T-393-18
Sentencia T-393/18
LEGITIMACION
POR ACTIVA EN TUTELA-Persona natural que
actúa en defensa de sus propios intereses
LEGITIMACION POR PASIVA EN TUTELA-Autoridad pública
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ EN ACCION DE TUTELA-Reglas generales
VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO-Procedencia de tutela por ser sujetos de especial protección
constitucional
Tratándose
específicamente de personas víctimas del conflicto armado interno, ha sostenido
la Corte de forma reiterada que el cumplimiento del requisito de subsidiariedad
para la interposición de acciones de tutela debe ser analizado de manera
flexible, atendiendo a su situación de sujetos de especial protección
constitucional. Según lo ha precisado la Corte, “lo anterior no implica que las víctimas de la violencia no estén
obligadas a acudir a las instancias legalmente establecidas para el
reconocimiento de sus derechos”, sino que “en ciertos casos, estos procedimientos pueden llegar a tornarse
ineficaces, ante la urgente e inminente necesidad de salvaguardar sus derechos
como sujetos de especial protección constitucional”.
ACCION DE TUTELA PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA
POBLACION DESPLAZADA-Procedencia
En consideración a la vulnerabilidad de la población desplazada,
la jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela es el
mecanismo judicial idóneo para garantizar el goce efectivo de sus derechos
fundamentales. Lo anterior, por cuanto: (i) los
otros medios de defensa judicial, carecen de la entidad suficiente para dar una
respuesta completa, integral y oportuna respecto de las víctimas del
desplazamiento forzado; y (ii) debido a su condición de sujetos de especial
protección, resultaría desproporcionado imponerles la carga de agotar los
recursos ordinarios para garantizar la procedencia del medio de defensa
constitucional, no sólo por la urgencia con que se requiere la protección sino
por la complejidad técnico jurídica que implica el acceso a la justicia
contencioso administrativa.
AYUDA
HUMANITARIA-Marco normativo
AYUDA
HUMANITARIA-Etapas
DERECHO A LA REPARACION-Fundamento
constitucional
INDEMNIZACION ADMINISTRATIVA PARA VICTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO INTERNO-Marco normativo
REGISTRO UNICO DE VICTIMAS CONTENIDO EN LA LEY 1448 DE 2011-Requisito
declarativo y no constitutivo de la condición de víctima de desplazamiento para
acceder a los beneficios legales y a los diferentes mecanismos de protección
INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS-Procedimiento
INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS-Límite temporal para realizar la declaración como víctima
La Corte Constitucional considera que la existencia de un
plazo para realizar la declaración como víctima ante el Ministerio Público
cumple una importante función para la materialización de los derechos a la
ayuda humanitaria y a la reparación de las víctimas, pues permite al Estado
prever un número total de beneficiarios de las medidas contempladas por la Ley
1448 de 2011 y determinar el presupuesto necesario para garantizar su efectivo
cumplimiento. Conviene recordar que la Ley mencionada pretende atender, de
forma equitativa, a una gran cantidad de víctimas, por lo que para cumplir este
proceso es necesario una debida planificación por parte del Estado. Sin embargo, el plazo que puede establecerse para
la declaración como víctimas debe ser, en todo caso, razonable, en el sentido
de que les permita en realidad acudir ante el Ministerio Público a realizarla.
Esto requiere que las personas sepan del procedimiento, para lo cual es
necesario, una difusión suficiente de la información acerca del RUV y del
procedimiento para ser inscrito en él. De conformidad con lo señalado, el término
previsto en el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011 cumple estas
características, pues establece un lapso amplio en el que las personas que se
consideren víctimas pueden acudir al Ministerio Público para rendir la
declaración. Además, ese mismo artículo también indica que tales personas
tienen la posibilidad de presentar válidamente una declaración aún después de
los términos señalados en esa norma, cuando la extemporaneidad se origine en la
existencia de impedimentos que se constituyan en fuerza mayor. En ese sentido,
el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011 reconoce que pueden existir situaciones
que impidan o disuadan a las víctimas de presentar la declaración oportuna ante
el Ministerio Público, y reconoce que no por ello deben negársele el acceso a
los derechos que se derivan por la inscripción en el RUV. Así, respecto al
término establecido en el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011, la Corte en sentencia
T- 519 de 2017 señaló que este plazo no puede considerarse inflexible y ajeno a
situaciones especiales de personas que, por distintas circunstancias (como, por
ejemplo, el tipo de hecho victimizante que han padecido), tarden largo tiempo
en decidir declarar como víctimas ante el Ministerio Público. Ahora bien, contra esta posición la Corte
Constitucional, en reiteradas ocasiones, afirmó que a una persona víctima de
desplazamiento forzado no se le podía negar la inscripción en el Registro Único
de Población Desplazada (en adelante, el “RUPD”) con base exclusivamente en la extemporaneidad de la
declaración, pues, dicha condición “no se adquiere por virtud del acto
formal de inscripción sino por el hecho cierto del desplazamiento”.
DESAPARICION FORZADA-Tipificación
como delito
DESAPARICION FORZADA-Definiciones
DESAPARICION FORZADA-Elementos que lo
configuran
DESAPARICION FORZADA-Deberes del Estado
VICTIMAS DE DESAPARICION FORZADA Y SUS FAMILIAS-Medidas
de protección
INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE POBLACION
DESPLAZADA-Reglas
Esta
Corporación ha ordenado la inscripción de manera directa de personas en el RUV
o la revisión de la negativa del registro, “siempre y cuando se verifique
que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas: i) ha
efectuado una interpretación de las normas aplicables contraria a los
principios de favorabilidad y buena fe; ii) ha exigido formalidades
irrazonables o desproporcionadas o ha impuesto limitantes para acceder al
registro que no se encuentran en las normas aplicables; iii) ha proferido una
decisión que no cuenta con una motivación suficiente; iv) ha negado
la inscripción por causas ajenas al solicitante; o v) ha impedido
que el solicitante exponga sus razones (…) o que ejerza los recursos arbitrados
por el ordenamiento para controvertir la decisión administrativa que le niega
la inscripción en el Registro”.
ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR INSCRIPCION EN EL
RUV-Orden a la UARIV inscribir a accionante y a sus hijas menores
en el RUV
Referencia: Expediente
T-6.637.865
Acción de tutela instaurada por Ana Luisa Valencia Gamboa contra la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas (UARIV)
Magistrado
Ponente:
ALBERTO ROJAS
RÍOS
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de
septiembre de dos mil dieciocho (2018)
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por
la Magistrada Diana Fajardo Rivera y por los Magistrados Carlos Bernal Pulido y
Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241 numeral 9º de la Constitución Política, y en los artículos 33 y siguientes
del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I ANTECEDENTES
A.
La demanda de
tutela
1.
Ana Luisa Valencia Gamboa instauró
acción de tutela el 14 de septiembre de 2017, contra la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas (en adelante,
la “UARIV”), por considerar que se desconocieron sus derechos
fundamentales y el de sus dos hijas menores, al negarse a inscribirlas en el
Registro Único de Víctimas (en adelante, el “RUV”) con el argumento de
que la accionante había hecho su declaración como víctima por fuera de los
términos previstos en la Ley 1448 de 2011.
B.   Hechos Relevantes
2. La tutelante manifestó que es víctima al igual que sus
dos menores  hijas  por el hecho de “DESAPARICIÓN FORZADA Y DESPLAZAMIENTO
FORZADO”, en razón a las circunstancias ocurridas el 10 de agosto de 2012,
en el Municipio de Buenaventura, donde el frente 30 de las FARC se “llevó a
su compañero” Jefferson Valencia Arroyo.[1]
3. De los
documentos allegados, se aprecia que la Fiscalía General de la Nación emitió
certificación, de fecha 14 de septiembre de 2015 sobre lo ocurrido con el compañero
de la actora, para que se reconocieran sus derechos como víctima.[2]
4. Así, la
Subdirección Seccional Valle del Cuerpo Técnico de Investigación de
Buenaventura certificó el 14 de septiembre de 2015 que, “Verificada la Base
de Datos en el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres- SIRDEC-
en el módulo Desaparecidos, se encontró que YEFFERSON VALENCIA ARROYO (…) con
la cédula de ciudadanía 16.970.240 de Buenaventura, nacido el 10 de septiembre
de (…) 1984 en Buenaventura Valle, de 30 años de edad al momento de su
desaparición, aparece registrado como desaparecido el 27 de noviembre de 2014
ante la UNIDAD LOCAL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIONES DEL CTI de Buenaventura
Valle, según hechos ocurridos el 10 de agosto de 2012 en Buenaventura Valle
donde fue visto por última vez (…)”[3].
5. Por este hecho rindió declaración ante la Procuraduría
de Buenaventura del Departamento del Valle del Cauca el 3 de diciembre de 2015,
con el fin de solicitar la inscripción en el RUV[4]. La UARIV recibió la declaración el 28 de diciembre del mismo año.
6. Tras valorar la mencionada declaración, mediante
Resolución No. 2016-73322 del 18 de marzo de 2016, la UARIV concluyó que no era
procedente realizar la inscripción en el RUV[5], con sustento en que fue extemporánea y
que no se apreciaba una circunstancia de fuerza mayor que justificara la mora.
En este sentido, consideró que, aunque en la declaración del 3 de diciembre de 2015
(ver supra, numeral 5) la accionante manifestó que no la había realizado antes por temor, no
se encontraron probados los requisitos de la fuerza mayor que hicieran
excusable su demora[6].
7. Ante la respuesta negativa de la UARIV, la accionante interpuso
recurso de reposición y en subsidio apelación contra la precitada resolución
(ver supra, numeral 6). Dicha decisión fue confirmada el 22 de noviembre
de 2016 mediante Resolución N°. 2016-73322R, en el sentido de no incluir a la
accionante en el RUV,[7] igual decisión se emitió al
desatarse el recurso de apelación. Mediante Resolución N°. 201738037 del 26 de
julio de 2017, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas concluyó que “no se presentó
ninguna causal para indicar que la declaración extemporánea fuera por
circunstancias externas como el caso fortuito o la fuerza mayor (…)”[8].
8. Con base en
los anteriores hechos, la accionante interpuso acción de tutela contra la UARIV[9].
Solicitó que se ordene a esta entidad inscribirla en el RUV por el hecho
victimizante “Desaparición Forzada y Desplazamiento Forzado” de su
fallecido esposo y se pague la indemnización Administrativa y se reconozca la ayuda
humanitaria.[10]
A.
RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA
9. Mediante escrito radicado el 5 de octubre de 2017, la
UARIV argumentó que no ha vulnerado ni puesto en riesgo ningún derecho
fundamental de la accionante, por lo que solicitó negar las pretensiones por
ella planteadas.
10. Sostuvo que, dado
que no cumplió con los requisitos legales para considerarla como víctima, se
dispuso mediante Resolución N°. 201738037 del 26 de julio de 2017, confirmar la
decisión proferida en Resolución N°. 2016-73322 del 18 de marzo de 2016, que
dispuso lo siguiente:
“ARTÍCULO PRIMERO: NO INCLUIR a la
señora ANA LUISA VALENCIA GAMBOA, identificada con cédula de ciudadanía Nº 1111779673,
junto con su grupo familiar relacionado en la declaración y NO RECONCOER el
hecho victimizante de Desplazamiento Forzado. Adicionalmente NO RECONOCER a la
señora ANA LUISA VALENCIA GAMBOA (…) junto con JENNIFER LUCÍA VALENCIA GAMBOA
identificada con Tarjeta de Identidad N°. 1151438554 y JEYLLY SOFÍA VALENCIA
GAMBOA identificada con Registro Civil N°. 1151438555 el hecho victimizante de
desaparición forzada de YEFFERSON VALENCIA ARROYO, en el Registro Único de
Víctimas (RUV), según las razones señaladas en la parte motiva de la presente
resolución”[11].
