T-586-06
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-586/06
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR VIA DE HECHO-Procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reemplazo de la expresión "vía de hecho" por la de
"causales genéricas de procedibilidad"
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos especiales
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ-Criterio de
procedibilidad de la acción de tutela
VIA DE HECHO POR ERROR INDUCIDO-No era
posible a juez advertir existencia de falsedad de documento que sirvió de base
a proceso/VIA DE HECHO POR ERROR INDUCIDO-No configuración
VIA DE HECHO POR DEFECTO FACTICO-Improcedencia
para el caso
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Goce
efectivo por parte de demandante y  nietos menores de edad
DERECHO AL DEBIDO PROCESO-Suspensión de
diligencia de entrega de inmueble
ACCION DE TUTELA-Hecho superado por
cuanto finalidad de pretensión procesal ha desaparecido
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia cuando hechos de demanda carecen de sustento
probatorio
Referencia: expediente T-1333873
Peticionaria: Mercedes María Perez Romero
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Bogotá D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil seis (2006)
La Sala Sexta de
Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados
Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto y Álvaro Tafur
Gálvis, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en la revisión
del fallo de tutela correspondiente al proceso T-1’333.873, adelantado por
Mercedes María Perez Romero en contra del Juzgado Quince Civil Municipal de
Bogotá y la Inspección Tercera C Distrital de Policía de Bogotá, con fundamento
en los siguientes antecedentes.
I.    ANTECEDENTES
El expediente de
la referencia fue seleccionado el 22 de mayo de 2006 por auto de la Sala de
Selección Número Cinco de la Corte Constitucional.
1. Hechos de
la demanda
La accionante, Mercedes María Pérez Romero, resume así
los hechos de la demanda:
1.
Dice que es una persona de la tercera edad, que
tiene a cargo a sus tres nietos menores, puesto que los padres fallecieron.
Manifiesta que estos se encuentran estudiando en un establecimiento educativo
cercano a la casa donde residen.
2.
Indica que el señor Moscardo Plazas inició en su
contra proceso de restitución de inmueble arrendado en el Juzgado 15 Civil
Municipal.
3.
Argumenta que no fue vinculada oportunamente a
dicho proceso, en el que se tuvo en cuenta documentos que no recuerda haber
firmado, pues asegura que no sabe leer ni escribir - se limita a hacer una
garabato como firma -. De igual manera, indica nunca haber tenido calidad de
arrendataria del inmueble del cual fue desalojada.
4.
El juzgado 15 Civil Municipal emitió sentencia
favorable al demandante, y ordenó la restitución del inmueble al señor Moscardo
Plazas. Por ello, comisionó a la Inspección Tercera C Distrital para que
realice la entrega del inmueble donde habita la accionante y sus nietos.
5.
Aduce que en la diligencia de entrega no pudo
ejercer actos de oposición debido a que no sabe leer ni escribir y a su falta
de asesoramiento legal, puesto que su apoderado nunca llegó a la diligencia.
Entonces, la señora no permitió la entrada de los funcionarios al inmueble.
2. Pretensiones
de la demanda
Solicita la
tutelante se le protejan sus derechos a una vivienda digna, a una familia, a la
salud física y mental, y a la educación de los menores. Por lo tanto, que se
ordene suspender temporalmente el cumplimiento de la diligencia de entrega
durante un tiempo prudencial, mientras ella y sus nietos consiguen un lugar
digno para vivir, que no afecte la educación de los niños, puesto que no puede
discutir el contenido de la sentencia mencionada, en la medida que reconoce que
ésta ya se encuentra ejecutoriada.
3.
Contestación de la demanda
-
Juzgado Quince Civil Municipal
Mediante
memorial radicado el 15 de Febrero de 2006, Teófilo Camacho Medina, Juez 15
Civil Municipal de Bogotá D.C., respondió la demanda de la referencia y
argumentó que es cierto que en ese despacho se adelantó proceso de restitución
de inmueble arrendado en contra de la tutelante y se dictó sentencia, la cual
se encuentra debidamente ejecutoriada, ordenando la restitución del inmueble,
por lo que se comisionó a la Inspección de Policía para que efectúe la entrega
del bien.
Sin embargo, dicha providencia no se ha
podido ejecutar, en la medida que se ha realizado varias maniobras dilatorias,
mediante la solicitud de aclaración de la sentencia, interposición de recursos
de reposición improcedentes, extravío del original del despacho comisorio
librado para la práctica de la diligencia de entrega, interposición de denuncia
penal contra él y acción de tutela por violación al debido proceso, la cual fue
negada.
