T-363-13
[Proyecto de circulación restringida]
Sentencia T-363/13
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
CARACTERIZACION DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO
RITUAL MANIFIESTO-Reiteración de
jurisprudencia
La jurisprudencia constitucional ha venido decantando
la caracterización del defecto procedimental para señalar que este se configura
en aquellas situaciones en las que el juzgador incurre en desconocimiento de
derechos fundamentales al negar el derecho sustancial, bien sea por no aplicar
la norma procesal que rige el procedimiento pertinente, o cuando excede la
aplicación de formalidades procesales que hacen imposible la realización
material de un derecho. Respecto a la fórmula del defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, este implica la afectación de los derechos al acceso
a la administración de justicia y a la primacía del derecho sustancial, en los
eventos en los que los funcionarios judiciales, bajo el pretexto del apego a
las normas procedimentales, incumplen con las obligaciones de impartir
justicia, buscar que las sentencias se fundamenten en una verdad judicial,
garantizar la efectividad de los derechos constitucionales y evitar
pronunciamientos inhibitorios que obstaculicen la administración de justicia y
la efectividad de los derechos sustantivos. En este sentido, esta Corte ha
precisado que el exceso ritual manifiesto se presenta cuando un funcionario
utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del
derecho sustancial y, por esta vía sus actuaciones devienen en una denegación
de justicia, causada por la aplicación de disposiciones procesales opuestas a
la vigencia de los derechos fundamentales, por la exigencia irreflexiva del
cumplimiento de requisitos formales o por un rigorismo procedimental en la
apreciación de las pruebas. La Corte ha enfatizado que la procedencia de la
tutela en los casos de defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se
presenta porque el juez “no acata el mandato de dar prevalencia al derecho
sustancial y se configura en íntima relación con problemas de hecho y de
derecho en la apreciación de las pruebas (defecto fáctico), y con problemas
sustanciales relacionados con la aplicación preferente de la Constitución
cuando los requisitos legales amenazan la vigencia de los derechos
constitucionales.”
DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO-Configuración
La doctrina constitucional ha señalado que se produce
un defecto procedimental de carácter absoluto “cuando el funcionario judicial
se aparta del proceso legalmente establecido, bien sea porque sigue un proceso
ajeno al autorizado o porque omite una etapa sustancial a éste”
FACULTADES Y DEBERES DEL JUEZ EN PROCESO DE UNICA
INSTANCIA-En materia laboral y de seguridad
social es imperativo decretar pruebas para evitar vulneración de derechos de
las partes
Dentro de las especificidades del derecho laboral y de
la seguridad social el tema probatorio constituye una diferencia notable
respecto a los demás procedimientos. En este sentido, en la práctica de
pruebas, el juez laboral y de la seguridad social debe tener en cuenta la
desigualdad objetiva de las partes y tomar todas las medidas para lograr el
equilibrio necesario. Esta situación no constituye una parcialización del juez,
pues tal postura se deriva de los principios constitucionales y los mandatos
legales que regulan los ámbitos laboral y de la seguridad social. En esta misma
línea, una diferencia notoria respecto a otro tipo de procesos, radica en la
postura marcada por parte del juez frente a la búsqueda de la verdad real, esto
en tanto el juez debe orientarse por los fines del derecho laboral y de la
seguridad social. En el proceso laboral y de la seguridad social dicha
exigencia se traduce en que el juez debe velar por la realización efectiva de
la justicia, en pro de los derechos sustantivos del ciudadano. Por ende, no es
admisible una postura pasiva del juez frente aquellas situaciones en las que
debe adoptar las medidas pertinentes para lograr la justicia material, aún más
cuando dicha obligación está en sintonía con la función judicial en perspectiva
de protección de los derechos fundamentales de las partes, cuya impronta es
evidente en el ámbito del derecho laboral y de la seguridad social.
RATIFICACION DE TESTIMONIOS EXTRA JUICIO Y SU
APLICACION EN ASUNTOS PROCESALES DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
La figura probatoria de la ratificación de testimonios
extra proceso regulada por el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil
tiene como finalidad permitir que, a quien no favorece el testimonio rendido en
forma anticipada al proceso, tenga la oportunidad para controvertir tal prueba.
Adicionalmente, la ratificación permite que el juez que conoce de la causa
pueda apreciar directamente la prueba para tener certeza sobre los dichos del
testigo frente a los hechos relevantes del proceso. respecto a las
declaraciones extra juicio, que regula el artículo 229 del C.P.C., la máxima
Corporación de la jurisdicción ordinaria ha señalado que los jueces laborales y
de la seguridad social, en virtud de sus facultades como directores del
proceso, tienen la potestad de ordenar la ratificación que ordena aquella
norma, con el fin de valorar íntegramente la prueba y esclarecer los puntos que
consideren pertinentes. En este tema, pese a que la jurisprudencia de la Corte
Suprema inicialmente sostenía que las declaraciones extrajuicio debías ser
ratificada para ser valoradas dentro del proceso laboral, en recientes
pronunciamientos, ha venido señalando que el juez laboral puede acudir
oficiosamente a ordenar la mencionada ratificación.
RATIFICACION DE TESTIMONIOS EXTRA JUICIO-Exigencia constituye un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto en los eventos en que el juez puede decretar dicho
requisito oficiosamente para garantizar la justicia material en el proceso
La Sala evidencia la ocurrencia de una falencia por
parte del juez ordinario al obviar las alternativas que le ofrecía el
ordenamiento jurídico, y que han sido delineadas por la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral-, para subsanar la falta de
ratificación de los testimonios extra juicio que el mismo funcionario adujo
como necesaria. Tal omisión del juez ordinario, constituye un defecto que
encuadra dentro de la categoría de la causal procedimental por exceso ritual
manifiesto, que como consecuencia conllevó la omisión en la valoración de las
pruebas aportadas por la parte demandante, con lo cual, se incurrió
concomitantemente en un defecto fáctico. La Sala es consciente de la relevancia
de la independencia en la actividad judicial, en especial en temas relativos a
la valoración probatoria, no obstante, ello no es excusa para tomar decisiones
superficiales ante la evidencia de hechos que necesariamente versan sobre la
garantía de derechos sustanciales como el que en su momento reclamaba el señor,
y que posteriormente se transfirió a su esposa, la ahora accionante, quien
además es una persona mayor, de la tercera edad, que dependía económicamente de
su difunto esposo.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por configurarse defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto y defecto fáctico por omisión en la valoración de las
pruebas por no tener en cuenta declaraciones extra juicio en proceso de única
instancia
Esta Sala estima que en el asunto que se revisa la
juez del proceso ordinario incurrió en un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto, y en consecuencia en un defecto factico (en su dimensión
negativa), en tanto la funcionaria desechó la valoración de las declaraciones
extra juicio aportadas al proceso, en razón a que impuso la carga a la parte
demandante dentro del proceso ordinario de única instancia, de ratificar los
testimonios establecida en el artículo 229 del C.P.C.. El vicio señalado se
estructura debido a que tal obligación probatoria debía ser subsanada por el
juzgador en virtud de los deberes que le impone la función judicial. Lo
anterior pues de una parte, el juez está obligado a salvaguardar los derechos
fundamentales de las partes; y de otra, porque constituye su deber buscar la
justicia material utilizando todos los recursos que le provee el ordenamiento jurídico,
máxime en aquellos eventos en los que los ciudadanos cuentan con escasos
recursos para amparar sus derechos.
Referencia:
expediente T-3.717.083
Acción de tutela instaurada por la señora Soledad
Botero de Mejía contra el Juzgado Primero (1°) Municipal de Pequeñas Causas
Laborales de Pereira.
Magistrado
Ponente:
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Bogotá,
DC., veintiséis (26) de junio de dos mil trece (2013)
La
Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada
María Victoria Calle Correa, y los magistrados Mauricio González Cuervo y Luis
Ernesto Vargas Silva en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro
del trámite de revisión del fallo dictado en primera instancia por el Juzgado
Primero (1°) Laboral del Circuito de Pereira el diez (10) de septiembre de dos
mil doce (2012), y en segunda instancia por la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Pereira el dieciocho (18) de octubre de dos
mil doce (2012), en el asunto de la referencia.
I.
ANTECEDENTES
1.
Hechos.
1.1 El 26 de julio de 1994 se declaró la incapacidad médica
por enfermedad común del señor Sergio de Jesús Mejía Mejía, razón por la cual
el Instituto de Seguros Sociales -Seccional Risaralda- le reconoció pensión de
invalidez. La mesada de su pensión de invalidez correspondió a un salario
mínimo legal vigente.
1.2 La pensión de invalidez del señor Mejía fue reconocida
bajo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 6° del
literal b, del Acuerdo 049 de 1990,[1]
así como en observancia de los artículos 36, 38, 39 y 41 de la ley 100 de 1993.
1.3 Mediante Resolución 7496 del 27 de octubre de 2008 el
ISS -Seccional Caldas- realizó la conversión de la pensión del señor Mejía, de
invalidez a la pensión de vejez, según lo establecido en el inciso 3° del
artículo 10 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990.[2]
1.4 En ninguna de las pensiones reconocidas al señor Mejía
Mejía (invalidez y vejez) el ISS le incluyó el incremento del 14% por tener cónyuge,
compañera o compañero permanente a cargo, en su caso, a su esposa Soledad
Botero de Mejía, beneficio que se encuentra establecido en el artículo 21
literal b del Acuerdo 049 de 1990[3]
aprobado por el Decreto 758 del mismo año.
1.5 El 25 de agosto de 2011 el señor Mejía Mejía realizó una
nueva petición para que se le reconociera el 14% por tener a su cónyuge a su
cargo, solicitud que no fue respondida.
1.6 El 21 de octubre de 2011, mediante apoderado judicial,
el señor Sergio Mejía Mejía instauró demanda ordinaria laboral por considerar
que reunía los requisitos para ser beneficiario del incremento del 14% antes
reseñado. El proceso correspondió en reparto al Juzgado 1° laboral del Circuito
Judicial de Pereira.
1.7 El día 29 de noviembre de 2011 el proceso fue remitido
por competencia en razón de la cuantía al Juzgado 1° municipal de pequeñas
causas laborales de Pereira.
1.8 El 17 de abril de 2012, estando en curso el proceso
ordinario, el señor Sergio de Jesús Mejía Mejía falleció debido a múltiples
problemas de salud. Dicha situación fue informada al despacho judicial competente
que conocía de su proceso y al cual se le solicitó continuar con la causa, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil[4] y la
Sentencia C-1178 de 2001, así como por la remisión que establece el artículo
145 del Código Sustantivo del Trabajo.
1.9 El día 27 de julio de 2012 se celebró audiencia única obligatoria
de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento, fijación de
litigio y juzgamiento, durante el trámite de la cual la parte demandada no
tachó de falsas las pruebas allegadas al proceso por la parte demandante y
desistió de la única prueba testimonial que solicitó.
1.10 Para probar la convivencia y la dependencia económica
de la señora Botero de Mejía respecto de su fallecido esposo y como única
beneficiaria de la sustitución pensional correspondiente, la parte demandante aportó
al proceso ordinario laboral tres declaraciones extra juicio rendidas ante
notario[5].
Al respecto, la Juez 1° Municipal de pequeñas causas laborales de Pereira,
manifestó que dichas pruebas, al no haber sido ratificadas de acuerdo a lo
prescrito en el numeral 2° del Artículo 229 del Código de Procedimiento Civil,
carecían de eficacia probatoria y por tanto se debían negar las pretensiones de
la demanda y condenar en costas y agencias en derecho a la parte demandante.
2. Solicitud de tutela.
2.1 La señora Soledad Botero de Mejía, mediante apoderado
judicial, solicitó que se ampararan sus derechos fundamentales al debido
proceso, la vida digna, la seguridad social, el mínimo vital, los derechos
adquiridos, el acceso a la administración de justicia y a la igualdad. En
consecuencia, solicitó que se dejara sin efectos jurídicos la sentencia
proferida el 27 de julio de 2012, y que en su lugar, se declare que es
beneficiaria del incremento pensional por cónyuge desde el año 2008 y hasta la
fecha del fallecimiento de su esposo (17 de abril de 2012).
2.2 Como argumento principal, sostuvo que la decisión judicial
impugnada mediante acción de tutela violó los principios de proporcionalidad,
razonabilidad, favorabilidad, primacía del derecho sustancial, así como del
acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el principio de
buena fe de las actuaciones de los particulares. En este sentido, invocó la
jurisprudencia constitucional respecto al defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto para afirmar que “si bien el procedimiento tiene una
importancia central dentro del Estado de derecho, en aplicación de éste no
deben sacrificarse derechos subjetivos, pues precisamente el fin del derecho
procesal es contribuir a la realización de los mismos y favorecer la obtención
de una verdadera justicia material.”
