T-058-15
Sentencia T-058/15
DERECHO AL HABEAS DATA-Justificación histórica del poder informático
DERECHO AL HABEAS DATA-Alcance en el ámbito nacional e internacional
DERECHO AL HABEAS DATA-Derecho a la autodeterminación informativa o
informática
CLASES DE INFORMACION-Pública, semiprivada, privada y reservada
PRINCIPIOS QUE DEBE SEGUIR EL ADMINISTRADOR DE BASES
DE DATOS-Finalidad, necesidad,
utilidad y circulación restringida
ACCESO DE DATOS
PERSONALES COMO EXPRESION DEL PRINCIPIO DE ACCESO Y CIRCULACION RESTRINGIDA-Refuerza
el carácter individual del dato y evita que la información contenida en una
base de datos se utilice para finalidades distintas a aquella que motiva su existencia
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES-Evolución normativa
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES-Naturaleza y funciones
Considerando
la importancia que tienen las bases de datos relacionadas con antecedentes
judiciales en el marco del Estado Constitucional y que su existencia obedece a
legítimos fines de la misma estirpe, esta Corte ha señalado que su registro no
puede ser considerado como una sanción. En efecto, si bien los antecedentes
penales son el producto de la imposición de un castigo, no son la pena en sí
misma ni adquieren autonomía punitiva. En todo caso, lo anterior no quiere
decir que la información sobre antecedentes judiciales no pueda ser suprimida
de forma relativa de acuerdo con la conciliación
de varios elementos normativos que concurren en el caso de la administración de
información personal en esta materia.
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES Y HABEAS DATA-Efectos de la sentencia SU458/12
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS PERSONALES-Exigencia de estándares de protección
Se entiende que la exigencia de estándares de protección equivalentes
para la transferencia internacional de datos, es una pauta que por su vocación
principialística no solamente puede aplicarse en forma sectorial o a un tipo
específico de bases de datos pese a que la legislación colombiana en materia de hábeas data
ostente dicho carácter, sino que es de aplicación común y en ese sentido, tal
principio, como sus excepciones constituyen herramientas para la solución de
casos en los que se hallen involucradas bases de datos relacionadas con
antecedentes judiciales. En efecto, encuentra la Corte que dicha excepción al
principio de transferencia de datos referida en el párrafo anterior, constituye
por sí misma la expresión de otro principio, el de libertad. En ese sentido, se
entiende que dicha excepción, relacionada con la voluntad del titular para dar
a conocer información personal a un tercero por él indicado, en este caso su
registro de antecedentes judiciales a otro Estado, es plenamente admisible de
conformidad con el entendimiento jurisprudencial sobre la aplicación
principialística de la Ley 1581 de 2012, particularmente en lo que hace al
principio de libertad en la administración de datos personales.
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
JUDICIALES POR GOBIERNO EXTRANJERO CON FINES MIGRATORIOS-Tiene un propósito legítimo en el marco
del bloque de constitucionalidad
La Sala encuentra que, en primer lugar, la solicitud
del certificado de antecedentes judiciales por un Gobierno extranjero para la
autorización de migrar hacia su territorio obedece a un propósito legítimo en
el marco del bloque de constitucionalidad. Esto, en consideración a lo
dispuesto por el artículo 3° de la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas de 1961, puesto que dentro de las funciones de las misiones
diplomáticas se encuentran, entre otras, la de “b) proteger en el Estado
receptor los intereses del Estado acreditante y los de sus nacionales, dentro
de los límites permitidos por el derecho internacional”, situación que se
asemeja a la de las Oficinas Consulares, en razón a lo previsto por
el artículo 5º de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.
En tal sentido, es apenas comprensible que los Estados, en virtud de su
soberanía y otras políticas internas como pueden ser el control demográfico o
poblacional así como las relacionadas con la seguridad o la política criminal, tomen
medidas y establezcan requisitos para admitir a ciudadanos extranjeros en su
territorio con fines migratorios, esto es, con el propósito de generar un
posible establecimiento allí mediante el otorgamiento de visas, residencia o
nacionalidades, tal como lo explicaba la Cancillería en su respuesta. Asimismo,
esta situación no constituye una circunstancia desconocida en términos locales,
dado que el Gobierno de Colombia, de conformidad con el Decreto 2268 de 1995,
tal como en otros países, tiene competencia discrecional para autorizar el
ingreso de extranjeros e igualmente solicitar el certificado de antecedentes
judiciales. Por esta misma razón, es que las autoridades migratorias del
posible país receptor sí son terceros con un interés legítimo de conocer el
registro de los antecedentes judiciales de un ciudadano sin lugar a supresiones
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES Y HABEAS DATA-Sentencia SU458/12 no es procedente para este caso
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES Y HABEAS DATA-No vulneración por cuanto solicitud por parte de
gobierno extranjero con fines migratorios, obedece a fines legítimos
Referencia: Expediente
T-4.516.485
Acción de tutela instaurada por Felipe[1]
contra la Policía Nacional y los Ministerios de Defensa y del Exterior.
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá,
D.C., doce (12) de febrero de dos mil quince (2015)
La
Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortíz Delgado y Luis
Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro
del proceso de revisión de los fallos proferidos, en primera instancia, por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección 3, Subsección A- el 20 de mayo
de 2014, y en segunda instancia, por el Consejo de Estado- Sección Cuarta- el
31 de julio de 2014, respecto de la acción de tutela presentada por Felipe
contra la Policía Nacional y los Ministerios de Defensa y del Exterior,
solicitando la protección de sus derechos fundamentales al hábeas data y a la
igualdad.[2]
I.
ANTECEDENTES
El 7 de mayo de 2014, Felipe, obrando mediante
apoderado judicial, presentó acción de
tutela contra la Policía Nacional y los Ministerios de Defensa y del Exterior,
pretendiendo que tales entidades ajusten, de conformidad con la sentencia
SU-458 de 2012, los trámites de apostilla o legalización[3] del certificado de
antecedentes judiciales bajo la leyenda “No tiene asuntos pendientes con las
autoridades judiciales” tanto para aquellos que no han cometido delitos
como para quienes habiéndolo hecho, la autoridad judicial competente haya
decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.
1.1.
Hechos relevantes
a)
Mediante providencia del 1 de
octubre de 2003, el accionante fue condenado por el delito de peculado culposo
a la pena principal de 18 meses de prisión y al pago de 30 S.M.L.M.V por el
Juzgado 22 Penal del Circuito de Bogotá.[4]
b)
EL 6 de agosto de 2008, el
Juzgado 11 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad comunicó al
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entidad que en ese entonces se
encargaba del registro y la administración de antecedentes judiciales, que
mediante providencia del 16 de julio del mismo año se había declarado la
extinción de la condena al señor Felipe.
Por ese motivo, le solicitaba a dicho Departamento y a los demás organismos de
seguridad del Estado, la actualización y, en consecuencia, la cancelación de
los antecedentes que figuraran por cuenta de la actuación penal llevada en contra
del peticionario.[5]
c)
De conformidad con la
sentencia SU-458 de 2012, tras un derecho de petición, el accionante solicitó
la actualización de sus antecedentes judiciales a la Dirección de Investigación
Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional, la cual fue confirmada el
18 de febrero de 2014.[6]
d)
En el año 2014, el
peticionario adelantó un trámite de carácter migratorio, en compañía de su
esposa y su hija menor de edad, ante la República Federativa de Brasil, con el
fin de solicitar la visa de trabajo, para lo cual debió presentar su registro
de antecedentes judiciales legalizado/apostillado y el de su esposa.[7] Aunque en la
consulta de la plataforma en línea de la Policía Nacional el peticionario,
según la SU-458 de 2012, “No tiene asuntos pendientes con las autoridades
judiciales”, leyenda que de forma idéntica le aparece a su cónyuge, quien
nunca ha sido condenada penalmente,[8]
los certificados de antecedentes judiciales expedidos por la Cancillería en el
trámite de apostilla y legalización hacen la respectiva diferenciación, puesto
que mientras ella “No registra antecedentes judiciales de acuerdo con el
art. 248 de la Constitución Política de Colombia”, él “No tiene asuntos
pendientes con las autoridades judiciales”.[9]
e)
A su juicio, tal situación lo
ubica en una posición de desigualdad frente a las personas que no tienen
antecedentes judiciales, y en consecuencia, le impone una carga que, en
últimas, le impediría llevar con éxito los trámites migratorios a otros países,
en tanto terceros no autorizados por la sentencia SU- 458 de 2012, como otros
Estados, podrían concluir que sí fue condenado penalmente, aun cuando la
condena ya se había declarado extinta. Asimismo, afirma que suministrar
información a otros Estados sobre la historia judicial de un ciudadano
colombiano, cuando la misma excede la que reposa en la  plataforma de consulta
de la Policía Nacional según la sentencia de unificación citada, vulnera
abiertamente su derecho al hábeas data y “(…) desde el punto de vista de la
realidad social configura una extensión de la sanción”.
1.2.
Solicitud
De acuerdo con los hechos anteriores, el peticionario
solicitó al juez constitucional ordenar
al Grupo de Consulta y Respuesta de Antecedentes de la Policía Nacional de
Colombia la unificación de los certificados de antecedentes y requerimientos
judiciales expedidos con motivo de trámites consulares, respecto de las
personas que hubiesen tenido sanciones penales prescritas o extinguidas
judicialmente y las personas que nunca hubieran cometido delitos, bajo una
leyenda única y análoga para ambos grupos que señale, tal como lo hizo la
SU-458 de 2012, que “No tiene[n] asuntos pendientes con las autoridades
judiciales”, es decir, tal y como acontece con los certificados en línea a
través del sitio www.policia.gov.co, link “antecedentes”.
Asimismo,
con el fin de proteger sus derechos a la intimidad y al buen nombre,
consagrados en el artículo 15 de la Constitución Política, el accionante le
solicitó al juez de tutela la reserva de su nombre de todas las publicaciones
procesales futuras, incluyendo las sentencias, tal como se realizó en la SU-458
de 2012.
1.3. Contestación
de los accionados
1.3.1.
Ministerio de Defensa Nacional, Dirección de Investigación Criminal e Interpol
y Policía Nacional.
El 13 de marzo de 2014, el responsable de antecedentes
judiciales de la Policía Nacional señaló que la entidad estaba dando pleno
cumplimiento a los parámetros fijados por la Corte Constitucional en sentencia
SU-458 de 2012 para la generación de antecedentes a través de la plataforma en
línea dispuesta por la institución. Advirtió que en relación con los trámites
de apostilla y legalización, la expedición del certificado de antecedentes
judiciales se realiza a través de la página web del Ministerio de Relaciones
Exteriores, procedimiento consular que no está a cargo de la Policía Nacional.
En todo caso, destacó que la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y
Servicio al Ciudadano de dicho Ministerio, mediante Oficio No. 79524 del 27 de
noviembre de 2012, comunicó que de conformidad con la SU-458 de 2012 el
enunciado “No tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales”
sólo es válido frente a particulares que no tengan interés legítimo, lo que no
se cumple frente a las autoridades extranjeras, quienes en virtud de su
soberanía, pueden ser considerados terceros con interés legítimo y en ese
sentido, se les podría suministrar a plenitud la información fidedigna del
pasado judicial.
1.3.2.
Ministerio de Relaciones Exteriores- Cancillería.
Mediante oficio del 14 de mayo de 2012, el Director de
Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano de la entidad aseguró
que, de conformidad con el Decreto 3355 de 2009, el Ministerio de Relaciones
Exteriores es el facultado legalmente para realizar el trámite de apostilla y
legalización de un documento expedido electrónicamente, y “(…) que lo que
certifica es la firma del funcionario público en el ejercicio de sus funciones
[mas] no el contenido ni la veracidad del mismo”. (Subrayado original)
En ese sentido, precisó que el documento, cuya firma es
apostillada o legalizada, “(…) proviene directamente de la base de datos de
la POLICÍA NACIONAL y se genera por el sistema a la oficina de apostilla, lo
que significa que va de entidad a entidad a través de la plataforma tecnológica
y no es manipulado en modo alguno por los funcionarios de [la Cancillería], por
ser únicamente la transmisión de datos e información que suministra la
[institución policial].”
1.4.
Decisiones objeto de Revisión
1.4.1.
Sentencia de primera instancia
1.4.1.1.
En primera instancia, mediante auto del 9 de mayo de 2014 por medio del cual se
admitió la acción de tutela, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-
Sección Tercera, Subsección A- desestimó la petición especial del accionante,
relacionada con que se mantuviera en reserva su nombre de toda publicación
procesal. Tal determinación se justificó en la medida en que los procesos
judiciales, salvo las excepciones legales, eran públicos, por lo que prohibir
la publicación de las sentencias o aplicar una reserva total del expediente,
afectaría en forma desproporcionada el principio de publicidad. El Tribunal añadió
que las reservas de nombres hechas por la Corte Constitucional en sus
sentencias, solo procedían cuando la tutela versaba sobre aspectos que podían menoscabar
en forma trascendental la intimidad, o cuando se involucraba a menores de edad,
pacientes seropositivos, parejas del mismo sexo, información genética, entre
otros.
1.4.1.2.
Negada la petición especial y luego de recibidas las respuestas de las
entidades demandadas, mediante providencia del 20 de mayo de 2014, el Tribunal
resolvió negar el amparo de los derechos al hábeas data y a la igualdad
reclamados por el accionante como vulnerados. Luego de hacer un desarrollo
completo sobre las consideraciones de la sentencia SU-458 de 2012, señaló que,
si bien el certificado de antecedentes judiciales del accionante es diferente
al de su cónyuge, cuando en principio deberían contener la misma leyenda de
conformidad con tal providencia, la expedición de dicho documento con fines de
apostilla y legalización consular tiene una destinación especial, puesto que no
es de acceso público ni está dirigido a terceros sin un interés legítimo, en
tanto su solicitud está motivada por autoridades extranjeras, las cuales
ostentan un propósito claramente definido en el ordenamiento jurídico con el
fin de determinar los permisos de circulación en su territorio.
1.4.2. Impugnación
En
la oportunidad procesal,[10]
la parte demandante manifestó su desacuerdo con la decisión de primera
instancia, reiterando los argumentos esbozados en el escrito de tutela y
señalando que, a su juicio, el propósito distinto con el que se adelantaban los
trámites consulares en este caso no constituía una razón suficiente ni
admisible que justificara la diferenciación censurada, entre otras cosas,
porque, (i) en estricto sentido, la información contenida en el certificado no
la estaba suministrando el gobierno colombiano a un gobierno extranjero, sino
que era el propio interesado el que aportaba el documento a efectos de
adelantar la consecución de una visa y, adicionalmente, (ii) porque el acceso
al certificado de antecedentes judiciales para trámites de apostilla o
legalización es de relativa facilidad, tanto que cualquier persona lo podría obtener
y no solamente el titular, pues la única limitante es la consignación bancaria
de una tasa.
1.4.3.
Sentencia de segunda instancia
1.4.3.1.
Como cuestión previa, la Sección Cuarta del Consejo de Estado advirtió que la
petición especial del accionante sobre la reserva de identidad debía ser
estimada, en tanto, sus derechos al buen nombre y a la intimidad, así como los
de su esposa, podrían verse expuestos o afectados, como quiera que a través de
innumerables motores de búsqueda, las providencias judiciales ahora son de
fácil acceso para terceros que no tiene intereses legítimos en el proceso.
Asimismo, señaló que con acceder a dicha pretensión no se sacrifica el
principio de publicidad, puesto que lo que se sometería a reserva serían los
nombres del actor y de su esposa y no el proceso en sí mismo, el cual deberá
estar disponible en todas las bases de datos de la Rama Judicial.
1.4.3.2.
Ahora, frente al problema jurídico de fondo, mediante providencia dictada el 31
de julio de 2014, el Consejo de Estado revocó la decisión de primera instancia
con fundamento en que el formato utilizado para apostillar o legalizar los
antecedentes judiciales del actor y de su esposa con fines migratorios permitía
inferir la existencia de condenas penales en contra del primero, a pesar de
encontrarse extintas, y en ese sentido, contrariaba la ratio decidendi
de la SU-458 de 2012. De conformidad con esta misma providencia y con la Ley
1581 del mismo año, añadió que las autoridades extranjeras no eran terceros
legitimados para conocer el pasado judicial completo de un ciudadano, puesto
que solo podían acceder a dicha información (i) los titulares, sus
causahabientes o representantes legales; (ii) las entidades públicas o
administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial y;
(iii) los terceros autorizados por el titular o por el legislador.
