T-189-16
Sentencia T-189/16
ACCION
DE TUTELA CONTRA EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA-Procedencia para
lograr conexión del servicio en una vivienda de interés social que necesitan
ocupar personas en condición de vulnerabilidad
Es procedente la acción de tutela
para garantizar la protección de los derechos fundamentales, cuando resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o
de particulares y no existan otros mecanismos judiciales de defensa, salvo la
inminencia de un perjuicio irremediable. Con relación a este perjuicio, el
mismo debe ser: (i) inminente o próximo a suceder; (ii) grave; (iii) requerir
medidas urgentes para superar el daño o la inminencia del perjuicio; y
finalmente, (iv) estas medidas de protección deben ser impostergables para
evitar la consumación del daño.
SERVICIO
DE ENERGIA ELECTRICA COMO CONDICION DEL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Condición
de habitabilidad incluye disponibilidad de servicios e infraestructura adecuada
(i)
el acceso al servicio público de energía eléctrica en condiciones de seguridad
es una exigencia necesaria para el goce efectivo del derecho a la vivienda
digna; (ii) cuando la cercanía de una vivienda con postes de energía o líneas
de alta tensión genere riesgos en la vida, la salud o la seguridad de las
personas que allí vivan, las empresas responsables de esta infraestructura
eléctrica tienen el deber de evaluar el riesgo y adoptar las medidas necesarias
y pertinentes para minimizar el peligro.
PRESTACION
ADECUADA Y EFICIENTE DE SERVICIOS PUBLICOS-Fin social del
Estado
El artículo 365 de la Carta Política
consagra como deber del Estado asegurar la prestación eficiente de los
servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional. Asimismo,
dispone que independientemente de que dichos servicios sean prestados directa o
indirectamente por el Estado (a través de comunidades organizadas o por
particulares), este tiene el deber de mantener la regulación, el control y la
vigilancia de los mismos. En igual sentido, el artículo 311 de la Constitución
puntualiza que le corresponde al municipio como entidad fundamental de la
división político-administrativa del Estado, prestar los servicios públicos que
determine la ley.
PRESTACION
ADECUADA Y EFICIENTE DE SERVICIOS PUBLICOS-Corresponde al
Alcalde ejercer funciones de control urbano a fin de vigilar y sancionar
aquellas intervenciones y desarrollos urbanos que se ejecuten contraviniendo el
ordenamiento jurídico
DERECHO
A LA VIVIENDA DIGNA Y SERVICIOS PUBLICOS-Los municipios
deben ejercer con eficacia y eficiencia el deber de control urbano y en caso de
detectar infracciones urbanísticas iniciar los procesos administrativos
sancionatorios correspondientes
El
control urbano deriva del poder que tiene el municipio de intervenir en la
ordenación del territorio, con la finalidad de propender por el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y garantizar el uso
equitativo y racional del suelo. Implica un deber y una obligación de
trascendencia social, en cabeza de quienes tienen la
representación legal de las entidades territoriales locales y a la cual no se
puede renunciar caprichosa ni selectivamente. Por otra parte, las entidades
territoriales tienen un rol fundamental a través del control urbano para
garantizar que el diseño y ejecución de la política pública de vivienda logre
cumplir su cometido de proveer condiciones habitacionales  dignas en las cuales
las personas puedan vivir. Los municipios para lograr ese propósito deben
ejercer con eficacia y eficiencia el deber de control, ya que cuenta con las
herramientas necesarias para exigirle a los constructores y urbanizadores
cumplir con las cargas urbanísticas impuestas por el orden jurídico.
POTESTAD
SANCIONATORIA URBANISTICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES-Autoridades
deben atender con enfoque diferencial sensible a aquella población que se
encuentre en especial situación de indefensión, incluso contemplando
alternativas de solución diferentes a la sanción urbanística
EFECTOS
INTER COMUNIS-Se adoptan para proteger derechos de todos los
afectados por la misma situación de hecho o de derecho en condiciones de
igualdad
De conformidad
con el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, “las sentencias en que se revise
una decisión de tutela solo surtirán efectos en el caso concreto”. No obstante,
en algunas ocasiones la Corte Constitucional ha extendido los efectos de sus
decisiones a personas que a pesar de no haber acudido a la acción de tutela en
calidad de accionantes, se encuentran en las mismas condiciones de éstos, es
decir, les ha otorgado un efecto inter comunis. Con el fin de garantizar el
derecho a la igualdad entre las personas a las que se les conculcan sus
derechos fundamentales y acuden a la acción de tutela y aquellas que a pesar de
encontrarse en la misma situación no tienen la calidad de accionantes, es
preciso que la decisión del juez de tutela sea uniforme y tenga los mismos
efectos para unos y otros.
EFECTOS
INTER COMUNIS-Requisitos
Para
dictar fallos con efectos inter comunis deben observarse los siguientes
requisitos:“(i) que la protección de los derechos fundamentales de los
peticionarios atente o amenace con atentar contra los derechos fundamentales de
los no tutelantes; (ii) que quienes no acudieron a la acción de tutela y los
accionantes se encuentren en condiciones objetivas similares; y (iii) que con
la adopción de este tipo de fallo se cumplan fines constitucionales relevantes
tales como el goce efectivo de los derechos de la comunidad y el acceso a la
tutela judicial efectiva”.
SERVICIO
DE ENERGIA ELECTRICA COMO CONDICION DEL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Orden
a autoridades diseñen y financien un plan específico, con el fin de asegurar el
suministro de energía eléctrica en condiciones de seguridad en la casa de la
accionante y de la comunidad del barrio afectado
SERVICIO
DE ENERGIA ELECTRICA COMO CONDICION DEL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Efectos
inter comunis para comunidad afectada por la falta de acceso al servicio
público de energía eléctrica
Referencia: expediente
T-5297176
Acción
de tutela presentada por Mónica Carolina Guerrero López contra la
Electrificadora de Santander S.A - E.S.P y el Municipio de San Gil (Santander)
Magistrada
Ponente:
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Bogotá,
D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil dieciséis (2016)
La
Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados María Victoria Calle Correa, Luis Guillermo Guerrero Pérez y
Alejandro Linares Cantillo, en ejercicio de sus competencias constitucionales,
legales y reglamentarias, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión[1]
del fallo proferido en la acción de tutela instaurada por Mónica Carolina
Guerrero López contra la Electrificadora de Santander S.A - E.S.P y el municipio de
San Gil (Santander), en primera instancia, por el Juzgado Primero Penal
Municipal para Adolescentes de San Gil (Santander) el veinticuatro (24) de
agosto de dos mil quince (2015), y en segunda instancia, por el Juzgado Segundo
Promiscuo de Familia de San Gil (Santander) el veintiocho (28) de septiembre de
dos mil quince (2015).
I.
ANTECEDENTES
La
ciudadana Mónica Carolina Guerrero López interpone acción de tutela el día
dieciocho (18) de junio de dos mil quince (2015), porque considera que la Electrificadora de Santander S.A - E.S.P y el
municipio de San Gil le están vulnerando su derecho fundamental a la vivienda
digna, al negarle la prestación del servicio público de energía eléctrica a la
casa que construyó y desea habitar, ubicada en el municipio de San Gil en la
urbanización conocida como Villas de Monchuelo.
Con el fin de exponer los antecedentes
de forma precisa, a continuación la Sala procederá a narrar los hechos en los
que se sustenta la acción de tutela incoada, la respuesta de las entidades
vinculadas y las decisiones de instancia objeto de revisión.
1. Hechos
1.1 Mónica Carolina Guerrero López es una mujer de treinta (30) años de edad[2].
Afirma ser beneficiaria del proyecto de vivienda de interés social denominado
“Urbanización Villas de Monchuelo” (estratos 1 y 2), promovido por la Asociación
de Vivienda Asoprosander[3].
Agrega, que el 5 de mayo de 2014 suscribió un contrato de promesa de
compraventa para la compra de un lote de terreno.  En la cláusula sexta del contrato
se pactó el precio del inmueble y la forma de pago[4].
1.2 Indica que para la construcción de
la urbanización Villas de Monchuelo la Secretaría de Planeación de San Gil
expidió licencia de construcción No. 2004 del veinticuatro (24) de septiembre
de dos mil doce (2012)[5].
Igualmente, que la Electrificadora de Santander certificó en aquel entonces que
se encontraba en posibilidad de prestar el servicio de energía eléctrica en la
mencionada urbanización[6].
1.3 Pese a que en un comienzo algunas
viviendas de la urbanización fueron abastecidas provisionalmente con energía
eléctrica desde un transformador cercano al proyecto de vivienda, mediante
oficio de fecha 3 de octubre de 2014, la Electrificadora de Santander puso en
conocimiento del Alcalde de San Gil que existían  tres (3) viviendas ubicadas
en el corredor de servidumbre de la línea de transmisión de las cuerdas de alta
tensión, por lo que la empresa electrificadora dejó de prestar el servicio
eléctrico a toda la urbanización.
1.4 Según la accionante, actualmente los
habitantes de la urbanización Villas de Monchuelo[7]
que han construido sus viviendas no cuentan con el servicio público de energía
eléctrica[8].
1.5  Sostiene que la falta del servicio
de energía amenaza gravemente sus derechos fundamentales y los de su grupo
familiar, compuesto por su abuela Celmira Gutiérrez Vda. de López de 79 años de
edad, con la que vive en arriendo. También señala que carece de recursos
económicos, que hizo un enorme esfuerzo para adquirir una vivienda y que no la
ha podido habitar (ni antes ni ahora) por la falta del servicio de energía
eléctrica.
1.6 Considera que los errores y
omisiones de las entidades accionadas están generándole un grave perjuicio que
no tiene el deber de asumir, por lo que son ellas quienes deben solucionar la
problemática.
1.7 Con base en lo anterior, solicita se
ampare su derecho a una vivienda digna y se ordene la prestación del servicio
público de energía en su casa y en las demás ubicadas en la urbanización Villas
de Monchuelo.
1.8 Para respaldar sus afirmaciones la
accionante aporta como pruebas al escrito de tutela los siguientes documentos:
(i) Copia del
derecho de petición presentado por habitantes de la urbanización Villas de
Monchuelo a la oficina jurídica del municipio de San Gil, señalando que quienes
viven en la urbanización Villas de Monchuelo es una comunidad de estrato 1 y 2
que necesita en forma urgente la prestación del servicio de energía eléctrica[9].
(ii) Copia de la
respuesta dada a la petición por parte del Secretario de Planeación[10].
(iii) Copia del
documento presentado por la subgerente de distribución de la zona sur de la
Electrificadora de Santander al Alcalde del municipio de San Gil el día 3 de
octubre de 2014. En él, se afirma que la urbanización Villas de Monchuelo en
construcción, se encuentra invadiendo la “zona de servidumbre y seguridad del
corredor de línea LN 306 Piedecuesta – San Gil de transmisión de energía en
alta tensión, energizada 115.000 voltios (115kv)”[11].
En la comunicación también se explica que en la visita técnica llevada a
cabo a la urbanización se encontró que: “1. Existen tres viviendas
construidas y están dentro del corredor de servidumbre de la línea de
transmisión, a menos de 7,5 metros (…). 2. Se está construyendo una nueva
unidad habitacional de 3 niveles dentro del corredor de servidumbres
incumpliendo con las distancias de seguridad (…). 3. Dos de las casas
construidas se encuentran a 5,5 m y 5,8 m del eje central de la línea. 4. Las
distancias de la línea a los paramentos de las casas en varios sectores no
cumplen con el RETIE[12].
5. Hay varios lotes demarcados, los cuales tampoco cumplen con las distancias
de seguridad eléctrica[13].”
En esta comunicación la Electrificadora de Santander recomienda la demolición
de los predios.
(iv) Copia de la
licencia expedida por la Secretaría de Planeación de San Gil, que se otorga
para urbanismo de 188 lotes y construcción de 188 viviendas de la urbanización
Villas de Monchuelo.
(v) Copia del oficio
presentado por el Alcalde Municipal de San Gil al Gerente de la Electrificadora
de Santander el día 28 de abril de 2015 y en el que solicita se estudie y
viabilice el traslado o reubicación de la línea de conducción de cuerdas de
alta tensión que pasa contigua a la urbanización Villas de Monchuelo del
municipio de San Gil[14].
(vi) Copia del
contrato de compraventa del lote donde está ubicada la vivienda de la
accionante en la urbanización Villas de Monchuelo, de fecha 5 de mayo de 2014[15].
(vii) Copia del plano
donde está ubicada la urbanización Villas de Monchuelo[16].
(viii) Copia del acta
de servicio de energía provisional para la urbanización Villas de Monchuelo de
fecha 5 de septiembre de 2013, expedida por la Electrificadora de Santander[17].
Este documento denominado “Registro
acta área de distribución de energía sureste”, fue suscrito por el Ingeniero
Oswaldo Mancilla Hernández empleado de la electrificadora de Santander y Luis
María López Rueda representante legal de Asoprosander. En el mismo se deja
constancia de una reunión en la que se trató el estado de avance del convenio
entre la asociación de vivienda y la empresa de energía para la construcción de
activos en la urbanización Villas de Monchuelo. Según quedó consignado en el
acta, el precitado convenio se encontraba para ese momento en revisión del área
jurídica de la electrificadora y una vez aprobado se firmaría y se procedería a
su legalización. En igual sentido, se hizo constar en el acta que la empresa de
energía se comprometía a prestar provisionalmente el servicio de energía desde
el transformador más cercano.
1.9 Por otra parte, la accionante allegó
ante esta Corporación documentos con el fin demostrar la situación de
precariedad en la que viven tanto ella como varios de sus vecinos[18].
Del análisis de lo aportado se extrae lo siguiente: (i) la accionante[19]
se encuentra sin empleo, está inscrita junto a su abuela en el sisben, paga un
arriendo donde reside  equivalente a la suma de trescientos mil pesos
($300.000) y tiene una deuda en la Cooperativa Coomuldesa por valor de trece
millones cuatrocientos veinticuatro mil pesos ($13.424.000) la que debe
cancelar en cuotas mensuales[20],
tal deuda la adquirió cuando estaba empleada, pero su trabajo terminó y ahora
vive de realizar labores de aseo por días; (ii) la abuela de la
accionante Celmira Gutiérrez Vda de López[21] tiene un
tumor maligno en la piel; y (iii) en relación con los habitantes
de la urbanización Villas de Monchuelo, la falta de suministro del fluido
eléctrico está perjudicando la realización de sus actividades cotidianas y está
acentuando las condiciones de inseguridad de la urbanización, afectando a niños
y adultos mayores que padecen quebrantos de salud[22].
Asimismo, de acuerdo con el relato de algunos vecinos de la urbanización, la
falta de una respuesta eficaz por parte de la Electrificadora de Santander ha
llevado a que algunos residentes eventualmente realicen conexiones no
autorizadas por la compañía electrificadora para obtener el suministro
energético.
1.10 La accionante también manifestó que
obtuvo un título como auxiliar de enfermería en el año 2006 de un instituto de
educación técnica y que ha trabajado en el hospital de Socorro, Curití y en la
Clínica San Cruz de San Gil.  Dijo que una tía identificada como María del
Carmen López Gutiérrez que es fiadora del crédito que tramitó en la cooperativa
Coomuldesa, ocasionalmente le colabora con sus gastos.
2. Respuesta de
la Secretaría de Planeación Municipal de San Gil[23].
2.1 El funcionario encargado de la
Secretaría de Planeación del municipio dio respuesta al escrito de tutela,
solicitando declarar improcedente el amparo, pues en su criterio existen otros
mecanismos judiciales para proteger los derechos de la actora.
2.2 Como sustento de tal solicitud,
manifiesta que (i) no es cierto que la dependencia a su cargo hubiese
garantizado la prestación de servicios públicos, pues la disponibilidad de
estos es expedida por las empresas prestadoras de los mismos; (ii) el
urbanizador no se ajustó a lo autorizado en la licencia, donde se exigía que “para
no invadir el corredor de la línea de alta tensión, la calle 30 con carreras 5
y 6 de la Urbanización del Monchuelo tuviese 15 metros, incluidos dos
andenes de 1,50 cada uno, dos carriles de 5 metros de ancho cada uno, y un separador
de 2 metros de acho. Distancias que el urbanizador no respeto[24]
(…) con la construcción de los inmuebles se invadió el corredor de la línea
de alta tensión de 115kv Piedecuesta – San Gil, violando los planos aprobados
por la Secretaría de Planeación Municipal de San Gil para el proyecto
denominado Urbanización Villas de Monchuelo[25].”; (iii)
no existe ningún error en lo que autorizó la Secretaría de Planeación, pues
aprobó que “bajo la línea de alta tensión se dejara una vía (andenes
incluidos) de 15 metros de ancho, para evitar invadir el corredor de
servidumbre de energía respetando las distancias establecidas en el REGLAMENTO
TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS – RETIE - (…)[26].”
