T-076-98
Sentencia T-076/98
Sentencia T-076/98
JURISDICCION DEL
TRABAJO-Conflictos por
razón del fuero sindical de empleados públicos
En principio
resulta claro que la jurisdicción laboral es la competente para conocer de los
conflictos que se susciten por razón del fuero sindical de los empleados
públicos. Mediante el agotamiento de los procedimientos establecidos en el
Código Procesal del Trabajo cabe advertir que la ley mencionada al atribuir la
competencia a la jurisdicción del trabajo para conocer de los asuntos sobre
fuero sindical de los empleados públicos tiene efecto general e inmediato y por
consiguiente es aplicable a las controversias que se susciten sobre fuero
sindical de los empleados públicos.
ACCION DE TUTELA
TRANSITORIA-Empleados
públicos que gozan de fuero sindical
A juicio de la
Corte, la circunstancia de que las controversias que se suscitan con los
empleados públicos que gozan de fuero sindical, deben, en términos generales,
ser decididas por la jurisdicción competente, no impide al juez de tutela el
conocimiento de la misma, cuando se trata de la protección inmediata de los
derechos constitucionales fundamentales invocados, que se encuentren
lesionados, amenazados o vulnerados por el acto administrativo expedido por la
administración, y por consiguiente es procedente en estas circunstancias, el
ejercicio de la acción de tutela, como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
FUERO SINDICAL-Vulneración por traslado sin motivación/ASOCIACION
SINDICAL-Vulneración por traslado sin motivación de representante sindical
El artículo 39 de
la Constitucional Política, establece que se reconoce a los representantes
sindicales el fuero sindical y las demás garantías necesarias para el
cumplimiento de su gestión. De manera que si al empleado protegido con el fuero
sindical, sin ninguna motivación, se le traslada a un lugar distinto, es claro
que con dicha medida no podrá realizar las gestiones inherentes a la actividad
sindical, y por consiguiente, se vulnera no solamente el derecho al mismo fuero
reconocido por la Constitución, sino el de asociación, pues bastaría que la
administración dispusiera a su arbitrio, en forma discrecional y sin razón
alguna, el traslado del empleado protegido por dicho fuero, para hacer
nugatorio e impedir el cumplimiento de las actividades propias del sindicato,
lo cual resulta abiertamente contrario con el precepto constitucional, y
vulnera los derechos fundamentales consagrados en las normas superiores, que
deben ser protegidos en forma inmediata por el juez de tutela.
Referencia:
Expediente T-129652
Peticionario: Marco
Antonio Navarrete Sierra
Procedencia: Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Bogotá
Magistrado Ponente:
Dr. HERNANDO HERRERA
VERGARA
Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá
D.C., en la sesión de la Sala Sexta de Revisión a los diez (10) días del mes de
marzo de mil novecientos noventa y ocho (1998).
La Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Hernando Herrera Vergara,
Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz, procede a revisar el fallo
proferido por el Juzgado Segundo Penal de Circuito de Santafé de Bogotá, el día
19 de septiembre de 1997, dentro de la acción de tutela promovida por el señor
MARCO ANTONIO NAVARRETE SIERRA, contra el Instituto Penitenciario INPEC.
El expediente llegó a la Corte
Constitucional, por remisión que hizo el Juzgado Segundo Penal de Circuito de
Santafé de Bogotá, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 del
decreto 2591 de 1991.
I. CONSIDERACIONES.
A. Hechos.
1. El demandante formuló acción de tutela ante el Juzgado Sesenta y Siete
Penal Municipal de Santafé de Bogotá, contra el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario INPEC, por la presunta violación de sus derechos
fundamentales a la asociación sindical, educación, trabajo y unidad familiar.
2. Manifiesta que desde hace aproximadamente diez (10) años, viene
prestando sus servicios al Instituto Nacional Penitenciario, en particular a la
Cárcel del Distrito Judicial de Medellín.