2.3 Aduce que en su caso, en la decisión judicial que
censura “no se le dio, a las declaraciones extra juicio, ni siquiera valor
de prueba sumaria y además, no consideró que la parte demandada allí presente,
no formuló tacha alguna a las pruebas adosadas al proceso, luego tales
documentos tienen el carácter de plena prueba, el cual les fue negado en la
providencia atacada.”
3. Intervención del Juzgado Primero Municipal de
Pequeñas Causas Laborales de Pereira.
3.1 El despacho judicial referido se opuso a las
pretensiones de la tutela señalando que si bien en el proceso obran las
declaraciones extra juicio de los señores Mario Giraldo Gómez, Claudia Patricia
Giraldo Ríos y Carmen Marín Arias realizadas ante el Notario Segundo de
Chinchiná –Caldas-, las mismas carecen de validez para ser tenidas en cuenta
como material probatorio, pues de conformidad con el numeral 2º del artículo
229 del C.P.C., estas deben ser ratificadas en el proceso para ser valoradas.
Lo anterior según la funcionaria judicial se justifica en
tanto la razón de ser de tal ratificación es en primer término, propiciar el
derecho de defensa de la parte contraria, a quien el testigo debe exponer las
percepciones que espontáneamente está en condición de recordar, cumpliéndose
así con los principios constitucionales de publicidad y contradicción que
garantizan el debido proceso y el derecho de defensa; y en segundo término, la
ratificación propicia al operador jurídico, la observancia de la veracidad del
dicho del testigo pues es el juzgador quien debe analizar lo verosímil de su
versión, situaciones que no acontecen con las meras declaraciones extra proceso.
4. Decisión objeto de la acción de tutela.
4.1 La acción de tutela se instauró en contra de la
decisión mediante la cual se le negaron las pretensiones de la demanda al señor
Sergio Mejía Mejía, esposo de la actora Soledad Botero de Mejía, en el proceso
ordinario de única instancia que adelantó para el reconocimiento del “incremento
por cónyuge a cargo” que establece el artículo 11, literal b, del Acuerdo
049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año.
La decisión se adoptó en la audiencia única obligatoria de
conciliación, de decisión de excepciones previas, de saneamiento, fijación de
litigio y juzgamiento que se efectuó el 27 de julio de 2012. A continuación se describe, en lo pertinente, el desarrollo de dicha audiencia en donde se
esgrimen los argumentos de la decisión adoptada.
4.2 En su momento, al decidir sobre la validez de los
testimonios extra juicio aportados por la parte demandante al proceso, la Juez
determinó que los mismos carecían de validez toda vez que no fueron ratificados
dentro del proceso según lo ordenado por el artículo 229 del C. de P. C.. En
este sentido, al momento de proferir sentencia, la funcionaria judicial expresó
que para el reconocimiento del incremento por cónyuge a cargo previsto en el
artículo 11, literal b, del Acuerdo 049 de 1990 (aprobado por el Decreto 758
del mismo año) debían acreditarse dos requisitos: i) que la pensión del
accionante hubiere sido reconocida bajo lo dispuesto en aquella norma (el Acuerdo
049 de 1990); y que ii) se cumpliera con los presupuestos de matrimonio,
convivencia y dependencia económica del cónyuge a cargo.
4.3 Así las cosas, tras corroborar que la pensión del
señor Sergio Mejía Mejía había sido reconocido bajo los presupuestos normativos
del Acuerdo 049 de 1990, procedió a determinar si estaban probados los
elementos fácticos para el cumplimiento del segundo requisito del incremento
por persona a cargo, esto es, los presupuestos de matrimonio, convivencia y
dependencia económica. En estos términos, después de explicar que al señor
Mejía Mejía le eran aplicables las normas del Acuerdo 049 de 1990 respecto al
reconocimiento del incremento por persona a cargo, expresó la funcionaria
judicial:
“(…) En cuanto a la dependencia
económica, con la demanda se adosaron las declaraciones extra proceso de: Mario
Giraldo Gomez, Claudia Patricia Giraldo Rios y Carmen Amanda Marín Arias, esto
obra a folios  18, 19 y 20 del expediente, pruebas respecto a las cuales la
Sala del Tribunal Superior del Distrito de Pereira, ha venido decantando e
insistiendo que para que las declaraciones extra juicio adosadas a un proceso
puedan producir los efectos probatorios pertinentes, deben ser ratificadas
dentro del trámite procesal, con el fin de garantizar el derecho de defensa y
de contradicción. Esto se dijo en la sentencia Acta 088 del 06 de agosto 2010
con ponencia de la doctora Ana Lucia Caicedo Calderón y que ha venido siendo
ratificado por el Tribunal Superior de Pereira.
La norma exige que se trate de cónyuge
o compañero permanente, dependiente económicamente del pensionado y aunque no
exige taxativamente la prueba de la convivencia, ella se torna fundamental para
determinar la presencia de la dependencia económica entre ellos.
Ha dicho la Sala Laboral de
este Distrito en la Sentencia que acabo de hacer referencia, que, abro comillas,
‘la vida marital significa la realización de todos los actos que normalmente se
perfeccionan entre marido y mujer, ejecutarlos como se hace en el matrimonio
entre cónyuges, así no estén juntos por el vínculo legal o eclesiástico, lo que
equivale a ser comunidad de vida permanente y singular en los términos del
artículo 1° de la Ley 54 de 1990. Lo trascendente del concepto, estriba en el
desarrollo de la vida en pareja, que efectúa un hombre y una mujer en todos los
ámbitos de su vida, esto es, sexual, económica, social, laboral, y es donde es
determinante la existencia de unidad de habitación y vivienda o cohabitación’,
cierro comillas.
Las anteriores condiciones si
bien pudieron configurarse, en la pareja conformada por el actor y la señora
Soledad Botero, estos no quedaron probados en el proceso con ninguna clase de
prueba tal, toda vez que en el caso de marras no fue solicitada ni aportada por
la vocera judicial que representa los intereses de quien fue promotor del
litigio, omisión que trae como consecuencia el rechazo de sus aspiraciones como
se consagró en la providencia que anteriormente se hizo mención.
De acuerdo con lo anterior, si
bien quedó debidamente acreditado el requisito de matrimonio, el otro
presupuesto que es el presupuesto de dependencia económica, se quedó en el mero
enunciado de la demanda toda vez que aunque se aportó como prueba unas
declaraciones extra proceso en la que se afirma que la pareja, son casados
desde 1950 bajo el mismo techo y en forma permanente sin llegarse a separar,
procreando 10 hijos; y que la cónyuge dependía económicamente del pensionado
porque no labora no recibe sueldo, rentas o pensión, al no haber sido
ratificada dentro de la Litis, carece de validez y eficacia probatoria, porque
el ordinal 2° del artículo 229 del C.P.C. modificado por el numeral 106 del
artículo 1° del Decreto 2282 de 1989, señala que las declaraciones
recepcionadas fuera de proceso con fines judiciales, en los casos de los
artículos 298 y 299 ibídem, en caso de enfermedad grave y ante notarios, deben
ser ratificadas dentro del trámite procesal a no ser que ambas partes de común
acuerdo, soliciten prescindir de la radicación, caso que aquí no ocurrió.
De lo anterior se concluye, que
a pesar de estar probado el vínculo matrimonial, la convivencia de la pareja y
la dependencia económica de la persona a cargo no fueron acreditados, siendo
tales los requisitos para acceder al reconocimiento del incremento pensional,
condiciones esta que se deben acreditar mediante prueba testimonial que no
obran en el plenario, ya que además no fueron solicitadas.
Por lo dicho, habrán de ser
negadas las peticiones de la demanda, quedando relevado este despacho de
pronunciarse con relación a las excepciones, especialmente a la excepción de
prescripción, dadas las resultas del presente proceso. La condena en costas será
a cargo de la parte actora en un 100%, y a modo de agencias en derecho se fija
la suma de $300.000, atendiendo a la dispuesto en la Ley 1395 de 2010, en el
acuerdo 1887 de 2003, y el artículo 393 del C.P.C. aplicable por analogía en
materia laboral. (…)”[6]
De esta manera, una vez surtida la decisión, la
funcionaria judicial señaló que estaba ejecutoriada toda vez que había sido
notificada en estrados y frente a ella no procedían recursos por tratarse de un
proceso de única instancia. Por lo anterior, la apoderada de la parte
demandante intentó reponer la decisión para discutir los argumentos de la
decisión, en especial la valoración probatoria, lo cual fue infructuoso en
razón a que la Juez le ratificó que por tratarse de un proceso de única
instancia su solicitud resultaba improcedente.
5. Fallo de tutela en primera instancia.
En fallo del 10 de septiembre de 2012, el Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Pereira negó la tutela invocada debido a que en su
criterio el juez ordinario no incurrió en vía de hecho puesto que no es posible
revivir un debate probatorio que se encuentra concluido. En este sentido, sostuvo
que la funcionaria judicial sí valoró las pruebas llegando a una conclusión
adversa a las pretensiones de la demanda. Por lo tanto, no puede la accionante
evadir sus obligaciones procesales endilgándole responsabilidad al operador
judicial.
6. De la impugnación y fallo de tutela en segunda
instancia.
6.1 El día 17 de septiembre de 2012 la accionante impugnó
el fallo de tutela de primera instancia argumentando que en su concepto la
decisión del juez negaba el derecho al acceso a la justicia e incurría en un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. Lo anterior, porque si para
el juez la prueba allegada al proceso no era suficiente, tenía la facultad de
decretarla de oficio de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 54 del C.P.T.,
como en efecto lo hizo a favor de la parte demandada al solicitar al ISS y
ordenar agregar al expediente, la historia válida para prestaciones económicas.
En consecuencia, adujo no entender que el juez ordinario
despliegue sus facultades oficiosas a favor del demandado, pero no de la misma
manera a favor de la parte demandante, ordenando la comparecencia de los
testigos, con lo cual se viola el derecho a la igualdad.
6.2 Mediante fallo de segunda instancia del 18 de octubre
de 2012 el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira confirmó la
decisión del a quo. Consideró que la decisión impugnada por la
demandante no incurrió en ninguna irregularidad o violación del debido proceso
pues, todo lo contrario, tomó las medidas correctivas para que no se presentara
tal evento frente a la parte accionada. Respecto al deber de ratificar los
testimonios recibidos fuera del proceso señaló que es un deber que establece el
ordenamiento jurídico (artículo 229 del C.P.C.), que lleva en su esencia el
respeto por el derecho de contradicción a la parte que se le opone.
7. Actuaciones en sede de revisión.
7.1 Mediante auto de 4 de marzo de 2013 esta Corporación
ordenó al Juzgado Primero Municipal de pequeñas causas laborales de Pereira que
remitiera a esta Corporación, el expediente del proceso ordinario laboral de
única instancia, adelantado por Sergio Mejía Mejía contra el ISS, con la
finalidad de valorar la posible vulneración alegada por la demandante.
En oficio No. 102, fechado el 2 de abril de 2013 y
recibido en la Secretaría General de esta Corporación el 19 de abril, la Secretaria
del Juzgado Primero Municipal de pequeñas causas laborales de Pereira remitió “el
expediente del proceso radicado al número 66001-31-05-003-2011-01106 donde
actúa como demandante SERGIO MEJÍA MEJÍA contra el INSTITUTO DE SEGUROS
SOCIALES.”
II.
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Competencia.
Esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para proferir
sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los
artículos 86 inciso 2 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Problema jurídico y estructura de la decisión.
2.1. En la acción de tutela que se revisa, la señora
Soledad Botero de Mejía consideró que la decisión del Juzgado Primero Municipal
de pequeñas causas laborales de Pereira mediante la cual se le negó el
incremento por cónyuge a cargo respecto de la pensión de vejez de su fallecido esposo,
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, al incurrir en un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto. Lo anterior, en tanto no se valoraron las declaraciones
extra proceso que aportó al plenario bajo el pretexto según el cual éstas
debían cumplir con la ratificación que establece el artículo 229 del Código de
Procedimiento Civil.
En tal sentido, sostiene que el Juez ordinario no les dio
siquiera el valor de pruebas sumarias a las declaraciones aportadas y además no
consideró que la parte demandada, presente en el momento pertinente, no formuló
tacha alguna a las pruebas adosadas al proceso por lo cual tales tienen el
carácter de plena prueba. Igualmente aduce que si las declaraciones extra
proceso que aportó debían ser ratificadas, el Juez debió decretar de oficio la
ratificación en aras de la prevalencia del derecho sustancial sobre el
procesal.
