C-609-10
Sentencia C-609/10
Sentencia C-609/10
ACUERDO DE
COOPERACION LABORAL Y CANJE DE NOTAS ENTRE CANADA Y LA REPUBLICA DE COLOMBIA-Contenido
resulta acorde a los preceptos constitucionales
ACUERDO DE
COOPERACION LABORAL Y CANJE DE NOTAS ENTRE CANADA Y LA REPUBLICA DE COLOMBIA-Cumplimiento
del procedimiento legislativo previsto en la Constitución Política y en la Ley
5 de 1992
ACUERDO DE
COOPERACION LABORAL ENTRE CANADA Y LA REPUBLICA DE COLOMBIA-Trámite
legislativo/ ACUERDO DE COOPERACION LABORAL Y CANJE DE NOTAS ENTRE CANADA Y
LA REPUBLICA DE COLOMBIA-Iniciación del trámite en el Senado de la
República
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADOS INTERNACIONALES Y LEYES APROBATORIAS DE
TRATADOS-Competencia/CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADOS INTERNACIONALES Y LEYES APROBATORIAS DE
TRATADOS-Características/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADOS
INTERNACIONALES Y LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Examen de fondo es
exclusivamente jurídico
De conformidad con lo
establecido en el artículo 241 numeral 10 de la Constitución Política,
corresponde a la Corte el examen de la constitucionalidad de los tratados
internacionales y de las leyes aprobatorias de los mismos. Según la sentencia
C-468 de 1997, dicho control se caracteriza por ser (i) previo al
perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a
la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviada directamente
por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis
días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que
la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la
ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene
fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación
del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su
finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el
cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano.En cuanto
al control por vicios de procedimiento que la Corte ejerce sobre los tratados
internacionales y las leyes que los aprueban, según lo prescrito en el artículo
241 numeral 10 Superior, éste se dirige tanto a examinar la validez de la
representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y
celebración del instrumento y la competencia de los funcionarios en la
negociación y firma del tratado, como el cumplimiento de las reglas de
aprobación legislativa en la formación de la ley aprobatoria en el Congreso.
Dada la naturaleza especial de las leyes aprobatorias de tratados públicos, el
legislador no puede alterar el contenido de éstos introduciendo nuevas
cláusulas ya que su función consiste en aprobar o improbar la totalidad del
tratado. Si el tratado es multilateral, es posible hacer declaraciones
interpretativas, y, a menos que estén expresamente prohibidas, también se
pueden introducir reservas que no afecten el objeto y fin del tratado. En
cuanto al examen de fondo, éste consiste en juzgar las disposiciones del texto del
tratado internacional que se revisa y el de su ley aprobatoria, respecto de la
totalidad de las disposiciones del Ordenamiento Superior, para determinar si
las primeras se ajustan o no a la Constitución Política.  Dicho examen de fondo
es exclusivamente jurídico y por lo tanto no comprende cuestiones de
conveniencia, oportunidad, utilidad y eficiencia.
ACUERDO DE
COOPERACION LABORAL ENTRE CANADA Y LA REPUBLICA DE COLOMBIA-Cumplimiento
de obligaciones/CONVENIO INTERNACIONAL DE TRABAJO-Determinación de los
que hacen parte del bloque de constitucionalidad
El tratado se encuentra
acorde con la Constitución al cumplir con los principios de reciprocidad y
respeto de la soberanía (Artículos 9 y 226 de la CP) que deben regir el
desarrollo de las relaciones internacionales. Todas sus cláusulas prevén
obligaciones recíprocas para las Partes. De otra parte, el acuerdo reafirma el
respeto al principio de soberanía al reiterar que nada de lo dispuesto en su
texto se interpretará en el sentido de facultar a las autoridades de una Parte
para realizar actividades orientadas al cumplimiento de la legislación laboral
en el territorio de la otra Parte. Para la Corte, las obligaciones establecidas
en el Acuerdo en materia de protección de los derechos laborales resultan
acordes con la Constitución, en particular con el artículo 9 Superior que
consagra como fundamentos del manejo de las relaciones exteriores, la soberanía
nacional y el reconocimiento de los principios del derecho internacional
aceptados por Colombia. En relación con este punto, el Acuerdo reitera el
compromiso de Colombia por honrar sus obligaciones ante la OIT, en materia de
derechos laborales y sindicales. Con lo cual resulta compatible con lo que
establecen los artículos 9 y 53 de la Carta. Adicionalmente, y como quiera que
en relación con varios de los convenios internacionales del trabajo ratificados
por Colombia, la Corte ha afirmado que forman parte del bloque de
constitucionalidad, ya sea para señalar que forman parte del bloque de
constitucionalidad en sentido estricto, o para plantear que integran el bloque
de constitucionalidad en virtud del inciso segundo del art. 93 de la CP, estos
convenios también tendrán carácter normativo obligatorio para las obligaciones
que surgen del Acuerdo de Cooperación Laboral. En esa medida, las disposiciones
del Acuerdo son compatibles con lo que establece el artículo 93 de la Carta.
Las disposiciones del Acuerdo relativas a los derechos laborales y sindicales
son también armónicas con lo que establecen los preceptos constitucionales
consagrados en los artículos 25 que garantiza el derecho al trabajo en
condiciones dignas y justas; 39 que protege la libertad de asociación sindical;
55 que consagra el derecho de negociación colectiva y 56 que garantiza el
derecho a la huelga. Las obligaciones que surgen del Acuerdo para las Partes se
armonizan igualmente con el mantenimiento y la adopción de nuevos compromisos
internacionales en materia laboral y aseguran el respeto a las obligaciones
asumidas por las Partes ante la OIT, y al comprometerse las Partes a no adoptar
medidas que impliquen dejar de aplicar leyes o reglamentos desarrollados para
garantizar tales derechos, o incumplir con las responsabilidades asumidas ante
la OIT, se rechaza la posibilidad de reducir los estándares de protección de
estos derechos como un medio legítimo para aumentar la competitividad, y se
garantiza la armonía de los compromisos adquiridos en el Acuerdo con otras
obligaciones internacionales adquiridas por Colombia en la materia, de manera acorde
con lo que establecen los artículos 9, 224, 226 y 227 de la Carta.
ACUERDO DE
COOPERACION LABORAL ENTRE CANADA Y LA REPUBLICA DE COLOMBIA-Objeto
Para la Corte es claro,
que el objeto del Acuerdo no es regular directamente los derechos fundamentales
de los trabajadores sino hacer explícito en un tratado de naturaleza comercial
una serie de garantías laborales para asegurar el reconocimiento y protección
de los principios y derechos laborales internacionalmente reconocidos. De esta
forma si no están mencionados todos los derechos y garantías laborales no
quiere decir que estos estén excluidos del tratado y no sean parte de las
obligaciones estatales pactadas en el tratado. Debe recordarse que no es el
reconocimiento expreso lo que permite señalar que se está frente a un derecho
fundamental (art. 94 superior). Este es el caso del derecho a la seguridad
social en cuanto a pensiones (vejez, invalidez, y sobrevivencia) y salud. El
presente acuerdo no indica nada concreto al respecto, pero al referirse en su
objetivo a la obligación de proteger los derechos laborales se encuentran
incluidos los derechos referentes a salud y pensión, presente en los
ordenamientos jurídicos de cada una de las partes. Esta misma regla aplica a
todos los derechos y medidas consagrados en las recomendaciones de la OIT sobre
trabajadores migrantes y la Ley 146 de 1994.
Referencia:
expediente LAT-357
Revisión de
la Ley 1359 de 2009, del 25 de noviembre de 2009, por medio de la cual se
aprueba el “Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de
Colombia”, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el “Canje de
notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por
medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del acuerdo de cooperación
laboral entre Canadá y la República de Colombia”.
Magistrada
Ponente:
Dr. MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C.,
tres (03) de agosto de dos mil diez (2010)
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en el
proceso de revisión constitucional de la Ley 1359 de 2009, del 25 de noviembre
de 2009, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo
de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”, hecho en Lima,
Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el “Canje de notas entre Canadá y la
República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por medio del cual se corrigen
errores técnicos y materiales del acuerdo de cooperación laboral entre Canadá y
la República de Colombia”.
I.
ANTECEDENTES
Con base en lo dispuesto
en el artículo 241-10 de la Carta Política, mediante oficio radicado en la
Secretaría General de esta Corporación el 3 de diciembre de 2009, el Secretario
Jurídico de la Presidencia de la República remitió copia auténtica de la Ley
1359 de 2009, de noviembre 25 de 2009, para efectos de su revisión
constitucional.
La Magistrada Sustanciadora, mediante
auto de 22de enero de 2010, avocó el conocimiento del proceso y dispuso la
práctica de varias pruebas. Recibidas éstas, ordenó continuar el trámite del
mismo y, en consecuencia, fijar en lista el proceso por el término de 10 días
con el fin de permitir la intervención ciudadana, así como dar traslado al
Procurador General de la Nación para el concepto correspondiente y comunicar la
iniciación del proceso al Presidente de la República, al Presidente del
Congreso de la República y al Ministro de Relaciones Exteriores.
Cumplidos los
trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991, procede esta Corte a decidir
sobre la exequibilidad del tratado y de la ley que lo aprueba.
II.   TEXTO DEL CONVENIO QUE SE REVISA Y DE SU LEY APROBATORIA
A continuación se
transcribe el texto de la ley enviada para revisión, conforme su publicación en
el Diario Oficial Año
CXLIV. N. 47.545, del 26 de noviembre de 2009, pág. 28.
LEY 1359 DE
2009
(noviembre
25)
“Por medio
de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la
República de Colombia”, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el
“Canje de Notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de
2009, por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del Acuerdo
de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”.
EL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
Visto el texto del “Acuerdo
de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”, hecho en Lima,
Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el “Canje de Notas entre Canadá y la
República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por medio de la cual se
corrigen errores técnicos y materiales del Acuerdo de Cooperación Laboral entre
Canadá y la República de Colombia”, que a la letra dice:
(Para ser
transcritos: Se adjunta fotocopia de los textos íntegros de los instrumentos
internacionales mencionados).
ÁLVARO URIBE
VÉLEZ
“ACUERDO DE
COOPERACION LABORAL ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y CANADA
PREAMBULO
LA REPÚBLICA
DE COLOMBIA y CANADA, en adelante referidas como las
“Partes”:
RECORDANDO su
determinación, expresada en el Tratado de Libre Comercio entre la República
de Colombia y Canadá (TLCCCO) de:
(a) proteger, ampliar y hacer
efectivos los derechos básicos de los trabajadores;
(b) fortalecer la cooperación
en materia laboral; y
(c) avanzar en sus
respectivos compromisos internacionales en materia laboral.
BUSCANDO complementar
las oportunidades económicas creadas por el TLCCCO con el desarrollo del
recurso humano, protección de los derechos básicos de los trabajadores, la
cooperación entre trabajadores y empleadores y el continuo aprendizaje que
caracteriza las economías de alta productividad;
REAFIRMANDO las
obligaciones de ambos países como miembros de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) y sus compromisos con la Declaración de la OIT relativa a los
Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento (1998)
(Declaración de 1998 de la OIT
AFIRMANDO su
continuo respeto por la constitución y la ley de cada Parte;
DESEANDO avanzar
en sus respectivos compromisos internacionales;
RECONOCIENDO
la importancia de la cooperación mutua para fortalecer las
acciones en materia laboral, incluyendo:
(a) el estímulo a las
consultas y el diálogo entre las organizaciones laborales, empresas y gobierno;
(b) el estímulo a los
empleadores y trabajadores en cada país para que cumplan con las leyes
laborales y para que trabajen en forma conjunta a fin de mantener un ambiente
laboral justo, seguro y sano;
RECONOCIENDO
la importancia de proteger los derechos laborales de los
trabajadores migrantes;
RECONOCIENDO
la importancia del estímulo de las prácticas voluntarias de la
responsabilidad social corporativa dentro de sus territorios o jurisdicciones, para
asegurar la coherencia entre los objetivos laborales y económicos; y
APOYANDOSE en
las instituciones y mecanismos vigentes en Colombia y Canadá para lograr las
metas económicas y sociales mencionadas;
HAN ACORDADO
lo siguiente:
PRIMERA
PARTE
OBLIGACIONES
Artículo 1:
Obligaciones Generales
1. Cada Parte asegurará que sus leyes,
reglamentos, y prácticas correspondientes, contengan y provean protección a los
siguientes derechos y principios internacionalmente reconocidos:
(a) la libertad de asociación
y derecho a la negociación colectiva (incluyendo la protección del derecho a
organizarse y el derecho de huelga);
(b) la eliminación de todas
las formas de trabajo forzoso u obligatorio;
(c) la abolición efectiva del
trabajo infantil (incluyendo protección a niños y jóvenes);
(d) la eliminación de la
discriminación respecto al empleo y la ocupación;
(e) condiciones aceptables de
trabajo con respecto a salario mínimo, horas de trabajo y salud y seguridad
ocupacional; y
(f) otorgar a los
trabajadores migrantes la misma protección legal que a los nacionales de la
Parte, respecto a las condiciones de trabajo, y
2. En cuanto a que los
principios y derechos enunciados anteriormente se relacionan a la OIT, los
subpárrafos (a) a (d) se refieren sólo a la Declaración de la OIT de 1998,
mientras que los que se enuncian en los subpárrafos (e) y (f) están
relacionados más estrechamente con el Programa de Trabajo Decente de la OIT.
Artículo 2:
No Derogación
Cada Parte asegurará que no
dejará de aplicar o de otra forma dejar sin efecto, ni ofrecerá dejar de
aplicar o de otra forma dejar sin efecto su legislación laboral de una manera
que debilite o reduzca la observancia de los derechos laborales
internacionalmente reconocidos señalados en el Artículo 1, como una forma de incentivar
el comercio entre las Partes, o como un incentivo para el establecimiento,
adquisición, expansión o retención de una inversión en su territorio.
Artículo 3:
Medidas de Aplicación Gubernamental
1. Sujeto al Artículo 22,
cada Parte promoverá la observancia y cumplirá la aplicación efectiva de su
legislación laboral a través de medidas gubernamentales adecuadas, tales como:
(a) establecer y mantener
divisiones de inspección laboral, inclusive mediante el nombramiento y la
capacitación de inspectores;
(b) monitorear el
cumplimiento e investigar las presuntas violaciones, incluso mediante
inspecciones “in situ”;
(c) alentar el
establecimiento de comités de empleadores y trabajadores para abordar las
regulaciones laborales en el lugar de trabajo;
(d) proveer o alentar
mediación, conciliación y servicios de arbitraje; y,
(e) iniciar, de manera
oportuna, procedimientos para procurar sanciones o soluciones adecuadas en caso
de violaciones a su legislación laboral.
2. Cada Parte garantizará que
sus autoridades competentes otorguen la debida consideración, de conformidad
con su legislación, a cualquier solicitud de un empleador, un trabajador o sus
representantes, o de cualquier persona interesada, para que se investigue
alguna presunta violación de la legislación laboral de la Parte.
Artículo 4:
Acceso de los Particulares a los Procedimientos
Cada Parte garantizará que
las personas con un interés jurídicamente legítimo según su legislación, tengan
acceso adecuado a los procedimientos de un tribunal, el cual podrá aplicar la
ley laboral de la Parte y hacer efectivos los derechos laborales de tales
personas; y, solucionar los incumplimientos de dicha ley o derechos.
Artículo 5:
Garantías Procesales
1. Cada Parte garantizará que
los procedimientos mencionados en el Artículo 3 (1) (b) y (e) y en el Artículo
4, sean justos, equitativos y transparentes, y con este propósito, dispondrá
que:
(a) los procedimientos sean
conducidos por personas que sean imparciales, independientes y no tengan un
interés en el resultado del asunto;
(b) las Partes en los
procedimientos tengan derecho a sustentar o defender sus respectivas posiciones
y a presentar información o pruebas, que las decisiones se basen en dicha
información o pruebas y que las decisiones definitivas sobre el fondo del
asunto en dichos procedimientos sean formuladas por escrito;
(c) los procedimientos sean
abiertos al público, salvo cuando la ley y la administración de justicia
dispongan lo contrario; y
(d) sean gratuitos y ágiles o
por lo menos no contemplen costos o demoras irrazonables, y sus límites de
tiempo no obstaculicen el ejercicio de los derechos.
2. Cada Parte establecerá que
las Partes en dichos procedimientos tengan el derecho, de acuerdo a su
legislación, de solicitar la revisión y corrección de las resoluciones
definitivas dictadas en esos procedimientos.
3. Una Parte debería
implementar las obligaciones anteriormente mencionadas de manera que concuerden
con sus acuerdos multilaterales, y no es necesario que una Parte cumpla con las
obligaciones anteriores si al hacerlo causare un conflicto con sus obligaciones
conforme a un tratado multilateral que proporciona garantías procesales
equivalentes o mayores.
Artículo 6:
Información y Conocimientos Públicos
1. Cada Parte se asegurará
que sus leyes laborales, reglamentos, procedimientos y resoluciones
administrativas de aplicación general que se refieran a cualquier asunto
cubierto por este Acuerdo, se publiquen a la mayor brevedad o en su defecto se
pongan a disposición de las personas interesadas y de la otra Parte para su
conocimiento.
2. Cuando así lo disponga su
legislación, cada Parte:
(a) publicará por adelantado
cualquier medida que se proponga adoptar; y
(b) brindará a las personas
interesadas una oportunidad razonable para que formulen observaciones sobre las
medidas propuestas.
3. Cada Parte promoverá el
conocimiento público de su legislación laboral en particular:
(a) poner disponible la
información pública relacionada con sus leyes laborales, los procedimientos de
aplicación y cumplimiento; y
(b) estimular la educación de
la población respecto de sus leyes laborales.
SEGUNDA
PARTE
MECANISMOS
INSTITUCIONALES
Artículo 7:
Consejo Ministerial
1. Las Partes crearán un
Consejo Ministerial que estará integrado por los Ministros responsables de los
asuntos laborales de las Partes o por las personas que estos designen.
2. El Consejo se reunirá
dentro del primer año de entrada en vigencia de este Acuerdo y a partir de
entonces, tantas veces como considere necesario para discutir asuntos de
interés común, para supervisar la implementación del Acuerdo y revisar su
progreso. El Consejo podrá sostener reuniones conjuntas con consejos
establecidos en virtud de acuerdos similares.
3. A menos que las Partes
decidan algo diferente, cada reunión del Consejo incluirá una sesión en la que
los miembros del Consejo tengan la oportunidad de reunirse con el público para
discutir asuntos relacionados con la implementación de este Acuerdo.
4. El Consejo podrá
considerar cualquier asunto dentro del ámbito de aplicación de este Acuerdo y
tomar cualquier otra acción en el ejercicio de sus funciones cuando las Partes
así lo acuerden.
5. El Consejo revisará la
operación y efectividad del Acuerdo, incluyendo el nivel de progreso alcanzado
en la implementación de las obligaciones y los mecanismos institucionales de
este Acuerdo, dentro de los cinco años siguientes contados desde la entrada en
vigor del Acuerdo, y en adelante dentro de los períodos que decidiere el
Consejo. Tal revisión:
(a) podrá ser conducida por
uno o más expertos independientes;
(b) incluirá una revisión de
la literatura y la consulta con los miembros del público, incluyendo
representantes de organizaciones laborales y empresariales, así como la
posibilidad de que las Partes presenten comentarios;
(c) podrá hacer
recomendaciones para el futuro; y,
(d) deberá ser concluida en
un plazo de 180 días desde su inicio y publicarse 30 días después.
Artículo 8:
Mecanismos Nacionales
1. Cada Parte podrá convocar
un nuevo comité laboral nacional o consultar a uno existente, compuesto por
miembros de su público, incluyendo representantes de sus organizaciones
laborales y empresariales para presentar opiniones en cualquier asunto
relacionado con este Acuerdo.
2. Cada Parte establecerá un
Punto de Contacto dentro de su Ministerio responsable de los asuntos laborales
y proveerá a la otra Parte su información de contacto. Las funciones del Punto
de Contacto incluirán:
(a) la coordinación de
programas y actividades de cooperación;
(b) la revisión de
comunicaciones públicas según el Artículo 10;
(c) servir como Punto de
Contacto con la otra Parte;
(d) la provisión de
información a la otra Parte, a los Paneles de Revisión y al público; y,
(e) cualquier otra materia
que las Partes o el Consejo decidan.
