T-231-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-231/14
ESPACIO PUBLICO-Protección
constitucional
La normativa dispone que los particulares no
pueden exigir el reconocimiento de derechos de propiedad en relación con el
espacio público, como quiera que se trata de un bien inalienable,
imprescriptible e inembargable.
ESPACIO PUBLICO-Deber de la
administración informar acerca de alternativas de reubicación o inclusión en
programas sociales para proteger los derechos de los ocupantes
En varias oportunidades, la jurisprudencia
constitucional ha resaltado que la posibilidad de recuperar el espacio público
no exime a las autoridades públicas del deber que tienen de diseñar políticas
tendientes a proteger el trabajo de quienes resultaron afectados con los actos
administrativos emitidos por ellos y dependen de la actividad informal que
realizan. Así, una vez la administración inicia la ejecución de planes de
recuperación del espacio público y desaloja a los comerciantes informales que
desarrollan actividades económicas en una zona específica, las autoridades
tendrán que hacer todo lo que esté a su alcance para reubicarlos en sitios
donde puedan desarrollar su actividad de manera permanente y sin causar
perjuicios a la comunidad, o darles la oportunidad para que emprendan nuevas
actividades que les permitan asegurar su mínimo vital.
EJECUCION DE POLITICAS
PUBLICAS DE RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO-No puede afectar derecho
fundamental al mínimo vital a sectores más pobres y vulnerables de la población
como vendedores ambulantes
La jurisprudencia constitucional, ante la
implementación de políticas de recuperación del espacio público, ha reconocido
la importancia de proteger los derechos de los trabajadores informales que
desempeñan su trabajo en el espacio público, debido a que usualmente hacen
parte de un grupo poblacional que se encuentra en una condición de debilidad la
cual se centra en su precariedad económica. En consecuencia, toda política
encaminada a la recuperación del espacio público debe adelantarse de manera tal
que no lesione desproporcionadamente el derecho al mínimo vital de la población
más pobre y vulnerable, ni de manera tal que se prive a quienes no cuentan con
oportunidades económicas en el sector formal de los únicos medios lícitos de
subsistencia que tienen a su disposición.
PRINCIPIO DE CONFIANZA
LEGITIMA-Protección
en la restitución del espacio público
El principio de confianza legítima, conjuntamente
con el respeto por el acto propio, son manifestaciones concretas del principio
de buena fe, aplicables a las políticas de recuperación del espacio público y a
garantizar el derecho al trabajo de los comerciantes informales ocupantes de
él. Principios que constriñen a la administración a respetar los compromisos
que ha adquirido y a reconocer la garantía de durabilidad y estabilidad de
situaciones que ha respaldado expresa o tácitamente. Igualmente, obligan a la
administración a adoptar medidas con suficiente preaviso para mitigar el
impacto de la recuperación del espacio público, como planes de reubicación,
orientaciones acerca de otra actividad económica u otra zona para ejercer su
trabajo, lo anterior dependiendo del grado de afectación.
RESTITUCION DE ESPACIO
PUBLICO-Proporcionalidad
de las medidas adoptadas
Esta Corte en varias ocasiones se ha manifestado
que las medidas de restitución del espacio público implementadas por la
administración, no pueden conculcar los derechos fundamentales de las personas
que se ven perjudicadas por dicha actuación administrativa. Para evitar esta
situación, entre otras medidas, esta Corporación ha llamado la atención sobre
la necesidad de realizar censos y estudios de impactos previos, comprensivos y
con participación de las comunidades afectadas.
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD E INMEDIATEZ EN LA ACCION
DE TUTELA-Requisitos de
procedibilidad
DERECHO AL DEBIDO PROCESO, MINIMO VITAL, TRABAJO,
IGUALDAD Y CONFIANZA LEGITIMA-Efectos
inter comunis respecto a vendedores informales a quienes no se les haya permitido censarse
DERECHO AL DEBIDO PROCESO, MINIMO VITAL, TRABAJO,
IGUALDAD Y CONFIANZA LEGITIMA-Orden a
Alcaldía y Defensoría del Espacio Público realizar nuevamente censo de
vendedores informales e informar sobre programas de capacitación
Referencia: expediente T- 4.135.881
Acción de tutela instaurada por Hugo Sierra Rojas en
contra de la Alcaldía Municipal de Bucaramanga, la
Secretaría de Gobierno Municipal de Bucaramanga, el Departamento
Administrativo- Defensoría del  Espacio Público de Bucaramanga y la
Inspección de Policía del Espacio Público de Bucaramanga.
Derechos fundamentales invocados: al trabajo, al
debido proceso, al mínimo vital, los derechos de la familia y de los niños, a
la igualdad y a la confianza legítima.
Problema jurídico: Le corresponde a la
Sala estudiar si las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales
del señor Hugo Sierra Rojas al impedirle continuar ejerciendo su labor de
vendedor de comidas rápidas en el barrio Girardot de Bucaramanga, y no
incluirlo en el censo y en los programas de generación de ingresos y reubicación
dirigidos a los comerciantes informales de la ciudad.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., nueve (09) de abril de dos mil catorce
(2014).
La
Sala Séptima de
Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub -quien la preside-, Alberto Rojas Ríos y Luís Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°,
de la Constitución Política, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión de la sentencia dictada el
veintiuno (21) de junio de dos mil trece (2013), por el Juzgado Sexto Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga, que confirmó la decisión
de primera instancia proferida el tres (3) de mayo de dos mil trece (2013) por
el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Bucaramanga, que negó por improcedente la acción de tutela interpuesta por el
señor Hugo Sierra Rojas en contra de la Alcaldía Municipal de Bucaramanga, la
Secretaría de Gobierno Municipal de Bucaramanga, el Departamento
Administrativo- Defensoría del  Espacio Público de Bucaramanga y la Inspección
de Policía del Espacio Público de Bucaramanga.
El expediente llegó a la Corte Constitucional por
remisión del Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Bucaramanga, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del Decreto 2591 de
1991. La Sala de Selección Número Once de la Corte Constitucional, el
veintiocho (28) de noviembre de dos mil trece (2013), eligió para efectos de su
revisión el asunto de la referencia.
1.
ANTECEDENTES
1.1.
SOLICITUD
El señor Hugo Sierra Rojas interpuso
acción de tutela contra la Alcaldía Municipal de Bucaramanga, la Secretaría de
Gobierno Municipal de Bucaramanga, el Departamento Administrativo- Defensoría
del  Espacio Público de Bucaramanga y la Inspección de Policía del Espacio
Público de Bucaramanga, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales
al trabajo, al debido proceso, al mínimo vital, los derechos de la familia y de
los niños, a  la igualdad y a la confianza legítima.
En consecuencia, pide (i) que mientras se
realiza el estudio de caracterización de ventas informales en el espacio
público del barrio Girardot, donde se encuentra ubicado su sitio de trabajo, se
efectúa el censo de vendedores informales y se adecuan los locales comerciales
o se construyen alamedas, se proceda a inaplicar en su sitio de trabajo lo establecido
en los decretos 0179 y 0544 de septiembre de 2012; (ii) que le sea otorgado un
permiso especial para continuar ejerciendo su oficio en el barrio Girardot de
Bucaramanga, tal y como se les permitió a los vendedores estacionarios de las
casetas en las calles 36 y 35 entre carreras 10-19 del barrio Centro y García
Rovira de esa ciudad; y (iii) que en caso de no acceder a sus peticiones, se le
reubique en un lugar que reúna las condiciones técnicas y sanitarias para la
venta de comidas rápidas, hasta tanto sea reubicado en forma definitiva.
1.2.
HECHOS Y ARGUMENTOS DE
DERECHO.
1.2.1.  Indica el actor que tiene una venta de comidas rápidas
ubicada en la calle 27 con carrera 6ª del barrio Girardot de Bucaramanga, la
cual funciona en el horario de 6:00 a.m. a 11.00 p.m.
1.2.2.  Aduce que en la venta de comidas labora con su hija
Betty Sierra Lozano, quien tiene 3 hijos menores de edad, y que con los
recursos económicos que obtienen de dicho negocio, sufragan los gastos del
hogar.
1.2.3.   Afirma que en dicha actividad comercial “venta de
comidas rápidas” y en el mencionado sitio de trabajo, lleva laborando más
de 10 años, según consta en la licencia No. 05(…) expedida por la Secretaría de
Gobierno de la Alcaldía de Bucaramanga el dieciocho (18) de diciembre de dos
mil dos (2002).
1.2.4.  Expresa que él y su esposa son personas de la tercera
edad y no cuentan con ingresos económicos diferentes a los que obtienen
laborando en la “venta de comidas rápidas”,  pues nadie les brinda
trabajo debido a su edad.
1.2.5.  Señala que desde el quince (15) de enero de dos mil
trece (2013), el Alcalde de Bucaramanga fijó la hora cero, la cual prohíbe a
los vendedores ambulantes continuar vendiendo en el espacio público del
municipio.
1.2.6.  Relata que desde que la fuerza pública empezó a
patrullar en el barrio Girardot, no ha podido continuar vendiendo “Comidas
Rápidas” y no cuenta con los recursos económicos para sufragar los gastos
de su hogar, situación que le está ocasionando una vulneración de su mínimo
vital y el de su núcleo familiar.
1.2.7.  Sostiene que la administración debió dar cumplimiento
a lo establecido en el artículo 15, numerales 3 y 4, del Decreto 0179 proferido
el tres (3) de septiembre de dos mil doce (2012)[1].
1.2.8.  Manifiesta el actor que la administración al no tomar
sus datos y enviar dicha información al Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público, “incurrió en una violación al derecho
fundamental al debido proceso, al excluirlo como vendedores informales,
impidiendo que los censaran para tener acceso a los programas de reubicación
que ofrece la Alcaldía de Bucaramanga (SIC)”.
1.2.9.  Alega que la Alcaldía Municipal por medio de la radio
convocó a los vendedores informales a asistir a una reunión en el Coliseo
Peralta entre los días veintiuno (21) y veintisiete (27) de septiembre del año
dos mil doce (2012); sin embargo, asegura que cuando se presentó a dicha
convocatoria el veintisiete (27) de septiembre de dos mil doce (2012), un
funcionario de la entidad le informó que no se encontraba censado.
1.2.10. Dice que el estudio socioeconómico realizado por la
administración, el cual fue denominado “caracterización de la población que
expende en el espacio público”, solo fue efectuado a los vendedores que se
encontraban ubicados en los barrios nombrados Ciudadela Real de Minas, Centro y
Cabecera. Indica que su sitio de trabajo quedó excluido, por tanto no fue
censado.
1.2.11. Con base en lo anterior, afirma que la administración
municipal no le brindó asesoría clara y precisa sobre los trámites y
procedimientos necesarios que se debían adelantar para poder acceder a los
programas de reubicación de vendedores informales.
1.2.12. Agrega que al prohibirle continuar laborando en el
barrio Girardot, la Fuerza Pública está vulnerando sus derechos fundamentales
al mínimo vital, al trabajo, a la igualdad y a la confianza legítima, pues no
es falta de voluntad el no querer censarse, sino que se lo han impedido, por no
encontrarse su sitio de trabajo ubicado en los barrios Ciudadela Real de Minas,
Centro o Cabecera, donde se realizó el estudio socioeconómico.
1.2.13. Finalmente, advierte que el Alcalde de Bucaramanga
vulneró su derecho fundamental al debido proceso al ordenarle al Comando de la
Policía la recuperación de todo el espacio público sin haber realizado censo en
todos los barrios de Bucaramanga. Así mismo, argumenta que  la Policía incurrió
en vulneración de sus derechos fundamentales al haber obedecido una orden
improcedente.
1.2.14. Con base en lo expuesto, solicita la protección de sus
derechos fundamentales y los de su núcleo familiar. En consecuencia, pide (i) que mientras se
realiza el estudio de caracterización de ventas informales en el espacio
público del barrio Girardot, donde se encuentra ubicado su sitio de trabajo, se
efectúa el censo de vendedores informales en el mencionado barrio y se adecuan
los locales comerciales o se construyen alamedas, se proceda a inaplicar en su
sitio de trabajo lo establecido en los decretos 0179 y 0544 de septiembre de
dos mil doce (2012); (ii) que le sea otorgado un permiso especial para
continuar ejerciendo su oficio en el barrio Girardot de Bucaramanga, tal y como
se les permitió a los vendedores estacionarios de las casetas en las calles 36
y 35 entre carreras 10-19 del barrio Centro y García Rovira de esa Ciudad; y (iii)
que en caso de no acceder a sus peticiones, se le reubique en un lugar que
reúna las condiciones técnicas y sanitarias para la venta de comidas rápidas,
hasta tanto sea reubicado en forma definitiva.
1.3.
TRASLADO Y
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
1.3.1.  Admisión y traslado
El
Juzgado Tercero (3) Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Bucaramanga, mediante auto del diecinueve (19) de abril de dos mil trece (2013), admitió la demanda y corrió traslado a
los demandados, Alcaldía Municipal de
Bucaramanga, Secretaría de Gobierno Municipal de Bucaramanga, Departamento
Administrativo- Defensoría del  Espacio Público de Bucaramanga y la Inspección
de Policía del Espacio Público de Bucaramanga, para que en el término de dos
(2) días contados desde la notificación del auto, se manifestarán acerca de los
hechos que originaron la presentación de la acción de tutela.
1.3.2.   Contestación de la demanda
1.3.2.1.  Departamento Administrativo de la Defensoría del
Espacio                                                                    Público
Mediante escrito del veintitrés (23) de
abril de dos mil trece (2013), el doctor Kadir Crisanto Pilonieta Díaz, en
calidad de Director del Departamento Administrativo de la Defensoría del
Espacio Público de Bucaramanga, solicitó que se declarará improcedente la
acción  de tutela interpuesta por el actor. Al respecto indicó:
Con respecto a la licencia para trabajar
que anexa el actor en el escrito de tutela, advirtió que no fue renovada por la
administración municipal a partir del año 2002. Agregó que en el mismo
documento se indica que tendrá vigencia por dos (2) años, es decir que la
licencia presentada ya perdió validez y si a la fecha la hubiese tenido,
igualmente quedaba sin vigencia puesto que el Decreto 0179 de 2012 derogó cualquier
otro acto administrativo que le fuese contrario.
Manifestó que el Decreto 0179 de 2012 y la
Resolución 0544 del mismo año, se expidieron con la finalidad de dar
cumplimiento a un mandato constitucional y devolverle a todos los ciudadanos el
espacio público. Además, los funcionarios encargados de dar cumplimiento  a los
actos administrativos mencionados, realizan los operativos ajustados a esos
actos y en cumplimiento de los mismos, y lo han hecho sin vulnerar los derechos
de los vendedores informales.
Sostuvo que la medida de recuperación del
espacio público obedeció al deber constitucional estipulado en el artículo 82
de la Constitución, el cual determina que “es deber del Estado velar por la
integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual
prevalece sobre el interés particular.”
Adujó que dentro del trabajo que la
administración tiene programado, se encuentra el Plan de Desarrollo 2012-2015,
el cual fue aprobado mediante Acuerdo municipal 014 de 2012, denominado “Bucaramanga
Capital Sostenible”.
Afirmó que la Secretaría del Interior y el
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público “realizaron
el CENSO de los vendedores informales, realizándose por parte de la Defensoría
la Encuesta del Estudio Socioeconómico de esta comunidad […] El Alcalde
profirió el Decreto 0179 de 2012, todos estos actos administrativos contaron
con la correspondiente publicidad tanto hablada como escrita y la socialización
de los mismos, contando con una convocatoria masiva realizada en el coliseo
peralta los días 21 a 27 de septiembre, donde se realizaron las mesas de
trabajo o concertación con la población que voluntariamente decidió acogerse a
los planes y beneficios de la administración… es de anotarse que la población
que se ordenó retirar del espacio público, no se hizo partícipe de estas
convocatorias aún cuando fueron citados a través de los medios de
comunicación”.
Resaltó que la convocatoria tuvo una multitudinaria
acogida, puesto que 860 vendedores fueron inscritos en los programas de “alternativas
económicas, opciones de reubicación y oferta institucional”, y con ellos el
Municipio adelanta un proceso sostenible de emprendimiento que permitirá al
municipio recuperar en su mayoría los espacios públicos invadidos, y de otro
respetar el derecho a la confianza legítima de la población.
Por ultimó, enfatizó que “la
administración municipal al acercarse la temporada navideña, hizo una
invitación masiva de vendedores ambulantes para socializar nuevamente el
decreto y la resolución mencionada, concediéndoles un nuevo plazo hasta el 15
de enero de 2013, para que ejercieran su actividad y de manera voluntaria
aceptaron el plazo para realizar el despeje del espacio público […]. El
departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público cumpliendo con
las instrucciones impartidas por el señor Alcalde de la Ciudad de Bucaramanga,
realizó el sorteo de los locales con los que cuenta el ente territorial en los
diferentes centros comerciales, entre los vendedores informales que se acogieron
a la oferta institucional. Sorteo que se realizó en presencia de los Delegados
de la Personería Municipal, la Contraloría, para que dichos sorteos fueran en
forma transparente”.
Con base en lo anterior, afirmó que la
administración ha hecho varios esfuerzos para lograr la recuperación del
espacio público, lo cual es un mandato constitucional.
1.3.2.2.        Policía Metropolitana de Bucaramanga
Mediante escrito del veintiocho (28) de
abril de dos mil trece (2013), el Brigadier General Saúl Torres Mojica, en
calidad de Comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, solicitó que
se declarará improcedente la acción  de tutela interpuesta por el actor.
Mencionó que dentro de los postulados
constitucionales se ha reglamentado el servicio de policía, así como las
funciones y los derechos que le corresponden al personal que conforma la
institución, lo anterior con la finalidad de atender lo estipulado en los artículos
2 y 218 de la Carta.
Indicó que el Manual de Convivencia y
Cultura para la ciudad de Bucaramanga, en su artículo 77, numeral 3, establece
como uno de los comportamientos que favorecen la protección y conservación del
espacio público, no patrocinar, promover o facilitar directamente o a través de
un tercero la ocupación indebida del espacio público mediante venta ambulante o
estacionaria.
