T-282-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-282/14
RELACIONES
DE ESPECIAL SUJECION ENTRE LOS INTERNOS Y EL ESTADO-Respeto por la dignidad
humana de personas privadas de la libertad
El hecho de que entre las
personas recluidas en cárceles y el Estado exista una relación de especial
sujeción, significa que esos ciudadanos o ciudadanas quedan sometidas al
régimen disciplinario del establecimiento penitenciario en el que se
encuentren, de manera que el Estado a través de sus autoridades carcelarias,
asume el cuidado y la protección de sus derechos, de una forma particular, que va
más allá del deber negativo de no vulneración. Existe un  consenso mundial
sobre la importancia de salvaguardar la dignidad de las personas que se
encuentran recluidas en establecimientos penitenciarios, pues si bien algunos
de sus derechos incluso fundamentales pueden llegar a ser limitados, lo cierto
es que de ninguna forma dejan de ser personas, esto es sujetos de derechos que
se encuentran en una situación de vulnerabilidad particular, pues ante la
imposibilidad que tienen de satisfacer por si mismos algunas de sus necesidades
básicas, quedan supeditados a las condiciones que les brinde el Estado a través
de los establecimientos y autoridades carcelarias.
ESPECIAL
PROTECCION DEL GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS
PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Garantía prioritaria y reforzada de su derecho
fundamental al agua
La Corte Constitucional ha
construido una línea bastante pacífica y reiterada sobre la fundamentabilidad
del derecho al agua de las personas que se encuentran recluidas en prisión, así
como su importancia para la garantía de una vida en condiciones dignas. Esto,
con base en la relación de especial sujeción que existe entre los internos y el
Estado, de la cual se derivan obligaciones específicas en cabeza de este
último, una de las cuales es suministrar de manera continua y preferente
cantidades de agua suficientes y con una óptima calidad, para que los presos
puedan vivir en condiciones dignas, esto es, que no padezcan sed, puedan
asearse a sí mismos, lavar su ropa y mantener sus celdas y patios en
condiciones de higiene aceptables. Para lograr estos objetivos, ha optado por
dar varios tipos de soluciones como la realización de obras de infraestructura
hídrica, el suministro de agua mediante carro tanques, el aprovisionamiento
temporal de envases para el almacenamiento de agua, entre otros; así mismo, ha
sido clara al establecer que las cárceles, por ser un tipo de establecimiento
especialmente protegido (al igual que los colegios y hospitales) no pueden ser
privadas de los servicios públicos de acueducto y energía, bajo ninguna
circunstancia, incluso si hay mora en el pago de las facturas.
DERECHO A
LA SALUD DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Reiteración de jurisprudencia
En el caso de quienes se
encuentran privados de la libertad, es el Estado en virtud de la ya mencionada
relación de especial sujeción y, a través de sus autoridades carcelarias,
el encargado de garantizar este derecho a quienes se encuentran bajo su
custodia. Si la atención que necesitan los internos no puede ser prestada en el
establecimiento penitenciario en el que se encuentran cumpliendo la pena, las
directivas tienen la obligación de remitir, a los reclusos a los profesionales
de la salud que requieran, sin interponer trabas administrativas o económicas
para lograr su satisfacción.
DERECHOS
HUMANOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Reglas constitucionales,
jurisprudenciales e internacionales aplicables
CONVENCION
INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA-Reconocimiento de su
aplicabilidad por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes y el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional
La prohibición de la tortura y
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, genera en cabeza del
Estado colombiano una serie de responsabilidades, de prevención pero también de
investigación y garantías de no repetición frente a las víctimas. En cuanto a
la diferencia entre cada una de estas categorías, varios organismos
internacionales han creado una especie de escalera para el efecto. Así, el
nivel más alto de gravedad acompañado con un objetivo determinado respecto de
la persona es considerado como tortura. En cuanto a los tratos crueles
inhumanos o degradantes, para que puedan configurarse deben superar un nivel de
severidad para poder ser considerados como tal, en donde las circunstancias de
tiempo, modo y lugar, en conjunto con las características personales de la
víctima serán factores determinantes. En todo caso, se trata de conductas que
humillan a la persona frente a sí misma o frente a otros, que la obligan a
actuar en contra de su voluntad.
DERECHOS
FUNDAMENTALES DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Orden a INPEC disponer
todo lo necesario para asegurar el suministro y acceso al agua potable de los
accionantes y todos los internos
Referencia: expediente T- 3.415.624.
Acción de tutela instaurada por José Luís Quintero Macías y
otros contra el Ministerio de Interior y de Justicia y el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario – INPEC.
Magistrado
Ponente:
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Bogotá, D.C., catorce (14) de
mayo de dos mil catorce (2014).
La
Sala Novena de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los magistrados LUIS ERNESTO VARGAS SILVA,
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA y MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en
los artículos 86 y 241 numeral 9 de la
Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
En el trámite de
revisión de los fallos emitidos por el Tribunal Administrativo del Cesar-
Valledupar en primera instancia, y el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo – Sección Cuarta en segunda instancia, dentro del proceso de
tutela iniciado por José Luís Quintero Macías y otros contra el Ministerio de
Interior y de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
INPEC.
I.
ANTECEDENTES.
El 16 de junio de 2011, los
internos del establecimiento penitenciario y carcelario de mediana y alta
seguridad de Valledupar instauraron acción de tutela contra el
Ministerio de Interior y de Justicia[1]
y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (en adelante Inpec.),
porque consideran que les están siendo vulnerados sus derechos fundamentales a
la vida, la integridad personal, a no recibir torturas ni tratos crueles,
inhumanos y degradantes, a un ambiente sano, a la familia, a la protesta y a
los demás derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad,
basándose en los siguientes:
1. Hechos
1.1
Los accionantes son personas que se encuentran privadas de la libertad y
recluidas en la Cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar ubicada en el
departamento del Cesar. Relataron que dicho establecimiento penitenciario fue
construido con una falla estructural que les impide contar con un  suministro
mínimo de agua para satisfacer sus necesidades vitales. Solo reciben el líquido
en periodos de 10 a 15 minutos diarios y, únicamente llega a los primeros pisos
de las torres, entonces, para poder tener agua en las celdas de los pisos
superiores, deben almacenarla en recipientes improvisados y subirla,
arriesgando muchas veces su integridad física.
1.2
Mencionaron que la falta de agua hace particularmente difíciles sus
condiciones de existencia pues están en promedio a unos 40° centígrados,
además, no cuentan con instalaciones sanitarias adecuadas y limpias. Aseguraron
que en ocasiones se ven obligados a realizar sus necesidades fisiológicas en
bolsas y luego lanzar los residuos a los patios, atentando así gravemente
contra su dignidad humana.
1.3
Relataron que en el año 2002 la
Defensoría del Pueblo interpuso una acción popular que pretendía salvaguardar
sus derechos y brindar una solución al problema de la falta de abastecimiento
de agua. El proceso terminó con una sentencia del Tribunal Administrativo del
Cesar, en la que se le ordenó al Inpec solucionar los problemas en el
suministro de agua en la cárcel de  alta y mediana seguridad Valledupar,
mediante la construcción de un tanque de almacenamiento de 100 mts3. Las
órdenes impartidas no fueron cumplidas y, a pesar de los incidentes de desacato
promovidos, y de los nuevos plazos otorgados por los jueces, aún no se ha
superado definitivamente el problema, de hecho actualmente persiste.
1.4
También afirmaron que el servicio de salud es muy deficiente porque no
cuentan con la cantidad de personas necesarias para atender al alto número de
reclusos, en consecuencia, es habitual que se presenten represamientos en las
citas y procedimientos especializados, no hay posibilidad de atender a los
pacientes de alta complejidad y, los medicamentos son escasos.
1.5
Los accionantes señalaron que la
Secretaría de Salud ha advertido, reiteradamente en todas sus visitas que se
deben realizar adecuaciones locativas y adoptar las medidas sanitarias
necesarias en el área del “rancho” que es el lugar en el que se preparan los
alimentos que les son suministrados, para poder garantizar un manejo adecuado
de los insumos, y unas condiciones aptas para el consumo humano de la comida.
Sin embargo, consideran que la comida que les sirven no cumple los estándares
mínimos de calidad y salubridad, y cuentan que en ocasiones les han dado carne
en estado de descomposición.
1.6
Por otra parte, sobre el régimen disciplinario del establecimiento
penitenciario, dijeron que es más represivo que el de otras cárceles de máxima
seguridad, por ejemplo, la movilidad al interior de la misma siempre es
realizada con esposas, y a pesar de las altas temperaturas no se permite el uso
de ventiladores. Aseguraron que muchos reclusos permanecen encerrados
individualmente por largo tiempo en la
Unidad de Tratamiento Especial, en sus propias celdas o en otros lugares
similares, sin ver luz natural o socializar con sus compañeros.
1.7
Se quejaron de la ausencia de un sistema interno de control para la
defensa de los derechos humanos y, por el contrario, han existido represalias
violentas contra los reclusos que ejercen la labor de defensa de sus derechos.
Finalmente, los accionantes denunciaron una serie de actos que a su juicio
constituyen tortura y tratos crueles, pues aparentemente han utilizado gases
lacrimógenos en sus celdas a altas horas de la noche y les han propiciado
fuertes golpizas como castigo. Adicionalmente, no reciben atención médica
oportuna para las lesiones producto de las prácticas mencionadas.
1.8
En consecuencia, solicitaron amparar sus derechos fundamentales a la
vida, la integridad personal, a no recibir torturas ni tratos crueles,
inhumanos y degradantes, a un ambiente sano, a la familia y a la protesta, y
que por lo tanto, se ordene a las autoridades demandadas cerrar el
establecimiento penitenciario y carcelario de mediana y alta seguridad de
Valledupar, “por haberse agotado todas las acciones posibles para mejorar
las condiciones de vida de la población reclusa y no existir ya, otras medidas
eficaces para garantizar los derechos fundamentales de quienes se encuentran
allí recluidos.”
2. Respuesta de las partes
demandadas.
-
Directora del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana
Seguridad de Valledupar.
El 7 de julio de 2011, Imelda
López Solórzano, en su calidad de Directora del Establecimiento Penitenciario
de alta y mediana Seguridad de Valledupar, dio respuesta a la acción de tutela
de la referencia, en la cual solicitó que la misma fuera declarada improcedente
por haberse configurado un hecho superado.
En primer lugar se refirió a la
problemática del agua, y señaló que en el centro penitenciario que dirige
cuentan con un tanque de almacenamiento de 1.000
m3 para el aprovisionamiento de agua que se suministra por presión.
Adicionalmente, construyeron un tanque de 100 mts3 y un pozo artesano con el
fin de suplir las necesidades de los internos cuando Emdupar les suspende el
suministro del líquido. Informó que la capacidad de brindar agua a los internos
está supeditada a la cantidad de líquido que les provea Emdupar, que
generalmente es insuficiente. Afirmó que a modo de protesta por parte de los
internos por el reglamento interno, rompen los ductos, las llaves y las duchas
generando desperdicio del líquido e impidiendo que llegue hasta los pisos
superiores.
Para poder dar solución a la
escasez de agua que recibe el establecimiento, afirmó que le pidió al gerente
de Emdupar, que realizara una inspección “al tubo desde aquella empresa
hasta el establecimiento, con el objeto de detectar posibles derivaciones
fraudulentas, que se nos instalara un medidor, en el inicio del tubo madre que
sale de la empresa y otro en la entrada del establecimiento para detectar el
real abastecimiento por lo que debemos pagar.”
Relató que cuando se llevó a cabo
la inspección del tubo, encontraron múltiples conexiones ilegales realizadas
por particulares, porque el mismo atraviesa varios predios de propiedad privada
de manera superficial, por lo tanto la cantidad de agua que llega al
establecimiento penitenciario no es suficiente. También recalcó que “de la
anterior situación tienen pleno conocimiento los entes de control,
gubernamentales y no gubernamentales, pues han participado ACTIVAMENTE, en la
búsqueda de soluciones al problema del agua, tal como lo certifican las actas
adjuntas al presente.” (Mayúsculas en el texto.)
Sobre el traslado de los
internos, hizo una relación de las normas aplicables y recordó que “es
potestativo del Director general del INPEC, trasladar a los internos a las
diferentes cárceles del país (…)”, además, manifestó: “las penitenciarías
de alta seguridad, como la que regento, está destinada para albergar personas
que atentaron contra la sociedad que los cobijaba; para las personas que
delinquieron y que luego de haber sido oídos y vencidos en juicio purgan su
condena impuesta por un juez de la república, para su posterior reinserción a
la sociedad después de un tratamiento penitenciario aplicado acorde al perfil
del infractor y de la ley penal.”
Finalmente, argumentó que las
directivas de la Cárcel se reunieron con la
Gobernación, la Secretaría de Gobierno Municipal, la
Procuraduría y la Defensoría del Pueblo y acordaron, que la
Secretaría de Gobierno en conjunto con el gerente de Emdupar y el
representante de obras civiles del Inpec, solicitarán al contratista el cambio
del macromedidor. Así mismo, el director administrativo y financiero del Inpec,
previamente autorizado por el Director general del Inpec, “se comprometió a
desarrollar las obras internas para garantizar el normal suministro de agua
potable, así como garantizar el suministro de agua, y crear por parte de la
dirección general del Inpec una comisión permanente que deberá reportar los
informes y evaluaciones cada quince días sobre la situación de agua y otros
puntos tratados en la reunión.”
Concluyó informando que
actualmente existe un plan de choque para afrontar las problemáticas que están
afectando el establecimiento carcelario, “donde el señor Director General
aprobó una serie de acciones a seguir, como lo son la defensa de los derechos
humanos a los privados de la libertad, entre otros.”
El plan de choque mencionado,
está conformado por 16 puntos que se trascriben a continuación (folios 300 y
301 del cuaderno No. 1):
“1. Garantizar el respeto y
defensa de los Derechos Humanos a los privados de la libertad, trabajando por
su hábitat, tratamiento penitenciario y atención integral, manteniendo la
confiabilidad del Inpec.
2. Desarrollar las obras internas
que sean necesarias para garantizar el normal suministro de agua. Verificar con
la empresa correspondiente, la realización de obras externas requeridas para la
llegada normal de este líquido.
3. Se designa a la doctora Imelda
López Solórzano como Directora del Establecimiento Penitenciario de Alta y
Mediana Seguridad y Carcelario de Alta seguridad de Valledupar, (…)
4. Se designa temporalmente a la
Mayor Magnolia Angulo Acevedo (…) para que dirija y conduzca al personal
uniformado. (…)
5. La
Doctora López y la Mayor Angulo, tienen el respaldo total de la
Dirección General para emprender las medidas necesarias para el mejoramiento
de la calidad de vida de la población interna.
6. Se estudiarán los cambios
necesarios en el personal del establecimiento, y se vinculará al personal
administrativo que se requiera para el desempeño eficiente de las diferentes
labores.
7. Mientras se regulariza el
suministro de agua, se trasladarán a otros establecimientos del país, población
interna con el fin de garantizar el mínimo necesario de agua.
8. Se reorganizará internamente
el establecimiento de acuerdo a la norma, en lo pertinente a la clasificación.
9. Se fortalecerán todas las actividades
de reinserción social, laborales y educativas que permitan el estudio y trabajo
como pilar de la resocialización, buscando para ello la celebración de
convenios con entidades del Estado y privadas.
10. Agilización de los procesos
disciplinarios que cursan por malos tratos e irregularidades por parte de algún
personal vinculado al establecimiento, a cargo de la
Dirección Regional y la Oficina de Control Interno Disciplinario.
11. Se efectuará recuperación
inmediata de las instalaciones del establecimiento, que incluya reposición de
las unidades sanitarias, mejoramiento y pintura de las diferentes áreas y
brigadas de aseo para darle una nueva cara a este establecimiento; igualmente
adelantará la contratación para la optimización, mantenimiento y operación de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
12. Se fomentará un programa
permanente de capacitación en la defensa y protección de los Derechos Humanos a
internos y funcionarios del INPEC, liderado por el grupo de Derechos Humanos de
la Dirección General, para lo cual se buscará el apoyo de la
Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y demás organismos de
control.
13. Se adelantará un seguimiento
permanente a los servicios que presta la
Entidad Caprecom en la atención de salud a la
Población interna, haciendo los requerimientos necesarios para dar
cumplimiento a lo establecido en el convenio.
14. Se buscará el apoyo de
diferentes entidades como Coldeportes Regional, el SENA, el Instituto de
Cultura para el desarrollo de actividades con la población interna en estos
campos.
15. Se atenderá la descongestión
en el menor tiempo posible de la
Cárcel Judicial de Valledupar.
16. El director del INPEC, creará
una comisión permanente que deberá reportarle informes y evaluaciones
quincenales sobre el cumplimiento del presente plan de choque. Con un cronograma
de trabajo cuyo inicio de las acciones propuestas deberá hacerse en los
siguientes 15 días.
Firma por el INPEC – Herbert
Artunduaga Ortiz, Director Administrativo y Financiero.”
- Ministerio del
Interior y Justicia.
La directora de política criminal
y penitenciaria del Ministerio del Interior y Justicia respondió
extemporáneamente a la acción de tutela. En su escrito dedicó varias páginas a
exponer por qué considera que no hay legitimación en la causa por pasiva, en lo
que corresponde a la entidad que representa, pues la vigilancia e
implementación de todo lo concerniente a las cárceles colombianas le
corresponde al Inpec, que es una entidad adscrita al Ministerio con personería
jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa, de manera que no
es posible interferir en las funciones que se le han encomendado a dicha
entidad.
Sobre el caso específico,
manifestó que Emdupar “abasteció la cárcel con precariedad, durante años,
enviando carro tanques que permitían el suministro muy racionado a los internos
y a la operación general del establecimiento. (…) Ahora bien, en cuanto
a las medidas que a corto plazo se van a implementar, este Ministerio en
coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, se
encuentra trabajando en el desarrollo del Plan Maestro de cárceles que tiene
como objetivo principal mejorar la situación de la población carcelaria y
penitenciaria del país (…)”
3. Intervenciones.
-
Intervención de la
Fundación Comité de Solidaridad con los presos políticos y el Colectivo de
Abogados José Alvear Restrepo.
El 24 de junio de 2011, la
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y el Colectivo de
Abogados José Alvear Restrepo, presentaron un escrito a título de coadyuvancia
a la acción de tutela, el cual iniciaron relatando la historia de la
Cárcel de Mediana y Alta seguridad de Valledupar que ha sido objeto de estudio
por su parte, haciéndole seguimiento y visitas desde el año 2001.
Cuentan que la
Cárcel de Valledupar fue el primer establecimiento penitenciario que se diseñó
bajo el acuerdo firmado entre Colombia y Estados Unidos  denominado “Programa
de Mejoramiento del Sistema Carcelario colombiano”, razón por la que en ésta se
“privilegia la maximización de la seguridad sobre otras consideraciones.
Ubicada a las afueras de la ciudad, lo que representa un riesgo para
visitantes, funcionarios y defensores. Los defectos en su concepción, así como
la falta de planeación del sistema vertical como fue construida (9 torres de 5
pisos cada una), traen como consecuencia que sufra un problema endémico de
aprovisionamiento de agua en una región donde las temperaturas alcanzan los 40
grados centígrados.
En su construcción se
evidencian estrategias arquitectónicas que tienen como fin el aislamiento de
los y las internas con insuficiencia de zonas colectivas, de trabajo, educación
y recreación con un reglamento interno extremadamente rígido, dado que no se
concibe como un espacio dirigido a la resocialización, sino que cumple un papel
netamente punitivo. Estas circunstancias han conllevado a que las personas
privadas de libertad la consideren la ‘Cárcel de Castigo’. Es decir que la
reclusión en el establecimiento de Valledupar, constituye una pena accesoria a
la privación de la libertad”
En su escrito señalaron que todas
las denuncias realizadas por los internos sobre tortura y tratos crueles han
sido corroboradas en las diferentes visitas que han realizado a la cárcel. A su
juicio, existen graves y constantes violaciones a los derechos humanos, tales
como la tortura sicológica y física a las que son sometidos como por ejemplo
palizas, el uso de gases lacrimógenos contra los internos, el aislamiento, las
amenazas y presión sobre los familiares, entre otros. Manifestaron que la
problemática de falta de suministro de agua ha sido persistente desde que la
cárcel entró en funcionamiento y hasta el momento ha sido imposible superar y
resolver el mal abastecimiento del líquido, esto tiene como consecuencia altos
niveles de insalubridad que además se complementan con una grave deficiencia en
el alcantarillado, “porque las aguas negras atraviesan el área del rancho
superficialmente, hasta el punto en que se ha demostrado que los alimentos se
han contaminado con [sic] eses fecales.”
Resaltaron que la cárcel de
Valledupar es una de las que más presenta aislamiento familiar a nivel
nacional, pues está ubicada en una zona apartada del país, a donde es muy
difícil llegar y que supone para las familias de los detenidos sufragar los
costos no solo del transporte sino de hospedaje, alimentación y un taxi que los
lleve hasta el establecimiento. Así mismo, cuentan que no existen espacios
suficientes de estudio y trabajo  y que hay un alto grado de impunidad en las
denuncias que realizan los reclusos. Afirmaron que a raíz de la falta de
garantías para las mujeres, en el mes de marzo de 2010, se cerró la torre
número 9 en la cual residían y por lo tanto fueron trasladadas a otros centros
penitenciarios del país.
Por último, realizaron un amplio
recuento jurisprudencial tanto nacional como internacional sobre la responsabilidad
del Estado en la protección de la vida en condiciones dignas y la prohibición
de la tortura y tratos crueles en la población carcelaria. Solicitaron que sean
protegidos los derechos de las personas privadas de la libertad en el
establecimiento de alta seguridad de Valledupar que resulten afectados y, en
consecuencia se ordene el cierre total del mismo, pues consideran que ya se
agotaron todas las acciones posibles para mejorar las condiciones de vida de la
población reclusa, sin que existan actualmente otras medidas eficaces para
garantizarles sus derechos fundamentales.
-
Intervención de la
Relatoría de Prisiones y del Grupo de Derecho de Interés Público de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes.
La
Relatoría de Prisiones y el Grupo de Derecho de Interés Público de la
Universidad de los Andes, intervinieron en el trámite de la acción para
manifestar que consideran que el Estado Colombiano a través del Ministerio del
Interior y de Justicia y del Inpec, está incumpliendo su obligación de
garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales a las personas que
actualmente se encuentran privadas de la libertad en el Establecimiento
Penitenciario de alta y mediana seguridad de Valledupar.
Señalaron que el párrafo 1 del
artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece
que “toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el
respeto debido a la dignidad inherente del ser humano”, principio que debe
ser observado y respetado por los Estados partes pues el mismo, le es aplicable
“a todas las personas privadas de libertad en virtud de las leyes y
autoridad del Estado [y por lo tanto], [l]os Estados partes deben
asegurarse de que el principio se observe en todas las instituciones y
establecimientos bajo su jurisdicción” A continuación, realizaron un
recuento de la jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos[2],
que trata sobre la aplicación de este principio y, de la relación de especial
sujeción que existe entre las personas privadas de la libertad y el Estado,
caracterizada por “la intensidad con la que los agentes estatales se veían
forzados a regular derechos, obligaciones y circunstancias de la reclusión, así
como por la incapacidad del detenido de satisfacer por su cuenta necesidades
básicas para el desarrollo de una vida digna.”
Por otra parte, los intervinentes
también señalaron algunas sentencias colombianas sobre la relación de especial
sujeción de las personas que se encuentran detenidas en cárceles, y concluyeron
que el Estado tiene el deber no solo negativo de no interferir en el goce de
los derechos fundamentales de los mismos, sino además uno positivo, en virtud
del cual es el responsable directo de la garantía de los derechos de los
reclusos, tales como la vida y la integridad personal, la salud, entre otros.
Adicionalmente, realizaron varias consideraciones sobre la prohibición de cualquier
forma de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
contenida en el artículo 7 del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y
Políticos, desarrollado posteriormente por el Comité de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, en su Observación General No. 20. Mencionaron también la
importancia de un abastecimiento de agua suficiente y sin discriminación en la
distribución para la garantía del derecho a una vida digna tal como lo
establecen los lineamientos consagrados en la
Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos Sociales y
Culturales de la ONU.
En cuanto al caso en concreto,
consideran que el Estado colombiano ha vulnerado los derechos fundamentales de
las personas que se encuentran recluidas en la cárcel de Valledupar, pues
existen serias fallas estructurales en la misma que impiden un suministro de
agua constante y suficiente para la satisfacción de sus necesidades básicas, a
lo cual debe añadírsele el hecho de que se encuentran situados en una ciudad
con altas temperaturas lo que propicia un sufrimiento mayor para los internos.
Terminaron su intervención
afirmando que quienes están detenidos en la cárcel demandada, han sido
sometidos sistemáticamente a tratos crueles, inhumanos y degradantes, no solo
por la ausencia de agua potable, sino además por las reacciones que tienen los
guardias ante las protestas pacíficas que han adelantado los internos.
Especificaron que “el centro de reclusión tiene una gran deuda con su
población. A medida que las protestas aumentaron, las autoridades del
establecimiento agravaron la violación de derechos humanos de los internos al
imponer medidas tales como: vulneración del derecho a protestar pacíficamente,
al incomunicar y aislar por largo tiempo a quienes lo hagan[3];
suspensión del servicio de agua y de electricidad como formas de castigo; y el
uso extremo y desproporcionado de la fuerza.”
4. Pruebas relevantes
aportadas al proceso.
4.1 Copia de la solicitud
realizada por el Coordinador del área de investigación del Comité de
Solidaridad con los Presos Políticos al Director general del Inpec, al Director
de la Penitencieria Nacional de Valledupar, a la
Oficina de derechos humanos del Inpec, a la
Defensora de Política Criminal y Penitenciaria de la
Defensoría del pueblo y a la Procuradora de Asuntos Carcelarios de la
Procuraduría General de la Nación, el 11 de mayo de 2001 en la que pidió que
se realizara una intervención con carácter urgente en la
Cárcel con ocasión de la huelga de hambre que se encontraba desarrollando un
interno. (Folios 58 a 64 del cuaderno No.1.)