2.2 Por su parte, el Juzgado Primero Municipal de pequeñas
causas laborales de Pereira sostuvo que no es de recibo la argumentación de la
demandante en razón a que las declaraciones extra juicio, de conformidad con el
numeral 2° del artículo 229 del C.P.C., deben ser ratificadas en el proceso
para ser valoradas. Pues con lo anterior, en primer lugar, se respeta el
derecho al debido proceso y a la defensa de la parte contraria y se cumple con
los principios constitucionales de publicidad y contradicción; y en segundo
lugar, porque la ratificación permite al operador jurídico la observancia de la
veracidad del dicho del testigo, lo que no sucede con meras declaraciones extra
proceso.
2.3 Así las cosas, teniendo en cuenta el planteamiento de las partes, el
problema jurídico que deberá resolver la Sala consiste en determinar si la
sentencia del Juzgado Primero Municipal de pequeñas causas laborales de Pereira,
censurada por la accionante, presenta un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto al negar validez a las declaraciones extra juicio aportadas
al proceso por la parte actora, en razón a que no fueron ratificadas de
conformidad con el numeral 2° del artículo 229 del Código de Procedimiento
Civil.
Por tratarse de una tutela contra providencia judicial, será
preciso efectuar el análisis en el marco de la doctrina desarrollada por esta Corporación
sobre la procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales.
2.4 En consecuencia, para resolver el problema jurídico
planteado, la Corte: (i) reiterará su jurisprudencia respecto a la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones judiciales; (ii)
realizará un breve énfasis en las reglas atinentes al defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto; (iii) señalará algunos aspectos pertinentes respecto
a las facultades y deberes del juez laboral en procesos de única instancia; y (iv)
se citará el tratamiento jurisprudencial, en relación a la valoración que se
hace en materia laboral y de la seguridad social, de la ratificación de testimonios
prevista en el artículo 229 del código de procedimiento civil.
A partir de este marco, en el estudio del caso concreto,
una vez corroborado si el asunto que se revisa supera el examen de los
requisitos generales de procedencia de la acción, la Sala se pronunciará sobre el
presunto defecto específico en el que pudo incurrir la providencia accionada.
3.
Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Reiteración de jurisprudencia.
La
jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias emitidas por los jueces de la república en
virtud del artículo 86 Superior que, al consagrar la acción de tutela, previó
expresamente que ella puede ser elevada para obtener la protección inmediata de
los derechos fundamentales “cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.
Así
mismo ha considerado que para proteger la autonomía judicial y la seguridad
jurídica, principios que también ostentan relevancia constitucional y que
pueden verse afectados por la revisión en sede de tutela de los fallos
judiciales, en estos casos el amparo procede solo cuando se reúnen estrictos requisitos
contemplados en la jurisprudencia. En efecto, en numerosos fallos y, en
especial, en la sentencia C-590 de 2005[7],
la Corte estableció las causales de orden general y especial que debe examinar
el juez constitucional para determinar si la acción de tutela procede como
mecanismo de protección frente a la decisión adoptada por otro juez.
3.1.
En primer lugar, ha dicho la Corte que la tutela procede únicamente cuando se
verifica la totalidad de los requisitos generales de procedencia que se
mencionan a continuación:
(i)
“Que la cuestión que se
discuta tenga una evidente relevancia constitucional; (…)
(ii)
Que se hayan agotado todos
los medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable;(…)
(iii)
Que se cumpla con el requisito
de la inmediatez;(…)
(iv)
Que, tratándose de una
irregularidad procesal, quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora. (…)
(v)
Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos vulnerados, y que hubiere alegado tal vulneración en el
proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible;(…)  y
(vi)
Que no se trate de sentencias
de tutela (…)”.
En
los eventos en los que la acción de tutela promovida contra un fallo judicial
ha superado este examen, puede el juez constitucional entrar a analizar si en
la decisión judicial se configura al menos uno de los requisitos especiales de
procedibilidad.
3.2.
Los requisitos especiales de procedibilidad constituyen los defectos en que
puede incurrir la sentencia que se impugna, y son el aspecto nuclear de los
cargos elevados contra la sentencia. La citada providencia C-590 de 2005
sintetizó de la siguiente forma las causales especiales de procedibilidad.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se
origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.[8]
c.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, en los casos
en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
f.  Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
g.  Desconocimiento del precedente, hipótesis
que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
h.  Violación directa de la Constitución.
Así
las cosas, la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales depende de la verificación de la configuración de todos
los requisitos generales y, al menos, de una causal específica de procedibilidad,
que conlleve a la violación de un derecho fundamental. De este modo se protegen
los elevados intereses constitucionales que se materializan en la ejecutoria de
las providencias judiciales, al tiempo que se garantiza el carácter supremo de la
Constitución y la vigencia de los derechos de los ciudadanos.
Por
resultar pertinente para el análisis del caso sometido a revisión de la Sala, se
hará una breve referencia al defecto procedimental en su modalidad por exceso
ritual manifiesto.
4.
Breve caracterización del defecto procedimental. Configuración del defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto. Relación entre el defecto
procedimental manifiesto y el defecto fáctico.
La
formulación del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto contra
providencias judiciales surgió con la finalidad de resolver la aparente tensión
entre dos principios constitucionales fundamentales, el derecho al debido
proceso y la prevalencia del derecho sustancial. En principio estos dos
mandatos se complementan y funcionan como garantías que están estrechamente
relacionadas, sin embargo, existen eventos en los cuales podría entenderse la
existencia de una subordinación de la justicia material respecto del
cumplimiento de ciertos procedimientos. Frente a esta aparente tensión, la
jurisprudencia de esta Corte ha señalado que la solución radica en el
entendimiento de las formalidades procedimentales como un medio para la
realización de los derechos sustantivos y no así como fines en sí mismos.[9]
4.1
En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha venido decantando la
caracterización del defecto procedimental para señalar que este se configura en
aquellas situaciones en las que el juzgador incurre en desconocimiento de
derechos fundamentales al negar el derecho sustancial[10], bien sea por no aplicar
la norma procesal que rige el procedimiento pertinente[11], o cuando excede la
aplicación de formalidades procesales que hacen imposible la realización
material de un derecho.[12]
En
primer lugar, la doctrina constitucional ha señalado que se produce un defecto
procedimental de carácter absoluto “cuando el funcionario judicial se aparta
del proceso legalmente establecido, bien sea porque sigue un proceso ajeno al
autorizado o porque omite una etapa sustancial a éste”.[13] La segunda forma de
estructuración de dicho defecto, corresponde a los eventos en los cuales el
juzgador utiliza o eleva el procedimiento en forma tal que “constituye un
obstáculo para la realización de un derecho sustancial”, con lo cual su actuación
deviene en una denegación de la justicia y del derecho al acceso a la
administración de la misma.[14]
4.2
Ahora bien, profundizando específicamente respecto a la fórmula del defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, este implica la afectación de los
derechos al acceso a la administración de justicia (artículo 229
constitucional) y a la primacía del derecho sustancial (artículo 228 superior),
en los eventos en los que los funcionarios judiciales, bajo el pretexto del
apego a las normas procedimentales, incumplen con las obligaciones de impartir
justicia, buscar que las sentencias se fundamenten en una verdad judicial,
garantizar la efectividad de los derechos constitucionales y evitar
pronunciamientos inhibitorios que obstaculicen la administración de justicia y
la efectividad de los derechos sustantivos.[15]
En
este sentido, esta Corte ha precisado que el exceso ritual manifiesto se presenta
cuando un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo
para la eficacia del derecho sustancial y, por esta vía sus actuaciones
devienen en una denegación de justicia[16],
causada por la aplicación de disposiciones procesales opuestas a la vigencia de
los derechos fundamentales[17],
por la exigencia irreflexiva del cumplimiento de requisitos formales[18] o por un
rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas.[19]
4.3
En el caso particular de las pruebas, respecto a su decreto, práctica o
valoración, la Corte ha afirmado que si bien los jueces gozan de libertad para
valorarlas dentro del marco de la sana crítica, no pueden desconocer la
justicia material por un exceso ritual probatorio que se oponga a la prevalencia
del derecho sustancial. En este sentido ha señalado que el sistema de libre
apreciación es proporcional, mientras no sacrifique derechos constitucionales
más importantes y que tiene operancia aun tratándose de actos sujetos a formas
sustanciales.[20]
En este aspecto, la Corte ha concluido que la correcta administración de
justicia supone “que en la aplicación del sistema probatorio de libre
apreciación no se incurra, (i) ni en exceso ritual manifiesto, (ii) ni en falta
de valoración de las pruebas desconociendo la obligación legal y constitucional
de apreciar en su conjunto, verbi gracia, (a) ignorando la existencia de
alguna, (b) omitiendo su valoración o (c) no dando por probado un hecho o
circunstancia que del material probatorio emerge clara y objetivamente. (2º)
Que en el desarrollo de la sana crítica el juez se sujete a los contenidos,
postulados y principios constitucionales de forzosa aplicación, por ejemplo, la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas”.[21]
De
esta manera, la Corte ha enfatizado que la procedencia de la tutela en los
casos de defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se presenta porque
el juez “no acata el mandato de dar prevalencia al derecho sustancial y se
configura en íntima relación con problemas de hecho y de derecho en la
apreciación de las pruebas (defecto fáctico)[22],
y con problemas sustanciales relacionados con la aplicación preferente de la
Constitución cuando los requisitos legales amenazan la vigencia de los derechos
constitucionales.”[23]
4.4
Vale la pena resaltar igualmente en relación con el tema probatorio, lo
señalado por la Corte respecto a los deberes de los jueces como directores del
proceso. En este asunto la jurisprudencia constitucional ha determinado que se
configura el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando existiendo
incertidumbre sobre unos determinados hechos que se estiman definitivos para la
decisión judicial y cuya ocurrencia se infiere razonablemente del acervo
probatorio, omite decretar, de forma oficiosa, las pruebas que podrían conducir
a su demostración. Lo anterior por cuanto, “pudiendo remover la barrera que
se presenta a la verdad real y, por ende, a la efectividad del derecho
sustancial, prefiere hacer caso omiso de las herramientas procesales a su
alcance, convirtiendo los procedimientos en un obstáculo al acceso a la
administración de justicia. En estos casos procede la tutela del derecho
constitucional al acceso a la administración de justicia, y la orden de reabrir
el debate probatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el respectivo código
adjetivo, para que el juez de la causa, con audiencia de las partes, ejerza sus
deberes inquisitivos.[24]
En
estos términos esta Corte ha concluido que se incurre en un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto por parte de un funcionario judicial
cuando: (i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la
realización efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia
conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos probados en el
caso concreto, (iii) por la aplicación en exceso rigurosa del derecho procesal,
(iv) pese a que dicha actuación devenga en el desconocimiento de derechos
fundamentales.[25]
4.7
En consecuencia, esta Corporación ha señalado que en aquellas circunstancias en
las que se alegue la configuración de tal defecto, para la procedencia de la
acción de tutela se deberá establecer la concurrencia de  los siguientes
elementos:
“(i) que no haya posibilidad de corregir la
irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de
la acción de tutela;
(ii) que el defecto procesal tenga una incidencia
directa en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de los derechos
fundamentales;
(iii) que la irregularidad haya sido alegada al
interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de
acuerdo con las circunstancias del caso específico; y
(iv) que como consecuencia de lo anterior se presente
una vulneración a los derechos fundamentales”.[26]
4.8.
Finalmente, debe precisarse que, como lo ha señalado la jurisprudencia
constitucional[27],
el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se presenta en íntima
relación con problemas de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas,
esto es, con la posibilidad de concurrencia de un defecto fáctico[28]. Adicionalmente,
también se relaciona con problemas sustanciales relacionados con la aplicación
preferente de la Constitución cuando los requisitos legales amenazan la vigencia
de los derechos constitucionales.[29]
En
este sentido, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la omisión en el
decreto oficioso de pruebas, puede concurrir en las dos categorías de
procedibilidad de la tutela contra providencia judicial (defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto y defecto fáctico), máxime si entre ellas, como lo
ha señalado esta Corporación, no existe un límite indivisible, pues tan solo
representan una metodología empleada por el juez constitucional para facilitar
el estudio de la alegación iusfundamental formulada en el escenario de la
acción de tutela contra providencias judiciales.[30] Ello no quiere decir que
no existe una clara distinción entre la ocurrencia de uno y otro de los
mencionados vicios señalados, pues como se precisó en precedencia, en
particular, el exceso ritual manifiesto deviene por la exigencia del
cumplimiento en exceso rigurosa del procedimiento, que hace nulo el cumplimiento
de la justicia material; por su parte el defecto fáctico se causa por la
arbitrariedad del juzgador al omitir o al valorar una prueba cuando a ello no
hay lugar.
