T-315-96
Sentencia T-315/96
Sentencia T-315/96
REVOCACION
DIRECTA DE ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR Y CONCRETO-Consentimiento expreso y escrito del
titular
La administración
no puede, en forma unilateral,  revocar actos de carácter particular y concreto
que reconozcan derechos en favor de los administrados, sin el consentimiento
por escrito de éstos. Esta prerrogativa con que cuenta el particular, tiene
como objetivos, entre otros, evitar que la administración, en uso de ciertos
poderes y aduciendo una serie de necesidades, desconozca derechos subjetivos
cuya modificación o desconocimiento requiere de la anuencia de su titular,
pues, sólo él, por la misma naturaleza del derecho, puede renunciarlo. Si la
administración no logra obtener ese consentimiento debe buscar la intervención
del aparato jurisdiccional, que decide si es posible modificar o desconocer los
derechos reconocidos al particular.
REVOCACION
DIRECTA DE ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR Y CONCRETO-Procedencia de tutela
Cuando la
administración decide revocar un acto de carácter particular, con inobservancia
de los requisitos, se debe admitir que la tutela viene a convertirse en el
único mecanismo idóneo de defensa con que cuenta el particular. Esta acción no
sólo asegura que el individuo puede continuar gozando de sus derechos, mientras
la administración no agote las formalidades que el mismo ordenamiento ha
impuesto para que ellos sean modificados, sino que mantiene en cabeza de la administración
la obligación de poner en movimiento la jurisdicción, al tener que demandar su
propios actos. Esta carga de la administración hace parte del debido proceso
que debe ser garantizado al particular, pues la ley ha establecido que es a
ella y no al individuo a quien corresponde activar la intervención de la
jurisdicción.
PENSION DE
JUBILACION-Revocación
reajuste Fondo del Congreso
La administración
puede cometer errores que, sean generadores de derechos en cabeza de un
particular. Sin embargo, en esos casos, la administración no puede alegar su
propio error para hacer la revocación directa del acto, porque la propia ley,
en defensa del particular ha establecido los mecanismos que se deben emplear
para corregir la equivocación.
Referencia: Expediente
T-92279
Actor : Gilberto
Salazar Ramírez
Procedencia: Consejo
de Estado, Sección Segunda de lo Contencioso Administrativo.
Magistrado Ponente:
Dr. JORGE ARANGO
MEJÍA
Sentencia aprobada en sesión de la Sala
Primera de Revisión a los diez y siete (17) días del mes de julio de mil
novecientos noventa y seis (1996).
La Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio
Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz, decide sobre el fallo proferido
por la Sección Segunda de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
dentro del proceso de tutela instaurado por el señor Gilberto Salazar Ramírez.
El expediente llegó a la Corte
Constitucional, por remisión que hizo el Consejo de Estado, en virtud de lo
ordenado por el artículo 31 del decreto 2591 de 1991.
La Sala de Selección de la Corte eligió,
para efectos de su revisión, el expediente de la referencia.
I. ANTECEDENTES
El actor presentó ante el Tribunal
Administrativo de Antioquia, acción de tutela contra el Fondo de Previsión
Social del Congreso de la República, por las siguientes razones:
A. Hechos.
1. El actor se desempeñó como miembro del
Congreso de la República durante varios años. Una vez cumplidos los requisitos
de ley, solicitó, el 13 de agosto de 1986, el reconocimiento de la pensión de
jubilación ante la División de Prestaciones Económicas del Fondo de Previsión
Social del Congreso.
2. El 11 de febrero de 1987, el fondo
demandado solicitó al actor acreditar 53 días que le faltaban para completar el
tiempo de servicio. Para satisfacer el requerimiento del ente acusado, el
doctor Salazar Ramírez se vinculó nuevamente al Congreso de la República,  como
asesor en la Cámara de Representantes.
3. Por medio de resolución N° 0094 de 1988,
el Fondo reconoció la pensión de jubilación solicitada por el actor, en su
calidad de asesor.
4. Mediante ofició del 20 de septiembre de
1993, el Director General del Fondo de Previsión del Congreso de la República
comunicó al demandante que a partir del 1o. de enero de 1994, se le otorgaría
un reajuste en el  monto de su mesada pensional, en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 17 del decreto 1359 de 1993, que estableció un régimen especial
de pensiones para los Senadores y Representantes.
