C-390-93
Sentencia No
Sentencia No.
C-390/93
RECUSACION/PRINCIPIO
DE LA DOBLE INSTANCIA-Excepciones
En cuanto a la
atribución del juez para eventualmente decidir de plano la recusación, ello no
es inconstitucional porque a veces no se requiere la práctica de pruebas. Al
contrario, con la norma se gana en celeridad y diligencia, y con ello en
efectividad de los derechos. En cuanto a la ausencia de recursos contra la
providencia que resuelva una recusación, el propio artículo 31 de la Carta
faculta a la ley para establecer, excepciones al principio general de las dos
instancias.
RECUSACION-Clases/PRESUNCION DE INOCENCIA/CARGA DE
LA PRUEBA/SANCION DISCIPLINARIA
La sanción
disciplinaria, tanto en los casos de las causales subjetivas como objetivas de
recusación, debe estar enmarcada por los principios constitucionales del debido
proceso y de la presunción de inocencia, sólo que en ambos casos existirían
pruebas preconstituídas de diferente valor probatorio.
REF: Expediente
N° D-247
Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 152 (parcial) y 156 del Código de
Procedimiento Civil.
Actora: Martha
Esperanza Romero Hernández
Magistrado
Sustanciador:
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO
Santafé de Bogotá,
septiembre dieciseis (16) de mil novecientos noventa y tres (1993).
La Corte
Constitucional de la República de Colombia,
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
Ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
La ciudadana Martha
Esperanza Romero Hernández presentó demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 152 -parcial- y 156 del Código de Procedimiento Civil. Dichas normas
fueron modificadas por el Decreto Ley N° 2282 de 1989.
1. De la norma
objeto de revisión
Los artículos 152
-incisos tercero y once- y 156 del Código de Procedimiento Civil son del
siguiente tenor -se subraya la parte acusada-:
Artículo 152.
Formulación y trámite de la recusación.
...
Cuando el juez
recusado acepte los hechos y la procedencia de la causal, en la misma
providencia se declarará separado del proceso o trámite, ordenará su envío a
quien debe reemplazarlo y se aplicará lo dispuesto en el artículo 149. Si no
acepta como ciertos los hechos alegados por el recusante, o considera que no
están comprendidos en ninguna de las causales de recusación, remitirá el
expediente al superior, quien decidirá de plano, si considera que no se
requiere la práctica de pruebas; en caso contrario, decretará las pedidas
que considere necesarias y las que de oficio estime convenientes y otorgará el
término de diez días o fijará fecha y hora para audiencia con el fin de
practicarlas, cumplido lo cual pronunciará su decisión.
...
En el trámite de la recusación
el recusado no es parte y las providencias que se dicten no son susceptibles
de recurso alguno ...
Artículo 156. Sanciones
al recusante.  Cuando
una recusación se declare no probada, en el mismo auto se condenará al
recusante y al apoderado de éste, solidariamente a pagar una multa de cinco a
diez salarios mínimos mensuales, sin perjuicio de la investigación
disciplinaria a que haya lugar.
2. De los
argumentos de la demanda.
El actor considera
infringidas las normas constitucionales relativas al Estado social de derecho
(artículo 1º de la Carta), los fines del Estado (artículo 2º ibidem), el
principio de responsabilidad de los particulares (artículo 6º ibidem), el
derecho a la igualdad (artículo 13 ibidem), el debido proceso (artículo 29 ibidem),
el principio de la doble instancia (artículo 31 ibidem), el principio de la
buena fe (artículo 83 ibidem) y la prevalencia del derecho sustancial en las
actuaciones judiciales (artículo 228 ibidem), con fundamento en los siguientes
argumentos:
a) Violación del Estado social de derecho: la
ciudadana Romero Hernández expone que "establece la Constitución Nacional,
en su artículo primero, que Colombia es un Estado de derecho; esta afirmación
implica que dentro de éste no son admisibles las facultades de carácter
ilimitado de las autoridades".
b) Violación de los fines del Estado: la
actora señala que existe conculcación de los fines del Estado porque la norma
"desconoce los derechos fundamentales de las personas".
c) Violación de los principios de responsabilidad
de los particulares, del debido proceso, de la doble instancia y de la buena
fe: la impugnante sostiene que "el artículo 156 del C.P.C., viola el
artículo 29 de la Constitución Nacional, pues desconoce el principio de la
inocencia, ya que el recusante además de no ser escuchado en su defensa y no
acceder a la doble instancia, no es considerado de buena fe, principio éste que
está consagrado en todas las actuaciones que adelanten ante las autoridades...
