T-974-03
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-974/03
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA/PERSONA
JURIDICA-Titularidad de
derechos en tutela
ACCION DE TUTELA INTERPUESTA POR PERSONA
JURIDICA-Actuación por
medio de su representante legal
PERENCION-Regulación normativa
PERENCION-Efectos de derogatoria
La reciente reforma al Código de
Procedimiento Civil, en su artículo 70, procedió a derogar los artículos 346 y
347 del citado Código, correspondientes a la figura de la perención. Dicha
reforma empezó a regir tres (3) meses después de su promulgación, es decir, el
8 abril de 2003. Esto significa que en la actualidad la sanción por perención
impuesta a la Sociedad Proveeduria Universal S.A., dejó de producir efectos y,
por lo tanto, no existe prohibición alguna que le impida al accionante iniciar
un nuevo proceso. Luego, la norma procedimental que retira del ordenamiento
jurídico la sanción por perención produce efectos derogatorios generales e
inmediatos  y, por lo mismo, es posible concluir que en la actualidad no existe
impedimento alguno que restrinja al accionante en la posibilidad de iniciar un
nuevo proceso para defender sus derechos sustanciales
ACCION DE TUTELA-No existe hecho superado por la derogatoria
de la perención ni por el vencimiento del término de la sanción
REGISTRO MERCANTIL-Finalidad
El ordenamiento jurídico colombiano
consagra la figura del registro mercantil, como el sistema destinado a asegurar
el orden y la confianza pública en las relaciones jurídicas, mediante la
anotación, actualización y certificación que una entidad especializada hace de
aquellos actos, hechos o circunstancias que puedan interesar a terceros y cuya
importancia jurídica impone el derecho a acceder libremente a esa información.
Se reconocen tres finalidades básicas en el ordenamiento jurídico para el
registro mercantil, a saber: (i) Da publicidad a los actos, hechos o
circunstancias que exige la ley(ii) Sirve como solemnidad para el
perfeccionamiento de ciertos actos o para la formación de algunas personas
jurídicas, (iii) Es una herramienta para la producción de consecuencias en el
campo probatorio.
REGISTRO MERCANTIL-Sujetos que actúan
La eficacia del registro mercantil supone
la actuación de dos (2) sujetos, por una parte, (i) exige la presencia de una
“entidad especializada”, quien en ejercicio de una función pública asignada
mediante el sistema de la descentralización por colaboración, presta los
servicios de anotación, actualización y certificación de los actos, hechos o
circunstancias sometidas a inscripción o matricula, con la finalidad de servir
de herramienta de publicidad, solemnidad o para la producción de efectos en el
campo probatorio y; por otra parte, (ii) impone la obligación a los denominados
“comerciantes” de realizar dichos actos de inscripción o matricula, so pena de
asumir las consecuencias previstas en el ordenamiento jurídico.
REGISTRO MERCANTIL-Obligaciones de los comerciantes
REGISTRO MERCANTIL-Sanciones por incumplimiento de
obligaciones por parte de los comerciantes
REGISTRO MERCANTIL-Sanción de inoponibilidad
Sin lugar a dudas, la principal sanción que
consagra el ordenamiento jurídico para la falta de registro de los actos
sometidos a dicha exigencia, es la inoponibilidad mercantil, es decir, la
ausencia de producción de efectos de los actos realizados en relación con los
terceros.
PRINCIPIO DE NO INAMOVILIDAD Y EXCLUSION
DEL ACEFALISMO EN LAS SOCIEDADES-Permite remover a la persona de su cargo sin tener que proceder a una
reforma estatutaria
La naturaleza legal y contractual de la
representación de una sociedad (teoría organicista), descarta la necesidad de
tener que proceder a una reforma estatutaria para remover a la persona que
detenta dichas funciones, precisamente en aras de salvaguardar los principios
(i) de la no inamovilidad de los administradores o representantes
legales; y (ii) de la necesidad de propender por la exclusión del acefalismo en
la representación. Basta pues simplemente la decisión del máximo órgano de la
sociedad contenida en un ACTA o, eventualmente, de la Junta Directiva previa
delegación para revocar a una persona de dichos cargos.  Con fundamento en las
citadas consideraciones, es claro que la remoción de un representante,
administrador o revisor fiscal no supone una reforma estatutaria, sino que
implica tan sólo la decisión del órgano competente en un Acta de la sociedad.
Sin embargo, por efectos de publicidad y, por ende, de oponibilidad, se exige
la inscripción de dicha Acta en el registro mercantil, de conformidad con lo
previsto en los artículos 163, 164 y 442 del Código de Comercio.
REGISTRO MERCANTIL-Nombramiento de representante.
Administrador o revisor fiscal tienen carácter declarativo y constitutivo
El registro del nombramiento de un
representante legal o revisor fiscal no tiene un carácter simplemente
declarativo, sino que también involucra una connotación constitutiva
REGISTRO MERCANTIL-Reglas en relación con su naturaleza
declarativa
REGISTRO MERCANTIL-No es formalidad constitutiva de la calidad
de representante, administrador o revisor Fiscal pero sí es oponible a terceros
Aunque el registro mercantil NO es una
formalidad constitutiva de la calidad de representante, administrador o revisor
fiscal, SI es un medio de oponibilidad y de protección a los terceros. De
suerte que, aunque dichos terceros no puedan lograr una pena o castigo respecto
del inscrito (por ejemplo, una sanción tributaria o procesal), sí pueden tenerlo
como tal para otros efectos, verbi gracia, para la aplicación de la teoría de
la apariencia en el desarrollo de las relaciones mercantiles. Según la citada
teoría, quien dé motivo a que se crea, por ejemplo, mediante la permanencia en
el registro mercantil de una persona que ya no detenta funciones de
representación, a que dicha persona está facultada para celebrar un negocio
jurídico, quedará obligado en los términos pactados por él ante terceros de
buena fe exenta de culpa.
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA-Alcance
SISTEMA DE LIBRE APRECIACION DE LA PRUEBA-Alcance/SISTEMA DE LIBRE APRECIACION DE
LA PRUEBA-Razonabilidad y proporcionalidad
Sistema de libre apreciación con el
propósito de hacer efectivo el derecho fundamental al debido proceso, exige la
debida motivación del fallo (es decir, sujeción al principio de publicidad),
pues sólo a través de dicho requerimiento, es posible garantizar el ejercicio
de la contradicción y el derecho de defensa. Pero, es importante destacar que
el sistema de libre apreciación se sujeta a las exigencias constitucionales de
razonabilidad y proporcionalidad, en aras de impedir la arbitrariedad en la
valoración judicial. Aun cuando los jueces gozan de libertad para valorar el material
probatorio con sujeción a la sana crítica, no pueden llegar al extremo de
desconocer la justicia material, bajo la suposición de un exceso ritual
probatorio contrario a la prevalencia del derecho sustancial. Por ello, es su
deber dar por probado un hecho o circunstancia cuando de dicho material emerge
clara y objetivamente su existencia.
AUTORIDAD JUDICIAL-Límite a la sana crítica
La Ley procesal establece como limite a la
sana crítica del juez, el reconocimiento de “las solemnidades prescritas en la
ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos”, lo cual implica
que la citada autoridad judicial no puede pretender mediante la libre
apreciación otorgarle validez o suponer la existencia de un acto frente a los
cuales no se hayan cumplido las exigencias mínimas de eficacia previstas en la
Ley sustancial. Con todo, nótese que la limitación a la sana crítica prevista
en la Ley procesal, se restringe a las solemnidades que impone la Ley
sustancial para la existencia y validez de determinados actos, más no para los
requisitos de oponibilidad de los mismos.
DOCTRINA CONSTITUCIONAL SOBRE VIA DE HECHO
VIA DE HECHO EN MATERIA DE INTERPRETACION
JUDICIAL-Circunstancias
que se presentan
AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DEL JUEZ-Límites
Aún cuando los jueces son libres, autónomos
e independientes para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso en
concreto, determinar su forma de aplicación y establecer la manera de
interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, NO pueden apartarse de los
hechos, o dejar de valorar las pruebas regular y oportunamente allegadas al
proceso y, menos aún, desconocer las disposiciones constitucionales o legales
que regulan la materia objeto de litis. La correcta administración de justicia
supone, al menos, el cumplimiento de las siguientes exigencias, a saber: (1°)
Que en la aplicación del sistema probatorio de libre apreciación no se incurra,
(i) ni en exceso ritual manifiesto, (ii) ni en una falta de valoración de las
pruebas desconociendo la obligación legal y constitucional de apreciarlas en su
conjunto, verbi gracia, (a) ignorando la existencia de alguna, (b) omitiendo su
valoración o (c) no dando por probado un hecho o circunstancia que del material
probatorio emerge clara y objetivamente. 2°) Que en el desarrollo de la sana
crítica el juez se sujete a los contenidos, postulados y principios
constitucionales de forzosa aplicación, por ejemplo, la prevalencia del derecho
sustancial sobre las formas.
VIA DE HECHO-Se ignoró manifiesta y ostensiblemente una prueba/VIA
DE HECHO-Se dio efecto sancionatorio a la oponibilidad mercantil
La Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, incurrió en una vía de hecho. En primer lugar, por
ignorar manifiesta y ostensiblemente una prueba, cuya valoración tenía la capacidad
inequívoca de modificar el sentido del fallo y, en segundo término. Al
otorgarle a la oponibilidad mercantil un efecto sancionatorio no previsto en el
ordenamiento procesal.
VIA DE HECHO-Se decretó perención del proceso desconociéndose la
prueba del acta de revocatoria del mandato
Acreditada la inasistencia del suplente del
representante legal de la sociedad accionante por la revocatoria de su mandato
mediante el Acta 001 de 1998, no podía la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, decretar la terminación del proceso ordinario por
perención, ignorando manifiesta y ostensiblemente dicha prueba, cuya valoración
tenía la capacidad inequívoca de modificar el sentido del fallo, es decir, de
permitir la culminación del proceso.
JUEZ-No puede recurrir a la inoponibilidad/JUEZ-Sujeto
principal de la relación jurídico procesal
El juez no puede recurrir a la
inoponibilidad prevista en la Ley sustancial, para desconocer un acto o hecho
materialmente acreditado en la actuación procesal, siempre y cuando dicha
circunstancia se funde en las pruebas regular y oportunamente allegadas al
proceso. En efecto, el juez no puede considerarse como un tercero (titular
de la protección de la inoponibilidad de un acto), ya que su naturaleza
corresponde a la del sujeto principal de la relación jurídica procesal. Bajo
este contexto, es él quien tiene el deber de valorar los actos que desvirtúen
las presunciones que se derivan de los supuestos de oponibilidad o
inoponibilidad previstos en el ordenamiento jurídico, tales como,
suponer a la persona inscrita en el registro mercantil como comerciante o como
representante legal, administrador o revisor fiscal de una sociedad.
JUEZ-Deber de comprobar información suministrada con la
realidad para poder aplicar sanciones procesales
El juez no puede limitar su análisis
probatorio a los certificados que dan fe de una determinada información, sino
que tiene el deber - para poder aplicar sanciones procesales - de comprobar la
veracidad de dichos datos con la realidad. Con todo, la citada exigencia tiene
su campo de aplicación exclusivamente en el terreno procesal, sin que ello
implique - por ningún motivo - una transformación en las reglas sobre la
inoponibilidad de los actos sustanciales frente a terceros.
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA Y DEBIDO PROCESO-Vulneración
Referencia: expediente T-579773
Peticionario: Sociedad Proveeduria
Universal S.A.
Demandado: Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá - Sala Civil -.
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL.
Bogotá, D. C., veintidós (22) de
octubre de dos mil tres (2003).
La
Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra y Eduardo
Montealegre Lynett, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del fallo de
tutela proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección B, en relación con la acción tutelar impetrada por la
Sociedad Proveeduria Universal S.A., contra la Sala Civil del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá.
I. ANTECEDENTES
1.     La solicitud.
La señora Claudia Alvarez Vejarano,
actuando en calidad de apoderada  judicial de la Sociedad Proveeduria Universal
S.A., de conformidad con poder otorgado por el representante legal de dicho
ente societario, señor Gustavo Toledo Neira, interpuso acción de tutela, el día
15 de noviembre de 2001, por estimar vulnerado su derecho fundamental al debido
proceso[1].
Ello, como consecuencia de la actuación adelantada por la entidad demandada
(Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá), la cual, al
decidir el recurso de apelación contra el Auto de agosto veinticinco
(25) de dos mil (2000), proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Bogotá, decidió revocar el mencionado Auto y, en su lugar, decretar la terminación
del proceso ordinario de responsabilidad contractual seguido por la Sociedad
Proveeduria Universal y CIA LTDA contra Fiducolombia S.A., a título de perención[2].
Dicha sanción se impuso por considerar injustificada
la ausencia del suplente del representante legal de la Proveeduria, a la
audiencia de conciliación y trámite prevista en el artículo 101 del Código de
Procedimiento Civil, de conformidad con lo previsto en el artículo 103 de la
Ley 446 de 1998.
2.      Hechos relevantes.
2.1.  El día 7 de febrero de 1996, se admitió en el
Juzgado 3° Civil del Circuito de Bogotá, la demanda ordinaria promovida por la Sociedad
Proveeduria Universal y CIA LTDA contra Fiducolombia S.A. La citada
demanda se presentó con el propósito de obtener a través de un proceso
ordinario de responsabilidad contractual, el restablecimiento de los daños y
perjuicios que la Fiduciaria le causó a la sociedad demandante, como
consecuencia del incumplimiento y la falta de diligencia en la ejecución de un
encargo fiduciario.
2.2. Una vez vencido el término de traslado y con
posterioridad a la contestación de la demanda, a la interposición de las
excepciones previas y a la denuncia del pleito; la autoridad judicial que tuvo
conocimiento del proceso  ordinario procedió a determinar fecha y hora para la
celebración de la audiencia de conciliación y trámite prevista en el
artículo 101 del Código de Procedimiento Civil[3],
fijándola para el día 15 de agosto de 2000[4].
2.3. Con anterioridad a la celebración de dicha audiencia,
la apoderada judicial de la sociedad demandante, señora Claudia Alvarez
Vejarano, sustituyó su poder en Janneth Lucia Moreno Barajas, con el
único propósito de representar los intereses de la Sociedad Proveeduria
Universal S.A. en la práctica de dicha diligencia judicial.
2.4. Al momento de constituirse la audiencia, el juez de
conocimiento verificó la ausencia del representante legal de la sociedad
demandante y de su correspondiente suplente. De ahí que, el agotamiento
de dicha etapa procesal tan sólo tuvo lugar con la asistencia de los apoderados
de las partes y el representante legal de la sociedad demandada (Fiducolombia
S.A.).
En el Acta de conciliación y trámite,
la apoderada de la sociedad demandante dejó constancia de las razones por las
cuales no asistieron a la diligencia el representante legal de la
Sociedad Proveeduria Universal S.A., y de su respectivo suplente. En
efecto, en dicho documento se manifestó que:
“...Expresa la apoderada de la parte
demandante que el representante legal de la sociedad se encuentra fuera del
país y que regresa el día de mañana y copia del pasaporte con la fecha de
entrada y salida lo allegara el día viernes. Además que la junta de socios
por la cuantía del negocio no autorizó al suplente para representar en esta
audiencia a la sociedad...”. (Subrayado por fuera del texto original)[5].
Por su parte, el apoderado de la parte
demandante solicitó la terminación de la etapa conciliatoria y la conclusión
del resto de las etapas procesales previstas en el artículo 101 del Código de
Procedimiento Civil. Así las cosas, el juez de conocimiento procedió a declarar
fracasada la conciliación y a llevar a cabo las siguientes etapas de la audiencia
de trámite. Precisamente, en el Acta de audiencia se dispuso que:
“(...) El Juzgado teniendo en cuenta que
antes de la fecha de la audiencia de conciliación no se solicitó la suspensión
de la misma acreditando la respectiva justificación y ante la ausencia de la
parte demandante DECLARA FRACASADA LA CONCILIACIÓN. Prosiguiendo con las
etapas de la conciliación en los siguientes términos: EXCEPCIONES PREVIAS: No
hay pendientes de resolver por el Juzgado. SANEAMIENTO DEL PROCESO: Examinada
la actuación procesal evacuada, no encuentra el Juzgado que haya necesidad de
tomar medidas de saneamiento para evitar nulidades o sentencia inhibitoria.
FIJACIÓN DE HECHOS, PRETENSIONES Y EXCEPCIONES DE FONDO: El Juzgado pregunta a
los apoderados y a la parte que se ha hecho presente si hay algún hecho que sea
susceptible de prueba de confesión y que quieran confesarlo, o aclarar alguna
pretensión, o excepción de fondo: Responden los apoderados que se remiten a sus
respectivos escritos de demanda y de contestación. Evacuada en su integridad
las etapas de la audiencia el Juzgado dispone que el proceso siga su curso que
le corresponda (...)”.
(Subrayado por fuera del texto original).
2.5.  Dentro de los cinco días siguientes a la celebración
de la audiencia de conciliación y trámite, y de conformidad con lo dispuesto en
el estatuto procesal civil, la apoderada de la parte demandante presentó las
pruebas con las cuales acreditaba la existencia de los hechos constitutivos de fuerza
mayor y que justificaban la inasistencia del representante legal a
la mencionada audiencia. A su vez, procedió a aclarar que la falta de
comparecencia del suplente se produjo como consecuencia de la revocatoria
de su mandato, en decisión adoptada por la Asamblea General de Accionistas
dos años antes de la fecha prevista para la audiencia. Así, en escrito de
agosto 23 de 2000, se especifican las citadas razones, en los siguientes
términos:
“Según consta en Certificado de Cámara de
Comercio adjunto, el representante legal de la sociedad demandante, lo es, en
calidad de Gerente, el señor Gustavo Toledo Neira, a quien por razones de
urgencia en el desarrollo de las operaciones de la empresa le tocó viajar a
Caracas (Venezuela) el día 13 de agosto, regresando al País el día 16 de
agosto.
En prueba de lo anterior presentamos a
usted:
1. Copia auténtica de los
dos pasajes utilizados, correspondientes a los días 13 de agosto y 16 de agosto
respectivamente.
2. Copia auténtica de los
pasabordos correspondientes a las fechas indicadas.
3. Copia auténtica del
pasaporte del señor Toledo, en lo que hace a las hojas correspondientes a sus
datos de identificación y las hojas que acreditan la emigración del 13 de
agosto y la inmigración de fecha 16 de agosto del 2000.
4. Copia del Certificado
de Cámara de Comercio, con el cual se comprueba la calidad de representante
legal del señor Toledo. (...)
Por su parte, la señora CAROLINA TOLEDO
LOZANO no se encontraba en ejercicio de sus funciones, dado que ella fue
removida de su cargo por decisión de la Asamblea de Accionistas desde el año de
1998, sin que hasta la fecha hubiere sido reemplazada en sus funciones.
En la audiencia de conciliación se dejó
constancia de que la señora Toledo según instrucciones de la Junta de Socios no
podía obrar en éste negocio.
La razón por la que no se encontraba
facultada la señora Toledo para obrar, obedece al hecho de haber sido removida
en el año de 1998 y no por haber sido sujeta a limitaciones, como inicialmente
creímos nosotros.
No obstante al regreso del señor GUSTAVO
TOLEDO, fuimos enterados que la asamblea de accionistas la había removido sin
haberse designado reemplazo hasta el momento.
En prueba de lo anterior adjuntamos:
1. Copia auténtica del acta correspondiente
certificada por quien hizo las veces de Secretaria de la reunión (...)”[6].
2.6. Es pertinente aclarar que el Certificado de Existencia
y Representación Legal de la citada sociedad, establece que tendrá
obligatoriamente como representante legal al gerente y, a su vez,
designará un subgerente o suplente que lo reemplazara en sus “faltas
absolutas, accidentales o temporales”[7].
Para el efecto, se identifican a las siguientes personas: “Gerente: Gustavo
Toledo Neira; Subgerente: Carolina Toledo Lozano”.
Con todo, en el caso sub-examine,
para el momento de la audiencia de conciliación y trámite, es decir, para el
día 15 de agosto de 2000, la Sociedad Proveeduria Universal S.A. carecía de
suplente. En efecto, la señora Carolina Toledo Lozano fue removida de su
cargo mediante decisión de la Asamblea General de Accionistas adoptada en
reunión ordinaria del 1° de abril de 1998, según consta en Acta No. 001-98.
En la mencionada Acta se dispone que:
“ 6. Nombramiento y/o ratificación de los
cargos directivos de la empresa.
El señor Gustavo Toledo propuso a los
asistentes ratificar en sus cargos a los miembros de la Junta Directiva, así
como al gerente de la sociedad.
En lo que hace al suplente del gerente, se
ordenó su remoción, dejando constancia de que durante la vigencia de la
sociedad no ha sido necesaria la utilización de los servicios de la figura del
suplente, dado que el gerente ha ejercido sus funciones de manera permanente.
Por tal motivo se propuso remover de su
cargo al suplente del Gerente, y dejar ésta designación vacante hasta nueva
orden de la Asamblea.
El punto fue aprobado de manera unánime por
los asistentes de la reunión”[8].