5. El Fondo acusado expidió, el 25 de mayo
de 1995,  la resolución  N° 0363A, por medio de la cual revocó el beneficio
mencionado y, adicionalmente, ordenó el reintegro de la totalidad del dinero
recibido a título de reajuste.
6. Mediante escrito presentado el 12 de
julio de 1995, el actor solicitó al Fondo de Previsión Social del Congreso
reconsiderar lo resuelto en la resolución mencionada. Sin embargo, el Fondo por
medio de la resolución 923 de 1995, la  ratificó  y ordenó al actor reintegrar
las sumas pagadas en exceso.
B. Derechos presuntamente vulnerados.
El  actor considera que con la actuación
del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, se le están
vulnerando los derechos al debido proceso, a la igualdad, a la honra y a la
seguridad social.
C. Pretensión.
Solicita se dejen sin efectos las
resoluciones cuestionadas y se conceda la acción de tutela como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, toda vez que si se cumple
con lo ordenado, se le causaría un gravísimo detrimento patrimonial, de tal
manera que no tendría como subsistir.
D. Pruebas.
El actor aportó como pruebas, los
siguientes documentos:
-Resolución N° 0094 de 1988.
-Resolución N° 0363A de 1995.
-Resolución N° 0923 de 1995.
-Oficio del 20 de septiembre de 1993.
-Escrito del 12 de julio de 1995.
E. Actuación procesal.
El Tribunal, una vez asumido el conocimiento
de la acción de tutela de la referencia, procedió a notificar al Fondo de
Previsión Social del Congreso de la República, quien presentó escrito
oponiéndose a las pretensiones del actor. Posteriormente, dictó sentencia.
F.  Sentencia de primera instancia.
Mediante sentencia del 25 de noviembre de
1995, el Tribunal Administrativo de Antioquia, concedió la acción de tutela
solicitada, al considerar que se vulneró el derecho al debido proceso del
actor.
En su concepto, al haber nacido una
situación jurídica definida en favor del actor, el Fondo de Previsión Social
del Congreso de la República no podía  revocar unilateralmente el acto
administrativo, pues, según lo establece el artículo 73 del Código Contencioso
Administrativo, para tal efecto, es necesario que medie el consentimiento del
respectivo titular, porque de lo contrario se atentaría contra la seguridad
jurídica.
Le indicó al Fondo que la vía adecuada para
subsanar el posible error era demandar su propio acto ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo. En consecuencia, le  ordenó dejar sin efectos
los actos administrativos que desconocían la situación jurídica definida en
favor del actor; como también, proceder a demandar ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, el acto contenido en el oficio del 10 de septiembre
de 1993. Adicionalmente, ordenó al señor Gilberto Salazar Ramírez autorizar al
Fondo para realizar los descuentos pertinentes de su mesada pensional, por si
eventualmente el fallo le es desfavorable.
G. Impugnación.
En escrito presentado el 6 de diciembre de
1995, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República impugnó el
fallo.
En primer término, consideró que el actor
actuó de mala fe, toda vez que en virtud del error cometido por el Director del
Fondo, procedió a disfrutar de un beneficio que no le correspondía.
Indicó que de acuerdo con lo estipulado en
el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, se permite que un acto
administrativo se revoque de manera oficiosa por el mismo funcionario que lo
expidió, cuando el mismo es contrario a la Constitución y la ley. Igualmente,
que en la parte final del inciso 2 del artículo 73 del mismo Código, se hace
referencia a la posibilidad de revocar actos que creen o modifiquen una situación
jurídica de carácter particular y concreta, cuando sea evidente que el acto se
expidió por medios ilegales.
Finalmente, sostuvo que en el presente caso
la acción de tutela es improcedente, ya que el actor puede demandar las
resoluciones emitidas por el Fondo ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
Por su parte, el actor mediante escrito
manifestó su inconformidad con el aparte del fallo que lo obligaba a autorizar
al Fondo para descontar de su mesada pensional los dineros a que hubiere lugar,
sí eventualmente el fallo en lo contencioso le era desfavorable.