En
consonancia con lo anterior, la Corte ha precisado que la omisión en el decreto
oficioso de pruebas -cuando a ello hay lugar- conduce a un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto en la medida que la autoridad
judicial, de una parte, pretermite una actuación procesal que se aviene
imprescindible para despejar puntos oscuros de la controversia; y de otra,
instrumentaliza las ritualidades propias de cada juicio de una forma contraria
al derecho al acceso a la administración de justicia.[31]
Vistos
los elementos pertinentes respecto a la procedencia de la tutela contra
providencia judicial y los elementos particulares del defecto procedimental con
énfasis en el exceso ritual manifiesto y el defecto fáctico en su dimensión negativa,
procede la Sala, por ser del interés del asunto en examen, a señalar algunos
elementos de juicio respecto a los deberes de los jueces en los procesos de
única instancia.
5.
Las facultades y deberes del juez laboral en procesos de única instancia. Función
judicial en perspectiva de protección de derechos fundamentales.
5.1 Esta Corte ha indicado que la actividad oficiosa
del juez ante las dudas que puedan presentarse en el proceso judicial responde
a las finalidades esenciales del Estado, en tanto garantiza la efectividad de
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, bajo la
consigna de que todos los derechos relacionados con el proceso judicial deben
ser leídos en función de la garantía eficaz de los derechos sustanciales.[32]
En tal medida, la Corte ha afirmado que el decreto
oficioso de pruebas  no es una atribución o facultad potestativa del juez sino
un verdadero deber legal. Así, el funcionario deberá decretar la pruebas de
manera oficiosa siempre que, a partir de los hechos narrados por las partes y
de los medios de prueba que estas pretendan hacer valer, surja en el
funcionario la necesidad de esclarecer espacios oscuros de la controversia;
cuando la ley le marque un claro derrotero a seguir; o cuando existan fundadas
razones para considerar que su inactividad puede apartar su decisión del
sendero de la justicia material.[33]
Por lo anterior, la Corte ha señalado que conforme al
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el juez tiene la facultad
(y el deber) de decretar pruebas de oficio. En este sentido el artículo 54 de
dicho estatuto señala que “(…) el Juez podrá ordenar a costa de una de las
partes, o de ambas, según a quién o a quiénes aproveche, la práctica de todas
aquellas que a su proceso sean indispensables para el completo esclarecimiento
de los hechos controvertidos”.[34]
5.2 De esta manera, en materia laboral y de la
seguridad social, en virtud de sus especiales connotaciones constitucionales y
legales, el juez debe utilizar sus facultades oficiosas para garantizar los
derechos sustantivos de las partes, lo que constituye no una simple potestad,
sino un deber constitucional y legal, y que se manifiesta entre otras cosas en
la posibilidad de ordenar pruebas para determinar aspectos que deban ser
aclarados.
En este sentido, tales mandatos son de imprescindible
observancia para todos los funcionarios judiciales, pero adquieren particular
relevancia en los procesos laborales y de la seguridad, por las especiales
condiciones con las que el ordenamiento jurídico los ha investido. En efecto, el
proceso laboral se distingue de otro tipo de procesos, no por las reglas
técnicas que rigen la actuación judicial, sino por el contenido de los derechos
sociales, que tienen como finalidad el cumplimiento de la igualdad material y
la realización de los postulados del Estado social de derecho.
Como se señaló con anterioridad, el decreto oficioso
de pruebas, no es una atribución o facultad potestativa del juez sino un
verdadero deber legal, el cual, en materia laboral y de la seguridad social, se
enmarca dentro de un sistema de procedimiento de tendencia inquisitiva[35] en el que la
búsqueda de la igualdad, la justicia material, y la verdad real son fines
esenciales del proceso.[36]
En consonancia con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha señalado
que el funcionario deberá decretar pruebas oficiosas siempre que, (i) surja
la necesidad de esclarecer espacios oscuros de la controversia; (ii) cuando
la ley le marque un claro derrotero a seguir; o (iii) cuando existan
fundadas razones para considerar que su inactividad puede apartar su decisión
del sendero de la justicia material. Estas prescripciones, señaladas en la
sentencia T-264 de 2009[37]
y reiteradas en múltiples pronunciamientos de esta Corte, hacen referencia a la
labor del juez en asuntos de la justicia civil, y que igualmente se han
considerado transversales a la jurisdicción contencioso administrativa
(sentencia T-591 de 2011[38]).
De manera que, para esta Sala, se puede sostener que si dichos postulados son
aplicables a tales esquemas procesales mixtos (civil y contencioso
administrativo), a fortiori, es más que válida su aplicación en el caso
de la justicia laboral y de la seguridad social, en la cual es evidente su marcada
tendencia al sistema inquisitivo de enjuiciamiento, y en la cual la exigencia
del cumplimiento de la igualdad material, la compensación de cargas, la
justicia y la verdad real son finalidades derivadas de la cláusula de Estado
social de derecho.
5.3 Respecto a esta tesis, la Sala encuentra que en
materia laboral y de la seguridad social el papel del juez como director del
proceso se torna mucho más amplio en sus facultades inquisitivas, en tanto el
ordenamiento jurídico dispone expresamente que en tales materias existe un
claro deber activo en favor de la búsqueda de la verdad real y la justicia.[39]
Lo anterior no quiere decir que el juez no puede
fallar o deba declarase inhibido si no logra establecer la verdad real, pues lo
que se plantea desde el plano constitucional y legal, es que arribar a esta es una
finalidad de la actividad jurisdiccional, especialmente en materia laboral y de
la seguridad social, lo que es posible y necesario a través del trabajo
diligente de la administración de justicia. En este sentido, como se afirmó en
la sentencia T-264 de 2009, lo que en realidad se busca es que la solución de
los conflictos propuestos ante las instancias jurisdiccionales, sea justa, a
través de la adopción de decisiones judiciales que se fundamenten en una
consideración de los hechos que pueda estimarse verdadera. Ante tales
presupuestos, las facultades otorgadas por el ordenamiento jurídico al juez
adquieren prístina razón de ser al desarrollar las prescripciones de búsqueda
de verdad y justicia en la labor jurisdiccional.
5.4 Debe considerarse además que, si bien las bases
del derecho procesal son las mismas para toda clase de procesos, las
diferencias radican en las especiales consideraciones constitucionales que
permean el derecho sustantivo del trabajo y de la seguridad social. Así por
ejemplo, son principios que caracterizan al procedimiento laboral y de la
seguridad social, la desigualdad compensatoria (en sus tres elementos el indubio
pro operario, la condición más beneficiosa y la norma más favorable), la
búsqueda de la verdad real y la indisponibilidad de derechos.[40]
Dentro de las especificidades del derecho laboral y de
la seguridad social el tema probatorio constituye una diferencia notable
respecto a los demás procedimientos. En este sentido, en la práctica de
pruebas, el juez laboral y de la seguridad social debe tener en cuenta la
desigualdad objetiva de las partes y tomar todas las medidas para lograr el
equilibrio necesario. Esta situación no constituye una parcialización del juez,
pues tal postura se deriva de los principios constitucionales y los mandatos
legales que regulan los ámbitos laboral y de la seguridad social.[41]
En esta misma línea, una diferencia notoria respecto a
otro tipo de procesos, radica en la postura marcada por parte del juez frente a
la búsqueda de la verdad real, esto en tanto el juez debe orientarse por los
fines del derecho laboral y de la seguridad social. En efecto, el juez debe
procurar activamente la realización de los deberes del Estado, en este sentido
el artículo 2° inciso 2 de la Constitución establece que “las autoridades de
la República están instituidas para  (…) asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares”. De lo cual se deriva que
el objetivo de la Constitución y en consecuencia del procedimiento laboral es
contribuir a la construcción de un orden social más equitativo.
Igualmente trascendentes resultan el principio de
primacía de la realidad y la búsqueda de la verdad real que se derivan de los mandatos
consagrados en el artículo 53 de la Constitución,[42] en virtud de los cuales el
juez no se restringe a la demostración nuda de los hechos que las partes
allegan al expediente sino que asume una posición activa respecto a la búsqueda
de la verdad. Adicionalmente, el artículo 95 numeral 7° de la Carta[43], vindica las
facultades del juez y exige a las partes en el proceso la colaboración necesaria
como presupuesto del deber de colaboración con la justicia. Este mandato
irradia consecuencias en materia procesal del trabajo y de la seguridad social,
toda vez que en virtud del deber de colaboración con la justicia, las partes
deben aportar las pruebas que tengan en su poder, sin olvidar además, el deber
del juez de utilizar las facultades que le provee el ordenamiento jurídico, como
director del proceso, para adoptar los medidas pertinentes con el fin de que el
material probatorio sea debidamente recaudado.
5.5 Ahora bien, específicamente respecto a las
facultades del juez laboral como director del proceso, el artículo 7º de la ley
1149 que reformó el artículo 48 del Código Procesal de Trabajo y la Seguridad
Social, estableció que “el juez asumirá la dirección del proceso adoptando
las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales
y el equilibrio entre las partes, la agilidad y rapidez en su trámite.”
Dicho mandato establece una concepción de la labor
jurisdiccional en materia laboral y de la seguridad social que se sustenta en
la protección de los derechos fundamentales. Dicho enfoque deriva del mismo
mandato constitucional que entrega la protección de los derechos fundamentales
a todos los jueces, la cual no corresponde únicamente al control constitucional
de tutela (art. 86 C.P.) sino a toda la labor judicial (arts. 2, 228, 229 y 230 C.P) en los diferentes procesos de los cuales los jueces son rectores.
En esta perspectiva el juez debe realizar una justa y
eficiente administración de la justicia con base en todo el ordenamiento
jurídico, con especial énfasis en los derechos fundamentales. Esto implica que
el juez, en el estudio de los casos concretos, debe efectuar el análisis de las
disposiciones constitucionales, de los convenios internacionales y de la
legislación interna, adoptando todas las medidas necesarias para amparar los
derechos de las personas. Tal interpretación de la labor del juez responde a la
visión integral en perspectiva de derechos fundamentales que la Constitución
estableció para la función judicial (artículo 86, 228, 229 y 230 de la
Constitución).
5.6 Como consecuencia lógica el juez debe adoptar todas
aquellas medidas necesarias durante las diferentes etapas del proceso con el
fin de evitar la vulneración de los derechos de las partes. En materia procesal
en particular, y articulado a los deberes del juez en el proceso, el principal
derecho fundamental que debe proteger el juez laboral y de la seguridad social
es el debido proceso. Para el amparo de dicho derecho, que se relaciona
íntimamente con los derechos de defensa y acceso a la administración de
justicia, el proceso y sus etapas se deben desarrollar dentro de los términos,
plazos y procedimientos establecidos en las normas correspondientes, para una
efectiva y real materialización de la justicia.[44]
Otra consecuencia importante es que en el ámbito probatorio
la labor del juez se torna más rigurosa, teniendo en cuenta que a la luz de los
anteriormente citados principios que rigen la actividad judicial, y con  miras
a lograr la verdad, debe adoptar las medidas tendientes a la efectiva
realización de la justicia. Así las cosas, en cada caso el juzgador deberá
valorar el grado de carga probatoria de cada una de las pruebas que se aportan
o deban aportar al proceso, que si bien están señaladas en la legislación
procesal civil, deben leerse a la luz de los fines del derecho laboral y de la
seguridad social.[45]
5.7 Finalmente, la Sala considera importante señalar
que, en virtud del papel de guardián de los derechos fundamentales[46] (dentro de
los cuales se incluyen el debido proceso, el derecho de defensa y al acceso a
la administración de justicia), en aquellos procesos que la legislación ha
determinado como de única instancia, la labor del juez se torna mucho más exigente,
y en consecuencia sus deberes son de observancia más estricta. Esto en tanto
dichos procesos limitan las oportunidades –respecto a otro tipo de proceso- con
las que cuentan las partes para discutir las decisiones del juez que conoce la
causa, lo que en todo caso no significa que no se cuenten con las condiciones
para asegurar el respeto al derecho de defensa, de contradicción y al acceso a
la administración de justicia que son transversales a todo procedimiento.[47]
En tales eventos, los deberes del juez en cuento a su
postura activa frente al proceso son mucho más rigurosos, en tanto debe
garantizar mediante todos los elementos a su disposición, la real satisfacción
de los derechos de las partes, ya sea requiriendo a estas para el cumplimiento
de las obligaciones que les corresponde, o bien por medio de las facultades
oficiosas que le brinda el ordenamiento jurídico.[48]
En el proceso laboral y de la seguridad social dicha
exigencia se traduce en que el juez debe velar por la realización efectiva de
la justicia, en pro de los derechos sustantivos del ciudadano. Por ende,
no es admisible una postura pasiva del juez frente aquellas situaciones en las
que debe adoptar las medidas pertinentes para lograr la justicia material, aún
más cuando dicha obligación está en sintonía con la función judicial en
perspectiva de protección de los derechos fundamentales de las partes, cuya
impronta es evidente en el ámbito del derecho laboral y de la seguridad social.