Sin embargo, el urbanizador no acató esta restricción.
2.3 Agrega la dependencia de Planeación,
que existe falta de legitimación por pasiva pues no ha realizado ninguna acción
u omisión que vulnere los derechos fundamentales de la accionante. Por último,
allega los anexos correspondientes a su escrito de contestación de la tutela[27].
3. Respuesta de
la Electrificadora de Santander S.A. ESP[28].
3.1 La apoderada judicial de la empresa
de energía pide que se declare la improcedencia de la tutela, dado que sus
actuaciones no han vulnerado ningún derecho fundamental y lo que han pretendido
es salvaguardar la integridad física de las personas; además los derechos que
están en discusión son derechos colectivos cuyo medio judicial idóneo es la
acción popular.
3.2 Fundamenta su solicitud con base en
los siguientes argumentos: (i) que otorgó disponibilidad de servicio por
media tensión con fecha 07/09/2011, asignando el código No. 780639 “conexión
que se indicó debía cumplir con las normas ESSA[29]
y RETIE”[30];
(ii) a través de comunicación ESSA-27317 BGA del 3 de octubre de 2014, la
compañía electrificadora de Santander le comunicó al Alcalde de San Gil que la
urbanización Villas de Monchuelo “invadía el corredor de seguridad de la
servidumbre de la línea de alta tensión LN 306 Piedecuesta – San Gil de
transmisión de energía a 115kv”[31],
lo cual incumple el reglamento técnico de instalaciones eléctricas – RETIE
- que “proscribe el otorgamiento de licencias o permisos de construcción en
las zonas de servidumbre de energía eléctrica”[32].
(iii) si bien la urbanización Villas de Monchuelo solicitó un convenio de
construcción de activos ante la empresa de energía, el mismo no fue aprobado
porque las viviendas eran insuficientes con relación al consumo de energía, sin
embargo, se dio un servicio provisional para algunas viviendas construidas de
un transformador cercano a la urbanización pero “como quiera que la urbanización
presenta el inconveniente de invasión de la franja de servidumbre del circuito
de 115 kv que va de la subestación Piedecuesta a la subestación San Gil (…) se
les vetó el servicio de energía (…)”[33] ;
(iv) sin embargo la electrificadora teniendo en cuenta el perjuicio para
las personas que construyeron viviendas con mucha dificultad, y como respuesta
a la solicitud del Alcalde en el sentido de buscar una solución para los
compradores de buena fe, mediante comunicación ESSA-14185-BGA del 12 de junio
de 2015, señaló: “el Comité de Gerencia de ESSA aprobó modificar la
disposición de la línea propiedad de la ESSA y pasarla horizontalmente, con el
fin de garantizar el cumplimiento de las distancias de seguridad previstas en
el RETIE, siempre y cuando se asuma por parte del Municipio los costos
relativos a mano de obra, materiales y demanda no atendida”[34];
de esa comunicación la Alcaldía no ha dado respuesta[35].
Tal medida, en criterio de la empresa electrificadora, permitiría solucionar en
forma definitiva la problemática de desabastecimiento del fluido eléctrico en
toda la urbanización.
4. Trámite y
decisión del juez de tutela de primera instancia
4.1 Mediante auto de fecha 30 de
junio de 2015[36], el
Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes de San Gil ordenó la práctica
de la siguiente prueba: requerir al Secretario de Planeación para que: (i)
informe si el proyecto conocido como urbanización Villas de Monchuelo al cual
se le otorgó licencia de urbanismo y construcción fue modificado; (ii)
remita copia del certificado de ocupación del que trata el artículo 53 del
Decreto 1469 de 2010, indicando si la asociación de vivienda Asoprosander
comunicó la fecha de fundición de todas las estructuras de concreto; (iii)
indique si tiene conocimiento de la existencia de modificaciones
arquitectónicas o estructurales que no hayan sido presentadas o autorizadas
antes de ejecutar la obra y si ha iniciado acciones para la imposición de
sanciones.
4.2 La respuesta del funcionario al
requerimiento enunciado en el numeral anterior fue:[37] (i) no había acto que hubiese
modificado la resolución por medio de la cual se otorgó la licencia de
urbanismo y construcción; (ii) el acto administrativo contentivo de la
licencia urbanística fue expedido cumpliendo el ordenamiento jurídico; (iii)
el certificado de ocupación no fue expedido dado que no fue solicitado por el
titular de la licencia, tal y como lo exige el artículo 53 del Decreto 1469 de
2010; (iv) Asoprosander no comunicó a la Secretaría de Planeación la
fecha de fundición de las estructuras en concreto; (v) se conoció la
invasión a la zona de servidumbre porque así lo comunicó la empresa de energía
el 3 de octubre de 2014; y (vi) no se inició el procedimiento
administrativo sancionatorio “con miras a preservar precisamente los
derechos fundamentales de la accionante y de otras personas en la misma
situación”[38].
4.3 Así, a través de sentencia de
fecha 2 de julio de 2015[39] el
Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes de San Gil falló en primera
instancia concediendo a la accionante la protección de sus derechos a la
igualdad y vivienda digna[40].
5. Impugnación[41]
5.1 El Municipio de San Gil impugnó
la decisión judicial, con base en las siguientes consideraciones:[42] (i) la incongruencia de la
sentencia, dado que el accionante manifestó en el escrito de tutela que habita
en arriendo en un lugar distinto del inmueble que aqueja la falta del servicio
público en mención. Se ampararon los derechos fundamentales a la igualdad y a
la vida digna y la medida de protección ordenada fue llevar a cabo un proceso
administrativo sancionatorio, lo cual riñe con la protección inmediata
que se debe dar a través de la acción de tutela. (ii) La falta de
legitimación por activa, pues no se demostró la propiedad, posesión o tenencia
sobre el inmueble que carece del servicio de energía. (iii) La falta de
integración del litisconsorcio necesario por omitirse la vinculación de
Asoprosander perjudicada con el fallo cuestionado.
6. Decisión del juez de tutela en
segunda instancia
6.1 En segunda instancia el Juzgado
Segundo Promiscuo de Familia de San Gil, mediante auto de 5 de agosto de 2015[43], decreta la nulidad de lo actuado en
la tutela desde la sentencia de primera instancia y ordena vincular a la
asociación de vivienda Asoprosander[44].
Respuesta de la Asociación de
Vivienda
6.2 Asoprosander, contestó la tutela
y sostuvo que[45] (i)
la Electrificadora de Santander aprobó la disponibilidad del servicio de
energía eléctrica para las casas de habitación de la urbanización Villas de
Monchuelo, de acuerdo con los planos presentados[46]. (ii) La asociación al momento
de tramitar la compra del terreno se percató de la existencia de las líneas de
alta tensión en 115 kv que estaban en el predio. (iii) Se solicitó a la
Electrificadora de Santander los documentos relacionados con la constitución de
la servidumbre que autorizaba el paso de la infraestructura eléctrica por el
predio, sin obtener respuesta, además “no se está dando disponibilidad del
servicio de energía a las personas que ya compraron su lote y han construido
viviendas”[47]. (iv)
La asociación cumplió sus obligaciones con los propietarios de los lotes
entregándoles la factibilidad del servicio de energía, la pre disponibilidad
del servicio de acueducto y la licencia urbanística expedida por Planeación.
Intervención del Municipio de San
Gil, luego de la declaratoria de nulidad
6.3 El Municipio de San Gil, también
intervino luego de la declaratoria de nulidad, para señalar que el actuar de la
administración municipal estuvo motivado por el principio de buena fe, la
prevalencia del interés general y la aplicación de los fines esenciales del
Estado, pues se trataba de un proyecto de vivienda de interés social y no le
quería causar traumatismos con un proceso sancionatorio. Adicionalmente, invocó
en su defensa los siguientes argumentos: (i) La Electrificadora de
Santander omitió constituir la servidumbre para el paso de la infraestructura
eléctrica, siendo “absurdo” que ahora se le exonere; (ii)
no existen pruebas de la presunta posición dominante de la Secretaría de
Planeación que se menciona en la sentencia cuestionada; (iii) no es
posible cumplir el fallo, pues ordena iniciar y culminar un procedimiento
administrativo sancionatorio en 48 horas; (iv) lo ordenado vulnera la
presunción de inocencia, dado que el juzgador ordena imponer “medidas
correctivas”, sugiriendo entonces el sentido de la decisión en el proceso.
6.4 Mediante sentencia de fecha 24 de
agosto de 2015[48], el
Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes de San Gil, luego de haber
subsanado la nulidad advertida por el Ad quem, falló en primera
instancia concediendo a la actora la protección de sus derechos a la igualdad y
vivienda digna.
6.5 El 25 de agosto de 2015, el
servidor público responsable de la Secretaria de Planeación municipal de San
Gil manifestó su inconformidad con la decisión judicial y solicitó revocarla
con base en las mismas consideraciones ya expuestas en el numeral 6.3 de este
capítulo[49].
6.6 Finalmente, en sentencia del 28
de septiembre de 2015, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de San Gil
decidió revocar el fallo impugnado y declarar improcedente la acción de tutela
impetrada, considerando que la accionada cuenta con otros medios de defensa
judicial[50].
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
Esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los
fallos de tutela proferidos dentro del trámite de la referencia, con fundamento
en lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 86 y el numeral 9º del artículo
241 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y
36 del Decreto 2591 de 1991.[51]
2.
Presentación del caso y planteamiento del problema jurídico
2.1
Mónica Carolina
Guerrero López interpuso acción de tutela contra el municipio de
San Gil y la Electrificadora de Santander S.A. -
E.S.P, por considerar que al negársele la prestación del servicio de energía
eléctrica en la casa que construyó en un inmueble que le compró a la Asociación
de Vivienda Asoprosander, ubicada en la urbanización Villas de Monchuelo, estas
entidades han vulnerado el derecho fundamental a la vivienda digna, tanto a la
accionante como a su núcleo familiar, compuesto por su abuela Celmira
Gutiérrez Vda. de López, de 79 años de edad (quien padece cáncer de piel) y ella.
Agrega que la falta de suministro de energía eléctrica se extiende a otras
viviendas de la urbanización.
2.2 De las pruebas obrantes en el expediente se infiere que
la situación económica de la accionante es precaria, se encuentra desempleada,
con deudas y vive en arriendo con su abuela, ante la imposibilidad de ocupar la
vivienda que construyó con mucha dificultad. Esto debido a que no tiene luz.
2.3 Durante el trámite de la tutela la Electrificadora de San
Gil sostuvo que no ha permitido la conexión de su vivienda al servicio público
de energía, y la de otros inmuebles porque estos hacen parte de la franja de
servidumbre del circuito 115kv que va de la
subestación Piedecuesta a la subestación San Gil. Incumpliéndose con las
distancias mínimas de seguridad exigidas en el reglamento técnico de instalaciones
eléctricas[52].
2.4 Sin embargo, la Electrificadora le manifestó al Alcalde
del Municipio que: “el Comité de Gerencia
de ESSA aprobó modificar la disposición de la línea propiedad de la ESSA y
pasarla horizontalmente, con el fin de garantizar el cumplimiento de las
distancias de seguridad previstas en el RETIE, siempre y cuando se asuma por
parte del Municipio los costos relativos a mano de obra, materiales y demanda
no atendida”.[53] Según la empresa
electrificadora, así solucionaría en forma definitiva la problemática de
desabastecimiento del fluido eléctrico en toda la urbanización
2.5 El municipio de San Gil señala en su
respuesta a la tutela que: (i) la prestación del servicio público de
energía eléctrica depende de la empresa de servicios públicos domiciliarios; (ii)
la Electrificadora Santander omitió constituir la servidumbre para el paso de
la infraestructura eléctrica; (iii) el urbanizador no se ajustó a lo
autorizado en la licencia urbanística que exigía no invadir los espacios
de servidumbre correspondientes al corredor de la línea de transmisión de
energía a través de los cables de alta tensión.
2.6 La asociación de
vivienda Asoprosander, vinculada oficiosamente al trámite de tutela, en su
respuesta sostiene que la empresa electrificadora  no está dando disponibilidad
del servicio de energía a quienes ya compraron lotes y han construido viviendas
en la urbanización cuestionada, argumentando que existe una servidumbre para el
paso de los cables de alta tensión. Anota que le ha solicitado a la
Electrificadora los documentos de constitución de la servidumbre sin obtener
respuesta.
2.7 Con base en lo expuesto, corresponde a la Sala Primera de
Revisión ocuparse de resolver los siguientes problemas jurídicos:
¿Vulneran el municipio de San Gil y la Empresa
Electrificadora de Santander S.A. E.S.P el derecho a una vivienda en
condiciones de dignidad, de la accionante (Mónica Carolina Guerrero López)
y de su abuela (una persona de la tercera edad que además padece de cáncer de
piel), por no garantizarles el acceso al servicio de energía eléctrica en la
vivienda de interés social que construyeron y no han podido ocupar por falta
del suministro de dicho servicio?
¿Viola
la Asociación de promotores para el desarrollo integral de las
comunidades de Santander – ASOPROSANDER, el derecho a una
vivienda digna, de la accionante (Mónica Carolina Guerrero López)
y de una persona de la tercera edad que además padece de cáncer de piel, como
promotora y ejecutora de la urbanización Villas de Monchuelo al
omitir el cumplimiento del reglamento técnico que consagra las distancias
mínimas que deben dejarse para garantizar la seguridad en relación con el
corredor para los cables de alta tensión?
2.8 Con el fin
de resolver este interrogante, la Sala: (i) reiterará las reglas
firmadas por esta Corporación relativas a la procedencia de la acción de tutela
para lograr la conexión del servicio de energía eléctrica en una vivienda de
interés social que necesitan ocupar dos personas en condición de
vulnerabilidad; (ii) desarrollará una sucinta reiteración
jurisprudencial sobre el servicio público de energía eléctrica como condición
del derecho a la vivienda digna; y a partir de lo expuesto, (iii) se
resolverá el problema jurídico planteado y la solicitud de efecto inter comunis
que se ha pedido para este fallo.
3.
Procedencia de la acción de tutela para lograr la conexión del servicio de
energía eléctrica en una vivienda de interés social que necesitan ocupar dos
personas en condición de vulnerabilidad.
3.1
En relación con la protección del derecho a la vivienda digna por vía de
tutela, inicialmente la jurisprudencia de la Corte Constitucional la consideró
improcedente, argumentando que al igual que otros derechos de contenido social,
económico o cultural, este no otorgaba a la persona un derecho subjetivo para
exigir al Estado en una forma directa e inmediata su plena satisfacción. La
jurisprudencia constitucional lo calificaba como un derecho de carácter
asistencial que debía ser desarrollado por el legislador y promovido por la
administración y que solo podía producir efectos cuando se cumplían ciertas
condiciones jurídico-materiales que podían
hacerlos posibles, por lo cual en principio no era posible su protección por
vía de tutela[54].
3.2
Aquella tesis fue moderada posteriormente por la Corte al señalar que era
procedente la acción de tutela pese al carácter no fundamental del derecho a la
vivienda digna, siempre que existiera una relación de conexidad con la
vulneración de otros derechos fundamentales[55]. Adicionalmente, se fueron
incluyendo casos en los que atendiendo a criterios de justicia y equidad se
hacía procedente en forma excepcional la acción de tutela para amparar el
derecho a la vivienda digna. En el mismo sentido, el juez constitucional aplicó
principios como el de la solidaridad para procurar la protección[56].
3.3
Finalmente, en lo que se ha considerado una tercera fase de la jurisprudencia
constitucional con relación al derecho a la vivienda digna, este ha sido entendido
como un derecho fundamental en sí mismo.[57] Así se sostuvo en sentencia T-530 de 2011[58], en la
que se resuelven dos casos acumulados relacionados con situaciones de desastre
generadas por la ola invernal[59]. Dentro
de las consideraciones de la sentencia se sostiene que al juez constitucional
no le está dado, sin más, desconocer la procedibilidad de la tutela
argumentando el supuesto carácter no fundamental del derecho a la vivienda
digna. Tampoco es apropiado que recurra al criterio de conexidad para negar la
admisibilidad del amparo. Será a partir del análisis particular del caso
concreto, el momento en el cual el juez debe hacer efectiva la protección
constitucional valorando las circunstancias de debilidad manifiesta en las que
se encuentre la persona en razón de sus condiciones físicas, mentales o
económicas[60].