2.7. A partir de las excusas presentadas por el apoderado
de la parte demandante, el Despacho de conocimiento mediante Auto de agosto 25
de 2000, manifestó que:
“Vista la documentación acompañada con el
anterior escrito, se acepta la justificación dada por el representante legal de
la sociedad demandante por su no asistencia a la audiencia de conciliación”[9].
2.8.  El 5 de septiembre de 2000, el apoderado de la parte
demandada (Fiducolombia S.A.) interpuso recurso de reposición y, en subsidio,
de apelación contra el citado Auto. En síntesis, las razones que esgrime se
pueden concretar en los siguientes puntos:
a.
Como el señor Gustavo
Toledo Neira estaba notificado de la fecha y hora de la audiencia, no puede
pretender ahora tener como causal exonerativa el hecho de estar por fuera del
país, ya que ello equivaldría “a alegar en su favor su propia culpa”.
b.
La señora Carolina
Lozano Toledo aparece como suplente del representante legal, “que lo
remplazará en sus faltas absolutas, accidentales o temporales”. De suerte
que, era deber del suplente acudir a la audiencia, si no estaba o no
podía estar el representante legal.
c.
El Acta 001-98 carece
de valor probatorio, ya que el carácter de representante legal y de suplente se
conserva, “para todos los efectos legales, mientras no se
cancele su inscripción mediante el registro de un nuevo nombramiento”.
(artículos 164 y 442 del Código de Comercio).
2.9.  El Juzgado Tercero Civil del Circuito, en atención a
la solicitud del apoderado de la parte demandada, por Auto de fecha 11 de
octubre de 2000, resuelve confirmar el Auto recurrido y, en
consecuencia, ordena dar curso a la apelación solicitada. En su parte motiva,
el juez de conocimiento manifestó que:
“ (...) En el presente proceso aparece que
el único que obra y ha obrado en nombre y representación de la sociedad
demandante es su Gerente señor Gustavo Toledo Neira, según poder que aparece al
folio uno de este cuaderno para iniciar la presente acción ordinaria y poderes
que el mismo Gerente ha conferido que obran a folios 191 y 194 de este cuaderno,
con lo cual queda demostrado que la representación de la sociedad demandante en
este proceso siempre ha estado en cabeza de su Gerente y que en ningún momento
esa representación se ha desplazado, sustituido o delegado en su suplente
(...)”[10].
2.10.  El 22 de marzo de 2001, la Sala Civil del Tribunal
Superior de Bogotá, profiere el Auto mediante el cual se resuelve el recurso
de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada. En esta
providencia, se concluye que debe sancionarse con la perención del
proceso, la no asistencia injustificada a la audiencia de conciliación y
trámite del demandante, es decir, del suplente legal de la Sociedad
Proveeduria Universal S.A.
Precisamente, en el citado Auto, el
Tribunal encuentra justificada la excusa de inasistencia presentada por el
representante legal de la Sociedad Proveeduria Universal S.A., en los
siguientes términos:
“Se allegó por la actora fotocopia
autenticada de los pasabordos expedidos por Avianca, teniendo como fecha del
vuelo 13 y 16 de agosto, expedidos a nombre del señor Toledo, con destino CCS
[Caracas] y BOG [Bogotá], igualmente milita copia autenticada del pasaporte a
nombre de Gustavo Toledo Neira, figura un sello del D.A.S. de emigración el 13
de agosto de 2000, en tanto, que lo relativo a la inmigración figura constancia
del 16 del mismo mes y año, documentos que demuestran la causa exculpativa
para que el representante legal del extremo activo no asistiere a la audiencia
programada para el día 15 de agosto de 2000, al encontrarse ausente para tal
fecha (...)”. (Visible
a folio 268 del cuaderno principal del proceso ordinario. Subrayado por fuera
del texto original).
No obstante lo anterior, en tratándose de
las excusas presentadas para acreditar la inasistencia del suplente del
gerente, el Tribunal accionado consideró que las mismas eran
injustificadas. Precisamente, en relación con la materia, dispuso que:
“(...) En el sub lite, se afirma por
la sociedad demandante que la suplente del gerente no se encontraba en
ejercicio de sus funciones dado que había sido removida de su cargo desde 1998
por una decisión de la ‘asamblea de accionistas’, sin que hubiera sido reemplazada,
sin embargo, no aparece registrada esta decisión.
Según el certificado que obra a folio 61
del cuaderno de copias, de fecha 17 de agosto de 2000, se desprende que la
representación de la sociedad está en cabeza del gerente ‘quien tendrá un suplente
que lo remplazará en sus faltas absolutas, accidentales o temporales’,
figurando con tales calidades, Toledo Neira Gustavo y Toledo Lozano Carolina,
respectivamente, sin que figure una inscripción relativa a la designación o
remoción de tales personas.
Así pues, si no ha existido mutabilidad en
el registro mercantil en punto a la designación o relevo de las personas que
ocupan los cargos de gerente y suplente de la ejecutante, cualquier acto para
tales efectos no puede surtir efectos hacía terceros, ni puede variar las
inscripciones efectuadas porque no se han exteriorizado.
Si la suplente del gerente había sido
removida por el Asamblea General de Accionistas, ese acto debió inscribirse,
pero como no aportó prueba de ello, la persona que allí figure tiene tal
calidad mientras no se cancele la inscripción mediante el registro de un nuevo
nombramiento (artículo 164 y 442 del Código de Comercio) o la supresión de
dicho cargo.
Síguese de lo analizado que si el
representante legal de la actora no podía concurrir a la audiencia de que trata
el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, era imperioso para la
suplente inscrita en el registro mercantil acudir a ésta o en su defecto
justificar con prueba siquiera sumaria su no asistencia dentro del término previsto
para ello por la ley y, como en el presente asunto ninguno de esos actos se
cumplió, era evidente que tenía que hacerse acreedora a las sanciones
pecuniarias y procesales contempladas por las normas reguladoras de dicho acto
procesal”[11].
2.11.  Por último, el día 28 de marzo de 2001, la Sociedad
Proveeduria Universal S.A., procedió a registrar ante la Cámara de Comercio de
Bogotá el Acta 001 de abril 1° de 1998, sin embargo, dicha institución mediante
Acto del 29 de marzo de 2001, negó el registro en atención a las siguientes
razones, a saber: (i) En los estatutos se establece de forma imperativa que la
Sociedad debe tener un representante legal y un suplente, por lo tanto, lo procedente
en este caso “es que alleguen Acta del órgano competente efectuando un nuevo
nombramiento de conformidad con lo preceptuado en el artículo 164 del Código de
comercio, a cuyo tenor ‘las personas inscritas en la Cámara de Comercio del
domicilio social como representantes legales de una sociedad, conservaran tal
carácter para todos los efectos legales, mientras no se cancele dicha
inscripción mediante el registro de un nuevo nombramiento o elección’ (...)”;
(ii) Por otra parte, sostiene la Cámara de comercio que “si lo que desea [la
sociedad] es una reforma estatutaria suprimiendo el cargo de suplente del
representante legal deberá elevar tal decisión a escritura pública (artículo
158 del Código de Comercio)”.
3.      Fundamentos de la acción.
3.1. De acuerdo con el accionante, el
Tribunal accionado desconoció que el hecho a ser probado era precisamente la
inasistencia del suplente a la audiencia de conciliación (parágrafo 2°
artículo 101 C.P.C), la cual debía soportarse a partir de la existencia de una fuerza
mayor que le impidiera a un sujeto - persona natural - acudir a la
celebración de dicha etapa procesal, con el propósito de intervenir, decidir y
conciliar eventualmente un litigio, impedimentos que podían ser tanto de
naturaleza física como de alcance legal, verbi gracia, a través de la revocatoria
del mandato. De ahí que el Tribunal desvió de manera arbitraria y sin plena
justificación, el análisis probatorio hacía el cumplimiento de las obligaciones
de publicidad de los actos societarios, dejando sin valoración y estudio
la prueba del hecho que era objeto de debate, es decir, la ausencia del
suplente a partir de la revocatoria de su mandato.
En
este orden de ideas, sostiene el apoderado de la parte demandante que la prueba
de la revocatoria del mandato del representante legal y de su suplente, lo
constituye el Acta del órgano societario competente, de conformidad con el
artículo 189 del Código de Comercio[12].
En el caso sub-examine, dentro de los términos procesales y legales se
puso a disposición del fallador copia del Acta 001 de 1998, donde expresamente
consta la revocatoria del mandato del suplente, es decir, de Carolina Toledo
Lozano.
Así
mismo, estima que los artículos 163, 164 y 422 del Código de Comercio
establecen exclusivamente la obligación de publicidad comercial en
relación con los actos de revocatoria del mandato de un administrador, so pena
de incurrir en la sanción legal de inoponibilidad derivada de la
ausencia de modificación y/o actualización del registro mercantil[13]. Sin embargo, estas
normas no imponen a los jueces una tarifa probatoria o limitan la libre
apreciación de la prueba o los principios de la sana crítica. De
manera que, “si bien la revocatoria de un mandato cuya publicidad comercial
no se ha realizado conforme con la ley es inoponible a terceros, en nada
significaría esto que el acto de la revocatoria no obligue a quien fue revocado
y a quienes produjeron la decisión o no implique a la sociedad en cuyo seno tal
decisión fue adoptada”.
Bajo
este contexto, la sanción de inoponibilidad de los actos realizados por quienes
figuran en el registro público de comercio como representantes legales, no
implica que quien ha sido revocado pueda legalmente obrar o que esté llamado
imperativamente a actuar, verbi gracia, como en el caso de quien ha
fallecido y aún figura en dicho registro público como representante legal.
Nótese
además que el artículo 1282 del Código de Comercio determina que una vez
terminado el contrato de mandato por cualquier causa, con independencia
de las normas de publicidad, el ex-mandatario no puede continuar
ejerciendo las facultades derivadas de dicho encargo, so pena de comprometer su
propia responsabilidad[14].
En
estos términos, el accionante concluye que la Asamblea General de Accionistas
de la Sociedad Proveeduria Universal S.A., en reunión celebrada el 1° de abril
de 1998 (Acta 001-98), adoptó la decisión de remover del cargo de suplente a la
señora Carolina Toledo Lozano y dejó dicha designación vacante hasta nueva
orden. De la citada decisión se desprende que la remoción del cargo tuvo lugar
a partir de la determinación del órgano social competente y que, de conformidad
con los artículos 163, 164 y 422 del Código de Comercio, dicho acto no se
encuentra sujeto a registro dado que no implica el nombramiento concomitante de
un reemplazo.
3.2. Adicionalmente, el accionante
estima que el Tribunal desconoció la regla, según la cual, el mandatario (suplente
del representante legal) cuyo poder ha sido revocado no puede actuar en
representación del mandante (sociedad Proveeduria Universal S.A.), so
pena de obrar contra ley y, en consecuencia, reputar su acto nulo.
En
efecto, la citada regla se ajusta plenamente al principio de derecho que
supone: "Que nadie está obligado a lo imposible". De modo que,
aplicando al caso subjudice, la citada regla y el mencionado principio,
se tiene que:
·
La Ley determina que revocado el mandato, el
mandatario no podrá obrar y de hacerlo responderá por ello ante el mandante.
·
La Ley dispone que los administradores de las
sociedades son de libre nombramiento y remoción.
·
La Ley señala que la remoción de un
administrador es una decisión exclusiva de la Junta de Socios o de la Asamblea
General de Accionistas y, por lo tanto, dicha decisión ha de constar en un Acta
de la sociedad.
·
La Ley no permite la inscripción de una remoción
sin que de manera concomitante se efectúe el nombramiento de su reemplazo.
·
La Ley deja en claro que las decisiones de las
Asambleas o Juntas de Socios son de obligatorio cumplimiento para los socios,
ausentes o disidentes, e incluso para los representantes legales.
Se
evidencia lo anterior, a partir de la posición adoptada por la Cámara de
Comercio de Bogotá, en relación con la inscripción de la remoción del suplente
en el Acta 001 de 1998, proferida por la Asamblea General de Accionistas de la
Sociedad Proveeduria Universal S.A.
En
efecto, la citada institución expuso que: “De conformidad con el estatuto
social que rige esa sociedad señaló (sic) en forma clara que la representación
legal de la sociedad está en el Gerente quien tendrá un suplente. Creación que
los socios determinaron en forma imperativa de tener siempre un gerente y un
suplente, por tanto lo procedente en éste caso es que alleguen Acta del órgano
competente efectuando un nuevo nombramiento de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 164 del Código de comercio, a cuyo tenor ‘las personas inscritas
en la Cámara de Comercio del domicilio social como representantes legales de
una sociedad, conservaran tal carácter para todos los efectos legales, mientras
no se cancele dicha inscripción mediante el registro de un nuevo nombramiento o
elección’ (...)”.
A
partir de lo expuesto, el accionante concluye que si bien en el registro
público pueden mantenerse “certificados” o “publicitados” los nombres de las
personas que no han sido reemplazadas en sus cargos administrativos, sea porque
fallecieron, fueron revocados de sus empleos o están en imposibilidad física o
legal de actuar; ello no implica que dentro de una actuación judicial deban
tenerse como tal, pues lo que debe demostrarse en ésta última es el motivo de
su ausencia y no la razón de su actual publicidad.
3.3. Agrega el accionante que el
Tribunal accionado vulneró su derecho al debido proceso al sancionar con la perención
del proceso a la Sociedad Proveeduria Universal S.A., a partir de un hecho
para el cual la Ley no tipifica esa sanción, “cual es el de no haber
registrado la revocatoria del mandato de un representante (...). Dicho de otro
modo, se deduce del fallo en cuestión que, el no cumplimiento de las normas de
publicidad en materia comercial, trajo como consecuencia (...), la
imposibilidad de ejercer el derecho de defensa como parte dentro del proceso y
lo que es más grave aún, le impidió obtener una pronta y cumplida solución del
asunto sujeto a la jurisdicción, núcleo éste último del derecho fundamental al
debido proceso, además del principio de que bajo nuestro ordenamiento, sólo
podrán ser sancionadas, las conductas de los particulares, previa una
competencia señalada en la ley y bajo trámites procesales establecidos conforme
a leyes preexistentes al acto que se imputa y con observancia de la plenitud de
las formas propias de ese procedimiento, en concordancia con el Art. 29 de la
C.N”.
En
apoyo de lo anterior, considera que el principio de libre apreciación de las
pruebas no puede llevar al juzgador a desconocer a su arbitrio determinados
elementos probatorios, por el contrario, su finalidad consiste precisamente en
valorar todo el acervo probatorio con el objeto de realizar su función
jurisdiccional.
En
este caso, a pesar de tener el Tribunal la prueba idónea referente a la
revocatoria del mandato del suplente del representante legal, decidió
arbitrariamente no tenerla en cuenta, iniciando un desarrollo teórico sobre la
publicidad de los actos societarios, abiertamente improcedente e inadecuado
para resolver el caso sub-examine.
3.4.  Por último, estima el accionante
que la decisión del Tribunal hace prevalecer un asunto eminentemente formal
sobre la realidad sustancial, contrariando irrazonablemente el artículo
228 Superior.
4.      Pretensión.
En
el escrito de tutela, la sociedad demandante solicita la protección del derecho
fundamental al debido proceso. Para lo cual, pretende que se ordene dejar sin
efecto y valor el Auto de 22 de marzo de 2001 proferido por la Sala Civil
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y, en consecuencia, se
proceda a emitir un nuevo fallo en derecho.
5.     Oposición a la demanda de tutela[15].
En
respuesta a la solicitud de la autoridad judicial, el apoderado de Fiducolombia
S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamentos en los
siguientes argumentos:
5.1. Inicialmente, considera que no
existe ninguna vía de hecho en la actuación judicial, ya que se trata de un
problema de interpretación del ordenamiento jurídico, frente al cual - como lo
tiene establecido esta Corporación -, es improcedente la acción de tutela,
siempre y cuando dicha interpretación resulte razonable.
5.2. Además, el Código de Comercio es
claro y perentorio en determinar que los nombramientos registrados en la Cámara
de Comercio son oponibles a terceros y, a contrario sensu, lo que no se
ha registrado resulta claramente inoponible (artículos 164 y 422). En este
caso, si la Proveeduria tenía inscrito un suplente en el registro
mercantil, era su deber proceder a modificar el registro para evitar las
consecuencias derivadas de su inoponibilidad.
5.3. Por último, el apoderado de
Fiducolombia S.A. advierte que la demandante vulneró el principio de buena fe
previsto en el texto superior, a partir de la contradicción en las versiones
destinadas a justificar su inasistencia. En efecto, “en la audiencia, la
apoderada dijo que no iba la suplente porque: ‘además de la Junta de Socios por
la cuantía del negocio no autorizó al suplente para representar en esta
audiencia a la sociedad’. Posteriomente, cambió la versión y dijo que lo que
había ocurrido era que la Junta la había destituido del cargo”.
II.  TRAMITE PROCESAL
1.     Primera instancia.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección B, mediante Sentencia proferida el veintinueve (29)
de noviembre de 2001, negó la tutela interpuesta con base en las siguientes
consideraciones:
1.1.  De la lectura de la providencia
atacada y de las pruebas obrantes en el expediente, el Juez de instancia estima
que aquélla no incurrió en vía de hecho por defecto sustantivo, ya que
se fundamentó en normas vigentes y aplicables para el momento en que se
profirió, tales como, los artículos 29, 30, 117, 164, 196 y 442 del Código de
comercio, 101 del Código de Procedimiento Civil y 103 de la Ley 446 de 1998.
1.2. Por otra parte, es impropio suponer
la existencia de una vía de hecho por defecto fáctico, ya que el
Tribunal antes de proferir su decisión valoró las distintas pruebas obrantes en
el expediente, tales como, el pasaporte, el pasabordo, el certificado de
existencia y representación legal de la sociedad demandante y el Acta 001 de
1998.
1.3. En la decisión discutida en sede de
tutela no se incurre en vía de hecho por defecto orgánico ni procedimental,
porque la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá era la competente para
resolver el recurso de apelación interpuesto contra los autos de 11 de octubre
y 25 de agosto de 2000, proferidos por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de
esta ciudad y, además, en su trámite se ajustó a todas las normas procesales
vigentes.
1.4. Luego, “(...) en este caso está
de por medio la interpretación que el Tribunal hizo de las normas atrás
mencionadas, para concluir que en lo relativo a la suplente del gerente, no se
había acreditado debidamente una excusa justificada para su inasistencia a la audiencia
de conciliación, lo cual no constituye una violación grosera y flagrante de la
Constitución”.
2.     Impugnación.
El fallo de primera instancia fue impugnado por la
apoderada de la Sociedad Proveeduria Universal S.A., quien no agregó
consideraciones adicionales a las expuestas en la demanda.
3.    Segunda instancia.
El Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, mediante Sentencia
proferida el treinta y uno (31) de agosto de 2001, decidió confirmar el fallo
impugnado con base en las siguientes consideraciones:
3.1. “(...) en el caso de autos para la Sala es claro que
la Sociedad demandante no demostró que su omisión en asistir a través de su
gerente Suplente, a la audiencia del artículo 101 del C.P.C., haya respondido a
una causa a ella no atribuible ni que por ello se encuentre en un estado de
indefensión por carecer de otros medios de defensa judicial, pues el hecho
de que la mencionada suplente ya no estuviera en ejercicio de su cargo no fue
probado oportunamente y por el contrario en el registro mercantil de la Cámara
de Comercio seguía apareciendo en ejercicio del mandato”.
3.2. A lo anterior agrega que la decisión acusada se
fundamentó en todas las pruebas aportadas al proceso y, además, no se conculcó
en ningún momento la normatividad que rige el proceso.
3.3. Por último, afirma que resulta improcedente la acción
de tutela contra interpretaciones de la ley, pues hace parte de la
autonomía de los jueces determinar el sentido de las normas que gobiernan el
desarrollo de un procedimiento judicial. De suerte que es “extraño al ámbito
propio de la acción de tutela el factor de la interpretación judicial,
que en sí misma es una facultad inherente a las atribuciones del fallador y,
por ende, no constitutiva de vía de hecho”.
4.  Material probatorio
aportado al proceso y recaudado en sede de revisión.
4.1. En el expediente obran
como pruebas que son relevantes en la presente causa, las siguientes:
·     Certificado de Existencia y Representación
legal de la Cámara de Comercio de Bogotá - Zona Norte -, en relación con la
Sociedad Proveeduria Universal S.A. (Folios 17 y subsiguientes).
·
Acta de la Cámara de
Comercio de Bogotá del 29 de marzo de 2001, mediante la cual se abstiene de
inscribir el Acta 001 de 1998 de la Asamblea General de Accionistas de la
Sociedad Proveeduria Universal S.A., referente a la revocatoria del mandato del
suplente del representante legal de dicha sociedad. (Folios 21 y
subsiguientes).
·
Fotocopias del Auto del
22 de marzo de 2001, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial, respecto del cual se predica la existencia de una vía de
hecho. (Folios 23 y subsiguientes).
4.2.  La Sala Quinta de
Revisión, mediante Autos de 14 de agosto de 2002 y 10 de abril de 2003,
solicitó los siguientes documentos e información, a saber:
4.2.1. Al Juzgado Tercero
Civil del Circuito de Bogotá el envió del expediente No. 2415 del 7 de diciembre
de 1995, correspondiente al proceso ordinario de responsabilidad contractual
que interpuso la Sociedad Proveeduria Universal y CIA LTDA contra Fiducolombia
S.A.
