T-405-19
Sentencia T-405/19
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA DE
COMUNIDAD INDIGENA-En
representación de miembros de la comunidad
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL SOBRE FALLOS
DE TUTELA NO SELECCIONADOS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL-Tiene como fundamento la salvaguarda del
principio a la seguridad jurídica
JURISDICCION ESPECIAL
INDIGENA-Alcance
y límites
PRINCIPIO DE LA BUENA FE, PRINCIPIO DE
CONFIANZA LEGITIMA Y PRINCIPIO DE RESPETO AL ACTO PROPIO-Reiteración de jurisprudencia
ELEMENTOS DE LA JURISDICCION INDIGENA-Territorial, personal, institucional y
objetivo
LIMITES AL EJERCICIO DE LA JURISDICCION
INDIGENA-Jurisprudencia
constitucional
LIMITES AL EJERCICIO DE LA JURISDICCION
INDIGENA-Falta de
competencia del Tribunal Indígena para sancionar en este caso a la empresa Urrá
Referencia: expediente T-6.419.805
Acción de tutela presentada por Eldarico Lana Domico y
otros contra la Empresa Urrá
S.A. E.S.P.
Magistrado Sustanciador:
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Bogotá,
D.C., dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019)
La
Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por las Magistradas
Gloria Stella Ortiz Delgado y Cristina Pardo Schlesinger y el Magistrado
Antonio José Lizarazo Ocampo, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, en especial de las previstas en los
artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política, profiere la
siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo de tutela
proferido el 12 de junio de 2017 por el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de Montería, en primera instancia, y el 2 de agosto de 2017
por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, en
segunda instancia, dentro de la acción de tutela promovida por Eldarico Lana
Domico y otros contra la empresa Urrá S. A. E. S. P.
El
proceso de la referencia fue seleccionado para revisión por la Sala de Selección
de Tutelas Número Once, conformada por los Magistrados Alberto Rojas Ríos y
Alejandro Linares Cantillo, mediante Auto proferido el veinticuatro (24) de noviembre
de 2017.
I.
ANTECEDENTES
1. Hechos y relatos contenidos en el expediente[1]
1.1.
La empresa Urrá S. A. E. S. P.
(en adelante “empresa Urrá”), creada en 1992[2],
quedó a cargo del proyecto hidroeléctrico Urrá I. En abril de 1993,
sin la realización del proceso de consulta previa, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y del Ambiente (INDERENA) otorgó licencia ambiental para primera fase del proyecto consistente
en la construcción de las obras civiles y la desviación del río Sinú. Sin
embargo, la solicitud de ampliación de licencia ambiental para la segunda
fase del proyecto fue rechazada por parte del Ministerio del Medio Ambiente —nueva autoridad ambiental—, ya
que la empresa Urrá no cumplió con varios requisitos,
incluida la realización de la consulta previa.
1.2.
A causa de los
daños ambientales que el proyecto Urrá I generó sobre el territorio sagrado del pueblo
Embera Katío del Alto Sinú, estos presentaron acción de tutela por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales a la supervivencia, a la integridad étnica, cultural, social y
económica, a la participación y al debido proceso. La demanda fue revisada y
fallada por la Corte Constitucional a través de la Sentencia T-652 de
1998; dicha providencia ordenó a la empresa
Urrá a:
“indemnizar al  pueblo Embera Katío del Alto
Sinú al menos en la cuantía que garantice su supervivencia física, mientras
elabora los cambios culturales, sociales y económicos a los que ya no puede
escapar, y por los que los dueños del proyecto y el Estado, en abierta
violación de la Constitución y la ley vigentes, le negaron la oportunidad de
optar (…) si los Embera Katíos del Alto Sinú y la firma dueña del
proyecto no llegaren a un acuerdo sobre el monto de la indemnización que les
debe pagar a los primeros, dentro de los seis meses siguientes a la
notificación de esta providencia, los Embera Katios deberán iniciar ante el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Córdoba, Juez de primera instancia de este
proceso de Tutela, el incidente previsto en la Ley para fijar la suma que
corresponda a un subsidio alimentario y de transporte”[3]
1.3.
Sin embargo, el
proceso de pago de la indemnización tuvo varios inconvenientes, entre ellos,
las dificultades para cuantificar la población. El censo poblacional se intentó
obtener en más de una ocasión; por ejemplo, en 1998 se trató, mediante convenio
celebrado entre la empresa Urrá y la Organización Nacional Indígena de Colombia
(ONIC); en el año 2000 el Departamento Nacional de Estadística (DANE) llevó a
cabo un primer registro de población para el sector de la Alianza de Cabildos
Menores y, en el año 2004, se adelantó un segundo registro para el sector de
los cabildos mayores de IWAGADO (Río y Verde y Río Sinú).
1.4.
No obstante, a
causa de un descuento porcentual en el pago de la indemnización que estaba
haciendo la empresa Urrá, iniciaron varias demandas y acciones judiciales por
parte de la población indígena. Así las cosas, en fallo de tutela, el 20 de
febrero de 2012, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, Sala
Penal, ordenó:
“a los NOKOS (…) para
que de común acuerdo con la empresa Urra (sic), realicen el censo de las
comunidades que pertenecen a esos cabildos y luego de que se tenga claro cuántos
indígenas hacen parte de los mismos, se establezca quienes (sic) están
percibiendo actualmente la indemnización y quiénes no. De este censo deberá
obtenerse en forma diáfana quienes (sic) componen el 10% de la población que
desde el año 2005 no viene percibiendo la indemnización correspondiente”[4].
1.5.
En cumplimiento de dicha
orden, el 7 de noviembre de 2012, firmaron entre los Nokos Mayores y la empresa
Urrá (con
la aprobación de la Oficina de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior y
la Defensoría del Pueblo, entre otras) el Acuerdo de Punto Final[5],
por medio del cual se buscó
determinar el 10% de la población que no estaba percibiendo indemnización a
pesar de encontrarse en el censo poblacional indígena; “pero no se definió, ni
se estudió, ni se seleccionó a aquellos indígenas Embera Katío del Alto Sinú
que no aparecían en el censo poblacional pero que son hijos de beneficiarios y
que se encuentran viviendo en dicho territorio desde que se creó la
hidroeléctrica”. Posterior a ello, quienes consideraron que quedaron por fuera
del censo buscaron por la vía judicial el reconocimiento de su derecho a la
indemnización, como lo habían hecho con sus familiares.
1.6.
El 16 de abril del
2016, el Cabildo Mayor del Rio Sinú y Rio Verde conformó y constituyó su propio
reglamento denominado “Reglamento Interno de la Comunidad Embera Katío del Alto
Sinú del Municipio de Tierralta Córdoba” con el objetivo de reglarse a través
de los usos y costumbres propias de estas comunidades.
1.7.
El mencionado
reglamento creó el Tribunal de Justicia y Sabiduría Indígena, conformado por 5
miembros llamados los "SABIOS" quienes son ancianos entre 70 y 75
años. Sus funciones fueron definidas en el artículo 42 que establece:
“FUNCIONES: Este
tribunal tiene una especial y exclusiva finalidad y es la de decidir por
mayoría absoluta y luego de una investigación quienes (sic) son miembros de la
comunidad Embera Katío del alto Sinú y quienes (sic) de estos miembros tienen
el derecho al beneficio de la indemnización otorgada por la Corte Constitucional
a través de la sentencia T-652/98, en su artículo tercero de la parte
resolutiva, conforme a lo establecido en el Capítulo VI Articulo 18 de este
reglamento”[6].
1.8.
El 1 de mayo del
2016, Faider de Jesús Domico Bailarin y otros, formularon una demanda contra
los Nokos Mayores de la época (Cauxilio Restrepo Domico y José Vicente Domico
Pernia) quienes firmaron el Acuerdo del 7 de noviembre el 2012. La acción se
fundamentó en que se les excluyó del acta de esa misma fecha sin darles
posibilidad de defenderse y demostrar que son indígenas pertenecientes a las
comunidades de Mongaratatado, Porremia y Doza.
1.9.
Con relación a dicha demanda,
el Tribunal de Justicia y Sabiduría Indígena, mediante providencia del 20 de
agosto de 2016, circunscribió dentro del censo poblacional a un grupo de
indígenas que, a su juicio, cumplieron con los requisitos para ser considerados
miembros de la comunidad y ordenó su incorporación como sujetos a indemnizar de
conformidad con la orden dada por la Corte Constitucional.
1.10.    Por consiguiente, a finales de octubre de
2016, los Nokos Mayores José Domico Pernía y Vladimir Kheythzmang Rubiano
Domico presentaron acción de tutela contra la empresa Urrá con el objeto de que
se protegiera su derecho fundamental a la autonomía indígena en conexidad con
el mínimo vital, a la igualdad y al debido proceso y, en consecuencia, se
ordenara a la Empresa cumplir con el fallo del 20 de agosto del 2016, proferido
por el Tribunal de Justicia y Sabiduría Indígena Embera Katío del Alto Sinú.
El 18 de noviembre de
2016, el Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito de Montería, Córdoba,
resolvió, en primera instancia, amparar los derechos de los accionantes y ordenó
a la demandada incluir en el censo poblacional indígena Embera Katío del Alto Sinú
a las personas relacionadas en la demanda que pertenecían a la comunidad de Mongaratatado,
Doza y Poremia.
1.11.    La empresa Urrá impugnó la decisión por considerar que
no se tuvieron en cuenta todos los elementos probatorios que evidencian que “la
comunidad se comprometió a no iniciar nuevas demandas por dichos hechos (…) de
igual modo reiteró la improcedencia de la acción de tutela en atención al principio
de inmediatez”.
La Sala Tercera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante sentencia del 10 de febrero de
2017, revocó la decisión de tutela de fecha del 18 de noviembre de 2016[7]
y, en su lugar, accedió a los reparos de la empresa.
1.12.    En cumplimiento del fallo de segunda
instancia, el 7 de mayo del 2017 el Tribunal de Justicia y Sabiduría Indígena
profirió el Acta 001 de 2017 y decidió:
“PRIMERO: Dejar sin
efectos en todas sus partes la Sentencia de fecha 20 de agosto del 2016,
proferida por el Tribunal de Justicia y Sabiduría Indígena Embera Katío del
Alto Sinú; SEGUNDO: se ordena por este tribunal, NOTIFICAR por escrito la
demanda admitida por este tribunal el 8 de mayo del 2016, a la empresa URRA
S.A. (sic) a través de su representante legal en su sede principal ubicaba en
la Carrera 2 Nº 48-08, frente a Electricaribe Montería - Córdoba, envíesele
copia (traslado) de la presente demanda por el término improrrogable de tres
(3) días contados o partir del momento en que reciba notificación de la
presente comunicación a fin de que ejerza su derecho a la defensa y
contradicción; TERCERO: Consérvense y manténganse como válidas todas las pruebas
practicadas dentro el proceso; CUARTO: Vencido el término de traslado a la
empresa Urra S.A. (sic) emítase un nuevo fallo”[8].
1.13.    El 9 de mayo de 2017 le notificaron a la
empresa Urrá, en su sede principal en la ciudad de Montería, la decisión tomada
por el tribunal especial indígena con respecto al Acta 001 del 7 de mayo del
2017. El 15 de mayo de 2017 la Empresa contestó la demanda.
1.14.    El 16 de mayo de 2017, el Tribunal de
Justicia y Sabiduría Indígena, profirió fallo a favor de los demandantes
indígenas, Luz Irene Domico Bailarin y otros, y ordenó su inclusión en el censo
poblacional y el reconocimiento a cada uno el pago de la indemnización otorgada
por esta Corte. Así mismo, dispuso notificar su decisión a la empresa Urrá informando
que no procedía recurso alguno pues “la decisión de los sabios ancianos no
tiene reproche (…) y le advierte que de no hacerlo harán cumplir esta sentencia
por vía de tutela”[9].
1.15.    El 17 de mayo de 2017 la empresa Urrá fue
notificada del fallo y, el 22 del mismo mes y año, presentó solicitud de
nulidad contra dicha sentencia[10].
El 23 de mayo de 2017, el Tribunal de Justicia y Sabiduría Indígena Embera
Katío del Alto Sinú profirió el Acta 002[11]
denegando la nulidad alegada; esta decisión le fue notificada el 24 de mayo de
2017[12].
1.16.    El 30 de mayo de 2017, Eldarico Lana
Domico, Vladimir Kheythzmang Rubiano Domico y Aurelio Jarupia Domico, por
intermedio de apoderado judicial, interpusieron acción de tutela contra la empresa Urrá,
con el fin de que le garantizaran sus derechos fundamentales a la autonomía, a
la diversidad étnica y cultural y al ejercicio de la jurisdicción indígena y,
en consecuencia, se ordenara el pago de la indemnización que les asiste según
el fallo proferido por el Tribunal de Justicia y Sabiduría Indígena Embera
Katío del Alto Sinú.
2.
Pretensión
Los señores Eldarico Lana Domico, Vladimir Kheythzmang
Rubiano Domico y Aurelio Jarupia Domico, Nokos Mayores, autoridades y
representantes legales del Cabildo Mayor del Río Sinú y Río Verde, pretenden a
través de esta acción de tutela que se protejan sus derechos a la diversidad
cultural, a la autonomía y al ejercicio de la jurisdicción especial indígena; y
en consecuencia, se le ordene a la empresa Urrá a reconocer y cumplir lo
ordenado por el Tribunal de Justicia y Sabiduría en sentencia del 16 de mayo de
2017; esto es, incluir a las personas señaladas en los numerales primero,
segundo y tercero de las pretensiones contenidas en la tutela bajo revisión en
el censo de la comunidad y hacerlos beneficiarios de la indemnización
correspondiente en los términos señalados por esta Corte en la Sentencia T-652
de 1998.
3.
Documentos
relevantes cuyas copias obran en el expediente
Obran en el Cuaderno 1 del expediente los siguientes
documentos:
·
Escrito de insistencia,
presentado por el Director General de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado (folios 1-8).
·
Auto del 24 de
noviembre de 2017, proferido por la Sala de Selección Número 11, por medio del
cual se seleccionó para revisión el expediente T-6.419.805 (folios 14-22).
·
Auto del 16 de marzo de
2018, por medio del cual se vinculó al Ministerio del Interior al proceso, y se
solicitaron pruebas (folios 26-28).
·
Comunicación de la
Oficina de Asuntos Indígenas, Minorías y Rrom del Ministerio del Interior, del
11 de abril de 2018, presentando respuesta al oficio de solicitud de pruebas,
dentro del expediente bajo análisis (folios 137-151).
·
Comunicación de la
Oficina Jurídica del Ministerio del Interior, emitida el 18 de abril de 2018,
dando respuesta a la solicitud elevada por el Magistrado Sustanciador (folios 51-54).
·
Comunicación del 20 de
abril de 2018, de la empresa Urrá, dando cumplimiento al auto de pruebas del 16
de marzo de 2018 (folios 56-64).
·
Comunicación del 26 de
junio de 2018, remitida por la empresa Urrá,  a través de apoderado, en la que
informa sobre una actuación jurídica sobreviniente, solicitando a la Corte
Constitucional se declara inhibida (folios 390-406).