6. La ratificación de testimonios prevista en el
artículo 229 del código de procedimiento civil y su aplicación en asuntos
procesales del trabajo y la seguridad social.
6.1 La figura probatoria de la ratificación de
testimonios extra proceso regulada por el artículo 229 del Código de
Procedimiento Civil tiene como finalidad permitir que, a quien no favorece el testimonio
rendido en forma anticipada al proceso, tenga la oportunidad para controvertir
tal prueba.[49]
Adicionalmente, la ratificación permite que el juez que conoce de la causa
pueda apreciar directamente la prueba para tener certeza sobre los dichos del
testigo frente a los hechos relevantes del proceso. Sobre el tema, la Corte
Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral- ha señalado que su objeto es
propiciar al juez, en su papel de instructor del proceso y director del mismo, “el
conocimiento de la ciencia del dicho del testigo, quien debe exponerle tanto a
él como a las partes, las percepciones que espontáneamente está en condición de
recordar, así como absolver los interrogantes que el funcionario le formule
para conocer las circunstancias que sirvan para establecer su personalidad y la
verosimilitud de su versión, y los que los abogados le planteen para probar o
contraprobar las afirmaciones del proceso, en cuanto a las circunstancias
históricas de cómo ocurrieron los hechos materia de controversia (…). Lo
anterior por cuanto con dicha ratificación termina cumpliéndose así con los
principios de publicidad y contradicción que garantizan los derechos al debido
proceso judicial y a la defensa, contribuyendo en el fondo de la litis
en materia laboral a la búsqueda de la verdad real de los hechos.[50]
En punto al requisito de ratificación de los
testimonios extra juicio, la jurisprudencia, en particular de la Corte Suprema
de Justicia (Sala de Casación Laboral), ha señalado ciertas pautas a los jueces
para la valoración de dichas pruebas, así como las posibilidades de los jueces
frente a la exigencia de dicho requisito en materia probatoria. En particular
ha marcado los derroteros respecto a la posibilidad de valorar las
declaraciones extra proceso que no hubieren sido ratificadas, dándoles el
carácter de documentos declarativos de terceros, según lo establecido por el
artículo 277 del C.P.C.; a lo que ha adicionado la posibilidad de que los
jueces ordenen de oficio la ratificación de los testimonios cuando en virtud
del principio de sana crítica, lo considere necesario para su convicción y para
garantizar los derechos de la parte contradictoria en el juicio.
6.1 De una parte, la jurisprudencia de la Sala Laboral
de la Corte Suprema, ha aceptado la posibilidad de que las declaraciones
extrajuicio recibidas para fines no judiciales puedan evaluarse como documentos
declarativos de terceros, los cuales no requieren ratificación, salvo que la
parte contraria así lo solicite, según lo dispone el artículo 277 del C.P.C.. En
esta vía, la Corte Suprema ha señalado que “las declaraciones extrajuicio
recibidas para fines no judiciales, pueden tomarse ‘(…) como documentos
declarativos provenientes de terceros, para cuya valoración, según el artículo
277 del C. P. C. (Mod. Art. 27, Ley 794/2003), no necesitan ratificación, salvo
que la parte contraria lo solicite.’.” Lo anterior tiene justificación en
tanto “se acompasa con la política legislativa que en materia probatoria se
viene adoptando, en perspectiva de menguar el exceso de rigor formal que antaño
campeaba en los códigos de procedimiento.”[51]
Dicha postura ha sido reiterada en recientes pronunciamientos en los que la
Corte Suprema ha recabado que las mencionadas declaraciones no ratificadas “deben
tenerse como documentos declarativos provenientes de terceros.”[52]
6.2  Por otra parte, respecto a las declaraciones
extra juicio, que regula el artículo 229 del C.P.C., la máxima Corporación de
la jurisdicción ordinaria ha señalado que los jueces laborales y de la
seguridad social, en virtud de sus facultades como directores del proceso, tienen
la potestad de ordenar la ratificación que ordena aquella norma, con el fin de
valorar íntegramente la prueba y esclarecer los puntos que consideren
pertinentes. En este tema, pese a que la jurisprudencia de la Corte Suprema
inicialmente sostenía que las declaraciones extrajuicio debías ser ratificada
para ser valoradas dentro del proceso laboral, en recientes pronunciamientos,
ha venido señalando que el juez laboral puede acudir oficiosamente a ordenar la
mencionada ratificación.
Así por ejemplo, la postura inicial de la Corte
Suprema respecto a este tipo de prueba, señalaba que “no podía ser estimada,
por cuanto es claro que se trata de un testimonio que fue recibido por fuera
del proceso, de tal suerte que le resulta aplicable lo dispuesto en el artículo
229 del Código de Procedimiento Civil, en materia de ratificación (…).”[53] De manera
que para tomarse como válido, el testimonio extrajudicial, debía cumplir la
formalidad de la ratificación que ordena el mencionado artículo 229 de la ley
procesal civil. En idéntico sentido, en un pronunciamiento posterior señaló que
como pruebas de la dependencia económica en materia pensional, dichas pruebas “no
podían ser valoradas, por cuanto se trata de declaraciones que fueron rendidas
por fuera del proceso, razón por la cual, es necesario aplicar lo previsto en
el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, sobre la ratificación.”[54]
Sin embargo, en recientes fallos la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, ha señalado que la ratificación de los
testimonios por vía de las facultades oficiosas que le confiere el ordenamiento
jurídico al juez laboral y de la seguridad social, es un deber derivado de la
dirección del proceso que este ostenta. En este sentido, el máximo Tribunal de
la jurisdicción ordinaria al momento de estudiar un caso en el que se discutía
la validez de la ratificación de los testimonios que establece el artículo 229
del C.P.C. como prueba válida para determinar el tiempo de servicios y el
salario de un trabajador que solicitaba una pensión de jubilación, expresó que
el juez “conforme a sus facultades oficiosas que le confiere el artículo 83
del CPTSS, no solo podía, sino que era su obligación, como director del
proceso, procurar que la prueba surtiera todos sus efectos, decretando su ratificación
(…).”[55]
En este mismo fallo, la Corte suprema precisó que “(…)
si bien, para la ratificación del testimonio, el artículo 229 del CPC exige que
se repita el interrogatorio inicialmente practicado, ello no implica que se
haga en los mismos términos, sino que basta que verse sobre el mismo asunto (…).
En tal medida, el juez (…) cuenta con facultades amplias para hacer las
preguntas pertinentes que sean necesarias para aclarar el tema sobre el que
versa la prueba, sin que por ello pueda aducirse una invalidez.”[56]
De manera que la jurisprudencia autorizada en cuanto a
la ratificación de testimonios y su valoración dentro del proceso, determina que
frente a la ausencia de esta el juez bien puede: (i) darles el
tratamiento de documentos declarativos provenientes de terceros –artículo 277
del C.P.C.-; o bien, (ii) ordenar oficiosamente la ratificación que
establece el artículo 229 del C.P.C. al considerar que resulta necesario el
esclarecimiento de elementos de juicio en el proceso y para garantizar los
derechos de defensa y contradicción de la parte contraria, con lo cual se
constituyen en testimonios válidos dentro del proceso. Ambas medidas se
acompasan del respeto de los derechos y garantías de las partes. Su real
distanciamiento surge de las particularidades de cada caso concreto, en virtud
de las cuales el juez deberá determinar cuál es la medida idónea para valorar
la prueba, en el marco de la sana crítica.
Vistas
las consideraciones generales que constituyen el marco jurídico decisional del
asunto que se revisa, se procede al análisis del caso concreto.
III.
ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.
En el asunto que se examina la señora Soledad Botero de
Mejía considera que la providencia judicial del Juzgado Primero Municipal de pequeñas
causas laborales de Pereira, mediante la cual se le negó el incremento por
cónyuge a cargo respecto de la pensión de jubilación de su fallecido esposo,
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y la administración de
justicia, al incurrir en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
Lo anterior se sustenta en que a su parecer no se
valoraron las declaraciones extra proceso que aportó al plenario, pues la juez
consideró que las mismas carecían de validez al no cumplir con los requisitos de
ratificación del artículo 229 del C.P.C.. Adicionalmente, sostuvo que si las
declaraciones extra proceso que aportó debían ser ratificadas, el Juez debió
decretar de oficio dicha ritualidad en aras de la prevalencia del derecho
sustancial sobre el procesal.
A su turno, el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas
Causas Laborales de Pereira afirmó que las declaraciones extra juicio, de
conformidad con el numeral 2° del artículo 229 del C.P.C. deben ser ratificadas
en el proceso para ser valoradas, pues de esta manera se respeta el derecho al
debido proceso y a la defensa de la parte contraria y se cumple con los
principios constitucionales de publicidad y contradicción; adicionalmente sostuvo
que la ratificación permite al operador jurídico la observancia de la veracidad
del dicho del testigo, lo cual no sucede con meras declaraciones extra proceso.
Para resolver el presente asunto, con base en las reglas
decisionales señaladas en las consideraciones precedentes, la Sala procederá a efectuar
el análisis respecto a la concurrencia de los requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, para posteriormente establecer
si se configuró la causal específica de procedibilidad alegada por la
accionante.
7.
Constatación de los requisitos generales de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales.
7.1 La Relevancia
constitucional del asunto bajo examen.
Encuentra
la Corte, que la tutela se dirige contra una decisión judicial que la actora consideró
vulneratoria de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, al exigirle un procedimiento que el funcionario judicial
hubiere podido decretar oficiosamente y frente al cual no tiene otra instancia
para controvertir tal determinación. La decisión adoptada afecta directamente
la situación de la demandante como beneficiaria de una prestación social que es
esencial para su subsistencia. En tal sentido, el amparo solicitado se
relaciona directamente con principios fundamentales de la Constitución
(artículos 1, 53 y 86) y con la garantía de los artículos 29, 48 y 228 de la
misma. Así las cosas el asunto es de relevancia constitucional.
7.2 El agotamiento de los mecanismos ordinarios al alcance del actor.
Observa
la Sala que el proceso que se siguió es de única instancia y que dentro del
mismo la parte actora intentó agotar el recurso de reposición contra la decisión
que censura, dentro del proceso ordinario de la referencia, al considerar que
era el único disponible en atención al tipo de proceso. En efecto, como consta
en los hechos narrados en los antecedentes de esta providencia, una vez surtida
la decisión de la Juez 1º Municipal de pequeñas causas laborales de Pereira, la
apoderada judicial de la parte demandante intentó reponer la sentencia, siendo
denegado por improcedente por la funcionaria judicial quien adujo que contra
dicha decisión no procedía ningún recurso por tratarse de un fallo de única
instancia.
7.3 Satisfacción del requisito de inmediatez.
La
decisión que se censura data del 27 de julio de 2012, la tutela fue instaurada
dentro de un plazo razonable y oportuno, comoquiera que fue presentada el 29 de
agosto de 2012. Así las cosas el término en el que se presentó la acción de
tutela, poco más de un mes, es razonable, por lo cual se satisface el requisito
de inmediatez al no encontrar una afectación grave del principio de seguridad
jurídica en relación con las decisiones judiciales.
7.4 La incidencia
directa de una irregularidad procesal en la decisión impugnada.
La
acción de amparo del asunto que se revisa tiene como objeto cuestionar la
decisión del Juzgado 1º Municipal de pequeñas causas laborales de Pereira que
denegó las pretensiones de la demanda ordinaria laboral elevada por la
accionante con fundamento en el incumplimiento de requisitos procedimentales.
En el sub examine, la juez que conoció del proceso laboral sostuvo que la
ratificación de los testimonios extra juicio no cumplió con los requisitos
establecidos en el artículo 229 del C.P.C., por lo cual no era posible valorarlos
y en consecuencia no resultaba probada la dependencia económica respecto de su
difunto esposo con lo cual se negaba el incremento de la prestación social que
se solicitaba. La Sala evidencia de esta manera, que efectivamente la ausencia
de valoración de dichos testimonios con base en la exigencia del cumplimiento
de la ratificación (artículo 229 del C.P.C.), incidió directamente en la
decisión que se ataca, en tanto la juez con base en tal ritualidad, negó las
pretensiones de la demanda, y condenó en costas y agencias del derecho a la
parte demandada.
7.5 La identificación razonable de los hechos y derechos presuntamente
vulnerados, y su alegación  en el proceso judicial.
Los
antecedentes de la demanda dan cuenta de que la demandante señala como fuente
de la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la administración de
justicia, el pronunciamiento del juez ordinario sobre la imposibilidad de
probar la convivencia y la dependencia que ella alegaba respecto a su difunto
esposo. En consecuencia, a juicio de la accionante se incurrió en un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto pues la funcionario judicial bien
podía decretar oficiosamente la ratificación de los testimonios. Dentro del
proceso tal situación fue alegada y se intentó impugnar la determinación
adoptada, lo cual resultó infructuoso. Se encuentra igualmente satisfecho este
requisito.
