T-718-15
Sentencia
T-718/15
DELITOS
SEXUALES CONTRA MENORES DE EDAD-Redención
de la pena
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
CARACTERIZACION DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO COMO CAUSAL DE
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de
jurisprudencia
POLITICA CRIMINAL-Diseño corresponde
al Estado a través de sus distintas ramas del poder público, especialmente al
legislativo
POLITICA CRIMINAL-Concepto
POLITICA PUBLICA EN MATERIA CRIMINAL-Etapas en el proceso de diseño
(i) Definición de sus elementos
constitutivos y las relaciones entre ellos, (ii) articulación inteligible de
sus componentes, y (iii) programación de la forma, los medios y el ritmo al
cual será desarrollada dicha política; en ese orden de ideas, la Corte expresó
que las decisiones constitutivas del diseño de una política pública pueden ser
plasmadas, o bien en documentos políticos, o bien en instrumentos jurídicos –
esto es, normas, sean éstas de rango constitucional, legal o reglamentario.
DERECHO PENAL-Relación entre la Constitución y la política
criminal del Estado/DERECHO PENAL-Constitucionalización
El diseño de la política criminal del Estado “parte de la idea de
la ¨constitucionalización¨ de aspectos medulares del derecho penal, tanto en
materia sustantiva como procedimental”, de modo que esta debe concebirse dentro
de los límites de la norma superior. En este sentido, la Sentencia C-038 de
1995, dijo: “Así, ha habido una
constitucionalización del derecho penal porque tanto en materia sustantiva como
procedimental, la Carta incorpora
preceptos y enuncia valores y postulados - particularmente en el campo de los
derechos fundamentales - que inciden de manera significativa en el derecho
penal y, a la vez, orientan y determinan su alcance. Esto significa entonces
que el legislador no tiene una discrecionalidad absoluta para definir los tipos
delictivos y los procedimientos penales, ya que debe respetar los derechos
constitucionales de las personas, que aparecen así como el fundamento y límite
del poder punitivo del Estado. Fundamento, porque el ius punendi debe estar orientado a hacer
efectivos esos derechos y valores constitucionales. Y límite, porque la
política criminal del Estado no puede desconocer los derechos y la dignidad de
las personas”.
POLITICA CRIMINAL-Medidas normativas que forman parte del concepto
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN POLITICA
CRIMINAL-Límites
La potestad de configuración del legislador para diseñar la
política criminal del Estado está limitada por la Constitución, por un lado, en
lo que tiene que ver con derechos de las víctimas a que exista un recurso judicial
efectivo, a acceder a la justicia, a la reparación, a la restauración de sus
derechos y la garantía de no repetición; y de otro, el deber del Estado de
prevenir, investigar, juzgar y sancionar la grave criminalidad, de acuerdo con
los compromisos internacionales sobre derechos humanos, aplicables en el
ordenamiento interno en virtud del artículo 93 Superior. En la
Sentencia C-387 de 2014 esta Corporación reiteró su jurisprudencia en relación con los límites de la
competencia asignada al Congreso de la República para definir la política criminal del
Estado, en virtud dela Constitución y los
tratados internacionales de derechos humanos que “constituyen un límite
inalterable al ejercicio del poder público, al consagrar valores superiores,
principios constitucionales y derechos fundamentales”, para lo cual el legislador debe atender, entre otros, los
principios de necesidad de la intervención penal, de razonabilidad y
proporcionalidad, y al deber de garantizar los derechos constitucionales y la
aplicación de los convenios internacionales de derechos humanos.
TRATAMIENTO
PENITENCIARIO-Finalidad
ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Función
de la ejecución de pena/PENA-Resocialización
del condenado
FINALIDAD DE LA PENA-Reiteración
de jurisprudencia
Al respecto de la finalidad de la pena, ha señalado esta Corte que,
ella tiene en nuestro sistema jurídico un fin preventivo, que se cumple
básicamente en el momento del establecimiento legislativo de la sanción, la
cual se presenta como la amenaza de un mal ante la violación de las
prohibiciones; un fin retributivo,
que se manifiesta en el momento de la imposición judicial de la pena, y un fin resocializador que orienta la ejecución de la misma,
de conformidad con los principios humanistas y las normas de derecho
internacional adoptadas. Ha considerado también que “sólo son compatibles con
los derechos humanos penas que tiendan a la resocialización del condenado, esto
es a su incorporación a la sociedad como un sujeto que la engrandece, con lo
cual además se contribuye a la prevención general y la seguridad de la
coexistencia, todo lo cual excluye la posibilidad de imponer la pena capital”. En conclusión, debe
entenderse que la pena debe, entre sus varias finalidades, cumplir una función
de prevención especial positiva; esto es, debe buscar la resocialización del condenado,
obviamente dentro del respeto de su autonomía y dignidad, pues el objeto del
derecho penal en un Estado social de derecho no es excluir al infractor del
pacto social, sino buscar su reinserción en el mismo.
JUSTICIA RESTAURATIVA-Concepto/JUSTICIA RESTAURATIVA-Alcance y objetivos
REDENCION DE PENAS POR
TRABAJO Y ESTUDIO-Rehabilitación de los internos
TRABAJO CARCELARIO-Cumple
un fin resocializador y es un elemento dignificante que permite al condenado
redimir su pena
EDUCACION Y ENSEÑANZA EN ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y
CARCELARIO-Forma de redimir la
pena
CODIGO PENITENCIARIO Y
CARCELARIO-Deficiencias
EXCLUSION DE BENEFICIOS
Y SUBROGADOS PENALES CONFORME LEY 1709 DE 2014
REDENCION DE LA PENA
CONFORME LEY 1709 DE 2014
REDENCION DE LA PENA-Categoría de derecho
REDENCION DE LA PENA-Postura adoptada por la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia
En vigencia de la Ley 1709 de 2014, la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia en la Sentencia que se revisa, adoptó una nueva
postura en cuanto a la redención de pena, ya que la introducción de la nueva
categoría de “derecho”,
en criterio de esa Corporación zanjó la discusión que existía alrededor de la
naturaleza de la figura, es decir, que dejó de ser un “beneficio administrativo” limitado
por el legislador para ser un “derecho” reconocido por la Ley.
REDENCION DE LA PENA-Única fuente de materialización de la
resocialización del penado, que accede al descuento de días de prisión física
por realizar determinadas actividades, entre ellas, el estudio
REDENCION DE LA PENA-Descuento de días de prisión física no puede
llegar al extremo de convertir la condena en una medida inocua que desconozca
los fines preventivo y retributivo de la intervención penal
INTERES SUPERIOR DEL MENOR Y PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES-Protección constitucional e internacional
CODIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA-Adopción de medidas
especiales en favor de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos
INTERES SUPERIOR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ANTE DELITOS
CONTRA SU LIBERTAD, INTEGRIDAD, FORMACION SEXUALES Y SECUESTRO DENTRO DEL
PROCESO PENAL-Contenido y alcance
INTERES SUPERIOR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ANTE DELITOS
CONTRA SU LIBERTAD, INTEGRIDAD, FORMACION SEXUALES Y SECUESTRO DENTRO DEL
PROCESO PENAL-Reglas a aplicar en el tratamiento de los imputados, acusados o condenados
PRINCIPIO PRO INFANS-Aplicación y alcance
POLITICA CRIMINAL DEL ESTADO Y DEBER DE PROTEGER
A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-Deber de articulación, de manera que medidas,
decisiones y disposiciones adoptadas por los distintos poderes públicos,
especialmente el legislativo, guarden armonía con los principios en que se
funda el Estado social de derecho
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Caso en que se
concedió redención de la pena a condenado por delito de acceso carnal abusivo
con menor de 14 años en la modalidad de tentativa
Referencia:
expediente T-5.083.087
Acción de tutela
instaurada por Edward Zúñiga Quinayas contra la Sala Penal del Tribunal
Superior de Popayán y el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Popayán
Magistrado
Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de noviembre
de dos mil quince (2015).
La
Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Alberto Rojas Ríos, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Jorge Iván
Palacio Palacio, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241, numeral 9º, de la Constitución Política, y 33 y concordantes del Decreto
Estatutario 2591 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro
del proceso de revisión del fallo dictado por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, en el proceso de tutela de la referencia.
I. Antecedentes
El señor Edward
Zúñiga Quinayas promovió acción de tutela contra la Sala Penal del Tribunal
Superior de Popayán y el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Popayán, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la
dignidad humana, a la igualdad y al debido proceso. Para sustentar su
solicitud de amparo el demandante relata los siguientes:
1.
Hechos.
1.1.
Manifiesta
que desde el 6 de mayo de 2011 está recluido en el patio No. 2 de mediana
seguridad del Centro Penitenciario y Carcelario San Isidro de Popayán (Cauca),
cumpliendo la condena de 8 años de prisión, por el delito de acceso carnal
abusivo con menor de catorce años en la modalidad de tentativa, de los cuales
ha descontado físicamente 3 años, 10 meses y 18 días de prisión.
1.2.
Afirma
que con fundamento en el artículo 103A de la Ley 65 de 1993[1], solicitó la
redención de pena por estudio y conducta ejemplar, por lo que el Juez 1º de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán mediante auto del 30 de
diciembre de 2014, le reconoció 1 mes y 20.5 días de redención.
1.3.
Relata
que el Ministerio Público interpuso recurso de apelación contra la decisión
anterior, al considerar que el delito por el que fue condenado el demandante no
era susceptible de redención, según lo dispuesto en el numeral 8 del artículo
199 de la Ley 1098 de 2006[2].
1.4.
Manifiesta
que la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán profirió el auto de 6
febrero de 2015, revocando la redención de pena concedida y, por contera,
vulnerando los derechos a la resocialización, redención de penas, igualdad y
principio de favorabilidad.
1.5. En orden a lo
expuesto, solicitó dejar sin efecto la providencia de 6 de febrero de
2015, mediante la cual la
Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán revocó y negó la redención de pena
reconocida por el Juez 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del
Circuito de Popayán; además que en aplicación del principio de favorabilidad y
del derecho a la igualdad, le reconozcan la redención de pena que solicita.
2.
Pruebas
aportadas al expediente.
2.1.
Copia del auto de 30 de diciembre de 2014, proferido por el Juzgado 1º de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán[3], que
resolvió la solicitud de redención de pena elevada por el actor concediéndole 1
mes y 20.5 días por actividad intracarcelarias, de acuerdo con el certificado
de “estudio” y “conducta ejemplar” anexado a la petición y en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 494 de la Ley 600 de 2000[4]
y 82[5],
97[6]
y 101[7]
del Código Penitenciario y Carcelario.
2.1.2.
Escrito de apelación presentado por la Procuradora 224 Judicial I Penal contra
la decisión del Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Popayán. Del memorial puede desprenderse que solicitó revocar la redención de
pena, en razón a que la Ley 1709 de 2014 no modificó las restricciones
contenidas en el artículo 199 del Código de Infancia y Adolescencia (en
adelante CIA), tal y como lo interpretó el Tribunal Superior de Popayán, Sala
Penal en la providencia de 30 de octubre de 2014, por lo que solicita unificar
el criterio a fin de asegurar la igualdad en la aplicación de las normas[8].
2.1.3.
Copia de la providencia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán
el 6 de febrero de 2015, por medio de la cual desató el recurso de apelación
interpuesto por el Ministerio Público contra la decisión anterior, revocando la
redención de pena concedida al demandante[9].
En
criterio del Tribunal demandado no hay lugar a conceder la redención de pena
solicitada porque según lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006,
tratándose de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales de
los niños, niñas y adolescentes no procede “ningún otro
beneficio o subrogado judicial o administrativo”, lo cual obedece
a la protección especial de que gozan los menores, en los términos del artículo
44 superior.
Aduce que si bien es cierto que la Ley 1709 de 2014
reformó algunos artículos de las leyes 55 de 1985, 65 de 1993 y 599 de 2000,
también lo es que no modificó de manera expresa ni tácita el Código de la
Infancia y Adolescencia, cuyo fin es proteger a los menores de hechos
constitutivos de comportamientos que atentan contra sus derechos, a través de
la prohibición de reconocer beneficios como la redención de pena a los
condenados por los delitos mencionados, con lo cual, considera, se envía un
mensaje a la sociedad, la familia y al Estado de que la vida, la dignidad y la
integridad de los niños, niñas y adolescentes son bienes de superior jerarquía[10].
En ese orden, señala el Tribunal que la restricción o
prohibición del numeral 8 del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 obedece a
razones de política criminal dentro del principio de libertad de configuración
legislativa, cuyo límite es el núcleo esencial de los derechos fundamentales de
las personas.
2.1.4.
Copia del auto proferido por el Juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Popayán el 24 de marzo de 2015[11], que atendiendo lo
ordenado por el Tribunal resuelve en forma negativa la solicitud de redención
de pena elevada por el demandante, anotando que si bien es cierto que la Ley
1709 de 2014 prevé que la redención de pena es un derecho, también lo es que la
Ley 1098 de 2006 en el artículo 199 dispuso que no procede ningún beneficio cuando se trate de “los delitos de homicidio o lesiones
personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y
formación sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes”;
y en ese orden, debe aplicarse lo prescrito en esta última por ser norma
especial y proteger un interés superior[12].
3
Decisión
judicial objeto de revisión.
3.1.
Una vez avocado el conocimiento del asunto por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia y dispuso correr traslado a las autoridades
judiciales demandadas, se dieron las siguientes respuestas:
3.1.1.
Los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán contestaron
la tutela solicitando negarla por ausencia de vulneración de derechos
fundamentales, ya que la providencia acusada está suficientemente motivada y
razonada con los referentes constitucionales, legales y jurisprudenciales, en
congruencia con el principio de legalidad y en una interpretación sistemática
del ordenamiento jurídico.
3.1.2.
El Juez 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán contestó la
tutela solicitando negarla porque no vulneró derecho fundamental alguno ni
incurrió en vía de hecho. Además, solicitó la desvinculación del presente
trámite. Explicó
que si bien la redención de pena se entendía como un beneficio y, en
consecuencia, incluida dentro de las prohibiciones de que trata el artículo 199
de la Ley 1098 de 2006, con la entrada en vigencia de la Ley 1709 de 2014 es un
derecho y no concederla supone el quebrantamiento de los principios de
favorabilidad, pro homine y pro libertatis.
No obstante lo anterior, expone que el superior
funcional ha revocado las decisiones adoptadas por ese Juzgado, por lo que en
cumplimiento de las disposiciones adoptadas por la segunda instancia ha
ajustado sus decisiones a los lineamientos del Tribunal demandado, cuyo
criterio es que no es viable reconocer la redención de pena en los casos
señalados en el artículo 199 del CIA por la gravedad, impacto social y afectación
de bienes jurídicos superiores, lo cual está acorde con los postulados y
jurisprudencia constitucionales.
3.2.
La
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia de 2
de julio de 2015, protegió los derechos fundamentales a la libertad y al debido
proceso, dejando sin valor la providencia de 6 de febrero de 2015,
proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán, y ordenando a esa
autoridad judicial que dentro del término de quince (15) días solicite la
actuación procesal y profiera un nuevo auto interlocutorio por medio del cual
desate, en los términos indicados en ese proveído, la apelación interpuesta por
el Ministerio Público contra la decisión del 30 de diciembre de 2014, emitida
por el Juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán.
Afirmó
que el Tribunal Superior de Popayán no tuvo en cuenta que “con la
definición de la redención de pena como derecho, efectuada por el artículo 103
A del Código Penitenciario y Carcelario, por reforma efectuada con la Ley 1709
de 2014, ese instituto se sale de las categorías empleadas por el artículo 199
del Código de la Infancia y la Adolescencia, pues: no es un subrogado o
mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, la cual se continúa
ejecutando en las mismas condiciones; tampoco responde a la estructura propia
de un beneficio, que implica el otorgamiento de una facultad a la autoridad
para su concesión; por el contrario, la redención de pena es exigible y de
obligatorio reconocimiento, siempre y cuando se cumplan las condiciones fijadas
por la ley. Y para ello no hay necesidad de entender que el artículo 199 de la
Ley 1098 de 2006 fue modificado en alguna forma; en lo más mínimo (…)sin
embargo, pese a advertir la existencia del artículo 103 A del Código
Penitenciario y Carcelario, lo ignoró para la solución del caso y contravino su
claro dictado para persistir en considerar a la redención de pena como un
beneficio administrativo y poder así mantenerla, a toda costa, dentro del
alcance del artículo 199 del Código de la Infancia y la Adolescencia.”
Consideró
la Corte Suprema de Justicia, además, que como el artículo 199 de la Ley 1098
de 2006 despoja a los responsables de ciertos delitos de la aplicación de
institutos que los favorecen, su interpretación debe ser restrictiva, con un
criterio mutatis mutandis, porque de lo contrario podría llegarse al
extremo de excluir también la aplicabilidad de la acumulación jurídica de
penas, que ha sido definido por la jurisprudencia como un derecho que genera
beneficio al condenado[13].
La
Corte Suprema de Justicia explicó que tampoco existe contradicción entre los Artículos
199 de la Ley 1098 de 2006 y 64 de la Ley 1709 de 2014, que implique una
antinomia normativa cuya solución fuere que una de las normas debiera ceder
ante la otra, en razón a que no coinciden en el ámbito de validez material,
porque el Código de la Infancia y la Adolescencia y el Código Penitenciario y
Carcelario tienen objetos de regulación diferentes, “como se desprende de
sus respectivos artículos 2º y 1º, sin interferirse. Precisamente, por ese
motivo es que el artículo 199 del Código de la Infancia y la Adolescencia hace
constantes remisiones normativas a otros estatutos, donde se encuentran
previstos y regulados los subrogados, mecanismos sustitutivos y beneficios
judiciales o administrativos aplicables a adultos responsables de delitos, que
pretende excluir para los autores de las conductas punibles que enlista”.
Ahora
bien, señala la Sala de Casación Penal que si existieren razones para
considerar una incompatibilidad entre el Código de la Infancia y la
Adolescencia y el Código Penitenciario y Carcelario, tampoco podría sostenerse
que la primera disposición deba primar sobre la segunda, por cuanto la Ley 1098
de 2006 le otorga carácter preferente a algunas de las normas en ella
contenidas, específicamente las que versan sobre los niños, las niñas y los
adolescentes[14]
y “simultáneamente se excluye del mismo a las disposiciones que no sean
abarcadas por el criterio de agrupación fijado”. En ese orden, como el
artículo 199 del CIA no se refiere a los menores sino que contiene regulaciones
para adultos autores de delitos contra infantes, no tiene el carácter de norma
preferente en los términos de la misma codificación.
Por
otra parte, explica dicha Corporación que la entrada en vigencia de la nueva
norma que define la redención de la pena como derecho y no prevé excepciones a
su reconocimiento no colisiona con las garantías previstas para los menores,
máxime si se tiene en cuenta que entre las funciones de la pena, prima la
reinserción social y, en esa medida[15],
se entiende que la posibilidad que tienen los reclusos de alcanzar la
resocialización mediante el desarrollo de actividades que, además, les generen
redención de la pena[16].
En
consecuencia, para la Sala de Casación Penal, el artículo 199 del CIA se
enmarca dentro de la función de prevención general de la pena, cuyo propósito
es disuadir a la comunidad en general de la comisión de delitos, reforzando la
amenaza con la efectiva ejecución de la pena; precisando que el artículo 64 de
la Ley 1709 de 2014 zanjó definitivamente la discusión sobre la naturaleza
jurídica de la redención de pena, con incidencia sobre la posibilidad de
reconocimiento del descuento punitivo para los condenados por los delitos
enumerados por el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006.
La
Corte Suprema de Justicia concluyó que la Sala Penal del Tribunal Superior de
Popayán, al proferir la decisión acusada, ignoró el cambio legislativo y
mantuvo el tratamiento del asunto en los términos anteriores a la reforma, con
lo cual dejó de aplicar una de las normas llamadas a regir el caso y conculcó,
en particular, los derechos fundamentales a la libertad y al debido proceso del
condenado, incurriendo en un defecto sustantivo o material, que hace
imprescindible conceder el amparo solicitado.
II.
ACTUACIONES
EN SEDE DE REVISIÓN
1. Intervención del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar
Con fundamento en el artículo 13 del Decreto
Estatutario 2591 de 1991, la Directora General del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar – ICBF intervino, solicitando revocar la decisión que se
revisa y, por tanto, negar el amparo invocado, argumentando que la sentencia
proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
menoscaba la protección que el ordenamiento jurídico colombiano le otorga de
manera prevalente a los niños, niñas y adolescentes, víctimas de delitos graves
que atentan contra la libertad, integridad y formación sexuales. Además
advierte que por tratarse de un fallo adoptado por un alto Tribunal, este
constituye un referente de actuación frente a casos similares que se conozcan
en las instancias judiciales.
En criterio de la Directora de la entidad, el derecho
a la redención de pena no puede entenderse de manera absoluta y aislada de las
disposiciones constitucionales y legales que consagran el marco de protección
integral de los infantes, el cual, prohíbe de manera expresa conceder
beneficios judiciales y/o administrativos cuando se trate de delitos cometidos
contra la libertad, integridad y formación sexuales de niños, niñas y
adolescentes; disposición que es el reflejo del deber internacional del Estado
colombiano de adoptar medidas legislativas encaminadas a proteger al menor
contra toda forma de explotación y abuso sexuales.
Señala que la decisión de la Corte Suprema de Justicia
contraría la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia[17],
que ha sido enfática al señalar que en virtud de los artículos 5° y 6° del
Código de la Infancia y la Adolescencia, las normas allí contenidas son de
orden público, de carácter irrenunciable y preferente[18].
Anota que la redención de pena por estudio prevista en
los artículos 101, 102 y 103A del Código Penitenciario y Carcelario no es un
derecho absoluto[19],
ya que es necesario que se cumplan con los requisitos consistentes en acredita
la evaluación satisfactoria del programa de formación educativa, buena conducta
y demás exigidos para acceder al beneficio de reducir tiempo de condena.
Exigencias que no satisface el actor porque existe una prohibición de acceder a
tal beneficio para los condenados por delitos graves contra menores.
Afirma que si bien es cierto las personas privadas de
la libertad tienen derecho a la redención, también lo es que tal derecho no es
absoluto ni ilimitado, sino que debe ser ejercido respetando el ordenamiento
jurídico superior que protege a los menores cuando son víctimas de delitos
graves.
Con base en el expuesto, solicita negar el amparo
invocado ya que la decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán
no vulnera derecho fundamental alguno, menos el de la resocialización, porque
este se hace efectivo a partir del acceso a los programas de educación y
trabajo que ofrezca el centro carcelario en donde se encuentra purgando la pena,
dimensión que se desarrolla de manera independiente a la posibilidad de obtener
reducción de la pena impuesta.
III.
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia.