3.4 Conforme a la tesis acogida por esta
Corporación, es procedente la acción de tutela para garantizar la protección de
los derechos fundamentales, cuando resulten vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades públicas o de particulares y no existan
otros mecanismos judiciales de defensa, salvo la inminencia de un perjuicio
irremediable[61]. Con
relación a este perjuicio, el mismo debe ser: (i) inminente o próximo a
suceder; (ii) grave; (iii) requerir medidas urgentes para superar el daño o la
inminencia del perjuicio; y finalmente, (iv) estas medidas de protección deben
ser impostergables para evitar la consumación del daño.
Procedencia de la tutela en el caso
concreto
(i) La accionante y su abuela son personas frente a las cuales el
análisis de procedibilidad debe realizarse en forma más flexible. En el caso de
Mónica Carolina Guerrero López se trata de una mujer que afirma no tener
recursos y encontrarse actualmente desempleada; a pesar de esta situación debe
procurar su existencia y la de su abuela Celmira Gutiérrez Vda. de López con la
que vive. Esta última, tiene 79 años de edad y padece quebrantos de salud
debido al tumor maligno de piel que le fue diagnosticado[62]. En medio de estas condiciones de
precariedad la actora realizó un enorme esfuerzo para adquirir una vivienda
digna a través de un crédito que tramitó en la Cooperativa Coomuldesa[63]; sin
embargo, no ha podido habitar la vivienda por la falta del servicio de energía
eléctrica. Además, manifiesta que paga un arriendo de trescientos mil pesos
($300.000) en el lugar en el que actualmente vive con su abuela, pero que le es
imposible continuar sufragando este gasto por su situación de insolvencia
económica. Las circunstancias particulares que este caso plantea hacen prever
un estado de debilidad manifiesta de la
accionante, que se materializa en una inminente afectación a su mínimo vital
por carencia de recursos económicos para subsistir dignamente. Asimismo se
evidencia la necesidad urgente de brindar protección constitucional a la señora
Celmira Gutiérrez Vda. de López, una mujer de la tercera edad, con una enfermedad que requiere
cuidados y atenciones especiales, pero sobre todo un lugar adecuado para
alojarse.
(ii) Una condición imprescindible para el goce pleno del derecho a la
vivienda digna es que exista una adecuada infraestructura de servicios públicos[64], que
atienda los requerimientos más elementales de la existencia. Uno de estos
servicios es el de energía eléctrica con el cual las personas satisfacen muchas
de sus necesidades cotidianas como son: conservar alimentos, tener una adecuada
iluminación, asegurar condiciones de higiene y aseo, entre otros. La Corte ha
recalcado que las dificultades en el acceso al fluido eléctrico tiene
consecuencias “en la agudización de la pobreza
extrema y pone a la ciudadanía en condiciones de especial vulnerabilidad”[65]. De acuerdo con lo anterior, en el caso bajo examen se advierte que
la falta de suministro del servicio de energía eléctrica en la casa de la
accionante situada en la Urbanización Villas de Monchuelo del municipio de San
Gil, por causas no imputables a ella, refuerza su condición de vulnerabilidad.
La situación descrita es reprochable pues la actora efectuó un esfuerzo
económico significativo en atención a su capacidad económica, y sin embargo, se
le ha impedido acceder a una vivienda en condiciones de dignidad por los
presuntos errores de las accionadas.
(iii) El juez constitucional tiene el deber de materializar el goce
efectivo de los derechos cuando existan personas en condiciones de desigualdad
material. La presencia de un sujeto de especial protección constitucional como
es el caso de la abuela de la accionante Celmira Gutiérrez Vda. de López, o
incluso la inminente afectación del mínimo vital de la actora, impone al juez
constitucional el deber de escoger la acción de tutela como mecanismo para
salvaguardar sus derechos fundamentales. No se trata por tanto de una facultad
discrecional o facultativa del juez constitucional, sino de un compromiso que
emana  de la cláusula de Estado Social de Derecho y que le demanda dar un
tratamiento preferencial a quien esté en condiciones de debilidad manifiesta
para que pueda acceder a mecanismos judiciales de protección de derechos y
gozar de igualdad material.
(iv) La accionante cuenta, en principio, con otro mecanismo judicial
eficaz para salvaguardar la amenaza que se cierne sobre su derecho a gozar de
una vivienda digna, afectado por la ausencia del servicio público de energía
eléctrica. Este mecanismo para garantizar el acceso al servicio en mención es
la acción popular[66].
Sin embargo, esta Corporación ha señalado que en casos
excepcionales la acción de tutela puede servir para la protección de derechos e
interés colectivos “cuando el juez observe que la eventual vulneración de
estos derechos puede implicar, en conexidad, la violación de derechos
fundamentales individuales o de un colectivo”[67],[68]. Por
ejemplo, en sentencia T-081 de 2013, se determinó la procedencia de la tutela
como recurso principal para proteger derechos de carácter colectivo
a el goce del espacio público, el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente
amparados por la acción popular, dada su conexidad con la vulneración de los
derechos fundamentales a la vida e integridad personal. Así, en aquella
decisión se ordenó la realización de una obra pública, que pese a beneficiar no
solo a la parte actora, se justificaba en virtud de la evidente vulneración de
sus derechos fundamentales[69].
En igual sentido, la sentencia T-197
de 2014 indicó que las subreglas desarrolladas por la jurisprudencia de
la Corte Constitucional, son claras al establecer las dos circunstancias en las
cuales procede la acción de tutela para proteger derechos fundamentales cuya
afectación se derive de la violación de derechos colectivos: “(i) cuando la
tutela actúe como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable,
y (ii) Cuando la amenaza o vulneración de un derecho colectivo, produce la
afectación directa de un derecho fundamental.”[70]
En el presente
caso, pese a la existencia de otro medio de defensa judicial, la tutela resulta
procedente como mecanismo transitorio en aras de evitar la consumación de un
perjuicio irremediable. Así, tal y como se ha reiterado, las circunstancias que
actualmente asedian a la accionante como lo son: la condición de desempleo que
enfrenta, las deudas que adquirió para construir la vivienda en la urbanización
Villas del Monchuelo (inhabitable por falta de fluido eléctrico), la
imposibilidad que tiene de continuar pagando el arriendo donde reside y la
necesidad de mantener a su abuela de 79 años que sufre cáncer de piel; son razones
evidentes para demostrar la debilidad manifiesta y vulnerabilidad de la actora.
La amenaza a su mínimo vital es latente y por tanto, la Sala estudiara de fondo
el amparo invocado.
3.5 Asimismo, la Sala de Revisión
concluye que si bien la accionante y su abuela
no residen actualmente en la casa que adquirieron en el proyecto de vivienda de
interés social Villas del Monchuelo, afectada por la ausencia del servicio de
energía eléctrica, tal circunstancia no puede convertirse en obstáculo para
denegar la procedencia de la acción de tutela. En el presente caso confluyen
realidades económicas y sociales adversas para Mónica Carolina Guerrero López
que hacen procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio,
previo análisis de fondo de las acciones y omisiones tanto del ente territorial
(municipio de San Gil), la empresa de energía (Electrificadora de Santander S.A
E.S.P) y la asociación de vivienda Asoprosander, pues las mismas están
repercutiendo negativamente en las condiciones de vida de la accionante.
4. El
servicio de energía eléctrica como condición del derecho a la vivienda digna
4.1
Según el artículo 51 de la Constitución Política todos los colombianos tienen
derecho a una vivienda digna. Por tanto, es responsabilidad del Estado
establecer las condiciones para la efectividad del derecho y, en esa medida,
debe promover planes de vivienda de interés social y una política pública
dirigida a la creación de formas asociativas de ejecución de programas para
el efecto y de sistemas de financiación a largo plazo adecuados para permitir
la materialización de este derecho.
4.2 A partir de la sentencia C-936 de 2003[71], la Corte
reconoce que el artículo 51 de la Carta Política si bien establece la existencia del derecho a
la vivienda digna y fija algunos deberes estatales en relación con este, no
comprende los elementos que permitieran caracterizar de forma completa su
contenido[72]. Por tal
razón, la Corte en la precitada decisión de constitucionalidad recurre al
artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y
Culturales, precepto a partir del cual reconoce el derecho a una vivienda
adecuada, cuyo contenido a su vez ha sido desarrollado por la Observación
General 4 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Este último
instrumento internacional se ha convertido en un referente interpretativo para
dilucidar el contenido del derecho a la vivienda digna, pues describe siete
condiciones que configuran el derecho a la vivienda adecuada, a saber: a)
seguridad jurídica de la tenencia; b) disponibilidad de servicios, materiales,
facilidades e infraestructura; c) gastos soportables; d) habitabilidad; e)
asequibilidad; f) lugar y g) adecuación cultural.[73]
4.3 Conforme a lo expuesto, se comprende que el contenido y entendimiento del
derecho a la vivienda digna no se agota únicamente con la posibilidad de adquirir un inmueble de
habitación, sino que es necesario que se trate de un lugar adecuado para que
las personas y sus familias puedan desarrollarse en condiciones de dignidad.
4.4 En relación con la disponibilidad de servicios e
infraestructura se ha explicado en la precitada observación del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que la misma se refiere a elementos
que son indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la
nutrición. “Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada
deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua
potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a
instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de
eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia”.[74]
4.5 Igualmente, al referirse a la
condición de habitabilidad que integra el contenido del derecho a la vivienda
adecuada, el mencionado Comité en la Observación General 4°
manifestó: “d) Habitabilidad. Una vivienda adecuada debe ser
habitable, en sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de
protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras
amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad.
Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes.”
4.6 Con base en
estas consideraciones, una vivienda será adecuada cuando garantice el acceso al
servicio de energía eléctrica y el mismo se preste en condiciones de seguridad
para las personas que allí moren.
4.7 La Corte ha
resaltado la importancia de garantizar este servicio en el lugar donde las
personas viven, pues la situación de pobreza energética materializada en no
contar con el suministro de energía eléctrica damnifica, especialmente, a
poblaciones vulnerables. Es extensa la jurisprudencia de esta Corporación que
reconoce la importancia de contar con el acceso a este servicio en la vivienda,
especialmente, (i) en aquellos casos en los cuales quienes no pueden
acceder al servicio son personas en condición de debilidad manifiesta; y (ii)
cuando la falta del abastecimiento de energía eléctrica repercute en el disfrute de otros derechos
fundamentales como la vida, la salud, y la integridad personal.
4.8 Por ejemplo, en
la sentencia T-408 de 2008[75], la Corte
estudió el caso de una mujer que presentó acción de tutela con el fin de que le
fueran amparados sus derechos fundamentales, presuntamente, transgredidos por
las Empresas Públicas de Medellín al negarse a instalar el servicio público de
energía eléctrica en su vivienda, con base en que ésta se encontraba ubicada en
una zona de alto riesgo. Si bien en la decisión se declaró la carencia actual
del objeto porque en el trámite del amparo le fue instalado el servicio de
energía a la vivienda, la Sala previno a la entidad territorial para que
reubicara a la accionante en un lugar en el que pudiera tener una vivienda
digna y donde le prestaran en forma efectiva el servicio público domiciliario de
energía.
4.9 En sentencia T-281 de 2012[76],
una accionante solicitaba la protección de sus derechos fundamentales a la
igualdad y acceso a los servicios públicos domiciliarios contemplados en los
artículos 13 y 365 de la Constitución Política, por la negativa de una empresa
de energía eléctrica en conectarle el servicio a su vivienda. Según la compañía
de servicios públicos accionada, el motivo para negar el servicio era, entre
otras cosas, que el inmueble que pretendía la instalación tenía “una caja de
circuitos vieja que debía ser cambiada por una nueva”. Dentro de las
consideraciones realizadas por la Sala de Revisión para conceder el amparo se
reprochó el proceder de la empresa de energía al mantener por más de un año sin
el servicio de energía a una persona de escasos recursos y  que con mucho
esfuerzo contrató los servicios de un técnico avalado por el Ministerio de
Minas para adecuar su vivienda a los requerimientos exigidos por la
empresa. Añadió la Sala que la exclusión de los servicios públicos a
ciertas personas que se encuentran en estado de pobreza y  precariedad es
contrario al artículo 13 de la Carta.
4.10 Una situación similar se decidió en la sentencia T-793 de
2012[77], que
conminó a una empresa de servicios públicos domiciliarios para que se
abstuviera de suspender el servicio de energía eléctrica por falta de pago, en
una vivienda habitada por sujetos de especial protección. En aquella decisión,
un grupo de personas consideraba que una empresa de servicios públicos
domiciliarios había violado sus derechos al suspender el servicio de energía
eléctrica, pese a la mora en el pago de las facturas del servicio. En el
trámite del amparo se constató que en algunas de las viviendas de los
accionantes habitaban menores de edad, personas de la tercera edad y una
persona en condición de discapacidad. Luego del análisis del caso por parte de
la Sala de Revisión, esta determinó que la suspensión del servicio público no
podía tener lugar, pese al incumplimiento reiterado en el pago del servicio, sí
implicaba “el desconocimiento de derechos constitucionales de sujetos
especialmente protegidos”.
4.11 Recientemente en sentencia T-761 de 2015[78], se amparó el derecho al agua potable
y energía eléctrica de una adulta mayor y su familia por su conexidad con la
vida en condiciones dignas. En la decisión se afirmó que sería “incoherente”
tutelar el derecho fundamental al agua y no proteger el acceso a la
energía eléctrica, cuando los dos son necesarios en actividades como la
conservación y cocción adecuada de los alimentos, el aseo, la vigilancia, la
educación o el entretenimiento de quienes habitan una vivienda.
4.12 Ahora bien, en
otros casos analizados por la Corte también se han examinado las dificultades y
peligros que surgen cuando una vivienda sin dificultades en el suministro de
energía eléctrica se encuentra junto a postes de energía o líneas de alta
tensión, cuya exposición puede generar riesgos en la vida, la salud y la
seguridad de las personas.
4.13 Tal es el caso
de la sentencia T-634 de 2005[79], que
resuelve la acción de tutela interpuesta por una mujer cuyos hijos estaban
siendo expuestos a un riesgo en su seguridad personal por parte de una empresa
de energía que se negaba a trasladar un poste de luz contiguo al balcón del
segundo piso de su residencia. Dentro de los aspectos fácticos relevantes se
encuentra que el segundo piso de la vivienda de la accionante fue construido
luego de instalados los postes de luz y presuntamente sin la correspondiente
licencia urbanística expedida por la autoridad de planeación. La Corte
siguiendo la línea jurisprudencial trazada en la sentencia T -719 de 2003[80], amparó
el derecho a la seguridad personal de los menores y ordenó a la compañía
electrificadora realizar una evaluación de riesgo que incluyera como mínimo: “(i)
Número de menores de edad que habitan en el mencionado domicilio, edad, y si
alguno de ellos tiene alguna condición especial que haya de tenerse en cuenta.
(ii) Posibilidades reales de que los cables en cuestión sean manipulados hasta
el punto en el cual queden al descubierto las líneas de transporte eléctrico.
(…) (iii) Probabilidad de que el eventual deterioro de la protección de los
cables eléctricos cause un daño a la integridad física de los menores. (iv)
Implicaciones de la proximidad del poste de energía aunada a la humedad que afecta
a la construcción de la accionante.”
4.14 Un caso similar fue abordado en
la sentencia T-824 de 2007[81] donde una
mujer pedía el amparo de sus garantías fundamentales a la integridad física y a
la propiedad, porque dos torres de distribución de
energía de la línea Aranzazu-Neira ocupaban una franja de terreno de su
propiedad, de manera que el terreno no podía ser utilizado para labores
agrícolas y sus moradores vivían en constante zozobra por las tormentas
eléctricas que sucedían en el lugar. La compañía hidroeléctrica sustentó que la
servidumbre de distribución gravaba el inmueble hace más de 40 años y que
cumplía con la normatividad sobre ubicación de torres de energía prescrita por
el Ministerio de Minas y Energía. Por lo tanto, ordenó a la compañía de energía
evaluar los riesgos y elaborar un plan de contingencia con el fin de minimizar
los peligros que se derivan de la exposición a las torres de distribución de
energía de la línea Aranzazu-Neira, disponiendo la construcción de barreras
físicas permanentes, de ser ello necesario, previa la negociación con los
titulares de derechos sobre el inmueble o la constitución y ampliación de la
servidumbre, de ser ello preciso.