A partir del análisis
del expediente se encuentran como pruebas relevantes las siguientes:
·
Auto
del 12 de junio de 2000, mediante el cual el Juzgado Tercero civil del Circuito
de Bogotá, señaló fecha y hora para la práctica de la audiencia de conciliación
y trámite prevista en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil. (Folio
207 del cuaderno principal).
·
Oficio
mediante el cual la apoderada de la Sociedad Proveeduria Universal S.A.,
sustituye su poder para efectos de adelantar la citada audiencia de
conciliación y trámite. (Folio 217 del cuaderno principal).
·
Acta
de la Audiencia de Conciliación y Trámite celebrada el día 15 de agosto de
2000. (Folios 218 y subsiguientes del cuaderno principal).
·
Fotocopia
del Acta 001 de abril 1° de 1998, por virtud del cual la Asamblea General de
Accionistas de la Sociedad Proveeduria Universal S.A., determina la revocatoria
del mandato de la suplente del representante legal, es decir, de la señora
Carolina Toledo Lozano. (Folios 229 y subsiguientes el cuaderno principal).
·
Oficio
mediante el cual la apoderada de la parte demandante explica las razones que
conllevaron a la inasistencia a la audiencia de conciliación y trámite del
representante legal y de su correspondiente suplente. (Folios 232 y
subsiguientes del cuaderno principal).
·
Auto
del 25 de agosto de 2000, por virtud del cual el Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Bogotá, acepta la justificación dada a la citada inasistencia.
(Folio 234 del cuaderno principal).
·
Oficio
mediante el cual Fiducolombia S.A., interpuso recurso de reposición y en
subsidio de apelación contra el Auto del 25 de agosto de 2000. (Folio 239 y
subsiguientes del cuaderno principal).
·
Auto
del 11 de octubre de 2000, proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito
de Bogotá, en el cual se resuelve no revocar el Auto del 25 de agosto
del mismo año. (Folios 259 y subsiguientes del cuaderno principal).
·
Auto
del 22 de marzo de 2001, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, en el cual se resuelve revocar el Auto del
25 de agosto de 2000 y decretar la perención del proceso (Folios 265 y
subsiguientes del cuaderno principal).
4.2.2.  Al representante
legal de la Sociedad Proveeduria Universal S.A., señor Gustavo Toledo Neira,
informar a esta Sala: ¿Si en la actualidad ha interpuesto un nuevo proceso
ordinario de responsabilidad contractual contra Fiducolombia S.A., vencido el
término de sanción correspondiente a la perención prevista en el artículo 346
del Código de Procedimiento Civil?[16].
En comunicación de 21
de abril de 2003, el Gerente de la Sociedad Proveeduria Universal S.A.,
contestó que:
“(...) Me permito
informar a ustedes que soy conocedor de que el término de la sanción producto
de la perención a que fui condenado mediante providencia proferida por el
Honorable Tribunal de Bogotá, ha vencido en el pasado mes de Marzo.
A la fecha de la
presente, no he interpuesto nuevo proceso ordinario de responsabilidad
contractual, ni he iniciado acción ordinaria contra Fiducolombia S.A. (...)
Sin embargo,
igualmente soy consciente de que a principios del mes de diciembre del año en
curso, el contrato fiduciario del que se deriva la acción de responsabilidad
contra FIDUCOLOMBIA S.A., estará cumpliendo 10 años de haber sido suscrito,
razón por la que, la sociedad que represento se encuentra en una encrucijada
que se describiría así:
(...) Si toma la
decisión de iniciar la acción de responsabilidad contra FIDUCOLOMBIA, ello
implicaría que en el evento muy probable, como lo esperamos nosotros, del fallo
de revisión de tutela sea favorable a los intereses de la sociedad en cuanto
custodia su derecho al debido proceso, el proceso inicial se reanudará desde la
fecha de la audiencia de conciliación y entonces la sociedad que represento,
tendrá dos procesos contra la misma persona en Juzgados diferentes y por los
mismos hechos, lo que a todas luces no es legal.
Por su parte, si la
decisión es esperar el fallo de tutela, entonces podrá estar igualmente
asumiendo el riesgo de que el fallo de tutela le sea desfavorable, caso en el
cual, eventualmente podría operarse una prescripción de la acción derivada del
tiempo transcurrido para dicho momento.
Por lo anterior, si
bien ratificamos que a la fecha no se ha iniciado acción de responsabilidad
contractual contra FIDUCOLOMBIA S.A., es imperativo desde ahora solicitar a
ustedes de manera respetuosa que el fallo de revisión que se profiera en el
futuro, se extienda a determinar los alcances del mismo en relación con otras
actuaciones que la sociedad que represento haya iniciado para tal momento, en
el caso de que se inicien actuaciones, teniendo en cuenta que la acción de
revisión de tutela no suspende términos en el caso que nos ocupa, pues estamos
frente a un proceso, que se dio por terminado por perención y en consecuencia no
existe”.
III.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
3.1.  Competencia.
De conformidad con lo establecido en los artículos 86
y 241, numeral 9° de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de
1991, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, es competente para
revisar el fallo de tutela de la referencia.
3.2.  Derechos constitucionales violados o amenazados.
El peticionario solicita la protección del derecho
fundamental al debido proceso de la Sociedad Proveeduria Universal S.A.
3.3.   Problema jurídico.
1. De conformidad con lo expuesto en el acápite de
antecedentes, se le atribuye a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, la vulneración del derecho fundamental al debido proceso de
la Sociedad Proveeduria Universal S.A., como consecuencia de su decisión de
revocar el Auto de agosto veinticinco (25) de dos mil (2000), proferido por el
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá y, en su lugar, decretar la
perención del proceso ordinario de responsabilidad contractual seguido por la
mencionada Sociedad contra Fiducolombia S.A.
2. Según el Tribunal, la aplicación de la sanción
prevista en el artículo 103 de la Ley 446 de 1998, tuvo como fundamento la
ausencia injustificada del suplente del representante legal de la
Sociedad Proveeduria Universal S.A. a la audiencia de conciliación y trámite
prevista en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil. Recuérdese que
la figura del suplente aparece inscrita en el certificado de existencia
y representación legal de la sociedad.
3. Por su parte, el accionante sostiene que la ausencia
del suplente del representante legal, se encontró plenamente
acreditada mediante la presentación en debida forma de la copia del Acta de la
Asamblea General de Accionistas, en la cual se procedió a la remoción del
mencionado suplente con casi tres años de anterioridad a la práctica de
la audiencia de conciliación y tramite (Acta 001 de 1998)[17].
4. Durante el trámite del proceso de
revisión ocurrieron dos circunstancias relevantes, en primer lugar, el
vencimiento del término de la sanción de perención prevista en el ordenamiento
jurídico y, en segundo lugar, la derogatoria de dicha sanción (artículo
70 de la Ley 794 de 2003).
5. De acuerdo con la situación fáctica
planteada y las decisiones adoptadas en sede de tutela, en esta oportunidad le
corresponde a la Corte determinar:
·
Si las personas jurídicas, para el caso, la
Sociedad Proveeduria Universal S.A., son titulares de derechos fundamentales y,
por ende, si se encuentran legitimadas por activa para interponer acciones de
tutela.
·
Si como consecuencia de la derogatoria del
instituto jurídico de la perención previsto en el artículo 346 del Código de
Procedimiento Civil (artículo 70 de la Ley 794 de 2003), el juez constitucional
debe proceder a conocer de fondo la acción de tutela o, en su lugar, denegar el
amparo por la existencia de un hecho superado.
·
Si el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, al decretar la perención del
proceso ordinario, incurrió en una vía de hecho en cuanto la
decisión se produjo en desmedro de los derechos sustantivos de la
accionante sometidos a litigio, a partir de una interpretación restrictiva y en
exceso formal de los preceptos legales aplicables al caso controvertido o si,
en este caso, interpretó razonablemente el ordenamiento jurídico, tornando
improcedente el amparo tutelar.
6. Esta Corporación procederá a examinar el asunto objeto
de revisión, para efectos de determinar la procedencia de la acción de amparo
constitucional y, si es del caso, de la posible vulneración del derecho
fundamental invocado por el accionante.
3.4.
Procedencia de la acción de tutela.
3.4.1.    Legitimación activa.
7. Como
reiteradamente lo ha expuesto esta Corporación, las personas jurídicas son
titulares de ciertos derechos fundamentales[18].
En efecto, la Corte ha reconocido que dicho ente moral expresa autónomamente su
voluntad y obra como cualquier otro sujeto de derecho, a través de la
organización de sus propios órganos de dirección, administración, control y
representación. Por esta razón, es claro que las personas jurídicas actúan como
sujetos autónomos y racionales, con aptitud para ejercer derechos
y contraer obligaciones.
Sobre este punto, la Corte dijo:
"...La persona jurídica es apta para
la titularidad de derechos y deberes por su racionalidad y por su autonomía. La
aptitud es la adecuada disposición para dar o recibir, para hacer o soportar
algo, y la persona jurídica puede (tiene la dimensión jurídica de la facultad)
y también debe (soporta el deber frente a sus miembros y frente a otras
personas jurídicas o naturales); por tanto tiene adecuada disposición para que
se le otorguen o reconozcan derechos y deberes....” ."...Este tipo de
entidad al ser racional y autónoma es por sí (per se), no por otro, es decir,
es  persona (personare), De alguna manera es substancial; y todo lo
substancial  es un supuesto, y el  supuesto  es  sujeto, y si éste es racional
y autónomo, sin duda alguna tiene que ser sujeto de derechos y deberes. Luego
la persona jurídica es una entidad que se expresa jurídicamente como sujeto de
derechos y deberes...".
(Sentencia T-396 de 1993. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
Ahora bien, dado que las personas jurídicas pretenden
no sólo la obtención de un interés particular sino - primordialmente - la
consecución de un interés colectivo, es necesario que al expresar su propia
racionalidad y autonomía se hagan titulares de derechos y puedan, precisamente,
lograr la satisfacción del objetivo común o fin colectivo propuesto. Dichos
derechos, generalmente son de contenido patrimonial y prestacional,
v.gr, la adquisición y formación de capital, el reconocimiento y reparto de
utilidades, la posibilidad de adquirir activos y ceder créditos, etc., sin
embargo, algunos otros, son de raigambre fundamental, como el debido
proceso, el buen nombre, la libertad de comunicación, la inviolabilidad de
correspondencia, la asociación sindical, etc.
De esta manera, como
lo ha dicho la jurisprudencia, la protección tutelar de las personas jurídicas
tiene una doble connotación, “por una parte, permite garantizar y
salvaguardar, de manera indirecta, los derechos fundamentales de los sujetos
asociados, v.gr, el derecho al trabajo, la libertad de asociación, la libertad
sindical, etc.; y por otra, faculta a las personas jurídicas para velar por sus
propios derechos fundamentales - sin consideración alguna a sus miembros
individuales -, toda vez que son titulares de dicha garantía constitucional por
sí mismas”[19],
obviamente, sin ignorar que, por su propia naturaleza, ciertos derechos
fundamentales son exclusivos e inherentes al ser humano y, por ende,
impredicables del ente moral[20].
Por
consiguiente, para esta Corporación es indiscutible que la Proveeduria
Universal S.A., como persona jurídica es titular de derechos fundamentales,
entre ellos, el debido proceso, razón por la cual se encuentra legitimada por
activa para interponer la presente acción.
En
efecto, la citada sociedad adquirió su personería jurídica mediante la
suscripción de la escritura pública de constitución No. 5.224 del
20 de octubre de 1983 ante la Notaría 7° de Bogotá, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 110 del Código de Comercio. Además, es pertinente
reiterar que el día 25 de junio de 1997, mediante escritura pública No. 3.257
de la Notaría 18 del Circulo Notarial de Bogotá, la mencionada sociedad
trasformó su naturaleza jurídica de “sociedad de responsabilidad limitada”
en “sociedad anónima” bajo la denominación social de “Sociedad
Proveeduria Universal S.A.”. Ambos actos, es decir, el de constitución
y el de reforma, se encuentran debidamente inscritos en el registro
mercantil, tal y como aparecen reseñados en el Certificado de Existencia y
Representación Legal de la Cámara de Comercio de Bogotá del día 17 de octubre
de 2001[21].
8. Por otra parte, la Corte ha establecido que para considerar
legitimada a una persona jurídica, en la interposición de la acción de amparo
constitucional, es necesario que ésta actúe por intermedio de su representante
legal, bien para instaurar la acción en forma directa, ya para conferir el
correspondiente poder[22].
En el caso sub-examine,
esta Sala de Revisión pudo constatar que el representante legal de dicho ente
societario, señor Gustavo Toledo Neira, de conformidad con el Certificado de
Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio de Bogotá[23], confirió poder
especial para la interposición de la presente acción, a título de apoderado
judicial, a la señora Claudia Alvarez Vejarano. (Folio 16 del cuaderno de
tutela)[24].
En
este orden de ideas, la Sala Quinta de Revisión encuentra que la Sociedad
Proveeduria Universal S.A., está legitimada por activa para interponer la
presente acción, lo cual hizo a través del apoderado judicial designado para el
efecto.
3.4.2.
Legitimación
pasiva.
9. La presente acción se interpuso en contra de la
decisión de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, quien al decidir el recurso de apelación contra el Auto de
agosto veinticinco (25) de dos mil (2000), proferido por el Juzgado Tercero
Civil del Circuito de Bogotá, decidió decretar la perención del proceso
ordinario seguido por la Proveeduria Universal y CIA LTDA contra Fiducolombia
S.A., por considerar injustificada la ausencia del suplente del represente
legal de la Proveeduria, a la audiencia de conciliación y trámite prevista en
el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil. Como se trata de una entidad
publica, es procedente acceder al amparo constitucional por vía de tutela, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
Así mismo, vale la pena resaltar que el
juez de instancia mediante Auto admisorio del 19 de noviembre de 2001, procedió
a notificar la presente demanda de tutela al Gerente de la compañía Fiducolombia
S.A., en atención a su marcado interés en la cuestión litigiosa que ha de ser
resuelta mediante la acción de amparo constitucional.
10. Visto el cumplimiento de las condiciones y requisitos
de procedibilidad de la acción de amparo constitucional, procederá esta Sala a
estudiar y analizar el asunto sometido a revisión.
Para el efecto la Sala (i) hará un breve
recuento sobre la figura de la perención, y a partir de los efectos de su
derogatoria (artículo 70 de la Ley 794 de 2003), determinará si el juez
constitucional debe proceder a conocer de fondo la acción de tutela o, en su
lugar, denegar el amparo por la existencia de un hecho superado; (ii) precisará
el alcance conceptual que la doctrina especializada y la jurisprudencia le
otorgan a la institución del registro mercantil; (iii) evaluará el alcance
procesal de las formalidades previstas en la ley sustancial para la validez y
oponibilidad de determinados actos, a partir del sistema de libre apreciación
de las pruebas y, por último; (iv) presentará una relación de la doctrina
constitucional sobre la vía de hecho, con el propósito de determinar su
ocurrencia o no en el caso sub-examine.
3.5.      Consideraciones
de la Sala.
3.5.1.            De la perención, de los
efectos de su derogatoria y del ámbito de competencia del juez constitucional.
11. En el ordenamiento civil, la figura de la perención se
encontraba prevista en los artículos 346 y 347 del Código de Procedimiento
Civil y en el artículo 19 de la Ley 446 de 1998. Básicamente, consistía en la sanción
que el ordenamiento jurídico preveía para el litigante moroso o inactivo de
dar por terminado el proceso, en aras de salvaguardar los principios
constitucionales de economía procesal y de certeza jurídica.
Su origen se remonta a los preceptos
legales previstos en el Código de Procedimiento Civil que suponían la
inactividad del demandante para decretar en primera instancia la
terminación del proceso, o del apelante en segunda instancia para
proceder a dictar la ejecutoria de la sentencia apelada. Sin embargo, en ambos
casos, el juez decretaba la perención del proceso, si pasados seis o más meses,
el demandado o la parte que no apeló lo solicitaba antes de la ejecución del
acto sujeto a la actividad de la contraparte[25].
Pero a partir de la vigencia de la Ley 446
de 1998, “Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas
del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento
Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se
modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan
disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia”; se
amplió el alcance de la perención a la inactividad de cualquiera de la
partes para decretar en primera instancia la terminación del
proceso y, adicionalmente, se permitió su declaratoria de oficio[26].
Precisamente, bastaba que cualquiera de las
partes dejará de ejecutar un acto del cual dependiera el trámite del proceso,
por un término superior a los seis meses, permaneciendo el expediente inactivo
en la secretaria del juzgado o tribunal, para que se decretara de oficio o a
petición de parte, en primera instancia, la terminación del proceso por perención.
La sanción prevista en el ordenamiento jurídico - en este último caso -,
consistía en poner fin al proceso e impedir que se inicie uno nuevo durante los
dos años siguientes, contados a partir del auto que decrete dicha sanción, o de
la del auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior. Por otra parte, la
ley preveía que una segunda declaratoria de perención entre las mismas partes y
en ejercicio de la misma pretensión, extinguiría la posibilidad de reclamar el
derecho sustancial pretendido[27].
12. Ahora bien, en algunos casos puntuales, la ley
procesal amplió la citada sanción por perención a otras conductas imputables,
ya no al abandono de un proceso, sino a la desidia, negligencia, incuria o
indiferencia de las partes hacía la lealtad y economía procesal, como
principios fundamentales para propender por el logro de una justicia integral,
efectiva y rápida (Art. 228 Superior).
Bajo este contexto, por ejemplo, el
artículo 103 de la Ley 446 de 1998, en armonía con el parágrafo 2° del artículo
101 del Código de Procedimiento Civil, estableció la terminación del proceso
por perención derivada de la ausencia injustificada de cualquiera de las
partes o de sus apoderados a la práctica de la audiencia de conciliación y
trámite.
Para una mayor ilustración, se procederá a
transcribir las sanciones previstas en el ordenamiento procesal, bajo el
supuesto de la ausencia injustificada a la mencionada audiencia:
Artículo 101. Procedencia, contenido y
trámite. Cuando se
trate de procesos ordinarios y abreviados, salvo norma en contrario, luego de
contestada la demanda principal y la de reconvención si la hubiere, el juez
citará a demandantes y demandados para que personalmente concurran, con o sin
apoderado, a audiencia de conciliación, saneamiento, decisión de las
excepciones previas y fijación del litigio.
Es deber del juez examinar antes de la
audiencia, la demanda, las excepciones previas, las contestaciones y las
pruebas presentadas y solicitadas.
La audiencia se sujetará a las siguientes
reglas:
Par. 2°. Iniciación. 1. Si antes de la hora señalada para la
audiencia, alguna de las partes presenta prueba siquiera sumaria de una justa
causa para no comparecer, el juez señalará el quinto día siguiente para
celebrarla, por auto que no tendrá recursos, sin que pueda haber otro
aplazamiento.
Cuando en la segunda oportunidad se
presente prueba de que existe fuerza mayor para que una de las partes pueda
comparecer en la nueva fecha, o de que se encuentra domiciliada en el exterior,
ésta se celebra con su apoderado, quien tendrá facultad para conciliar, admitir
hechos y desistir.
2. Excepto en los casos contemplados en el numeral
anterior, si alguno de los demandantes o demandados no concurre, su conducta se
considerará como indicio grave en contra de sus pretensiones o de sus
excepciones de mérito, según fuere el caso.
3. Tanto a la parte como al apoderado que no concurran a
la audiencia, o se retiren antes de su finalización, se les impondrá multa por
valor de cinco a diez salarios mínimos mensuales, excepto en los casos
contemplados en el numeral 1° (...)”.
Posteriormente, el artículo 103 de la Ley
446 de 1998, adicionó las siguientes sanciones:
“Artículo 103. Sanciones por inasistencia. La inasistencia injustificada a la
audiencia de conciliación judicial prevista en esta ley o a la contemplada en
el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, tendrá además de las
consecuencias indicadas en el citado artículo, las siguientes consecuencias en
el proceso:
1. Si se trata del demandante, se
producirán los efectos señalados en el artículo 346 del Código de Procedimiento
Civil, los cuales decretará el juez de oficio o a petición de parte.
2. Si se trata de excepciones en el proceso
ejecutivo, el juez declarará desiertas todas las excepciones de mérito
propuestas por él.
3. Si se trata del ejecutante, se tendrán
por ciertos los fundamentos de hecho susceptibles de confesión en que se funden
las excepciones de mérito.
4. Si se trata del demandado, se tendrán
por ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda, y
además el juez declarará desiertas las excepciones de prescripción,
compensación y nulidad relativa, si las hubiere propuesto.
5. Si se trata de alguno de los
litisconsortes necesarios, se les impondrá multa, hasta 10 salarios mínimos
legales mensuales, en favor del Consejo Superior de la Judicatura.
En el auto que señale la fecha para la
audiencia, se prevendrá a las partes sobre las consecuencias que acarrea su
inasistencia.
PAR.- Son causales de justificación de la inasistencia:
1.
Las previstas en
los artículos 101 y 168 del Código de Procedimiento Civil.
2.
