T-505-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-505/12
DERECHO A LA
SALUD Y PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACCEDER A SERVICIO DE SALUD EN
CIUDAD DIFERENTE A LA QUE RESIDE
DERECHO A LA
SALUD Y PRINCIPIOS DE EFICIENCIA Y CONTINUIDAD-Deber
excepcional de asumir gastos de transporte
TRASLADOS Y
GASTOS DE TRANSPORTE A PACIENTES Y ACOMPAÑANTES
A
la luz de esta jurisprudencia y atendiendo el principio de
integralidad, el transporte en salud es susceptible de protección
constitucional y toda persona tiene derecho a que se remuevan las barreras y
obstáculos que le impidan acceder a los servicios de salud que requiere con
necesidad, cuando implican el desplazamiento a un lugar distinto al de
residencia, debido a que en su territorio no existan instituciones en capacidad
de prestarlo y no pueda asumir los costos de dicho traslado. También tiene
derecho a que se costee el traslado de un acompañante, si su presencia y
soporte se requiere para poder acceder al servicio de salud. La regla
jurisprudencial aplicable para la procedencia del amparo constitucional
respecto a la financiación del traslado del acompañante ha sido definida en los
siguientes términos, “(i) el paciente sea totalmente dependiente de un tercero
para su desplazamiento, (ii) requiera atención permanente para garantizar su
integridad física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas y (iii) ni
él ni su núcleo familiar cuenten con los recursos suficientes para financiar el
traslado”. En suma, una EPS vulnera el derecho fundamental a la salud de una
persona cuando presta un servicio en salud fraccionado, dejando por fuera
exámenes, medicamentos y demás procedimientos que la persona requiere para
recuperarse y no autoriza el transporte necesario para acceder al tratamiento
prescrito por el médico tratante. Ha precisado la jurisprudencia, que es
irrelevante si algunos de los servicios en salud son POS y otros no, en tanto
“las entidades e instituciones de salud son solidarias entre sí, sin perjuicio
de las reglas que indiquen quién debe asumir el costo y del reconocimiento de
los servicios adicionales en que haya incurrido una entidad que garantizó la
prestación del servicio de salud, pese a no corresponderle”
INCAPACIDAD
ECONOMICA DE PERSONAS AFILIADAS A DISTINTOS SISTEMAS DE SALUD-Carga de la
prueba
Para
probar la incapacidad económica de las personas afiliadas a los distintos
sistemas de salud y cuya prestación se niega, la jurisprudencia de esta Corte
ha precisado que para probar ese hecho han de aplicarse los medios probatorios
regulados por el Código de Procedimiento Civil para establecer la veracidad del
caso, siempre que sean compatibles con la naturaleza del amparo constitucional.
Esta Corporación ha dispuesto entonces que  debe aplicarse la regla general en
materia probatoria según la cual, corresponde al actor probar el supuesto de
hecho que invoca y que permite obtener la consecuencia jurídica que persigue.
Sin embargo, como excepción a la misma, ha señalado que “ante la afirmación de
ausencia de recursos económicos por parte del actor (negación indefinida), se
invierte la carga de la prueba correspondiendo en ese caso a la entidad
demandada demostrar lo contrario”.  Como consecuencia directa de la inversión
en la carga de la prueba, el juez de tutela debe, dentro del marco del
principio de la buena fe y de solidaridad, establecer si verdaderamente no se
cuenta con la suficiente capacidad económica para costear el medicamento,
servicio o tratamiento excluido de la prestación de servicios. Todo lo anterior,
teniendo en cuenta que, si bien es cierto que las necesidades básicas de todos
los ciudadanos están relacionadas con la garantía de una subsistencia en
condiciones dignas, también lo es que, no se puede desconocer que, dependiendo
de las condiciones que enmarquen la situación de cada persona, variarán las
necesidades cuyo carácter resulta básico en relación con dicha subsistencia. De
manera que, cuando una persona afiliada a un sistema de seguridad social afirma
que no cuenta con los recursos para sufragar el costo de servicios, insumos o
medicamentos fuera del POS pero indispensables para la conservación de su vida
e integridad personal, prescritos por médico tratante, la entidad de salud
tendrá que suministrarlos con cargo a su presupuesto, salvo que logre
desvirtuar las afirmaciones del afectado, con pruebas que demuestren con
certeza su capacidad de procurar el cuidado integral de su salud
Referencia:
expediente T-3363977
Acción
de tutela instaurada por
Rubén Sánchez Avella contra la Nación, Ministerio de Defensa General-Dirección
General de Sanidad Militar.
