C-283-95
Sentencia No
Sentencia No.
C-283/95
ORDEN PUBLICO-Manejo
Una cosa es
ejercer la tutela del orden público, conservarlo, prevenir los acontecimientos
que impliquen su ruptura y restablecerlo cuando hubiere sido perturbado, lo
cual compete exclusivamente al Presidente de la República, y otra muy distinta
dictar normas generales aplicables a situaciones que afectan a la sociedad por
causa de actividades como el narcotráfico, el terrorismo y la subversión, las
cuales, si bien no propician necesariamente una perturbación del orden público
que deba conducir a la declaración del Estado de Conmoción Interior,
constituyen un fenómeno innegable y actualmente presente, que debe ser objeto
de regulación legal y de la atención de las ramas del Poder Público, dentro de
la órbita de sus respectivas atribuciones.
ORDEN PUBLICO-Manejo
El ejercicio de
la función exclusiva de manejo del orden público, que toca al Presidente, no es
incompatible con la actividad legislativa del Congreso, aún sobre materias que
de alguna manera incidan en aquél o en torno a situaciones permanentes o transitorias
que afecten el pacífico desenvolvimiento de las actividades individuales y
colectivas en el seno de la comunidad.
DERECHO A LA PAZ
La paz no es algo
que concierna privativamente a los organismos y funcionarios del Estado sino
que, por el contrario, atañe a todos los colombianos, como lo declara el
artículo 22 de la Constitución, a cuyo tenor es un derecho de todos y un deber
de obligatorio cumplimiento. Menos todavía puede sostenerse que esté
circunscrito a la actividad y decisión de una sola rama del Poder Público.
Tampoco es admisible la hipótesis de que los asuntos de paz estén vedados a la
función legislativa ordinaria o que el Congreso sea ajeno a ellos.
CONGRESO DE LA
REPUBLICA-Consecución de
la paz pública
La injerencia del
Congreso, mediante la expedición de leyes, en los asuntos que conciernen a la
paz pública resulta confirmado por los artículos 152 y 214 de la Constitución
Política, que lo autorizan para regular, por ley estatutaria, los estados de
excepción, estableciendo límites a las facultades del Gobierno en tales
circunstancias y contemplando las garantías para proteger los derechos, de
conformidad con los tratados internacionales.
PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA-Control del
orden público
Si al Presidente
de la República apenas se le confía una función legislativa excepcional para el
control del orden público cuando éste escapa a sus atribuciones ordinarias -que
son administrativas-, la necesaria conclusión es la de que el titular de la
atribución indispensable para dictar normas de carácter general y abstracto,
con efecto permanente o transitorio, sobre las materias que tocan con el orden
público no es otro que el Congreso Nacional.
CONMOCION
INTERIOR
El Estado de
Conmoción Interior ha sido concebido de manera restrictiva, como mecanismo de
defensa de la sociedad, por intermedio del Ejecutivo, ante grave perturbación
del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad
institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana "y que no
pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las
autoridades de policía". Estas atribuciones son precisamente las que
determine el legislador ordinario, pues la actividad de las autoridades
públicas en ese campo debe obedecer a los lineamientos y requisitos que
establezca la ley.
PRINCIPIO DE
COLABORACION ARMONICA
No puede
desconocerse, por otra parte, que en el ejercicio de las funciones públicas, si
bien la Constitución ha establecido el criterio general de la separación, que
reserva a cada rama una órbita de atribuciones en la que no pueden inmiscuirse
las demás, ella misma ha señalado que todas colaboran armónicamente para la
realización de los fines del Estado.
LEGISLACION
PERMANENTE
La Constitución
Política no prohibe al Congreso adoptar como legislación permanente normas que
hayan sido dictadas  durante cualquiera de los estados de excepción, pero el
análisis constitucional de dichas disposiciones cambia sustancialmente,
considerada la materia de cada una de ellas, según que haya sido expedida en
tiempo de paz o en época de perturbación del orden público. No obstante, la
perspectiva desde la cual un mismo contenido normativo puede ser confrontado
con la Constitución no es la misma cuando a él se acude como instrumento
extraordinario para enfrentar una crisis del orden público que cuando se lo
plasma como elemento propio de la normalidad institucional.
COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL-No se
configura
Aunque algunas de
las normas incorporadas al texto de la Ley 104 de 1993 fueron declaradas
exequibles por la Corte, como pertenecientes a decretos legislativos dictados
con invocación del Estado de Conmoción Interior, no se configura respecto de
ellas la cosa juzgada constitucional, pues dado el cambio de circunstancias y
el diferente papel que las mismas normas juegan, según que se las haya hecho
valer en tiempo de crisis o se las aplique con vocación de permanencia, el
objeto del examen confiado a esta Corporación en uno y otro caso es diferente.
-Sala Plena-
Ref.: Expediente
D-750
Demanda de
inconstitucionalidad contra la Ley 104 de 1993 "por la cual se consagran
unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la
justicia y se dictan otras disposiciones".
Actor: ALFREDO
VASQUEZ CARRIZOSA y otros.
Magistrado Ponente:
Dr. JOSE GREGORIO
HERNANDEZ GALINDO
Sentencia aprobada
en Santa Fe de Bogotá, D.C., según consta en acta del veintinueve (29) de junio
de mil novecientos noventa y cinco (1995).
I. ANTECEDENTES
Los ciudadanos
ALFREDO VASQUEZ CARRIZOSA, ROBERTO MUTIS PUYANA y JESUS ANIBAL SUAREZ M.,
haciendo uso del derecho consagrado en el artículo 241, numeral 4º, de la Carta
Política, han presentado una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 104
de 1993.
Cumplidos como están
los trámites y requisitos exigidos en el Decreto 2067 de 1991, se entra a
resolver.
II. TEXTO
"LEY 104 DE 1993
(Diciembre 30)
Por la cual se consagran unos instrumentos
para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan
otras disposiciones.
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
PRIMERA PARTE
PARTE GENERAL
ARTICULO 1º.- Las normas consagradas en la presente Ley
tienen por objeto dotar al Estado colombiano de instrumentos eficaces para
asegurar la vigencia del Estado Social y Democrático de Derecho y garantizar la
plenitud de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la
Constitución Política.
ARTICULO 2º.- En la aplicación de las atribuciones
conferidas en la presente Ley, se seguirán los criterios de proporcionalidad y
necesariedad y en la determinación del contenido de su alcance el intérprete
deberá estarse al tenor literal de la misma, sin que so pretexto de desentrañar
su espíritu, puedan usarse facultades no conferidas de manera expresa.
En el ejercicio de
las mismas facultades no podrá menoscabarse el núcleo esencial de los derechos
fundamentales, ni alterar la distribución de competencias establecidas en la
Constitución y las leyes y en su aplicación se tendrá siempre en cuenta el
propósito del logro de la convivencia pacífica.
ARTICULO 3º.- El Estado propenderá por el
establecimiento de un orden social justo que asegure la convivencia pacífica,
la protección de los derechos y libertades de los individuos y adoptará medidas
en favor de grupos discriminados o marginados, tendientes a lograr condiciones
de igualdad real y a proveer a todos de las mismas oportunidades para su
adecuado desenvolvimiento, el de su familia y su grupo social.
ARTICULO 4º.- Las autoridades procurarán que los
particulares resuelvan sus diferencias de manera democrática y pacífica,
facilitarán la participación de todos en las decisiones que los afectan y
deberán resolver de manera pronta las solicitudes que los ciudadanos les
presenten para la satisfacción de sus necesidades y la prevención y eliminación
de las perturbaciones a la seguridad, la tranquilidad, la salubridad y el
ambiente.
ARTICULO 5º.- Las autoridades garantizan el libre
desarrollo y la libre expresión y actuación de los movimientos sociales y de
las protestas populares que se realicen de acuerdo con la Constitución y las
leyes.
ARTICULO 6º.- En la parte general del plan de desarrollo
y en los que adopten las entidades territoriales se señalarán con precisión las
metas, prioridades y políticas macroeconómicas dirigidas a lograr un desarrollo
social equitativo y a integrar a las regiones de colonización, o
tradicionalmente marginadas o en las que la presencia estatal resulta
insuficiente para el cumplimiento de los fines previstos en el artículo 2 de la
Constitución Política, con el objeto de propender por el logro de la
conviviencia, dentro de un orden justo, democrático y pacífico.
ARTICULO 7º.- El Gobierno deberá presentar informes,
dentro de los primeros diez (10) días de cada período legislativo a las
Comisiones de que trata el artículo 8º referidos a la utilización de las
atribuciones que se le confieren mediante la presente Ley, así como sobre las
medidas tendientes a mejorar las condiciones económicas de las zonas y grupos
marginados de la población colombiana.
ARTICULO 8º.- Las mesas directivas de las Comisiones
primeras de Senado y Cámara, conformarán una comisión, integrada por seis (6)
senadores y seis (6) representantes, en la que deberán estar representados
proporcionalmente todos los partidos y movimientos políticos representados en
el Congreso, la cual deberá hacer el seguimiento de la aplicación de la
presente Ley, recibir las quejas que se susciten con ocasión de la misma,
revisar los informes del Gobierno y recomendar la permanencia, suspensión o
derogatoria de las disposiciones contenidas en esta Ley.
TITULO I
INSTRUMENTOS PARA LA BUSQUEDA DE LA
CONVIVENCIA
CAPITULO 1
ABANDONO Y ENTREGA VOLUNTARIA
ARTICULO 9º.- Tratándose de personas vinculadas a grupos
subversivos, de justicia privada o denominados "milicias populares rurales
o urbanas", será necesario el abandono voluntario de la organización y la
entrega a las autoridades y podrán tener derecho a los beneficios señalados en
los artículos 369-A y 369-B del C.P.P., siempre y cuando se cumpla con los
requisitos y criterios allí previstos.
PARAGRAFO 1º.- Cuando sea necesario verificar si las
personas que solicitan la concesión de los beneficios a que se refiere el presente
artículo, tienen carácter de personas vinculadas a grupos subversivos, de
justicia privada o denominados "milicias populares rurales o
urbanas", la autoridad judicial competente podrá solicitar la información
pertinente a los Ministerios de Gobierno, Defensa, Justicia y del Derecho, y a
las demás entidades y organismos de inteligencia del Estado.
PARAGRAFO 2º.- Los beneficios previstos en este artículo
no podrán extenderse al delito de secuestro, a los demás delitos atroces ni a
homicidios cometidos fuera de combate o aprovechándose del estado de
indefensión de las víctimas, ni en general, a delitos cuya pena mínima legal
exceda de ocho (8) años de prisión.
CAPITULO 2
NORMAS COMUNES
ARTICULO 10.- Beneficios Condicionales. Cuando se
concedan los beneficios de garantía de no investigación ni acusación, libertad
provisional, detención domiciliaria durante el proceso de ejecución de la
condena, condena de ejecución condicional, libertad condicional, sustitución de
la pena privativa de la libertad por trabajo social, el funcionario judicial
competente impondrá al beneficiado una o varias de las siguientes obligaciones:
a) Informar todo
cambio de residencia;
b) Ejercer oficio,
profesión u ocupación lícitos;
c) Reparar los daños
ocasionados por el delito, salvo cuando se demuestre que se está en
imposibilidad de hacerlo;
d) Abstenerse de
consumir bebidas alcohólicas;
e) Someterse a la
vigilancia de las autoridades o presentarse periódicamente ante ellas;
f) Presentarse
cuando el funcionario judicial lo solicite;
g) Observar buena
conducta individual, familiar y social;
h) No cometer un
nuevo hecho punible, excepto cuando se trate de delitos culposos;
i) No salir del país
sin previa autorización del funcionario judicial competente;
j) Cumplir con las
obligaciones contempladas en las normas y reglamentos del régimen penitenciario
y observar buena conducta en el establecimiento carcelario;
k) Cumplir y
acreditar el trabajo o estudio ante las autoridades competentes.
El funcionario judicial
competente impondrá las obligaciones discrecionalmente, según la naturaleza y
modalidades del hecho punible, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en
que se cometió, la naturaleza del beneficio, la personalidad del beneficiario,
los antecedentes penales y la buena conducta en el establecimiento carcelario.
Las obligaciones de
que trata este artículo se garantizarán mediante caución, que será fijada por
el mismo funcionario judicial.
ARTICULO 11.-
Revocación de beneficios.
El funcionario judicial que otorgó el beneficio lo revocará cuando encuentre
que se ha incumplido alguna de las obligaciones impuestas, se ha incurrido en
el delito de fuga de presos o en falta grave contra el régimen penitenciario,
durante el respectivo período de prueba.
ARTICULO 12.-
Prohibición de acumulación.  Los
beneficios por colaboración con la justicia aquí previstos, son incompatibles
con los consagrados para las mismas conductas en otras disposiciones.
Otorgados los
beneficios, no podrán concederse otros adicionales por la misma colaboración.
ARTICULO 13.-
Protección integral. Desde
el momento en que se entreguen a las autoridades las personas a que se refiere
el Título I, artículos 10, 11, 12 y 13 de esta Ley podrán, si lo solicitan
expresamente, recibir protección especial del Estado con el fin de asegurar su
derecho a la vida e integridad física, cuando a juicio de la autoridad judicial
competente, ella fuere necesaria.
De la entrega deberá
informarse inmediatamente a la autoridad judicial competente, la cual podrá
autorizar la permanencia de tales personas en instalaciones militares o sitios
de reclusión habilitados por el Instituto Nacional Penitenciario, cuando lo
estime conveniente para la seguridad del sometido o para la concreción eficaz
de su colaboración.
Cuando dichas
personas manifiesten su voluntad de no continuar en una instalación militar, o
sitio de reclusión habilitado, serán trasladadas al centro carcelario que
determinen las autoridades competentes.
CAPITULO 3
DISPOSICIONES PARA FACILITAR EL DIALOGO CON
LOS GRUPOS GUERRILLEROS, SU DESMOVILIZACIÓN Y REINSERCION
A LA VIDA CIVIL
ARTICULO 14.- Los Representantes autorizados
expresamente por el Gobierno Nacional, con el fin de lograr la paz podrán:
a) Realizar actos
tendientes a entablar los diálogos a que se refiere este capítulo;
b) Adelantar
diálogos con los voceros o representantes de los grupos guerrilleros,
tendientes a buscar la reinserción de sus integrantes a la vida civil;
c) Firmar acuerdos
con los voceros o representantes de los grupos guerrilleros, dirigidos a
obtener la desmovilización y reincorporación a la vida civil de sus
integrantes. Los acuerdos y su contenido serán los que a juicio del Gobierno
sean necesarios para adelantar y culminar el proceso de paz;
d) Acordar con los
voceros o representantes de los grupos guerrilleros, la ubicación temporal de
éstos en zonas determinadas del territorio nacional, para facilitar la
verificación de que han cesado en sus operaciones subversivas.
Las órdenes de
captura que se hayan dictado o se dicten en procesos penales por delitos
políticos y conexos contra los miembros de los grupos guerrilleros localizados
de conformidad con lo establecido en el inciso anterior, quedarán suspendidas
en las zonas a que hace referencia el inciso anterior, desde el momento de la
ubicación de dichas personas hasta cuando el Gobierno Nacional declare que ha
culminado el proceso de paz a que se refiere este capítulo.
Para tales efectos,
el Ministerio de Gobierno y la Consejería Presidencial para la Paz elaborarán
la lista de las personas que se encuentren en la respectiva zona de ubicación
en su calidad de guerrilleros, previa certificación bajo la gravedad del
juramento, expedida por los voceros del respectivo grupo, quienes serán
responsables penalmente por la veracidad de tal información. El Ministerio de
Gobierno enviará a las autoridades judiciales y de policía correspondientes la
lista así elaborada.
