T-095-18
Sentencia
T-095/18
TRASLADO DE DOCENTE-Caso en que accionante solicita traslado a municipio distinto por
razones de seguridad con fundamento en violencia intrafamiliar
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Persona natural que actúa en defensa de sus
propios intereses
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Madre en representación de sus hijos
LEGITIMACION POR PASIVA EN TUTELA-Autoridad pública
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE LA
ACCION DE TUTELA-Juez debe verificar
si ante la existencia de otro medio de defensa judicial, éste es eficaz e
idóneo
ACCION DE TUTELA Y REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD-Flexibilidad en caso de sujetos de especial
protección constitucional
ACCION DE TUTELA PARA TRASLADO DE DOCENTE-Procedencia excepcional por vulneración de
derechos del trabajador o su núcleo familiar
La jurisprudencia constitucional ha admitido, de forma
excepcional, que existen supuestos en los cuales procede la acción de
tutela para controvertir decisiones administrativas de traslado de
educadores del sector público. En este sentido, para que el juez de tutela se
pronuncie acerca de una determinación en materia de traslado laboral, se
requiere:
“(i) Que la decisión del traslado no
obedezca a criterios objetivos de necesidad del servicio, o que no consulte
situaciones subjetivas del trabajador que resultaban absolutamente relevantes
para la decisión, o que el traslado implique una clara desmejora en las
condiciones de trabajo. En estos casos la Corte ha dicho que la decisión del
traslado se considera arbitraria y, (ii) Que exista vulneración o amenaza grave y directa de un derecho
fundamental del docente o de su familia”.
IUS VARIANDI-Concepto
La
jurisprudencia de esta Corporación ha definido el ius variandi como la facultad
que tiene el empleador de alterar las condiciones de trabajo en cuanto al modo,
lugar, cantidad o tiempo de trabajo, en virtud del poder subordinante que aquel
ejerce sus trabajadores.
IUS VARIANDI-Características
TRASLADO DE DOCENTES
DEL SECTOR PUBLICO-Regulación
TRASLADO DE DOCENTE-Diferencia entre el procedimiento ordinario y el
procedimiento extraordinario
Es claro que la diferencia entre el procedimiento
ordinario y el extraordinario de traslado de educadores radica, esencialmente,
en que en el segundo caso la procedencia de la petición del docente no se limita
al cronograma del calendario estudiantil. Esta circunstancia, como ya se dijo,
no conduce a una afectación irracional del servicio de educación, ya que no se
trata de habilitar un escenario de movilidad permanente, sino de realizar
ajustes excepcionales de la planta de personal, a partir de la acreditación de
las causales especiales que la justifican. Por lo demás, su operatividad se
circunscribe tanto a la posibilidad razonable de la entidad remisora de cubrir
las vacantes que se derivan del traslado, como a la existencia misma de
vacantes en la entidad receptora, que permitan proveer el cargo que se requiere
como resultado de la solicitud formulada.
SOLICITUD DE
TRASLADO DE DOCENTES DEL SECTOR PUBLICO POR RAZONES DE SEGURIDAD-Marco normativo
TRASLADO DE DOCENTES
DEL SECTOR PUBLICO POR RAZONES DE SEGURIDAD-Inexistencia de una regulación respecto de los
casos en los que el riesgo para la vida e integridad de los docentes carece de
una relación de conexidad con sus funciones
TRASLADO DE DOCENTES
DEL SECTOR PUBLICO POR RAZONES DE SEGURIDAD-Aplicación del principio pro homine
TRASLADO DE DOCENTES
DEL SECTOR PUBLICO POR RAZONES DE SEGURIDAD-Autoridad nominadora es la encargada de
implementar medidas necesarias en situaciones de riesgo o amenaza que no se
originen en el desempeño de sus funciones
ACTUACIONES DE LAS
ENTIDADES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES-Obligación de adoptar la perspectiva de género
Las obligaciones positivas que se derivan para el Estado de la
garantía de igualdad material para las mujeres y del deber de debida diligencia
en la prevención de la violencia de género imponen, a su turno, la
obligación para todas las autoridades y funcionarios del Estado de adoptar una
perspectiva de género en sus actuaciones y decisiones, con el objetivo de eliminar
todos los factores de riesgo de violencia o la garantía del ejercicio de todos
los derechos en igualdad de condiciones, desde una visión integral. Lo anterior
implica “la consideración de un criterio de distribución de los contenidos de
libertad, criterio de distribución que ha de entender en el sentido de
generalidad, equiparación y diferenciación negativa o positiva. La
igualdad es un metaderecho, un principio constitutivo de los derechos de
libertad, como igualdad formal en los derechos de todos a sus diferencias
personales, y de los derechos sociales como igualdad sustancial en los derechos
de todos a condiciones sociales de supervivencia (Bea, 1985)”.Así pues, en
el ámbito administrativo, esto significa que ante situaciones que tengan
una incidencia en el ejercicio de derechos fundamentales, se deben
adoptar decisiones que apunten a eliminar los riesgos de discriminación en
cualquiera de sus modalidades. Mientras que, desde el ámbito judicial, dicha
obligación se traduce en la garantía del acceso a la justicia en igualdad de
condiciones, lo cual implica el deber de analizar todas las circunstancias
desde los impactos diferenciales para las mujeres para el efectivo goce de una
igualdad sustantiva.
ERRADICACION DE TODA FORMA DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACION
CONTRA LA MUJER-Compromiso nacional
e internacional
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Instrumentos internacionales
FUENTE FORMAL INTERNACIONAL DE LA PROTECCION A LA
MUJER CONTRA LA VIOLENCIA-Instrumentos internacionales ratificados por Colombia
PROTECCION DE LA MUJER FRENTE A TODO TIPO DE
VIOLENCIA-Mandatos
constitucionales y legales
PROTECCION DE LA MUJER FRENTE A TODO TIPO DE
VIOLENCIA-Jurisprudencia
constitucional
ADMINISTRACION DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GENERO-Reiteración de jurisprudencia
ADMINISTRACION
DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GENERO-Debe
orientar siempre las actuaciones de los operadores de justicia, armonizando los
principios constitucionales y la especial protección otorgada a la mujer
TRASLADO DE DOCENTE POR RAZONES DE
SEGURIDAD-Orden
a Secretaria de Educación determinar si resulta procedente el traslado
solicitado por la actora, siempre que se acrediten debidamente las razones de
seguridad que aquella aduce
Referencia: Expediente T-6.434.190
Acción
de tutela presentada por C.J.C.C. (en nombre propio y en representación de sus
hijos C.G.B.C. y R.D.B.C.) contra la Secretaría de Educación del Departamento
de Magdalena.
Procedencia: Sala Civil - Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta.
Asunto: Perspectiva de género en las
actuaciones administrativas y judiciales. Ejercicio del ius variandi en
el marco de decisiones de traslado de docentes del sector público con
fundamento en situaciones de violencia intrafamiliar.
Magistrada Ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá,
D. C., dieciséis (16) de marzo de dos mil dieciocho (2018).
La Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por el Magistrado José Fernando Reyes Cuartas y las
Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
En
el trámite de revisión del fallo de segunda instancia, dictado por la Sala
Cuarta de Decisión Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Santa Marta el 8 de junio de 2017, que a su vez confirmó la decisión
adoptada por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Ciénaga (Magdalena) el
10 de abril de 2017, en el proceso de tutela promovido por C.J.C.C. (en nombre
propio y en representación de sus hijos C.G.B.C. y R.D.B.C.) contra la
Secretaría de Educación del Departamento de Magdalena.
Conforme
a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del
Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Once de la Corte
Constitucional escogió, para efectos de su revisión, el asunto de la referencia[1].
ADVERTENCIA PRELIMINAR:
Con
el propósito de proteger los derechos fundamentales a la vida, a la integridad,
a la seguridad y a la intimidad de la accionante y de sus hijos menores de
edad, la Sala modificará sus nombres en la versión pública de esta providencia,
debido a que el presente proceso contiene datos personalísimos de los
tutelantes. Adicionalmente, en la parte resolutiva de esta sentencia se ordenará
a la Secretaría General de esta Corporación y a las autoridades judiciales de
instancia, guardar estricta reserva respecto a la identificación de la actora y
su familia. De igual modo, se han suprimido otros datos en aras de salvaguardar
la identidad de los implicados.
I. ANTECEDENTES
C.J.C.C.
presentó acción de tutela en contra de la Secretaría de Educación del
Departamento de Magdalena, por considerar que la entidad accionada vulneró sus
derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y seguras, a la vida, a
la integridad personal y al “núcleo familiar”. También, considera que la
actuación de la demandada desconoce la protección especial de los menores de
edad.
A.
Hechos y pretensiones
1. C.J.C.C.
indica que se desempeña como docente en la Institución Educativa Simón
Bolívar del municipio de Fundación (Magdalena)[2].
Así mismo, señala que tiene a su cargo la custodia y el cuidado personal de sus
dos hijos menores de edad: C.G.B.C. (de 14 años de edad) y R.D.B.C. (de 16 años
de edad)[3].
2. La
tutelante relata que, a partir del mes de julio de 2016, tanto ella como sus
hijos han sido víctimas de maltrato, violencia intrafamiliar y amenazas de
muerte cuyo presunto autor es su cónyuge, el señor J.C.B.G., quien también es
padre de ambos menores de edad[4].
3. La
accionante informó a la Secretaría de Educación del Departamento del Magdalena
acerca de las amenazas de muerte y de la situación de violencia intrafamiliar
de las cuales ha sido víctima[5].
Dicha institución, mediante oficio del 15 de julio de 2016, le comunicó que su
caso fue remitido a la Unidad Nacional de Protección para que adelantara el
estudio del nivel de riesgo correspondiente, en atención a lo dispuesto en el
Decreto No. 1782 de 2013.
De igual modo, la Secretaría
Departamental informó a la actora que “como medida inmediata se procede a
expedir Resolución mediante la cual se reconoce condición provisional de
amenazado por el término de tres (3) meses”[6] y
puso la situación en conocimiento de las siguientes entidades: “Fiscalía
General de la Nación, Procuraduría, Sindicato de Educadores y FECODE”[7].
4. El
21 de julio de 2016, con fundamento en la información remitida por la
Secretaría de Educación de Magdalena, la Fiscalía General de la Nación ordenó
la radicación de una noticia criminal en contra del señor J.C.B.G., por los
delitos de violencia intrafamiliar y amenazas, en razón de los hechos
denunciados por la tutelante[8].
En dicha oportunidad, la actora
declaró que denunciaba al presunto agresor “por continuas amenazas de
muerte, me acosa, me sigue, ha llegado a mi lugar de trabajo (…) dentro de mi
colegio me ha maltratado (…)”[9].
En su relato, describió varias situaciones de violencia psicológica, física y
verbal[10].
Señaló que en una ocasión le apuntó con un arma de fuego y le disparó aunque el
artefacto no funcionó en ese momento. Además, indicó que su cónyuge le había
manifestado que “antes de entregar el arma, [la] mataba”[11].
5. Pese
a lo anterior, la accionante refiere que la situación de violencia
intrafamiliar persistió y que el señor J.C.B.G. amenazó de forma reiterativa a
sus hijos menores de edad con tomar “medidas drásticas” ante la negativa
de aquellos a compartir momentos con él[12].
Por lo tanto, en el marco del
proceso judicial de divorcio contencioso, el apoderado de la actora solicitó
medidas de protección ante el Juzgado Único Promiscuo de Familia de Fundación
(Magdalena)[13],
las cuales fueron otorgadas mediante auto del 19 de septiembre de 2016[14].
6. El
8 de septiembre de 2016, la Secretaría de Educación del Departamento de
Magdalena dictó la Resolución XXX, mediante la cual reconoció a la solicitante
la condición provisional de amenazada y le otorgó una comisión de servicios por
el término de tres meses en la Institución Educativa Departamental Tucurinca, ubicada
en el municipio de Zona Bananera. De esta manera, la entidad finalmente
materializó la actuación a la cual se había comprometido en la respuesta
emitida el 15 de julio de 2016.
7. No
obstante, la tutelante sostiene que las anteriores medidas administrativas y
judiciales han sido insuficientes para la protección de sus derechos y los de
sus hijos, motivo por el cual solicitó su traslado al municipio de Ciénaga
(Magdalena)[15].
8.  El
20 de octubre de 2016, la Secretaría de Educación del Departamento de Magdalena
negó la referida petición de traslado con fundamento en los resultados del
estudio de nivel de riesgo. Al respecto, la entidad accionada refiere que la
Unidad Nacional de Protección (UNP) “[devolvió] su caso ‘porque no se
evidencia que las amenazas que aduce provengan en razón a su oficio como
docente’, por lo tanto es de entenderse que no se cumple el principio de
causalidad donde debe existir conexidad directa entre el riesgo y el ejercicio
de sus actividades”[16].
Añadió que este requisito es indispensable para formar parte del programa de
protección de la UNP[17].
9. Con
fundamento en lo expuesto, la accionante presentó acción de tutela en contra de
la Secretaría de Educación del Departamento de Magdalena por estimar que la
decisión de la entidad accionada de no acceder a su traslado a un municipio
distinto de aquel en el que reside su presunto agresor desconoce sus derechos
fundamentales.
B. Actuación procesal
Mediante auto de 25 de enero de
2017, el Juzgado Segundo de Familia de Ciénaga (Magdalena) admitió la
acción de tutela, solicitó a la Secretaría de Educación Departamental de
Magdalena un informe acerca de los hechos narrados en la solicitud de amparo y citó
a la accionante para que rindiera su declaración ante dicho despacho judicial[18].
Posteriormente, a través de
sentencia del 7 de febrero de 2016, la aludida autoridad judicial negó el
amparo constitucional[19].
Dicho fallo fue objeto de impugnación por parte de la actora.
No obstante, por medio de auto de
6 de marzo de 2017, la Sala Cuarta de Decisión Civil Familia del Tribunal
Superior de Santa Marta declaró la nulidad de todo lo actuado en el
proceso de tutela (incluido el auto admisorio) debido a la ausencia de
vinculación del Ministerio Público y del Defensor de Familia, la cual
consideraba imperiosa debido a que el proceso judicial involucra intereses de
menores de edad. Por tanto, ordenó devolver el expediente al juzgado de origen
y rehacer la actuación correspondiente[20].
Así las cosas, el 28 de marzo de
2017, el Juzgado Segundo de Familia de Ciénaga (Magdalena) dictó auto de
obedecimiento a lo resuelto por el superior, admitió la acción de tutela
y, vinculó a la representante del Ministerio Público en asuntos de familia y al
Defensor de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Así mismo,
aclaró que los documentos aportados por las partes y las pruebas recaudadas e
incorporadas al expediente conservaban su validez[21].
Declaración
rendida por la accionante C.J.C.C. ante el juez de primera instancia
El
2 de febrero de 2017, la actora presentó su declaración, bajo la gravedad del
juramento, ante el despacho judicial de primera instancia. En la diligencia,
expresó que entre los meses de julio y diciembre de 2016 no desempeñó sus
funciones como docente[22]
y que el 7 de diciembre recibió un correo electrónico en el cual se le
notificaba que debía “reiniciar” sus labores en la Institución Educativa
Simón Bolívar del municipio de Fundación, dado que la Unidad Nacional de
Protección había determinado que las amenazas en su contra eran personales y no
tenían relación con su oficio como educadora[23].
Así
mismo, explicó que las razones que aduce para su traslado son personales, pero
han afectado su desempeño laboral “porque mi expareja en reiteradas
ocasiones ingresó a las instalaciones de la institución y me sacó de la institución
y me golpe (sic)”[24].
Afirmó que, con fundamento en los hechos anteriormente narrados, el 27 de
noviembre de 2015 presentó una denuncia en contra de su cónyuge.
Por
otra parte, en relación con las medidas de protección ordenadas en el marco del
proceso contencioso de divorcio por el Juzgado Único Promiscuo de Familia de
Fundación (Magdalena), la tutelante aseveró que el señor J.C.B.G. no conoce tal
decisión judicial, en la medida en que ha devuelto los oficios procedentes del
juzgado que adelanta dicho trámite.
Puntualizó
que, desde el momento en que se decretaron tales medidas de protección, no se
ha encontrado con su esposo. Sin embargo, señaló que el señor J.C.B.G. sí ha
visto a sus hijos, pero por fuera del lugar en el que reside la actora. Añadió
que, ahora que se reincorporó a su sitio de trabajo, teme que el presunto
agresor se entere de su paradero.
Respuesta
de la Secretaría de Educación del Departamento de Magdalena
El
6 de febrero de 2017, la entidad demandada señaló que mediante Resolución XXX
de 2016 se ordenó el traslado de la accionante a la Institución Educativa
Departamental Tucurinca, en el municipio de Zona Bananera[25].
Por
tanto, adujo que la accionante debía acudir a la Secretaría de Educación del
Magdalena para notificarse del acto administrativo en el cual se le concedió
una comisión de servicios de tres meses, en la cual se dispuso el traslado a
otra institución educativa por fuera del municipio de Fundación (Magdalena).
Respuesta
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Regional Magdalena
El
30 de marzo de 2017, la entidad presentó sus consideraciones en
relación con el asunto de la referencia. Sobre el particular, destacó que el
interés superior de los niños, niñas y adolescentes debe ser una consideración
primordial que debe guiar al juez siempre que en una decisión se encuentren
involucrados los derechos de los menores de edad[26].
De
este modo, aseguró que el principio de interés superior impone ponderar las
normas aplicables y examinar los presupuestos fácticos y legales dentro de las
actuaciones administrativas realizadas por la Secretaría de Educación de
Magdalena.
C.
Decisiones objeto de revisión
Sentencia
de primera instancia
El
10 de abril de 2017, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Ciénaga (Magdalena)
negó el amparo de los derechos fundamentales, “por no existir violación
alguna que conjurar”[27].
Sostuvo que en la actualidad la accionante no es víctima de las agresiones que,
en su momento, denunció ante la Secretaría de Educación del Magdalena, debido a
que no ha vuelto a encontrarse con el presunto victimario desde el 19 de
septiembre de 2016, fecha en la cual el Juzgado Único Promiscuo de Familia de
Fundación dictó medidas de protección en favor de la actora y de sus hijos.
Así
mismo, afirmó que la institución accionada procuró en todo momento y por todos
los medios garantizar los derechos fundamentales de la accionante, dado que:
(i) informó acerca de la situación a las entidades encargadas de velar por la
protección de la educadora C.J.C.C.; (ii) presentó una denuncia penal para que
se siguiera la correspondiente investigación; y (iii) reconoció a la tutelante
la condición provisional de docente amenazada y le concedió una comisión de
servicios de tres meses mediante Resolución XXX de 2016, respecto del cual
aquella no ha acudido a notificarse. Además, destacó que este acto
administrativo concede a la accionante aquello que pide en su solicitud de
amparo constitucional.