Magistrado
Ponente:
JORGE
IVAN PALACIO PALACIO
Bogotá,
D.C., cinco (5) julio de dos mil doce (2012).
La
Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio, Nilson
Pinilla Pinilla y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente:
SENTENCIA
En
la revisión del fallo de tutela proferido el 16  de diciembre de 2011, por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, en la demanda
instaurada por Rubén
Sánchez Avella.
I.
ANTECEDENTES
El
señor Rubén Sánchez Avella solicitó el amparo de los derechos fundamentales a
la vida, a la salud y a la seguridad social, los que estima vulnerados por la  Dirección
General de Sanidad Militar, al negarle el pago del transporte para acceder al
tratamiento de salud requerido en una ciudad diferente a aquella en la que
reside.
1.
Reseña fáctica de la demanda
Los
hechos relatados por el demandante son los siguientes:
-
Afirma ser una persona de 27 años de edad, que vive en la ciudad de Paipa
(Boyacá), se encuentra afiliado a la Dirección General de Sanidad Militar
Ministerio de Defensa, en calidad de pensionado, y padece insuficiencia renal
crónica.
-
El 23 de octubre de 2010 le realizaron un “trasplante de riñón para mejorar
su condición de salud y poder tener una mejor calidad de vida”. El médico
que realizó la intervención quirúrgica determinó y solicitó control pos-trasplante
con el respectivo especialista, mes a mes, indefinidamente, en  la ciudad de
Bogotá, para hacer un seguimiento de la evolución de la enfermedad.
-
Indica que en varias ocasiones ha solicitado a la entidad accionada la
colaboración económica para los gastos de viaje, pero le responden que se trata
de egresos que debe cubrir el interesado porque el presupuesto de la entidad no
tiene previsto los rubros para ese concepto.
-
Según afirma, el costo del transporte, alojamiento, alimentación y un
acompañante oscilan entre $250.000 y $350.000, lo que no puede costear porque
es una persona de bajos recursos económicos. Señala igualmente que, en las
ocasiones en las que ha tenido que acudir a los controles en Bogotá, ha vivido
circunstancias penosas y “degradantes a la dignidad humana, y  muchas veces
tengo que pagar hospedaje y permanecer hasta tres días en el hospital militar
central en Bogotá insistiendo para que me sean entregados mis medicamentos
formulados de por vida”. Aduce finalmente que en la ciudad de Duitama
podría también hacerse los controles si así lo dispone la entidad demandada.
2.
Solicitud de la tutela
Con
fundamento en los hechos expuestos, solicita que se tutelen
sus derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la seguridad social; en
consecuencia, se ordene a la Dirección General de Sanidad Militar estudiar la
posibilidad de que los controles médicos requeridos sean atendidos en la ciudad
de Duitama por un especialista. De no ser posible lo anterior, que  le sufraguen
los gastos de traslado junto con los de un acompañante, de la ciudad de Paipa a
la de Bogotá, con el fin de efectuar el control médico requerido. Solicita
igualmente que se le preste una atención integral, consistente en la entrega de
los medicamentos, realización de los exámenes y tratamientos necesarios para su
recuperación.
3.
Pruebas allegadas al expediente
El
accionante aportó al escrito de tutela los siguientes documentos:
-
Copia del control post-trasplante.
-
Orden de controles periódicos mes a mes.
-
Copia de la cédula de ciudadanía del accionante.
-
Copia del carné de la Dirección Nacional de Sanidad Militar.
4.
Intervención de las entidades demandadas
4.1.
Mediante oficio número OFL11-00122707/JMSC 33020 del 5 de diciembre de 2011,
el representante judicial de la Presidencia de la República indicó que no
entiende las razones de la vinculación de esa institución a este caso, por lo
que solicita la desvinculación de la misma.
4.2.
Por oficio número
133836 del 12 de diciembre de 2011, el Jefe de la Sección Jurídica de la
Dirección General de Sanidad del Ejército Nacional se refirió a los hechos de
la tutela, en los siguientes términos:
Afirmó
que una vez conocida la presente demanda se procedió a consultar los
antecedentes registrados a nombre del accionante, constatando que el señor
Rubén Sánchez había elevado derecho de petición, con el fin de lograr un cambio
de IPS y apoyo para gastos de desplazamiento y estadía en la ciudad de Bogotá
para efectos de los controles propios de su enfermedad.