Aseguró que la administración municipal
acató los precedentes constitucionales al expedir el Acto 0179 del 3 de septiembre
de 2012 y la Resolución 0544 del 5 de septiembre del mismo año, ofreciendo
alternativas económicas y programas tendientes a mitigar el impacto que sobre
los derechos de los vendedores ambulantes generan las actuaciones policivas que
se llegaren adelantar para la recuperación del espacio público.
Añadió que se ofrecieron programas de
reubicación en centros comerciales organizados bajo la vigilancia y control de
la administración municipal, tales como: centro comercial Feghali, centro
comercial San Bazar, centro Asosevan, centro comercial San Andresito centro,
centro comercial Mutis Plaza, Plaza Alberto Rueda, barrio Kennedy, ferias
comercial temporales y mercados campesinos populares. Así mismo, se realizaron
programas de capacitación gratuita en emprendimiento empresarial y comercial
con el SENA e IMEBU, se ofreció prioridad en programas de vivienda, así como en
programas de educación escolar, primaria y secundaria gratuita para todo el
núcleo familiar.
Agregó que la Policía Nacional- Comando de
Policía Metropolitana de Bucaramanga, recibió la orden operativa emanada del
Alcalde de Bucaramanga el 10 de enero de 2012, lo anterior conforme con las
atribuciones del Decreto 0179 de 2012, artículo 15, numeral 06. Con base en lo
descrito, adoptaron las medidas necesarias para respetar los derechos y
libertades, manteniendo un dispositivo acorde para evitar confrontación.
Finalmente, aseguró que la acción de tutela
incoada por el señor Hugo Sierra Rojas
debe ser declarada improcedente, toda vez que el actor cuenta con otro
mecanismo judicial para hacer valer sus derechos.
1.4.
DECISIONES
JUDICIALES
1.4.1.
Sentencia de primera
instancia-Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías
de Bucaramanga
Mediante sentencia del tres (3) de mayo de dos mil
trece (2013), el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Bucaramanga declaró improcedente la acción de tutela. Consideró
que en el caso objeto de estudio no se evidencia la afectación de los derechos
fundamentales invocados. Además, a su juicio, el actor no ha realizado
gestiones tendientes a obtener alguna de las prerrogativas que le otorga la
Administración Municipal, o no ha habido exclusión arbitraria por parte de la
misma.
Afirmó que en lo concerniente la solicitud del actor
de “suspender los efectos del Decreto NO. 0179 de 2012 y la Resolución No.
0544 de 2012 expedida por la Alcaldía Municipal de Bucaramanga”, no es la
acción de tutela el mecanismo idóneo para debatir ese tipo de asuntos, toda vez
que corresponde a la jurisdicción ordinaria administrativa dirimir dicho
conflicto.
También adujo que el actor debe acudir directamente a
las autoridades encargadas de su reubicación como vendedor ambulante, ya que la
acción de tutela no es un proceso alternativo o sustitutivo de los ordinarios o
especiales; obrar  contrario a ello sería invadir la orbita de otras
jurisdicciones.
1.4.2.
Impugnación
Inconforme con la decisión proferida por el Juzgado
Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga,
el señor Hugo Sierra Rojas presentó escrito de impugnación. Basó su solicitud
en los siguientes argumentos:
En un principio, manifestó el actor que en ningún
momento se opone a la restitución del espacio público; precisó que su
inconformidad radica en la “violación al debido proceso y en el principio de
confianza legítima en que incurren las entidades accionadas”.
Seguidamente, expuso que conforme a las sentencias
SU-360 de 1999, SU-601 de 1999, T-772 de 2003, entre otras, se reconoce la
prevalencia del interés general sobre el particular y existen normas
constitucionales que facultan a las autoridades a recuperar el espacio público.
Sin embargo, dichos precedentes indican que se les debe garantizar a los vendedores
informales que la recuperación del espacio público no se realizará
intempestivamente y que se debe conciliar antes de realizar dicha recuperación.
Afirmó que lo manifestado por el Juez de instancia en
el folio 22 parágrafo segundo y tercero, vulnera el principio de congruencia,
toda vez que la sentencia no guarda consonancia con los hechos narrados y las
pruebas aportadas.
Arguyó que el estudio socioeconómico realizado por la
administración municipal de Bucaramanga, denominado “Caracterización de la
población”, solamente se realizó a los vendedores informales ubicados en
los barrios Real de Minas, Centro y Cabecera, en donde fueron censados 1.356
vendedores informales.
Por último, sostuvo que el mencionado censo no fue
realizado en su sitio de trabajo ubicado en la calle 27 con carrera 6 esquina
del barrio Girardot, por ende al no estar incluidos en el censo, él y su
familia no podían acceder a los programas de reubicación ofrecidos por el
Alcalde.
1.4.3.
Sentencia de segunda instancia-
Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga
Mediante fallo del veintiuno (21) de junio
de dos mil trece (2013), el Juzgado Sexto
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga resolvió
confirmar el fallo de instancia, basándose en los siguientes argumentos:
En primer lugar, indicó que no se advertía
vulneración al debido proceso administrativo, ya que en el Decreto 0179 y en la
Resolución 0544 del año 2012, se estableció la forma de censar a los vendedores
ambulantes de la ciudad de Bucaramanga y se dispuso además la reubicación de
los mismos. Así mismo, resaltó que 860 personas fueron inscritas en programas
de “alternativas económicas, opciones de reubicación y oferta institucional”
y 1.196 fueron censadas, por lo que infirió que las circunstancias estaban
dadas para que todos los vendedores ambulantes de la ciudad fueran censados y a
su vez inscritos en los respectivos programas adelantados por la administración
municipal.
En segundo lugar, manifestó que no podía
considerarse que existió vulneración al principio de la confianza legitima,
toda vez que “la actuación de la Administración local no ocurrió de modo
intempestivo, ni tampoco sin que haya mediado previo aviso y/o trámite administrativo
bajo el cumplimiento de la garantía fundamental del debido proceso, pues… el
debido proceso administrativo determinado por los actos citados, fue cumplido a
cabalidad por las entidades oficiales conforme a lo(Sic) establecen el
ordenamiento jurídico”.
Finalmente, adujo que de la petición
segunda hecha por el accionante en su escrito de tutela[2], se podría
inferir que sí fue censado y que fue beneficiado con los programas de
reubicación. Con base en lo anterior, confirmó la sentencia proferida por el
juez de primera instancia.
1.5.
PRUEBAS RELEVANTES DENTRO
DEL PROCESO
En el trámite de la acción de amparo se aportaron como
pruebas:
1.5.1.
Copia de la
licencia No. 05(…) expedida el 18 de diciembre de 2002, por la Secretaría de
Gobierno de la Alcaldía de Bucaramanga, a nombre del señor Hugo Sierra Rojas
para trabajar como vendedor de comidas rápidas (Folio 27, C. 2).
1.5.2.
Copia de la cédula
del señor Hugo Sierra Rojas, accionante (folio 28 C. 2).
1.5.3.
Copia de la cédula
de las señoras Flor de María Solano de Sierra  y Betty Sierra Solano, esposa e
hija del accionante, respectivamente (Folios 29 y 30, C.2).
1.5.4.
Registro Civil de
Nacimiento de Laura Angélica Morgado Sierra. Tarjeta de identidad de Laura
Angélica Morgado Sierra, tarjeta de identidad de Karen Daniela Morgado Sierra y
registro de David Esteban Morgado Sierra, todos menores de dieciocho años
(Folios 32-35 C.2).
1.5.5.
Copia del estudio
técnico de caracterización de ventas informales en el espacio público del
centro de la ciudad de Bucaramanga, realizado por  la Defensoría del Espacio
Público de la misma ciudad en marzo de 2012 (Folios 36-84, C.2).
1.5.6.
Copia de la
Resolución No. 0544 del 5 de septiembre de 2012, por medio de la cual “se
ordena la recuperación del espacio público indebidamente ocupado por vendedores
informales en el Municipio de Bucaramanga” (Folios 86-90, C.2).
1.5.7.
Copia del Decreto
0179 del 3 de septiembre de 2012 por medio del cual “se dictan disposiciones
para la recuperación y preservación del espacio público en el municipio de
Bucaramanga” (Folios 121-129, C.2).
1.5.8.
Copia del Boletín
de Prensa No. 296 emitido por la Alcaldía Municipal de Bucaramanga, el 5 de
septiembre de 2012, en el que informa acerca de la instalación del comité para
la recuperación del espacio público en Bucaramanga  (Folios 133-135,C. 2).
1.5.9.
Copia del Boletín
de Prensa No. 321 emitido por la Alcaldía Municipal de Bucaramanga, el 21 de
septiembre de 2012, mediante el cual informa acerca de la oferta institucional
que presentará la Alcaldía en el Coliseo Peralta para legalizar la actividad de
4.000 vendedores ambulantes  (Folios 138-202,C. 2).
2.
ACTUACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
2.1.
PRUEBAS SOLICITADAS POR LA
SALA.
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, mediante auto del
siete (7) de marzo de dos mil catorce (2014), con el fin de contar con mayores
elementos de juicio, a través de la Secretaría General de esta Corporación,
decretó las siguientes pruebas:
“PRIMERO. Por intermedio de la Secretaría
General de la Corte Constitucional, OFICIAR a la Alcaldía Municipal
de Bucaramanga (Dirección: Fase I: Calle 35 # 10-43, Fase II: Carrera 11 #
34-52, Bucaramanga. Teléfono: 6337000) y al Gerente del Espacio Público y Movilidad de
Bucaramanga (Calle 35 # 10-43
Piso 3, teléfono 6337000) para que en el término de tres (3) días hábiles
contados a partir de la notificación del presente auto, manifiesten lo que
consideren pertinente, en particular que alleguen la siguiente información:
a)
¿Informar si ha realizado un estudio técnico de
caracterización de ventas informales en la zona donde el actor ejerce su
actividad, concretamente en el barrio Girardot? En caso de que la respuesta sea
negativa, informar las razones.
b)
¿Informar si se
ha socializado con la comunidad de vendedores de la zona los planes y programas
de formalización de la economía? Se solicita precisar a través de qué medios,
en qué fecha y qué personas asistieron a las reuniones realizadas, si se
efectuaron.
c)
¿Cuáles son los
criterios que se tuvieron en cuenta para la conformación del censo de
comerciantes informales, en aplicación del Decreto 0179 y la Resolución 0544 de septiembre de
2012?, y ¿Cuantas personas han sido incluidas en el
censo?
d)
¿Cuáles fueron
los fundamentos jurídicos tenidos en cuenta para elaborar esos criterios?
e)
¿Los vendedores
del barrio Girardot fueron tenidos en cuenta para la conformación del censo? En
caso de que la respuesta sea negativa, se solicita se expliquen las razones.
f)
¿Cómo se dio a
conocer el censo a la población?
g)
¿Se dieron
oportunidades a quienes no fueron incluidos en el censo de solicitar su
inclusión en el listado? En caso afirmativo, ¿Cuál fue el plazo y qué debían
acreditar los comerciantes o interesados  para el efecto?
h)
¿Cuál es el plan de
reubicación y/o generación de ingresos diseñado para asistir a los trabajadores
informales del municipio y otras poblaciones afectadas, acorde con el Decreto 0179 y la Resolución 0544 de septiembre de
2012?
i)
¿Existe en el municipio
registro de vendedores informales y que efecto tiene el mismo? ¿Cuál fue la
última fecha de actualización?
j)
¿Los vendedores que ya
tenían licencia se deben inscribir en programas de formalización de actividades
económicas?
k)
¿Qué actuaciones
se adelantaron previamente al inicio de la recuperación del espacio público con
los comerciantes informales y propietarios de los establecimientos de comercio
y locales de la zona comercial del barrio Girardot de Bucaramanga, y otros
afectados?
l)
Enviar copia
del estudio de impacto socioeconómico que realizaron en la zona donde se
encuentra ubicado el accionante.
SEGUNDO.
COMISIONAR al Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Bucaramanga (Palacio de Justicia  Oficina 3 Sótano, Bucaramanga.
Teléfono: 6523061)  para que en el término de cinco (5) días
contados a partir de la notificación de este auto, practique una INSPECCIÓN
JUDICIAL en compañía del actor –el señor Hugo Sierra Rojas (Carrera 4 No. 28-36 Barrio Girardot, Bucaramanga.
Teléfono: 6520228) con
el objeto de verificar la siguiente información: (i) Desde hace cuanto y
en qué condiciones ejerce el actor su actividad informal; (ii)
verificar si hay más comerciantes informales en la zona y qué clase de
actividad ejercen; y (iii) verificar la situación de los demás
vendedores que ejercen su actividad en la zona.
Durante la inspección el Juzgado deberá
tomar fotos de los lugares inspeccionados, y hacer grabaciones de audio de las
declaraciones tomadas. También podrá, si lo considera pertinente, hacer
grabaciones de video. Además, deberá realizar las siguientes actividades:
1. En desarrollo de la
inspección judicial ordenada en el presente numeral, y con el propósito de tener un mejor conocimiento de la
situación del actor, ORDENAR LA PRÁCTICA DE UN INTERROGATORIO DE PARTE al
señor Hugo Sierra Rojas, accionante en el proceso de la referencia, para que amplíe la acción de tutela
dando respuesta a los siguientes interrogantes:
a)    ¿Qué personas componen su
núcleo familiar?
b)    ¿Cuánto tiempo lleva
ejerciendo la actividad de vendedor informal de comidas rápidas en el barrio
Girardot de Bucaramanga? Aportar pruebas que respalden su afirmación.
c)     ¿Hace cuánto tiempo la
Administración lo desalojó de la zona?
d)    ¿La Administración le
advirtió previamente sobre el desalojo?
e)     ¿Tenía conocimiento sobre
la política de la administración municipal de recuperación del espacio público
en la zona?
f)       ¿Conoce usted algún caso
en el que la Administración haya reubicado a otro vendedor del barrio Girardot,
zona donde usted realiza su actividad de vendedor de comidas rápidas?
g)    ¿Por qué razón no fue
censado? ¿Ha realizado algún trámite para ser reconocido dentro de los programas
de la administración como trabajador informal?
h)    En el escrito de tutela
señala que  desde el mes de enero del año 2013, la administración inició las
labores de desalojo y no se encuentra ejerciendo dicha actividad en el Barrio
Girardot de Bucaramanga, por ende ¿qué actividad está ejerciendo?
i)       ¿Ha recibido alguna clase
de capacitación o apoyo por parte de la Alcaldía para acceder a los programas y
planes de formalización económica de trabajadores informales?
j)       En el escrito de
impugnación señala que los locales entregados no estaban adecuados para la
realización de su actividad ¿Le ha sido ofrecido o entregado por parte de la
administración municipal algún establecimiento o local para ejercer su
actividad de venta de comidas rápidas?
2.
De la misma manera, el Juzgado comisionado deberá, con el propósito de saber cuánto tiempo ha ejercido el
accionante la actividad de vendedor de comidas rápidas en la zona y conocer
otras situaciones de trabajadores informales similares, RECAUDAR TESTIMONIOS
de al menos cinco (5) comerciantes  formales e informales, o residentes del
barrio Girardot de Bucaramanga, donde el actor ejerce su actividad, con el
objeto de que resuelvan las siguientes inquietudes:
a)
¿Qué actividad realiza en
el Barrio Girardot? Y ¿Desde hace cuánto tiempo?
b)
¿Conoce usted al señor Hugo
Sierra Rojas?
c)
¿Sabe desde hace cuánto
ejerce las actividades de vendedor de comidas rápidas en el Barrio Girardot?
d)
¿Se han realizado actos de
desalojo por parte de la Alcaldía, a los vendedores y trabajadores informales
en la zona del Barrio Girardot?
e)
¿Tiene conocimiento de si
alguno de los vendedores censados por parte de las autoridades municipales?
f)
¿Se ha reubicado algún
vendedor de la zona?
g)
¿Ha sido inscrito por parte
de la Alcaldía Municipal en un programa de formalización económica a algún
vendedor de la zona?
h)
¿Conoce los censos que ha
realizado la Alcaldía para inscribir vendedores informales a los programas y
planes de recuperación del espacio público y formalización de la economía?
TERCERO. A través de la Secretaría General de la Corporación, OFICIAR
al Consejo Seccional de la Judicatura de Bucaramanga para que suministre al Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Bucaramanga, los equipos que requiera para la práctica de la
inspección judicial”.
2.2.
INFORMES Y PRUEBAS
RECIBIDAS EN SEDE DE REVISIÓN
2.2.1.
Directora del Departamento
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público de Bucaramanga
Mediante oficio del veinte (20) de marzo de dos mil
catorce (2014), la Doctora Sandra Lucia León León, como respuesta a auto del
siete (7) de marzo de dos mil catorce (2014), informó a este despacho lo
siguiente:
Inicia explicando la manera como la administración
municipal de Bucaramanga desarrolló el programa de recuperación del espacio
público de la ciudad. Afirma que dicha autoridad presentó una serie de
alternativas a los ocupantes del espacio público con la finalidad de llevar a
cabo el despeje de las diferentes zonas de la ciudad, respetando los derechos
de la comunidad de vendedores informales. Dicho trámite, a su juicio, se
realizó bajo las garantías del debido proceso, no actuando ni intempestiva ni
abruptamente.
Alega que muchos de los vendedores
ambulantes no se acogieron al censo o simplemente no suministraron sus datos a
los funcionarios encargados.
Según la funcionaria, no se vulneró
ningún derecho al accionante, ya que, el hace parte del grupo de las personas
que no se acogieron al censo y, por tanto, no quiso participar voluntariamente
de los pasos llevados a cabo por la administración para que se lograra
materializar la medida institucional.
Arguye que no pueden pretender las
personas que no se acogieron a las políticas institucionales, buscar el amparo
de sus derechos fundamentales por medio de la acción de tutela, pues, a su
juicio, tuvieron tiempo suficiente para conocer las propuestas y acogerse a las
medidas y beneficios ofrecidos. Indica por ejemplo que socialización de las
políticas se llevó a cabo en el Coliseo Peralta.