Con
base en lo anterior, concedió el amparo del derecho al hábeas data del
peticionario, y en consecuencia, ordenó que la leyenda de los certificados de
antecedentes judiciales fuera unificada bajo “No tiene asuntos pendientes
con las autoridades judiciales”, tanto para aquellas personas que no habían
cometido delitos, como para quienes habiéndolo hecho, la condena se encontraba
extinta o la pena había prescrito, tal como se había ordenado en la SU-458 de
2012. Asimismo, tal Corporación ordenó que “[la] leyenda deberá adoptarse,
por igual, para los certificados de antecedentes judiciales que se expidan a
cualquier persona, de tal forma que se garantice la protección efectiva del
derecho al hábeas data de la parte actora.”
2.
Actuaciones surtidas en sede de Revisión
2.1.
Pruebas solicitadas, documentos e información allegada
2.1.1. Dado que para tomar
una decisión en esta sede, se requería mayor información acerca del trámite
consular adelantado por el demandante, así como múltiples aclaraciones
sobre los pormenores de los procesos de apostilla y legalización de
antecedentes judiciales ante la Cancillería, mediante Auto del 4 de febrero de
2015, el despacho del Magistrado Sustanciador estimó pertinente requerir tanto
al peticionario como al Ministerio de Relaciones Exteriores en tal sentido.[11]
2.1.2. Mediante respuesta
del 10 de febrero de 2015, el accionante aclaró que el certificado de
antecedentes judiciales, tramitado ante la Cancillería para su apostillamiento
o legalización, lo requería para solicitar una visa de trabajo ante el
Consulado de la República Federativa del Brasil. Asimismo, señaló que el
Consulado Brasilero había aceptado los certificados de él y de su esposa, pese
las redacciones diferentes.
2.1.3.1. Por su parte, la
Cancillería Colombiana, mediante escrito recibido por la Secretaría de esta
Corporación también el 10 de febrero de 2015, respondió a cada una de las
inquietudes planteadas por el despacho del magistrado austanciador. Frente al
tema de los trámites consulares con fines migratorios y no migratorios, aclaró
que los primeros se realizan con el propósito de adelantar, ante autoridades
migratorias extranjeras, solicitudes de visa, de residencia o de nacionalidad,
mientras que los segundos son aquellos que se realizan “(…) con un fin
diferente a trámites de carácter migratorio”, es decir, todos los demás.
2.1.3.2. Asimismo,
advirtió que dependiendo del fin migratorio o no de la solicitud, el contenido
del certificado de antecedentes judiciales puede cambiar. Esta diferencia es
explicada por la Cancillería mediante el siguiente comparativo:
La anterior diferencia en
la expedición del certificado de antecedentes judiciales ante la Cancillería,
se debe, y explica la entidad, “(…) a los graves perjuicios que sufrieron
los colombianos residentes en el exterior, debido a la negativa de los
gobiernos extranjeros de aceptar la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON
LAS AUTORIDADES JUDICIALES”, tanto para personas que no registran antecedentes,
como para personas a quienes se haya decretado la extinción o prescripción de
la pena. // Dicha leyenda condujo a las autoridades migratorias extranjeras a
concluir que sí existen antecedentes penales en los solicitantes, y como
consecuencia de lo anterior, a no convalidar la permanencia del connacional en
territorio extranjero, negarle la visa, o la residencia o la nacionalidad.//
Subrayó
que los países “(…) con los que principalmente se han presentado rechazos de
solicitudes a los ciudadanos colombianos, debido a la leyenda “NO TIENE ASUNTOS
PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES”, [han sido]: Argentina, Chile,
España, Costa Rica, Ecuador, Brasil, Panamá, entre otros.”
Con
fundamento en las anteriores dificultades y de conformidad con la SU- 458 de
2012, donde se resaltan los principios de finalidad legítima, necesidad,
utilidad y circulación restringida de los datos, la entidad destacó que el
contenido del certificado de antecedentes judiciales cuando se expide con fines
migratorios no implica ninguna contravención del derecho al hábeas data
por parte de la Cancillería.
2.1.3.3.
Por otra parte, aclaró que no existe ninguna diferencia en el contenido del
certificado de antecedentes judiciales apostillado/legalizado en función del
país destinatario.
2.1.3.4.
Frente a la pregunta de si, actualmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores
estaba habilitado para brindar información a países extranjeros sobre los
antecedentes judiciales de un ciudadano colombiano por solicitud de aquellos,
la Cancillería precisó, en primer lugar, que aunque el trámite de apostilla o
legalización de Constancia de Antecedentes Penales se realizaba a través de la
página web de dicho Ministerio, la Entidad que administraba la base de datos de
antecedentes judiciales y expedía la respectiva constancia era la Policía
Nacional, por lo que la Cancillería no tenía ningún tipo de acceso a la
administración de tal información. Asimismo resaltó que el Ministerio de
Relaciones Exteriores no entregaba información a ninguna autoridad extranjera,
sino directamente al solicitante, quien era el que disponía de ella de acuerdo
a su necesidad. Completó su respuesta, señalando que “(…) cuando un
ciudadano al tramitar su Constancia de Antecedentes Penales “con fines
migratorios”, le aparec[ía] la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES”; las autoridades del respectivo país le solicita[ban]
`ampliación de antecedentes´”, y para el efecto, el ciudadano debía hacer el
requerimiento por escrito, solicitando la ampliación y autorizando la consulta
de antecedentes para, posteriormente, recibir respuesta por la Policía
Nacional. En todo caso, destacó que “[t]anto la solicitud como la respuesta
[eran] canalizadas a través del Consulado, si el ciudadano así lo requ[ería].”
2.1.3.5.
Con el propósito de establecer qué datos debían proporcionarse para tramitar la
apostilla o legalización de los antecedentes judiciales y hasta qué punto la
entidad garantizaba, a través de su sistema informático, que el titular era la
única persona que podía obtener información sobre los mismos, el despacho del
magistrado sustanciador solicitó a la entidad la aclaración de esta cuestión,
frente a lo cual la Cancillería manifestó: “Si el ciudadano requiere
Constancia de Antecedentes Penales “con fines no migratorios”, no se requiere
ningún tipo de información.// Si el ciudadano requiere Constancia de
Antecedentes Penales “con fines migratorios”, el sistema le pide la
confirmación de datos personales, que pueden ser:
-       Número de pasaporte y fecha de expedición del mismo,
cuando se tiene pasaporte de lectura mecánica
-       Último trámite realizado a través del Sistema
Integrado de Trámites al Ciudadano –SITAC-, y fecha de realización del mismo
-       A falta de alguno de los anteriores, el sistema le
exige primero el registro, en el cual se deben indicar todos los datos
personales y de localización del ciudadano.”
2.1.3.6.
Ahora, frente a la forma en que la Cancillería estaba dando cumplimiento a la
SU-458 de 2012, la entidad señaló que de conformidad con los principios de
finalidad, necesidad, utilidad y circulación restringida desarrollados por
dicha providencia, era posible expedir los certificados de antecedentes
judiciales diferenciados, cuando se trataba de solicitudes con o sin fines
migratorios. En todo caso, advirtió que aun cuando se justificaba la
exposición del pasado judicial de una persona cuando se solicitaba el
certificado con antecedentes judiciales con un fin migratorio, la Cancillería
solo admitía que fuera el titular de la información quien, a través de su
plataforma en línea, pudiera solicitar, obtener y disponer de la misma de
acuerdo a su necesidad, tal como entregarla a una autoridad extranjera.
2.1.3.7.
Por otra parte, la Cancillería señaló que las autoridades colombianas exigen el
“certificado de antecedentes penales” como requisito para la solicitud de visa
para residencia temporal MERCOSUR.[12]
Y respecto a su leyenda, no se exige ninguna en especial; solo que sean claros
los antecedentes reportados.
2.1.3.8.
Frente a la ocurrencia de dificultades con motivo del cumplimiento de la
sentencia SU-458 de 2012, la Cancillería señaló que se han presentado negación
de visas, negación de solicitudes de residencia o nacionalidad y suspensión o
aplazamiento de trámites de regularización de la situación migratoria de
ciudadanos colombianos. De acuerdo con esta situación, y particularmente con
relación a los efectos de la sentencia que ahora es objeto de revisión, emitida
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que en segunda instancia concedió
el amparo en el caso estudiado y que generó un cambio estructural en toda la
plataforma de apostillamiento y legalización, la Cancillería adjuntó copia de
un documento con fecha del 11 de septiembre de 2014, en el que solicitaba al
General Rodolfo Palomino, Director de la Policía Nacional, la búsqueda de una
solución a las numerosas situaciones que ser vienen presentando en los trámites
migratorios adelantados por los connacionales en el país, así como en el
exterior.
Dicho
documento, anterior a la selección de este expediente, señala que a partir de
la expedición del registro de antecedentes disciplinarios en los términos
exigidos por la sentencia del Consejo de Estado, que ahora se revisa, se han
generado gravísimas consecuencias para los ciudadanos colombianos frente a su
permanencia en el extranjero (otorgamiento de residencia permanente en otros
países o concesión de la nacionalidad por los mismos). Como antecedente de
ello, citan al Director de Migración del Estado Argentino, Dr. Martín Arias
Duval, quien informó que “(…) la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON
LAS AUTORIDADES JUDICIALES” no era satisfactoria para el Estado Argentino con
miras a convalidar la permanencia migratoria del connacional que los solicite,
requiriendo por el contrario una mayor precisión frente a aquellos ciudadanos
colombianos que no tienen antecedentes judiciales con aquellos que relacionados
a la misma leyenda presentan condenas cumplidas o extinguidas.” Con fundamento
en ello, las autoridades argentinas emitieron un comunicado donde informan a la
comunidad colombiana que “para poder iniciar trámite de residencia,
deberá[n] presentar certificado de antecedentes penales que acredite
fehacientemente que no tiene[n] sentencia condenatoria anterior dictada a su
respecto y que no registra[n] procesos penales en trámite".
Por
su parte, la Comunidad de Navarra (España) le negó la nacionalidad a un
ciudadano colombiano con fundamento en la insuficiencia del contenido del
certificado de antecedentes judiciales, así como el Consulado de Colombia en
Madrid reportó una queja similar en el caso de otra ciudadana.[13] Advierte la Cancillería,
que en poco más de un mes de notificada la sentencia, dicho Consulado ya había
reportado más de 106 casos relacionados con la problemática señalada.
Otro
de los ejemplos presentado por la entidad, es el del Departamento de
Extranjería del Estado Chileno, quien sostiene que “la nueva lectura del
antecedente “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES”,
iguala a aquellas personas que NUNCA han tenido antecedentes con aquellas que
tuvieron condena y ya cumplieron o la pena se ha extinguido, lo cual [para
ellos] no es de recibo, por lo que se verán obligados a solicitar ampliación de
los antecedentes judiciales a TODAS las personas que presenten el certificado
con esa leyenda, decisión que acarrearía una nueva solicitud que toma un tiempo
considerable y que a la postre podría resultar perjudicando a la persona
interesada en la visa.”
Frente
a dichas circunstancias, el Secretario General de la Cancillería presentó una
solución en el marco de los principios desarrollados por la SU-458 de 2012 y le
solicitó a la Policía Nacional la edificación de una base de datos de
antecedentes judiciales con una finalidad y ámbito restringido, dirigido únicamente
a formar parte de los trámites de carácter migratorio adelantados por
ciudadanos colombianos con destino a autoridades de otros Estados. Esta base de
datos, según dicha propuesta, solo podría ser consultada por el particular
titular de la obligación, cuya identificación se garantizaría previa
confirmación de datos de carácter personalísimo, como el número del pasaporte.
Así mismo, le requirió a la institución para que las certificaciones expedidas
con fines migratorios, contaran con el siguiente texto adicional: “La
presente se expide únicamente para fines de carácter migratorio”, de
conformidad con la sentencia SU- 458 del 21 de junio de 2012”.
De
conformidad con lo observado por esta Sala, los parámetros de dicha propuesta
hecha por la Cancillería a la Policía Nacional el 11 de septiembre de 2014, son
los que vienen siendo empleados para la expedición de certificaciones en la
actualidad.
2.1.4.
Finalmente, al proceso se allegó un escrito recibido el 10 de septiembre de
2014 por la Secretaría de esta Corporación, en el que el Director de Asuntos
Consulares, Migratorios y Servicio al Ciudadano de la Cancillería solicitaba a
esta Corporación mediante “una alarmante petición” que el expediente de
la referencia fuera seleccionado para revisión, reiterando “la magnitud del
daño causado al proceso migratorio” con motivo de la sentencia del Consejo
de Estado, que es precisamente la que la Corte revisa en esta oportunidad.
II. CONSIDERACIONES
y fundamentos
1.
Competencia
Esta
Sala es competente para revisar la decisión proferida dentro del expediente de
la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la
Constitución Política.
2.
Planteamiento del caso,
problema jurídico y esquema de resolución.
2.1. En el asunto sometido a Revisión, el señor
Felipe presentó acción de tutela
contra la Policía Nacional y los Ministerios de Defensa y del Exterior, tras
considerar que tales entidades vulneraban sus derechos a la igualdad y al habeas
data, al expedir su certificado de antecedentes judiciales con una leyenda
que permite que terceros sin un interés legítimo- en este caso otros Estados-
deduzcan que fue sentenciado penalmente a pesar de que su condena fue declara
extinta, contraviniendo, a su juicio, lo resuelto por esta Corporación en la
SU-458 de 2012.
Las
accionadas por su parte, particularmente la Cancillería, señalan que los
parámetros de expedición del certificado de antecedentes judiciales cuando es
con fines migratorios, dado que el peticionario buscaba obtener una visa de
trabajo en otro país, no se rigen por las reglas desarrolladas en la citada
sentencia de unificación. Lo anterior, como quiera que esta providencia lo que
procuró fue salvaguardar el derecho al hábeas data de quienes habiendo sido
condenados su pena había prescrito o la condena había sido declarado extinta,
emitiendo una orden en el sentido de evitar que dicha información fuera
revelada en forma indiscriminada a terceros sin ningún interés legítimo. En esa
medida, a juicio de la Cancillería, los Estados sí son terceros con un interés
legítimo de conocer el pasado judicial de un ciudadano extranjero que, en
virtud de un trámite migratorio, solicita la autorización para circular en su
territorio, motivo por el que no consideran que se hayan vulnerado los derechos
del accionante.
En
todo caso, la Cancillería señaló que la base de datos de antecedentes
judiciales es de manejo exclusivo de la Policía Nacional, por lo que no tiene
acceso a ella, y su única función es certificar, mediante el trámite de
apostilla o legalización, la firma del funcionario que aparece en el documento,
más no el contenido del mismo o su veracidad. Sin embargo, el responsable de antecedentes judiciales de la
Policía Nacional, por su parte, indicó que en relación con los trámites de
apostilla y legalización, la expedición del certificado de antecedentes
judiciales se realizaba a través de la página web del Ministerio de Relaciones
Exteriores, procedimiento consular que no estaba a cargo del cuerpo civil
armado.
Frente
a las decisiones judiciales que la Corte ahora revisa, el juez de primera
instancia resolvió negar el amparo, formulando su motivación con base en lo
expuesto por la Cancillería. No obstante, el Consejo de Estado, como juez de la
impugnación, revocó la providencia, argumentando que el formato utilizado para
apostillar o legalizar los antecedentes judiciales del actor y de su esposa con
fines migratorios contrariaba la ratio decidendi de la SU-458 de 2012,
puesto que permitía inferir la existencia de condenas penales en contra del
primero, a pesar de encontrarse extintas. Asimismo, advirtió que de conformidad
con el artículo 13 de la Ley 1581 de 2012, las autoridades extranjeras tampoco
habían sido contempladas como terceros legitimados para conocer el pasado
judicial completo de un ciudadano, por lo que ordenó que el contenido del
certificado de antecedentes judiciales del actor con fines de apostilla o
legalización fuera modificado de conformidad con la sentencia de unificación y
además, dicho cambio se hiciera en todo el sistema de información.
Por
su parte, la Cancillería expuso los diversos traumatismos que ha generado a
todo el proceso migratorio dicha sentencia del Consejo de Estado. Señaló entre
ellos, la no convalidación de la permanencia de ciudadanos colombianos en el
extranjero, la negación de visas, residencia o nacionalidad, especialmente con
las autoridades migratorias de Argentina, Chile, España, Costa Rica, Ecuador,
Brasil y Panamá. Por tal situación, narró que había solicitado al Director de
la Policía Nacional una solución al respecto, al tiempo que propuso la creación
de dos bases de datos paralelas para la certificación de antecedentes
judiciales, una con propósitos migratorios, y otra sin dichos propósitos.
Finalmente, esta Sala tuvo
conocimiento de que el Consulado de la República Federativa del Brasil aceptó
los certificados del accionante y de su esposa, pese las redacciones
diferentes.
2.2.