La fuerza mayor
y el caso fortuito, que deberán acreditarse al menos sumariamente dentro de los
cinco (5) días siguientes.
El auto que resuelve sobre la solicitud de
justificación o que imponga una sanción, es apelable en el efecto diferido”.
13. Sin embargo, la reciente reforma al Código de
Procedimiento Civil, en su artículo 70, procedió a derogar los artículos 346 y
347 del citado Código, correspondientes a la figura de la perención. Dicha
reforma empezó a regir tres (3) meses después de su promulgación, es decir, el 8
abril de 2003, bajo el entendido que su publicación tuvo lugar el día 8
de enero del mismo año (según Diario Oficial No. 45.058)[28].
Esto significa que en la actualidad la
sanción por perención impuesta a la Sociedad Proveeduria Universal S.A.,
dejó de producir efectos y, por lo tanto, no existe prohibición alguna que le
impida al accionante iniciar un nuevo proceso. Además, aún vigente el artículo
346 del Código de Procedimiento Civil, ya se había producido el vencimiento de
la mencionada sanción. Así, lo manifestó el gerente de la citada Sociedad,
mediante comunicación dirigida a esta Sala: “(...) Me permito
informar a ustedes que soy conocedor de que el término de la sanción producto
de la perención a que fui condenado mediante providencia proferida por el
Honorable Tribunal Superior de Bogotá, ha vencido en el pasado mes de Marzo” [29].
14. En este orden de ideas y con el propósito de
recapitular, tenemos que: (i) mediante una providencia incursa en un juicio por
vía de hecho, se impuso al accionante la sanción por perención y,
a su vez, (ii) dicha sanción dejó de producir efectos a partir de la
derogatoria de la norma que le dio fundamento, es decir, del artículo
346 del Código de Procedimiento Civil. Bajo estos dos supuestos surge para la
Corte el siguiente interrogante: ¿Tiene el juez de tutela competencia para
pronunciarse de fondo sobre la supuesta vulneración del derecho fundamental al
debido proceso o, en su lugar, debe proceder a denegar el amparo por tratarse
de un hecho superado?.
15. Según lo ha expuesto esta Corporación[30], la derogatoria es un
acto de naturaleza jurídico - política - propio de la teoría legislativa -, por
medio del cual el legislador procede a retirar del ordenamiento jurídico una
norma o conjunto de ellas. Adicionalmente, por regla general, en aplicación de
los principios de seguridad y certeza jurídica dicho acto tan sólo produce
efectos erga omnes y pro futuro[31].
Desde esta perspectiva, la Corte ha sostenido que:
“(...) Siguiendo lo preceptuado en las
normas que regulan la materia, en particular la Ley 153 de 1887, se tiene que
la derogatoria de una ley presenta como características: (i) que produce
efectos hacía el futuro o ex nunc, salvo que se trate de normas de
contenido procedimental pues en estos casos su efecto es general e inmediato
(arts. 17 a 49); y (ii) que la ley derogada no se puede revivir, ni por la
referencias que de ella se haga en otras disposiciones, ni por el hecho de
haber sido abolida la ley que la derogó, recobrando su fuerza normativa sólo en
la medida en que aparezca reproducida en una nueva ley (art. 14). Para la
Corte, ‘es razonable que, en general, la derogación sólo tenga efectos hacía el
futuro, pues la norma derogada era perfectamente válida hasta ese momento, y
por elementales razones de seguridad jurídica las leyes no pueden ser
retroactivas’. Igualmente, resulta natural que se disponga ‘que solamente por
un nuevo acto de voluntad política puede revivir la norma inicialmente
derogada, ya que el legislador tiene la plena facultad de proferir nuevas disposiciones’...”
Luego, la norma procedimental que retira
del ordenamiento jurídico la sanción por perención produce efectos derogatorios
generales e inmediatos  y, por lo mismo, es posible concluir que en la
actualidad no existe impedimento alguno que restrinja al accionante en la
posibilidad de iniciar un nuevo proceso para defender sus derechos
sustanciales. Desde esta perspectiva, nuevamente se pregunta la Corte: ¿es
procedente negar la acción de tutela y decretar entonces la ocurrencia de un
hecho superado?.
16. En Sentencia T-139 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez
Caballero), esta Corporación, a partir de la solicitud del accionante
consistente en obtener por parte de la Universidad Libre la autorización para
proceder al grado de abogado, sujetando su pretensión a la inaplicación
en el caso concreto de la Ley 446 de 1998 que condicionaba su reconocimiento a
la prestación adicional del servicio legal popular; determinó - con
posterioridad a la derogatoria de dicho servicio legal en el curso del trámite
de revisión -, que los efectos derogatorios de una disposición no pueden
desconocerse por el juez constitucional y, por lo mismo, conducen a la negación
de la acción de tutela por la ocurrencia de un hecho superado, siempre y cuando
con la derogatoria se satisfaga la aspiración primordial, la pretensión o el
debate jurídico propuesto por el accionante, de suerte que, la posible
orden que llegase a impartir el juez de tutela resultaría vacía y/o carente de
sentido.
La Corte, en sus propias palabras,
preceptuó lo siguiente:
“En tales circunstancias [es decir,
teniendo como presupuesto la derogatoria], esta Sala reitera su jurisprudencia[32] en el
sentido de negar la tutela de la referencia, por cuanto el hecho que originó la
supuesta vulneración de derechos fundamentales se encuentra superado. En
efecto, esta Corporación ha sostenido que en aquellos eventos en los cuales la pretensión
que se dirige a defender derechos fundamentales conculcados o
amenazados fue satisfecha, la acción de tutela pierde eficacia, inmediatez y,
por ende, su justificación constitucional, por lo que el amparo deberá negarse.
Lo anterior debido a que la acción de tutela ‘tiene por objeto la protección
cierta y efectiva de los derechos constitucionales fundamentales presuntamente
amenazados o vulnerados, lo cual explica la necesidad del pronunciamiento del
juez en sentido favorable o desfavorable, lo cual constituye la razón de ser de
la solicitud que ante la autoridad judicial dirige le persona que se considera
afectada. De tal forma que si la situación de hecho por la cual la
persona se queja ya ha sido superada en término tales que la aspiración
primordial en que consiste el derecho alegado está siendo satisfecho o
lo ha sido totalmente, ha desaparecido la vulneración o amenaza y, en
consecuencia, la posible orden que llegase a impartir el juez caería en el
vacío. Esto implica la desaparición del supuesto básico del cual parte el
articulo 86 de la Carta y hace improcedente la tutela”.
En estos términos, la acción de tutela
resulta improcedente cuando a partir de la derogatoria de la norma que
impuso la sanción, la aspiración primordial o la pretensión del
accionante ha sido plenamente satisfecha, es decir, se han configurado los
elementos constitutivos de un hecho superado. De lo contrario, si el debate
jurídico propuesto por el demandante, no ha desaparecido y la orden del
juez de tutela puede satisfacer dicha pretensión, es procedente estudiar de
fondo la acción y, además, emitir un pronunciamiento favorable o desfavorable a
la solicitud impetrada.
17. En el asunto sub-examine, la pretensión
de la sociedad demandante se dirige a obtener la orden de dejar “sin
efecto y valor” el Auto de 22 de marzo de 2000 proferido por la Sala Civil
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por incurrir en una vía
de hecho. Dicho Auto (i) revocó la decisión del Juez Tercero Civil del Circuito
de Bogotá mediante la cual admitió las excusas presentadas por la Sociedad
Proveeduria Universal S.A., a la ausencia del representante legal y su suplente
a la audiencia de conciliación y trámite prevista en el artículo 101 del Código
de Procedimiento civil y, en su lugar, (ii) procedió a decretar la terminación
del proceso ordinario de responsabilidad contractual a título de perención.
Luego, por una parte, el artículo 70 de la
Ley 794 de 2003 derogó la figura de la perención y, por otra, en la actualidad
ya caducó el término de los dos (2) años de sanción, previsto en el derogado
artículo 346 del Código de Procedimiento Civil. Siguiendo lo expuesto, en este
caso, se cuestiona la Sala: ¿Si estamos ante la presencia de un hecho
superado o si, por el contrario, debe proceder el juez constitucional a
conocer de fondo la presente acción?.
A partir de la solicitud impetrada por el
accionante encuentra la Sala que ni la derogatoria de la perención, ni el
vencimiento del término de la sanción, satisfacen la aspiración
primordial o la pretensión invocada por el demandante, descartando
la presencia de un hecho superado. Precisamente, el que se haya
derogado la perención, no deja sin efecto la decisión del Tribunal demandado y,
adicionalmente, impondría al demandante la carga  de iniciar un nuevo proceso
ordinario destinado a controvertir el mismo asunto litigioso.
De suerte que, si el debate jurídico
propuesto alrededor de la existencia de una vía de hecho y la consecuente
finalidad de dejar “sin efecto y valor una orden judicial”, permiten -
mediante los efectos de la decisión del juez de tutela -, retrotraer a la etapa
de conciliación y trámite el proceso ordinario y no a un período previo de
admisibilidad - como resultaría de iniciarse un nuevo proceso -, hacen
procedente estudiar de fondo la acción, ya que un eventual pronunciamiento
favorable del juez de tutela, reanudaría el proceso inicial desde la
audiencia de conciliación y trámite, dejando a salvo las etapas
procesales que comenzaron el día 7 de febrero de 1996 y que culminaron mediante
Auto que decretó la perención, el día 22 de marzo de 2001 (es decir, a partir
de la decisión del juez de tutela se podría mantener intangible un trámite
procesal ordinario de aproximadamente 5 años).
18. Nótese que una interpretación en dicho sentido, además
de velar por la prevalencia del derecho sustancial (artículo 228 Superior),
permite preservar las exigencias constitucionales mínimas de razonabilidad y
proporcionalidad, en cuanto aseguran la vigencia de los principios procesales
de economía y celeridad como garantías fundamentales del debido proceso y del
acceso a la administración de justicia (artículos 29, 209 y 228 de la Constitución
Política). Así, a título de ejemplo, el artículo 37 del Código de Procedimiento
Civil aplicable por remisión a los procesos de tutela (Artículo 4° del Decreto
306 de 1992), establece que: “Son deberes del juez. 1.
Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas
conducentes para impedir la paralización y procurar la mayor economía procesal
(...)”. (subrayados por fuera del texto original).
Determinado el ámbito de competencia del
juez de tutela, esta Sala procederá a estudiar y analizar cada una de las
materias propuestas, con la finalidad de decidir de fondo el asunto sometido a
revisión.
3.5.2.               Del registro
mercantil.
19. El ordenamiento jurídico colombiano consagra la figura
del registro mercantil, como el sistema destinado a asegurar el orden y la
confianza pública en las relaciones jurídicas, mediante la anotación,
actualización y certificación que una entidad especializada hace de aquellos
actos, hechos o circunstancias que puedan interesar a terceros y cuya importancia
jurídica impone el derecho a acceder libremente a esa información.
En este contexto, se reconocen tres
finalidades básicas en el ordenamiento jurídico para el registro mercantil, a
saber: (i) Da publicidad a los actos, hechos o circunstancias que
exige la ley, verbi gracia, el artículo 28 del Código de Comercio
establece algunos de los actos y documentos sometidos a registro; (ii)
Sirve como solemnidad para el perfeccionamiento de ciertos actos o para
la formación de algunas personas jurídicas, tal y como lo dispone el artículo
71 de la Ley 222 de 1995, en relación con las empresas unipersonales y, por
último; (iii) Es una herramienta para la producción de consecuencias en el campo
probatorio, por ejemplo, (a) el artículo 6° del Código de Comercio, supone
la prueba de la costumbre mercantil como fuente principal del derecho
comercial, a través del testimonio de por lo menos, “cinco comerciantes
idóneos inscritos en el registro mercantil”; (b) el artículo 13 del mismo
estatuto, dispone que se presume “para todos los efectos legales” que
una persona es comerciante, cuando “se halle inscrita en el registro
mercantil”; (c) el artículo 117, señala que la existencia y representación
legal de una sociedad se prueba con el certificado de existencia de la Cámara
de Comercio donde se hayan hechos los registros correspondientes; y, a su vez,
(d) los artículos 164 y 442 del Código de Comercio determinan que “para
todos los efectos legales”, se conservarán como representantes legales y
revisores fiscales de una sociedad, “las personas inscritas en la cámara de
comercio del domicilio o social (...) mientras no se cancele dicha inscripción
mediante el registro de un nuevo nombramiento o elección”.
20.  A partir de las citadas consideraciones, es posible
sostener que la eficacia del registro mercantil supone la actuación de
dos (2) sujetos, por una parte, (i) exige la presencia de una “entidad
especializada”, quien en ejercicio de una función pública asignada mediante
el sistema de la descentralización por colaboración, presta los servicios de
anotación, actualización y certificación de los actos, hechos o circunstancias
sometidas a inscripción o matricula, con la finalidad de servir de herramienta
de publicidad, solemnidad o para la producción de efectos en el campo probatorio[33] y; por otra parte,
(ii) impone la obligación a los denominados “comerciantes” de realizar
dichos actos de inscripción o matricula, so pena de asumir las consecuencias
previstas en el ordenamiento jurídico.
Ahora bien, el ordenamiento jurídico
colombiano le asignó a las Cámaras de Comercio, el cumplimiento de la citada
función pública como entidad especializada. Precisamente, el artículo 86 del
Estatuto mercantil establece que: “[Dichas organizaciones] ejercerán las
siguientes funciones: 3. Llevar el registro mercantil y certificar sobre los
actos y documentos en él inscritos, como se prevé en este código”. Y, en
torno a los comerciantes, el artículo 19 del Código de Comercio, dispone: “Es
obligación de todo comerciante: 1. Matricularse en el registro
mercantil. 2. Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y
documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad (...)”.
21. Por otra parte, el incumplimiento de la citadas
obligaciones por parte de los comerciantes, hace suponer que éstos asumen las
consecuencias adversas derivadas del  ordenamiento jurídico, entre otras, las
siguientes: (i) la sanción pecuniaria prevista en el artículo 37 del Código de
Comercio, en relación con la falta de matricula del establecimiento de comercio
y de la persona que ejerce profesionalmente la actividad mercantil; (ii) la
ausencia de valor probatorio de los libros de comercio no registrados (art.
70); (iii) la inexistencia de la empresa unipersonal (art. 71 Ley 222 de 1995)
y, por último; (iv) la inoponibilidad de los actos, hechos o
circunstancias sometidas a registro.
Pero, sin lugar a dudas, la principal
sanción que consagra el ordenamiento jurídico para la falta de registro de los
actos sometidos a dicha exigencia, es la inoponibilidad mercantil, es decir, la
ausencia de producción de efectos de los actos realizados en relación con los
terceros. Nótese como, en este contexto, la inoponibilidad se relaciona con la
finalidad de publicidad propia del registro mercantil.
Sobre el alcance de la inoponibilidad,
el artículo 901 del Código de Comercio, dispone que: “Será inoponible a terceros
el negocio jurídico celebrado sin cumplir con los requisitos de publicidad que
la ley exija” (subrayado por fuera del texto original).
Esto significa que el incumplimiento del
requisito de publicidad impide que el acto produzca efectos jurídicos en
relación con los terceros y que, en ningún caso, dicha omisión
puede llegar a desconocer la validez de una acto entre las
partes. Luego, como la falta de registro acarrea la inoponibilidad
del acto y ésta conduce a la protección de los terceros, la exigencia de dicho
registro no se somete a su realización en un plazo determinado sino que, por el
contrario, supone la diligencia de las partes, so pena de soportar las
consecuencias derivadas de la inobservancia de la citada carga de legalidad[34].
Por eso, como bien lo sostiene la doctrina,
“(...) si en la ley no se fija el plazo, la inscripción de un acto o documento
puede solicitarse en cualquier tiempo, pues es entendido que mientras la
inscripción no se realice, no será oponible a terceros aunque sea perfectamente
válido y surta la plenitud de sus efectos entre las partes”[35],
obviamente, sin desconocer la posible asunción de otras consecuencias adversas,
verbi gracia, una sanción pecuniaria.
22. En tratándose de sociedades civiles o comerciales[36], el Código de Comercio
determina que ni el acto jurídico de formación (art. 98), ni la constitución
como persona jurídica (art. 110) dependen del registro mercantil. El cumplimiento
de este requisito solamente se exige para el inicio de las actividades en
desarrollo de su objeto o empresa social (art. 116), con el propósito de lograr
y/o conseguir la oponibilidad de sus actos frente a terceros. Así lo establece
el artículo 112 del Código de Comercio, en los siguientes términos: “Mientras
la escritura social no sea registrada en la cámara correspondiente al domicilio
principal de la sociedad, será inoponible el contrato a terceros, aunque se
haya consumado la entrega de los aportes de los socios”[37].
En desarrollo del citado precepto legal, el
artículo 117 del mismo Estatuto Mercantil dispone que la prueba de la
existencia, de la capacidad (objeto social) y de la representación de la
sociedad se sujetan a la certificación de la Cámara de Comercio respectiva.
Precisamente, dicho precepto legal determina que:
“La existencia de la sociedad y las
cláusulas del contrato se probarán con certificación de la cámara de comercio
del domicilio principal, en la que constará el número, fecha y notaría de la
escritura de constitución y de las reformas del contrato, si las hubiere; el
certificado expresará, además, la fecha y el número de la providencia por la
cual se le concedió permiso de funcionamiento y, en todo caso, la constancia de
que la sociedad no se halla disuelta.
Para probar la representación de una
sociedad bastará la certificación de la cámara respectiva, con indicación del
nombre de los representantes, de las facultades conferidas a cada uno de ellos
en el contrato y de las limitaciones aprobadas a dichas facultades, en su caso”. (Sombreado por fuera del texto original).
23. Ahora bien, como lo sostiene con acierto la doctrina y
la jurisprudencia, la representación de una sociedad permite proyectar
jurídicamente del campo formal del derecho escrito (estatutos y ley) al campo
real de la vida de los negocios, la personalidad jurídica de un ente
societario. Con ello, se garantiza la eficacia de dicho derecho fundamental
reconocido expresamente en la Constitución (art. 14 C.P), que implica la
facultad de todas las personas de ejercer su capacidad de adquirir derechos y
de contraer obligaciones. La Corte - sobre la materia - ha precisado que:
“(...) En el campo de las relaciones jurídicas que se presentan
entre los particulares, tiene especial relevancia el derecho al reconocimiento
de la personalidad jurídica (C.P. artículo 14), el cual consiste en la
capacidad reconocida a todas las personas para ejercer derechos y contraer
obligaciones, no sólo de contenido extrapatrimonial sino también de carácter
económico. Así las cosas, no basta con sostener que una persona es sujeto de
derecho, si no le es posible desarrollar los atributos que ello comporta. Sólo
puede reconocerse a una persona como sujeto de derecho, si se le permite
participar en la vida negocial y en el tráfico jurídico de una sociedad, ya que
dichas circunstancias se convierten en las herramientas apropiadas e
indispensables para poder satisfacer necesidades y ejercer los atributos
derivados de la propia personalidad.
Por este motivo, la Constitución Política
garantiza expresamente el derecho de todos a participar en la vida económica
(Artículos 2° y 333) y, a su vez, el derecho internacional dispone que dicha
participación constituye, no sólo un derecho intangible de las personas sino
también una garantía estructural del ‘ius cogens’(...)”.(Sentencia T-468 de 2003. M.P. Rodrigo
Escobar Gil).
Pero lejos de ser la representación de una
sociedad un asunto específicamente contractual (teoría
contractualista), tal y como parece disponerlo el artículo 110 del Código
de Comercio[38];
su naturaleza deviene igualmente en legal (teoría organicista),
cuando el ordenamiento jurídico suple, (i) el limite y el alcance de las
funciones de representación y, a su vez, (ii) reconoce su titularidad en
determinadas personas, verbi gracia, cuando en las sociedades de
responsabilidad limitada delega su representación en todos los socios, a menos
que decidan transferirla en un tercero (art. 358 num. 5°).
En relación con el alcance y el limite de
las funciones de representación, se reconoce en la ley la prioridad de los
asociados para establecer en los estatutos de la compañía, las
facultades y obligaciones derivadas de dicha representación. Con todo, en caso
de ausencia de estipulaciones en el contrato social, se entiende que las
personas que representan a la sociedad pueden realizar todos los actos
indispensables para ejecutar y llevar a cabo el objeto social. En efecto, el
artículo 196 del Código de Comercio, dispone que:
“Articulo 196. La representación de
la sociedad y la administración de sus bienes y negocios se ajustarán a las
estipulaciones del contrato social, conforme al régimen de cada tipo de
sociedad.
A falta de estipulaciones, se entenderá que
las personas que representan a la sociedad podrán celebrar o ejecutar todos los
actos y contratos comprendidos dentro del objeto social o que se relacionen
directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.
Las limitaciones o restricciones de las
facultades anteriores que no consten expresamente en el contrato social
inscrito en el registro mercantil no serán oponibles a terceros”.
24.  La naturaleza legal y contractual de la
representación de una sociedad (teoría organicista), descarta la necesidad de
tener que proceder a una reforma estatutaria para remover a la persona
que detenta dichas funciones, precisamente en aras de salvaguardar los
principios (i) de la no inamovilidad de los administradores o
representantes legales; y (ii) de la necesidad de propender por la exclusión
del acefalismo en la representación. Basta pues simplemente la decisión
del máximo órgano de la sociedad contenida en un ACTA o, eventualmente,
de la Junta Directiva previa delegación para revocar a una persona de dichos
cargos.
