T-363-15
Sentencia
T-363/15
(Bogotá,
D.C., Junio 12)
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA AYUDA HUMANITARIA-Desproporcionalidad
al supeditar la entrega de la ayuda a la exhibición de la cédula de ciudadanía
original de hologramas
PRINCIPIO DE
PROPORCIONALIDAD-Vulneración por Banco Agrario al
exigir exhibición de la cédula de ciudadanía original de hologramas para
entrega de ayuda humanitaria a personas desplazadas
El Banco Agrario de Colombia al haberse
negado a hacer efectivos los desembolsos de las ayudas humanitarias reconocidas
a favor de la accionante vulneró sus derechos fundamentales, pues si bien la
exhibición de la cédula de ciudadanía en sí misma no afecta los derechos
fundamentales de la actora, la negativa de la entidad de avalar los medios
alternos presentados por la accionante para acreditar su identidad, sí
obstaculizaron el acceso a otras garantías fundamentales como el mínimo vital y
la vida digna.
LLAMADO A
PREVENCION A BANCO AGRARIO-Abstenerse de negar pago
de ayuda humanitaria de emergencia a personas víctimas de desplazamiento
forzado al no presentar cédula de ciudadanía con hologramas
CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Caso en que Banco
Agrario pagó ayuda humanitaria a desplazado, quien presentó cédula de
ciudadanía
Referencia: Expediente T-4.793.329
Fallo de tutela objeto revisión: Sentencia del Juzgado Primero de
Familia del Circuito de Medellín de Oralidad del 10 de octubre de 2014, que
negó el amparo solicitado. Sin impugnación.
Accionante: Marlene Vega de Fontalvo.
Accionado: Banco Agrario de Colombia S.A.
Magistrados de la Sala Segunda de
Revisión: Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo
Guerrero Pérez y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Magistrado Ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO.
I.
ANTECEDENTES.
1.     Demanda
de tutela[1].
1.1. Elementos y pretensión.
1.1.1. Derechos fundamentales invocados: mínimo
vital, igualdad, vida digna, identidad y derechos de la población desplazada.
1.1.2. Conducta que causa la vulneración: la negativa
del Banco Agrario de desembolsar a favor de la accionante las ayudas humanitarias
que le fueron reconocidas por la Unidad Administrativa
Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, argumentado que la
accionante no presentó su cédula de ciudadanía original para hacer efectiva la
entrega del dinero, sin tener en cuenta que la misma portaba la contraseña o
comprobante de documento en trámite, denuncia de la pérdida de la cédula y
certificación expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
1.1.3. Pretensiones: ordenar
a la entidad accionada que (i) se abstenga de regresar o reintegrar los dineros
que por concepto de ayudas humanitarias fueron autorizados a favor de la actora
al nivel central y; (ii) de forma inmediata y sin dilación alguna efectúe el
desembolso de las ayudas humanitarias a favor de la señora Marlene Vega de
Fontalvo sin exigir la cédula original, únicamente con la contraseña, la
denuncia de la pérdida del documento de identidad y la certificación expedida
por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
1.2. Fundamentos de la pretensión.
1.2.1.          La señora Marlene Vega de Fontalvo de 64 años de
edad afirma ser desplazada intra urbana por la violencia del municipio de
Medellín, razón por la que se encuentra inscrita en el Registro Único de
Víctimas (RUV). Asegura que en virtud de su calidad de desplazada, la Unidad
Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas ha
reconocido y autorizado la entrega de ayudas humanitarias a su favor[2].
1.2.2. Manifiesta la señora Vega de Fontalvo que el 26 de agosto de
2014 fue víctima de robo en el que se vio comprometida su cédula de ciudadanía.
El 1º de septiembre de 2014 se dirigió ante la Unidad de Reacción Inmediata de
la Fiscalía General de la Nación donde diligenció la denuncia de la pérdida del
documento de identidad[3].