Según dice la doctora Sandra León, se
facilitaron por completo los medios para que el peticionario se acogiera a las
alternativas ofrecidas por la administración y estas fueron rechazadas por el
accionante, contrario a los 860 vendedores que sí se acogieron a las mismas y
mejoraron su calidad de vida y situación personal.
Afirma que el municipio realizó un
estudio socioeconómico con la finalidad de proponer el programa de reubicación
a todos los vendedores informales de la ciudad, y en la realización de dicho
estudio, no se excluyó ningún barrio donde hubiese presencia de personas en las
condiciones descritas. Sin embargo, en lo concerniente al barrio Girardot, en
este no se presentaba problemática alguna de vendedores informales, atendiendo
a que se trata de un barrio de la ciudad “netamente residencial”.
Posteriormente, al dar respuesta a la pregunta ¿Los
vendedores del barrio Girardot fueron tenidos en cuenta para la conformación
del censo? En caso de que la respuesta sea negativa, se solicita se expliquen
las razones. Informo: “En el barrio Girardot no se realizó actuación
alguna antes del programa de recuperación del espacio público, pues como ya
advertí, en este sector no existen invasiones de espacio público que afecten el
normal tránsito de los ciudadanos o de comerciantes del sector, pues se trata
de un barrio netamente residencial, allí no existe un sector comercial”. (Negrilla
y subrayado fuera del texto).
Argumenta que el actor no aparece en base de datos
alguna en la que se registre el desalojo del que dice fue víctima, por lo cual
asegura no aconteció dicha situación jamás según la información que se tiene en
la Alcaldía.
Por último, aduce que el actor bien pudo
haber asistido a alguno de los sitios dispuestos por la Alcaldía donde se
dieron a conocer las políticas y alternativas que se ofrecían a quienes
ostentaban la calidad de vendedores informales y no lo hizo; dice que si hubiera
realizado el mínimo esfuerzo para presentarse a las convocatorias mencionadas,
hubiera sido incluido en el censo de vendedores informales al igual que se
incluyó a un gran número de personas que desarrollan la misma actividad.
Agrega, que el demandante nunca se hizo
presente, ya que no aparece inscrito en ninguno de los registros obtenidos por
la Alcaldía, a pesar de los diferentes llamados e invitaciones efectuadas. Es
de ahí, según argumenta, de donde surge la duda de “si ostentaba la calidad
de vendedor informal para el momento de los hechos”, pues fueron muchas las
ocasiones y el tiempo que tuvo para realizar dicha diligencia.
Aunado a lo descrito con anterioridad, la
Doctora Sandra Lucia León León, en calidad de Directora del Departamento
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, allega las pruebas que se
mencionaran a continuación:
2.2.2.
Pruebas
aportadas por la Directora del
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público de Bucaramanga
2.2.2.1.  Decreto 0179 del 03 de septiembre de
2012, por el cual se dictan disposiciones para la recuperación y preservación
del espacio público en el municipio de Bucaramanga. Este documento contiene
todas las medidas adoptadas por la administración del municipio en cuestión
para efectos de recuperar y preservar el espacio público.
2.2.2.2.  Resolución 0544 de 2012.
2.2.2.3.  Boletín de prensa No.  296 del miércoles
5 de septiembre de 2012, en el cual se registra públicamente la instalación del
Comité de Recuperación del Espacio Público de Bucaramanga.
2.2.2.4.  Boletín de prensa No. 300 del domingo 9
de septiembre de 2012, en el que se describe el inicio de la etapa de
socialización directa con vendedores ambulantes, dándole cumplimiento al
cronograma establecido en el Decreto 0179.
2.2.2.5.  Boletín de prensa No.  415 con fecha de
miércoles 21 de noviembre de 2012,  por medio del cual se denuncia que los
vendedores se encuentran invadiendo vías y obstaculizando el tránsito peatonal
y vehicular, por lo cual se darían nuevos decomisos de las mercancías.
2.2.2.6.  Boletín de prensa No. 321 de fecha viernes 21 de
septiembre de 2012, el cual anuncia que a partir de esa fecha en el coliseo
“Peralta”, la Alcaldía presentará oferta institucional para legalizar la
actividad de 4.000 vendedores ambulantes.
2.2.2.7.  Volante mediante el cual se dieron a
conocer las alternativas ofrecidas a los vendedores informales en el proceso de
recuperación del espacio público.
2.2.2.8.  Encuesta de estudio socioeconómico de
informales de Bucaramanga.
2.2.2.9.  Boletín de prensa de la convocatoria a
los vendedores informales en el Coliseo Peralta para dar a conocer las
alternativas y medidas del proceso.
2.2.2.10. Acta de selección de oferta institucional para los
vendedores informales que asistieron al coliseo peralta a acogerse al programa.
2.2.2.11. Volante y registro fotográfico de la feria de las
oportunidades organizada por la administración municipal para los vendedores
infórmales.
2.2.2.12. Boletín de prensa mediante el cual se anuncia la
entrega del capital semilla a algunos vendedores acogidos que se acogieron al
programa ofrecido por la Alcaldía.
2.2.2.13. Boletín de prensa dónde se indican los locales del
centro comercial Feghali en dónde se reubicaron a los vendedores informales
acogidos al programa.
2.2.2.14. Boletín de prensa en el que se muestran las ayudas que
se dan por parte de la Alcaldía municipal a vendedores informales que se
acogieron al programa.
2.2.2.15. Boletín de prensa con nuevo informe de entrega de
capital semilla a otro grupo de vendedores infórmales beneficiarios del
programa.
2.2.2.16. Registro de vendedores informales.
2.2.2.17. Copia del acta de selección de oferta institucional
para los vendedores informales No. 539, en la que se constatan datos personales
de los vendedores, además de la actividad que desempeñan y el espacio que
ocupan en la calle.
2.2.2.18. Boletín de prensa número 403 del jueves 15 de
noviembre de 2012, mediante el cual se hace pública la convocatoria de la
Alcaldía de Bucaramanga a una cita el día 29 de noviembre en la plaza cívica,
dirigida a los trabajadores infórmales.
2.2.2.19. Copia de un contrato de arrendamiento celebrado entre
el Municipio y un vendedor reubicado, en el cual se establecen periodo de
tiempo, valor del canon de arrendamiento y obligaciones de ambas partes.
2.2.2.20. Boletín de prensa dónde se hace noticia pública la
entrega de unos cheques por valor de 1 millón de pesos por parte del Alcalde a
ex vendedores ambulantes, como medio de apoyo al proceso de legalización de
éstas personas como comerciantes.
2.2.2.21. Boletín de prensa No. 519 del miércoles 06 de febrero
de 2013, en el cual se hace noticia pública que la administración municipal
apoyará mediante procesos de autogestión y emprendimiento, a aquellos
vendedores que no buscan empleo ni reubicación.
2.2.3.
Informe de
inspección judicial con testimonios
Mediante oficio del veinte (20) de marzo de dos mil
catorce (2014), el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Bucaramanga remitió el informe del despacho comisario No. 5
realizado el once (11) de marzo de la misma anualidad. Al respecto indicó:
“En cumplimiento de los dispuesto en auto de fecha 19
de marzo de 2014 remitido por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Bucaramanga
librado dentro del proceso de revisión de la acción de tutela número 4.135.881
revisado por la Corte Constitucional, este juzgado realizó las diferentes
diligencias:
1.
Diligencia
de inspección judicial realizada en el inmueble ubicado en la carrera No 28-36
del barrio Girardot de Bucaramanga, en la residencia del señor Hugo Sierra
Rojas, en cumplimiento al despacho comisorio No 5 con procedencia del Honorable
Corte Constitucional.
El día 18 de marzo de 2014, siendo las 10:00 a.m. se
encontraron presentes en el despacho del Juzgado Tercero Penal Municipal con
función de control de garantías de Bucaramanga para llevar  a cabo la
inspección judicial ordenada mediante auto del 7 de marzo de 2014 por la Sala
Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, el técnico profesional en
fotografía judicial Intendente Benjamin Mejía Vargas y el técnico profesional
en fotografía, Patrullero Edwar Pabón Ávila adscrito a la SIJIN. A continuación
se desplaza el despacho junto con el personal que acompañará la diligencia a la
residencia ubicada en la carrera 4 No 28-36 del barrio Girardot de Bucaramanga,
residencia del señor Hugo Sierra Rojas.
Estando en ese lugar se es atendido por el señor
Hugo Sierra Rojas, a quien se le toma declaración cumpliendo todas las
ritualidades de ley:
1.1.
Interrogatorio
al señor Hugo Sierra Rojas.
Manifiesta el interrogado que se llama Hugo Sierra
Rojas, tiene 68 años y es natural de Bucaramanga.
SE LE PREGUNTA: ¿Qué personas componen su núcleo
familiar?
A lo que responde, que en la actualidad son 8
personas, su esposa, la hija y los nietos menores, Laura  de 12 años, Karen de
4 años y un niño de 2 años y su otra hija Sandra Milena Sierra, afirma que ella
es la única que lo cuida por la enfermedad de epilepsia que padece y frente a
la avanzada edad de su esposa quien tiene 65 años.
Agrega que su hija Sandra Milena Sierra trabaja en una
zapatería y ella también tiene tres hijos que viven en allí en la misma
residencia, sus tres hijos tienen la edad de 15, 12 años y una niña de 6 meses.
SE LE PEGUNTA: ¿Qué personas proveen el sustento para
su familia?
A lo que responde, Sandra Milena, su hija, quien es la
única que aporta para los servicios, el resto de gastos afirma, le corresponden
a él.
SE LE PREGUNTA: ¿Qué ingresos tiene con su actividad
de vendedor informal?
A lo que responde, que más o menos, treinta mil pesos
diarios. ($30.000)
SE LE PREGUNTA: ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo la
actividad de vendedor informal de comidas rápidas en el barrio Girardot de
Bucaramanga?
A lo cual responde, que lleva 32 años trabajando en la
en la esquina de la carrera 6 con calle 37, donde le dieron la primera licencia
en el año de 1991, fue referendada como dos veces y después le dijeron que no
se podía refrendar porque estaba prohibido. No obstante, el señor Sierra siguió
desarrollando su actividad en ese lugar. Se deja constancia en la diligencia
que el señor Hugo Sierra Rojas aportó copia de la licencia mencionada en su
interrogatorio.
SE LE PREGUNTA: ¿Hace cuánto tiempo la administración
lo desalojo de la zona?
A lo cual contestó, que hace un año que empezaron a
correrlos a todos del parque porque ahí no estaba permitido la venta de comida.
SE LE PREGUNTA: ¿La administración le advirtió
previamente del desalojo?
A lo que responde que no, que lo supo por boca de
otros como allegados de la familia y a través de un periódico local.
SE LE PREGUNTA: ¿Tenía conocimiento sobre la política
de la administración municipal de recuperación de espacio público en la zona?
A lo cual respondió, que no la conocía.
SE LE PREGUNTA: ¿Conoce usted algún caso  en el que la
administración haya reubicado a otro vendedor de comidas rápidas?
A lo que respondió, que a ninguno le habían dado la
oportunidad de poder trabajar en otro lugar.
SE PREGUNTA: ¿Por qué razón no fue censado? ¿Ha
realizado algún trámite para ser reconocido dentro de los programas de la
administración como trabajador informal?
A ello contesta, que él se inscribió en el Coliseo
Peralta pero que allá  les dijeron que no los censaban, que allá era para los
vendedores informales de otras zonas. Dice que esperaron a que fueran a
censarlos pero nunca lo hicieron, por lo cual le preguntaron al Jefe de Espacio
Público por qué no los habían censado y él sólo respondía que ellos no
aparecían en la pantalla.
Agrega, que él iba casi todos los días a preguntar por
su estado pero que siempre perdía la ida  porque nunca los atendían.
SE LE PREGUNTA: En el escrito de tutela señala que
desde el mes de enero del año 2013 la administración inició las labores de
desalojo y no se encuentra ejerciendo dicha actividad en el barrio Girardot de
Bucaramanga, por ende ¿Qué actividad está ejerciendo?
A esto contesta, que él sigue ejerciendo su actividad
en la carrera 6 con calle 27 pero que siempre anda sufriendo por miedo a que
llegue la Policía de Espacio Público y les quite las pocas cosas que les
quedan.
SE LE PREGUNTA: ¿Es decir, usted continúo su actividad
de vendedor informal en el mismo lugar donde fue desalojado?
A lo que contesta que sí, que siempre sale a trabajar
a ese lugar.
SE LE PREGUNTA: ¿Ha recibido alguna clase de
capacitación o apoyo por parte de la Alcaldía para acceder a los programas y
planes de formalización económica de trabajadores informales económica de
trabajadores informales?
A lo cual responde que no, que nunca han sido
seleccionados para ninguno de esos programas.
SE LE PREGUNTA: En el escrito de impugnación señala
que los locales entregados no estaban  adecuados para la realización de su
actividad ¿Le ha sido ofrecido o entregado por parte de la administración
municipal algún establecimiento o local para ejercer su actividad de ventas de
comidas rápidas?
A ello contesta que a ellos no les asignaron ningún
local, eso fue a los vendedores del centro que fueron reubicados en locales sin
el servicio de agua.
SE LE PREGUNTA: ¿Desea agregar algo a la presente
declaración?
Manifiesta que lo único que pide es que se le permita
trabajar pues a su edad y con su enfermedad, no tiene otra oportunidad para
ganarse el sustento mínimo de vida.
1.2.
Testimonio
de la señora Teresa Azucena Moreno Ortega
La señora Teresa Azucena Moreno Ortega reside en la
carrera 4 No 28-35 barrio Girardot, por lo cual, es vecina del señor Hugo
Sierra Rojas.
SE LE PREGUNTA: ¿Diga que actividad realiza usted en
el barrio Girardot y desde hace cuánto tiempo?
A ello responde que vende alimentación por encargo
hace 53 años en la carrera 4 No 28-35 y que conoce a “Don Hugo” hace muchos
años pues él prácticamente la vio nacer.
SE LE PREGUNTA: ¿Conoce usted al señor Hugo Sierra
Rojas?
A lo cual respondió que sí.
SE LE PREGUNTA: ¿Sabe desde hace cuánto ejerce la
actividad de vendedor de comidas rápidas en el barrio Girardot?
A ello responde que el señor Hugo Sierra hace
aproximadamente de 28 a 30 años que ha estado atendiendo ese negocio.
SE LE PREGUNTA: ¿Sabe usted que productos vende?
A lo cual responde que sí y manifiesta que vende
colombianas de pollo, pollo broaster, hamburguesas y papas.
SE LE PREGUNTA: ¿Se han realizado actos de desalojo
por parte de la alcaldía a los vendedores y trabajadores  informales de la zona
del barrio Girardot?
Manifiesta en su respuesta que sí, que a los
vendedores ambulantes les quitan las ventas y ello es lo único que tienen para
asegurarse su subsistencia.
SE LE PREGUNTA: ¿Tiene conocimiento de si a alguno de
los vendedores han sido censados por parte de las autoridades municipales?
A lo cual contestó que de eso no tenía conocimiento.
SE LE PREGUNTA: ¿Se ha reubicado a algún vendedor de
la zona?
A lo cual respondió que no sabía.
SE LE PREGUNTA: ¿Usted sabe si algún vendedor ha sido
inscrito por parte de la Alcaldía Municipal en algún programa de formalización
económica?
A lo cual respondió que no sabía.
SE LE PREGUNTA: ¿Conoce los censos que ha realizado la
Alcaldía para inscribir vendedores informales a los programas y planes de
recuperación del espacio público y formalización de la economía?
A lo que contestó que no sabía.
SE LE PREGUNTA: ¿Indíquele al despacho por qué conoce
usted al señor Hugo Sierra Rojas?
A ello manifiesta la señora Teresa Azucena Moreno que
lo conoce porque son vecinos desde hace mucho tiempo y que se prestan ayuda
mutuamente cuando así lo requieren.
SE LE PREGUNTA: ¿Conoce usted cuántas personas
componen el núcleo familiar del señor Hugo Sierra?
A lo cual responde que ella tiene conocimiento de que
son varias personas.
SE LE PREGUNTA: ¿Saben si hay menores de edad? En caso
positivo ¿Cuántos y que edades promedio tienen?
Frente a esto contestó que son como doce personas y
que de menores de edad tiene conocimiento de que hay dos, uno que es una bebé,
el otro un niño y los demás son estudiantes.
SE LE PREGUNTA: ¿Sabe usted  quien provee el
sostenimiento de la familia del señor Hugo?
A ello contesta que el señor Don Hugo.
SE LE PREGUNTA: ¿Desea agregar alguna información a la
presente diligencia?
A ello contestó que deberían reubicar al señor Hugo en
un buen puesto para que pueda seguir sosteniendo a los nietos.
1.3.
Testimonio
del señor Wolmar Eduardo Suárez Quintero
El señor Wolmar Eduardo Suárez Quintero se encontraba
en el parque Girardot de la ciudad de Bucaramanga donde se procedió a continuar
la diligencia de inspección judicial para recibir testimonios de personas que
laboran como vendedores formales e informales de esta localidad.
Después de cumplir todas las ritualidades exigidas por
la ley, se procede a recibir su testimonio y a escuchar  las cualidades del
señor Suárez, quien es soltero, cuenta con 65 años de edad, trabaja como
vendedor informal de comidas rápidas, estudió hasta cuarto de primaria y reside
en el barrio Girardot en la calle 26 No 3-47.
SE LE PREGUNTA: ¿Qué actividades realiza en el barrio
Girardot y desde hace cuánto tiempo?
A lo cual responde que él es vendedor ambulante de
comidas rápidas y lleva más de 18 años trabajando en ello.
SE LE PREGUNTA: ¿Concretamente, en dónde se hace para
realizar esta labor?
A ello contesta que en la 27 con 6ta.
SE LE PREGUNTA: ¿Conoce usted al señor Hugo Sierra
Rojas? En caso positivo ¿Por qué y desde hace cuánto tiempo?
A lo que respondió que sí lo conocía desde hace varios
años, al trabajar juntos en el mismo lugar como vendedores ambulantes desde
hace 31 años.
SE LE PREGUNTA: ¿Sabe desde hace cuánto el señor Hugo
ejerce las actividades de vendedor de comidas rápidas en el barrio Girardot?