aún más cuando el artículo 6º de la Constitución Nacional ha establecido que
los particulares sólo responden por infringir la Constitución y las leyes,
demostrada su culpabilidad en un debido proceso, en el cual ejerce su derecho
de defensa y se presume su inocencia y la buena fe en sus actuaciones".
d) Violación del derecho a la igualdad: la
actora precisa que "la Constitución Nacional ha consagrado la prevalencia
de los derechos fundamentales de las personas y el respeto de éstos tanto de
las autoridades como de los particulares, por tanto toda disposición que
permita un trato discriminatorio no puede ser aplicada para evitar la
vulnerabilidad del principio de igualdad".
e) Violación de la prevalencia del derecho
sustancial en las actuaciones judiciales: al respecto la ciudadana Romero Hernández
afirma que "viola el art. 156 del C.P.C., el art.  1º y 2º, de la
Constitución Nacional pues desconoce los derechos fundamentales de las personas
y establece una presunción de proceder el recusante de mala fe, cuando la misma
Constitución Nacional en su artículo 228 ha consagrado la prevalencia del
derecho sustancial en las actuaciones judiciales".
3. De la
intervención del Ministerio de Justicia.
El Ministerio de
Justicia interviene en el proceso de la referencia para defender la
constitucionalidad de las normas parcialmente acusadas.
El Ministerio
entiende que "la garantía del debido proceso consiste en que no puede
emplearse un procedimiento diferente al asignado por la ley en cada caso, y
como el derecho procesal es el conjunto de normas que fijan el procedimiento
que se ha de seguir para obtener la actuación del derecho positivo, y que
determina las personas que deben someterse a esa jurisdicción y los
funcionarios encargados de ejercerla".
Añade el Ministerio
de Justicia  que "la ley ha contemplado un procedimiento especial, el cual
está determinado en los artículos 149 al 156 del Código de Procedimiento
Civil... la formulación, trámite y definición de la recusación es todo un
proceso dentro del mismo proceso, con el único fin de garantizar la absoluta
imparcialidad del funcionario judicial que conoce del proceso y en este
'proceso dentro del proceso' están garantizados todos los derechos de la
persona".
El Ministerio cree
que "cuando se decida sobre la recusación y ésta se declare no probada, no
se viola la presunción de la buena fe, ya que esta presunción como no es de
derecho -de acuerdo al artículo 66 del Código Civil, que es norma que define
las presunciones- admite prueba en contrario, queda desvirtuada, y la actuación
del recurrente o mejor del recusante se considera que fue con temeridad o mala
fe (artículo 74, numeral 1º) y debe responder patrimonialmente de conformidad
con el artículo 72 del Código de Procedimiento Civil, porque los sujetos
procesales deben contribuir efectivamente a la realización del debido proceso y
tienen la obligación de actuar con lealtad y colaborar con el funcionamiento de
la Administración de Justicia y no utilizar el mecanismo de la recusación con
la finalidad de dilatar el proceso".
Así mismo, el
Ministerio comprende que "si bien cierto que las providencias que se
dicten en el trámite de la recusación no son susceptibles de recurso alguno,
por este solo hecho no es violatorio de la Constitución ya que ella en su
artículo 31 consagra y avala estas excepciones".
Por lo anterior, el
Ministerio de Justicia solicita que se declare la constitucionalidad de las
disposiciones acusadas.
4. Del concepto
del Procurador General de la Nación
La vista fiscal
solicitó a la Corte Constitucional en su concepto de rigor declarar EXEQUIBLE
la norma revisada, con fundamento en el siguiente argumento:
Respecto del inciso
tercero del artículo 152 del C.P.C., estima la Vista Fiscal que "las
causales de recusación, contenidas en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Civil, no son en términos generales de intrincada demostración.
Por ello, lo acusado del inciso tercero del artículo 152 hace referencia a la
decisión de plano del superior cuando éste estime innecesaria la práctica de
pruebas, vg. como sería el caso en que se esgrimiera que el juez del
conocimiento es pariente en sexto grado de consanguinidad con una de las
partes, en cuyo evento no se requeriría prueba alguna, pues las circunstancias
de tener éste parentesco en grado que no se encuentra prohibido por el artículo
150 no configura causal de recusación alguna y en tal situación sólo procede
decidir de plano que el incidente no prospera.
