T-266-13
Sentencia T-266/13
Sentencia T-266/13
RELACIONES
DE ESPECIAL SUJECION ENTRE LOS INTERNOS Y EL ESTADO-Respeto por la
dignidad humana de personas privadas de la libertad
Con la privación
del derecho de libertad de un individuo nace una relación de especial sujeción
entre el Estado y el recluso dentro de la cual surgen tanto derechos como
deberes mutuos, fundamentándose “por un lado, el ejercicio de la potestad
punitiva y, por otro, el cumplimiento de las funciones de la pena y el respeto
por los derechos de la población carcelaria”.
DERECHOS
FUNDAMENTALES-Clasificación
La Corte ha clasificado sus derechos fundamentales en
tres categorías: (i) aquellos que pueden ser suspendidos, como consecuencia de
la pena impuesta (como la libertad física y la libre locomoción); (ii) aquellos
que son restringidos debido al vínculo de sujeción del recluso para con el
Estado (como derechos al trabajo, a la educación, a la familia, a la intimidad
personal); y (iii) derechos que se mantienen incólumes o intactos, que no
pueden limitarse ni suspenderse a pesar de que el titular se encuentre sometido
al encierro, dado a que son inherentes a la naturaleza humana, tales como la
vida e integridad personal, la dignidad, la igualdad, la salud y el derecho de
petición, entre otros.
TRATAMIENTO
PENITENCIARIO-Finalidad
El artículo 10 de la Ley 65 de 1993 consagra que la
finalidad del tratamiento penitenciario, es la resocialización del delincuente,
“mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo,
el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación,
bajo un espíritu humano y solidario”. Asimismo, los artículos 142 y 143 de la misma ley establecen que el
objetivo de dicho tratamiento es la reinserción para la vida en libertad,
teniendo como base la dignidad humana y las necesidades particulares de la
personalidad de cada sujeto, verificándose mediante la educación, la
instrucción, el trabajo, la actividad cultural, recreativa y deportiva, y las
relaciones de familia, de manera progresiva, programada e individualizada. La
obligación que adquieren los centros de reclusión es la de restituir los
vínculos sociales de las personas privadas de la libertad con el mundo
exterior, ya que de ello depende que se logre una verdadera readaptación
social.
DIGNIDAD HUMANA
DEL INTERNO-Protección
nacional e internacional
La Corte
Constitucional ha señalado que para el Estado nace el deber de respetar la
dignidad humana de las personas privadas de la libertad, ya que “constituye el
pilar central de la relación entre el Estado y la persona privada de la
libertad, y es, además, una norma fundamental de aplicación universal,
reconocida expresamente por los tratados y convenios de derechos humanos,
prevalentes en el orden interno (…)”. Se tiene que conforme con las normas
tanto nacionales como internacionales, en virtud de la especial relación de
sujeción es deber del Estado garantizar el pleno disfrute de los derechos que
no han sido suspendidos; y el respeto a la dignidad humana es un derecho que no
permite limitación alguna.
DERECHO A LA
SALUD DEL INTERNO-Protección
constitucional/DERECHO A LA SALUD DEL INTERNO-Protección por el Estado
El
artículo 106 del Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993) impone a
las autoridades el deber de impartir atención médica conforme con los
reglamentos del centro de reclusión, así como también de prestar el servicio
médico particular de manera excepcional cuando el establecimiento no esté en
capacidad de suministrarlo. En cuanto al derecho a la salud, la jurisprudencia
ha establecido que no puede ser suspendido ni restringido como consecuencia de
la privación de la libertad, en razón a que el recluso no puede por sí mismo
afiliarse al Sistema General de Seguridad Social, ya sea en el régimen
contributivo o subsidiado, ni pagar los costos de los servicios requeridos. Por
esto, y teniendo en cuenta la relación de especial sujeción, el Estado tiene la
obligación de garantizar que los servicios que implica este derecho sean
eficazmente proporcionados a través del INPEC y de los directores de los
lugares de reclusión. la jurisprudencia constitucional ha reiterado que el
Estado tiene un deber de solidaridad respecto de las personas que se encuentran
bajo su potestad, en el entendido de que no puede apartarse de la obligación de
prestar los servicios de salud de los internos justificándose en que no se
encuentran recluidos en los centros penitenciarios y carcelarios, ya que su
compromiso “se extiende al mantenimiento de las condiciones óptimas de vida de
quien enfermó bajo su custodia”. Por tanto le corresponde, además, garantizar
el derecho a la salud de las personas que se encuentran en detención
domiciliaria por motivo de enfermedad ocurrida durante la privación de la
libertad. De
lo anterior se desprende la obligación del Estado de garantizar a todos los
individuos en igualdad de condiciones la prestación del servicio de salud,
máxime cuando se trata de personas que se encuentran en situación de debilidad
manifiesta como consecuencia de hallarse bajo el cuidado de las instituciones
penitenciarias y/o carcelarias, siendo estas últimas las encargadas de velar
para que se le brinde a la población reclusa un servicio de salud eficiente y
oportuno, sin ningún tipo de barreras administrativas ni económicas,
facilitando el acceso a servicios, tratamiento y medicamentos, que permitan
llevar una vida en condiciones dignas durante el tiempo que dure la detención
intramuros e inclusive la domiciliaria.
DERECHO
A LA VIDA DIGNA DEL INTERNO-Alimentación adecuada en calidad y
cantidad/DERECHO AL MINIMO VITAL DEL INTERNO-Alimentación adecuada
La
Ley 65 de 1993, en los artículos 67 y 68, establece que el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario tiene a su cargo el suministro de los
alimentos a la población reclusa y puede ser ejecutada por sí mismo o a través
de contratos con particulares. Igualmente, señalan que “[l]os alimentos deben
ser de tal calidad y cantidad que aseguren la suficiente y balanceada nutrición
de los reclusos. La alimentación será suministrada en buenas condiciones de
higiene y presentación. Los internos comerán sentados en mesas decentemente
dispuestas. La prescripción médica, la naturaleza del trabajo, el clima y hasta
donde sea posible, las convicciones del interno, se tendrán en cuenta para
casos especiales de alimentación”. Este tribunal
ha señalado que el Estado tiene el deber de suministrar a las personas privadas
de la libertad una alimentación suficiente y adecuada, aclarando que cuando no
cumple con dicha obligación vulnera los derechos a la vida, a la salud y a la
integridad personal de los internos. Las personas privadas de la libertad al
estar imposibilitadas para suministrarse por sí mismas la alimentación
requerida para su sana nutrición, el Estado debe brindar a los internos víveres
que cuenten con condiciones esenciales con el fin de garantizarles su mínimo
vital durante la detención.
DERECHO
A LA DIGNIDAD HUMANA DEL INTERNO-Condiciones de higiene y vestuario/ESTABLECIMIENTO
CARCELARIO-Suministro periódico de elementos de aseo
El
hecho de que la persona que se encuentra en prisión no pueda procurarse por sí
sola sus elementos de aseo, conlleva a que el Estado tenga la obligación de
proporcionarlos, permitiendo que los internos cuenten con unas condiciones
mínimas de existencia, ya que, ante la ausencia de las mismas “pueden generar
problemas para la salud de los internos, debido a la proliferación de bacterias
y olores nauseabundos a los que diariamente están obligados a soportar. Por lo
que, de hacer caso omiso a la presente situación, se estaría incumpliendo con
los requisitos mínimos para ofrecer una vida digna a los reclusos”. En relación con
la dotación que se les proporciona a los detenidos, en el sentido que permita
unas condiciones mínimas de existencia, este tribunal ha explicado que se debe
“disponer de elementos para dormir, tener un vestido en buen
estado, contar con calzado en buen estado y disponer de ciertos implementos de
aseo que garanticen una buena presentación personal y condiciones mínimas de
salud y de salubridad. Sólo basta que suceda el hecho operativo para que la
persona facultada por la disposición pueda entrar a participar de la relación
jurídica concreta. El hecho de la privación de la libertad judicialmente declarada,
sumado al de la reclusión efectiva, convierten al recluso en titular del
derecho a la dotación, derecho que puede oponerse a la administración del
penal, cuyo representante legal tendrá el deber jurídico correlativo de
suministrarla”. Por
ello, este tribunal ha considerado que el incumplimiento por parte de los
centros de reclusión en relación con el deber de facilitar dichos insumos,
podría generar además de una violación del derecho al mínimo vital y el
desconocimiento de la dignidad humana, “sufrimiento intolerable a la luz del
Estado Social de Derecho en cuanto al suplemento punitivo no autorizado por la
Constitución”.
DERECHO AL
TRABAJO DEL INTERNO-Finalidad
El trabajo dentro de centro carcelario: (i) tiene un
fin resocializador; (ii) es una actividad que posibilita la reducción de la
pena; y (iii) a pesar de que el beneficio en mención se encuentra limitado
materialmente, la distribución de la actividad laboral debe ser justificada.
DERECHO A LA EDUCACION DEL INTERNO-Finalidad
Los artículos 97 y 98 de la Ley 65 de 1993 consagran
el derecho de los detenidos y condenados de redimir pena mediante programas de
estudio y enseñanza. Al respecto este tribunal ha reiterado que no solo la
enseñanza que se le imparte a los presos es un medio para lograr la
readaptación a la sociedad y a la reducción de la condena, sino también la que
ellos pueden brindar.
DERECHO DE PETICION DEL INTERNO-No está sometido a ningún tipo de limitación/DERECHO
DE PETICION DEL INTERNO-Obligación del Estado de adoptar mecanismos para
que exista un canal de comunicación entre los detenidos y la administración
penitenciaria
La
jurisprudencia constitucional ha manifestado que el derecho de petición de los
internos es una de las garantías que no tiene ningún tipo de limitaciones en
razón a la condición en que se encuentran. el Estado tiene la obligación de
adoptar mecanismos necesarios para que exista un canal de comunicación entre
los detenidos y la administración penitenciaria, y estos últimos a su vez
cuenten con los recursos para tomar las acciones correspondientes a las quejas
conforme con la normatividad aplicable. Se tiene, entonces, que tanto la
penitenciaria como la administración de justicia deben proteger dicho beneficio
de manera plena, así: (i) Dando una completa, pronta y adecuada respuesta
evitando demoras injustificadas. (ii) La contestación debe contener una
motivación razonable, y en el evento de no ser posible responder en el término
legal se tiene que justificar el retraso. (iii) En
cuanto a solicitudes de beneficios administrativos, tanto los centros de
reclusión como los jueces deben dar respuesta en los plazos consagrados por la
ley. (iv) Garantizar que las peticiones elevadas por los reclusos contra otras
autoridades sean recibidas por estas oportunamente. (v) Si quien recibe la
solicitud no tiene competencia para resolverla, tiene que remitir los
documentos pertinentes al órgano o funcionario competente.
DERECHO A LA INFORMACION Y COMUNICACION DEL INTERNO-Alcance
El artículo 110 (y siguientes) del Código
Penitenciario y Carcelario consagra el derecho de las personas privadas de
libertad a sostener comunicación con el exterior y de recibir noticias
periódicas respecto de la vida nacional o internacional. En el caso que se
trate de un detenido, al ingresar al centro de reclusión tiene derecho de
comunicar su aprehensión tanto a su familia como a su abogado. El director del
lugar de reclusión establecerá en el reglamento interno el horario y las
modalidades de comunicación, entre las que se encuentran: (i) enviar y recibir
correspondencia, para lo cual los internos gozan de franquicia postal; (ii)
recibir visitas familiares, profesionales, de autoridades judiciales y
administrativas, y de los medios de comunicación; (iii) contar con un sistema
de información que contenga los hechos más importantes de la vida nacional e
internacional; y (iv) en caso excepcional y en igualdad de condiciones, tener
la posibilidad de hacer llamadas telefónicas, debidamente vigiladas. La Corte
Constitucional ha sostenido que el derecho de los detenidos intramuros a la
comunicación tiene como soporte el reconocimiento que hace el ordenamiento
jurídico a los directores de los establecimientos de reclusión para instaurar
restricciones a su ejercicio, las cuales deben corresponder al cumplimiento de
los objetivos de la actividad carcelaria.
DERECHO A LA VISITA CONYUGAL Y AL LIBRE DESARROLLO DE LA
PERSONALIDAD DEL INTERNO-Alcance
La
Corte ha señalado que a pesar de que el derecho a la visita íntima o conyugal
tiene un estrecho vínculo con los derechos a la intimidad personal y familiar y
al libre desarrollo de la personalidad, es un derecho restringido, ya sea por:
(i) “las propias características que involucra el permitir
las visitas conyugales: contar con capacidad del centro de reclusión, número de
internos, infraestructura adecuada para programar las visitas, duración de las
mismas, privacidad, condiciones de higiene, seguridad, fechas de las mismas,
etc.”; y (ii) las condiciones que consagra el régimen interno de cada centro de
detención con el objeto de cumplir ciertas normas de seguridad. Sin embargo,
dichas circunstancias “no pueden constituir un obstáculo que dificulte o haga
nugatorio el ejercicio del derecho a la misma”. Igualmente, este
tribunal ha considerado que el hecho de que una persona se encuentre privada de
libertad no implica que pueda limitarse la posibilidad de tener una vida sexual
activa, ya que este tipo de encuentros mejorarían aspectos físicos y
psicológicos de los internos, así como también el bienestar de la pareja.
DERECHO
A LA VISITA CONYUGAL DEL INTERNO-Orden al INPEC adecuar el espacio para
las visitas íntimas y ampliar el horario de las mismas
DERECHO A LA RECREACION DEL INTERNO-Alcance
El artículo 52 superior reconoce a todo individuo el
derecho a la recreación, a la práctica del deporte y a beneficiarse del tiempo
libre. La Corte ha sostenido que la recreación “es considerada una necesidad
fundamental del hombre que estimula su capacidad de ascenso puesto que lo lleva
a encontrar agrado y satisfacción en lo que hace y lo rodea”. Por lo tanto, la
recreación es un derecho fundamental relacionado con el de libre desarrollo de
la personalidad. Este tribunal consideró que el derecho de recreación y al
deporte de las personas que se encuentran privadas de la libertad son derechos
fundamentales, pese a estar limitados. Así que a
pesar de que se encuentran restringidos dichos derechos, los centros de
reclusión deben garantizar la recreación y el deporte de las personas privadas
de la libertad, promoviendo la realización de actividades, suministrando
instrumentos y espacios idóneos para el ejercicio del mismo, implementando
planes y programas tendientes a su fomento.
ACCION DE TUTELA CONTRA ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Orden para iniciar todos los trámites administrativos
tendientes a obtener los recursos para la protección de los derechos
fundamentales de los accionantes
Referencia: expediente
T-3500310
Acción de tutela
interpuesta por el señor Juan Carlos Oliveros y otros contra el Centro
Penitenciario ERON Heliconias y el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario -INPEC-.
Magistrado
Ponente:
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Bogotá,
D.C., ocho (8) de mayo de dos mil doce (2013)
La Sala Quinta
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Nilson
Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Jorge Iván Palacio Palacio, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la
siguiente:
SENTENCIA
Dentro del
proceso de revisión de los fallos de tutela emitidos por el Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Florencia (Caquetá) y la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, en la acción de tutela
instaurada por Juan Carlos Oliveros y otros contra el Centro Penitenciario ERON
Heliconias y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-.
I.
ANTECEDENTES.
Aproximadamente
ciento veinticinco reclusos promovieron acción de tutela contra el
Establecimiento Penitenciario ERON Heliconias y el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario -INPEC- por considerar vulnerados sus derechos
a la vida digna, a la salud, a la comunicación, a la dignidad humana, a la
redención de penas y al buen trato.
1.
Hechos.
Los
accionantes argumentaron que fueron trasladados el 27 de febrero de 2011 desde
el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Rivera (Huila) a la Penitenciaría
ERON Heliconias de la ciudad de Florencia (Caquetá), que no es adecuada para
las personas que se encuentran privadas de la libertad, por los siguientes
motivos:
1.1.
Desde el momento del ingreso no se les practicaron en debida forma los exámenes
médicos, ni se suministraron los medicamentos requeridos por algunos de los
internos, a pesar de haber sido solicitados, recibiendo por el contrario
respuestas “omisivas y evasivas de parte de los directivos” ya que
siempre les respondían que “ahora más tarde o mañana”, cosa que
llevaban “[una] semana sin una atención correspondiente y urgente”.
1.2.
Los alimentos no están siendo proporcionados en los horarios establecidos por
los lineamientos penitenciarios[1].
Asimismo, la cocción de los mismos es deficiente[2], la
porción es mínima y los jugos son aguados, sin sabor. Los recipientes donde se
sirven las comidas siempre quedan mal lavados y “han llegado a completar la
ración del menaje con los sobrantes de la anterior”. Exponen que existen
presos que necesitan “una alimentación balanceada”, bajo prescripción
médica y nutricionista, pero “(…) no se cuenta con esta sección de servicios
médicos ni alimenticios, viendosen (sic) afectados con sus alimentos
produciéndoles malestar y alergias en el cuerpo”.
1.3.
La comunicación con el exterior a través del servicio telefónico no es oportuna
ni eficiente, debido a que las tarjetas suministradas por el INPEC no sirven y
la empresa encargada para ello, “Prepacol”, no les ha dado ningún tipo
de solución, siendo “afectados a tal punto que muchos de nosotros no hemos
podido comunicarnos con muestras familias y ni si quiera informarles que nos
han trasladado a otra ciudad, otro Departamento y otro penal”. También
expresaron que el único televisor que se encuentra en su patio está fuera de
servicio por fallas eléctricas.
1.4.
En cuanto a la higiene y privacidad refieren que solo cuentan con dos baños
para sus necesidades fisiológicas, siendo “un total de 175 internos que
permanecen todo el día en el patio, ya que las celdas las cierran muy AM
(sic)”. Agregan que tanto los baños de las celdas como los de los
patios, carecen de cortina o puerta que garantice la privacidad cuando se están
utilizando.
1.5.
Relatan que hay cuatro mesas de cuatro puestos para 170 detenidos intramuros,
por lo que algunos tienen que sentarse en el piso para tomar sus alimentos.
1.6.
Por último, exponen que el citado centro penitenciario no los ha dotado de sábanas,
toallas, uniformes y botas para mantenerse aseados.
1.7.
Con base en lo expuesto, solicitan que se ordene: (i) la construcción de baños
en los patios con su respectiva puerta, o en su defecto se dejen las celdas
abiertas durante el día; (ii) poner en funcionamiento el televisor del patio;
(iii) ofrecer disponibilidad en el expendio de tarjetas telefónicas y ejecutar
el arreglo de dicho servicio; (iv) a los contratistas encargados de la
alimentación que hagan una labor eficiente en la preparación de la comida, así
como en el aseo de los instrumentos utilizados para prepararla y distribuirla
cumpliendo los horarios establecidos; proporcionarle a los reclusos que lo
requieren una dieta apropiada para sus necesidades nutricionales; (v) a la
empresa prestadora de servicio de salud -CAPRECOM-, que realice los exámenes
médicos pertinentes para el ingreso y la entrega de medicamentos requeridos por
algunos presos; y (vi) adecuar el servicio de lavandería de las prendas de
vestir y los servicios de limpieza de los dormitorios.
2.
Contestación de la demanda.
El
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- señaló que las
inconformidades planteadas por las personas privadas de la libertad han sido
presentadas de manera verbal, razón por la cual han sido resueltas del mismo
modo.
Sostuvo
que el centro penitenciario es moderno y ofrece condiciones dignas de
habitabilidad para este grupo de personas, con estándares de calidad
internacional. Agregó que al momento en que ingresaron los reclusos fueron
atendidos por un grupo de sanidad, ya que sus instalaciones cuentan con tres
unidades conformadas por un médico de turno, un odontólogo, cuatro auxiliares
de enfermería, una enfermera jefe, un auxiliar administrativo y un regente de
farmacia. Que son atendidos por CAPRECOM de manera oportuna, ágil y eficiente y
que los que presentaban problemas mentales han sido valorados por la siquiatra
Johana Mateus Lamus.
Expuso
que dicho establecimiento cuenta con un sistema moderno para la preparación de
los alimentos y tiene un contrato con Servialimentar para la atención de las
personas que cumplen detención intramuros a nivel nacional; igualmente, que
esta empresa tiene una ingeniera encargada de supervisar la preparación y
entrega de alimentos.
Respecto
a la comunicación indicó que el INPEC ha realizado contratos de prestación de
servicios de telefonía con la empresa prepago de Colombia Limitada -PREPACOL LTDA-.
Añadió que al comienzo se presentaron dificultades técnicas debido a que los
aparatos no estaban funcionando; que además los internos tienen un PIN y pueden
hacer uso del teléfono, y también cuentan con el servicio de correo certificado
para el envió de documentación y correo personal.
Expresó
que los pabellones tienen celdas para cuatro presos, con su baño privado y
lavamanos; en el patio para el uso común hay duchas, lavamanos y sanitarios; y
que si bien no se les instalaron puertas, ello obedeció a motivos de seguridad.
Adicionó que para solucionar tal situación se solicitó asignación de
presupuesto, que le fue otorgado el 9 de marzo de 2011 por la suma de
$50.000.000 destinados al mantenimiento del inmueble.
Dijo
que las mesas se están organizando para el traslado del patio, pero que por
motivos de seguridad se están esperando unos tornillos para pegarlas al piso.
Finalmente,
en cuanto al lavado de ropas adujo que el establecimiento tiene modernas
instalaciones para prestar dicho servicio.
Por
lo anterior, solicitó desestimar el presente amparo al estar frente a la figura
del hecho superado, toda vez que se han ido solucionando las pretensiones de
los actores.
II.
DECISIÓN JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN.
1.
Sentencia de primera instancia.
El
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Florencia (Caquetá), después de haber
inspeccionado las instalaciones del Centro Penitenciario ERON Heliconia,
concedió la acción de tutela por encontrar amenazados los derechos
fundamentales a la dignidad humana, a la intimidad personal, a la redención de
pena, a la recreación y a la comunicación. En consecuencia ordenó al precitado
sitio de reclusión y al INPEC:
(i)
Ejecutar las obras de elaboración de las puertas para los baños de las celdas y
del patio núm. 1; (ii) establecer un horario adicional de apertura de las cuartos
para hacer las necesidades fisiológicas durante el día; (iii) hacer gestiones
administrativas necesarias para la selección del personal de presos para la
prestación de los diferentes servicios al interior del reclusorio; (iv) ampliar
el horario de visitas conyugales o íntimas; (v) dotar el penal de elementos
deportivos; (vi) establecer en el pabellón las líneas telefónicas y los
materiales de comunicación a que hubiere lugar; y (vii) el restablecimiento de
los derechos a la salud, a la vida digna, a la alimentación, prestando el
debido y oportuno servicio de citas médicas, suministrando medicamentos y una
alimentación balanceada, so pena de incurrir en desacato.
