T-155-19
Sentencia T-155/19
LIBERTAD DE EXPRESION
EN INTERNET Y REDES SOCIALES
DERECHO A LA
INTIMIDAD-Alcance y contenido
DERECHOS A LA
INTIMIDAD, BUEN NOMBRE Y HONRA FRENTE A LIBERTAD DE EXPRESION Y OPINION-Límites
LIBERTAD DE
EXPRESION-Elementos normativos contenidos en el
artículo 20 de la Constitución Política
(i) la libertad de expresión stricto sensu, la cual consiste en
la libertad de expresar y difundir el propio pensamiento, opiniones,
informaciones e ideas, sin limitación de fronteras y a través de cualquier
medio de expresión -sea oral, escrito, impreso, artístico, simbólico,
electrónico u otro de elección de quien se expresa-, y el derecho a no ser
molestado por ellas; (ii) la libertad de información, con sus componentes de
libertad de búsqueda y acceso a la información, libertad de informar y la
libertad y derecho de recibir información veraz e imparcial sobre sobre hechos,
ideas y opiniones de toda índole a través de cualquier medio de expresión;
(iii) la libertad de prensa, que comprende la libertad de fundar medios
masivos de comunicación y de administrarlos sin injerencias, y la libertad de
funcionamiento de los mismos, con la consiguiente responsabilidad social; (iv)
el derecho a la rectificación en condiciones de equidad; y (v) las
prohibiciones de censura, pornografía infantil, instigación pública y directa
al genocidio, propaganda de la guerra y apología del odio, la violencia y el
delito
DERECHOS A LA
LIBERTAD DE EXPRESION Y A LA INFORMACION-Diferencias
LIBERTAD DE EXPRESION-No
es un derecho absoluto
LIBERTAD DE
EXPRESION STRICTO SENSU-Tipos de discurso
protegidos
LIBERTAD DE
EXPRESION EN INTERNET Y REDES SOCIALES-Parámetros
internacionales de protección y su aplicación en la jurisprudencia
constitucional colombiana
JUEZ CONSTITUCIONAL-Deber de ponderación
de los derechos en tensión por publicaciones difundidas en internet
El juez debe ponderar los derechos en tensión cuando se origine un
conflicto por publicaciones difundidas a través de internet, para establecer si la libertad de expresión debe ceder en el caso
concreto, y adoptar siempre el remedio judicial que resulte menos lesivo para
ésta, logrando de igual manera cesar la vulneración de derechos advertida, y el
restablecimiento de los mismos, si ello fuera posible
LIBERTAD DE
EXPRESION-Parámetros constitucionales para
establecer el grado de protección/LIBERTAD DE EXPRESION-Dimensiones del
acto comunicativo
Parámetros constitucionales que recogen en gran medida lo
establecido por la jurisprudencia constitucional en esta materia y que sirven para
demarcar el contexto en el que se da el acto de comunicación y, de esta manera,
determinar el equilibrio entre los derechos y cuál es la manera adecuada de
garantizarlos, de tal forma que no se impongan condiciones irrazonables para el
ejercicio de la libertad de expresión. Los aspectos que deben ser tenidos en
cuenta parten de considerar, al menos, cinco dimensiones del acto comunicativo,
a saber: (i) quién comunica; (ii) de qué o de quién se comunica; (iii) a quién
se comunica; (iv) cómo se comunica; y (v) por qué medio se comunica
DERECHOS A LA INTIMIDAD, BUEN NOMBRE Y HONRA-No vulneración por cuanto publicación compartida en su cuenta
personal de Facebook representa opinión y no una información
Referencia: expediente T-6856856
Acción de tutela instaurada por Sigifredo Fonseca González contra
Jael Johana Castro León
Magistrada Ponente:
DIANA FAJARDO RIVERA
Bogotá, D.C., cuatro (4) de abril de dos mil diecinueve
(2019)
La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada
por los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo y
la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto Ley
2591 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
en el trámite de revisión de los fallos de tutela adoptados por los
correspondientes jueces de instancia, que resolvieron la acción de tutela
interpuesta por Sigifredo Fonseca González contra Jael
Johana Castro León.
I.
ANTECEDENTES
La acción de
tutela objeto de pronunciamiento fue fallada, en primera instancia, por el Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Bucaramanga; y, en segunda instancia, por el Juzgado
Séptimo Civil del Circuito de Bucaramanga, seleccionada
para revisión y repartida a esta Sala[1]. A continuación se exponen los hechos relevantes y las decisiones de
instancia.
1. Hechos y
solicitud
Sigifredo
Fonseca González interpuso acción de tutela en contra de Jael Johana Castro
León por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al buen nombre,
a la honra y a la intimidad, toda vez que la señora Castro compartió en su
cuenta de Facebook una publicación en la que se indicaba que el accionante pertenecía
a un cartel de la corrupción al interior del Hospital Universitario de
Santander.
1.1. El
accionante es servidor público y se desempeña como Subgerente de Servicios de
Apoyo Diagnóstico de la E.S.E. Hospital Universitario de Santander desde agosto
de 2010.
1.2. El 5 de
febrero de 2018 la señora Jael Johana Castro León compartió en su cuenta de
Facebook una publicación en la que aparece la foto y el nombre del accionante,
junto con el de otros directivos del Hospital Universitario de Santander, la
cual tiene el siguiente encabezado: “EL CARTEL DE LA CORRUPCIÓN EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE SANTANDER (HUS) // POR LA DIGNIDAD DE LA SALUD RENUNCIEN YA…”.
Así mismo, después de exponer las fotos y los nombres de los mencionados
funcionarios, la publicación señala: “VERGÜENZA NACIONAL // TU Y YO SOMOS
VICTIMAS DE LA CORRUPCIÓN PASALO A 10 CONTACTOS Y DEMOS A CONOCER A ESTOS
CORRUPTOS // BASTA YA DE PERSECUCIÓN ACOSO LABORAL DESPILFARRO DEL DINERO DE LA
SALUD”.
1.3. El 8 de
febrero de 2018 el señor Sigifredo Fonseca González interpuso acción de tutela
para que se protegieran sus derechos al buen nombre, a la honra y a la
intimidad. Señaló que “durante los 34 años de servicios como funcionario
público (…) nunca he sido declarado responsable de la comisión de conductas
penales, disciplinarias o fiscales contra el erario público”, razón por la
cual la publicación hecha por la señora Castro León afecta sus derechos
fundamentales, pues ha tenido que justificar su conducta ante diferentes
personas allegadas que lo interrogan por los motivos de las acusaciones. En
consecuencia solicitó se ordenara a la accionada eliminar la referida
publicación y, en su lugar, presentar en su perfil de Facebook las
correspondientes disculpas por la afectación causada a sus derechos[2].
2. Respuesta
de la accionada
2.1. Jael Johana
Castro León señaló que, si bien es cierto compartió en su cuenta de Facebook la
publicación referida, no fue quien la creó, y en todo caso, el 9 de febrero
había procedido a eliminarla del perfil de su cuenta de la mencionada red
social, pues había entendido que esta no era la mejor manera para luchar contra
la corrupción. Indicó que es trabajadora del Hospital Universitario de
Santander y lo que la motivó a compartir la publicación que denuncia un cartel
de la corrupción en esta entidad fue “el sentimiento de impotencia que tengo
al igual que el gran número de personas que nos hemos visto afectadas por las
malas decisiones tomadas por estos funcionarios de la institución de salud (…)
únicamente me encuentro indignada por todas los errores (SIC) que observo día a
día en nuestro Hospital y nada ocurre para remediarse; y al ver la imagen me
nació ese sentimiento de irritación como a todos los que prestamos nuestros
servicios en la entidad”. Finalmente, precisó que la publicación había
circulado en las redes sociales mucho antes de que ella la compartiera en su
cuenta de Facebook y ha sido replicada por muchas otras personas. Por lo tanto,
solicita se denieguen las pretensiones de la acción de tutela[3].
3. Decisiones
de instancia en el trámite de la acción de tutela
3.1. Decisión
de primera instancia
El 20 de febrero
de 2018, el Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Bucaramanga profirió
sentencia de primera instancia en la que amparó los derechos fundamentales de Sigifredo Fonseca González y ordenó a la accionada realizar una
nueva publicación en la misma red social, retractándose de las imputaciones
hechas al accionante, con la indicación completa de su nombre y empleo público,
manteniéndola publicada por un término mínimo de cinco días, siendo además
visible para los mismos usuarios de las red social para los que fue visible la
publicación inicial.
Adujo que la
señora Jael Johana Castro León le imputó al actor un conducta susceptible de
sanción penal carente de veracidad, “pues la publicación no se acompañó de
los respectivos fallos de responsabilidad penal, disciplinaria o fiscal ni se
hizo alusión a la fuente a través de la cual podrían ser consultados para
verificar la imputación que ella difundió a través de su red social Facebook.
En cambio, el accionante si acreditó con las certificaciones de los folios 6 a
8 la ausencia de antecedentes de tipo penal, disciplinario y fiscal en contra
de él. SI bien la accionada no fue la creadora de la imagen ni la primera en
publicarla, como sostuvo en la contestación, si se encargó de difundir su
publicación, lo que en criterio de este despacho si constituye una violación de
los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y a la intimidad”[4].
La accionada impugnó
la sentencia de tutela de primera instancia. A los argumentos expuestos en la
contestación de la tutela, agregó que el accionante no había demostrado con
ninguna prueba los supuestos perjuicios causados con la publicación por ella
compartida. Además, señaló que el señor Fonseca
González había pegado en varios lugares del Hospital Universitario de Santander
copias de la decisión de primera instancia, vulnerando su derecho a la honra,
pues solamente buscaba burlarse de ella ante sus compañeros de trabajo.[5]
3.2. Decisión
de segunda instancia
El 3 de abril de
2018 el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bucaramanga confirmó la sentencia
de primera instancia. El juez de segunda instancia hizo referencia a algunas
decisiones de la Corte Constitucional en las que se estudiaron casos en los que
se alegaba la vulneración al buen nombre por comentarios realizados en redes
sociales, y concluyó que en el presente caso la publicación realizada por la
accionada contenía información que vulneraba el buen nombre, la honra y la
dignidad de las personas señaladas, entre ellos el accionante.[6]
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
1.
Competencia
Esta Corte es
competente para revisar las decisiones judiciales descritas, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 33 a 36
del Decreto Ley 2591 de 1991, y en virtud del Auto del veinticinco (25) de
agosto de dos mil diecisiete (2017), proferido por la Sala de Selección Número
Ocho, que escogió el expediente para revisión.
2.
Cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela promovida
por Sigifredo Fonseca González
2.1. Antes de examinar el fondo del asunto objeto de
estudio, es preciso que esta Sala analice la procedencia de la acción de tutela
interpuesta por Sigifredo Fonseca González contra Jael Johana Castro León.
2.2. La
tutela puede ser interpuesta por Sigifredo
Fonseca González contra
Jael Johana Castro León
2.2.1. Sigifredo Fonseca González puede interponer
la acción de tutela objeto de análisis (legitimación por activa), por cuanto es
un ciudadano, actuando en nombre propio, que alega la vulneración de sus
derechos fundamentales[7].
Así mismo, la acción de tutela resulta procedente contra Jael Johana Castro León (legitimación por pasiva), dado que la accionante se encuentra en
una situación de indefensión respecto de la accionada,[8]
tal como se explicará a continuación.
2.2.2. En
relación con el estado de indefensión, este Tribunal ha precisado que esta
situación se configura cuando la persona afectada en sus derechos por la acción
u omisión del particular carece de medios físicos o jurídicos de defensa, o los
medios y elementos con que cuenta resultan insuficientes para resistir o
repeler la vulneración o amenaza de su derecho fundamental, razón por la cual
se encuentra inerme o desamparada.[9]
Así pues, ha indicado que “el estado de
indefensión es un concepto de naturaleza  fáctica que se configura cuando una
persona se encuentra en un estado de debilidad manifiesta frente a otra, de modo
que, por el conjunto de circunstancias que rodean el caso, no le es posible
defenderse ante la agresión de sus derechos”.[10]
De acuerdo con
lo anterior, en cada caso concreto el juez de tutela debe determinar, de
conformidad con los hechos y circunstancias particulares, si una persona se
encuentra frente a una situación de indefensión, con el fin de establecer la
procedencia de la acción de tutela contra un particular.[11] Ahora bien, de manera específica la jurisprudencia constitucional
ha señalado que en los casos en los que se divulga o publica información u
opiniones a través de medios de comunicación de alto
impacto social, que trascienden la esfera privada, como es el caso de internet
y las redes sociales, y sobre
las cuales el demandante o afectado no tiene control, se genera, en
principio, una situación de inferioridad que se enmarca en la hipótesis de un
estado de indefensión.[12]
No obstante, en todo caso debe valorarse la situación específica que se
presenta, esto es, el grado de sujeción del
accionante y la incidencia de dicha indefensión en los derechos fundamentales
que se alegan vulnerados.
2.2.3. En el
asunto que se estudia encuentra esta Sala que, si bien el accionante no se
encontraba en un grado de sujeción fuerte respecto de la accionada, carecía de
medios físicos o jurídicos idóneos para repeler el ataque a sus derechos al
buen nombre y a la intimidad. En efecto, la publicación contra la que se dirige
la tutela contiene el nombre y la foto del accionante, y en esta se lo señala
de pertenecer a un cartel de la corrupción, situación que tiene una incidencia
directa y acentuada sobre sus derechos fundamentales al buen nombre y a la
intimidad, pues lo relaciona con la comisión de posibles conductas punibles.
Además, aunque los contenidos publicados en Facebook pueden  reportarse ante esta
misma plataforma por infringir las normas comunitarias de dicha red social, no
es claro que la publicación compartida por la accionada transgrediera tales reglas,
pues no se trata de un mensaje que incite al odio o a la violencia o que se
enmarque en alguna de las categorías de contenidos que la propia red social
califica como inaceptables.[13] Por ende, en este caso se configura una situación fáctica de
indefensión debido a que el accionante no tenía como controlar la circulación
de la publicación en la que aparecía su foto y su nombre relacionado con una
red de corrupción en una entidad pública. Además, el
señor Fonseca González se
encuentra imposibilitado para contrarrestar de forma actual y oportuna la
posible vulneración de sus derechos, derivada de la referida publicación. Por
lo anterior, la tutela procede en este caso en contra de un particular, dado
que el demandante se encuentra en un estado de indefensión respecto de la
demandada.
2.3. La
tutela cumple el requisito de inmediatez
2.3.1. La jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción
de tutela debe ser interpuesta dentro de un plazo
razonable y oportuno desde el momento en que ocurrió la
acción u omisión que origina la violación o amenaza de los derechos
fundamentales que se alega, pues de otra
forma se desvirtuaría el propósito mismo de esta acción, esto es, el de
proporcionar una protección urgente o inmediata a los derechos fundamentales
cuando estén siendo vulnerados o amenazados.[14]
En el presente caso se advierte que la acción de
tutela fue interpuesta el 8 de febrero de 2018, esto es, tres días después de
que la accionada compartiera en su cuenta de Facebook la publicación que el
demandante considera violatoria de sus derechos fundamentales. Por lo tanto,
esta Sala considera que la presente acción de tutela se presentó en un término
razonable y oportuno.
2.4. La
tutela es procedente también por cuanto no hay un medio de defensa alternativo
idóneo y eficaz
2.4.1. En casos
similares la jurisprudencia constitucional ha señalado que, “en razón a la
afectación a los derechos a la honra y al buen nombre que se puede causar con
las publicaciones de información en medios masivos de comunicación, la acción
de tutela resulta o, al menos, puede resultar, en razón de su celeridad, en el
mecanismo idóneo para contener su posible afectación actual y, en principio,
irreparable”[15],
dado que en situaciones como la que se estudia, es imperiosa una intervención
judicial actual e inmediata que impida que la posible vulneración a los
derechos se siga prologando en el tiempo de manera indefinida como consecuencia
de la publicación realizada por la accionada en Facebook.
2.4.2. Así
entonces, la acción de tutela es medio judicial efectivo que provee el
ordenamiento jurídico colombiano para desatar controversias en las que
presuntamente existe una vulneración del derecho al buen nombre o a la honra.
Debe tenerse en cuenta que el accionante no busca establecer una
responsabilidad civil o penal, sino específicamente, el restablecimiento de sus
derechos a la honra y al buen nombre. En efecto, sólo la protección que brinda
la Constitución Política a los mencionados derechos es completa[16] puesto que no se
limita al establecimiento de responsabilidades, sino que permite además evitar
una vulneración de derechos o restaurarlos si es del caso. Por lo tanto el
requisito de subsidiariedad se encuentra satisfecho, y esta Sala continuará con
el estudio del caso.
3. Problema
jurídico
3.1. En el caso
bajo estudio el accionante señala que la señora Jael Johana Castro León realizó
afirmaciones en su cuenta de Facebook que afectan sus derechos fundamentales.
Por lo tanto, esta Sala deberá resolver el siguiente problema jurídico: ¿Se vulneran los derechos al buen nombre, a la honra y a la
intimidad de un servidor público cuando un particular comparte en sus redes
sociales una publicación en la que se hacen afirmaciones en su contra y se
insinúa la comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones junto a otros
funcionarios, teniendo en cuenta que los hechos que dan lugar a la publicación
han sido denunciados ante las autoridades competentes y son de conocimiento
público pero el accionante no ha sido condenado ni acusado de cometer tal
delito?
3.2. Para resolver este problema jurídico se
analizará en primer término la jurisprudencia constitucional sobre los derechos
a la intimidad, al buen nombre y a la honra. En segundo lugar, se estudiaran
algunos aspectos del derecho a la libertad de expresión
que resultan importantes para la resolución del presente caso. Enseguida se
indicaran algunos parámetros constitucionales para establecer el grado de
protección que debe recibir la libertad de expresión cuando entra en conflicto
con derechos de terceras personas, y finalmente, se aplicarán tales parámetros
al caso concreto.
4. Aspectos básicos de los derechos a la intimidad, al buen nombre
y a la honra
A continuación se resaltarán
algunos aspectos centrales de los derechos al buen nombre y a la honra,
identificados por la jurisprudencia constitucional, que se consideran
importantes para abordar el análisis del presente caso.
4.1. El artículo 15
constitucional establece que todas las personas tienen derecho a su intimidad
personal y familiar, y obliga al Estado a respetar este derecho y a hacerlo
respetar. Esta Corporación ha precisado que el derecho
a la intimidad protege múltiples aspectos de la vida de la persona, que
incluyen desde la proyección de la propia imagen, hasta la reserva de espacios
privados en los cuales el individuo realiza actividades que sólo le conciernen
a él. En efecto, desde sus primeros pronunciamientos la Corte ha sostenido:
“(…) constituyen aspectos de la órbita privada, los asuntos
circunscritos a las  relaciones familiares de la persona, sus costumbres y
prácticas sexuales, su salud, su domicilio, sus comunicaciones personales, los
espacios limitados y legales para la utilización de datos a nivel
informático, las creencias religiosas, los secretos profesionales y en general
todo "comportamiento del sujeto que no es conocido por los extraños y que
de ser conocido originaría críticas o desmejoraría la apreciación" que
éstos tienen de aquel”.[17]
4.2. Así entonces, a partir de
los diversos aspectos que abarca el derecho a la intimidad, la Corte ha
considerado que este derecho se presenta en distintos grados, a saber: (i) personal, (ii) familiar, (iii) social y
(iv) gremial[18]. Por tanto, puede afirmarse que el derecho
a la intimidad está instituido para garantizar a las
personas una esfera de privacidad en su vida personal, familiar, social y
gremial, lo que implica una abstención por parte del
Estado o de terceros de intervenir injustificada o arbitrariamente en dicho
ámbito.
4.3. Lo anterior comprende de
manera particular la protección de la persona
frente a la divulgación no autorizada de los asuntos relacionados a ese ámbito
de privacidad[19]. Este último aspecto ha sido considerado
por la Corte como parte del principio de libertad que fundamenta el derecho en
mención. En efecto, se ha señalado que el derecho a
la intimidad está sustentado en cinco principios que aseguran la inmunidad del individuo frente a la
innecesaria injerencia de los demás:
(i)
El principio de
libertad, de acuerdo con el cual el registro o divulgación de los datos
personales de una persona requiere de su consentimiento libre, previo, expreso
o tácito o que el ordenamiento jurídico imponga una obligación de relevar dicha
información con el fin de cumplir un objetivo constitucionalmente legítimo.
(ii)
El principio de
finalidad, el cual exige que la recopilación y divulgación de datos de una
persona atienda a una finalidad constitucionalmente legítima.