3. El 4 de diciembre de 1996, fue elegido como miembro de la Junta
Directiva de la Asociación Sindical de Empleados del INPEC, “ASEINPEC”
Subdirectiva Seccional de Antioquia en el cargo de Fiscal, la cual fue inscrita
debidamente ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
4. No obstante encontrarse protegido por el fuero sindical, el Coronel
Rafael Pardo Cortés, Director General del INPEC, expidió la resolución No. 0381
de enero 30 de 1997, ordenando el traslado del demandante a la Cárcel del
Circuito Judicial de Arauca.
5. En virtud de lo anterior, el actor considera que se le está
desconociendo su derecho fundamental de asociación, pues como miembro que es de
la Junta Directiva de ASEINPEC, Seccional Antioquia, no podrá ejercer sus
funciones en el lugar a que ha sido trasladado.
6. Su condición personal y familiar también se ve gravemente afectada en
la medida en que el actor viene terminando el programa de educación superior de
Ingeniería de Sistemas en la Universidad Antonio Nariño de la ciudad de
Medellín. En cuanto a su situación familiar, considera violado su derecho
fundamental a la unidad familiar, toda vez que tiene dos hijos, menores de edad
-dos y cuatro años respectivamente- quienes se encuentran matriculados en el
programa de Hogares Comunitarios del ICBF.
7. De lo anterior, deduce que su situación laboral (derecho fundamental de
asociación)), personal (derecho fundamental a la educación), y familiar
(derecho fundamental a la unidad familiar), se encuentran claramente
vulnerados, por el traslado ordenado por el señor Director del INPEC.
8. Si bien dicha resolución, no señalaba los recursos que procedían contra
ella, el actor procedió a interponer el recursos de reposición, recurso que no
ha sido resuelto.
B. Petición.
Con fundamento en los anteriores hechos, el
señor Navarrete Sierra solicita le sean tutelados sus derechos fundamentales de
asociación, educación y unidad familiar. Además pide que ordene al Director
General del INPEC, inaplicar, en el presente caso en particular, la resolución
No. 0381 de enero 30 de 1997, por la cual se ordenó su traslado.
II. DECISIONES JUDICIALES DE INSTANCIA.
Mediante decisión del 28 de febrero de
1997, el Juzgado 67 Penal Municipal de Santafé de Bogotá D.C., denegó la
tutela, al considerar que, como muy claramente lo señala el mismo actor, en el
momento se encuentra en trámite un recurso de reposición contra dicha
resolución, situación que es corroborada por la Coordinadora del INPEC en
oficio 10-244 TUT del 19 de febrero de 1997. Por tal motivo, y ante la
presencia de otros mecanismos de defensa judicial,  la presente tutela resulta
improcedente.
Impugnada dicha decisión por el actor, el
expediente fue remitido al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Santafé de
Bogotá, para que la resolviera. Sin embargo este juzgado decidió abstenerse de
fallar, argumentado para ello que el actor no sustentó el recurso en los términos
señalados por el artículo 32 del decreto 2591 de 1991.
A. Actuación de la Corte Constitucional.
Analizado el asunto sub examine con base en
la jurisprudencia de esta Corporación en relación con el trámite que debe
surtir el recurso de impugnación en la acción de tutela, según el cual las
autoridades no pueden bajo ninguna circunstancia, convertir en un requisito sine
qua non la obligatoria sustentación de un recurso que en el caso de la
tutela no lo exige, la Sala Sexta de Revisión ordenó la devolución del
expediente al juez Segundo Penal del Circuito de Santafé de Bogotá para que se
pronunciara en debida forma, respecto del caso en cuestión, y de esta manera se
surtiera la impugnación, quedando agotada plenamente la segunda instancia.
III. DECISIÓN JUDICIAL QUE SE REVISA.
Mediante sentencia del 19 de septiembre de
1997, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Santafé de Bogotá, procedió a
revocar la decisión de primera instancia y en su lugar tutelar como mecanismo
transitorio, los derechos fundamentales de asociación, fuero sindical,
libertad, educación y trabajo. Para cumplir lo anterior el juzgado ordenó a la
Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, para
que en el término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la
notificación de este fallo, dispusiera el traslado del demandante a la Cárcel
del Distrito Judicial de Medellín, en el mismo cargo, en las mismas condiciones
y demás prerrogativas a que tiene derecho, mientras se falla el proceso por
parte de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a donde debió dirigirse
inicialmente el actor.