En
criterio del juzgado, “es evidente (…) que los internos del patio 1 del
penal ‘ERON HELICONIAS’ de esta ciudad, presentan algunas falencias en sus
condiciones de vida, pues así lo indican las diferentes pruebas aducidas al
expediente, como la diligencia de inspección judicial realizada por el
despacho, los testimonios de los reclusos JORGE OSPINA TELLO y EDISON ORJUELA
ZANABRIA, gestores del comité de derechos humanos del establecimiento y la
declaración rendida por la Directora de dicho centro Dra. IMELDA LOPEZ
SOLORZANO, quienes hacen algunas precisiones (sic) acerca de las circunstancias
puestas en conocimiento por los internos en el escrito de acción de tutela”.
Finalmente,
manifestó que es necesario que la dirección del INPEC adelante gestiones administrativas
que permitan mejorar las condiciones de los internos, ya que dicho
establecimiento no cuenta con el presupuesto ni la infraestructura necesaria
para su funcionamiento conforme con las exigencias de la población reclusa
afectando sus derechos fundamentales.
2.
Impugnación.
La
señora Imelda López Solórzano, en calidad de directora del Establecimiento
Penitenciario Las Heliconias, impugnó el fallo argumentando que la mencionada
entidad es moderna, pertenece a la tercera generación y sus instalaciones
brindan condiciones dignas por lo que se encuentra debidamente adecuada para
albergar a la población privada de la libertad.
Expuso
que al momento de ingresar al penal a los internos se les practica un exámen
médico, siendo atendidos por el grupo interdisciplinario de sanidad con el que
cuenta la institución y que es prestado por CAPRECOM S.A..
En
lo atinente al tema de la comida, refirió que el penal celebró contrato con
Servialimentar y tiene nuevas instalaciones para la preparación de los víveres.
Además, se cuenta con el apoyo de una ingeniera de alimentos que se encarga de
la supervisión y preparación de los mismos.
En
cuanto al servicio de teléfono, dijo que si bien es cierto que al comienzo se
presentaron algunas fallas, también lo es que a la fecha ya se encuentra
superada, y el servicio se está prestando de manera oportuna y eficiente.
Expresó
que los presos cuentan con media hora adicional luego de repartido el desayuno
para que utilicen los sanitarios de las celdas, y durante el resto del día
tienen a su disposición los baños y duchas que se encuentran en el patio. Por
último, sostuvo que el motivo por el cual no se construyen puertas es para
evitar que se presenten agresiones entre los reclusos.
Por
lo anterior, solicitó que se revocara el mencionado fallo.
3.
Sentencia de segunda instancia.
La
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia (Caquetá)
revocó la decisión del a quo al no evidenciar vulneración de los derechos
fundamentales invocados, argumentando que:
(i)
Respecto de la atención médica, el INPEC, a través de CAPRECOM, dispone de un
equipo de galenos para la atención en salud de las personas que se encuentran
en detención intramuros, y los pacientes que requieren el suministro de
medicamentos ya lo están recibiendo.
(ii)
De la preparación de los alimentos, el sabor de las comidas es subjetivo ya que
no se puede comprobar.
(iii)
En lo que atañe al servicio telefónico y de televisión, la entidad accionada
asegura que fueron restablecidos, aceptando que en principio se presentaron
problemas por el prematuro funcionamiento del establecimiento.
(iv)
Por último, en relación con el derecho a la intimidad, este se encuentra
sometido a las limitaciones propias de la situación carcelaria y al régimen
penitenciario. Por ello, las medidas preventivas tomadas por el INPEC son
necesarias para evitar desórdenes e ilícitos dentro de la edificación, por lo
que el juez de tutela no puede abordar un tema que interesa a la seguridad de
las personas que cumplen detención intramural.
III.
PRUEBAS.
De
las pruebas que obran en el expediente se destacan:
1.
Inspección judicial del 15 de marzo de 2011, en el Establecimiento
Penitenciario ERON Heliconia (patio núm. 1), realizada por el Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Florencia. Dentro de su informe indicó: (Cuaderno
original, folios 21 a 24)
(i)
El patio tiene forma triangular con una extensión aproximada de 40 metros de largo por 30 metros en su parte más ancha, consta de dos niveles, tiene un total de
cuarenta y cinco celdas con capacidad cada una para cuatro personas; “dicha
estructura se encuentra en obra negra tanto externa como internamente”, con
su respectivo sanitario y un lavamanos (en buen estado de funcionamiento). En
el primer piso hay una zona de baño de 6 metros de largo por 2.30 de ancho aproximadamente, con tres orinales de pared, seis puestos de baño y un lavamanos de
tres llaves, todo descubierto, sin puertas. En el segundo nivel también hay una
zona de baño compuesto por cuatro llaves, dos orinales de pared y un lavamanos
de tres puestos.
(ii)
El pabellón cuenta con un área de comedor con cuatro mesas de cuatro puestos
cada una, un televisor de 32 pulgadas en funcionamiento. Edificio que cuenta
con un total de 172 reclusos.
(iii)
Se escucharon los testimonios de algunos detenidos, quienes expusieron que
sufren quebrantos de salud, sin ser atendidos por ningún médico, ni les han
suministrado los medicamentos requeridos; así como tampoco ha sido posible el
traslado a citas o exámenes. Igualmente, reiteraron la deficiencia en la
alimentación.
(iv)
Durante el recorrido se encontraron con personal de la cocina o rancho, quienes
llevaban la comida, la cual apreció “una modesta condición de pulcritud o
aseo y adecuada manipulación de la misma”, siendo distribuida en una
bandeja de tres divisiones en condiciones higiénicas normales.
2.
Declaraciones de los internos Jorge Ospina Tello y Edison Orjuela Zanabria del
15 de marzo de 2011, quienes indicaron que dicho centro penitenciario les
violaba sus derechos constitucionales, así: (Cuaderno original, folios 21 a 24)
(i)
El derecho a la intimidad personal y a la dignidad humana, debido a que los
presos durante el día tienen que hacer sus necesidades fisiológicas en los dos
baños que se encuentran en el patio, ya que las celdas permanecen cerradas, “al
aire libre y al frente de todos, [igualmente] lavar la ropa en la mismo (sic)
parte donde [se bañan]”, en el suelo y con sus propios implementos de aseo.
Agregaron
que, respecto de los baños, se han presentado problemas con el agua; y han
tenido que hacer sus necesidades “encima de otros residúos orgánicos ya
depositados, ya que el sistema de desagüe no sirve echando agua con balde por
ser un sistema especial”.
(ii)
En cuanto a las visitas conyugales la directora del centro penitenciario les
informó que tenían derecho a tres horas pero en la actualidad solo cuentan con
una hora o a lo sumo con hora y media. Además, el establecimiento no tiene
suficientes esposas o grilletes que son necesarios para el traslado a los
lugares de encuentro íntimo; hace falta personal penitenciario para el control
y vigilancia del ingreso de visitas y parte del tiempo destinado a las mismas
se utiliza en dicho desplazamiento. Aclaran que solo hay seis habitaciones
destinadas para tal efecto[3].
(iii)
Se encuentran afectados en la entrega de drogas bajo prescripción médica,
debido a que muchos de ellos no han “sido valorados con el examen de ingreso
al establecimiento”. Del mismo modo, manifestaron que hay algunos
que padecen de hipertensión e informaron tal situación al personal encargado,
sin obtener respuesta alguna.
(iv)
Se refirieron a la comida como de mala calidad “salada, insípida y de muy
poca porción adecuada para un ser humano, se come por instinto de
supervivencia”. Asimismo, añadieron que hay internos que necesitan “tratamiento
en su alimentación como son las dietas, ya que a ellos les toca comer alimentos
con grasas, jugos con azúcar y harinas que les hacen daño”.
(v)
En cuanto al debido proceso y al derecho de petición, dijeron que el
establecimiento no les recibe ningún oficio ni les permite presentar recursos
en términos de ley. Y que no cuentan con los mecanismos para redimir pena, ya
que a pesar de haberlo solicitado las autoridades del centro de reclusión no
clasifican el personal para las diferentes actividades que hay para realizar en
el penal.
(vi)
También, sostuvieron que no se les suministra espacio para la recreación y el
deporte, toda vez que a pesar de existir dos canchas y un balón de microfútbol,
no han podido hacer uso de las mismas debido a que el establecimiento no cuenta
con el personal suficiente para que los cuide.
(vii)
Añaden que hay un espacio para la lavandería pero hasta el momento no le han
dado el manejo adecuado ni lo han puesto en funcionamiento para limpiar los
uniformes, sábanas y toallas, como tampoco les han dejado “ingresar jabón de
lavar para hacerle aseo a [su] ropa interior, problema que está afectando a
algunos internos por hongos en los testículos”.
(viii)
Agregan que la directora de la penitenciaría ha sido renuente a proporcionarles
canecas para la recolección de los residuos de comida.
(ix)
En relación con la comunicación manifiestan que el servicio prestado por
PREPACOL es negligente, debido a que hay muchas fallas técnicas y faltan
tarjetas para llamar, lo que deja a la población sin comunicación durante días.
(x)
Por último, han solicitado el ingreso de alimentos para el consumo durante los
días de visitas, ya que el expendio del establecimiento no cuenta con surtido
para venderles.
3.
Declaración de la directora del Establecimiento Penitenciario, Imelda López
Solórzano, el 26 de marzo de 2011, dentro de la cual afirmó lo siguiente:
(Cuaderno original, folios 25 a 29)
Las
deficiencias del centro obedecen a que al momento de ser entregado para su
funcionamiento no se encontraba plenamente dotado, con las condiciones
necesarias para recluir, en especial en lo que respecta a las personas que se
encuentran cumpliendo su detención intramuros en el patio núm. 1.
En
lo que se refiere al problema de salud, este se gestionó con CAPRECOM en asocio
con la directora de reinserción del INPEC. El galeno y odontólogo de dicha
entidad son los encargados de realizar las respectivas valoraciones de ingreso,
“pero dado el alto número de internos recibidos en tan solo 5 días no
alcanzaron a realizar a todo el personal y aún están realizando estos exámenes
(…)”. Con los tratamientos psiquiátricos se presentaron dificultades en
algunas historias clínicas, pero el establecimiento se apersonó de las mismas
con el fin de establecer las verdaderas condiciones de los reclusos[4].
El
personal de la entidad prestadora de salud en mención, “llego (sic) a partir
del 28 de febrero cuando empezaron a trasladar internos”; igualmente, se
han hecho ajustes de acuerdo a las necesidades e inclusive se solicitó a
CAPRECOM y al INPEC que “se estudiara la posibilidad de asignar médico
nocturno y dos auxiliares mas (sic) de enfermería, porque las aéreas de sanidad
están separadas y no [pueden] trasladar internos de alta a mediana a atención
medica este servicio debe estar cubierto todo el tiempo (sic)”.
En
cuanto a los servicios calificados como eventos No POS, el INPEC tiene un
contrato con la aseguradora Póliza Aurora con la que deben surtirse los
trámites previa comunicación con CAPRECOM.
Sobre
el punto de expendio de elementos básicos, se les ha informado acerca de las
dificultades que se presentan para la adquisición de los productos, ya que el
lugar de reclusión no cuenta con presupuesto. Los ha venido solicitando al
Centro Carcelario y Penitenciario El Cunduy, trámite que es necesario y
bastante largo, máxime cuando se presentaron cambios en la reglamentación de
contratación que no han permitido conseguir insumos y que se encuentra sujeta a
la misma, so pena de incurrir en faltas disciplinarias y penales.
Respecto
de las comunicaciones, se están proporcionando tarjetas para que los
encarcelados llamen a sus familiares, y como no tenía líneas telefónicas fijas
habilitaron un dispositivo celular.
En
lo atinente a las visitas, las protestas obedecen a que los presos vienen de
establecimientos donde estas se realizaban sábados y domingos de 8.00 a.m. a 4 p.m., mientras que en el nuevo centro penitenciario son solo 4 horas y de 10
autorizados solo pueden ingresar 3 por día. En cuanto a los encuentros íntimos
estos son permitidos cada 30 días máximo una hora, no como en los otros
establecimientos, que los podían tener cada 8 días y sin control alguno.
El
ingreso de comida por parte de los visitantes se encuentra prohibido conforme
con lo establecido por el reglamento, con el fin de mantener el orden, la
disciplina y evitar riñas entre los reclusos.
El
nuevo proceso administrativo ha sido difícil de asimilar para los reclusos,
pero el Gobierno Nacional y el INPEC hacen esfuerzos para mejorar las
condiciones de vida de los mismos y se han solucionado paulatinamente los
problemas objeto de reclamo.
En
lo que tiene que ver con la estructura locativa del patio núm. 1, sobre el
cubrimiento de los baños de uso personal o colectivo, se solicitó asignación de
presupuesto, el cual fue otorgado en cuantía de $50.000.000 para el
mantenimiento del inmueble pero van a ser destinados a la colocación de las
puertas en los sanitarios.
Por
último indicó que: (i) las mesas destinadas para el comedor son insuficientes;
(ii) se tiene necesidad de construir más baños en razón a que existen dos
durante el día disponibles para 160 o 170 reclusos; y (iii) sobre el servicio
de lavandería se obtuvo “una donación de jabón industrial porque no [tenían]
presupuesto para la adquisición de este jabón”, e iniciaron “el lavado
de uniformes y ropa de cama”, ya que tenía conocimiento de que los internos
“en su celda no [tenían] la posibilidad de lavar su ropa interior”.
IV.
PRUEBAS DECRETADAS POR LA SALA DE REVISIÓN.
1.
Mediante auto de 3 de octubre de 2012, la Sala decretó la práctica de pruebas
con el objeto de verificar
la situación en la que se encuentran los internos del Centro Penitenciario
ERON Heliconias,
por lo que resolvió:
(i) Vincular al Ministerio de
Justicia y del Derecho, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría
del Pueblo y a la Contraloría General de la República para que
informaran, complementaran y/o contradijesen lo que estimaran del caso y
aportaran las pruebas que consideraran pertinentes dentro del presente amparo.
(ii) Ordenar la práctica de las siguientes
pruebas:
(a) Que el Ministerio de Justicia y del
Derecho, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la
Contraloría General de la República remitieran la información y estudios que se
hayan adelantado o reposaran en la entidad acerca de la situación actual en la
que se encuentran los centros de reclusión del país; y si de acuerdo con esos
análisis la infraestructura de dichos establecimientos cumple con los
estándares nacionales e internacionales para ser habitada por la población que
se encuentra en detención intramuros, en especial en lo relativo a condiciones
de dignidad, salud, intimidad, recreación, comunicación, trabajo y estudio para
la redención de pena.
(b) Que el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario -INPEC-, y la Directora del Establecimiento
Penitenciario ERON Heliconias, Imelda López, Solórzano, informaran sobre los
siguientes tópicos:
- En relación con el derecho a la salud,
si se ha realizado en debida forma los exámenes médicos de ingreso; si se les
ha prestado oportunamente atención médica; si se les ha suministrado los
medicamentos y tratamientos requeridos (Pos y No Pos); y si han recibido
servicio médico psiquiátrico y los fármacos necesarios para controlar las
enfermedades.
- Respecto del estado actual de los
baños, si se ha facilitado el acceso de los detenidos intramuros al uso de los
sanitarios que se encuentran en las celdas; si se ha adelantado alguna medida
destinada a solucionar los problemas de desagüe que los encarcelados afirman
que afectan a los inodoros; si se han construido nuevos servicios de baño en
los patios; y si estos cuentan con dispositivos apropiados que garanticen su
privacidad.
- En lo que atañe a los alimentos, que
describan la calidad, la cantidad de la porción suministrada y los horarios en
que se les sirven a los reclusos, así como el estado de higiene de los platos y
cubiertos utilizados para consumirlos. Igualmente, indicaran si a las personas
a quienes se les ha prescrito comida especial en razón a algún tipo de
padecimiento, se les ha suministrado, precisando su número e identificándolas
plenamente; que dijeran también si ya se instalaron las mesas de comedor que
estaban pendientes.
- Si las peticiones formuladas por las
personas privadas de libertad han sido adecuadamente enviadas a sus
destinatarios, y si las elevadas a las autoridades del penal han obtenido una
pronta respuesta.
- En cuanto a las visitas conyugales o
íntimas, que informaran de cuánto tiempo efectivo disponen los internos en cada
visita, cuál es el número de cuartos destinados a estas actividades, cuántas
veces al mes puede realizarse esta clase de visita.
- Indicaran si se subsanaron las fallas
que tienen las líneas telefónicas utilizadas para la comunicación de los presos
con el exterior y si se están expendiendo adecuadamente las tarjetas destinadas
a esa comunicación.
- En lo atinente al servicio de
lavandería, si está en funcionamiento dicho servicio y si se les ha
proporcionado a los detenidos intramuros los insumos necesarios para hacerlo
eficaz.
- Si se han realizado las gestiones
administrativas necesarias para la clasificación del personal de internos con
el fin de que presten distintos servicios dentro del penal.
-
Si se ha implementado el suministro de elementos deportivos y de recreación
para los reclusos y si se ha dispuesto del personal de guardias necesario para
supervisar la práctica de esos deportes.
2.
Director de la Penitenciaría Las Heliconias.
El
Director de la Penitenciaría Las Heliconias, Leopoldo de Jesús López Pinzón[5],
indicó que dicho centro de reclusión fue inaugurado el 11 de marzo de 2011
dentro de la nueva política gubernamental que busca mejorar la administración
adecuada de los asuntos criminales, penitenciarios y carcelarios del país.
Lo
anterior, añadió, conlleva a que en estos establecimientos exista un reglamento
y una serie de procedimientos distintos a las penitenciarías y cárceles
antiguas, en donde gobierna la costumbre, el caos, el desorden y la
coadministración con los reclusos, excepciones que contrarían las disposiciones
legales, tales como la permisividad en la entrega de alimentos, el día de
visitas, la entrada de electrodomésticos y comunicación, entre otras.
Manifestó
que existieron algunos incumplimientos por carencia de recursos humanos,
materiales, financieros y presupuestales, pero tanto sus antecesores como el
personal subordinado y las demás autoridades civiles, procuraron satisfacer las
necesidades en materia de seguridad, servicios jurídicos, reinserción social,
asistencia médica, sicológica y deportes, etc.; hasta el punto de que han
logrado un nivel de equilibrio.
A
continuación, resolvió las preguntas realizadas por esta corporación así:
2.1.
En relación con el derecho a la salud. Informó que a todos los reclusos que han
ingresado a la Penitenciaría Heliconias se les realiza una valoración médica,
no solo porque es su obligación sino porque es necesario certificar el estado
de salud en que se encuentran con el fin de establecer los tratamientos a
seguir.
Expuso
que para la atención y la asistencia médica se suscribió un contrato
interinstitucional entre el INPEC y la E.P.S. CAPRECOM, conformado por cinco
médicos de medio tiempo, siete auxiliares de enfermería de tiempo completo, un
odontólogo de 8 horas y un auxiliar para esa actividad, un fisioterapeuta, tres
auxiliares administrativos, con lo cual se presta un buen servicio las 24
horas, atendiendo diariamente cerca de 100 internos por medicina general y 30
en consulta odontológica. Igualmente, hay remisiones externas para valoración
por medicina especializada, exámenes de laboratorios e intervenciones
quirúrgicas.
En
cuanto al suministro de medicamentos, sostuvo que ha sido constante, a
excepción de una dificultad que se presentó en el mes de junio por falta de
presupuesto.
En
relación con la atención siquiátrica, expresó que desde abril hasta octubre de
2012 se realizó un contrato de alto costo con la firma Grandes Ideas
Hospitalarias, para la atención de los reclusos con problemas mentales a fin de
prestar el servicio a 78 internos, aproximadamente, para lo cual 2 días al mes
un profesional médico los asiste; además hay un enfermero especializado en
estos temas y una terapeuta ocupacional, quienes son los encargados de
suministrar diariamente los medicamentos recetados por el siquiatra y
realizarles tratamientos para mejorar su convivencia.
Respecto
de los procedimientos No Pos, aseveró que el INPEC contrató con la Póliza
AURORA, hasta febrero de 2012 y con Seguros QBE desde esa fecha hasta la
actualidad. Agregó que en el 2011 se gestionaron 625 remisiones
correspondientes al 90% de las prescripciones ordenadas y se han atendido 545[6].
2.2.
Estado actual de los baños. Dijo que conforme con el diseño
arquitectónico, cada celda tiene un sanitario suficiente para 4 internos, sin
el servicio de duchas, las cuales son comunales y se hayan ubicadas en el
primer piso de cada pabellón, además de contar con una batería adicional de
inodoros, con puertas y cortinas (acondicionado en la actualidad) para la
satisfacción de sus necesidades en el día[7].
2.3.
Suministro de alimentos. Señaló que este servicio se lleva a cabo a través
de un tercero, la empresa Servialimentar, supervisado por el Comité de
Intervención del Seguimiento de la Alimentación -CISA-, conformado por el
Director, Subdirector, el responsable del área de reinserción social y un interno
de cada pabellón (nombrado por sus compañeros por un periodo de 6 meses),
encargados estos de: emitir concepto individual que se le haga a la supervisión
de la elaboración; calificar el servicio; velar por el cumplimiento de los
diferentes menús, del gramaje establecido en el contrato y de la calidad.
Adicionó
que la partida que el Gobierno Nacional le otorga a Servialimentar es de siete
mil seiscientos cuatro pesos ($7.604) por cada recluso[8].
2.4.
Peticiones presentadas por los detenidos. El director del centro
penitenciario aseveró que la oficina jurídica ha cumplido con dicha obligación
a pesar de no tener el personal administrativo suficiente para atender la gran
demanda de trabajo[9].
2.5.
