SU396-17
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia SU396/17
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN
PROCESO DISCIPLINARIO-Caso en que
abogada fue sancionada por injuria, por presentar memorial en el cual se
refirió al juez de instancia con una figura discursiva que comporta una
acusación sobre su actuar inmoral
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia
excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
REGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS ABOGADOS-Naturaleza y marco normativo
CODIGO DISCIPLINARIO DEL ABOGADO-Ley 1123 de 2007
CODIGO DISCIPLINARIO DEL ABOGADO-Jurisprudencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura sobre las faltas contra el respeto debido
a la administración de justicia y a las autoridades administrativas
La
falta descrita en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, requiere que en el
análisis de tipicidad, el juez verifique que concurre el animus injuriandi.
En ese sentido, para que se configure la injuria es preciso que existan
expresiones desobligantes, que afecten la honra de la persona a quien se
imputan, y se evidencie la conciencia de quien hace la imputación, de que el
hecho atribuido tiene la capacidad de dañar o menoscabar la honra.
LIBERTAD DE EXPRESION-Contenido y alcance
LIBERTAD DE EXPRESION-Límites
DERECHO A LA HONRA-Límite al ejercicio de la libertad de expresión
La
libertad de expresión no ampara frases ni alusiones injuriosas o que comporten
descrédito, difamación, desprestigio, menosprecio o insulto. Esta libertad
ampara la crítica, que puede tener un tono fuerte con el fin de alterar a la
opinión pública, pero no protege el ataque a la honra de las personas, pues se
estima que las afirmaciones vejatorias del honor ajeno no tienen justificación.
LIBERTAD DE EXPRESION DE LOS ABOGADOS-Restricciones
Aunque
el discurso de los abogados en ejercicio del ius postulandi es amplio, y las figuras discursivas a
las que pueden acudir son variadas, éste se somete a las restricciones
excepcionales del derecho a la libertad de expresión, dentro de las cuales se
encuentran las expresiones
que afectan los derechos de los demás.
CARACTERIZACION DEL DEFECTO FACTICO COMO CAUSAL
ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES
DEFECTO SUSTANTIVO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN
PROCESO DISCIPLINARIO-Improcedencia
por inexistencia de defecto fáctico, por cuanto las autoridades judiciales
accionadas valoraron los testimonios y el dictamen pericial aportados
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN
PROCESO DISCIPLINARIO-Improcedencia
por no configurarse defecto sustantivo por cuanto las autoridades judiciales
accionadas verificaron la concurrencia de los requisitos para que se
configurara la injuria
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN
PROCESO DISCIPLINARIO-Improcedencia
por no configurarse violación directa de la Constitución, por cuanto las
decisiones se ciñeron a los presupuestos para sancionar el ejercicio arbitrario
de la libertad de expresión de abogada
En ese caso se probó que el ejercicio
de esa prerrogativa por parte de la disciplinada lesionó el derecho fundamental
a la honra de un tercero, en este caso, de un juez de la República que merece
respeto, no sólo por tratarse de una persona, titular de derechos humanos, sino
además por representar la majestad de la justicia. La accionante se extralimitó
en el ejercicio propio de su función de abogada, pues el hecho de estar en
desacuerdo con un juez por considerar que éste se había apartado de las normas
aplicables, no la facultaba para cuestionar su moralidad y señalarlo de haberse
organizado con otros para infringir la ley y sacar provecho de un
comportamiento ilícito
Referencia: Expediente T-5.803.312
Acción
de tutela presentada por Bernardita Pérez Restrepo contra la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia.
Procedencia: Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Antioquia.
Asunto:
Tutela contra providencia judicial. Sanción disciplinaria por injuria. Límites
a la libertad de expresión.
Magistrada
sustanciadora:
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil diecisiete (2017)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado
Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, y los Magistrados Carlos
Bernal Pulido, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria
Stella Ortiz Delgado, Iván Humberto Escrucería Mayolo, Cristina Pardo
Schlesinger, Alberto Rojas Ríos y Diana Fajardo Rivera, en ejercicio de sus
facultades constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión del fallo de única instancia, adoptado por la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia el 10 de junio de 2016, en el proceso de tutela promovido por Bernardita
Pérez Restrepo, contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Antioquia.
De conformidad con los artículos 53, 57 y 58 del Acuerdo 02 de 2015, “[p]or
medio del cual se unifica y actualiza el Reglamento de la Corte Constitucional”,
los Magistrados Alejandro Linares Cantillo y María Victoria Calle Correa, presentaron
escritos de insistencia mediante los cuales pusieron en consideración de la
Sala de Selección el asunto de la referencia.[1]
Conforme a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución
Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, mediante Auto del 14 de diciembre de
2016, la Sala de Selección Número Doce de la Corte Constitucional escogió, para
efectos de su revisión, el asunto de la referencia.
El 22 de febrero de 2017, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo
2º del artículo 61 del Reglamento de esta Corporación, la Sala Plena decidió
asumir el conocimiento del asunto de la referencia.
De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, la Sala
Plena procede a dictar la sentencia correspondiente.
I. ANTECEDENTES
El 26 de mayo de 2016, la abogada Bernardita Pérez Restrepo, obrando
mediante apoderado, interpuso acción de tutela contra las sentencias (i) del 20
de noviembre de 2014, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, y (ii) del 7 de octubre de
2015, dictada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de
la Judicatura. Las decisiones controvertidas fueron proferidas dentro del
proceso disciplinario adelantado en su contra, como resultado de la compulsa de
copias realizada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Medellín, ante las afirmaciones presuntamente injuriosas contenidas en los
alegatos de conclusión presentados en un proceso reivindicatorio.
La accionante pretende que sean amparados sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión; que
considera vulnerados por las providencias mencionadas, debido a que a través de
éstas, los jueces la declararon disciplinariamente responsable y la sancionaron
por haber cometido una conducta que a su juicio es atípica.
A.Hechos y pretensiones
1.  Sostiene el apoderado que en el trámite de segunda instancia de un
proceso reivindicatorio, iniciado por la Promotora Montecarlo S.A. y otros
contra los Municipios Asociados del Valle de Aburrá, la abogada Bernardita
Pérez Restrepo, quien fungió como apoderada de la parte demandada, presentó
alegatos de conclusión ante la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín. En el memorial referido, la accionante incluyó un acápite
en el que se refirió a la excepción previa de falta de jurisdicción que había
formulado en primera instancia[2].
Específicamente, señaló:
“Es un tema elemental, para los jueces de la República y para todos los
sujetos y órganos estatales, el de que sus actuaciones solo son legítimas en
tanto se actúe con jurisdicción y con competencia. De lo contrario, sus actos
no son mandatos judiciales, sino, para utilizar la terminología desarrollada en
el campo de las acciones de tutela contra providencias judiciales, meras vías
de hecho. La sentencia apelada, no es más que una vía de hecho, en tanto se
pretendió ejercer la función de administrar justicia careciendo absolutamente
de JURISDICCIÓN.
Este no es un tema novedoso en el desarrollo del presente proceso –y
aún si lo fuese, tal situación no sería relevante ya que la ausencia de
jurisdicción es una causal de nulidad, simplemente, insubsanable-, toda vez que
el juez de primera instancia fue siempre advertido en el sentido de que
estaba actuando, no como juez de la República, sino como jefe de una banda de
ladrones; no otra cosa puede predicarse del hecho de que un juez asuma
competencia careciendo de jurisdicción.” (Negrillas
fuera del texto)
2.
Afirma que mediante sentencia del 27 de febrero de
2013, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín
compulsó copias a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de
la Judicatura de Antioquia, con ocasión de la afirmación resaltada, contenida
en los alegatos de conclusión presentados por la abogada Bernardita Pérez
Restrepo[3].
3.
Indica que el 7 de abril de 2014, se celebró audiencia
de pruebas y calificación provisional, en la que se señaló que la abogada había
incumplido el deber previsto en el numeral 7º del artículo 28 de la Ley 1123 de
2007, que exige que los abogados guarden mesura y respeten a los servidores
públicos. Específicamente se realizó la calificación jurídica por la conducta
establecida en el artículo 32 de la misma normativa, según el cual constituye
falta contra el debido respeto a la administración de justicia y a las
autoridades administrativas, injuriar o acusar temerariamente a los servidores
públicos. La conducta fue imputada a título de dolo.[4]
4.
En el curso del proceso disciplinario, la
accionante solicitó que se decretaran distintas pruebas con el fin de demostrar
que la expresión utilizada era una figura retórica (en particular una
metáfora), recurrente en los discursos filosóficos y jurídicos[5].
Específicamente resultan relevantes las siguientes pruebas:
-
Testimonio del abogado y docente Alejandro Ochoa
Botero, quien manifestó que la expresión usada por la disciplinada corresponde
a una metáfora, que no es de la autoría de la abogada, sino de algún filósofo
escolástico. Indicó que se trataba de un recurso argumentativo para crear
impacto, pero si se auscultaba lo que la metáfora sugería, era posible
descartar el significado desfavorable. En efecto, al tener en cuenta que la
expresión se dio en el marco de una discusión sobre la potestad jurisdiccional,
se comprobaba que la abogada no había sugerido que el juez hubiera actuado de
forma inmoral. Así pues, la manifestación de la disciplinada se dirigía a
sugerir que el juez “no posee un poder institucional sino un poder de hecho,
esto es que no hay una dimanación jurídica del poder de una fuente normativa
vigente”[6].
-
Testimonio del abogado y docente Alberto Antonio
Ceballos Velásquez, quien manifestó que la función del juez sólo es legítima si
se ajusta a valores constitucionales. Entonces, tal y como lo han establecido
distintos filósofos y teóricos del derecho, cuando el juez no se ajusta a la
ley, actúa de forma arbitraria e ilegítima, y a su juicio, a esa situación
hacía referencia la metáfora o analogía usada por la abogada investigada. Ante
la pregunta de la Magistrada sustanciadora, sobre si la expresión contenida en
los alegatos de conclusión afectaba la majestad de la justicia, afirmó que se
trataba de un recurso retórico, dirigido a realzar la importancia que la
competencia tiene en la actuación del juez.
-
Declaración del jurista Carlos Gaviria Díaz[7],
mediante la cual manifestó ser amigo personal de la disciplinada y señaló que
filósofos del derecho como Hans Kelsen y John Austin, han hecho referencia a
los jueces como delincuentes cuando su actuación es apartada de la ley. Así
pues, afirmó que la frase contenida en los alegatos de conclusión fue
metafórica y ningún jurista que emplea la metáfora en mención la cita entre
comillas porque ha devenido en lugar común.
-
Peritaje del profesor Manuel José Morales Morales[8],
aportado en el proceso disciplinario. El perito afirmó que al evaluar la
expresión discutida, era posible advertir que no había un ataque al juez, sino
una disidencia profunda, al considerar que decidir de fondo sin tener
jurisdicción, es ‘como’ generar una ‘actuación de una banda de ladrones’. En
ese orden de ideas, indicó que “[a]unque descontextualizado ciertamente se
trae a colación uno de los argumentos tradicionales en el ámbito de la filosofía
política acerca del predominio del poder político sobre otras formas de poder.”
Así pues, indicó que la expresión tiene origen y sentido metafórico,
fue tomada de San Agustín de Hipona en La Ciudad de Dios[9],
y en esa medida se demuestra que no acusaba al juez de ser un ladrón, ni lo
estaba insultando.
5.
El apoderado de la accionante indicó que la figura
discursiva utilizada no configuraba injuria, pues la abogada no tenía el ánimo
de atentar contra la dignidad del juez de primera instancia en el proceso, ni
la entidad suficiente para herir su susceptibilidad. De otra parte, manifestó
que la frase debía ser analizada en su contexto, el cual permitía entender que
no se había acusado al funcionario judicial de haber cometido un delito, sino que
se usó dicha metáfora con el fin de evidenciar la absoluta falta de sustento de
la decisión adoptada, relativa a la jurisdicción competente para asumir el
asunto debatido.
De otra parte, determinó que en el presente caso era necesario hacer un
estudio del contexto desde dos perspectivas: de un lado, el proceso en el cual
apareció la expresión, y de otro, desde el punto de vista del significado cultural
del dicho.
A partir de los dos niveles de contexto descritos, estableció que no
era posible concluir que la expresión cuestionada constituyera un hecho
deshonroso, con el que se pusiera en tela de juicio la dignidad o el honor del
juez que profirió la sentencia de primera instancia en el proceso
reivindicatorio. Lo anterior, por cuanto se trataba de una acusación relacionada
con la falta de jurisdicción del juzgado que profirió el fallo, y no un ataque
hacia la persona del juez, pues la expresión “jefe de una banda de ladrones”,
no era original de la abogada, sino de San Agustín, lo que desvirtuaba que se
tratara de un dicho deshonroso.
De otra parte, indicó que la permanencia de la metáfora en el tiempo (al
haber sido retomada por filósofos como Locke, Kelsen y Austin), con el fin de poner
en tela de juicio la legitimidad del ejercicio del poder, demostraba que la
investigada no la utilizó con el ánimo de ofender al juez, sino con el propósito
de insistir en la carencia de legitimidad de la sentencia proferida por éste.
6.
Mediante sentencia del 20 de noviembre de 2014[10],
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia declaró disciplinariamente responsable a la abogada Pérez Restrepo,
por haber infringido el deber profesional contenido en el numeral 7º del
artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, al injuriar a un juez de la República.
En la decisión controvertida, la autoridad judicial accionada verificó
que se había configurado una conducta típica, antijurídica y culpable. En
particular, estableció que la disciplinada incumplió el deber de respeto a
quienes administran justicia, pues en los alegatos de conclusión presentados
incluyó una manifestación que menoscaba la dignidad y el íntimo aprecio del
Juez 13 Civil del Circuito de Medellín, quien representa la majestad de la
justicia.
En ese orden de ideas, el a quo en el proceso disciplinario
determinó que, por el simple hecho de haber conocido de un asunto que a juicio
de la abogada escapaba de la jurisdicción del juez, aquélla estableció que
actuaba como el jefe de una banda de ladrones y no como juez de la República.