De otra parte
resulta pertinente entender el texto acusado como parte esencial del contexto
que trae la norma, puesto que de esta manera bien puede concluírse que no
existe un ilimitado poder en el juez que fallará la recusación, toda vez que la
disposición indica que cuando es menester la práctica de pruebas, éstas se
decretarán, sean pedidas por el recusante o consideradas necesarias por quien
decidirá, lo que no viola el debido proceso contenido en el artículo 29 de la
Carta".
Añade el Ministerio
Público, en relación con el principio de la doble instancia, que ella adolece
"del carácter de derecho absoluto, puesto que si la ley puede consagrar
excepciones para las decisiones definitivas, salvo para la sentencia
condenatoria, con mayor razón le es dable al legislador hacer válidamente
excepciones para asuntos que como el que nos ocupa, no constituye la razón de
ser del litigio. Adviértase cómo la recusación es algo incidental; por ello,
requiere de un procedimiento que al lado de eficaz sea breve, tanto para
garantizar la imparcialidad del juez como para no perjudicar los intereses del
pleito".
Estudiando el inciso
once del artículo 152 del C.P.C. el Procurador entiende que "no se
advierte cómo podría vulnerarse el derecho del recusante, motivo de la
inconformidad del demandante, que no sólo ha podido intentar la recusación sino
además presentar pruebas para demostrar que el juez a cuyo cargo se encuentra
la acción no es suficiente garantía de imparcialidad para resolver su
pretensión.
Al respecto del
artículo 156 del C.P.C., el Procurador General de la Nación explica que
"cuando no prospera la recusación se configura la causal de temeridad
enunciada y el recusante y su apoderado, sabedores de antemano de ello, como
quiera que constituye un imperativo en la conducta procesal que asumirán en el
juicio la observancia de las reglas de juego, deben recibir la sanción que se
les impondrá, sin perjuicio de la investigación disciplinaria que va aparejada
por falta a la ética profesional en éste último.
La hipótesis
normativa acusada, se desenvuelve en el contexto de los argumentos
identificados por la Corte Constitucional ya referidos, toda vez que en ella se
sanciona, una vez agotada la rituación pertinente, la conducta desleal de una
de las partes del proceso. Por ello, no se configura la pretendida infracción
del artículo 29 de la Carta, en cuanto hace referencia a la presunción de inocencia
invocada".
En ese orden de
ideas, el Ministerio Público solicita a la Corte Constitucional declarar
exequibles las disposiciones acusadas.
Cumplidos, como
están, los trámites previstos en la Constitución y en el Decreto N° 2067 de
1991, procede la Corte a decidir el asunto por medio de esta sentencia.
II- FUNDAMENTO JURIDICO
A. Competencia.
Es competente la
Corte Constitucional para conocer de la demanda de la referencia, con
fundamento en artículo 241 numeral 5°, como quiera que la norma revisada está
contenida en el Decreto Ley 2282 de 1989, que reformó el Código de
Procedimiento Civil.
B. Del tema
jurídico objeto de estudio
A juicio de la Corte
Constitucional, dos son los temas jurídicos objeto de estudio en este caso, a
saber:
a) ¿La decisión de plano y sin recursos del
incidente de recusación viola el principio del debido proceso en general y el
principio de la doble instancia en particular?
b) ¿La sanción a la persona que ha intentado
sin éxito una recusación, luego de haberse surtido las oportunidades procesales
del impedimento y de la solicitud y prueba de la recusación, viola la
Constitución en general y la presunción de inocencia en particular?
C. De las
causales de impedimento y recusación
Dice así el artículo
150 del código de procedimiento civil:
ARTICULO 150.-
Causales de recusación. Son causales de recusación las siguientes:
1.  Tener el juez,
su cónyuge o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o primero civil interés directo o indirecto en el proceso.
2. Haber conocido
del proceso en  instancia anterior,  el juez, su cónyuge o algunos de sus
parientes indicados en el numeral precedente.
3.  Ser el juez
cónyuge o pariente de alguna de  las partes o de su representante o apoderado,
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
4. Ser el juez,  su
cónyuge o alguno de sus parientes indicados,  guardador de cualquiera de las
partes.
5. Ser alguna de las
partes,  su representante o apoderado, dependiente o mandatario del juez o
administrador de sus negocios.
6. Existir pleito
pendiente entre el juez,  su cónyuge o alguno de sus parientes indicados en el
numeral 3, y cualquiera de las partes,  su representante o apoderado.