Visitas íntimas. Advirtió
que el centro de reclusión cuenta con los siguientes cuartos, dependiendo del
sector: 6 en alta seguridad y 8 en mediana seguridad.
Anotó
que las visitas conyugales se llevan a cabo los días viernes y domingos de las
3 últimas semanas de cada mes, ya que la primera semana es visita familiar con
niños, las cuales se rotan por pabellones, correspondiéndole a cada uno de
ellos una vez al mes. Agregó que por falta de celdas para ese fin y la gran
cantidad de usuarios, el tiempo para cada reo oscila entre 45 minutos y una
hora[10].
2.6.
Líneas telefónicas. Expuso
que el servicio de telefonía es prestado por la empresa PREPACOL. Sostuvo que
al inicio, dadas las condiciones meteorológicas y atmosféricas de esta región
se presentaron problemas técnicos, los cuales fueron superados[11].
2.7.
Servicio de lavandería. Expresó que comenzó a funcionar con los respectivos
equipos, en el sector de mediana seguridad en el mes de abril de 2011 y en alta
seguridad en mayo de 2012. Añadió que durante el tiempo en que se inició el
servicio se han entregado 24 bultos de detergente[12].
2.8.
Clasificación del personal con el fin de que presten distintos servicios dentro
del penal.
Comentó que la Penitenciaría Las Heliconias inició labores el 11 marzo de 2011,
con reclusos procedentes de diferentes centros de reclusión, quienes no estaban
clasificados en fase, lo que produjo represamiento en dicha actividad, ya que “el
proceso que es de carácter profesional y científico requiere del análisis de
una serie de elementos jurídicos, administrativos y resocializadores de
carácter objetivo y subjetivo requiriéndose de mucho esfuerzo y tiempo”[13].
Lo
anterior, generó innumerables peticiones y tutelas, procedimientos que antes de
ayudar a descongestionar lo que hizo fue aumentar el problema.
Refirió
que tal situación se agravó en el mes de diciembre de 2011 cuando dicho centro
contaba con la cobertura total de internos, lo que le obligó a clasificar a los
reclusos de la siguiente manera: 859 en alta seguridad; 367 en mediana
seguridad; 52 en mínima seguridad; 13 en observación y diagnóstico; y 23 sin
fase.
Añadió
que “[u]na vez obtenida esta clasificación [están] procediendo al cambio de
fase de alta a mediana y de mediana a mínima, pues no solo se requiere esta
información para adjudicarles cupo para redención de penas en actividades
laborales, de educación y otras sino para que accedan a beneficios
administrativos o jurídicos como el permiso de las 72 horas y para el
diligenciamiento de solicitudes de libertades”[14].
En
cuanto al plan ocupacional señaló que cuentan con “un cupo máximo en todas
las labores de 1237, de las cuales [tienen] 940 redimiendo, y 297 cupos
disponibles, pendientes de la autorización de la sede central”[15].
2.9.
Suministro de elementos deportivos y de recreación. (Cuaderno 3,
folio 246). Informó que se han adquirido los elementos deportivos y se
incentiva la práctica de los mismos como fútbol, microfútbol, basquetbol,
vóleibol y ajedrez[16].
3.
Defensor del Pueblo.
El
Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, allegó los siguientes
documentos[17]:
3.1.
Informe respecto del seguimiento de los derechos humanos de las personas
privadas de la libertad. “Hacinamiento, infraestructura y capacidad de los
establecimientos de reclusión”[18],
dentro del cual hace un análisis de las falencias que presenta el sistema
penitenciario y carcelario en Colombia y que fueron definidas por este tribunal
en sentencia T-153 de 1998[19]; y de
las irregularidades que se han constatado en los nuevos centros de reclusión.
Finaliza su escrito con una serie de posibles soluciones a los problemas que
presentan las prisiones del país.
3.2.
Escrito del Defensor del Pueblo Regional Caquetá, Álvaro Castelblanco Cardoso[20],
respecto del Centro Penitenciario ERON Las Heliconias. Señaló que dicho
establecimiento cuenta con una capacidad para 1469 internos, conformado por 7
pabellones; cada uno tiene rancho, panadería, talleres, sanidad, visitas (tanto
generales como conyugales), cuenta con presupuesto “para mantenimiento de
internos de $50.000.000.oo y de $90.000.000.oo para funcionamiento del
establecimiento”, dinero insuficiente para llevar a cabo su misión
institucional. Agregó que actualmente no presenta problemas de hacinamiento.
Manifestó
que las instalaciones del establecimiento brindan condiciones dignas para
garantizar los derechos fundamentales de los internos, y a pesar que en
principio tuvo problemas, estos se han venido solucionando.
Adicionó
que “la regional Caquetá de la defensoría del pueblo, realizó Capacitación
al Comité de Derechos Humanos de la Institución Penitenciaria. (…). De otra
parte, (…), la Dirección de EP Heliconias asignó a la Defensoría del Pueblo
regional una oficina para el cumplimiento de la misión Constitucional en los
centros carcelarios de conformidad con los dispuesto en la ley 65 de 1993, y
con lo cual, [esperan] disminuir las abundantes solicitudes de designación de
defensores Públicos para asesoría y Consulta, como, para beneficios
administrativos (sic)”[21].
Concluyó
que la Penitenciaría presenta los siguientes inconvenientes: (i) la carencia de
presupuesto para su funcionamiento y atención integral a la población interna;
(ii) el alto número de solicitudes de trasladado a su lugar de origen por
acercamiento familiar; (iii) las quejas por presunto maltratos por parte del
personal de guardia y custodia; y (iv) las demoras que se presentan para el
ingreso al establecimiento.
Por
último adjuntó:
(i)
Actas de visitas de inspección realizada en el 2011 (18 y 28 de marzo; 13 de
abril; 7 y 13 de mayo)[22].
En
visita del 18 de marzo de 2011, el referido establecimiento cuenta con 30
funcionarios del personal administrativo; el personal del cuerpo de custodia y
vigilancia se divide en: 2 inspectores jefe, 3 inspectores (Cabos), 54
dragoneantes, 2 policías judiciales, 117 estudiantes aspirantes a dragoneantes
y 15 auxiliares, tiene capacidad para 1469 internos y hay 989.
Respecto
de las quejas presentadas por los internos, indicó:
(a)
En relación con la alimentación en el rancho de mediana seguridad, las
fiambreras permiten que los víveres se mezclen entre los distintos
compartimentos que la componen, lo cual se debe a la manipulación de las mismas
en el momento del desplazamiento de los carros.
(b)
En cuanto a la lavandería hay 3 máquinas lavadoras, de las cuales una está en
funcionamiento y las otras dos están pendientes de hacer efectiva la garantía
por defectos de fábrica.
(c)
Respecto de la visita íntima se tiene proyectado adecuar el área de UME.
(d)
Del expendio de elementos de primera necesidad existe dificultad, ya que la
penitenciaría depende económicamente del presupuesto del establecimiento El
Cunduy, motivo por el cual se han presentado los diferentes inconvenientes.
Situación que se está solucionando de manera parcial creando una tienda para la
venta de manera temporal.
(e)
En lo que atañe a la salud mental no existen locaciones para alojar este
personal, contando con 80 reclusos psiquiátricos con diferentes patologías. No
obstante, le informaron que estas personas están siendo atendidas por un médico
especialista en la materia que se encuentra en comisión por parte de CAPRECOM.
(f)
Sobre la infraestructura sanitaria cada celda tiene un baño y lavamanos para el
uso de la noche o al momento del encierro, no existe privacidad para el momento
de la ducha, debido a que son comunitarias y carecen de divisiones. Se cuenta
con retretes en el patio.
Por
lo anterior, hizo las siguientes recomendaciones:
(a)
En lo que se refiere al suministro de alimentos, evitar que se mezclen en las
fiambreras, implementar y diseñar medidas preventivas para impedir roces entre
los internos, permitir la utilización de los comedores comunitarios, verificar
que los lugares de almacenamiento de los alimentos perecederos no se conserven
estos en estado de descomposición; garantizar que la ración de los víveres
cumpla con el gramaje establecido en la ley.
(b)
En relación con el abastecimiento de agua potable, mantener en los “archivos
soporte escrito de los resultados de medición de la potabilidad del agua
suministrada de todo el establecimiento como medida de prevención y para
posibilitar su verificación en futuras inspecciones”[23].
(c)
En cuanto al servicio de lavado de ropa, propender por el buen funcionamiento
de las maquinas lavadoras, ya que se cuenta con tres de ellas con capacidad de 110 libras, pero dos estan fuera de funcionamiento.
(d)
Respecto de la venta de elementos de primera necesidad, implementar un expendio
para la provisión de víveres dentro de la penitenciaria.
(e)
En relación con el plan ocupacional (educación, enseñanza y trabajo), habilitar
de manera urgente los programas para lograr una efectiva reinserción social.
(f)
En lo que atañe al sistema de comunicación, procurar su continuo mantenimiento
para evitar situaciones de incomunicabilidad.
(g)
Finalmente, en materia de presupuesto, solicitar la asignación de recursos
necesarios para garantizar el normal funcionamiento del centro de reclusión.
Después
de estas recomendaciones, señaló que en inspección del 13 de abril de 2011[24]
evidenció que en cuanto al suministro de alimentos, los internos representantes
de derechos humanos de cada pabellón se pronunciaron de manera positiva.
De
las visitas conyugales, se impartieron instrucciones al personal de guardia en
relación con el respeto que deben tener para con los reclusos y sus visitantes,
así como el tiempo otorgado siendo este máximo 1 hora y un mínimo de 45
minutos.
Respecto
del expendio de elementos de primera necesidad, se habilitó una tienda con
productos que se han suministrado en comisión.
Por
último, señaló que se realizó un censo en la población interna con el ánimo de saber
los niveles de estudio y conocimiento, los intereses de trabajo, estudios y
capacitaciones. Con base en esto, se procedió a la asignación de 500 cupos.
(ii)
Acta levantada por la coordinación de procuradores judiciales en lo penal[25].
El
Procurador Judicial 96 II Penal, Martín Luna Meneses, después de haber
dialogado con 3 internos concluyó que las instalaciones conservan un buen
estado en lo referente a las habitaciones e instalaciones del patio, y no hay
hacinamiento, pero persisten algunos problemas:
La
existencia de baños abiertos que no garantizan privacidad al momento de
realizar necesidades fisiológicas.
La
alimentación ha cambiado pero no existen dietas alimenticias para algunos
internos que las requieren.
En
relación con los uniformes, tienen uno y lo normal es que se les dieran 2, no
cuentan con elementos de aseo personal y tampoco pueden obtenerlos ya que no
hay un almacén donde se pueden adquirir.
Respecto
de la salud, los internos se anotan para ser llevados a sanidad y la guardia no
los lleva.
La
correspondencia es leída previamente y existen algunos documentos que no se
entregan, en especial los habeas corpus, entre otros.
La
visita conyugal “no tiene las más mínimas normas de sanidad, en el mismo
sitio y con las mismas sabanas deben tener relaciones sexuales los internos.
Esta visita dura solo 25 minutos y cuando se acaba los guardianes sin avisar
entran y violentan la intimidad. El área de visitas es muy pequeño y las familias
que llegan no tienen casi espacio para estar con los internos, menos
comodidades no tiene donde sentarse. La visita se demora mucho en llegar y
cuando logran ingresar ya les queda muy poco tiempo para estar con los
internos”[26].
(iii)
Resultados acerca de la potabilidad del agua respecto de los meses de febrero,
marzo y mayo de 2012. Asimismo, cuestionario de abastecimiento, distribución y
calidad del agua de 2011[27].
(iv)
Evaluación por parte del INPEC de las áreas de distribución y funcionamiento
del servicio de alimentos, en las cuales se verificaron las obligaciones
contractuales y el cumplimiento de la normatividad sanitaria, se evidenciaron
incumplimientos en el contrato, por lo que se elaboró un plan de mejoramiento,
bajo la supervisión de la dirección del establecimiento[28].
3.3.
Informe presentado por la Defensoría Delegada para la Política Criminal y
Penitenciaria sobre prestación de servicios de salud en los centros de
reclusión, dentro del cual se indicó que un alto porcentaje de directores
consideran que CAPRECOM no garantiza la prestación de los servicios de salud;
solo un 15% de estos establecimientos cuentan con la aprobación en garantía de
calidad exigida por el Ministerio de la Protección Social; y el 44% no tienen
un plan para agilizar el ingreso del médico ni sus equipos. Además, la EPS en
mención no está realizando intervenciones quirúrgicas ni ha entregado copia de
la póliza de reaseguramiento para cubrir enfermedades de alto costo.
Asimismo,
el informe estableció que el 85% de las entidades penitenciarias y/o
carcelarias no tienen asegurados a los internos que se encuentran en prisión y
detención domiciliaria o bajo un sistema de vigilancia electrónica para que
tengan acceso a servicios de salud; y aproximadamente la mitad no proporcionan
oportunamente los medicamentos ni cuentan con un servicio óptimo de salud para
la población reclusa[29].
4.
Procuraduría General de la Nación.
La
Procuradora Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y
Asuntos Étnicos, Paula Andrea Ramírez Barbosa[30], señaló
que la Procuraduría General de la Nación, a través del Grupo de Asuntos
Penitenciarios y Carcelarios, practicó visita a la Penitenciaría Las
Heliconias. Concluyó lo siguiente:
“a) En el
Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario Las
Heliconias fue dado al servicio por el INPEC en el mes de marzo de 2011, con
capacidad para 1.350 internos, con dos pabellones para alta seguridad, cuatro
para mediana y uno para mínima; cada sección cuenta con áreas de sanidad,
consultorio médico, odontológico, sala de fisioterapia; el proveedor de
medicamentos hacía las entregas a los internos de las formulas en máximo un
día.
b) En el mes de
mayo de 2011 se encontraban aproximadamente 200 órdenes pendientes de
autorización para exámenes de diagnóstico y para citas con especialistas, (…).
c) Las áreas de
preparación de alimentos ubicadas en la sección de alta, de mediana y mínima
seguridad en general estaban en buenas condiciones, dotadas con elementos
necesarios para la prestación del servicio de alimentación, cuartos fríos para
almacenamiento de verduras, de carnes y bodegas.
d) Los internos
no tenían acceso al comedor, los alimentos los consumían en los distintos
patios, lugar en el que les hacían la entrega en recipientes individuales
previamente servidos y por razones de la manipulación en su transporte los
alimentos se mezclaban.
e) Cada celda
cuenta con sanitario y lavamanos, las duchas son comunitarias y sin divisiones,
lo que no permite la privacidad, en los patios existen sanitarios los que aún
no tenían acondicionadas las puertas y se les había colocado cortinas (…).
f) En los
pabellones de alta y mediana seguridad se cuenta con 6 habitaciones en cada
área para visita íntima, a las que según el reglamento, tienen derecho los
internos durante 45 minutos, una vez al mes.
g) Sin embargo,
en visita posterior, 11 de junio de 2011, las condiciones no eran las mismas y
se dejó constancia que estas celdas no tenían ninguna norma de sanidad, como
tampoco les era respetado, por la guardia, el derecho a la intimidad.
h) Las áreas
construidas para talleres no tenían dotación de ningún elemento para el
desarrollo de actividades, se encontraban los salones vacíos; la panadería
contaba con todos los elementos necesarios sin embargo no estaba en
funcionamiento por falta de instructor y de capacitación personal”[31].
Luego,
en visita del 30 de julio de 2012, evidenció “[l]a falta de servicio médico,
los profesionales de las EPS CAPRECOM se encontraban en cese de actividades por
falta de pago, no tenían servicio de odontología, no se estaba cumpliendo con
las dietas para las personas que así lo requieren por prescripción médica; no
se [cumplía] con las actividades laborales dirigidas por instructores,
solamente se [adelantaban] por iniciativa de los internos. [Y] La oficina
jurídica [restringía] la correspondencia y no les [tramitaba] en tiempo ante
las autoridades judiciales los documentos para la redención de pena; el
expendio no [tenía] productos básicos para la venta (…)”[32].
Sostuvo
que “el INPEC no está cumpliendo con los deberes que le impone la Ley 65 de
1993, especialmente en su artículo 5, que establece el respeto a la dignidad
humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos; como tampoco
cumple con la finalidad del tratamiento penitenciario, el que tiene como
finalidad la resocialización a través de la disciplina, el trabajo, el estudio,
la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, entre otras,
las que deben propender por que el recluso cuente con oportunidades de cambio,
en condiciones dignas y prepararlo para su puesta en libertad.”[33]
Anexó
las siguientes actas de las visitas:
4.1.
Informe presentado por el Defensor Regional, Álvaro Castablanco Cardoso, y la
Delegada de la Procuraduría Regional, Silvia Milena Viasus, el 18 de marzo de
2011, ya expuesto en el numeral 3º del presente acápite[34].
4.2.
Escrito del 28 de marzo de 2011 realizado por el Procurador 115 Judicial II en
lo Penal, con el fin de constatar las quejas de los internos por presuntas violaciones
de los derechos humanos, tales como el no suministro oportuno de la
alimentación, atención médica, visitas generales, conyugales, comunicación con
las familias, suministro de elementos de aseo, ingreso de comida, entre otras[35].
4.3.
Documento que hace referencia a la visita de inspección a la penitenciaría el
18 de mayo de 2011, dentro del cual hizo una descripción de la población
carcelaria y de las aéreas del establecimiento. Igualmente, destacó los
problemas que se presentan[36], así:
(i)
Incumplimiento del artículo 63 de la Ley 65 de 1993, respecto de la
clasificación de los internos[37].
(ii)
Carencia de productos básicos para satisfacer las necesidades de los
encarcelados.
(iii)
Falta de suministro de implementos de aseo, especialmente a quienes no tienen
la oportunidad de que sus familiares los visiten, por tratarse de personas que
no son de la región y sus familiares no cuentan con los recursos suficientes
para el desplazamiento.
(iv)
Ausencia de dotación de elementos de seguridad para quienes realizan labores de
aseo en los patios.
(v)
Represamiento y demora en el trámite de autorizaciones de exámenes de
diagnóstico y consultas con especialistas.
Por
lo anterior, recomendó requerir al Director del INPEC para que implemente
labores de trabajo que permitan la redención y resocialización de los internos;
y adelante las respectivas gestiones para dotar de los elementos necesarios a
los reclusos y puedan cumplir con sus actividades laborales. Asimismo, requerir
al coordinador de dicha institución para que cumpla con celeridad su deber de
tramitar las autorizaciones para la atención de los servicios No Pos.
Del
mismo modo, ordenar al Director del establecimiento que informe acerca de los
resultados de clasificación de los internos e imparta a la guardia los
controles que el deber les impone, para que no se transgredan los derechos de
los presos.
Finalmente,
oficiar al subdirector de reinserción social para que en el centro de reclusión
en mención se diseñen políticas de resocialización que cobijen a toda la
población reclusa en actividades laborales o de estudio e imparta instrucciones
tendientes a que los programas de recreación y deporte sean constantes.
4.4.
Informe presentado por los procuradores Martín Luna Meneses, José Manuel Jaimes
Quintero, Jairo Delgado Lozano y Claudia Ledesma Ibarra[38].
Así como el escrito dirigido a la Penitenciaría Las Heliconias con el objeto de
transmitir los requerimientos y quejas presentados por los internos[39].
Documentos estos expuestos en el numeral 3º del presente acápite.
4.5.
Acta realizada por los procuradores con relación a la visita efectuada al
centro el 18 de julio 2012 (teniendo en cuenta el pabellón núm. 1), dentro del
cual los reclusos reiteran las inconformidades ya expuestas, tales como: el
maltrato de los guardias; la poca porción de comida que se da (aunque admiten
que hay buena higiene) y la inapropiada nutrición alimentaria de los que
requieren dietas; la falta de prestación del servicio de salud por medicina
general y especializada; las restricciones en el recibo de la correspondencia
por parte de jurídica; la ausencia del suministro del kit de aseo a tiempo y la
escasa cantidad que les proporcionan; la fallas en el sistema sanitario; y la
carencia de un sitio para lavar la ropa[40].
4.6.
En virtud de la anterior visita los miembros de la procuraduría enunciaron
algunos aspectos para que sean tenidos en consideración[41].
En
relación con la salud, los internos no gozan con servicio médico desde hace
varios días; los servicios por medicina especializada son demorados; no tienen
servicio de odontología; y no cuentan con un sitio y personal calificado para
atender a los presos con problemas psiquiátricos.
La
alimentación, a pesar de ser entregada oportunamente, no tienen en cuenta las
dietas que requieren los internos y en algunas ocasiones la porción que se da
es poca; no hay tiempo para recibir los víveres y no proporcionan el menú
señalado.
Sobre
las visitas de los familiares, no hay sillas en las instalaciones, y el periodo
es muy limitado.
La
educación es deficiente, no hay docentes y faltan profesionales para que
brinden las asesorías en las respectivas aéreas de educación. Por otra parte, a
pesar de existir infraestructura, algunos talleres no están funcionando, lo que
restringe el trabajo, no se les ensaña a laborar y la recreación se hace
solamente cada año.
Los
internos son maltratados por los guardias.
En
cuanto a la comunicación, se presentan restricciones en el recibo de la
correspondencia por parte de la oficina jurídica, lo que conlleva a que no se
cumpla con los términos establecidos en la ley en lo que tiene que ver con la
contestación de los recursos interpuestos y la documentación para obtener
descuentos no llega a tiempo a los juzgados.
No
se está cumpliendo con la entrega de los implementos de aseo en cuanto a la
cantidad, como lo establece el reglamento, ya que les dan el equivalente a un
mes y este tiene que durarles 3; no se han hecho arreglos en los baños y se les
restringe el tiempo en el sanitario, ya que los mismos son insuficientes; por
último, insisten en que no tienen donde lavar la ropa.
El
caspete está funcionando pero los precios de los artículos son elevados, solo
venden tarjetas, papel y otras cosas no comestibles.
No
existen garantías para redención de pena, ya que la oficina jurídica del penal
no les envía la documentación completa; hay morosidad.
Acerca
de las peticiones, las autoridades judiciales le dan el trámite debido pero el
establecimiento no da el cumplimiento adecuado.
4.7.