4.2 Copia del informe de la
visita realizada a la
Penitenciaría Nacional de Valledupar, realizada el 22 de mayo de 2011, por el
Representante a la Cámara Iván Cepeda Castro y las abogadas Ingrid Saavedra y
Carolina Rubio, integrantes de la
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.
En este dejaron clara “la
grave crisis de salubridad que se vive en la penitenciaría, especialmente ante
la casi total ausencia de agua potable, en un lugar en donde la temperatura
alcanza los 40 grados centígrados, con una población carcelaria de
aproximadamente 1500 internos, quienes literalmente viven entre sus excrementos
y se enfrentan entre ellos por la falta de agua. Situación que representa una
violación flagrante a su derecho a la salud a un ambiente sano, y a su vida en
condiciones de dignidad.
Con una infraestructura
totalmente insuficiente para abastecer el más mínimo servicio a los internos y
a los guardias, no existen condiciones para que los internos sean alimentados
en condiciones higiénicas, el entorno es fétido, los internos tienen que
arrojar sus excrementos por las rejillas de las celdas, el sistema de
ventilación, es pésimo, y las visitas son asignadas como si fueran un régimen
de castigo.” (Folios a 69, cuaderno No.1.)
4.3 Copia de la comunicación
enviada el 10 de mayo de 2011 por la
Defensora Delegada para la
Política Criminal y Penitenciaria de la
Defensoría del Pueblo, al Director General del Inpec, en la que le solicitó
que se adoptaran medidas para dar una solución definitiva a corto plazo a la
problemática encontrada en la Cárcel de mediana y alta seguridad de Valledupar,
en torno al suministro de agua potable, que es “un derecho fundamental cuya
ausencia afecta la supervivencia del ser humano, y como estas personas están
bajo la custodia del Estado a través del INPEC no debe escatimarse esfuerzo
alguno para adquirir y distribuir este precioso líquido.” (Folios 81 y 82,
cuaderno No.1).
4.4 Copia de la comunicación
enviada el 18 de mayo de 2011 por el Defensor del Pueblo de la
Regional Cesar al Ministro del Interior y de Justicia, al Gobernador del Cesar
y al Alcalde de Valledupar, en donde les solicitó su pronta gestión para
trasladarse hasta la Penitenciaria de mediana y alta seguridad de Valledupar,
toda vez que los reclusos se encontraban en una “protesta generalizada (…)
derivada de la masiva violación de los derechos humanos de dicha población. (…)
en las diferentes torres un número elevado de internos se encuentran colgados
de las estructuras metálicas, otros están apostados en las azoteas de las
torres, así como también hay internos con la boca cosida, en protesta por la
situación antes señalada”. (Folios 83, 84, y 85, cuaderno No.1).
4.5 Copia del documento elaborado
por los internos miembros del “Comité de crisis y derechos humanos” de la
Cárcel de Valledupar, el 20 de mayo de 2011 en el que solicitaron la presencia
de altos funcionarios del gobierno con poder de decisión para poder dar una
solución a la problemática que se ha venido denunciando en torno a la ausencia
de agua, de implementos de aseo, falta de cobertura en salud, torturas y tratos
crueles, entre otros. (Folios 86 a 90, cuaderno No.1.)
4.6 Acta de control sanitario
elaborada por la Secretaría de Salud Departamental del Departamento del Cesar,
el 15 de febrero de 2011 a raíz de la visita a la
Penitenciaria de Alta y Mediana seguridad de Valledupar, en la cual encontró
resultados parcialmente desfavorables porque no había suministro de agua y, en
el área de preparación y almacenamiento de alimentos faltaba aseo, y había
amenaza de plagas tales como hormigas, cucarachas y arañas. Al acta se
incorporaron fotografías tomadas en la visita. (Folios 92
a 100, cuaderno No.1).
4.7 Comunicación enviada por el
Defensor del Pueblo – Regional Cesar Agustín Flórez Cuello el 25 de abril de
2011 al Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y
Mediana Seguridad de Valledupar, en la que solicitó que se verificara
urgentemente la denuncia efectuada por el interno Luis Andrade Nisperuza quien
“ha sido objeto de trato cruel, inhumano y degradante por medio de golpes y
gases lacrimógenos otorgados al parecer por el dragoniante Marín junto con
otros guardias.” También pidió que se tomaran los correctivos necesarios
tendientes a evitar las conductas violentas que cometen  algunos funcionarios.
Manifestó que “este tipo de quejas han sido reiterativas y se han convertido
en un problema sistemático en este establecimiento penitenciario donde a pesar
de las denuncias e investigaciones hechas por los entes de control. Este tipo
de conductas vulneratorias no cesan, lo que se traduce en una constante
violación a los derechos fundamentales de las personas en condiciones de
reclusión”. (Folios 150 y 151, cuaderno No.1).
4.8 Comunicación del Subdirector
Operativo Regional Norte del Inpec del 10 de mayo de 2011, en la que le informó
al Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, que desde el martes 26 de
abril de 2011 la Cárcel de Valledupar tenía una escasez total de agua potable
generada por un problema técnico en la instalación de la nueva acometida, de
manera que sólo estaban recibiendo 6
metros cúbicos de agua al día, siendo que se requieren de 150
a 400. Ante dicha contingencia, manifestó que la empresa Emdupar estaba “proporcionando
cinco carro tanques de agua en la mañana y cinco en la tarde, y se activó el
proceso del tanque artesanal para suplir con esa agua la limpieza sanitaria, es
decir, los baños, zonas comunes y aseo en general.” (Folio 152, cuaderno
No.1).
4.9 Oficio enviado por el
Secretario local de salud de la
Alcaldía de Valledupar – Secretaría local de salud, el 9 de junio de 2011 al
Defensor del Pueblo, en el que manifestó que en la visita técnica practicada en
la Cárcel de mediana y alta seguridad de Valledupar observó que “a la fecha
carece de suministro de agua potable para el consumo humano y de las baterías
sanitarias, en el recorrido por las diferentes torres de reclusos se constató
la existencia de gran cantidad de materia fecal, esparcida en los patios y
techos de los cubículos de visita, olores nauseabundos y la presencia de moscas
[que] son insoportables”. También dijo que la planta de aguas residuales
estaba inactiva y ocasionó una laguna de aguas negras que producía malos olores
y exponía a los internos a enfermedades de la piel, hepatitis, EDAS (enfermedad
diarreica aguda) entre otros, por lo tanto, “de no ser posible una solución
pronta al abastecimiento de agua por cualquier medio se hace necesario la
reubicación de los reclusos y el sellamiento como medida sanitaria preventiva.”
(Folio 153, cuaderno No.1)
4.10. Copia del Convenio Interadministrativo
No. 1550 de 1998 celebrado entre el Inpec y el Municipio de Valledupar, en el
que entre otros, el Municipio se comprometió a “efectuar las acometidas e
infraestructura necesaria para la instalación del acueducto, alcantarillado y
tratamiento de aguas negras, con caudal y presión suficientes para el personal
que se recluirá en el centro carcelario que será aproximadamente de mil (1.000)
personas, externamente.” (Folios 168 y 169, cuaderno No.1)
4.11 Copia de la “versión no
editada del examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud
del artículo 19[4]
de la Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o
degradantes”, del Comité contra la
Tortura en el que examinó el cuarto informe periódico de Colombia en las
sesiones celebradas los días 10 y 11 de noviembre de 2009. Entre otras
observaciones, el Comité manifestó que, “le preocupa que el aislamiento
durante tiempos prolongados es usado como una medida de castigo. [También
afirmó que] [a]l Comité le ha llegado información indicando tratos inhumanos
o y degradantes en la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar y de la
Carcel de Bellavista en Medellín. Al Comité le preocupa que las denuncias de
casos de tortura y tratos inhumanos tienden a quedarse únicamente en la
jurisdicción disciplinaria y que en pocos casos se han logrado abrir
investigaciones.”. (Folios 182 a 185, cuaderno No.1.)
4.12 Copia de la “Carta
abierta al Sr. Juan Manuel Santos Calderón, Presidente de la
República de Colombia” enviada el 18 de mayo de 2011 por la
Organización Mundial contra la Tortura. En esta, la
Organización manifestó una seria preocupación por las deplorables condiciones
de detención en que se encuentran los prisioneros en el Centro Penitenciario de
Media y Alta Seguridad de Valledupar, Cesar, en particular por los que se
encuentran enfermos. Señaló que “la OMCT ya ha denunciado en
anteriores ocasiones la falta de atención médica adecuada y el abandono en que
permanecen los detenidos en las cárceles colombianas[5].
La OMCT se dirige a Usted en esta ocasión con el fin de solicitarle muy
respetuosamente su intervención urgente para que sean tomadas las medidas
necesarias para garantizar la seguridad, la integridad física y psicológica y
el respeto de los derechos de los detenidos de la cárcel de mediana y alta
seguridad de Valledupar, y la superación de sus actuales condiciones de
detención, las cuales se pueden catalogar como inhumanas y constituyentes de
tratos crueles, inhumanos y degradantes.” (Folios 189 y 190, cuaderno
No.1).
4.13 Copia del Oficio N. DPSCES –
6005 -1728 M del 25 de mayo de 2011 enviado por el Defensor del Pueblo de la
Regional Cesar Agustín Florez Cuello, al Defensor del Pueblo - Volmar Pérez
Ortiz, en el que reiteró la grave situación de salubridad que persiste en la
Cárcel de Valledupar. Afirmó que “aproximadamente el 90% de la población
carcelaria en situación de condena en este penal se encuentra desterrada de su
núcleo familiar y entorno social, una inmensa mayoría son oriundos de
diferentes regiones del interior del país y su precaria situación
socio-económica les impide recibir las visitas de sus padres, cónyuges, hijos
etc. (…) Por otra parte, las redes de acueducto y alcantarillado pareciera que
no son apropiadas para la infraestructura y población penal; en épocas de
lluvia los patios se inundan de aguas negras, causando contaminación y enfermedades
como hongos e infecciones en la piel.” (Folios 217
a 228, cuaderno No.1.)
4.14 Acta de la diligencia de
inspección judicial realizada por el Magistrado José Antonio Aponte Olivilla el
7 de julio de 2011, a la Cárcel de mediana y alta seguridad de Valledupar, en
la que dejó constancia de que en general los baños y las celdas se encontraban
aseados, y en cada uno de éstos habían cubetas llenas de agua. Así mismo
sostuvo que el suministro de alimentos se realiza de forma normal y que el
establecimiento cuenta con servicios médicos durante las 24 horas del día.
Adicionalmente, agregó un CD con las fotos tomadas el día de la inspección.
(Folios 241 a 244, cuaderno No.1.)
4.15 Acta de la declaración que
rindió el interno Hernando Pérez, el 7 de julio de 2011, ante el Tribunal
Administrativo del Cesar, en la que manifestó que el agua les llega por
períodos de 10 o 15 minutos, dos veces al día, y nunca se les suministra en las
celdas por lo que la única alternativa que tienen es almacenarla en recipientes
los cuales no son suministrados por el Inpec, por lo que les toca comprarlos
dando paso a lo que considera un “mercado negro”. Así mismo, relató que
“se presenta una situación por lo menos por interno tenemos capacidad de
recoger 20, 30, 40 mlts de agua por interno, entonces cuando nos suministran el
agua la almacenamos en estos recipientes y si no tenemos más el resto del agua
se pierde, hasta hace un mes tuvimos días incluso sin agua y otro se nos
suministraba 1 vez estábamos viviendo con menos de 20 lts de agua por interno,
ahora se nos está suministrando se está perdiendo porque no tenemos en que
almacenar el agua, entre otras situaciones que se presentan, como el aseo en
las celdas es muy difícil porque toca decidir entre el agua que se usa para
aseo personal o para aseo en las celdas. Como se vio el espacio en los patios
es reducido y ahí nos toca amontonarnos a hacer de todo cuando el agua es
suministrada, eso es un caos.”
Sobre las presuntas violaciones a
los derechos humanos y tratos crueles dados por los guardias a los internos, el
señor Pérez manifestó: “yo creo que principalmente resaltar lo que ocurrió
el 11 de junio, el sábado si no estoy mal, con la intervención que hizo el GRI
(grupo de reacción inmediata del Inpec), ellos ingresaron a las torres allí se
encontraban durmiendo en hamacas desde el 8 de mayo, cuando ingresa el GRI
bajan a estos muchachos utilizando granadas y gases lacrimógenos, peco en no
conocer el nombre de los muchachos que fueron más agredidos, antes del ingreso
del GRI hubo amenazas constantes en el caso de la torre dos hicimos denuncias
sobre abusos de autoridad sobre un Pabellonero (…)” (Folios 245
a 247, cuaderno No.1).
4.16 Acta de la declaración que
rindió el interno José Salvador Jiménez Ornero, el 7 de julio de 2011 ante el
Tribunal Administrativo del Cesar, en la que expuso que hace 3 o 4 años
adquirieron las botellas de agua que utilizan para almacenar el poco líquido
que les es suministrado, y que evidentemente con el paso del tiempo, las mismas
se han ido deteriorando de manera que actualmente están llenas de hongos y
moho, también afirmó que a causa de lo anterior, es común que se enfermen de
diarrea. Indicó que han existido ocasiones en las que han estado sin agua
durante 10 y 15 días seguidos. Sobre el servicio de salud, relató la forma en
que los mantienen en sus celdas a no ser que se evidencie una grave urgencia,
situación que ha llevado a que muchos internos opten por hacerse daño,
cortándose para llamar la atención de los guardias, quienes al ver que están
sangrando deciden llevarlos para que reciban la atención médica requerida.
Finalmente, dijo “sobre el área jurídica, nosotros hemos mandado varias
solicitudes, o que uno gane una tutela, en mi caso me gané una tutela en marzo
para la redención, porque aquí no le redimen a uno, y es la hora y no me han
redimido nada, hasta desacato al juez, le pase las copias a la
Dra. Imelda y no he tenido respuesta desde marzo. Además, espero que no se me
tome represalias ni se me dañe la conducta porque aquí a uno le dicen que uno
es revolucionario.” (Folios 247 a 249, cuaderno No.1).
4.17. Acta de la declaración
rendida por el interno Jorge Augusto Bernal Romero, el 7 de julio de 2011 ante
el Tribunal Administrativo del Cesar, narró que está recluido en la cárcel de
Valledupar desde el momento en que la misma entró en funcionamiento y que la
problemática del agua existe desde ese entonces, reiteró lo manifestado por sus
demás compañeros que comparecieron ante el Tribunal. Adicionalmente, agregó que
las obras, tales como un tanque de almacenamiento de 400 mts3 no han podido dar
solución a la difícil situación, pues la red con la que cuenta la cárcel no lo
pudo abastecer. Señaló que actualmente les suministran agua dos veces al día,
diez minutos en la mañana y diez minutos en la tarde, “y eso se está dando
por la llegada de la nueva directora pues en la antigua administración se
dieron crisis de 8, 9, 10 días sin agua, y en el sitio donde yo vivo que es la
torre UT antiguamente llamado ‘calabozo’, que es lo mismo con diferente nombre,
se nos volvió una pelea diaria porque el agua al segundo piso no está subiendo
(…), sumado a la falta del suministro de agua, vivimos al frente de la torre
número 2 donde a los pisos de arriba nunca les llega agua, entonces los
internos de dichos pisos hacen sus necesidades en papeles o en bolsas y por la
ventana las arrojan hacia fuera, viéndonos los internos de la
UT afectados por la suciedad y la inmundicia porque estos desechos fecales nos
caen prácticamente al frente de nosotros y, muchas veces en el techo donde
vivimos. Tenemos que vivir las 24 horas, consumir nuestros alimentos, vivir el
día y la noche oliendo materia fecal y miaos (…)”. Finalmente corroboró lo
dicho por sus compañeros, en cuando al altercado protagonizado por el GRI[6]
la noche del 11 de junio de 2011, en el que lanzaron gases lacrimógenos a los
internos y, fueron golpeados y ultrajados por la guardia del establecimiento
penitenciario. (Folios 240 a 251, cuaderno No.1).
4.18. Acta de la declaración que
rindió el interno Álvaro Antonio Delgado Parada, el 7 de julio de 2011 ante el
Tribunal Administrativo del Cesar, en la que manifestó que actualmente se les
permite el acceso al agua durante una vez en la mañana y otra más en la tarde
por un lapso de 10 minutos, pero como no tienen los recipientes suficientes el
agua se desperdicia pues una vez llenan los que tienen disponibles, no pueden
hacer nada con el agua que sigue corriendo y pierden cantidades importantes del
poco líquido que se les suministra, también indicó que en época de lluvia las
alcantarillas de la cárcel se rebosan quedando los patios llenos de sus
excrementos. Hizo énfasis en que a raíz de la situación descrita, se crean
peleas por el agua, en las que los internos acuden incluso al uso de armas
blancas para acceder al líquido.
Afirmó que no existen condiciones
para las personas en situación de discapacidad, ni para aquellas que están
enfermas de diabetes, hipertensión entre otras. Replicó lo relatado por los
otros testigos sobre los malos tratos propinados por el GRI e indicó que muchos
han interpuesto quejas e incluso acciones penales contra los guardias de la
cárcel, pero que la mayoría tiene que desistir de ello por las amenazas que
reciben, y en todo caso, dichas denuncias no generan ningún resultado, pues no
existen condenas o llamados de atención para los correspondientes guardias.
(Folios 252 a 256, cuaderno No.1).
4.19. Copia del informe rendido
por el representante a la cámara Iván Cepeda Castro el 23 de junio de 2011,
a propósito de la visita que realizó el 13 de junio de ese mismo año, en
compañía de la Comisión de derechos humanos del Senado de la
República, la Procuraduría General de la
Nación, la Contraloría General de la
Nación, la Defensoría del Pueblo y del Ministerio del Interior, en él muestra
algunas cifras importantes sobre la cárcel de Valledupar, tales como el hecho
de que “durante los últimos meses la
Defensoría ha presentado más de ochenta tutelas a favor de los internos, dos
acciones de cumplimiento, y una audiencia defensoral el pasado 19 de junio de 2010.”
Destacó cinco puntos que
considera relevantes respecto de la grave situación de violación de los
derechos humanos a los reclusos de la cárcel de Valledupar: (i) la grave crisis
de salubridad pública, como consecuencia de la casi total ausencia del
suministro de agua potable, lo que ocasiona la presencia de olores
nauseabundos, de plagas y de enfermedades; (ii) existen múltiples denuncias
presentadas por los internos que manifiestan ser víctimas de torturas, tratos
crueles y degradantes por parte de los guardias del Inpec, siendo dicha cárcel
la que más presenta denuncias, a marzo de 2011 habían en total 690, de acuerdo
“con datos de la Defensoría del Pueblo esta entidad tramitó durante el 2010
y lo que va corrido de este año al menos 46 quejas por tratos crueles de parte
de los guardias hacia los internos. Por su parte la
Fiscalía General de la Nación reporta un total de 56 denuncias penales por
esta razón.”; (iii) deficiencias en los servicios de salud, los internos
han presentado durante el 2010 y el 2011 por lo menos 85 quejas al respecto;
(iv) destrucción casi total de los lazos familiares, pues la gran mayoría de
los internos provienen de lugares alejados y; (v) limitadas posibilidades de
los internos para redimir sus penas. (Folios 280
a 284, cuaderno No.1)
4.20. Acta de la declaración que
rindió el señor Hosman Jesús Hernández Rudas ante el Tribunal Administrativo
del Cesar el 8 de julio de 2011, en su calidad de funcionario de la
Procuraduría General de la Nación de la regional Cesar, quien en el 2004 fue
designado para asuntos penitenciarios y carcelarios de la ciudad de Valledupar.
Específicamente tenía a su cargo la tarea de verificar el cumplimiento de la
acción popular interpuesta por la
Defensoría del Pueblo contra la
Penitenciaría de Valledupar, el Inpec y Emdupar, que fue fallada el 7 de abril
de 2003, y ordenó la construcción de un tanque para el almacenamiento de agua
potable.
Señaló entonces que nunca fue
posible obtener información respecto de la construcción del tanque por parte
del área de obras civiles del Inpec, pero, pudo constatar en las visitas que
hizo la comisión de seguimiento que se habían adelantado obras para dar
cumplimiento a lo ordenado. Sin embargo, una vez empezó a funcionar, el tanque
no produjo los resultados esperados y el problema del abastecimiento de agua
continuó. Por ello, solicitó el apoyo de la Dirección Nacional de Investigaciones
Especiales, la cual envió un ingeniero que rindió un informe indicando que “con
la obra consistente en el tanque de los 100
metros cúbicos no se cumplió con el fallo de la anotada acción popular (…)”.
También relató, que posteriormente verificó que el tubo que transporta el agua
para la penitenciaría pasaba por diferentes predios, y estaba roto en varios
lugares.
Pues bien, para el 2007 aún no se
había superado la situación denunciada en la acción popular, y por lo tanto la
Defensoría del Pueblo presentó un incidente de desacato, a raíz del cual, en el
2009 se contrató la construcción de un tanque y, “la Gobernación del Cesar,
se comprometió a contratar la obra referente a la línea de conducción en un tubo
de 6 pulgadas, desde el Batallón la Popa hasta el Penal en un material que no
permitiera poder sustraer el preciado líquido”. Por otra parte, informó que
en todas las visitas que él había realizado durante los últimos 7 años a la
penitenciaria en comento, siempre evidenció la falta de agua y la presencia de
envases plásticos (muchas veces deteriorados y con lama) en los cuales los
reclusos almacenan la poca agua que se les brinda.
En cuanto a la tortura y tratos
crueles, el funcionario refirió que se han adelantado varios procesos
disciplinarios en contra de los miembros de la guardia de la
Cárcel. Por ejemplo, en una de las huelgas organizadas por los internos para
protestar por la escasez de agua,  los guardias rompieron los envases de
plástico en los que almacenaban el agua. Resaltó “el caso del interno León
Piedrahita, quien al estar colgado de la parte externa de la estructura
metálica de la torre, no recuerdo cual, subiendo agua a uno de los pisos
superiores se cayó y conllevó a que hoy se encuentre en silla de ruedas.”
Finalmente, manifestó que a su
juicio la ausencia de agua en la cárcel es total, pues los internos solo
reciben el líquido entre 5 y 10 minutos diarios, por ello “tratan de no
gastar [el agua] para realizar sus necesidades fisiológicas
(deposiciones), y las hacen en papeles y los lanzan a los patios de visita como
se ha podido corroborar en visitas realizadas por el suscrito, de lo cual existe
registro fotográfico, y que conlleva a problemas de salud en los internos.”
Relató algunas situaciones a su parecer irregulares, tales como “la no
asistencia a redimir pena por parte de los internos, es así como indicamos que
les hacían firmar planillas sin llevar a cabo en realidad tal proceso educativo
(…)”. (Folios 317 a 322, del cuaderno No. 1)
4.21 Informe emitido por la
Secretaría de Salud Departamental del Cesar, entidad que a través de la
oficina de Salud Ambiental (folios 341 y 342, cuaderno No.1), ha realizado
varias visitas de inspección, vigilancia y control (IVC) entre la vigencia 2009
– 2011 a la penitenciaría de Valledupar, por solicitud de entidades como la
Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. El informe incluye un cuadro con los
hallazgos de las visitas realizadas:
FECHA DE VISITA
HALLAZGOS
RECOMENDACIONES
Marzo 3 de 2009
Regular estado de las
condiciones físicas e higiénico-sanitarias del rancho de los internos.
Mejoramiento de las condiciones
físicas y mejoramiento de los procesos.
Agosto 6 de 2009
·
Malas prácticas de manufacturas e inadecuadas condiciones
físicas.
·
Saneamiento básico regulares condiciones sanitarias que
originan diversos problemas sanitarios y ambientales que causan impactos
negativos.
·
Manejo de residuos hospitalarios y similares, elaboración del
plan de gestión integral PGIRHS, pero su nivel de implementación es bajo.
Cumplimiento de las exigencias
a la mayor brevedad posible.
Realizar plan de manejo
ambiental y sanitario.
Realizar
el manejo de residuos líquidos.
Adaptar, actualizar, implementar
y socializar el plan de gestión de residuos hospitalarios.
Abril 13 de 2010
Continúan en regular estado de
las condiciones físicas e higiénico-sanitarias del rancho de los internos.
Adecuación de la planta física
y mejora en los procesos.
Abril 13 de 2010
Comité de manejo de residuos
sólidos no es funcional, incumplimiento de la resolución 1164 de 2002 y
PGIRHS.
Cumplimiento de numeral 7.1 de
la resolución 1164 del 2002 y no establecido en el PGIRHS.
Junio 9 de 2010
Mejoras de las condiciones
físicas sanitarias con relación a lo observado en la visita del 13 de abril
de 2010, el área de procesos fue separada de la construcción con un muro.
Continuar con el proceso de
mejoramiento de la planta física del rancho.
Julio 28 de 2010
Continúan con los trabajos de
las obras de remodelación de la planta física.
No se dan resultados
definitivos por la continuación de la remodelación.
Septiembre 14 de 2010
Mejoran las condiciones físicas
y sanitarias del establecimiento en el área de procesos de alimentos.
No disponen de agua permanente
para la limpieza y desinfección.
Disponer de un tanque elevado
solo para el rancho.
Persistir en los métodos de
buenas prácticas de manufacturas en la limpieza y desinfección.
Noviembre 30 de 2010
Se han ejecutado la mayoría de
las recomendaciones dejadas en cuanto al mejoramiento de las instalaciones
físicas.
Continúan con la deficiencia
del suministro de agua potable permanente.