7. Haber formulado
alguna de las partes, su representante o apoderado, denuncia penal contra el
juez, su cónyuge, o pariente en primer grado de consanguinidad, antes de
iniciarse el proceso, o después, siempre que la denuncia se refiera  a hechos
ajenos  al proceso o a la ejecución de la sentencia, y que el denunciado se
halle vinculado a la investigación penal.
8. Haber formulado
el juez,   su cónyuge o pariente en primer grado de consanguinidad, denuncia
penal contra una de las partes o su representante o apoderado, o estar aquéllos
legitimados para intervenir como parte civil en el respectivo proceso penal.
9. Existir
enemistad grave por hechos ajenos al proceso, o a la ejecución de la
sentencia,  o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes , su
representante o apoderado.
10. Ser el juez, su
cónyuge o alguno de sus parientes en su segundo grado de consanguinidad,
primero de afinidad o primero civil, acreedor o deudor de alguna de las partes,
su representante o apoderado, salvo cuando se trate de persona de derecho
público, establecimiento de crédito o sociedad anónima.
11. Ser el juez, su
cónyuge o alguno de sus parientes indicados en el numeral anterior, socio de
alguna de las partes  o su representante o apoderado en sociedad de personas.
12. Haber dejado el
juez consejo o concepto fuera de actuación judicial  sobre las cuestiones
materia del proceso, o haber intervenido en éste como apoderado, agente del
Ministerio Público, perito o testigo.
13. Ser el juez, su
cónyuge o alguno de sus parientes indicados en el numeral 1, heredado o
legatario de alguna de las partes , antes de la iniciación del proceso.
14. Tener el juez,
su cónyuge o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o primero
civil, pleito pendiente en que se controvierta la misma cuestión jurídica que
él debe fallar.
D. De las
consideraciones de la Corte
a) En cuanto al primer interrogante jurídico,
es preciso realizar unas consideraciones  sobre el artículo 152 del C.P.C. en
particular. En dicha norma se establece el procedimiento de la recusación. Se
consagra básicamente un procedimiento sumario, en el que se acusan las
siguientes expresiones subrayadas:
... Si no acepta
como ciertos los hechos alegados por el recusante, o considera que no están
comprendidos en ninguna de las causales de recusación, remitirá el expediente
al superior, quien decidirá de plano, si considera que no se requiere la
práctica de pruebas; en caso contrario, decretará las pedidas que considere
necesarias y las que de oficio estime convenientes y otorgará el término de
diez días o fijará fecha y hora para audiencia con el fin de practicarlas,
cumplido lo cual pronunciará su decisión.
...
En el trámite de la
recusación el recusado no es parte y las providencias que se dicten no son
susceptibles de recurso alguno ...
Básicamente se tacha
en la demanda la facultad del juez superior del recusado para decidir de plano,
cuando considere que no se requiere practicar pruebas, así como la ausencia de
recurso de las providencias que resuelvan una recusación.
Frente a ello la
Corte estima que tales cargos no son de recibo, toda vez que es preciso
recordar que la recusación es un incidente mas no un proceso independiente que
resuelva de fondo el litigio ventilado que dió origen a la recusación.
Ciertamente, una
razonable apreciación de la dimensión de la recusación permite establecer que
se trata de un pequeño litigio dentro de la controversia de fondo. Una
ponderación desmesurada de tal incidente podría conducir a dilatar
injustificada y excesivamente un proceso, perjudicándose tres bienes jurídicos
tutelados por la carta: los derechos de la contraparte a acceder (art. 228 CP)
y a acceder con celeridad (arts. 2° y 209 idem) a la administración de
justicia; los derechos de la sociedad al cumplimiento efectivo y eficaz de los
deberes sociales del Estado (art. 2°); y los derechos del Estado     -Rama
Judicial- a ahorrar costos innecesarios en su funcionamiento (art. 209).
Es por ello que,
puestos sobre la balanza los derechos de los recusantes frente a los derechos
de terceros, de la sociedad y el Estado, existe un punto medio razonable de
coexistencia de los derechos, que se traduce en la posibilidad de alegar y
demostrar una recusación pero en forma sumaria, breve y certera. La
ausencia de recusación o su ejercicio desmedido y prolongado atentan por igual
contra tal equilibrio y, por esa vía, contra los valores constitucionales
superiores de la justicia y la equidad. No en vano desde Roma se afirmaba que
la equidad era el arte de darle a cada cual lo suyo.
Concretando, se
observa que en cuanto a la atribución del juez para eventualmente decidir de
plano la recusación, ello no es inconstitucional porque a veces no se requiere
la práctica de pruebas. Al contrario, con esta norma se gana en celeridad (art.