Así mismo, el 22 de septiembre de 2014 acudió a la Registraduría Nacional del
Estado Civil que al verificar la situación expidió la contraseña o comprobante
de documento en trámite[4],
comunicándole que el duplicado de la cédula sería entregado en 1 año[5].
1.2.3. Una vez la accionante acudió ante el Banco Agrario- Centro de
Pagos y Recaudos Agencia Carabobo Medellín, con el fin de hacer efectivo el
pago de las ayudas humanitarias previamente reconocidas por la Unidad
Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la
primera negó el pago argumentando que la señora Vega de Fontalvo debió exhibir
única y exclusivamente la cédula de ciudadanía original y que al no hacerlo
además de no proceder al pago, el dinero de las ayudas humanitarias que le
fueron reconocidas sería devuelto al nivel central[6]. Lo anterior,
sin tener en cuenta que la actora presentó contraseña o comprobante de
documento en trámite, denuncia de la pérdida del documento de identidad y
certificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil[7].
1.2.4. La accionante afirmó que actualmente se encuentra
desempleada, padece EPOC, tiene una hija accidentada en un evento de tránsito y
no cuenta con otra fuente de ingresos[8].
1.2.5. Finalmente, en el escrito de tutela, la señora Vega de
Fontalvo solicitó como medida provisional ordenar al Banco Agrario que se
abstenga de devolver los dineros al nivel central y efectúe el desembolso de
las ayudas humanitarias a que tiene derecho la accionante sin exigir la cédula
laminada, únicamente con la contraseña, la denuncia de pérdida y la
certificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
2.
Respuesta de la entidad accionada.
2.1. Banco Agrario de Colombia S.A.[9]. Solicitó negar la acción de tutela pues
considera que no ha vulnerado derechos fundamentales de la actora.
Manifestó que la Corte Constitucional ha establecido
que la exigencia de la presentación de la cédula de ciudadanía original a la
población desplazada en el momento de cobrar el dinero que por concepto de
ayudas humanitarias le ha sido reconocido, es legítima pues dicho documento
resulta idóneo e irremplazable para acreditar la identidad y brindar seguridad
a los beneficiarios.
De igual forma, reconoció que si bien el artículo 18
parágrafo 1º del Decreto 019 de 2012 estableció la presunción de validez y
autenticidad de la contraseña como documento de identificación, si como
resultado de un análisis de riesgos se concluye que el mismo no es un documento
idóneo por sí solo, la entidad podrá negarse a efectuar transacciones con
personas que no porten su cédula amarilla con hologramas. Lo que ocurre en el
caso concreto, pues la mayoría de suplantaciones que se han registrado al
interior del banco han ocurrido cuando el usuario porta contraseña.
Aseguró que de acuerdo al convenio suscrito por la
entidad con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la
primera se obligó a “efectuar pagos a los beneficiarios que determine el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, previa identificación,
mediante la presentación por parte del beneficiario de la cédula de ciudadanía,
la cual debe ser en original”.
Por último, adujo que para hacer efectivo el pago de
las ayudas humanitarias existe un periodo de vigencia y que una vez vencido,
dichos recursos se reintegran de manera automática a la cuenta de origen, como
sucedió en este caso.
3. Decisión judicial objeto de revisión.
3.1. Sentencia del Juzgado Primero de Familia del Circuito de Medellín de Oralidad,
del 10 de octubre de 2014[10].
Sin impugnación.
Negó el amparo solicitado. Consideró que
desde la promulgación de la Ley 39 de 1961 y armonizándola con las leyes 486 de
1999 modificada por la Ley 757 de 2002, 999 de 2005 y el Decreto 4969 de 2009 a
partir del 31 de julio de 2010 el único documento válido para efectos de identificación
es la cédula de ciudadanía.