11. Como
fundamento de esta decisión, en la mencionada resolución se expuso que “(…)
ANA LUISA VALENCIA GAMBOA con Cédula de ciudadanía N°. 1111779673 rindió
declaración ante la PROCURADURÍA PROVINCIAL DE BUENAVENTURA el día 03/12/2015,
para que de acuerdo a los artículos 3 y 156 de la Ley 1448 de 2011, y el
procedimiento de registro contenido en el Libro II Título II Capítulo III del
Decreto 1084 de 2015, se le inscriba en el Registro Único de Victimas- RUV- (…)
que dicha declaración fue recibida en la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Victimas el día 28/12/2015.”[12]. Por ello, consideró la UARIV que no se
cumplió con lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011, que indica
el plazo en el que las víctimas deberán presentar la declaración ante el
Ministerio Público, así: para quienes hayan sido víctimas con anterioridad a la
promulgación de la Ley 1448 de 2011 (10 de junio de ese año), el término será
de (4) años contados a partir de ese momento; y para quienes hayan sido
víctimas con posterioridad a la vigencia de la ley, dos (2) años contados a
partir de la ocurrencia del hecho victimizante. Agregó que no se advirtieron
circunstancias de fuerza mayor que justificaran la demora en la presentación de
la declaración.
12. Manifestó que, en todo caso, de los hechos reseñados
en la declaración presentada por la accionante, se advierte que el motivo por
el cual no declaró con anterioridad -“porque me dio mucho miedo”- no
logra evidenciar las circunstancias bajo las cuales se configure existencia de
fuerza mayor que haya impedido presentar la declaración dentro de los términos
legales, dado que la ocurrencia de los hechos fue el 10 de agosto de 2012 y la
declaración ante la Procuraduría del Municipio de Buenaventura (Valle del
Cauca), el 3 de diciembre de 2015, por lo que de acuerdo a lo establecido en el
artículo 155 de la Ley 1448 de 2011, su declaración fue rendida de manera
extemporánea. Sostuvo en este sentido la UARIV.
“(…) no es
viable jurídicamente incluir a la señora ANA LUISA VALENCIA GAMBOA, en el
Registro Único de Víctimas –RUV. Lo anterior por cuanto su solicitud se enmarca
dentro de las causales establecidas para denegar la inscripción en el Registro
Único de Víctimas: cuando la solicitud de registro se haya presentado fuera de
los términos establecidos en los artículos 61 y 155 de la Ley 1448 de 2011,
teniendo particularmente en cuenta la excepción de fuerza mayor prevista en
esta última disposición [13].
13. Adujo que para realizar la valoración de los hechos
manifestados en la declaración presentada por la accionante fueron consultadas,
el día 18 de marzo de 2016, las siguientes bases de datos: (i) Sistema de
Información de Reparación Administrativa (creado por el Decreto 1290 de 2008);
(ii) Sistema de Información de Víctimas de la Violencia (creado por la Ley 418
de 1997); (iii) Registro Único de Víctimas (creado por la Ley 1448 de 2011); y
(iv) Registro Único de Población Desplazada (creado por la Ley 387 de 1997).
Indica que también fueron consultadas las bases de datos de la Procuraduría
General de la Nación y de la Policía Nacional.
14. Finalmente
refirió que la respuesta administrativa a la accionante fue clara, precisa y
congruente con lo solicitado y resolvió de fondo la petición, pues el 2 de
agosto de 2016, se notificó la Resolución N°. 2016-73322 R que decidió no
incluirla en el RUV como víctima de los hechos declarados, decisión que fue
recurrida en reposición y apelación, cuyas respuestas fueron debidamente
notificadas. Adjuntó a su escrito de intervención copia de dichas
comunicaciones. Se le informó que valorada su declaración, fue realizada
extemporáneamente y al no presentarse ninguna causal para indicar que fuera por
circunstancias externas como el caso fortuito o fuerza mayor decidió confirmar
la decisión de no incluirla en el RUV[14].
B.
DECISIONES
JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
Primera
instancia:
15. Mediante
Sentencia del 27 de septiembre de 2017, proferida por el Juzgado Segundo Laboral
del Circuito de Buenaventura- Valle decidió negar la acción de tutela de la referencia por improcedente.
Consideró que la actora no hizo uso de los mecanismos ordinarios[15] para lograr lo que pretende a través del
trámite tutelar.[16]
No obstante, se observa que la UARIV contestó la tutela extemporáneamente e
indicó que la accionante sí interpuso recurso contra la resolución que le negó
el reconocimiento de víctima por la desaparición de su compañero Jefferson Valencia Arroyo.
Impugnación
16. Mediante
escrito radicado el 3 de octubre de 2017, la accionante impugnó el fallo de
primera instancia. Para fundamentar su desacuerdo, reiteró los argumentos
expuestos en el escrito de tutela y agregó que el Juez “no examinó mis
argumentos acerca de la conducta omisiva por parte de la UNIDAD PARA LA
ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS”.
Segunda instancia:
17.
La Sala Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga, mediante Sentencia del 8 de
noviembre de 2017, confirmó el fallo de primera instancia por las mismas
razones. El ad quem no tuvo en cuenta la respuesta extemporánea allegada
por la UARIV donde advirtió que la tutelante interpuso recurso contra la
resolución que no la reconoció como víctima. Agregó que la accionante no
acreditó un perjuicio inminente, ni violación de derecho fundamental alguno que
ameritara el amparo solicitado.[17]
I.
CONSIDERACIONES
A.
COMPETENCIA
18. La Corte
Constitucional es competente para conocer de esta acción de tutela, de
conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la
Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, así
como en virtud del Auto del veintisiete (27) de abril de dos mil dieciocho (2018),
expedido por la Sala de Selección de Tutela Número Cuatro de esta Corte, que
decidió someter a revisión las decisiones adoptadas por los jueces de
instancia.
B.
CUESTIONES
PREVIAS: PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA
19. El artículo 86 de la Constitución Política, los artículos
concordantes del Decreto 2591 de 1991 y la reiterada jurisprudencia
constitucional sobre la materia[18],  señala que la acción de tutela tiene
un carácter residual y subsidiario. Por lo anterior, solo procede como
mecanismo de protección definitivo (i) cuando el presunto afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial o (ii) cuando, existiendo, ese medio
carezca de idoneidad o eficacia para proteger de forma adecuada, oportuna e
integral los derechos fundamentales, a la luz de las circunstancias del caso
concreto. Además, procederá como mecanismo transitorio cuando se
interponga para evitar la consumación de un perjuicio irremediable en el goce
de un derecho fundamental[19]. En el
evento de ser procedente como mecanismo transitorio, el accionante deberá
ejercer la acción pertinente en un término máximo de cuatro (4) meses a partir
del fallo de tutela y la protección se extenderá hasta tanto se produzca una
decisión definitiva por parte del juez ordinario[20].
20. Antes de
realizar el estudio de fondo de la acción de tutela seleccionada, la Sala
procederá primero a verificar si esta cumple los requisitos de procedibilidad.
21. Legitimación
por activa: La Constitución establece quiénes son los
legitimados para interponerla. Dice al respecto el artículo 86: “[t]oda
persona tendrá acción de tutela para reclamar […], por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales” (subrayas fuera del texto original). En desarrollo de esta norma, el artículo
10 del Decreto 2591 de 1991 reguló las distintas hipótesis de legitimación en
la causa por activa, de la siguiente forma:
Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de
tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí
misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el
titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa.
Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los
personeros municipales”.
22. En el caso estudiado, la titular de los derechos cuya
protección se invoca es quien instauró la acción de tutela, por lo que existe
legitimación en la causa por activa para la presentación de la acción de tutela
que se revisa.
23. Legitimación por pasiva: De acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución, así como en los
artículos 5 y 13 del Decreto 2591 de 1991,
la acción de tutela procede contra cualquier acción u omisión en que incurra
una autoridad pública. En el caso bajo estudio, se encuentra satisfecho el
requisito de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la entidad
demandada, quien presuntamente ha vulnerado los derechos alegados por la
accionante es la UARIV, autoridad pública que desempeña sus funciones frente a
los derechos de las víctimas.
24. Inmediatez: El artículo 86 de la
Constitución Política señala que la acción de tutela podrá interponerse “en
todo momento y lugar”. Por ello, no es posible establecer un término de
caducidad de la acción de tutela, pues ello sería contrario al artículo citado[21]. Con todo,
lo anterior no debe entenderse como una facultad para presentar la acción de
tutela en cualquier momento, ya que ello pondría en riesgo la seguridad
jurídica y desnaturalizaría la acción, concebida, según el propio artículo 86,
como un mecanismo de “protección inmediata” de los derechos alegados.
25. A partir de una ponderación entre la no caducidad y la
naturaleza de la acción, ha entendido la jurisprudencia constitucional que la
tutela debe presentarse en un término razonable, pues de lo contrario podrá
declararse improcedente[22].
No existen reglas estrictas e inflexibles para la determinación de la
razonabilidad del plazo, sino que al juez de tutela le corresponde evaluar, a
la luz de las circunstancias de cada caso, lo que constituye un término
razonable. Esto implica que la acción de tutela no puede ser rechazada con
fundamento en el paso del tiempo, sino que debe el juez estudiar las
circunstancias con el fin de analizar la razonabilidad del término para
interponerla[23].
26. En el caso estudiado, se cuestiona la decisión de la
UARIV de no inscribir a la accionante en el RUV, medida que se adoptó mediante
la Resolución No. 2016-73322 del 18 de
marzo de 2016 (ver supra, numeral 6) y confirmada en apelación el 26 de
julio de 2017 mediante Resolución N°. 201738037(ver supra, numeral 7). La
acción de tutela fue interpuesta el 14 de septiembre de 2017 (ver supra,
numeral 1), es decir, un
poco más de un mes de ocurrido el hecho que se considera vulnerador de derechos
fundamentales. La Corte considera que, a la luz de los hechos del caso, este es
un lapso razonable para el ejercicio de la acción de tutela, y en consecuencia, en este caso cumple con el requisito
de inmediatez.
27. Subsidiariedad: El
artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela “solo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”. En consecuencia, el artículo 6 del Decreto 2591 de
1991 estableció como causal de improcedencia de la tutela la existencia de
otros recursos o medios de defensa judicial, sin perjuicio de la posibilidad de
acudir a la tutela como mecanismo transitorio para reparar un perjuicio
irremediable.
28. El requisito de subsidiariedad exige que el
peticionario despliegue de manera diligente las acciones judiciales que estén a
su disposición, siempre y cuando ellas sean idóneas y efectivas para la
protección de los derechos que se consideran vulnerados o amenazados. Ha
sostenido la jurisprudencia de este Tribunal que una acción judicial es idónea
cuando es materialmente apta para producir el efecto protector de los derechos
fundamentales, y es efectiva cuando está diseñada para brindar una
protección oportuna a los derechos amenazados o vulnerados[24].
29. La idoneidad y efectividad de los medios de defensa
judicial no pueden darse por sentadas ni ser descartadas de manera general sin
consideración a las circunstancias particulares del caso sometido a
conocimiento del juez[25].