(iii)
El principio de
necesidad, de acuerdo con el cual la información personal que deba divulgarse
debe tener una relación de conexidad con la finalidad pretendida mediante su
revelación.
(iv)
El principio de
veracidad, el cual exige que los datos personales que puedan divulgarse
correspondan a situaciones reales.
(v)
El principio de
integridad, que exige que la información que se divulga se presente de manera completa[20].
4.4. La Corte
ha establecido entonces que el derecho a la intimidad constituye un área
restringida que “solamente puede ser penetrada por extraños con el
consentimiento de su titular o mediando orden dictada por autoridad competente,
en ejercicio de sus funciones y de conformidad con la Constitución y la ley”[21].
4.5.
Por su parte, el derecho al buen nombre también se encuentra consagrado en el
artículo 15 de la Constitución Política, y la jurisprudencia constitucional lo
ha definido como aquel asociado a la idea de
reputación, buena fama u  opinión que de una
persona tienen los miembros de la sociedad, por lo que ha sido vinculado a las actividades desplegadas de forma pública. Este resulta vulnerado, por
ejemplo, cuando particulares o autoridades públicas difunden información falsa
o inexacta, o que se tiene derecho a mantener en reserva, con la intención de
causar una afrenta contra el prestigio público de una persona. Al respecto, en
la Sentencia T-949 de 2011 la Corte señaló:
“el derecho al buen nombre tiene
carácter personalísimo, relacionado como está con la valía que los miembros de
una sociedad tengan sobre alguien, siendo la reputación o fama de la
persona el componente que activa la protección del derecho. Se relaciona con la
existencia de un mérito, una buena imagen, un reconocimiento social o una
conducta irreprochable, que aquilatan el buen nombre a proteger, derecho que es
vulnerado cuando se difunde información falsa o inexacta, o que se tiene
derecho a mantener en reserva, con la intención de causar desdoro contra el
prestigio público de una persona”.[22]
4.6. Así entonces, el derecho al buen nombre protege a las
personas frente a las expresiones o informaciones ofensivas o injuriosas,
falsas o tendenciosas, o que se tiene derecho a mantener en reserva, las cuales
distorsionan el concepto público que se tiene del individuo, pues se considera
que la reputación de una persona es uno de los elementos más valiosos de su
patrimonio moral y social. Por ende, en cada caso resulta necesario establecer si las
expresiones o informaciones cuestionadas corresponden al ejercicio legítimo del
derecho a la libertad de expresión, información u opinión.[23]
4.7. Finalmente, en lo que
tiene que ver con el derecho a la honra, debe señalarse que este se encuentra
establecido en el artículo 21 de la Constitución Política, y ha sido asociado
por la jurisprudencia constitucional a la valoración de
comportamientos en ámbitos privados. Esta Corte ha dicho que la honra hace
referencia a “la estimación o deferencia con la
que, en razón a su dignidad humana, cada persona debe ser tenida por los demás
miembros de la colectividad que le conocen y le tratan”[24], y protege el valor intrínseco de los
individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, garantizando la adecuada
consideración y valoración de las personas dentro de la colectividad, por lo
que se deriva de la propia dignidad de la persona. En
el mismo sentido, en la Sentencia T-322 de 1996[25] se indicó que el núcleo esencial del derecho a la honra lo integran
tanto la perspectiva interna, esto es, la
estimación que cada persona hace de sí misma, y la perspectiva externa, que
consiste en el reconocimiento que los demás hacen de la dignidad de cada
individuo. Además, precisó que para que pueda tenerse como afectado este
derecho, esos dos factores deben apreciarse de manera conjunta.[26]
5. El derecho a la libertad de expresión. Aspectos básicos
aplicables para la resolución del presente caso
5.1.
Apuntes sobre el contenido, características y finalidades del derecho a la
libertad de expresión
5.1.1. El
artículo 20 de la Constitución Política reconoce la
garantía de toda persona para expresar y difundir libremente su pensamiento y
opiniones, informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar
medios masivos de comunicación, los cuales son libres y tienen responsabilidad
social. Dicha norma proscribe la censura y garantiza además el derecho a la
rectificación en condiciones de equidad.[27] La jurisprudencia
constitucional ha desarrollado el contenido del citado artículo constitucional,
siguiendo los fines que éste persigue, y los tratados internacionales
ratificados por Colombia sobre la materia, concluyendo que éste se compone por: (i) la libertad
de expresión stricto sensu, la cual consiste en la libertad
de expresar y difundir el propio pensamiento, opiniones,
informaciones e ideas, sin limitación de fronteras y a través de cualquier
medio de expresión -sea oral, escrito, impreso, artístico, simbólico,
electrónico u otro de elección de quien se expresa-, y el derecho a no ser
molestado por ellas; (ii) la libertad de información, con sus componentes de
libertad de búsqueda y acceso a la información, libertad de informar y la
libertad y derecho de recibir información veraz e imparcial sobre sobre hechos,
ideas y opiniones de toda índole a través de cualquier medio de expresión;
(iii) la libertad de prensa, que comprende la libertad de fundar medios
masivos de comunicación y de administrarlos sin injerencias, y la libertad de
funcionamiento de los mismos, con la consiguiente responsabilidad social; (iv)
el derecho a la rectificación en condiciones de equidad; y (v) las
prohibiciones de censura, pornografía infantil, instigación pública y directa
al genocidio, propaganda de la guerra y apología del odio, la violencia y el
delito.[28]
5.1.2. La Corte Constitucional ha considerado que la
libertad de expresión es un pilar del Estado Social de Derecho y un principio
fundamental de los regímenes democráticos, donde se respeta la dignidad humana
y se valora la participación de la ciudadanía y de todos los sectores, lo que
permite consolidar sociedades pluralistas y deliberativas.[29] En razón
de lo anterior, ha señalado que la libertad de expresión es objeto de un grado
reforzado de protección, el cual se fundamenta en (i) consideraciones filosóficas
sobre la búsqueda de la verdad; (ii) razones derivadas del funcionamiento de
las democracias; (iii) motivos atinentes a la dignidad y autorrealización
individual; (iv) consideraciones sobre la preservación y aumento del patrimonio
cultural y científico de la sociedad; y (v) en motivos históricos y
consideraciones prácticas sobre la incapacidad estatal de intervenir
apropiadamente en esta esfera.[30]
Por ende, este Tribunal ha sintetizado que la libertad de expresión cumple las
siguientes funciones en una sociedad democrática: (i) permite buscar la verdad
y desarrollar el conocimiento; (ii) hace posible el principio de autogobierno;
(iii) promueve la autonomía personal; (iv) previene abusos de poder; y (v) es
una “válvula de escape” que estimula la confrontación pacífica de las
decisiones estatales o sociales que no se compartan.[31]
5.1.3. En el mismo sentido, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, con fundamento en el artículo 13 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos,[32]
ha hecho referencia a la estrecha relación existente entre democracia y
libertad de expresión, al establecer que la libertad de expresión es un
elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de una sociedad
democrática. Al respecto ha señalado que la libertad de
expresión “constituye uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática y
una condición fundamental para su progreso y para el desarrollo personal de
cada individuo. Dicha libertad no sólo debe garantizarse en lo que respecta a
la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o
consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las
que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la
población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu
de apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrática. Esto significa que toda formalidad, condición, restricción o sanción impuesta en la
materia, debe ser proporcionada al fin legítimo que se persigue”.[33]
5.1.4. En
cuanto a la libertad de expresión stricto senso, la
jurisprudencia constitucional ha distinguido ocho
rasgos del ámbito constitucionalmente protegido, en términos del alcance y el contenido de este derecho, a saber: (1) su titularidad es universal;  (2)
existen ciertos tipos específicos de expresión respecto de los cuales la
presunción de amparo de la libertad de expresión es derrotada; (3) hay tipos de
discurso que reciben una protección más reforzada que otros, lo cual tiene
efectos directos sobre la regulación estatal admisible y el estándar de control
constitucional al que se han de sujetar las limitaciones; (4) se protegen tanto
las expresiones del lenguaje convencional, como las manifestadas a través de
conductas simbólicas o expresivas; (5) la expresión puede efectuarse a través
de cualquier medio elegido por quien se expresa; (6) se protegen tanto las
expresiones socialmente aceptadas como las expresiones ofensivas, chocantes,
impactantes, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a
las creencias y posturas mayoritarias; (7) el ejercicio de la libertad de
expresión conlleva, en todo caso, deberes y responsabilidades para quien se
expresa; y (8) se imponen obligaciones constitucionales a todas las autoridades
del Estado, así como a los particulares.[34]
5.2. Algunas diferencias entre la libertad de expresión y
la libertad de información
5.2.1. La
jurisprudencia constitucional ha deslindado los derechos a la libertad de
expresión y a la libertad de información, lo que repercute en la imposición de
diferentes restricciones en su ejercicio. En efecto, si bien ambas libertades
aluden a la posibilidad de comunicar algo que se quiere expresar, la principal
diferencia entre ellas es que la libertad de expresión abarca todas las
declaraciones que pretendan difundir ideas, pensamientos, opiniones, entre
otros; mientras que la libertad de información se refiere únicamente a la
capacidad de “enterar o dar noticias sobre un determinado suceso”[35]. Esta caracterización dual es importante porque es lo que le ha
permitido a este alto Tribunal sostener que los principios de veracidad e imparcialidad
son propios de la libertad de información. Particularmente, la libertad de
expresión en sentido estricto goza de una gran amplitud en sus garantías y por
ende sus límites son mucho más reducidos. Al respecto ha señalado la Corte:
“Esta diferencia determina que
la libertad de opinión tenga por objeto proteger aquellas formas de
comunicación en las que predomina la expresión de la subjetividad del emisor:
de sus valoraciones, sentimientos y apreciaciones personales sobre determinados
hechos, situaciones o personas. Entretanto, la libertad de información protege
aquellas formas de comunicación en las que prevalece la finalidad de describir
o dar noticia de lo acontecido. Por tal razón, en este último caso se exige que
la información transmitida sea veraz e imparcial, esto es, que las versiones
sobre los hechos o acontecimientos sean verificables y en lo posible exploren
las diversas perspectivas o puntos de vista desde los cuales un mismo hecho
puede ser contemplado. Tal exigencia, está ligada a un aspecto fundamental, y
es que en el caso de la libertad de información no sólo está involucrado el
derecho de quien transmite, sino el de los receptores de la información, los
cuales, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 20 constitucional, tienen
derecho a que se proteja la veracidad e imparcialidad de la información que
reciben”.[36]
5.2.2. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional
también ha reconocido que en ocasiones es difícil realizar una distinción
tajante entre libertad de expresión y libertad de información, pues una opinión
lleva de forma explícita o implícita un contenido informativo, de la misma
manera en que una información supone algún contenido valorativo o de opinión.
Lo anterior implica que si bien en principio no pueda reclamarse absoluta o
total veracidad e imparcialidad sobre los juicios de valor, sí se deben hacer
tales exigencias respecto a los contenidos fácticos en los que se funda esa opinión.
Y de forma correlativa, es exigible también que los emisores de información
permitan que los receptores puedan distinguir entre el contenido meramente
informativo y la valoración u opinión sobre los mismos.[37]
5.3. El derecho a la libertad de expresión no es un
derecho absoluto
5.3.1. La protección especial que tiene la libertad de
expresión en nuestro ordenamiento jurídico implica que existe una presunción
constitucional en favor de esta, razón por la cual, cuando el ejercicio de la
libertad de expresión entre en conflicto con otros derechos, valores o
principios constitucionales, se debe otorgar, en principio, una primacía a la
libertad de expresión. Lo anterior no implica que la libertad de expresión sea
un derecho absoluto que no admita limitaciones, pues “dicha primacía cesará cuando se demuestre que el otro derecho, valor
o principio constitucional adquiere mayor peso en el caso concreto, a la luz de
las circunstancias generales en que el conflicto se ha suscitado, y con
cumplimiento de las condiciones constitucionales que admiten la limitación de
esta libertad”.[38] Por lo tanto, en
estos eventos lo que procede es realizar un ejercicio de ponderación entre los
derechos, valores o principios en conflicto, pero teniendo presente la
presunción de prevalencia ya mencionada.
5.3.2. La jurisprudencia constitucional ha considerado
que la libertad de expresión debe ejercerse responsablemente, pues no puede irrespetar los derechos de los demás. En sentencia T-110 de 2015 precisó la Corte: “En consecuencia, no
puede entenderse que quien hace uso de dicha libertad está autorizado para
atropellar los derechos de los otros miembros de la comunidad, sacrificando
principalmente, entre otros, los derechos al buen nombre y a la honra. En esa
misma dirección no se pueden realizar insinuaciones sobre una persona
ajenas a la realidad, con el único propósito de fomentar el escándalo público”[39]. Así entonces, ha afirmado
esta Corporación que la libertad de expresión debe prevalecer en caso de
conflicto con otros derechos a menos que se logre comprobar que en la información
divulgada exista una intención dañina o una negligencia al presentar hechos falsos,
parciales, incompletos o inexactos que violan o amenazan los derechos
fundamentales[40].
5.3.3. En el mismo sentido, en su Observación General N°
34, el Comité de Derechos Humanos indicó que el derecho a la libertad de
expresión entraña deberes y responsabilidades especiales, razón por la cual
puede restringirse para proteger el “respeto de los derechos o la reputación
de otras personas o a la protección de la seguridad nacional y el orden
público, o de la salud y la moral públicas. Sin embargo, cuando un Estado parte
impone restricciones al ejercicio de la libertad de expresión, estas no pueden
poner en peligro el derecho propiamente dicho.” [41] Por su
parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado expresamente que
“el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto, este puede
ser objeto de restricciones, tal como lo señala el artículo 13 de la Convención
en sus incisos 4 y 5.”[42]
No obstante, ha precisado que el derecho a la libertad de expresión deja un
margen muy reducido a cualquier restricción del debate político o del debate
sobre cuestiones de interés público.[43]
En relación con esto, especificó que las restricciones deben cumplir de forma
concurrente con los siguientes requisitos: (i) estar previamente fijadas por
ley -en sentido formal y material-, para que no queden al arbitrio del poder
público; (ii) responder a un objetivo permitido por la Convención Americana
(“el respeto a los derechos o a la reputación de los demás” o “la protección de
la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”); y
(iii) ser necesaria[44]
en una sociedad democrática (para lo cual deben cumplir con los requisitos de
idoneidad, necesidad y proporcionalidad).[45]
5.3.4. A su vez, la Corte Constitucional ha señalado
que toda limitación a la libertad de expresión se presume sospechosa, por lo
que debe estar sometida a un juicio estricto de constitucionalidad, el cual
impone verificar que la restricción que pretende imponerse: “(i) esté prevista
en la ley; (ii) persiga
el logro de ciertas finalidades imperiosas, que han de estar relacionadas con
el respeto a los derechos de los demás o la protección de la seguridad
nacional, el orden público, la salud o la moral pública; (iii) sea
necesaria para el logro de dichas finalidades; y (iv) no imponga una restricción desproporcionada en el
ejercicio de la libertad de expresión. Adicionalmente, es preciso verificar que (v) la medida
restrictiva sea posterior y no previa a la expresión objeto del límite, como
también, el que (vi) no
constituya censura en ninguna de sus formas, lo que incluye el requisito de
guardar neutralidad frente al contenido de la expresión que se limita”.[46]
5.4. Discursos sobre asuntos de interés público y
sobre funcionarios o personajes públicos como discursos
especialmente protegidos en el ámbito de la libertad de expresión
5.4.1. En principio todo tipo de discursos o
expresiones están protegidas por la libertad de expresión con independencia de
su contenido y de la mayor o menor aceptación social y estatal con la que
cuenten. No obstante, hay cierto tipo de discursos que reciben una protección
más reforzada que otros, como lo son el discurso político,
el debate sobre asuntos de interés público y la opinión sobre funcionarios y
personajes públicos. Los discursos políticos o sobre
temas de interés público hacen referencia no sólo a aquellos de contenido
electoral sino a todas las expresiones relevantes para
el desarrollo de la opinión pública sobre los asuntos que contribuyan a la vida
de la Nación, incluyendo las críticas hacia el Estado y los funcionarios
públicos. Para la Corte este discurso es fundamental en una sociedad
democrática, pues permite ejercer un control sobre las actuaciones del Estado,
por lo que ha sostenido:
“La libertad de expresión permite que las personas
protesten de forma pacífica frente a las actuaciones arbitrarias,
inconvenientes o abusivas del Estado. Tal actitud contribuye a disuadir a los
gobernantes de conductas contrarias al bien común. Una sociedad democrática,
respetuosa del principio de la libertad de expresión, permite a los ciudadanos
que se expresan poner sobre aviso al resto de la comunidad acerca de aquellas
actuaciones estatales que sean reprochables e inaceptables. Además, la
probabilidad de que un abuso sea conocido, divulgado y criticado desestimula a
quienes ejercen algún poder de incurrir en excesos o atropellos”.[47]
5.4.2. En consecuencia, toda restricción a los
discursos que versen sobre asuntos de interés público o involucren críticas al
Estado o sus funcionarios es vista con sospecha, debido a que: “(i) a través
de ellos no sólo se manifiesta el estrecho vínculo entre democracia y libertad
de expresión, sino que se realizan todas las demás finalidades por las cuáles
se confiere a ésta una posición preferente en los estados constitucionales;
(ii) este tipo de discursos suelen ser los más amenazados, incluso en las
democracias más vigorosas, por cuanto quienes detentan mayor poder social,
político o económico pueden llegar a ser afectados por tales formas de
expresión y, en consecuencia, verse tentados a movilizar su poder para censurar
dichas manifestaciones y reprimir a sus autores”.[48]
5.4.3. En el mismo sentido la Corte Interamericana de Derechos
Humanos también ha resaltado la importancia que tiene el discurso sobre asuntos
de interés público. Para este tribunal, “el control democrático, por parte
de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las
actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre
su gestión pública, razón por la cual debe existir un margen reducido a
cualquier restricción del debate político o del debate sobre cuestiones de
interés público”.[49]
Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, en publicación denominada “Marco jurídico interamericano del derecho a
la libertad de expresión”, afirmó:
“la
jurisprudencia interamericana ha definido la libertad de expresión como, “el
derecho del individuo y de toda la comunidad a participar en debates activos,
firmes y desafiantes respecto de todos los aspectos vinculados al
funcionamiento normal y armónico de la sociedad”[50];
ha enfatizado que la libertad de expresión es una de las formas más eficaces de
denuncia de la corrupción; y ha señalado que en el debate sobre asuntos de
interés público, se protege tanto la emisión de expresiones inofensivas y bien
recibidas por la opinión pública, como aquellas que chocan, irritan o inquietan
a los funcionarios públicos, a los candidatos a ejercer cargos públicos, o a un
sector cualquiera de la población.”[51]
5.4.4. De otra parte, sobre los asuntos que pueden
considerarse de interés público, la Corte Constitucional ha precisado que no
resulta suficiente la simple curiosidad generalizada para calificar un asunto
como uno de valor público sino que “[e]s preciso examinar que el contenido
de una información obedezca a un verdadero y legítimo interés general de
conformidad con la trascendencia y el impacto social. Así, la libertad de
información toma ventaja cuando de la magnitud misma de los hechos surge la
necesidad de conocimiento público y se despierta el interés general”.[52]
En consecuencia, se exige un interés público, real, serio y además, actual,
donde nunca es de recibo una finalidad meramente difamatoria o tendenciosa.