Lo anterior implica que los principios
de la no inamovilidad y de la exclusión del acefalismo, permiten a la
sociedad retirar de sus cargos a los administradores, representantes legales y
revisores fiscales - en cualquier tiempo -, sin necesidad de requerir para el
efecto de mayorías especiales, ni de una reunión ordinaria, ni de una
convocatoria previa y menos aún de su fijación en el orden del día [39].
25.  Con fundamento en las citadas consideraciones, es
claro que la remoción de un representante, administrador o revisor fiscal no
supone una reforma estatutaria, sino que implica tan sólo la decisión del órgano
competente en un Acta de la sociedad. Sin embargo, por efectos de publicidad
y, por ende, de oponibilidad, se exige la inscripción de dicha Acta en
el registro mercantil, de conformidad con lo previsto en los artículos 163, 164
y 442 del Código de Comercio.
Dada su importancia para el asunto sub-examine,
la Corte procede a transcribir las normas en comento:
“Artículo 163. La designación o
revocación de los administradores o de los revisores fiscales previstas en la
ley o en el contrato social no se considerará como reforma, sino como
desarrollo o ejecución del contrato, y no estará sujeta sino a simple registro
en la cámara de comercio, mediante copias del acta o acuerdo en que conste la
designación o la revocación.
Las cámaras de comercio se abstendrán, no
obstante, de hacer la inscripción de la designación o revocación cuando no se
hayan observado respecto de las mismas las prescripciones de la ley o del
contrato.
La revocación o reemplazo de los
funcionarios a que se refiere este artículo se hará con el quórum y la mayoría
de votos prescritos en la ley o en el contrato para su designación”.
“Artículo 164. Las personas
inscritas en la cámara de comercio del domicilio social como representantes de
una sociedad, así como sus revisores fiscales, conservarán tal carácter para
todos los efectos legales, mientras no se cancele dicha inscripción mediante el
registro de un nuevo nombramiento o elección.
La simple confirmación o reelección de las
personas ya inscritas no requerirá nueva inscripción”.
“Artículo 442. Las personas cuyos
nombres figuren inscritos en el correspondiente registro mercantil como
gerentes principales y suplentes serán los representantes de la sociedad para
todos los efectos legales, mientras no se cancele su inscripción mediante el registro
de un nuevo nombramiento”.
26.  Como se expuso con anterioridad (ver fundamento No.
19), en tratándose de la aplicación de los artículos 164 y 442 del Código de
Comercio, dichos preceptos no sólo tienen consecuencias en el campo de la
oponibilidad de la representación de una sociedad, sino que también involucran
la producción de efectos de tipo probatorio.
Nótese que ambas disposiciones determinan
que “para todos los efectos legales”, se tendrán como administradores,
representantes y revisores fiscales a las personas que aparecen inscritas en el
registro mercantil. Bajo este contexto, surge para la Corte, el siguiente
interrogante: ¿Es el registro mercantil un acto declarativo o constitutivo
de la calidad de representante, administrador o revisor fiscal?.
27. En un inicio se consideró tanto por la doctrina como
por la jurisprudencia que el acto de registro tenía un alcance constitutivo.
En efecto, la adquisición de la calidad de representante, administrador o
revisor fiscal, se sujetaba al hecho de aparecer una persona inscrita en el registro
mercantil.
Era una típica consecuencia de darle
prioridad al criterio subjetivo como herramienta para determinar la
calidad de una persona, es decir, al igual que en la antigüedad donde la
calidad del comerciante dependía de la inscripción en el Liber mercatorum
(o registro del comercio), en la actualidad, la calidad de representante,
administrador o revisor fiscal no se derivaba de la vinculación
de la persona con la sociedad, sino de la inscripción de
dicha designación en el registro, con el propósito de otorgarle una protección
más amplia a los terceros y de reconocerle un carácter probatorio absoluto al
certificado de inscripción.
De suerte que, independientemente de la vinculación
laboral, sí una persona aparecía registrada como representante,
administrador o revisor fiscal de una sociedad, ésta respondía ante los
terceros por cualquier acto de dicho representante.
28. Pero, así como la calidad de comerciante se sujetó a
un criterio objetivo, según el cual, “es comerciante quien se dedica
profesionalmente a la realización de actos mercantiles” (artículo 10 C.Co).
Igualmente, la calidad de representante, administrador o revisor fiscal se
aferró a la realidad de una vinculación jurídica.
Por consiguiente, independientemente de la
existencia de una presunción de hecho que supone a la persona inscrita
en el registro mercantil como comerciante (artículo 13 num. 1° del
C.Co), o como representante, administrador o revisor fiscal de una
sociedad (artículos 164 y 442 del C.Co), en la actualidad, se admiten pruebas
en contrario que tiendan a desvirtuar dicha calidad.
Por ello, es posible concluir que la calidad
de representante, administrador o revisor fiscal no depende del registro,
sino de la efectiva posibilidad de realizar actos de representación,
administración o revisión fiscal. Luego, si por causas naturales, como
la muerte o la incapacidad sobreviniente o, por causas legales, como la
remoción del encargo; un representante, administrador o revisor fiscal
no puede seguir actuando en nombre de la sociedad, es indiscutible que se
desvirtúa la presunción y, por lo tanto, no puede producir efectos probatorios
en contra del ente societario.
29. Conforme a esta argumentación, es preciso recordar que
mediante Sentencia C-621 de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), la Corte
determinó que el registro del nombramiento de un representante legal o revisor
fiscal no tiene un carácter simplemente declarativo, sino que
también involucra una connotación constitutiva. A juicio de esta
Corporación, si bien el levantamiento de la responsabilidad por la falta de un
vinculo jurídico tiene la virtud de ser garantista frente a los derechos del
representante o revisor y, aún de la misma sociedad; la sola presencia de la
expresión “para todos los efectos legales”, en el artículo 164 del
Código de Comercio, hace que dichos sujetos sigan considerándose como tales en
todo sentido, mientras no se cancele dicha inscripción mediante el registro de
un nuevo nombramiento o elección.
Lo anterior, contrario a lo expuesto en el
fundamento 28, conduciría a concluir que, en ningún tiempo, la renuncia,
destitución o cualquier otra causa natural o legal de terminación del cargo,
aun registradas - como lo permite el artículo 163 del Código de Comercio[40] -, permitiría
desvincular al representante o revisor fiscal de la responsabilidad frente a
terceros mientras no se registre un nuevo nombramiento. De manera que, la
cesación de funciones y responsabilidades estaría sujeta a una condición futura
e incierta que es la realización del referido nombramiento y su posterior
registro, “actos jurídicos que no dependen de la voluntad de los que figuran
inscritos, sino de otros órganos sociales que no tienen señalado un plazo para
llevarlos a cabo”
Sin embargo, a juicio de esta Corporación,
dicha conclusión no puede constituir la ratio juris de la Sentencia de
la referencia, ya que, según lo determinó la misma Corte, los artículos 163 y
164 del Código de Comercio, sólo pueden considerarse constitucionales bajo el
entendido que la responsabilidad que endilgan a los representantes legales y
revisores fiscales salientes de sus cargos, "no puede carecer de
límites temporales y materiales”, mientras se registra un nuevo
nombramiento.
Ahora bien, dichos límites temporales y
materiales implican que:
“(i) Se reconozca que existe un derecho a
que se cancele la inscripción del nombramiento del representante legal o del
revisor fiscal en todas las oportunidades en que por cualquier circunstancia
cesan en el ejercicio de sus funciones. Este derecho acarrea la obligación correlativa
de los órganos sociales competentes en cada caso, de proveer el reemplazo y
registrar el nuevo nombramiento; (ii) Para el nombramiento del reemplazo y el
registro del nuevo nombramiento se deben observar, en primer lugar, las
previsiones contenidas en los estatutos sociales; (iii) Si los estatutos
sociales no prevén expresamente un término dentro del cual debe proveerse el
reemplazo del representante legal o del revisor fiscal saliente, los órganos
sociales encargados de hacer el nombramiento deberán producirlo dentro del
plazo de treinta días, contados a partir del momento de la renuncia, remoción,
incapacidad, muerte, finalización del término estipulado, o cualquier otra
circunstancia que ponga fin al ejercicio del cargo. Durante este lapso la persona
que lo viene desempeñando continuará ejerciéndolo con la plenitud de las
responsabilidades y derechos inherentes a él. A esta conclusión arriba la
Corte, aplicando por analogía las normas que regulan la terminación del
contrato de trabajo a término indefinido, contenidas en el artículo 47 del
Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 5° del Decreto Ley
2351 de 1956; (iv) Pasado el término anterior sin que el órgano social
competente haya procedido a nombrar y registrar el nombramiento de un nuevo
representante legal o revisor fiscal, termina la responsabilidad legal del que
cesa en el ejercicio de esas funciones, incluida la responsabilidad penal
. No obstante, para efectos de la cesación de la responsabilidad a que se acaba
de hacer referencia, el representante legal o revisor fiscal saliente debe dar
aviso a la Cámara de Comercio respectiva, a fin de que esa información se
incorpore en el certificado de existencia y representación legal
correspondiente a la sociedad. (v) Si el vencido el término de treinta días y
mediando la comunicación del interesado a la Cámara de Comercio sobre la causa
de su retiro no se produce y registra el nuevo nombramiento de quien
reemplazará al representante legal o revisor fiscal saliente, este seguirá figurando
en el registro mercantil en calidad de tal, pero únicamente para efectos
procesales, judiciales o administrativos, sin perjuicio de las acciones que
pueda interponer en contra de la sociedad por los perjuicios que situación
pueda irrogarle; (vi) No obstante todo lo anterior, la falta de publicidad de
la causa que da origen a la terminación de la representación legal o de la
revisoría fiscal, hace inoponible el acto o hecho frente a terceros, ante
quienes el representante o revisor fiscal que figure registrado como tal
continuará respondiendo para todos los efectos legales”
Conforme a lo expuesto por esta
Corporación, surgen las siguientes reglas que implican que el registro del
nombramiento de un representante legal o revisor fiscal no tiene un carácter
simplemente declarativo, sino que también involucra una
connotación constitutiva, a saber:
(i) Todo representante legal o revisor
fiscal que cese en el ejercicio de sus funciones tiene derecho a que se cancele
la inscripción de su nombramiento, siempre que por cualquier circunstancia
legal o natural sea relevado de su designación. Este derecho acarrea la
obligación correlativa de los órganos sociales competentes en cada caso, de
proveer el reemplazo y registrar el nuevo nombramiento, en desarrollo del
principio de exclusión del acefalismo.
(ii) En ningún caso, el trámite previsto en
el punto anterior, puede superar el término previsto en los estatutos sociales
o, ante la ausencia de una estipulación en dicho sentido, dentro del plazo de
treinta días (30), contados a partir del momento de la renuncia, remoción,
incapacidad, muerte o cualquier otra circunstancia que ponga fin al ejercicio
del cargo. Solamente durante este lapso la persona que viene desempeñando o
detentando las funciones de representante o revisor fiscal continuará con la
plenitud de las responsabilidades y derechos inherentes al cargo. Luego, el
registro del nombramiento durante este lapso de tiempo tiene una naturaleza constitutiva,
a partir de la imposibilidad de dichos sujetos de desligarse de las
implicaciones de su designación.
(iii) Si superado el umbral de los treinta
días, el órgano social competente no ha procedido al nombramiento y registro de
un nuevo representante o revisar fiscal y, adicionalmente, se ha otorgado aviso
a la Cámara de Comercio sobre la cesación del cargo, “termina la
responsabilidad legal del que cesa en el ejercicio de sus funciones, incluida
la responsabilidad penal”.
Nótese que, en este caso, el registro
mercantil adquiere una naturaleza meramente formal o declarativa.
En efecto, ello acontece por las siguientes razones:
En primer lugar, cesa cualquier
responsabilidad del representante o revisor fiscal por y ante
la sociedad. Así, lo determina textualmente la Sentencia C-621 de 2003, en los
siguientes términos: “Pasado el término anterior sin que el órgano social
competente haya procedido a nombrar y registrar el nombramiento de un nuevo
representante legal o revisor fiscal, termina la responsabilidad legal del que
cesa en el ejercicio de esas funciones, incluida la responsabilidad penal”.
En segundo lugar, la permanencia de la
persona inscrita tan sólo tendrá efectos procesales - judiciales o
administrativos -; pero exclusivamente en relación con la prueba de la
existencia y representación legal, que exige el artículo 78 del Código de
Procedimiento Civil, con el propósito de poder demandar judicialmente a una de
dichas personas jurídicas. Desde esta perspectiva, la sentencia previamente
reseñada, concluyó que: “8. Todo lo anterior pone de presente la razón por
la cual la ley comercial se preocupa en impedir que las sociedades mercantiles
queden sin un representante legal públicamente conocido, respecto de quien
todos los terceros tengan la certeza de que al actuar en el mundo jurídico
compromete a la persona jurídica como tal, y a través de quien puedan
demandarla judicialmente(...)”. Ello, obviamente, sin perjuicio de las
acciones que puedan interponerse contra la sociedad por quien cesó en el
ejercicio del cargo derivado de los daños que dicha situación pueda irrogarle.
En tercer lugar, con el propósito de
preservar el principio de publicidad, la falta de registro de la circunstancia
de terminación de la representación legal o de la revisoría fiscal, “hace
imponible el acto o hecho frente a terceros, ante quienes el representante
legal o revisor fiscal que figure registrado como tal continuará respondiendo
por todos los efectos legales”.
Por último, esta Corporación en la misma
Sentencia C-621 de 2003 reconoció la naturaleza declarativa o meramente
formal del registro mercantil pasado el término de los treinta días, en
los siguiente términos: “Los anteriores condicionamientos hacen que la
permanencia en el registro mercantil de la inscripción del nombre de quien
venía ejerciendo la representación legal o la revisoría fiscal de la sociedad
se mantenga una vez producida la causa de su desvinculación, como una forma de
garantía a los intereses de terceros y por razones de seguridad jurídica.
Empero, pasado el término de treinta días, y mediando comunicación del
interesado sobre el hecho de su desvinculación, dicha inscripción adquiere un
carácter meramente formal”.
Bajo las anteriores consideraciones, es
claro que el registro mercantil NO es una formalidad constitutiva de la
calidad de representante, administrador o revisor fiscal, pero SI un
medio de oponibilidad y de protección a los terceros. De suerte que, dichos terceros
no podrán lograr una pena o castigo respecto del inscrito (por ejemplo, una
sanción tributaria o procesal), pero sí podrán tenerlo como tal para otros
efectos, verbi gracia, para otorgar eficacia a las relaciones
mercantiles a través de la aplicación de la teoría de la apariencia.
Precisamente, el artículo 842 del Código de Comercio determina que: “Quien
dé motivo a que se crea, conforme a las costumbres comerciales o por su culpa,
que una persona está facultada para celebrar un negocio jurídico, quedará
obligado en los términos pactados ante terceros de buena fe exenta de culpa”.
30.  La anterior, ha sido la posición recientemente
reiterada por parte del Consejo de Estado y la Superintendencia de Sociedades,
a saber:
a. El Consejo de Estado, Sala de la Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, en Sentencia de junio 14 de 2001[41], sostuvo:
“(...) De acuerdo a las pruebas
anteriormente señaladas, observa la Sala, que desde 1993 el señor Giraldo
Tíjaro Galindo, fue nombrado en el cargo de revisor fiscal de la actora y, por
lo tanto, para la fecha en que se presentaron las declaraciones de ingresos y
patrimonio, con su firma, actuaba en tal calidad.
Ahora bien, en relación con la inscripción
de la designación del revisor fiscal en el registro mercantil, considera la
Sala que dicho deber tiene como objeto el de dar publicidad del acto frente a
terceros, es decir, es declarativo, mas no constitutivo, ello se
desprende de la lectura de los artículos 163 del Código de Comercio en
concordancia con el artículo 29 numeral 4° ibídem (...)
Estima la Sala de lo anterior, que la
designación del revisor fiscal tiene en el Código de Comercio una formalidad
adicional (registro en la Cámara de Comercio), pero su omisión no afecta o
supedita la existencia y validez del acto de nombramiento, pues una vez elegido
el revisor fiscal él debe iniciar el cumplimiento de sus funciones y asumir las
obligaciones y responsabilidades propias de su cargo, por ello se dice que el
registro mercantil es un acto declarativo, mas no constitutivo (...)
Por todo lo anterior, considera en esta
oportunidad la Sala que no procede aludir como ‘omisión’ de la firma del
revisor fiscal, la razón de que su nombramiento no ha sido inscrito en el
registro mercantil, toda vez que sería darle al registro un alcance superior
del que realmente tiene y sancionar por un hecho no previsto en el literal d)
del artículo 580 del E.T.
En este orden de ideas y siendo obligatoria
la firma del revisor fiscal en la declaración de ingresos y patrimonio, como lo
dispone el artículo 599 del Estatuto Tributario, para el presente caso está
demostrado que la persona que suscribió en calidad de revisor fiscal las
declaraciones de ingresos y patrimonio que la actora presentó por los años
gravables de 1994 y 1995, fue nombrada por ella y para la fecha de la
presentación de los mencionados denuncios ejercía dicha función, en
consecuencia no era dable imponer la sanción por incumplimiento en la
presentación de la declaración de ingresos y patrimonio, prevista en el
artículo 645 del Estatuto Tributario, al no darse el supuesto de hecho
contenido en el literal d) del artículo 580 ibídem (...)”. (Subrayado por fuera del texto original).
b. La Superintendencia de Sociedades, por su parte, en
Resolución 241-02546 de junio 2 de 1992, determinó que:
“El artículo 164 (...) quiere significar
que frente a terceros se da prevalencia del orden externo de la compañía sobre
el orden meramente interno. El artículo 164 se refiere entonces a la publicidad
que requiere el nombramiento respectivo al exigir su inscripción en el registro
mercantil, mas no al desconocimiento de la elección o remoción validamente
efectuada.
Respalda los argumentos hasta aquí
expuestos el reciente fallo producido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera (diciembre 18 de 1991), según el cual se declaró
la nulidad de resoluciones expedidas por este despacho, mediante las cuales se
impuso y confirmó una sanción de multa a un revisor fiscal, desconociendo la
desvinculación y reemplazo en el cargo, con el fundamento de que la inscripción
pertinente aún no se había producido en el registro mercantil. Manifiesta el
mencionado fallo lo siguiente: ‘De modo que sí laboralmente una persona ha
dejado de ejercer las funciones de representante legal o de revisor fiscal de
una sociedad, así figure inscrito en el registro mercantil en uno de esos
cargos, no puede responder por y ante esa sociedad por las actuaciones
desarrolladas con posterioridad a su desvinculación, pues en ese caso no tienen
ninguna fuerza vinculante con la misma ni acatamiento interno que les permita
desarrollar gestión alguna. Y si producida la desvinculación laboral de la
persona que actuaba como representante legal o revisor fiscal de una sociedad
aquélla pierde la posibilidad de ejercer las funciones que le correspondían,
lógicamente no se le puede señalar responsabilidad administrativa,
disciplinaria o penal por las actuaciones desarrolladas con posterioridad a su
retiro de la sociedad en la cual actuaba con uno de esos cargos’ (...)”.
La Citada Resolución ha sido reiterada en
oficios No. 220-54441, de noviembre 25 de 1996 y 220-5040, de febrero 11 de
1998. Precisamente, en el primer oficio, se resaltó que:
“(...) La finalidad perseguida con el
registro público es la de poner en conocimiento de terceros determinados actos
y contratos so pena de inoponibilidad, como se observa del tenor del artículo
901 del Código de Comercio, que hace énfasis en que ‘será inoponible a terceros
el negocio jurídico celebrado sin cumplir con los requisitos de publicidad que
la ley exija’
Dice el profesor José Ignacio Narvaez en su
obra Teoría General de las Sociedades. Quinta Edición. Pág. 218 y 219 que:
‘....tratándose de actos jurídicos sujetos a registro mercantil, tales actos
son válidos desde el momento en que se cumplen los requisitos de fondo de todo
negocio jurídico y los de forma que para algunos casos establezcan las leyes,
pues el registro no afecta dicha validez sino su eficacia ante terceros...’
Ahora bien, en cuanto a la responsabilidad
que a ellos atañe [revisor fiscal o representante legal], considera este
Despacho que es suficiente que se hubiere surtido la aceptación de la renuncia
o revocación del cargo, para que, de un lado, se pierda toda competencia de
actuación, por cuanto frente a la sociedad pierden la calidad en la cual se
venían desempeñando, y del otro, por cuanto, por razones obvias, no pueden
seguir respondiendo por actos ajenos ejecutados con posterioridad a su retiro,
lo que desde luego les corresponderá demostrar en su momento si a ello hubiere
lugar (...)
Así las cosas el revisor fiscal a partir
del momento en que sea aceptada la renuncia, (...) no será responsable por las
actuaciones siguientes a la misma, ni siquiera en el evento que continúe la
inscripción en el registro mercantil”.