Estas normas son
aplicables a las milicias populares con carácter político.
PARAGRAFO 1º.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 14 de la Ley 40 de 1993, el delito de secuestro no tiene el carácter
de conexo con un delito político.
PARAGRAFO 2º.- Con el fin de facilitar la transición a la
vida civil y política legal de los grupos guerrilleros que se encuentren en un
proceso de paz dirigido por el Gobierno, éste podrá nombrar por una sola vez,
un número plural de congresistas en cada Cámara en representación de los
mencionados grupos.
Para los efectos
previstos en el presente artículo, el Gobierno podrá no tener en cuenta
determinadas inhabilidades y requisitos para ser congresista.
ARTICULO 15.- La dirección del proceso de paz
corresponde exclusivamente al Presidente de la República como responsable de la
preservación del orden público en toda la Nación. Quienes a nombre del Gobierno
participen en los diálogos y acuerdos de paz, lo harán de conformidad con las
instrucciones que él les imparta.
El Presidente de la
República podrá disponer la participación de representantes de diversos
sectores de la sociedad civil en los diálogos a que hace referencia el artículo
anterior, cuando a su juicio puedan colaborar en el desarrollo del proceso de
paz.
ARTICULO 16.- Las personas que participen en los
diálogos y en la celebración de los acuerdos a que se refiere el presente
capítulo no incurrirán en responsabilidad penal por razón de su intervención en
los mismos.
ARTICULO 17.- El Gobierno Nacional, con el único fin de
facilitar el desarrollo de un proceso de paz bajo su dirección, podrá autorizar
la difusión total o parcial de comunicados que provengan de organizaciones
guerrilleras vinculadas al mismo o de entrevistas de miembros de dichas
organizaciones.
TITULO II
ATENCION A LAS VICTIMAS DE ATENTADOS
TERRORISTAS
CAPITULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 18.- Para los efectos de esta Ley se entiende
por víctimas aquellas personas que sufren directamente perjuicios por razón de
los atentados terroristas cometidos con bombas o artefactos explosivos y las
tomas guerrilleras que afecten en forma indiscriminada a la población.
PARAGRAFO.- El Consejo Directivo del Fondo de
Solidaridad y Emergencia Social de la Presidencia de la República determinará
si son o no aplicables las medidas a que se refiere el presente Título, en los
casos en que exista duda sobre el particular.
ARTICULO 19.- En desarrollo del principio de solidaridad
social, y dado el daño especial sufrido por las víctimas de atentados
terroristas, éstas recibirán asistencia humanitaria, entendiendo por tal la
ayuda indispensable para atender requerimientos urgentes y necesarios para
satisfacer los derechos constitucionales de dichas personas que hayan sido
menoscabados por la acción terrorista. Dicha asistencia será prestada por el
Fondo de Solidaridad y Emergencia Social, en desarrollo de su objeto
constitucional, y por las demás entidades públicas dentro del marco de su
competencia legal.
ARTICULO 20.- El Instituto Colombiano de bienestar
Familiar, en desarrollo de sus programas preventivos y de protección, prestará
asistencia prioritaria a los menores de edad que hayan quedado sin familia o
que teniéndola, ésta no se encuentre en condiciones de cuidarlos por razón de
los atentados terroristas a que se refiere el presente Título. El Gobierno
Nacional apropiará los recursos presupuestales al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar para el desarrollo de este programa.
ARTICULO 21.- Cuando quiera que ocurra un atentado
terrorista el Comité local para la Prevención y Atención de Desastres o a falta
de éste, la oficina que hiciere sus veces, deberá elaborar el censo de
damnificados, en un término no mayor de cinco (5) días hábiles desde la
ocurrencia del atentado, en el cual se incluirá la información necesaria para
efectos de la cumplida aplicación de las disposiciones de este Título, de
conformidad con los formatos que establezca el Fondo de Solidaridad y
Emergencia Social.
Estas listas de
damnificados podrán ser revisadas en cualquier tiempo por el Fondo de
Solidaridad y Emergencia Social, el cual verificará la calidad de víctimas de
las personas que allí figuren como damnificados.
Cuando el Fondo de
Solidaridad y Emergencia Social establezca que una de las personas que figuraba
en el censo respectivo o que recibió alguna de las formas de asistencia
previstas en este Título, no tenía el carácter de víctima, el interesado,
además de las sanciones penales a que haya lugar, perderá todos los derechos
que le otorga el presente Título, y la respectiva entidad procederá a exigirle
el reembolso de las sumas que le haya entregado o haya pagado por cuenta del
mismo o de los bienes que le haya entregado. Si se trata de créditos, el
establecimiento que lo haya otorgado podrá mantenerlo, reajustando las
condiciones a la tasa de mercado.
CAPITULO 2
ASISTENCIA EN MATERIA DE SALUD
ARTICULO 22.- Las instituciones hospitalarias, públicas
o privadas, del territorio nacional, que prestan servicios de salud, tienen la
obligación de atender de manera inmediata a las víctimas de los atentados
terroristas que lo requieran, con independencia de la capacidad socioeconómica
de los demandantes de estos servicios y sin exigir condición previa para su
admisión.
ARTICULO 23.- Los servicios de asistencia médica,
quirúrgica y hospitalaria consistirán en:
1. Hospitalización.
2. Material médico
quirúrgico, de osteosíntesis y órtesis, conforme a los criterios técnicos que
fije el Ministerio de Salud.
3. Medicamentos.
4. Honorarios
médicos.
5. Servicios de
apoyo tales como bancos de sangre, laboratorios, imágenes diagnósticas.
6. Transporte.
7. Servicios de
rehabilitación física, por el tiempo y conforme a los criterios técnicos que
fije el Ministerio de Salud.
8. Servicios de
rehabilitación mental en los casos en que como consecuencia del atentado
terrorista la persona quede gravemente incapacitada para desarrollar una vida
normal de acuerdo con su situación, y por el tiempo y conforme a los criterios
técnicos que fije el Ministerio de Salud.
ARTICULO 24.- El reconocimiento y pago de los servicios
a que se refiere el artículo anterior se hará por conducto del Ministerio de
Salud, con cargo a los recursos que suministre el Fondo de Solidaridad y
Emergencia Social de la Presidencia de la República, de conformidad con lo
previsto en los artículos 26 y 47 de esta Ley, y con sujeción a los
procedimientos y tarifas fijados por la Junta Nacional del Fondo de Seguro
Obligatorio de Accidentes de Tránsito, FONSAT.
Cuando se solicite
la prestación de determinados servicios y exista duda sobre la procedencia de
la solicitud, el Ministerio de Salud, para efectos de adoptar una decisión,
podrá pedir concepto de una junta médica, la cual se integrará por
representantes de las entidades que, de acuerdo con la ley, tienen el carácter
de organismos consultivos del Gobierno en materia de salud.
ARTICULO 25.- Los afiliados a entidades de Previsión o
Seguridad Social, tales como Cajas de previsión Social, Cajas de Compensación
Familiar o el Instituto de Seguros Sociales, que resultaren víctimas de los
atentados terroristas a que hace referencia el presente Título, serán
remitidos, una vez se les preste la atención de urgencias y se logre su
estabilización, a las instituciones hospitalarias que definan dichas entidades
para que allí se continúe el tratamiento requerido. Los costos resultantes del
tratamiento inicial de urgencias, así como los costos de tratamiento posterior,
serán asumidos por las correspondientes instituciones de Previsión y Seguridad
Social.
ARTICULO 26.- Los gastos que demande la atención de las
víctimas amparadas con pólizas de compañías de seguros de salud o contratos con
empresas de medicina prepagada, serán cubiertos por el Estado de conformidad
con lo establecido en el presente Título, en aquella parte del paquete de
servicios definidos en el artículo 23 que no estén cubiertos por el respectivo
seguro o contrato o que lo estén en forma insuficiente.
ARTICULO 27.- El Ministerio de Salud ejercerá la
evaluación y control sobre los aspectos relativos a:
1. Número de
pacientes atendidos.
2. Acciones médico
quirúrgicas.
3. Suministros e
insumos hospitalarios gastados.
4. Causa de egreso y
pronóstico.
5. Condición del
paciente frente al ente hospitalario.
6. Los demás
factores que constituyen costos del servicio, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 23 de la presente Ley.
ARTICULO 28.- El incumplimiento de lo dispuesto en este
capítulo, será causal de sanción por las autoridades competentes en desarrollo
de sus funciones de inspección y vigilancia, de conformidad con lo previsto en
el artículo 49 de la Ley 10 de 1990, y demás normas concordantes.
CAPITULO 3
ASISTENCIA EN MATERIA DE VIVIENDA
ARTICULO 29.- Los hogares damnificados por actos
terroristas a que se refiere el presente Título podrán acceder al Subsidio
Familiar de Vivienda de que trata la Ley 3a de 1991, sin que para tal efecto se tome en cuenta el
valor de la solución de vivienda cuya adquisición o recuperación sea objeto de
financiación.
La Junta Directiva
del Instituto Nacional de Vivienda e Interés Social y Reforma Urbana, INURBE,
ejercerá la función que le otorga el ordinal 7 del artículo 14 de la Ley 3 de
1991, en relación con el subsidio familiar de vivienda de que trata este
capítulo, teniendo en cuenta el deber constitucional de proteger a las personas
que se encuentren en situación de debilidad manifiesta y el principio de
solidaridad, razón por la cual deberá dar prioridad a las solicitudes que
presenten los hogares que hayan sido víctimas de los actos descritos en el
presente artículo.
En aquellos casos en
que por razón de las circunstancias económicas de las víctimas, éstas no puedan
utilizar el valor del subsidio para financiar la adquisición o recuperación de
una solución de vivienda, el monto del mismo podrá destinarse a financiar, en
todo o en parte, el valor del canon de arrendamiento de una solución de
vivienda.
ARTICULO 30.- Para los efectos de este capítulo, se
entenderá por "Hogares Damnificados" aquellos definidos en el artículo
3 del Decreto 599 de 1991, sin consideración a su expresión en salarios mínimos
legales mensuales, que por causa de actos terroristas cometidos con bombas o
artefactos explosivos, pierdan su solución de vivienda total o parcialmente, de
tal manera que no ofrezca las condiciones mínimas de habitabilidad o
estabilidad en las estructuras. Igualmente, tendrán tal carácter los hogares
cuyos miembros, a la fecha del acto terrorista, no fuesen propietarios de una
solución de vivienda y que por razón de dichos actos hubiesen perdido al
miembro del hogar de quien derivaban su sustento.
ARTICULO 31.- Los postulantes al Subsidio Familiar de
Vivienda en las condiciones de que trata este capítulo, podrán acogerse a
cualesquiera de los planes declarados elegibles por el Instituto Nacional de
Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, INURBE.
ARTICULO 32.- La cuantía máxima del subsidio familiar de
vivienda de que trata este capítulo será el equivalente a quinientas (500)
unidades de poder adquisitivo constante, UPAC.
ARTICULO 33.- Las postulaciones al Subsidio Familiar de
Vivienda de que trata este capítulo, serán atendidas por el Instituto Nacional
de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, INURBE, con cargo a los
recursos asignados por el Gobierno Nacional para el Subsidio de Vivienda de
Interés Social. Las solicitudes respectivas serán decididas dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a su presentación.
ARTICULO 34.- Se aplicará al Subsidio Familiar de
Vivienda de que trata este capítulo, lo establecido en la Ley 3 de 1991 y
disposiciones complementarias, en cuanto no sean contrarias a lo que aquí se
dispone.
CAPITULO 4
ASISTENCIA EN MATERIA DE CREDITO
ARTICULO 35.- El Instituto de Fomento Industrial, IFI,
redescontará los préstamos que otorguen los distintos establecimientos de
crédito a las víctimas de atentados terroristas a que se refiere éste Título,
para financiar la reposición o reparación de vehículos, maquinaria, equipo,
equipamiento, muebles y enseres, capital de trabajo y reparación o reconstrucción
de inmuebles destinados a locales comerciales.
Así mismo, en
desarrollo del principio de solidaridad, el Banco Central Hipotecario, BCH,
otorgará a dichos damnificados, préstamos para financiar la reconstrucción o
reparación de inmuebles.
Estas operaciones
las harán el Instituto de Fomento Industrial, IFI, y el Banco Central
Hipotecario, BCH, en una cuantía inicial total de cinco mil millones de pesos
($5.000'000.000,oo). En caso de que tales recursos fueren insuficientes, podrán
efectuarse operaciones adicionales, previo concepto favorable de un comité
integrado para el efecto por el Secretario General de la Presidencia de la
República, el Gerente del Instituto de Fomento Industrial, IFI, y el Presidente
del Banco Central Hipotecario, BCH.
PARAGRAFO.- No obstante las líneas de crédito para
reposición o reparación de vehículos, el Gobierno Nacional mantendrá el seguro
de protección de vehículos de transporte público e intermunicipal contra
atentados terroristas.
ARTICULO 36.- En desarrollo de sus funciones, el Fondo
de Solidaridad y Emergencia Social de la Presidencia de la República,
contribuirá para la realización de las operaciones contempladas en el artículo
anterior, de la siguiente manera:
a) La deferencia
entre la tasa a la que ordinariamente capta el Instituto de Fomento Industrial,
IFI, y la tasa a la que se haga el redescuento de los créditos que otorguen los
establecimientos de crédito, será cubierta con cargo a los recursos del Fondo
de Solidaridad y Emergencia Social, conforme a los términos que para el efecto
se estipulen en el convenio que se suscriba entre el Instituto de Fomento
Industrial, IFI, y el Fondo de Solidaridad y Emergencia Social.
b) La diferencia
entre la tasa de captación del Banco Central Hipotecario, BCH, y la tasa  a la
que efectivamente se otorgue el crédito será cubierta, incrementada en tres (3)
puntos, con cargo a los recursos del Fondo de Solidaridad y Emergencia Social,
según los términos estipulados en el convenio que para dicho efecto se suscriba
entre el Banco Central Hipotecario, BCH, y el Fondo de Solidaridad y Emergencia
Social.
En los convenios a
que hace referencia este artículo, se precisarán las condiciones y montos que
podrán tener tanto los créditos redescontables por el Instituto de Fomento Industrial,
como aquéllos que otorgue el Banco Central Hipotecario, en desarrollo del
presente capítulo, para lo cual se tendrá en cuenta el principio de solidaridad
y el deber de proteger a las personas que se encuentren en circunstancias de
debilidad manifiesta.
ARTICULO 37.- Los establecimientos de crédito diseñarán
los procedimientos adecuados para estudiar las solicitudes de crédito a que se
refiere el presente capítulo de manera prioritaria, en el menor tiempo posible
y exigiendo solamente los documentos estrictamente necesarios para el efecto.
La Superintendencia
Bancaria velará por el aplicación de lo dispuesto en el presente artículo.
ARTICULO 38.- El Fondo de Solidaridad y Emergencia
Social centralizará la información sobre las personas que se beneficiaren de
los créditos aquí establecidos, con los datos que para el efecto del deben
proporcionar los establecimientos de crédito que otorguen los diversos
préstamos, con el propósito de que las entidades financieras y las autoridades
públicas puedan contar con la información exacta sobre las personas que se
hayan beneficiado de determinada líneas de crédito.