H.  Sentencia de segunda instancia.
Mediante sentencia del 9 de febrero de
1996, la Sección Segunda de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, revocó el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
En concepto del Consejo de Estado, la
acción de tutela es improcedente, porque el actor puede hacer uso de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, en contra de las resoluciones expedidas por el
Fondo,  y obtener  la satisfacción de sus pretensiones. Igualmente, desestimó
la existencia de  un perjuicio irremediable.
Finalmente, señaló que el Tribunal había
excedido sus competencias al dar las órdenes que impartió.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL.
A. Consideración previa.
En el presente asunto, el actor relata un
sinnúmero de hechos que en su concepto son relevantes para la definición de su
caso. Sin embargo, la Sala debe aclarar que la decisión que aquí se adopte
dejará intangible la situación jurídica en que se encontraba el solicitante
antes del oficio de fecha 10 de Septiembre de 1993, suscrito por el Jefe de
Prestaciones Económicas del Fondo de Empleados del Congreso de la República,
por medio del cual se le  comunicó que el monto de su  mesada pensional sería
reajustada a partir del primer día del mes de enero de 1994.
Lo anterior, por cuanto el actor pretende
que hechos jurídicos consolidados, bien por el transcurso del tiempo o, por su
propia conducta, sean objeto de análisis por el juez de tutela.
Así, pues, esta Sala al analizar si con la
actuación del Fondo de Prestaciones de Empleados del Congreso se violó algún
derecho fundamental del actor, no desconocerá actos administrativos como el
que  reconoció la pensión al demandante en su calidad de Asistente de la Cámara
de Representantes, toda vez que el actor, a pesar de  contar con medios tanto
judiciales como administrativos para  impugnar dicha decisión, no hizo uso de
ellos, aceptando con su silencio lo resuelto por la administración.
Igualmente,  el actor tuvo la oportunidad
de recurrir el primer acto que el Fondo acusado profirió  en relación con su
solicitud de pensión, según el cual, debía acreditar un faltante de 53 días
para completar el requisito de tiempo, necesario  para obtener el derecho
solicitado. Sin embargo, el actor, tal como lo reconoce en su solicitud de
tutela ( folio 2) prefirió, "para no entrar en discusiones
jurídicas", vincularse nuevamente con la Cámara de Representantes como
asistente y, cumplir así, a pesar de no estar de acuerdo,  con el requisito
exigido.
En conclusión, mal haría esta Sala, con el
propósito de resolver el problema planteado, cuestionar y desconocer los actos
ejecutados por la administración, cuando el mismo solicitante les imprimió con
su conducta un sello de legalidad.
B. Lo que se controvierte.
Lo que se debe hacer en el presente asunto,
es establecer si el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
podía válidamente revocar, en forma unilateral, su decisión de reconocer un
aumento en la mesada pensional del doctor Gilberto Salazar Ramírez.  Al
respecto se considera:
Primero: Los actos ejecutados por la administración, en
relación con el reajuste de la mesada pensional en favor del señor Salazar
Ramírez, crearon en su favor una situación jurídica particular y concreta.
A pesar del error que la misma
administración aduce haber cometido al interpretar una norma, se creó, en
cabeza del actor, un derecho que no podía ser modificado con el simple envío de
comunicaciones o la expedición de unas resoluciones que, so pretexto de
enmendar el yerro cometido, confirmaban actos que de suyo, tal como se explicó
en la consideración preliminar, se encontraban en firme.
Segundo: Tal como lo ha explicado esta Corporación en
reiterados fallos, entre ellos las sentencias T-347 de 1994; T-355 de 1995 y
T-134 de 1996,  la administración no puede, en forma unilateral,  revocar actos
de carácter particular y concreto que reconozcan derechos en favor de los
administrados, sin el consentimiento por escrito de éstos. Esto, en aplicación
de los artículos 73 y 74 del Código Contencioso Administrativo. La Corte  ha
señalado:
"Uno de los
caracteres propios del acto administrativo es su revocabilidad, que se traduce
en la potestad de la administración para revisar y volver a decidir sobre las
cuestiones o asuntos sobre los cuales ha adoptado una decisión invocando
razones de legalidad o legitimidad, con miras asegurar el principio de
legalidad, o la oportunidad, el mérito o conveniencia de la medida que
garanticen la satisfacción y prevalencia del interés público o social.