31.  Conforme a esta argumentación y bajo los
condicionamientos expuestos en la Sentencia C-621 de 2003, es posible extraer
las siguientes reglas, en relación con la naturaleza declarativa del registro
mercantil, a saber:
·
No es posible sancionar
a un administrador, representante legal o revisor fiscal que haya renunciado a
su cargo, siempre que dicha renuncia haya sido aceptada mediante Acta por
la sociedad, así figure en el registro mercantil en uno de esos cargos
(Resolución No. 241-02456 Supersociedades), siempre y cuando hayan transcurrido
treinta días desde la terminación del encargo y, adicionalmente, se haya dado
aviso a la Cámara de Comercio respectiva sobre dicha circunstancia (Sentencia
C-621 de 2003).
·
Es posible sancionar a
un administrador, representante legal o revisor fiscal que haya renunciado a su
cargo, siempre que dicha renuncia NO haya sido aceptada por la sociedad.
En este caso, quien detenta el cargo sabe que aún se encuentra vinculado al
ente societario y es su deber responder por y ante
esa sociedad. Sin embargo, para cesar dicha responsabilidad, puede acudir a la
acción de tutela para preservar sus derechos fundamentales al libre desarrollo
de la personalidad y al trabajo. Así, lo ha manifestado reiteradamente la Superintendencia
de Sociedades, en estos términos:
“...La Superintendencia de Sociedades, en
el Oficio 220-40463 del 21 de julio de 1998, consideró la situación que se
presenta cuando el representante legal o el revisor fiscal renunciaron a su
cargo, pero su renuncia no ha sido aceptada porque los socios se han negado
reiteradamente a reunirse en asamblea o junta, pese a varias convocatorias. En
este evento, la conclusión sería que dichas personas continuarían obligadas a
permanecer en el cargo, con las responsabilidades consecuentes, puesto que no
existe el acta de aceptación de la renuncia que permitiría la cancelación de la
inscripción en el registro mercantil. Tal situación es rechazada por la
Superintendencia, ‘pues si bien podría estar respaldada en varias disposiciones
societarias, resulta contraria a varios principios del mismo derecho
societario, como la prohibición de la inamovilidad de los administradores, el
deber de colaboración de los órganos societarios, el abuso del derecho, así
como también repugna con los postulados de nuestra Carta Política, entre los
cuales cabe mencionar el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el
derecho al trabajo, y resulta particularmente injusta con el representante
legal’. Por tanto, concluye, ‘el mecanismo jurídico más eficaz para la
protección de los derechos vulnerados con la conducta de los socios, es la
acción de tutela (...) dirigida fundamentalmente a que el juez imparta la orden
a los socios para que se erijan en máximo órgano social y procedan a aceptar la
renuncia presentada”[42].
·
De igual manera, es
posible sancionar al representante legal o revisor fiscal, siempre que no haya
vencido el término de treinta días para que el órgano social competente proceda
al nuevo nombramiento de las personas destinadas a ocupar dichos cargos. En
efecto, según Sentencia C-621 de 2003, en dichos casos, “durante este lapso
la persona que lo viene desempeñando continuará ejerciéndolo con la plenitud de
las responsabilidades y derechos inherentes a él”.
·
No es posible sancionar
a una sociedad que haya revocado de su cargo a un representante legal,
administrador o revisor fiscal, siempre que dicha revocatoria o remoción
haya sido adoptada mediante Acta de la sociedad, independientemente de
que dicha persona figure en el registro mercantil en uno de esos cargos
(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,
Sentencia de junio 14 de 2001), siempre y cuando hayan transcurrido treinta
días desde la terminación del encargo y, adicionalmente, se haya dado aviso a
la Cámara de Comercio respectiva sobre dicha circunstancia (Sentencia C-621 de
2003).
·
En conclusión, por
regla general, no es representante legal, administrador o revisor fiscal, quien
aparece en el registro mercantil, sino quien de conformidad con la decisión del
máximo órgano de la sociedad o de la junta directiva - previa delegación -,
ejecuta los actos propios de esos cargos. Por otra parte, no es indispensable
la decisión de la sociedad mediante Acta, cuando las causales que impiden la
ejecución de los actos de representación o administración se derivan de
circunstancias naturales, por ejemplo, la muerte[43].
Precisamente, en relación con el alcance
probatorio de las Actas de la sociedad, el artículo 189 del Código de
Comercio, determina que: “(...) La copia de estas actas, autorizada por el
secretario o por algún representante de la sociedad, será prueba suficiente de
los hechos que consten en ella, mientras no se demuestre la falsedad de la
copia o de las actas (....)”
32. Sin embargo, como se expuso con anterioridad, es
pertinente reiterar que aunque el registro mercantil NO es una
formalidad constitutiva de la calidad de representante, administrador o
revisor fiscal, SI es un medio de oponibilidad y de protección
a los terceros. De suerte que, aunque dichos terceros no puedan lograr una pena
o castigo respecto del inscrito (por ejemplo, una sanción tributaria o
procesal), sí pueden tenerlo como tal para otros efectos, verbi gracia,
para la aplicación de la teoría de la apariencia en el desarrollo de las
relaciones mercantiles. Según la citada teoría, quien dé motivo a que se crea,
por ejemplo, mediante la permanencia en el registro mercantil de una persona
que ya no detenta funciones de representación, a que dicha persona está
facultada para celebrar un negocio jurídico, quedará obligado en los términos
pactados por él ante terceros de buena fe exenta de culpa.
3.5.3.  Del alcance procesal de las
formalidades previstas en la ley sustancial para la validez y oponibilidad de
determinados actos, a partir del sistema de libre apreciación de las pruebas.
33. En el ordenamiento procesal colombiano la teoría de la
prueba judicial tiene fundamento en el sistema de libre apreciación. Su
origen normativo se remonta al artículo 175 y, especialmente, al artículo 187
del Código de Procedimiento Civil, según el cual, “las pruebas deberán ser
apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin
perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la
existencia o validez de ciertos actos.
El juez expondrá siempre razonadamente el
mérito que le asigne a cada prueba”.
34.  El sistema de libre apreciación supone la libertad
del juez para valorar las pruebas de acuerdo con la lógica, el sentido común y,
fundamentalmente, las reglas de la experiencia. Dicha apreciación debe ser
razonada, razonable y proporcional, en aras de evitar un análisis caprichoso,
arbitrario y subjetivo, contrario al derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia.
Precisamente,
en Sentencia C-641 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), esta Corporación
determinó que el derecho de acceso a la administración de justicia, supone no
sólo la posibilidad de ejercitar el poder de acción, sino que también involucra
el derecho a obtener una decisión judicial fundamentada en el material
probatorio debidamente recaudado en el proceso, con el propósito de otorgar una
garantía de certeza a la demostración de los argumentos que estructuran dicha
decisión. Por ello, el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, exige el
respeto por el acatamiento del principio de la necesidad de la prueba,
en los siguientes términos: “Toda decisión judicial debe fundarse en las
pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso”.
Por
último, dicho sistema de libre apreciación con el propósito de hacer efectivo
el derecho fundamental al debido proceso, exige la debida motivación del fallo
(es decir, sujeción al principio de publicidad), pues sólo a través de dicho
requerimiento, es posible garantizar el ejercicio de la contradicción y el
derecho de defensa[44].
Sobre
la materia, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, ha sostenido
que:
“(...) La apreciación razonada de la prueba, o, lo que es lo mismo,
la sana crítica de ésta, presupone que el fallador, teniendo por derrotero
únicamente las reglas de la lógica, de la ciencia y de la experiencia que,
según su entender, sean aplicables a un determinado caso, goza de libertad para
valorarla, cuidándose, claro está, de exponer razonadamente el mérito que le
asigne a cada prueba. A tal sistema de valoración alude el artículo 187 del
Código de Procedimiento Civil”[45].
35. Pero, como se expuso con
anterioridad, es importante destacar que el sistema de libre apreciación se
sujeta a las exigencias constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad,
en aras de impedir la arbitrariedad en la valoración judicial.
En
este orden de ideas, el ejercicio de la sana crítica es razonable cuando
se ajusta a los fines, valores, principios y derechos que emanan de la Carta
Fundamental, razón por la cual, el sistema de libre apreciación no puede
conducir: (i) ni al exceso de formalismo; (ii) ni a la falta de valoración de
las pruebas desconociendo su obligación de apreciarlas en conjunto, verbi
gracia, (a) ignorando la existencia de alguna, (b) omitiendo su valoración
o (c) no dando por probado un hecho o circunstancia que del material probatorio
emerge clara y objetivamente. Lo anterior, conduciría a un desconocimiento de
los derechos de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y, a
su vez, al principio de celeridad procesal[46].
36. En relación con la valoración restrictiva de las
pruebas, la doctrina sobre la materia ha sido expuesta por la Corte, en
los siguientes términos:
“Evidentemente, si bien el juzgador goza de
un gran poder discrecional para valorar el material probatorio en el cual debe
fundar su decisión y formar libremente su convencimiento, inspirándose en los
principios científicos de la sana crítica (C.P.C. art. 187 y C.P.L. art. 61),
dicho poder jamás puede ser arbitrario; su actividad evaluativa probatoria
supone necesariamente la adopción de criterios objetivos, racionales, serios y
responsables. No se adecua a éste desiderátum, la negación o valoración
arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta cuando el
juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón valedera alguna
no da por probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente (...).
No obstante lo anterior advierte la Sala,
que sólo es factible fundar una acción de tutela cuando se observa que de una
manera manifiesta aparece irrazonable la valoración probatoria hecha por el
juez en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo de la
prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el
mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela
no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto (...)” (Sentencia T-442 de 1994. M.P. Antonio
Barrera Carbonell).
Así mismo, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, ha precisado lo siguiente:
“En Colombia, según el principio de la
apreciación racional de la prueba, implantado en este país por claro mandato
del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, es deber del juez y no mera
facultad suya, evaluar en conjunto las pruebas para obtener de todos los
elementos aducidos un resultado homogéneo o único, sobre el cual habrá de
fundar su decisión final.
Tal obligación legal, que impide la
desarticulación del acervo probatorio, ha sido la causa de que los falladores
de instancia frecuentemente acudan a ese expediente de la apreciación en
conjunto para formar su criterio, sin atender de modo especial o preferente a
ninguna de las diversas pruebas practicadas. Con tal procedimiento resulta que
su convicción se forma no por el examen aislado de cada probanza, sino por la
estimación conjunta de todas las articuladas, examinadas todas como un supuesto
integrado por elementos disímiles.
Y ello está bien si, como lo agrega el
artículo 187 citado, en el examen conjunto del juez éste expresa ‘razonadamente
el mérito que le asigna a cada prueba’, pues si así no actúa, su análisis
resulta no solamente ilegal sino peligroso, porque arbitrariamente saca una
deducción, o por lo menos oculta los fundamentos o razones que le sirvieron
para establecer como válida esa conclusión” (Sentencia de junio 14 de 1982. M.P. Humberto Murcia
Ballén).
Conforme a esta argumentación, es posible
concluir que la simple omisión en la valoración o práctica de una prueba, no
constituye per se una vía de hecho. Para que ésta se produzca, (i) debe
tratarse de errores manifiestos u ostensibles de valoración y, además, (ii)
dicha prueba debe tener la capacidad inequívoca de modificar el sentido del
fallo.
37.  Por otra parte, en torno a la prohibición del
formalismo excesivo, como límite de razonabilidad en el sistema de libre
apreciación y, por lo tanto, la posible incursión en una vía de hecho por
exceso ritual manifiesto; esta Corporación ha expuesto que:
“(...) Los jueces deben ser conscientes de
la trascendental importancia que tiene el derecho procesal en cuanto a medio
garantizador de los derechos materiales, dentro del marco de un debido proceso.
En consecuencia, el actuar general debe ser guiado por la coexistencia de estas
manifestaciones normativas permitiendo que en un marco jurídico preestablecidos
se solucione los conflictos de índole material.
Sin embargo, si el derecho procesal se
torna en obstáculo para la efectiva realización de un derecho sustancial
reconocido expresamente por el juez, mal haría éste en darle prevalencia a las
formas haciendo nugatorio un derecho del cual es titular quien acude a la
administración de justicia y desnaturalizando a su vez las normas procesales
cuya clara finalidad es ser medio para la efectiva realización del derecho
material (art.228).
De lo contrario se estaría incurriendo en
una vía de hecho por exceso ritual manifiesto que es aquel que se deriva de un
fallo en el cual haya una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva
evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas
procesales convirtiéndose así en una inaplicación de la justicia material” (Sentencia T-1306 de 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra).
Por consiguiente, aun cuando los jueces
gozan de libertad para valorar el material probatorio con sujeción a la sana
crítica, no pueden llegar al extremo de desconocer la justicia material, bajo
la suposición de un exceso ritual probatorio contrario a la prevalencia del
derecho sustancial (art. 228 C.P). Por ello, es su deber dar por probado un
hecho o circunstancia cuando de dicho material emerge clara y objetivamente su
existencia.
38.  Adicionalmente, el sistema de libre apreciación
resulta proporcional cuando su ejercicio no supone el sacrificio de
otros principios o derechos constitucionales más importantes. Por ejemplo, la
sujeción a la libre apreciación no puede conducir a un interpretación
formalmente restrictiva de la prevalencia de los derechos sustantivos en
litigio. Así, en Sentencia C-029 de 1995 (M.P. Jorge Arango Mejía), la Corte
sostuvo que: “(...) Cuando el artículo 228 de la Constitución establece que
en las actuaciones de la Administración de Justicia ‘prevalecerá el derecho
sustancial’, está reconociendo que el fin de la actividad jurisdiccional, y del
proceso, es la realización de los derechos consagrados en abstracto por el
derecho objetivo y, por consiguiente, la solución de los conflictos de
intereses. Es evidente que en relación con la realización de los derechos y la
solución de los conflictos, el derecho procesal, y específicamente el proceso,
es un medio”.
39.  Ahora bien, la Ley procesal establece como limite a la
sana crítica del juez, el reconocimiento de “las solemnidades prescritas en
la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos” (art. 187
C.P.C), lo cual implica que la citada autoridad judicial no puede pretender
mediante la libre apreciación otorgarle validez o suponer la existencia de un
acto frente a los cuales no se hayan cumplido las exigencias mínimas de
eficacia previstas en la Ley sustancial.
Sin embargo, como lo reconoce la doctrina,
el sistema de libre apreciación tiene operancia aún en tratándose de actos
sujetos a formas sustanciales, a través del reconocimiento de los hechos que
suponen el litigio o la reclamación sustancial, por ejemplo, ante
la falta de escritura pública en un contrato de compraventa sobre bienes
inmuebles (art. 1857 C.C), el juez no puede decretar la existencia de dicho
acto jurídico, pero sí puede determinar que existieron como hechos el acuerdo
sobre la cosa y el precio.
40. Con todo, nótese que la limitación a la sana crítica
prevista en la Ley procesal, se restringe a las solemnidades que impone la Ley
sustancial para la existencia y validez de
determinados actos, más no para los requisitos de oponibilidad de
los mismos[47].
Se pregunta la Corte: ¿Cuál es el
fundamento jurídico que permite excluir a los requisitos de oponibilidad
de la limitación prevista en el artículo 187 del Código de Procedimiento
Civil?.
Como se expuso con anterioridad, la inoponibilidad
es un mecanismo de protección de los terceros ante la
falta de cumplimiento de los requisitos de publicidad previstos en la ley
sustancial (ver fundamento 21). Partiendo de esta consideración, en relación
con el sistema de libre apreciación, es posible esgrimir la siguiente regla, a
saber: El juez no puede recurrir a la inoponibilidad prevista en la Ley
sustancial, para desconocer un acto o hecho materialmente acreditado en la
actuación procesal, siempre y cuando dicha circunstancia se funde en las
pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Ello, por las siguientes
razones:
(i) El juez no puede considerarse como un tercero,
ya que su naturaleza corresponde a la del sujeto principal de la
relación jurídica procesal. En efecto, a él corresponde: Dirigir el proceso,
impulsarlo con celeridad en las diferentes en las etapas, controlar la conducta
de las partes, evitar, investigar y sancionar la mala fe, la temeridad y cualquier
otro acto contrario a la lealtad procesal.
En este orden de ideas, es él quien tiene
el deber de valorar los actos que desvirtúen las presunciones que se derivan de
los supuestos de oponibilidad o inoponibilidad previstos
en el ordenamiento jurídico, tales como, suponer a la persona inscrita en el
registro mercantil como comerciante (artículo 13 num. 1° del C.Co), o
como representante, administrador o revisor fiscal de una sociedad
(artículos 164 y 442 del C.Co). Actos que, hoy en día, admiten indiscutiblemente
prueba en contrario[48].
(ii) El cumplimiento o incumplimiento de
los requisitos de publicidad, como se dijo anteriormente, no tienen un alcance
constitutivo sino declarativo, luego de transcurrir el término de 30
días previsto para proceder por el órgano social competente al nuevo
nombramiento de las personas destinadas a ocupar los cargos de representante
legal o revisor fiscal (Sentencia C-621 de 2003. M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra). Por ello, el juez no puede limitar su análisis probatorio a los
certificados que dan fe de una determinada información, sino que tiene el deber
- para poder aplicar sanciones procesales - de comprobar la veracidad de
dichos datos con la realidad, a partir de las pruebas regular y oportunamente
allegadas al proceso.
Bajo este contexto, vale la pena nuevamente
resaltar que por regla general, el registro mercantil NO es una
formalidad constitutiva de la calidad de comerciante, ni de
representante legal, administrador o revisor fiscal, pero SI es un
medio de oponibilidad y de protección a los terceros. Por consiguiente, aunque
dichos terceros no puedan lograr una pena o castigo respecto del inscrito (por
ejemplo, una sanción tributaria o procesal), sí pueden tenerlo como tal en
relación con los actos jurídicos proferidos por el inscrito, en el tráfico
jurídico.
3.5.4.  De la doctrina constitucional sobre
las vías de hecho por indebida interpretación judicial.
41. A partir de la Sentencia C-592 de 1993, esta
Corporación tuvo oportunidad de precisar que toda actuación judicial o
administrativa que entre en abierta contradicción con normas Constitucionales o
legales, y violen derechos fundamentales, constituyen verdaderas actuaciones de
hecho que pueden ser declaradas por el mecanismo judicial de la tutela.
Concretamente, la Corte ha señalado que “...la vía de hecho constituye un
abuso de poder, un comportamiento que se encuentra desvinculado de fundamento
normativo alguno, un acto que traduce la negación de la naturaleza reglada de
todo ejercicio del poder constituido..”[49].
La Corte en relación con la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, ha sostenido
que:
"... La acción de tutela no es el
mecanismo judicial idóneo para controvertir las providencias judiciales, en
particular las que han hecho tránsito a cosa juzgada, salvo que las mismas sean
el resultado de una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,
contraria al orden jurídico preestablecido y violatoria de las garantías
constitucionales y legales que integran los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia(...)”[50].
Dentro de este contexto, la jurisprudencia
de la Corte ha reconocido cuatro defectos que pueden dar lugar a la existencia
de una “vía de hecho”, a saber: orgánico, sustantivo, fáctico o procedimental.
Sobre cada uno de ellos ha expuesto que:
“...a considerado que se presenta un defecto
orgánico cuando la autoridad que tiene a su cargo la dirección del proceso
y profiere la decisión de fondo, no es en realidad su juez natural. Así mismo,
el defecto sustantivo se configura en los casos en que la decisión judicial
es dictada con fundamento en una norma claramente inaplicable al caso concreto,
ya sea porque perdió vigencia, porque su utilización puede generar una
inconstitucionalidad sobreviniente o, porque su contenido no guarda relación de
conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado.
Por su parte, el defecto fáctico tiene lugar cuando las pruebas que han
sido aportadas al proceso resultan inadecuadas para tomar la decisión, ya sea
por ineptitud jurídica o por simple insuficiencia material. Finalmente, el defecto
procedimental se origina en una manifiesta desviación de las formas propias
del juicio que conduce a una amenaza o vulneración de los derechos y garantías
de alguna de las partes o de los demás sujetos procesales con interés legítimo”[51]
42.  No obstante lo anterior, la jurisprudencia
constitucional también ha sido enfática en sostener que, en todo caso, la
competencia asignada a las autoridades judiciales para interpretar y aplicar
las normas jurídicas, fundada en el principio de autonomía e independencia
judicial, no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una atribución
reglada, emanada de la función pública de administrar justicia, la misma se
encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y, principalmente, por
los principios, derechos, valores y garantías que identifican al actual Estado
Social de Derecho.
Así, a título de ejemplo, en Sentencia
SU-1185 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), esta Corporación manifestó:
“Los mandatos contenidos en los artículos
228 y 230 del Estatuto Superior, en los que se dispone que la administración de
justicia es autónoma y que los jueces, en sus providencias, sólo están
sometidos al imperio de la ley, deben ser armonizados y conciliados con el
artículo 1° de la Carta que propugna por la promoción y protección de la
dignidad humana, con el artículo 2° del mismo ordenamiento que le impone a
todos los órganos del Estado, incluidas las autoridades judiciales, la obligación
de garantizar los derechos, deberes y libertades de todas las personas
residentes en Colombia, y con el artículo 13 Superior que consagra, entre los
presupuestos de aplicación material del derecho a la igualdad, la igualdad
frente a la ley y la igualdad de protección y trato por parte de las
autoridades públicas...”.