ARTICULO 39.- En aquellos eventos en que las víctimas de
los actos a que se refiere este Título, se encontraren en imposibilidad de
ofrecer una garantía suficiente de acuerdo con las sanas prácticas del mercado
financiero, para responder por los créditos previstos en los artículos
anteriores, dichos créditos podrán ser garantizados por el "Fondo de
Garantías para la Solidaridad".
Para efectos de lo dispuesto
en el inciso anterior, en desarrollo de su objeto constitucional y en ejercicio
de las atribuciones que le otorga el Decreto 2133 de 1992, el Fondo de
Solidaridad y Emergencia Social podrá celebrar un contrato fiduciario con la
filial fiduciaria del Instituto de Fomento Industrial con el propósito de crear
el "Fondo de Garantías para la Solidaridad", cuya función será
garantizar el pago de los créditos otorgados en desarrollo del presente
capítulo por los establecimientos de crédito a través de las líneas de
redescuento del Instituto de Fomento Industrial, IFI, así como los directamente
otorgados por el Banco Central Hipotecario, BCH, a las víctimas de los
atentados terroristas, en los casos previstos en el inciso primero del presente
artículo.
La filial fiduciaria
del Instituto de Fomento Industrial -IFI-, expedirá el certificado de garantía
en un lapso que no podrá exceder de dos (2) días hábiles contados a partir de
la fecha en que se haya presentado la solicitud respectiva a la fiduciaria y se
haya acreditado el cumplimiento de los requisitos correspondientes.
PARAGRAFO.- Quienes pretendan ser beneficiario de la
garantía establecida en este artículo deberán acreditar su condición de
damnificados y su imposibilidad de ofrecer garantías ante el Fondo de
Solidaridad y Emergencia Social, el cual podrá expedir certificaciones de esta
información con destino a los establecimientos de Crédito, con base en las
listas a que se refiere el artículo 21 de esta Ley.
ARTICULO 40.- El establecimiento de crédito respectivo
podrá hacer efectivo ante la filial fiduciaria del Instituto de Fomento
Industrial, IFI, en su calidad de administrador del Fondo, el certificado de
garantía correspondiente, para que se le reembolse el saldo a su favor, siempre
y cuando además de cumplir las demás condiciones que se hayan pactado, acredite
al Fondo que adelantó infructuosamente las actuaciones necesarias para la
recuperación de las sumas adeudadas, de acuerdo con lo que se señala en el
contrato por el cual se cree el Fondo de Garantías de Solidaridad.
CAPITULO 5
ASISTENCIA EN MATERIA EDUCATIVA
ARTICULO 41.- Los beneficios contemplados en los
Decretos 2231 de 1989 y 48 de 1990, serán concedidos también a las víctimas de
atentados terroristas. En este caso, corresponderá al Fondo de Solidaridad y
Emergencia Social, expedir el certificado correspondiente, con base en las
listas a que se refiere el artículo 21 de la presente Ley.
CAPITULO 6
ASISTENCIA CON LA PARTICIPACION DE
ENTIDADES
SIN ANIMO DE LUCRO
ARTICULO 42.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos anteriores, el Fondo de Seguridad y Emergencia Social de la
Presidencia de la República, en desarrollo de su objeto constitucional, y con
sujeción a lo dispuesto por el artículo 355 de la Constitución Política y en
las normas que reglamenten la materia, podrá celebrar contratos con personas
jurídicas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad, con el fin de impulsar
los programas y actividades de dichas entidades dirigidos a apoyar a las
víctimas de los atentados terroristas a que se refiere el presente Título. Las
actividades o programas objeto de apoyo podrán incluir el suministro de la
asistencia económica, técnica y administrativa necesaria a las víctimas de las
actividades terroristas que por su situación económica pueden no tener acceso a
las líneas ordinarias de crédito del sistema financiero.
CAPITULO 7
OTRAS DISPOSICIONES
ARTICULO 43.- Las actuaciones que se realicen para la
constitución y registro de las garantías que se otorguen para amparar los créditos
a que se refiere el capítulo 4 de este Título, deberán adelantarse en un
término no mayor de dos (2) días hábiles contados a partir de la fecha de la
solicitud, y estarán exentas de derechos notariales, registrales y del pago de
los impuestos nacionales actualmente vigentes para tales trámites. Igualmente
estarán exentos de impuestos nacionales los documentos que deban expedirse para
efectos de los créditos que se otorguen en desarrollo del mismo.
Para efectos de
acreditar que la respectiva actuación tiene por objeto amparar los créditos a
que se refiere el capítulo 4 de este Título, bastará la certificación del
establecimiento de crédito beneficiario de la garantía, donde identifique el
préstamo como "crédito de solidaridad".
ARTICULO 44.- Las asambleas departamentales y los
concejos distritales y municipales podrán establecer dentro de la órbita de su
competencia, exenciones de los impuestos de beneficencia, predial, industria y
comercio, rodamiento de vehículos, registro y anotación y de aquellos otros que
consideren del caso, en beneficio de las víctimas de los atentados terroristas
a que se refiere este Título.
ARTICULO 45.- En cumplimiento de su objetivo
constitucional, y en desarrollo de las facultades que le otorga el Decreto 2133
de 1992, el Fondo de Solidaridad y Emergencia Social atenderá gratuitamente a
las víctimas de los atentados a que se refiere el presente Título, en los
términos previstos en los artículos 23 y 26 de la presente Ley. los gastos
funerarios de las mismas, los seguros que se considere necesario contratar para
proteger a los habitantes contra las consecuencias de los atentados
terroristas, y subsidiará las líneas de crédito a que se refiere el presente
Título, de conformidad con las reglamentaciones que adopte su Consejo Directivo.
Igualmente, podrá cofinanciar los programas que adelanten las entidades
territoriales para atender a las víctimas de los atentados a que se refiere el
presente Título y apoyar los programas que con el mismo propósito realicen
entidades sin ánimo de lucro, celebrando para este último efecto los contratos
a que se refiere el artículo 355 de la Constitución Política y las normas que
lo reglamentan.
Las víctimas de los
atentados que sufrieren una disminución de su capacidad física desde un 66%
calificada por el Fondo de Solidaridad Pensional, tendrán derecho a una pensión
mínima legal vigente siempre y cuando carezca de otras posibilidades
pensionales y de atención en salud.
Los pagos que deban
hacerse por razón de los seguros que se contraten se harán con cargo a los
recursos del Fondo de Solidaridad y Emergencia social de la Presidencia de la
República.
ARTICULO 46.- La asistencia que la Nación o las
entidades públicas presten a las víctimas de los atentados terroristas, en
desarrollo de lo dispuesto en el presente título y de los programas de atención
que al efecto se establezcan, no implica reconocimiento por parte de la Nación
o de la respectiva entidad de responsabilidad alguna por los perjuicios
causados por el atentado terrorista.
ARTICULO 47.- En el evento de que la Nación o las
entidades públicas sean condenadas a reparar los daños a las víctimas de
atentados terroristas, del monto total de los perjuicios que se liquiden se
deducirán las sumas que la Nación o las entidades públicas hayan entregado a
las víctimas o en favor de las mismas, en razón de lo dispuesto en el presente
título y de los programas de asistencia que se adopten, por concepto de:
1. Asistencia
humanitaria, médica, quirúrgica y hospitalaria;
2. Gastos
funerarios;
3. Seguros;
4. Subsidio de
vivienda;
5. Subsidios en
materia crediticia;
6. Asistencia en
materia educativa, y
7. Otros apoyos
suministrados a través de entidades sin ánimo de lucro, con los propósitos a
que hace referencia este Título.
PARAGRAFO.- Para efectos de lo dispuesto en el
presente artículo, El Fondo de Solidaridad y Emergencia Social llevará una
contabilidad detallada de todos los pagos que se realicen.
TITULO III
CAUSALES DE EXTINCION DE LA ACCION Y DE LA
PENA,
EN CASO DE DELITOS POLITICOS
ARTICULO 48.- El Gobierno Nacional podrá conceder, en
cada caso particular, el beneficio de indulto a los nacionales colombianos que
hubieren sido condenados mediante sentencia ejecutoriada, por hechos
constitutivos de los delitos políticos de rebelión, sedición, asonada,
conspiración, y los conexos con éstos, cuando a su criterio, el grupo
guerrillero del cual forme parte el solicitante haya demostrado su voluntad de
reincorporarse a la vida civil.
También se podrá
conceder dicho beneficio a los nacionales colombianos que, por fuera de las
organizaciones guerrilleras de las cuales formen o hayan formado parte, así lo
soliciten, si a criterio del Gobierno Nacional demuestran su voluntad de
reincorporarse a la vida civil.
No se aplicará lo
dispuesto en este Título con relación a delitos atroces, genocidios, homicidios
cometidos fuera de combate o con sevicia o colocando a la víctima en estado de
indefensión, secuestro o a actos de ferocidad o barbarie.
PARAGRAFO.- No procederán solicitudes de indulto por
hechos respecto de los cuales el beneficio se hubiere negado con anterioridad,
salvo que el interesado aporte nuevos medios de prueba que modifiquen las
circunstancias que fueron fundamento de la decisión.
ARTICULO 49.- La demostración de la voluntad de
reincorporación a la vida civil requiere por parte de la organización y de sus
miembros, la desmovilización y la dejación de las armas, en los términos de la
política de paz y reconciliación del Gobierno Nacional.
ARTICULO 50.- Para la valoración de las circunstancias
de la dejación de las armas y la pertenencia del solicitante a la respectiva
organización, el Gobierno Nacional se podrá basar en la información
suministrada por la persona que lleve la vocería del grupo, quien además
responderá penalmente por la veracidad de la información. El Gobierno Nacional
también podrá basarse en informaciones recibidas por conducto de servidores
públicos.
Si se trata de
solicitudes formuladas por las personas a que se refiere el inciso 2º del
artículo 48, el Gobierno Nacional hará la evaluación de dicha solicitud
teniendo en cuenta el vínculo que tenga o hubiere tenido el solicitante con
tales grupos, consultando la información de que dispongan los organismos de
seguridad del Estado, los medios de prueba que aporte el interesado, la entrega
material de las armas a la autoridad competente para el efecto y los demás
elementos de juicio que considere pertinentes.
ARTICULO 51.- Efectuada la valoración de que trata el
artículo anterior, el Ministerio de Gobierno elaborará las actas que contengan
el nombre o los nombres de aquellas personas que, a su juicio, puedan solicitar
el beneficio de indulto. Cualquier modificación deberá constar en un acta
adicional.
ARTICULO 52.- Recibidas las actas, el Ministerio de
Justicia y del Derecho enviará copia de las mismas a las autoridades
judiciales, administrativas y de policía que, a su juicio, deban disponer de
tal información.
Las autoridades que
tuvieren en su poder expedientes contra las personas que aparezcan en las
actas, los enviarán de inmediato al Ministerio de Justicia y del Derecho.
Cuando el interesado no hubiere indicado el despacho judicial que adelanta el
proceso, el Ministerio de Justicia procederá inmediatamente a su averiguación y
solicitará el envío del expediente a más tardar el día siguiente de aquel en
que se obtuvo la información. El titular del respectivo despacho judicial
remitirá el expediente o el cuaderno de copias, según el caso, al Ministerio de
justicia y del Derecho, en un término no mayor de tres (3) días mas el de la
distancia, so pena de incurrir en causal de mala conducta.
ARTICULO 53.- El beneficio de indulto se solicitará por
el interesado, directamente o a través de apoderado, mediante escrito dirigido
al Ministerio de Justicia y del Derecho.
Los poderes
conferidos no requieren presentación personal. Su sustitución, así como la
presentación de cualquier otro memorial, se harán según las normas comunes de
procedimiento.
La solicitud
contendrá, además de la petición del beneficio, la manifestación expresa y
directa de voluntad de reincorporación a la vida civil, la cual se entenderá
prestada bajo la gravedad del juramento. También contendrá la indicación del
despacho judicial donde se encuentra el expediente, si fuere conocido por el
interesado.
El Ministerio de
Justicia y del derecho solamente estudiará las solicitudes individuales de
personas que aparezcan en las actas elaboradas por el Ministerio de Gobierno.
ARTICULO 54.- El interesado podrá solicitar que se
establezca la conexidad referida en el artículo 48 de la presente Ley, si ella
no ha sido declarada en la sentencia. Para estos efectos, se tendrán en cuenta:
a) El acervo
probatorio en el respectivo proceso;
b) Las
certificaciones expedidas para el efecto por las autoridades competentes;
c) Cualquier otra
información pertinente que se adjunte a la solicitud.
ARTICULO 55.- La solicitud será resuelta dentro de los
tres (3) meses siguientes a la fecha de recibo del expediente.
El indulto se
concederá por resolución ejecutiva suscrita por el Presidente de la República y
los Ministros de Gobierno, y de Justicia y del Derecho. Copia de ella se
enviará al funcionario judicial del correspondiente proceso.
Contra dicha
resolución procede el recurso de reposición, en la oportunidad y con los requisitos
que señale el Código Contencioso Administrativo.
ARTICULO 56.- Se podrán conceder también, según proceda
de acuerdo con el estado del respectivo proceso penal, la cesación de
procedimiento, la resolución de preclusión de la instrucción o la resolución
inhibitoria, a quienes confiesen, hayan sido o fueren denunciados o procesados
por hechos constitutivos de los delitos a que se refiere este Título, y no
hayan sido aún condenados mediante sentencia ejecutoriada.
Para estos efectos,
se tramitará la solicitud de acuerdo con los artículos anteriores y, una vez
verificados los requisitos, el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá la
correspondiente certificación a la autoridad judicial ante quien se adelante el
trámite, la cual dictará la providencia correspondiente de acuerdo con lo
dispuesto en el Código de Procedimiento Penal.
PARAGRAFO.- Los procesos que cursen contra las
personas a quienes se aplican las presentes disposiciones, en los que la
responsabilidad no haya sido declarada mediante sentencia ejecutoriada, se
suspenderán desde la fecha en que solicite el expediente a la autoridad
judicial competente, hasta que se decida sobre la solicitud. No se suspenderán
en lo referente a la libertad o detención relacionadas con la vinculación de otras
personas que se haya ordenado con anterioridad. Así mismo, se suspenderán los
términos para los efectos de la libertad provisional y de la prescripción de la
acción penal.
ARTICULO 57.- Las personas a quienes se les conceda el
indulto o respecto de las cuales se decrete la cesación de procedimiento, la
preclusión de la instrucción o se dicte resolución inhibitoria, en desarrollo
de estas disposiciones, no podrán ser procesadas o juzgadas por los mismos
hechos que dieron lugar a su otorgamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo siguiente.
ARTICULO 58.- El indulto, la cesación de procedimiento,
la preclusión. de la instrucción o la resolución inhibitoria quedarán sin
efecto alguno si el beneficiario cometiere cualquiera de los delitos
contemplados en este Título, dentro de los dos (2) años siguientes a su
concesión. Esta condición se hará conocer en el acto que contenga la decisión
correspondiente.
Para el caso del
indulto, comprobado el incumplimiento, el Gobierno Nacional procederá a la
revocatoria de la resolución que lo haya concedido. Copia de la misma se
remitirá al funcionario judicial que conoció del proceso en primera o única
instancia, con el fin de que proceda a su ejecución.
Para el caso de la
cesación de procedimiento, la preclusión de la instrucción o la resolución
inhibitoria, el funcionario judicial revocará la providencia y reabrirá el
proceso.
La autoridad
judicial que conozca de un nuevo proceso contra las personas favorecidas, lo
comunicará en forma inmediata al Ministerio de Justicia y del Derecho.
