T-415-17
Sentencia
T-415/17
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre
procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
DERECHO FUNDAMENTAL
A LA SEGURIDAD SOCIAL-Reiteración de jurisprudencia
SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES
ACCION DE TUTELA
PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE SOBREVIVIENTES-Procedencia
excepcional
DERECHO A LA PENSION
DE SOBREVIVIENTES Y A LA SUSTITUCION PENSIONAL-Naturaleza jurídica
y finalidad
PENSION DE
SOBREVIVIENTES CON ANTERIORIDAD A LA LEY 100 DE 1993-Regulación
PENSION DE
SOBREVIVIENTES EN EL SECTOR PUBLICO-Desarrollo normativo
PENSION DE
SOBREVIVIENTES-Ley 100/93
RETROACTIVIDAD DE LA
LEY-Significado/ULTRACTIVIDAD
DE LA LEY-Significado/RETROSPECTIVIDAD DE LA LEY-Significado
PENSION DE SOBREVIVIENTES-Imposibilidad de aplicar la ley 100 de 1993 de manera
retrospectiva, según jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia
PENSION DE SOBREVIVIENTES-Aplicación
retrospectiva de la ley 100 de 1993 para el reconocimiento
APLICACION DE LA LEY
EN EL TIEMPO EN MATERIA DE RECONOCIMIENTO DE PENSION DE SOBREVIVIENTES
DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE CONSTITUCIONAL COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por desconocimiento del
precedente constitucional sobre la posibilidad de darle aplicación
retrospectiva a la Ley 100 de 1993 para reconocer pensión de sobrevivientes
Se ordenará dar aplicación y reiterar el precedente jurisprudencial que
ha sido fijado insistentemente en la materia por las diferentes Salas de
Revisión de esta Corte que consagra la posibilidad de darle aplicación
retrospectiva a la norma señalada cuando se encuentren acreditados ciertos
requisitos, pues por tratarse de un derecho pensional, ostenta por
extensión una enorme relevancia constitucional dada la naturaleza de iusfundamental de los derechos transgredidos. Es decir, se trata del
precedente más favorable comparándolo entre ambas jurisdicciones, considerando
que la ordinaria niega tajantemente la posibilidad de aplicación retrospectiva
de la Ley 100 de 1993, mientras que la constitucional lo permite cuando del
análisis fáctico del caso se concluya que las condiciones particulares del
afiliado difunto y el núcleo familiar que le sobrevive, deben permitir su
aplicación retrospectiva, so pena de transgredir derechos fundamentales tales
como la igualdad, la seguridad social y el mínimo vital
Referencia: Expediente T-6.024.284
Acción de tutela interpuesta por Briceida
Eslava de Quinche contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Ibagué y el Juzgado 01 Laboral del Circuito de
Ibagué.
Magistrado Ponente:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Bogotá D.C., 29 de junio de dos mil diecisiete (2017)
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y los
Magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo y Alejandro Linares Cantillo, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente:
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
A.
LA DEMANDA DE
TUTELA
La señora Briceida Eslava de Quinche tiene 76 años y
actuando a través de apoderado, interpuso acción de tutela contra providencia
judicial, buscando la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad y
a la seguridad social, que considera están siendo actualmente vulnerados con la
decisión adoptada por parte de la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Ibagué, mediante la sentencia del 27 de septiembre de
2016, en la cual se negó el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes,
confirmando íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado 01 Laboral del Circuito
de Ibagué que consideró que no resultaba posible darle aplicación retrospectiva
a la Ley 100 de 1993.  El amparo fue interpuesto por considerar que las
decisiones atacadas configuran una vía de hecho al desconocer la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, particularmente la sentencia T-564 de 2015. Por lo
anterior, solicita, a través del amparo constitucional que en esta oportunidad
conoce la Sala, que le sea reconocida una pensión de sobrevivientes por razón
de los servicios que prestó su cónyuge difunto al Departamento del Tolima, por
más de 18 años.
B.
HECHOS
RELEVANTES
1.     El señor José Ancizar Quinche laboró en
la en la Secretaría de Obras Públicas de la Gobernación del Departamento del
Tolima, por un periodo de 18 años, 6 meses y 20 días[1], hasta su
deceso como consecuencia de un accidente de trabajo, ocurrido el 30 de agosto
de 1989[2].
Durante todo ese tiempo cotizó a la Caja de Previsión Social del Tolima[3].
2.     La Secretaría de Obras Públicas de la Gobernación del Departamento del Tolima reconoció como
cónyuge sobreviviente del señor José Ancizar Quinche a la señora Briceida
Eslava de Quinche para efectos del pago de derechos laborales y prestacionales,
mediante Resoluciones Nº 1779 del 22 de noviembre de 1989 y Nº 4357 del 01 de
noviembre de 1990[4].
3.     El 10 de junio de 1996 la señora Eslava
de Quinche inició el trámite ante la Secretaría de Servicios Administrativos y
de la Función Pública del Departamento del Tolima para obtener el
reconocimiento y consecuente pago de la pensión de sobrevivientes a su favor. La
entidad mediante resolución nº 0480 del 07 de mayo de 1997 negó la solicitud,
al considerar que el causante no cumplía con los requisitos exigidos por los
artículos 27 del Decreto 3135 de 1968 y 68 del Decreto 1848 de 1969[5].
4.     Por lo anterior, inició un proceso
laboral ordinario en contra del Fondo Territorial de Pensiones del Departamento
del Tolima con la misma pretensión del reconocimiento pensional referido. El
conocimiento del asunto le correspondió en primera instancia al Juzgado 01
Laboral del Circuito de Ibagué, despacho que mediante sentencia del 06 de
noviembre de 2014 negó las pretensiones de la demanda por considerar que en el
caso de la accionante era imposible aplicar de manera retrospectiva la Ley 100
de 1993, ya que la situación jurídica de su cónyuge se consolidó al momento de
su fallecimiento, cuando la referida norma no había sido aún promulgada, ni
mucho menos estaba en vigor[6].
5.     La anterior decisión fue debidamente
apelada, y el conocimiento en segunda instancia fue repartido a la Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, que mediante sentencia
del 27 de septiembre de 2016 confirmó en su totalidad el fallo de primera
instancia[7].
En este orden de ideas, el 09 de noviembre de 2016 fue interpuesta contra esa
decisión la acción de tutela que en este momento revisa la Sala.
C.
RESPUESTA DE
LAS ENTIDADES ACCIONADAS
Juzgado 01 Laboral del Circuito de Ibagué
El Juzgado 01 Laboral del Circuito de Ibagué manifestó
que en ningún momento ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante,
toda vez que tanto las actuaciones surtidas por parte de ese despacho fueron
realizadas conforme a las normas vigentes que regulan la materia. Solicitó
entonces que la acción de tutela no prospere al no estar cumplidos los requisitos
legales y jurisprudenciales para la procedencia del amparo, al haber actuado
siempre conforme a derecho.
Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala Laboral
Una Magistrada de la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Ibagué, remitió un escrito conciso, en el que
explicó que la sentencia atacada a través de la acción constitucional fue
proferida el 27 de septiembre de 2016 y que su labor como colegiada de esa
corporación sólo inició el 1 de noviembre del 2016. Por esta razón, sostuvo que
se atendrá a lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia, quien conoció de la
tutela contra providencia judicial.
D.
DECISIONES
JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
Primera
instancia: Sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, el 28 de noviembre de 2016.
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia consideró que la acción de tutela interpuesta es improcedente ya que
la señora Eslava de Quinche debió haber acudido al medio de defensa judicial
que consagra ordinariamente la ley, es decir interponer el recurso de casación,
el cual en términos de esa corporación es el escenario idóneo para exponer los
motivos en que apoya el amparo constitucional. Lo anterior, dado que la
accionante renunció a la oportunidad legal que tenía para controvertir la
decisión que estima contraria al ordenamiento procesal, al no haber interpuesto
el recurso extraordinario de casación en el término legal que le fue concedido.
De esta manera, el fallo afirmó que es necesario que
antes de interponer la acción de tutela las partes agoten las herramientas
jurídicas ordinarias con las que cuentan para obtener la protección de sus
derechos y, posteriormente, si consideran que persiste la vulneración expongan
la controversia ante el juez constitucional para que sea este quien la
resuelva. En este orden de ideas, la naturaleza residual y subsidiaria de la
acción de tutela, no resulta posible su impetración como instrumento jurídico
para subsanar deficiencias que dieron lugar a consecuencias adversas a los
intereses de los accionantes. Finalmente, anotó que tampoco se evidenció el
riesgo de un perjuicio irremediable que permitiera la intromisión del juez de
tutela en asuntos propios de la Jurisdicción Ordinaria.
Impugnación.
Mediante escrito del 09 de diciembre de 2016, el
apoderado de la accionante interpuso recurso de apelación frente a la decisión
de primera instancia. En el documento se expone que la decisión cuestionada
negó el amparo con el argumento de que no se hizo uso del recurso de casación
contra la decisión de segunda instancia, dentro del término comprendido entre
el 28 de septiembre al 19 de octubre de 2016 que concedió la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué. Sin embargo anota cómo el
Código Procesal del Trabajo en su artículo 86 sostiene que tal recurso solo
será procedente cuando la cuantía exceda 120 veces el SMLMV. Por ende, dado que
la cuantía del proceso fue fijada en la suma de veintitrés millones ochocientos
mil pesos ($23.800.000), esta no alcanza a superar el número de salarios
mínimos requerido para recurrir en casación, por lo que considera que la acción
de tutela sí tuvo vocación de prosperar.
Segunda
instancia: Sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, el 02 de febrero de 2017.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia confirmó íntegramente la decisión de primera instancia al considerar
que una vez revisada la providencia que obra en la actuación y es motivo de
inconformidad, se debe concluir que ella no constituye una vía de hecho ni
tampoco puede aducirse con algún grado de acierto la existencia de algún
defecto capaz de configurar una causal de procedibilidad del amparo. Lo
anterior por cuanto observa que los despachos tutelados al estudiar la
viabilidad de reconocerle a la señora Eslava de Quinche la pensión de
sobrevivientes tuvieron en cuenta los hechos y las pruebas allegadas al
expediente, así como la jurisprudencia y la normatividad aplicable, y solo con
sustento en ellas determinaron que no era posible acceder a la pretensión.
Así, expone cómo entre las consideraciones presentadas
por el Tribunal Superior se afirmó que la demandante pretendía el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes aunque su cónyuge al momento de
fallecer no había cumplido los 20 años de servicios requeridos para obtener
esta prestación, por lo que se encontró justamente probada la excepción
propuesta por la entidad demandada referente a la inexistencia del derecho.
Además, que le asistía la razón a dicho Tribunal al no haber dado aplicación
retrospectiva a la Ley 100 de 1993, ya que cuando murió el causante la norma vigente
era la Ley 33 de 1985. En últimas, considera que la providencia censurada es
acertada, más aún cuando la accionante fue quien decidió no interponer el
recurso de casación, por lo que advierte que contrario a lo afirmado en el
escrito de impugnación no se demostró que las pretensiones de la accionante
efectivamente fueran inferiores a los 120 salarios mínimos legales mensuales
requeridos para acceder a dicho recurso extraordinario, por lo que tampoco se
encontraría acreditado el requisito de subsidiariedad previsto en el numeral 1º
del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
E.
ACTUACIONES
ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y PRUEBAS RECAUDADAS EN SEDE DE REVISIÓN
Mediante Autos de fecha
veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017) y tres (03) de mayo de
dos mil diecisiete (2017), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64
del Reglamento de la Corte Constitucional, el Magistrado sustanciador decretó
pruebas, con el fin de allegar al proceso de revisión de tutela elementos de
juicio relevantes para este. En consecuencia, en dicha resolución se resolvió
lo siguiente:
“(…)PRIMERO.-  OFICIAR por Secretaría General de esta Corporación a la señora
Briceida Eslava de Quinche, accionante en litigio que ocupa a la Corte, para
que dentro del término de setenta y dos (72) horas siguientes al recibo de la
notificación de esta providencia, informe al despacho:
Sobre su situación económica actual
lo siguiente:
(i)
¿Quiénes integran
actualmente su núcleo familiar, cuál es la fuente de sus recursos económicos
que le permiten su subsistencia actual y de qué manera sufragan los gastos
familiares?
(ii)
¿Es propietaria de bienes
inmuebles o muebles o, tiene alguna participación en sociedades? En caso
positivo ¿cuál es su valor y la renta que puede derivar de ellos?
(iii)
¿Tiene actualmente algún
desempeño laboral que le genere una remuneración bien sea por un contrato de
trabajo, o de prestación de servicios, con un empleador público o privado?
Igualmente, ¿Ha cotizado para obtener una pensión de vejez? En caso de ser
afirmativo, ¿Le ha sido reconocida a su favor esta o alguna otra prestación
pensional?
(iv)
¿Es actualmente
beneficiario del régimen contributivo del sistema de seguridad social en salud?
(v)
Detalle suficientemente su
situación económica actual, y en caso de ser cotizante activa del sistema
contributivo de salud indique el porqué.
SEGUNDO.- OFICIAR por Secretaría General de esta Corporación
al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ibagué, para que dentro del término
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al recibo de la notificación de
esta providencia, allegue al despacho copia de la sentencia del 06 de noviembre
de 2014, mediante la cual negó las pretensiones de reconocimiento pensional de
la señora Briceida Eslava de Quinche, consignadas en la demanda laboral
interpuesta en contra el Fondo Territorial de Pensiones del Departamento del
Tolima.
TERCERO.- OFICIAR por Secretaría General de esta Corporación al
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala Laboral para que dentro
del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al recibo de la
notificación de esta providencia, allegue al despacho copia de la sentencia del
27 de septiembre de 2016 mediante la cual además de negar las pretensiones
pensionales de la señora Eslava de Quinche, confirmó en su integridad una
sentencia que en primera instancia arribó a idéntica decisión.
CUARTO.- OFICIAR por Secretaría General de esta Corporación al Fondo
Territorial de Pensiones del Departamento del Tolima, para que dentro del
término de setenta y dos (72) horas siguientes al recibo de la notificación de
esta providencia allegue al despacho copia de la historia laboral del señor
José Ancizar Quinche en virtud de sus aportes realizados como causa de su
relación laboral con la Secretaría de Obras Públicas del Departamento del
Tolima.
QUINTO.- OFICIAR por Secretaría General de esta Corporación a la
Secretaría de Obras Públicas del Departamento del Tolima, para que dentro del
término de setenta y dos (72) horas siguientes al recibo de la notificación de
esta providencia informe al despacho sobre las condiciones en que el señor José
Ancizar Quinche laboró para esta dependencia, especificando los aportes hechos
a pensión y las circunstancias por las cuales terminó el vínculo laboral, que
según aduce el escrito de tutela se refieren a un accidente laboral (en caso
tal exponer al despacho en que consistió este infortunio).
La Secretaría General de la Corte Constitucional, informó y
remitió al Magistrado sustanciador los oficios recibidos, en respuesta a las
pruebas solicitadas mediante oficios OPTB-1536/17 al OPTB-1541/17 (Auto 28 de
abril) y OPTB-1546/17 al OPTB-1550/17 (Auto 03 de mayo) así:
Escrito, firmado por Briceida Eslava de
Quinche, accionante en el proceso que revisa la Sala, recibido en secretaría el
03 de mayo de 2017[8]
Mediante el escrito en mención la
accionante dio respuesta a cada una de las preguntas de la siguiente manera:
1. Informó que su núcleo familiar está
compuesto por ella y su hija mayor de edad, quien labora como secretaria en una
oficina de abogados y es la encargada de cubrir los gastos familiares.
2. Indicó que no es propietaria de ningún
inmueble, o mueble de valor, así como tampoco es dueña de acciones, ni tiene
participación en ninguna sociedad.
3. Manifestó que no labora ni percibe
ingreso alguno como empleada dependiente o independiente, que no ha cotizado
para para obtener una pensión de vejez por lo que no se le ha reconocido en su
favor prestación pensional alguna.
4. Avisó que es beneficiaria del régimen
contributivo del Sistema de Seguridad Social en Salud, ya que su hija la tiene
inscrita como tal en la EPS Cafesalud.
5. Finalmente, expuso cómo su situación
económica es precaria pues depende exclusivamente de su hija mayor de edad,
toda vez que por su avanzada edad (76 años) no puede trabajar, además que su
estado de salud no se lo permiten. Reiteró que no es cotizante del Sistema de
Seguridad Social en Salud sino beneficiaria.