En
la respectiva respuesta se le informó que no era posible acceder a su solicitud,
en consideración a que la red de apoyo al Subsistema de Salud de las Fuerzas
Militares y de la Policía no cuenta con instituciones de tercer y cuarto nivel
de complejidad para la atención de las patologías de sus usuarios en el Departamento
de Boyacá, siendo el Hospital Militar Central de Bogotá la única institución
con la cual se celebró contrato con el fin de prestar estos servicios; puso de
presente además que no cuenta la entidad con un rubro para poder cubrir los
gastos de transporte y estadía en la ciudad de Bogotá.
Indicó
que la Dirección General de Sanidad no está obligada a cubrir estos gastos
accesorios, en consideración a que el presupuesto asignado a la salud no cuenta
con una partida designada para atender tal obligación, por lo que su erogación
implicaría la desviación de recursos.
Señaló
que la Ley 352 de 1997, por medio de la cual se reestructuró el Sistema de
Salud y se dictaron otras disposiciones acerca de la seguridad social para las
Fuerzas Militares y de Policía Nacional, establece como uno de sus principios
orientadores la “independencia de los recursos”, en virtud del cual los
recursos que reciben las Fuerzas Militares y la Policía Nacional deben ser
manejados en fondos o cuentas separadas y sólo podrán ser destinados a la
ejecución de las funciones a ellas asignadas.
Sostuvo
finalmente, que en el proceso  no se evidencia que el accionante se encuentre
en estado de indigencia o carezca de recursos para asumir los gastos no médicos
o terapéuticos que se puedan generar.
5.
Sentencia objeto de revisión
La
sentencia proferida el 16 de diciembre de 2011 por la Sala Única de Decisión
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, niega el
amparo solicitado bajo los siguientes argumentos: (i) no está demostrada
la incapacidad económica del accionante, para pregonar que deba concederse lo
que solicita en la tutela; (ii) sin embargo, ante las falencias en la
prestación de los servicios de salud aducidas por el actor, debe prevenirse a la
Dirección General de Sanidad Militar a efectos de que en lo sucesivo evite
incurrir en actuaciones que restrinjan el servicio de salud integral al demandante,
atendiendo a la enfermedad que padece.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
La
Corte es competente para revisar la sentencia antes relacionada, de conformidad
con lo previsto en los artículos 86, inciso 2, y 241, numeral 9, de la
Constitución Política, y en el  Decreto 2591 de 1991.
2.
Problema jurídico
La
Sala se ocupará de determinar si el Ejército Nacional, a través de su Dirección
General de Sanidad Militar, vulnera los derechos del accionante al negarse a costear
los gastos de traslado a una ciudad diferente a aquella donde reside y donde
debe realizarse los controles pos-trasplante de riñón ordenados por su médico
tratante.
Para
efecto de resolver el interrogante planteado analizará la Sala (i) la jurisprudencia
vigente relativa al derecho a la salud en los casos en los cuales deben
incluirse los gastos de traslado al paciente y su acompañante a una ciudad en
donde se pueda llevar a cabo la realización del tratamiento prescrito y (ii)
frente al caso concreto se estudiará el derecho a la salud en su arista de eficiencia
y continuidad frente a la prestación del servicio.
3.
El derecho a la salud. Principios de eficiencia y continuidad. Deber
excepcional de asumir gastos de transporte.
De
acuerdo a la jurisprudencia vigente, el derecho a la salud es considerado de
naturaleza constitucional fundamental. Ha señalado la Corte Constitucional en
reiterada jurisprudencia que “se desconoce el derecho a la salud de una
persona que requiere un servicio médico no incluido en el plan obligatorio de
salud, cuando: ‘(i) la falta del servicio médico vulnera o amenaza los derechos
a la vida y a la integridad personal de quien lo requiere; (ii) el servicio no
puede ser sustituido por otro que se encuentre incluido en el plan obligatorio;
(iii) el interesado no puede directamente costearlo, ni las sumas que la entidad
encargada de garantizar la prestación del servicio se encuentra autorizada
legalmente a cobrar, y no puede acceder al servicio por otro plan distinto que
lo beneficie; y (iv) el servicio médico ha sido ordenado por un médico adscrito
a la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio a quien está
solicitándolo”[1].
3.1.
Principios de eficiencia y continuidad
La
salud como servicio público y derecho fundamental debe ser garantizado de manera
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional (Art. 365 Constitución
Política), y en tal sentido la prestación de este servicio público se encuentra
enmarcado dentro de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.
En
desarrollo del principio de eficiencia, la jurisprudencia de esta Corporación
ha establecido que la continuidad en la prestación del servicio público[2]
debe darse de manera ininterrumpida, constante y permanente, dada la necesidad
que del mismo tiene  el  conglomerado social[3].