·
Auto del 6 de julio de
2018, proferido por la Sala Sala Quinta
de Revisión, suspendiendo los términos dentro del proceso T-6.419.805 (folios
408-409).
Obran en el Cuaderno 2 del expediente los siguientes
documentos:
·
Acta No. 1. del 7 de
noviembre de 2012, relativa al proceso de concertación para la definición e identificación
plena de los reales beneficiarios de las mesadas de indemnización, Sentencia
T-652 de 1998 de la Corte Constitucional, identificada como el Acuerdo de Punto
Final (folios 29-47).
·
Reglamento Interno de
la Comunidad Embera Katío del Alto Sinú del Municipio Tierralta, Córdoba, del
16 de abril de 2016. (folios 48-66).
·
Sentencia de primera instancia,
proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito de Montería,
Córdoba, del 18 de noviembre de 2016 (folios 67-87).
·
Sentencia de segunda instancia,
proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, el día 10 de febrero de
2017.
·
Acta Única, del 22 de
abril de 2017, por medio de la cual se modifica y adiciona el Reglamento
Interno de la Comunidad Embera Katío del Alto Sinú del Municipio de Tierralta,
Córdoba.
·
Acta 001 del 7 de mayo
de 2017, por medio de la cual se dejó sin efectos la decisión proferida por el
Tribunal Indígena, el 20 de agosto de 2016, y se ordena notificar la admisión
de la demanda fechada el 8 de mayo de 2016 (folios 159-161).
·
Escrito de contestación
de la demanda presentado por la empresa Urrá (folios 163-168).
·
Fallo proferido por el
Tribunal de Justicia y Sabiduría Indígena del Cabildo Mayor de Río Sinú y Río
Verde, del 16 de mayo de 2017 (folios 104-157).
·
Solicitud de nulidad
del fallo del 16 de mayo de 2017 presentada por José David Díaz Rosso, en
representación de la empresa Urrá (folios 173-178).
·
Acta 002 del 23 de mayo
de 2017, proferida por el Tribunal de Justicia y Sabiduría Indígena del Cabildo
Mayor de Río Sinú y Río Verde (folios 179-189).
·
Acción de tutela
interpuesta por Eldarico Lana Domico, gobernador de la comunidad Porremia,
Vladimir Kheythzmang Rubiano Domico y Aurelio Jarupia Domico, nokos mayores del
Cabildo Mayor del Río Sinú y Río Verde, a través de apoderado, el día 30 de
mayo de 2017 (folios 1-25)
·
Auto proferido por el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Montería el 1 de junio de 2017,
por medio del cual admite la tutela interpuesta por Eldarico Lana Domico,
gobernador de la comunidad Porremia, Vladimir Kheythzmang Rubiano Domico y
Aurelio Jarupia Domico, nokos mayores, a través de apoderado (folios 229-230).
·
Escrito de contestación
de la acción de tutela, presentado por la empresa Urrá (folios 232-271).
·
Escrito de réplica a la
contestación presentada por los accionantes (folios 600-672).
·
Sentencia de primera
instancia, proferida el día 12 de junio de 2017 por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Montería, Córdoba (folios 673-686).
·
Escrito de impugnación,
presentado por los accionantes, del día 14 de junio de 2017 (folios 687- 694).
·
Auto del 14 de junio de
20147, por medio del cual se concede el recurso de impugnación ante el Tribunal
Administrativo de Córdoba (folios 695).
Obran en el Cuaderno 3 del expediente los siguientes
documentos:
·
Auto por medio del cual
se admite la impugnación presentada por los accionantes, proferido por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, el 15 de junio de 2017 (folio 4).
·
Concepto proferido por
el Ministerio del Interior, como respuesta a la solicitud del concepto dentro
del proceso de tutela, emitido el 6 de julio de 2017 (folios 61-63).
·
Providencia del 7 de
julio de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, en la que
se declaran fundados los impedimentos manifestados por los magistrados Diva
Cabrales Solano y Luis Eduardo Mesa Nieves (folios. 65-68).
·
Escrito de solicitud
especial presentado por los demandantes (folios 72-74).
·
Sentencia de segunda
instancia, del 02 de agosto de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo (folios
81-103).
4.
Respuesta de la entidad
accionada
4.1.
El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de
Montería, tras recibir la acción de tutela, mediante auto del 31 de mayo de
2017, devolvió el expediente a la Oficina de Apoyo Judicial por considerar que
no era el competente para resolver el asunto. Afirmó que son los jueces civiles
municipales quienes conocen de las acciones de tutela presentadas contra las empresas
de servicios públicos de conformidad con el Decreto 1382 de 2000. Frente a esta
decisión el apoderado de la parte accionante presentó recurso de reposición argumentando
que la empresa Urrá es una sociedad de economía mixta, descentralizada del
orden nacional, por lo tanto, ese Juzgado era el competente para determinar la
procedencia del amparo requerido.
El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de
Montería, mediante auto del 1 de junio de 2017, admitió la demanda instaurada
por los señores Eldarico Lana Domico y otros, y corrió traslado a la parte accionada,
para que ejerciera su derecho de defensa y se pronunciara sobre los hechos y
pretensiones de la acción de tutela.
4.2.
En el término dispuesto para
ello, la empresa Urrá presentó escrito de contestación el 6 de junio de 2017 alegando
que la tutela no estaba llamada a prosperar en tanto no se cumplió con el requisito
de inmediatez. Además, sostuvo que la acción interpuesta suponía una clara
intención de cometer un fraude procesal en su contra ya que las afirmaciones de
la demanda pretendían conducir al juez a una decisión diversa a la realidad
fáctica.
Señaló la demandada que la acción no cumplía con los
principios de inmediatez, subsidiariedad y, además, no se configuraba un
perjuicio irremediable que viabilizara la procedencia de la tutela a pesar de
la existencia de otros mecanismos ordinarios de defensa judicial. Así, la
acción no cumplió el requisito de inmediatez pues transcurrieron más de 48
meses desde la firma del Acta de Acuerdo de Punto Final, suscrita el 7
de noviembre de 2012, y la solicitud de amparo en contradicción con lo señalado
en la jurisprudencia de la Corte Constitucional[13].
En segundo lugar, alegó que la acción instaurada no cumplió
con el requisito de subsidiaridad, puesto que, tratándose de un interés
meramente monetario, el mecanismo idóneo era la instauración de un incidente de
desacato por el presunto incumplimiento de las decisiones contenidas en la Sentencia
T-652 de 1998, el cual no se agotó por los accionantes. Finalmente, señaló la accionada
que no existía un daño irremediable en contra de los accionantes, pues transcurrió
un lapso prolongado sin que hubieran requerido acudir a la acción de tutela por
lo que no encontró acreditados los elementos de urgencia y necesidad de reparar
el daño causado que justificaran la presentación de la tutela.
Manifestó que al amparar la protección requerida el
juez podría vulnerar el principio de cosa juzgada constitucional, pues las
pretensiones de los accionantes ya se encuentran garantizadas en el fallo de
tutela T-652 de 1998, por lo que, teniendo en cuenta dicha decisión, la
demandada alegó la configuración de actuación temeraria de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.
Finalmente, la parte accionada argumentó que las
decisiones proferidas por el Tribunal de Justicia y Sabiduría Indígena excedieron
su competencia pues impusieron obligaciones dinerarias a terceros (sujetos que
no se encuentran cobijados por su jurisdicción) sin que dicha facultad les haya
sido constitucionalmente otorgada. Por lo que, si bien en el artículo 246
Superior se concedió a las autoridades indígenas la posibilidad de ejercer
funciones jurisdiccionales, estas estaban limitadas al respeto de los derechos
fundamentales[14].
Adujeron que mediante la resolución judicial del 16 de mayo de 2017 las
autoridades de la comunidad Embera Katío del Alto Sinú no
acataron las disposiciones constitucionales y excedieron su jurisdicción, vulnerándole
a la empresa Urrá los derechos al debido proceso, al derecho a la defensa y a
la contradicción.
4.3. Por
medio de escrito del 12 de junio de 2017, los accionantes controvirtieron la
contestación de la demanda, presentada por la empresa Urrá. En esa oportunidad,
alegaron que el Acta Final firmada el 7 de noviembre de 2012 no supone la
imposibilidad de inclusión de indígenas en el censo, y por tanto, beneficiarios
de la indemnización. Siendo únicamente competente el a quo para pronunciarse
sobre el cumplimiento del fallo del Tribunal Indígena por parte de la Empresa
Urra S.A. E.S.P.
II.
DECISIÓN JUDICIAL
OBJETO DE REVISIÓN
1.
Sentencia de primera
instancia
El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Montería, mediante fallo del 12 de junio de 2017, resolvió negar la
tutela promovida por los accionantes, conforme a lo dispuesto por la Corte
Constitucional[15],
según la cual, la jurisdicción indígena sólo tiene competencia personal sobre
los miembros que hagan parte de la comunidad, pertenencia que se establece
cuando el sujeto no solo hace parte de ella, sino además, comparte sus usos y
costumbres. Adicionalmente, señaló que no se cumplen con los demás requisitos
impuestos por esta Corporación, relativos a los factores territorial y
objetivo, razón por la cual el juzgamiento por parte del Tribunal de Justicia y
Sabiduría sobre la empresa Urrá supuso una vulneración al debido proceso.
En virtud de lo anterior, el a quo consideró
que las pretensiones de los accionantes no debían prosperar por encontrar que
la ejecución del fallo del 16 de mayo de 2017 era improcedente, en tanto el
Tribunal Indígena carecía de fuero para llevar a cabo un juicio contra la
empresa Urrá por ser este propio de la jurisdicción ordinaria.
2.
Impugnación
El
abogado de los accionantes presentó
recurso de impugnación contra el fallo proferido el 12 de junio de 2017 por el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Montería solicitando
que se revocara la decisión del a quo, para que, en su lugar, le fuesen
amparados los derechos invocados en su demanda. Lo anterior por cuanto,
contrario a lo interpretado por el juez de primera instancia, el Tribunal
Indígena sí cumplió con todos los requisitos de competencia para juzgar a la
empresa Urrá.
A su parecer, el Tribunal Indígena satisfizo el
criterio personal, pues su labor fue determinar si ciertas personas eran miembros
o no de la comunidad Embera Katío del Alto Sinú, por
ende, si debían ser incluidas dentro del censo poblacional de la misma. En
segundo lugar, respecto de la competencia territorial, señaló que el conflicto
se presentó en el resguardo indígena Embera Katío del Alto Sinú, por lo tanto, eran competentes para dirimirlo. En
tercer lugar, frente al factor objetivo, señaló que la controversia giró en
torno a una discusión en la que la comunidad mayoritaria era el pueblo Embera
Katío del Alto Sinú, por tanto, el juez facultado para
resolverlo era el indígena.
Igualmente, indicó que la empresa Urrá en ningún
momento fue vinculada como parte dentro del proceso adelantado ante el Tribunal
Indígena, lo cual no fue necesario al tratarse de un conflicto entre la misma
comunidad y solo a ellos les correspondía resolverlo. El rol de la Empresa
correspondió únicamente al pago de las indemnizaciones por lo que en el fuero
de la jurisdicción especial indígena no debía interferir autoridad diferente a
ella misma, conforme a lo dispuesto por la Corte Constitucional en múltiples
oportunidades[16].
En
virtud de lo anterior, requirió el amparo de los derechos fundamentales a la
autonomía indígena, diversidad étnica y cultural y el ejercicio de su
jurisdicción, y solicitó que le ordenaran a la empresa Urrá acatar la decisión
tomada por el Tribunal de Justicia y Sabiduría en la que se determinó quiénes
pertenecían al pueblo Embera Katío del Alto Sinú para efectos de realizar el pago de indemnización
correspondiente.
3.
Decisión de segunda instancia
Tras expresar los impedimentos en que se encontraban
inmersos dos magistrados por haber sido declarados personas no gratas por el
pueblo Embera Katío del Alto
Sinú, la Sala Segunda de
Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba resolvió la impugnación
presentada, para lo cual solicitó al Ministerio del Interior emitir concepto
sobre el caso.
3.1. Intervención del Ministerio del Interior
El Ministerio del Interior manifestó que ha venido
brindando apoyo a los Embera Katío del Alto Sinú para
revisar el cumplimiento de los compromisos de la empresa Urrá y la
actualización de los listados censales. Recordó que había advertido sobre la
dificultad de realizar censos en esta comunidad dada su estructura segmentaria
y familias extensas, las cuales, por tradición, han sido celosas frente a estos
conteos. Indicó que tienen movilidad territorial y sus criterios de pertenencia
al grupo van más allá de la residencia física, por lo que invitó a las partes
del Acuerdo de Punto Final del 7 de noviembre de 2012 a considerar otras
variables complementarias para la identificación de indígenas pertenecientes al
pueblo Embera Katío del Alto
Sinú.
Frente a la solicitud del Tribunal Administrativo
acerca de informar si era posible que hubiesen quedado personas por fuera del
censo que resultó del Acuerdo de 2012, el Ministerio respondió afirmativamente.
Igualmente, se le preguntó si los miembros del pueblo Embera Katío del Alto Sinú, a través de sus Nokos, podían corregir, modificar o
adicionar su censo poblacional; respuesta que también fue afirmativa, aclarando
que se debía justificar el ingreso de cada nueva persona de conformidad con la
Ley 89 de 1890.
3.2 Conclusiones y órdenes en segunda
instancia
El Tribunal Administrativo de Córdoba, a través del
fallo proferido el 2 de agosto de 2017, amparó la protección de los derechos
fundamentales del Cabildo Mayor del Río Sinú y Río Verde del Pueblo Embera Katío
del Alto Sinú, en especial, el derecho a la auto identificación
de los miembros de su comunidad, el
derecho de acceso a la administración de justicia, el derecho a la igualdad y
el derecho a la supervivencia,
revocando la decisión de primera instancia.
A consideración del Tribunal Administrativo de Córdoba,
la empresa Urrá desconoció la decisión de
las autoridades indígenas legítimamente facultadas para incluir como
integrantes de su comunidad a un grupo de personas que no fueron tenidos en
cuenta en el censo que hizo parte del Acuerdo Final del 7 de noviembre de 2012.
La no inclusión de estas personas generó que no fueran reconocidas como beneficiarias de la indemnización ni de los
subsidios de alimentación y transporte correspondientes a lo ordenado por esta
Corte mediante Sentencia T-652 de 1998, y afectó las relaciones propias de la
comunidad ahondando las divisiones internas.
En
consecuencia, el ad quem ordenó a la empresa Urrá incluir dentro del
censo de beneficiarios de la indemnización a quienes fueron reconocidos como
tal por parte del Tribunal de Justicia y Sabiduría Indígena Embera Katío del
Alto Sinú, y proceder a realizar el cumplimiento y pago correspondiente. Así
mismo, definió que fueran los Nokos Mayores los encargados de definir
controversias en cuanto al origen de pertenencia del pueblo indígena.