Por
otra parte, consideró que existían contradicciones entre la declaración rendida
por la demandante ante el juzgado de primera instancia y los documentos
aportados por ella en la acción de tutela. En este sentido, expresó que es
inverosímil que los maltratos y amenazas contra la actora hayan continuado
cuando ella misma manifestó que no ha visto al presunto agresor desde el 19 de
septiembre de 2016. Además, recordó que la tutelante manifestó que el señor J.C.B.G.
no sabía de su paradero durante el tiempo en el cual aquella no acudió a su
sitio de trabajó, lo cual pone en entredicho la supuesta permanencia de los
hechos denunciados.
Aunado
a lo anterior, indicó que la accionante cuenta con las medidas de protección
concedidas por el juez de familia, “por lo que debe hacer uso de ellas”[28].
También, resaltó que se encuentran en curso dos procesos penales en contra del
presunto agresor.
Por
lo tanto, estimó que no existía una vulneración de los derechos fundamentales
de la tutelante porque desde la presunta ocurrencia de los hechos
victimizantes, la entidad accionada ha brindado todas las garantías que
requiere su situación.
Impugnación
En
desacuerdo con la decisión de primera instancia, la tutelante impugnó la
providencia anterior. Expresó que el juez de primera instancia negó la
protección de los derechos tutelados con fundamento exclusivamente en razones
de índole legal, sin analizar la vulneración de las garantías constitucionales
en el caso concreto. En este sentido, adujo que la decisión del a quo “se
limitó a repetir lo manifestado” por la parte accionada[29].
En
su criterio, el fallo recurrido desconoció los fundamentos establecidos en la
sentencia T-042 de 2014, toda vez que la tutelante cumplía con el presupuesto
contemplado en dicha decisión, consistente en que sin el traslado se pone en
riesgo la vida o integridad del servidor o la de su familia.
No
obstante, afirmó que “las medidas de protección decretadas para proteger la
vida e integridad del accionante (sic) no se están cumpliendo a cabalidad, ya
que han sido insuficientes dado que las amenazas de muerte han continuado en el
presente”[30].
Sentencia
de segunda instancia
Mediante
sentencia del 8 de junio de 2017, la Sala Cuarta de Decisión Civil - Familia
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta confirmó la decisión
de primera instancia.
En
criterio del fallador, las amenazas que dieron lugar a la solicitud de traslado
no se originan en las labores que la tutelante ejerce como docente, sino en “las
desavenencias que ha venido teniendo con su expareja”[31].
De esta manera, se trata de un conflicto intrafamiliar, respecto del cual las
autoridades competentes han tomado las medidas de protección pertinentes. Por
tanto, consideró que no existía una relación directa entre el riesgo denunciado
y el cargo que desempeña la actora.
Además,
resaltó que la Unidad Nacional de Protección evaluó la situación puesta de
presente por la accionante y su respuesta fue negativa, por lo que la
solicitante puede acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo
para discutir los actos administrativos correspondientes.
D.
Actuaciones llevadas a cabo por la Corte Constitucional en sede de revisión
A
través de auto de 26 de enero de 2018, esta Corporación vinculó a la Unidad
Nacional de Protección (UNP), pues se advirtió que el proceso de tutela de la
referencia podía tener consecuencias respecto de dicha entidad, toda vez que
esta institución se encargó del estudio del nivel de riesgo que afronta la
actora y, por tanto, su valoración técnica fue decisiva para la determinación
que asumió la Secretaría de Educación del Departamento de Magdalena respecto
del traslado de la educadora accionante[32].
Así
mismo, solicitó a la entidad vinculada que informara las razones que
sustentaron las conclusiones del estudio de nivel de riesgo de la docente C.J.C.C.
y que remitiera la documentación pertinente respecto de dicha valoración.
Igualmente,
en dicho proveído, la Magistrada Sustanciadora ofició a la Secretaría de
Educación del Departamento del Magdalena[33] y a la
tutelante[34]
para que resolvieran varias preguntas respecto de la situación laboral y de
seguridad de la solicitante.
Respuesta
de la Unidad Nacional de Protección
Mediante
oficio del 5 de febrero de 2018, la institución informó que en su sistema de
información únicamente se registra la solicitud de protección elevada por la Secretaría
de Educación del Magdalena, remitida el 25 de julio de 2016.
Dicha
solicitud fue analizada por la entidad en el marco de las competencias atribuidas
por el Decreto 1066 de 2015 y “se determinó la No viabilidad en el inicio de
la Evaluación de Riesgo”[35]
en el caso de la accionante, pues pese a que se encuentra dentro de la
población objeto de protección del Programa de Prevención y Protección dada su calidad
de docente[36],
“hay ausencia de nexo causal entre su situación de riesgo y su condición,
dado que ésta se deriva presuntamente de un conflicto de carácter personal con
su expareja sentimental, el cual al parecer presuntamente la intimida y agrede”
[37].
En
relación con lo anterior, la Unidad Nacional de Protección sostuvo que el
Programa de Prevención y Protección se rige por los principios de causalidad y
temporalidad, de conformidad con los Decretos 1066 de 2015 y 567 de 2016. Por
lo tanto, las personas interesadas en ser beneficiarias del mencionado
programa, deberán probar siquiera sumariamente el nexo causal entre las
situaciones de riesgo y el ejercicio de sus actividades o funciones políticas,
públicas, sociales o humanitarias.
No
obstante, la entidad remitió el caso de la actora a la Comisaría de Familia de
Fundación (Magdalena) y al Comando de Policía de Santa Marta (Magdalena), con
el fin de que ambas instituciones asumieran las funciones que legalmente les
corresponden respecto de los hechos denunciados por la tutelante.
Finalmente,
entre los documentos allegados por la Unidad Nacional de Protección al presente
proceso, consta el ‘Formato de descripción de la amenaza del Programa
de Prevención y Protección’, en el cual la actora relató los hechos que
motivaban su solicitud de traslado. De este modo, la accionante narró que su “ex
pareja (legalmente cónyuge)” la amenazó de muerte en varias oportunidades,
que ingresó a su lugar de trabajo y que sus estudiantes han sido intimidados
por el presunto agresor[38].
Añadió que aquel le “apuntó con un arma de fuego que afortunadamente no
funcionó y desde ese entonces me tocó salir del municipio de Fundación y tengo
mucho temor de regresar allá (…)”[39].
Respuesta
de la Secretaría de Educación del Departamento de Magdalena
En
respuesta a la solicitud probatoria formulada en sede de revisión, la entidad
señaló que la accionante C.J.C.C. “se encuentra laborando a la fecha en la
Institución Educativa Simón Bolívar del municipio de Fundación Magdalena (sic),
que no ha presentado nueva solicitud de reubicación o traslado por ningún
motivo y que debido al estudio del riesgo realizado por parte de la Unidad
Nacional de protección (sic) fue ordinario, actualmente no se estima reubicarla
en otro sitio de trabajo”[40].
Respuesta
de la accionante C.J.C.C.
Aunque
solicitó copia de las respuestas emitidas en sede de revisión por las entidades
accionadas y vinculadas[41],
la actora se abstuvo de contestar a las preguntas formuladas por la Magistrada
Sustanciadora, pese a haber sido requerida por la Sala[42].
II. CONSIDERACIONES
Competencia
1. La Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional es competente para conocer los fallos de
tutela proferidos dentro del trámite de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Asunto
objeto de análisis y problema jurídico
2. La accionante,
en
nombre propio y como representante legal de sus hijos menores de edad, promovió
acción de tutela en contra de la Secretaría de Educación del Departamento de
Magdalena, por considerar que la entidad accionada vulneró sus derechos
fundamentales al trabajo en condiciones dignas y seguras, a la vida, a la
integridad personal y al “núcleo familiar”. También, considera que la
actuación de la demandada desconoce la protección especial de los menores de
edad. Sostuvo que la transgresión de tales garantías se originó en que la
institución demandada se negó a trasladarla a un municipio distinto de aquel en
el que reside su presunto agresor.
3. La entidad
demandada puso de presente que, mediante Resolución XXX de 2016, ordenó el
traslado de la actora a otra institución educativa, en el marco de una comisión
de servicios de tres meses. No obstante, indicó que la tutelante no se ha
notificado de dicho acto administrativo.
4. El juez de primera
instancia negó el amparo de los derechos fundamentales invocados. Consideró que
la accionante dejó de ser víctima de las agresiones que, en su momento,
denunció ante la Secretaría de Educación de Magdalena, pues no ha vuelto a
encontrarse con el presunto victimario desde el 19 de septiembre de 2016. Por
tanto, deduce que las amenazas y maltratos en contra de la tutelante no
pudieron continuar.
Así
mismo, estimó que la entidad accionada procuró en todo momento y por todos los
medios garantizar los derechos fundamentales de la accionante, toda vez que
remitió la información del caso a las autoridades competentes, reconoció la
condición provisional de amenazada de la solicitante y le concedió una comisión
de servicios temporal.
5. La anterior
decisión judicial fue confirmada por el fallador de segunda instancia, quien
consideró que las amenazas que fundamentan la solicitud de traslado formulada
por la tutelante no se originan en su labor como docente sino en un conflicto
intrafamiliar, respecto del cual las autoridades competentes han tomado las
decisiones pertinentes. Aunado a ello, estimó que la actora podía acudir a la
jurisdicción contenciosa administrativa para resolver dicha controversia.
6. De conformidad
con los antecedentes reseñados, la Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional deberá determinar si la acción de tutela es procedente para
analizar el posible desconocimiento de los derechos fundamentales de la
peticionaria y sus hijos menores de edad. Establecido lo anterior, deberá
resolver el siguiente problema jurídico:
¿Se vulneran los derechos fundamentales de una
docente oficial y de sus hijos al trabajo en condiciones dignas y seguras, a una
vida libre de violencia, a la integridad personal, la prevalencia del interés superior
de los menores de edad y a la familia cuando la trabajadora, presunta víctima
de maltrato, amenazas y violencia intrafamiliar, solicita un traslado a un
municipio distinto de aquel en el que reside su presunto agresor y la entidad
accionada lo niega, con fundamento en que no existe conexidad entre su
situación y el ejercicio de su cargo?
Para abordar los asuntos formulados, la
Sala examinará inicialmente la procedencia excepcional de la acción de tutela
respecto de decisiones relativas a traslado de educadores del sector público.
De superarse el análisis de procedibilidad del amparo, se estudiarán los
siguientes aspectos: (i) el
ejercicio del ius variandi en el servicio público de educación y su
marco normativo, así como la solicitud de traslado de docentes del sector
público por razones de seguridad; (ii) la obligación de adoptar
una perspectiva de género en las actuaciones de las autoridades administrativas
y judiciales; y, por último, (iii) la solución del caso concreto.
Procedencia de la acción de tutela[43].
Legitimación en
la causa por activa y por pasiva
7. Conforme al
artículo 86 de la Carta Política, toda persona podrá presentar acción de tutela
ante los jueces para procurar la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o algún particular.
Igualmente, el
artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, regula la legitimación para el ejercicio
de la acción de tutela. Dicha norma establece que la solicitud de amparo puede
ser presentada: (i) a nombre propio; (ii) a través de representante legal;
(iii) por medio de apoderado judicial; o (iv) mediante agente oficioso.
8. En el
caso objeto de estudio, se encuentra acreditado que la señora C.J.C.C. tiene legitimación
por activa para formular la acción de tutela de la referencia, toda vez que
es una persona natural que reclama la protección de sus derechos fundamentales,
presuntamente vulnerados por la entidad accionada[44]. Así
mismo, está demostrada su legitimación para solicitar la protección de los
derechos fundamentales de los menores de edad representados, dada su condición
de madre de aquellos.
9. A su turno, la legitimación por pasiva dentro del trámite de amparo hace
referencia a la capacidad legal del destinatario de la acción de tutela para
ser demandado, pues está llamado a responder por la vulneración o amenaza del
derecho fundamental en el evento en que se acredite la misma en el proceso[45].  Según el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo
1º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier
autoridad pública y, excepcionalmente, contra particulares.
En el presente asunto, se advierte que la Secretaría de Educación
del Departamento del Magdalena integra el poder ejecutivo de dicha entidad
territorial y, por tanto, es una autoridad pública con capacidad para ser
parte. Por ende, se encuentra legitimada en la causa por pasiva para actuar en
este proceso, según los artículos 86 Superior y el 5º del Decreto 2591 de 1991.
Subsidiariedad
10. El principio de
subsidiariedad, conforme al artículo 86 de la Constitución, implica que la
acción de tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que esta se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. En otras palabras, las personas deben hacer
uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el sistema judicial
ha dispuesto para conjurar la situación que amenaza o lesiona sus derechos, de
tal manera que se impida el uso indebido de este mecanismo constitucional como
vía preferente o instancia judicial adicional de protección.
11. No obstante,
como ha sido reiterado por la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de
subsidiariedad que rige la acción de tutela, debe analizarse en cada caso
concreto. Por ende, en aquellos eventos en los que existan otros medios de
defensa judicial, esta Corporación ha determinado que existen dos excepciones
que justifican su procedibilidad[46]:
(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto
por la ley para resolver las controversias no es idóneo y eficaz
conforme a las especiales circunstancias del caso estudiado, procede el amparo
como mecanismo definitivo; y,
(ii) cuando, pese a existir un medio de defensa
judicial idóneo, éste no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable,
caso en el cual la acción de tutela procede como mecanismo transitorio.
Adicionalmente, cuando el amparo es promovido por
personas que requieren especial protección constitucional, como niños, niñas y
adolescentes, mujeres en estado de gestación o de lactancia, madres cabeza de
familia, personas en situación de discapacidad, de la tercera edad o población
desplazada, entre otros, el examen de procedencia de la tutela se hace menos
estricto, a través de criterios de análisis más amplios, pero no menos
rigurosos[47].
Las anteriores reglas implican que, de
verificarse la existencia de otros medios judiciales, siempre se debe realizar
una evaluación de la idoneidad de los mismos en el caso concreto, para
determinar si aquellos tienen la capacidad de restablecer de forma efectiva e
integral los derechos invocados. Este análisis debe ser sustancial (no
simplemente formal) y reconocer que el juez de tutela no puede suplantar al
juez ordinario. Por tanto, en caso de evidenciar la falta de idoneidad del otro
mecanismo formalmente disponible, la acción puede proceder de forma definitiva.
12. Ahora bien, dentro del ordenamiento jurídico
existen varios mecanismos de defensa para salvaguardar los derechos laborales,
competencia asignada a las jurisdicciones ordinaria laboral o contencioso
administrativa, según el caso. Como consecuencia de ello, la Corte
Constitucional ha manifestado que la acción de tutela, en principio, no resulta
procedente para debatir los asuntos propios de la
relación legal y reglamentaria de los servidores públicos[48].
13. Concretamente,
en relación con la cuestión objeto de estudio, esta Corporación ha establecido
que, por regla general, la acción de tutela es improcedente para solicitar
el traslado de un docente del sector público[49].
Ello, por cuanto una decisión en tal sentido depende de la petición que formule
el educador, quien debe agotar el procedimiento administrativo respectivo
dispuesto en la ley[50].
Así
mismo, una vez se haya surtido dicho trámite, la respuesta otorgada por la
administración es susceptible de ser controvertida ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, a través de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho.
En este punto, conviene recordar que la Corte Constitucional ha
analizado las modificaciones legislativas introducidas en la Ley 1437 de 2011
para garantizar la protección de los derechos constitucionales, en particular
aquellas orientadas a mejorar la efectividad de las medidas cautelares, y ha
concluido que, en términos generales, la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho es idónea y efectiva para proteger las garantías fundamentales que
puedan verse amenazadas o vulneradas por actuaciones de la administración[51].
14. No obstante, la jurisprudencia
constitucional ha admitido, de forma excepcional, que existen supuestos en
los cuales procede la acción de tutela para controvertir decisiones
administrativas de traslado de educadores del sector público[52]. En este sentido, para que el juez
de tutela se pronuncie acerca de una determinación en materia de traslado
laboral, se requiere[53]:
“(i)
Que la decisión del traslado no obedezca a criterios objetivos de necesidad del
servicio, o que no consulte situaciones subjetivas del trabajador que resultaban
absolutamente relevantes para la decisión, o que el traslado implique una clara
desmejora en las condiciones de trabajo. En estos casos la Corte ha dicho que
la decisión del traslado se considera arbitraria y,
(ii)
Que exista vulneración o amenaza grave y directa de un derecho fundamental del
docente o de su familia”.
En relación con
este último presupuesto, la Corte Constitucional ha aclarado que la afectación
grave[54]
de un derecho fundamental se presenta, por ejemplo, cuando[55]:
a. La decisión
sobre traslado laboral genera serios problemas de salud, especialmente porque
en la localidad de destino no existan las condiciones para brindar el cuidado
médico requerido;
b.  La decisión
sobre traslado pone en peligro la vida o la integridad del servidor o de su
familia;
c. Las
condiciones de salud de los familiares del trabajador pueden incidir, dada su
gravedad e implicaciones, en la decisión acerca de la procedencia del traslado;
d. La ruptura
del núcleo familiar va más allá de la mera separación transitoria.
15. Como se observa, se trata de situaciones
en las cuales se
evidencia la imposición de cargas desproporcionadas e irrazonables para el
trabajador y su familia, las cuales deben encontrarse probadas en el
expediente[56].
Por tal motivo, el incumplimiento de este requisito y la formulación de razones
que no revisten esa condición de gravedad han llevado a la Corte
Constitucional, en diversas oportunidades, a negar el amparo solicitado[57].
Con
fundamento en lo anterior, esta Corporación ha destacado que “[...] no toda
implicación de orden familiar y económico del trabajador causada por el
traslado tiene relevancia constitucional para determinar la procedencia del
amparo, pues de lo contrario ‘en la práctica se haría imposible la reubicación
de los funcionarios de acuerdo con las necesidades y objetivos de la entidad
empleadora’[58]
[…] evidentemente, toda reubicación laboral implica la necesidad de realizar
acomodamientos en términos de la vida familiar y de la educación de los hijos y
si se aceptara que estos ajustes fueran fundamento suficiente para suspender
los traslados, en la práctica se impediría la movilidad de los funcionarios que
es requerida por la administración pública y por las empresas privadas para
poder cumplir con sus fines”[59].
16. En suma, corresponde
al juez constitucional evaluar en cada caso si existe, prima facie,
una decisión ostensiblemente arbitraria de la administración y una posible
amenaza o vulneración grave y directa en los derechos fundamentales del
educador, para definir la procedencia de la acción de tutela. No obstante, en
el marco de este análisis preliminar del caso concreto, se debe evaluar
igualmente la idoneidad y eficacia de los medios judiciales ordinarios para
determinar si se cumple con el requisito de subsidiariedad[60].
17. En el caso bajo estudio, la Sala estima
que se encuentran acreditados los presupuestos que la jurisprudencia
constitucional ha señalado para que se considere procedente la acción de tutela
en el marco de una decisión en materia de traslado de educadores oficiales.