Continuar regulando todas las
actividades que puedan generar factores de riesgo; ceñirse a los
cumplimientos de las Buenas prácticas de manufacturas.
Mejorar la disposición de agua
potable constante.
Febrero 15 de 2011
Acta de control.-
Cumplimiento del mejoramiento de lo exigido en la visita de noviembre 30 de
2010.
Presencia de plagas.
Contar con un plan de
capacitación continua y permanente a los manipuladores de alimentos.
Plan de mejoramiento de plagas
u roedores.
4.22 Copia del Oficio No. 5291
del 21 de julio de 2011 emitido por el Director General del Inpec en el que dio
respuesta a la solicitud realizada por Ivan Cepeda Castro como Representante a la
Cámara por Bogotá, en torno a las medidas que se habían adoptado  para superar
la vulneración de los derechos humanos de las personas recluidas en la
Cárcel de Valledupar. En este señaló varios datos relevantes tales como que,
(i) el macromedidor del servicio de agua estaba marcando un error promedio del
48%, es decir que realmente el agua que estaba ingresando al establecimiento
penitenciario era el 52% de lo que indicaba el aparato, razón por la que sería
retirado para una revisión técnica; (ii) al comparar la cantidad de agua que
reciben los establecimientos penitenciarios de Barranquilla y Bogotá, se llegó
a la conclusión de que “con el caudal diario ingresado a la penitenciaria de
Valledupar solo se le puede suministrar un total de 174,35 litros/Habitante/Día,
que equivale a aproximado el 30% de lo requerido.”; (iii) los técnicos de
Emdupar y el Inpec, en conjunto con la
Defensoría del Pueblo concluyeron que es necesario contratar un nuevo diseño
hidráulico para todo el establecimiento penitenciario para lo cual ya existían
algunas apropiaciones presupuestales[7],
(iv) en mayo de 2011 los Directivos del Inpec y los del Establecimiento
Penitenciario de mediana y alta seguridad de Valledupar se reunieron con “las
autoridades gubernamentales, judiciales, administrativas y de vigilancia y
control del Departamento del Cesar, estableciéndose compromisos concretos
respecto a la problemática que se viene presentando al interior de dicho
establecimiento por presuntas violaciones a los derechos humanos del personal
privado de libertad.” Sin embargo, no precisó cuáles fueron los deberes
concretos adquiridos. (Folios 425 a 434, del cuaderno de segunda instancia).
4.23 Escrito elaborado por los
presos políticos de la Torre 2 del Establecimiento Penitenciario y Carcelario
de mediana y alta seguridad de Valledupar, que titulan “Observaciones al
plan de choque desde la torre 2”, en éste señalaron que desde su perspectiva, no se
ha avanzado en el desarrollo de las obras necesarias para que les sea
garantizado un suministro continuo de agua, pues seguía el mismo sistema de
suministro 2 veces al día durante 15 a 20 minutos y sigue sin llegar líquido a
las celdas, de igual forma, afirmaron que no se ha hecho ninguna adecuación
para facilitarles la recolección del líquido en los sanitarios colectivos.
En cuanto a la evaluación de los
cambios necesarios del personal del establecimiento (punto 6 del plan) y, el
compromiso de agilizar los procesos disciplinarios que cursaban por malos
tratos e irregularidades por parte del algún funcionario del establecimiento
(punto 10 del plan), manifestaron que “fueron simples pronunciamientos pues
seguimos viendo dentro del personal de custodia y vigilancia a los guardias más
conocidos de este Establecimiento por las constantes denuncias realizadas en su
contra por los internos (…) Vemos en el numeral 7 un claro engaño pues se
propone trasladar a otros establecimientos del país, población interna, con el supuesto
fin de garantizar el mínimo necesario de agua pero no se dice nada de impedir
el ingreso de otros internos (…)”. Sobre los demás puntos, relacionados con
la clasificación de los internos, los programas y actividades de reinserción
social, laboral y educativas señalaron que ha habido un gran avance y que son
los puntos con mayor cumplimiento del plan. Por último, afirmaron que el
servicio de salud sigue siendo muy deficiente al interior del penal. (Folios 502
a 507 del cuaderno de segunda instancia).
5. Sentencias que se revisan.
5.1 Sentencia de primera
instancia.
El 13 de julio de 2011, el
Tribunal Administrativo del Cesar dictó sentencia de primera instancia, en la
cual resolvió negar la acción promovida por los internos de la cárcel de
Valledupar.
Lo anterior fue sustentado en
que, si bien existen algunas falencias en el suministro de agua potable al
interior del penal, no es posible afirmar que la ausencia del líquido sea total
y, en todo caso varias entidades se comprometieron a ejecutar las obras
internas necesarias para superar las fallas. Sin embargo, el Tribunal conminó
al Director Administrativo y Financiero del Inpec a que dé estricto
cumplimiento y ejecución al plan de choque aportado por la directora de la
Cárcel de Valledupar. Sobre la presunta tortura y tratos crueles que utilizan
los guardias contra los reclusos, manifestó que no los encontró plenamente
probados y que simplemente se supo que hay investigaciones en curso y otras ya
han sido archivadas, por lo tanto, sobre este punto dispuso compulsar copias
con destino a la Procuraduría General de la
Nación – Procuraduría Regional del Cesar- y a la
Oficina de Control Interno del Inpec de las declaraciones rendidas por los
reclusos dentro del trámite de la acción de tutela, para que se iniciarán las
investigaciones pertinentes.
En cuanto a la deficiencia en el
servicio de salud, dijo que de acuerdo con la inspección judicial realizada a
las instalaciones de la Cárcel, éste se encontraba funcionado perfectamente,
pero consideró importante resaltar que debe tenerse especial cuidado y
suministrar el tratamiento adecuado a los reclusos que deciden emprender
huelgas de hambre. Finalmente, expuso que el juez de tutela no tiene
competencia para evaluar el reglamento interno del establecimiento
penitenciario y por lo tanto, se limitó a conminar al Inpec área de control
disciplinario interno y a la
Procuraduría Regional del Cesar, para que investiguen todas las quejas
presentadas por los internos en contra de la guardia general del
Establecimiento Penitenciario en estudio.
5.2 Impugnación.
-
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.
La
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos impugnó el fallo de
primera instancia, porque consideró que el Tribunal no tuvo en cuenta la
situación de especial sujeción que se predica de las personas privadas de la
libertad frente al Estado, y tampoco hizo uso de la jurisprudencia de la
Corte Constitucional en torno a las garantías de los derechos fundamentales de
la población reclusa.
Lo anterior fue sustentado
básicamente en tres argumentos:
(i)
Aunque el Tribunal estimó que no había una situación que ameritara la
protección del juez de tutela en torno al suministro de agua potable en la
Cárcel de Valledupar, el Inpec mismo al responder reconoció que la cantidad de
agua que llega a dicho penal es insuficiente para satisfacer las necesidades
básicas de los reclusos, así mismo, afirmó que el hecho de que haya tenido que
realizar varias obras de infraestructura y como además fue necesario adoptar un
plan de choque para superar las falencias en torno a este tema, son pruebas de
la evidente existencia de una violación al derecho fundamental de los reclusos
a la dignidad humana y al agua potable;
(ii)
en cuanto al tema de la tortura y tratos crueles, contrario a lo
expresado por el a quo, el Comité manifestó que en el proceso existe
plena prueba de los maltratos a los derechos fundamentales de los reclusos, y
afirmaron que la cantidad de quejas y denuncias que existen al respecto lo
confirman,
(iii)
la facultad discrecional con la que cuenta el Inpec para establecer el
régimen disciplinario en las cárceles no puede ser sinónimo de abuso del poder,
pues en todo caso debe actuar de manera proporcional, razonable y sin afectar
derechos de mayor jerarquía, aseveraron entonces, que en este caso el Inpec ha
impuesto penas accesorias a las definidas en la condena y que no existe
sustento legal para tener un régimen disciplinario más estricto en esta cárcel
que en las demás de mediana y alta seguridad del país.
-
José Luís Quintero Macías y demás accionantes.
Los actores también impugnaron el
fallo de primera instancia, replicaron los argumentos que señalaron en la
acción de tutela y reiteraron que las acciones que ha emprendido el Inpec para
mitigar las graves violaciones a sus derechos humanos son insuficientes, aunque
admiten que el cambio de la directora del penal ha traído algunas mejoras, la
falta de agua, los abusos por parte de los guardias, las falencias en el
servicio de salud y en general, todas las conductas puestas en conocimiento
durante el proceso persisten sin que pueda afirmarse que la situación haya sido
superada.
5.3 Sentencia de segunda
instancia.
El 21 de septiembre de 2011 el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta
profirió sentencia de segunda instancia dentro del proceso, y decidió confirmar
íntegramente la sentencia emitida por el a quo, por compartir sus
argumentos y considerar, que “[n]o pueden pretender los reclusos que se
ordene el cierre de establecimiento carcelario alegando una deficiente
prestación del servicio de agua, cuando ellos mismos han contribuido al
deterioro de las instalaciones sanitarias y de suministro.”
6. Actuaciones realizadas en
la etapa de revisión.
-Integración del contradictorio.
Mediante auto
del 6 de septiembre de 2012, la Sala de revisión ordenó vincular a la
Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, Emdupar S.A.-E.S.P,
pues su participación en el proceso resultaba de suma importancia para la
debida conformación del contradictorio, ya que  como empresa de servicios
públicos es competente, en relación con la prestación del servicio público de
agua potable en la Cárcel de Valledupar.
El 20 de
septiembre de 2012 se recibió en la
Secretaría General la respuesta a la acción de tutela por parte de Emdupar, en
la que afirmó que contrario a lo manifestado por los accionantes, el
establecimiento penitenciario y carcelario de Valledupar, “cuenta con un
óptimo servicio de acueducto, motivo por el cual [sic] habido ningún
problema con la empresa prestadora de dicho servicio. || Es de destacar que en
el pasado hubo ciertos inconvenientes en la prestación del servicio, pero gracias
a la rápida y eficiente actuación de esta empresa, los problemas presentados
fueron solucionados de manera definitiva mediante unas obras realizadas de lo
cual nos permitimos anexar registro fotográfico.”
Con su
respuesta anexó un informe técnico realizado por la división de mantenimiento
de Emdupar, en el que indicaron que en el segundo semestre del año 2010
existieron una serie de fugas de agua en la red de distribución que generaron
un “desprendimiento de una unión de reparación de (6’’) pulgadas, ocasionando
pérdidas de agua potable y problemas de saneamiento en la institución.”
Ante tal
circunstancia, realizaron una inspección y encontraron que “a 100
metros dentro del arroyo que colinda con la institución se observó que el
accesorio unión de reparación de (4’’) estaba por fuera de la tubería matriz
ocasionando el desvió del flujo del agua.” Teniendo claro el origen del
problema Emdupar realizó las labores de reparación pertinentes. En cuanto a las
supuestas conexiones ilegales a lo largo de la tubería que lleva el líquido
hasta la cárcel de Valledupar, informó que no es cierto que existan, pues lo
que hay son válvulas de purga con sus respectivas cajas de inspección, que
sirven para el mantenimiento por acumulación de sólidos a futuro. Así mismo,
afirmó que Emdupar realizó un diseño de una nueva red de conducción desde la
entrada de la Urbanización Don Carmelo hasta la entrada de la penitenciaría,
que fue ejecutada y supervisada por la
Gobernación del departamento del Cesar. Una vez fue instalada la tubería
existieron algunos problemas, que fueron solucionados con el aumento del caudal
con el que se abastece a la Cárcel, esto se logró con una línea de conducción
al establecimiento desde el tanque de almacenamiento ubicado en el cerro la
Popa hasta la calle 16.
Finalmente,
manifestó que a partir de la entrega de la obra civil mencionada, realizó
monitoreos durante un mes con funcionarios del Inpec “en donde se observó el
comportamiento día a día de las válvulas ventosa y válvulas de purga, en el
cual se estableció finalmente como deben de operar para su mayor
funcionamiento.|| La válvula reguladora que se encuentra ubicada en la calle 16
con carrera 21 deberá estar cerrada todo el tiempo (…) Se diagnosticó que a
partir de este cierre la presión del agua y su continuidad fue excelente; hasta
la fecha los señores del establecimiento penitenciario y carcelario la
Tramacua manifiestan que es óptima y que no han tenido ningún
tipo de problema con respecto al servicio del acueducto.” (Negrilla dentro
del texto.)
-
Pruebas decretadas.
En el mismo auto del 6 de
septiembre de 2012, la Sala le solicitó a la
Defensoría del Pueblo, que en ejercicio de las funciones
contenidas en los artículos 118 y 282 constitucionales, conformara una
comisión que se desplazara hasta el departamento del Cesar y, visitara la
cárcel de mediana y alta seguridad de Valledupar con el objetivo de constatar
las reales y actuales condiciones en las que se encuentran recluidas las
personas que están viviendo en dicho lugar y, se le encomendaron 7 puntos
específicos a verificar.
Por otra parte, le solicitó al director del Inpec, que rindiera un informe sobre las actividades
adelantadas en torno al cumplimiento del “Plan de choque” presentado el 17 de
junio de 2011 para superar la situación de la cárcel de alta seguridad de
Valledupar, se le envió un cuestionario con 14 puntos específicos.  De igual
forma, le pidió que remitiera una actualización del informe rendido al
Representante a la Cámara Iván Cepeda Castro sobre la situación del
Establecimiento Carcelario y Penitenciario de Valledupar (oficio No. 5291 del
21 de julio de 2001) y, se le hicieron preguntas sobre cada fase señalada en
dicho documento.
A su turno,
requirió al Ministerio de Justicia, para que
informara si ha realizado algún tipo de seguimiento al “Plan de choque” presentado el 17 de junio de 2011 por el Inpec para superar la
situación de la cárcel de alta seguridad de Valledupar y se ser así, se le
conminó a que remitiera los resultados obtenidos, y que explicara cuáles
medidas ha adoptado para monitorear y mitigar la situación que dio origen a la
acción de tutela de la referencia.
Finalmente, le solicitó a la
Secretaría de Salud Departamental del Cesar, que presentara un informe acerca
de las acciones que se hayan implementado a partir del mes de febrero de 2011
hasta la fecha, tendientes a monitorear y solucionar la problemática del
servicio de agua en el establecimiento penitenciario y carcelario de alta y
mediana seguridad de Valledupar.
La Sala reseñará las respuestas obtenidas, en el desarrollo del análisis del
caso en concreto, siempre que tengan relevancia para la solución del mismo.
II. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS.
1. Competencia.
Esta Corte es competente para conocer de la revisión de
los fallos materia de acción de tutela, de conformidad con lo establecido en
los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución Política y en los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991 y demás disposiciones pertinentes, así como por
la escogencia del caso por la Sala de Selección.
2. Presentación del problema
jurídico.
1. El caso que ahora ocupa a la
Sala, se desarrolla en la Cárcel de mediana y alta seguridad de la ciudad de
Valledupar en el departamento de Cesar, en donde presuntamente existe una
continua vulneración a los derechos fundamentales de quienes se encuentran allí
recluidos, pues carecen casi por completo de agua potable para satisfacer sus
necesidades básicas, los guardias suelen reprimir sus protestas mediante el uso
de gases lacrimógenos en la noche, los someten a golpizas y el servicio de
salud es completamente deficiente. Por lo tanto, le corresponde a la
Sala estudiar si los derechos fundamentales de los reclusos a una vida en
condiciones dignas, al agua,  a la salud y a no recibir tratos o penas crueles,
inhumanas y degradantes están siendo vulnerados por las autoridades de la
Cárcel en la cual se encuentran recluidos.
2. Para darle una solución a lo
anterior, la Sala reiterará la jurisprudencia constitucional sobre la relación
de especial sujeción que existe entre las personas que se encuentran privadas
de la libertad y el Estado. A partir de las conclusiones que de allí se
deriven, la sala estudiará, específicamente,  tres de los derechos que no
pueden ser restringidos, limitados ni suspendidos a una persona por estar
privada de la libertad, estos son (i) el derecho al agua, que a su vez
repercute directamente en el derecho a la alimentación, (ii) el derecho a la
salud y, (ii) el derecho a la integridad personal, en donde se analizará la
prohibición de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. De igual
forma, mencionará las normas y estándares internacionales aplicables al caso,
para finalmente, resolver el problema planteado y dar las órdenes pertinentes.
La relación de especial
sujeción de las personas que se encuentran recluidas en establecimientos
penitenciarios con el Estado, y el goce efectivo de sus derechos fundamentales
que no admiten limitación.
3. La
Corte Constitucional se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la relación
de especial sujeción que existe entre quienes se encuentran privados de la
libertad y el Estado -es decir las autoridades penitenciarias-. Actualmente
existe una línea consolidada y reiterada sobre el tema, que a continuación será
brevemente reiterada.
4. El hecho de que entre las
personas recluidas en cárceles y el Estado exista una relación de especial
sujeción, significa que esos ciudadanos o ciudadanas quedan sometidas al
régimen disciplinario del establecimiento penitenciario en el que se
encuentren, de manera que el Estado a través de sus autoridades carcelarias,
asume el cuidado y la protección de sus derechos, de una forma particular, que
como se verá, va más allá del deber negativo de no vulneración. Este vínculo
tiene unas características y consecuencias específicas que fueron recientemente
sistematizadas en la sentencia T-175 de 2012[8]:
4.1 En cuanto a las
características dicho fallo señaló seis puntos a tener en cuenta:
(i)
“[L]a
subordinación[9]
de una parte (el recluso), a la otra (el Estado);
(ii)
esta
subordinación se concreta en el sometimiento del interno a un régimen jurídico
especial[10]
(controles disciplinarios[11]
y administrativos[12]
especiales y [la] posibilidad de limitar[13]
el ejercicio de derechos, incluso fundamentales).
(iii)
Este
régimen en cuanto al ejercicio de la potestad disciplinaria especial y a la
limitación de los derechos fundamentales debe estar autorizado[14] por la
Constitución y la ley.
(iv)
La
finalidad[15]
del ejercicio de la potestad disciplinaria y de la limitación de los derechos
fundamentales, es la de garantizar los medios para el ejercicio de los demás
derechos de los internos (mediante medidas dirigidas a garantizar disciplina,
seguridad y salubridad) y lograr el cometido principal de la pena (la
resocialización).
(v)
Como
consecuencia de la subordinación, surgen ciertos derechos especiales[16]
(relacionados con las condiciones materiales de existencia: alimentación,
habitación, servicios públicos, salud) en cabeza de los reclusos, los cuales
deben ser[17]
especialmente garantizados por el Estado.
(vi)
Simultáneamente
el Estado debe garantizar[18]
de manera especial el principio de eficacia de los derechos fundamentales de
los reclusos (sobre todo con el desarrollo de conductas activas).”
4.2 En lo que se refiere a las
consecuencias jurídicas que genera esta relación de especial sujeción, la
Corte estableció:
(i)
“[L]a
posibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales de los
reclusos (intimidad, reunión, trabajo, educación).
(ii)
La
imposibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales (vida,
dignidad humana, libertad de cultos, debido proceso, habeas data, entre otros).
(iii)
El
deber positivo[19]
en cabeza del Estado de asegurar el goce efectivo tanto de los derechos no
fundamentales como de los fundamentales, en la parte que no sea objeto de
limitación cuando la misma procede, y en su integridad frente a los demás,
debido a la especial situación de indefensión o de debilidad manifiesta en la
que se encuentran los reclusos.
(iv)
El
deber positivo[20]
en cabeza del Estado de asegurar todas las condiciones necesarias[21] que permitan
a su vez condiciones adecuadas para la efectiva resocialización[22] de los reclusos.”
5. En síntesis,  cuando una
persona ha sido condenada a una pena privativa de la libertad o se encuentra
cumpliendo una medida de detención preventiva, nace entre ésta y el Estado una
relación especial en la que este último adquiere unos deberes reforzados de
protección de los derechos fundamentales de estas personas, pues una de las
consecuencias naturales de estar recluido en una cárcel es que no es posible
proveerse por si mismo muchos de los bienes y servicios que antes se tenían al
estar en libertad.
6. Ahora bien, aunque algunos
derechos de los reclusos como por ejemplo la libre locomoción, a la intimidad,
o a la educación son objeto de limitación al estar bajo la custodia del Estado,
otros como la vida, la integridad
personal, la dignidad, la igualdad, la libertad religiosa, el derecho al
reconocimiento de la personalidad jurídica, la salud, al debido proceso, y el
derecho de petición, no se afectan de manera alguna con la privación de la
libertad, es decir que permanecen intactos y no admiten ningún tipo de
restricción. De ese conjunto de derechos, especialmente, la garantía del
derecho a la dignidad humana ha sido considerada por la jurisprudencia de esta
Corte como el principal sustento de la relación de especial sujeción: “el respeto por la dignidad humana constituye el pilar central de la
relación entre el Estado y la persona privada de la libertad, y es, además, una norma fundamental de aplicación universal[23]”
7. Esto tiene fundamento en el
desarrollo que ha realizado la
Corte Constitucional sobre el principio de especial sujeción, pero además,
está en concordancia con el mandato constitucional de prohibición de tortura y
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes[24],
contemplado también en las normas y tratados internacionales de derechos
humanos que hacen parte de nuestro ordenamiento jurídico a través del bloque de
constitucionalidad[25].
Así pues, tanto el sistema
universal de protección, como el sistema interamericano de derechos humanos,
consagran la dignidad de todas las personas privadas de la libertad como un derecho
inquebrantable. El artículo 5-2 de la
Conven­ción Americana sobre Derechos Humanos establece que “(...) toda
persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad
inherente al ser humano”, por su parte,  el numeral 1° del artículo 10° del Pacto Interna­cional de Derechos
Civiles y Políticos   fija una regla similar: “toda persona privada de
libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad
inherente al ser humano”. Sobre este tema se volverá más adelante.
7.1 Adicionalmente, con la
expedición de las Reglas Mínimas de Tratamiento de los Reclusos,[26]
las Naciones Unidas declararon que todos los reclusos de los Estados adoptantes[27],
tienen derecho a unas mínimas condiciones de existencia que les garanticen
llevar, durante su tiempo en prisión una vida digna. Específicamente, la
Declaración se refiere a las  condiciones que deben tener los dormitorios de
las personas privadas de la libertad y las instalaciones sanitarias, la
adecuada alimentación que deben recibir, la necesidad de que cuenten con agua
potable para su consumo, así como la posibilidad de hacer ejercicio, contar con
la atención en salud necesaria, y poder trabajar para ocupar su tiempo en
actividades productivas y de aprendizaje, entre otros. Además,
en el acápite dedicado a la disciplina y las sanciones, en el numeral 31
establece: “Las penas corporales, encierro en celda oscura, así como toda
sanción cruel, inhumana o degradante quedarán completamente prohibidas como
sanciones disciplinarias.”
8. Lo anterior
da cuenta de que actualmente, existe un consenso mundial sobre la importancia
de salvaguardar la dignidad de las personas que se encuentran recluidas en
establecimientos penitenciarios, pues si bien algunos de sus derechos incluso
fundamentales pueden llegar a ser limitados, lo cierto es que de ninguna forma
dejan de ser personas, esto es sujetos de derechos que se encuentran en una
situación de vulnerabilidad particular, pues ante la imposibilidad que tienen
de satisfacer por si mismos algunas de sus necesidades básicas, quedan
supeditados a las condiciones que les brinde el Estado a través de los
establecimientos y autoridades carcelarias.
9. En este
contexto, el derecho fundamental al agua potable adquiere una especial
importancia, pues tal como se verá a continuación, es uno de los presupuestos
fundamentales para poder llevar una vida digna, teniendo en cuenta que de ello
depende su aseo personal, el de sus celdas, el de los baños así como su
alimentación, e incluso el simple hecho de saciar la sed.
- El
derecho al agua de las personas que se encuentran privadas de la libertad y su
especial influencia en la garantía del derecho a una vida en condiciones dignas
y en el derecho a la alimentación.
10. Esta Corte ha estudiado la
garantía del derecho fundamental al agua de quienes están recluidos en las
cárceles colombianas desde sus primeros años de jurisprudencia, pues éste ha
sido uno de los problemas más comunes en las penitenciarías del país.
11. En la sentencia T-596 de 1992[28],
la Corte tuvo la oportunidad de revisar tres tutelas que habían sido
interpuestas por personas que se encontraban recluidas en la cárcel “Peñas
Blancas” en la ciudad de Calarcá. En ellas, los accionantes pusieron en
conocimiento del juez constitucional las precarias condiciones de salubridad en
las que se encontraban, pues no contaban con baterías sanitarias para realizar
sus necesidades fisiológicas y la infraestructura del acueducto era muy vieja,
por lo cual la presión con la que llegaba el agua al penal no era suficiente
para llenar los tanques de almacenamiento situación que generaba desaseo, malos
olores y en general un entorno insalubre.