Copia de la Directiva núm. 017 del 15 de diciembre de 2011 por medio de la cual
el Procurador General de la Nación impartió directrices para la protección de
los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad al Director
General del INPEC, al Director General de la Unidad de Servicios Penitenciarios
y Carcelarios SPC, a los Directores, Subdirectores, Comandantes de Guardia y
Vigilancia de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios del INPEC, y a
los Directores de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios de las
Fuerzas Militares y de Policía[42].
5. Contraloría General de la República.
La
Contraloría General de la República adjuntó los siguientes documentos[43]:
5.1.
Informe presentado por la Contraloría General de la República, el cual contiene
la auditoría realizada al Instituto Penitenciario y Carcelario -INPEC-, evidenciándose
algunas debilidades de la administración durante la vigencia de 2011.
5.2.
Documento sobre la actual situación carcelaria en Colombia, dentro del cual la
contraloría hizo énfasis respecto de uno de los problemas que enfrentan las
prisiones del país, esto es, la sobrepoblación. Falencia esta que, según el
informe, no solo se soluciona con la ampliación de la infraestructura, sino
también con la implementación de programas para la redención de pena y los
procesos de resocialización para la readaptación de los internos.
Respecto
de la prestación del servicio de salud en los establecimientos carcelarios y
penitenciarios dijo que era deficiente, tanto así que en el año 2012 “los
presos [interpusieron] 1.283 tutelas por fallas en el servicio. En 110 penales
[había] problemas de atención médica. En 42 de ellos [faltaban] médicos, y
cuando los hay, no hay medicamentos”.
5.3.
Informe acerca del estado actual del plan de construcción, dotación y
mantenimiento de infraestructura carcelaria. El escrito sugiere un plan de
ampliación de la infraestructura carcelaria, mediante dos componentes:
“En primer lugar, ‘un plan de ampliación, adecuación y
dotación (AAD)’ que permitiría la adecuación de 3.100 cupos carcelarios en
establecimientos ya existentes y, ‘por otro, la implementación del plan de
construcción, dotación y mantenimiento (CDM) permitirá la generación de 21.200
nuevos cupos que apoyarán la política de descongestión del sistema y el
mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de los Establecimientos de
Reclusión del Orden Nacional (ERON)’”.
Indicó
que respecto del primero se tiene que la capacidad de 40 ERON existentes
aumentó en 3.195 cupos, cumpliéndose esta meta en un 103%. No obstante, en
estos mismos centros de reclusión la población creció a 6.221 con lo que la
capacidad neta realmente disminuyó en 95%. Aunado a esto, se suma el hecho de
que en otros 41 ERON existentes la capacidad se redujo en 2.461 cupos,
incluyendo la eliminación de 6 de ellos.
5.4.
Informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República.
Proyecto construcción y dotación de infraestructura penitenciaria y carcelaria
del Orden Nacional, Ministerio del Interior y Justicia (a 30 de junio de 2011).
(i)
En el hallazgo 21, manifestó que a pesar del esfuerzo presupuestal, las
condiciones de vida de varias personas privadas de libertad no han mejorado,
debido al hacinamiento, ya que sigue siendo muy alto para el total de las
cárceles existentes.
(ii)
Respecto del hallazgo 48 (Florencia), indicó que “la implantación
arquitectónica de las edificaciones del proyecto no contemplaron las
condiciones naturales y topográficas reales del lote a intervenir, en donde
agentes determinantes de diseño no fueron considerados, pues se ignoró la
presencia de canales naturales de riego, nacimientos de agua, lo que impidió la
construcción planteada inicialmente haciéndose necesario la realización de
obras de desvió de estos canales, generando diferencias en las cantidades de
obra del presupuesto entregado por el consultor y las cantidades de obras
realmente a ejecutada”.
(iii)
En cuanto al hallazgo 50 (Florencia), dijo
que en los sectores de alta y mediana seguridad se construyeron unas garitas de
seguridad diseñadas para vigilar el área recreativa y de deportes, las cuales
no están siendo usadas por el personal del establecimiento generando su
deterioro. Igualmente, expuso que existen áreas que no están cumpliendo con el
fin para el cual fueron diseñadas.
(iv)
En relación con el hallazgo 54 (Florencia), expresó que el cuarto de rayos X de
odontología de sanidad de mediana seguridad no cuenta con el espacio idóneo
para el equipo ni para el paciente.
(v)
En el hallazgo 58 (Florencia), respecto de los equipos de dotación informó que
en el sector de mediana y mínima seguridad hay aparatos dañados (por ejemplo
peladora de papas, lavavajillas, mangos para duchas, entre otros), que no se
pueden reparar debido al mal uso, generando demora e inconvenientes para la
preparación de los alimentos.
(vi)
En el hallazgo 60 (Florencia), explicó que en el sector de mínima seguridad
existen equipos (como lavadoras, secadoras, plancha de rodillo, mesas de
planchado, planchas eléctricas manuales, etc.), que se les hace el
mantenimiento preventivo pero no se utilizan, ya que los espacios aún no están
ocupados por los internos.
(vii)
En lo que se refiere al hallazgo 46 (Florencia), declaró que la bodega cuenta
con elementos sin utilizar (como una unidad odontológica, maquinas trotadoras,
bicicletas estáticas, nevecones tipo industrial, entre otras). Agregó que el
establecimiento no fue dotado de herramientas, insumos y personal suficiente
para el mantenimiento rutinario y el normal funcionamiento del mismo.
6. Director de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de
Justicia y del Derecho.
El
Director de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del
Derecho, Alejandro Gómez Jaramillo señaló que dicha cartera no ha vulnerado los
derechos fundamentales de los reclusos, toda vez que el ministerio no es
competente para administrar los establecimientos penitenciarios y carcelarios[44].
Adicionó
que conforme con el Decreto Ley 4150 de 2011, se creó la Unidad de Servicios
Penitenciarios con el fin de suministrar bienes y servicios para los centros de
reclusión, así como lo referente al manejo de la infraestructura de los
establecimientos penitenciarios y carcelarios; orientada a enfrentar la
problemática de los sitios de detención intramuros para garantizar el bienestar
de los presos.
Incluyó
un informe sobre el proyecto de adecuación de áreas de sanidad en los centros
de reclusión del Orden Nacional del INPEC enviado por la Unidad de Servicios
Penitenciarios -USP- (elaborado el 8 de agosto de 2012), donde se evidenció que
los penales no están aplicando los criterios existentes sobre estándares de
infraestructura, debido a que en muchas de estas zonas su mantenimiento es
deficiente y otras carecen de los espacios necesarios para el cumplimiento de
lo establecido en la normatividad, lo cual impide el adecuado funcionamiento de
los centros de reclusión y el fin resocializador de la pena[45].
7.
Coordinadora del grupo de tutelas del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario -INPEC-.
La
coordinadora del grupo de tutelas del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario -INPEC-, Gloria Esperanza Maldonado, informó que la Ley 1122 de 2007
dispuso que la población reclusa se afiliará al Sistema General de Seguridad
Social en Salud, para lo cual el Gobierno Nacional indicará los mecanismos que
permitan la operatividad, con el propósito de que los presos reciban adecuadamente
los servicios y se les garantice el goce efectivo del derecho a la salud.
Igualmente, indicó que el servicio de sanidad vela por la salud de cada
interno, a tal punto que es obligatorio practicarles un examen al ingresar al
centro de detención  y cuando se decreta su libertad[46].
Finalmente,
señaló que se creó la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios para
afianzar el cumplimiento de los mandatos del Estado Social y Democrático de Derecho,
relacionados con el respeto a la dignidad humana y el ejercicio de los derechos
fundamentales de los reclusos, ya que es necesario contar con una entidad
especializada en la gestión y operación para el suministro de los bienes y la
prestación de los servicios requeridos para garantizar el bienestar de la
población privada de la libertad. Además, brinda apoyo administrativo y de
ejecución de actividades al Instituto Nacional Penitenciario para el
cumplimiento de sus objetivos de modo más eficiente.
V.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
1.
Competencia.
Esta
Sala es competente para examinar el fallo materia de revisión, de conformidad
con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Problema jurídico.
2.1.
Aproximadamente 125 internos de la Penitenciaría Las Heliconias instauraron
acción de tutela contra dicho establecimiento y el Instituto Penitenciario y
Carcelario -INPEC- por considerar transgredidos sus derechos a la dignidad
humana, a la vida digna, a la salud, a la comunicación, a la redención de penas
y al buen trato, toda vez que: (i) no cuentan con una adecuada y pronta
prestación del servicio de salud; (ii) no disfrutan de una
alimentación apropiada en calidad y cantidad; (iii) las visitas conyugales o
íntimas son restringidas; (iv) no tienen un oportuno y eficiente servicio de
telefonía; (v) no existe privacidad e higiene en la zona de los baños; (vi) no
poseen dotación de sábanas, toallas y uniformes; (vii) no gozan de mecanismos
para redimir pena; (viii) no se les recibe ningún oficio, ni se les permite
presentar recursos dentro del término legal; y (ix) no tienen espacio para la
recreación y el deporte, entre otros.
2.2. Teniendo en cuenta los antecedentes
reseñados, le corresponde a esta Sala de Revisión determinar si las condiciones
en que se encuentran recluidos los internos de la penitenciaría en mención cumplen
con los estándares necesarios para garantizar sus derechos fundamentales.
2.3.
Para ello esta Sala comenzará por reiterar su jurisprudencia en cuanto a (i) la relación de
especial sujeción entre el Estado y las personas que se encuentran en detención
intramuros, y el deber de proteger y garantizar sus derechos fundamentales; abordará temas
como: (ii) el tratamiento
penitenciario;
(iii) la dignidad humana; (iv) el derecho a la salud; (v) el derecho a una
alimentación adecuada en calidad y cantidad; (vi) el derecho al
trabajo (vii) el derecho a la educación; (viii) el derecho de petición; (ix) el derecho a la
comunicación, (x) el derecho
a las visitas; y
(xi) el derecho a la recreación, entre otros aspectos. Con base en ello (xii) resolverá el
caso concreto.
3. Relación de especial sujeción entre el Estado y las
personas que se encuentran en detención intramuros, y el deber de proteger y
garantizar sus derechos fundamentales.
La
jurisprudencia constitucional ha sostenido que entre el Estado y las personas
que se encuentran privadas de la libertad surge un vínculo de “especial
relación de sujeción”[47],
dentro del cual las autoridades penitenciarias y carcelarias pueden limitar y
restringir el ejercicio de ciertos derechos de los internos, siempre y cuando
dichas medidas estén dentro de los criterios de razonabilidad, utilidad,
necesidad y proporcionalidad[48]. Lo
cual implica[49]:
(i) La
subordinación de una parte (los internos) a la otra (el Estado)[50].
(ii) Esta
subordinación se concreta en el sometimiento del recluso a un régimen jurídico
especial, controles disciplinarios y administrativos, y la posibilidad de
restringir el ejercicio de ciertos derechos, inclusive fundamentales.
(iii) Este régimen,
en cuanto al ejercicio de la potestad disciplinaria especial y a la limitación
de los derechos fundamentales, debe ser autorizado por la Carta Política y la
ley.
(iv) La
finalidad del ejercicio de la potestad y limitación en mención es la de
garantizar los medios para el ejercicio de los otros derechos de las personas
privadas de libertad, buscando cumplir con el objetivo principal de la pena,
que es la resocialización.
(v) Como
derivación de la subordinación, surgen algunos derechos especiales[51],
en cuanto a las condiciones materiales de existencia en cabeza de los internos.
(vi) El deber
del Estado de respetar y garantizar el principio de eficacia de los derechos
fundamentales, en especial con el desarrollo de conductas activas.
En
igual sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante
Comisión I.D.H.) ha sostenido que la subordinación del interno frente al Estado
constituye “una relación jurídica de derecho público se encuadra dentro de
las categorías ius administrativista conocida como relación de sujeción
especial, en virtud de la cual el Estado, al privar de libertad a una persona,
se constituye en garante de todos aquellos derechos que no quedan restringidos
por el acto mismo de la privación de la libertad (…)”[52].
Así, con la
privación del derecho de libertad de un individuo nace una relación de especial
sujeción entre el Estado y el recluso dentro de la cual surgen tanto derechos
como deberes mutuos, fundamentándose “por un lado, el ejercicio de la
potestad punitiva y, por otro, el cumplimiento de las funciones de la pena y el
respeto por los derechos de la población carcelaria”[53].
La Corte ha clasificado sus derechos fundamentales en
tres categorías[54]: (i)
aquellos que pueden ser suspendidos, como consecuencia de la pena impuesta
(como la libertad física y la libre locomoción); (ii) aquellos que son
restringidos debido al vínculo de sujeción del recluso para con el Estado (como
derechos al trabajo, a la educación, a la familia, a la intimidad personal); y
(iii) derechos que se mantienen incólumes o intactos, que no pueden limitarse
ni suspenderse a pesar de que el titular se encuentre sometido al encierro,
dado a que son inherentes a la naturaleza humana, tales como la vida e
integridad personal, la dignidad, la igualdad, la salud y el derecho de
petición, entre otros[55].
De esta manera,
nace para el Estado la obligación de “garantizar que los [internos] puedan
ejercer plenamente los derechos fundamentales que no les han sido suspendidos,
y parcialmente aquellos que les han sido [limitados]. Ello implica, no
solamente que el Estado no deba interferir en la esfera de desarrollo de estos
derechos, sino también que debe ponerse en acción para asegurarle a los
internos el pleno goce de los mismos”[56].
Lo anterior obedece a que las personas que están detenidas intramuros se
encuentran en una condición de indefensión y vulnerabilidad en relación con la
dificultad que tienen para satisfacer por sí solas sus necesidades[57].
3.1. Tratamiento penitenciario.
El
artículo 10 de la Ley 65 de 1993[58]
consagra que la finalidad del tratamiento penitenciario, es la resocialización
del delincuente, “mediante el examen de su personalidad y a través de la
disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el
deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario”.
Asimismo, los artículos 142 y 143 de la misma ley
establecen que el objetivo de dicho tratamiento es la reinserción para la vida
en libertad[59],
teniendo como base la dignidad humana y las necesidades particulares de la personalidad
de cada sujeto, verificándose mediante la educación, la instrucción, el
trabajo, la actividad cultural, recreativa y deportiva, y las relaciones de
familia, de manera progresiva, programada e individualizada.
Al respecto este tribunal ha expresado que el
tratamiento penitenciario tiene dos aspectos fundamentales, siendo estos: (i)
buscar la readaptación social del interno y (ii) la relación que hay entre el
derecho a acceder a programas de estudio o trabajo que permitan redimir pena y
el derecho a la libertad[60].
Del mismo modo, la Comisión I.D.H. ha indicado que la
privación de la libertad tiene un objetivo específico: que el interno logre su
resocialización. En virtud de ello, las autoridades penitenciarias, a pesar de
gozar de un poder disciplinario, no se deben exceder en su ejercicio y por
tanto “el recluso no deberá ser
marginado sino reinsertado en la sociedad”; es decir, la actividad penitenciaria tiene que cumplir un principio
básico: “no debe añadirse a la privación de libertad mayor sufrimiento del
que ésta ya representa. Esto es, que el preso deberá ser tratado humanamente,
con toda la magnitud de la dignidad de su persona, al tiempo que el sistema
debe procurar su reinserción social”[61].
De lo anterior se desprende que la obligación que
adquieren los centros de reclusión es la de restituir los vínculos sociales de
las personas privadas de la libertad con el mundo exterior, ya que de ello
depende que se logre una verdadera readaptación social[62].
3.2. Dignidad Humana.
La Carta Política en su artículo 1º consagra que
Colombia es un Estado fundado en el respeto de la dignidad humana[63],
y su artículo 12 establece que “nadie será sometido a desaparición forzada,
a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. Del mismo
modo, el artículo 5º de la Ley 65 de 1993 indica como uno de sus principios
rectores que en los centros de reclusión debe predominar “el respeto a la
dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos
universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia síquica, física
o moral”.
Dicho
principio ha sido reconocido por las normas internacionales[64]
de los derechos humanos e interpretado por la Observación General núm. 21 del
Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y que este tribunal resumió,
así[65]:
“(i) todas las personas privadas de la libertad deberán ser
tratadas en forma humana y digna, independientemente del tipo de detención al
cual estén sujetas, del tipo de institución en la cual estén recluidas; (ii)
los Estados adquieren obligaciones positivas en virtud del artículo 10-1 del
Pacto, en el sentido de propugnar por que no se someta a las personas privadas
de la libertad a mayores penurias o limitaciones de sus derechos que las
legítimamente derivadas de la medida de detención correspondiente; y (iii) por
tratarse de una ‘norma fundamental de aplicación universal’, la obligación de
tratar a los detenidos con humanidad y dignidad no puede estar sujeta, en su cumplimiento,
a la disponibilidad de recursos materiales, ni a distinciones de ningún tipo’”[66].
La Corte
Constitucional ha señalado que para el Estado nace el deber de respetar la
dignidad humana de las personas privadas de la libertad, ya que “constituye
el pilar central de la relación entre el Estado y la persona privada de la
libertad, y es, además, una norma fundamental de aplicación universal,
reconocida expresamente por los tratados y convenios de derechos humanos,
prevalentes en el orden interno (…)”[67].
En
igual sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte
I.D.H.) en el caso Vélez Loor vs. Panamá manifestó que la persona privada de la
libertad “tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con
su dignidad personal”[68].
Agregó que el Estado, como garante de los sujetos que se encuentran bajo su
custodia, tiene el deber de salvaguardarlos en su salud y bienestar,
otorgándoles atención médica, así como también garantizándoles que “la
manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de
sufrimiento inherente a la detención[69]”,
so pena de violar los numerales 1º y 2º del artículo 5º de la Convención Americana
de Derechos Humanos que prohíbe las penas o tratos inhumanos o degradantes.
Así
las cosas, se tiene que conforme con las normas tanto nacionales como
internacionales, en virtud de la especial relación de sujeción es deber del
Estado garantizar el pleno disfrute de los derechos que no han sido
suspendidos; y el respeto a la dignidad humana es un derecho que no permite
limitación alguna.
3.3.
Derecho a la salud.
3.3.1.
El artículo 49 de la Constitución Política consagra la salud como un servicio
público a cargo del Estado, por lo que a este le corresponde garantizar a todas
las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación.
La Declaración Universal de Derechos
Humanos, en su artículo 25, consagra que “Toda persona tiene derecho a un
nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios (…)”. En igual
sentido, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
señala: “Artículo 12. 1. Los Estados partes en el presente Pacto
reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de
salud física y mental”[70].
A
su turno, el artículo 106 del Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de
1993) impone a las autoridades el deber de impartir atención médica conforme
con los reglamentos del centro de reclusión, así como también de prestar el
servicio médico particular de manera excepcional cuando el establecimiento no
esté en capacidad de suministrarlo.
3.3.2.
En cuanto al derecho a la salud, la jurisprudencia ha establecido que no puede
ser suspendido ni restringido como consecuencia de la privación de la libertad[71],
en razón a que el recluso no puede por sí mismo afiliarse al Sistema General de
Seguridad Social, ya sea en el régimen contributivo o subsidiado, ni pagar los
costos de los servicios requeridos. Por esto, y teniendo en cuenta la relación
de especial sujeción, el Estado tiene la obligación de garantizar que los
servicios que implica este derecho sean eficazmente proporcionados a través del
INPEC y de los directores de los lugares de reclusión[72]. Al
respecto esta corporación ha dicho:
“[P]or la salud del interno debe velar el sistema carcelario
a costa del tesoro público, y la atención correspondiente incluye, también a su
cargo, los aspectos médicos, quirúrgicos, hospitalarios y farmacéuticos, entre
otros. Los derechos fundamentales del preso resultarían gravemente violados por
la negligencia estatal en estas materias, así como por la falta de cuidado y
asistencia requeridos para la prevención, conservación y recuperación de su
salud (…)”[73].
3.3.3.
Asimismo, la Corte ha establecido que la atención médica que se les brinda a
los internos debe ser eficiente; para ello el Estado debe disponer de los
necesarios recursos administrativos, técnicos y financieros[74]. Por
tal motivo, “los problemas de índole administrativo y financiero, no pueden
constituirse en excusa para el acceso a la prestación de un servicio médico
requerido por quien se encuentra privado de la libertad”[75].
3.3.4.
Del mismo modo, en el marco de los estándares internacionales, la Comisión I.D.H.
ha dicho que el suministrar una atención médica eficiente a las personas que se
encuentran en detención intramuros es una obligación que emana del deber de los
Estados partes de garantizar la integridad personal de los reclusos[76].
Igualmente, en el caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela
la Corte I.D.H. sostuvo:
“El Estado tiene
el deber de proporcionar a los detenidos revisión médica regular y atención y
tratamiento adecuados cuando así se requiera. A su vez, el Estado debe permitir
y facilitar que los detenidos sean atendidos por un facultativo elegido por
ellos mismos o por quienes ejercen su representación o custodia legal, sin que
esto signifique que existe una obligación de cumplir con todos los deseos y
preferencias de la persona privada de libertad en cuanto a atención médica,
sino con aquellas verdaderamente necesarias conforme a su situación real. La
atención por parte de un médico que no tenga vínculos con las autoridades
penitenciarias o de detención es una importante salvaguardia en contra de la
tortura y malos tratos, físicos o mentales, de los prisioneros.
La falta de
atención médica adecuada podría considerarse en sí misma violatoria del
artículo 5.1 y 5.2 de la Convención dependiendo de las circunstancias concretas
de la persona en particular, el tipo de dolencia que padece, el lapso
transcurrido sin atención y sus efectos acumulativos.”.
En
el caso Vélez Loor vs. Panamá, la Corte I.D.H. expuso que el Estado tiene la
obligación de brindar a los internos revisión médica de manera regular, así
como también la atención y tratamiento idóneos cuando así lo requieran, ya que
la falta de esa atención podría eventualmente estructurar violación de la
integridad personal, dependiendo de las circunstancias concretas de la persona,
la clase de dolencia que sufre y el lapso de tiempo sin proporcionar dicha
atención[77].
Por
su parte, la Comisión I.D.H. en su informe de 2011 reiteró que la prestación de
un servicio médico adecuado es un requisito mínimo y necesario que debe cumplir
el Estado con el fin de garantizar un trato humano a las personas que tiene
bajo su custodia[78].