En consideración a los antecedentes reseñados, corresponde a la Sala determinar
si las entidades accionadas, comprometidas en el proceso de expedición del
certificado de antecedentes judiciales apostillado o legalizado, vulneraron los
derechos a la igualdad y al hábeas data del accionante, al no haber
adoptado, en su caso y para trámites migratorios, la solución dada por la
sentencia SU-458 de 2012 a la consulta de antecedentes judiciales, y en su
lugar, haber diferenciado el contenido de dicho certificado para aquellas
personas que lo requerían con el fin de solicitar a las autoridades de otro
Estado permisos de migración a su territorio, incluyendo una leyenda que
permitía inferir la existencia de condenas penales en su contra, a pesar de que
las mismas se encontraran extintas o cuyas penas hubieran prescrito.
2.3.
Con el propósito de responder a tal problema jurídico, esta Sala de Revisión se
pronunciará sobre (i) el derecho al hábeas data, su justificación
histórica y alcance en el ámbito nacional e internacional en la protección de datos personales;
(ii) la evolución normativa
del certificado de antecedentes judiciales, su naturaleza como dato personal
protegible a través del hábeas data y efectos del amparo por la SU-458
de 2012; y (iii) la transferencia de datos personales entre Estados y sus límites
de conformidad con el derecho interno y con los instrumentos de derecho
internacional, para finalmente, resolver el caso concreto.
3.
El derecho al hábeas data como justificación histórica del poder
informático y su alcance en el ámbito nacional e internacional.
3.1.
De acuerdo con las crecientes exigencias que en términos de información se han
impuesto a los Estados para el desarrollo de sus políticas económicas,
sociales, migratorias y criminales, solo por mencionar algunas, el manejo
sistemático de datos personales ha encontrado mayores lugares comunes tanto a
escala fronteriza como transfronteriza. Los procesos de distribución de bienes
y servicios de orden público así como privado, la modernización en la gestión
que adelantan las autoridades militares y de policía, o el fomento del
funcionamiento del mercado, difícilmente podrían actuar en forma eficiente si
no contaran con la posibilidad de acopiar, ordenar, utilizar y difundir datos
personales.
3.1.1.
Justamente, dichas posibilidades, acompañadas por copiosas plataformas
tecnológicas que existen actualmente, permiten que los responsables de las
bases donde se encuentran los datos[14]
ostenten “un poder de facto, denominado “`poder informático´”.[15] Dicho poder, mencionado
por esta Corporación en la sentencia T-414 de 1992 como una especie de "dominio
social sobre el individuo", y consistente en "la posibilidad
de acumular informaciones en cantidad ilimitada, de confrontarlas y agregarlas
entre sí, de hacerle un seguimiento en una memoria indefectible, de
objetivizarlas y transmitirlas como mercancía [en diversas formas]",[16] a
aparejado numerosas ventajas al tiempo que riesgos.
3.1.2.
La informatización del Estado y los consecuentes riesgos frente a la existencia
de una “ingente masa de información”[17]
también han conducido al manejo indiscriminado de los llamados datos
personales, situación que, desde la segunda mitad del siglo pasado, empezó a
ser considerada por la comunidad internacional[18]
como potencial móvil de consecuencias nocivas frente al ejercicio de otros
derechos  humanos como la libertad, la identidad, la igualdad, la intimidad o
el debido proceso.
3.1.3.
La respuesta histórica del derecho internacional de los derechos humanos y del
derecho constitucional a tal poder informático, fue la denominada autodeterminación
informática o derecho de hábeas data;[19]
nociones jurídicas que, a juicio de esta Corporación, han sido consideradas
como equivalentes,[20]
puesto que comparten un mismo referente, relativo a la libertad informática.
3.2.
Con la vigencia de la actual Constitución, el hábeas data inició un
proceso de reconocimiento como derecho autónomo, estando inicialmente
subordinado al derecho a la intimidad,[21] para pasar
luego a constituirse como una garantía esencialmente instrumental con alcances
modestos[22]
hasta convertirse en un derecho de amplio espectro.
3.2.1.
A partir de la cláusula general del derecho a la libertad - artículo 16
constitucional- y la cláusula específica de libertad en el manejo de los datos-
artículo 15 primer inciso- , la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido
la existencia-validez del llamado derecho a la autodeterminación informática,
como “[u]n derecho fundamental autónomo que tiene la función
primordial de equilibrar el poder entre el sujeto concernido por el dato y
aquél que tiene la capacidad de recolectarlo, almacenarlo, usarlo y
transmitirlo”.[23]
3.2.2.
En Colombia, el hábeas data está expresamente establecido en el artículo
15 de la Constitución Política de 1991, el cual, después de consagrar los
derechos a la intimidad y al buen nombre, agrega que las personas: "De
igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones
que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades
públicas y privadas".
3.2.3.
Particularmente, la construcción jurisprudencial sobre tal derecho ha permitido
explorar con mayor detalle las tres facultades descritas en la disposición
constitucional, aclarando que en virtud de la autodeterminación informática, el
titular de los datos personales tiene la facultad de exigir a las
administradoras de la información además, el acceso, inclusión, exclusión,
corrección, adición, actualización, y certificación de los datos, así como
la limitación en las posibilidades de divulgación, publicación o cesión de
los mismos, de conformidad con los principios[24] que informan el proceso de
administración de bases de datos personales, sobre los cuales esta Corporación
se referirá más adelante.
3.3.
Frente al objeto de protección del hábeas data, este Tribunal ha
señalado que es en relación con el dato personal que este derecho cobra
relevancia.[25]
En
efecto, dada la naturaleza personal del dato, y por esta razón su considerable
nivel de sensibilidad, las colisiones más significativas entre derechos, tales
como el de información v.s. hábeas data, se generan precisamente porque la
naturaleza del dato permite identificar al sujeto concernido: “El dato
[personal] (…) constituye un elemento de la identidad de la persona, que
en conjunto con otros datos sirve para identificarla a ella y solo a ella, y
por lo tanto sería susceptible de usarse para coartarla, (…). Datos de este
tipo [personales] serían sus señales particulares, relaciones de propiedad y de
familia, aspectos de su personalidad, y señales de identidad de diversa  índole
que van emergiendo en las actividades de la vida. Todos estos datos combinados
en un modelo, son equivalentes a una "huella digital" porque el
individuo es identificable a través de ellos.”[26]
En ese sentido, es posible observar que los datos impersonales, en
principio, no son el objeto protegible del hábeas data, en tanto no
permiten relacionar un individuo con la información existente.
3.3.1.
Esta postura fue desarrollada con mayor precisión en la sentencia T-729 de
2002, advirtiendo que el dato objeto de protección por el hábeas data debía: “i) estar referido a aspectos exclusivos y propios de
una persona natural, ii) permitir identificar a la persona, en mayor o menor
medida, gracias a la visión de conjunto que se logre con el mismo y con otros
datos; iii) su propiedad reside exclusivamente en el
titular del mismo, situación que no se altera por su obtención por parte de un
tercero de manera lícita o ilícita, y iv) su tratamiento está sometido a reglas
especiales (principios) en lo relativo a su  captación, administración y
divulgación.”[27]
3.4. Así como la anterior tipología resulta necesaria
para identificar el objeto protegible por el hábeas data, esta Corporación
también ha considerado que existe una segunda gran tipología que necesariamente
se superpone con aquella y que está
relacionada con la clasificación de la información a partir de un criterio
cualitativo en función de su publicidad y facilidad de acceso de acuerdo con
las restricciones impuestas por el legislador.
3.4.1.
Desde la sentencia T-729 de 2002, reiterada en este aspecto por la C-1011 de
2008, la jurisprudencia encontró cuatro grandes grupos: la información pública
o de dominio público, la información semi-privada, la información privada y la
información reservada o secreta. Adicionalmente, debe señalarse que esta
clasificación también ha sido planteada para una mejor comprensión de la
colisión entre los derechos a la información y al habeas data, en
ocasiones extensible al derecho a la intimidad, en tanto contribuye a la
delimitación e identificación tanto de las personas como de las autoridades que
se encuentran legitimadas para acceder o divulgar información.[28]
3.4.1.1.
En primer lugar, la información pública, calificada como tal según los mandatos
de la ley o de la Constitución, puede ser obtenida y ofrecida sin reserva
alguna y sin importar si se trata de información general o personal. En este
grupo, pueden incluirse los actos normativos de carácter general, los
documentos públicos en los términos del artículo 74 de la Constitución, y las
providencias judiciales debidamente ejecutoriadas; así como los datos sobre el
estado civil de las personas o sobre la conformación de la familia.
3.4.1.2.
La información semi-privada, hace referencia a aquella de carácter personal o
impersonal que no está contemplada en la categoría anterior y que para su
acceso o conocimiento se requiere un grado mínimo de limitación. En ese
sentido, la misma solo puede ser obtenida y ofrecida por orden de autoridad
administrativa en el cumplimiento de sus funciones o en el marco de los
principios de la administración de datos personales. Es el caso de los datos
relativos a las relaciones con las entidades de la seguridad social o de los
datos relativos al comportamiento financiero de las personas.
3.4.1.3.
Por otra parte, la información privada puede tener contenidos personales o no y
por encontrarse en un ámbito puramente privado, sólo puede ser obtenida y
ofrecida por orden de autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones.
Como ejemplos, se exponen los libros de los comerciantes, los documentos
privados, las historias clínicas, los datos obtenidos en razón de la inspección
a un domicilio o aquellos que se obtienen con posterioridad a la práctica de
pruebas en procesos penales sujetos a reserva.
En
efecto, encuentra la Sala que la información sobre antecedentes judiciales
puede ser calificada en ocasiones como pública, pero también como semi-privada
y privada al mismo tiempo. Esta oscilación se debe a que, en algunos casos es
posible conocer el certificado de antecedentes penales de cualquier persona aportando
únicamente su número de cédula tal como sucede con la plataforma de consulta de
la Policía Nacional, pero entendiendo que los datos arrojados por la misma no
ofrecen toda la historia judicial de una persona y que el acceso a dicha
información completa está sometido a la observancia de una serie de principios
que orientan la administración de datos personales y que hacen que, en últimas,
el contenido de un documento de tal naturaleza solo pueda ser obtenido,
administrado y difundido por su titular o por un tercero con un interés legítimo
constitucional o legalmente reconocido. Este tema en particular será tratado en
los siguientes capítulos.
3.4.1.4.
Finalmente, se tiene la información reservada que, por tener carácter
exclusivamente personal y por su estrecha relación con los derechos
fundamentales del titular - dignidad, intimidad y libertad-, se encuentra
reservada a su órbita y no puede ser obtenida ni ofrecida ni siquiera por
autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones. Como ejemplos de ello
se tiene la información genética, y los llamados "datos sensibles"[29] o relacionados
con la ideología, la inclinación sexual o los hábitos de la persona.[30]
3.5.
Especialmente, la solución a los conflictos generados en relación con la
información semi-privada y privada, que es frente a la cual se generan mayores
incertidumbres de acopio y divulgación, se encuentra gobernada por los
principios que informan el proceso de administración de bases de datos
personales. Tal como se vio, el derecho a la autodeterminación informática,
tiene dos dimensiones distintas al tiempo que complementarias. De un lado, le
confiere al titular de los datos el poder jurídico para conocer e incidir sobre
el contenido y la difusión de los mismos. Y por otro, instaura un conjunto de
directrices a partir de las cuales, los responsables de las bases de datos,
deben reordenar todo el proceso de acopio, uso y transmisión de datos personales.
Esta segunda dimensión, está compuesta por los anunciados principios y no es
otra cosa que el producto de las tensiones que la Corte, desde sus fallos más
tempranos, ha identificado entre la preservación del hábeas data, la intimidad,
la información  y, en menor medida, el derecho al buen nombre.
3.5.1.
Particularmente, la especial necesidad de disponibilidad de información
mediante la conformación de bases de datos personales colisiona con el
requerimiento de proteger las facultades que el hábeas data le confiere
a sus titulares frente a los posibles riesgos del proceso de administración de
datos. En ese sentido, con el fin de garantizar la armonía entre dichos bienes
jurídicos, los principios sobre administración de datos han surgido como una alternativa
instrumental de orden argumentativo y de reentendimiento sobre las facultades
otorgadas por el Constituyente en el artículo 15 superior, así como de las
responsabilidades impuestas a los administradores y usuarios de la información.
3.5.2.
Aunque posteriormente el legislador colombiano incorporaría al ordenamiento
algunos de ellos a través de la leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, desde el año
1994, la Corte empezó a desarrollar una serie de directrices aplicables a la
interpretación  y solución de dichos conflictos, las cuales fueron sistematizadas
en la sentencia T-729 de 2002 en los principios de libertad, necesidad,
veracidad, integridad, incorporación, finalidad, utilidad, circulación
restringida, caducidad e individualidad. En consideración al problema jurídico
en concreto que la Sala debe resolver, no serán desarrollados todos los
mencionados principios, sino solo aquellos que resultan pertinentes para el
propósito de esta providencia.
3.5.2.1.
En la sentencia T-022 de 1993, se exploró por primera vez el principio de
libertad.[31]
En virtud del mismo, se estableció que los datos personales sólo pueden ser
registrados y divulgados con el consentimiento libre, previo y expreso del
titular.[32]
Este Tribunal ha relacionado este principio con la prohibición de obtención y
tratamiento de información adquirida de manera ilícita, de tal forma que se
encuentra prohibido el manejo y divulgación de dichos datos, sin la previa
autorización del titular o de sus representantes.[33]
3.5.2.2.
Por su parte, el principio de necesidad, establece que los datos
personales registrados deben ser los estrictamente necesarios para el
cumplimiento de las finalidades perseguidas con la base de datos. En ese
sentido, se encuentra prohibido el registro y divulgación de datos que no
guarden estrecha relación con el objetivo de la base de datos a la que
pertenecen o pretenden hacerlo.
3.5.2.3.
Por su parte, sobre el principio de finalidad, la Corte ha
manifestado que el suministro de datos personales debe realizarse en un
contexto más o menos delimitado, es decir, que “la referida información
[debe destinarse] a realizar los fines exclusivos para los cuales fue entregada
por el titular, en relación con el objeto de la base de datos y con el contexto
en el cual estos son suministrados”. Por lo tanto, según este principio “tanto
el acopio, el procesamiento y la divulgación de los datos personales, debe
obedecer a una finalidad constitucionalmente legítima, definida de
manera clara, suficiente y previa; de tal forma que queda prohibida la
recopilación de datos sin la clara especificación acerca de la finalidad de los
mismos, así como el uso o divulgación de datos para una finalidad diferente a
la inicialmente prevista.”[34]
De acuerdo con lo anterior entonces, el principio de
finalidad impone una triple lectura sobre el tratamiento de los datos. En
primer lugar, deben ser procesados con un propósito específico y  explícito;
así mismo la finalidad de su recolección debe ser legítima a la
luz de las disposiciones constitucionales; y finalmente, deben estar destinados
a un fin exclusivo.
3.5.2.4.
Como corolario del principio de finalidad, se encuentra el de utilidad.
En virtud de éste, la ausencia de una función clara del tratamiento sobre un
dato constituye un abuso del derecho. En este sentido, en la sentencia T-119 de 1995 se expresó que “(…)
la sola autorización de funcionamiento de las entidades administradoras de
datos, no constituía garantía de la legitimidad de sus conductas”. En
consecuencia, tanto el acopio, el procesamiento y la divulgación de los datos
personales, “debe cumplir una función determinada, como expresión del
ejercicio legítimo del derecho a la administración de los mismos; por ello,
está prohibida la divulgación de datos que, al carecer de  función, no obedezca
a una utilidad clara o determinable.”
3.5.2.5. En quinto lugar, el principio de acceso y
circulación restringida, demanda que “la divulgación y circulación de la
información est[én] sometid[as] a los límites específicos determinados por el
objeto de la base de datos, por la autorización del titular y por el principio
de finalidad, de tal forma que queda prohibida la divulgación indiscriminada de
los datos personales”.[35]
En este sentido, el tratamiento de los datos solo puede adelantarse, en general, por
el propio titular, o las que personas que le representen o el que el legislador
autorice. Asimismo, este principio es el que restringe que los datos
personales, salvo información pública, se encuentren disponibles en plataformas
abiertas o de libre acceso como Internet, a menos que se ofrezca un control
técnico para asegurar permisos limitados.
3.6. Si bien el anterior derrotero sobre principios
obedece a una construcción jurisprudencial de este Tribunal, el precedente
citado recoge, en gran medida, la
tendencia internacional de establecer principios de administración de datos
personales que sirvan de sustento para la protección de los derechos
fundamentales de los sujetos concernidos, en especial la intimidad y el hábeas
data.
3.6.1. En efecto, esta compatibilidad se hace visible
frente al Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, así como frente
al Sistema Interamericano, a través de instrumentos como la Observación General No. 16, interpretativa del
artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[36]
y otros, como el Informe Anual de la Relatoría
para la Libertad de expresión CIDH[37]
o los preparativos para el Proyecto de principios y recomendaciones preliminares sobre la protección de
datos.[38]
3.6.2.