Así pues, indicó que la disciplinada usó una expresión que contiene “enorme
carga agraviante” y que se dirigió inequívocamente al Juez 13 Civil del
Circuito de Medellín, autoridad que representa a la rama judicial.
En efecto, la sentencia de primera instancia en el proceso
disciplinario se fundamentó en el hecho de que la abogada, con ánimo ofensivo,
hubiera lesionado a la administración de justicia, al acusar al a quo en
el proceso reivindicatorio de ser el “regente de un grupo de delincuentes”. Es
así como, se trató de una manifestación desconsiderada e irrespetuosa que no
corresponde a la sensatez y mesura que debe caracterizar a los abogados en el
ejercicio de su profesión, por lo cual la conducta de la abogada era
reprochable disciplinariamente.
Específicamente, el a quo estableció que se trataba de una
conducta típica porque se configuraban los elementos de la injuria, así:
(i) se empleó una frase que iba inequívocamente dirigida contra una persona
conocida y determinable; (ii) la investigada conocía el carácter deshonroso de
la afirmación, la cual conlleva el menoscabo de la honra y el pundonor del
destinatario, que era un juez de la República; (iii) el carácter deshonroso del
hecho imputado menoscaba la honra de la persona, pues al tildar al juez de ser
el líder de un grupo delincuencial, se pone en entredicho su buen nombre,
decoro, dignidad y la transparencia en el ejercicio de sus funciones; y (iv) la
disciplinada tenía conciencia de que el hecho atribuido puede dañar o
menoscabar la honra del juez (quien ostenta esa calidad por sus méritos
profesionales demostrados), pues se trata de afirmaciones que suponen la
comisión de hechos delictivos y a pesar de que la disciplinada adujo que se
trataba de una metáfora, la expresión no fue contextualizada, ni acompañada de
una referencia a la Ciudad de Dios.
Además, determinó que se trataba de una conducta antijurídica
pues de conformidad con el artículo 4º de la Ley 1123 de 2007 constituye una
falta del abogado desconocer alguno de los deberes consagrados en el Código
Disciplinario del Abogado y la accionante no adujo una causal excluyente de
responsabilidad. Al contrario, se probó que su conducta era reprochable pues
como profesional del derecho sabía de los deberes y obligaciones a su cargo.
De otro lado, la autoridad judicial accionada concluyó que la conducta
de la disciplinada era dolosa, pues sabía que al elaborar un documento
que contenía expresiones injuriosas y temerarias con las que ponía en tela de
juicio la dignidad e integridad del juez de primera instancia, realizaba un
comportamiento contrario a derecho. En efecto, “(…) con su capacidad
intelectiva tenía pleno conocimiento del carácter deshonroso y lesivo de sus
expresiones y pese a esa comprensión, en forma libre y voluntaria prefirió
vulnerar el ordenamiento jurídico, siendo por ello reprochable su proceder.”[11]
En consecuencia, a la abogada Pérez Restrepo le fue impuesta la sanción
de suspensión del ejercicio de la profesión por el término de 2 meses y multa
de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
7.
Tanto la abogada como su apoderado impugnaron la
decisión del a quo[12]
con fundamento en que en este caso no se configuró la conducta. Reiteraron
que la disciplinada había hecho referencia a una metáfora usada por San Agustín,
y si bien ésta no había sido citada entre comillas, su uso común en la teoría
del derecho demostraba que su propósito no era injuriar sino ilustrar uno de
los argumentos presentados en el escrito contentivo de los alegatos de
conclusión.
8.
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, en sentencia del 7 de octubre de 2015[13],
conoció del caso en segunda instancia y confirmó el fallo del a quo, que
declaró a la actora disciplinariamente responsable por haber faltado al deber
de respeto contenido en el numeral 7º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007,
al incurrir en la conducta descrita en el artículo 32 de la misma normativa[14].
La decisión tuvo como fundamento las mismas consideraciones contenidas en la
providencia confirmada.
9.
Mediante auto del 2 de marzo de 2016[15],
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura resolvió
corregir la sentencia del 7 de octubre de 2015, en la cual esa Corporación
confirmó integralmente el fallo proferido por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, del 20 de
noviembre de 2014. La Sala precisó que la sanción no era solamente de
suspensión de 2 meses en el ejercicio de la profesión, sino también de multa de
2 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
10.
La accionante considera que las decisiones
adoptadas por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia, vulneran sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
Específicamente, afirma que la conducta por la cual fue sancionada es
atípica, debido a que, tal y como se demostró en el proceso, no existió la
intención de injuriar al juez de primera instancia en el proceso
reivindicatorio. En efecto, a juicio de la actora, la adecuación típica de la
injuria exigía la verificación del elemento subjetivo especial, esto es, el
dolo, y éste no podía deducirse de la lectura descontextualizada de la
expresión presuntamente deshonrosa.
Así pues, para la accionante los fallos controvertidos fundaron el dolo
en que la expresión controvertida no estaba entre comillas y dejaron de lado la
valoración del material probatorio, que demostraba que la expresión utilizada
obedecía a una figura discursiva recurrente en la filosofía y el derecho. En
ese orden de ideas, la conducta era atípica, pues no existió la intención de
injuriar, sino de cuestionar la legitimidad de una actuación judicial a través
de un enunciado que sirve de referente teórico. Esta actuación, así comprendida,
no podría considerarse como falta disciplinaria.
En consecuencia, para la actora las decisiones acusadas incurrieron en:
(i) defecto fáctico, al dejar de lado que el material probatorio era suficiente
para demostrar que el uso de una metáfora no conllevaba la actuación dolosa de
la disciplinada; y (ii) defecto sustantivo, porque a pesar de estar ante una
conducta atípica, pues no se probó que se configurara el elemento subjetivo,
presumieron el ánimo injurioso y, en particular, que se había cuestionado la
condición ética del juez.
De otra parte, la accionante afirma que las sentencias mencionadas
violan su derecho fundamental a la libertad de expresión, pues limitaron su
ejercicio de forma arbitraria, al sancionarla por el uso de una metáfora.
11.  Por lo tanto, solicita que: (i) como medida provisional, se suspendan
los efectos de la decisión sancionatoria hasta que se resuelva la tutela; (ii)
se declaren “nulos de pleno derecho” los fallos proferidos por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura.
B. Actuación procesal en única instancia.
Mediante auto del 27 de mayo de 2016[16],
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia avocó el conocimiento de la acción de tutela y ordenó vincular, en
calidad de autoridades demandadas, a Claudia Rocío Torres Barajas y Gustavo
Adolfo Hernández Quiñones, Magistrados de esa Corporación, y a la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para que
ejercieran sus derechos de defensa y contradicción. Además, ordenó vincular
como tercero interesado al Registro Nacional de Abogados.
De otra parte, negó la medida provisional, pues prima facie, la
accionante no estaba ante la inminencia de sufrir un perjuicio que justificara
su adopción.
Contestación del Magistrado Gustavo Adolfo Hernández Quiñones
Mediante oficio
radicado en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia el 1° de junio de 2016[17],
el Magistrado Gustavo Adolfo Hernández Quiñones solicitó al juez de tutela negar
el amparo. Manifestó que la decisión proferida por la Sala no vulneró los
derechos de la accionante. A su juicio, la decisión fue razonable y en esa
medida no incurrió en alguno de los defectos reconocidos por la jurisprudencia
constitucional para que proceda la tutela contra providencias judiciales.
Contestación de la Magistrada Claudia Rocío Torres Barajas
Mediante oficio
radicado en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia el 1° de junio de 2016[18],
la Magistrada Claudia Rocío Torres Barajas solicitó declarar improcedente la
tutela o, subsidiariamente, negar el amparo. Indicó que en este caso no se
cumplen los requisitos para que proceda la tutela contra providencias
judiciales, la accionante no está ante la inminencia de sufrir un perjuicio
irremediable, y no se transgredieron sus derechos fundamentales.
Contestación Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de
la Judicatura
Mediante oficio
radicado en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia el 7 de junio de 2016[19],
el Presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de
la Judicatura respondió la tutela y solicitó declarar su improcedencia.
Manifestó que la autoridad judicial no vulneró los derechos invocados por la
accionante, pues la Sala respetó su debido proceso, analizó las pruebas a su
alcance y decidió sancionarla. En ese orden de ideas, señaló que la actora
presentó la tutela con fundamento en su descontento con el sentido de la
decisión y no pudo probar que ésta incurriera en alguna “vía de hecho”.
El Registro Nacional de Abogados, que había sido vinculado como
tercero interesado, se abstuvo de dar respuesta a la tutela.
C.Decisiones objeto de revisión
Sentencia de única instancia
En sentencia del 10 de junio de 2016[20],
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia negó la tutela. En particular, indicó que del material probatorio
aportado era razonable concluir que las expresiones que dieron origen al
proceso disciplinario tenían un carácter peyorativo y, en particular, obedecían
al ánimo injurioso de la accionante.
El fallo no fue objeto de impugnación.
D.Actuaciones en
sede de revisión
Mediante auto del 21 de febrero de 2017, la
Magistrada sustanciadora ofició a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, para que remitiera a esta
Corporación el expediente del proceso disciplinario adelantado contra la
abogada Bernardita Pérez Restrepo, identificado en ese despacho judicial con el
número 2013-2241. En cumplimiento de la providencia mencionada, mediante correo
electrónico del 8 de marzo de 2017, la Secretaría de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia envió copia
del expediente solicitado[21].
El 30 de marzo de 2017, la Magistrada
sustanciadora recibió escrito presentado por el apoderado de la accionante,
mediante el cual informó que la copia del expediente allegada por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia estaba incompleta, pues no contenía copia de los archivos de audio de
las audiencias celebradas en el proceso.
En consecuencia, mediante auto del 4 de abril
de 2017, la Sala Plena advirtió que la copia del proceso remitida por la
autoridad judicial era incompleta y requirió a la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia para que
remitiera la copia de la totalidad de los archivos digitales contentivos de las
grabaciones de las audiencias celebradas en el proceso disciplinario adelantado
contra la abogada Bernardita Pérez Restrepo.
El 2 de mayo de 2017, la Magistrada
sustanciadora recibió las pruebas remitidas por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia[22].
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1.  Con fundamento en las facultades conferidas por los artículos 86 y 241
-numeral 9°- de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Plena
de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela
proferido en el proceso de la referencia.
Asunto objeto de análisis y problemas jurídicos
2.  La abogada Bernardita Pérez Restrepo, obrando mediante apoderado,
interpuso acción de tutela contra las sentencias (i) del 20 de noviembre de
2014, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional
de la Judicatura de Antioquia, y (ii) del 7 de octubre de 2015, dictada por la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura,
proferidas en el proceso disciplinario adelantado en su contra.
La accionante pretende que sean amparados sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión, que
considera vulnerados por las providencias mencionadas, debido a que, a su
juicio, incurren en tres causales de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, a saber: defecto fáctico, defecto sustantivo, y
violación de la Constitución[23], en
particular, del derecho fundamental a la libertad de expresión.
En
consecuencia, solicita que se declaren “nulos de pleno derecho” los
fallos proferidos por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Antioquia y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura.
3.  La situación fáctica exige a la Sala determinar si concurren los
requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales
para controvertir las sentencias mediante las cuales la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia y la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, declararon
a la accionante disciplinariamente responsable por haber infringido el deber
profesional contenido en el numeral 7º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007,
al injuriar a un juez de la República.
En caso de ser procedente, será preciso analizar el fondo del asunto,
el cual plantea el interrogante que se explica a continuación.
4.
En este caso los jueces de instancia en el proceso
disciplinario concluyeron que la conducta era típica porque la disciplinada
tenía conciencia de que la afirmación contenida en los alegatos de conclusión
presentados en el proceso reivindicatorio, podía dañar o menoscabar la honra
del juez. En efecto, determinaron que el alegato de la abogada suponía la
comisión de hechos delictivos por parte del juez y a pesar de que la
disciplinada adujo que se trataba de una metáfora, la expresión no fue
contextualizada, ni acompañada de una referencia a la obra La Ciudad de Dios.
En ese sentido, las autoridades judiciales accionadas concluyeron que
la disciplinada tenía ánimo de injuriar, presupuesto necesario para que se
configure la injuria. En particular, establecieron que con su capacidad
intelectual, la abogada tenía pleno conocimiento del carácter deshonroso y
lesivo de sus expresiones y pese a esa comprensión, de forma libre y voluntaria
optó por transgredir el ordenamiento jurídico, por lo cual su conducta era
reprochable.
Por su parte, la accionante afirma que la conducta por la cual fue
sancionada es atípica, debido a que no existió la intención de injuriar al juez
de primera instancia en el proceso reivindicatorio. En efecto, a juicio de la
actora la adecuación típica de la injuria exigía la verificación del elemento
subjetivo especial, esto es, el dolo, y éste no podía deducirse de la lectura
descontextualizada de la expresión presuntamente deshonrosa.
Así pues, para la accionante los fallos controvertidos fundaron el dolo
en que la expresión censurada no estaba entre comillas y dejaron de lado la
valoración del material probatorio, que demostraba que ésta obedecía a una
figura discursiva recurrente en la filosofía y el derecho. En ese orden de
ideas, la conducta era atípica, pues no existió la intención de injuriar, sino
de cuestionar la legitimidad de una actuación judicial a través de un enunciado
que sirve de referente teórico.
Los hechos antes descritos permiten formular este problema jurídico:
¿incurren en alguna causal específica de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales las sentencias mediante las cuales los jueces en el
proceso disciplinario sancionaron a la abogada Bernardita Pérez Restrepo por
injuria, al haber afirmado que el juez de primera instancia en un proceso
reivindicatorio actuaba “como jefe de una banda de ladrones”, a pesar de
que las pruebas sugerían que dicha afirmación era una metáfora?
5.  Para resolver la cuestión planteada, es necesario abordar el análisis
de los siguientes temas: primero, la procedencia excepcional de la
tutela contra providencias judiciales; segundo, el examen de los
requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales
en el caso concreto; tercero, la naturaleza y el marco normativo del
régimen disciplinario de los abogados y, en particular, la jurisprudencia de la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura sobre
la falta consagrada en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007; cuarto, el
derecho a la libertad de expresión y su alcance; y quinto, con fundamento en lo anterior, se resolverá el
problema jurídico planteado en este asunto.
Procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales
6.  El artículo 86 de la Constitución, consagra el principio de
subsidiariedad como requisito de procedencia de la acción de tutela y determina
que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”.
Asimismo, dicha norma Superior establece que
la tutela procede contra toda “acción o la omisión de cualquier autoridad
pública”. Las autoridades judiciales son autoridades públicas que en el
ejercicio de sus funciones tienen la obligación de ajustarse a la Constitución
y a la ley, y garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos
reconocidos en la Carta Política.
Bajo el presupuesto mencionado, la Corte Constitucional
ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
que quebranten los derechos fundamentales de las partes y se aparten de los
mandatos constitucionales. No obstante, se ha precisado que la procedencia de
la acción de tutela en estos casos debe ser excepcional, con el fin de
preservar los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial,
seguridad jurídica, y la naturaleza subsidiaria que caracteriza a la tutela.[24]
Así pues, la acción de tutela contra
decisiones judiciales tiene como finalidad efectuar un juicio de validez
constitucional de una providencia judicial que incurre en graves falencias, las
cuales tornan la decisión incompatible con la Carta Política.[25]
7.  La Sala Plena de la Corte, en Sentencia C-590 de 2005[26],
señaló que el desarrollo jurisprudencial ha conducido a diferenciar dos tipos
de presupuestos para que proceda la acción de tutela contra providencias
judiciales, a saber: los requisitos generales de procedencia y los requisitos
específicos de procedibilidad.
Requisitos generales de procedencia
8.  Según lo expuso la Sentencia C-590 de 2005[27],
los requisitos generales de procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales son: (i) que la cuestión que se discuta tenga
relevancia constitucional, esto es, que el caso involucre la posible
vulneración de los derechos fundamentales de las partes; (ii) que se cumpla con
el presupuesto de subsidiariedad que caracteriza a la tutela, o sea, que se
hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, es decir,
que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir
del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal, ésta debe tener un efecto decisivo en la sentencia que se impugna;
(v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración, como los derechos vulnerados; y (vi) que no se trate
de sentencias de tutela.
Requisitos específicos de procedibilidad
9.  Los requisitos específicos aluden a la concurrencia de defectos en el
fallo atacado que, en razón de su gravedad, hacen que éste sea incompatible con
los preceptos constitucionales. En resumen, estos defectos son los siguientes:
Defecto orgánico: ocurre cuando el funcionario
judicial que profirió la sentencia impugnada carece en forma absoluta de competencia.
Defecto procedimental absoluto: se origina
cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.[28]
Defecto fáctico: se presenta cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión, o cuando la valoración de la prueba fue
absolutamente equivocada.
Defecto material o sustantivo: ocurre cuando
se decide con base en normas inexistentes, inconstitucionales o claramente
inaplicables al caso concreto, o cuando se presenta una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.[29]
Error inducido: sucede cuando el Juez o
Tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese hecho lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.[30]
Decisión sin motivación: implica el
incumplimiento de los servidores judiciales del deber de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones.
Desconocimiento del precedente: se configura
cuando por vía judicial se ha fijado el alcance sobre determinado asunto y el
funcionario judicial, desconoce la regla jurisprudencial establecida.[31]
Violación directa de la Constitución: se
estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce, de forma
específica, postulados de la Carta Política.
Examen de los requisitos generales de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales en el caso que se analiza
10.  La Sala observa que en el presente caso se reúnen todos los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
que han sido fijados por la jurisprudencia de esta Corporación, veamos:
11.  En primer lugar, la cuestión objeto de debate es de evidente relevancia
constitucional, pues están involucrados los derechos fundamentales de la
accionante a la libertad de expresión, al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.
Esto ocurre porque las sentencias que se censuran sancionaron a la
abogada con ocasión de una frase contenida en los alegatos de conclusión presentados
en un proceso reivindicatorio. Así pues, las providencias cuestionadas reprocharon
la forma en la que la accionante manifestó su inconformidad con la actuación
del juez de primera instancia, y la sancionaron con la suspensión del ejercicio
de su profesión, circunstancia que demuestra la posible transgresión de su derecho
fundamental a la libertad de expresión.
12.  En segundo lugar, la tutela cumple con el requisito consistente en haber
agotado todos los mecanismos judiciales de defensa a su disposición.
En efecto, la demandante no contaba con recursos contra la determinación adoptada
por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura,
que resolvió el recurso de apelación presentado contra la decisión del a quo,
de conformidad con los artículos 2º[32] y 55[33]
de la Ley 1123 de 2007.
13.  En tercer lugar, la acción de tutela fue interpuesta en un término
razonable, debido a que la última providencia judicial proferida en el
proceso, esto es, el auto mediante el cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura corrigió la sentencia de segunda
instancia, fue proferido el 2 de marzo de 2016, y la tutela se presentó el 26
de mayo de 2016, es decir, menos de 3 meses después de la última actuación.
14.  En cuarto lugar, la demandante identificó de manera razonable los
hechos que generaron la vulneración de sus derechos, así como las
irregularidades que –estima- hacen procedente la acción de tutela. Los hechos
están claramente detallados en la demanda y debidamente soportados en las
pruebas documentales aportadas. Adicionalmente, explicó con claridad los
defectos que atribuye a las sentencias que cuestiona.
Así pues, la accionante indicó que las decisiones judiciales proferidas
por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura
y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura
de Antioquia, vulneraron sus derechos al debido proceso, a la tutela judicial
efectiva y a la libertad de expresión, y tal vulneración fue alegada en el
proceso judicial cuando fue posible, esto es, al presentar el recurso de apelación
contra la sentencia proferida en primera instancia en el proceso disciplinario.
15.  En quinto lugar, la acción de tutela no se dirige contra un fallo de
tutela. La demandante acusa: a) la decisión de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia, mediante la cual la accionante fue sancionada por injuriar a un juez
de la República; y b) la sentencia mediante la cual la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, confirmó la
decisión del a quo.
16.  Así las cosas, como la Sala encuentra acreditados los requisitos
generales de procedencia de la tutela contra sentencias, procede ahora a
estudiar los asuntos de fondo que plantean los casos sub iúdice.
En
primer lugar, la Sala pasará a analizar la naturaleza y el marco normativo del
régimen disciplinario de los abogados y, en particular, la jurisprudencia de la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura sobre
la falta consagrada en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007.
Naturaleza y marco normativo del régimen disciplinario de los abogados
17.  De conformidad con el Preámbulo de la Constitución, el trabajo es un
elemento estructural del orden político y social, y un principio fundante del
Estado Social de Derecho, que merece especial protección.[34]
El artículo 25 Superior define el trabajo como una obligación social y un
derecho, que comporta también la garantía de escoger libremente profesión u
oficio (artículo 26).
Al precisar el alcance de los derechos en cita, la jurisprudencia ha
determinado que estos no tienen carácter absoluto, pues todo derecho tiene
límites para garantizar la vigencia de otros valores e intereses igualmente
relevantes, como son los derechos ajenos, el orden público, el bien común y el
deber correlativo al ejercicio de cada derecho.[35]
Así pues, el ejercicio de cualquier profesión u oficio conlleva
responsabilidades frente al Estado y a la sociedad, motivo por el cual las
autoridades públicas están facultadas para regularlas y vigilar su ejercicio.
18.  La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre los límites al
ejercicio de la abogacía, el papel del abogado en el Estado Social de Derecho y
el control que respecto de esta profesión ejercen las autoridades públicas[36].
En particular, ha establecido que los abogados tienen como funciones
principales la asesoría y la representación judicial en el trámite de procesos,
las cuales contribuyen al desarrollo del orden jurídico y el
afianzamiento del Estado Social de Derecho.[37]
En efecto, al abogado le corresponde asumir la defensa de los derechos
e intereses de los miembros de la comunidad y, a la vez, asesorar y asistir a
las personas en el desarrollo de sus relaciones legales, por lo cual resulta
lícito que mediante ley se adopten medidas para ajustar su comportamiento
social a tales fines. De ahí que, a través de la imposición de determinadas
sanciones, se pretenda impedir que el profesional desvíe su atención y actúe
contrario a derecho, impulsado por sus intereses particulares, en detrimento de
la administración de justicia.[38]
En ese
sentido, esta Corte ha sostenido que esta profesión tiene especial relevancia
social, pues está ligada a la búsqueda de un orden justo, la convivencia
pacífica y la defensa y promoción de los derechos humanos[39].
En consecuencia, su ejercicio inadecuado pone en riesgo la efectividad de
diversos derechos fundamentales, como la honra, la intimidad, el buen nombre,
el derecho de petición, la defensa y el acceso a la administración de justicia.[40]
Así pues, en razón a que los abogados cumplen una función social, están
sometidos a reglas éticas particulares que se materializan en prohibiciones con
las que se busca asegurar la probidad u honradez en el ejercicio de la
profesión y la responsabilidad frente a los clientes y al ordenamiento
jurídico.[41] Entonces,
de conformidad con el artículo 26 Superior, la configuración y aplicación de un
régimen disciplinario para los abogados obedece a un interés público.
En este orden de ideas, la Corte ha establecido que el poder disciplinario,
constituye una expresión de la función de control y vigilancia, y su regulación
por parte del Legislador debe estar orientada al logro de los fines de la
profesión, con el fin de que su ejercicio sea compatible con los valores y
principios constitucionales.[42]
19.
En relación con el contenido y alcance del derecho
disciplinario, la jurisprudencia constitucional ha señalado que su ámbito de
regulación comprende: (i) las conductas que configuran falta disciplinaria; (ii)
las sanciones aplicables; y (iii) las normas sustanciales y procesales que
aseguran el debido proceso y regulan el procedimiento a través del cual se
deduce la responsabilidad disciplinaria[43].
20.
Además, en razón al carácter sancionador del régimen
disciplinario previsto para los abogados, la Corte ha establecido que se debe
dar plena observancia a las garantías y requisitos constitucionales del debido
proceso. Lo anterior implica que las normas que contemplan el régimen en
mención, deben ser interpretadas en armonía con el artículo 29 de la Carta, en
particular, con observancia de los principios de legalidad, presunción de
inocencia, defensa, contradicción, publicidad, imparcialidad, de favorabilidad
y juez natural.
21.  De otro lado, esta Corporación ha resaltado que el régimen
disciplinario de los abogados debe orientarse a asegurar el cumplimiento de sus
deberes funcionales, de manera que las conductas que configuren una falta deben
ser relevantes para el derecho. En efecto, las normas disciplinarias deben
atender a las funciones y deberes propios de la profesión, y no censurar conductas
personales que no trascienden al desempeño del oficio.
En ese sentido, la conducta del abogado no puede ser reprochada
válidamente cuando tiene que ver con su opción de vida, o hábitos ligados a la
esfera estrictamente personal, pues esto comportaría la restricción irrazonable
del derecho al libre desarrollo de la personalidad. No obstante lo anterior, “(…)
en procura del adecuado servicio profesional, el Estado puede restringir el
ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad cuando quiera que
con su conducta personal el profesional pueda causarle desmedro a la idoneidad
esperada de él, o a las personas con que él se relacione en virtud de su gestión”.[44]
22.
En armonía con la facultad otorgada al Legislador
para exigir títulos de idoneidad y fijar el régimen jurídico de las
profesiones, se expidió la Ley 1123 de 2007, “[p]or la cual se establece el
Código Disciplinario del Abogado”. La normativa en cita se compone de tres
libros: (i) la parte general, en la que se consagran los principios rectores,
se define la falta disciplinaria, y se determina el alcance de la acción
sancionatoria; (ii) la parte especial, en la que se establecen los deberes,
incompatibilidades, faltas y sanciones aplicables a los abogados; y (iii) la
parte procedimental, que contiene las reglas que rigen el procedimiento
disciplinario.
En particular, el artículo 28 del código en mención, contiene los
deberes profesionales del abogado, y los artículos 30 a 39 enuncian las faltas
ligadas a esos deberes, las cuales se clasifican en relación con los valores,
intereses y finalidades relevantes para el ejercicio ético, probo y diligente
de la profesión. Así pues, son intereses protegidos por la ley: (i) la dignidad
de la profesión (artículo 30); (ii) el decoro profesional (artículo 31); (iii) el
respeto debido a la administración de justicia y a las autoridades
administrativas (artículo 32); (iv) la recta y leal realización de la
justicia y los fines del Estado (artículo 33); (v) la lealtad con el cliente
(artículos 34 y 35); (vi) la lealtad y honradez con los colegas (artículo 36); (vii)
la diligencia profesional (artículo 37); (viii) la prevención de litigios y la
promoción de mecanismos de solución alternativa de conflictos (artículo 38); y
(ix) la legalidad y la independencia profesional (artículo 39).[45]
23.  La Constitución 1991 creó el Consejo Superior de la Judicatura como un
órgano administrativo y jurisdiccional-disciplinario de la Rama Judicial, que
tenía por finalidad promover reglas de administración de los servicios
judiciales, que respondan a los criterios de justicia material, racionalidad,
celeridad, eficacia y efectividad.
Los artículos 254[46], 256[47]
y 257[48] de
la Constitución, asignaban al Consejo Superior de la Judicatura el ejercicio de
distintas funciones, correspondientes a la administración de los recursos
económicos y de personal de la justicia, y el fortalecimiento de la actividad
disciplinaria, con el objetivo de garantizar la autonomía de la Rama Judicial.
Además, el Constituyente primario previó la existencia de las salas
Administrativa y Disciplinaria, para efectos de distribuir las funciones de
rango constitucional entre ellas. La primera, con funciones de
naturaleza administrativa, predicables de los recursos económicos, fiscales y
humanos de la Rama Judicial, y la segunda, encargada de cumplir funciones
disciplinarias y algunas judiciales, como las de examinar las conductas y
sancionar las faltas de los funcionarios de la Rama Judicial y de los abogados
en el ejercicio de su profesión, y la de dirimir los conflictos de competencia
entre las distintas jurisdicciones.[49]
En ese sentido, el artículo 256-3 de la Carta Política asignó al
Consejo Superior de la Judicatura y a los Consejos Seccionales, la competencia
para conocer de los procesos disciplinarios contra los abogados en ejercicio.