Oficio No. 1513 del 02 de mayo de 2017,
firmado por la secretaria del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ibagué,
recibido en secretaría el 04 de mayo de 2017
Mediante Oficio del 02 de mayo de 2017 la
secretaria del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ibagué, remitió copia
del acta del 06 de noviembre de 2014. En esta declaró: i) la excepción de
inexistencia del derecho a la pensión solicitada que propuso el Fondo
Territorial de Pensiones del Tolima, y absolvió a esta entidad de los cargos
presentados en la demanda laboral ordinaria; ii) se negó el reconocimiento
pensional solicitado, y iii) se condenó en costas a la accionante a cancelar la
suma de $308.000 pesos m/cte por concepto de costas. Adicionalmente, agregó un
CD que contiene el audio de la audiencia de trámite y juzgamiento, de idéntica
fecha, en la que se rindieron los alegatos de conclusión, particularmente de la
parte actora y se dictó sentencia, en la que para arribar a la decisión, expresó dicho despacho entre otras cosas que:
-
“(…) el
causante laboró para el Departamento del Tolima por un tiempo menor a los 20
años de servicios, que era trabajador oficial, y que previo a esta acción
judicial la pensión se excluyó no con sujeción a la Ley 100 sino con
disposiciones pasadas, en particular la Ley 33 de 1985. De manera que
atendiendo el sentido del cargo vemos que la accionante deposita su esperanza
de la pretensión en la interpretación que hace en parte sobre las distintas
sentencias judiciales emitidas por altos tribunales entre ellas la C-444/97
proferida por la H. Corte Constitucional y otras más del Consejo de Estado que
aluden al principio de favorabilidad y la posibilidad al parecer de aplicar
fenómenos retrospectivos a determinados asuntos sociales o derivados del
Sistema de Seguridad Social Integral. En sí la tesis descansa concretamente en
la viabilidad de acudir a la Ley 100 de 1993 ya que para cuando falleció el
señor Quinche en 1989, osea antes, ella no tenía un derecho consolidado sino una
simple expectativa de la pensión lo que le brindaba la posibilidad de que su
petición se resolviera con la norma vigente al resultarle más favorable”[9].
-
“(…) le
parece al despacho que la interpretación que se ofrece en este caso distorsiona
en buena parte el verdadero sentido y alcance, no solamente de la doctrina
judicial sino también el sentido retrospectivo de la ley que se explica. Es
cierto, que alrededor de la justicia del trabajo y de la seguridad social
existen diversos principios que se han concebido para desatar precisamente
conflictos de la ley en el tiempo (…) pero no por esto significa que
ante cualquier obstáculo o negativa del derecho la solución siempre deba
consultar la más ajustada a los intereses de quien la invoca”[10].
-
“(…)
en el caso concreto porque no se está hablando de escoger una norma entre dos
vigentes, ni tampoco de una actual que lesione derechos subjetivos consolidados
a merced de disposiciones previas más beneficiosas, lo que se busca es como se
dijo en la fijación del litigio y a ciencia cierta aplicar una ley vigente con
efectos retrospectivos. Por ende, no se puede hablar entonces en este caso que
la señora Briceida Eslava de Quinche para cuando falleció lamentablemente su
esposo en 1989, antes de la Ley 100, tenía ella o guardaba ella una simple
esperanza o expectativa de pensión (…) por cuanto lo cierto fue quien
hasta ese entonces aspiraba a pensionarse no era ella, sino su esposo, el señor
José Ancizar q.e.p.d.”[11].
-
“El
principio de favorabilidad en este caso no encaja en virtud a que el análisis
de la pensión de sobrevivientes por carecer de un régimen de transición
comienza no desde la fecha de la reclamación o a la espera de mejores
condiciones jurídicas venideras, sino desde la comisión del hecho jurídico como
tal que la origina, que no es otro que el fallecimiento del trabajador o del
afiliado (…)
lo cual resta a su vez la posibilidad de hablar de un hecho consolidado o
preservar una expectativa cuando ciertamente hechos como la muerte o la
invalidez quedan sujetos a circunstancias extrañas de la vida, no determinables
por el hombre y por el legislador, y que por lo mismo impiden bajo esa
condición, pretender en un futuro encontrarse finalmente con una mejor
disposición”[12].
Oficio No. 2841 del 11 de mayo de 2017,
firmado por la secretaria del Tribunal Superior de Ibagué-Sala Laboral,
recibido en secretaría el mismo día
Mediante Oficio del 11 de mayo de 2017 la
secretaria del Tribunal Superior de Ibagué-Sala Laboral, remitió un CD que
contiene la grabación de la audiencia a la que hace referencia el artículo 82
del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Esta se llevó a cabo el
27 de septiembre de 2016, y confirmó de manera íntegra la decisión de primera
instancia. Para arribar a tal decisión tuvo en cuenta, entre otras, las
siguientes consideraciones[13]:
-
“(…) En
este proceso la demandante viene a reclamar que su derecho se resuelva bajo los
parámetros de la Ley 100 de 1993 pedimento que no ha sido resuelto por ninguna
instancia judicial anterior siendo por ello que no prosperó la excepción de
cosa juzgada planteada inicialmente por la entidad demandada (…) para el
juez a quo no tiene aplicación la retrospectividad de la norma, vamos a
resolver el problema jurídico que dejó planteado esta Sala mayoritaria: para el
a quo no tiene aplicabilidad la retrospectividad de la norma, de una parte
porque no se trata del trabajador sino de un beneficiario, y de otra porque el
derecho pensional reclamado se consolidó el 30 de agosto de 1989, fecha en la
cual se produjo la muerte del  esposo de la demandante, y que en consecuencia
no se estaba hablando de una expectativa pensional, sino de un derecho ya
causado y, que en consecuencia el mismo debía ser resuelto con fundamento en la
norma que se encontraba vigente para la fecha del acaecimiento de la
contingencia, esto es, la fecha de ocurrencia del fallecimiento (…) Para
el juez de primera instancia el régimen pensional de la prestación reclamada no
es el previsto en la Ley 100 de 1993, puesto que la Ley social no es
retroactiva y, se trata de un asunto consumado en vigencia de la ley anterior,
incluso solo para el beneficiario no para el trabajador, en tanto que para la
parte actora la ley social es retrospectiva (…)”[14].
-
“De
manera pacífica la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha
establecido por regla general que la normatividad aplicable a la pensión de
sobrevivientes no es otra sino la que se encontraba vigente a la fecha de la
muerte del afiliado o pensionado, advirtiendo además que: “pretender aplicar una
normatividad que no se encontraba vigente al momento de la muerte del causante,
situación que consolida su situación jurídica e impide la aplicación
retrospectiva de la ley, implica necesariamente darle efecto retroactivo a la
misma, irrumpiendo con el principio de irretroactividad de la ley”[15] (…) En
claro lo anterior, observa la Sala de decisión que se encuentra acreditado en
el proceso con la copia de las Resoluciones Nº 1219 de 2007 y 0112 de 2008 que
el causante José Ancizar Quinche Gómez q.e.p.d. falleció en el Municipio de
Robira (Tolima) el 30 de agosto de 1989 (…) que para la época del deceso
el causante tenía un tiempo servido de 16 años, 8 meses y 2 días, y que la
entidad demandada le negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
porque la norma a aplicar para tal reconocimiento era la que se encontraba
vigente para la fecha del deceso del extrabjabajador, la cual correspondía a la
Ley 33 de 1973 y la Ley 12 de 1975, y que como al momento del fallecimiento no
cumplía con el requisito de cumplir con 20 años de servicio exigido en tales
normativas no era viable acceder al reconocimiento pensional de la demandante”[16].
-
“Se
concluye que el señor José Ancizar Quinche Gómez q.e.p.d. falleció el 30 de
agosto de 1989, fecha para la cual (…) no cumplía con el
requisito de los 20 años de servicio que consagraba la norma que regía su
derecho prestacional. Luego entonces es claro para esta Sala de decisión, de
una parte, que al momento en que aconteció el fallecimiento del señor José
Ancizar Quinche Gómez las normas vigentes contemplaban la posibilidad de
realizar la sustitución del derecho pensional ya consolidado, pero no permitían
que alguien que no hubiese cumplido a cabalidad con los requisitos que
previamente habían sido establecidos pudieran sustituir en un tercero, un
derecho que aún no había consolidado o causado a su favor; y de otra, que el
asegurado no completó el tiempo mínimo de 20 años de servicios cotizados
establecido por la ley vigente al momento de su fallecimiento. Ahora bien,
frente a la petición de la accionante de que se le de aplicación retrospectiva
de la ley y que en consecuencia se tome en cuenta lo dispuesto en los artículos
46 y 47 originales de la Ley 100 de 1993, precisa esta Sala de decisión que no
está llamado a prosperar tal reclamo, en cuanto y en tanto de una parte el de
cujus no dejó consolidada la situación jurídica para hacerse acreedor a la
pensión de jubilación y menos aún para que pudiera sustituirse la misma en
cabeza de la hoy accionante; y de otra, de resolverse la solicitud
pensional de conformidad con una disposición legal que fue expedida con
posterioridad, ello equivaldría a romper con la máxima de la irretroactividad
de los efectos de la ley laboral”[17].
-
“(…) la
regla general para establecer la norma aplicable para determinar el derecho a
la pensión de sobrevivientes es la vigente al momento de la muerte del
pensionado o afiliado, por lo que solo excepcionalmente se aplica la
legislación vigente para el momento en que nació el derecho pensional, o surgió
el vínculo cónyugal o de convivencia, normativas estas dos últimas que solo se
utilizan para cumplir la finalidad de dar protección a la persona que prestó
compañía duradera y asistencia al causante hasta el momento de su muerte
(…) la sentencia CL- de abril de 2013 Radicación Nº 40523 estableció
excepciones a la mencionada regla en cuanto se dijo: “(…) no empece el
indiscutible efecto general e inmediato que informa la aplicación de la ley
laboral y de la seguridad social en el tiempo, previsto en el art. 16 del
Código Sustantivo del Trabajo, que le reviste de carácter de orden público y
que se traduce para los efectos de la pensión de sobrevivientes en que la norma
que rige dicha prestación es la vigente al momento del causante, pensionado o
afiliado, dejó de aplicar al caso siendo aplicable el art. 13 de la Ley 797 de
2003, dado que era la disposición vigente al 7 de abril de 2007 (…) cuando
quiera que dicha normativa había sido subrogada desde el 29 d enero de 2003
cuando entró a regir la señalada preceptiva de la Ley 797 (…) A los
mencionados dislates jurídicos arribó el Tribunal al entender equivocadamente
el criterio jurisprudencial de la Corte que ha admitido algunas excepciones a
la regla de la aplicación de la norma, que regula la pensión de sobrevivientes
a la fecha del deceso del causante en aras de garantizar los derechos de los
causahabientes (…) esto es lo importante, que habiendo cumplido todas
las cotizaciones exigidas en el reglamento correspondiente anterior a que
entrara a regir la Ley 100 de 1993, se desafiliaron del sistema o dejaron de
cotizar, y de igual modo, para garantizar la situación jurídica de quienes
iniciaron antes de la vigencia de la citada ley convivencias estables con un
pensionado o contrajeron matrimonio con él, casos en los cuales se ha concluido
que la aplicación de las normas anteriores a esa nueva normativa por entender
que el derecho de sobrevivencia se debía considerar de carácter derivado y por
ende, ya hacía parte del patrimonio del pensionado, y no primario como lo es ya
en su vigencia, por lo que solo se adquiere a la fecha de la muerte del
pensionado o afiliado”(…)”[18].
Oficio DGD-183-783-2017, del 04 de mayo
de 2017, firmado el director de gestión documental y apoyo logístico de la
Gobernación del Tolima, recibido en secretaría el 11 de mayo de 2017
La Gobernación del Tolima informó que
según la base de datos que reposa en la Secretaría Obras Públicas, la causa del
retiro del señor Quinche Gómez fue la muerte del trabajador. Así mismo allegó
copia de su historia laboral y un certificado en el que constan y se
especifican los aportes realizados por el señor Quinche, así como los salarios
devengados en las diferentes anualidades. De lo anterior, se tiene plenamente
demostrado que el difunto prestó sus servicios al Departamento del Tolima como
Obrero de la Secretaría de Obras Públicas de manera ininterrumpida entre el 05
de noviembre de 1959 al 17 de febrero de 1962, y del 12 de abril de 1975 al 29
de agosto de 1989.
II.
CONSIDERACIONES
A.
COMPETENCIA
1. Esta Corte es competente para conocer de esta
acción de tutela, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241
numeral 9 de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991, así como en virtud del Auto del 16 de marzo de 2017, que decidió
someter a revisión las decisiones adoptadas por los jueces de instancia y por
reparto le correspondió al suscrito Magistrado sustanciador.
B. CUESTIÓN
PREVIA: LA PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA LAS SENTENCIAS DEL JUZGADO 01
LABORAL DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ Y DE LA SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL
DISTRITO JUDICIAL DE IBAGUÉ
Condiciones
de procedencia general de la acción de tutela
2. En virtud
de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, la reiterada
jurisprudencia constitucional dictada en la materia[19], y los artículos concordantes del Decreto 2591
de 1991, la acción de tutela tiene un carácter residual y subsidiario,
razón por la cual, sólo procede excepcionalmente como mecanismo de protección definitivo:
(i) cuando el presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
o (ii) cuando existiendo, ese medio carece de idoneidad o eficacia para
proteger de forma adecuada, oportuna e integral los derechos fundamentales, en
las circunstancias del caso concreto. Así mismo, prosperará como mecanismo transitorio
cuando se interponga para evitar la consumación de un perjuicio irremediable a
un derecho fundamental. En este último evento, la protección se extenderá hasta
que se produzca una decisión definitiva por parte del juez ordinario[20]. Por lo anterior, generalmente el juez
constitucional tendrá la tarea de verificar que toda acción de tutela acredite cuatro
requisitos: legitimación en la causa tanto por activa como por pasiva,
inmediatez y subsidiariedad, para que el amparo sea considerado procedente, y
solo con posterioridad a este examen podrá estudiar de fondo el caso que está
conociendo.
3. Ahora bien, el asunto que ocupa la atención de la
Sala se trata de un amparo constitucional interpuesto contra dos providencias
judiciales, que son las decisiones que la accionante considera dieron origen a
la trasgresión iusfundamental alegada. La anterior particularidad
implica que el análisis de procedencia de la acción no puede agotarse con el
estudio de los cuatro requisitos generales antes enunciados, ya que al
pretender enfrentar una decisión proferida por jueces, en ejercicio de su
función de administrar justicia, la acción de tutela se torna en un instrumento
realmente excepcional, que no debe ser confundido con una nueva instancia
procesal para la discusión de asuntos de índole probatorio o de interpretación
del derecho que dieron origen a un litigo. Esto implica un análisis de
procedencia mucho más minucioso, conforme a los parámetros señalados por la
jurisprudencia de esta corporación.
Requisitos de procedencia y causales de prosperidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales
4. Puesto lo anterior de presente, la sentencia C-590
de 2005 estableció unas causales genéricas de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales, las cuales deben ser acreditadas en
todos los casos para que el asunto pueda ser examinado por el juez
constitucional. Se trata de requisitos de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales. De esta forma, la sentencia referida estableció
seis (6) requisitos de carácter general que habilitan la interposición de la
acción de tutela, en casos muy excepcionales de vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales, a través de elementos que debe cumplir el demandante.
Al mismo tiempo, delimitó ocho (8) situaciones o causas especiales de
procedibilidad, como formas de violación de un derecho fundamental por la
expedición de una providencia judicial. Se trata de las causales o hipótesis de
prosperidad de la acción de tutela contra la providencia judicial. Esto quiere
decir que para que la acción de tutela con este tipo de pretensiones prospere
deberá ser procedente y probar al menos una de las causales de prosperidad.
Los requisitos generales o de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales son los siguientes: “a.
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a
estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones (…), b. Que se hayan agotado todos los medios
-ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos (…),
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se
hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho
que originó la vulneración (…), d. Cuando se trate de
una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…), e. Que la parte
actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración
en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…)”[21],
y por último, “f. Que no se trate de sentencias de tutela (…)”[22]
[23].
Para un mayor entendimiento a lo que implican estas causales
debe precisarse, aunque sea sumariamente, el contenido de cada una de ellas,
para proceder a estudiar la procedencia
de la acción de tutela interpuesta por la señora Briceida Eslava de Quinche.
4.1.1 Que se hayan agotado todos los mecanismos de
defensa, ordinarios y extraordinarios, es decir que se encuentre acreditado el requisito
de subsidiariedad según lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política. Este establece que la acción de tutela es un mecanismo de protección
para los derechos fundamentales de carácter residual y subsidiario, por lo que,
únicamente será procedente cuando no exista otro medio de defensa judicial, o
cuando se pretenda evitar un perjuicio irremediable[24].
En el caso bajo estudio, se cumple plenamente con el
carácter subsidiario de la acción de tutela, al existir plena certeza de que
han sido agotados todos los medios de defensa judicial, toda vez que el amparo
que en esta oportunidad revisa la Sala va dirigido contra dos providencias
judiciales proferidas por el  Juzgado 01 Laboral del Circuito de Ibagué y la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué en
desarrollo de un proceso laboral ordinario, las cuales tuvieron origen en la
negativa administrativa de efectuar el reconocimiento pensional solicitado. La
accionante de manera diligente y oportuna apeló la decisión que en primera
instancia le fue desfavorable y se tiene convicción de que no habían más
recursos que hubiese podido interponer en el desarrollo del proceso laboral
ordinario.