Finalmente, señaló la necesidad de generar una reflexión entre los jueces
ordinarios en relación con el enfoque diferencial cuando se deciden asuntos que
involucran a comunidades indígenas y exhortó a la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura para promover en ese Distrito Judicial
medidas de coordinación interjurisdiccional y de interlocución entre los
pueblos indígenas asentados en el departamento de Córdoba y el sistema judicial
nacional.
III.
ACTUACIONES EN SEDE DE REVISIÓN
1. Solicitud de pruebas en Sede de Revisión:
Con
el propósito de clarificar los supuestos de hecho que motivaron la presente
acción de tutela y para un mejor proveer en el presente asunto, mediante Auto
del 16 de marzo de 2018, se suspendieron los términos de esta acción de tutela
y se requirió:
1.1. A las
autoridades indígenas de los Cabildos Mayores del Río Sinú y Río Verde
informar: (i) las razones por
las cuales los accionantes no fueron incluidos en el censo de la población
indígena Embera Katío del Alto Sinú con derecho a la indemnización, antes del
16 de mayo de 2017, fecha en la cual el Tribunal de Justicia y Sabiduría
Indígena ordenó incluirlos en el censo referido; (ii) las acciones adelantadas
por la empresa accionada para el cumplimiento del fallo del 2 de agosto de 2017
dictado por la Sala Segunda del Tribunal Administrativo de Córdoba.
Por medio de escrito, radicado el 12 de julio de 2018,
Vladimir Kladimir Kheythzmang, Domico Rubiano y Alejandro Domico respondieron a
la Corte Constitucional afirmando que no ha sido posible realizar el censo
poblacional de su comunidad por las siguientes razones: (i) la comunidad ha
sufrido amenazas de muerte y asesinatos por parte de grupos armados al conocer
que esta ha llevado a cabo protestas contra la empresa Urrá y contra el Estado;
y  (ii) el miedo ha llevado que muchas familias no permitan ser censadas por
temor a posibles represalias, lo cual ha beneficiado a la empresa al tener que
indemnizar menor cantidad de personas.
Igualmente alegan que la empresa Urrá ha hecho uso de
su poder económico, político y social para desconocer la autoridad indígena. Afirmaciones
que la comunidad étnica reitera ante el proceso surtido ante el Consejo de
Estado, sosteniendo que dicha autoridad judicial se extralimitó en sus
funciones, usurpando las facultades y competencias de la Corte Constitucional, con
el fin de decidir de manera favorable a la empresa accionada.
En virtud de lo anterior, solicitan que no se destruya
la autonomía del pueblo a auto identificarse e identificar a sus semejantes
como miembros de la comunidad así como proteger las costumbres culturales y su
autoridad indígena sea respetada. Afirman que, si bien la empresa Urrá
actualmente tiene poder económico gracias a la explotación de sus tierras, la
Corte Constitucional debe proteger a la comunidad indígena y la materialización
de sus derechos.
1.2. A la empresa Urrá informar sobre las
acciones adelantadas por esa entidad en cumplimiento del fallo de agosto 2 de
2017 dictado por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de
Córdoba.
Por medio de apoderado especial la empresa Urrá
respondió solicitud elevada por la Corte Constitucional; en ella informó que,
con el fin de dar cumplimiento a la orden dada a la empresa en decisión del 2
de agosto de 2017, solicitó a los Nokos mayores documentación consagrada en los
numerales 4, 5 y 6 del Acuerdo Final como necesaria para la acreditación de los
posibles beneficiarios de las indemnizaciones. Una vez recibida la información
encontró la empresa inconsistencias, por lo que solicitó a la comunidad Embera
Katío del Alto Sinú dar las explicaciones procedentes que resolvieran
dichas incongruencias[17].
Estas incompatibilidades fueron resueltas en audiencia del 26 de octubre de
2017 en la que se resolvió: (i) la empresa Urrá, en calidad de abono al fallo
proferido por el Tribunal Administrativo de Córdoba, debía cancelar la suma de
$1.7000.000;  (ii) el pago se debía hacer a través de los gobernadores locales
en calidad de representantes de las comunidades previa verificación documental;
(iii) el saldo que llegase a generarse sería cancelado una vez la Junta
Directiva de la empresa aprobara la desagregación del presupuesto.
Posteriormente, en escrito diferente, la empresa Urrá informó
sobre el rol del Ministerio del Interior en la elaboración del censo población
del pueblo Embera Katío del
Alto Sinú. Afirma estar de acuerdo con lo
manifestado por dicha entidad según lo cual el censo construido no fue una
imposición de la empresa sino resultado del ejercicio de actualización llevado
a cabo por las autoridades de la comunidad.
Igualmente, alega que reconoció la existencia de los
obstáculos propuestos por el Ministerio en su escrito, estos fueron
preliminares, ocasionales y temporales por lo que no afectaron la veracidad e
integridad del censo elaborado pues estas fueron superadas en virtud del
acompañamiento al proceso de censo por parte de diferentes entidades.
Sobre la consideración de potenciales miembros de la
comunidad excluidos del censo afirma que la Dirección no cuenta con fundamento
para determinar que del censo definitivo se hubieran podido excluir algunos
miembros de la comunidad indígena. Así mismo, contradice los efectos de la no
inclusión en el censo pues “el censo definido en el año 2012 fue precisamente
producto del derecho de libre determinación de los pueblos indígenas quienes
con total libertad actualizaron sus auto censos y definieron de forma definitiva
quienes eran sus integrantes y beneficiarios”[18].
Finalmente, en comunicación del 26 de junio de 2018,
la empresa informó sobre un hecho sobreviniente: la decisión de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado que resolvió, en segunda instancia, la acción de
tutela interpuesta por la empresa Urrá contra el Tribunal Administrativo de Córdoba,
tema que se desarrollará ampliamente más adelante.
1.3. A la Dirección de Asuntos Indígenas RrOM y Minorías
del Ministerio del Interior informar: (i) cómo fue su participación en la
elaboración del censo del Pueblo Embera Katío del Alto del Sinú en el marco del
Acuerdo de Punto Final del 7 de noviembre de 2012; (ii) las dificultades y los
desafíos que implicó censar a dicha comunidad; (iii) si a su consideración, pudieron
haber quedado algunas personas de la comunidad fuera del censo y cuáles
pudieron ser las causas de dicha situación; (iv) bajo su concepto, ¿cuáles
creen pueden ser los impactos a la comunidad de que algunas personas hubieran
quedado fuera del censo, y por ende, no legitimadas para recibir la
indemnización por parte de la empresa Urrá?; y (v) el censo actual de las
comunidades que pertenecen a los Cabildos Mayores del Río Sinú y Río Verde y de
sus autoridades.
Por medio del escrito del 18 de abril de 2018, el jefe
de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Interior —Byron Adolfo
Valdivieso Valdivieso— dio respuesta al requerimiento elevado por el Despacho Sustanciador.
En él informó que coordinó, el 18 de abril de 2012, una sesión de trabajo entre
las autoridades del pueblo Embera Katío del Alto Sinú y
representantes de la empresa Urrá cuyo objetivo era “concertar los criterios
necesarios para la actualización de los listados censales de todas las
comunidades, incluidas obviamente las amparadas por el fallo de tutela”[19].
Las principales conclusiones de dicha reunión fueron: (i) se definieron
requisitos para identificar que una persona hace parte de la comunidad; (ii)
cuando las comunidades tuvieran un censo avanzado se debería actualizar y no
hacer un nuevo barrido censal; (iii) una vez los listados estuvieran
actualizados, se conformaría un Comité de Revisión a fin de precisar si los
sujetos cumplían con los requisitos exigidos para ser considerados como
beneficiarios de la indemnización; entre otras.
En reunión de seguimiento, realizada el 5 de junio de
2012, se informaron los avances, entre los cuales se comunicaron, entre otros,
los siguientes: (i) debido a las divisiones internas de la comunidad Amborromia
esta no fue claramente incluida en las actualización de los datos censales;
(ii) se proyectó la terminación de actualización para más tardar el 21 de junio
de 2012; y (iii) el Comité de Censo se conformaría a partir del 9 de julio de
2012 y duraría hasta la terminación de la revisión de todos los listados
censales.
Conforme a los resultados del proceso de actualización
pactado entre la empresa Urrá, las autoridades indígenas, el Ministerio del
Interior DAIRM y la Defensoría del Pueblo, el 17 de octubre de 2012, se firmó
el Acuerdo Final.
Respecto de las pretensiones elevadas por los
accionantes manifestó que a la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del
Interior no le es posible acatar o cumplir con el fallo de las autoridades del
Tribunal Indígena, pues no fue parte en el proceso adelantado ante dicha
jurisdicción especializada. Frente a la discusión de la inclusión en el censo
poblacional advierte “que en varias oportunidades el Ministerio del
Interior, a través de la DAIRM, ha manifestado que existe la posibilidad de que
algunas personas hayan quedado excluidas del censo inicial por razones
culturales propias de la autonomía del pueblo Embera Katío”[20].
Finalmente, al no haber orden directa contra el Ministerio del Interior en la
decisión del Tribunal Indígena, solicita la entidad sea exonerada de la acción
de la referencia.
Por otro lado, el director de Asuntos Indígenas,
Minorías y Rrom del Ministerio del Interior —Horacio Guerrera García—, mediante
escrito del 11 de abril de 2018, dio respuesta al Auto del 16 de marzo de 2018,
reiterando lo expuesto por la Oficina Jurídica del mismo Ministerio. Adicionalmente,
expuso cuáles fueron los principales obstáculos frente a la constatación de los
beneficiarios de la indemnización: (i) fragmentación de la organización social
y política: actualmente existen más de 80 gobernadores los cuales no
representan ninguna comunidad sino conjunto de personas dispersas, lo cual
dificulta sobremanera la identificación en los listados, erosionando el
principio básico de organización social; (ii) cambios en la apropiación del
territorio: el conflicto armado y el ingreso de dineros ha estimulado la salida
del territorio y, por tanto, el abandono de prácticas tradicionales; (iii)
alteración de los patrones tradicionales de parentesco y parentales: se ha
presionado a las mujeres para que se embaracen y tengas más hijos, al tiempo
que parientes que residían fuera del Alto Sinú regresaran solo bajo la
expectativa de obtener dinero; (iv) realización de prácticas corruptas con los
dineros girados: “existe la queja generalizada que pese a los giros de la
empresa a los respectivos gobernadores, el dinero no llega a los beneficiarios”[21]; (v) sistemas
onerosos y perversos de endeudamiento: prestamistas no indígenas prestan dinero
a los gobernadores y miembros de la comunidad a una tasa del 20% solicitando
como garantía la tarjeta débito para que ellos mismos retiren; (vi) arreglos
económicos internos: acuerdos internos entre gobernadores y cabildos mayores
para cubrir los gastos de funcionamiento y pago de asesores, entre otros; (vii)
apertura de cuentas a título personal: las cuentas bancarias a las cuales la
empresa Urrá consigna las indemnizaciones se encuentran a nombre de los
gobernadores lo que “las hace altamente vulnerables a disposiciones
caprichosas  e incluso a embargo por deudas adquiridas por el líder”[22]; (viii)
saturación de la oferta de servicios profesionales: los abogados que han
fungido como representantes han ejercido presión para que se inicien procesos
judiciales con el fin de tener ingresos importantes a través del cobro de una
cuota litis del 50% o letras de cambio firmadas por los indígenas.
Concluye su intervención afirmando que la no inclusión
de una persona en el censo poblacional genera el desconocimiento como indígena
apartándolo de la comunidad, usos y costumbres, afectando “de manera directa su
cultura y forma de vida, dado que al desplazarlos al pueblo no podrán realizar
todas las actividades culturales que desarrollaban en el territorio ahora
ocupado por actividades de la empresa Urrá, violando así el principio de la
autodeterminación del pueblo indígena.”[23]
Anexa el censo de los Cabildos Mayores del Río Sinú y
Río Verde y sus autoridades.
1.4. Al Observatorio Étnico Centro de Cooperación Indígena (CECOIN), al
Observatorio para la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas en
Colombia (ADPI), al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad
(Dejusticia), a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) rendir
concepto sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la
autonomía indígena en conexidad con los derechos a la jurisdicción indígena y a
la diversidad étnica y cultural de los Cabildos Mayores del Río Sinú y Río
Verde y de los indígenas que hayan quedado excluidos del censo de la población
indígena, y por ende, no hubieran tenido derecho a la indemnización con cargo a
la empresa Urrá.
Ninguna de las organizaciones previamente señaladas
respondieron la comunicación de la Corte Constitucional por medio de la cual se
pretendía recabar información adicional para la revisión de la acción de la
referencia.
IV.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DECISIÓN
1.
Cuestión previa: Fallo a revisar
1.1. Como se estableció previamente, en el marco de la
acción de tutela interpuesta por los Nokos Mayores del Cabildo Mayor del Río Sinú y Río Verde, Eldarico
Lana Domico, Vladimir Kheythzmang Rubiano Domico y Aurelio Jarupia Domico,
pretendiendo el amparo de sus derechos fundamentales a la diversidad cultural,
a la autonomía y al ejercicio de la jurisdicción indígena, el Tribunal
Administrativo de Córdoba, mediante fallo de segunda instancia del 2 de agosto
de 2017, resolvió revocar la decisión que negaba las pretensiones requeridas
por los aquí peticionarios. De manera tal que se determinó que la empresa Urrá
desconoció las decisiones del Tribunal Indígena vulnerando el derecho a su
jurisdicción, y por tanto, le ordenó incluir las personas señaladas en el censo
de la comunidad y cancelar su indemnización.
1.2. Estando bajo revisión de la Corte Constitucional las decisiones
proferidas en el marco de la acción de tutela de la referencia, el 26 de junio
de 2018, el apoderado de la empresa Urrá —Fernando Ramírez Laguado— presentó escrito informando que la empresa Urrá presentó una acción de tutela contra el fallo del 2
de agosto de 2017 proferido por el Tribunal Administrativo de Córdoba por
considerar vulnerados sus derechos al debido proceso en virtud del fallo de
tutela de segunda instancia bajo estudio, proferido el 2 de agosto de 2017.
Para el efecto argumentó: (i) se configuró un perjuicio irremediable que
supera los $7.000.000.000 pues se pretende la indemnización de más de 300
nuevos miembros de la comunidad indígena, afectando el erario público por
tratarse de una empresa industrial y comercial del Estado; y (ii) que la
Corte Constitucional ya había resuelto esta discusión a través de la Sentencia
T-652 de 1998 razón por lo cual opera el principio de cosa juzgada, careciendo
de competencia el Tribunal Administrativo de Córdoba para resolver este asunto.
Conforme a lo anterior, la accionante solicitó la
revocatoria del fallo referido en el marco de la tutela interpuesta por
Eldarico Lana Domico, Vladimir Kheythzmang Rubiano Domico y Aurelio Jarupia
Domico, como Nokos del Cabildo Mayor del Río del Sinú y Río Verde.