En desarrollo de ese mandato Superior se expidieron el Decreto 2652 de 1991
(artículos 9° y 10°), la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270
de 1996, artículo 112-4) y la Ley 1123 de 2007; los cuales atribuyeron a las
Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura el
conocimiento en primera instancia de los procesos disciplinarios contra los
abogados en ejercicio, y a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, el conocimiento de los recursos de apelación y de
consulta, en esos mismos procesos.
24.  De la descripción anterior se derivan las siguientes conclusiones:
(i)
La actividad que desempeñan los abogados tiene una
función social, pues realiza distintos derechos, entre ellos, el acceso a la
administración de justicia;
(ii)
El régimen disciplinario de los abogados constituye
una limitación a los derechos al trabajo y a la libertad de ejercer la
profesión, que tiene como fundamento la función social que caracteriza a la
abogacía;
(iii)
El régimen disciplinario del abogado tiene carácter
sancionatorio, y como tal, debe observar los principios que hacen parte del
derecho al debido proceso;
(iv)
Las faltas disciplinarias de los abogados deben
relacionarse estrictamente con el ejercicio de sus funciones, por lo que sólo
son reprochables conductas que afecten el ejercicio ético,
probo y diligente de la profesión, de lo contrario, se restringiría
injustificadamente el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Jurisprudencia de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura sobre la
falta consagrada en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007
25.
De conformidad con el artículo
256-3 de la Carta Política, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, es el órgano de cierre en los procesos
disciplinarios contra los abogados. En ese orden de ideas, ese Tribunal es el
encargado de interpretar el alcance de las causales de falta disciplinaria
contenidas en la Ley 1123 de 2007. En consecuencia, a continuación la Sala
estudiará la jurisprudencia de ese órgano de cierre con el fin de determinar la
interpretación autorizada de la falta por la cual la accionante fue sancionada.
El numeral 7º del artículo 28 de la Ley 1123
de 2007, determina que es un deber del abogado observar y exigir mesura,
seriedad, ponderación y respeto en sus relaciones con los servidores públicos,
colaboradores y auxiliares de la justicia, la contraparte, abogados y demás
personas que intervengan en los asuntos de su profesión.
En consonancia con el deber mencionado, el
artículo 32 de la misma normativa establece que son faltas contra el respeto
debido a la administración de justicia y las autoridades administrativas “[i]njuriar
o acusar temerariamente a los servidores públicos, abogados y demás personas
que intervengan en los asuntos profesionales, sin perjuicio del derecho de
reprochar o denunciar, por los medios pertinentes, los delitos o las faltas
cometidas por dichas personas.”
La Sala observa que
la conducta contenida en el precepto en cita, tiene por objeto que los abogados
hagan prevalecer la dignidad de la justicia. En efecto, tal y como lo ha
establecido la jurisprudencia de esta Corporación, ésta no sólo es una
obligación exigible a los funcionarios y empleados que hacen parte de la rama
judicial sino que, con igual énfasis, se reclama respeto hacia aquellos de
parte de los particulares que acceden a los estrados judiciales[50]. Así, la falta descrita
tiene como propósito velar por el respeto y la majestad de
la administración de justicia.
26.
Al analizar la falta disciplinaria en cita, la
jurisprudencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de
la Judicatura ha establecido que para que ésta se configure, es preciso que el
juez verifique el dolo del disciplinado.
27.
Por ejemplo, en sentencia del 5 de mayo
de 2009[51], la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura
estudió el proceso disciplinario adelantado contra un abogado, con ocasión de
las afirmaciones injuriosas que habría expresado en el trámite de un proceso
penal adelantado en contra de su representada por fraude procesal. La
denunciante en el proceso penal había fungido como demandante en un proceso de
sucesión, en el que la cónyuge supérstite del causante presuntamente ocultó y
enajenó bienes pertenecientes a la masa sucesoral.
En
el curso del proceso penal, el disciplinado presentó memoriales en los que se
refirió a la denunciante como “[u]na amante, barragana, querida, y sobre
todo a donde [sic] se refiere a una actividad tan antigua como la historia
humana”.
La Sala definió el
concepto “expresiones injuriosas” como “aquellas imputaciones deshonrosas
que menoscaban la reputación o el buen nombre de una persona dentro del
conglomerado social, las cuales a la luz de los usos y costumbres sociales y
las normas del decoro y respeto a los derechos fundamentales constituyen
ofensas o agravios contra la dignidad humana”. En ese orden de ideas,
indicó que la conducta se configura cuando se hace uso de expresiones,
términos, frases, símbolos, gestos o ademanes de contenido ofensivo, dirigidos
contra los funcionarios, colegas y demás personas involucradas en el asunto
profesional en que actúa el litigante, y que lesionan la majestad de la
justicia, directa ofendida con esos comportamientos.
En relación con la
valoración del elemento subjetivo de la conducta, la Sala estableció que dada
la condición de abogado del disciplinado, éste tenía conocimiento de que el uso
de las expresiones cuestionadas, conllevaba un comportamiento contrario al
deber de respeto con la administración de justicia, y en esa medida había incurrido
en la falta disciplinaria descrita en el artículo 32 del Código Disciplinario
del Abogado.
28.
Del mismo modo, en sentencia del 30 de
junio de 2010[52], esa
misma Corporación estudió el proceso disciplinario seguido contra un abogado,
con ocasión del contenido de un memorial presentado por éste en el trámite de
un proceso disciplinario adelantado ante la Personería Municipal de Anapoima.
El disciplinado allegó un memorial dirigido al Personero, en el que le indicó
que, a pesar de desempeñarse como defensor de derechos humanos, se había “ensañado
disciplinariamente” contra una exfuncionaria “de bajo perfil” de la
entidad.
La Sala Jurisdiccional
Disciplinaria determinó que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, para que se configure la injuria, la expresión objeto de
reproche debe generar un daño en el patrimonio moral del sujeto y estar
dirigida a ofenderlo. En ese orden de ideas, la gravedad del enunciado no
depende de la impresión personal que le cause al ofendido, sino de un análisis
objetivo de la lesión al núcleo esencial del derecho.
En el caso
particular, la Sala determinó que la expresión “ensañarse” es propia de
la dinámica litigiosa, no comporta una afrenta a la dignidad de quien
representa a la administración, y de ésta no era posible advertir el ánimo de
injuriar u ofender. En ese orden de ideas, el Tribunal estableció que el
derecho a la libertad de expresión sólo encuentra límite en el respeto del
otro, motivo por el cual, el vigor con el que el defensor veló por los derechos
de su defendida, no podía ser interpretado como una falta al deber profesional
de respeto, pues en este caso la expresión objeto de censura comportaba una
sugerencia a un funcionario público para que cumpliera sus deberes.
Así pues, la Sala
consideró que la conducta del abogado era atípica, pues sus expresiones no eran
injuriosas ni temerarias, y por lo tanto, no se configuraba la falta regulada
en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007.
29.  Además, en sentencia del 25 de agosto de 2010[53], la
Sala Disciplinaria estudió el proceso adelantado contra un abogado, como
consecuencia de la compulsa de copias ordenada por el Tribunal Superior de
Quibdó, con ocasión de las expresiones desobligantes contenidas en un memorial
mediante el cual el togado presentó recurso de súplica contra el auto que negó
la nulidad en el trámite de un proceso ejecutivo.
El
disciplinado manifestó que el magistrado ponente actuó “por el prurito de
dificultar los derechos de los demandantes, inundado de lujuria y
concupiscencia en el poder de la investidura legal de magistrado”, “forzó
la situación, maquinó e ingenió” pretensiones, y a pesar de tener pleno
conocimiento de que las pruebas de la contraparte fueron obtenidas “con
trampas”, no las rechazó.
El
abogado manifestó que el memorial no había sido escrito con el ánimo de ofender
al magistrado ponente, sino como una alegoría de la impotencia que había
sentido en el proceso judicial, toda vez que, sin ninguna justificación, la
autoridad judicial revocó un mandamiento de pago que estaba ejecutoriado.
La Sala consideró
que en ese caso concurrían los elementos objetivo y subjetivo, demostrativos de
la existencia de la conducta, pues el togado actuó contra la responsabilidad
social que implica el ejercicio de la abogacía. En efecto, las expresiones
contenidas en el memorial eran desobligantes, afectaban el patrimonio moral del
funcionario y era evidente la intención de injuriarlo.
Así pues, a pesar
de que el disciplinado manifestó que no tenía la intención de ofender al
magistrado, la corporación judicial determinó que tal comportamiento no era
admisible a los profesionales del derecho, “de quienes se espera mesura y
respeto en sus escritos, y que actúen sin apasionamientos dañosos o lesivos
para las partes e intervinientes en las causas judiciales y los operadores de
justicia, debiendo desarrollar sus actuaciones procesales en procura de los
intereses de sus prohijados con la presentación de hechos y argumentos
jurídicos, empero sin escritos lesivos frente a quienes tienen la noble función
pública de administrar justicia.”
30.
Por último, en sentencia del 11 de noviembre de
2015[54], la
Sala Disciplinaria conoció del proceso adelantado en contra de un abogado con
ocasión de un memorial presentado en el proceso declarativo de unión marital de
hecho, en el que incluyó afirmaciones injuriosas en contra del Juez Promiscuo
de Familia de Melgar, al acusarlo de haber aprobado el inventario aportado por
la demandante, en razón a que tenía “un interés casi propio”, pues había
sido su secretaria.
La Sala reiteró la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, y señaló que para que se configure la injuria, es
preciso que exista ánimus injuriandi, es decir, la conciencia del
carácter injurioso de la acción. En particular, indicó que debían concurrir:
(i) la imputación de un hecho deshonroso de una persona a otra, conocida o
determinable; (ii) el conocimiento del carácter deshonroso del hecho imputado
por quien hace la acusación; (iii) el daño o menoscabo de la honra de la
persona como consecuencia del carácter deshonroso del hecho imputado; y (iv) la
conciencia de quien hace la imputación, de que el hecho atribuido tiene la
capacidad de dañar o menoscabar la honra.
Al resolver el caso, la Sala verificó que los términos utilizados por
el togado en el memorial presentado en el curso del proceso civil, comportaban
acusaciones temerarias e injuriosas que menoscababan la honra del juez, pues
señalaban que había favorecido una actuación dolosa de la contraparte, de lo
cual se predicaba el comportamiento irregular del funcionario judicial.
Ahora, a pesar de que el disciplinado manifestó que sus señalamientos
no tenían la intención de ofender la dignidad del funcionario judicial, por
cuanto simplemente se limitó a resaltar el comportamiento doloso de la
contraparte, el hecho de haber afirmado que el juez la había favorecido,
demostraba la intención de acusar temerariamente al funcionario judicial de
haber acomodado las circunstancias del caso.
31.
En conclusión, la falta
descrita en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, requiere
que en el análisis de tipicidad, el juez verifique que concurre el animus
injuriandi. En ese sentido, para que se configure la injuria es preciso que
existan expresiones desobligantes, que afecten la honra de la persona a quien
se imputan, y se evidencie la conciencia de quien hace la imputación, de que el
hecho atribuido tiene la capacidad de dañar o menoscabar la honra.
Definida
la naturaleza del proceso disciplinario y la falta disciplinaria de injuria, la
Sala pasará a pronunciarse sobre el contenido y alcance del derecho fundamental
a la libertad de expresión.
El
derecho a la libertad de expresión y su alcance
32.
El artículo 2º Superior
incorpora los principios del constitucionalismo liberal clásico y, en particular,
determina que las autoridades de la República están instituidas para proteger a
todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra y bienes, creencias
y demás derechos y libertades. El artículo 16 de la Carta Política refiere a la
cláusula general de libertad, y los artículos 18, 19, 20, 24, 26, 27, 28 y 38,
reconocen libertades particulares, que se derivan de dicha cláusula.
Específicamente, el artículo 20 de la Constitución consagra
las libertades de expresión e información en los siguientes términos:
“Se garantiza a toda persona la libertad de
expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir
información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.
Estos son libres y tienen responsabilidad social.
Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá
censura.”
33.
En el ámbito internacional, el
artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos[55] establece una serie de garantías propias de la
libertad de expresión. En primer lugar, reconoce el derecho de toda persona a
la libertad de pensamiento y de expresión, y lo define como la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, bien sea
oralmente, por escrito, en forma impresa o artística, o por cualquier otro
instrumento de su elección.
En segundo lugar, prohíbe que el ejercicio de esa libertad
se someta a censura previa y determina que éste sólo puede sujetarse a
responsabilidades ulteriores, las cuales deben ser fijadas expresamente por
ley. Estas limitaciones deben ser necesarias para asegurar (i) el respeto de
los derechos o la reputación de los demás, y (ii) la protección de la seguridad
nacional, el orden público o la salud y la moral públicas.
En tercer lugar, la Convención establece que la ley
prohibirá “toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio
nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o
cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de
personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u
origen nacional.”
Del mismo modo, el artículo 19 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos[56], dispone que nadie podrá ser molestado a causa de sus
opiniones y define el contenido del derecho a libertad de expresión en los
mismos términos de la Convención.
Contenido del derecho a la libertad de expresión
34.  Las libertades de expresión e información, comprendidas
dentro de las garantías reconocidas en el artículo 20 Superior, se diferencian
en cuanto a su contenido y alcance.
El derecho a la libertad de expresión ha sido
definido por la jurisprudencia constitucional como “la garantía fundamental
por virtud de la cual se permiten divulgar los propios pensamientos, opiniones,
ideas, conceptos y creencias de hechos o situaciones reales o imaginarias, ya
sea en actos sociales, académicos, culturales, o políticos, o en medios masivos
de comunicación social, o en fin, a través de obras artísticas o literarias,
sin que ello conlleve a la vulneración de otros derechos fundamentales” [57].
