T-306-02
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-306/02
SISBEN-Objeto
El SISBEN es el Sistema de Selección de
Beneficiarios para Programas Sociales y principal instrumento con el que
cuentan las autoridades de las entidades territoriales para focalizar el gasto
social descentralizado. Sirve para seleccionar a los beneficiarios de los
programas sociales dirigidos a los sectores más pobres y vulnerables de la
población colombiana que son financiados, principalmente, con los recursos
provenientes de las transferencias intergubernamentales, así como está
contenido en los artículos 356 y 357 de la Carta Política y en el artículo 30
de la Ley 60 de 1993.
DERECHO A LA
SALUD-Práctica de cirugía
en hospital de otro nivel
Referencia:
expediente T-559559
Peticionario: Wilson
José Anacona
Accionado: Hospital
Susana López de Valencia, Popayán
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO
MONROY CABRA
Bogotá D.C.,
veinticinco  (25)  de abril de dos mil dos (2002)
La Sala Sexta de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados doctores, Eduardo
Montealegre Lynett, Alvaro Tafur Galvis y Marco Gerardo Monroy Cabra, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
revisión de la sentencia proferida por el Juzgado 4 Penal Municipal de Popayán,
el 5 de diciembre de 2001.
I.
HECHOS
1.     Manifiesta el accionante que el día 20 de
agosto de 2001 sufrió un accidente que le produjo lesión en el brazo izquierdo
con fractura en el radio, en el cúbito y supuestamente en los tendones, razón por
la cual acudió al centro de salud del hospital  nivel II Susana López de
Valencia en la ciudad de Popayán. Dice haber estado hospitalizado durante 6
días.
2.     Días después regresó al hospital porque se
sentía enfermo, más no porque le hubieran dicho en éste que lo hiciera. Con el
recibo de pago de la parte de los costos y de los implementos que le dijeron
debía asumir, le fue programada una cirugía para el día 20 de noviembre de
2001. Por estar en trámite su afiliación al SISBEN y ser así beneficiario del
régimen subsidiado, el excedente de la cirugía sería asumido por éste.
3.     Afirma que fue internado en el hospital el
19 de noviembre pero que ese día, el médico que supuestamente lo iba a operar,
le dijo que la cirugía se había complicado y que el hospital, por ser de nivel
II, no contaba con los equipos necesarios para atenderlo. Por lo tanto, el
accionante fue remitido al hospital Universitario del Valle por ser un
hospital  de nivel III de complejidad.
4.     El día 22 de noviembre el accionante llegó
al mencionado hospital en la  ciudad de Cali, donde lo evaluaron y le dieron
cita para el 3 de diciembre de 2001. Manifiesta que se vio obligado a pagar
todos los gastos, pues le informaron que el SISBEN únicamente cubre los gastos
realizados dentro del municipio de expedición del carné.
5.     En vista de que tuvo que incurrir en una
serie de gastos que le fueron ordenados en el hospital, los cuales resultaron
innecesarios puesto que la cirugía fue programada pero nunca realizada, el
señor Wilson José Anacona interpone acción de tutela en contra del hospital
nivel II Susana López de Valencia en la cual SOLICITA le sean protegidos sus
derechos a la vida y a la salud.
I.
PRUEBAS
1.     Fórmula médica con fecha del 20 de
noviembre de 2001 para el paciente Wilson José Anacona
2.     Registro médico del paciente Wilson José
Anacona del hospital nivel II Susana  López de Valencia
3.     Recibo de facturación con fecha del 23 de
octubre de 2001 por concepto de "cirugías vinculados" a favor del
hospital nivel II Susana  López de Valencia pagado por Wilson José Anacona por
un valor de $280.000
4.     Recibo de facturación con fecha del 24 de
agosto de 2001 por concepto de "hospitalización" a favor del hospital
nivel II Susana  López de Valencia pagado por Wilson José Anacona por un valor
de $50.000
5.     Orden de hospitalización y cirugía del
hospital nivel II Susana  López de Valencia para Wilson José Anacona. La fecha
de programación de la cirugía es para el 20 de noviembre de 2001.