A esto contestó que desde hace 31 años.
SE LE PREGUNTA: ¿Se han realizado actos de desalojo
por parte de la Alcaldía a los vendedores y trabajadores informales del barrio
Girardot?
A lo cual el señor Suárez contestó que sí, que han ido
a molestarlos.
SE LE PREGUNTA: ¿Quiénes?
Él respondió que la Policía del Espacio Público.
SE LE PREGUNTA: ¿Qué hacen estas personas? ¿Qué les
dicen?
A esto respondió que les manifestaron que ellos tenían
que desalojar el espacio público y por lo menos, manifiesta que a él, le
quitaron una sombrilla que tenía.
SE LE PREGUNTA: ¿Tiene conocimiento usted de si han
censado a alguno de los vendedores?
A ello contestó que no, que él no ha sido censado y
que cree que a sus compañeros tampoco.
SE LE PREGUNTA: ¿Se ha reubicado algún vendedor de la
zona por parte de la municipalidad?
Frente a esto manifiesta que no, que a ninguno se le
ha reubicado.
SE LE PREGUNTA: ¿Ha sido usted inscrito por parte de
la Alcaldía Municipal en algún programa de formalización económica o a alguno
de sus compañeros de la zona?
A esto contestó que no.
SE LE PREGUNTA: ¿Conoce los censos que ha realizado la
Alcaldía para inscribir vendedores informales a los programas y planes de
recuperación del espacio público?
A esto contestó que no los conocía.
SE LE PREGUNTA: ¿Desea agregar alguna información a la
presente diligencia?
A ello respondió que ellos lo único que quieren es que
los dejen trabajar en ese lugar, porque de allí derivan el sustento de ellos y
de sus familias.
SE LE PREGUNTA: ¿Quiénes conforman su núcleo familiar?
A esto contestó que tiene seis hijos y un hermano, uno
de sus hijos tiene 18 años y su hermano también depende de lo que él devenga y
de la vivienda en donde viven que es propia.
1.4.
Testimonio
de la señora Yasmín Rocío Guerrero Marín
El despacho procede a recibir el testimonio de la
señora Yasmín Rocío Guerrero a quien después de infórmale las formalidades
propias de la ley, se escucha a la declarante quien aduce trabajar de manera
formal, haber realizado estudios hasta 4to de primaria y residir en el barrio
Girardot.
SE LE PREGUNTA: ¿Qué actividades realiza en el barrio
Girardot y desde hace cuánto tiempo?
Frente a ello manifestó que es propietaria de una
licorera en el barrio y desde hace más de 8 años es residente de ese lugar.
SE LE PREGUNTA: ¿Conoce usted al señor Hugo Sierra
Rojas? En caso positivo ¿Por qué y desde hace cuánto tiempo?
A ello contestó que sí lo conoce, porque en su
licorera vende vasos y platos desechables y como ellos venden comida en el
parque siempre le compran estos elementos. Se refiere al hecho de que habla de
ellos porque el señor Hugo siempre está acompañado de sus dos hijas Sandra y
Betty.
SE LE PREGUNTA: ¿Sabe desde hace cuánto el señor Hugo
ejerce las actividades de vendedor de comidas rápidas en el barrio Girardot?
Frente a ello contestó que ella sólo lleva 8 años allí
pero que su esposo que reside hace más tiempo en ese lugar le ha contado que el
señor Hugo está allí desde que sus dos hijas eran niñas, como desde hace 25
años, cree.
SE LE PREGUNTA: ¿Se han realizado actos de desalojo
por parte de la Alcaldía a los vendedores y trabajadores informales del barrio
Girardot?
Frente a ello respondió que sí, que en repetidas
ocasiones.
SE LE PREGUNTA: ¿Quiénes?
Ella respondió que la Policía y los del Espacio Público.
SE LE PREGUNTA: ¿Tiene conocimiento usted de si han
censado a alguno de los vendedores?
A ello respondió que no, que no tiene conocimiento de
ello.
SE LE PREGUNTA: ¿Se ha reubicado algún vendedor de la
zona por parte de la municipalidad?
A esto contestó que no, que en ese lugar no, que
tiene  conocimiento de que algunos vendedores que se ubicaban alrededor del
parque han buscado arriendos en otros lugares.
SE LE PREGUNTA: ¿Conoce los censos que ha realizado la
Alcaldía para inscribir vendedores informales a los programas y planes de
recuperación del espacio público?
Frente a ello respondió que sí, que ella conoce ese
tipo de censos pero que no cree que a los vendedores de ese lugar los hayan
censado.
SE LE PREGUNTA: ¿Desea agregar alguna información a la
presente diligencia?
A ello contestó que lo único que tiene para decir es
que sabe que estos vendedores son personas muy trabajadoras y que de verdad
necesitan y dependen de su trabajo, por ser ésta la única fuente que sustenta
su supervivencia.
1.5.
Testimonio
del señor Luis José Chacón Arengas.
El despacho procede entonces a recibir el testimonio
del señor Chacón a quien después de infórmale las formalidades propias de la
ley, se escucha al declarante quien indica ser vendedor ambulante de empanadas,
papas y arepas de manera informal, estudió hasta la primaria y es residente del
barrio Nariño de la ciudad.
SE LE PREGUNTA: ¿Qué actividades realiza en el barrio
Girardot y desde hace cuánto tiempo?
A ello contestó que es vendedor ambulante hace 28
años.
SE LE PREGUNTA: ¿Concretamente, en dónde se hace para
realizar esta labor?
Frente a esto respondió que en la calle 22 con carrera
14.
SE LE PREGUNTA: ¿Conoce usted al señor Hugo Sierra
Rojas? En caso positivo ¿Por qué y desde hace cuánto tiempo?
Frente a ello respondió que sí lo conoce desde hace
muchos años porque él es del mismo gremio de vendedores ambulantes al que
pertenece el declarante.
SE LE PREGUNTA: ¿Sabe desde hace cuánto el señor Hugo
ejerce las actividades de vendedor de comidas rápidas en el barrio Girardot?
A ello contestó que él lo conoce desde hace 28 años.
SE LE PREGUNTA: ¿Se han realizado actos de desalojo
por parte de la Alcaldía a los vendedores y trabajadores informales del barrio
Girardot?
Frente a lo cual contestó que sí.
SE LE PREGUNTA: ¿Quiénes?
A lo cual contestó que la Policía y el Espacio
Público.
SE LE PREGUNTA: ¿Qué hacen estas personas? ¿Qué les
dicen?
A esto respondió que les sustraen las herramientas
trabajo y los multan.
SE LE PREGUNTA: ¿Tiene conocimiento usted de si han
censado a alguno de los vendedores?
A ello contestó que de allí del barrio no.
SE LE PREGUNTA: ¿Se ha reubicado algún vendedor de la
zona por parte de la municipalidad?
A ello contestó que de allí del barrio no.
SE LE PREGUNTA: ¿Ha sido usted inscrito por parte de
la Alcaldía Municipal en algún programa de formalización económica o a alguno
de sus compañeros de la zona?
A lo cual respondió que no.
SE LE PREGUNTA: ¿Conoce los censos que ha realizado la
Alcaldía para inscribir vendedores informales a los programas y planes de
recuperación del espacio público?
Frente a esto respondió que él personalmente tiene dos
acciones de tutelas falladas a su favor y que por ello, lo han citado a la
Alcaldía y lo único que le han dicho es que le van a dar un local en Fegali.
SE LE PREGUNTA: ¿Pero concretamente usted conoce de
censos que haya realizado la Alcaldía?
A ello contestó que no, que nada de eso.
SE LE PREGUNTA: ¿Desea agregar alguna información a la
presente diligencia?
A ello contestó que no.
SE LE PREGUNTA: ¿En este momento señor Luís José
Chacón se encuentra realizando alguna actividad de vendedor informal? ¿En caso
positivo, indique que labor y dónde la está realizando?
Frente a ello respondió que está haciendo lo mismo que
llevaba realizando durante 28 años pero en un local. Allí está haciendo lo
mismo que siempre ha hecho que es vender comidas rápidas.
SE LE PREGUNTA: ¿Este local se lo dio la
administración?
Frente a esto contestó que lo está pagando él.
SE LE PREGUNTA: ¿Quiénes conforman su núcleo familiar?
A lo cual responde que son 5 personas, la esposa y
tres hijos menores que dependen económicamente de él y donde además tiene que
pagar a través de un préstamo bancario la vivienda donde residen.
1.6.
Testimonio
de la señora Martha Patricia Sánchez Sánchez.
Finalmente, el despacho procede a recibir el
testimonio de la señora Sánchez a quien después de infórmale las formalidades
propias de la ley, se escucha a la declarante quien manifiesta ser soltera,
comerciante independiente formal, haber estudiado hasta cuarto de bachillerato
y estar su núcleo familiar compuesto por su madre, sus hermanas y sus dos
hijos.
SE LE PREGUNTA: ¿Qué actividades realiza en el barrio
Girardot y desde hace cuánto tiempo?
A ello contestó que tiene una miscelánea hace
alrededor de seis años en ese lugar.
SE LE PREGUNTA: ¿Concretamente, en dónde se hace para
realizar esta labor?
A ello respondió que en la calle 27 con carrera 5-44.
SE LE PREGUNTA: ¿Conoce usted al señor Hugo Sierra
Rojas? En caso positivo ¿Por qué y desde hace cuánto tiempo?
Frente a ello contestó que sí, que lo conoce desde
hace más de 25 años porque ella ha visto su negocio y la actividad que
desempeña.
SE LE PREGUNTA: ¿Sabe desde hace cuánto el señor Hugo
ejerce las actividades de vendedor de comidas rápidas en el barrio Girardot?
Frente a esto respondió que ella tiene conocimiento
que  el señor Hugo lleva más de 25 años allí.
SE LE PREGUNTA: ¿Se han realizado actos de desalojo
por parte de la Alcaldía a los vendedores y trabajadores informales del barrio
Girardot?
A ello respondió que sí.
SE LE PREGUNTA: ¿Quiénes?
A lo cual contestó que la Policía y los del Espacio
Público.
SE LE PREGUNTA: ¿Qué hacen estas personas? ¿Qué les
dicen?
Frente a esto manifiesta que exactamente no sabe pero
ella ve que los retiran e incluso se han llevado los artículos que tienen los
vendedores ambulantes para las ventas.
SE LE PREGUNTA: ¿Tiene conocimiento usted de si han
censado a alguno de los vendedores?
A lo cual respondió que no, que ella  había oído
comentarios que decían que se iban a realizar pero que concretamente no tiene
conocimiento de ello.
SE LE PREGUNTA: ¿Se ha reubicado algún vendedor de la
zona por parte de la municipalidad?
A lo que respondió que no, que no se ha reubicado a
nadie.
SE LE PREGUNTA: ¿Ha sido usted inscrito por parte de
la Alcaldía Municipal en algún programa de formalización económica o a alguno
de sus compañeros de la zona?
Frente a ello la declarante manifestó que no tenía
conocimiento.
SE LE PREGUNTA: ¿Conoce los censos que ha realizado la
Alcaldía para inscribir vendedores informales a los programas y planes de
recuperación del espacio público?
A lo cual respondió que no, que en el barrio no ha
sabido.
SE LE PREGUNTA: ¿Desea agregar alguna información a la
presente diligencia?
Frente a ello indicó que ella sabe que en el caso del
señor Hugo y de otros vendedores informales, ellos subsisten de su trabajo en
ese lugar.
2.
Se deja
constancia del Informe del Investigador de campo –FPJ 11- de la Policía
Judicial, en donde se realizó una documentación video-gráfica  de la Inspección
judicial en cuestión incluyendo las entrevistas recibidas de vendedores
formales e informales, el cual fue suscrito por el Intendente Benjamín Mejía
Vargas.
3.   Se deja constancia del Informe del
Investigador de campo –FPJ 11- de la Policía Judicial, en donde se realizó una
documentación fotográfica de la Inspección judicial en cuestión incluyendo las
entrevistas recibidas de vendedores formales e informales, el cual fue suscrito
por el Patrullero Edward Pabón Ávila”.
3.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
3.1.
COMPETENCIA Y OPORTUNIDAD
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, en desarrollo de las
facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el
proceso de esta referencia. Además,
procede la revisión en virtud de la selección realizada por la sala
correspondiente y del reparto verificado en la forma establecida por el
reglamento de la Corporación.
3.2.
PROBLEMA
JURÍDICO
La Sala debe estudiar si la Alcaldía
Municipal, la Secretaría de Gobierno Municipal, el Departamento Administrativo-
Defensoría del  Espacio Público y la Inspección de Policía del Espacio Público
de Bucaramanga vulneraron los derechos fundamentales al trabajo, al debido
proceso, al mínimo vital, a  la igualdad y a la confianza legítima del señor
Hugo Sierra Rojas al impedirle continuar ejerciendo su labor de vendedor de
comidas rápidas en el barrio Girardot de Bucaramanga y
no incluirlo en el censo y en los
programas de generación de ingresos y reubicación dirigidos a los comerciantes
informales de la ciudad.
Para resolver el interrogante jurídico
planteado, la Sala reiterará y armonizará su jurisprudencia sobre la protección
del espacio público por parte del Estado y la protección de los derechos
fundamentales de los comerciantes informales que desarrollan actividades
laborales en él; con fundamento en esas consideraciones se realizará el
análisis del caso concreto.
3.3.
LA PROTECCIÓN
DEL ESPACIO PÚBLICO POR PARTE DEL ESTADO Y LA EFICACIA DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES DE LOS COMERCIANTES INFORMALES. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL[3]
3.3.1.  La protección del espacio público
El artículo 82 de la
Constitución Política le impone al Estado el deber de velar por la protección
de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común[4]. De esta
manera el goce del espacio público en la
Carta se plasma como un derecho de carácter colectivo. Por esta razón, entre
otras, la normativa dispone que los particulares no pueden exigir el
reconocimiento de derechos de propiedad en relación con el espacio público,
como quiera que se trata de un bien inalienable, imprescriptible e inembargable[5].
En lo concerniente al concepto de “espacio público”,
el artículo 2º del Decreto 328 de 1992 lo define como:
"ESPACIO PÚBLICO: Entiéndese por
espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su
naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas
colectivas que transcienden, por tanto, los límites de los intereses privados
de los habitantes". (Subrayado fuera de texto).
Siguiendo con el mismo lineamiento, en la
Sentencia  T-508 de 1992[6]
se afirmó:
“El Espacio Público comprende, pues,
aquellas partes del territorio que pueden ser objeto del disfrute, uso y goce
de todas las personas con finalidades de distinta índole y naturaleza, que se
enderezan a permitir la satisfacción de las libertades  públicas y  de los
intereses legítimos que pueden radicarse en cabeza de todas las personas de
conformidad con el orden jurídico; en principio, en dichas partes del
territorio las personas en general no pueden ejercer plenamente el derecho de
propiedad o de dominio, sea privado o fiscal”.
En vista de lo anterior, las autoridades, en
cumplimiento del deber de protección del espacio público, pueden adoptar
medidas para evitar que algunas personas monopolicen tal espacio para ejercer
actividades en su exclusivo provecho[7].
Sin embargo, la protección del espacio público debe
tener en cuenta  los derechos que entran en tensión, como es el caso del
derecho al trabajo y al mínimo vital de quienes ejercen actividades de comercio
informal en él y dependen de dichas actividades para su subsistencia. Esta
tensión exige una ponderación de los derechos en juego[8].
Esta tensión ha sido objeto de
pronunciamientos por parte de esta Corporación desde muy temprano en su
jurisprudencia. Al respecto,  en la Sentencia T-222 de 1992 se sostuvo:
"Del libre ejercicio del derecho fundamental
al trabajo depende la subsistencia de las familias de los vendedores
ambulantes.  Sin embargo, la ocupación del espacio público no está legitimada
por la Constitución.  Se impone por lo tanto establecer una pauta de
coexistencia entre los derechos e intereses en conflicto, que resulte
proporcional y armoniosa en relación con los valores y principios consagrados
en la Constitución y que permita al Estado dar cumplimiento a la obligación a
su cargo de "velar por la protección de la integridad del espacio público
y por su destinación al uso común" (CP art. 82), así como de
"propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar"
(CP art. 54).”[9](Subrayado
fuera del texto)
Como se indicó en la Sentencia T- 389 de
2013, esta tensión ha sido analizada por dos vías, a saber:
“La tensión entre el deber de la administración de
proteger y preservar el espacio público y el derecho al trabajo de los
vendedores informales, se ha resuelto utilizando dos caminos para amparar el
derecho al trabajo de estos últimos: la condición de vulnerabilidad de las
poblaciones que ocupan el espacio público para ejercer actividades económicas,
y el principio de buena fe en su manifestación del respeto de la confianza
legítima”.
Estos dos caminos analíticos serán
examinados a continuación:
3.3.2.  Protección de los comerciantes informales en atención
a su situación de vulnerabilidad
En varias oportunidades[10], la jurisprudencia
constitucional ha resaltado que la posibilidad de recuperar el espacio público
no exime a las autoridades públicas del deber que tienen de diseñar políticas
tendientes a proteger el trabajo de quienes resultaron afectados con los actos
administrativos emitidos por ellos y dependen de la actividad informal que
realizan. Así, una vez la administración inicia la ejecución de planes de
recuperación del espacio público y desaloja a los comerciantes informales que
desarrollan actividades económicas en una zona específica, las autoridades
tendrán que hacer todo lo que esté a su alcance para reubicarlos en sitios
donde puedan desarrollar su actividad de manera permanente y sin causar
perjuicios a la comunidad[11],
o darles la oportunidad para que emprendan nuevas actividades que les permitan
asegurar su mínimo vital.
Esta posición ha sido adoptada por esta Corte en
Sentencias como la SU-360 de 1999[12],
y la T-773 de 2007[13],
en la cuales se indicó:
“[…] el tema del derecho al trabajo objetivamente no puede
desligarse de la realidad del desempleo, lo cual lleva a una intervención del
Estado, de acuerdo a lo señalado en el artículo 334 de la Constitución, que
precisamente en uno de sus apartes indica: “El Estado, de manera especial,
intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas
las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a
los bienes y servicios básicos”.