La Sala Sexta de Revisión es competente para revisar
el fallo proferido, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y
241-9 de la Constitución Política, y 31 a 36 del Decreto Estatutario 2591 de
1991.
2. Planteamiento de la acción y problema
jurídico.
El señor Edward Zúñiga Quinayas está recluido en la
Penitenciaria San Isidro de Popayán purgando la pena de 8 años que le fue
impuesta por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años en el grado
de tentativa. Encontrándose en prisión a octubre de 2014 había cumplido con 366
horas de estudio y, además, fue certificado con “conducta ejemplar”, por
lo que le solicitó al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad el
reconocimiento de la redención, que le fue concedida en cuantía de 50.5 días.
Sin embargo, la Procuradora 224 Judicial I Penal
impugnó la decisión y el Tribunal Superior de Popayán, Sala Penal, al desatar
la segunda instancia, revocó la redención de pena concedida al demandante, al
considerar que la Ley 1709 de 2014 no modificó la prohibición del artículo
199-8 de la Ley 1098 de 2006, en virtud de la cual no hay lugar a reconocer la
redención de pena a los condenados por delitos “de homicidio o lesiones
personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y
formación sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes.”
El demandante formula la acción de tutela en contra
del auto de 6 de febrero de 2015, proferida por la Sala Penal del Tribunal
Superior de Popayán, al considerar que incurrió en un defecto sustantivo que vulneró
sus derechos fundamentales al revocar la redención de pena reconocida por el
Juez de Ejecución de Penas, al interpretar tal institución como un “beneficio”
al que no puede acceder por la naturaleza del delito por el que fue condenado,
cuando en realidad se trata de un “derecho” exigible de los reclusos.
Lo anterior, en criterio del demandante, desconoce la
ley penal y el código penitenciario y carcelario, específicamente la función
protectora y preventiva de la pena, cuya finalidad consiste en resocializar al
infractor a través del trabajo, el estudio y el deporte. En ese orden, colige
que negarle la redención de pena a un recluso significa cerrarle las puertas a
la resocialización, vulnerando los derechos fundamentales al debido proceso, la
igualdad y el principio de favorabilidad.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia decidió la solicitud de amparo y concluyó que se incurrió en un
defecto sustantivo o material, al no haber aplicado el artículo 103A de la Ley
65 de 1993, adicionado por la Ley 1709 de 2014, que estableció la redención de
pena como un derecho exigible ante los jueces correspondientes. En
consecuencia, dejó sin efectos la decisión de la Sala Penal del Tribunal
Superior de Popayán y le ordenó adoptar una nueva providencia, acogiendo el
análisis planteado en relación con la aplicación de la normativa reciente.
Visto lo
anterior, corresponde a esta Sala de Revisión resolver si ¿una persona
condenada por delitos sexuales contra menores de 14 años de edad tiene derecho
a la redención de pena? Y, atendido lo anterior deberá determinarse si ¿la Sala
Penal del Tribunal Superior de Popayán incurrió en un defecto sustantivo al
negarle al demandante la redención de pena solicitada?
Para ello
esta Sala comenzará por (i) reiterar la jurisprudencia constitucional sobre la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y la
caracterización del defecto sustantivo; (ii) el modelo de política criminal, el
tratamiento penitenciario y la resocialización del condenado; (iii) la
protección del menor en el ordenamiento jurídico y en el orden internacional de
los derechos humanos; y finalmente, (iv) resolverá el caso concreto.
3.
Procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y la
caracterización del defecto sustantivo[20].
3.1. Requisitos generales y causales especiales de
procedebilidad.
De conformidad con el artículo 86 superior, el amparo
de derechos fundamentales podrá solicitarse inclusive cuando la vulneración se
origine en la actuación u omisión de “cualquier autoridad pública”.
En consideración de lo anterior, en Sentencia C-543 de
1992 esta Corporación estableció la doctrina de las actuaciones o vías de
hecho, según la cual excepcionalmente procede la acción de tutela contra
providencias judiciales en las que por actos u omisiones de los jueces surge un
quebranto o amenaza de un derecho fundamental.
Esta tesis fue desarrollada posteriormente en la
sentencia C-590 de 2005, donde se distinguieron los requisitos generales de
procedencia de las causales específicas. Los primeros, de naturaleza procesal,
deben ser acreditados en conjunto: (i) la relevancia constitucional del asunto;
(ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable;
(iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se
hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho
que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad
procesal debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) que se identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos desconocidos y que hubiere alegado
tal afectación en el proceso judicial siempre que hubiere sido posible; y, (vi)
que no se cuestionen fallos de tutela.
Ahora bien, por su naturaleza sustancial se requiere
la demostración de al menos uno de los requisitos específicos, que la sentencia
mentada explica de la siguiente manera:
“Ahora,
además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de
tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de
requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar
plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que
proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos,
uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a.
Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b.
Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c.
Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d.
Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en
normas inexistentes o inconstitucionales  o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f.
Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
g.
Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional.
h.
Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando
la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i.
Violación directa de la Constitución.
Estos
eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales
involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos
supuestos de procedebilidad en eventos en los que si bien no se está ante una
burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan
derechos fundamentales.”
3.2. Defecto sustantivo.
Sobre el defecto material o sustantivo este
Tribunal ha señalado[21] que se presenta
cuando “la autoridad judicial aplica una norma
claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u
opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la
razonabilidad jurídica”[22]. En la Sentencia
SU-515 de 2013 fueron sintetizados los supuestos que pueden configurar este
tipo de yerros, a saber:
“(i) La decisión judicial tiene como fundamento
una norma que no es aplicable, ya que: (a) no es pertinente[23], (b) ha perdido su
vigencia por haber sido derogada[24], (c) es inexistente[25], (d) ha sido
declarada contraria a la Constitución[26], (e) o a pesar de que la norma en
cuestión está vigente y es constitucional, su aplicación no resulta adecuada a
la situación fáctica objeto de estudio como, por ejemplo, cuando se le
reconocen efectos distintos a los señalados por el legislador[27].
(ii) La interpretación de la norma al caso
concreto no se encuentra dentro de un margen razonable[28] o el
funcionario judicial hace una aplicación inaceptable de la disposición, al
adaptarla de forma contraevidente -interpretación contra legem- o de
manera injustificada para los intereses legítimos de una de las partes[29]; también,
cuando se aplica una regla de manera manifiestamente errada, sacando la decisión
del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable[30].
(iii) No se tienen en cuenta sentencias con
efectos erga omnes[31].
(iv) La disposición aplicada se muestra
injustificadamente regresiva[32] o claramente contraria a
la Constitución[33].
(v) Cuando un poder concedido al juez se utiliza
para un fin no previsto en la disposición[34].
(vi) La decisión se funda en una interpretación
no sistemática del derecho, omitiendo el análisis de otras disposiciones
aplicables al caso[35].
(vii) El servidor  judicial da insuficiente
sustentación de una actuación[36].
(viii) Se desconoce el precedente judicial sin
ofrecer un mínimo razonable de argumentación[37].
(ix) Cuando el juez se abstiene de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la
Constitución siempre que se solicite su declaración por alguna de las partes en
el proceso[38]”.
De esta manera, a efecto de analizar la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en primer
lugar, se debe tener presente que se trata de un trámite de carácter
excepcional sujeto al cumplimiento de los parámetros formales y materiales
fijados en la jurisprudencia de esta Corte. En segundo orden, es necesario que
se acrediten los requisitos generales expuestos, que le permitan al juez de
tutela realizar un examen constitucional de las decisiones judiciales puestas
bajo su conocimiento. Y finalmente, habrá de demostrarse la existencia de, por
lo menos, una de las causales específicas o defectos enunciados.
4.
El modelo de política criminal, el
tratamiento penitenciario y la resocialización del condenado.
4.1. La
sanción penal como manifestación de la política criminal.
La Carta Política
es un pacto por medio del cual se establecen las pautas de comportamiento del
Estado, representado a través de sus distintas autoridades y los asociados, y
en el fondo es una concepción de qué es y debe ser la persona en sociedad.
En ese contexto,
los colombianos entregaron a la Asamblea Nacional Constituyente la misión de
redactar la Constitución Política, en cuyo preámbulo vino a proclamar el fortalecimiento de la
unidad de la Nación con el propósito de “asegurar a sus
integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el
conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que garantice un orden político, económico y social justo”.
Por su parte, el artículo 1° cataloga a Colombia
como un Estado social de derecho, democrático, participativo
y pluralista, fundando en la  dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de
las personas que la integran y, en la prevalencia del interés general. El
artículo 2º establece que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes; correspondiendo a las autoridades de la República proteger a todos los
residentes, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado
y de los particulares.
En cumplimiento de los deberes constitucionales, le corresponde al
Estado a través de sus distintas ramas del poder público -especialmente al legislativo[39]- diseñar la política criminal,
entendida como el andamiaje o conjunto de herramientas necesarias para mantener
el orden social y hacerle frente a las conductas que atenten de forma grave
contra el mismo y, así, proteger los derechos de los residentes en el territorio
nacional y, puntualmente, a las víctimas de los delitos[40].
En
la Sentencia C-504 de 1993[41],
esta Corte afirmó que la legislación penal es la forma como se concreta la
política criminal del Estado, ya que en ese ámbito se determinan los objetivos
del sistema penal y los medios para combatir el crimen, incluyendo los estadios
de “(i) definición de sus elementos constitutivos y las relaciones entre
ellos, (ii) articulación inteligible de sus componentes, y (iii) programación
de la forma, los medios y el ritmo al cual será desarrollada dicha política; en
ese orden de ideas, la Corte expresó que las decisiones constitutivas del
diseño de una política pública pueden ser plasmadas, o bien en documentos
políticos, o bien en instrumentos jurídicos – esto es, normas, sean éstas de
rango constitucional, legal o reglamentario”[42].
El diseño
de la política criminal del Estado “parte de la idea de la
¨constitucionalización¨ de aspectos medulares del derecho penal, tanto en
materia sustantiva como procedimental”[43], de modo que
esta debe concebirse dentro de los límites de la norma superior. En este
sentido, la Sentencia C-038 de 1995, dijo:
“Así,
ha habido una constitucionalización del derecho penal porque tanto en materia
sustantiva como procedimental, la Carta incorpora preceptos y
enuncia valores y postulados - particularmente en el campo de los derechos
fundamentales - que inciden de manera significativa en el derecho penal y, a la
vez, orientan y determinan su alcance. Esto significa entonces que el legislador
no tiene una discrecionalidad absoluta para definir los tipos delictivos y los
procedimientos penales, ya que debe respetar los derechos constitucionales de
las personas, que aparecen así como el fundamento y límite del poder punitivo
del Estado.
Fundamento, porque el ius punendi debe estar orientado a hacer efectivos esos derechos
y valores constitucionales. Y límite, porque la política criminal del Estado no
puede desconocer los derechos y la dignidad de las personas”
En la Sentencia
C-936 de 2010[44]
este Tribunal manifestó que forman parte de la política criminal del Estado
aquellas normas que regulan la forma de ejecución de la misma, a través de
medidas que definen los bienes jurídicos objeto de protección de la ley penal,
la tipificación de las conductas delictivas, el establecimiento de los
procedimientos para protegerlos, la institución de regímenes sancionatorios,
los criterios para aumentar la eficiencia de la administración de justicia, los
mecanismos de protección de los intervinientes en los procesos penales, la
regulación de la detención y los términos de prescripción de la acción penal.[45]
Sin embargo, la
misma providencia señala que “si bien las leyes penales pueden ser la
expresión de una política, dado su carácter de normas jurídicas deben
obviamente respetar la Constitución. De modo que cuando una política pública es
formulada en un instrumento jurídico, se debe respetar el ordenamiento
superior. En materia penal este imperativo resulta todavía más claro que en
otros ámbitos de las políticas públicas, toda vez que se trata de una esfera
del orden normativo en el que los derechos fundamentales se encuentran
particularmente implicados ya sea desde el punto de vista del imputado o de la
víctima, y el interés de la sociedad se encuentra igualmente comprometido. El
margen del órgano que adopta la política pública es más amplio o reducido según
sean mayores y más detallados los condicionamientos fijados en la Constitución
al respecto”.
De este
modo, la potestad de configuración del legislador para diseñar la política
criminal del Estado está limitada por la Constitución, por un lado, en lo que
tiene que ver con derechos de las víctimas[46] a que exista
un recurso judicial efectivo, a acceder a la justicia, a la reparación, a la
restauración de sus derechos y la garantía de no repetición; y de otro, el
deber del Estado de prevenir, investigar, juzgar y sancionar la grave
criminalidad, de acuerdo con los compromisos internacionales sobre derechos
humanos[47],
aplicables en el ordenamiento interno en virtud del artículo 93 Superior.[48]
En la Sentencia
C-387 de 2014[49] esta Corporación
reiteró su jurisprudencia[50] en
relación con los límites de la competencia asignada al Congreso de la República[51]
para definir la política criminal del Estado[52], en
virtud
de la Constitución y los tratados internacionales de
derechos humanos que “constituyen un límite inalterable al ejercicio del
poder público, al consagrar valores superiores, principios constitucionales y
derechos fundamentales[53]”[54],
para lo cual el legislador debe atender, entre otros, los principios de
necesidad de la intervención penal[55],
de razonabilidad y proporcionalidad, y al deber de garantizar los derechos
constitucionales y la aplicación de los convenios internacionales de derechos
humanos.[56]
En ese
orden de ideas, todas las medidas que adopte el legislador para prevenir el
delito y mantener la convivencia social deben consultar siempre el contenido
material de los derechos humanos, por tanto, las normas penales tanto
sustanciales como procedimentales deben atender a criterios de necesidad,
razonabilidad y proporcionalidad, entre otros.
Por su
parte, la doctrina[57]
plantea que el derecho penal se compone de la suma de todos los preceptos que
regulan los presupuestos o consecuencia de una conducta conminada con una pena
o con una medida de seguridad a través de la descripción de conductas típicas. Puntualmente,
en relación con la sanción, sostiene que supone una aflicción para quien debe
soportarla porque es la respuesta punitiva de la sociedad organizada frente a
quien cometió un delito, por lo que se entiende que la sanción es retribución
social y debe responder a los principios de necesidad, proporcionalidad y
razonabilidad. Adicionalmente, sostiene que:
“La
necesidad social de las sanciones penales es siempre la concreta y efectiva
necesidad de la prevención (general y especial). Solo dos ideas pueden
representar la esencia de la pena criminal: la retribución o la prevención
general negativa o intimidatoria; pero esta última, si bien posee fundamentos
empíricos de psicología social, carece de límites, en tanto que la primera
lleva en sí la imagen de la proporcionalidad y permite su adaptación a fines de
utilidad social (funciones psicosociales de la retribución justa), pero puede
conducir a la metafísica o al expiacionismo. De modo tal que la pena justa está
limitada internamente por la proporcionalidad con respecto a la naturaleza y
magnitud del daño intelectual y social del delito (injusto típico, su
afectación de la víctima y su resonancia en la conciencia de seguridad de la
sociedad: mal ejemplo, sentimientos de inseguridad y hasta de zozobra) y al
merecimiento individual (adecuación a la culpabilidad o grado concreto  de
libertad interna y externa del autor al momento del hecho y para los efectos de
la decisión del mismo), y externamente por las necesidades sociales de la
prevención general (positiva y negativa). Pero es claro que las proporciones no
son ontológicas sino valorativas y que, por tanto siempre es necesario la
invocación de razonabilidad y prudencia.” [58]
Así entonces, la política criminal
colombiana y su modelo de justicia están encaminados a satisfacer el
restablecimiento de los derechos de las víctimas y a lograr una efectiva
resocialización del autor de la conducta penal, porque en el marco de un Estado
social y democrático de derecho, fundado en la dignidad humana y que propende
por un orden social justo, la intervención penal tiene como fines la
prevención, la retribución y la resocialización, esta última se justifica en
que la pena no persigue es excluir de la sociedad al infractor sino otorgarle
las herramientas para que alcance la reincorporación o adaptación a la vida en
sociedad.
4.2.
La
resocialización del infractor como finalidad del tratamiento penitenciario.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el
artículo 10, numeral 3º, prevé que “el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya
finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados”[59]. A su turno, la Ley
65 de 1993, en el artículo 10 dispone
que “El tratamiento
penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del
infractor de la ley penal, mediante el examen de su personalidad y a través
de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura,
el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario.” (Se destaca).
En los artículos 142[60]
y 143[61]
la misma normativa establece que el tratamiento penitenciario tiene como objeto
preparar a la persona que se encuentra privada de la libertad a través de la
educación, el trabajo, actividades recreativas, culturales y deportivas, la
instrucción y las relaciones de familia para el momento en el que recobre la
libertad[62].
A propósito del fin resocializador de la
pena[63],
el Sistema Penitenciario y Carcelario prevé mecanismos terapéuticos que
permiten a los reclusos potenciar sus cualidades y prepararlos para la vida en
libertad[64],
como el trabajo, el estudio, la enseñanza, las actividades deportivas y
artísticas.
Los artículos 94 y 96 del Código
Penitenciario y Carcelario prevén que la educación es la base fundamental de la resocialización y estatuyen que, previa
evaluación de los estudios realizados hay lugar a que sea certificada por la
autoridad designada para el efecto. Asimismo, el artículo 97, de la
misma regulación, establece la redención de pena por estudio y dispone que será
concedida por el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, abonando 1
día de reclusión por 2 días de estudio[65].
En igual sentido, el artículo 494 de la Ley 600 de 2000[66], prevé que la redención de pena por
trabajo, estudio y enseñanza es concedida por el Juez de Ejecución de Penas
conforme a las previsiones del Código Penitenciario y Carcelario.
Acerca
de la resocialización como fin de la sanción penal, la jurisprudencia
constitucional en la Sentencia C-261 de 1996[67], sostuvo que en un Estado social de derecho, a partir
de la noción de dignidad y de la autonomía de la persona -que no se pierden por
el hecho de estar purgando una condena-, la reincorporación a la vida social se
constituye en una garantía material del penado, ya que no se trata de la imposición
estatal de un esquema de valores, sino en crear bases para que el individuo se
desarrolle libremente y de algún modo, contrarrestar las consecuencias
desocializadoras de la intervención penal.
De ahí
que la resocialización del infractor, como marco de interpretación de todas las
medidas punitivas y como expresión de la dignidad humana, el libre desarrollo
de la personalidad y la autonomía individual, deba entenderse como una
obligación del Estado de ofrecerle al penado todos los medios razonables encaminados
o alcanzarla y al tiempo, le prohíbe entorpecer su realización.
La
Sentencia C-144 de 1997[68]
reiteró que el fin resocializador de la pena se fundamenta en la cláusula del
Estado social de derecho y sostuvo que el tratamiento penitenciario no puede
interpretarse como una medida de retribución rígida, sino que se rige por
objetivos legítimos asociados a la prevención general, es decir a los efectos
disuasivos de la sanción penal, y a la reforma o readaptación del penado, esto
es si incorporación a la sociedad como sujeto que la engrandece.
Además, esta Corte en la Sentencia C-312 de 2002
manifestó que los beneficios en la fase de ejecución de la pena normalmente
implican la reducción del lapso de privación de la libertad, al afirmar que: “En
cuanto tiene que ver con los beneficios administrativos, se trata de una
denominación genérica dentro de la cual se engloban una serie de mecanismos de
política criminal del Estado, que son inherentes a la ejecución individual de
la condena. Suponen una disminución de las cargas que deben soportar las
personas que están cumpliendo una condena y que, en algunos casos, pueden
implicar la reducción del tiempo de privación efectiva de la libertad dispuesto
en la sentencia condenatoria o una modificación en las condiciones de ejecución
de la condena.”
En la misma línea, la Sentencia C-806 de
2002[69], advirtió que en un
Estado social y democrático de derecho es necesaria la prevención del delito
para asegurar la protección efectiva de los asociados[70],
pero además de orientarse
a defender a la comunidad de quien infrinja la norma, el derecho penal debe
encaminarse a respetar la dignidad del infractor, “no imponiendo penas como
la tortura o la muerte, e intentar ofrecerles alternativas a su comportamiento
desviado, ofreciéndoles posibilidades para su reinserción social”
(se destaca). En ese contexto, manifestó:
“Así,
en el ordenamiento penal deben reflejarse las anteriores finalidades de la
pena, no solo en el momento judicial de su determinación, impidiendo su
imposición o cumplimiento cuando no resulte necesaria para la protección de la
sociedad o contraindicada para la resocialización del condenado, sino también
en el momento de su ejecución.
Al
respecto de la finalidad de la pena, ha señalado esta Corte[71]
que, ella tiene en nuestro sistema jurídico un fin preventivo, que se
cumple básicamente en el momento del establecimiento legislativo de la sanción,
la cual se presenta como la amenaza de un mal ante la violación de las
prohibiciones; un fin retributivo, que se manifiesta en el momento de la
imposición judicial de la pena, y un fin resocializador que orienta la
ejecución de la misma, de conformidad con los principios humanistas y las
normas de derecho internacional adoptadas. Ha considerado también que “sólo son
compatibles con los derechos humanos penas que tiendan a la resocialización del
condenado, esto es a su incorporación a la sociedad como un sujeto que la
engrandece, con lo cual además se contribuye a la prevención general y la
seguridad de la coexistencia, todo lo cual excluye la posibilidad de imponer la
pena capital”. [72]
En
conclusión, debe entenderse que la pena debe, entre sus varias finalidades,
cumplir una función de prevención especial positiva; esto es, debe buscar la
resocialización del condenado, obviamente dentro del respeto de su autonomía y
dignidad, pues el objeto del derecho penal en un Estado social de derecho no es
excluir al infractor del pacto social, sino buscar su reinserción en el mismo.
El
postulado de la prevención, encuentra cabal desarrollo en el mismo estatuto
penal cuando señala los criterios que debe tener el juez para aplicar la pena,
como son  la gravedad y modalidad del hecho punible, el grado de culpabilidad,
las circunstancias de atenuación o agravación y la personalidad del agente.
Pero particularmente,  la función  preventiva especial de la pena se proyecta
en los denominados mecanismos sustitutivos de la pena que tal como lo ha
señalado la jurisprudencia constitucional, pueden ser establecidos por el
legislador en ejercicio de su facultad de configuración siempre y cuando estén “orientados
hacia la efectiva resocialización de quienes hayan cometido hechos
punibles, favorezcan el desestímulo de la criminalidad y la reinserción de sus
artífices a la vida en sociedad”.[73](Se
resalta).