En
primer lugar, las respuestas emitidas por la Secretaría de Educación del
Magdalena no permiten dilucidar con claridad si la accionante conserva su
condición provisional de amenazada. En efecto, la parte demandada expuso dos
posiciones contradictorias en relación con el mismo asunto: (i) por una parte,
en la comunicación del 20 de octubre de 2016, la entidad accionada aseguró que
la tutelante carece del derecho al referido traslado, por cuanto la UNP
determinó que las amenazas denunciadas no provenían de su ejercicio como
docente. En igual sentido, de conformidad con lo narrado por la tutelante, la
entidad le remitió un correo electrónico el día 7 de diciembre de 2016, en el
cual le indicaba que debía reintegrarse a sus funciones en la Institución Educativa
Simón Bolívar el municipio de Fundación (Magdalena); y (ii) por otra, en
la respuesta dada por la demandada el 6 de febrero de 2017, en el marco del proceso
de tutela, en la cual sostuvo que había sido ordenado su traslado a la
Institución Educativa Departamental Tucurinca, ubicada en el municipio de Zona
Bananera y que lo único que hacía falta para materializar esta situación era
que la actora acudiera a notificarse del acto administrativo que lo ordenaba.
Así
las cosas, se presenta un estado de incertidumbre para la solicitante, en la
medida en que no tiene claridad acerca de la valoración que ha hecho la
accionada respecto de su caso. Así, mientras que en la primera alternativa se
parte de negar la existencia de la amenaza o el riesgo en los derechos de la
actora, en la segunda hipótesis se estima que hay bases suficientes para
considerar que la integridad de la accionante podría estar en peligro.
No
obstante, a partir de la declaración juramentada que la solicitante rindió ante
el juez de primera instancia[61],
de la respuesta que profirió la Secretaría de Educación del Departamento de
Magdalena en sede de revisión[62]
y del escrito que remitió la actora a la Corte Constitucional[63],
la Sala encuentra demostrado que la accionante aún desempeña sus funciones en
el lugar de trabajo respecto del cual solicitó su traslado.
Por
consiguiente, dado que (i) la actora continúa asignada a la Institución
Educativa Simón Bolívar del municipio de Fundación (Magdalena) y (ii)
las respuestas emitidas por la entidad no analizaron los argumentos presentados
por la tutelante respecto de su calidad de víctima de violencia intrafamiliar,
la Sala considera que la negativa de la entidad accionada de ordenar el traslado
de la solicitante a otro municipio diferente del cual reside su presunto
agresor es una medida prima facie arbitraria, toda vez que no se
valoró una situación objetiva de la trabajadora que se considera absolutamente
relevante para el asunto: su condición de mujer víctima de violencia
intrafamiliar.
Por
consiguiente, se configura el primer presupuesto que habilita la procedencia de
la acción de tutela, de conformidad con la jurisprudencia anteriormente
expuesta.
18. En segundo lugar, la Sala Sexta de Revisión estima que, prima
facie, existe una vulneración o amenaza grave y directa de un derecho
fundamental de la educadora C.J.C.C. y de su familia.
Ello, por cuanto, desde un análisis
preliminar, la negativa de efectuar el traslado pone en peligro la vida y la
integridad de la docente y de sus hijos, toda vez que la tutelante relata,
entre otros hechos: (i) que el presunto agresor acudió en oportunidades
anteriores a su lugar de trabajo y cometió actos de violencia intrafamiliar
allí[64];
(ii) que el supuesto victimario se comunicó con sus hijos y les advirtió que
iba a tomar “medidas drásticas” en contra de ellos ante la negativa de
compartir momentos con él[65];
(iii) que su “ex pareja” la amenazó de muerte en reiteradas ocasiones y
que incluso le disparó con un arma de fuego[66].
Además, la Sala no puede perder de vista
que se decretaron medidas de protección en el marco del proceso de divorcio
contencioso entre la actora y su cónyuge y que se encuentra en curso un proceso
penal por los hechos denunciados por la educadora.
En este orden de ideas, se configura
también el segundo presupuesto que permite al juez de tutela pronunciarse
acerca de la vulneración de derechos fundamentales en controversias sobre
traslado de docentes del sector público, el cual consiste en que exista una
vulneración o amenaza grave en los derechos del educador o de su familia.
19. Finalmente, por las razones expuestas anteriormente, se estima que
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho carece de idoneidad y eficacia
en el caso concreto para la protección de los derechos fundamentales de la
accionante. En este sentido, ante la inminencia del riesgo para la vida y la
integridad de la actora y sus hijos menores de edad y los indicios de una
posible arbitrariedad respecto de una mujer que muy probablemente es víctima de
violencia intrafamiliar, sujeto de especial protección constitucional, la
acción de tutela es el mecanismo judicial procedente para garantizar los
derechos presuntamente conculcados en el presente asunto.
Inmediatez
20. El principio de inmediatez previsto en el referido
artículo 86 Superior, es un límite temporal para la procedencia de la acción de
tutela. De acuerdo con este mandato, la interposición del amparo debe hacerse
dentro de un plazo razonable, oportuno y justo[67], toda vez que su razón
de ser es la protección inmediata y urgente de los derechos fundamentales[68].
En este orden de ideas, la Corte
Constitucional ha establecido que, para acreditar el cumplimiento del requisito
de inmediatez, el juez debe constatar si el tiempo trascurrido entre la
supuesta violación o amenaza y la presentación de la acción de tutela es
razonable[69].
21. En el asunto de la referencia, el requisito de
inmediatez se encuentra verificado toda vez que, entre la fecha en que la accionada respondió negativamente
a la solicitud de traslado presentada por la accionante (20 de octubre de 2016)
y
el momento en el cual se interpuso la acción de tutela (13 de enero de 2017),
transcurrió un lapso inferior a tres meses.
22. Con fundamento en lo anterior, se
encuentra establecida la procedencia de la acción de tutela en el presente
caso. Por tanto, a continuación se presentarán los aspectos de fondo anunciados
para pasar a la solución del problema jurídico formulado.
El
ejercicio del ius variandi en el servicio público de educación y su
marco normativo. La solicitud de traslado de docentes del sector público por
razones de seguridad. Reiteración de jurisprudencia[70].
a. El ius variandi. Concepto y
características.
23. La jurisprudencia de esta Corporación ha definido el
ius variandi como la facultad que tiene el empleador de alterar las
condiciones de trabajo en cuanto al modo, lugar, cantidad o tiempo de trabajo,
en virtud del poder subordinante que aquel ejerce sus trabajadores[71].
No
obstante, aunque el empleador tiene amplias prerrogativas para concretar la
potestad modificatoria de las condiciones laborales de sus trabajadores en el
marco del ius variandi, se debe precisar que esta facultad no es
absoluta, pues se encuentra sujeta a los límites expresamente señalados en (i)
el ordenamiento jurídico[72],
(ii) en las interpretaciones jurisprudenciales y (iii) en los propios acuerdos
contractuales del caso[73].
24. Ahora bien, dentro de las condiciones laborales que
el empleador puede modificar en ejercicio del ius variandi se encuentra
el lugar o sede de trabajo de sus trabajadores. Con todo, valga aclarar que, al
llevar a cabo dichos cambios, no puede omitir criterios de interés superior
como el respeto al honor, y a las garantías laborales, en especial las
relacionadas con la conservación de las condiciones de trabajo digno y justo,
en concordancia con los principios consagrados en el artículo 53 de la
Constitución Política[74].
Si
bien el cambio de sede geográfica del trabajador, puede darse en las relaciones
laborales privadas o públicas, en el caso de estas últimas cobra especial
importancia que esta potestad no se ejerza de manera arbitraria, pues siempre
debe obedecer a razones objetivas y válidas, originadas en criterios técnicos,
operativos, organizativos o administrativos, de modo tal que la misma se
justifique y se asegure en todo momento la prestación adecuada del servicio
público respectivo.
25. Por otra parte, la facultad de promover el traslado
de una sede de trabajo a otra, no es exclusiva del empleador[75], pues
la misma también puede surgir como una prerrogativa propia de los trabajadores,
como parte esencial de su derecho al trabajo que además se halla estrechamente
ligada a otras garantías iusfundamentales como la vida, la dignidad, la
integridad personal y el libre desarrollo de la personalidad[76].
En efecto, el
trabajador podrá acudir a la figura del ius variandi, cuando esta sea la
vía para garantizar sus propias condiciones de salud o las de su familia, así
como para restablecer su seguridad[77].
Por ello, la administración debe encontrar un punto de equilibrio dentro del ordenamiento
jurídico vigente, que permita la realización de los derechos fundamentales de
los funcionarios públicos en los términos de la Carta Política, sin afectar
negativamente la prestación del servicio público a su cargo.
Así
las cosas, la actividad del Estado no puede condicionarse a los caprichos o
intereses particulares de sus servidores, pues debe dar estricto cumplimiento a
sus obligaciones constitucionales. De hecho, si la administración pública no
pudiese ejercer el ius variandi, resultaría absolutamente imposible
cumplir con los cometidos propios del Estado Social de Derecho.
26. Sin embargo, en el evento en el cual la
administración ejerza de manera caprichosa, injustificada o arbitraria la
prerrogativa que comporta el ius variandi, ello puede implicar una
vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores y sus familias.
Por esta razón, es importante precisar las circunstancias personales y
familiares del trabajador que ha solicitado el traslado[78].
b.
Marco normativo del ejercicio del ius variandi y sus límites en materia de
solicitudes de traslado de docentes del sector público.
27. La
Corte Constitucional ha advertido que la prestación del servicio público de
educación es una de las funciones sociales del Estado con mayor trascendencia[79].
En tal sentido, ha señalado que cuando esta actividad se lleva a cabo a través
de instituciones de naturaleza pública, supone el desarrollo de la función
administrativa y el sometimiento a las reglas propias de la relación laboral
que surge entre los docentes y la administración, entre las cuales se encuentra
la posibilidad de ejercer el ius variandi[80].
En esta misma línea, la jurisprudencia
constitucional ha indicado que el margen de discrecionalidad del empleador
puede aumentar en función de la naturaleza de la actividad desarrollada por el
trabajador. Así, en el caso particular del servicio público de educación, “la
administración dispone de un margen amplio de discrecionalidad para variar las
condiciones de trabajo de sus funcionarios. Esta facultad se concreta en la
posibilidad que tiene la autoridad nominadora de cambiar la sede en que los
docentes prestan sus servicios, bien sea de forma discrecional para garantizar
una continua, eficiente y oportuna prestación del servicio público de educación
o por solicitud de los interesados”[81].
En este sentido,
la Corte ha resaltado que la potestad de los empleadores de variar las
condiciones de prestación del servicio público de educación surge no solo del
ejercicio del ius variandi, sino también de la autorización legal que se
otorga al nominador, en aras de “garantizar la eficiente, oportuna y
continua prestación del servicio público de educación (artículo 365 de la
Constitución), el deber del Estado de promover las condiciones necesarias para
solucionar las necesidades insatisfechas en materia de educación (artículo 366
de la Carta) y para hacer eficaz el derecho preferente de los niños a la
educación (artículo 44 superior)” [82].
28. Con fundamento en lo expuesto, el artículo 22 de
la Ley 715 de 2001[83]
le otorga al nominador la facultad discrecional de trasladar a docentes o
directivos docentes, con el fin de asegurar la debida prestación del citado
servicio público[84].
La
anterior disposición se complementa con lo previsto en el artículo 52 del Decreto
Ley 1278 de 2002[85], el cual señala
que la situación administrativa del traslado se presenta “cuando se provee
un cargo docente o directivo docente vacante definitivamente, con un educador
en servicio activo que ocupa en propiedad otro con funciones afines y para el
cual se exijan los mismos requisitos aunque sean de distintas entidades
territoriales”.
29. Ahora bien, el artículo 53 del citado decreto aclara
que los traslados proceden: “a) Discrecionalmente por la autoridad
competente, cuando para la debida prestación del servicio se requiera el
traslado de un docente o directivo docente dentro del mismo distrito o
municipio, o dentro del mismo departamento cuando se trate de municipios no
certificados, con el fin de garantizar un servicio continuo, eficaz y
eficiente; b) Por razones de seguridad debidamente comprobadas; c) Por
solicitud propia”[86].
Así mismo,
el parágrafo del artículo 53 del Decreto Ley 1278 de 2002 delega en el Gobierno
Nacional la función de reglamentar “las modalidades de traslado y las
condiciones para hacerlas efectivas”, regulación que debe “responder a criterios
de igualdad, transparencia, objetividad y méritos tanto en
relación con sus condiciones de ingreso al servicio y a la carrera docente,
como en el desempeño de sus funciones y en las evaluaciones de competencias; y
que el traslado por razones de seguridad debe prevalecer sobre cualquier otra
modalidad de provisión de los empleos de carrera docente” [87].
30. Por otra parte, los traslados por
solicitud propia del docente, se encuentran regulados en el el Decreto
520 de 2010, recopilado en los artículos 2.4.5.1.1 - 2.4.5.1.8 del Decreto
Único Reglamentario del Sector Educación[88], en el cual
se establecen los procedimientos para que cada entidad territorial certificada
pueda tramitar aquellas solicitudes que son realizadas por sus docentes o
directivos docentes.
Sobre este
particular, el citado decreto consagra dos modalidades: (i) por una parte, se
encuentra el proceso ordinario, que se caracteriza por la existencia de
un cronograma vinculado con el calendario estudiantil y con la realización de
una convocatoria en la que se publicitan las vacantes existentes; (ii) por
otra, se halla el proceso extraordinario, el cual puede realizarse en
cualquier época del año sin necesidad de sujetarse a un procedimiento reglado,
siempre que concurran circunstancias excepcionales como, por ejemplo, motivos
de seguridad personal o problemas de salud que afecten al docente o directivo
docente[89]. A
continuación, se explicará brevemente cada uno de estos procesos.
31. El proceso ordinario se encuentra
regulado en
el artículo 2° del Decreto 520 de 2010[90], compilado
en el artículo 2.4.5.1.2 del Decreto 1075 de 2015. Como se indicó
anteriormente, su procedencia se sujeta a períodos específicos de tiempo, con
la finalidad de no perturbar la oportuna prestación del servicio de educación.
Para tal efecto, cada entidad territorial debe valorar su planta de personal,
con el propósito de garantizar el funcionamiento de sus establecimientos
educativos. De este modo, se debe expedir un reporte anual de vacantes
definitivas, las cuales podrán ser provistas a través del proceso ordinario de
traslado[91].
Para
ello, se debe cumplir con el cronograma fijado por el Ministerio de Educación
Nacional antes del inicio del receso estudiantil de que trata el Decreto 1373
de 2007[92],
de manera que, al inicio del siguiente año escolar, “los docentes
trasladados se encuentren ubicados en los establecimientos educativos
receptores”[93],
en aras de garantizar la continua “prestación del servicio educativo”[94].
32. A su turno, el proceso
extraordinario parte de una premisa según la cual  existen
escenarios en los que la solicitud de traslado no puede sujetarse a la
rigurosidad del procedimiento ordinario, por la ocurrencia de circunstancias
excepcionales en la prestación del servicio, o por las condiciones de urgencia
y/o vulnerabilidad en que se encuentra el docente, las cuales demandan una
respuesta oportuna por parte de la administración para evitar la afectación de
sus derechos fundamentales[95].
En consecuencia,
el procedimiento ordinario es la regla general en el marco de traslados de
educadores del sector público pues, al estar sujeto a ciertos requisitos, como
el referente al cronograma del cual depende su procedencia, le otorga a la
administración la posibilidad de realizar un ejercicio ponderado de planeación
que garantice la prestación continua del servicio de educación[96].
Por el
contrario, el proceso extraordinario de traslados supone que el docente o
directivo docente no puede esperar hasta la finalización del calendario
estudiantil para que se formalice su traslado, pues dicha solicitud se
podrá llevar a cabo en cualquier momento, a partir de la acreditación de las
circunstancias excepcionales que la justifican. Precisamente, por su carácter
especial, se entiende que no produce una afectación irracional a la prestación
de citado servicio público, en la medida en que no se trata de habilitar un
escenario de movilidad permanente de los educadores. Sobre el particular, el
artículo 2.4.5.1.5 del Decreto 1075 de 2015 (que subrogó el artículo 5° del
Decreto 520 de 2010[97])
establece:
“Artículo 2.4.5.1.5. Traslados no sujetos al proceso
ordinario.  La autoridad nominadora efectuará el
traslado de docentes o directivos docentes mediante acto administrativo
debidamente motivado, en cualquier época del año lectivo, sin sujeción al
proceso ordinario de traslados de que trata este decreto, cuando se originen
en: // 1. Necesidades del servicio de carácter académico o
administrativo, que deban ser resueltas discrecionalmente para garantizar la
continuidad de la prestación del servicio educativo. // En tal caso, el
nominador de la entidad territorial debe adoptar la decisión correspondiente
considerando, en su orden, las solicitudes que habiendo aplicado al último
proceso ordinario de traslado no lo hayan alcanzado. // 2. Razones de
salud del docente o directivo docente, previo dictamen médico del comité de
medicina laboral del prestador del servicio de salud. // 3. Necesidad de
resolver un conflicto que afecte seriamente la convivencia dentro de un
establecimiento educativo, por recomendación sustentada del consejo directivo”.
33. A
partir de la norma previamente transcrita, se infiere que los escenarios de
procedencia del citado traslado se originan en dos tipos de necesidades:  (i)
evitar que se comprometa la prestación eficiente del servicio de educación ante
situaciones objetivas e inusuales que afecten su desarrollo, como ocurre con el
llamamiento a resolver un conflicto de convivencia o cuando se invocan
necesidades del servicio; y (ii) garantizar la efectividad de los derechos
fundamentales del docente, al tener en cuenta circunstancias subjetivas
apremiantes de seguridad o razones de salud[98].
En cuanto al
trámite que debe seguir el proceso extraordinario, a partir del mandato genérico
consagrado en el inciso segundo del artículo 22 de la Ley 715 de 2001[99],
se advierte que cuando el traslado se pide dentro de la misma entidad
territorial, tan solo será necesario que la autoridad nominadora expida un acto
administrativo debidamente motivado en el que responda a la solicitud
formulada. Por el contrario, si su alcance supone la confluencia de dos
entidades territoriales certificadas se requerirá, además de lo anterior, de un
convenio interadministrativo entre ellas.
34. En
conclusión, es claro que la diferencia entre el procedimiento ordinario y el
extraordinario de traslado de educadores radica, esencialmente, en que en el
segundo caso la procedencia de la petición del docente no se limita al
cronograma del calendario estudiantil. Esta circunstancia, como ya se dijo, no
conduce a una afectación irracional del servicio de educación, ya que no se
trata de habilitar un escenario de movilidad permanente, sino de realizar
ajustes excepcionales de la planta de personal, a partir de la acreditación de
las causales especiales que la justifican. Por lo demás, su operatividad se
circunscribe tanto a la posibilidad razonable de la entidad remisora de cubrir
las vacantes que se derivan del traslado, como a la existencia misma de
vacantes en la entidad receptora, que permitan proveer el cargo que se requiere
como resultado de la solicitud formulada[100].
c.