En otros términos, no puede afirmarse que determinados recursos son siempre
idóneos y efectivos para lograr determinadas pretensiones sin consideración a
las circunstancias del caso concreto.
30. Tratándose específicamente de personas víctimas del
conflicto armado interno, ha sostenido la Corte de forma reiterada que el
cumplimiento del requisito de subsidiariedad para la interposición de acciones
de tutela debe ser analizado de manera flexible, atendiendo a su situación de
sujetos de especial protección constitucional[26].
Según lo ha precisado la Corte, “lo anterior no implica que las víctimas de
la violencia no estén obligadas a acudir a las instancias legalmente
establecidas para el reconocimiento de sus derechos”, sino que “en
ciertos casos, estos procedimientos pueden llegar a tornarse ineficaces, ante
la urgente e inminente necesidad de salvaguardar sus derechos como sujetos de
especial protección constitucional”[27].
31. En consideración a la vulnerabilidad de la población
desplazada, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de
tutela es el mecanismo judicial idóneo para garantizar el goce efectivo de sus
derechos fundamentales[28]. Lo anterior, por cuanto: (i) los otros medios de
defensa judicial, carecen de la entidad suficiente para dar una respuesta
completa, integral y oportuna respecto de las víctimas del desplazamiento
forzado; y (ii) debido a su condición de sujetos de especial protección,
resultaría desproporcionado imponerles la carga de agotar los recursos
ordinarios para garantizar la procedencia del medio de defensa constitucional,
no sólo por la urgencia con que se requiere la protección sino por la
complejidad técnico jurídica que implica el acceso a la justicia contencioso
administrativa.
32. En el presente caso, la accionante cuestiona una
actuación administrativa de la UARIV, la Resolución
No. 2016-73322 del 18 de marzo de 2016,
la cual negó su inscripción en el RUV (ver supra, numeral 6), y que
luego de agotar los recursos de reposición y apelación conforme a lo previstos
en la Ley 1448 de 2011, contra la decisión que denegó el registro (ver supra,
numeral 7), fue confirmada por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, mediante
Resolución N°. 201738037 el 26 de julio de 2017.
33. Si bien existen
recursos judiciales disponibles para cuestionar esta actuación, como la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho, a las que Ana Luisa Valencia Gamboa
no acudió, considera la Sala que este
recurso, a la luz de las circunstancias del caso estudiado, no resultaba eficaz
(ver supra, numeral 31). En este sentido, recuerda la Sala que en ocasiones
anteriores la Corte ha destacado que los medios de control ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo deben presentarse mediante abogado, mientras
que la acción de tutela no requiere apoderado judicial, lo cual a su vez marca
una diferencia entre la idoneidad de las medidas cautelares en la jurisdicción
contenciosa y la acción de tutela[29].
Así, resalta la Sala que la accionante
actúa a nombre propio, sin asesoría legal, de lo cual es razonable asumir que
la exigencia de contar con un abogado puede ser una exigencia desproporcionada.
Además, debe tenerse en cuenta que, aunque la accionante no fue inscrita en la
UARIV, alega que ha sido víctima del conflicto armado interno, debido a la
desaparición forzada  de su cónyuge y de su propio desplazamiento
forzado.
34. En consecuencia, teniendo en cuenta el análisis
flexible del requisito de subsidiariedad que debe hacerse en estos casos,
considera la Corte que en el presente caso dicho requisito se encuentra
cumplido.
C.
PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMA JURÍDICO
35. Con base en los fundamentos fácticos
expuestos en precedencia, le corresponde a la Sala determinar si la UARIV desconoció los derechos
fundamentales al reconocimiento de la ayuda humanitaria y a la reparación de la
accionante, al negarse a inscribirla en el RUV con el argumento de que su
declaración como víctima se había presentado por fuera del término establecido
en el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011.
36. Para
contestar este problema jurídico, la Sala se referirá a tres cuestiones: (i)
explicará el fundamento constitucional y el marco legal de la ayuda humanitaria
y de la reparación integral; (ii) analizará el fundamento constitucional del
término previsto en el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011 y (iii) estudiará el
caso concreto.
D.
DERECHOS DE
LAS VÍCTIMAS A LA AYUDA HUMANITARIA Y A LA REPARACIÓN POR LOS DAÑOS SUFRIDOS A
CONSECUENCIA DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY
37.
Las víctimas del conflicto
armado son titulares de distintos derechos fundamentales específicos, entre los
que se encuentran recibir ayuda humanitaria y ser reparados por el daño
sufrido. A continuación, la Corte se referirá al fundamento constitucional y al
marco normativo que regula cada uno de ellos.
Derecho a la ayuda humanitaria
38. El derecho
fundamental a la ayuda humanitaria está íntimamente relacionado con el derecho
a la vida, a la salud y el mínimo vital, en la medida que tiene como propósito
garantizar un mínimo de subsistencia a personas que no están en condiciones de
procurárselo por sus propios medios. Por esta razón, ha considerado que este es
uno de los “derechos mínimos” que deben satisfacerse en cualquier
circunstancia a las personas víctimas de desplazamiento forzado[30], lo cual
explica la importancia de la ayuda humanitaria y su relación con los derechos
fundamentales de las víctimas del conflicto en general, y de las víctimas de
desplazamiento forzado en particular. En efecto, como señaló en la sentencia
T-025 de 2004[31] “es a través de la provisión de
asistencia humanitaria que las autoridades satisfacen este deber mínimo en
relación con la subsistencia digna de los desplazados”.
39. La ayuda
humanitaria encuentra igualmente un sólido fundamento en el derecho
internacional[32].
Este señala que los Estados deben reconocerla en distintas circunstancias
relacionadas con el subdesarrollo o con catástrofes, sean estas ocasionadas (i)
por causas naturales o por (ii) conflictos armados. En este último caso, el
Convenio IV de Ginebra de 1949 establece el deber de los Estados de socorrer a
la población civil enemiga que está en su poder, y, en caso de no poder
hacerlo, a permitir que terceros lo hagan[33].
Por su parte, el Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos
armados internacionales agrega regulaciones específicas sobre socorros a favor
de la población civil[34].
Respecto al otorgamiento de ayuda humanitaria en el marco de conflictos armados
no internacionales, el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra no
contiene una regulación específica, pero encuentra fundamento en el artículo 3
común a los Convenios de Ginebra, en particular en lo relacionado con el
respeto a la vida de las personas.
40. La Corte
Constitucional ha considerado que la asistencia humanitaria tiene fundamento en
los principios de distinción y de trato humanitario, previstos en los tratados
internacionales sobre derecho internacional humanitario[35]. Los Estados
tienen la obligación de asistir a las personas afectadas por conflictos
armados. Al respecto, indicó la Corte Constitucional[36] lo
siguiente:
“la
asistencia humanitaria es una institución que se nutre tanto del DIH como de
los DDHH, por mantener una estrecha relación con otros derechos como la vida y
la integridad física y moral, razón por la cual, en las consideraciones
relativas al derecho a la asistencia humanitaria se mezclan necesariamente la
protección de los DDHH y el respeto por el DIH. Ambos sistemas comparten el
derecho que tiene el individuo a un trato humanitario, que se refleja en el
respeto por su vida, su integridad física y moral, y por los atributos
inseparables de la personalidad”[37].
41. El derecho
internacional humanitario, establece que en los casos de desplazamiento forzado
es deber del Estado tomar “todas las medidas posibles para que la población
civil sea acogida en condiciones satisfactorias de alojamiento, salubridad,
higiene, seguridad y alimentación”[38].
Señala además que cuando la población esté padeciendo privaciones extremas por
la falta de estos abastecimientos indispensables para su supervivencia se
emprenderán, “con el consentimiento de la Alta Parte contratante interesada,
acciones de socorro de carácter exclusivamente humanitario e imparcial y
realizadas sin distinción alguna de carácter desfavorable”[39].
42. El Derecho
fundamental a la ayuda humanitaria ha sido desarrollado en distintas normas
legales y reglamentarias. Fue consagrada por primera vez en la Ley 387 de 1997[40]. De acuerdo con el artículo 15 de la
citada ley, una vez se produjera el desplazamiento, el Gobierno Nacional debía
iniciar las acciones inmediatas tendientes a garantizar la ayuda humanitaria de
emergencia, la cual tendría como finalidad “socorrer, asistir y proteger a
la población desplazada y atender sus necesidades de alimentación, aseo
personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y
psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones
dignas”.
43. La Ley 387 de
1997 fue reglamentada por el Decreto 2569 de 2000 en su Título VI, artículo 20.
En él se establece que la ayuda humanitaria de emergencia tendrá la finalidad
de “mitigar las necesidades básicas en alimentación, salud, atención
sicológica, alojamiento, transporte de emergencia, elementos de hábitat interno
y salubridad pública”.[41]
44. Mediante la Ley 1448 de 2011, se amplió el ámbito de
beneficiarios de la ayuda humanitaria, ya que esta no solo fue reconocida a
favor de las víctimas de desplazamiento forzado sino a favor también de las
víctimas de graves violaciones de derechos humanos, definidas en el artículo 3
de esa ley. Al respecto, el artículo 74 de la Ley 1448 de 2011 establece lo
siguiente:
“Las
víctimas de que trata el artículo 3º de la presente ley, recibirán ayuda
humanitaria de acuerdo a las necesidades que guarden relación con el hecho
victimizante, con el objetivo de socorrer, asistir, proteger y atender sus
necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos,
utensilios de cocina, atención médica y psicológica de emergencia, transporte
de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas, y con enfoque
diferencial, en el momento de la violación de los derechos o en el momento en
el que las autoridades tengan conocimiento de la misma”.
45. Igualmente, el artículo 62 de la Ley 1448 estableció
tres etapas de la ayuda humanitaria: (i) inmediata,[42] (ii)
de emergencia[43] y (ii) de transición.[44]
Derecho a la reparación
46. El derecho a
la reparación al igual que la verdad y la justicia, es uno de los derechos
específicos de los que son titulares las víctimas de graves violaciones de
derechos humanos. Aunque explícitamente no se encuentra reconocido en alguna
norma de la Constitución, la Corte Constitucional ha considerado que a partir
de una lectura sistemática de ella puede hallarse su fundamento jurídico.[45]
47. Por un lado,
los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de la
violencia se encuentran plasmados en numerosos artículos de la Carta. Al
respecto, ha dicho que tienen fundamento en la dignidad humana (artículo 1), en
el deber de las autoridades de propender por el goce efectivo de los derechos
de todos los residentes en Colombia (artículo 2), en los derechos a la honra y
al buen nombre (artículos 15 y 21), en el derecho a la tutela judicial efectiva
(artículos 29 y 229) y en el deber de la Fiscalía General de la Nación de hacer
efectivo el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios
causados por el delito (artículo 250 numerales 6 y 7)[46].
48. Existen
distintos instrumentos internacionales que también dan fundamento a los
derechos a la verdad, la justicia y la reparación, en la medida en que resaltan
el derecho que tienen todas las personas a contar con una tutela judicial
efectiva, la cual no se agota en la obtención de una indemnización económica
por la afectación padecida, sino que comprende la posibilidad de conocer la
verdad, buscar justicia y obtener reparaciones adecuadas. Al respecto, ha
sostenido la Corte Constitucional:
“tanto la Declaración Americana de
Derechos del Hombre como la Declaración Universal de Derechos Humanos, marcan
una tendencia en el derecho internacional por desarrollar instrumentos que
garanticen el derecho de todas las personas a una tutela judicial efectiva de
sus derechos, a través de la cual no sólo obtengan reparación por el daño
sufrido, sino también se garanticen sus derechos a la verdad y a la justicia”[47].