De la misma
manera, indica el funcionario que no es cierto que la demandante no tuvo
posibilidad de defenderse, por lo que solicita al juez constitucional revisar
el expediente del proceso mencionado.
Concluye
sosteniendo que la tutelante ha estado enterada de su destino desde hace
tiempo, de allí que la presente acción de tutela resulte improcedente, puesto
que se perdió la inmediatez que caracteriza esta acción, en la medida que se
trata de un proceso que inició el 24 de Mayo de 1996, y que desde el mismo
momento de la sentencia la accionante sabía a qué atenerse.
4. Sentencia
de Primera Instancia
Mediante
sentencia del 23 de Febrero de 2006, el Juzgado 38 Civil del Circuito de Bogotá
denegó la protección de los derechos tutelados. Argumenta que, luego de
examinar el expediente del proceso citado, no se encuentra motivo para concluir
que el funcionario demandado haya incurrido en una vía de hecho, ya que la
accionante fue legalmente vinculada al proceso, en donde estuvo representada
por apoderado judicial, quien participó activamente, y se atendió todas las
alegaciones por él presentadas; por lo que el juez de tutela no esta facultado
para revisar la actuación del juez natural del proceso.
Invoca el a –
quo jurisprudencia de la Corte Constitucional, donde se determina que la acción
de tutela no fue creada para suplir los defectos de las partes en la defensa de
los derechos ordinarios; igualmente, aduce que esta acción constitucional no
fue consagrada para modificar las reglas de competencia de los jueces.
Una vez se
descarta la posibilidad de retrotraer la actuación adelantada en el proceso
civil, procede a establecer que no es posible otorgar el plazo solicitado por
la petente porque no hay amenaza de los derechos invocados en la demanda, ni
tampoco existe un perjuicio irremediable, teniendo en cuenta que la sentencia
fue emitida el 10 de Febrero de 2005, es decir, hace más de un año, la señora
ha contado con tiempo suficiente para conseguir otro lugar dónde habitar.
5. Impugnación
En el escrito de
impugnación la petente solicita se revoque el fallo de primera instancia y
argumenta que en la sentencia de tutela se considera que fue legalmente
vinculada al proceso, sin tener en cuenta que no sabe leer ni escribir; de
igual manera, aduce que nunca supo de los avances del proceso, puesto que su
apoderado no la mantuvo informada al respecto, por lo que se enteró de su
sentencia únicamente cuando llegaron a practicar la diligencia de entrega.
Aduce que con la
sentencia impugnada, no se está teniendo en cuenta la realidad vivida por ella
y sus nietos, puesto que después de vivir 29 años en esa casa sin pagar
arriendos ni reconocer otro dueño, sería un perjuicio irremediable el tener que
irse a vivir a la calle con ellos. Reconoce que no es posible retrotraer la
actuación adelantada en el proceso civil, pero insiste en que se le dé la
posibilidad de un plazo para conseguir a dónde mudarse.
Niega tener la
intención de dilatar el procedimiento ordenado y tener un comportamiento desleal
en el litigio, pues considera que todo ha sido resultado de su ignorancia y de
la falta de comunicación con su defensor. De igual manera, que a pesar de que
no firmó el contrato de arrendamiento que generó la sentencia de restitución;
únicamente suplica por un plazo prudencial para poder solucionar su situación.
6. Sentencia
de Segunda Instancia:
La Sala Civil
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sentencia del 17 de
Marzo de 2006, confirmó el fallo proferido por el Juzgado 38 Civil del Circuito
de la misma ciudad.
Considera la
sala que en ningún momento se observa la vulneración de los derechos de la
petente, ya que fue parte activa en el proceso de restitución en el cual tuvo
oportunidad de defenderse y de cuya situación es consciente.
De allí que se
trate de un proceso que siguió los lineamientos legales, y la entrega del
inmueble constituye la consecuencia de una orden legítimamente pronunciada por
el juzgado de conocimiento. No se puede pretender utilizar la acción
constitucional como medio para adicionar una decisión proferida conforme a
derecho.
Finalmente,
indica que la accionante ha tenido el tiempo suficiente para buscar un lugar
dónde habitar.
7. Pruebas
En el trámite de
tutela, la demandante hizo llegar los siguientes documentos:
a.
