T-389-98
Sentencia T-389/98
Sentencia T-389/98
DERECHO A LA
SALUD DEL INTERNO-Alcance
ACCION DE TUTELA-Carencia actual de objeto
Referencia:
Expediente T-161727
Peticionario: Pedro
Julio Zárate.
Magistrado Ponente:
Dr. FABIO MORON
DIAZ.
Santa Fe de Bogotá
D.C., a los treinta y un (31) días del mes de julio de mil novecientos noventa
y ocho (1998).
I. INFORMACION PRELIMINAR
Procede la Sala
Octava de Revisión de la Corte Constitucional, a revisar el fallo
proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Ibagué, el día
veinticuatro (24) de febrero de 1998 en el proceso de la referencia.
1. LOS HECHOS
Los hechos que
motivaron la formulación de la acción correspondiente, se sintetizan a
continuación.
El peticionario
PEDRO JULIO ZARATE se encuentra privado de la libertad en la Penitenciaría
Nacional de Picaleña de Ibagué y desde hace un tiempo padece de una infección
en la boca, y ha sido atendido por un interno poco experto en materia de salud.
Le han suministrado pastas de Dicloxaciclina, e inyecciones de Benzetacil y
unguentos de Aciclovir, pero el médico del penal no lo atiende para determinar
con certeza qué enfermedad tiene y qué droga exacta necesita.
Considera el
peticionario vulnerado su derecho a la salud toda vez que el servicio de
enfermería de la Penitenciaría se ha limitado a recetarle unas medicinas, pero
no ha dispuesto la asistencia de una  persona con conocimientos en medicina que
pueda curarle su afección.
Acudió entonces a la
acción de tutela en procura de la protección constitucional de su derecho a la
salud.
2. LA DECISION JUDICIAL QUE SE REVISA
Correspondió conocer
de la acción al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Ibagué, despacho que,
luego de  oír en declaración jurada a la señora Directora del establecimiento
penitenciario resolvió rechazar la tutela incoada, por existir  sustracción de
materia.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Primera. La
Competencia
Es competente esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia en relación
con el fallo dictado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Ibagué, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral
noveno de la Constitución Nacional, en concordancia con los artículos 33, 34,
35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
Segunda. El
derecho a la salud de los internos. Caso concreto. Hecho superado
El derecho a la
salud, es uno de los derechos fundamentales de los que mayor importancia
reviste, toda vez que con él, se relacionan otros derechos constitucionales
fundamentales, como el derecho a la vida, a la dignidad humana, y a la
integridad física, entre otros.
Particularmente, en
cuanto a los derechos de los internos a la salud y a la dignidad humana, esta
Corporación  viene sosteniendo que el hecho de la privación de libertad no
implica de manera alguna la privación del derecho a la salud, así:
"... el
régimen jurídico especial al que se encuentran sometidos los internos en
ocasiones, resulta incompatible con ciertos derechos, aún fundamentales, cuyo
ejercicio, en consecuencia, se suspende para tornar a él luego de que haya
expirado el término de la pena, o según las condiciones fijadas en la Ley o en
la Sentencia.  Esto sucede, en primer lugar, con la libertad y además con
derechos tales como los políticos, el de reunión, locomoción etc., en tanto que
otros derechos no se ven especialmente afectados y se conservan en su plenitud;
piénsese por ejemplo en el derecho a la vida y a la integridad, en la libertad
de conciencia y de cultos; un tercer grupo de derechos está integrado por
aquellos que deben soportar limitaciones, las más de las veces previstas en la
Constitución o en la Ley, tal como acontece con la conmoción oral, escrita o
telefónica que, previos los requisitos del caso resulta restringida.  Además, de
la específica condición de recluso surgen ciertos derechos, contenidos
especialmente en la ley penitenciaria y que tienen que ver con la alimentación,
la salud, la seguridad social, etc., y que, como contrapartida constituyen
deberes a cargo del Estado".  (Sentencia No. T-424 de 1992, M.P. Dr. Fabio Morón
Díaz).Subrayas fuera del texto.[1]
“Tal persona a
pesar de tener suspendido su derecho a la libertad física, aún es titular y
ejerce sus otros derechos fundamentales, los cuales sólo pueden ser restringidos
en menor o mayor magnitud debido a su nexo con la reclusión, pero permanecen
intactos en su núcleo esencial. En efecto, el ser humano recluido en un
panóptico tiene solamente en suspenso el derecho fundamental de la libertad
física y, como consecuencia de ésto, se presentan ciertas limitaciones en el
ejercicio de otros derechos fundamentales, las cuales obedecen a las
circunstancias especiales de seguridad que se deben mantener en una cárcel. Es
así como se presentan restricciones como en las visitas íntimas, en la posesión
y circulación de material pornográfico, en las comunicaciones, en la posesión
de dinero en efectivo, etc (artículo 112 del Código Penitenciario y
Carcelario); tales restricciones afectan la esfera de la igualdad, del libre
desarrollo de la personalidad, de la intimidad.”. (Sentencia T-065
de 1995, Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero).Cfr. T-473 de 1995,T-
706 de 1996,T- 714 de 1996, y  T-153 de 1998
La jurisprudencia
mencionada se reitera no obstante que se está ante cesación de la actuación que
originalmente se impugnó. En efecto, el interno PEDRO JULIO ZARATE acudió a la
acción de tutela para que por medio de la intervención del aparato judicial
fuera atendido médicamente, y sus quejas respecto a la dolencia que padecía en
ese momento, fueran solucionadas por un profesional de la medicina.
Sin embargo, se
encuentra  en el expediente que tal como lo advirtió también la instancia, el
interno fue atendido ya en debida forma en el Hospital Federico Lleras Acosta
de la ciudad de Ibagué, en donde luego de ser examinado se hace constar que su
dolencia no es una  patología de urgencia, para lo cual le dieron posteriores
citas por consulta externa.
Carece pues de
objeto la presente tutela y por consiguiente habrá de confirmarse el fallo
proferido por el Juzgado Tercero Penal del  Circuito de Ibagué.
Cuarta. Decisión
En mérito de lo
expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, actuando en
nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. CONFIRMAR
el fallo proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Ibagué del 24
de febrero de 1998.
Segundo: Por
la Secretaría, líbrense las comunicaciones de que trata el Artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, y cúmplase.
FABIO MORON DIAZ
Magistrado Ponente
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] En el
mismo sentido Sentencia  T- 473 de 1995, Magistrado Ponente:  Dr. Fabio Morón
Díaz).