La
Corte estableció, que las cárceles no son una excepción al régimen jurídico
colombiano y por lo tanto, el hecho de que una persona se encuentre privada de
la libertad no significa que haya sido eliminada de la sociedad, por el
contrario, la mayoría de sus derechos fundamentales permanecen intactos, como
por ejemplo el derecho a la vida y la integridad física, el derecho a la salud
y a la alimentación, entre otros; en consecuencia, es el Estado el directamente
garante de los mismos en virtud de la relación de especial sujeción que existe
entre éste y los reclusos, pues quienes se encuentran recluidos en sus
establecimientos penitenciarios dependen directamente de las condiciones que
les son impuestas por el Estado, sostuvo la
Corte:
“Del derecho
pleno del interno a la vida, la integridad física y a la salud se derivan
importantes consecuencias jurídicas para la administración penitenciaria que
pueden ser descritas como deberes. Entre ellos se encuentra el deber de trato
humano y digno, el deber de proporcionar alimentación suficiente, agua potable,
vestuario,  utensilios de higiene y lugar  de habitación en condiciones de
higiene y salud adecuadas, el deber de asistencia médica y el  derecho al
descanso nocturno, entre otros.”[29]
En cuanto al asunto de fondo,
relativo a la falta de salubridad en el establecimiento penitenciario, la
Corte sostuvo que es un tema que afecta a la gran mayoría de cárceles del
país, debido a la sobrepoblación y al mal estado de las instalaciones, sin
embargo, hizo énfasis en que es obligación del Estado mantener unas buenas
condiciones de higiene al interior de las cárceles, pues de ello depende la
garantía del derecho a la vida en condiciones dignas de estas personas. Sobre
los deberes del Estado en cuanto a la provisión de agua para el saneamiento
básico en las cárceles, dicha sentencia sostuvo:
“(…) existe una
diferencia cualitativa radical entre la falta de confort propia de un establecimiento
carcelario y la falta de servicios de higiene básicos. Lo primero es el
resultado directo e inevitable de los rigores del aislamiento social y de la
pena; lo segundo es la causa de un trato deliberadamente degradante y cruel. La
falta de recursos económicos no puede ser una disculpa para que el Estado no
disponga de agua suficiente para limpiar los servicios sanitarios de las
personas que, bajo su responsabilidad, están en una cárcel. Se trata de
recursos mínimos que solucionan sufrimientos mayores. Hay aquí una palmaria
negligencia o, en el mejor de los casos, una falta de diligencia considerable,
que no tiene atenuante alguno en el hecho de estar referida a personas que han
cometido delitos contra la sociedad.”
Finalmente,
el amparo a los derechos de los actores fue concedido, y se ordenó al
Ministerio de Justicia adecuar y reparar los dormitorios, baños, rejillas y
disposición de basuras, de acuerdo con las recomendaciones establecidas en el
informe presentado por la autoridad sanitaria pertinente.
12. Posteriormente, en la
sentencia T-639 de 2004[30],
la Corte estudió el caso de la cárcel “Las Mercedes” en Cartago, la cual tenía
un serio racionamiento de agua y energía, por un atraso en el pago de las
facturas de tales servicios. En esta oportunidad, la
Corte resaltó la importancia de que las cárceles cuenten con estos servicios
públicos, teniendo en cuenta que la falta de los mismos afecta negativamente la
calidad de vida de los reclusos, es decir, que afecta su dignidad, su salud, su
vida, su trabajo y por ende las oportunidades de resocialización que debe
ofrecer la pena privativa de la libertad. Sobre este tema señaló la
Corte:
“Su incidencia en la población carcelaria [se refiere a los servicios
de agua y energía], es especialmente trascendental, pues es indispensable que
existan buenas condiciones de higiene, que haya suficiente agua para limpiar y
preparar alimentos y que los reclusos puedan dedicar sus jornadas a actividades
productivas que les generen conocimientos y destrezas como parte de su
resocialización. La prestación de estos servicios también resulta necesaria
para garantizar la seguridad y la convivencia pacífica dentro del recinto, así
como para brindar un trabajo digno a los guardias y demás funcionarios de la
institución.”
Adicionalmente, reiteró la regla
dispuesta en la sentencia C- 150 de 2003[31],
según la cual, las empresas que están encargadas de prestar servicios públicos
domiciliarios, deben “abstenerse
de suspender arbitrariamente el servicio a ciertos establecimientos usados por
personas especialmente protegidas por la
Constitución” dentro de los cuales enunció
hospitales, centros educativos y penitenciarios. En cuanto al caso concreto,
resolvió tutelar los derechos fundamentales a la
vida, salud, salubridad e integridad física de los reclusos de la
Penitenciaría de Mínima Seguridad “Las Mercedes” de Cartago, Valle del Cauca
y, en consecuencia le ordenó a las Empresas Municipales de Cartago S.A.
E.S.P., que regularizara la prestación de los servicios públicos domiciliarios
de agua y energía eléctrica en el centro carcelario.
13. Con el fallo T-1134 de 2004[32],
la Corte replicó la línea que se viene exponiendo sobre la importancia y
fundamentabilidad del agua en los establecimientos penitenciarios y las
obligaciones del Estado cuando existen fallas en la prestación de dicho
servicio. En esa oportunidad revisó la situación de la
Cárcel de “Doña Juana” en la Dorada Caldas, la cual solo contaba con
suministro de agua por periodos de 10 a 15 minutos entre tres y cuatro veces al
día, lapsos durante los cuales los internos no alcanzaban a realizar todas las
labores de aseo personal y de sus celdas, además, por la noche, permanecían
todo el tiempo sin agua hasta la siguiente mañana.
La sentencia dio cuenta del
deplorable estado en el que se encontraban la mayoría de los establecimientos
penitenciarios colombianos y resaltó la falta de diligencia por parte de los
organismos del Estado competentes para tomar las medidas necesarias para
superar dicha situación:
“A pesar  que,
desde hace décadas se conoce que la infraestructura carcelaria es inadecuada,
que los derechos de los reclusos se vulneran, que los penales no cumplen con su
función primordial de resocialización y que los centros carcelarios del país
rebosan de sindicados no se observa una actitud diligente de los organismos del
Estado con miras a poner remedio a esta situación.
Las cárceles
colombianas se caracterizan por el hacinamiento, las graves deficiencias en
materia de servicios públicos y asistenciales, el imperio de la violencia,
entre otras, de lo cual se deduce una flagrante violación de un abanico de
derechos fundamentales de los internos en los centros penitenciarios, tales
como la dignidad, la vida, la integridad personal etc.[33]
En este orden
de ideas, las condiciones de higiene personal pueden generar problemas para la
salud de todos los internos, debido a la proliferación de bacterias y olores
nauseabundos a los que diariamente están obligados a soportar. Por lo que, de
hacer caso omiso a la presente situación, se estaría incumpliendo con los
requisitos mínimos para ofrecer una vida digna a los reclusos.”
En cuanto al caso concreto, la
Sala de revisión encontró que en efecto, los derechos fundamentales del
accionante y de quienes se encontraban cumpliendo su pena privativa de la
libertad en la Cárcel de “Doña Juana” en La
Dorada Caldas, estaban siendo vulnerados a causa de la omisión del Inpec de
adelantar acciones para superar la falta de suministro de agua y la entrega
oportuna de los kits de aseo. Por lo tanto, le ordenó a dicha entidad “inici[ar]
las gestiones necesarias para solicitar, autorizar o requerir a quien
corresponda, la materialización de la obra de acometida adicional en tubería,
para solucionar así el problema del suministro de agua presentado en la
penitenciaria, para que de esta forma mejore su almacenamiento.”
14. Más adelante, en la sentencia
T- 317 de 2006[34],
la Corte tuvo la oportunidad de estudiar la situación denunciada por los
internos de la cárcel de Cómbita, Boyacá, quienes aseguraron que los baños
cercanos a los comedores (ubicados a menos de dos metros de distancia de los mismos)
permanecían en muy mal estado de aseo, entonces no podían tomar sus alimentos
en condiciones dignas por los olores nauseabundos que de allí se desprendían.
La dirección del establecimiento penitenciario argumentó en su defensa, que
eran los internos mismos los encargados de realizar el aseo a esa área, pues
para eso los había contratado, y en cuanto al suministro de agua aseguró que la
recibían durante 10 horas diarias.  En esta oportunidad, la
Corte sostuvo que aún si se habían contratado a algunos internos para realizar
el aseo de distintas áreas del establecimiento, corresponde a las autoridades
del mismo realizar el control de tal actividad y monitorear la misma[35].
El caso se resolvió a favor de
los reclusos, y la Corte le ordenó a las directivas de la cárcel de Cómbita, Boyacá
adoptar “las medidas administrativas necesarias para mantener las baterías
de baños del pabellón tercero en buenas condiciones de higiene y salubridad, de modo que se respete el núcleo esencial de la
dignidad humana.”, de igual
forma, les previno sobre el deber de asegurar efectivamente una prestación
continua del servicio de agua a los internos.
15. En la misma dirección fue
resuelta la sentencia T- 322 de 2007[36],
que analizó el caso de varios internos del Establecimiento Penitenciario de
Alta Seguridad de Girón, en donde (i) las celdas no estaban organizadas y
separadas de acuerdo a la fase de tratamiento de cada uno, (ii) no se
les permitía lavar adecuadamente sus prendas de vestir debido al racionamiento
en el suministro del agua, y (iii)  aseguraban que no se tramitaban debidamente
los beneficios administrativos.  En esta oportunidad, la
Corte  afirmó una vez más que no todos los derechos de los internos quedan
suspendidos por su condición, y que el principio de la dignidad humana debe
respetarse en todo momento.
En consecuencia, amparó los
derechos fundamentales de los accionantes, quienes solo recibían agua por
periodos de 5 a 8 minutos en la mañana y de igual forma en la tarde, y le
ordenó al Director del Establecimiento penitenciario que adoptara las medidas
necesarias para garantizar el acceso suficiente a agua limpia para el aseo
personal de los accionantes y de los demás internos.
16. En la sentencia T- 175 de
2012[37],
la Corte se refirió al Establecimiento Penitenciario de
Mediana Seguridad y Carcelario EPMSC de Cúcuta, en donde la escasa provisión de
agua a los internos había generado un ambiente insalubre en su entorno, pues no
contaban con la cantidad suficiente de líquido para su aseo personal y el de
sus celdas, de manera que en las noches se veían obligados a dormir con los
sanitarios rebosantes y con los olores nauseabundos que naturalmente de allí se
desprendían. La Sala sostuvo entonces que “en virtud de la relación
de especial sujeción entre el Estado y las personas privadas de la libertad,
recluidas en los centros penitenciarios y carcelarios del país, es deber del
Estado garantizarles a los reclusos el goce efectivo de sus derechos a gozar
efectivamente de una adecuada alimentación, a la salud, a contar con
suficientes implementos de aseo personal, al suministro suficiente de agua
potable, y a instalaciones de reclusión higiénicas.”
Ahora bien, este
caso incluía un elemento adicional, pues las directivas del establecimiento
penitenciario demandado habían argumentado en su defensa que a los internos se
les permitía comprar botellas con agua para que pudieran saciar la sed durante
las horas de racionamiento en la noche. La
Corte aseguró que esa no era una medida adecuada para garantizar los derechos
fundamentales de los reclusos a la vida en condiciones dignas, a la salud, y a
la higiene personal y de su entorno, pues no todos tenían el dinero para
comprar el agua embotellada “y  además este es un presupuesto
que desconoce, en el marco de la relación de especial sujeción, el deber del
Estado de garantizar a todas las personas privadas de la libertad el mínimo de
agua potable.” Al conceder el amparo solicitado, señaló que la medida
implementada no era suficiente y resultaba inconstitucional, por lo que
consideró necesario que se adoptara algún otro método para proveer el líquido
en cantidades suficientes para superar la vulneración de los derechos de los
internos[38]
17. Otro caso de esa misma Cárcel
-EPMSC de Cúcuta- se estudió en la sentencia T-764 de 2012[39],
en la que los internos denunciaron la escasez de agua en su pabellón y las
condiciones insalubres en las que permanecían en sus celdas durante 14 horas
continuas sin agua, pues solo recibían agua durante períodos de 30 minutos en
la mañana y en la tarde. La Corte reiteró la jurisprudencia que se ha venido
citando relativa a la importancia de que en las cárceles se garantice un acceso
continuo a las cantidades de agua suficientes para satisfacer las necesidades
básicas de los reclusos, de manera que puedan permanecer aseados y mantener su
entorno en condiciones higiénicas, para asegurar la plena vigencia de su
dignidad humana, con base en la relación de especial sujeción de los presos
frente al Estado[40]:
Tras analizar el material probatorio
recaudado durante todo el proceso, la Sala de revisión constató que en efecto,
los internos del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y
Carcelario EPMSC de Cúcuta, permanecían entre 12 y 15 horas diarias sin agua
para saciar su sed, y para vaciar los sanitarios, viéndose obligados a vivir en
condiciones indignas, pues los malos olores y el calor eran insoportables,
además, las celdas no contaban con un adecuado sistema de drenaje y por ello
permanecían encharcadas propiciando un ambiente insalubre que ayudaba a la
proliferación de enfermedades. La Corte concluyó entonces que “el Estado es
el principal responsable de asegurar los derechos fundamentales de las personas
privadas de la libertad, por cuanto están bajo su plena custodia. Tratándose
del derecho al agua potable, el Estado y las autoridades carcelarias, deben ser
conscientes que es uno de aquellos derechos que no puede ser suspendido ni
restringido por estar ineludiblemente atado a la dignidad humana.” En
cuanto al caso concreto, amparó los derechos de los reclusos y ordenó tomar
medidas para superar las falencias en el suministro del líquido.[41]
18. Por
último, queda por citar la sentencia T-077 de 2013[42].
Este es el  caso de uno de los internos del Complejo Carcelario y Penitenciario
de Ibagué Picaleña, COIBA, quien aseguró que él y todos sus compañeros solo
recibían agua potable entre 15 y 20 minutos diarios, lo cual evidentemente no
era suficiente para bañarse, lavar su ropa y asear las celdas y los patios. En
esta oportunidad la Corte reconoció que esta es una problemática que ha
afectado durante muchos años a la mayoría de cárceles en el país, de manera que
“el Estado, a través de las autoridades penitenciarias, no ha reconocido el
derecho al agua de los reclusos en sus niveles mínimos esenciales y ha dejado
de lado el hecho de que obligaciones como la de ‘garantizar el acceso a la
cantidad esencial mínima de agua que sea suficiente y apta para el uso personal
y doméstico y prevenir las enfermedades’ son de cumplimiento inmediato y no
pueden alegarse razones presupuestarias para su incumplimiento[43].”
Así las cosas,
la Sala decidió amparar los derechos de los internos, y estimó que las
autoridades carcelarias les debían garantizar un suministro diario y razonable
de agua potable a todos y además, debían proporcionarles los recipientes
necesarios para que pudieran almacenar en sus celdas hasta 5
litros de agua diarios. De igual forma, ordenó al Inpec y a las directivas del
Complejo Carcelario y penitenciario, adoptar “todas las medidas que sean necesarias para garantizar unas condiciones
de salubridad adecuadas, hasta tanto no se ejecute el Plan de Mejoramiento
Integral del Complejo Picaleña. Con este fin podrá hacer uso de diferentes
medidas dependiendo de sus posibilidades logísticas como, por ejemplo, el
arrendamiento de baños portátiles, la reparación de humedades al interior de
las celdas, entre otras.”
19. Resumiendo
el recuento jurisprudencial realizado, es posible concluir que la
Corte Constitucional ha construido una línea bastante pacífica y reiterada
sobre la fundamentabilidad del derecho al agua de las personas que se
encuentran recluidas en prisión, así como su importancia para la garantía de
una vida en condiciones dignas. Esto, con base en la relación de especial
sujeción que existe entre los internos y el Estado, de la cual se derivan
obligaciones específicas en cabeza de este último, una de las cuales es
suministrar de manera continua y preferente cantidades de agua suficientes y
con una óptima calidad, para que los presos puedan vivir en condiciones dignas,
esto es, que no padezcan sed, puedan asearse a sí mismos, lavar su ropa y
mantener sus celdas y patios en condiciones de higiene aceptables. Para lograr
estos objetivos, ha optado por dar varios tipos de soluciones como la
realización de obras de infraestructura hídrica, el suministro de agua mediante
carro tanques, el aprovisionamiento temporal de envases para el almacenamiento
de agua, entre otros; así mismo, ha sido clara al establecer que las cárceles,
por ser un tipo de establecimiento especialmente protegido (al igual que los
colegios y hospitales) no pueden ser privadas de los servicios públicos de
acueducto y energía, bajo ninguna circunstancia, incluso si hay mora en el pago
de las facturas.
- El derecho
fundamental a la salud de las personas que se encuentran recluidas en
establecimientos penitenciarios y carcelarios. Breve reiteración de
jurisprudencia.[44]
20. La salud, al igual que el
agua, es un elemento esencial para el desarrollo de los derechos a la vida, a
la integridad personal y a la dignidad humana, por ello, actualmente no cabe
duda de su carácter fundamental[45].
Por lo tanto, su prestación se rige por los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, y debe ser garantizado a toda la población
colombiana sin ninguna distinción.
21. En el caso de quienes se
encuentran privados de la libertad, es el Estado en virtud de la ya mencionada
relación de especial sujeción[46]
y, a través de sus autoridades carcelarias, el encargado de garantizar este
derecho a quienes se encuentran bajo su custodia.[47]
22. En la sentencia T-825 de 2010[48],
la Corte señaló que el derecho a la salud de quienes se encuentran privados de
la libertad tiene tres ámbitos de protección, que como se dijo, deben ser
garantizados por el Estado: (i) brindar atención integral y oportuna a las
necesidades médicas del interno, (ii) velar por la integridad física del
recluso al interior del establecimiento carcelario y, (iii) asegurar unas
adecuadas condiciones de higiene, seguridad, salubridad y alimentación al interior
de todos los establecimientos carcelarios. De esta forma es claro que el deber
de protección a la salud del Estado frente a los reclusos, tiene que hacerse de
manera oportuna, eficiente y efectiva, y además, comprende tanto la atención
médica, quirúrgica, hospitalaria y terapéutica, así como los exámenes que sean
necesarios para poder ser diagnosticados. También es importante señalar que, la
garantía del derecho fundamental a la salud es, así mismo, un requisito
necesario para poder cumplir con el fin resocializador de la pena.
23. Ahora bien, si la atención
que necesitan los internos no puede ser prestada en el establecimiento
penitenciario en el que se encuentran cumpliendo la pena, las directivas tienen
la obligación de remitir, a los reclusos a los profesionales de la salud que
requieran, sin interponer trabas administrativas o económicas para lograr su
satisfacción.
En concordancia con lo anterior,
la prestación del servicio de salud para la población penitenciaria se
encuentra regulada en el artículo 104 de la ley 65 de 1993, modificado por el
artículo 65 de la ley 1709 de 2014, que dispone:
ARTÍCULO 104. ACCESO A LA
SALUD. <Artículo
modificado por el artículo 65 de la
Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> Las personas privadas de
la libertad tendrán acceso a todos los servicios del sistema general de salud
de conformidad con lo establecido en la ley sin discriminación por su condición
jurídica. Se garantizarán la prevención, diagnóstico temprano y tratamiento
adecuado de todas las patologías físicos o mentales. Cualquier tratamiento
médico, quirúrgico o psiquiátrico que se determine como necesario para el
cumplimiento de este fin será aplicado sin necesidad de resolución judicial que
lo ordene. En todo caso el tratamiento médico o la intervención quirúrgica
deberán realizarse garantizando el respeto a la dignidad humana de las personas
privadas de la libertad.
En
todos los centros de reclusión se garantizará la existencia de una Unidad de
Atención Primaria y de Atención Inicial de Urgencias en Salud Penitenciaria y
Carcelaria.
Se
garantizará el tratamiento médico a la población en condición de discapacidad
que observe el derecho a la rehabilitación requerida, atendiendo un enfoque
diferencial de acuerdo a la necesidad específica.
24. Para finalizar, cabe señalar
que, tanto el Sistema Interamericano de Protección de los derechos humanos,
como el Universal, han señalado la importancia del respeto por el derecho a la
salud de quienes se encuentran privados de la libertad, y la responsabilidad
del Estado en su garantía. Así pues,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha
enfatizado que “es uno de los más importantes predicados de la
responsabilidad internacional de los Estados en relación a los derechos humanos
el velar por la vida y la integridad física y mental de las personas bajo su
custodia” [Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso Tames contra
Brasil, 1999, párrafo 39], de igual forma, el Comité de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas ha explicado que “la obligación de tratar a las personas con
el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, comprende, entre otras
cosas la prestación de cuidados médicos adecuados” [Comité de Derechos
Humanos, caso Nelly (Paul) c. Jamaica, párrafo 5.7, 1991], y que “incumbe a
los Estados garantizar el derecho a la vida de los detenidos y no a éstos
solicitar protección. (…) Corresponde al Estado parte, mediante la organización
de sus centros de detención, tener un conocimiento razonable de estado de salud
de los detenidos. La falta de medios financieros no puede atenuar esa
responsabilidad.”[Comité de Derechos Humanos, caso Lantsova c. la
Federación de Rusia, párrafo 9.2, 2002][49]
- El derecho a la integridad
personal. El estándar internacional de prohibición de tortura y tratos crueles,
inhumanos o degradantes.
25. De acuerdo con las
consideraciones que fueron expuestas previamente en los numeras 7 y 7.1,
nuestra constitución prohíbe expresamente en su artículo 12 el sometimiento de
cualquier persona a tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esto es
así, porque el respeto por la dignidad humana es el principio sobre el cual se
basa todo nuestro ordenamiento jurídico, que además, garantiza la protección a
la integridad de todas las personas. Para abordar el estudio de este tema, en
primer lugar la Sala se referirá a la tortura y luego, a los tratos crueles
inhumanos y degradantes.
26. En
la sentencia C-148 de 2005, a propósito del control de constitucionalidad de
los artículos 101,137 y 178 de la ley 599 de 2000, “Por
la cual se expide el Código Penal”, esta Corte se refirió a la prohibición
de todas las formas de tortura de la siguiente manera:
“Ha recordado la
Corte  que el objetivo de prevenir y sancionar la tortura, se erige para los
Estados y las sociedades democráticas en un imperativo ético y jurídico, en
tanto dicha práctica contradice la condición esencial de dignidad del ser
humano, su naturaleza y los derechos fundamentales que se predican inherentes a
la misma, por lo que la misma está expresamente proscrita en el ordenamiento
internacional[50].”
26.1 Ahora bien, algunos de los
instrumentos internacionales que han proscrito la tortura  taxativamente son: i) el artículo 5º de la
Declaración Universal de Derechos Humanos[51],
ii) el artículo 7º del Pacto Internacional de Derechos civiles y
políticos[52],
iii) el artículo 5.2. de la
Convención Americana de Derechos Humanos[53],
iv) el artículo I de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre[54],  v) el artículo 3°, común a
los Convenios de Ginebra, relativo a la protección contra la tortura en
personas protegidas por el derecho internacional en caso de conflicto armado[55], entre otros.
26.2 A pesar de los múltiples tratados que
incluyen la prohibición de todas las formas de torta, actualmente no existe una
definición única, indiscutible y constante de la misma. Sin embargo, algunos
instrumentos internacionales enfocados más exclusivamente al tema, incluyen una
enunciación de lo que constituye tortura. Por lo tanto, es importante
conocerlos para poder llegar a una conclusión de lo que puede o no ser un acto
de tortura. A continuación mencionaremos brevemente algunos de ellos, siguiendo
lo expuesto sobre esta materia en la sentencia C-148 de 2005[56].
La Declaración de la
Asamblea General de las Naciones Unidas de 1975, sobre la protección de todas
las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, definió la tortura en su primer artículo de la siguiente forma:
“Artículo
1.
1.
A los efectos de la presente Declaración, se entenderá por tortura todo acto
por el cual un funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija
intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o
mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una
confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha
cometido, o de intimidar a esa persona o a otras. No se considerarán tortura
las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la privación
legítima de la libertad, o sean inherentes o incidentales a ésta, en la medida
en que estén en consonancia con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los
Reclusos”.
Por su
parte, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes[57]
del  10 de diciembre de 1984, -aprobada  en Colombia por la ley 170 de 1986-
señaló:
“Artículo 1
1. A los
efectos de la presente Convención, se entenderá por el término
"tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una
persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin
de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla
por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o
coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier
tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos
por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones
públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se
considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia
únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a
éstas.
2. El presente
artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o
legislación nacional que contenga o pueda contener disposiciones de mayor
alcance.”
Más
adelante, la
Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura suscrita
en la ciudad de Cartagena de Indias el 9 de diciembre de 1985 y aprobada mediante la ley 409 de 1997 definió dicha
conducta  de la siguiente manera:
“Artículo 2
Para los efectos
de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado
intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos
físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio
intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con
cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una
persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a
disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o
angustia psíquica.
No estarán
comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o
mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a
éstas, siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de
los métodos a que se refiere el presente artículo.”
Y,
finalmente, el Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional[58]
del 17 de julio de 1998   aprobado mediante la
Ley 742 de 2002, incluye la siguiente definición de tortura:
Artículo 7   Crímenes de lesa humanidad
1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por
"crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando
se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una
población civil y con conocimiento de dicho ataque:
f) Tortura; (…)
2. A los efectos del párrafo 1:
e) Por "tortura" se entenderá causar
intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una
persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se
entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de
sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas;
26.3 Como se ve, si bien las
definiciones reseñadas tienen algunos puntos en común, todas son distintas. En
consecuencia, es necesario elegir una para tener claro cuál es el concepto a
partir del cual se analizarán los hechos puestos en consideración de la
Corte. Sobre el particular, la Sala reitera la posición  expuesta en la
sentencia C-148 de 2005:
“Para los
efectos de la presente sentencia cabe señalar que, como ya lo explicó la
Corte en la Sentencia C-1076 de 2002[59],  el instrumento
internacional  a tomar en cuenta, en virtud de la aplicación en esta materia
del principio pro homine que impone que siempre habrá de preferirse la hermenéutica que resulte menos
restrictiva de los  derechos establecidos en ellos, es el que
se contiene en la
Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura.
Téngase en
cuenta al respecto que  dicha Convención no solamente es el texto que mayor
protección ofrece a los derechos de las personas  víctimas de tortura  sino
que  los demás instrumentos internacionales a que se ha hecho referencia  dejan
claramente a salvo la aplicabilidad de la referida Convención Interamericana.
Así, el numeral
2 del artículo 1°  de la  Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes  señala que
dicho artículo en que se define lo que se entiende por tortura para dicha
Convención  suscrita  antes de la
Convención Interamericana “se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento
internacional o legislación nacional que contenga o pueda contener
disposiciones de mayor alcance”. Es decir que el texto de la
Convención Interamericana prima en esas circunstancias.