5.4.5. Como consecuencia de lo anterior, la Corte ha
resaltado la importancia de proteger las expresiones o discursos sobre
funcionarios o personajes públicos “a quienes por
razón de sus cargos, actividades y desempeño en la sociedad se convierten en
centros de atención con notoriedad pública e
inevitablemente tienen la obligación de aceptar el riesgo de ser afectados por
críticas, opiniones o revelaciones adversas, por cuanto buena parte del interés
general ha dirigido la mirada a su conducta ética y moral. Además, su mayor
exposición ante el foro público fomenta la transparencia de las actividades
estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios
sobre su gestión”.[53] La Corte ha
justificado esta amplitud en la protección que se debe garantizar a los
discursos dirigidos en contra de estas personas, además del interés público que
generan las funciones que realizan, en el hecho de que se han expuesto
voluntariamente a una mayor visibilidad al ocupar un determinado cargo y porque
tienen una enorme capacidad de controvertir la información a través de su poder
de convocatoria pública.[54]
5.4.6. No obstante, se ha precisado que no toda
información u opinión relacionada con un funcionario público tiene relevancia o
interés público, sino sólo aquellas referidas “(i) a las funciones que esa
persona ejecuta; (ii) al incumplimiento de un deber legal como ciudadano; (iii)
a aspectos de la vida privada relevantes para evaluar la confianza depositada
en las personas a las que se confía el manejo de lo público; (iv) a la
competencia y capacidades requeridas para ejercer sus funciones”.[55] Así entonces, por
ejemplo, cuestiones relativas a la vida privada de una persona que nada tienen
que ver con las funciones públicas que desempeñe o que no tengan relevancia
para evaluar la confianza depositada a dicha persona, no estarían amparadas, en
principio, por la protección constitucional reforzada que se le otorga a los
discursos sobre funcionarios públicos.[56]
5.4.7. Por su parte, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos también ha coincidido en la necesidad de brindar una mayor
laxitud al discurso referente a personas que ejercen funciones públicas. Para dicha Corte, la especial
protección de este tipo de discursos es fundamental para el funcionamiento de
un sistema democrático:
“En este contexto es lógico y apropiado que
las expresiones concernientes a funcionarios públicos o a otras personas que
ejercen funciones de una naturaleza pública deben gozar, en los términos del
artículo 13.2 de la Convención, de un margen de apertura a un debate amplio
respecto de asuntos de interés público, el cual es esencial para el
funcionamiento de un sistema verdaderamente democrático. Esto no
significa, de modo alguno, que el honor de los funcionarios públicos o de las
personas públicas no deba ser jurídicamente protegido, sino que éste debe serlo
de manera acorde con los principios del pluralismo democrático.
Es así que el acento de este umbral diferente de
protección no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el carácter de
interés público que conllevan las actividades o actuaciones de una persona
determinada. Aquellas personas que influyen en cuestiones de interés público se
han expuesto voluntariamente a un escrutinio público más exigente y,
consecuentemente, se ven expuestos a un mayor riesgo de sufrir críticas, ya que
sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la
esfera del debate público.”[57]
5.4.8. De otro lado, la Corte ha señalado que tanto los
medios de comunicación como los ciudadanos, “tienen derecho a denunciar
públicamente los hechos y actuaciones irregulares de los que tengan
conocimiento en virtud de su función, por lo que no están obligados a esperar a
que se produzca un fallo para comunicar al respecto”.[58] En Sentencia
T-213 de 2004, en la que se estudió un caso en el que a través de un libro se
cuestionaba la conducta y el desempeño de una Fiscal, esta Corporación admitió
que la sociedad tiene el derecho de reprochar una conducta de un funcionario
público que se considere irregular, amañada o maliciosa, pese a que la
situación haya sido ya dirimida en sentido contrario ante los órganos
jurisdiccionales del Estado, por cuanto no puede existir un monopolio sobre la
verdad en cabeza del sistema jurídico. Dijo la Corte:
“Ya se indicó antes que
en una sociedad multicultural y pluralista no existe un monopolio sobre la
verdad (Fundamento 18). En la democracia constitucional el respeto por el
pluralismo valorativo de la sociedad, no puede conducir a que se entienda que
la definición de la corrección de la conducta de los funcionarios públicos se
limite a su conformidad con la ley. La sociedad tiene derecho a (y requiere)
controlar la actuación de tales funcionarios y de valorar si, a pesar de que no
ha incurrido en conductas irregulares en términos jurídicos, su comportamiento
resulta inaceptable en otros términos sociales.
(…)
De una parte, que en una
democracia constitucional no es posible centralizar en el sistema jurídico la
calificación de la conducta de las personas. La separación entre derecho y
moral, así como del derecho del sistema de valores religiosos, (separación
indispensable para lograr una sociedad plural), obliga a aceptar que a partir
de cada sistema social es posible realizar juicios de valor respecto de la
conducta de las personas y, en particular, de los funcionarios estatales.
(…)
Por otra parte, pretender
un monopolio absoluto sobre el reproche en cabeza del sistema jurídico,
conduciría a paralizar el proceso de transformación del sistema de valores de
la sociedad, en la medida en que sólo resultarían legítimos los reproches
jurídicamente sancionados”.[59]
5.4.9. No obstante todo lo anterior, la Corte ha
establecido que, si bien el discurso sobre asuntos de interés público o que
involucra cuestionamientos a funcionarios públicos se encuentra especialmente
protegido por la libertad de expresión, toda información que se profiera debe
partir de un mínimo de plausibilidad, entendida como condiciones de veracidad y
credibilidad y no sobre información falsa o meramente hiriente. En la citada
sentencia T-213 de 2004 se indicó:
“Críticas de este tipo han de soportarse en
una democracia constitucional. Por ello se avanzó sobre la imposibilidad de que
se prohíba o restrinja el ejercicio de la libertad de opinión respecto de la
administración de justicia misma. La cuestión es cuál debe ser el límite de la
libertad de expresión. Para la Corte, dicho límite se define con base en la
plausibilidad (la Corte advierte que no se trata de corrección) de tales
opiniones a partir del contexto descrito. Según se ha precisado en la sentencia
C-489 de 2002, la afectación del buen nombre parte de informaciones falsas o
erróneas, que distorsionan el concepto público sobre un individuo. También se
indicó que bajo el amparo del derecho al buen nombre, las opiniones meramente
insultantes, están proscritas (fundamento 15)”.[60]
5.4.10. Así entonces, aunque no se puede exigir que una
información dada a conocer por un ciudadano tenga un grado de certeza
equiparable a la convicción judicial, pues no se requiere que una persona tenga
una certidumbre absoluta sobre las afirmaciones que realice, “quien haga uso de medios masivos de comunicación (las redes sociales
están incluidas) debe realizar previamente una diligente labor de constatación y
confirmación de la información”[61] esto es, debe
verificar razonablemente si la información que difundió contaba con un mínimo
de fundamentación fáctica.[62]
5.5 La
libertad de expresión en internet
5.5.1. Los
nuevos escenarios digitales han facilitado y democratizado el ejercicio de la
libertad de expresión, pues a través de estos la comunicación de opiniones e
informaciones se transmite de manera ágil e inmediata por cualquier persona a
un público muy amplio. Esto ha implicado que el discurso y el debate público
han dejado de estar en manos exclusivas de personajes públicos o de los medios
tradicionales de comunicación, pues la ciudadanía ha utilizado esta poderosa
herramienta para expresarse, denunciar, organizarse y movilizarse. En términos
de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, “[e]n la
actualidad, el derecho a la libertad de expresión encuentra en Internet un
instrumento único para desplegar, incrementalmente, su enorme potencial en
amplios sectores de la población”[63]. En particular, las redes sociales han
servido para estos propósitos:
“En este contexto, las redes sociales se
muestran como una posibilidad para ejercer de manera exponencial el derecho a
la libre expresión, con un alcance masivo que no ofrecía, y aún no ofrece, el
acceso restringido de los medios de comunicación tradicional. Lo anterior, en
tanto a través de las nuevas tecnologías cualquier persona es una potencial
comunicadora de información de cualquier tipo (noticiosa, personal,
profesional, etcétera) o de opiniones con un alcance determinado por el uso que
otras personas hagan de las mismas redes. Situación que marca una importante
diferencia con los medios tradicionales en los que sólo ciertas personas, de
ordinario periodistas, ejercían la autoría del material publicado y ello
solamente a través de canales especializados”.[64]
En este escenario se hace necesario revisar cuáles son
las nuevas dinámicas en términos de interacción social digital, y analizar sus
implicaciones para el ejercicio de la libertad de expresión.
5.5.2. En el
informe “Libertad de expresión e internet”, la Relatora Especial para la
Libertad de Expresión de la OEA explicó y aplicó al entorno digital el
contenido de los principios consagrados en la Declaración de Principios sobre
Libertad de Expresión, adoptados por la OEA,[65] a
saber: (i) acceso, que consagra la igualdad de oportunidades para todas
las personas, de recibir, buscar y difundir información por cualquier medio de
comunicación; (ii) pluralismo, que se refiere a la maximización del
número de personas y la diversidad de voces que participan en la deliberación
pública, para lo cual los Estados deben “preservar las condiciones inmejorables que posee
Internet para promover y mantener el pluralismo informativo”; (iii) no discriminación, que
implica la adopción de medidas positivas para prevenir y corregir situaciones
discriminatorias que impidan a ciertos grupos poblacionales ejercer libremente
sus expresiones; y (iv) privacidad, que se refiere al deber del Estado
de respetar y proteger la información personal de todas las personas, y
garantizar que terceros se abstengan de realizar conductas abusivas o
intromisorias sobre la misma.
5.5.3. Por otra
parte, la Declaración conjunta sobre libertad de expresión en internet,[66] adoptó una serie de principios sobre la materia dentro de los que
se estableció que las mismas prerrogativas y límites que tiene la libertad de
expresión en medios tradicionales de comunicación, como periódicos, programas
radiales, o de televisión, entre otros, aplican también para su ejercicio en
internet: “la libertad de expresión se aplica a
Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación. Las restricciones a la libertad de expresión en Internet solo
resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales que
disponen, entre otras cosas, que deberán estar previstas por la ley y perseguir
una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional y ser necesarias
para alcanzar dicha finalidad (la prueba "tripartita")”.[67]
Así mismo,
esta Declaración señaló que “al evaluar la
proporcionalidad de una restricción a la libertad de expresión en Internet, se
debe ponderar el impacto que dicha restricción podría tener en la capacidad de
Internet para garantizar y promover la libertad de expresión respecto de los
beneficios que la restricción reportaría para la protección de otros
intereses”. En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha
establecido que el amparo a la libertad de expresión y sus respectivos límites
se aplican a internet y a las redes sociales de la misma manera que a los demás
medios de comunicación,[68]
por lo que las restricciones deben analizarse a la luz de los mismos
estándares.
5.5.4. Sin perjuicio de lo anterior, esta Corporación ha
indicado que, en razón a la masificación que pueden tener las opiniones y las
informaciones a través de internet, aunado
a la posibilidad de almacenar la información, así como de disponer y consultar
la misma de manera ágil y permanente, es preciso prestar una especial atención a las expresiones que allí
se profieran, de tal manera que no se desconozcan los derechos de terceras
personas. En concreto, sobre las redes sociales dijo la Corte:
“el libre acceso y la decisión autónoma
sobre el contenido de las publicaciones, la difusión inmediata en un número de
destinatarios exponencialmente alto, la indisponibilidad de la información una
vez incorporada en la red social y la espontaneidad con la que la misma se
expande, exige una especial atención en relación con la veracidad e
imparcialidad de la información u opinión que se publica, por la posibilidad de
afectación de los derechos de terceras personas. De manera que, si bien la
percepción sobre las redes sociales puede ser desprevenida y, en este sentido,
entendida por la mayoría de los usuarios simplemente como una actividad de
comunicación entre conocidos o de ocio, el hecho que tenga una alta potencialidad
de afectar derechos exige de los usuarios una conciencia, cuidado y observancia
de los presupuestos constitucionales a la hora de publicar contenido que va más
allá de lo personal o de una mera opinión”.[69]
5.5.5. En todo
caso, el juez debe ponderar los derechos en tensión cuando se origine un
conflicto por publicaciones difundidas a través de internet, para establecer si la libertad de expresión debe ceder en el caso
concreto, y adoptar siempre el remedio judicial que resulte menos lesivo para
ésta, logrando de igual manera cesar la vulneración de derechos advertida, y el
restablecimiento de los mismos, si ello fuera posible.
5.5.6. En suma,
dados los peligros potenciales que se generan con el uso de internet, es claro “que la protección de los derechos
fundamentales se hace necesaria en escenarios virtuales por la multiplicidad y
las características de las plataformas que se encuentran alojadas en internet.
La jurisprudencia constitucional, no ha sido ajena al debate y reconoce que las
garantías de carácter fundamental son objeto de protección, aún en los casos en
que la afectación o puesta en peligro de los bienes jurídicamente tutelados se
lleve a cabo en la red”.[70]
5.5.7 En casos
similares al que ahora se estudia, es decir, tratándose de controversias
relativas a la tensión entre la libertad de expresión y los derechos a la honra
y buen nombre en redes sociales digitales, la Corte Constitucional ha estudiado
cada patrón fáctico para determinar cuál de esas dos prerrogativas
constitucionales debe prevalecer sobre la otra, partiendo de la protección
reforzada que tiene la libertad de expresión, y de las características
diferenciadas que adquiere una publicación hecha en una red social digital,
especialmente si se trata o no de un discurso especialmente protegido, como
aquellos sobre asuntos de interés público o que denuncian o cuestionan a
funcionarios públicos, o si por el contrario se trata de expresiones sobre
aspectos que carecen de relevancia pública o se comunican opiniones sobre
particulares.
5.5.8. Por
ejemplo, en las sentencias T-145 de 2016 y T-243 de 2018, la Corte estudió dos
casos en los que a través de redes sociales se hacían señalamientos e
imputaciones delictivas a particulares, sin que existiera una condena penal en
su contra. En estas oportunidades se protegieron los derechos al buen nombre y
a la honra de las personas afectadas con los comentarios. Para la Corte las
afirmaciones realizadas afectaban gravemente los derechos de las peticionarias,
puesto que se trataba de expresiones ofensivas e injuriosas, así como
informaciones falsas o erróneas, pues se les endilgaba la comisión de
determinados delitos sin que existiera una sentencia judicial que así lo
soportara, por lo que se ordenó el retiro de las publicaciones y la rectificación
de la información.[71]
5.5.9. Por otra
parte, la Corte ha abordado el análisis de casos que, como el que se estudia en
esta oportunidad, se refieren a situaciones en las que a través de redes
sociales se realizan acusaciones y señalamientos en contra de funcionarios
públicos. Al respecto resulta relevante citar la Sentencia T-277 de 2018, en la
que se estudió la tutela interpuesta por el exalcalde de
Girardot, quien solicitaba la protección de sus derechos fundamentales al buen
nombre y a la honra, vulnerados supuestamente por un particular que en su
cuenta de Facebook había realizado varias publicaciones en las que lo señalaba
de cometer actos de corrupción durante su gestión como Alcalde. La Corte negó
la acción de tutela y protegió el derecho a la libertad de expresión del
demandado, pues tuvo en cuenta que las opiniones emitidas por este se
enmarcaban dentro de un discurso especialmente protegido, esto es, el dirigido
a cuestionar un funcionario público por ejercicio de sus funciones, además de
que las expresiones no contenían un lenguaje agraviante o una ofensa insidiosa
y estaban soportadas en noticias y   documentos judiciales expedidos con motivo
de las acusaciones e investigaciones seguidas contra el exalcalde. Sostuvo la
Corte:
“En ese orden de ideas, resalta la Sala de Revisión que las
numerosas expresiones y publicaciones de Sergio Hernando Santos Mosquera por
una parte, están dirigidas a cuestionar estrictamente el desempeño como Alcalde
de Girardot durante los años 2008 a 2011 de Rodolfo Serrano, y de otra parte, a
responder las acusaciones y publicaciones que ha realizado el actor en contra
del accionado. Bajo este entendido, para la Corte estas expresiones,
particularmente las primeras, encuentran respaldo en el control democrático de
la gestión pública y el accionante cuenta con los mecanismos legales para
controvertir la información desplegada en contra de su gestión.
No obstante, no debe obviarse
que quien haga uso de medios masivos de comunicación (las redes sociales están
incluidas) debe realizar previamente una diligente labor de constatación y
confirmación de la información. En efecto, se observa
que las publicaciones hechas se soportan en noticias publicadas en diarios de
circulación local o en documentos judiciales, expedidos en virtud de las
múltiples acusaciones e investigaciones seguidas contra el señor Serrano o
contra el mismo accionado, y si bien se hacen en una red social, las mismas se
encuentran en una página privada, sin fines periodísticos ni de difusión a
través de un medio de comunicación o de representación de alguna corporación.
En ese
contexto, aunque algunas opiniones del accionado resultan chocantes e
irritantes para el accionante o sus familiares, su libre ejercicio de la
libertad de opinión deriva en un imperativo constitucional y un beneficio
democrático para el Estado, en su conjunto. Además, en las expresiones u
opiniones revisadas no encuentra esta Corte un lenguaje agraviante o una ofensa
insidiosa ni mucho menos se observa que la información publicada sea falsa o
hiriente, que ocasione una lesión de los derechos invocados por el accionante
ni distorsione el concepto que la comunidad pueda tener sobre su gestión o con
ellas se impida una debida defensa en las instancias correspondientes, que
conlleve a que este derecho deba ser limitado.
Al momento de posesionarse
como funcionario público, el accionante debía estar preparado para la
exposición de sus actuaciones ante los medios o la comunidad en general y las
críticas o quejas ante las instancias de control, las cuales además de
legítimas resultan válidas frente a temas de interés público”.[72]
Por tanto, en el
mencionado caso la Corte privilegió el derecho a la libertad de expresión como
mecanismo para fomentar el adecuado funcionamiento de
las instituciones en un sistema democrático y el adecuado desempeño de sus
funcionarios, sobre los derechos al buen nombre y a la honra de un servidor
público.[73]
5.5.10. No
obstante todo lo anterior, esta Corte advierte que los parámetros que en
materia de libertad de expresión en internet se han fijado hasta el momento no
son definitivos y estáticos, ya que están en constante construcción. Esto
debido a que se trata de nuevos escenarios a través de los cuales se ejerce la
libertad de expresión, cuyas dimensiones e impacto hasta ahora se empiezan a
conocer, además de que nos encontramos frente a tecnologías emergentes en
continua evolución, por lo que las reglas que hoy se fijen pueden resultar
obsoletas en un futuro.[74]
5.5.11. Una vez
analizados estos aspectos centrales del derecho a la libertad de expresión, por
un lado, y los derechos a la intimidad, al buen nombre y a la honra, por el
otro, es preciso fijar algunas pautas que permitan, en cada caso, determinar el
alcance de la protección a la libertad de expresión cuando su ejercicio choca
con derechos de terceras personas.
6. Parámetros
constitucionales para establecer el grado de protección que debe recibir la
libertad de expresión cuando entra en conflicto con derechos de terceras
personas
Como se ha
señalado a lo largo de esta Sentencia, en ocasiones el derecho a libertad de
expresión entra en conflicto con otros derechos, especialmente con los derechos
al buen nombre, a la honra y a la intimidad. En estas situaciones se debe hacer
uso de la ponderación para solucionar el conflicto de derechos, teniendo
presente en todo caso la presunción de primacía de la
libertad de expresión. Por tanto, el operador jurídico
debe valorar las particularidades de cada caso para establecer si, dadas las
circunstancias, debe protegerse la libertad de expresión o esta debe ceder ante
los derechos al buen nombre, a la honra o a la intimidad de terceras personas,
y de qué manera se debe reparar la vulneración de tales derechos.
Así entonces, a
continuación se exponen algunos parámetros constitucionales que recogen en gran
medida lo establecido por la jurisprudencia constitucional en esta materia y
que sirven para demarcar el contexto en el que se da el acto de comunicación y,
de esta manera, determinar el equilibrio entre los
derechos y cuál es la manera adecuada de garantizarlos,
de tal forma que no se impongan condiciones irrazonables para el ejercicio de
la libertad de expresión. Los aspectos que deben ser tenidos en cuenta parten
de considerar, al menos, cinco dimensiones del acto comunicativo, a saber: (i)
quién comunica; (ii) de qué o de quién se comunica; (iii) a quién se comunica;
(iv) cómo se comunica; y (v) por qué medio se comunica.
6.1. Quién
comunica: debe tenerse en cuenta quién es la
persona que emite la opinión y si esta es la autora del mensaje que se
comunica. Deben valorarse sus cualidades y el rol que ejerce en la sociedad. En
concreto, debe apreciarse, entre otras situaciones, si quien se expresa es un
particular, un funcionario público, una persona jurídica, un periodista, o
pertenece a un grupo históricamente discriminado, marginado o que se encuentra
en una especial situación de vulnerabilidad.
6.1.1.
Particular o funcionario público: la jurisprudencia
constitucional e interamericana han coincidido en señalar que el derecho a la libertad de expresión, cuando es
ejercido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, tiene
limitaciones mayores a las que ostenta cuando lo ejerce un ciudadano del común.