Registros de Nacimiento de John Fredy Umaña
Narváez, Jonnathan Steven Narváez Pérez, Zulia Eliana Morales Narváez, menores
de edad; y donde figura María Luz Dary Narváez Pérez como madre de los menores.
b.
Copia del acta de la diligencia de entrega del
inmueble, donde se deja constancia de que la señora Mercedes María Pérez Romero
no permitió la entrada de los funcionarios, por lo que se procede a alinderar
el inmueble, se suspende la diligencia y se deja copia del acta debajo de la
puerta, señalando que la nueva fecha y hora para la continuación de la
diligencia se señalará por auto separado.
8. Solicitud
de revisión de tutela
La señora
Mercedes María Pérez Romero, mediante escrito del 6 de Abril de 2006, solicita
a esta corporación revise la sentencia de tutela, al considerar que el Juez 15
Civil Municipal incurrió en vía de hecho, con base en los siguientes hechos:
§  Lleva
viviendo por más de 29 años en el inmueble ostentando su calidad de poseedora y
no de arrendataria; por esta razón, inició Proceso de Pertenencia que se
adelanta en el Juzgado 2 Civil del Circuito de Bogotá D.C.
§  Que
el señor Moscardo Plazas adelantó proceso de restitución de inmueble arrendado
con fundamento en un contrato falso, que nunca fue celebrado por ella.
§  Que
injustamente tuvo que salir del inmueble objeto del litigio porque los
demandantes llegaron con órdenes y policías. Por lo que se vio obligada a
cambiar a sus nietos de colegio, con todas las consecuencias que ello implica.
§  También
adelanta denuncia penal ante la fiscalía contra el juez 15 Civil Municipal.
En el escrito,
solicita se declare la nulidad del proceso de restitución de inmueble arrendado
objeto de la controversia.
9. Pruebas en
la solicitud de revisión de la acción
Junto al escrito
de solicitud de revisión, la accionante anexa las siguientes pruebas:
a.
Copia de Registro de Nacimiento de Linda Vanessa
Isaza Narváez.
b.
Copia de Certificado emitido por el Grupo de
Patología Forense, donde se dice que el 19 de Junio de 2000, fue practicada la
necropsia del cadáver de Maria Luz Dary Narváez Pérez.
c.
Copia de cédula de ciudadanía de Mercedes María
Pérez Romero.
d.
Copia de Certificado de Tradición y Libertad de
inmueble cuya dirección es Calle 14 No. 1 A -29.
e.
Copia de contrato de arrendamiento donde figuran
como arrendatarios Mercedes Pérez Romero y Gabriel Tinoco, pero parece ser
suscrito por Flora Tinoco y Mercedes Pérez; y como arrendador Moscardo J.
Plazas.
f.
Copia de demanda de Restitución de Inmueble
Arrendado de Moscardo Plazas contra Mercedes Romero Pérez y Flora Tinoco.
g.
Copia de petición de la accionante ante la
Inspección Tercera C Distrital de Policía de Bogotá D.C., donde solicita copia
auténtica del despacho comisorio No. 0421 del Juzgado 15 Civil Municipal.
h.
Respuesta a la anterior petición, donde la
inspectora le explica que la diligencia de inspección del 25 de Noviembre de
2005 fue suspendida, por lo que la nueva fecha para la entrega es el 16 de
Febrero de 2006.
i.
Copia de recurso de reposición en subsidio
apelación, suscrito por la petente, de auto mediante el que se fija como fecha
para la diligencia de entrega, el 16 de Febrero de 2006.
j.
Copia de solicitud de Maria Luisa Narváez Pérez
ante la Procuraduría General de la Nación, para que se realice una vigilancia
especial al proceso de restitución de inmueble arrendado de Moscardo Plazas
contra la accionante.
k.
Copia de oficio emitido por agente del
Ministerio Público, donde se indica que, una vez efectuada la visita al Juzgado
15 Civil Municipal para revisar el proceso de restitución de inmueble arrendado
que se adelanta contra la accionante, se concluyó que éste se adelanta dentro
de los parámetros legales y sin violar derechos fundamentales.
l.