Agregó que la privación de la libertad “no debe representar jamás la pérdida
del derecho a la salud”[79],
y que resulta intolerable que la detención intramuros añada a la privación de
la libertad padecimientos físicos o mentales[80].
En
igual sentido, la Corte Europea de Derechos Humanos ha establecido que la falta
de asistencia médica a los detenidos que padecen una enfermedad es considerada
como una violación al artículo 3º de la Convención Europea que prohíbe la
tortura, las penas o tratos inhumanos o degradantes. Así lo consideró en los
siguientes casos:
(a)
Vasyukov contra Rusia[81],
donde el recluso manifestaba haber contraído tuberculosis en el transcurso de
la detención, sin recibir la atención médica necesaria debido a diagnóstico
tardío de su enfermedad.
(b)
Logvinenko contra Ucrania[82],
condenado a cadena perpetua, quien padecía de VIH y otras enfermedades; alegaba
que no había recibido ningún tratamiento antiviral ni tampoco le hicieron
exámenes de sangre con el objeto de establecer si necesitaba algún tipo de tratamiento.
(c)
A.B. contra Rusia[83],
donde el demandante era un individuo seropositivo, la celda dentro de la cual
estuvo recluido carecía de ventilación y calefacción, no contaba con un
tratamiento antiviral y nunca fue admitido en un hospital debido a que no había
lugar; rara vez recibía atención médica.
3.3.5.
Por otro lado, la Comisión I.D.H. ha aseverado que en los eventos en que el
Estado ha delegado a entidades o agentes privados la prestación del servicio de
salud de las personas que se encuentran en detención intramuros[84], no
implica que no sean responsables de prestar una adecuada asistencia médica[85].
Lo anterior se sustenta en la doctrina “ampliamente desarrollada y asentada
en el Sistema Interamericano, según la cual los Estados no sólo son
responsables por las acciones directas de sus agentes, sino también por la de
terceros particulares cuando estos actúan a instancias del Estado, o con su
tolerancia o aquiescencia”[86].
Al respecto la Corte I.D.H. en el caso Ximenes Lopes vs. Brasil, comentó:
“87. (…) [L]a
acción de toda entidad, pública o privada, que está autorizada a actuar con
capacidad estatal, se encuadra en el supuesto de responsabilidad por hechos
directamente imputables al Estado, tal como ocurre cuando se prestan servicios
en nombre del Estado.
(…)
89. En relación
con personas que se encuentran recibiendo atención médica, y dado que la salud
es un bien público cuya protección está a cargo de los Estados, éstos tienen la
obligación de prevenir que terceros interfieran indebidamente en el goce de los
derechos a la vida y a la integridad personal, particularmente vulnerables
cuando una persona se encuentra bajo tratamiento de salud. La Corte considera
que los Estados tienen el deber de regular y fiscalizar toda la asistencia de
salud prestada a las personas bajo su jurisdicción, como deber especial de
protección a la vida y a la integridad personal, independientemente de si la
entidad que presta tales servicios es de carácter público o privado”.
Así,
la obligación que tiene el Estado de regular y fiscalizar la prestación de los
servicios de salud que prestan las entidades privadas es mayor, debido a su
posición de garante frente a los individuos que están a su cargo[87].
3.3.6.
De otra parte, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que el Estado
tiene un deber de solidaridad respecto de las personas que se encuentran bajo
su potestad, en el entendido de que no puede apartarse de la obligación de
prestar los servicios de salud de los internos justificándose en que no se
encuentran recluidos en los centros penitenciarios y carcelarios, ya que su
compromiso “se extiende al mantenimiento de las condiciones óptimas de vida
de quien enfermó bajo su custodia”. Por tanto le corresponde, además,
garantizar el derecho a la salud de las personas que se encuentran en detención
domiciliaria por motivo de enfermedad ocurrida durante la privación de la
libertad[88].
3.3.7.
De
lo anterior se desprende la obligación del Estado de garantizar a todos los
individuos en igualdad de condiciones la prestación del servicio de salud,
máxime cuando se trata de personas que se encuentran en situación de debilidad
manifiesta como consecuencia de hallarse bajo el cuidado de las instituciones
penitenciarias y/o carcelarias, siendo estas últimas las encargadas de velar
para que se le brinde a la población reclusa un servicio de salud eficiente y
oportuno, sin ningún tipo de barreras administrativas ni económicas,
facilitando el acceso a servicios, tratamiento y medicamentos, que permitan
llevar una vida en condiciones dignas durante el tiempo que dure la detención
intramuros e inclusive la domiciliaria.
3.4.
Derecho a una alimentación adecuada en calidad y cantidad.
La
Ley 65 de 1993, en los artículos 67 y 68, establece que el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario tiene a su cargo el suministro de los
alimentos a la población reclusa y puede ser ejecutada por sí mismo o a través
de contratos con particulares[89]. Igualmente, señalan que
“[l]os alimentos deben ser de tal calidad y cantidad que aseguren la
suficiente y balanceada nutrición de los reclusos. La alimentación será
suministrada en buenas condiciones de higiene y presentación. Los internos
comerán sentados en mesas decentemente dispuestas. La prescripción médica, la
naturaleza del trabajo, el clima y hasta donde sea posible, las convicciones
del interno, se tendrán en cuenta para casos especiales de alimentación”.
Este
tribunal ha señalado que el Estado tiene el deber de suministrar a las personas
privadas de la libertad una alimentación suficiente y adecuada, aclarando que cuando
no cumple con dicha obligación vulnera los derechos a la vida, a la salud y a
la integridad personal de los internos. Al respecto expuso:
“El hambre, que supone necesariamente sufrimiento y
ostensible daño a la integridad personal -física y mental- de quien la padece,
constituye un trato cruel e inhumano, proscrito por nuestro ordenamiento, y,
por contera, implica, contra la Constitución, una pena adicional no contemplada
en la ley”.[90]
Del
mismo modo, la sentencia T-208 de 1999 recuerda que el Estado tiene la
obligación de proporcionar a los detenidos intramuros “las condiciones
mínimas de subsistencia requeridas, al punto de que éstos vean garantizados sus
derechos fundamentales. Entre los diferentes factores que deben tenerse en
cuenta para mantener la integridad personal de los reclusos, se incluye el de
la debida alimentación. Los internos deberán recibir su alimentación diaria, la
cual tendrá que responder a condiciones mínimas de higiene, valor nutricional y
una calidad y cantidad que les permita su sana y completa nutrición”[91].
Asimismo, la
jurisprudencia constitucional ha resaltado que el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC) y las autoridades encargadas de los centros
de reclusión tienen bajo su cargo velar porque la alimentación de los detenidos
sea nutritiva, higiénica y balanceada. Sin embargo, tal obligación pueden
delegarla a particulares, conservando la potestad de vigilar y controlar la
correcta ejecución de los mismos, so pena de responder tanto disciplinaria como
penalmente[92].
En
igual sentido, la Comisión I.D.H. ha sostenido que “aun cuando la
alimentación de las personas privadas de la libertad sea concedida a un
tercero, ‘el Estado sigue siendo responsable de la supervisión y control de
calidad de los productos entregados por las empresas de catering, y de que
tales productos efectivamente lleguen íntegros hasta los presos’”[93].
Por último,
respecto de la restricción del ingreso de alimentos al centro de detención
consideró este tribunal que es una medida proporcional, cuyo fin es el de
mantener el orden y la seguridad del lugar de reclusión, debido a que “la experiencia demuestra que el ingreso de comida ha
sido aprovechado para esconder sustancias prohibidas y armas”[94].
Por
lo anterior se tiene que las personas privadas de la libertad al estar
imposibilitadas para suministrarse por sí mismas la alimentación requerida para
su sana nutrición, el Estado debe brindar a los internos víveres que cuenten
con condiciones esenciales con el fin de garantizarles su mínimo vital durante
la detención.
3.5.
Higiene y vestuario.
La Corte ha
manifestado que a los internos se les debe entregar de manera periódica
elementos de aseo; así lo hizo conocer en el caso donde los presos
manifestaron que las directivas del Pabellón de Máxima Seguridad de Cómbita
(Boyacá) no les proporcionaban los mismos, debido a que solo se suministraban
al momento de su ingreso, y luego debían procurárselos de su propio peculio o
el de su familia. Este tribunal dijo:
“Sobre el particular considera la Sala que la mencionada
disposición reglamentaria contraría el principio de igualdad consagrado en el artículo
13 superior, por cuanto no existe justificación alguna para que a los sindicados que se encuentran recluidos en las
instalaciones de Cómbita no se les provea con la regularidad necesaria los
mismos elementos básicos que el reglamento prevé para los condenados. En
efecto, el Estado no puede alegar dificultades de orden presupuestal para no
proveer a todos los internos un conjunto de elementos esenciales para llevar
una vida digna. En otros términos, las directivas del centro de reclusión deberán inaplicar
la restricción de provisión de elementos mínimos a los condenados, que
establece el artículo 62 del reglamento interno de Combita, y cumplir el
mandato que establece el artículo 13 constitucional”[95].
Además,
el hecho de que la persona que se encuentra en prisión no pueda procurarse por
sí sola sus elementos de aseo, conlleva a que el Estado tenga la obligación de
proporcionarlos, permitiendo que los internos cuenten con unas condiciones
mínimas de existencia[96],
ya que, ante la ausencia de las mismas “pueden generar problemas para la
salud de los internos, debido a la proliferación de bacterias y olores
nauseabundos a los que diariamente están obligados a soportar. Por lo que, de
hacer caso omiso a la presente situación, se estaría incumpliendo con los
requisitos mínimos para ofrecer una vida digna a los reclusos”[97].
En esta
dirección, el artículo 67 de la Ley 65 de 1993 consagra que “el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario tendrá a su cargo (…) la dotación de
elementos y equipos de: trabajo, sanidad, didácticos, deportivos, de recreación
y vestuario para condenados y todos los recursos materiales necesarios para la
correcta marcha de los establecimientos de reclusión”.
En relación con
la dotación que se les proporciona a los detenidos, en el sentido que permita
unas condiciones mínimas de existencia, este tribunal ha explicado que se debe “disponer
de elementos para dormir, tener un vestido en buen estado, contar con calzado
en buen estado y disponer de ciertos implementos de aseo que garanticen una
buena presentación personal y condiciones mínimas de salud y de salubridad.
Sólo basta que suceda el hecho operativo para que la persona facultada por la
disposición pueda entrar a participar de la relación jurídica concreta. El
hecho de la privación de la libertad judicialmente declarada, sumado al de la
reclusión efectiva, convierten al recluso en titular del derecho a la dotación,
derecho que puede oponerse a la administración del penal, cuyo representante
legal tendrá el deber jurídico correlativo de suministrarla”[98].
Por
ello, este tribunal ha considerado que el incumplimiento por parte de los
centros de reclusión en relación con el deber de facilitar dichos insumos,
podría generar además de una violación del derecho al mínimo vital y el
desconocimiento de la dignidad humana, “sufrimiento intolerable a la luz del
Estado Social de Derecho en cuanto al suplemento punitivo no autorizado por la
Constitución”[99].
3.6. Derecho al trabajo.
El artículo 25 superior establece que “toda persona
tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”. En igual
sentido, el artículo 79 de la Ley 65 de 1993 establece que “El trabajo en los establecimientos de reclusión es
obligatorio para los condenados como medio terapéutico adecuado a los fines de
la resocialización. No tendrá carácter aflictivo ni podrá ser aplicado como
sanción disciplinaria. Se organizará atendiendo las aptitudes y capacidades de
los internos, permitiéndoles dentro de lo posible escoger entre las diferentes
opciones existentes en el centro de reclusión. Debe estar previamente
reglamentado por la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario. Sus productos serán comercializados”.
Asimismo, el artículo 82 de la referida ley, consagra
el derecho del que gozan los detenidos y condenados de redimir pena mediante el
trabajo[100]. Al
respecto la Corte ha sostenido que, además de ser un medio para su readaptación
social, también sirve para reducción de la pena:
“La
máxima aspiración del preso es recobrar su libertad. Uno de los medios para
lograrlo es el trabajo, el cual por disposición legal tiene incidencia directa
en la rebaja de pena. Las oportunidades de trabajo y las garantías para el goce
permanente de este derecho en las cárceles posibilitan al recluso alimentar su
esperanza de libertad mediante un esfuerzo resocializador que dignifica su
existencia. De otra parte, las autoridades administrativas tienen la
posibilidad de evaluar la evolución de la conducta según el desempeño del
trabajo individual, lo cual resalta aún más la importancia de propender en los
establecimientos carcelarios por el pleno empleo.
El
carácter resocializador de la pena tiene la función de formar al interno en el
uso responsable de su libertad: ello es posible a través del trabajo,
particularmente mediante el respeto de sus garantías constitucionales y
legales”[101].
Así que para que se logre la rehabilitación social de
los internos se hace indispensable que el Sistema Penitenciario disponga lo
necesario para que los mismos  tengan acceso a actividades laborales[102].
Y si bien “no existe una obligación perentoria en cabeza de la Dirección del
penal consistente en disponer de suficientes puestos de trabajo para satisfacer
la demanda laboral en términos absolutos. Al tratarse de un bien escaso, la
razón y oportunidad para la distribución de los beneficios está sometida a
limitaciones materiales inevitables”[103], lo
cierto es que “la distribución de dichas labores no puede realizarse con
base en parámetros discriminatorios ni autoritarios sino que debe mediar una
justificación constitucional y legal que la respalde”[104].
De lo anterior, se desprende que el trabajo dentro de
centro carcelario: (i) tiene un fin resocializador; (ii) es una actividad que
posibilita la reducción de la pena; y (iii) a pesar de que el beneficio en
mención se encuentra limitado materialmente, la distribución de la actividad
laboral debe ser justificada.
3.7. Derecho a la educación.
El artículo 67 de la Constitución Política indica que “[l]a
educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”.
La Ley 65 de 1993, en su artículo 94, expone que: “[l]a educación al igual que el trabajo constituye la base
fundamental de la resocialización. En las penitenciarías y cárceles de Distrito
Judicial habrá centros educativos para el desarrollo de programas de educación
permanente, como medio de instrucción o de tratamiento penitenciario, que
podrán ir desde la alfabetización hasta programas de instrucción superior. La
educación impartida deberá tener en cuenta los métodos pedagógicos propios del
sistema penitenciario, el cual enseñará y afirmará en el interno, el
conocimiento y respeto de los valores humanos, de las instituciones públicas y
sociales, de las leyes y normas de convivencia ciudadana y el desarrollo de su
sentido moral”.
Sobre este punto la Corte Constitucional ha sostenido
que“[e]l trabajo desarrollado por los
presos es un medio indispensable -junto con el estudio y la enseñanza- para
alcanzar el fin resocializador de la pena, y hace parte integrante del núcleo
esencial del derecho a la libertad, pues tiene la virtud de aminorar el tiempo
de duración de la pena a través de su rebaja o redención”[105]
Del mismo modo, los artículos 97 y 98 de la Ley 65 de
1993 consagran el derecho de los detenidos y condenados de redimir pena
mediante programas de estudio y enseñanza[106]. Al
respecto este tribunal ha reiterado que no solo la enseñanza que se le imparte
a los presos es un medio para lograr la readaptación a la sociedad y a la
reducción de la condena, sino también la que ellos pueden brindar[107].
3.8. Derecho de petición.
El artículo 23 de la Carta Política
señala que “[t]oda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas
a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener
pronta resolución. (…)”[108].
Esta corporación ha sostenido que los
internos, a pesar de tener algunos derechos limitados, no por ello dejan de ser
titulares de los mismos. Por lo anterior, “los
reclusos pueden ejercer el derecho de petición, para elevar solicitudes
respetuosas a las autoridades carcelarias y a las demás autoridades. Los
condenados- y con mayor razón los apenas retenidos- pueden dirigir peticiones
respetuosas a las autoridades carcelarias, u a otras entidades, organismos y
funcionarios, y tienen derecho al trámite de las mismas y a su pronta
respuesta. No están excluidos de la garantía del artículo 23 de la
Constitución.”[109]
Tal solicitud, como ya se ha dicho, debe ser resuelta
de manera pronta, oportuna y de fondo, esto es, clara, precisa y congruente y
ser puesta en conocimiento del interesado,
máxime cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad, donde la
pretensión se vuelve más apremiante[110].
Al respecto la Corte ha dicho:
“Esta
exigencia se torna más urgente si quien eleva una determinada petición de
información ante la autoridad pública se encuentra recluido en un centro
carcelario y la información solicitada está relacionada con su situación de
privación de la libertad. En estos casos, el deber de atención de las
autoridades en quienes recae la obligación de responder es mucho mayor, como
quiera que el solicitante se encuentra en una situación en la cual la
posibilidad de insistir es particularmente difícil, en razón de las
restricciones que pesan sobre su libertad y su imposibilidad de desplazamiento”[111].
La
jurisprudencia constitucional ha manifestado que el derecho de petición de los
internos es una de las garantías que no tiene ningún tipo de limitaciones en
razón a la condición en que se encuentran[112]:
“El
derecho de petición es uno de aquellos derechos fundamentales que los reclusos
ostentan en forma plena, vale decir, que no está sometido a ningún tipo de
limitación o restricción en razón de la situación de privación de la libertad a
que se encuentran sometidas estas personas. Lo anterior se deriva de la
naturaleza misma de la relación de especial sujeción que vincula al interno a
la administración carcelaria”[113].
En
igual sentido, la Comisión I.D.H. en su informe sobre los Derechos Humanos de
las Personas Privadas de Libertad en las Américas (2011) ha señalado que un
derecho fundamental con el que cuentan las personas que se encuentran privadas
de libertad es el de presentar peticiones o quejas, así como el de obtener una
respuesta pronta por parte de las respectivas autoridades. Lo anterior obedece
a que existen “situaciones relativas a las condiciones de detención, los
servicios que brindan las instituciones penitenciarias, la relación entre los
internos y los funcionarios o entre los propios internos, que requieren que
estos se dirijan a la administración por medio de peticiones o quejas”.
Ello
implica que el Estado tiene la obligación de adoptar mecanismos necesarios para
que exista un canal de comunicación entre los detenidos y la administración
penitenciaria, y estos últimos a su vez cuenten con los recursos para tomar las
acciones correspondientes a las quejas conforme con la normatividad aplicable[114].
Se
tiene, entonces, que tanto la penitenciaria como la administración de justicia
deben proteger dicho beneficio de manera plena[115],
así:
(i)
Dando
una completa, pronta y adecuada respuesta evitando demoras injustificadas.
(ii)
La
contestación debe contener una motivación razonable, y en el evento de no ser
posible responder en el término legal se tiene que justificar el retraso.
(iii)
En
cuanto a solicitudes de beneficios administrativos, tanto los centros de
reclusión como los jueces deben dar respuesta en los plazos consagrados por la
ley.
(iv)
Garantizar
que las peticiones elevadas por los reclusos contra otras autoridades sean
recibidas por estas oportunamente.
(v)
Si
quien recibe la solicitud no tiene competencia para resolverla, tiene que
remitir los documentos pertinentes al órgano o funcionario competente[116].
3.9.
Derecho a la comunicación.
El artículo 110 (y siguientes) del Código
Penitenciario y Carcelario consagra el derecho de las personas privadas de
libertad a sostener comunicación con el exterior y de recibir noticias
periódicas respecto de la vida nacional o internacional[117].
En el caso que se trate de un detenido, al ingresar al centro de reclusión
tiene derecho de comunicar su aprehensión tanto a su familia como a su abogado.
El director del lugar de reclusión establecerá en el
reglamento interno el horario y las modalidades de comunicación, entre las que
se encuentran: (i) enviar y recibir correspondencia, para lo cual los internos
gozan de franquicia postal; (ii) recibir visitas familiares, profesionales, de
autoridades judiciales y administrativas, y de los medios de comunicación;
(iii) contar con un sistema de información que contenga los hechos más
importantes de la vida nacional e internacional; y (iv) en caso excepcional y
en igualdad de condiciones, tener la posibilidad de hacer llamadas telefónicas,
debidamente vigiladas[118].
La Corte Constitucional ha sostenido que el derecho de
los detenidos intramuros a la comunicación tiene como soporte el reconocimiento
que hace el ordenamiento jurídico a los directores de los establecimientos de
reclusión para instaurar restricciones a su ejercicio, las cuales deben
corresponder al cumplimiento de los objetivos de la actividad carcelaria[119].
Así lo expuso la sentencia C-394 de 1995, mediante la cual se realizó el
control de constitucionalidad del artículo 111 del Código Penitenciario y
Carcelario:
“Los incisos segundos, tercero y quinto del artículo
111 se ajustan a la Carta Política, advirtiendo que, si bien es cierto, las
comunicaciones tanto verbales como escritas en los establecimientos carcelarios
deben estar sujetas a naturales limitaciones y controles, debe respetase el
derecho a la intimidad en su núcleo esencial. Es decir, las limitaciones y
controles de que se habla deben ser los encaminados a garantizar la seguridad
carcelaria y la prevención de delitos o alternaciones del orden y no extenderse
a campos como el de la libre expresión de los sentimientos afectivos o
manifestaciones del fuero íntimo de la persona”.
Por lo anterior, la jurisprudencia constitucional tiene
claro que las limitaciones en el derecho a la comunicación solo pueden ser
aquellas encaminadas a conservar la disciplina, el orden, la seguridad y la
convivencia dentro de los sitios de reclusión[120].
3.10. Derecho a
las visitas.
La Corte ha señalado que a pesar de que
el derecho a la visita íntima o conyugal tiene un estrecho vínculo con los
derechos a la intimidad personal y familiar y al libre desarrollo de la
personalidad, es un derecho restringido, ya sea por: (i) “las propias características que involucra el permitir
las visitas conyugales: contar con capacidad del centro de reclusión, número de
internos, infraestructura adecuada para programar las visitas, duración de las
mismas, privacidad, condiciones de higiene, seguridad, fechas de las mismas,
etc.”[121]; y (ii) las condiciones que consagra el
régimen interno de cada centro de detención con el objeto de cumplir ciertas
normas de seguridad[122].
Sin embargo, dichas circunstancias “no pueden constituir un obstáculo que
dificulte o haga nugatorio el ejercicio del derecho a la misma”[123].
Igualmente, este tribunal ha considerado que el hecho
de que una persona se encuentre privada de libertad no implica que pueda
limitarse la posibilidad de tener una vida sexual activa, ya que este tipo de
encuentros mejorarían aspectos físicos y psicológicos de los internos, así como
también el bienestar de la pareja[124].