El objetivo tendrá que ser una protección tal que las
políticas de ajuste estructural no lleguen a la deshumanización, ni menos a
aumentar el gravísimo problema del desempleo. Para ello el juez de tutela en
sus decisiones, como funcionario del Estado,  debe hacer una lectura integrada
del artículo 334, del artículo 25 sobre derecho al trabajo y del artículo 54 en
el cual el punto central es el derecho al empleo en sociedades como la nuestra
donde el desempleo es crónico
[…] el desalojo de trabajadores informales… tiene que
ir acompañado de algunas medidas en favor de aquellos, si están amparados por
la confianza legítima. En principio, la medida es la de la reubicación,
no en el sentido de que el erario público se encarga de entregar un inmueble
para que allí se formalice un trabajo que antes era informal, (por supuesto que
si las autoridades públicas lo hicieren por haber destinación presupuestal
precisa y adecuada, esta opción también es válida), sino que las autoridades
públicas y concretamente el respectivo municipio determine el sitio donde
pueden laborar las personas que van a ser  desalojadas, dándoseles las debidas
garantías para el ejercicio de su oficio, y, además hay que colaborar
eficazmente con  determinados beneficios (no indemnizaciones) que faciliten
la ubicación en el nuevo sitio para trabajar y también se haga más llevadero el
traslado y la reiniciación del trabajo. Pero puede haber otras opciones
distintas a la reubicación o colaterales a la reubicación, tan es así que
propio Distrito Capital habla de “estrategías”. Luego, el juzgador
constitucional apreciará teniendo en cuenta los ofrecimientos y el análisis de
los presupuestos, los planes de desarrollo y las políticas que estén
debidamente señaladas y sean reales y es en esta proyección que debe entenderse
por la jurisprudencia las opciones alternativas o colaterales a la principal:
la reubicación”[14]
(Negrilla y subrayado fuera del texto)
Así mismo, en la Sentencia T- 773 de 2007, esta
Corporación, al estudiar el caso de una vendedora de verduras que durante más
de 10 años ejerció dicha actividad en la ciudad de la Dorada, Caldas,  y la Alcaldía municipal ejerció fuerza contra ella y en
varios ocasiones le decomisó las verduras con el objeto de implementar medidas
para recuperar el espacio público, hizo énfasis en la eficacia de los derechos
constitucionales fundamentales de las personas que se dedican al comercio
informal y el deber constitucional de proteger el espacio público. Añadió que
dicha tensión no puede resolverse en contra de aquellas personas que ejercen su
actividad informal, razón por la cual indicó:
“[…] las políticas públicas o las medidas configuradas
para resolver los problemas relacionados con la recuperación y protección del
espacio público deben partir simultáneamente de “una evaluación razonable y
cuidadosa de la realidad sobre la cual dichas autoridades efectuarán su
intervención y han de formularse de manera tal, que atiendan no a un estado de
cosas ideal o desactualizado sino, más bien, a los resultados fácticos
derivados de la apreciación de las circunstancias particulares, así que no se
afecte indebidamente el goce efectivo de los derechos fundamentales de las
personas[15].”
Lo que está en juego cuando se subraya la necesidad de
que al momento de formular las políticas de desalojo del espacio público se
estudie de manera detallada cada caso en concreto y se detecten – en la medida
de lo factible- las consecuencias negativas que puedan derivarse
eventualmente de la puesta en práctica de tales políticas, es la efectividad
misma del mandato constitucional según el cual el Estado debe ofrecer
protección a quienes, dada sus circunstancias económicas, puedan verse puestos
o puestas en situación de indefensión.
Como lo ha recordado la Corte, los derechos
constitucionales fundamentales de estas personas no pueden ser restringidos
hasta el extremo de hacerlas soportar “una carga pública desproporcionada, con
mayor razón, si quienes se encuentran afectados [as] por las políticas,
programas o medidas se hallan en situación de especial vulnerabilidad y
debilidad por sus condiciones de pobreza o precariedad económica[16].”
Desde esta óptica, resulta indispensable que en
desarrollo de las políticas orientadas a recuperar o a proteger el espacio
público se repare en la necesidad de minimizar el daño que se cause sobre las
personas y se atienda, especialmente, al requerimiento de garantizar la debida
protección de los derechos constitucionales fundamentales al mínimo vital y a
gozar de una subsistencia en condiciones de dignidad de estas personas.
Únicamente de este modo, puede afirmarse que se cumple con la exigencia de
proporcionalidad de las medidas adoptadas”.
Esta tesis fue reiterada en la Sentencia T- 244 de 2012[17].
En esta ocasión la Corte Constitucional estudió el caso de varios comerciantes
informales que se denominaban “patinadores” de la zona de Bazurto de Cartagena,
quienes demandaron ante el juez de tutela la protección de sus derechos
fundamentales al trabajo, a la igualdad, a la dignidad humana y al debido
proceso, presuntamente vulnerados por la Alcaldía Distrital de Cartagena de
Indias –Secretaría de Infraestructura-, el Consorcio Cartagena 2010 y
Transcaribe, por no incluirlos en un plan de reubicación o, en su defecto, por
no otorgarles un reconocimiento económico como vendedores informales de la zona
de Bazurto, ante el impacto negativo que tuvieron que soportar en su actividad
comercial por la ejecución de las obras que buscaban  implementar el sistema de
transporte masivo en dicha ciudad. La Corporación sostuvo en esa oportunidad:
“[…] Es importante advertir que cuando
las entidades territoriales del orden local reclaman el desarrollo de proyectos
de infraestructura o de la ejecución de mega obras, como es el caso de la
implementación del transporte masivo en la ciudad, deben cumplir con su
deber constitucional de garantizar la protección de los derechos fundamentales
de los grupos vulnerables y asegurar su plena participación en el proyecto que
impactará diversas formas de vida. Además, todas las medidas que adopten
las autoridades administrativas en aras de proteger la integridad del espacio
público deben ser proporcionales a la consecución de dicho fin y a la
preservación del sustento de los sectores más vulnerables que se verán
afectados por dichas medidas, y en su adopción e implementación se debe
garantizar el derecho al debido proceso de los afectados. En definitiva,
ante la necesidad de las autoridades administrativas de preservar espacios de
uso público, siempre deben tener en cuenta todos los intereses involucrados en
la adopción de dicha decisión y asegurar la participación de los afectados en
la misma, so pena de incurrir en una transgresión del derecho al debido
proceso[…].
Así mismo, en Sentencia T-904 de 2012[18],
esta Corporación estudió el caso de varios lavadores y cuidadores de carros miembros de la Asociación de Lavadores y
Cuidadores de Carros de Cartagena “Asolacar”, quienes prestaban sus servicios
desde hace más de 14 años en el sector de la calle Arsenal de Cartagena y
fueron desalojados por el Distrito. En dicha oportunidad, la Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional, precisó nuevamente la importancia de equilibrar la tensión
existente entre el deber constitucional de velar por la restitución del espacio
público y el derecho fundamental al trabajo, al mínimo vital y al debido
proceso de aquellas personas que utilizan el espacio público para ejercer su
actividad comercial, como es el caso de los vendedores informales. Lo anterior,
implementando planes de reubicación, capacitaciones donde los orienten acerca
de otras alternativas económicas o de
distintas zonas donde ejercer su oficio legítimamente.
Al respecto en dicha oportunidad
manifestó:
“La jurisprudencia constitucional ha
resaltado que posibilidad de recuperar el espacio público no exonera a las
autoridades del deber de diseñar políticas tendientes a proteger el trabajo de
quienes resultaron afectados con las decisiones y dependen del trabajo informal
que realizan. Así, una vez la administración inicia la ejecución de planes de
recuperación del espacio público y desaloja a los comerciantes informales que
desarrollan actividades económicas en una zona específica, las autoridades
tendrán que hacer todo lo que esté a su alcance para reubicarlos en sitios
donde puedan desarrollar su actividad de manera permanente y sin causar
perjuicios a la comunidad[19],
o darles la oportunidad para que emprendan nuevas actividades que les permitan
asegurar su mínimo vital.
En consecuencia, la implementación
de las políticas y planes de recuperación del espacio público lleva consigo la
necesidad de analizar la situación económica y social de quienes se ven
obligados a desalojar el espacio donde ejercen sus actividades, y diseñar
planes que permitan a esas personas, con su activa participación, encontrar
alternativas de sustento. Lo anterior, en virtud de la situación de
vulnerabilidad en la que usualmente se encuentran los comerciantes informales,
quienes ante la imposibilidad del Estado de asegurar una política de pleno
empleo, deben hacer uso de la informalidad para garantizar su subsistencia a
través de la ocupación del espacio público[20].
Luego, resultaría desproporcionada la recuperación del espacio público
con sacrificio absoluto de la fuente de trabajo de una población vulnerable que
no cuenta con la facilidad para acceder a otros medios de subsistencia.
Si bien los comerciantes informales pueden limitar el disfrute de otras
personas del espacio público, el Estado no puede desconocer que lo hacen con el
fin de conseguir medios efectivos que aseguren su mínimo vital y les permitan
la realización de otros derechos fundamentales.” (Negrillas y subrayado
fuera del texto).
Por consiguiente, si bien la ciudadanía está en la
obligación de acatar todas las disposiciones constitucionales y legales que
regulan el debido uso y adecuado aprovechamiento del espacio público, las
autoridades, antes de hacer cumplir esas disposiciones, deben procurar
encontrar alternativas que mitiguen el impacto que dicha decisión va a tener
sobre las personas que van a ver afectado su modus vivendi y su mínimo vital
por este tipo de decisiones administrativas.
Entonces, la implementación de las
políticas y planes de recuperación del espacio público tiene implícita la
necesidad de analizar la situación económica y social de quienes se ven
obligados a desalojar el espacio donde ejercen sus actividades, y diseñar
planes que permitan a esas personas, con su activa participación, encontrar
alternativas de sustento.
Lo anterior, teniendo de cuenta la
situación de vulnerabilidad en la que usualmente se encuentran los comerciantes
informales, quienes ante la imposibilidad del Estado de asegurar una política
de pleno empleo, deben hacer uso de la informalidad para garantizar su
subsistencia a través de la ocupación del espacio público[21]. Luego, resultaría
desproporcionada la recuperación del espacio público con sacrificio absoluto de
la fuente de trabajo de una población vulnerable que no cuenta con la facilidad
para acceder a otros medios de subsistencia.
En efecto, tal y como se mencionó
precedentemente en la Sentencia T-244 de 2012[22],
la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional advirtió que la
jurisprudencia constitucional ha abogado por la reubicación de las personas que
verán sus derechos seriamente limitados, más cuando se trata de personas “…en
situación de especial vulnerabilidad y debilidad por sus condiciones de pobreza
o precariedad económica…”[23]
El anterior criterio -resaltó la Corte- ha sido aplicado por regla general a
los vendedores informales, como una de las poblaciones vulnerables que
constantemente resulta impactada negativamente por los efectos de la ejecución
de las políticas públicas de recuperación del espacio público; no obstante, no
es la única; otros comerciantes informales que desempeñan su trabajo en el
espacio público también pueden resultar afectados[24].
En esa ocasión, la Sala afirmó que una de
las situaciones que pueden colocar a las personas en situación de
vulnerabilidad es la precariedad laboral, la cual es determinada por factores
como los trabajos mal remunerados, la inexistencia de contratos laborales, la
no afiliación al sistema de seguridad social en salud, inestabilidad laboral,
entre otros.
Esta Corporación, haciendo referencia a
pronunciamientos previos, estableció las siguientes consideraciones sobre la
situación de vulnerabilidad de los trabajadores informales y los planes de
recuperación del espacio público:
“(…) es pertinente hacer referencia a
algunos pronunciamientos que esta Corporación ha emitido acerca del estado de
indefensión en que pueden ser puestas algunas personas en situación de
vulnerabilidad, como los comerciantes informales, si las autoridades
competentes no toman las medidas apropiadas para su reubicación o para
contribuir a que puedan emprender actividades económicas alternativas.
En la sentencia T-772 del 4 de septiembre de 2003[25]
se señaló que el Estado tiene el deber de “(…) abstenerse de adelantar,
promover o ejecutar políticas, programas o medidas ostensiblemente regresivos
en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que conduzcan clara y
directamente a generar más pobreza de la que actualmente agobia al país, y
agraven la situación de exclusión o marginación de determinados sectores de
la sociedad (…)” (Subraya fuera de texto)
Es decir, el Estado debe contrarrestrar los efectos
negativos que se generen ante la ejecución de la política de recuperación del
espacio público con acciones concretas para evitar la generación de más
exclusión y pobreza.[26]
En este mismo sentido, la sentencia T-729 del 25 de agosto de 2006[27]
señaló:
“En otras palabras, al momento de su formulación y
ejecución, se deben haber estudiado, en lo que sea técnicamente posible,
todas las dimensiones de dicha realidad que resultarán afectadas por la
política, programa o medida en cuestión, incluida la situación de las personas
que verán sus derechos severamente limitados, a quienes se deberá ubicar, por
consiguiente, en una posición tal que no queden obligados a soportar una carga
pública desproporcionada; con mayor razón si quienes se encuentran afectados
por las políticas, programas o medidas pertinentes están en situación de
especial vulnerabilidad y debilidad por sus condiciones de pobreza o
precariedad económica: frente a estas personas o grupos se deberán adelantar,
en forma simultánea a la ejecución de la política en cuestión, las medidas
necesarias para minimizar el daño recibido, de tal manera que se respete el
núcleo esencial de su derecho al mínimo vital y a la subsistencia en
condiciones de dignidad”.
Igualmente, mediante sentencia T-773 del 25 de
septiembre de 2007[28]
se reiteró la importancia de que la administración municipal encargada de
desarrollar políticas públicas para recuperar el espacio público, estudie en
detalle cada caso en particular y detecte todas las posibles consecuencias
negativas que puedan derivarse de la puesta en marcha de dichas políticas.
(…)
La situación de vulnerabilidad que
deviene de la precariedad laboral, ligada al ejercicio de la economía informal,
genera además un proceso social de exclusión que se evidencia, (…) en un acceso
parcial o inexistente al sistema de seguridad social en salud y pensiones; en
un ejercicio parcial de los derechos de ciudadanía; en bajo acceso a la
disposición de activos y en insuficientes ingresos económicos para cubrir las
necesidades básicas y familiares, como también las necesidades inmateriales.” (Énfasis fuera de texto original)
Con base en lo
reproducido, es posible precisar que la jurisprudencia constitucional, ante la
implementación de políticas de recuperación del espacio público, ha reconocido
la importancia de proteger los derechos de los trabajadores informales que
desempeñan su trabajo en el espacio público, debido a que usualmente hacen
parte de un grupo poblacional que se encuentra en una condición de debilidad la
cual se centra en su precariedad económica. En consecuencia, toda política
encaminada a la recuperación del espacio público debe adelantarse de manera tal
que no lesione desproporcionadamente el derecho al mínimo vital de la población
más pobre y vulnerable, “ni de manera tal que se prive a quienes no cuentan
con oportunidades económicas en el sector formal de los únicos medios lícitos
de subsistencia que tienen a su disposición (…)”[29].
3.3.3.  Protección de la confianza legítima en situaciones de
ocupación del espacio público
El principio de respeto de la confianza legítima
encuentra su sustento en el artículo 83 de la Constitución, el cual se refiere
a que “las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas
deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas
las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”. Esta Corporación en
diferentes oportunidades ha desarrollado la norma constitucional en mención, y
ha indicado que las relaciones de la administración con la comunidad deben
ceñirse  a ese principio, lo que implica, de una parte, el deber de proceder
con lealtad en las relaciones jurídicas y, de otra, el derecho a esperar que
los demás obren de la misma forma.[30]
Con este principio se busca proteger al administrado
de cambios bruscos o intempestivos efectuados por las autoridades cuando éstas
de manera expresa o tácita han aceptado un comportamiento proveniente del
ciudadano[31].
Es aplicable a situaciones en las cuales el ciudadano no tiene realmente un
derecho adquirido, sino que se encuentra en una posición jurídica que puede ser
modificable por la administración. Sin embargo, afirma la Corte:
“(…) si la persona tiene razones objetivas para
confiar en la durabilidad de la regulación, y el cambio súbito de la misma
altera de manera sensible su situación, entonces el principio de la confianza
legítima la protege. En tales casos, en función de la buena fe (CP art. 83), el
Estado debe proporcionar al afectado tiempo y medios que le permitan adaptarse
a la nueva situación. Eso sucede, por ejemplo, cuando una autoridad decide
súbitamente prohibir una actividad que antes se encontraba permitida, por
cuanto en ese evento, es deber del Estado permitir que el afectado pueda
enfrentar ese cambio de política”[32].
Así, el principio de
buena fe, en su ámbito de confianza legítima, exige a las autoridades y a los
particulares mantener coherencia en sus actuaciones, respetar los compromisos
adquiridos y garantizar la durabilidad y estabilidad de la situación que
objetivamente da lugar a esperar el cumplimiento de las reglas propias del
tráfico jurídico[33].
Por otro lado, en lo concerniente a los
conflictos que surgen entre la administración y los ocupantes del espacio
público, la Corte Constitucional ha optado por buscar una fórmula de
conciliación conforme a la cual la administración pueda cumplir con su deber de
proteger el espacio público, sin que ello signifique desconocer los derechos de
las personas que resulten afectadas en los procesos de recuperación del espacio
público[34].
Como ya se anunció, una de las formas de
conciliación ha sido la apelación al principio de la confianza legítima[35], el cual, a
favor de quienes ocupan el espacio público, sirve para resolver la tensión
cuando la administración ha creado expectativas favorables en su favor y de
manera sorpresiva cambia las condiciones.
Según la jurisprudencia constitucional,
este principio  “impone al
Estado el deber de respetar las expectativas favorables que su actuación activa
u omisiva ha generado en los vendedores informales, respecto de la
perdurabilidad del desarrollo del ejercicio de sus actividades laborales en el
espacio público”[36].
