[74].
Anexa copia de la lista referida, en la cual efectivamente aparece
el nombre del señor Marco Antonio Valero Hernández[75].
De acuerdo
con las anteriores pruebas la Sala da por cierto que: (i) el accionante es
persona de especial protección constitucional por encontrarse en estado de
debilidad manifiesta, debido a que tiene más de 84 años de edad, es
discapacitado por padecer de una grave enfermedad cardiaca, tener platinas en
los pies y carecer totalmente de recursos económicos para costear sus gastos de
sostenimiento; (ii) la vida y la integridad personal del actor se ven amenazadas
de manera grave por los desbordamientos del caño o río que ya destruyó la mitad
de su vivienda, (iii) el accionante no tiene opción de reubicación por cuenta
propia, por falta de recursos económicos; (iv) el Presidente de la Junta de
Acción Comunal del Barrio La Gaitana, desde el 5 de abril de 2009[76], y el señor
Procurador Regional del Meta desde el 31 de agosto del mismo año, han venido
solicitando al Alcalde de Villavicencio y al Gerente de la Empresa Industrial y
Comercial del Municipio de Villavicencio -Villavivienda- que reubiquen al señor
Marco Antonio Valero Hernández, por las razones ya anotadas, sin que hayan dado
una solución real y efectiva al problema.
Ahora bien, el
artículo 3, numeral 3, de la Ley 136 de 1994, establece que corresponde al
municipio, entre otras funciones, “[s]olucionar las necesidades
insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable,
servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación y deporte, con especial
énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados,
directamente y, en concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás
entidades territoriales y la Nación, en los términos que defina la ley”.
No cabe duda
entonces que el Alcalde Municipal de Villavicencio, por lo menos desde el mes
de abril de 2009, ha venido vulnerando al señor Marco Antonio Valero Hernández
su derecho a la vivienda digna, que adquiere rango fundamental por guardar en
este caso conexidad con el derecho a la vida e integridad física del actor,
quien es persona que merece especial protección constitucional por hallarse en
situación de debilidad manifiesta debido a su edad, enfermedades que lo aquejan
y falta de recursos económicos.
En tales
circunstancias y conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, la Sala revocará
el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Villavicencio, de
fecha 17 de noviembre de 2010; y amparará los derechos mencionados, ordenando al
Alcalde Municipal de Villavicencio que, si aún no lo ha hecho: (i) desaloje al
señor Marco Antonio Valero Hernández de la vivienda que ocupa a las orillas de
un caño en el barrio Morichal; (ii) inmediatamente lo ubique en un hogar
geriátrico o en un alberque provisional; (iii) realizar todos los trámites
necesarios para que el accionante sea incluido como beneficiario de un  proyecto
de vivienda de interés social para población vulnerable.
Además, también se ordenará solicitar
a la Procuraduría y a la Defensoría Regional del Meta que, dentro de sus
competencias constitucionales y legales, vigilen el cumplimiento de lo ordenado
en esta providencia a favor del señor Marco Antonio Valero Hernández.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR en el expediente T-2929755 la sentencia proferida el 6 de
septiembre de 2010 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagué,
y, en su lugar, por las razones expuestas en esta providencia, CONCEDER la tutela del
derecho fundamental a la vivienda digna, en conexidad con los de la vida e
integridad física del señor Leonardo Machado López.
Por
tanto, ORDENAR al Alcalde Municipal de Ibagué que, si aún no lo ha
hecho, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de esta providencia, proceda a incluir al señor Leonardo Machado
López, junto con su grupo familiar, en el censo de familias que viven en
zonas de alto riesgo y, si esas personas se rehusaren a abandonar voluntariamente
los lugares en que habitan, desalojarlos con el concurso comedido de las
autoridades de policía y disponer prudentemente la demolición de las
edificaciones afectadas, lo cual se hará con el cardinal objetivo de proteger
la vida y la integridad de las personas ante reales riesgos inminentes; a
ubicarlos inmediatamente en un albergue transitorio; a
reubicarlos definitivamente en una vivienda digna, en un término de un (01) año
contado a partir de la notificación de esta sentencia; y a adoptar en el término
de cuarenta y ocho (48) horas, todas las medidas necesarias para evitar nuevos
asentamientos humanos en esa zona de alto riesgo. ORDENAR
al Alcalde Municipal de Ibagué que informe
oportunamente al Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad sobre
el cumplimiento de las órdenes impartidas en esta providencia en relación con
el señor Leonardo Machado López.