4.15 En los mismos
términos la Corte decidió la sentencia T-122 de 2015[82], cuyo problema jurídico giraba en
torno a determinar si una empresa de energía eléctrica vulneraba el derecho a
la vida y la seguridad personal de una mujer al negarse a cambiar el poste de
energía  ubicado cerca de su residencia, a pesar de que el mismo se encontraba
en mal estado. La conclusión a la que llegó la Sala de Revisión en este caso,
es que existía una amenaza presente que lesionaba bienes jurídicos como son la
vida y la integridad personal de la accionante y su familia. Además, era un
riesgo que “no se ajusta a las cargas normales que los asociados deban asumir”.
4.16 En síntesis, de
la jurisprudencia constitucional mencionada puede inferirse que (i) el
acceso al servicio público de energía eléctrica en condiciones de seguridad es
una exigencia necesaria para el goce efectivo del derecho a la vivienda digna; (ii)
cuando la cercanía de una vivienda con postes de energía o líneas de alta
tensión genere riesgos en la vida, la salud o la seguridad de las personas que
allí vivan, las empresas responsables de esta infraestructura eléctrica tienen
el deber de evaluar el riesgo y adoptar las medidas necesarias y pertinentes
para minimizar el peligro.
5. Caso concreto
5.1 Luego
de valorar el material probatorio obrante en el expediente, puede precisarse
que: (i) inicialmente existió un problema relacionado con el corredor de
servidumbre de la línea de transmisión de las cuerdas de alta tensión
eléctrica, por cuanto según aduce la electrificadora, en la urbanización Villas
de Mochuelo, no se dejaron los espacios necesarios para garantizar la seguridad
de los habitantes, por lo cual la Electrificadora de Santander dejó de prestar
el servicio eléctrico a toda la urbanización; (ii) sin embargo, la
propia compañía electrificadora determinó, a través del Comité de Gerencia,
aprobar la modificación de la disposición de la línea de su propiedad y pasarla
horizontalmente, con el fin de garantizar el cumplimiento de las distancias de
seguridad previstas en el reglamento técnico de instalaciones eléctricas –
RETIE, siempre y cuando se asuma por parte del municipio los costos  relativos
a mano de obra, materiales y demanda no atendida[83].
5.2
El municipio no ha atendido la solución planteada por la Electrificadora de
Santander, la cual requiere de su apoyo y soporte para dar solución definitiva
a la carencia del servicio de energía eléctrica en la urbanización.
5.3
La asociación de vivienda menciona que: (i) obtuvo la licencia urbanística
para el proyecto, previo el lleno de los requisitos legales; (ii) la
electrificadora le certificó que tenía capacidad instalada para proveer los
servicios públicos en el predio donde se desarrollaría el proyecto; (iii)
no se le informó previamente a la asociación sobre la servidumbre relativa al
corredor de los cables de alta tensión; y (iv) han solicitado a la
electrificadora que les facilite los documentos de constitución de la
servidumbre, sin obtener respuesta.
Pasa entonces la Sala a darle solución al caso, analizando cada uno de los deberes y de
las actuaciones desplegadas por las entidades vinculadas.
En relación con el
Municipio de San Gil.
5.4 El artículo 365 de la Carta Política
consagra como deber del Estado asegurar la prestación eficiente de los
servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional. Asimismo,
dispone que independientemente de que dichos servicios sean prestados directa o
indirectamente por el Estado (a través de comunidades organizadas o por particulares),
este tiene el deber de mantener la regulación, el control y la vigilancia de
los mismos. En igual sentido, el artículo 311 de la Constitución puntualiza que
le corresponde al municipio como entidad fundamental de la división
político-administrativa del Estado, prestar los servicios públicos que
determine la ley.
Esta Corporación ha sostenido que los servicios públicos
domiciliarios  se prestan a través del sistema de redes físicas con puntos
terminales en las viviendas o sitios de trabajo de los usuarios y cumplen la
finalidad específica de satisfacer las necesidades esenciales de las personas,
siendo necesario que los mismos se presten en condiciones de eficiencia y
calidad, regularidad y continuidad, solidaridad y universalidad[84].
A nivel legal, la Ley 142 de 1994[85] regula las condiciones,
competencias y responsabilidades en relación con la prestación de los servicios
públicos domiciliarios,  indicando como responsables de dicha prestación (i) al
Estado y a los municipios, (ii) a las empresas prestadoras de los servicios
públicos y (iii) a los urbanizadores.
En tal sentido, en el artículo 5º de la Ley 142 de 1994 se
establece la responsabilidad de los municipios de asegurar la prestación de los
servicios públicos domiciliarios, entre ellos la energía eléctrica de manera
eficiente, ya sea mediante empresas de servicios públicos de carácter oficial,
privado o mixto[86].
De acuerdo con los mandatos
constitucionales y legales mencionados, (i) el municipio de San Gil
tiene el deber de proporcionar el servicio de energía eléctrica para satisfacer
las necesidades básicas de la accionante y los residentes de la urbanización,
quienes son familias de estratos 1 y 2, que adquirieron de lotes en un proyecto
de vivienda de interés social con licencia expedida por la Secretaría de
Planeación del Municipio de San Gil, buscando tener un lugar en el cual
habitar; y (ii) la
ausencia de un plan que permita satisfacer aunque sea progresivamente el
suministro de energía eléctrica a la urbanización Villas de Monchuelo, se erige
como una barrera para acceder al derecho a la vivienda digna.
En la respuesta que la Secretaría de Planeación dio a la
tutela señaló: (i) la Electrificadora de Santander omitió constituir la
servidumbre para el paso de la infraestructura eléctrica (ii) el
urbanizador no se había ajustado a lo autorizado en la licencia urbanística;
pese a esto, la misma dependencia de Planeación municipal sostiene que no adelantó ningún procedimiento administrativo sancionatorio
con relación a los aprovechamientos urbanísticos que se estaban realizando en
Villas de Monchuelo[87]. El argumento principal con el que defiende su omisión, es la
presunta necesidad de “preservar los derechos fundamentales de la accionante
y quienes se encontraban en la misma situación”[88].
5.5 Sin embargo, la electrificadora
propuso una solución que consiste en que se modifique la disposición de la línea
de su propiedad, para pasarles horizontalmente, con el fin de garantizarles a
los habitantes del lugar distancias que cumplan con los canales de seguridad,
para lo cual requirió de la concurrencia del municipio para asumir algunos
costos en mano de obra y materiales, pero tal propuesta no ha tenido acogida.
Conforme a lo expuesto, la Sala de
Revisión considera que:
(i) De
acuerdo con la Ley 388 de 1997[89]
y el Decreto 1469 de 2010[90],
corresponde al Alcalde o su delegado, ejercer las funciones de control urbano a
fin de vigilar y sancionar aquellas intervenciones y desarrollos urbanos que se
ejecuten contraviniendo el ordenamiento jurídico. En cumplimiento de esta
competencia legal deben realizarse inspecciones periódicas durante y después de
la ejecución de las obras. En caso de advertirse infracciones urbanísticas
estas autoridades tienen la responsabilidad de iniciar procesos administrativos
sancionatorios y, si es el caso, imponer las sanciones correspondientes (multa,
sellamiento, demolición, entre otras).
El
control urbano deriva del poder que tiene el municipio de intervenir en la
ordenación del territorio, con la finalidad de propender por el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y garantizar el uso
equitativo y racional del suelo. Implica un deber y una obligación de
trascendencia social, en cabeza de quienes tienen la representación
legal de las entidades territoriales locales y a la cual no se puede renunciar
caprichosa ni selectivamente.
Por
otra parte, las entidades territoriales tienen un rol fundamental a través del
control urbano para garantizar que el diseño y ejecución de la política pública
de vivienda logre cumplir su cometido de proveer condiciones habitacionales
dignas en las cuales las personas puedan vivir.
Los
acelerados procesos de migración urbana y de crecimiento demográfico en las
ciudades hacen que la vivienda sea hoy fuente de riqueza pero también de
inequidad, pues la población de menores ingresos ha quedado expuesta a la
escasez de suelo urbano[91]
y a sus elevados costos. Al mismo tiempo, los problemas actuales de la vivienda
no son únicamente la insuficiente cantidad, sino las circunstancias en las que
se encuentran muchas de estas en relación con el acceso a servicios públicos,
espacio y materiales de construcción[92].
Por tanto, generar espacios habitacionales que redunden en la calidad de vida
de los ciudadanos es hoy una responsabilidad compartida entre los actores
públicos y privados que interactúan y que deben tomar acciones adecuadas para
que el goce efectivo del derecho a la vivienda digna no se vea postergado.
Los
municipios para lograr ese propósito deben ejercer con eficacia y eficiencia el
deber de control, ya que cuenta con las herramientas necesarias para exigirle a
los constructores y urbanizadores cumplir con las cargas urbanísticas impuestas
por el orden jurídico. Cuando las entidades territoriales son permisivas frente
a desarrollos urbanos realizados sin acatamiento estricto a la normatividad
urbanística, están desconociendo el enorme esfuerzo económico y el costo social
que subyace en la actividad constructora de vivienda. Esta inacción genera gran
impacto en la implementación de las políticas públicas habitacionales,
especialmente cuando sus beneficiarios son personas que al no contar con
suficiente capacidad adquisitiva adquieren lotes que se les ofrecen a bajos
costos.
En el
caso sub judice, no obra evidencia en el expediente de que el municipio
de San Gil hubiese ejercicio control sobre la actuación del urbanizador.
(ii) La
Corte Constitucional a través de sus distintas Salas de Revisión, ha delimitado
el ejercicio de la potestad sancionatoria urbanística de las entidades
territoriales, a fin de que la función de control urbano que a estas les
compete se realice respetando los derechos fundamentales reconocidos en la
Carta Política.
De
esta forma, ha sostenido que en procesos administrativos por infracción
urbanística es deber de las autoridades atender con un enfoque diferencial
sensible a aquella población que se encuentre en especial situación de
indefensión, contemplando incluso alternativas de solución diferentes a la
sanción urbanística[93].
También ha
señalado que el principio de proporcionalidad y razonabilidad son un límite
general para el ejercicio de toda función administrativa sancionatoria, por lo
que la administración debe consultar la capacidad económica del administrado
para evitar medidas desproporcionadas o irrazonables que afecten su mínimo
vital[94].
Se ha instado a
las autoridades encargadas de imponer sanciones urbanísticas, para que las
mismas no se apliquen en forma automática e irreflexiva y pasando por alto la
especial protección que requieren los sujetos en condiciones de debilidad
manifiesta, sobre quienes el Estado debe observar una conducta garantista y
fomentar acciones afirmativas para su protección.[95]
El principio de confianza legítima también ha
sido un criterio utilizado por esta Corporación para limitar la potestad de
imponer sanciones en materia urbanística, en los casos en que las autoridades
consienten o toleran el desarrollo de construcciones sin realizar ningún
cuestionamiento durante el tiempo en el que estas se consolidan. Así, ha dicho
que se desconoce este principio cuando se cambia abruptamente la situación
jurídica de quien construye con la convicción de que su actuar es legal y luego
de que ha culminado su edificación es sorprendido con una sanción
desproporcionada como sucede cuando se ordena la demolición de la obra.[96]
5.6
Una aplicación adecuada del régimen sancionatorio urbanístico por parte de las
autoridades administrativas, debe integrar la interpretación garantista
construida por la jurisprudencia constitucional, con la cual se refuerza el
carácter preventivo de la potestad sancionatoria y la observancia de los
principios de proporcionalidad, razonabilidad, confianza legítima, entre
otros.
En relación con la
Empresa Electrificadora de Santander S.A E.S.P
5.7 Si bien es
cierto, la electrificadora señaló que la asociación no había respetado la
servidumbre correspondiente al corredor de los cables de alta tensión, en tal
forma que permitieran darle seguridad a los habitantes, también lo es, que el
municipio afirma que la electrificadora omitió constituir la servidumbre para el paso de la infraestructura
eléctrica.
5.8
Los motivos por los cuales la empresa Electrificadora de Santander no ha
logrado ofrecer el servicio público domiciliario en cuestión, se resumen así: (i)
un desacuerdo administrativo en torno a la forma en que deben
asumirse los costos financieros para acceder al servicio energético; (ii)
la
urbanización Villas de Monchuelo no respetó el corredor de seguridad de la línea
de alta tensión LN 306 Piedecuesta – San Gil de transmisión de energía a 115kv,
incumpliendo así el  Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE - (Resolución
No. 90708 del 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energía) que
prohíbe el otorgamiento de licencias o permisos de construcción en las zonas de
servidumbre de energía eléctrica.
5.9
La Electrificadora de Santander desde el momento en que la asociación de
vivienda Asoprosander estaba realizando las actividades previas tendientes al
trámite de la licencia urbanística, otorgó disponibilidad para el servicio de
energía eléctrica al proyecto de vivienda de interés social Villas de
Monchuelo, condicionándola al cumplimiento del Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas – RETIE -. Además, prestó inicialmente el servicio
provisional para algunas viviendas construidas desde un transformador próximo a
la urbanización e intentó tramitar un convenio para la construcción de activos
que finalmente no se aprobó por el escaso número de viviendas a atender, de
donde se infiere que la empresa de energía no ha sido ajena al desarrollo del
proyecto de vivienda de interés social conocido como Villas de Monchuelo. La
empresa interrumpió el servicio eléctrico y mediante comunicación ESSA-27317
BGA del 3 de octubre de 2014, le informó al Alcalde de San Gil que no se habían
respetado las distancias relativas al corredor de seguridad de la línea de alta
tensión.
Sin
embargo, no existe evidencia en el expediente de tutela que acredite que la
empresa electrificadora realizó gestiones o acciones dirigidas a proteger la
servidumbre o a advertir a la asociación de vivienda que desarrollaba el
proyecto, sobre la invasión de la zona de seguridad, como lo prevé y exige el Reglamento
Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE - (Resolución No. 90708 del 30 de
agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energía)[97].
La
amenaza al goce de una vivienda en condiciones dignas, por no suministrarse
energía eléctrica, es una afectación que la accionante ha tenido que soportar
desde que construyó su casa en la urbanización Villas de Monchuelo, la cual no
ha podido habitar por esta circunstancia. En igual sentido, quienes ya residen
en la urbanización (cuya construcción inició en el año 2012), han visto
vulnerado su derecho a una vivienda digna, por estar privados de este servicio
vital. Estos hechos están plenamente acreditados con lo afirmado por la
accionante y la petición conjunta que elevan los habitantes de la urbanización,
a la oficina jurídica del municipio el 26 de marzo de 2015[98]
y que se adjuntó a la tutela, incluso ha sido aceptada por la Electrificadora
de Santander en su contestación. Es decir, han transcurrido casi 4 años sin que
se adopten decisiones estructurales para superar una problemática que con el
paso del tiempo en vez de solucionarse se profundiza. Lejos de implementar
medidas concretas o concertar alianzas para habilitar el servicio de energía
eléctrica en condiciones de seguridad a la urbanización Villas de Monchuelo, el
Municipio de San Gil, la Electrificadora de Santander así como las demás
entidades involucradas, defienden cada una de sus actuaciones, sin llegar a un
acuerdo sobre la solución.
Se
reitera que en este caso, las familias adquirieron de buena fe lotes en la
urbanización y luego procedieron a construir sus viviendas, procurando tramitar
un “convenio para la construcción de activos”[99]
entre la asociación de vivienda y la empresa electrificadora pero no se aprobó
por ser insuficientes las viviendas en relación al consumo de energía. En
octubre del año 2014 la compañía electrificadora recomendó inicialmente al
municipio de San Gil la demolición de los predios de la urbanización que
invadían la franja de aislamiento  de servidumbre de la línea de alta tensión[100].
Sin embargo, en junio del año 2015 la propia Electrificadora de Santander buscando
una alternativa técnica que solucionara en forma definitiva el problema de
falta de energía eléctrica en todas las viviendas que se han construido en la
urbanización, le propuso al municipio, modificar la disposición de la línea que
es de propiedad de la empresa electrificadora con el fin de cumplir las
distancias de seguridad indicadas en la norma técnica, siempre que la entidad
territorial asumiera parte de los costos de mano de obra, materiales y demanda
no atendida[101].
De esta propuesta que pese a ser tardía es pertinente, se reitera que la
entidad territorial no dio ninguna respuesta.