Asimismo, dicho precedente jurisprudencial también ha resultado afín a otros
estándares internacionales en materia de principios que rigen el derecho a la
autodeterminación informática. En este sentido, es posible identificar el
Convenio No. 108 del 28 de agosto de 1981 del Sistema de Protección Europeo,
que fue uno de los primeros en instar a los miembros de la Comunidad a adoptar
en sus legislaciones internas unos principios mínimos de protección, ante el
surgimiento de las grandes bases de información que podían poner en riego los
derechos de los ciudadanos.[39]
Posteriormente,
fueron adoptados otros instrumentos internacionales como la Resolución 45/95
del 14 de diciembre de 1990[40]
y la Directiva 95/46/CE, el primero por el Consejo de la Unión de la
Organización de las Naciones Unidas y la segunda por el Parlamento Europeo.
[41]
3.6.3.
Finalmente, con base en los documentos expedidos tanto a nivel de la Unión
Europea como los generados en el entorno regional, la Organización de los
Estados Americanos diseñó un catálogo de 15 directrices, las cuales definió como
“la base de la legislación sobre protección de datos en todo el mundo y que
podrían servir de base para un instrumento internacional o una legislación
modelo sobre protección de datos”. Entre aquellos que relaciona, se
encuentran los principios de
legitimidad y justicia;[42] el de propósito específico, de limitación y necesidad;[43] el de transparencia;[44] el de rendición de cuentas;[45]
el de condiciones para
el procesamiento de datos;[46] el de la revelación de información a los procesadores de
datos;[47] aquél sobre las transferencias internacionales de datos,[48]el relativo al derecho a la persona al acceso a la
información;[49] el derecho de la persona para corregir y suprimir sus datos
personales;[50] el principio de garantía a objetar el procesamiento de datos personales;[51] el
principio sobre medidas de seguridad para proteger los datos personales;[52] el
de la confidencialidad,[53]
y el principio de
control, cumplimiento y responsabilidad en el manejo de datos por parte del
operador o principio de autoridad independiente que garantice la aplicación de
la normatividad.[54]
3.6.4.
Frente a lo anterior, esta Corporación observa que los distintos sistemas de
protección de derechos, tanto el universal, como los regionales, instan a los
Estados a establecer en sus ordenamientos jurídicos unos principios mínimos que
han de regir el manejo de la información de datos; estándares que, en su
mayoría y aunque de diversas formas, se encuentran incorporados a la
jurisprudencia de esta Corporación y al ordenamiento legal.
3.7.
Precisamente, en relación con la incorporación de dichos principios en
desarrollos legislativos, el 17 de octubre de 2012 fue expedida la Ley
Estatutaria 1581, “Por la cual se dictan disposiciones generales para la
protección de datos personales”. El artículo 4º de dicha
ley, establece los principios de
legalidad en materia de tratamiento de datos, el de finalidad, de libertad, de
veracidad o calidad, de transparencia, de acceso y circulación restringida, de
seguridad y el principio de confidencialidad. Aunque dichos principios no se
corresponden en su totalidad con los que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado, en Sentencia C-748 de 2011, esta Corporación advirtió que “(…)
la enunciación de estos principios
no puede entenderse como la negación de otros que integren o lleguen a integrar
el contenido del derecho fundamental al habeas data”, siempre que sean compatibles con las disposiciones
constitucionales en estricto sentido, así como con las normas internacionales
que han desarrollado la materia.[55]
3.8.
Finalmente, además de los principios enunciados expresamente por la Ley
Estatutaria de Protección de Datos Personales, mediante la misma sentencia que
analiza su constitucionalidad, la C-748 de 2011, este Tribunal interpretó que
existían otros principios derivados
de su núcleo temático que, a
pesar de no encontrarse numerados en el artículo 4, se entendían incorporados
en razón de una lectura sistemática del entonces proyecto de Ley Estatutaria,
entre ellos, el principio de exigencia de estándares de protección equivalentes
para la transferencia internacional de datos, que “(…) tal y como se deduce
del artículo 26 del Proyecto de Ley Estatutaria, existe una prohibición de
transferencia internacional a cualquier tipo de países que no proporcionen
niveles adecuados de protección de datos.”
3.9.
Si bien la Ley Estatutaria de Protección de Datos Personales establece algunas
excepciones de aplicación para ciertos temas y en ese sentido podría
considerarse que la legislación colombiana en materia de hábeas data es de tipo
sectorial,[56]
es decir que las regulaciones son distintas en virtud del tipo de dato personal
de que se trate, a partir de sentencias como la C-1011 de 2008 y la C-748 de
2011, dicha conclusión solo podría ser parcial, como quiera que las mismas
normas de la ley estatutaria, en cuanto prevén los principios de administración
de datos personales, al igual que los derechos y deberes de titulares, fuentes
y usuarios; son parámetro común para la evaluación de legitimidad de todas las
modalidades de tratamiento de información personal, incluidos las relacionadas
con antecedentes judiciales.[57]
4. La evolución normativa del certificado de
antecedentes judiciales, su naturaleza como dato personal protegible a través
del hábeas data y efectos del amparo por la SU-458 de 2012.
4.1.
El certificado de antecedentes judiciales tiene su origen en el certificado de
identidad personal regulado por el Decreto 884 de 1944. Inicialmente,
este documento era expedido por las oficinas de identificación personal
de la Policía Nacional y acreditaba que su portador no había cometido delitos
contra el Tesoro Público ni contra la propiedad particular. Adicionalmente, su
presentación era indispensable para tomar posesión de cualquier empleo
nacional, departamental o municipal. [58]
Años después, luego de la creación del Departamento Administrativo
de Seguridad- DAS-,[59]
por medio de la Ley 15 de 1968 el Congreso autorizó al Gobierno Nacional para
determinar, por intermedio del DAS, lo relacionado con las características,
especificaciones, vigencias, uso y valor de adquisición de las cédulas de
extranjería y los certificados de conducta. Posteriormente, el artículo 10 de
la  Ley 4a de 1981[60]
ratificó la autorización conferida al Gobierno Nacional para reglamentar lo
relacionado con los modelos de las cédulas de extranjería, certificados
judiciales y carnés mencionados en dicha ley.
Ulteriormente, el Decreto 2110 de 1992, en su artículo 6º, precisó que era función del DAS “[a]uxiliar a
las autoridades judiciales y administrativas en las diversas ramas de la
criminalística, llevar los registros delictivos y de identificación y expedir
los certificados judiciales y de policía.” Asimismo, se reguló esta misma
función en cabeza de dicha entidad mediante el Decreto 218 de 2000,[61]
por medio del cual se modificó la estructura del organismo de seguridad.
En
cumplimiento de la misma obligación, por medio del artículo 2º numeral 12 del
Decreto 643 de 2004,  se siguió confiando al DAS la competencia de “llevar
los registros delictivos y de identificación nacionales, y expedir el
certificado judicial”.  A su vez, en el artículo 3º del Decreto 3738 de
2003, “por el cual se dictan normas sobre reseña delictiva y expedición de
Certificados Judiciales”, se le otorgó al mismo organismo el deber de
mantener y actualizar los “registros delictivos y de identificación
nacionales de acuerdo con los informes y avisos que para el efecto deberán
remitirle las autoridades judiciales, conforme a la Constitución Política y la
ley”.
4.2.
No obstante, el DAS fue suprimido por mandato del artículo 1º del Decreto 4057
de 2011.  A su vez, mediante el artículo 3 numeral 3.3, del mismo Decreto, la
función de “llevar los registros delictivos (…) y expedir los certificados
judiciales (…)” fue trasferida al Ministerio de Defensa-Policía Nacional.
En forma paralela, mediante el artículo 2º del Decreto 0233 del 2012, “por
medio del cual se modifica la estructura del Ministerio de Defensa”, se le
confiaron a la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía
Nacional distintas funciones relacionadas con la administración de la base de
datos personales sobre antecedentes penales (organizar, actualizar y conservar
los registros, implementar mecanismos de consulta en línea, garantizar la
seguridad de los registros, entre otros).[62]
4.3. Frente al contenido del certificado de antecedentes judiciales,
esta Corporación ha señalado que se trata de “(…) un documento (…), en el
cual se certifica la situación judicial de un ciudadano frente a la justicia y
autoridades colombianas. Estipula si el titular no tiene asuntos pendientes con
las autoridades judiciales y de policía, o si no es solicitado por las mismas
autoridades”[63].
4.3.1. Justamente, en la medida que dichos datos asocian una
situación determinada (haber sido condenado penalmente por una autoridad
judicial competente) con una persona natural, es que la Corte ha considerado
que los antecedentes judiciales tiene el carácter de datos personales. En
efecto, esta información es propia y exclusiva de la persona, y permiten
identificarla, reconocerla o  singularizarla en mayor o menor medida, de forma
individual o en conexión con otros datos personales.[64] Es decir que
por su naturaleza de dato personal, el registro sobre antecedentes judiciales
es objeto de protección constitucional a través del hábeas data.
En consonancia con esto, la Corte ha catalogado además a los
antecedentes judiciales como el dato negativo por excelencia,[65] puesto que,
facilitan la relación de circunstancias “no queridas, perjudiciales,
socialmente reprobadas o simplemente desfavorables” con una persona
natural, cuestión que problematiza aún más los conflictos entre hábeas data y derecho
a la información, en tanto se “asocia el nombre de una persona con la
ruptura del pacto social, con la defraudación de las expectativas normativas o
con la violación de los bienes jurídicos fundamentales.” [66]
4.3.2. No obstante la alta sensibilidad que generan al ser el dato
negativo por excelencia, los antecedentes judiciales cumplen importantes
funciones amparadas por el ordenamiento jurídico. En materia penal, sirven para
constatar la procedencia de algunos subrogados penales, para determinar la
punibilidad, y para establecer si las personas privadas de la libertad que
solicitan un beneficio administrativo, tienen o no requerimientos pendientes
con otras autoridades judiciales.[67]
Adicionalmente, los antecedentes penales permiten establecer la existencia de
inhabilidades; sirven entonces a  la protección de los intereses generales y de
la moralidad pública.[68]
Asimismo, el registro de antecedentes penales es empleado por autoridades
judiciales y con funciones de policía judicial, para el cumplimiento de sus
funciones relacionadas con la persecución del delito y con labores de
inteligencia asociadas a la seguridad nacional.[69] En el mismo
sentido, esta Corporación mediante providencia C-536 de 2006, agregó otra serie
de asuntos para los que se requería el certificado de antecedentes judiciales,
tales como la tenencia o porte de armas de fuego;[70] para recuperar
la nacionalidad colombiana de quienes hubieren sido nacionales por adopción;[71]
para la adopción de menores de edad;[72]
o para el trámite de visa siempre y cuando fuera solicitado por la
respectiva embajada, entre otros.
4.3.3.
Considerando entonces la importancia que tienen las bases de datos relacionadas
con antecedentes judiciales en el marco del Estado Constitucional y que su
existencia obedece a legítimos fines de la misma estirpe, esta Corte ha
señalado que su registro no puede ser considerado como una sanción. En efecto,
si bien los antecedentes penales son el producto de la imposición de un
castigo, no son la pena en sí misma ni adquieren autonomía punitiva.[73]
4.4.
En todo caso, lo anterior no quiere decir que la información sobre antecedentes
judiciales no pueda ser suprimida de forma relativa de acuerdo con la conciliación de varios elementos normativos que
concurren en el caso de la administración de información personal en esta
materia. En relación con este tema, la Sentencia de Unificación 458 de 2012 se
encargó de plantear y resolver, a partir de los principios desarrollados en el
capítulo anterior, los casos de diversas personas que argumentaban que, pese a
que su pena había prescrito o se había declarado la extinción de la condena, en
sus certificados, los cuales estaban a disposición de cualquier persona,
figuraba una leyenda que permitía inferir que contra ellos se había dictado una
sentencia penal, situación que estimulaba escenarios de discriminación laboral.
4.4.1.
En razón de las importantes funciones que cumplen los antecedentes judiciales
tal como se vio, la Corte advirtió en aquella oportunidad que la supresión
total de los mismos no era una alternativa viable desde el punto de vista
constitucional: “Ya lo vimos al referir el caso de las inhabilidades
intemporales de carácter constitucional, las especiales funciones que en
materia penal cumple la administración de esta información personal, así como
sus usos legítimos en materia de inteligencia, ejecución de la ley y control
migratorio. En estos casos, la finalidad de la administración de esta
información es constitucional y su uso, para esas específicas finalidades, está
protegido además por el propio régimen del habeas data.”
4.4.2.
Sin embargo, señaló que, en virtud de los principios sobre administración de
datos personales, los titulares de los mismos se encuentran facultados para
ejercer la facultad de supresión relativa frente a la circulación irrestricta
de la información sobre antecedentes judiciales cuando el propósito de su divulgación
no reporte una clara finalidad, necesidad y utilidad constitucional: “Sin
embargo, cuando la administración de la información personal relacionada con
antecedentes pierde conexión con tales finalidades deja de ser necesaria para
la cumplida ejecución de las mismas, y no reporta una clara utilidad
constitucional; por tanto, el interés protegido en su administración pierde
vigor frente al interés del titular de tal información personal. En tales
casos, la circulación indiscriminada de la información, desligada de fines
constitucionales precisos, con el agravante de consistir en información
negativa, y con el potencial que detenta para engendrar discriminación y
limitaciones no orgánicas a las libertades, habilita al sujeto concernido para
que en ejercicio de su derecho al habeas data solicite la supresión relativa de
la misma.”
En efecto, aclaró esta Corporación, si bien ciertas
finalidades legítimas impiden que opere una supresión total del dato, ello no
significa que la facultad de supresión relativa, en cabeza del titular del
mismo, también desaparezca. Se precisó que ésta última facultad cobra
trascendencia frente a la publicidad indiscriminada de la información sobre
antecedentes penales cuando la misma no cumple una finalidad legal o constitucional,
no es útil o necesaria. Adicionalmente este Tribunal señaló que no todas las
personas son terceros con un interés legítimo en dicha información y que
facilitar un incontrolado acceso al poder informático sobre los antecedentes
judiciales, no solo no observa los principios sobre administración de datos
personales, sino que además puede constituir una barrera de facto para el
ejercicio de otros derechos, como ocurrió con los casos estudiados por la SU,
relacionados con el acceso al derecho al trabajo y su conservación.
4.4.3.
Con fundamento en ello, la Corte advirtió que “(…) cualquier función que
esté llamada a cumplir esta base de datos [la de antecedentes penales] debe ser
conforme con una finalidad clara, expresa, previa y legítima definida en la ley.
[Por tal motivo], frente a las funciones del certificado de antecedentes
traídas a colación, la Corte nota que todas están reconocidas en normas de
derecho positivo vigente, ligadas a un trámite específico, adelantado ante
autoridad competente y cuya finalidad en principio está determinada de manera
clara y precisa.” A lo que agregó que la función del “(…)
control migratorio adelantado por autoridades de otros Estados (…), [también
tenía] un ámbito restringido y una finalidad más o menos precisa (…)”.
Y que, “(…) por el contrario, (…) en aquellos casos [en] que el certificado
[era] exigido por particulares, con el objeto de celebrar contrato laboral o de
prestación de servicios, las funciones del [mismo] y las finalidades que se
persigu[ían] con su circulación, no [eran] claras ni precisas, [ni tampoco
estaban] soportadas en una norma de derecho positivo.” (Subrayado y negrita
fuera del original)
4.4.4. En ese sentido, este Tribunal concluyó que la
conducta del administrador de la base de datos sobre antecedentes penales que
en dichos casos había permitido que terceros tuvieran acceso indiscriminado,
inorgánico y no acorde con una finalidad clara y precisa establecida en la
Constitución o la Ley a dicha información personal, había vulnerado el derecho
al hábeas data de los accionantes. Por tal motivo, ordenó a la Policía Nacional
que al momento de facilitar el acceso a la base de datos impidiera que terceros
sin un interés legítimo pudieran conocer o inferir la existencia de
antecedentes penales de aquellas personas, que ya habían cumplido la condena, o
cuya pena se encontraba prescrita, motivo por el que la leyenda de los
certificados de estas personas así como para las que nunca hubieran cometido
delito debía rezar “no tiene asuntos pendientes con las autoridades
judiciales”.
Por este motivo, la Sala observa que la ratio
decidendi de la SU-458 de 2012 no implica que todas las bases de datos
sobre antecedentes judiciales deban gobernarse por la misma solución que en
dicha oportunidad se dio a la consulta de los registros que administra la
Policía Nacional, puesto que esta decisión fue adoptada en consideración a que,
tratándose de una plataforma de libre acceso, no todas las personas que la
consultaban aguardaban consigo un interés legítimo y por lo tanto, en estos
casos no se cumplía con el principio de finalidad. En ese sentido, es claro
para la Corte que, a partir de dicha providencia, pueden existir otras bases de
datos sobre antecedentes delictivos que, en virtud de su finalidad y acceso
restringido- solo por el titular o terceros con un interés legítimo-, puedan
arrojar información que permita inferir la existencia de antecedentes penales.