SEGUNDO.- REVOCAR en el expediente T-2935083 el fallo emitido el 22 de
noviembre de 2010 por el Juzgado Quinto Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Pereira, y, en su lugar, por las razones expuestas en
esta providencia, CONCEDER la tutela del derecho fundamental a la vivienda digna, en
conexidad con los de la vida e integridad física de la señora Martha Lucía
Díaz Restrepo.
Por
tanto, ORDENAR al Alcalde Municipal de Pereira que, si aún no lo ha
hecho, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de esta providencia, proceda a incluir a la señora Martha Lucía
Díaz Restrepo, junto con su grupo familiar, en
el censo de familias que viven en zonas de alto riesgo y, si esas personas se
rehusaren a abandonar voluntariamente los lugares en que habitan, desalojarlos
con el concurso comedido de las autoridades de policía y disponer prudentemente
la demolición de las edificaciones afectadas, lo cual se hará con el cardinal
objetivo de proteger la vida y la integridad de las personas ante reales
riesgos inminentes; a reubicarlos definitivamente en
una vivienda digna, en un término de un (01) año contado a partir de la
notificación de esta sentencia; y a adoptar en el término de (48) horas, todas
las medidas necesarias para evitar nuevos asentamientos humanos en esa
zona de alto riesgo. ORDENAR al Alcalde Municipal de Pereira que informe oportunamente
al Juzgado Quinto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
la misma ciudad sobre el cumplimiento de las órdenes impartidas en esta
providencia en relación con la señora Martha Lucía Díaz Restrepo. ADVERTIR que, para efectos de la
interpretación y aplicación  de la Ley 3 de 1991, del Decreto 975 de 2004 y del
artículo 34 del Decreto 2190 de 2009, las autoridades competentes para hacer la
asignación de los recursos de vivienda no deben negar el subsidio a la
accionante por ser propietaria de la casa número 84 del barrio Rocío Bajo de
Pereira ubicada en zona de alto riesgo.
TERCERO.- CONFIRMAR en el
expediente T-2951181, por las razones y en los términos señalados en la
parte motiva de esta decisión, la sentencia proferida el 15 de julio de 2010
por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Popayán, que resolvió no tutelar los
derechos fundamentales invocados por la señora Ana María Quiñónez Zemanate.
No obstante, CONMINAR al
Alcalde Municipal de Popayán para que, en el término de cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, haga practicar una
nueva visita técnica, con un perito idóneo, a la vivienda de la señora Ana
María Quiñónez Zemanate y a la zona que la circunda, con el fin de establecer
con certeza si actualmente es de alto riesgo, sin tener en cuenta que se trate
de uso público o privado; y que, en caso de que ese lugar llegare a ser
calificado como zona de alto riesgo, deberá desalojar a sus ocupantes y darles
de inmediato un albergue provisional, mientras los reubica definitivamente en
una vivienda digna.
CUARTO.- CONFIRMAR en el expediente T-2953483 lo resuelto en el numeral
primero de la sentencia proferida el 22 de noviembre
de 2010 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Valledupar, únicamente en cuanto negó por improcedente la
acción de tutela por la posible responsabilidad del Municipio de Becerril
(Cesar) en la construcción de la bocatoma para desviar el cauce natural del río
Socomba y por los perjuicios de orden económico que haya podido causar al
accionante el desbordamiento de dicho río; REVOCAR en todo lo demás lo
resuelto en la mencionada sentencia y, en su lugar, por las razones expuestas
en esta providencia, CONCEDER la tutela de los derechos fundamentales a la vida digna e
integridad física del señor Antonio Carlos Vásquez y de su grupo familiar.