5.10
Ante el estado de cosas descrito, no se advierte un interés común de las
entidades involucradas, ni un plan que fije acciones conjuntas para poner fin a
las dificultades que existen en la provisión del servicio de energía eléctrica.
En relación con la
asociación de vivienda Asoprosander
5.11 La asociación
de vivienda Asoprosander, tramitó la licencia de urbanismo y
construcción No. 2004 del 24 de septiembre de 2012, expedida por la Secretaría
de Planeación municipal de San Gil, cuyo objeto era realizar urbanismo de 188
lotes y construcción de 188 viviendas en Villas de Monchuelo.[102]
5.12 Con respecto a
la actuación de esta asociación, el municipio afirma que no se ajustó a lo
autorizado en la licencia urbanística la cual exigía que  “para
no invadir el corredor de la línea de alta tensión, la calle 30 con carreras 5
y 6 de la Urbanización del Monchuelo [debe tener] 15 metros, incluidos
dos andenes de 1,50 cada uno, dos carriles de 5 metros de ancho cada uno, y un
separador de 2 metros de acho.[103]
(…)”. Agregó que el urbanizador, en este caso la asociación de
vivienda Asoprosander, invadió el corredor de la línea de alta tensión de 115kv
Piedecuesta – San Gil, “violando los planos aprobados por la Secretaría de
Planeación Municipal de San Gil para el proyecto denominado Urbanización Villas
de Monchuelo[104].”
Agrega
que se condicionó al titular de la licencia urbanística (asociación de vivienda
Asoprosander) a que respecto a la línea de alta tensión se dejara una vía
(andenes incluidos) de 15 metros de ancho, “(…) para evitar invadir el
corredor de servidumbre de energía respetando las distancias establecidas en el
REGLAMENTO TECNICO  DE  INSTALACIONES ELECTRICAS – RETIE[105]-.”
No obstante, pese a que la Secretaría de Planeación impuso esta carga
urbanística el urbanizador no cumplió con la misma, pero el municipio no llevó
a cabo ningún procedimiento tendiente a procurar que la asociación atendiera
este deber y permitió que se continuarán vendiendo terrenos a compradores de
buena fe.
La
Electrificadora de Santander pidió a su vez, inicialmente al municipio la
demolición de algunas viviendas que ocupaban la zona
de servidumbre y seguridad del corredor de línea de alta tensión[106],
luego aportó la solución al problema de desabastecimiento de energía eléctrica
proponiendo modificar la línea de propiedad de la electrificadora y pasarla horizontalmente,
con el fin de garantizar el cumplimiento de las distancias de seguridad
previstas en el RETIE. Lo anterior, con el fin de que las familias que de buena
fe adquirieron lotes en esta urbanización y luego construyeron sus viviendas
puedan acceder al servicio eléctrico, siempre y cuando el ente territorial
asuma los costos relativos a mano de obra, materiales y demanda no atendida[107].
5.13 Se concluye,
que la asociación de vivienda Asoprosander no se ajustó a lo autorizado en la
licencia urbanística, generando con ello la invasión de la servidumbre para el
paso de la infraestructura eléctrica e impidiendo la prestación del servicio de
energía eléctrica en la urbanización Villas de Monchuelo, que esta asociación
de vivienda promovió y ejecutó. Por tanto, deberá asumir en forma solidaria con
las demás entidades involucradas, los costos que genere la
provisión del suministro de energía eléctrica en la mencionada urbanización, de
acuerdo con la solución técnica que se adopte.
6. Los efectos inter
comunis de esta providencia
6.1 De conformidad con el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991[108],
“las sentencias en que se revise una decisión de tutela solo surtirán efectos
en el caso concreto”. No obstante, en algunas ocasiones la Corte
Constitucional ha extendido los efectos de sus decisiones a personas que a
pesar de no haber acudido a la acción de tutela en calidad de accionantes, se
encuentran en las mismas condiciones de éstos, es decir, les ha otorgado un
efecto inter comunis[109].
6.2
Con el fin de garantizar el derecho a la igualdad entre las personas a las que
se les conculcan sus derechos fundamentales y acuden a la acción de tutela y
aquellas que a pesar de encontrarse en la misma situación no tienen la calidad
de accionantes, es preciso que la decisión del juez de tutela sea uniforme y
tenga los mismos efectos para unos y otros. Para dictar fallos con efectos inter
comunis deben observarse los siguientes requisitos:“(i) que la
protección de los derechos fundamentales de los peticionarios atente o amenace
con atentar contra los derechos fundamentales de los no tutelantes; (ii) que
quienes no acudieron a la acción de tutela y los accionantes se encuentren en
condiciones objetivas similares; y (iii) que con la adopción de este tipo de
fallo se cumplan fines constitucionales relevantes tales como el goce efectivo
de los derechos de la comunidad y el acceso a la tutela judicial efectiva”.[110]
6.3 En sentencia T-047
de 2011[111],
la Corte amparó el derecho a la vivienda digna del accionante que interpuso la
tutela, pero además, extendió la protección a otras personas que también habían
perdido sus hogares a causa de la avalancha generada por el desbordamiento de
dos quebradas en una zona rural del municipio de Yumbo (Valle del Cauca). Así,
encontrándose los afectados en igualdad de condiciones, presentando necesidades
comunes y teniendo el mismo derecho a que se adoptarán decisiones idóneas y
necesarias encaminadas a satisfacer sus requerimientos básicos asociados a la
falta de vivienda digna, esta Corporación ordenó conferir efectos inter comunis
a su decisión. Para ello,
ordenó a la entidad territorial la adopción de un plan habitacional, así como
albergues temporales y adecuados, mientras se garantizaba el acceso a viviendas
dignas.
6.4 En el caso
concreto, la Sala advierte que la accionante no es la única persona afectada
con ocasión de la falta de acceso al servicio público de energía eléctrica en
la urbanización Villas de Monchuelo. En efecto, se tiene que:
(i) Se
trata de una comunidad en la que viven personas de estrato 1 y 2, niños, madres
gestantes, adultos mayores que requieren de una atención y protección especial,
tal como se demostró con las declaraciones extrajuicio de algunos de los
residentes de la urbanización Villas de Monchuelo allegadas por la actora[112];
(ii) Quienes
residen en esta urbanización desde el momento en que la misma se empezó a
construir, hace casi 4 años, han presentado ante la Electrificadora de
Santander y ante el propio ente territorial peticiones quejándose por la falta
de abastecimiento del servicio de energía, sin embargo, sus requerimientos no
han sido resueltos[113];
(iii) Se
hace necesario adoptar decisiones que satisfagan el acceso a una vivienda digna
para los habitantes de la urbanización Villas del Mochuelo, pues la omisión en
la prestación del servicio de energía eléctrica en sus casas, no les permite
satisfacer requerimientos cotidianos de trascendencia social para asegurar
bienestar y una existencia con dignidad.
En tal sentido,
se advierte que no tener energía eléctrica en las casas de la urbanización,
afecta actividades habituales para los hogares como la refrigeración, cocción y
preparación de sus alimentos, (el aseo personal y de la casa), la realización
de labores educativas, de esparcimiento e incluso laborales, que requieren del
suministro energético, cuya satisfacción solo es posible utilizando
electrodomésticos y aparatos que permitan el acceso a servicios informáticos.
La imposibilidad
de realizar estas actividades usuales, perjudica  la calidad de vida de los
residentes de la urbanización y amenaza la satisfacción plena de otras garantías
fundamentales como la salud, la educación, entre otras.
(iv) En
último lugar, se debe indicar que la solución frente a la vulneración que sufre
la accionante, implica la adopción de acciones complejas tal y como lo ha
manifestado la Electrificadora de Santander al proponer modificar
la disposición de la línea que es de propiedad de la empresa electrificadora
con el fin de cumplir las distancias mínimas de seguridad, siempre que la
entidad territorial asuma parte de los costos de mano de obra, materiales y
demanda no atendida. Por tanto, esta alternativa técnica que
solucionaría el desabastecimiento del fluido eléctrico en toda la urbanización,
o la que en últimas se adopte, no tendría justificación ni razón de ser, si con
la misma no se suple de una vez la carencia del servicio de energía eléctrica
en las demás viviendas de la urbanización Villas del Monchuelo. Así, el goce
efectivo del derecho a la vivienda en condiciones de dignidad seguirá afectándose
de no adoptarse medidas de protección a favor de los demás residentes de la
urbanización en cuestión.
6.5 Conforme a
lo expuesto, la Sala no sólo protegerá a la actora que acudió directamente a la
tutela, sino a todas las personas y familias que se encuentren viviendo en la
urbanización Villas de Monchuelo, o que han construido sus casas pero no las
han podido habitar por falta del suministro energético. Se trata de una medida
excepcional que responde a la necesidad imperiosa de protegerlos, para que su
situación de vulnerabilidad no se acreciente.
7. Conclusiones
7.1 La asociación de
vivienda Asoprosander vulneró el derecho a la vivienda digna de la accionante, en
la medida que con la ejecución de la urbanización Villas de Monchuelo incumplió
lo autorizado en la licencia urbanística No. 2004 del 24 de septiembre de 2012,
expedida por la Secretaría de Planeación de San Gil.
7.2 El municipio de San Gil es responsable de
asegurar que se preste oportuna y eficientemente el servicio público de energía
eléctrica en su territorio, no obstante que el servicio en mención se facilite
a través de una empresa de servicios públicos domiciliarios. Igualmente, las
entidades territoriales tienen el deber de ejercer su función de control urbano
con el fin de garantizar condiciones habitacionales dignas para las personas.
7.3
La Electrificadora de Santander, al parecer, omitió constituir la servidumbre
para el paso de la infraestructura eléctrica en el predio en el que se está
desarrollando la urbanización, así como su deber de ejercer oportunamente
acciones legales para proteger la invasión a la servidumbre en mención.
8.  Órdenes a impartir en el presente
caso.
8.1 En primer lugar, se ordenará al
municipio de San Gil que en coordinación con la Electrificadora de Santander
S.A E.S.P y la asociación de vivienda Asoprosander, diseñen y financien un plan específico, con el
fin de asegurar el suministro de energía eléctrica en condiciones de seguridad
en la casa de la accionante y en las demás que se hubiesen construido en la
urbanización Villas de Monchuelo, garantizando así el goce efectivo del derecho
a la vivienda digna.
8.2 Tanto el Municipio
de San Gil, la
Electrificadora de Santander y la asociación de vivienda Asoprosander deberán asumir,
en forma solidaria, los costos que genere la provisión del suministro de
energía eléctrica en la urbanización Villas del Monchuelo. Sin
embargo, en caso de considerarlo necesario podrán repetir posteriormente contra
la entidad u organización que tenía el deber de asumir la obra o labor
correspondiente.
8.3 El plan específico que se adopte
deberá prever mecanismos de seguimiento, control y evaluación, que permitan dar
cuenta de su avance y cumplimiento.
8.4 El diseño del plan, encaminado a
superar de manera definitiva la situación de desabastecimiento de energía
eléctrica en la urbanización Villas de Monchuelo de San Gil, deberá realizarse
en un término máximo de tres (3) meses contados a partir de la notificación de
esta sentencia. Una vez diseñado el plan deberá iniciarse el proceso de
ejecución de acuerdo con el cronograma fijado, y en todo caso la implementación
del mismo tendrá que realizarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la
notificación de esta sentencia.
8.5 La Sala ordenará al municipio de
San Gil, a la Electrificadora de Santander y a la asociación de vivienda
Asoprosander,S.A E.S.P que
elaboren informes mensuales, en los que se indiquen, de forma detallada y
específica –con fechas y datos concretos–, las acciones que se hayan adelantado
durante ese lapso para cumplir lo dispuesto en la presente providencia. El
primer informe deberá entregarse al juez de primera instancia dentro del mes
siguiente contado a partir del momento de notificación de la sentencia.
8.6 En cuanto a
la asociación de vivienda Asoprosander, se le ordenará que una vez adoptada la
solución técnica propuesta por la electrificadora, deberá respetar
estrictamente la servidumbre de la línea alta tensión, so pena de que la
entidad territorial inicie un proceso administrativo sancionatorio por
infracción a normas urbanísticas.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de
la Constitución Política;
RESUELVE
Primero.- REVOCAR
la sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado Segundo
Promiscuo de Familia de San Gil, el veintiocho (28) de septiembre de 2015, que
a su vez revocó la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado
Primero Penal Municipal para Adolescentes de San Gil, el veinticuatro (24) de
agosto de 2015, en la cual se protegieron los derechos fundamentales de la
accionante y de su abuela, en el proceso de tutela iniciado por la primera
contra el municipio de San Gil y la Electrificadora de Santander S.A E.S.P; en
su lugar CONCEDER transitoriamente la acción de tutela
interpuesta por Mónica Carolina Guerrero López para la protección de su derecho
fundamental a la vivienda digna, por las razones expuestas en esta providencia.
Segundo.- ORDENAR al municipio de San Gil, a la
Electrificadora de Santander S.A E.S.P y a la asociación de vivienda
Asoprosander, que diseñen un plan
específico, que asegure el suministro de energía eléctrica en condiciones de
seguridad en la casa de la accionante y en virtud del efecto inter comunis
que se le ha dado a esta sentencia deberá procurarse una solución a las demás viviendas
ubicadas en la urbanización Villas de Monchuelo. El plan
específico deberá prever mecanismos de seguimiento, control y evaluación, que
permitan dar cuenta de su avance y cumplimiento.
Parágrafo Primero.-
El
diseño del plan deberá realizarse en un término máximo de tres (3) meses
contados a partir de la notificación de esta sentencia. El proceso de ejecución
e implementación se deberá realizar a más tardar en seis (6) meses
después de la notificación de esta sentencia.
Parágrafo
Segundo.- El Municipio de San
Gil, la
Electrificadora de Santander y la asociación de vivienda Asoprosander deberán asumir,
en forma solidaria, los costos que genere la provisión del suministro de
energía eléctrica en la urbanización Villas del Monchuelo. Sin
embargo, podrán repetir posteriormente, una vez esté garantizado el fluido eléctrico
en la urbanización, contra la entidad u organización que tenía el deber de
asumir la obra o labor correspondiente.
Tercero.- ORDENAR  al municipio de
San Gil, a la Electrificadora de Santander S.A E.S.P y a la asociación de
vivienda Asoprosander que realicen informes mensuales, en los que se indiquen,
de forma detallada y específica  las acciones adelantadas durante ese lapso de
tiempo para cumplir lo dispuesto en la presente providencia. El primer informe
deberá entregarse al juez de primera instancia, dentro del mes siguiente a la
notificación de esta sentencia.
Cuarto.- ORDENAR
a
la Asociación de Promotores para el Desarrollo Integral de las Comunidades de
Santander – Asoprosander, identificada con Nit 900.405.058-0 que
una vez adoptada la solución técnica pertinente, deberá respetar estrictamente
la servidumbre de la línea alta tensión, so pena de que frente a nuevas
invasiones la entidad territorial inicie un proceso administrativo
sancionatorio por infracción a normas urbanísticas.
Quinto.-
REMITIR copia de la presente sentencia a la
Personería municipal de San Gil, y ORDENAR a esta entidad, que a
más tardar dentro del mes siguiente a la notificación de la presente
providencia, interponga acción popular en nombre de los habitantes de la
urbanización Villas del Monchuelo con el fin de que el juez competente resuelva
de fondo la vulneración del derecho colectivo a acceder al servicio público de
energía eléctrica en la mencionada urbanización.
Sexto.- ADVERTIR que las órdenes contenidas en
esta sentencia, tienen vigencia hasta que se decida de fondo la acción popular
que deberá ser impetrada por la Personería municipal de San Gil, en vista del
carácter transitorio que se otorga a la presente providencia.
Séptimo.-
REMITIR copia de la presente sentencia a la
Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, quienes en
ejercicio de sus funciones deberán acompañar el cumplimiento de lo dispuesto en
esta sentencia.
Octavo.- Por Secretaría
General, LÍBRENSE las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y
cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Ausente con permiso
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE
VOTO DEL MAGISTRADO
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
A LA SENTENCIA
T-189/16
SERVICIO
DE ENERGIA ELECTRICA COMO CONDICION DEL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Se
debió incluir en la parte resolutiva la propuesta ofrecida por la
Electrificadora en lugar de dejar al común acuerdo de las partes la búsqueda de
dicha solución (Aclaración de voto)
Aclaro mi voto frente a la sentencia
T-189 de 2016, aprobada por la Sala Primera de Revisión el 18 de abril de 2016
porque, si bien comparto que en este caso debían tutelarse transitoriamente los
derechos fundamentales a la vivienda digna de la accionante y de su abuela, en
la parte resolutiva debió tenerse en cuenta la solución ofrecida por la
Electrificadora de Santander S.A. E.S.P.