La solicitud de traslado de docentes del sector público por razones de
seguridad.
35. En atención a
las circunstancias que motivan el proceso de tutela objeto de estudio, la Sala
presentará algunas consideraciones en relación con las normas aplicables a las
solicitudes de traslado que formulan los educadores por razones de seguridad.
36. Como fue
expuesto previamente, el artículo 2.4.5.1.5. del Decreto 1075
de 2015, que subrogó el artículo 5° del Decreto 520 de 2010, regula lo
concerniente a los traslados que no se encuentran sujetos al proceso ordinario.
En
su formulación original, el artículo 5º del Decreto 520 de 2010 incluía un
numeral segundo, que establecía como causal para solicitar el traslado por
fuera del proceso ordinario, la existencia de “[r]azones de seguridad
fundadas en la valoración de riesgo adoptada con base en la reglamentación que
establezca el Ministerio de Educación Nacional”. Así mismo, el artículo 9º
del decreto referido señalaba:
“Artículo 9. Reglamentación para traslados
por razones de seguridad. La reglamentación de que trata el numeral 2 del
artículo 5° de este Decreto, deberá establecer un procedimiento ágil para la
realización de los traslados por razones de seguridad en el que se determine:
la conformación de un comité especial para la atención de situaciones de
amenaza a docentes y directivos docentes al servicio del Estado; las funciones
de dicho comité; la definición de los niveles de riesgo y las consecuencias
correlativas; los términos perentorios para la adopción de las decisiones; los
efectos fiscales para el pago de los servidores trasladados a entidad
territorial distinta a la nominadora y los criterios para la definición del
lugar de reubicación laboral.”
37. En un primer
momento, la reglamentación correspondiente fue implementada mediante la Resolución
1240 de 2010[101]
del Ministerio de Educación Nacional. Dicha norma establecía la conformación de
un Comité Especial para la Atención de Educadores Estatales Amenazados en cada
entidad territorial certificada, instancia que estaba encargada de determinar
el nivel de riesgo del educador derivado de las situaciones que denunciaba. No
obstante, dicha evaluación no se restringía a aquellas amenazas que se
originaban en su labor como docente, ya que no se exigía una conexidad entre el
riesgo y el cargo desempeñado[102].
38. Posteriormente,
con la creación de la Unidad Nacional de Protección, mediante el Decreto Ley
4065 de 2011, y el establecimiento del “Programa de Prevención y Protección
a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de los derechos de
personas, grupos y comunidades”, organizado a través del Decreto 4912 de
2011, se estimó necesario dictar una reglamentación específica para los
traslados de educadores oficiales por razones de seguridad.
En razón de lo anterior, el Ministerio
de Educación Nacional expidió el Decreto 1782 de 2013[103], el cual
establece los criterios y procedimientos para los traslados de docentes del sector
público por razones de seguridad. Dentro de los principios rectores
establecidos en el artículo 3º de esta norma reglamentaria se incluyó el de causalidad,
en virtud del cual “la decisión del traslado por razones de
seguridad estará fundamentada en la conexidad directa entre las condiciones de
amenaza o de desplazamiento y el ejercicio de las actividades o funciones
sindicales, públicas, sociales o humanitarias”[104].
Este requisito es compatible con las
medidas propias del Programa de Prevención y Protección, las cuales fueron
utilizadas como referente normativo para articular la participación de la
Unidad Nacional de Protección en el caso de los docentes amenazados. En efecto,
el artículo 2º del Decreto 4912 de 2011 establece los principios que deben regir
el referido programa, dentro de los que se encuentra el de causalidad, de
conformidad con el cual “[l]a vinculación al Programa de Prevención y
Protección, estará fundamentada en la conexidad directa entre el riesgo y el
ejercicio de las actividades o funciones políticas, públicas, sociales o
humanitarias. Los interesados en ser acogidos por el programa deben demostrar,
siquiera sumariamente, dicha conexidad”[105].
39. Así las cosas,
la Sala observa que mediante el Decreto 1782 de 2013 se adoptó un nuevo enfoque
para la protección de los educadores oficiales amenazados. En este sentido, se
expidió una regulación especial para garantizar la seguridad de los docentes
del sector público, la cual se circunscribe a los casos en los que el riesgo
que afrontan tiene una relación directa con el ejercicio de su cargo o de sus
funciones públicas, sindicales, sociales o humanitarias.
Por ende, se debe precisar que el
Decreto 1782 de 2013, de naturaleza reglamentaria, no reguló plenamente el
artículo 53
del Decreto Ley 1278 de 2002[106], pues se limitó
a establecer la normativa aplicable al traslado de docentes del sector público
por razones de seguridad cuando estas últimas guardan una relación de
causalidad con el ejercicio de la función docente.
De este modo, se presenta un vacío
normativo, en la medida en que el Decreto 1782 de 2013 no reguló lo
concerniente a aquellos casos en los cuales el riesgo para la vida e integridad
de los docentes carece de una relación de conexidad con las funciones de los
educadores del sector público. Por lo tanto, esta norma jurídica no resulta
aplicable a los supuestos en que los riesgos se derivan, por ejemplo, de
situaciones de violencia intrafamiliar o cuando el docente es víctima de
amenazas graves contra su vida o su integridad producto de delitos como el de
extorsión.
40. No obstante, la
ausencia de regulación no implica que sea admisible desconocer la protección de
los derechos fundamentales de los educadores que reciban amenazas contra su
vida o su integridad por razones que no se derivan del desempeño de sus
funciones laborales. Por el contrario, al existir un vacío normativo en cuanto
a la reglamentación de los traslados de docentes del sector público, resulta
indispensable que dicha circunstancia no implique la vulneración de sus derechos
fundamentales. Esta conclusión se fundamenta en las siguientes razones:
(i) el principio de interpretación pro
homine, el cual impone aquella lectura de las normas jurídicas que sea más
favorable al hombre y sus derechos[107].
En este asunto concreto, dicho principio implica la imposibilidad de adoptar
una lectura restrictiva del artículo 53 del Decreto Ley 1278 de 2002, es decir,
una interpretación que excluya los traslados por razones de seguridad cuando se
originan en motivos que no se relacionan directamente con el ejercicio del
cargo de los educadores;
(ii) la aplicación de la pauta
hermenéutica según la cual “donde la norma no distingue, no le corresponde
distinguir al intérprete”, principio que ha sido aplicado por esta
Corporación en otras oportunidades[108],
de conformidad con el cual si el Legislador dispuso que el traslado de docentes
procedía “[p]or razones de seguridad debidamente comprobadas”, de manera
general, no es viable entender que dicho mandato descarta aquellos eventos en
los cuales el traslado carece de relación directa con la función desempeñada
por el docente.
Por ende, dado que la ley no distingue
entre los traslados que se motivan en razones de seguridad que tienen relación
de causalidad con las labores docentes y aquellos que no guardan dicha
conexidad, se entiende que el Legislador tuvo la intención de proteger a los
docentes que sufrieran amenazas o se encontraran en situaciones de riesgo, sin
distinción de la causa que originó dicho peligro.
41. En razón de lo
anterior y en la medida en que las competencias de la Unidad Nacional de
Protección se enmarcan en lo dispuesto por el Decreto 1782 de 2013 —norma que,
a su turno, se circunscribe a la existencia de una conexidad directa entre el
riesgo y el ejercicio de las actividades o funciones políticas, públicas,
sociales o humanitarias—, es claro que no le corresponde llevar a cabo la
valoración de riesgo en los traslados docentes cuando se trata de motivos
distintos a los anteriormente señalados.
En este sentido, en relación con el traslado
de educadores del sector público por situaciones de peligro de la vida o la
integridad, será la autoridad nominadora la encargada de implementar las
medidas necesarias para garantizar la seguridad de los servidores públicos en
situaciones de riesgo o amenaza que no se originen en el desempeño de sus
funciones, para lo cual debe observar las siguientes pautas:
(i) De conformidad con el artículo 53 del Decreto Ley
1278 de 2002, las
razones de seguridad deben hallarse debidamente comprobadas. Por consiguiente,
se requiere que la decisión de traslado por razones de seguridad se encuentre
motivada y plenamente sustentada en pruebas y medios de convicción que permitan
concluir que el nivel de riesgo del educador es real.
(ii) La valoración de riesgo debe
surtirse en el marco de un procedimiento que garantice el debido proceso
del docente solicitante.
(iii) Los motivos para solicitar el
traslado deben ser serios y objetivos, pues de lo contrario se afectaría
desproporcionadamente la continuidad y eficiencia de la prestación del servicio
público de educación.
La obligación de adoptar la perspectiva
de género en las actuaciones de las autoridades administrativas y judiciales.
42. La igualdad como
derecho, valor y principio transversal a la Constitución de 1991, reconoce que
todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y garantiza a todas las
personas la misma protección y trato de las autoridades, así como la
posibilidad de gozar de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin
discriminación.
A su vez, la igualdad impone, a partir del artículo
13 Superior, tres obligaciones precisas: La primera, establecida en el inciso
segundo, se refiere a la promoción de la igualdad material, mediante la
adopción de medidas en favor de grupos marginados o discriminados. La segunda,
en virtud del inciso tercero, impone la especial protección a las
personas que se encuentren en  situación de debilidad manifiesta “por su
condición económica, física o mental”. La tercera, que también se desprende
del inciso tercero, es la de sanción a los abusos o maltratos en contra
de personas en situación de debilidad manifiesta. Las dos primeras obligaciones
tienen el objetivo de equiparar o balancear una situación de desventaja,
garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales, y avanzar en la
construcción de una sociedad más igualitaria[109].
43. Estos
mandatos determinan para las autoridades administrativas, judiciales y en
general todos los funcionarios públicos el deber de actuar con miras a hacer
efectiva la igualdad material de las mujeres. Esto implica el deber de
adoptar una perspectiva de género en sus actuaciones para garantizar la
efectividad del ejercicio de todos los derechos, pero específicamente en este
caso, a una vida libre de violencia y al acceso al trabajo en una real igualdad
de condiciones.
Como fue establecido en la Declaración de Beijing y ha sido recordado por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “la violencia contra la mujer
es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre
mujeres y hombres, que han conducido a la dominación de la mujer por el hombre,
a la discriminación contra la mujer y a la interposición de obstáculos contra
su pleno desarrollo”[110]. En este sentido, la
jurisprudencia constitucional ha sido enfática en sostener que, en virtud del
artículo 13 Superior y la protección especial derivada del mandato de igualdad,
las mujeres sobrevivientes y en amenaza de violencia, en cualquiera de sus
dimensiones, son sujetos de protección especialísima[111].
44. De otra parte, esta especial protección
también fundamenta la obligación de debida diligencia en la
prevención de la violencia contra las mujeres que no sólo se desprende del
artículo 13 de la Constitución, sino de diversos compromisos internacionales,
de los cuales se destacan la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer –CEDAW, por
sus siglas en inglés–, así como de la Convención de Belém do Pará, que en sus
artículos 7°, 8° y 9°
determina la obligación para los Estados de adoptar todas las medidas
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, con
particular atención a aquellas que hacen parte de grupos discriminados o
vulnerables[112].
En estos términos, las obligaciones de
protección, respeto y garantía del derecho a una vida libre de violencia
comprenden el deber de tomar todas las medidas administrativas,
legislativas, judiciales, financieras y fiscales necesarias  para la adopción, implementación y seguimiento de
políticas públicas efectivas y adecuadas tendientes a eliminar toda
manifestación de violencia y discriminación en razón del género. De conformidad
con lo precedente, como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Corte, el
Estado debe orientar sus esfuerzos para erradicar patrones, estereotipos y
prácticas que subvaloren la condición femenina en “todos los ámbitos sociales
-económico, laboral, político, educativo, en la administración de justicia, en
las relaciones familiares y privadas”[113].
45. Ahora bien, es
innegable la relación existente entre la discriminación y la violencia de
género que, como se advirtió, impone al Estado obligaciones positivas,
dirigidas a erradicar y disminuir los factores de riesgo para las mujeres.
Estos deberes se concretan en la adopción de medidas integrales que
apunten a disminuir dichos riesgos y, a su vez, transformar sus instituciones
para que provean respuestas efectivas en los casos de violencia de género. Así,
las acciones que el Estado emprende deben encaminarse al logro de cambios
estructurales en la sociedad, para eliminar las conductas que perpetúen
estereotipos de género negativos y que expresen discriminación de género.
46. En este sentido,
esta Corporación en el Auto 009 de 2015[114] señaló que,
por medios apropiados para desarrollar políticas de prevención de la violencia
de género se entienden, entre otros: (i) la modificación de la cultura institucional estatal respecto a
la violencia y a la discriminación contra la mujer; (ii) la transformación de
la cultura de la sociedad en general[115]; y (iii) la adopción de mecanismos
administrativos y legislativos que procuren el derecho de las mujeres a vivir
una vida libre de violencia y discriminación. En cuanto al primero, la
Convención de Belém do Pará exige:
a. “[A]bstenerse
de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las
autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten
de conformidad con esta obligación”;
b. “[T]omar todas las medidas apropiadas […] para modificar las
prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o
tolerancia de la violencia contra la mujer”;
c.  “[F]omentar el conocimiento y la observancia del derecho de
la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se
respeten y protejan sus derechos humanos”, en especial para los
funcionarios encargados de garantizar estos derechos; y
d. Contar con mecanismos de seguimiento y aplicación de los
instrumentos de protección para las mujeres, así como con sanciones
disciplinarias efectivas en los casos en que sean desatendidos estos
instrumentos de protección por parte de los funcionarios públicos[116].
47. El Comité para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) se ha pronunciado en varios casos[117]
en relación con los artículos 1°, 2°, 3°, 5° y 16 de la Convención, acerca del alcance del deber de
debida diligencia en la prevención, sanción y erradicación de la violencia
contra la mujer. Al respecto, ha determinado que, en conjunto con la
Recomendación General 19 sobre la violencia contra las mujeres, “en
virtud del derecho internacional y de pactos específicos de derechos humanos,
los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan
medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o
para investigar y castigar los actos de violencia y proporcionar indemnización”[118].
Así, en las Comunicaciones No. 6/2005 (“Fatma Yildirim c.
Austria”) y No. 5/2005 (“Şahide Goekce c. Austria”, el
Comité concluyó que Austria violó los artículos 1°, 2° y
3° de
la CEDAW, toda vez que la Policía y la Fiscalía de ese país no actuaron con la
debida diligencia en la protección de las accionantes (fallecidas) al no
detener a los esposos de la víctimas, cuando habían constatado situaciones de
violencia doméstica[119].
De forma similar, el Comité CEDAW, en la
Comunicación No. 18/2008 (Karen Tayag Vertido c. Filipinas) estableció la
violación de los artículos 1°, 2° y 5° de
la Convención debido a que las autoridades judiciales absolvieron a un acusado
de violencia sexual en el espacio laboral con fundamento en estereotipos de
género como que: (i) la sobreviviente no intentó escapar; (ii) para ser abusada
mediante intimidación, la víctima debe ser tímida o atemorizarse fácilmente; y
(iii) el consentimiento se presume en los casos en los cuales existe una
relación.
En el mismo sentido, el Comité CEDAW encontró vulnerados
los artículos 1°, 2°, 5° y 16 de ese
Convenio en la Comunicación No. 47/2012 (Ángela González Carreño
c. España) por el homicidio de la hija de la accionante perpetrado por el padre,
ya que las autoridades, al determinar un régimen de visitas no supervisadas, no
tuvieron en cuenta el contexto de violencia doméstica prolongada ni la
participación de la madre y la hija en esa decisión. Por tanto, el Comité
concluyó que “[t]odos estos elementos reflejan un patrón de actuación
que obedece a una concepción estereotipada del derecho de visita basado en la
igualdad formal que, en el presente caso, otorgó claras ventajas al padre a
pesar de su conducta abusiva y minimizó la situación de madre e hija como
víctimas de violencia, colocándoles en una situación de vulnerabilidad”[120].
48. A su vez, dicho Comité determinó la violación de
los mismos artículos de la Convención en la Comunicación
20/2008 (V.K.  c. Bulgaria), por la negativa de las autoridades de
otorgar a V.K una medida de protección permanente respecto de su esposo, por
violencia doméstica. El Comité sostuvo que, en las decisiones que negaron la
protección permanente, los Tribunales “aplicaron una definición de violencia
doméstica exageradamente restrictiva que no se justificaba frente a la Ley y no
guardaba coherencia con las obligaciones del Estado parte en virtud del artículo
2, párrafos c) y d) de la Convención”[121].
Igualmente, consideró que el estándar de prueba exigido para la víctima era
excesivo, al requerir que el acto de violencia fuera probado más allá de toda
duda razonable.
El Comité también sostuvo que el examen
sobre el incumplimiento del deber estatal de eliminar los estereotipos de
género debía realizarse “teniendo presente el grado de sensibilidad a las
cuestiones de género aplicado en el trámite judicial del caso de la actora”[122].
Al respecto, concluyó que “la justificación del período de un mes dentro del
cual la víctima debe solicitar una orden de protección (artículo 10, párrafo 1
de la Ley de Protección contra la Violencia en el Hogar) es que se procura
proporcionar intervenciones urgentes del tribunal, y no vigilar la cohabitación
de la pareja, carece de sensibilidad de género puesto que refleja la noción
preconcebida de que la violencia doméstica es en gran medida una cuestión
privada e incumbe a una esfera en que, en principio, el Estado no debe ejercer
control. De manera similar, como ya se indicó, la exclusiva concentración de
los tribunales de Plovdiv en la violencia física y en la amenaza inmediata a la
vida o la salud de la víctima, refleja un concepto estereotipado y
excesivamente estrecho de qué es lo que constituye violencia doméstica”[123].
49. Por
otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de “Campo
Algodonero” contra México constató que la infracción del deber de debida
diligencia en la investigación y sanción de las desapariciones de las víctimas
del caso, así como la vulneración de las obligaciones de no discriminación, en
parte respondieron a estereotipos de género. En este sentido, consideró que la
subordinación de la mujer muchas veces se encontraba asociada a dichos
patrones, lo cual se tornaba en causa y consecuencia de la violencia de género
contra la mujer. Esta circunstancia, a su vez resultaba en una violación de
derechos humanos, cuando se asociaba a la actuación u omisión del Estado[124].
50. Adicionalmente,
la jurisprudencia constitucional se ha pronunciado en términos similares al
analizar la obligación de debida diligencia respecto de la prevención de la
violencia contra las mujeres, por lo cual ha inferido la violación al derecho
al debido proceso en decisiones judiciales cuando, por ejemplo, al evaluar
medidas de protección de violencia doméstica o alimentos en procesos de
divorcio, no se han tenido en cuenta todos los indicios de violencia o los
riesgos para las mujeres bajo criterios de flexibilización de la prueba en este
tipo de procesos[125].