49. Las víctimas
tienen derecho a la reparación del daño que les ha sido infligido. Ese derecho
está conformado por distintos componentes: restitución, indemnización,
satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición. Así lo reconocen los
artículos 25 y 69 de la Ley 1448 de 2011. En la presente providencia se hará
referencia tan solo al componente de indemnización, por ser esta la cuestión
reclamada en el caso concreto.
50.
La Ley 1448 de 2011, artículo
132, dispuso respecto al derecho de reparación, que el Gobierno Nacional debía
reglamentar un programa administrativo de indemnizaciones, y establecer “el
trámite, procedimiento, mecanismos, montos y demás lineamientos para otorgar la
indemnización individual por la vía administrativa a las víctimas”. Ese
mandato fue desarrollado mediante el Decreto 4800 de 2011, el cual señaló que
la UARIV es la encargada de administrar los recursos destinados a la indemnización
por vía administrativa.[48] Este mismo Decreto señaló que a esa
entidad le corresponde determinar el monto correspondiente por concepto de
indemnización administrativa, de acuerdo a ciertos criterios allí establecidos.[49]
51. El Decreto 4800 de 2011 se ocupa igualmente de
especificar el procedimiento a seguirse para su pago. Al respecto, señala que
las personas inscritas en el RUV podrán solicitarle a la UARIV la entrega de
indemnización administrativa a través del formulario del que disponga la
entidad, “sin que se requiera aportar documentación adicional salvo datos de
contacto o apertura de una cuenta bancaria o depósito electrónico, si la
[UARIV] lo considera pertinente”. Desde el momento en que la persona
realiza la solicitud de indemnización administrativa se activa el denominado
Programa de Acompañamiento para la Inversión Adecuada de los Recursos, regulado
también en ese Decreto. Le corresponde a la UARIV realizar el pago de las
indemnizaciones administrativas, lo cual hará en pagos parciales o en un solo
pago total “atendiendo a criterios de vulnerabilidad y priorización”.
Este se realizará sin que sea necesario ajustarse al orden de realización de la
solicitud de entrega, sino “a los criterios contemplados en desarrollo de
los principios de progresividad y gradualidad para una reparación efectiva y
eficaz”.[50]
E.
LIMITACIÓN TEMPORAL
PARA REALIZAR LA DECLARACIÓN COMO VÍCTIMA PARA EFECTOS DE INSCRIBIRSE EN EL RUV
52. Como se indicó anteriormente, mediante la Ley 1448 de 2011 se regularon
los derechos a la ayuda humanitaria y a la reparación de las víctimas. Para
racionalizar su reconocimiento, el Legislador creó el RUV, cuyo manejo
corresponde a la UARIV. Es necesario que las víctimas estén inscritas en él
para acceder a la ayuda humanitaria (ver supra, numeral 45) y a otras
medidas de reparación, como la indemnización administrativa (ver supra,
numeral 51)[51]. Su naturaleza jurídica fue
definida con precisión en el artículo 16 del Decreto 4800 de 2011, en los
siguientes términos:
“(…) La condición de víctima es una situación
fáctica que no está supeditada al reconocimiento oficial a través de la
inscripción en el Registro. Por lo tanto, el registro no confiere la calidad de
víctima, pues cumple únicamente el propósito de servir de herramienta técnica
para la identificación de la población que ha sufrido un daño en los términos
del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011 y de sus necesidades, y como instrumento
para el diseño e implementación de políticas públicas que busquen materializar
los derechos constitucionales de las víctimas.
El Registro Único de Víctimas incluirá a las víctimas
individuales a las que se refiere el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011 e
incluirá un módulo destinado para los sujetos de reparación colectiva en los
términos de los artículos 151 y 152 de la misma ley”.
53. Igualmente, la Ley 1448 de 2011 estableció el procedimiento que debe
seguirse para que una persona sea inscrita en el RUV. En este sentido,
estableció que es necesario presentar una declaración ante el Ministerio
Público,[52] que deberá ser
valorada por la UARIV, y verificar los hechos victimizantes contenidos en la
declaración y consultar las bases de datos de la Red Nacional de Información
para la Atención y Reparación a las Víctimas.[53] Una vez realizado este
ejercicio, la UARIV deberá otorgar o denegar el registro, en un término máximo
de sesenta (60) días hábiles.
54. El artículo 155 de la Ley 1448 de 2011
señaló que la declaración de las víctimas debía ser rendida en un término
determinado, así:
“Las víctimas deberán presentar una declaración
ante el Ministerio Público en un término de cuatro (4) años contados a partir
de la promulgación de la presente ley para quienes hayan sido victimizadas con
anterioridad a ese momento, y de dos (2) años contados a partir de la
ocurrencia del hecho respecto de quienes lo sean con posterioridad a la
vigencia de la ley, conforme a los requisitos que para tal efecto defina el
Gobierno Nacional, y a través del instrumento que diseñe la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las víctimas,
el cual será de uso obligatorio por las entidades que conforman el Ministerio
Público”.
55. A su vez, dicha norma señala que es posible presentar la declaración
como víctima ante el Ministerio Público por fuera del plazo antes mencionado si
existe “fuerza mayor que haya impedido a la víctima presentar la solicitud
de registro”. No obstante, en virtud de lo dispuesto en el artículo 40 del
Decreto 4800 de 2011, el incumplimiento del plazo mencionado en el artículo 155
de la Ley 1448 de 2011 constituye una causal que autoriza a la UARIV a denegar
la inscripción en el RUV.
56. La Corte Constitucional considera que
la existencia de un plazo para realizar la declaración como víctima ante el
Ministerio Público cumple una importante función para la materialización de los
derechos a la ayuda humanitaria y a la reparación de las víctimas, pues permite
al Estado prever un número total de beneficiarios de las medidas contempladas
por la Ley 1448 de 2011 y determinar el presupuesto necesario para garantizar
su efectivo cumplimiento. Conviene recordar que la Ley mencionada pretende atender,
de forma equitativa, a una gran cantidad de víctimas, por lo que para cumplir
este proceso es necesario una debida planificación por parte del Estado.
57.
Sin embargo,
el plazo que puede establecerse para la declaración como víctimas debe ser, en
todo caso, razonable, en el sentido de que les permita en realidad acudir ante
el Ministerio Público a realizarla. Esto requiere que las personas sepan del
procedimiento, para lo cual es necesario, una difusión suficiente de la
información acerca del RUV y del procedimiento para ser inscrito en él.
58. De conformidad con lo señalado, el
término previsto en el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011 cumple estas
características, pues establece un lapso amplio en el que las personas que se
consideren víctimas pueden acudir al Ministerio Público para rendir la
declaración. Además, ese mismo artículo también indica que tales personas
tienen la posibilidad de presentar válidamente una declaración aún después de
los términos señalados en esa norma, cuando la extemporaneidad se origine en la
existencia de impedimentos que se constituyan en fuerza mayor. En ese sentido,
el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011 reconoce que pueden existir situaciones
que impidan o disuadan a las víctimas de presentar la declaración oportuna ante
el Ministerio Público, y reconoce que no por ello deben negársele el acceso a
los derechos que se derivan por la inscripción en el RUV.
59.
Así, respecto
al término establecido en el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011, la Corte en
sentencia T- 519 de 2017[54] señaló que este
plazo no puede considerarse inflexible y ajeno a situaciones especiales de
personas que, por distintas circunstancias (como, por ejemplo, el tipo de hecho
victimizante que han padecido), tarden largo tiempo en decidir declarar como
víctimas ante el Ministerio Público.
60. Ahora bien, contra esta posición la Corte Constitucional, en reiteradas
ocasiones, afirmó que a una persona víctima de desplazamiento forzado no se le
podía negar la inscripción en el Registro Único de Población Desplazada[55]
(en adelante, el “RUPD”) con base exclusivamente en la extemporaneidad
de la declaración, pues, dicha condición “no se adquiere por virtud del acto
formal de inscripción sino por el hecho cierto del desplazamiento”[56].
Así, podría considerarse que este razonamiento constituye un precedente
aplicable para el caso que se analiza.
61.
En lo atinente al delito de desaparición forzada, la Constitución de
1991, elevó la “no desaparición forzada” como un derecho fundamental y fijó los
elementos normativos como delito de lesa humanidad, por el bloque de
constitucionalidad[57]. En este sentido, el propio constituyente
consagró en el artículo 12: “Nadie será sometido a desaparición forzada, a
torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
62.
Históricamente la
desaparición forzada surgió como un delito cometido única y exclusivamente por
agentes estatales. Sin embargo, actualmente el autor del delito no está
calificado. Esto se debe a que esta Corporación, en sentencia C-317 de 2002,
declaró inexequible la expresión “perteneciendo a un grupo armado al margen
de la ley” que caracterizaban al actor del inciso primero del artículo 165
de la Ley 599 de 2000[58]. Fundamentó que reduce significativamente
el sentido y alcance de la protección general contenida en el artículo 12 de la
Carta Política, que “recogió la realidad de nuestro país donde no siempre el
sujeto activo o partícipe de la desaparición forzada es un servidor público o
un particular que actúa bajo su protección o aquiescencia, pues también existen
personas o grupos de personas que pueden cometer este delito como por ejemplo
los grupos de limpieza social, la delincuencia común, los grupos de autodefensa
o paramilitares, los narcotraficantes, la guerrilla, etc.”.
63.
En la
precitada sentencia, esta Corte se refirió al delito como una conducta
compleja, consistente en, primero, someter “a otra persona a privación de su
libertad, cualquiera que sea su forma”, y segundo, ocultarla o negar la
privación o no dar información de su paradero, pero en todo caso “sustrayéndola
del amparo de la ley”, de la siguiente manera:
“[…] la descripción de la conducta exige que se someta a una
persona a privación de su libertad, bien sea en forma legal o ilegal; que luego
la víctima sea ocultada y sus familiares no puedan conocer su paradero; y que
ocultada la víctima, el sujeto agente se abstenga de brindar información sobre
su paradero sustrayéndola del amparo de la ley, imposibilitándola de esta
manera para ejercer cualquiera de los recursos legales establecidos para su
protección. Es decir, que no es necesario requerimiento alguno pues basta la
falta de información”.
64.
Adicionalmente, la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia, a partir de un análisis dogmático del
delito ha reiterado que es (i) de ejecución permanente[59]; (ii) pluriofensivo[60]; (iii) constituye una violación múltiple
de derechos fundamentales del ser humano tan grave que si se convierte en una
práctica sistemática o generalizada puede calificarse como un crimen de lesa
humanidad; (iv) se trata de la infracción del deber de brindar información
sobre su aprehensión, su paradero o la ubicación de sus restos[61].
65.
En lo ateniente a la
configuración del delito, ha decantado que se requiere “la privación de
libertad, la cual puede ser inicialmente legal y legítima, seguida del
ocultamiento del individuo, allí no se agota el comportamiento, en cuanto es
preciso que no se dé información sobre el desaparecido, se niegue su
aprehensión, o se suministre información equívoca, sustrayéndolo del amparo
legal”[62].
66.
De allí que los
familiares de la víctima no se encuentran en la capacidad de acceder a
información que les permita comprobar ante las autoridades la ocurrencia del
delito. Por ello, la jurisprudencia ha hecho énfasis en la inversión de la
carga de la prueba que recae en cabeza del Estado.