3. Cada una de las Partes
proporcionará a la otra la información relacionada con el establecimiento del
Punto de Contacto.
Artículo 9
Actividades de Cooperación
1. Reconociendo que la
cooperación laboral es elemento esencial para aumentar los niveles de
cumplimiento de los estándares laborales, las Partes deberán desarrollar un
plan de acción para la cooperación en actividades laborales para la promoción
de los objetivos de este Acuerdo, y definirán proyectos específicos de
cooperación y el plazo para realizarlos.
2. Las posibles áreas de
cooperación se establecen en el Anexo 1. La mayoría están directamente
relacionadas con las obligaciones establecidas en este Acuerdo, mientras que
otras tratan sobre el mejoramiento de la movilidad de la mano de obra ya que
las Partes reconocen los beneficios mutuos que habrán de derivarse en este
aspecto y se han comprometido a explorar los medios para lograr este objetivo.
3. Al desarrollar el plan de
acción, las Partes cooperarán a través de:
(a) programas de asistencia
técnica, incluso proporcionando recursos humanos, técnicos y materiales, según
corresponda;
(b) intercambio de
delegaciones oficiales, profesionales y especialistas, incluyendo a través de
visitas de estudio y otros intercambios técnicos;
(c) intercambio de
información sobre normas, reglamentos, procedimientos y buenas prácticas;
(d) intercambio o desarrollo
de estudios, publicaciones y monografías pertinentes;
(e) conferencias conjuntas,
seminarios, talleres, reuniones, sesiones de capacitación y programas de
divulgación y educación;
(f) desarrollo de proyectos
de investigación, estudios e informes conjuntos, mediante los cuales se podrá
solicitar la participación de especialistas independientes;
(g) intercambio sobre asuntos
laborales técnicos, incluyendo el aprovechamiento de la experiencia de
instituciones académicas y otras entidades similares;
(h) intercambio sobre
cuestiones de tecnología, incluyendo sistemas informativos; y
(i) cualquier otro medio que
las Partes acuerden.
4. Las Partes llevarán a cabo
las actividades de cooperación tomando en consideración las prioridades y
necesidades de cada Parte así como las diferencias económicas, sociales,
culturales y legales entre ellas.
Artículo 10:
Comunicaciones Públicas
1. Cada Parte proveerá para
la presentación, recepción y consideración de comunicaciones del público sobre
asuntos relativos a la legislación laboral que:
(a) sean planteadas por un
nacional o por una empresa u organización establecida en el territorio de la
Parte;
(b) se presenten en el
territorio de la otra Parte; y
(c) se refieran a cualquier
asunto relacionado con este Acuerdo.
2. Cada Parte deberá poner
estas comunicaciones a disposición del público, una vez que hayan sido
aceptadas para revisión y deberá aceptar y revisar dichos asuntos de acuerdo
con sus procedimientos internos tal como está establecido en el Anexo 2.
Artículo 11:
Consultas Generales
1. Las Partes procurarán, en
todo momento, ponerse de acuerdo sobre la interpretación y la aplicación de
este Acuerdo.
2. Las Partes se esforzarán
al máximo para tratar cualquier asunto que pudiera afectar el funcionamiento de
este Acuerdo, a través de las consultas, el intercambio de información,
poniendo especial énfasis en la cooperación.
3. Una Parte podrá solicitar
la realización de consultas con la otra Parte sobre cualquier asunto
relacionado con este Acuerdo, mediante la entrega de una solicitud escrita al
Punto de Contacto.
4. Si las Partes no logran
resolver el asunto a través de los Puntos de Contacto, la Parte solicitante
podrá recurrir a los procedimientos previstos en el Artículo 12.
TERCERA
PARTE
PROCEDIMIENTO
DE REVISION DE OBLIGACIONES
Artículo 12:
Consultas Ministeriales
1. Una Parte puede solicitar
por escrito consultas a la otra Parte, a nivel ministerial, en relación con
cualquier obligación establecida en virtud de este Acuerdo. La Parte que sea
objeto de la solicitud deberá responder dentro de los 60 días de haber recibido
la solicitud o dentro de cualquier otro plazo que las Partes acuerden.
2. Cada Parte deberá proveer
a la otra información suficiente que esté en su poder para permitir una
completa evaluación de los asuntos planteados.
3. Para facilitar la
discusión de los asuntos bajo consideración, cualquier Parte podrá llamar uno o
más expertos independientes con el fin de preparar un informe. Las Partes
deberán hacer todos los esfuerzos para acordar la selección del experto o
expertos y deberán cooperar con el experto o expertos en la preparación del
informe. Cualquier publicación del informe indicará cómo obtener acceso a
cualquier respuesta de la otra Parte.
4. Las Partes consultantes
harán todos los esfuerzos posibles para alcanzar un acuerdo mutuamente
satisfactorio sobre el asunto, y podrán resolverlo desarrollando un plan de
actividades cooperativas relacionadas a los asuntos surgidos a través de las
consultas.
5. Las
Consultas Ministeriales deberán concluir a más tardar 10 días después de la
solicitud, a menos que ambas Partes acuerden un plazo distinto.
Artículo 13:
Panel de Revisión
1. Una vez concluidas las
Consultas Ministeriales, la Parte que solicitó las Consultas podrá solicitar
que se convoque un Panel de Revisión si la Parte considera que:
(a) el asunto está
relacionado con el comercio; y
(b) la otra Parte ha
incumplido sus obligaciones bajo este Acuerdo mediante:
(i) un patrón persistente de
omisión en la aplicación efectiva de su legislación Laboral; o
(ii) incumplimiento de sus
obligaciones bajo los Artículos 1 y 2 relacionados con la Declaración de 1998
de la OIT.
Artículo 14:
Panelistas
1. Un Panel de Revisión,
compuesto por tres panelistas, será designado de conformidad con los
procedimientos detallados en el Anexo 3.
2. Los panelistas deberán:
(a) ser seleccionados sobre
la base de la experiencia en asuntos laborales u otras disciplinas apropiadas,
su objetividad, confiabilidad y buen juicio;
(b) ser independientes de las
Partes, no estar vinculados con ninguna de ellas ni recibir instrucciones de
las mismas; y
(c) cumplir con un código de
conducta que establezcan las Partes.
3. Si cualquiera de las
Partes considera que un panelista ha incurrido en una violación del código de
conducta, las Partes deberán realizar consultas. Si lo acuerdan las Partes,
podrán destituir a ese panelista y seleccionar a uno nuevo, de conformidad con
los procedimientos establecidos en el Anexo 3 que fueron utilizados para
seleccionar al panelista que fue destituido. Los plazos de tiempo correrán
desde la fecha de la decisión de las Partes para destituir al panelista. Las
Reglas Modelo de Procedimiento podrán establecer procedimientos para resolver
la situación si las Partes no logran ponerse de acuerdo.
4. No podrán ser panelistas
en una revisión las personas que tengan un interés en el asunto, o que tengan
alguna vinculación con alguna persona u organización que tenga interés en el
asunto.
5. El
presidente del panel no podrá ser nacional de ninguna de las Partes.
Artículo 15:
Conducción de la Revisión
1. Salvo que las Partes
decidan algo distinto, el panel deberá:
(a) ser establecido y
desarrollar sus funciones de manera consistente con las disposiciones de esta
parte, incluyendo los procedimientos referidos en el Anexo 3; y
(b) dentro de los 30 días
siguientes a su establecimiento, presentar una decisión sobre si el asunto está
relacionado con el comercio.
2. El panel de revisión
finalizará sus funciones una vez presentada la decisión de que el asunto no
está relacionado con el comercio.
Artículo 16:
Información para el Panel de Revisión
1. Las Partes tendrán derecho
a hacer presentaciones escritas u orales al Panel de Revisión de acuerdo con
las Reglas Modelo de Procedimiento.
2. El Panel de Revisión podrá
solicitar o recibir y considerar presentaciones escritas o cualquier
información de organizaciones, instituciones, del público y personas con
información o conocimiento especializado relevante.
3. A menos que las Partes
acuerden algo distinto, los procedimientos ante el Panel de Revisión estarán
abiertos al público, excepto cuando sea necesario proteger alguna información
que las Reglas Modelo de Procedimiento exijan tratar como confidencial.
Artículo 17:
Informe Preliminar
1. A menos que las Partes
decidan algo distinto, el Panel de Revisión fundará su informe en las
disposiciones relevantes de este Acuerdo, las peticiones y argumentos
presentados por las Partes y en cualquier información que haya recibido de
conformidad con el Artículo 16.
2. A menos que las Partes
decidan algo distinto, el panel deberá presentar a las Partes un informe
preliminar que contendrá:
(a) las conclusiones de
hecho;
(b) su determinación sobre si
la Parte que es objeto de la revisión ha tenido un incumplimiento a través de
un patrón persistente de omisión de hacer cumplir efectivamente su legislación
laboral o un incumplimiento de sus obligaciones de conformidad con los
Artículos 1 y 2 relacionados con la Declaración de 1998 de la OIT, o cualquier
otra determinación solicitada requerida en los términos de referencia; y
(c) en el caso de que el
panel emita una determinación positiva en relación con el subpárrafo (b), sus
recomendaciones para resolver el asunto, las cuales normalmente serán que la
Parte objeto de la revisión adopte e implemente un plan de acción suficiente
para remediar el patrón de incumplimiento.
3. El panel presentará a las
Partes un informe preliminar, dentro de los 120 días siguientes al nombramiento
del último panelista, a menos que:
(a) las Reglas Modelo de
Procedimiento dispongan otro periodo; o
(b) el panel considere que no
podrá presentar su informe dentro de los 120 días, en cuyo caso podrá prorrogar
el periodo por 60 días adicionales, notificando por escrito a ambas Partes y
explicando las razones de la extensión.
4. Los panelistas podrán
formular opiniones separadas sobre asuntos en que no se haya podido alcanzar un
acuerdo unánime. Sin embargo, el panel no mencionará cuáles panelistas son de
opinión mayoritaria y cuáles de opinión minoritaria.
5. Cualquiera de las Partes
podrá remitir observaciones por escrito al panel sobre el informe preliminar,
dentro de los 30 días siguientes a la presentación del informe, o cualquier
otro periodo que las Partes acuerden.
6. Con base en estas
observaciones escritas, el panel podrá, de oficio o a petición de alguna de las
Partes:
(a) solicitar las
observaciones de la otra Parte;
(b) reconsiderar su informe;
y
(c) llevar a cabo cualquier
examen ulterior que considere pertinente.
Artículo 18
Informe Final
1. El Panel de Revisión
presentará a las Partes, un informe final, el cual incluirá cualquier opinión
particular sobre los asuntos en los que no haya habido acuerdo unánime, dentro
de un plazo de 60 días a partir de la presentación del informe preliminar, a
menos que las Partes acuerden un plazo distinto. Las Partes harán público el
informe final en los tres idiomas oficiales dentro de los 21 días posteriores,
sujeto a protección de la información confidencial.
2. Los panelistas podrán
formular opiniones sobre asuntos en que no se haya podido alcanzar una decisión
unánime. No obstante, un panel de revisión no podrá divulgar quiénes son los
panelistas que sostienen opiniones de mayoría o minoría.
Artículo 19:
Cumplimiento del Informe Final
Cuando un Panel de Revisión
determine en su informe final que ha habido un incumplimiento de acuerdo al
Artículo 17 (2) (b) de la Parte que ha sido objeto de la revisión, las Partes
podrán acordar un plan de acción mutuamente satisfactorio para implementar las
recomendaciones del panel.
Artículo 20:
Revisión del Cumplimiento
1. Si un Panel de Revisión
determina en su informe final que ha habido un incumplimiento de acuerdo al
Artículo 17 (2) (b) de la Parte que ha sido objeto de la solicitud y las
Partes:
(a) no logran llegar a un
acuerdo sobre un plan de acción, de conformidad con el Artículo 19, dentro de
los 60 días de recibido el informe final; o
(b) han acordado un plan de
acción según el Artículo 19 y la Parte solicitante considera que la otra Parte
no ha cumplido los términos del plan de acción, la Parte solicitante podrá en
cualquier momento posterior solicitar por escrito al panel que se reúna
nuevamente para imponer una contribución monetaria anual a la otra Parte. El
panel deberá reunirse tan pronto como sea posible después de recibida la
solicitud.
2. Cuando un panel se reúna
de nuevo conforme al párrafo 1, determinará:
(a) si el plan de acción ha
sido implementado o el incumplimiento de acuerdo al Artículo 17 (2) (b) ha sido
resuelto de otra manera;
(b) en el caso de una
determinación negativa bajo el párrafo a) anterior, el panel determinará el
valor de la contribución monetaria en dólares de los Estados Unidos, o su
equivalente en la moneda de la Parte reclamada de conformidad con el Anexo 4,
dentro de los 90 días posteriores a que se haya reunido de nuevo bajo el
párrafo 1.
3. Las disposiciones del
Artículo 18 referente a la publicación del informe final y de las opiniones
particulares se aplicarán a las determinaciones conforme al párrafo 2, que se
deberá emitir en español, además de inglés o francés.
4. La Parte solicitante podrá
demandar el pago de la contribución monetaria de acuerdo con el Anexo 4. La
determinación del panel según el párrafo 2 se podrá aplicar de conformidad con
el Anexo 4.
5. Las contribuciones
monetarias serán pagadas a un fondo que dé intereses designado por el Consejo y
se utilizarán, bajo la dirección del Consejo, en iniciativas laborales
apropiadas en el territorio de la Parte que haya sido objeto de revisión. Al
decidir cómo utilizar los dineros pagados al fondo, el Consejo podrá considerar
las opiniones de las personas interesadas en los territorios de las Partes.
Artículo 21:
Revisión de Conformidad
1. Si la Parte que es objeto
de la revisión considera que ha sido eliminado el incumplimiento encontrado por
el panel, podrá referirse sobre el asunto al panel, proporcionando un aviso
escrito a la Parte solicitante. El panel presentará su informe sobre el asunto
dentro de los 90 días posteriores a que la Parte que ha sido objeto de revisión
haya dado su aviso.
2. Si el panel decide que la
Parte que es objeto de la revisión ha eliminado el incumplimiento, la Parte que
es objeto de la revisión no podrá ser requerida a pagar ninguna contribución
monetaria que le haya sido impuesta bajo el Artículo 20.
CUARTA PARTE
DISPOSICIONES
GENERALES
Artículo 22:
Principio de Aplicación
Nada en este Acuerdo se
interpretará en el sentido de otorgar derechos a las autoridades de una de las
Partes para llevar a cabo actividades de aplicación de legislación laboral en
el territorio de la otra Parte.
Artículo 23:
Derechos de Particulares
Ninguna de las Partes podrá
otorgar derecho de acción en su legislación interna en contra de la otra Parte,
con fundamento en que la otra Parte ha actuado en forma inconsistente con este
Acuerdo.
Artículo 24:
Protección de Información
1. Una Parte que reciba información
identificada como confidencial o reservada por la otra Parte, deberá mantener
dicha información como confidencial o reservada.
2. Un Panel de Revisión que
reciba información confidencial o reservada conforme a este Acuerdo, le dará el
trato establecido de conformidad con las Reglas Modelo de Procedimiento.
Artículo 25:
Cooperación con Organismos Internacionales y Regionales
Las Partes podrán establecer
acuerdos de cooperación con la Organización Internacional del Trabajo y otros
organismos internacionales y regionales competentes para aprovechar su
experiencia y recursos con el fin de alcanzar los objetivos de este Acuerdo.
Artículo 26:
Definiciones
Para los efectos de este
Acuerdo:
No se considerará que una
Parte ha incurrido en omisiones “en la efectiva aplicación de su legislación
laboral” o en cumplimiento del Artículo 3o en el caso particular en que la
acción o inacción por parte de los funcionarios o entidades de dicha Parte:
(a) refleje el ejercicio
razonable de la discrecionalidad de los funcionarios o entidades respecto de la
investigación, prosecución de acciones judiciales, aspectos reglamentarios o de
cumplimiento; o
(b) resulte de decisiones
tomadas de buena fe sobre la asignación de recursos a:
(i) la aplicación respecto de
Otros asuntos laborales que se consideren de mayor prioridad; o
(ii) las necesidades de
emergencia que resulten de prioridades temporales urgentes de índole social o
económica;
“días” significa
días calendario, incluyendo fines de semana y festivos.
“empresa” significa
cualquier entidad constituida conforme a la legislación aplicable, tenga o no
fines de lucro, y sea de propiedad privada o gubernamental, incluyendo
cualquier sociedad, fideicomiso, participación, empresa de propietario único,
coinversión u otra asociación;
“legislación
laboral” significa leyes, reglamentos y jurisprudencia, según corresponda,
que implementen y protejan los principios y derechos laborales establecidos en
el Artículo 1o;
“nacional” significa:
(a) con respecto a Canadá: un
residente permanente de Canadá o un ciudadano de Canadá de acuerdo a la
legislación canadiense;
(b) con respecto a la
República de Colombia: una persona natural que es colombiano de nacimiento o
naturalización, según lo establecido en el Artículo 96 de la Constitución
Política de Colombia;
“patrón
persistente” significa una conducta de acción o inacción
sostenida o recurrente empezando después de la fecha de entrada en vigor de
este Acuerdo y no incluye un caso aislado o particular;
“persona” significa
una persona natural, una empresa o una organización de empleadores o
trabajadores.
“provincia” significa
una provincia de Canadá, e incluye el Territorio del Yukón, los Territorios del
Noroeste y Nunavut y sus sucesores; y
“territorio”
significa:
(a) con respecto a Canadá:
(i) el territorio
continental, espacio aéreo, dominio marítimo, y espacios marítimos de Canadá;
(ii) la zona económica
exclusiva de Canadá, tal como se determina por su legislación interna, de
acuerdo con la Parte V de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho
del Mar del 10 de diciembre de 1982 (UNCLOS); y
(iii) el zócalo continental
de Canadá, tal como se determina por su legislación interna, de acuerdo a la
Parte VI de UNCLOS;
(b) con respecto a la
República de Colombia: su territorio continental, las islas, las zonas
marítimas y el espacio aéreo sobre ellas, o sobre los cuales Colombia ejerce
soberanía o soberanía de derecho y jurisdicción, de acuerdo con su legislación
nacional y el derecho internacional.
QUINTA PARTE
DISPOSICIONES
FINALES
Artículo 27:
Anexos
Los anexos de este Acuerdo
constituyen parte integral del mismo.
Artículo 28:
Idiomas Oficiales
Los idiomas oficiales para
los propósitos de este Acuerdo serán inglés, francés y español.
Artículo 29:
Entrada en Vigor
Cada Parte deberá notificar
por escrito a la otra Parte con respecto a la conclusión de los procedimientos
internos necesarios para la entrada en vigor de este Acuerdo. Este Acuerdo
entrará en vigor a partir de la fecha de la segunda notificación, o en la fecha
en la cual entre en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la
República de Colombia, lo que ocurra último.
Artículo 30:
Enmiendas
1. Las Partes podrán acordar
por escrito cualquier enmienda a este Acuerdo.
2. Por solicitud de cualquier
Parte, las Partes se reunirán con el objeto de revisar y enmendar este Acuerdo
para reflejar el desarrollo en sus relaciones bilaterales y multilaterales en
los asuntos cubiertos por este Acuerdo.
3. Las enmiendas, que se
aprueben según los procedimientos jurídicos correspondientes de cada Parte,
constituirán parte integral de este Acuerdo, cuando así se acuerde.
Artículo 31:
Denuncia
1. Este acuerdo permanecerá
en vigor mientras el TLCCO continúe en vigor. Si se rescindiera el TLCCO,
cualquiera de las Partes podrá denunciar este Acuerdo dando notificación por
escrito a la otra Parte. La Denuncia tendrá efectos 14 días después de la
recepción de la notificación escrita.
2. Se podrá denunciar este Acuerdo
mediante un acuerdo mutuo por escrito de las Partes, y bajo las condiciones y
dentro del plazo que se acuerde mutuamente.
EN
TESTIMONIO DE LO CUAL los representantes infrascritos,
debidamente autorizados a este efecto, firman el presente Acuerdo.