A su vez  el artículo 10  del Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional señala que “Nada de lo dispuesto en la presente
parte[60]
se interpretará en el sentido de que limite o menoscabe de alguna manera las
normas existentes o en desarrollo de derecho internacional para fines distintos
del presente Estatuto”. Es decir que el hecho de que en dicho estatuto -cuya
aprobación por Colombia es la más reciente- figure una disposición que no es
coincidente con  la definición de tortura establecida en la
Convención Interamericana, en nada impide que se tome en cuenta el contenido
más garantista que se establece en la referida Convención en  cuanto al delito
de tortura.
27. Por otra parte, la
prohibición de someter a las personas a tratos crueles inhumanos o degradantes,
consagrada como un derecho fundamental en el ya citado artículo 12 de la
Constitución Política de Colombia, está consignada también en la
Declaración Universal de Derechos Humanos[61],
en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[62], en la
Convención Americana de Derechos humanos[63],
así como en otros instrumentos internacionales más específicos que citamos
previamente, como la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la
Convención Interamericana para prevenir y sancionar la
Tortura. Todos estos tratados son claros al establecer que esta prohibición no
admite ningún tipo de excepción, lo cual “ha llevado a la comunidad
internacional a reconocer que se trata de una norma de ius cogens, es decir, de
un mandato imperativo de derecho internacional que no admite acuerdo en
contrario, excepciones ni derogaciones por parte de los Estados, quienes están
en el deber inaplazable e ineludible de dar cumplimiento a sus obligaciones en
la materia[64].”[65]
27.1
Pues bien, en primer lugar, se advierte que al igual que el concepto de
tortura, la definición concreta de lo que constituye un trato cruel inhumano o
degradante aún no ha sido establecida por ninguno de los tratados que se acaban
de mencionar.
Sin
embargo, a partir del estudio de las decisiones y pronunciamientos de algunos
organismos y tribunales internacionales de derechos humanos es posible
concretar en qué consiste esta prohibición.
El
Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sostuvo en su Observación
General No. 20 de 1992 que “la finalidad de las disposiciones del
artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es proteger
la dignidad y la integridad física y mental de la persona”, y que “la
prohibición enunciada en el artículo 7 se refiere no solamente a los actos que
causan a la víctima dolor físico, sino tambien a los que causan sufrimiento
moral” [66].
Por su parte, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Luis Lizardo
Cabrera contra la República Dominicana[67],
precisó que ni la
Convención Americana de Derechos Humanos ni la
Convención de las Naciones Unidas contra la
Tortura establecen qué debe entenderse por trato inhumano o degadante, ni
dónde se encuentra el límite entre éstas actuaciones y la tortura; “sin
embargo, recogiendo algunas definiciones adoptadas por los organismos europeos
de derechos humanos, se estableció que (a) el trato inhumano es aquel que causa
un sufrimiento físico, mental o psicológico severo, por lo cual resulta
injustificable, y (b) el trato degradante es aquel que humilla gravemente al
individuo frente a los demás, o le compele a actuar en contra de su voluntad.
También se estableció que para adquirir el carácter de inhumano o degradante, el
trato en cuestión debe caracterizarse por un nivel mínimo de severidad, cuya
evaluación es relativa y depende del caso concreto, en particular de
circunstancias tales como su duración, los efectos físicos y mentales que
genera, y el sexo, la edad y la salud de la víctima. En este orden de ideas, la
distinción entre la tortura y estos otros tratos proscritos depende
principalmente de su nivel de gravedad.”
En el desarrollo del caso de Luís
Lizardo Cabrera, la
Comisión Interamericana se refiere a su vez, a la
Comisión Europea de Derechos Humanos, que ha sostenido que "trato inhumano es aquel que
deliberadamente causa un severo sufrimiento mental o psicológico, el cual, dada
la situación particular, es injustificable" y que "el tratamiento o
castigo de un individuo puede ser degradante si se le humilla severamente ante
otros o se lo compele a actuar contra sus deseos o su conciencia"[68]. De igual forma, señaló que la
Corte Europea de Derechos Humanos ha dicho al respecto:
“[P]ara que un
tratamiento sea ‘inhumano o degradante tiene que alcanzar un nivel mínimo de
severidad.  La evaluación de
este nivel mínimo es relativa, depende de las circunstancias de cada caso, como
la duración del tratamiento, sus efectos físicos y mentales y, en algunos
casos, el sexo, la edad y el estado de salud de la víctima.  La
Corte Europea ha expresado, además, que la prohibición de la tortura y los
tratos inhumanos o degradantes es absoluta, cualquiera que sea la conducta de
la víctima.[69]
79.     En relación a la diferencia conceptual
entre el término "tortura" y "trato inhumano o degradante",
la Comisión Europea de Derechos Humanos ha indicado que el término "
tortura" comprende el de "trato inhumano" y éste a su vez el de
"trato degradante"[70] y que la tortura es un
"tratamiento inhumano que tiene un propósito, el de obtener información o
confesiones, o infligir castigo y es generalmente una forma agravada de
tratamiento inhumano"[71].
80.
Para la
Corte Europea de Derechos Humanos el criterio esencial que permite distinguir
entre uno y otro concepto "deriva principalmente de la intensidad del
sufrimiento infligido"[72]-[73] ”. [74]
De manera similiar, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado otros elementos que
contribuyen a delimitar el campo de aplicación de esta prohibición. En el caso
de Loayza Tamayo contra Perú[75],
se aclaró que la violación del derecho a la integidad física y psicológica de
las personas es una categoría que abarca tratos con distintos niveles de
severidad, que van desde la tortura, hasta diversos tipos de humillaciones y
tratamientos crueles, inhumanos o degradantes, con distintos niveles de
perturbación física y psicológica para los afectados. En el caso analizado
señaló que “la incomunicación durante la detención, la exhibición pública
con un traje infamante a través de medios de comunicación, el aislamiento en
celda reducida, sin ventilación ni luz natural, los golpes y otros maltratos
como el ahogamiento, la intimidación por amenazas de otros actos violentos, las
restricciones al régimen de visitas (supra, párr. 46 c., d., e., k. y l.),
constituyen formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes en el sentido del
artículo 5.2. de la
Convención Americana. (…)”
Ahora bien, la
Comisión y la Corte Europea de Derechos humanos, han definido dos principios
que guían la interpretación de la prohibición de la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes, estos son (i) el nivel mínimo de
gravedad y (ii) la apreciación relativa de ese mínimo. Según el primero para
que un trato pueda ser considerado inhumano o degradante debe sobrepasar un
determinado grado de severidad, y ese umbral permite también distinguir entre
tortura y tratos crueles inhumanos o degradantes. Al respecto, esta Corte en la
sentencia T- 741 de 2004, señaló:
“El primer umbral fue
delimitado mediante la definición aportada por la
Comisión Europea en los “Casos Griegos” [76]y por la
Corte en el caso de Tyrer vs. Reino Unido[77],
según la cual un “trato inhumano” es todo aquel que provoca
voluntariamente en la víctima sufrimientos físicos o mentales de una intensidad
particular, mientras que la calificación de “tortura” se reserva a los
tratamientos inhumanos deliberados que provocan sufrimientos especialmente
graves y crueles, caracterizados por la búsqueda de un fin determinado.
(definición de tortura que guarda coherencia con la que se consagró en la
Convención de las Naciones Unidas contra la
Tortura). Por su parte, el segundo umbral de gravedad –que separa los tratos
inhumanos de los tratos degradantes- fue trazado por la
Corte Europea en el asunto Tyrer, recién citado, donde se definió el “trato
degradante” como aquel que humilla groseramente al individuo frente a sí mismo
o frente a otros, o le obliga a actuar en contra de su voluntad o de su
conciencia. De otra parte, el criterio de la apreciación relativa ha
permitido a la Corte Europea de Derechos Humanos evaluar la gravedad de los
actos que se acusan de ser inhumanos o degradantes desde una perspectiva
sensible al contexto específico de cada caso, para efectos de clasificarlos
bajo una de las tres categorías del artículo 3 de la
Convención Europea, dependiendo de cuál umbral de gravedad traspasen. La
apreciación relativa del umbral de gravedad depende del conjunto de hechos que
se presenten al tribunal competente para que éste decida; en la práctica, según
han explicado algunos doctrinantes este criterio de apreciación es doblemente
relativo, porque el conjunto de elementos del caso incluye tanto parámetros
internos como externos al mismo: (i) los parámetros internos se refieren a la
naturaleza y contexto del trato o pena estudiado, así como sus modalidades de ejecución,
su duración, sus efectos físicos y mentales, y a veces el sexo, edad y estado
de salud de la víctima; (ii) los parámetros externos se refieren al contexto
sociopolítico en el cual se inscribe el caso; son pautas sociológicas que
permiten tener en cuenta la evolución de las sociedades democráticas, y
resultan determinantes para la apreciación relativa del umbral de gravedad.
27.2 Por otra parte, en
aplicación a las reglas que se acaban de mencionar, esta Corte en la sentencia T-1030
de 2003[78],
revisó el caso de los internos del
Pabellón de Máxima Seguridad de Cómbita (Boyacá), quienes denunciaron entre
otras cosas, que el mismo día en que llegaban al pabellón eran sometidos a un
proceso de rapado de sus cabezas, y les obligaban a portar el mismo uniforme
tanto a sindicados como condenados, el cual tenía manga corta de manera que no
era apropiado para el clima del lugar en el que se encontraban recluidos. La
Corte sostuvo que tal corte de pelo constituía un trato cruel y degradante,
pues afectaba desproporcionalmente los derechos a la dignidad humana y a
la identidad personal de los reclusos, situación que se veía agravada con las
bajas temperaturas del lugar.
De igual forma, en la sentencia T-648
de 2005[79],
estudió un caso en el que un recluso del Complejo Penitenciario Y Carcelario De
Mediana Seguridad De Combita, había sido sometido a aislamiento durante 6 meses
consecutivos, como una medida supuestamente de seguridad preventiva, dada su
participación en una riña. Mediante una visita realizada al lugar de reclusión,
se logró comprobar que la celda en la que permaneció tenía peores condiciones
que las del resto de reclusos, y que permaneció completamente aislado e
incomunicado de su familia y en general del mundo exterior. En esta medida, la
Corte sostuvo que el accionante fue víctima de un trato cruel y degradante en
los siguientes términos:
Claramente lo que se aprecia como sucedido en
este caso, es la imposición de una sanción bajo el nombre de medida de
seguridad, enmarcándose tal proceder dentro de la situación típica relacionada
por la Procuraduría de que el aislamiento como medida de seguridad con una
prolongada duración,  deviene en una forma de trato cruel y degradante
para la persona que lo padece. En el presente caso,  es difícil, dado el
tiempo exagerado en  el  cual el accionante permaneció en aislamiento
saber si ésta circunstancia realmente obedeció a “seguridad,” castigo,
prevención o sanción; lo que sí es dable advertir  es que  luego de
un tiempo razonable en período de aislamiento,[80]la
medida  pierde el carácter de urgencia, inmediatez y contingencia. Las
autoridades accionadas insisten en que en la
Cárcel de Mediana Seguridad no existe formalmente la aplicación del
aislamiento como sanción, sin embargo, no otra puede ser  la consideración
luego de 6 meses en condiciones peores que las del resto de reclusos.
(…)
- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha
considerado que para apreciar la existencia de tratos inhumanos y degradantes,
es necesario que ésos “acarreen sufrimientos de una especial intensidad, o
provoquen una humillación o sensación de envilecimiento que
alcance un nivel determinado, distinto y superior al que suele llevar aparejada
la imposición de la condena”[81]. En el
presente caso, la imposición de la medida de aislamiento por 6 meses para
conjurar los efectos de una riña,  desborda la consecución de un fin
legítimo[82],
como lo es el mantenimiento de la seguridad y del orden en el establecimiento
carcelario, como quiera que el mismo objetivo se puede alcanzar empleando un
medio menos gravoso para la dignidad humana, como  lo es, en el presente
asunto, el cambio de celda, el traslado del detenido a otro centro de
reclusión, o simplemente, la medida de aislamiento por el tiempo estricto en
que se conjure la crisis y transcurran el tiempo y las ocasiones de peligro.
28. En síntesis, la prohibición
de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, genera
en cabeza del Estado colombiano una serie de responsabilidades, de prevención
pero también de investigación y garantías de no repetición frente a las
víctimas. En cuanto a la diferencia entre cada una de estas categorías, varios
organismos internacionales han creado una especie de escalera para el efecto.
Así, el nivel más alto de gravedad acompañado con un objetivo determinado
respecto de la persona es considerado como tortura. En cuanto a los tratos
crueles inhumanos o degradantes, para que puedan configurarse deben superar un
nivel de severidad para poder ser considerados como tal, en donde las
circunstancias de tiempo, modo y lugar, en conjunto con las características
personales de la víctima serán factores determinantes. En todo caso, se trata
de conductas que humillan a la persona frente a sí misma o frente a otros, que
la obligan a actuar en contra de su voluntad.
29. Habiendo terminado de exponer
los fundamentos jurídicos y jurisprudenciales sobre la relación de especial
sujeción que existe entre el Estado y quienes se encuentran privados de la
libertad, y la responsabilidad que tienen las autoridades carcelarias en virtud
de ese vínculo de garantizar el respeto por la dignidad humana, recordando
siempre que existe una prohibición de utilizar penas o tratos crueles inhumanos
y degradantes; y que especialmente, deben asegurar un abastecimiento continuo y
suficiente de agua potable, así como una correcta atención en salud, la
Sala pasará a estudiar el caso concreto.
13. Análisis del caso en
concreto.
30. El caso a resolver en esta
oportunidad es el de los reclusos que se encuentran viviendo en la
Cárcel de mediana y alta seguridad de Valledupar, quienes desde hace varios
años, han tenido que permanecer en dicho lugar sin un adecuado suministro de
agua potable, soportar retaliaciones por llevar a cabo huelgas de hambre, así
como la realización de repentinos ataques con gas lacrimógeno en sus celdas. De
igual forma, se quejan de la falta de atención en salud, de la ausencia de
posibilidades de trabajo para redimir la pena, así como de educación y, en
general de los malos tratos a los que son sometidos constantemente por parte de
los guardias del Inpec.
31. La directora del
Establecimiento Penitenciario aseguró que los problemas en el suministro de
agua son consecuencia de las acciones de los presos pues obstruyen las tuberías
con implementos que impiden el paso del agua, también afirmó que las directivas
de la Cárcel se reunieron con la
Gobernación, la Secretaría de Gobierno Municipal, la
Procuraduría y la Defensoría del Pueblo y acordaron, que la
Secretaría de Gobierno en conjunto con el gerente de Emdupar y el
representante de obras civiles del Inpec, solicitarán al contratista el cambio
del macromedidor. De igual forma, reseñó la creación de un llamado “plan de
choque”[83]
con el cual se pretendía dar solución a todas las demás quejas presentadas en
la acción de tutela.
32. Por su parte, Emdupar[84],
respondió a la acción de tutela afirmando que no es cierto que en la
Cárcel de Valledupar tenga problemas de suministro de agua, pues han realizado
todas las obras necesarias para brindar un normal abastecimiento del líquido al
interior del penal.
33. En este contexto corresponde
a la Sala establecer si la situación que aqueja a los internos de la
Cárcel de mediana y alta seguridad de Valledupar, constituye una vulneración a
sus derechos a la vida en condiciones dignas, a la salud y al agua potable. Con
el ánimo de abordar dicha tarea, la Sala dividirá en 4 partes el análisis del
caso, primero, mencionará brevemente la historia de la
Cárcel de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar en la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, segundo, reseñará la situación actual del
establecimiento de acuerdo con el material probatorio recaudado durante el
trámite de revisión. Tercero, analizará los problemas encontrados, y cuarto,
explicará las ordenes que serán impartidas.
-
La Cárcel de Mediana y Alta Seguridad en la jurisprudencia de la
Corte Constitucional.
34. En primer lugar, para la
Sala es claro que las denuncias sobre la grave vulneración de los derechos
humanos al interior de la penitenciaría de mediana y alta seguridad de
Valledupar no son nuevas, por el contrario, varios han sido los pronunciamientos
judiciales, incluso de esta Corporación, sobre ese establecimiento
penitenciario en específico:
35. En la sentencia T-702 de 2001[85],
la Corte conoció el régimen disciplinario de la
Cárcel de Valledupar a través de la revisión de una tutela interpuesta a tan
solo 5 meses de haber sido inaugurada, en la cual un interno denunció las
requisas que les hacían al interior de la misma, que consistían en desnudar al recluso, obligarlo a agacharse o hacer flexiones de
piernas y mostrar sus partes íntimas a la guardia. El fallo señaló la
importancia del respeto por la dignidad humana de las personas que se
encuentran privadas de la libertad y reiteró que por ninguna circunstancia
pueden ser sometidas a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, afirmó
entonces, que la requisa mencionada vulneraba la dignidad de los internos. De
igual forma, recordó que el fin principal de la pena es la resocialización del
interno, razón por la que ordenó además de prohibir las requisas, que se le “ofrecieran
al actor oportunidades de trabajar y
participar en las actividades culturales y educativas tendientes a su
resocialización”.
35.1 Ese mismo
año, fue proferida la sentencia T-1308 de 2001,
M.P. Clara Inés Vargas Hernández, en la cual un interno de la
Cárcel de mediana y alta seguridad de Valledupar, solicitó el amparo a su
dignidad humana pues siempre era trasladado con esposas incluso al interior del
penal. De igual forma denunció que debido a los malos tratos recibidos por la
guardia del establecimiento, algunos internos llevaron adelante una huelga de
hambre, que fue reprimida enviándolos a los “calabozos” sin respeto por la
garantía del debido proceso. En este caso, también se mencionó la ausencia de
agua continua en el establecimiento; sin embargo, la
Corte no tuteló los derechos del accionante pues no encontró evidencia
suficiente de que la situación informada ameritara un amparo constitucional.
35.2 Posteriormente, en la
sentencia T- 693 de 2007[86],
la Corte tuteló nuevamente el derecho a la dignidad humana de los reclusos del
Establecimiento de mediana y alta seguridad de Valledupar, así como la
prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, principalmente porque
desde dos años atrás no recibían la dotación necesaria para alimentarse, así
que comían en recipientes improvisados, como tarros de gaseosa y bolsas
plásticas, que no cumplían con las mínimas normas de higiene. La
Sala de revisión encontró también que a pesar de que en el año 2001 se había
interpuesto una acción popular para que el establecimiento penitenciario
contara con agua de manera continua durante las 24 horas del día, la ausencia
del líquido persistía generando así un riesgo para la salud de los internos.
Entonces, la Sala estimó que si bien el tema de la ausencia de agua no había
sido planteado en las pretensiones de la acción de tutela, no podía pasar por
alto tal situación y por lo tanto emitió algunas órdenes al respecto[87].
35.3 Adicionalmente, cabe
recordar que tal como fue reseñado previamente en los antecedentes del caso y
en el acápite de pruebas (ver numeral 4.20 del acápite de pruebas), en el 2003,
en el Tribunal Administrativo del Cesar falló a favor de la comunidad
carcelaria del establecimiento demandado una acción popular en la que le ordenó
la construcción de un tanque para el almacenamiento de agua potable, porque
desde el momento de la entrada en funcionamiento del mismo, se presentaban
fallas en el suministro de agua potable, además de las múltiples acciones de
tutela que afirmó haber interpuesto la
Defensoría del Pueblo, referentes al servicio de salud en el penal.
- La situación actual
de la Cárcel de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar, “La
Tramacúa”. Resultado de la visita hecha por la
Defensoría del Pueblo.
36. Aunado a lo anterior, gracias
a la visita realizada por la comisión de la
Defensoría del Pueblo el 28 de septiembre de 2012, liderada por el propio
defensor Jorge Armando Otálora Gómez[88],
la Sala pudo constatar que la situación que vienen denunciado los reclusos
desde los primeros meses de funcionamiento de la
Cárcel de mediana y alta seguridad de Valledupar, no ha sido superada, las
falencias en el suministro del agua continúan, no hay garantías de que los
alimentos que les suministran sean aptos para el consumo humano, así como de
una atención médica oportuna y, no han disminuido las quejas por malos tratos y
la ausencia de investigaciones disciplinarias pertinentes.
Así, en el acta que contiene los
resultados de la visita la Defensoría del Pueblo afirmó:
– Se pudo
constatar que en las celdas que están ubicadas en las plantas superiores de las
torres, pisos 2, 3, 4 y 5, no reciben agua a ninguna hora del día, ni de la
noche, además esto también es informado por los internos consultados y por los
mismos funcionarios administrativos.
-  Únicamente se
entrega agua a los reclusos en los primeros pisos, de la siguiente manera:
cuando los internos permanecen en la planta baja o patios de las torres se les
suministra el agua dos o tres veces al día, en periodos de 20
a 30 minutos, -en la mañana, en la tarde comentan los internos-. Es en estos
momentos cuando deben almacenarla en recipientes plásticos y subirla
diariamente hasta cada uno de los pisos para sus respectivas celdas, con el
agravante que muchos de estos recipientes están cubiertos internamente con lama
blanca y verde, que sin lugar a dudas puede afectar la salud de las personas
privadas de la libertad en este lugar.
-  Así mismo, se
deja constancia que en el momento de la diligencia se evidencia un marcado
desaseo y acumulación de basuras y excretas, presencia de moscas en algunos
pasillos, áreas comunes y zonas verdes, especialmente en la torre No. 2.
(…)
-  Los internos
duermen en colchonetas de espuma, que en su mayoría están deterioradas y
algunos reclusos no cuentan con esta, por lo cual deben dormir colocando una
sábana encima de la plancha de cemento.
-  De la misma
manera la red eléctrica no escapa a estas condiciones, no existen plafones,
interruptores, tomacorrientes, ni bombillos en un alto porcentaje de las celdas
y los pasillos; para obtener energía los reclusos hacen instalaciones
artesanales que representan grave riesgo para su vida.
(…)
-  En varias celdas
no existe taza sanitaria, ni los lavaderos, duchas y grifos, y en las celdas
que aún se encuentran están deteriorados. Igual ocurre en los patios. Además,
el estado de limpieza es regular. Se deja constancia  que varios internos
manifiestan que la temperatura frecuente en esa región del país es de 38
a 42 grados, por lo cual en los patios cuando llega el agua por espacio de 20
a 30 minutos, solo dos veces al día, algunos internos rompen y quitan las
llaves de paso y hacen lo que sea necesario con el fin de poder acceder todos
(más de 100 internos por patio) para recoger el agua dedicada a sus diferentes
necesidades diarias, como bañarse, consumir, lavar ropa, lavar los baños e
instalaciones, entre otras.
Sobre el “Área de Atención
Especial”, en donde se encuentran recluidos varios internos por razones de
seguridad, la Defensoría informó:
-  En el momento de
la visita se encuentran 15 internos de los cuales varios hace más de 7 años se
encuentran recluidos en este sitio.
-  Manifiestan los
internos recluidos en este lugar que hay presencia de zancudos, moscas,
cucarachas y en muchas oportunidades alacranes al parecer como consecuencia de
estar situado cerca de la granja y a un criadero de peces y de pollos.
-  Que solo les
otorgan diariamente -de lunes a viernes- una hora de sol en un sitio que tiene
techo, por lo cual los fines de semana están encerrados en sus celdas las 24
horas del día. Agregan que salen una vez al mes a la cancha de fútbol.”[89]
37. Ahora bien, en el auto que le
solicitó a la Defensoría del Pueblo visitar la
Cárcel, se le pidió que además de dar respuesta al cuestionario allí
planteado, le brindara a la Sala cualquier otro tipo de información que
considerara relevante para la definición del caso. En este sentido, manifestó
el Defensor que la entidad ha hecho un especial seguimiento a la sentencia
T-693 de 2007, relacionada con el suministro de agua en dicho establecimiento
penitenciario y lo que ha encontrado es que no se ha acatado lo allí dispuesto.
37.1 La
Defensoría remitió un informe sobre el cumplimiento de la sentencia T-693 de
2007[90],
el cual da cuenta de que se habían realizado varias obras tendientes a superar
la falta de agua dentro del penal, pero éstas solo se llevaron a cabo hasta el
2012. En todo caso, el informe termina asegurando: “se puede concluir que
aunque se han implementado todas las obras de infraestructura por la
Gobernación del Departamento del Cesar y que Emdupar adelantó todas las
diligencias necesarias para entregar las 4
pulgadas de agua en la puerta del establecimiento Penitenciario y Carcelario
de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, esto no se ha traducido en beneficio
alguno para los internos que supere la prolongada situación que desde el 2001
padece la población carcelaria por la falta del suministro de agua, elemento
vital para todo ser humano. Todo lo anterior, porque como los mismos
funcionarios del INPEC lo comunican a través de sus escritos siguen los
racionamientos.”[91]
De igual forma, la
Defensoría remitió un “informe pormenorizado del estado de salubridad
correspondiente a las celdas [sic] el establecimiento penitenciario de mediana
y alta seguridad de Valledupar” realizado por Emdupar, en este, luego de
describir el sistema de tubería y de bombeo con el que cuenta la misma, afirmó
que la mayor irregularidad que encontró es que “las instalaciones
hidrosanitarias internas no existen por cuanto han sido dañadas y eliminadas
por los mismos usuarios, inexplicablemente. Las condiciones de salubridad en
las celdas visitadas son pésimas, siendo notoria la falta de agua y los
servicios sanitarios y equipamiento en su mayoría es deficiente. Es deprimente
el estado general de las celdas y el [sic] deseado imperante.”[92]
38. Pues bien, lo anterior
constituye para la Sala prueba suficiente de que la situación denunciada en la
acción de tutela solo ha sido parcialmente superada, pero los problemas más
graves y persistentes, como son el deficiente suministro de agua para sus
necesidades personales y los tratos crueles, inhumanos y degradantes derivados
de la falta de agua y de las golpizas a las que son sometidos los internos
continúan y no hay una estrategia efectiva y real para corregir tales
deficiencias, ya que evidentemente el plan de choque creado para superar la
difícil situación del penal, en cuanto al respeto de los derechos humanos de
quienes lo habitan no es una medida eficaz ni suficiente, observando su
redacción genérica y la falta de plazos y metas establecidos para dar
cumplimiento a lo que allí fue planteado.