4.1.2 Debe hacerse una precisión en lo que tiene que
ver con la falta de agotamiento del recurso extraordinario de casación, en el
caso de la accionante, argumento esbozado por los jueces de instancia en sede
de tutela, ya que tal como lo
expuso el apoderado de la actora en su escrito de impugnación al fallo de
tutela del 27 de septiembre de 2016[25],
que negó el amparo por improcedencia, haciendo alusión a lo dispuesto en el
artículo 86 del Código Procesal del Trabajo[26],
sostuvo acertadamente que: “en este caso, la cuantía del proceso se fijó en
la suma de VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($23.800.000) teniendo
como base el salario mínimo legal mensual vigente para el año de la
presentación de la demanda (24 de noviembre de 2012), que correspondía a la
suma de $566.700 y dando aplicación a los artículos 488 y 489 del CST y 151 del
CPT, con relación a la prescripción trienal: 14 mesadas a $566.700, cada una:
$7.933.800, por tres años, igual a: $23.801.400”[27], por lo que,
la cuantía del proceso laboral ordinario que fue agotado no alcanzaba a exceder
los 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes, requeridos para recurrir
en casación. Por ende, la Sala encuentra
que del material probatorio obrante en el expediente es claro que el recurso de
casación no era idóneo para la protección de los derechos de la accionante, por
la sencilla razón de que para su caso este recurso no se encontraba disponible.
Sin embargo, suponiendo que el recurso si hubiese
estado disponible, no podían los jueces de instancia omitir lo ha manifestado,
de forma muy reciente, por esta misma Sala de Revisión, donde se clarificó que el
juez constitucional siempre deberá ponderar: “(…) distintos aspectos para establecer si la
pretensión puede ser resuelta eficazmente a través de los mecanismos
ordinarios, o si, por el contrario, las dilaciones y complejidades que
caracterizan esos procesos judiciales podrían conducir a que la amenaza o la
vulneración iusfundamental denunciada se prolongue de manera
injustificada. Entre ellos se encuentran los siguientes: el tiempo de espera
desde la primera solicitud pensional a la entidad de seguridad social
(procedimiento administrativo), la edad (personas de la tercera edad), la
composición del núcleo familiar (cabeza de familia, número de personas a cargo),
el estado de salud (condición de discapacidad, padecimiento de enfermedades
importantes), las condiciones socioculturales (grado de formación escolar y
potencial conocimiento sobre sus derechos y los medios para hacerlos valer) y
las circunstancias económicas (promedio de ingresos y gastos, estrato
socioeconómico, calidad de desempleo) de quien reclama el amparo
constitucional. En suma, a partir
de las consideraciones expuestas, se observa que la acción de tutela por regla
general no es procedente para cuestionar una decisión judicial que no ha sido
objeto del recurso extraordinario de casación. Esta regla se exceptúa cuando el
recurso extraordinario de casación, por las circunstancias del caso concreto,
carece de idoneidad o eficacia, lo cual puede suceder por ejemplo debido a la
condición de la persona que acude a la acción de tutela”[28].
De esta forma, la Sala concluye que no es de recibo
argumentar que no haber agotado un recurso extraordinario de casación, que por
demás no estaba disponible, implique que la acción de tutela, interpuesta por
la señora Briceida Eslava de Quinche, deba ser declarada improcedente, dado que
por sus delicadas condiciones no
puede afirmarse que determinados recursos sean siempre idóneos y efectivos para
lograr pretensiones como las invocadas sin consideración a las circunstancias
del caso concreto, ya que como se anotó “(…) la idoneidad y
efectividad de cualquier medio de defensa judicial, incluido el recurso
extraordinario de casación, no puede darse por sentada ni ser descartada de
manera general sin consideración a las circunstancias particulares del caso
sometido a conocimiento del juez”[29].
Puesto lo anterior de presente, se tiene probado que la actora es un sujeto de especial
protección constitucional en razón de su edad y condición económica, ya que es
una persona de la tercera edad, 76 años, que no recibe actualmente pensión
alguna ni tampoco una remuneración por algún trabajo formal o informal, que por
lo anterior, depende exclusivamente de los dineros con que su hija, que trabaja
como secretaria, puede suministrarle, lo anterior, sumado al no tener casa
propia ni ser propietaria de ningún bien mueble o inmueble de valor, permiten
concluir que tiene su mínimo vital sumamente comprometido, por lo que el
recurso de casación, aún en caso de haber sido procedente, tampoco hubiera
resultado eficaz para proteger los derechos fundamentales de la actora.
4.2 Que la acción sea presentada en un término
razonable y oportuno, es decir, que se respete el principio de inmediatez.
Si bien es cierto que la acción de tutela no está sometida a un término de
caducidad, sí debe ser interpuesta en un plazo razonable y proporcionado a
partir del hecho generador de la vulneración. En el caso de las providencias
judiciales, el tiempo corre desde que quedan en firme. Por lo anterior, el juez
de tutela no podrá conocer de un asunto, y menos aún conceder la protección de
los derechos fundamentales señalados como afectados, cuando la solicitud se
haga de manera demasiado tardía, pues deberán ser observadas las circunstancias
en cada caso concreto para determinar si la acción fue o no interpuesta en un
término prudencial. A pesar de ello esta corporación ha considerado que “un
plazo de seis (6) meses podría resultar suficiente para declarar la tutela
improcedente y en otros eventos, un término de dos (2) años se podría
considerar razonable para ejercer la acción de tutela”[30]. En últimas,
este requisito le impone la carga al demandante de interponer la acción de
tutela en un término prudente y razonable respecto del hecho o la conducta que
causa la vulneración de derechos fundamentales[31],
dependiendo de las circunstancias particulares que rodean el caso[32].
La Sala observa que los hechos que la accionante
considera vulneran sus derechos fundamentales a la igualdad y a la seguridad
social ocurrieron el 27 de septiembre de 2016, con la expedición de la
sentencia en la que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué, confirmó
íntegramente una providencia de primera instancia, proferida por el Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Ibagué, en la que se negaba el reconocimiento a
una pensión de sobrevivientes a la cual la actora considera tener derecho,
mientras que la acción de tutela fue interpuesta el 09 de noviembre de 2016.
Este término ni siquiera supera dos (2) meses, razón por la cual la Sala lo
considera prudente, célere y razonable para reclamar la protección de los
derechos vulnerados.
4.3 Si se está alegando en la tutela que la
providencia sobrelleva una irregularidad procesal, debe explicar o argumentar
por qué tiene un impacto en el sentido de la decisión por tener un efecto
decisivo o determinante en la providencia. De ahí que, la acción de tutela solamente será
procedente cuando haya una vulneración sustancial al debido proceso, es decir,
cuando haya un yerro procesal trascendente[33].
En el asunto sub examine, la señora Eslava de
Quinche alega que se trata de un defecto procedimental y del análisis de la
demanda. La Sala concluye que explicó con suficiencia por qué, a su juicio, el
vicio es sustancial, es decir, por qué tendría incidencia en la resolución del
asunto y/o afectación de los derechos fundamentales invocados, exponiendo cómo
las providencias adoptadas por los jueces laborales habrían desconocido el
precedente de la Corte Constitucional en el asunto que es de su interés directo.
Particularmente, expone cómo no fue tenida en cuenta la sentencia T-564 de
2015, en donde esta corporación revisó un caso que considera muy similar al suyo
y en dicha oportunidad sí procedió a darle aplicación retrospectiva a la Ley
100 de 1993 y reconocer la prestación solicitada.
4.4 La parte accionante debe identificar los hechos
que generarían el daño, los derechos fundamentales que le fueron vulnerados, e
igualmente debe demostrar que los alegó en sede de instancia, como por ejemplo, en la impugnación del
primer fallo. Se trata de unas cargas explicativas mínimas, a pesar de que la
tutela es una acción informal, que pretenden que se evidencie la transgresión
de los derechos fundamentales con suficiente claridad. En este aspecto, resulta
de vital importancia identificar la causal, o las causales de procedibilidad
especial o causal de prosperidad del amparo contra la providencia judicial que
se ha configurado para que sea procedente este mecanismo contra providencia
judicial[34].
En el caso bajo estudio, se tiene que la accionante
cumple con las cargas argumentativas y explicativas mínimas que se requieren
para poder pronunciarse de fondo en un asunto como el que es objeto de revisión
ya que: i) se  identifican los derechos fundamentales presuntamente vulnerados
(a la igualdad y a la seguridad social); y ii) se precisan los hechos que la
señora Eslava de Quinche considera generan la vulneración (la negativa no solo
administrativa sino también jurisdiccional de darle aplicación retrospectiva a
la Ley 100 de 1993 y de esta manera reconocerle una pensión de sobrevivientes).
4.5 Además se requiere que la decisión judicial
accionada no sea un fallo de tutela, en otras palabras, que no se trate
de un escenario de tutela contra tutela, ni de una decisión resultante del
controla abstracto de constitucionalidad ejercido por la Corte Constitucional.
Lo anterior, de acuerdo con la sentencia SU-1219 de 2001, en la que se
estableció la improcedencia general de este tipo de acciones[35].
En el asunto que en esta oportunidad revisa la Sala,
las providencias judiciales atacadas mediante la acción de tutela objeto de
revisión son sentencias proferidas en el marco de un proceso laboral ordinario,
por lo que se encuentra cumplido este requisito de procedencia.
4.6 Que el asunto revista de relevancia
constitucional. Esto se explica en razón del carácter subsidiario de la
acción de tutela, logrando así establecer objetivamente qué materias competen
al juez constitucional, y cuáles son del conocimiento de los jueces ordinarios,
ya que el primero solamente conocerá temas de dimensión constitucional; de lo
contrario podría estar arrebatando competencias legales que no le corresponden.
Así mismo, resulta fundamental que los argumentos contra la providencia
tutelada se construyan en términos constitucionales[36]. Este
requisito sólo es posible establecerlo luego de verificar el cumplimiento de
los anteriores, teniendo en cuenta que únicamente después del examen de los
hechos y los argumentos expuestos es que resulta lógicamente posible establecer
si el asunto es una discusión jurídica constitucional o infraconstitucional.
El asunto bajo examen reviste de relevancia
constitucional, no solo porque existe una presunta vulneración de dos derechos
fundamentales, a la seguridad social y a la igualdad, sino porque el cargo
alegado contra las providencias judiciales es el desconocimiento del precedente
de este tribunal constitucional. Por esta razón, se encuentra acreditada la
última causal de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales interpuesta por la señora Briceida Eslava de Quinche.
Finalmente, debe agregarse que en el caso objeto de
revisión existe legitimación en la causa, ya que la señora Eslava de
Quinche fue parte del proceso ordinario en el que se adoptaron las decisiones
judiciales controvertidas mediante el amparo constitucional, efectivamente
conformando de manera directa la relación jurídico procesal que tuvo como
resultado las providencias atacadas.
En estos términos, la acción de tutela presentada por
la señora Eslava de Quinche contra providencias judiciales es procedente, lo
que permite entrar a examinar el fondo del caso y determinar si se configuró
alguno de los vicios que determinan la prosperidad del amparo contra las
providencias judiciales.
C.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO, MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN
5. En
atención a los fundamentos fácticos expuestos, le corresponde a la Sala Tercera
de Revisión determinar si el Tribunal Superior de Ibagué -Sala Laboral -, y el
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ibagué, desconocieron el precedente de
la Corte Constitucional en materia de aplicación retrospectiva de la Ley 100 de
1993 y vulneraron con sus decisiones los derechos fundamentales a la igualdad y
la seguridad social de la señora Briceida Eslava de Quinche, al negarle el
reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes.
6. Con el fin de resolver el problema jurídico
planteado, en primer lugar, la Sala  procederá a: (i) exponer brevemente el
concepto del derecho fundamental a la seguridad social y la procedencia de la
acción de tutela con fines pensionales, (ii) precisar la normatividad anterior
a la Ley 100 de 1993 y, exponer el concepto de sustitución pensional; para así
(iii) explicar cómo la Corte Constitucional ha aplicado la Ley 100 de 1993 de
manera retrospectiva para el reconocimiento de pensiones de sobrevivientes, en
casos en los que los causantes han trabajado para entidades del Estado por más
de quince años y han fallecido antes de entrar en vigencia la citada norma, y
en últimas determinar si en el caso concreto de la señora Briceida Eslava de
Quinche, efectivamente se evidenció o no un desconocimiento del precedente
constitucional.
D. EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (ART-
48 C.P.), EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES Y LA PROCEDENCIA
EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA CON FINES PENSIONALES.
El derecho fundamental a la Seguridad Social (Artículo
48 Constitucional)
7. La seguridad social integral es el conjunto de
instituciones, normas y procedimientos, para que las personas mejoren su
calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas
que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral
de las diferentes contingencias, especialmente aquellas que puedan llegar a
afectar la salud y/o la capacidad económica de los habitantes del territorio
nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la
comunidad. Se encuentra consagrado en el artículo 48 de la Constitución de 1991
como un servicio público permanente, razón por la cual el Estado se encuentra
obligado a participar en su financiación y en algunos casos en la prestación
del mismo, y además como un derecho de carácter fundamental. Esta concepción de
instituto jurídico de naturaleza dual, fue expuesta por la sentencia T-690 de
2014 como la organización: “(…) que tiene la condición tanto de
derecho fundamental, como de servicio público esencial bajo la dirección,
coordinación y control del Estado; surge como un instrumento a través del
cual se le garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos subjetivos
fundamentales cuando se encuentran ante la materialización de algún evento o
contingencia que mengüe su estado de salud, calidad de vida y
capacidad económica, o que se constituya en un obstáculo para la normal
consecución de sus medios mínimos de subsistencia a través del trabajo”[37].
Simultáneamente, debido a su naturaleza protectora de
manera integral del ser humano frente a las distintas contingencias que lo
pueden afectar, la Seguridad Social tiene el objetivo primordial de dar a los
individuos y a las familias la tranquilidad de saber que tanto el nivel, como
la calidad de vida no sufrirán, dentro de la medida de lo posible, un menoscabo
significativo a raíz de coyunturas o dificultades de orden social o económico,
como el desempleo, la vejez, la invalidez, la enfermedad, el fallecimiento de
un ser querido quien garantizaba la subsistencia patrimonial de su núcleo familiar,
entre muchas otras previsiones. Por esto, si bien en Colombia se fomenta la
participación privada en la prestación de los distintos servicios que
comprenden este Sistema, permitiendo que los particulares participen tanto en
la ampliación progresiva de la cobertura de los distintos servicios, como en la
prestación directa de estos últimos, aún persiste un esquema dual de gestión
pública en el cual la participación privada en el desarrollo de este servicio
público que garantiza un derecho fundamental siempre estará sujeto a la
inspección, vigilancia, control y regulación gubernamental.  En últimas lo que
existe es un conjunto de entidades públicas y privadas, sujetas a un conjunto
de normas (primordialmente la Ley 100 de 1993) y procedimientos, cuya coordinación
y vigilancia está a cargo del Estado.
En estos términos  se ha concebido como un mecanismo de
gran importancia[38]
que humaniza las relaciones sociales y un instrumento esencial para el
desarrollo económico y cultural de los pueblos que busca garantizar las
prestaciones económicas y de salud no solo a quienes tengan una relación
laboral o capacidad económica suficiente para afiliarse al sistema, asegurar la
prestación de los servicios sociales complementarios establecidos por la ley,
así como comprometerse con la ampliación de cobertura, hasta lograr que toda la
población acceda al sistema (principio de progresividad[39]). En
mérito de lo expuesto, el objeto del Sistema, según el artículo 1º de la Ley
100 de 1993, consiste en “garantizar los derechos irrenunciables de la
persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad
humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten”.
El Sistema General de Seguridad Social en Pensiones
8. Dentro de las múltiples contingencias que el
Sistema General de Seguridad Social busca proteger, la cobertura pensional,
bien sea por invalidez, vejez o de sobrevivientes, según la circunstancia
particular de afectación, ocupa un lugar preponderante en las previsiones
sociales a los que se ha hecho referencia. Así, conforme a lo dispuesto en el
artículo 10º de la Ley 100 de 1993, el objeto del Sistema General de Pensiones
es “garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas
de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las
pensiones y prestaciones que se determinan en la presente ley, así como
propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de
población no cubiertos con un sistema de pensiones”. Acorde con
pronunciamientos anteriores de esta Corte, se tiene, que entre otras tiene las
siguientes características: “i)
la obligatoriedad de la afiliación y de los aportes correspondientes; ii) la
libertad del trabajador para seleccionar el régimen pensional al cual quiere
vincularse; iii) la posibilidad de traslado previo el cumplimiento de ciertos
requisitos; y iv) el derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones y de
las pensiones de invalidez, vejez y de sobrevivientes acumulando cotizaciones
en la forma dispuesta por el Legislador”[40].