6.     Recibo de pago de Wilson José Anacona por
concepto de algodones y vendas por un valor de $23.400
7.     Respuesta al oficio No 1762 del 26 de
noviembre de 2001del Juzgado 4 Penal Municipal de Popayán, por parte del
hospital nivel II Susana  López de Valencia.
8.     Historia clínica de urgencias en el
hospital nivel II Susana  López de Valencia del paciente Wilson José Anacona
con fechas del 20 y 21 de agosto y del 19 de noviembre de 2001.
III. DECISIONES JUDICIALES
Única Instancia
En sentencia del 5 de diciembre de 2001 el
Juez Cuarto Penal Municipal decidió NO TUTELAR los derechos a la vida y a la
salud invocados por el accionante. Fundamenta su decisión en que la vulneración
a los mencionados derechos no se produjo por que al accionado no se le
atendiera debidamente, si no porque fue por su propia negligencia ( no acudir a
revisión médica al hospital nivel II Susana  López de Valencia ), que el trauma
se complicó, pasando así de un primer a un segundo nivel de complejidad.
Encuentra el juez como demostrado en la
historia clínica y en el proceso de seguimiento del proceso médico, que el
accionante fue atendido de manera conveniente por el centro médico. Por el
contrario, el accionante no asistió a consulta médica alguna en los días
siguientes al accidente, y sólo volvió al hospital dejando de ésta manera
abandonada su fractura. Considera el juez que si el accionante no fue atendido
en Cali, se debió a que el SISBEN únicamente cubre los gastos a nivel
municipal.
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
A.   Competencia.
Esta Corte es competente de conformidad con
los artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional, y el decreto 2591 de 1991,
para revisar el presente fallo de tutela.
B.   Fundamentos
1. Los derechos a la vida y a la salud en
el Estado Social de Derecho
El Estado Social de Derecho busca que los
derechos fundamentales y la justicia social tengan una efectividad real. El
derecho a la vida está consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política
como el primero de los derechos fundamentales. La salud de las personas que
integran a Colombia, como derecho fundamental por conexidad con el derecho a la
vida, es uno de los fines  esenciales del Estado, por lo cual su atención es
considerado como un servicio público a cargo de éste[1].
Referente al derecho fundamental a la vida,
en sentencia T-645 de 1998, con ponencia del Magistrado Fabio Morón Díaz,
señaló la Corte que " Esta Corte ha sostenido que la vida humana está
consagrada en el preámbulo de la Carta de 1991, como un valor superior que debe
asegurar la organización política, pues las autoridades públicas, aún más las
de carácter de seguridad social, están instituidas para protegerla integralmente
y para garantizar el derecho constitucional fundamental a la integridad física
y mental; en concordancia con ese valor, el artículo 11 de la C.P. consagra el
derecho a la vida como el de mayor connotación jurídico política, toda vez que
se erige en el presupuesto ontológico para el goce y ejecución de los demás
derechos constitucionales, ya que cualquier prerrogativa, facultad o poder en
la sociedad es consecuencia necesaria de la existencia humana."
Más adelante, respecto al derecho a la
salud, en sentencia T-723 de 1998 con ponencia del mismo magistrado, la Corte
estableció que "Dentro del Estado Social de derecho, la atención de la
salud de las personas residentes en Colombia, constituye un cometido
programático de carácter social a cargo del Estado y de los asociados, que sin
duda le impone al poder público y a los particulares la misión constitucional
de establecer y crear un sistema de seguridad social integral que atienda los
derechos sociales previstos en la Carta Política, especialmente en materia de
salud, que comprende por extensión los derechos fundamentales a la vida y a la
integridad física."