-
Análisis de los problemas encontrados.
39. Las fallas, al parecer
insuperables en el suministro de agua en el establecimiento penitenciario y
carcelario de Valledupar vulnera los derechos fundamentales de quienes se
encuentran allí recluidos a una vida en condiciones dignas, a la salud, además
de convertir la pena privativa de la libertad en dicho lugar en un trato por lo
menos  degradante. Esto es así, porque sin lugar a dudas el agua que les es
suministrada no solo no les alcanza para asear los baños, celdas y así mismos,
sino además porque los recipientes en los que tienen que almacenarla se
encuentran en un estado completamente deplorable y desagradable, llenos de moho
y lama[93],
como consecuencia de los largos años de uso que les han dado.
40.
A la Sala le preocupa la actitud de las directivas del Establecimiento frente
a esta problemática, específicamente la falta de acciones en torno a las
afirmaciones según las cuales en el momento en que inicia el suministro del
líquido los patios se convierten en un lugar caótico, en donde se generan riñas
entre los internos para poder recolectarlo, y el hecho de que a falta de suficientes
recipientes se desperdicia una buena cantidad del mismo. Es importante tener en
cuenta que de acuerdo con las pruebas recaudadas por la
Sala de Revisión, tanto Emdupar como el Municipio han realizado las obras que
se han estimado pertinentes y necesarias para proveer con un caudal aceptable
de agua a la Cárcel, sin embargo, pese a estos esfuerzos, nada al interior de
la misma ha cambiado o mejorado. Los relatos de los reclusos ponen en evidencia
la falta de planeación y ausencia de empoderamiento por parte de las directivas
del establecimiento acerca de la forma en que podría optimizarse el suministro
del agua a los reclusos.
41. También debe esta Sala
señalar, que no es claro si el agua que recogen los reclusos en la hora de la
tarde es solo para el aseo de las baterías sanitarias en sus celdas, o si
además es para su consumo durante las horas de la noche, pues si se tiene en
cuenta el estado de los envases es claro que de consumirse agua allí
almacenada, el riesgo para la salud sería inminente.
De igual forma, actualmente no es
claro si la tubería que conduce el agua al penal ha sido o no parcialmente
intervenida por particulares, pues aunque la directora del establecimiento y
algunos de quienes rindieron testimonio durante la acción así lo afirmaron,
Emdupar dice que no es cierto. También existe información contradictoria entre
lo afirmado por la empresa y las directivas de la
Cárcel, la primera afirma que ya realizó todas las obras de infraestructura
necesarias para que el penal reciba el agua necesaria y suficiente para cubrir todas
las necesidades que tiene, pero la directora del mismo insiste en que
generalmente Emdupar no suministra la cantidad de agua que el penal requiere.
Esta incertidumbre vulnera el derecho a contar con unas cantidades mínimas de
agua potable de la población reclusa.
El hecho de que actualmente se
esté planeando la construcción de un nuevo sistema hidráulico para la
Cárcel demuestra por un lado, que hay serios problemas en el abastecimiento
del líquido y, por otro, que era necesaria una solución estructural para
superar ese problema, que lamentablemente, se da muchos años después de que
éste fuera visibilizado, y posterior la construcción de infructuosos tanques y
pozos de almacenamiento.
Por todo lo anterior, la
Sala tutelará el derecho fundamental de los reclusos a una vida en condiciones
dignas y al agua potable, para lo cual dictará varias ordenes. Pero como la
situación que fue puesta en conocimiento de la
Corte incluye otros aspectos, a continuación se harán algunas apreciaciones
adicionales, pues claramente existe una trasgresión, constante y sistemática de
los derechos fundamentales de la población penitenciaria de la cárcel de
mediana y alta seguridad de Valledupar, por cuenta de las autoridades
encargadas de garantizar sus derechos.
42. Pues bien, un problema
adicional que se desprende de la falta de agua potable continua en el
establecimiento, es el estado de los alimentos que les son suministrados a los
internos y en general la precaria limpieza del área del “rancho” lugar en donde
se prepara la comida. Aunque en los últimos reportes presentados por la
Secretaría de Salud se observan algunas mejoras, lo cierto es que en varias de
las visitas realizadas se encontró presencia de coliformes fecales totales en
las muestras tomadas de los alimentos[94],
de igual forma, trascurrió más de un año para adoptar las recomendaciones en
cuanto a las instalaciones físicas, tal como se ve en el informe de la
Secretaría de Salud Departamental del Cesar, reseñado en el numeral 4.21 del
título de pruebas relevantes aportadas al proceso.
Sobre este punto, vale la pena
recordar que, dentro de la garantía a una vida en condiciones dignas y, del
derecho a la salud, está también el derecho a una alimentación sana y
balanceada, que asegure a los internos unos niveles nutricionales óptimos para
poder desarrollar sus actividades diarias de trabajo y estudio. De forma que,
la provisión de alimentos en mal estado, y la falta de higiene en el lugar que
son preparados, amenazan gravemente los derechos fundamentales de los reclusos
de la Cárcel de Valledupar, a la vida, la salud y la vida en condiciones
dignas.
43. Otro asunto puesto en
conocimiento durante el proceso son las denuncias de los internos sobre la
forma en que interactúa con ellos la guardia del penal, especialmente los
sucesos narrados que incluyen el uso de gases lacrimógenos a altas horas de la
noche en las celdas de los reclusos, las amenazas y en general la manera en que
se relacionan con los funcionarios del Inpec. En este punto es importante
mencionar las graves acusaciones realizadas por la
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, entidad que le
remitió a la Sala una copia del escrito de solicitud de medidas cautelares para
los internos de la cárcel de máxima seguridad de Valledupar a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el cual es evidente la crítica
situación de vulneración de los derechos fundamentales de los internos. Son
muchas las denuncias en éste contenidas, siendo la mayoría de ellas referentes
a golpizas, el uso de gases lacrimógenos, gas pimienta y aislamiento las más
frecuentes[95]
44. Los hechos narrados por los internos, que fueron
puestos en conocimiento de la Sala a través de la
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, constituyen sin duda
alguna una transgresión al ordenamiento jurídico nacional e internacional, pues
tal como se dejó expuesto en la parte motiva de esta sentencia, el respeto por
la dignidad humana de quienes se encuentran privados de la libertad es el pilar
de la relación de especial sujeción entre el Estado y los reclusos.
Pero además, debe también
mencionar la Sala, lo afirmado por el Senador Iván Cepeda, en el informe
rendido del 23 de junio de 2011[96],
en el que señaló que existen múltiples denuncias presentadas por los internos
que manifiestan ser víctimas de torturas, tratos crueles y degradantes por
parte de los guardias del Inpec, siendo dicha cárcel la que más presenta
denuncias. Dijo que a marzo de 2011 había en total 690 denuncias por tortura, y
que de acuerdo con algunos datos de la
Defensoría del Pueblo, dicha entidad “tramitó durante el 2010 y lo que va
corrido de este año al menos 46 quejas por tratos crueles de parte de los
guardias hacia los internos. Por su parte la
Fiscalía General de la Nación reporta un total de 56 denuncias penales por
esta razón.”
En consecuencia, la
Sala considera que los tratos a los que han sido sometidos los internos de la
Cárcel de Valledupar evidentemente son, por lo menos, tratos crueles y
degradantes que les han causado un sufrimiento físico y síquico. No es una
coincidencia entonces que la Cárcel de Valledupar sea considerada por ellos como
una “cárcel de castigo”, y que a menudo se refieran a ella como “La
Tramacúa”. Además, existe una evidente omisión de la obligación de
investigación y sanción por estos hechos por parte de las autoridades carcelarias.
45. Debe la Sala recordar que, la ley 65 de 1993,
reformada en algunos de sus artículos por la ley 1709 de 2014, Código
Penitenciario y Carcelario, dispone unos deberes específicos para los
guardianes de las cárceles, quienes si bien tienen que actuar con firmeza para
mantener la disciplina al interior de las cárceles ya que el régimen carcelario
debe ser estricto, no pueden pasar por alto este principio. El artículo 44 del
Código Penitenciario y Carcelario establece en su literal g), que los miembros
del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria tienen el deber de “[m]antener la disciplina con firmeza, pero
sin más restricciones de las necesarias, para conservar el orden en el
establecimiento penitenciario o carcelario.”, de igual forma, el artículo 45 ibídem., en el que están
contempladas las prohibiciones, establece en su literal g) que los guardias
penitenciarios no pueden “(i)nflingir castigos a los internos, emplear con
ellos violencia o maltratamientos;”
A su turno, el artículo
143 de la misma ley señala explícitamente:
ARTICULO 143. TRATAMIENTO PENITENCIARIO. El
tratamiento penitenciario debe realizarse conforme a la dignidad humana y a las
necesidades particulares de la personalidad de cada sujeto. Se verifica a
través de la educación, la instrucción, el trabajo, la actividad cultural,
recreativa y deportiva y las relaciones de familia. Se basará en el estudio
científico de la personalidad del interno, será progresivo y programado e
individualizado hasta donde sea posible.
46. Así pues, es importante que
las directivas del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana y Alta
Seguridad de Valledupar, recuerden que lo anterior no es solo un texto sin
ningún tipo de valor práctico, es su deber instruir a la guardia del
establecimiento en el significado y alcance de los derechos humanos, así como
vigilar y sancionar aquellos comportamientos que se aparten de estos
postulados. Es especialmente preocupante, la ausencia de investigaciones sobre
las denuncias que presentan los internos, así como la demora en llevarlos a
medicina legal para ser valorados - en los casos en los que ello efectivamente
ocurre -. Los hechos que están aconteciendo en la
Cárcel de Valledupar son muestra de la falla del Estado en la protección de la
vida, la seguridad física y sicológica, la salud y en general de una vida en
condiciones dignas de quienes se encuentran allí recluidos, pues la manera en
que son tratados por la guardia del mismo, trasgrede sus derechos fundamentales
y la falta de garantías de una posterior investigación y eventualmente sanción
hace aún más grave su situación, pues se encuentran en un estado de completa
indefensión.
47. Una vez más, la Sala reitera que aunque en el sistema
penitenciario es necesario que exista disciplina, ésta no es un fin en sí
misma, sino que es una vía necesaria para garantizar la convivencia al interior
de las cárceles y, poder cumplir con el criterio de la resocialización del
orden penitenciario.[97]
48. Aunado a lo anterior, es
importante también resaltar la necesidad de que aquellos reclusos que decidan
realizar huelgas pacíficas o, que realicen denuncias sobre violaciones a los
derechos fundamentales al interior del penal, sean tratados con respeto y no se
les castigue por el simple hecho de estar ejerciendo uno de sus derechos
constitucionales. Las autoridades penitenciarias tienen el deber de dar un buen
trato a los internos y respetar las decisiones que están en capacidad de tomar
autónomamente, siempre que esto no signifique un grave riesgo para su vida
-teniendo en cuenta que al estar bajo la custodia del Estado, éste es
responsable directamente de su protección, o ponga en riesgo la integridad de
otras personas o impida el correcto funcionamiento del penal.
49. Al respecto, es importante
tener en cuenta las reglas sentadas por esta Corte en la sentencia T-571 de
2008[98],
en la que se estudió precisamente la situación de un interno del EPAMS de la
Dorada Caldas, que había decidido participar en una huelga de hambre a manera
de protesta por las condiciones en las que se encontraba recluido, y que por
esa razón había sido objeto de una sanción. La
Corte sostuvo entonces que la participación en una huelga de hambre se deriva
del principio del pluralismo consagrado en el artículo 1° de la
Constitución Política, y que en conjunto con el derecho a la autonomía
personal, se puede concluir que “los individuos no
sólo pueden, sino que tienen el derecho de colocarse autorresponsablemente en
situaciones que otros consideren inconvenientes o riesgosas, siempre que no
comprometan los derechos de otros[99].
Y, en el punto específico de decisiones concernientes al cuidado de la salud, la
Corte ha realzado la garantía del derecho de autonomía personal[100]. De la condición personal de la
salud se desprende pues, una valoración individual, única y respetable de la
dignidad, que puede justificar la decisión de no vivir más, por ejemplo. Así
como, el caso contrario también forma parte de la esfera individual e
inviolable de las personas, cual es el de tomar la decisión de continuar
viviendo en condiciones que para la mayoría serían de suma indignidad.[101]” En este caso, la Corte tuteló los derechos del accionante “derivados
de los artículos 1°, 5°, inciso tercero del 13 y 16 de la
Constitución” y, en consecuencia, ordenó dejar sin efectos la sanción que
le había sido impuesta.
50. En este contexto, es posible
entonces afirmar, que la decisión de no alimentarse, debe ser respetada, sin
que pueda dar origen a sanciones o retaliaciones como al parecer está
ocurriendo en la Cárcel de Valledupar, en donde si bien no se les han impuesto
castigos específicos a los internos, que consten en su historial personal por
adelantar sus protestas pacíficas o por denunciar las conductas de los
guardias, al parecer, estos últimos han optado por utilizar métodos ilegales y
violentos para evitar que los reclusos sigan manifestado sus disconformidades.
51. Por último, también encuentra
la Sala vulnerado el derecho a la salud de los internos de este caso. Una vez
más, debe decir que es inaceptable que los reclusos de la
Cárcel de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar tengan que hacerse heridas
para que sean trasladados al área de salud del establecimiento para ser
atendidos. Tal como se dijo, previamente, en los numerales 21
a 25 de la presente sentencia, la salud es un derecho fundamental que tiene
que ser prestado por el Estado a través de las autoridades carcelarias a los
presos, y éste incluye no solo una atención eficaz, inmediata, continua y
oportuna, sino todos los exámenes, cirugías, tratamientos y demás servicios que
requiera el interno, no es admisible que los internos se vean obligados a
interponer acciones de tutela para poder obtener un diagnóstico, un tratamiento
o un examen que necesitan, esto no solo posterga la garantía de su derecho a la
salud, sino que además congestiona todo el aparato judicial, con situaciones
que no deberían ocurrir si se tuviera un manejo adecuado de éste derecho y
servicio.
52.
No hace falta extenderse más para concluir que las autoridades del
establecimiento penitenciario y carcelario de Valledupar parecen haber olvidado
que las cárceles tienen principalmente dos finalidades para existir: una
función retributiva y una función resocializadora[102]. Sobre la
primera, la privación de la libertad es el castigo
que se impone a quienes han actuado por fuera del ordenamiento jurídico, lo
cual no implica, bajo ninguna circunstancia la posibilidad de imponer otro tipo
de sanciones adicionales. Cada limitación de los derechos de los internos
tienen que estar soportada y justificada como una medida necesaria y
proporcional para lograr su resocialización, o para garantizar el goce de sus
derechos.[103]
En cuanto a la función
resocializadora, el  Estado colombiano se ha comprometido a que sus reclusos
tengan la posibilidad de reinsertarse a la sociedad, en condiciones de igualdad
mediante el acceso al estudio, el trabajo o la enseñanza. Así pues, “ningún sistema penitenciario debe estar orientado a solamente el
castigo; esencialmente, debe tratar de lograr la reforma y la readaptación
social del preso.” [104]
El Establecimiento penitenciario
y carcelario de mediana y alta seguridad de Valledupar, no cumple con ninguno
de los dos fines señalados. Por un lado, el hecho de que los internos no tengan
un mínimo de agua potable para su consumo, que deban alimentarse con comida que
en muchas oportunidades no es apta para el consumo humano, la falta de atención
oportuna en salud y los tratos crueles y degradantes que a menudo reciben por
parte de la guardia del mismo son unas pruebas claras de la grave y masiva
afectación a sus derechos fundamentales Por otro, difícilmente una persona que
se encuentre viviendo en estas condiciones puede resocializarse, más aún si
solo recientemente han logrado acceso a servicios de educación y trabajo.
53. Habiendo comprobado entonces
la masiva vulneración de los derechos fundamentales de quienes se encuentran
recluidos en el establecimiento penitenciario demandado, la
Sala explicará a continuación las ordenes que impartirá para el caso concreto.
-
Ordenes a impartir.
54. Después del análisis
realizado, para la Sala es claro que en el Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar, existe una masiva y
constante violación de los derechos fundamentales de las personas que se
encuentran allí recluidas desde hace varios años atrás, no solo por la ausencia
de cantidades de agua suficientes para suplir sus necesidades básicas, sino
además, por los malos tratos a los que son sometidas por parte de los guardias
de la misma, así como la deficiente prestación del servicio de salud y la falta
de garantías procesales tanto en sus denuncias, como en la agilidad de los
trámites para redimir pena.
55. La
Sala quiere llamar la atención del Ministerio de Justicia y Derecho entidad
que es ahora la encargada de la
Política Penitenciaria y Carcelaria del país, para que asuma una verdadera
posición de liderazgo y adopte una actitud distinta a la que hasta ahora se ha
visto por parte del gobierno, basta solo con examinar la respuesta extemporánea
dada a la acción de tutela que ahora se revisa, para darse cuenta de la falta
de compromiso del entonces Ministerio del Interior y de Justicia con la protección
y garantía de los derechos fundamentales de la población penitenciaria, pues
tal como se señaló anteriormente[105],
en esta se dedicó a explicar por qué a su juicio no había legitimación por
pasiva en lo que tenía que ver con dicha entidad, consideró que todos los
cargos que se le imputaban eran competencia del Inpec. Además, al preguntarle
por el seguimiento realizado al plan de choque creado para la
Cárcel de Valledupar, se limitó a enviar actas de las actividades de otras
entidades (como el Sena, o la
Secretaría de Salud departamental del Cesar, entre otras), pero no obtuvo la
Sala una respuesta concreta de acciones que hubiese adelantado el Ministerio
para superar la situación en dicho lugar.
56. Lo anterior, teniendo en
cuenta además, que con los hechos que ocurren en Valledupar, es evidente que el
Inpec es una institución cuando menos ausente en lo que tiene que ver con el
control y vigilancia de sus funcionarios. Ante las graves denuncias realizadas
por los reclusos que se han expuesto a lo largo de esta sentencia, la
Sala no entiende cómo el Inpec no ha iniciado investigaciones serias y
profundas para eventualmente imponer las sanciones que fueran del caso, además
de capacitar y enseñar a todos sus funcionarios sobre la necesidad de que todas
las personas privadas de la libertad sean tratadas como seres humanos, pues el
hecho de estar cumpliendo con una medida de aseguramiento o de haber sido
condenado a una pena privativa de la libertad, no significa que queden
despojadas de su dignidad humana y por lo tanto deben ser respetadas.
57. Así pues, para la
Sala es inadmisible que en un Estado Social de Derecho como es Colombia,
exista un lugar en el que las personas no sean tratadas como tales, y nadie al
interior de éste y tampoco alguno de los entes de control competentes se preocupe
por esa situación. Debe recordarse una vez más que al existir una relación de
especial sujeción entre el Estado y sus reclusos, es su deber garantizar los
derechos de los mismos.
58 En este punto, la
Sala observa que no es posible mantener en funcionamiento el Establecimiento
Penitenciario demandado, es decir, la única solución que al parecer es viable
para que cese la vulneración de los derechos fundamentales de las personas que
se encuentran allí recluidas es cerrar definitivamente dicho lugar[106].
Sin embargo no puede la Sala perder de vista la actual crisis carcelaria por la
que atraviesa el país, las condiciones de hacinamiento de la mayoría de las cárceles
y los problemas de salubridad y seguridad que no solo aquejan a los accionantes
sino a la gran mayoría de la población penitenciaria.
59. Así las cosas, se otorgará un
plazo amplio para que las directivas de la
Cárcel, en conjunto con el Inpec y el Ministerio de Justicia y Derecho, logren
de una vez por todas brindar una estadía en condiciones dignas en el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana y Alta Seguridad de
Valledupar, esta es una tarea ardua que lleva implícita unos factores de
educación y cambio de pensamiento hacia una verdadera visión de derechos
humanos. En consecuencia, las directivas del Establecimiento y el Inpec tendrán
un término perentorio de 12 meses para superar completamente la masiva
vulneración de los derechos humanos al interior del mismo, si al concluir este
plazo, la situación continúa, el establecimiento deberá clausurarse hasta tanto
no garantice una estadía en condiciones dignas para quienes deban pagar sus
condenas allí.
59.1 Durante el año otorgado, se
deberán tomar medidas inmediatas con el fin de proteger, los derechos
fundamentales a una vida en condiciones dignas y al agua de todas las personas
recluidas en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana y Alta
Seguridad de Valledupar, así pues, dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación de esta sentencia deberán:
-
Suspender la entrada de nuevos internos al establecimiento penitenciario
de mediana y alta seguridad de Valledupar, durante los siguientes 6 meses a la
notificación de la presente providencia. La medida se mantendrá hasta que
ingresar al establecimiento penitenciario no suponga contar con una cantidad de
agua inferior a la permitida internacionalmente. [107]
-
Proveer a todos los reclusos del establecimiento demandado de baldes
plásticos o cualquier otro recipiente limpio y nuevo con el fin de reemplazar
los envases que actualmente utilizan. Los recipientes deberán tener una
capacidad de almacenamiento suficiente para que los internos puedan asear sus
celdas, mantener limpios los servicios sanitarios, bañarse y saciar su sed en
las noches, además deberán ser los necesarios para que no se desperdicie el
líquido que llega al establecimiento. Se deberán facilitar la cantidad de
recipientes necesarios para que cada persona pueda contar 20
litros de agua al día para satisfacer sus necesidades básicas, 5
litros diarios para sobrevivir, teniendo en cuenta que se encuentran en una
ciudad calurosa y, en las noches, deberán poder almacenar por lo menos 2
litros de agua.
-
El área del rancho deberá contar también con un sistema de
almacenamiento de agua, de manera tal que pueda permanecer limpia en todo
momento, pero sobre todo cuando se elaboran los alimentos que consumirán los
reclusos, para lo cual deberá cumplir a cabalidad con los protocolos de
limpieza, vestuario y manipulación de alimentos, brindados en las visitas
realizadas por la Secretaría de Salud Departamental del Cesar.
59.2 Además, en el término de los
30 días siguientes a la notificación de esta sentencia, se deberá discutir y
adoptar un plan que incluya los siguientes temas a saber:
(i)
Dotar de contenido real y obligaciones puntuales, con plazos
específicos, los puntos 1,2,6,7,10,11,12,13 y 15 del denominado “plan de
choque”, de manera que se puedan obtener resultados concretos a corto y mediano
plazo, y que de no existir un avance puedan tomarse medidas eficaces frente al
incumplimiento.
(ii)
Diseñar un plan de optimización del suministro de agua, teniendo en
cuenta que ya se han realizado las obras de infraestructura necesarias para que
el establecimiento cuente con un buen abastecimiento del líquido, así en
principio no sea continuo durante las 24 horas del día, pero que permita
progresivamente logar contar con el líquido de forma permanente. Por lo tanto,
deberán estudiarse estrategias que por un lado garanticen que no exista un solo
interno al interior del penal que no cuente con una cantidad de agua básica
para satisfacer sus necesidades de aseo y consumo, y por otro, que evite el
desperdicio del mismo. Por ejemplo, en vez de abrir la llave en un solo lugar
durante un periodo continuo de 30 minutos, en el que los internos prácticamente
tienen que arriesgar su vida para llenar sus recipientes de agua, tal como
actualmente ocurre, podrían hacerse algunas pruebas piloto para establecer
turnos por cada piso de la torre, de manera que no se formen tumultos, que no
se desperdicie el agua, y que cada interno cuente con una cantidad mínima vital
del líquido. Lo anterior es solo una sugerencia, deberán implementarse las acciones
que más se adecuen a la situación del establecimiento penitenciario.
(iii)
Terminar la construcción del nuevo diseño hidráulico para la
Cárcel, si aún no se ha hecho, dentro de un plazo razonable pero expedito.
Esto, de acuerdo con el Oficio No. 5291 del 21 de julio de 2011 en el que el
Director General del Inpec aseguró que en ese momento ya existían apropiaciones
presupuestales para dicha obra.
(iv)
De igual forma, deberá estudiarse la posibilidad de modificar el reglamento
interno de la cárcel, o evaluar si con el que está actualmente vigente, es
posible imponer sanciones disciplinarias a aquellos internos que dañen u
obstruyan el sistema de acueducto de la cárcel. Es importante también que se
establezca un procedimiento expedito para la investigación de las conductas de
la guardia del plantel, que pueda ser catalogada como tortura o penas y tratos
crueles inhumanos y degradantes.
(v)
Se diseñará también un protocolo a seguir en los casos en los que se
lleven a cabo huelgas de hambre. En éste se deberán tener en cuenta los
cuidados médicos necesarios y especiales que ameriten recibir quienes opten por
esta forma de manifestación, así como el especial trato que se les debe
propinar por parte de los guardias de seguridad, teniendo en cuenta que la
ausencia de ingesta de alimentos naturalmente genera debilidad física.
(vi)
Crear una brigada de apoyo jurídico a los reclusos, encaminada
principalmente a revisar las denuncias existentes por malos tratos o penas
crueles, inhumanas y degradantes, que han sido presentadas y que no han
arrojado resultado alguno. Es sumamente importante que se respeten las
garantías del debido proceso para ambas partes, así como el derecho al acceso a
la administración de justicia de quienes se encuentran privados de la libertad.
(vii)
Deberá revisarse también la conducta efectuada por el personal encargado
de la vigilancia del establecimiento y de los internos y evaluar la posibilidad
de efectuar traslados, todo esto por supuesto bajo las garantías del debido
proceso.