HECHO por
duplicado en Lima el día 21 del mes de noviembre de 2008, en español, inglés y
francés. Todos los textos son igualmente auténticos”.
Firma ilegible
ANEXO 1
“ACTIVIDADES
DE COOPERACION
1. La siguiente lista de
áreas de cooperación directamente relacionadas con las obligaciones bajo este
Acuerdo, que las Partes podrán desarrollar de acuerdo con el Artículo 9:
(a) intercambio de
información: Intercambio de información y compartir sobre mejores prácticas o
asuntos de interés común y eventos, relevantes, actividades e iniciativas
organizadas en sus respectivos territorios;
(b) foros Internacionales:
cooperación dentro de foros internacionales y regionales como la Organización
Internacional del Trabajo y la Conferencia Interamericana de Ministros del Trabajo
en asuntos relacionados con el trabajo;
(c) derechos fundamentales y
su efectiva aplicación: legislación y prácticas relacionadas con los principios
contenidos en la Declaración de 1998 de la OIT (Libertad de asociación y
reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, eliminación de
todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del
trabajo infantil, y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y
ocupación);
(d) la eliminación de las
peores forma de trabajo infantil: Legislación y prácticas relacionadas con el
cumplimiento del Convenio No. 182 de la OIT;
(e) administración laboral:
capacidad institucional de las administraciones laborales y tribunales
laborales, especialmente capacitación y profesionalización de los recursos
humanos, incluyendo el servicio civil de carrera;
(f) inspección laboral y
sistemas de Inspección: métodos y capacitación para mejorar el nivel y
eficiencia en la aplicación de la legislación laboral, fortalecimiento de los
sistemas de inspección laboral y ayudar a su cumplimiento de conformidad con
las leyes laborales;
(b) facilitar la asociación
de los sectores público y privado en las iniciativas relacionadas con la
intermediación del mercado laboral; y
(c) facilitar las iniciativas
que permitirán a las instituciones de entrenamiento a desarrollar los
currículos que se ajusten a los estándares de las partes receptores.
3. Al identificar las áreas
de cooperación laboral y fortalecimiento de capacidades, y llevar a cabo
actividades de cooperación, cada Parte podrá considerar los puntos de vista de
los representantes de los trabajadores y empleadores, así como a los otros
miembros del público”.
ANEXO 2
“COMUNICACIONES
PÚBLICAS
1. Los procedimientos para
las comunicaciones públicas de cada Parte en relación con el derecho de un
nacional, organización u empresa de someter una comunicación pública al Punto
de Contacto deberán establecer, entre otros:
(a) criterios para la
aceptación de comunicaciones, incluyendo:
(i) Que una solución ante
tribunales nacionales haya sido intentada o perseguida y que cualquier
comunicación pública relacionada con estos procedimientos internos pendientes,
normalmente no será aceptada, en tanto dichos procedimientos sean consistentes
con el Artículo 5;
(ii) que los asuntos
pendientes ante un órgano internacional normalmente no serán aceptados;
(iii) que las comunicaciones
que sean triviales, frívolas o vejatorias no serán aceptadas;
(b) que se realizará una
consulta preliminar con la otra Parte;
(c) que el informe final
deberá considerar información relevante, incluyendo la dada por el que sometió
la comunicación, la otra Parte y otras personas interesadas, y que además
indicará la manera de obtener acceso a dicha información; y,
(d) que la notificación
pública de la aceptación para revisión y publicación del informe final indicará
cómo tener acceso a cualquier respuesta de la otra Parte”.
ANEXO 3
“PROCEDIMIENTOS
RELACIONADOS CON LOS PANELES DE REVISION
Procedimientos
de Selección del Panel de Revisión
1. Para efectos de la
selección del Panel de Revisión, se aplicarán los siguientes procedimientos:
(a) dentro de los 20 días de
la recepción de la solicitud de establecimiento de un panel, cada Parte
seleccionará un panelista;
(b) si una de las Partes no
selecciona a su panelista dentro de ese plazo, la otra Parte seleccionará al
panelista entre los individuos calificados que sean nacionales de la Parte que
no seleccionó su panelista;
(c) los siguientes
procedimientos se aplicarán para la selección del presidente del panel de
revisión:
(i) la Parte que sea objeto
de la solicitud deberá facilitar a la Parte que hizo la solicitud los nombres
de tres individuos que estén calificados para ser el presidente del panel. Los
nombres deberán facilitarse a más tardar 20 días después de recibida la
solicitud de establecimiento del panel;
(ii) la Parte que hizo la
solicitud podrá escoger a uno de los individuos para que sea el presidente o,
si los nombres no fueron facilitados o, ninguno de los individuos resulta aceptable,
podrá facilitar a la Parte que es objeto de la solicitud los nombres de tres
individuos calificados para ser el presidente. Dichos nombres deberán
facilitarse a más tardar cinco días después de recibir los nombres a que se
refiere el subpárrafo (i) o 25 días después de la recepción de la solicitud de
establecimiento del panel de revisión;
(iii) la Parte que sea objeto
de la solicitud podrá escoger a uno de los tres individuos para que sea el
presidente, a más tardar cinco días después de recibir los nombres a que se
refiere el subpárrafo (ii), en defecto de lo cual las Partes solicitarán
inmediatamente al Director General de la Oficina Internacional de Trabajo el
nombramiento del Presidente dentro de los 25 días siguientes.
Reglas de
Procedimiento
2. A más tardar un año
después de la entrada en vigor de este Acuerdo, las Partes establecerán las
Reglas Modelo de Procedimiento las cuales serán usadas para establecer y llevar
a cabo los procedimientos establecidos en la Tercera Parte. Las Reglas Modelo
incluirán:
(a) un código de conducta
para los efectos del Artículo 14;
(b) las reglas, para efectos
del Artículo 16, que disponen que las presentaciones escritas sólo se pueden
hacer con base en los términos y las condiciones que pueda especificar el panel,
y que las personas que procuran presentar información oral en el sentido del
párrafo 2 del Artículo 16 sólo podrán hacerlo si el panel determina que dicha
información puede asistir al panel en el desempeño de sus funciones; y,
(c) reglas para la protección
de información de acuerdo con el Artículo 24.
3. Las Partes acordarán un
presupuesto separado para los gastos para los procedimientos de cada panel
conforme a los Artículos 13 a 21. Las Partes contribuirán por partes iguales al
presupuesto, a menos que decidan otra cosa.
Términos de
Referencia de los Paneles
4. A menos que las Partes
acuerden algo distinto, dentro de los 30 días siguientes a que las Partes
integren el panel, los términos de referencia serán:
“Examinar, a la luz de las
disposiciones relevantes de este Acuerdo, si la Parte que ha sido objeto de una
reclamación ha tenido, en asuntos relacionados con el comercio, un patrón
persistente de omisión en la aplicación efectiva de la legislación laboral o ha
omitido el cumplimiento de las obligaciones bajo los Artículos 1 y 2 relativos
a la declaración de la Declaración de 1998 de la OIT, y emitir las
conclusiones, determinaciones y recomendaciones de conformidad con el párrafo 2
del Artículo 17.”
ANEXO 4
“CONTRIBUCIONES
MONETARIAS
1. Para determinar el monto
de la contribución monetaria, el panel tomará en cuenta:
(a) la extensión y duración
del patrón persistente de omisiones de la Parte a cumplir con sus obligaciones
de conformidad con el Artículo 17 (2) (b);
(b) las razones de la Parte
en la omisión de cumplir con dichas obligaciones incluyendo, cuando sea
relevante, su omisión en la observancia de los términos de un plan de acción;
(c) el nivel de cumplimiento
que razonablemente podría esperarse de la Parte, dada su limitación de
recursos;
(d) los esfuerzos realizados
por la Parte para comenzar a corregir el incumplimiento, después del informe
final del panel, incluyendo la implementación de cualquier plan de acción
mutuamente acordado; y
(e) cualesquiera otros
factores relevantes.
El monto de las
contribuciones no excederá de 15 millones de dólares de los Estados Unidos
anuales o su equivalente en la moneda nacional de la Parte reclamada.
2. En la fecha que el panel
determine el monto de la contribución monetaria bajo el Artículo 20 (2), o en
cualquier momento posterior, la Parte solicitante podrá solicitar por escrito a
la otra Parte el pago de la contribución monetaria. Las contribuciones
monetarias serán pagada en dólares de los Estados Unidos o su equivalente en la
moneda de la Parte reclamada, en pagos trimestrales iguales comenzando a los 60
días siguientes a que la Parte solicitante haya presentado la solicitud y
terminando el día que el panel haya determinado de conformidad con el Artículo
21(2).
3. En Canadá, procedimiento
para la aplicación de la contribución monetaria será el siguiente:
(a) Colombia podrá presentar
ante un Tribunal de jurisdicción competente una copia certificada de la
determinación del panel bajo el Artículo 20(2), solo si Canadá no cumpliera con
la determinación prevista en el Artículo 20(4), dentro de los 180 días a que
esta haya sido emitida.
(b) Para efectos de su
ejecución, la determinación del panel, se convertirá en mandato del Tribunal,
al ser presentada ante este.
(c) Colombia podrá llevar a
cabo los actos tendientes a ejecutar una determinación de un panel convertida
en un mandato para el Tribunal, ante ese Tribunal, contra la persona en Canadá
a la que fue dirigida la determinación del panel, de acuerdo con el párrafo 4
del Anexo 5.
(d) los procedimientos para
hacer ejecutar la determinación de un panel convertida en mandato judicial se
llevarán a cabo en Canadá por el procedimiento sumario; a condición de que el
tribunal remita prontamente cualquier cuestión de hecho o de interpretación de
la determinación de un panel al panel que la haya hecho, y la decisión del
panel será obligatoria para el tribunal;
(e) la determinación de un
panel que se haya convertido en mandato judicial no estará sujeta a revisión o
a impugnación internas; y
(f) el mandato expedido por
el tribunal durante el procedimiento para ejecutar la determinación de un panel
convertida en mandato judicial no estará sujeto a revisión o a impugnación.
4. En Colombia los
procedimientos para hacer cumplir las contribuciones monetarias serán los
siguientes: si Colombia no cumpliera con la determinación prevista en el
Artículo 20(4), dentro de los 180 días a que esta haya sido emitida, la
determinación del panel en Colombia se deberá ejecutar:
(a) como si se tratara de una
decisión que ordene el pago de una suma fija por un tribunal internacional
constituido por un tratado ratificado por Colombia, o bien,
(b) Canadá podrá presentar
ante el Consejo de Estado o cualquier otro tribunal competente una copia
certificada de la determinación de un panel de acuerdo con el Artículo 20 (2)
(b) y podrá exigir el cumplimiento de la determinación del panel. Canadá estará
legitimada para ejecutar directamente la determinación del panel en Colombia
como si este fuera una decisión final por una Corte colombiana, sin que exista
derecho a revisión legal ulterior o apelación. La determinación contendrá
obligaciones claras, expresas y exigibles, siguiendo las reglas de ejecución de
fallos actualmente vigentes en Colombia; y por tanto esto no requerirá ser reconocido
a través del proceso de exequátur en este país.
5. Cualquier
modificación de las Partes en los procedimientos adoptados y mantenidos por
cada una de ellas de conformidad con este Artículo que tengan como efecto
socavar las disposiciones de este Artículo será considerado una violación a
este Acuerdo”.
ANEXO 5
“EXTENSION
DE LAS OBLIGACIONES
1. En el intercambio de
notificaciones escritas conforme al Artículo 29, Canadá presentará en una
declaración una lista de las provincias para las cuales Canadá estará obligada
respecto a los asuntos dentro de sus jurisdicciones. La declaración surtirá
efectos al momento de entregarse a Colombia y no tendrá implicaciones respecto
a la distribución interna de poderes en Canadá. Canadá notificará con seis
meses de anticipación a Colombia de cualquier modificación a su declaración.
2. Canadá no podrá solicitar
el establecimiento de un panel de Revisión, en virtud de la Tercera Parte, a
instancia del gobierno de una provincia que no esté incluida en la declaración
elaborada conforme al párrafo 1.
3. Colombia no podrá
solicitar el establecimiento de un panel, en virtud de la Tercera Parte, en
relación con un asunto de legislación laboral de una provincia, a menos que en
esa provincia se incluya una declaración hecha bajo el párrafo 1.
4. A más tardar en la fecha
en que se convoque al panel de acuerdo con el Artículo 13, en relación con un
asunto que se encuentre dentro del ámbito del párrafo 3 de este Anexo, Canadá
deberá notificar por escrito a Colombia si cualquier recomendación de un panel
en un informe en virtud del Artículo 18 o cualquier contribución monetaria
impuesta por el panel bajo el Artículo 20(2), con respecto a Canadá debe
dirigirse a Su Majestad en representación de Canadá o a Su Majestad en
representación de la provincia en cuestión.
5. Canadá hará sus mejores
esfuerzos para que el mayor número de sus provincias acuerden ser incluidas en
la declaración y como consecuencia aceptar aplicar las obligaciones de este
acuerdo.
MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES
DM.OAJCAT. No.10621
Bogotá, D. C., 20 de febrero
de 2009
Su Excelencia:
Tengo el agrado de dirigirme
a Su Excelencia en la oportunidad de hacer referencia a la Nota No 084 del 18
de febrero de 2009, en la que informa que se han advertido errores técnicos y
de traducción en las versiones en inglés, francés y castellano del “Acuerdo
de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”, hecho
en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008. Así mismo en la mencionada Nota,
considerando la naturaleza técnica y material de los errores, se propone a la
República de Colombia su corrección según se estipula en el “ANEXO” del
mencionado Acuerdo, propuesto conjuntamente con la Nota antes citada.
Sobre el particular, cumplo
con informar a Su Excelencia que el Gobierno de la República de Colombia
encuentra que los errores indicados son de recibo, y que los términos en que
deben ser corregidos conforme aparece en el citado “ANEXO” son apropiados. En
consecuencia, su Nota y la presente, junto con el “ANEXO” adjunto a las mismas,
constituyen un Acuerdo entre nuestros dos Gobiernos, relativo a las
correcciones de errores técnicos y de traducción en las versiones inglés,
francés y castellano de Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la
República de Colombia del 21 de noviembre de 2008.
A Su Excelencia
la señora
GENEVIVE DES RIVIÉRES
Embajadora de Canadá Colombia
La Ciudad,
Aprovecho la oportunidad para
reiterar a Su Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida
consideración.
Jaime
Bermúdez Merizalde,
Ministro de Relaciones
Exteriores”.
ANEXO B
“ACUERDO DE
COOPERACION LABORAL ENTRE CANADA Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORRECCIONES
Versión en
españo1
Cláusula
Testimonial
Cuando se habla de textos
auténticos se debería decir “castellano” y no “español”.
Nota No 084
La Embajada del Canadá
presenta su más atento saludo al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores
de la República de Colombia – Oficina Jurídica– y tiene el honor de
referirse a Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de
Colombia, hecho en Lima el 21 de noviembre de 2008.
La Embajada llama la atención
de la Oficina Jurídica sobre errores técnicos y de traducción que
aparecen en las versiones del Acuerdo en inglés, francés y castellano. Las
correcciones propuestas a los textos se adjuntan a esta Nota.
Dada la naturaleza técnica y
clerical de los errores, la Embajada agradecería si la Oficina Jurídica aceptara
introducir estas correcciones al Acuerdo, los cuales se harían efectivos en la
fecha de su Nota aceptando las correcciones.
La Embajada del Canadá se
vale de la oportunidad para reiterar al Honorable Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República de Colombia –Oficina Jurídica– las seguridades
de su más alta y distinguida consideración.
Bogotá, 18 de febrero de
2009”.
ANEXO B
“ACUERDO DE
COOPERACION LABORAL ENTRE CANADA Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORRECCIONES
Versión en
español
Cláusula
Testimonial
Cuando se habla de textos
auténticos se debería decir “castellano” y no “español”.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER
PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 31 de marzo de
2009
Autorizado. Sométase a la
consideración del honorable Congreso de la República para los efectos
constitucionales.
(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Relaciones
Exteriores,
(Fdo.) Jaime Bermúdez
Merizalde.
DECRETA:
Artículo 1o. Apruébese el
“Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”, hecho
en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el “Canje de Notas entre Canadá y
la República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por medio del cual se
corrigen errores técnicos y materiales del Acuerdo de Cooperación Laboral entre
Canadá y la República de Colombia”.
Artículo 2o. De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo de
Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”, hecho en Lima,
Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el “Canje de Notas entre Canadá y la
República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por medio del cual se corrigen
errores técnicos y materiales del Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y
la República de Colombia”, que por el artículo 1o de esta ley se aprueba,
obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo
internacional respecto del mismo.
Artículo 3o. La presente ley
rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a los
Presentado al honorable
Congreso de la República por el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro
de la Protección Social y el Ministro de Comercio, Industria y Turismo.
El Ministro de Relaciones
Exteriores,
Jaime
Bermúdez Merizalde.
El Ministro de la Protección
Social,
Diego
Palacio Betancourt.
El Ministro de Comercio,
Industria y Turismo,
Luís
Guillermo Plata Páez”.
“Nota No 084
La Embajada del Canadá
presenta su más atento saludo al Honorable Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República de Colombia – Oficina Jurídica– y tiene el honor
de referirse a Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de
Colombia, hecho en Lima el 21 de noviembre de 2008.
La Embajada llama la atención
de la Oficina Jurídica sobre errores técnicos y de traducción que
aparecen en las versiones del Acuerdo en inglés, francés y castellano. Las
correcciones propuestas a los textos se adjuntan a esta Nota.
Dada la naturaleza técnica y
clerical de los errores, la Embajada agradecería si la Oficina Jurídica aceptara
introducir estas correcciones al Acuerdo, los cuales se harían efectivos en la
fecha de su Nota aceptando las correcciones.
La Embajada del Canadá se
vale de la oportunidad para reiterar al Honorable Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República de Colombia –Oficina Jurídica– las seguridades
de su más alta y distinguida consideración.
Bogotá, 18 de febrero de
2009.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER
PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPúBLICA
Bogotá, D. C., 31 de marzo de
2009
Autorizado. Sométase a la
consideración del honorable Congreso de la República para los efectos
constitucionales.
(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Relaciones
Exteriores,
(Fdo.) Jaime Bermúdez
Merizalde”.
DECRETA:
“Artículo 1o. Apruébese el
“Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”, hecho
en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el “Canje de Notas entre Canadá y
la República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por medio del cual se
corrigen errores técnicos y materiales del Acuerdo de Cooperación Laboral entre
Canadá y la República de Colombia”.
Artículo 2o. De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo de
Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”, hecho en Lima,
Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el “Canje de Notas entre Canadá y la
República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por medio del cual se corrigen
errores técnicos y materiales del Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y
la República de Colombia”, que por el artículo 1o de esta ley se aprueba,
obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo
internacional respecto del mismo.
Artículo 3o. La presente ley
rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a los
Presentado al honorable
Congreso de la República por el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro
de la Protección Social y el Ministro de Comercio, Industria y Turismo.
El Ministro de Relaciones
Exteriores,
Jaime
Bermúdez Merizalde.
El Ministro de la Protección
Social,
Diego
Palacio Betancourt.
El Ministro de Comercio,
Industria y Turismo,
Luís
Guillermo Plata Páez.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER
PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 31 de marzo de
2009
Autorizado. Sométase a la
consideración del honorable Congreso de la República para los efectos
constitucionales.
(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Relaciones
Exteriores,
(Fdo.) Jaime Bermúdez
Merizalde”.
DECRETA:
“ARTÍCULO
1o. Apruébese el “Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de
Colombia”, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el “Canje de
Notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por
medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del Acuerdo de
Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”.
ARTÍCULO 2o.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el
“Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”, hecho
en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el “Canje de Notas entre Canadá y
la República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por medio del cual se
corrigen errores técnicos y materiales del Acuerdo de Cooperación Laboral entre
Canadá y la República de Colombia”, que por el artículo 1o de esta ley se aprueba,
obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo
internacional respecto del mismo.
ARTÍCULO 3o.
La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
El Presidente del honorable
Senado de la República,
JAVIER CÁCERES LEAL.
El Secretario General del
honorable Senado de la República,
EMILIO OTERO DAJUD.