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado:
“no
sólo es legítimo sino que en ciertas ocasiones es un deber de las autoridades
estatales pronunciarse sobre cuestiones de interés público. Sin embargo, al
hacerlo están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto a constatar en
forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que
fundamentan sus opiniones10,
y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la empleada por los
particulares, en atención al alto grado de credibilidad de la que gozan y en
aras a evitar que los ciudadanos reciban una versión manipulada de los hechos11. Además, deben tener en cuenta que en tanto
funcionarios públicos tienen una posición de garante de los derechos
fundamentales de las personas y, por tanto, sus declaraciones no pueden llegar
a desconocer dichos derechos”.[75]
Por su parte, en la Sentencia
T-949 de 2011, la Corte Constitucional resaltó que el derecho a la libertad de
expresión de los funcionarios públicos se restringe debido al mayor compromiso
social que tienen respecto de un particular:
“[s]i bien es cierto que los servidores públicos mantienen su
libertad de información y de opinión, en su calidad de ciudadanos, también lo
es que se les restringe, por su mayor compromiso social y debido a que el
servicio público es una actividad altamente reglada, que impone mayor prudencia
y respeto, por ejemplo, al expedir opiniones y dar información. En esa medida,
claro está que deviene diferente el ámbito de la libertad de expresión de los
servidores públicos, cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales y
legales debe activar su derecho/deber de difundir o expresar información
oficialmente relevante”.[76]
No obstante, debe considerarse que las limitaciones a
la libertad de expresión de los servidores públicos tienen algunas
especificidades dependiendo del sector del poder público al que pertenezca el
respectivo funcionario. Por ejemplo, si el mensaje proviene de un congresista
en el ejercicio de sus funciones, no debe perderse de vista que a estos
funcionarios los ampara la inviolabilidad parlamentaria “por las opiniones y
los votos que emitan en el ejercicio del cargo”, tal como lo establece el
artículo 185 de la Constitución Política, por lo que el ejercicio de la
libertad de expresión en estas circunstancias es amplísimo. Por otra parte, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha admitido que en virtud de la
disciplina y la estructura militar, así como de la seguridad, “pueden es­tablecerse
límites razonables a la libertad de expresión en relación a los funciona­rios
al servicio de las fuerzas armadas en el marco de una sociedad democrática”.[77] Así
mismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los miembros
de la rama judicial tienen restricciones en el ejercicio de su derecho a la
libertad de expresión, las cuales apuntan a garantizar la imparcialidad y
autonomía de la administración de justicia, pues, por ejemplo, “existe un
consenso regional en cuanto a la necesidad de restringir la participación de
los jueces en las actividades político-partidistas”.[78]
En suma, dado que el ejercicio del derecho a la
libertad de expresión por parte de funcionarios públicos tiene un impacto mucho
mayor en el imaginario colectivo, dado el grado de confianza y credibilidad que
las personas suelen tener en las afirmaciones de quienes ocupan estos cargos,
se justifica que tengan una diligencia mayor a la que debería tener un
particular al momento de expresar sus opiniones.
6.1.2.
Persona jurídica: la jurisprudencia constitucional
ha aceptado que el derecho a la libertad de expresión puede ser ejercido por
personas jurídicas[79]. En este punto hay que evaluar quién es la persona jurídica que se
expresa, pues la protección a las opiniones puede ser más amplia si al ejercer
la libertad de expresión también se ejercen otros derechos fundamentales o se
garantizan principios o valores constitucionales. Por ejemplo, la protección a
la libertad de expresión que pueda tener una empresa u organización privada que
transmite un mensaje cuyo interés es exclusivamente particular y no público,
puede ser menor, dadas las circunstancias, a la protección que tenga un partido
político o cualquier agremiación social con intereses públicos que, en
ejercicio de sus derechos políticos, transmita un mensaje. De igual forma, la
libertad de expresión tiene una dimensión especialmente significativa cuando es
ejercida por un medio de comunicación, dada la importante función que tiene el
periodismo en una democracia, caso en el cual, además de tener en cuenta la
mayor protección que puede tener la libertad de expresión, debe evaluarse
también la relación entre la libertad de expresión del medio y la libertad de
expresión de las personas naturales que hacen parte del medio y comunican una
opinión. Al respecto ha dicho la Corte: “Es igualmente pertinente, en este
ámbito, la relación entre la libertad de expresión del medio de comunicación en
tanto persona jurídica, y la libertad de expresión de las personas naturales
que forman parte de la estructura organizacional de tales personas jurídicas –
por ejemplo, los editores, redactores, reporteros y otros periodistas o
comunicadores sociales, que contribuyen a la transmisión de expresiones de
terceros, a la vez que ejercen su propia libertad de expresión. La relación
existente entre ambas libertades, y a su vez entre dichas libertades y la
libertad de expresión de quien efectivamente está comunicando un mensaje a
través de tales medios o personas, ha de dilucidarse en cada caso concreto con
especial atención a los distintos intereses en juego, para llegar a una
solución que logre el máximo nivel de armonización concreta entre todos ellos,
y a su vez con los intereses del receptor y, en especial, del público en general”.[80]
6.1.3. Periodistas: la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha reiterado que los Estados tienen un deber de protección
especial hacía los periodistas para protegerlos de los riesgos que se derivan
del ejercicio de los derechos a la libertad de expresión e información. Para
este Tribunal, “el ejercicio periodístico solo puede efectuarse libremente
cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de
agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento. Esos
actos constituyen serios obstáculos para el ejercicio de la libertad de expre­sión.
Para tales efectos, la Corte ya se refirió al deber especial de protec­ción de
periodistas en riesgo”.[81] En cuanto a las medidas que deben adoptar las respectivas
autoridades para cumplir su obligación de protección de periodistas en riesgo
especial, señaló la Corte:
“los Estados tienen la
obligación de adoptar medidas especiales de prevención y protección de los
periodistas sometidos a un riesgo es­pecial por el ejercicio de su profesión.
Con respecto a las medidas de protección, la Corte destaca que los Estados
tienen el deber de brindar medidas de protección a la vida y la integridad de
los periodistas que estén sometidos a ese riesgo especial por factores tales
como el tipo de hechos que cubren, el interés público de la información que
difunden o la zona a la cual deben acceder para cumplir con su labor, así como
también a aquellos que son objeto de amenazas en relación con la difu­sión de
esa información o por denunciar o impulsar la investigación de violaciones que
sufrieron o de las que se enteraron en el ejercicio de su profesión. Los
Estados deben adoptar las medidas de protección nece­sarias para evitar los
atentados a la vida e integridad de los periodistas bajo tales condiciones”.[82]
Por lo anterior, en casos en los que se encuentren en
conflicto los derechos a la libertad de expresión con los derechos de terceros,
el juez debe valorar si quien emite las opiniones lo hace en ejercicio de su
labor periodística, pues frente a estas personas el Estado tiene unos deberes
especiales de protección que pretenden salvaguardar no sólo sus derechos a la
vida o a la integridad personal, sino también a la libertad de expresión o de
información en una sociedad democrática.
Por otra parte, cuando el emisor del mensaje sea un
periodista, el juez debe distinguir si lo que expresa es una opinión o una
información, pues, como ya se señaló en el apartado 5.2., de esto depende que
en el análisis del caso se tengan en cuenta las exigencias de veracidad e
imparcialidad, si se trata de una información y no de una opinión. Dado que en
muchas ocasiones puede ser difícil establecer si lo dicho por un periodista es
una opinión o una información, la jurisprudencia constitucional ha señalado que
existe un deber en cabeza de este de precisar al receptor qué de lo expresado
corresponde a opiniones o informaciones. Así mismo, se han fijado algunos
criterios que permiten realizar la mencionada distinción. Sobre este punto dijo
la Corte:
“(xvii) La distinción entre informaciones y
opiniones comporta que el comunicador debe ser lo suficientemente preciso y
sincero y elaborar su exposición de tal forma que el receptor pueda identificar cuáles aseveraciones corresponden a hechos verificables
y cuáles son producto de su valoración. (xviii). La mezcla entre enunciados de
hecho y enunciados valorativos,
no diferencia entre  hechos  y opiniones, subestima a los receptores, no brinda
la posibilidad de escoger  y  enjuiciar  autónomamente los contenidos
divulgados y es contraria a la función social  de los medios de comunicación en
la libre formación de la opinión pública.
(xix) En razón de la gran cantidad de
registros, formatos y secciones utilizadas por los medios de comunicación, no
siempre resulta fácil hallar la línea divisoria entre las opiniones y las
informaciones. (xx). En este sentido, resultan relevantes, como criterios de
distinción, las características del medio, la finalidad perseguida en el
programa, la presentación gráfica de la publicación, su extensión, el uso de un
tono frio y descriptivo o, al contrario, subjetivo y valorativo, en que prima la personalidad
del autor, su estilo, entendimiento y lenguaje particulares”.[83]
6.1.4. Grupos históricamente discriminados, marginados
o en una especial situación de vulnerabilidad: esta Corporación ha reiterado la especial protección constitucional
que tienen las personas que pertenecen a grupos históricamente
discriminados, marginados o en una especial situación de vulnerabilidad,[84] por lo que, en aquellos casos
en los que se tomen medidas que disminuyan la protección de un derecho de estos
grupos, se presume una situación de discriminación que debe ser desvirtuada
para que tenga validez la medida adoptada. Al respecto ha dicho:
“se puede señalar que cuando entren en juego los derechos de
grupos de especial protección, dentro de los que se incluyen los grupos
tradicionalmente discriminados, y sean introducidas normas jurídicas que
supongan para ellos afectación o disminución de sus derechos, opera prima facie
una presunción de discriminación, basada en los criterios sospechosos que su
trato desigual plantea. Dicho de otro modo, para preservar la validez y
vigencia de tal Derecho, resulta necesario desvirtuar este supuesto de hecho discriminatorio
del que se parte. // En tales circunstancias se emplea el mencionado escrutinio
judicial estricto, conforme al cual se debe demostrar que la actuación y las
reglas dispuestas, a pesar de generar un efecto adverso en un grupo marginado o
discriminado, obedece i) a una finalidad imperiosa, ii) es necesaria para
lograr dicha finalidad y iii) es proporcionada, en el sentido de no sacrificar
en exceso otros intereses constitucionalmente específicos en aras de promover
la finalidad”.[85]
En consecuencia,
cuando la libertad de expresión sea ejercida por una persona que pertenezca a
un grupo históricamente discriminado, marginado
o en una especial
situación de vulnerabilidad, debe tenerse en consideración este aspecto, pues
cualquier restricción que se imponga a sus opiniones debe demostrar que no
constituye un acto discriminatorio.
6.2. De qué o
de quién se comunica: el mensaje que se comunica
puede ser preciso y detallado o general y ambiguo, dependiendo, entre
otros factores, de la forma en que este se transmite, tal como se analizará en
el apartado 6.4. de esta Sentencia. En todo caso, el juez debe interpretar y
valorar no sólo el contenido del mensaje para determinar si la opinión que se
emite respeta los límites constitucionales del derecho a la libertad de
expresión, sino también, de ser el caso, la forma en que se obtuvo la
información que se publica.
6.2.1. Es
preciso determinar si el discurso es uno de aquellos sobre los cuales se ha
desvirtuado la presunción de cobertura constitucional de la libertad de
expresión, a saber: (a) la propaganda en favor de la guerra; (b) la apología
del odio nacional, racial, religioso o de otro tipo de odio que constituya
incitación a la discriminación, la hostilidad, la violencia contra cualquier
persona o grupo de personas por cualquier motivo (modo de expresión que cobija
las categorías conocidas comúnmente como discurso del odio, discurso
discriminatorio, apología del delito y apología de la violencia); (c) la
pornografía infantil; y (d) la incitación directa y pública a cometer
genocidio.
6.2.2. Así
mismo, el juez deberá analizar, en el contexto de cada caso, si las opiniones
que se profieren en uso de la libertad de expresión resultan irrazonablemente
desproporcionadas o tienen una intención dañina o se evidencia una negligencia al presentar
hechos parciales incompletos o inexactos, pues en estas situaciones pueden
vulnerarse los derechos al buen nombre, a la honra o a la intimidad. No
obstante, esto no va a depender de la valoración subjetiva que de la
manifestación realice el afectado, sino de un análisis objetivo y neutral que
de la misma haga el juez, teniendo en consideración todas las particularidades
que encierra el caso, tal como se expuso en el apartado 5.3. de esta Sentencia
en el que se abordaron los límites del derecho a la libertad de expresión.
6.2.3. También
resulta esencial que el juez identifique si se trata de un discurso
especialmente protegido. En efecto, como se indicó en el apartado 5.4. de esta
providencia, si bien en principio todo tipo de
discursos o expresiones están protegidas por la libertad de expresión, existen
algunos que reciben una protección acentuada:
(i) El discurso político y sobre asuntos de
interés público (ver acápite 5.4.).
(ii) El discurso sobre funcionarios o personajes
públicos (ver acápite 5.4.).
(iii) Los discursos que constituyen, en sí mismos, el ejercicio
de otros derechos fundamentales distintos a la libertad de expresión. En estos
casos la libertad de expresión se constituye en el medio para materializar otros
derechos, de lo cual se deriva la especial protección en estos ámbitos, a
saber: (a) la correspondencia y demás formas de comunicación privada, (b) los
discursos estéticos, morales, emotivos o personales, manifestados a través de
expresiones verbales, artísticas, o de conductas simbólicas o expresivas, sin
perjuicio de la protección constitucional explícita de la libre expresión
artística; (c) la objeción de conciencia; (d) el discurso religioso; (e) el
discurso académico, investigativo y científico; (f) las expresiones realizadas
en el curso de manifestaciones públicas pacíficas; (g) el discurso cívico o de
participación ciudadana, y (h) el discurso de identidad, que expresa y refuerza
la propia adscripción cultural y social.[86]
En consecuencia,
el juez debe advertir si la opinión que se expresa hace parte de un discurso
especialmente protegido, pues en estas situaciones cualquier restricción que se
imponga está sujeta a condiciones más rigurosas y a un nivel más estricto de
escrutinio judicial.
6.3. A quién
se comunica: en la ponderación que realice el juez
para solucionar el conflicto entre los derechos a la libertad de expresión y
los derechos de terceras personas, es importante fijar quién es el receptor del
mensaje, para lo cual debe tenerse en cuenta tanto sus cualidades y
características como su cantidad o número.
6.3.1. Sobre lo
primero (sus cualidades) debe considerarse si el mensaje fue comunicado a una
audiencia indeterminada o si se pretende transmitir a un público particular, lo
que puede implicar considerar algunas limitaciones a la libertad de expresión.
Por ejemplo, si el mensaje se dirige a menores de edad o dentro del público al
que se emite se incluyen menores de edad, la libertad de expresión puede tener
restricciones especiales orientadas a preservar el
interés superior, el desarrollo integral y los derechos fundamentales de los
menores. En consecuencia:
“en casos en los que potencialmente esté de
por medio la preservación de los derechos de menores de edad, en particular
ante transmisiones de imágenes a través de los medios de comunicación que
pueden ser perjudiciales para su bienestar y desarrollo integral, los jueces
han de prestar especial atención a su protección, y a la armonización concreta
de los derechos enfrentados, sobre la base de la prevalencia de los derechos de
los niños –que puede vencer, por mandato expreso del artículo 44 de la
Constitución, la primacía ab initio de la libertad de expresión (…). Sin
embargo, el carácter prevaleciente de los derechos de los menores de edad no
otorga a las autoridades completa discrecionalidad para limitar la libertad de
expresión a su agrado (…)  no pueden invocarse como un comodín para limitar la
libertad de expresión cada vez que se anticipe que quizás algún niño sea
receptor de la información, las opiniones y las imágenes divulgadas por un
medio masivo de comunicación. Se debe recordar que en este tipo de casos, el
juez constitucional ha de garantizar que, por virtud de la protección de los
derechos de los niños, no se termine restringiendo indebidamente la libertad de
expresión”.[87]
”.[88]
6.3.2. Por otra
parte, debe analizarse la cantidad o el número de receptores a los que llega el
mensaje o tiene la potencialidad de alcanzar, ya que mientras más grande sea la
audiencia, mayor impacto puede tener una expresión sobre los derechos de
terceras personas. En otras palabra, a mayor audiencia, mayor protección frente
a excesos. Esta cuestión está asociada al medio que se usa para transmitir el
mensaje, tal como se explicará más adelante en el apartado 6.5.
6.4. Cómo se
comunica: la manera como se comunica el mensaje
también se encuentra amparada por la libertad de expresión, por lo que se
protegen todas las formas de expresión, como el lenguaje oral o escrito, el
lenguaje de signos o símbolos, expresiones no verbales como imágenes u objetos
artísticos o cualquier conducta con contenido o implicaciones expresivas. Sobre
el particular, en la Sentencia T-391 de 2007 la Corte hizo tres precisiones que
resultan importantes para el juez al momento de valorar la manera como se
comunica el mensaje:
“La expresión protegida por esta libertad
puede ser tanto la del lenguaje convencional, como la manifestada a través de
conducta simbólica o expresiva, convencional o no convencional. Las
comunicaciones cubiertas por la libertad de expresión stricto senso pueden ser
efectuadas tanto a través del lenguaje oral o escrito como a través de
conductas con contenido expresivo o implicaciones expresivas. Tanto las unas
como las otras reciben protección constitucional, puesto que es claro que la
“expresión” cubierta por la libertad en comento no se restringe a las
comunicaciones verbales.
A este respecto, son pertinentes tres
precisiones generales. (a) Si bien es difícil distinguir cuáles formas de
comportamiento o actividades tienen por propósito fundamental la comunicación
de ideas, y cuáles surten este efecto de manera incidental o secundaria -no se
puede equiparar la acción o el comportamiento con la expresión, puesto que toda
conducta puede comunicar alguna idea o información a sus observadores sin que
esa sea necesariamente la intención de quien la ejecuta-, la determinación de
si una determinada conducta cae bajo la órbita de aplicación de la libertad de
expresión compete a los jueces en cada caso concreto. (b) También es necesario
distinguir entre los casos de “expresión simbólica”, que no va acompañada por
comunicaciones verbales o escritas[89],
y los casos en que la “expresión” en sentido verbal se transmite a través de
conductas como marchas, manifestaciones o distribución de volantes[90]: a menudo, las Cortes
deben resolver casos cuyas circunstancias contienen alguna expresión como tal,
pero también involucran conducta física: distribución de panfletos,
demostraciones, uso de pancartas y carteles; en otros casos, se pronuncian
sobre casos que involucran meramente la conducta de quien pretende transmitir
por esa vía un mensaje. La caracterización de este tipo de conductas como
“expresión” constitucionalmente protegida depende de las circunstancias de cada
caso en particular, y el peso que se otorgue al elemento comunicativo de la
conducta dentro del proceso de apreciación judicial. En síntesis, los criterios
relevantes para caracterizar una conducta simbólica como expresión protegida
son: la intención del actor, y las convenciones generalmente aceptadas sobre el
significado de un comportamiento y su rol como medio de comunicación no
lingüística.[91]
(c) Otro problema importante en este ámbito es el de distinguir entre las
afirmaciones legítimas de la libertad de expresión a través de la conducta, y
conductas que corresponden a la invocación de derechos diferentes que también
implican la libertad o autonomía personal y apuntan hacia la autorrealización –
por ejemplo, derecho a publicitar bienes y servicios, a hacer donaciones a
campañas políticas, a escoger una determinada opción sexual o a utilizar una
determinada apariencia personal. En estos casos, el ejercicio de los derechos
conexos a través de conductas puede tener una relación indirecta con la
libertad de expresión y un elemento genérico de sentido comunicativo, sin que
por ello se subsuman bajo la órbita de protección de la libertad de expresión,
puesto que ello haría a esta libertad imposible de distinguir de otros derechos
conexos, y abarcaría conductas o intereses que no se relacionan como tal con la
expresión”.[92]
6.4.1. En este
mismo sentido, la Corte entiende que el silencio también es una forma de
expresión,[93] la cual puede venir acompañada de gestos o cualquier expresión
simbólica que determine lo que se quiere expresar, o puede simplemente no estar
acompañada de nada. En efecto, si bien el silencio puede implicar la ausencia
de determinada información, este acto comunicativo a su vez transmite otra
información que puede ser interpretada por el receptor sin necesidad de que
haya sido expresada por medio del lenguaje convencional. El silencio entonces
sólo cobra sentido a través de la interpretación del acto comunicativo, el cual
dependerá del contexto en el que este se produzca y de las particularidades de
cada situación.