Al respecto ha manifestado:
“La
jurisprudencia constitucional se ha encargado de concretar el contenido y
alcance del derecho de los ciudadanos a no sufrir interrupciones abruptas y sin
justificación constitucionalmente admisible de los tratamientos en salud que
reciben. Los criterios que informan el deber de las E.P.S de garantizar la
continuidad de las intervenciones médicas ya iniciadas son: (i)  las
prestaciones en salud, como servicio público esencial, deben ofrecerse de
manera eficaz, regular, continua y de calidad, (ii) las entidades que tiene a
su cargo la prestación de este servicio deben abstenerse de realizar
actuaciones y de omitir las obligaciones que supongan la interrupción
injustificada de los tratamientos, (iii) los conflictos contractuales o
administrativos que se susciten con otras entidades o al interior de la
empresa, no constituyen justa causa para impedir el acceso de sus afiliados a
la continuidad y finalización óptima de los procedimientos ya iniciados.”[4]
De
otro lado, en la Sentencia T-438 de 2007 se expuso la manera en que la Corte
Constitucional ha desarrollado el criterio de la “necesidad” del tratamiento
como criterio para establecer cuándo resulta inadmisible que se suspenda el
servicio público de seguridad social en salud. En dicha providencia se hizo
alusión a la Sentencia T-170 de 2002, en donde se señaló:
“Por
necesarios, en el ámbito de la salud, deben tenerse aquellos tratamientos o
medicamentos que de ser suspendidos implicarían la grave y directa afectación
de su derecho a la vida, a la dignidad o a la integridad física. En este
sentido, no sólo aquellos casos en donde la suspensión del servicio ocasione la
muerte o la disminución de la salud o la afectación de la integridad física
debe considerarse que se está frente a una prestación asistencial de carácter
necesario. La jurisprudencia ha fijado casos en los que desmejorar inmediata y
gravemente las condiciones de una vida digna ha dado lugar a que se ordene
continuar con el servicio.”[5]
Esta
posición fue ratificada
en las Sentencias T-1050 de 2008 y T-848 de 2010, en ellas se expuso  que “independientemente
si la afección tiene o no como causa el servicio, cuando la suspensión del
servicio de salud hace inminente la afectación de otros derechos fundamentales,
se hace necesaria la intervención del juez constitucional para asegurar la
protección efectiva de los mismos, garantizando la continuidad en el
tratamiento iniciado mientras se logra su recuperación”.
3.2.
Traslado y gastos de transporte a los pacientes y acompañantes
El
traslado de pacientes de su domicilio a la institución donde debe ser prestado el
servicio de salud que requiera y que no puede ser cubierto por la entidad de
salud a la cual se encuentra afiliado, debe correr por cuenta del usuario o sus
familiares. Empero, en ciertos casos especiales, dadas las circunstancias del
paciente, es posible que las propias entidades de salud asuman gastos de
traslado de manera excepcional, con el fin de garantizar el derecho de
accesibilidad a los servicios necesitados. En dichos eventos se debe verificar
que:
“(i)
el procedimiento o tratamiento debe ser imprescindible para asegurar el derecho
a la salud y la integridad de la persona. Al respecto se debe observar que la
salud no se limita a la conservación del conjunto determinado de condiciones
biológicas de las que depende, en estricto sentido, la vida humana, sino que
este concepto, a la luz de lo dispuesto en los artículos 1° y 11 del Texto
Constitucional, extiende sus márgenes hasta comprender los elementos requeridos
por el ser humano para disfrutar de una vida digna[6] (ii)
el paciente o sus familiares carecen de recursos económicos para sufragar los
gastos de desplazamiento[7]
y (iii) la imposibilidad de acceder al tratamiento por no llevarse a cabo el
traslado genera riesgo para la vida, la integridad física o la salud del
paciente, la cual incluye su fase de recuperación[8].”[9]
Se
trata así de atender al principio de integralidad en la prestación del servicio
de salud encaminado a (i) garantizar la continuidad y calidad en la prestación
del mismo y (ii) evitar a los accionantes la interposición de nuevas acciones
de tutela por cada nuevo servicio que sea prescrito por los médicos adscritos a
la entidad, con ocasión de la misma enfermedad[10].
A
la luz de esta jurisprudencia y atendiendo el principio de
integralidad, el transporte en salud es susceptible de protección
constitucional y toda persona tiene derecho a que se remuevan las barreras y
obstáculos que le impidan acceder a los servicios de salud que requiere con
necesidad, cuando implican el desplazamiento a un lugar distinto al de
residencia, debido a que en su territorio no existan instituciones en capacidad
de prestarlo y no pueda asumir los costos de dicho traslado.