9. Se tienen entonces una serie de requisitos que, bien
sea en el régimen solidario de prima media con prestación definida o en el
régimen de ahorro individual con solidaridad, deben ser acreditados para el
reconocimiento y pago de las diferentes prestaciones pensionales. Para obtener
estos derechos los interesados deben agotar un trámite meramente
administrativo, consistente en elevar una solicitud a la entidad en la que han
cotizado y realizado los respectivos aportes pensionales. De manera que en un
término que nunca supere los 4 meses deberá responder las solicitudes de
reconocimiento pensional en las hipótesis no reguladas expresamente por el
legislador. Lo anterior debido a que este tribunal mediante la sentencia de
unificación SU-975 de 2003, aplicando de manera analógica el artículo 19 del
Decreto 656 de 1994, estableció el plazo señalado como un término general y
supletivo. Por ende, le corresponderá en primera oportunidad a Colpensiones o a
los respectivos fondos, dependiendo del caso, proceder a reconocer o negar las
pensiones reclamadas, por lo que los interesados deberán agotar todo el
procedimiento administrativo no solo elevando la solicitud, sino cuando sea
pertinente interponiendo los recursos legalmente dispuestos para controvertir
el contenido de estos actos administrativos.
El carácter excepcional de la acción de tutela para
las reclamaciones pensionales
Sin embargo, cuando las reclamaciones tengan una
respuesta adversa a los intereses de los particulares estas deberán ser
dirimidas ante los jueces ordinarios interponiendo las demandas laborales. Estos
son el mecanismo corriente que el ordenamiento ha dispuesto para garantizar
justamente la intervención jurisdiccional para la protección de este tipo de
intereses, por lo que en general no será viable presentar acciones de tutela
con fines pensionales. De esta manera, la Corte Constitucional en reiteradas
oportunidades ha manifestado en lo que tiene que ver con el reconocimiento y
pago de pensiones que: “(…) estas controversias deben dirimirse a través de
la jurisdicción ordinaria laboral o de la contencioso administrativo, según
corresponda, pero que sólo en ocasiones su conocimiento corresponde a jueces
constitucionales, estos casos son en los que por la inminencia, urgencia y
gravedad de la situación, se hace imposible postergar la presentación de la
acción constitucional para evitar un perjuicio irremediable, circunstancias que
corresponde analizar, evaluar y verificar al juez de tutela en cada caso en
concreto, y que le permite determinar que el mecanismo ordinario no es el
idóneo para dar pronta solución al conflicto, teniendo en cuenta las
consecuencias que se pueden presentar para los derechos fundamentales del
peticionario”[41].
Adicionalmente, la sentencia T-281 de
2016 sintetizó el conjunto de subreglas que la jurisprudencia constitucional ha
establecido para poder determinar la procedencia de la acción de tutela
interpuesta buscando el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes de
manera definitiva de la siguiente manera: “ (i) su falta de
reconocimiento y pago ha generado un alto grado de afectación de los
derechos fundamentales del accionante, en particular de su derecho al mínimo
vital; (ii) se ha desplegado cierta actividad administrativa o judicial
por el interesado tendiente a obtener la protección de sus derechos;
y (iii) aparece acreditado –siquiera sumariamente– las razones por
las cuales el medio de defensa judicial ordinario es ineficaz para lograr la
protección inmediata e integral de los derechos fundamentales presuntamente
afectados o, en su lugar, se está en presencia de un perjuicio irremediable. En
todo caso, cuando el amparo se solicita por un sujeto de especial protección
constitucional (persona de la tercera edad, madre o padre cabeza de familia, persona
en situación de discapacidad), el juicio de procedencia de la acción de tutela
debe hacerse menos riguroso” (negrillas y subrayado fuera del texto
original). Sin embargo, el anterior análisis deberá llevarse a cabo caso por
caso, considerando que la sola condición de especial protección constitucional
no implica por sí sola la necesidad de un reconocimiento prestacional.
Cabe resaltar que también es posible ordenar el
reconocimiento de derechos pensionales de manera transitoria, mientras se desarrolla
el mecanismo que el ordenamiento jurídico ordinariamente ha dispuesto para este
tipo de pretensiones, supuesto en el cual, el juez de tutela deberá concluir
del análisis fáctico del caso concreto que se está ante la inminencia de
configuración de un perjuicio irremediable, motivo por el cual de no otorgarse
el amparo de manera transitoria el daño mutará de  inminente, a real y
configurado. Siendo así, “para que obre la configuración del perjuicio
irremediable, es necesario que concurran los siguientes elementos: (i) debe ser
inminente, es decir, que está por suceder; (ii) las medidas que se requieran
para conjurarlo han de ser urgentes; (iii) debe ser grave, esto es, susceptible
de generar un daño trascendente en el haber jurídico de una persona; y, (iv) exige
una respuesta impostergable para asegurar la debida protección de los derechos
comprometidos”. Por ello, es posible diferenciar esta figura del daño
consumado, toda vez que la evitación de un perjuicio irremediable inminente
implica la adopción de una serie de decisiones prudentes y oportunas para
prevenir algo probable en su configuración, mas no consolidado, y no una mera
conjetura hipotética. Medidas que deberán ser ante todo urgentes, en el sentido
de no dar lugar a espera alguna para su adopción, por lo que constituyen una
respuesta pronta a un evento que no cabe duda está por realizarse.
Además, como quedó anotado, el daño producto del
perjuicio irremediable no puede ser cualquiera, sino que tiene que ostentar la
condición de gravedad determinada o determinable de manera objetiva, por lo que
deberá observarse el bien jurídico amenazado, ya que si se trata de alguno de
aquellos a los que la Constitución Política otorga especial protección, por ser
de gran significación para la persona, se requiere de una actuación diligente y
oportuna de todas las autoridades públicas, incluidos los operadores
judiciales, de ahí que en últimas procede la acción de tutela con estas
pretensiones cuando hay una situación de hecho que se adecua a las condiciones
que están siendo reseñadas. Finalmente, el riesgo de que se presente un daño de
gravedad de manera inminente, implica que las medidas urgentes señaladas deben
ser impostergables y oportunas, bajo el entendido que deberá ser adoptada antes
de que ocurran los efectos jurídicos negativos que justamente se pretenden
evitar, toda vez que de lo contrario será completamente ineficaz al no ser tomada
al momento de la inminencia, siendo entonces obsoleta.
En últimas, debe reiterarse lo expuesto por esta misma
Sala de Revisión en el sentido que “la acción de tutela por su naturaleza
residual y subsidiaria no es, en principio, el mecanismo idóneo para reclamar
el reconocimiento y pago de derechos pensionales. Sin embargo,
excepcionalmente, esta Corte ha admitido la procedencia de la acción
constitucional, cuando no exista medio ordinario de defensa; en caso de que
exista, se comprueba que no es idóneo ni eficaz para lograr la protección
inmediata de los derechos fundamentales cuya efectividad se ve comprometida por
el no reconocimiento de la prestación; o cuando es necesario para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable sobre los derechos fundamentales del
accionante, en cuyo caso procederá como mecanismo transitorio de amparo”[42].
En consecuencia, la pensión de sobrevivientes podrá ser excepcionalmente otorgada
de manera definitiva o transitoria cuando es reclamada mediante la acción de
tutela si de la evaluación de cada caso concreto se deduce su procedencia.
E. LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, LA NORMATIVIDAD ANTERIOR A LA LEY 100 DE
1993 Y SU REGULACIÓN ACTUAL
10. La pensión de sobrevivientes es la
prestación periódica, inalienable, e imprescriptible que deja un afiliado, que
bien puede ser pensionado (por vejez o invalidez) o trabajador activo del
Sistema General de Seguridad Social, a sus beneficiarios al fallecer, en el
primero de los casos también se conoce como sustitución pensional[43].
Estos recursos podrán ser recibidos de manera vitalicia o periódica,
dependiendo de las características de los beneficiarios a quienes les sea
reconocida la pensión.
En suma, se trata de una prestación que
vela por mantener las condiciones de vida de un núcleo familiar, que estaba a
cargo de un trabajador o pensionado fallecido, las cuales siempre se ven de una
u otra manera afectadas, en el ámbito económico y/o moral. Por consiguiente, la
pensión de sobrevivientes busca hacer la situación más llevadera y vela por la
garantía de importantes derechos fundamentales como la vida, el mínimo vital,
la seguridad social y/o la salud, por lo que dependiendo de las circunstancias,
concretamente de los beneficiarios, será reconocida de manera temporal o
vitalicia, siempre que se verifiquen las condiciones legales para su causación,
pero será en uno u otro caso de tanta relevancia que adquiere la connotación de
cierta, indiscutible e irrenunciable. En definitiva, “es la prestación que
el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones reconoce a los miembros del
grupo familiar más próximos al pensionado o afiliado que fallece. Su finalidad
es la de mantener, por lo menos, las mismas condiciones sociales y económicas
que gozaban antes de la muerte del asegurado”[44].
Conviene enfatizar en la distinción entre la
pensión de sobrevivientes cuando no se causó una prestación en vida y el
beneficiario reclama esta pensión, de su especie, la sustitución pensional,
toda vez que esta última atiende a cuando se subroga ante la entidad pagadora
quien recibe la mesada. Al respecto en la sentencia C-066 de 2016, se estudió
la constitucionalidad de los literales c) y e) del artículo 13 de la Ley 797 de
2003 (parcial), sobre la dependencia económica de los beneficiarios de esta
pensión y en dicha oportunidad la Corte reiteró la diferenciación entre el
género, la pensión de sobrevivientes y la especie, la sustitución pensional[45].
La pensión de sobrevivientes en el sector público –
Desarrollo normativo
11. De esta figura, en el sector público, se empezó a
hablar a partir de la Ley 6 de 1945 en la
que se estableció el régimen pensional para que los empleados oficiales
pudieran recibir este tipo de prestaciones de manera vitalicia. Dicha norma
dispuso en su artículo 17 que los empleados y obreros nacionales de carácter
permanente gozarían de las siguientes prestaciones: “b) Pensión vitalicia de
jubilación, cuando el empleado u obrero haya llegado a cincuenta (50) años de
edad, después de veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo (…)”.
Posteriormente, el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 modificó los requisitos de
acceso a dicha prestación al disponer que: “El empleado oficial que sirva o
haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de
cincuenta y cinco (55) años tendrá derecho a que por la respectiva Caja de
Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente
al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base
para los aportes durante el último año de servicios”.
De esta manera quedó consagrado el régimen de pensión de jubilación en
el sector estatal. Por su parte, el sistema de sustitución de este conjunto de
derechos prestacionales fue en principio concebido por el  Decreto Ley 3135 de
1968, que en el artículo 36 consagró que “al fallecimiento de un empleado
público o trabajador oficial con derecho a pensión de jubilación, sus beneficiarios
en el orden y porción señalados en el Artículo 34, tienen derecho a recibir de
la respectiva entidad de previsión la pensión que le hubiera correspondido
durante dos (2) años, sin perjuicio de las prestaciones anteriores”. La
anterior disposición fue modificada por el artículo 19 del Decreto 434 de 1971,
el cual estableció que “fallecido un empleado público o trabajador oficial
jubilado o con derecho a pensión de jubilación, su cónyuge y sus hijos menores
de 18 años o incapacitados para trabajar por razón de sus estudios o invalidez
y que dependieren económicamente del causante, tendrán derecho a percibir entre
todos, según las reglas del artículo 275 del Código Sustantivo del Trabajo, la
respectiva pensión durante los cinco (5) años subsiguientes”.
Sin embargo, estas normas consagradas solamente para el sector público
en su forma de sustituir las pensiones fueron nuevamente replanteadas por el
artículo 1º de la Ley 33 de 1973, al proponer una única disposición que
aplicara tanto para trabajadores del sector público, como del privado, señalando
concretamente que: “Fallecido un trabajador particular pensionado o con
derecho a pensión de jubilación, invalidez, vejez, o un empleado o trabajador
del sector público, sea este oficial o semioficial con el mismo derecho, su
viuda podrá reclamar la respectiva pensión en forma vitalicia (…)”.
Posteriormente, esta disposición conjunta fue nuevamente modificada por el
artículo 1º de la Ley 12 de 1975[46].
12. Resulta claro entonces que en lo relativo a la
pensión de sobrevivientes o sustitución de la pensión de jubilación reconocida
de manera previa a la muerte del titular, “(…) la regulación a través de los años tanto del
régimen privado como del público ha pretendido flexibilizar el acceso a dicha
prestación en la medida en que la seguridad social fue transformándose de un
beneficio asistencial a un servicio público para finalmente consolidarse como
un derecho en cabeza de todos”[47]. Dicho esto, la promulgación de la Ley
100 de 1993 buscó, al tenor de su artículo 1º, “garantizar los derechos
irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida
acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que
la afecten”. Con ello se estableció un régimen aplicable a particulares
desde el 1 de abril de 1994, y a los servidores públicos del nivel
departamental, municipal y distrital desde el 30 de junio de 1995, manejando, a
partir de ésta última fecha, un sistema integral por su implementación idéntica
independientemente de la calidad del trabajador o las condiciones de sus
empleadores, sean públicos o privados. El Sistema General de Pensiones rige y
debe ser aplicado entonces a todos los habitantes del territorio nacional. A
pesar de ello, su implementación fue diseñada con respeto de los derechos,
garantías y prerrogativas adquiridas conforme a las normas anteriores,
protegiendo no solo situaciones jurídicas consolidadas, sino expectativas
legítimas, e igualmente no alterando lo dispuesto en pactos o convenciones
colectivas de trabajo, a todas aquellas personas que a la fecha de entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993 acreditaran el lleno de los requisitos para
acceder a una pensión, o entren dentro del grupo de pensionados del sector
privado o público.
La pensión de sobrevivientes en la Ley 100 de 1993
En lo que tiene que ver con la pensión de
sobrevivientes la Ley 100 de 1993 consagró esta prestación en sus artículos 46
a 48. El artículo 46 enunció quiénes tienen derecho a este tipo de prestaciones:
“1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por
riesgo común que fallezca y, 2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al
sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas
dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento[48]”.
Debe agregarse que al respecto, la sentencia C-1255 de 2001 indicó que no se
establecieron requisitos adicionales para la trasmisión de una pensión que ya
había sido reconocida, toda vez que en esta situación “tiene lugar la
subrogación de los miembros del grupo familiar en el pago de la prestación que
venía recibiendo su titular, y no la generación de una prestación nueva o
diferente. En otras palabras, los beneficiarios toman el lugar de su causante y
se hacen acreedores de una prestación o derecho adquirido por éste”. Por el
contrario, si se trata de un afiliado al sistema a quien no le había sido
reconocido el derecho prestacional, la misma providencia indicó que “la
pensión de sobrevivientes que se paga a sus familiares es una nueva prestación
de la que no gozaba el causante, y que se genera en razón de su muerte, previo
el cumplimiento de unos requisitos que el legislador ha previsto.  Se trata,
entonces, del cubrimiento de un riesgo con el pago de una prima que lo asegure,
y no del cambio de titular de una prestación ya generada”, por lo que para
su reconocimiento se establecieron dos requisitos adicionales[49].
El artículo 47 de la indicada ley, establece quiénes
tendrán derecho a la pensión de manera vitalicia o temporal, y en qué
condiciones será percibida por las diferentes posibles categorías de
beneficiarios dentro del núcleo familiar (cónyuge, el/la compañero(a)
permanente, los hijos menores de 18 años, mayores de 18 años y/o
discapacitados, entre otros). Finalmente, el artículo 48 hace referencia al
monto de dicha prestación, partiendo de la base de que será el 100% del valor
de la pensión siempre y cuando se trate de la sustitución de una pensión, es
decir que el miembro del núcleo familiar que falleció haya ostentado la
condición de pensionado, caso en el cual “el monto mensual de la pensión
total de sobrevivientes será igual al 45 % del ingreso base de liquidación más
2 % de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas adicionales de cotización
a las primeras quinientas (500) semanas de cotización, sin que exceda el 75 %
del ingreso base de liquidación”[50].
13. En últimas, se encuentra demostrado cómo la
regulación en materia de pensión de sobrevivientes a través de los años ha ido
flexibilizando los requisitos de acceso a dicha prestación, toda vez que la
concepción de la seguridad social presentó un desarrollo que a pesar de empezar
como un beneficio asistencial, fue adquiriendo una categoría no únicamente de
servicio público de carácter esencial, pues con la entrada en vigencia de la
Constitución de 1991, su posterior desarrollo a través la Ley 100 de 1993 y la
jurisprudencia de esta corporación, adquirió la connotación de derecho
fundamental con el efecto trascendental de proteger a diferentes beneficiarios
de un núcleo familiar.