209) y diligencia (art. 29), y con ello en efectividad de los derechos (art.
2°). Recuérdese que, como anota la doctrina, "el funcionario recusado no
es parte sino objeto de la recusación, por lo cual no puede producir pruebas ni
proponer recursos contra las decisiones adversas".[1]
Y en cuanto a la
ausencia de recursos contra la providencia que resuelva una recusación, el
propio artículo 31 de la Carta faculta a la ley para establecer -como en este
caso-, excepciones al principio general de las dos instancias. En efecto, el
inciso primero de dicha disposición establece que "toda sentencia judicial
podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la
ley". Esta Corporación incluso ya se ha pronunciado en este mismo sentido
a propósito de la impugnación de las sentencias condenatorias.[2]
Igualmente la doctrina nacional afirma que un aspecto particularmente benéfico
para la celeridad del proceso, lo constituye el hecho de que dentro del
incidente de recusación 'las providencias que en él se dicten no son
susceptibles de ningún recurso', es decir, que no se admite ni siquiera recurso
de reposición contra ninguno de los proveídos, sean de sustanciación o
interlocutorios".[3]
b) La Corte Constitucional se detiene ahora
en la reflexión en torno al segundo tema jurídico objeto de estudio, esto es,
la siguiente pregunta: ¿la sanción a la persona que ha intentado sin éxito una
recusación viola la Constitución en general y la presunción de inocencia en
particular?
En primer lugar la
Corte desea realizar unas consideraciones preliminares enderezadas a establecer
la definición, etiología y fundamento del concepto de "recusación".
1) Definición de recusación:
- "La
recusación es el acto procesal de parte dirigido a obtener en un proceso el
reemplazo de la persona del magistrado por la de su subrogante legal".[4]
- "Facultad
acordada a los litigantes para provocar la separación del juez o de ciertos
auxiliares de la jurisdicción, en el conocimiento de un asunto de su
competencia, cuando media motivo de impedimento o sospecha determinado en la
ley, reconocido por el mismo juez o debidamente justificado por el
recusante".[5]
- "Acción o
efecto de recusar (v); esto es, el acto por el cual se excepciona o rechaza a
un juez para que entienda o conozca de la causa cuando se juzga que su
imparcialidad ofrece motivos de dudas."[6]
2) Etimología:
- "Voz culta,
del latín recusatio, -nis, de igual significado, nomen actioinis
del verbo recuso, -are "recussar", derivado de causas -ae
"causa". Se trata de uno de los términos jurídicos compuestos con
causa que expresaban las diversas relaciones posibles de una persona con un
proceso, como accusare, excusare, etc. Aquí se trata de una composición
con el prefijo re- que expresa rechazo o repudio."[7]
3) Fundamento de la recusación:
- "Uno de los
principios básicos del proceso es la imparcialidad del juzgador... El juez para
ser tal, debe ser un tercero con relación al litigio, o sea ajeno a las partes,
y extraño a lo que es materia de la litis".[8]
Luego de las
nociones anteriores la Corporación se centra en el estudio concreto del tema
objeto de la demanda, así: para la Corte la respuesta al interrogante planteado
es negativa, por lo cual decretará la exequibilidad de la norma acusada en la
parte resolutiva de esta sentencia.
El fundamento de tal
afirmación es el siguiente:
Entre las 14
causales de recusación consagradas en el artículo 150 del código de
procedimiento civil existen indistintamente hechos objetivos y argumentos
subjetivos para tachar al juez, así:
- Son objetivas
las siguientes causales: N° 2 (haber conocido del proceso), 3 (parentesco), 4
(guarda), 5 (dependiente), 6 (existir pleito), 7 (denuncia penal contra el
juez), 8 (denuncia penal por el juez), 10 (acreedor o deudor), 11 (ser socio),
12 (haber emitido concepto), 13 (ser heredero o legatario) y 14 (tener pleito
pendiente similar).
- Son subjetivas
las siguientes causales: N° 1 (interés en el proceso) y 9 (enemistad grave o
amistad íntima).
Ahora bien, tanto
las causales objetivas como subjetivas deben ser debidamente probadas. De hecho
la norma acusada lo que sanciona no es otra cosa que "cuando una
recusación se declare no probada" (art. 156 C.P.C.).