El silencio
también pueden considerarse una forma de respuesta, y por ende de expresión,
ante situaciones que puedan suponer una afrenta a los derechos al buen nombre o
a la honra. Así, en circunstancias en las que una persona vea afectados estos
derechos, puede reaccionar exigiendo una precisión o rectificación de lo
informado, u optar por el silencio y la indiferencia como un mensaje de rechazo
ante tal opinión. El silencio entonces puede ser en ocasiones mucho más
elocuente que lo que se expresa a través de comunicaciones verbales o escritas.[94]
6.4.2. Aunado a
lo anterior, debe evaluarse en cada caso el grado de comunicabilidad del
mensaje, esto es, la capacidad que tiene el mensaje para comunicar de manera
sencilla y ágil lo que se desea expresar. Por tanto, es necesario considerar si
el mensaje está consignado en un lenguaje convencional, oral o escrito, y por
tanto fácilmente comunicable a cualquier receptor, o si por el contrario se
emplea un lenguaje no convencional, como signos o conductas con contenido
expresivo o implicaciones expresivas, que no tienen la virtualidad de comunicar
de manera sencilla el mensaje a todo tipo de público. También debe analizarse
la facilidad con la que el mensaje puede llegar al receptor, por ejemplo, un
mensaje consignado en un lenguaje claro, con textos cortos y apoyado de
imágenes llamativas, puede llegar de manera más cómoda al receptor, mientras
que un mensaje contenido en un texto largo y denso o escrito en un lenguaje
barroco no tiene las mismas facilidades para llegar al receptor. Así mismo, la
calidad física del mensaje también puede determinar su grado de comunicabilidad,
pues si las expresiones están contenidas, por ejemplo, en un audio de difícil
escucha, en una fotocopia borrosa o en un video cuyas imágenes están pixeladas,
la comunicabilidad será baja, mientras que si la calidad física del
mensaje es óptima, su comunicabilidad será alta.
6.5. Por qué
medio se comunica: la jurisprudencia constitucional
ha precisado que la libertad de expresión protege también el medio que se usa
para comunicar. En efecto, “la expresión puede efectuarse a través de
cualquier medio seleccionado por quien se expresa, y la protección
constitucional se extiende a dicho proceso de transmisión y difusión, así como
al medio utilizado, ya que la libertad constitucional que se estudia protege
tanto el contenido de la expresión como su forma”.[95] Por tanto, las opiniones pueden expresarse a través de libros,
periódicos, revistas, videos, audios, películas, obras de teatro, pinturas,
fotografías, programas de televisión, emisiones radiales, páginas de internet,
redes sociales, cartas, manifestaciones públicas, el uso de prendas con
mensajes expresivos, entre muchos otros. No obstante, cada medio o foro en
particular plantea sus propias especificidades y complejidades
constitucionalmente relevantes, que repercuten en el alcance de la libertad de
expresión en cada caso. Por tanto, en el ejercicio de ponderación en los casos
en que entren en conflicto derechos de terceros con el derecho a la libertad de
expresión, es fundamental que el juez valore el medio o el foro a través del
cual se expresa la opinión, ya que este incide en el impacto que tenga la
expresión sobre los derechos como el buen nombre, la honra o la intimidad.
6.5.1. En
efecto, debe determinarse la capacidad de penetración del medio y su impacto
inmediato sobre la audiencia, ya que, por ejemplo, opiniones realizadas a
través de medios privados como una carta o un correo electrónico, o proferidas
en espacios privados como el domicilio de una persona, tienen un impacto muy
reducido sobre los derechos de terceras personas, mientras que las expresiones
realizadas a través de medios masivos de comunicación, dada su capacidad de
transmitir el mensaje a una pluralidad indeterminada de receptores, potencian
el riesgo de afectar derechos de otras personas. De igual manera, es preciso
valorar también la potencialidad que tiene el medio para difundir el mensaje a
una audiencia más amplia a la que inicialmente iba dirigido.
Por ejemplo, es
importante tener en cuenta que un mensaje difundido a través de las redes
sociales como Facebook sólo puede ser visto, en principio, por los contactos
que la persona tenga en su cuenta, sin embargo, dado que existe la posibilidad
de que este pueda ser compartido por todos sus contactos en sus respectivas
cuentas, su posibilidad de propagación es vasta, por lo que el mensaje tiene la
potencialidad de llegar a una audiencia amplísima e indeterminada durante un
término indefinido. De igual manera, en el caso de las redes sociales debe
mirarse también el tipo de cuenta desde la que se publica el mensaje, esto es,
si es una cuenta personal, institucional o de un medio de comunicación, si
pertenece a un personaje público o a alguien con influencia en el mundo
virtual, o si por el contrario se trata de la cuenta de una persona sin
reconocimiento público. En consecuencia, como se dijo, debe valorarse
cuidadosamente las características específicas de cada medio y el contexto en
el que este se usa en cada caso concreto.
6.5.2. Por
ejemplo, para determinar el impacto que una publicación realizada en internet
tiene en los derechos de terceras personas, es preciso que se considere la buscabilidad
y la encontrabilidad del mensaje. La buscabilidad hace referencia
a la facilidad con la que, a través de los motores de búsqueda, se puede
localizar el sitio web en donde está el mensaje, mientras que la encontrabilidad
alude a la facilidad para hallar el mensaje dentro del sitio web en el
este reposa. Así, a mayor grado de buscabilidad y encontrabilidad
del mensaje, mayor impacto se genera en los derechos de terceras personas. Así,
si al digitar el mensaje o sus palabras claves en un buscador, este aparece
relacionado dentro de las primeras páginas que arroja la búsqueda, su nivel de buscabilidad será alto, pero si una vez
que se accede al sitio web en el que se aloja el mensaje, resulta
difícil hallarlo porque la página no tiene buscadores locales, menús, ayudas o la estructura de la información es
desordenada, su nivel de encontrabilidad será bajo.
6.5.3. Esta
Corte ha analizado las particularidades de la protección jurídica de la
libertad de expresión en relación con distintos medios a través de los cuales
se produce el mensaje. Por ejemplo, ha indicado “(a) la intangibilidad de
los libros de literatura en tanto creaciones estéticas unitarias de sus
autores, la forma en que dicha intangibilidad se ha de armonizar con los
derechos de terceros[96]
y la diferencia entre los libros y los medios de comunicación masiva impresos
en cuanto al manejo de la información en ellos consignada, dado su impacto y el
espacio reflexivo que permiten a los receptores[97], (b)
las distintas dimensiones de la libertad artística y sus vínculos con los
derechos de los espectadores de todas las edades[98], (c)
la relación entre el ejercicio de la fotografía y la camarografía, las
libertades de información y expresión y otros derechos fundamentales[99], (d)
las diferencias entre los programas de televisión informativos y los
dramatizados para efectos de los deberes en el manejo de los datos[100]”,
así como también la especial protección constitucional de las expresiones
artísticas, [101] las particularidades de las comunicaciones radiales[102] y los
riesgos que representan las redes sociales para los derechos de terceras
personas.[103]
6.5.4. Por otra parte, existen foros o escenarios que por su
importancia para la democracia protegen en mayor medida las expresiones que se
profieran en ellos. Por ejemplo, el Congreso de la República, las asambleas
departamentales o los concejos municipales, son escenarios propios de una
democracia en los que se debaten asuntos de interés general, por lo que la
libertad de expresión ejercida a través de tales foros tiene una mayor
amplitud, en virtud del adecuado funcionamiento de un sistema democrático. En
la Sentencia T-244 de 2018, en la que se estudió la tutela interpuesta por el
Alcalde de Bogotá en contra de un Concejal por las afirmaciones hechas por este
en un debate en el Concejo Distrital, que el accionante consideraba violatorias
de su buen nombre, la Corte consideró que las expresiones se habían realizado
en el marco de la discusión de un proyecto de acuerdo en una sesión del
Concejo, lo que implicaba “de manera necesaria, el debate jurídico político
respecto de las propuestas a través de las cuales se pretende determinar el
gasto público y el desarrollo económico y social de la ciudad. Solo de esta
manera una Corporación, cuya génesis es esencialmente democrática -está sujeta
al escrutinio popular-, puede materializar la participación y el pluralismo que
determinan la expedición de acuerdos”, y en el caso concreto se advirtió
que el Concejal “expuso su posición sobre el pasado profesional del Alcalde
Mayor, el cual vinculó estrechamente con sus propuestas actuales respecto de
los sistemas de transporte de la capital”.[104]
6.5.5. Así mismo, las expresiones realizadas
en el curso de manifestaciones públicas pacíficas constituyen un discurso
especialmente protegido, tal como se señaló en el acápite 6.2., pues en este
escenario se ejerce, por medio de la libertad de expresión, el derecho a la
libertad de reunión y manifestación pública y pacífica.[105] En efecto, este
derecho presupone la posibilidad de comunicar aquello que se quiere decir
públicamente, por lo cual la misma Constitución dispuso que las limitaciones de
la libertad de reunión y manifestación sólo pueden ser establecidas por el
Legislador. Por tanto, a los mensajes comunicados a través de este escenario no
se les puede imponer las mismas restricciones o cargas que se podrían exigir en
otros foros, como por ejemplo, internet.
6.6. Esta Sala advierte que los anteriores parámetros
constitucionales deben analizarse en conjunto en cada caso y no de manera
inconexa, ya que todos ellos están relacionados directa o indirectamente, por
lo que sólo su valoración agregada permitirá resolver de forma adecuada la
tensión entre derechos. Así mismo, es importante señalar que dichos parámetros
no constituyen una lista taxativa de todos los aspectos que se deben tener en
cuenta al momento de resolver un conflicto entre el derecho a la libertad de
expresión y los derechos de terceras personas, pues las particularidades de
cada caso pueden ser infinitas, por lo que tales parámetros, lejos de
constituirse en unos criterios cerrados y definitivos, sólo son una guía,
extraída de la propia jurisprudencia constitucional, para orientar la labor del
juez al resolver cada caso, quien siempre debe partir de la especial protección
que tiene el derecho a la libertad de expresión en nuestro ordenamiento y, por
tanto, encontrar el remedio judicial más adecuado para no sacrificar
innecesariamente tal derecho y garantizar el máximo margen posible de expresión
libre de cualquier interferencia.
En consecuencia, el juez debe hallar un delicado y complejo balance
entre la amplia protección que se debe brindar a la libertad de expresión y el
respeto de derechos como el buen nombre, la honra o la intimidad, apuntando
siempre a buscar la medida menos lesiva para libertad de expresión,[106] pero asegurando al mismo
tiempo que el ejercicio de esta no sea usado como una herramienta de difamación
y desinformación en tiempos en donde las “noticias falsas” se apoderan
de la opinión pública y se propagan rápidamente a través de los distintos
escenarios digitales.
Ahora bien, una vez identificados y analizados los parámetros
constitucionales que orientan la labor del juez al momento de ponderar el
derecho a la libertad de expresión cuando entra en conflicto con los derechos
de terceras personas como el buen nombre, la honra o la intimidad, es preciso
pasar a aplicar dichos parámetros a la resolución del presente caso, tal como
se hará a continuación.
7. Análisis de la publicación compartida por la señora Jael Johana Castro León en su cuenta de Facebook
Esta
Sala debe determinar si Jael Johana Castro León vulneró
los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y a la intimidad de Sigifredo Fonseca González al compartir en su cuenta de Facebook una
publicación en la que aparecía relacionado su nombre como parte de un cartel de
la corrupción en el Hospital Universitario de Santander, entidad en la que se
desempeña como Subgerente de Servicios de Apoyo
Diagnóstico.
De
los hechos del presente caso y del contexto en el que se originó la opinión
proferida por la accionada, se advierte que, por una parte, su derecho a la
libertad de expresión goza de una amplia protección, y por otra, el ejercicio
del mismo tuvo un impacto sobre los derechos fundamentales al buen nombre y a
la intimidad de Sigifredo Fonseca González, tal como se
expondrá a continuación. Por tanto, con el fin de encontrar un remedio judicial
apropiado y balancear adecuadamente los derechos en tensión, esta Sala procede
a dar aplicación en el caso concreto a los parámetros constitucionales analizados
en el anterior acápite.
7.1. Quién
comunica: en el presente caso se tiene que la señora Castro León no es la
autora del mensaje que originó la acción de tutela. La accionada compartió en
su muro de Facebook dicho mensaje, el cual estaba circulando en la red social
y cuyo autor se desconoce. Esto no implica en modo alguno que la persona que
comparta o reenvíe un mensaje que no es de su autoría no tenga ningún tipo de
responsabilidad por la información que transmita, sin embargo, esta es distinta
de la que debe asumir el creador del mensaje, pues él es quien origina la
información cuyo contenido puede resultar lesivo para los derechos de terceros
y permite que esta llegue a otras personas. Por tanto, debe valorarse que la
accionada no fue quien creó el mensaje y originó su divulgación, pues se limitó
a compartir el mensaje en su cuenta de Facebook, el cual, se reitera, ya estaba
circulando en la red social.
7.1.1. De otro
lado, en este punto también debe considerarse que, si bien es cierto la accionada labora en la E.S.E. Hospital Universitario de Santander, las
opiniones que emitió y por las que fue demandada por el señor Fonseca González
no las realizó en el ejercicio de sus funciones como servidora pública, sino
como particular a través de su cuenta personal de la red social Facebook, en la
que compartió una publicación en la que se denunciaba un supuesto “cartel de la
Corrupción” en el referido Hospital. Por ende, en esta oportunidad no le son
oponibles las limitaciones a la libertad de expresión que tienen los servidores
públicos cuando emiten opiniones en el ejercicio de sus funciones.
De igual manera,
se advierte que la accionada no es una figura pública, por lo que el impacto de
sus opiniones es reducido en relación con el público al que pueden llegar. Así
mismo, no debe perderse de vista que el interés de la accionada, tal como lo
expresó en la contestación de la tutela, era denunciar las irregularidades
presentadas en la entidad pública en la que labora, es decir, no tenía ningún
interés personal o económico en las opiniones difundidas, ni tampoco se
advierte una intención dañina o una animadversión personal de la señora Castro
León en contra del accionante, y tal como lo ha señalado la jurisprudencia de
esta Corporación, “quien pretende contribuir a la discusión política está en
una situación distinta a quien busca promover sus propios intereses económicos,
personales u otros”.[107] En consecuencia, en este caso la libertad de expresión, analizada
desde la persona que comunica, goza de una amplia protección al no estar
sometida a restricciones especiales.
7.2. De qué o
de quién se comunica: la opinión de la señora Castro León está dirigida a cuestionar las actuaciones de
funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por supuestos actos de
corrupción. Esto es, el mensaje de la accionada versa sobre actos públicamente
relevantes, de interés general, y no simplemente sobre cuestiones de la vida
privada del accionante. En efecto, el señor Fonseca González, quien es una de
las personas que aparece en la publicación compartida por la accionada, se
desempeña como Subgerente de Servicios de Apoyo
Diagnóstico del Hospital Universitario de Santander, y lo allí expresado se
dirige a señalarlo de realizar conductas irregulares en el ejercicio de su
cargo. Por ende, las expresiones proferidas por la accionada se enmarcan dentro
de un discurso especialmente protegido, tal como se advirtió en el acápite
6.2., pues se trata de una opinión sobre un asunto de interés público, esto es,
la corrupción que puede tener lugar en una entidad pública, y se dirige a
cuestionar las actuaciones de funcionarios públicos. En
consecuencia, la protección a la libertad de expresión
en este contexto es reforzada y cualquier restricción
que se imponga está sujeta a condiciones más rigurosas.
7.2.1. De otra
parte, la Corte tiene en cuenta que la publicación
compartida por la accionada se da en el marco de una amplia controversia que se
ha generado en el departamento de Santander sobre las posibles irregularidades
y actos de corrupción en el Hospital Universitario, lo que ha llevado a que
durante este año varios empleados del Hospital hayan entrado en asamblea
permanente por el supuesto direccionamiento de las licitaciones de
contratación. En efecto, “las cooperativas que le prestan el servicio al
hospital denunciaron un aparente direccionamiento de las licitaciones que se
realizan al interior de la organización en el que se quiere contratar a la
cooperativa llamada Integrasalud que es de Antioquia y dar empleo a médicos, auxiliares,
administrativos de esa región para ejercer su labor en el HUS”.[108] Así mismo, se ha denunciado el despido
masivo de empleados, por lo que la propia accionada afirmó a un medio de
comunicación local que en noviembre del 2017 alrededor de 30 de sus compañeros
fueron despedidos: “Los dejaron sin empleo porque participaron en las
marchas que se hicieron el año pasado. Ellos se desempeñaban como auxiliares de
enfermería, médicos, personal de laboratorio clínico y trabajadores del área
administrativa”.[109] Estas situaciones que han sido puestas en conocimiento de los
respectivos entes de control y ha generado también debates en la Asamblea
Departamental de Santander. En estos debates la señora Castro León ha
participado como vocera de los trabajadores del Hospital y ha señalado
directamente al Gerente del Hospital como el responsable de la persecución
laboral: “Fui perseguida laboralmente, todavía tengo persecución laboral al
interior del Hospital, pero no me importa. Llevaré esto a nivel nacional, si me
toca. El Hospital está en una situación difícil, yo si quiero invitarlos, pero
que no avisen el día que vayan a visitar, para que entren y vean realmente las
condiciones en las que se encuentran los pacientes y la institución”.[110] Por tanto, la opinión proferida por la accionada trata sobre un
tema del que ya tenía noticia, no sólo la comunidad del Hospital donde labora,
sino la opinión pública en general, tanto a nivel local como nacional. La
señora Castro León no está abriendo una discusión sobre la cual no tuviera
conocimiento la ciudadanía o no se conocieran otros elementos de juicio o
informaciones sobre el asunto.
7.2.2. Ahora
bien, aunque las expresiones consignadas en la publicación compartida por Jael Johana Castro aluden a la posible comisión de delitos por parte
del accionante, pues su nombre y su foto aparecen relacionados como parte de un
“cartel de la corrupción”, al que también se lo señala de “acoso laboral” y
“despilfarro del dinero de la salud”, lo cierto es que no existe una acusación
precisa, concreta y detallada en contra del señor Fonseca González, esto
es, no se detallan las condiciones de modo, tiempo y lugar en
las que, de manera específica, el accionante haya incurrido en una conducta
punible. En suma, advierte esta Sala que en el presente caso la opinión
de la accionada tiene una protección reforzada por tratarse de un discurso
especialmente protegido. No obstante, también debe valorarse que en lo
expresado por la señora Castro León se relaciona al accionante, de manera
general e imprecisa, con eventuales responsabilidades penales, sin que se
especifiquen o aclaren las razones que llevan a la demandada a realizar estos
señalamientos en contra del accionante, esto es, si se trata
de una denuncia precisa y concreta en su contra, o si se trata de una expresión
de protesta o crítica general sin que exista una acusación real.
7.3. A quién
se comunica: la opinión expresada por la señora Castro León, objeto
de cuestionamiento en esta acción, fue comunicada, en principio, a un grupo
determinado de personas, esto es, los contactos que ella tiene en su cuenta de
la red social Facebook. Sin embargo, la potencialidad que tiene dicha
publicación de llegar a personas diferentes a las que componen los contactos de
la accionada en la mencionada red social es alta, pues, como se verá más
adelante cuando se analice el medio a través del cual se emitieron las
opiniones, la publicación compartida por la accionada puede ser a su vez
compartida por los contactos de su cuenta de Facebook, llegando entonces a un
público mucho más amplio e indeterminado. En efecto, no sólo debe valorarse el
impacto del mensaje por la audiencia a la que efectivamente llegue este,
también debe tenerse en cuenta el riesgo probable del impacto a destinatarios
distintos a los que inicialmente estaba dirigido, así no se concrete dicho
riesgo, el cual, en todo caso, debe ser asumido por el emisor. Por tanto, el
impacto que tengan las expresiones emitidas por la accionada sobre los derechos
fundamentales del señor Fonseca González probablemente
es elevado, en razón a la gran cantidad de destinatarios a los que pudo llegar
el mensaje.
7.4. Cómo se
comunica: el mensaje objeto de esta controversia fue comunicado de
manera escrita, a través de un lenguaje claro con frases cortas y contundentes,
escritas en letra mayúscula y acompañado de imágenes. En efecto, la publicación
compartida por Jael Johana Castro en su cuenta de
Facebook, en la que denunciaba y rechazaba las supuestas irregularidades
cometidas por funcionarios del Hospital Universitario de Santander, está
compuesta por las siguientes frases: “EL CARTEL DE LA CORRUPCIÓN EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE SANTANDER (HUS) // POR LA DIGNIDAD DE LA SALUD RENUNCIEN  YA
// VERGÜENZA NACIONAL // TU Y YO SOMOS VICTIMAS DE LA CORRUPCIÓN PASALO A 10
CONTACTOS Y DEMOS A CONOCER A ESTOS CORRUPTOS // BASTA YA DE PERSECUCIÓN ACOSO
LABORAL DESPILFARRO DEL DINERO DE LA SALUD ”. Así mismo, a estas expresiones se
acompañan las fotos y los nombres de los funcionarios públicos presuntamente
involucrados en el denominado “cartel de la corrupción” de dicha entidad.