De esta forma, aseguró que al ser el único
documento válido de identificación para las personas naturales mayores de edad,
exigir la presentación de la cédula de ciudadanía con hologramas resulta
legítimo. Por esta razón, manifestó que en el caso concreto, para hacer
efectivas las ayudas humanitarias, la accionante presentó la contraseña o
comprobante de documento en trámite, el que se encuentra condicionado a la
verificación de las especificaciones técnicas de seguridad descritas por la
Registraduría Nacional del Estado Civil y el cotejo con otros documentos más
aun cuando se está frente a una entidad bancaria y se trata de dineros
provenientes de ayudas humanitarias para la población desplazada.
Adicionalmente, consideró que la accionante
en ningún momento elevó derecho de petición ante la Registraduría Nacional del
Estado Civil para la expedición del duplicado de su cédula de ciudadanía.
4. Actuación de
la Corte en sede de Revisión.
Mediante autos del 29 de abril de 2015 y 30
de abril del mismo año, esta Sala requirió al Banco
Agrario- Centro de Pagos y Recaudos Agencia Carabobo, Medellín, a la
Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Unidad Administrativa Especial
de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con el fin de que
proporcionaran la siguiente información:
4.1. En primer lugar, solicitó al Banco Agrario- Centro de Pagos y
Recaudos Agencia Carabobo, Medellín, que informara si la señora Marlene Vega de
Fontalvo había solicitado el pago de ayudas humanitarias reconocidas por la
Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas
y de manera detallada referenciara la fecha en las que se elevó la solicitud o
en las que se han efectuado los pagos, además de su monto.
4.1.2. El 12 de mayo de 2015, el Banco Agrario- Centro de Pagos y
Recaudos Agencia Carabobo, Medellín, manifestó que a favor de la señora Marlene
Vega de Fontalvo han sido reconocidas las siguientes ayudas humanitarias: (i)
la primera con fecha de creación del 30 de abril de 2014 por un valor de
$644.000 pesos, cuyo pago se hizo efectivo el 16 de mayo de 2014; (ii) la
segunda con fecha de creación del 9 de septiembre de 2014 por el valor de
$270.000 pesos, cuyo pago se hizo efectivo el 14 de octubre de 2014; (iii) la
tercera, con fecha de creación del 11 de septiembre de 2014 por el valor de
$270.000 pesos, cuyo pago se hizo efectivo el 14 de octubre de 2014 y; (iv) la
cuarta, con fecha de creación del 24 de marzo de 2015 por el valor de $270.000
pesos, el cual fue devuelto automáticamente al nivel central por no haber sido
cobrado dentro de los 35 días siguientes al momento de su creación.
4.2. En segundo lugar, vinculó y requirió a la Registraduría Nacional
del Estado Civil para que informara en qué estado se encuentra el trámite de
expedición de documento de identidad iniciado por la señora Marlene Vega de
Fontalvo, indicando la fecha exacta en el que el mismo estará listo para ser
retirado por la titular.
4.2.1. A través de oficio del 11 de mayo de 2015, la Registraduría
Nacional del Estado Civil dio respuesta al presente requerimiento, afirmando
que (i) la señora Marlene Vega de Fontalvo es titular de la cédula de
ciudadanía 41.611.936 expedida el 12 de marzo de 1975 en Bogotá, documento que
a la fecha se encuentra vigente y sin novedad; (ii) el último trámite iniciado
por la señora Vega de Fontalvo correspondió a la solicitud de duplicado del
documento el 22 de septiembre de 2014 en la Registraduría Auxiliar La Floresta
de Medellín; (iii) el duplicado solicitado fue remitido a la misma
Registraduría el 10 de octubre de 2014; (iv) el cual fue entregado a su titular
el 30 de diciembre de 2014 en la Registraduría Auxiliar La Floresta de
Medellín. Posteriormente, el 15 de mayo de 2015 mediante comunicación escrita
esta entidad solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho superado,
teniendo en cuenta la información ya referenciada.