También
tiene derecho a que se costee el traslado de un acompañante, si su presencia y
soporte se requiere para poder acceder al servicio de salud. La regla
jurisprudencial aplicable para la procedencia del amparo constitucional
respecto a la financiación del traslado del acompañante ha sido definida en los
siguientes términos, “(i) el paciente sea totalmente dependiente de un
tercero para su desplazamiento, (ii) requiera atención permanente para
garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado de sus labores
cotidianas y (iii) ni él ni su núcleo familiar cuenten con los recursos
suficientes para financiar el traslado”[11].
En
suma, una EPS vulnera el derecho fundamental a la salud de una persona cuando
presta un servicio en salud fraccionado, dejando por fuera exámenes,
medicamentos y demás procedimientos que la persona requiere para recuperarse y no
autoriza el transporte necesario para acceder al tratamiento prescrito por el
médico tratante. Ha precisado la jurisprudencia, que es irrelevante si algunos
de los servicios en salud son POS y otros no, en tanto “las entidades e
instituciones de salud son solidarias entre sí, sin perjuicio de las reglas que
indiquen quién debe asumir el costo y del reconocimiento de los servicios
adicionales en que haya incurrido una entidad que garantizó la prestación del
servicio de salud, pese a no corresponderle”[12].
En
este caso, la omisión en la prestación del servicio se predica de la Dirección General
de Sanidad de las Fuerzas Militares. En virtud del artículo 279  de la Ley 100
de 1993, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional se sujetan a un régimen
especial de salud, al cual se encuentra afiliado tanto el personal militar como
el civil en los supuestos que establece la correspondiente normatividad
(artículos 19 de la Ley 352 de 1997 y 23 del Decreto 1795 de 2000). Según lo
establecido por el Decreto Ley 1795 de 2000, en virtud del cual se estructura
el Sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, el
objeto del Sistema es prestar el Servicio de Sanidad inherente a las
Operaciones Militares y del Servicio Policial como parte de su logística
Militar y además brindar el servicio integral de salud en las áreas de
promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación del personal
afiliado y sus beneficiarios[13].
4.
Caso concreto
4.1.
El señor Rubén Sánchez Avella pretende que la accionada disponga lo necesario,
a efecto de cubrir los gastos derivados del traslado de la ciudad de Paipa a la
de Bogotá, con ocasión de los controles mensuales ordenados por los propios
médicos de la entidad demandada, posteriores al trasplante de riñón que se le
realizara en el año 2010. La Dirección General de Sanidad Militar se niega a
asumir tales costos aduciendo (i) que no existe, en el presupuesto para
servicios de salud, un rubro destinado por esa entidad para tales propósitos y (ii)
que el accionante no demostró su incapacidad económica para costearlos.
4.2.
Aparecen probados en el expediente los siguientes hechos:
El
accionante se encuentra vinculado a los servicios de salud de la Dirección
General de Sanidad Militar de manera indefinida y en calidad de pensionado.
Igualmente,
le fue realizado
un trasplante de riñón el 23 de octubre de 2010, imponiéndosele la necesidad,
por parte de los propios médicos de la Dirección General de Sanidad Militar, de
asistir a controles mensuales para verificar su estado de salud[14].
Mediante
oficio número 133756 del
9 de diciembre de 2011, la Jefe de la Sección de Asesoría Jurídica de la
Dirección General de Sanidad del Ejército Nacional dio respuesta a un derecho
petición elevado por el  accionante, indicándole que esa entidad no puede
asumir los gastos de traslado a la ciudad de Bogotá. Indicó igualmente que en
el sistema de salud no existe rubro alguno destinado a cubrir los gastos de los
pacientes que deban trasladarse hasta la ciudad de Bogotá, ni tampoco está
contemplado en el Plan de Servicios a que tienen derecho los usuarios del
sistema de salud de las Fuerzas Militares, siendo la única excepción los
traslados mediante la utilización de ambulancias para los casos que son
considerados como urgencias, o cuando el médico tratante señale que el traslado
deba realizarse en un vehículo de características especiales.
Agregó
que el Hospital Militar Central es la institución contratada por las Fuerzas
Militares para prestar servicios de tercer y cuarto nivel de complejidad,
además que en la red de apoyo en el departamento de Boyacá no se cuenta con
ninguna entidad que preste servicios de salud en ese nivel de complejidad.
La
Dirección General de Sanidad  también informó que no era posible la atención  del
actor en la ciudad de Duitama debido a que en Boyacá no existe un centro médico
con la posibilidad de prestar el servicio requerido por él.
4.3.