2. La dignidad y la integridad física como
derechos fundamentales
La Corte Constitucional se ha referido en
reiteradas ocasiones al concepto de vida, concluyendo que no se trata de un
concepto referido únicamente al derecho a la vida como protección contra el
peligro de muerte. Para ésta Corporación, cuando con el amparo de tutela se
trata de proteger el derecho a la vida, ésta acción no debe limitarse a actuar
en los eventos en que una persona se encuentre en peligro de muerte o cuando
esté seriamente comprometida una función orgánica de manera definitiva. Para la
Corte la vida del hombre merece ser una vida digna y debe contar con la
garantía de ser del respeto a la integridad física. En efecto, la vida "se
consolida como un concepto  mas amplio a la simple y limitada  posibilidad de
existir o no, extendiéndose al objetivo de  garantizar también  una existencia
en condiciones dignas. Lo que se pretende entonces,  es respetar la situación
“existencial de la vida humana en condiciones de plena dignidad”, ya que
“al hombre no se le debe una vida cualquiera, sino una vida saludable”[2], en la
medida en que sea posible."[3]
Ha dicho la Corte que el derecho a la
integridad física del hombre se refiere al respeto a su corporeidad de forma
plena y total, de manera que conserve su estructura natural como ser humano. Al
respecto, la sentencia T- 494 señaló que "Es cierto que la salud y la
integridad física son objetos jurídicos identificables, pero nunca desligados
de la vida humana que los abarca de manera directa. Por ello cuando se habla
del derecho a la vida se comprenden necesariamente los derechos a la salud e
integridad física, porque lo que se predica del género cobija a cada una de las
especies que lo integran. Es un contrasentido manifestar que el derecho a la
vida es un bien fundamental, y dar a entender que sus partes -derecho a la
salud y derecho a la integridad física- no lo son." [4]
Para que el más grande de los derechos
fundamentales, el derecho a la vida, sea efectivamente protegido, deben
garantizarse los derechos a la salud, a la dignidad y a la integridad física,
pues todos ellos constituyen parte del núcleo esencial del concepto de "vida"
que un estado social de derecho, como es el nuestro, debe hacer valer.
3. El régimen subsidiado en el sistema
general de seguridad social en salud
La Constitución Política de 1991 impone al
gobierno nacional, departamental y municipal, dirigir el gasto social hacia las
personas más pobres y vulnerables[5].
El artículo primero del Decreto 1919 de
1994 define el objeto y campo de la aplicación del Sistema General de Seguridad
Social en Salud como el conjunto de las entidades públicas y privadas, y de las
normas y de los procedimientos, destinado a garantizar a toda la población el
servicio público esencial de salud.
La dirección del Sistema General de
Seguridad Social en Salud está a cargo del Ministerio de Salud, y tiene el
apoyo del Consejo  Nacional de Seguridad Social en Salud. A nivel territorial,
el Director de Salud y Consejo Territorial correspondiente, son los encargados
de la dirección y coordinación del Sistema en la respectiva jurisdicción.
La afiliación al sistema es obligatoria
para todos los habitantes de Colombia, ya sea en el régimen contributivo o en
el subsidiado, siendo éste último para las personas y las familias que no
cuenten con los ingresos suficientes para pagar su acceso a los servicios de
salud.
El régimen subsidiado se financiará con
recursos fiscales de las entidades territoriales, con dinero del Fondo de
Solidaridad y Garantía, y con contribuciones de los usuarios. Otorga de manera
inmediata la pertenencia al Plan Obligatorio de Salud -POS-, que comprende al
protección integral de la salud con atención preventiva, médico-quirúrgica, de
rehabilitación, así como el suministro de medicamentos esenciales.
El Acuerdo 72 del Régimen de Seguridad en
Salud del Ministerio de Salud hace referencia, en su artículo primero, a los
contenidos del Plan Obligatorio de Salud para el Régimen Subsidiado. El
Plan Obligatorio de Salud Subsidiado comprende  los servicios,
procedimientos y suministros que el Sistema General de Seguridad Social en
Salud garantiza a las personas aseguradas con el propósito de mantener y
recuperar su salud.
4. Qué es el SISBEN ?
El SISBEN es el
Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales y principal
instrumento con el que cuentan las autoridades de las entidades territoriales
para focalizar el gasto social descentralizado. Sirve para seleccionar a los
beneficiarios de los programas sociales dirigidos a los sectores más pobres y
vulnerables de la población colombiana que son financiados, principalmente, con
los recursos provenientes de las transferencias intergubernamentales, así como
está contenido en los artículos 356 y 357 de la Carta Política y en el artículo
30 de la Ley 60 de 1993.