Igualmente, ha establecido que se vulneran los derechos fundamentales de las
mujeres cuando existe inactividad de la Fiscalía General de la Nación y de
otras autoridades respecto a solicitudes de medidas de protección[126].
51. En la Sentencia T-145 de
2017[127],
la Corte Constitucional protegió los derechos al debido proceso, a la administración de justicia, a
la vida digna, a la protección reforzada como mujer y adulta mayor y a vivir
una vida libre de violencia de una mujer sobreviviente
de violencia intrafamiliar y de violencia basada en género, al considerar que
la decisión de un juzgado de familia de revocar la orden de desalojo de su
agresor, proferida por la Comisaría de Familia, incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria.
Al respecto, la Corte señaló que, en su
determinación, el juzgado de familia no valoró “la
gravedad e importancia de los hechos que denunciaba [la actora], ni las
obligaciones que le asistían frente a la lucha contra la violencia de género” [128].
Agregó el Tribunal Constitucional que “era necesario asumir una perspectiva de género en el análisis del caso
concreto y poner de manifiesto que la accionante fue víctima de obstáculos que
impidieron acceder a una administración de justicia pronta y eficaz, a un
recurso judicial efectivo y la protección especial frente a los hechos de
violencia sufridos”[129]. Manifestó que la adopción del enfoque de género no es optativa para
los funcionarios judiciales, pues “[s]e trata de un desarrollo de la
legislación internacional, razón por la que resulta perentorio que todas las
autoridades judiciales fallen los casos de violencia de género, a partir de las
obligaciones surgidas del derecho internacional de los derechos de las mujeres”[130].
52. En
la misma línea, en la Sentencia T-184 de 2017[131]
la Corte Constitucional concedió el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso, a una vida libre de violencia, y a que la víctima no sea
enfrentada con su agresor, al concluir que la decisión del Juzgado Tercero
Promiscuo de Familia de Barrancabermeja de negarse a practicar interrogatorio
de parte a la mujer víctima sin la presencia de su victimario, dentro del
proceso de fijación de cuota alimentaria adelantado en favor de sus hijos,
incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
53. También, en la Sentencia T-264 de 2017[132], esta Corte constató la
vulneración de los derechos a la vida, al debido proceso y a la integridad
personal de la accionante por parte del Juzgado Cuarto Penal Municipal de Barrancabermeja
(Santander), al desconocer el carácter urgente de las medidas cautelares contra
actos de violencia, establecidas en las Leyes 294 de 1996 y 1257 de 2008 y el
Decreto 4799 de 2011. Como consecuencia de esa omisión, la accionante fue
nuevamente agredida física y psicológicamente por su excompañero sentimental.
54. Por último, la sentencia T-590 de 2017[133] se pronunció
específicamente acerca de la obligación de adoptar una perspectiva de género en
las decisiones judiciales. En esa oportunidad, la Corte estableció que las
decisiones que ordenaban a una mujer la entrega de las llaves a su ex compañero
y le permitían el ingreso a su vivienda violaban el debido proceso por defecto
fáctico, al desconocer las medidas de protección que recaían sobre la tutelante
y las denuncias de violencia intrafamiliar.
Así,
esta Corporación reiteró el deber de debida diligencia respecto de la
prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y subrayó la
obligación de la adopción de perspectiva de género en las decisiones judiciales.
Al respecto, afirmó que “los enfoques de género dentro de los distintos
procesos por violencia intrafamiliar o sexual permiten que se corrija aquellas
consecuencias jurídicas que conllevan a un detrimento de los derechos de las
mujeres. “De ahí que, entonces, se convierta en un ‘deber constitucional’ no
dejar sin contenido el artículo 13 Superior y, en consecuencia, interpretar los
hechos, pruebas y normas jurídicas con base en enfoques diferenciales de género”[134].
De este modo, recalcó el deber de los operadores judiciales de erradicar
cualquier tipo de discriminación contra la mujer y la obligación de incluir los
criterios de género, específicamente en casos de violencia.
Finalmente,
recalcó que esta Corte ha tutelado el derecho de acceso a la administración
de justicia, en los casos de violencia contra las mujeres en los cuales se ha
omitido la valoración de pruebas determinantes y, en consecuencia, no se
analizó la situación fáctica a la luz del enfoque de género[135].
55. Los anteriores
casos son relevantes para resaltar que la obligación de adoptar una
perspectiva de género en las actuaciones estatales para la prevención de la
violencia contra la mujer se extiende a todas las autoridades, tanto las
administrativas como las judiciales. Igualmente, se debe destacar que la
responsabilidad del Estado respecto del deber de debida diligencia y la
garantía del derecho a la igualdad se extiende a la protección de las mujeres
en el ámbito privado cuando se constaten situaciones de riesgo de violencia.
En este sentido, dicha obligación impone el deber de
adoptar todas las medidas necesarias para eliminar los factores de riesgo para
las mujeres, lo cual implica entender que las situaciones que suceden en la
vida privada de las personas no eximen a las instituciones estatales del deber
de actuar cuando se presenten dichos factores y, especialmente, si se han
puesto en conocimiento de las autoridades.
56. En
suma, las obligaciones positivas que se derivan para el Estado de la garantía
de igualdad material para las mujeres y del deber de debida diligencia en la
prevención de la violencia de género imponen, a su turno, la obligación para
todas las autoridades y funcionarios del Estado de
adoptar una perspectiva de género en sus actuaciones y decisiones, con el objetivo de eliminar todos los factores de riesgo
de violencia o la garantía del ejercicio de todos los derechos en igualdad de
condiciones, desde una visión integral. Lo anterior implica “la
consideración de un criterio de distribución de los contenidos de libertad, criterio
de distribución que ha de entender en el sentido de generalidad, equiparación y
diferenciación negativa o positiva. [La igualdad] es un metaderecho, un
principio constitutivo de los derechos de libertad, como igualdad formal en los
derechos de todos a sus diferencias personales, y de los derechos sociales como
igualdad sustancial en los derechos de todos a condiciones sociales de
supervivencia (Bea, 1985)”[136].
Así pues, en el ámbito
administrativo, esto significa que ante situaciones que tengan una incidencia
en el ejercicio de derechos fundamentales, se deben adoptar
decisiones que apunten a eliminar los riesgos de discriminación en cualquiera
de sus modalidades. Mientras que, desde el ámbito judicial, dicha obligación se
traduce en la garantía del acceso a la justicia en igualdad de condiciones, lo
cual implica el deber de analizar todas las circunstancias desde los impactos
diferenciales para las mujeres para el efectivo goce de una igualdad
sustantiva.
Solución del caso concreto:
57. Con el fin de resolver el asunto objeto de estudio, se
establecerán los hechos que la Sala estima acreditados. En primer lugar, existe
una amenaza puesta en conocimiento de la administración, así como fuertes
indicios de que la accionante es víctima de violencia intrafamiliar. Estos
aspectos se fundamentan en las manifestaciones que, al respecto, ha realizado
la propia accionante en varios documentos que obran en el proceso.
En este sentido, cabe anotar que la
actora ha denunciado la situación de violencia intrafamiliar que alega: (i) en
el escrito de tutela[137]; (ii) ante la Secretaría de Educación
del Magdalena, tanto al momento de poner en conocimiento los maltratos y
amenazas cuyo presunto autor es su cónyuge[138],
como en la solicitud de traslado que presentó ante dicha dependencia y que
culminó con la respuesta de 20 de octubre de 2016[139].
Así mismo, (iii) en la narración de hechos que la tutelante formuló en la
noticia criminal radicada en la Fiscalía General de la Nación[140];
(iv) en el formulario dirigido a la Unidad Nacional de Protección[141]; (v) en la declaración rendida ante
el juzgado de primera instancia[142]; y (vi) en el escrito en el cual la
tutelante solicita medidas de protección en el marco del proceso de divorcio
contencioso[143].
Adicionalmente, figuran en el expediente
las declaraciones extrajuicio realizadas por las señoras L.D.C.G. (hermana de
la accionante) y K.M.P. (sobrina de la actora), en las cuales afirman que la
accionante les ha relatado “su temor de continuar viviendo en el municipio
de Fundación Magdalena donde actualmente labora, debido a las amenazas,
maltrato físico y sicológico que recibió y recibe latentemente de su ex marido”[144].
Por último, para la Sala también resulta
indicativo de la situación de violencia intrafamiliar denunciada la existencia
de un proceso de divorcio contencioso, en el marco del cual se decretaron
medidas de protección en favor de la accionante y de sus hijos menores de edad.
Además, existe evidencia de dos denuncias penales en contra del presunto
agresor de la tutelante: una formulada el 27 de noviembre de 2015[145] y otro proceso iniciado de oficio por
remisión del caso de la Secretaría de Educación del Departamento de Magdalena[146].
58. En segundo lugar, se estima que la conducta de la entidad
accionada, en la práctica, ha significado una negativa en relación con la
solicitud de traslado formulada por la accionante. En efecto, como fue expuesto
en el análisis del requisito de subsidiariedad del presente asunto, las
respuestas de la entidad accionada han sido contradictorias.
Al respecto, conviene recordar que la parte demandada emitió dos
respuestas contradictorias: (i) por una parte, en la comunicación del 20 de
octubre de 2016 aseguró que la tutelante carece del derecho al referido
traslado, por cuanto la UNP determinó que las amenazas denunciadas no provenían
de su ejercicio como docente; y (ii) por otra, en la respuesta dada por la
entidad en el proceso de tutela el 6 de febrero de 2017, aseguró que había sido
ordenado su traslado a la Institución Educativa Departamental Tucurinca,
ubicada en el municipio de Zona Bananera y que lo único que hacía falta para
materializar este traslado era que la actora acudiera a notificarse del acto
administrativo que lo ordenaba.
No
obstante, a partir de la declaración juramentada que la solicitante rindió ante
el juez de primera instancia, de la respuesta que profirió la Secretaría de
Educación del Departamento de Magdalena en sede de revisión y del escrito que
remitió la actora a la Corte Constitucional (en el cual solicitó el envío de
las respuestas allegadas por la parte accionada), la Sala encuentra demostrado
que la accionante aún desempeña sus funciones en el lugar de trabajo respecto
del cual solicitó su traslado.
En
efecto, a partir de estos medios probatorios se verifica que la actora (i) el 7
de diciembre de 2016 recibió un correo electrónico que indicaba que debía
reintegrarse a sus labores en la Institución Educativa Simón Bolívar del
municipio de Fundación, Magdalena; y (ii) actualmente la tutelante trabaja en
el plantel educativo referido.
Por
tanto, se estima que la respuesta concluyente es la del 20 de octubre de 2016
y, en ese orden de ideas, la entidad accionante se negó a trasladar a la actora
a una institución educativa ubicada en un municipio diferente de aquel en el
cual reside el presunto autor de las agresiones y maltratos de los que alega
haber sido víctima.
59.
En
tercer lugar, la Sala considera acreditado que la actora no se notificó del
acto administrativo que le otorgaba una comisión de servicios por tres meses en
el municipio de Zona Bananera y, por consiguiente, su traslado provisional a
dicha institución educativa nunca tuvo lugar. Esta conclusión se fundamenta
en: (i) la declaración rendida por la tutelante ante el juez de primera
instancia, en la cual manifestó que entre julio y diciembre de 2016 no desempeñó
sus funciones como docente, debido a las amenazas que había recibido; y (ii) la
respuesta de la Secretaría de Educación del Magdalena en
el trámite de tutela, en la cual se afirma que la accionante no se había
notificado de la Resolución XXX de 2016.
60. En conclusión, para la Corte se encuentra demostrado que: (i)
existen amenazas para la integridad de la actora, en la medida en que hay
fuertes indicios de su calidad de víctima de violencia intrafamiliar; (ii) la
accionante formuló una solicitud de traslado por razones de seguridad; (iii)
dicha petición fue negada por la Secretaría de Educación del Magdalena el 20 de
octubre de 2016, por considerar que no existía conexidad entre su actividad
como educadora y las amenazas que adujo; y (iv) la actora no fue notificada de
la resolución que otorgaba una comisión de servicios por el término de tres
meses, por lo cual dicho traslado provisional nunca tuvo lugar.
61. Establecidas
las circunstancias fácticas anteriormente señaladas, corresponde a la Sala Sexta de Revisión establecer si se vulneran
los derechos fundamentales de una docente oficial y de sus hijos al trabajo en
condiciones dignas y seguras, a una vida libre de violencia, a la integridad
personal, la prevalencia del interés superior de los menores de edad y a la
familia, cuando la trabajadora, presunta víctima de maltrato, amenazas y violencia
intrafamiliar, solicita traslado a un municipio distinto de aquel en el que
reside su presunto agresor y la entidad accionada lo niega, con fundamento en
que no existe conexidad entre su situación y el ejercicio de su cargo como
educadora.
Por consiguiente, a continuación se
analizará si la actuación de la entidad demandada respetó los derechos
fundamentales de la actora.
La Secretaría de Educación
del Magdalena vulneró los derechos fundamentales de la accionante debido a su
omisión de interpretar su solicitud de traslado de conformidad con sus
condiciones particulares, en las que se advertía una evidente amenaza a su
integridad y a sus garantías constitucionales, así como a la falta de
aplicación de la perspectiva de género en el caso concreto.
62. Ante todo, es indispensable resaltar que la Secretaría de
Educación del Magdalena actuó de forma diligente en relación con los
hechos de violencia contra la mujer puestos en su conocimiento, por cuanto: (i)
remitió la información correspondiente a la Fiscalía General de la Nación y a
la  Procuraduría General de la Nación; (ii) reconoció a la tutelante la
condición provisional de amenazada y le otorgó una comisión de servicios por el
término de tres meses en una institución educativa de un municipio distinto al
que reside el presunto agresor; y (iii) garantizó la estabilidad laboral y el
mínimo vital de la actora pues mantuvo su vinculación entre los meses de julio
y diciembre de 2016, aunque la accionante manifestó que en dicho lapso de
tiempo no pudo cumplir con sus funciones debido a las amenazas, intimidaciones
y agresiones físicas y verbales que, según alega, fueron perpetradas por su
cónyuge.
63. No obstante, la actuación de la entidad accionada fue insuficiente,
en la medida en que valoró de forma equivocada la solicitud de traslado por
razones de seguridad formulada por la accionante, pese a que los hechos
denunciados representaban una evidente amenaza sobre los derechos fundamentales
de la tutelante.
En este sentido, conviene destacar que, como
se estableció en párrafos anteriores, si bien existe un amplio margen de
discrecionalidad para variar (o mantener) las condiciones de trabajo de los docentes
del sector público en ejercicio del ius variandi, esta prerrogativa
encuentra sus límites en el respeto de los derechos fundamentales de los
educadores y específicamente cuando se trata de mujeres, quienes tienen una
protección especial, sobre todo respecto de amenazas de violencia.
En este orden de ideas, el artículo 53
del Decreto Ley 1278 de 2002 dispone que procede el traslado de un docente a
otra institución educativa “b) Por razones de seguridad
debidamente comprobadas”. A su turno, el Decreto 1075 de 2015[147], en sus artículos 2.4.5.1.1 a
2.4.5.1.8, establece los procedimientos para que las entidades territoriales
tramiten las solicitudes de traslado que formulan los educadores. De este modo,
se encuentran previstas dos clases de procedimientos: un proceso ordinario y
otro extraordinario.
64. La Sala constata que la actora formuló una solicitud de traslado
en el proceso extraordinario, pues consideró que su vida, su integridad y su seguridad
se hallaban en riesgo. No obstante, la entidad accionada consideró que el
trámite pertinente era el previsto en el Decreto 1782 de 2013, motivo por el
cual remitió el caso a la Unidad Nacional de Protección y acogió íntegramente
las conclusiones de esta institución, en relación con la ausencia de causalidad
entre la situación de violencia intrafamiliar, maltrato y amenazas que sufría
la solicitante y su labor como docente.
Al respecto, se debe precisar que la
actuación de la Unidad Nacional de Protección se ajustó al ordenamiento
jurídico y respetó los derechos fundamentales de la tutelante, en tanto se rige
por los lineamientos establecidos en los Decretos 4912 de 2011 y 1782 de 2013.
Lo anterior, por cuanto es claro que las circunstancias de la accionante no se
enmarcan en las condiciones previstas en las normas reglamentarias citadas,
pues las mismas hacen referencia a casos de amenazas o desplazamiento forzado
relacionados con las funciones de los educadores en ejercicio de su cargo,
razón por la cual se les otorgan las medidas previstas en el “Programa de
Prevención y Protección a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de
los derechos de personas, grupos y comunidades”.
65. No obstante, la anterior conclusión no implica que sea admisible
desconocer la protección de los derechos fundamentales de los educadores que
reciban amenazas contra su vida o su integridad por razones que no se derivan
del desempeño de sus funciones laborales. Esta salvaguarda se acentúa cuando se
trata de mujeres que alegan ser víctimas de violencia de género, en razón de la
discriminación que implica este tipo de situación. En este sentido, será la
autoridad nominadora la encargada de implementar las medidas necesarias e
integrales para garantizar la seguridad de los servidores públicos en situaciones
de riesgo o amenaza que no se relacionen directamente con el ejercicio de su
cargo como docentes.
De este modo, la decisión de la
Secretaría de Educación del Magdalena resulta insuficiente para garantizar la
protección de los derechos fundamentales de la accionante. En efecto, tras verificar
que el Decreto 1782 de 2013 no era aplicable en el caso de la tutelante, la
entidad debió interpretar la solicitud de traslado de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 53 del Decreto Ley 1278 de 2002 y del artículo
2.4.5.1.5. del Decreto 1075 de 2015. Cabe anotar que esta última norma  establece
supuestos indicativos pero no taxativos para los procesos extraordinarios
de traslado[148], pues la disposición no formula estos
eventos en términos restrictivos, por lo que una lectura de esta índole desconoce
el principio de interpretación pro homine.
En conclusión, cuando un docente oficial
presente una solicitud de traslado en el marco del proceso extraordinario
fundada en razones de seguridad, la entidad territorial deberá analizar si
estas circunstancias tienen una relación de causalidad con el ejercicio del
cargo del respectivo educador. En caso afirmativo, se deberá acudir al trámite
regulado en el Decreto 1782 de 2013. Sin embargo, en ausencia de dicha relación
de conexidad, la autoridad nominadora deberá establecer la procedencia del
referido traslado, previa acreditación de la existencia de razones de
seguridad debidamente comprobadas[149].
66. Con todo, el citado deber se refuerza en presencia de sujetos
de protección especialísima, como lo son las mujeres sobrevivientes y en
amenaza de violencia. En este sentido, como se expuso en acápites anteriores de
esta providencia, existe una obligación de debida diligencia en la prevención
de la violencia contra las mujeres, de conformidad con la cual los distintos
órganos e instituciones estatales deben adoptar medidas integrales dirigidas a
disminuir y, en lo posible, erradicar los factores de riesgo para las mujeres.