ARTICULO 59.- Quienes se encuentren privados de la
libertad al momento de concedérseles el indulto o decretarse la cesación de
procedimiento, la preclusión de la instrucción o la resolución inhibitoria,
serán liberados inmediatamente se encuentre en firme la decisión proferida por
la autoridad competente.
ARTICULO 60.- Los beneficios que en este Título se
consagran no comprenden la responsabilidad que los favorecidos tengan respecto
de particulares.
SEGUNDA PARTE
MECANISMOS PARA LA EFICACIA DE LA JUSTICIA
TITULO I
UNIDADES AMBULANTES DE POLICIA JUDICIAL
ARTICULO 61.- El Fiscal General de la Nación conformará
unidades ambulantes para ejercer funciones de policía judicial. Estas unidades
tendrán jurisdicción en todo el país y actuarán en los eventos en que no sea
posible disponer de otras autoridades de policía judicial en el lugar de los
hechos.
PARAGRAFO 1º.- Las fuerzas militares deberán garantizar y
proteger debidamente este personal de modo que pueda cumplir su misión de
manera segura.
PARAGRAFO 2º.- Las unidades de fiscalía ambulantes
estarán integradas por personal civil, el cual se acogerá al régimen ordinario
de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.
ARTICULO 62.- Las unidades de Policía Judicial a que se
refiere este capítulo, podrán ser comisionadas para la práctica de diligencias,
conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Penal.
TITULO II
PROTECCION A INTERVINIENTES EN EL PROCESO
PENAL
ARTICULO 63.- Créase con cargo al Estado y bajo la
dirección y coordinación de la Fiscalía General de la Nación, el "Programa
de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso, y
Funcionarios de la Fiscalía", mediante el cual se les otorgará protección
integral y asistencia social, lo mismo que a sus familiares hasta el cuarto
grado de consanguinidad, primero de afinidad, primero civil y al cónyuge y a la
compañera o compañero permanente, cuando se encuentren en riesgo de sufrir
agresión o que sus vidas corran peligro por causa o con ocasión de la
intervención en un proceso penal.
ARTICULO 64.- El Gobierno Nacional incluirá en el
proyecto de presupuesto de la Fiscalía General de la Nación las partidas necesarias
para la dotación y funcionamiento del programa a que se refiere la presente
Ley.
PARAGRAFO 1º.- El ordenador del gasto de estas partidas
será el Fiscal General de la Nación o el funcionario en quien éste delegue. Los
desembolsos necesarios para atender el programa requerirán estudio previo de la
Oficina de Proteccción y Asistencia a Víctimas, Testigos y Funcionarios de la
Fiscalía.
PARAGRAFO 2º.- Las erogaciones que se ordenen o ejecuten
para los fines previstos en esta Ley tendrán carácter reservado, y estarán
sujetos al control posterior por parte de la Contraloría General de la
República. En ningún caso se revelará la identidad del beneficiario.
PARAGRAFO 3º.- Autorízase al Gobierno Nacional para
realizar los traslados presupuestales requeridos a fin de atender el programa
durante la vigencia fiscal de 1993.
ARTICULO 65.- Las personas amparadas por este programa
podrán tener protección física, asistencia social, cambio de identidad y de
domicilio, y demás medidas temporales o permanentes encaminadas a garantizar en
forma adecuada la preservación de su integridad física y moral y la de su
núcleo familiar.
Cuando las
circunstancias así lo justifiquen, dicha protección podrá comprender el
traslado al exterior, incluidos los gastos de desplazamiento y manutención por
el tiempo y bajo las condiciones que señale el Fiscal General de la Nación.
Las personas que se
acojan al programa de protección se sujetarán a las condiciones que establezca
la Fiscalía General de la Nación.
ARTICULO 66.- El Juez o el Fiscal que adelantan la
actuación o el propio interesado en forma directa, podrán solicitar a la
Oficina de Protección de Víctimas y Testigos la vinculación de una persona
determinada al programa.
La petición será
tramitada conforme al procedimiento que establezca dicha oficina, mediante
resolución que expida el Fiscal General, a quien compete decidir sobre el fondo
de la solicitud.
ARTICULO 67.- El Fiscal General de la Nación podrá tomar
en cualquier momento, cualquiera de las siguientes determinaciones:
a) Ordenar el cambio
de identidad de la persona que se someta al programa.
En el caso de
testigos, el cambio de identidad sólo se hará una vez termine el proceso, y
siempre cuando no se afecte el debido proceso;
b) Con fundamento en
la nueva identidad, ordenar a las autoridades, públicas o privadas, la
expedición de documentos que reemplacen a los que ya posee el admitido al
programa, tales como actas de registro civil, cédula de ciudadanía, pasaporte,
libreta militar, certificado judicial y otros, sin que para su tramitación
deban cumplirse los procedimientos ordinarios;
c) Ordenar a los
organismos de seguridad del Estado brindar la protección necesaria al admitido
en el programa y a su núcleo familiar;
d) Destinar para el
admitido al programa, como domicilio permanente o transitorio cualquiera de las
instalaciones que para el efecto considere adecuadas;
e) Ordenar la
expedición de títulos académicos por parte de entidades públicas o privadas
para reemplazar a los originalmente otorgados, y
f) Disponer la
modificación de los rasgos físicos de la persona que pudieran permitir su
identificación.
PARAGRAFO 1º.- Todas las anteriores determinaciones
requerirán el asentimiento expreso de la persona en quien vayan a tener efecto.
PARAGRAFO 2º.- Los documentos que se expidan para
proteger a una persona admitida al programa tendrán pleno valor probatorio.
PARAGRAFO 3º.- La persona amparada por el cambio de su
identidad civil sólo podrá hacer valer en adelante su nueva identidad.
ARTICULO 68.- La Fiscalía General de la Nación mantendrá
bajo estricta reserva los archivos de las personas amparadas o relacionadas con
el programa de protección.
Quienes tengan
conocimiento de las medidas de protección o hayan intervenido en su
preparación, expedición y ejecución, tendrán la obligación de mantener en
secreto o reserva la identidad de las personas beneficiadas con el programa. La
violación de esta reserva acarreará las sanciones penales y disciplinarias a
que hubiere lugar. Serán igualmente responsables, los servidores públicos y los
particulares que incurran en dicha violación.
ARTICULO 69.- Los cambios de identidad y de domicilio no
podrán implicar exoneración de la responsabilidad penal por los delitos
cometidos después de la vinculación al programa. En los acuerdos que celebre el
beneficiario con la Fiscalía General de la Nación, deberán adoptarse todas las
medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones civiles,
laborales, comerciales, fiscales y administrativas, contraídas por el beneficiario
con anterioridad a la celebración del acuerdo.
La aplicación de la
presente Ley no podrá menoscabar ninguno de los derechos contemplados en el
artículo 29 de la Constitución para ninguna persona.
La Fiscalía General
de la Nación sólo tendrá las obligaciones y responsabilidades frente a las
personas vinculadas al programa en los términos que éste o los acuerdos
suscritos lo indiquen.
ARTICULO 70. Cuando la persona beneficiaria del
programa deba comparecer ante cualquier autoridad, el Fiscal General de la
Nación, o el Jefe de la Oficina de Protección y Asistencia de Víctimas,
Testigos y Funcionarios de la Fiscalía establecerá los mecanismos adecuados
para que dicha persona se presente o sea representada en la correspondiente
actuación, sin perjuicio de la reserva de su identidad.
ARTICULO 71. Podrán beneficiarse del "Programa de
Protección a Víctimas, Testigos, Intervinientes en el Proceso, Jueces y
Funcionarios de la Fiscalía y de la Procuraduría General de la Nación", en
las condiciones señaladas en el mismo, los testigos en las investigaciones que
adelante la Procuraduría General de la Nación por hechos que se relacionen con
la colaboración o tolerancia por parte de servidores públicos o exfuncionarios
con grupos guerrilleros, con organizaciones delincuenciales o con personas que
hayan cooperado con tales grupos u organizaciones, así como en los eventos en
que dentro de la actuación disciplinaria se estén investigando conductas en las
que se encuentre involucrada alguna organización criminal o que por su gravedad
sean consideradas como atroces.
PARAGRAFO. En las investigaciones que adelante La
Procuraduría General de la Nación, a petición del testigo, podrá reservarse su
identidad, en las mismas condiciones establecidas para las investigaciones que
adelante la Fiscalía General de la Nación.
ARTICULO 72. El Presidente de la República celebrará
convenios con otros estados y organizaciones internacionales con el fin de
facilitar a la Fiscalía obtener la información y la colaboración necesaria para
el desarrollo del programa.
El Fiscal General de
la Nación podrá requerir el apoyo de las instituciones internacionales que
cuenten con programas similares de protección de víctimas y testigos cuando sea
necesario su traslado a otros países.
Igualmente se
autoriza al Gobierno para recibir donaciones nacionales e internacionales con
destino al programa de protección, las cuales serán manejadas por el Fiscal
General de la Nación.
ARTICULO 73. El Consejo Superior de la Judicatura a
solicitud de la Fiscalía General de la Nación, creará la planta de personal
necesaria para atender el programa de protección a intervinientes en el proceso
penal.
ARTICULO 74. Las personas vinculadas al programa de
protección de testigos podrán solicitar su desvinculación voluntaria de él,
pero suscribirán un acta en la que de manera expresa manifiesten su renuncia a
la protección.
ARTICULO 75. En los procesos en los que se investiguen
violaciones a los derechos humanos se dará protección a los testigos, cuando la
seguridad de los mismos así lo aconseje.
TITULO III
CONTROL SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES SUBVERSIVAS O TERRORISTAS
CAPITULO 1
CONTROL SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS DE LAS
ENTIDADES TERRITORIALES O ADMINISTRADOS POR ESTAS
ARTICULO 76. Sin perjuicio de los mecanismos de
control interno y de auditoría existentes, y con el fin de evitar que recursos
públicos se destinen a la financiación de actividades subversivas o
terroristas, el Gobierno Nacional podrá ordenar la auditoría de los
presupuestos de las entidades territoriales y sus entidades descentralizadas,
tanto en su formación como en su ejecución, así como la de sus estados
financieros, para verificar el uso que dichos entes hagan de los recursos que
reciban a cualquier título.
ARTICULO 77. Para los efectos del artículo anterior,
la Unidad de Auditoría Especial de Orden Público, creada por el Decreto-Ley
1835 de 1992, continuará funcionando como una dependencia del Ministerio de
Gobierno y ejercerá las funciones de auditoría previstas en el presente
capítulo, en coordinación con los Ministerios de Defensa Nacional y de Hacienda
y Crédito Público.
La Contraloría
General de la República, la Procuraduría General de la Nación, el Departamento
Nacional de Planeación y las demás entidades y organismos públicos presentarán
a la Unidad de Auditoría Especial de Orden Público el apoyo técnico y de
personal que se requiera para dar cumplimiento a lo dispuesto en este capítulo.
ARTICULO 78. Los funcionarios de la Unidad de
Auditoría Especial de Orden Público tendrán acceso inmediato a todos los
libros, actos, contratos, documentos y cuentas de la entidad territorial
respectiva, de sus entidades descentralizadas y de los particulares que
administren recursos de la entidad territorial. Podrán así mismo exigirles informes
y la presentación de los soportes de las cuentas a través de las cuales se
manejan los recursos investigados, y todos los actos y documentos que
justifiquen el manejo y el gasto de los mismos.
ARTICULO 79. Las autoridades de las entidades territoriales
y sus entidades descentralizadas, y en particular los contralores, prestarán su
eficaz colaboración a los funcionarios de la Unidad de Auditoría Especial de
Orden Público. Cualquier omisión a este deber será considerada como causal de
mala conducta.
ARTICULO 80. El Ministro de Gobierno luego de oír al
gobernador, alcalde o director de la entidad descentralizada respectiva, podrá
ordenar la suspensión provisional de la ejecución de las partidas
presupuestales o la realización de gastos públicos de las entidades
territoriales o sus entidades descentralizadas, cuando estimen que puedan
conducir a la desviación de recursos hacia actividades subversivas o
terroristas. Dicha suspensión deberá fundamentarse en una evaluación razonada.
La partida
suspendida provisionalmente volverá a estudio del Consejo o la Asamblea, según
el caso, en los diez (10) días siguientes y en caso de insistencia de esas
corporaciones se ejecutará inmediatamente, y el Gobierno Nacional podrá
designar un auditor para vigilar la ejecución.
ARTICULO 81. Los funcionarios de la Unidad de
Auditoría Especial de Orden Público a que se refiere el represente capítulo
cumplirán funciones de policía judicial, bajo la responsabilidad y dependencia
funcional de la Fiscalía General de la Nación. Cuando en desarrollo de sus
actividades se perciba la realización de una conducta que deba ser investigada
disciplinariamente, estarán además, obligados a informar a la Procuraduría
General de la Nación sobre desarrollo y los resultados de su actuación.
CAPITULO 2
SANCIONES A CONTRATISTAS
ARTICULO 82. El Gobierno podrá declarar la caducidad o
la liquidación unilateral o buscar la liquidación bilateral de todo contrato
celebrado por una entidad pública, cuando el contratista incurra, con ocasión
del contrato, en cualquiera de las siguientes causales:
1. Hacer, tolerar u
omitir alguna cosa invocando o cediendo injustificadamente a amenazas por parte
de la delincuencia organizada o de grupos guerrilleros;
2. Recibir,
suministrar, administrar, invertir, financiar, transferir, guardar,
transportar, almacenar o conservar dineros o bienes provenientes de o con
destino a la delincuencia organizada o a grupos guerrilleros;
3. Colaborar o
prestar ayuda a la delincuencia organizada o a grupos guerrilleros;
4. Construir, ceder,
arrendar, poner a disposición, facilitar o transferir a cualquier título,
bienes para ser destinados a la ocultación de personas o al depósito o
almacenamiento de pertenencias de la delincuencia organizada, de los grupos
guerrilleros o de sus miembros;
5. Paralizar,
suspender o disminuir notoriamente el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales por atender instrucciones de la delincuencia organizada, de los
grupos guerrilleros o de sus miembros;
6. Incumplir el
deber de denunciar hechos punibles cuya comisión haya conocido con ocasión del
contrato, que sean cometidos por integrantes de la delincuencia organizada o
por grupos guerrilleros.
PARAGRAFO. Para efectos de lo dispuesto en el
presente artículo, constituye hecho del contratista la conducta de sus agentes
o dependientes, de la cual haya tenido conocimiento el contratista.
ARTICULO 83. La declaratoria de caducidad deberá
proferirse mediante resolución motivada de la entidad contratante, haciendo
efectivas la cláusula penal y las multas contractuales a que hubiere lugar.
Dicha resolución prestará mérito ejecutivo contra el contratista y las personas
que hayan constituído las respectivas garantías y se hará efectiva por
jurisdicción coactiva.
La notificación de
la providencia de caducidad se sujetará a lo dispuesto en el Código Contencioso
Administrativo.
En firme la
providencia de caducidad, se procederá a liquidar el contrato sin que haya
lugar al pago de indemnización alguna a favor del, contratista.
En ningún caso la
aplicación de esta claúsula podrá ser sometida a conciliación o a decisión
arbitral.
Los contratistas a
quienes les sea declarada la caducidad quedarán inhabilitados para celebrar por
sí, o por interpuesta persona, contratos con las entidades a que se refiere el
artículo 88 de la presente Ley, en la forma prevista en el Estatuto de
Contratación 222 de 1983 o en las disposiciones legales que lo modifiquen,
sustituyan o adicionen.