De los hechos expuestos y la doctrina aplicable, puede concluir la Sala que en
este caso la Dirección General de Sanidad Militar vulnera con su proceder el
derecho fundamental a la salud del accionante, por las siguientes razones:
(i)
Se trata de una persona a la que se le ha realizado un trasplante de riñón,
quedando con una salud precaria y disminuida, que lo convierte en un  sujeto de
especial protección por parte del Estado; es objetivamente una afección de alta
complejidad que amerita controles periódicos posteriores, los cuales, de no hacerse,
amenazan la vida y la integridad del actor por el compromiso de órganos
vitales.
(ii)
Los argumentos expuestos por la entidad accionada, referidos a la falta de un
rubro en el presupuesto para atender los gastos de traslado de un paciente
aquejado por una enfermedad ruinosa, infringe los criterios de la
jurisprudencia[15] de esta
Corporación cuando ha dispuesto que las instituciones de salud deben preservar la
garantía de la continuidad e integralidad en su prestación como postulado
constitucional. Por ello, ninguna discusión de índole económica o
administrativa justifica la negativa de esas entidades a seguir suministrando
un tratamiento necesario que se encuentre en curso; en consecuencia, no puede
ser interrumpido el servicio, so pena de que la conducta asumida por estas
entidades, afecte los derechos fundamentales de los usuarios y por ende sea
censurable por el juez constitucional[16].
(iii)
La  prestación de los servicios de cualquier sistema de salud no puede, so
pretexto de una aplicación rigurosa de la normatividad que la reglamenta,
desembocar en una situación insostenible para el paciente que implique un
menoscabo de sus derechos fundamentales, en especial del derecho a la vida y a
la integridad personal.
(iv)
En el presente caso, los médicos tratantes del accionante recomendaron la
valoración y control mensual posterior a una intervención de trasplante de
riñón; no aparece acreditada en el expediente ninguna prescripción médica
alternativa ni sucedánea para paliar la enfermedad de base que afecta al
accionante; es el dictamen médico que ordena el control mes a mes en la ciudad
de Bogotá, lo que demuestra la necesidad de que el tratamiento debe
continuar con los controles en una ciudad, donde  la misma entidad acusada reconoce
que se pueden realizar.
(v)
Ahora bien, el actor sostiene, sin que su aseveración haya sido desvirtuada,
que no puede sufragar el costo del traslado a Bogotá con un acompañante. La
entidad
accionada, con un criterio avalado por la sentencia de instancia, afirma que el
accionante no demostró incapacidad económica para costear tales  gastos. Valga
recordar a este respecto lo siguiente:
Para
probar la incapacidad económica de las personas afiliadas a los distintos
sistemas de salud y cuya prestación se niega, la jurisprudencia de esta Corte
ha precisado[17] que para probar
ese hecho han de aplicarse los medios probatorios regulados por el Código de
Procedimiento Civil para establecer la veracidad del caso, siempre que sean
compatibles con la naturaleza del amparo constitucional. Esta Corporación ha dispuesto
entonces que  debe aplicarse la regla general en materia probatoria según la
cual, corresponde al actor probar el supuesto de hecho que invoca y que permite
obtener la consecuencia jurídica que persigue. Sin embargo, como excepción a la
misma, ha señalado que “ante la afirmación de ausencia de recursos
económicos por parte del actor (negación indefinida), se invierte la carga de
la prueba correspondiendo en ese caso a la entidad demandada demostrar lo
contrario”[18].
Como
consecuencia directa de la inversión en la carga de la prueba, el juez de
tutela debe, dentro del marco del principio de la buena fe y de solidaridad,
establecer si verdaderamente no se cuenta con la suficiente capacidad económica
para costear el medicamento, servicio o tratamiento excluido de la prestación
de servicios. Todo lo anterior, teniendo en cuenta que, si bien es cierto que
las necesidades básicas de todos los ciudadanos están relacionadas con la
garantía de una subsistencia en condiciones dignas, también lo es que, no se
puede desconocer que, dependiendo de las condiciones que enmarquen la situación
de cada persona, variarán las necesidades cuyo carácter resulta básico en
relación con dicha subsistencia[19].