Además, la jurisprudencia constitucional ha entendido que la visita íntima, “como
aquel espacio que, como su nombre lo indica, brinda a la pareja un espacio de
cercanía, privacidad personal y exclusividad, no pude ser reemplazado por
ningún otro medio, como podrían ser las visitas que se realizan en un patio o
en espacios compartidos con más reclusos, o la comunicación virtual a través de
medios tecnológicos”[125].
Sobre
este tema la Comisión I.D.H., ha manifestado que el Estado tiene la obligación
de facilitar y reglamentar las relaciones entre los internos y sus allegados[126].
Así como también ha recalcado que las visitas de allegados es un elemento
esencial del derecho a la protección de la familia[127].
Asimismo,
ha indicado que el Estado, como garante frente a las personas sujetas a su
custodia, tiene el deber de crear las condiciones adecuadas para hacer efectivo
dicho contacto, siendo estas, correspondencia, visitas y llamadas telefónicas;
por lo tanto, tiene que atender las deficiencias estructurales que impidan el
acercamiento de los presos con sus familiares y/o allegados “en condiciones
dignas, seguras y con suficiente regularidad”[128].
De
lo expuesto se concluye que a pesar de que una persona se encuentra en
detención intramuros, y su derecho a la libertad se encuentre limitado (por
motivos inherentes a su situación se encuentren restringidos), tal situación no
implica que sus garantías fundamentales no le sean respetadas.
3.11.
Derecho a la recreación.
El artículo 52 superior[129]
reconoce a todo individuo el derecho a la recreación, a la práctica del deporte
y a beneficiarse del tiempo libre.
La Corte ha sostenido que la recreación “es
considerada una necesidad fundamental del hombre que estimula su capacidad de
ascenso puesto que lo lleva a encontrar agrado y satisfacción en lo que hace y
lo rodea”. Por lo tanto, la recreación es un derecho fundamental
relacionado con el de libre desarrollo de la personalidad[130].
Este tribunal consideró que el derecho de recreación y
al deporte de las personas que se encuentran privadas de la libertad son
derechos fundamentales, pese a estar limitados, debido a que son:
“[C]analizadores de impulsos,
ansiedades, frustraciones y otros sentimientos violentos de forma no violenta,
como estímulos a la solidaridad, a la comunicación y a la creatividad, como
mecanismos que facilitan la adaptación de los reclusos al medio carcelario,
como medios de expresión, como instrumentos para mejorar la salud física de los
reclusos, como espacios para fomentar las buenas relaciones interpersonales,
etc. –de conformidad con lo antes expuesto- son fundamentales en el proceso de
resocialización de las personas privadas de la libertad y de preparación para
la vida fuera de la prisión. Además, por su carácter lúdico, son necesarias
para hacer menos negativas las condiciones de vida dentro de los centros
carcelarios y penitenciarios, para mejorar el estado anímico de los internos y
para que el hecho de la privación de la libertad cause un impacto menos dañoso
en su vida futura”[131].
Así que a pesar de que se encuentran
restringidos dichos derechos, los centros de reclusión deben garantizar la
recreación y el deporte de las personas privadas de la libertad, promoviendo la
realización de actividades, suministrando instrumentos y espacios idóneos para
el ejercicio del mismo, implementando planes y programas tendientes a su
fomento[132].
Con
base en las pautas jurisprudenciales, procede la Sala a estudiar el presente
asunto.
4. Caso concreto.
4.1.
De los hechos narrados se tiene que los internos del patio núm. 1 de la
Penitenciaría Las Heliconias, al considerar que dicho establecimiento no cuenta
con las condiciones mínimas para su reclusión (como la prestación del servicio
médico, provisión de alimentos, contacto con sus allegados, instalaciones sanitarias
higiénicas y suficientes, implementación de programas laborales y educativos, y
actividades deportivas, entre otras), interpusieron acción de tutela con el fin
de que se les protegieran sus derechos fundamentales a la vida digna, a la
salud, a la comunicación, a la dignidad humana, a la redención de pena y al
buen trato.
4.2.
Conforme con los precedentes y con las pruebas que obran en el expediente, se evidencia
que efectivamente se han vulnerado los derechos invocados por los accionantes. Para
sustentar esta afirmación la Sala entrará a estudiar cada punto objeto de
reclamación.
(i)
Respecto al tema de la salud, los actores manifiestan que no se les realizó
examen de ingreso; no les han brindado atención médica; no les proveen
oportunamente medicamentos; no los trasladan a las citas médicas; no cuentan
con los equipos necesarios para la adecuada prestación del servicio; y no
tienen un espacio y personal calificado para atender a los presos que sufren de
enfermedades mentales. Situación esta que fue admitida por las directivas del
penal y verificada por la Defensoría Delegada para la Política Criminal y la
Procuradora Delegada para la Prevención en materia de Derechos Humanos.
Como
lo ha reiterado la jurisprudencia de este tribunal, en el momento en que una
persona es privada de la libertad surge entre esta y el Estado una especial
relación de sujeción. En virtud de ello el detenido queda bajo la custodia de
las instituciones penitenciarias y carcelarias, siendo sometido a un régimen
jurídico especial del Estado, restringiéndole o suspendiéndole el ejercicio de
ciertos derechos fundamentales, pero protegiéndole otras garantías
constitucionales que por ser inherentes al ser humano no pueden limitarse, como
es el caso del derecho a la salud (especialmente en el caso de las personas
privadas de libertad, que por las circunstancias en que se encuentran se les
dificulta acceder al sistema general de salud).
Por
ello, el deber del Estado de garantizar a los internos servicios de salud de
manera adecuada, oportuna y suficiente; y de vigilar y controlar las
condiciones en que este se brinda (máxime cuando la prestación del servicio ha
sido delegada a particulares) con el fin de proteger el derecho a la salud de
las personas que tiene a su cargo.
Del
acervo probatorio se observa que los internos del patio núm. 1 no cuentan con
un servicio satisfactorio de salud; la atención en medicina especializada no se
brinda a tiempo; carecen de servicio odontológico; faltan profesionales de la
salud y áreas sanitarias; el número de guardias para cumplir con las remisiones
a las citas especializadas fuera del penal es insuficiente; hay fallas
relacionadas con la no existencia de pabellones psiquiátricos en donde recluir
a los internos que padecen enfermedades mentales; se constata demora en el
suministro de medicamentos. Por otra parte, no existe prueba alguna que
demuestre que dichas falencias fueron ya superadas.
De
lo anterior se concluye que el Estado, a través del INPEC y el director del
establecimiento penitenciario, no ha cumplido con la obligación que le
corresponde de proporcionar a los internos una adecuada prestación del servicio
de salud, vulnerando ese derecho fundamental. En consecuencia, se les ordenará,
si aún no lo han hecho, practicar el examen médico y psicológico a cada uno de
los reclusos; brindar una atención integral y oportuna; prestar un adecuado
servicio de salud tanto en medicina general como especializada; suministrar los
medicamentos requeridos conforme con las órdenes de los galenos; prestar
servicio de odontología; agilizar las autorizaciones de exámenes médicos y dar
trámite oportuno a la remisión de los internos a las consultas médicas que
requieran.
(ii)
En lo concerniente al suministro de alimentos, alegan los petentes que no son
proporcionados en los plazos establecidos por los lineamientos penitenciarios; que
son deficientes en cantidad y calidad; que no hay una nutrición balanceada para
los internos que requieren seguir una dieta; y que falta aseo en los
recipientes donde se sirven. Sobre este punto el director del establecimiento
consideró que tales circunstancias ya no se presentan, toda vez que la ración
ha mejorado, se les brinda a los internos que solicitan dietas especiales una
alimentación balanceada; y los implementos que se usan para comer permanecen
limpios.
La
jurisprudencia constitucional ha sido enfática en señalar que cuando el Estado
contrate con un tercero el abastecimiento de alimentos (este servicio lo presta
a través del consorcio Servialimentar), se encuentra obligado a supervisar y
garantizar las condiciones en las que se suministran y que las mismas respondan
a criterios mínimos de higiene, cantidad, calidad y valor nutricional, así como
también la dietas especiales por prescripción médica.
Teniendo
en cuenta las circunstancias descritas, se evidencia que la penitenciaria tampoco
cumple con esta obligación, transgrediendo los derechos fundamentales a la
vida, a la salud y a la integridad personal de los presos, toda vez que si bien
es cierto que las inconformidades de los internos han disminuido, sobre todo en
lo que atañe a la higiene, permitiendo suponer que la situación ha cambiado
favorablemente, también lo es que no se les proporciona el gramaje establecido
en la ley; persisten las falencias en las dietas especiales; y no cuentan con
los utensilios o recipientes adecuados para evitar la mezcla de alimentos entre
sí.
Por
lo anterior, se le ordenará a la Penitenciaría Las Heliconias y al INPEC que
garanticen la porción establecida en la norma; el suministro de una
alimentación balanceada para quienes la necesiten acorde con las disposiciones
médicas, y la adquisición de recipientes.
(iii)
En cuanto a la construcción de comedores, los accionantes alegaban que solo
contaban con cuatro mesas de cuatro puestos cada uno para un total de 176
internos que habitaban el lugar. Al respecto la directora del penal indicó que
si bien es cierto en un comienzo se presentó dicho inconveniente, también lo
era que existía una provisión de mesas y sillas para la dotación del comedor y
que se comprometía a solucionar esa situación.
Del
material probatorio se evidencia que durante las visitas realizadas por
personal de las distintas instituciones a cargo de la vigilancia y control del
correcto funcionamiento de las diferentes cárceles del país, con el fin de
constatar sus deficiencias, nada se dijo sobre esta inconformidad. No obstante,
se le advierte a la penitenciaría que, si aún no lo han hecho, debe permitir la
utilización de los comedores comunitarios.
(iv)
Respecto a la comunicación, afirman los accionantes que el servicio de telefonía
fija, celular y a larga distancia no se presta en debida forma, impidiéndoseles
mantenerse en contacto con sus familiares y allegados. En el mismo sentido
aseguraron que el único televisor con que cuentan no funciona.
Por
su parte, los directores del establecimiento sostuvieron que dadas las
condiciones de ubicación del mismo, en un principio se presentaron problemas
técnicos, los cuales fueron paulatinamente superados. Debe tenerse en cuenta
que en las inspecciones practicadas, tanto por el Defensor del Pueblo Regional
Caquetá como por el grupo de asuntos penitenciarios y carcelarios de la
Procuraduría General de la Nación, no fue expuesta inconformidad alguna por
parte de los internos sobre este asunto.
Lo
anterior permite suponer a esta Sala que efectivamente en la actualidad dicho
inconveniente fue subsanado. De todos modos y en lo que se refiere al tema de
las comunicaciones vale la pena recordar que en los casos en los cuales el
Estado acuerda con un tercero la prestación de un servicio (PREPACOL), es su
responsabilidad velar porque el mismo se proporcione en debida forma. Por tanto,
se advierte al establecimiento que debe ejercer una continua vigilancia que
permita el correcto funcionamiento de las comunicaciones al interior del penal.
(v)
De otra parte, reclaman los internos que no cuentan con un adecuado servicio
sanitario, vulnerándose con ello el derecho a la intimidad personal y a la
dignidad humana, debido a que durante el día tienen que hacer sus necesidades
fisiológicas en dos baños que se encuentran en el patio, al aire libre y frente
a todos, ya que las celdas permanecen cerradas; que los baños comunitarios se
encuentran al descubierto, sin puertas o cortinas y se prohíbe colocarles un
cerramiento a los mismos. Añaden que se han presentado problemas con el agua y
les ha tocado hacer sus necesidades encima de los residuos orgánicos ya
depositados, debido a que el sistema de desagüe no funciona.
Sobre
este punto la ex directora de la penitenciaría explicó que los pabellones
poseen celdas para cuatro presos con baño privado y lavamanos; que existen
duchas de uso común en el patio, al igual que sanitarios y lavamanos; y que
efectivamente no se les instalaron puertas por razones de seguridad. Por su
parte, el director actual aclara que a la fecha las duchas cuentan con
cortinas, los baños con puertas y se adelantan algunas medidas destinadas a
solucionar los problemas de desagüe que afectaban los servicios sanitarios,
siendo tales circunstancias confirmadas por la Procuradora Delegada para la
Prevención en materia de Derechos Humanos.
Agregó
la ex administradora del centro que no se pueden construir más baños, ya que los
existentes (dos durante el día para 170 reclusos) son escasos, en razón a que
al establecimiento no se le puede hacer modificación alguna porque fue
construido siguiendo los estándares nacionales e internacionales.
Tanto
la jurisprudencia constitucional como la ley han señalado que dentro de las cárceles
debe prevalecer el respeto por la dignidad humana y las garantías
fundamentales, en virtud de lo cual surge para el Estado la obligación de asegurar
que los internos gocen de las condiciones mínimas e indispensables de
infraestructura, como el acceso al agua potable, instalaciones sanitarias
adecuadas para la higiene personal, propender por brindar la mayor privacidad a
los internos, así como también contar con inodoros suficientes y poder acceder
regularmente a estos servicios.
Con
base en lo expuesto se observa que dicho problema ha sido solucionado
parcialmente, toda vez que se corrigió el problema del desagüe; se cubrieron
algunos baños con puertas, otros con cortinas para dotar a los mismos de la
privacidad que se requiere. Sin embargo, aún continúan siendo los baños
existentes insuficientes para el volumen de reclusos que se encuentran en el
patio en mención. En consecuencia, la Sala ordenará al director de la Penitenciaria
Las Heliconias y al INPEC adelantar las gestiones presupuestales y técnicas
necesarias para ejecutar obras para la construcción de nuevos baños, y
establecer un horario adicional de apertura de las celdas de los internos para
que usen los sanitarios durante el día, si todavía no lo han hecho.
(vi)
En lo atinente a las visitas conyugales, los actores señalaban que el tiempo es
restringido, los cuartos limitados, y que el establecimiento no cuenta con
elementos ni personal penitenciario necesario para el traslado a los lugares de encuentro íntimo.
En
respuesta a estas reclamaciones la entonces directora del penal expresó que las
quejas presentadas fueron en razón a la duración de las mismas, ya que los
internos venían remitidos de centros carcelarios en donde el período era más
flexible.
Por
su parte, el actual director indicó que el centro de reclusión cuenta con 6
cuartos en el sector de alta seguridad y 8 en el de mediana seguridad; y las
visitas se llevan a cabo durante los días viernes y domingo de las tres últimas
semanas de cada mes, ya que la primera semana es familiar con niños, las cuales
se rotan por pabellones, correspondiéndole a cada uno de ellos una vez al mes y
debido a la falta de celdas para ese fin y la gran cantidad de usuarios, el
tiempo para cada preso oscila entre cuarenta y cinco minutos y una hora.
El
reglamento interno en el párrafo 2º del artículo 88 consagra lo relativo a las
visitas conyugales y dispone que las mismas se realizaran en un lugar
especialmente acondicionado para ese fin y su término de duración dependerá del
turno y la cantidad de solicitudes elevadas a la dirección del centro de
reclusión.
Por
otra parte, la inspección realizada por la coordinación de procuradores sostuvo
que la visita conyugal “no tiene las más mínimas normas de sanidad, en el
mismo sitio y con las mismas sábanas deben de tener relaciones sexuales los
internos. Esta [visita] dura solo 25 minutos y cuando se acaba los guardias sin
avisar entran y violentan la intimidad. El área de visitas es muy pequeña y las
familias que llegan no tienen casi espacio para estar con los internos, menos
comodidades no tiene donde sentarse. La visita se demora mucho en llegar y
cuando logran ingresar ya les queda muy poco tiempo para estar con los
internos”.[133]
Sobre
este punto la Corte ha señalado que el derecho a recibir visitas íntimas es limitado;
sin embargo tales restricciones no pueden convertirse en un obstáculo que
impida el ejercicio de la mismas, so pena de transgredir la dignidad de los
internos.
Se
evidencia, entonces, que no se cuenta con un espacio adecuado y aseado que
permita los citados encuentros, además el tiempo del que disponen para tal
efecto es muy corto (una vez al mes y por 25 minutos), lo que les impide el
pleno goce de dicha actividad.
Así
las cosas, se tiene que este aspecto no ha sido solucionado. Por ello, y siendo
el Estado garante frente a las personas sometidas a su custodia, se le ordenará
al establecimiento y al INPEC brindar y crear las condiciones adecuadas para
hacer efectivo dicho contacto, y atender las deficiencias estructurales que
impidan el acercamiento de los presos con sus familiares o allegados en
condiciones dignas, seguras y con suficiente regularidad.
(vii)
En cuanto a la redención de penas, las quejas realizadas por los accionantes se
limitan a decir que no cuentan con los mecanismos para rebajar la condena, toda
vez que no clasifican el personal para las diferentes actividades con las que
cuenta el penal.
El
director del establecimiento, al ser requerido por esta Sala para que se
pronunciara sobre las gestiones administrativas adelantadas para la
clasificación del personal de internos, adujo que la penitenciaría había
iniciado labores el 15 de marzo de 2011, con 987 personas procedentes de
diferentes sitios de reclusión, quienes no estaban clasificados en fase, lo que
produjo represamiento en dicha actividad. Indicó que pese a dicha situación se
logró clasificar a los reclusos de la siguiente manera: 859 en alta seguridad;
367 en mediana; 52 en mínima; 13 en observación y diagnostico; y 23 sin fase.
Agregó que una vez obtenida esta clasificación está procediendo al cambio de
fase de alta a mediana y de mediana a mínima seguridad, ya que esta información
se requiere tanto para adjudicarles cupos para redención de penas en
actividades laborales, de educación y otras, como para que accedan a beneficios
administrativos y jurídicos.
De
otro lado, la visita realizada por la Procuraduría Delegada verificó que los
sectores construidos para talleres no tenían dotación de ningún elemento para
el desarrollo de actividades, que estaban los salones vacíos y a pesar de que
la panadería tenía todos los implementos necesarios no estaba funcionando por
falta de instructor y de capacitación personal. En cuanto a la educación,
señaló que es deficiente, no hay docentes y faltan profesionales que brinden
las asesorías en las distintas áreas de aprendizaje. Concluye su informe que a
pesar de existir la infraestructura algunos talleres no están funcionando, lo
que limita las posibilidades al trabajo.
Es
importante recordar que la redención de pena, por una parte, es un derecho
fundamental que posibilita la resocialización de los internos, y por otra, un
beneficio que permite a los condenados reducir el término de la pena mediante
la realización de trabajo, estudio y enseñanza.
Observa
la Sala que el establecimiento penitenciario no ha superado este problema, de
tal manera que se hace necesario requerir a los organismos correspondientes
para que no continúen vulnerando este derecho que cobija no solo a los
condenados porque el tiempo que ocupan en realizar actividades laborales o de
estudio o enseñanza se les redime como parte de la pena impuesta, sino también
beneficia a quienes están esperando la resolución de su situación, ya que
aprenden un arte u obtienen un peculio como contraprestación de las labores
desarrolladas.
Por
lo anterior, se ordenará a las autoridades encargadas adoptar las medidas
administrativas y hacer los ajustes presupuestales necesarios para clasificar los reclusos con el fin de que presten
distintas actividades dentro del penal; dotar los talleres de los elementos necesarios que permitan
a los internos cumplir con sus actividades laborales; vincular instructores y
docentes para que capaciten a los presos en las diferentes áreas de trabajo y
estudio.
(viii)
Respecto de la vulneración al debido proceso y al derecho de petición, afirman
que el mencionado establecimiento no les recibe ningún oficio, ni les permite
presentar recursos dentro del término legal. Al respecto, el Director del penal
aseveró que existen inconvenientes en este sentido por carecer la oficina
jurídica del personal suficiente para atender la gran demanda. Por su parte, la
Defensoría del Pueblo Regional Caquetá sostuvo que a pesar de existir algunos
inconvenientes, la dirección de la penitenciaría le asignó un departamento para
el cumplimiento de la misión constitucional en los centros carcelarios de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 65 de 1993.
A
su turno, los procuradores judiciales en lo penal constataron que hay
restricciones en el recibo de la correspondencia por parte de la oficina jurídica,
lo que conlleva a que se venza el término para que los reclusos propongan sus
impugnaciones; y que la documentación para obtener descuentos no llega a tiempo
a los juzgados, o en su defecto llegue incompleta. Agregaron que la atención a
las peticiones por parte del personal competente es deficiente.
Con
lo anterior, verifica la Corte que se está amenazando el derecho de petición a
que tiene derecho toda persona y a obtener pronta resolución de las mismas.
Por
ello, tanto las entidades como los funcionarios encargados tienen como
obligación proteger dicho beneficio de manera plena, evitando demoras
injustificadas. Así que sobre este aspecto se evidencia que continúa fallando
la autoridad penitenciaria, motivo por el cual se le requerirá para que cumpla
con la garantía de ese derecho. En consecuencia, se le ordenará al
establecimiento y a las respectivas autoridades adopten las medidas que permitan responder las peticiones presentadas
por los internos de fondo, en forma
clara, precisa y oportuna, esto es, dentro
de los 15 días siguientes a la fecha de su recibo.
(ix)
Respecto de la recreación, los internos sostuvieron que no practican ningún
deporte debido a que el establecimiento no cuenta con el personal suficiente para
que los cuide. Acerca de este punto, el director indicó que no solo han
adquirido implementos para la práctica de distintos deportes, sino que también
se incentiva la práctica de los mismos. Adicionó que para la supervisión de
estas prácticas se ha dispuesto de un dragoneante para que apoye y desarrolle
todas las acciones relacionadas con la recreación de los internos a través del
deporte, al punto que se llevaron a cabo distintos eventos y campeonatos.
Vale
la pena reiterar que la recreación, además de ser unos de los factores
determinantes en la resocialización de los internos[134],
sirve para ocupar el tiempo libre; canaliza impulsos agresivos; calma las
ansiedades, frustraciones y otros impulsos violentos; igualmente, es uno de los
mecanismos que facilitan la adaptación de los reclusos al medio carcelario,
como instrumento para mejorar la salud física de los internos; y es
indispensable para hacer menos gravosas las condiciones de vida dentro de los
centros carcelarios y penitenciarios[135].