1.
Mónica Carolina Guerrero López interpuso acción de
tutela contra el municipio de San Gil, la Electrificadora de Santander S.A.
E.S.P. y la Asociación de Vivienda Asoprosander, considerando que vulneraron el
derecho fundamental a la vivienda digna, tanto de ella como a su abuela Celmira
Gutiérrez Vda. de López, de 79 años de edad (quien padece cáncer de piel), al
negársele la prestación del servicio de energía eléctrica.
2.
Dentro de las pruebas que reposan en el expediente, se
encuentra una solución propuesta por la Electrificadora de Santander a la
alcaldía del municipio de San Gil en los siguiente términos: "el Comité
de Gerencia de ESSA aprobó modificar la disposición de la línea propiedad de la
ESSA y pasarla horizontalmente, con el fin de garantizar el cumplimiento de las
distancias de seguridad previstas en el RETIE, siempre y cuando se asuma por
parte del Municipio los costos relativos a mano de obra, materiales y demanda
no atendida". Según la misma sentencia, con dicha propuesta se "solucionaría
en forma definitiva la problemática de desabastecimiento del fluido eléctrico
en toda la urbanización"[114]
3.
Por su parte, una de las justificaciones que expone la
sentencia para otorgar efectos inter comunis al fallo, se
refiere a que la solución propuesta por la Electrificadora de Santander
serviría no sólo para resolver el caso de la accionante, sino de todos los
habitantes de la urbanización que no cuenta con este servicio público.
4.
La orden principal de la sentencia fue redactada de la
siguiente manera: "ORDENAR al municipio de San Gil, a la
Electrificadora de Santander S.A E.S.P y a la asociación de vivienda
Asoprosander, que diseñen un plan específico, que asegure el suministro de
energía eléctrica en condiciones de seguridad en la casa de la accionante y en
virtud del efecto inter comunis que se le ha dado a esta sentencia deberá
procurarse una solución a las demás viviendas ubicadas en la urbanización
Villas de Monchuelo. El plan específico deberá prever mecanismos de
seguimiento, control y evaluación, que permitan dar cuenta de su avance y
cumplimiento. " El solo diseño de éste plan demoraría 3 meses y 6
meses más para su ejecución.
5. Aclaro mi voto considerando que,
contando con una solución técnicamente adecuada para solucionar el desabastecimiento
de fluido eléctrico de toda la comunidad afectada, propuesta por la entidad con
más pericia en el asunto, y siendo ella una justificación expuesta por la
sentencia para proferir efectos inter comunis al fallo, la Sala
Primera de Revisión debió incluir en la parte resolutiva que, a partir de la
propuesta ofrecida por la Electrificadora de Santander, se debería diseñar el
plan estratégico ordenado.
De haber acogido la propuesta sugerida,
la orden sería más eficaz y eficiente; por un lado, los tiempos de conexión del
servicio público se podrían reducir al establecer desde la misma sentencia la
solución, y por otra parte, considerando que no es lo mismo implementar una
solución técnicamente viable sugerida por la entidad conocedora del asunto (electrificadora),
que dejar al común acuerdo de las partes la búsqueda de dicha solución
(electrificadora, constructora y alcaldía).
Respetuosamente,
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
[1] En Auto del veinticinco (25) de enero de dos mil dieciséis (2016),
la Sala de Selección de Tutelas número uno dispuso la revisión del expediente
de la referencia, el cual fue repartido para su sustanciación.
[2] A folio 6 del cuaderno principal, la accionante aportó copia de su
cédula de ciudadanía. En adelante cuando se mencione un folio se entenderá que
hace parte del cuaderno principal.
[3] De acuerdo con el certificado de existencia y representación legal
visible a folio 191 y expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el
nombre e identificación completa de esta asociación es: “Asociación de
promotores para el desarrollo integral de las comunidades de Santander –
ASOPROSANDER, identificada con Nit 900405058-0:
[4] A folio 19 obra el contrato de promesa de compraventa firmado el
día 5 de mayo de 2014. En ese documento consta que la accionante adquiere un
lote de terreno con un área de 6 metros de frente por 12 metros de fondo, en la
Calle 35 a 5 – 51 lote No. 9, manzana D de la urbanización Villas de Monchuelo.
En la cláusula sexta del mencionado contrato de promesa de compraventa, se
estipula la siguiente forma de pago: “El precio de la venta prometida es la
suma de VEINTITRES MILLONES DE PESOS m/cte ($23.000.000), suma que será
cancelada por el promitente comprador de la siguiente manera: 1. La suma de
cinco millones de pesos M/cte ($5.000.000) en efectivo hoy cinco (5) de junio
(Sic) de 2014 a la firma del presente contrato de venta. 2. El saldo o sea el
valor de dieciocho millones de pesos M/cte (18.000.000) serán cancelados por
parte de la prometiente compradora el día 5 de junio de 2014.”
[5] A folio 17 está la licencia expedida por la Secretaría de
Planeación de San Gil, que se otorga para urbanismo de 188 lotes y construcción
de 188 viviendas de la urbanización Villas de Monchuelo. Dentro de los datos
del titular de la licencia aparece Asoprosander con Nit 900405058-0,
representada legalmente por Luis María López Rueda.
[6] Folio 1.
[7]
De acuerdo con la licencia urbanística otorgada por la entidad
territorial, su objeto era realizar el urbanismo de 188 lotes y construir igual
número de viviendas.
[8] En el escrito de tutela se menciona que los habitantes de la
urbanización elevaron petición el 26 de marzo de 2015 ante la oficina jurídica
de la Alcaldía de San Gil solicitando solución al problema de desabastecimiento
de energía eléctrica, sin que hasta la fecha exista una respuesta de fondo
[9] Folio 7.  En esta comunicación se informa que desde la creación del
barrio hasta la actualidad el servicio de energía eléctrica no se ha prestado
en forma regular. Indican que al indagar con la Electrificadora de Santander
inicialmente expresaron que el servicio de energía eléctrica no se podía
prestar porque no habían transformadores, pero después explicaron que “una
de las cuerdas de energía eléctrica que atraviesa por uno de los costados del
barrio, está pasando muy cerca de dos viviendas que se construyeron a lado y
lado de las mismas,  dicha construcción no respeto los parámetros legales y
técnicos de las distancias mínimas a dicha cuerda”.
[10] Folio 11. En su respuesta Planeación municipal informó que la
petición sería objeto de estudio en el comité municipal de alumbrado público y
que luego se informaría lo pertinente con respecto del trámite a seguir.
[11] A folio 12. En esta comunicación la Electrificadora de Santander
también afirma que se hace necesario contar con el despeje total de la zona de
servidumbre de la línea 115 Kv Piedecuesta - San Gil, dada la situación de
peligro que representa para para las viviendas de la urbanización, por el
riesgo eléctrico que implica su ubicación y por las radiaciones
electromagnéticas existentes en el corredor de la línea. Por tanto, “recomienda
en este caso particular proceder con la respectiva demolición de los predios
advirtiendo que mientras ello sucede cualquier daño o hecho que se derive de
una descarga eléctrica o de la influencia del campo electromagnético es
responsabilidad de la Alcaldía Municipal dado que se encuentra en cabeza de la
Secretaría de Planeación la expedición de licencias o permisos de construcción
que se deben otorgar cumpliendo las distancias mínimas de seguridad establecidas
en la norma especial, que para el caso particular es el REGLAMENTO TECNICO DE
INSTALACIONES ELECTRICAS – RETIE – Resolución No. 90708 del 30 de agosto de
2013 (última versión) (…)”
[12] Reglamento técnico de instalaciones eléctricas – Resolución No.
90708 del 30 de agosto de 2013 expedida por el Ministerio de Minas y Energía.
[13] Folio 12.
[14] Folio 18.
[15] Folio 19.
[16] Folio 20.
[17] Folio 21.
[18] Folio 13-46 del cuaderno de revisión. Estos documentos son: “Declaración
extrajuicio de Mónica Carolina Guerrero López; copia de la cédula de la adulta
mayor Celmira Gutiérrez Vda de López; Sisben de la señora Celmira Gutiérrez Vda
de López; Resumen de historia clínica de ingresos de Celmira Gutiérrez Vda de
López; copia de formula médica para la hipertensión, retención de líquidos de
Celmira Gutiérrez Vda de López; contrato de promesa de compraventa de Mónica
Carolina Guerrero López; impuesto predial del año en curso de la construcción
en la urbanización Villas del Monchuelo; copia de la cédula de ciudadanía de
Mónica Carolina Guerrero López; Sisben de Mónica Carolina Guerrero López;
certificación y comprobante del crédito para la compra del lote en Villas del
Monchuelo de Mónica Carolina Guerrero López; Declaración extrajuicio de
Berenice Meneses Arévalo; impuesto predial de la casa de Berenice Meneses
Arévalo; recibo de agua y de gas demostrando la estratificación de la
urbanización en Villas del Mochuelo; declaración extrajuicio de María Doris
Ángel Espinosa; certificados médicos de la señora María Doris Ángel Espinosa
paciente RTS; declaración extrajuicio de Oscar Eduardo Celis; declaración
extrajuicio de Johana Isabel Reyes Uribe; declaración extrajuicio de Yadira
Velásquez Massey; matrícula de lote de vivienda Yadira Velásquez Massey;
constancia médica de habitante de la tercera edad de Villas del Monchuelo Jorge
Wilches Gonzalo; historia clínica de habitante de José Daniel Hernández de la
urbanización Villas del Mochuelo; fotos de diferentes ángulos de la
urbanización, las cuerdas eléctricas de alta en las zonas boscosas y los
diferentes riesgos con los que vivimos a diario.”
[19] A folio 15 del cuaderno de revisión, se encuentra la declaración
extra juicio de la accionante que afirma: “En la actualidad no cuento con un
trabajo, por ende, no estoy devengando ninguna clase de salario, cuento
únicamente con la pequeña vivienda que se encuentra ubicada en la calle 35ª No.
5 – 51 manzana D urbanización Villas del Monchuelo, a la cual no he podido por
falta de ingresos, realizar escritura pública, teniendo solamente el contrato
de compraventa del mismo (SIC); la cual a la fecha no está totalmente terminada
(obra en ladrillo limpio) y no cuenta con servicio de electricidad, por lo
anterior, no la habito y en la actualidad estoy pagando como canon de
arrendamiento la suma de TRESCIENTOS MIL PESOS ($300.000), suma que no puedo
cancelar debido a que no tengo empleo, por consiguiente, con urgencia necesito
pasarme a la pieza en ladrillos que tengo construida en la urbanización Villas
del Monchuelo para vivir con mi abuela, y de esta manera evitar el pago del
canon de arrendamiento y así los ingresos que pueda conseguir, me sirvan para
nuestro sostenimiento y pago de la deuda que tengo en el (SIC) Cooperativa
Coomuldesa por la compra de este lote (…)”.
[20] A folio 26 del cuaderno de revisión, consta certificación original
expedida por la gerente de la Cooperativa de ahorro y crédito para el
desarrollo Solidario de Colombia indicando que “Mónica Carolina Guerrero
López titular de la cédula No. 37.901.631 expedida en San Gil, es (…) deudor(a)
de la obligación 15-00135978-9 línea comercio, estado vigente, con un saldo a
la fecha de $13.424.000 el cual se encuentra al día.” Esta certificación
esta calendada el 4 de marzo de 2016 y la suscribe Yaqueline Tamayo Barragán en
su condición de Gerente de Coomuldesa – San Gil.
[21] A folio 19 del cuaderno de revisión, obra formato de procedimientos
de la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro de fecha 17 de junio de
2015, firmado electrónicamente por la Doctora Mónica Jidid Mateus Tarazona –
Médica Especialista en Dermatología con registro médico 02328-7. En este
documento se lee que a la señora Celmira Gutiérrez le realizaron un
procedimiento denominado: “Estudio de coloración inmunohistoquimica en
biopsia”;  Y en la casilla de diagnóstico se lee: “TUMOR MALIGNO DE LA
PIEL DE OTRAS PARTES DE LAS NO ESPECIFICADAS EN LA CARA”.
[22] A folio 33 del cuaderno de revisión, se encuentra la declaración
extrajuicio ante la Notaría Primera de San Gil, de la señora María Doris Ángel
Espinosa residente en el barrio Villas del Mochuelo y que afirma: “soy
paciente de diálisis insulinodependiente, hipertensa y con disminución de la
visión, por lo que necesito control con aparatos que requieren de energía
eléctrica para el control de mis enfermedades y mantener la cadena de frío y
aparte de tener una dieta especial, para garantizar mi calidad de vida e
igualmente la situación que estamos viviendo en nuestro barrio, debido a que no
hay servicio de energía eléctrica y alumbrado público (…)”
[23] Folio 32.
[24] Folio 32.
[25] Folio 33.
[26] Folio 34.
[27] Folio 40-66. Los documentos que aporta como anexos son: copia del
acto administrativo por medio del cual fue encargado de las funciones de
Secretario de Planeación de San Gil; copia de la licencia de construcción No.
2004 del 24 de septiembre de 2012 en la modalidad urbanismo a nombre de
Asoprosander para el proyecto Villas de Monchuelo y de la Resolución
686792012-249 de 24 de septiembre de 2012 por medio de la cual se aprobó el
citado proyecto y se expidió la licencia de urbanismo y construcción; copia del
plano aprobado por la Secretaría de Planeación de San Gil para el proyecto
Villas de Monchuelo y plano de redes eléctricas aprobado por la empresa
Electrificadora de Santander.
[28] Folio 67.
[29] La sigla ESSA identifica a la Electrificadora de Santander S.A ESP.
[30] Folio 68. La sigla RETIE significa: “Reglamento técnico de
instalaciones eléctricas”, el cual está contenido en la Resolución No. 90708
del 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energía.
[31] Ibídem.
[32] Ibídem. En esta comunicación también se cita lo dispuesto en el
artículo 13 y 22.2 del Reglamento técnico de instalaciones eléctricas - RETIE,
relacionado con las distancias de seguridad y zonas de servidumbre,
respectivamente que indican: Artículo 13. “Los constructores y en general
quienes presenten proyectos a las curadurías, oficinas de planeación del orden
territorial y demás entidades responsables de expedir las licencias o permisos
de construcción, deben manifestar por escrito que los proyectos que solicitan
dicho trámite cumplen a cabalidad con las distancias mínimas de seguridad
establecidas en el RETIE. Es responsabilidad del diseñador de la instalación
eléctrica verificar que en la etapa pre constructiva este requisito se cumpla.
No se podrá dar la conformidad con el RETIE a instalaciones que violen estas
distancias. El profesional competente responsable de la construcción de la
instalación o el inspector que viole esta disposición, sin perjuicio de las
acciones penales o civiles, debe ser denunciado e investigado disciplinariamente
por el consejo profesional respectivo. El propietario de una instalación que al
modificar la construcción viole las distancias mínimas de seguridad, será
objeto de la investigación administrativa correspondiente por parte de las
entidades de control y vigilancia por poner en alto riesgo de electrocución no
sólo a los moradores de la construcción objeto de la violación, sino a terceras
personas y en riesgo de incendio o explosión a las edificaciones contiguas.”
Artículo 22.2 “a. Toda línea de transmisión aérea con tensión nominal igual o
mayor a 57,5 kV, debe tener una zona de seguridad o derecho de vía. Esta zona
debe estar definida antes de la construcción de la línea, para lo cual se deben
adelantar las gestiones para la constitución de la servidumbre, ya sea por
mutuo acuerdo con los propietarios del terreno o por vía judicial. El
propietario u operador de la línea debe hacer uso periódico de la servidumbre
ya sea con el mantenimiento de la línea o poda de la vegetación y debe dejar
evidencia de ello. En los casos que la servidumbre se vea amenazada, en
particular con la construcción de edificaciones, debe solicitar el amparo
policivo y demás figuras que tratan las leyes. (…) c. No se deben
construir edificios, edificaciones, viviendas, casetas o cualquier tipo de
estructuras para albergar personas o animales. (…) Las oficinas de
planeación municipal y las curadurías deben abstenerse de otorgar licencias o
permisos de construcción en dichas áreas y los municipios atender sus
responsabilidad en cuanto al control del uso del suelo y el espacio público de
conformidad con la Ley. d. En los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) se
debe respetar las limitaciones en el uso del suelo por la infraestructura eléctrica existente. Igualmente, los POT deben
tener en cuenta los planes de expansión para poder garantizar la prestación del
servicio de energía eléctrica. (…) f. El Operador de Red debe negar la
conexión a la red de distribución local, a una instalación que invada la zona
de servidumbre, por el riesgo que representa para la vida de las personas.”