De otra
parte, el derecho a la libertad de información hace referencia a la circulación
y recepción de noticias sobre un determinado suceso de la realidad,
relacionadas con el entorno físico, social, cultural, económico y político. De
ahí que mientras la divulgación de información se rige por los requisitos de
veracidad e imparcialidad exigidos constitucionalmente, el derecho a la
libertad de expresión no está sometido a esas condiciones.
35.
La jurisprudencia[58] ha establecido que el derecho de las personas a
expresar y difundir libremente el propio pensamiento, opiniones, informaciones
e ideas, es universal, y hace referencia a distintos ámbitos de la expresión.
En relación con la forma en la que se presenta la
expresión objeto de protección, el ordenamiento jurídico ampara tanto
expresiones propias del lenguaje convencional, como las manifestadas a través
de conductas simbólicas o expresivas, convencionales o no convencionales.
En cuanto al medio, la expresión puede efectuarse a
través de cualquier mecanismo elegido por quien se expresa, teniendo en cuenta
que cada medio en particular plantea sus propias especificidades jurídicamente
relevantes, ya que esta libertad constitucional protege tanto el contenido de la
expresión, como su forma y su manera de difusión.
Con respecto al contenido, la libertad
constitucional en comento protege, tanto las expresiones socialmente aceptadas,
como las “inusuales, alternativas o diversas, lo cual incluye las
expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas,
excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias,
ya que la libertad constitucional protege tanto el contenido de la expresión
como su tono.”[59]
36.
De otro lado, la libertad de
expresión se caracteriza porque, en principio, goza de protección irrestricta,
por cuanto (i) es un presupuesto para el ejercicio de la democracia, y (ii)
tiene un vínculo con la dignidad humana.
La libertad de expresión es un principio del ejercicio de
la democracia, pues es en el marco de un estado democrático que la
participación de la ciudadanía adquiere especial relevancia, y en desarrollo de
ésta, se garantiza la libertad de expresar las opiniones y manifestar los
pensamientos.[60] Así pues, este derecho fundamental posibilita la opinión
pública libre[61], la participación en la conformación,
gestión y control del poder político[62], y garantiza la pluralidad y
tolerancia, que son las bases del Estado democrático[63].
De otra parte, la libertad de expresión tiene estrecha
relación con la dignidad humana, en particular, con la libertad de elección de
un plan de vida concreto en el marco de las condiciones sociales en las que el
individuo se desarrolla. De ahí que exista un principio de interpretación favorable
a la libertad, que implica que la autonomía es la regla, y su limitación la
excepción, por lo que cada persona debe contar con el máximo de libertad, “de
tal forma que tanto las autoridades del Estado, como los particulares deberán
abstenerse de prohibir e incluso de desestimular por cualquier medio, la
posibilidad de una verdadera autodeterminación vital de las personas, bajo las
condiciones sociales indispensables que permitan su cabal desarrollo.”[64]
37.
De la importancia de la
libertad de expresión para el sistema político y el desarrollo de la dignidad
humana, se derivan cuatro presunciones constitucionales que amparan las
expresiones que, en principio, están cubiertas por el derecho en comento, a
saber[65]:
(i)
Toda expresión se supone
cubierta por esa libertad, salvo que se demuestre en cada caso que, por sus
características, se justifica su limitación;
(ii)
Cuando el ejercicio de la
libertad de expresión entra en conflicto con otros derechos, valores o
principios constitucionales, en principio, se debe dar primacía a la libertad
de expresión;
(iii)
Existe una sospecha de
inconstitucionalidad de las regulaciones estatales al ejercicio de esta
libertad, por lo que toda limitación de la libertad de expresión está sujeta a
un control constitucional estricto.
(iv)
La censura previa está
expresamente prohibida, cualquier acto de censura previa se presume violatorio
de la libertad de expresión y tal presunción no admite ser desvirtuada.
Alcance del derecho a la libertad de expresión
38.
A pesar de la presunción de
cobertura de toda forma de expresión por la libertad constitucional, esta
Corporación ha reconocido que “la Carta contempla numerosas restricciones y
limites que se derivan de la prevalencia del orden jurídico y del necesario
respeto que merecen los derechos de los demás”[66].
Así pues, existen ciertos tipos específicos de expresión respecto de los cuales
la presunción no existe, de conformidad con los tratados internacionales de
derechos humanos que obligan al Estado colombiano.
Se trata de cuatro tipos de discursos en los cuales, de
entrada, se desvirtúa la presunción de cobertura constitucional de la libertad
de expresión, a saber: (i) la propaganda en favor de la guerra; (ii) la
apología del odio nacional, racial, religioso o de otro tipo, que constituya
incitación a la discriminación, la hostilidad, la violencia contra cualquier
persona o grupo de personas por cualquier motivo[67]; (iii) la pornografía infantil; y (iv) la
incitación directa y pública a cometer genocidio.[68]
Estas categorías deben interpretarse de forma restrictiva,
para que bajo su alcance, no se censuren formas de expresión que son amparadas
por la protección constitucional.
Además, cualquier restricción que se haga al derecho a la
libertad de expresión debe cumplir con un juicio estricto de constitucionalidad
y estar enfocada a proteger (i) los derechos de los demás; o (ii) la seguridad
nacional, el orden público, la salud o la moral públicas. Entonces, cuando el
discurso no tenga ninguna de esas connotaciones, será amparado por las
garantías de la libertad de expresión y, por ende, no podrá ser sometido a
limitaciones o sanciones por parte del Estado.[69]
La jurisprudencia constitucional
ha establecido que cualquier medida que limite la libertad de expresión, de
conformidad con las reglas precedentes, debe tener en cuenta que se trata de
una enumeración taxativa, que además, sólo puede ser objeto de una
interpretación restringida, para efectos de maximizar la libertad de expresión[70]. Además, siempre que se limite
esta libertad con fundamento en tales finalidades, deberá demostrarse que, en
cada caso particular, concurren los elementos para considerar que efectivamente
está presente un interés público concreto.
39.
De otra parte, este Tribunal ha
establecido[71] que existen diferentes grados de protección constitucional
en distintos modos de expresión, que son amparados por esta libertad. En este
sentido, existen tipos de discurso que merecen mayor protección que otros,
situación que repercute en la intensidad de la regulación estatal admisible y
el estándar de control constitucional al que se han de sujetar las limitaciones
que de ellos se haga.
Así pues, el discurso político recibe un mayor grado de
protección, pues el debate sobre asuntos de interés público contribuye a la
discusión sobre asuntos de interés general, y en esa medida, merece una defensa
constitucional intensa en un estado democrático como el colombiano.
Además, algunos modos de expresión constituyen, en sí
mismos, el ejercicio de otros derechos fundamentales distintos a la libertad de
expresión, de manera que ésta es una condición necesaria para su ejercicio. Se
trata de ocho tipos de discurso: (i) la correspondencia y demás formas de
comunicación privada, (ii) los discursos estéticos, morales, emotivos o
personales, manifestados a través de expresiones verbales, artísticas, o de
conductas simbólicas o expresivas; (iii) la exposición de convicciones y la
objeción de conciencia; (iv) el discurso religioso; (v) el discurso académico,
investigativo y científico; (vi) las expresiones realizadas en el curso de
manifestaciones públicas pacíficas; (vii) el discurso cívico o de participación
ciudadana; y (viii) el discurso de identidad, que expresa y refuerza la propia
adscripción cultural y social. Cada uno de estos discursos, corresponde al
ejercicio de un derecho constitucional fundamental específico y, por esa razón,
merece una protección especial.
40.  En conclusión, existe una protección
preferente a la libertad de expresión, por lo que la libertad es la regla, y su
limitación la excepción. En esa medida, esta garantía fundamental sólo se puede
limitar cuando se está ante discursos prohibidos, o cuando una expresión
determinada afecta los derechos de los demás, o la seguridad nacional, el orden
público, la salud o la moral públicas.
El derecho a la honra como límite al ejercicio de
la libertad de expresión
41.
El artículo 21 de la
Constitución prevé el derecho fundamental a la honra y delega al Legislador su
regulación.
En el ámbito internacional, los artículos 11 de la Convención
Americana de Derechos Humanos y 17 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, establecen que todas las personas tienen derecho a que
se respete su honra y, en esa medida, la ley debe protegerlos contra
injerencias o ataques ilegales.
42.
La Corte Constitucional ha
definido el derecho a la honra como “la estimación o deferencia con la que,
en razón a su dignidad humana, cada persona debe ser tenida por los demás
miembros de la colectividad que le conocen y le tratan”[72].
Así, la honra es una garantía fundamental que comporta la protección de la
adecuada consideración y valoración de las personas dentro de la colectividad,
que es susceptible de afectarse, tanto por la información errónea, como por las
opiniones manifiestamente tendenciosas respecto a la conducta privada de la
persona o sobre la persona en sí misma.
43.
La protección
constitucional del derecho a la honra está en permanente tensión con las
libertades de expresión y de opinión, y la jurisprudencia constitucional ha
otorgado a las segundas, prevalencia sobre la primera, en atención a que se
trata de un presupuesto de la dignidad y la democracia[73].
Ahora bien, a pesar de que existe una protección
radical a la libertad de expresión, las amenazas ciertas y efectivas contra la
honra, el buen nombre y otros derechos fundamentales, autorizan su sanción,
pues ningún derecho constitucional es absoluto[74]. No obstante, no toda expresión
agraviante para el amor propio puede ser considerada como una imputación
deshonrosa, ya que resultaría desproporcionado sancionar comportamientos que si
bien afectan la vanidad, no tocan el núcleo esencial de los derechos a la honra
y el buen nombre del sujeto al que se dirigen[75].
En efecto, para que una expresión pueda
considerarse reprochable, la imputación que se haga debe ser suficiente para
generar un daño en el patrimonio moral del sujeto y su gravedad no depende de
la impresión personal que le pueda causar al ofendido, ni la interpretación que
éste tenga de ella, sino del análisis objetivo de la lesión al derecho. Por
esta razón, la labor del juez en cada caso concreto, consiste en analizar los
elementos de juicio existentes, determinar si ocurrió la amenaza o vulneración
del derecho en comento y si está presente la
intención dañina, ante la cual, la protección preferente del ordenamiento a la
libertad de expresión, cede para que se manifiesten en toda su dimensión los
derechos al buen nombre y a la honra.[76]
44.  De otro lado, esta Corporación ha entendido que las
sanciones penal y disciplinaria por la injuria, son medidas adecuadas para
conseguir la protección de los derechos fundamentales a la honra y al buen
nombre[77]. En efecto, la Corte ha determinado que este tipo de
normas persiguen una finalidad legítima y se ajustan a límites que impiden que
los jueces las apliquen de manera arbitraria, pues para que se verifique su
ocurrencia, es preciso que concurran los siguientes elementos:
“Que el sujeto agente atribuya a otra persona conocida o
determinable un hecho deshonroso.
Que tenga conocimiento del carácter deshonroso del hecho.
Que el hecho endilgado tenga la capacidad de dañar o causar
menoscabo a la honra del sujeto pasivo de la conducta.
Y, que el autor tenga conciencia de que el hecho imputado ostenta
esa capacidad lesiva, o para menguar o deteriorar la honra de la otra persona.”[78]
45.
En síntesis, la libertad de
expresión no ampara frases ni alusiones injuriosas o que comporten descrédito,
difamación, desprestigio, menosprecio o insulto. Esta libertad ampara la crítica,
que puede tener un tono fuerte con el fin de alterar a la opinión pública, pero
no protege el ataque a la honra de las personas, pues se estima que las
afirmaciones vejatorias del honor ajeno no tienen justificación.
Precisado
el alcance del derecho a la libertad de expresión y en particular, las
circunstancias en las que excepcionalmente se permite su limitación, la Sala
pasará analizar si se configuran los defectos fáctico y sustantivo alegados,
los cuales se estudiarán en el mismo apartado, pues la argumentación que les
sirve de sustento es la misma.
La libertad de expresión de los abogados
46.
El ordenamiento jurídico impone límites al derecho
de postulación de los abogados, los cuales tienen como finalidad garantizar la
vigencia de otros valores e intereses relevantes. En efecto, los abogados
tienen a su cargo funciones que contribuyen al afianzamiento del Estado
Social de Derecho.
Así pues, los abogados se someten a normas éticas particulares que se
materializan en prohibiciones con las que se asegura la probidad en el
ejercicio de la profesión. Entonces, el ejercicio del derecho de postulación se
somete al cumplimiento de deberes funcionales, que derivan de la debida
administración de justicia como fin superior del Estado Social de Derecho.
En particular, la conducta de quienes ejercen esta profesión está
gobernada por intereses protegidos por la ley, dentro de los cuales se
encuentra el respeto debido a la administración de justicia y a las autoridades
administrativas. En efecto, la importancia de la administración de justicia
exige una actitud de respeto por parte de los abogados a quienes concurren a
los procesos judiciales, incluidos los jueces.
En este sentido, aunque el ejercicio del derecho a la libertad de
expresión de los abogados es amplio, esta garantía
fundamental es susceptible de ser restringida cuando se está ante discursos
prohibidos, o cuando una expresión determinada afecta los derechos de los
demás, o la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas.
47.
El discurso jurídico se caracteriza por incluir argumentos
de diferente naturaleza y recurrir a figuras discursivas que tienen por objeto
persuadir. En ese sentido, el uso de figuras retóricas, tales como la analogía,
la metáfora o el símil, posibilita la construcción de argumentos coherentes y
ordenados y, además, produce un efecto emotivo que permite convencer al
interlocutor.
No obstante, el
contenido del discurso de los abogados está limitado por los derechos ajenos,
de manera que el uso de expresiones que contengan imputaciones deshonrosas, es
objeto de reproche por parte del ordenamiento. Es así como, las expresiones
injuriosas conllevan el desconocimiento de la majestad de la administración de
justicia por parte de quienes acceden a los estrados judiciales, razón por la
cual su uso constituye una falta disciplinaria.
En síntesis, aunque
el discurso de los abogados en ejercicio del ius postulandi es amplio, y
las figuras discursivas a las que pueden acudir son variadas, éste se somete a
las restricciones excepcionales del derecho a la libertad de expresión, dentro
de las cuales se encuentran las expresiones que
afectan los derechos de los demás.