7.6 No se trata  de una tutela contra tutela.
Como
se indicó, en este caso se impugna la decisión del Juzgado Primero Municipal de
pequeñas causas laborales de Pereira, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda ordinaria laboral al señor Sergio Mejía Mejía
difunto esposo de la hoy demandante.
La
Sala ha evidenciado la concurrencia de los presupuestos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial. En consecuencia, procederá
a establecer si se estructura la causal atinente al defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto que ha alegado la demandante, y así determinar si se
vulneraron sus derechos fundamentales.
8.
La exigencia de la ratificación de testimonios extra juicio constituye un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto en los eventos en los que el juez
puede decretar dicho requisito oficiosamente para garantizar la justicia
material en el proceso.
8.1
El proceso ordinario que culminó con la decisión judicial que se censura en el
asunto de la referencia fue iniciado por el señor Sergio Mejía Mejía, quien
solicitó ante la jurisdicción ordinaria laboral el reconocimiento del
incremento a su pensión por tener a su cónyuge a su cargo, petición que elevó
en virtud de lo establecido en el artículo 21 literal b del Acuerdo 049 de 1990.
Durante
el transcurso del proceso ordinario el señor Sergio Mejía Mejía falleció, lo
cual se informó al despacho judicial de conocimiento quien a petición de la
parte interesada continuó con el juicio según lo estipulado en el artículo 69
del C.P.C.. En consecuencia, se fijó fecha para la correspondiente audiencia única
obligatoria de conciliación, de decisión de excepciones previas, de
saneamiento, fijación de litigio y juzgamiento.
En
la audiencia celebrada el 27 de julio de 2012 ante el Juzgado Primero Municipal
de pequeñas causas laborales de Pereira, se aportaron al proceso como pruebas
para establecer la convivencia y dependencia económica de la esposa del señor
Mejía, la ahora demandante, Soledad Botero de Mejía, tres declaraciones extra
juicio.[57]
Al
momento de emitir sentencia la funcionaria judicial adujo que no era posible
constatar los dichos de la demanda, en tanto los testimonios extra juicio
aportados al proceso no cumplieron con las ritualidades establecidas en el
artículo 229 del C.P.C, esto es, no fueron debidamente ratificados. A criterio
de la juez, dicha actuación no es una mera formalidad, sino que garantiza el
respeto de los derechos al debido proceso de la parte contraria y permite al
funcionario judicial observar la verosimilitud de los dichos del testigo. Por
lo anterior decidió negar las pretensiones de la demanda laboral, y condenar en
costas y agencias en derecho a la parte demandante.
8.2
Ante la situación descrita, la Sala evidencia la ocurrencia de una falencia por
parte del juez ordinario al obviar las alternativas que le ofrecía el
ordenamiento jurídico, y que han sido delineadas por la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral-, para subsanar la falta de
ratificación de los testimonios extra juicio que el mismo funcionario adujo
como necesaria. Tal omisión del juez ordinario, constituye un defecto que
encuadra dentro de la categoría de la causal procedimental por exceso ritual
manifiesto, que como consecuencia conllevó la omisión en la valoración de las
pruebas aportadas por la parte demandante, con lo cual, se incurrió concomitantemente
en un defecto fáctico como a continuación se procede a explicar.
8.2.1
En primer lugar, la Sala quisiera precisar que comparte el criterio de la
funcionaria judicial en cuanto la ratificación de los testimonios extra juicio constituye
una formalidad relevante. Este requisito (la ratificación) tiene importancia en
tanto garantiza el respeto de los derechos al debido proceso y a la defensa de
la parte contraria en el proceso, la cual  no tiene la oportunidad de
controvertir tales pruebas en el marco del proceso ordinario. Empero, en
criterio de la Corte, este razonamiento no es obstáculo para que el juzgador
cumpla con las obligaciones y deberes que le impone el ordenamiento jurídico,
en particular la utilización de las facultades y medios que este le otorga para
lograr la justicia material y la eficacia de los derechos fundamentales,
especialmente, entratándose de asuntos propios de la justicia laboral y de la
seguridad social.
En
este sentido, la Corte no comparte los argumentos con los que la juez de la
causa sustentó la validez de la decisión judicial que censura la accionante en
razón a que con base en ellos, precisamente, incurre en defectos vulneratorios
de los derechos al debido proceso y la administración de justicia. De una
parte, si bien es cierto que el requisito de ratificación de los testimonios
extra juicio establecido en el artículo 229 del C.P.C. es una garantía del
derecho al debido proceso de la parte contraria en el proceso ordinario, el
cumplimiento de dicho requisito no debe ser obstáculo para que se logren los
fines de la justicia material, esto es resolver las controversias jurídicas de
fondo. En esta perspectiva, la exigencia de una formalidad no puede elevarse a
rango tal que su incumplimiento implique la negación de la justicia misma.
8.2.2
De otra parte, tampoco se encuentra coherencia entre la decisión adoptada por la
juez y las consideraciones que la sustentan, en particular, respecto a que la
ratificación de los testimonios extra juicio es necesaria para que dicha
funcionaria pueda comprobar la veracidad de los dichos de la parte en el
proceso. Este argumento resulta inadmisible y contradictorio, en tanto la
funcionaria desconoce abiertamente su deber constitucional derivado de su
función judicial de utilizar los mecanismos judiciales que le provee el
ordenamiento jurídico para lograr la justicia material propia del Estado social
de derecho. Así las cosas, resulta una inconsistencia pragmática[58],
que el juzgador evidencie la carencia de un elemento necesario para impartir
justicia y que no utilice las facultades oficiosas que le provee el
ordenamiento jurídico para subsanarla.
8.3
Adicionalmente, la funcionaria, al adoptar dicha postura, desconoce
abiertamente la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia –Sala de
Casación Laboral-. Los pronunciamientos del máximo Tribunal de la jurisdicción
ordinaria han señalado no solo la posibilidad de decretar la ratificación de
los testimonios que establece el artículo 229 del C.P.C., en virtud de las
facultades oficiosas que le provee el ordenamiento jurídico al juez laboral y
de la seguridad social como director del proceso, sino que adicionalmente, ha
establecido que ante la falta de la mencionada validación, se debe optar por
valorar tales pruebas como documentos emanados de terceros, según lo establecido
en el artículo 277 del C.P.C., precisando eso sí, que frente a tales documentos
igualmente procede la ratificación si la parte contraria lo solicita.[59]
8.4
Como se señaló en las consideraciones generales de este fallo, cuando del
ámbito laboral y de la seguridad social se trata, no opera el esquema de
justicia rogada aplicable a otros ámbitos jurisdiccionales, en tanto deben
cumplirse fines esenciales del Estado y de la justicia en particular, y porque tales
ámbitos de regulación están revestidos de principios constitucionales de
especial observancia. En este contexto, en virtud de las facultades otorgadas
por la ley y la obligación constitucional de los jueces de garantizar los
derechos de quienes acuden ante la justicia, la Juez 1° Municipal de pequeñas
causas laborales de Pereira debió decretar oficiosamente las pruebas o las
ordenes complementarias pertinentes que hubiere considerado necesarias para
resolver la controversia suscitada, si consideraba que debía garantizarle los
derechos de contradicción y defensa a la parte demandada en el proceso. Y en
todo caso, al no ordenar dicha ratificación, debió tomar en cuenta las
declaraciones aportadas por la parte demandante para valorarlas como documentos
contentivos de las manifestaciones de terceros aportadas al proceso, como lo ha
establecido la jurisprudencia de la Corte Suprema.
8.5
Al respecto, la Sala es consciente de la relevancia de la independencia en la
actividad judicial, en especial en temas relativos a la valoración probatoria,
no obstante, ello no es excusa para tomar decisiones superficiales ante la
evidencia de hechos que necesariamente versan sobre la garantía de derechos
sustanciales como el que en su momento reclamaba el señor Sergio Mejía Mejía, y
que posteriormente se transfirió a su esposa, la ahora accionante Soledad Botero
de Mejía, quien además es una persona mayor, de la tercera edad, que dependía
económicamente de su difunto esposo.
La
Sala resalta, igualmente, que considera acertado el planteamiento según el cual
para probar la dependencia económica de la esposa supérstite del señor Sergio
Mejía Mejía, resultaban pertinentes, conducentes y necesarios los testimonios
extra juicio aportados por la parte demandante. Sin embargo, tales pruebas debían
valorarse no solo bajo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la
ley, sino también con observancia de las pautas establecidas por la
jurisprudencia autorizada que ha estudiado la materia. Esto, pues con la
exigencia de la validación de los testimonios, además de respetar el debido
proceso de la parte contradictora, el juez de conocimiento ante la barrera que
el requisito de ratificación constituía para la justicia material, tenía la
obligación de subsanarlo ordenando oficiosamente el cumplimiento de la exigencia
que extrañaba, o bien otorgándoles el valor de documentos con declaraciones de
terceros que ha establecido la jurisprudencia. De manera que, ante la pasividad
del funcionario judicial, este incurre no solo en una vulneración derivada de
una exigencia irrazonable y desproporcionada, sino también en una omisión en la
valoración de la prueba que incide directamente en la adjudicación del derecho
que reclamaba la accionante.
8.6
En este punto, la Sala considera importante recabar que en los eventos en los
cuales el ciudadano cuenta con menores recursos y medios para discutir una
decisión judicial, crece de forma inversamente proporcional la obligación de la
autoridad judicial de utilizar todos los medios a su alcance para salvaguardar
los derechos de aquel, con miras a proteger sus derechos fundamentales y a
otorgar una administración de justicia eficiente y de calidad. Lo anterior
tiene asidero en las obligaciones constitucionales y legales de los jueces como
protectores de los derechos fundamentales de los ciudadanos, y en la función de
administración de justicia que les corresponde, la cual, en materia laboral y
de la seguridad social, les impone los deberes de búsqueda de la verdad real,
realización de la justicia material y eficacia de los derechos sustantivos. De
esta manera, en el sub examine, al tratarse de un proceso de única
instancia en el que la parte demandante no tenía mayores recursos, en especial el
de apelación para acceder a una segunda instancia, la funcionaria judicial
debió adoptar una posición activa como garante de los derechos fundamentales de
las partes y en procura de la consecución de la justicia material y la verdad
real, razón por la cual, resulta censurable su pasividad respecto al uso de las
potestades que le profiere el ordenamiento legal como directora del proceso.
8.7
En este punto, la Sala encuentra que la exigencia del cumplimiento de la
ratificación instituida en el artículo 229 del C.P.C. como fundamento que
conllevó a negar la prosperidad de las pretensiones de la demanda ordinaria en
el sub examine, no solo constituye una elevación excesiva de un
formalismo procesal, sino que hace nugatorio el derecho del actor al acceso y a
una eficaz decisión judicial, con el agravante de tratarse de un evento en el
que la demandante no puede acudir a una segunda instancia por tratarse de un
proceso de única instancia. Ante tal escenario, (i) se configura un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al elevar el rigorismo
procedimental a un punto tal que hace nugatorio el cumplimiento de la justicia
en general, y de los derechos sustanciales de la parte demandante en particular;
y (ii) adicionalmente, la decisión adoptada, viciada por el defecto
antes alegado, conllevó a la omisión en la valoración de las pruebas que debían
tenerse en cuenta para la decisión de fondo, con lo cual, consecuentemente se
incurrió en un defecto fáctico al pretermitir la evaluación de elementos de
juicio fundamentales para el proceso (dimensión negativa del defecto fáctico).
8.8
En síntesis, esta Sala estima que en el asunto que se revisa la juez del
proceso ordinario incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, y en consecuencia en un defecto factico (en su dimensión negativa),
en tanto la funcionaria desechó la valoración de las declaraciones extra juicio
aportadas al proceso, en razón a que impuso la carga a la parte demandante
dentro del proceso ordinario de única instancia, de ratificar los testimonios
establecida en el artículo 229 del C.P.C.. El vicio señalado se estructura
debido a que tal obligación probatoria debía ser subsanada por el juzgador en
virtud de los deberes que le impone la función judicial. Lo anterior pues de
una parte, el juez está obligado a salvaguardar los derechos fundamentales de
las partes; y de otra, porque constituye su deber buscar la justicia material utilizando
todos los recursos que le provee el ordenamiento jurídico, máxime en aquellos
eventos en los que los ciudadanos cuentan con escasos recursos para amparar sus
derechos.