En otras palabras, la protección al hábeas data ofrecida por la SU-458
de 2012 es exclusivamente para evitar que determinadas personas, esto es,
terceros sin ningún interés legítimo tengan acceso indiscriminado al pasado
judicial de un ciudadano.
5. Principio de exigencia de estándares de protección equivalentes
para la transferencia internacional de datos.
5.1. Tal y como lo reseñó esta Corporación en la
sentencia C-748 de 2011 y como se indicó en el capítulo 3 de esta providencia,
del artículo 26 de la Ley Estatutaria de Protección de Datos Personales, se
deduce una prohibición de transferencia internacional a cualquier tipo de
países que no proporcionen niveles adecuados de protección de datos.[74]
5.2.
La transferencia
internacional de datos personales ha surgido como consecuencia de la
globalización y los fenómenos de integración económica y social, en los que
tanto las empresas como las entidades gubernamentales requieren transferir
datos personales destinados a diferentes propósitos. Por motivos de seguridad pública, seguridad nacional,
investigaciones contra el terrorismo, labores de inteligencia militar o
policial, cooperación judicial o controles de inmigración, los Estados se han
visto en la necesidad de disponer
reglas que deben observarse con miras a que los esfuerzos internos de
protección informática de cada país no sean inútiles al momento de su
exportación a otros países.[75]
5.3. En complemento a lo establecido en el capítulo 3
de esta sentencia, Europa ha sido considerada pionera en establecer fórmulas
jurídicas tendientes a la protección de datos cuando se transfieren a terceros
países. Así, uno de los presupuestos exigidos para que se pueda realizar la
transferencia es que el país receptor cuente con un adecuado nivel de
protección a la luz del estándar europeo.[76]
De acuerdo con el Profesor Remolina Angarita, dicho nivel se refiere a que el
Estado importador tenga un grado de protección superior, igual, similar o
equivalente al del Estado exportador, dándole aplicación al principio de
continuidad en la protección de datos.[77]
5.4. De esta manera, el Grupo de Protección de las
Personas en lo que respecta al Tratamiento de Datos Personales[78], en el marco
de la Comisión Europea adoptó dos documentos de importancia: Las primeras
orientaciones sobre la transferencia de datos personales a países terceros:
posibles formas de evaluar la adecuación (Bruselas, 1997)  y, transferencias
de datos personales a terceros países: aplicación de los artículos 25 y 26 de
la Directiva sobre protección de datos de la UE (Bruselas 1998.)
5.4.1. En consideración a que los países no tienen un
régimen de protección de datos uniforme, el mencionado Grupo a partir de lo
contenido en la Directiva 95/46/CE, el Convenio 108 de 1981, las directrices de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE de 1980 y
los principios de la ONU de 1990, ya citados, fijó una serie de principios
comunes para determinar si las normas de un país específico brindaban un nivel
adecuado de protección. Según dicho estándar, los principios mínimos que deben
informar los procesos de transferencias de datos hacia el extranjero deben
contemplar la limitación de la finalidad; la calidad de los datos y
proporcionalidad; la transparencia; la seguridad; el acceso, rectificación y
oposición; las restricciones a las trasferencias sucesivas a otros países y;
las disposiciones sectoriales o adicionales para el tratamiento de datos de
tipo especial donde se incluye, datos sensibles, mercadeo directo y decisión
individual automatizada.[79]
5.4.2. Bajo dichos instrumentos, se entiende entonces
que, un país cuenta con un nivel adecuado de protección de datos personales, si
(i) consagra una norma general sobre protección de datos personales que
incorpore los principios mínimos mencionados que abarquen los derechos de los
actores en el proceso del tratamiento informático así como ciertas cualidades
del dato, además de (ii) las disposiciones sectoriales o adicionales que deben
rodear el tratamiento de esa información.[80]
5.5. Con todo, debe recordarse que el mismo artículo
26 de la Ley Estatutaria de Protección de Datos Personales crea, por otra
parte, un conjunto de excepciones a la regla general que prohíbe la
transferencia de datos personales a un país tercero que no garantice un nivel
de protección adecuado. Es decir, permite la transferencia de datos a países
que pueden no garantizar un nivel adecuado de protección, en casos como el que
nos concierne, en que el titular de la información ha “(…) otorgado su
autorización expresa e inequívoca para la transferencia.”
5.5.1. Frente a esta excepción, la propia Corte en la
sentencia C- 748 de 2011, manifestó que no se percibía inconveniente alguno en
cuanto a su constitucionalidad, puesto que para su procedencia se prescribe la
autorización expresa e inequívoca del titular del dato, lo que en efecto
ocurre, en desarrollo del principio de la libre voluntad del titular de
autorizar la circulación de la información. “Por lo tanto, es claro que
aunque se permite la transferencia de datos a un país que no brinda estándares
de protección adecuados, la misma se realiza bajo la responsabilidad de su
titular.”
5.6. En ese orden de ideas, se entiende que la exigencia de estándares de protección
equivalentes para la transferencia internacional de datos, tal como se explicó al final del capítulo
3, es una pauta que por su vocación principialística no solamente puede
aplicarse en forma sectorial o a un tipo específico de bases de datos pese a
que la legislación colombiana en materia
de hábeas data ostente dicho carácter, sino que es de aplicación común y
en ese sentido, tal principio, como sus excepciones constituyen herramientas
para la solución de casos en los que se hallen involucradas bases de datos
relacionadas con antecedentes judiciales. En efecto, encuentra la Corte que
dicha excepción al principio de transferencia de datos referida en el párrafo
anterior, constituye por sí misma la expresión de otro principio, el de
libertad. En ese sentido, se entiende que dicha excepción, relacionada con la
voluntad del titular para dar a conocer información personal a un tercero por
él indicado, en este caso su registro de antecedentes judiciales a otro Estado,
es plenamente admisible de conformidad con el entendimiento jurisprudencial
sobre la aplicación principialística de la Ley 1581 de 2012, particularmente en
lo que hace al principio de libertad en la administración de datos personales.
5.
Análisis del caso concreto
5.1.
Habiendo la Sala analizado la decisión de unificación del año 2012, es posible
concluir que las entidades responsables en el manejo de los antecedentes
judiciales del señor Felipe en
virtud de los trámites de apostilla o legalización no desconocieron los
criterios formulados por la Corte en aquella oportunidad, por las razones que a
continuación pasan a explicarse.
5.2.
En efecto, tal como se advirtió en la SU-458 de 2012 lo que resultaba
violatorio del derecho al hábeas data en dicho contexto era que la
administración de los antecedentes judiciales de los ciudadanos no estuviera
sometida a una precisa finalidad constitucional o legal, privilegiando un
efecto perverso de favorecer el ejercicio inorgánico del poder informático al
radicarlo en cabeza de cualquier persona con acceso a la base de datos
cuestionada. Justamente, era aquella facilidad de la que podía valerse
cualquier tercero sin ningún interés legítimo la que no podía encontrar asidero
constitucional, puesto que “cualquier particular” podía conocer el pasado
judicial de un individuo.
5.3.
En el caso que ahora analiza la Sala sin embargo, la hipótesis no puede ser la
misma. De acuerdo con los antecedentes expuestos, Felipe afirma que las
accionadas vulneraron sus derechos al hábeas data y a la igualdad, al
considerar que, aún tratándose de la expedición de un certificado de
antecedentes judiciales con fines migratorios, debía aplicarse la misma
solución adoptada en la SU-458 de 2012.
5.4.
La Sala considera que si bien deben aplicarse los criterios allí puntualizados,
no por ello debe llegarse a la misma solución. Esto, como quiera que la
facultad de supresión relativa del titular de los datos personales,
desarrollada por la sentencia de unificación, opera de la mano con los
principios que orientan la administración de los mismos, particularmente con el
principio de finalidad. Con relación a este último y de acuerdo con el numeral
3.5.2.3. de esta providencia, para que el tratamiento y la divulgación de los
datos se justifiquen constitucionalmente, el suministro de los mismos debe
realizarse bajo un propósito (i) legítimo jurídicamente; (ii) exclusivo y (iii)
específico.
5.4.1. Sobre el particular, la Sala encuentra que, en
primer lugar, la solicitud del certificado de antecedentes judiciales por un
Gobierno extranjero para la autorización de migrar hacia su territorio obedece
a un propósito legítimo en el marco del bloque de constitucionalidad. Esto, en
consideración a lo dispuesto por el artículo 3° de la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas de 1961,[81]
puesto que dentro de las funciones de las misiones diplomáticas se encuentran,
entre otras, la de “b) proteger en el Estado receptor los intereses del
Estado acreditante y los de sus nacionales, dentro de los límites permitidos
por el derecho internacional”, situación que se asemeja a la de las
Oficinas Consulares, [82]
en razón a lo previsto por el artículo 5º de la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares de 1963.[83]
En tal sentido, es apenas comprensible que los Estados, en virtud de su
soberanía y otras políticas internas como pueden ser el control demográfico o
poblacional así como las relacionadas con la seguridad o la política criminal,
tomen medidas y establezcan requisitos para admitir a ciudadanos extranjeros en
su territorio con fines migratorios, esto es, con el propósito de generar un
posible establecimiento allí mediante el otorgamiento de visas, residencia o
nacionalidades, tal como lo explicaba la Cancillería en su respuesta. Asimismo,
esta situación no constituye una circunstancia desconocida en términos locales,
dado que el Gobierno de Colombia, de conformidad con el Decreto 2268 de 1995,
tal como en otros países, tiene competencia discrecional para autorizar el
ingreso de extranjeros[84]
e igualmente solicitar el certificado de antecedentes judiciales.[85]
Por esta misma razón, es que las autoridades
migratorias del posible país receptor sí son terceros con un interés legítimo
de conocer el registro de los antecedentes judiciales de un ciudadano sin lugar
a supresiones relativas, en este caso los del accionante, puesto que la
restricción para acceder a la historia judicial de un ciudadano fue establecida
por la Corte en la sentencia de unificación cuando se trataba de un tercero
que, sin ningún interés legítimo o claramente definido en el ordenamiento,
aspiraba a conocer los antecedentes delictivos de otra persona, situación que
en el presente caso, por lo explicado no ocurre.
5.4.2. Frente a los asuntos de exclusividad y
especificidad, en principio parecería que el móvil y el destino de la
expedición de un certificado de antecedentes judiciales en el marco de todo lo
que puede implicar un trámite consular podría parecer vago. Sin embargo,
considerando lo sostenido por la Cancillería en esta sede, frente a que no
todos los trámites consulares son de la misma naturaleza y que además pueden
estar clasificados según su propósito migratorio o no, la Sala observa que
asegurar dichos presupuestos sí es posible y que, de hecho, la Cancillería ha
garantizado su observancia con el sistema diferencial que emplea actualmente.
En la medida en que la base de datos sea diseñada
únicamente para la expedición del (i) certificado de antecedentes judiciales;[86]
(ii) en un trámite de apostilla o legalización;[87] con un fin
(iii) exclusivamente migratorio; (iv) con destino a un país o gobierno
extranjero que, a su vez, constituye la autoridad competente y (v) frente a la
cual deben adelantarse una serie de trámites específicos y con un propósito
identificable (visa, nacionalidad o residencia), esta Sala concluye que el
tratamiento y divulgación de dichos datos se justifican constitucionalmente.
Esta
serie de medidas que se proponen, reitera la Sala, es posible hallarlas a lo
largo del trámite de apostilla o legalización de antecedentes judiciales que
las personas adelantan en la plataforma destinada para ello por la Cancillería,
puesto que se debe seleccionar el tipo de documento que se va a apostillar o
legalizar,[88]
se pregunta si el ciudadano “¿Requiere y autoriza la consulta y expedición del
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES con fines migratorios?”,[89] y solicita, de forma
obligatoria, el suministro del nombre del país de destino del documento.
5.5.
En lo que hace a los principios de necesidad y utilidad, la Sala encuentra que
la información relativa a los antecedentes judiciales suministrada en el curso
de un trámite consular (apostilla y legalización) con fines migratorios, debe
ser la estrictamente necesaria para el cumplimiento de la finalidad de la base
de datos que, en este caso, sería el interés de una autoridad extranjera en
conocer la existencia o no de antecedentes judiciales para estudiar una
solicitud con propósitos migratorios al país que representa. En efecto, se
observa que el certificado del accionante expedido por la Cancillería y
contentivo de la leyenda “No tiene asuntos pendientes con las autoridades
judiciales”, en contraste con el que se le expidió a su cónyuge, puede
tenerse como indicativo de que alguna vez la persona fue condenada penalmente
pero que la autoridad judicial competente declaró la extinción de la condena o
la prescripción de la pena, es decir, que el documento no contiene información
que desborde lo estrictamente requerido por la embajada respectiva y lo
solicitado por el demandante, puesto que el interés de los gobiernos
extranjeros es conocer, en últimas, si el ciudadano solicitante fue condenado
penalmente alguna vez y si además es requerido por alguna autoridad judicial al
momento del trámite migratorio.
5.6.
Frente al principio de utilidad, la Corte advierte que, en la medida en que los
responsables de la base de datos sobre antecedentes judiciales con fines
migratorios (Policía Nacional y Cancillería) han mantenido la utilidad de la
misma en forma clara y determinable, es decir, para suministrar la información
necesaria, por ministerio de su titular, a autoridades extranjeras sin dotarla
de otro tipo de funciones ajenas a ello y para las que el accionante dio su
consentimiento, este principio se ha respetado.
En
el siguiente cuadro, aportado por la Cancillería, se sintetiza la forma como
dicha entidad, en compañía de la Policía Nacional, ha estado administrando la
base de datos de antecedentes judiciales en los trámites de apostilla y
legalización con y sin fines migratorios. A juicio de la Sala, además del
procedimiento ya descrito, el contenido de los certificados de antecedentes judiciales
en este contexto también ha observado los principios que informan la
administración de bases de datos personales, particularmente el de necesidad y
finalidad:
5.8.
Con fundamento en lo expuesto, es que la Sala no considera que el derecho al
hábeas data del peticionario fuera desconocido a la luz de la SU-458 de 2012, si
además se suma a ello que en la misma providencia, este Tribunal inclusive
reconoce que  el “(…) control
migratorio adelantado por autoridades de otros Estados (…), [tiene] un ámbito
restringido y una finalidad más o menos precisa (…)”, así como que los usos de los antecedentes judiciales, “(...)
en materia de inteligencia, ejecución de la ley y control migratorio” son
plenamente legítimos.
Sin embargo, esta conclusión no implica que la solución
del caso se limite al análisis exclusivo en relación con lo dicho en la sentencia
de unificación. Como se propuso en las consideraciones generales, a juicio de
la Sala resultaría pertinente, por las mismas particularidades del caso
concreto, que su estudio se completara bajo las reglas que orientan el tema de
la transferencia internacional de datos personales, que, a su vez, se encuentra
estrechamente ligado con los principios de libertad, acceso y circulación
restringida.
5.9. En efecto, la Sala no advierte violación alguna
al principio de exigencia de
estándares de protección equivalentes para la transferencia internacional de
datos, puesto que tal y como están diseñados los procedimientos migratorios
ante las Embajadas o las oficinas consulares, estos, como representantes de
otros Gobiernos, no son quienes solicitan la información directamente, obviando
el consentimiento y la libertad informática que le asiste al titular de los
datos, sino que es éste último y en este caso el señor Felipe, quien los solicita personalmente y consciente de que
otros, con intereses legítimos como ya se explicó, los puedan conocer.
En ese sentido, el caso analizado puede ubicarse en la
hipótesis de la excepción establecida por el literal a) del artículo 26 de la
Ley Estatutaria 1581 de 2012, clara manifestación del principio de libertad en
materia de administración de datos personales. En efecto, tal como se vio, esta
excepción privilegia la autorización expresa e inequívoca del titular para una
transferencia que, inclusive, él mismo se encuentra haciendo, puesto que en los
trámites ante autoridades consulares extranjeras cuando se solicita una visa
por ejemplo, tal como sucede en el caso concreto, son las personas interesadas
quienes deben aportar los documentos correspondientes a su solicitud
migratoria, lo que en efecto descarta cualquier modo de obviar su voluntad en
la transferencia de los datos.