La confianza legítima, tal y
como se expuso en la Sentencia T- 314 de 2012[37], guarda estrecha relación con el
principio general de la buena fe. Al respecto en dicha oportunidad la Sala
Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, indicó que en los casos de
ocupaciones del espacio público, este principio usualmente se manifiesta en la
protección de aquellos ocupantes que creen equivocadamente contar con un
derecho sobre este “porque el Estado no solamente les ha permitido sino
facilitado que ejecuten actos de ocupación, y han pasado muchos años en esta
situación que la Nación y el Municipio contribuyeron a crear”, razón por la
cual la Corte ha considerado que “no es justo que esos ocupantes
queden desamparados porque estamos en un Estado social de derecho”.
El problema radica entonces, en la situación de vulnerabilidad a la que son
expuestos quienes son desalojados por ocupar bienes de uso público, pese a que
la Administración ha tolerado por años que residan o realicen sus
actividades económicas en dichos lugares. Así, la modificación de la
situación jurídicamente creada por la administración, la obliga a
proporcionarles los medios necesarios para reequilibrar su posición,
como la adopción de medidas para que los desalojados se puedan adaptar con
pocos traumatismos a la nueva realidad.
Por ejemplo, en Sentencia T-729 de 2006[38],
esta Corte fijó unos criterios que hacen procedente la aplicación del principio
de confianza legítima a los vendedores informales ante medidas de recuperación
del espacio público, al respecto indicó:
“para que pueda concluirse que se está ante un
escenario en el que resulte aplicable el principio en comento deberá
acreditarse que  (i) exista la necesidad de preservar de manera
perentoria el interés público, lo que para el caso propuesto se acredita a
partir de la obligación estatal de proteger la integridad del espacio público y
los derechos constitucionales que son ajenos a su preservación; (ii) la
desestabilización cierta, razonable y evidente en la relación entre
administración y los ciudadanos, la cual es connatural a los procedimientos de
restitución del espacio público ocupado por vendedores informales; (iii)
se trate de comerciantes informales que hayan ejercido esa actividad con
anterioridad a la decisión de la administración de recuperar el espacio público
por ellos ocupado y que dicha ocupación haya sido consentida por las
autoridades correspondientes [39] y [iv] la obligación de adoptar medidas por un periodo
transitorio que adecuen la actual situación a la nueva realidad, deber que la
jurisprudencia constitucional relaciona con el diseño e implementación de
políticas razonables, dirigidas al otorgamiento de alternativas económicas que
garanticen la subsistencia de los afectados con las medidas de restitución del
espacio público”[40].
(Subrayado fuera del texto)
En cuanto a la
manera de probar la buena fe del administrado en el ejercicio de la actividad
informal en el espacio público, la jurisprudencia de esta Corporación ha
afirmado que “constituyen  pruebas de la buena fe de los vendedores
informales: las licencias, permisos concedidos por la administración;
promesas incumplidas; tolerancia y permisión del uso del espacio público por
parte de la propia administración. Por ello, se tiene que los actos y
hechos administrativos que autorizan el ejercicio del comercio informal no
pueden ser revocados o modificados unilateralmente por la administración, sin
que se cumpla con los procedimientos dispuestos en la ley”. [41](Negrilla
y subrayado fuera del texto)
A manera de ejemplo de la situación descrita, se puede
citar la situación estudiada en la Sentencia T- 521 de 2004[42]. En dicho momento la
Corte Constitucional estudió el caso de una vendedora informal, a quien la
misma administración le “generó una especie de estabilidad laboral”, ya
que le había concedido licencia para la instalación de una caseta en el espacio
público, permiso que fue renovado en varias oportunidades en consideración del
pago de servicios públicos e impuesto de industria, comercio y avisos. Sin
embargo, la administración municipal le comunicó que en el término de ocho días
debía cambiar su caseta por un “toldo”, so pena de retirarla del lugar que
ocupaba. En esa oportunidad, la Corte consideró que una decisión de dicha
naturaleza era incompatible con el principio de confianza legítima.  Lo
anterior, toda vez que, “si bien ninguna apropiación del espacio público
resulta legítima y mucho menos si se desconocen los términos y requisitos
concedidos excepcionalmente por la Administración para desarrollar ciertas
actividades, lo cierto es que en casos como el de la accionante, las licencias o permisos a ella concedidos
constituyen prueba de su buena fe[43] la cual debe ser respetada por la entidad
accionada al pretender cambiar su situación, puesto que de lo contrario se
afectaría adicionalmente el derecho al trabajo de la tutelante”.
Con base en lo anterior, resolvió
proteger los derechos fundamentales de la accionante y ordenó que se adelantara
nuevamente la actuación administrativa conforme los postulados del debido
proceso y en atención a las particulares condiciones fácticas de la afectada.
Por último, determinó que toda acción de restitución del espacio público debía
estar supeditada a la reubicación de la demandante “en un lugar apto para el ejercicio de su actividad de
comercio informal en condiciones dignas, cuando menos iguales a las que se le
concedieron con la Resolución 199 de 1987”, acto que le había concedido licencia para el ejercicio del comercio en
la caseta.
Por casos como el anterior, la Corte ha señalado que
los cambios efectuados por la administración en ejecución de los planes de
restitución del espacio público ocupado por los comerciantes informales
vulneran el principio de confianza legítima cuando:
“(i) ocurren de modo
intempestuoso así que terminan por afectar los derechos que tales comerciantes
ejercían en espacios en los cuales su presencia fue hogaño consentida por las
autoridades públicas y, no obstante, con motivo de la recuperación como bien
público del espacio en el que efectuaban el comercio informal, se les inhibe de
continuar desplegando sus actividades en estas zonas y/o cuando las
transformaciones suceden (ii) sin que haya mediado previo aviso y/o
trámite administrativo bajo el cumplimiento de la garantía fundamental del
debido proceso y cuando (iii) no se evalúan cuidadosamente las
circunstancias que rodean la situación concreta de las personas dedicadas al
comercio informal involucradas y la administración se abstiene de adoptar
trámites indispensables para ofrecerles alternativas laborales sin reparar que
estas personas han tenido que desplazarse de su sitio y actividad laboral y, en
consecuencia, ven menguada las posibilidades para obtener su subsistencia
(derecho a la garantía del mínimo vital)”[44]. (Negrilla fuera del
texto)
De este modo, se desconoce el principio de la
confianza legítima cuando quien ejerce una actividad informal tiene razones
suficientes para confiar que su oficio se desarrolla con consentimiento de la
administración, por cuanto “la ha efectuado de modo continuo y su labor ha
sido mediada por la concesión de autorizaciones y permisos”[45] u
otras actuaciones tácitas de las autoridades que así lo demuestren.
De manera que, nos
encontramos frente a un conflicto
entre la recuperación del espacio público y el principio de la confianza
legítima, el cual le “impone al Estado el deber de respetar las
expectativas favorables que su actuación activa u omisiva ha generado en los
vendedores informales, respecto de la perdurabilidad del desarrollo del
ejercicio de sus actividades laborales en el espacio público”[46].
Lo
anterior no quiere decir que las autoridades no puedan adelantar y desarrollar
medidas que tiendan a la protección de la integridad de los bienes estatales, sino
que tales medidas no pueden adelantarse y desarrollarse intempestivamente, de
manera que se afecte la confianza que tienen los administrados en que su
conducta no está desconociendo los límites legales y que como tal, pueden
seguir desplegando sus actividades sin esperar restricción alguna por parte del
Estado. Así, las medidas de recuperación deben orientarse por un proceso
administrativo que garantice el derecho de defensa de los ocupantes del espacio
público y prevea planes de reubicación para aquellos comerciantes que
demuestren que están amparados por el principio de confianza legítima, que emana,
no sólo de los actos expresos de la administración como la expedición de
licencias o permisos, sino que también surge de la tolerancia y permisividad de
ésta en el ejercicio prolongado de las actividades comerciales en el espacio
público[47],
es decir, por omisión.
En resumen, el principio de
confianza legítima, conjuntamente con el respeto por el acto propio, son
manifestaciones concretas del principio de buena fe, aplicables a las políticas
de recuperación del espacio público y a garantizar el derecho al trabajo de los
comerciantes informales ocupantes de él. Principios que constriñen a la
administración a respetar los compromisos que ha adquirido y a reconocer la garantía
de durabilidad y estabilidad de situaciones que ha respaldado expresa o
tácitamente. Igualmente, obligan a la
administración a adoptar medidas con suficiente preaviso para mitigar el
impacto de la recuperación del espacio público, como planes de reubicación,
orientaciones acerca de otra actividad económica u otra zona para ejercer su
trabajo, lo anterior dependiendo del grado de afectación.
3.3.4.  Criterios para la realización de censos
anteriores a los programas de recuperación del espacio público
Esta Corte en varias
ocasiones se ha manifestado que las medidas de restitución del espacio público
implementadas por la administración, no pueden conculcar los derechos
fundamentales de las personas que se ven perjudicadas por dicha actuación
administrativa. Para evitar esta situación, entre otras medidas, esta
Corporación ha llamado la atención sobre la necesidad de realizar censos y
estudios de impacto previos, comprensivos y con participación de las
comunidades afectadas.
De esta manera, esta
Corporación en la Sentencia T- 348 de 2012[48],
estableció criterios para la realización del censo, al respecto indicó:
“a)
El método o mecanismo utilizado para realizar el censo de debe ser idóneo
para identificar a toda la población afectada con la decisión administrativa
que se va a realizar, en el caso en estudio, recuperación del espacio público.
b)
Las convocatorias deben ser abiertas y públicas. Así mismo, deben estar
dirigidas concretamente a la comunidad que se afecta con la actuación
administrativa. Lo anterior, con la finalidad de que asistan a las reuniones de
socialización e información del proyecto que se va a realizar.
c) El
método voz a voz no debe ser utilizado, ya que dicho actuar debe ser informado
a través de convocatorias públicas, por medios masivos de comunicación o a
través de diarios de circulación regional o local o radios comunitarios, por
medio de los cuales se hiciera un llamado a toda la comunidad que se verá
afectada. La ventaja de estos mecanismos de publicidad es que permiten llegar a
una población más amplia y dependen directamente de las entidades que
intervienen en el proyecto, no de la voluntad de otras personas ajenas al
mismo.
d) La
realización de dicho censo y las convocatorias públicas y directas para la
identificación de la comunidad afectada, debe ser una responsabilidad no sólo
de la entidad ejecutora, sino también de las autoridades estatales, quienes en
ejercicio de su deber de vigilancia, deben validar la información de las
poblaciones afectadas y los estudios de impacto realizados”.
De igual forma, en la Sentencia T- 244 de 2012,
también se  establecieron criterios para mitigar el impacto negativo que la
decisión administrativa puede tener en aquellas personas que derivan su
actividad económica del comercio informal. Al respecto precisó:
a.     “La autoridad competente debe realizar un
análisis detallado de todas las personas o grupos que pueden ser impactados con
la puesta en marcha de la política de recuperación del espacio público.
b.      Dicho análisis no sólo debe cobijar a
los ocupantes del espacio público sino también a todas aquellas personas que
pudieran resultar afectadas con una restricción seria de sus derechos, en
particular, aquellas personas o grupos en situación de vulnerabilidad en razón
a su situación de pobreza o precariedad económica.
c.       Se debe propender por la realización
efectiva de los derechos de quienes iban a sufrir un impacto negativo por la
decisión administrativa, especialmente, las garantías al mínimo vital y a la
vida en condiciones dignas.”
Los anteriores criterios
deben ser implementados por la administración para proteger el derecho al
debido proceso de aquellos grupos vulnerables, como es el caso de los
vendedores informales, quienes ven conculcados sus derechos con la decisión de
la administración de recuperar el espacio público.
4.
CASO CONCRETO
4.1.1.  RESUMEN DE LA SOLICITUD
Solicita el accionante mediante
acción de tutela la protección de sus derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso, al mínimo vital, a  la
igualdad y a la confianza legítima, los cuales considera vulnerados por la
Alcaldía Municipal, la Secretaría de Gobierno Municipal, el Departamento
Administrativo- Defensoría del  Espacio Público y la Inspección de Policía del
Espacio Público de Bucaramanga, toda vez que fue desalojado de su sitio de
trabajo, donde ejercía su labor como vendedor de comidas rápidas en el barrio
Girardot de Bucaramanga, sin  incluirlo en el censo y en los programas de
generación de ingresos y reubicación dirigidos a los comerciantes informales de
dicha ciudad.
Así mismo, alega el actor que en dicha actividad comercial “venta de
comidas rápidas” y en el mencionado sitio de trabajo, ha laborado por más
de 10 años.
Aduce que a principios del año pasado
–enero de 2013-, el Alcalde de Bucaramanga fijó la hora cero, la cual prohibía
a los vendedores ambulantes continuar ejerciendo su actividad de venta informal
en el espacio público del municipio. Por ende, desde que la fuerza pública
comenzó a recorrer el barrio Girardot, no ha podido continuar ejerciendo
de manera pacífica su actividad económica
que consiste en la venta de “Comidas Rápidas” y, no cuenta con los
recursos económicos para sufragar los gastos de su hogar, situación que le está
ocasionando una vulneración de su mínimo vital y el de su núcleo familiar.
Dice que el estudio
socioeconómico realizado por la administración[49],
solo fue efectuado a los vendedores que se encontraban ubicados en los barrios
nombrados Ciudadela Real de Minas, Centro y Cabecera. Indica que su sitio de
trabajo quedó excluido, por tanto no fue censado.
Con base en lo anterior, afirma
que la administración municipal no le brindó asesoría clara y precisa sobre los
trámites y procedimientos necesarios que se debían adelantar para poder acceder
a los programas de reubicación de vendedores informales.
Por lo anterior, interpuso acción de tutela, solicitando la protección de sus derechos
fundamentales y los de su núcleo familiar. En
consecuencia, pide (i) que mientras se realiza el estudio de
caracterización de ventas informales en el espacio público del barrio Girardot,
donde se encuentra ubicado su sitio de trabajo, se efectúa el censo de
vendedores informales en el mencionado barrio y se adecuan los locales
comerciales o se construyen alamedas, se proceda a inaplicar en su sitio de
trabajo lo establecido en los decretos 0179 y 0544 de septiembre de dos mil
doce (2012); (ii) que le sea otorgado un permiso especial para continuar
ejerciendo su oficio en el barrio Girardot de Bucaramanga, tal y como se les
permitió a los vendedores estacionarios de las casetas en las calles 36 y 35
entre carreras 10-19 del barrio Centro y García Rovira de esa Ciudad; y (iii)
en caso de no acceder a sus peticiones, se le reubique en un lugar que reúna
las condiciones técnicas y sanitarias para la venta de comidas rápidas, hasta
tanto sea reubicado en forma definitiva.
4.1.2.
HECHOS PROBADOS DENTRO DEL
EXPEDIENTE
De acuerdo con las pruebas allegadas al plenario, se
encuentra acreditado que:
4.1.2.1. Desde principios del año 2012, la Alcaldía Municipal
del Bucaramanga, con la ayuda de la Defensoría del Espacio Público de la misma
ciudad, iniciaron un programa de recuperación del espacio público.  Esquema que
se inició con la caracterización de la población que ocupaba las calles de
manera informal, visitaron a los vendedores informales y les aplicaron un censo
voluntario para conocer sus condiciones en seguridad social, vivienda, nivel de
ingresos, estudios y demás datos personales y familiares.
4.1.2.2. Entre los objetivos específicos del plan se encontraba
brindarles alternativas distintas a las de vender en el espacio público, para
lo cual crearon seis programas concretos a saber: (i) educación
gratuita, (ii) vivienda de interés social para quienes tuviesen la
posibilidad legal de aspirar a ella, (iii) acceso a un nivel de salud
pública, (iv) convenio con el Sena y el Instituto municipal de empleo de
Bucaramanga, para capacitar a 2.000 vendedores ambulantes, durante 160 horas de
capacitación, además de la posibilidad de entregarles capital semilla para
crear nuevas empresas, en caso de que su decisión fuera no continuar con su
labor informal (Folio 11, cuaderno No. 1).
4.1.2.3.  El 3 de septiembre del año 2012, el Alcalde expidió
el Decreto 0179 de 2012, por medio del cual “Se dictan disposiciones para la
recuperación y preservación del espacio público en la ciudad de Bucaramanga”. Este
documento establece el procedimiento marco a través del cual se generaría la
entrega de alternativas económicas, se instalarían y funcionarían las mesas de trabajo
con los vendedores y también el procedimiento a seguir para ordenar la
restitución del espacio público.
4.1.2.4. Mediante Resolución No. 0544 de 2012, el Alcalde
Municipal ordenó la recuperación del espacio público indebidamente ocupado por
vendedores informales en la ciudad de Bucaramanga. Este documento ofrece
alternativas económicas y programas existentes para mitigar el impacto de la
decisión en los vendedores informales de la ciudad de Bucaramanga.
4.1.2.5. El censo efectuado por la administración municipal
solo se realizó en los barrios nombrados Ciudadela Real de Minas, Centro y
Cabecera. Quedando excluido el barrio Girardot donde ejerce su actividad
informal el actor.
4.1.2.6. En el informe allegado a este despacho, la entidad
accionada, dando respuesta a una de las preguntas realizadas mediante auto del
siete (7) de marzo de dos mil catorce (2014),  informó que: […] “Del estudio
que realizaron nunca se excluyó a ningún vendedor informal de la ciudad;
en cuanto al barrio Girardot, en este no se encontraba problemática alguna de
vendedores informales atendiendo a que se trata de un barrio netamente
residencial. Aún así no excluía para que a pesar de diferentes llamados
e invitaciones a las convocatorias hechas por la administración municipal a los
vendedores informales de la ciudad no se vincularan al mismo. El actor pudo
acercarse a los sitios dispuestos por la alcaldía municipal en donde se
concertó y se dieron a conocer políticas y alternativas que se ofrecían a
quienes ostentaban la calidad de vendedores ambulantes”. (Negrillas y subrayado
fuera del texto)
4.1.2.7. Se convocó mediante la radio a todos los vendedores
informales a una reunión en el Coliseo Peralta de la ciudad de Bucaramanga, sin
embargo, afirma el actor que cuando se presentó en el lugar anunciado no le
permitieron ingresar porque no se encontraba inscrito en el censo.