Teniendo
en cuenta lo anterior, evidencia la Sala que dicho inconveniente se encuentra
superado, pero se advierte a las respectivas autoridades que estas son
actividades de formación permanente, que no deben desconocerse como derecho
fundamental, aunque limitado, ya que ayuda en el proceso de resocialización de
las personas privadas de su libertad y las prepara para una vida fuera de prisión.
(x)
Los accionantes han manifestado que respecto de la limpieza de ropa y
suministro de implementos de aseo, el centro penitenciario no les ha dotado de
sábanas, toallas, uniformes y botas para mantenerse aseados; al servicio de
lavandería no le han dado el manejo adecuado; no les proporcionan detergente,
ni tampoco permiten ingresar jabón, ocasionándoles a muchos internos que padezcan
de hongos en sus partes íntimas.
A
este asunto la directiva del establecimiento manifestó que la penitenciaría
prestó el servicio de lavandería en el mes de abril de 2011, fecha en que se
asignaron cuatro internos para desempeñar esa labor en el patio de mediana
seguridad, y que luego en el mes de mayo de 2012 se inició en el pabellón de
alta seguridad. Refiere que dicho servicio cuenta con 5 lavadoras, 5 secadoras,
5 planchas industriales, 5 carros transportadores debidamente ubicados y
distribuidos en un espacio amplio, iluminado y que el detergente que se
suministra es de aproximadamente 20 kilos mensuales. Dijo que la lavandería
funciona de lunes a sábado con 8 horas de trabajo y los internos reciben una
bonificación de 1.400 pesos diarios.
En
la visita realizada por el Defensor del Pueblo Regional Caquetá se verificó que
existen tres máquinas lavadoras de las cuales una está en funcionamiento y las
dos restantes se encuentran pendientes de hacer efectiva la garantía por
defectos de fábrica. Consideró que este inconveniente se encontraba satisfecho,
toda vez que se entregan a los internos los uniformes lavados y planchados
Por
tal motivo, la Sala considera que tal circunstancia fue superada dado a que se
realizaron los correctivos del caso, y a pesar de que no todas las máquinas
lavadoras se encontraban en buen funcionamiento, con la existente se les estaba
proporcionando la dotación limpia; pero se advierte a las entidades encargadas la
obligación de proveer a los actores de los implementos necesarios para el
debido aseo personal y el deber de garantizar que las lavadoras que presenten
daños sean reparadas para evitar que en lo sucesivo se continúe atentando
contra la dignidad de los presos.
5. Conclusiones.
5.1.
La Penitenciaria ERON Heliconias funcionaba aproximadamente hacía un mes cuando
surgieron las quejas presentadas. Algunas de las deficiencias han sido
superadas por sus directivos con el fin de mejorar la calidad de vida de los
reclusos.
5.2.
Sin embargo, el mencionado establecimiento no cuenta con un presupuesto acorde
con las necesidades planteadas por los accionantes, ni con la infraestructura necesaria
para su funcionamiento. Es el caso de las visitas conyugales, lo que tiene que
ver con los servicios sanitarios, y la falta de sitios adecuados para atender a
los internos con problemas psiquiátricos, odontológicos, etc.
5.3.
Tampoco cuenta con personal idóneo y suficiente para realizar las distintas
labores al interior del penal, como por ejemplo docentes que brinden asesorías
en las diferentes aéreas tanto educativas como laborales; guardias que los
acompañen a las actividades que requieren los internos; y personal
administrativo en la oficina jurídica que atienda las peticiones presentadas.
5.4.
No hay un adecuado control y vigilancia por parte de las entidades del Estado
con el fin de garantizar las condiciones en las que se brindan ciertos servicios
por parte de terceros a la institución (como lo relacionado con la salud y el
suministro de víveres).
Como
consecuencia de lo anteriormente expuesto,
se revocará la sentencia proferida el 21 de febrero de 2012 por la Sala Penal
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, que a su vez revocó la del Juzgado Primero Laboral del Circuito de la misma
ciudad, para en su lugar conceder la protección de los derechos fundamentales a
los accionantes en los términos señalados anteriormente.
6.
Además, se ordenará al Ministerio de Justicia y
del Derecho, al Instituto Nacional Penitenciario INPEC y a la Dirección de la
Penitenciaria Las Heliconias adelantar todas las gestiones y apropiaciones
presupuestales necesarias para dar cumplimiento a lo ordenado en la presente
sentencia.
7.
Por último, la Sala advierte a las respectivas autoridades que, en lo sucesivo,
adopten las previsiones para que los nuevos centros de reclusión cumplan, desde
el inicio, con todas las condiciones básicas en su infraestructura, con el fin
de garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de la
libertad.
VI.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE:
Primero. LEVANTAR la suspensión de
términos que fue decretada para decidir el presente asunto.
Segundo.
REVOCAR la
sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Florencia, de fecha 21 de febrero de 2012, que revocó el fallo
proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de la misma ciudad, teniendo en
cuenta las consideraciones antes citadas. En su lugar, CONCEDER, por las
razones y en los términos de esta providencia, el amparo de los derechos
fundamentales a la vida digna, a la salud, a la comunicación, a la dignidad
humana, al trabajo, a la educación, a la recreación, a la alimentación y al
buen trato a favor de los accionantes.
Tercero. ORDENAR
al Establecimiento Penitenciario Las Heliconias de Florencia (Caquetá) y al
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, por intermedio de sus
directores:
(i)
Dentro de los diez (10) días siguientes, si
aún no lo han hecho, practicar el examen médico y psicológico de ingreso; adoptar
los correctivos necesarios para brindar una atención integral y oportuna tanto
en medicina general como especializada; atender las recomendaciones médicas; suministrar
oportunamente los medicamentos requeridos conforme con las órdenes médicas;
prestar servicio de odontología; agilizar las autorizaciones de exámenes; y dar
trámite oportuno a la remisión de los internos a las consultas médicas que
requieran.
(ii)
Dentro del término de diez (10) días siguientes, disponer lo necesario para garantizar una ración alimenticia adecuada en calidad
y cantidad, suministrando una dieta para quienes la necesiten acorde con las
disposiciones médicas, y de ser necesario, adquirir recipientes para su
correcta entrega.
(iii)
Advertir que si aún no lo han hecho, debe
permitirse la utilización de los comedores comunitarios.
(iv)
Advertir que deben ejercer una continua
vigilancia que permita el correcto funcionamiento de las comunicaciones al
interior del penal.
(v)
Dentro del término de diez (10) días siguientes, establecer un horario
adicional de apertura de las celdas con el fin de que los presos puedan hacer
sus necesidades fisiológicas durante el día. Adicionalmente, en el término de
dos (2) meses, iniciar las gestiones administrativas y presupuestales
necesarias para dar inicio a la construcción de nuevos baños.
(vi)
En el término de dos (2) meses siguientes, iniciar las gestiones administrativas y presupuestales
necesarias para iniciar las obras de
infraestructura requeridas para que las visitas conyugales se den dentro de un
ambiente que además de contar con un espacio adecuado, se encuentre siempre en
condiciones apropiadas de aseo, y ampliando el horario de las mismas.
(vii)
En el término de dos (2) meses siguientes, iniciar las gestiones
administrativas y presupuestales necesarias para clasificar los reclusos con el
fin de que presten distintas actividades dentro del penal;
dotar los talleres de los elementos que permitan a los internos cumplir con sus
actividades laborales; vincular instructores y docentes para que capaciten a
los reclusos en las diferentes áreas de trabajo y estudio; e incrementar el
número de guardias con el objeto de brindar un acompañamiento a todos los
reclusos en sus actividades.
(viii)
Dentro del término de diez (10) días siguientes, adopten las medidas administrativas
internas a que haya lugar, que permitan responder las peticiones presentadas
por los internos de fondo, en forma
clara, precisa y oportuna, esto es, dentro
de los 15 días siguientes a la fecha de su recibo, si es preciso incrementando el personal para atender tales
solicitudes.
(ix)
Advertir que no deben desatender las
actividades deportivas y culturales.
(x)
Advertir que tienen que proveer a los actores de los implementos necesarios
para el debido aseo personal.
Cuarto. ORDENAR al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Instituto
Nacional Penitenciario INPEC y a la Dirección de la Penitenciaria Las
Heliconias adelantar todas las gestiones y apropiaciones presupuestales
necesarias para dar cumplimiento a lo ordenado en la presente sentencia.
Quinto. ADVERTIR a las
respectivas autoridades que, en lo sucesivo, adopten las previsiones para que
los nuevos centros de reclusión cumplan, desde el inicio, con todas las
condiciones básicas en su infraestructura, con el fin de garantizar los
derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
Sexto. EXHORTAR a la
Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el
marco de sus atribuciones constitucionales y legales, continúen con su labor de
vigilancia y control, y verifiquen el cumplimiento del presente fallo, con el
objeto último de garantizar de manera efectiva los derechos aquí protegidos.
Séptimo.
LÍBRESE
por la Secretaría General de esta corporación la comunicación de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los efectos allí contemplados.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] En el escrito de tutela los
actores expresaron: “En lo referente a los horarios acá tenemos que el INPEC
nos suministra desayuno a 6:00 mañana, almuerzo entre las 2 y 3 tarde y la cena
ha llegado hasta a las 9:00 de la noche”.
[2] Manifiestan “tenemos que
consumir la mala calidad de preparación (…) arroz crudo, salado, carnes mal
coaccionadas (sic)”.
[3] En dicha diligencia el juez deja
constancia de que “el salón comunal de visitas de los internos del patio
Nro. 1, el cual consta de una estructura de 30 mts. de largo por 15 de largo,
con un mezanine constante de 6 habitaciones con destino a las visitas
conyugales, con 4 mesas con asientos laterales”.
[4] En dicha diligencia afirma que en ese momento se
encuentra “la Dra. Johana Mateus Lamus en calidad de médico psiquiatra del
programa de salud mental para hacer valoración de los internos”.
[5] Cuaderno 3, folio 28.
[6] El director del centro
penitenciario apoyó este informe con el anexo núm. 1º, dentro del cual
se tiene que: (Cuaderno 3, folio 37).
(i)
El Líder Operativo Proyecto INPEC, José Alejandro Valencia Valencia, indicó
que:
(a)
A todos los reclusos al momento de ingresar por primera vez a dicho
establecimiento se les realiza valoración médica general y odontológica para
establecer las condiciones físicas, con el fin de tener un diagnostico acertado
del estado de cada interno.
(b)
A los presos se les presta el servicio de urgencias, valoración médica general,
servicio de inyectología y curación, control de tratamiento de primer nivel,
suministro de medicamentos y autorización por medicina especializada.
(c)
El médico general es quien determina si es necesario remitir al recluso a
valoración psiquiátrica, y en el momento se encuentran 70 presos en estudio. En
el último trimestre se han generado 375 autorizaciones de servicios y órdenes
de remisión para valoración por medicina especializada, exámenes de laboratorio
especializados y disposiciones para suministro de medicamentos.
(ii)
La actual responsable del programa No Pos, Yinis Mauricio Revelo Quintero
expresó que en lo referente a los servicios, eventos o procedimientos No Pos, a
fecha 30 de junio de 2012 se ha prestado conforme a la capacidad de respuesta
de la póliza de alto costo o anteriormente Seguros AURORA, hoy QBE Seguros.
Desde
el inicio de febrero a 31 de diciembre de 2011 se gestionaron 625 remisiones
médicas no cubiertas por el Plan Obligatorio de Salud, correspondientes al 90%
de las prescripciones remitidas por los galenos, y en el 2012 se tramitaron
545, equivalentes al 75% de las órdenes remitidas por los médicos.
En
cuanto a los servicios médicos psiquiátricos, la aseguradora QBE contrató desde
el mes de abril de 2011 con la firma Grandes Ideas Hospitalarias, quien proporciona
tal servicio.
[7] Anexo núm. 2º. Secuencia
fotográfica, donde se evidencia los trabajos realizados en el 2012 en el mes de
septiembre para solucionar la problemática del desagüe que afecta el
funcionamiento de los sanitarios de las celdas. (Cuaderno 3, folio 42).
[8] El señor López Pinzón fundamentó
este informe teniendo en cuenta el anexo núm. 3º, dentro del cual se
tiene que: (Cuaderno 3, folio 54).
El
escrito presentado por Leidy Delgado Ramírez, quien sostiene que el
establecimiento de reclusión cuenta con personal seleccionado por el área de reinserción
social, que trabaja en los dos servicios de alimentación así: 6 repartidores y
11 rancheros (se les da capacitación en manipulación de alimentos y se les
practica exámenes de rutina). Además se les entregan los elementos necesarios
como gorros, tapabocas, batas, uniformes, botas y demás.
Respecto
de la higiene de los equipos y utensilios, anualmente se otorga una dotación
por parte del consorcio, y las bandejas para el servicio de los alimentos
permanecen en el rancho, las cuales se lavan y se desinfectan con agua
caliente.
En
cuanto a los internos que requieren dieta, una vez sean valorados por sanidad y
remitidos a nutrición con diagnóstico confirmado, son analizados por un
profesional  y se les asigna el tipo de prescripción alimenticia que necesitan
según la patología, y para identificar a estas personas se les entrega un
carnet y unas fiambreras marcadas con el tipo de comida a recibir.
[9] Anexo núm. 4º. El asesor
jurídico del Establecimiento Penitenciario Las Heliconias hace una recopilación
sobre el control de la documentación de los internos. (Cuaderno 3, folio 69).
[10] El director del centro
penitenciario apoyó este tema en el anexo núm. 5º. (Cuaderno 3, folio
142). Documento presentado por el Comandante de Vigilancia, Jorge Alirio
Parrado Parrado, quien expuso que al momento de dar apertura al mencionado
establecimiento se expidió la Resolución núm. 0001 del 23 de febrero de 2011
que consagra el Reglamento del Régimen Interno de la Penitenciaria Las Heliconias con el propósito de establecer las pautas para su
funcionamiento, entre estas las que versan sobre las visitas íntimas, la cual
dispone que las mismas se realizaran en un lugar especialmente acondicionado
para ese fin y su término de duración dependerá del turno y la cantidad de
solicitudes elevadas a la dirección del centro de reclusión.
Respecto
de los cupos existentes, en el sector de mediana seguridad hay 8 celdas acondicionadas,
esto es, que cuenta con baño y camarote, al igual que en el sector de alta
seguridad que tiene 6 celdas en las mismas condiciones.
Y
por la infraestructura del centro, las zonas de visitas  “no son lo
suficientemente capacitadas para atender la afluencia de personal que requiere
disfrutar de este beneficio por tal motivo, se tiene que programar con
antelación la concesión”.
[11] El director del centro
penitenciario apoyó este punto en el anexo núm. 6º. (Cuaderno 3, folio
153). Documento suscrito por el responsable de los proyectos productivos, Raúl
Díaz Arias, dentro del cual dijo que las fallas que se presentaron
inicialmente, cuando se dio apertura a la penitenciaría, fueron superadas por
PREPACOL, entidad esta que presta el servicio de telefonía.
[12] El director del
centro penitenciario soportó su informe en el anexo núm. 7º. (Cuaderno
3, folio 200). En el escrito presentado por la responsable del área de aseo,
Martha Claudia Hermida Bahamón indicó que el Centro Las Heliconias prestó el
servicio de lavandería en el mes de abril de 2011, fecha en que se asignaron 4
internos para desempeñar esa labor, y que inicialmente solo funcionaba en el
pabellón de mediana seguridad y en el mes de mayo de 2012 comenzó en el sector
de alta seguridad.
Dicho servicio cuenta con 5
lavadoras, 5 secadoras, 5 planchas industriales, 5 carros transportadores,
debidamente ubicados y distribuidos en un espacio amplio e iluminado, y el
detergente que se suministra es de aproximadamente 20 kilos mensuales.
Esta función la ejecutan 7
internos, quienes son seleccionados por la Junta de Evaluación de Trabajo, Estudio y Enseñanza -JETEE-, teniendo en cuenta su perfil ocupacional, y su
desempeño laboral; sus funciones son: recolectar la ropa en cada patio,
clasificarla y organizarla en las lavadoras, secadoras y distribuirlas. Algunos
de los presos “no envían sus uniformes, justifican que el aseo de ropa es
personal”.
La lavandería funciona 8 horas de
lunes a sábado y los internos reciben una bonificación de mil cuatrocientos
pesos diarios ($1.400).
[13] Cuaderno 3, folio 35.
[14] Ídem.
[15] Anexo núm. 8º. Informe de
los procedimientos de la actividad de clasificación presentado por el Jefe del
Área de Reinserción Juan Alexander Castro Celis. (Cuaderno 3, folio 232).
[16] El director del centro penitenciario
sustentó este informe en el anexo núm. 9º. (Cuaderno 3, folio 247).
Escrito presentado por el Jefe de Área Educativa, Duverney Vásquez Beltrán,
dentro del cual señaló que desde que se inauguró el centro de reclusión se han
utilizado un total de 201 implementos deportivos; y que para la práctica de
cada deporte se han proporcionado camisetas, petos, cronómetros, pitos,
tarjetas, banderines, mallas y campos deportivos. En cuanto a la disposición
del personal hay un dragoneante para que apoye y desarrolle todas las acciones
relacionadas con el deporte de los internos y se realizaron juegos y
campeonatos.
[17] Cuaderno pruebas, folio 1.
[18] Texto próximo a ser publicado en
el Decimonoveno Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la República (periodo de enero a diciembre de 2011).
[19] Fallo que declaró el estado de
cosas inconstitucional de los centros de reclusión del país.
[20] Cuaderno pruebas, folio 14.
[21] Cuaderno pruebas, folio 15.
[22] Ídem, folio 17
[23] Cuaderno pruebas, folio 20.
[24] Ídem, folio 24.
[25] Cuaderno pruebas, folio 37.
[26] Ídem, folio 38.
[27] Ídem, folio 48.
[28] Ídem, folio 55.
[29] Ídem, folio 90.
[30] Cuaderno pruebas, folio 118.
[31] Cuaderno pruebas, folio 119.
[32] Ídem.
[33] Ídem.
[34] Cuaderno pruebas, folio 121.
[35] Ídem, folio 124.
[36] Ídem, folio 125.
[37] Sobre este punto, indica que “están
clasificados en alta y mediana seguridad, pero en cada uno de estos pabellones
en los patios no han sido separados de acuerdo a la personalidad, naturaleza
del hecho punible, antecedentes, etc.”[37]
[38] Cuaderno pruebas, folio 130.
[39] Ídem, folio 133.
[40] Ídem, folio 136.
[41] Cuaderno pruebas, folio 139.
[42] Cuaderno pruebas, folio 141.
[43] La Sala reseña solo los de interés para el presente caso.
[44] Cuaderno pruebas, folio 147.
[45] Se evidencian los siguientes
problemas: (i) deficiencias “en los sistemas hidro-sanitarios, de las áreas
de sanidad [generando] problemas de salubridad”; (ii) inadecuados espacios
para desarrollar las actividades propias para la redención de pena de los internos;
(iii) viejas infraestructuras de los centros de reclusión; (iv) falta de
personal penitenciario; (v) fallas en la prestación del servicio de salud; y
(vi) corrupción al interior de las cárceles del país, entre otros. Cuaderno
pruebas, folio 155.
[46] Cuaderno pruebas, folio 182.
[47] La Corte en sentencia T-153 de 1998 declaró el estado de cosas inconstitucional después de haber
evidenciado las condiciones de hacinamiento en que se encontraban tanto los
reclusos de las cárceles Bellavista de Medellín y Modelo de Bogotá D.C., como
de las demás prisiones del país.
[48] Sentencias T-324 de 2011 y T-020
de 2008.
[49] Sentencia T-324 de 2011. Cfr. sentencias T-690 de 2010,
T-793 de 2008 y T-881 de 2002.
[50] La subordinación se fundamenta “en
la obligación especial de la persona recluida consistente en cumplir una medida
de aseguramiento, dado su vinculación a un proceso penal, o una pena debido a
que es responsable de la comisión de un hecho punible”. Sentencia T-690 de
2010.
[51] La sentencia T-175 de 2012
señala: “[e]ntre los especiales derechos de los presos y su correlato, los
deberes del Estado, como consecuencia del establecimiento de una relación
especial de sujeción, se encuentra ‘el deber de trato humano y digno, del deber
de proporcionar alimentación suficiente, agua potable, vestuario, utensilios de
higiene, lugar de habitación en condiciones de higiene y salud adecuadas, el
deber de asistencia médica, y el derecho al descanso nocturno, entre otros
(Sentencia T-596 de 1992)”.
[52] Informe sobre los Derechos
Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas de 2011. Cfr. ONU,
Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, Informe presentado al Consejo
de Derechos Humanos, A/HRC/10/21, adoptado el 16 de febrero de 2009, Cap. III: Consideraciones
temáticas, párr. 46. En el caso “Instituto de Reeducación del Menor”
vs. Paraguay, la Corte (I.D.H.) dijo: “La privación de libertad trae a menudo, como
consecuencia ineludible, la afectación del goce de otros derechos humanos
además del derecho a la libertad persona. Pueden, por ejemplo, verse restringidos
los derechos de privacidad y de intimidad familiar. Esta restricción de
derechos, consecuencia de la privación de libertad o efecto colateral de la
misma, sin embargo, debe limitarse de manera rigurosa, puesto que toda
restricción a un derecho humano sólo es justificable ante el Derecho
Internacional cuando es necesaria en una sociedad democrática. La restricción
de otros derechos, por el contrario – como la vida, la integridad personal, la
libertad religiosa y el debido proceso – no sólo no tiene justificación fundada
en la privación de libertad, sino que también está prohibida por el derecho
internacional. Dichos derechos deben ser efectivamente respetados y
garantizados como los de cualquier persona no sometida a privación de
libertad”.
[53] Sentencia T-324 de 2011.
[54] Sentencias T-324, T-355 y T-213
de 2011, T-690 de 2010 y T-153 de 1998, entre muchas otras.
[55] Sentencias T-324, T-355 y T-213
de 2011, T-153 de 1998 y T-705 de 1996, entre muchas otras.
[56] Sentencias T-355 de 2011 y T-615 de 2008.