Copia de poder otorgado por la petente a Oswaldo
Enrique Gamarra Granados, para que se constituya en parte civil en proceso de
Fraude Procesal y Estafa en concurso heterogéneo y simultáneo,  contra el señor
Moscardo Plazas Garzón; para que se le indemnice por los perjuicios ocasionados
por dichas conductas.
m.  Copia de denuncia penal ante el Fiscal Delegado ante el Tribunal
Superior de Bogotá D.C., instaurada por la accionante en contra del Juez 15
Civil Municipal de Bogotá D.C., por los delitos de Prevaricato por acción y por
omisión. En ella se resumen los siguientes hechos:
·
La señora Mercedes María Pérez Romero es
poseedora del inmueble en litigio desde aproximadamente 25 años, por lo cual
inició proceso de pertenencia. El señor Moscardo Plazas inició proceso de
restitución de inmueble arrendado con fundamento en un contrato en donde figura
como arrendataria Mercedes Romero, que no es su nombre, y con una firma que
asegura no ser de ella.
·
En dicho proceso se intentó notificar a Mercedes
Romero, sin embargo no fue posible debido a la incongruencia en el nombre del
arrendatario, sin embargo, la señora Mercedes María Pérez Romero, por medio de
apoderado judicial, presentó escrito ante el juez de conocimiento con el fin de
manifestar que a pesar de no ser parte, se considera tercero interviniente.
·
Entretanto la accionante presentó denuncia penal
contra Moscardo Plazas por presunta falsedad en documento privado, argumentando
que el contrato de arrendamiento no era de su autoría. Durante la investigación
se practicó dictamen grafológico, del cual no se le corrió traslado a la
denunciante. Finalmente, la Fiscalía 106 Seccional, en segunda instancia,
profirió resolución inhibitoria, debido a la prescripción de la acción penal.
·
Mientras tanto, en el Juzgado 15 Civil Municipal
la parte demandante solicitó la aclaración del nombre de uno de los demandados,
petición que en principio fue aceptada, pero que por recurso de reposición fue
revocada. Sin embargo, posteriormente el demandante solicita que se dé por
notificada por conducta concluyente a la accionante, debido al poder que
confirió para intervenir en el proceso; a lo que el juez se niega, argumentando
que si bien la demandada es Mercedes Pérez Romero, se trata de la misma persona
ya que el número de cédula que figura en el contrato de arrendamiento y en el
poder conferido, es el mismo.
·
Por estas razones, indica que no existe certeza
sobre la autenticidad del contrato de arrendamiento, y que los nombres y
apellidos que figuran en ese documento no son los suyos; por lo tanto, el Juez
15 Civil Municipal no puede presumir su autoría y menos deducir de su contenido
una consecuencia adversa para sus intereses.
·
El Juez 15 Civil Municipal dicta sentencia
favorable al demandante, incurriendo en dos errores fundamentales: primero,
afirmó falsamente que el auto del 24 de Abril de 2002 del Fiscal 97, en el que
se profiere resolución inhibitoria por inexistencia del hecho investigado,
establece que la firma impuesta en el contrato de arrendamiento sí era de ella.
Sin tener en cuenta que dicho auto fue revocado por la resolución del 2 de
Octubre de 2002 de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal de Bogotá, en la que
se profiere resolución inhibitoria por prescripción de la acción. Entonces, la
denunciante argumenta que el juez de conocimiento del proceso de restitución,
no pudo tener en cuenta una resolución inexistente.
n.
Copia de memorial suscrito por Mercedes María
Pérez Romero dirigido a la Fiscalía 97, donde se solicita copias autenticadas
del dictamen grafológico realizado.
o.
Copia Oficio del Laboratorio Central de
Criminalística de la Dirección Central de Policía Judicial, donde se analizan
las firmas suscritas en el contrato de arrendamiento mencionado.
p.
Copia de sentencia de tutela de primera
instancia donde se deniega la protección invocada.
q.
Documento donde la señora Martha Cecilia Pérez
Casallas afirma que la accionante es una persona honesta, responsable y
cumplidora de sus deberes.
r.
Copia de edicto emplazatorio a personas
indeterminadas emitido por el Juzgado 2 Civil del Circuito de Bogotá D.C.,
dentro de proceso ordinario por prescripción extraordinaria de dominio de
Mercedes María Pérez Romero contra Hermes Gonzalo Plazas Garzón y Carlos Byron
Plazas Garzón.
s.
Copia de memorial dirigido al Juez 2 Civil del
Circuito, donde se dice anexar edicto original de emplazamiento a personas
indeterminadas, junto con la constancia de transmisiones radiales, dos
ejemplares de las publicaciones en periódico del edicto, original de los
recibos donde constan los pagos de dichas publicaciones.
t.