Lo
anterior cobra mayor relevancia si atendemos el estado actual de la política
criminal del Estado y el sistema penal acusatorio, que en virtud del Acto
Legislativo 03 de 2002[74]
introdujo al ordenamiento jurídico el sistema de justicia restaurativa,
entendido como “todo proceso en el que la víctima y el imputado, acusado o
sentenciado participan conjuntamente de forma activa en la resolución de
cuestiones derivadas del delito en busca de un resultado restaurativo, con o
sin la participación de un facilitador. Entiende por resultado restaurativo el
acuerdo encaminado a atender las necesidades y responsabilidades individuales y
colectivas de las partes y a lograr la reintegración de la víctima y del
infractor en la comunidad en busca de la reparación, la restitución y el
servicio a la comunidad (art. 518)”.[75]
Esto significa que bajo este modelo de justicia, existe un mayor
protagonismo de las víctimas y el interés de que sean reparadas, así como la
finalidad de alcanzar la reinserción social de quien comete el delito[76],
lo cual guarda consonancia con los postulados del Estado social de derecho[77].
En
ese orden, la resocialización de los condenados y la prevención especial del
delito son de vital importancia dentro de un Estado social de derecho fundado
en la dignidad humana, que tiene como fin asegurar la efectividad material de
los principios, valores y derechos de sus asociados, tal y como lo anuncia el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al establecer en el artículo
10.3 que el tratamiento penitenciario tiene como finalidad esencial la “reforma
y readaptación social de los penados"[78].
Acerca de la finalidad resocializadora de las
actividades terapéuticas que realizan los penados con el fin de redimir el
tiempo de reclusión física, esta Corporación en la Sentencia T-1303 de 2005
destacó la importancia de que los presupuestos exigidos para acceder a dicha
concesión se cumplan dentro del marco constitucional, específicamente con
observancia del debido proceso. En igual sentido, el fallo T-896A de 2006 estudió
el caso de unos reclusos a quienes se les restringió el ejercicio de los
derechos de asociación y reunión y, en esa oportunidad, reiteró que las
actuaciones de las autoridades carcelarias y penitenciarias no pueden ser
arbitrarias, ya que “sólo son constitucionalmente admisibles las
limitaciones cuyos objetivos resultan necesarios, adecuados y proporcionados a
la finalidad propuesta, de tal manera que cualquier limitación adicional será
excesiva y, por consiguiente, contraria a la Constitución”.
Sobre la
readaptación de los penados, la Sentencia T-061 de 2009, expresó que “Las
personas que ingresan a un centro carcelario autores de un delito, encuentran
la oportunidad bien sea trabajando o estudiando de redimir la pena que les fue
impuesta. Dentro de sus funciones, las cárceles se encargan de resocializar al
individuo, con el fin de obtener la paz; es decir, permitiendo que el preso
pueda rehabilitarse por medio del ejercicio de una actividad económicamente
productiva, impidiendo de esta manera que el infractor de la ley pueda incurrir
en nuevos hechos punibles”.
Sobre lo anterior, esta Corte en Sentencia T-213 de
2011 reiteró lo afirmado en la providencia T-718 de 1999, según la cual: “la
pena no tiene un sentido de retaliación social o de venganza, ni puede ser
aplicada con saña ni con desprecio hacia el ser humano que purga sus faltas
anteriores. Ella tiene un carácter resocializador que debe aplicarse de modo
civilizado, conforme al Derecho, sin que el Estado -que tiene la función de
administrar justicia- abuse de sus atribuciones ni se iguale al delincuente”.
Al respecto, esta Corporación en Sentencia T-448 de
2014, sostuvo:
“El
trabajo, la educación, las actividades recreativas, deportivas y culturales,
entre otras, son parte del núcleo esencial del derecho a la libertad, pues se
constituyen en un mecanismo indispensable para lograr alcanzar la
resocialización del reo. Debido a lo anterior, para los establecimientos
penitenciarios debe ser una prioridad que los internos puedan acceder a los
programas que les permite redimir pena durante las diferentes fases del
tratamiento penitenciario[79].
Lo anterior, teniendo en cuenta la incidencia del desarrollo de los mencionados
programas en el derecho fundamental a la libertad de los internos”.[80]
Recientemente, en la Sentencia T-288 de 2015, esta
Corporación sostuvo que el principio de la dignidad
humana impone que los seres humanos deban ser considerados como fines en sí
mismos y no como instrumentos, lo cual se constituye en un límite para la
potestad del Estado en el diseño de la política criminal:
“En
materia punitiva ello significa que la Constitución le fija una serie de
límites a la facultad del Estado para imponer penas a las personas. De tal
modo, los seres humanos no pueden ser utilizados como ejemplos, lo cual
significa que no se les pueden imponer “penas ejemplificantes” con el propósito
de prevenir que otros cometan los mismos delitos. Por otra parte, el principio
de dignidad humana también supone que el ser humano está dotado con la capacidad
para arrepentirse, enmendar sus errores, resocializarse y volver a contribuir a
la sociedad. En esa medida, el artículo 34 de la Constitución prohibe las penas
de prisión perpetua, dándole a cada individuo la oportunidad de adaptarse
nuevamente a la vida en sociedad.
La
resocialización de la persona condenada, como objetivo principal del ius
puniendi del Estado está fuertemente arraigada en nuestro ordenamiento
jurídico. Ha sido reconocida por diversos tratados de derechos humanos que
conforme al artículo 93 de la Carta, hacen parte del bloque de constitucionalidad”.
Acerca del
tratamiento penitenciario, la doctrina doméstica[81] sostiene que “la ejecución de la
pena está orientada a la protección y reinserción social del reo, pero la
duración de la pena no depende en modo alguno de fines de prevención especial.
Con todo, es posible que la ley supedite a ciertas condiciones
preventivo-especiales, no la duración máxima de la pena, sino el otorgamiento
del subrogado o sustituvo de la libertad condicional o la concesión de
determinados beneficios penitenciarios, que bien pueden operar bajo condición
de haber observado buena conducta, trabajado determinado número de horas, no
haber intentado la fuga ni cometido nuevos delitos durante la ejecución, etc.
Lo que resultaría equivocado y poco equitativo sería negar estos beneficios por
circunstancias de culpabilidad o personalidad que han sido o debido ser tenidas
en cuenta en la condena, ya que en este momento avanzado de la ejecución no
se trata de apreciar la “personalidad al momento del hecho”, sino al momento
final de la ejecución penitenciaria”. (se destaca).
A su
turno, en la doctrina internacional, Claus Roxin[82]
sostiene lo siguiente:
“En
la ejecución de la pena, según una nueva concepción, debería buscarse solamente
la resocialización[83].
Esto no es para nada un sobreentendido. Y es que en épocas anteriores se han
querido alcanzar efectos preventivos precisamente mediante un rigor escalonado
según la gravedad del delito, rigor que incluso llegaba a la crueldad de la
ejecución penal. En la comprensión de que esto es falso radica un cambio muy
importante en la teoría moderna de los fines de la pena. Y es que la ejecución
penal basada en la imposición de un mal y que renuncie a la resocialización
solamente puede llevar al condenado a una desocialización definitiva y no puede
ser para él un aliciente hacia formas de conducta humana y sociales que el
necesita urgentemente.
En
el sentido de la nueva orientación aquí necesaria, la Ley alemana de Ejecución
Penal menciona expresamente como “finalidad de la ejecución penal” (en el art.
2): “En la ejecución de la pena privativa de la libertad, el preso debe
adquirir la capacidad de llevar en el futuro, una vida bajo responsabilidad
social y libre sin delitos”. Si bien a continuación dice: “La ejecución de la
privación de la libertad también sirve para la protección de la generalidad
frente a la comisión de nuevos delitos”, esta cláusula preventivo-general
describe solamente un efecto secundario de la privación de libertad y no una
finalidad.
Dado
que también las sanciones no privativas de libertad deben ser configuradas de
la manera más favorable posible a la resocialización a través de una reforzada
inclusión de la compensación entre el autor y la víctima, la reparación civil y
el trabajo comunitario, se puede decir, resumiendo, que la teoría de los fines
de la pena tiene que tomar en cuenta la dimensión temporal de la realización
del Derecho penal. Esta dimensión temporal va desde la pura prevención general
y prevención especial hasta el momento de imponer la sanción, hasta llegar a la
clara preeminencia de la prevención especial en l ejecución de la pena y de las
sanciones no privativas de la libertad. Luego, también forma parte de los
desarrollos modernos de la teoría de la pena, el cambio de los fines de la pena
dentro del proceso de realización del Derecho penal que ha reemplazado a la
rígida persistencia en ideas unilaterales sobre la finalidad de la pena.
También
merecen una mención final las transformaciones de la teoría de los fines de la
pena que se han producido a partir de la posición del delincuente hacia el
poder estatal. Durante siglos la pena era vista como algo que se “infligía” e
“imponía” al autor, de tal manera que él solamente debía soportarlo pasivamente.
Él era un mero objeto de influjos, sea que sirvieran estos a la retribución, al
tratamiento preventivo-especial o a la influencia en la generalidad.
También
en la ejecución penal se ha abandonado, entretanto, la idea de un tratamiento
coercitivo, tal como se propagaba mucho internacionalmente todavía durante los
primeros años de la Posguerra, tratamiento que debe ser la causa de algunos
fracasos en la ejecución penal. Y es que la mejor terapia carece de sentido
cuando el delincuente se niega a ella. Los esfuerzos terapéuticos solamente
pueden tener éxito cuando el prisionero libremente cooperase con el desarrollo
resocializador de su personalidad. Entonces, el condenado, tal y como lo
muestran las mencionadas regulaciones, ya no es mero objeto de la punición,
sino recibe más y más la oportunidad de convertirse en sujeto y co-diseñador de
la realización sancionadora. El proceso de la punición ya no es exclusivamente
un dictado soberano; él contiene ahora muchas ofertas dirigidas a la propia
iniciativa del delincuente y así se convierte en una ayuda para la autoayuda”. (se
resalta).
En el año 2013, se presentó ante la Cámara de
Representantes el proyecto de ley 256, que surgió con el propósito de enfrentar de manera efectiva los problemas estructurales del mismo
y así superar la crisis y  garantizar los derechos humanos de la población
privada de la libertad. En la exposición de motivos explicó que se trata de un
tema estructural y de largo plazo, por lo que requiere medidas cuya ejecución
se prolongará en el tiempo, que se debe a la falta de planeación en la construcción de infraestructura
penitenciaria y carcelaria, las oleadas de criminalidad que ha vivido nuestro
país, la ausencia de una política criminal, penitenciaria y carcelaria
coherente y la despreocupación que genera en la sociedad en general la
situación de las personas privadas de la libertad. En ese sentido, se advirtió
lo siguiente:
“La política criminal no puede
desligarse de las medidas de naturaleza penitenciaria que deben adoptarse a fin
de dar coherencia a una propuesta racionalizadora del sistema penal y cumplidor
a su vez de los derechos humanos y garantías básicas de las personas privadas
de la libertad.
3.
Medidas legislativas: Reforma a la
Ley 65 de 1993.
La salida a la crisis que se
ha mostrado anteriormente, requiere del diseño de una estrategia que conjugue
elementos de política pública y medidas de corte legislativo. En ese sentido,
el Ministerio de Justicia y del Derecho encontró que el actual Código
Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993) tiene falencias que impiden reducir
efectivamente la presión sobre el sistema. Es por esta razón que una de las
primeras medidas a implementar es una modificación de este código, con el fin
de adecuarlo a las actuales circunstancias del sistema penitenciario y
carcelario. Para el Ministerio las principales deficiencias que presenta el
código y que ameritan su modificación son las siguientes:
c) Penas intramurales como
último recurso. Esta propuesta tiene como eje central poner en acción el principio
del derecho penal como ultima ratio. En ese sentido, se busca que las
personas, que objetivamente cumplan los requisitos establecidos en la ley
accedan efectivamente a los beneficios de libertad. Actualmente, la existencia
de criterios subjetivos, dada la alta discrecionalidad de la que gozan los
jueces, impide el otorgamiento de dichos beneficios, a pesar de que muchas de
estas personas podrían acceder a ellos y contribuir así a la descongestión de
los establecimientos.
Así mismo, se establecen sanciones
penales y disciplinarias para los funcionarios, que teniendo la obligación de
ordenar la excarcelación, omitan la misma.
f) Ausencia de medidas que
garanticen efectivamente las condiciones mínimas de reclusión. Uno de los
principales actores para dar cumplimiento a las medidas establecidas en esta
ley será la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, que por
ejemplo, deberá fijar las políticas y planes alimentarios y determinar las
políticas de construcción, mantenimiento y conservación de centros de reclusión
(ya sea por concesión o por el esquema de asociación público-privada).
g) Falta de directrices claras
en torno al cumplimiento del fin resocializador de la pena. Para ello el
proyecto establece: a) El trabajo como un derecho como derecho y deber dentro
del sistema penitenciario; b) la inclusión del sector privado y la sociedad
civil en los programas de resocialización; c) La garantía de los derechos
laborales mínimos para los reclusos; de estímulos tributarios para empresas y
personas naturales que se vinculen a programas de trabajo y educación en
establecimientos; e) La posibilidad de redención de pena para las personas de
nacionalidad colombiana que son repatriadas en cumplimiento de los tratados
existentes.
h) Debilidad de las relaciones
entre las instituciones encargadas de implementar la política criminal. En ese
sentido el proyecto fortalece las funciones del Consejo Superior de Política
Criminal, con el fin de que éste sea el encargado de determinar el Plan
Nacional de Política Criminal y de conceptuar sobre todos los proyectos de ley
que en materia penal cursan en el Congreso. Así mismo, se crea la
Comisión de Seguimiento a las condiciones de Reclusión del Sistema
Penitenciario y Carcelario que entre sus funciones tendrá la de monitorizar de
manera permanente el estado de sobrepoblación del sistema.
(…) Es esta mirada renovada
de una política penitenciaria, fundada en un repensar crítico de ese clásico
derecho a castigar de naturaleza puramente retributiva, por la que está
apostando el Ministerio de Justicia y del Derecho. Es una apuesta que gira
hacia una política pública inclusiva, que no desconoce las necesidades de la
seguridad ciudadana, y que está cimentada en mandatos constitucionales que
limitan racionalmente la intervención punitiva del Estado, y se funda en
principios básicos como los de proporcionalidad y necesidad de la pena. Es
esta, en suma, una apuesta cardinal por los derechos fundamentales de todas las
personas y es la que debe fundar el diseño e implementación de la política
criminal en Colombia.” (Se resalta).
En ese contexto, fue expedida la Ley 1709
de 2014 “Por medio de la cual se reforman algunos
artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y
se dictan otras disposiciones”, que adicionó el artículo 68A a la Ley 65 de 1993, en el siguiente
sentido:
“Artículo 68A. Exclusión de los beneficios y
subrogados penales. No se
concederán la suspensión condicional de la ejecución de la pena; la prisión
domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá lugar a ningún otro
beneficio, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración
regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya
sido condenada por delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores.
Tampoco quienes hayan sido
condenados por delitos dolosos contra la Administración Pública; delitos contra
las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario;
delitos contra la libertad, integridad y formación sexual; estafa y abuso de
confianza que recaigan sobre los bienes del Estado; captación masiva y habitual
de dineros; utilización indebida de información privilegiada; concierto para
delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; violencia
intrafamiliar; hurto calificado; extorsión, lesiones personales con deformidad
causadas con elemento corrosivo; violación ilícita de comunicaciones; violación
ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial; trata de
personas; apología al genocidio; lesiones personales por pérdida anatómica o
funcional de un órgano o miembro; desplazamiento forzado; tráfico de migrantes;
testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de
hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan;
receptación; instigación a delinquir; empleo o lanzamiento de sustancias u
objetos peligrosos; fabricación, importación, tráfico, posesión o uso de armas
químicas, biológicas y nucleares; delitos relacionados con el tráfico de
estupefacientes y otras infracciones; espionaje; rebelión; y desplazamiento
forzado; usurpación de inmuebles, falsificación de moneda nacional o
extranjera; exportación o importación ficticia; evasión fiscal; negativa de
reintegro; contrabando agravado; contrabando de hidrocarburos y sus derivados;
ayuda e instigación al empleo, producción y transferencia de minas
antipersonal.
Lo dispuesto en el presente
artículo no se aplicará respecto de la sustitución de la detención preventiva y
de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos contemplados en los
numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004.
Parágrafo 1°. Lo dispuesto en el presente artículo no se
aplicará a la libertad condicional contemplada en el artículo 64 de este
Código, ni tampoco para lo dispuesto en el artículo 38G del presente Código.
Parágrafo 2°. Lo dispuesto en el primer inciso del
presente artículo no se aplicará respecto de la suspensión de la ejecución de
la pena, cuando los antecedentes personales, sociales y familiares sean indicativos
de que no existe la posibilidad de la ejecución de la pena.”
Además de
establecer la exclusión de beneficios y subrogados penales, introdujo en una
nueva categoría la redención de pena en el artículo 103A, al establecer lo
siguiente:
“Derecho a la redención.
La redención de pena es un derecho que será exigible una vez la persona privada
de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las
decisiones que afecten la redención de la pena, podrán controvertirse ante los
Jueces competentes.”
En virtud del artículo adicionado, la
redención de pena está excluida de la categoría de “beneficio”, y es un
“derecho” que puede ser solicitado y exigible por la persona privada de
la libertad siempre que cumpla con los requisitos para acceder a ella y, en
todo caso, las decisiones que la afecten pueden ser controvertidas ante los
jueces competentes.
El artículo 64 de la Ley 1709 de 2014
utiliza una expresión gramatical nueva al hacer referencia a la redención de
pena como un “derecho”, lo cual, en nada modifica la situación de los
reclusos, en la medida de que bajo la categoría innominada que ha tenido dicha
institución en el Código Penitenciario y Carcelario y la Ley 600 de 2000,
también constituía un mecanismo de resocialización para las personas privadas
de la libertad. Asimismo, desde antes de la adición del artículo 103A en la Ley
65 de 1993, la petición de redención de pena se tramitaba ante el Juez de
Ejecución de Penas y su decisión era controvertible a través del recurso de
apelación.
En vigencia de la Ley 1709 de 2014, la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia que se
revisa, adoptó una nueva postura en cuanto a la redención de pena, ya que la
introducción de la nueva categoría de “derecho”, en criterio de esa
Corporación zanjó la discusión que existía alrededor de la naturaleza de la
figura, es decir, que dejó de ser un “beneficio administrativo” limitado
por el legislador para ser un “derecho” reconocido por la Ley.
De lo expuesto, se concluye que la
política criminal es un conglomerado que abarca todo el sistema penal
establecido en el ordenamiento jurídico colombiano, incluso en la fase de la
ejecución de la pena, cuyo fin, más allá de la prevención general y especial
del delito, es restablecer los derechos de las víctimas y lograr la
resocialización del penado.
Es así como se explica que si bien es
cierto que se trata de todo un andamiaje, también lo es que existen diferentes
etapas durante las cuales el Estado, la sociedad, las víctimas y el infractor
desempeñan un papel determinado. Por ejemplo, en el momento del proceso penal,
al Estado le asiste el deber de investigar la conducta lesiva del bien
jurídico, de proteger a la víctima y garantizarle el restablecimiento de sus
derechos y, al imputado o acusado, las prerrogativas propias del debido
proceso. Sin embargo, ya en el momento de purgar la pena, a las instituciones
públicas no solo les corresponde asegurar la reparación y garantía de no
repetición de las víctimas, sino que deben volcarse a lograr que el penado se
reincorpore a la vida social, es decir, asegurarle la resocialización.
Es menester precisar que el legislador en
ejercicio de la potestad de configuración normativa debe establecer la política
criminal del Estado, determinando los bienes jurídicos protegidos, los delitos,
las penas, el procedimiento para imponer sanciones y las condiciones que deben
cumplirse[84].
Sin embargo, tal facultad debe sujetarse a los límites materiales de la
Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.
Esto significa que el diseño de la
política criminal del Estado reviste una enorme responsabilidad porque
necesariamente debe consultar el catálogo de garantías establecidas para la
sociedad en general, las víctimas y el infractor de la ley penal, y además,
estar encaminada a mantener el orden social justo, lo cual se materializa
diseñando un sistema penal coherente (no desarticulado), es decir que debe ser
interpretado como un todo armónico desde el inicio -al establecer los bienes
jurídicos a proteger por el derecho penal-, hasta el fin del tratamiento
penitenciario -la resocialización del autor del delito en la fase de ejecución
de la pena-.
Debe advertir la Corte que de acuerdo con
la legislación y jurisprudencia vigentes, la educación es la base de la
resocialización, actividad que trae consigo la posibilidad de redimir pena.
Esto quiere decir que previo cumplimiento de los requisitos exigidos y agotado
el correspondiente trámite administrativo, hay lugar a que los penados rediman
pena[85]
y simultáneamente alcancen la resocialización.
Independientemente de la categoría
otorgada a la redención de pena, es decir, si es un “derecho” o un “beneficio”,
lo notable de dicha institución jurídica es que se constituye en la única
fuente de materialización de la resocialización del penado, que accede al
descuento de días de prisión física por realizar determinadas actividades,
entre ellas, el estudio.
No obstante, la resocialización
materializada en la posibilidad de redimir pena por estudio, enseñanza,
trabajo, actividades deportivas y artísticas, y cualquier otro mecanismo que
llegare a diseñar el legislador a través de la política criminal estatal, no es
absoluta ya que encuentra límite en los principios de necesidad, razonabilidad
y proporcionalidad de la pena impuesta al condenado, esto significa que el
descuento de días de prisión física no puede llegar al extremo de convertir la
condena en una medida inocua que desconozca los fines preventivo y retributivo
de la intervención penal.
En el asunto que ahora ocupa la atención
de la Sala se discute si una persona condenada por un delito que atenta contra
la libertad, integridad y formación sexuales de los menores, puede acceder a la
redención de pena por estudio.
Por lo anterior, la Sala efectuará un
análisis de la protección a los niños, niñas y adolescentes en el marco
jurídico constitucional e internacional y, particularmente en el ámbito del
derecho penal, para finalmente entrar a resolver el caso concreto.
5.
La protección a los menores en el ámbito
del derecho.
5.1. Protección a los niños, niñas y adolescentes
en la Constitución.
La Constitución en el artículo 44 dispone
que los derechos de los niños[86]
prevalecen sobre las garantías de los demás y, además, prevé la protección especial
de la que son objeto por parte de la familia, la sociedad y el Estado, quienes
tienen la obligación de asistirlos y protegerlos para garantizar su desarrollo
armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos, entre los cuales
destaca como fundamentales la vida, la integridad física,
la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y
nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor,
la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión.
Asimismo, el artículo en mención estipula
que los niños serán
protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro,
abuso sexual y explotación, y que gozarán de todos los demás derechos
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales
ratificados por Colombia.
En igual sentido, el artículo 45 superior establece
que los adolescentes tienen derecho a la protección y formación integral, para
lo cual, el Estado y la sociedad deben garantizar la participación activa de
los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la
protección, educación y progreso de la juventud.