F. LA APLICACIÓN DE LA LEY 100 DE 1993 EN EL TIEMPO Y EL PRINCIPIO DE
FAVORABILIDAD, REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
14. Las normas jurídicas por regla general solamente
rigen y producen los efectos para los cuales fueron expedidas frente a aquellos
actos, hechos o situaciones de derecho que se constituyen con posterioridad a
su entrada en vigencia. De esta manera, el momento a partir del cual debe
entenderse que una norma tiene que ser acatada debe regirse bajo el entendido
de su irretroactividad general, mediante la aplicación indiscriminada e
inmediata a todos los hechos y las consecuencias que son producidos durante su
vigencia. En otras palabras, por lo general las normas no tendrán efectos
retroactivos, ni podrán ser aplicadas una vez hayan sido expresa o tácitamente
derogadas. Lo anterior busca crear seguridad jurídica y proteger derechos
adquiridos, en el sentido de admitir que la nueva regla está hecha para
resolver problemas jurídicos que surgen de manera posterior a su entrada en vigencia,
por lo que no tendrá facultades para dejar sin efectos los derechos que una
persona adquirió antes de que entrara a regir la nueva ley.
Además, esta restricción general a que las normas sean
aplicadas de manera retroactiva evita que se entrometa en la producción de
efectos frente a hechos consumados, es decir, aquellas situaciones que se
produjeron, cumplieron y quedaron terminados en vigencia de una norma anterior,
por lo que al tratarse de hechos que fueron ya resueltos conforme a la regla
antigua deberán ser acatados por la nueva, a pesar de tener consecuencias
diferentes; sin embargo esta Corte ha sido clara en señalar que “cuando se
trata de situaciones jurídicas en curso, que no han generado situaciones
consolidadas ni derechos adquiridos en el momento de entrar en vigencia la
nueva ley, ésta entra a regular dicha situación en el estado en que esté, sin
perjuicio de que se respete lo ya surtido bajo la ley antigua”[51].
Esto último sirve para garantizar la seguridad jurídica dentro del ordenamiento.
Sin embargo, de manera excepcional las normas jurídicas pueden ser aplicadas en
el tiempo de forma diferente a través de 3 figuras, a saber:
i) la retroactividad, que “se configura
cuando una norma expresamente contempla la posibilidad de ser aplicada a
situaciones de hecho que se consolidaron con anterioridad a su entrada en
vigencia, un ejemplo claro de este instituto jurídico es el establecido en el
artículo 29 constitucional, conforme al cual en materia penal, la ley permisiva
o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la
restrictiva y desfavorable”[52].
ii) la ultractividad, que se produce cuando una
norma que a pesar de haber sido derogada, sigue aplicando a los hechos
ocurridos durante su vigor, es decir, se emplea la regla anterior para la
protección de derechos adquiridos y expectativas legítimas de quienes
desempeñaron ciertas conductas durante la vigencia de la norma derogada, no
obstante existir una nueva  que debería regir las situaciones que se configuren
durante su periodo de eficacia por el principio de aplicación inmediata
anteriormente expuesto.
iii) la retrospectividad es un fenómeno de
aplicación de la ley en el tiempo excepcional que ocurre cuando se presenta “la
posibilidad de aplicar una determinada norma a situaciones de hecho que, si
bien tuvieron lugar con anterioridad a su entrada en vigencia, nunca vieron
definitivamente consolidada la situación jurídica que de ellas se deriva, pues
sus efectos siguieron vigentes o no encontraron mecanismo alguno que permita su
resolución en forma definitiva”[53],
razón por la cual “(…) no presenta impedimento alguno para que, en
los casos en los que la situación jurídica no se ha consolidado o, sus efectos
siguen surtiéndose, una nueva norma pueda entrar a regular y a modificar
situaciones surtidas con anterioridad a su vigencia”[54].
15. Además de lo anterior, debe tenerse en cuenta que
los juicios que realiza la Corte Constitucional en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 241 de la Carta Política al ejercer su labor de revisión
eventual de fallos de tutela, y en algunos casos de sentencias proferidas por
jueces de la Jurisdicción Ordinaria o de lo Contencioso Administrativo cuando
se tratan de amparos interpuestos contra providencias judiciales, lleva a cabo
valoraciones de constitucionalidad y no de mera legalidad, es decir, vela no
solo por la supremacía de las normas y la jurisprudencia constitucional sino
por la efectiva tutela de los derechos fundamentales que pueden estar
vulnerados. Es por esta razón que cuando existan diferentes normas o
precedentes jurisprudenciales aplicables a un mismo caso, siempre deberá
optarse por aquella posición que más de ajuste a la Constitución y como se
advirtió, propenda por la protección más eficaz de los derechos fundamentales de
los accionantes. Lo anterior, es lo que se conoce como el principio de
favorabilidad, que opera en virtud de lo dispuesto en el artículo 53 de la
Constitución[55],
según el cual en caso de duda frente a la aplicación e interpretación de las
fuentes formales del derecho, tales como la ley y la jurisprudencia, deberá
siempre escogerse aquella que conlleve la situación más favorable al
trabajador, como herramienta hermenéutica para resolver el conflicto y escoger
una fuente u otra.
La imposibilidad de aplicar la Ley 100 de 1993 de
manera retrospectiva según la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia
Siendo así, en lo que respecta a la pensión de
sobrevivientes, la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral ha
sido enfática en señalar que para resolver problemas de aplicación de la ley en
el tiempo, si bien ha dado uso al principio constitucional de favorabilidad
para proceder a implementar la Ley 100 de 1993 de manera ultractiva, no ha
permitido la aplicación de la norma posterior de forma retrospectiva en virtud
del mismo principio del artículo 53 constitucional. Así, cuando el máximo
tribunal de la Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad laboral, ha estudiado
casos en que la muerte de un causante ocurrió con anterioridad a la fecha de
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, ha considerado que resulta imposible
aplicar esta normatividad, toda vez que “(…) la muerte del afiliado o
pensionado consolida la situación y por ello resulta aplicable el régimen
vigente al momento de la muerte y pretender aplicar una normatividad que no se
encontraba vigente al momento de la muerte del causante, implica darle efecto
retroactivo a la normatividad, distanciándose de esta forma de la posición
asumida por el Consejo de Estado”[56].
La aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993 para
el reconocimiento de pensiones de sobrevivientes, según la reiterada
jurisprudencia de las diferentes Salas de Revisión de la Corte Constitucional
16. No obstante lo anterior, existe en el mismo asunto
un precedente uniforme y reiterado de las diferentes Salas de Revisión de
Tutela de esta corporación que considera todo lo contrario, es decir, que en
virtud del referido principio de favorabilidad es posible darle aplicación
retrospectiva a la Ley 100 de 1993 en materia de pensiones cuando el causante,
a pesar de haber fallecido con anterioridad de la entrada en vigencia de la
norma, ha cotizado por un número considerable de años al sistema de seguridad
social (como se verá se ha establecido que se debe tratar de un periodo de más
de 15 años) y de las particulares condiciones de los accionantes se deduce que la implementación de la
ley preconstitucional de seguridad social en concreto es una carga
desproporcionada, que vulnera derechos iusfundamentales, tales como la
seguridad social, el mínimo vital y la igualdad. Por ello, se procederá a
desarrollar la línea jurisprudencial que expone esta postura que materializa el
principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Carta Política.
17. En este sentido, en la sentencia T-891 de 2011
la Sala Tercera de Revisión analizó el caso de una accionante que solicitó ante
la entonces la Caja Nacional de Previsión Social- Cajanal E.I.C.E el
reconocimiento de una pensión de sobrevivientes a la cual consideraba tener
derecho a raíz del fallecimiento su cónyuge, ocurrido en 1986. La
solicitud fue negada pues solo se acreditaron 18,5 años de servicio como
empleado público y la normatividad aplicable al caso, esto es la Ley 33 de
1985, exigía acreditar 20 años de servicio y haber cumplido 55 años. En dicho
caso el Tribunal Administrativo de Caldas consideró que no se encontraba ante
una expectativa legítima de derecho, por lo cual las disposiciones de la Ley
100 de 1993 no resultaban aplicables en favor o en contra, pues el evento de la
muerte del causante determinaba las normas aplicables para aquellos que
pretendieran la sustitución pensional[57]. Ante tal
situación fáctica la Corte Constitucional consideró que resultaba claro que la
jurisprudencia entonces vigente del Consejo de Estado permitía la aplicación
retrospectiva de la ley en materia de pensiones, basados en criterios de
justicia y equidad, por lo que encontró vulnerados los derechos al debido
proceso y a la igualdad de la accionante[58]. Por
esta razón revocó la sentencia referida y ordenó el reconocimiento y pago de la
pensión de sobrevivientes en favor de la actora, a pesar de que su cónyuge
falleció antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, sin haber
dejado causada una pensión dándole aplicación retrospectiva.
18. En el
mismo sentido, en la sentencia T-072 de 2012 la Sala
Quinta de Revisión estudió el caso de una persona que solicitó ante la Caja
Nacional de Previsión Social E.I.C.E., en aquella época en liquidación, una
pensión de sobrevivientes en virtud de que su cónyuge laboró para el Instituto
Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe) sede Armenia
(Quindío) desde el 19 de agosto de 1973 hasta la fecha de su muerte el 9 de
enero de 1992. Sin embargo, dicha pretensión le fue negada por parte de la
entidad accionada por considerar que no se cumplía el requisito de 20 años de
servicios al Estado, contenido en la legislación vigente para la época del
fallecimiento del causante[59], a pesar
de sí cumplir con los requisitos que el artículo 46 de la Ley 100 de 1993
contempla para acceder a la prestación solicitada. Dicha decisión
administrativa fue objeto de controversia judicial por parte de la interesada,
quien interpuso una acción de tutela que tras ser negada en ambas instancias
fue objeto de selección y revisión por parte de este tribunal.
Así las
cosas, en dicha oportunidad la Corte Constitucional encontró que resultaba
claro que el Consejo de Estado admitía la aplicación retrospectiva de la Ley
100 de 1993 en materia de pensiones, garantizando con ello el principio de
favorabilidad y tutelando el derecho fundamental a la igualdad y en últimas la
justicia[60]. Por todo
lo anterior, se revocaron las decisiones de instancia, y reconoció la pensión
de sobrevivientes a la accionante al darle aplicación retrospectiva a la Ley
100 de 1993.
19. De manera
idéntica, la Sala Tercera de Revisión a través de la sentencia T-587A de
2012 dio aplicación retrospectiva a la Ley 100 de 1993 para el
reconocimiento de una pensión de sobrevivientes a pesar de que el causante
había fallecido con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma. En
esa oportunidad se examinó el caso de una accionante que solicitaba el
reconocimiento de una pensión de sobrevivientes toda vez que su cónyuge difunto,
quien falleció en octubre de 1988, laboró para la Gobernación de Antioquía y
otras entidades oficiales por un periodo de 6.572 días, es decir 18 años y 2
días, pero la autoridad territorial señalada negó la petición dado que el
difunto no había cumplido con los requisitos exigidos por la Ley 6 de 1945 y la
Ley 33 de 1985 para acceder a la pensión, esto es veinte (20) años de servicios
continuos o discontinuos. Posteriormente radicó idéntica solicitud ante el ISS,
entidad que nuevamente dio una respuesta adversa a los intereses de la
accionante ya que su esposo “no se encontraba cotizando al ISS al momento
del fallecimiento y de las 92,29 semanas cotizadas ante dicha institución
ninguna se realizó en los seis años anteriores a la fecha de
fallecimiento; igualmente indicó que tampoco posee 300 semanas cotizadas
exclusivamente ante el ISS en cualquier tiempo”. Asimismo sostuvo que
resultaba imposible sumar tiempos públicos no cotizados al ISS con los tiempos
efectivamente cotizados a dicha entidad, ya que la ley que permitiría esto era
la Ley 71 de 1988, que entró en vigencia con posterioridad a la muerte del
causante.
Así las
cosas, contra estas decisiones la entonces actora interpuso acción de tutela
con idénticas pretensiones, la cual fue desestimada en ambas instancias por los
jueces de conocimiento. Ante el contexto descrito este tribunal llevó a cabo un
análisis comparativo en el que encontró que, de un lado, en reconocimiento del
principio de favorabilidad, y por razones de justicia y equidad que informan el
régimen laboral y de seguridad social en Colombia, el Consejo de Estado había
dado, en reiteradas oportunidades, aplicación retrospectiva a la Ley 100 de
1993 en materia de pensión de sobrevivientes. Por el contrario, encontró que la
Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral, no ha permitido ni
compartido la posición del máximo órgano de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, en el sentido de aplicar la norma posterior de forma
retrospectiva en virtud del mismo principio de favorabilidad. Sin desconocer el
texto claro de las normas legales, deberá optarse en tales situaciones por la
posición que más se adapte a la norma superior y garantice la tutela efectiva
de los derechos fundamentales de la accionante, por lo que dándole aplicación
al artículo 53 constitucional y el principio de favorabilidad que este
consagra, debería en estos casos optarse por la interpretación que
efectivamente da aplicación retrospectiva a la Ley 100 de 1993[61].
20. De manera casi simultánea en la sentencia T-515
de 2012[62]
la Sala Primera de Revisión estudió el caso de una madre que solicitó al ISS el
reconocimiento de una pensión de sobrevivientes a la que consideraba tener
derecho, dado que su hija cotizó de manera independiente al Sistema General de
Pensiones un total de 902 semanas, antes de su fallecimiento el 9 de mayo de
1988. La anterior petición que fue rechazada por la entidad al estimar que no
existían, a la fecha de la muerte de la causante normas que otorgaran el
derecho a disfrutar de la pensión de sobrevivientes en favor de los padres, e
igualmente que la ley aplicable para efectos del reconocimiento pensional es la
que se encontraba vigente a la muerte del causante y no una posterior. Esta
decisión fue cuestionada mediante la acción de tutela pero negada en ambas
instancias, por lo que en sede de revisión esta Corte concluyó que en el asunto
existía una vulneración iusfundamental, concretamente de su derecho a la
igualdad[63],
por lo que nuevamente dio aplicación retrospectiva a la Ley 100 de 1993 y
concedió la pensión de sobrevivientes solicitada.
21. Posteriormente, la Sala Octava de Revisión
profirió la sentencia T-564 de 2015, en donde detalló el caso de una
accionante que solicitaba el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que
pudo haber causado su cónyuge difunto, quien laboró para para el Departamento
del Tolima desde octubre de 1970, hasta la fecha de su muerte el 2 de marzo de
1988 (17,37 años o 894,6 semanas). Sin embargo, al igual que en todos los
fallos hasta aquí analizados la pretensión fue negada toda vez que consideró la
entidad accionada, al igual que los jueces de instancia, que no existía norma
legal que contemplara la posibilidad de reconocer el derecho que ella
reclamaba, ya que éste fue introducido al ordenamiento jurídico colombiano en
1993 con la Ley 100 de esa anualidad, por lo que con anterioridad a la entrada
en vigencia de la norma, lo único que podía llevarse a cabo era sustituir una
pensión que ya había sido reconocida, pero jamás un derecho que no había sido
consolidado. A pesar de ello, la Corte Constitucional consideró que:
“(…) resulta absolutamente
desproporcionado e irrazonable admitir que el núcleo familiar de un afiliado al
Sistema de Seguridad Social en Pensiones, que realizó sus cotizaciones durante
una cantidad considerablemente elevada de años, se vea imposibilitado para
acceder al reconocimiento de una prestación básica que, como se indicó con
anterioridad, se encuentra íntimamente relacionada con la dignidad humana y se
constituye en uno de los ejemplos por excelencia de la función y naturaleza del
derecho a la seguridad social. Ello, en cuanto el único elemento que permite
diferenciar entre la situación jurídica de quienes desde la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993 pueden llegar a beneficiar a sus familiares con una
pensión de sobrevivientes (tras la acreditación de tan solo 50 semanas en los 3
años anteriores a su fallecimiento) y quienes se encuentran en las condiciones
objeto de estudio en la presente providencia, es precisamente el momento en que
ocurrió o se causó la fatalidad. Elemento que no debería tener injerencia
alguna en la constitución de un derecho de esta envergadura y trascendencia”.
Por lo anterior, estableció una serie de subreglas que
de encontrarse acreditadas darán lugar a la aplicación retrospectiva de la Ley
100 de 1993 para suplir el vació normativo que existe en lo que respecta a la
pensión de sobrevivientes, y con base en tales consideraciones le ordenó a la Dirección
del Fondo Territorial de Pensiones de la Gobernación
del Tolima el reconocimiento y pago de la prestación solicitada por la
accionante. Las subreglas mencionadas, consisten en valorar “los eventos en
los cuales (i) el afiliado falleció, habiendo cotizado una elevada cantidad de
años al sistema (como los que ha tratado hasta ahora la jurisprudencia), (ii)
sin que haya configurado derecho pensional alguno que le sea posible sustituir
y (iii) sin que al momento de su muerte haya estado vigente la figura de la
pensión de sobrevivientes”[64]. Caso en el cual
resultará imperativo “(…) concluir que concluir que su situación
jurídica no se ha consolidado jurídicamente y, por ello, resulta admisible la
aplicación retrospectiva del ordenamiento jurídico actual en lo relacionado con
la figura de la pensión de sobrevivientes. Ello, como producto del (1) anormal
vacío regulatorio que existía en relación con una institución que permitiera
mitigar los efectos del acaecimiento de esta especial contingencia; (2) el
desproporcionado e irrazonable estado de desprotección en el que, como producto
de dicho vacío, se encuentran inmersos; y (3) la ausencia de resolución
definitiva del conflicto”[65].