Copia de constancia de transmisión radial del
edicto mencionado.
u.
Copias de las publicaciones en periódico del
mismo edicto.
Igualmente,
solicita se ordene las siguientes pruebas:
-
Copia del proceso de posesión que se adelanta en
el Juzgado 2 Civil del Circuito de Bogotá D.C.
-
Recibir testimonios de personas o vecinos del
barrio, que lleven viviendo allí más de 20 años.
-
Copia de proceso que adelanta la fiscalía contra
el Juez 15 Civil Municipal.
Finalmente, por
Auto del 13 de julio de 2006, el suscrito magistrado sustanciador ofició al
Juzgado 15 Civil Municipal de Bogotá y a la Inspección Tercera C. Distrital de
Policía de Bogotá para que informaran a la Sala el estado actual del proceso
restitutorio adelantado contra la peticionaria, si la diligencia había tenido
lugar y si la misma todavía habitaba el inmueble.
En respuesta al
auto de pruebas, el Juzgado 15 Civil Municipal de Bogotá informó, mediante
oficio del 17 de julio de 2006, que en el expediente no existía prueba de que
la diligencia se hubiera realizado, pero aceptó como admisible que la tutelante
hubiera entregado voluntariamente el bien.
Por su parte, la
respuesta de la Inspección Tercera C. Distrital de Policía de Bogotá, emitida
el 17 de julio de 2006, da cuenta de que la tutelante abandonó voluntariamente
el inmueble objeto de restitución, tal como lo consigna el apoderado judicial
de la parte demandante en el proceso abreviado.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1.
Competencia
La Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en
desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9°
de la Constitución Política, y los artículos 33 al 36 del Decreto 2591 de 1991,
es competente para revisar las decisiones de instancia adoptadas en el proceso
de la referencia por el Juzgado 38 Civil del Circuito de Bogotá y el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil.
2. Identificación del problema jurídico
La finalidad central de la demanda de esta
referencia es la suspensión de la diligencia de entrega del inmueble que la
demandante sostenía se encontraba en posesión suya. Tal como expresamente lo
señala la peticionaria, su intención no es la de impugnar el contenido del
proceso de restitución de inmueble arrendado, cuya última diligencia es
precisamente la de desalojo del inmueble, sino la de que se conceda un plazo
razonable para que ella y sus nietos encuentren una residencia a la que puedan
mudarse.
Pese a que esta acción de tutela está encaminada a
obtener el aplazamiento de la diligencia de entrega material del bien, es
innegable que, de las consideraciones de la demanda, de las apreciaciones del
escrito de impugnación y de los comentarios del memorial de solicitud de
revisión, se evidencia un claro reproche en contra del trámite dado a la
demanda de restitución de inmueble arrendado, demanda que a juicio de la
tutelante tiene como base un contrato de arrendamiento falsificado, que ella
nunca suscribió, por no saber leer ni escribir.
Así las cosas, no obstante que la pretensión
central de la demanda busca el aplazamiento de la diligencia de desalojo,
pretensión que amerita el estudio de la procedencia de la tutela como mecanismo
transitorio, las acusaciones relativas a la legitimidad del proceso de
restitución de inmueble arrendado obligan a la Sala a hacer una valoración
inicial de la situación procesal de la demandante, con el fin de establecer si
en el proceso restitutorio ha podido incurrirse en una vía de hecho que
amerite, en defensa de los derechos fundamentales de la demandante y de sus
nietos, adoptar decisiones de carácter definitivo, como la nulidad de
diligencias pertinentes, y no sólo provisionales, como lo sería la simple
suspensión del desalojo.
A juicio de la Sala, este procedimiento se
justifica en virtud de la vulnerabilidad de los sujetos involucrados en el
presente conflicto: la demandante es una mujer de la tercera edad, analfabeta,
que, a juzgar por la información que suministra el expediente, carece de
recursos económicos suficientes para proveerse de manera inmediata de una
residencia; los nietos que dice cuidar son todos menores de edad.
3.
Improcedencia de la acción de tutela por inexistencia verificable de una vía de
hecho en el proceso de restitución de inmueble arrendado
-Consideraciones generales
De conformidad
con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las providencias judiciales
son susceptibles de ser impugnadas por vía de acción de tutela cuando se
verifique la existencia de una o varias causales específicas de procedencia,
causales que han sido definidas por los fallos de la Corporación.