7.4.1. Se
advierte entonces que el mensaje comunicado por la accionada a través de su red
social tenía un alto grado de comunicabilidad, pues tenía la capacidad
de transmitir lo que se quería expresar de una forma ágil y sencilla, puesto
que el uso de un lenguaje claro, compuesto por frases cortas y categóricas,
sumado a la utilización de fotos de las personas a las que se les señalaba de
hacer parte de un “cartel de la corrupción”, resultaba llamativo y de fácil
lectura y comprensión para cualquiera de sus destinatarios.
7.5. Por qué
medio lo comunica: como ya se anotó en el
acápite 7.3., el mensaje publicado por la señora Castro León tiene la
potencialidad de llegar a un público amplio e indeterminado, toda vez que fue
reproducido a través de la red social Facebook. En efecto, como lo ha señalado
la jurisprudencia de esta Corte, las redes sociales tienen la capacidad de
amplificar de manera exponencial el derecho a la libertad de expresión, pues su
capacidad de penetración e impacto sobre la audiencia es elevada, toda vez que
tienen un alcance masivo, inmediato y sin mayores restricciones. Además, los
contenidos publicados en las redes sociales pueden ser a su vez compartidos por
las demás personas que hacen uso de las mismas redes, de tal forma que la
opinión expresada por una persona tiene la potencialidad de llegar a una
pluralidad indeterminada de receptores durante un tiempo indefinido, situación
que incrementa el impacto que el mensaje pueda tener sobre los derechos de
terceras personas.
7.5.1. En el
presente caso se advierte que, tal como lo afirmó la accionante, la publicación
por ella compartida en su cuenta de Facebook también ha sido compartida en la
misma red social por otras personas, por lo que el medio empleado por la señora
Castro León para expresar su opiniones potencia el impacto que estas puedan
tener en los derechos al buen nombre y a la intimidad del accionante. No
obstante, el nivel de buscabilidad y encontrabilidad del mensaje
es bajo, pues al buscar las expresiones contenidas en la publicación, o el
nombre del accionante en un motor de búsqueda, no se encuentra ninguna página
en donde repose el mensaje, ya que este fue compartido por la accionada en su
cuenta personal de Facebook y no en una página de internet. De igual manera,
debe valorarse que el mensaje provino de la cuenta personal de la accionada,
quien no tiene un reconocimiento o figuración pública, por lo que el impacto de
sus opiniones, desde esta arista, es reducido.
7.6. Valoración
de los parámetros: analizados en conjunto cada uno de los anteriores
parámetros, la Sala concluye que en este caso la libertad de expresión de Jael
Johana Castro León goza de una amplia protección, debido principalmente a que
su opinión se enmarca dentro de un tipo de discurso protegido, pues se orienta
a ejercer un control democrático de la gestión pública y de sus funcionarios.
No obstante, para resolver la tensión de derechos que se presenta, es preciso
considerar también otros aspectos que potencian el impacto sobre los derechos
fundamentales del accionante. En concreto, debe tenerse en cuenta que las
expresiones proferidas por la accionada relacionan al accionante, de manera
general e imprecisa, con la comisión de posibles conductas punibles, sin que se aclare si se trata de una acusación concreta y
detallada en contra del señor Fonseca González, o si lo que se comunica
corresponde a una expresión de protesta y crítica general que no contiene una
acusación real sobre una persona en específico. Además, debe valorarse que el
mensaje fue difundido a través de una red social mediante una publicación con
un alto grado de comunicabilidad, circunstancias que implicaron, como ya se
explicó, que el mensaje llegara a un número indeterminado de receptores de
manera ágil y durante un término indefinido.
7.6.1. En
consecuencia, la Corte debe encontrar el remedio judicial más adecuado para
garantizar de la forma más amplia posible el derecho a la libertad de expresión
de la señora Castro León, sin desconocer la garantía de los derechos
fundamentales del accionante. La Sala no comparte la solución adoptada por los
jueces de tutela de instancia, consistente en ordenarle a la accionada
retractarse de las afirmaciones hechas sobre el accionante, toda vez que esta
decisión supone, en este caso, restringir innecesaria y desproporcionadamente
el derecho a la libertad de expresión, e impide que un discurso especialmente
protegido sea conocido por la sociedad, silenciando de esta manera la denuncia
pública ciudadana sobre actuaciones irregulares en la administración pública.
En efecto, el derecho a la libertad de expresión es un derecho complejo, pues
como ya se dijo, a través de este se pueden garantizar otros derechos
fundamentales, en este caso los derechos políticos a través del control a la
gestión pública, los cuales deben protegerse no sólo permitiendo a la accionada
expresar sus denuncias, sino también asegurando a la ciudadanía la posibilidad
de recibir y sopesar la opinión de la señora Castro León y conocer si sus
acusaciones son precisas y concretas o expresan una protesta y crítica general
sobre un asunto de interés público, sin que impliquen una denuncia real sobre
una persona determinada. El retracto, en este contexto, imposibilita lograr
estos fines del derecho, pues el emisor de la expresión se ve obligado, por una
orden judicial, a desdecirse de sus afirmaciones, sin que quede claro cuál era
su alcance y significado, esto es, qué tan fuertes y serios eran los
señalamientos expresados.
7.6.2. En este
punto es importante señalar que cualquier expresión o palabra debe analizarse
en el contexto en el cual se produce y en el uso que de estas haga el emisor,
pues de esto depende lo que se quiera decir con ellas. Al respecto, ha señalado
la jurisprudencia constitucional:
“[P]ara esta Corporación, una palabra no es constitucional
o inconstitucional en sí misma considerada. Las palabras son herramientas que
tienen múltiples y variados usos. Algunos de los cuales pueden implicar una
discriminación, una exclusión o un ataque a ciertas personas o grupos de
personas, pero otros usos pueden no tener tales consecuencias. // Los jueces
constitucionales no deben ocuparse de la existencia de una palabra. Deben
ocuparse de cuál sea el uso que se le dé, la manera de emplearla. Existen
palabras vulgares y ofensivas que, por ejemplo, pueden expresar cariño, amistad
o compañerismo, si se usan en ciertas circunstancias y de cierta manera (con
una determinada entonación, o acompañada de ciertos gestos corporales). De
igual forma, expresiones absolutamente inofensivas y sin un aparente
significado insultante, pueden convertirse en la peor de todas las ofensas, si
se usan con tal propósito. Nuestro hablar obtiene sentido a partir del resto de
nuestras actuaciones. Es la manera cómo se usen las herramientas lingüísticas
lo que definirá que se quiere decir o hacer con ellas”[111]
7.6.3. Así
entonces, la tarea del juez constitucional consiste en verificar si un acto
lingüístico, interpretado en contexto, esto es, más allá del significado
literal de las palabras, afecta los derechos fundamentales de una persona. Esto
tiene relevancia en el presente caso debido a que, en muchas ocasiones, las
acusaciones y señalamientos por parte de ciudadanos en contra de políticos, funcionarios
públicos o figuras públicas, se hacen a manera de insultos y agravios como
forma de protesta, esto es, constituyen meras opiniones, y no como acusaciones
reales y serias a partir de hechos concretos que originen una información. Por
tanto, sólo en este último escenario correspondería al denunciante dar prueba o
sustento a sus acusaciones, pues si resulta claro que lo expresado simplemente
refleja un sentimiento de indignación o inconformidad, pero no se expone una
acusación concreta y precisa sobre una persona determinada, las opiniones
manifestadas en este sentido estarían amparadas por el derecho a la libertad de
expresión y el derecho al control del poder político.
7.6.4. La Corte
valora la defensa de los intereses públicos asumida por Jael Johana Castro León
y sus denuncias por las posibles irregularidades ocurridas en el Hospital
Universitario de Santander, lugar en el que labora y que se encarga de la
prestación de un servicio público y un derecho fundamental de suma importancia
como lo es la salud. No obstante, las
expresiones compartidas por la señora Castro León sobre las actuaciones como
servidor público de Sigifredo Fonseca González no son claras, en principio, para
establecer si se trata de una opinión o si, por el contrario, es una información
que pretende describir los actos realizados por el accionante, afirmaciones
sujetas a prueba.
7.6.5.
En efecto, la publicación compartida por la accionada contiene unas afirmaciones
generales e imprecisas, lo que genera un mensaje abierto en su sentido, que no
determina cuáles son las acciones concretas que se denuncian y quién las
cometió. Además, como ya se dijo, el mensaje refiere la comisión de actos de
corrupción, situación que tiene un impacto sobre el derecho al buen nombre del
señor Fonseca González.
En este contexto, sobre el emisor del mensaje recae una carga mínima para
posibilitar un debate y un diálogo informado sobre un asunto de interés
público. Para la Corte, el que una expresión esté amparada constitucionalmente,
como en este caso, no implica que pueda manifestarse irresponsablemente. No
obstante, no es limitando o impidiendo la libertad de expresión como se
contrarrestan los excesos de esta, sino controlándola con más libertad de
expresión. De esta manera se puede lograr un adecuado balance entre la garantía
más amplia posible de la que debe gozar la libertad de expresión, el respeto de
los derechos de terceras personas y la posibilidad de que la ciudadanía tenga
más información para evaluar asuntos de interés público.
7.6.6.
En este caso la responsabilidad que tiene la accionada es la de aclarar si el
mensaje compartido corresponde a una opinión (sea de protesta, de indagación
general frente a una situación que genera inconformidad en la señora Castro León,
o del tipo que sea) o a una información que da cuenta de una acusación precisa
y detallada contra el accionante. Si se trata de una opinión de este tipo, de
manera alguna la accionada puede estar obligada a presentar algún tipo de
sustento o elemento probatorio para fundamentar su dicho. Cuestión diferente es
que no se trate de una acusación amplia, vaga y genérica que se sitúa en el
terreno de las opiniones, sino determinada y precisa, sindicando al accionante
de un acto concreto, pues en este caso la accionada tendrá la responsabilidad
de dar sustento a la información divulgada. Las cargas que genera manifestar
una opinión no son nunca las que se imponen al presentar una información.
7.6.7.
En  suma, en un Estado que garantiza un amplio margen a
la libertad de expresión como fundamento de una democracia deliberativa, las
expresiones chocantes, irritantes u ofensivas que profieran los ciudadanos en
contra de funcionarios o personajes públicos, en el marco de un debate sobre un
asunto de interés general concerniente al escrutinio democrático, están, en
principio, protegidas constitucionalmente, siempre y cuando no se advierta una
intención dañina ni se realice una acusación precisa y detalla sobre una
persona determinada por la comisión de una conducta contraria a la ley sin
sustentar y fundamentar lo dicho.
7.6.8.
Esta Sala concluye que reenviar mensajes a través de las redes sociales en los
que se hacen acusaciones y señalamientos generales sobre funcionarios públicos
por actuaciones en el ejercicio de sus funciones, de los cuales ya tiene
conocimiento la ciudadanía, es un discurso amparado constitucionalmente. Sin
embargo, el derecho a participar en el control político no puede desconocer los
derechos de terceras personas, por lo que se hace necesario encontrar un
delicado balance, que en el presente caso consiste en que la accionada aclare
si lo expresado corresponde a una opinión, en este caso para elevar su voz de
protesta e indignación por el manejo administrativo del Hospital en el que
labora, o si se trata de una acusación precisa y detallada, a partir de hechos
concretos, en contra del señor Fonseca González, esto es, si lo divulgado es
una información y no una mera opinión. Por supuesto, ninguna persona está
obligada a precisar, desarrollar o fundamentar una opinión, pues expresarla en
un Estado Social de Derecho es una acto ampliamente libre, sobre todo en casos
como el que se analiza, en el que el ejercicio de los derechos políticos (en
especial, el ejercicio del control al poder) está en juego. Por eso, la única
carga que debe soportar una persona como la señora Castro León es aclarar que
su manifestación no correspondía a una información y que, por tanto, no se le
puede exigir sustentar sus expresiones.
8. Durante el
trámite de las instancias del proceso de tutela la señora Castro León aclaró
que el mensaje compartido en su cuenta de Facebook correspondía a una opinión
8.1. Como se
acabó de analizar, si bien es cierto la libertad de expresión no tiene las
cargas de veracidad e imparcialidad que se le imponen a la libertad de
información, en casos como el presente, en el que una opinión tiene un impacto
considerable sobre los derechos de terceras personas, resulta necesario que quede
claro que lo expresado corresponde a una opinión en el marco de un discurso
especialmente protegido, y no a una información que envuelve una acusación
precisa y detallada sobre una persona concreta. En el presente caso esta Sala
constata que durante el trámite de la acción de tutela la señora Castro León aclaró que el mensaje
compartido en su cuenta de Facebook correspondía a una opinión, tal como se explicará a continuación.
8.2. En
la contestación de la acción de tutela la accionada explicó la razón que la llevó a compartir la referida publicación. Al
respecto señaló:
“(…) únicamente decidí compartirla por el
sentimiento de impotencia que tengo al igual que el gran número de personas que
nos hemos visto afectadas por las malas decisiones tomadas por estos
funcionarios de la institución de salud. (…) decidí publicarla como ya lo dije
por el sentimiento de impotencia que tengo por descontento a las evidentes y
cuestionada decisiones (SIC) tomadas por la administración junto con los
colaboradores de la E.S.E. Hospital Universitario de Santander”. Más adelante
señaló: “no fui quien creó esa imagen, ni tampoco quien se dedicó a propagarla,
o fui la primera en compartirla, únicamente me encuentro indignada por todas
los errores (SIC) que observo día a día en nuestro Hospital y nada ocurre para
remediarse; y al ver la imagen me nació ese sentimiento de irritación como a
todos los que prestamos nuestros servicios en la entidad”.
Así mismo, en la
impugnación de la sentencia de tutela de primera instancia la señora Castro
León reiteró sus explicaciones y aclaró que no tiene soportes jurídicos sobre
lo expresado en la imagen que compartió. Dijo la accionada: “es preciso
indicar que si bien, reconozco que en su momento compartí una publicación en la
red social “Facebook” la cual, como ha indicado este honorable juzgado carecía
de todo soporte jurídico que permitiera legitimar lo compartido (…)”. Sobre
los motivos que tuvo para compartir el citado mensaje, la accionada mencionó su
preocupación por los actos de corrupción que se presentan en el Hospital donde
labora y en el país en general. Señaló: “Hay que reiterar que la publicación
que decidí compartir en su momento, fue producto de la coyuntura del momento,
pues como colombiana, observo con mucho desdén, como la corrupción carcome día
a día al país en el cual nací y vivo, y es producto de ese dolor, que tomé esa
decisión errónea de “compartir” en “mi muro” tal publicación”.
8.3. Por lo
anterior, esta Sala observa que en el trámite de las instancias del proceso de
tutela la accionada aclaró que el mensaje que compartió en su cuenta de
Facebook correspondía a una opinión a través de la cual pretendía protestar y
manifestar su descontento por los manejos de las directivas del Hospital
Universitario de Santander. En efecto, la accionada señaló que, tal como lo
sostuvo el juez de primera instancia, no tenía los soportes jurídicos para
apoyar la acusación en contra del accionante.
De otro lado, la
accionada indicó que lo que la motivó a compartir el mensaje fueron las
emociones de indignación y rabia que sintió ante las cuestionadas e irregulares
actuaciones y decisiones tomadas por los directivos del Hospital y la sensación
de impotencia que le produce la corrupción en el país, sin embargo, reiteró que
después de compartir el citado mensaje, entendió que este no era el mejor medio
para luchar contra la corrupción. Es claro entonces que la publicación
compartida por la accionada no contenía una acusación precisa, concreta y
detallada sobre el señor Fonseca González, esto es, no se trataba de una
información, sino que correspondía a una opinión que expresaba una protesta por
las supuestas actuaciones irregulares que se han presentado en la
administración del Hospital Universitario de Santander. Además, la opinión de
la accionada no se enmarca en ninguna de las categorías de discurso sobre las
que se ha desvirtuado la presunción de cobertura constitucional de la libertad
de expresión.[112]
8.4. En
consecuencia, la Corte entiende que los derechos fundamentales del accionante
al buen nombre y a la intimidad no se han vulnerado, pues en el trámite del
proceso de tutela quedó claro que lo expresado por la señora Castro León
correspondía a una opinión proferida en el marco de un discurso especialmente
protegido, sin que se hiciera alguna acusación precisa y detallada en contra
del señor Fonseca González a partir de hechos concretos. No obstante, debido a
que las aclaraciones proporcionadas por la accionada en relación con el mensaje
compartido se hicieron en el transcurso de un proceso judicial y sólo obran en
el expediente de la acción de tutela, el cual no goza de publicidad, la
presente sentencia servirá como medio para hacerlas públicas y ofrecer a la
ciudadanía mayores elementos de juicio que le permitan valorar de mejor manera
el mensaje compartido por la señora Castro León.
8.5. Por lo
anterior, se revocarán las sentencias proferidas el 20 de febrero de 2018 por
el Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Bucaramanga, y el 3 de abril de 2018
por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bucaramanga y, en su lugar, se
negará el amparo de los derechos fundamentales del accionante, toda vez que, en
la contestación de la acción de tutela y en la impugnación de la sentencia de
primera instancia, la accionada aclaró que el mensaje que motivó la presente
acción correspondía a una opinión.
9. Cuestión
adicional
9.1. La Sala
estima importante referirse a lo expuesto por la señora Castro León en la
impugnación de la sentencia de tutela de primera instancia, referente a la
actuación del accionante tendiente a divulgar la parte resolutiva de dicha
Sentencia a través de fotocopias de la misma que fueron pegadas en varios
lugares del Hospital Universitario de Santander, razón por lo cual ha sido
objeto de burlas y señalamientos por parte de sus compañeros de trabajo. Esta
Sala advierte que en la Sentencia del juez de tutela de primera instancia nunca
se impartió una orden orientada a publicar la providencia en el lugar donde
trabajan el demandante y la demandada, por lo que al presentarse un conflicto
entre el derecho a la libertad de expresión del accionante y el derecho a la
honra y a la intimidad de la accionada, es preciso aplicar nuevamente los
parámetros constitucionales anteriormente expuestos a esta situación.
9.2. En primer
lugar, debe estudiarse quién comunica el mensaje. En esta oportunidad
es el señor Sigifredo Fonseca González el que ejerce su derecho a la libertad
de expresión, quien es funcionario público y ocupa un cargo directivo en el
Hospital Universitario de Santander. En segundo término al establecerse qué
comunica el accionante, se advierte que lo que pretende difundir reviste un
interés general, esto es, la parte resolutiva de la Sentencia de tutela de
primera instancia, pues se trata de una decisión judicial en la que se tutela
su derecho al buen nombre. En tercera instancia, al analizarse a quién se
comunica el mensaje, se observa que este iba dirigido a una audiencia
amplia e indeterminada, ya que el accionante divulgó dicha información en un
lugar público, esto es, en una entidad pública como lo es el Hospital
Universitario de Santander, por lo que lo ordenado en la Sentencia de tutela
podía ser conocido no sólo por la comunidad que labora en el mencionado
Hospital, sino por cualquier persona que se encontrara allí. En cuarto lugar,
en relación a cómo se comunica el mensaje, debe considerarse que este
tenía un alto grado comunicabilidad, pues se publicó de manera escrita a través
de copias que contenían la parte resolutiva de la Sentencia de tutela de
primera instancia. Finalmente, en cuanto al medio usado para comunicar el
mensaje, esta Sala advierte que el accionante usó diversos lugares visibles del
Hospital Universitario de Santander para pegar las copias que contenían la
referida sentencia, de tal manera que pudo ser leído con facilidad por muchas
personas, pues, como se dijo, el mensaje llegó no sólo a la comunidad que
trabaja en el Hospital, sino también al público en general que lo visitó
durante el tiempo en que este estuvo publicado.
9.3. En suma, se
advierte que Sigifredo Fonseca tenía derecho a expresarse con la amplitud
propia de este derecho, ya que lo comunicado resultaba de interés general, en
la medida en que se trataba de una sentencia judicial que amparaba su derecho
al buen nombre, el cual había sido afectado por la publicación compartida por
la accionada en una red social, razón por la cual tenía un interés legítimo en
difundir a la comunidad la decisión adoptada por el juez de tutela de primera
instancia. Aunado a lo anterior, no se observa que se hayan empleado
expresiones ofensivas o difamatorias en contra de la señora Castro León, pues
el accionante simplemente hizo pública la parte resolutiva de la mencionada
Sentencia sin hacer ningún tipo de valoración o juicio.