67.
La garantía efectiva de
los derechos de las víctimas directas e indirectas de la desaparición forzada
por parte del Estado, consiste
en adoptar todas las medidas necesarias para asistirlas; teniendo en cuenta que, como fuera consignado en los “Principios y directrices básicos sobre
el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho
internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”[63]: “Las víctimas deben ser tratadas con
humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos, y han de adoptarse
las medidas apropiadas para garantizar su seguridad, su bienestar físico y
psicológico y su intimidad, así como los de sus familias”[64].
68.
En esta misma línea, la
Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la
Desaparición Forzada, en su artículo 24, numeral 6, prevé que:
“Sin perjuicio de la obligación de continuar
con la investigación hasta establecer la suerte de la persona desaparecida,
cada Estado Parte adoptará las disposiciones apropiadas en relación con la
situación legal de las personas desaparecidas cuya suerte no haya sido
esclarecida y de sus allegados, en ámbitos tales como la protección social, las
cuestiones económicas, el derecho de familia y los derechos de propiedad.”
69.
En concordancia con lo
anterior, el artículo 1.2 de la Declaración sobre la protección de todas las
personas contra las desapariciones forzadas comprende también el derecho de los
familiares de la víctima a las garantías judiciales, por cuanto “todo acto
de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley y le
causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia”.
70.
Las peticiones de estas
víctimas de inclusión en el RUV, conforme a los lineamientos previstos
por los artículos 36 y 37 del Decreto 4800 de 2011 y los artículos 3 y 156 de
la Ley 1448 de 2011, deben ser examinadas “en aplicación de los principios
de buena fe, pro homine, geo-referenciación o prueba de contexto, in dubio pro
víctima, credibilidad del testimonio coherente de la víctima. En complemento,
se debe hacer una lectura a la luz del conflicto armado y la diversidad étnica
y cultural.” [65]
71.
Aunado a lo anterior,
es necesario utilizar elementos jurídicos (normativa vigente), técnicos
(consulta de bases de datos con información para esclarecer las circunstancias
de tiempo, modo y lugar de la ocurrencia de los hechos victimizantes) y de
contexto (consulta de información sobre dinámicas, modos de operación y eventos
relacionados directamente con el conflicto armado, en una zona y tiempo
específicos)[66]. Este último, “se considerarán las
características del lugar como espacio-geográfico donde ocurrió un hecho
victimizante, no sólo para establecer el sitio exacto donde acaeció, sino
también para detectar patrones regionales del conflicto, no necesariamente
circunscritos a la división político administrativa oficial, sino a las
características de las regiones afectadas en el marco del conflicto armado. El
tiempo de la ocurrencia de los hechos victimizantes se tendrá en cuenta para
establecer temporalmente las circunstancias previas y posteriores a la
ocurrencia del hecho, las cuales, al ser analizadas en conjunto, brindarán
mejores elementos para la valoración de cada caso.”[67]
72.
La jurisprudencia de
esta Corporación ha decantado la importancia de la suscripción a esta base de
datos como condición sine qua non para el acceso a las medidas de
asistencia y reparación previstas en la Ley 1448 de 2011. Ello no otorga la
calidad de víctima, puesto que esta se adquiere cuando ocurre el hecho
victimizante[68]. En este sentido, en sentencia T-832 de
2014[69], la Corte sostuvo que “de conformidad con el artículo 154 de esa normativa,
(la inscripción en el RUV) es un requisito meramente declarativo y no
constitutivo de la condición de víctima, (…) a efectos de que las víctimas (…)
puedan acceder a los beneficios legales y a los diferentes mecanismos de
protección de derechos, con carácter específico, prevalente y diferencial, para
dicha población”. Es decir, es una herramienta administrativa para
distribuir la ayuda humanitaria y atención de emergencia en salud que se
requiera como consecuencia directa del hecho victimizante.
73.
Con fundamento en lo
anterior, esta Corporación ha ordenado la inscripción de manera directa de
personas en el RUV o la revisión de la negativa del registro[70], “siempre y cuando se verifique que la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas: i) ha efectuado
una interpretación de las normas aplicables contraria a los principios de
favorabilidad y buena fe[71]; ii) ha exigido formalidades irrazonables
o desproporcionadas[72] o ha impuesto limitantes para acceder al
registro que no se encuentran en las normas aplicables; iii) ha proferido una
decisión que no cuenta con una motivación suficiente[73]; iv) ha negado la inscripción por
causas ajenas al solicitante; o v) ha impedido que el solicitante
exponga sus razones (…) o que ejerza los recursos arbitrados por el
ordenamiento para controvertir la decisión administrativa que le niega la
inscripción en el Registro”[74].
74.
Así, por ejemplo, en la
sentencia T-112 de 2015[75], la Corte ordenó la inscripción inmediata
en el RUV, brindando el acompañamiento necesario para que el afectado pueda
acceder a los programas de atención, asistencia y reparación en su calidad de
víctima del conflicto armado interno, teniendo en cuenta el principio de
enfoque diferencial establecido en el artículo 13 de la Ley 1448 de 2011. En
esa oportunidad encontró que en dos de los casos estudiados, la UARIV realizó: (i)
una indebida aplicación de las normas legales; (ii) impidió que el solicitante expusiera
las razones por las cuales se consideraba víctima del conflicto armado interno
o que pudiera ejercer los recursos arbitrados por el ordenamiento para
controvertir la decisión administrativa que le negó la inscripción en el
Registro y (iii) dejó de aplicar el principio de favorabilidad en caso de duda
del relato del peticionario.
75.
En fallo similar, T-832 de 2014[76], se amparó el derecho a la vida digna y a la igualdad de
quien no fue inscrito en el RUV porque la UARIV consideró que no encajaba en la descripción de
víctima. Al respecto, la
Corte justificó su decisión advirtiendo “que en desarrollo de la
política de atención a las víctimas del conflicto, existe un componente
especial dirigido a aquellas que tras haber residido en el exterior, deciden
regresar al territorio nacional, y manifestar las razones por las cuales
debieron huir para proteger su vida. De modo que, a través de distintos
programas de ayuda, el Estado les debe brindar la atención necesaria acorde con
su situación.”
76.
De igual modo, en
sentencia T-087 de 2014[77] dispuso la inscripción inmediata de la
accionante y su núcleo familiar en el RUV y su orientación para que accedan a
los demás programas de atención. En ese caso, encontró que la UARIV verificó el contexto de la zona donde había ocurrido
el hecho victimizante a través de la consulta de los datos del RUPD, SIPOD y
SIRI, sin encontrar elementos probatorios que confirmaran o desvirtuaran el
hecho. Por tanto, en aplicación del principio de interpretación favorable se
debía conceder su registro.
F.
SOLUCIÓN DEL
CASO CONCRETO
77.
La ciudadana Ana Luisa
Valencia Gamboa rindió declaración ante la Procuraduría de Buenaventura el 3 de
diciembre de 2015, con el fin de solicitar la inscripción en el RUV, e
identificó como hechos victimizantes -desaparición forzada y desplazamiento
forzado- de, según la actora, su fallecido esposo, lo cual ocurrió el 10 de
agosto de 2012 (ver supra, numerales 2 y 8). La UARIV, mediante Resolución No. 2016-73322 del 18 de marzo de 2016, dispuso que no era procedente realizar la
inscripción en el RUV, bajo el argumento de que fue extemporánea y no se
apreciaba una circunstancia de fuerza mayor que justificara la tardanza (ver supra,
numeral 6).
78.
El hecho victimizante
alegado por la accionante es posterior a la fecha de entrada en vigencia de la
Ley 1448 de 2011, esto es, 10 de junio de 2011. En consecuencia, en virtud del
artículo 155 de la Ley 1448 de 2011 debió haber realizado la declaración dentro
de los 2 años siguientes a partir de la ocurrencia del hecho (ver supra,
numeral 54), es decir, hasta el 10 de agosto de 2014. Sin embargo, como se mencionó
en el numeral anterior, la declaración se presentó ante la Procuraduría de
Buenaventura el 3 de diciembre de 2015, con posterioridad al término previsto
por la ley para la presentación de la mencionada declaración.
79.
El establecimiento de
un plazo para realizar la inscripción como víctima, según lo afirmado por la
Corte es un importante instrumento de racionalización de la atención y
reparación a las víctimas del conflicto armado, pues permite al Estado realizar
la planificación de los recursos necesarios para satisfacer sus derechos (ver supra,
numeral 56). Igualmente, recuerda la Corte que, por las razones expuestas, el
establecido en el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011 constituye un plazo
razonable, ya que establece un término amplio y además prevé que es posible que
existan situaciones en las que sea necesario excepcionar su aplicación (ver supra,
numeral 58 y 59).
80.
Así mismo, la Sala advierte
que la inscripción de las víctimas en el RUV, constituye una herramienta de
carácter técnico para “identificar la población que ha sufrido un daño” y no
otorga la calidad de víctima, pues esta se adquiere cuando ocurre el hecho
victimizante.
81. En el caso concreto, los funcionarios de la Procuraduría
del Municipio de Buenaventura (Valle del Cauca), al preguntar acerca de las
razones que pudieran justificar la presentación extemporánea[78], la
accionante indicó que su demora había sido ocasionada por temor a declarar. La
UARIV, con sustento en la extemporaneidad, negó la pretensión de la actora (manifestó
que la accionante no demostró circunstancia de fuerza mayor que justificara la
mora de su declaración)(ver supra, numeral 12). Así, considera la Sala
que la fundamentación de la accionada vulneró los derechos fundamentales de la actora,
pues omitió valorar la solicitud de inscripción de ésta y de sus hijas a la luz
de los principios constitucionales que guían la interpretación y aplicación de
las normas en la materia, al negarle de tajo el acceso a las medidas de asistencia,
pese a ser víctimas del delito de “desaparición forzada”[79], el cual, ocasionó su propio
desplazamiento y el de sus dos hijas menores[80]. Actualmente la actora desconoce el
paradero de su compañero.
82. La
Sala considera que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas realizó: (i) una indebida aplicación de las normas legales para evaluar
y decidir la petición; (ii) desconoció que el hecho victimizante “desaparición
forzada” es un delito de ejecución permanente. que se consuma, hasta tanto se
tenga información de la privación o la aparición del cadáver. Hecho que ocasionó
el desplazamiento de la actora y el de sus hijas (iii) profirió una decisión
sin una motivación suficiente. Exigió que la interesada justificara la demora
de su declaración, ignorando, tal vez, el desconocimiento que ésta tenía de sus
propios derechos, y el temor por los hechos ocurridos con su compañero
permanente en manos de las Farc, que la obligó a desplazarse con sus menores
hijas de “Rio Cajambre Vereda Punta Bonita” hacia el “bajo Calima”, lo que,
constituye una limitante formal para acceder al registro.