8.9
Así las cosas, la Sala evidencia que respecto a la ocurrencia del defecto
deprecado (procedimental por exceso ritual manifiesto) se cumplieron los
requisitos que configuran al mismo, esto es:
(i) No hubo
la posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía pues el actor intentó
agotar el único recurso con el que consideraba que estaba a su alcance, razón
por la cual acudió subsidiariamente a la acción de tutela;
(ii) El
defecto procesal tuvo una incidencia directa en el fallo acusado en tanto la
exigencia del requisito de ratificación previsto en el artículo 229 del C.P.C. vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia;
(iii) La
irregularidad fue alegada dentro del proceso ordinario laboral, utilizando los
recursos ordinarios con los que contaba a su alcance; y
(iv) Como
consecuencia de todo lo anterior se le vulneraron los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
En
otros términos, la decisión adoptada por la funcionaria judicial no tiene
presente que el derecho procesal es un medio para la realización efectiva de
los derechos sustantivos de los ciudadanos; su actuar constituye una renuncia
consciente a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos probados en el caso
concreto; exige un requisito formal cuya aplicación es en exceso rigurosa del
derecho procesal; y deviene en el desconocimiento de derechos fundamentales.
Por
las anteriores consideraciones esta Sala encuentra que se configura el defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto invocado por la demandante, y en
consecuencia procederá a dejar sin efectos la decisión judicial censurada y a
ordenar la emisión de una nueva, la cual deberá subsanar los yerros señalados
en este fallo. Por las anteriores razones,
la Sala adopta la siguiente
IV. DECISIÓN
La
Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- LEVANTAR la
suspensión de términos ordenada en este proceso.
Segundo.-
Revocar, los fallos del dieciocho (18) de
octubre de dos mil doce (2012) proferido por el Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Pereira-Sala Laboral en segunda instancia, y que confirmó la
decisión del Juzgado Primero Laboral del Circuito Judicial de Pereira del diez
(10) de septiembre de dos mil doce (2012), que negó la tutela instaurada por la
señora Soledad Botero de Mejía contra la providencia del 27 de julio de 2012
proferida por el Juzgado Primero (1°) Municipal de Pequeñas Causas Laborales de
Pereira, y en su lugar amparar los
derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la
demandante.
Tercero.- Dejar sin efectos las decisiones proferidas en
la audiencia celebrada el día 27 de julio de 2012, por el Juzgado Primero (1°)
Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Pereira, mediante el cual se emitió
fallo en contra de las pretensiones de la demanda en el proceso ordinaria
laboral de única instancia 2011-01106 iniciado por el señor Sergio Mejía Mejía,
y continuado por la señora Soledad Botero de Mejía en contra del Instituto de
Seguros Sociales – ISS (hoy Colpensiones).
Cuarto.-
Ordenar, al Juzgado Primero (1°)
Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Pereira que en un término no superior
a los quince (15) días a la notificación de esta sentencia, deberá realizar una
nueva audiencia dentro de la cual ordenará la ratificación de los testimonios
extra juicio del señor Mario Giraldo Gómez, y las señoras Claudia Patricia
Giraldo Ríos, y Carmen Amanda Marín Arias, según lo establecido en el artículo
229 del Código de Procedimiento Civil y las demás normas pertinentes, aportados
por la parte demandante al proceso ordinario de la referencia; y en
consecuencia deberá emitir sentencia de fondo según los hechos, la valoración
probatoria y los fundamentos jurídicos de juicio pertinentes para el proceso.
Quinto.-
Dese cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrado
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Consistente en: “Artículo 6º: (…) b) Haber cotizado
para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150) semanas
dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez.”
[2] “Artículo 10º: (…) La pensión de invalidez se
convertirá en pensión de vejez a partir del cumplimiento de la edad mínima
fijada para adquirir este derecho.” Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el
Decreto 758 de 1990.
[3] “Artículo 21: Las pensiones mensuales de invalidez y de
vejez se incrementarán así:
(…) b) En un catorce por
ciento (14%) sobre la pensión mínima legal, por el cónyuge o compañero o
compañera del beneficiario que dependa económicamente de éste y no disfrute de
una pensión.”
[4] “Artículo 69. Terminación del poder. Con la presentación en la
secretaría del despacho donde curse el asunto, del escrito que revoque el poder
o designe nuevo apoderado o sustituto, termina aquél o la sustitución, salvo
cuando el poder fuere para recursos o gestiones determinados dentro del
proceso.
El
apoderado principal o el sustituto a quien se le haya revocado el poder, sea
que esté en curso el proceso o se adelante alguna actuación posterior a su
terminación, podrá pedir al juez, dentro de los treinta días siguientes a la
notificación del auto que admite dicha revocación, el cual no tendrá recursos,
que se regulen los honorarios mediante incidente que se tramitará con
independencia del proceso o de la actuación posterior. El monto de la
regulación no podrá exceder del valor de los honorarios pactados.
Igual
derecho tiene el heredero o el cónyuge sobreviviente de quien fallezca
ejerciendo mandato judicial.
La
renuncia no pone término al poder ni a la sustitución, sino cinco días después
de notificarse por estado el auto que la admita, y se haga saber al poderdante
o sustituidor por telegrama dirigido a la dirección denunciada para recibir
notificaciones personales, cuando para este lugar exista el servicio, y en su
defecto como lo disponen los numerales 1º y 2º del artículo 320.
La
muerte del mandante, o la extinción de las personas jurídicas no pone fin al
mandato judicial, si ya se ha presentado la demanda, pero el poder podrá ser
revocado por los herederos o sucesores.
Tampoco
termina el poder por la cesación de las funciones de quien lo confirió como
representante de una persona natural o jurídica, mientras no sea revocado por
quien corresponda.”
[5] Declaraciones rendidas ante el Notario Segundo de Chinchiná
(Caldas) del señor Mario Giraldo Gómez, y las señoras Claudia Patricia Giraldo
Ríos, y Carmen Amanda Marín Arias, obrantes a folios 18 a 20 del cuaderno principal del expediente del proceso ordinario.
[6] Grabación Magnetofónica de la Audiencia obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento, fijación
del litigio y juzgamiento, dentro del proceso radicado
66001-41-05-001-2011-01106, allegada por el Juzgado Primero Municipal de
pequeñas causas laborales de Pereira, folio 76 del Cuaderno Principal del
proceso ordinario. Revisado del archivo 66001-41-05-001-2011-01106 en los
rangos de tiempo del minuto 01:07: 57 a 01:13:00.
[7] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[8] Es importante precisar que la jurisprudencia
constitucional, adicionalmente, ha desarrollado una segunda modalidad del
defecto procedimental denominada “por exceso ritual manifiesto”, que ha
pesar de no estar incluida en el conjunto de los tipos establecidos en la
sentencia C-590 de 2005, hace parte integral de la doctrina de la tutela contra
providencia judicial que ha desarrollado la Corte. Esta forma de estructuración de aquel vicio de las providencias judiciales, el cual se
explicará particularmente en el apartado número 4 de los fundamentos de esta
providencia, ha sido desarrollado por las sentencias T-1306 de 2001 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-974 de 2003 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-973 de 2004 M.P. Jaime Araujo Rentería, T-264 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-599 de 2009 M.P. Juan Carlos Henao Pérez, entre otras.
[9] Sentencia T-264 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[10] Cfr. sentencias T-268 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-301 de 2010 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y T-893 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[11] Cfr. sentencias T-389 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-1267 de 2008 M.P. Mauricio González Cuervo y T-386 de 2010 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[12] Cfr. sentencias T-264 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-267 de 2011 M.P. Mauricio González Cuervo, T-327 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-591 de 2011 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva y T-213 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[13] Al respecto ver entre otras las sentencias SU-159 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-996 de 2003 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[14] Cfr. Sentencia T-264 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-599 de 2009 M.P. Juan Carlos Henao Pérez, T-591 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[15] Al respecto consultar la sentencia T-264 (M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva) en la que se realiza un recuento jurisprudencial del desarrollo
del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. Adicionalmente se
pueden consultar las sentencias T-1306 de 2001 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-590 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, T-973 de 2004 M.P. Jaime Araujo Rentería, T-289 de 2005 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-1091 de 2008 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-599 de 2009 M.P. Juan Carlos Henao Pérez, T-268 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-386 de 2010 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, T-531 de 2010 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-637 de 2010 M.P. Juan Carlos Henao Pérez, T-769 de 2010 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-972 de 2010 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-1004
de 2010 M.P. Juan Carlos Henao Pérez, T-267 de 2011 M.P. Mauricio González Cuervo, T-327 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-429 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-781 de 2011 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-892 de 2011 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, T-893 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-950 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-158 de 2012 M.P. Nilson Pinilla Pinilla y T-213 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[16] Así por ejemplo, en uno de los primeros pronunciamientos respecto
al exceso ritual manifiesto, en la sentencia T-1306 de 2001 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, esta Corte analizó el caso de un ciudadano que, una vez
agotados los recursos ordinarios, acudió a la Corte Suprema de Justicia mediante el recurso extraordinario de casación. En el asunto, esta
Alta Corporación evidenció que el demandante efectivamente tenía el derecho a
su pensión de vejez, sin embargo decidió no casar la sentencia de segunda
instancia que le había negado el reconocimiento de la misma, debido a que
incurrió en errores técnicos al presentar la demanda de casación. En dicha
oportunidad la Corte Constitucional señaló que si bien los requisitos formales
y técnicos del recurso extraordinario de casación son constitucionalmente
legítimos, no encontraba admisible que la Corte Suprema de Justicia, tras constatar que el peticionario cumplía con los requisitos para
acceder a un derecho constitucional, finalmente decidiera no casar la sentencia
impugnada porque no cumplió con los requisitos de forma.
[17] Cfr. sentencias T-1091 de 2008 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-386 de 2010 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, T-429 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-893 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[18] Cfr. sentencias T-892 de 2011 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[19] Cfr. sentencias T-599 de 2009 M.P. Juan Carlos Henao Pérez, T-268 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-386 de 2010 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, T-531 de 2010 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-950 de 2010 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, T-327 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[20] En la sentencia T-973 de 2004 M.P. Jaime Araujo Rentería la Corte estudió el caso de un proceso civil de responsabilidad extracontractual entre
sociedades comerciales, en el que el juez decretó la perención del proceso por
la inasistencia del suplente del representante legal de una de las entidades
parte, pese a que la parte afectada intentó demostrar que aquél había sido
removido del cargo, hacía más de dos años antes de la fecha programada para la
celebración de la audiencia. En el caso el juez no consideraba la prueba
idónea, porque la decisión resultaba inoponible hasta su inscripción en el
registro mercantil. La Corte, tras reiterar la ratio decidendi de la
sentencia T-1306 de 2001 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, señaló que, si bien
los jueces gozan de libertad para valorar las pruebas dentro del marco de la
sana crítica, “no pueden desconocer la justicia material por un exceso
ritual probatorio que se oponga a la prevalencia del derecho sustancial; que el
sistema de libre apreciación es proporcional, mientras no sacrifique derechos
constitucionales más importantes, y que “tiene operancia” aun tratándose de
actos sujetos a formas sustanciales (…).”
[21] Ídem.
[22] Sobre la relación entre defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto y el defecto fáctico, remitirse a la consideración 4.8 de
este apartado.
[23] Sentencia T-264 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[24] Al respecto ver entre otras la sentencia T-591 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[25] Sentencias sentencia T-1091 de M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa y T-429
de 2011 M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[26] Sentencia T-264
de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En igual
sentido consultar las sentencias SU-159 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, C-590 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño y T-737 de 2007 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[27] Ibid. T-264 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[28] En la sentencia SU-817 de 2010 M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto la Corte precisó que el defecto fáctico se configura, “cuando
la valoración probatoria realizada por el juez ordinario es arbitraria y
abusiva o constituye un ostensible desconocimiento del debido proceso, esto es,
cuando el funcionario judicial (i) deja de valorar una prueba aportada o
practicada en debida forma y que es determinante para la resolución del caso,
(ii) excluye sin razones justificadas una prueba de la misma relevancia o (iii)
valora un elemento probatorio al margen de los cauces racionales”. En esos
casos, corresponde al juez constitucional evaluar si en el marco de la sana
crítica, la autoridad judicial desconoció la realidad probatoria del proceso,
lo que se traduce en que se debe emitir un juicio de evidencia en procura de
determinar si el juez ordinario incurrió en un error indiscutible en el decreto
o en la apreciación de la prueba. En la sentencia SU-447 de 2011 M.P. Mauricio González
Cuervo, la Corte precisó que el defecto fáctico se estructura en dos
dimensiones: (i) una negativa, que se presenta “cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su
valoración y sin razón valedera da por probado el hecho o la circunstancia que
de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión comprende las
omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la
veracidad de los hechos analizados por el juez”; y, (ii) una positiva, que
se configura “cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de
lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar
porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la Constitución”. Concretamente respecto al defecto
fáctico por dimensión negativa, se han identificado tres escenarios de
ocurrencia (sentencias T-737 de 2007 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-654 de 2009 M.P. María Victoria Calle Correa y T-386 de 2010 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, entre otras): el
primero, por ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria
determinante en el desenlace del proceso; el segundo, por decidir sin el apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión; y, el tercero, por no decretar pruebas de oficio en los
procedimientos en que el juez esté legal y constitucionalmente obligado a
hacerlo.