9.4. La Corte
entiende que no se presentó ningún abuso o extralimitación en el ejercicio del
derecho a la libertad de expresión por parte del accionante. Sin embargo, con
el fin de que el público que pudo leer la parte resolutiva de la Sentencia del
juez de tutela de primera instancia conozca la resolución de este asunto, se
advertirá a las partes de este proceso que, en caso de que cualquiera de ellas
lo desee, podrá publicar y difundir la parte resolutiva de la presente
Sentencia a la comunidad de
trabajadores del Hospital Universitario de Santander en las mismas condiciones de modo, tiempo y lugar que utilizó el señor Fonseca González para
comunicar la parte resolutiva de la Sentencia de tutela de primera instancia.
10. Síntesis
de la decisión
10.1. Sigifredo Fonseca
González interpuso acción de tutela en contra de Jael Johana Castro León por la
supuesta vulneración de sus derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y
a la intimidad, ya que la accionada compartió en su
cuenta de Facebook una publicación en la que aparecía relacionado su nombre
como parte de un cartel de la corrupción en el Hospital Universitario de
Santander, entidad en la que se desempeña como Subgerente
de Servicios de Apoyo Diagnóstico.
10.2. La Corte
determinó que en casos como el presente, en los que se advierte una tensión
entre los derechos a la libertad de expresión y los derechos al buen nombre, a
la honra o a la intimidad de terceras personas, el juez debe realizar un
ejercicio de ponderación en el que debe tener en cuenta la presunción de primacía de la libertad de expresión y las
particularidades de cada caso, a fin de determinar el equilibrio entre los derechos y la manera
más adecuada de garantizarlos. Para este propósito se establecen algunos
parámetros constitucionales que deberán ser analizados y aplicados en conjunto
por el juez en cada caso, con el objetivo de demarcar el contexto en el que se
da el acto de comunicación y balancear adecuadamente
los derechos en tensión. Dichos parámetros son: (i) quién comunica; (ii) de qué
o de quién se comunica; (iii) a quién se comunica; (iv) cómo se comunica; y (v)
por qué medio se comunica.
10.3. Esta Sala
concluyó que en el presente caso la libertad de
expresión de Jael Johana Castro León gozaba de una amplia protección, debido
principalmente a que su opinión se enmarcaba dentro de un tipo de discurso protegido.
No obstante, se consideró también que en la opinión expresada por la accionada
se relacionaba al señor  Fonseca González con la comisión
de posibles conductas punibles, al mencionarlo como parte de un “cartel de la
corrupción”, y que dichas expresiones fueron difundidas a través de una red
social mediante una publicación con un alto grado de comunicabilidad,
circunstancias que implicaron que el mensaje llegara a un número indeterminado
de receptores de manera ágil y durante un término indefinido.
10.4. En
consecuencia, para compatibilizar el derecho a la libertad de expresión de la
accionada de la forma más amplia posible, garantizando al mismo tiempo los
derechos fundamentales del accionante, era necesario que la señora Castro León aclarara
si lo expresado correspondía a una opinión a través de la cual elevaba su voz
de protesta e inconformidad con los manejos administrativos presentados en el
Hospital donde laboraba, o si por el contrario se trataba de una acusación
precisa y detallada en contra del accionante a partir de hechos concretos, es
decir, de una información. Sin embargo, esta Sala advirtió que, tanto en la
contestación de la acción de tutela, como en la impugnación de la sentencia del
juez de tutela primera instancia, la accionada aclaró que sus afirmaciones
compartidas en su cuenta de Facebook eran sus opiniones.
III. Decisión
No se violan los derechos fundamentales al buen
nombre, a la honra o a la intimidad de un servidor público cuando una persona,
en ejercicio de su libertad de expresión y de su derecho a ejercer control al
poder político, lo cuestiona y relaciona con la comisión de actuaciones
contrarias a la ley, si sus afirmaciones representan una opinión (que expresa, por
ejemplo, una manifestación de protesta, indignación o inconformidad con
determinada situación de interés público) y no una supuesta información (una
acusación concreta sobre una persona determinada).
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de
la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero: Por las
razones y en los términos de esta providencia, REVOCAR las
sentencias proferidas el 20 de febrero de 2018 por el Juzgado Diecisiete Civil
Municipal de Bucaramanga, y el 3 de abril de 2018 por el Juzgado Séptimo Civil
del Circuito de Bucaramanga. En su lugar, NEGAR el amparo a los derechos
fundamentales del señor Sigifredo Fonseca González.
Segundo.- ADVERTIR a Sigifredo Fonseca González y a Jael Johana Castro León que, en caso
de que alguno de los dos esté interesado en publicar y difundir la parte resolutiva de la presente sentencia a la comunidad de
trabajadores del Hospital Universitario de Santander, podrá hacerlo en las mismas condiciones de modo, tiempo y lugar que utilizó el
señor Sigifredo Fonseca
González para comunicar la parte resolutiva de la sentencia de tutela de
primera instancia.
Tercero.- LIBRAR las comunicaciones –por la Secretaría
General de la Corte Constitucional–, así como DISPONER las notificaciones a las partes –a
través del Juez de tutela de instancia–, previstas en el artículo 36 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
Comuníquese
y cúmplase.
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
Ponente
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con
salvamento de voto
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
Con
aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Mediante Auto
del 27 de julio de 2018, proferido por la Sala de Selección Número Siete,
conformada por el magistrado Alberto Rojas Ríos y la magistrada Diana Fajardo
Rivera, la Corte Constitucional seleccionó para revisión el expediente
T-6.856.856.
[2] Acción de tutela (Folios 10 a 15,
Cuaderno No. 2).
[3] Contestación de la acción de tutela
(Folios 26 a 30, Cuaderno No. 2).
[4] Sentencia de tutela de primera
instancia (Folios 32 a 38, Cuaderno No. 2).
[5] Impugnación de la sentencia de tutela
de primera instancia (Folios 41 a 51, Cuaderno No. 2).
[6] Sentencia de tutela de segunda
instancia (Folios 5 a 9, Cuaderno No. 3).
[7]
El artículo 86 de la Constitución Política y 1° del Decreto 2591 de 1991
establece que toda persona tiene la facultad de incoar el amparo
constitucional, por sí misma o por quien actúe en su nombre, con el fin de
reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales.
[8]
De acuerdo a la reiterada jurisprudencia de esta Corporación y al artículo 42
del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra particulares en
los siguientes casos: (i) cuando el particular presta un servicio público; (ii)
cuando la conducta del particular afecta grave y directamente el interés
colectivo y, (iii) cuando el solicitante se halle en estado de subordinación o
indefensión frente al particular.
[9] Sobre la configuración del estado de indefensión, ver entre otras,
sentencias T-798 de 2007. MP. Jaime Córdoba Triviño y T-552 de 2008. MP. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[10] Sentencia T-405 de 2007. MP. Jaime Córdoba Triviño. En dicha
sentencia también se demandó a un particular por la violación de los derechos a
la intimidad y a la propia imagen.
[11] La Corte Constitucional ha identificado enunciativamente algunas
situaciones que pueden dar lugar a este supuesto. En la sentencia T-012 de
2012. MP. Jorge Iván Palacio, la Corte hizo referencia a las siguientes
circunstancias: “(i) cuando la persona está en ausencia de medios de defensa
judiciales eficaces e idóneos que le permitan conjurar la vulneración de un
derecho fundamental por parte de un particular; (ii) quienes se encuentran en
situación de marginación social y económica; (iii) personas de la tercera edad;
(iv) discapacitados; (v) menores de edad; (vi) la imposibilidad de satisfacer
una necesidad básica o vital, por la forma irracional, irrazonable y desproporcionada
como otro particular activa o pasivamente ejerce una posición o un derecho del
que es titular; (vii) la existencia de un vínculo afectivo, moral, social o
contractual, que facilite la ejecución de acciones u omisiones que resulten
lesivas de derechos fundamentales de una de las partes como en la relación
entre padres e hijos, entre cónyuges, entre copropietarios, entre socios, etc.
y, (viii) el uso de medios o recursos que buscan, a través de la presión social
que puede causar su utilización, el que un particular haga o deje de hacer algo
en favor de otro”.
[12] Sentencia T-050 de 2016. MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
S.P.V. Gloria Stella Ortiz Delgado. En dicha sentencia se analizó la tutela
interpuesta por una persona que había sido objeto de señalamientos injuriosos
en la red social Facebook.
[13] De acuerdo a las normas comunitarias de Facebook, los contenidos
que se califican como inaceptables son: (i) lenguaje que incita al odio; (ii)
violencia y contenido gráfico; (iii) desnudos y actividad sexual de adultos;
(iv) servicios sexuales; y (v) contenido cruel e insensible. Así mismo, los
contenidos que son eliminados por Facebook son los relativos a: (i) suicidio y
autolesiones; (ii) desnudos y explotación sexual de menores; (iii) explotación
sexual de adultos; (iv) bullying, (v) acoso; e (vi) infracciones de privacidad
y derechos de privacidad de las imágenes. Al respecto, consultar:
https://www.facebook.com/communitystandards/introduction.
[14] Sobre el requisito de la inmediatez, ver entre muchas otras:
Sentencias T-158 de 2006. MP. Humberto Antonio Sierra Porto; T-584 de 2011. MP.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-416 de 2013. MP. Mauricio González Cuervo;
T-038 de 2017. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado. S.V. Aquiles Arrieta Gómez.
[15] Sentencia T-145 de 2016. MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[16] En la Sentencia T-263 de 1998. M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte Constitucional sostuvo: “[l]a vía penal sólo protege determinadas vulneraciones a los
anotados derechos fundamentales, al paso que la protección que la Constitución
Política depara a los mismos es total. Por esta razón, existen violaciones a la
honra y al buen nombre de las personas que, sin llegar a constituir formas de
injuria o de calumnia, sí afectan estos derechos y, por ende, autorizan su
protección por vía de la acción de tutela, cuando ello es necesario para evitar
la
consumación de un perjuicio irremediable.”.
[17] Sentencia SU-089 de 1995. MP. Jorge Arango Mejía.
[18] Sentencia T-787 de 2004. MP. Rodrigo Escobar Gil, en la que se
estudió la tutela interpuesta por una profesora de una institución educativa
quien estuvo varios meses incapacitada por problemas de salud, por lo que el
accionado realizó una caricatura que circuló en diarios locales en la que
insinuaba que no eran ciertas las incapacidades otorgadas a la accionante,
además, se aludía a la realización de actos sexuales de la accionante con otra
persona. La  Corte protegió los derechos de la intimidad, honra y buen nombre
de la accionante. Sobre la intimidad personal, precisó que es “la
salvaguarda del derecho de ser dejado sólo y de poder guardar silencio, es
decir, de no imponerle a un determinado sujeto, salvo su propia voluntad, el
hecho de ser divulgados, publicados o fiscalizado aspectos íntimos de su vida”.
En relación a la intimidad en el grado familiar, esta “responde al secreto y
a la privacidad en el núcleo familiar”. Por su parte, el ámbito social de
la intimidad “involucra las relaciones del individuo en un entorno social
determinado, tales como, las sujeciones atenientes a los vínculos labores o públicos
derivados de la interrelación de las personas con sus congéneres en ese preciso
núcleo social”. Finalmente, la intimidad gremial “se relaciona
estrechamente con las libertades económicas e involucra la posibilidad de
reservarse -conforme a derecho- la explotación de cierta información”.
[19] Sobre la naturaleza y características del derecho a la intimidad,
ver, entre otras: sentencias T-787 de 2004, MP. Rodrigo Escobar Gil; T-405 de
2007. MP. Jaime Córdoba Triviño; T-634 de 2013. MP. María Victoria Calle
Correa; T-478 de 2015. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado. A.V. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub; T-050 de 2016. MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. S.P.V.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[20] Sentencia T-787 de 2004. MP. Rodrigo Escobar Gil. Para la Corte
estos cinco principios permiten delimitar la protección del núcleo esencial del
derecho a la intimidad.
[21] Sentencia T-696 de 1996. MP. Fabio Morón Díaz.
[22] Sentencia T-949 de 2011. MP. Nilson Pinilla Pinilla.
[23] Sobre el derecho al buen nombre también pueden consultarse, entre
otras sentencias: T-412 de 1992. MP. Alejandro Martínez Caballero; C-489 de
2002. MP. Rodrigo Escobar Gil. A.V. Manuel José Cepeda Espinosa; T-482 de 2004.
MP. Álvaro Tafur Galvis; C-442 de 2011. MP. Humberto Antonio Sierra Porto. S.V
Juan Carlos Henao Pérez y María Victoria Calle Correa; T-015 de 2015. MP. Luis
Ernesto Vargas Silva. A.V. María Victoria Calle Correa.
[24] Sentencia T-411 de 1995. MP. Alejandro Martínez Caballero.
[25] MP. Alejandro Martínez Caballero.
[26] Sobre el derecho a la honra también pueden consultarse, entre otras
sentencias: T-405 de 2007. MP. Jaime Córdoba Triviño; T-015 de 2015. MP. Luis
Ernesto Vargas Silva. A.V. María Victoria Calle Correa; T-050 de 2016. MP.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. S.P.V. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[27] Constitución Política. Artículo 20. Se
garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y
opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de
fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen
responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en
condiciones de equidad. No habrá censura.
[28] Corte Constitucional. Sentencia T-391 de
2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Sv. Rodrigo Escobar Gil. Reiterada en
sentencias T-219 de 2009. M.P. Mauricio González Cuervo; C-592 de 2012. M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio. SV. Mauricio González Cuervo; y T-110 de 2015. M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio.
[29] Corte Constitucional. Sentencia T-934 de
2014. M.P. Mauricio González Cuervo.
[30] Corte Constitucional. Sentencia T-015 de
2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[31] Corte Constitucional. Sentencia C-650 de
2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[32] “Artículo 13.  Libertad de Pensamiento y de
Expresión //  1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de
expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección. // 2. El ejercicio del derecho previsto en el
inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a
responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la
ley y ser necesarias para asegurar: // a)  el respeto a los derechos o a la
reputación de los demás, o // b) la protección de la seguridad nacional, el
orden público o la salud o la moral públicas. //  3. No se puede restringir el
derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de
controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias
radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o
por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la
circulación de ideas y opiniones. // 4. Los espectáculos públicos pueden ser
sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el
acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin
perjuicio de lo establecido en el inciso 2. // 5. Estará prohibida por la ley
toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional,
racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra
acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún
motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.”
[33] Corte IDH, Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia
de 02 de julio de 2004. Párr. 113. En esta oportunidad la Corte I.D.H.
determinó que el Estado había violado la libertad de pensamiento y de expresión
del periodista Mauricio Herrera Ulloa, quien había sido condenado penalmente
por haber publicado un artículo en el periódico La Nación en el que vinculaba
al señor Félix Przedborski, entonces delegado de Costa Rica ante la
Organización Internacional de Energía Atómica, con diversas conductas ilícitas.
[34] Corte Constitucional. Sentencia T-391 de 2007.
MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Rodrigo Escobar Gil.
En esta sentencia se estudió la tutela interpuesta por la emisora RCN en contra
de una sentencia del Consejo de Estado que había ordenado a dicha emisora “adecuar
el contenido del programa ‘El Mañanero de La Mega’ a la normatividad que regula
la materia” para que “los usuarios reciban un servicio de radiodifusión
de calidad a nivel de temas y de lenguaje”. Además, le había ordenado al
Ministerio de Comunicaciones cumplir con sus funciones de vigilancia y control,
de lo que se derivó la imposición de una sanción pecuniaria como consecuencia
de la emisión del programa “El Mañanero de La Mega”.
[35] Ibídem.
[36] Corte Constitucional. Sentencias T-015 de 2015.
MP. Luis Ernesto Vargas Silva. AV. María Victoria Calle Correa; T-277 de 2015.
MP. María Victoria Calle Correa. SV. Mauricio González Cuervo; T-050 de 2016.
MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. SPV. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[37] Al respecto ver, entre otras, las sentencias: SU-1721 de 2000. MP.
Alvaro Tafur Galvis; T-218 de 2009. MP. Mauricio González Cuervo; T-904 de 2013
M.P. María Victoria Calle Correa. AV. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-015 de
2015 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. AV. María Victoria Calle Correa; T-146 de
2016. MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[38] Corte Constitucional. Sentencia
T-391 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Rodrigo Escobar Gil.
[39] Corte Constitucional. Sentencia
T-110 de 2015. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. En esta sentencia la Corte
protegió los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra de la Rectora
de un colegio quien había sido objeto de señalamientos injuriosos, a través de
un documento distribuido en el Municipio donde residía, por supuestamente
impedir la realización de un congreso de filosofía en el colegio del que era
Rectora.
[40] Al respecto ver, entre otras, las sentencias
T-015 de 2015. MP. Luis Ernesto Vargas Silva. AV. María Victoria Calle Correa;
y T-050 de 2016. MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. SPV. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[41] Comité de Derechos Humanos. Observación
General No. 34. Artículo 19. Libertad de opinión y libertad de expresión. 21 de
julio de 2011. CCPR/C/GC/34, pár. 21. Esta Observación reemplaza a la
Observación General No. 10 (Comité de Derechos Humanos. Observación General No.
10. Artículo 19. Libertad de opinión. 29 de junio de 1983. U.N. Doc. HRI/GEN/1/
Rev.7 at 150 1983).
[42] Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa
Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Párr. 120; Caso Palamara Iribarne Vs.
Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Párr. 79; Caso Kimel Vs.
Argentina. Sentencia del 2 de mayo de 2008. Párr. 54 y Caso Fontevecchia y
D’Amico Vs. Argentina. Sentencia de 29 de noviembre de 2011. Párr. 43.
[43] Corte I.D.H., Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, pár. 155.
[44] “A su vez, la Corte Europea de Derechos Humanos, al interpretar
el artículo 10 de la Convención Europea, concluyó que ‘necesarias’, sin ser
sinónimo de ‘indispensables’, implica la ‘existencia de una ‘necesidad social
imperiosa’ y que para que una restricción sea ‘necesaria’ no es suficiente
demostrar que sea ‘útil’, ‘razonable’ u ‘oportuna’.” Corte I.D.H., Caso
Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Pár. 122.
[45] Corte I.D.H. Opinión Consultiva OC-05 de 1985. Párr.46; Caso
Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Párr. 121 y 123;
Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Párr. 95;
Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Párr.
85; Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006.
Párr. 89-91; Caso Mémoli Vs. Argentina. Sentencia de 22 de agosto de 2013.
Párr. 130.
[46] Corte Constitucional. Sentencia T-543 de 2017.
MP. Diana Fajardo Rivera. SV. Carlos Bernal Pulido. La Corte determinó que se
vulneraba el derecho a informar y a recibir información por una Resolución de
la Superintendencia de Industria y Comercio que ordenaba cesar la difusión de
un mensaje publicitario relacionado con el consumo de bebidas azucaradas.
[47] Sentencia C-650 de 2003. MP. Manuel José
Cepeda Espinosa, en la que se declaran parcialmente fundadas las objeciones de
inconstitucionalidad propuestas por el Presidente a un proyecto de ley en el
que se exigía la certificación de títulos de idoneidad para el ejercicio de la
actividad periodística, reiterando de este modo la titularidad universal de la
libertad de expresión. En el mismo sentido, en la Sentencia T-391 de 2007. MP.
Manuel José Cepeda Espinosa, señaló la Corte: “una protección sólida de la libre comunicación de información e
ideas previene los abusos gubernamentales de poder, al proporcionarles un
contrapeso mediante la apertura de un canal para el ejercicio del poder
ciudadano de participación y control de lo público – en otras palabras,
proporciona una oportunidad para la discusión de los asuntos de interés
general, oportunidad que a su vez frena los riesgos de represión oficial”.
[48] Corte Constitucional. Sentencia T-904 de 2013. MP. María Victoria
Calle Correa. AV. Luis Guillermo Guerrero. En esta sentencia la Corte protegió
los derechos a la intimidad y a la propia imagen de los hijos, menores de edad,
de la Contralora General de la República, cuyas imágenes habían sido difundidas
en un reportaje emitido en un noticiero de televisión.
[49] Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs.
Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 127.
[50] CIDH. Informe Anual 1994. Capítulo V: Informe sobre la
Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. Título III. OEA/Ser. L/V/II.88. doc. 9 rev. 17 de febrero de
1995; CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana en el caso Ricardo Canese Vs.
Paraguay. Transcritos en: Corte I.D.H., Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay.
Sentencia de 31 de agosto de 2004. Párr. 72.