De
manera que, cuando una persona afiliada a un sistema de seguridad social afirma
que no cuenta con los recursos para sufragar el costo de servicios, insumos o
medicamentos fuera del POS pero indispensables para la conservación de su vida
e integridad personal, prescritos por médico tratante, la entidad de salud
tendrá que suministrarlos con cargo a su presupuesto, salvo que logre
desvirtuar las afirmaciones del afectado, con pruebas que demuestren con
certeza su capacidad de procurar el cuidado integral de su salud. Indica al
respecto la jurisprudencia constitucional:
“(..) es suficiente con que el solicitante
aduzca en la demanda que no cuenta con la capacidad económica para sufragar el
costo de la prueba de laboratorio, de las medicinas o del procedimiento
excluido del POS. Así mismo, y de manera correlativa, le corresponde a la parte
demandada controvertir y probar lo contrario, so pena de que con la mera
afirmación del actor se tenga por acreditada dicha incapacidad” esto en virtud
de la calidad de afirmación indefinida que tiene la aseveración.”[20]
En
este caso, la entidad accionada no controvirtió el aserto del accionante en
punto a su incapacidad económica y el juez de instancia tampoco pudo demostrar
lo contrario; luego el presupuesto de la insuficiencia de recursos del
accionante se encuentra igualmente probado, por tratarse de una afirmación indefinida
que no fue desvirtuada en el trámite de la tutela.
Como ya lo expuso la Sentencia T-540 de 2002, si bien en términos
prácticos puede decirse que la Dirección General de Sanidad Militar, por las
funciones que cumple, entre las cuales está la de “dirigir la operación y
funcionamiento del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares” (artículo
10, literal a) de la Ley 352 de 1997), puede compararse con una Empresa o
Entidad Promotora de Salud de la que trata el artículo 177 de la Ley 100 de
1993, cuya función básica es la de “organizar, y garantizar, directa o
indirectamente, la prestación del plan de salud obligatorio a los afiliados (...)”,
lo cierto es que la Dirección General de Sanidad Militar es un organismo que
pertenece a un sistema de salud especial y por ello no puede ser catalogada
como Empresa Promotora de Salud (EPS) por lo que debe regirse entonces, por las
normas de ese sistema especial.
La
Sala advierte que, en casos como el que se examina, por tratarse de un régimen
o sistema especial de seguridad social en salud, la financiación de los costos
debe obtenerse de los recursos de fondos propios con los cuales se hace posible
la operación del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional. En tal sentido, Ley 352 de 1997, en forma similar a como lo hace la
Ley 100 de 1993 en su artículo 218, establece:
“ART.
38. Fondos cuenta del SSMP. Para efectos de la operación del SSMP,
funcionarán el fondo-cuenta del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y
el fondo-cuenta del Subsistema de Salud de la Policía Nacional. Los
fondos-cuenta tendrán el carácter de fondos especiales, sin personería
jurídica, ni planta de personal. Los recursos de los fondos serán administrados
en los términos que determine el CSSMP, directamente por la Dirección General
de Sanidad Militar o por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, y
ejecutados por las Fuerzas Militares o por la Policía Nacional, según
corresponda. Los recursos podrán ser administrados por encargo fiduciario
conforme a lo dispuesto en el estatuto general de contratación de la
Administración Pública. Ingresarán a cada uno de los fondos cuenta los
siguientes recursos según sea el caso:
a)
Los
ingresos por cotización del afiliado y por cotización correspondiente al aporte
del Estado como aporte patronal;
b) Los aportes del
Presupuesto Nacional con destino al respectivo Subsistema contemplados en el
artículo 32 y los literales b), c), d), y f) del artículo 34 de la presente
Ley;
c)
Los
ingresos por pagos compartidos y cuotas moderadoras realizados por los beneficiarios
del respectivo Subsistema;
d)
Otros
recursos o ingresos destinados para el funcionamiento de casa uno de los
Subsistemas;
e)
Recursos
derivados de la venta de servicios.
Parágrafo.
Los
recursos a que hacen referencia los literales a), c) y e) serán recaudados y
transferidos directamente al fondo cuenta correspondiente para su distribución
y transferencia.”
Como
bien puede apreciarse, la norma en cita, en cuanto regula el funcionamiento y
financiación de los fondos-cuenta de los Subsistemas de Salud de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional, se equipara al artículo 218 de la Ley 100
de 1993, en el que se crea y se establece la operación del Fondo de Solidaridad
y Garantía (Fosyga), por lo cual, estima la Sala, que sin orden del juez de
tutela, la Dirección General de Sanidad Militar, podrá obtener los recursos del
fondo-cuenta del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, como quiera que
se trata de un régimen especial que se rige por sus propias normas.
4.4.
Con base en tales consideraciones, la Corte revocará  la sentencia de instancia
y conceder la tutela solicitada, ordenando a la Dirección General de Sanidad
Militar que apropie los recursos que sean necesarios para que se cubran los
gastos de traslado del actor del lugar de su residencia a la ciudad de Bogotá,
que le permita dar continuidad completa al tratamiento médico ordenado para que
pueda alcanzar un estado pleno de bienestar físico. La Corte sólo  concede el
amparo deprecado para que se apropien los dineros necesarios para los gastos
del accionante, ya que no se demostró en el expediente la necesidad de cubrir
por igual los gastos de un acompañante.