No obstante es
diferente la prueba de las causales que la Corte ha denominado objetivas de
aquellas llamadas subjetivas, así:
En el primer caso
-12 de las 14 causales-, la prueba es por naturaleza objetiva y por tanto la
cuestión de su estudio se reduce a establecer si existe o no existe prueba,
pues si existe la recusación queda automáticamente probada y si ello no ocurre
la recusación resultaría no probada. En esta última hipótesis la ausencia de
prueba es sancionable de manera razonable, y por tanto ajustada a la Carta, por
lo siguiente: siendo un hecho objetivo demostrable fácilmente por medios
escritos o demás medios probatorios que no permiten ningún margen de
apreciación subjetiva, la cuestión se limita a verificar si el hecho existe o
no. Ahora si se alega una causal objetiva de recusación y no se puede probar,
es claro que desaparece la presunción de inocencia (art. 29 CP) y el principio
de la buena fe (art. 83 idem), surge una presunción de que el deseo del
recusante fue dilatar el proceso, atentando así contra la celeridad y eficacia
de los procesos, en los que están interesados tanto el interés privado de la
contraparte como el interés general de la sociedad y el Estado (art. 2° CP).
Dicha presunción admite desde luego prueba en contrario. En otras palabras, el
ejercicio abusivo o de mala fe de lo que en principio era un derecho -recusar-,
se vuelve contra el recusante para efectos de sancionarlo, como quiera que
afecta otros derechos de terceros o derechos generales de la comunidad.
En el segundo caso,
vale decir, ante la presencia de causales subjetivas -1 y 9 del artículo 150
del C.P.C.-, la ausencia de prueba no debe conducir a presumir de derecho la
temeridad o mala fe del recusante, como en el caso anterior, sino que,
justamente por lo etéreo y gaseoso de las apreciaciones del espíritu humano,
ella debe ser demostrada y probada en el proceso. En efecto, la apreciación
tanto del "interés directo o indirecto" en el proceso como de la
"enemistad grave o amistad íntima" es un fenómeno que depende del
criterio subjetivo del fallador. Obsérvese que incluso las causales vienen
acompañadas de adjetivos calificativos, lo cual pone de manifiesto la
discrecionalidad en su apreciación. Pues bien, en estos casos es posible que un
recusante invoque de buena fe una presunta causal que luego resulte de difícil
prueba. Deducir en tales casos una responsabilidad automática iría contra los
principios de la presunción de inocencia y de la buena fé. Es por ello que en
tales casos, a juicio de esta Corporación, sólo se invierte la carga de la
prueba respecto del recusante fallido para efectos de una eventual sanción
pecuniaria o disciplinaria, pero la sola materialidad del hecho no es
suficiente para deducir de manera automática una responsabilidad.
Es más, la sanción
disciplinaria, tanto en los casos de las causales subjetivas como objetivas,
debe estar enmarcada por los principios constitucionales del debido proceso y
de la presunción de inocencia, sólo que en ambos casos existirían pruebas
preconstituídas de diferente valor probatorio.
De conformidad con
lo anterior, los artículos 152 y 156 del código de procedimiento civil serán
declarados exequibles.
III- DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Declarar EXEQUIBLES
los artículos 152 -parcial- y 156 del Código de Procedimiento Civil, por las
razones expuestas en esta sentencia.
Cópiese,
comuníquese, publíquese, notifíquese y cúmplase.
HERNANDO HERRERA VERGARA
Presidente
JORGE ARANGO MEJIA
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado                                                Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ          JOSE
GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
Magistrado
CARLOS
GAVIRIA DIAZ                        ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado                                               Magistrado
FABIO MORON
DIAZ                               VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]Morales Molina,
Hernando. Curso de Derecho Porcesal Civil. Parte General. Décima edición.
Editorial ABC. Bogotá, 1988. pag 120
[2]Cfr. Corte
Constitucional. Sentencia C-142/93. Abril 20 de 1993. Magistrado Ponente Jorge
Arango Mejía
[3]López, Hernán Fabio.
Derecho Procesal Civil Colombiano. Tomo I. Temis. Bogotá, 1989, pags 112-113
[4]Enciclopedia
Jurídica Omeba. Tomo XXIV. Real-Retr. Driskill S.A. Buenos Aires, 1987. pag
161.
[5]Couture. Eduardo J.
Vocabulario Jurídico. Depalma. Buenos Aires, 1988  pag 509.
[6]Diccionario
Enciclopédico de Derecho Usual. Guillermo Cabanellas. Editorial Heliasta. Tomo
VII. R-S. Buenos Aires, 1989. pag 67.
[7]Couture. Op cit. pag
509
[8]Enciclopedia
Jurídica Omeba. Op cit. pag 161.