El Presidente de la honorable
Cámara de Representantes,
EDGAR ALFONSO GÓMEZ ROMÁN.
El Secretario General de la
honorable Cámara de Representantes,
JESÚS ALFONSO RODRÍGUEZ
CAMARGO.
REPÚBLICA DE COLOMBIA -
GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese,
previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución
Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 25
de noviembre de 2009.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Relaciones
Exteriores,
JAIME BERMÚDEZ MERIZALDE.
El Ministro de Comercio,
Industria y Turismo,
LUIS GUILLERMO PLATA PÁEZ.
El Ministro de la Protección
Social,
DIEGO PALACIO BETANCOURT”.
III.  INTERVENCION
DE LOS MINISTERIOS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
1.
Intervención del Ministerio de Relaciones
Exteriores
En carta dirigida a esta
Corporación el 1 de febrero de 2010, Margarita E. Manjarrez Herrera, actuando
en nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores, como coordinadora del Área
de Tratados, solicitó declarar exequible la Ley 1359 de 2009.   Para tal fin se
refirió a los antecedentes de la norma, la celebración, suscripción  y
aprobación del acuerdo, y el  desarrollo de principios constitucionales por la
ley estudiada.
Como antecedentes indicó
que este acuerdo de cooperación laboral se encuentra directamente ligado con el
Acuerdo de Libre Comercio firmado entre Colombia y Canadá.  Esto debido a que
el acuerdo laboral corresponde a los compromisos de protección al derecho al trabajo
en las relaciones comerciales que el Tratado de Libre Comercio fomente.
Este Ministerio afirmó
que la celebración, suscripción y aprobación del contrato  fue realizado por
persona idónea y cumplió con los trámites de una ley ordinaria. La aprobación
ejecutiva del Presidente fue dada el 24 de marzo de 2009 y  la sanción
presidencial el 25 de noviembre de 2009.
El Ministerio también
indicó que el presente acuerdo desarrolla varios de los principios
constitucionales contenidos en los artículos 9, 44, 53, 150, numeral 16, 226 y
227. Esto en razón a que facilita la integración de los Estados, desarrolla el
principio de reciprocidad y posee mecanismos para garantizar su rigurosidad y
cumplimiento.
Para el Ministerio, el
objetivo del acuerdo es lograr el cumplimiento de los derechos laborales
consagrado en nuestra constitución en los artículos 25, 39 y 53, a saber: el
derecho al trabajo, las garantías del derecho a la asociación, las libertades
sindicales, y el trabajo en condiciones dignas y justas.
De esta forma, mediante
la cooperación internacional se logra aumentar los niveles de cumplimiento de
los estándares laborales, se da aplicación a los principios de la OIT y se
logra combatir el dumping social.
2.
Intervención del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Luís Guillermo Plata
Páez, como Ministro de Comercio Industria y Turismo,  mediante comunicación del
15 de marzo de 2010, solicitó a esta Corte declarar exequible la Ley 1359 de
2009.  La intervención del Ministerio consideró los siguientes elementos:
competencia para la negociación, relación entre el Acuerdo de Cooperación
Laboral y el TLC, contenido el acuerdo de cooperación laboral, conveniencia del
acuerdo, cumplimiento de los preceptos constitucionales.
Sobre la competencia
para desarrollar el acuerdo, el Ministerio indica que en aplicación del Decreto
4712 de 2007, se conformó un equipo negociador.  Tal equipo estuvo conformado
por funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, del
Ministerio de la Protección Social y del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La negociación del Acuerdo Cooperación Laboral inició en la segunda de las tres
rondas realizadas para las negociaciones del TLC con Canadá, en la ciudad de
Ottawa, Canadá.  La última ronda se llevó a cabo en la ciudad de Lima-Perú del
19 al 24 de noviembre.
Finalmente, la
suscripción del tratado se realizó el 21 de noviembre de 2009, en la ciudad de
Lima, Perú, por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, en
uso de los plenos poderes conferidos por el Presidente de la República, el 18
de noviembre de 2008.
El Ministerio indicó que
existe una relación de dependencia entre el acuerdo de cooperación laboral y el
tratado de libre comercio celebrado con Canadá, ya que este último tiene por
motivación fortalecer la relación comercial, la diversificación de mercados y
el aumento de las exportaciones que tiene por consecuencia la generación de
empleos productivos y mejor remunerados y por ende la definición de
obligaciones laborales.
El Ministerio describe
el contenido del acuerdo de Cooperación Laboral y señala como objetivo
principal “garantizar la efectiva inclusión de los derechos laborales
fundamentales de los trabajadores en la legislación interna de las Partes y
hacer cumplir dicha legislación, buscando proteger a los trabajadores  en sus
derechos laborales fundamentales, desde un enfoque cooperativo.”
Se señaló que el acuerdo
era conveniente para nuestro país en razón a que “crea bases sólidas para
trabajar conjuntamente en la protección de los trabajadores, aplicando
efectivamente la legislación laboral de cada Parte referida a los Principios y
Derechos Fundamentales del trabajo de la Declaración de la OIT.  Otorga a los
trabajadores migrantes la misma protección legal que a los nacionales respecto
de sus condiciones laborales”.  Adicionalmente, se señaló que el acuerdo
crea una “estructura institucional sólida para la búsqueda de soluciones de
consenso entre las Partes, mecanismo de solución de controversias, eventuales
multas, se establecen áreas para programas de cooperación, línea de actividades
de cooperación.”
En cuanto al
cumplimiento de los preceptos constitucionales reitera la competencia del
Ministerio de Comercio Industria y Turismo y Presidente de la República para efectos
de la negociación y suscripción de tratados internacionales, y en este caso
particular, la negociación y suscripción del Acuerdo de Cooperación Laboral con
Canadá.
Al referirse al trámite
de la ley aprobatoria indicó que “este se sujetó a la Constitución Política
y a las normas de procedimiento señaladas en la Ley 5 de 1992, pues, se
observaron en forma debida los plazos que deben existir entre los debates
adelantados, se cumplió con las mayorías requeridas para la aprobación del
proyecto en cada una de las sesiones en Senado y Cámara y llevaron a cabo los
debates requeridos y se hicieron las respectivas publicaciones de las
ponencias.”
Para el Ministerio los
principios constitucionales de internacionalización de las relaciones económicas
establecidos en los artículos 226 y 227 son desarrollados mediante el presente
acuerdo en razón a que, según el Ministerio, es el mecanismo más eficaz para
desarrollar políticas como la  transformación de la economía colombiana a las
necesidades del mundo globalizado.
Al respecto el
Ministerio afirmó: “los acuerdos internacionales como el acuerdo en estudio,
fomentan las oportunidades comerciales que se materializan en oportunidades
para los empresarios y los trabajadores.  La competencia que se deriva de la
liberalización del comercio contribuye a que las empresas deban alcanzar altos
estándares de competitividad y productividad, mayor capacitación y calificación
de la mano de obra y mejores condiciones laborales, lo cual también repercute
en mejores condiciones de vida para los colombianos y refuerza los principios
constitucionales.” Así las cosas, para el Ministerio este acuerdo pone en
evidencia el esfuerzo del Estado colombiano por internacionalizar sus
relaciones económicas y sociales, para el fortalecimiento de los lazos con las
demás naciones del mundo en los términos que establecen los artículos 226 y 227
de la Constitución Política.
En lo concerniente al
desarrollo de los principios constitucionales de equidad, reciprocidad y
conveniencia nacional, el Ministerio afirmó que el acuerdo cumple con estos
principios constitucionales “toda vez que la totalidad de las disposiciones
del Acuerdo se basan un sistema de compromisos mutuos, lo cual refleja un
tratamiento equitativo que a su vez implica reciprocidad.”
El artículo 9 de la
Constitución Política también es aplicado al ser la celebración del acuerdo
consecuencia del principio de la autodeterminación de los pueblos, siendo así manifestación
del postulado de la soberanía nacional y de la decisión unilateral del Estado
Colombiano de asumir obligaciones internacionalmente y ejercer derechos en los
términos establecidos en dicho Acuerdo.
Por otro lado, el
Ministerio manifestó que el proceso de negociación del Acuerdo el Gobierno
Nacional se desarrolló acorde con los  principios de transparencia y
participación de la sociedad civil. En cumplimiento del artículo 9, del Decreto
4712 de 2007, en el marco de las negociaciones del TLC, entre Colombia y Canadá
y de los acuerdos de Cooperación Laboral y Ambiental que se negociaron
paralelamente al TLC se habilitaron escenarios de participación para la
sociedad civil colombiana, tales como reuniones previas a cada una de las
rondas con representantes de la sociedad civil, reuniones posteriores a cada
una de las rondas con la sociedad civil y el sector privado, habilitación del
Cuarto de al Lado[1], información en la
página web, cuarto de lectura del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
Información a representantes sindicales, reuniones con grupos técnicos e
información a las entidades territoriales.
Respecto al desarrollo
de los principios y derechos fundamentales de la declaración de la OIT, el
Ministerio señaló que las obligaciones incorporadas en el Acuerdo refuerzan las
garantías que a nivel constitucional y mediante tratados internacionales se les
ha reconocido a los trabajadores colombianos especialmente las relacionadas con
los principios y derechos fundamentales de la OIT. Afirma igualmente que las
garantías del debido proceso y el derecho de defensa establecidos en el
artículo 29 de la Constitución Política se materializan al incorporar garantías
procesales y la facultad que tiene todas las personas dentro de un proceso
público, a ser oídas, pedir o controvertir pruebas, hacer uso de los recursos
que la ley otorga, ante tribunales competentes, entre otras garantías, con la
tranquilidad de que serán juzgados y sancionados de conformidad con las leyes
existentes.
En esa medida, el
Ministerio considera desarrollos de los principios del debido proceso y del
derecho a la defensa, la creación de un Consejo Ministerial, como mecanismo
institucional que pretende asegurar la efectiva administración del Acuerdo.
Según el Ministerio, la creación de este mecanismo no tiene contradicción
alguna con la Constitución  Política y es un mecanismo ya usado en diferentes
convenios y tratados y declarado exequible por la Corte.
En opinión del Ministerio,
el Mecanismo de Solución de Controversias establecido en el acuerdo es un
desarrollo de los principios de debido proceso y derecho a la defensa.  Lo
anterior por cuanto permite el establecimiento de un panel arbitral imparcial y
calificado, con funciones transitorias, al igual que ocurre con el arbitraje en
virtud del cual se les entrega a los particulares la función de administrar
justicia, también de forma transitoria.  De esta forma se considera una
aplicación concreta del artículo 116 de la Constitución Política.
Sobre las cláusulas
sobre enmiendas, entrada en vigor y terminación del acuerdo, el Ministerio
indica que los artículos del Acuerdo que aluden a las enmiendas, entrada en
vigor, terminación y adhesión al mismo por terceros países, están plenamente
sometidos a la Constitución Política, pues en virtud del artículo 9, en
concordancia con los artículos 189 numeral 2, y 224 a 227, fueron negociados
por el Gobierno Nacional bajo el ejercicio pleno de la soberanía nacional y en
virtud del principio de autodeterminación de los pueblos. Resalta igualmente
que la posibilidad de enmienda contemplada en el acuerdo resulta armónica con
el numeral 10 del artículo 241 y con los principios de soberanía nacional y
autodeterminación de los pueblos, pues cada Estado debe resolver sus propios
asuntos y de tomar las decisiones que crean convenientes.
El artículo 29 del
Acuerdo establece que si bien el Acuerdo de Cooperación Laboral es autónomo,
está ligado estrechamente con el Tratado de Libre Comercio suscrito entre
Canadá y Colombia, pues el mismo es desarrollo del Capítulo Laboral del TLC, de
tal manera que si el TLC no entra en vigor no se cumple la obligación de
entrada en vigor de este Acuerdo.  Esto acorde con lo establecido en el
artículo 24 numeral 1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados de 1986, donde se expresa que “Un tratado entrará en vigor de la
manera y en la fecha que en él se disponga o que acuerden los Estados
negociadores”.
Aplicando el artículo 54
de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, donde se indica que a
voluntad de las partes se podrá negociar la terminación de los Acuerdos de la
manera que consideren necesario según sus intereses, en el acuerdo estudiado se
estableció ‑en el artículo 31‑ que el mismo permanecería mientras
subsista el Acuerdo de Libre Comercio, y, así mismo, si “se rescindiera el
TLCCo, cualquiera de las Partes podrá denunciar este Acuerdo dando notificación
por escrito a la otra parte.  La denuncia tendrá efectos 14 días después de la
recepción de la notificación escrita.”
En cuanto a los canjes
de notas diplomáticas entre Colombia y Canadá, se tiene que estos se originaron
a causa de la presencia de errores mecanográficos y de traducción en el Acuerdo
después de su suscripción.  Por lo tanto, estos no afectaron el contenido
material del texto y fueron aceptados por Colombia el 20 de febrero de 2009.
El canje de notas como
tal constituye un acuerdo o tratado internacional entre los mismos gobiernos
firmantes del Acuerdo, pero cuyo nacimiento a la vida jurídica en el plano
internacional se encuentra íntima e inexorablemente ligado a éste último.  En consecuencia,
la entra en vigor del Canje de Notas ocurre en la misma fecha, y de manera
concurrente con este Acuerdo. Así las cosas, según el Ministerio, se encuentra
acorde a la Constitución y debe ser declarado exequible, al igual que la
totalidad del acuerdo analizado.
IV.  CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El Procurador General de
la Nación, mediante oficio del 22 de abril de 2010, rindió el concepto No.
4949, en el cual se pronuncia sobre la constitucionalidad de la Ley 1359 de
2009, y sobre el Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de
Colombia”, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el “Canje de
notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por
medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del acuerdo de
cooperación laboral entre Canadá y la República de Colombia”, y solicita
declarar su exequibilidad.
El análisis formal se
refirió a la adopción del acuerdo y el trámite del proyecto legislativo, el
cual fue encontrado ajustado a derecho.
En cuanto a lo material,
indicó que este acuerdo, al regular las condiciones labores de canadienses en
Colombia o de colombianos en Canadá, promueve la internacionalización de las
relaciones labores en un contexto donde la liberalización del comercio impulsa
la competencia y hace elevar los estándares de competitividad y productividad
que hacen necesario una mejor capacitación y mano de obra, y en consecuencia
crear mejores condiciones laborales, que es el objetivo de este acuerdo, de la
misma forma el presente Instrumento Internacional impulsa y promueve canales de
cooperación y desarrollo entre los Estados firmantes.
Para la Procuraduría,
esta internacionalización de las relaciones laborales se desarrolla en
aplicación de los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional,
donde la cooperación internacional es utilizada para aumentar los niveles de
cumplimiento de los estándares laborales. De esta forma se desarrolla lo
establecido en los artículos 226 y 227 Superiores.
En concepto del
Procurador, el acuerdo tampoco lesiona el artículo 9 de la Constitución
Nacional, debido a que la soberanía nacional no se afecta ya que la aplicación
del acuerdo está acorde con el ordenamiento jurídico. El artículo 29 de la
Constitución Política también es respetado al garantizar el acuerdo el acceso a
la justicia por parte de los trabajadores y establecer tribunales competentes,
procedimientos laborales justos y equitativos y el respeto del derecho de defensa
como protección al debido proceso.
Conforme a lo anterior,
el Procurador en su concepto afirmó: “Así las cosas podemos concluir que las
obligaciones en materia laboral asumidas en el Acuerdo no limitan de manera
alguna los derechos laborales de los trabajadores y en consecuencia se ajusta a
los preceptos constitucionales porque su contenido desarrolla y respeta los
mandatos plasmados en la Carta Política, pues busca salvaguardar los intereses
superiores del Estado dentro de un marco de reciprocidad y conveniencia
nacional.”
V.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1.
Competencia de la Corte Constitucional en
materia de tratados y de leyes aprobatorias de tratados.
1.1. De conformidad con
lo establecido en el artículo 241 numeral 10 de la Constitución Política,
corresponde a la Corte el examen de la constitucionalidad de los tratados
internacionales y de las leyes aprobatorias de los mismos. Según la sentencia
C-468 de 1997,[2] dicho control se
caracteriza por ser (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior
a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático,
pues debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte
Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental;
(iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos
formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo
el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una
condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi)
cumple una función preventiva,[3] pues su finalidad es
garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los
compromisos internacionales del Estado colombiano.
1.2. En cuanto al
control por vicios de procedimiento que la Corte ejerce sobre los tratados
internacionales y las leyes que los aprueban, según lo prescrito en el artículo
241 numeral 10 Superior, éste se dirige tanto a examinar la validez de la
representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y
celebración del instrumento y la competencia de los funcionarios en la
negociación y firma del tratado, como el cumplimiento de las reglas de
aprobación legislativa en la formación de la ley aprobatoria en el Congreso.
1.3. Dada la naturaleza
especial de las leyes aprobatorias de tratados públicos, el legislador no puede
alterar el contenido de éstos introduciendo nuevas cláusulas ya que su función
consiste en aprobar o improbar la totalidad del tratado.[4] Si el
tratado es multilateral, es posible hacer declaraciones interpretativas, y, a
menos que estén expresamente prohibidas, también se pueden introducir reservas
que no afecten el objeto y fin del tratado.[5]
1.4. En cuanto al examen
de fondo, éste consiste en juzgar las disposiciones del texto del tratado
internacional que se revisa y el de su ley aprobatoria, respecto de la
totalidad de las disposiciones del Ordenamiento Superior, para
determinar si las primeras se ajustan o no a la Constitución Política.
1.5. Dicho examen de
fondo es exclusivamente jurídico y por lo tanto no comprende cuestiones de
conveniencia, oportunidad, utilidad y eficiencia, como lo ha resaltado la Corte
y se reitera en el apartado 4.2.1 de la sentencia C-750 de 2008 sobre el TLC.
1.6. Adicionalmente,
respecto de los tratados como el presente, la Corte ha resaltado que como el
control constitucional que ejerce es abstracto y previo, es imposible anticipar
todas las hipótesis de aplicación y de interpretación del mismo,[6] por lo cual
sólo ante una contradicción evidente y puntual con la Carta procede la
declaratoria de inconstitucionalidad del aparte correspondiente del tratado. No
obstante, a medida que éste es desarrollado y aplicado por medio de diversos
actos en el ámbito colombiano - expedidos por los órganos competentes, cuyas
atribuciones constitucionales se mantienen incólumes - tales actos pueden ser
objeto de control constitucional por vía de los mecanismos existentes en el
ordenamiento jurídico, como se señala en los apartados 4.2.2, 4.2.3 y 4.2.4 de
la sentencia C-750 de 2008 sobre el TLC. Por lo tanto, esta Corte puede ejercer
plenamente sus competencias sobre tales actos, para verificar su conformidad
con la Carta a la luz del bloque de constitucionalidad, como se advierte en el
apartado 4.2.8 de la sentencia mencionada. No obstante, esta posibilidad no
implica que la Corte Constitucional, juez de la validez constitucional, se
convierta en un juez de la armonización interpretativa de diversos tratados.
Precisado el alcance del
control constitucional, pasa la Corte a examinar la ley aprobatoria y el
convenio de la referencia.
2.
La revisión formal de la Ley 1359 de 2009
2.1.
Remisión de la ley aprobatoria y canje de notas
por parte del Gobierno Nacional
El Secretario Jurídico de la Presidencia
de la República remitió a esta Corporación, el 3 de diciembre de 2009 la Ley
1359 de 2009, sancionada por el Presidente el 25 de noviembre de 2009,[7] por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación
Laboral entre Canadá y la República de Colombia”, hecho en Lima, Perú, el
21 de noviembre de 2008, y el “Canje de notas entre Canadá y la República de
Colombia” del 20 de febrero de 2009, por medio del cual se corrigen errores
técnicos y materiales del Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la
República de Colombia, de conformidad con el artículo
241 numeral 10 de la Constitución, es decir, dentro del término de los seis
días que prevé el numeral 10° del artículo 241 de la Constitución Política.
2.2.