Las decisiones reprochadas en sede constitucional no incurrieron en los
defectos fáctico y sustantivo
El defecto fáctico
48.  Conforme a la jurisprudencia constitucional, el
defecto fáctico se produce cuando el juez toma una decisión:
“(…) sin que los hechos del caso se subsuman adecuadamente en el
supuesto de hecho que legalmente la determina[79], como
consecuencia de una omisión en el decreto[80]
o valoración de las pruebas; de una valoración irrazonable de las mismas; de la
suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance contraevidente a los
medios probatorios.
Para la Corte, el defecto fáctico puede darse tanto en una dimensión
positiva[81],
que comprende los supuestos de una valoración por completo equivocada, o
en la fundamentación de una decisión en una prueba no apta para ello, como en
una dimensión negativa[82],
es decir, por la omisión en la valoración de una prueba determinante, o en el
decreto de pruebas de carácter esencial[83].”(Negrillas fuera del texto)[84]
49.  De otro lado, conforme a la jurisprudencia de esta Corte, una decisión
judicial incurre en defecto sustantivo en el evento en que su motivación
contradice, de manera manifiesta, el régimen jurídico que debe aplicar. Así
pues, el defecto sustantivo tiene fundamento en el hecho de que el principio de
autonomía judicial se encuentra limitado por el orden jurídico prestablecido y
por el respeto de los derechos fundamentales de los sujetos procesales.[85]
Por este motivo, cuando se está ante esta causal, la actividad del juez
constitucional se limita a verificar la ruptura con el ordenamiento
constitucional o legal, de manera que se circunscribe a identificar la
incompatibilidad entre las razones de la decisión y las normas jurídicas que
regulan la materia debatida en sede jurisdiccional.[86]
El defecto
sustantivo
50.  Este Tribunal se ha pronunciado en diferentes oportunidades sobre los
eventos en los que se configura el defecto sustantivo. En particular, en la sentencia
SU-159 de 2002[87],
la Corte estableció que éste se presenta cuando el juez se apoya en una norma
que es evidentemente inaplicable a un caso concreto, por ejemplo, cuando: (i)
ha sido derogada y en consecuencia, no produce efectos en el ordenamiento
jurídico; (ii) ha sido declarada inexequible por la Corte Constitucional; (iii)
es inconstitucional y no se aplicó la excepción de inconstitucionalidad; y (iv)
la norma no está vigente o a pesar de estarlo y ser constitucional, no se
adecúa a las circunstancias fácticas del caso.
Del mismo modo, en la sentencia T-686 de 2007[88], esta
Corporación determinó que además de las circunstancias anteriormente referidas,
el defecto material como requisito de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales ocurre cuando: (i) la aplicación de una norma es
irracional y desproporcionada en contra de los intereses de una de las partes
del proceso; (ii) el juez desconoce lo resuelto en una sentencia con efectos erga
omnes, de la jurisdicción constitucional o contenciosa en la interpretación
de una norma, es decir que desconoce el precedente horizontal o vertical; o
(iii) la norma aplicable al caso no es tenida en cuenta por el fallador.
51.  En esta oportunidad, la Sala reitera las reglas jurisprudenciales en
las que se establece que se configura un defecto sustantivo cuando: (i) se
aplica una disposición que perdió vigencia por cualquiera de la razones
previstas por el ordenamiento, por ejemplo, su inexequibilidad o derogatoria
por una norma posterior; (ii) se deja de aplicar una norma claramente aplicable
al caso; (iii) se aplica una norma manifiestamente inaplicable al caso y la
aplicable pasa inadvertida por el fallador; (iv) el juez realiza una
interpretación contraevidente -interpretación contra legem- o claramente
irrazonable o desproporcionada que afecta los intereses de las partes; (v) el
juzgador se aparta del precedente judicial –horizontal o vertical- sin
justificación suficiente; o (vi) se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución.
Contenido de
las sentencias controvertidas
52.  En este caso, los jueces establecieron que la
disciplinada incumplió el deber de respeto a quienes administran justicia, pues
en los alegatos de conclusión presentados incluyó una manifestación que
menoscaba la dignidad y el íntimo aprecio del Juez 13 Civil del Circuito de
Medellín, quien representa la majestad de la justicia.
En ese orden de ideas, determinaron que, por el simple hecho de haber
conocido de un asunto que a juicio de la abogada escapaba de la jurisdicción
del juez, aquélla estableció que actuaba como jefe de una banda de ladrones y
no como juez de la República. Así pues, indicaron que la disciplinada usó una
expresión que contiene “enorme carga agraviante” y que se dirigió
inequívocamente al Juez 13 Civil del Circuito de Medellín, autoridad que
representa a la rama judicial. En efecto, afirmaron que la expresión usada no
correspondía a la sensatez y mesura que debe caracterizar a los abogados en el
ejercicio de su profesión, por lo cual la conducta de la abogada era
reprochable disciplinariamente.
Específicamente, establecieron que se trataba de una conducta típica,
antijurídica, e imputable a título de dolo. En cuanto a la tipicidad,
determinaron que se configuraban los elementos de la injuria, así: (i) se
empleó una frase que iba inequívocamente dirigida contra una persona conocida y
determinable; (ii) la investigada conocía el carácter deshonroso de la
afirmación, la cual conlleva el menoscabo de la honra y el pundonor del
destinatario, que era un juez de la República; (iii) el carácter deshonroso del
hecho imputado menoscaba la honra de la persona, pues al tildar al juez de ser
el líder de un grupo delincuencial, se pone en entredicho su buen nombre,
decoro, dignidad y la transparencia en el ejercicio de sus funciones; y (iv) la
disciplinada tenía conciencia de que el hecho atribuido puede dañar o
menoscabar la honra del juez (quien ostenta esa calidad por sus méritos
profesionales demostrados), pues se trata de afirmaciones que suponen la comisión
de hechos delictivos y a pesar de que la disciplinada adujo que se trataba de
una metáfora, la expresión no fue contextualizada, ni acompañada de una
referencia al libro La Ciudad de Dios.
En cuanto al dolo, afirmaron que la abogada sabía que al
elaborar un documento que contenía expresiones injuriosas con las que ponía en
tela de juicio la dignidad e integridad del juez de primera instancia,
realizaba un comportamiento contrario a derecho.
53.
La accionante considera que las decisiones adoptadas
por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura
y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura
de Antioquia, incurren en los defectos fáctico y sustantivo, pues la conducta
por la cual fue sancionada es atípica, debido a que, tal y como se demostró en
el proceso, no existió la intención de injuriar al juez de primera instancia en
el proceso reivindicatorio. En efecto, a juicio de la actora la adecuación
típica de la injuria exigía la verificación del elemento subjetivo especial,
esto es, el dolo, y éste no podía deducirse de la lectura descontextualizada de
la expresión presuntamente deshonrosa.
Así pues, en su criterio, los fallos controvertidos fundaron el dolo en
que la expresión controvertida no estaba entre comillas y dejaron de lado la
valoración del material probatorio, que demostraba que la expresión utilizada
obedecía a una figura discursiva recurrente en la filosofía y el derecho. En
ese orden de ideas, la conducta era atípica, pues no existió la intención de
injuriar, sino de cuestionar la legitimidad de una actuación judicial a través
de un enunciado que sirve de referente teórico.
En consecuencia, para la actora las decisiones acusadas incurrieron en:
(i) defecto fáctico, al dejar de lado que el material probatorio era suficiente
para demostrar que el uso de una metáfora no conllevaba la actuación dolosa de
la disciplinada; y (ii) defecto sustantivo, porque a pesar de estar ante una
conducta atípica, pues no se probó que se configurara el elemento subjetivo,
presumieron el ánimo injurioso y, en particular, que se había cuestionado la
condición ética del juez.
Análisis de
los defectos alegados
54.  A juicio de la Sala Plena, las pruebas demostraron que la comparación
contenida en los alegatos de conclusión deshonraban al juez contra la que se
dirigía, pues sin ningún contexto o referencia literaria, se asimiló al
funcionario con el jefe de una banda de ladrones. En ese sentido, la abogada
cuestionó la moralidad del juez por medio de una analogía que lo comparó con un
líder del crimen organizado, lo cual a todas luces resulta lesivo para la
imagen de una persona.
55.  Ahora bien, la defensa de la disciplinada apuntaba a argumentar que la
expresión hacía referencia a una figura discursiva de la autoría de San Agustín
de Hipona, que además era recurrente en la teoría política y en la filosofía.
En ese sentido, de las declaraciones practicadas en el proceso y el dictamen
pericial aportado por la disciplinada, se advierte que para la defensa la afirmación
de la abogada no tuvo por objeto acusar al juez de primera instancia de haber
incurrido en una conducta delictiva, sino hacer notar que había actuado
careciendo por completo de jurisdicción.
Ahora bien, incluso
si la Sala compartiera esta conclusión y admitiera que se trató de un símil
entre el comportamiento del juez de primera instancia y el jefe de una banda de
ladrones, con el fin de ilustrar, como lo han hecho filósofos y teóricos del
derecho, que el juez que se aparta de la ley actúa como jefe de una banda de
ladrones, la expresión también es deshonrosa.
En efecto, si se
estudia el texto que presuntamente contiene la frase objeto de censura y se
intenta encontrar su sentido en el contexto en el cual tiene su origen, se
llegaría a la misma conclusión. El Capítulo IV del Libro IV de La Ciudad de
Dios dice lo siguiente:
“Semejanza entre las bandas de ladrones y los reinos injustos. Si
de los Gobiernos quitamos la justicia, ¿en qué se convierten sino en bandas de
ladrones a gran escala? Y estas bandas, ¿qué son sino reinos en pequeño? Son
un grupo de hombres, se rigen por un jefe, se comprometen en pacto mutuo,
reparten el botín según la ley por ellos aceptada. Supongamos que a esta
cuadrilla se le van sumando nuevos grupos de bandidos y llega a crecer hasta
ocupar posiciones, establecer cuarteles, tomar ciudades y someter pueblos: abiertamente
se autodenomina reino, título que a todas luces le confiere no la ambición
depuesta, sino la impunidad lograda. Con toda finura y profundidad le
respondió al célebre Alejandro Magno un pirata caído prisionero. El rey en
persona le preguntó: «¿Qué te parece tener el mar sometido al pillaje?». «Lo
mismo que a ti -respondió- el tener el mundo entero. Sólo que a mí, como
trabajo con una ruin galera, me llaman bandido, y a ti, por hacerlo con toda
una flota, te llaman emperador».” (Negrillas fuera del texto original)
56.  En ese orden, se evidencia que, incluso si, tal y como lo argumentó la
abogada en su defensa, la afirmación contenida en los alegatos de conclusión no
apuntara a acusar al juez por ser el líder de una asociación delincuencial
dedicada al hurto, el análisis de la figura retórica en el contexto filosófico también
implica un señalamiento que puede resultar ofensivo.
En particular, el
trasfondo filosófico que la abogada resaltó a lo largo del proceso
sancionatorio demuestra que, en el contexto en el que fue usada, la frase
objeto de censura deshonra al juez al que se refiere. En efecto, incluso si se
admite que se trataba de un símil, específicamente el que usa San Agustín, es
preciso concluir que la accionante acusó al juez de liderar un grupo con el
ánimo de delinquir y sacar provecho económico en el ejercicio de sus funciones
lo que resulta evidentemente insultante para el juez.
Así pues,
cualquiera de las interpretaciones –en sentido literal o figurado- demuestra
que la expresión usada por la abogada no manifiesta un desacuerdo, sino que cuestiona
la moralidad del funcionario judicial. Entonces, es claro que la figura
retórica utilizada por la abogada lesiona gravemente los derechos del Juez 13
Civil del Circuito de Medellín, pues pone en entredicho la honradez en el
ejercicio de su función pública y, de ese modo, resulta injuriosa.
57.  Específicamente, la frase contenida en los alegatos de conclusión afecta la estimación que se debe tener de un juez de la
República, pues comporta una opinión manifiestamente tendenciosa respecto a la
conducta del funcionario, a quien se acusa de actuar con el ánimo de delinquir
en el ejercicio de su cargo y sacar provecho de ello.
Además, se
evidencia que, tanto la disciplinada como su apoderado y los testigos,
resaltaron su amplia experiencia laboral y académica como constitucionalista, y
los hechos demuestran que la frase objeto de reproche fue incluida en los
alegatos de conclusión presentados por escrito, es decir, que la abogada tuvo
la posibilidad de leerlos y reflexionar sobre su contenido. En ese sentido, es
evidente que la abogada contaba con la capacidad y experiencia suficientes para
comprender el sentido de la figura usada en su discurso –y así lo afirmó en el
proceso disciplinario-, y decidió incluirla. Así pues, a pesar de conocer (i)
el alcance del símil utilizado, referido a los “reinos injustos”, (ii) la
obligación a su cargo de respetar a los jueces, y (iii) las implicaciones de
acusar a un funcionario judicial de haber obrado de forma inmoral; la abogada
incorporó tal analogía en los alegatos de conclusión, y así acusó al juez de
primera instancia de actuar de forma ilegal y organizarse para sacar provecho
de su conducta.
Por consiguiente,
no es de recibo el argumento de la defensa en el proceso disciplinario,
relativo a que por tratarse de una “metáfora recurrente en la teoría
política y la filosofía”, se descarta el animus injuriandi. La Sala
Plena rechaza este análisis, pues el hecho de que un filósofo, en un discurso
académico o político, el cual es especialmente protegido por el derecho a la
libertad de expresión, haya incluido este símil, no implica que en un proceso
judicial, la figura discursiva dirigida a la persona de un juez plenamente
identificado, no pueda tener la entidad suficiente para deshonrarlo.
Por el contrario,
en este caso el contexto en el que se incluyó la frase no era académico como lo
afirmó la accionante y, en esa medida, el discurso no era teórico sino
jurídico. Así pues, la frase no estaba redactada en abstracto para los “reinos
injustos”, sino que se dirigía específicamente a ofender al Juez 13 Civil del
Circuito de Medellín.