83. Como se explicó en las
consideraciones generales de esta sentencia, bajo estos supuestos la Corte ha ordenado
que las víctimas del conflicto armado se registren en el RUV para el acceso a
las medidas de asistencia y reparación previstas en la Ley 1448 de 2011 como
“herramienta técnica para la identificación de la población que ha sufrido un
daño”[81]. El Tribunal
ha sostenido que tal inscripción constituye un requisito meramente declarativo
a efectos de que las victimas puedan acceder a los beneficios legales.[82]
84. La
UARIV no advirtió las circunstancias de violencia generalizada en la zona del
rio Cajambre (Buenaventura), que como lo aportó la accionante, desde el escrito
inicial, originó que la Defensoría del Pueblo a través del sistema de Alertas
Tempranas (SAT) denunciara públicamente “durante una visita realizada
conjuntamente con los representantes en Colombia de ACNUR y de la alta
comisionada de Naciones Unidas de los Derechos Humanos la angustia y el temor
de los pobladores y de las organizaciones comunitarias y de víctimas, por causa
de las acciones de violencia de los grupos armados ilegales en la zona rural y
urbana de Buenaventura, esto es, de las FARC, los Rastrojos, La Empresa y los
Urabeños”[83]
85. Así
mismo el defensor destacó que Buenaventura “ha sido el municipio de Colombia con el mayor número de
personas expulsadas bajo la modalidad de desplazamiento masivo”. En el
documento “Buenaventura: una crisis humanitaria sin respuesta” se constata
que tal como lo explicó la accionante existe un temor generalizado en la zona
en la que se mantienen y que ha originado una crisis humanitaria; en la fecha
en que ocurrió el hecho victimizante de la actora se dejó constancia que “en
Buenaventura durante el año 2012, el Estado ha sido incapaz de dar respuesta
apropiada a 9 desplazamientos masivos que dejaron un total de 5.242 personas
expulsadas de sus hogares por la guerra declarada entre dos grupos
neoparamilitares: los Urabeños y los Rastrojos, estos últimos representados por
su filial “la Empresa”.[84]
86. Esto
contrasta con la nota de seguimiento N°. 012-12 del 23 de agosto de 2012, al
informe de riesgo N°. 032 de 2008 de la Defensoría del Pueblo en la que se
señaló: “entre las principales acciones violatorias a los derechos humanos e
infracciones al derecho internacional humanitario registradas durante julio de
2011 y julio de 2012 se encuentran la utilización de métodos y medios para
generar terror e intimidación contra las comunidades, la afectación de la
población civil como consecuencia de acciones bélicas (ataques indiscriminados,
enfrentamientos armados con interposición de la población civil), atentados
contra la vida, la libertad y la integridad física de la población civil…”[85]
87. Estas
condiciones se han mantenido como lo destaca el informe de “IDEAS PARA LA PAZ”[86] y corrobora que está acreditada una circunstancia que le
imposibilitó a la actora relatar los hechos de desaparición de su compañero.
88.
Para la Sala los motivos aducidos por la entidad demandada para negar la
inscripción en el RUV son valoraciones injustificadas y desproporcionadas,
se evidencia la carencia de investigación por parte de la UARIV, que falta a
las directrices de análisis a las que se deben someter las peticiones de esta
índole. Puntualmente, el recurso a elementos jurídicos (normativa vigente),
técnicos (consulta de bases de datos con información para esclarecer las
circunstancias de tiempo, modo y lugar de la ocurrencia de los hechos
victimizantes) y de contexto (consulta de información sobre dinámicas, modos de
operación y eventos relacionados directamente con el conflicto armado, en una
zona y tiempo específicos)[87].
Según la base de desaparecidos SIRDEC[88],
Yefferson Valencia Arroyo continúa desaparecido.
89. La Sala advierte que de
haber seguido la metodología reseñada para el examen para el registro en el
RUV, la entidad demandada habría logrado establecer que el hecho victimizante
perpetrado por agentes del conflicto armado era una práctica en el lugar y
tiempo referidos por la actora.[89] En
otras palabras, al recurrir a dichos lineamientos y en virtud de los principios
de buena fe, pro homine, geo-referenciación o prueba de contexto, in
dubio pro víctima, credibilidad del testimonio coherente de la víctima[90], se habría accedido
a la petición de inscripción.
90. La UARIV, al negar la inscripción en el RUV a la accionante, desconoció
sus derechos fundamentales y los de sus hijas menores. Como se evidencia, la demandada
no utilizó información suficiente en el proceso de valoración de la declaración
presentada por la accionante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
156 de la Ley 1448 de 2011, y en el artículo 28 del Decreto 4800 de 2011, que
garantiza de esta forma el debido proceso, la buena fe y el principio de favorabilidad
que deben regir las actuaciones de la UARIV en beneficio de quien alega ser
víctima, en el presente caso, del delito de “desaparición forzada[91]”
de su compañero permanente y que ocasionó su propio “desplazamiento forzado” y
el de sus dos (2) hijas menores. De esta forma, la Sala encuentra improcedente
la negación de la inscripción en el RUV, por cuanto se desconoció la condición
de víctima de la accionante y de sus hijas.
91. Por lo anterior, se
revocarán las decisiones de instancia que “negaron por improcedente la acción
de tutela” y en su lugar se ordenará a la UARIV que realice la inscripción de la accionante
y sus hijas atendiendo las particularidades del hecho victimizante de
“desaparición forzada” como delito de ejecución permanente que continúa
consumándose en el tiempo, pues a la fecha no se ha obtenido información del
compañero de la actora, y según la base de datos SIRDEC continúa desaparecido.
Así mismo otorgue las medidas de reparación a que tenga derecho la actora y sus
hijas menores en calidad de víctimas. Y, a su vez estudie la solicitud de
inscripción de la accionnate y sus hijas, por el hecho victimizante de
“desplazamiento forzado”.
G.
SÍNTESIS DE
LA DECISIÓN
92. Esta Corporación revisó la acción de tutela instaurada
por la ciudadana Ana Luisa Valencia Gamboa contra la UARIV, por considerar
lesionados sus derechos fundamentales como consecuencia de la negativa de esta
entidad de inscribirla en el RUV.
93. La accionante rindió declaración ante la Procuraduría de
Buenaventura el 3 de diciembre de 2015, con el fin de solicitar la inscripción
en el RUV, identificó como hechos victimizantes Desaparición Forzada y
Desplazamiento Forzado, ocurrido el 10 de agosto de 2012 (ver supra,
numerales 2 a 5). La UARIV, mediante Resolución No. 2016-73322 del 18 de marzo
de 2016, concluyó que no era procedente realizar la inscripción en el RUV, con
sustento en que fue extemporánea y no se apreciaba una circunstancia de fuerza
mayor que justificara la demora (ver supra, numeral 6).
94. La Corte estudió el cumplimiento de los requisitos de
procedibilidad en el caso concreto, consideró que todos ellos se verificaban. Con
relación al cumplimiento de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad,
recordó que, por su condición de víctima del conflicto armado interno, era
preciso realizar un análisis flexible, sin afirmar que estos dos requisitos
resultan inaplicables para ellos.
95. Se consideró que el problema jurídico que le
correspondía determinar era si la UARIV había desconocido los derechos
fundamentales al reconocimiento de la ayuda humanitaria y a la reparación de la
accionante, al negarse a inscribirla en el RUV con el argumento de que su
declaración como víctima se había presentado por fuera del término establecido
en el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011. Para resolverlo, la Sala estudió ciertos
asuntos.
96. Inicialmente, sostuvo que la ayuda humanitaria tiene
sustento en distintas fuentes, como el derecho internacional de los derechos
humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho constitucional
colombiano. Respecto de este último, recordó que, según la jurisprudencia, la
ayuda humanitaria tiene relación con el mínimo vital y ha sido considerado como
uno de los derechos mínimos de la población desplazada. Igualmente, la Sala
analizó la evolución normativa de la ayuda humanitaria, explicando sus
componentes y etapas. También se ocupó de explicar el contenido del derecho a
la reparación, al igual que la reglamentación del programa administrativo de
indemnizaciones.
97. Igualmente, recordó que para el reconocimiento de
distintos derechos reconocidos por la Ley 1448 de 2011 a las víctimas del
conflicto armado interno –entre ellos la ayuda humanitaria de emergencia– se
debe estar inscrito en el RUV. Para ello, la mencionada ley estableció que es
necesario seguir un procedimiento, que empieza por la presentación de la
declaración como víctima ante el Ministerio Público, la cual posteriormente
debe ser enviada a la UARIV para su valoración. Dicha declaración debe
realizarse en un término determinado: si el hecho victimizante ocurrió antes de
la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011 (el 10 de junio del mismo año),
ese tiempo es de cuatro (4) años; si ocurrió después, es de dos (2) años.
98. Así, la Sala analizó el
caso concreto, consideró en este sentido que el hecho victimizante
“desaparición forzada” alegado por la accionante es un delito de ejecución
permanente que continúa ejecutándose en el tiempo (el compañero de la
accionante sigue desaparecido). Y la UARIV no hizo uso de mecanismos
adicionales que le permitiera valorar la declaración de la actora, en virtud de
los principios de buena fe, pro homine, geo-referenciación o prueba de
contexto, in dubio pro víctima, credibilidad del testimonio coherente de
la víctima[92],
que de haberlo hecho se habría accedido a la petición de inscripción.
99. Por lo
anterior consideró que la UARIV desconoció la condición de víctima de la
accionante y de sus menores hijas al negarle la inscripción en el RUV con
sustento en la extemporaneidad. Ignoró que dicha solicitud es una herramienta
técnica que constituye un requisito meramente declarativo y no constitutivo de
tal condición. Por lo tanto, revocó las decisiones de instancia y ordenó a la
accionada realizar la inscripción de la actora y de sus hijas menores, atendiendo
las particularidades del hecho victimizante “desaparición forzada”, como delito
de ejecución permanente que continúa consumándose en el tiempo, dado que a la
fecha no se tiene información del paradero del compañero de la actora e
igualmente, se otorguen las medidas de reparación si a ello hubiere lugar. Así
mismo ordenó estudiar la solicitud de inscripción de la actora y sus hijas por
el hecho victimizante de “desplazamiento forzado”.
II.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión
de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR el fallo del 8 de noviembre de 2017 proferido
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Gualadajara de Buga, que
confirmó la decisión del 27 de septiembre de 2017, proferida por el Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de Buenaventura, Valle, mediante la cual “negó por
improcedente” la acción de tutela promovida por la ciudadana Ana Luisa Valencia
Gamboa contra la Unidad Administrativa Especial para la Atención y la
Reparación Integral a las Víctimas.
Segundo.- CONCEDER el amparo solicitado por la ciudadana Ana Luisa
Valencia Gamboa contra la Unidad Administrativa Especial para la Atención y la
Reparación Integral a las Víctimas, para lo cual se ordena a la UARIV que inscriba
a la accionante y a sus dos hijas menores atendiendo las particularidades del
hecho victimizante “desaparición forzada”, como delito de ejecución permanente
que continúa consumándose en el tiempo, dado que a la fecha Yefferson  Valencia
Arroyo sigue desaparecido. Una vez inscritas en el RUV otorgue las medidas de
reparación a que tenga derecho la accionante y sus hijas en calidad de
víctimas. Así mismo estudie la solicitud de inscripción por el hecho victimizante de “desplazamiento
forzado” de la accionante y sus hijas, conforme se advirtió en la parte
motiva de esta providencia.
Tercero.- LIBRAR, a través de la Secretaría General, las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, y DISPONER,
a través del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Buenaventura-
Valle, la realización de la notificación a las partes de que trata esa misma
norma.
Cópiese,
Notifíquese, Cúmplase y Archívese.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
CARLOS
BERNAL PULIDO
A LA
SENTENCIA T-393/18
ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR INSCRIPCION EN EL RUV-Se distorsionaron los argumentos más importantes de la sentencia T-519
de 2017 para llegar, en el caso concreto, a una conclusión completamente
opuesta, pese a que se trata de casos similares (Salvamento de voto)
Expediente
T-6.637.865
Magistrado ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
En atención a la decisión adoptada por la Sala Novena de Revisión de
Tutela frente al expediente de la referencia, me permito presentar Salvamento
de Voto, por las siguientes razones:
La presente sentencia retoma de forma literal y, prácticamente en su
totalidad, las consideraciones expuestas en la sentencia T-519 de 2017, cuya
postura comparto. En la sentencia de que disiento, se distorsionaron los
argumentos más importantes de la sentencia T-519 de 2017 para llegar, en el
caso concreto, a una conclusión completamente opuesta, pese a que se trata de
casos similares.