Gracias a la
superación del concepto tradicional de vía de hecho, que permitía asignar la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales cuando éstas incurrieran
en defectos provenientes de la arbitrariedad judicial, la Corte Constitucional
ha catalogado una serie definida de causales que, por contravenir injustificada
o gravemente los derechos sustanciales discutidos en un proceso, pueden dar
lugar a la procedencia de la acción constitucional del artículo 86.
Las causales de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales se dividen en causales
genéricas, predicables de cualquier providencia judicial que pretenda
impugnarse por esta vía, y específicas, relativas al defecto en que habría
incurrido la providencia que pretende atacarse.
La Corte
Constitucional abordó el estudio de las causales genéricas y específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales en la
Sentencia C-590 de 2005. Por su importancia, esta Sala transcribe el aparte
correspondiente.
24.
Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales son los siguientes:
a.
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena
de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[1].
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b.
Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y extraordinarios-  de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[2].
De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c.
Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración[3].  De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.
d.
Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora[4].  No
obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay
lugar a la anulación del juicio.
e.
Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[5].
Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas
por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f.
Que no se trate de sentencias de tutela[6].  Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse
de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son
sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en
virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de
la sala respectiva, se tornan definitivas.
25.
Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una
acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la
existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben
quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente,
al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a.
Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b.
Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c.
Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d.
Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en
normas inexistentes o inconstitucionales[7] o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f.
Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
g.
Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional.
h.
Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando
la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[8].
i.
Violación directa de la Constitución.
Estos
eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales
involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de
específicos supuestos de procedebilidad en eventos en los que si bien no se
está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones
ilegítimas que afectan derechos fundamentales. (Sentencia C-590 de 2005 M.P.
Jaime Córdoba Triviño)
Teniendo en
cuenta las causales genéricas y específicas de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, procede la Sala a verificar si las mismas se cumplen
en el caso concreto.
-Caso concreto
La demandante de
la referencia sostiene que en el proceso civil de restitución de inmueble
arrendado se incurrió en vía de hecho, por cuanto el contrato de arrendamiento
que sirve de base a la reclamación judicial ha sido falsificado en virtud de que
su firma no es la que aparece en él. La referencia de la demandante da cuenta
entonces de la existencia de un proceso civil que se tramitó en desconocimiento
de su calidad de poseedora del bien y en asunción de que ella es la
arrendataria, cuando ese hecho no es cierto.
1. Verificación de las causales genéricas de procedibilidad de la
acción de tutela
Para esta sala,
los requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela en contra de
la sentencia que puso fin al proceso de restitución de inmueble arrendado se
cumplen en el caso concreto, tal como pasa a explicarse:
En primer lugar,
el problema jurídico puesto a consideración de la Sala involucra un asunto de
relevancia constitucional, pues determina el goce del derecho efectivo a una
vivienda digna por parte de la demandante y de sus nietos, menores de edad.
Igualmente, el mismo tiene que ver con la posible vulneración del derecho al
debido proceso, en tanto se alega el eventual desconocimiento de una verdad
certificada por expertos en grafología, relativa a la falsificación de una
firma que sirve de prueba de la existencia de un contrato de arrendamiento.
De conformidad
con la declaración del Juzgado 15 Civil Municipal de Bogotá, del 14 de febrero
de 2006, el proceso de restitución de inmueble arrendado obtuvo sentencia el 10
de febrero de 2005, que se encuentra en firme. En tal virtud, puede entenderse
que el procedimiento se encuentra finiquitado y que no existe mecanismo
judicial de defensa distinto a la tutela para impugnar el contenido de la
providencia.
Como las
acusaciones se refieren al desconocimiento del hecho de que el contrato de
arrendamiento se encuentra falsificado y éste se erige en la prueba reina para
adelantar el proceso de restitución de inmueble arrendado, es de suponer que
dicho eventual desconocimiento constituye elemento esencial en la definición
del proceso, por lo que no se trata de cualquier irregularidad procesal, sino
de una irregularidad definitiva para el destino del litigio.