Negociación y celebración del Tratado
La Corte
Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que el deber
constitucional de revisar los tratados internacionales, así como las leyes que
los aprueben, incluye el examen de las facultades del Ejecutivo respecto de la
negociación y firma del instrumento internacional respectivo. Sobre este punto,
el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante escrito de fecha 1 de febrero
de 2010, recibido el 5 de febrero de 2010, manifestó que el Presidente de la
República confirió plenos poderes al Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
Luís Guillermo Plata Páez, para que en representación del gobierno nacional procediera a la suscripción del Acuerdo de
Cooperación, dando así cumplimiento a lo que establece el artículo 7 de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.[8]
2.3.
Aprobación presidencial
El 31 de marzo de 2009, el
Presidente de la República impartió su aprobación ejecutiva al “Acuerdo de
Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”, hecho en Lima,
Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el “Canje de notas entre Canadá y la
República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por medio del cual se corrigen
errores técnicos y materiales del acuerdo de cooperación laboral entre Canadá y
la República de Colombia.”
De igual forma, ordenó
someter al Congreso la aprobación de estos dos instrumentos internacionales.
Para tal fin, los Ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio, Industria y
Turismo, presentaron a consideración del Congreso el Acuerdo de Cooperación y
el Canje de Notas en mención.
2.4.
Trámite realizado en el Congreso de la República
para la formación de la Ley 1359 de 2009
Salvo la exigencia de iniciar el trámite
de los proyectos de leyes aprobatorias de tratados internacionales en el Senado
de la República, la Constitución Política no señala un procedimiento especial
para la expedición de este tipo de leyes, por lo cual a éstas les corresponde
el proceso de formación previsto para las leyes ordinarias, regulado por los
artículos 157,158, 160 y 165 de la Carta, entre otros.
De conformidad con la documentación que
obra en el expediente, el Proyecto de Ley 1359 de 2009, 281 Senado, 331 de 2009
Cámara agotó el siguiente trámite en el Congreso de la República.
2.4.1.
El trámite del Proyecto de Ley 1359 de 2009, 281 Senado, 331 de 2009 en las Comisiones Segundas
Conjuntas de Senado y Cámara
El
Proyecto de Ley 281 de 2009 Senado fue presentado el 1 de abril de 2009 ante la
Secretaría del Senado de la República por los Ministros de Relaciones
Exteriores, Fernando Araujo Perdomo; de Comercio, Industria y Turismo, Luís
Guillermo Plata Páez; de Hacienda y Crédito Público, Oscar Iván Zuluaga; de
Agricultura, Andrés Felipe Arias; de la Protección Social, Diego Palacio
Betancourt; de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Juan Francisco
Lozano; de Comunicaciones, María del Rosario Guerra y de Cultura, Paula Marcela
Moreno. El texto original junto con la respectiva exposición de motivos, fueron
publicados en la Gaceta del Congreso de la República No. 188 de 2009.[9]
En
respuesta al mensaje de urgencia del gobierno nacional presentado el 28 de
abril de 2009[10], las Mesas Directivas
del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, mediante las
Resoluciones No. 177 de 5 de mayo de 2009[11] y No. MD 0938
del 5 de mayo de 2009[12] respectivamente,
autorizaron la realización de sesiones conjuntas de la Comisiones Segundas
Constitucionales Permanentes de Senado y Cámara para debatir y aprobar el
Acuerdo de Cooperación Laboral y el Canje de notas.
La ponencia conjunta
correspondió a los Senadores de la República Darío Angarita Medellín
Coordinador Ponente; Luz Elena Restrepo B. Nancy Patricia Gutiérrez C., Carlos
Emiro Barriga P., Mario Varón Olarte, Cecilia López, Alexandra Moreno P., Jesús
Enrique Piñacué y a los Representantes a la Cámara, Manuel José Vives, Pablo E.
Salamanca, Héctor Javier Osorio, Julio Gallardo A., Roosvelt Rodríguez, Pedro
Pablo Trujillo, Luís Felipe Barrios, Silfredo Morales A., Fabiola Olaya, Pedro
Nelson Pardo y fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 328 de 19 de mayo de
2009.[13]
Las
Comisiones Segundas Conjuntas realizaron dos debates temáticos los días 12 y 26
de mayo de 2007.[14] El Proyecto
de Ley 281 de 2009 Senado fue anunciado el 20 de mayo de 2009 para ser votado
en la próxima sesión, indicando que ésta se realizaría el próximo martes, 26 de
mayo, a las 9:30 a.m.[15] El anuncio
previo exigido en el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 lo hizo el
Secretario de la Comisión Segunda del Senado de la República, por instrucciones
del Presidente de las Comisiones Segundas Conjuntas, en los siguientes
términos:
“ORDEN DEL DÍA
“COMISION SEGUNDA CONSTITUCIONAL PERMANENTE
“Honorable Senado de la República
“Sesión Ordinaria Miércoles
“20 de mayo de 2009
(…)
VI
“Anuncio de discusión y votación de
proyectos de ley
“POR INSTRUCCIONES DEL PRESIDENTE DE LA COMISION SEGUNDA DEL
SENADO DE LA REPÚBLICA, ANUNCIO DE DISCUSION Y VOTACION DE PROYECTOS DE LEY
PARA LA PROXIMA SESION (ARTICULO 8, ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2003).
(…)
“2.
Proyecto de ley número 281 de 2009 Senado y 331 de 2009 Cámara,  por
medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la
República de Colombia, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el
Canje de Notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de
2009, por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del Acuerdo
de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia.
“Autores:
Ministerios de Relaciones Exteriores, de la Protección Social y de Comercio,
Industria y Turismo.
Ponentes:
honorables Senadores Darío Angarita Medellín (Coordinador), Carlos Emiro
Barriga Peñaranda y Mario Varón Olarte (Coordinadores Alternos), Cecilia López
Montaño, Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda, Luz Elena Restrepo Betancur,
Alexandra Moreno Piraquive y Jesús Enrique Piñacué Achicué.
“Publicaciones:
Proyecto de ley: Gaceta del Congreso número 188 de 2009.
Ponencia
Primer Debate: Gaceta del Congreso número 328 de 2009.
(…)
VIII
Lo que propongan los honorables Senadores"
“Está
leído el Orden del Día, señor Presidente.
“El
señor Presidente pide anuncio de proyectos de ley para la próxima sesión.
“El señor Secretario: Por instrucciones del señor
Presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de
discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión de acuerdo al
artículo 8, del Acto Legislativo número 01 de 2003.
(…)
“Proyecto
de ley número 281 de 2009 Senado y 331 de 2009 Cámara,  por medio de la
cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República
de Colombia, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el Canje de
Notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por
medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del Acuerdo de
Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia.
“Autores:
Ministerios de Relaciones Exteriores; de la Protección Social y de Comercio,
Industria y Turismo.
“Ponentes:
honorables Senadores: Darío Angarita Medellín (Coordinador), Carlos Emiro
Barriga Peñaranda y Mario Varón Olarte (Coordinadores Alternos), Cecilia López
Montaño, Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda, Luz Elena Restrepo Betancur,
Alexandra Moreno Piraquive y Jesús Enrique Piñacué Achicué.
“Publicaciones:
Proyecto de ley: Gaceta del Congreso 188 de 2009.
“Ponencia
Primer Debate: Gaceta del Congreso 328 de 2009.
(…)
“Me
permito aclarar, señor Presidente, que fuera de esta publicación estas
ponencias han sido enviadas el día de hoy, a consideración de los honorables
Senadores de la Comisión por vía electrónica a través de Internet a sus correos
electrónicos”.
(…)
“Han sido
hechos todos los anuncios para la próxima sesión de la Comisión Segunda el
Senado y para la próxima sesión de las Comisiones Segundas Conjuntas
Constitucionales de Senado y Cámara de Representantes.”
Al
finalizar la sesión se dijo:
“El
señor Presidente, Manuel Ramiro Velásquez Arroyave: (…) Terminamos la
sesión y convocamos para sesión conjunta el próximo martes a las 9:30 a. m. con
el fin de iniciar el trámite de los proyectos de TLC con Canadá y luego el día
miércoles, repetimos, 8:00 a. m., ascensos militares y policiales a grados de
General y Almirantes, para luego Superintendencia de Seguridad Privada.
“Se
da por terminada la sesión.”
En
la Cámara de Representantes, en la sesión de mayo 20 de 2009[16],
también se realizó el anuncio de las sesiones conjuntas a realizar al Proyecto
de Ley  número 281 de 2009 Senado y 331 de 2009 Cámara, así:
“COMISION SEGUNDA  CONSTITUCIONAL PERMANENTE
ACTA NUMERO 32 DE 2009
(mayo 20)
(…)
“En
consideración el Orden del Día propuesto, se abre la discusión, anuncio que va
a cerrarse, queda cerrada ¿La aprueban los honorables Representantes? Quedamos
pendiente de la aprobación, una vez se haya constituido el quórum. Siguiente
punto del orden del día.
(...)
“Hace
uso de la palabra la secretaria de la Comisión doctora Pilar Rodríguez Arias: Sí señor
Presidente. Anuncio de proyectos para aprobación en primer debate. Señor
Presidente, según lo ordenado por usted y para dar cumplimiento al artículo 8°
del Acto legislativo número 01 de 2003 hago el siguiente anuncio de proyectos
de ley para la próxima sesión de Comisión.
(...)
“Acorde
con lo ordenado con usted, también procedo a realizar anuncio del siguiente
proyecto de ley para ser debatido y votado en la próxima sesión conjunta de las
Comisiones Segundas de Senado y Cámara.
(...)
“Proyecto
de Ley número 331 de 2009 Cámara, 281 de 2009 Senado, por medio de la
cual se aprueba el acuerdo de cooperación laboral entre Canadá y la República
de Colombia, hecho en Lima, Perú el 21 de noviembre de 2008 y el canje de notas
entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por medio
del cual se corrigen errores técnicos y materiales y el acuerdo de cooperación
laboral entre Canadá y la República de Colombia.
“Igualmente
este proyecto de ley está en la Gaceta del Congreso número 328 de 2009 y
también será debatido y votado en la próxima sesión conjunta de las Comisiones
Segundas de Senado y Cámara.
(...)
“Efectuados
los anuncios ordenados por usted señor Presidente
(...)
“Hace
uso de la palabra el Presidente de la Comisión, honorable Representante Pedro
Pablo Trujillo Ramírez: Agotado el orden del día se levanta la sesión y
se convoca para el próximo martes y el sitio le estaremos anunciando, ya que
hemos tenido inconvenientes. Igualmente le comunicamos que la sesión será
conjunta con Senado.
“Se
levanta la sesión a las 10:40 a. m.”
Según
certificación del Secretario de la Comisión Segunda del Senado de la República,[17] se dio
cumplimiento al inciso 1 del artículo 156 del Reglamento, enviando la ponencia
para primer debate dentro del plazo establecido.  Adicionalmente, no se utilizó
el mecanismo autorizado por el inciso 2º del artículo 156 del Reglamento del
Congreso (Ley 5 de 1992), dado que la ponencia fue publicada en tiempo.  El día
26 de mayo de 2009, se hace entrega a los Senadores del ejemplar de la Gaceta
No. 328 de 2009, donde se encuentra publicada la ponencia para primer debate.
El Secretario
General de la Comisión Segunda del Senado de la República, en constancia de
fecha 29 de enero de 2010, recibida por la Corte el 2 de febrero de 2010,[18] certifica
que el proyecto fue discutido y aprobado en primer debate en sesiones conjuntas
el 26 de mayo de 2009.
Por otro
lado,  según certificación del Secretario de la Comisión Segunda de la Cámara
de Representantes,[19] se dio cumplimiento al
inciso 1 del artículo 156 del Reglamento, se envío la ponencia para primer
debate dentro del plazo establecido. Adicionalmente, no se utilizó el mecanismo
autorizado por el inciso 2º del artículo 156 del Reglamento del Congreso (Ley 5
de 1992), dado que la ponencia fue publicada en tiempo.  El día 26 de mayo de
2009, se hace entrega a los Representantes del ejemplar de la Gaceta No. 328 de
2009, donde se encuentra publicada la ponencia para primer debate.
El Secretario
General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, en constancia de
fecha 27 de enero de 2010, recibida por la Corte el 8 de febrero de 2010,[20] certifica
que el proyecto fue discutido y aprobado en primer debate en sesiones conjuntas
el 26 de mayo de 2009.
Acerca del
quórum deliberatorio y decisorio informó que al no haber existido solicitud de
verificación del mismo durante la discusión del proyecto de ley No. 281/09
Senado 331/09 Cámara, este quedó integrado por once (11) de los trece (13)
Senadores que conforman la Comisión Segunda del Senado, con la constancia de
voto negativo del Honorable Senador Jesús Enrique Piñacué Achicué.
El Secretario
General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes expresó que el
proyecto de ley estudiado fue aprobado por unanimidad en votación ordinaria,
con la asistencia de 18 Honorables Representantes el día 26 de mayo de 2009 en
sesión conjunta.[21] Todo lo anterior según
consta en las Actas Conjuntas No. 05 de mayo 12 de 2009 y 06 de 26 de mayo de
2009, publicados en las Gacetas No 918 de 2009 y  No 919 de 2009.
2.4.2.
El trámite en la Plenaria del Senado de la
República del Proyecto de ley 331 de 2009 Cámara, 281 de 2009 Senado
La ponencia para segundo debate
ante la Plenaria Senado fue presentada por los senadores Darío Angarita
Medellín,  Coordinador Ponente, Luz Elena Restrepo B., Nancy Patricia Gutiérrez
C., Carlos Emiro Barriga P., Mario Varón Olarte, Cecilia López, Alexandra
Moreno P., Jesús Enrique Piñacué y fue publicada en la Gaceta del Congreso No.
410 de 2 de junio de 2009.[22]
Para dar cumplimiento a
lo exigido por el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, el proyecto de
ley fue anunciado previamente para segundo debate en la Plenaria del
Senado de la República en la sesión del 17 de junio de 2009,  tal como
consta en el Acta No. 62 de la fecha, la cual fue publicada en la Gaceta de
Congreso No. 773 de 25 de agosto de 2009. El anuncio se realizó en los
siguientes términos:
“Con
la venia de la presidencia hace uso de la palabra el honorable Senador Armando
Benedetti Villaneda: (…)
“Por
instrucciones de la Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo 01 de
2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en
la próxima sesión.
“Señor
Presidente, mire los proyectos para discutir y votar en la próxima Sesión
Plenaria del Senado de la República son los siguientes:
(…)
“●
Proyecto de ley número  281 de 2008 Senado y 331 de 2009 Cámara , ¿por
medio de la cual se aprueba el acuerdo de cooperación laboral entre la República
de Colombia y  Canadá¿ suscrito en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el
¿Canje de notas¿ que corrige ¿el Acuerdo de Cooperación Laboral entre la
¿República de Colombia y Canadá¿ del 18 de febrero de 2009 y el 20 de febrero
de 2009, respectivamente.
(…)
“Siendo
las 11:57 p. m., la Presidencia levanta la sesión y convoca para el día jueves
18 de junio de 2009, a las 10 a. m.”
El proyecto de ley fue debatido
y aprobado el 18 de junio de 2009, como consta en el Acta No. 63 de
esa fecha, publicada en la Gaceta Nº 835 de 2 de septiembre de 2009. La
aprobación fue de 98 honorables senadores asistentes y no hubo constancia de
votos negativos, ni solicitud de votación nominal.
2.4.3.
El trámite del Proyecto de Ley 331 de 2009, 281 de 2009 Senado en la Plenaria de la Cámara de
Representantes.
La ponencia para segundo debate en la Cámara de
Representantes fue presentada por los representantes Manuel José Vives
Henríquez, Ponente Coordinador, Pablo Enrique Salamanca Cortés, Héctor Javier
Osorio Botello,  Julio E. Gallardo Archbold, Roosvelt Rodríguez Rengifo, Pedro
Pablo Trujillo Ramírez, Luís Felipe Barrios Barrios, Silfredo Morales Altamar,
Fabiola Olaya Rivera, Representante a la Cámara, Ponentes  y publicada en la
Gaceta del Congreso No. 435 del 5 de junio de 2009, en sentido favorable.
El
proyecto de ley fue anunciado por primera vez para ser “debatido y
aprobado en la próxima sesión” por la Cámara de Representantes en la sesión
ordinaria del día miércoles 11 de agosto de 2009, según consta en el
Acta No. 195 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 1051[23] de 2009. El
anuncio se hizo en los siguientes términos:
“Secretario General, doctor
Jesús Alfonso Rodríguez C.: Señor Presidente, se ha desintegrado el quórum
decisorio, de acuerdo al resultado. Con su venia, se autorizan los proyectos
para el día de mañana. El señor Presidente autoriza que se anuncien 15
proyectos de ley.
“Dirección de la Sesión por
la Presidencia, doctor James Britto Peláez: 15 proyectos para el día de
mañana vamos anunciar o para la próxima reunión. Se les informa a los
Parlamentarios que mañana habrá Plenaria desde las tres de la tarde para
aprobar proyectos. Por favor señor Secretario, anunciar los proyectos.
“Subsecretaria General,
doctora Flor Marina Daza Ramírez: Sí Presidente, se anuncian los siguientes
proyectos para la Sesión Plenaria del día miércoles 12 de agosto año 2009, o
para la siguiente Sesión Plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o
actos legislativos.
“Proyectos para segundo debate
(…)
“Proyecto
de ley 331 de 2009 Cámara, 281 de 2009 Senado, por medio de la
cual se aprueba el acuerdo de cooperación laboral entre la República de
Colombia y Canadá suscrito en lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el
“Canje de notas” que corrige “el acuerdo de cooperación laboral entre la
República de Colombia y Canadá, el 18 de febrero de 2009 y el 20 de febrero de
2009, respectivamente.”
(…)
“Señor
Presidente, han sido anunciados los proyectos de ley, según el Acto Legislativo
1 de julio 3 de 2003, en su artículo 8°.
(…)
“Se
levantó la sesión plenaria a las 7:47 p. m. y se convocó para el día miércoles
12 de agosto de 2009 a las 3:00 p. m.”
El miércoles 12 de
agosto de 2009,[24] ocurre la discusión del
Proyecto de Ley de ley 331 de 2009 Cámara, 281 de
2009 Senado. En este debate se discutieron tres proposiciones: 1.
Archivo del Proyecto, que obtuvo tres votos a favor y 82 en contra; 2. Aprobar
la Proposición con la que termina el informe, es decir dar segundo debate al
proyecto de ley, que obtuvo 85 votos  por el Sí y 4 votos por el no; y  3.
Aprobar que el proyecto se convirtiera en ley de la República, que fue votado
positivamente por 86 representantes y negativamente por 4.
2.4.4.
El cumplimiento de los requisitos
constitucionales y legales en el trámite legislativo la Ley 1359 de 2009
De acuerdo con la
descripción anterior, el “Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la
República de Colombia”, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el
“Canje de notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de
2009, por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del acuerdo
de cooperación laboral entre Canadá y la República de Colombia” y la Ley
que los aprobó surtieron el procedimiento previsto en la Constitución y la ley.
2.4.4.1.    Iniciación del trámite en el Senado.
De conformidad con lo
que señala el artículo 154 de la Constitución, los proyectos de ley que se
refieran a relaciones internacionales deben iniciar su trámite en el Senado de
la República. Sin embargo, en el caso bajo estudio, esta regla debe ser
examinada a la luz de lo que establece el artículo 163 de la Carta.
La posibilidad de llevar
a cabo un debate conjunto de las comisiones del Senado y de la Cámara de
Representantes en proyectos que tienen exigencias especiales en relación con su
iniciación (CP, Art. 154.) ha sido reconocida por esta Corte en múltiples
oportunidades.[25] En la sentencia C-058
de 2002 (MP. Álvaro Tafur Galvis), al estudiar el trámite de una ley que
decretaba impuestos, la Corte afirmó que la realización conjunta del primer
debate de un proyecto tributario no quebranta la prevalencia de la Cámara de
Representantes en cuanto al trámite de las iniciativas en materia tributaria.