(Negrilla fuera de texto original).
[33] Ibídem Negrilla y subrayado fuera del texto original.
[34] Folio 84.
[35] La Electrificadora de Santander adjunta a su contestación los
siguientes documentos: poder para actuar y certificado de representación legal
de su defendida (folio 86 a 101); copia de la comunicación ESSA-27317-BGA del 3
de octubre de 2014 (folio 73); copia de la comunicación REC-05399-BGA del 13 de
marzo de 2015 (folio 81) y copia de la comunicación ESSA-14185-BGA del 12 de
junio de 2015 (folio 84).
[36] Folio 102.
[37] Folio 108.
[38] Folio 109.
[39] Folio 127.
[40] En esta
decisión se ordena adelantar el “trámite administrativo disciplinario”
correspondiente en contra del representante legal de Asoprosander y las demás
personas involucradas en el cambio de especificaciones  del plano inicialmente
aprobado con la licencia urbanística. Igualmente, establece que saneadas las
irregularidades y cumplidos los requisitos para el servicio de energía
eléctrica debe procederse a comunicarle a la empresa electrificadora para lo de
su competencia. También, exime de responsabilidad a la Electrificadora de
Santander y ordena compulsar copias a los órganos de control para que se
investigue disciplinariamente si existió alguna irregularidad.
[41] Folio 366.
[42] Folio 150.
[43] Folio 164.
[44] Una vez se renovó la actuación anulada por parte del juzgado de
primera instancia, el titular de la Secretaría de Planeación municipal contestó
de nuevo la tutela reiterando sus argumentos (folio 177); igual lo hizo la
apoderada de la Electrificadora de Santander (folio 219).
[45] Folio 188.
[46] A folio 202 se anexa a la contestación de la tutela dada por
Asoprosander el documento denominado: “Certificación de servicio para
anteproyecto revisión y esquemas básicos urbanísticos. Factibilidad del
servicio de energía”, de fecha 10 de febrero de 2011, expedido a nombre de
la Urbanización Villas de Monchuelo, propietario Asoprosander Nit 900.405.058-0,
solicitante: Ricardo Ariel Martínez Sánchez C.C No. 97.069.680.
Adicionalmente, en el mismo se indica: “ESSA certifica que está en
disponibilidad de prestar el servicio de energía eléctrica al predio cuyas
características y descripción se incluyen en el presente, debiéndose cumplir
con normas ESSA, RETIE, NTC2050, POT. Esta factibilidad no compromete a ESSA a
la ejecución de obras eléctricas adicionales o reubicación de redes eléctricas
que requiere el suscriptor para el servicio de energía. (…) La disponibilidad
definitiva del servicio se expedirá una vez sea presentado el proyecto
eléctrico ante ESSA ESP y tendrá validez de ciento (180) días para el fin
propuesto, contados a partir de la fecha.”
[47] Ibídem.
[48] Folio 270. En el fallo también se ordena al Secretario de
Planeación del municipio de San Gil: “que en el lapso de 48 horas, contado a
partir de la notificación de la presente providencia, si aún no lo ha hecho,
inicie y lleve hasta su culminación el trámite administrativo respectivo, (…)
en contra del representante legal de la Asociación de Promotores para el
Desarrollo Integral de las Comunidades de Santander “Asoprosander” y de todas
las demás personas que considere podrían estar comprometidas en el cambio de
especificaciones iniciales del plano presentado para la obtención de la
licencia de urbanismo y construcción contenida en la Resolución No.
686792012-249 (septiembre 24 de 2012), para una vez finiquitado el mismo y
saneadas las irregularidades con la imposición de las medidas correctivas
pertinentes, como que una vez acreditados y cumplidos los requisitos legales
para la instalación del servicio de energía, proceda a comunicarle a la
Electrificadora de Santander, para lo de su competencia.” Igualmente, en la
mencionada decisión se exonera de responsabilidad a la Electrificadora de
Santander y se ordena compulsar copias a los órganos de control para que
investigue disciplinariamente si existió alguna irregularidad.
[49] Folio 366-375.
[50] Folio 3-17.
[51] “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el
artículo 86 de la Constitución Política”.
[52] Resolución No. 90708 del 30 de agosto de 2013, expedida por el
Ministerio de Minas y Energía.
[53] Folio 84.
[54] T-251 de 1995 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa). Se trata de una
acción de tutela contra la Administración municipal de Palmira, la cual ordenó
al accionante abandonar su vivienda ubicada en el sector de "La
Isla", corregimiento de Amaime, municipio de Palmira, pues dicho sector
había sido declarado "zona de alto riesgo". La tutela fue denegada
por la Corte, afirmando que el accionante tenía otras vías ordinarias para
reclamar del Estado los daños que este le haya podido causar.
[55] En tal sentido las sentencias T-617 de 1995 (M.P Alejandro Martínez
Caballero), T-190 de 1999 (M.P Fabio Morón Díaz), T-626 de 2000 (M.P Álvaro
Tafur Galvis), T-1073 de 2001 (M.P Clara Inés Vargas Hernández), T-756 de 2003
(M.P Rodrigo Escobar Gil), T-363 de 2004 (Clara Inés Vargas Hernández), T-791
de 2004 (M.P Jaime Araujo Rentería), T-894 de 2005 (M.P Jaime Araujo Rentería).
[56] T-309 de 1995 (M.P José Gregorio Hernández Galindo) En la decisión
se amparó el derecho a la vivienda digna del accionante, en un caso en el que
una entidad territorial en desarrollo de una obra pública de saneamiento básico
en el casco urbano, generó daños a unas viviendas con el agravante de que el
mencionado contrato fue suspendido por incumplimiento del contratista y la
vulneración se había mantenido en el tiempo. La orden consistió en otorgar 20
días a la entidad territorial para reconstruir en sus aspectos esenciales la
vivienda del accionante.
[57] T-132 de 2015 (M.P Martha Victoria Sáchica Méndez) En esta decisión
la Corte concede el amparo del derecho a la vivienda digna a favor la Comunidad
Indígena del Pueblo Sikuani asentada en el Resguardo Domo Planas, ubicado de
inmediaciones del Municipio de Puerto Gaitán, Departamento del Meta y le ordena
al ente territorial municipal realizar una visita, un censo y un estudio de la
situación habitacional de la Comunidad Indígena del Pueblo Sikuani asentada en
el Resguardo Domo Planas, considerando las necesidades urgentes que tienen los
miembros de la Comunidad de la cual hacen parte niños y personas de la tercera
edad y brindando una solución temporal al problema de vivienda que estos
afrontan.
[58] M.P Humberto Sierra Porto
[59] En el primero de los casos los hechos indican que se desborda un
río y se afecta una vivienda ubicada a la orilla de este, por lo que se
solicita la reubicación. En el segundo caso, un alud de tierra se desprende y
cae sobre una vivienda dejándola inhabitable, por lo que  el accionante pide la
construcción de un muro de contención que evite futuros desastres. En ambas
situaciones se determina procedente la acción de tutela y se concede el amparo
del derecho a la vivienda digna.
[60] En la misma decisión, la Corte enfatiza la especial protección que
a la luz de la Constitución tienen las personas en condición de debilidad
manifiesta, y por tanto, el trascendental rol que el juez constitucional tiene
en la protección de sus derechos; “por regla general, estos sujetos carecen
de los medios indispensables para hacer viable la realización de sus propios
proyectos de vida en condiciones de dignidad. En tal sentido, corresponde al
juez de tutela asumir la protección de los derechos fundamentales de los que
aquéllos son titulares (...) en numerosas oportunidades esta Corporación ha
protegido el derecho a la vivienda digna (…) ante el estado de indigencia,
pobreza, riesgo de derrumbe o desplazamiento forzado de las personas, no
obstante no ser éstas titulares de derechos subjetivos configurados con arreglo
a las disposiciones legales o reglamentarias. En algunas de estas ocasiones la
Corte se ha valido del criterio de la conexidad para justificar la protección
en sede de tutela del derecho a la vivienda digna, postura que en todo caso,
como ha venido resaltándose, se torna innecesaria además de artificiosa si se
parte de la consideración conforme a la cual los derechos de todos sin importar
la generación a la que se adscriban deben ser considerados fundamentales.”
[61] T-583 de 2013 (M.P Nilson Pinilla) Se trata de una tutela
interpuesta por un señor de 62 años de edad, desplazado e impedido para laborar
por quebrantos de salud, al cual le fue reconocido un subsidio de vivienda por
una caja de compensación familiar. Con base en lo anterior, adquirió una
vivienda usada en un barrio del municipio de Mocoa, pero sin servicios
públicos, por lo cual, le fue amparado su derecho a la vivienda digna y se
ordenó a la entidad territorial reubicar al accionante.
[62] Folio 19 del cuaderno de revisión.
[63] Folio 15 del cuaderno de revisión.
[64] Como se explicará más adelante de esta providencia, la Observación
General 4 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales establece
siete condiciones que configuran el derecho a la vivienda adecuada, entre
ellas, que exista disponibilidad servicios públicos.
[65] T-761 de 2015 (M.P Alberto Rojas Ríos) En la decisión se
amparó el derecho al agua potable y energía eléctrica por su conexidad con la
vida en condiciones dignas, de una mujer de 62 años y su familia cuyos escasos
recursos les impidió pagar los mencionados servicios públicos, que a su vez
fueron suspendidos. En el fallo se ordena a la empresa de servicios públicos
realizar un acuerdo pago con la accionante, ofreciéndole plazos flexibles para
que cumpla sus obligaciones y garantizando mientras tanto el suministro de los
servicios.
[66] Regulada en la Ley 472 de 1998, “Por la cual se desarrolla el
artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras
disposiciones.” En el artículo 2 de la mencionada ley, se dispone que las
acciones populares son: “los medios procesales para la protección de los
derechos e intereses colectivos. Las acciones populares se ejercen para evitar
el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o
agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado
anterior cuando fuere posible.” En la Ley 472 de 1998, artículo 4 numeral
j, uno de los derechos e intereses colectivos que se mencionan es el
relacionado con el “acceso a los servicios públicos y a que su prestación
sea eficiente y oportuna”.
[67] T-343 de 2015 (M.P Myriam Ávila Roldán) En esta sentencia se ampara
el derecho fundamental a la salud en conexidad con el medio ambiente sano de
una persona que reside en el barrio Restrepo al sur de la ciudad de Bogotá, el
cual había denunciado de manera reiterada el problema de contaminación auditiva
generado por la proliferación de establecimientos comerciales en la zona, que
por su objeto social operan sobre todo en horas de la noche y con música a
altos volúmenes. La situación había sido puesta en conocimiento de las
autoridades administrativas y de policía sin haberse logrado una solución.
[68] En
igual sentido pueden verse las siguientes decisiones. La sentencia SU-1116
de 2001 (M.P Eduardo Montealegre Lynett). Aquí el accionante consideraba que una entidad territorial había violado sus derechos
fundamentales por cuanto no había canalizado las aguas lluvias, generando que
éstas se mezclaran con aguas negras, invadiendo su residencia y afectando sus
derechos fundamentales. En la sentencia la Corte determina procedente la tutela
para amparar derechos colectivos por su conexidad con la vulneración de
derechos fundamentales y ordena adelantar las obras necesarias para evitar que
las aguas lluvias penetraran en la residencia de la actora y de algunos de sus
vecinos. En sentencia T-045 de 2009 (M.P Nilson Pinilla Pinilla) se
ampararon los derechos a la igualdad y
a la vivienda digna de una persona que señalaba a una empresa de
servicios públicos domiciliarios de haber omitido la adecuación de la red de
alcantarillado, ocasionado con ello problemas sanitarios, ambientales y de
salubridad pública derivados del desbordamiento de aguas negras. En sus
consideraciones, la Sala llegó a la conclusión que la tutela era procedente por
la vulneración al derecho a la vivienda digna en conexidad con la salud y la
vida. En tal sentido ordenó la realización de estudios técnicos y de las obras
necesarias para solucionar los problemas de alcantarillado. En
sentencia T-707 de 2012 (M.P Luis Ernesto Vargas Silva) se consideró
procedente la acción de tutela frente a la vulneración del derecho al ambiente
sano, a la salud y a la vivienda digna, por la falta de conexión de la casa del
accionante y las casas de sus vecinos al plan maestro de alcantarillado
del Municipio. Esta situación generaba que los desechos humanos y animales
producidos en las casas del sector fuesen directamente a una quebrada que
atravesaba los patios traseros de las viviendas, sin que antes recibieran algún
tipo de  tratamiento, produciendo malos olores y enfermedades. En su
decisión la Sala estableció el desconocimiento
del derecho a la vivienda digna y a la intimidad, en la medida en que el
inmueble carecía de las condiciones mínimas que pudiesen garantizar a sus
residentes la protección debida en contra de malos olores y enfermedades.
[69] T-081 de 2013 (MP. María Victoria Calle Correa). En esta decisión
se ampararon los derechos de varios menores de edad que a diario se veían
obligados a cruzar por un puente militar ubicado a pocos metros de la
institución educativa en la que estudiaban y que se ubicaba al frente de una
vía nacional. Lo anterior, por cuanto el mencionado puente militar es de un
solo carril y carecía de sendero peatonal, lo cual los exponía a una situación
de riesgo para su vida e integridad personal. Así, en su decisión la Corte
ordenó entre otras medidas la construcción de un puente peatonal para la
salvaguarda de los derechos fundamentales mencionados.
[70] M.P Alberto Rojas Ríos. En este caso existía un rebosamiento de las
aguas negras y lluvias que se genera por el mal estado y la falta de estructura
adecuada del canal que las transporta, y que como consecuencia daban a parar a
las calles, jardines y casas del barrio en el cual habita el accionante con su
familia, generando violaciones a sus derechos fundamentales y un perjuicio
irremediable que en criterio del accionante obligaba a su protección a través
de la acción de tutela. En su decisión, la Corte ordenó a la empresa de
servicios públicos domiciliarios accionada, entre otras cosas, realizar los
trabajos necesarios para diseñar, construir, mantener, administrar, operar y
desarrollar la infraestructura adecuada que le pusiera fin a la violación de
los derechos fundamentales del accionante y los miembros de su grupo familiar.
[71] (M.P Eduardo Montealegre Lynett) En la sentencia la Corte declaró
exequible el artículo 1 de la Ley 795 de 2003 “por la cual se ajustan
algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras
disposiciones”, en el entendido que el reglamento que debe expedir el
Gobierno Nacional debe someterse a los objetivos y criterios señalados el
artículo 51 de la Constitución y en los artículos 1 y 2 de la ley marco 546 de
1999 y demás reglas de esta ley que sean aplicables al leasing habitacional y
encaminadas a facilitar el acceso a la vivienda.
[72] T-088 de 2011 (M.P Luis Ernesto Vargas Silva) En la decisión se
amparó el derecho a la vivienda digna de los accionantes y de todas aquellas
personas en situación de desplazamiento que aplicaron a los subsidios de
vivienda adjudicados por un fondo de vivienda en uno de sus proyectos. Así,
ante el incumplimiento contractual del ejecutor del proyecto se ordenó a las
entidades promotoras realizar las obras  urbanísticas requeridas para la
construcción y adecuación de redes de acueducto, alcantarillado, así como las
necesarias para la adecuación de redes eléctricas destinadas a proveer de
energía eléctrica al proyecto de vivienda.
[73] T-199 de 2010 (M.P Humberto Sierra Porto), aquí la Corte ampara los
derechos a la vivienda digna y la seguridad personal, de varios habitantes que
se han visto afectados en sus viviendas por el desprendimiento de rocas y
deslizamiento de tierras.
[74] Ibídem.
[75] M.P. Jaime Araújo Rentería.
[76] M.P. Mauricio González Cuervo. A juicio de la Corte: “la debilidad económica debe ser el
fundamento de acciones afirmativas en beneficio de quienes por su situación
socioeconómica precaria se encuentran expuestos a riesgos, amenazas y
vicisitudes que tienen un profundo impacto en su capacidad de llevar una vida
digna.”