La Carta Política a lo largo de su
articulado mantiene el marco de salvaguarda al desarrollar y hacer mención a la
protección de los niños en los diferentes ámbitos de la vida, al establecer que
la familia es el núcleo esencial e institución básica de la sociedad[87]
y que de tal principio se derivan mandatos específicos de protección integral
al prohibir la discriminación por razones de origen familiar, el deber del
Estado de promover condiciones para lograr una igualdad real y efectiva, y
adoptar medidas a favor de los grupos marginados o discriminados[88].
Igualmente sanciona la tortura, los tratos inhumanos y degradantes[89],
y la violencia intrafamiliar; e instituye los derechos a la vida[90],
la personalidad jurídica[91], la libertad de expresión[92],
la intimidad familiar y la obligación de respetarla[93],
el libre desarrollo de la personalidad[94], la libertad
personal[95], el patrimonio, la honra, la dignidad,
la armonía y unidad familiar[96], entre otros.
Bajo este contexto normativo, la Sentencia C-1064 de
2000[97]
sostuvo que el Estado social de derecho asigna al aparato público el deber de
adoptar acciones “que permitan a los menores de edad alcanzar un desarrollo
armónico e integral, en los aspectos de orden biológico, físico, síquico,
intelectual, familiar y social. La población infantil es vulnerable y la falta
de estructuras sociales, económicas y familiares apropiadas para su crecimiento
agravan su indefensión”. En virtud de ello, el Estado tiene como fin el
diseño de políticas especiales de protección para alcanzar la efectividad de
los derechos y garantías que les asisten como seres reales, autónomos y en
proceso de evolución personal, titulares de un interés jurídico que irradia
todo el ordenamiento[98].
Lo expuesto permite concluir que en el ordenamiento
jurídico colombiano los menores merecen un trato especial tendiente a
protegerlos, el cual debe reflejarse en todos los aspectos de la legislación
incluyendo el diseño de la política criminal, ya que esta debe consultar
siempre el interés superior del menor, como parámetro obligatorio de
interpretación de las normas y decisiones de las autoridades que pueden afectar
sus intereses.
Esta Corporación en la Sentencia C-061 de 2008 decidió
la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el inciso 2 del artículo
48 del CIA[99],
determinando el alcance del artículo 44 de la Constitución:
“En
realidad, más allá de lo reconocido por la actora, este artículo contiene la
explícita incorporación en nuestro ordenamiento jurídico del universal
principio sobre el interés superior del menor[100],
que se manifiesta, de una parte, en la expresa enumeración de los derechos de
los niños (inciso 1°), que son además reconocidos como fundamentales y, en
consecuencia, susceptibles de protección mediante la acción de tutela. De otra
parte, se ve reflejado también en el establecimiento de importantes deberes de
acción en cabeza de la familia, de la sociedad y del Estado (inciso 2°),
encaminados a hacer realidad dicho conjunto de derechos para todos los menores
residentes en Colombia.
Adicionalmente,
tales incisos primero y segundo del comentado artículo 44 contienen varias
referencias expresas a la protección contra toda forma de violencia o abuso
sexual y a la necesidad de garantizar el desarrollo armónico e integral del
niño, los cuales no sólo habilitan, sino que además obligan al Estado y a los
demás entes comprometidos en la protección de la niñez, a adoptar medidas efectivas
para prevenir y luchar frente a esos fenómenos y procurar, en toda la extensión
que ello sea posible, la rehabilitación de los menores que hayan sido víctimas
de ellos.
En
relación con este asunto y con todos los demás a que se refiere el artículo 44,
el poder legislativo tiene amplia autonomía para establecer las medidas que
juzgue convenientes al logro de tales propósitos, siempre y cuando, como es
natural, ello se haga dentro de una adecuada integración con los demás
postulados constitucionales.
Por
todo lo anterior, considera la Corte que, al menos en principio, el propósito
de la norma puede en efecto entenderse válidamente fundado en el mandato
contenido en el artículo 44, como un mecanismo encaminado a la garantía y
restablecimiento de los derechos de los niños que hayan sido víctimas de
delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, situaciones que de
suyo afectan gravemente los derechos fundamentales que esta misma norma
reconoce y protege.”
En igual sentido, esta Corte en Sentencia C-739 de
2008, al resolver la demanda de inconstitucionalidad incoada contra los numeral
3º y 7º del artículo 199 del CIA, sostuvo lo siguiente:
“Según
la jurisprudencia constitucional, este principio “condiciona el actuar de la
totalidad del Estado, así como de las instituciones privadas de bienestar
social, a la hora de tomar decisiones en las que se vean afectados niñas y
niños; siempre se ha de considerar, primordialmente, el interés superior del
niño.[101]”[102]
En otras palabras, el interés superior del menor “se
revela como un principio, el cual implica una forma de comportamiento
determinado, un deber ser, que delimita la actuación tanto estatal como
particular en las materias que los involucra, el cual obtiene reconocimiento en
el ámbito del ordenamiento jurídico internacional como en el nacional.”[103]
En suma,
es claro que los derechos y garantías de los niños son prevalentes en tanto que
merecen un tratamiento prioritario respecto de los derechos de los demás y que
las disposiciones en que se involucren dichos intereses deben interpretarse
siempre a favor de los intereses del niño, que son intereses superiores del
régimen jurídico.”
5.2.
La protección a los niños, niñas y adolescentes en los
instrumentos jurídicos internacionales.
La vigencia de la protección a los
derechos de los menores no solo se debe a su consagración en la Constitución,
sino que también está contenida en varios instrumentos jurídicos
internacionales sobre derechos humanos, prevalecientes en el orden interno al
estar ratificados por el Estado colombiano[104], entre
ellos, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1946; la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948; el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos de 1966[105]; la
Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San
José de Costa Rica" de 1969[106]; el
Protocolo adicional a los convenios de Ginebra de 1977[107];
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de 1990[108];
la Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra personas
internacionalmente protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos de 1973[109];
la Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer, de 1994[110]; el Convenio relativo a la protección
del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional de 1993[111];
el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San
Salvador" de 1988[112]; la Convención Interamericana sobre
Obligaciones Alimentarias de 1989[113]; el Acuerdo sobre asistencia a la
niñez entre la República de Colombia y la República de Chile de 1991[114];
y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño
relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los
niños en la pornografía de 2000[115]; entre otros.
En 1924 la Sociedad de las Naciones
motivada por la situación de los infantes víctimas de la Primera Guerra Mundial
y preocupada por la necesidad de que existiese una protección especial para
ellos, adoptó la Declaración de Ginebra[116], texto en que
por primera vez se reconoce y afirma la existencia de garantías para ellos, al
establecer que “la
humanidad debe al niño lo mejor que ésta puede darle, sin considerar su raza,
nacionalidad o creencia”[117].
Antecedida por la
historia[118] y la Declaración de
los Derechos Humanos, en 1959 la Asamblea General de la ONU aprobó la
Declaración de los Derechos del Niño[119], en
la cual reconoce que los infantes por su falta de madurez física y mental
requieren de protección y cuidado especiales e incluso, la debida asistencia
legal, antes y después del nacimiento, a fin de que puedan gozar de una
infancia feliz, con los derechos y libertades reconocidos; para lo cual insta a los
hombres y las mujeres individualmente y, a las organizaciones particulares,
autoridades locales y gobiernos nacionales, a que reconozcan tales garantías y
luchen por su observancia, con medidas legislativas y de otra índole adoptadas
progresivamente.
En 1989 la Asamblea General de las
Naciones Unidad aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada
en la legislación interna mediante la Ley 12 de 1991, cuyo mandato es que todas
las medidas legislativas y administrativas concernientes
a los menores, que adopten las instituciones públicas o privadas de bienestar
social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos, consulten de manera primordial el interés superior del menor.
La
Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-17 de 28
de agosto de 2002 al resolver la consulta formulada por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, acerca de la condición jurídica y los
derechos humanos del niño, concluyó:
“2. Que la
expresión “interés superior del niño”, consagrada en el artículo 3 de la
Convención sobre los Derechos del Niño, implica que el desarrollo de éste y el
ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores
para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes
relativos a la vida del niño.
8. Que la
verdadera y plena protección de los niños significa que éstos puedan disfrutar
ampliamente de todos sus derechos, entre ellos los económicos, sociales y
culturales, que les asignan diversos instrumentos internacionales. Los Estados
Partes en los tratados internacionales de derechos humanos tienen la obligación
de adoptar medidas positivas para asegurar la protección de todos los derechos
del niño.
9. Que los
Estados Partes en la Convención Americana tienen el deber, conforme a los
artículos 19 y 17, en relación con el artículo 1.1 de la misma, de tomar todas
las medidas positivas que aseguren la protección a los niños contra malos
tratos, sea en su relación con las autoridades públicas, o en las relaciones
inter–individuales o con entes no estatales.”
Además de reiterar
los derechos de los niños, en el artículo 19[120] dispone que “los
Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas,
sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de
perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o
explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la
custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona
que lo tenga a su cargo”. Por tanto, deben
establecerse procedimientos eficaces que permitan proporcionar la asistencia
necesaria a los niños y a quienes cuidan de ellos, así como “otras formas de
prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución,
investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos
de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.”
5.3.
El Interés superior del menor en la legislación penal.
Sobre la base de que el Estado colombiano
ratificó en 1991 la Convención sobre los Derechos del Niño que lo obliga a
adecuar la legislación nacional a los paradigmas de dicho instrumento jurídico
y, atendiendo a que el Comité de los Derechos del Niño en el examen realizado a
Colombia en el marco de las revisiones al cumplimiento de los compromisos
internacionales, enfatizó que los compromisos adquiridos continuaban siendo desconocidos
de manera sistemática, el 17 de agosto de 2005 se presentó en la Secretaría
General de la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley 085 “por la cual
se expide la ley para la Infancia y la Adolescencia”, en cuya exposición de
motivos se destacó la necesidad de adoptar medidas encaminadas a proteger y
garantizar el desarrollo integral de los menores bajo los parámetros
internacionales.
Para el efecto trajo a colación un informe
realizado por la Comisión de los Derechos del Niño sobre la situación de los
derechos humanos de la niñez en Colombia, estudio que separó por categorías los
derechos a la vida, a la integridad personal, a la alimentación equilibrada, a
no ser explotados económicamente, a la educación, al cuidado, a tener una
familia y no ser separado de ella, y los sexuales y reproductivos. Así mismo,
la situación de los infantes víctimas de desplazamiento forzado, de minas
antipersona, del reclutamiento y utilización por parte de grupos armados al
margen de la ley, concluyendo que “estos son solamente algunos datos de
contexto, incluso que permiten mostrar el grave problema de la carencia de
sistemas de información actualizados que permitan tanto al Gobierno como a los
gobiernos regionales emprender acciones de política pública para prevenir y
restablecer los derechos más vulnerados. De allí la necesidad de actualizar la
legislación para que no solamente se apunte a proteger a los niños y niñas que
tipifican las nueve situaciones irregulares del Código del Menor vigente, sino
para garantizar el restablecimiento de todos y cada uno de los derechos amenazados
o vulnerados.”[121]
Específicamente, en relación con los
niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos, en la exposición de motivos
del Proyecto de Ley 085 -hoy Ley 1098 de 2006-, se dijo lo siguiente:
“9. Los
niños y niñas víctimas de delitos
En
los últimos años la violencia contra la niñez en Colombia se ha agudizado, pero
sobre todo cada día se ejerce con mayor crueldad y severidad. Se matan y
maltratan niñas y niños por deudas de sus padres, se les violenta sexualmente
con la complicidad de todos, se les explota y obliga a conseguir el sustento
para sus familias y cada día la agresión verbal y física cobra un mayor número
de víctimas en hospitales y cementerios, ante la mirada pasiva de toda la
sociedad y del Estado.
Pero
lo más increíble es que en Colombia la conducta de maltrato infantil está
solamente prevista en el Código del Menor con la sanción del pago de multas. No
existe como tal el delito de maltrato infantil aun cuando el artículo 19 de la
Convención de los Derechos del Niño ordena que: Los Estados Partes
adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y
educativas para proteger al niño contra toda forma de violencia, perjuicio o
abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación
incluido el abuso sexual", y aun cuando el artículo 44 de la Constitución
Política ordena la prevalencia de los derechos de los niños y la obligación de
protegerles contra toda forma de violencia física o moral.
Por
ello el país tiene una deuda con los niños y niñas que son víctimas de los
vejámenes más atroces, lo que hace necesario proveer normas persuasivas que
impongan sanciones severas contra los adultos que los maltraten y que cometan
delitos contra ellos y ellas.
En
aras de la prevalencia de los derechos de los niños se hace imperativo aumentar
las penas de los delitos en los que haya una víctima menor de edad, así como
negar los beneficios jurídicos establecidos en la ley penal, salvo los de orden
constitucional, para quienes cometan delitos contra los niños y las niñas.
Sin
lugar a dudas, el hecho de contar con una legislación que contemple sanciones
para quienes ejerzan castigos corporales o maltrato infantil por sí misma no
soluciona el problema. Sin embargo, conseguir su aplicación es en sí una manera
de educar a la sociedad y de caminar hacia los cambios culturales que tanto
requiere esta sociedad deprimida.”
En este contexto fue expedido el Código de
la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), en cuyo artículo 5º dispuso
que las normas sobre niños, niñas y adolescentes contenidas en esta
codificación son de orden público, de carácter irrenunciable, y los principios
y reglas en ella establecidas se aplicarán de manera preferente a las previstas
en otras leyes. Asimismo, el artículo 6º preceptúa que las disposiciones
contenidas en la Constitución, los tratados o convenios internacionales de
Derechos Humanos ratificados por Colombia, en especial la Convención sobre los
Derechos del Niño, hacen parte integral de la misma, y servirán de guía para su
interpretación y aplicación; y en todo caso, se aplicará siempre la norma más
favorable al interés superior del niño, niña o adolescente. Además, señala
expresamente que
“La
enunciación de los derechos y garantías contenidos en dichas normas, no debe
entenderse como negación de otras que, siendo inherentes al niño, niña o
adolescente, no figuren expresamente en ellas.”
Según la codificación
en cita, se entiende por interés superior del menor el imperativo que obliga a
todas las personas y entidades a garantizar la satisfacción integral y
simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e
interdependientes; y establece que además de lo señalado en la Constitución Política y en otras disposiciones
legales, serán obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado cumplir el
conjunto de disposiciones previstas en la Ley de Infancia y Adolescencia (arts.
8º y 38).
Ahora
bien, la misma ley en el artículo 41 establece que “el Estado es
el contexto institucional en el desarrollo integral de los niños, las niñas y
los adolescentes. En cumplimiento de sus funciones en los niveles nacional,
departamental, distrital y municipal deberá:
“4. Asegurar la protección y el efectivo restablecimiento de los
derechos que han sido vulnerados.
6. Investigar y sancionar severamente los delitos en los cuales
los niños, las niñas y las adolescentes son víctimas, y garantizar la
reparación del daño y el restablecimiento de sus derechos vulnerados.”
Al referirse a los
criterios para el desarrollo del proceso penal por delitos cometidos en
contra de menores, el Código de Infancia y
Adolescencia establece que la autoridad judicial debe prestar especial atención
para la sanción de los responsables, la indemnización de perjuicios y el
restablecimiento pleno de los derechos vulnerados.
En cuanto a los
beneficios y mecanismos sustitutivos, el artículo 199 del CIA dispone:
“Beneficios y mecanismos sustitutivos. Cuando se trate de los
delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos
contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro, cometidos
contra niños, niñas y adolescentes, se aplicarán las siguientes reglas:
1.
Si hubiere mérito para proferir medida de aseguramiento en los
casos del artículo 306 de la Ley 906 de 2004, esta consistirá siempre en
detención en establecimiento de reclusión. No serán aplicables en estos delitos
las medidas no privativas de la libertad previstas en los artículos 307,
literal b), y 315 de la Ley 906 de 2004.
2.
No se otorgará el beneficio de sustitución de la detención
preventiva en establecimiento carcelario por la de detención en el lugar de
residencia, previsto en los numerales 1 y 2 del artículo 314 de la Ley 906 de
2004.
3.
No procederá la extinción de la acción penal en aplicación del
principio de oportunidad previsto en el artículo 324, numeral 8, de la Ley 906
de 2004 para los casos de reparación integral de los perjuicios.
4.
No procederá el subrogado penal de Suspensión Condicional de la
Ejecución de la Pena, contemplado en el artículo 63 del Código Penal.
5.
No procederá el subrogado penal de Libertad Condicional, previsto
en el artículo 64 del Código Penal.
6.
En ningún caso el juez de ejecución de penas concederá el
beneficio de sustitución de la ejecución de la pena, previsto en el artículo
461 de la Ley 906 de 2004.
7. No procederán las rebajas de pena con base en los
"preacuerdos y negociaciones entre la fiscalía y el imputado o
acusado", previstos en los artículos 348 a 351 de la Ley 906 de 2004.
8. Tampoco procederá ningún otro beneficio o subrogado judicial o
administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código
de Procedimiento Penal, siempre que esta sea efectiva.
Parágrafo transitorio. En
donde permanezca transitoriamente vigente la Ley 600 de 2000, cuando se trate de
delitos a los que se refiere el inciso primero de este artículo no se
concederán los beneficios de libertad provisional garantizada por caución,
extinción de la acción penal por pago integral de perjuicios, suspensión de la
medida de aseguramiento por ser mayor de sesenta y cinco (65) años, rebajas de
pena por sentencia anticipada y confesión; ni se concederán los mecanismos
sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución
condicional o suspensión condicional de ejecución de pena, y libertad
condicional. Tampoco procederá respecto de los mencionados delitos la prisión
domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún otro
beneficio subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por
colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal siempre que esta
sea efectiva.”
Lo
anterior evidencia que uno de los mecanismos por medio de los cuales el Estado
colombiano ha dado cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos en
la Convención sobre los derechos del Niño y demás tratados internacionales
sobre derechos humanos, en cuanto al deber de proteger de manera especial a los
niños, niñas y adolescentes, se concreta en el catálogo de garantías, deberes,
derechos y medidas establecidas en la citada codificación.
Tratándose
de casos en que los infantes han sido víctimas de delitos que atentan contra
la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro, en cuanto a las
reglas a aplicar en el tratamiento de los imputados, acusados o condenados por
la comisión de la conducta punible, regulación legal establecida elimina beneficios
propios del procedimiento penal v. g. los subrogados penales[122],
la sustitución de la detención preventiva[123], la sustitución de la
ejecución de la pena[124],
la extinción de la acción penal[125],
las rebajas de pena con base en los preacuerdos y negociaciones
entre la fiscalía y el imputado o acusado, el subrogado penal de libertad
condicional ni “otro beneficio o subrogado judicial o administrativo, salvo
los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento
Penal, siempre que esta sea efectiva”[126],
lo
cual guarda consonancia con las disposiciones superiores y los compromisos
internacionales, en virtud de los cuales debe primar el interés superior del
menor.
Ahora
bien, esta Corte se ha pronunciado en múltiples oportunidades sobre la
constitucionalidad de distintos artículos del Código de la Infancia y la
Adolescencia. Por ejemplo, en la Sentencia C-738 de 2008 decidió la demanda de
inconstitucionalidad interpuesta contra los numerales 3, 7 y la expresión “administrativos”
del 8 del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006[127],
declarando la inexequibilidad del primero de ellos y, respecto de los dos
últimos la inhibición. Efectuó las siguientes consideraciones:
“En primer
lugar, la Corte evidencia que la protección de los derechos de los menores no
sería efectiva si el Estado renunciara a sancionar las conductas que afectan de
manera grave derechos de categoría prevalente. La función disuasiva de la pena
se encamina a que los abusos cometidos contra los niños y adolescentes dejen de
cometerse, por lo que renunciar a ella despojaría al Estado de una herramienta
crucial en la lucha contra el abuso infantil. Se inaplicaría, por esta vía, la
imposición de protección integral que la propia Ley 1098
ha previsto para los menores, cuando dispuso “Se entiende por protección
integral de los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de
derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza
o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del
principio del interés superior.”
En
concordancia con lo anterior, los compromisos de protección al menor que
Colombia adquirió en el escenario internacional tampoco podrían honrarse si el
país renunciara a perseguir y sancionar los delitos que atentan gravemente
contra la integridad personal, la libertad y la formación sexual del menor. El
artículo 5º de la Ley 1098 de 2006 es enfático al resaltar que las normas de
protección a los niños y adolescentes “son de orden público, de carácter
irrenunciable y los principios y reglas en ellas consagrados se aplicarán de
preferencia a las disposiciones contenidas en otras leyes”.
Tal como
se resaltó en los comentarios generales de esta providencia, una de las
limitantes a la aplicación del principio de oportunidad es la existencia de
acuerdos internacionales en virtud de los cuales Colombia se comprometa a
sancionar delitos que por su gravedad ofenden la conciencia social y resultan
especialmente sensibles en el panorama internacional. En concreto, por virtud
del artículo 2º de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños,
Colombia adquirió el compromiso de “tomar todas las medidas apropiadas para
garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o
castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o
las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares”. Igualmente, en
virtud del artículo 19 de la misma Convención, el país asumió el deber de
“adoptar las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas
apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico
o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el
abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de
un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”, al
igual que el deber de “proteger al niño contra todas las formas de explotación
y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular,
todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean
necesarias para impedir: a) La incitación o la coacción para que un niño se
dedique a cualquier actividad sexual ilegal;  b) La explotación del niño en la
prostitución u otras prácticas sexuales ilegales, y c) La explotación del niño
en espectáculos o materiales pornográficos”.
Atendiendo la obligación que le asiste a la familia,
la sociedad y el Estado de consultar el interés superior del menor al momento
de adoptar toda clase de acciones, medidas, políticas y decisiones que puedan
afectarlos, en el ordenamiento jurídico colombiano existen situaciones en que
el legislador, en cumplimiento de la obligación constitucional de proteger a
los niños, niñas y adolescentes ha dado aplicación directa al principio pro
infans resguardando las garantías superiores de los infantes sobre las de
los adultos, estableciendo severidad en las penas cuando la comisión de la
conducta penal recae sobre un menor de 18 años, veamos:
§
El
tipo penal de inasistencia alimentaria previsto en el artículo 233 del Código
Penal, que sanciona con pena privativa de la libertad y multa a quien se
sustraiga sin justa causa de la prestación de alimentos que legalmente debe
proveer, la cual se agrava cuando se presenta contra un menor[128].