Sobre este punto es
preciso hacer énfasis en que la accionante se extralimitó en el ejercicio
propio de su función de abogada, pues el hecho de estar en desacuerdo con un
juez por considerar que éste se había apartado de las normas aplicables, no la
facultaba para cuestionar su moralidad y señalarlo de haberse organizado con
otros para infringir la ley y sacar provecho de un comportamiento ilícito.
En efecto, a pesar
de que el discurso de los abogados en ejercicio del ius postulandi es
amplio y se caracteriza por el uso de figuras retóricas, éste tiene
restricciones. En efecto, el derecho fundamental a la libertad de expresión, y
en particular el discurso jurídico, está limitado por los derechos ajenos, de manera
que el uso de expresiones que contengan imputaciones deshonrosas, conlleva el
desconocimiento de la majestad de la administración de justicia por parte de
quienes acceden a los estrados judiciales, y constituye una falta contra un interés protegido por la ley.
58.  Por consiguiente, la conducta de la abogada era típica, debido a que se
probaron los elementos de la injuria, así: (i) se empleó una expresión que se
dirigía inequívocamente contra una persona conocida y determinable; (ii) la disciplinada
conocía el carácter deshonroso de la afirmación, la cual conlleva el menoscabo
de la honra del destinatario, que era un juez de la República; (iii) el
carácter deshonroso del hecho imputado menoscaba la honra de la persona, pues
al acusar al juez de actuar de forma inmoral, se pone en entredicho su moral y,
en particular, la honestidad y probidad en el ejercicio de sus funciones; y
(iv) la disciplinada tenía conciencia de que el hecho atribuido podía dañar la
honra del juez, pues se trata de afirmaciones que se presentaron por escrito, y
ponen en entredicho la ética en el ejercicio de las labores del funcionario y,
en esa medida, lo agravian y desconocen la majestad de la justicia.
59.  Por consiguiente, para la Sala Plena es claro que la providencia acusada
no incurrió en los defectos fáctico y sustantivo alegados, pues del análisis de
la totalidad de las pruebas allegadas al proceso, se evidenció que la expresión
de la abogada, tenía la entidad para agraviar la honra del juez y concurrió el
ánimo de injuriarlo, tal y como lo establecieron los jueces en el proceso.
Descartada la concurrencia de los defectos
antes mencionados, entrará la Corte a estudiar el cargo
por violación directa de la Constitución.
Las decisiones adoptadas por los jueces demandados no violan la
Constitución
Violación
directa de la Constitución
60.
Con fundamento en el artículo 4º Superior, esta
Corporación ha establecido que la Constitución Política de 1991, tiene carácter
vinculante y fuerza normativa. Estos lineamientos guían nuestro actual modelo
de ordenamiento jurídico e implican que los preceptos y mandatos
constitucionales son de aplicación directa.
La
fuerza normativa de la Constitución es, entonces, lo que da fundamento a la
causal de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales
por violación directa a los mandatos constitucionales, en tanto es factible que
una decisión judicial desconozca o aplique indebida e irrazonablemente tales
postulados.
Así,
el defecto por violación directa de la Constitución “(…) es una causal de tutela contra providencia judicial que se origina
en la obligación que les asiste a todas las autoridades judiciales de velar por
el cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4° de la Carta Política,
según el cual ‘la Constitución es
norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la
ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales’”[89].
61.
En particular, esta causal se configura cuando un
juez toma una decisión que va en contra de la Constitución porque deja de
aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto; o
aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución[90].
Asimismo,
la Corte ha precisado que procede la tutela contra providencias judiciales por
violación directa de la Constitución, cuando: (i) en la solución del caso se
deja de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional[91];
(ii) se trata de la violación evidente a un derecho fundamental de aplicación
inmediata; (iii) los jueces, con sus fallos,
vulneran derechos fundamentales porque no tienen en cuenta el principio de
interpretación conforme con la Constitución[92];
y (iv) el juez encuentra una norma incompatible con la Constitución, y no
aplica las disposiciones constitucionales con preferencia a las legales
(excepción de inconstitucionalidad)[93].
62.  En el caso objeto de análisis, aunque la accionante no propuso nominalmente
esta causal específica de procedencia de la tutela contra providencias
judiciales, sí alegó que las providencias judiciales acusadas vulneraron su
derecho fundamental a libertad de expresión, pues limitaron su ejercicio de
forma arbitraria, al sancionarla por el uso de una metáfora. En ese orden de
ideas, la Sala infiere que la censura planteada por la demandante encuadra en la
causal específica de procedencia de la tutela denominada violación directa de
la Constitución.
Análisis del defecto alegado
63.  La Sala Plena observa que, aunque la defensa de la disciplinada en el
proceso apuntaba a argumentar que su discurso tenía un contenido académico,
porque como docente no le era posible separar el discurso filosófico de la
práctica del derecho, lo cierto es que la expresión objeto de reproche estaba
inserta en los alegatos de conclusión presentados por escrito en el curso de un
proceso reivindicatorio. Así pues, es evidente que la expresión no hace parte
de un discurso académico, que está especialmente protegido según la
jurisprudencia constitucional, sino que se inserta en un documento que fue
incorporado a un proceso por una abogada en ejercicio de su profesión, la cual,
tal y como se expuso en los fundamentos jurídicos 17 a 24 de esta sentencia,
tiene especial trascendencia social.
En efecto, la
expresión objeto de censura hizo referencia al juez que conoció la primera
instancia en un proceso reivindicatorio como “el jefe de una banda de
ladrones”, no para acusarlo de haber cometido un hurto, sino para denunciar
su actuar inmoral, consistente en organizarse con otros y sacar provecho de
acciones ilícitas.
En esa medida, a
pesar de que la libertad de expresión es un derecho constitucional que debe ser
protegido y respetado, y en principio no puede restringirse, de conformidad con
la Constitución y los instrumentos internacionales que hacen parte del bloque
de constitucionalidad, esta prerrogativa puede sujetarse a sanciones cuando una
expresión lesiona (i) los derechos de los demás; o
(ii) la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas.
En este caso,
Bernardita Pérez Restrepo presentó un memorial en el cual se refirió al juez de
instancia con una figura discursiva que comporta una acusación clara sobre su
actuar inmoral y en esa medida es insultante.
Así pues, el
reproche realizado por los jueces disciplinarios a los alegatos de conclusión
presentados por la abogada Bernardita Pérez Restrepo en el proceso civil, tiene
fundamento en los límites reconocidos por la jurisprudencia constitucional a la
libertad de expresión, los cuales están consagrados en la Constitución y la
ley. Esta última prevé la injuria como una falta disciplinaria susceptible de
sancionarse en un proceso.
Por consiguiente,
la Sala Plena estima que las decisiones censuradas no violaron la Constitución,
pues se ciñeron a los presupuestos previstos por la Carta Política y la ley
para sancionar el ejercicio arbitrario de la libertad de expresión. En efecto,
en ese caso se probó que el ejercicio de esa prerrogativa por parte de la
disciplinada lesionó el derecho fundamental a la honra de un tercero, en este caso,
de un juez de la República que merece respeto, no sólo por tratarse de una
persona, titular de derechos humanos, sino además por representar la majestad
de la justicia.
Por consiguiente, las decisiones controvertidas, proferidas
en el proceso disciplinario adelantado contra la abogada Bernardita Pérez
Restrepo, que la sancionaron con ocasión de la expresión contenida en los
alegatos de conclusión en un proceso disciplinario, no incurren en la causal
específica de procedencia de la tutela denominada violación directa de la
Constitución.
Conclusiones y decisión a adoptar
64.  Del análisis del caso planteado, se derivan las siguientes
conclusiones:
(i)
En este caso concurren los requisitos de
procedibilidad formal de la acción de tutela contra
providencias judiciales, así: a) la cuestión objeto de debate es de
evidente relevancia constitucional, pues está involucrado el derecho
fundamental de la accionante a la libertad de expresión, porque las sentencias
que se censuran la sancionaron con ocasión de una expresión contenida en los
alegatos de conclusión presentados por la disciplinada en el marco de un
proceso civil; b) la demandante acredita el requisito consistente en
haber agotado todos los mecanismos judiciales de defensa a su disposición, pues
acudió al recurso de apelación; c) la tutela fue interpuesta en un
término razonable, debido a que se presentó menos de tres meses después de la
última actuación; d) la accionante identificó de manera razonable los
hechos que generaron la vulneración de sus derechos, así como las
irregularidades que a su juicio hacen procedente la acción de tutela; y e)
la solicitud de amparo no se dirige contra un fallo de tutela.
(ii)
La actividad que desempeñan los abogados tiene una
función social, pues realiza distintos derechos, entre ellos, el acceso a la
administración de justicia. En ese sentido, la función social que caracteriza a
la abogacía justifica que los derechos al trabajo y a la libertad de ejercer la
profesión se vea limitada con un régimen disciplinario.
(iii)
El régimen disciplinario del abogado tiene carácter
sancionatorio, y como tal, debe observar los principios que hacen parte del
derecho al debido proceso. Además, las faltas disciplinarias de los abogados
deben relacionarse estrictamente con el ejercicio de sus funciones, por lo que
sólo son reprochables conductas que afecten el ejercicio
ético, probo y diligente de la profesión, de lo contrario, se restringiría
injustificadamente el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
(iv)
La falta disciplinaria descrita en el artículo 32
de la Ley 1123 de 2007, referida a la injuria, requiere
que en el análisis de tipicidad, el juez verifique que concurre el animus
injuriandi. En ese sentido, para que se configure la injuria es preciso que
existan expresiones desobligantes, que afecten la honra de la persona a quien
se imputan, y se evidencie la conciencia de quien hace la imputación, de que el
hecho atribuido tiene la capacidad de dañar o menoscabar la honra.
(v)
Existe una protección
preferente a la libertad de expresión, por lo que la libertad es la regla, y su
limitación la excepción. En esa medida, esta garantía fundamental sólo se puede
limitar cuando se está ante discursos prohibidos, o cuando una expresión
determinada afecta los derechos de los demás, o la seguridad nacional, el orden
público, la salud o la moral públicas.
(vi)
A pesar de
que existe una protección radical a la libertad de expresión, las amenazas
ciertas y efectivas contra la honra, el buen nombre y otros derechos
fundamentales, autorizan su sanción, pues ningún derecho constitucional es
absoluto.
(vii)
La libertad de expresión no
ampara frases ni alusiones injuriosas o que comporten descrédito, difamación,
desprestigio, menosprecio o insulto. Esta libertad ampara la crítica, que puede
tener un tono fuerte con el fin de alterar a la opinión pública, pero no
protege el ataque a la honra de las personas, pues se estima que las
afirmaciones vejatorias del honor ajeno no tienen justificación.
(viii)
Las sentencias controvertidas no incurrieron en
defecto fáctico, pues a) las autoridades judiciales accionadas valoraron
los testimonios y el dictamen pericial aportados, los cuales evidenciaron que
la expresión objeto de reproche se apuntaba a señalar que el juez de primera
instancia en el proceso reivindicatorio había actuado de forma inmoral; y b)
de las pruebas aportadas era posible comprobar que se trataba de una afirmación
deshonrosa, y la experiencia, educación y práctica académica de la jurista, demostraban
la concurrencia de la intención.
(ix)
No se configura el defecto sustantivo alegado, pues
las autoridades judiciales accionadas verificaron la concurrencia de los
requisitos para que se configurara la injuria. En efecto, se evidenció que: a)
se empleó una expresión que se dirigía inequívocamente contra una persona
conocida y determinable; b) la investigada conocía el carácter
deshonroso de la afirmación, la cual conlleva el menoscabo de la honra del
destinatario, que era un juez de la República; c) el carácter deshonroso
del hecho imputado menoscaba la honra de la persona, pues al tildar al juez de
actuar de forma inmoral se pone en entredicho su honra y la probidad en el
ejercicio de sus funciones; y d) la disciplinada tenía conciencia de que
el hecho atribuido podía dañar la honra del juez, pues se trata de afirmaciones
que ponen en entredicho la ética en el ejercicio de sus funciones y en esa
medida, lo agravian y desconocen la majestad de la justicia.
(x)
Las providencias censuradas no violan la
Constitución, pues el reproche realizado por los jueces disciplinarios a los
alegatos de conclusión presentados por la abogada Bernardita Pérez Restrepo en
el proceso civil, tiene fundamento en los límites reconocidos por la
jurisprudencia constitucional a la libertad de expresión, los cuales están
consagrados en la Constitución y la ley.
En conclusión, la Sala Plena observa que en el caso
concreto no se presenta ninguno de los defectos alegados por la demandante. En consecuencia, esta Corporación confirmará la decisión del juez de
única instancia que negó el amparo.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- CONFIRMAR la decisión adoptada por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia el 10 de junio de 2016, que NEGÓ el amparo impetrado.
SEGUNDO.-
Por Secretaría General líbrese las comunicaciones de
que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí
contemplados.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese
en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Presidente
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Magistrado (e.)
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
ROCÍO LOAIZA MILIÁN
Secretaria General (e.)
[1]Los
Magistrados coincidieron en afirmar que el caso representaba una oportunidad
para que la Corte Constitucional analizara el alcance del derecho a la libertad
de expresión y su tensión con otras garantías, como la dignidad humana, el buen
nombre y la honra de las autoridades judiciales.
[2]La
abogada argumentaba que la presunta ocupación del predio por parte de los
Municipios Asociados del Valle de Aburrá debía ser discutida en un proceso de
reparación directa y no en un proceso reivindicatorio.
[3]
La orden contenida en la sentencia es la siguiente: “QUINTO: Compulsar
copias a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del
escrito obrante entre los folios 11 y 23 del cuaderno de segunda instancia, por
cuanto del contenido deberá evaluarse por ese órgano competente si se ha
incurrido o no en una conducta que dé cuenta de una falta ética profesional.” Folio
86 Cuaderno 1 Expediente del Proceso Disciplinario.
[4] Al rendir versión libre señaló que su intención
no era agredir al juez, sino recurrir a una figura de la teoría política acerca
de la prevalencia del poder político sobre otra forma de poder. Además
manifestó que como profesora era imposible que escindiera el derecho de la
política. En ese sentido, “(…) para una falta de completa jurisdicción en un
proceso judicial la alegoría agustiniana es apenas natural, se compadece y
explica muy bien el fenómeno” (CD2, grabación 1, 33:42). Entonces, afirmó
que utilizó un instrumento académico conceptual de la teoría política para
explicar el significado de la falta de jurisdicción.