"Según la
legislación que nos rige, los actos administrativos deberán ser revocados por
los mismos funcionarios que lo hayan expedido o por sus inmediatos superiores,
de oficio o a petición de parte, cuando se den las causales previstas en el
art. 69 del C.C.A. esto es, por razones de legitimidad o legalidad -oposición
con la Constitución o la ley- o por razones de mérito o conveniencia- cuando no
estén conforme con el interés público social o cuando con ellos se cause
agravio injustificado a una persona.
"Cuando se
trate de actos de contenido general es admisible su revocabilidad por la
administración, sin ninguna limitación, mediante la invocación de las aludidas
causales. En cambio, los actos administrativos que reconocen un derecho
subjetivo o una situación jurídica particular y concreta en favor de una
persona no son revocables sino con el consentimiento escrito y expreso del
titular del derecho. (art. 73 inciso 1 del C.C.A.).
"Razones de
seguridad jurídica y de respeto a los derechos adquiridos o de las situaciones
jurídicas subjetivas que han quedado consolidadas en cabeza de una persona,
como también la presunción de legalidad de las decisiones administrativas en
firme, avalan el principio de la inmutabilidad o intangibilidad de los derechos
subjetivos reconocidos por la administración a través de un acto
administrativo.
"...
"Dicho de otra
manera, los actos administrativos expresos expedidos por la administración que
reconocen un derecho subjetivo no son revocables por ésta sino en los términos
ya indicados (arts. 73, inciso 1 del C.C.A.). En tal virtud cuando la administración
observe que un acto de esta naturaleza es contrario a la Constitución o la ley
debe proceder a demandar su propio acto ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo (art. 149 inciso 1 del C.C.A.), pero no podrá revocarlo
directamente." ( Cfr, Sentencia T- 347 de 1994, Corte Constitucional, Sala
Segunda de Revisión, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell)
En otro fallo señaló:
"La estabilidad
de los actos administrativos como carácter  básico en su estructura es siempre
elemento a favor del administrado y en consecuencia  elemento primordial  en
todo proceso de seguridad jurídica, por ello para no tener en cuenta las
reglas señaladas en el artículo 73 del C.C.A, debe la administración distinguir
que la revocación del acto no perjudique al administrado, ni a terceros que
pudieron estar afectos al acto dictado por la administración.
"Revisemos para
los efectos del presente análisis la figura de la revocación, como facultad
propia de la administración para dejar sin efectos un acto administrativo de contenido
particular pero que de manera alguna puede vulnerar derechos subjetivos
adquiridos. Debe establecerse desde ya que esta posibilidad dada a la
administración establece determinados limites, por cuanto debe la
administración respetarlos y seguir unas reglas señaladas por el legislador.
"Cabe recordar
que expresamente el artículo 73 de C.C.A establece que “Cuando un acto
administrativo haya creado o modificado una situación jurídica particular y
concreta o reconocido un derecho de igual categoría, no podra ser revocado sin
el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular”. Como vemos se
trata de una renuncia por parte del administrado, que se constituye en
una clara declinación por parte del interesado de los derechos que el acto le
confiere. Es clara esta disposición  y en consecuencia resulta violatorio de
toda la normatividad pretender desconocer lo que allí la norma prescribe."
(Cfr, Sentencia T- 355 de 1995, Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión,
M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.)
Esta prerrogativa con que cuenta el
particular, como lo ha expuesto la Corte a través de sus distintas salas de
revisión,  tiene como objetivos, entre otros, evitar que la administración, en
uso de ciertos poderes y aduciendo una serie de necesidades, desconozca
derechos subjetivos cuya modificación o desconocimiento requiere de la anuencia
de su titular, pues, sólo él, por la misma naturaleza del derecho, puede
renunciarlo. Si la administración no logra obtener ese consentimiento debe
buscar la intervención del aparato jurisdiccional, que decide si es posible
modificar o desconocer los derechos reconocidos al particular.
Se busca, así, darle algún equilibrio a las
relaciones que surgen entre la administración y el particular, asegurándole a
éste que aquélla no modificará o desconocerá sus derechos,  sin el agotamiento
previo de ciertos requisitos. Se evitan así decisiones que asalten la buena fe
del titular del derecho y rompan la seguridad jurídica.
Los requisitos mencionados son: el
consentimiento del titular del derecho y, en su defecto, la intervención de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. Intervención que se logra cuando
la administración demanda su propio acto, es decir, la obligación de
demandar corresponde al ente administrativo y no al particular.