El legislador adoptó una medida positiva consultando
el interés superior del menor (encaminado a que efectivamente se satisfagan sus
necesidades básicas de alimentos, educación, salud) e impuso de manera
prevalente los derechos del menor sobre el derecho a la libertad de quien
incumpla sin justa causa con la obligación de brindar alimentos. Esta es una
clara manifestación del interés superior del menor que se protege cuando uno de
los llamados -la familia- a satisfacer las necesidades de los infantes,
incumple con su deber constitucional y legal, de garantizar el desarrollo
integral y la satisfacción de los derechos.
§  El mismo
ejemplo se repite en otros tipos penales que protegen al menor al sancionar con
pena privativa de la libertad los delitos de violencia intrafamiliar[129],
el ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor de edad[130],
la adopción irregular[131],
el abandono de hijo fruto de acceso carnal violento, abusivo o de inseminación
artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas[132],
el estímulo a la prostitución de menores[133], la
pornografía con menores de 18 años[134],
el turismo sexual[135],
la utilización
o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con
personas menores de 18 años[136]
y la omisión de denuncia[137].
§  Así mismo, en el
marco de protección y aplicación del principio pro infans, existen
circunstancias de agravación punitiva en los delitos contra la libertad,
integridad y formación sexuales, y contra la libertad individual, cuando se
trate de menores de catorce años, tal como puede observarse en los artículos
165, 166, 168 a 170, 178 a 181, 188D del Código Penal.
§
Puntualmente,
en relación con la protección a los menores contra toda forma de explotación y
abuso sexual, establece la obligación de los Estados parte de adoptar medidas
apropiadas para promover su recuperación física, psicológica y su reintegración
social, cuando sean víctimas de cualquier forma de abandono, explotación o
abuso, tortura u otra forma de trato cruel, inhumano o degradante, lo cual se
llevará a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la
dignidad (arts. 34 y 39 de la Convención de los Derechos del Niño).
Sobre lo anterior, es decir, el deber
de la familia, la sociedad y el Estado de adelantar acciones positivas para
proteger a los niños y hacer realidad sus derechos fundamentales, en Colombia
se ha materializado a través de sanciones más severas para quienes atenten
contra sus bienes jurídicos, lo cual además de cumplir con los compromisos
internaciones adquiridos por el Estado en relación con investigar y sancionar
el crimen, tratándose de infantes es aún más fuerte por razón de la condición
de especial vulnerabilidad que ostentan, de modo que el mensaje que se envía a
la sociedad es que los abusos contra personas que por razones físicas y
sicológicas no están en capacidad de defenderse, como los menores, revisten un
considerable reproche en el juicio de culpabilidad y en general mayor gravedad
al momento de hacer efectiva la sanción penal a que hubiere lugar.
Esta Corte en Sentencia C-061 de 2008, estudió la
constitucionalidad del denominado “muro de la infamia” establecido como
sanción adicional a los violadores de niños, para lo cual se efectuó un test de
proporcionalidad a fin de determinar si dicha norma constituía un instrumento
encaminado al cumplimiento de los deberes asumidos por el Estado y si resultaba
legítimo y proporcionado a la luz de la Constitución.
En la
providencia en cita, esta Corporación abordó los aspectos de (i) finalidad de
la medida, es decir si perseguía un fin legítimo a la luz de la Constitución y
concluyó que como el objetivo de la publicación en el muro de la infamia era
contribuir a la protección de niños, niñas y adolescentes residentes en
Colombia, precaviendo nuevos delitos sexuales en contra de ellos y en ese
orden, resultaba legítimo a la luz del ordenamiento superior; (ii) al verificar
la idoneidad de la medida para alcanzar el objetivo propuesto determinó que no
existía evidencia de que el medio escogido para brindar protección a la
población infantil tuviera una efectividad tal que justificara la instauración
de la medida; y (iii) al establecer la relación entre el beneficio obtenido y
la afectación o perjuicio que se causa contra otros bienes jurídicos, concluyó
que existía una desproporción “todavía más palmaria al advertir, que con la
aplicación de esta medida el delincuente esté siendo utilizado por el Estado
para crear temor, lo cual agrede de modo adicional, innecesario y poco útil, e
implica una invasión a la órbita interna, además de utilización del individuo,
inadmisible frente a la persona humana, así se parta de la altísima gravedad de
la acción perpetrada” (Negrillas del texto).
Por lo
anterior, este Tribunal declaró inexequible el inciso acusado y concluyó lo
siguiente:
“Recuérdese,
por otra parte, de nuevo en relación con el debate legislativo, que no aparece
que se haya efectuado una consideración al menos mediana sobre la razón de ser
y los efectos que se esperaban del precepto cuestionado; ni que hayan sido
consideradas alternativas conducentes al mismo propósito, que pudieran
conllevar más efectividad y menor afectación al individuo condenado y/o a su
familia.
Lo
brevemente expuesto señala que, pendiente la eventual demostración de los
hipotéticos beneficios sociales que esta medida pudiera traer consigo, son en
cambio evidentes y de gran significación los costos y riesgos que ella supone
para la persona misma y para los miembros de su familia, donde podría hallarse
la propia víctima, u otro menor en aumentado riesgo de victimización. Por ello,
estima la Corte que tampoco se surte este elemento del test de proporcionalidad
que se viene adelantando, al no compensarse el perjuicio acarreado a otros
bienes, con el ignoto beneficio obtenible.”(Negrillas del
texto).
Recientemente esta Corte en Sentencia
C-177 de 2014, mediante la cual declaró exequibles los artículos 1º y 2º de la
Ley 1652 de 2013[138], que estableció la entrevista forense realizada a menores
como material probatorio, dijo:
“Es así
evidente que existe un cúmulo de instrumentos internacionales y, según el caso,
integradores del bloque de constitucionalidad (artículo 93 Const.), que imponen
obligaciones a la familia, a la sociedad y al Estado de garantizar a ultranza
los derechos de niños, niñas, adolescentes, realzándose el compromiso frente a
eventuales delitos sexuales.
5.2. Como se
indicó previamente, el artículo 44 de la Constitución de 1991 se integra a los
aludidos instrumentos internacionales, incorporando en nuestro ordenamiento
jurídico el principio universal de prelación del interés superior del menor,
que se manifiesta, de una parte, en la expresa enumeración de los derechos de
los menores de edad (inc. 1°), reconocidos como fundamentales. De otra parte,
se ve reflejado en el establecimiento de importantes deberes de la familia, de
la sociedad y del Estado (inc. 2°), encaminados a hacer realidad dicho conjunto
de derechos para todos los niños residentes en Colombia.
Adicionalmente,
la referida norma contiene varias referencias expresas a la protección contra
toda forma de violencia o abuso sexual y a la necesidad de garantizar el
desarrollo armónico e integral del niño, que no solo habilitan, sino obligan al
Estado y a los demás entes comprometidos en la protección de la niñez, a
adoptar medidas efectivas para prevenir y luchar frente a esos fenómenos y
procurar, en toda la extensión en que ello sea posible, la rehabilitación de
quienes hayan sido víctimas.
En
relación con este asunto y con todos los demás a que se refiere el artículo 44
superior, el poder legislativo tiene amplia autonomía[139]
para establecer las medidas que juzgue conducentes al logro de tales
propósitos, siempre y cuando, como es natural, ello se haga dentro de una
adecuada integración con los demás postulados constitucionales.
5.3. El interés
superior del niño ha sido considerado como eje central del análisis
constitucional[140]
y principio orientador para resolver conflictos que involucren a menores de
edad, encumbrando el trato preferente del cual son titulares, para que puedan
formarse y desarrollarse plenamente.”
Esta Corte ha reconocido que tratándose de
menores de edad víctimas de cualquier clase de abusos, la Constitución y los
tratados internacionales imponen no solo la prevalencia de los derechos de los
niños, sino la obligación de adoptar medidas para lograr la efectiva protección
en todos los ámbitos, incluso en el penal cuando los infantes son víctimas de
delitos, lo cual necesariamente se traduce en la imposición de sanciones más
severas, la limitación o prohibición de que el autor de la conducta penal
acceda a subrogados penales, preacuerdos, y demás instituciones jurídicas que
en la práctica atenúan la severidad de la sanción impuesta, las cuales en todo
caso deberán ser proporcionales con el fin perseguido y legítimas a la luz de
los postulados superiores[141].
Siguiendo
lo expuesto, es preciso traer nuevamente a colación la Sentencia C-177 de 2014[142], que
afirmó la existencia de un mandato general válidamente fundado para que se
garantice el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes víctimas de delitos, especialmente aquellos contra la libertad,
integridad y formación sexuales, por tratarse de situaciones que afectan
gravemente los derechos fundamentales ampliamente reconocidos.
Acorde con algunos
de los matices de los derechos de las víctimas brevemente reseñados, donde se
recalca la preponderancia no sólo del acceso efectivo a la administración de
justicia, sino de la salvaguarda de la dignidad humana para prevenir la
revictimización, y en consonancia con el interés superior de los menores de
edad, como quedo visto, constitucionalmente y legalmente se ha recalcado la
importancia de adoptar medidas dentro del proceso penal que no afecten a los
niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos, en particular aquellas
afligidas por execrables conductas de carácter sexual.
Bajo esos
derroteros, ha sido un querer común internacional[143]
proteger a los menores de edad víctimas de delitos sexuales, atendiendo
básicamente dos aspectos. En primer lugar, la corta edad de la víctima quien
está en formación física y psicológica y, en segundo, la ignominiosa naturaleza
de esos comportamientos sujetos a reproche penal, la cual afecta negativamente
el desarrollo personal, moral y psíquico del agredido.
Así, no sólo en el
ámbito nacional, sino también en el internacional se ha dado cabida, atendiendo
ese interés superior del menor ampliamente reconocido, al denominado principio
pro infans, acentuado por la jurisprudencia de esta corporación al considerarlo
un instrumento jurídico valioso para la ponderación de derechos de rango
constitucional, frente a eventuales tensiones, debiendo escogerse la
interpretación que brinde la mayor protección a los derechos de los niños, las
niñas y los adolescentes[144].
En ese
orden, la jurisprudencia nacional y foránea ha otorgado prevalencia al interés
superior de los menores víctimas de delitos sexuales, aún frente a otros
derechos, principios y valores superiores inmersos dentro del proceso penal,
como la inmediación y la contradicción,
7.3. La aludida
ponderación resulta más evidente cuando garantías como las referidas, entre
otras, se contraponen a los derechos fundamentales de los menores de edad y la
prevalencia de los mismos, máxime cuando se trata de procesos penales
originados por delitos sexuales o similares, donde, como se ha visto, prevalece
el interés superior y herramientas hermenéuticas forzosas[145]
como el principio pro infans.
En ese orden, el
interés superior del menor y la aplicación del principio pro infans deben
sopesarse frente a otras garantías de los intervinientes, dando prelación a los
primeros, dada su preponderancia constitucional y el estado de vulnerabilidad y
debilidad manifiesta en la que se encuentran los niños, niñas y adolescentes
víctimas de delitos atroces.
7.6. Así,
resulta evidente el querer de todos los pueblos de dar prelación siempre al
interés del menor, aún frente a otras garantías propias del proceso penal, sin
que ello implique desconocer los derechos fundamentales del presunto agresor y
de otros intervinientes.”
La Sala concluye que el catálogo de garantías a través
del cual la Constitución, y los instrumentos internacionales establecen normas
tendientes a materializar el interés superior del menor, constituyen un
parámetro obligatorio de interpretación que debe ser atendido por las
autoridades públicas, tanto administrativas como judiciales, al momento de
resolver las controversias suscitadas a propósito del enfrentamiento de
derechos. Ello significa que cuando se presente una tensión entre la protección
de los niños y cualquier derecho de otra índole, deberá prevalecer la primera
en aplicación del principio pro infans.
En ese contexto, la aplicación del principio constitucional
pro infans en materia penal, implica una protección en dos dimensiones:
la primera está ligada al compromiso del Estado a sancionar severamente las
conductas penales que se cometan contra menores, que se traduce en investigar
las conductas, imponer penas elevadas y en eliminar algunos beneficios propios
del procedimiento penal y la ejecución de la pena; y la segunda está
relacionada con el restablecimiento de los derechos conculcados a los niños,
niñas y adolescentes víctimas de delitos, a través de las medidas de
reparación, protección específica durante el procedimiento penal, garantía de
no repetición, verdad y no revictimización.
Es de destacarse que tratándose de la protección a
menores víctimas de delitos, el legislador ha adoptado medidas tendientes
salvaguardar sus derechos dentro del ámbito penal, v. g. al establecer
penas más altas o agravantes punitivos para aquellas conductas penales cuando
el sujeto pasivo es un menor de 18 años. Así mismo en cumplimiento de los
compromisos internacionales, el Estado colombiano a través de sus diferentes
ramas del poder público se ha encargado de garantizar la reparación integral y
ha buscado eliminar cualquier forma de revictimización de los niños, niñas y
adolescentes.
Sin embargo, las medidas legislativas, administrativas
y judiciales adoptadas para dar cumplimiento a los compromisos internacionales,
deben consultar los parámetros constitucionales en que se funda el Estado
colombiano y demás normas que integran el bloque de constitucionalidad, en
virtud de las cuales existen garantías mínimas aplicables en general a todas
las personas -incluyendo los infractores de la ley penal- y que de ningún modo
pueden ser desconocidas, abolidas o suspendidas, como la dignidad humana, que
además de ser un principio y derecho fundamental se constituye en un límite al
ejercicio del ius puniendi[146].
Lo anterior significa que la política criminal del
Estado y el deber de proteger a los niños, niñas y adolescentes deben
articularse, de manera que las medidas, decisiones y disposiciones adoptadas
por los distintos poderes públicos -especialmente el legislativo-, guarden
armonía con los principios en que se funda el Estado social de derecho,
puntualmente en aquello relacionado con el catálogo de garantías que reconoce
para todos habitantes del territorio nacional –incluidos los infantes y los
infractores de la ley penal-. De lo contrario,  tal actuación pasaría de
perseguir un objetivo legítimo a materializar un abierto desconocimiento de
otros derechos también cobijados por la Constitución.
6. Caso concreto
6.1. Se encuentra
acreditado que el señor Edward Zúñiga Quinayas, en vigencia de la Ley 600 de
2000, fue condenado a 8 años de prisión, por el delito de acto sexual abusivo
con menor de 14 años en el grado de tentativa. Desde el 6 de mayo de 2011
cumple la pena impuesta recluido en la Penitenciaria San Isidro de Popayán y
hasta el momento en que presentó la acción de tutela había descontado
aproximadamente 3 años y 11 meses.
Encontrándose en prisión, el demandante cumplió con
366 horas de estudio y además fue certificado con “conducta ejemplar”,
por lo que en virtud de lo dispuesto en el artículo 103A del Código
Penitenciario y Carcelario le solicitó al Juez de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad el reconocimiento de la redención, que fue concedida en cuantía
equivalente a 50.5 días. No obstante, la decisión fue apelada por el Ministerio
Público y, en segunda instancia, el Tribunal Superior de Popayán la revocó al
considerar que aún está la prohibición del artículo 199-8 de la Ley 1098 de
2006, en virtud de la cual no hay lugar a reconocer la redención de pena a los
condenados por delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales
cometidos contra menores.
El actor acude a la acción de tutela con el fin de que
el juez constitucional reconozca la redención de pena a que tiene derecho, toda
vez que esta no es un beneficio sino un derecho de los reclusos, así como la
libertad condicional, libertad provisional, sistema de vigilancia electrónica,
la libertad para las madres y padres cabeza de hogar, la prisión domiciliaria,
entre otras.
Agrega que tanto el Código Penal como el Código
Penitenciario y Carcelario señalan que la pena tiene una función protectora y
preventiva cuya finalidad es resocializar al infractor a través del trabajo, el
estudio, la enseñanza, el deporte y las actividades artísticas; de modo que
negarle la redención de pena al recluso significa cerrarle las puertas a la
resocialización.
Para el demandante el artículo 103A adicionado por la
Ley 1709 de 2014 plasmó el derecho a la redención de pena, el cual es
susceptible de reclamación ante los jueces competentes y, en esa medida, no
puede ser negado, ya que en sana lógica “una ley se falla y se ejecuta para
que los tribunales y jueces en general acaten, ejecuten y cumplan la ordenanza
por el juez de A quo que ordenó regir y cumplir y precisamente el circuito
judicial de Popayán no puede ser la excepción (sic) pues estaría siendo una
burda y mecánica exéjesis (sic) del querer expreso del constituyente en abierta
contradicción con los grandes postulados sempiternos de los grandes jerarcas
(sic). Ello se convierte en un abuso de autoridad flagrante y en contradicción
al Art. 13 de la Constitución Política Nacional Colombiana MP José Gregorio
Hernández 1993 Corte Suprema de Justicia Bogotá D.C. (sic)”
Con base en lo expuesto, el señor Zúñiga Quinayas
solicita la protección de sus derechos fundamentales y, que se deje sin efectos
la decisión del Tribunal Superior de Popayán, que revocó la redención de pena y,
en su lugar, reconocerla en aplicación de los principios de igualdad y
favorabilidad.
De esta manera, la Corte procederá al estudio del
asunto sub-examine, de acuerdo con el orden metodológico de exposición
planteado en el punto 3 de esta decisión:
6.2. Causales de
procedibilidad
(i) Relevancia constitucional del caso.
Radica en que se debate la vulneración de derechos fundamentales a la
dignidad humana (art. 1 C.P.), al debido proceso (art. 29 C.P.) y a la
igualdad (art. 13 C.P.) originada en la actuación del Tribunal Superior de
Popayán, Sala Penal, que mediante la decisión de 6 de febrero de 2015, revocó
la redención de pena reconocida al demandante, considerando que se está ante un
defecto sustancial.
En este contexto, debe precisarse que en un Estado
social de derecho, fundado en la dignidad humana, la redención de pena que
reclama el demandante guarda íntima relación con la realización de las
garantías mínimas establecidas en el catálogo normativo superior y
puntualmente, en la resocialización del infractor, como fin esencial de la
sanción penal.
(ii) Agotamiento de todos los medios
ordinarios de defensa judicial. Cabe señalar que el demandante
recurrió a la vía judicial para solicitar la redención de pena por estudio y
comportamiento ejemplar certificado ante el Juez de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad que, en primera instancia resolvió lo pretendido y la Sala
Penal del Tribunal Superior de Popayán revocó.
Es decir se han agotado a los mecanismos judiciales que tenía a su alcance para
reclamar el derecho cuya protección reclama.
(iii) Requisito de la inmediatez. Por su
naturaleza la acción de tutela debe ser interpuesta en un término razonable
desde el hecho vulnerador, que puede ser la acción u omisión de una autoridad
pública, en este asunto de una autoridad judicial. En el caso
examinado, transcurrieron
cuatro (4) meses y doce (12) días entre la de la decisión cuestionada, esto es
el 6 de febrero de 2015[147]
y la interposición de la acción de tutela el 18 de junio de 2015[148]. Lapso razonable y
prudencial a la ocurrencia de los hechos que se consideran violatorios de
derechos fundamentales, por lo que este requisito se encuentra satisfecho[149].
(iv) La irregularidad alegada tiene
incidencia directa y decisiva en el fallo que se cuestiona de ser violatorio de
los derechos fundamentales. El escrito de tutela refiere directamente
un error en la aplicación de la norma con base en la cual debía resolverse la
solicitud de redención de pena, es decir, se plantea que el Tribunal demandado
no debió aplicarle el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, sino el artículo
103A de la Ley 1709 de 2014, descripción que encaja en la caracterización del
defecto sustantivo.
(v) El demandante identificó de manera
razonable los hechos que generaron la vulneración y los derechos afectados y
así lo señaló en el proceso judicial en el que se produce la sentencia objeto
de revisión. El
actor señaló concretamente los hechos que presuntamente vulneraron sus
derechos fundamentales, identificando las decisiones proferidas por el Juez de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y la Sala Penal del Tribunal Superior
de Popayán.
(vi) No se
trata de sentencia de tutela. El presente amparo no se dirige contra un
fallo de tutela, sino contra la providencia de 6 de febrero de
2015 proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán, mediante
la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el auto del Juzgado
1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, que había
resuelto la solicitud de redención de pena elevada por el demandante.
6.3. Causal específica.
El señor Zúñiga Quinayas plantea que la
autoridad judicial demandada incurrió en un defecto sustantivo o material, al
no haber aplicado el artículo 103A de la ley 65 de 1993, adicionado por el
artículo 64 de la ley 1709 de 2014, que estableció la redención de pena como un
derecho exigible ante los jueces correspondientes. Por el contrario, continuó
aplicando la prohibición de que trata el artículo 199 del CIA, en virtud del
cual no hay lugar a que los condenados por delitos sexuales contra menores
accedan a beneficios o subrogados administrativos o judiciales.
En la providencia acusada, la Sala Penal del Tribunal
Superior de Popayán resolvió el recurso de apelación interpuesto por la agente
del Ministerio Público contra el auto de 30 de diciembre de 2014, proferido por
el Juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, revocando la
redención de pena reconocida al actor equivalente a 50.5 días por estudio y
conducta ejemplar.
La
decisión en cuestión argumentó que el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006,
dispone que tratándose de delitos contra la libertad, integridad y formación
sexuales de los niños, niñas y adolescentes no procede “ningún
otro beneficio o subrogado judicial o administrativo”, que obedece a la
protección especial que gozan los menores, en los términos del artículo 44
superior. Además, tal limitación no fue derogada por la Ley 1709 de 2014, que
si bien introdujo algunas reformas, no modificó la política criminal encaminada
a proteger a los menores.
En instancia, la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, encontró configurado el defecto sustantivo porque la
autoridad judicial demandada negó la redención de pena con base en la Ley 1098
de 2006, sin aplicar la previsión del artículo 103A adicionado por la Ley 1709
de 2014, inobservando
que las categorías previstas en el Código de la Infancia y la Adolescencia son
“beneficios”, diferentes al “derecho exigible de obligatorio
reconocimiento” que trajo la nueva normativa.
Adicionalmente,
la Corte Suprema de Justicia concluyó que no existe contradicción entre las
previsiones normativas cuya aplicación está en controversia, en razón a que no
coinciden en el ámbito de validez material, ya que el Código de la Infancia y
la Adolescencia y el Código Penitenciario y Carcelario tienen objetos de
regulación diferentes. Sin embargo, en caso de que existiera una
incompatibilidad entre las normas, tampoco podría sostenerse que la primera
disposición deba primar sobre la segunda, por cuanto la Ley 1098 de 2006 le
otorga carácter preferente a algunas de las normas en ella contenidas,
específicamente las que versan sobre los niños, las niñas y los adolescentes[150],
excluyendo a aquellas que no sean abarcadas por el criterio de agrupación
fijado.