1.3. La tutela fue admitida por la Sección Segunda, Subsección A, del
Consejo de Estado por medio del auto del 4 de septiembre de 2017 el cual
resolvió negar la solicitud de suspensión provisional pretendida por el
accionante.
En fallo de primera instancia, el 16 de noviembre de
2017, el a quo rechazó la acción por improcedente por, en primer lugar,
no cumplir con el requisito de subsidiariedad ya que el fallo que se
controvirtió se encontraba bajo revisión de la Corte Constitucional por lo que
procedía el recurso de insistencia. Y, en segundo lugar, no se
configuraron los requisitos establecidos en la Sentencia de Unificación SU-627
de 2015 para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra tutela
pues el accionante no logró demostrar la configuración del fenómeno de la “cosa
juzgada fraudulenta”.
Adicionalmente, se determinó la no causación de un
perjuicio irremediable pues no se evidenció de qué manera el pago de una
indemnización impuesta por la Corte Constitucional deriva en la afectación de
la existencia de la empresa accionante y, aún menos, del erario público.
En virtud de lo anterior, la Sección Segunda,
Subsección A, del Consejo de Estado consideró que “la parte accionante se
limitó a exponer la trasgresión en abstracto de determinadas normas
constitucionales, pero eludió la carga argumentativa y demostrativa de la
concreta afectación de las garantías fundamentales que invocaba”[24].
1.4. Presentado el recurso de impugnación, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado profirió fallo de segunda instancia el 14 de junio de 2018 mediante el
cual resolvió los siguientes problemas jurídicos: (i) ¿procede la acción
de tutela ante la posible existencia de otro medio de defensa y contra
sentencias proferidas en el marco de otra tutela?; y (ii) ¿el Tribunal
vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la empresa Urrá en virtud
del fallo del 2 de agosto de 2017?
Frente al primer interrogante, el ad quem
manifestó que, contrario a lo dispuesto en decisión de primera instancia, la
insistencia ante la Sala de Selección de la Corte Constitucional no es el
mecanismo idóneo por ser aleatorio y facultativo afirmando por tanto que no existe
otro medio de defensa judicial eficaz de los derechos presuntamente vulnerados.
Respecto de la posibilidad de interponer tutela sobre
tutela determinó el juez de segunda instancia que es procedente de manera
excepcional cuando: (i) la providencia no haya sido proferida por la
Corte Constitucional, (ii) cuando no exista otro medio de defensa o (iii)
cuando se presente una evidente vulneración de derechos fundamentales o la
sentencia cuestionada sea producto de una situación de fraude a la ley. En el
caso analizado se determinó que era procedente la acción de tutela pues la
decisión tomada por el Tribunal Indígena “sin duda, vulneró abiertamente el
derecho fundamental al debido proceso de la Empresa Urrá, en tanto dispuso a
quiénes debe dicha empresa pagar la indemnización ordenada en la sentencia
T-652 de 1998, como se mencionó, sin competencia para hacerlo”[25].
En conclusión, el juez de segunda instancia consideró
que se vulneró el derecho fundamental al debido proceso pues se incurrió en un
defecto orgánico al haber proferido una orden en contra de una empresa
industrial y comercial del Estado, sin tener la competencia para ello,
causándole un perjuicio irremediable que supera los $7.000.000.000. En
consecuencia, amparó los derechos invocados por la empresa accionante y revocó
la decisión de primera instancia del 16 de noviembre de 2017. En su lugar, dejó
sin efectos la decisión del 2 de agosto de 2017 proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, juez de segunda instancia en la tutela interpuesta
por los Nokos Mayores contra la empresa Urrá[26].
1.5. Conforme a la orden número 3 el expediente de tutela fue remitido a la
Corte Constitucional; la Sala de Selección de Tutelas Número 8 de 2018, por
medio del Auto del 16 de agosto de esa anualidad, no seleccionó el expediente
T-6.889.994[27]
relativo a la acción de tutela presentada por la empresa Urrá. La Corte
Constitucional ha señalado en su jurisprudencia que la no selección de un
expediente de tutela para su revisión tiene como consecuencias:
“(i) la ejecutoria formal y material de
la sentencia de segunda instancia; (ii) la configuración del fenómeno de la
cosa juzgada constitucional que hace la decisión inmutable e inmodificable,
salvo la eventualidad de que la sentencia sea anulable por parte de la misma
Corte Constitucional de conformidad con la ley; y (iii) la improcedencia de
tutela contra tutela”[28].
La
procedencia de la cosa juzgada constitucional sobre fallos de tutela no
seleccionados por la Corte Constitucional, tiene como fundamento la salvaguarda
del principio a la seguridad jurídica, así como la protección efectiva de los
derechos fundamentales, pues podría conducir a una situación indeterminada
frente a las decisiones de los jueces constitucionales. En particular, la Corte
Constitucional señaló en la Sentencia SU-1219 de 2001:
“Admitir que los fallos de tutela definitivamente
decididos o excluidos para revisión sean luego objeto de una nueva acción de
tutela, sería como instituir un recurso adicional ante la Corte Constitucional
para la insistencia en la revisión de un proceso de tutela ya concluido, lo
cual es contrario a la Constitución (art. 86 C.P.), a la ley (art. 33 del
Decreto 2591 de 1991) y a las normas reglamentarias en la materia (arts. 49 a
52 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional). Las Salas de Selección
de la Corte Constitucional, salvo sus facultades legales y reglamentarias, no
tienen la facultad de seleccionar lo que ya ha sido excluido de selección para
revisión ni una acción de tutela contra uno de sus fallos de tutela. Esto por
una poderosa razón. Decidido un caso por la Corte Constitucional o terminado el
proceso de selección para revisión y precluido el lapso establecido para
insistir en la selección de un proceso de tutela para revisión (art. 33 del
Decreto 2591 de 1991 y art. 49 a 52 del Reglamento Interno de la Corte
Constitucional), opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional (art. 243
numeral 1 C.P.). Una vez ha quedado definitivamente en firme una sentencia de
tutela por decisión judicial de la Corte Constitucional, no hay lugar a reabrir
el debate sobre lo decidido”[29]
En el caso sub examine, la sentencia proferida
por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, con fecha del 14 de junio de 2018, fue radicada en esta Corporación
para su eventual selección, el 25 de julio del presente año, bajo el número de Expediente
T-6.889.994. Dado el rango del expediente, su revisión correspondió a la Sala
de Selección del mes de agosto de 2018, la cual mediante auto del 16 de dicho
mes y anualidad, resolvió su no selección. Conforme a lo anterior, al no haber
sido seleccionado por la Sala de Selección Número 8, el fallo del 14 de junio
de 2018 proferido por el Consejo de Estado hace tránsito a cosa juzgada
constitucional, tornándose vinculante, en los términos de la jurisprudencia de
esta Corporación[30].
De manera que no es
procedente en este caso que esta Sala entre a analizar esa providencia judicial,
así como si se cumplieron los requisitos jurisprudenciales establecidos para
determinar la procedencia excepcional de la acción de tutela contra tutela, materia
que ya fue resuelta por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en la decisión mencionada.
Adicionalmente, encuentra esta Sala de Revisión improcedente determinar si la
actuación realizada por la empresa Urrá a través de la interposición de la acción
de tutela contra la tutela que es objeto de revisión en esta oportunidad por
este Tribunal configura una actuación procesal de mala fe.
1.6. En virtud de lo anterior, de acuerdo con la decisión de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, solo perdió efectos la sentencia de segunda
instancia proferida el 2 de agosto de 2017 del Tribunal Administrativo de
Córdoba. Por lo anterior, la decisión de primera instancia del 12 de junio de
2017, emitida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Montería, siguió vigente.
1.7. Teniendo en cuenta lo anterior, en el caso sub examine la Sala
de Revisión procederá a revisar el fallo de primera instancia adoptado el 12 de
junio de 2017 por el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Montería, que negó el amparo invocado por los Nokos Mayores[31].
2.
Competencia
La
Corte Constitucional, por conducto de esta Sala de Revisión, es competente para
revisar la sentencia proferida dentro del proceso de la referencia con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991.
3.
Problemas jurídicos y esquema de resolución
Como
se expuso, la Sala de Revisión entrará a analizar el fallo proferido el 12 de
junio de 2017 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Montería,
juez de primera instancia, por medio del cual resolvió negar el amparo promovido
por los señores Eldarico Lana Domico, Vladimir Kheythzmang Rubiano Domico y
Aurelio Jarupia Domico, Nokos Mayores del Cabildo Mayor del Río Sinú y Río
Verde.
Teniendo
en cuenta las situaciones fácticas planteadas y el acervo probatorio
recolectado, le corresponde a la Sala Quinta de Revisión determinar el
siguiente problema jurídico: ¿La empresa Urrá vulneró los derechos fundamentales a la diversidad cultural, a la
autonomía y al ejercicio de la jurisdicción indígena de los accionantes al no cumplir la decisión emitida
por el Tribunal Indígena que le ordenó cancelar una indemnización en favor de
personas que no estaban incluidas en el censo poblacional que fue tenido en
cuenta en el Acuerdo de Punto Final concertado entre las partes en el año 2012,
en cumplimiento de una orden emitida por esta Corporación en la Sentencia T-652
de 1998?
Para
resolver el problema jurídico planteado, la Sala de Revisión: (i)
reiterará la jurisprudencia relativa a la garantía de la Jurisdicción Especial
Indígena; (ii) los límites de dicha jurisdicción; (iii) los
principios de la buena fe, la confianza legítima y el respeto al acto propio; y (iv) examinará el caso concreto.
4.
Análisis sobre la procedencia de la acción de tutela en el caso sub examine
Con
el fin de estudiar el fondo del asunto expuesto por los accionantes, la Sala
procederá a verificar previamente el cumplimiento de requisitos de
procedibilidad, pronunciándose sobre: (i) la legitimación por activa; (ii) la legitimación
por pasiva; (iii) la inmediatez; y (iv) la subsidiariedad.
4.1. Legitimación por activa de los líderes indígenas
para interponer acción de tutela
El requisito de legitimación por activa se encuentra
regulado en el artículo 86 constitucional y en el artículo 10 del Decreto 2591
de 1991 según los cuales todo aquel que acuda a la acción de tutela debe tener
un interés directo y particular sobre el amparo solicitado ante el juez
constitucional[32],
de manera que el derecho sea propio del accionante y no de otra persona[33]. En
particular, en pronunciamientos de esta Corporación, se ha determinado que “los
derechos de las comunidades indígenas pueden ser defendidos por sus dirigentes
o sus miembros, pues estos ‘gozan de legitimidad para reclamar en sede
de tutela la protección de los derechos fundamentales de los cuales goza su
comunidad’”[34].
De manera tal que los señores Eldarico Lana Domico, Vladimir Kheythzmang
Rubiano Domico y Aurelio Jarupia Domico, como Nokos y autoridades del Cabildo
Mayor del Río del Sinú y Río Verde, se encuentran legitimados para interponer
acción de tutela a favor de la comunidad Embera Katío del Alto Sinú.
4.2. Legitimación por pasiva de la empresa Urrá
La posibilidad de interponer una acción de tutela
contra particulares fue dispuesta en el artículo 86, inciso final, de la
Constitución Política, según el cual “la acción de tutela procede contra
particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta
afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el
solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”[35]. En
particular, en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 se señalan las
modalidades de acción de tutela contra particulares.
En el caso sub examine, la accionada es la
empresa Urrá sociedad de economía mixta, descentralizada del orden nacional,
encargada de generar y comercializar la energía eléctrica que produce la
Central Hidroeléctrica de Urrá, ubicada en Tierralta, Córdoba, así como “la
prestación de servicios conexos o relacionados con la actividad de servicios
públicos, de acuerdo con el marco legal y regulatorio”[36]. De manera
tal, que la acción promovida contra la empresa Urrá es procedente de acuerdo
con el artículo 86 Superior y por ser esta sobre quien recae la presunta conducta
vulneratoria de los derechos invocados por el pueblo Embera Katío del Alto Sinú.
4.3. Cumplimiento del requisito de inmediatez
Como
requisito fundamental para determinar la procedencia de la tutela se ha
determinado en la jurisprudencia constitucional la oportunidad temporal para
interponer esta acción. Si bien no se ha establecido un plazo de caducidad para
la acción de tutela esta debe ser interpuesta en un lapso razonable y
proporcionado con el fin de preservar la naturaleza de la solicitud de amparo
como remedio urgente e imperioso ante una situación vulneratoria de los
derechos fundamentales[37].
Considera
esta Sala que en el curso del proceso ante la jurisdicción indígena, la empresa
Urrá manifestó —mediante solicitud de nulidad del fallo del 16 de mayo, radicada
el día 22 del mismo mes y misma anualidad[38]—,
que no aceptaba la inclusión de las nuevas personas en el censo en virtud del
Acuerdo Final pactado con los Nokos Mayores y, por tanto, no era procedente la
cancelación de nuevas indemnizaciones. Dada esa manifestación, la comunidad
acudió de manera inmediata a la acción de tutela con el fin de buscar
protección a sus derechos a la autonomía, a la diversidad étnica y cultural y
al ejercicio de la jurisdicción indígena mediante acción de tutela radicada el día
30 de mayo de 2017. En virtud de lo anterior, encuentra esta Sala procedente la
acción de tutela como mecanismo excepcional para buscar la protección de los
derechos a la comunidad Embera Katío del Alto Sinú pues, si bien no se encuentra un tiempo prolongado
entre el incumplimiento y la interposición de la acción de tutela, sí se advirtió
una negativa al acatamiento de la inclusión de nuevas personas al ya pactado
censo, lo que podría derivar en una vulneración a los derechos fundamentales de
los accionantes, como se pasará a analizar más adelante.
4.4. Requisito de subsidiariedad
Se
ha determinado que los pueblos indígenas son sujetos de especial protección
constitucional, conforme a lo dispuesto en los artículos 7, 10 y 70 Superiores
y en basta jurisprudencia de esta Corporación[39].
En la Sentencia SU-097 de 2017, “la Corte
Constitucional ha considerado, en jurisprudencia constante, pacífica y
uniforme, que la acción de tutela procede como mecanismo preferente para la
protección de los derechos de los pueblos indígenas”. De manera tal
que es conducente solicitar por medio de la acción de tutela la protección y
garantía del derecho al ejercicio de la jurisdicción indígena para garantizar
los derechos fundamentales a los pueblos indígenas por ser el mecanismo ideal y
eficiente para garantizar dicha protección.
Adicionalmente, encuentra esta Sala que no podría exigírsele a una
comunidad indígena que conduzca acciones para el cumplimiento de una decisión
proferida en ejercicio de su jurisdicción a través de mecanismos ordinarios,
pues esto desconocería la autonomía y el ejercicio de la justicia indígena. Situación
esta que no acontece con la interposición de la acción de tutela por ser esta
un mecanismo excepcional, usado como última opción encaminada a garantizar los
derechos fundamentales de quien interponen la acción.