Finalmente, para
esta Sala, pese a que la tutela ha sido presentada casi un año después de
dictado el fallo de la jurisdicción ordinaria que pone fin al proceso, término
que en condiciones normales podría juzgarse demasiado amplio y, por tanto,
incompatible con el requisito de inmediatez que debe cumplirse para presentar
la tutela, la situación particular de la demandante, su condición de ancianidad
y de analfabetismo, aunado al hecho de que los abogados que la han asesorado
han dejado de tener contacto con ella, imponen considerar que ese año
transcurrido no es, en su caso, un lapso excesivo para acudir al recurso del
amparo de tutela.
2. Verificación de las causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela
Las acusaciones que la demandante
formula en su escrito de solicitud de revisión de tutela, que aquella envió a
la Corte Constitucional el 6 de abril de 2006, dan cuenta de la existencia de
una irregularidad procesal fundamental en el trámite de la restitución de
inmueble arrendado adelantado por el Juzgado 15 Civil Municipal de Bogotá.
Dicha irregularidad consiste en haber tenido por cierto el contrato de
arrendamiento que aquella supuestamente suscribió con el señor Moscardo Plazas,
respecto del inmueble del que ahora está siendo desalojada. A juicio de la
demandante, la firma que aparece en el contrato no es suya, sino falsificada.
En atención a esta denuncia, el defecto
en que habría incurrido el juez civil municipal encuadra en la causales
específicas de procedencia por error inducido, ya que el juez habría dado por
cierto un hecho que tiene como fundamento jurídico un documento falso, y
también, posiblemente, en la causal de defecto fáctico, por haberse ignorado en
la apreciación de la prueba el hecho incontrastable de la falsedad de la firma.
No obstante, pese a que teóricamente
tal reproche puede catalogarse de aquella manera, para esta Sala, el caso
concreto no arroja la existencia de ninguno de los dos defectos alegados por la
tutelante.
De los cuadernos y pruebas allegados al
expediente no emerge ningún elemento de juicio del que pueda evidenciarse que
el juez civil ignoró de manera flagrante aquella falsedad detectada por la
demandante. En otros términos, ninguna pieza procesal del expediente permite
llegar a la conclusión de que el juez civil que dio trámite al proceso de
restitución de inmueble arrendado debió abstenerse de dictar sentencia
favorable a las pretensiones del arrendador, porque hubiera verificado la
existencia de una evidente falsedad en la constitución del título jurídico que
ahora se impugna.
La autenticidad del documento que
sirvió de base al proceso restitutorio fue objeto de denuncia penal por parte
de la tutelante que, según lo afirma el memorial de denuncia, culminó respecto
de Moscardo Plazas con sentencia inhibitoria. En esa medida, no puede afirmarse
con certeza que la jurisdicción penal hubiera evidenciado la existencia de una
falsedad en el documento contractual. Por el contrario, la propia demandante
adjunta al expediente, copia del dictamen pericial de cotejo entre las firmas
del contrato de arrendamiento y la firma indubitable de la peticionaria, en el
que el perito grafólogo advierte que existe coincidencia (uniprocedencia) en
las firmas. Por último, no existe diligencia de tacha de falsedad del título
jurídico en el marco del proceso de restitución de bien arrendado.
De los hechos resaltados se tiene
entonces que no era posible al juez civil advertir la existencia de una
falsedad irrefragable del documento que sirvió de base al proceso, para
abstenerse de dictar sentencia contraria a los intereses de la tutelante. En
consecuencia, no es posible afirmar que el juez ordinario haya incurrido en vía
de hecho por defecto fáctico o por error inducido. El fallo correspondiente que
ordenó la restitución del inmueble encontró fundamento en pruebas no
controvertidas de manera oportuna o cuya controversia no produjo resultados
positivos, por lo que debe reputarse legítimo.
Adicionalmente, la demandante asegura
que inició proceso posesorio ante el Juzgado 2º Civil del Circuito de Bogotá,
en el que seguramente discutirá los derechos derivados de la posesión que dice
tener sobre el bien desde hace 29 años. Inclusive, la demandante asegura haber
iniciado proceso penal en contra del juzgado que dio trámite al proceso de
restitución, proceso en el cual habrán de discutirse, con espacios probatorios
más amplios, las irregularidades en que a juicio de la demandante habría
incurrido el juez civil.
Descartada entonces la procedencia de
la tutela por existencia de un defecto fáctico o error inducido, pasa la Corte
a verificar la procedencia de la acción constitucional como mecanismo
transitorio para evitar la consumación del desalojo.