22. Finalmente, la Sala Segunda de Revisión de Tutelas
de esta Corte analizó el caso de una accionante que le solicitaba a la Policía
Nacional el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, amparada en que su
cónyuge difunto laboró para dicha entidad desde el 16 de septiembre de 1985
hasta el 9 de noviembre de 1988, fecha de su fallecimiento producto de una
emboscada del grupo guerrillero FARC. Sin embargo, la entidad negó sus
pretensiones por considerar que el difunto miembro de la Fuerza Pública no
cumplía con los requisitos del Decreto 2063 de 1984 procedente para reconocer
la prestación solicitada. Ante la anterior negativa decidió acudir a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo donde solicitó el reconocimiento y pago
de la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de su esposo en
cumplimiento del servicio, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 100 de
1993 o en su defecto en el Decreto 97 de 1989, pidiendo expresamente la
aplicación retrospectiva de estas normas.
No obstante lo anterior, su
pretensión fue negada en ambas instancias en atención al postulado de la
irretroactividad de las normas laborales. Así las cosas, la Corte
Constitucional en el estudio del caso descrito profirió la sentencia T-116
de 2016, en la que a pesar de no darle aplicación retrospectiva a la Ley
100 de 1993, toda vez que el difunto laboró para el órgano estatal por tan solo
4 años, y encontró que la negativa del reconocimiento pensional no generaba una
afectación actual en los derechos fundamentales de la actora, sí analizó con
mucha atención algunos de los casos en que la Corte si había dado aplicación
retrospectiva a esta normatividad[66], por lo que estableció una regla
a tener en cuenta cuando se pretenda darle a esta norma una aplicación en el
tiempo diferente a la ordinaria, basada en los elementos comunes a todos ellos,
que consiste en determinar caso por caso si la carga de aplicar la ley
preconstitucional  de seguridad social constituye una carga desproporcionada,
para lo cual deberá analizarse si los trabajadores que no alcanzaron a cumplir
con los requisitos para la obtención de una pensión de vejez prestaron sus servicios
al Estado por más de 15 años, caso en el cual, deberá darse la aplicación
retrospectiva a la Ley 100 de 1993 para superar las situaciones de graves
afectaciones a derechos de carácter fundamental[67].
El desconocimiento del precedente
constitucional en las providencias judiciales que negaron la aplicación
retrospectiva de la Ley 100 de 1993, para reconocer la pensión de sobrevivientes
a la señora Briceida Eslava de Quinche
23. En el caso bajo estudio, la señora Briceida Eslava
de Quinche alega que las providencias judiciales controvertidas mediante la
presente acción de tutela incurrieron en el vicio o defecto de desconocimiento
del precedente constitucional. Se trata de uno los requisitos específicos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es decir,
una de las causales de prosperidad del amparo. Así, para que prospere la
acción de tutela contra la providencia judicial deberá probarse que la misma:
i) incurre en un defecto orgánico, referente a la competencia del juez natural
para haber adoptado dicha decisión, ii) en un defecto material o sustantivo,
iii) desconoce el precedente constitucional , iv) viola directamente la
Constitución, v) incurre en un defecto procedimental absoluto, vi) en un
defecto fáctico, vii) es el resultado de un error inducido o, viii) que se
trate de una decisión sin motivación.
24. Para el caso que ocupa a la Sala, resulta
relevante el estudio de la causal de prosperidad relativa al desconocimiento
del precedente constitucional. Esta causal implica una violación al debido
proceso, artículo 29 constitucional, y al derecho a la igualdad de trato
jurídico, artículo 13 de la Carta Superior, que deben tener las personas en un
Estado Social de Derecho, donde aquellos procesos que compartan unos mismos supuestos
de hecho y de derecho, deberán fallarse, en principio, de igual manera. De esta
forma, mediante la sentencia T-838 de 2007, reiterada en la sentencia T-109 de
2009, esta corporación estableció que la causal de violación del precedente
puede asumir tres formas: (i) por aplicación de disposiciones legales que han
sido declaradas inexequibles por sentencias de constitucionalidad, (ii) por la
existencia de providencias judiciales que contrarían la ratio decidendi
de sentencias de constitucionalidad, y (iii) finalmente por la expedición de
providencias judiciales que contraríen el alcance de los derechos fundamentales
fijados por esta Corte mediante la ratio decidendi de las sentencias de
tutela.
Esto quiere decir que la tutela contra providencias
judiciales por esta causal específica de prosperidad puede desplegarse en dos
planos: por violación del precedente de constitucionalidad o por violación de
la jurisprudencia en vigor en tutela establecido por la Corte Constitucional.
En estos términos, la tutela contra providencia judicial por desconocimiento
del precedente procede para controvertir decisiones contrarias a las reglas y
subreglas establecidas por esta Corte, incluso si no se adecúan a precedentes
establecidos por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado[68].
Por ende, se concluye que constituye efectivamente una
violación del precedente jurisprudencial desconocer la ratio decidendi
de las sentencias de tutela proferidas por las diferentes salas de revisión de
esta Corte, toda vez que cuando un juez conozca un asunto de presuntas
violaciones de derechos fundamentales reclamados mediante acciones de tutela,
no podrá inaplicar la jurisprudencia reiterada de esta corporación en los
diferentes temas, cuando la materia que esté conociendo sea equivalente en
cuanto a los hechos, peticiones y problema jurídico, so pretexto de aplicar una
jurisprudencia contraria que sea promulgada por la Corte Suprema de Justicia,
en cualquiera de sus Salas de Casación, o el Consejo de Estado, como máximas
autoridades de cada una de las jurisdicciones especializadas.
25. En este sentido, analizando concretamente el caso
que en esta oportunidad revisa la Sala, se tiene que el Juzgado 01 Laboral del
Circuito de Ibagué y Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma
localidad, consideraron que en el caso de la señora Eslava de Quinche, dado que
su cónyuge difunto había fallecido sin acreditar los requisitos dispuestos en
la Ley 33 de 1985 para obtener un reconocimiento pensional propio susceptible
de ser trasmitido a su núcleo familiar, resultaba imposible acceder al
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes solicitada, motivando su
conclusión en que la regla
general para establecer la norma aplicable en la determinación del derecho a la
pensión de sobrevivientes, es la vigente al momento de la muerte del pensionado
o afiliado, instante que consolida la situación jurídica de estos sujetos, por
lo que resultaba imposible darle aplicación retrospectiva a la Ley 100 de 1993.
De acuerdo con lo expuesto acerca de la jurisprudencia constitucional en la
materia, al adoptar esta decisión el juez de primera instancia desconoció la
jurisprudencia en vigor de las distintas salas de revisión de la Corte
Constitucional, ya que va en contravía lo dispuesto por esta corporación en las
sentencias T-891 de 2011, T-072 de 2012, T-587A de 2012, T-515 de 2012 ya que
su providencia está calendada el 06 de noviembre de 2014. Así mismo, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Ibagué desconoció las cuatro sentencias de
esta Corte señaladas, y además las providencias T-564 de 2015 y T-116 de 2016
(del 04 de marzo de 2016), considerando que su decisión fue adoptada el 27 de
septiembre de 2016.
26. La señora Briceida Eslava de
Quinche no solo se encuentra en una situación de identidad fáctica y jurídica,
con respecto a aquella en que este tribunal en diferentes oportunidades ha dado
aplicación retrospectiva a la Ley 100 de 1993 para el reconocimiento de
pensiones de sobrevivientes, sino además cumple con la totalidad de los criterios
que según los últimos dos precedentes expuestos (T-564/15 y T-116/16) deben ser
verificados para que sea posible un reconocimiento pensional como el
solicitado. Dichos criterios jurisprudenciales han sido establecidos por la
Corte Constitucional en virtud del vacío jurídico actual relacionado con la
pensión de sobrevivientes, y el estado de desprotección en que se encuentran
personas como la accionante, producto de dicha ausencia normativa.
27. Así, la sentencia T-564 de 2015,
que es el precedente que la accionante explícitamente solicita le sea aplicado,
establece 3 requisitos que en el caso objeto de análisis se encuentran
plenamente acreditados: i) el afiliado al sistema, el señor José Ancizar Quinche, falleció habiendo
cotizado una elevada cantidad de años, específicamente un total de 18 años, 6
meses y 20 días; ii) no pudo configurar un derecho pensional susceptible de ser
sustituido toda vez que la normativa vigente al momento de su fallecimiento
disponía que la pensión de vejez sería reconocida con 20 años de cotización al
sistema; iii) al momento de su muerte, el 30 de agosto de 1989, no se
encontraba vigente la pensión de sobrevivientes, por lo que en consonancia con
el precedente de esta Corte, es imperativo concluir que su situación jurídica
no había sido consolidada, por lo que resulta admisible darle aplicación
retrospectiva a la Ley 100 de 1993 en lo relacionado con la figura de la
pensión de sobrevivientes.
28. En este orden de ideas, se tiene que el cónyuge difunto de la
señora Briceida Eslava de Quinche laboró para la Secretaría de Obras Públicas del Departamento del
Tolima por más de 15 años (18 años, 6 meses y 20 días), y que teniendo en
cuenta que la accionante además de ser una persona de la tercera edad en razón
de su avanzada edad (lo que la hace un sujeto de especial protección
constitucional), no labora
ni percibe ingreso alguno como empleada dependiente o independiente, no ha
cotizado para para obtener una pensión de vejez por lo que no se le ha
reconocido en su favor prestación pensional alguna y que tiene una situación
económica precaria dado que depende exclusivamente de su hija mayor de edad
para sufragar todos sus gastos y necesidades, implica concluir que aplicar la
normatividad pensional preconstitucional efectivamente constituye una carga
desproporcionada, que no solo vulnera su derecho fundamental a la seguridad
social, sino que amenaza su mínimo vital y trasgrede su derecho a la igualdad
material, toda vez que en muchas oportunidades, accionantes en situaciones
idénticas a las de la actora han sido tutelados por esta corporación, razones
que implican aplicar el precedente constitucional en el asunto objeto de
estudio.
Resolución del asunto objeto de revisión
29. La Ley 100 de 1993 dispone que la cónyuge
sobreviviente del afiliado que fallezca
tendrá derecho a que le sea reconocida una pensión de sobrevivientes de manera
vitalicia siempre que se encuentre acreditado alguno de los siguientes
requisitos: 1)  Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y
hubiere abonado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte, o
2)  Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado
aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente
anterior al momento en que se produzca la muerte. Entonces, teniendo en cuenta
que el señor José Ancizar
Quinche prestó sus servicios
al Departamento del Tolima como Obrero de la Secretaría de Obras Públicas de
manera ininterrumpida entre el 05 de noviembre de 1959 y el 17 de febrero de
1962, y del 12 de abril de 1975 al 29 de agosto de 1989, según le informó la
Gobernación del Departamento del Tolima al Magistrado sustanciador mediante
Oficio DGD-183-783-2017, fechado el 04 de mayo de 2017, anexando los
certificados propios del caso y, que igualmente la causa de retiro del
trabajador fue la muerte de este por accidente laboral, ocurrida el 30 de
agosto de 1989[69];
debe concluirse que se cumple no solo uno sino ambos supuestos que dispone la
norma que se aplicará retrospectivamente, para que pueda ser reconocida una
pensión de sobrevivientes en favor de la cónyuge supérstite del señor José
Ancizar Quinche, quien figura como accionante en este amparo constitucional, la
señora Briceida Eslava de Quinche.
30.
Por consiguiente, la Corte le ordenará a la Sala Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Ibagué, que en un término no superior a cuarenta y
ocho (48) horas, adopte una nueva decisión respetuosa de la jurisprudencia
constitucional reseñada en esta providencia, que atienda las consideraciones hasta
aquí esbozadas, y en últimas disponga el reconocimiento pensional de manera
definitiva, no solo por tratarse de un sujeto de especial protección
constitucional, una persona de la tercera edad en una precaria condición
económica, sino porque adicionalmente: (i) la falta de reconocimiento y pago de la
pensión de sobrevivientes ha generado un alto grado de afectación de los
derechos fundamentales de la accionante, en particular de su derecho al mínimo
vital; (ii) la señora Eslava de Quinche desplegó toda la actividad
administrativa y judicial que como interesada le era posible buscando obtener
la protección de sus derechos, al solicitar el reconocimiento pensional
presentando una petición resuelta negativamente por la Secretaría de Servicios Administrativos y de la
Función Pública del Departamento del Tolima, y como consecuencia de ello
iniciando un proceso laboral
ordinario en contra del Fondo Territorial de Pensiones del Departamento del
Tolima con la misma pretensión, que le fue adverso con respecto a sus objetivos,
en ambas instancias. Finalmente, (iii) se encuentran acreditadas las razones por las cuales el
medio de defensa judicial ordinario resultó completamente ineficaz para lograr
la protección inmediata e integral de los derechos fundamentales vulnerados
concretamente a la igualdad y a la seguridad social, y adicionalmente
amenazando gravemente el derecho fundamental al mínimo vital de la accionante,
ya que los mecanismos ordinarios a pesar de haber sido plenamente agotados, se
demostró que los jueces que conocieron el asunto desconocieron el precedente
constitucional que permite en casos como el de la accionante aplicar de manera
retrospectiva la Ley 100 de 1993, en lo que respecta a la pensión de
sobrevivientes, agravando la vulneración iusfundamental que venía
presentándose.
Síntesis de la decisión
31.
La Sala en el caso de la señora Briceida Eslava de Quinche ordenará inaplicar el
precedente de la Corte Suprema de Justicia en su especialidad laboral[70], en razón del principio de favorabilidad,
que impera frente a los derechos de la seguridad social. En su lugar, ordenará
dar aplicación y reiterar el precedente jurisprudencial que ha sido fijado
insistentemente en la materia por las diferentes Salas de Revisión de esta
Corte que consagra, como fue ampliamente explicado, la posibilidad de darle
aplicación retrospectiva a la norma señalada cuando se encuentren acreditados
ciertos requisitos, pues por tratarse de un derecho pensional, ostenta por extensión una enorme
relevancia constitucional dada la naturaleza de iusfundamental de los
derechos transgredidos. Es decir, se trata del precedente más favorable
comparándolo entre ambas jurisdicciones, considerando que la ordinaria niega
tajantemente la posibilidad de aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993,
mientras que la constitucional lo permite cuando del análisis fáctico del caso
se concluya que las condiciones particulares del afiliado difunto y el núcleo
familiar que le sobrevive, deben permitir su aplicación retrospectiva, so pena
de transgredir derechos fundamentales tales como la igualdad, la seguridad
social y el mínimo vital.
Por consiguiente, la Sala en virtud del
principio constitucional de la favorabilidad del trabajador dejará sin efectos
las providencias judiciales controvertidas mediante la acción de tutela por
desconocer el precedente constitucional en la materia; y en consecuencia,
ordenará que se aplique la interpretación judicial más benévola a la señora
Eslava de Quinche, que no resulta ser otra que la de esta Corte, decretando así
que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala Laboral, en el
caso de la actora deberá proferir una nueva decisión, en la cual tendrá que aplicar
de manera retrospectiva la Ley 100 de 1993, particularmente sus artículos 46 a
48, para proceder a ordenar el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes
en su favor.
32. En estos términos serán dejadas sin
efectos la sentencia del 27
de septiembre de 2016 proferida
por la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, y del 06 de noviembre de 2014 proferida en primera
instancia por el  Juzgado 01
Laboral del Circuito de Ibagué, las cuales negaron el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes en el desarrollo del proceso laboral ordinario iniciado por la
señora Eslava de Quinche, por no darle aplicación retrospectiva a la Ley 100 de
1993 desconociendo lo dispuesto de manera reiterada y armónica por las
distintas Salas de Revisión de Tutela de este tribunal. Por las mismas razones,
revocará las sentencias de tutela del 28 de noviembre de 2016 promulgada por la
Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, y del 02 de febrero de 2017
expedida por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal en segunda
instancia, que confirmaron íntegramente las decisiones proferidas en el
desarrollo del proceso laboral ordinario que se dejan sin efectos.
En su lugar, la Sala, teniendo en cuenta los parámetros señalados por
la Corte Constitucional, ordenará que la Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, en el término de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta
sentencia, adopte una nueva decisión en el caso de la señora Eslava de Quinche
contra el Fondo Territorial de Pensiones del Departamento del Tolima, en la cual
respete plenamente el precedente constitucional que prevé la
posibilidad de aplicar retrospectivamente la Ley 100 de 1993 en casos como el
de la accionante, y por ello reconozca y pague
la pensión de sobrevivientes a la actora, cónyuge supérstite del fallecido José
Ancizar Quinche, quien laboró para esta última entidad territorial por más de
18 años.