En consecuencia, la autonomía en la interpretación
judicial adquiere legitimidad en el ámbito de un Estado Social de Derecho,
cuando se ajusta a los cánones previamente expuestos, y en últimas, permite el
logro eficaz de los fines propios de la organización estatal, entre los cuales
se destacan, la efectividad de los principios y derechos consagrados en la
Constitución, la vigencia de un orden justo y el respeto de la dignidad humana
(artículo 2° C.P).
Razón por la cual, esta Corte ha sostenido, que si
bien “...es cierto que los jueces son independientes, (...) su independencia
es para aplicar las normas, no para dejar de aplicar la Constitución (artículo
230 de la C.P.). Un juez no puede invocar su independencia para eludir el
imperio de la ley, y mucho menos para no aplicar la ley de leyes, la norma
suprema que es la Constitución...”[52].
43. Bajo este contexto, en Sentencia SU-120 de 2003 (M.P.
Alvaro Tafur Galvis), la Corte determinó que una decisión puede ser considerada
como vía de hecho en la interpretación judicial cuando: “....el
juez elige la norma aplicable o determina su manera de aplicación (i)
contraviniendo o haciendo caso omiso de los postulados, principios y valores
constitucionales[53],
(ii) imponiendo criterios irracionales o desproporcionados[54], (iii)
sin respetar el principio de igualdad[55],
y (iv) en desmedro de los derechos sustantivos en litigio[56]”.
Por consiguiente, los jueces son autónomos
e independientes para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso en
concreto, para determinar su forma de aplicación, y para establecer la manera
de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico. Sin embargo, en esta labor
no les es dable apartarse de los hechos, o dejar de valorar las pruebas regular
y oportunamente allegadas al proceso y, menos aún, desconocer las disposiciones
constitucionales o legales. Recuérdese que la justicia se administra en
relación con los hechos debidamente probados y, a su vez, con sujeción a los
contenidos, postulados y principios constitucionales de forzosa aplicación,
tales como, la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas y los
principios de necesidad y valoración uniforme y en conjunto de la prueba
(artículos 6°, 29, 228 y 230 de la Constitución Política).
3.6.     Del caso en
concreto
44.  De conformidad con lo expuesto en el acápite de
antecedentes, se le atribuye a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, la vulneración del derecho fundamental al debido proceso de
la Sociedad Proveeduria Universal S.A., como consecuencia de su decisión de
revocar el Auto de agosto veinticinco (25) de dos mil (2000), proferido por el
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá y, en su lugar, decretar la
perención del proceso ordinario de responsabilidad contractual seguido por la
mencionada Sociedad contra Fiducolombia S.A.
Según el Tribunal, la aplicación de la
sanción prevista en el artículo 103 de la Ley 446 de 1998, supuso la ausencia
injustificada del suplente del representante legal de la Sociedad
Proveeduria Universal S.A., a la audiencia de conciliación y trámite prevista
en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil.
Dicha decisión se fundamentó, en la publicidad
otorgada por el Certificado de Existencia y Representación Legal de la
Sociedad (Folio 232), según el cual ese órgano societario tendrá un suplente
destinado a suplir las faltas absolutas, accidentales o temporales del
representante principal. De suerte que, a juicio del Tribunal, era imperioso
que el suplente inscrito en el registro mercantil acudiera a dicha
audiencia o justificara su inasistencia dentro del término legal previsto para
ello, y como, en el presente caso, ninguno de dicho actos se cumplió, la citada
autoridad judicial determinó que era procedente la imposición de la sanción de
terminación por  perención (artículo 103 de la Ley 446 de 1998).
Por su parte, el accionante sostiene que la
ausencia del suplente del representante legal, se encontró
plenamente acreditada mediante la presentación en debida forma de la copia del Acta
de la Asamblea General de Accionistas, en la cual se procedió a la remoción
del mencionado suplente con casi tres años de anterioridad a la práctica
de la audiencia de conciliación y tramite (Acta 001 de 1998)[57]. Bajo este contexto,
el demandante afirma que el Tribunal accionado incurrió en una vía de hecho
al desviar el objeto de la prueba a la publicidad de los actos
societarios y no a la inasistencia justificada o injustificada del suplente.
Además, se otorgó una interpretación irrazonable a los artículos 164 y 422 del
Código de Comercio sobre el registro mercantil, desconociendo el derecho de
acceso a la administración de justicia y el principio de prevalencia del
derecho sustancial sobre el formal.
En contraste con la postura asumida por
Fiducolombia S.A., quien afirma que es improcedente la acción de tutela, ya que
se trata de un problema de interpretación razonable del ordenamiento jurídico.
Así mismo, sostiene que en aplicación de los artículos 164 y 422 del Código de
Comercio, resulta inoponible a terceros la ausencia de actualización de
los datos suministrados en el registro mercantil, en este caso, de la
revocatoria o remoción del mandato del suplente del representante legal.
Los
jueces de instancia consideraron que el accionado no incurrió en ninguno de los
supuestos que dan lugar a la declaratoria de una vía de hecho y,
adicionalmente, supusieron que es extraño al ámbito de la acción de tutela “el
factor de la interpretación judicial, que en sí misma es una facultad inherente
a las atribuciones del fallador y, por ende, no constitutiva de vía de hecho”.
45.  De acuerdo con las circunstancias
fácticas del caso y los argumentos expuestos en los fundamentos 19 a 43 de esta
providencia, encuentra la Corte que la acción de tutela está llamada a
prosperar. Esto es así, porque:
46. Como se dijo anteriormente, se incurre en una vía de
hecho en la  interpretación judicial cuando el juez adopta una decisión en desmedro
de los derechos sustantivos en litigio[58].
En efecto, aún cuando los jueces son
libres, autónomos e independientes para elegir las normas jurídicas pertinentes
al caso en concreto, determinar su forma de aplicación y establecer la manera
de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, NO pueden apartarse
de los hechos, o dejar de valorar las pruebas regular y oportunamente allegadas
al proceso y, menos aún, desconocer las disposiciones constitucionales o
legales que regulan la materia objeto de litis.
En
este orden de ideas, la correcta administración de justicia supone, al menos,
el cumplimiento de las siguientes exigencias, a saber:
(1°)
Que en la aplicación del sistema probatorio de libre apreciación no se incurra,
(i) ni en exceso ritual manifiesto, (ii) ni en una falta de valoración de las
pruebas desconociendo la obligación legal y constitucional de apreciarlas en su
conjunto, verbi gracia, (a) ignorando la existencia de alguna, (b)
omitiendo su valoración o (c) no dando por probado un hecho o circunstancia que
del material probatorio emerge clara y objetivamente.
(2°)
Que en el desarrollo de la sana crítica el juez se sujete a los
contenidos, postulados y principios constitucionales de forzosa aplicación, por
ejemplo, la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas (art. 228
Superior).
Lo
contrario, para la Corte supondría un desconocimiento claro y evidente de los
derechos de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y, a su
vez, al principio de celeridad procesal[59].
47. Pero, como se expuso con anterioridad, la simple
omisión en la valoración o práctica de una prueba, no constituye per se
una vía de hecho. Para que ésta se produzca, (i) debe tratarse de errores
manifiestos u ostensibles de valoración y, además, (ii) dicha prueba debe tener
la capacidad inequívoca de modificar el sentido del fallo. Precisamente, sobre
la materia, esta Corporación ha expuesto que:
“La sola omisión en la valoración o
práctica de una prueba, no constitutiva de una vía de hecho. Para que ésta se
produzca, debe tratarse de errores manifiestos u ostensibles, atribuibles a una
actitud caprichosa o arbitraria del funcionario competente. Además, esas
pruebas deben tener la capacidad inequívoca de modificar el sentido del fallo.
En consecuencia, no hay vía de hecho cuando no se practican pruebas o se omite
la valoración de las existentes, pero la decisión se fundamenta en un análisis
coherente de otros elementos de juicio” (Sentencia T-025 de 2001).
En idéntico sentido, en Sentencia T-1009 de
2001, la Corte dijo:
“La falta de consideración de un medio
probatorio que determina el sentido de un fallo, constituye una vía de hecho
susceptible de control por vía de tutela”
48. Partiendo de estas consideraciones, pasará a
demostrarse como la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, incurrió en una vía de hecho en la interpretación judicial al proferir
una decisión en desmedro de los “derechos sustantivos en litigio” de la
Sociedad Proveeduria Universal S.A., desconociendo sus derechos de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso y, a su vez, los principios de
celeridad procesal y de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas.
Ello, por las siguientes razones:
En primer lugar, por ignorar manifiesta y ostensiblemente
una prueba, cuya valoración tenía la capacidad inequívoca de modificar el
sentido del fallo y, en segundo término, por proceder a una interpretación
incorrecta y desproporcionada del artículo 187 del C.P.C en armonía con los
artículos 164 y 442 del Código de Comercio, al otorgarle a la oponibilidad
mercantil un efecto sancionatorio no previsto en el ordenamiento
procesal.
49. Así, en relación con la primera violación constitutiva
de vía de hecho, es claro que el parágrafo 2° del articulo 101 del Código de
Procedimiento Civil, establece la obligación de las partes o de sus apoderados
de presentar una “prueba siquiera sumaria” de una justa causa
para no comparecer a la audiencia de conciliación y trámite.
Dicha prueba sumaria debe soportarse en la
existencia de un hecho que le impida físicamente a cualquiera de los sujetos
obligados a asistir, a proceder a comparecer personalmente al juzgado a la
práctica de dicha audiencia. Los citados impedimentos pueden ser tanto de
naturaleza física como de alcance legal, verbi gracia, la muerte o la
remoción de un representante legal.
En el caso sub-examine, la Sala
Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, procedió a
desconocer manifiesta y ostensiblemente el alcance probatorio del Acta 001 de
abril 1° de 1998, por la cual la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad
Proveeduria Universal S.A., removió de su cargo al suplente del gerente
y dejó vacante dicho puesto hasta nueva orden.
La citada Acta tiene plenos efectos probatorios,
de conformidad con lo previsto por el artículo 189 del Código de Comercio,
según el cual, “La copia de estas actas, autorizada por el secretario o por
algún representante de la sociedad, será prueba suficiente de los hechos
que consten en ellas, mientras no se demuestre la falsedad de la copia
o de las actas (...)” (Subrayado por fuera del texto original).
De suerte que, en acatamiento de los
principios de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas y de
celeridad procesal, era claro que sí el objeto de la prueba consistía en la justificación
de la inasistencia del suplente del representante legal a la audiencia de
conciliación y trámite prevista en el artículo 101 del Código de Procedimiento
Civil, dicho hecho se encontraba plenamente acreditado mediante la
presentación oportuna del Acta 001 de 1998, en la cual se removió de su cargo
al suplente del gerente de la Sociedad Proveeduria Universal S.A, con una
antelación de más o menos tres años a la citada audiencia de conciliación, es
decir, el día 15 de agosto de 2000.
Por lo tanto, resultaba manifiesto e
indiscutible que dicho suplente del gerente no podía actuar por
y ante la sociedad frente a las autoridades judiciales de
instancia, por carecer de las facultades y atribuciones mínimas de representación
al ser revocado su mandato. En efecto, así lo establecen los artículos 2191 del
Código Civil y 1282 del Código de Comercio, en los siguientes términos “artículo
2191 del Código Civil. El mandante puede revocar el mandato a su
arbitrio, y la revocación expresa o tácita, produce su efecto desde el día
que el mandatario ha tenido conocimiento de ella” y el “ artículo
1282 del Código de Comercio. La revocación producirá efectos a partir
del momento en que el mandatario tenga conocimiento de ella, (...)”
(Subrayados por fuera del texto original).
Siguiendo lo expuesto, acreditada la
inasistencia del suplente del representante legal de la sociedad accionante por
la revocatoria de su mandato mediante el Acta 001 de 1998, no podía la
Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, decretar la
terminación del proceso ordinario por perención, ignorando manifiesta y
ostensiblemente dicha prueba, cuya valoración tenía la capacidad inequívoca de
modificar el sentido del fallo, es decir, de permitir la culminación del
proceso.
50. Asombra a esta Corporación, que en un caso similar al
expuesto, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
(entidad pública demandada en esta ocasión), adoptó una decisión absolutamente
contraria a la incursa en vía de hecho, destacando que era improcedente
sancionar procesal y pecuniariamente a una Sociedad, por la inasistencia del
suplente del gerente, cuando éste carecía de las atribuciones mínimas de
representación.
En dicha oportunidad, el supuesto fáctico
consistía en que el Juzgado 25 Civil del Circuito de Bogotá, al tenor de lo
consagrado por el numeral 2° del artículo 103 de la Ley 446 de 1998, en
concordancia con el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, dispuso
sancionar procesal y pecuniariamente a la sociedad demandada “...como quiera
que la Sociedad TELLANTAS Y CIA LTDA. TELLANTAS LTDA., cuenta con un
suplente del gerente, y que este cargo lo ocupa el señor LUIS NAPOLEON
TELLEZ GALLEGOS, y dado que este último no justificó siquiera sumariamente su
inasistencia a la audiencia de conciliación programada para el pasado diez (10)
de junio...”. A juicio del Tribunal, “....ningún asomo de duda le
queda a la Sala que, erró el Juez del conocimiento al exigir justificación
a persona no interviniente ni reconocida en la causa; al haberse hecho uso de
la facultad legal de justificación que confiere la ley a las personas que no
asisten a la audiencia de conciliación, y ésta haber sido aceptada, no procede
imponer sanción alguna al excusado; pues el gerente que
representa a la sociedad Tellantas Ltda, en este proceso no ha sustituido ni
delegado la representación en sus suplentes”[60]. (Subrayado por fuera
del texto original).
Ya en Sentencia C-836 de 2001 (M.P. Rodrigo
Escobar Gil), la Corte sostuvo que la inaplicabilidad de un procedente
horizontal, exige la demostración de un principio de razón suficiente. De
suerte que, los jueces no pueden cambiar su jurisprudencia aduciendo, “sin
más, que sus decisiones anteriores fueron tomadas bajo una situación social,
económica o política diferente. Es necesario que tal transformación tenga
injerencia sobre la manera como se había formulado inicialmente el principio
jurídico que fundamentó cada aspecto de la decisión, y que el cambio en la
jurisprudencia esté razonablemente justificado conforme a una ponderación de
los bienes jurídicos involucrados en el caso particular”
51. Examinemos entonces si existe un principio de razón
suficiente, en la decisión acusada de incurrir en vía de hecho, al no proceder
la Sociedad Proveeduria Universal S.A. a la mutabilidad en el
registro mercantil mediante el relevo de la persona que aparece inscrita como
suplente del gerente.
Como se expuso con anterioridad, el
registro mercantil, por regla general, no es un acto constitutivo sino declarativo
de la calidad de representante legal, administrador o revisor fiscal de una
sociedad. Para ello, es necesario que desde el momento de ocurrencia de la
circunstancia que ponga fin al ejercicio de los citados cargos, (i) hayan
transcurrido más de treinta días y, adicionalmente (ii) se dé aviso a la Cámara
de Comercio respectiva sobre la citada novedad.
Una vez acaecido el cumplimiento de los
citados requisitos, los terceros no puedan lograr una pena o castigo
respecto del inscrito (por ejemplo, una sanción tributaria o procesal), sí
pueden tenerlo como tal para otros efectos, verbi gracia, para la
aplicación de la teoría de la apariencia prevista en el artículo 842 del Código
de Comercio, como manifestación de la figura jurídica de la oponibilidad
mercantil. Así, lo estableció expresamente esta Corporación en
Sentencia C-621 de 2003, en los siguientes términos: “Los anteriores
condicionamientos hacen que la permanencia en el registro mercantil de la
inscripción del nombre de quien venía ejerciendo la representación legal o la
revisoría fiscal de la sociedad se mantenga una vez producida la causa de su
desvinculación, como una forma de garantía a los intereses de terceros y por
razones de seguridad jurídica. Empero, pasado el término de treinta días, y
mediando comunicación del interesado sobre el hecho de su desvinculación, dicha
inscripción adquiere un carácter meramente formal”[61].
En este caso, hacía más tres años que el
suplente del representante legal no detentaba dicho cargo, como consta en el
Acta 001 de 1998 proferida por la Asamblea General de Accionistas y, por otra
parte, la obligación de dar aviso a la Cámara de Comercio competente no era
exigible por cuanto dicho deber surgió a partir de la Sentencia C-621 de 2003
y, por lo mismo, su incumplimiento no puede ser imputable a la Sociedad
Proveeduria Universal S.A.[62].
Adicionalmente, la limitación al sistema de
libre apreciación prevista en el artículo 187 del Código de Procedimiento
Civil, según el cual, “las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de
acuerdo con las reglas de la sana critica, sin perjuicio de las solemnidades
prescritas en la ley sustancial para la existencia o valides de ciertos actos”;
se restringe precisamente a las solemnidades que impone la Ley sustancial para
la existencia y validez de determinados actos, más
no para los requisitos de oponibilidad de los mismos[63].
Por ello el juez no puede recurrir a la
inoponibilidad prevista en la Ley sustancial, para desconocer un acto o hecho
materialmente acreditado en la actuación procesal, siempre y cuando dicha
circunstancia se funde en las pruebas regular y oportunamente allegadas al
proceso.
En efecto, el juez no puede considerarse
como un tercero (titular de la protección de la inoponibilidad de un
acto), ya que su naturaleza corresponde a la del sujeto principal de la
relación jurídica procesal. Bajo este contexto, es él quien tiene el deber de valorar
los actos que desvirtúen las presunciones que se derivan de los supuestos de oponibilidad
o inoponibilidad previstos en el ordenamiento jurídico, tales
como, suponer a la persona inscrita en el registro mercantil como comerciante
(artículo 13 num. 1° del C.Co), o como representante legal,
administrador o revisor fiscal de una sociedad (artículos 164 y 442 del
C.Co).
Por consiguiente, el cumplimiento o
incumplimiento de los requisitos de publicidad, como se dijo anteriormente, no
tienen un alcance constitutivo sino declarativo. Por ello, el juez no
puede limitar su análisis probatorio a los certificados que dan fe de una
determinada información, sino que tiene el deber - para poder aplicar sanciones
procesales - de comprobar la veracidad de dichos datos con la realidad. Con
todo, la citada exigencia tiene su campo de aplicación exclusivamente en el
terreno procesal, sin que ello implique - por ningún motivo - una
transformación en las reglas sobre la inoponibilidad de los actos sustanciales
frente a terceros.
Las anteriores consideraciones son
suficientes para demostrar que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, incurrió en una vía de hecho por interpretación incorrecta
y desproporcionada del artículo 187 del C.P.C en armonía con los artículos 164
y 442 del Código de Comercio, al otorgarle - en este caso - a la oponibilidad
mercantil un efecto sancionatorio no previsto en el ordenamiento
procesal y, por lo mismo, carente de un principio de razón suficiente.
52. La interpretación dada por el Tribunal
accionado al proferir una decisión en desmedro de los “derechos sustantivos
en litigio” de la Sociedad Proveeduria Universal S.A., desconoce sus
derechos de acceso a la administración de justicia y al debido proceso y, a su
vez, los principios de celeridad procesal y de prevalencia del derecho
sustancial sobre las formas.
Por último, podría argumentarse que es una
carga procesal de la sociedad actualizar el registro y, por lo tanto, si no lo
hace, se sujeta a las sanciones que prevén la Ley comercial y la Ley procesal.
Dicha posición es incorrecta, porque la
inoponibilidad es una sanción de tipo sustancial que implica la protección a
terceros y, por lo mismo, (i) no se puede ampliar con el propósito de
restringir el sistema de libre apreciación, tal y como lo dispone el artículo
187 Código de Procedimiento Civil; y (ii) tampoco puede utilizarse para
otorgarle al juez la calidad de tercero, cuando se trata del sujeto
principal de la relación jurídica procesal, quien tiene el deber de
analizar - en conjunto - el material probatorio allegado al proceso.
53. En virtud de lo anterior, la Sala habrá de REVOCAR
el fallo del veintiuno (21) de febrero de 2001, proferido por el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B y,
en su lugar, procederá a CONCEDER el amparo tutelar, por la vulneración
de los derechos fundamentales de la Sociedad Proveeduria Universal S.A. a la
administración de justicia y al debido proceso y, a su vez, por el
desconocimiento de los principios de celeridad procesal y de prevalencia del
derecho sustancial sobre las formas, en atención a las consideraciones
expuestas en esta providencia.
54.  Por último, al momento de proferirse esta decisión que
retrotrae el proceso ordinario a la audiencia de conciliación y trámite
prevista en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, es posible que
se haya interpuesto un nuevo proceso por los mismos hechos y entre idénticas
partes, configurándose un estado de dualidad de procesos material y procesalmente
idénticos.
En este caso, es evidente la formación de
un estado procesal de litis pendentia y, por lo tanto, es necesario
excluir del conocimiento del asunto litigioso a la nueva autoridad judicial, precisamente,
por falta de competencia.
Esto significa que es posible acudir a la
declaratoria de nulidad procesal por incompetencia, prevista en el artículo 140
num. 2° del Código de Procedimiento Civil, porque el juez que inicialmente tuvo
conocimiento del caso controvertido, no ha perdido - en virtud del fallo que se
profiere en esta oportunidad - su competencia privativa y excluyente para
decidir definitivamente el asunto sub-examine.