En sentencia T-961
de 2001[6]
se hizo una breve reseña de lo que significa el SISBEN, razón por la cual se
hace mención de ella.
"La
ley 100 de 1993 estableció  dentro del Sistema General de Seguridad Social en
Salud, el llamado régimen subsidiado, al cual deberán ser afiliadas todas
aquellas personas sin capacidad de pago para cubrir el monto total de las
cotizaciones a su cargo.
Al régimen
subsidiado  pertenecen las personas  integrantes de los estratos 1 y 2, es
decir, la población mas pobre y vulnerable del país en las áreas rural y
urbana, con especial énfasis: las madres durante el embarazo,   parto,
postparto y lactancia, las madres comunitarias, las mujeres cabeza de familia,
los niños menores de un año, los enfermos de Hansen, las personas mayores de 65
años,
los discapacitados, los campesinos, las comunidades indígenas, los artistas
y deportistas, los trabajadores y profesionales independientes, los toreros y
sus subalternos, los periodistas independientes, maestros de obra de
construcción, albañiles, taxistas, electricistas, desempleados y demás
personas sin capacidad de pago."
El artículo
213 de la ley 100 de 1993 contiene los requisitos para ser beneficiario del
SISBEN: " Será beneficiario del régimen subsidiado toda la población
pobre y vulnerable, en los términos del artículo 157 de la presente ley.
El gobierno
nacional, previa recomendación del Consejo Nacional de Seguridad Social en
Salud definirá los criterios generales que deben ser aplicables por las
entidades territoriales para definir los beneficiarios  del Sistema, según las
normas del régimen subsidiado. En todo caso, el carácter del subsidio, que
podrá ser una proporción variable a la Unidad de pago por capitación, se
establecerá según la capacidad económica de las personas, medida en función de
sus ingresos, nivel educativo, tamaño de la familia, y la situación sanitaria y
geográfica de su vivienda.
Las personas que
cumplan con los criterios  establecidos por el Consejo Nacional de Seguridad
Social en Salud como posibles beneficiarios del régimen de subsidios se
inscribirán ante la Dirección de Salud correspondiente, la cual calificará su
condición de beneficiario del subsidio, de acuerdo con la reglamentación que se
expida para el efecto.”
El SISBEN goza de  importancia
constitucional al tratarse del instrumento que contribuye a la efectividad de
algunos de los derechos económicos, sociales y culturales consagrados en la
Constitución Política, como son la salud y la vida.
V. Del caso en concreto
En el presente asunto se trata de
determinar si la acción de tutela impetrada por el señor Wilson José Anacona en
contra del hospital nivel II Susana López de Valencia, de la ciudad de Popayán,
debe prosperar.
Estamos ante el caso
de una persona encuestada por el SISBEN en la ciudad de Popayán y beneficiaria
del Régimen Subsidiado de Seguridad Social en Salud, que luego de haber sufrido
un accidente, fue atendida en el hospital de dicha ciudad. Un par de meses más
tarde, el médico del mencionado centro hospitalario la remitió a otro centro
hospitalario, ésta vez en la ciudad de Cali, para su intervención ya que la
cirugía se había complicado y el hospital, por ser de nivel II, no contaba con
los equipos necesarios para atenderla. Por lo tanto, el accionante fue remitido
al hospital Universitario del Valle, un hospital  de nivel III de complejidad.