[77] M.P. María Victoria Calle Correa.
[78] M.P. Alberto Rojas Ríos. En la decisión señaló: “Varias de las
actividades de la vida cotidiana que, hoy se dan por dadas y parecen naturales
sólo pueden llevarse a cabo, por el acceso a las redes de energía eléctrica.
Participar de la riqueza económica, cultural, informática, vivir en un espacio
con la adecuada calefacción, conservar y refrigerar los alimentos es posible,
únicamente porque se cuenta con acceso a electricidad.”
[79] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Respecto a la construcción sin licencia, la Corte no
abordó ese asunto en la tutela y señaló que el mismo debía ser resuelto por las
autoridades administrativas en el marco de sus competencias, o ante la justicia
contencioso administrativa en caso de que sea agotada la vía gubernativa.
[80] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[81] M.P Jaime Córdoba Triviño. En
sus consideraciones la Corte discurre sobre la necesidad de restablecer el
derecho a la seguridad personal de la accionante y las personas que residen en
el inmueble. Sostiene además que es irrelevante el término de ocupación del
terreno por parte de la entidad demandada y si se adquirió el derecho a la
servidumbre, pues los moradores de predios sirvientes “pueden exigir
condiciones de igualdad en lo concerniente a su exposición a riesgos
extraordinarios por la prestación de servicios públicos, aunado al deber del
Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente y prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, ocasionados por las operaciones
de distribución de energía que adelanta la empresa accionada –artículos 11, 12,
13, 78, 79 y 80 C.P.-“.
[82] MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[83] Folio 84. Comunicación ESSA-14185-BGA del 12 de junio de 2015,
remitida por la Electrificadora de Santander al Alcalde de San Gil,
[84] T-042 de 2015 (M.P Jorge Iván Palacio Palacio) (i) Eficiencia y
calidad, esto es, que se asegure que las empresas que proporcionen el
servicio lo hagan de manera completa y atendiendo las necesidades básicas de la
población. Para ello, también debe garantizar que dichas empresas recuperen sus
costos y puedan invertir en el mismo sector con el fin de lograr una mayor
competitividad, lo que se traduce en una mejor prestación del servicio. (ii)
Regularidad y continuidad, es decir, que el tiempo en que se preste el servicio
sea apto para satisfacer de forma permanente las necesidades de los usuarios.
(iii) Solidaridad, criterio que exige la atención prioritaria de las
necesidades básicas insatisfechas de la población más vulnerable. (iv)
Universalidad, que busca la ampliación permanente de la cobertura del servicio
hasta que llegue a cobijar a todos los habitantes del territorio nacional.
[85] Por la
cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se
dictan otras disposiciones: artículos 2, 5, 6, 7 y 8.
[86] El artículo 5º de la Ley 142 de 1994
establece: “Competencia de los municipios en cuanto a
la prestación de los servicios públicos. Es competencia de los municipios en
relación con los servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y
de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos:
5.1.
Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica,
y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de
carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central
del respectivo municipio en los casos previstos en el artículo siguiente.
5.2.
Asegurar en los términos de esta Ley, la participación de los usuarios en la
gestión y fiscalización de las entidades que prestan los servicios públicos en
el municipio.
5.3.
Disponer el otorgamiento de subsidios a los usuarios de menores ingresos, con
cargo al presupuesto del municipio, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 60/93
y la presente Ley.
5.4.
Estratificar los inmuebles residenciales de acuerdo con las metodologías
trazadas por el Gobierno Nacional.
5.5.
Establecer en el municipio una nomenclatura alfa numérica precisa, que permita
individualizar cada predio al que hayan de darse los servicios públicos.
5.6.
Apoyar con inversiones y demás instrumentos descritos en esta Ley a las
empresas de servicios públicos promovidas por los departamentos y la Nación
para realizar las actividades de su competencia.
5.7. Las
demás que les asigne la ley. (Negrilla y subrayado fuera de texto original)”.
[87] Esta manifestación fue realizada por la Secretaría de Planeación
municipal en respuesta al auto de pruebas proferido el 30 de junio de 2015 por
el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes de San Gil, en primera
instancia.
[88] Folio 109.
[89]Artículo 313-7 de la Constitución Política. Ley 388 de 1997 “Por la
cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras
disposiciones. “Artículo 103. Infracciones
urbanísticas. Toda actuación de construcción, ampliación, modificación,
adecuación y demolición de edificaciones, de urbanización y parcelación, que
contravenga los planes de ordenamiento territorial y las normas urbanísticas
que los desarrollan y complementan incluyendo los planes parciales, dará lugar
a la imposición de sanciones urbanísticas a los responsables, incluyendo la
demolición de las obras, según sea el caso, sin perjuicio de la eventual
responsabilidad civil y penal de los infractores. Para efectos de la aplicación
de las sanciones estas infracciones se considerarán graves o leves, según se
afecte el interés tutelado por dichas normas. En los casos de actuaciones
urbanísticas, respecto de las cuales no se acredite la existencia de la
licencia correspondiente o que no se ajuste a ella, el alcalde o su delegado,
de oficio o a petición de parte, dispondrá la medida policiva de suspensión
inmediata de todas las obras respectivas, hasta cuando se acredite plenamente
que han cesado las causas que hubieren dado lugar a la medida (…)”.
[90] Decreto 1469 de 2010 “Por el cual se reglamentan las
disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de
edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se
expiden otras disposiciones. Artículo  63 Competencia
del control urbano. Corresponde a los alcaldes municipales o distritales
directamente o por conducto de sus agentes, ejercer la vigilancia y control
durante la ejecución de las obras, con el fin de asegurar el cumplimiento de
las licencias urbanísticas y de las normas contenidas en el Plan de
Ordenamiento Territorial, sin perjuicio de las facultades atribuidas a los
funcionarios del Ministerio Público y de las veedurías en defensa tanto del
orden jurídico, del ambiente y del patrimonio y espacios públicos, como de los
intereses colectivos y de la sociedad en general. En todo caso, la inspección y
seguimiento de los proyectos se realizará mediante inspecciones periódicas
durante y después de la ejecución de las obras, de lo cual se dejará constancia
en un acta suscrita por el visitador y el responsable de la obra. Dichas actas
de visita harán las veces de dictamen pericial, en los procesos relacionados
por la violación de las licencias y se anexarán al Certificado de Permiso de
Ocupación cuando fuere del caso.”
[91] Colombia: 100 años de políticas habitacionales; ISBN:
978-958-57464-1-1, Publicación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
para el Séptimo Foro Urbano Mundial, Bogotá Abril de 2014. Disponible en:
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/100anosdepoliticashabitacionales.pdf
[92] Estado de las ciudades de América Latina y el Caribe 2012. Rumbo a
una nueva transición urbana. ISBN Series 978-92-1-133397-8, Programa de las
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU-Hábitat, Agosto del 2012.
Disponible en:
http://unhabitat.org/books/estado-de-las-ciudades-de-america-latina-y-el-caribe-state-of-the-latin-america-and-the-caribbean-cities-report-espanol/
[93] T-596 de 2011 (M.P Jorge Iván Palacio Palacio) En su decisión la
Corte concede el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a
la vivienda digna y a la protección especial de los niños, solicitados por una
persona que había sido sancionada por infringir normas urbanísticas, teniendo
en cuenta su situación de desplazado por la violencia y por carecer de recursos
económicos.
[94] T-986A de 2012 (M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) Se trata de una tutela
presentada por una mujer contra una entidad territorial por la presunta
vulneración al mínimo vital, a la dignidad humana y a la vivienda digna,
afectaciones que fueron debidamente demostradas en el trámite tutelar. Lo
anterior, con ocasión de la imposición de una sanción urbanística de multa,
equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes y  la
orden de demolición de su vivienda. La Corte en su decisión amparó los derechos
de la accionante y dejó sin efecto la sanción.
[95] T-709 de 2014 (M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez) Aquí se amparó el
derecho al debido proceso de una persona que había sido sancionada en un
proceso por infracción a normas de urbanismo, ordenándose declarar la nulidad
de la actuación administrativa sancionatoria.  El motivo de la sanción era la
altura de una reja que cercaba la casa y que había sido instalada por el
accionante con el fin de atender la situación de discapacidad de su hijo. Por
tanto, se ordenó a la entidad que impuso la sanción analizar
constitucionalmente el argumento expuesto por el actor, y de ser necesario
realizar estudios para definir si la altura prevista en el POT es adecuada para
atender la discapacidad del hijo del accionante.
[96] T-717 de 2012 (M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) Esta tutela
ampara el derecho fundamental a la vivienda digna y al principio de confianza
legítima; asimismo ordena la suspensión provisional de una sanción urbanística
consistente en la demolición de la vivienda en la que vive el accionante, quien
construyó ilegalmente, no obstante que el barrio en el que habita está siendo
objeto de un proceso de legalización.
[97] Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE (Resolución
No. 90708 del 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energía) “22.2 ZONAS DE SERVIDUMBRE. Para efectos del presente
reglamento, las zonas de servidumbre deben ceñirse a las siguientes
consideraciones: a. Toda línea de transmisión aérea con tensión nominal igual o
mayor a 57,5 kV, debe tener una zona de seguridad o derecho de vía. Esta zona
debe estar definida antes de la construcción de la línea, para lo cual se deben
adelantar las gestiones para la constitución de la servidumbre, ya sea por mutuo
acuerdo con los propietarios del terreno o por vía j    judicial. El
propietario u operador de la línea debe hacer uso periódico de la servidumbre
ya sea con el mantenimiento de la línea o poda de la vegetación y debe dejar
evidencia de ello. En los casos que la servidumbre se vea amenazada, en
particular con la construcción de edificaciones, debe solicitar el amparo
policivo y demás figuras que tratan las leyes. (…)”
[98] Folio 7.
[99] A folio 21 obra el documento denominado “Registro acta área de
distribución de energía sureste” suscrito por un empleado de la
Electrificadora de Santander y el representante legal de Asoprosander. En este
documento consta que se trató el estado de avance del convenio para la
construcción de activos en la urbanización Villas del Monchuelo.
[100] Folio 15.
[101] Folio 84.
[102] A folio 17 obra la mencionada licencia urbanística, en la cual
aparece como titular la asociación de vivienda Asoprosander con Nit
900405058-0, representada legalmente por Luis María López Rueda.
[103] Folio 32. Negrilla y subrayado fuera del texto original.
[104] Folio 33.
[105] Folio 34. Negrilla y subrayado fuera del texto original.
[106] Folio 12-16. Comunicación de la Electrificadora de Santander
ESSA-27317-BGA del 3 de octubre de 2014, dirigida al Alcalde del municipio de
San Gil.
[107] Folio 84. Comunicación de la Electrificadora de Santander  ESSA-14185-BGA del 12 de junio de
2015, dirigida al Alcalde del municipio de San Gil.
[108] "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada
en el artículo 86 de la Constitución Política''.
[109]
SU-1023 de 2001 (M.P Jaime Córdoba Triviño) En aquella ocasión se analizó la
situación de 772 pensionados de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante
S.A, en Liquidación Obligatoria, quienes solicitaban se ordenara el pago de sus
mesadas pensionales dejadas de pagar durante varios meses. La Corte concedió
transitoriamente el amparo y ordenó el pago de todas las mesadas causadas y no
pagadas a favor de los accionantes. Para ello, consideró que era indispensable
tomar medidas para garantizarles a los pensionados el pago oportuno de sus
acreencias laborales ante el perjuicio que les estaba ocasionado no contar con
recursos económicos para satisfacer sus necesidades; además, dijo que la
decisión tendría efectos inter comunis, en consideración a que existían
otros pensionados que pertenecían a la misma comunidad de los accionantes, a
quienes se les debía garantizar la igualdad. Y agregó, “hay eventos
excepcionales en los cuales los límites de la vulneración deben fijarse en
consideración tanto del derecho fundamental del tutelante como del derecho
fundamental de quienes no han acudido a la tutela, siempre y cuando se
evidencie la necesidad de evitar que la protección de derechos fundamentales
del accionante se realice paradójicamente en detrimento de derechos igualmente
fundamentales de terceros que se encuentran en condiciones comunes a las de
aquel frente a la autoridad o particular accionado”.
[110]
T-088 de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva). En esa ocasión, se analizó si la
acción de tutela resultaba procedente para solicitar la entrega de viviendas de
interés social reguladas por un contrato ordinario de construcción, teniendo en
cuenta que los contratantes eran  personas en situación de desplazamiento y que
a pesar de haber culminado el plazo para la entrega de las unidades
habitacionales, las entidades responsables no habían procedido a ello. La Sala
Novena de Revisión concedió el amparo y le ordenó a las entidades responsables
la construcción y adecuación de las unidades habitacionales conforme a los
términos del contrato pactado con los accionantes. Para ello, consideró que las
entidades accionadas habían desconocido el derecho a la vivienda digna de los
accionantes en su faceta de asequibilidad y disponibilidad en tanto habían
transcurrido cuatro años sin que se procediera a la entrega formal de las
viviendas concertadas privándolos injustamente del acceso material a estos
bienes inmuebles. Precisó que ello revestía especial gravedad teniendo en
cuenta que los beneficiarios del subsidio eran personas en condición de
desplazamiento por lo que la ausencia de entrega de las unidades habitacionales
constituía una seria barrera para avanzar hacia el restablecimiento económico
y, por tanto, hacia la superación del desplazamiento, perpetuando las condiciones
de extrema vulnerabilidad de esta población especialmente protegida. En esa
oportunidad, la decisión tuvo efectos inter comunis, considerando que
existían otros miembros pertenecientes a la población desplazada y afectada por
las mismas actuaciones de las entidades accionadas, a quienes por virtud del
principio de igualdad se les debía otorgar protección constitucional.
[111] MP. María Victoria Calle Correa.
[112] Folio 13-46 del cuaderno de revisión obran varias declaraciones
extrajuicio de personas que residen en la urbanización Villas del Monchuelo. “Declaración
extrajuicio de Berenice Meneses Arévalo; impuesto predial de la casa de
Berenice Meneses Arévalo; recibo de agua y de gas demostrando la
estratificación de la urbanización en Villas del Mochuelo; declaración
extrajuicio de María Doris Ángel Espinosa; certificados médicos de la señora
María Doris Ángel Espinosa paciente RTS; declaración extrajuicio de Oscar
Eduardo Celis; declaración extrajuicio de Johana Isabel Reyes Uribe;
declaración extrajuicio de Yadira Velásquez Massey; matrícula de lote de vivienda
Yadira Velásquez Massey; constancia médica de habitante de la tercera edad de
Villas del Monchuelo Jorge Wilches Gonzalo; historia clínica de habitante de
José Daniel Hernández de la urbanización Villas del Mochuelo”.
[113] A folio 7, obra copia del derecho de petición presentado por
habitantes de la urbanización Villas de Monchuelo a la oficina jurídica del
municipio de San Gil, señalando que quienes viven en la urbanización Villas de
Monchuelo es una comunidad de estrato 1 y 2 que necesita en forma urgente la
prestación del servicio de energía eléctrica. En esta comunicación se informa
además, que desde la creación del barrio hasta la actualidad el servicio de
energía eléctrica no se ha prestado en forma regular. Indican que al indagar
con la Electrificadora de Santander inicialmente expresaron que el servicio de
energía eléctrica no se podía prestar porque no habían transformadores, pero
después explicaron que “una de las cuerdas de energía eléctrica que
atraviesa por uno de los costados del barrio, está pasando muy cerca de dos
viviendas que se construyeron a lado y lado de las mismas,  dicha construcción
no respeto los parámetros legales y técnicos de las distancias mínimas a dicha
cuerda”. Igualmente a folio 16 obra copia del documento denominado “Registro
acta área de distribución de energía sureste”, suscrito por el Ingeniero
Oswaldo Mancilla Hernández empleado de la electrificadora de Santander y Luis
María López Rueda representante legal de Asoprosander, de fecha 5 de septiembre
de 2013. En este documento se deja constancia de una reunión  en la que
trataron el estado de avance del convenio entre la asociación de vivienda y la
empresa de energía para la construcción de activos en la urbanización Villas de
Monchuelo. Según quedó consignado en el acta, el precitado convenio se
encontraba para ese momento en revisión del área jurídica de la electrificadora
y una vez aprobado se firmaría y se procedería a su legalización. En igual
sentido, se hizo constar en el acta que la empresa de energía se comprometía a
prestar provisionalmente el servicio de energía desde el transformador más
cercano.
[114]
Sentencia T-189 de 2006, página 8.