Con
base en lo anterior, concluye que como el artículo 199 del Código de la
Infancia y la Adolescencia no versa sobre los niños, niñas y adolescentes, sino
que contiene regulaciones para los adultos responsables de ciertos delitos contra
menores y, por tanto, no se subsume dentro del criterio de agrupamiento
señalado, de modo que mal podría otorgársele el carácter de norma preferente.
Finalmente,
advierte que la redención de pena no colisiona con las garantías previstas para
los menores y bajo esa lógica determina que el artículo 199 del Código de la
Infancia y la Adolescencia se enmarca dentro de la función de prevención
general de la pena, cuyo propósito es disuadir a la comunidad en general de la
comisión de delitos, reforzando la amenaza con la efectiva ejecución de la
pena.
En el asunto sub examine se trata de la
solicitud de tutela elevada por el señor Zúñiga Quinayas, quien habiendo
acreditado una “conducta ejemplar” y cumplido con las horas de estudio
exigidas, solicitó la redención de pena, la cual fue negada por la Sala Penal
del Tribunal Superior de Popayán, bajo el argumento de que está prohibida para
los condenados por delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales
con víctimas menores de 14 años.
De acuerdo con lo expuesto en esta providencia es
preciso señalar que el Estado colombiano adquirió compromisos internacionales
en virtud de los cuales es su deber proteger a los niños, niñas y adolescentes
por razón de su vulnerabilidad, lo cual se traduce en la adopción de medidas
legislativas, administrativas y judiciales, encaminadas a hacer efectivos sus
derechos fundamentales. No obstante, tal escenario de salvaguardia encuentra
límites en los postulados en que se funda el Estado social de derecho.
Lo anterior, no solo ha sido aceptado por la
jurisprudencia constitucional bajo el entendido que ningún derecho es absoluto
y que el ejercicio de libertad configurativa está limitado por el marco
constitucional y los principios en que se funda el Estado, sino que así fue acogido
por el legislador, cuando en la exposición de motivos al hoy Código de la
Infancia y la Adolescencia advirtió expresamente que “[e]n
aras de la prevalencia de los derechos de los niños se hace imperativo aumentar
las penas de los delitos en los que haya una víctima menor de edad, así como
negar los beneficios jurídicos establecidos en la ley penal, salvo los de
orden constitucional, para quienes cometan delitos contra los niños y las
niñas”. (se resalta).
Bajo esa lógica, la conclusión acorde con
la Constitución es que en aplicación del principio pro infans hay lugar
a que la política criminal del Estado esté dirigida a sancionar severamente los
delitos contra menores y se establezcan restricciones de tipo judicial y
administrativo para los condenados por estas conductas penales, siempre y
cuando respete las garantías mínimas superiores del condenado en este caso.
En esa medida, es constitucionalmente
válido que el legislador adopte tipos penales y agravantes punitivos para
aquellos vejámenes donde la víctima sea un niño, niña o adolescente, sin
embargo, le está prohibido cercenar las garantías mínimas superiores de la
dignidad humana, el debido proceso, la libertad, la igualdad, entre otros,
prevalido de una aparente protección al menor. Esto porque la salvaguardia de
un grupo diferenciado no puede constituirse en un instrumento de violación de
aquellos que se encuentran en otra categoría igualmente amparada por el
ordenamiento jurídico que se irradia desde la Carta Política.
La afirmación anterior tiene sentido si se
analiza la política criminal y el andamiaje jurídico de protección a los
infantes, ya que en el ordenamiento jurídico existen medidas encaminadas a
protegerlos cuando son víctimas -v.g. las sanciones elevadas, las
garantías que les asisten al interior de los procesos penales para evitar su
revictimización, los mecanismos de restablecimiento de los derechos y las
prohibiciones del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006-, a través de disposiciones
normativas que cumplen no solo con el deber del Estado colombiano de consultar
el interés superior del menor sino que se armonizan con los demás postulados
superiores, relacionados con la dignidad humana de los individuos y la función
resocializadora de la pena.
Sin embargo, lo mismo no puede predicarse de la
aparente prohibición a la redención de pena prevista en el numeral 8º del
artículo 199 del CIA, que está referida a los beneficios y subrogados
administrativos y judiciales, y no a la institución del descuento de los días
físicos de prisión por estudio, enseñanza, trabajo, deporte o actividades
artísticas, dado que esta institución persigue un fin superior que es la
resocialización[151].
Además, en la actualidad existe una disposición que
expresamente reconoce la redención de pena sin algún tipo de exclusión, norma
que de acuerdo con lo expuesto en la parte dogmática de esta providencia,
guarda armonía con la Carta Política, en virtud de la cual, Colombia es un
Estado social de derecho fundado en el respeto por la dignidad humana, que
tiene como fin proteger a todos sus habitantes y mantener el orden social
justo, por tal virtud, la política criminal debe encaminarse a repeler las
conductas que atenten gravemente contra los bienes jurídicos protegidos a
través del establecimiento de delitos y las consecuentes sanciones penales,
pero además, tiene la obligación de garantizar la resocialización del
infractor, la cual se concreta al momento de la ejecución de la sanción penal.
En relación con la finalidad esencial de las penas
privativas de la libertad, el artículo 5.6 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos establece que busca "la reforma y la readaptación
social de los condenados", lo cual se traduce en que de todas las
finalidades de la pena (la retribución, la prevención general y especial), la
única que tiene expresa manifestación constitucional es la reforma y
readaptación social del individuo, de modo que si la pena no ofrece la
posibilidad de realizar actividades que permitan la resocialización del
condenado, la condena se torna inconstitucional porque significaría que será
utilizada como un instrumento de intimidación social, lo cual supone la
trasgresión del principio de la dignidad humana y, por contera, el deber del
Estado de “proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales
del Estado y de los particulares.[152]”
El derecho penal que subyace de la Constitución está
fundado en la ponderación de los derechos del individuo sometido al ius
puniendi del Estado y la eficacia de este en la protección de la sociedad y
las víctimas, lo cual no necesariamente pasa por el establecimiento de penas
irredimibles, puesto que de implementarlas se contravendrían los principios en
que se funda el Estado colombiano y se arrasaría con cualquier asomo de
reincorporación social del condenado. Por ello, es preciso advertir que la
política criminal debe acudir a otros remedios dentro de la libertad de
configuración legislativa, sin necesidad de implementar formas de segregación
de los infractores de la ley penal que, sin prometerles impunidad, siempre
deben ser tratados dignamente.
Así las cosas, debe reiterarse que la esperanza de
reintegración social de la persona que comete un delito, después que purgue una
condena necesaria, razonable y proporcionada, es una expresión de la dignidad
humana, establecida como pilar sobre el que se funda el Estado social y
democrático de derecho, la cual debe ser observada por el legislador al momento
de diseñar la política criminal y aplicar el principio pro infans, así
como por los demás poderes públicos al momento de ponerlas en práctica,
específicamente en la etapa de ejecución de la sanción penal, dado que el
tratamiento penitenciario tiene como fin recuperar al infractor para que una
vez vuelva a la vida en libertad integre el conglomerado social.
La reinserción social constituye una expectativa
individual para el penado y social para la comunidad, ya que en ambas
dimensiones se espera la reparación del daño causado y que tanto la víctima
como el infractor vuelvan a ser parte de la sociedad, siendo los únicos
instrumentos terapéuticos de resocialización previstos en nuestro ordenamiento
jurídico el trabajo, el estudio , la enseñanza, el deporte y las actividades
artísticas, lo cual guarda armonía con el artículo 10.3 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos.
Lo expuesto, a la luz de la nueva normativa que
introdujo el “derecho a la redención” en el artículo 103A del Código Penitenciario
y Carcelario, incorporado por el artículo 64 de la ley 1709 de 2014, implica
que el condenado tiene una posición favorable para acceder a la rebaja de pena
por trabajo, estudio, enseñanza, deportes o actividades artísticas, y por
tanto, una vez se cumplan los requisitos exigidos para ella, no es facultativo
sino obligatorio para el Estado reconocerla, ya que negarla a pesar de cumplir
los presupuestos legales significaría desconocer que la finalidad
constitucional de la sanción penal es la resocialización del infractor,
resaltando el único mecanismo para lograrla es a través del estudio, la
enseñanza, el trabajo, el deporte y las actividades artísticas.
De acuerdo lo anterior, es indicativo de
que en el asunto sub examine no se trata de la interpretación de dos
normas legales que se contraponen, sino de la armonización de los postulados
constitucionales en el marco de un Estado social de derecho y la lectura
articulada de la política criminal y el principio pro infans, donde se
reconoce el deber de proteger  a todos los habitantes del Estado, de manera
especial a los menores -en las dos dimensiones ya vistas-, pero al tiempo
supone que las sanciones guarden consonancia con los postulados superiores y
puntualmente el tratamiento penitenciario tenga como finalidad la
resocialización del penado, a través del estudio o el trabajo, para que una vez
vuelva a la vida en libertad no sea objeto de segregación y pueda asumir un
nuevo comienzo.
En ese orden, aun cuando
la Directora General del ICBF argumentó que el estudio o el trabajo tiene dos
dimensiones, una resocializadora y la otra como mecanismo de redención de pena,
lo cierto es que a la luz de las normas superiores y la expresa disposición
normativa que la consagra, dichas actividades constituyen un solo cuerpo, es
decir, de acuerdo con el diseño del Código Penitenciario y Carcelario, el único
camino para redimir pena es el estudio, el trabajo, la enseñanza, el deporte y
las artes, en las que por demás, se resocializa el individuo.
Es menester precisar que bajo
el argumento de que aún los condenados por delitos contra menores tienen
derecho a resocializarse a través de actividades que dan lugar a redimir pena,
esta Corte no desconoce la protección del interés superior del menor, sino que
concluye que tal determinación se encuentra materializada en los diferentes
escenarios de la política criminal estatal, la cual no puede ser llevada al
extremo del tratamiento penitenciario y el fin resocializador de la sanción
penal, porque ello implicaría soslayar la dignidad humana del infractor,
desconociendo los principios fundantes del Estado colombiano.
En consecuencia, esta
Corporación reitera la obligación que le asiste a todas las ramas del poder
público, la sociedad y la familia de adoptar medidas tendientes a materializar
los derechos de los niños, niñas y adolescentes, siempre que persigan un fin
que se atempere con el catálogo de garantías superiores y por tanto, hace un
llamado al legislador para que articule la política criminal del Estado y a
través de los mecanismos constitucionalmente permitidos, continúe en el camino
de proteger de manera real y efectiva a los menores, en aplicación del
principio pro infans.
Así las cosas, no resulta
acertado incluir la redención de pena dentro de las prohibiciones previstas en
el Código de Infancia y Adolescencia, por cuanto no es un “beneficio” o
“subrogado”, sino que es una expresión de la dignidad humana y es un
instrumento por medio del cual el Estado ofrece al condenado la posibilidad de
resocializarse, lo cual de ninguna manera supone una medida de desprotección a
los menores, porque como se dijo en líneas atrás, esta se concreta a través de
otros mecanismos presentes a lo largo de la intervención penal.
Con base en lo expuesto, la negativa a reconocer la redención
de pena a una persona condenada por delitos contra menores de 14 años de edad,
a pesar de que la ley lo estableció como un derecho para las personas privadas
de la libertad y el demandante acredita el cumplimiento de los requisitos
exigidos para ello, constituye una vulneración del principio de igualdad, en
virtud del cual las personas tienen derecho a recibir la misma protección y
trato por parte de las autoridades[153].
En ese contexto, es
preciso insistir en que la posibilidad de redimir pena por estudio,
enseñanza, trabajo, actividades deportivas y artísticas, y cualquier otro
mecanismo de resocialización que llegare a establecerse en la política criminal
estatal, debe guardar consonancia y armonía con los principios de necesidad,
razonabilidad y proporcionalidad de la sanción, es decir que el descuento de
días de prisión física no puede transformar la condena en una medida inocua que
desconozca los fines preventivo y retributivo de la intervención penal.
En conclusión, esta Corte afirma que los
mecanismos de redención de pena previstos en el ordenamiento jurídico son
aplicables a los condenados por delitos contra menores de edad. Sin embargo, advierte
que al Estado colombiano le corresponde reevaluar el diseño y ejecución de la
política criminal, específicamente en lo atinente al tratamiento penitenciario,
a fin de implementar programas de resocialización distintos al estudio, el
trabajo, la enseñanza, el deporte y las actividades artísticas, enfocados a
lograr la readaptación del infractor penal según la conducta delictiva en que
haya incurrido. Esto con el fin de que la fase de la ejecución de la condena
produzca resultados eficaces en la rehabilitación de internos según el tipo de
delito y disminuya los niveles de reincidencia, para lograr la efectiva
resocialización del individuo.[154]
Finalmente se precisa que el asunto sub examine
no se opone al precedente jurisprudencial que existe sobre la potestad de
configuración legislativa, la función de la sanción penal, la resocialización
del penado y la protección a los menores víctimas de delitos, entre otros, a
través de la prohibición de beneficios o subrogados, en tanto que la redención
de pena es una institución diferente y tal como se encuentra regulada en la ley
65 de 1993, respeta las funciones preventiva y retributiva de la punición,
porque aún con el descuento al que accede el demandante, la condena conserva la
proporcionalidad que inicialmente le fue impuesta.
Atendiendo a las anteriores
consideraciones, la Sala encuentra que la decisión proferida por el Tribunal
Superior de Popayán, Sala Penal, que negó la redención de pena solicitada por
el demandante, constituye un defecto sustantivo que según la jurisprudencia da
lugar a dejar sin efectos la actuación, en tanto que vulneró los derechos fundamentales
a la igualdad, al debido proceso y resocialización del actor.
Por lo expuesto, se confirmará la Sentencia
de tutela proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal de
2 de
julio de 2015, que dejó sin efectos el auto de 6 de febrero de 2015 de la Sala
Penal del Tribunal de Popayán por medio del cual se negó al señor Edward Zúñiga
Quinayas la redención de pena consagrada en el artículo 103A del Código
Penitenciario y Carcelario.
VI. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia
del dos (2) de julio de dos mil quince (2015), proferida por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, que amparó los derechos
fundamentales a la dignidad humana, igualdad, debido proceso y resocialización del
señor Edward Zúñiga Quinayas.
SEGUNDO.- LÍBRESE por
Secretaría General la comunicación prevista en el Artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
TERCERO.- Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado Ponente
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS
RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] “La redención de pena
es un derecho que será exigible una vez la persona privada de la libertad
cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las decisiones que
afecten la redención de la pena, podrán controvertirse ante los jueces
competentes.”
[2] “ARTÍCULO 199. BENEFICIOS Y MECANISMOS SUSTITUTIVOS. Cuando se trate de los delitos de
homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la
libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro, cometidos contra niños,
niñas y adolescentes, se aplicarán las siguientes reglas:(…) 8. Tampoco
procederá ningún otro beneficio o subrogado judicial o administrativo, salvo
los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal,
siempre que esta sea efectiva.”
[3] Incorporada a folio 14 del cuaderno
original del expediente.
[4] ARTICULO 494. REDENCION DE
PENA POR TRABAJO, ESTUDIO Y ENSEÑANZA.  El juez de ejecución de
penas y medidas de seguridad concederá la redención de la pena por trabajo,
estudio y enseñanza de conformidad con lo previsto en el Código Penitenciario y
Carcelario.
[5] ARTICULO 82. REDENCION DE LA PENA POR TRABAJO. El juez de
ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por
trabajo a los condenados a pena privativa de libertad. A los detenidos y a los
condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo. Para
estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo. El
juez de ejecución de penas y medidas de seguridad constatará en cualquier
momento, el trabajo, la educación y la enseñanza que se estén llevando a cabo
en los centros de reclusión de su jurisdicción y lo pondrá en conocimiento del
director respectivo.
[6] ARTICULO  97. REDENCION DE PENA POR
ESTUDIO. Modificado por el art. 60, Ley 1709
de 2014. El Juez de Ejecución de penas y medidas de seguridad
concederá la redención de pena por estudio a los condenados a pena privativa de
la libertad. A los detenidos y a los condenados se les abonará un día de
reclusión por dos días de estudio. Se computará como un día de estudio la
dedicación a esta actividad durante seis horas, así sea en días diferentes.
Para esos efectos, no se podrán computar más de seis horas diarias de estudio.
[7] ARTICULO 101 CONDICIONES PARA LA REDENCION DE PENA. El
juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, para conceder o negar la
redención de la pena, deberá tener en cuenta la evaluación que se haga del
trabajo, la educación o la enseñanza de que trata la presente ley. En esta
evaluación se considerará igualmente la conducta del interno. Cuando esta
evaluación sea negativa, el juez de ejecución de penas se abstendrá de conceder
dicha redención. La reglamentación determinará los períodos y formas de
evaluación.
[8] Incorporada a folios 43 y 44 del
cuaderno original del expediente.
[9] Incorporada a folios 25 a 31 del
cuaderno original del expediente.
[10] El Tribunal Superior de
Popayán, Sala Penal, trajo a colación sentencias de la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de
Justicia de 30 de mayo de 2013, Rad. 37668; 24 de septiembre de 2009, tutela
No. 44329; y 17 de septiembre de 2008, Rad. 30299.
[11] Esta providencia es posterior a la
decisión cuestionada y reitera lo dispuesto por el Tribunal Superior de
Popayán, Sala Penal, en el auto de 6 de febrero de 2015.
[12] Incorporada a folios 38 a 40 del
cuaderno original del expediente.
[13] Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, providencias de 19 de abril de 2002, Rad. 7026 y de 28 de julio
de 2004, Rad. 18654.
[14] La Corte
Suprema de Justicia puntualmente sostuvo: “A diferencia de lo que disponía el
artículo 18 del derogado Código del Menor (Decreto 2737 de 1989): “Las
normas del presente Código son de orden público y, por lo mismo, los principios
en ellas consagrados son de carácter irrenunciable y se aplicarán de
preferencia a disposiciones contenidas en otras leyes”.
[15] La Sala
de Casación Penal en la decisión que se revisa, manifestó: “Nuestro Código
Penal le asigna a la pena las funciones de prevención general, retribución
justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado (Art.
4º.). Pero entre todas ellas debe primar la de reinserción social, porque el
artículo 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (aprobada
mediante la Ley 16 de 1972), que versa sobre el derecho a la integridad
personal, reza: “Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad
esencial la reforma y readaptación social de los condenados”. Debido a que el
artículo 27 de la misma Convención dispone que el derecho a la integridad
personal regulado por su artículo 5º no puede suspenderse ni siquiera en caso
de guerra, peligro público u otra emergencia, aquella norma hace parte del bloque
de constitucionalidad en sentido estricto y prevalece en el orden interno (Art.
93 de la Constitución Política).”
[16] Señala la
Corte Suprema de Justicia que: “Como lo ha dicho la Corte Constitucional,
las actividades que dan lugar a redención de pena tienen incidencia decisiva en
la resocialización de los condenados, al punto que, en su caso, integran el
núcleo esencial del derecho a la libertad: “El elemento retributivo de la pena
es atemperado al mantener viva la esperanza de alcanzar algún día la libertad.
De no ser así, el castigo implícito en la pena de privación de la libertad se
convertiría en un trato cruel, inhumano y degradante, expresamente prohibido
por la Constitución” (CC. T-009/93).”
[17] La Corte Constitucional en sentencia
C-149 de 2009, sostuvo lo siguiente: “El actual Código de la Infancia y la Adolescencia
tiene por finalidad garantizar a los niños, niñas y adolescentes su pleno y
armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la
comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, haciendo prevalecer
el reconocimiento a la igualdad y a la dignidad humana, sin discriminación
alguna (art. 1 °).  A su vez, el objeto del
mismo es fijar normas sustantivas y procesales para la protección Integral de
los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio y el
restablecimiento de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos
internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las
leyes, constituyendo dicha garantía y protección una obligación para la
familia, la sociedad y el Estado (art. 2°).”  El propio ordenamiento establece
que sus normas son de orden público, de carácter irrenunciable y preferente,
las cuales a su vez deben ser interpretadas y aplicadas de acuerdo con la
Constitución Política y los Tratados de Derechos Humanos ratificados por
Colombia, en especial, por la Convención sobre los Derechos del Niño,
ordenamientos que se entienden además integrados al citado código (arts. 5 y 6)
(...)."
[18]
Específicamente, tratándose del artículo 199 de la misma normativa, en
sentencia C-738 de 2008 el Tribunal Constitucional señaló que: “el artículo
199 de la Ley 1098 de 2006 establece disposiciones en materia penal relativas a
la aplicación del principio de oportunidad y a la concesión de beneficios
penales a personas vinculadas a causas crimínales. No obstante, por estar
insertas en el Código de la Infancia, dichas disposiciones deben interpretarse
de conformidad con los fines y objetivos trazados por el mismo Código: la
protección de los derechos de los niños y adolescentes, la garantía de su pleno
desarrollo y la preservación de las circunstancias propicias para su
crecimiento”. Ello para concluir que: “el análisis que se haga de la
constitucionalidad de la medida acusada debe partir de y dirigirse siempre
hacia la garantía de protección de los derechos de los menores. En este
contexto, las medidas dispuestas por las normas acusadas deben valorarse desde
la perspectiva del marco de protección constitucional al menor y del carácter prevalente
de sus derechos, es decir, de la preferencia jurídica que por disposición
constitucional sus derechos tiene sobre los derechos de los demás."
[19] Sentencia T-448 de 2014.
[20] Sentencias SU-054 de 2015, SU-770 de 2014, SU-918 de
2013, entre otras.
[21] Reiterado en la sentencia SU-769 de
2014.
[22] Sentencias T-792 de 2010,
T-033 de 2010, T-743 de 2008, T-686 de 2007, T-657 de 2006, T-295 de 2005,
T-043 de 2005, SU-159 de 2002, entre otras.
[23] Sentencia T-189 de 2005.
[24] Sentencia T-205 de 2004.
[25] Sentencia T-800 de 2006.
[26] Sentencia T-522 de 2001.
[27] Sentencia SU.159 de 2002.
[28] Sentencias T-051 de 2009 y
T-1101 de 2005.
[29] Sentencias T-462 de 2003,
T-001 de 1999 y T-765 de 1998.
[30] Sentencias T-066 de 2009 y
T-079 de 1993.
[31] Sentencias T-462 de 2003,
T-842 de 2001 y T-814 de 1999.
[32] Sentencia T-018 de 2008.
[33] Sentencia T-086 de 2007.
[34] Sentencia T-231 de 1994.
[35] Sentencia T-807 de 2004.
[36] Sentencias T-086 de 2007,
T-1285 de 2005 y T-114 de 2002.
[37] Sentencias T-292 de 2006,
T-1285 de 2005, T-462 de 2003 y S-.640 de 1998.