La Corte Constitucional
también ha señalado que no se desconocen los artículos 154 y 163 de la Carta
cuando como resultado de un mensaje de urgencia y de la realización del primer
debate de un proyecto de ley aprobatoria de un tratado en sesiones conjuntas,
se altera el orden de prelación de las cámaras.[26] En la
sentencia C-369 de 2002, (MP: Eduardo Montealegre Lynett),[27] esta
Corporación señaló al controlar el tratado que “la exigencia establecida en
el artículo 154 constitucional sobre la iniciación del trámite legislativo de
los proyectos de ley relativos a relaciones internacionales no permite
desconocer otras competencias constitucionales, como la del gobierno para
solicitar un trámite de urgencia, que altera el trámite correspondiente del
proyecto. (…) “la posible simultaneidad del segundo debate hace que no
exista la prelación temporal de una cámara sobre la otra, prelación que sí se
da en el trámite legislativo típico. La eliminación de esta prevalencia es
perfectamente concordante con el diseño del sistema bicameral colombiano, en el
cual cada cámara tiene similares funciones, y no existe entonces prevalencia
funcional de una sobre otra. De otro lado, cuando el legislador orgánico
autorizó la posibilidad de llevar a cabo los debates en las plenarias de cada
cámara de manera simultánea, tuvo en cuenta que en casos en los que el debate
se torna complejo, debe ser eliminada la prelación usual de una cámara sobre
otra, ya que tras la deliberación conjunta de las comisiones, los debates y la
aprobación en las plenarias pueden terminar en momentos distintos.”
A la luz de lo que
establecen los artículos 154 y 163 Superiores, la Corte ha entendido que si ha
habido sesión conjunta de las comisiones debido a un mensaje de urgencia, la
exigencia constitucional de iniciar el trámite en una de las cámaras
legislativas, “se circunscribe sólo a comenzarlo o promoverlo, y no a que
éste sea integralmente terminado, por la sencilla razón de que iniciar un
trámite no es lo mismo que terminarlo.” Por tanto, la obligación de
iniciar el trámite en el Senado no puede significar que deba dársele curso a la
totalidad del segundo debate en el Senado, antes de que el proyecto pueda ser
tramitado en la Cámara de Representantes.  (…) Es innegable entonces que
si debido a un mensaje del gobierno para solicitar el trámite de urgencia, las
comisiones permanentes de ambas cámaras sesionan conjuntamente, se cumple la primera
etapa, y con ésta el requisito constitucional de iniciar el trámite en el
Senado”.[28] En esa medida, un
proyecto de ley aprobatoria de tratado debatido y aprobado en las comisiones
conjuntas respectivas, puede ser aprobado en simultáneo en las Plenarias del
Senado de la República y de la Cámara de Representantes, o primero en la
Plenaria de la Cámara de Representantes y luego en la Plenaria del Senado de la
República, sin que ello implique un desconocimiento del artículo 154 de la
Carta.
Así
ha sucedido con varios tratados cuyas leyes aprobatorias fueron declaradas
exequibles por la Corte. Por ejemplo, en la sentencia C-1022 de 1999, al
revisar la Ley 539 de 1999, aprobatoria del Tratado de delimitación marítima
entre Colombia y Honduras, el proyecto de ley fue aprobado en primer debate en
sesiones conjuntas el 2 de diciembre de 1999, posteriormente fue aprobado en la
Plenaria de la Cámara de Representantes el 10 de diciembre de 1999 y en el
Senado de la República, el día 13 de diciembre de 1999. En esa ocasión la Corte
Constitucional afirmó que “conforme a las pruebas incorporadas al presente
expediente, la Corte concluye que la Ley No 539 del 13 de diciembre de 1999 no
presenta ningún vicio en su formación”.[29]
Algo
similar ocurrió en la sentencia C-864 de 2006 (MP. Rodrigo Escobar Gil), en
donde luego de aprobarse el día 8 de junio de 2005 el proyecto de ley
aprobatoria en primer debate en las sesiones conjuntas de las Comisiones
Segundas de Senado y Cámara, el proyecto fue aprobado por la Plenaria de la
Cámara el día 27 de septiembre de 2005, y por la Plenaria del Senado el día 29
de noviembre de 2005.[30] En sentido similar se
pueden consultar las sentencias C-750 de 2008 (MP: Clara Inés Vargas Hernández,
SV: Jaime Araujo Rentería), C-751 de 2008 (MP: Manuel José Cepeda Espinosa, SV:
Jaime Araujo Rentería), y C-446 de 2009 (MP: Mauricio González Cuervo)
En
el caso bajo estudio, el proyecto de ley, fue presentado el 1 de abril de 2009[31] ante la
Secretaría del Senado de la República los Ministros de Relaciones Exteriores,
Jaime Bermúdez Merizalde, Comercio Industria y Turismo y Protección Social,
Diego Palacio Betancourt.
Ante
el mensaje de urgencia, de fecha 24 de abril de 2009 y radicado en la
Secretaría del Senado el 28 de abril de 2009,[32] el proyecto
fue debatido en las Comisiones Segundas en Sesiones Conjuntas entre el 12 y el
26 de mayo y votado y aprobado el día 26 de mayo de 2009, primero en la
Comisión Segunda del Senado y luego por la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes. Posteriormente, fue aprobado el 12 de agosto de 2009 en la
Plenaria de la Cámara de Representantes, y el 18 de junio de 2009 en la
Plenaria del Senado de la República.
Como
el debate en comisiones se realizó de manera conjunta, el proyecto pasó
simultáneamente a ambas cámaras y, luego, fue aprobado primero en la Senado y
luego en la Cámara de Representantes.
Por
lo tanto, el Proyecto de Ley que culminó con la aprobación de la Ley 1359  de
2009 cumplió efectivamente el requisito del artículo 154 de la Carta al iniciar
su trámite en el Senado.
2.4.4.2.    Términos que deben mediar entre debates cuando ha habido sesiones
conjuntas
Según
el artículo 160 de la Carta, los términos que deben mediar para las respectivas
aprobaciones de un proyecto de ley en la comisión constitucional respectiva y
la plenaria correspondiente es de 8 días, y entre la aprobación del proyecto en
una Cámara y la iniciación del debate en la otra, es de15 días. No obstante,
tal como lo ha sostenido de manera reiterada la Corte Constitucional, la
solicitud de trámite de urgencia del gobierno altera el rito ordinario de las
leyes en el Congreso.[33]
Cuando el mensaje de
urgencia propicia la sesión conjunta de las comisiones, no es imperativo que
medien 15 días entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la
iniciación del debate en la otra, pues la Ley 5ª de 1992 establece que las
comisiones podrán aprobar simultáneamente el proyecto (art. 183). Sobre el tema
la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que “si bien entre la
aprobación del Proyecto Ley en una de las Cámaras y la iniciación del debate en
la otra, deberán transcurrir por lo menos quince días (CP art. 160), la
deliberación conjunta de las respectivas Comisiones permanentes de las dos
Cámaras para darle primer debate, de producirse como consecuencia del mensaje
de urgencia del Presidente de la República (CP art. 163), hace innecesario el
cumplimiento de dicho término”.[34]
Dado que la solicitud de
trámite de urgencia lo que busca es reducir el tiempo que se emplea en el
procedimiento legislativo ordinario, el período de reflexión de 15 días
requerido por el Constituyente para la consideración de la ley en formación
entre una y otra cámara legislativa, resulta innecesario cuando dos comisiones
homólogas de una y otra cámara agotan conjuntamente el primer debate. “En el
trámite de urgencia, si la iniciativa -sin excepcionar los proyectos de ley
relativos a los tributos- se aprueba conjuntamente por las Comisiones
respectivas en primer debate, lo que sigue es el segundo debate en cada una de
las Cámaras, siempre que medie un lapso no inferior a ocho días”.[35]
En
el asunto bajo estudio, el proyecto de ley fue (i) aprobado en primer debate
por las Comisiones Segundas de Senado y Cámara reunidas en Sesiones Conjuntas
el día 26 de mayo de 2009. Posteriormente fue aprobado en segundo debate (ii)
por la Plenaria del Senado el día 18 de junio de 2009; y (iii) por la Plenaria
de la Cámara de Representantes el día 12 de agosto de 2009. Es decir que en la
aprobación del proyecto de ley entre primer debate en las Comisiones Segundas
Constitucionales Permanentes y el segundo debate en la Plenaria de cada Cámara
mediaron más de 15 días, tal como lo ordena la Constitución.
2.4.4.3.    Publicaciones oficiales.
El
artículo 157, numeral 1 de la Constitución señala la obligación de realizar la
publicación oficial por el Congreso del proyecto y de la ponencia antes de
darle curso en la comisión respectiva.[36] Estas publicaciones se
cumplieron así:
a)     Publicación
del texto original del proyecto, junto con la respectiva exposición de motivos
en la Gaceta del Congreso de la República No.188 de 2009.
b)    La ponencia
conjunta para el primer debate en las Comisiones Segundas Conjuntas de Senado y
Cámara se publicó en la Gaceta del Congreso No. 328 de 19 de mayo de 2009 y el
proyecto fue debatido y aprobado en dichas sesiones conjuntas el 26 de mayo de
2009.
c)     Para segundo
debate en el Senado de la República, la ponencia se publicó el 2 de junio de
2009 en la Gaceta del Congreso No. 410 de 2009, y fue debatido y aprobado el 18
de junio de 2009.
d)    En la Cámara,
la ponencia para segundo debate se publicó el 5 de junio de 2009 en la Gaceta
del Congreso No. 435 de 2009 y se debatió y aprobó el 12 de agosto de 2009.
Por
lo anterior, concluye la Corte Constitucional que se cumplió la exigencia de
publicación del artículo 157, numeral 1, de la Carta.
2.4.4.4.    Quórum y mayorías.
En
cuanto al quórum decisorio del artículo 146 de la Constitución, según sendas
certificaciones de los Secretarios del Senado y de la Cámara, las votaciones se
dieron por mayoría, estando reunido el quórum requerido, conforme a la
exigencia constitucional. En la Gaceta del Congreso No. 919 de 2009, donde
fueron publicadas las sesiones conjuntas de las Comisiones Segundas de Senado y
Cámara en las que se realizó la votación del proyecto, consta que esta votación
fue efectuada sin que ninguno de los congresistas solicitara la verificación
del quórum decisorio ni de las mayorías. Según certificación del Secretario
General de la Comisión Segunda del Senado de la República, el proyecto fue
aprobado con un quórum deliberatorio y decisorio de 11 de los 13 Senadores que
conforman la Comisión Segunda del Senado.[37] Igualmente,
según certificación del Secretario de la Comisión Segunda de la Cámara, el
proyecto fue aprobado con un quórum deliberatorio y decisorio de 18 de los 18
Representantes[38] que conforman la
Comisión Segunda de la Cámara.
En
cuanto al segundo debate ante las plenarias del Senado de la República y de la
Cámara de Representantes en las Gacetas del Congreso 835 de 2009 y 1010 de
2009, respectivamente, donde fueron publicadas dichas sesiones consta que la
votación del proyecto ante cada una de las plenarias se hizo de manera nominal
y que el proyecto fue aprobado por mayoría simple. Según certificación del
Secretario General de la Cámara de Representantes, el informe con que termina
la ponencia fue aprobado con el voto negativo de Silva Meche Jorge J., Legro
Segura River, Obando Ordóñez Pedro Y Polaco J. Orsina, su articulado fue
aprobado nominalmente por 79 votos por el sí y 4 votos por el no. El título del
proyecto fue aprobado por votación ordinaria.
Por
su parte, el Secretario General del Senado de la República certificó que el
articulado del proyecto fue aprobado en bloque, mediante votación nominal con
un resultado de 98 votos por el Sí, sin constancia de votos negativos.
2.4.4.5.    Anuncio previo previsto en el artículo 8 del Acto Legislativo 1 de
2003
Acerca del
cumplimiento del requisito del anuncio previo de que trata el artículo 8 del
Acto Legislativo 01 de 2003, que adicionó el artículo 160 de la Carta,[39] la Corte
Constitucional ha señalado en varias oportunidades que esta disposición ordena
(1) que la fecha de votación de los proyectos de ley sea previamente anunciada;
(2) que el anuncio de tal votación se realice en sesión distinta a la de la
sesión en que es sometido a su aprobación; y, (3) que la votación debe surtirse
el día en que se anuncie.[40]
En
el asunto bajo revisión, encuentra la Corte que el requisito del anuncio previo
de que trata el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 también se cumplió.
Los anuncios previos se realizaron de la siguiente manera:
(i)
Anuncio para primer debate en las Comisiones
Segundas Conjuntas: El proyecto de ley fue anunciado el 20 de mayo
de 2009[41], en la comisión segunda
constitucional permanente del Senado, para ser discutido y votado en la próxima
sesión, y al final de la sesión se precisó que se citaba “para el próximo
martes”,[42] y el proyecto fue
votado y aprobado efectivamente el 26 de mayo de 2009. En las Comisiones
Segundas Conjuntas del Senado y de la Cámara de Representantes el requisito del
anuncio previo que establece el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 se
cumplió a cabalidad por las siguientes razones:
(a)
el anuncio lo hizo el Secretario de la Comisión respectiva por instrucciones de
los Presidentes de las Comisiones Segundas de Senado y Cámara;
(b)
se empleó la expresión “anuncio de discusión y votación de Proyectos de ley
para la próxima sesión (Artículo 8° del Acto Legislativo de 2003)”  para
señalar expresamente para qué estaban siendo convocados los congresistas.
(c) El
anuncio se hizo para la “próximo sesión,” una fecha determinable que
permitía a los congresistas saber cuándo exactamente tendría lugar la votación
y para qué estaban siendo convocados. Al final, el Presidente de la Cámara
levanta la sesión y dice: “y convocamos para sesión conjunta el próximo
martes a las 9:30 a.m con el fin de iniciar el trámite de los proyectos de TLC
con Canadá”, por lo que para los congresistas era clara en qué sesión se
llevaría a cabo el debate y votación del proyecto.
(d)
La votación se hizo efectivamente en la siguiente sesión. En el caso bajo
estudio, el Secretario de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes
luego de informar que en la próxima sesión se votaría el Proyecto de Ley,
señaló al final de la sesión que se citaba para el próximo martes, por lo cual,
para los miembros de las Comisiones Segundas Conjuntas, era claro cuándo sería
discutido y votado el proyecto.[43] Por lo tanto el anuncio
previo se hizo de manera clara de acuerdo a la exigencia constitucional.
(ii)
Anuncio para segundo debate en la Plenaria del Senado de la República. El proyecto fue anunciado el 17
de junio de 2009, para “discutir y votar en la próxima sesión”. El
proyecto fue efectivamente votado y aprobado en esa sesión. Por lo tanto, el
requisito del anuncio previo que establece el artículo 8 del Acto Legislativo
01 de 2003 se cumplió de acuerdo a las exigencias constitucionales:
(a) El anuncio lo
hizo el Secretario de la Cámara, por instrucciones del Presidente de esa
Corporación.
(b)
se empleó la expresión  “(…) de conformidad con el Acto Legislativo 01 de
2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán en la
próxima sesión” para señalar expresamente para qué estaban siendo
convocados los congresistas.
(c) El
anuncio se hizo para la “próxima sesión,” una fecha determinable. Al
final de la sesión, el Presidente de la Cámara levanta la misma y precisa: “(…)
se convoca para el día jueves 18 de junio de 2009, a las 10:00 a.m.”. Es
decir que el anuncio inicialmente hecho para una fecha determinable, fue
precisado para una fecha determinada, por lo que para los congresistas era
claro en qué sesión se llevaría a cabo el debate y votación del proyecto.
(d) La votación
se hizo en sesión posterior a aquella en que se realizó el anuncio previo y en
la fecha prevista para ello, tal como había sido informado. En este caso, el
anuncio previo se hizo el día miércoles17 de junio de 2009[44] y la votación del proyecto se realizó el día jueves 18 de junio de
2009,[45] tal como había sido informado a los congresistas, cumpliendo con
las exigencias constitucionales.
(iii)    Anuncio para segundo debate en
la Plenaria de la Cámara de Representantes: El proyecto fue anunciado el 11 de agosto de 2009, para ser “aprobado”
al día siguiente. El proyecto fue efectivamente votado y aprobado en la sesión
del 12 de agosto. Por lo tanto, el requisito del anuncio previo que establece
el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 se cumplió de acuerdo a las
exigencias constitucionales:
(a) El anuncio lo
hizo el Secretario General de la Cámara, por instrucciones del Presidente de
esa Corporación.
(b)
En cuanto a los términos empleados para hacer el anuncio, el Secretario de la
Cámara dice “15 proyectos para el día de mañana
vamos anunciar o para la próxima reunión. Se les informa a los Parlamentarios
que mañana habrá Plenaria desde las tres de la tarde para aprobar proyectos.
(…) se anuncian
los siguientes proyectos para la sesión plenaria del día miércoles 12 de
agosto  año 2009 o para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan
proyectos de ley o actos legislativos”.[46] i bien no
emplea explícitamente la palabra votación, señala expresamente el contexto de
ese anuncio previo, por lo cual, era posible inferir que se estaba convocando a
la Plenaria de la Cámara a la votación de los proyectos de ley mencionados.
(c) El
anuncio se hizo para la “sesión plenaria del día miércoles 12 de agosto de
2009, o para la siguiente sesión plenaria,” una fecha determinable que permitía
a los congresistas saber cuándo exactamente tendría lugar la votación y para
qué estaban siendo convocados. Al final, el Presidente de la Cámara levanta la
sesión y dice: “y se convocó para el día miércoles 12 de agosto  de 2009 a
las 3:00 p.m.”, por lo que para los congresistas era clara en qué sesión se
llevaría a cabo el debate y votación del proyecto.
(d) La votación
se hizo en sesión posterior a aquella en que se realizó el anuncio previo y en
la fecha prevista para ello, tal como había sido informado. En este caso, el
anuncio previo se hizo el día martes 11 de agosto de 2008 y la votación del
proyecto se realizó el día miércoles 12 de agosto de 2009, tal como había sido
informado a los congresistas, cumpliendo con las exigencias constitucionales.
Resalta la Corte
que en ninguna de las etapas de la formación de este proyecto se interrumpió la
secuencia de anuncios, citaciones y votaciones. El Secretario, autorizado por
el Presidente de cada célula legislativa, (i) anunció que el proyecto de ley
sería considerado en la próxima sesión o en una fecha determinable; (ii)
especificó el número o el nombre del proyecto de ley correspondiente al “Proyecto de ley 331 de 2009 Cámara, 281 de 2009
Senado, por medio de la cual
se aprueba el acuerdo de cooperación laboral entre la República de Colombia y
Canadá suscrito en lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el “Canje de
notas” que corrige “el acuerdo de cooperación laboral entre la República de
Colombia y Canadá, el 18 de febrero de 2009 y el 20 de febrero de 2009,
respectivamente,” y (iii) la votación del proyecto
se llevó a cabo en las sesiones señaladas en el anuncio previo.
Por lo tanto, tanto
para los congresistas de la correspondiente célula legislativa, como para los
ciudadanos que tenían interés en influir en la formación de esta ley, la fecha
en que se haría la votación del proyecto era claramente determinable y futura,
lo cual asegura que los fines de este requisito constitucional se cumplieron a
cabalidad.
En
consecuencia, concluye la Corte Constitucional que desde el punto de vista
formal, la Ley 1359 de 2009 cumplió el procedimiento legislativo previsto en la
Carta Política y en la Ley 5ª de 1992 y por lo tanto será declarada exequible.
3.
La revisión del Acuerdo Laboral  y del
canje de notas desde el punto de vista material
La revisión
constitucional que debe realizarse a los tratados debe verificar que, en el
cumplimiento de la misión de internacionalizar las relaciones económicas y
sociales, se hayan respetado las instituciones y principios de nuestro
ordenamiento constitucional.  Es así que el contenido del acuerdo internacional
no debe afectar el principio de separación de funciones, la dignidad del
hombre, los derechos y libertades fundamentales y demás valores que hacen
vigente el Estado Social de Derecho, todo esto enmarcado en los principios de
reciprocidad y respeto de la soberanía, que orientan las relaciones
internacionales.
Teniendo en cuenta que
la materia de este acuerdo es laboral, debe examinarse si el acuerdo respeta el
derecho al trabajo, en el sentido que lo contempla la Constitución Nacional, es
decir como un valor constitucional con efectos vinculantes, como principio
fundamental del Estado, como derecho fundamental y como obligación social.