En
virtud de lo anterior, esta Sala determinó que la acción interpuesta por los Nokos
Mayores es procedente como mecanismo de defensa judicial para lograr la
protección de los derechos fundamentales del pueblo Embera Katío del Alto Sinú a
la diversidad cultural, a la autonomía y al ejercicio de la jurisdicción
especial indígena; además, ya fueron sorteados los dispositivos internos de la
jurisdicción indígena para que la empresa Urrá diera cumplimiento a lo ordenado
por el Tribunal Indígena en decisión del 20 de agosto de 2016, esto es: (i)
proferir el Acta 001 de 2017 mediante la cual se dejó sin efectos la Sentencia
de fecha 20 de agosto del 2016, para en su lugar (ii) expresar en su lugar un
nuevo fallo el 16 de mayo de 2017, mediante el cual ordenó la inclusión en el
censo poblacional de Luz Irene Domico Bailarin y otros, y (iii) resolver la
nulidad presentada contra dicha decisión de manera negativa.
5. Análisis de Fondo
5.1. Garantía de la jurisdicción indígena. Reiteración
jurisprudencial
La protección al desarrollo de la jurisdicción
indígena proviene de diferentes fuentes en el ordenamiento colombiano. La
protección constitucional deviene de la Constitución donde el Constituyente Primario
materializó la protección a los pueblos indígenas a tener y ejercer una
jurisdicción propia a través de los artículos 7, 86 y 246 constitucionales, los
cuales fueron desarrollados conforme a su cosmogonía y sus creencias, siempre de
acuerdo con las disposiciones legales del Estado colombiano. Lo anterior
conforme a lo dispuesto en el numeral
2 del artículo 8 del Convenio 169 de la OIT, el cual establece que los pueblos
indígenas tienen el derecho a conservar sus costumbres, incluida la construcción
de mecanismos de resolución de conflictos, siempre que sean compatibles con los
derechos fundamentales determinados en la Constitución.
Ante acción de inconstitucionalidad contra los
artículos 1, 5 y 40 de la Ley 89 de 1890 esta Corporación profirió la Sentencia
C-139 de 1996 en la que se reiteró que el reconocimiento de la jurisdicción
indígena proviene de la Constitución misma la cual, en su artículo 246, dispone
que las autoridades indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales en el
marco de la Carta Política y las leyes de la República. Igualmente estableció
como límite al ejercicio de la jurisdicción indígena el desconocimiento de
preceptos constitucionales o legales, límite que se materializa en la
afectación de un “principio constitucional o un derecho individual de alguno de
los miembros de la comunidad o de una persona ajena a ésta, principio o derecho
que debe ser de mayor jerarquía que el derecho colectivo a la diversidad”[40].
El ejercicio de la jurisdicción indígena, de
conformidad con la interpretación del artículo 246 constitucional, se
fundamenta en 4 elementos centrales:
(i) La posibilidad de que existan
autoridades judiciales propias de los pueblos indígenas; (ii) La potestad de
esas autoridades de establecer normas y procedimientos propios; (iii) La
sujeción de dicha jurisdicción y normas a la Constitución y la ley, y (iv) La
competencia del legislador para señalar la forma de coordinación de la
jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional[41].
Con el fin de dotar de alcance a dicha jurisdicción,
ante ausencia de regulación legislativa, esta Corporación profirió la Sentencia
T-1070 de 2005 en la que determinó criterios para definir en qué situaciones
está llamada a operar la jurisdicción indígena:
“(…) el fuero indígena comprende dos
factores determinantes, el personal con el que se busca establecer que
los sujetos de juzgamiento, activo y pasivo, forman parte de una comunidad
indígena y que como tal deben ser sometidos a juicio de acuerdo con las normas
y las autoridades de su propia comunidad[42],
y el territorial “que permite que cada comunidad pueda juzgar las conductas que
tengan ocurrencia dentro de su territorio, de acuerdo con sus propias normas”[43].
También ha precisado la jurisprudencia que el cumplimiento de estos dos
factores y, en consecuencia, la activación de la jurisdicción especial
indígena, tiene como condición previa la existencia de una autoridad
comunitaria con competencia territorial y personal y con capacidad de emitir un
juicio conforme a un sistema jurídico tradicional, autoridad que a su vez debe
estar dispuesta a asumir el juzgamiento”.
Posteriormente, la Sentencia C-882 de 2011 definió los
criterios para determinar en qué casos las comunidades indígenas pueden
administrar justicia:
“[l]a Corte ha acudido a los tres criterios
tradicionales empleados en el derecho para determinar la competencia: (i)
el criterio personal, (ii) el criterio territorial y (iii) el
criterio objetivo o de la materia. En cada caso es necesario examinar la
presencia de alguno o varios de estos criterios –aunque no es necesario que
siempre concurran los tres- y la importancia que el factor cultural tiene”[44]
(i) Con el factor personal se determinan los sujetos de juzgamiento y de la
relación procesal, activa y pasiva. La
Corte ha señalado que las comunidades indígenas deben ocuparse del juzgamiento
de sus propios integrantes. Es más, para la Corte, la pertenencia a una
comunidad otorga a sus miembros un fuero especial conforme al cual deben ser
juzgados por sus propias autoridades y según el derecho propio.
(ii) Por otra parte, el fuero de jurisdicción
garantiza el respeto por la
particular cosmovisión de las comunidades indígenas[45]. No
obstante, es necesario aclarar
en relación con este elemento que no es suficiente con que el sujeto haga parte
de la comunidad, es preciso además, que esté integrado a ella y viva según sus
usos y costumbres.
(iii) Al mismo tiempo, el factor territorial permite que cada
comunidad pueda juzgar las conductas cometidas en su ámbito territorial y
aplicar su sistema jurídico dentro del mismo[46]. La jurisprudencia ha considerado que este elemento se
refiere de manera concreta a la existencia de una comunidad indígena organizada
con vocación de pertenencia sobre la tierra que ocupa y con su convivencia
regida por su cultura.
(iv) El factor objetivo, finalmente, hace referencia a las materias sobre las
que versan las controversias que deben ser dirimidas. La Corte ha sostenido que
las comunidades indígenas pueden conocer de casi cualquier tipo de controversia
que suscite la aplicación de su derecho propio.[47]
Sin embargo, estos criterios no son absolutos, ya que
la jurisdicción indígena debe respetar los valores, principios y derechos
fundamentales que constituyen el núcleo esencial de la Constitución Política de
1991, así como los Derechos Humanos. Así por ejemplo, (i) en casos de
conductas realizadas en el territorio de una comunidad pero que causan daños a
terceros ajenos a la misma, es posible que el asunto deba ser juzgado por la
jurisdicción ordinaria[48].
(ii) De igual forma, como en el caso analizado en la Sentencia
T-496 de 1996[49],
es factible que pese a que una conducta reprochada por una comunidad haya sido
cometida por uno de sus miembros dentro de su territorio, el caso deba ser
remitido a la jurisdicción nacional debido a la no pertenencia de la víctima a
la comunidad y al grado de integración del infractor a la cultura mayoritaria[50].
(iii) También es plausible, como en el caso examinado en la Sentencia T-1238 de 2004[51], que una falta que tuvo
lugar fuera del territorio, deba ser sometida a la jurisdicción de la comunidad
por haberse realizado contra un miembro de la misma”[52].
En conclusión, para que la jurisdicción indígena sea
procedente, “se requiere que
la conducta que pretende someterse a su conocimiento pueda ser reconducida a un
ámbito cultural, en razón de la calidad de los sujetos activos y pasivos, del
territorio en donde tuvo ocurrencia, y de la existencia en el mismo de una
autoridad tradicional con vocación para ejercer la jurisdicción de acuerdo con
las normas y procedimientos de la comunidad”[53].
5.2. Límites a la jurisdicción especial indígena
La Corte Constitucional en la Sentencia T–921 de 2013[54] reconoció la existencia de los siguientes
límites a la jurisdicción especial indígena: (i) Los derechos fundamentales y su vigencia al interior
de los territorios indígenas, por lo que no se puede afectar el núcleo esencial
de los derechos humanos; (ii) La garantía de la Constitución y la
ley y, en especial, el debido proceso y el derecho de defensa; (iii) Lo
que verdaderamente resulte intolerable por atentar contra los bienes más
preciados del hombre constituidos por los Derechos Humanos, el derecho a la
vida, por las prohibiciones de la tortura y la esclavitud y, por legalidad del
procedimiento y de los delitos y de las penas; (iv) Evitar la
realización o consumación de actos arbitrarios que lesionen gravemente la
dignidad humana[55].
Particularmente, en relación con el debido proceso
como límite a la jurisdicción especial indígena, la Corte Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades. Mediante
la Sentencia T-048 de 2002[56]
conoció de un caso en el que el tutelante era un indígena que alegaba que el
Cabildo le había vulnerado su derecho al debido proceso al expulsarlo de la
comunidad a raíz de un proceso que nunca conoció y en el que no tuvo la oportunidad
de ejercer su derecho a la defensa. La Corte determinó que el Cabildo había
vulnerado su derecho al debido proceso, ya que “lo sancionó (i) sin
seguir el procedimiento que para el efecto prevé su propio reglamento interno (…)
(ii) sin investigar las nueve acusaciones que le fueron formuladas (…), y (iii)
sin haberle dado la oportunidad de explicar su conducta” En esa oportunidad, la
Corte reiteró las reglas ya establecidas sobre los límites a la jurisdicción
indígena en cuanto al respeto a la legalidad de los procedimientos internos de
cada comunidad[57].
Ahora bien, con respecto al elemento del juez
natural como elemento constitutivo del debido proceso, la Corte
Constitucional lo definió como:
“La garantía constitucional del
justiciable consistente en que la autoridad a la que se somete la controversia
jurídica debe estar revestida de la competencia para conocer dicho asunto, con
fundamento en la Constitución o la ley. El desconocimiento del juez natural
constituye una violación del derecho al debido proceso, ya que implica la
ausencia de uno de sus elementos fundamentales, esto es, que la valoración
jurídica sea llevada a cabo por quien tiene la facultad y la autoridad para
hacerlo, de modo que exista un fundamento para asumir las cargas e implicaciones
que de ella se derivan”[58].
Dentro de los mínimos expuestos, la Corte
Constitucional determinó que un claro límite a la jurisdicción indígena es el
derecho al debido proceso. En particular, en la Sentencia T-523 de 1997 indicó:
“[…] el derecho al debido proceso constituye un límite a la
jurisdicción especial, lo que implica el cumplimiento de reglas acordes con la
especificidad de la organización social, política y jurídica de la comunidad de
que se trate. Es obvio, que este límite no exige que las prácticas y
procedimientos deban ser llevadas a cabo de la misma manera que como lo hacían
los antepasados, porque el derecho de las comunidades indígenas, como cualquier
sistema jurídico, puede ser dinámico. Lo que se requiere, es el cumplimiento de
aquellas actuaciones que el acusado pueda prever y que se acerquen a las
prácticas tradicionales que sirven de sustento a la cohesión social”[59]
Así, la regla general es que todas las personas se
encuentran cobijadas por la competencia del juez ordinario salvo las excepciones
legalmente establecidas, como la jurisdicción indígena que representa un fuero
especial. Sin embargo, dado que la regla general es la autoridad ordinaria, “la
competencia de las otras jurisdicciones debe interpretarse de manera
restringida, por tratarse de una excepción a la regla general de competencia”[60]. Esto, con
el fin de salvaguardar la recta administración de justicia, pues se pretende
proteger que todas las personas sean judicializadas por las autoridades
competentes evitando cualquier arbitrariedad por parte de las autoridades que
administran justicia.
Esta garantía no solo está consagrada en el
ordenamiento colombiano en el artículo 29 Constitucional, también en la
Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 8, numeral 1, según el
cual “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y
dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente
e imparcial, establecido con anterioridad por la ley” (énfasis
añadido).
Con el fin de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es necesario primeramente identificar el juez competente para lo
cual esta Corporación ha determinado los siguientes criterios:
“(i) legalidad, en cuanto debe ser
definida por la ley; (ii) imperatividad, lo que significa que es de obligatoria
observancia y no se puede derogar por la voluntad de las partes; (iii)
inmodificabilidad, en tanto no se puede variar o cambiar en el curso del
proceso (perpetuatio jurisdictionis); (iv) indelegabilidad, ya que no puede ser
cedida o delegada por la autoridad que la detenta legalmente; y (v) es de orden
público, en razón a que se sustenta o fundamenta en principios y criterios que
se relacionan con la prevalencia del interés general”[61].
Como se estableció, la jurisdicción indígena es
aplicable a aquellas personas que por pertenecer a una comunidad étnica —de
conformidad con los términos señalados por la Corte Constitucional — pueden ser juzgadas por autoridades propias
de su etnia conforme a sus normas y procedimientos, situación que se presenta
de manera excepcional y tiene como límite para su aplicación los derechos
fundamentales consagrados en la Constitución, incluido el derecho al debido
proceso.
Un elemento constitutivo de la garantía del juez
natural como elemento propio del debido proceso es que las personas que serán
sujetas de administración de justicia pueden prever cuál es la autoridad
jurisdiccional que los va a procesar y que, eventualmente, los podría
sancionar.
5.3. Los principios de la buena fe, la confianza
legítima y el respeto al acto propio
La buena fe es un principio plasmado en el artículo 83
de la Constitución Política y exige que:
“[l]as actuaciones de los particulares y de
las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la
cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”[62]. La
Corte Constitucional la ha definido como “el valor ético de la confianza y
significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá,
en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y
normalmente ha producido en casos análogos”[63].
Derivado de este principio se encuentra el respeto por
el acto propio que se puede sintetizar en un parámetro de conducta que obliga a
actuar de manera coherente[64].
La Corte señaló que como consecuencia del principio de la buena fe se
constituye la institución del respeto al acto propio, el cual “sanciona
entonces, como inadmisible toda pretensión lícita, pero objetivamente
contradictoria, con respecto al propio comportamiento efectuado por el sujeto”,
el cual halla su fundamento en la confianza que emana en los dos sujetos de
buena fe como resultado de una primera conducta realizada, así “[e]sta
buena fe quedaría vulnerada, si fuese admisible aceptar y dar curso a una
pretensión posterior y contradictoria” [65].
El acto propio va de la mano con las expectativas
legítimas que este genera. Así, cuando de un sujeto emana una conducta que
genera una confianza en su destinatario, no sería admisible que el primero se
separe de las decisiones anteriores anulando las expectativas que con ellas ha
generado[66].
Esta Corporación ha compilado[67] y resumido[68]
los requisitos que pueden hacer exigible el principio por el respecto del acto
propio así:
“(i) en primer lugar, es necesario que haya
sido proferido un acto en virtud del cual fuese creada una situación concreta
que genere, de manera cierta, un sentimiento de confianza en un sujeto. Tal
expectativa ha de consistir en que la persona pueda considerar de manera razonable
que es el titular de una posición jurídica definida. (ii) En segundo término,
es preciso que la decisión que ha favorecido el surgimiento de la situación que
acaba de ser descrita y, en consecuencia, de la confianza legítima, haya sido
objeto de modificación de manera súbita y unilateral. -Una vez más, es preciso
reiterar que no necesariamente la conducta posterior se encuentra prohibida por
el ordenamiento pues el fundamento de la restricción no se encuentra en una
disposición normativa sino en la expectativa que la decisión precedente ha
generado en el destinatario-. (iii) Para terminar, es necesario que exista
identidad entre los sujetos entre los cuales prosperó la situación concreta y
que se modifique el objeto de la aludida situación, el cual es, precisamente,
el contenido que ha sido objeto de alteración”[69].