(viii)
Por último, deberá existir un componente de seguimiento continuo a la
prestación del servicio de salud, del suministro de medicamentos y de la
programación de citas con especialistas, exámenes y procedimientos.
(ix)
Este plan podrá incluir cualquier otro aspecto necesario y pertinente,
que no haya sido enunciado en esta lista.
59.3 El plan que resulte de lo
anterior tiene que aplicarse de forma inmediata, y sus resultados tienen que
ser cuantificables a mediano plazo, para ello, 6 meses después de haberse
puesto en marcha, los entes obligados deberán presentar un informe detallado a la
Defensoría del Pueblo en el cual se establezcan cuales fueron los objetivos y
procedimientos fijados y alcanzados hasta el momento.
60. La
Sala invita a los implicados a que no ahorren ningún tipo de esfuerzo para
acabar prontamente con la difícil situación que viven a diario los colombianos
recluidos en la Cárcel de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar, es necesario
saldar ya la deuda que tiene el Estado con la población penitenciaria, en lo
que tiene que ver con el respeto por sus derechos fundamentales, especialmente
con su dignidad humana. Al cabo de un año después de la notificación de ésta
sentencia, si no se observa que la situación ha cambiado y que se garantiza al
interior del mismo la una estadía en condiciones dignas para los reclusos el
mismo deberá ser clausurado.
60.1 Para tomar la decisión
pertinente, un mes antes de que culmine el año que fue otorgado como plazo
perentorio, las directivas del establecimiento deberán convocar una visita
técnica en la cual participen, el Ministerio de Justicia y Derecho, la
Defensoría del Pueblo, el Director del Inpec, y las Ongs coadyuvantes en el
presente caso, para que se verifique el estado del lugar y los avances en la
garantía de los derechos humanos de los internos.
60.2 Si de la visita mencionada
se concluye que es necesario cerrar el establecimiento penitenciario, las
directivas del mismo tendrán 8 días para diseñar un plan de evacuación, en el
cual se tengan en cuenta que las primeras personas que deberán salir de ese
sitio de reclusión son aquellas que tienen necesidades especiales, tales como
enfermos terminales o con enfermedades de alto costo, personas mayores de 65
años de edad, personas con enfermedades siquiátricas, y aquellas en condición
de discapacidad. Posteriormente se deberán empezar a buscar cupos para el resto
de la población carcelaria, de manera que 6 meses más tarde, nadie habite allí.
60.3 En caso tal de que exista un
propósito o la necesidad urgente de volver a abrir la cárcel, esto solo podrá
ocurrir bajo la plena garantía de que ninguna de las conductas señaladas en
esta sentencia se volverá a repetir, es decir, que deben haberse adecuado las
instalaciones para que exista un normal y continuo suministro de agua
suficiente para satisfacer las necesidades básicas de todos los reclusos, los
guardias del establecimiento deben haber sido formados en una disciplina de
respeto por los derechos humanos, y debe garantizarse un buen funcionamiento
del penal en todos los sentidos, alimentación, salud, vestuario, garantías jurídicas
y procesales, régimen de visitas, y en general todo aquello que hace que al
cumplir una pena privativa de la libertad no se vaya a ser sometido a una pena
cruel, inhumana y degradante.
III. DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- Levantar la suspensión de términos
decretada en el asunto de la referencia.
SEGUNDO-.
REVOCAR los fallos proferidos el 13 de julio de 2011, por el Tribunal
Administrativo del Cesar en primera instancia y, el 21 de septiembre de 2011
por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección
Cuarta en segunda instancia, y en su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales  a la dignidad humana, a la vida digna, al acceso al
agua potable y a la salud, de los internos
recluidos en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana y Alta
Seguridad de Valledupar, Cesar.
TERCERO-. En
consecuencia, ORDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
–INPEC- y al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana  y Alta Seguridad
de Valledupar, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a
partir de la notificación de esta providencia, disponga todo lo necesario para
asegurar el suministro y acceso al agua potable de los accionantes y todos los
internos. Para ello, específicamente deberá:
- Suspender la entrada de nuevos
internos al establecimiento penitenciario de mediana y alta seguridad de
Valledupar, durante los siguientes 6 meses a la notificación de la presente
providencia. La medida se mantendrá hasta que ingresar al establecimiento
penitenciario no suponga contar con una cantidad de agua inferior a la
permitida internacionalmente. [108]
- Proveer a todos los reclusos del
establecimiento demandado de baldes plásticos o cualquier otro recipiente
limpio y nuevo con el fin de reemplazar los envases que actualmente utilizan.
Los recipientes deberán tener una capacidad de almacenamiento suficiente para
que los internos puedan asear sus celdas, mantener limpios los servicios
sanitarios, bañarse y saciar su sed en las noches, además deberán ser los
necesarios para que no se desperdicie el líquido que llega al establecimiento.
Se deberán facilitar la cantidad de recipientes necesarios para que cada
persona pueda contar 20 litros de agua al día para satisfacer sus necesidades
básicas, 5 litros diarios para sobrevivir, teniendo en cuenta que se encuentran
en una ciudad calurosa y, en las noches, deberán poder almacenar por lo menos 2
litros de agua.
- Dentro del mismo término se deberá
encontrar una solución para que el área del rancho cuente también con un sistema
de almacenamiento de agua, de manera tal que pueda permanecer limpia en todo
momento, pero sobre todo cuando se elaboran los alimentos que consumirán los
reclusos, para lo cual deberá cumplir a cabalidad con los protocolos de
limpieza, vestuario y manipulación de alimentos, brindados en las visitas
realizadas por la Secretaría de Salud Departamental del Cesar. Podrá por
ejemplo, destinar un tanque en específico para abastecer únicamente esta área
del penal con agua durante las 24 horas del día.
CUARTO.-
ORDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- y al Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar, que en el
término de treinta (30) días contados a partir de la notificación de esta
providencia, tome las medidas adecuadas, de acuerdo a los parámetros
establecidos por esta Sala de Revisión y diseñe un plan, que garantice los
derechos conculcados, específicamente tenga en cuenta los siguientes puntos:
(i)
Dotar de contenido real y obligaciones puntuales, con plazos
específicos, los puntos del denominado “plan de  choque”, señalados en numeral
54.2 de la parte considerativa de esta sentencia, de manera que se puedan
obtener resultados concretos a corto y mediano plazo, y que de no existir un
avance puedan tomarse medidas eficaces frente al incumplimiento.
(ii)
Terminar la construcción del nuevo diseño hidráulico para la
Cárcel, si aún no se ha hecho, dentro de un plazo razonable pero expedito.
Esto, de acuerdo con el Oficio No. 5291 del 21 de julio de 2011 en el que el
Director General del Inpec aseguró que en ese momento ya existían apropiaciones
presupuestales para dicha obra.
(iii)
Diseñar un plan de optimización del suministro de agua, teniendo en
cuenta que ya se han realizado las obras de infraestructura necesarias para que
el establecimiento cuente con un buen abastecimiento del líquido, así en
principio no sea continuo durante las 24 horas del día, pero que permita
progresivamente logar contar con el líquido de forma permanente. Por lo tanto,
deberán estudiarse estrategias que por un lado garanticen que no exista un solo
interno al interior del penal que no cuente con una cantidad de agua básica
para satisfacer sus necesidades de aseo y consumo, y por otro, que evite el
desperdicio del mismo. Por ejemplo, en vez de abrir la llave en un solo lugar
durante un periodo continuo de 30 minutos, en el que los internos prácticamente
tienen que arriesgar su vida para llenar sus recipientes de agua, tal como
actualmente ocurre, podrían hacerse algunas pruebas piloto para establecer
turnos por cada piso de la torre, de manera que no se formen tumultos, que no
se desperdicie el agua, y que cada interno cuente con una cantidad mínima vital
del líquido. Lo anterior es solo una sugerencia, deberán implementarse las
acciones que más se adecuen a la situación del establecimiento penitenciario.
(iv)
De igual forma, deberá estudiarse la posibilidad de modificar el
reglamento interno de la cárcel, o evaluar si con el que está actualmente
vigente, es posible imponer sanciones disciplinarias a aquellos internos que
dañen u obstruyan el sistema de acueducto de la cárcel. Es importante también
que se establezca un procedimiento expedito para la investigación de las
conductas de la guardia del plantel, que pueda ser catalogada como tortura o
penas y tratos crueles inhumanos y degradantes.
(v)
Se tiene que crear un protocolo a seguir en los casos en los que se
lleven a cabo huelgas de hambre. En éste se deberán tener en cuenta los
cuidados médicos necesarios y especiales que ameriten recibir quienes opten por
esta forma de manifestación, así como el especial trato que se les debe
propinar por parte de los guardias de seguridad, teniendo en cuenta que la
ausencia de ingesta de alimentos naturalmente genera debilidad física.
(vi)
Crear una brigada de apoyo jurídico a los reclusos, encaminada
principalmente a revisar las denuncias existentes por malos tratos o penas
crueles, inhumanas y degradantes, que han sido presentadas y que no han
arrojado resultado alguno. Es sumamente importante que se respeten las
garantías del debido proceso para ambas partes, así como el derecho al acceso a
la administración de justicia de quienes se encuentran privados de la libertad.
El sistema de cámaras con el que cuenta actualmente el establecimiento debe
convertirse en una herramienta útil y eficiente para prevenir malos tratos
contra los reclusos, y para las sanciones que eventualmente deban imponerse.
(vii)
Deberá revisarse también la conducta efectuada por el personal encargado
de la vigilancia del establecimiento y de los internos y evaluar la posibilidad
de efectuar traslados, todo esto por supuesto bajo las garantías del debido
proceso.
(viii)
Por último, deberá existir un componente de seguimiento continuo a la
prestación del servicio de salud, del suministro de medicamentos y de la
programación de citas con especialistas, exámenes y procedimientos.
(ix)
Este plan podrá incluir cualquier otro aspecto necesario y pertinente,
que no haya sido enunciado en esta lista.
El plan que resulte de lo
anterior tiene que aplicarse de forma inmediata, y sus resultados tienen que
ser cuantificables a mediano plazo, para ello, 6 meses después de haberse
puesto en marcha, los entes obligados deberán presentar un informe detallado a
la Defensoría del Pueblo en el cual se establezcan cuáles fueron los objetivos
y procedimientos fijados y alcanzados hasta el momento.
QUINTO.- ORDENAR al Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar, y al
Inpec, que en el término de los once (11) meses siguientes a la notificación de
esta providencia, CONVOQUEN una visita técnica en la cual participen, el
Ministerio de Justicia y Derecho, la Defensoría del Pueblo, el Director del
Inpec, y las Ongs coadyuvantes en el presente caso, para que se verifique el
estado del lugar y los avances en la garantía de los derechos humanos de los
internos. Si no se observa que la situación ha cambiado y que se garantiza al
interior del mismo una estadía en condiciones dignas para los reclusos el mismo
deberá ser clausurado. La visita técnica será presidida por el juez de primera
instancia en este proceso.
Si de la visita mencionada se
concluye que es necesario cerrar el establecimiento penitenciario, las
directivas del mismo tendrán ocho (8) días para diseñar un plan de evacuación,
en el cual se tenga en cuenta que las primeras personas que deberán salir de
ese sitio de reclusión son aquellas que tienen necesidades especiales, tales
como enfermos terminales o con enfermedades de alto costo, personas mayores de
65 años de edad, personas con enfermedades siquiátricas, y aquellas personas en
condición de discapacidad. Posteriormente se deberán empezar a buscar cupos
para el resto de la población carcelaria, de manera que 6 meses más tarde,
nadie habite allí.
En caso tal de que exista un
propósito o la necesidad urgente de volver a abrir la cárcel, esto solo podrá
ocurrir bajo la plena garantía de que ninguna de las conductas señaladas en
esta sentencia se volverá a repetir, es decir, que deben haberse adecuado las
instalaciones para que exista un normal y continuo suministro de agua
suficiente para satisfacer las necesidades básicas de todos los reclusos, los
guardias del establecimiento deben haber sido formados en una disciplina de
respeto por los derechos humanos, y debe garantizarse un buen funcionamiento
del penal en todos los sentidos, alimentación, salud, vestuario, garantías
jurídicas y procesales, régimen de visitas, y en general todo aquello que hace
que cumplir una pena privativa de la libertad no constituya por sí mismo una
pena cruel, inhumana y degradante.
SEXTO.-
ORDENAR a la Defensoría del Pueblo de Valledupar, que realice visitas
periódicas, cada tres (03) meses al Establecimiento Penitenciario y Carcelario
de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar, para verificar el cumplimiento de
las órdenes de esta tutela, concretamente la manera como se suministra el agua
potable a los internos.
SÉPTIMO.-
ADVERTIR al Ministerio de Justicia y del Derecho, que adopte una
posición de liderazgo y a partir de la presente decisión, realice seguimiento
sobre la garantía de los derechos humanos al interior del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar.
Especialmente, es necesario que vigile lo que tiene que ver con la manera como
se está realizando el suministro de agua potable para cubrir las necesidades
básicas vitales de los internos en los centros penitenciarios de todo el país.
OCTAVO.-
PREVENIR a la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, Emdupar
S.A.-E.S.P., para que en lo consecutivo, brinde todo el apoyo que necesite el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana y Alta Seguridad de
Valledupar, para lograr un buen abastecimiento de agua potable al interior del
mismo.
NOVENO.- Líbrense por Secretaría, las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, publíquese y cúmplase.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Ausente en comisión
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
[1]
Mediante la ley 1444 del 4 de mayo de 2011, este Ministerio fue escindido y las
funciones en relación con la política penitenciaria quedaron en cabeza del
ahora Ministerio de Justicia y Derecho de acuerdo con el Decreto 2897 de 2011
del 11 de agosto del mismo año, por lo tanto, el cumplimiento de las órdenes
que se impartan deberá ser ejecutado por esta nueva entidad.
[2]
Casos: Instituto de Reeducación del Menor Vs. Paraguay, Bámaca Velásquez Vs.
Guatemala, Neira Alegría y otros Vs. Perú y, Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras.
[3]
Es el caso del interno Hernán Rodríguez Díaz, quien fue castigado por hacer
huelga de hambre. El día 6 de mayo, de acuerdo con los hechos alegados en la
demanda, fue golpeado, castigado y finalmente incomunicado por los miembros de
la guardia con el fin de que acabara con su protesta.
[4] Artículo 19:
1. Los Estados Partes presentarán al Comité, por
conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, los informes relativos
a las medidas que hayan adoptado para dar efectividad a los compromisos que han
contraído en virtud de la presente Convención, dentro del plazo del año
siguiente a la entrada en vigor de la
Convención en lo que respecta al Estado Parte interesado. A partir de
entonces, los Estados Partes presentarán informes suplementarios cada cuatro
años sobre cualquier nueva disposición que se haya adoptado, así como los demás
informes que solicite el Comité.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas
transmitirá los informes a todos los Estados Partes.
3. Todo informe será examinado por el Comité, el cual
podrá hacer los comentarios generales que considere oportunos y los transmitirá
al Estado Parte interesado. El Estado Parte podrá responder al Comité con las
observaciones que desee formular.
4. El Comité podrá, a su discreción, tomar la decisión
de incluir cualquier comentario que haya formulado de conformidad con el
párrafo 3 del presente artículo, junto con las observaciones al respecto
recibidas del Estado Parte interesado, en su informe anual presentado de
conformidad con el artículo 24. Si lo solicitara el Estado Parte interesado, el
Comité podrá también incluir copia del informe presentado en virtud del párrafo
1 del presente artículo.
[5]
Ver Carta Abierta de la OMCT dirigida el 1° de febrero de 2011 al Señor Juan
Manuel Santos Calderón, Presidente de Colombia.
[6]
Grupo de reacción inmediata del Inpec.
[7]
El documento citado establece: “ya fueron situados $43.000.000 millones de
pesos mediante Resolución No. 003083 del 9 de Julio de 2011, con el fin de
atender la conservación y reparación de bienes inmuebles del Establecimiento.
Es importante resaltar que se ha solicitado a su vez, mediante Oficio
73104-SUBAD-GOBRA 4889dirigido al Subdirector Financiero de este Instituto y
suscrito por parte del subdirector Administrativo y de la
Coordinación del Grupo de Obras Civiles, el traslado presupuestal de
$600.000.000 millones de pesos, para la realización de reposición de redes
internas de distribución de agua, reposición de aparatos sanitarios, adecuación
de tanques, entre otros. (…) Para la vigencia 2013, por rubro de inversión ante
el Departamento Nacional de Planeación, se incluyó al Establecimiento de
Valledupar con una partida de $600.000.000.” Folio 432 del cuaderno de
segunda instancia.
[8]
M.P. María Victoria Calle Correa.
[9] La subordinación tiene su fundamento en la obligación especial de
la persona recluida consistente en el deber de “cumplir una medida de
aseguramiento, dada su vinculación a un proceso penal, o una pena debido a que
es responsable de la comisión de un hecho punible”. Cfr. Sentencia T-065 de
1995. O también es vista como el resultado de la “inserción” del administrado
en la organización administrativa penitenciaria por lo cual queda “sometido a
un régimen jurídico especial”. Así en Sentencia T-705 de 1996.
[10] Desde los primeros pronunciamientos sobre el tema, la
Corte identificó la existencia de un “régimen jurídico especial al que se encuentran
sometidos los internos”, el cual incluye la suspensión y la limitación de
algunos derechos fundamentales, en este sentido Cfr. Sentencia T-422 de 1992.
[11] Que se concreta por ejemplo, en la posibilidad de implantar un régimen
disciplinario para los reclusos, así en  Sentencia T-596 de 1992.
[12] Que se concreta por ejemplo, en la posibilidad de implantar un
régimen especial de visitas, así en sentencia T-065 de 1995.
[13] Sobre los tres regímenes de los derechos fundamentales de los
reclusos, según la posibilidad de la suspensión, limitación y goce pleno, ver
entre otras las sentencias T-222 de 1993, T-065 de 1995 y T-705 de 1996.
[14] En este sentido véase la sentencia C-318 de 1995. La potestad
administrativa para limitar o restringir derechos fundamentales en el contexto
de las relaciones especiales de sujeción, “debe estar expresamente autorizada
en la ley que regule su ejercicio”, así en la sentencia T-705 de 1996.
[15] Sobre la finalidad de la limitación a los derechos fundamentales en
el contexto de las relaciones especiales de sujeción, véase especialmente la
sentencia T-705 de 1996. Sobre su relación con la posibilidad real de la
resocialización véase la sentencia T-714 de 1996.
[16] Entre los especiales derechos de los presos y su correlato, los
deberes del Estado, como consecuencia del establecimiento de una relación
especial de sujeción, se encuentran “el deber de trato humano y digno, del
deber de proporcionar alimentación suficiente, agua potable, vestuario,
utensilios de higiene, lugar de habitación en condiciones de higiene y salud
adecuadas, el deber de asistencia médica, y el derecho al descanso nocturno,
entre otros”, citada de la sentencia T-596 de 1992.
[17] Sobre los deberes especiales del Estado ver la sentencia T-966 de
2000.
[18] Para la Corte esta garantía debe ser reforzada, ya que el recluso
al estar sometido a una relación especial de sujeción, tiene limitado su
derecho a escoger opciones y le es imposible autoabastecerse, en este sentido
ver la sentencia T-522 de 1992,  además se encuentra en un estado de
“vulnerabilidad” por lo cual la actividad del Estado en procura de la eficacia
de los derechos fundamentales debe ser activa y no solo pasiva, en este sentido
ver la sentencia T-388 de 1993, y en el mismo sentido la sentencia T-420 de
1994. Ya que el recluso está en imposibilidad de procurarse en forma autónoma
los beneficios propios de las condiciones mínimas de una existencia digna, así
en la sentencia T-714 de 1995, o se encuentra en estado de indefensión frente a
terceros, así en la sentencia T-435 de 1997.
[19] Sobre el contenido de este deber positivo ver la sentencia T-153 de
1998.
[20] Sobre el énfasis en el deber positivo en cabeza del Estado, véase
las sentencias T-714 de 1996 y  T-153 de 1998.
[21] Responsabilidad del Estado que se concreta en la obligación de
velar por la seguridad de los reclusos en el perímetro carcelario y en la
obligación  de garantizar condiciones de vida adecuadas a los reclusos, así en la
Sentencia T-522 de 1992.
[22] La posibilidad de reinserción social depende en buena medida de la
eficacia del derecho de los reclusos a contar con centros carcelarios
adecuados, este derecho encuentra el fundamento de su validez en el derecho a
la dignidad y en el principio del Estado social de derecho, así en sentencia
T-153 de 1998.
[23] Así se consideró en la sentencia T-851 de 2004 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa) en la que se  revisó la situación de los internos de la
Cárcel Municipal y el Calabozo del Comando de Policía de Mitú, Vaupés. La
sentencia sostuvo que: “Esta regla fundamental [se refiere al respecto por la
dignidad humana] consta expresamente en el artículo 10-1 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según el cual ‘toda persona
privada de libertad será tratada huma­na­mente y con el respeto debido a la
dignidad inherente al ser humano’.  También hizo referencia al artículo 5-2
de la Conven­ción Americana sobre Derechos Humanos (CADH, 1969) [de conformidad
con el cual “...toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido
a la dignidad inherente al ser humano”] y al caso Knights y otros contra
Jamaica de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La
Corte decidió en este caso que “(…) no cabía duda sobre la vulneración de
los derechos constitucionales fundamentales de las personas que se encuentran
privadas de la libertad en el Departamento de Vaupés, tanto en el calabozo del
Comando de Policía de Mitú, como en la
Cárcel Municipal de Mitú […] En ambos casos, las autoridades estatales
han incumplido en forma grave sus obligaciones constitucionales e
internacionales en la materia: mientras que las personas privadas de la
libertad en el calabozo del Comando de Policía se ven expuestas a condiciones
deplorables de reclusión que vulneran la mayor parte de los derechos
constitucionales de los cuales son titulares, quienes se encuentran recluidos
en la Cárcel Municipal de Mitú ven negado, en lo esencial, su acceso a la
resocialización por medio del trabajo y el estudio. […]” En sentencia T-175
de 2012, M.P. María Victoria Calle Correa.
[24]
Constitución Política de Colombia, artículo 12.
[25]
Constitución Política de Colombia, artículo 93.
[26] Reglas Mínimas de Tratamiento de los
Reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de
las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente,
celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en
sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo
de 1977. Las observaciones
preliminares de las reglas, señalan: “El objeto de las reglas
siguientes no es de describir en forma detallada un sistema penitenciario
modelo, sino únicamente establecer, inspirándose en conceptos generalmente
admitidos en nuestro tiempo y en los elementos esenciales de los sistemas
contemporáneos más adecuados, los principios y las reglas de una buena
organización penitenciaria y de la práctica relativa al tratamiento de los
reclusos.”
[27]
Al referirse a “todos los reclusos”, es importante destacar que la
Declaración establece como su principio fundamental la no discriminación: “Las
reglas que siguen deben ser aplicadas imparcialmente. No se debe hacer
diferencias de trato fundadas en prejuicios, principalmente de raza, color,
sexo, lengua, religión, opinión política o cualquier otra opinión, de origen
nacional o social, fortuna, nacimiento u otra situación cualquiera. 2) Por el contrario,
importa respetar las creencias religiosas y los preceptos morales del grupo al
que pertenezca el recluso.”
[28]
M.P. Ciro Angarita Barón.
[29]
Sentencia T-596 de 1992,
M.P. Ciro Angarita Barón.
[30]
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[31]
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[32]
M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[33]
Situación analizada por esta corporación en Sentencia T- 153 de 1998, Dr.
Eduardo Cifuentes Muñoz
[34]
M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[35]
Sostuvo la Corte: “Contrario a lo afirmado por el Establecimiento Carcelario y
Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de la
Ciudad de Cómbita, es deber del Estado en virtud de la especial relación de
sujeción que existe entre éste y los internos, el de garantizar el pleno
disfrute de los derechos que no han sido suspendidos.  En la medida en que el
derecho a la dignidad, es un derecho que no admite limitación alguna, el Estado
está en la obligación de satisfacer las necesidades vitales mínimas de la persona
privada de libertad, a través de la alimentación, la habitación, el suministro
de útiles de aseo, la prestación de servicio de sanidad, el mantenimiento en
condiciones de salubridad e higiene dado que quien se halle internado en un
centro de reclusión, justamente por su especial circunstancia, está en
imposibilidad de procurarse en forma autónoma tales beneficios.”
[36]
M.P. Manuel José Cepeda Espinoza.
[37]
M.P. María Victoria Calle Correa. Esta sentencia revisó dos
casos diferentes que fueron acumulados para ser fallados en conjunto, pero en
esta oportunidad solo es relevante el segundo de estos.
[38] “En consecuencia, la
Sala considera que el INPEC, Establecimiento Penitenciario de Mediana
Seguridad y Carcelario EPMSC de Cúcuta, debe adoptar alguna medida para cambiar
la situación de suministro de agua a los internos de la torre 1 ala “B” de la
institución. Esta puede no ser la de garantizarles un suministro fluido y sin
interrupciones del mínimo vital, al menos mientras no sea posible por las
condiciones de infraestructura del penal. Pero la medida a adoptar puede
consistir en la provisión del servicio en un punto intermedio durante la noche;
o en la reducción relevante del horario de suspensión; o en el suministro de
recipientes suficientes, y en condiciones higiénicas aceptables, que los
reclusos puedan  llenar, uno con agua para el consumo y otro con agua para
vaciar los sanitarios. Pero en ningún caso la solución puede consistir sólo en
la ‘permisión’ a los reclusos para que compren botellas de agua. Esta medida es
insuficiente y resulta inconstitucional, por las razones ya expuestas.”
[39]
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[40]
“Es allí donde de nuevo adquiere especial relevancia la relación de sujeción
entre el Estado y los reclusos, puesto que el derecho a la dignidad humana, al
ser un atributo de la persona no puede ser suspendido ni restringido bajo
ninguna circunstancia, y en esa medida, el acceso al agua resulta ser una
medida encaminada a protegerlo.”