Es importante recordar que, tratándose de
la revocación de actos administrativos de carácter particular y creadores de
derechos, es al ente administrativo, y no al particular, a quien corresponde
poner en movimiento el aparato jurisdiccional demandando su propio acto. De
esta manera, al particular se le garantiza que sus derechos se mantendrán
inalterables, mientras la jurisdicción, agotadas las formas propias de un
juicio, no resuelva en favor o en contra de sus intereses.
Dentro de este contexto, si la
administración revoca directamente un acto de carácter particular y concreto
generador de derechos, sin agotar uno de los requisitos señalados, vulnera los
derechos de defensa y debido proceso del particular, derechos que, por mandato
del artículo 29 de la Constitución, deben regir en las actuaciones
administrativas.
Si la administración decide revocar el acto
administrativo prescindiendo de la intervención del juez correspondiente,
desconoce los principios de  seguridad jurídica y legalidad que en este caso
obran en favor del particular, quien confía que sus derechos se mantendrán
inmodificables, hasta que él acepte que se modifiquen o el juez lo decida.
Tercero: Así, cuando la administración decide revocar un acto
de carácter particular, con inobservancia de los pasos antes señalados, se debe
admitir que la tutela viene a convertirse en el único mecanismo idóneo de
defensa con que cuenta el particular. Esta acción no sólo asegura que el
individuo puede continuar gozando de sus derechos, (seguridad jurídica),
mientras la administración no agote las formalidades que el mismo ordenamiento
ha impuesto para que ellos sean modificados, sino que mantiene en cabeza de la
administración la obligación de poner en movimiento la jurisdicción, al tener
que demandar su propios actos. Esta carga de la administración hace parte del
debido proceso que debe ser garantizado al particular, pues la ley ha
establecido que es a ella y no al individuo a quien corresponde activar la
intervención de la jurisdicción. Lo contrario, es admitir que la administración
puede hacer uso de sus atribuciones para burlar los derechos de sus
administrados.
Es por esta razón, que no es factible
admitir que una vez la administración ha revocado el acto creador de derechos,
sin agotar las respectivas formalidades, sea el particular el obligado a hacer
uso de las acciones correspondientes, pues ello implica el desconocimiento de
una de las principales garantías con que cuenta el individuo en relación con
los poderes de la administración.
Cuarto: El representante del Fondo afirma que la comunicación
enviada por el antiguo Director de esa entidad, era una comunicación informal,
de la cual no se puede derivar ningún derecho. Al respecto, es necesario
aclarar que no fue sólo la comunicación enviada por el entonces Director del
ente acusado, sino el pago efectivo del reajuste a la mesada pensional, así
como los sucesivos pagos efectuados por la entidad sobre la base de ese
reajuste,  lo que configuró el derecho del actor que ahora se discute.
Quinto: La Corte no desconoce que la administración puede
cometer errores que, sean generadores de derechos en cabeza de un particular.
Sin embargo, en esos casos, la administración no puede alegar su propio error
para hacer la revocación directa del acto, porque la propia ley, en defensa del
particular y, por los motivos ya explicados, ha establecido los mecanismos que
se deben emplear para corregir la equivocación.
Sexto: El Director del Fondo, afirma que la administración
está facultada para revocar actos que reconozcan derechos particulares y
concretos, cuando el  acto ha sido producto del empleo de medios ilegales por
parte del particular.  Si bien es cierto lo anterior, pues sólo los derechos
obtenidos con arreglo a las leyes son objeto de protección, en el presente
caso, no es claro, como tampoco le compete dilucidarlo a la Corte, que el actor
hubiese recurrido a conductas de las que se le pueda deducir mala fe e
intención de engañar a la administración.
Séptimo: La facultad dada a la administración para  revocar
actos de carácter particular cuando se ha hecho uso de medios ilegales, ha
sido expuesta por la Sección Segunda del  H. Consejo de Estado, por ejemplo, en
la sentencia del 6 de mayo de 1992. Dicha facultad,  se ha entendido como una
sanción para el particular que ha recurrido a medios ilícitos, con el fin de
obtener el reconocimiento de un derecho.