Aunado a ello, es indispensable tener en
cuenta que la obligación de garantizar la igualdad y la prohibición de
discriminación implican, en el caso de las mujeres que han sido víctimas de
violencia de género, la posibilidad de gozar de un entorno de trabajo seguro,
sin que sean víctimas de amenazas o riesgos, aunque ellos no se deriven causalmente
del ejercicio de sus funciones. Por tanto, la prevención de la violencia de
género conlleva obligaciones positivas para garantizar la efectividad de los
derechos de las mujeres, particularmente el derecho al trabajo.
En el presente caso, la Secretaría de
Educación del Magdalena, en su condición de autoridad pública, cumplió
parcialmente con su obligación de debida diligencia en relación con la
violencia contra la mujer. De este modo, aunque acertó al remitir el caso a las
instituciones cuyas funciones se relacionan con la situación de violencia
intrafamiliar denunciada por la accionante, las medidas que implementó fueron
insuficientes, pues de conformidad con lo explicado anteriormente, tenía el
deber de analizar la solicitud de la accionante más allá de cuestiones
meramente formales. En este sentido, la entidad omitió la aplicación de la
perspectiva de género en su análisis de la situación.
Por tanto, la entidad accionada debía
valorar si el riesgo denunciado por la tutelante implicaba una posible amenaza
para sus derechos fundamentales y, en tal medida, en atención a las
obligaciones de prevención y debida diligencia respecto de la violencia de
género, debía realizar todas las gestiones que estuvieran a su alcance para la
protección de los derechos de la tutelante, tal y como lo ordena el ordenamiento
jurídico.
67. De igual modo, la parte demandada debió tener en cuenta en su
decisión el posible riesgo al que, eventualmente, quedaron expuestos los hijos
menores de edad de la accionante. En este sentido, la Secretaría de Educación
del Magdalena tenía la obligación de valorar la posible afectación de los
derechos fundamentales de los niños, niñas o adolescentes implicados a la
integridad, a la vida y a la familia, garantías que son prevalentes en virtud
de los mandatos del artículo 44 Superior.
68. Así mismo, la Corte estima que existe una amenaza sobre el derecho
fundamental de la accionante C.J.C.C. al trabajo en condiciones dignas y
seguras toda vez que, con la indebida valoración de la solicitud de traslado y
su consiguiente negativa, se mantiene un posible peligro para la integridad de
la actora, el cual puede ser actual, grave e inminente.
Así, dado que la tutelante aún desempeña
sus funciones como docente en la Institución Educativa Simón Bolívar sin
que se haya evaluado el riesgo derivado de las situaciones de maltrato, amenazas y
violencia intrafamiliar que ha denunciado, se considera que ello configura una
transgresión en su derecho al trabajo en condiciones dignas y seguras, por lo
que la Sala concederá su protección.
69. Finalmente, la inclusión de la perspectiva de género en este caso
implica valorar la situación de la mujer trabajadora desde los impactos
diferenciales que una situación de su vida privada puede tener respecto del
ejercicio, no solo de su derecho a una vida libre de violencia, sino también
desde el punto de vista del derecho al trabajo.
En estos términos, no se puede olvidar
que la violencia contra la mujer está relacionada con la discriminación con
base en el género, circunstancia que implica la activación de las obligaciones
positivas de protección, prevención y erradicación de dicha violencia, las
cuales se encuentran en cabeza del Estado. Además, tales deberes se tornan aún
más relevantes cuando han existido episodios o manifestaciones de la misma.
Las autoridades judiciales
que conocieron del asunto en primera y segunda instancia omitieron la
aplicación de la perspectiva de género en su análisis.
70. Por otra parte,
la Sala llama la atención de las autoridades judiciales que conocieron en
primera y segunda instancia del presente proceso, pues en sus decisiones también
se omitió la aplicación de la perspectiva de género.
71. Así, en la
decisión de primera instancia se estimó que la posible vulneración de los
derechos fundamentales de la accionada no era actual ni inminente, en la medida
en que las agresiones que, en su momento denunció la accionante, ya habían
cesado. De este modo, el fallador insistió en que la actora no ha vuelto a
encontrarse con su agresor y concluyó que los episodios de violencia no han
continuado y que no existe un riesgo a partir de esa sola circunstancia.
No obstante, la Sala aclara que el hecho de que una
amenaza se encuentre latente no implica que haya desaparecido, máxime cuando
resulta evidente que el Estado tiene una obligación de debida diligencia y de
prevención respecto de la violencia contra la mujer. Además, el fallador omitió
valorar la dimensión verbal y psicológica de la violencia de género, pues las
conductas denunciadas por la accionante, que ocurrieron con posterioridad al
momento en el que la tutelante afirma que no volvió a ver al presunto agresor,
podían configurar agresiones de esta índole. Por ende, los jueces deben asumir
con una perspectiva de género este tipo de situaciones.
En este sentido, la obligación de las autoridades
judiciales no se agota con constatar que un riesgo aparentemente cesó. Por el
contrario, en el marco del deber de garantizar que la igualdad sea real y
efectiva y de asegurar el acceso a la justicia para todas las personas, los
jueces deben adoptar todas las medidas que se encuentren a su alcance para evitar
que eventos de maltrato, violencia o amenazas como los denunciados se
materialicen o, peor aún, se repitan.
72. Por su parte, el
juez colegiado de segunda instancia minimizó la gravedad de los hechos
denunciados por la actora, al afirmar que la solicitud de traslado se origina
en “las desavenencias que ha venido teniendo [la
accionante] con su expareja”[150].
Al respecto, la Corte Constitucional advierte que la
violencia contra la mujer no puede ser tolerada ni subestimada en ningún ámbito,
pues este tipo de visiones contribuyen a perpetuar los patrones, estereotipos y
prácticas que subvaloran la condición femenina. Por tanto, los jueces deben
abordar con la seriedad y gravedad del caso este tipo de denuncias, además de
garantizar las medidas de protección que resulten pertinentes según el contexto
y las circunstancias particulares. En este sentido, la perspectiva de género
implica acciones integrales en la prevención de la violencia contra la mujer.
73. En consecuencia,
la Sala advierte que los jueces que estudiaron el proceso de la referencia en
primera y segunda instancia debieron analizar el asunto a partir de una
perspectiva de género, de modo tal que hubieran advertido las omisiones en las
que incurrió la autoridad administrativa y, con el fin de corregirlas, hubieran
ordenado una valoración de la situación de riesgo de la tutelante que tuviera
en cuenta sus circunstancias particulares y su condición de mujer que alega ser
víctima de violencia de género.
Conclusiones y órdenes a proferir.
74. La Sala Sexta de
Revisión estima que la Secretaría de Educación del Departamento de Magdalena
vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, al
trabajo en condiciones dignas y seguras, a
una vida libre de violencia, a la integridad personal, a la familia y
la prevalencia del interés superior de los menores de edad, de la accionante C.J.C.C. y de
sus hijos C.G.B.C. y R.D.B.C.
75. La Sala concluyó que el Decreto 1782 de 2013, de
naturaleza reglamentaria, no reguló plenamente el artículo 53 del Decreto Ley
1278 de 2002, pues se limitó a establecer la normativa aplicable al traslado de
docentes del sector público por razones de seguridad cuando estas últimas
guardan una relación de causalidad con el ejercicio de la función docente.
Por
tanto, existe un vacío de reglamentación en relación con los traslados de
docentes por razones de seguridad cuando no existe conexidad directa entre el
riesgo y el ejercicio de las actividades o funciones políticas, públicas,
sociales o humanitarias. Dicha ausencia de regulación no implica que resulte
admisible desconocer la protección de los derechos fundamentales de los
educadores que reciban amenazas contra su vida o su integridad.
De
este modo, en relación con el traslado de docentes del sector público por
situaciones de peligro de la vida o la integridad, corresponde a la autoridad
nominadora implementar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de
los servidores públicos en situaciones de riesgo o amenaza que no se originen
en el desempeño de sus funciones. En este sentido, la decisión de traslado
debe: (i) obedecer a razones de seguridad debidamente comprobadas; (ii)
surtirse en el marco de un procedimiento que garantice el debido proceso; y (iii)
fundarse en motivos serios y objetivos.
76. Por otra parte, la Sala consideró que
las actuaciones administrativas de la entidad demandada fueron insuficientes,
en la medida en que omitió su deber de adoptar una perspectiva de género en la
interpretación de la solicitud de traslado formulada por la tutelante, pese a
que se advertía una evidente amenaza a su integridad y a sus garantías
constitucionales.
En
otras palabras, la entidad accionada debía valorar si el riesgo denunciado por
la actora implicaba una posible amenaza para sus derechos fundamentales y, en
tal medida, en atención a las obligaciones de prevención y debida diligencia
respecto de la violencia de género, debía realizar todas las gestiones que
estuvieran a su alcance para la protección de los derechos de la accionante,
tal y como lo dispone el ordenamiento jurídico.
Así
mismo, se estima que las autoridades judiciales que conocieron de la acción de
tutela en primera y segunda instancia también omitieron la aplicación de la
perspectiva de género en su análisis del caso, pues indicaron que el riesgo
para la accionante había desaparecido y que la situación denunciada se limitaba
a un conflicto personal de la accionante, respectivamente.
77. Por consiguiente, se revocarán
las decisiones de instancia y, en su lugar, se concederá la protección
de los derechos invocados. En este sentido, la Sala ordenará  a la Secretaría
de Educación del Departamento del Magdalena que, dentro del término de cinco días
hábiles siguientes a la notificación del fallo, realice todas las
gestiones necesarias para adelantar una evaluación del riesgo que afronta la
accionante con
ocasión de las situaciones de maltrato, amenazas y violencia intrafamiliar que
ha denunciado ante las autoridades.
En
este punto, la Sala estima oportuno aclarar que, la Corte Constitucional
solicitó información a la accionante en sede de revisión, con el objetivo de
establecer sus condiciones actuales. Sin embargo, aunque fue requerida por esta
Corporación, la tutelante se abstuvo de responder a las preguntas formuladas
por este Tribunal. Por ende, para la Corte resulta necesario que sea la
autoridad administrativa correspondiente quien constate el grado de riesgo en
el cual se encuentra la actora y su actualidad.
78. Para efectos de la valoración descrita en el
párrafo anterior, se ordenará al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) que preste todo el apoyo necesario a la Secretaría de Educación
del Departamento del Magdalena para que aquella institución pueda valorar, a
partir de parámetros objetivos, el riesgo que alega la accionante. Así mismo,
ambas autoridades deberán tener en cuenta la perspectiva de género en las
decisiones administrativas, en los términos señalados en la presente sentencia.
A partir de este análisis, la Secretaría de Educación del
Departamento del Magdalena deberá determinar, en el plazo máximo de un mes
contado a partir de la notificación de la presente decisión, si resulta
procedente el traslado solicitado por la actora, siempre que se acrediten
debidamente las razones de seguridad que aquella aduce. En caso afirmativo,
el traslado deberá ordenarse en el término de cinco días hábiles contados a
partir del momento en que se establezca la procedencia del mismo.
79. Sobre este particular, conviene precisar que el ICBF
fue vinculado al proceso de la referencia mediante auto del 28 de marzo de
2017, dictado por el juez de primera instancia. Además, esta entidad presentó
su concepto en el presente trámite[151],
por intermedio del Centro Zonal de Ciénaga - Regional Magdalena. De este modo,
se verifica que esta institución está informada de los hechos del presente
caso. Adicionalmente, la Sala observa que lo dispuesto en la presente
providencia en relación con el ICBF constituye un cumplimiento de sus deberes
legales[152].
III. DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE
Primero. REVOCAR la sentencia de segunda
instancia dictada el 8 de junio de 2017 por la Sala Cuarta de Decisión Civil -
Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta que, a su
vez, confirmó la decisión de primera instancia, proferida el
10 de abril de 2017 por el Juzgado Segundo Promiscuo
de Familia de Ciénaga (Magdalena). En su lugar, CONCEDER el
amparo de los derechos fundamentales a la igualdad,
al trabajo en condiciones dignas y seguras, a una vida libre de violencia, a
la integridad personal, la prevalencia del interés superior de los menores de
edad y a la familia de C.J.C.C. y de sus hijos
C.G.B.C.  y R.D.B.C., por las razones expuestas en este fallo.
Segundo. ORDENAR
a la Secretaría de Educación del Departamento del Magdalena que, dentro del
término de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la
notificación del presente fallo, realice todas las gestiones necesarias
para adelantar una evaluación del riesgo que afronta la accionante C.J.C.C. con
ocasión de las situaciones de maltrato, amenazas y violencia intrafamiliar que
ha denunciado ante las autoridades.
Para efectos de dicha valoración, se ORDENARÁ
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que preste todo el apoyo
necesario a la Secretaría de Educación del Departamento del Magdalena para que
aquella institución pueda valorar, a partir de parámetros objetivos, el riesgo
que alega la accionante. Así mismo, ambas autoridades deberán tener en cuenta
la perspectiva de género en las decisiones administrativas, en los términos
señalados en la presente sentencia.
A partir de este análisis, la Secretaría
de Educación del Departamento del Magdalena deberá determinar, en el plazo máximo
y perentorio de un (1) mes contado a partir de la notificación de la
presente decisión, si resulta procedente el traslado solicitado por la actora, siempre
que se acrediten debidamente las razones de seguridad que aquella aduce.
En caso afirmativo, el traslado deberá
ordenarse en el término máximo y perentorio de cinco (5) días hábiles contados
a partir del momento en que se establezca la procedencia del mismo.
Tercero.
ORDENAR a la
Secretaría General de la Corte Constitucional que el nombre real de la
accionante y de sus hijos menores de edad sea suprimido de toda publicación del
presente fallo y de las providencias proferidas en este proceso. Igualmente, ORDENAR
por intermedio de la Secretaría General de esta Corporación, a la Sala
Cuarta de Decisión Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Santa Marta y al Juzgado Segundo
Promiscuo de Familia de Ciénaga (Magdalena) que
mantengan estricta reserva sobre el expediente para salvaguardar la intimidad
de los tutelantes.
Cuarto.
Por Secretaría General de esta Corporación, LÍBRESE
la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] El expediente de la referencia fue
seleccionado y repartido a la Magistrada Sustanciadora por la Sala de Selección
Número Once de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados
Alejandro Linares Cantillo y Alberto Rojas Ríos el día 14 de noviembre de 2017,
de acuerdo con el criterio orientador del proceso de selección de carácter
objetivo, denominado ‘Asunto novedoso’.
[2] El nombre real de la institución educativa
[3] Para demostrar tal circunstancia, se allega copia del registro
civil de nacimiento y de la tarjeta de identidad de cada uno de los menores de
edad, los cuales obran a folios 12-16 del Cuaderno de Primera Instancia (en
adelante Cuaderno No.1).
[4] Esta situación también fue declarada por L.D.C.G. (hermana de la
accionante) y K.M.P. (sobrina de la actora), quienes manifestaron que la
tutelante les ha relatado “su temor de continuar viviendo en el municipio de
Fundación Magdalena donde actualmente labora, debido a las amenazas, maltrato
físico y sicológico que recibió y recibe latentemente de su ex marido”
(Folios 28 y 29 del Cuaderno No. 1).
[5] Folio 17, Cuaderno No. 1.
[6] Folio 17, Cuaderno No. 1.
[7] Folio 17, Cuaderno No. 1.
[8] Mediante Oficio VJXX No. 1XXX la Fiscalía XX Seccional de Magdalena
informó a la accionante C.J.C.C. acerca de la creación de la noticia criminal
referida a los hechos victimizantes que aquella denunció ante la Secretaría de
Educación de Magdalena (Folio 20, Cuaderno No 1.). Así mismo, obra a folios 18
y 19 del Cuaderno No. 1 copia de la noticia criminal elaborada en cumplimiento
de dicha instrucción.
[9] Estos hechos fueron puestos en conocimiento de esta Corporación
únicamente en sede de revisión, toda vez que la copia de la noticia criminal
remitida por la accionante se encontraba incompleta. Sin embargo, en las
evidencias remitidas por la Unidad Nacional de Protección dentro del proceso de
la referencia, figura la copia completa de dicho documento (Folio 35, Cuaderno
de Revisión de la Corte Constitucional).
[10] En la noticia criminal, la accionante relató los hechos de la
siguiente manera: “Vengo a presentar denuncia penal en contra de J.C.B.G,
por continuas amenazas de muerte, me acosa, me sigue, ha llegado a mi lugar de
trabajo. Cuando lo he visto ya dentro de mi colegio, me maltratado verbal y
físicamente. Estamos separados literalmente desde el 2014, en este año lo
denuncié por violencia intrafamiliar. Por lo tanto, a él le dieron orden de
desalojo de la casa. El Comisario de Familia le ordenó irse de la casa, eso fue
en agosto de 2014, pero después que se fue de la casa siguió llamándome,
amenazándome. Me decía que si no accedía a encontrarme con él me mataba, que
tenía que salir y encontrarme con él. El 27 de noviembre del año pasado llegó a
mi sitio de trabajo donde teníamos un evento (…) me obligó a salir de ahí bajo
presión, me iba amenazando en mi propio vehículo (motocicleta), cuando íbamos
por la Clínica Fundación yo me tiré de la moto por miedo de lo que él me
pudiera hacer. Él me sacó de la clínica pegándome, me dio una cachetada, me
empujó. Todas las personas que estaban en la clínica trataron de ayudarme pero
él estaba como un loco. Llegó la Policía y se lo llevaron al Comando (…). Vine
a la Policía a colocar la denuncia, me dijeron que como no tenía marcas
la denuncia no me la podían aceptar, que como no tenía ningún signo de
violencia no me podía recibir la denuncia. Eso lo puedo probar porque
cuando uno entra aquí tiene que firmar un libro y yo firmé ese libro a la
entrada. Este año ha sido más enfático y fuerte en las amenazas, ha usado a mis
estudiantes de la nocturna para que le den información mía (…). Él sigue a un
compañero mío de trabajo (…) le dije al portero del colegio que me iba a matar
(…) ayer cuando iba saliendo del Bienestar Familiar, me encontré con un amigo
(…), él salió conmigo y en la puerta me preguntó cómo había seguido mi caso, no
alcancé a responderle porque lo vi donde venía en la moto, inmediatamente le
dije ‘hay (sic) viene mi marido’, (…) le dije ‘tengo miedo porque es agresivo y
no puedo hablar con ningún hombre porque me tiene amenazada, no puedo tener
ninguna clase de amigo’. Él paró la moto. Desde la esquina me decía que si ese
era mi novio´, que se lo presentara. Se bajó (…) le dijo al patrullero que se
alejara de mí, que yo era su mujer, yo le dije que se calmara (…) con la mano
me pegó una garnatada (sic), [el patrullero] le dijo ‘¿qué le pasa?’ (…)
empezaron a forcejear (…) vi cuando lo desarmó (…) cuando le quitó el arma
comenzó a apuntarnos a los dos de manera seguida, intentó disparar el arma pero
no funcionó (…). Posteriormente, me llamó por teléfono, me dijo que no me mató
porque el arma tenía seguro, porque él nos iba a matar a mí y al man de la
SIJIN (…) y que antes de entregar el arma me mataba (…)” (Folio 35,
Cuaderno de Revisión de la Corte Constitucional).