El accionante
asegura haber actuado diligentemente, pues dice haber hecho todo lo que le
ordenaron en el hospital accionado. Con el recibo de pago de la parte de los
costos que debía asumir y de los implementos que debía comprar, le fue
programada la cirugía. Sin embargo el accionado, en respuesta dada al Juzgado
cuarto penal municipal de Popayán, señaló: que el señor Wilson José Anacona
consultó ése hospital por primera vez el día 20 de agosto de 2001, fecha en la
que se le diagnosticó una fractura expuesta grado III, prestándosele la
atención médica debida. Manifiesta que en ésa misma consulta el médico formuló
el material de osteontesis para la cirugía la cual se programaría una vez
conseguido dicho material, pero que el paciente no regresó al hospital ni
siquiera a consulta médica los tres días posteriores al trauma, y sólo hasta el
día 19 de noviembre del mismo año se presentó nuevamente para ser operado. El
20 de noviembre fue valorado nuevamente, pero dice el médico que, por la
tardanza en la consulta, el manejo del paciente se agravó pasando a ser de
tercer nivel de atención. Por tratarse de una fractura abandonada, se requiere
ahora un instrumental especial con el que el hospital no cuenta, razón por la
cual fue remitido a un hospital de tercer nivel de complejidad. Teniendo en
cuenta la crisis hospitalaria del departamento, se hizo necesaria la remisión
al hospital departamental del Valle.
¿Actuó el hospital
nivel II Susana López de Valencia, de la ciudad de Popayán, de manera
negligente en la atención prestada al accionante y, en consecuencia, debe la
tutela prosperar? El hospital siempre atendió al accionante cuando éste así lo
requirió. Tan cierto es esto que el accionante fue incluso remitido a un
hospital que sí contaba con el equipo necesario para la intervención
quirúrgica. De  todo lo anterior se evidencia que el accionante fue atendido en
el hospital contra el cual dirigió la tutela en el momento que acudió en busca
de sus servicios, y que el traslado a un hospital de otra ciudad no se debió a una
conducta negligente por parte del centro hospitalario sino a una complicación
en la lesión.
El artículo 3 del
Acuerdo 72 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, que trata sobre
la atención ambulatoria en el segundo y tercer nivel de atención, garantiza
"la atención integral en Traumatología y Ortopedia para todos los grupos
de edad; incluye el suministro de medicamentos, material medicoquirúrgico y de
osteosíntesis, vendas de yeso, y la realización de los procedimientos e
intervenciones diagnósticos y terapéuticos necesarios de cualquier complejidad
enumerados en Resolución No. 5261 de 1994, artículo 68 y las demás normas que
la adicionen o modifiquen."
¿ Es obligación del
hospital departamental del Valle prestarle al accionante, de manera gratuita,
el servicio médico por el cual fue remitido? No hay norma legal que establezca
esta obligación. Sin embargo, se puede prestar la atención si existe convenio
entre el hospital de Popayán y otro centro hospitalario.
VI.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO : REVOCAR la sentencia proferida el 5 de diciembre
por el Juzgado 4 Penal Municipal de Popayán, y en su lugar CONCEDER el
amparo de tutela a favor del señor Wilson José Anacona.
SEGUNDO : ORDENAR al hospital nivel II Susana
López de Valencia de la ciudad de Popayán, que le preste al accionante la
atención hospitalaria que requiere. En el caso que sea necesaria una atención
que no pueda ser prestada teniendo en cuenta los equipos médicos de que dispone
este hospital, el paciente deberá ser remitido y atendido en otro centro
hospitalario con el que tenga convenio y el cual cuente con los medios idóneos
para tal fin.
TERCERO: Para los efectos del artículo 36 del decreto 2591 de
1991, el juzgado de origen hará las notificaciones y tomará las medidas
conducentes para el cumplimiento de esta sentencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado Ponente
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[CC1]
[1] Artículo 49 de la Constitución
Política. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios
públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de
promoción, protección y recuperación de la salud.
Corresponde al
Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a
los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para
la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su
vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las
entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo
en los términos y condiciones señalados en la ley.
Los servicios
de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con
participación de la comunidad.
La ley señalará
los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será
gratuita y obligatoria.
Toda
persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su
comunidad.
[2] sentencia
T-494 de 1993. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[3] sentencia T- 941 de 2000
M.P. Alejandro Martínez Caballero
[4] sentencia
T-494 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[5] "
Derechos humanos y Sisben" Defensoría del pueblo. Bogotá, Colombia
[6] T-961
de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[CC1]