En este sentido, la confianza que nace en el titular
no es generada por “la convicción de la apariencia de legalidad”[70]
“sino por la seguridad de haber obtenido una determinada posición jurídica
favorable”[71].
Lo contrario afectaría la buena fe (y con ella la confianza legítima y el
respeto del acto propio) y la seguridad jurídica[72].
De acuerdo con las consideraciones expuestas, procede
la Sala de Revisión a resolver el caso concreto.
5.4. Resolución constitucional del caso concreto
El presente asunto versa sobre la
inconformidad de los Nokos Mayores del Cabildo Mayor del Rio Sinú y Rio Verde
por el presunto incumplimiento por parte de la empresa Urrá de un fallo que fue
dictado por el Tribunal Indígena de
Justicia y Sabiduría Indígena,
el cual ordenó incluir dentro del censo poblacional de la comunidad Embera
Katío del Alto Sinú a nuevas personas, y por ende, reconocerles a su favor
una indemnización financiera en virtud de lo señalado en la Sentencia T-652 de
1998. En dicha oportunidad se condenó a la accionada por los daños causados por
la creación de una hidroeléctrica en su territorio ancestral.
Previo a la resolución del caso concreto, la Sala advierte
que la presente discusión es de especial relevancia constitucional por
tratarse, de un lado, de la defensa de los derechos fundamentales a la
diversidad cultural, a la autonomía y al ejercicio de la jurisdicción especial
indígena del pueblo Embera Katío
del Alto Sinú, sujeto de especial protección
constitucional, pues alegan el desconocimiento de la competencia de sus
autoridades para decidir una materia que afirman les compete, como lo es la
inclusión en el censo y la determinación del pago de indemnización. Por otro
lado, el derecho al debido proceso de una empresa que afirma no está sometida a
la jurisdicción especial indígena, la cual le está imponiendo una condena
patrimonial por parte de una autoridad que no es su juez natural.
De conformidad con lo expuesto previamente, y
reiterando la jurisprudencia constitucional, en el presente caso la Sala
comprueba que el Tribunal de Justicia y Sabiduría Indígena no tenía competencia
para imponer órdenes unilaterales a la empresa Urrá, ya que no cumple con los
criterios personal y objetivo (o de la materia), y por lo tanto, la empresa
Urrá, en el caso sub examine, no vulneró los derechos fundamentales
invocados por la comunidad indígena, al no cumplir con una orden proferida por
dicha autoridad. En virtud de lo anterior, se advierte que el Tribunal Indígena
excedió la competencia y límites de su jurisdicción, en tanto judicializó a su
contraparte sin estar facultado para el efecto, tal como se pasa a explicar.
Conforme al elemento personal, para que la
jurisdicción indígena sea competente para judicializar a la empresa Urrá, se
requiere comprobar no solo la pertenencia de esta al pueblo Embera Katío del Alto Sinú, sino además, que estuviera integrada a la comunidad
de manera tal que hubiera adoptado sus usos y costumbres. En esta oportunidad,
no se evidencian tales elementos, pues no se comprueba de qué manera la empresa
podría ser considera como parte de la comunidad, ni mucho menos que compartiera
sus usos y costumbres, pues el único contacto entre la accionada y los Nokos
Mayores del pueblo Embera Katío del
Alto Sinú ha sido las
negociaciones, por más de 10 años, para dar cumplimiento a las órdenes
impuestas por la Corte Constitucional en Sentencia T-652 de 1998. De manera tal
que la demandada se encuentra vinculada al litigio con los Nokos Mayores por
decisiones del juez ordinario supremo constitucional, a quien la empresa ha
reconocido como autoridad competente para decidir sobre la discusión de fondo.
En virtud de lo anterior, encuentra la Sala no superado el requisito subjetivo
para la procedencia de la jurisdicción indígena.
Respecto del elemento objetivo, tampoco se
encuentra cumplido, en tanto la presente discusión versa sobre un punto resuelto
por la jurisdicción constitucional, y es la procedencia de indemnizaciones a
favor de la población perteneciente al pueblo Embera Katío del Alto Sinú en virtud de los daños causados por la construcción
de la hidroeléctrica en su territorio ancestral, como proyecto de la empresa
Urrá.
Finalmente, tampoco se encuentra que exista una
autoridad competente para ejercer la
jurisdicción indígena en este caso pues si bien en el "Reglamento Interno de la
Comunidad Embera Katío del Alto Sinú del Municipio de Tierralta Córdoba” se
dispuso la creación del Tribunal de
Justicia y Sabiduría Indígena, en su artículo 42 se estableció como su función la
de determinar quiénes eran miembros de la comunidad, cuya determinación sí es
competencia de la propia comunidad, mientras que determinar eventuales titulares
de la indemnización ordenada por este Tribunal y ya pactada en el Acuerdo de
Punto Final, se traduce necesariamente en una orden a un tercero ajeno a su competencia
y jurisdicción. Así, la competencia del Tribunal Indígena radica en la
definición de quiénes son miembros de su comunidad, más no en imponer
indemnizaciones a sujetos externos a la comunidad, como acontece en este caso con
la empresa Urrá.
Lo
realizado por el Tribunal Indígena conforme a lo expuesto, excedió los límites de
la Jurisdicción Especial Indígena. Por tanto, encuentra esta Sala que el Tribunal de Justicia y
Sabiduría Indígena no era competente para proferir
la decisión del 20 de agosto de 2016 en lo referente a la orden de
indemnización que pesa contra la empresa Urrá; de hecho, al suplantar la esfera
del juez ordinario, ese tribunal especial desconoció que el accionado es un
tercero que no hace parte de su comunidad, y por tanto, no podía imponerle
sanciones.
En efecto, el juez natural de la empresa Urrá es el
ordinario por estar este cobijado por la Constitución y las leyes nacionales, y
por no encontrarse en el presente caso un fundamento legal para la excepción
del juez natural, como quiera que no se configuran los requisitos jurisprudenciales
para que procediera de manera excepcional la competencia de la jurisdicción
indígena.
Especial relevancia reviste para este caso, el que la
jurisdicción que juzgó sobre el pleito entre la empresa Urrá y la comunidad
Embera Katío del Alto Sinú fue la constitucional mediante la Sentencia T-652 de
1998, de manera que no es la jurisdicción indígena la llamada a resolver ahora unilateralmente
controversias que aún se presentan sobre el cabal cumplimiento de dicha
decisión judicial. Una determinación diferente resultaría atentatoria de los
principios de seguridad jurídica, confianza legítima, debido proceso, indelegabilidad
de los jueces y la perpetuatio jurisdictionis, dado que el proceso ya había
sido resuelto en la jurisdicción constitucional, e incluso, en cumplimiento de
la sentencia de esta Corte se había celebrado el Acuerdo de Punto Final, suscrito por los Nokos Mayores y por los
representantes de la empresa accionada.
Resulta
de la mayor importancia para esta Sala advertir que la imposición de la jurisdicción indígena a todas las
causas supone prima facie riesgos para la seguridad jurídica de todos
aquellos terceros que actualmente no se encuentran cobijados por la competencia
de esta. Además, desnaturaliza
las competencias de los jueces ordinarios y podría generar futuras decisiones
por parte de la comunidad indígena que impliquen condenas financieras a
particulares (que no son de su competencia), lo cual no solo tiene efectos adversos
para los terceros, sino para las propias comunidades étnicas, pues podría
conducir a una desconfiguración del ordenamiento jurisdiccional del pueblo
indígena.
Por
las anteriores razones, la presente acción constitucional no está llamada a
prosperar. En el caso bajo
estudio, la jurisdicción indígena no tenía facultades para decidir e imponer
órdenes a la empresa Urrá por no cumplir con los criterios necesarios para que
fuera activada legítimamente la competencia del Tribunal de Justicia y
Sabiduría Indígena. En ese sentido, la
Sala comparte la decisión adoptada por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Montería, por lo cual, procederá a confirmarla.
No
obstante lo anterior, cabe
dejar muy en claro que la presente determinación de esta Sala respecto de la
carencia de competencia por parte del Tribunal Indígena de los Embera Katio del
Alto Sinú no supone de manera alguna desconocer el reconocimiento
constitucional de dicha jurisdicción especial por parte de la Carta Fundamental
que en su artículo 246 Superior determina que las autoridades de los pueblos
indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito
territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre
que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República, y siendo la
ley la que deba establecer las formas de coordinación de esta jurisdicción
especial con el sistema judicial nacional.
Tampoco, desconoce esta Corte, de ninguna manera, la
decisión sancionatoria impuesta por la Corte Constitucional mediante la
Sentencia T-652 de 1998, y
mucho menos releva la responsabilidad que recae sobre la empresa Urrá frente al
daño causado a los Embera Katío del
Alto Sinú por la
construcción de una hidroeléctrica y las ya conocidas consecuencias nefastas
que fueron ampliamente estudiadas y determinadas por este Tribunal.
Igualmente,
considera este Tribunal de suma importancia aclarar que la falta de competencia
del Tribunal Indígena para
sancionar en este caso a la empresa Urrá, no implica en ningún caso desconocer
la facultad que tiene el pueblo Embera Katio del Alto Sinú para realizar su propio
censo poblacional de manera autónoma, con el fin de determinar quiénes
son miembros de la misma, lo cual tiene amplias consecuencias en todos los aspectos
y ámbitos de su existencia como colectividad. Así, la jurisprudencia
constitucional ha determinado de manera reiterada, consolidada y pacífica que la
competencia de las comunidades étnicas para censarse constituye una garantía en
favor de dichos grupos poblacionales, pues es “un ejercicio autónomo que hacen
y deben hacer las comunidades indígenas a través de sus autoridades para hacer
el control de las personas que legítimamente tienen derecho a hacer parte de la
comunidad, y relacionar el ciclo vital en las mismas”[73]. De manera
que el acompañamiento que debe brindar el Ministerio del Interior, supone
apenas el cumplimiento de una obligación legal para el ejercicio de control y
vigilancia con el fin de que los derechos de los miembros de las comunidades indígenas
y étnicas no les sean negados y/o otorgados a otros sectores sociales.
En este caso, la Sala observa que la empresa Urrá y el
pueblo Embera Katío del Alto
Sinú representado por sus Nokos Mayores, luego
de agotar un procedimiento concertado, y con el acompañamiento de la Defensoría
del Pueblo y del Ministerio del Interior, suscribieron el denominado Acuerdo
de Punto Final. En este documento las partes establecieron que, con base en
la información disponible en aquel momento, sería resuelta la situación de
todas las personas miembros del pueblo indígena Embera Katío del Alto Sinú que serían beneficiarias de las mesadas indemnizatorias
a pagar por parte de la Empresa. Adicionalmente, que el censo definido en dicho
acuerdo fue el resultado de:
“un ejercicio serio y transparente de
concertación realizado entre la Empresa Urrá S.A. E. S. P. , las autoridades
Indígenas de los sectores y comunidades (…), sus asesores y apoderados, bajo
los parámetros establecidos, en primer lugar por el Tribunal Superior de
Montería, y en segundo lugar, por el ministerio del interior a través de su
oficina de Asuntos Indígenas minorías y Rom, y que corresponde a la
identificación total y definitiva de los beneficiarios de las mesadas de
Indemnización ordenadas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-652/98”.
No obstante lo anterior, el pueblo Embera
Katío del Alto Sinú, por decisión del Tribunal Indígena incluyó dentro del censo poblacional a un grupo de
indígenas que, a su juicio, son también miembros de la comunidad y, por tanto, ordenó
su incorporación como sujetos a indemnizar de conformidad con la orden dada por
la Corte Constitucional en la sentencia plurimencionada. Lo anterior, al considerar
que los Nokos Mayores de la época en la que se suscribió el Acta de
Punto Final incurrieron en una omisión que generó una exclusión de personas
miembros de la comunidad Embera Katío del Alto Sinú, por múltiples razones fácticas que les impidieron censar
de manera completa a los miembros de su pueblo indígena, los
cuales fueron reconocidos como sujetos de indemnización en el fallo de la Corte
de 1998, en el que se ordenó “a la Empresa Multipropósito Urrá s.a. que
indemnice al pueblo Embera-Katío del Alto Sinú al menos en la cuantía
que garantice su supervivencia física, mientras elabora los cambios culturales,
sociales y económicos a los que ya no puede escapar, y por los que los dueños
del proyecto y el Estado, en abierta violación de la Constitución y la ley
vigentes, le negaron la oportunidad de optar”. (negrillas fuera de texto)
En este punto, constata la Corte que si bien se
suscribió un Acuerdo de
Punto Final, este no es pétreo,
pues la comunidad accionante goza de los derechos fundamentales a la diversidad étnica, cultural,
a la autonomía, al ejercicio de la jurisdicción indígena y a la determinación
propia y autónoma de su censo poblacional que, de acuerdo con el
pronunciamiento anterior de este Tribunal, debe ser indemnizado en su totalidad
como pueblo Embera Katío del Alto Sinú, y estos derechos deben ser reconocidos
por la empresa Urrá en cumplimiento de la Constitución, de la ley y de la
Sentencia T-652 de 1998. En el mismo sentido, evidencia la Sala que de facto
aún persisten diferencias y reclamos de la comunidad respecto del pleno cumplimiento
de las órdenes dadas por esta Corte desde el año 1998, para lo cual se requiere
que las modificaciones necesarias
para ajustar, aclarar o complementar dicho Acuerdo deban ser concertadas con la
contraparte en condiciones equiparables a las que originaron el pacto original.
Ninguna de las partes firmantes puede imponer a la otra modificaciones
unilaterales que impliquen nuevas cargas o adiciones a las contempladas
inicialmente.
Así, tanto al Ministerio del Interior, como a la
Defensoría del Pueblo[74]
y a la Procuraduría General de la Nación[75]
les competen responsabilidades constitucionales y legales frente a la
protección de los derechos de las comunidades indígenas[76], como fue establecido
en el caso específico para el pueblo Embera Katío del Alto Sinú en el fallo
T-652 de 1998. Y siendo que, como se mencionó, aún persisten reclamos por parte
de la comunidad respecto del total cumplimiento de dicho fallo, particularmente
sobre los miembros de la comunidad a indemnizar, esta Corte determinará que, en
el marco del cumplimiento de las órdenes dadas en la Sentencia T-652 de 1998, la
mencionada entidad gubernamental y los organismos de control, de manera conjunta,
coordinarán y promoverán entre las partes (accionante y accionada) la
realización de un procedimiento expedito, dentro de los tres (3) meses
siguientes a la notificación de esta providencia judicial, con el propósito de
conciliar las diferencias que surgieron en relación con los reclamos que aún
persisten por parte del pueblo Embera Katío del Alto Sinú, acerca de la inclusión
de miembros de dicha comunidad en el censo poblacional y, por tanto, tampoco quedaron
cubiertas por la indemnización pactada en el Acuerdo de Punto Final, a
fin de vigilar y garantizar el pleno cumplimiento de dicha sentencia. Lo
anterior, con el objetivo de que se garanticen los derechos de todas las partes
involucradas sin discriminación alguna, particularmente en este caso, los
derechos de la comunidad Embera Katío del Alto Sinú y sus miembros, según lo
ordenado por el fallo de esta Corte del 98.