En el presente caso no es claro que el
actor se hubiese prevalido de artificios para engañar al Fondo y percibir el beneficio
que hoy es objeto de discusión. Veamos:  por medio del oficio del 10 de
septiembre de 1993,  el Director General del Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República comunica al actor lo siguiente:
"... el
Gobierno Nacional mediante Decreto Nro. 1359 de julio 12 de 1993, estableció un
régimen especial de pensiones para los Senadores y Representantes, se dispuso
en su artículo 17 que los Congresistas  que se hayan pensionado con
anterioridad a la vigencia de la ley 4a. de 1992, tendrán derecho a  un
reajuste en su mesada pensional, por una sola vez, de tal manera que su pensión
en ningún caso podrá ser inferior al 50% de la pensión a que tendrían derecho
los actuales Congresistas.
En consecuencia,
usted gozará de este beneficio, a partir del 1o. de enero de 1994, en forma
automática por parte de esta Entidad de previsión y no requerirá de apoderado
ni intermediario alguno para el reconocimiento y pago del mismo."
En enero de 1994, el actor recibió un
cheque por la suma de 1.792.133.56,  valor que incluía el reajuste anunciado en
oficio del 10 de septiembre de 1993.  Por carta del 3 de febrero de 1994, el
Director del Fondo informa al actor que hubo un error, al aplicar a su caso una
norma que sólo tenía como beneficiarios a los  ex senadores y representantes,
razón por la cual le solicitaba el reintegro de la diferencia entre la  suma
reconocida y la que realmente le correspondía. A pesar de este hecho, el Fondo
siguió cancelándole mensualmente al actor su mesada pensional tomado como base
el reajuste reconocido.
En 1995, el Fondo expide dos resoluciones,
la 363 A de 25 de mayo, así como la 923 del 5 de septiembre, en las que se pone
de presente el error cometido por el Fondo al reconocer el mencionado reajuste
en favor del actor, se confirman las resoluciones administrativas por medio de
las cuales se reconoció y liquidó su pensión,  y  se ordena la liquidación de
la suma que este debe reintegrar. Liquidación que le fue comunicada el 25 de
octubre de ese mismo año, por un monto de 22.653.073.57.
En conclusión, no es en este proceso donde
se puede calificar la mala fe con que actuó el actor. Al respecto, es necesario
recordar que la propia Constitución, en su artículo 83, consagró la presunción
de buena fe en las actuaciones que  los particulares ejercen frente a la
administración, presunción que debe ser desvirtuada ante la instancia
correspondiente.
Octavo: Por lo expuesto, y  para  permitir que la
jurisdicción de lo contencioso administrativo resuelva el conflicto aquí
planteado, esta Sala revocará la decisión del H. Consejo de Estado y, en su
remplazo, se ordenará al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
abstenerse de iniciar en contra del actor cualquier acción ejecutiva para
obtener el reintegro de las sumas que, por concepto de mesada pensional, se
dice, han sido pagadas de más. Igualmente, seguir cancelando al actor su
pensión, con el ajuste que fue reconocido en enero de 1994, hasta tanto la
jurisdicción de lo contencioso administrativo decida lo contrario.
III.    DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero:  REVÓCASE la sentencia
proferida por la Sección Segunda de lo contencioso administrativo del Consejo
de Estado, del nueve (9) de febrero de mil novecientos noventa y seis (1996).
En su lugar, CONFÍRMASE PARCIALMENTE la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, en lo que no pugne con el ordinal segundo
de la parte resolutiva de este fallo.
Segundo: ORDÉNASE al Fondo de
Previsión Social del Congreso de la República abstenerse de iniciar en contra
del doctor Gilberto Salazar Ramírez, cualquier acción ejecutiva para obtener el
reintegro de las sumas que, por concepto de mesada pensional, se dice han sido
pagadas de más.  Ordénasele, además, continuar con el pago de la pensión, con
el ajuste  reconocido en enero de 1994, mientras  la jurisdicción de lo
contencioso administrativo no decida lo contrario, si se presenta la demanda de
que trata la parte motiva de este fallo.
En consecuencia, REVÓCANSE las
órdenes contenidas en el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia.
Tercero: COMUNICAR esta providencia
a la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Antioquia, para los efectos
contemplados en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, cúmplase e insértese
en la Gaceta de la Corte Constitucional.
JORGE ARANGO MEJÍA
Magistrado Ponente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General