[38] En la sentencia T-808
de 2007, se expuso que “en cualquiera de estos casos debe estarse
frente a un desconocimiento claro y ostensible de la normatividad aplicable al
caso concreto, de manera que la desconexión entre la voluntad del ordenamiento
y la del funcionario judicial sea notoria y no tenga respaldo en el margen de
autonomía e independencia que la Constitución le reconoce a los jueces (Art. 230
C.P.). Debe recordarse además, que el amparo constitucional en estos casos no
puede tener por objeto lograr interpretaciones más favorables para quien
tutela, sino exclusivamente, proteger los derechos fundamentales de quien queda
sujeto a una providencia que se ha apartado de lo dispuesto por el ordenamiento
jurídico”.
[39] Constitución, artículo
150.
[40] Cfr. Sentencias C-873 de
2003 y C-646 de 2001.
[41] Examinó la
constitucionalidad de los artículos 1 a 110 del
Decreto 100 de 1980 (Código Penal).
[42] Sentencia C-936 de 2010.
[43] Sentencia C-936 de 2010
[44] Examinó la
constitucionalidad del numeral 17
y el parágrafo 3º del artículo 2 de la Ley 1312 de 2009, “Por medio de la cual se
reforma la Ley 906 de 2004, en lo relacionado con el principio de oportunidad”.
[45]  Cfr. Sentencia C-646 de
2001.
[46] Esta
Corporación en la sentencia C-936 de 2010 sostuvo: “Esta concepción de los
derechos de las víctimas, a partir de los estándares internacionales, encuentra
igualmente respaldo en varios principios y preceptos constitucionales: (i) En
el mandato de que  los derechos y deberes se interpretarán de conformidad con
los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia
(Art. 93 CP); (ii) en el hecho de que el Constituyente hubiese otorgado rango
constitucional, a los derechos de las víctimas (Art. 250 num. 6 y 7 CP); (iii) en
el deber de las autoridades en general, y las judiciales en particular, de
propender por el goce efectivo de los derechos de todos los residentes en
Colombia y la protección de los bienes jurídicos (Art. 2° CP); (iv)  en el
principio de dignidad humana que promueve los derechos a saber qué ocurrió, y a
que se haga justicia (Art.1° CP); (v) en el principio del Estado Social de
Derecho que propugna por la participación, de donde deviene que la intervención
de las víctimas en el proceso penal no puede reducirse exclusivamente a
pretensiones de carácter pecuniario; (vi) y de manera preponderante en el
derecho de acceso a la administración de justicia (Art. 229), del cual se
derivan garantías como la de contar con procedimientos idóneos y efectivos para
la determinación legal de los derechos y las obligaciones, la
resolución de las controversias planteadas ante los jueces dentro de un término
prudencial y sin dilaciones injustificadas, la adopción de decisiones con el
pleno respeto del debido proceso, así como la existencia de un conjunto amplio
y suficiente de mecanismos para el arreglo de controversias”.
[47] El Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (incorporado en la legislación interna mediante Ley 74 de
1968), artículo 2º; la
Convención
Americana sobre Derechos Humanos (incorporada mediante Ley 16 de 1972),
artículos 1º, 2º, 8º y 25;
la Convención
contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
(incorporada mediante Ley 70 de 1986); la
Convención
Interamericana para prevenir y sancionar la tortura (incorporada mediante Ley
406 de 1997);  la Convención Interamericana
sobre desaparición forzada de personas (incorporada mediante Ley 707 de 2001); la Convención Americana de los
Derechos del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
[48] En la sentencia C-095 de
2007 esta Corte sostuvo: “[L]as violaciones de derechos humanos y del
Derecho Internacional Humanitario son mucho más graves e inaceptables que las
ofensas causadas mediante otras formas de criminalidad, debido a la intensidad
de la afectación de la dignidad humana que tales vulneraciones de derechos
implican. Por ello el Estado colombiano se ha unido a la comunidad
internacional en el empeño de sancionar esas conductas. La gravedad de estos
comportamientos rebasa entonces el límite infranqueable de la dignidad humana,
de manera que, por razones de proporcionalidad y de respeto a sus compromisos
internaciones, no podría el legislador prescindir de la persecución penal en
estos casos. En
desarrollo de esos postulados, el alcance de los derechos de las víctimas de la
criminalidad compleja de que se ocupa el derecho internacional, aplicables a
las víctimas de los delitos en general, ha sido sistematizado así por la
jurisprudencia:(…) b.
El derecho a que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a
que no haya impunidad. 33. Este derecho incorpora una serie de garantías para
las víctimas de los delitos que se derivan de unos correlativos deberes para
las autoridades, que pueden sistematizarse así: (i) el deber del Estado de
investigar y sancionar adecuadamente a los autores y partícipes de los delitos;
(ii) el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo; (iii) el deber
de respetar en todos los juicios las reglas del debido proceso. La
jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho de acceso a la
justicia, tiene como uno de sus componentes naturales el derecho a que se haga
justicia. Este derecho involucra un verdadero derecho constitucional al proceso
penal[48] , y el derecho
a participar en el proceso penal, por cuanto el derecho al proceso en el estado
democrático debe ser eminentemente participativo. Esta participación se expresa
en "que los familiares de la persona fallecida y sus representantes
legales serán informados de las audiencias que se celebren, a las que tendrán
acceso, así como a toda información pertinente a la investigación y tendrán
derecho a presentar otras pruebas”.
[49] Se analizó la
constitucionalidad de los literales b) y d) del artículo 326 de la Ley 906 de
2004, modificado por el artículo 4º de la Ley 1312 de 2009, relacionados con
las condiciones que debe observar el imputado o acusado durante el periodo de
prueba para la aplicación del principio de oportunidad y la participación en
programas especiales de tratamiento  para superar problemas de dependencia
a drogas o bebidas alcohólicas y sometimiento a tratamiento médico o
psicológico
[50]“El deber
de respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Esta
Corporación ha indicado que “al establecer tratamientos diferenciales se somete
a un juicio estricto de proporcionalidad del tipo penal, así como de la
sanción. La proporcionalidad, implica, además, un juicio de idoneidad. Así,
ante la existencia de bienes jurídicos constitucionales, el legislador tiene la
obligación de definir el tipo penal de manera tal que en realidad proteja dicho
bien constitucional”.
En consecuencia, la Corte observa que la
configuración de las normas penales hace parte del diseño de la política
criminal que comporta una valoración ético-social en torno a los bienes
jurídicos que ameritan protección penal, las conductas que merecen reproche
penal y las penas”.
[51] Artículos 114 y 150 superiores.
[52] Sentencia
C-013 de 1997 y C-540 de 2012.
[53] Sentencias C-420 de 2002,
C-148 de 2005, C-475 de 2005, C-1033 de 2006, C-365 de 2012 y C-334 de 2013.
[54] Cfr. Sentencias C-420 de
2002, C-936 de 2010, C-241 de 2012, C-365 de 2012, C-742 de 2012 y C-334 de
2013.
[55] “El
principio de necesidad de la intervención penal relacionado con el carácter
subsidiario, fragmentario y de última ratio. La Corte ha sostenido que “el
derecho penal se enmarca en el principio de mínima intervención, según el cual,
el ejercicio de la facultad sancionatoria criminal debe operar cuando los demás
alternativas de control han fallado. El Estado no está obligado a sancionar
penalmente todas las conductas antisociales, tampoco puede tipificar las que no
ofrecen un verdadero riesgo para los intereses de la comunidad o de los
individuos; la decisión de criminalizar un comportamiento humano es la última
de las decisiones posibles en el espectro de sanciones que el Estado está en
capacidad jurídica de imponer, y entiende que la decisión de sancionar con una
pena, que implica en su máxima drasticidad la pérdida de la libertad, es el
recurso extremo al que puede acudir el Estado para reprimir un comportamiento
que afecta los intereses sociales. La jurisprudencia legitima la descripción
típica de las conductas sólo cuando se verifica una necesidad real de
protección de los intereses de la comunidad.”[55]
Además, “en
el otro extremo se encontrarían aquellas conductas que, dado que se
desenvuelven en ámbitos de libertad constitucionalmente garantizados, o debido
a la escasa significación del bien jurídico que afectan, estarían
constitucionalmente excluidas de la posibilidad de ser objeto de sanción
penal.”
[56] “El
deber de garantizar los derechos constitucionales y la aplicación de los
convenios internacionales de derechos humanos (bloque de constitucionalidad).
La Corte ha señalado que “los tipos penales, se erigen en mecanismos extremos
de protección de los mismos, y que, en ciertas ocasiones el tipo penal integra
el núcleo esencial del derecho constitucional. Por lo mismo, al definir los
tipos penales, el legislador está sometido al contenido material de los
derechos constitucionales, así como los tratados y convenios internacionales
relativos a derechos humanos ratificados por Colombia”.
[57] FERNÁNDEZ, Juan. Tratado de Derecho Penal.
Principios y Categorías Dogmáticas. Edit. Ibáñez, Bogotá, 2013. pp 381 y 382.
[58] Ibid.
[59]“Artículo 10 1. Toda persona privada de
libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad
inherente al ser humano. 2. a) Los procesados estarán separados de los
condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un
tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas; b) Los
menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante
los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su
enjuiciamiento. 3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya
finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados.
Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a
un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica.” (se destaca).
[60] Artículo
142. Objetivo. El objetivo del tratamiento penitenciario es preparar al
condenado, mediante su resocialización para la vida en libertad.
[61] ARTÍCULO 143. Tratamiento Penitenciario. El tratamiento
penitenciario debe realizarse conforme a la dignidad humana y a las necesidades
particulares de la personalidad de cada sujeto. Se verifica a través de la
educación, la instrucción, el trabajo, la actividad cultural, recreativa y
deportiva y las relaciones de familia. Se basará en el estudio científico de la
personalidad del interno, será progresivo y programado e individualizado hasta
donde sea posible.
[62] En la sentencia
C-580 de 1996, la Corte estudió
la constitucionalidad del artículo Artículo 100 (parcial) de la Ley 65 de
1993, "por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario". Y sostuvo: “La
ejecución de las penas privativas de la libertad personal (prisión y arresto)
se cumplen en establecimientos carcelarios, a los cuales se les confía la
misión de poner en ejecución, como lo expresa el art. 10 de la ley 65 de 1993,
mecanismos que tienen como finalidad "alcanzar la resocialización del
infractor de la ley penal, mediante el examen de su personalidad y a través de
la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura el
deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario". 2.2. Según
nuestra legislación (arts. 79, 80, 81 y  83 ley 65 de 1993), el trabajo en los
establecimientos de reclusión es, en principio, obligatorio para los condenados
como medio terapéutico adecuado a los fines de la resocialización, salvo las
exenciones autorizadas por la ley. No tiene, en consecuencia, un carácter
aflictivo ni es una forma de sanción disciplinaria. Las autoridades de dichos
establecimientos tienen competencia para: planear y organizar el trabajo
atendiendo a las aptitudes y capacidades de los internos y respetando el
derecho a escoger el tipo o clase del mismo, según las opciones existentes;
determinar los trabajos válidos para redimir la pena, crear fuentes de trabajo
como industriales, agropecuarias o artesanales y para evaluar y certificar el
trabajo de los internos, según los reglamentos y el sistema de control y
asistencia y rendimiento de labores.”
[63] Cfr. Sentencias C-592 de 1998 y
C-430 de 1996.
[64] Sentencia T-865 de 2012.
[65] Modificado por la Ley 1709
de 2014.
[66] Vigente para la época en que se
adelantó el proceso penal en contra del demandante.
[67] Se estudió la constitucionalidad
del “Tratado entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Venezuela
sobre traslado de personas condenadas” y de la Ley 250
de 1995 por medio de la cual fue aprobado.
[68] Estudió
la constitucionalidad del “Segundo Protocolo
facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a
abolir la pena de muerte”, adoptado por la Asamblea General  de las
Naciones Unidas el 15 de Diciembre de 1989 y de la Ley 297 del 17 de julio de
1996 por medio de la cual se aprueba dicho Protocolo.
[69] Estudió
la constitucionalidad del  artículo 64 (parcial) de la Ley 599 de 2000 "Por la cual se expide el Código Penal".
[70] En la
misma sentencia, la Corte señaló que a través de la (i) prevención
general, desde el punto de vista intimidatorio con la amenaza para los
delincuentes de que existe una pena (prevención general negativa), sino también
desde el punto de vista de la pena como socialmente necesaria para mantener las
estructuras fundamentales
de una sociedad (prevención general positiva).
[71] Sentencia C-430 de 1996
[72] Sentencia C-144 de 1997
[73] Sentencia C-1404 de 2000
[74]“ARTICULO  250. Modificado
por el art. 2, Acto Legislativo No. 03 de 2002. El nuevo texto es el siguiente: La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el
ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que
revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por
medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando
medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible
existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni
renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para
la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la
política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad
por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se
exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza Pública en servicio
activo y en relación con el mismo servicio. En ejercicio de sus funciones la
Fiscalía General de la Nación, deberá: 7. Velar por la protección de las
víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal,
la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso
penal y los mecanismos de justicia restaurativa.” (Se resalta).
[75] Sentencia C-384 de 2014.
[76] En
este sentido, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en
Sentencia de 6 de junio de 2012, Exp. No. 35767, afirmó que en el nuevo
escenario de la justicia restaurativa se busca recomponer  “el tejido social
que no logra componer la pena”. Y además sostuvo:“Este esquema
justicialista implica una profunda redefinición del modelo tradicional surgido
como consecuencia de haber hecho pública la venganza que hasta entonces era
privada, en la cual se entendía que la ofendida con el delito era la comunidad
toda, como consecuencia de la lesión a una norma o a un bien jurídico. En
cambio, en la dimensión de justicia restaurativa, se recupera la posición del
perjudicado en la reivindicación de su dolor y en la reparación de sus
expectativas rotas y se desplaza – definitiva o parcialmente- al aparato
represor del Estado, según el instituto que se active para su satisfacción.
Porque la justicia restaurativa al incrementar el protagonismo de la víctima en
la decisión del conflicto del que es parte, considera que es ella, una persona
concreta, la que debe -o puede- asumir la agencia de su propia condición, en
procura del restablecimiento, o la restauración, tanto de su perjuicio, como de
las relaciones interpersonales, indiferentes para la retribución penal.”
[77] Sobre el alcance de la justicia
restaurativa, la sentencia C-979 de 2005, expresó que: “la  justicia restaurativa
se presenta como un modelo alternativo de enfrentamiento de la criminalidad,
que sustituye la idea tradicional de retribución o castigo, por una visión que
rescata la importancia que tiene para la sociedad la reconstrucción de las
relaciones entre víctima y victimario. El centro de gravedad del derecho penal
ya no lo constituiría el acto delictivo y el infractor, sino que involucraría
una especial consideración a la víctima y al daño que le fue inferido. Conforme
a este modelo, la respuesta al fenómeno de la criminalidad, debe  diversificar
las finalidades del sistema. Debe estar orientada a la satisfacción de los
intereses de las víctimas (reconocer su sufrimiento, repararle el daño inferido
y restaurarla en su dignidad), al restablecimiento de la paz social, y a la
reincorporación del infractor a la comunidad a fin de restablecer los lazos
sociales quebrantados por el delito, replanteando el concepto de castigo
retributivo que resulta insuficiente para el restablecimiento de la convivencia
social pacífica. 43. Desde una perspectiva sicológica se destaca que en este
modelo, esa mirada al pasado orientada a escudriñar la culpa del ofensor,
propia de los esquemas retributivos, es desplazada por una visión de futuro
anclada en el propósito de búsqueda de mecanismos mediante los cuales se
propicie que el ofensor se enfrente con sus propios actos y sus consecuencias,
adquiera conciencia a cerca del daño que ocasionó, reconozca y asuma  su
responsabilidad  e intente la reparación del agravio. En consecuencia, no es un
enfoque basado en los merecimientos, sino en las necesidades emocionales,
relacionales y reparatorias de las personas involucradas en el conflicto. El
modelo de justicia restaurativa parte de la premisa de que el delito perjudica
a las personas y las relaciones, y que el logro de la justicia demanda el mayor
grado de subsanación posible del daño. Su enfoque es cooperativo en la medida
que genera un espacio para que los sujetos involucrados en el conflicto, se
reúnan, compartan sus sentimientos, y elaboren un plan de reparación  del daño
causado que satisfaga intereses y necesidades recíprocos.”
[78] Al
respecto, la
Corte en sentencia C-565 de 93,  sostuvo que “En el modelo de Estado social
y democrático de derecho del cual parte nuestro sistema político, según el art.
1° de la Constitución Nacional y, por tanto, jurídico, la pena ha de cumplir
una misión de regulación activa de la vida social que asegure su funcionamiento
satisfactorio, mediante la protección de los bienes jurídicos de los ciudadanos.
Ello supone la necesidad de conferir a la pena la función de prevención de los
hechos y los delitos que atenten contra estos bienes.”
[79] Ley 65 de
1993, Art.144: El sistema del tratamiento progresivo está integrado por las
siguientes fases: 1. Observación, diagnóstico y clasificación del interno. 2.
Alta seguridad que comprende el período cerrado. 3. Mediana seguridad que
comprende el período semiabierto. 4. Mínima seguridad o período abierto. 5. De
confianza, que coincidirá con la libertad condicional. Los programas de
educación penitenciaria serán obligatorios en las tres primeras fases para
todos los internos, sin que esto excluya el trabajo. La sección educativa del
INPEC suministrará las pautas para estos programas, teniendo en cuenta que su contenido
debe abarcar todas las disciplinas orientadas a la resocialización del
interno.  PARÁGRAFO. La ejecución del sistema progresivo se hará gradualmente,
según las disponibilidades del personal y de la infraestructura de los centros
de reclusión.
[80] Cfr. Sentencia C-1510 de 2000.
[81] Derecho Penal Parte General
Principios y Categorías Dogmáticas. Edit. Ibañez, Bogotá, 2013, ps. 414 y 415.
[82] Teoría del Delito en la Discusión
Actual. Editora Jurídica Grijley. Lima 2007. p. 84 a 87.
[83] También lo había
señalado Heinz
Müller-Dietz: en su trabajo “Strafvollzugsgesetzgebung und
Strafvollzugsreform”, Edit. Carl
Heymanns
.Köln, 1970.
[84] Acerca de
la posibilidad de que el legislador a través del diseño de la política criminal
estatal, esta Corporación en sentencia C-537 de 2008 concluyó que ante delitos
graves que merecen un elevado reproche social, puede limitarse el acceso a
beneficios y subrogados penales. Al respecto expresó: “La
exclusión de beneficios y subrogados penales, en términos de la sentencia en
comento, es una decisión del poder legislativo que busca hacer efectivo el
derecho a la justicia de las víctimas y, en un sentido más amplio, garantizar
el cumplimiento del reproche social en contra de quien ha cometido una conducta
que afecta, de forma grave, bienes jurídicos especialmente valiosos desde la
perspectiva constitucional, como la vida, la dignidad humana, la seguridad
personal y la integridad física.  Bajo esta lógica, “sin tener
por qué afectar, comprometer o desconocer los presupuestos sustanciales y
adjetivos concebidos a favor de todos los imputados, con la exclusión de los
beneficios y subrogados penales lo que se busca es evitar que resulte
nugatorio, desproporcionado o irrisorio, el reproche social impuesto para los
delitos más graves y de mayor impacto social como el terrorismo, el secuestro,
la extorsión y sus conexos; que, como se dijo, quebrantan en forma
significativa los valores de gran relevancia individual y colectiva,
desestabilizando incluso el propio orden institucional.”En este orden ideas, la
decisión en comento insiste en que “la eliminación de beneficios y subrogados
penales responde al diseño de una política criminal que, interpretando la
realidad del país, está direccionada a combatir las peores manifestaciones
delictivas. Ciertamente, en la medida en que exista en el ordenamiento jurídico
una amplia gama de beneficios y subrogados penales, y los mismos resulten
aplicables a todas las categorías de delitos en forma indiscriminada, la lucha
que se promueva contra aquellos puede resultar infructuosa, pues la pena, que
“constituye lo justo, es decir, lo que se merece”[84],
pierde su efectividad y proporcionalidad cuantitativa frente al mayor daño que
determinados comportamientos causan a la comunidad. Por eso, resulta ajustado a
la Constitución Política que subsista y se aplique la punibilidad para
conductas como el terrorismo, el secuestro y la extorsión, que, por razón de su
gravedad y alto grado de criminalidad, no pueden ser relevadas de un castigo
ejemplarizante y de la proporcionada sanción penal. || Por vía de los
beneficios penales, que hacen parte de los mecanismos de resocialización creados
por el legislador a favor del imputado, no puede entonces contrariarse el
sentido de la pena, que comporta la repuesta del Estado a la alarma colectiva
generada por el delito, y mucho menos, el valor de la justicia que consiste en
darle a cada quien lo suyo de acuerdo a una igualdad proporcional y según sus
propias ejecutorias.”
[85] De acuerdo con el Diccionario María
Moliner, redimir significa “Hacerse perdonar un preso una pena o parte de
ella por buen comportamiento, realizar trabajos, etc.”
[86] De acuerdo con el artículo 1º de la
Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, se entiende por niño todo ser
humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea
aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.
[87] Art. 5.
[88] Art. 13.
[89] Art. 12.
[90] Art. 11.
[91] Art. 14
[92] Art.
20
[93] Art. 15.
[94] Art. 16
[95] Art. 28
[96] Art. 42.
[97] Estudió la
constitucionalidad del artículo 148 (parcial)
del Decreto Extraordinario 2737 de 1989 (Código del Menor).
[98] Cfr.
sentencias T-408 de 1995 y T-514 de 1998
[99] ARTÍCULO 48. Espacios para mensajes de
garantía y restablecimiento de derechos. Los contratos de concesión de los
servicios de radiodifusión, televisión y espacios electromagnéticos incluirán
la obligación del concesionario de ceder espacios de su programación para
transmitir mensajes de garantía y restablecimiento de derechos que para tal fin
determine el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dirigidos a los niños,
las niñas y los adolescentes y a sus familias.En alguno de estos espacios y
por lo menos una vez a la semana, se presentarán con nombres completos y foto
reciente, las personas que hayan sido condenadas en el último mes por
cualquiera de los delitos contemplados en el Título IV, ‘Delitos
contra la Libertad, Integridad y Formación Sexuales’, cuando la víctima haya
sido un menor de edad.” (Aparte subrayado declarado
inexequible).
[100] Este principio se encuentra
presente en los principales tratados internacionales relacionados con temas de
infancia y familia y, en particular, en la “Convención sobre los Derechos del
Niño” adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de
noviembre de 1989, incorporada al derecho interno colombiano mediante Ley 12 de
1991.
[101] Este mandato se encuentra
contenido en el Código del Menor básicamente en los mismos términos en el
artículo 20. Dice la norma: “Las personas y las entidades tanto públicas como
privadas que desarrollen programas o tengan responsabilidades en asuntos de menores,
tomarán en cuenta sobres toda otra consideración, el interés superior del
menor.”