4.3. En tercer lugar, solicitó y vinculó a la Unidad Administrativa
Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas información sobre si
efectivamente la señora Marlene Vega de Fontalvo se encuentra inscrita en el
Registro Único de Víctimas, ostenta la calidad de desplazada por la violencia y
desde que fecha se encuentra incluida en el registro. Así como sí a favor de la
señora Marlene Vega de Fontalvo han sido reconocidas ayudas humanitarias, en
cuantas oportunidades, indicando la fecha de las mismas y su monto, además de
informar con exactitud cuales han sido efectivamente pagadas y por último cuál
es el plazo para cobrar las ayudas humanitarias, y en caso de que el mismo
expire cuál es el trámite a seguir por parte del beneficiario.
4.3.1. El 13 de mayo de 2015, la entidad requerida dio respuesta
indicando que efectivamente la señora Marlene Vega de Fontalvo hace parte de la
población desplazada y se encuentra inscrita en el Registro Único de Víctimas
desde el 16 de diciembre de 2013. Adjuntó la relación de ayudas reconocidas a
favor de la accionante donde se verificó que la última ayuda que se hizo
efectiva data del 14 de octubre de 2014 por valor de $270.000 pesos.
Finalmente, aseguró que el plazo establecido para el cobro de las ayudas
humanitarias corresponde a 20 días calendario según lo estipulado en el
contrato, sin embargo, debido a inconsistencias con el operador bancario se
están manejando 30 días calendario, y que en caso de su vencimiento, el
beneficiario deberá remitirse a uno de los canales de atención de la Unidad con
el fin de adelantar la gestión.
II.
FUNDAMENTOS.
1. Competencia.
La Corte Constitucional es competente para
revisar la decisión judicial mencionada, con base en la Constitución Política
-artículos 86 y 241 numeral 9- y lo desarrollado en el Decreto 2591 de 1991
-artículos 31 a 36[11].
2. Procedencia de la demanda de
tutela.
2.1. Alegación de afectación de un
derecho fundamental. Se alega la vulneración de
los derechos fundamentales al mínimo vital, igualdad, vida digna,
identidad y derechos de la población desplazada. (Artículos 11,13, 14).
2.2.
Legitimación activa. La señora Marlene Vega de
Fontalvo como titular de los derechos fundamentales que se alegan, se encuentra
legitimada para interponer la acción de tutela.
2.3. Legitimación pasiva. De acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del Decreto
2591 de 1991, el Banco Agrario de
Colombia S.A. como autoridad pública resulta demandable en sede de tutela.
2.4.
Inmediatez. Aunque el artículo 86 Superior, no
establece un término de caducidad para la acción de tutela, la jurisprudencia
constitucional ha determinado que en virtud de las particularidades de cada
caso en concreto debe existir un período de tiempo prudencial desde que se
presenta la conducta que presuntamente vulnera los derechos del accionante
hasta la fecha de interposición de la acción[12].
Lo anterior, debido a la finalidad de protección inmediata de derechos
fundamentales.
Si bien, en
esta oportunidad la señora Marlene Vega de Fontalvo no hizo referencia a la
fecha exacta en que acudió ante el Banco Agrario de Colombia con el fin de que
la misma hiciese efectivo el desembolso del dinero al que tenía derecho por
concepto de ayudas humanitarias, pago que la entidad negó argumentando que la
solicitante no presentó su cédula de ciudadanía sino la contraseña, lo cierto
es que la accionante afirmó que no portaba su documento de identidad original
pues fue víctima de hurto el 26 de agosto de 2014, por lo que se vio obligada a
solicitar duplicado del mismo ante la Registraduría Nacional del Estado Civil,
donde al verificar la situación le fue expedida la contraseña o comprobante de
documento en trámite el 22 de septiembre de 2014.
De acuerdo a
lo anterior, es posible determinar que la presunta negativa de la entidad
accionada tuvo lugar entre el 22 de septiembre de 2014 y el 30 de septiembre
del mismo año, fecha de interposición de la acción de tutela. De modo, que el
lapso de 8 días resulta mas que razonable para el ejercicio del amparo.