En efecto, en la sentencia T-519 de 2017 se indicó que existían
providencias de esta Corporación, de los años 2004, 2005 y 2007, en las que se
señalaba que no podía negarse la inscripción en el Registro Único de Población
Desplazada con base exclusivamente en la extemporaneidad de la declaración. Sin
embargo, se aclaró que dicho razonamiento no podía trasladarse a los casos
regidos por el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011.
Lo anterior, por cuanto dichas providencias se profirieron en vigencia
del Decreto 2569 de 2000 el cual i) contemplaba un término para realizar la
inscripción en el registro mucho menor que el que prevé el artículo 155 de la
Ley 1448 de 2011 y ii) no tomaba en cuenta excepciones para realizar la
inscripción de manera extemporánea, las cuales sí se incluyen en el artículo
155 de la Ley 1448 de 2011. Adicionalmente, se advirtió que dichas sentencias
no podían constituir precedente aplicable para los casos cobijados por la Ley
1448 de 2011, pues esta última abarca medidas de
atención y reparación dirigidas a un número de víctimas mucho mayor, “por lo
que se entiende que el esfuerzo presupuestal y administrativo que debe realizar
el Estado para aplicarlas de manera efectiva es mayor que el exigido por la Ley
387 de 1997, desarrollada por el Decreto 2569 de 2000. De allí entonces la
importancia de aplicar un instrumento que permita esa planificación, como lo es
el establecimiento de un plazo determinado para realizar la declaración como
víctima ante el Ministerio Público”[93].
No obstante, en la presente sentencia
se concede el amparo porque se concluye que el razonamiento expuesto en las
providencias de los años 2004, 2005 y 2007 “constituye un precedente
aplicable para el caso que se analiza” pese a que se profiere en vigencia
de la Ley 1448 de 2011 y no de la Ley 387 de 1997. La decisión ha debido ser diametralmente
opuesta, tomando en cuenta las razones ya señaladas sobre la imposibilidad de
tener como precedente sentencias que se dictaron frente a una ley distinta a la
que rige el caso concreto.
Así las cosas, debo apartarme de la
decisión de la Sala porque desconoce la jurisprudencia en que se fundamenta
(sentencia T-519 de 2017), así como lo dispuesto en los artículos 155 de la Ley
1448 de 2011 y 40 del Decreto 4800 de 2011, sin ofrecer razones de
constitucionalidad que permitan inaplicar estos últimos, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 4 de la Constitución.
Por otro lado, en la sentencia de que
me aparto se ordenó a la UARIV inscribir a la accionante y a sus dos hijas en
el RUV “atendiendo a las particularidades del hecho victimizante
‘desaparición forzada’ como delito de ejecución permanente que continúa
consumándose en el tiempo, dado que a la fecha Yefferson Valencia Arroyo sigue
desaparecido”.
Dicha consideración resulta
cuestionable, pues deroga por vía jurisprudencial el primer inciso del artículo
155 de la Ley 1448 de 2011, al establecer que, frente a conductas de carácter
permanente como la desaparición forzada o el desplazamiento forzado, los
términos allí previstos no resultan aplicables.
Esto, pese a que es claro que el
legislador no pretendía limitar los términos del artículo 155 de la Ley 1448 de
2011 a los delitos de comisión instantánea y, por el contrario, lo que se
desprende de la Ley 1448 de 2011 es que los términos establecidos para
solicitar la inscripción deben empezar a contabilizarse desde que se dio inicio
al hecho victimizante, así este continúe consumándose como ocurre en los
delitos de comisión permanente. De hecho, el artículo 61 de esta ley dispone
que las víctimas de desplazamiento forzado tienen el deber de rendir
declaración dentro de los dos años siguientes “a la ocurrencia del hecho que
dio origen al desplazamiento”, con lo cual no cabe duda que incluso cuando
el delito de desplazamiento no se hubiere consumado, el término de 2 años debe
contarse desde el acto inicial que dio origen al mismo.
En suma, considero que en el
asunto sub judice la UARIV no desconoció los derechos de la accionante,
pues su competencia se restringió a aplicar la consecuencia prevista en el
artículo 2.2.2.3.14  del Decreto 1084 de 2015[94] para los casos en los
que se superaran los términos establecidos en el artículo 155 de la Ley 1448 de
2011, que, además de ser razonables, obedecen a
la necesidad de organizar el presupuesto destinado a la ayuda humanitaria de
las víctimas y por ende deben observarse estrictamente, a menos que la víctima
demuestre haber estado imposibilitada para presentar la solicitud a tiempo,
como consecuencia de un caso de fuerza mayor.
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
[1] Así mismo, en
declaración extraproceso en la Notaría Segunda de Buenaventura, el 28 de agosto
de 2017 señaló que “por los hechos ocurridos en Rio Cajambre Vereda Punta
Bonita” tuvo que desplazarse “hacia el bajo calima”, por temor a
correr la misma suerte de su compañero. (Folio 13, cuaderno principal).
[2] Cuaderno
principal, fl. 5.
[3] Ib.
[4] Según
consta en el cuaderno principal, fl. 25.
[5] Ibíd.
[6] Según
consta en el cuaderno principal, fls. 28 y 29.
[7] Según
consta en el cuaderno principal, fls. 57 y 58.
[8] Cuaderno
principal, fl. 52 y 53.
[9] La acción de
tutela fue interpuesta el 14 de septiembre de 2017 (ver supra, numeral 1).
[10] Según consta en
el cuaderno principal, fl. 3 y 26.
[11] Según
consta en el cuaderno principal, fl. 55 a 56. La UARIV allegó copia de la
Resolución No. 2016-73322 del 18 de marzo de 2016.
[12] Cuaderno
principal, fl. 55.
[13] Ibíd.
[14] Según consta en
el cuaderno principal, fls 39 a 59.
[15] Indicó el a quo
que la accionante no utilizó los recursos de la vía gubernativa. Cuaderno
principal, fl. 32.
[16] Cuaderno
principal, fls. 29 a 33
[17] Cuaderno
principal, fls. 70 a 76
[18]Sentencias
Corte Constitucional T-119, T-250, T-317, T-446 y T-548, todas de 2015. M.P Gloria
Stella Ortiz Delgado.
[19] Acerca del perjuicio
irremediable, esta Corte ha señalado que debe reunir una serie de
características, a saber: “(i) que se trate de un hecho cierto e inminente;
(ii) que las medidas a tomar deben ser urgentes; (iii) que la situación a la
que se enfrenta la persona es grave; y finalmente (iv) que las actuaciones de
protección han de ser impostergables.” Ver, sentencia T-896 de 2007, M.P. Manuel Jose Cepeda
Espinosa.
[20] Al
respecto, el Decreto 2591 de 1991 en su artículo 8 establece lo siguiente: “[a]ún
cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acción de
tutela procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. En el caso del inciso anterior, el juez señalará
expresamente en la sentencia que su orden permanecerá vigente sólo durante el
término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo
sobre la acción instaurada por el afectado. En todo caso el afectado deberá
ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro (4) meses a partir del
fallo de tutela”.
[21] Ver,
Corte Constitucional, sentencia C-543 de 1992, M.P. Jose
Gregorio Hernández Galindo.
[22] Ver,
Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[23] Ver,
Corte Constitucional, sentencia T-246 de 2015, M.P. Martha Victoria Sáchica
Méndez.
[24] Ver,
Corte Constitucional, sentencia T-211 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[25] Ver,
Corte Constitucional, sentencia T-222 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[26] Ver, Corte
Constitucional, sentencias
T-188 de 2007, M.P. Álvaro
Tafur Galvis; T-462
de 2012, M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio
y T-364 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
[27] Ver,
Corte Constitucional, sentencia T-404 de 2017.
[28] Ver, Corte
Constitucional, sentencia T-163 de 2017.
[29] Ver, Corte
Constitucional, sentencia T-376 de 2016.
[30] Corte
Constitucional, sentencia T-025 de 2004, M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa.
[31] Ib.
[32] Ver,
Auto 099 de 2013, M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[33] Artículos
23, 38 y 39 del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1944, relativa a la
protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra.
[34] Sección
II del Título IV.
[35] Corte
Constitucional, Auto 099 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[36] Ib.
[37] En
idéntico sentido ver sentencia C-255 de 2003, M.P Clara Inés Vargas Hernández.
[38] Artículo 17 del
Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949.
[39] Artículo 18
Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949.
[40] Esta norma la
concibió como un mecanismo para atender a la población víctima de
desplazamiento forzado.
[41] Esa
ayuda se otorgará por espacio máximo de tres meses, prorrogables por tres meses
más. Esa prórroga se aplicará únicamente a hogares registrados en el Registro
Único de Población Desplazada y que se encuentren en determinadas situaciones
(artículo 21).
[42] Tiene como
destinatarios a “personas que manifiestan haber sido desplazadas y que se
encuentran en situación de vulnerabilidad acentuada” Es entregada a quienes
hayan presentado la declaración a que se refiere el artículo 61 de la Ley 1448
de 2011 y que hayan sido víctimas de desplazamiento forzado dentro de los 3
meses anteriores a la solicitud (artículo 63).
[43] Es entregada a
las personas u hogares en situación de desplazamiento una vez se haya expedido
el acto administrativo que las incluye en el RUV, y de acuerdo con el grado de
necesidad y urgencia respecto de su subsistencia mínima (artículo 64).
[44] Es
entregada a la población en situación de desplazamiento incluida en el RUV que
aún no cuenta con los elementos necesarios para su subsistencia mínima, pero
cuya situación, a la luz de la valoración hecha por la UARIV, no presenta las
características de gravedad y urgencia que los haría destinatarios de la
atención humanitaria de emergencia (artículo 65). Ver, Corte Constitucional,
sentencia T-377 de 2017.M.P. Alejandro Linares
Cantillo.
[45] Así, en el marco
jurídico para la paz (A.L 01 de 2012, artículo 66 transitorio) se establecieron
instrumentos jurídicos de justicia transicional. Una de sus finalidades es
garantizar en el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la verdad,
la justicia y la reparación.
[46] Corte
Constitucional, sentencia C-228 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Esta
decisión inaugura la línea jurisprudencia en materia de reconocimiento de los
derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Reiterada, entre muchas otras,
en: Corte Constitucional, sentencias C-370 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa y otros y C-579 de 2013, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[47] Corte
Constitucional, sentencia C-228 de 2002
[48] Artículo 146.
[49] Artículo 148.
[50] Artículo
151.