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional de la República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución
RESUELVE:
Primero. REVOCAR la Sentencia del veintiuno (21) de febrero
de 2001, proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, por las consideraciones
expuestas en esta providencia.
Segundo. TUTELAR los derechos fundamentales de la Sociedad
Proveeduria Universal S.A. a la administración de justicia y al debido proceso,
en armonía con los principios constitucionales de celeridad procesal y de
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas.
Tercero.  DECLARAR SIN NINGUN VALOR NI
EFECTO, por resultar
violatoria de los derechos y principios previamente señalados, la providencia
proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá del día 22 de marzo de 2001.
Cuarto. Para efectos de restablecer los derechos y principios
violados y protegidos por esta Sentencia de Tutela a la Sociedad Proveeduria
Universal S.A., se dispone REMITIR el proceso al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B; para que, en desarrollo de lo
previsto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, adopte las medidas
necesarias destinadas a obtener de la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, en un término no superior de quince (15) días,
contados a partir de la notificación de esta providencia, un nuevo Auto
que resuelva el recurso de apelación contra el Auto de agosto
veinticinco (25) de dos mil (2000), proferido por el Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Bogotá, sin violación de los derechos y garantías constitucionales
consagradas en los artículos 29 y 228 de la Carta Política.
Quinto. LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, insértese en la
gaceta de la Corte Constitucional y Cúmplase.
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado Ponente
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
IVAN HUMBERTO
ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General (E)
[1]             Poder
especial para la interposición de la acción de amparo constitucional (artículo
10 del Decreto 2591 de 1991), visible a folio 16 del expediente del presente
proceso.
[2]             Es
pertinente aclarar que al momento de iniciar el proceso ordinario de
responsabilidad contractual, es decir, el día 7 de febrero de 1996, la Sociedad
Proveeduria Universal estaba constituida bajo la forma de sociedad de
responsabilidad limitada (LTDA). Con todo, el día 25 de junio de 1997,
mediante escritura pública No. 3.257 de la Notaria 18 del Círculo Notarial de
Bogotá, debidamente inscrita el 17 de diciembre de 1997 ante la Cámara de
Comercio de esta ciudad, la citada Sociedad transformó su naturaleza jurídica
de “sociedad de responsabilidad limitada” en “sociedad anónima”
bajo la denominación social de “Sociedad Proveeduria Universal S.A”.
[3]             Dicho
precepto legal determina que: “Cuando se trate de procesos ordinarios y
abreviados, salvo norma en contrario, luego de contestada la demanda principal
y la de reconvención si la hubiere, el juez citará a demandantes y demandados
para que personalmente concurran, con o sin apoderado, a audiencia de
conciliación, saneamiento, decisión de las excepciones previas y fijación del
litigio.
Es deber del juez examinar antes
de la audiencia, la demanda, las excepciones previas, las contestaciones y las
pruebas presentadas y solicitadas (...)”.
[4]             En
efecto, mediante Auto debidamente comunicado a las partes, el Juzgado Tercero
Civil del Circuito de Bogotá, dispuso que: “...[E]n aplicación a lo normado
en el Art. 101 del C. de P. Civil señala la hora de las 2:30 PM del día 15 del
mes de agosto, del corriente año para que tenga lugar una audiencia de
conciliación entre las partes y de que trata la disposición en cita.
Se previene a las partes sobre las
consecuencias que les acarrea su no asistencia injustificada a la audiencia, de
acuerdo con las sanciones previstas en el Art. 103 de la Ley 446 de 1998”. (Visible a folio
207 del cuaderno principal del proceso ordinario).
[5]             Visible
a folio 218 del cuaderno principal del proceso ordinario.
[6]             Visible
a folio 232 del cuaderno principal del proceso ordinario.
[7]             Visible
a folio 237 del cuaderno principal del proceso ordinario.
[8]             Visible
a folio 229 del cuaderno principal del proceso ordinario.
[9]             Visible
a folio 234 del cuaderno principal del proceso ordinario.
[10]           Visible a
folio 259 del cuaderno principal del proceso ordinario.
[11]           Visible a
folio 265 del cuaderno principal del proceso ordinario.
[12]           La citada
norma dispone que: “Las decisiones de la junta de socios o de la asamblea se
harán constar en actas aprobadas por la misma, o por las personas que se
designen en la reunión para tal efecto, y firmadas por el presidente y el
secretario de la misma, en las cuales deberá indicarse, además, la forma en que
hayan sido convocados los socios, los asistentes y los votos emitidos en cada
caso.
La copia de estas actas,
autorizada por el secretario o por algún representante de la sociedad, será
prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la
falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los administradores no les
será admisible prueba de ninguna clase para establecer hechos que no consten en
las actas”
[13]           Al
respecto, las citadas normas determinan que: “Artículo 163. La
designación o revocación de los administradores o de los revisores fiscales
previstas en la ley o en el contrato social no se considerará como reforma,
sino como desarrollo o ejecución del contrato, y no estará sujeta sino a simple
registro en la cámara de comercio, mediante copias del acta o acuerdo en que
conste la designación o la revocación.
Las cámaras se
abstendrán, no obstante, de hacer la inscripción de la designación o revocación
cuando no se hayan observado respecto de las mismas las prescripciones de la
ley o del contrato.
La revocación o
reemplazo de los funcionarios a que se refiere este artículo se hará con el
quórum y la mayoría de votos prescritos en la ley o en el contrato para su
designación.
Artículo 164. Las personas
inscritas en la cámara de comercio del domicilio social como representantes de
una sociedad, así como sus revisores fiscales, conservarán tal carácter para
todos los efectos legales, mientras no se cancele dicha inscripción mediante el
registro de un nuevo nombramiento o elección.
La simple
confirmación o reelección de las personas ya inscritas no requerirá nueva
inscrispción”.
[14]           Las
citadas disposiciones determinan que: “Artículo 1282 del Código de
Comercio. La revocación producirá efectos a partir del momento en que el
mandatario tenga conocimiento de ella, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 2199 del Código Civil. Artículo 2199 del Código Civil. En
general, todas las veces que el mandato expira por una causa ignorada del
mandatario, lo que este haya hecho en ejecución del mandato será válido, y dará
derecho a terceros de buena fe, contra el mandante.
Quedará asimismo obligado el
mandante, como si subsistiera el mandato, a lo que el mandatario, sabedor de la
causa que lo haya hecho expirar, hubiere pactado con terceros de buena fe; pero
tendrá derecho a que el mandatario le indemnice.
Cuando el hecho que ha dado causa
a la expiración del mandato, hubiere sido notificado al público por periódicos
o carteles, y en todos los casos en que no pareciere probable la ignorancia del
tercero, podrá el juez en su prudencia, absolver al mandante”.
[15]           El juez
de instancia mediante Auto admisorio del 19 de noviembre de 2001, precedió a notificar
la presente demanda de tutela a los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal
Superior de Bogotá y al Gerente de la compañía Fiducolombia S.A, en atención a
su marcado interés en la cuestión litigiosa que ha de ser resuelta mediante la
acción de amparo constitucional.
[16]           Para el
momento no había empezado a regir el artículo 70 de la Ley 794 de 2003,
mediante el cual se deroga la sanción de perención dentro del
procedimiento civil.
[17]           Cita el
artículo 189 del Código de Comercio, según el cual, las copias de las actas de
la Sociedad constituyen prueba suficiente de los hechos que en ellas consten.
[18]           Pueden
consultarse al respecto las sentencias: SU-1193 de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán
Sierra); SU-182 de 1998. (M.P. Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández);
T-201 de 1993. (M.P. Hernando Herrera Vergara); T-300 de 2000.(M.P José
Gregorio Hernández Galindo); T-238 de 1996. (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa);
T-575 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[19]           Sentencia
T-575 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[20]           Tal es el caso de los derechos a la vida y
a la exclusión de la pena de muerte (artículo 11); a la prohibición de la
desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
(artículo 12); a la intimidad familiar (artículo 15); entre otros....
[21]           Visible a
folio 17 del cuaderno de tutela.
[22]           Sentencia T-430 de 1992 (M.P. José Gregorio
Hernández Galindo) y Sentencia T-658 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[23]           Folio 17
y subsiguientes del cuaderno de tutela.
[24]           Señala el
artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 que: “La acción de tutela podrá ser
ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada
en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través
de representante. Los poderes se presumirán auténticos”. (Subrayado por
fuera del texto original).
[25]           En
efecto, los artículos 346 y 347 del Código de Procedimiento Civil disponían
que: “Artículo 346. Perención del proceso. Cuando en el curso
de la primera instancia el expediente permanezca en la secretaría durante seis
o más meses, por estar pendiente su trámite de un acto del demandante, el juez
decretará la perención del proceso, si el demandado lo solicita antes de que
aquél ejecute dicho acto (...);   “Artículo 347. Perención de la segunda
instancia. Con las excepciones indicadas en el inciso sexto del artículo
precedente, a solicitud de la parte que no haya apelado ni adherido a la
apelación, el superior declarará desierto el recurso cuando por la causa
indicada en el artículo anterior, el expediente haya permanecido en la
secretaría durante seis o más meses, contados como se dispone en el inciso
primero del mismo artículo”.
[26]           La ampliación de la sanción de
perención a cualquiera de las partes, y NO tan sólo al demandante como
lo disponía el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, se produjo a
raíz de la vigencia del artículo 19 de la Ley 446 de 1998, según el cual: “Artículo
19. Perención. En materia civil, una vez cumplidas las condiciones del
artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, el Juez, aun de oficio, podrá
decretar la perención del proceso o de la actuación, aunque no hayan sido
notificados del auto admisorio todos los demandados o citados. También cabe la
perención cuando la actuación pendiente esté a cargo de ambas partes.
Parágrafo 1º. En los
procesos ejecutivos se estará a lo dispuesto en el artículo 346 del Código de
Procedimiento Civil.
Parágrafo 2º. En los
procesos de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la perención se
regulará, de acuerdo con lo previsto en las normas especiales”.
[27]           En este
último caso, las obligaciones civiles se transformaban en obligaciones
naturales, de conformidad con lo previsto en el artículo 1527 del Código Civil,
según el cual: “ [Son obligaciones meramente naturales] las que no confieren
derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas autorizan para retener
lo que se ha dado o pagado, en razón de ellas”. Recuérdese que la
enumeración del artículo 1527 del Código Civil no ex taxativa,
tal y como lo ha expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
al determinar que la existencia de obligaciones naturales se sujeta a la
creación legal, a partir de la imposibilidad de ejercer el derecho de acción
para reclamar un derecho pretendido (Sentencia de agosto 25 de 1966)
[28]           Con este propósito, el artículo 52 del
C.R.P.M (Código de Régimen Político y Municipal), dispone que: "...la
ley no obliga sino en virtud de su promulgación, y su observancia principia dos
meses después de promulgada...”, salvo que, como lo dispone el artículo 53
del mismo Estatuto, “... la ley fije el día en que deba principiar a
regir...”. Sobre la citada regla de publicidad, la Corte ha sostenido que: “la
publicación de la ley presupone su existencia y configura como forma de
publicidad de la misma, aspecto trascendental de su eficacia, toda vez que, el
acto de publicación de la ley, se evidencia como "requisito indispensable
para su obligatoriedad, pues es principio general de derecho que nadie puede
ser obligado a cumplir las normas que no conoce (principio de la publicidad).
Dicha función le corresponde ejecutarla al Gobierno, después de efectuada la
sanción. Tal regla es complemento de la que prescribe que la ignorancia de la
ley no excusa su incumplimiento, puesto que sólo con la publicación oficial de
las normas se justifica la ficción de que éstas han sido conocidas por los
asociados, para luego exigir su cumplimiento". (Sentencia C-084 de 1996
M.P. Carlos Gaviria Díaz).
[29]           Prueba
solicitada mediante Auto de abril de 2003. (Visible a folio 146 del expediente
del presente proceso).
[30]           Sentencia
T-824 A de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[31]           Obviamente
con las excepciones derivadas del principio de favorabilidad que permite la
aplicación retroactiva o ultractiva de ciertas disposiciones, verbi gracia, las
de contenido penal.
[32]           Al
respecto pueden consultarse, entre muchas otras, las sentencias T-535 de 1992,
T-338 de 1993, T-564 de 1993, T-235 de 1994, T-100 de 1995, T-167 de 1997 y
T-463 de 1997.
[33]           La
doctrina define a la descentralización por colaboración como el sistema de
organización que autoriza o permite la participación de organizaciones o
entidades privadas en el cumplimiento de funciones administrativas o en la
prestación de servicios públicos.
[34]           La
doctrina identifica a la citada carga, como aquella que implica la necesidad de
los operadores de utilizar los medios idóneos para integrar el supuesto legal
del acto jurídico, y a su vez, adecuarse cabalmente a los requisitos de forma,
fondo y publicidad previstos en el ordenamiento.
[35]           Ver,
entre otros, NARVAEZ. José Ignacio. Derecho mercantil Colombiano y MADRIÑAN.
Ramón E. Principios de Derecho Comercial.
[36]           Al
respecto, el artículo 100 del Código de Comercio dispone: “Se tendrán como
comerciales, para todos los efectos legales, las sociedades que se formen para
la ejecución de actos o empresas mercantiles. Si la empresa social comprende
actos mercantiles y actos que no tengan esta calidad, la sociedad será
comercial. Las sociedades que no contemplen en su objeto social actos
mercantiles, serán civiles.
Sin embargo, cualquiera que sea
su objeto, las sociedades comerciales y civiles estarán sujetas, para todos los
efectos, a la legislación mercantil”.
[37]           Subrayado
por fuera del texto original.
[38]           Al
respecto, el artículo 110 del Código de Comercio determina que: “La sociedad
comercial se constituirá por escritura pública en la cual se expresará: ...
(12) El nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar
legalmente a la sociedad, precisando sus facultades y obligaciones, cuando esta
función no corresponda, por la ley o por el contrato, a todos o algunos de los
asociados”
[39]           Así, lo
determina el artículo 198 del Código de Comercio: “ (...) Se tendrán por no
escritas las cláusulas del contrato que tiendan a establecer la inamovilidad de
los administradores elegidos por la asamblea general, junta de socios o por
juntas directivas, o que exijan para la remoción mayorías especiales distintas
de las comunes”. Por su parte, la posibilidad de remover, en cualquier tiempo,
a los representantes, administradores o revisores fiscales de una sociedad,
tiene su origen en la interpretación sistemática del artículo 425 del mismo
Estatuto Mercantil, según el cual: “La asamblea extraordinaria no podrá
tomar decisiones sobre temas no incluidos en el orden del día publicado, Pero
por decisión del setenta por ciento de las acciones representadas podrá
ocuparse de otros temas, una vez agotado el orden del día, y en todo caso
podrá remover a los administradores y demás funcionarios cuya designación le
corresponda”. (Subrayado por fuera del texto original). A las
anteriores disposiciones, se suma el artículo 232 de la Ley 222 de 1995 que
prohibe la acción de reintegro en el caso de despido o remoción de
administradores y revisores fiscales.
[40]           En
efecto, la citada norma determina que: “La designación o revocación de los
administradores o de los revisores fiscales previstas en la ley o en el
contrato social no se considerará como reforma, sino como desarrollo o
ejecución del contrato, y no estará sujeta sino a simple registro en la
Cámara de Comercio, mediante copias del acta o acuerdo en que conste la
designación o la revocación (...)”.
[41]           Consejero
Ponente: Juan Angel Palacio Hincapie.
[42]           En el
mismo sentido, ver Concepto No. 220-51759 de la Superintendencia de Sociedades.
[43]           En este
caso, obviamente, bastará como prueba de la imposibilidad de ejecutar los actos
de representación o de administración, la copia del correspondiente certificado
de defunción.
[44]           Ver,
Sentencia C-836 de 2001. (M.P. Rodrigo Escobar Gil) e, igualmente, la Sentencia
C-641 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[45]           Corte
Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia 16 de noviembre de 1999.
M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles.
[46]           Recuérdese
que el citado principio implica la obligación de las autoridades judiciales de
proceder a impulsar los procedimientos, valorando los argumentos de las partes
y las pruebas que se anexen a la actuación, eliminando los formalismos
excesivos que impidan la realización efectiva del derecho sustancial.
[47]           Sobre la
oponibilidad del registro mercantil y, en especial, de las personas que
aparecen inscritas como representantes legales, administradores y revisores
fiscales de una sociedad, ver argumentos 21 a 32 de esta providencia.
[48]           Ver
fundamentos 28 a 32 de esta providencia. Sobre la materia, es pertinente
destacar la posición del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, en el caso de la imposición de sanciones por
parte de la D.I.A.N. A juicio de dicha Corporación, la Administración carece de
la condición de tercero, al imponerse la relación jurídico impositiva.
En dicha ocasión, el Consejo manifestó que: “(...) La falta de registro hace
que el acto sujeto a inscripción no sea oponible a terceros (artículo 901 del
Código de Comercio), sin embargo ha dicho la Sala que en materia tributaria,
existe una relación jurídica entre los contribuyentes y la Administración de
suerte que ambas son partes en la misma, y no pude considerarse a la
Administración como un tercero (...) Por todo lo anterior, considera en esta
oportunidad la Sala que no procede aludir como ‘omisión’ de la firma del
revisor fiscal, la razón de que su nombramiento no ha sido inscrito en el
registro mercantil, toda vez que sería darle al registro una alcance superior
del que realmente tiene y sancionar por un hecho no previsto en el literal d)
del artículo 580 del E.T (...) ”. (Sentencia del 15 de Junio de 2001. C.P.
Juan Angel Palacio Hincapie).
[49]           Sentencia
T-533 de 2001. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[50]           Sentencia
T-1169 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[51]           Sentencia
T-082 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[52]
Auto 071
de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[53]           Sobre la
posibilidad de controvertir interpretaciones judiciales que resulten contrarias
a la Constitución, y con relación a la procedencia de la acción de tutela en
los casos en que la interpretación que el juez hace de una norma contraria un
criterio hermenéutico establecido por esta Corporación, ver Sentencias T-001 de
1999, T-522 y T-842 de 2001.
[54]           La Corte
se ha referido a los casos en que la interpretación judicial resulta contra
evidente o irracional, ver Sentencias T-1017 de 1999 y T-1072 de 2000.
[55]           Sobre las
decisiones proferidas en contravención del principio de igualdad se pueden
consultar, entre otras, las Sentencias T-123 de 1995, T-008 y T-321 de 1998,
T-068, SU-1300 y T-1306 de 2001.
[56]           La
jurisprudencia constitucional tiene definido que el derecho procesal no puede
ser un obstáculo para la efectiva realización del derecho sustantivo, entre
otras, sentencias C-596 de 2000 y T-1306 de 2001.
[57]           Cita el
artículo 189 del Código de Comercio, según el cual, las copias de las actas de
la Sociedad constituyen prueba suficiente de los hechos que en ellas consten.
[58]           La
jurisprudencia constitucional tiene definido que el derecho procesal no puede
ser un obstáculo para la efectiva realización del derecho sustantivo, entre
otras, sentencias C-596 de 2000 y T-1306 de 2001.
[59]           Recuérdese
que el citado principio implica la obligación de las autoridades judiciales de
proceder a impulsar los procedimientos, valorando los argumentos de las partes
y las pruebas que se anexen a la actuación, eliminando los formalismos
excesivos que impidan la realización efectiva del derecho sustancial.
[60]           Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Auto del 9 de marzo de 2000. M.P. Ana
Lucía Pulgarín Delgado.
[61]           Por
ejemplo, como lo reconoce la misma providencia para cumplir con la exigencia
prevista en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, consistente en
acreditar la existencia y representación legal de una sociedad (Ver fundamento
8. Sentencia C-621 de 2003)
[62]         Lo anterior se constata igualmente cuando el día 28 de
marzo de 2001, la Sociedad Proveeduria Universal S.A., procedió a registrar
ante la Cámara de Comercio de Bogotá el Acta 001 de abril 1° de 1998, sin
embargo, dicha institución mediante Acto del 29 de marzo de 2001, negó el
registro en atención a las siguientes razones, a saber: (i) En los estatutos se
establece de forma imperativa que la Sociedad debe tener un representante legal
y un suplente, por lo tanto, lo procedente en este caso “es que alleguen
Acta del órgano competente efectuando un nuevo nombramiento de conformidad con
lo preceptuado en el artículo 164 del Código de comercio, a cuyo tenor ‘las
personas inscritas en la Cámara de Comercio del domicilio social como
representantes legales de una sociedad, conservaran tal carácter para todos los
efectos legales, mientras no se cancele dicha inscripción mediante el registro
de un nuevo nombramiento o elección’ (...)”; (ii) Por otra parte, sostiene
la Cámara de comercio que “si lo que desea [la sociedad] es una reforma
estatutaria suprimiendo el cargo de suplente del representante legal deberá
elevar tal decisión a escritura pública (artículo 158 del Código de Comercio)”.
[63]           Sobre la
oponibilidad del registro mercantil y, en especial, de las personas que
aparecen inscritas como representantes legales, administradores y revisores
fiscales de una sociedad, ver argumentos 21 a 32 de esta providencia.