Por tanto, ORDENAR al Alcalde Municipal
de Becerril (Cesar) que, si aún no lo ha hecho, en el término de
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia,
adelante los trámites necesarios para incluir al señor Antonio
Carlos Vásquez y a su núcleo familiar en el censo oficial de damnificados del
desastre natural ocurrido por el desbordamiento del río Socomba en noviembre de
2010 y que les otorgue toda la ayuda que legalmente les corresponda. ORDENAR al Alcalde
Municipal de Becerril (Cesar) que, informe oportunamente al Juzgado
Tercero Penal del Circuito de Valledupar sobre el cumplimiento de las órdenes
impartidas en esta providencia en relación con el accionante Antonio Carlos Vásquez.
QUINTO.- REVOCAR en el expediente T-2954767 el fallo emitido el 17 de
noviembre de 2010 por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Villavicencio
y, en su lugar, por las razones expuestas en esta providencia, CONCEDER la tutela del
derecho fundamental a la vivienda digna, en conexidad con los de la vida e
integridad física del señor Marco Antonio Valero Hernández.
Por tanto, ORDENAR al Alcalde Municipal
de Villavicencio que, si aún no lo ha hecho, en el término de cuarenta y ocho
(48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, proceda a
desalojar al señor Marco Antonio Valero Hernández de la vivienda que
ocupa a orillas de un caño en el barrio Morichal; lo ubique inmediatamente en
un hogar geriátrico o en un albergue provisional; y realice los trámites necesarios
para que el accionante sea incluido como beneficiario de un proyecto de
vivienda de interés social para población vulnerable, en un término de un (01)
año contado a partir de la notificación de esta providencia. ORDENAR al Alcalde
Municipal de Villavicencio que informe oportunamente al Juzgado Cuarto
Civil Municipal de esa ciudad sobre el cumplimiento de las órdenes impartidas
en esta providencia en relación con el accionante Marco Antonio Valero
Hernández.
SEXTO.- SOLICITAR a la
Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que, dentro de
sus competencias constitucionales y legales, vigilen el cumplimiento de lo
ordenado en esta providencia en relación con los accionantes Leonardo Machado López, Martha Lucía Díaz Restrepo, Ana María Quiñónez Zemanate, Antonio Carlos Vásquez y Marco Antonio Valero Hernández.
SÉPTIMO.- LÍBRENSE por Secretaría General las comunicaciones
previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y cúmplase.
JORGE
IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1] En este caso también se pide ayuda
alimentaria, de vivienda, vestido y agua potable, en calidad de damnificados de
la ola invernal.
[2] Incorporado al ordenamiento interno colombiano mediante la Ley 74 de 1968.
[3] Ver Sentencias T-079 de 2008, T-894
de 2005, T-791 de 2004 y T-958 de 2001,
entre otras.
[4] Corte Constitucional, Sentencia T-585 de 2006.
[5] Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2008.
[6] Corte Constitucional, Sentencia T-585 de 2006.
[7] La Corte Constitucional ha reconocido el carácter fundamental
del derecho a la vivienda digna para el caso de las familias desplazadas por la
violencia. Sobre este asunto Cfr. sentencias T-585 de 2006 y T-966 de 2007,
entre otras.
[8] Corte Constitucional, Sentencia T-473 de
2008.
[9] Corte Constitucional, Sentencia T-363 de
2004.
[10] Corte Constitucional, Sentencias T-895 de 2008, T-894 de 2005,
T-791 de 2004, T-363 de 2004, T-756 de 2003, T-1073 de 2001, T-626 de 2000,
T-190 de 1999 y T-617 de 1995, entre otras.
[11]
Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2008.
[12] Corte Constitucional, Sentencia T-585 de 2008.
[13] Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2008, T-1075 de 2007, T- 363 de
2004 y T-756 de 2003, entre otras.
[14] Corte Constitucional, Sentencias  T-959 de 2004, C-560 de 2002, T-1165 de
2001, C-328 de 1999, T-666 de 1998, T-011 de 1998,  T-617 de 1995, T-021 de
1995 y C-575 de 1992.
[15] Cfr. SU-599 de 1999 y SU-111 de 1997.
[16] Corte Constitucional, Sentencia T-585 de 2008.
[17] Sentencia T-021
de 1995.
[18] Corte Constitucional, Sentencia T-569 de 2009.