Competencia.
Según lo dispuesto por los artículos 86 y
241 de la Constitución Política, esta Sala es competente para revisar la
sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Santafé de
Bogotá D.C.
IV.    CONSIDERACIONES
DE LA CORTE
La Ley 362 del 18 de
febrero de 1997, estableció lo siguiente :
“Artículo 2°-
Asuntos de que conoce esta jurisdicción. La jurisdicción del trabajo está instituída para
decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del
contrato de trabajo.
“También conocerá
de la ejecución de las obligaciones emanadas de la relación de trabajo ;
de los asuntos sobre fuero sindical de los trabajadores particulares y oficiales
y del que corresponde a los empleados públicos ;...” (Negrilla fuera del texto).
En principio resulta
claro que la jurisdicción laboral es la competente para conocer de los
conflictos que se susciten por razón del fuero sindical de los empleados
públicos. Mediante el agotamiento de los procedimientos establecidos en el
Código Procesal del Trabajo cabe advertir que la ley mencionada al atribuir la
competencia a la jurisdicción del trabajo para conocer de los asuntos sobre
fuero sindical de los empleados públicos tiene efecto general e inmediato y por
consiguiente es aplicable a las controversias que se susciten sobre fuero
sindical de los empleados públicos.
Empero como en el
caso sub-examine se invocan, además del fuero sindical, contemplado en el
artículo 39 de la Constitución Política, derechos como el de educación, de
tener una familia, de asociación y el trabajo, que son de rango constitucional,
deberá examinarse, si con la actuación de la accionada, a la luz de los
preceptos superiores, con el traslado al demandante, no obstante estar amparado
por el fuero sindical, de la cárcel del Distrito Judicial de Medellín, a la del
Circuito Judicial de Arauca, de conformidad con la resolución número 0381 del
30 de enero de 1997, se quebrantaron o no tales derechos.
En el fallo materia
de revisión, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Santafé de Bogotá D.C.,
tuteló como mecanismo transitorio los derechos constitucionales de Asociación,
fuero sindical, libertad, educación y trabajo del actor, adicionándola en el
sentido de que la correspondiente acción contencioso administrativa debió
haberse instaurado dentro del término establecido en el artículo 136 del Decreto
01 de 1984, quedando vigente la medida de tutela mientras se falla el proceso
respectivo por la jurisdicción contenciosa.
Se ordenó asimismo a
la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, el
traslado del demandante a la cárcel de Medellín en el mismo cargo y
prerrogativas, mientras se decide el proceso por la jurisdicción mencionada.
No es necesario
entrar al estudio relacionado con la no obligatoriedad de la sustentación de la
impugnación a que nuevamente alude en forma inoficiosa el Juzgado de instancia
con razonamientos que contradicen abiertamente la jurisprudencia de esta
Corporación, por tratarse de un asunto que ya fue decidido por la Corporación
en el caso sub-exámine, a través de la cual se le ordenó resolver dicha impugnación.
Ahora bien, como ya
se anotó anteriormente, al haberse ordenado al juzgado de instancia, resolver
sobre la impugnación, se procede al examen material de la cuestión planteada.
Cabe señalar que, el
citado juzgado fundamenta la determinación de tutelar los derechos invocados
por el accionante, en que de un lado la resolución de traslado del demandante,
amparado por el fuero sindical, no se encuentra motivada, y del otro en que,
como este adelanta estudios superiores en la Facultad de Ingeniería de Sistemas
de la Universidad Antonio Nariño de Medellín, cuya actividad académica tuvo que
abandonar en razón del traslado que le efectuó el INPEC, se le perjudicó
notablemente al impedírsele el acceso a la educación.