5.10. Finalmente, en tal sistema, donde es el titular
quien adelanta todos los trámites sin ningún intermediario, también se garantiza
el principio de acceso y circulación restringida, como quiera que al momento de
acceder a la plataforma en línea ofrecida por la Cancillería para adelantar el
trámite de apostilla o legalización de los antecedentes judiciales con fines
migratorios, se solicitan una serie de datos con el propósito de asegurar que
el solicitante del certificado sea el titular de los datos a consultar: (i) número de pasaporte y fecha de expedición del mismo,
cuando se tiene pasaporte de lectura mecánica; (ii) último trámite realizado a
través del Sistema Integrado de Trámites al Ciudadano –SITAC-, y fecha de
realización del mismo y (iii) a falta de alguno de los anteriores, el sistema
exige primero el registro, en el cual se deben indicar todos los datos
personales y de localización del ciudadano. Adicionalmente, para la expedición
exitosa del certificado debe cancelarse una tasa.
5.11.
Por otra parte, el accionante alega que su derecho a la igualdad fue vulnerado,
puesto que la diferenciación en el contenido de los certificados judiciales lo
ubicaba en una posición de desigualdad y de desventaja frente a las personas
que nunca habían cometido un delito. Sin embargo, a juicio de la Sala tampoco
existe tal vulneración, como quiera que la diferenciación en el contenido del
certificado de antecedentes judiciales entre las personas que han cometido
delitos, habiéndose extinguido su condena o prescrito la pena, y las que nunca
lo han hecho, ha sido reconocida por la jurisprudencia de esta Corporación como
aceptable constitucionalmente siempre que, como ya se dijo, el acceso a tal
información no ocurra en forma indiscriminada y su divulgación obedezca a los
principios de finalidad, exclusividad, especificidad, necesidad, utilidad y
libertad. En ese sentido, considerando que el otorgamiento de la información
del pasado judicial del señor Felipe a un país extranjero bajo su
consentimiento, se ajustó a los anteriores principios, los cuales justifican
constitucionalmente la diferenciación de las leyendas en los certificados
judiciales de él y su esposa-ésta última quien nunca ha cometido delitos-, la
Sala advierte que no se configura una violación del derecho a la igualdad, puesto
que a situaciones disímiles se ha otorgado un tratamiento distinto respaldado
constitucionalmente.
5.12. Por lo visto, esta Sala considera que la
sentencia del Consejo de Estado que decidió en segunda instancia la acción de
tutela que ahora se revisa y amparó los derechos a la igualdad y al hábeas
data debe ser revocada, por las razones desarrolladas en esta providencia
y, en su lugar, debe negarse el amparo solicitado y procederse a la
confirmación parcial, en tanto, dicha Corporación desestimó la petición
especial relacionada con la protección de la identidad del accionante, la cual
se adoptó en la presente sentencia con el propósito de proteger los derechos contemplados en el
artículo 15 constitucional y en consideración a que la presunta vulneración
alegada por el actor tiene su génesis en relación con los mismos.
5.13. Finalmente, en virtud del impacto al proceso migratorio
que con la decisión del Consejo de Estado se generó a los trámites consulares
con dichos fines, esta Sala considera que la decisión adoptada debe cobijar no
solamente el caso del accionante sino a toda la plataforma de apostilla o legalización de antecedentes judiciales
para fines migratorios administrada por la Cancillería y la Policía Nacional.
III.
DECISIÓN:
En mérito de lo
expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.-
REVOCAR la sentencia del 31 de julio
de 2014, proferida por el Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso
Administrativo-Sección Cuarta, dentro del expediente T-4.516.485, y en su
lugar, CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 20 de mayo del mismo año,
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección 3, Subsección A-, mediante
la cual se negó el amparo del derecho al habeas data y a la igualdad del
señor Felipe, en los términos y por los motivos expuestos en esta
providencia.
Segundo.-
PREVENIR a la Cancillería y a la
Policía Nacional para que conserven los parámetros sobre los cuales han
edificado la plataforma de apostilla o legalización de antecedentes judiciales
para fines migratorios de acuerdo con lo expuesto en el capítulo 5 de esta
providencia, y adicionalmente, lo continúen aplicando no solo al caso del señor
Felipe sino frente a todo el sistema relativo a la apostilla o
legalización de antecedentes judiciales para fines migratorios, en virtud de lo
expuesto en el numeral 5.12. de esta providencia.
Tercero.-
ORDENAR que, por Secretaría General,
se libren las comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
ANDRÉS MUTIS VANEGAS
Secretario General (E)
[1] Con el
propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15
constitucional y en consideración a que la presunta vulneración alegada por el
actor tiene su génesis en relación con los mismos,  la Sala omitirá de esta
providencia y de toda futura publicación de la misma los nombres reales del
accionante y de los demás miembros de su familia. En consecuencia, el
demandante será llamado Felipe y su esposa Marina.
[2]
El expediente de la referencia fue seleccionado para revisión por la Sala de
Selección de Tutelas Número Diez, mediante auto del 06 de octubre de 2014.
Folios 8 al 11 del cuaderno de revisión.
[3] “La apostilla es la legalización de la firma de un
funcionario público en ejercicio de sus funciones cuya firma deberá estar
registrada en la base de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se
apostilla la firma del funcionario público impuesta en el documento mas no se
certifica ni revisa su contenido. Un documento se debe apostillar cuando el
país en el cual surtirá efectos es parte de la Convención sobre la Abolición
del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros de la Haya
de 1961. La apostilla también podrá imponerse sobre documento privado. La
firma del documento privado deberá ser reconocida por notario público, la firma
de éste último deberá estar registrada en la base de datos del Ministerio
de Relaciones Exteriores.// La legalización consiste en reconocer la firma de
funcionario público en ejercicio de sus funciones previo registro en la base de
datos del Ministerio de Relaciones Exteriores para que el documento sea válido
en otro país. Se legaliza la firma del funcionario público impuesta en el
documento, más no se certifica ni revisa su contenido. Un documento se debe
legalizar cuando el país en el cual surtirá efectos no hace parte de la
Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos
Públicos Extranjeros de la Haya de 1961. La legalización también podrá imponerse
sobre documento privado. La firma del documento privado deberá ser reconocida
por notario público, la firma de éste último deberá estar registrada en la
base de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores.” http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/apostilla_legalizacion. Consultado el 7 de febrero de 2015.
[4]
Oficio enviado por el Juzgado 11 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Bogotá al Departamento Administrativo de Seguridad- DAS-, el 6 de agosto de
2008. Folio 26 del cuaderno principal.
[5]
Ibídem.
[6]
La actualización de información que reposa en la base de datos de la Dirección
de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) fue confirmada al accionante el 18
de febrero de 2014, en respuesta a un derecho de petición por él presentado el
14 del mismo mes. Folio 21 del cuaderno principal.
[7]
Respuesta del peticionario al cuestionario enviado en sede de revisión. Folio
19 del cuaderno de revisión.
[8] https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml. Consultado el 10 de febrero de 2015. https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml. Consultado el 10 de febrero de 2015.
[9] Según dichos certificados, lo documentado allí “(…)
solamente es válido para ser presentado ante la autoridades extranjeras toda
vez que la información contenida en el portal web www.policia.gov.co se
ajusta a los parámetros establecidos en el ordenamiento constitucional
colombiano”. Folios 22 al 25 del cuaderno principal.
[10]
La impugnación fue presentada el 30 de mayo de 2014. Folio 99 a 104 del
cuaderno principal.
[11] “PRIMERO.- ORDENAR que, por Secretaría
General, se inste al señor Felipe
para que, en un término de 3 días hábiles a partir de la notificación de
este auto, informe a este despacho (i) si el trámite para el cual requiere la
apostilla/legalización de los antecedentes judiciales tiene fines migratorios;
(ii) ¿para qué trámite (visa, pasaporte, nacionalidad) requiere la apostilla/legalización
de sus antecedentes judiciales? y; (iii) ante qué país está adelantando dicho
trámite.// SEGUNDO.- ORDENAR que,
por Secretaría General, se oficie a la Cancillería- Ministerio de Relaciones
Exteriores- para que, en un término de 3 días hábiles a partir de la
notificación de este auto, responda el siguiente cuestionario, señalando
y adjuntando la normatividad que soporta cada una de las respuestas:  //
(i)
¿Qué se entiende
por una solicitud con fines migratorios y otra con fines no migratorios?
(ii)
¿Existe alguna
diferencia en el contenido del certificado de antecedentes judiciales
apostillado/legalizado, entre una solicitud con fines migratorios y otra sin
esa finalidad?
(iii)
Si la anterior
respuesta es afirmativa, ¿Cuál es esa diferencia y a qué obedece la misma?
(iv)
¿Existe alguna
diferencia en el contenido del certificado de antecedentes judiciales
apostillado/legalizado en función del país destinatario?
(v)
Si la anterior
respuesta es afirmativa, ¿Cuál es esa diferencia, a qué obedece la misma y cómo
se clasifican las exigencias que hace cada país frente a los antecedentes
judiciales? (indicar los países)
(vi)
Actualmente, ¿la
Cancillería puede brindar información a países extranjeros sobre los
antecedentes judiciales de un ciudadano colombiano por solicitud de aquellos?
(vii)
Para tramitar la
apostilla/legalización de antecedentes judiciales, ¿Qué datos deben
proporcionarse?, y ¿Cómo se garantiza la autenticidad de que el titular es
quien adelanta el
(viii)
mismo?
(ix)
¿En qué forma
están dando cumplimiento a la sentencia SU-458 de 2012 y bajo qué criterios?
(x)
¿Qué
dificultades se han presentado con motivo del cumplimiento de la anterior
sentencia para los trámites de apostilla/legalización de antecedentes
judiciales?
(xi)
¿Para otorgar
algunos tipos de visados, Colombia exige el certificado de antecedentes
judiciales o algún documento con contenido equivalente? Si la respuesta es
afirmativa, ¿Qué tipo de especificidades exige el gobierno colombiano frente al
certificado de antecedentes judiciales de dichos ciudadanos? ¿Alguna leyenda en
especial?” Folios 14 y 15
del cuaderno de revisión.
[12]“El certificado deberá ser expedido por la autoridad
competente del país de origen o último lugar de residencia donde haya
permanecido el solicitante de la visa, mínimo 3 años; el mismo deberá estar
debidamente apostillado o legalizado y traducido, según el caso. Si la
permanencia ha sido en Colombia, bastara reporte que expide la Policía
Nacional.” Folio 22 del cuaderno de
revisión.
[13]
Cuyos nombres, aunque mencionados por la Cancillería, no
resulta pertinente publicar en esta providencia.
[14] “Tal como lo señala el profesor Mario G. Losano
precursor muy fecundo tanto de la informática jurídica como del derecho
informático en Italia, y cuyas obras son ampliamente conocidas en nuestro
continente, un banco de datos
no es otra cosa que un conjunto de informaciones que se refieren a un sector
particular del conocimiento, las cuales pueden articularse en varias bases de
datos y ser distribuídas a los usuarios de una entidad que se ocupa de su
constante actualización y ampliación. //O lo que es fundamentalmente lo mismo,
un conjunto de informaciones exhaustivas y no redundantes sobre un determinado
tema, manejado por un específico conjunto de programas.” Cfr. T-414 de 1992 (M.P. Ciro Angarita Barón)
citando a Losano Mario G., Informatica per le scienze sociali Giulio
Einaudi editore s.p.a., Torino 1985, pág. 315 y 316.
[15]
Expresión utilizada por la sentencia T-307 de 1999 (M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz).
[16] En la sentencia T-414 de 1992 (M.P.
Ciro Angarita Barón), la Corte, siguiendo al profesor Vittorio Frosini, definió
el poder informático.
[17]
Sentencia T- 414 de 1992 (M.P. Ciro Angarita Barón).
[18]
Sobre este aspecto, en la sentencia T-414 de
1992 (M.P. Ciro Angarita Barón) se señaló: “De estas inquietudes muy fundadas se
han hecho también eco algunos instrumentos elaborados por organismos
internacionales. Así, por ejemplo, en la denominada "Proclama de
Teherán", aprobada por la Conferencia Internacional de Derechos Humanos el
13 de Mayo de 1968 se declaró solemnemente que: "Si bien los recientes
descubrimientos científicos y adelantos tecnológicos han abierto amplias
perspectivas para el progreso económico, social y cultural, esta evaluación
puede, sin embargo, comprometer los derechos y las libertades de los individuos
y por ello requerirá una atención permanente". // También en su
"Declaración sobre la utilización del progreso científico y tecnológico en
interés de la paz  y en beneficio de la humanidad", proclamada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de noviembre de 1975 se expresa
que: "Todos los Estados tomarán medidas apropiadas a fin de impedir que
los progresos científicos y tecnológicos sean utilizados, particularmente por
órganos  estatales, para  limitar o dificultar el goce de los derechos humanos
y las libertades fundamentales de la persona consagrados en la Declaración
Universal de Derechos Humanos, en los Pactos Internacionales de Derechos
Humanos y en otros instrumentos internacionales pertinentes". (Subrayado
original)
[19] De acuerdo con la
Sentencia C-1011 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), debe tenerse en
cuenta que la denominación “hábeas data” no ha sido la única utilizada
por la jurisprudencia para identificar las facultades del sujeto concernido
respecto de las bases de datos.  Así, durante el desarrollo del concepto en las
decisiones de la Corte se han usado las expresiones de “autodeterminación
informática” o “autodeterminación informativa”.  En todo caso, estas tres
definiciones refieren a la misma realidad jurídica, por lo que no ofrecen
mayores dificultades en su uso alternativo.
[20] Esta equivalencia se pone de
manifiesto en la sentencia SU- 082 de 1995 (M.P. Jorge Arango
Mejía) en la cual la Corte afirma que el derecho a la autodeterminación
informática, constituye el "núcleo esencial" del derecho al habeas
data. En el mismo sentido Cfr., sentencias T-552 de 1997 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) y T-307 de 1999 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[21] El primer desarrollo del derecho al
hábeas data y sus relaciones con los derechos a la dignidad humana, la
intimidad y el buen nombre fue realizado por la Corte en la sentencia T-414 de
1992 (M.P. Ciro Angarita Barón).  En esta sentencia se
consideró que la protección del dato personal era un aspecto connatural a la
eficacia del derecho a la intimidad, en cuanto es el individuo quien debe
arbitrar la divulgación de la información perteneciente a su vida privada.
Este ejercicio del derecho constitucional adquiría, en términos de la
sentencia, una mayor vigencia ante las posibilidades de gestión informatizada
de datos que ejercían las centrales de información financiera. De esa medida,
existía la necesidad de configurar a favor del individuo un derecho a la
“libertad informática”, definido como “la facultad de disponer de la
información, de preservar la propia identidad informática, es decir, de
permitir, controlar o rectificar los datos concernientes a la personalidad del
titular de los mismos y que, como tales, lo identifican e individualizan ante
los demás.  Es, como se ve, una nueva dimensión social de la libertad
individual diversa, y por razón de las circunstancias que explican su aparición,
de otras clásicas manifestaciones de la libertad”.
[22] En las sentencias T-094 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-097 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo),  y T-119 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), la Corte, a pesar de
reconocer al habeas data como "derecho autónomo", sigue
tratándolo como garantía, en la medida en que lo considera un instrumento para
la protección de otros derechos como la intimidad, la honra y el buen nombre.
[23]
Cfr. Sentencia T- 307 de 1999 (M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz).
[24] El fundamento de validez de los
llamados principios de la administración de datos personales, se encuentra en
el segundo inciso del artículo 15 de la Constitución, el cual constituye en
términos de la Corte,  "el contexto normativo y axiológico dentro del
cual debe moverse, integralmente el proceso informático" y del cual
derivan "unas reglas generales que deben ser respetadas para poder
afirmar que el proceso de acopio, uso y difusión de datos personales sea
constitucionalmente legítimo", y que a su vez son el resultado "de
la aplicación directa de las normas constitucionales al proceso
informático." Así, en sentencia T-307 de 1999 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[25] En efecto, para una adecuada comprensión de la
colisión entre los derechos a la información y al habeas data, la Corte
propone una tipología de la información que, mediante el manejo de criterios
más o menos estables, facilite la unificación de la jurisprudencia
constitucional y la seguridad jurídica entre los actores más usuales de los
mismos. La primera gran tipología, es aquella dirigida a distinguir entre la
información impersonal y la información personal. En función de la especialidad
del régimen aplicable al derecho a la autodeterminación, esta diferenciación es
útil principalmente por tres razones: la primera, es la que permite afirmar que
en el caso de la información impersonal no existe un límite constitucional
fuerte al derecho a la información, sobre todo teniendo en cuenta la expresa
prohibición constitucional de la censura (artículo 20 inciso 2º), sumada en
algunos casos a los principios de publicidad, transparencia y eficiencia en lo
relativo al funcionamiento de la administración pública (artículo 209) o de la
administración de justicia (artículo 228). Una segunda razón, está asociada con
la reconocida diferencia entre los derechos a la intimidad, al buen nombre y al
habeas data, lo cual implica  reconocer igualmente las diferencias entre
su relación con la llamada información personal y su posible colisión con el
derecho a la información. La tercera razón, guarda relación con el régimen
jurídico aplicable a los llamados procesos de administración de datos inspirado
por principios especiales y en el cual opera, con sus particularidades, el
derecho al habeas data.