[19] Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2008.
[20] Corte Constitucional, Sentencia T-585 de 2008.
[21] Ver Ley 9ª de 1989, Ley 49 de 1990, Ley 3ª de 1991, Ley 388 de 1997,
Ley 546 de 1999, Decretos 975 y 3111 de 2004.
[22] Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal,
compraventa y expropiación de bienes  y se dictan otras disposiciones.
[23] Corte Constitucional, Sentencia T-1094 de 2002.
[24] Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones.
[25] Ley 388 de 1997 artículo 5°.
[26] Corte Constitucional, Sentencia T-585 de 2008.
[27] Artículo 9 Ley 388 de 1997.
[28] Corte Constitucional, Sentencia T-585 de 2008.
[29] Corte Constitucional, Sentencia T-1094 de 2002.
[30] Corte Constitucional, Sentencia T-041 de 2011.
[31] Ver Sentencias  T-408 de 2008 y T-021 de 1995, entre otras.
[32] Sentencia T-021 de 1995. Ver también Sentencias T-079 de 2008, T-894
de 2005 y T-1094 de 2002, entre otras.
[33] Corte Constitucional, Sentencia T-041 de 2011.
[34] Corte Constitucional, Sentencia T-743 de 2006.
[35] Corte Constitucional, Sentencia T-1125 de 2003.
[36] Corte Constitucional, Sentencia T-1075 de 2007.
[37] Corte Constitucional, Sentencia T-1125 de 2003.
[38] Por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional
para la Prevención y Atención de Desastres, se otorga facultades
extraordinarias al Presidente de la República, y se dictan otras disposiciones.
[39] Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y se dictan otras disposiciones.
[40] Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente,
se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental,
SINA y se dictan otras disposiciones.
[41] Por el cual se adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.
[42] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de
recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288,
356 y 357
(Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los
servicios de educación y salud, entre otros.
[43] Corte Constitucional, Sentencia T-1125 de 2003.
[44] Decreto 93 de 1998. Por el cual se adopta
el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. [Considerando
3º] “Que el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres debe incluir y determinar todas las políticas, acciones y programas, tanto de carácter
sectorial como del orden nacional, regional y local que se refieren, entre
otros, a los siguientes aspectos (…)”.
[45] DC 93 de 1998, Artículo 1.  “El
Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, que se expide por
medio del presente decreto, tiene como objeto orientar las acciones del Estado
y de la sociedad civil par la prevención y mitigación de riesgos, los
preparativos para la atención y recuperación en caso de desastre, contribuyendo
a reducir  el riesgo y al desarrollo sostenible de las comunidades vulnerables
ante los eventos naturales y antrópicos”; artículo 3º, Ibid. [objetivos]: “(…)
La reducción de riesgos y prevención de desastres.  Para mejorar la
acción del Estado y la sociedad con fines de reducción de riesgos y prevención
de desastres, se debe profundizar en el conocimiento de las amenazas naturales
y causadas por el hombre accidentalmente, analizar el grado de vulnerabilidad
de los asentamientos humanos y determinar las zonas de riesgo, con el fin de
identificar los escenarios potenciales de desastre y formular las medidas para
prevenir o mitigar sus efectos mediante el fortalecimiento institucional y a
través de las acciones de mediano y corto plazo que se deben establecer en los
procesos de planificación del desarrollo a nivel sectorial, territorial y de
ordenamiento a nivel municipal”.
[46] Cfr. DC 93 de 1983, considerando 3º.
[47] Ibídem. “Articulo 5.  Los
principios generales que orientan la acción de las entidades nacionales y
territoriales en relación con la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres son: || DESCENTRALIZACIÓN: La Nación y las entidades territoriales ejercerán libremente y autónomamente sus funciones en materia
de prevención y atención de desastres, con estricta sujeción a las atribuciones
que a cada una de ellas se le haya específicamente asignado en la Constitución y la Ley, así como en las disposiciones contenidas en el Decreto – Ley 919 de 1989”.