Como ya lo ha
expresado esta Corporación, la sola circunstancia de ser empleado público no es
óbice para que una persona goce de fuero sindical, ya que este debe reconocerse
a quienes son voceros naturales de la organización sindical, para la defensa de
sus intereses, mientras ostente la categoría de directivo sindical.
A juicio de la
Corte, la circunstancia de que las controversias que se suscitan con los
empleados públicos que gozan de fuero sindical, deben, en términos generales,
ser decididas por la jurisdicción competente, no impide al juez de tutela el
conocimiento de la misma, cuando se trata de la protección inmediata de los
derechos constitucionales fundamentales invocados, que se encuentren
lesionados, amenazados o vulnerados por el acto administrativo expedido por la
administración, y por consiguiente es procedente en estas circunstancias, el
ejercicio de la acción de tutela, como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
En el presente
asunto se trata del traslado de un empleado del INPEC a la cárcel del Circuito
de Arauca, que venía laborando en la cárcel del Distrito Judicial de Medellín,
no obstante haber sido elegido como miembro de la organización sindical
Seccional Medellín, encontrándose por consiguiente amparado por el fuero
sindical.
El artículo 39 de la
Constitucional Política, establece que se reconoce a los representantes
sindicales el fuero sindical y las demás garantías necesarias para el
cumplimiento de su gestión. De manera que si al empleado protegido con el fuero
sindical, sin ninguna motivación, se le traslada a un lugar distinto, es claro
que con dicha medida no podrá realizar las gestiones inherentes a la actividad
sindical, y por consiguiente, se vulnera no solamente el derecho al mismo fuero
reconocido por la Constitución, sino el de asociación, pues bastaría que la
administración dispusiera a su arbitrio, en forma discrecional y sin razón
alguna, el traslado del empleado protegido por dicho fuero, para hacer
nugatorio e impedir el cumplimiento de las actividades propias del sindicato,
lo cual resulta abiertamente contrario con el precepto constitucional citado, y
vulnera los derechos fundamentales consagrados en las normas superiores, que
deben ser protegidos en forma inmediata por el juez de tutela.
La Sala comparte el
criterio según el cual, para cumplir los objetivos propios de las funciones del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, este debe contar por regla
general, con las atribuciones necesarias en materia de traslados y reubicación
de internos, guardianes y de otros funcionarios al servicio de los centros
correccionales, dentro de una permanente disponibilidad de los funcionarios
públicos a su servicio.
Igualmente, está de
acuerdo la Corporación con que la finalidad misma del servicio mencionado,
exige que con alguna periodicidad se traslade al personal encargado de la
seguridad de los establecimientos carcelarios, lo que contribuye a la eficacia
de las funciones inherentes a dicho Instituto.
Por ello,
precisamente el grado de discrecionalidad en materia de traslados de algunas
instituciones como el INPEC, es mayor, dadas las funciones de este, y por tanto
es más restringida la posibilidad del control del juez de tutela sobre los
actos que disponen la reubicación de guardianes y empleados que laboran al
servicio de dicho establecimiento.
Empero, la
circunstancia excepcional de que el acto de traslado del demandante no se
encuentre motivado y que dicho empleado esté amparado por el fuero sindical,
con cuya reubicación en Arauca le impediría el cumplimiento de sus actividades
en Medellín, como directivo sindical, mientras ostente dicha calidad, configura
una violación de sus derechos fundamentales, lo que conduce a la protección de
los mismos, como mecanismo transitorio.
Por consiguiente, se
confirmará la sentencia materia de revisión pero por las razones expresadas en
esta providencia.
V.   DECISIÓN
De conformidad con
lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E :
Primero:
CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Santafé de Bogotá, fechado 19 de septiembre de 1997, pero con base en las
consideraciones expuestas en la presente sentencia.
Segundo:
LÍBRENSE por Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
HERNANDO HERRERA
VERGARA
Magistrado Ponente
ALEJANDRO MARTÍNEZ
CABALLERO
Magistrado
FABIO MORÓN DÍAZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General