[51] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Relatoría especial
para la libertad de expresión. Marco jurídico interamericano sobre el
derecho a la libertad de expresión. 2010. En línea. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/MARCO%20JURIDICO%20INTERAMERICANO%20DEL%20DERECHO%20A%20LA%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESION%20ESP%20FINAL%20portada.doc.pdf.
Consulta del 31/10/18.
[52] Corte Constitucional. Sentencia
SU-1723 de 2000. MP. Alejandro Martínez Caballero. En este caso la Corte indicó
que una serie de televisión que narraba los hechos que rodearon la muerte de
Doris Adriana Niño, los cuales implicaban al cantante Diomedez Díaz, tenían un
interés general.
[53] Corte Constitucional. Sentencia T-312 de 2015. MP. Jorge Iván
Palacio. AV. Alberto Rojas Ríos. En esta sentencia la Corte negó una tutela
interpuesta por un Fiscal en la que pretendía se ordenara a un canal de
televisión eliminar su nombre e imagen de un programa periodístico que tenía
como objeto indagar las posibles irregularidades sucedidas en una investigación
penal a cargo del accionante.
[54] Corte Constitucional. Sentencias T-312 de 2015. MP. Jorge Iván
Palacio. AV. Alberto Rojas Ríos; T-244 de 2018. MP. José Fernando Reyes
Cuartas. AV. Carlos Bernal Pulido; T-277 de 2018. MP. Cristina Pardo
Schlesinger. SV. José Fernando Reyes Cuartas.
[55] Corte Constitucional. Sentencia T-312 de 2015. MP. Jorge Iván
Palacio. AV. Alberto Rojas Ríos.
[56] En el caso Tammer vs. Estonia (2001), el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos estudió el caso de un periodista que publicó un artículo sobre
un asunto referido a una relación romántica del Primer Ministro de ese país con
una mujer casada. La Corte en esa oportunidad consideró que asuntos del fuero
privado de los funcionarios no eran de interés público por lo que estimó
conducente la restricción que el Estado hizo a la libertad de expresión del
periodista en su momento.
[57] Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs.
Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. párr. 128 y 129.
[58] Sentencia T-312 de 2015. MP. Jorge Iván Palacio. AV. Alberto Rojas
Ríos.
[59] Corte Constitucional. Sentencia T-213 de 2004. MP. Eduardo Montealegre
Lynett.
[60] Corte Constitucional. Sentencia T-213 de 2004. MP. Eduardo
Montealegre Lynett.
[61] Corte Constitucional. Sentencia T-277 de 2018. MP. Cristina Pardo
Schlesinger. SV. José Fernando Reyes Cuartas.
[62] Corte Constitucional. Sentencia T-213 de 2004 (MP. Eduardo
Montealegre Lynett).
[63] Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. Relatoría especial para la libertad de expresión. Libertad de
expresión en internet. 2013. En línea. Disponible en: < http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/2014_04_08_Internet_WEB.pdf> Consulta del 31/10/18.
[64] Corte Constitucional. Sentencia T-145 de 2016. MP. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
[65] Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. Adoptada el
19 de octubre de 2000 por la Organización de los Estados Americanos.
[66] Declaración conjunta sobre libertad de expresión en internet.
Adoptada el 1º de junio de 2011 por el Relator especial de las Naciones Unidas
-ONU- sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y
expresión, el Representante para la libertad de los medios de comunicación de
la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa -OSCE-, la
Relatora especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados
Americanos -OEA-, y la Relatora especial sobre libertad de expresión y acceso a
la información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos,
-CADHP-.
[67] La prueba tripartita a la que hace alusión la Declaración conjunta
sobre libertad de expresión en internet hace referencia a los requisitos
establecidos por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos para establecer restricciones a la libertad de expresión, esto es: (1)
la limitación debe haber sido definida en forma precisa y clara a través de una
ley formal y material, (2) la limitación debe estar orientada al logro de
objetivos imperiosos autorizados por la Convención Americana, y (3) la
limitación debe ser necesaria en una sociedad democrática para el logro de los
fines imperiosos que se buscan; estrictamente proporcionada a la finalidad
perseguida; e idónea para alcanzar el objetivo imperioso que pretende
garantizar.
[68] Corte Constitucional, sentencias T-277
de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa. SV. Mauricio González Cuervo, y
T-050 de 2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. SPV. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[69] Corte Constitucional. Sentencia T-145 de 2016. MP. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
[70] Corte Constitucional. Sentencia T-725 de 2016. MP. Aquiles Arrieta
Gómez.
[71] Sobre controversias que involucran derechos de terceras personas
particulares por la publicación de mensajes en redes sociales, también pueden
consultarse, entre otras, las sentencias T-713 de 2010. MP. María Victoria
Calle Correa. SV. Mauricio González Cuervo; T-550 de 2012. MP. Nilson Pinilla
Pinilla. AV. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-050 de 2016. MP. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo. SV. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-121 de 2018. MP. Carlos Bernal
Pulido. AV. Diana Fajardo Rivera.
[72] Corte Constitucional. Sentencia T-277 de 2018. MP. Cristina Pardo
Schlesinger. SV. José Fernando Reyes Cuartas.
[73] En Sentencia T-244 de 2018 (MP. José Fernando Reyes Cuartas) la
Corte protegió la libertad de expresión de un concejal de Bogotá, quien había
sido demandado a través de una acción de tutela por el Alcalde de esta ciudad,
por las afirmaciones hechas por aquel en un debate del Concejo, las cuales
también habían sido reproducidas en sus redes sociales, y que el accionante
consideraba falsas y difamatorias. De otra parte, en Sentencia T-117 de 2018
(MP. Cristina Pardo Schlesinger), la Corte protegió los derechos fundamentales
al buen nombre y a la honra de una juez que había sido objeto de señalamientos
y acusaciones a través de un blog escrito por un particular y difundido
a través de su cuenta de Facebook. No obstante, en esta ocasión la Corte
consideró que lo comunicado por el accionado se enmarcaba dentro de una
información y no de una opinión, pues las expresiones se habían realizado en el
desarrollo de su actividad como periodista, por lo que era necesario determinar
si se cumplía con las cargas de veracidad e imparcialidad exigidas en el
ejercicio del derecho a la libertad de información, las cuales no fueron
acreditadas en esta oportunidad.
[74] Las discusiones en torno a la libertad de expresión en internet no
han sido ajenas al debate académico actual. Por ejemplo, el profesor Mart Susi
ha desarrollado un método denominado “internet balancing formula”, a partir
del cual se analizan los conflictos que puedan surgir del ejercicio de la
libertad de expresión en internet bajo determinados parámetros. Al respecto
también puede consultarse: Mart Susi, Jukka Viljanen, Eiríkur Jónsson,
Artūrs Kučs. “Human Rights Law and Regulating Freedom of
Expression in New Media. Lessons from Nordic Approaches”. Routledge,
2018.
[75] Corte I.D.H., Caso Apitz Barbera y otros
(“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela. Sentencia de
5 de agosto de 2008. Párr 131.
[76] Corte Constitucional. Sentencia T-949 de 2011. MP. Nilson Pinilla
Pinilla. En esta oportunidad la Corte estudió una
tutela interpuesta por el Alcalde de Buenaventura en contra de la Contralora
Distrital de esa ciudad, quien había dicho que el Alcalde era una persona con
antecedentes de corrupción, a pesar de que no existía una sentencia en su
contra por irregularidades en su gestión pública.
[77] Comisión I.D.H., Informe núm. 20/99, caso
núm. 11.317, Rodolfo Robles Espinoza e Hijos, Perú, 23 de febrero de 1999,
párr. 148.
[78] Corte I.D.H., caso López Lone y otros vs.
Honduras. Sentencia del 5 de octubre de 2015. Párr.
172.
[79] Sobre la protección a la libertad de
expresión de personas jurídicas, se pueden ver, entre otras sentencias: T-391
de 2007 MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Rodrigo Escobar Gil; T-904
de 2013. MP. María Victoria Calle Correa. AV. Luis Guillermo Guerrero Pérez;
T-312 de 2015. MP. Jorge Iván Palacio Palacio. AV. Alberto Rojas Ríos.
[80] Corte Constitucional. Sentencia T-391
de 2007. MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Rodrigo Escobar Gil. En el acápite
2.3.3.2 de esta sentencia se explican cada uno de estos tipos de discurso y el
correspondiente derecho fundamental que se ejerce a través de la libertad de
expresión.
[81] Corte I.D.H., caso Vélez Restrepo y Familiares vs. Colombia.
Sentencia del 3 de septiembre de 2012. Párr. 209.
[82] Corte I.D.H., caso Vélez Restrepo y Familiares vs. Colombia.
Sentencia del 3 de septiembre de 2012. Párr. 194.
[83] Corte Constitucional. Sentencia T-693 de 2016. MP. Luis Ernesto
Vargas Silva. AV. María Victoria Calle Correa. En esta sentencia la Corte tuvo
que resolver una tutela interpuesta por Carlos Alberto Plata en contra de
Carlos Fernando Galán, por presuntamente haber desconocido sus derechos al buen
nombre y a la honra con motivo de una columna de opinión publicada en el diario
El Espectador en la que mencionaba su nombre en el contexto de lo que
denominaba “el cartel de la contratación que robó Bogotá”.
[84] La Corte Constitucional ha establecido que “para que un grupo se
configure como discriminado o marginado debe reunir tres características, a
saber: i) que en efecto se trate de un grupo social identificable; ii) que se
encuentre en una situación de subordinación prolongada; y iii) que su poder político
se encuentre severamente limitado, por condiciones socioeconómicas, por clase,
o por perjuicio de los demás” (Sentencia T-736 de 2015. MP. Gloria Stella
Ortiz Delgado. SV. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). Así mismo, ha precisado que
el grupo marginado es más amplio que el discriminado pues “comprende no sólo
a personas que han sido colocadas en una situación de desventaja por decisiones
estatales, políticas públicas o prejuicios sociales, sino además a quienes
dadas las condiciones reales en que viven, sin importar la causa, están en una
situación de exclusión social, no se han incorporado a las actividades
económicas acudiendo a las formas ordinarias para ello o están en la
imposibilidad material de acceder a los beneficios de una sociedad organizada” (Sentencia
C-741 de 2003 MP. Manuel José Cepeda Espinosa. AV. Jaime Araujo Rentería). De
otra parte, la Corte ha señalado que existen grupos en especial situación de
vulnerabilidad por los riesgos de carácter extraordinarios que enfrentan debido
al tipo de tareas y actividades que desempeñan, como por ejemplo, los
defensores de derechos humanos (Sentencia T-1191 de 2004. MP. Marco Gerardo
Monroy Cabra).
[85] Corte Constitucional. Sentencia T-629
de 2010. MP. Juan Carlos Henao Pérez.
[86] Corte Constitucional. Sentencia T-391
de 2007. MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Rodrigo Escobar Gil. En el acápite
2.3.3.2 de esta Sentencia se explican cada uno de estos tipos de discurso y el
correspondiente derecho fundamental que se ejerce a través de la libertad de
expresión.
[87] Corte Constitucional. Sentencia T-391 de 2007. MP. Manuel José
Cepeda Espinosa. SV. Rodrigo Escobar Gil.
[88] Corte Constitucional. Sentencia T-391 de 2007. MP. Manuel José
Cepeda Espinosa. SV. Rodrigo Escobar Gil.
[89] Los casos de expresión simbólica plantean
problemas constitucionales significativos, porque el elemento de expresión es
más difícil de detectar que en los casos en que se transmite un mensaje verbal
o escrito a través de ciertas conductas, y puede llegar a ser absorbido
completamente por una conducta en cuya regulación el Estado tiene un interés
legítimo. El simple deseo del actor de comunicar una idea no puede ser
suficiente para convertir todo comportamiento en expresión; bajo esta
perspectiva, el asesinato político sería expresión. Tampoco es suficiente que
los destinatarios de la acción la entiendan como una comunicación; debe haber
un entendimiento general por el público de que la acción contiene un a
información o idea. Todo depende de las circunstancias del contexto. Por ejemplo,
el caso del uso de uniformes políticos en público: algunas cortes federales de
los Estados Unidos han considerado que el uso de uniformes nazis y la
exhibición de una svástica son expresión política protegida [Skokie v. Nat. Socialist Party, 373 NE 2d. 21 (1978); Collin v. Smith, 447 F.
Supp. 676, aff’d 578 F 2d. 1197,
1200 (1978)], no solo porque su uso en público se considera como la transmisión
clara de un mensaje, sino porque el objeto de la legislación pertinente es
prevenir ofensas ideológicas a la mayoría de las personas y la posibilidad de
un desorden público subsiguiente – motivos que en Estados Unidos son
insuficientes para restringir la libre expresión (ver el caso de Cohen v.
California). Otro ejemplo son los casos de profanación de la bandera de los
Estados Unidos [Street v. New York, 394 US 576 (1969); Smith v.
Goguen, 415 US 566 (1975); Spence v. Washington, 418 US 405 (1974)].
En estos casos, las leyes que prohíben la mutilación o destrucción de la
bandera nacional han sido invalidadas, por haber sido diseñadas para
privilegiar una determinada posición frente a este símbolo sobre otras
actitudes menos reverenciales; han sido declaradas inconstitucionales por
vaguedad, o su aplicación se ha considerado inconstitucional en el caso
concreto de demandados que quemaron o abusaron una bandera como forma de
protesta política. Es más difícil el caso principal de expresión-conducta en
los Estados Unidos: United States v. O’Brien (391 US 367, 1968).
El demandado fue acusado por quemar su tarjeta de reclutamiento, en aplicación
de una enmienda a la ley sobre entrenamiento y servicio militar que había
creado el delito de destrucción o mutilación de este documento. La mayoría de
la Corte Suprema decidió que este comportamiento no podía ser caracterizado como
expresión para efectos de la primera enmienda simplemente porque el actor
quería comunicar su oposición al reclutamiento para la guerra de Vietnam; la
simple intención comunicativa del actor era una condición necesaria pero no
suficiente para que su conducta fuera considerada como expresión. En ese
contexto, el gesto claramente fue entendido así por el público. Por lo tanto la
Corte consideró el caso sobre la base de que involucraba una combinación de
expresión y de conducta, o “expresión simbólica”. Sobre esta base la Corte
sostuvo que la regulación gubernamental era válida si promovía un interés
estatal importante, no relacionado con la supresión de la libre expresión, y si
la restricción incidental de la libertad de expresión no iba más allá de lo estrictamente
necesario para lograr dicho interés estatal. Se concluyó que el Gobierno tenía
un interés legítimo en preservar el sistema de registro del reclutamiento, por
lo que la regulación aplicada no era inconstitucional; el peticionario fue
castigado por frustrar el esquema de registro, y no por comunicar su oposición
a la guerra en forma particularmente dramática. En consecuencia, su condena fue
confirmada. Este caso confirma que, bajo ciertas circunstancias, los Estados
pueden tener un interés legítimo y apremiante en restringir la conducta como
tal, independientemente de su contenido expresivo y a pesar de que éste se
afecte en forma incidental.
[90] En estos casos, hay una intención
claramente entendida por los receptores de transmitir información u opiniones;
las dificultades surgen porque ese objetivo se logra a través de, o en
conjunción con, alguna actividad asociada que puede crear molestias o daños
sociales no relacionados con el contenido de la expresión como tal. Por
ejemplo, puede regularse la distribución de panfletos en ciertas áreas por el
riesgo de que se genere basura en calles o parques; pero esta situación
claramente involucra la libertad de expresión, por lo cual establecer
distinciones basadas en el contenido del panfleto sería inconstitucional (ver,
para el caso de los Estados Unidos, los casos Schneider v. State [308 US
147, 1939] y Martin v. Struthers [319 US 141, 1943], que establecen que
las restricciones basadas en el contenido de los panfletos o circulares es
inconstitucional, así como las limitaciones que sean más amplias de lo
necesario para prevenir el ruido, la basura u otra molestia pública). La única
diferencia significativa con los casos de expresión pura, no acompañada de
conducta, es que el interés gubernamental en limitar o regular la expresión
puede ser más fuerte por el elemento conexo de conducta – esta es la
aproximación de la Corte Suprema en los llamados “speech plus cases”,
como Cox v. Louisiana (379 US 536, 1965), donde se aplicó un estándar de
protección más bajo a las demostraciones en la calle que a la expresión pura.
En cada circunstancia particular se deben balancear los elementos de expresión
pura y de conducta para saber si se ha de otorgar la protección constitucional
por ser clasificada la conducta como “expresión”.
[91] En ciertas circunstancias el comportamiento en sí mismo puede ser
tan extraño que sólo puede interpretarse como la expresión de una proposición,
por lo cual se debe tratar como expresión simbólica.
[92] Corte Constitucional. Sentencia T-391
de 2007. MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Rodrigo Escobar Gil.
[93] En esta oportunidad la Corte no analizará a
fondo las complejidades propias del silencio como forma de expresión, pues esta
situación no se presentó en este caso.
[94] Por ejemplo, en el relato que entregó Íngrid
Betancourt a la Jurisdicción Especial para la Paz, explicó que su silencio en
la prueba de supervivencia entregada por las FARC expresaba su rechazo ante el
incumplimiento de lo acordado con sus captores para que no fuera filmada y sólo
se entregara una carta a sus familiares como prueba de supervivencia. El video
completo del relato se encuentra en:
https://www.youtube.com/watch?v=PLwNbUDDg4A&t=6302s.
[95] Corte Constitucional. Sentencia T-391
de 2007. MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Rodrigo Escobar Gil.
[96]  Corte Constitucional. Sentencia SU-056 de 1995. M.P. Antonio
Barrera Carbonell.
[97] Corte Constitucional. Sentencia T-213 de 2004. MP. Eduardo
Montealegre Lynett.
[98] Corte Constitucional. Sentencias T-104 de 1996. MP. Carlos Gaviria Díaz.
[99] Corte Constitucional. Sentencia T-235A de 2002. MP. Eduardo
Montealegre Lynett.
[100] Corte Constitucional. Sentencia SU-1723 de 2000 MP. Alejandro
Martínez Caballero.
[101] Corte Constitucional. Sentencia T-015 de 2015. MP. Luis Ernesto
Vargas Silva. AV. María Victoria Calle Correa.
[102] Corte Constitucional. Sentencia T-391
de 2007. MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Rodrigo Escobar Gil.
[103] Corte Constitucional. Sentencias T-145 de 2016. MP. Luis Guillermo
Guerrero Pérez; T-243 de 2018. MP. Diana Fajardo Rivera, entre otras.
[104]  Corte Constitucional. Sentencia T-244 de 2018. M.P. José Fernando
Reyes Cuartas. AV. Carlos Bernal Pulido.
[105] Constitución Política. Artículo 37: “Toda
parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la
ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar
el ejercicio de este derecho.”
[106] Si bien es cierto el grado de restricción a las
libertades de expresión y de información depende de las circunstancias de cada
caso, algunas medidas pueden considerarse altamente lesivas para el ejercicio
de estos derechos, como aquellas que imponen sanciones penales (Cfr. Caso Kimel
Vs. Argentina), indemnizaciones pecuniarias (Cfr. Corte I.D.H. Caso
Fontevecchia y D’Amico) o censuras previas (Cfr. Caso “La Última Tentación de
Cristo” Vs. Chile). Otras acciones contienen restricciones importantes pero
menos gravosas, como las órdenes de rectificación (Cfr. Corte Constitucional.
Sentencia T-243 de 2018. MP. Diana Fajardo Rivera), y algunas otras tienen un
grado de lesividad menor para el ejercicio de estos derechos, como aquellas que
exigen actualizar cierta información (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia
T-725 de 2016. MP. Aquiles Arrieta Gómez).
[107] Corte Constitucional. Sentencia T-391 de 2007. MP. Manuel José
Cepeda Espinosa. SV. Rodrigo Escobar Gil.
[108] https://www.lafm.com.co/colombia/el-sindrome-de-presunta-corrupcion-que-llego-al-hospital-universitario-de-santander
[109] http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/423719-denuncian-presunta-persecucion-laboral-en-el-hospital-universi
[110] https://www.opinionysalud.com/debate-la-asamblea-santander-situacion-del-universitario/
[111] Corte Constitucional. Sentencia T-691 de 2012. MP. María Victoria
Calle Correa. En este caso la Corte protegió los derechos fundamentales de un
estudiante universitario afrodescendiente, quien fue sometido a un trato
discriminatorio por parte de un docente al emplear un ejemplo de carácter
racista durante una clase en frente de él y de todos sus otros compañeros.
[112] Los discursos que no tienen presunción de cobertura constitucional
de la libertad de expresión fueron señalados en el acápite 6.2 de esta
providencia.