[51] En este
sentido, la sentencia T-478 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. señaló que “la
inclusión de una persona en el RUV implica, entre otros beneficios: (i) la
posibilidad de afiliación al Régimen Subsidiado de salud por el solo hecho de
la inclusión en el RUV, en caso de carecer de capacidad de pago suficiente para
acceder al Régimen Contributivo; (ii) determina el momento en el cual se
adquiere el derecho a recibir la ayuda humanitaria de emergencia o de
transición (según el caso) y cesa, por lo tanto, la asistencia humanitaria
inmediata. Una vez superadas dichas carencias, permite la
priorización para el acceso a las medidas de reparación y particularmente a la
medida de indemnización, así como a la oferta estatal aplicable para avanzar en
la superación de la situación de vulnerabilidad; (iii)
implica el envío de la información relativa a los hechos delictivos que fueron
narrados como victimizantes para que la Fiscalía General de la Nación adelante
las investigaciones necesarias; (iv) permite el acceso a los programas de
empleo contemplados para la población desplazada; y (v) en general, posibilita
el acceso a las medidas de asistencia y reparación previstas en la Ley 1448 de
2011, las cuales dependerán de la vulneración de derechos y de las características
del hecho victimizante, siempre y cuando la solicitud se presente dentro de los
cuatro años siguientes a la expedición de la norma”.
[52] Artículo
155.
[53] Artículo
156.
[54] M.P. Alejandro
Linares Cantillo.
[55] Sobre
el particular, la Corte en la sentencia T-290 de 2016, M.P. Alberto
Rojas Ríos,
señaló que “Si bien el Registro Único de Víctimas absorbió el Registro Único
de Población Desplazada que regulaba el artículo 4º del Decreto 2569 de
2000, esta población es solo una parte dentro del universo de víctimas que
integra el RUV y que son destinatarias de las medidas establecidas en la Ley
1448 de 2011, sin que el RUV constituya una base de datos de toda persona
víctima de un acto de violencia, en tanto el artículo 3 de la citada ley
delimita el grupo de víctimas para las cuales se ha establecido el mencionado
instrumento. La Corte Constitucional ha señalado que el Registro Único de
Víctimas (RUV) es una herramienta de carácter técnico, que no define u otorga
la condición de víctima, sino que la reconoce para efectos de identificar a los
destinatarios de determinadas medidas encaminadas a la protección, respeto
y  garantía de sus derechos. Por ello se ha sostenido que la condición de
víctima del conflicto armado interno genera el derecho a ser registrada como tal
de forma individual o con su núcleo familia”. En el mismo sentido,
reconoció la sentencia T-478 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado que
“el Registro Único de Víctimas (RUV) es una herramienta administrativa de
gran importancia, pues ella materializa la realización del derecho fundamental
de las víctimas del desplazamiento forzado a ser reconocidas como tales y
soporta el procedimiento de registro de las víctimas, que se encuentra a cargo
de la UARIV. En su labor, dicha institución debe observar los principios de
favorabilidad, buena fe, confianza legítima y prevalencia del derecho
sustancial, entre otros. Por ende, para la inclusión en el RUV únicamente
pueden exigirse los requisitos que la ley prevé expresamente”.
[56] Ver,
sentencia sentencias T-175 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería;
T-740 de 2004 y T-328 de 2007 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[57] Ver, por ejemplo: párrafo 3° del Preámbulo de la
Declaración sobre la protección de  todas las personas contra las
desapariciones forzadas; artículo II de la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas; artículo 2 de la Convención internacional
para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas; y
el artículo 7 (2) (i) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
[58] Artículo 165..
<Aparte tachado INEXEQUIBLE. Inciso CONDICIONALMENTE exequible. Penas
aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero
de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:>  El particular
que perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley someta a otra
persona a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su
ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información
sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, incurrirá en prisión de
trescientos veinte (320) a quinientos cuarenta (540) meses, multa de mil
trescientos treinta y tres punto treinta y tres (1333.33) a cuatro mil
quinientos (4500) salarios mínimos legales mensuales vigentes y en interdicción
de derechos y funciones públicas de ciento sesenta (160) a trescientos sesenta
(360) meses. // A la misma pena quedará sometido, el servidor público, o el
particular que actúe bajo la determinación o la aquiescencia de aquél, y
realice la conducta descrita en el inciso anterior.
[59] El cual se
consuma o llega a su fin, cuando se termina la privación de la libertad, ya
porque de alguna manera se recobra ésta ( el victimario la libera o es
rescatada), ya porque se ocasiona su deceso. Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal. Providencia N°. SPT3382-2014 del 19 de marzo de 2014
[60] “En efecto,
en punto del bien jurídico objeto de protección corresponde a un delito
pluriofensivo, pues no únicamente lesiona la libertad personal del individuo y
su autonomía, sino que vulnera las garantías legales y constitucionales
dispuestas para su protección, el acceso a la administración de justicia y el
debido proceso, así como los derechos de sus familiares y la sociedad a saber
de su paradero; también lesiona sus derechos al reconocimiento de su
personalidad jurídica, el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad
humana, su seguridad e integridad, no ser sometido a torturas ni a otras penas
o tratos crueles, inhumanos o degradantes, además de su derecho a la vida y que
no se exponga a grave peligro, entre otros.”. Ib.
[61] “Si la
desaparición forzada de personas es un delito de ejecución permanente que tiene
lugar a partir de cuándo se incumple el deber de información sobre el destino
de la persona privada de su libertad, hasta cuando sea satisfecha tal
obligación, es acertado concluir que aún si la víctima fallece, el delito sigue
consumándose hasta cuando se brinde información sobre su privación de libertad,
la suerte que corrió o la ubicación de su cadáver identificado, pues sigue
incumpliéndose el referido deber”. Ídem.
[62] Cfr. Corte
Suprema de Justicia- Sala de Casación Penal. Proceso n. º 37584. Sentencia del
30 de noviembre de 2011.
[63] Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Resolución aprobada el
16 de diciembre de 2005. Recuperada de http://www2.ohchr.org/
spanish/law/reparaciones.htm.
[64] Numeral 10 de
su título VI.
[65] Sentencia
T-417 de 2016, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[66] Artículo 37 del
Decreto 4800 de 2011.
[67] Criterios de
valoración de las solicitudes de inscripción en el registro único de víctimas
-RUV-, aprobados por el Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas, en su sesión del 24 de mayo de 2012, en los términos del
artículo 3 de la ley 1448 de 2011. URL: http://participaz.com/images/pdf/Capitulo4/criterios_valoracion-aprobados_comite_ejecutivo_24_mayo_2012.pdf
[68] En este mismo sentido, el artículo 16 del Decreto 4800
de 2011, dispone que: “(…) La condición de víctima es una situación fáctica
que no está supeditada al reconocimiento oficial a través de la inscripción en
el registro. Por lo tanto, el registro no confiere la calidad de víctima, pues
cumple únicamente el propósito de servir de herramienta técnica para la
identificación de la población que ha sufrido un daño en los términos del
artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 y de sus necesidades, y como instrumento
para el diseño e implementación de políticas públicas que busquen materializar
los derechos constitucionales de las víctimas”. En ese sentido, ver la
sentencia T-598 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez.
[69] M.P Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[70] Ibídem.
Sentencia T-1094 del 04 de noviembre de 2004, M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[71] En la sentencia T-327 de 2001, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra. La Corte ordenó a
la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional la
inscripción de una persona en el RUPD al entender que la no inscripción
se debió a una interpretación legal que desconocía el principio de buena fe, ya
que no daba credibilidad, sin aportar argumento alguno para ello, a las
afirmaciones del actor y a las pruebas por este allegadas.
[72] En la Sentencia T-175 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería. Esta Corporación ordenó la inscripción de una persona
en el RUPD, más allá de que la solicitud de inscripción fue realizada
extemporáneamente dado el desconocimiento que la actora tenía de sus propios
derechos.
[73] En la Sentencia T-1076 del 21 de octubre de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. La Corte concedió la tutela a una persona cuyo
registro en el RUPD fue negado al considerar que su declaración había sido
inconsistente y en consecuencia faltaba a la verdad. Al respecto, esta
Corporación observó, en primer lugar, que las presuntas contradicciones
temporales se fundan en un razonamiento insuficiente por parte de la entidad
accionada. Además, manifiesta que la interpretación de la institución resulta
no sólo “fácilmente rebatible”, sino también opuesta a una interpretación
acorde con los postulados constitucionales que protegen a la población
desplazada. En consecuencia le ordena a la autoridad competente que proceda a
realizar una nueva evaluación de la declaración de la actora, teniendo en
cuenta todos los elementos probatorios y los principios constitucionales que
deben guiar la interpretación y aplicación de las normas en la materia.
[74]
Sentencia T-112 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio ;
Sentencia T-087 de 2014 y T-832 de 2014, ambas del M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[75] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio
[76] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[77]
M.P.Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[78] La
pregunta formulada por la Procuraduría de Buenaventura, evidencia el
cumplimiento del deber de indagar de oficio sobre dicha situación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 31 del Decreto 4800 de 2011.
[79] Delito
que como se indicó líneas atrás, es de ejecución permanente y solo se consuma
cuando la víctima es liberada o rescatada o cuando se ocasiona su deceso. A la
fecha no ha ocurrido ninguna de dichas circunstancias.
[80] La actora
manifestó en declaración extraproceso, el 28 de agosto de 2017 que por los “hechos
ocurridos en Río Cajambre Vereda Punta Bonita” tuvo que desplazarse “hacia
el Bajo Calima” por temor a correr la misma suerte de su compañero. (folio
13, cuaderno principal)
[81] Sentencia T-598 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[82] Sentencia
T- 832 de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[83] Defensoría del
Pueblo. (Octubre 4 del 2014). “Defensor reitera llamado urgente para
proteger población de Buenaventura ante desplazamiento masivo intraurbano”.
Recuperado de http://www.defensoria.gov.co/es/nube/regiones/645/Defensor-reitera-llamado-urgente-para-proteger-poblaci%C3%B3n-de-Buenaventura-ante-desplazamiento-masivo-intraurbano-Buenaventura-desplazamiento-masivo-Los-Rastrojos-Los-Urabe%C3%B1os-Desplazados-Derechos-Humanos-Valle-del-Cauca.htm
[84] Buenaventura:
una crisis humanitaria sin respuesta. (pág. 12) Recuperado de
http://www.oidhaco.org/uploaded/content/article/813217789.pdf.
[85] ibidem
[86] Documento que
refleja la problemática de violencia que vive el pacífico debido a la presencia
de organizaciones criminales dedicadas a realizar masacres, torturas y
desapariciones. Situación que según el informe, se está presentando desde el
año 1998. Recuperado de:
http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/538795ac750bc.pdf.
[87] Artículo 37 del
Decreto 4800 de 2011.
[88] Sistema
de Información, red de desaparecidos y cadáveres
[89] Tal y como se
observa en la publicación periodística  aportada por la accionante visible a Folios
8 a 11.
[90] Artículos 36 y
37 del Decreto 4800 de 2011 y los artículos 3 y 156 de la Ley 1448 de
2011
[91] Delito
de ejecución permanente. Aún si la víctima fallece, el delito se sigue
consumando hasta tanto se tenga conocimiento sobre la privación de su libertad
o la ubicación del cadáver identificado. (Corte Suprema de Justicia- Sala de
Casación Penal. Radicación 40733. Sentencia del 19 de marzo de 2014)
[92] Artículos 36 y
37 del Decreto 4800 de 2011 y los artículos 3 y 156 de la Ley 1448 de
2011
[93] Sentencia T-519 de 2017
[94] ARTÍCULO 2.2.2.3.14.
CAUSALES PARA DENEGAR LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO. La
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas denegará la inscripción en el Registro Único de Víctimas únicamente
por las siguientes causales: (…) 3. Cuando la solicitud de registro se haya
presentado fuera de los términos establecidos en los artículos 61 y 155 de
la Ley 1448 de 2011, teniendo particularmente en cuenta la excepción de fuerza
mayor prevista en esta última disposición.