[102] Sentencia C-157 de 2002.
[103] Sentencia C-1064 de 2000.
[104] Artículo 93 de
la Constitución Política.
[105] Aprobado mediante Ley 74
de 1968.
[106] Aprobado mediante Ley 16 de 1972.
[107] Promulgado mediante
Decreto 509 de 1996.
[108] Aprobada mediante Ley
146 de 1994.
[109] Aprobada mediante Ley
169 de 1994.
[110] Aprobada mediante Ley
248 de 1995.
[111] Aprobado mediante Ley
265 de 1996.
[112] Aprobado mediante Ley
319 de 1996.
[113] Aprobada mediante Ley 449
de 1998.
[114] Aprobado mediante Ley
468 de 1998.
[115] Aprobado mediante Ley 765 de 2002.
[116] http://www.humanium.org/es/ginebra-1924/
[117] Versión original en francés “Déclaration de Genève” “Préambule.
Par la présente Déclaration des droits de l’enfant, dite déclaration de Genève,
les hommes et les femmes de toutes les nations reconnaissent que l’humanité
doit donner à l’enfant ce qu’elle a de meilleur, affirmant leurs devoirs, en
dehors de toute considération de race, de nationalité, de croyance.”
[118]Tras la Segunda
Guerra Mundial, las Naciones Unidas creó la UNICEF Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia, cuya función inicialmente consistía en ayudar a los jóvenes
víctimas de la guerra, sin embargo, a partir de 1953 amplió su rango de acción
a países en vía de desarrollo y creó programas para que los infantes tuvieran acceso a salud,
educación, agua potable y alimentos.
http://www.unicef.org/spanish/about/who/index_history.html
En 1947 fue creado y a partir de
1953 se le concedió el estatus de organización internacional permanente.
[119] http://www.apega.org/attachments/article/277/historiaderechosdeinfanciacast.pdf
[120] La
Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de su jurisprudencia ha
precisado en varias direcciones los alcances del artículo 19 de la Convención
Americana y la Convención de los Derechos de los Niños, reiterando la
protección especial de la que gozan los niños, niñas y adolescentes por razón
de su vulnerabilidad, así como la obligación de los Estados de adoptar medidas
de tipo administrativo, legislativo, judicial y en general todas aquellas que
sean necesarias para asegurar la satisfacción de las garantías para ellos
establecidas, v. g. en el caso de “Los niños de la Calle”
(Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, sentencia de 19 de noviembre de
1999; en el caso Bulacio vs. Argentina, sentencia de 18 de septiembre de 2003;
en el caso de los Hermanos Gómez Paquiyauiri vs. Perú, sentencia de 8 de julio
de 2004; en el caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay,
sentencia de 2 de septiembre de 2004; en el caso de las Masacres de Ituango vs.
Colombia, sentencia de 1 de julio de 2006; en el caso González y otras (“Campo
Algodonero”) vs. México, sentencia de 16 de noviembre de 2009; en el caso de la
Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala, sentencia de 24 de noviembre de 2009;
en el caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala, sentencia de 25 de mayo de 2010;
caso Rosendo Cantú y otra vs. México, sentencia de 31 de agosto de 2010; caso
Contreras y otros vs. El Salvador, sentencia de 31 de agosto de 2011; Caso
Fornerón e hija vs. Argentina, sentencia de 27 de abril de 2012; Caso Masacre
de Santo Domingo vs. Colombia, sentencia de 30 de noviembre de 2012; caso
Mendoza y otros vs. Argentina, sentencia de 14 de mayo de 2013; caso de las
Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica
(Operación Génesis) vs. Colombia, sentencia de 20 de noviembre de 2013; caso
Familia Pacheco Tineo vs. Bolivia, sentencia de 25 de noviembre de 2013; Caso
Veliz Franco y otros vs. Guatemala, sentencia de 19 de mayo de 2014; Caso
Hermanos Landaeta Mejías y otros vs. Venezuela, sentencia de 27 de agosto de
2014; entre otros.
[121] Tomado de la exposición de motivos
del proyecto de ley.
[122] Según la
sentencia C-679 de 1998:
“Los
subrogados penales son medidas sustitutivas de la pena de prisión y arresto,
que se conceden a los individuos que han sido condenados a estas penas, siempre
y cuando cumplan los requisitos establecidos por el legislador. De acuerdo con
la legislación, los subrogados penales son: 1) la condena de ejecución condicional
y 2) la libertad condicional. Los subrogados penales son un derecho del
condenado siempre y cuando se verifiquen los supuestos objetivos y subjetivos
que el legislador ha establecido. Si aquellos no se cumplen, es evidente que el
juez de ejecución de penas y medidas de seguridad no puede conceder tales
beneficios, pues su competencia está limitada por lo dispuesto en la ley.”
[123] Ley 906 de 2004. Artículo  314. Sustitución de la detención
preventiva.  Modificado por
el art. 27, Ley 1142 de 2007. La detención preventiva en
establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del lugar de residencia en
los siguientes eventos: 1. Cuando para el cumplimiento de los fines previstos
para la medida de aseguramiento sea suficiente la reclusión en el lugar de
residencia, aspecto que será evaluado por el juez al momento de decidir sobre
su imposición. 2. Cuando el imputado o acusado fuere mayor de sesenta y cinco
(65) años, siempre que su personalidad, la naturaleza y modalidad del delito
hagan aconsejable su reclusión en el lugar de residencia. 3. Cuando a la
imputada o acusada le falten dos (2) meses o menos para el parto. Igual derecho
tendrá durante los (6) meses siguientes a la fecha del nacimiento. 4. Cuando el
imputado o acusado estuviere en estado grave por enfermedad, previo dictamen de
médicos oficiales. El juez determinará si el imputado o acusado debe permanecer
en su lugar de residencia, en clínica u hospital. 5. Cuando la imputada o
acusada fuere madre cabeza de familia de hijo menor de doce (12) años o
que sufriere incapacidad mental permanente, siempre y cuando
haya estado bajo su cuidado. En ausencia de ella, el padre que haga sus veces
tendrá el mismo beneficio. Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte
Constitucional, mediante Sentencia C-151 de 2007 La detención en el lugar
de residencia comporta los permisos necesarios para los controles médicos de
rigor, la ocurrencia del parto, y para trabajar en la hipótesis del numeral 5.
En todos los eventos el beneficiario suscribirá un acta en la cual se
compromete a permanecer en el lugar o lugares indicados, a no cambiar de
residencia sin previa autorización, a concurrir ante las autoridades cuando
fuere requerido, y, adicionalmente, podrá imponer la obligación de someterse a
los mecanismos de control y vigilancia electrónica o de una persona o
institución determinada, según lo disponga el juez. Parágrafo 1º. Adicionado por el art. 39, Ley 1474
de 2011
[124] Ley 906 de 2004, Artículo 461. Sustitución de la ejecución de la pena. el juez de ejecución de
penas y medidas de seguridad podrá ordenar al instituto nacional Penitenciario
y Carcelario la sustitución de la ejecución de la pena, previa caución, en los
mismos casos de la sustitución de la detención preventiva.
[125] Código Penal. Art. 82. Extinción de la acción penal. son causales de extinción de la acción
penal: 1. <numeral condicionalmente exequible> La muerte del procesado.
2. El desistimiento. 3. La amnistía propia. 4. La prescripción. 5. La oblación.
6. El pago en los casos previstos en la ley. 7. La indemnización integral en
los casos previstos en la ley. 8. La retractación en los casos previstos en la
ley. 9. Las demás que consagre la ley.
[126] Artículo 199 del Código de la
Infancia y la Adolescencia.
[127] “3.
No procederá la extinción de la acción penal en aplicación del principio de
oportunidad previsto en el artículo 324, numeral 8, de la Ley 906 de 2004 para
los casos de reparación integral de los perjuicios.
7. No procederán las
rebajas de pena con base en los "preacuerdos y negociaciones entre la
fiscalía y el imputado o acusado", previstos en los artículos 348 a 351 de
la Ley 906 de 2004.
8. Tampoco procederá
ningún otro beneficio o subrogado judicial o administrativo, salvo los
beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal,
siempre que esta sea efectiva.”
[128] “Artículo
233.  Modificado por la Ley 1181 de 2007, artículo 1º. Inasistencia
alimentaria. El que se sustraiga sin justa causa a la prestación de
alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante,
adoptivo, cónyuge o compañero o compañera permanente, incurrirá
en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece
punto treinta y tres (13.33) a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
La
pena será de prisión de treinta y dos (32) a setenta y dos (72) meses y multa
de veinte (20) a treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos legales
mensuales vigentes cuando la inasistencia alimentaria se cometa contra un
menor.”
[129] Artículo
229. Reformado por la Ley
1142 de 2007, artículo 33. Violencia intrafamiliar. El
que maltrate física o sicológicamente a cualquier miembro de su núcleo
familiar, incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado
con pena mayor, en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. La pena se aumentará
de la mitad a las tres cuartas partes cuando la conducta recaiga sobre un menor,
una mujer, una persona mayor de sesenta y cinco (65) años o que se encuentre en
incapacidad o disminución física, sensorial y psicológica o quien se encuentre
en estado de indefensión. Parágrafo. A la misma pena quedará sometido quien, no
siendo miembro del núcleo familiar, sea encargado del cuidado de uno o varios
miembros de una familia en su domicilio o residencia, y realice alguna de las
conductas descritas en el presente artículo.
[130] Artículo 230A. Adicionado
por la Ley
890 de 2004, artículo 7º. Ejercicio
arbitrario de la custodia de hijo menor de edad. El padre que arrebate,
sustraiga, retenga u oculte a uno de sus hijos menores sobre quienes ejerce la
patria potestad con el fin de privar al otro padre del derecho de custodia y
cuidado personal, incurrirá, por ese solo hecho, en prisión de uno (1) a tres
(3) años y en multa de uno (1) a dieciséis (16) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
[131] Artículo 232.
Adopción irregular. Al que promueva o realice la adopción del menor sin cumplir
los requisitos legales correspondientes, o sin la respectiva licencia del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para adelantar programas de
adopción, o utilizando prácticas irregulares lesivas para el menor, incurrirá
en prisión de uno (1) a cinco (5) años. La pena se aumentará de la mitad a
las tres cuartas partes cuando: 1. La conducta se realice con ánimo de lucro.2.
El copartícipe se aproveche de su investidura oficial o de su profesión para
realizarla, caso en el cual se le impondrá, además, como pena, la pérdida del
empleo o cargo público.
[132] Artículo 127.
Abandono. El que abandone a un menor de doce (12) años o a persona
que se encuentre en incapacidad de valerse por sí misma, teniendo deber legal de
velar por ellos, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años. (Nota:
La expresión resaltada fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en
la Sentencia C-468
de 2009.).  Si la
conducta descrita en el inciso anterior se cometiere en lugar despoblado o
solitario, la pena imponible se aumentará hasta en una tercera parte. (Nota:
El aparte señalado en negrilla fue declarado exequible por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-034 del 25 de enero de 2005.). Artículo 128.
Abandono de hijo fruto de acceso carnal violento, abusivo, o de inseminación
artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas. La madre que
dentro de los ocho (8) días siguientes al nacimiento abandone a su hijo fruto
de acceso o acto sexual sin consentimiento, abusivo, o de inseminación
artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, incurrirá en
prisión de uno (1) a tres (3) años.
[133] Artículo
217. Modificado por la Ley
1236 de 2008, artículo 11. Estímulo a la Prostitución de
Menores. El que destine, arriende, mantenga, administre o financie casa o
establecimiento para la práctica de actos sexuales en que participen menores de
edad, incurrirá en prisión de diez (10) a catorce (14) años y multa de sesenta
y seis (66) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
La
pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando el responsable sea
integrante de la familia de la víctima.
[134] Artículo
218. Modificado por la Ley
1336 de 2009, artículo 24. Pornografía con personas
menores de 18 años. El que fotografíe, filme, grabe, produzca, divulgue,
ofrezca, venda, compre, posea, porte, almacene, trasmita o exhiba, por
cualquier medio, para uso personal o intercambio, representaciones reales de
actividad sexual que involucre persona menor de 18 años de edad, incurrirá en
prisión de 10 a 20 años y multa de 150 a 1.500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Igual
pena se aplicará a quien alimente con pornografía infantil bases de datos de
Internet, con o sin fines de lucro. La pena se aumentará de una tercera
parte a la mitad cuando el responsable sea integrante de la familia de la
víctima.
[135] Artículo
219. Modificado por la Ley
1336 de 2009, artículo 23. Turismo sexual. El que
dirija, organice o promueva actividades turísticas que incluyan la utilización
sexual de menores de edad incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. La pena se
aumentará en la mitad cuando la conducta se realizare con menor de doce (12)
años.
[136] Artículo 219A. Modificado
por la Ley
1329 de 2009, artículo 4º. Utilización o facilitación de
medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores
de 18 años. El que utilice o facilite el correo tradicional, las redes globales
de información, telefonía o cualquier medio de comunicación, para obtener,
solicitar, ofrecer o facilitar contacto o actividad con fines sexuales con
personas menores de 18 años de edad, incurrirá en pena de prisión de diez (10)
a catorce (14) años y multa de sesenta y siete (67) a (750) salarios mínimos
legales mensuales vigentes. Las penas señaladas en el inciso anterior se
aumentarán hasta en la mitad (1/2) cuando las conductas se
realizaren con menores de catorce (14) años.
[137]   Artículo 219B. Omisión
de denuncia. El que, por razón de su oficio, cargo, o actividad, tuviere
conocimiento de la utilización de menores para la realización de cualquiera de
las conductas previstas en el presente capítulo y omitiere informar a las
autoridades administrativas o judiciales competentes sobre tales hechos,
teniendo el deber legal de hacerlo, incurrirá en multa de diez (10) a cincuenta
(50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la conducta se
realizare por servidor público, se impondrá, además, la pérdida del empleo.
[138] Que adicionaron un parágrafo al artículo 275 y el
artículo 206A de la Ley 906 de 2004, respectivamente.
[139] Sentencia C-061 de 2008,
que declaró inexequible el inciso 2° del artículo 48 de la Ley 1098 de 2006
(Código de la Infancia y la Adolescencia), que permitía la publicación de
nombres completos y foto reciente de las personas condenadas en el último mes
por cualquiera de los delitos contemplados en el Título IV de la Ley 599 de
2000 (“Delitos contra la Libertad, Integridad y Formación Sexuales”),
cuando la víctima fuere un menor de edad.
[140] Cfr., entre muchas otras
decisiones, la sentencia T-078 de febrero 11 de 2010,
M. P. Luis Ernesto Vargas Silva, mediante la cual se ampararon los derechos al
debido proceso y el interés superior de una niña (3 años al momento de los
hechos denunciados), presuntamente víctima de actos sexuales abusivos
efectuados por su padre, contra quien la Fiscalía se abstuvo de formular
resolución de acusación al descartar las valoraciones físicas y psicológicas
efectuadas por galenos forenses.
[141] Al
respecto, pueden verse las sentencias En sentencia C-061
de 2008 esta Corporación declaró inexequible C-073 de 2010 esta Corte resolvió
la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo 26 de la Ley
1121 de 2006[141]
[142] Declaró
exequibles los artículos 1º y 2º (apartes destacados en negrilla) de la Ley 1652
de 2013 ARTÍCULO 1º.
Adiciónese el artículo 275 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento
Penal, con el siguiente parágrafo. También se entenderá por material probatorio
la entrevista forense realizada a niños, niñas y/o adolescentes víctimas de los
delitos descritos en el artículo 206A de este mismo Código. ARTÍCULO 2º. Adiciónese un
artículo nuevo a la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, numerado
206A, el cual quedará así: Artículo 206A. Entrevista forense a niños, niñas y adolescentes
víctimas de delitos tipificados en el Título IV del Código Penal, al igual que
en los artículos 138, 139, 141, 188a, 188c, 188d, relacionados con violencia
sexual. Sin perjuicio del procedimiento establecido en los artículos 192, 193,
194, 195, 196, 197, 198, 199 y 200 de la Ley 1098 de 2006, por la cual se
expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, cuando la víctima dentro de
un proceso por los delitos tipificados en el Título IV del Código Penal, al
igual que en los artículos 138, 139, 141, 188a, 188c, 188d, del mismo Código
sea una persona menor de edad, se llevará a cabo una entrevista grabada o
fijada por cualquier medio audiovisual o técnico en los términos del numeral 1º
del artículo 146 de la Ley 906 de 2004, para cuyos casos se seguirá el siguiente
procedimiento: d) (sic) La entrevista forense de niños, niñas o adolescentes
víctimas de violencia sexual será realizada por personal del Cuerpo
Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, entrenado en
entrevista forense en niños, niñas y adolescentes, previa revisión del
cuestionario por parte del Defensor de Familia, sin perjuicio de su presencia
en la diligencia. En caso de no contar con los profesionales aquí referenciados, a
la autoridad competente le corresponde adelantar las gestiones pertinentes para
asegurar la intervención de un entrevistador especializado. Las entidades competentes
tendrán el plazo de un año, para entrenar al personal en entrevista forense.
En la práctica de la
diligencia el menor podrá estar acompañado, por su
representante legal o por un pariente mayor de edad. e) (sic) La entrevista
forense se llevará a cabo en una Cámara de Gesell o en un espacio
físico acondicionado con los implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva
de la víctima y será grabado o fijado en medio audiovisual o
en su defecto en medio técnico o escrito. f) (sic) El personal
entrenado en entrevista forense, presentará un informe detallado de la
entrevista realizada. Este primer informe deberá cumplir con los requisitos establecidos
en el artículo 209 de este Código y concordantes, en lo que le sea aplicable.
El profesional podrá ser citado a rendir testimonio sobre la
entrevista y el informe realizado. PARÁGRAFO 1º. En atención a la protección de la dignidad de los
niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales, la entrevista forense
será un elemento material probatorio al cual se acceda siempre y cuando sea
estrictamente necesario y no afecte los derechos de la víctima menor de edad,
lo anterior en aplicación de los criterios del artículo 27 del Código de
Procedimiento Penal. PARÁGRAFO 2º Durante la etapa de indagación e investigación, el
niño, niña o adolescente víctima de los delitos contra la libertad, integridad
y formación sexual, tipificados en el Título IV del Código Penal, al igual que
en los artículos 138, 139, 141, 188a, 188c, 188d, del mismo Código, será
entrevistado preferiblemente por una sola vez. De manera excepcional podrá
realizarse una segunda entrevista, teniendo en cuenta en todo caso el
interés superior del niño, niña o adolescente.  ARTÍCULO 3º. Adiciónese al
artículo 438 de la Ley 906 de 2004, un literal del siguiente tenor: e) Es menor de dieciocho (18)
años y víctima de los delitos contra la libertad, integridad y formación
sexuales tipificados en el Título IV del Código Penal, al igual que en los
artículos 138, 139, 141, 188a, 188c, 188d, del mismo Código.
[143] Entre otros, el Tribunal
Constitucional Español en varios pronunciamientos ha recalcado el trato
preferente y cuidadoso que debe brindarse a los menores de edad víctimas de
delitos sexuales, como se indicará con mayor profundidad más adelante.
[144] Cfr. Sentencias T-117 de
2013, T-078 de 2010 y T-593 de 2009.
[145] Sentencia T-593 de 2009,
ya referida, entre otras.
[146] Arts. 1º de la Constitución y 1º
del Código Penal.
[147] Según consta en la diligencia de
notificación, incorporada a folio 51 del expediente.
[148] Según consta en el Acta Individual
de Reparto, visible a folio 15 del expediente.
[149] Sentencia SU-198 de 2013.
[150] La Corte
Suprema de Justicia, sostuvo: “A diferencia de lo que disponía el
artículo 18 del derogado Código del Menor (Decreto 2737 de 1989): “Las
normas del presente Código son de orden público y, por lo mismo, los principios
en ellas consagrados son de carácter irrenunciable y se aplicarán de preferencia
a disposiciones contenidas en otras leyes”.
[151] En ese sentido debe
destacarse que desde su consagración en las leyes 65 de 1993, 600 de 2000 y 904
de 2006, la institución de la redención de pena ha existido como único
mecanismo de resocialización.
[152] Constitución, artículo 2.
[153] Constitución, “Artículo  13.  Todas las personas nacen libres e
iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y
gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación
por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión,
opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos
discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que
contra ellas se cometan.”
[154] El programa Sexual Agression Control, SAC
aplicado inicialmente en Cataluña, es un ejemplo de funcionalidad y eficacia de
los tratamientos con delincuentes sexuales. Consiste
en que a partir de asistencia terapéutica y psicoeducativa se fortalece el
autocontrol y las actitudes hacia las víctimas, generando conciencia emocional, habilidades sociales y
asertividad, desarrollo de valores y prevención de recaídas. En la última fase
del tratamiento se realiza un seguimiento del comportamiento del individuo en el
exterior de la cárcel por medio de salidas programadas y permisos ordinarios.
Las primeras investigaciones sobre la eficacia del
programa SAC fueron realizadas por entre los años 2005 y 2006, obteniendo una
muestra de sujetos que, habiendo realizado el programa en prisión, llevaban el
tiempo suficiente en libertad para medir los efectos de éste. Los resultados a
los que llegó son: de 346 sujetos que cumplieron condena en el CP Brians entre
1991 y 2002, se eligieron 49 hombres en el grupo de tratado y 74 en el grupo
control. Tras un seguimiento de casi 4 años, de los 49 sujetos del grupo
tratamiento, solo 2 individuos reincidieron con crimines sexuales, lo que
supone un 4.1%. Del grupo control fueron 13 sujetos los que reincidieron en
delitos sexuales, es decir, el 18.2%. La conclusión a la que se llegó es que la
efectividad del programa es de un 14.1% en la reducción de la reincidencia.
En Canadá también se desarrolló el
programa Circles of Support and Accountability, COSA, que consiste en
formar una red comunitaria en forma de círculos alrededor de un delincuente
sexual al final de su condena. Esto con el propósito de lograr su reinserción
en la comunidad.
El programa COSA se ha implemento
con éxito en el Reino Unido desde el 2002 y se denominó Circles UK, en el 2009
se implementó en Holanda como Circles NL y en 2011 se introdujo en Bélgica.
Además, se estableció el programa en la Unión Europea para llegar a Bulgaria,
Letonia, Irlanda, Francia, Hungría y España (Cataluña).
Lo anterior puede consultarse en:
http://www.boletincriminologico.uma.es/boletines/79.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/64123/1/TFG_Criminologia_Ortiz_Monfort.pdf
file:///D:/Users/NathalieJM/Downloads/Dialnet-SirveElTratamientoParaRehabilitarALosDelincuentesS-2477656.pdf