Finalmente, es necesario aclarar que la anterior determinación
de la Corte no es contraria o incompatible con la decisión adoptada en el
presente caso, puesto que, como se expuso en detalle en la presente providencia,
en este asunto se trata de la constatación de la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, razón por la cual no prospera la acción de tutela
interpuesta. No obstante, en razón de las órdenes dadas por esta Corte en el
año 1998 y, dado que la Corte constata la persistencia de reclamos por parte
del pueblo Embera Katio del Alto Sinú sobre el incumplimiento de dicho fallo,
es constitucionalmente necesario activar las competencias y responsabilidades
constitucionales y legales, así como las ordenadas por el fallo de este Alto
Tribunal del año 98, respecto de las entidades del Gobierno y del Ministerio
Público con el fin de que vigilen y garanticen el pleno cumplimiento de las
órdenes dictadas en la sentencia anterior proferida por esta misma Corporación,
en favor de los derechos del pueblo indígena Embera Katio del Alto Sinú y sus
miembros.
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO.- CONFIRMAR la decisión de primera instancia proferida en sede de tutela interpuesta por
los Nokos Mayores de la comunidad Embera Katio del Alto Sinú, el 12 de junio de
2017 contra la Empresa Urrá S.A., por el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Montería.
SEGUNDO.- DETERMINAR que en el marco del cumplimiento de las órdenes dadas
mediante la Sentencia T-652 de 1998, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la
Procuraduría General de la Nación, de conformidad con sus responsabilidades
constitucionales y legales, de manera conjunta, coordinarán y promoverán entre las
partes (accionante y accionada), la realización de un procedimiento expedito,
dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificación de esta providencia
judicial, con el propósito de conciliar las diferencias que surgieron en
relación con los reclamos que aún persisten por parte del pueblo Embera Katío
del Alto Sinú, respecto de las personas miembro de dicha comunidad que no
fueron incluidas inicialmente en el censo poblacional y, por tanto, tampoco
quedaron cubiertas por la indemnización pactada en el Acuerdo de Punto Final,
a fin de vigilar y garantizar el pleno cumplimiento de dicha sentencia. Lo
anterior, con el objetivo de que se garanticen los derechos de todas las partes
involucradas sin discriminación alguna, particularmente en este caso, los
derechos de la comunidad Embera Katío del Alto Sinú y sus miembros, según lo
ordenado por el fallo de esta Corte de 1998.
TERCERO.- Por Secretaría líbrese
la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, y cúmplase.
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN
DE VOTO DE LA MAGISTRADA
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
A LA
SENTENCIA T-405/19
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Finalidad (Aclaración de voto)
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Se configura cuando se presentan
identidades procesales como objeto, causa petendi e identidad de partes
(Aclaración de voto)
CORTE CONSTITUCIONAL-Fallo o exclusión de revisión de proceso
de tutela hacen tránsito a cosa juzgada constitucional (Aclaración de voto)
Referencia: Expediente
T-6.419.805
Acción de
tutela instaurada por Eldarico Lana Domico y otros contra la Empresa Urrá S.A.
E.S.P.
Magistrado Ponente:
Antonio José Lizarazo
Ocampo
Con el respeto acostumbrado por las
decisiones de la Sala Quinta de Revisión, me permito presentar la siguiente
aclaración de voto a la Sentencia T-405 de 2019.
En el presente caso, acompaño la decisión
de la Sala de confirmar la decisión de primera instancia, mediante la cual se
negó acción de tutela formulada por los Nokos Mayores de la comunidad Embera
Katío del Alto Sinú contra la Empresa Urrá S.A., al verificarse que el Tribunal
de Justicia y Sabiduría Indígena no tenía competencia para imponer órdenes
unilaterales a la compañía accionada.
No obstante, dado que el proceso
de la referencia al momento de ser seleccionado para revisión por la Sala de
Selección de Tutelas Número Once, contaba con dos decisiones judiciales proferidas en primera instancia
por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Montería  el 12
de junio de 2017 y en segunda instancia por la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo de Córdoba el 2 de agosto de 2017, encuentro necesario
aclarar el voto frente a la cosa juzgada constitucional desarrollada por la
Sala en esta oportunidad con relación a un fallo dictado por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado el 14 de junio de 2018, mediante el cual se dejó sin
efectos la decisión del 2 de agosto de 2017 proferida por la Sala Segunda de
Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba mientras se encontraba en curso
el proceso de revisión ante esta Corporación.
Como se advirtió en precedencia el
proceso de la referencia fue seleccionado por la Corte el 24 de noviembre de
2017 y radicado bajo el número T-6.419.805. El referido expediente contaba con
dos decisiones judiciales
proferidas en primera instancia por el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de Montería el 12 de junio de 2017 y en segunda instancia por
la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba el 2 de
agosto de 2017.
Sin embargo, la providencia del 2 de
agosto de 2017 fue objeto de un proceso de tutela (tutela contra sentencia de
tutela[77])
paralelo a la revisión que se surtía al interior de la Sala Quinta de Revisión.
El referido asunto fue desatado en segunda instancia por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado el 14 de junio de 2018, autoridad judicial que dejó sin
efectos la decisión del 2 de agosto de 2017 proferida por la Sala Segunda de
Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba.
Una vez enviada la sentencia del 14 de
junio de 2018 a la Corte Constitucional para su eventual revisión, la Sala de
Selección Número Ocho en Auto del 16 de agosto de 2018 decidió no
seleccionarla; circunstancia esta que configuró el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional. Por lo anterior, Sala Quinta de Revisión decidió continuar con
la revisión únicamente del fallo de primera instancia proferido el 12 de junio
de 2017 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Montería
al argumentar que se encontraba vigente.
Al respecto, se reitera que la Corte
Constitucional ha concluido que la institución procesal de la cosa juzgada
constituye el fin natural del proceso pues “los fallos judiciales deben ser
definitivos y capaces de concluir o culminar el litigio propuesto, de lo
contrario, las relaciones contenciosas nunca saldrían de la incertidumbre, con
grave perjuicio para los intereses de las partes”[78].
Asimismo, esta Corporación en la
Sentencia C-774 de 2001 señaló que la cosa juzgada: “es una institución
jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una
sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables,
vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición
expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de
controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica”
La función de la cosa juzgada es otorgar
a ciertas providencias el carácter de inmutables, definitivas, vinculantes y coercitivas
al punto que las partes no pueden ventilar de nuevo el asunto que fue objeto de
resolución judicial.
En este sentido, siguiendo lo preceptuado
por el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil[79], esta
Corporación en la Sentencia C-774 de 2001 señaló que una providencia pasa a ser
cosa juzgada frente a otra, cuando existe identidad de objeto[80], de causa petendi[81]
y de partes[82].
Específicamente, las decisiones proferidas dentro de un proceso de amparo
constituyen cosa juzgada cuando la Corte Constitucional “adquiere
conocimiento de los fallos de tutela adoptados por los jueces de instancia, y
decide excluirlos de revisión o seleccionarlos para su posterior
confirmatoria o revocatoria”[83].
(Negrilla agregada).
Lo anterior, en cumplimiento del inciso 2
del artículo 86 de la Constitución Política que dispone: “El fallo, que será de inmediato
cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste
lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión”. (Resaltado por fuera del texto
original).
Es así como la revisión por parte de esta
Corporación se constituye en el mecanismo constitucional diseñado para estudiar
las sentencias de tutela proferidas por los jueces que conocen y deciden sobre
las acciones de amparo, por mandato del propio constituyente. Asimismo, se
trata de un instrumento especial para garantizar el cierre del sistema jurídico
por el órgano constitucional encargado de salvaguardar la supremacía de la
Constitución[84].
Por tanto, el procedimiento
de revisión es un mecanismo expresamente regulado en la Constitución cuyo fin
es la protección de los derechos fundamentales en atención a la importancia que
ellos tienen para las partes y el sistema democrático y constitucional de
derecho. En esa medida, “ninguna otra acción, sea constitucional o legal,
goza de un mecanismo equivalente al de la revisión de la decisión judicial”[85].
Asi las cosas, admitir que
los fallos de tutela seleccionados por la Corte Constitucional sean objeto de
una nueva acción de tutela durante el trámite de revisión, sería como instituir
un recurso adicional; lo cual es contrario a la Constitución (art. 86) y a la
ley (Decreto 2591 de 1991).
Lo anterior, por cuanto si bien es cierto
las consecuencias de la exclusión de revisión de un expediente de tutela son,
entre otras: i) la ejecutoria formal y material de la sentencia de segunda
instancia y ii) la configuración del fenómeno de la cosa juzgada
constitucional de las sentencias de instancia (ya sea la única o segunda
instancia[86],
no se puede desconocer que la cosa juzgada constitucional de una tutela
seleccionada por la Corte solamente se produce con la ejecutoria del fallo que
se profiere en sede de revisión[87].
La Corte en Sentencia T-951 de
2013 precisó que el examen efectuado en sede de revisión constituye un “(…) control eficaz e idóneo
de los fallos de instancia que violan de forma grosera la Constitución”.
En ese sentido, la existencia de la cosa juzgada no puede consolidar “una
situación injusta contraria al derecho”, pues ella subyace sobre “un
concepto ético de validez”[88].
Así
las cosas, para esta Corporación la cosa juzgada no puede ser comprendida como
un bien de valor absoluto, que doblegue a cualquier otro con que entre en
tensión sin importar las circunstancias, pues iría en contravía de los
principios constitucionales al respeto a la dignidad humana y la prevalencia
del interés general, propios de un Estado Social de Derecho como el colombiano,
donde el establecimiento de un orden social justo está contemplado como un fin
esencial del Estado[89].
En
ese sentido, esta Corporación en la Sentencia T-218 de 2012 analizó la figura
de la cosa juzgada constitucional y del principio constitucional de “el
fraude lo corrompe todo” para advertir que “la transgresión de los
derechos fundamentales no era la única razón por la cual la cosa juzgada podía
cuestionarse, pues otros valores podían entrar en pugna con ella. De esa forma,
adujo que la cosa juzgada podía cuestionarse cuando no se observaban deberes
como la lealtad procesal, la buena fe y la cláusula rebús sic stantibus, y
precisó que los dos primeros se relacionaban con el principio de fraus omnia
corrupti”. Lo anterior, al referirse a acciones de tutela que tenían
origen en otra anterior concedida y no seleccionada para revisión.
Para
llegar a la aplicación de este principio, la Corte realizó un análisis de la
cosa juzgada fraudulenta, sobre la cual estableció que “se predica
cuando el dolo se ha materializado en la sentencia judicial. Sin embargo, esto
no necesariamente conlleva consecuencias ilícitas, ni la aparición de las
mismas es necesaria para que el fraude pueda combatirse. En todo caso, el
objeto de este último supone lograr que una situación dolosa, a través de la
majestad que sustenta una sentencia, sea exigible coercitivamente. Por lo
mismo, el fraude puede ser cometido por una parte, por ambas o por el juez que
conoce el asunto. Cuando esto último sucede, la gravedad de la actuación es aún
mayor, por desconocer la autoridad judicial sus deberes como poder constituido”[90].
Así,
explicó que el principio fraus omnia corrumpit “no es un término retórico
sino una certeza sobre las consecuencias que acarrea validar una situación
injusta. El fraude lo corrompe todo y atenta contra la recta impartición de
justicia, la igualdad, el debido proceso y la solidaridad, entre otros principios”[91].
En ese contexto, estima
la suscrita que en el presente asunto se debió verificar, por un lado, si era
procedente de manera excepcional la selección del proceso (T-6.889.994)
excluido para revisión por la Sala de Selección de Tutelas Número ocho de 2018[92], dada la unidad de materia con el proceso de
tutela T-6.419.805 cuyo trámite de revisión se encontraba en curso al momento
de proferirse la sentencia del 14
de junio de 2018 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, autoridad judicial que dejó sin efectos la
decisión del 2 de agosto de 2017 dictada por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo
de Córdoba (providencia que estaba siendo objeto de revisión).
De otro lado, determinar si en el asunto
de la referencia era pertinente realizar un análisis de la cosa juzgada fraudulenta pues es claro que resulta jurídicamente
inadmisible promover una acción de tutela contra una sentencia de tutela que
está siendo objeto de revisión por parte de una de las Salas de Revisión de
esta Corporación; toda vez que, se reitera, la cosa juzgada constitucional de
una tutela seleccionada por la Corte solamente se produce con la ejecutoria del
fallo que se profiere en sede de revisión. En esa medida, el juez de amparo
carece de competencia funcional para resolver una nueva tutela.
De
manera especial, considera la suscrita que convalidar la cosa juzgada
constitucional en los términos que plantea la Sentencia T-405 de 2019, sin
efectuar un análisis de fondo sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar
en que se configuró el referido fenómeno jurídico, conlleva implícitamente la
posibilidad de instituir un
recurso adicional en sede de revisión; lo cual es contrario a la Constitución
(art. 86) y a la ley (Decreto 2591 de 1991), atenta contra la recta impartición de
justicia, el debido proceso y desconoce los deberes de lealtad procesal y de
buena fe.
Fecha ut supra,
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
[1] El presente capítulo resume la narración hecha por los actores a
través de apoderado judicial, así como otros elementos fácticos y jurídicos
obrantes en el expediente, los cuales se consideran relevantes para comprender
el caso.
[2] Cuaderno 1, folios 275-279.
[3] Corte Constitucional. Sentencia T-652 de 1998.
[4] Cuaderno 2, folio 3.
[5] Cuaderno 1, folios 30-48.
[6] Cuaderno 2.
[7] Cuaderno 3, folios 89-100.
[8] Cuaderno 3,
folio 102.
[9] Cuaderno 3, folio 156.
[10] Cuaderno 3, folio 170.
[11] Cuaderno 3, folio 180.
[12] Cuaderno 3, folio 179.
[13] El actor citó los siguientes fallos de la Corte Constitucional:
T-100 de 2010 y T-047 de 2014.
[14] El actor fundamentó su argumento en la sentencia T-921 de 2013.