[29] Cfr. Sentencia T-264 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-591 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[30] Sentencia T-591 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[31] Sentencia T-591 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Igualmente consultar las sentencias T-599 de 2009 M.P. Juan Carlos Henao Pérez, T-386 de 2010 M.P. Nilson Pinilla Pinilla y T-327 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[32] Sentencia T-654 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa en la cual la Corte señaló que si bien puede suceder que el deber del juez de
decretar pruebas de oficio no está enunciado puntualmente y en abstracto en la Constitución o en la ley, en determinados casos concretos es posible advertir que la Constitución obliga al juez a decretar esas pruebas de oficio, lo anterior pues, “la
fuente específica de ese deber sería, entonces, la fuerza normativa de los
derechos fundamentales, que en ocasiones demandan una participación activa del
juez en su defensa y protección efectiva.”
[33] Sentencia T-264 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Regla igualmente seguida en las sentencias T-893 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y T-213 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[34] Ídem. Sentencias T-893 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[35] Respecto a la tendencia inquisitiva en el proceso laboral,
se pueden consultar la sentencia C-1270 de 2000 M.P. Antonio Barrera Carbonell, en el cual la Corte señaló que “(…) es así, como se establece
en el Código Procesal del Trabajo reglas singulares para el trámite de los
diferentes procesos, tanto ordinarios de único o primera instancia, como
especiales, y una serie de principios que le dan una fisonomía particular a
dichos procesos, como son los de: concentración de pruebas, inmediación (art.
25 y 31), oralidad (art. 39), publicidad (art. 44), inquisitivo (art. 30 y
489, lealtad procesal (art´. 49), y libre apreciación de pruebas (art. 61).”
Adicionalmente se puede consultar la sentencia T-958 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, en el que la Corte señaló que entratándose del régimen legal
del procedimiento laboral “(…) derivado del principio inquisitivo, la
autoridad judicial está facultada para decretar y practicarlas pruebas que
considere indispensables para lograr un convencimiento sobre los hechos objeto
de controversia que se han puesto a su consideración, las cuales debe aprecias
de conformidad con las reglas de la sana crítica.”
[36] Así por ejemplo en la sentencia T-264 de 2009 (M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva) se advirtió que existen dos controversias actuales en el campo de
la teoría del proceso, a saber: (i) la posibilidad -teórica o práctica- de
alcanzar la verdad en el ámbito del proceso judicial; y, (ii) la relevancia o
necesidad de la prueba en el marco de los fines del proceso. Frente a la
primera, se dijo que en el proceso si es posible acceder a una verdad relativa
sobre los hechos, mediante la obtención por parte del juez de la mayor cantidad
de información jurídicamente relevante para la resolución del caso sometido a
su estudio, la cual posteriormente debe evaluar racionalmente y de forma
rigurosa en pos de comprobar la veracidad de hechos pasados. De esa forma, “la
verdad así construida, como se ha expresado, es de tipo relativo, contextual, y
limitada legal y fácticamente, pero cualquier decisión judicial debe partir de
las conclusiones obtenidas en ese proceso de análisis si no se quiere que la
sentencia sea absurda o inicua”. De otra parte, respecto de la segunda
controversia, ésta tiene su cimiente en la ideología con la que se concibe el
proceso civil, es decir, si mantiene su carácter estrictamente dispositivo o,
si dando alcance a las facultades oficiosas del juez, el carácter inquisitivo
es determinante para obtener la verdad de los hechos. Igualmente la sentencia
mencionada señaló que: “La primera tendencia concibe al proceso
exclusivamente como un mecanismo para la resolución pronta y definitiva de los
conflictos sociales mediante la composición de los intereses en pugna, en tanto
que la segunda lo concibe como una instancia destinada a lograr la vigencia y
efectividad del derecho material. La verdad, desde el primer punto de vista no
resulta relevante e, incluso, puede convertirse en un obstáculo para la
composición de conflictos dentro de términos temporales estrictos, pues supone
(i) el alejamiento de posiciones intermedias que permitan soluciones sencillas
y prácticas, o que lleven a un acuerdo para la terminación del proceso basado
más en la conveniencia que en la verdad, y (ii) implica un desgaste de
recursos, lo que disminuye la eficacia y eficiencia del proceso. Desde el
segundo punto de vista, en cambio, se considera que una decisión solo es justa
si se basa en un soporte fáctico que pueda considerarse verdadero. En este
sentido, la verdad es un fin del proceso, y la solución de conflictos solo se
considera adecuada si se lleva a cabo mediante decisiones justas, basadas en un
fundamento fáctico confiable y veraz”.
[37] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[38] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[39] Así por ejemplo, la jurisprudencia ya había advertido (T-264 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) que el ordenamiento colombiano no es indiferente a la verdad
desde un punto de vista ideológico, como lo demuestra el valor dado a la prueba
como elemento del debido proceso constitucional, el mandato de dar prevalencia
al derecho sustancial en las actuaciones judiciales, y la obligación de los
funcionarios de evitar fallos inhibitorios que erosionan el derecho al acceso a
la administración de justicia (T-134 de 2004), removiendo los obstáculos que le
impidan llegar a una decisión de mérito.
[40] Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, “Dirección Judicial del
Proceso”, Consejo Superior de la Judicatura, 2011, P. 230.
[41] En un sentido similar en la sentencia T-264 de 2009 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva) se advirtió respecto a la objeción de la posible
parcialización del juez al usar las facultades oficiosas en el decreto de
pruebas, que “desde el punto de vista de la Constitución Política, la facultad de decretar pruebas de oficio implica un compromiso del
juez con la verdad, ergo con el derecho sustancial, y no con las partes del
proceso.”
[42] “Artículo 53: El Congreso expedirá el Estatuto del trabajo. La
ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios
mínimos fundamentales:
Igualdad
de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales;
facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles;
situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales del derecho; primacía de la realidad
sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales;
garantía a la seguridad social, la capacitación , el adiestramiento y el descanso
necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.
El
Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las
pensiones legales.
Los
convenios internacionales del trabajo debidamente ratificado hacer parte de la
legislación interna.
La
ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.”
[43] “Artículo 95: (…) 7. La calidad de colombiano enaltece a todos
los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla
y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta
Constitución implica responsabilidades.
Toda
persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano:
(…)
7º
Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia;(…)”
[44] Así por ejemplo, respecto a las implicaciones del derecho al
debido proceso y el derecho a la administración de justicia en el núcleo
esencial de aquel, en la sentencia C-227 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva la Corte señaló que este es considerado: “(…) como un derecho
de contenido múltiple o complejo, cuyo marco jurídico de aplicación compromete,
en un orden lógico: (…) (iii) el derecho a que existan procedimientos
adecuados, idóneos y efectivos para la definición de las pretensiones y
excepciones debatidas; (iv) el derecho a que los procesos se desarrollen en un
término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las
garantías propias del debido proceso, y, entre otros, (v) el derecho a que
subsistan en el orden jurídico una gama amplia y suficiente de mecanismos
judiciales -acciones y recursos- para la efectiva resolución de los conflictos.”
Respecto al derecho al debido proceso y su núcleo esencial consultar entre
otras las sentencias T-006 de 1992 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz,  C-059 de 1993 M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-538 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, C-037 de 1996 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, C-215 de 1999 M.P. Martha Victoria Sáchica de Moncaleano, C-1195 de
2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra, C-662 de 2004 M.P. Rodrigo Uprimny Yepes, C-115 de 2004 M. Rodrigo Escobar Gil y C-731 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto,
[45] Respecto a las especificidades del procedimiento laboral
colombiano, la Corte en la sentencia T-389 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, señaló que este “se rige por los principios de oralidad y
publicidad, de conformidad con lo estipulado por el artículo 42 del Código de
Procedimiento Laboral. De igual manera, está regido por el principio del
impulso procesal de oficio (C. de P.L. Art. 48) que faculta al juez para
adelantar oficiosamente el proceso y, así, garantizar su rápido
adelantamiento, sin perjuicio del derecho de defensa de las partes, por lo cual
debe sujetarse estrictamente a las etapas señaladas en la ley. Además, la
autoridad judicial debe acudir a las reglas de la sana crítica para valorar el
material probatorio con que cuenta, pues dentro del ordenamiento jurídico
colombiano éste no se encuentra sujeto a la tarifa legal de pruebas, sino que
puede apreciarlas libremente y, a fin de lograr el convencimiento de los
hechos a  partir de las mismas, está facultado para decretar pruebas de oficio
y rechazar aquellas que encuentre inconducentes.”
[46] En esta perspectiva vale la pena recordar que desde la Sentencia T-406 de 1992, esta Corte ha sostenido que la función judicial a partir de la Carta de 1991 la “relación entre derechos fundamentales y jueces significa un cambio
fundamental en relación con la Constitución anterior; dicho cambio puede ser
definido como una nueva estrategia encaminada al logro de la eficacia de los
derechos, que consiste en otorgarle de manera prioritaria al juez, y no ya a la
administración o al legislador, la responsabilidad de la eficacia de los
derechos fundamentales.”
[47] En la sentencia C-863 de 2008 (M.P. Mauricio González Cuervo) la Corte tuvo la oportunidad para analizar la constitucionalidad del artículo 239 numeral 9° del
Decreto 2282 de 1989 que establecía que los asuntos relacionados con derechos
de autor se tramitarían mediante procesos de única instancia. En dicha
oportunidad esta Corporación señaló respecto a ese tipo de proceso que “un
proceso de única instancia no viola el debido proceso, si, a pesar de la
eliminación de la posibilidad de impugnar la sentencia, las partes cuenten con
una regulación que les asegure los derechos de defensa, de contradicción y de
acceso a la administración de justicia”. En igual sentido consultar las
sentencias C- 040 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett C-095 de 2003 M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-900 de 2003 M.P. Jaime Araújo Rentería; C-103 de 2005 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-1005 de 2005 M.P. Álvaro Tafur Galvis y C-718 de 2012 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[48] En la sentencia T-654 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa, esta Corte señaló que: “(…) debe recordarse que entre los fines esenciales del
Estado están los de “garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución” y de “asegurar (…) la vigencia de un
orden justo” (art. 2°, C.P.). Si esas son finalidades esenciales del Estado,
todos los derechos relacionados con el proceso judicial deben ser leídos en
función de la garantía eficaz de los derechos sustanciales, porque de lo contrario
esas aspiraciones serían letra muerta a pesar de que, según la Carta, son esenciales. Ese entendimiento es concordante con el artículo 229 de la Carta, que a la letra dispone que en las actuaciones de la justicia “prevalecerá el derecho
sustancial”.
[49] Parra Quijano, Jairo, Manual de Derecho Probatorio, Ed. Librería
Ediciones del Profesional Ltda. 2009.
[50] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia
del 10 de junio de 2008, radicado 32166.
[51] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia
del 2 de marzo de 2007, radicado 27593. Igualmente reiterada en la sentencia de
6 de marzo de 2012, M.P. Camilo Tarquino Gallego, radicado 43422.
[52] Ibid.
[53] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia
del 10 de junio de 2008, radicado 32166.
[54] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia
del 4 de agosto de 2009, M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez, radicado 32676.
[55] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
sentencia del 2 de octubre de 2012, Radicación N° 45135, M.P. Rigoberto Echeverry Bueno.
[56] Ibid.
[57] Declaraciones rendidas ante el Notario Segundo de
Chinchiná (Caldas) del señor Mario Giraldo Gómez, y las señoras Claudia
Patricia Giraldo Ríos, y Carmen Amanda Marín Arias, obrantes a folios 18 a 20 del cuaderno principal del expediente del proceso ordinario.
[58] Según Carlos S. Nino, un argumento basado en una “inconsistencia
pragmática” alude a una contradicción lógica entre enunciados que presenta
repercusiones a nivel práctico, en este sentido, en el plano de la
argumentación jurídica por ejemplo, el juez puede incurrir en este tipo de
inconsistencia al invocar la protección de un derecho o principio
constitucional pero actuando en total contravía con este e incluso
vulnerándolo. Al respecto consultar: Nino, Carlos Santiago, Ética y Derechos
Humanos: Un ensayo de fundamentación, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1989, Pp. 231 a 234. En igual sentido, Robert Alexy plantea el concepto de “contradicción performativa”
que corresponde al de inconsistencia pragmática que plantea Nino. Cfr:
Alexy Robert, Teoría del Discurso y Derechos Humanos, Ed. Universidad Externado
de Colombia, Bogotá, 1995, P. 105.
[59] Al respecto remitirse al numeral 5 de los fundamentos de
esta providencia.