4.1.2.8. Igualmente, se encuentra probado que el actor ha
laborado por más de 30 años como vendedor de comidas rápidas en el barrio
Girardot de Bucaramanga. Lo anterior fue ratificado por los señores Teresa
Azucena Moreno Ortega, Wolmar Eduardo Suárez Quintero, Yasmin Rocío Guerrero
Marin, Luís Josechacon Arengas y Martha Patricia Sánchez Sánchez, quienes
declararon bajo juramento conocer al señor Hugo Sierra Rojas (Folios 139 al
145, cuaderno No. 1). Al respecto informaron que:
·
“La alcaldía no había censado
a los vendedores informales del barrio Girardot y que no tenían conocimiento de
los planes de reubicación”. Igualmente,  indicaron que su sustento es de la
actividad que realizan y sus familias dependen de ello (Folios 139-145,
cuaderno No. 1).
·
Aunado a lo anterior, añadieron
que el señor Rojas es el sustento de su núcleo familiar, el cual está compuesto
por su esposa, sus dos hijas y sus nietos menores de edad, quienes dependen
económicamente de la labor que el ejerce como vendedor de comidas rápidas en el
barrio Girardot de Bucaramanga.
·
Conforme a lo manifestado por el
actor en la declaración rendida el dieciocho (18) de marzo de dos mil catorce
(2014), al Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de
Bucaramanga, y las declaraciones de los demás vendedores del sector, no han
reubicado a ningún vendedor del barrio y tampoco les han dado la oportunidad de
trabajar. Añadieron que: “No nos censaron nos inscribimos en el
Coliseo Peralta porque haya hicieron una convocatoria a todos los vendedores
pero dijeron que no censaban sino los del centro, real de minas y cabecera, pero
nosotros nunca aparecimos en pantalla, por eso nunca vinieron a censarnos [...]
nosotros fuimos averiguar porqué no nos venían a censar nosotros preguntamos al
Jefe del Espacio Público y lo que decía era eso que no aparecíamos en pantalla
eso siempre era lo que decían. No pues yo iba casi todos los días pero eso
perdía uno mucho tiempo porque no nos atendían y no hice más trámites”
[…]
4.1.3.
EXAMEN DE PROCEDENCIA DE LA
ACCIÓN DE TUTELA
4.1.3.1.
Legitimación
en la causa por activa
Los artículos 86 constitucional y 10° del Decreto 2591
de 1991 indican que es titular de la acción de tutela cualquier persona a la
que sus derechos fundamentales le resulten vulnerados o amenazados. Estas
personas pueden invocar directamente el amparo constitucional o pueden hacerlo
a través de terceros que sean sus apoderados, representantes o agentes
oficiosos, para el caso de las personas que no se encuentran en condiciones de
interponer la acción por sí mismas.
En virtud de lo establecido precedentemente, encuentra
la Sala que el actor se encuentra legitimado para  representar sus propios
intereses, puesto que es el titular de los derechos, por tanto, el caso objeto
de estudio sí cumple con este requisito.
4.1.3.2.
Legitimación
en la causa por pasiva
Con respecto a quién va dirigida la
acción de tutela, el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 expresa que: “se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que
presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental (…)”.
Por su parte, la Corte Constitucional en la Sentencia
T- 416 de 1997[50]
explicó en qué consiste la legitimación por pasiva así:
“La legitimación pasiva se consagra como la
facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o
controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre
una pretensión de contenido material”
En el caso estudiado se demandó a la Alcaldía
Municipal de Bucaramanga, la Secretaría de Gobierno Municipal de Bucaramanga,
el Departamento Administrativo- Defensoría del  Espacio Público de Bucaramanga
y la Inspección de Policía del Espacio Público de Bucaramanga, pues a juicio
del actor, son dichas entidades las presuntas vulneradoras de los derechos
fundamentales invocados, al retirarlo de su sitio de trabajo sin incluirlo en
el censo y en los programas de generación de ingresos y reubicación dirigidos a
los comerciantes informales de Bucaramanga. Aunado a lo anterior, las entidades
demandadas son autoridades públicas, de modo que se cumplen las reglas de
legitimación por pasiva.
4.1.3.3.
Examen de inmediatez
La inmediatez es una condición de procedencia de la
acción de tutela, creada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como
herramienta para cumplir con el propósito de la Carta Política de hacer de la
acción de tutela un medio de amparo de derechos fundamentales que opere de
manera rápida, inmediata y eficaz.
Por ello, es indispensable estudiar cada caso en
concreto, toda vez que es necesario que la acción sea promovida dentro de un
término razonable, prudencial y cercano a la ocurrencia de los hechos que se
consideran vulneratorios de derechos fundamentales, con el fin de evitar que el
transcurso del tiempo desvirtúe la transgresión o amenaza de los derechos. En
consecuencia, ante la injustificada demora en la interposición de la acción, se
vuelve improcedente el mecanismo extraordinario, por ende, se debe acudir a los
mecanismos ordinarios de defensa judicial.
A propósito de este requisito de procedibilidad de la
acción de tutela, la Corte Constitucional en la Sentencia T- 792 de 2009[51] estableció
que:
“la jurisprudencia constitucional ha enfatizado en el
hecho de que el mismo exige que la acción sea promovida de manera oportuna,
esto es, dentro de un término razonable luego de la ocurrencia de los hechos
que motivan la afectación o amenaza de los derechos. Esa relación de inmediatez
entre la solicitud de amparo y el supuesto vulnerador de los derechos
fundamentales, debe evaluarse, según ha dicho la Corte, en cada caso concreto,
con plena observancia de los principios de razonabilidad y proporcionalidad”.
En cuanto al requisito de
inmediatez, encontramos que se encuentra acreditado, toda vez que la acción fue
interpuesta el 19 de abril de 2013,  término razonable, pues lo hizo cuatro (4)
meses después de que la fuerza pública lo desalojó de su sitio de trabajo en el
barrio Girardot.
Además el perjuicio es actual e
inminente, pues el tutelante no se encuentra laborando, aún está a la espera de
una solución a su problemática por parte de las entidades accionadas, debido a
que no se encuentra incluido dentro del censo de vendedores informales de la
ciudad, razón por la cual no puede acceder a los programas de reubicación
creados por la autoridad municipal.
4.1.3.4.
Examen de subsidiariedad
Esta Corporación ha reconocido que en
ciertas ocasiones, aunque existen mecanismos judiciales diferentes a la acción
de tutela que serían procedentes para solucionar la controversia planteada, la
tutela es procedente cuando se advierte que ellos no son idóneos.
La Sala estima que en el caso objeto
de estudio, teniendo
en cuenta las especificidades de la situación del peticionario, como (i)
su dependencia y la de su familia de la actividad económica que desempeña como
vendedor de comidas rápidas en el barrio Girardot de Bucaramanga; (ii) la
precariedad de sus condiciones laborales, (iii) su edad -65 años-, los
otros mecanismos de defensa a los que eventualmente pueda acceder, no son
idóneos para lograr de manera oportuna la protección de sus derechos
fundamentales.
Por estas razones, la acción de tutela se torna en el
medio eficaz para solicitar la protección de los derechos fundamentales al
trabajo, a la dignidad humana, al mínimo vital y a la igualdad del
peticionario.
4.1.4.
ANÁLISIS DE LA VULNERACIÓN
ALEGADA
En las pruebas allegadas al proceso de revisión[52], se
encuentra acreditado, tal y como se expresó con anterioridad, que en el barrio
Girardot, donde el actor dice ejercer su actividad de vendedor de comidas
rápidas, no se realizó censo alguno de comercio informal por parte de la
administración municipal, ya que como lo indicó la entidad accionada, dicho
barrio era considerado residencial[53]
y por ello no consideró necesario efectuar el censo. También se encuentra
acreditado que en dicha zona han ejercido su actividad informal por varios
años,  aparte del actor, otros vendedores informales.
Por otro lado, en las pruebas anexadas al expediente
de tutela, se puede evidenciar que la Alcaldía Municipal, por medio del Decreto 0179 de 2012 y la Resolución 0544
del mismo año, buscaba dar cumplimiento al mandato constitucional estipulado en
el artículo 82 y devolverle a todos los ciudadanos de Bucaramanga el espacio
público, mediante operativos ajustados a esos actos y en cumplimiento de los
mismos.
Con base en lo anterior, se puede afirmar
que nos encontramos frente a un posible
conflicto entre dos principios constitucionales a saber: en primer lugar,
se encuentra el deber que la Constitución[54]
le impone a las autoridades de velar por el buen uso del espacio público, y, en
segundo lugar, el derecho que tienen todas las personas a tener un trabajo
que les permita obtener un sustento diario para sí mismos y su núcleo familiar,
más aún cuando dicho trabajo lo han ejercido amparados por el principio de la
confianza legítima, según el cual la actividad que han venido ejerciendo está
legalmente amparada[55].
Este conflicto se presenta en el caso objeto de
estudio, pues el actor ha laborado por más de 30 años en el barrio Girardot
–como lo demuestran varios testimonios- y tenía una licencia para poder ejercer
su actividad, la cual ya en otras oportunidades había sido renovada por la
misma administración municipal, situación ésta que le  generó una expectativa
razonable de estabilidad en relación con su actividad comercial. Además, el
tutelante cuenta con 63 años de edad, padece de epilepsia y en este momento su
única fuente de ingresos es su oficio como vendedor de comidas rápidas en el
espacio público del barrio Girardot de Bucaramanga, lo cual fue reiterado con
los testimonios de los señores  Teresa Azucena Moreno Ortega, Wolmar Eduardo
Suárez Quintero, Yasmin Rocío Guerrero Marin, Luís José Chacon Arengas y Martha
Patricia Sánchez Sánchez.
Si bien la Alcaldía tiene la obligación de velar por
el adecuado uso del espacio público, conforme al principio de la confianza
legítima y a su deber de protección de los derechos de quienes subsisten
gracias al comercio informal, tiene también que establecer, como se indicó en
la Sentencia T- 244 de 2012,  políticas de recuperación y de compensación,
previa realización de estudios de impacto que evidencien los diferentes grados
de afectación, con participación de la comunidad.
Dadas las circunstancias específicas del caso objeto
de estudio, la Sala observa que el mecanismo utilizado para realizar el censo
de los vendedores informales en la ciudad de Bucaramanga no fue idóneo
para identificar a toda la población que derivaba su sustento de dicha
actividad económica, y que no es satisfactoria la respuesta emitida por la
entidad accionada, ya que no es razón suficiente decir que no se realizó censo
en el barrio Girardot, sector donde el actor y otros vendedores ejercen su
labor por ser considerado una zona residencial.
Además, el actor en su escrito de tutela  y en el
interrogatorio realizado por el despacho comisorio afirma que no se le permitió
censarse. Al respecto indica: “[…] que se inscribió en el Coliseo Peralta
pero que allá  les dijeron que no los censaban, que allá era para los
vendedores informales de otras zonas. Dice que esperaron a que fueran a
censarlos piero nunca lo hicieron, por lo cual le preguntaron al Jefe de
Espacio Público por qué no los habían censado y él sólo respondía que ellos no
aparecían en la pantalla”.
Por estas razones, en el presente caso, se evidencia
que la autoridad competente debió haber realizado un análisis más detallado de
todos los vendedores que iban a ser impactados con la puesta en marcha de la
política de recuperación del espacio público, amparados por lo que consideró
“confianza legítima” y en situación de vulnerabilidad por razones económicas,
por lo que dicho análisis no sólo debió cobijar a los ocupantes del espacio
público de ciertos barrios de la ciudad, sino que debió extenderse a todos sin
importar si algunos sectores eran considerados “residenciales” o no.  En
otras palabras, debió expandir el censo y los programas de reubicación a toda
la población que derivaba su sustento de dicha actividad comercial. A juicio de
la Sala, la respuesta de la entidad no tiene una justificación suficiente de
por qué no hizo el censo en el barrio Girardot.
Además, se puede concluir que independiente del deber
que le impone la Carta a las autoridades municipales para recuperar el espacio
público, estas tienen la obligación de incorporar en los planes de recuperación
la provisión de alternativas económicas a favor de quienes dependen del
comercio informal para su sustento diario y el de sus familias.
No obstante, a pesar de que la Alcaldía Municipal de
Bucaramanga actúo parcialmente conforme a los mandamientos constitucionales
para recuperar el espacio público, no censo a toda la población que ejercia la
actividad infomal en la ciudad de Bucaramanga, pues dicho censo no se realizó
en el barrio Girardot, donde labora el actor y otros vendedores, ni tampoco los
incluyó en los programas de reubicación creados por la autoridad municipal,
dejando con su actuar desprotegidos a un grupo considerable de la población que
deriva su sustento y el de su núcleo familiar de la venta  informal.
Con base en el análisis previo, la Sala concluye que
la Administración Municipal de Bucaramanga, desconocíó los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, y al principio de confianza
legítima, al trabajo
y al mínimo vital del actor al no reconocerle su situación vulnerable y no
orientarlo sobre las alternativas económicas o los planes de reubicación
implementados por la autoridad municipal, donde podría ejercer su oficio
legítimamente.
La Sala observa además que dichas irregularidades con
el censo son generalizadas a todos los vendedores que ejercen la actividad
informal en el barrio Girardot, por ello resulta procedente proteger el derecho
fundamental al trabajo, al mínimo vital y al debido proceso no solo del actor,
sino también frente aquellas personas que se encuentran en la misma situación.
Es así como, pese a
que por regla general los fallos de la
Corte Constitucional en sede de tutela producen efectos inter partes,
esta Corporación con el fin de garantizar la integridad y supremacía de la
Constitución y particularmente para proteger el derecho a la igualdad, ha
admitido extender los efectos de sus decisiones en sede de tutela, otorgándole
efectos inter comunis, cuando sea estrictamente necesario evitar la
repetición de violaciones de los derechos tutelados.
Al respecto en la
Sentencia SU-1023 de 2001, esta Corporación  desarrolló las razones que
justifican la extensión de los efectos a los fallos de tutela. En dicha
oportunidad indicó:
“Existen circunstancias especialísimas en las
cuales la acción de tutela no se limita a ser un mecanismo judicial subsidiario
para evitar la vulneración o amenaza de derechos fundamentales solamente de los
accionantes. Este supuesto se presenta cuando la protección de derechos
fundamentales de los peticionarios atente contra derechos fundamentales de los
no tutelantes. Como la tutela no puede contrariar su naturaleza y razón de ser
y transformarse en mecanismo de vulneración de derechos fundamentales, dispone
también de la fuerza vinculante suficiente para proteger derechos igualmente
fundamentales de quienes no han acudido directamente a este medio judicial,
siempre que frente al accionado se encuentren en condiciones comunes a las de
quienes sí hicieron uso de ella y cuando la orden de protección dada por el
juez de tutela repercuta, de manera directa e inmediata, en la vulneración de
derechos fundamentales de aquellos no tutelantes.
En otras palabras, hay eventos excepcionales
en los cuales los límites de la vulneración deben fijarse en consideración
tanto del derecho fundamental del tutelante como del derecho fundamental de
quienes no han acudido a la tutela, siempre y cuando se evidencie la necesidad
de evitar que la protección de derechos fundamentales del accionante se realice
paradójicamente en detrimento de derechos igualmente fundamentales de terceros
que se encuentran en condiciones comunes a las de aquel frente a la autoridad o
particular accionado.”
Siguiendo con el mismo lineamiento, en
Sentencia T- 1258 de 2008, esta Corporación, reconoció el efecto inter
comunis de la sentencia manifestando
que, “(…) el presente proveído, no quiere ser un nuevo factor de
diferenciación injustificada entre las personas de talla baja al interior de la
Corte Constitucional, por lo que se le debe dar a las personas de talla
pequeña el tratamiento especial antes descrito, para asegurar su igualdad
efectiva.
Por ende, para el universo de personas que
se encuentran en igualdad de condiciones que el tutelante, - esto es, personas
con enanismo que acceden a la
Corte Constitucional solicitando información en las dependencias de atención
al público-, los efectos de esta sentencia no cobijarán solamente al
demandante, sino que también beneficiarán a quienes ostenten la misma condición
de ciudadanos de talla baja, siguiendo las reglas de atención a las personas
con discapacidad, y las directrices de seguridad y atención, previamente
expuestas (…)”
Igualmente, en la sentencia T 843 de 2009, la
Corte Constitucional reiteró que “(…) los efectos
de la decisión del juez de tutela nunca son erga omnes; en todos los
casos, aun en aquellos en que la decisión de tutela rebasa los efectos
estrictamente inter partes del proceso, éste se traba entre una
persona o personas que denuncian la vulneración de sus derechos fundamentales,
y otra u otras a quien o a quienes se imputa dicha violación. Por ello el
examen del juez de tutela no puede prescindir del estudio relativo sobre si la
acción o la omisión de la persona o personas concretamente demandadas conduce a
la violación de derechos fundamentales del o de los demandantes. Es decir, los
efectos de la decisión primeramente se producen siempre entre las partes del
proceso, sin perjuicio de que, en eventos especialísimos, como los que se
acaban de comentar, puedan extenderse a terceras personas en virtud de las
figuras de efectos “inter pares” o “inter comunes.
En otras palabras, hay eventos excepcionales en los
cuales los límites de la vulneración deben fijarse en consideración, tanto del
derecho fundamental del tutelante, como del derecho fundamental de quienes no
han acudido a la tutela, siempre y cuando se evidencie la necesidad de evitar
que la protección de derechos fundamentales del accionante se realice,
paradójicamente, en detrimento de derechos igualmente fundamentales de terceros
que se encuentran frente a la autoridad, en condiciones comunes a las del
particular accionado (…)”. (subrayado fuera del texto)
Teniendo en cuenta lo mencionado con anterioridad,
para esta Sala resulta importante, en aras de proteger los derechos
fundamentales del actor y de aquellas personas que no interpusieron acción de
tutela, otorgar efectos inter
comunis a la presente
decisión.