ARTICULO 84.- Cuando el Procurador General de la Nación
o el Fiscal General de la Nación, en desarrollo de investigaciones adelantadas
en ejercicio de sus funciones, establezcan la existencia de las conductas a que
se refiere el artículo 82 de esta Ley, solicitará a la autoridad competente que
declare la caducidad del contrato, con base en las circunstancias que señalen
dichos funcionarios en su solicitud.
ARTICULO 85.- El contratista procederá a terminar
unilateralmente los subcontratos que celebre en desarrollo de los contratos a
que hace referencia el artículo 82 de la presente Ley, cuando establezca que el
subcontratista incurrió en alguna de las conductas previstas en el mismo
artículo. Igualmente deberá terminarlos cuando se lo solicite la entidad
pública contratante, el Fiscal General de la Nación o el Procurador General de
la Nación, en razón de que dichos funcionarios establezcan la ocurrencia de los
hechos a que se ha hecho referencia.
Cuando, sin justa
causa, el contratista no de por terminado unilateralmente el subcontrato, o
cuando no atienda la solicitud que en tal sentido le formule la entidad pública
contratante, el Procurador o el Fiscal, la entidad competente procederá a
aplicar las multas previstas en el contrato y, si es del caso, a declarar su
caducidad.
PARAGRAFO.- La terminación unilateral a que hace
referencia el presente artículo no requerirá decisión judicial ni dará lugar al
pago de indemnización de perjuicios.
ARTICULO 86.- Las cláusulas de caducidad y de
terminación unilateral a que se refiere el presente capítulo, se entienden
incorporadas, respectivamente, en todos los contratos y subcontratos que se
encuentren en ejecución a la fecha de promulgación de la presente Ley, así como
en aquellos que se celebren a partir de la misma.
En todo caso para
decretar la caducidad o la terminación unilateral prevista en esta Ley, sólo
podrán invocarse conductas realizadas con posterioridad a la fecha de vigencia
del Decreto Legislativo 1875 de 1992.
PARAGRAFO.- La inclusión de la cláusula de caducidad a
que se refiere esta Ley, en los contratos de derecho privado que celebren las
entidades públicas, no modificará el régimen jurídico aplicable a este tipo de
contratos, salvo en lo que se refiere a la caducidad.
ARTICULO 87.- El servidor público, que sin justa causa,
no declare la caducidad, no ordene la terminación unilateral de los
subcontratos, o no informe de los hechos irregulares a las autoridades
competentes, incurrirá en causal de mala conducta, cuando conforme a esta Ley
deba hacerlo.
La sanción
respectiva se aplicará conforme al procedimiento previsto en las normas
legales, y en el caso de gobernadores y alcaldes, con sujeción a los
procedimientos previstos en el Título V de esta Ley.
ARTICULO 88.- Para efectos de lo previsto en el artículo
82 de la presente Ley, se consideran entidades públicas las definidas en el
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
CAPITULO 3
EMBARGO PREVENTIVO Y EXTINCION DEL DERECHO
DE DOMINIO DE BIENES VINCULADOS A LA COMISION DE DELITOS DE COMPETENCIA DE LOS
JUECES REGIONALES
ARTICULO 89.- Los Jueces Regionales conocerán del delito
de hurto y los conexos con el mismo, cuando aquél recaiga sobre petróleo y sus
derivados que se sustraigan ilícitamente de un oleoducto o gaseoducto o de sus
fuentes inmediatas de abastecimiento, siempre que la cuantía exceda de diez
(10) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de comisión del
hecho.
ARTICULO 90.- Los bienes embargados preventivamente y
los aprehendidos, de conformidad con lo dispuesto en este capítulo, serán
administrados por la Fiscalía General de la Nación, salvo los derivados de
actividades de narcotráfico y conexos, que continuarán siendo administrados por
la Dirección Nacional de Estupefacientes.
Cuando se trate de
petróleo o sus derivados, previa determinación de su calidad y su cuantía, se
entregarán a la Empresa Colombiana de Petróleos, la cual podrá
comercializarlos. La orden que disponga la entrega definitiva de los bienes a
que se refiere este inciso, se cumplirá mediante la restitución de los mismos o
de otros del mismo género, cantidad y calidad, o mediante el pago del valor que
ellos tengan a la fecha en que quede ejecutoriada la respectiva decisión.
ARTICULO 91.- Los derechos reales principales o
accesorios sobre los bienes a que se refiere este capítulo se extinguirán a
favor del Estado, de conformidad con el trámite previsto en el artículo 57 del
Decreto 099 de 1991, incorporado como legislación permanente por el artículo 4º
del Decreto 2271 de 1991.
ARTICULO 92.- La Fiscalía General de la Nación pasará a
ser titular de los bienes muebles e inmuebles, instrumentos y efectos con los
que se haya cometido un hecho punible o que provengan de su ejecución y que no
sean de libre comercio a menos que la ley disponga su destrucción.
Así mismo, al igual
que lo previsto en otras disposiciones, pasarán a formar parte de los recursos
de la Fiscalía General de la Nación:
1. Los bienes y
recursos provenientes de los delitos de enriquecimiento ilícito y narcotráfico
que la Fiscalía de acuerdo con el Consejo Nacional de Estupefacientes determine
como necesarios para su funcionamiento, cuya extinción del dominio a favor del Estado
haya sido decretada en sentencia ejecutoriada.
2. De los incautados
dentro de los procesos penales, cuando transcurrido un año desde la fecha en
que puedan ser reclamados por los interesados, éstos no lo hagan, o desde su
incautación cuando se trate de bienes sin dueño conocido, los cuales ingresarán
al patrimonio de la Fiscalía General de la Nación.
PARAGRAFO.- Igualmente formarán parte de los recursos
de la Fiscalía General de la Nación, los valores que ingresen por concepto de
venta de pliego de licitaciones, formularios de registro de proponentes y pago
de fotocopias, así como de los que se obtengan por concepto de la venta o
remate de los activos, efectuados de acuerdo con lo establecido por la ley.
ARTICULO 93.- La Fiscalía General de la Nación realizará
la venta de los bienes recibidos por extinción del dominio deje conformidad con
las disposiciones vigentes en materia de contratación.
Sin embargo, la
Fiscalía General de la Nación podrá celebrar contratos de fiducia y constituir
encargos fiduciarios con entidades autorizadas para este fin por la
Superintendencia Bancaria, para la administración o venta de dichos bienes, de
acuerdo a los procedimientos que establezca el Fiscal General de la Nación.
Si habiéndose
agotado los procedimientos contemplados en este artículo, no se logra la venta
del bien en un término de seis meses contados a partir del recibo del mismo, el
Fiscal General de la Nación podrá reconsiderar el precio base de la venta de
acuerdo a las condiciones reales que en ese momento ofrezca el mercado.
TITULO IV
INFORMACION, MEDIOS DE COMUNICACION Y
SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES
CAPITULO 1
INFORMACION Y MEDIOS DE COMUNICACION
ARTICULO 94.- Prohíbese la difusión total o parcial, sin
autorización previa del Ministro de Comunicaciones, por medios de radiodifusión
sonora o audiovisual, de comunicados que se atribuyan o provengan de grupos
guerrilleros y demás organizaciones delincuenciales vinculadas al narcotráfico
y al terrorismo. Dichos medios sólo podrán informar al respecto.
ARTICULO 95.- Por cualquier medio masivo de
comunicación, prohibese identificar persona alguna que hubiere presenciado
actos de terrorismo o las conductas de rebelión, sedición, asonada, secuestro,
extorsión o narcotráfico. Tampoco podrá identificarse a las personas que puedan
aportar pruebas relacionadas con las citadas conductas delictivas.
Se entiende por
identificación revelar el nombre de la persona, transmitir su voz, divulgar su
imagen y publicar información que conduzca a su identificación.
ARTICULO 96.- No se podrá divulgar por la radio y la
televisión, sin autorización previa del Ministro de Comunicaciones, entrevistas
de miembros activos de organizaciones guerrilleras, terroristas o vinculadas al
narcotráfico.
PARAGRAFO.- Lo dispuesto en el artículo 95 y en este
artículo, se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 de la
presente Ley.
ARTICULO 97.- Prohíbese la transmisión, por los
servicios de radiodifusión sonora y televisión, de hechos de terrorismo,
subversión o narcotráfico mientras estén ocurriendo.
ARTICULO 98.- Facúltase al Ministerio de Comunicaciones
para que en caso de violación de las disposiciones de este capítulo y mediante
resolución motivada, aplique las siguientes sanciones:
1. Suspenda hasta
por seis (6) meses el uso o recupere el dominio pleno de las frecuencias y
canales de radiodifusión y de los espacios de televisión explotados por
particulares.
2. Imponga sanciones
pecuniarias hasta por una cuantía equivalente a mil (1000) salarios mínimos
legales mensuales, a los medios de comunicación que contravengan lo dispuesto
en el presente capítulo.
ARTICULO 99.- Las sanciones de multa y suspensión de uso
serán impuestas por el Ministro de Comunicaciones, de conformidad con el
siguiente procedimiento:
1. Conocida la ocurrencia
a la presunta infracción, el Ministerio formulará los cargos correspondientes
al imputado, mediante escrito que se enviará por correo certificado o por
cualquier otro medio idóneo y eficaz, a la última dirección conocida del
respectivo medio de comunicación.
2. El medio de
comunicación dispondrá de setenta y dos (72) horas para presentar los
correspondientes descargos y aportar las pruebas que considere pertinentes,
plazo que se contará a partir de la fecha de recibo de los cargos a que hace
referencia el literal anterior.
Para estos efectos
se presumirá, salvo prueba en contrario, que la fecha de recibo del pliego de
cargos es la misma de la fecha de introducción al correo, tratándose de medios
de comunicación cuya sede es la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., o el tercer
día siguiente a la misma fecha, tratándose de medios de comunicación ubicados
fuera de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C.
3. Una vez
presentados los descargos o transcurrido el plazo de que trata el literal
anterior, el Ministro decidirá mediante resolución motivada, contra al cual
solo procede el recurso de reposición, en el efecto devolutivo, el cual deberá
interponerse dentro del término de tres (3) días hábiles contados a partir de
la fecha de notificación del respectivo acto.
ARTICULO 100.- La sanción de recuperación de frecuencias
sólo podrá ser impuesta cuando el medio de comunicación, después de haber sido
sancionado con suspensión o multa, incurra en una nueva infracción. En este
caso, los plazos establecidos en el artículo anterior se triplicarán y los
recursos se interpondrán en el efecto suspensivo.
ARTICULO 101. Las acciones contenciosas contra las
resoluciones a que se refieren los artículos anteriores serán de competencia
del Consejo de Estado. En caso de solicitud de suspensión provisional de las
resoluciones, el auto correspondiente del Consejo de Estado deberá ser
proferido en el término máximo de diez (10) días.
CAPITULO 2
SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES
ARTICULO 102. El uso de buscapersonas es personal e intransferible;
el de radioteléfonos, portátiles-handys y equipos de radiotelefonía móvil, es
intransferible y puede ser personal, familiar o institucional.
Para la
transferencia de derechos de uso de equipos de telefonía móvil se requerirá la
autorización expresa y previa de administración telefónica correspondiente.
Los concesionarios
que prestan los servicios de telecomunicaciones y los licenciatarios, deberán
suministrar a la Policía Nacional-DIJIN, con base en la información que a su
turno deben suministrar los suscriptores o personas autorizadas para la
utilización de los equipos, los datos personales de que trata el registro del
artículo 103 de esta Ley. La información deberá remitirse a la Policía dentro
de los cuarenta y ocho (48:00) horas siguientes a la fecha en que una persona
sea autorizada para usar el servicio.
Cuando se trate de
telefonía móvil, la información deberá ser enviada a la Policía Nacional-DIJIN
por la administración telefónica, dentro del término señalado en el inciso
anterior.
El Ministerio de
Comunicaciones deberá remitir a la Policía Nacional-DIJIN la información a que
hace referencia el presente artículo en relación con los concesionarios y
licenciatarios.
ARTICULO 103. Para efectos de lo dispuesto en el
artículo anterior, los concesionarios y licenciatarios de los servicios a que
se refiere el mismo artículo, deberán elaborar y mantener un registro de
suscriptores y de personas autorizadas, el cual deberá contener la siguiente
información: nombre, documento de identidad, dirección, teléfono, huella
digital y las demás que se señalen en el formulario que con tal elabore el
Comando General de las Fuerzas Militares.
Con base en la
información suministrada, los concesionarios expedirán una tarjeta distintiva
al suscriptor. A su turno, los licenciatarios deberán expedir una tarjeta
similar a aquellas personas que hayan autorizado para operar equipos dentro de
su red privada.
ARTICULO 104.- La información que se suministre a las
autoridades o a los concecionarios con destino a aquéllas, con el propósito de
obtener autorización para la utilización de sistemas de radiocomunicaciones y
operar equipos de telefonía o radiotelefonía móvil, kbuscapersonas,
portátiles-handys o radioteléfonos, se entenderá rendida bajo juramento,
circunstancia sobre la cual se advertirá al particular al solicitarle la
información respectiva.
La Policía Nacional,
Dijin, podrá realizar inspecciones en los registros de suscriptores y perjsonas
autorizadas a que se refiere este capítulo, a fin de cotejarlos con la
información suministrada por los concesionarios, licenciatarios y las
administraciones telefónicas correspondientes.
ARTICULO 105.- Sin perjuicio de lo prescrito en otras
disposiciones, los suscriptores, licenciatarios o las personas autorizadas para
emplear los sistemas de radiocomunicaciones a que se refiere el artículo 102 de
la presente Ley, tendrán las siguientes obligaciones:
1. Portar
permanentemente la terjeta distintiva de suscriptor o persona autorizada
expedida por el conceiconario o licenciatario.
2. Adoptar las
medidas de seguridad idóneas para que el equipo no sea hurtado o extraviado.
3. Utilizar
personalmente el equipo de radiocomunicaciones.
4. No enviar
mensajes cifrados o en lenguaje ininteligible.
ARTICULO 106. La violación de lo dispuesto en el presente
capítulo por parte de los suscriptores para operar equipos de
radiocomunicaciones, dará lugar a la suspensión inmediata del servicio por el
concesionario, previa solicitud de la Policía Nacional-DIJIN. En la
eventualidad de que un concesionario o licenciatario infrinja el presente
capítulo, la Policía Nacional-DIJIN, informará al Ministerio de Comunicaciones
para que aplique las sanciones a que haya lugar.
Cuando los miembros
de la Fuerza Pública determinen que un usuario de los equipos de que trata el
artículo 102, ha infringido el presente capítulo, procederán a incautar el
equipo y a ponerlo a disposición del Ministerio de Comunicaciones, en los
términos del artículo 50 del Decreto 1900 de 1990, salvo en el caso de que
dicho equipo sea propiedad del concesionario, situación en la cual se entregará
a este último.
ARTICULO 107. Lo dispuesto en el presente capítulo no
se aplicará a los sistemas y equipos de radiocomunicaciones que utilice la
Fiscalía General de la Nación, la Fuerza Pública, el DAS y los demás organismos
de seguridad del Estado.
TITULO V
SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS ORDENES
DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN MATERIA DE ORDEN PUBLICO
ARTICULO 108. Sin perjuicio de la sanción
penal a que haya lugar, los gobernadores y alcaldes que incurran en cualquiera
de las faltas especiales previstas en el artículo 14 de la Ley 4a de 1991 se harán acreedores a las
sanciones de suspensión en el ejercicio del cargo hasta por sesenta (60) días
calendario o a la de destitución del mismo, según la gravedad de la falta.