A pesar de que en el análisis de
subsidiariedad efectuado en el numeral 4.1.2 de la presente sentencia se
evidenció que en el desarrollo del proceso laboral ordinario, originado en la
demanda de la señora Briceida Eslava de Quinche en contra del Fondo Territorial
de Pensiones del Departamento del Tolima, no resultaba viable interponer el
recurso de casación por no estar acreditado el requisito de la cuantía,
advierte la Sala que en caso de que una vez el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Ibagué (Sala Laboral) profiera la nueva sentencia que ordena este
fallo, acogiendo el precedente constitucional y las consideraciones de la
presente providencia, la ejecución de dicha sentencia que reconozca la
prestación pensional, no podrá ser suspendida, independientemente de los
recursos ordinarios o extraordinarios que las partes del proceso llegaren a
interponer en su contra. Así, las mesadas pensionales serán pagaderas
inmediatamente y de manera continua. Lo anterior, para evitar una nueva y
posible afectación en los derechos fundamentales de la actora.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.-
REVOCAR la sentencias proferidas, el 28 de
noviembre de 2016,  y el 02 de febrero de 2017 por la Corte Suprema de
Justicia, Salas de Casación Laboral y Penal respectivamente, que negaron las
pretensiones presentadas en la acción de tutela impetrada por la ciudadana
Briceida Eslava de Quinche contra Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué y el  Juzgado 01 Laboral del Circuito de
Ibagué y, en su lugar, CONCEDER el amparo de los
derechos fundamentales a la seguridad social y, a la igualdad y no discriminación de
la accionante.
SEGUNDO. - DEJAR
SIN EFECTO las sentencias del 27 de septiembre de 2016,
proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, y del 06 de noviembre de 2014 proferida en
primera instancia por el
Juzgado 01 Laboral del Circuito de Ibagué, dentro del
proceso laboral ordinario instaurado por la ciudadana Briceida Eslava de
Quinche en contra del Fondo
Territorial de Pensiones del Departamento del Tolima, en el que
solicitaba el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes.
TERCERO.- ORDENAR a la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué que en el
término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de
esta sentencia, adopte una nueva decisión en el caso de la señora Eslava de
Quinche contra el Fondo Territorial de Pensiones del Departamento del Tolima,
que sea respetuosa del precedente constitucional y atienda los parámetros
señalados en la presente providencia, particularmente en sus numerales 29, 30,
31, 32 y 33. En el mismo sentido, ORDENAR que el respectivo
Tribunal reconozca, en la misma providencia que habrá de adoptar, el pago de
todas las mesadas pensionales causadas que se dejaron de percibir y que no se
encuentren actualmente prescritas, teniendo en cuenta que la primera
reclamación ocurrió el 10 de junio de 1996, de acuerdo con el artículo 488 del
Código Sustantivo del Trabajo.
CUARTO.- LÍBRESE por Secretaría
la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Notifíquese,
comuníquese y cúmplase.
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ
LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con salvamento de voto
ROCÍO LOAIZA
MILIÁN
Secretaria
General
SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA T-415/17
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Se desconoció el debido proceso y el derecho de
defensa de las partes y/o de los terceros afectados con la decisión, por no
vincularlos durante el proceso (Salvamento de voto)
Siempre es necesario integrar al proceso a quienes pueden resultar
involucrados. El juez constitucional tiene la carga de notificar a las partes y
terceros interesados en la demanda, con el fin de garantizarles su intervención
activa en el desarrollo de la misma, mediante la presentación de pruebas o
refutando las aportadas y, en fin, utilizar los medios legales para su defensa.
FALTA DE
NOTIFICACION A LAS PARTES Y A TERCERO CON INTERES LEGITIMO-Genera la nulidad en proceso de tutela
(Salvamento de voto)
La falta de
notificación a las partes o al tercero interesado en la acción de tutela genera
la nulidad de la actuación.
Referencia: Expediente T-6.024.284
Acción de tutela interpuesta por Briceida Eslava de
Quinche contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Ibagué y el Juzgado 01 Laboral del Circuito de Ibagué
Magistrado Ponente:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la
Corte Constitucional, a continuación presento las razones que me conducen a salvar
el voto en la decisión adoptada por la mayoría de la Sala Tercera de
Decisión de tutelas, en sesión del 29 de junio de 2017.
1. La providencia de la que me aparto
estudió la tutela presentada por la señora Breiceida Eslava de Quinche, quien solicitó que le
fuera reconocida la pensión de sobreviviente del señor José Ancizar Quinche. Esta le había sido negada
por la Secretaría de Servicios Administrativos y de la Función Pública del
Departamento del Tolima, por lo que inició un proceso ordinario laboral contra
el Fondo Territorial de Pensiones del Departamento del Tolima. Durante el
proceso, las decisiones del Juzgado 01 Laboral del Circuito de Ibagué en
primera instancia, y del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué en
segunda, le fueron desfavorables.
Por lo anterior, la
accionante interpuso una acción de tutela contra las decisiones mencionadas,
debido a que consideró que estas vulneraban sus derechos fundamentales a la
igualdad y a la seguridad social. En ese sentido, solicitó que a través del
amparo constitucional se le reconociera la pensión de sobreviviente.
Mediante sentencia del 28 de noviembre de 2016, la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia rechazó por improcedente la acción
de tutela. A su juicio, esta no cumplía con el requisito de subsidiariedad, ya
que el accionante tenía la posibilidad de interponer el recurso extraordinario
de casación, por lo que no había agotado los mecanismos ordinarios de defensa
judicial. No obstante, la accionante impugnó la decisión.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó
la decisión de primera instancia mediante sentencia del 2 de febrero de 2017. A
su juicio, la accionante no demostró que no cumplía los requisitos para acceder
al recurso extraordinario de casación, por lo que no había acreditado el
requisito de subsidiariedad.
En
Sede de Revisión la mayoría de magistrados de la Sala resolvió revocar las
sentencias proferidas por la Sala Laboral y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante
las cuales se negaron las pretensiones de la señora Briceida Eslava de Quinche
contra las sentencias del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué y
el Juzgado 01 Laboral de Ibagué. En
consecuencia, ordenó a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito lo
siguiente:
“adopte una nueva decisión en el caso de la señora Eslava de Quinche
contra el Fondo Territorial de Pensiones del Departamento del Tolima, que sea
respetuosa del precedente constitucional y atienda los parámetros señalados en
la presente providencia, particularmente en sus numerales 29, 30, 31, 32 y
33. En el mismo sentido, ORDENAR que el respectivo Tribunal reconozca, en la misma providencia que
habrá de adoptar, el pago de todas las mesadas pensionales causadas que se
dejaron de percibir y que no se encuentren actualmente prescritas, teniendo en
cuenta que la primera reclamación ocurrió el 10 de junio de 1996, de acuerdo
con el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo.”
2.
Disiento de la posición mayoritaria porque considero que durante el proceso no
se vinculó al Fondo
Territorial de Pensiones del Departamento del Tolima.
En
efecto, el procedimiento
de la acción de tutela se encuentra establecido en los Decretos 2591 de 1991,
1382 de 2000, 306 de 1992 y 1834 de 2015. Esto quiere decir que a pesar de la
informalidad de la acción de tutela, en el trámite de esta no puede
desconocerse el principio del debido proceso y, en particular el derecho de
defensa de las partes y/o de los terceros afectados con la decisión. En ese
sentido, siempre es necesario integrar al proceso a quienes pueden resultar
involucrados. Sobre este punto, la jurisprudencia ha establecido que:
“[l]a integración del contradictorio supone establecer los
extremos de la relación procesal para asegurar que la acción se entabla frente
a quienes puede deducirse la pretensión formulada y por quienes pueden
válidamente reclamar la pretensión en sentencia de mérito, es decir, cuando la
participación de quienes intervienen en el proceso se legitima en virtud de la
causa jurídica que las vincula. Estar legitimado en la causa es tanto como
tener derecho, por una de las partes, a que se resuelvan las pretensiones
formuladas en la demanda y a que, por la otra parte, se le admita como legítimo
contradictor de tales pretensiones. Al no integrarse debidamente tales extremos
de la relación procesal, no puede resolverse sobre el fondo del litigio y el
juez debe declararse inhibido para fallar de mérito”[71]
En ese orden de ideas, el juez constitucional tiene la carga de
notificar a las partes y terceros interesados en la demanda, con el fin de
garantizarles su intervención activa en el desarrollo de la misma, mediante la
presentación de pruebas o refutando las aportadas y, en fin, utilizar los
medios legales para su defensa.
3. Por lo
anterior, la omisión de
la notificación de la acción de tutela a una de las partes o un tercero con
interés en el proceso, genera nulidad por violación al debido proceso, toda vez
que no se le permite conocer su trámite y lo que allí se decida. Esta
Corporación se ha pronunciado en este sentido de la siguiente manera:
“5.- De
lo expuesto, fuerza es concluir entonces que la falta u omisión de la
notificación de las decisiones proferidas en un proceso de tutela a una parte o
a un tercero con interés legítimo, es una irregularidad que vulnera el debido
proceso. De allí que por ejemplo la falta de notificación de la providencia de
admisión de una acción de tutela, no permite que quien tenga interés en el
asunto, pueda enterarse de la existencia de esa actuación y de la consecuente
vinculación de una decisión judicial sin haber sido oído previamente.
6.- Cuando la situación anotada se presenta, se dan los
fundamentos suficientes para declarar la nulidad de lo actuado y retrotraer de
tal manera la actuación que permita la configuración en debida forma del
contradictorio, o se vincule al proceso al tercero con interés legítimo, pues
sólo de esta manera se permite, de una parte el conocimiento de la demanda y la
posibilidad del ejercicio del derecho al debido proceso y defensa, así como la
emisión de un pronunciamiento de fondo sobre la protección o no de los derechos
fundamentales invocados.”[72]
De esta manera, en el caso concreto
se tiene que durante el trámite del proceso laboral ordinario le fueron negadas
las pretensiones al accionante, por lo que el Fondo Territorial de Pensiones del Departamento del
Tolima no se vio obligado a pagar la pensión sustitutiva a favor de la señora
Briceida Eslava de Quinche. Sin embargo, esta última interpuso acción de tutela
contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, la
cual confirmaba la decisión del Juzgado 01 Laboral de Ibagué.
Examinando el trámite de la acción de tutela, se hace
evidente que el Fondo
Territorial de Pensiones del Departamento del Tolima no fue vinculado en
ninguna de las instancias. De este modo, se puso en duda una providencia
judicial a su favor sin que se le notificara. Esto pone en duda su derecho a la
contradicción y al debido proceso, ya que como se ha visto, la falta de
notificación a las partes o al tercero interesado en la acción de tutela genera
la nulidad de la actuación.
De esta manera, expongo las razones que me llevan a salvar el voto con
respecto a las consideraciones y la decisión que se adoptó en la sentencia
T-415 de 2017.
Fecha
ut supra,
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] Según consta en
oficio DGD-183-783 del 04 de mayo de 2017, expedido por la Gobernación del
Tolima.
[2] Según certificado
anexo #5 al oficio DGD-183-783
del 04 de mayo de 2017, expedido por la Gobernación del Tolima.
[3] Anexos 5 a 40 del oficio DGD-183-783 del
04 de mayo de 2017, expedido por la Gobernación del Tolima; información que
según informó la entidad territorial fue obtenida del Tomo de la Contraloría
No. 177 de 1990, página 147, Certificado Nº 0226-020, que reposan en el archivo
central de la Dirección de Gestión Documental de la respectiva Gobernación.
[4] Cuaderno 2, Folio 1.
[5] Cuaderno 2, Folio 1.
[6] La copia del audio de
la sentencia fue remitida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ibagué
dando respuesta al Auto 1513 de 2017, donde el Magistrado sustanciador le
solicitaba al despacho transcripción del fallo.
[7] La copia del audio de
la sentencia fue remitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Ibagué dando respuesta al Oficio No. 2841 del 11 de mayo de
2017, en
el que el Magistrado sustanciador le solicitaba al colegiado transcripción del
fallo.
[8] El señor José Ulises Carvajal
Morales, apoderado de la accionante, allegó un escrito sumamente conciso en el
que afirma expresa y únicamente que: “Con relación al numeral 6º de los
autos de 26 y 28 de abril de 2017, proferidos por el magistrado ALEJANDRO
LINARES CANTILLO, manifiesto que las pruebas aportadas al expediente están
acordes a los hechos de la demanda de tutela y las solicitas por las citadas
providencias”, agregando sus direcciones físicas y electrónicas para
efectos de futuras notificaciones.
[9] 15:25-16:40.
[10] 16:40-17:24.
[11] 18:54-19:42.
[12] 20:52-22:05.
[13] Adicionalmente, anexó
transcripción del salvamento de voto del Magistrado Rafael Moreno Vargas.
[14] 25:30-27:13.
[15] Sentencia del
19-11-2007, Rad 31203.
[16] 29:07-30:42.
[17] 32:11-33:48.
[18] 35:36-38:08.
[19] Ver, entre otras,
sentencias T-119/15, T-250/15, T-446/15 y T-548/15, y T-317/15.
[20] Acerca del perjuicio
irremediable, esta Corte ha señalado que, debe reunir ciertos requisitos para
que torne procedente la acción de tutela, a saber: “(i) que se trate de un
hecho cierto e inminente; (ii) que las medidas a tomar deben ser urgentes;
(iii) que la situación a la que se enfrenta la persona es grave; y finalmente
(iv) que las actuaciones de protección han de ser impostergables.” T-896/07.
[21] Sentencia C-590 /05.
[22] Ibidem.
[23] En síntesis, las
causales de procedencia de la acción de tutela interpuestas contra
providencias judiciales, que permiten al juez constitucional entrar a analizar
de fondo el asunto se pueden sintetizar en que: i) se cumpla con el carácter
subsidiario de la acción de tutela, con la certeza de que han sido agotados
todos los medios de defensa judicial; ii) que se cumpla con el requisito de
inmediatez; iii) que exista legitimación en la causa al ser parte del proceso
en el que se adoptaron las decisiones judiciales controvertidas mediante el
amparo constitucional, aunque este criterio pueda ser modulado y no se requiere
necesariamente que el actor haya conformado directamente la relación jurídico
procesal de la providencia atacada. De ahí que, hasta este punto del análisis
de procedencia, no se observa nada diferente a los fundamentos generales que
deben ser analizados para encontrar que una acción de tutela genéricamente
pueda ser conocida de fondo y de este modo, ser objeto de un pronunciamiento
judicial. Entonces, las causales de procedencia realmente particulares de la
acción de tutela contra sentencias consisten en establecer: iv) que no se trate
una sentencia de tutela ;v) que el accionante cumpla con unas cargas
argumentativas y explicativas mínimas identificando los derechos fundamentales
afectados, precisando los hechos que generan la vulneración y, tal y como fue
enunciado anteriormente, cuando se trate de un defecto procedimental, el actor
argumente por qué, a su juicio, el vicio es sustancial, es decir, con
incidencia en la resolución del asunto y/o afectación de los derechos
fundamentales invocados. Finalmente, vi) se deberá concluir que el asunto
revista de relevancia constitucional. A esta decisión solo podrá llegarse
después de haber evaluado juiciosamente los cinco requisitos anteriores, ya que
es a raíz del correcto entendimiento del problema jurídico que las respectivas
acciones de tutela consagran que se puede identificar la importancia predicada.
[24] En virtud de su
naturaleza subsidiaria, la jurisprudencia ha descartado “la utilización de
la tutela como vía preferente para el restablecimiento de los derechos”:
sentencia T-603/15 y ha reconocido que tal calidad “obliga a los asociados a
incoar los recursos ordinarios con los que cuenten para conjurar la situación
que estimen lesiva de sus derechos y que impide el uso indebido de la acción
como vía preferente o instancia adicional de protección”. En
cualquier caso, deberá verificarse si los mecanismos judiciales ordinarios
resultan eficaces para la protección del derecho, pues en caso de que así no
sea, la acción de tutela será procedente de manera definitiva. Al respecto, la
sentencia T-222 de 2014 dispuso: “[e]ste requisito de subsidiariedad
implica, en otros términos, que el amparo constitucional procede siempre y
cuando, en principio, no exista en el ordenamiento jurídico otro mecanismo
judicial para defender el derecho que se discute. La idea es que la tutela no
se convierta en un sustituto ni en una vía paralela a otras instancias.