2.5. Subsidiariedad. El artículo
86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela constituye un
mecanismo de protección de derechos fundamentales de carácter residual y
subsidiario, es decir que únicamente será procedente cuando no exista otro
medio de defensa.
No obstante, esta Corporación ha reconocido
tres situaciones en donde la acción de tutela resultará procedente, aun cuando
exista otro mecanismo de protección:
“(i) los medios
ordinarios de defensa judicial no son suficientemente idóneos y eficaces para
proteger los derechos presuntamente conculcados, (ii) aun cuando tales medios
de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela como mecanismo
transitorio de protección, se producirá un perjuicio irremediable a los
derechos fundamentales, y (iii) el accionante es un sujeto de especial
protección constitucional (personas de la tercera edad, personas
discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada, niños y
niñas), y por lo tanto la situación requiere de particular consideración por
parte del juez de tutela”[13].
En el presente caso, se estudia la posible
amenaza de los derechos al mínimo vital, igualdad, vida digna, identidad
y derechos de la población desplazada de la señora Marlene Vega de Fontalvo
quien afirma ser desplazada por la violencia y encontrarse debidamente inscrita
en el Registro Único de Victimas, razón por la cual estaríamos ante un sujeto
de especial protección constitucional.
De igual forma, independientemente de su condición de
vulnerabilidad por ser víctima del desplazamiento forzado, la señora Vega de
Fontalvo cuenta con 64 años de edad, aseguró padecer EPOC, encontrarse
desempleada, no contar con otra fuente de ingresos y ser madre cabeza de
familia; situación que fue constatada en la base de datos del FOSYGA, donde
además figura como afiliada al régimen subsidiado en salud.
Así, el mecanismo idóneo y eficaz para la protección de los
derechos fundamentales de la accionante, resulta ser la acción de tutela.
3. Problema Jurídico.
De conformidad con los antecedentes planteados, corresponde
a la Sala determinar si: ¿vulnera el Banco Agrario de Colombia S.A. los derechos al mínimo
vital, igualdad, vida digna, identidad y derechos de la población desplazada de la señora Marlene Vega de Fontalvo, al
negarse a desembolsar a favor de la accionante las ayudas humanitarias
que le fueron reconocidas por la Unidad Administrativa
Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, argumentado que la
accionante no presentó su cédula de ciudadanía original para hacer efectiva la
entrega del dinero, sin tener en cuenta que la misma portaba la contraseña o
comprobante de documento en trámite, denuncia de la pérdida de la cédula y
certificación expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil?
4. Hecho
superado.
La figura del
hecho superado se encuentra reglamentada en el artículo 26 del Decreto 2591 de
1991 que establece que “si, estando en curso la tutela, se dictare resolución,
administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación
impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de
indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Así mismo, la jurisprudencia
constitucional ha considerado que el fenómeno de la carencia actual de objeto
por hecho superado se origina cuando la afectación al derecho fundamental
invocado desaparece. Esto, en el entendido que si la perturbación que dio lugar
a la acción desaparece, carecería de sentido continuar con la misma, pues el
objeto de protección inmediata de derechos fundamentales dejaría de existir[14].
Sin embargo, el hecho de encontrarse
frente a un hecho superado no implica que la Corte Constitucional pierda su
competencia para pronunciarse de fondo frente al caso concreto, pues como
cabeza de la Jurisdicción Constitucional “tiene el deber de determinar el alcance de
los derechos fundamentales cuya protección se solicita[15]”.
5. Legitimidad
de las entidades bancarias de exigir la presentación de la cédula de ciudadanía
original para hacer efectiva la entrega de ayudas humanitarias. Casos en los
que la exigencia resulta ser una medida desproporcionada.
Respecto a la
cédula de ciudadanía, la jurisprudencia constitucional ha considerado que la
Constitución y la Ley le han asignado 3 grandes funciones, a saber: “(i)
identificar a las personas, (ii) permitir el ejercicio de sus derechos civiles
y (iii) asegurar la participación de los ciudadanos en la actividad política
que propicia y estimula la democracia”[16].