[26]
Sentencia T-414 de 1992 (M.P. Ciro Angarita Barón).
[27] Cfr. Corte Constitucional,
sentencia T-729 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett),
fundamento jurídico 4 c).
[28]
Cfr. T-729 de 2002 (M.P.
Eduardo Montealegre Lynett).
[29] En la sentencia T-307 de 1999 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), sobre la llamada información
"sensible", la Corte afirmó: "(...)no puede recolectarse información sobre datos “sensibles”
como, por ejemplo, la orientación sexual de las personas, su filiación política
o su credo religioso, cuando ello, directa o indirectamente, pueda conducir a
una política de discriminación o marginación."
[30]
De conformidad con la sentencia C-1011 de 2008 (M.P. Jaime
Córdoba Triviño): “Estos datos no son susceptibles de acceso
por parte de terceros, salvo que se trate en una situación excepcional, en la
que el dato reservado constituya un elemento probatorio pertinente y conducente
dentro de una investigación penal y que, a su vez, esté directamente
relacionado con el objeto de la investigación.  En este escenario, habida
cuenta la naturaleza del dato incorporado en el proceso, la información deberá
estar sometida a la reserva propia del proceso penal.”
[31]
En dicha oportunidad, la Corte resolvió el caso de la circulación de datos
personales de contenido crediticio sin el consentimiento del titular de los
datos. Es así como la Corte, bajo la necesidad de "favorecer una plena
autodeterminación de la persona" y ante la "omisión de obtener
la autorización expresa y escrita del titular para la circulación  de sus datos
económicos personales", resolvió conceder la tutela de los derechos a
la intimidad y al debido proceso y ordenó a la central de información
financiera el bloqueo de los datos personales del actor.
[32] Véase esta cualificación del consentimiento como
libre, previo y expreso, en sentencia SU-082 de 1995 (M.P. Jorge Arango Mejía).
[33] En la misma sentencia de unificación se afirmó que:
"los datos conseguidos, por ejemplo, por medios ilícitos no pueden
hacer parte de los bancos de datos y tampoco pueden circular.” En forma
similar, en la Sentencia T-176 de 1995 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), se
consideró como una de las hipótesis de la vulneración del derecho al habeas
data el de la recolección de información "de manera ilegal, sin el
consentimiento del titular de dato."
[34] Cfr. sentencia T-729 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
[35]
Ibídem.
[36] “La recopilación y el registro de
información personal en computadoras, bancos de datos y otros dispositivos,
tanto por las autoridades públicas como por las particulares o entidades
privadas, deben estar reglamentados por la ley. Los Estados deben adoptar
medidas eficaces para velar por que la información relativa a la vida privada
de una persona no caiga en manos de personas no autorizadas por ley para
recibirla, elaborarla y emplearla y porque nunca se la utilice para fines
incompatibles con el Pacto. Para que la protección de la vida privada sea lo
más eficaz posible, toda persona debe tener el derecho de verificar si hay
datos personales suyos almacenados en archivos automáticos de datos y, en caso
afirmativo, de obtener información inteligible sobre cuáles son esos datos y
con qué fin se han almacenado. Asimismo, toda persona debe poder verificar qué
autoridades públicas o qué particulares u organismos privados controlan o
pueden controlar esos archivos. Si esos archivos contienen datos personales
incorrectos o se han compilado o elaborado en contravención de las
disposiciones legales, toda persona debe tener derecho a pedir su rectificación
o eliminación”. Cfr.
Comité de Derechos Humanos.  Observación General No. 16 “El Derecho al respecto
a la vida privada, la familia, el domicilio, y la correspondencia y la
protección de la honra y la reputación”.  Adoptada durante el 32° período de
sesiones.  1988.  Párrafo 10.
[37] En el ámbito del sistema
interamericano, el Relator para la Libertad de Expresión expuso consideraciones
más amplias sobre el alcance del derecho del titular de acceso a la información
personal.  Al respecto, el principio 3º de la Declaración de Principios sobre
Libertad de Expresión, establece que “Toda persona tiene el derecho a
acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no
onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y,
en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla”.
Al analizar este principio, el Relator  indicó lo siguiente:
“Este principio se refiere a la acción de habeas
data. La acción de habeas data se erige sobre la base de tres premisas: 1) el
derecho de cada persona a no ser perturbado en su privacidad, 2) el derecho de
toda persona a acceder a información sobre sí misma en bases de datos públicos
y privados para modificar, anular o rectificar información sobre su persona por
tratarse de datos sensibles, falsos, tendenciosos o discriminatorios y 3) el
derecho de las personas a utilizar la acción de habeas data como mecanismo de
fiscalización. Este derecho de acceso y control de datos personales constituye
un derecho fundamental en muchos ámbitos de la vida, pues la falta de
mecanismos judiciales que permitan la rectificación, actualización o anulación
de datos afectaría directamente el derecho a la privacidad, el honor, a la
identidad personal, a la propiedad y la fiscalización sobre la recopilación de
datos obtenidos.// Esta acción adquiere una
importancia aún mayor con el avance de nuevas tecnologías. Con la expansión en
el uso de la computación e Internet, tanto el Estado como el sector privado
tienen a su disposición en forma rápida una gran cantidad de información sobre
las personas. Por lo tanto, es necesario garantizar la existencia de canales
concretos de acceso rápido a la información para modificar información
incorrecta o desactualizada contenida en las bases de datos electrónicas.
Asimismo la acción de habeas data impone ciertas obligaciones a las entidades
que procesan información: el usar los datos para los objetivos específicos y
explícitos establecidos; y garantizar la seguridad de los datos contra el
acceso accidental, no autorizado o la manipulación. En los casos en que entes
del Estado o del sector privado hubieran obtenido datos en forma irregular y/o
ilegalmente, el peticionario debe tener acceso a dicha información, inclusive
cuando ésta sea de carácter clasificada.// En
cuanto al carácter fiscalizador de la acción de habeas data, es importante
destacar que en algunos países del hemisferio, dicha acción constituye un
importante mecanismo de control de la actividad de las agencias de seguridad e
inteligencia del Estado. El acceso a los datos personales permite verificar la
legalidad utilizada por parte de estas agencias del Estado en la recopilación
de datos de las personas. El acceso a dicha información, por otra parte,
habilita al peticionario a conocer la identidad de los involucrados en la
recopilación ilegal de datos, habilitando la sanción legal para sus
responsables. // Para que la acción de habeas
data sea llevada a cabo con eficiencia, se deben eliminar las trabas
administrativas que obstaculizan la obtención de la información y deben
implementarse sistemas de solicitud de información de fácil acceso, simples y
de bajo costo para el solicitante. De lo contrario, se consagraría formalmente
una acción que en la práctica no contribuye a facilitar el acceso a la
información.
Asimismo, es necesario que para el ejercicio de
dicha acción, no se requiera revelar las causas por las cuales se requiere la
información. La mera existencia de datos personales en registros públicos o
privados es razón suficiente para el ejercicio de este derecho”. Cfr.
Relatoría para la Libertad de Expresión.  Informe Anual CIDH, 2000, volumen 3.
Página 1.  Párrafos 12-15.
[38] Finalmente, en el ámbito interamericano, la
Organización de los Estados Americanos, OEA, encargó al Comité Jurídico
Interamericano elaborar varios informes sobre el acceso y protección de la
información y los datos personales.  En noviembre de 2010, se expide el “Proyecto de principios y recomendaciones
preliminares sobre la protección de datos”. El trabajo
realizado por el Comité Jurídico Interamericano señaló que existen dos sistemas
de protección de bases de datos “el europeo es hoy el sistema más estricto
de regulaciones estatales, con una legislación que rige la recolección de datos
personales por el gobierno y las entidades privadas. El sistema de Estados
Unidos sigue un criterio bifurcado, que permite que los sectores económicos
regulen los datos personales recabados por el Estado. Por último, varios países
de América Latina han elaborado mecanismos de protección de datos basados en el
concepto de habeas data, que permite a las personas acceder a sus propios datos
personales y otorga el derecho”.
[39] El artículo 5 del mismo convenio advierte que los
datos deben:“ser obtenidos
legalmente y tratados de la misma forma; ser registrados para finalidades
específicas y lícitas, por lo que no podrán ser utilizados con distintos fines;
ser adecuados, pertinentes y acordes con las finalidades para las cuales fueron
previstas, ser exactos y puestos al día; ser conservados de tal forma que
permita la identificación de las personas que fueron concernidas durante un
periodo de tiempo que no exceda del necesario para el cual fue registrado.” Éste último literal guarda relación con lo que podría
llamarse el principio de temporalidad, entendido éste como aquél que ordena que
el dato no podrá ser utilizado más allá del tiempo para el que fue previsto, y
por lo tanto, la consecuencia natural de ello, es su exclusión de la base de
datos dentro de la cual fue registrado, con el fin de evitar que la información
allí consignada pueda ser usada para fines distintos, como aquellos con
propósitos ilícitos o fraudulentos o de carácter comercial.
[40] La Resolución 45/95 de la ONU, “principios rectores
sobre la reglamentación de ficheros computarizados de datos personales”
desarrolla los siguientes: // Principio de la licitud y lealtad. Está dirigido
concretamente a que la información de las personas no sea recolectada en forma
ilícita ni utilizarse para fines contrarios a los propósitos y principios de la
Carta de las Naciones Unidas.// Principio de exactitud. Pretende que las
personas encargadas del tratamiento deben verificar la exactitud y certeza de
los datos, procurando la actualización periódica de los mismos.// Principio de
finalidad: La finalidad para la cual es utilizada la información contenida en ficheros,
debe ser específica y clara. Igualmente, debe comunicársele al titular de la
información sobre su utilización, para que pueda asegurarse que:// “Todos
los datos personales reunidos y registrados siguen siendo pertinentes a la
finalidad perseguida”; Ninguno de esos datos personales es utilizado o revelado
sin el consentimiento de la persona interesada, con un propósito incompatible
con el que se haya especificado; El periodo de conservación de los datos
personales no excede del necesario para alcanzar la necesidad con que se han
registrado.”// Principio de acceso a la persona interesada. Permite al
usuario, una vez identificado, conocer si la información que se relaciona con
su información personal está siendo utilizada y a obtener las correcciones necesarias
cuando la información es inexacta y a que se le informe si los datos han sido
transmitidos a terceros. En este sentido, el propio mandato señala una
posibilidad para que en cada ordenamiento se cree una herramienta jurídica que
le permita al usuario ejercer un recurso. Señala expresamente la Resolución: “Debería preverse una vía de recurso, en su caso, ante la
autoridad encargada del control de conformidad con el principio 8 infra. En
caso de rectificación, el costo debería rectificarlo el responsable del fichero
[quien trata la
información]. Es conveniente que las disposiciones de este principio s e
apliquen a todas las personas, cualquiera que sea su nacionalidad o su
residencia”// Principio de no discriminación. Prohíbe el registro de datos
que puedan generar en la persona algún tipo de discriminación, en particular
sobre el origen racial o étnico, color, vida sexual, opiniones políticas,
convicciones religiosas, filosóficas o de otro tipo, o sobre la participación
en una asociación o la afiliación a un sindicato.// Facultad de establecer
excepciones: Permite establecer excepciones respecto de los principios 1 a 4,
cuando se trate de: i) proteger la seguridad nacional, ii) el orden público,
iii) la salud o la moral pública y iv)“en particular, los derechos y
libertades de los demás, especialmente de personas perseguidas (cláusula
humanitaria), a reserva de que estas excepciones se hayan previsto expresamente
por la ley o por una reglamentación equivalente, adoptada de conformidad con el
sistema jurídico nacional, en que se definan expresamente  los límites y se
establezcan las garantías apropiadas”. Principio de seguridad: Se deberán
adoptar medidas necesarias para proteger los ficheros contra riesgos naturales,
como la pérdida accidental o la destrucción por siniestro, y contra los riesgos
humanos, como el acceso sin autorización, la utilización encubierta de datos o
la contaminación por virus informático.// Principio relativo a los controles y
sanciones: “Cada legislación debería designar a la autoridad que, de
conformidad con el sistema jurídico interno, se encarga de controlar el respeto
de los principios anteriormente enunciados”. Conforme este postulado, la
autoridad debe ofrecer garantía de imparcialidad, independencia respecto de
organismos o personas responsables del procesamiento de datos y su aplicación.
Igualmente, señala que debería preverse sanciones penales o de otro tipo,
cuando se violen las disposiciones de cada legislación.// Principio sobre el
flujo de datos a través de las fronteras. El flujo de información entre dos
países o más, puede darse siempre y cuando sus legislaciones sean comparables
respecto de la garantía de protección de la vida privada, para que la
información pueda correr libremente como en el país de origen. Finalmente
dispone que “cuando no haya garantías comparables, no se podrán obtener
limitaciones injustificadas a dicha circulación, y solo en la medida que así lo
exija la protección de la vida privada”.
[41] Por
su parte, la  Directiva 95/46/CE,
sistematiza las directrices del manejo de los datos y reconoce que tales
disposiciones se encuentran encaminadas a “la protección de las libertades y de
los derechos fundamentales a las personas físicas y, en particular, del derecho
a la intimidad, en lo que respecta al tratamiento de datos personales”
(artículo 1). El instrumento divide los principios en dos categorías: (i) los
relativos a la calidad del dato y (ii) los concernientes a la legitimidad en el
manejo de la información.// En relación con los primeros dispone (artículo 6)
que los datos personales sean: “(i) Tratados de manera leal y lícita, (ii) Recogidos con fines determinados,
explícitos y legítimos, y no sean tratados posteriormente de manera
incompatible con dichos fines; no se considerará incompatible el tratamiento
posterior de datos con fines históricos, estadísticos o científicos, siempre y
cuando los Estados miembros establezcan las garantías oportunas, (iii)
Adecuados,  pertinentes y no excesivos con relación a los fines para los que se
recaben y para los que se traten posteriormente, (iv) Exactos y, cuando sea
necesario, actualizados; deberán tomarse las medidas razonables para que los
datos inexactos o incompletos, con respecto a los fines para los que fueron
recogidos o para los que fueron tratados posteriormente, sean suprimidos o
rectificados, (v) Conservados en una forma que permita la identificación de los
interesados durante un periodo no superior al necesario para los fines para los
que fueron recogidos o para los que se traten ulteriormente. Los Estados
miembros establecerán las garantías apropiadas para los datos personales
archivados por un periodo más largo al mencionado, con fines históricos,
estadísticos o científicos.”// En
cuanto a los segundos, la Directiva establece que el manejo de los datos sólo
puede realizarse con el consentimiento inequívoco del titular y cuando es
necesario : (i) “para la ejecución de un contrato en el que el interesado
sea parte o para la aplicación de medidas precontractuales.”, (ii)“para
el cumplimiento de una obligación jurídica a la que esté sujeto el responsable
del tratamiento”, (iii) “para proteger el interés vital del interesado”,(iv)
para el cumplimiento de una misión de interés público o inherente al
ejercicio del poder público conferido al responsable del tratamiento o a un
tercero a quien se comuniquen los datos” y (v) para la satisfacción del
interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero
o terceros a los que se comuniquen los datos siempre que no prevalezca el
interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran
protección con arreglo al apartado 1 de la presente directiva”.
[42] La
legitimidad está relacionada con la licitud en el procesamiento de datos y la
justicia, se refiere a que en el procesamiento de los mismos no se puede dar
lugar factores de discriminación contra una persona. Estas nociones, están
consignadas en la “Resolución de
Madrid”, un documento producto de la “Propuesta Conjunta para la Redacción
de Estándares Internacionales para la protección de la Privacidad, en relación
con el Tratamiento de Datos de  carácter personal”, acogido favorablemente
por la 31 Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y
Privacidad, celebrada el 5 de noviembre de 2009 en Madrid, España.
[43] El límite al procesamiento de datos significa que este
debe ser adecuado, relevante y no excesivo frente a los propósitos para los
cuales se recabaron. La necesidad indica que debe hacerse lo posible para
limitar el procesamiento de datos a lo estrictamente necesario.
[44] Está referido a que el controlador de datos debe ofrecer a
la persona la información suficiente para que esta tenga la opción de
establecer una relación de transparencia con aquel.
[45] Sostiene que el controlador de datos es responsable de
adoptar todas las medidas necesarias para seguir las pautas del procesamiento
de datos personales que imponga la legislación nacional u otra autoridad
competente.