Precisamente, todos los procesos judiciales deberían, como en efecto tiene que
suceder, ser los principales guardianes y defensores de los derechos fundamentales
de las personas. Los primeros llamados a protegerlos son los jueces ordinarios
(Artículo 4 CN). A partir de allí, esta Corporación ha fijado unas reglas que
deben tenerse en cuenta”. En
este sentido la sentencia T-222 de 2014 expuso cómo dicho análisis no finaliza
al corroborar la existencia de otro mecanismo de defensa judicial, sino que
además, implica verificar si dicho medio de defensa resulta eficaz e idóneo,
puesto que en caso de no serlo, la acción de tutela será el mecanismo indicado
para proteger los derechos fundamentales y en consecuencia, evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable. Así las cosas, la eficacia consiste en
que el mecanismo esté “diseñado de forma tal que brinde oportunamente una
protección al derecho”:
sentencia
T-113/13. A su vez, se entiende que una acción judicial es
impropia, cuando “no permite resolver el conflicto en su dimensión
constitucional o no ofrece una solución integral frente al derecho comprometido”:
sentencia T-47/14. Igualmente,
la
jurisprudencia constitucional ha establecido que la acción de tutela procede
como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, el cual se puede dar “cuando se presenta una situación
de amenaza de vulneración de un derecho fundamental susceptible de concretarse
y que pueda generar un daño irreversible”: sentencia T-326/13. Para la
configuración de este tipo de perjuicio es necesario que concurran los
siguientes elementos: “(i) inminente, es decir, por estar próximo a ocurrir;
(ii) grave, por dañar o menoscabar material o moralmente el haber jurídico de
la persona en un grado relevante; (iii) que requiera medidas urgentes para
conjurarlo; y (iv) que la acción de tutela sea impostergable a fin de
garantizar el adecuado restablecimiento del orden social justo en toda su
integridad”: sentencia T-326/13.
[25] Sentencia de primera
instancia proferida por la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación
Laboral.
[26] Artículo 86: A
partir de la vigencia de la presente ley y sin perjuicio de los recursos ya
interpuestos en ese momento, sólo serán susceptibles del recurso de casación
los procesos cuya cuantía exceda de ciento veinte (120) veces el salario mínimo
legal mensual vigente.
[27] Cuaderno 3, folio 43.
[28] Sentencia
T-084/17.
[29] Ibidem.
[30] Ver entre otras las
sentencias T-328/10, T-526/05 y T-692/06.
[31] Cfr. Sentencia
SU-961/99.
[32] “De la
jurisprudencia de esta Corporación se puede derivar que solamente es aceptable
un extenso espacio de tiempo transcurrido entre el hecho que genera la
vulneración y la presentación de la acción de tutela bajo dos circunstancias
específicas: (i) Que se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo
y que, pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo
respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor
derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual. Y (ii) que la
especial situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos
fundamentales, convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de
acudir a un juez; por ejemplo el estado de indefensión, interdicción, abandono,
minoría de edad, incapacidad física, entre otros”: sentencia T-158/06.
[33] Ver entre otras las
sentencias T-008/98, y SU-159/00.
[34] Sentencia T-658/98.
[35] Ver entre otras las sentencias T-133/15,
T-373/14, y T-272/14.
[36] Ver sentencia T-103/14.
[37] Sentencia T-690/14.
[38] Su importancia radica
en que “la garantía a la seguridad social y su fundamentalidad está muy
ligada a la satisfacción real de los derechos humanos, especialmente el de la
dignidad humana, pues a través de este derecho puede afrontarse la lucha contra
los índices de pobreza y miseria.  De manera especial, con la protección de
esta garantía en las hipótesis de invalidez se busca evitar los efectos
negativos que emanan de la falta de recursos económicos para cubrir aspectos
básicos como la salud y el sostenimiento del hogar, máxime si al interior del
mismo se encuentran hijos menores de 18 años, debido a la imposibilidad del
trabajador de seguir desempeñándose en el mercado laboral”: sentencia T-012/14.
[39] “El mandato de
progresividad implica que una vez alcanzado un determinado nivel de protección,
la amplia libertad de configuración del legislador en materia de derechos
sociales se ve restringida, al menos en un aspecto: todo retroceso frente al
nivel de protección alcanzado es constitucionalmente problemático puesto que
precisamente contradice el mandato de progresividad. Como los Estados pueden
enfrentar dificultades, que pueden hacer imposible el mantenimiento de un grado
de protección que había sido alcanzado, es obvio que la prohibición de los
retrocesos no puede ser absoluta sino que debe ser entendida como una
prohibición prima facie. Esto significa que, como esta Corte ya lo había
señalado, un retroceso debe presumirse en principio inconstitucional, pero
puede ser justificable, y por ello está sometido a un control judicial más
severo. Para que pueda ser constitucional, las autoridades tienen que demostrar
que existen imperiosas razones que hacen necesario ese paso regresivo en el
desarrollo de un derecho social”: sentencia C-228/11.
[40] Sentencia C-415/14.
[41] Sentencia T-045/16.
[42] Sentencia T-164/16.
[43] “Este derecho nace
cuando la persona pensionada por vejez o invalidez o el afiliado al sistema
fallecen, generando una prestación económica a favor de los miembros del grupo
familiar que dependían del causante, con el propósito de enervar las
contingencias económicas derivadas de su muerte. Esta pensión de sobrevivientes
constituye una garantía para satisfacer el mínimo vital respecto de quienes
tenían una relación de dependencia, en desarrollo de los principios de
solidaridad y universalidad que rigen el servicio público a la seguridad
social, conforme se establece en el artículo 48 de la Constitución Política.
Este derecho adquiere el carácter de fundamental cuando sus beneficiarios son
sujetos de especial protección constitucional, como lo son los niños, los
adolescentes, los ancianos, las personas con disminuciones físicas, síquicas y
sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las personas desplazadas por la
violencia y aquellas que se encuentran en extrema pobreza, y por estar
directamente relacionado con los derechos al mínimo vital y a una vida en
condiciones dignas” Sentencia T-202/14.
[44] Sentencia T-072/12.
[45] “(…) se requiere
de un mayor grado de aportes para sortear la “vejez”, un periodo de
cotizaciones mínimo antes de ocurrir el hecho generador de la “invalidez”, y
finalmente, en el caso de la “muerte”, a diferencia de las anteriores
contingencias, pueden presentarse dos hipótesis, la primera consistente en lo
que se ha denominado como sustitución o subrogación pensional, caso en el que
la misma ya está sufragada en tanto que el causante es pensionado; y la segunda
referente a la pensión de sobrevivientes, evento en el que su financiamiento es
menos riguroso ya que el afiliado fallecido no consolidó derecho pensional
alguno”: sentencia
C-066/16.
[46] Artículo 1º “El cónyuge
supérstite, o la compañera permanente de un trabajador particular o de un
empleado o trabajador del sector público, y sus hijos menores o inválidos,
tendrán derecho a la pensión de jubilación del otro cónyuge si éste falleciere
antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que hubiere
completado el tiempo de servicio consagrado para ella en la Ley, o en
convenciones colectivas”. Finalmente, la Ley 71 de 1988 artículo 7º dispuso
en común que: “A
partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y
trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier
tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que
hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial,
comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán
derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de
edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer. El
Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el
reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que
correspondan a las entidades involucradas (…)”.
[47] Sentencia T-587A/12.
[48] Con respecto a esta
última causal, originalmente se exigían dos condiciones dependiendo de si la
causa de la muerte era por accidente o enfermedad, pero ambas fueron declaradas
inexequibles por la sentencia C-556/09.
[49] a) Que el afiliado se
encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26)
semanas al momento de la muerte
b) Que habiendo dejado de cotizar
al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos 26 semanas del año
inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte.
[50] Sentencia T-587A/12.
[51] Sentencia C-619/01.
[52] Sentencia T-564/15.
[53] Ibidem.
[54] Ibidem.
[55] “Artículo 53: El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley
correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos
fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores;
remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de
trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre
derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador
en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de
derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por
los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la
capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a
la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad (…)”. Negrillas y subrayado fuera del texto original.
[56] Sentencia
T-587A/12.
[57] Para arribar a esta
decisión dijo la Corte en esa oportunidad que: “(…) conforme a la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, la aplicación retrospectiva de la ley, presupone la
dicotomía en la aplicación de la ley nueva frente a derechos consolidados versus,
meras expectativas, en virtud de la cual, la ley nueva no se aplica frente a
derechos adquiridos con ley anterior, pero si (sic) son aplicable a las meras
expectativas. Mientras existan expectativas de derecho el legislador puede
modificar estas normas, haciéndolas más gravosas, extinguiéndolas o por el
contrario haciéndolas más favorables al trabajador. Ahora con respecto al
principio de favorabilidad, en la misma jurisprudencia se refiere que, se da
bajo la existencia de dos normas vigentes, en virtud de la cual se aplica
aquella que sea más favorable al trabajador; o para el evento en que, si es una
sola norma la aplicable, que pueda tener diferentes interpretaciones válidas,
se aplicará aquella que sea más favorable al trabajador. Así las cosas en el
presente caso, debemos descartar que estemos frente a un evento en que se
discuta la aplicación más beneficiosa de la ley laboral o favorabilidad, pues
no nos encontramos frente a la aplicación más favorable de normas vigentes, la
Juez A-quo, aplicó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, como única norma
aplicable, pero en virtud del principio de retrospectividad de la ley, ya que
la vigente a la fecha de la muerte del causante no le era aplicable, por no
reunir los requisitos allí establecidos”, Sentencia T-891 de 2011.
[58] “(…) como
quiera que el precedente establecido por el Consejo de Estado y el Tribunal
Administrativo de Caldas permiten la aplicación retrospectiva del artículo 46
de la Ley 100 de 1993 a efectos de otorgar la pensión de sobrevivientes, es
claro que la peticionaria cumple los requisitos establecidos por dicho artículo
para tener derecho a la pensión de sobrevivientes”.
[59] Ley 33 de
1985, Ley 12 de 1975, Ley 33 de 1973, Ley 71 de 1988 y Decreto 1160 de
1989.
[60] La Sala consideró
que “la Resolución PAP 045116, proferida por Cajanal es manifiestamente
contraria al derecho fundamental al debido proceso. Ello debido al defecto
sustantivo en el que incurre al no aplicar el artículo 46 original de la Ley de
1993 a la solicitud pensional presentada por la señora Carvajal Gil, tal y como
lo ha reconocido, de forma reiterada el Consejo de Estado (…)
Precisamente, en el caso bajo estudio, Cajanal dejó de  aplicar el
artículo 46 (original) de la Ley 100 de 1993 por considerar que la muerte del
señor Gil había consolidado la situación, lo que impedía que se aplicara una
norma que entró en vigencia posteriormente. Dicha interpretación resulta
irrazonable de acuerdo a la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado que
ha admitido la aplicación retrospectiva de las normas pensionales, en razón de
los principios de igualdad y favorabilidad constitucionales.”: Sentencia T-072/12.
[61] “(…) la
interpretación acogida por el Consejo de Estado resulta ser la que más se
ajusta al principio constitucional de favorabilidad, en la medida en que
permite aplicar retrospectivamente la Ley 100 de 1993 para determinar si se
debe o no reconocer la pensión de sobrevivientes a favor de la accionante. En
efecto, del recuento normativo realizado en los numerales 19 y 20 de esta providencia,
se puede concluir que el régimen establecido en el artículo 46 de la Ley 100 de
1993 resulta más favorable en la medida en que flexibiliza los requisitos que
deben acreditarse a efectos de obtener el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes. De hecho, el mencionado artículo de la Ley 100 de 1993
estableció que se deben cumplir los siguientes requisitos a efectos de obtener
el reconocimiento de la prestación (…) Estos requisitos son a simple vista
menos exigentes que los contemplados en el artículo 20 del Decreto 3041 de
1966, según el cual para acceder a la pensión de sobrevivientes se deben
acreditar las mismas condiciones de tiempo y densidad de cotizaciones que las
exigidas para acceder a la pensión de invalidez, esto es contar con ciento
cincuenta (150) semanas de cotización dentro de los seis (6) años anteriores a
la invalidez, setenta y cinco (75) de las cuales deben corresponder a los
últimos tres (3) años. Así mismo resulta más beneficioso aplicar la Ley 100 de
1993 en lugar de lo establecido en la Ley 6 de 1945 y Ley 33 de 1985, pues en
estos casos debe cumplirse con el número de años establecido para acceder a la
pensión de vejez, esto es 20 años de servicios continuos o discontinuos con el
Estado”
Sentencia
T-587A/12.
[62] La sentencia T-515/12 fue
promulgada el 06 de julio de dicha anualidad, mientras que la T-587A/12 está
fechada el día 26 de julio del mismo año.
[63] “(…) actualmente
la Ley 100 de 1993 prevé el acceso al derecho a la pensión de los padres del
causante (en ausencia de descendientes y cónyuge), cuando éste último hubiere
cotizado 25 semanas durante el año previo a su fallecimiento. La hija de la
peticionaria, sin embargo, falleció antes de la entrada en vigencia de la ley
100 de 1993 y, sin embargo, había cotizado 902 semanas al régimen de prima
media (esto es, unas 36 veces más del mínimo exigido por la actual regulación
para el acceso al derecho).  Por ese motivo, la peticionaria no tiene
acceso al derecho, en un escenario en el que personas más jóvenes y cuyos causantes
no asumieron una carga semejante, tienen acceso a la prestación por ella
requerida. (…)  En conclusión, el ISS vulneró los derechos al mínimo
vital y a la seguridad social de María Elena Rodríguez de Pardo, cuando en
vigencia de la Constitución Política de 1991 y un régimen pensional que protege
a los ascendientes del riesgo de la muerte de sus hijos (Ley 100 de 1993), le
negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes argumentando que en la
época que falleció su hija dicha prestación no se otorgaba a los padres, a
pesar de que (i) cumplía los requisitos para el reconocimiento pensional
dispuestos en la Ley 100 de 1993, que debían aplicarse para enervar una
situación de desigualdad de hecho; (ii) se trata de una persona de la tercera
edad al deceso de su hija, en una muy precaria situación económica, con un
delicado estado de salud, y sin recursos o fuentes alternativas de
subsistencia”, Sentencia T-515 de 2012.
[64] T-564/15.
[65] Ibidem.
[66] T-891/11,
T-072/12, T-587ª/12 y T-564/15.
[67] Concretamente señaló
la Corte en esa oportunidad que:“En ese sentido, esta Corporación evidencia que los
casos resueltos por este Tribunal en las Sentencias T-891 de 2011, T-072 de
2012, T-587A de 2012 y T-564 de 2015, los supuestos fácticos en los que
se basaban las solicitudes de amparo daban cuenta de personas que pedían el
reconocimiento de una prestación pensional con base en que sus parientes
fallecidos habían laborado por más de 15 años para una entidad, con lo cual el
pago de una indemnización sustitutiva u otra contraprestación no periódica
resultaba altamente lesivo para sus prerrogativas fundamentales, puesto que
bajo otros regímenes pensionales de trabajadores del Estado vigentes para la
época era posible obtener la pensión de vejez después de 15 años de servicio y
sustituirla en caso de muerte del afiliado (…) En síntesis, del anterior
recuento jurisprudencial esta Corporación concluye que le corresponde al
operador jurídico verificar en cada caso (i) si la aplicación de la ley
preconstitucional de seguridad social en concreto es una carga
desproporcionada, y de ser así, (ii) proceder a implicarla o flexibilizar su
interpretación con el fin de superar situaciones de graves afectaciones de
derechos fundamentales, como ocurre con las solicitudes de sustituciones
pensionales de cónyuges de trabajadores que prestaron sus servicios al Estado
por más de 15 años”,
Sentencia T-116 de 2016.
[68] Así por ejemplo, en
un caso en que el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca negó
la nulidad de un acto administrativo que declaró insubsistente a un empleado en
provisionalidad, con fundamento en que el Consejo de Estado no exigía en su
jurisprudencia la motivación de esta decisión, y ante una tutela interpuesta
contra esta decisión, el Consejo de Estado negó el amparo en primera y segunda
instancia. Seleccionada la tutela para su revisión, la Corte Constitucional
afirmó que: “al dictar su sentencia, el Tribunal Contencioso Administrativo
del Valle del Cauca, desconoció completamente la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, a la cual no hizo ninguna referencia. Por lo tanto, la Corte
dejará sin efecto la providencia, por violación del precedente jurisprudencial
de esta corporación, que ha determinado que la ausencia de motivación de la
declaración de insubsistencia de un nombramiento en un cargo de carrera, en
provisionalidad, constituye una vulneración al debido proceso (…)”[68].
Por lo que, además de revocar los fallos de instancia, hizo lo propio con la
decisión del Tribunal, al ordenarle en un término de veinte (20) días contado
desde la notificación del fallo, emitiera una decisión de acuerdo con los
parámetros señalados para el asunto en la jurisprudencia reiterada de esta
Corte, reprochando haber vulnerado el debido proceso al no aplicar el referido
precedente.
[69] El fallecimiento ocurrió durante
la construcción de la carretera entre la vereda Buena Vista y La Alegría donde,
al ir laborando con un Bulldozzer se propició un derrumbe, que no solo tapó la
maquina sino que provocó un deslizamiento de rocas, una de las cuales golpeó al
señor Quinche arrojándolo a un abismo de aproximadamente 150 metros de altura,
produciéndole la muerte de manera instantánea.
[70] En lo relativo a la
imposibilidad de aplicar la Ley 100 de 1993 de manera retrospectiva para el
reconocimiento de pensión de sobrevivientes.
[71] Auto 09 de 1994. En el mismo
sentido, las sentencias T-704 de 2002, T-773 de 2006 y el auto 113 de 2012.
[72] Autos 234 de 2006 y 115A
de 2008.