[15] En la sentencia C-882 de 2011, la Corte Constitucional señala los
elementos a través de los cuales se deberá determinar la competencia de la
jurisdicción indígena: “(i) Con el factor personal se determinan los sujetos de
juzgamiento y de la relación procesal, activa y pasiva. La Corte ha señalado
que las comunidades indígenas deben ocuparse del juzgamiento de sus propios
integrantes. Es más, para la Corte, la pertenencia a una comunidad otorga a sus
miembros un fuero especial conforme al cual deben ser juzgados por sus propias
autoridades y según el derecho propio. El fuero de jurisdicción garantiza el
respeto por la particular cosmovisión de las comunidades indígenas. No
obstante, es necesario aclarar en relación con este elemento, que no es
suficiente con que el sujeto haga parte de la comunidad, es preciso además que
esté integrado a ella y viva según sus usos y costumbres; (ii) El factor
territorial, de otra parte, permite que cada comunidad pueda juzgar las
conductas cometidas en su ámbito territorial y aplicar su sistema jurídico
dentro del mismo. La jurisprudencia ha considerado que este elemento se refiere
de manera concreta a la existencia de una comunidad indígena organizada, con
vocación de pertenencia sobre la tierra que ocupa y con su convivencia regida
por su cultura; (iii) El factor objetivo, finalmente, hace referencia a las
materias sobre las que versan las controversias que deben ser dirimidas. La
Corte ha sostenido que las comunidades indígenas pueden conocer de casi
cualquier tipo de controversia que suscite la aplicación de su derecho propio”.
[16] Los accionantes referencian como jurisprudencia relevante para su
caso, las siguientes sentencias: T-979 de 2006, T-1253 de 2008, T-703 de 2008,
T-1253 de 2008, T-049 de 2013.
[17] Se informaron las siguientes incongruencias frente a los 218
posibles beneficiarios: 2 ya recibían pago, 15 de las personas identificadas
aparecen duplicadas en los listados del Tribunal Indígena, 63 adultos no eran
parte del resguardo por haber nacido y estar cedulados en diferentes
municipios, 29 niños no eran beneficiarios pues sus padres tampoco lo eran.
[18] Cuaderno 1,
folio 387.
[19] Cuaderno 1, folio 53.
[20] Cuaderno 1,
folio 54.
[21] Cuaderno 1,
folio 146.
[22] Cuaderno 1,
folio 147.
[23] Cuaderno 1,
folio 148.
[24] Cuaderno 1, folio 467.
[25] Cuaderno 1, folio 441.
[26] Cuaderno 1, folio 444.
[27] Cuaderno 1, folios 470-479.
[28] Corte
Constitucional. Sentencia T-754 de 2010.
[29] Corte
Constitucional. Sentencia SU-1219 de 2001.
[30] En sentencias de la Corte Constitucional —las SU-1219 de 2001, la
T-442 de 2018 y T-089 de 2019, entre otras— se ha
determinado que se configura cosa juzgada ante el “en el evento en que esta
Corporación se pronuncia sobre una determinada acción de tutela ya sea mediante
fallo o a través del auto de selección que notifica la no selección de la misma”.
En el caso sub examine, al no haberse seleccionado el expediente
T-6.889.994 mediante auto del 16 de agosto de 2018, la decisión de segunda
instancia proferida por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado hace tránsito a cosa juzgada
constitucional.
[31] El Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Montería, que negó el amparo invocado por los Nokos Mayores, consideró
que el Tribunal Indígena no estaba facultado para sancionar a un particular por
no contar con los elementos de competencia requeridos de acuerdo con la
jurisprudencia nacional.
[32] Corte Constitucional. Sentencias T-176 de 2011, T-678 de 2016,
T-091 de 2018.
[33] En Sentencia T-089 de 2018, se reiteró la excepción a la interpretación presentada, pues es
posible que un tercero interponga una acción de tutela cuando “(i) quien
actúa es el representante legal del titular de los derechos fundamentales
presuntamente conculcados, (ii) el accionante es el apoderado judicial de aquel
que alega sufrir un menoscabo a sus derechos, o (iii) el tercero actúa como
agente oficioso”.
[34] Corte Constitucional. Sentencia T-866 de 2013.
[35] Constitución Política de Colombia, Artículo 86.
[36] Departamento de Función Pública. Manual de Estructura del Estado.
Sector de Minas y Energía. Pg. 73.
[37] Corte Constitucional. Sentencia T-475 de
2016.
[38] Cuaderno 2,
folio 173.
[39] Corte Constitucional.  Sentencias T-428
de 1992 y C-461 de 2008, entre otras.
[40] Corte Constitucional. Sentencia C-139 de 1996.
[41] Corte Constitucional. Sentencias T-254 de 1994, C-139 de 1996, T-818
de 2004 y T-866 de 2013.
[42] Ver, entre otras, las Sentencias T-496 de
1996, (M.P.  Carlos Gaviria Díaz), T-728 de 2002 (M.P. Jaime Córdoba
Triviño) y T-1238 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[43] Ibídem.
[44] Ver sentencia T-496 de 1996, M.P. Carlos
Gaviria Díaz.
[45] Ver sentencia T-496 de 1996, M.P. Carlos
Gaviria Díaz. No obstante, en este fallo la Corte indicó que el fuero indígena
tiene límites, pero no fueron delimitados por la Corte en dicha ocasión.
[46] Ver sentencia T-496 de 1996, M.P. Carlos
Gaviria Díaz.
[47] Por ejemplo, en la sentencia T-945 de
2007 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), la Corte conoció del caso de una mujer
embarazada que había sido despedida de una entidad de salud indígena. La
accionante alegaba el desconocimiento de su fuero especial de mujer en estado
de embarazo e interpuso acción de tutela contra el Cabildo. La Corte consideró
que este no era el mecanismo adecuado, todo vez que al tratarse de un asunto
ocurrido dentro del territorio indígena y que involucraba a sus miembros, debía
ser conocido por las autoridades tradicionales.
[48] Ver sentencia T-496 de 1996, M.P. Carlos
Gaviria Díaz. En este fallo la Corte explicó lo siguiente:
“En efecto, la solución puede variar si la acción
típica es cometida por miembros de pueblos indígenas dentro de su territorio, o
si un indígena, de manera individual, incurre en ella afectando a quien no es
miembro de su comunidad por fuera del ámbito geográfico del resguardo. En el
primero caso, en virtud de consideraciones territoriales y personales, las
autoridades indígenas son las llamadas a ejercer la función jurisdiccional;
pero en el segundo, el juez puede enfrentar múltiples situaciones no
solucionables razonablemente mediante una regla general de territorialidad. Por
ejemplo:
a. Cuando la conducta del indígena sólo es sancionada
por el ordenamiento nacional, en principio, los jueces de la República son los
competentes para conocer del caso; pero como se encuentran ante un individuo de
otra comunidad cultural, tienen el deber de determinar si el sujeto agresor
entendía, al momento de cometer el ilícito, que su conducta era realmente
negativa, para efectos de reconocerle, o no, el derecho al fuero. En este orden
de ideas, las autoridades nacionales pueden encontrarse ante  un indígena que
de manera accidental entró en relación con una persona de otra comunidad, y que
por su particular cosmovisión, no le era dable entender que su conducta en otro
ordenamiento era considerada reprochable; o, por el contrario, enfrentar un
sujeto que por su especial relación con la comunidad mayoritaria conocía el
carácter perjudicial del hecho, sancionado por el ordenamiento jurídico
nacional. En el primer caso, el intérprete deberá considerar devolver al
individuo a su entorno cultural, en aras de preservar su especial conciencia
étnica; en el segundo, la sanción, en principio, estará determinada por el
sistema jurídico nacional.
b. En el caso de que la conducta sea sancionada en
ambos ordenamientos, es claro que la diferencia de racionalidades no influye en
la comprensión de tal actuar como perjudicial. Sin embargo, el intérprete
deberá tomar en cuenta la conciencia étnica del sujeto y el grado de
aislamiento de la cultura a la que pertenece, para determinar si es conveniente
que el indígena sea juzgado y sancionado de acuerdo con el sistema jurídico
nacional, o si debe ser devuelto a su comunidad para que sea juzgado por sus
propias autoridades, de acuerdo a sus normas y procedimientos.”
[49] M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[50] En la sentencia T-496 de 1996, M.P. Carlos
Gaviria Díaz, la Corte negó la tutela solicitada por un indígena paéz, quien
sería juzgado por la jurisdicción ordinaria por el asesinato de un miembro de
otra comunidad indígena. El acto solicitaba ser juzgado por las autoridades
paéces. La Corte se opuso con fundamento en los siguientes argumentos:”(…) no
es dable reconocerle a (…) el derecho al fuero indígena, con base exclusiva en
el factor personal, pues al ser un sujeto aculturado, capaz de entender los
valores de la conducta mayoritaria, no resulta inconveniente juzgarlo de acuerdo
con el sistema jurídico nacional. Además, no debe olvidarse que el demandante
se alejó de su comunidad, no accidentalmente, sino por deseo propio, debiendo
asumir los ‘riesgos’ que se derivan de su acción, es decir, que como miembro
del territorio colombiano goza de las mismas prerrogativas de todo ciudadano,
pero también está expuesto al cumplimiento de deberes y  sanciones que imponen
las autoridades de la República.”
[51] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[52] En este fallo la Corte Constitucional
estudió el caso de un indígena que se encontraba fuera de los territorios
ancestrales  visitando a un médico de su comunidad. Éste le indicó que el
origen de su enfermedad era que otros indígenas le habían hecho brujerías,
razón por la cual asesinó a los presuntos autores de estos maleficios. El
asesinado se produjo fuera del territorio de la comunidad. La jurisdicción
ordinaria asumió el caso y condenó al indígena a diez años de prisión. El
abogado defensor solicitó la nulidad del proceso por desconocimiento del fuero
especial indígena, petición que fue negada aduciéndose que el asesinato se
había producido fuera de los límites de la comunidad. A continuación, el
defensor interpuso una acción de tutela en  la que solicitó la declaratoria de
nulidad del proceso. En sede de revisión, la Corte Constitucional concedió el
amparó y señaló que el concepto de territorio no debía entenderse limitado en su dimensión formal y cultural, sino que
el mismo puede tener, de manera excepcional, un efecto expansivo, de manera que
puedan tenerse como amparadas por el fuero conductas ocurridas por fuera de ese
ámbito geográfico, pero en condiciones que permitan referirla al mismo. Tal
sería, por ejemplo, el delito cometido por un indígena por fuera de su
territorio, en relación con
otro integrante de la misma comunidad.
[53] Sentencia T-1238 de 2004.
[54] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[55] Sentencia T-975 de 2014
[56] M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[57] Sentencia T-048 de 2002 MP: Álvaro Tafur
Galvis. Sobre los límites al ejercicio de la jurisdicción se dijo: “Ahora bien,
en virtud del bloque de constitucionalidad a que se hace mención,
particularmente, para el caso sub examine, en razón de lo dispuesto en los
artículos 8°, 9° y 10 del Convenio en cita, y dada las dificultades de
aplicación de las disposiciones constitucionales que consagran derechos
fundamentales, en consonancia con las que reconocen el derecho de los pueblos
indígenas a conservar su identidad-ya referida-, la Corte se ha detenido en
aquellos derechos que marcan un límite claro del fuerte vínculo que liga a las
comunidades indígenas con sus integrantes, como el derecho a la vida, la
prohibición de la tortura y de los tratos denigrantes, la prohibición de
imponer las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, la obligación
de garantizar los principios constitucionales del debido proceso y la necesidad
de garantizar el acceso de las comunidades y de sus integrantes a la propiedad
colectiva del resguardo (sentencia SU 510 de 1998 MP: Eduardo Cifuentes Muñoz).
[58] Sentencia T-386 de 2002, entre otras.
[59] Sentencia reiterada en la T-1294 de 2005.
[60] Sentencia SU-1184 de 2001.
[61] Sentencia C-328 de 2005.
[62] Corte
Constitucional. Sentencia C-1194 de 2008.
[63] Corte Constitucional, sentencia C-131 de 2004 (MP Clara Inés Vargas
Hernández). En esta oportunidad se analizó la constitucionalidad del artículo
51 de la ley 769 de 2002 que ordenaba la revisión técnico mecánica, frente a lo
cual se señaló que desconocía el principio de la buena fe, y por tanto se entró
a analizar el tema, concluyendo que la norma no desconocía ni este ni el
principio de confianza legítima.
[64] Corte Constitucional, sentencia T-295 de 1999.
[65] Corte Constitucional, sentencia T-295 de 1999.
[66] Corte Constitucional, sentencia T-040 de 2011.
[67] Corte Constitucional, sentencia T-599 de 2007.
[68] Corte Constitucional, sentencia T-040 de 2011.
[69] Las anteriores reglas han sido reiteradas por la misma Corte
Constitucional, por ejemplo recientemente en las sentencias T-174 de 2016 (MP
Alberto Rojas Ríos) y T-058 de 2017 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[70] Corte Constitucional, sentencia T-083
de 2003 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[71] Corte Constitucional, sentencia T-698 de 2010
(MP Juan Carlos Henao Pérez)
[72] Sentencia T-199 de 2018.
[73] Corte
Constitucional, ver Sentencia T-973 de 2014, entre otras.
[74] La Constitución Política, establece en su artículo 282.3, la
función a cargo del Defensor del Pueblo de invocar el derecho de Habeas Corpus
e interponer las acciones de tutela, situación que se encuentra regulada en la
Resolución 638 de 2008. Igualmente, la Carta Política ha designado
especialmente en la Defensoría del Pueblo la promoción, el ejercicio y la
divulgación de los derechos humanos.
[75] Conforme al artículo  277.1 de
la Constitución Política, corresponde a la Procuraduría General de la Nación
vigilar el cumplimiento de las decisiones judiciales. Igualmente, está
encargado de intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales
cuando sea necesario en defensa de los derechos y garantías fundamentales.
[76] En el artículo 277.2 de la Carta Política, se señaló el deber
conjunto de la Procuraduría General de la Nación
y la Defensoría del Pueblo, de proteger y asegurar el cumplimiento de los
derechos humanos, situación que cobija la protección de las comunidades
indígenas como sujetos de especial protección constitucional.
[77] Admitida el
4 de septiembre de 2017 por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de
Estado.
[78]
Sentencias C-622 de 2007 y T-441 de 2010, entre otras.
[79] Hoy Código
General del Proceso, artículo 303.
[80] “es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión
material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta
cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado
sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica
identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron
declarados expresamente”. Sentencia C-774 de 2001.
[81] “es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa
juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento. Cuando
además de los mismos hechos, la demanda presenta nuevos elementos, solamente se
permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede
retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar
sobre la nueva causa.” Sentencia C-774 de 2001.
[82] “es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que
constituye cosa juzgada. Cuando la cosa juzgada exige que se presente la
identidad de partes, no reclama la identidad física sino la identidad jurídica.” Sentencia C-774 de 2001.
[83] Sentencia
T-649 de 2011.
[84] Sentencia
SU-2019 de 2001.
[85] Ibídem.
[86] Sentencia
T-813 de 2010 M.P. María Victoria Calle Correa.
[87] Sentencia
T-185 de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[88] Reiterado en
Sentencia T-073 de 2019.
[89] Sentencia
T-218 de 2012.
[90] Reiterada en
la Sentencia T-399 de 2013.
[91] Sentencia
T-951 de 2013, reiterada en la Sentencia T-073 de 2019.
[92] Mediante Auto del 16 de agosto de 2018.