De igual manera, les
serán aplicables a dichos funcionarios las sanciones anotadas, cuando
desarrollen cualquiera de las siguientes conductas:
1. Establecer
contactos o vínculos, directa o indirectamente, con miembros de grupos
guerrilleros y demás organizaciones delincuenciales vinculadas al narcotráfico
y al terrorismo, sin previa autorización del Gobierno Nacional, o en
contravención con las instrucciones dadas por éste al respecto.
2. No atender
oportuna y eficazmente las órdenes o instrucciones que para la conservación y
el restablecimiento del orden público imparta la autoridad competente.
3. Promover, a
través de declaraciones o pronunciamientos de cualquier índole, el desconocimiento
de las órdenes o instrucciones que imparta la autoridad competente en materia
de orden público.
4. Consentir o
permitir que sus subalternos desconozcan las órdenes o instrucciones dadas por
la autoridad competente en materia de orden público, o no aplicar los
correctivos a que haya lugar cuando esto ocurra.
ARTICULO 109. Las sanciones de suspensión o destitución
serán decretadas, a solicitud de la Procuraduría General de la Nación, por el
Presidente de la República si se trata de los gobernadores o alcaldes del
distrito, y por los gobernadores cuando se trate de alcaldes municipales de su
respectivo departamento.
ARTICULO 110. El Presidente de la República podrá
suspender provisionalmente a solicitud de la Procuraduría General de la Nación,
mientras se adelanta la investigación respectiva, a los gobernadores y a los
alcaldes.
La suspensión
provisional deberá motivarse y podrá ser decretada desde el momento en que se
inicie la investigación correspondiente y hasta por el término de duración de la
misma.
Decretada la
suspensión, el Presidente de la República encargará de las funciones
correspondientes a un funcionario del Estado o a una persona particular, y en
todo caso, de la misma filiación y grupo político del titular.
Mientras un
gobernador o un alcalde permanezca suspendido provisionalmente, no tendrá
derecho a recibir ninguna suma de dinero por concepto de remuneración del cargo
de que es titular. Si es reintegrado a dicho cargo, tendrá derecho al
reconocimiento de la remuneración dejada de recibir durante el período de
suspensión provisional, salvo que le sea aplicada la sanción de suspensión,
caso en el cual tendrá derecho únicamente al reconocimiento de la diferencia
que pudiere resultar a su favor.
ARTICULO 111. Cuando se ordene la sanción de suspensión
de esta Ley, el Presidente y los gobernadores encargarán de las gobernaciones o
de las alcaldías a una persona de la misma filiación y grupo político del
titular.
ARTICULO 112. En caso de destitución de los gobernadores
o alcaldes, el Presidente o Gobernador, según el caso, convocará a nueva
elección dentro de los dos (2) meses siguientes, siempre y cuando no haya
transcurrido más de la mitad del período y las condiciones de orden público lo
permitan. Mientras tanto, el Presidente y los Gobernadores según el caso,
podrán encargar de las gobernaciones o alcaldías en la forma prevista en el
artículo 111 de esta Ley.
Cuando de acuerdo
con el inciso anterior no debe convocarse a elecciones, se encargará por el
resto del período en la forma prevista en el artículo 116.
ARTICULO 113. Los gobernadores están obligados a
cumplir la suspensión o la destinación que solicite el Procurador General de la
Nación dentro de los dos (2) días siguientes al recibo de la solicitud. En caso
contrario, el Gobernador incurrirá en causal de mala conducta que será
investigada y sancionada, conforme a las disposiciones de este Título.
Si el gobernador no
cumpliere la suspensión o destitución solicitada dentro del término previsto,
el Presidente de la República procederá a decretarlas.
ARTICULO 114. En caso de que un gobernador o alcalde
renuncie como resultado de amenazas, intimidación o presión de la subversión u
organización criminal, o sea secuestrado o haya perdido su vida por causa de
las mismas y así lo considera la Fiscalía General de la Nación, el Presidente
de la República podrá nombrar libremente su reemplazo.
ARTICULO 115. Las investigaciones por las faltas a que
se refiere el artículo 108 de la presente Ley, serán adelantadas por la
Procuraduría General de la Nación, de conformidad con la siguiente distribución
de competencias:
1. El Procurador
General de la Nación conocerá, en única instancia, de las faltas que se
atribuyan a los gobernadores, al Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá, los
alcaldes Distritales y alcaldes de capitales de Departamento.
2. El Procurador
Delegado para la Vigilancia Administrativa conocerá, de las faltas que se
atribuyan a los demás alcaldes municipales.
PARAGRAFO. Los funcionarios de la Procuraduría
General de la Nación, a quienes se les otorgan las competencias descritas en el
presente artículo, podrán designar a otro funcionario de la misma entidad para
que adelante la investigación y le rinda el informe correspondiente.
ARTICULO 116. En las investigaciones que se adelanten
en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior se observará lo contemplado
en el artículo 29 de la Constitución Política, y el siguiente procedimiento:
1. El funcionario
competente dispondrá un término de ocho (8) días hábiles para perfeccionar la
investigación, vencido el cual formulará cargos dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes, si encontrare mérito para ello.
2. El acusado
dispondrá de un término de tres (3) días hábiles para rendir descargos y
solicitar la práctica de pruebas.
3. El funcionario
competente, practicará las pruebas solicitadas por el acusado y las que
oficiosamente considere necesarias en un término de cinco (5) días hábiles,
vencido el cual deberá emitir el fallo dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes.
ARTICULO 117. Contra los actos que ordenen la
suspensión provisional, la suspensión o la destitución de un gobernador o de un
alcalde, procederá el recurso de reposición en el efecto devolutivo, el cual deberá
interponerse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación
de los mismos y resolverse por el funcionario competente en un plazo igual.
ARTICULO 118. En lo no previsto en los
artículos anteriores del presente Título, se aplicará lo dispuesto en las leyes
25 de 1974, 4a de 1990 y en
las demás normas que reglamenten, modifiquen, sustituyan o deroguen estas
disposiciones.
ARTICULO 119. Lo dispuesto en el presente Título, se
aplicará sin perjuicio de las facultades que ejerce el Procurador General de la
Nación, en virtud de lo dispuesto por el numeral 1º del artículo 278 de la
Constitución Política.
TITULO VI
NUEVAS FUENTES DE FINANCIACION
CAPITULO 1
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y REGALIAS
ARTICULO 120. Los explotadores y exportadores de
petróleo crudo y gas libre y/o asociado y demás recursos naturales no
renovables que estén obligados al pago de regalías y de las contribuciones
especiales de que tratan los artículos 12, 13, 14 y 15 de la Ley 6a  de 1992, el Decreto 1131 de 1992
y el artículo 24 del Decreto 1372 de 1992, podrán cancelar a manera de
anticipo, el valor que por tales conceptos, así como por razón del impuesto a
la renta, se pueda causar en vigencias futuras.
ARTICULO 121. El valor que por concepto de anticipo se
cancele de conformidad con el artículo anterior, sólo podrá ser aplicado para
el pago de las liquidaciones oficiales por regalías y el paso de las
contribuciones especiales que, para ambos casos se puedan causar en el futuro.
Las cancelaciones anticipadas de impuesto a la renta, sólo podrán imputarse a
lo que por dicho concepto debe pagarse en los períodos fiscales respectivos.
PARAGRAFO 1. El Gobierno Nacional, para el
cumplimiento efectivo de las disposiciones constitucionales en materia de
regalías, incluirá en el presupuesto nacional el valor que se cause a su cargo
y a favor de las entidades de que tratan los artículos 360 y 361 de la
Constitución Política.
El Gobierno Nacional
podrá hacer anticipos de tales regalías a las entidades territoriales con las
cuales se celebre un convenio para ese efecto, previo cumplimiento de las
normas legales pertinentes.
PARAGRAFO 2. Las condiciones y requisitos para la
aplicación del anticipo previsto en este capítulo deberán ser pactadas mediante
la celebración de los contratos entre las entidades responsables y la
Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los cuales se determinará
el valor del anticipo, la forma de imputar el mismo y el rendimiento a que haya
lugar. En el evento de que el impuesto a la renta que deba pagarse en algún
período fiscal sea inferior al anticipo recibido para ser imputado en dicho
período, en el contrato se pactará que el interesado podrá posponer la
imputación para un período posterior conservando la rentabilidad convenida, o
podrá recibir el pago correspondiente según, los términos acordados. Los
contratos a que se refiere el presente parágrafo, solamente requerirán para su
formación y perfeccionamiento la firma de las partes.
PARAGRAFO 3º.-Sobre el anticipo efectivamente cancelado
se reconocerán los rendimientos que se pacten libremente entre los responsables
del anticipo con los impuestos y la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
CAPITULO 2
FINANCIACION DE LOS FONDOS DE SEGURIDAD
ARTICULO 122. Podrán crearse Fondos de Seguridad en
aquellos departamentos y municipios donde no existan. Los Fondos de Seguridad
que se creen en virtud de la presente Ley, tendrán el carácter de
"fondos-cuenta". Los recursos de los mismos, se distribuirán según
las necesidades regionales de seguridad y serán administrados por el Gobernador
o por el Alcalde, según el caso, o por el Secretario del Despacho en quien se
delegue.
CAPITULO 3
CONTRIBUCION ESPECIAL
ARTICULO 123. Todas las personas naturales o jurídicas
que suscriban contratos de obra pública para la construcción y mantenimiento de
vías con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor
de los existentes, deberán pagar a favor de la Nación, departamentos o
municipios, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante,
una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del
correspondiente contrato o de la respectiva adición.
PARAGRAFO. La celebración o adición de contratos de
concesión de obra pública no causará la contribución establecida en este
capítulo.
ARTICULO 124. Para los efectos previstos en el
artículo  anterior, la entidad pública contratante descontará el cinco por
ciento (5%) del valor del anticipo, si lo hubiere, y de cada cuenta que cancele
al contratista.
El valor retenido
por la entidad pública contratante deberá ser consignado inmediatamente en la
institución financiera que señale, según sea el caso, el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público o la entidad territorial correspondiente.
Copia del
correspondiente recibo de consignación deberá ser remitido por la entidad
pública al Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Unidad Administrativa de
Impuestos y Aduanas Nacionales o a la respectiva Secretaría de Hacienda de la
entidad territorial, dependiendo de cada caso. Igualmente, las entidades
contratantes deberán enviar a las entidades anteriormente señaladas, una
relación donde conste el nombre del contratista y el objeto y valor de los
contratos suscritos en el mes inmediatamente anterior.
ARTICULO 125. Los recursos que recaude la Nación por
concepto de la contribución consagrada en el presente capítulo deberán
invertirse en la realización de gastos destinados a propiciar la seguridad
ciudadana, el bienestar social, la convivencia pacífica, el desarrollo
comunitario y, en general, a todas aquellas inversiones sociales que permitan
hacer presencia real del Estado.
Los recursos que
recauden las entidades territoriales por este mismo concepto deberán invertirse
por el Fondo o Consejo de Seguridad de la respectiva entidad en dotación,
material de guerra, reconstrucción de cuarteles y otras instalaciones, compra
de equipos de comunicaciones, montaje y operación de redes de inteligencia,
recompensas a personas que colaboren con la justicia y seguridad de las mismas,
servicios personales, dotación y raciones para nuevos agentes y soldados o en
la realización de gastos destinados a generar un ambiente que propicie la
seguridad de las mismas, servicios personales, dotación y raciones para nuevos agentes
y soldados o en la realización de gastos destinados a generar un ambiente que
propicie la seguridad ciudadana, el bienestar social, la convivencia pacífica,
el desarrollo comunitario y, en general a todas aquellas inversiones sociales
que permitan hacer presencia real del Estado.
TITULO VII
DISPOSICIONES SOBRE RESERVAS Y ADJUDICACION
DE TERRENOS BALDIOS
ARTICULO 126.- La Junta Directiva del Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria podrá, mediante resolución debidamente
motivada, declarar como reservas territoriales especiales del Estado, los
terrenos baldíos situados en zonas aledañas o adyacentes a las exploraciones y
explotaciones petroleras o mineras, los cuales, en consecuencia, no podrán ser
adjudicados a ningún título a los particulares.
Para la delimitación
de las áreas aledañas o adyacentes a las exploraciones y explotaciones
petroleras o mineras, el Instituto tendrá en cuenta, en cada caso, las
circunstancias de orden público de la región y la salvaguarda de los intereses
de la economía nacional, para efecto de lo cual deberá oir al Ministerio de
Defensa Nacional y a las demás entidades públicas interesadas en la
constitución de la reserva territorial.
ARTICULO 127.- Las tierras baldías a que se refiere el
artículo anterior, sólo podrán reservarse en favor de las entidades de derecho
público cuyo objeto esté directamente relacionado con las actividades de
exploración y explotación petrolera o minera. Dichos terrenos podrán entregarse
en comodato o arriendo a las entidades mencionadas.
ARTICULO 128.- Facúltase al instituto colombiano de la
reforma agraria y a las entidades públicas que adelanten actividades de
exploración y explotación de yacimientos petroleros o mineros para adquirir
mediante negociación directa o expropiación con indemnización, los predios,
mejoras o derechos de los particulares situados en las zonas aledañas o
adyacentes a las exploraciones y explotaciones petroleras o mineras delimitadas
por la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.
Corresponde al
representante legal de la entidad pública ordenar la compra de los bienes o
derechos que fueren necesarios, para lo cual formulará oferta de compra por
escrito a los titulares de los derechos correspondientes.
Si no se pudiere
comunicar personalmente la oferta, se entregará a cualquier persona que se
encontrare en el predio y se oficiará a la alcaldía de ubicación del inmueble
mediante telegrama que contenga los elementos sustanciales de la propuesta,
para que se fije mediante aviso en lugar visible al público durante los cinco
(5) días siguientes a su recepción, vencido los cuales surtirá efectos ante los
demás titulares de derechos constituidos sobre el inmueble.
La oferta de compra
será inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su comunicación. Los inmuebles
y derechos así afectados quedarán fuera de comercio a partir de la inscripción.
Cuando se trate de
campesinos propietarios de terrenos con una extensión hasta la unidad básica
familiar que defina el INCORA, éste deberá establecer un programa de
relocalización en áreas de reforma agraria que no disminuyan la calidad de vida
de los propietarios, en las mismas entidades territoriales donde se realice la
expropiación.
ARTICULO 129.- El término para contestar la oferta será
de cinco (5) días hábiles contados a partir de su comunicación personal o la
desfijación del aviso en la Alcaldía. Si se aceptare, deberá suscribirse el
contrato de compraventa dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a
inscribirse la escritura en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
respectiva.
El precio de
adquisición y la forma de pago se acordarán libremente entre la entidad pública
y el propietario, así como las demás condiciones de la enajenación.
ARTICULO 130.- Se entenderá que el propietario renuncia a
la negociación directa o rechaza la oferta de compra, cuando no hubiere acuerdo
sobre el precio o la forma de pago, o el titular de los derechos incumpla los
plazos previstos para contestar la oferta o suscribir la escritura de
compraventa.
ARTICULO 131.- Agotada la etapa de negociación directa,
el representante legal de la entidad, mediante resolución motivada, ordenará
adelantar la expropiación del inmueble y demás derechos constituídos sobre el
mismo, la que se notificará en la forma prevista en los artículo 44 a 48 del
Código Contencioso Administrativo y contra la cual sólo procede el recurso de
reposición, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.