La Corte
Constitucional ha reconocido la cédula de ciudadanía como el único medio idóneo
de identificación, lo cual, en algunas ocasiones genera una barrera para la
población víctima del desplazamiento forzado quienes al no contar con el
documento, no pueden acceder a las ayudas a las que tienen derecho en virtud de
su condición, de manera oportuna y eficaz.
Así, la
sentencia T-025 de 2004 estableció que “entre los derechos constitucionales fundamentales que
resultan amenazados o vulnerados por las situaciones de desplazamiento forzoso,
la jurisprudencia de esta Corte ha señalado los siguientes: (…) 16. El derecho
a la personalidad jurídica, puesto que por el hecho del desplazamiento la
pérdida de los documentos de identidad dificulta su registro como desplazados y
el acceso a las distintas ayudas, así como la identificación de los
representantes legales, cuando se trata de menores de edad que son separados de
sus familias.”
De acuerdo a lo
establecido en la sentencia T-069 de 2012, siendo la cédula de ciudadanía el
único documento idóneo que acredita la identidad de las personas, la demora
injustificada en la expedición de la cédula por parte de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, “conculca los derechos fundamentales de los ciudadanos a estar plenamente
identificados, de tal suerte que puedan desarrollar todas las actividades
propias de su calidad de tales, entre las cuales se encuentra la posibilidad de
participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, y de esa
manera, dar cumplimiento preciso a uno de los fines esenciales del Estado, cual
es la de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan;
así como la de realizar actos civiles para los cuales la presentación de ese
documento resulta indispensable, todo lo cual lleva a la conclusión de que la
carencia de la cédula de ciudadanía afecta de manera directa al ciudadano y a
la sociedad.”[17] En cuanto a la validez de la
contraseña o comprobante de documento en trámite, en dicha oportunidad, la Sala
Quinta de Revisión consideró que la misma no cumple con la función de
identificación de su titular, razón por la que su existencia no puede servir de
pretexto para justificar la demora en el proceso de expedición de la cédula de
ciudadanía[18].
De esta forma, la Sala concluyó que “a la entidad financiera le asistía la
obligación de exigir a la población en desplazamiento y en particular a la
ahora accionante, la presentación de la cédula de ciudadanía para poder hacer
efectivos los pagos de las ayudas humanitarias. En esa medida, era deber de la
peticionaria presentar el documento de identidad ante la entidad bancaria para
acceder al desembolso del dinero. Ello con fundamento en que la cédula de ciudadanía
tiene el alcance de prueba de identificación personal, de donde se infiere que
sólo con ella se acredita la personalidad de su titular en todos los actos
jurídicos o situaciones donde se le exija la prueba de tal calidad. Igualmente,
se considera un instrumento que brinda seguridad tanto a la entidad bancaria
como al desplazado, reduciendo las probabilidades de ser suplantada.”
Posteriormente en la sentencia T-162 de 2013, el Tribunal
Constitucional afirmó que aún cuando existen normas que definen a la cédula de
ciudadanía como el medio principal de identificación personal, “es necesario
evaluar en cada caso el alcance que se le debe dar a las normas sobre su valor
jurídico, pues hay ocasiones en que su aplicación estricta puede generar
afectaciones al ejercicio de derechos fundamentales, más cuando se trata de
población en situación de desplazamiento”, por ser sujetos de especial
protección constitucional. Así, resulta imprescindible acudir al principio de
proporcionalidad con el fin de determinar si en el caso concreto las normas
jurídicas que establecen la exigencia estricta de la cédula de ciudadanía
constituyen “un obstáculo para la realización de derechos”.
5. Caso concreto.
La señora Marlene Vega de Fontalvo
interpuso acción de tutela en contra del Banco Agrario de Colombia por
considerar vulnerados sus derechos al mínimo
vital, igualdad, vida digna, identidad y derechos de la población desplazada al
negarse a desembolsar el dinero que por concepto de ayudas humanitarias era
beneficiaria, argumentando que al momento de hacer efectivo el pago la
solicitante no presentó la cédula de ciudadanía original, sino la contraseña o
comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría Nacional del
Estado Civil.