Así mismo, el Acuerdo
debe respetar otros tratados internacionales que hayan sido ratificados por
Colombia en relación con la protección a los trabajadores migrantes, así como
con los convenios internacionales de la OIT que hayan sido incorporados a
nuestro ordenamiento interno.[47]
Con el fin de examinar
la constitucionalidad de estos instrumentos internacionales, a continuación se
hará una breve descripción del contenido de los mismos para luego contrastarlos
con la norma constitucional.
3.1.
Contenido del Acuerdo y del Canje de notas
objeto de  revisión
En este acuerdo los
Estados se comprometen a proteger y cooperar para ampliar y hacer efectivos los
derechos básicos de los trabajadores a propósito de las oportunidades
económicas creadas por el Tratado de Libre Comercio entre la República de
Colombia y Canadá. De esta forma se busca desarrollar el recurso humano,
protección de los derechos básicos de los trabajadores, cooperación entre
trabajadores y empleadores. El presente acuerdo surge dentro del contexto de
la búsqueda de crear aéreas de libre comercio entre Colombia y Canadá, al
considerar que a la par de fortalecer un proceso de integración económica era
necesario asegurar el reconocimiento de principio y derechos laborales, de tal
forma que el impulso de las relaciones económicos no significara una reducción
de los derechos de los trabajadores, especialmente los trabajadores migrantes.
El acuerdo se
encuentra estructurado en cinco partes: I: Obligaciones Generales, II: Mecanismo
Institucionales,  III: Procedimiento de Revisión de Obligaciones, y IV:
Disposiciones Generales y V:  Disposiciones Finales
En la Primera
Parte se establecen como obligaciones generales de los Estados Parte, las de
asegurar que en sus leyes, reglamentos y prácticas correspondientes contenga y
provean protección a los siguientes derechos y principios:
(a) la
libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva (incluyendo la
protección del derecho a organizarse y el derecho de huelga);
(b) la
eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;
(c) la
abolición efectiva del trabajo infantil (incluyendo protección a niños y
jóvenes);
(d) la
eliminación de la discriminación respecto al empleo y la ocupación;
(e)
condiciones aceptables de trabajo con respecto a salario mínimo, horas de
trabajo y salud y seguridad ocupacional; y
(f) otorgar a
los trabajadores migrantes la misma protección legal que a los nacionales de la
Parte, respecto a las condiciones de trabajo.
Estos
principios no pueden ser dejados sin efectos e implican que cada parte
promoverá la aplicación de su legislación laboral creando y sosteniendo
alternativas como las inspecciones laborales, las labores de monitoreo y los
comités de empleadores y trabajadores, los mecanismos de resolución de
conflictos y los procedimientos sancionatorios en caso de violaciones a la
legislación laboral. De igual forma, las Partes se comprometen a que sus normas
laborales tengan difusión y publicidad, permitiendo la participación efectiva
para la proposición de observaciones por parte de los interesados en una norma
particular. El Acuerdo también busca garantizar el acceso a procedimientos
legales ante un tribunal competente para aplicar la ley laboral
de la Parte y hacer efectivos los derechos laborales, mediante la adopción de
las debidas garantías procesales tales como la imparcialidad, el derecho a la
defensa, la publicidad, la gratuidad y la existencia de recursos judiciales
efectivos en contra de las decisiones.
Los objetivos generales
de este acuerdo se instrumentalizan a partir de medidas de aplicación
gubernamental (Artículo 3 del Acuerdo) que corresponden a mecanismos que
vigilan el cumplimiento del tratado in situ, fomentan la creación de comités de
empleadores y trabajadores y el uso de mecanismos de resolución de conflictos.
En el mismo sentido, en el artículo 6 del acuerdo, se fomenta la publicidad y
difusión de las normas laborales y proyectos de las mismas estando abierto a la
participación del público y de organizaciones laborales que quieran participar
en el proceso de formulación de las mismas o de cualquier aspecto relacionado
con el acuerdo. También es obligación de las partes determinar la formulación
de actividades de cooperación como elemento esencial para aumentar los niveles
de cumplimiento de los estándares laborales y la creación de Consejos
ministeriales que evalúen el estado de cumplimiento del acuerdo.
En la Segunda Parte, el
acuerdo crea los mecanismos institucionales para la ejecución del tratado. De
esta forma crea un consejo ministerial para el seguimiento del tratado, prevé
la elaboración de planes de cooperación entre las partes y mecanismos para
atender las opiniones de organizaciones laborales con el fin de garantizar la
participación efectiva del público y de los gremios laborales.  También se
crean puntos de contacto en los ministerios de asuntos laborales para la
entrega de información, coordinación de actividades y programas, y la atención
de solicitudes de consultas generales de aplicación del tratado, las cuales
podrán ser realizadas por cualquier parte y deberán versar sobre la aplicación
del acuerdo.
La Tercera Parte del
acuerdo contiene el procedimiento a seguir en caso de incumplimientos del
tratado. Este inicia cuando la respuesta dada a las consultas generales
realizadas por una Parte, no satisface al Estado consultante.  En este caso
deberán recurrir al nivel ministerial donde se deberá estudiar el caso y agotar
todos los esfuerzos para la consolidación de un acuerdo. Si este no se logra,
el caso pasará a ser estudiado por un panel de revisión, cuyos integrantes
deberán ser expertos en el tema y totalmente independientes.
Este panel presentará un
preinforme que buscará recoger las observaciones de cada una de las Partes y
que podrá ser modificado, especialmente cuando el incumplimiento del acuerdo
haya cesado. Una vez recogidas las observaciones presentará un informe final
con conclusiones, recomendaciones y un plan de acción al respecto que deberá
ser acatado por las partes. Si este informe no es cumplido se podrá imponer una
sanción monetaria que será destinada para el apoyo de iniciativas laborales que
el Consejo de Ministros determine.
La Cuarta
Parte del Acuerdo, denominada disposiciones generales, trae criterios para la
interpretación del acuerdo y algunas definiciones técnicas para definir el
alcance de ciertos términos. En cuanto a los criterios de interpretación, el
acuerdo establece que (1) ninguna disposición del tratado podrá interpretarse
como una autorización para intervenir en asuntos internos de la otra Parte,
mediante la aplicación de la legislación laboral de
una Parte en el territorio de la otra; (2) ninguna de las Partes podrá juzgar a la otra, bajo su propia
jurisdicción cuando la otra Parte haya actuado en forma inconsistente con el
Acuerdo; (3) las partes deberán mantener la reserva de información que
se determine como confidencial; y (4) no se considerará que se ha incurrido en
incumplimientos del acuerdo cuando: (i) la acción sea producto de un ejercicio
razonable de las autoridades en acciones judiciales e investigaciones, (ii)
resulten decisiones tomadas de buena fe, (iii) fueron producto de  estados de
emergencia.
La Quinta Parte del
Acuerdo corresponde a las disposiciones finales.  En esta se indica que el
acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de la segunda notificación o en
la fecha en la cual entre en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y
la República de Colombia. Así mismo, se indica que este acuerdo permanecerá en vigor
mientras el TLCO continúe en vigor, y que es procedente la denuncia por mutuo
acuerdo entre las partes.  De la misma forma se establece la posibilidad de
formular enmiendas, la consideración de los anexos como parte del acuerdo y los
idiomas oficiales del Tratado.
En cuanto al Canje de
notas entre Canadá y Colombia, que hacen parte del Acuerdo de Cooperación
Laboral bajo estudio, éste solo se refiere a la corrección de errores de
traducción y mecanográficos y no a modificaciones sustanciales del acuerdo, en
particular por el empleo del término “español”, en lugar de la expresión
“castellano” para referirse a uno de los idiomas oficiales del Acuerdo. En esa
medida no existe ninguna incompatibilidad entre este Canje de Notas y la Carta
Política de Colombia.
3.2.
El contenido del Acuerdo de Cooperación Laboral
y del Canje de Notas resulta acorde a los preceptos constitucionales
El tratado se encuentra
acorde con la Constitución al cumplir con los principios de reciprocidad y
respeto de la soberanía (Artículos 9 y 226 de la CP) que deben regir el
desarrollo de las relaciones internacionales. Todas sus cláusulas prevén
obligaciones recíprocas para las Partes. De otra parte, el acuerdo reafirma el
respeto al principio de soberanía al reiterar que nada de lo dispuesto en su
texto se interpretará en el sentido de facultar a las autoridades de una Parte
para realizar actividades orientadas al cumplimiento de la legislación laboral
en el territorio de la otra Parte.
Para la
Corte, las obligaciones establecidas en el Acuerdo en materia de protección de
los derechos laborales resultan acordes con la Constitución, en particular con
el artículo 9 Superior que consagra como fundamentos del manejo de las relaciones
exteriores, la soberanía nacional y el reconocimiento de los principios del
derecho internacional aceptados por Colombia. En relación con este
punto, el Acuerdo reitera el compromiso de Colombia por honrar sus obligaciones
ante la OIT, en materia de derechos laborales y sindicales. Con lo cual resulta
compatible con lo que establecen los artículos 9 y 53 de la Carta.[48]
Adicionalmente,
y como quiera que en relación con varios de los convenios internacionales del
trabajo ratificados por Colombia, la Corte ha afirmado que forman parte del
bloque de constitucionalidad,[49] ya sea para señalar que
forman parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto,[50] o para
plantear que integran el bloque de constitucionalidad en virtud del inciso
segundo del art. 93 de la CP,[51] estos convenios también
tendrán carácter normativo obligatorio para las obligaciones que surgen del
Acuerdo de Cooperación Laboral. En esa medida, las disposiciones del Acuerdo
son compatibles con lo que establece el artículo 93 de la Carta.
Las disposiciones del
Acuerdo relativas a los derechos laborales y sindicales son también armónicas
con lo que establecen los preceptos constitucionales consagrados en los
artículos 25 que garantiza el derecho al trabajo en condiciones dignas y
justas; 39 que protege la libertad de asociación sindical; 55 que consagra el
derecho de negociación colectiva y 56 que garantiza el derecho a la huelga.
Las obligaciones que
surgen del Acuerdo para las Partes se armonizan igualmente con el mantenimiento
y la adopción de nuevos compromisos internacionales en materia laboral y
aseguran el respeto a las obligaciones asumidas por las Partes ante la OIT, y
al comprometerse las Partes a no adoptar medidas que impliquen dejar de aplicar
leyes o reglamentos desarrollados para garantizar tales derechos, o incumplir
con las responsabilidades asumidas ante la OIT, se rechaza la posibilidad de
reducir los estándares de protección de estos derechos como un medio legítimo
para aumentar la competitividad,[52] y se garantiza la
armonía de los compromisos adquiridos en el Acuerdo con otras obligaciones
internacionales adquiridas por Colombia en la materia, de manera acorde con lo
que establecen los artículos 9, 224, 226 y 227 de la Carta.
Para la Corte es claro,
que el objeto del Acuerdo no es regular directamente los derechos fundamentales
de los trabajadores sino hacer explícito en un tratado de naturaleza comercial
una serie de garantías laborales para asegurar el reconocimiento y protección
de los principios y derechos laborales internacionalmente reconocidos.[53] De esta
forma si no están mencionados todos los derechos y garantías laborales no
quiere decir que estos estén excluidos del tratado y no sean parte de las
obligaciones estatales pactadas en el tratado. Debe recordarse que no es el
reconocimiento expreso lo que permite señalar que se está frente a un derecho
fundamental (art. 94 superior).[54]
Este es el caso del
derecho a la seguridad social en cuanto a pensiones (vejez, invalidez, y
sobrevivencia) y salud. El presente acuerdo no indica nada concreto al
respecto, pero al referirse en su objetivo a la obligación de proteger los
derechos laborales se encuentran incluidos los derechos referentes a salud y
pensión, presente en los ordenamientos jurídicos de cada una de las partes.
Esta misma regla aplica a todos los derechos y medidas consagrados en las
recomendaciones de la OIT sobre trabajadores migrantes y la Ley 146 de 1994.
En cuanto a los
mecanismos de revisión del cumplimiento de las obligaciones que surgen del
Acuerdo, la Corte encuentra que resultan acordes con los artículos 9, 226 y 227
de la Carta, como quiera que se hacen sobre la base del respeto al principio de
soberanía nacional y de reciprocidad, y están orientadas a fomentar la
cooperación entre las Partes de tal manera que sea posible avanzar cada vez en
el cumplimiento de las obligaciones de respeto a los derechos laborales. Esta
estructura institucional se encuentra acorde con el ordenamiento constitucional
porque permite la elección de panelistas imparciales, el derecho a la defensa y
obtener una solución que busque la aplicación del tratado y no solamente
dirimir una controversia. En consecuencia, se logra la mejora de las
condiciones laborales.
En cuanto al Canje de
notas,[55] encuentra la Corte que este no
introduce  variaciones sustanciales al cuerpo del Acuerdo, sino que se orienta
a que se emplee técnicamente la denominación de uno de los idiomas oficiales
del Acuerdo, y en esa medida no implica ninguna contradicción con la Carta.
Por lo anterior, la
Corte declarará la exequibilidad del “Acuerdo de Cooperación Laboral entre
Canadá y la República de Colombia”, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de
2008, y del “Canje de notas entre Canadá y la República de Colombia del
20 de febrero de 2009, por medio del cual se corrigen errores técnicos y
materiales del acuerdo de cooperación laboral entre Canadá y la República de
Colombia”.
VI.  DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Declarar EXEQUIBLE
la Ley 1359 de 2009, del 25 de noviembre de 2009, por medio de la cual
se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de
Colombia”, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el “Canje de
notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por
medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del acuerdo de
cooperación laboral entre Canadá y la República de Colombia”.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLES
el “Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de
Colombia”, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el “Canje
de notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por
medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del Acuerdo de
Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
archívese el expediente y cúmplase.
MAURICIO
GONZALEZ CUERVO
Presidente
MARIA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
JUAN CARLOS
HENAO PEREZ
Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVAN
PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1] Mecanismo mediante el cual
la sociedad civil recibía información permanente y actualizada de las
negociaciones.
[2] Corte Constitucional,
Sentencia C-468 de 1997 (MP: Alejandro Martínez Caballero). Esta doctrina ha
sido ampliamente reiterada por esta Corporación. Ver entre muchas otras, las
sentencias C-378 de 1996 (MP: Hernando Herrera Vergara); C-682 de 1996 (MP:
Fabio Morón Díaz); C-400 de 1998 (MP: Alejandro Martínez Caballero); C-924 de
2000 (MP: Carlos Gaviria Díaz); C-206 de 2005 (MP: Clara Inés Vargas
Hernández); C-176 de 2006 (MP: Álvaro Tafur Galvis); C-958 de 2007 (MP: Jaime
Córdoba Triviño); C-927 de 2007 (MP: Humberto Antonio Sierra Porto); C-859 de
2007 (MP: Mauricio González Cuervo); C-464 de 2008 (MP: Jaime Araujo Rentería);
C-387 de 2008 (MP: Rodrigo Escobar Gil); C-383 de 2008 (MP: Nilson Pinilla
Pinilla); c-189 de 2008 (MP:
Manuel José Cepeda Espinosa); C-121 de 2008 (MP: Marco Gerardo Monroy Cabra).
[3] Ver Corte Constitucional,
Sentencias C-468 de 1997 (MP: Alejandro Martínez Caballero); C-376 de 1998 (MP:
Alejandro Martínez Caballero); C-426 de 2000 (MP: Fabio Morón Díaz); C-924 de
2000 (MP: Carlos Gaviria Díaz).
[4] Según
lo dispuesto en el artículo 204 del Reglamento del Congreso, los proyectos de
ley aprobatorios de tratados internacionales se tramitan por el procedimiento
legislativo ordinario o común, con las especificidades establecidas en la Carta
(sobre la iniciación del trámite de la ley en el Senado de la República,
artículo 154, CN) y en el reglamento sobre la posibilidad del presentar
propuestas de no aprobación, de aplazamiento o de reserva respecto de Tratados
y Convenios Internacionales (art. 217 de la Ley 5ª de 1992). En relación
con esta posibilidad, en la Sentencia C-227 de 1993 (MP: Jorge Arango Mejía),
la Corte señaló que durante el trámite de un proyecto de ley que aprueba el
tratado, pueden presentarse propuestas de no aprobación, de aplazamiento o de
reserva respecto de tratados y convenios Internacionales.
[5] El artículo 19 de la
Convención de 1969 sobre derecho de los tratados dice: “Un Estado podrá
formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un
tratado o de adherirse al mismo, a menos: a) que la reserva esté prohibida por
el tratado; b) que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse
determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trata
(...)”. En la práctica las soluciones convencionales son diversas: ciertos
tratados prohíben cualquier tipo de reservas (como
la Convención de Montego Bay de 1982 sobre el Derecho del Mar o las
convenciones de Nueva York y Río de Janeiro sobre Diversidad Biológica y
Cambios Climático); otros autorizan las reservas sobre ciertas disposiciones
únicamente (por ejemplo el artículo 42 de la Convención sobre Refugiados de
1951) y algunos excluyen ciertas categorías de reservas (como el artículo 64 de
la Convención Europea de Derechos Humanos que prohíbe las reservas de carácter
vago). De manera general, una reserva expresamente permitida por las cláusulas
finales del tratado no requiere ser aprobada o aceptada por los demás Estados
(Artículo 20 párrafo 1 de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986).
[6] Estas hipótesis aumentan y
se hacen más complejas en abstracto, en razón de los problemas que se presentan
en la traducción, en ocasiones meramente textual, de conceptos que tienen
significación distinta en el ordenamiento jurídico de los Estados parte.
[7] Cuaderno 1, pág. 44.
[8] Adoptada como legislación
interna mediante Ley 32 de 1985.
[9] Gaceta del Congreso No 188 de 2 de abril
de 2009, pp.1-17.
[10]Cuaderno 2.  Pág 112.
[11] Cuaderno 2  Pág. 102.
[12] Cuaderno 2  Pág. 104.
[13] Gaceta del Congreso No. 328 del 19 de mayo de
2009, pp. 5-9.
[14] Gacetas del Congreso No.918
y 919 de 2009, Actas Sesiones Conjuntas No. 05 (12 de mayo de 2009); 06 (26 de
mayo de 2009).
[15] Gaceta del Congreso No. 951
de 2009, pp. 2, 3 y 31.
[16] Gaceta del Congreso No 546 de 2009.  Acta
No. 32 de 2009.
[17] Cuaderno 4 Folio 1.
[18] Cuaderno 4  Folio 2.
[19] Cuaderno 4 Folio 1.
[20] Cuaderno 5  Folio 1.
[21] Ibíd, Folio 2.
[22] Gaceta del Congreso No 410
de 2009, pp. 10 a 13.
[23] Gaceta del Congreso No.
1051 Pág. 10 y 68.
[24] Gaceta del Congreso No.
1010 Págs. 46-52.
[25]  En la sentencia C-955 de
2000 (MP: José Gregorio Hernández Galindo), la Corte dijo que “no existe
norma superior que establezca un trámite especial para la aprobación de normas
tributarias, en cuya virtud se excluya respecto de ellas la eventualidad de las
sesiones conjuntas”... En la sentencia C-058 de 2002 (MP: Álvaro Tafur
Galvis), al estudiar el trámite de una ley que decretaba impuestos, la Corte
afirmó que la realización conjunta del primer debate de un proyecto tributario
no quebranta la prevalencia de la Cámara de Representantes en cuanto al trámite
de las iniciativas en materia tributaria. En la sentencia C-369 de 2002 (MP:
Eduardo Montealegre Lynett), la Corte resaltó que “la Constitución
únicamente ordena que el trámite de los proyectos aprobatorios de tratados sea
iniciado en el Senado, pero no está exigiendo que el proyecto sea aprobado
integralmente en el Senado antes de que pueda ser tramitado y aprobado en la
Cámara de Representantes, pues si existe mensaje de urgencia, y el proyecto es
debatido simultáneamente en las dos comisiones permanentes, entonces  nada  en
la Carta impide que la Comisión de la Cámara o la Plenaria de esa Corporación
aprueben el proyecto respectivo previamente a su aprobación en el Senado.”
[26] Ver entre otras las
sentencias, C-1022 de 1999 (MP: Alejandro Martínez Caballero), C-864 de 2006
(MP: Rodrigo Escobar Gil).