[11] Folio 35, Cuaderno de Revisión de la Corte Constitucional.
[12] Dicha circunstancia se evidencia en la copia de la solicitud
radicada por el apoderado de la accionante en el proceso de divorcio
contencioso ante el juez a cargo de dicho trámite (Folio 21, Cuaderno No.1).
[13] Folios 21 y 22, Cuaderno No.1.
[14] El Juzgado Único Promiscuo de Familia de Fundación dispuso lo
siguiente: (i) “Prohibir al señor J.C.B.G., trasladar de su residencia a los
menores R.D.B.C. y C.G.B.C.”; (ii) “Ordenar al señor J.C.B.G.,
abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentren los menores R.D.B.C.
y C.G.B.C. y la señora C.J.C.C.”; (iii) “Ordenar la protección temporal
especial de los menores R.D.B.C. y C.G.B.C. tanto en su domicilio, sitios donde
frecuentan e institución educativa así como la señora C.J.C.C. Las anteriores
medidas estarán a cargo del Comando de Policía de Fundación y de la Policía de
Infancia y Adolescencia”; (iv) “Ordenar al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar con sede en Fundación-Magdalena, para que a través de la
Defensora de Familia o quien haga sus veces, ofrezca el acompañamiento
necesario para el restablecimiento de derechos de los menores R.D.B.C. y
C.G.B.C., lo mismo que la práctica de valoración psicológica a los menores
involucrados y a los señores C.J.C.C. y J.C.B.G.” (Folios 24 a 26, Cuaderno
No. 1).
[15] En su escrito de tutela, el apoderado de la accionante manifiesta
que solicitó su traslado al municipio de Ciénaga (Magdalena) porque en ese
lugar “reside todo el resto de sus familiares, tías, hermanas, sobrinas,
cuñados” y que estos familiares se han ofrecido para “brindarle
acompañamiento en su sitio de trabajo (…) y en su propia residencia”. Aduce
que este apoyo es esencial para la salud mental y emocional de la actora y sus
hijos.
[16] Folio 27, Cuaderno No. 1.
[17] Para sustentar su conclusión, la entidad accionada refiere las
siguientes normas: (i) Artículo 3°, numeral 2, del Decreto 1782 de 2013, el
cual establece: “Además de los principios constitucionales consagrados en el
artículo 209 Superior y en las leyes que orientan la función administrativa,
las acciones en materia de traslados por razones de seguridad de los educadores
oficiales, se regirán por los siguientes principios: 2. Causalidad. La decisión
del traslado por razones de seguridad estará fundamentada en la conexidad
directa entre las condiciones de amenaza o de desplazamiento y el ejercicio de
las actividades o funciones sindicales, públicas, sociales o humanitarias”;
(ii) Artículo 2, numeral 2, del Decreto 4912 de 2011, que reproduce el
contenido de la norma anteriormente citada; y (iii) la Ley 418 de 1997, en
concordancia con el Decreto 2816 de 2006.
[18] Folio 31, Cuaderno No. 1.
[19] Folios 42 a 47, Cuaderno No. 1.
[20] Folio 4, Cuaderno No. 2.
[21] Folio 61, Cuaderno No. 1.
[22] Al respecto, refiere la accionante
textualmente: “durante los meses de julio a diciembre de 2016 no estuve
laborando en el colegio de Fundación pero me cancelaron todos esos meses”
(Folio 37 reverso, Cuaderno No. 1).
[23] Folio 37, Cuaderno No. 1.
[24] Folio 37 reverso, Cuaderno No. 1.
[25] Folio 38, Cuaderno No. 1.
[26] Folio 67 a 70, Cuaderno No. 1.
[27] Folio 77 reverso, Cuaderno No. 1.
[28] Folio 77, Cuaderno No. 1.
[29] La impugnación de la accionante, radicada el 19 de abril de 2017,
obra  a folios 83 y 84, Cuaderno No. 1.
[30] Folio 83, Cuaderno No. 1.
[31] Folio 14, Cuaderno No. 3.
[32] Folios 20 a 23, Cuaderno de Revisión de la Corte Constitucional.
[33] En relación con la Secretaría de
Educación del Departamento del Magdalena, en el auto de 26 de enero de 2017, la
Corte Constitucional solicitó información acerca de los siguientes puntos: “a)
Si la accionante sigue vinculada laboralmente con la entidad oficiada. En caso
afirmativo, indique si permanece en la Institución Educativa Simón Bolívar del
municipio de Fundación (Magdalena) o si su lugar de trabajo ha variado; b) Si
la actora ha presentado nuevas solicitudes de traslado; c) Si la entidad
estudia actualmente alguna medida relacionada con la reubicación o el traslado
de la docente” (Folios 20 a 23, Cuaderno de Revisión de la Corte
Constitucional).
[34] Respecto de la accionante C.J.C.C.,
en el auto de 26 de enero de 2017, la Corte Constitucional solicitó información
acerca de los siguientes puntos: “a) ¿Persiste la situación de violencia
intrafamiliar o amenazas en contra suya y de sus hijos?; b) ¿Existe algún hecho
relevante que haya sucedido con posterioridad a la interposición de la acción
de tutela y que haya amenazado su vida, su integridad o la de sus hijos?””
(Folios 20 a 23, Cuaderno de Revisión de la Corte Constitucional).
[35] Folios 29 a 32, Cuaderno de Revisión
de la Corte Constitucional.
[36] La Unidad Nacional de Protección
indica que esta condición se deriva de la Resolución 1240 de 2010, del
Ministerio de Educación Nacional, la cual establece responsabilidades de
protección en cabeza de esta última entidad. Folio 29 reverso, Cuaderno de
Revisión de la Corte Constitucional.
[37] Folio 29 reverso, Cuaderno de
Revisión de la Corte Constitucional.
[38] Folio 37, Cuaderno de Revisión de la
Corte Constitucional.
[39]  En este escrito, la accionante
continúa su relato de la siguiente manera: “(…) solicito por favor que me
otorguen la posibilidad de trasladarme a otro lugar de trabajo de la manera más
pronta posible y tengan en cuenta que estoy imposibilitada para iniciar mis
labores en este municipio” (Folio 37, Cuaderno de Revisión de la Corte
Constitucional).
[40] Folio 61, Cuaderno de Revisión de la
Corte Constitucional.
[41] Folio 71, Cuaderno de Revisión de la
Corte Constitucional.
[42] Mediante auto de 28 de febrero de
2018, la Sala Sexta de Revisión requirió a la accionante ante la ausencia de
respuesta en el término previsto para tal efecto. Folios 72 a 74, Cuaderno de
Revisión de la Corte Constitucional.
[43] Con el objetivo de respetar el precedente constitucional, promover
una mayor eficiencia en la administración de justicia y habida cuenta de que la
Corte Constitucional ha decantado un estándar para resumir de manera detallada
las reglas jurisprudenciales sobre los requisitos de procedencia de la acción
de tutela se tomarán como modelo de reiteración los parámetros fijados por la
Magistrada Sustanciadora en las sentencias T-583 de 2017, T-401 de 2017, T-340
de 2017, T-163 de 2017, T-662 de 2016, T-594 de 2016 y T-144 de 2016.
[44] Sentencia T-340 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[45] Sentencias T-401 de 2017 y T-373 de
2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[46] Sentencia T-662 de 2016. M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado.
[47] Sentencias T-163 de 2017 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado); T-328
de 2011 M.P. (Jorge Ignacio Pretelt Chaljub); T-456 de 2004 (M.P. Jaime Araujo
Rentería), T-789 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-136 de 2001
(M.P. Rodrigo Uprimny Yepes), entre otras.
[48] Véanse, entre otras: sentencia T-595 de 2016 (M.P. Alejandro
Linares Cantillo), sentencia T-326 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[49] Véanse, entre otras, las sentencias T-376 de 2017 (M.P. Alejandro
Linares Cantillo); T-079 de 2017 (M.P. Jorge Iván Palacio); T-319 de 2016 (M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo); T-425 de 2015 (M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio); T-682 de 2014 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio); T-608 de 2014 (M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio); T-565 de 2014 (M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez); T-351 de 2014 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez); T-772 de 2013 (M.P.
María Victoria Calle Correa);  T-638 de 2013 (M.P. Mauricio González Cuervo);
T-561 de 2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez); T-422 de 2013 (Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo); T-029 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[50] Sentencia T-376 de 2017 (M.P. Alejandro Linares Cantillo).
[51] Véanse, entre otras, las sentencias
T-030 de 2015; T-319 de 2016 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo);
T-565 de 2014 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez); T-422 de 2013 (Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo).
[52] Véanse, entre otras, las sentencias T-376 de 2017 (M.P. Alejandro
Linares Cantillo); T-319 de 2016 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo); T-425
de 2015 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio); T-608 de 2014 (M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio); T-565 de 2014 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez); T-351 de
2014 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez); T-638 de 2013 (M.P. Mauricio González
Cuervo); T-561 de 2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez); T-1015 de 2012
(M.P. Jorge Iván Palacio Palacio); T-961 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva); T-653 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub); T-065 de 2007 (M.P.
Rodrigo Escobar Gil); T-543 de 2009 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) ;
T-201 de 2008 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla); T-1011 de 2007 (M.P. Clara Inés
Vargas Hernández); T-969 de 2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra); T-486 de
2004 (M.P. Jaime Araújo Rentería); T-815 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil);
T-1026 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[53] Sentencia T-376 de 2017 (M.P. Alejandro Linares Cantillo); T-079 de
2017 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio); T-319 de 2016 (M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo); T-425 de 2015 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio); T-608 de
2014 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio); T-351 de 2014 (M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez); T-565 de 2014 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez); T-805 de
2013 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla); T-561 de 2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez); T-422 de 2013 (Gabriel Eduardo Mendoza Martelo); T-961 de 2012 (M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva); T-664 de 2011 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio);
T-065 de 2007 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[54] En relación con este punto, la Corte
Constitucional ha señalado: “como es lógico suponer que la mayoría de los
traslados ordenados por necesidad del servicio implican un margen razonable de
desequilibrio en la relación familiar porque supone reacomodar las condiciones
de vida y cambios en la cotidianidad de las labores del trabajador, la
jurisprudencia ha aclarado que la vulneración o amenaza de un derecho
fundamental del docente o de su familia no corresponde a situaciones razonables
o ´normales´ de desajuste familiar o personal en la medida en que correspondan
a cargas soportables, sino que se presenta en eventos en que, de las pruebas
obtenidas o allegadas al expediente de tutela, se desprendan situaciones que
resulten cargas desproporcionadas para el trabajador” (Sentencia T-319 de
2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[55] Sentencias T-376 de 2017 (M.P. Alejandro Linares Cantillo); T-079
de 2017 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio); T-075 de 2017 (M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio); T-425 de 2015 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio); T-396 de
2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado); T-608 de 2014 (M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio); T-565 de 2014 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez); T-042 de 2014
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva); T-561 de 2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez); T-422 de 2013 (Gabriel Eduardo Mendoza Martelo); T-1015 de 2012 (M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio); T-664 de 2011 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio);
[56] Sentencias T-565 de 2014 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez);
T-561 de 2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez); T-532 de 1998 (M.P. Antonio
Barrera Carbonell) y T-353 de 1999 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[57] Así ha ocurrido, por ejemplo, cuando
el afectado argumenta la vulneración del derecho a la educación porque en razón
al traslado, él o algún miembro de su familia debe abandonar sus estudios
(Sentencias T-362 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-016 de 1995, M.P.
José Gregorio Hernández Galindo y T-288 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz.), o en
algunos casos en los que se alega el desmejoramiento de las condiciones
económicas por el aumento de los gastos personales y familiares en la nueva
localidad (Sentencia T-288 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz).
[58] Sentencias T-565 de 2014 (M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez); T-1498 de 2000 (M.P. Martha
Victoria Sáchica Méndez).
[59] Sentencias T-565 de 2014 (M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez); T-353 de 1999, (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[60] Sentencias T-618 de 2016 (M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez); T-396 de 2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado);
T-682 de 2014 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio); T-772 de 2013 (M.P. María
Victoria Calle Correa).
[61] Folio 37, Cuaderno No. 1.
[62] Folio 61, Cuaderno de Revisión de la
Corte Constitucional.
[63] Folio 71, Cuaderno de Revisión de la
Corte Constitucional.
[64] Folio 37 reverso del Cuaderno No. 1 y
Folios 35 y 37 del Cuaderno de Revisión de la Corte Constitucional.
[65] Folio 21, Cuaderno No. 1.
[66] Folios 35 y 37, Cuaderno de Revisión
de la Corte Constitucional.
[67] Sentencias T-834 de 2005 (M.P. Clara
Inés Vargas Hernández) y T-887 de 2009 (M.P. Mauricio González Cuervo).
[68] Sentencias T-401 de 2017 (M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado) y T-246 de 2015 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez).
[69] Sentencia T-246 de 2015 (M.P. Martha
Victoria Sáchica Méndez).
[70] Las consideraciones que se presentan
en este acápite han sido elaboradas con fundamento en las sentencias T-376 de
2017 (M.P. Alejandro Linares Cantillo); T-079 de 2017 (M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio); T-316 de 2016 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez); T-396 de 2015
(M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado); T-042 de 2014 (M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva); T-772 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa); T-561 de 2013 (M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[71] Sentencias T-772 de 2013 (M.P. María
Victoria Calle Correa); T-561 de 2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez);
T-664 de 2011 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio); T-797 de 2005 (M.P. Jaime
Araújo Rentería); T-770 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández); T-407 de
1992 (M.P. Simón Rodríguez Rodríguez).
[72] El artículo 23 del Código Sustantivo
del Trabajo dispone que el poder subordinante debe ejercerse sin que afecte el
honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador, en concordancia con
los tratados o convenios internacionales sobre derechos humanos relativos a la
materia que obliguen al país.
[73] Sentencia T-396 de 2015 (M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado).
[74] Sentencia T-396 de 2015 (M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado).
[75] Sentencia T-797 de 2005 (M.P. Jaime
Araujo Rentería).
[76] Sentencia T-1011 de 2007 (M.P. Clara
Inés Vargas Hernández).
[77] Sentencia T-664 de 2011 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
[78] Sentencia T-596 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez).
[79] Sentencia T-316 de 2016 (M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez).
[80] Sentencia T-376 de 2017 (M.P.
Alejandro Linares Cantillo).
[81] Sentencia T-772 de 2013 (M.P. María
Victoria Calle Correa).
[82] Sentencia T-772 de 2013 (M.P. María
Victoria Calle Correa).
[83] “Por la cual se dictan normas
orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los
servicios de educación y salud, entre otros.”
[84] La norma en cita dispone: “Artículo 22.
Traslados. Cuando para la debida prestación del servicio
educativo se requiera el traslado de un docente o directivo docente, este se
ejecutará discrecionalmente y por acto debidamente motivado por la
autoridad nominadora departamental, distrital o del municipio certificado
cuando se efectúe dentro de la misma entidad territorial. // Cuando se trate de
traslados entre departamentos, distritos o municipios certificados se
requerirá, además del acto administrativo debidamente motivado, un convenio
interadministrativo entre las entidades territoriales. // Las solicitudes de
traslados y las permutas procederán estrictamente de acuerdo con las
necesidades del servicio y no podrán afectarse con ellos la composición de las
plantas de personal de las entidades territoriales. // El Gobierno Nacional
reglamentará esta disposición.”
[85] “Por el cual se expide el Estatuto
de Profesionalización Docente.”
[86]  Resaltado por fuera del texto
original.
[87]  Resaltado por fuera del texto
original.
[88] Decreto 1075 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector Educación”.
[89] Sentencias T-316 de 2016 (M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez) y T-376 de 2017 (M.P. Alejandro Linares Cantillo).
[90] El artículo 2 del Decreto 520 de 2010, reproducido en el artículo
2.4.5.1.2 del Decreto 1075 de 2015, dispone: “Proceso ordinario de
traslados. Adoptada y distribuida la planta de personal docente y directivo
docente de conformidad con los artículos 6° y 7° de la Ley 715 de 2001, cada
entidad territorial certificada en educación deberá implementar el proceso para
tramitar los traslados que tengan origen en solicitud de los docentes o
directivos docentes, el cual debe desarrollarse así: 1. El Ministerio de
Educación Nacional fijará cada año, antes de la iniciación del receso
estudiantil de que trata el Decreto 1373 de 2007, el cronograma para la
realización por parte de las entidades territoriales certificadas del proceso
de traslados ordinarios de docentes y directivos docentes al servicio de las
entidades territoriales certificadas, con el fin de que al inicio del siguiente
año escolar los docentes trasladados se encuentren ubicados en los
establecimientos educativos receptores para la oportuna prestación del servicio
educativo. // 2. Cada entidad territorial certificada expedirá un
reporte anual de vacantes definitivas, por establecimiento educativo, considerando
las sedes, haciendo uso del sistema de información de recursos humanos del que
disponga, con corte a 30 de octubre de cada año para calendario A y 30 de mayo
para calendario B. // 3. Con base en el cronograma fijado por el
Ministerio de Educación Nacional y el reporte anual de vacantes, antes de la
iniciación del receso estudiantil previsto en el Decreto 1373 de 2007, la
entidad territorial certificada convocará al proceso de traslado mediante acto
administrativo, en el cual detallará las necesidades del servicio educativo por
atender mediante traslado ordinario de docentes y directivos docentes, con la
indicación del cargo directivo o del área de desempeño para el caso de los
docentes, localización del establecimiento educativo, considerando las sedes,
requisitos, oportunidad y procedimiento para la inscripción en el proceso de
traslados, información sobre los criterios de priorización para la definición
de los mismos, fechas para la verificación del cumplimiento de los requisitos y
de expedición de los actos administrativos de traslado. 4. Cada entidad
territorial certificada deberá realizar la difusión de la convocatoria durante
un periodo mínimo de quince (15) días hábiles, anteriores a la fecha en la cual
dé inicio a la inscripción en el proceso ordinario de traslados, a través de
los medios más idóneos de que disponga. En todo caso, realizará la difusión en
el sitio web de la secretaría de educación correspondiente y en lugar de fácil
acceso al público. 5. Cumplidas las actividades programadas en el
cronograma del proceso de traslados, la autoridad nominadora de cada entidad
territorial certificada adoptará la decisión que corresponda y la comunicará al
docente o directivo docente, así como a los rectores o directores rurales de
los establecimientos educativos donde se hayan de producir los cambios. // Parágrafo
1º. Antes de la expedición de los actos administrativos que dispongan los
traslados a los que haya lugar, la entidad territorial publicará por lo menos
durante cinco (5) días hábiles, la lista de traslados por realizar como
resultado del proceso ordinario de traslados, con el fin de recibir las
solicitudes de ajuste que los docentes y directivos docentes participantes en
el proceso y la organización sindical respectiva quieran formular, las cuales
serán evaluadas y resueltas por la entidad territorial dentro del cronograma
fijado. // Parágrafo 2º. Los traslados entre departamentos, distritos o
municipios certificados, solicitados por docentes o directivos docentes, se
tramitarán por el proceso dispuesto en este artículo y requieren adicionalmente
convenio interadministrativo entre las entidades territoriales remisora y
receptora, en el cual se convendrán entre otros aspectos las fechas de
efectividad del traslado y de producción de efectos y responsabilidades
fiscales. // Cuando se trate de permuta, con estricta sujeción a la atención de
las necesidades del servicio educativo, según lo establecido en el inciso 3°
del artículo 22 de la ley 715 de 2001, no será autorizado el traslado por la
autoridad nominadora si a uno de los dos solicitantes le faltan cinco (5) años
o menos de servicio para alcanzar la edad de retiro forzoso. // Parágrafo 3º.
El traslado en ningún caso implica ascenso en el Escalafón Docente, ni
interrupción en la relación laboral, ni puede afectar la composición de la
planta de personal.”
[91] Sentencias T-316 de 2016 (M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez) y T-376 de 2017 (M.P. Alejandro Linares Cantillo).
[92] Esta norma fue incorporada por los artículos 2.3.3.1.11.1 a
2.3.3.1.11.3 al Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. El artículo
1° del decreto en cita señala que: “Los establecimientos de educación
preescolar, básica y media incorporarán en su calendario académico cinco (5)
días de receso estudiantil en la semana inmediata anterior al día feriado en
que se conmemora el descubrimiento de América. // Esta semana de receso
estudiantil no modifica el tiempo de clase que deben dedicar los
establecimientos educativos al desarrollo de las áreas obligatorias y
fundamentales establecidas en la Ley 115 de 1994 en sus decretos
reglamentarios.”
[93] Decreto 520 de 2010, art. 2, núm. 1.
[94] Ibídem.
[95] Sentencias T-316 de 2016 (M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez) y T-376 de 2017 (M.P. Alejandro Linares Cantillo).
[96] Sentencias T-316 de 2016 (M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez) y T-376 de 2017 (M.P. Alejandro Linares Cantillo).
[97] En el artículo 2.4.5.1.5  del Decreto
1075 de 2015 se reconoce la derogatoria expresa del numeral segundo del
artículo 5º del Decreto 520 de 2010, el cual establecía como causal que origina
los traslados que no están sujetos al proceso ordinario: “2. Razones de
seguridad fundadas en la valoración de riesgo adoptada con base en la
reglamentación que establezca el Ministerio de Educación Nacional”.
[98] Sentencias T-316 de 2016 (M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez) y T-376 de 2017 (M.P. Alejandro Linares Cantillo).
[99] Ley 715 de 2001. Artículo 22. Traslados. “Cuando
para la debida prestación del servicio educativo se requiera el traslado de un
docente o directivo docente, este se ejecutará discrecionalmente y por acto
debidamente motivado por la autoridad nominadora departamental, distrital o del
municipio certificado cuando se efectúe dentro de la misma entidad territorial.
// Cuando se trate de traslados entre departamentos, distritos o municipios
certificados se requerirá, además del acto administrativo debidamente motivado,
un convenio interadministrativo entre las entidades territoriales. // Las
solicitudes de traslados y las permutas procederán estrictamente de acuerdo con
las necesidades del servicio y no podrán afectarse con ellos la composición de
las plantas de personal de las entidades territoriales. // El Gobierno Nacional
reglamentará esta disposición”.
[100] Sentencia T-316 de 2016 (M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez).
[101] “Por la cual se fija el procedimiento para la protección de los
docentes y directivos docentes estatales que prestan sus servicios en los
establecimientos educativos estatales ubicados en las entidades territoriales
certificadas en educación y que se encuentran en situación de amenaza, y se
dictan otras disposiciones”.
[102] Este acto administrativo, a su turno,
fue modificado por las Resoluciones 3164 de 2011 y 3900 de 2011, del Ministerio
de Educación Nacional.
[103] "Por el cual se reglamenta los
traslados por razones de seguridad de educadores oficiales de las entidades
territoriales certificadas en educación y se dictan otras disposiciones"
[104] Artículo 3º, numeral 2, del Decreto
1782 de 2013.
[105] Artículo 2º, numeral 2, del Decreto
4912 de 2011.
[106] “Artículo 53. Modalidades de
traslado. Los traslados proceden:
a. Discrecionalmente por la
autoridad competente, cuando para la debida prestación del servicio se requiera
el traslado de un docente o directivo docente dentro del mismo distrito o
municipio, o dentro del mismo  departamento cuando se trate de municipios no
certificados, con el fin de garantizar un servicio continuo, eficaz y
eficiente.
b. Por razones de seguridad
debidamente comprobadas.
c. Por solicitud propia.
Parágrafo. El Gobierno nacional reglamentará las modalidades de traslado y las
condiciones para hacerlas efectivas, teniendo en cuenta que los traslados
prevalecerán sobre los listados de elegibles del concurso dentro de la
respectiva entidad territorial certificada; que deben responder a criterios de
igualdad, transparencia, objetividad y méritos, tanto en relación con sus
condiciones de ingreso al servicio y a la carrera docente, como
en el desempeño de sus funciones y
en las evaluaciones de competencias; y que el traslado por razones de seguridad
debe prevalecer sobre cualquier otra modalidad de provisión de los empleos de
carrera docente.
[107] Sentencias C-313 de 2014 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo);
T-191 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva); y C-186 de 2006 (M.P. Clara
Inés Vargas Hernández). Este principio también se encuentra reconocido en
numerosos tratados internacionales de derechos humanos como la Declaración
Universal de Derechos Humanos (Art. 30), el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (Art. 5), el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (Art. 5), Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Art.29), Convención sobre los Derechos del Niño (Art. 41), Convención sobre
los Derechos de las personas con Discapacidad (Art.4), Convención sobre la Eliminación
de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Art. 23), entre otros.
[108] Véanse, sentencias C-317 de 2012
(M.P. María Victoria Calle Correa) y C-087 de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán
Sierra).
[109] Ver, entre muchas otras, Sentencia
T-594 de 2016 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[110] Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Ibíd. Párr.
118; Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Acceso a la Justicia
para Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas,
OEA/Ser.L/V/II. 20 de enero de 2007. Párr. 67.
[111] Sentencia
T-027 de 2017 M.P. Aquiles Arrieta Gómez: “Preliminarmente,
debe advertirse que, conforme los parámetros fijados por esta Corporación, en
cabeza de la señora Diana Patricia Acosta Perdomo recaen varios factores que la
convierten en una persona de especialísima protección constitucional. Al
respecto, es necesario tener en cuenta que, en virtud del principio de igualdad
material, existe un deber a cargo del Estado tendiente a brindar una
protección especial a las personas que “por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que
contra ellos se comentan”. Una obligación constitucional contenida
expresamente en el artículo 13 Superior y soportada en los artículos 40, 43,
44, 45, 46, 47, 50 y 53 de la Constitución Política (los cuales reconocen
especiales medidas en materia laboral, educacional, social y de salud a favor
de la población más vulnerable)”.
[112] Sentencia T-027
de 2017 M.P. Aquiles Arrieta Gómez. “En
el ámbito regional además de la protección general que brinda la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (1969), se aprobó en 1995 la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la
Mujer -Convención de
Belém do Pará-; instrumento especializado que ha servido para
nutrir los sistemas jurídicos del continente a partir de las obligaciones
concretas para el Estado en todas sus dimensiones. Asimismo, la Constitución
Política, en sus artículos 13 y 43, reconoce el mandato de igualdad ante
la ley y prohíbe toda forma de discriminación por razones de sexo, también
dispone que la mujer y el hombre gozan de iguales derechos y libertades. Además
de las normas dedicadas a generar un marco de igualdad de oportunidades, el
Estado colombiano ha desarrollado leyes específicamente destinadas a la
prevención y sanción de la violencia contra la mujer; (i) la pionera es la Ley
1257 de 2008 por medio de la cual se dictan normas de sensibilización,
prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra la mujer;
(ii) la Ley 1542 de 2012 fortalece la protección especial, al quitarle el
carácter de querellables y desistibles a los delitos de violencia contra la
mujer; (iii) finalmente, este marco se complementa con la Ley 1719 de 2015, que
adopta medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de
violencia sexual”.
[113] Auto 009 de 2015
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva citando Resolución de la
Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo de Derechos
Humanos. Acelerar
los Esfuerzos para Eliminar Todas las Formas de Violencia contra la Mujer:
Garantizar la Debida Diligencia en la Prevención, A/HRC/14//L.9/Rev. 16
de Junio de 2010; Organización de las Naciones Unidas. Art. 1-16 de la Declaración sobre la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer; Organización de las
Naciones Unidas. Párr. 124 de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, 15 de
Septiembre de 1995; Organización de las Naciones Unidas. Art. 2 de la CEDAW. 18 de
Diciembre de 1979; y Organización de los Estados Americanos. Art. 7 Lit. b) de
la Convención de
Belem do Pará. 9 de Junio de 1994.
[114] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[115] En cuanto a esta obligación, los
artículos 7 y 8 de la Convención de Belem do Pará exigen:
(a) “modificar los patrones
socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de
programas de educación […] para contrarrestar los prejuicios y costumbres y
otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de inferioridad o
superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para
el hombre y la mujer, que legitiman o exacerban la violencia contra la mujer”;
(b) “fomentar y apoyar programas
de educación gubernamentales y del sector público destinados a concientizar al
público sobre los problemas relacionados con la violencia contra la mujer, los
recursos legales y la reparación que corresponda”; y
(c) “alentar a los medios de
comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a
erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y realzar el respeto
por la dignidad de la mujer”.
[116] Convención de Belem do Pará. Artículo
7.
[117] Ver, por
ejemplo, Comunicación No. 6/2005 (“Fatma Yildirim c. Austria”),
Comunicación No. 5/2005 (“Şahide Goekce c. Austria”), Comunicación
No. 18/2008 (Karen Tayag Vertido c. Filipinas), Comunicación No. 47/2012
(Ángela González Carreño c. España) y Comunicación 20/2008 (V.K.  c.
Bulgaria), entre otras.
[118] Comité de la CEDAW Comunicación No.
6/2005 (“Fatma Yildirim c. Austria”).
[119] En el caso de Comunicación No. 6/2005
(“Fatma Yildirim c. Austria”), sostuvo que el amplio sistema de Austria
para hacer frente a la violencia doméstica debe recibir el apoyo de los agentes
estatales que se adhieren a las obligaciones del Estado austriaco de proceder
con la debida diligencia. El Comité consideró entonces que el Fiscal no debió
negar los pedidos de la policía de arrestar a Irfan Yildirim y detenerlo; y que
la omisión en la detención representa “una violación de la obligación del
Estado Parte de proceder con la debida diligencia para proteger a Fatma
Yildirim”. En el caso de Şahide Goekce c. Austria señaló que:
(i) entre diciembre de 1999 hasta el 7 de diciembre de 2002, fecha del
homicidio de Şahide Goekce, la frecuencia de sus llamadas a la policía por
disturbios, disputas y golpes fue en aumento; (ii) la policía emitió órdenes de
prohibición y regreso en tres ocasiones distintas y en dos ocasiones pidió la
detención al fiscal de Mustafa Goekce; (iii) al momento del asesinato de
Şahide Goekce estaba vigente una medida cautelar que prohibía a Mustafa
Goekce regresar al apartamento familiar y sus inmediaciones y mantener contacto
con Şahide Goekce o los hijos; (iv) la policía no desmintió la afirmación
de que había sido informada por el hermano de Mustafa Goekce sobre la
adquisición de la pistola  pese a que Mustafa Goekce tenía una prohibición de
portar armas; y (v) no se controvirtió el hecho de que Şahide Goekce
solicitó ayuda mediante llamadas de emergencia y la policía no envió ninguna
patrulla en su auxilio.
[120] Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer. Ángela González Carreño c. España.
CEDAW/C/58/D/47/2012, párr. 9.4.
[121] Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. V.K.
c. Bulgaria. CEDAW/C/49/D/20/2008, párr. 9.9.
[122] Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. V.K.
c. Bulgaria. CEDAW/C/49/D/20/2008, párr. 9.11.
[123] Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer. V.K. c. Bulgaria. CEDAW/C/49/D/20/2008, párr. 9.12.
[124] Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”)
Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16
de noviembre de 2009. Serie C No.205, párr. 208 y 401. La constatación
sobre la existencia de una cultura de discriminación contra la mujer en Ciudad
Juárez también sirvió de fundamento para evaluar si México incumplió la
obligación de no discriminar contenida en el artículo 1.1 de la Convención
Americana. Al respecto la Corte afirmó que “al momento de investigar dicha
violencia, ha quedado establecido que algunas autoridades mencionaron que las
víctimas eran ‘voladas’ o que ‘se fueron con el novio’, lo cual, sumado a la
inacción estatal en el comienzo de la investigación, permite concluir que esta
indiferencia, por sus consecuencias respecto a la impunidad del caso, reproduce
la violencia que se pretende atacar, sin perjuicio de que constituye en sí
misma una discriminación en el acceso a la justicia”. Añadió que “es
posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en
estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes,
condiciones que se agravan cuando los estereotipos se reflejan, implícita o
explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y
el lenguaje de las autoridades de policía judicial, como ocurrió en el presente
caso. La creación y uso de estereotipos se convierte en una de las causas y
consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer”.
[125] Sentencia
T-027 de 2017 (M.P. Aquiles Arrieta Gómez); Sentencia T-012 de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva); Sentencia
T-241 de 2016 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub); Sentencia
T-967 de 2014 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado). La
Corte amparó los derechos fundamentales invocados por la accionante y dejó sin
efecto la sentencia proferida dentro del proceso de divorcio por ella
promovido, ordenando al Juzgado proferir nuevo fallo en el que se tengan en
cuenta todas las consideraciones referentes al principio de igualdad y no
discriminación por razón del sexo y la especial protección que merece la mujer
víctima de cualquier tipo de violencia; Sentencia T-878 de 2014 M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
[126] Sentencia T-772 de 2015 M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[127]  Sentencia T-145 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa.
[128]  Sentencia T-145 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa.
[129]  Sentencia T-145 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa.
[130]  Sentencia T-145 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa.
[131] M.P. María Victoria Calle Correa.
[132]
M.P. Alberto Rojas Ríos.
[133] M.P. Alberto Rojas Ríos.
[134] Al respecto refirió la jurisprudencia
al respecto acerca de la metodología que se debe adoptar: “La Corte
Interamericana de Derechos Humanos dispuso que la investigación, en los casos
de violencia contra la mujer, debe “emprenderse con seriedad y no como una
simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un
sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una
simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal
de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos
probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad”. En
términos generales, debe desarrollarse de manera:
“A. Oportuna, para evitar que el
tiempo atente contra la averiguación de la verdad y para adoptar medidas de
protección eficaces;
B. Exhaustiva, practicando las
pruebas necesarias y valorándolas integralmente  y analizando el contexto de
los hechos para determinar si se trata de un patrón generalizado de conducta ;
C. Imparcial, para lo cual
fiscales y jueces deben actuar objetivamente, es decir, libres de prejuicios o
tendencias  y evitando razonamientos teñidos de estereotipos;
D. Respetando en forma adecuada los
derechos de las afectadas, para prevenir una revictimización”.
[135] Sentencia T-590 de 2017 (M.P. Alberto
Rojas Ríos). Sobre este particular, se refieren las Sentencias T-473 de 2014,
T-967 de 2014, T-241 de 2016 y T -145 de 2017.
[136] María Isabel Garrido Gómez. La
justicia de género como fin del derecho. Pg. 117.
[137] Folios 1-10,
Cuaderno No. 1
[138] Folio 17,
Cuaderno No. 1.
[139] Folio 27, Cuaderno No. 1.
[140] Folio 35, Cuaderno de Revisión de la
Corte Constitucional.
[141] Folio 37, Cuaderno de Revisión de la
Corte Constitucional.
[142] Folio 37,
Cuaderno No. 1.
[143] Folios 21 y 22, Cuaderno No. 1.
[144] Folios 28 y 29 del Cuaderno No. 1.
[145] Folio 37, Cuaderno No. 1.
[146] Folios 18 a 20, Cuaderno No.1.
[147] Decreto Único Reglamentario del
Sector Educación.
[148]  “Artículo 2.4.5.1.5. Traslados
no sujetos al proceso ordinario. La autoridad nominadora efectuará el
traslado de docentes o directivos docentes mediante acto administrativo
debidamente motivado, en cualquier época del año lectivo, sin sujeción al
proceso ordinario de traslados de que trata este decreto, cuando se originen
en: // 1. Necesidades del servicio de carácter académico o administrativo, que
deban ser resueltas discrecionalmente para garantizar la continuidad de la
prestación del servicio educativo. // En tal caso, el nominador de la entidad
territorial debe adoptar la decisión correspondiente considerando, en su orden,
las solicitudes que habiendo aplicado al último proceso ordinario de traslado
no lo hayan alcanzado. // 2. Razones de salud del docente o directivo docente,
previo dictamen médico del comité de medicina laboral del prestador del servicio
de salud. // 3. Necesidad de resolver un conflicto que afecte seriamente la
convivencia dentro de un establecimiento educativo, por recomendación
sustentada del consejo directivo”.
[149] Artículo 53 del Decreto Ley 1278 de
2002.
[150] Folio 14, Cuaderno No. 3.
[151] Folios 67 a 70, Cuaderno No. 1.
[152]  Artículo 6º de la Ley 1257 de 2008. “6.
Coordinación. Todas las entidades que tengan dentro de sus funciones la
atención a las mujeres víctimas de violencia deberán ejercer acciones
coordinadas y articuladas con el fin de brindarles una atención integral.”;
Artículo 20 de la Ley 9ª de 1979, numeral 3. “Coordinar su acción con los
otros organismos públicos y privados”; Artículo 14 del Decreto 936 de 2013.
“El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como Ente Rector, Coordinador y
Articulador del Sistema Familiar de Bienestar Familiar. Corresponde al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como ente rector, coordinador y
articulador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar: (…)  Identificar
continuamente y establecer articulaciones con los agentes públicos, privados,
de la sociedad civil, de la cooperación internacional y otros, que ejecuten
líneas de acción relacionadas con la garantía de los derechos de niños, niñas y
adolescentes, la prevención de su vulneración, la protección y el
restablecimiento de los mismos, en los ámbitos nacional, departamental,
distrital y municipal (…)Diseñar estrategias de formación, capacitación,
divulgación e intercambio de experiencias, con los agentes del Sistema Nacional
de Bienestar Familiar, así como, liderar las estrategias de difusión,
motivación y sensibilización en materia de la articulación interinstitucional
para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes.”