En el caso bajo estudio, de acuerdo a la documentación
allegada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el 30 de diciembre de
2014 la accionante reclamó su cédula de ciudadanía, razón por la cual en este
momento cuenta con el documento requerido por la entidad bancaria para hacer
efectivo el desembolso de los dineros reconocidos a su favor por concepto de
ayudas humanitarias. De igual forma, de acuerdo a lo manifestado por el Banco
Agrario de Colombia, el 14 de octubre de 2014 le fueron desembolsados $540.000 pesos
a la señora Vega de Fontalvo correspondientes a las ayudas humanitarias sobre
las cuales la actora fundamenta la vulneración que dio origen a la presente
acción; en el entendido de que se trata de las ayudas reconocidas desde el 26
de agosto de 2014, fecha en que la accionante perdió su documento de identidad
y el 30 de septiembre de 2014, cuando la misma interpuso el amparo
constitucional. Así las cosas, se declarará la ocurrencia del fenómeno de la
carencia actual de objeto por hecho superado.
No obstante, esta Sala de Revisión considera relevante
pronunciarse sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la
señora Marlene Vega de Fontalvo por parte del Banco Agrario de Colombia.
Si bien es cierto que la cédula de ciudadanía ha sido
reconocida como el medio de identificación personal por excelencia, razón por
la que resulta legítimo que las entidades bancarias exijan su presentación al
momento de hacer efectivos los desembolsos, la jurisprudencia constitucional
reconoce que en ciertas ocasiones esta exigencia puede constituir un obstáculo
para el ejercicio de otros derechos, en especial cuando se encuentran en juego
las garantías fundamentales de la población desplazada, eventos en los que es
necesario acudir al principio de proporcionalidad, es decir, constatar que la
medida fue idónea, necesaria y proporcional en estricto sentido, con el fin de
verificar si en el caso concreto la posición adoptada por la entidad accionada
efectivamente vulnera los derechos de la actora.
Aún cuando la exhibición de la cédula de ciudadanía resulta
idónea para identificar a las personas, en el caso en particular, la exigencia
cuestionada no es necesaria para establecer plenamente la identidad de la
señora Marlene Vega de Fontalvo, quien al haber sido victima de hurto agravado,
realizó las diligencias pertinentes para evitar estar indocumentada
dirigiéndose ante la Registraduría Nacional del Estado Civil a solicitar el
duplicado de su documento de identidad donde le fue expedida la contraseña o
comprobante de documento en trámite. Así, la entidad accionada contaba con los
medios necesarios para acreditar la identidad de la actora, que efectivamente
presentó su contraseña, además de la denuncia interpuesta ante la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación,
tras la pérdida de su documento.
Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sala considera
que el Banco Agrario de Colombia al haberse negado a hacer efectivos los
desembolsos de las ayudas humanitarias reconocidas a favor de la señora Vega de
Fontalvo vulneró sus derechos fundamentales, pues si bien la exhibición de la
cédula de ciudadanía en si misma no afecta los derechos fundamentales de la
actora, la negativa de la entidad de avalar los medios alternos presentados por
la accionante para acreditar su identidad, sí obstaculizaron el acceso a otras
garantías fundamentales como el mínimo vital y la vida digna.
III.
CONCLUSIONES.
1. Síntesis del caso. La señora Marlene Vega de Fontalvo interpuso acción de tutela en
contra del Banco Agrario de Colombia por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo
vital, igualdad, vida digna, identidad y derechos de la población desplazada al
negarse a desembolsar el dinero que por concepto de ayudas humanitarias era
beneficiaria la accionante, argumentando que al momento de hacer efectivo el
pago la solicitante no presentó la cédula de ciudadanía original, sino la
contraseña o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
En el presente caso, operó el fenómeno de
la carencia actual de objeto por hecho superado, pues de acuerdo a la
documentación allegada por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el
Banco Agrario de Colombia, actualmente la accionante cuenta con el duplicado de
su cédula de ciudadanía y ya fueron reclamadas por la señora Vega de Fontalvo las
ayudas humanitarias correspondientes.