[41]
Específicamente, dijo: “En conclusión, siguiendo
el precedente establecido por la
Corte Constitucional en casos similares, esta Sala de Revisión revocará la
decisión del a quo y concederá el amparo de los derechos fundamentales al
acceso al agua, a la vida digna, a la salud y a la dignidad humana del
accionante, toda vez que en el momento en el que interpuso la acción de tutela
las condiciones en las que se encontraba vulneraban sus derechos fundamentales,
sobretodo el acceso al agua, y actualmente también ha sido sometido a varias
horas sin acceso a ella. Por ello, la Sala ordenará a las entidades demandadas
tomar todas las medidas necesarias para que los reclusos tengan acceso al agua
potable para consumo e higiene personal y de los baños de manera continua y
permanente, es decir, en todo momento.” (Negrita dentro del texto).
[42]
M.P. Alexei Julio Estrada.
[43]También
se desconocieron por el Complejo Picaleña, los principios XI y XII de los “Principios y buenas practicas sobre la protección de las personas
privadas de la libertad en las Américas”[43]  conforme a los cuales toda persona privada de la libertad
deberá tener acceso en todo momento a agua potable suficiente y adecuada para
su consumo y para su aseo personal, conforme a las condiciones climáticas. Subraya dentro del texto.
[44]
El derecho fundamental a la salud de las personas que se encuentran recluidas
en prisión ha sido ampliamente estudiado por esta Corte. Sobre el particular,
pueden ser consultadas las sentencias T- 522 de 1992,
M.P. Alejandro Martínez Caballero, T- 494 de 1993,
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-420 de 1994,
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-473 de 1995,
M.P. Fabio Morón Díaz, T-101 de 1997,
M.P. Fabio Morón Díaz, T- 342 de 1997,
M.P. Hernando Herrera Vergara, T-535 de 1998,
M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-606 de 1998,  M.P. José Gregorio
Hernández Galindo, T-063 de 1999, M.P.  Carlos Gaviria Díaz, T-530 de 1999,
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-144 de 2000,
M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-257 de 2000,
M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-1275 de 2000,
M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-1518 de 2000,
M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-233 de 2001,
M.P. Eduardo Montealegre Lynett, T-521 de 2001,
M.P. Manuel José Cepeda Espinoza, T-461 de 2002,
M.P. Alvaro Tafur Galvis, T-1006 de 2002,
M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-172 de 2003,
M.P. Jaime Córdoba Triviño, T- 545 de 2003,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T- 703 de 2003,
M.P. Clara Ines Vargas Hernández, T-1025 de 2003, .M.P Alfredo Beltrán Sierra,
T-860 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T- 1060 de 2004,
M.P. Manuel José Cepeda Espinoza, T-548 de 2005,
M.P. Jaime Araujo Rentería, T-1013 de 2005,
M.P. Alfredo Beltrán Sierra, T-133 de 2006,
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T- 346 de 2006,
M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-686 de 2006,
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T- 161 de 2007,
M.P. Jaime Araujo Rentería, T- 627 de 2007,
M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-020 de 2008,
M.P. Jaime Araujo Rentería, T- 185 de 2009,
M.P. Juan Carlos Henao Pérez,  T-744 de 2009,
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-825 de 2010,
M.P. Luís Ernesto Vargas Silva, T-347 de 2010,
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-175 de 2012,
M.P. María Victoria Calle Correa, y T- 898 de 2012,
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, entre muchas otras.
[45]
Sentencia T-760 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinoza.
[46]
Ver supra numerales 3 a 8.
[47]
Sobre este punto, la sentencia T-535 de 1998,
M.P. José Gregorio Hernández Galindo dijo: “Por
la salud del interno debe velar el sistema carcelario a costa del tesoro
público, y la atención correspondiente incluye, también a su cargo, los
aspectos médicos, quirúrgicos, hospitalarios y farmacéuticos, entre otros. Los
derechos fundamentales del preso resultarían gravemente violados por la
negligencia estatal en estas materias, así como por la falta de cuidado y
asistencia requeridos para la prevención, conservación y recuperación de su
salud. Además, el Estado responde por los daños que pueda sufrir el recluso en
su integridad en el caso de riñas, atentados o motines en el interior de la
cárcel. Y, por supuesto, es de su responsabilidad el mantenimiento de las
condiciones mínimas de higiene, seguridad y salubridad, así como todo lo
relativo a la debida alimentación del personal sometido a su vigilancia”
[48]
M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
[49]
En sentencia T-851 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinoza.
[50] Ver Sentencia C-351/98 M.P. Fabio Morón Díaz
[51] Artículo 5. Nadie será sometido a
torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
[52] Artículo 7. Nadie será sometido a torturas ni
a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será
sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.
[53] Artículo 5. Derecho a la
Integridad Personal
1.
Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y
moral.
2.
Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto
debido a la dignidad inherente al ser humano. (…)
[54] Artículo 1. Todo ser humano tiene derecho a la
vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
[55] Artículo 3 - Conflictos no internacionales  En caso de conflicto armado que no sea de índole
internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes
Contratantes cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de
aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones:
1) Las personas que no
participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las
fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera
de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán,
en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de
índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el
sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo.
A este respecto, se
prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba
mencionadas:
a) los atentados contra la
vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas,
las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; (…)
c) los atentados contra la
dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; (…).
[56]
M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[57]
Ver sentencia C- 268/98 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[58] Ver Sentencia C-578/02 M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[59]  En dicha sentencia  en la que declaró  la inexequibilidad de la
expresión “graves” incluida dentro de la definición de la tortura  como falta
disciplinaria la Corte  concluyó en efecto  que dicha Convención Interamericana
para prevenir y sancionar la tortura  era el instrumento a tomar en cuenta por
el Legislador .  Dijo la
Corte en esa sentencia lo siguiente: || “Para la
Corte la expresión graves que figura en numeral 9 del artículo 48 de la
Ley 734 de 2002 viola la
Constitución por varias razones como pasa a explicarse.|| Del análisis de los
antecedentes legislativos de la Ley 734 de 2002 se desprende que fue la
voluntad del legislador configurar como sanción disciplinaria el crimen
internacional de tortura, en los términos que lo recoge la
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la
Tortura||“En la descripción de la tortura se acogió el texto de la
Convención Interamericana para prevenir y sancionar esta conducta, que es el
instrumento más reciente sobre esta materia y el que la trata de manera más
avanzada, le resta importancia a la gravedad del sufrimiento o a la ausencia
del mismo, para acentuar el reproche en la anulación de la personalidad o en la
disminución de la capacidad física o mental, con el fin de obtener información
o confesión o para intimidar o castigar a la persona”. (Gaceta del Congreso
núm. 291 del 27 de julio de 2000, Senado de la
República, Proyecto de Ley Número 19 de 2000, p. 24.)|| Aunado a lo anterior,
si bien es cierto que el Estado colombiano es parte en la
Convención contra la  Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes y que fue incorporada a nuestro ordenamiento jurídico mediante la
Ley 70 de 1986, también lo es que existe un tratado internacional posterior,
del orden regional, que igualmente fue adoptado por nuestro país y que fue
recepcionado en el orden jurídico interno mediante la
Ley 409 de 1997. Ambos instrumentos internacionales, es cierto, contienen una
definición del crimen internacional de tortura distinta, por lo cual,
recurriendo a la más autorizada doctrina iusinternacionalista (Ver al respecto,
entre otros muchos autores, los siguientes: Alain Pellet y Patrick Daillier,
Droit International Public, París, Edit. LGDJ, 1999, p. 176 y Manuel Díez de
Velasco, Instituciones de Derecho Internacional Público, Madrid, Edit, Tecnos,
1999, p. 300.), la Corte ha de concluir que la norma internacional posterior
prima sobre la anterior, amén de que esta última resulta ser mucho más
garantista que la anterior. (…)|| Así las cosas, Convención Interamericana para
Prevenir y Sancionar la Tortura es un instrumento internacional que hace parte
del bloque de constitucionalidad, y por ende, la definición que recoge del
crimen de tortura vincula al legislador.|| Por las anteriores razones, la
Corte declarará la inexequibilidad de la expresión graves que figura  en el
numeral 9 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.”
Sentencia C-1076/02 M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[60]
Alude  a la  PARTE II. del Estatuto  “De la competencia, la admisibilidad y el
derecho aplicable” en que se contiene el artículo 7 atrás reseñado que define
la tortura para los efectos de dicho instrumento internacional.
[61]
Artículo 5.
[62]
Artículo 7.
[63]
Artículo 5.
[64]
Ver, en este sentido, SUDRE, Frédéric: “Article 3”.
En: PETTITI, Louis-Edmond; DÉCAUX, Emmauel; IMBERT, Pierre-Henri (eds.): “La
Convention Européenne des Droits de l’Homme – Commentaire article par article”.
[65]
Sentencia T-741 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[66]
Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 20: “La prohibición de la
tortura y los tratos o penas crueles”, 1992.
[67]
Caso No. 10832 de 1997; en él se estudió la situación de una persona que había
sido arrestada y torturada por las autoridades dominicanas, luego de haber sido
acusado de actividades terroristas y robo.
[68] Yearbook of the European Convention on Human Rights, The Greek
Case, Chapter 4, pág. 186. 1969. En Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, Caso Luis Lizardo Cabrera contra República
Dominicana, Caso No. 10832 de 1997.
[69]
Corte Europea de Derechos Humanos, caso Irlanda contra el
Reino Unido, Serie A n. 25 párrafos 162 y 163.
[70] Yearbook of the European Convention on Human Rights Nº 12, año
1969, pág 186. Caso Griego.
[71]
Ibid.
[72]
Corte Europea de Derechos Humanos, caso Irlanda contra el
Reino Unido, Serie A n. 25, párr. 167 infra.
[73]
La Corte apoyó este criterio en
el texto de la Resolución 3452 (XXX) adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1975.  La
Declaración contra la Tortura define este concepto del siguiente
modo: "Tortura constituye una forma deliberada y agravada de pena o
trato cruel, inhumano o degradante".
[74]
Ibid.
[75]
Decisión del 17 de diciembre de 1997.
[76]
Relativos a los métodos aplicados por las autoridades griegas para suprimir
ciertas alteraciones del orden público.
[77]
Relativo
a la aplicación de castigos corporales por autoridades judiciales en la isla de
Man.
[78]
M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[79]
M.P. Marco Gerardo Monrroy Cabra.
[80] ARTICULO 196º. SANCIONES. Las sanciones tienen por
finalidad encauzar y corregir la conducta de  quien ha infringido las
normas  de convivencia  penitenciaria o carcelaria y podrán ser
calificadas como  leves o graves. Las sanciones aplicables son las
dispuestas en el artículo 123 de la ley 65 de 1993.
ARTICULO 197º. ESTÍMULOS. El Director del Establecimiento
podrá otorgar al interno estímulos observando plenamente lo establecido en los
artículos  129 a   132  de la
Ley  65 de l.993.
ARTICULO 198º. MEDIOS DE COERCIÓN. Se consideran medios coercitivos, el
aislamiento provisional, la fuerza física personal, la sanción, el empleo de
los bastones de mando, los gases antimotines, las esposas y las camisas de
fuerza. Su aplicación no podrá prolongarse más allá del tiempo estrictamente
necesario, para superar la situación de anormalidad presentada. Artículos
pertenecientes al reglamento de la
Cárcel de Mediana Seguridad de Cómbita.
[81]
Emmanuel Decaux, La
Convention Européene des Droits de L´homme.Commentaire article par article,
Paris, 1995.
[82]
Carlos Bernal Pulido, El principio de proporcionalidad y los derechos
fundamentales, Madrid, 2003, Centro de Estudios  Políticos y
Constitucionales, Madrid  2003, p. 27.
[83]
El plan de choque se encuentra trascrito en el numeral 2 de los antecedentes de
esta sentencia, al reseñar la respuesta de la entidad demandada.
[84]
Vinculada al proceso por la Sala de Revisión número 9 de la
Corte Constitucional, mediante auto del 6 de septiembre de 2012.
[85]
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[86]
M.P. Manuel José Cepeda Espinoza.
[87] El numeral quinto de la sentencia citada estableció:
“Quinto.- ORDENARLE al
director del INPEC y el director del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de
Valledupar que adopte un plan
de acción, con su respectivo cronograma, para lograr que se brinde agua durante
las veinticuatro (24) horas del día a los internos de ese centro de reclusión.
El problema de la escasez de agua deberá haberse solucionado dentro de los seis
(6) meses siguientes a la notificación de esta sentencia. El INPEC remitirá
informes bimestrales a la Defensoría del Pueblo y a la
Procuraduría General de la Nación sobre los resultados, hasta que se haya
solucionado definitivamente el problema de la escasez de agua.”
[88]
La Defensoría del Pueblo remitió una carpeta que contiene 247 folios, sobre la
visita realizada y otras pruebas recaudadas.
[89]
Folios 5 a 8 del cuaderno No. 3 de la
Corte (Visita de la Defensoría del Pueblo). Adicionalmente, en el folio 65 del
mismo cuaderno se encuentra un CD con las fotos tomadas durante la visita
reseñada, en las cuales se comprueba lo narrado por los reclusos.
[90]
Ver numeral 31.1 del caso concreto.
[91]
Folios 116 a 127 del cuaderno No. 3 de la
Corte (Visita de la Defensoría del Pueblo).
[92]
Folios 39 y 40 del cuaderno No. 3 de la
Corte (Visita de la Defensoría del Pueblo).  Hallazgos similares encontró la
Secretaría de Salud Departamental  del Cesar en la inspección realizada el 28
de septiembre de 2012 al establecimiento demandado, el informe detallado de tal
visita se encuentra en los folios 41 a 53 del mismo cuaderno.
[93]
La Sala pudo verificar el estado de
los recipientes a través del informe rendido por la
Defensoría del Pueblo después de visitar al establecimiento demandado, y
además en el registro fotográfico de la misma, que se encuentra en un CD en el
folio 65 del cuaderno No. 3 de la Corte (Visita de la
Defensoría del Pueblo).
[94]
Registro de reporte de resultados microbiológicos de
muestras de alimentos y agua envasada, documento expedido por la
Gobernación del Cesar, a propósito del proceso de inspección, vigilancia y
control de la
Cárcel demandada. En las visitas del 21 de noviembre de 2012, encontró alto
contenido de coliformes totales y coliformes fecales en el hígado frito, las
lentejas cocidas y el pollo asado. (Folios, 141
a 144 del cuaderno No. 2 de la
Corte Constitucional.)
[95]
Dentro de los múltiples relatos sobre los malos tratos que les
son dados a los internos, algunos de los mas alarmantes se trascriben a continuación:
“- Hechos
cometidos contra WILMAN STAND: Detenidos de la torre 4 denuncian que el
día 22 de febrero de 2012 el interno WILMAN STAND, fue golpeado por reclamar
unos útiles de aseo que le fueron enviados por sus familiares. WILMAN STAND
ZARATE, presentó denuncia penal ante la
Fiscalía General de la Nación, en contra del dragoneante Diego Armando Rosso
Alvarez. La conducta se tipificó como lesiones personales, y no como tortura y
se declaró el archivo definitivo por acuerdo conciliatorio del 17 de agosto de
2012, ante la fiscalía 26 local del Cesar. La víctima no recibió indemnización,
y el acuerdo se suscribió a cambio de la aceptación de los hechos y el
compromiso de respeto por parte del funcionario infractor. Por su parte la
Procuraduría Regional del Cesar remitió las diligencias por competencia al
INPEC, mediante comunicación del 23 de mayo de 2012 y el INPEC profirió auto
inhibitorio el 16 de julio de 2012.
- Hechos
cometidos contra JHON MARIO CANO: Denuncia el detenido JHON MARIO CANO
TD. 2557, que el 1 de abril de 2012 en horas de la tarde en las afueras de la
torre 4, donde se encontraba por haber solicitado medidas especiales de
seguridad, los guardias MARTINEZ y GUERRERO, junto con aproximadamente 15
guardianes más, lo esposaron obligándolo a acostarse boca abajo completamente
desnudo, y le rociaron un tarro de gas lacrimógeno. Denuncia igualmente que le
dieron garrotazos y patadas, le partieron el puente dental, y sufrió lesiones
en sus ojos y espalda. El primero de agosto de 2012 sobre las 3:30 de la tarde
se comunicó con nuestra Fundación el detenido JOHN MARIO CANO y solicitó ser
gravado para manifestar su desespero ante un fuerte dolor lumbar que presenta
desde hace mucho tiempo y la falta de atención médica oportuna. El detenido
indicó que en el transcurso del día conversó con la psicóloga del
establecimiento a quien le expreso que ya no está dispuesto a dialogar, y su
intención de atentar contra la vida e integridad personal de un miembro del
cuerpo de custodia y vigilancia. Por la conversación al parecer el detenido se
encontraba en un alto grado de exaltación o desespero. En el mes de agosto de
2012 los reclusos de Valledupar iniciaron una nueva jornada de protesta
reclamando condiciones dignas de reclusión. JHON MARIO CANO actuó como vocero
de la torre 4, por lo que fue castigado con aislamiento sin aplicación del
debido proceso desde el 31 de agosto.
- Hechos
cometidos contra ABRAHAM GRANADA: EL día 13 de abril de 2012, el
detenido ABRAHAM GRANADA GIL TD. 4681, luego de salirse del patio
(enrastrillarse) por graves amenazas contra su vida, tuvo un fuerte altercado
con el dragoneante MUÑOZ de la Junta de Patios, quien pretendió obligarlo a
regresar al pabellón por la fuerza. Informan los detenidos que el funcionario
regresó junto con otros miembros del cuerpo de custodia, le propinaron una
golpiza y el guardia VILLAMIZAR intentó ahogarlo, mientras el resto de
guardianes le propinaban fuertes golpes. Al parecer el detenido tampoco ha sido
remitido a medicina legal para valorar las lesiones y posibles secuelas
producidas por estos actos. Presentó denuncia penal ante la oficina de Policía
Judicial, y fue escuchado en versión días siguientes a la fecha de los hechos.
El 17 de septiembre de 2012 nuestra Fundación envió derecho de petición a la oficina
de Policía Judicial de la cárcel y la
Fiscalía, solicitando información del trámite, pero de acuerdo con la
respuesta de la Fiscalía, solo cursa una investigación por hechos cometidos
contra el mismo recluso el 24 de septiembre de 2011 (…) sin embargo, las
agresiones se siguen cometiendo.
- Hechos
cometidos contra RONALDO ACEVEDO y ALEXANDER JOSE FERNANDEZ el 15 de agosto de
2012, en el marco de las jornadas de protesta: ROLANDO ACEVEDO MUÑOZ,
representante de Derechos Humanos del Patio 5, informa que el día 15 de agosto
el Dragoneante MARIN, le ofreció 5
gramos de droga al detenido ALEXANDER JOSE FERNANDEZ T.D. 2803, para que
apuñaleara al representante de Derechos Humanos, como el detenido se negó a tal
petición, lo golpeó causándole varias lesiones, el detenido presentó denuncia
penal ante la
Policía Judicial de la cárcel y la denuncia fue entregada al director. Contra
este dragoniante se han presentado varias quejas por violación de derechos
humanos.” Las mayúsculas y negritas son originales. El escrito completo se
encuentra en los folios 56 a 95 del Cuaderno 2 de la
Corte Constitucional.
[96]
Supra 4,19 de pruebas.
[97]
Sentencia C-394 de 1995,
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[98]
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[99]
Sobre el particular ha agregado la Corte: “Para que una
limitación al derecho individual al libre desarrollo de la personalidad sea
legítima y, por lo mismo no arbitraria, se requiere que goce de un fundamento
jurídico constitucional. No basta que el derecho de otras personas o la
facultad de la autoridad se basen en normas jurídicas válidas, sino que en la
necesaria ponderación valorativa se respete la jerarquía constitucional del
derecho fundamental mencionado. En consecuencia, simples invocaciones del
interés general, de los deberes sociales (CP art. 15), o de los derechos ajenos
de rango legal, no son suficientes para limitar el alcance de este derecho.”
[T-532/92. Fundamento Jurídico # 3]
[100]
En la T-493 de 1993 la Corte revisó un caso en el que una persona interpuso
acción de tutela con el fin que se ordenara a un familiar someterse a un
tratamiento para tratar el cáncer, se sostuvo que se
desconocía “…el mandato constitucional del artículo 16, que reconoce el
derecho  al libre desarrollo de la personalidad  ´sin más limitaciones que las
que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico´, en cuanto coartan
la libertad (…) de decidir si se somete o no a un tratamiento médico y las
modalidades del mismo, e interfieren indebidamente la potestad de
autodeterminarse, conforme a su propio arbitrio dentro de los límites
permitidos, en lo relativo a lo que a su juicio es más conveniente para
preservar su salud y asegurar una especial calidad de vida. La decisión (…) de
no acudir a los servicios médicos (…), entre otras razones, por lo costosos que
ellos resultan, su razón valedera de no querer dejar sola a su hija en la casa,
su especial convicción de que  "Cristo la va a aliviar", y de que se
siente bien de salud, no vulnera ni amenaza los derechos de los demás,  ni el
orden jurídico; por consiguiente, merece ser respetada, dentro del ámbito del
reconocimiento de su derecho al libre desarrollo de la personalidad.” De igual
manera, cuando la Corte estudió la constitucionalidad de la norma que penaliza
el homicidio por piedad (C-239 de 1997), analizó la relación de la dignidad de
las personas con la valoración individual de la propia condición de salud, y la
consecuencia de que dicha relación se diera bajo factores externos. Afirmó por
ello esta Corporación que “[n]ada tan cruel como obligar a una persona a
subsistir en medio de padecimientos oprobiosos, en nombre de creencias ajenas,
así una inmensa mayoría de la población las estime intangibles. Porque,
precisamente, la filosofía que informa la
Carta se cifra en su propósito de erradicar la crueldad. Rorty lo ha expresado
en palabras exactas: quien adhiere a esa cosmovisión humanística, es una
persona que piensa "que la crueldad es la peor cosa que puede haber.”
[C-239 de 1997 citando a Richard Rorty. Contingencia Ironía y Solidaridad.
Ediciones Paidos, Barcelona, 1991, Pg.154]
Más recientemente en la citada C-355 de 2007, en la cual
esta Corporación estudió la constitucionalidad de la disposición jurídica que
penaliza la conducta del aborto, se sostuvo lo siguiente: “…el derecho a la
salud tiene una estrecha relación con la autonomía personal y el libre
desarrollo personal que reserva al individuo una serie de decisiones
relacionadas con su salud libre de interferencias estatales y de terceros.”
[101]
T-234 de 2007
[102]
El artículo 10 de la ley 65 de 1993 establece: ARTÍCULO 10. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO PENITENCIARIO. El tratamiento penitenciario
tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de la ley
penal, mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el
trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la
recreación, bajo un espíritu humano y solidario.
[103]
La Corte ha sostenido que “Una suspensión o limitación de los derechos
fundamentales que no esté legitimada en estos objetivos [se refiere a la
resocialización, o al goce de sus derechos], que sea innecesaria o
desproporcionada resulta una sanción adicional y excesiva no autorizada por la
Constitución y una violación de derechos fundamentales.” Sentencia T-690
de 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Recientemente, con la adición del
artículo 10A, la ley 65 de 1993, se estableció que el Estado debe propender por
una mínima intervención sobre los derechos de los internos: ARTICULO  10A. Adicionado
por el art. 6, Ley 1709 de 2014. Intervención
mínima. El sistema penitenciario velará por el cumplimiento de los
derechos y las garantías de los internos; los que solo podrán ser limitados
según lo dispuesto en la Constitución, los tratados internacionales, las leyes
y los reglamentos del régimen interno del Establecimiento Penitenciario y Carcelario.
[104]
Observación general 21, Comentarios generales adoptados por
el Comité de los Derechos Humanos, Artículo 10 - Trato humano de las personas
privadas de libertad, 44º período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at
176 (1992).
[105]
Ver supra numeral 2 del acápite de antecedentes de la
sentencia.
[106]
Ver supra numeral 4.9 del título de material probatorio. Ésta
no es la primera vez que se observa la necesidad de una medida tan drástica. En
el 2011, el Secretario Local de Salud de la
Alcaldía de Valledupar había recomendado,  la reubicación de los internos y el
sellamiento como medida sanitaria preventiva en la
Cárcel de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar, ante la falta de garantías
para sus derechos a la salud y a una vida en condiciones dignas-
[107]
Estas mínimas cantidades de agua para quienes se encuentran privados de la
libertad, son señaladas por el Comité Internacional de la
Cruz Roja, en la publicación titulada Agua, saneamiento, higiene y hábitat en
las Cárceles. Guía complementaria, en agosto de 2013. Disponible en http://www.icrc.org/spa/assets/files/publications/icrc-002-4083.pdf.
el CICR señala en la página 47:
Suministro
(cantidades mínimas de agua)
>10-15
litros por día (para cubrir todas
las necesidades)
>3-5
litros por persona por día para sobrevivir
(ambiente caluroso o frío)
>1
litro por persona por día para lavarse
después de usar los retretes.
[108]
Estas mínimas cantidades de agua para quienes se encuentran privados de la
libertad, son señaladas por el Comité Internacional de la
Cruz Roja, en la publicación titulada Agua, saneamiento, higiene y hábitat en
las Cárceles. Guía complementaria, en agosto de 2013. Disponible en http://www.icrc.org/spa/assets/files/publications/icrc-002-4083.pdf.
el CICR señala en la página 47:
Suministro
(cantidades mínimas de agua)
>10-15
litros por día (para cubrir todas
las necesidades)
>3-5
litros por persona por día para sobrevivir
(ambiente caluroso o frío)
>1
litro por persona por día para lavarse
después de usar los retretes.