[57] La sentencia T-355 de 2011 estudió el caso de un interno que
presentó acción de tutela contra CAPRECOM E.P.S. con el fin de obtener el
amparo de sus derechos fundamentales a la salud y a una vida digna,
presuntamente transgredidos por dicha entidad al remitirlo a su celda y no a
una clínica durante los días de incapacidad ordenados por el médico tratante. La Corte, a pesar de declarar la ocurrencia de un daño consumado por la muerte del actor,
previno a las autoridades carcelarias para que protegieran con sus actuaciones
los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad; y compulsó
copias de esta providencia con destino a la Superintendencia Nacional de Salud, para que adelantara las respectivas acciones sobre
eventuales fallas en la atención de la salud.
[58] Por la cual se expide el Código
Penitenciario y Carcelario.
[59] “Artículo 142. El objetivo del
tratamiento penitenciario es preparar al condenado, mediante su resocialización
para la vida en libertad.
Artículo
143. El tratamiento penitenciario debe realizarse conforme a la dignidad humana
y a las necesidades particulares de la personalidad de cada sujeto. Se verifica
a través de la educación, la instrucción, el trabajo, la actividad cultural,
recreativa y deportiva y las relaciones de familia. Se basará en el estudio
científico de la personalidad del interno, será progresivo y programado e
individualizado hasta donde sea posible”.
[60] Sentencia T-213 de 2011.
[61] Informe anual 2002 de la Comisión I.D.H. en Cuba, capítulo IV. Informe sobre los Derechos Humanos de las
Personas Privadas de Libertad en las Américas de 2011. Igualmente, dicha
corporación en su informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Brasil,
dijo: “El propósito de las penas privativas de libertad es entre otros
separar a los individuos peligrosos de la sociedad, a fin de proteger a ésta en
contra del crimen, y la readaptación social de los condenados. Para ello, el
régimen penitenciario debe emplear todos los medios curativos, educativos,
morales, espirituales, y de otra naturaleza y todas las formas de asistencia de
que pueda disponer, a fin de reducir en lo posible las condiciones que
debiliten el sentido de responsabilidad del recluso o el respeto a la dignidad
de su persona, y su capacidad de readaptación social”.
[62] Sentencia T-213 de 2011.
[63] “(…) el Estado colombiano se funda en el valor de la dignidad humana, lo cual
determina, no sólo un deber negativo de no intromisión sino también un deber
positivo de protección y mantenimiento de condiciones de vida digna”. Sentencia T-596 de 1992.
[64] En igual sentido, la Convención Americana de los Derechos Humanos (artículo 5º), la Declaración Americana (artículo 1º), la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 5º), la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes (artículo 2º), Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar
la Tortura (artículos 1º, 2º y 5º), Reglas Mínimas para el Tratamiento de los
Reclusos (numeral 31), Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos
(numeral 7), y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo
10).
[65] La Sala Octava
de Revisión, en
sentencia T-126 de 2009, protegió
el derecho fundamental a la dignidad de las internas de la Cárcel Distrital San Diego de Cartagena, debido a la inadecuada condición de habitabilidad en
que se encontraban, la cual impedía llevar a cabo programas de
resocialización y satisfacer sus necesidades básicas, por lo que le ordenó a la
alcaldesa y al director del centro de reclusión de dicha ciudad que adoptaran
las medidas necesarias para ejecutar las obras de mantenimiento, adecuación y
reparación del mencionado establecimiento.
[66] Sentencia
T-851 de 2004.
[67] Sentencia T-175 de 2012. Cfr.
Sentencia T-851 de 2004.
[68] Del mismo modo,
la Corte I.D.H. en el caso López Álvarez vs. Honduras dijo: “Los organismos
internacionales de protección de los derechos humanos han establecido que los
detenidos tienen derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su
dignidad personal y que el Estado debe garantizarles el derecho a la integridad
personal”. Así también el caso Fermín Ramírez vs. Guatemala
(Sentencia de 20 de junio de 2005).
[69] Cfr. caso “Instituto
de Reeducación del Menor” vs. Paraguay; caso Yvon Neptune vs. Haití; y caso
Boyce y otros vs. Barbados.
[70] Igualmente, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo XI), las Reglas Mínimas
para el Tratamiento de los Reclusos (numerales 22 y 23) y Principios Básicos
para el Tratamiento de los Reclusos (numeral 9).
[71] Sentencias T-389 de 1998, T-714
de 1996, T-065 de 1995, T-473 de 1995 y T-424 de 1992.
[72] Sentencias T-377 de 2012 y T-233
de 2001.
[73] Sentencia
T-535 de 1998.
[74] Sentencia T-190 de 2010. Además,
la sentencia T-185 de 2009 indica: “uno de los contenidos obligacionales de
la prestación de los servicios de salud que corresponde al Estado brindar a
todas las personas, hace referencia a que este servicio sea proporcionado en
forma adecuada, oportuna y suficiente, de allí que la alusión a la ausencia de
recursos económicos o la realización de trámites administrativos como trabas
para la satisfacción del derecho a la salud, constituyen, en principio, una
vulneración al compromiso adquirido que implica la previsión de todos los
elementos técnicos, administrativos y económicos para su satisfacción”. Cfr. con la
sentencia T-285 de 2000.
[75] Sentencia T-190 de 2010.
[76] Informe sobre
los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas de
2011.
[77] Dicha Corte
también indicó
que tanto los derechos a la vida y a la integridad personal se encuentran
vinculados con la atención a la salud, por lo que el Estado, garante de las personas
que se encuentran bajo su cuidado, tiene el deber de suministrar a los internos
“revisión médica regular y atención y tratamiento médicos adecuados cuando
así se requiera”. Por ello, la falta de atención médica adecuada podría
considerarse una violación a los numerales 1º y 2º del artículo 5º de la Convención Americana de Derechos Humanos desde la óptica del derecho a la integridad personal
(Cfr.
Casos Tibi vs. Ecuador; Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs.
Venezuela, y Vélez Loor vs. Panamá).
[78] Del mismo modo, la Corte (I.D.H.) en el caso Pedro Miguel Vera Vera y otros vs. Ecuador expuso“78. (…) la
negligencia médica de las autoridades estatales ante el tipo de lesión que
sufrió el señor Vera Vera, es decir, una herida de bala, ocasionó un doloroso
deterioro en su estado físico durante el transcurso de diez días, que culminó
con su muerte, resultados que pudieron haberse evitado con tratamiento médico
adecuado y oportuno (supra párr. 75). Asimismo, por su estado de salud y por su
privación de libertad, era evidente que el señor Vera Vera no hubiera podido
valerse por sí mismo para que fuera atendido de manera oportuna ya que ello era
una obligación de las autoridades que estaban a cargo de su custodia. Para la Corte, estos hechos configuran tratos inhumanos y degradantes en el sentido del artículo 5.2
de la Convención Americana en detrimento del señor Vera Vera”.
[79] Informe sobre
los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas de
2011.
[80] Ídem.
[81] Vasyukov vs. Russie (demanda núm. 2974/05). La Corte concluyó que la reclamación del demandante concerniente al diagnóstico tardío y la
inadecuada asistencia médica durante su encarcelamiento constituyó una
violación al artículo 3º de la Convención, ante la negligencia de las
autoridades de diagnosticar debidamente al interno con la tuberculosis y de
garantizarle la prestación del servicio de salud oportunamente.
[82] Logvinenko vs.
Ucrania (demanda núm. 13448/07). Dicho Tribunal dijo que el recluso sufrió de
un trato inhumano y degradante por la falta de atención y tratamiento médico
para sus enfermedades (tuberculosis y sida) durante su detención, así como unas
condiciones inapropiadas de detención.
[83] A.B. vs. Rusia
(demanda núm. 1439/06). La Corte evidenció la vulneración del artículo 3º
(prohibición de tratos inhumanos o degradantes), ya que el recluso durante su
detención no se benefició de servicios médicos requeridos para tratar a tiempo
su infección de VIH.
[84] En Colombia la
entidad encargada de prestar el servicio de salud a las personas privadas de la
libertad es CAPRECOM.
[85] Informe sobre
los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas de
2011.
[86] Ídem.
[87] Informe sobre
los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas de
2011.
[88] Así lo expuso este tribunal en sentencia T-324 de 2011. Examinó
la situación de un interno que sufrió de hipoxia cerebral, por lo que le
realizaron intubación orotraqueal y fue remitido a Unidad de Cuidados
Intensivos de III Nivel. Padecía de trastorno depresivo, sufría graves secuelas
neurológicas, no controlaba esfínteres y requería de terapias físicas y de
lenguaje, por lo que la directora del establecimiento penitenciario y
carcelario solicitó al respectivo juzgado sustitución de la pena de prisión
intramuros por domiciliaria, siendo concedida. La madre interpuso el amparo
como agente oficiosa, al considerar que no se le estaba prestando la atención
médica requerida, y ella no contaba con los medios físicos ni económicos para
proporcionarle el debido cuidado a su hijo. En este caso la Corte consideró que el traslado al domicilio de la progenitora del agenciado no garantizaba
el respectivo cuidado que necesitaba, debido a que las entidades accionadas no
demostraron que la accionante contara con los medios tanto económicos como
físicos que garantizaran la calidad de vida del interno, así que ordenó al
INPEC iniciar los trámites administrativos para trasladar al recluso al
departamento de sanidad del establecimiento penitenciario y carcelario donde se
encontraba recluido para brindarle la atención médica requerida.
[89] “Artículo 67. El Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario tendrá a su cargo la alimentación de los
internos y la dotación de elementos y equipos de: trabajo, sanidad, didácticos,
deportivos, de recreación y vestuario para condenados y todos los recursos
materiales necesarios para la correcta marcha de los establecimientos de
reclusión. Los detenidos, a juicio del Consejo de Disciplina podrán
proporcionarse a su cargo la alimentación, sujetándose a las normas de
seguridad y disciplina previstas en el reglamento general e interno.
Artículo
68. La Dirección General del INPEC fijará las políticas y planes de provisión
alimentaria que podrá ser por administración directa o por contratos con
particulares. Los alimentos deben ser de tal calidad y cantidad que aseguren la
suficiente y balanceada nutrición de los reclusos. La alimentación será
suministrada en buenas condiciones de higiene y presentación. Los internos
comerán sentados en mesas decentemente dispuestas. La prescripción médica, la
naturaleza del trabajo, el clima y hasta donde sea posible, las convicciones
del interno, se tendrán en cuenta para casos especiales de alimentación”.
[90] La sentencia T-718 de 1999 analizó
la situación de un recluso que interpuso la acción de tutela debido a que las
raciones alimentarias que le suministraba el centro de reclusión habían
disminuido tanto en calidad como cantidad. La Sala Quinta de Revisión confirmó la decisión del juez de instancia, quien tuteló los derechos a la vida, a la integridad física
y a la salud, y ordenó el suministro de
una alimentación adecuada.
[91] En este asunto el interno
indicaba que los víveres que venía recibiendo en
el establecimiento carcelario eran de pésima calidad y la cantidad que les
proporcionaban era muy poca. Este tribunal a pesar de confirmar la decisión de
los jueces de instancia, siendo esta la negación de la tutela por haber sido
superados los percances con el suministro de los alimentos, advierte a la Administración Municipal de Florida, encabezada por el Alcalde, que debía velar porque en el
futuro los alimentos dados a los reclusos de la cárcel municipal, fueran
suministrados sin interrupción y cumpliendo con los requerimientos higiénico-sanitarios
mínimos que garantizaran una correcta alimentación de los internos.
[92] Sentencia T-714 de 1996.
[93] Informe sobre
los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas de
2011. Cfr. CIDH, Comunicado de Prensa 76/11 –Relatoría recomienda adopción de
política pública carcelaria integral en Uruguay. Washington, D.C., 25 de julio
de 2011, Anexo, párr. 55.
[94] Sentencia T-1030 de 2003. En
este asunto los encarcelados manifestaron que la alimentación que le
proporcionaba el Pabellón de Máxima Seguridad de Cómbita (Boyacá) era de mala
calidad y no cumplía con los estándares de sanidad y salubridad, no era
balanceada, no se tenía en cuenta las condiciones de salud de algunos de los
internos. Agregaron que tampoco les permitían procurara la alimentación por su
propio medios. La Corte consideró que dicho centro de reclusión no estaba
vulnerado el derecho fundamental “ya
que están haciendo esfuerzos para mejorar la calidad de la alimentación, loable
iniciativa que por supuesto debe continuar hasta el límite que el presupuesto
del establecimiento lo permita”.
[95] Sentencia T-1030 de 2003.
[96] En sentencia T-1145 de 2005 los actores interpusieron acción de tutela solicitando
la protección del derecho fundamental a la dignidad humana, toda vez que dicho
centro de reclusión no les proporcionaba oportunamente los elementos de aseo y
uso personal, además de ser insuficientes para cubrir sus necesidades. La Sala Quinta de Revisión amparó el derecho incoado y ordenó a dicho lugar de detención el
suministro de los mismos dentro del plazo estipulado en el reglamento interno.
[97] Este tribunal
en providencia T-1134 de 2004 examinó el asunto de unos internos que
a través del amparo constitucional solicitaron que se les protegiera su derecho
fundamental a la dignidad humana, ya que el centro penitenciario no les proveía
pertinentemente la dotación tanto de vestido como de útiles de aseo necesarios
para su subsistencia durante la permanencia en el penal. Así como las pésimas condiciones
de higiene y salubridad en la que se mantenían debido a la escasez en el
suministro del agua. La Corte protegió el derecho vulnerado y ordenó al INPEC
solucionar el problema del suministro del agua. De igual manera, ordenó a la
penitenciaria la
entrega de los elementos que constituían dotación conforme con lo estipulado en
el reglamento interno.
[98] Es el caso de un preso quien
interpuso la acción de tutela contra una penitenciaria por considerar
transgredidos sus derechos fundamentales a la “buena presentación y dotación
reglamentaria”. Esta corporación en sentencia T-490 de 2004 concede el amparo del derecho fundamental al mínimo
vital. En consecuencia, ordenó al representante legal del establecimiento de
reclusión la entrega efectiva de la dotación prescrita en el reglamento del
régimen interno de dicho establecimiento.
[99] Sentencia T-126 de 2009.
[100] “Artículo
82. Redención de la Pena por Trabajo. El juez de ejecución de penas y medidas
de seguridad concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena
privativa de libertad. A los detenidos y a los condenados se les abonará un día
de reclusión por dos días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar
más de ocho horas diarias de trabajo. El juez de ejecución de penas y medidas
de seguridad constatará en cualquier momento, el trabajo, la educación y la
enseñanza que se estén llevando a cabo en los centros de reclusión de su
jurisdicción y lo pondrá en conocimiento del director respectivo”.
[101] Sentencia T-009 de 1993. Igualmente, la providencia T-1077 de 2005 indica: “Sobre la importancia del trabajo como
medio indispensable para alcanzar el fin resocializador de la pena, ha dicho la Corte que concurre a integrar el núcleo esencial del derecho a la libertad, pues tiene la
virtud de reducir el término de duración de la pena a través de la redención.
Este especial vínculo del trabajo con el núcleo esencial del derecho a la
libertad de los presos, impone a las autoridades penitenciarias el deber de
procurarles, en la medida de las posibilidades, una actividad laboral, como
fórmula de superación humana, pero también como medio para obtener la
libertad”.
[102] Sentencia T-286
de 2011.
[103] SentenciaT-1190
de 2003.
[104] Sentencia T-286
de 2011. Asimismo, la sentencia T-1326 de 2005 señala “Queda claro, por
tanto, que las limitaciones o restricciones a las que se somete el derecho al
trabajo de los internos se vinculan directamente con la específica relación de
sujeción o subordinación en la que se encuentran. Estas limitaciones, sin
embargo no pueden tornarse en medidas discriminatorias, desproporcionadas o
arbitrarias. No es factible, pues, admitir cualquier motivo de diferenciación
sino únicamente aquellas distinciones justificadas desde el punto de vista
legal y constitucional y razonables”.
[105] Sentencia T-601
de 1992.
[106] “Artículo
97. REDENCIÓN DE PENA POR ESTUDIO. El Juez de Ejecución de penas y medidas de
seguridad concederá la redención de pena por estudio a los condenados a pena
privativa de la libertad. A los detenidos y a los condenados se les abonará un
día de reclusión por dos días de estudio. Se computará como un día de estudio
la dedicación a esta actividad durante seis horas, así sea en días diferentes.
Para esos efectos, no se podrán computar más de seis horas diarias de estudio.
Artículo 98. REDENCIÓN DE LA PENA POR ENSEÑANZA. El recluso que acredite haber actuado como instructor de otros, en cursos
de alfabetización o de enseñanza primaria, secundaria, artesanal, técnica y de
educación superior tendrá derecho a que cada cuatro horas de enseñanza se le
computen como un día de estudio, siempre y cuando haya acreditado las calidades
necesarias de instructor o de educador, conforme al reglamento”.
[107] Sentencias
T-213 de 2011 y T-219 de 1993.
[108] Del mismo modo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, consagra en su artículo 24 que “Toda
persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquiera
autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés
particular, y el de obtener pronta resolución”.
[109] Sentencia T-1171 de 2001. En
igual sentido, la sentencia T-305 de 1997 establece que “la pena privativa
de la libertad impuesta a una persona de conformidad con la ley no implica, en
el Derecho colombiano, la pérdida del derecho fundamental de petición en cabeza
del condenado, y, en consecuencia, éste puede dirigir solicitudes respetuosas,
en su propio interés o en interés colectivo, a las autoridades del respectivo
establecimiento carcelario, a las del INPEC o a otras, y todas ellas tienen la
obligación correlativa de darles trámite y de responder al interno con la
prontitud que establecen el artículo 23 de la Constitución y el Código Contencioso Administrativo”.
[110] Sentencia T-661
de 2010.
[111] Sentencia T-470
de 1996.
[112] Sentencia T-479
de 2010, T-1030 de 2003, T-265 de 1999, entre otras.
[113] Sentencia T-705
de 1996.
[114] Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas
Privadas de Libertad en las Américas de 2011.
[115] Sentencia T-825
de 2009. Cfr.
Sentencias
T- 479 de 2010, T-439 de 2006 y T-705 de 1996.
[116] Sobre este
punto, la sentencia T-1074 de 2004 señala : “Así mismo, es claro que en los
eventos en que el recluso formule un derecho de petición dirigido a otro
funcionario o entidad del sistema penitenciario o en general ante otra
autoridad del aparato estatal, el Estado, a través de las autoridades
carcelarias del INPEC, -quienes actúan como tutores del interno mientras
permanece privado de la libertad-, se encuentran en la obligación legal de
remitirlo efectiva y oportunamente a la autoridad destinataria de la solicitud
y comprobar que la misma positivamente ha llegado a su destino, a fin de que
esta última pueda tener acceso al contenido de la misma y obtenga la
oportunidad de darle el correspondiente trámite y respuesta”.
[117] “Artículo 110. Los reclusos gozan
de libertad de información, salvo grave amenaza de alteración del orden, caso
en el cual la restricción deberá ser motivada. En todos los establecimientos de
reclusión, se establecerá para los reclusos, un sistema diario de informaciones
o noticias que incluya los acontecimientos más importantes de la vida nacional
o internacional, ya sea por boletines emitidos por la dirección o por cualquier
otro medio que llegue a todos los reclusos y que no se preste para alterar la
disciplina.
Artículo
111. Los internos de un centro de reclusión tienen derecho a sostener
comunicación con el exterior. Cuando se trate de un detenido, al ingresar al
establecimiento de reclusión tendrá derecho a indicar a quien se le debe
comunicar su aprehensión, a ponerse en contacto con su abogado y a que su
familia sea informada sobre su situación.
El
director del centro establecerá de acuerdo con el reglamento interno, el
horario y modalidades para las comunicaciones con sus familiares. En casos
especiales y en igualdad de condiciones pueden autorizarse llamadas
telefónicas, debidamente vigiladas”.
[118] Sentencia T-711
de 2006.
[119] Ídem.
[120] Ídem.
[121] Sentencia T-134
de 2005.
[122] Sentencias
T-474 de 2012, 265 de 2011 y T-134 de 2005.
[123] Sentencia de
T-274 de 2008.
[124] Sentencias
T-474 de 2012 y T-269 de 2002.
[125] Sentencia T-474
de 2012. Cfr. sentencias T-269 de 2002 y T-566 de 2007.
[126] Informe sobre
los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas de
2011.
[127] Ídem. “[E]n razón de las
circunstancias excepcionales que presenta el encarcelamiento, el Estado tiene
la obligación de tomar medidas conducentes a garantizar efectivamente el
derecho de mantener y desarrollar las relaciones familiares. Por lo tanto, la
necesidad de cualquier medida que restrinja este derecho debe ajustarse a los
requisitos ordinarios y razonables del encarcelamiento” (“CIDH, Informe No.
67/06, Caso 12.476, Fondo, Oscar Elías Biscet y otros, Cuba, 21 de octubre de
2006, párr. 237; CIDH, Informe No. 38/96, Caso 10.506, Fondo, X y Y, Argentina,
15 de octubre de 1996, párr. 97 y 98. En el mismo sentido, la Corte Europea ha indicado que toda privación de libertad llevada a cabo de acuerdo con la ley
entraña por su propia naturaleza una limitación a la vida privada y familiar.
Sin embargo, es una parte esencial del derecho de todo recluso al respeto a su
vida familiar y que las autoridades penitenciarias le brinden las facilidades
necesarias para que pueda mantener contacto con su familia. European Court of
Human Rights, Case of Messina v. Italy (No. 2), (Application no. 25498/94),
Judgment of September 28, 2000, Second Section, para. 61”).
[128] Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas
Privadas de Libertad en las Américas de 2011.
[129] “Artículo 52. Modificado por el
artículo 1  del Acto Legislativo No. 2
de 2000. El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas,
competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las
personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano.//El deporte
y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público
social.//Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la
práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre.//El Estado
fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las
organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser
democráticas”.
[130] Sentencia T-466
de 1992.
[131] Sentencia T-439
de 2006.
[132] Ídem.
[133] Cuaderno
pruebas, folio 130.
[134] Los
artículos 9 y 10 del Código Penitenciario establece con claridad que el fin
fundamental de la pena es la resocialización, de las personas condenadas y que
ese objetivo solo se alcanzará mediante el examen de su personalidad y a través
de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura,
el deporte y la recreación bajo un espíritu humano y solidario.
[135] Sentencia
T-466 de 1992.