[46] que
a su vez contiene las reglas para que se considere válido el procesamiento de
datos, esto es que exista “a) consentimiento, b) interés legítimo del
controlador, c) las obligaciones contractuales, d) una autoridad legal y e)
circunstancias excepcionales, como cuando la información es necesaria para
atenuar o evitar un perjuicio irremediable.”.
[47]
En virtud del cual el controlador puede usar tales sistemas
siempre que asegure el nivel de protección y que el nivel de protección sea
establecido por una relación contractual.
[48] Señala
que las transferencias internacionales de datos sólo deberán efectuarse si el
país receptor, ofrece, como mínimo, el mismo nivel de protección de datos
personales que brindas los principios aquí reseñados.
Adicionalmente, este principio desarrolla los factores
para determinar si un país receptor otorga las normas mínimas  de protección de
datos: 1) la naturaleza de los datos; 2) el país de origen; 3) el país
receptor; 4) el propósito para el cual se procesan los datos, y 5) las medidas
de seguridad vigentes para la transferencia y el procesamiento de datos
personales.
[49] El derecho de acceso el derecho de la persona solicitar y
obtener del controlador de datos información sobre sus datos personales.
[50] La persona tiene derecho a solicitar que el controlador de
datos corrija o suprima los datos personales que puedan ser incompletos,
inexactos, innecesarios o excesivos.
[51] La persona podría objetar el procesamiento de sus datos
personales en los casos en que exista una razón legítima, como perjuicio o
angustia injustificada y sustancial para ella.
[52] Establece que el controlador de datos y el procesador de
datos deben disponer de medidas técnicas y de organización razonables para
garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos
personales.
[53] Los controladores de datos y los procesadores de datos
tienen el deber de mantener la confidencialidad de todos los datos personales,
inclusive más allá de terminada la relación entre la personal y el controlador
de datos.
[54] Con el fin de asegurar el cumplimiento y la aplicación de
los principios de la protección de datos, la OEA señala que debe disponerse de
una autoridad supervisora y establecerse un recurso judicial para las personas.
Sobre la autoridad, señala que esta debe ser imparcial e independiente.
Asimismo, debe contar con capacidad técnica, facultades y recursos suficientes
para realizar investigaciones y auditorías a fin de asegurar el cumplimiento de
las normas pertinentes.
[55] “En primer lugar, cabe señalar que el proyecto acoge una
clasificación especial de principios que no incluye la totalidad de los
principios predicables de la administración de datos y que han sido
desarrollados tanto por la jurisprudencia de esta Corporación, como por las
normas internacionales sobre la materia. Sin embargo, tal y como se consideró
en la Sentencia C-1011 de 2008, al estudiar la constitucionalidad de los
principios predicables a la administración de datos del sistema financiero y
crediticio, las previsiones que
integran el artículo 4 deben interpretarse de forma tal que resulten
compatibles con la Carta Política. En consecuencia, si la Corte -intérprete
autorizado de la Constitución-, ha definido a través de los principios de
administración de datos personales el contenido y alcance del derecho
fundamental al hábeas data, las normas estatutarias deberán interpretarse en
armonía con el plexo de garantías y prerrogativas que integran ese derecho.
Además, también serán analizados a la luz de los estándares internacionales
sobre la materia.”
[56] “El régimen de protección de datos personales que
se establece en la presente ley no será de aplicación:// a)
A las bases de datos o archivos mantenidos en un ámbito exclusivamente personal
o doméstico. Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a
terceros se deberá, de manera previa, informar al Titular y solicitar su
autorización. En este caso los Responsables y Encargados de las bases de datos
y archivos quedarán sujetos a las disposiciones contenidas en la presente ley;
b) A las bases de datos y archivos que tengan por finalidad la seguridad y
defensa nacional, así como la prevención, detección, monitoreo y control del
lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; c) A las Bases de datos
que tengan como fin y contengan información de inteligencia y contrainteligencia;
d) A las bases de datos y archivos de información periodística y otros
contenidos editoriales; e) A las bases de datos y archivos regulados por la Ley 1266 de 2008; f) A las bases de datos y archivos regulados
por la Ley 79 de 1993.”
[57]
Adicionalmente, esta conclusión también fue sostenida por la
SU-458 de 2012 (M.P. Adriana María Guillén Arango): “Es
jurisprudencia constante de esta Corte en materia de habeas data, que la
administración de toda base de datos personales está sometida a los llamados
principios de administración de datos personales. Recientemente, el Legislador
aprobó una serie de principios contenidos en el proyecto de ley estatutaria
general de habeas data, proyecto que en este punto fue declarado ajustado a la
Constitución mediante sentencia C-748 de 2011. Asimismo, la Corte en sentencia
C-1011 de 2008, consideró que los principios contenidos en la ley estatutaria
de habeas data financiero eran constitucionales y que, además, su aplicación
era extensiva a todas las bases de datos personales sin importar que la
regulación estudiada tenía un marcado carácter sectorial.”
[58] Cfr. C-536 de 2006 (M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto) y C-243 de 2005 (M.P. Álvaro Tafur Galvis). En
esta última providencia, se examinó la exequibilidad de los artículos primero
de la Ley 15 de 1968 y 10 de la Ley 4 de 1981, disposiciones que autorizaban al Gobierno Nacional a reglamentar lo relacionado con
los modelos y el valor de las cédulas de extranjería, certificados judiciales y
otros documentos expedidos por el Departamento Administrativo de Seguridad.
[59] El extinto Departamento Administrativo de
Seguridad DAS fue creado mediante el Decreto 1717 de 1960, en sustitución del
llamado Servicio de Inteligencia Colombiano -SIC-, a su vez creado por el
Decreto 2872 de 1953.
[60]
Mediante la cual se creó el Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo de
Seguridad.
[61]“Decreto 218 de 2000. ARTÍCULO 3º.-
Funciones. El Departamento Administrativo de Seguridad tendrá, además de las
funciones que determina el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, las siguientes:
13º. Llevar los registros delictivos y de identificación nacionales, y expedir
los certificados judiciales, con base en el canje interno y en los informes o
avisos que deben rendir oportunamente las autoridades judiciales de la República.”
[62]
Decreto 0233 de 2012 del Ministerio de Defensa Nacional. “Artículo 2. La
Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL tendrá, además de las funciones
señaladas en los Decretos 4222 de 2006 y 216 de 2000, y en disposiciones
legales especiales, las siguientes: 1. Organizar, actualizar y conservar los
registros delictivos nacionales, de acuerdo con los informes, reportes o avisos
que para el efecto deberán remitirle las autoridades judiciales competentes,
conforme a la Constitución Política y a la ley, sobre iniciación, tramitación y
terminación de procesos penales, órdenes de captura, medidas de aseguramiento,
autos de detención, enjuiciamiento, revocatorias proferidas y sobre las demás
determinaciones previstas en el Código de Procedimiento Penal. // 2.
Implementar y gestionar los mecanismos de consulta en línea que permitan el
acceso a la información sobre los antecedentes judiciales que reposen en los
registros delictivos, de acuerdo con los protocolos que se adopten para el
efecto. // 3. Garantizar que la información contenida en las bases de datos
mantengan los niveles de seguridad requeridos, de acuerdo a su naturaleza. // 4.
Garantizar el acceso y consulta a la información que reposa en los registros
delictivos a la Fiscalía General de la
Nación, autoridades que ejerzan funciones de policía judicial, autoridades
judiciales y administrativas que en razón de sus funciones y competencias lo
requieran, de conformidad con sus competencias constitucionales y legales. //
5. Las demás que se requieran para la implementación y gestión del registro
delictivo.”
[63]
Sentencia T-542 de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra)
[64]
Cfr. SU-458 de 2012 (M.P.
Adriana María Guillén Arango). En dicha oportunidad, también se mencionó que,
en la sentencia T-023 de 1993, la Corte, empleando fuentes secundarias,
tomó la siguiente definición de la expresión antecedentes penales: “los
hechos y circunstancias relativos a una persona, anteriores a un momento dado,
constituyen sus antecedentes. Referidos a la totalidad de la vida, representan
su biografía; así es frecuente hablar de sus antecedentes sanitarios, morales,
profesionales, familiares, etc. Sus antecedentes penales estarán circunscritos
a los castigos que hayan sido judicialmente impuestos a ese individuo como
sanción de delitos o infracciones por él cometidos”.
[65]
Cfr. Sentencia C-185 de
2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
[66]
Cfr. Sentencia SU-458 de 2012
(M.P. Adriana María Guillén Arango).
[67]
Según el numeral 1° del artículo 55 del Código Penal (en adelante CP) la
carencia de antecedentes penales es circunstancia de menor punibilidad. El
artículo 68 A del CP prohíbe la concesión de cualquier subrogado penal a quien
haya sido condenado por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco
(5) años anteriores.  Según el inciso 2° del artículo 1° de la
Ley 750 de 2002, para que los padres cabeza de familia puedan cumplir la pena
privativa de la libertad en su lugar de residencia, deben, entre otros, no
registrar antecedentes penales, etc. Igualmente, en materia penitenciaria y
carcelaria, por ejemplo, según los  artículos 147 y 147
A de la Ley 65 de 1993,  “no ser requerido por autoridad judicial”
(clásica fórmula de certificación de los antecedentes penales) es indispensable
para la procedencia de los permisos de salida (por 72 horas y hasta por 15
días) a los reclusos que cumplan además otros requisitos.
[68] Por ejemplo, de acuerdo con los artículos 179 numeral
1º, y 197 de la Constitución, no puede ser congresista ni presidente de la
República quien  haya sido condenado “en cualquier época, por sentencia
judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o
culposos”.  Igualmente, de conformidad con el artículo  122, inciso 5
(modificado mediante artículo 1º del AL 1 de 2004, y artículo 4º del AL de
2009) de la Constitución, no podrán ser inscritos como candidatos, ni elegidos,
ni designados como servidores públicos, ni contratar con el Estado, “quienes
hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por  la comisión de delitos que
afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos
relacionados con la pertenencia, promoción o financiación  de grupos armados
ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el
exterior.”
[69] En materia de inteligencia y contrainteligencia, la
información relacionada con antecedentes penales, al decir del entonces DAS, “es
relevante (…) puesto que coadyuva a establecer el grado de peligrosidad de una
persona y su historial criminal”[69]. Esto de
conformidad con los numerales 1, 3, 5 y 7, del artículo 2º del Decreto 643 de
2004, todos relacionados con las actividades de inteligencia y
contrainteligencia del entonces DAS o de quien en la actualidad haya asumido
tales funciones.
[70]
Artículos 33 y 34 del Decreto Ley 2535 de 1993.
[71]
Ley 43 de 1993, artículo 25 parágrafo 2.
[72]
Artículo 105 literal g del Decreto 2737 de 1989, Código del Menor.
[73]
De acuerdo con la SU-458 de 2012 (M.P. Adriana María Guillén
Arango): “[L]a obligación constitucional de crear un banco de datos
donde conste la existencia de hechos delictivos atribuibles a una persona,
[desvirtúa que su] permanencia y publicación [en forma de antecedentes
penales], después de decretada la extinción o la prescripción de la pena,
equivalga a una pena perpetua violatoria de la prohibición constitucional de
penas imprescriptibles (art. 18 Superior)”.
[74] “Artículo  26. Prohibición. Se prohíbe la transferencia de datos personales de
cualquier tipo a países que no proporcionen niveles adecuados de protección de
datos. Se entiende que un país ofrece un nivel adecuado de protección de datos
cuando cumpla con los estándares fijados por la Superintendencia de Industria y
Comercio sobre la materia, los cuales en ningún caso podrán ser inferiores a
los que la presente ley exige a sus destinatarios.// Esta prohibición no regirá
cuando se trate de:// a) Información respecto de la cual el Titular haya
otorgado su autorización expresa e inequívoca para la transferencia; b)
Intercambio de datos de carácter médico, cuando así lo exija el Tratamiento del
Titular por razones de salud o higiene pública; c) Transferencias bancarias o
bursátiles, conforme a la legislación que les resulte aplicable; d)
Transferencias acordadas en el marco de tratados internacionales en los cuales
la República de Colombia sea parte, con fundamento en el principio de
reciprocidad; e) Transferencias necesarias para la ejecución de un contrato
entre el Titular y el Responsable del Tratamiento, o para la ejecución de
medidas precontractuales siempre y cuando se cuente con la autorización del
Titular; f) Transferencias legalmente exigidas para la salvaguardia del interés
público, o para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso
judicial. // Parágrafo 1°. En los
casos no contemplados como excepción en el presente artículo, corresponderá a
la Superintendencia de Industria y Comercio, proferir la declaración de
conformidad relativa a la transferencia internacional de datos personales. Para
el efecto, el Superintendente queda facultado para requerir información y
adelantar las diligencias tendientes a establecer el cumplimiento de los
presupuestos que requiere la viabilidad de la operación.// Parágrafo 2°. Las disposiciones contenidas en el
presente artículo serán aplicables para todos los datos personales, incluyendo
aquellos contemplados en la Ley 1266 de 2008.”
[75]
Cfr. Sentencia C-748 de 2011
(M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[76]
Cfr. Sentencia C-748 de 2011
(M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[77]
REMOLINA ANGARITA, Nelson. Tratamiento
de datos personales. Aproximación internacional y comentarios a la Ley 1581 de
2012. LEGIS, Bogotá, 2013, Págs. 250 a 251.
[78]
El Grupo de Trabajo fue creado por el artículo 29 de la Directiva 95/46/CE. Es
un órgano consultivo independiente de la UE sobre protección de datos y vida
privada. Sus funciones son definidas en el artículo 30 de la citada Directiva y
en el artículo 14 de la Directiva 97/66/CE.
[79]
Cfr. Sentencia C- 748 de 2011
(M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[80]
Ibídem.
[81]
La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 fue introducida en
el ordenamiento jurídico interno colombiano a través de la Ley 6o de 1972.
[82]
La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 fue introducida en
el ordenamiento jurídico colombiano a través de la Ley 17 de 1971.
[83]
“ARTÍCULO 5. Las funciones consulares consistirán en: a) proteger en el
Estado receptor los intereses del Estado que envía y de sus nacionales, sean
personas naturales o jurídicas, dentro de los límites permitidos por el derecho
internacional.”
[84] “ARTÍCULO 1o. Es competencia discrecional del Gobierno
Nacional autorizar el ingreso de extranjeros al país. // Corresponde al
Ministerio de Relaciones Exteriores expedir, negar o cancelar visas.// El
ingreso de extranjeros, así como su permanencia o salida del territorio
nacional se regirán por las disposiciones de este Decreto y las políticas del
Gobierno Nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados
internacionales y de conformidad con la competencia discrecional antes
mencionada.”
[85] “ARTÍCULO 32. La visa de residente podrá ser otorgada por la
División de Visas del Ministerio de Relaciones Exteriores o por los agentes
consulares autorizados por la Cancillería.
El solicitante de dicha visa, salvo el
refugiado y el asilado, deberá presentar, sin perjuicio de lo que se exige en
cada categoría, los siguientes documentos:// 1. Pasaporte vigente o documento
de viaje.// 2. Prueba del estado civil o parentesco, si fuere el caso.// 3.
Certificado de antecedentes judiciales o de policía del último país de
domicilio, expedido por autoridad competente con una antelación no mayor de
seis (6) meses. Se exceptúa de este requisito a los menores de 18 años y a los
mayores de 60 años de edad.// 4. Certificado médico expedido con una antelación
no mayor de seis (6) meses, por un médico registrado en el Consulado de
Colombia o ante la autoridad competente, en el que conste que el solicitante,
no padece de enfermedad infectocontagiosa ni mental.”
[86] Puesto que existen otros documentos que
también son susceptibles de apostilla o legalización, como el Certificado de Antecedentes Disciplinarios, el Certificado de venta libre INVIMA, la Notificación sanitaria
obligatoria INVIMA, el Pasaporte con Zona de Lectura Mecánica, entre muchos otros. http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/apostilla_legalizacion. Consultado el 10 de febrero de 2015.
[87] Esta
precisión, en tanto, existen otros trámites y servicios consulares además de la
apostilla y legalización, como la expedición de pasaportes, visas, los trámites de nacionalidad y cooperación Judicial; así como los trámites que pueden adelantarse en el
exterior, relacionados con el Registro civil, la Tarjeta de identidad, la Cédula de ciudadanía, las Certificaciones / Constancias, la Autenticación de documentos, el Reconocimiento de firma en documento privado, el Reconocimiento de firma en autorización de salida del menor o la Protocolización de escrituras
públicas. http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/tramites_exterior. Consultado el 10 de febrero de 2015.
[88]
https://tramites.cancilleria.gov.co/apostillalegalizacion/solicitudtramite/inicio.aspx. Consultado el 6 de febrero de 2015.
[89]
https://tramites.cancilleria.gov.co/Ciudadano/certificadoAntecedentes/solicitud.aspx. Consultado el 6 de febrero de 2015.