4. Carencia actual de
objeto en relación con la pretensión de suspensión de la diligencia de desalojo
En su escrito de demanda, la tutelante
aseguraba que la finalidad de la protección constitucional era la suspensión de
la diligencia de entrega del inmueble mientras aquella encontraba un hogar
adonde trasladarse con sus nietos. La pretensión no incluía reproche alguno
respecto de la diligencia de desalojo en sí misma considerada; únicamente
advertía sobre la necesidad de contar con un lapso mayor para hallar una
alternativa de residencia digna.
No obstante, en el transcurso del
proceso, tal como lo afirma la demandante en el memorial de solicitud de
revisión de la tutela (folio 3 del cuaderno 4), la misma abandonó el inmueble, “porque
los que pelean la posesión venían con órdenes de alguna parte y policías como 4
veces”, motivo por el cual la tutelante se trasladó a otro lugar, en donde
además matriculó a sus nietos en colegio distinto.
Así lo confirma el memorial remitido
por la Inspección Tercera C Distrital de Policía de Bogotá, suscrito por el
apoderado judicial de la parte demandante en el proceso restitutorio, que
informa al señor inspector que el inmueble fue desocupado por la arrendataria,
Mercedes María Pérez Romero; que fue recibido por sus propietarios el 6 de
abril de 2006, y prácticamente se encuentra terminado, ya que los cánones de
arrendamiento se consideran de difícil -casi imposible- recaudo (folio 16,
cuaderno 1).
De los hechos ocurridos en el
transcurso de la revisión, esta Sala concluye que la finalidad de la pretensión
procesal ha desaparecido: la demandante solicitaba la suspensión de una
diligencia que, a juzgar por lo dicho, actualmente carece de sentido, porque la
vivienda fue voluntariamente entregada. Igualmente, el hecho de que la
tutelante viva en otro sitio y sus nietos estén matriculados en otro colegio
implica que por este aspecto tampoco se requiere de la protección inicialmente
solicitada.
A lo anterior no sobra agregar que la
diligencia de restitución material del inmueble había sido programada desde la
fecha de la sentencia que resolvió la demanda, dictada el 10 de febrero de
2005, según informe del Juzgado Quince Civil Municipal de Bogotá. En estas
condiciones, la tutelante conocía de antemano de la existencia de la diligencia
y estaba advertida sobre la necesidad de desocupar el bien objeto de litigio,
por lo que no puede afirmarse que el desalojo haya sido intempestivo.
La Sala considera que de los elementos
de juicio que aparecen reportados en el expediente, así como del sentido con
que se enfocó la discusión procesal, resulta imposible adoptar una decisión que
vaya más allá de lo pedido en materia de protección de los derechos de los
afectados.
Habiendo sido el objeto directo de la
tutela la suspensión de la diligencia de desalojo y, el indirecto, la
impugnación del proceso civil de restitución, no resulta posible a esta Sala,
verificada la improcedencia de la tutela respecto de dichas pretensiones,
emitir decisión acerca de situaciones que carecen del sustento probatorio
suficiente, relacionadas con la situación por la que hipotéticamente podrían
estar pasando la tutelante y sus nietos.
Por las razones previstas, la Sala
confirmará las providencias de los jueces de tutela sometidas a revisión, las
cuales declararon la improcedencia de la tutela en el caso concreto, no sin
antes hacer ver que las personas involucradas en este proceso - la tutelante y
sus nietos menores de edad- gozan de las garantías ofrecidas por el Estado,
necesarias en materia de asistencia pública, cuando quiera que soliciten
protección ante las autoridades competentes.
III. DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión  de la Corte Constitucional, en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
R
E S U E L V E
Primero.- Por las razones consignadas en
la parte considerativa de esta providencia, CONFIRMAR la sentencia del
17 de marzo de 2006, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de
Distrito Judicial, mediante la cual se confirmó, a su vez, la sentencia del 23
de febrero de 2006, del Juzgado 38 Civil del Circuito de Bogotá, que denegó por
improcedente la tutela solicitada.
Segundo. Por Secretaria General, LÍBRESE
la comunicación prevista por el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
ÁLVARO
TAFUR GALVIS
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1]  Sentencia 173/93
[2] Sentencia T-504/00.
[3] Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05
[4] Sentencias T-008/98 y SU-159/2000
[5] Sentencia T-658-98
[6] Sentencias T-088-99 y SU-1219-01
[7] Sentencia T-522/01
[8] Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01;
T-1625/00 y  T-1031/01.