Transcurridos quince
(15) días hábiles desde la presentación del recurso sin que se hubiere
resuelto, quedará ejecutoriado el acto recurrido y no será procedente
pronunciamiento alguno sobre la materia objeto de la impugnación.
Contra la resolución
que ordena adelantar la expropiación no procederá la suspensión provisional
pero podrá ser objeto de las acciones contencioso administrativas ante el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción en el lugar de
ubicación del inmueble.
ARTICULO 132.- La demanda de expropiación será presentada
por el representante legal de la entidad o su apoderado ante el juez civil del
circuito competente, dentro del mes siguiente a la fecha en la cual quedare en
firme el acto que disponga la expropiación.
El proceso de
expropiación se adelantará de conformidad con las disposiciones previstas en
los artículos 451 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
ARTICULO 133.- Declárese de utilidad pública e interés
social para efectos de ordenar la expropiación con indemnización, la
adquisición del derecho de dominio y de los demás derechos reales sobre los
terrenos situados en las zonas a que hace referencia el presente título que se
delimiten por parte de la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria, para la constitución de las reservas territoriales especiales.
ARTICULO 134.- Esta Ley tendrá una vigencia de dos (2)
años, a partir de su promulgación.
ARTICULO 135.- La presente Ley rige a partir de la fecha
de su promulgación.
Dada en Cartagena de
Indias a los 30 días del mes de diciembre de 1993".
DEMANDA
Consideran los
actores que las transcritas normas vulneran el artículo 189, numeral 4º, de la
Constitución Política.
Señalan, en primer
lugar, que la Ley atacada incorpora como legislación ordinaria por el término
de dos años, contados a partir de la fecha de su promulgación, un conjunto de
normas o medidas que fueron adoptadas por el Gobierno al amparo del Estado de
Conmoción Interior, decretado por el Presidente de la República mediante el
Decreto 1793 de 1992 (noviembre 8), en ejercicio de las facultades conferidas
por el artículo 213 de la Constitución Política.
Señala que, en la
exposición de motivos del proyecto de ley, el Gobierno adujo que éste tenía por
finalidad específica la preservación del orden público y subrayó la necesidad
de adoptar como legislación permanente algunas de las medidas dictadas bajo el
Estado de Conmoción Interior.
Según los
demandantes, lo que en últimas quería el Gobierno era comprometer al Congreso
en la responsabilidad del manejo del orden público.
Posteriormente,
basados en la interpretación de los artículos 113, 189, numeral 4º, 213 y 214
de la Carta, concluyen que los diferentes órganos del Estado tienen funciones
separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines, y que
son potestades exclusivas del órgano ejecutivo la de conservar en todo el
territorio el orden público y la de restablecerlo donde fuere perturbado,
funciones que no pueden ser delegadas ni compartidas por otra rama u órgano del
poder público.
Apuntan a
continuación que es un contrasentido que las medidas extraordinarias adoptadas
por el Gobierno para sortear la grave perturbación interna puedan seguir
rigiendo después de haber sido restablecido el orden público por el mismo
Gobierno y haberse agotado el término adicional de los 90 días.
Argumentan que es
ilógico, aberrante y absurdo que, como en este caso, sea el mismo Gobierno
quien acuda al Congreso Nacional para recabar su concurso en la adopción de
medidas para lograr el mantenimiento del orden, con lo cual vulnera la
estructura del Estado, pues ello constituye un verdadero trastorno
institucional, por lo que representa una flagrante interferencia de un órgano
en el campo de acción de otro, en un asunto que no es de su resorte y cuya
exclusiva competencia y responsabilidad incumbe al Gobierno Nacional.
IV. DEFENSAS E
IMPUGNACION DE LAS NORMAS ACUSADAS
Dentro del término
de fijación en lista, el Ministro de Gobierno, doctor Horacio Serpa Uribe,
presentó a la Corte un escrito destinado a defender la constitucionalidad de la
Ley demandada.
Haciendo alusión a
diversas sentencias de la Corte Constitucional, manifiesta principalmente que
el verdadero titular del poder de policía es el Congreso de la República y que
el Presidente sólo está autorizado para ejercerlo en forma subsidiaria y
excepcional.
Anota que la
competencia en materia de orden público, atribuida al Presidente en el artículo
189-4 de la Carta, no se refiere al poder de policía sino a la denominada
función de policía.
Expresa el Ministro
que la interpretación hecha por los demandantes no sólo contraría el espíritu
mismo de la Carta sino que desconoce la intención del Constituyente de 1991 de
poner término a la hasta entonces inveterada costumbre de colocar al país en
Estado de Sitio permanente. Además señala que la Constitución no excluye,
per se, la posibilidad de que, comprobada la eficacia de las medidas
adoptadas por el Ejecutivo, el legislador ordinario, una vez superada la
coyuntura de excepción y en ejercicio de su autonomía y competencias propias,
estime conveniente dotar de permanencia a algunas de las normas expedidas
inicialmente con vocación transitoria.
En cuanto a las
razones que impulsaron al Gobierno a presentar el proyecto de ley respectivo,
aduce que fue la de diseñar una política integral en materia de orden público,
y, por esta vía, la de procurar para el Estado la capacidad de avanzar con
éxito en su lucha contra las diferentes formas de delincuencia organizada y de
neutralizar así, hacia el futuro, situaciones de perturbación, en referencia
concreta a la persistencia de actividades ilícitas de las organizaciones
guerrilleras y demás grupos delincuenciales.
Destaca, finalmente,
el carácter temporal con que estas disposiciones se incorporaron al
ordenamiento.
El ciudadano CARLOS
ALBERTO BERNAL BOTERO, en representación del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, también presentó un escrito en el que solicita no acceder a las
pretensiones de los actores.
Luego de hacer un
breve recuento del origen y desarrollo de la normatividad acusada, concluye que
este proceso legislativo en ningún momento conlleva la violación del numeral 4º
del artículo 189 de la Constitución Política, pues el Presidente, con su
actuación, no cedió en favor del Congreso ni comprometió a éste con el
ejercicio de su atribución de "conservar en todo el territorio el orden
público y restablecerlo   donde  fuere   turbado". Por  el  contrario
-expresó-, el Ejecutivo, con el fin de preservar el orden público, concurrió a
la formación de las leyes, siguiendo entonces el mandato contenido en el
numeral 1º del artículo 200 de la Carta. Además, según su criterio, la señalada
actitud es conforme con la concepción de un Estado Social de Derecho, dentro
del cual existe la colaboración armónica entre las ramas del poder público, y,
se ajusta al precepto contenido en el inciso final del artículo 113 del
Ordenamiento Superior.
LUIS CARLOS
DOMINGUEZ PRADA, en su calidad de ciudadano, impugnó las normas atacadas, en
escrito presentado en tiempo ante esta Corporación.
Brevemente señala
que la Ley acusada riñe de manera flagrante con varios de los derechos
garantizados por la Constitución Política, entre otros los contenidos en los
artículos 93 y 22, pues, al hacer caso omiso de las estipulaciones de los
convenios internacionales, desconoce la condición de norma prevalente de éstos,
así como el criterio de interpretación de los derechos constitucionales.
Señala,
adicionalmente, que la Ley 104 de 1993 impide, coarta y hasta sanciona las
acciones de los ciudadanos tendientes al ejercicio del derecho a la paz.
V. CONCEPTO DEL
PROCURADOR GENERAL
Habiéndose declarado
impedido para conceptuar el doctor Orlando Vásquez Velásquez, Procurador
General de la Nación, dada su condición de Senador de la República en el
momento en que fue aprobada la Ley 104 de 1993 acusada (Oficio del 29 de
noviembre de 1994), la Sala Plena de la Corporación, mediante auto del 6 de
diciembre del mismo año, aceptó el impedimento y ordenó dar traslado del
expediente al Viceprocurador General de la Nación, quien emitió el concepto de
rigor el 1º de marzo de 1995.
A juicio del
Viceprocurador, la Ley 104 de 1993 resulta ajustada a la Carta Política, por lo
que solicita a la Corte la declaratoria de exequibilidad.
En primer término
hace una diferenciación, invocando varias sentencias de la Corte
Constitucional, entre la normalidad y la anormalidad.
Señala que los
estados de excepción constituyen la respuesta jurídica a situaciones de
carácter extraordinario que hagan necesario adoptar normas y medidas que
permitan enfrentarlo, y que, en cambio, la legislación ordinaria consagra la
regulación de los distintos aspectos de la vida civil cotidiana de los
asociados en épocas de normalidad institucional absoluta o relativa.
Cuando el Presidente
de la República -continúa- expide los decretos en ejercicio de facultades que
la Constitución le reserva exclusivamente para el caso de la declaratoria de
Conmoción Interior, el contenido material del acto ha de traducir entonces, el
contexto que, según la valoración de la autoridad que lo profiere, justifica la
adopción de las medidas.  Es decir, que de no darse las condiciones de tiempo,
modo y lugar referidas al Estado de Conmoción Interior al que han dado lugar,
es explicable, constitucionalmente, que la competencia para el tratamiento de
las situaciones anotadas se desplace del ejecutivo al legislador ordinario, que
fue lo que sucedió precisamente en el caso en cuestión, pues, como se ve, la
Ley contentiva de esos decretos excepcionales ya no apunta a al conjuración de
una crisis coyuntural, presente e inmediata, sino a consolidar la eficacia
normativa de unas medidas que se proyectan hacia el futuro.
Posteriormente
manifiesta que, siendo, como en efecto lo son, recurrentes las incursiones de
los grupos insurgentes y narcoterroristas contra las instituciones del Estado y
la sociedad civil, su incidencia en el normal discurrir de la vida nacional se
ha convertido en una situación crónica, y que confundir, como lo hacen los
demandantes, el acto formal del levantamiento del Estado de Conmoción Interior,
con la desaparición real de las condiciones de una violencia social endémica y descartar,
con base en dicha confusión, la adopción de medidas de mediano y largo plazo
que sirvan de instrumento legal para afrontar las manifestaciones obcecadas de
esa violencia, es desconocer la existencia de una aflicción que,
lamentablemente, se ha incorporado como tradición en nuestra historia.
Considera que la
tesis de la demanda consistente en que de no haberse logrado el cometido de las
medidas de excepción, cual era el restablecimiento del orden público, se
imponía su declaratoria indefinida hasta cuando se obtuviera dicho
restablecimiento, resulta violatoria de la Constitución Política.
Además, anota, tal
posición no sólo desconoce la letra y el espíritu de la Carta, sino que también
va en contravía de la intención manifiesta del Constituyente de poner fin al
abuso de los mecanismos de excepción, cometido por distintos gobiernos al
amparo de la Constitución de 1886.
Dice que, no
obstante lo anterior, los decretos de Conmoción Interior declarados exequibles
en el marco de las condiciones correspondientes a dicho estado de excepción,
pueden resultar inconstitucionales al ser adoptados por el legislativo, ya sea
por falta de competencia o por entrañar una reducción de los derechos
fundamentales, incompatible y carente de razonabilidad en un estado de
normalidad y como estatuto con vocación de gobernar el discurrir cotidiano de
la vida civil. Pero no es la situación de la Ley en estudio, ya que fue
modificado el contexto en el cual se produjo la inicial declaratoria de
conmoción interior y el legislador redefinió los objetivos de la Ley destinada
a regular la normalidad.
VI.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
Esta Corte es
competente para decidir en definitiva sobre la constitucionalidad de la Ley 104
de 1993, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º, de la
Constitución.
Cosa juzgada
constitucional
Los artículos 17,
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley demandada ya fueron objeto del
examen constitucional, tal como consta en sentencias C-425 del  29 de
septiembre  y  C-562 del 6 de diciembre de 1994, así como en la C-055 del 16 de
febrero de 1995. Se estará a lo resuelto en ellas.
La búsqueda de
la paz, compromiso de todas las ramas del poder público
El cargo principal
de la demanda consiste en sostener que el Congreso, al convertir en legislación
ordinaria por el término de dos años normas o medidas adoptadas al amparo del
Estado de Conmoción Interior, quedó comprometido en la responsabilidad del manejo
del orden público, función del Presidente de la República que no puede ser
delegada ni compartida por otra rama u órgano del Estado.
Reitera la Corte
que, en efecto, la Constitución ha confiado al Presidente de la República de
modo exclusivo la guarda del orden público (artículo 189, numeral 4º, C.P.). En
tal función no puede ser sustituído por el Congreso ni por los jueces, ni por
otros órganos estatales.
En Sentencia C-214
del 9 de junio de 1993 se expresó:
“...la Constitución
ha determinado con claridad que la responsabilidad fundamental en esta materia
se halla en cabeza del Presidente de la República, quien tiene a su cargo
-según el mandato del artículo 189, numeral 4- la conservación del orden
público en todo el territorio y su restauración en donde hubiese sido
desquiciado. En concordancia con ello, los actos y órdenes del Jefe del Estado
se aplicarán de manera inmediata y de preferencia sobre aquellos que impartan
los gobernadores, a la vez que los mandatos de éstos se aplicarán de igual
manera y con los mismos efectos en relación con los provenientes de los
alcaldes, tal como lo preceptúa el artículo 291 de la Carta Política. Unos y
otros están sujetos a las instrucciones y directrices presidenciales, de
conformidad con lo estatuído por los artículos 303 y 315-2 del ordenamiento
superior.
En tal sentido,
ninguna persona ni autoridad dentro del Estado se halla autorizada para actuar
con independencia del Presidente de la República y menos en contra de sus
determinaciones en lo referente a la conducción de la política de orden
público, ni para sustituirlo en parte alguna del territorio por cuanto
concierne a las medidas que deban adoptarse para enfrentar los fenómenos que
enturbian la pacífica convivencia.
Es del resorte
exclusivo del Presidente y de su entera responsabilidad la definición concreta
sobre el contenido y alcance de las disposiciones llamadas a operar dentro de
los límites materiales, temporales y territoriales derivados de la Constitución
Política y del respectivo decreto declaratorio del Estado excepcional".
No obstante, una
cosa es ejercer la tutela del orden público, conservarlo, prevenir los
acontecimientos que impliquen su ruptura y restablecerlo cuando hubiere sido
perturbado, lo cual compete exclusivamente al Presidente de la República, y
otra muy distinta dictar normas generales aplicables a situaciones que afectan
a la sociedad por causa de actividades como el narcotráfico, el terrorismo y la
subversión, las cuales, si bien no propician necesariamente una perturbación
del orden público que deba conducir a la declaración del Estado de Conmoción
Interior, constituyen un fenómeno innegable y actualmente presente, que debe
ser objeto de regulación legal y de la atención de las ramas del Poder Público,
dentro de la órbita de sus respectivas atribuciones.
A la luz del
ordenamiento constitucional, que propende la garantía de un orden político,
económico y social justo y que busca asegurar a los integrantes de la Nación la
vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, la libertad y la
paz, dentro de un marco jurídico y democrático (Preámbulo), no es de extrañar
que el Congreso de la República, en ejercicio de sus atribuciones, trace las
pautas que el ordenamiento jurídico requiere para afianzar las condiciones
civilizadas y ordenadas de la convivencia social, o que, ante una coyuntura o
un estado de cosas que pongan en peligro el logro de tales objetivos aunque no
ameriten el uso de instrumentos extraordinarios por parte del Ejecutivo, adopte
las necesarias previsiones en guarda de la estabilidad que la sociedad
necesita, prescribiendo las actitudes que, dentro de una política de conjunto,
deba asumir el Estado para regular diversos fenómenos que afectan e interesan
al conglomerado y que exigen una respuesta legislativa con mayor vocación de
permanencia que las decisiones inmediatas y urgentes encaminadas a conjurar una
específica situación de crisis del orden público.