[5]En
particular, se comparó la expresión utilizada con citas de Cicerón, San Agustín
de Hipona, John Locke Jean-Jacques Rousseau, Hans Kelsen y John Austin.
[6] CD 2, grabación
2 minuto 24:00.
[7] Cuaderno
Principal, Fls. 27-28.
[8] Quien
acreditó ser lingüista, filósofo y abogado. Cuaderno Principal, Fls. 29-45.
[9]Libro
IV, Capítulo IV. “Semejanza entre las bandas de ladrones y los
reinos injustos. Si de los Gobiernos quitamos la justicia, ¿en qué se
convierten sino en bandas de ladrones a gran escala? Y estas bandas, ¿qué son
sino reinos en pequeño? Son un grupo de hombres, se rigen por un jefe, se
comprometen en pacto mutuo, reparten el botín según la ley por ellos aceptada.
Supongamos que a esta cuadrilla se le van sumando nuevos grupos de bandidos y
llega a crecer hasta ocupar posiciones, establecer cuarteles, tomar ciudades y
someter pueblos: abiertamente se autodenomina reino, título que a todas luces
le confiere no la ambición depuesta, sino la impunidad lograda. Con toda finura
y profundidad le respondió al célebre Alejandro Magno un pirata caído
prisionero. El rey en persona le preguntó: «¿Qué te parece tener el mar
sometido al pillaje?». «Lo mismo que a ti -respondió- el tener el mundo entero.
Sólo que a mí, como trabajo con una ruin galera, me llaman bandido, y a ti, por
hacerlo con toda una flota, te llaman emperador».”
[10]Folios 46-57
del Cuaderno Principal.
[11]
Folio 171 Cuaderno 1 del proceso disciplinario.
[12]A
Folios 58-71 y 72-80 del Cuaderno Principal, se encuentran las copias de los
escritos presentados por el apoderado y por la accionante, respectivamente.
[13]A
folios 81-90 del Cuaderno de Primera Instancia, se encuentra la copia de la
sentencia del 7 de octubre de 2015, proferida por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
[14]Específicamente,
se decidió:
“PRIMERO. CONFIRMAR
integralmente la sentencia del 20 de noviembre de 2014 emitida por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia mediante la cual halló disciplinariamente responsable a la doctora
Bernardita Pérez Restrepo por infligir [sic] su deber profesional plasmado en
el artículo 28 numeral 7° de Ya Ley 1123 de 2007, al haber incurrido en la conducta
descrita en el artículo 32 ibídem, sancionándola con SUSPENSION en el ejercicio
de la profesión por el término de dos (2) meses, conforme se expuso en las
considerativas de esta decisión.”
[15]
Folios 33-37 Cuaderno 2 del proceso disciplinario.
[16] Folios
98-100, Cuaderno Principal.
[17]
La contestación del Magistrado Gustavo Adolfo Hernández Quiñones se encuentra a
folios 108-109 del Cuaderno de Única Instancia.
[18]
La contestación de la Magistrada Claudia Rocío Torres Barajas se encuentra a
folios 110-111 del Cuaderno de Única Instancia.
[19]
La contestación del Presidente Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura se encuentra a folios 112-115 del Cuaderno de Única
Instancia.
[20]
Folios 119-143, Cuaderno de Primera Instancia.
[21]
Mediante auto del 9 de marzo de 2017 se corrió traslado a las partes de la
copia del expediente contentivo del proceso disciplinario solicitado por la
Magistrada ponente.
[22]
Mediante auto del 3 de mayo de 2017 se corrió traslado a las partes de la copia
de los archivos contentivos de las audiencias celebradas en el proceso
disciplinario, solicitadas por la Sala Plena.
[23]
Aunque la accionante no propone nominalmente el defecto por
violación directa de la Consititución, éste puede deducirse, pues afirma que
las decisiones acusadas desconocieron el derecho fundamental a la libertad de
expresión.
[24]
Ver Sentencia T-283 de 2013; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[25]
Al respecto, ver la Sentencia T-555 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas.
[26]
M.P. Jaime Córdoba Triviño
[27]
Ibídem.
[28]
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-324/96 (M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz): “… sólo en aquellos casos en los cuales el acto que adscribe la
competencia resulte ostensiblemente contrario a derecho, - bien por la notoria
y evidente falta de idoneidad del funcionario que lo expidió, ora porque su
contenido sea abiertamente antijurídico -, el juez constitucional puede
trasladar el vicio del acto habilitante al acto que se produce en ejercicio de
la atribución ilegalmente otorgada. Sólo en las condiciones descritas puede el
juez constitucional afirmar que la facultad para proferir la decisión judicial
cuestionada no entra dentro de la órbita de competencia del funcionario que la
profirió y, por lo tanto, constituye una vía de hecho por defecto orgánico.
[29]
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia SU-159/02 (M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa): “… opera cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de
acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i.) porque
ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico,
(ii.) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de
aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii.) porque su aplicación al
caso concreto es inconstitucional, (iv.) porque ha sido declarada inexequible
por la propia Corte Constitucional o, (v.) porque, a pesar de estar vigente y
ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se
aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos
distintos a los expresamente señalados por el legislador.
[30]
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia SU-014/01 (M.P. Martha Victoria
Sáchica Méndez): “Es posible distinguir la sentencia violatoria de derechos
fundamentales por defectos propios del aparato judicial - presupuesto de la vía
de hecho -, de aquellas providencias judiciales que aunque no desconocen de
manera directa la Constitución, comportan un perjuicio iusfundamental como
consecuencia del incumplimiento por parte de distintos órganos estatales de la
orden constitucional de colaborar armónicamente con la administración de
justicia con el objeto de garantizar la plena eficacia de los derechos
constitucionales.  Se trata de una suerte de vía de hecho por
consecuencia, en la que el juez, a pesar de haber desplegado los medios a su
alcance para ubicar al procesado, actuó confiado en la recta actuación estatal,
cuando en realidad ésta se ha realizado con vulneración de derechos
constitucionales, al inducirlo en error.  En tales casos - vía de hecho
por consecuencia - se presenta una violación del debido proceso, no atribuible
al funcionario judicial, en la medida en que no lo puede apreciar, como consecuencia
de la actuación inconstitucional de otros órganos estatales.”
[31]
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-292 de 2006 (M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa).
[32]ARTÍCULO
2º “TITULARIDAD. Corresponde al Estado, a través de las Salas
Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Superior y Seccionales de la
Judicatura, conocer de los procesos que por la comisión de alguna de las faltas
previstas en la ley se adelanten contra los abogados en ejercicio de su
profesión.
La acción disciplinaria
es independiente de cualquiera otra que pueda surgir de la comisión de la
falta.”
[33]ARTÍCULO
55. “DOBLE INSTANCIA. Las sentencias y demás providencias expresamente
previstas en este código tendrán segunda instancia.”
[34]
En este sentido se pueden consultar, entre otras, las sentencias T-475 de 1992
(M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-881 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
[35] Ver
sentencia C-393 de 2006; M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[36]
Ver sentencias C-002 de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández); C-060 de 1994
(M.P. Carlos Gaviria Díaz), C-540 de 1993 (M.P. Antonio Barrera Carbonell);
C-196 de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa); C-393 de 2006 (M.P. Rodrigo
Escobar Gil); y C-212 de 2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
[37] Ver
sentencia C-060 de 1994; M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[38] Ver sentencia C-196 de 1999; M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[39] Ver sentencias C-884 de 2007 y C-290 de 2008; M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
[40]
Ver sentencias C-540 de 1993 (M.P. Antonio Barrera Carbonell) y C-290 de 2008 (M.P.
Jaime Córdoba Triviño).
[41]
Ver sentencia C-393 de 2006; M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[42]
Ver sentencia C-290 de 2008; M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[43]
Ibídem.
[44] Ibídem.
[45]
En la sentencia C-290 de 2008; M.P. Jaime Córdoba Triviño se
hace una descripción similar de la Ley 1123 de 2007.
[46]
Se hace referencia a la norma anterior al Acto Legislativo 2 de
2015.
[47]
Ibídem.
[48]
Ibídem.
[49] Sentencia C-265 de 1993; MP. Fabio Morón Díaz. En
aquella ocasión la Corte estudió la demanda de inconstitucionalidad presentada
contra el artículo 4º del Decreto 2652 de 1991 "[p]or el cual se
adoptan medidas administrativas para el funcionamiento del Consejo Superior de
la Judicatura”, que consagra las funciones de la Sala Plena del Consejo
Superior de la Judicatura. A juicio del demandante la norma incluía funciones
exclusivas de cada una de las Salas, dentro de las funciones de su sala Plena.
La Corte encontró que algunas de las funciones asignadas a la Sala Plena
correspondían exclusivamente a alguna de las Salas del órgano mencionado, por
lo que declaró inexequible algunos literales del artículo acusado.
[50] Sentencia C-037 de 1996;
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Reiterada en las sentencias C-713 de 2008 (M.P.
Clara Inés Vargas Hernández) y C-203 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez).
[51] Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Consejo Seccional de la
Judicatura Sentencia del 5 de mayo de 2009; M.P. Julia Emma Garzón de Gómez.
Radicado No. 200011102000200700095 01 (804-04).
[52] Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Consejo Seccional de la
Judicatura Sentencia del 30 de junio de 2010; M.P. María Mercedes López Mora.
Radicado No. 110011102000200801939 01.
[53] Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Consejo Seccional de la
Judicatura Sentencia del 25 de agosto de 2010; M.P. Pedro Alonso Sanabria
Buitrago. Radicado No. 270011102000200700255 01.
[54] Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Consejo Seccional de la
Judicatura Sentencia del 11 de noviembre de 2015; M.P. María Rocío Cortés
Vargas. Radicado No. 730011102000 2014 00713 01.
[55]
De conformidad con el artículo 93 de la Constitución Política, este
instrumento, que consagra derechos humanos y que ha ratificado por Colombia
mediante la Ley 16 de 1972, forma parte del bloque de constitucionalidad. En la
sentencia C-252 de 2001, la Corte Constitucional señaló que los derechos
fundamentales no son sólo los que se encuentran en la Constitución, sino
también los consagrados en instrumentos internacionales que vinculan al Estado
colombiano, que conforman el bloque de constitucionalidad y que por tanto, son
parte inescindible de la Constitución en sentido material.
[56] El cual hace parte del bloque de constitucionalidad
y, por tanto, conforma el ordenamiento interno, en concordancia con el artículo
93 de la Constitución Política. Ratificado por Colombia el 29 de octubre de
1969.
[57]
Sentencia T-110 de 2015; M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, que reitera la
sentencia T-1198 de 2004; M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[58] Ibídem.
[59] Ibídem.
[60] Sentencia
T-040 de 2013; M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[61] Sentencia T-403 de 1992; M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[62] Sentencia
T-325 de 2011; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[63]Sentencia
T-043 de 2011; M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[64] Sentencia T-881 de 2002;
M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[65] Sentencia T-391 de 2007; M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[66]
Sentencia T-293 de 1994; José Gregorio Hernández Galindo.
[67]
Este modo de expresión comprende las categorías conocidas como discurso
del odio, discurso discriminatorio, apología del delito y apología
de la violencia.
[68] Sentencia T-391 de 2007; M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[69]
Sentencia C-452 de 2016; M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[70] Sentencia T-391 de 2007; M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[71] Sentencia T-391 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa), reiterada en las sentencias C-442 de 2011 (M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto) y C-452 de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), en las cuales
se estudió la constitucionalidad de los tipos de injuria en el Código Penal y
el ordenamiento disciplinario de la Policía.
[72] Sentencia
T-411 de 1995; M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[73] Sentencia C-489 de 2002; M.P. Rodrigo Escobar
Gil.
[74] Sentencia
T-1319 de 2001; M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
[75] Sentencia
T-028 de 1998; M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[76] Sentencias T-028 de 1998 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) y C-442 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
[77] Sentencias C-417 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), C-442 de 2011 (M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto), y C-452 de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[78] Sentencia C-442 de 2011; M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[79]
Así, por ejemplo, en la Sentencia SU-159 de 2002, se define el defecto fáctico
como “la aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos
determinantes del supuesto legal a partir de pruebas válidas”.
[80]
Cabe resaltar que si esta omisión obedece a una negativa injustificada de
practicar una prueba solicitada por una de las partes, se torna en un defecto
procedimental, que recae en el ejercicio del derecho de contradicción.
[81]
Cfr. Sentencias SU-159 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-538 de 1994
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz  y T-061 de 2007 M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
[82]
Ver sentencias T-442 de 1994 M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-567 de 1998 M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz,  y SU–159 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[83]
Nuevamente, remite la Sala a la sentencia SU-159 de 2002 M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[84] Sentencia T-704
de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[85]
Sentencia T-140 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[86]
Sentencia T-310 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[87] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[88] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[89]
SU-918 de 2013, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[90]Sentencia
T-704 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. También ver sentencias T-310 de 2009, M. P. Mauricio González Cuervo y T-555
de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[91] Caso en el cual también se incurriría en la causal
por desconocimiento del precedente. Al respecto ver, entre muchas otras, las
sentencias T-292 de 2006, M. P. Manuel José
Cepeda Espinosa, SU-047 de 1999 y C-104 de 1993, en ambas M. P. Alejandro
Martínez Caballero.
[92]
Sentencia T-704 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. También ver, las sentencia T-199 de 2005, M. P. Marco Gerardo Monroy
Cabra; T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-809 de 2010, M. P.
Juan Carlos Henao Pérez.
[93]
Ver entre otras, las sentencias T-522 de
2001, Manuel José Cepeda Espinosa y T-685 de 2005, M. P. Clara Inés
Vargas Hernández.