En consecuencia, la Sala ordenará a las entidades
demandadas realizar nuevamente el censo de vendedores informales en el barrio
Girardot de Bucaramanga e informar al actor y a los demás vendedores informales
de dicho barrio, sobre los programas de capacitación, de formalización de la economía
y los planes de reubicación existentes en la ciudad de Bucaramanga para los
comerciantes informales, y brindarle la oportunidad de participar en tales
programas, en caso de que así lo deseen
5.
Conclusión
La Sala concederá la tutela a los derechos fundamentales
al trabajo y al mínimo vital del actor, así como los derechos de los demás
vendedores informales del barrio Girardot de Bucaramanga, por las siguientes
razones:
En primer lugar, la Sala observó que el peticionario y
su núcleo familiar dependen de la actividad económica que el primero ejerce en
el barrio Girardot. Además, el tutelante es una persona de 63 años de edad, con
epilepsia, quien por estas razones dificilmente puede acceder al mercado
laboral formal.
En segundo lugar, la actividad del actor estaba
cobijada por la confianza legítima, ya que lleva trabajando más de 30 años en
ventas informales en el barrio Girardot –como fue respaldado por varios
testimonios, y previamente la administración muncipal le había dado licencias
para el desarrollo de ese oficio, copia de las cuales se encuentran en el
expediente.
En tercer lugar, si bien es cierto la Alcaldía de
Bucaramanga debe velar por el mejor uso del espacio público y, en ese orden de
ideas, puede adelantar programas de recuperación del espacio público, tales
medidas, como ha señalado la jurisprudencia constitucional, deben estar
precedidas de estudios comprensivos de los impactos, censos de los afectados y
diseño de programas que ofrezcan alternativas a quienes sufren impactos negativos
según el grado de afectación sufrido. En este caso, si bien es cierto la
administración adelantó un censo, éste no fue comprensivo, pues sin una debida
justificación, no tuvo en cuenta a los vendedores informales del barrio
Girardot. En este punto la Sala recuerda que los accionados se limitaron a
afirmar que el censo no se llevó a cabo en ese barrio porque es
“residencial”.
Las entidades accionadas también afirman que el
peticionario podía haberse acercado al coliseo Peralta para ser censado; se
observa que el peticionario efectivamente hizo uso de esta opción, pero tampoco
logró ser censado porque “no aparecía en pantalla”. La Administración no
desvirtuó esta afirmación.
Por último, se observa que otros vendedores informales
del barrio Girardot de Bucaramanga se encuentran en la misma situación del
actor, por cuanto sin justificación no fueron censados, pero sí son objetivos
del programa de recuperación del espacio público.
Con base en lo anterior, se ordenará a las entidades
demandadas realizar nuevamente el censo de vendedores informales en el barrio
Girardot de Bucaramanga e informar al actor y a los demás vendedores informales
de dicho barrio,  sobre los programas de capacitación, de formalización de la
economía y los planes de reubicación existentes en la ciudad de Bucaramanga
para los comerciantes informales, y brindarle la oportunidad de participar en
tales programas, en caso de que así lo deseen.
6.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia dictada el veintiuno (21) de junio de dos
mil trece (2013), por el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Bucaramanga, que confirmó la decisión de primera instancia
proferida el tres (3) de mayo de dos mil trece (2013) por el Juzgado Tercero
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga, que negó
por improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Hugo Sierra Rojas
en contra de la Alcaldía Municipal de Bucaramanga, la Secretaría de Gobierno
Municipal de Bucaramanga, el Departamento Administrativo- Defensoría del
Espacio Público de Bucaramanga y la Inspección de Policía del Espacio Público
de Bucaramanga. En su lugar, CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la protección del
principio de confianza legítima, al trabajo y al mínimo vital del actor, de conformidad con las consideraciones de
esta providencia.
SEGUNDO: OTORGAR EFECTOS INTER
COMUNIS a la presente decisión
respecto de los vendedores del barrio Girardot de Bucaramanga a quienes no se
les haya permitido censarse y a quienes no se les haya brindado información sobre
los programas de capacitación, de formalización de la economía y los planes de
reubicación existentes en la ciudad de Bucaramanga para los comerciantes
informales.
TERCERO: En consecuencia, ORDENAR a la Alcaldía Municipal de Bucaramanga y a la Defensoría
del Espacio Público de la misma Ciudad, que en el término de diez (10) días contados a
partir de la notificación de la presente sentencia, procedan a realizar nuevamente el censo de vendedores
informales en el barrio Girardot de Bucaramanga e informen al señor Hugo
Sierra Rojas y a los demás vendedores informales de dicho barrio, sobre los
programas de capacitación, de formalización de la economía y los planes de
reubicación existentes en la ciudad de Bucaramanga para los comerciantes
informales, y les brinden la oportunidad de participar en tales programas, en
caso de que así lo deseen.
CUARTO: Líbrense
por Secretaría, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Cópiese,
notifíquese, publíquese y cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RIOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]
“Artículo 15. Etapas de la
Actuación Administrativa. El alcalde de Bucaramanga aplicará las siguientes
etapas a la actuación administrativa, previa a la aplicación del procedimiento
policivo previsto en el Manual de Policía, Convivencia y Cultura Ciudadana de
Bucaramanga.
[…]
Numeral
3. Al momento de la entrega del  medio informativo definido para este fin, con
el apoyo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, deberán llenar un registro
donde conste como mínimo, los siguientes datos del vendedor informal: nombre y
apellidos completos, número de identificación, dirección de su domicilio,
número telefónico, actividad que desarrolla, ubicación donde desarrolla tal
actividad, registro que será suscrito por el vendedor informal y por el
servidos público que realiza el trámite.
Numeral
4. Efectuada la diligencia de registro, esta información se recaudará y se
remitirá inmediatamente al Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público con el propósito de proyectar adecuadamente las
alternativas económicas y programas sociales y de armonizar esta información
con otros programas y entidades gubernamentales” […]
[2]
“Segunda: …los locales ubicados en el tercer piso del
centro comercial Feghali destinados de acuerdo al ESTUDIO TÉCNICO DE
CARACTERIZACIÓN que obra en el expediente de la acción de tutela,para reubicar
a los vendedores informales de venta de comidas rápidas, no tienen licencia de
funcionamiento expedida por la Secretaría de salud, no tienen gas natural, no
tiene cada local servicio de agua, no tiene meson, lavaplatos, sifones de
desague en el piso, requisitos exigidos por la
Ley 9 de 1979 para su funcionamiento, y al ser reubicado en uno de los
mencionados locales sin haberlos adecuado me impide continuar ejerciendo mi
actividad de comidas rápidas”…
[3] La
Corte Constitucional se ha pronunciado en numerosas sentencias sobre este
tema. Se pueden resaltar la sentencia SU-360 de 1999, en la cual la
Sala Plena se ocupó de revisar los fallos adoptados en 36 expedientes de
tutela que fueron acumulados para tal efecto. En esta providencia se buscó solucionar la
situación de varios vendedores informales que habían ocupado el espacio público
durante largos períodos de tiempo con la aquiescencia expresa o tácita de las
autoridades, y que vieron defraudada su buena fe con la intempestiva adopción
de decisiones policivas de desalojo. Para resolver esta controversia se procuró
armonizar los intereses y derechos de los vendedores informales con el
coexistente deber de las autoridades de preservar el espacio público para el
disfrute de la colectividad, para lo cual se dio
prevalencia a la promoción del interés general, al permitir el desalojo
siempre y cuando, éste se acompañe de alternativas de reubicación para los
afectados. Estos criterios fueron
reiterados en la sentencia SU-601A del mismo año. En estas providencias la
Corte reiteró y precisó los criterios que se deben tener en cuenta para que
prospere la acción de tutela como mecanismo para proteger el derecho fundamental
al trabajo, cuando existe una tensión entre éste y el deber de las autoridades
de preservar y recuperar el espacio público.
[4]
Los artículos 63 y 102 de la Carta se ocupan del tema del espacio público y
disponen cuáles son los bienes de uso público que pertenecen a la
Nación.
[5]
Ver entre otras, sentencia T-135 de 2010
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[6]
Cfr. Corte Constitucional. M.P. Fabio Morón Díaz. En el mismo sentido la
sentencia SU-360 de 1999 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[7] En la sentencia SU-360 de 1999
M.P. Alejandro Martínez Caballero se afirmó que: “(…)  el trastorno del
espacio público ocasionado por un particular o por la actuación de autoridades
no competentes, puede llegar a vulnerar no solo derechos constitucionales
individuales de los peatones y aspiraciones colectivas de uso y aprovechamiento
general, sino también la percepción de la comunidad respecto de las áreas a las
que tiene acceso libre y a las que no lo tiene. En efecto, algunos estudios y
estadísticas  sugieren que los actos de perturbación que ocurren en un sitio
público, posiblemente afectan a miles de personas por hora. Los ciudadanos,
entonces, a mayor desorden en las áreas comunes, tienen la tendencia de
disminuir su acceso a ellas, generando en consecuencia un detrimento de esas
mismas localidades y una disminución en su utilización por parte de la
sociedad en general. Esas situaciones como consecuencia, crean la necesidad de
cerrar establecimientos de comercio y de trasladar y cambiar los  lugares de
trabajo de muchas personas, en razón de la complejidad que adquieren tales
zonas, el difícil el acceso a ellas, al parqueo, e incluso el favorecimiento
de  actividades ilícitas”.
[8]
Ver en este sentido sentencias T-222 de 1992
M.P. Jaime Sanín Greiffenstein, T-203 de 1993
M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-372 de 1993
M.P. Jorge Arango Mejía
[9]
M.P. Jaime Sanín Greiffenstein.
[10]
Ver sentencias T-801 de 2006, T-908 de 2010, T-135 de 2010,
T-458 de 2011,  T-244 de 2012, T-904 de 2012 y T-314 de 2012.
[11] Ver sentencias T-660 de 2002
M. P. Clara In-es Vargas Hernández y T-034 de 2004
M.P. Jaime Córdoba Triviño. “El precedente jurisprudencial analizado prevé
que ante la iniquidad social que demuestra el ejercicio del comercio informal y
la grave afectación de los derechos fundamentales de quienes se ven relegados a
estas actividades, es imprescindible que el Estado ofrezca, previamente a la
ejecución de un programa de recuperación del espacio público, medidas dirigidas
a aminorar los efectos lesivos, en términos de derechos fundamentales, de la
aplicación de dicho programa. En ese sentido, todo programa de restitución del
espacio público debe estar acompañado de una política dirigida a impedir la
afectación desproporcionada de los intereses de grupos marginados de la
población”. Sentencia T-021 de 2008
M.P. Jaime Araujo Renteria.
[12]
MP, Dr. Alejandro Martínez Caballero.
[13]
MP, Dr. Humberto Antonio Sierra Porto
[14]
SU-360 de 1999.
[15] Precedente establecido en la
Sentencia T-729 de 2006.
[16]
Ibidem.
[17]
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[18]
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[19] Ver sentencias T-660 de 2002
M. P. Clara Ines Vargas Hernández y T-034 de 2004
M.P. Jaime Córdoba Triviño. “El precedente jurisprudencial analizado prevé
que ante la iniquidad social que demuestra el ejercicio del comercio informal y
la grave afectación de los derechos fundamentales de quienes se ven relegados a
estas actividades, es imprescindible que el Estado ofrezca, previamente a la
ejecución de un programa de recuperación del espacio público, medidas dirigidas
a aminorar los efectos lesivos, en términos de derechos fundamentales, de la
aplicación de dicho programa. En ese sentido, todo programa de restitución del
espacio público debe estar acompañado de una política dirigida a impedir la
afectación desproporcionada de los intereses de grupos marginados de la
población”. Sentencia T-021 de 2008
M.P. Jaime Araujo Renteria.
[20] Sobre los límites de la prevalencia del principio del
interés general sobre el particular y la protección del espacio público la
Corte Constitucional señaló “No obstante, este importante principio
fundamental no puede ser aplicado sin tener en cuenta la relación directa que
genera la persona con el espacio en el cual se encuentra y sobre el cual
cimienta sus actividades económicas, sociales, culturales, entre otras” cfr.
Sentencia T-244 de 2012 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[21] Sobre los límites de la prevalencia del principio del
interés general sobre el particular y la protección del espacio público la
Corte Constitucional señaló “No obstante, este importante principio
fundamental no puede ser aplicado sin tener en cuenta la relación directa que
genera la persona con el espacio en el cual se encuentra y sobre el cual
cimienta sus actividades económicas, sociales, culturales, entre otras” cfr.
Sentencia T-244 de 2012 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[22]Criterio reiterado en la
Sentencia T-904 de 2012,  MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[23] Corte
Constitucional, sentencia T-630 de 2008. MP. Jaime Córdoba Triviño. Establecido
previamente en la sentencia T-773 de 2007 MP. Humberto Antonio Sierra Porto,
con las siguientes palabras: “Lo que
está en juego cuando se subraya la necesidad de que al momento de formular las
políticas de desalojo del espacio público se estudie de manera detallada cada
caso en concreto y se detecten – en la medida de lo factible- las consecuencias
negativas que puedan derivarse eventualmente de la puesta en práctica de tales
políticas, es la efectividad misma del mandato constitucional según el cual el
Estado debe ofrecer protección a quienes, dada sus circunstancias económicas,
puedan verse puestos o puestas en situación de indefensión. Como lo ha recordado la
Corte, los derechos constitucionales fundamentales de estas personas no pueden
ser restringidos hasta el extremo de hacerlas soportar “una carga pública
desproporcionada, con mayor razón, si quienes se encuentran afectados [as] por
las políticas, programas o medidas se hallan en situación de especial
vulnerabilidad y debilidad por sus condiciones de pobreza o precariedad
económica.”
[24] Ver sentencia T-244 de 2012
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[25] MP.
Manuel José Cepeda Espinosa
[26] Corte Constitucional,
sentencia T-729 del 25 de agosto de 2006. MP. Jaime Córdoba Triviño
[27] MP.
Jaime Córdoba Triviño
[28] MP.
Humberto Antonio Sierra Porto
[29] Corte Constitucional,
sentencia T-772 del 4 de septiembre de 2003.
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[30]
Ver entre otras, las Sentencias  C-544 de 1994, MP, Dr.
Jorge Arango Mejía y T-097 de 2011, MP, Dr. Nilson Pinilla Pinilla.
[31] “Este
principio, que fue desarrollado por la jurisprudencia alemana, recogido por el
Tribunal Europeo de Justicia en la sentencia del 13 de julio de 1965, y
aceptado por doctrina jurídica muy autorizada, pretende proteger al
administrado y al ciudadano frente a cambios bruscos e intempestivos efectuados
por las autoridades. Se trata entonces de situaciones en las cuales el
administrado no tiene realmente un derecho adquirido, pues su posición jurídica
es modificable por las autoridades. Sin embargo, si la persona tiene razones
objetivas para confiar en la durabilidad de la regulación, y el cambio súbito
de la misma altera de manera sensible su situación, entonces el principio de la
confianza legítima la protege. En tales casos, en función de la buena fe (CP
art. 83), el Estado debe proporcionar al afectado tiempo y medios que le
permitan adaptarse a la nueva situación. Eso sucede, por ejemplo, cuando una
autoridad decide súbitamente prohibir una actividad que antes se encontraba
permitida, por cuanto en ese evento, es deber del Estado permitir que el
afectado pueda enfrentar ese cambio de política. “. Cfr. Sentencia C-478 de
1998 M:P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.
[32] Cfr. Corte
Constitucional. Sentencia C-478 del 9 de septiembre de 1998, MP, Dr. Alejandro
Martínez Caballero. También en la sentencia T-034 de 2004
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[33]Ver  Sentencias T-053 del
24 de enero de 2008. MP. Rodrigo Escobar Gil y T-926 de 2010
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[34] Ver sentencias T-021 de 2008
M.P Jaime Araujo Rentería, T-775 de 2009
M.P. Jorge Iván  Palacio Palacio, T-135 de 2010
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y T-454 de 2011
M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[35] Ver entre otras,
sentencias T-396 de 1997 MP. Antonio Barrera Carbonell, SU-360 de 1999 MP.
Alejandro Martínez Caballero, T-034 de 2004
M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-152 de 2011 MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
y T-458 de 2011 MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[36] Cfr. Sentencia T-053 de
2008. MP. Rodrigo Escobar Gil.
[37]
MP, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[38] M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
[39] “Para el caso específico
de este requisito, Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-160 de 1996,
M.P. Fabio Morón Díaz”.
[40] Cfr. Sentencia T-729 de 2006
M.P. Jaime Araujo Rentería. Entre otras, sentencias SU-360 de 1999
M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-034 de 2004
M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-097 de 2011
M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[41] Cfr. Sentencia T-021 de
2008 MP, Jaime Araujo Rentería.
[42]
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[43] Corte Constitucional T-160 de 1996
M.P. Fabio Morón Díaz, T-550 de 1998 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-778 de 1998
M.P. Alfredo Beltrán Sierra y SU-360 de 19999
M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[44] Cfr. Sentencia T-773 de 2007
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[45] Cfr. Sentencia T-773 de 2007
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[46]
Ibídem. Sentencia T-053 del 24 de enero de 2008. MP. Rodrigo Escobar Gil.
[47]
Ibídem. Sentencia SU-360 del 19 de mayo de 1999. MP.
Alejandro Martínez Caballero.
[48]
MP, Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[49]
Denominado “caracterización de la población que expende en
el espacio público”.
[50]MP. Antonio Barrera Carbonell
[51]MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[52] Acta de inspección
judicial realizada en Bucaramanga en el Barrio Girardot el 18 de marzo de 2014
por el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de
Bucaramanga. En la inspección estuvieron presentes el actor de la acción de
tutela, La Jueza y Secretaria del Juzgado comisionado, dos (2) técnicos en
fotografía y  cinco (5) testigos comerciantes de la zona.
[53] Esto se puede evidenciar
el informe enviado a esta Corte el 20 de marzo de 2014, donde la accionada da
respuesta al auto proferido el 7 de marzo de 2012. Documento contestado por la
Directora del Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público de Bucaramanga (Folios 10-120 del cuaderno
principal del expediente).
[54] Artículo
82 de la Constitución “es deber del Estado velar por la integridad del
espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el
interés particular.”
[55]
Sentencia T- 908 de 2010, MP, DR. Mauricio González Cuervo