En tal sentido,
resulta perfectamente natural y se deriva del mismo carácter representativo del
Congreso que éste se ocupe en asuntos de tanta trascendencia para la vida
colectiva como los tratados en la Ley acusada, con absoluta independencia de si
las disposiciones adoptadas, consideradas individualmente, se ajustan o no a
las prescripciones constitucionales, lo que en su oportunidad podrá considerar
esta Corte.
Así, no es
inconstitucional que el Congreso entre, por vía general, a proveer normas en
materia de penas, causales de extinción de la acción y de la pena en caso de
delitos políticos; mecanismos para la eficacia de la justicia; protección a los
intervinientes en el proceso penal; instrumentos para la búsqueda de la
convivencia; beneficios condicionales a quienes hayan participado en
actividades subversivas; disposiciones tendientes a facilitar el diálogo con
grupos guerrilleros y a la desmovilización y reinserción a la vida civil;
atención a las víctimas de atentados terroristas, asistencia en materia de
salud, vivienda, crédito y educación, en la perspectiva de una eventual
reincorporación a la legalidad; control sobre el financiamiento de las
actividades subversivas o terroristas; embargo preventivo y extinción del
derecho de dominio de bienes vinculados a la comisión de delitos de competencia
de los jueces regionales, entre otras materias vinculadas con las actuales
circunstancias del país.
Todos los temas
enunciados, aunque indudablemente están relacionados con el orden público,
hacen parte del ámbito de atribuciones del legislador ordinario, el Congreso,
el cual goza de la cláusula general de competencia y tiene a su cargo la
función genérica de interpretar, reformar y derogar las leyes preexistentes
(artículo 150, numeral 1, C.P.).
En otros términos,
el ejercicio de la función exclusiva de manejo del orden público, que toca al
Presidente, no es incompatible con la actividad legislativa del Congreso, aún
sobre materias que de alguna manera incidan en aquél o en torno a situaciones
permanentes o transitorias que afecten el pacífico desenvolvimiento de las actividades
individuales y colectivas en el seno de la comunidad.
Los temas referentes
a los procesos de paz, reinserción y reincorporación de grupos guerrilleros a
la vida civil, no menos que el relativo a la política criminal en materia de
narcotráfico y terrorismo, constituyen objetivo prioritario de la gestión
estatal y no se agotan en los conceptos de perturbación del orden público y de
su control y restablecimiento, sino que, por la complejidad que les es propia y
por las repercusiones que tienen en los más diversos aspectos de la convivencia
social, son de mayor amplitud y comprometen en alto grado la responsabilidad de
todas las ramas y órganos del Poder Público, por lo cual es erróneo atribuirlos
en toda su extensión al exclusivo dominio del Ejecutivo.
La paz no es algo
que concierna privativamente a los organismos y funcionarios del Estado sino
que, por el contrario, atañe a todos los colombianos, como lo declara el
artículo 22 de la Constitución, a cuyo tenor es un derecho de todos y un deber
de obligatorio cumplimiento. Menos todavía puede sostenerse que esté
circunscrito a la actividad y decisión de una sola rama del Poder Público.
Tampoco es admisible
la hipótesis de que los asuntos de paz estén vedados a la función legislativa
ordinaria o que el Congreso sea ajeno a ellos.
Por eso, el artículo
150, numeral 17, de la Constitución confía al Congreso la función de conceder,
por mayoría de los dos tercios de los votos de los miembros de una y otra
cámara y por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o indultos
generales por delitos políticos.
Pero, además, la
Corte entiende que el manejo exclusivo del orden público en cabeza del
Presidente no radica en éste la función legislativa permanente sobre la
materia. Por el contrario, ella viene a ser exclusivamente transitoria y
encaminada tan sólo al restablecimiento de la normalidad. De ahí que las
atribuciones conferidas por la Constitución Política al Gobierno durante los
estados de excepción únicamente le correspondan de manera extraordinaria, bajo
ciertas condiciones y previos determinados requisitos, dentro del criterio de
que el ejercicio de funciones legislativas por parte del Ejecutivo es del todo
excepcional y está acompañado de la actividad normal del Congreso, con la
totalidad de sus atribuciones. Este, en tales eventos, tiene además a su cargo
un control político y legislativo sobre el Gobierno en relación con la
declaración correspondiente y con las medidas que adopte, las cuales pueden ser
reformadas, adicionadas o derogadas por decisión de las cámaras.
La injerencia del
Congreso, mediante la expedición de leyes, en los asuntos que conciernen a la
paz pública resulta confirmado por los artículos 152 y 214 de la Constitución
Política, que lo autorizan para regular, por ley estatutaria, los estados de
excepción, estableciendo límites a las facultades del Gobierno en tales
circunstancias y contemplando las garantías para proteger los derechos, de
conformidad con los tratados internacionales.
En otros términos,
si al Presidente de la República apenas se le confía una función legislativa
excepcional para el control del orden público cuando éste escapa a sus
atribuciones ordinarias -que son administrativas-, la necesaria conclusión es
la de que el titular de la atribución indispensable para dictar normas de
carácter general y abstracto, con efecto permanente o transitorio, sobre las
materias que tocan con el orden público no es otro que el Congreso Nacional.
Así, no toda norma
transitoria que tenga repercusiones en materia de orden público es del
exclusivo resorte del Presidente de la República, pues no necesariamente debe
ser adoptada con el carácter extraordinario de los estados de excepción ni para
controlar o sofocar situaciones específicas de perturbación -lo que sí
corresponde exclusivamente al Gobierno-, sino que puede implicar, como acontece
con la mayoría de los preceptos examinados, el ejercicio de una función
ordinaria del Congreso en aras del orden justo preconizado por la Constitución.
Al respecto debe
observarse que el Estado de Conmoción Interior ha sido concebido de manera
restrictiva, como mecanismo de defensa de la sociedad, por intermedio del
Ejecutivo, ante grave perturbación del orden público que atente de manera
inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la
convivencia ciudadana "y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las
atribuciones ordinarias de las autoridades de policía". Estas atribuciones
son precisamente las que determine el legislador ordinario, pues la actividad
de las autoridades públicas en ese campo debe obedecer a los lineamientos y
requisitos que establezca la ley.
No puede
desconocerse, por otra parte, que en el ejercicio de las funciones públicas, si
bien la Constitución ha establecido el criterio general de la separación, que
reserva a cada rama una órbita de atribuciones en la que no pueden inmiscuirse
las demás, ella misma ha señalado que todas colaboran armónicamente para la
realización de los fines del Estado (Artículo 113 C.P.).
Algunos de esos
fines consisten, de acuerdo con el artículo 2º de la Carta, en "garantizar
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución"; "defender la independencia nacional, mantener la
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un
orden justo"; "proteger a todas las personas residentes en Colombia,
en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades y (...)
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares".
La participación del
Congreso en el logro de tales empeños, que corresponden al Estado en su
conjunto, no vulnera la Constitución, sino que la desarrolla.
Por todo ello,
afirmar a priori que una norma legal en las aludidas materias, por la
sóla circunstancia de provenir del Congreso, es inconstitucional, implica
desconocer el hecho incontrovertible de que la legislación ordinaria también
debe ocuparse en los asuntos referentes a la paz pública y concluir, contra el
espíritu de la Constitución, que todo factor capaz de afectarla tiene que ser
forzosamente tratado en decretos presidenciales, al amparo de los estados de
excepción, en virtud de una interpretación errónea de los preceptos que confían
al Jefe del Estado la responsabilidad por el manejo del orden público.
La Corte
Constitucional no comparte el argumento de los demandantes orientado a
demostrar una posible inconstitucionalidad consistente en que, a su juicio, el
Gobierno de la época, al proponer la expedición de la Ley 104 de 1993, quiso
comprometer al Congreso en la responsabilidad del manejo del orden público. En
realidad allí se confunde la atribución ordinaria del Presidente de la
República en esa materia, que debe ejercerse en el marco de un orden jurídico
en gran parte integrado por la ley, con la función legislativa ordinaria, de la
cual no ha sido excluída la regulación general y abstracta de los fenómenos
referentes a la paz pública.
Ahora bien, el otro
motivo de inconstitucionalidad alegado por los actores consiste en sostener que
el Congreso no podía, como lo hizo, convertir en permanentes durante dos años
normas que el Gobierno había puesto en vigencia durante el período excepcional
del Estado de Conmoción Interior.
Aquí la Corte debe
distinguir: la Constitución Política no prohibe al Congreso adoptar como
legislación permanente normas que hayan sido dictadas  durante cualquiera de
los estados de excepción, pero el análisis constitucional de dichas
disposiciones cambia sustancialmente, considerada la materia de cada una de
ellas, según que haya sido expedida en tiempo de paz o en época de perturbación
del orden público.
En otros términos,
la Corte Constitucional no considera que una norma legal, permanente o
transitoria, deba ser declarada inexequible únicamente por haber estado
incluída en un decreto legislativo dictado al amparo del Estado de Conmoción
Interior.
No obstante, la
perspectiva desde la cual un mismo contenido normativo puede ser confrontado
con la Constitución no es la misma cuando a él se acude como instrumento
extraordinario para enfrentar una crisis del orden público que cuando se lo
plasma como elemento propio de la normalidad institucional.
Así las cosas, bien
puede acontecer que una norma declarada exequible cuando fue expedida como
integrante de un decreto legislativo resulte inconstitucional cuando se la
incorpora a un estatuto de vigencia indefinida o dotado de una vocación de
permanencia mayor que la atribuída por la Carta Política a las medidas
excepcionales.
Así lo tiene dicho
esta Corte desde la Sentencia C-007 del 18 de enero de 1993, mediante la cual
se falló sobre la constitucionalidad de algunas normas de Estado de Sitio
adoptadas como legislación permanente recién entrada en vigencia la
Constitución de 1991. Tales preceptos fueron encontrados ajustados a la Carta
cuando integraron decretos transitorios y extraordinarios, pero se declararon
inexequibles al transformarse en legislación permanente.
Dijo entonces la
Corporación:
“Pero, además, por
cuanto corresponde al tipo de legislación que ocupa la atención de la Corte en
este proceso, debe insistirse en que, como bien lo afirma el concepto fiscal,
no es lo mismo verificar la constitucionalidad de unas normas cuando
corresponden al ejercicio de atribuciones extraordinarias propiciadas por la
declaratoria de un estado de excepción que examinarlas como disposiciones
llamadas a regir de modo permanente, aunque su contenido material sea idéntico.
Los criterios relativos al alcance de cada precepto varían de una hipótesis a
la  otra, de tal manera que no por haberse hallado exequible la norma de Estado
de Sitio puede predicarse la exequibilidad de esa misma disposición cuando se
la concibe como integrada al orden jurídico de normalidad y ha sido revestida
de carácter permanente.
(...)
La Corte Suprema de
Justicia llamó la atención, en su oportunidad (Sentencia No. 12 del 26 de
febrero de 1987), acerca de que, por virtud de la medida excepcional adoptada
mediante el artículo 1º del Decreto Legislativo 3667 de 1986 -cuya
constitucionalidad se juzgó entonces bajo la perspectiva de la precariedad
propia del Estado de Sitio y hoy se mira como disposición de carácter
permanente-, quedaba "...suspendida la facultad del Consejo Nacional de
Estupefacientes, para ejercitarse transitoriamente por los comandantes
de unidades operativas, bases aéreas y navales, quienes por las funciones de
control y vigilancia directa que ejercen en sus respectivas áreas asegura la
eficacia inmediata de la medida", resaltando que se trataba de una medida
precautelativa de carácter policivo "...para remediar o evitar
alteraciones del orden público...". (Se subraya).
Siendo ese el
sentido de la facultad, nada justifica su adopción como norma legal llamada a
regir de modo permanente...”
La Corte
Constitucional asumirá, entonces, cuando a ello haya lugar por la presentación
de demandas ciudadanas que recaigan en concreto sobre determinados artículos,
el estudio de cada una de las disposiciones que integran la Ley 104 de 1993,
teniendo en cuenta que rigen para un período no gobernado por la excepcionalidad
y transitoriedad propia del Estado de Conmoción Interior y que, por lo tanto,
pese a su carácter transitorio -dos (2) años, según el artículo 134- se
aplican, ya no bajo la perspectiva de una perturbación del orden público que se
hace preciso conjurar de manera inmediata, sino en tiempo de normalidad
institucional.
Por ello, aunque
algunas de las normas incorporadas al texto de la Ley 104 de 1993 fueron
declaradas exequibles por la Corte, como pertenecientes a decretos legislativos
dictados con invocación del Estado de Conmoción Interior, no se configura
respecto de ellas la cosa juzgada constitucional, pues dado el cambio de
circunstancias y el diferente papel que las mismas normas juegan, según que se
las haya hecho valer en tiempo de crisis o se las aplique con vocación de
permanencia, el objeto del examen confiado a esta Corporación en uno y otro
caso es diferente.
Conclúyese,
entonces, que cada uno de los artículos de dicha Ley, considerado
individualmente, puede ser objeto de acciones de inconstitucionalidad incoadas
por cualquier ciudadano en ejercicio del derecho consagrado en los artículos
40, numeral 6º, y 241, numeral 4º, de la Constitución Política, salvo en los
casos en que ya esta Corte ha declarado su constitucionalidad o inconstitucionalidad
en fallos que han hecho tránsito a cosa juzgada absoluta.
La Corte, en esta
oportunidad, no entrará a confrontar la constitucionalidad de cada uno de los
preceptos que integran la Ley, por cuanto los actores no han formulado cargos
específicos, sino que han dirigido su demanda contra el Estatuto, considerado
integralmente.
Se declarará la
exequibilidad de la Ley 104 de 1993, por los aspectos demandados.
DECISION
Con fundamento en
las consideraciones expuestas, la Corte Constitucional de la República de
Colombia, oído el concepto del Ministerio Público y cumplidos los trámites que
establece el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo
y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- En cuanto a los artículos 94, 96 y 97 de
la Ley 104 de 1993 "Por la cual se consagran unos instrumentos para la
búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras
disposiciones", ESTESE A LO RESUELTO por la Corte en Sentencia C-425 del
29 de septiembre de 1994.
Segundo.- En lo referente al artículo 95 de la misma
Ley, ESTESE A LO RESUELTO por la Corte en Sentencia número C-562 del 6 de
diciembre de 1994.
Tercero.- En lo que respecta a los artículos 17, 98,
99, 100 y 101 de la misma Ley, ESTESE A LO RESUELTO por la Corte en la
Sentencia C-055 del 16 de febrero de 1995.
Cuarto.- Decláranse EXEQUIBLES los demás artículos
de la Ley 104 de 1993, "Por la cual se consagran unos instrumentos para la
búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras
disposiciones", únicamente en cuanto, al expedirla, el Congreso no invadió
la órbita de competencia del Presidente de la República en el manejo del orden
público.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Consititucional y
cúmplase.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Presidente
JORGE ARANGO MEJIA                     ANTONIO BARRERA
CARBONELL
Magistrado                                                        Magistrado
EDUARDO CIFUENTES
MUÑOZ                          CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
Magistrado
FABIO MORON DIAZ                                    VLADIMIRO
NARANJO MESA
Magistrado
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General