No obstante, la Sala de Revisión
consideró relevante pronunciarse sobre si la exigencia de la presentación de la
cédula de ciudadanía original para efectuar el pago de ayudas humanitarias
impuesta por la entidad bancaria a la accionante efectivamente vulneró sus
derechos fundamentales.
De esta forma, se concluyó que la
exigencia de la cédula en si misma, no vulneró las garantías constitucionales
de la señora Marlene Vega Fontalvo pues su exhibición resulta legítima como
medio de identificación por excelencia. Sin embargo, la
negativa de la entidad de avalar los medios alternos presentados por la
accionante para acreditar su identidad como la
contraseña o comprobante de documento en trámite y
denuncia de la pérdida de la cédula,  sí obstaculizaron el acceso a otras
garantías fundamentales como el mínimo vital y la vida digna de la accionante
integrante de la población desplazada.
2. Razón de la decisión.
2.1. El fenómeno de la carencia actual de
objeto por hecho superado opera una vez desaparece la afectación al derecho
fundamental invocado por el accionante, durante el trámite de la acción de
tutela.
2.2. Se protegen los derechos
fundamentales de la población desplazada cuando las entidades bancarias niegan
el desembolso de ayudas humanitarias, argumentando que el solicitante no
presentó la cédula de ciudadanía original; sin tener en cuenta medios alternos que
permiten acreditar plenamente su identidad.
IV.
DECISIÓN
La Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- DECLARAR
la carencia actual de objeto por
configurarse un hecho superado, frente a la solicitud de amparo instaurada por
la señora Marlene Vega de Fontalvo, en los términos expuestos en esta
sentencia.
SEGUNDO.- REVOCAR
la providencia dictada por el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Medellín de Oralidad del
10 de octubre de 2014, que negó el amparo solicitado y en su lugar, CONCEDER el
amparo de los derechos a mínimo vital, igualdad, vida digna, identidad y
derechos de la población desplazada de la señora Marlene Vega de Fontalvo, en los términos
expuestos en esta providencia.
TERCERO.- ADVERTIR al Banco Agrario de Colombia que en adelante se abstenga de negar el pago de ayudas
humanitarias argumentando la falta de exhibición de la cédula de ciudadanía
original, cuando existan medios alternos que permitan acreditar plenamente la
identidad del solicitante.
CUARTO.- Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Acción de tutela presentada el 30 de septiembre de 2014 (Folios
1-7).
[2] Tal como lo manifiesta la accionante en el escrito de tutela.
(fl.1-7).
[3] Folio 3-5.
[4] Folio 7.
[5] Tal como lo manifiesta la accionante en el escrito de tutela.
(fl.1-7).
[6] Tal como lo manifiesta la accionante en el escrito de tutela.
(fl.1-7).
[7] Folios 3-7.
[8] Tal como lo manifiesta la accionante en el escrito de tutela.
(fl.1-7).
[9] Escrito de contestación del 7 de octubre de 2014 (Folios 10-13).
[10] Folios 102 a 111.
[11] En Auto del trece (13) de marzo de 2015 la Sala de Selección de
tutela Número Tres de la Corte Constitucional, dispuso la revisión de la
providencia en cuestión y procedió a su reparto.
[12] Sentencia T-584 de 2011.
[13] Sentencia T-185 de 2007.
[14] Sentencias T-856 de 2007, T-267 de 2008, T-576 de 2008 y T-091 de
2009.
[15] Sentencia T-117ª de 2013.
[16] Sentencia T-069 de 2012.
[17] Sentencia T-964 de 2001.
[18] Sentencia T-069 de 2012.