La aplicación del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres debe contribuir al fortalecimiento del proceso de
descentralización a través del cual los municipios y regiones puedan asumir
autónomamente sus responsabilidades, reservando al nivel nacional las labores
de definición de marcos de política y coordinación de acciones. || EL ÁMBITO DE
COMPETENCIAS: En las actividades para la prevención y atención de desastres
tendrán en cuenta, para efectos del ejercicio de las respectivas  competencias,
la observancia de los criterios de concurrencia, complementariedad y
subsidiariedad. || LA COORDINACIÓN: Las entidades del orden nacional, regional
y local deberán garantizar que exista la debida armonía, consistencia,
coherencia y continuidad en las actividades a su interior en relación con las
demás instancias sectoriales y territoriales, para efectos de la prevención y
atención de desastres. || LA PARTICIPACIÓN: Durante las actividades para la prevención y atención de desastres, las entidades competentes velarán porque se
hagan efectivos los procedimientos de participación ciudadana previstos por la
ley. (Mayúsculas del decreto).
[48] Decreto 93 de 1998, Considerando 4º. “Que
todas las entidades y organismos Públicos, Privados y Organismos no
Gubernamentales a los cuales la Oficina Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, hoy Dirección Nacional, solicite colaboración a fin de ejecutar
el Plan, estarán obligados a presentarla dentro del ámbito de su competencia.”
[49] Decreto 93 de 1998, Artículo 7.  La
descripción de los principales programas que el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres debe ejecutar  es la siguiente: “PROGRAMAS PARA EL
CONOCIMIENTO SOBRE RIESGOS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICO || 1.1  Instalación y
consolidación de redes, procedimientos y sistemas de detección y alerta para la
vigilancia y aviso oportuno a la población.  || 1.2  Evaluación de riesgos.  ||
PROGRAMA PARA LA INCORPORACIÓN DE LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN. || Incorporación de criterios preventivos y de seguridad en los planes de
desarrollo. || Manejo y tratamiento de asentamientos humanos y de
infraestructura localizados en zonas de riesgo || Articulación de la política
ambiental y de prevención de desastres.  || PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DEL
DESARROLLO INSTITUCIONAL || Fortalecimiento de las entidades nacionales del
sistema. || Fortalecimiento de las entidades operativas. || Medidas de
protección y contingencia en obras de infraestructura. || Desarrollo y
actualización de planes de emergencia y contingencia. || Diseño de mecanismos
eficientes y de tratamiento preferencial de proyectos de reconstrucción. ||
Sistema integrado de información”. (Mayúsculas del decreto).
[50] Corte Constitucional, Sentencia T-235 de 2011.
[51] La Corte Constitucional en
Sentencia T-432 de 2009 precisó
que, cuando los daños y peligros a los que se ven expuestos las personas
que ocupan una vivienda se prolongan en el tiempo, se genera una continua
vulneración de sus derechos fundamentales, razón por la cual no se puede argüir
falta de inmediatez como causal de improcedencia de la acción de tutela.
[52] Corte Constitucional, Sentencia T-036 de 2010, entre otras.
[53] Folio 41, expediente T-2929755.
[54] Folio 3, expediente T-2929755.
[55] Folios 41 y 42, expediente T-2929755.
[56] Folio 45, expediente T-2929755.
[57] Folios 41 y 42, expediente T-2929755.
[58] Folios 5 a 8, expediente T- 2935083.
[59] Folios 16 a 18, expediente T- 2935083.
[60] Folios 31 y 34, expediente T- 2935083.
[61] Folio 2, expediente T-2951181.
[62] Folio 7, expediente T-2951181.
[63] Folio 6, expediente T-2951181.
[64] Folio 3, expediente T-2951181.
[65] Folio 37, expediente T-2953483.
[66] Folio 43, expediente T-2953483.
[67] Folios 30 y 44, expediente T-2953483.
[68] Folio 39, expediente T-2953483.
[69] Corte Constitucional, Sentencia T-1094 de 2002,
[70] Folio 14, expediente T-2954767.
[71] Folios 6, 9 y 10, expediente T-2954767.
[72] Folios 5, expediente T-2954767.
[73] Folio 11, expediente T-2954767.
[74] Folio 55, expediente T-2954767.
[75] Folio 58, expediente T-2954767.
[76] Folio 6, expediente T-2954767.