III.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE
Primero.-
REVOCAR el
fallo proferido  el 16 de diciembre de 2011 por la Sala Única de Decisión del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, dentro de la
acción de tutela instaurada por Rubén Sánchez Avella contra la Nación,
Ministerio de Defensa-Dirección General de Sanidad Militar. En su lugar, CONCEDER
la protección del derecho a la salud del accionante.
Segundo.-
ORDENAR
a
la
Dirección General de Sanidad Militar  que en el término de cuarenta y ocho (48)
horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, asuma los
costos de transporte y hospedaje del señor Rubén Sánchez Avella para trasladarse
del lugar de su residencia a la ciudad de Bogotá, con el fin de recibir el
tratamiento ordenado por su médico, o al lugar que se requiera en razón de las
citas médicas, remisiones y tratamientos que le sean programados. Teniendo en
cuenta lo señalado en esta providencia, deberá apropiar los recursos que sean
necesarios para que se cubran los gastos que permitan dar continuidad completa
al tratamiento médico que se le sigue al actor y de esta manera permitir que
pueda alcanzar de la mejor manera un estado de bienestar físico.
Tercero.-
ADVERTIR
a la Dirección General de Sanidad Militar que en el futuro deberá seguir
garantizando la prestación de los servicios médicos que resulten pertinentes e
indispensables para la recuperación del señor Rubén Sánchez Avella.
Cuarto.-
Líbrese por Secretaría
General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON ELIAS PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Estos
criterios fueron establecidos en estos términos por la Sentencia T-1204 de 2000  y reiterados así, entre otras, por las Sentencias T-1022 de 2005,
T-829 de 2006, T-148 de 2007, T-565 de 2007, T-788 de 2007,  T-1079 de 2007 y
T-834 de 2009.
[2] En este sentido, en la Sentencia T-406 de 1993, reiterada en las Sentencias T-170 de 2002, T-777 de 2004, T239 de 2009, T-797 de 2009, entre otras,
se expuso “El servicio público responde por definición  a una necesidad de
interés general; ahora bien, la satisfacción del interés general no podría ser
discontinua; toda interrupción puede ocasionar problemas graves para la vida
colectiva. La prestación del servicio público no puede tolerar interrupciones”. Así
mismo, en la Sentencia SU-562 de 1999 se agregó “Uno de los principios
característicos del servicio público es el de la eficiencia. Dentro de la
eficiencia está la continuidad en el servicio, porque debe prestarse sin
interrupción”.
[3] Esta línea jurisprudencial
se ha seguido en múltiples pronunciamientos entre los que se citan para su confrontación
las Sentencias, T-170 de 2002, T-1210 de 2003, T-777 de 2004, T-656 de
2005, T-965 de 2005, T-438 de 2007, entre otras.
[4] Sentencia T-1198 de 2003.
[5] Sentencia T-170 de 2002.
[6]
Sentencia T-364 de 2005.
[7]
Sentencias T-900 de 2002; T-197 de 2003; T-408  y T-861 de 2005; T-786 de 2006.
[8] Cfr. T-900 de
2002; T-197 de 2003; T-408 y T-861 de 2005; T-786 de 2006.
[9] Corte
Constitucional, Sentencia T-301 de 2009.
[10] Sentencia
T-103 de 2009. Reiterada en la Sentencia T-022 de 2011, entre otras.
[11] Corte
Constitucional, Sentencia T-350 de 2003. Esta decisión ha sido reiterada por la Corte en varias ocasione, por ejemplo, en las Sentencias T-962 de 2005  y T-459 de 2007,
entre otras.
[12]
Sentencia T-760 de 2008.
[13] Artículo 5 del Decreto – ley 1795 de 2000.
[14] Folio 5 del expediente.
[15]
Sentencias T-438 de 2007 y T-848 de 2010, entre otras.
[16] En
este sentido se han expresado las conclusiones sobre el tema en los fallos más
recientes de la Corte, como en las Sentencias T-224, T-270, T-508 y T-656 de
2005.
[17] Corte
Constitucional, Sentencias T-683 de 2003; T-829 de 2004; T- 225 y T-367 de 2007.
[18] Corte
Constitucional, Sentencia T-225 de 2007.
[19] Corte
Constitucional, Sentencias T-1038 de 2006 y T-971 de 2007.
[20] Sentencia T-404 de 2007.