[27] C-369 de 2002 (MP: Eduardo
Montealegre Lynett, AV: Marco Gerardo Monroy Cabra, Eduardo Montealegre Lynett,
SV: Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Córdoba Triviño y
Clara Inés Vargas Hernández).
[28] Sentencia C-369 de 2002 (MP: Eduardo
Montealegre Lynett, AV: Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime
Córdoba Triviño, Marco Gerardo Monroy Cabra, Eduardo Montealegre Lynett y
Álvaro Tafur Galvis).
[29] C-1022 de 1999 (MP:
Alejandro Martínez Caballero), mediante la cual se declaró que tanto la Ley 589
de 1999, “Por medio de la cual se aprueba el "Tratado sobre Delimitación
Marítima entre la República de Colombia y la República de Honduras”, firmado en
San Andrés el 2 de agosto de 1986”, como el tratado eran exequibles.
[30] C-864 de 2006 (MP: Rodrigo
Escobar Gil), mediante la cual se declaró que la Ley 1000 de diciembre 30 de
2005, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo de complementación
económica suscrito entre los Gobiernos de la República de Argentina, de la
República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay, de la República
Oriental del Uruguay, Estados Partes de MERCOSUR y los Gobiernos de la
República de Colombia, de la República del Ecuador y de la República
Bolivariana de Venezuela, Países miembros de la Comunidad Andina y el Primer
Protocolo Adicional Régimen de solución de controversias’ suscrito en
Montevideo-Uruguay a los dieciocho (18) días del mes de octubre de dos mil
cuatro (2004)” y el tratado eras exequibles.
[31] Cuaderno 2, Fl. 201.
[32] Mediante Resolución No. MD
0939 de 2009, la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Representantes
autorizó sesiones conjuntas de las Comisiones Segundas de Senado y Cámara.  Así
mismo, el Senado de la República  expidió la Resolución 177 el 05 de mayo de
2009 autorizando las sesiones conjuntas.
[33] Ver entre otras, las sentencias C-025 de 1993 (MP: Eduardo
Cifuentes Muñoz); C-955 de 2000 (MP: José Gregorio Hernández Galindo); C-058 de 2002 (MP: Álvaro Tafur Galvis); C-369 de 2002 (MP: Eduardo
Montealegre Lynett); C-846 de 2006 (MP: Rodrigo Escobar Gil).
[34] Ver sentencia C-025 de 1993
(MP: Eduardo Cifuentes Muñoz).
[35] Sentencia C-025 de 1993,
fundamento 37.
[36] Constitución Política,
Artículo 157. Ningún proyecto será ley sin los requisitos siguientes: ║
1. Haber sido publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en
la comisión respectiva. (…)”
[37] Oficio remitido por el
Secretario General de la Comisión Segunda de la Senado de la República de fecha
29 de enero de 2010 y radicado el 3 de febrero de 2010.  Cuaderno 4 Fl.2.
[38] Oficio remitido por el
Secretario General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes de
fecha 27 de enero de 2010 y radicado el 8 de febrero de 2010.
[39] El artículo 160 de la Constitución fue
adicionado por el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de fecha 3 de julio de
2003 así: “Artículo 8°. El artículo 160 de la Constitución Política
tendrá un inciso adicional del siguiente tenor: ║ Ningún proyecto de ley
será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya
anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la Presidencia
de cada Cámara o Comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará
la votación.”
[40] Véase entre muchas otras las sentencias C-644 de 2004 (MP: Rodrigo
Escobar Gil, SV: Rodrigo Uprimny Yepes); C-549 de 2006 (MP: Manuel José Cepeda
Espinosa); C-172 de 2006 (MP: Jaime Córdoba Triviño); C-241 de 2006 (MP: Marco
Gerardo Monroy Cabra) y los Autos 038 de 2004 y 089 de 2005 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[41] Gaceta del Congreso 951 de 2009.
[42] Gaceta del Congreso No.
951 de 2009.  Pág 31.
[43]Gaceta del Congreso No. 546
de 2009.
[44] Gaceta del Congreso No. 773 de 2009.
[45] Gaceta del Congreso No. 835 de 2009.
[46] Gaceta del Congreso No. 1051 de 2009.
[47] Tal es el
caso, por ejemplo, de la Ley 146 de 1994 “Por medio de la cual se aprueba la
"Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares", hecha en Nueva York el 18
de diciembre de 1990”, junto con los Principios y Derechos Fundamentales en el
Trabajo y su Seguimiento promulgados por la OIT y recomendaciones 86 y 151 del
mismo órgano. (Declaración de 1998 de la OIT). En relación con la protección de los
derechos de los trabajadores migrantes existen otros convenios y
recomendaciones de la OIT de los cuales Colombia no es parte: el Convenio No
97 sobre los trabajadores migrantes (revisado), de 1949, el Convenio No
143 sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), de 1975,
la Recomendación No 61 sobre los trabajadores migrantes de 1939, la
Recomendación No 62 sobre los trabajadores migrantes (colaboración entre
Estados), de 1939, la Recomendación No 100 sobre la protección de los
trabajadores migrantes (países insuficientemente desarrollados), de 1955, la
Recomendación No 151 sobre los trabajadores migrantes de 1975 y el Acuerdo tipo sobre las migraciones temporales y permanentes
de trabajadores, con inclusión de la migración de refugiados y personas
desplazadas.
[48] De conformidad con lo
establece el artículo 53 de la Constitución “[l]os convenios internacionales
del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna.” Colombia ha ratificado
los siguientes Convenios de la OIT: C1 Convenio sobre las horas de trabajo
(industria), 1919; C2 Convenio sobre el desempleo, 1919; C3 Convenio sobre la
protección a la maternidad, 1919; C4 Convenio sobre el trabajo nocturno (mujeres),
1919; C6 Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1919;
C8 Convenio sobre las indemnizaciones de desempleo (naufragio), 1920; C9
Convenio sobre la colocación de la gente de mar, 1920; C11 Convenio sobre el
derecho de asociación (agricultura), 1921; C12 Convenio sobre la indemnización
por accidentes del trabajo (agricultura), 1921; C13 Convenio sobre la cerusa
(pintura), 1921; C14 Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921; C16
Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajo marítimo), 1921; C17
Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925; C18 Convenio
sobre las enfermedades profesionales, 1925; C19 Convenio sobre la igualdad de
trato (accidentes del trabajo), 1925; C20 Convenio sobre el trabajo nocturno
(panaderías), 1925; C21 Convenio sobre la inspección de los emigrantes, 1926;
C22 Convenio sobre el contrato de enrolamiento de la gente de mar, 1926; C23
Convenio sobre la repatriación de la gente de mar, 1926; C24 Convenio sobre el
seguro de enfermedad (industria), 1927; C25 Convenio sobre el seguro de
enfermedad (agricultura), 1927; C26 Convenio sobre los métodos para la fijación
de salarios mínimos, 1928; C174 Convenio sobre la prevención de accidentes
industriales mayores, 1993; C29 Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930; C30
Convenio sobre las horas de trabajo (comercio y oficinas), 1930; C52 Convenio
sobre las vacaciones pagadas, 1936; C167 Convenio sobre seguridad y salud en la
construcción, 1988; C170 Convenio sobre los productos químicos, 1990; C80
Convenio sobre la revisión de los artículos finales, 1946; C81 Convenio sobre
la inspección del trabajo, 1947; C87 Convenio sobre la libertad sindical y la
protección del derecho de sindicación, 1948; C88 Convenio sobre el servicio del
empleo, 1948; C95 Convenio sobre la protección del salario, 1949; C98 Convenio
sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949; C99 Convenio
sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos (agricultura), 1951;
C100 Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951; C101 Convenio sobre las
vacaciones pagadas (agricultura), 1952; C104 Convenio sobre la abolición de las
sanciones penales (trabajadores indígenas), 1955; C105 Convenio sobre la
abolición del trabajo forzoso, 1957; C106 Convenio sobre el descanso semanal
(comercio y oficinas), 1957; C111 Convenio sobre la discriminación (empleo y
ocupación), 1958; C116 Convenio sobre la revisión de los artículos finales,
1961; C129 Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969; C136
Convenio sobre el benceno, 1971; C138 Convenio sobre la edad mínima, 1973; C144
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo),
1976; C151 Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración
pública, 1978 C154 Convenio sobre la negociación colectiva, 1981; C 159
Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas),
1983; C160 Convenio sobre estadísticas del trabajo, 1985; C161 Convenio sobre
los servicios de salud en el trabajo, 1985; C162 Convenio sobre el asbesto,
1986; C169 Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989
[49] Ver por ejemplo, la
sentencia SU-995 de 1999 (MP. Carlos Gaviria Díaz, AV: Eduardo Cifuentes
Muñoz), en la que se concedió el amparo solicitado por numerosos docentes de un
municipio que  reclamaban el pago de sus salarios y prestaciones sociales. En
esta ocasión, se recurrió a un convenio del trabajo para interpretar el
contenido del vocablo salario, con el fin determinar la amplitud de la
protección que pueden recibir a través de la acción de tutela los funcionarios
que no han recibido los pagos que les corresponden. En la sentencia C-567 de
2000 (MP. Alfredo Beltrán Sierra, SPV: José Gregorio Hernández Galindo,
Vladimiro Naranjo Mesa y Álvaro Tafur Galvis, AV: Eduardo Cifuentes Muñoz y
Vladimiro Naranjo Mesa) entre otras decisiones, se declaró la
inconstitucionalidad de una norma que prohibía la coexistencia de dos o más
sindicatos de base en una misma empresa. En la sentencia se indicó que “la
Corte, al avocar el tema, sólo puede realizar el examen de las normas legales
impugnadas frente a la Constitución, y también, en este caso, al Convenio 87 de
la OIT., que según jurisprudencia de la Corporación, hace parte del  denominado
‘bloque de constitucionalidad’ (sentencias T-418 de 1992; C-225 de 1995; y,
T-568 de 1999, entre otras).” En la sentencia C-797 de 2000 (MP. Antonio
Barrera Carbonell, SPV Antonio Barrera Carbonell, Carlos Gaviria Díaz y José
Gregorio Hernández Galindo; Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández
Galindo y Alfredo Beltrán Sierra; Eduardo Cifuentes Muñoz, Vladimiro Naranjo
Mesa y Álvaro Tafur Galvis; y Fabio Morón Díaz), se invocó el convenio 87 al
juzgar la constitucionalidad de múltiples normas del Código Sustantivo del
Trabajo que habían sido acusadas, en lo esencial, de desconocer la libertad de
los sindicatos para dictar autónomamente sus estatutos y establecer su forma de
organización y funcionamiento, al igual que su derecho a obtener de manera
automática su personería. Varias de las normas acusadas fueron declaradas
inexequibles. A manera de ejemplo, en la sentencia se declaró inconstitucional
la norma que regulaba la elección de las directivas sindicales, porque “de acuerdo
con el artículo 3 del Convenio 87 a las organizaciones sindicales les asiste el
derecho de elegir libremente sus representantes, e igualmente les corresponde,
a través de sus estatutos fijar las reglas de juego, concernientes con el
proceso de elección de los miembros de las juntas directivas.” En la sentencia C-1491
de 2000 (MP. Fabio Morón Díaz, AV: Cristina Pardo Schlesinger), que declaró la
constitucionalidad de la norma que prohíbe suscribir o prorrogar pactos
colectivos en las empresas cuyos sindicatos agrupen más de la tercera parte de
los trabajadores, se declaró exequible el segmento normativo acusado del
artículo 70 de la Ley 50 de 1.990, “por no ser violatorio de los artículos
13, 39, 55, 92 y 93 Superiores, así como por no contradecir las Convenciones 87
y 98 de la OIT., que conforman, se reitera, el bloque de constitucionalidad,
según lo ha precisado y reiterado múltiples veces esta Corporación, entre
otras, en las sentencias C-385/2000, C-797/2000, T-441/92, SU-342/95,
C-567/2000.” En la sentencia C-551 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett,
SPV: Alfredo Beltrán Sierra y Clara Inés Vargas Hernández), que versó sobre la
ley 796 de 2003, por la cual se convocó al referendo sobre el proyecto de
reforma constitucional, la Corte acudió a distintos convenios al efectuar el
juzgamiento de algunas normas de la ley, para determinar si representaban una
sustitución de la Constitución, para lo cual eran relevantes los tratados que
integran el bloque de constitucionalidad. Las mencionadas normas fijaban topes
máximos a las pensiones con cargo a recursos públicos, eliminaban los regímenes
pensionales especiales, determinaban la edad mínima para jubilarse, ordenaban
la revisión de las pensiones otorgadas en contra del ordenamiento vigente y
congelaban por un período determinado los sueldos y pensiones pagados con
recursos públicos. Por lo tanto, procedió también a analizar las normas a la
luz de los convenios sobre las prestaciones de invalidez, vejez y
sobrevivientes (convenio 128) y sobre la negociación colectiva (convenios 98,
151 y 154), de informes de la Comisión de Expertos de la OIT y de casos
adelantados ante el Comité de Libertad Sindical, para concluir finalmente que
las normas juzgadas no constituían una sustitución de la Constitución.
[50] Así se hizo en la sentencia
C-170 de 2004 (MP. Rodrigo Escobar Gil), que declaró inexequible varias normas del
Código del Menor que contemplan que, excepcionalmente, determinadas autoridades
podrían permitir el trabajo de niños mayores de 12 años, luego de obtener el
concepto favorable del defensor de familia. En la sentencia se expresó en
relación con los convenios 138 y 182 de la OIT: “19. En desarrollo de estas últimas disposiciones, es decir, de
los artículos 93 y 94 de la Carta Fundamental, la Corte Constitucional ha
reconocido que las normas contenidas en la Convención sobre los Derechos de
Niño (Ley 12 de 1991), el Convenio 138 sobre la “Edad Mínima de Admisión de
Empleo” (Ley 515 de 1999) y el Convenio 182 sobre la “Prohibición de las Peores
Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación” (Ley 704
de 2001), forman parte del bloque de constitucionalidad strictu sensu y,
por lo mismo, no sólo sirven de parámetros de validez constitucional de los
preceptos legales, sino que también tienen fuerza vinculante.(...) “27. En
este orden de ideas, los parámetros de validez del trabajo infantil y, por
ende, la normatividad referente al señalamiento de la edad mínima para acceder
a la vida productiva, tienen su determinación en un marco constitucional compuesto
por el preámbulo y los artículos 44, 45, 67, 93 y 94 del Texto Superior, en
armonía con las disposiciones previstas en la Convención sobre los Derechos del
Niño (Ley 12 de 1991) y en los Convenios  No. 138 sobre la “Edad Mínima de
Admisión de Empleo” (Ley 515 de 1999) y No. 182 sobre la “Prohibición de
las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su
Eliminación” (Ley 704 de 2001), ambos proferidos por la OIT.”
[51] Así se hizo en la sentencia
C-038 de 2004 (MP. Eduardo Montealegre Lynett, SPV individual Alfredo Beltrán
Sierra, Jaime Córdoba Triviño, Jaime Araujo Rentería y Clara Inés Vargas
Hernández, AV de Alfredo Beltrán Sierra y Jaime Córdoba Triviño), que versó
sobre la demanda de inconstitucionalidad contra diversos artículos de la Ley
789 de 2002, que reformaban el Código Sustantivo del Trabajo. En la sentencia
se expresó: “20- Ahora bien, y conforme a reiterada jurisprudencia de esta
Corte, para determinar cuáles son esos principios constitucionales mínimos del
trabajo que deben ser respetados por cualquier reforma laboral, es necesario
tomar en cuenta también los tratados internacionales que integran el bloque de
constitucionalidad. En particular, en esta materia tienen mucha importancia los
límites y deberes al Estado impuestos por los convenios de la OIT ratificados
por Colombia, por el PIDESC, y por el Protocolo de San Salvador, todos los
cuales hacen parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad con lo
ordenado por el artículo 93 de la Carta, que establece que los “derechos y
deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.” En
la sentencia C-035 de 2005 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), la Corte Constitucional
expresó lo siguiente acerca de los convenios de la OIT y el bloque de
constitucionalidad: “...esta Corporación igualmente ha reconocido que dada la
naturaleza abierta e indeterminada de las normas constitucionales, es una labor
compleja para el legislador desentrañar el sentido y finalidades de cada
institución jurídica que pretende regular. ║ “Sin embargo, de igual
manera se ha reiterado, que el legislador puede acudir a los Convenios
proferidos al amparo de la Organización Internacional del Trabajo, para
encontrar en ellos guías ineludibles que le permitirán establecer, si la
regulación que se pretende realizar se adecua o no a la finalidad que se persigue
con cada acreencia laboral o prestación social y, adicionalmente, si las
condiciones impuestas logran asegurar su adquisición, goce y disfrute al amparo
de los hechos que le sirven de fundamento. ║ “Por ello, en varias
oportunidades, esta Corporación le ha concedido a los convenios y tratados
internacionales del trabajo, la naturaleza de normas constitutivas del bloque
de constitucionalidad por vía de interpretación, cuyo propósito consiste
precisamente en servir de herramienta para desentrañar la naturaleza abierta e
indeterminada de los conceptos jurídicos previstos en el Texto Superior... ║
(...) “Para desentrañar el límite máximo que tiene el legislador para proceder
a su establecimiento, los Convenios Internacionales de protección al trabajador
se convierten en la herramienta apropiada para precisar el contenido abierto e
indeterminado que en dicha materia reviste la Constitución Política (C.P. art.
93, inciso 2°) Luego, y en virtud de lo previsto en los artículos 5° y 11° del
Convenio 132 de la O.I.T., es indiscutible que cualquier plazo que fije el
Congreso de la República, en ningún caso, puede superar el lapso de seis (6) de
prestación de servicios para tener derecho a vacaciones pagadas de forma
proporcional.”
[52] C-751 de 2008 (MP Manuel
José Cepeda Espinosa).
[53] C-750 de 2008 (MP Clara Inés Vargas
Hernández).
[54] Ibídem.
[55] La nota del Gobierno de Canadá dice en lo
pertinente lo siguiente:
Nota
No 084
La
Embajada del Canadá presenta su más atento saludo al Honorable Ministerio de
Relaciones Exteriores de la República de Colombia – Oficina Jurídica– y
tiene el honor de referirse a Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y
la República de Colombia, hecho en Lima el 21 de noviembre de 2008.
La
Embajada llama la atención de la Oficina Jurídica sobre errores técnicos
y de traducción que aparecen en las versiones del Acuerdo en inglés, francés y
castellano. Las correcciones propuestas a los textos se adjuntan a esta Nota.
Dada
la naturaleza técnica y clerical de los errores, la Embajada agradecería si la Oficina
Jurídica aceptara introducir estas correcciones al Acuerdo, los cuales se
harían efectivos en la fecha de su Nota aceptando las correcciones.
(…)
Bogotá,
18 de febrero de 2009”.
(Firma embajador de Canadá)
“ANEXO
B
“ACUERDO
DE COOPERACION LABORAL ENTRE CANADA Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORRECCIONES
Versión en
españo1
Cláusula
Testimonial
Cuando se habla de
textos auténticos se debería decir “castellano” y no “español”.
La
nota del gobierno colombiano aceptando la corrección dice, en lo pertinente, lo
siguiente:
Tengo el agrado de dirigirme
a Su Excelencia en la oportunidad de hacer referencia a la Nota No 084 del 18
de febrero de 2009, en la que informa que se han advertido errores técnicos y
de traducción en las versiones en inglés, francés y castellano del “Acuerdo
de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”, hecho
en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008. Así mismo en la mencionada Nota,
considerando la naturaleza técnica y material de los errores, se propone a la
República de Colombia su corrección según se estipula en el “ANEXO” del
mencionado Acuerdo, propuesto conjuntamente con la Nota antes citada.
Sobre el particular, cumplo
con informar a Su Excelencia que el Gobierno de la República de Colombia
encuentra que los errores indicados son de recibo, y que los términos en que
deben ser corregidos conforme aparece en el citado “ANEXO” son apropiados. En
consecuencia, su Nota y la presente, junto con el “ANEXO” adjunto a las mismas,
constituyen un Acuerdo entre nuestros dos Gobiernos, relativo a las
correcciones de errores técnicos y de traducción en las versiones inglés,
francés y castellano de Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la
República de Colombia del 21 de noviembre de 2008. (…)”
(Firma del
Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia)