T-188-17
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-188/17
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Persona natural que actúa en
defensa de sus propios intereses
LEGITIMACION
POR PASIVA EN TUTELA-Autoridad pública
ACCION DE
TUTELA CONTRA PARTICULARES-Procedencia excepcional
De conformidad con lo previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un
mecanismo preferente, cautelar, residual y sumario de protección de los
derechos fundamentales que sean vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares (i) encargados de
la prestación de un servicio público; (ii) cuya conducta afecte grave y
directamente el interés colectivo o (iii) respecto de quienes el solicitante se
halle en estado de subordinación o indefensión.
ACCION DE TUTELA CONTRA
PARTICULARES CUANDO EXISTE UNA RELACION DE INDEFENSION O SUBORDINACION-Jurisprudencia
constitucional sobre procedencia excepcional
SUBORDINACION E
INDEFENSION-Concepto
La Corte ha entendido la
subordinación, como “el acatamiento y sometimiento a órdenes proferidas por
quienes, en razón de sus calidades, tienen la competencia para impartirlas”,
encontrándose entre otras, (i) las relaciones derivadas de un contrato de
trabajo; (ii) las relaciones entre estudiantes y directivas del plantel
educativo; (iii) las relaciones de patria potestad originadas entre los hijos
menores y los incapaces respecto de los padres, o (iv) las relaciones entre los
residentes de un conjunto residencial y las juntas administradoras de los
mismos. Por su parte, la indefensión alude a la persona que “ha sido puesta en
una situación que la hace incapaz de repeler física o jurídicamente las
agresiones de las cuales viene siendo objeto por parte de un particular, las
cuales ponen en peligro sus derechos fundamentales. En
otras palabras, no tiene posibilidades jurídicas ni fácticas para reaccionar
defendiendo sus intereses. En cada caso, el juez debe realizar un análisis
relacional con la finalidad de determinar el estado de indefensión en la que se
encuentra la persona”.
SUBORDINACION E
INDEFENSION-Diferencias
La principal diferencia entre
estas dos figuras, radica en “el origen de la dependencia entre los sujetos. Si
el sometimiento se presenta como consecuencia de un título jurídico nos
encontraremos frente a un caso de subordinación y (sic) contrario sensu si la
dominación proviene de una situación de hecho, podremos derivar la existencia
de una indefensión”.
ACCION DE TUTELA
CONTRA PARTICULARES-Procedencia en razón de la subordinación
que se halla implícita en toda relación de naturaleza laboral
ACCION DE TUTELA PARA OBTENER
REINTEGRO LABORAL-Procedencia excepcional
Para tramitar estas pretensiones el ordenamiento prevé
en abstracto otros medios de defensa judicial susceptibles de instaurarse ante
la justicia ordinaria. No obstante, la tutela ha sido excepcionalmente
declarada procedente por esta Corporación cuando la parte activa es una persona en circunstancias de debilidad
manifiesta o un sujeto de especial protección
constitucional, que considera lesionados sus derechos fundamentales con ocasión
de la terminación de su relación laboral, y cuando el goce efectivo de su
derecho al mínimo vital o a la salud se ve obstruido.
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA EN ESTADO DE
DEBILIDAD MANIFIESTA POR RAZONES DE SALUD-Reglas
jurisprudenciales
ESTABILIDAD LABORAL
REFORZADA-Ineficacia del despido sin autorización previa y
expresa del Ministerio de Trabajo
DERECHO
A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Es procedente
independientemente del contrato o vínculo laboral que se tenga
DERECHO A LA
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA POR RAZONES DE SALUD CUANDO NO SE HA
CALIFICADO SU DISCAPACIDAD POR LA AUTORIDAD COMPETENTE-Protección
especial
DERECHO A LA ESTABILIDAD
OCUPACIONAL REFORZADA-No se circunscribe a quienes han sido calificados
con pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda
PRESUNCION DE
DESPIDO DISCRIMINATORIO Y PROTECCION A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA
DERECHO A LA
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Se extiende a todos aquellos que tengan una afectación en su salud
y esa circunstancia les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus
labores en condiciones regulares
DERECHO A LA
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA EN CONTRATO DE OBRA O LABOR DETERMINADA-Reiteración
de jurisprudencia
PRINCIPIO DE
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA EN CONTRATO A TERMINO FIJO O POR OBRA LABOR-Vencimiento
del término no significa necesariamente una justa causa para su terminación sin
que medie autorización del inspector de trabajo
DERECHO A LA ESTABILIDAD
OCUPACIONAL REFORZADA-Alcance
UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA
EN MATERIA DE DERECHO A LA ESTABILIDAD OCUPACIONAL REFORZADA DE PERSONAS EN
SITUACION DE DISCAPACIDAD FISICA, SENSORIAL Y PSIQUICA
El derecho fundamental a la
estabilidad ocupacional reforzada es una garantía de la cual son titulares las
personas que tengan una afectación en
su salud que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores
en las condiciones regulares, con independencia de si tienen una
calificación de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda. La
estabilidad ocupacional reforzada es aplicable a las relaciones originadas en
contratos de prestación de servicios, aun cuando no envuelvan relaciones
laborales (subordinadas) en la realidad. La violación a la estabilidad
ocupacional reforzada debe dar lugar a una indemnización de 180 días, según lo
previsto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, interpretado conforme a la
Constitución, incluso en el contexto de una relación contractual de prestación
de servicios, cuyo contratista sea una persona que no tenga calificación de
pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda.
DERECHO A LA ESTABILIDAD
OCUPACIONAL REFORZADA-Aplicación de precedente establecido en la sentencia SU-049/17
DERECHO A LA ESTABILIDAD
LABORAL REFORZADA, AL MINIMO VITAL Y A LA SALUD-Casos en que se dieron por
terminados contratos de trabajo a término fijo y por obra o labor contratada de
accionantes sin autorización previa del ministerio del trabajo
DERECHO A LA ESTABILIDAD
OCUPACIONAL REFORZADA Y AL MINIMO VITAL-Caso en que se dio por terminado contrato de prestación de
servicios de accionante sin autorización previa del ministerio del
trabajo
Referencia:
expedientes T-5813545, T-5886149, T-5889183, T-5904926 y T-5905097. Acumulados
Acciones de tutela presentadas por Ady Esperanza Aragón Bernate
contra Jah Company Services S.A.S. (T-5813545); Ruvinson Morales Peñuela contra
el Consorcio Marpetrol (T-5886149); Gizethe Estefanía Rico Díaz contra Activos
S.A. (T-5889183); Luis Ramón Amay Martínez contra la E.S.E. Hospital el
Socorro de San Diego, Cesar (T-5904926), y Blanca Cecilia Ríos
Remicio contra ConSalfa S.A.S. (T-5905097)
Magistrada ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de marzo de dos mil
diecisiete (2017)
La Sala Primera de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por la magistrada María Victoria Calle Correa y
los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Alejandro Linares Cantillo, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los
fallos proferidos en el expediente T-5813545, en primera instancia por
el Juzgado Veintisiete Civil Municipal de Bogotá el 3 de agosto de 2016, y en
segunda instancia por el Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Bogotá el 9 de
septiembre del mismo año, dentro del proceso de tutela iniciado por Ady Esperanza Aragón Bernate contra Jah Company Services S.A.S.;
en el expediente T-5886149, en primera instancia por el Juzgado Primero
Penal Municipal para Adolescentes con Función de Garantías de Villavicencio,
Meta, el 13 de julio de 2016, y en segunda instancia por el Juzgado Primero
Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de
Villavicencio el 22 de agosto de 2016, dentro del proceso de tutela iniciado
por Ruvinson Morales Peñuela contra el Consorcio Marpetrol; en
el expediente T-5889183, en primera instancia por el juzgado Setenta y
Uno Civil Municipal de Bogotá el 1 de septiembre de 2016, y en segunda
instancia por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá el 14 de octubre
de 2016, dentro del proceso de tutela iniciado por Gizethe Estefanía Rico Díaz
contra Activos S.A.; en el expediente T-5904926, en primera instancia por el Juzgado Promiscuo Municipal de
San Diego, Cesar, el 12 de julio de 2016, y en segunda instancia por el Juzgado
Cuarto Civil del Circuito de Valledupar, Cesar, el 6 de septiembre de 2016,
dentro del proceso de tutela iniciado por Luis Ramón Amay
Martínez contra la E.S.E. Hospital el Socorro de San Diego, Cesar; y en
el expediente T-5905097, en primera instancia por el Juzgado Tercero
Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Ibagué, Tolima, el 14 de julio
de 2016, dentro del proceso de tutela iniciado por Blanca Cecilia Ríos Remicio
contra ConSalfa S.A.S.
Los expedientes de la referencia
fueron seleccionados para revisión por la Sala de Selección de Tutelas Número Doce,
mediante auto proferido el 14 de diciembre de 2016, en donde se decidió su
acumulación por presentar unidad de materia.
I. ANTECEDENTES
En
los procesos de la referencia los ciudadanos interpusieron sendas acciones de
tutela solicitando la protección de sus derechos fundamentales a la estabilidad
laboral/ocupacional reforzada, al mínimo vital y a la salud, entre otros, al
considerar que sus derechos fueron vulnerados por la terminación de sus contratos de trabajo a término fijo o por obra o labor contratada, o
de prestación de servicios, sin la autorización del Ministerio del
Trabajo, pese a que, en unos casos, se trata de personas que se encuentran en
situación de debilidad manifiesta en razón de su estado de salud y, en otro, se
trata de una persona en condición de discapacidad. A continuación se exponen los antecedentes de cada uno de los expedientes
acumulados:
1. Expediente T-5813545
1.1. Demanda y solicitud
El 26 de julio de 2016, Ady
Esperanza Aragón Bernate actuando por conducto de apoderada judicial[1], interpuso
acción de tutela contra la sociedad Jah Company Services S.A.S.[2] por considerar vulnerados
sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, a la estabilidad laboral
reforzada, a la vida en condiciones dignas, a la seguridad social y al mínimo
vital, debido a la terminación de su contrato de trabajo a término fijo el 26
de mayo de 2016, pese a que ya había operado la prórroga automática del mismo y
se encontraba en estado de debilidad manifiesta en razón de su condición de
salud, además, sin que mediara la respectiva autorización del Ministerio del
Trabajo[3].
En consecuencia, solicitó que se
declare la ineficacia de la terminación de la relación contractual y, por
efecto de ello, se ordene a la empresa Jah Company Services S.A.S. (i)
su reintegro a un cargo en similares condiciones a las que tenía al momento de
la terminación del contrato, sin solución de continuidad; (ii) el pago
de la indemnización correspondiente a 180 días de salario por omitir el trámite
de autorización del despido ante el Ministerio de Trabajo, y (iii) el
pago de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha del
despido hasta que se verifique su efectivo reintegro[4].
La apoderada judicial de la accionante
fundamentó su solicitud de tutela en los siguientes hechos:
-
Entre la señora Ady Esperanza Aragón Bernate y la sociedad Jah Company
Services S.A.S. se celebró un contrato de trabajo a término fijo de 3 meses,
con fecha de inicio de labores del 27 de agosto de 2015, para desempeñar el
cargo de auxiliar de reclamaciones y tesorería. El salario inicial pactado fue
la suma de un millón de pesos m.l. ($1.000.000) más el auxilio de transporte[5].
-
Señaló la apoderada que posteriormente, y a través de acuerdo verbal, la
señora Ady Esperanza fue ascendida al cargo de asistente de mercadeo,
devengando un salario básico de un millón ciento diez mil pesos m.l.
($1.110.000) más el auxilio de transporte[6].
-
Afirmó la apoderada que su representada desde el 26 de enero de 2016, se
encontraba en la EPS Cafesalud en estudios clínicos debido al resultado de una
ecografía transvaginal en donde se observaban miomas, cuya diagnosis fue “miomatosis
uterina. || quiste simple anexial izquierdo”[7].
-
Sostuvo que tras varios seguimientos médicos se evidenció la evolución
de la enfermedad y el crecimiento de los miomas, motivo por el cual la EPS Cafesalud
decidió programarla para una cirugía de Miomectomía.
-
Señaló la apoderada que del diagnóstico y la evolución de la enfermedad tenía
pleno conocimiento la empresa accionada, pues la señora Ady Esperanza le indicó
al menos a su jefe directa, la Gerente de Mercadeo Jenny Alejandra Cruz, y al
abogado de la Compañía Fredy Antonio Casas Reyes, la evolución de su enfermedad
y la posible programación de cirugía.
-
Informó que el 27 de abril de 2016 se expidió la boleta de solicitud de
sala de cirugía por parte de la CF Unidad Integral de Alto Riesgo Obstétrico
Esimed, de la paciente Ady Esperanza Aragón Bernate, para el siguiente
procedimiento: “miomectomía uterina y escisión de tumor fibroide único o
múltiple por laparotomía”[8].
-
Señaló que el 12 de mayo de 2016 la empresa accionada le comunicó a la
señora Ady Esperanza la no renovación del contrato de trabajo “a partir del día
25  de mayo de 2016”[9].
-
Según la apoderada, para la fecha de presentación de la carta de no
renovación, el contrato laboral ya se encontraba renovado, pues de conformidad
con el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo el preaviso debía ser
informado con 30 días de anticipación, es decir, mínimo el 26 de abril de 2016[10].
-
Indicó que el 27 de mayo de 2016 la EPS Cafesalud programó cirugía de “miomectomía
uterina y escisión de tumor fibroide único o múltiple por laparotomía” para
el 30 de mayo de 2016 en la Clínica Esimed Materno Infantil[11]. Efectivamente en dicha
fecha le fue practicada la cirugía a la accionante[12].
-
Sostuvo que posterior a la cirugía, a la señora Ady Esperanza le fueron
expedidas las siguientes incapacidades médicas por parte de Cafesalud: una
incapacidad inicial por 15 días, del 30 de mayo al 13 de junio de 2016[13], y una
prórroga de 15 días, del 14 de junio al 28 de junio de 2016[14]. Para un total de 30
días de incapacidad.
-
Informó que con ocasión de la terminación del contrato de trabajo la
accionante fue desafiliada de la EPS Cafesalud y, por ende, no ha podido
continuar con el tratamiento postoperatorio ni con los controles médicos.
-
Señaló que la accionante no cuenta con recursos económicos para atender
su propia subsistencia, al punto que se encuentra residiendo en la casa de una
amiga.
-
Consideró que el despido de la señora Ady Esperanza Aragón Bernate fue
discriminatorio pues fue en razón de su estado de salud, además eludió el
trámite de autorización ante el Ministerio de Trabajo de conformidad con el
artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
-
Agregó que no ha recibido el pago de las incapacidades que tuvo entre el
30 de mayo y el 13 de junio de 2016 y entre el 14 de junio y el 28 de junio de
2016, y que están a cargo de la EPS Cafesalud, quien en el momento de su
reclamación por parte de la accionante se negó a pagarlas bajo el argumento de
que era la empresa empleadora la que debía hacer el cobro de las mismas[15].
El 26 de julio de 2016 el Juzgado
Veintisiete Civil Municipal de Bogotá admitió la acción de tutela instaura por
Ady Esperanza Aragón Bernate contra la sociedad Jah Company Services S.A.S.,
corrió traslado de la misma a la empresa accionada y le reconoció personería a
la abogada Cindy Julliet Piraguata Niño[16].
1.2. Respuesta de la empresa accionada
El 28 de julio de 2016, el representante
legal suplente de Jah Company Services S.A.S.[17]
radicó escrito de contestación ante el Juzgado oponiéndose a todas las
pretensiones de la tutelante[18].
Señaló los siguientes hechos y argumentaciones:
-
Reconoció la celebración de un contrato individual de trabajo a término
fijo inferior a un año (3 meses) entre la accionante y la empresa que
representa, en la fecha y en el cargo indicado. Sin embargo, precisó que en la
cláusula quinta contractual las partes estipularon lo siguiente: “[…] Si la
duración del contrato fuere superior a treinta días e inferior a un año, se
entenderá por renovado por un término inicial al pactado, si antes de la fecha
del vencimiento ninguna de las partes avisare por escrito la terminación (sic)
de no prorrogarlo, con una antelación no inferior a quince (15) días”[19].
-
En relación con la remuneración pactada, precisó que en un inicio se
acordó un salario mensual de un millón de pesos m.l. ($1.000.000) pagadero en
dos contados quincenales de quinientos mil pesos m.l. ($500.000), más el
subsidio de transporte legal[20].
-
Negó el representante que la señora Ady Esperanza hubiera sido ascendida
y precisó que sus labores iniciales consistían en asistir a la directora del
Departamento de Reclamaciones en las “funciones de consecución y recolección
de documentos de reclamaciones de certificados de seguro de transporte de
mercancías y alimentar la plataforma de la compañía en el módulo de
reclamaciones, por ello el contrato individual de trabajo se pactó por tres
meses ya que solo se contrataría o se crearía el cargo para asistir a la
directora de reclamaciones por un lapso de corto tiempo”[21]. Y continuó: “Al terminar
dicha labor se trasladó para asistir a la directora de mercadeo (cargo
temporal) para reemplazar las actividades ejercidas [por] su anterior
asistente. El departamento de mercadeo se suprimió a partir del 15 de mayo de
los corrientes con ocasión de la renuncia prematura de la directora de mercadeo
[…]. Al renunciar la directora del departamento finiquita[n] también las
funciones de su asistente; por ende y por trámites internos de entrega de la
gestión a su cargo se decide No renovar el contrato de trabajo a término fijo
inferior a un año, una vez cumplida la segunda prórroga. De tal forma se
concluye que termina justificadamente el objeto de su contrato”[22].
-
Señaló que no es cierto que funcionarios de la empresa tuvieran
conocimiento del diagnóstico y de la enfermedad padecida por la accionante.
Además, que durante la ejecución del contrato no presentó incapacidad alguna ni
por enfermedad común ni por enfermedad profesional.
-
Aclaró que la carta de no renovación del contrato de trabajo fue
redactada el 10 de mayo de 2016 y recibida por la trabajadora el 12 de mayo, y
que las prestaciones sociales se liquidaron hasta el 26 de mayo inclusive[23], fecha en
que terminó el contrato de trabajo a término fijo inferior a un año.
-
Insistió en que la accionante no fue despedida sino que su contrato de
trabajo terminó con ocasión del cumplimiento de la temporalidad pactada, por lo
que no existe vulneración a sus derechos fundamentales.
-
En relación con el no pago de las incapacidades por parte de la EPS informó
que la señora Ady Esperanza solicitó por medio de correo electrónico una
certificación para agilizar dicho trámite, el cual le fue diligenciado en forma
oportuna[24].
-
Finalmente, planteó que las reclamaciones que realiza la accionante son
de naturaleza patrimonial por lo que deben resolverse ante la jurisdicción
ordinaria laboral y no ante el juez de tutela.
1.3. Decisión que se revisa del
juez de tutela de primera instancia
El Juzgado Veintisiete Civil
Municipal de Bogotá mediante sentencia del 3 de agosto de 2016[25], resolvió conceder la
tutela de los derechos invocados por la señora Ady Esperanza Aragón Bernate y
le ordenó a la empresa Jah Company Services S.A.S. reintegrarla “en un cargo
igual o equivalente al que ocupaba en el seno de dicha entidad, sin solución de
continuidad, debiendo en consecuencia resarcir de inmediato todos los derechos
laborales y de seguridad social dejados de cubrir durante el lapso de su
desvinculación”[26].
Igualmente, le ordenó cancelar a la accionante el equivalente a 180 días de su
salario al tiempo de la terminación del contrato de trabajo, por el hecho de
haber terminado la relación contractual sin la autorización previa del
Ministerio de  Trabajo[27].
1.4. Impugnación
El 5 de agosto de 2016, el
representante legal suplente de Jah Company Services S.A.S.[28] impugnó la sentencia de
tutela de primera instancia alegando que la decisión carecía de congruencia por
(i) falta de apreciación de la prueba; (ii) errónea aplicación de
las disposiciones constitucionales y legales, y (iii) carencia de fundamento
en la aplicación de la ley en relación con la indemnización concedida a la
accionante[29].
Reiteró que no es cierto que la empresa hubiera terminado el contrato obviando
la condición de salud de la trabajadora, toda vez que desconocía tal situación.
Por ello, no existió el deber de tramitar autorización alguna ante el
Ministerio del Trabajo. Expuso que las pruebas documentales allegadas por la
accionante dan cuenta de una cirugía que le fuera practicada el 30 de mayo de
2016, es decir, 4 días después de haber terminado el contrato a término fijo
inferior a un año, y de su evolución médica[30],
y que no se tuvo en cuenta el hecho de no haber presentado prueba alguna en la
que se evidenciara que la empresa tenía conocimiento de su enfermedad, ya fuera
a través de una certificación médica, un examen o una incapacidad.
El 8 de agosto de 2016 la
apoderada judicial de Ady Esperanza Aragón Bernate presentó escrito informando
que tanto la accionante como su abogada se presentaron en las instalaciones de
la empresa el 8 de agosto de 2016, en cumplimiento a la citación realizada por
el director de Recursos Humanos para efectos de proceder al reintegro. Sin
embargo, manifestó que no se atendió lo ordenado por el juez de primera
instancia, pues el contrato que sería suscrito era a término fijo de 3 meses y
que no se pagarían los salarios causados desde la fecha de desvinculación hasta
el reintegro[31].
1.5. Decisión que se revisa del
juez de tutela de segunda instancia
El Juzgado Veintidós Civil del
Circuito de Bogotá mediante sentencia del 9 de septiembre de 2016[32], revocó el
fallo del 3 de agosto del mismo año proferido en primera instancia y negó la
protección constitucional. Sostuvo que no resulta procedente el reintegro
pretendido por la accionante porque no hay prueba de que la causa de
terminación del contrato haya sido su estado de salud, pues no se demostró que
la empresa tuviera conocimiento de algún padecimiento médico sufrido por la
trabajadora. Así mismo, señaló que la controversia acerca de la eficacia del
término del preaviso para la no renovación del contrato, tanto la legal (30
días conforme al artículo 46 del Código Sustantivo del trabajo), como la
establecida en el contrato laboral suscrito por las partes (15 días), no es del
resorte del juez constitucional y debe ser expuesta ante la jurisdicción
ordinaria laboral; y, finalmente, que no se advierte la existencia de un
perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio[33].
2. Expediente T-5886149
2.1. Demanda y solicitud
El 28 de junio de 2016, Ruvinson
Morales Peñuela interpuso acción de tutela contra la empresa Consorcio
Marpetrol[34]
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral
reforzada, al trabajo, al debido proceso, a la salud, a la seguridad social, a la
igualdad, a la no discriminación, al mínimo vital y a la dignidad humana,
debido a la terminación de su contrato de trabajo de obra o labor contratada el
16 de diciembre de 2015, sin que mediara la respectiva autorización del Ministerio
del Trabajo, pese a que se encontraba en estado de debilidad manifiesta en
razón de su condición de salud[35].
En consecuencia, solicitó que se declare
la ineficacia de la terminación de la relación contractual y, por efecto de
ello, se ordene a la empresa Consorcio Marpetrol (i) su reintegro; (ii)
el pago de los salarios dejados de percibir y las correspondientes prestaciones
sociales desde la fecha de terminación de la relación contractual hasta que se
efectúe su reintegro, y (iii) el pago de la indemnización equivalente a
180 días de salario de acuerdo a lo regulado en el artículo 26 de la Ley 361 de
1997[36].
El accionante fundamentó su
solicitud de tutela en los siguientes hechos:
-
Ingresó a laborar a la empresa Consorcio Marpetrol el 17 de marzo de
2014 mediante contrato de trabajo de obra o labor contratada, desempeñando
funciones de obrero[37].
-
Indicó que como requisito de ingreso en el Consorcio Marpetrol se
realizó un examen médico laboral el cual demostró que estaba apto para
desempeñar sus funciones, toda vez que se encontraba en buen estado de salud
física y mental.
-
Señaló que el 16 de mayo de 2014 acudió al Hospital Local de San Martín E.S.M.
por presentar un fuerte dolor en la región supraumbilical de pared abdominal
anterior, luego de que hiciera un esfuerzo físico al levantar piedras de la vía
cuando se encontraba en horario laboral. En la anterior consulta le especificaron
“DX. || Dolor abdominal E/E posterior a esfuerzo físico. || Contractura
muscular. || Hernia  supraumbilical? || […] || Plan. || Salida con
recomendaciones generales y signos de alarma. || Ecografía de tejidos blandos
de pared abdominal anterior”, por lo que le dieron una incapacidad médica del
16 de mayo hasta el 19 de mayo de 2014 (4 días)[38].
-
A partir de ese momento tuvo que acudir a la I.P.S. San Martín en
reiteradas oportunidades debido a que continuaba con el dolor umbilical. A
continuación se presenta un cuadro que resume lo anterior.
Fecha
Indicaciones,
recomendaciones y/o diagnóstico
Incapacidad
20 de mayo de 2014
Motivo de consulta: paciente de
33 años con antecedentes de salud, que hace más o menos 5 días después de
haber presentado un esfuerzo en su área laboral presentó dolor intenso en
región abdominal que se le irradia a zona inguinal izquierda. Refiere intenso
dolor al ejercer algún tipo de fuerza.
DX: principal: hernia abdominal
no especificada, sin obstrucción ni gangrena.
Diagnóstico: hernia inguinal
bilateral, sin obstrucción ni gangrena.
Plan: salida más
recomendaciones de signo de alarma más reconsulta por consulta externa. Orden
de ultrasonido de tejidos blandos y pared abdominal. Remisión prioritaria al
servicio de cirugía para valoración y manejo. Incapacidad médica por 10 días[39].
Del 20 de mayo hasta el 29 de
mayo de 2014 (10 días)
17 de julio de 2014
Motivo de consulta: hernia
umbilical sin obstrucción ni gangrena. El paciente asiste solicitando
procedimiento quirúrgico.
Recomendaciones: signos de
alarma (para asistir de inmediato al servicio de urgencias). Dolor abdominal
intenso, vomita todo, presenta cambios de coloración o temperatura en la piel
del abdomen, aparece fiebre con el dolor.
Procedimiento: cirugía general
consulta, hernia umbilical[40].
30 de julio de 2014
Se programa procedimiento “HERNIORRAFIA
UMBILICAL REPRODUCIDA SOD”.
Tipo de cirugía: prioritaria[41].
29 de agosto de 2014
Realización de procedimiento
Herniorrafia umbilical.
Diagnóstico: hernia umbilical
sin obstrucción ni gangrena.
Concepto: enfermedad general.
Del 29 de agosto al 6 de
septiembre de 2014 (9 días)[42].
17 de septiembre de 2014
Motivo de consulta: pop de
herniorrafia umbilical. Enfermedad actual: paciente que en su postoperatorio
refiere dolor en flanco izquierdo. A físico se palpa dolor abdominal sin
masas ni megalias. Se revisa región inguinal izquierda leve dilatación del
anillo inguinal. Se ordena ecografía de pared abdominal y de tejidos blandos
en región inguinal[43].
15 de octubre de 2014
Paciente trae resultados ecográficos.
El de tejido blando reporta adenopatías inespecíficas. Ecografía abdominal
normal. Paciente refiere dolor que se irradia al testículo izquierdo. Dolor
físico en flanco izquierdo a determinar[44].
21 de noviembre de 2014
Motivo de consulta: control.
Paciente quien refiere meses de
evolución de dolor de pared abdominal izquierda irradiado a testículo
izquierdo. Al examen de pared abdominal sin focos de hernia, anillo inguinal
externos normales, testículos normales, de alta por urología[45].
28 de noviembre de 2014
Motivo de consulta: dolor
abdominal.
Paciente con cuadro clínico
caracterizado por dolor abdominal crónico sin mejoría al tratamiento con
estudios dentro de los límites. Valorado por urólogo descarta patología, se
solicita laparoscopia DX ya que hay etiología evidente por lo que se solicita
estudio.
Procedimiento: Laparoscopia
diagnóstica sod[46].
6 de diciembre de 2014
Motivo de consulta: dolor
abdominal crónico.
Recomendaciones: paciente con
dolor abdominal crónico de etiología desconocida a quien se le han realizado
estudios  como tac en el cual se descarta patología intrabdominal pero persiste
con dolor abdominal al levantar cualquier objeto pesado. Tiene pendiente
estudio de laparoscopia dx.
Recomendaciones: el paciente
tiene que ser REUBICADO LABORALMENTE hasta determinar la causa del dolor. El
paciente no puede levantar peso[47].
15 de diciembre de 2014
Motivo de consulta: dolor
abdominal de larga evolución. Se corrigió hernia umbilical en agosto de 2014.
Persiste dolor en la región inguinal izquierda.
Enfermedad actual: dolor en la
región inguinal izquierda.
Diagnóstico principal: dolor localizado
en otras partes inferiores del abdomen.
Recomendaciones: se solicita
ecografía de la pared anterior izquierda[48].
9 de febrero de 2015
Motivo de consulta: control.
IDX: Hernia umbilical
recidivante vs granuloma a material de sutura. Se desconoce el tipo de
material utilizado en la herniorrafia. Hernia de spgeel?
Procedimiento: resonancia
nuclear magnética de tejidos blandos.
Diagnóstico principal: hernia
umbilical sin obstrucción  no gangrena.
Tipo de diagnóstico: confirmado
nuevo.
Procedimiento: resonancia
nuclear magnética de tejidos blandos[49].
25 de marzo de 2015
Se autoriza procedimiento de “HERNIORRAFIA
EPIGÁSTRICA SOD”.
18 de abril de 2015
Motivo de consulta: ingresa
programado para realización de herniorrafia epigástrica.
Motivo de consulta: paciente
ingresa programado para realización de herniorrafia epigástrica.
Diagnóstico principal: hernia
abdominal no especificada, sin obstrucción ni gangrena[50].
31 de julio de 2015
Motivo de consulta: control.
Enfermedad actual: paciente con
dolor pararectal izquierdo. Trae RNM de pared abdominal normal al EF: dolor
localizado sin masa definida.
Plan: segundo concepto.
Diagnóstico principal: Otros
dolores abdominales y los no especificados[51].
25 de agosto de 2015
Motivo de consulta: por hernias.
Enfermedad actual: paciente
quien presenta cuadro de dolor en pared abdominal izquierda por lo cual ha
sido valorado en repetidas ocasiones. Remitido para segundo concepto. Abdomen
es blando no masas ni megalias, hay dolor al palpar borde lateral de recto
izquierdo mayor en tercio inferior. Dolor a la exploración de canal inguinal
izquierdo.
Observación: Ecografía de
tejidos blandos región inguinal izquierda con el fin de descartar o confirmar
hernia inguinal[52].
28 de septiembre de 2015
Motivo de consulta: paciente en
estudio por probable hernia inguinal izquierda.
Enfermedad actual: asiste con
ecografía que reporta hernia inguinal izquierda con saco de 14x6x13 MLMS.
Persiste dolor en región inguinal izquierda irradiando testículo. Se le
explican hallazgos encontrados, procedimiento quirúrgico al igual que riesgos
y beneficios de manera clara y amplia. Sangrado infección dolor POP.
Pendiente concepto por parte de medicina laboral. Se contra remite con Dr.
Covelli, médico tratante.
Diagnóstico principal: hernia
inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena[53].
28 de septiembre de 2015
Se aprueba cirugía general
consulta, detección temprana de enfermedad general[54].
3 de noviembre de 2015
Motivo de consulta: control.
Paciente trae ecografía Dr.
Monsalve 24/09/15 como hallazgo hernia inguinal izquierda con saco herniario
de 14x6x13MM durante las maniobras de vansalva.
Plan: Ss Herniorrafia inguinal
izquierda por vía laparoscópica. Ss Preqx Vx por anestesia. Se le explica su
patología, riesgos, complicaciones y la propuesta quirúrgica con sus riesgos
y complicaciones.
Diagnóstico principal: hernia
inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena.
Tipo de diagnóstico: confirmado
nuevo.
Procedimiento: Herniorrafia
inguinal con injerto o prótesis sod (hernioplastia con malla de polipropileno
no recubierta)[55].
3 de noviembre de 2015
Se autoriza el procedimiento
“HERNIORRAFIA INGUINAL CON INJERTO O PRÓTESIS SOD (HERNIOPLASTIA CON MALLA DE
POLIPROPILENO NO RECUBIERTA)”[56]
-
Narró que el 9 de diciembre de 2014 le envió a través de correo
electrónico a Erika Liliana Ramírez, funcionaria de la empresa, su historia clínica[57].
-
Señaló que el 16 de diciembre de 2015 la empresa Consorcio Marpetrol le
comunicó la terminación del contrato de trabajo sin justa causa, pese a que
tenía pleno conocimiento de su condición de salud que lo ubicaba en un estado
de debilidad manifiesta[58].
Ello implicó la interrupción abrupta de su proceso de rehabilitación médica,
pues se encontraba con medicación, exámenes médicos pendientes por realizar y
una cirugía programada.
-
Expuso que el 23 de diciembre de 2015 la Inspectora de Trabajo de
Granada, Meta, le comunicó que la empresa Consorcio Marpetrol había solicitado
la autorización para la terminación del contrato de trabajo y lo citó para
llevar a cabo diligencia de trámite administrativo[59]. Lo anterior, cuando ya
había tenido ocurrencia su despido y había interrumpido su tratamiento médico.
-
Indicó que el 25 de mayo de 2016, después de una inspección realizada, la
Coordinación del Grupo de Atención al Ciudadano y Trámites de la Dirección
Territorial Meta del Ministerio de Trabajo, emitió la Resolución No. 00471, “por
la cual se resuelve una solicitud de autorización para la terminación de un
contrato de un trabajador en estado de discapacidad”, en donde se resuelve:
“ARTÍCULO PRIMERO: No autorizar la terminación del contrato de trabajo del
señor RUVINSON MORALES PEÑUELA, […], A LA EMPRESA Consorcio Marpetrol […], por
solicitud presentada por el empleador con Radicado No. 05419 del 08 de Octubre
de 2015 […]” (mayúsculas originales)[60].
-
Finalmente, sostuvo que se encuentra en grave estado de salud y con un
tratamiento médico ya ordenado en riesgo de ser interrumpido. Además, sin
empleo y con una deficiencia física que afecta su mínimo vital y el de su
familia, teniendo en cuenta que él es el proveedor de su núcleo familiar.
El 29 de junio de 2016 el Juzgado
Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Garantías de
Villavicencio, Meta, admitió la acción de tutela instaura por Ruvinson Morales
Peñuela contra el Consorcio Marpetrol, corrió traslado de la misma a la empresa
accionada y ordenó a la oficina de Trabajo que informara si la accionada había
tramitado permiso de despido del trabajador accionante[61].
2.2. Respuesta de la empresa
accionada y del Ministerio del Trabajo
2.2.1. Mediante oficio
7050001-059 (sin fecha), la Coordinadora del Grupo de Atención al Ciudadano y
Trámites del Ministerio del Trabajo[62]
informó que la empresa Consorcio Marpetrol presentó solicitud de autorización
de despido del accionante Ruvinson Morales Peñuela, y que mediante la Resolución
No. 00471 del 25 de mayo de 2016 el despacho resolvió “No autorizar la
terminación del contrato al trabajador accionante”. Indicó, además, que
dicha resolución fue notificada a la compañía el 27 de junio del mismo año[63].
2.2.2. El 7 de julio de 2016, el
representante legal del Consorcio Marpetrol[64]
presentó respuesta solicitando negar la acción de tutela con fundamento en que
su representada no había violado ningún derecho fundamental del extrabajador
Ruvinson Morales Peñuela, dado que su contrato era de obra o labor contratada y
fue terminado por la finalización del objeto contractual, más no por su
condición de salud[65].
Señaló que al momento de dar por terminado el contrato de obra del accionante
este no se encontraba incapacitado ni en tratamiento médico, además, que le
fueron liquidadas y pagadas todas sus prestaciones sociales[66].
Entre otras, aportó como prueba
una comunicación que fuera enviada a la empresa por la ARL Sura el 9 de julio
de 2014, en la que indicaba que luego de analizar la información suministrada
por la accionada se había concluido que el evento que le había ocurrido al
trabajador el 16 de mayo del mismo año, no correspondía con la definición de un
accidente de trabajo y que, por ende, las prestaciones económicas y
asistenciales debían solicitarse a la EPS a la cual se encontraba afiliado el mismo[67]. Además
señaló que la enfermedad sufrida por el trabajador era de origen común y no laboral,
es decir, que no fue imputable al trabajo de obrero que desempeñaba el señor
Ruvinson Morales Peñuela.
2.3. Decisión que se revisa del
juez de tutela de primera instancia
El Juzgado Primero Penal
Municipal para Adolescentes con Función de Garantías de Villavicencio, Meta,
mediante sentencia del 13 de julio de 2016[68],
resolvió declarar improcedente la tutela presentada por el señor Ruvinson
Morales Peñuela contra el Consorcio Marpetrol, por el incumplimiento de los
requisitos de inmediatez y subsidiaridad. En relación con el primer aspecto,
explicó que si bien la empresa terminó el contrato de trabajo el 16 de
diciembre de 2015, el trabajador decidió acudir a la acción de tutela el 28 de
junio de 2016, es decir, luego de que transcurrieran cerca de 7 meses, sin
señalar las razones que justificaran dicha tardanza. En lo que tiene que ver
con la subsidiaridad, sostuvo que como el mecanismo de amparo perseguía un
reintegro, para lo cual era posible acudir a la jurisdicción ordinaria laboral,
se requería verificar la existencia de un perjuicio irremediable que
justificara la protección constitucional, como, por ejemplo la afectación del
mínimo vital, sin que tal situación apareciera probada en el proceso.
2.4. Impugnación
El 2 de julio de 2016 Ruvinson Morales
Peñuela impugnó la sentencia de tutela de primera instancia[69]. Además de reiterar los
hechos planteados en su demanda de tutela, expuso:
-
Para la fecha de terminación del contrato, 16 de diciembre de 2015, la
empresa Consorcio Marpetrol tenía pleno conocimiento de la enfermedad que
padecía y del tratamiento médico que le estaban realizando, pues, señaló, que siempre
le notificó dichas novedades a su jefe inmediato de campo, y, pese a ello, su
contrato fue terminado desconociendo su estado de debilidad manifiesta y sin
que mediara la autorización del Ministerio del Trabajo.
-
La hernia inguinal que le fue diagnosticada se produjo durante la
relación laboral con la empresa accionada. Señaló que dicha enfermedad es muy
común en la industria del petróleo por el exceso de fuerzas que se realizan
diariamente.
-
Acerca de la falta de inmediatez en la interposición de la acción de
tutela, sostuvo que fue despedido el 16 de diciembre de 2015, e inmediatamente adelantó
las diligencias que consideró pertinentes para solicitar la protección de sus
derechos ante la Oficina de Trabajo de Granada, trámite que concluyó con la
expedición de la Resolución No. 00471 del 25 de mayo de 2016 en donde se indicó
que la empresa no tenía la facultad de despedirlo en el estado de debilidad
manifiesta en que se encontraba. Tal trámite demoró cinco (5) meses. Cuando
finalizó le solicitó a su empleador su reintegro y ante la negativa instauró la
acción de tutela.
-
El perjuicio irremediable deriva de la interrupción abrupta de su
tratamiento, pues para la época del despido ya tenía una cirugía programada
para tratar el padecimiento, que a la fecha no se ha realizado.
El 29 de julio de 2016, en el
término de traslado de la impugnación, el representante legal del Consorcio
Marpetrol[70]
solicitó negar dicho recurso y mantener el fallo de tutela de primera
instancia, para lo cual reiteró los argumentos fácticos y jurídicos expuestos
en el escrito de contestación[71].
2.5. Decisión que se revisa
del juez de tutela de segunda instancia
El Juzgado Primero Penal del
Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Villavicencio mediante
sentencia del 22 de agosto de 2016[72],
confirmó en su integridad el fallo de primera instancia, reiterando la
existencia de otro mecanismo de defensa judicial para la solución de la
controversia.
3. Expediente T-5889183
3.1. Demanda y solicitud
El 28 de junio de 2016, Gizethe
Estefanía Rico Díaz interpuso acción de tutela contra Activos S.A.[73] por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral
reforzada de los disminuidos físicos, al trabajo, a la salud, a la seguridad
social, al mínimo vital, a la no discriminación y a la vida en condiciones
dignas, debido a la terminación de su contrato de trabajo de obra o labor
contratada el 27 de mayo de 2016, sin que mediara la respectiva autorización
del Ministerio del Trabajo, pese a que padecía una discapacidad auditiva que
venía siendo tratada médicamente por su EPS[74].
En consecuencia, solicitó que se
declare la ineficacia de la terminación de la relación contractual y, por
efecto de ello, se ordene a la empresa Activos S.A. (i) su reintegro en
un puesto de igual o superior categoría al que venía desempeñando, sin solución
de continuidad; (ii) el pago de los salarios dejados de percibir y las
correspondientes prestaciones sociales desde la fecha de terminación de la
relación contractual hasta su efectivo reintegro, y (iii) el pago de la
indemnización equivalente a 180 días de salario de acuerdo a lo regulado en el
artículo 26 de la Ley 361 de 1997[75].
La accionante fundamentó su
solicitud de tutela en los siguientes hechos:
-
Ingresó a laborar a Activos S.A. el 24 de abril de 2014 mediante
contrato individual de trabajo por el término de duración de la obra o labor
contratada”[76].
Dicho contrato fue renovado el 26 de junio de 2014 con la temporal Coltempora
S.A.[77];
el 11 de diciembre de 2014 también con la temporal Coltempora S.A.[78]; el 1 de
abril de 2015 con la temporal Activos S.A.[79]
y, finalmente, el 1 de febrero de 2016 con esta última empresa[80]. Todas las cuatro
renovaciones se hicieron sin solución de continuidad.
-
Indicó que durante la ejecución del contrato su cargo fue de profesional
II, que desempeñó sus funciones en la empresa usuaria Administradora Colombiana
de Pensiones - Colpensiones, Gerencia Nacional de Reconocimiento, Grupo LMD 10
ENTES, que su última jefe inmediata fue Diana Consuelo Mantilla Ayala, y que
las funciones que tenía a cargo eran: (i) sustanciar las solicitudes de
prestaciones económicas en todas sus instancias (primera decisión, recursos de
reposición y apelación, revocatoria directa, queja, nuevo estudio y
cumplimiento de sentencias), radicadas en Colpensiones o las trasladadas del
I.S.S. en liquidación; (ii) contestar derechos de petición; (iii)
atender las tutelas en todas sus instancias; (iv) realizar los informes
que le requirieran; (v) apoyar los procesos de control de calidad
requeridos, (vi) además de las asignadas por el jefe inmediato[81].
-
Sostuvo que al momento de la vinculación laboral medió un concepto de
aptitud ocupacional favorable, sin reporte de enfermedades o padecimientos de
salud[82].
-
Señaló que para el puente festivo del 11 al 13 de octubre de 2014 acudió
al médico para diagnosticar y tratar su pérdida súbita de audición por el oído
izquierdo, siendo diagnostica en principio con “H907 Hipoacusia mixta
conductiva y neurosensorial - unilateral con audición irrestricta contralateral”[83].
-
Planteó que después de una serie de citas y exámenes médicos, no fue
sino hasta diciembre de 2015 que la otorrinolaringóloga tratante de la EPS Compensar
a la cual se encontraba afiliada, le diagnosticó que posiblemente padecía “H906
Hipoacusia mixta conductiva y neurosensorial - bilateral”, sin embargo al
existir una marcada variabilidad en los estudios realizados en diciembre de 2015
en relación con los del 2014, fue remitida a “Audiometría y ss
impedanciometría”[84],
examen con el cual se confirmó el anterior diagnóstico”[85].
-
Narró que para la renovación de su contrato laboral efectuado en el mes
de febrero de 2016 y ya conociendo su padecimiento, informó a su empleador
acerca del diagnóstico, el cual quedó registrado en el concepto de aptitud
ocupacional practicado el 29 de enero de 2016 por la especialista médica de
reclutamiento, quien hizo la recomendación específica de continuar con el
médico especialista de la EPS Compensar[86].
-
Señaló que el 27 de mayo de 2016, antes de terminar su jornada laboral, la
empresa Activos S.A. le comunicó que su contrato culminaría el 27 de mayo del
mismo año inclusive, debido a que la labor para la cual había sido contratada había
finalizado[87].
Lo anterior, sin tener en cuenta su discapacidad y que se encontraba en un
tratamiento médico. Además, sin que mediara autorización del Ministerio de
Trabajo conforme al artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
-
Sin embargo, informó que el grupo LMD 10 ENTES de la Gerencia Nacional
de Reconocimiento de Colpensiones, dependencia en donde se desempeñaba, aún
existe y sigue desarrollando las mismas funciones que ella realizaba, además se
encuentra integrado por personas con el mismo cargo y modo contractual que ella
ostentaba, es decir, que Activos S.A. aún tiene suscrito un contrato con
Colpensiones para el suministro de trabajadores en misión para la ejecución de
las labores por ella realizadas.
-
Planteó que en la última cita con el especialista tratante (otólogo) de
la EPS Compensar, se determinó que su padecimiento era “H809 otosclerosis -
no especificada H902 hipoacusia conductiva - sin otra especificación”, enfermedad
que es lentamente progresiva[88].
Así, con base en la última audiometría se determinó que su pérdida auditiva es
“moderada izquierda y leve derecha” y se ordenó un nuevo examen.
-
Practicada la nueva evaluación audiológica el 2 de julio de 2016, según
explicó, se determinó que padece “Hipoacusia mixta bilateral, con compromiso
moderado en el oído derecho y compromiso moderado-severo en el oído izquierdo”[89], razón por
la cual siguió en tratamiento médico de su discapacidad con el fin de
determinar si es apta para una cirugía de reconstrucción de cadena ósea o para
la colación de unos aparatos auditivos.
-
Señaló que debido a que su médico tratante aún no ha expedido concepto
de rehabilitación integral, su discapacidad no ha sido calificada.
-
Explicó que su enfermedad es de origen común y que es progresiva y
degenerativa, esta situación le ha dificultado llevar a cabo actividades
cotidianas, y la ha puesto en una posición de desventaja a nivel laboral y
personal debido a su discapacidad, por lo que requiere una protección especial.
-
Informó que con la ayuda de la Defensoría del Pueblo realizó una gestión
directa, urgente y preferente con oficio No. 814 del 6 de julio de 2016, ante
su anterior empleadora Activos S.A., consistente en solicitar el reintegro con
fundamento en la garantía de la estabilidad laboral reforzada en razón de su
actual condición de salud[90].
Sin embargo, la empresa no dio respuesta alguna.
-
Finalmente, narró que el único ingreso con el que contaba derivaba de su
salario, el cual utilizaba para cubrir sus necesidades básicas y pagar el
arriendo[91],
las facturas de servicios públicos domiciliarios y las cuotas mensuales de un
apartamento de interés social en Solsticio Parque Residencial que había separado
y cuyo pago tuvo que suspender a raíz de la pérdida de su empleo[92]. Así mismo,
que no cuenta con recursos económicos para financiar la cirugía que pudiera
llegar a necesitar o los audífonos para el mejoramiento de su capacidad
auditiva, la cual progresivamente se ha deteriorado.
El 23 de agosto de 2016 el
Juzgado Setenta y Uno Civil Municipal de Bogotá admitió la acción de tutela
instaura por Gizethe Estefanía Rico Díaz contra Activos S.A., vinculó al
Ministerio de Salud y Protección Social, a Compesar EPS, al Ministerio del
Trabajo, a Colpensiones y a Coltempora Colombiana de Temporales S.A., para que
se manifestaran acerca de los hechos narrados en la solicitud de amparo, y,
finalmente, corrió traslado de la misma a la empresa accionada[93].
3.2. Respuesta de las empresas
accionada y vinculada y de las entidades vinculadas
3.2.1. Mediante oficio 153478 del
26 de agosto de 2016, el Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio del Trabajo[94] dio
respuesta a la acción de tutela solicitando declarar su improcedencia en
relación con la cartera que representa y, en consecuencia, exonerarla de
responsabilidad dado que no hay obligación de su parte ni es quien ha vulnerado
ni puesto en peligro derechos fundamentales de la accionante. Así mismo,
peticionó que si a bien lo considera la autoridad judicial, acceda a la
protección de los derechos invocados por Gizethe Estefanía Rico Díaz, pues el
sentir del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y de la jurisprudencia
constitucional “es el de brindar protección especial al trabajador que se
encuentre en estado de evidente discapacidad, representada en una disminución o
limitación física que le impida al empleado desarrollar su labor”[95]. No obstante
lo anterior, planteó la improcedencia del mecanismo constitucional activado
para el reconocimiento y pago de acreencias laborales, salvo que esté de por
medio la vulneración del mínimo vital de quien acciona[96].
3.2.2. El 26 de agosto de 2016,
el representante legal de Coltempora S.A.[97]
presentó respuesta solicitando declarar la falta de legitimación en la causa
por pasiva en relación con la sociedad que representa, dado que no tiene
ninguna obligación laboral con la accionante puesto que no hay un vínculo contractual
desde el 1 de abril de 2015. Al respecto, precisó que la señora Gizethe
Estefanía Rico Díaz estuvo vinculada a Coltempora S.A. mediante dos contratos
de trabajo, “cada uno totalmente independiente, ajeno y autónomo del otro”[98]. El primer
contrato de obra o labor se inició el 26 de junio de 2014 y terminó el 10 de
diciembre de 2014, en el cargo de profesional II en misión en la empresa
usuaria Colpensiones, y el motivo de la finalización fue el fin de la obra o
labor. El segundo contrato de obra o labor se inició el 11 de diciembre de 2014
y terminó el 31 de marzo de 2015, también en el cargo de profesional II en
misión en la empresa usuaria Colpensiones, y el motivo de la finalización fue el
fin de la obra o labor[99].
Además, señaló que cada contrato estuvo regulado por las normas del servicio
temporal en Colombia y no superó más de un año de prestación de servicios en
aplicación del inciso tercero del artículo 77 de la Ley 50 de 1990[100], que
la empresa que representa cumplió con las obligaciones que le impone la ley (salariales
y prestacionales) en su calidad de empleadora[101] y que en la actualidad
no vulnera derecho fundamental alguno de la extrabajadora, por lo que no se
encuentra en el deber jurídico de soportar una condena en su contra derivada de
los hechos que fundamentaron la solicitud de amparo constitucional[102].
3.2.3. El 26 de agosto de 2016,
la apoderada de la Caja de Compensación Familia Compensar - Compensar EPS[103], solicitó
que se declarara la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por
Gizethe Estefanía Rico Díaz debido a la subsidiaridad del mecanismo
constitucional y por la inexistencia de un perjuicio irremediable[104].
Señaló que la EPS que representa no ha vulnerado derechos fundamentales de la
accionante ya que no hay evidencia alguna de negación de servicios solicitados
por ella. Además, informó que para el momento de la respuesta la señora Gizethe
Estefanía se encontraba afiliada en el Plan Obligatorio de Salud (POS) de la EPS
Compensar por la empresa Grupo ASD S.A.S. en calidad de dependiente y que la
fecha de afiliación fue el 18 de julio de 2016[105], que desde junio de
2016 le han sido autorizados cuatro servicios médicos[106], que estuvo vinculada
como cotizante dependiente de la empresa Activos S.A. hasta el 27 de junio de
2016[107],
y que medicina laboral no tiene solicitudes de calificación de presuntos
accidentes o enfermedades ni se evidencian incapacidades radicadas para estudio
de reconocimiento económico[108].
3.2.4. El 29 de agosto de 2016,
la representante legal de Activos S.A.[109]
se opuso a todas las pretensiones de la demanda señalando que la empresa no
vulneró derechos fundamentales de Gizethe Estefanía Rico Díaz, pues cumplió con
todas las obligaciones que le correspondían en el marco del contrato de trabajo
suscrito con la accionante. Al respecto señaló:
“La señora Rico
sostuvo varios vínculos laborales con [la] Empresa de Servicios Temporales,
vínculos que se generaron para atender la necesidad temporal que en su momento
surgió en [la] Empresa Usuaria, conforme al contrato de prestación de servicios
No. 005 suscrito entre la temporal y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
- COLPENSIONES, en el cargo de PROFESIONAL II, […][110].
[…]
Debido a lo
anterior, conforme se ha superado la necesidad temporal que se generó en el
Contrato de Suministro de Trabajadores en misión No. 005, ha sido necesario
desvincular gradualmente los trabajadores en misión asignados a la Empresa
Usuaria […] COLPENSIONES, así:
CONTRATO
No. 005
MES
No.
DE TRABAJADORES EN MISIÓN RETIRADOS
FEBRERO
46
MARZO
61
ABRIL
66
MAYO
40
JUNIO
10
TOTAL
223
El día 29 de
enero de 2016, la tutelante se realizó examen médico de ingreso, cuyo concepto
fue APTO PARA EL CARGO […].
Una vez
finalizó la Obra o Labor para la cual fue vinculada, procedió la terminación
del contrato de trabajo, tal como se permite de acuerdo con lo dispuesto en el
literal d) del artículo 5º de la Ley 50 de 1990, que subrogó el artículo 61 del
Código Sustantivo del Trabajo, situación que además cobijó a 39 trabajadores en
misión más asignad[o]s a la misma Empresa Usuaria[111], para atender la misma
necesidad temporal, sin que tuviera relación alguna con el supuesto detrimento
en su estado de salud, que ahora se alega, y además, hecho que era conocido y
aceptado por la trabajadora, tal como consta en la cláusula segunda del
contrato suscrito.
[…]
La Empresa de
Servicios Temporales, ACTIVOS S.A. vinculó mediante contrato de trabajo por el
término que dure la obra o labor contratada a la señora GIZETHE ESTEFANÍA RICO
DÍAZ, el día 01 de [f]ebrero de 2016 y [fue] asignada como trabajador en misión
a la Empresa Usuaria […] COLPENSONES, de conformidad a lo previsto en los
artículos 71 y siguientes de la Ley 50 de 1990 y el Decreto 4369 de 2006.
Para el 27 de [m]ayo
de 2016, fecha en que se culminó el vínculo laboral entre ACTIVOS S.A. y la
tutelante, esta NO SE ENCONTRABA INCAPACITADA, ni contaba con RECOMENDACIONES
MÉDICAS VIGENTES O ALGUNA OTRA CONDICIÓN QUE INSINUARA ESTAR EN UN ESTADO DE
DEBILIDAD MANIFIESTA y/o SER DISCAPACITADA”[112]
(mayúsculas y negrillas originales).
Además, planteó la improcedencia
de la acción de tutela dado su carácter subsidiario y la inexistencia de un
perjuicio irremediable, resaltando que la accionante reclama beneficios netamente
económicos lo que está fuera del ámbito del juez constitucional.
Con la respuesta se anexó copia
de una carta enviada el 27 de mayo de 2016 por una profesional asignada en
funciones de gerente nacional de gestión de talento humano de Colpensiones[113], a
la representante legal de Activos S.A., que hace referencia al Contrato No. 005
de 2016 y al retiro de un número importante de trabajadores en misión con fecha
de efectividad 27 de mayo de 2016[114].
3.2.5. El 29 de agosto de 2016,
el vicepresidente de financiamiento e inversiones con funciones asignadas de
vicepresidente jurídico y secretario general de Colpensiones[115], planteó que la acción
de tutela no es el medio para debatir las facultades de un empleador en relación
con la terminación contractual o para determinar si hay o no justa causa en una
terminación contractual y mucho menos para solicitar el reintegro a un cargo,
máxime cuando no se demuestra la existencia de un perjuicio inminente, urgente,
grave e impostergable. En relación con las pretensiones de la accionante,
solicitó que se deniegue el reintegro o cualquier responsabilidad económica a
cargo de Colpensiones toda vez que la entidad no fue sujeto de relación legal o
contractual alguna con la señora Gizethe Estefanía Rico Díaz[116]. Frente a algunos
hechos de la demanda, se pronunció en el siguiente sentido:
Durante todo el
tiempo en que la accionante señora GIZETHE ESTEFANÍA RICO DÍAZ prestó sus
servicios en calidad de trabajador en misión en Colpensiones, jamás informó de
manera formal ni a la empresa de servicios temporales ACTIVOS S.A. (su último,
verdadero y único empleador), ni a […] COLPENSIONES que padeciera de una
enfermedad. En dicho tiempo Colpensiones solo conoció dos (2) solicitudes de
permiso remunerado elevadas a ACTIVOS S.A., quien, en virtud del contrato de
prestación de servicios suscrito con [su] representada, comunicó a Colpensiones
los ausentismos de dicha trabajadora en misión. Los permisos concedidos por
ACTIVOS S.A., fueron los siguientes: || 1. Por haber votado, el once (11) de
noviembre de 2015. || 2. Para asistir a una prueba de conocimientos pues estaba
postulándose a un empleo el trece (13) de mayo de 2016.
De otra parte,
de conformidad con el soporte probatorio que acompaña la tutela, más
específicamente el examen médico ocupacional de ingreso, informa que la
accionante es apta para el empleo y en ninguna parte se relaciona que
tenga alguna limitación, restricción o prescripción que debiera ser atendida
por su eventual empleador. Tampoco en el soporte probatorio aparece incapacidad
médica, permiso remunerado o licencia sin remuneración para asistir a citas
médicas o para hacerse algún tratamiento médico. Los documentos en donde
aparece que ella tiene una afectación [en] su salud y que fueron aportados en
la tutela, son documentos que hacen parte de la historia clínica de la ex
trabajadora en misión que ni su empleador y mucho menos Colpensiones puede
conocer pues, tales documentos tienen reserva.
[…]
Por lo anterior
y en el entendido que los contratos de prestación de servicios independientes
suscritos con empresas de servicios temporales para el suministro de
trabajadores en misión, toda vez que atienden la demanda de personal sujeto a
las necesidades de Colpensiones, al avance en el cumplimiento de las metas
dispuestas por la Corte Constitucional, el avance de procesos, procedimientos,
proyectos, fases, etapas, la consolidación de labores ocasionales, accidentales
o transitorias, que pueden empezar o terminar independientemente unas de otras,
pueden dar lugar a la terminación gradual o sucesiva de las etapas o frentes de
trabajo donde el trabajador en misión desempeña sus labores en la empresa
usuaria, así las cosas cualquiera de las anteriores permite, según lo pactado,
un modo de terminación del contrato de trabajo por vencimiento de la obra o
labor contratada y fue justamente lo que sucedió con la accionante, toda vez
que [se desconocía] el estado de enfermedad que hasta ahora manifiesta”[117]
(mayúsculas y subrayas originales.
3.2.6. El 31 de agosto de 2016,
el Director Jurídico del Ministerio de Salud y Protección Social[118]
solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela en relación con la
cartera ministerial por falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez
que la entidad no sostuvo ninguna relación laboral con la accionante. Además,
señaló que la acción de tutela es un medio judicial subsidiario y residual que
no tiene por fin reemplazar los procedimientos previstos en la legislación para
hacer valer derechos de naturaleza laboral[119].
3.3. Decisión que se revisa de
la juez de tutela de primera instancia
El Juzgado Setenta y Uno Civil
Municipal de Bogotá mediante sentencia del 1 de septiembre de 2016[120],
resolvió declarar improcedente la tutela presentada por Gizethe Estefanía Rico
Díaz contra Activos S.A. por el incumplimiento del requisito de subsidiaridad,
toda vez que la accionante cuenta con el proceso ordinario laboral para
reclamar ante los jueces las peticiones invocadas.
3.4. Impugnación
El 9 de septiembre de 2016 la
accionante impugnó la sentencia de tutela de primera instancia[121]. Además de reiterar algunos
hechos planteados en su demanda de tutela, expuso que como se encuentra en un
estado de debilidad manifiesta por su condición de salud debe ser considerada
como una persona de especial protección constitucional, por lo tanto la acción
de tutela procede como mecanismo transitorio de protección de sus derechos
fundamentales. Así mismo afirmó que:
-
No se encuentra trabajando y no tiene ningún vínculo laboral con la
empresa Grupo ASD S.A.S.
-
Con un préstamo que le hizo su madre, quien es pensionada y obtiene
ingresos de un arriendo de un local comercial, logró cotizar sobre un salario
mínimo para el mes de agosto de 2016 para no perder la continuidad de su
tratamiento.
-
No cuenta con un salario que le permita proveer y sanear sus necesidades
básicas y las obligaciones ya adquiridas[122].
-
Narró que tardó un par de meses en conseguir empleo en Activos S.A. por
lo que hacía su mayor esfuerzo para mantenerlo, pese a lo cual su contrato fue
terminado sabiendo que todavía hay muchos empleados que están cumpliendo la
misma labor que ella desempeñaba en la Colpensiones, y que con su discapacidad
sensorial conseguir empleo se le dificulta aún más.
3.5. Decisión que se revisa
del juez de tutela de segunda instancia
El Juzgado Séptimo Civil del Circuito
de Bogotá mediante sentencia del 14 de octubre de 2016[123], confirmó en su
integridad el fallo de primera instancia, reiterando la existencia de otro
mecanismo de defensa judicial para la solución de la controversia. Al respecto,
concluyó “que no se encuentra un acto grotesco y caprichoso en el despido
que careciera de justificación y que ameritara la intervención por vía de
tutela, razón por la cual [esa] instancia no puede sustituir los mecanismos
judiciales ordinarios”[124].
4. Expediente T-5904926
4.1. Demanda y solicitud
El 24 de junio de 2016, Luis
Ramón Amaya Martínez interpuso acción de tutela contra la E.S.E. Hospital el
Socorro de San Diego, Cesar, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la estabilidad ocupacional reforzada, al trabajo digno y justo,
al salario mínimo vital y móvil, a la vida en condiciones dignas, a la
igualdad, a la seguridad social y al debido proceso, en razón de la terminación
de su contrato de prestación de servicios el 1 de junio de 2016, sin que
mediara la respectiva autorización del Ministerio del Trabajo, pese a que se
encontraba en condición de discapacidad física[125].
En consecuencia, solicitó que sea
declarada la ineficacia de la terminación de la relación contractual y, por
efecto de ello, se ordene a la E.S.E. Hospital el Socorro de San Diego (i)
que renueve su vinculación contractual en el cargo que venía desempeñando o en
uno de similares condiciones, sin solución de continuidad; (ii) el pago
de los honorarios y emolumentos dejados de percibir desde el día de la
terminación del contrato de prestación de servicios hasta la fecha en que sea
renovado el mismo; y (iii) el pago de la indemnización equivalente a 180
días de salario de acuerdo a lo regulado en el artículo 26 de la Ley 361 de
1997[126].
El accionante fundamentó su
solicitud de tutela en los siguientes hechos:
-
Afirmó que es una persona en condición de discapacidad física y que se
encuentra registrado en el Registro de Localización y Caracterización de
Personas con Discapacidad manejado por el Ministerio de Salud[127].
-
Señaló que el 7 de enero de 2015 suscribió el contrato de prestación de
servicios No. 036 cuyo objeto consistía en la “prestación de servicios como
auxiliar del área de facturación de la E.S.E. Hospital el Socorro de San Diego
Cesar”, con un término de ejecución de cuatro (4) meses y un valor total de
tres millones ochocientos mil pesos m.l. ($3.800.000) pagadero en honorarios
mensuales de novecientos cincuenta mil pesos m.l. ($950.000)[128].
-
Sostuvo que el 7 de mayo de 2015 se suscribió entre las partes un nuevo
contrato bajo el radicado No. 082, con igual objeto, con un plazo de ejecución
de seis (6) meses y un valor total de cinco millones setecientos mil pesos m.l.
($5.700.000) pagadero en honorarios mensuales de novecientos cincuenta mil pesos
m.l. ($950.000)[129].
-
Señaló que el anterior contrato de prestación de servicios fue
adicionado en un plazo correspondiente a un mes y 24 días[130], y que una vez vencido
siguió desarrollando las actividades propias del objeto contractual por el
periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2015 y el 1 de febrero de 2016,
sin recibir ningún tipo de contraprestación por los servicios prestados.
-
El 2 de febrero de 2016 se suscribió entre las partes un nuevo contrato
bajo el radicado No. 046, con igual objeto, con un plazo de ejecución de cuatro
(4) meses y un valor total de cinco millones de pesos m.l. ($5.000.000)
pagadero en honorarios mensuales de un millón doscientos cincuenta mil pesos
m.l. ($1.250.000)[131].
-
Explicó que el cargo de auxiliar de facturación era desempeñado por tres
(3) personas, incluido el accionante, a quienes se les asignaba turnos de ocho
(8) horas diarias de tal forma que el primer día correspondía al turno de la
mañana, el segundo al turno de la tarde y el tercero se descansaba y así
sucesivamente.
-
Indicó que desde mayo de 2016 y hasta la finalización del último
contrato, el recurso humano dispuesto para las labores de facturación se redujo
a dos (2) personas, motivo por el cual se duplicó la carga laboral diaria, no
obstante siguió ejecutando sus labores contractuales con la misma
responsabilidad con que hasta ese momento lo había hecho.
-
Señaló que el 1 de junio de 2016 le comunicaron que no seguiría
ejecutando las actividades que venía realizando toda vez que la gerencia había
dispuesto cambiar el personal del área de facturación y que a partir de dicha
fecha debía entregar el cargo[132].
-
Planteó que la E.S.E. Hospital el Socorro no solicitó ante el inspector
del trabajo la autorización correspondiente para proceder a la terminación de
la relación contractual, sabiendo que es una persona de especial protección
constitucional en razón de su discapacidad.
-
Sostuvo que a raíz de la pérdida de su empleo no cuenta con recursos
económicos para atender su propia subsistencia ni la de su núcleo familiar, conformado
por su compañera permanente Dubis Helena Arzuaga Arzuaga, su hijo menor de edad
Ángel Andrés Amaya Arzuaga y su suegra Antonia Beatriz Arzuaga Dangond, quien
por su avanzada edad (82 años) presenta múltiples afecciones de salud[133].
-
Precisó que por su condición de discapacidad le es muy difícil conseguir
empleo.
El 27 de junio de 2016 el Juzgado
Promiscuo Municipal de San Diego, Cesar, admitió la acción de tutela instaura
por Luis Ramón Amaya Martínez contra la E.S.E. Hospital el Socorro de San Diego
y corrió traslado de la misma a la empresa accionada para que ejerciera su
derecho de defensa[134].
4.2. Respuesta de la empresa
accionada
El 1 de julio de 2016 el apoderado
judicial de la E.S.E. Hospital El Socorro[135]
radicó escrito de contestación ante el Juzgado, solicitando que se denieguen las
pretensiones del accionante[136].
Señaló los siguientes hechos y argumentaciones:
-
Señaló que revisados los archivos del expediente contractual de Luis
Ramón Amaya Martínez no se encontró ni un solo documento que lo catalogara como
una persona en condición de discapacidad[137].
-
Reconoció la celebración de los contratos de prestación de servicios
mencionados por el accionante.
-
Indicó que no le costa que el accionante haya desarrollado actividades
propias del objeto contractual por el periodo comprendido entre el 31 de
diciembre de 2015 y el 1 de febrero de 2016, una vez venció la adición y
prórroga No. 001 al contrato de prestación de servicios No. 082, sin recibir
ningún tipo de contraprestación por los servicios prestados.
-
Señaló que el señor Amaya Martínez nunca ostentó el cargo de facturador
en el Hospital el Socorro debido a que en la planta de personal este no existe
y que “el vínculo del actor se desprende de un contrato de prestación de
servicios y ello no puede catalogarse como un cargo”[138].
-
Indicó que “[n]o es necesario solicitar o tramitar ante el Inspector
del trabajo la terminación de un contrato de prestación de servicios con plazo
fijo”[139].
-
Señaló que en el Hospital nunca se le vulneró derecho fundamental
alguno. En relación con el derecho al trabajo digno y justo, explicó que “fue
vinculado a través de contrato de prestación de servicios a partir del 7 de
enero de 2015, esta circunstancia no le endilga la responsabilidad al Hospital
el Socorro de mantenerlo vinculado por el resto de la vida, como tampoco existe
norma constitucional, legal o reglamentaria que así lo exija al contratista”[140].
Agregó que mientras el accionante “ejecutó su contrato de prestación de
servicios fue tratado con respeto, decoro, de manera igualitaria y prueba de
ello es que no aporta una sola evidencia de que se le discriminara por su
condición de discapacitado”[141].
-
Finalmente, planteó la improcedencia de la acción de tutela dado su
carácter subsidiario y residual, al no encontrarse demostrada la existencia de
un perjuicio irremediable.
4.3. Decisión que se revisa de
la juez de tutela de primera instancia
El Juzgado Promiscuo Municipal de
San Diego, Cesar, mediante sentencia del 12 de julio de 2016[142], resolvió conceder el
amparo de los derechos invocados por Luis Ramón Amaya Martínez y le ordenó al
gerente la E.S.E. Hospital el Socorro de San Diego reintegrarlo “al cargo
que venía desempeñando y a realizarle el pago del salario, de las prestaciones
sociales dejadas de percibir desde la terminación de su contrato, y de la
indemnización prevista en la Ley 361 de 1997 (art. 26), equivalente a ciento
ochenta (180) días de salario”[143].
Lo anterior, al concluir que no encontró ajustada a derecho la decisión de la
empresa de terminar el contrato de prestación de servicios del accionante que
se encontraba en situación de discapacidad, toda vez que era necesario contar
con la previa autorización del Ministerio del Trabajo, además teniendo en
cuenta que como el Hospital no probó la causa objetiva por la cual le puso fin
a la relación contractual, independientemente del tipo de contrato celebrado,
se aplicaba la presunción según la cual se entiende que la decisión fue tomada
debido a la situación de discapacidad del señor Amaya Martínez. Para terminar,
señaló que en el caso concreto el accionante en realidad se encontraba
ejecutando un contrato de trabajo y no de prestación de servicios, toda vez que
las actividades que desarrollaba correspondían al giro ordinario de los
negocios desarrollados por la empresa accionada y cuyo cumplimiento implicaba la
prestación personal del servicio, la subordinación o dependencia del trabajador
respecto del empleador, por lo que recibía una remuneración.
4.4. Impugnación
El 18 de julio de 2016 el apoderado
judicial de la E.S.E. Hospital El Socorro[144]
impugnó la sentencia de tutela de primera instancia, reiterando parte de los
argumentos expresados en su escrito de contestación. Señaló que el juzgado en
su decisión incurrió en un defecto fáctico, debido a que no fueron valoradas las
pruebas que indicaban que entre el señor Amaya Martínez y el Hospital existió
una relación contractual y no laboral que culminó al cumplirse el plazo pactado
en el contrato, además, en un error inducido teniendo en cuenta que según
consulta que realizara en la página oficial del FOSYGA el 18 de julio de 2016,
la compañera permanente del accionante, señora Dubis Helena Arzuaga Arzuaga,
figura como cabeza de familia en el registro de afiliación a la Asociación
Mutual la Esperanza - Asmet Salud, entidad del régimen subsidiado, con fecha de
afiliación del 21 de agosto de 2013, en contravía de la declaración juramentada
realizada en la Notaría Única del Círculo de San Diego en el sentido de que
dependía económicamente del accionante. También incurrió en un error el juzgado
porque el accionante sí está trabajando, deducción que se hace con fundamento
en la información arrojada por la base de datos del FOSYGA en donde se indica
que se encuentra afiliado a Asmet Salud desde el 18 de mayo de 2011, y que al
18 de julio de 2016, fecha de la consulta, se encontraba en estado activo[145].
4.5. Decisión que se revisa
del juez de tutela de segunda instancia
El Juzgado Cuarto Civil del
Circuito de Valledupar, Cesar, mediante sentencia del 6 de septiembre de 2016[146],
revocó el fallo del 12 de julio del mismo año proferido en primera instancia y
negó el amparo de los derechos fundamentales del señor Luis Ramón Amaya
Martínez. Concluyó que a pesar de la discapacidad física que padece el
accionante, en el caso concreto no había obligación de obtener la autorización
del Ministerio del Trabajo para poner fin a la relación contractual, debido a
que esta situación no era conocida por la empresa, tal como lo certificó la
Técnico Operativo de la E.S.E., por lo que no puede aplicarse la presunción de
que la terminación del contrato de prestación de servicios obedeció a su
condición particular.
5. Expediente T-5905097
5.1. Demanda y solicitud
El 29 de junio de 2016, Blanca
Cecilia Ríos Remicio interpuso acción de tutela contra ConSalfa S.A.S. por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la salud, a la igualdad, al
mínimo vital y a la vida en condiciones dignas, debido a la terminación de su
contrato de obra o labor contratada el 1 de junio de 2016, pese a que se
encontraba en un estado de debilidad manifiesta debido a su condición de salud,
sin que mediara la respectiva autorización del Ministerio del Trabajo[147].
En consecuencia, solicitó que sea
declarada la ineficacia de la terminación de la relación contractual y, por
efecto de ello, se ordene a la ConSalfa S.A.S. su reintegro a las labores que
se encontraba desempeñando antes de que fuera desvinculada[148].
La accionante fundamentó su
solicitud de tutela en los siguientes hechos:
-
Ingresó a laborar a ConSalfa S.A.S. el 13 de mayo de 2014.
-
Señaló que en junio de 2014 tuvo un accidente a raíz de lo cual fue
incapacitada por 3 días. Como siguió con dolor en la pierna derecha, volvió a
consultar y le tomaron una resonancia magnética que arrojó como diagnóstico que
tenía reventados los ligamentos. Por esa razón, le realizaron dos cirugías, una
el 19 de diciembre de 2014 y la otra el 6 de enero de 2016. Después de la
última cirugía fue incapacitada por cinco meses que se cumplieron el 30 de mayo
de 2016[149].
-
Indicó que superada la incapacidad llamó a la empresa para informar que
se iba a presentar a laborar y le dijeron que no fuera, que gestión humana se
comunicaría con ella. Al día siguiente, el 1 de junio de 2016, le llegó la
carta de terminación del contrato de trabajo por obra o labor[150].
-
Afirma que la anterior decisión se tomó sin tener en cuenta que se
encontraba en tratamiento de rehabilitación y que tenía recomendaciones médicas[151].
-
Expone que ConSalfa S.A.S. bien pudo reubicarla de acuerdo a su
capacidad laboral, pero que al contrario optó por prescindir de sus servicios
sin tener en cuenta su condición de debilidad manifiesta y la necesidad que tenía
de estar afiliada al sistema de seguridad social en salud para la finalización
de su tratamiento de rehabilitación.
-
Señaló que la afectación de salud que en la actualidad presenta es
progresiva debido a que ha implicado la pérdida de movilidad de su pierna
derecha y, derivado de ello, la disminución de su capacidad laboral, lo que le
dificulta la consecución de un empleo para poder subsistir en condiciones
dignas.
El 30 de junio de 2016 el Juzgado
Tercero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Ibagué admitió la
acción de tutela instaura por Blanca Cecilia Ríos Remicio contra ConSalfa S.A.S.
y corrió traslado de la misma a la empresa accionada[152].
5.2. Respuesta de la empresa
accionada
Según oficio fechado el 8 de
julio de 2016, la apoderada de ConSalfa S.A.S.[153] dio respuesta a la
acción de tutela solicitando declarar su improcedencia en razón del carácter
subsidiario que la caracteriza, teniendo en cuenta que la accionante no
demostró que se encontraba en un estado de debilidad manifiesta y, por ello, puede
acudir a la jurisdicción ordinaria en su competencia laboral para solicitar el
reintegro pretendido. Así mismo se opuso a las pretensiones de la demanda
afirmando que la empresa en ningún momento vulneró los derechos fundamentales
de la señora Blanca Cecilia Ríos Remicio. En relación con los hechos planteados
en la solicitud de amparo, expuso:
-
La empresa ConSalfa S.A.S. contrató a la señora Blanca Cecilia Ríos para
trabajar en la obra Río Claro - Horno Molienda, ubicada en el municipio de
Puerto Triunfo, Antioquia, a partir del 13 de mayo de 2014, mediante contrato
por obra o labor determinada, para desempeñar el cargo de ayudante de aseo[154].
-
En relación con el accidente indicado por la accionante en su demanda
señaló: “No le consta a mi representado el accidente referido en junio de
2014 y tampoco la incapacidad por 3 días mencionada. La primera incapacidad que
presentó la señora Blanca Ríos al empleador fue el 2 de octubre de 2014 por 15 días,
hasta el 16 de octubre de 2014, por un esguince en su rodilla derecha, como
enfermedad general. El empleador tuvo conocimiento de las intervenciones
quirúrgicas mencionadas, no le constan las fechas exactas en las cuales se
practicaron los procedimientos. Por la última cirugía la señora Ríos presentó
incapacidad médica al empleador del 06/01/2016 al 24/05/2016 fecha para la cual
el médico tratante de la trabajadora ordenó su reincorporación laboral, pero en
este caso, como la obra para la cual había sido contratada la señora Ríos ya
había finalizado y había sido entregada al cliente (ARGOS) desde el mes de
febrero del año 2016, (hacía más de 4 meses) se decide terminar el contrato de
trabajo de la señora Ríos a partir del 1 de junio del año 2016 porque la obra o
labor para la cual se había contratado ya no existía”[155].
-
En relación con el tratamiento médico que según la accionante se estaba
realizando al momento de la terminación de la relación contractual, sostuvo: “Es
falso que la trabajadora se encontraba en tratamiento médico o rehabilitación
al momento de terminar el contrato de trabajo el pasado 1 de junio de 2016,
porque la señora Blanca Cecilia ya no presentaba más incapacidades y su médico
tratante el Dr. Carlos Soto Saavedra, (Ortopedista y Traumatólogo) había
ordenado su reintegro laboral, el tratamiento médico de la señora Ríos ya había
terminado; lo anterior se constató con los documentos que la misma trabajadora
entregó al empleador”[156].
En este punto agregó “Es importante tener en cuenta que el 5 de febrero del
año 2016, por escrito, le fue comunicado a la señora Blanca Ríos que a obra
“Río Claro Horno Melinda Cementos” para la cual había sido contratada ya había
terminado, por lo que, se le solicitó a la trabajadora mantener informado al
empleador de su estado de salud y su tratamiento médico. Por lo anterior es
falso que el empleador no haya tenido en cuenta su situación médica antes de
haber terminado el contrato de trabajo, porque sí se analizó su caso por el
empleador antes de dar por terminado el contrato de trabajo, y por el contrario
se le garantizó el tratamiento médico que requirió por más de 12 meses, a pesar
de que el cargo y el trabajo para el cual se contrató ya no existían”[157].
-
Sostuvo que el 1 de junio de 2016 se dio por terminado el contrato de
trabajo de la señora Blanca Cecilia Ríos por terminación de la obra o labor
contratada[158],
que es una causa legal y objetiva de terminación de conformidad con el literal
d) del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo. Además refirió que en la
zona del país donde trabajaba la accionante la empresa “ya no tenía obras
para reubicarla, por lo que habiendo terminado el tratamiento médico, y
existiendo orden de reincorporación laboral por el médico tratante, lo que
indicaba que la señora Ríos podía ya trabajar en condiciones normales[,] se
decide terminar el contrato de trabajo”[159].
-
Frente al supuesto estado de indefensión referido por la accionante,
señaló que para el 1 de junio de 2016 ya no se encontraba incapacitada ni tenía
algún tratamiento médico en curso, además que no se trata de una persona
discapacitada ni limitada físicamente por lo que no goza del derecho a la
estabilidad laboral reforzada que reclama.
-
Finalmente, expuso que la accionante no se hizo el examen médico de
egreso pese a que recursos humanos se lo ofreció.
5.3. Decisión que se revisa de
la juez de tutela de primera instancia
El Juzgado Tercero Penal
Municipal con Funciones de Conocimiento de Ibagué, Tolima, mediante sentencia
del 14 de julio de 2016[160],
resolvió declarar la improcedencia de la acción de tutela presentada por Blanca
Cecilia Ríos Remicio contra la empresa ConSalfa S.A.S. por el incumplimiento
del requisito de subsidiaridad, toda vez que cuenta con el proceso ordinario
laboral para reclamar la petición de reintegro y no demostró la existencia de
un perjuicio irremediable que justificara la actuación del juez constitucional
como medida transitoria. También planteó el incumplimiento del requisito de
inmediatez pues la solicitud de amparo fue presentada 28 días después a la
terminación del contrato de trabajo de obra o labor contratada.
La anterior decisión no fue
impugnada[161].
II. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Sala de Revisión es
competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro de los trámites
de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en el inciso 3° del artículo
86 y en el numeral 9° del artículo 241 de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Planteamiento del problema
jurídico
De
acuerdo con los antecedentes expuestos en los casos acumulados, corresponde a
la Sala resolver el siguiente problema jurídico: ¿vulnera un empleador/contratante
los derechos fundamentales a la
estabilidad laboral/ocupacional reforzada, al mínimo vital y a la salud de un empleado/contratista,
al terminarle el contrato de trabajo a término fijo o por obra
o labor contratada, o de prestación de servicios, según sea el caso, sin
obtener autorización previa del Ministerio del Trabajo y sin desvirtuar la
presunción de despido discriminatorio, pese a que se encuentra en situación de
debilidad manifiesta en razón de su estado de salud o es una persona en
condición de discapacidad?
Para resolver el problema
jurídico, la Sala (i) analizará la legitimación para actuar, y (ii)
el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela en los asuntos de naturaleza laboral; luego (iii) reiterará la
jurisprudencia constitucional en relación con el derecho a la estabilidad
laboral reforzada. Finalmente, (iv) resolverá los casos concretos.
3.
Legitimación para actuar
3.1. Legitimación por activa. El artículo 86 de la
Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de
defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección
inmediata de sus derechos fundamentales. En esta oportunidad, los accionantes
Ady Esperanza Aragón Bernate, Ruvinson Morales Peñuela, Gizethe
Estefanía Rico Díaz,  Luis Ramón Amay Martínez y Blanca Cecilia Ríos Remicio,
actúan en defensa de sus derechos fundamentales, razón por la cual se
encuentran legitimados para actuar en esta causa.
3.2. Legitimación por pasiva.
De conformidad con el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991[162], “[l]a acción de
tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que
haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2 de esta ley”. En este orden de ideas, la E.S.E. Hospital el
Socorro de San Diego, Cesar, está legitimada como parte pasiva en el proceso de
tutela bajo el expediente T-5904926, al atribuírsele en su condición de contratante
de Luis Ramón Amay Martínez, la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales.
Continúa señalando el artículo 5º
del decreto antes referido, que “[t]ambién procede la acción de tutela contra
acciones u omisiones de particulares”, de conformidad con lo establecido en
los artículos 42 al 44 ibíd. Teniendo en cuenta que en el presente trámite se
presentan sendas solicitudes de amparo contra personas de derecho privado, en
atención a su condición de empleadores, así: en el expediente T-5813545, Ady Esperanza Aragón Bernate
contra Jah Company Services S.A.S.; en el expediente T-5886149, Ruvinson
Morales Peñuela contra el Consorcio Marpetrol; en el expediente T-5889183,
Gizethe Estefanía Rico Díaz contra Activos S.A., y en el expediente  T-5905097,
Blanca Cecilia Ríos Remicio contra ConSalfa S.A.S., la Sala procederá a
reiterar la jurisprudencia en materia de procedencia de la acción de tutela
contra particulares cuando el afectado se encuentra en estado de subordinación.
De conformidad con lo previsto en
el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo
preferente, cautelar, residual y sumario de protección de los derechos
fundamentales que sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares[163] (i) encargados
de la prestación de un servicio público; (ii) cuya conducta afecte grave
y directamente el interés colectivo o (iii) respecto de quienes el
solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.
Respecto de la permisión
constitucional y legal que hace viable interponer acciones de tutela contra
particulares, cuando se demuestre que el afectado se encuentra en estado de
subordinación o indefensión, y que resulta ser de una alta importancia para
determinar la procedencia de las acciones de tutela objeto de estudio, el
desarrollo jurisprudencial efectuado por el intérprete constitucional ha sido abundante
desde sus inicios, enfatizando en que si bien se trata de figuras
diferenciables, en determinados eventos pueden ir asociadas, y que la
configuración de estos fenómenos depende de las circunstancias que se susciten
en cada caso concreto[164].
La Corte ha entendido la
subordinación, como “el acatamiento y sometimiento a órdenes proferidas por
quienes, en razón de sus calidades, tienen la competencia para impartirlas”[165],
encontrándose entre otras, (i) las relaciones derivadas de un contrato
de trabajo; (ii) las relaciones entre estudiantes y directivas del
plantel educativo; (iii) las relaciones de patria potestad originadas
entre los hijos menores y los incapaces respecto de los padres, o (iv)
las relaciones entre los residentes de un conjunto residencial y las juntas
administradoras de los mismos[166].
Por su parte, la indefensión
alude a la persona que “ha sido puesta en una situación que la hace incapaz
de repeler física o jurídicamente las agresiones de las cuales viene siendo
objeto por parte de un particular, las cuales ponen en peligro sus derechos
fundamentales. En otras palabras, no tiene
posibilidades jurídicas ni fácticas para reaccionar defendiendo sus intereses.
En cada caso, el juez debe realizar un análisis relacional con la finalidad de
determinar el estado de indefensión en la que se encuentra la persona”[167].
Por
tratarse entonces, de un adjetivo que tiene una
dimensión indeterminada a partir de los lineamientos señalados por la
jurisprudencia, es que esta Corporación ha considerado que los supuestos son
más amplios, pues no implican la existencia de un vínculo de carácter jurídico
entre la persona que alega la vulneración de sus derechos fundamentales y el
particular demandado, lo cual significa que se trata de un ámbito autónomo de
procedibilidad de la acción de tutela contra particulares que está presente por
ejemplo (i) cuando la persona está en ausencia de medios de defensa
judiciales eficaces e idóneos que permitan conjurar la vulneración iusfundamental
por parte de un particular; (ii) personas que se hallan en situación de
marginación social y económica; (iii) personas de la tercera edad; (iv)
personas en condición de discapacidad, y (v) menores de edad[168].
Asimismo,
el intérprete constitucional ha estimado que ante la existencia de una posición
de preeminencia social y económica que resquebraja el plano de igualdad en las
relaciones entre particulares o también, cuando se trata de poderes sociales y
económicos, los cuales disponen de instrumentos que pueden afectar la autonomía
privada del individuo, es procedente igualmente la acción de tutela. Tal es el
caso de los medios de comunicación, clubes de fútbol, empresas que gozan de una
posición dominante en el mercado o las organizaciones privadas de carácter
asociativo, como asociaciones profesionales, cooperativas o sindicatos[169].
En suma, la principal diferencia
entre estas dos figuras, radica en “el origen de la dependencia entre los
sujetos. Si el sometimiento se presenta como consecuencia de un título jurídico
nos encontraremos frente a un caso de subordinación y (sic) contrario
sensu si la dominación proviene de una situación de hecho, podremos derivar la
existencia de una indefensión”[170].
Con fundamento en lo anterior, la
Sala concluye que las acciones de tutela interpuestas por Ady
Esperanza Aragón Bernate contra Jah Company Services S.A.S., Ruvinson Morales
Peñuela contra el Consorcio Marpetrol, Gizethe Estefanía Rico Díaz contra
Activos S.A. y Blanca Cecilia Ríos Remicio contra ConSalfa S.A.S., por
considerar vulnerado su derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada,
entre otros, debido a la terminación de su relación contractual pese a su
estado de debilidad manifiesta dada su condición de salud, son procedentes en
razón de la subordinación que se haya implicada en toda relación de naturaleza
laboral.
4. Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en asuntos de naturaleza laboral
4.1. La Corte Constitucional a través
de su jurisprudencia ha señalado que el respeto a los requisitos de subsidiariedad
e inmediatez, como exigencias generales de procedencia de la acción de
tutela, ha sido tradicionalmente una condición necesaria para el conocimiento
de fondo de las solicitudes de protección de los derechos fundamentales, por
vía excepcional.
4.2. Inmediatez.
En lo que hace referencia al denominado requisito de la inmediatez,
la acción de tutela debe ser interpuesta dentro de un plazo razonable y
proporcionado a partir del evento generador de la supuesta amenaza o violación
de los derechos fundamentales, so pena de que se determine su improcedencia[171].
Esta Sala considera que los
accionantes interpusieron las demandas de tutela dentro de un tiempo razonable,
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
4.2.1. En el primer caso que
analiza la Sala (expediente T-5813545), Ady Esperanza Aragón Bernate actuando
por conducto de apoderada judicial, interpuso la acción de tutela el 26 de
julio de 2016, es decir, 2 meses después de la no renovación de su contrato de
trabajo a término fijo inferior a un año el 26 de mayo de 2016.
4.2.2. En el segundo caso que se
estudia (expediente T-5886149), Ruvinson Morales Peñuela interpuso la
acción de tutela el 28 de junio de 2016, es decir, 6 meses después de que fuera
terminado su contrato de obra o labor contratada el 16 de diciembre de 2015, pero
inmediatamente después de que la Coordinación del Grupo de Atención al
Ciudadano y Trámites de la Dirección Territorial Meta del Ministerio de
Trabajo, el 25 de mayo de 2016, emitiera la Resolución No. 00471, “por la
cual se resuelve una solicitud de autorización para la terminación de un
contrato de un trabajador en estado de discapacidad”, en donde se resuelve:
“ARTÍCULO PRIMERO: NO AUTORIZAR la terminación del contrato de trabajo del
señor RUVINSON MORALES PEÑUELA, […], A LA EMPRESA Consorcio Marpetrol […], por
solicitud presentada por el empleador con Radicado No. 05419 del 08 de Octubre
de 2015 […]”[172].
4.2.3. En el tercer caso que se
analiza (expediente T-5889183), Gizethe Estefanía Rico Díaz interpuso la
acción de tutela el 28 de junio de 2016, es decir, un mes después de que su contrato
de obra o labor contratada fuera terminado por Activos S.A., el 27 de mayo del
mismo año.
4.2.4. En el cuarto caso que se
analiza (expediente T-5904926), Luis Ramón Amaya Martínez interpuso la
acción de tutela el 24 de junio de 2016, es decir, cuando ni siquiera había
pasado un mes de comunicada la no renovación de su contrato de prestación de
servicios el 1 de junio del mismo año por parte de la E.S.E. Hospital el
Socorro de San Diego, Cesar.
4.2.5. En el quinto caso que se
analiza (expediente T-5905097), Blanca Cecilia Ríos Remicio interpuso la
acción de tutela el 29 de junio de 2016, es decir, cuando ni siquiera había
pasado un mes de comunicada la terminación del contrato de obra o labor contratada
el 1 de junio del mismo año por parte de ConSalfa S.A.S.
4.3. Subsidiariedad. De manera reiterada esta
Corporación ha reconocido que la acción de tutela conforme al artículo 86 de la
Carta, es un mecanismo de protección de carácter residual y subsidiario[173],
que puede ser utilizado ante la vulneración o amenaza de derechos fundamentales
cuando no exista otro medio idóneo y eficaz para la protección de los
derechos invocados, o cuando existiendo no sea
expedito u oportuno, o sea necesario el amparo como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. Para determinar la
existencia de un perjuicio irremediable[174] deben tenerse en cuenta los siguientes
criterios: (i) una amenaza actual e inminente, (ii) que se trate
de un perjuicio grave, (iii) que sea necesaria la adopción de medidas
urgentes y (iv) que las mismas sean impostergables.
Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha
señalado que el examen de procedencia de la tutela debe ser más flexible cuando
están comprometidos derechos fundamentales de sujetos de especial protección
constitucional o en circunstancias de debilidad manifiesta. Lo anterior, porque
en desarrollo del derecho fundamental a la igualdad, el Estado debe garantizar
a estas personas un tratamiento diferencial positivo y analizar el requisito de
subsidiariedad desde una óptica menos estricta, pues en estos casos el accionante
experimenta una dificultad objetiva y constitucionalmente relevante para
soportar las cargas procesales que le imponen los medios ordinarios de defensa
judicial[175].
En los casos concretos se solicita la declaración de
ineficacia de los despidos o de las terminaciones de los contratos laborales o
de prestación de servicios por no contar con la autorización del Ministerio de
Trabajo y, consecuencialmente, ordenar los reintegros a los cargos que se
ocupaban o a otros que se encuentren en igualdad de condiciones, o las
renovaciones contractuales, según sea el caso, más el pago de los salarios y
las prestaciones sociales dejados de percibir en el interregno de la
desvinculación hasta que se verifique su efectivo reintegro, y la indemnización
correspondiente a ciento ochenta días de salario por omitir el trámite de
autorización del despido ante el Ministerio de Trabajo. Para tramitar estas pretensiones el ordenamiento prevé
en abstracto otros medios de defensa judicial susceptibles de instaurarse ante
la justicia ordinaria[176]. No obstante, la tutela ha sido
excepcionalmente declarada procedente por esta Corporación cuando la parte activa es una persona en circunstancias
de debilidad manifiesta o un sujeto de especial protección
constitucional, que considera lesionados sus derechos fundamentales con ocasión
de la terminación de su relación laboral[177], y cuando el goce efectivo de su
derecho al mínimo vital o a la salud se ve obstruido.
Corresponde,
entonces, a la Sala determinar si en casos como los presentes procede la tutela
de manera excepcional no solo por la afectación o amenaza del derecho
fundamental al mínimo vital sino de otros como el derecho a la salud. A continuación se realizará el estudio del
cumplimiento del requisito de subsidiaridad en cada caso concreto, ya en el
acápite dedicado al estudio
de fondo la Sala se pronunciará acerca de las pretensiones de la solicitud de
amparo.
4.3.1. Expediente T-5813545.
Ady Esperanza Aragón Bernate (de 36 años[178])
derivaba su único sustento económico de la relación laboral sostenida con la
sociedad Jah Company Services S.A.S., devengando un salario de un millón ciento
diez mil pesos m.l. ($1.110.000) más el subsidio de transporte, hasta que el
contrato de trabajo fue terminado el 26 de mayo de 2016, sin tener en cuenta
que se encontraba en una situación de debilidad manifiesta en razón de su
estado de salud, pues le había sido diagnosticada una “Miomatosis uterina y
quiste simple anexial izquierdo”[179],
que le implicó la programación de una cirugía de Miomectomía que fue realizada
el 30 de mayo de 2016. La pérdida de su empleo la situó en una condición de
desprotección al no contar con los ingresos necesarios para sufragar sus gastos
personales y los médicos derivados del tratamiento postoperatorio.
En el curso del trámite de
revisión se procedió a verificar las condiciones actuales de la accionante con su
apoderada judicial, vía telefónica[180].
La abogada explicó que luego de que fuera realizada la intervención quirúrgica
de Ady Esperanza, ella debía continuar con el tratamiento médico, el cual se
vio en la obligación de suspender por falta de recursos económicos, y que
durante el amparo transitorio concedido por el Juzgado Veintisiete Civil
Municipal de Bogotá, que ordenó el reintegro, acudió a un nuevo control el 29
de septiembre de 2016 y el resultado de la ecografía, en opinión de la médica
gineco-obstetra[181],
arrojó una “miomatosis uterina” y un “quiste simple ovario izquierdo”,
pero, como nuevamente fue desvinculada, no pudo continuar con el tratamiento
con un médico especialista.
En relación con su situación
laboral, informó que la accionante en la actualidad se encuentra trabajando en
la empresa Continental Assist Colombia S.A.S. desde el 16 de enero de 2017,
pero que estuvo desempleada durante el tiempo en que le fue realizada la
cirugía, durante las incapacidades[182]
y el postoperatorio, y luego desde su última desvinculación de la empresa Jah
Company Services S.A.S. al dar cumplimiento al fallo de segunda instancia
proferido el 9 de septiembre de 2016, que revocó la orden de reintegro adoptada
por el Juzgado Veintisiete Civil Municipal de Bogotá el 3 de agosto de 2016. En
razón de lo anterior, señaló que su representada no tiene interés  en ser
reintegra a la empresa accionada, pero sí en que se le reconozcan los salarios
y prestaciones sociales a que cree tener derecho, lo mismo que la indemnización
por despido injusto, debido a que su empleador no solicitó autorización de la
oficina de Trabajo pese a que conocía su situación de salud.
Afirmó que durante el periodo de
desempleo su representada afrontó difíciles momentos económicos pues no tenía
ingresos para atender sus necesidades básicas, incluida la vivienda que compartía
en arriendo con Leidy Villanueva en el barrio Villas de Granada de Bogotá, ni
las de sus padres a quienes ayudaba con una suma mensual de $150.000 más los
gastos médicos y de alimentación[183].
Señaló que como Ady Esperanza no podía costear los gastos del inmueble
arrendado, durante el postoperatoria se fue a vivir a la residencia de sus
amigos Claudia Patricia Nieto Castro y Elicio Sabogal González, que de forma
incondicional la acogieron en su casa y asumieron el costo de sus necesidades básicas
de alimentación, vestuario, vivienda y educación[184], y con quienes vive en
la actualidad hasta que recupere su independencia económica[185].
Así mismo, informó la apoderada
de la accionante que hasta la fecha las incapacidades médicas no le han sido canceladas
por la EPS Cafesalud, quien en su momento alegó para negar el pago, que debían
ser cobradas directamente por la empresa Jah Company Services S.A.S.
De lo anterior, hay un hecho que sobresale y es la
afectación en la salud de la accionante que ha persistido en el tiempo, pues,
en razón de la pérdida de su empleo se vio obligada, al menos en dos
oportunidades, a interrumpir el tratamiento médico requerido para tratar la miomatosis
uterina que le fuera diagnosticada y recuperar sus condiciones normales de
vida.
Se trata, entonces, de una trabajadora en condición de
debilidad manifiesta en razón de su estado de salud, a quien le fue terminado su contrato de
trabajo a término fijo inferior a un año sin la autorización del
Ministerio del Trabajo y sin una justa causa probada, sabiendo que tenía
programada una cirugía a escasos 4 días después de la finalización de la
relación laboral, y que, por tal motivo, ha visto afectado el goce efectivo de su derecho a la salud y
vulnerado su derecho al mínimo vital.
La Sala concluye
que en el presente caso la acción de tutela procede excepcionalmente como
mecanismo de protección urgente de los derechos fundamentales a la
estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital y a la salud de Ady Esperanza Aragón Bernate.
4.3.2. Expediente T-5886149. Ruvinson
Morales Peñuela (de 36 años[186])
derivaba su único sustento económico de la relación laboral sostenida con la
empresa Consorcio Marpetrol, devengando un salario de un millón quinientos
sesenta y ocho mil cuarenta pesos m.l. ($1.568.040), hasta que fue terminado su
contrato de trabajo de obra o labor el 16 de diciembre de 2015, sin tener en
cuenta que se encontraba en una situación de debilidad manifiesta en razón de
su estado de salud, pues le había sido diagnosticada una hernia inguinal izquierda,
que obligó la programación de una “Herniorrafia inguinal con injerto o
prótesis sod (hernioplastia con malla de polipropileno norecubierta)”[187]. Esta
decisión le implicó una condición de desprotección al no contar con los
ingresos necesarios para sufragar sus gastos personales y los médicos derivados
de la intervención quirúrgica que requería para recuperar su salud.
En el curso del trámite de
revisión se procedió a verificar las condiciones actuales del accionante, vía
telefónica. No fue posible hablar directamente con el señor Morales Peñuela
porque según relató su amiga Zaida Hoyos Hoyos, quien contestó en el otro
número de celular indicado por el accionante en sus diferentes actuaciones, su línea
telefónica está suspendida. Al indagársele por la relación que tenía con
Ruvinson, informó que era quien le había ayudado con la elaboración de la
demanda de tutela. Señaló que el accionante se encontraba todavía sin empleo,
que vivía en unión libre[188]
y que tiene tres hijas menores de edad que dependen económicamente de él[189], además,
que le consta que su situación económica es dramática.
Revisando en la base de datos del
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales
–SISBEN– del Departamento Nacional de Planeación, se encontró que el accionante
está registrado con un puntaje de 36,77, según ficha 11870 de San Martín, Meta,
con fecha de modificación del 17 de marzo de 2016[190]. Además, en el Registro
Único de Afiliados a la Protección Social –RUAF–, con fecha de corte del 25 de
febrero de 2017, en el ítem de afiliaciones a salud en el régimen contributivo
aparece “Desafiliado” de Cafesalud EPS[191]. Lo anterior sugiere
que la continuidad en la prestación del servicio de salud pudo verse suspendida
con ocasión de la terminación de su contrato laboral por obra o labor
contratada.
En el caso concreto se trata, entonces, de un
trabajador (obrero) en condición de debilidad manifiesta en razón de su estado de salud, a quien le fue terminado su contrato
laboral por obra o labor contratada sin la autorización del Ministerio
del Trabajo y sin una justa causa probada, sabiendo que se encontraba pendiente
de la realización de un procedimiento de  “Herniorrafia inguinal con
injerto o prótesis sod (hernioplastia con malla de polipropileno norecubierta)”, y que, por tal motivo, ha visto afectado el goce efectivo de su derecho a la salud y
vulnerado su derecho al mínimo vital.
Considerando
que la jurisprudencia repetidamente ha señalado que en los eventos en los que
se solicita el reintegro de un trabajador en situación de debilidad manifiesta por
su condición de salud, la tutela procede excepcionalmente como mecanismo de
protección urgente, lo que no se garantiza con el proceso laboral ordinario[192], la Sala concluye que en el presente
caso la acción de tutela es procedente para la protección de los derechos fundamentales
a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital y a la salud de Ruvinson
Morales Peñuela, quien se encuentra en estado de debilidad manifiesta y solicita el reintegro a su
lugar de trabajo.
4.3.3. Expediente T-5889183. Gizethe
Estefanía Rico Díaz (de 28 años[193])
derivaba su único sustento económico de la relación laboral sostenida con la
empresa Activos S.A., desempeñando el cargo de profesional II en la empresa
usuaria Colpensiones y devengando un salario de tres millones novecientos
ochenta y cinco mil ochocientos cincuenta y siete pesos m.l. ($3.985.857),
hasta que fue terminado su contrato de trabajo de obra o labor el 27 de mayo de
2016, sin tener en cuenta que se encontraba en una situación de debilidad
manifiesta en razón de su estado de salud, pues le había sido diagnosticada una
“Hipoacusia mixta conductiva y neurosensorial”[194] que afectaba su sentido
de la audición. Esta situación la colocó en una condición de desprotección al no
contar con los ingresos necesarios para sufragar sus gastos personales y los
médicos derivados del tratamiento médico que requería para atender su
discapacidad auditiva.
En el curso del trámite de
revisión se procedió a verificar las condiciones actuales de la accionante, vía
telefónica[195].
Sostuvo que en la actualidad no ha suscrito ningún tipo de contrato laboral o
civil que le permita obtener ingresos para suplir sus necesidades básicas, lo
cual es difícil en razón de su situación de discapacidad; y que vive en unión
marital de hecho con su compañero, quien asume sus gastos personales y los del
hogar[196],
pero que la situación económica se ha complicado porque no puede ayudarle en
nada. También señaló que luego de la terminación de su contrato de trabajo, con
la ayuda económica de su madre, ha realizado los pagos correspondientes al
sistema general de seguridad social, sobre todo para no perder su afiliación en
salud y la continuidad en la atención médica de su discapacidad, ya que la
enfermedad que padece “Hipoacusia mixta bilateral, con compromiso moderado
en el oído derecho y compromiso moderado-severo en el oído izquierdo” es
progresiva[197].
Finalmente, explicó que le envió un derecho de petición al Grupo ASD solicitando
que le certifiquen que actualmente no tiene ningún vínculo laboral o
contractual con dicha empresa, pues a raíz de una errónea información sigue
apareciendo reportada en salud y pensiones en calidad de dependiente, y que se
encuentra a la espera de su contestación[198].
Revisando en el Registro Único de
Afiliados a la Protección Social –RUAF–, en el ítem de afiliaciones a salud en
el régimen contributivo con fecha de corte del 25 de febrero de 2017, aparece un
estado de afiliación “Activo” a Compensar EPS como cotizante principal,
y en el ítem de afiliaciones a pensiones con fecha corte del 31 de enero de
2017, aparece en estado de afiliación “Retirado” del Instituto de
Seguros Sociales –ISS– y “Activo no cotizante” de la Administradora Colombiana
de Pensiones –Colpensiones–[199].
Lo anterior sugiere que Gizethe Estefanía ha tenido continuidad en la
prestación del servicio de salud.
En el caso concreto se trata, entonces, de una
trabajadora en condición de debilidad manifiesta en razón de su estado de salud, a quien le fue terminado su contrato laboral por obra
o labor contratada sin la autorización del Ministerio del Trabajo y sin
una justa causa probada, sabiendo
que su diagnóstico de “Hipoacusia mixta conductiva y neurosensorial”[200], que
le implicaba una pérdida de la función auditiva, venía siendo observada y tratada médicamente por Compensar EPS,
y que, por tal motivo, ha visto afectado
el goce efectivo de su
derecho a la salud y vulnerado su derecho al mínimo vital.
La Sala
concluye que en el presente caso la acción de tutela procede excepcionalmente como
mecanismo de protección urgente de los derechos fundamentales a la
estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital y a la salud de Gizethe Estefanía Rico Díaz, quien se
encuentra en estado de
debilidad manifiesta y solicita el reintegro a su lugar de trabajo.
4.3.4. Expediente T-5904926. Luis
Ramón Amaya Martínez (de 45 años[201])
derivaba su único sustento económico de la relación contractual sostenida con
la E.S.E. Hospital el Socorro de San Diego, Cesar, recibiendo unos honorarios
mensuales de un millón doscientos cincuenta mil pesos m.l. ($1.250.000), hasta
que el 1 de junio de 2016 su contratante decidió no renovar el contrato de
prestación de servicios, sin tener en cuenta que es una persona en condición de
discapacidad física, debido a un “trastorno de la marcha”, con una
calificación total de pérdida de la capacidad laboral del 26%[202].
Su situación de desprotección es
evidente al no contar con los ingresos necesarios para sufragar sus necesidades
básicas y las de su núcleo familiar conformado por su compañera permanente
Dubis Helena Arzuaga Arzuaga, su hijo menor de edad Ángel Andrés Amaya Arzuaga
y su suegra Antonia Beatriz Arzuaga Dangond[203].
Revisando en la base de datos del
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales
–SISBEN– del Departamento Nacional de Planeación, se encontró que el accionante
está registrado con un puntaje de 22,00, según ficha 273 de San Diego, Cesar,
con fecha de modificación del 19 de octubre de 2016[204]. Además, en el Registro
Único de Afiliados a la Protección Social –RUAF–, con fecha de corte del 28 de febrero
de 2017, aparece “Activo” en el ítem de afiliaciones a salud en el
régimen subsidiado en la Administradora Asociación Mutual La Esperanza - ASMET
SALUD ESS, con fecha de afiliación del 1 de agosto de 2016, y en el ítem
correspondiente a pensiones aparece como “Activo no cotizante” en
Porvenir S.A.[205].
Lo anterior sugiere, como lo señaló el accionante, que en la actualidad no
tiene un empleo formal.
En el caso concreto se trata, entonces, de un
contratista que padece una discapacidad física, a quien le fue terminado su
contrato de prestación de servicios sin la autorización del Ministerio
del Trabajo y sin una justa causa probada, y que, por
tal motivo, ha visto afectado el goce efectivo de su derecho al mínimo
vital.
La Sala concluye que en el presente caso la acción de tutela
procede excepcionalmente como mecanismo de protección urgente de los derechos
fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital y a la salud de Luis
Ramón Amaya Martínez.
4.3.4. Expediente T-5905097. Blanca
Cecilia Ríos Remicio (de 45 años[206])
derivaba su único sustento económico de la relación laboral sostenida con ConSalfa
S.A., devengando un salario inicial de seiscientos treinta mil trescientos ochenta
y siete pesos m.l. ($630.387)[207],
hasta que fue terminado su contrato de trabajo de obra o labor el 1 de junio de
2016, sin tener en cuenta que se encontraba en una situación de debilidad
manifiesta en razón de su estado de salud, pues le había sido diagnosticada una
“Gonartrosis no especificada” y había superado una cirugía de “remodelación
meniscal y condroplastia de rodilla derecha”[208] que le implicó una
incapacidad de cinco meses que terminó el 30 de mayo de 2016. Esta situación la
puso en una condición de desprotección al no contar con los ingresos necesarios
para sufragar sus gastos personales y los médicos derivados del tratamiento de
rehabilitación que apenas iniciaba para recuperar la movilidad de su pierna
derecha.
En el curso del trámite de revisión
se procedió a verificar las condiciones actuales de la accionante, vía
telefónica[209].
La señora Blanca Cecilia Ríos Remicio informó que desde que fue terminado su
contrato de trabajo con ConSalfa S.A. no ha podido ubicarse laboralmente, pese
a que intentó conseguir trabajo en el sector de la confección, debido a que la
afectación en la movilidad de su pierna derecha ha ido en progreso. Señaló que
en la actualidad vive con su hijo Javier Aristides Vargas Ríos de 15 años[210] en Ibagué,
Tolima, en una habitación arrendada en una casa de familia, y que los gastos de
arriendo, alimentación, salud y otras necesidades básicas de ella y su hijo son
cubiertos por su familia que se ha solidarizado con su situación, pues no
percibe ningún ingreso económico[211].
Informó que se encuentra registrada en el Sisbén y que su hijo actualmente
estudia en la Institución Educativa Alberto Santofimio.
Revisando en la base de datos del
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales
–SISBEN– del Departamento Nacional de Planeación, se encontró que la accionante
está registrada con un puntaje de 49,12, según ficha 199694 de Ibagué, Tolima,
con fecha de modificación del 8 de diciembre de 2016[212]. Además, en el Registro
Único de Afiliados a la Protección Social –RUAF–, con fecha de corte del 28 de
febrero de 2017, aparece “Activo” en el ítem de afiliaciones a salud en
el régimen subsidiado en Cafesalud EPS, con fecha de afiliación del 3 de
febrero de 2017[213].
Lo anterior sugiere, como lo señaló la accionante, que en la actualidad no
tiene un empleo formal.
En el caso concreto se trata, entonces, de una
trabajadora (ayudante de aseo) en condición de debilidad manifiesta
en razón de su estado de salud, a quien le fue terminado su contrato laboral por obra o labor contratada
sin la autorización del Ministerio del Trabajo y sin una justa causa
probada, sabiendo que se encontraba
en un tratamiento de rehabilitación para recuperar la movilidad de su
pierna derecha, y que, por tal motivo, ha visto
afectado el goce efectivo de
su derecho a la salud y vulnerado su derecho al mínimo vital.
La Sala concluye que en el presente caso la acción de tutela
procede excepcionalmente como mecanismo de protección urgente de los derechos
fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital y a la salud de Blanca
Cecilia Ríos Remicio, quien se encuentra en estado de debilidad manifiesta y solicita el reintegro a su
lugar de trabajo.
Recapitulando, en los casos concretos,
considera la Sala que existe una afectación de los derechos fundamentales a la
estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital y a la salud de las personas
accionantes, y que esa afectación es grave teniendo en cuenta la especial
protección constitucional que tienen quienes se encuentran en estado de
debilidad manifiesta en razón de su condición de salud o quienes se encuentran
en situación de discapacidad, circunstancia esta que hace indispensable que se
tomen medidas positivas inmediatas para cesar la
afectación de esos derechos.
4.4. Concluye la Sala que en los casos
acumulados se cumple con los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela, por lo que se debe proceder a estudiar el fondo de los asuntos.
5. Derecho a la
estabilidad laboral reforzada.
Reiteración de jurisprudencia
5.1. El artículo
53 de la Constitución Política consagra
el derecho a la estabilidad laboral, el cual tiene como objetivo
principal asegurar al empleado una certeza mínima en el sentido que el vínculo laboral contraído no se fragmentará de
forma abrupta y sorpresiva, de manera que no esté en permanente riesgo de
perder su trabajo y, con ello, el sustento propio y el de su familia, por una
decisión arbitraria del empleador. Persigue garantizar, entonces, la
permanencia de este en su empleo y limita directamente al empleador en su
facultad discrecional de dar por terminado de forma unilateral el contrato de
trabajo, cuando dicha decisión está determinada por la situación de
vulnerabilidad del trabajador[214].
La estabilidad
laboral entraña una doble conceptualización, como principio y como derecho. Así, “[d]esde su
perspectiva deóntica, supone que el trabajo esté dotado de una vocación de
permanencia o continuidad mientras no varíe el objeto de la relación,
sobrevenga una circunstancia que haga nugatorias las obligaciones reconocidas a
los sujetos de la relación o aparezca una justa causa de despido”[215].
5.2. La
estabilidad laboral se vuelve de especial importancia cuando el empleado, quien
se encuentra en uno de los extremos de la relación laboral, se halla en una
situación de debilidad manifiesta, dando lugar a la denominada estabilidad
laboral reforzada, con especial protección constitucional, que “consiste
en la garantía que tiene todo trabajador a permanecer en el empleo y a obtener
los correspondientes beneficios salariales y prestacionales, incluso contra la
voluntad del patrono, si no existe una causa relevante que justifique el
despido”[216].
Ya ha señalado
esta Corporación que la estabilidad laboral reforzada se aplica en ciertas
situaciones en las que los empleados son despedidos en contravención de normas
constitucionales y legales, como es el caso de los despidos que recaen sobre
las mujeres en estado de embarazo, los trabajadores sindicalizados[217], las personas con discapacidad física u otras limitaciones
que los ponga en situación de debilidad manifiesta[218].
La
jurisprudencia constitucional ha desarrollado ampliamente el tema de la
estabilidad laboral reforzada a favor del trabajador en condición de
discapacidad[219], incluso mucho antes del pronunciamiento del legislador en la Ley 361 de 1997[220], al considerar que constituye un trato
discriminatorio el despido unilateral de una persona debido a su condición
física[221].
5.3. Según el artículo 26 de la Ley 361 de 1997
ninguna persona en situación de
discapacidad podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su
discapacidad, salvo que medie
autorización de la oficina del Trabajo. Si no se cumple este requisito, las
personas desvinculadas tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento
ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e
indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del
Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren.
Esta disposición fue objeto de control en la
sentencia C-531 de 2000, en la cual la Corte sostuvo que contemplar solo una
indemnización de ciento ochenta días para remediar la discriminación de una
persona en situación de discapacidad resultaba insuficiente a la luz de los
estándares constitucionales. Por ese motivo, resolvió que el artículo 26 de la
Ley 361 de 1997 era exequible pero con la condición de que se entendiera que “carece de todo efecto jurídico el despido o la
terminación del contrato de una persona por razón de su limitación sin que
exista autorización previa de la oficina de Trabajo que constate la
configuración de la existencia de una justa causa para el despido o terminación
del respectivo contrato”[222].
Además, en la
sentencia C-531 de 2000[223] la Corporación se pronunció acerca del
deber constitucional de otorgar protección especial a las personas que tienen
una disminución física, sensorial y psíquica, con el fin de lograr su
integración social. Al respecto señaló:
“[…]
en el caso de las personas con limitaciones, es un hecho ampliamente conocido,
que la importancia del acceso a un trabajo no se reduce al mero aspecto
económico, en el sentido de que el salario que perciba la persona limitada sea
el requerido para satisfacer sus necesidades de subsistencia y las de su
familia. No, en el caso de las personas con limitaciones, el que ellas puedan
desarrollar una actividad laboral lucrativa adquiere connotaciones de índole
constitucional pues, se ubica en el terreno de la dignidad de la persona “como
sujeto, razón y fin de la Constitución de 1991”
(sentencia T-002 de 1992), que permite romper esquemas injustamente arraigados
en nuestro medio, como aquel de que un limitado físico, sensorial o psíquico es
“una carga” para la sociedad”[224].
5.4. Se entiende, entonces, que el derecho a la
estabilidad laboral reforzada no tiene un rango puramente legal sino que se
funda razonablemente y de forma directa en diversas disposiciones de la
Constitución Política, a saber[225]:
en el derecho a “la estabilidad en el empleo” (art. 53 C.P.)[226]; en
el derecho de todas las personas que “se encuentren en circunstancias de
debilidad manifiesta” a ser protegidas “especialmente” con miras a
promover las condiciones que hagan posible una igualdad “real y efectiva”
(arts. 13 y 93 C.P.)[227];
en que el derecho al trabajo “en todas sus modalidades” tiene especial
protección del Estado y debe estar rodeado de “condiciones dignas y justas”
(art. 25 C.P.)[228];
en el deber que tiene el Estado de adelantar una política de “integración
social” a favor de aquellos que pueden considerarse “disminuidos
físicos, sensoriales y síquicos” (art. 47 C.P.)[229]; en el derecho
fundamental a gozar de un mínimo vital, entendido como la posibilidad efectiva
de satisfacer necesidades humanas básicas como la alimentación, el vestido, el
aseo, la vivienda, la educación y la salud (arts. 1, 53, 93 y 94 C.P.); y en el
deber de todos de “obrar conforme al principio de solidaridad social”
ante eventos que supongan peligro para la salud física o mental de las personas
(arts. 1, 48 y 95 C.P.)[230].
5.5. Ahora bien, con apoyo en el artículo 13 de la Constitución Política la Corte Constitucional
ha sostenido que los sujetos de protección especial a los que se refiere la Ley
361 de 1997, que en razón de su condición física estén en situación de
debilidad manifiesta, no son solo los que se encuentran en condición de
discapacidad calificados como tales conforme con las normas legales, sino que
tal categoría se extiende a todas aquellas personas que por circunstancias
físicas de diversa índole se encuentran en tal situación[231].
También
encuadra dentro de dicho concepto y se ubica bajo la protección de una
estabilidad laboral reforzada, el trabajador que en desarrollo de la prestación
de sus servicios ve menguados tanto su estado de salud como su capacidad de
trabajo, como consecuencia, por ejemplo, de un accidente de trabajo o una
enfermedad profesional, de forma tal que deba ser considerado como una persona
en condiciones de debilidad manifiesta, sin
necesidad de que exista una calificación previa que acredite tal condición[232].
En este punto es donde cobra relevancia la
estabilidad laboral reforzada, que rige de manera general las relaciones
laborales en favor de los trabajadores que por sus limitaciones físicas,
sensoriales o sicológicas deben ser tratados preferentemente, en el sentido de
garantizarles la permanencia en el empleo.  Es
decir, aquellos trabajadores que
sufren una disminución considerable en su estado de salud durante el trascurso
del contrato laboral, deben ser tenidos como personas que se encuentran en
situación de debilidad manifiesta, razón por la cual frente a ellos también
procede la llamada estabilidad laboral reforzada por la aplicación directa de
la Constitución[233].
Recientemente, en la sentencia SU-049 de 2017[234]
la Sala Plena unificó su posición en torno a la interpretación amplia del
universo de beneficiarios del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 plasmada en la
sentencia C-824 de 2011[235],
bajo el supuesto de que la jurisprudencia constitucional “ha acogido una
concepción amplia del término limitación [hoy discapacidad, según el condicionamiento
realizado por la sentencia C-458 de 2015[236]], en el sentido de hacer
extensiva la protección de la que habla la Ley 361 de 1997 a las personas de
las que se predique un estado de debilidad manifiesta por causa de una
enfermedad que no necesariamente acarree una pérdida de la capacidad para
trabajar”[237]. Al respecto recordó:
“4.2. […] la Corte Constitucional ha sostenido que el
derecho a la estabilidad ocupacional reforzada no deriva únicamente de Ley 361
de 1997, ni es exclusivo de quienes han sido calificados con pérdida de
capacidad laboral moderada, severa o profunda. Desde muy temprano la
jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que el derecho a la estabilidad laboral reforzada tiene
fundamento constitucional y es predicable de todas las personas que tengan una
afectación en su salud que les “impid[a] o dificult[e]
sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares”,[238]
toda vez que esa situación particular puede considerarse como una circunstancia
que genera debilidad manifiesta y, en consecuencia, la persona puede verse
discriminada por ese solo hecho. Por lo mismo, la jurisprudencia constitucional
ha amparado el derecho a la estabilidad ocupacional reforzada de quienes han
sido desvinculados sin autorización de la oficina del Trabajo, aun cuando no
presenten una situación de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o
profunda, ni cuenten con certificación que acredite el porcentaje en que han
perdido su fuerza laboral, si se evidencia una situación de salud que les impida
o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones
regulares. Al tomar la jurisprudencia desde el año 2015 se puede observar que
todas las Salas de Revisión de la Corte, sin excepción, han seguido esta
postura, como se aprecia por ejemplo en las sentencias T-405 de 2015 (Sala
Primera),[239]
T-141 de 2016 (Sala Tercera),[240]
T-351 de 2015 (Sala Cuarta),[241]
T-106 de 2015 (Sala Quinta),[242]
T-691 de 2015 (Sala Sexta),[243]
T-057 de 2016 (Sala Séptima),[244]
T-251 de 2016 (Sala Octava)[245]
y T-594 de 2015 (Sala Novena).[246]
Entre las cuales ha de destacarse la sentencia T-597 de 2014, en la cual la
Corte concedió la tutela, revocando un fallo de la justicia ordinaria que
negaba a una persona la pretensión de estabilidad reforzada porque no tenía una
calificación de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda. […]”[247].
Así, la jurisprudencia ha extendido el beneficio de la protección laboral
reforzada establecida en la Ley 361 de 1997,
a favor no solo de los trabajadores en condición de discapacidad calificados
como tales, sino de aquellos que sufren deterioros de salud en el desarrollo de
sus funciones y, en efecto, en virtud de la aplicación directa de la
Constitución, constituye un trato discriminatorio el despido de un empleado en
razón de la enfermedad que padezca, frente a lo cual procede la tutela como
mecanismo de protección.
5.6. Entonces, la Corte Constitucional ha sostenido que los
trabajadores que puedan catalogarse como (i) inválidos, (ii) en
condición de discapacidad, (iii) disminuidos físicos, síquicos o
sensoriales[248],
y (iv) en general todos aquellos que (a) tengan una considerable
afectación en su salud; (b) que les “impid[a] o dificult[e] sustancialmente
el desempeño de sus labores en las condiciones regulares”, y (c) se tema
que, en esas condiciones particulares, pueden ser discriminados por ese solo
hecho, están en circunstancia de debilidad manifiesta y, por tanto, tienen
derecho a la “estabilidad laboral reforzada”[249].
Empero,
además del requisito administrativo de la autorización de la oficina del
Trabajo, la protección
constitucional dependerá de: (i) que se establezca que el trabajador se
encuentra en una condición de salud que le impida o dificulte sustancialmente
el desempeño de sus labores en circunstancias regulares, pues no cualquier
afectación de la salud resulta suficiente para sostener que hay lugar a
considerar al trabajador como un sujeto de especial protección constitucional; (ii)
que la condición de debilidad manifiesta sea conocida por el empleador en un
momento previo al despido, y, finalmente, (iii) que no exista una
justificación suficiente para la desvinculación, de manera que sea claro que el
mismo tiene origen en una discriminación. En estos casos, la jurisprudencia ha
señalado que, establecida sumariamente la situación de debilidad, corresponde
al empleador acreditar suficientemente la existencia de una causa justificada
para dar por terminado el contrato.
Si el juez constitucional logra establecer que el despido o la
terminación del contrato de trabajo de una persona cuya salud se encuentra
afectada seriamente se produjo sin la autorización de la oficina del Trabajo,
deberá presumir que la causa de la desvinculación laboral es la
circunstancia de debilidad e indefensión del trabajador y, por tanto, concluir
que se causó una grave afectación de los derechos fundamentales del accionante[250].
En
consecuencia, cuando se comprueba que el empleador (a) desvinculó a un sujeto
titular del derecho a la estabilidad laboral reforzada sin obtener la
autorización de la oficina del Trabajo, y (b) no logró desvirtuar la
presunción de despido discriminatorio, entonces el juez que conoce del asunto
tiene el deber prima facie de reconocer a favor del trabajador: (i) la
ineficacia de la terminación o del despido laboral (con la consiguiente
causación del derecho del demandante a recibir todos los salarios y
prestaciones sociales dejadas de percibir en el interregno); (ii) el
derecho a ser reintegrado a un cargo que ofrezca condiciones similares a las
del empleo desempeñado por él hasta su desvinculación, y en el cual no sufra el riesgo de empeorar su estado de salud,
sino que esté acorde con su situación[251]; (iii) el derecho a recibir capacitación para cumplir con
las tareas de su nuevo cargo, si es el caso[252],
y (iv) el derecho a recibir “una indemnización equivalente a ciento
ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e
indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del
Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren”[253].
5.7. El
derecho a la estabilidad laboral reforzada de los sujetos de especial
protección, es aplicable aún en los casos en los cuales el contrato de trabajo
por el cual se inició el vínculo laboral tenga un término definido[254]. En estos casos, ha expresado esta
Corporación, es igualmente aplicable la exigencia oponible al empleador
consistente en obtener una autorización de la oficina del Trabajo, cuando
pretenda terminar la relación laboral con fundamento en la expiración del
término originalmente acordado. En este sentido, la sentencia T-216 de 2009
señaló:
“Resulta pertinente
destacar que en estos eventos, si bien el vencimiento del término pactado es
considerado como un modo de terminación del vínculo que opera ipso jure,
siempre y cuando se [dé] el respectivo preaviso, no es menos cierto que dada la
situación en la que se encuentra el empleado, la correspondiente autorización
por parte de la Oficina de Trabajo permite hacer valer la expectativa de
estabilidad del trabajo en cabeza del trabajador (art. 53 Superior), al mismo
tiempo que evita que este argumento, esto es, el vencimiento del término, sea
utilizado para desvincular a los trabajadores discapacitados a pesar de la
continuación del objeto social de la empresa y de la necesidad de conservar
dicho empleo para el desarrollo del mismo. Lo anterior, no obsta para que en
cualquier momento en que el incapacitado incurra en una justa causa, pueda el
empleador tramitar la aludida autorización de despido ante el respectivo
inspector, en la medida en que la protección aludida es relativa y no absoluta”[255].
Así como la
estabilidad laboral reforzada se amplió para las personas con afectaciones de
su salud, sin consideración a una previa calificación, igualmente evolucionó en
considerar que no solo aplica para los contratos a término indefinido sino
también para aquellos de duración específica, incluyendo los contratos de trabajo por obra o labor contratada[256], e igualmente para los contratos de
prestación de servicios[257]. Por ende, cuando una
persona goza de estabilidad laboral/ocupacional reforzada no puede ser
desvinculada sin que exista una razón objetiva que justifique la terminación o
la no renovación contractual y sin que medie la autorización de la oficina del
Trabajo[258]. Ello quedó claramente
establecido en la sentencia SU-049 de 2017[259]:
“5.14. Una vez las personas contraen una
enfermedad, o presentan por cualquier causa (accidente de trabajo o común) una
afectación médica de sus funciones, que les impida o
dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares,
se ha constatado de manera objetiva que experimentan una situación
constitucional de debilidad manifiesta, y se exponen a la discriminación. La
Constitución prevé contra prácticas de esta naturaleza, que degradan al ser humano
a la condición de un bien económico, medidas de protección, conforme a la Ley
361 de 1997. En consecuencia, los contratantes y empleadores deben contar, en
estos casos, con una autorización de la oficina del Trabajo, que certifique la
concurrencia de una causa constitucionalmente justificable de finalización del
vínculo.[260] De lo contrario
procede no solo la declaratoria de ineficacia de la terminación del contrato,
sino además el reintegro o la renovación del mismo, así como la indemnización
de 180 días de remuneración salarial o sus equivalentes.
5.15. Esta protección, por lo demás, no
aplica únicamente a las relaciones laborales de carácter dependiente, sino que
se extiende a los contratos de prestación de servicios independientes
propiamente dichos. En efecto, esto se infiere en primer lugar del texto mismo
del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, el cual establece que “ninguna
persona en situación de
discapacidad podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su discapacidad, salvo que medie autorización de la
oficina de Trabajo”. Como se observa, la norma establece una condición para
la terminación del contrato de una persona en situación de discapacidad, y no
califica la clase de contrato para reducirla únicamente al de carácter laboral,
propio del trabajo subordinado. Ciertamente, el inciso 2º de la misma
disposición dice que, en caso de vulnerarse esa garantía, la persona tiene
derecho a una indemnización “equivalente a ciento ochenta días del salario”.
Dado que el salario es una remuneración periódica inherente a las relaciones de
trabajo dependiente, podría pensarse que esta indemnización es exclusiva de los
vínculos laborales que se desarrollan bajo condiciones que implican vinculación
a la planta de personal. Sin embargo, esta interpretación es claramente
contraria a la Constitución pues crea un incentivo perverso para que la
contratación de personas con problemas de salud se desplace del ámbito laboral
al de prestación de servicios, con desconocimiento del principio de prevalencia
de la realidad sobre las formas y de las garantías propias de las relaciones de
trabajo dependiente”.
5.8. En virtud de lo anterior, si
el juez constitucional logra establecer que el despido o la terminación del
contrato o la no renovación del mismo de una persona cuya salud se encuentra
afectada seriamente se produjo sin la autorización de la oficina del Trabajo,
deberá presumir que la causa de la desvinculación laboral fue la
circunstancia de debilidad y vulnerabilidad del trabajador y, por tanto,
concluir que se causó una grave afectación de los derechos fundamentales del
accionante. Así, el juez deberá conceder el amparo invocado, declarar la
ineficacia de la terminación contractual o del despido laboral (con la
consiguiente causación del derecho del demandante a recibir todos los salarios
o remuneraciones y las prestaciones sociales dejadas de percibir en el
interregno); ordenar el reintegro a un cargo que ofrezca condiciones similares
a las del empleo desempeñado por él hasta su desvinculación, o la renovación
del contrato para que desarrolle un objeto contractual que ofrezca condiciones
similares al del ejecutado anteriormente, y que esté acorde con su actual
estado de salud; y ordenar una indemnización de 180 días del salario o de la
remuneración, según lo previsto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997[261].
6. Análisis de los casos concretos
En
los procesos de la referencia los ciudadanos interpusieron sendas acciones de
tutela solicitando la protección de sus derechos fundamentales a la estabilidad
laboral/ocupacional reforzada, al mínimo vital y a la salud, entre otros, al
considerar que sus derechos fueron vulnerados por la terminación de sus contratos de trabajo a término fijo o por obra o labor contratada, o
de prestación de servicios, sin la autorización del Ministerio del
Trabajo, pese a que, en unos casos, se trata de personas que se encuentran en
situación de debilidad manifiesta en razón de su estado de salud y, en otro, se
trata de una persona en condición de discapacidad. Pasa la
Sala a hacer los análisis respectivos.
6.1. Expediente T-5813545. La
sociedad Jah Company Services S.A.S. vulneró los
derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital y a
la salud de Ady Esperanza Aragón Bernate
Como lo indicó la Sala en los antecedentes
Ady Esperanza Aragón Bernate, actuando por conducto de apoderada judicial,
interpuso acción de tutela contra la sociedad Jah Company Services S.A.S. por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral
reforzada, a la vida en condiciones dignas, a la seguridad social y al mínimo
vital, debido a la terminación de su contrato de trabajo a término fijo
inferior a un año el 26 de mayo de 2016, sin que mediara la respectiva
autorización del Ministerio del Trabajo, debido a que se encontraba en un
estado de debilidad manifiesta por su condición de salud, además, cuando ya
había operado la prórroga automática del mismo.
Está probado en el proceso que
Ady Esperanza Aragón Bernate celebró con la sociedad Jah Company Services S.A.S.
un contrato de trabajo a término fijo de 3 meses el 27 de agosto de 2015[262] y
que este se prorrogó hasta el 26 de mayo de 2016[263]. Durante la ejecución
del contrato, Ady Esperanza desempeñó las funciones de auxiliar de
reclamaciones y tesorería con un salario de un millón de pesos m.l.
($1.000.000) más el auxilio de transporte, y desde enero de 2016, las funciones
de asistente de mercadeo con un salario de un millón ciento diez mil pesos m.l.
($1.110.000) más el auxilio de transporte[264].
También está probado que la
empresa puso fin a la relación contractual a partir del 26 de mayo de 2016,
según la comunicación de “no renovación del contrato de trabajo”
notificada a la trabajadora el 12 de mayo de 2016[265], pese a que ya había
operado la renovación automática del contrato de trabajo a término fijo
inferior a un año, toda vez que la empresa no avisó su determinación de no
prorrogarlo con una antelación no inferior a treinta (30) días[266], tal como lo regula el
artículo 46 del Código Sustantivo de Trabajo, subrogado por el artículo 3º de
la Ley 50 de 1990[267].
Desde el mes de enero de 2016 Ady
Esperanza fue diagnosticada con “miomatosis uterina. || quiste simple
anexial izquierdo”[268]
y la EPS Cafesalud decidió programarla para una “miomectomía uterina y
escisión de tumor fibroide único o múltiple por laparotomía”[269] el
27 de mayo del mismo año, procedimiento que fue realizado el 30 de mayo de 2016
en la Clínica Esimed Materno Infantil[270].
Posterior a la cirugía le fueron expedidas a la accionante las siguientes
incapacidades médicas por parte de la EPS Cafesalud: una incapacidad inicial
por 15 días, del 30 de mayo al 13 de junio de 2016[271], y una prórroga de 15
días, del 14 de junio al 28 de junio de 2016[272],
para un total de 30 días de incapacidad.
Mientras que la apoderada judicial
de la accionante sostuvo que la empresa sí conocía la condición de salud de Ady
Esperanza, la empresa negó tal hecho manifestando que no era cierto que empleados
de la misma tuvieran conocimiento del diagnóstico y de la enfermedad padecida
por ella. Sin embargo se allegó una declaración extraproceso realizada bajo
juramento por Erika Carolina Castillo Herrera, ex compañera de trabajo de la
accionante en Jah Company Services S.A.S.[273],
rendida en la Notaría Décima del Círculo de Bogotá el 13 de febrero de 2017, en
donde se hace constar que “la empresa conocía de su estado de salud y que
tenía programada una cirugía [pues así lo] informó a sus jefes inmediatos Nadia
Granados, Jenny Alejandra Cruz y Fredy Antonio Casas”[274].
Está claro que si la empresa
hubiera respetado la renovación automática del contrato de trabajo de Ady
Esperanza, la intervención quirúrgica y las incapacidades se hubieran sucedido
en vigencia de la relación contractual, lo que claramente hubiera afectado el
normal desempeño de sus labores pues requería de tiempo para superar el
postoperatorio y hacer el tratamiento médico recomendado para recuperar su
salud. Esta situación, al parecer, motivó la abrupta terminación del contrato laboral,
sin contar con la autorización del Ministerio del Trabajo, pese a que como ya
se indicó había operado la prórroga del mismo.
Debe tenerse en cuenta que hay
una presunción de despido discriminatorio en favor del trabajador a quien se ha
dado por finalizado el contrato laboral mientras padece graves quebrantos de
salud, sin contar con la autorización del Ministerio del Trabajo, como en
efecto ocurrió en el presente caso. Entonces, la Sala presume que la causa de
la desvinculación laboral fue la circunstancia de debilidad en que se
encontraba Ady Esperanza, pues no de otra forma se entendería el por qué se dio
la terminación abrupta de la relación laboral cuando ya se había dado la
renovación automática de la misma al no hacerse el preaviso dentro del término
legal. Así las cosas, la empresa accionada no logró desvirtuar la presunción de
desvinculación injusta.
El hecho de que la accionante
hubiera perdido de un momento para otro su trabajo, sabiendo que se encontraba
próxima a enfrentar una cirugía y un tratamiento postoperatorio para recuperar
su salud, la situó en una circunstancia de vulnerabilidad mayor, pues a sus
quebrantes de salud física se sumó la preocupación generada por la pérdida de
sus ingresos, con los cuales ella sufragaba sus necesidades básicas de
vivienda, alimentación, vestido, educación y salud, además de las de sus
padres, y el hecho de quedar desvinculada del sistema de salud una vez se
cumpliera el periodo de protección adicional de un mes. En efecto, en razón de
su condición de desempleo el seguimiento de su diagnóstico y el tratamiento
postoperatorio se vieron interrumpidos. Obsérvese que después de que le fuera
realizada la “miomectomía uterina y escisión de tumor fibroide único o
múltiple por laparotomía”[275]
el 30 de mayo de 2016, la accionante se practicó una ecografía el 29 de septiembre
del mismo año y la opinión de la médica gineco-obstetra[276] fue “miomatosis
uterina” y un “quiste simple ovario izquierdo”, concepto que debía
ser corroborado por un médico especialista[277].
Esto es indicativo de que el padecimiento que sufría la accionante debía tener
un seguimiento médico adecuado, el cual se vio interrumpido por la pérdida del
empleo.
Entonces, en el presente caso la
Sala encuentra que (i) Ady Esperanza Aragón Bernate, en el momento en
que se puso fin a su contrato de trabajo, tenía una considerable afectación de
su salud que le dificultaría sustancialmente el desempeño de sus funciones en
condiciones regulares, dado que debía someterse a una cirugía y a un
tratamiento postoperatorio que le implicaban un periodo de incapacidad. (ii)
Su empleador, Jah Company Services S.A.S., terminó el contrato de trabajo a
término fijo inferior a un año a partir del 26 de mayo de 2016, es decir,
cuatro días antes de que le fuera realizada la “miomectomía uterina y
escisión de tumor fibroide único o múltiple por laparotomía”[278], que
le generó una incapacidad total de 30 días, sin tener en cuenta que ya había
operado la prórroga automática del mismo. (iii) La terminación del
contrato laboral no fue autorizada por el Ministerio de Trabajo. (iv) El
empleador no demostró una causa suficiente para la desvinculación laboral de
Ady Esperanza, pues el contrato ya se había prorrogado en dos ocasiones
anteriores, y simplemente argumentó que se dio por terminado en razón del cumplimiento
del periodo contratado, aunque no realizó el preaviso dentro del término legal.
Con fundamento en lo anterior, debe aplicarse la presunción de que la
desvinculación se originó en una situación discriminatoria, pues en
contravención del principio de solidaridad que debe mediar las relaciones
laborales[279],
se optó por terminar el contrato en un momento en que era vital para la
accionante contar con un sustento económico y con un servicio de salud.
En
virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta que en el presente caso se comprobó
que el empleador (i) desvinculó a un sujeto titular del derecho a la
estabilidad laboral reforzada sin obtener la autorización de la oficina del
Trabajo, y (ii) no logró desvirtuar la presunción de despido
discriminatorio, la Sala revocará la sentencia del 9 de septiembre de 2016
proferida por el Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Bogotá, y confirmará
parcialmente la sentencia del 3 de agosto de 2016 emanada del Juzgado
Veintisiete Civil Municipal de la misma ciudad, que había concedido el amparo
invocado. En su lugar, tutelará los derechos fundamentales a la estabilidad
laboral reforzada, al mínimo vital y a la salud de Ady Esperanza Aragón
Bernate, vulnerados por Jah Company Services S.A.S., pero por las razones anteriormente
señaladas.
En
consecuencia, declarará la ineficacia de la terminación del contrato laboral de
la accionante y ordenará a Jah Company Services S.A.S. que, dentro del término de quince (15) días calendario
contados a partir del día siguiente a la notificación de la sentencia, (i)
le pague los salarios y las prestaciones sociales que dejó de percibir entre el
27 de mayo y el 26 de agosto de 2016, periodo en el cual operó la prórroga
automática del contrato laboral, y (ii) le pague una indemnización
equivalente a ciento ochenta (180) días del salario, conforme al artículo 26 de
la Ley 361 de 1997.
En el
presente caso la Sala no ordenará la renovación del contrato por un término
igual al inicialmente pactado, debido a que la accionante en la actualidad se
encuentra trabajando en la empresa Continental Assist Colombia S.A.S. desde el
16 de enero de 2017 y manifestó su deseo de no ser reintegrada a Jah Company
Services S.A.S.
Adicional a lo anterior, y
teniendo en cuenta que Ady Esperanza Aragón Bernate no ha recibido el pago de
las incapacidades que tuvo entre el 30 de mayo y el 13 de junio de 2016 y entre
el 14 de junio y el 28 de junio de 2016, y que obra información suministrada
por la accionante en el sentido de que la EPS Cafesalud efectuó el pago por
dicho concepto directamente a la empresa en el mes de septiembre de 2016, por la
suma de seiscientos cuarenta y tres mil pesos m.l. ($643.000)[280], se ordenará a Jah
Company Services S.A.S. que dentro del término
de quince (15) días calendario contados a partir del día siguiente a la notificación de la sentencia, entregue a Ady Esperanza lo recibido en razón
de las incapacidades descritas.
Finalmente, prevendrá a Jah Company
Services S.A.S. para que en lo sucesivo y atendiendo a las consideraciones
consignadas en esta providencia, se abstenga de vulnerar los derechos de los
trabajadores que se encuentran en estado de debilidad manifiesta en razón de su
condición de salud.
6.2 Expediente T-5886149. La
empresa Consorcio Marpetrol vulneró los derechos fundamentales a la estabilidad
laboral reforzada, al mínimo vital y a la salud de Ruvinson Morales Peñuela
Como lo indicó la Sala en los
antecedentes Ruvinson Morales Peñuela interpuso acción de tutela contra la
empresa Consorcio Marpetrol por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo, al debido
proceso, a la salud, a la seguridad social, a la igualdad, a la no
discriminación, al mínimo vital y a la dignidad humana, debido a la terminación
de su contrato de trabajo de obra o labor contratada el 16 de diciembre de
2015, pese a que se encontraba en estado de debilidad manifiesta en razón de su
condición de salud, sin que mediara la respectiva autorización del Ministerio
del Trabajo.
Está probado en el proceso que
Ruvinson Morales Peñuela celebró con el Consorcio Marpetrol un contrato laboral
de obra o labor contratada el 17 de marzo de 2014, y que durante la ejecución
del mismo desempeñó las funciones de obrero con un salario de un millón
quinientos sesenta y ocho mil cuarenta pesos m.l. ($1.568.040)[281].
También está probado que la
empresa puso fin al contrato laboral del señor Morales Peñuela a partir del 16
de diciembre de 2015[282],
a través de comunicación fechada ese mismo día[283], con fundamento en “la
terminación de la obra o labor para el cual fue contratado […] desde 17 de
marzo de 2014” y de conformidad con el literal d) del artículo 61 del
Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 5º de la Ley 50 de
1990[284].
Hay pruebas que indican que desde
el mes de mayo de 2014 el señor Morales Peñuela tuvo una incapacidad del 20 al
29 de mayo de 2014 (10 días), después de que acudiera a una consulta médica por
Saludcoop EPS debido a un “[d]olor intenso en región abdominal que se le
irradia a zona inguinal izquierda al ejercer alguna fuerza”[285] y
que, según el accionante, se presentó luego de que hiciera un esfuerzo físico
al levantar piedras de la vía cuando se encontraba en horario laboral. Luego de
esta primera incapacidad y después de que le fueran practicados algunos
exámenes, fue diagnosticado con “Hernia umbilical sin obstrucción ni
gangrena”, para lo cual se le programó el procedimiento de “Herniorrafia
umbilical reproducida sod” el cual fue realizado el 29 de agosto de 2014,
presentando una incapacidad desde el 29 de agosto al 6 de septiembre de 2014 (9
días)[286].
Después de esta intervención quirúrgica el accionante siguió consultando y
realizándose exámenes debido a un dolor abdominal crónico sin mejoría. Según la
historia clínica del 6 de diciembre de 2014, mientras se hacía el procedimiento
de laparoscopia diagnóstica, el médico recomendó que “el paciente [tenía]
que ser reubicado laboralmente hasta determinar [la] causa del dolor [porque]
no [podía] levantar peso”[287].
Después de esa fecha continuaron las consultas y los exámenes médicos hasta que
el 9 de febrero de 2015 se confirmó un nuevo diagnóstico de “hernia
umbilical sin obstrucción ni gangrena”[288],
que implicó la realización de un nuevo procedimiento de herniorrafia
epigástrica el 18 de abril de 2015[289].
Luego, a partir del 31 de julio del mismo año consultó de nuevo por dolor en
región inguinal izquierda y fue diagnosticado con “hernia inguinal
unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena”[290] el 28 de septiembre de
2015, para lo cual el médico tratante solicitó “cirugía general
consulta” con la finalidad de hacer una “detección temprana de
enfermedad general”[291]
y el 3 de noviembre fue autorizado el procedimiento de “herniorrafia
inguinal con injerto o prótesis sod (hernioplastia con malla de polipropileno
no recubierta”[292].
La empresa accionada tuvo
conocimiento de la condición de salud del señor Morales Peñuela desde el inicio
de su padecimiento, prueba de ello es que la ARL Sura a través de comunicación
del 9 de junio de 2014, le informó al Director de Sistemas de Gestión Nacional
del Consorcio Marpetrol[293]
que el evento que le había ocurrido a Ruvinson Morales Peñuela el 16 de mayo de
2014, “no corresponde con la definición de un accidente de trabajo, de
acuerdo con los lineamientos de la legislación vigente” y señaló que las
heridas de la pared abdominal son enfermedades de origen común[294]. Obra prueba documental
en el expediente que indica que a través de correos electrónicos dirigidos por
el accionante a Erika Liliana Ramírez[295]
los días 9 de diciembre de 2014, 25 de marzo, 1 de mayo, 21 de mayo, 6 de
agosto, 26 de agosto, 27 de agosto, 7 de septiembre y 29 de septiembre de 2015,
se envió documentación referida a la enfermedad padecida por el trabajador[296]. De
todas maneras la empresa nunca negó el conocimiento de los quebrantos de salud
del señor Morales.
La sociedad accionada señaló que
el motivo de la terminación del contrato fue la culminación de la obra o labor
contratada[297],
sin embargo en la comunicación que le dirigiera la empresa al señor Morales
Peñuela, se indica que la causa tiene fundamento en los siguientes hechos: “4.1
En desarrollo y ejecución del Contrato […] OT3 4049589 Pozo Cansona Oeste
suscrita con Ecopetrol S.A., cuyo objeto contractual consistió en “Ejecutar las
labores de OBRERO A1 en el desarrollo de la OT3 4049589 Pozo Cansona Oeste
suscrita con Ecopetrol S.A., hasta que la conformación de la subrasante llegue
al 20% de ejecución”. Se contrató bajo la modalidad de duración de la obra o
labor contratada [al] trabajador. || 4.2 El precitado contrato celebrado en la
obra, para la parte que fue contratado, terminó el día 01 de Julio de 2015. ||
4.3 El contrato de duración determinada por la obra o labor contratada, del
señor (a) ROVINSON MORALES PEÑUELA, tiene como fecha de inicio el día 17 de
Marzo de 2014. La terminación del contrato de trabajo, se produce por la
terminación de la labor contratada desde el día 01 de julio de 2015 y no por
otras razones y/o por motivos de salud del trabajador”[298].
Obsérvese que el contrato macro,
que originó la contratación del accionante como obrero, finalizó el 1 de julio
de 2015, y que el trabajador siguió cumpliendo sus labores en la empresa hasta
que su contrato fue terminado. Lo anterior sugiere que entre 2 de julio y el 16
de diciembre de 2015 la empresa ocupó al señor Ruvinson Morales en actividades
que requería fueran cumplidas, hasta que de un momento a otro dio por
finalizada su relación laboral sin atender las condiciones personales en que se
encontraba[299].
Así las cosas, la empresa accionada no logró desvirtuar la presunción de
desvinculación injusta.
Desde el 15 de diciembre de 2014
había una recomendación de reubicación del trabajador dada por el médico
tratante de Cafesalud EPS[300].
Sin embargo, en el expediente no obra prueba de que ello haya sido contemplado
o revisado por parte de la empresa accionada, aun cuando el derecho a la
estabilidad laboral reforzada, así como el respeto de la dignidad humana,
generan para el trabajador con afectaciones en su estado de salud un derecho a
la reubicación en espacios en los que pueda desarrollar labores que no
atenten contra su salud, debiéndose realizar en estos casos los ajustes
pertinentes conforme a la recomendación de su médico tratante[301].
Está claro que si la empresa no
hubiera puesto fin a la relación laboral que tenía con el señor Ruvinson Morales
Peñuela, el procedimiento quirúrgico autorizado y el tratamiento postoperatorio
para recuperar su salud hubieran podido hacerse oportunamente luego de que le
fuera diagnosticada la hernia inguinal.
Hay una presunción de despido
discriminatorio en favor del trabajador a quien se ha dado por finalizado el
contrato laboral mientras padece graves quebrantos de salud, sin contar con la
autorización del Ministerio del Trabajo, como en efecto ocurrió en el presente
caso. Así, la Sala presume que la causa de la desvinculación laboral fue la
circunstancia de debilidad del accionante, pues no de otra forma se entendería
el por qué se dio la terminación abrupta de la relación laboral.
Quedó claro que la empresa
accionada no esperó la culminación del trámite de “solicitud de autorización
de despido” del trabajador que inició ante la inspección del Trabajo en el
mes de octubre de 2015[302]
y que finalizó con la Resolución No. 00471 del 25 de mayo de 2016, “por la
cual se resuelve una solicitud de autorización para la terminación de un
contrato de un trabajador en estado de discapacidad”, expedida por la
Coordinación del Grupo de Atención al Ciudadano y Trámites de la Dirección
Territorial Meta del Ministerio del Trabajo, quien negó dicha autorización[303].
Este hecho de irrespeto de los procedimientos que deben seguirse para efectos
de poner fin a una relación laboral que ata a un trabajador que se encuentra en
circunstancias de debilidad manifiesta, muestra una total desaprensión por los
derechos del accionante.
La circunstancia de que Ruvinson
Morales Peñuela hubiera perdido de un momento para otro su trabajo, sabiendo
que se encontraba en un tratamiento médico para recuperar su salud por el
padecimiento de diversas hernias, lo puso en una circunstancia de mayor vulnerabilidad,
pues a sus quebrantes de salud física se sumó la preocupación generada por la
pérdida de sus ingresos, con los cuales sufragaba sus necesidades básicas y las
de su núcleo familiar, compuesto por su compañera permanente y tres hijas
menores de edad, y el hecho de quedar desvinculado del sistema de salud una vez
se cumpliera el periodo de protección adicional de un mes, lo que ocasionó que
su tratamiento tuviera que interrumpirse.
El padecimiento sufrido por el
accionante requería un seguimiento médico adecuado, pues obsérvese que durante
el tiempo en que trabajó al servicio del Consorcio Marpetrol le fueron
diagnosticadas dos hernias umbilicales y una hernia inguinal y el procedimiento
autorizado para tratar este último diagnóstico, “herniorrafia inguinal con
injerto o prótesis sod (hernioplastia con malla de polipropileno no recubierta”[304], aún
no se había realizado al momento en que fue desvinculado de la empresa, lo que
implicó una interrupción del tratamiento requerido para recuperar su salud.
Entonces, en el presente caso la Sala encuentra que (i)
Ruvinson Morales Peñuela, en el momento en que se puso fin a su contrato de
trabajo, tenía una considerable afectación en su salud que le dificultaba
sustancialmente el desempeño de sus funciones en condiciones regulares, porque,
como se indicó, no podía levantar peso, además debía someterse a una cirugía y
a un tratamiento postoperatorio que posiblemente le implicarían un periodo de
incapacidad. (ii) Su empleador, Consorcio Marpetrol, terminó el contrato
de trabajo por obra o labor contratada el 16 de diciembre de 2015, pese a que
tenía programado un procedimiento de “herniorrafia inguinal con injerto o
prótesis sod (hernioplastia con malla de polipropileno no recubierta”, el
cual quedó pendiente. (iii) La terminación del contrato laboral no fue
autorizada por el Ministerio de Trabajo. (iv) El empleador no demostró
una causa suficiente para la desvinculación laboral del señor Morales Peñuela,
y simplemente argumentó que se dio por terminado el contrato porque la obra o
labor para el cual había sido contratado ya había finalizado; sin embargo el Ministerio
del Trabajo no otorgó la autorización por falta de pruebas al respecto[305]. Con
fundamento en lo anterior, debe aplicarse la presunción de que la desvinculación
se originó en una situación discriminatoria, pues en contravención del
principio de solidaridad que debe mediar las relaciones laborales, se optó por
terminar el contrato en un momento en que era vital para el accionante contar
con un sustento económico y con un servicio de salud.
En
virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta que en el presente caso la Sala
comprobó que el empleador (i) desvinculó a un sujeto titular del derecho
a la estabilidad laboral reforzada sin obtener la autorización de la oficina del
Trabajo, y (ii) no logró desvirtuar la presunción de despido
discriminatorio, la Sala revocará la sentencia del 13 de julio de 2016
proferida por el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función
de Garantías de Villavicencio, Meta, que declaró improcedente la acción de
tutela instaurada por Ruvinson Morales Peñuela contra el Consorcio Marpetrol; y la sentencia del 22 de agosto de 2016
emanada del Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de
Conocimiento de la misma ciudad, que confirmó la anterior. En su lugar, concederá
la tutela de los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al
mínimo vital y a la salud de Ruvinson Morales Peñuela.
En
consecuencia, declarará la ineficacia de la terminación del contrato laboral y
ordenará al Consorcio Marpetrol que, dentro del término de quince (15) días
calendario contados a partir del día siguiente a la notificación de la
sentencia, (i) le renueve el contrato de obra o labor a Ruvinson Morales
Peñuela, si él así lo desea, para que desarrolle un objeto contractual que
ofrezca condiciones similares al del ejecutado, y que esté acorde con su actual
estado de salud; lo anterior, siempre y cuando la empresa siga desarrollando
contratos en los que requiera la labor ejecutada por el accionante; (ii)
le pague los salarios y las prestaciones sociales que dejó de percibir entre el
17 de diciembre de 2015 (que corresponde al día siguiente a la fecha de su
desvinculación) y la fecha en que se haga su efectiva contratación (siempre y
cuando la empresa siga desarrollando contratos en los que requiera la labor
ejecutada por el accionante o, en su defecto, hasta el momento en que lo haya
hecho); y (iii) le pague una indemnización equivalente a ciento ochenta
(180) días del salario, conforme al artículo 26 de la Ley 361 de 1997[306].
Finalmente,
prevendrá a Consorcio Marpetrol para que en lo sucesivo y atendiendo a las
consideraciones consignadas en esta providencia, se abstenga de vulnerar los
derechos de los trabajadores que se encuentran en estado de debilidad
manifiesta en razón de su condición de salud.
6.3. Expediente T-5889183. La
empresa Activos S.A. vulneró los derechos fundamentales a la estabilidad
laboral reforzada, al mínimo vital y a la salud de Gizethe Estefanía Rico Díaz
Como lo indicó la Sala en los
antecedentes Gizethe Estefanía Rico Díaz interpuso acción de tutela contra
Activos S.A. por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la
estabilidad laboral reforzada de los disminuidos físicos, al trabajo, a la salud,
a la seguridad social, al mínimo vital, a la no discriminación y a la vida en
condiciones dignas, debido a la terminación de su contrato de trabajo de obra o
labor contratada el 27 de mayo de 2016, pese a que se encontraba en estado de
debilidad manifiesta en razón de su condición de salud, sin que mediara la
respectiva autorización del Ministerio del Trabajo.
Está probado en el proceso que
Gizethe Estefanía Rico Díaz se desempeñó como Profesional II en misión en la
empresa usuaria Colpensiones en la ejecución de contratos laborales de obra o
laborar contratada celebrados con las empresas Activos  S.A. y Coltempora S.A.,
así:
-
Con Activos S.A. del 24 de abril al 25 de junio de 2014[307].
-
Con Coltempora S.A. del 26 de junio de 2014 al 10 de diciembre de 2014[308], con
renovación del 11 de diciembre de 2014 al 31 de marzo de 2015[309].
-
Con Activos S.A. del 1 de abril de 2015 al 31 de enero de 2015[310], con
renovación del 1 de febrero de 2016 al 27 de mayo de 2016[311].
Activos S.A. señaló que la última
contratación de la accionante se hizo en el marco del contrato
de suministro de trabajadores en misión No. 005 celebrado con Colpensiones el 28 de enero de 2016[312] y que su asignación
salarial fue de tres millones novecientos ochenta y cinco mil ochocientos
cincuenta y siete pesos m.l. ($3.985.857)[313].
También está probado que la
empresa Activos S.A. puso fin al contrato laboral de Gizethe Estefanía Rico
Díaz el 27 de mayo de 2016[314],
con fundamento en que la labor para la cual había sido contratada había
finalizado, ya que la empresa usuaria Colpensiones había superado la necesidad
temporal que se generó en el marco del contrato de suministro de trabajadores
en misión No. 005, lo que implicó la desvinculación gradual de 40 trabajadores
en misión asignados a dicha empresa en el mes de mayo de 2016.
Hay pruebas que indican que
Gizethe Estefanía Rico Díaz en el mes de octubre de 2014 acudió al médico con
el fin de diagnosticar y tratar una “pérdida súbita de audición por el oído
izquierdo”[315],
y que a partir de ese momento se sometió a una serie de exámenes médicos hasta
que en diciembre de 2015 se confirmó que su padecimiento era “Hipoacusia
mixta conductiva y neurosensorial - bilateral”[316].
La Sala presume que la empresa
accionada sí tuvo conocimiento de la condición de salud de Gizethe Estefanía
Rico Díaz, al menos desde la renovación de su contrato el 1 de febrero de 2016,
toda vez que esta le informó su diagnóstico a la especialista médica de
reclutamiento, quien dejó constancia en el concepto de aptitud ocupacional del
29 de enero de 2016, en el sentido de recomendar la continuación del
tratamiento con el médico especialista de la EPS Compensar[317]. Este documento tuvo
que ser conocido por la empresa contratante pues constituye uno de los
requisitos para la contratación del personal, además la empresa Activos S.A.S.
mencionó en su respuesta que la accionante era apta para el cargo de
profesional II, lo que da a entender que en efecto consultó el concepto de
aptitud ocupacional en donde aparecía claro que estaba diagnosticada con otosclerosis
bilateral.
Es cierto que para el 27 de mayo
de 2016, fecha en que se dio por terminado su contrato de trabajo, Gizethe
Estefanía no se encontraba incapacitada, pero también lo es que para esa fecha
ya había sido diagnosticada con “Hipoacusia mixta conductiva y
neurosensorial - bilateral”, lo que bien pudo ser contemplado por la
empresa empleadora al momento de poner fin a la relación laboral. Ya ha
planteado la Sala que la sola circunstancia de la finalización de la obra o
labor contratada no necesariamente constituye una justa causa para dar por
terminado un contrato laboral, toda vez que hay que considerar también
condiciones subjetivas, como, en este caso, la salud de la trabajadora.
Con fundamento en la historia
clínica aportada por la accionante, la Sala identifica que su padecimiento deriva de una pérdida de la
audición cuyo diagnóstico ha ido precisándose en el tiempo a medida que ella se
ha practicado los exámenes sugeridos por su médico tratante, además, observa
que la “hipoacusia” es una enfermedad progresiva como lo explicó el
otólogo Juan Carlos Izquierdo Velásquez, en consulta realizada el 24 de junio
de 2016, en donde refirió que la enfermedad de la paciente correspondía a un “cuadro
clínico de hipoacusia lentamente progresiva hace 12 meses bilateral de
predominio en el oído izquierdo. Asiste con audiológicos que muestran
hipoacusia conductiva bilateral moderada izquierda y leve derecha”[318].
Luego, aparece una nueva evaluación audiológica del 2 de julio de 2016, en
donde se determinó que Gizethe Estefanía padecía “Hipoacusia mixta
bilateral, con compromiso moderado en el oído derecho y compromiso
moderado-severo en el oído izquierdo”[319].
Lo anterior denota la necesidad de mantener un permanente control médico para
efectos de ir afinando los diagnósticos y determinar el procedimiento adecuado
para tratar su padecimiento. La accionante señaló que se estaba estudiando la
posibilidad de una cirugía de reconstrucción de cadena ósea o la colación de
unos aparatos auditivos.
Hay
una presunción de despido discriminatorio en favor del trabajador a quien se ha
dado por finalizado el contrato laboral mientras padece graves quebrantos de
salud, sin contar con la autorización del Ministerio del Trabajo, como en
efecto ocurrió en el presente caso. Así, la Sala presume que la causa de la
desvinculación laboral fue la circunstancia de debilidad de Gizethe Estefanía
Rico Díaz, pues no de otra forma se entendería el por qué se dio la terminación
abrupta de la relación laboral. En todo caso la empresa accionada no logró
desvirtuar la presunción de desvinculación injusta.
Desde muy temprano la
jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que el derecho
a la estabilidad laboral reforzada tiene fundamento constitucional y es
predicable de todas las personas que tengan una afectación en su salud que les
“impid[a] o dificult[e] sustancialmente el desempeño de sus labores en las
condiciones regulares”[320],
toda vez que esa situación particular puede considerarse como una circunstancia
que genera debilidad manifiesta y, en consecuencia, la persona puede verse
discriminada por ese solo hecho. Por lo mismo, la jurisprudencia constitucional
ha amparado el derecho a la estabilidad laboral reforzada de quienes han sido
desvinculados sin autorización del Ministerio del Trabajo, aun cuando no presenten una situación de pérdida de la capacidad
laboral moderada, severa o profunda, ni cuenten con certificación que acredite
el porcentaje en que han perdido su fuerza laboral, si se evidencia una
situación de salud que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de
sus labores en condiciones regulares[321].
Gizethe Estefanía Rico Díaz
señaló que debido a que su médico tratante aún no ha expedido concepto de
rehabilitación integral, porque su padecimiento se encuentra en seguimiento con
la finalidad de determinar el procedimiento a seguir para su tratamiento, “su
discapacidad no ha sido calificada”. Como se dijo, la falta del dictamen de
pérdida de la capacidad laboral no obsta para que se acredite una circunstancia
de debilidad manifiesta de la cual derive el derecho a una protección especial
de la estabilidad en el trabajo.
La circunstancia de que Gizethe
Estefanía hubiera perdido de un momento para otro su trabajo, sabiendo que se
encontraba en permanente observación médica para efectos de definir el
procedimiento adecuado para tratar su padecimiento de disminución progresiva de
la capacidad auditiva, la puso en una circunstancia mayor de vulnerabilidad,
pues a sus quebrantes de salud física se sumó la preocupación generada por la
pérdida de sus ingresos, con los cuales sufragaba sus necesidades básicas, y el
hecho de quedar desvinculada del sistema de salud una vez se cumpliera el
periodo de protección adicional de un mes.
Entonces, en el presente caso la Sala encuentra que (i)
Gizethe Estefanía Rico Díaz, en el momento en que se puso fin a su contrato de
trabajo, se encontraba en condición de debilidad manifiesta en razón de la
pérdida progresiva de la función auditiva, que si bien no le impedía cumplir
con las funciones asignadas por su empleador, sí le implicaba una dificultad sustancial
que la ponía en una posible situación de desventaja en relación con los otros
compañeros que desempeñaban su mismo cargo. (ii) Su empleador, Activos S.A.,
terminó el contrato de trabajo por obra o labor contratada el 27 de mayo de
2016, pese a que estaba en permanente observación médica para efectos de
definir el procedimiento adecuado para tratar su padecimiento, el cual quedó
pendiente. (iii) La terminación del contrato laboral no fue autorizada
por el Ministerio de Trabajo. (iv) El empleador no demostró una causa
suficiente para la desvinculación laboral de Gizethe Estefanía, y simplemente
argumentó que se dio por terminado el contrato porque la obra o labor que
desempeñaba en la empresa usuaria Colpensiones ya había finalizado. Con
fundamento en lo anterior, debe aplicarse la presunción de que la
desvinculación se originó en una situación discriminatoria, pues en
contravención del principio de solidaridad que debe mediar las relaciones laborales,
se optó por terminar el contrato en un momento en que era vital para la
accionante contar con un sustento económico y con un servicio de salud.
En
virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta que en el presente caso la Sala
comprobó que el empleador (i) desvinculó a un sujeto titular del derecho
a la estabilidad laboral reforzada sin obtener la autorización de la oficina
del Trabajo, y (ii) no logró desvirtuar la presunción de despido
discriminatorio, la Sala revocará la sentencia del 1 de septiembre de 2016
proferida por el Juzgado Setenta y Uno Civil Municipal de Bogotá, que declaró
improcedente la acción de tutela instaurada por Gizethe Estefanía Rico Díaz
contra el Activos S.A.; y la
sentencia del 14 de octubre de 2016 emanada del Juzgado Séptimo Civil del
Circuito de Bogotá de la misma ciudad, que confirmó la anterior. En su lugar,
concederá la tutela de los derechos fundamentales a la estabilidad laboral
reforzada, al mínimo vital y a la salud de Gizethe Estefanía Rico Díaz.
En
consecuencia, declarará la ineficacia de la terminación del contrato laboral y
ordenará a Activos S.A., que dentro del término de quince (15) días calendario
contados a partir del día siguiente a la notificación de la sentencia, (i)
le renueve el contrato de obra o labor a Gizethe Estefanía Rico Díaz, si ella
así lo desea, para que desarrolle un objeto contractual que ofrezca condiciones
similares al del ejecutado, y que esté acorde con su actual estado de salud; (ii)
le pague los salarios y las prestaciones sociales que dejó de percibir entre el
28 de mayo de 2016 (que corresponde al día siguiente a la fecha de su
desvinculación) y la fecha en que se haga su efectiva contratación, descontando
el tiempo en que la accionante estuvo vinculada con el
Grupo ASD S.A.S., esto es, del 18 de junio al 18 de agosto de 2016; y (iii) le pague una indemnización equivalente a ciento
ochenta (180) días del salario, conforme al artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Finalmente, explicó que le envió
un derecho de petición al Grupo ASD solicitando que le certifiquen que
actualmente no tiene ningún vínculo laboral o contractual con dicha empresa,
pues a raíz de una errónea información sigue apareciendo reportada en salud y
pensiones en calidad de dependiente, y que se encuentra a la espera de su contestación[322].
Finalmente,
prevendrá a Activos S.A. para que en lo sucesivo y atendiendo a las
consideraciones consignadas en esta providencia, se abstenga de vulnerar los
derechos de los trabajadores que se encuentran en estado de debilidad
manifiesta en razón de su condición de salud.
6.4. Expediente T-5904926. La
E.S.E. Hospital el Socorro de San Diego, Cesar, vulneró los derechos
fundamentales a la estabilidad ocupacional reforzada y al mínimo vital de Luis
Ramón Amaya Martínez
Como lo indicó la Sala en los
antecedentes Luis Ramón Amaya Martínez interpuso acción de tutela contra la
E.S.E. Hospital el Socorro de San Diego, Cesar, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales a la estabilidad ocupacional reforzada, al trabajo digno
y justo, al salario mínimo vital y móvil, a la vida en condiciones dignas, a la
igualdad, a la seguridad social y al debido proceso, en razón de la terminación
de su contrato de prestación de servicios el 1 de junio de 2016, pese a que se
encontraba en condición de discapacidad, sin que mediara la respectiva
autorización del Ministerio del Trabajo.
Está probado en el proceso que
Luis Ramón Amaya Martínez prestó sus servicios como auxiliar del área de
facturación de la E.S.E. Hospital el Socorro de San Diego, Cesar, en el marco
de diferentes contratos de prestación de servicios[323], así:
-
Contrato de prestación de servicios No. 036 del 7 de enero de 2015, por
un término de duración de cuatro (4) meses y un valor total de tres millones
ochocientos mil pesos m.l. ($3.800.000) pagadero en honorarios mensuales de
novecientos cincuenta mil pesos m.l. ($950.000)[324].
-
Contrato de prestación de servicios No. 082 del 7 de mayo de 2015, por
un término de duración de seis (6) meses y un valor total de cinco millones
setecientos mil pesos m.l. ($5.700.000) pagadero en honorarios mensuales de
novecientos cincuenta mil pesos m.l. ($950.000)[325].
-
Adición
No. 001 al contrato de prestación de servicios No. 082 del 7 de noviembre de
2015, por un término de duración de cincuenta y cuatro (54).
-
Contrato
de prestación de servicios No. 046 del 2 de febrero de 2016, por un término de
duración de cuatro (4) meses y un valor total de cinco millones de pesos m.l.
($5.000.000) pagadero en honorarios mensuales de un millón doscientos cincuenta
mil pesos m.l. ($1.250.000)[326].
También está probado que la
E.S.E. Hospital el Socorro de San Diego al finalizar la ejecución del contrato
de prestación de servicios No. 046 del 2 de febrero de 2016, cuyo término de
duración era de cuatro meses, decidió no continuar con la contratación del
accionante, pese a que por las características del servicio por él prestado, “auxiliar
del área de facturación”, la tarea continuaba, además las funciones que
cumplía más corresponden a un cargo de carácter permanente que a un servicio
que se requiere ocasionalmente[327].
Indicó el señor Amaya Martínez que la decisión de no renovar su contrato se
debió a que la gerencia había dispuesto cambiar el personal del área de
facturación. En el escrito de contestación no se explicaron las razones que
motivaron la no renovación del contrato de prestación de servicios del
accionante, simplemente se expresó que el hecho de que haya sido vinculado a
través de dicha modalidad contractual a partir del 7 de enero de 2015, “no
le endilga la responsabilidad al Hospital el Socorro de mantenerlo vinculado
por el resto de la vida”[328].
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala concluye que la accionada no logró
desvirtuar la presunción de desvinculación injusta.
Hay pruebas que indican que Luis
Ramón Amaya Martínez es una persona en condición de discapacidad física, debido
a un “trastorno de la marcha”, con una calificación de pérdida de la
capacidad laboral del 26%[329].
La Sala presume que la E.S.E.
Hospital el Socorro de San Diego sí tuvo conocimiento de la condición de discapacidad
física del accionante, pues se trata de un “trastorno de la marcha”, es
decir, de una dificultad al caminar que le implico una pérdida de la capacidad
laboral del 26% (limitación severa).
Hay
una presunción de despido discriminatorio en favor del trabajador en condición de discapacidad a quien se ha dado
por finalizado su contrato de prestación de servicios sin contar con la
autorización del Ministerio del Trabajo, conforme al artículo 26 de la Ley 361
de 1997, tal como en efecto ocurrió en el presente caso. Así, la Sala presume
que la causa de la finalización de la relación contractual por parte de la
entidad accionada fue la situación de discapacidad de Luis Ramón Amaya
Martínez, pues no de otra forma se entendería el por qué no fue renovado el
contrato de prestación de servicios dadas las características de la labor por
él desempeñada.
La circunstancia de que Luis
Ramón Amaya Martínez hubiera perdido de un momento para otro su trabajo,
sabiendo que padecía una discapacidad severa, lo puso en una circunstancia de mayor
vulnerabilidad, pues tuvo que enfrentar la preocupación generada por la pérdida
de sus ingresos, con los cuales sufragaba sus necesidades básicas y las de su
núcleo familiar conformado por su compañera permanente Dubis Helena Arzuaga
Arzuaga, su hijo menor de edad Ángel Andrés Amaya Arzuaga y su suegra Antonia
Beatriz Arzuaga Dangond[330],
y el hecho real de la dificultad de conseguir un nuevo trabajo dada,
precisamente, su condición de persona discapacitada.
Para resolver el presente caso la
Sala aplicará el precedente fijado en la sentencia SU-049 de 2017[331], en donde la
Corporación realizó un estudio de la estabilidad ocupacional reforzada
aplicable en el marco de los contratos de prestación de servicios. En
esa ocasión la Corporación unificó su jurisprudencia fijando las siguientes reglas:
(i) “El derecho fundamental a la estabilidad ocupacional reforzada es
una garantía de la cual son titulares las personas que tengan una afectación en
su salud que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores
en las condiciones regulares, con independencia de si tienen una calificación
de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda”. (ii) “La
estabilidad ocupacional reforzada es aplicable a las relaciones originadas en
contratos de prestación de servicios, aun cuando no envuelvan relaciones
laborales (subordinadas) en la realidad”. (iii) “La violación a
la estabilidad ocupacional reforzada debe dar lugar a una indemnización de 180
días, según lo previsto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, interpretado
conforme a la Constitución, incluso en el contexto de una relación contractual
de prestación de servicios, cuyo contratista sea una persona que no tenga
calificación de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda”.
Con fundamento
en las anteriores reglas, la Sala Plena concedió la tutela del derecho
fundamental a la estabilidad ocupacional reforzada de una persona de 72 años
vinculada a través de un contrato de prestación de servicios, que se desempeñaba
como conductor de vehículos de carga en Inciviles S.A., y a quien le fue
terminado su contrato anticipadamente aduciendo una “justa causa” sin
contar con la autorización de la oficina del Trabajo, pese a que se encontraba
en estado de debilidad manifiesta en razón de su condición de salud. Así,
ordenó “(i) la renovación del contrato de prestación de servicios con
condiciones análogas a las que tenía al momento de dársele por terminado el
último de tales contratos. […] (ii) el pago de los emolumentos dejados de
percibir desde la desvinculación (17 de marzo de 2014) hasta la fecha
inicialmente pactada para la terminación del contrato celebrado (1 de diciembre
de 2014), y (iii) una indemnización equivalente a 180 días de remuneración,
todo lo cual habrá de calcularse conforme al contrato celebrado entre la partes
que parece con fecha del mes de enero del año 2014”.
Entonces, en el presente caso la Sala encuentra que (i)
Luis Ramón Amaya Martínez, en el momento en que se puso fin a su contrato de
prestación de servicios, se encontraba en condición de discapacidad física, que
si bien no le impedía cumplir con las funciones asignadas por su contratante,
sí le implicaba una dificultad adicional a nivel motriz que lo ponía en una
posible situación de desventaja en relación con los otros compañeros que
desempeñaban sus mismas funciones. (ii) Su contratante, la E.S.E.
Hospital el Socorro de San Diego, Cesar, puso fin al contrato de prestación de
servicios el 1 de junio de 2016, pese a su condición de discapacidad, sin que
mediara autorización del Ministerio de Trabajo y sin justa causa probada. (iv)
El empleador no demostró una causa suficiente para la no renovación del
contrato del señor Luis Ramón Amaya Martínez, y simplemente argumentó que no
tenía la obligación “de mantenerlo vinculado por el resto de la vida”.
Con fundamento en lo anterior, debe aplicarse la presunción de que la decisión
del contratante se originó en una situación discriminatoria.
En
virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta que en el presente caso la Sala
comprobó que la entidad contratante (i) desvinculó a un sujeto titular
del derecho a la estabilidad ocupacional reforzada sin obtener la autorización
de la oficina del Trabajo, y (ii) no logró desvirtuar la presunción de
desvinculación discriminatoria, la Sala revocará la sentencia del 6 de
septiembre de 2016 proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de
Valledupar, Cesar, y confirmará parcialmente la sentencia del 12 de julio de
2016 emanada del Juzgado Promiscuo Municipal de San Diego, Cesar, que había
concedido el amparo invocado. En su lugar, tutelará los derechos fundamentales
a la estabilidad ocupacional reforzada y al mínimo vital de Luis Ramón Amaya
Martínez, vulnerados por la E.S.E. Hospital el Socorro de San Diego, Cesar,
pero por las razones anteriormente señaladas.
En
consecuencia, declarará la ineficacia de la terminación de la relación
contractual y ordenará a la E.S.E. Hospital el Socorro de San Diego, Cesar, que
dentro del término de quince (15) días calendario contados a partir del día
siguiente a la notificación de la sentencia, (i) le renueve el contrato
de prestación de servicios al señor Luis Ramón Amaya Martínez con condiciones
análogas a las que tenía al momento de dársele por terminado el último de los
contratos; y (ii) le pague una indemnización equivalente a ciento
ochenta (180) días de remuneración, conforme al artículo 26 de la Ley 361 de
1997, todo lo cual habrá de calcularse conforme al contrato de prestación de
servicios No. 046 del 2 de febrero de 2016.
Finalmente,
prevendrá a la E.S.E. Hospital el Socorro de San Diego, Cesar, para que en lo
sucesivo y atendiendo a las consideraciones consignadas en esta providencia, se
abstenga de vulnerar los derechos de los contratistas que se encuentran en
condición de discapacidad.
6.5. Expediente T-5905097. La
empresa ConSalfa vulneró los derechos fundamentales a la estabilidad laboral
reforzada, al mínimo vital y a la salud de Blanca Cecilia Ríos Remicio
Como lo indicó la Sala en los
antecedentes Blanca Cecilia Ríos Remicio interpuso acción de tutela contra
ConSalfa S.A.S. por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la
salud, a la igualdad, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas, debido
a la terminación de su contrato de obra o labor contratada el 1 de junio de
2016, pese a que se encontraba en un estado de debilidad manifiesta debido a su
condición de salud, sin que mediara la respectiva autorización del Ministerio
del Trabajo.
Está probado en el proceso que
Blanca Cecilia Ríos Remicio celebró con la empresa ConSalfa S.A.S. un contrato
laboral de obra o labor contratada el 13 de mayo de 2014, y que durante la
ejecución del mismo se desempeñó en el cargo de ayudante de aseo en la obra Río
Claro - Horno Molienda, ubicada en el municipio de Puerto Triunfo, Antioquia,
percibiendo un salario inicial de seiscientos treinta mil trescientos ochenta y
siete pesos m.l. ($630.387)[332].
También está probado que la
empresa puso fin al contrato laboral de la señora Blanca Cecilia el 1 de junio
de 2016, a través de comunicación fechada ese mismo día[333], con fundamento en que
la obra que dio lugar a su contratación ya había finalizado y fue entregada al
cliente (ARGOS) desde el mes de febrero del año 2016, razón por la cual dio
aplicación a la causa legal y objetiva de terminación del contrato establecida
en el literal d) del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo[334].
La empresa accionada reconoció que
la señora Blanca Cecilia tuvo una incapacidad del 2 al 16 de octubre de 2014
(15 días) por un esguince en su rodilla derecha. Después de ese evento le
fueron practicadas dos cirugías, una el 19 de diciembre de 2014 y la otra el 6
de enero de 2016. Esta última intervención le implicó una incapacidad médica
por cinco meses, es decir, del 6 de enero al 30 de mayo de 2016[335],
fecha esta última en la cual el médico tratante autorizó su reincorporación
laboral.
En el escrito de respuesta la
apoderada de ConSalfa S.A.S. manifestó que tuvo conocimiento de las
intervenciones quirúrgicas mencionadas, aunque también señaló que no le
constaban las fechas exactas en las cuales se practicaron, y reconoció que por
la última cirugía la señora Blanca Cecilia le presentó una incapacidad médica
del “06/01/2016 al 24/05/2016”[336].
La accionada señaló que el motivo
de la terminación del contrato fue la culminación de la obra o labor para la
cual fue contratada la señora Blanca Cecilia, sin embargo no atendió a las
condiciones personales en que se encontraba, ya que tan solo el 30 de mayo
había finalizado su incapacidad médica. En la historia clínica - consulta
externa de la Clínica Ibagué S.A., fechada el 24 de mayo de 2016[337], se
refiere como enfermedad actual “remodelación meniscal y condroplastia de
rodilla der[echa] - 5 meses” y un diagnóstico de “Gonartrosis no
especificada”. Además se describen las siguientes recomendaciones: “Aun
con dolor medial secundario a condromalasia medial - para ello se recomienda
hacer manejo médico - se le recomienda reinicio laboral - restricciones no
puede elevar, cargar, empujar objetos pesados o pasar largas horas de pie - se
explica - cita [en] 2 meses”.
Obsérvese que su médico tratante
autorizó su reincorporación laboral pero con recomendaciones, y fijó una nueva
cita médica en dos meses para efectos de hacer seguimiento a la evolución del
padecimiento sufrido por la señora Blanca Cecilia, quien claramente no podía
seguir ejecutando sus labores en condiciones normales. Esta circunstancia de
debilidad manifiesta en que se encontraba la accionante bien pudo ser
contemplada por la empresa empleadora al momento de poner fin a la relación
laboral. Ya ha planteado la Sala que la sola ocurrencia de la finalización de
la obra o labor contratada no necesariamente constituye una justa causa para
dar por terminado un contrato laboral, toda vez que hay que considerar también
condiciones subjetivas, como, en este caso, la salud de la trabajadora. Así las
cosas, la empresa accionada no logró desvirtuar la presunción de desvinculación
injusta.
Está claro que si la empresa no
hubiera puesto fin a la relación laboral que tenía con Blanca Cecilia Ríos
Remicio, no se hubiera interrumpido el tratamiento de rehabilitación que
requería una vez había superado su incapacidad, pues el hecho de que su médico
tratante hubiera recomendado el reinicio laboral, bajo manejo médico y con
restricciones en el sentido de que no podía elevar, cargar ni empujar objetos
pesados o pasar largas horas de pie, además, fijado una nueva cita en dos meses[338],
claramente indica que había un tratamiento de rehabilitación en curso, que se
vio interrumpido en razón de la terminación del contrato de trabajo.
Hay una presunción de despido
discriminatorio en favor del trabajador a quien se ha dado por finalizado el
contrato laboral mientras padece graves quebrantos de salud, sin contar con la
autorización del Ministerio del Trabajo, como en efecto ocurrió en el presente
caso. Así, la Sala presume que la causa de la desvinculación laboral fue la
circunstancia de debilidad de Blanca Cecilia Ríos Remicio, pues no de otra
forma se entendería el por qué se dio la terminación abrupta de la relación
laboral.
La circunstancia de que Blanca
Cecilia Ríos Remicio hubiera perdido de un momento para otro su trabajo,
sabiendo que se encontraba en un tratamiento de rehabilitación para recuperar
la movilidad de su pierna derecha, la puso en una circunstancia mayor de vulnerabilidad,
pues a sus quebrantes de salud física se sumó la preocupación generada por la
pérdida de sus ingresos, con los cuales sufragaba sus necesidades básicas y las
de su hijo de 15 años, y el hecho de quedar desvinculada del sistema de salud
una vez se cumpliera el periodo de protección adicional de un mes.
Entonces, en el presente caso la Sala encuentra que (i)
Blanca Cecilia Ríos Remicio, en el momento en que se puso fin a su contrato de
trabajo, tenía una considerable afectación en su salud que le dificultaba
sustancialmente el desempeño de sus funciones en condiciones regulares, porque,
como se indicó, tenía restricciones médicas debido a un diagnóstico de “Gonartrosis
no especificada”. (ii) Su empleador, ConSalfa S.A.S., terminó el
contrato de trabajo por obra o labor contratada el 1 de junio de 2016, pese a
que se encontraba iniciando un tratamiento de rehabilitación luego de una
cirugía de “remodelación meniscal y condroplastia de rodilla derecha”,
que le implicó una incapacidad de cinco meses. (iii) La terminación del
contrato laboral no fue autorizada por el Ministerio de Trabajo. (iv) El
empleador no demostró una causa suficiente para la desvinculación laboral de la
señora Blanca Cecilia, y simplemente argumentó que se dio por terminado el
contrato porque la obra o labor para la cual había sido contratado ya había
finalizado. Con fundamento en lo anterior, debe aplicarse la presunción de que
la desvinculación se originó en una situación discriminatoria, pues en
contravención del principio de solidaridad que debe mediar las relaciones
laborales, se optó por terminar el contrato en un momento en que era vital para
la accionante contar con un sustento económico y con un servicio de salud.
En
virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta que en el presente asunto la Sala
comprobó que el empleador (i) desvinculó a un sujeto titular del derecho
a la estabilidad laboral reforzada sin obtener la autorización de la oficina
del Trabajo, y (ii) no logró desvirtuar la presunción de despido
discriminatorio, la Sala revocará la sentencia del 14 de julio de 2016
proferida por el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento
de Ibagué, Tolima, que declaró improcedente la acción de tutela instaurada por
Blanca Cecilia Ríos Remicio contra ConSalfa S.A.S. En su lugar, concederá la
tutela de los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al
mínimo vital y a la salud de Blanca Cecilia Ríos Remicio.
En
consecuencia, declarará la ineficacia de la terminación del contrato laboral y
ordenará a ConSalfa S.A.S., que dentro del término de quince (15) días
calendario contados a partir del día siguiente a la notificación de la
sentencia, (i) le renueve el contrato de obra o labor a Blanca Cecilia
Ríos Remicio, si ella así lo desea, para que desarrolle un objeto contractual
que ofrezca condiciones similares al del ejecutado, y que esté acorde con su
actual estado de salud; (ii) le pague los salarios y las prestaciones
sociales que dejó de percibir entre el 2 de junio de 2016 (que corresponde al
día siguiente a la fecha de su desvinculación) y la fecha en que se haga su
efectiva contratación; y (iii) le pague una indemnización equivalente a
ciento ochenta (180) días del salario, conforme al artículo 26 de la Ley 361 de
1997.
Finalmente,
prevendrá a ConSalfa S.A.S. para que en lo sucesivo y atendiendo a las
consideraciones consignadas en esta providencia, se abstenga de vulnerar los
derechos de los trabajadores que se encuentran en estado de debilidad manifiesta
en razón de su condición de salud.
7.
Conclusiones
En
contratos laborales: un empleador vulnera los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al
mínimo vital y a la salud de un
empleado, al terminarle el contrato de trabajo a término
fijo o por obra o labor contratada,  según sea el caso, cuando este se
encuentra en situación de debilidad manifiesta en razón de su estado de
salud o en condición de discapacidad, sin obtener la autorización previa del
Ministerio del Trabajo y sin desvirtuar la presunción de despido
discriminatorio.
En este supuesto, si el juez
constitucional logra establecer que el despido o la terminación del contrato de
trabajo se produjo sin la autorización del Ministerio del Trabajo, deberá
presumir que la causa de la desvinculación laboral fue la circunstancia de
debilidad y vulnerabilidad del trabajador y, por tanto, conceder el amparo
invocado y, consecuencialmente, (i) declarar la ineficacia del despido,
de la terminación del contrato laboral o de la no renovación del mismo, según
sea el caso, con la consiguiente causación del derecho del demandante a recibir
todos los salarios y las prestaciones sociales dejadas de percibir durante el
tiempo que faltare por cumplirse el periodo inicialmente pactado o por ejecutarse
la obra o la labor contratada, o durante el interregno de la desvinculación; (ii)
ordenar el reintegro a un cargo que ofrezca condiciones similares a las del
empleo desempeñado por el trabajador hasta su desvinculación, o la renovación
del contrato para que desarrolle un objeto contractual que ofrezca condiciones
similares al del ejecutado anteriormente, y que esté acorde con su actual
estado de salud; y (iii) ordenar una indemnización de 180 días del
salario, según lo previsto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
En
contratos de prestación de servicios: un contratante vulnera los derechos
fundamentales a la estabilidad
ocupacional reforzada, al mínimo vital y a la salud de un contratista, al terminarle el contrato de prestación de servicios cuando este se encuentra en
situación de debilidad manifiesta en razón de su estado de salud o en condición
de discapacidad, sin obtener la autorización previa del Ministerio del Trabajo
y sin desvirtuar la presunción de desvinculación discriminatoria.
En este supuesto, si el juez
constitucional logra establecer que la terminación del contrato de prestación
de servicios se produjo sin la autorización del Ministerio del Trabajo, deberá
presumir que la causa de la desvinculación fue la circunstancia de debilidad y
vulnerabilidad del contratista y, por tanto, conceder el amparo invocado y,
consecuencialmente, (i) declarar la ineficacia de la terminación de la
relación contractual, con la consiguiente causación del derecho del demandante
a recibir las remuneraciones dejadas de percibir durante el tiempo que faltare
por cumplirse el periodo inicialmente pactado o por ejecutarse la labor
contratada; (ii) ordenar la renovación del contrato de prestación de
servicios con condiciones análogas a las que tenía al momento de dársele por
terminado el último de los contratos; y (iii) ordenar el pago de una
indemnización equivalente a ciento ochenta (180) días de remuneración, conforme
al artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
La
protección constitucional excepcional de los empleados/contratistas debe ser entendida como una acción
positiva en favor de quienes, por razones particulares, se encuentran en una
situación de debilidad manifiesta en razón de su estado de salud o por su
condición de discapacidad. Es decir, que se requiere de una intervención activa
por parte del Estado para que estas personas puedan superar esa posición de
debilidad y disfrutar de sus derechos de la misma manera en que lo hacen otros
ciudadanos.
RESUELVE:
Primero.-
En el expediente T-5813545, REVOCAR
la sentencia del 9 de septiembre de 2016 proferida por el Juzgado Veintidós
Civil del Circuito de Bogotá, y CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 3
de agosto de 2016 emanada del Juzgado Veintisiete Civil Municipal de la misma
ciudad, que había concedido el amparo invocado. En su lugar, CONCEDER la
tutela de los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al
mínimo vital y a la salud de Ady Esperanza Aragón Bernate, vulnerados por Jah
Company Services S.A.S., pero por las razones señaladas en la parte motiva de
esta sentencia.
Segundo.- DECLARAR la ineficacia de la terminación del contrato laboral de Ady Esperanza Aragón
Bernate y ORDENAR a Jah Company
Services S.A.S. que, dentro del término de
quince (15) días calendario contados a partir del día siguiente a la
notificación de la sentencia, (i) le pague los salarios y las prestaciones
sociales que dejó de percibir entre el 27 de mayo y el 26 de agosto de 2016,
periodo en el cual operó la prórroga automática del contrato laboral, y (ii)
le pague una indemnización equivalente a ciento ochenta (180) días del salario,
conforme al artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Tercero.- ORDENAR a
Jah Company Services S.A.S. que dentro del
término de quince (15) días calendario contados a partir del día siguiente a la notificación de la
sentencia, le entregue a Ady
Esperanza lo pagado por la EPS Cafesalud por concepto de las incapacidades que
tuvo entre el 30 de mayo y el 13 de junio de 2016 y entre el 14 de junio y el
28 de junio de 2016.
Cuarto.- PREVENIR a Jah Company Services S.A.S. para que en lo
sucesivo y atendiendo a las consideraciones consignadas en esta providencia, se
abstenga de vulnerar los derechos de los trabajadores que se encuentran en
estado de debilidad manifiesta en razón de su condición de salud.
Quinto.- En el expediente T-5886149, REVOCAR la sentencia
del 13 de julio de 2016 proferida por el Juzgado Primero Penal Municipal para
Adolescentes con Función de Garantías de Villavicencio, Meta, que negó por
improcedente la acción de tutela instaurada por Ruvinson Morales Peñuela contra
el Consorcio Marpetrol; y la
sentencia del 22 de agosto de 2016 emanada del Juzgado Primero Penal del
Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de la misma ciudad, que
confirmó la anterior. En su lugar, CONCEDER la tutela de los derechos
fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital y a la salud
de Ruvinson Morales Peñuela, vulnerados por el Consorcio Marpetrol.
Sexto.-
DECLARAR la ineficacia de la terminación del
contrato laboral y ORDENAR al Consorcio Marpetrol que, dentro del
término de quince (15) días calendario contados a partir del día siguiente a la
notificación de la sentencia, (i) le renueve el contrato de obra o labor
a Ruvinson Morales Peñuela, si él así lo desea, para que desarrolle un objeto
contractual que ofrezca condiciones similares al del ejecutado, y que esté
acorde con su actual estado de salud; lo anterior, siempre y cuando la empresa
siga desarrollando contratos en los que requiera la labor ejecutada por el accionante;
(ii) le pague los salarios y las prestaciones sociales que dejó de percibir
entre el 17 de diciembre de 2015 (que corresponde al día siguiente a la fecha
de su desvinculación) y la fecha en que se haga su efectiva contratación
(siempre y cuando la empresa siga desarrollando contratos en los que requiera
la labor ejecutada por el accionante o, en su defecto, hasta el momento en que
lo haya hecho); y (iii) le pague una indemnización equivalente a ciento
ochenta (180) días del salario, conforme al artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Séptimo.- PREVENIR al Consorcio Marpetrol para que en lo sucesivo y
atendiendo a las consideraciones consignadas en esta providencia, se abstenga
de vulnerar los derechos de los trabajadores que se encuentran en estado de
debilidad manifiesta en razón de su condición de salud.
Octavo.- REVOCAR la sentencia
del 1 de septiembre de 2016 proferida por el Juzgado Setenta y Uno Civil
Municipal de Bogotá, que declaró improcedente la acción de tutela instaurada
por Gizethe Estefanía Rico Díaz contra el Activos S.A.; y la sentencia del 14
de octubre de 2016 emanada del Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá de
la misma ciudad, que confirmó la anterior. En su lugar, CONCEDER la tutela de los derechos
fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital y a la salud
de Gizethe Estefanía Rico Díaz, vulnerados por Activos S.A.
Noveno.-
DECLARAR la ineficacia de la terminación del
contrato laboral y ORDENAR a Activos S.A., que dentro del término de
quince (15) días calendario contados a partir del día siguiente a la
notificación de la sentencia, (i) le renueve el contrato de obra o labor a Gizethe Estefanía Rico
Díaz, si ella así lo desea, para que desarrolle un objeto contractual que
ofrezca condiciones similares al del ejecutado, y que esté acorde con su actual
estado de salud; (ii) le pague los salarios y las prestaciones sociales
que dejó de percibir entre el 28 de mayo de 2016 (que corresponde al día
siguiente a la fecha de su desvinculación) y la fecha en que se haga su
efectiva contratación, descontando el tiempo en que la accionante estuvo vinculada con el Grupo ASD S.A.S., esto es, del 18 de junio
al 18 de agosto de 2016; y (iii) le pague una
indemnización equivalente a ciento ochenta (180) días del salario, conforme al
artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Décimo.-
PREVENIR a Activos S.A. para que en lo sucesivo y
atendiendo a las consideraciones consignadas en esta providencia, se abstenga
de vulnerar los derechos de los trabajadores que se
encuentran en estado de debilidad manifiesta en razón de su condición de salud.
Décimo
primero.- REVOCAR la sentencia del 6 de
septiembre de 2016 proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de
Valledupar, Cesar, y CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 12 de julio
de 2016 emanada del Juzgado Promiscuo Municipal de San Diego, Cesar, que había
concedido el amparo invocado. En su lugar, CONCEDER la tutela de los
derechos fundamentales a la estabilidad ocupacional reforzada y al mínimo vital
de Luis Ramón Amaya Martínez, vulnerados por la E.S.E. Hospital el Socorro de
San Diego, Cesar, pero por las razones señaladas en la parte motiva de esta
sentencia.
Décimo
segundo.- DECLARAR la ineficacia de la
terminación de la relación contractual y ORDENAR a la E.S.E. Hospital el
Socorro de San Diego, Cesar, que dentro del término de quince (15) días
calendario contados a partir del día siguiente a la notificación de la
sentencia, (i) le renueve el contrato de prestación de servicios al
señor Luis Ramón Amaya Martínez con condiciones análogas a las que tenía al
momento de dársele por terminado el último de los contratos; y (ii) le
pague una indemnización equivalente a ciento ochenta (180) días de remuneración,
conforme al artículo 26 de la Ley 361 de 1997, todo lo cual habrá de calcularse
conforme al contrato de prestación de servicios No. 046 del 2 de febrero de
2016.
Décimo
tercero.- PREVENIR a la E.S.E. Hospital el
Socorro de San Diego, Cesar, para que en lo sucesivo y atendiendo a las
consideraciones consignadas en esta providencia, se abstenga de vulnerar los
derechos de los contratistas que se encuentran en condición de discapacidad.
Décimo
cuarto.- REVOCAR la sentencia del 14 de julio de
2016 proferida por el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de
Conocimiento de Ibagué, Tolima, que declaró improcedente la acción de tutela
instaurada por Blanca Cecilia Ríos Remicio contra ConSalfa S.A.S. En su lugar, CONCEDER
la tutela de los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada,
al mínimo vital y a la salud de Blanca Cecilia Ríos Remicio, vulnerados por ConSalfa
S.A.S.
Décimo
quinto.- DECLARAR la ineficacia de la terminación del contrato laboral y ORDENAR
a ConSalfa S.A.S., que dentro del término de quince (15) días calendario
contados a partir del día siguiente a la notificación de la sentencia, (i)
le renueve el contrato de obra o labor a Blanca Cecilia Ríos Remicio, si ella
así lo desea, para que desarrolle un objeto contractual que ofrezca condiciones
similares al del ejecutado, y que esté acorde con su actual estado de salud; (ii)
le pague los salarios y las prestaciones sociales que dejó de percibir entre el
2 de junio de 2016 (que corresponde al día siguiente a la fecha de su
desvinculación) y la fecha en que se haga su efectiva contratación; y (iii)
le pague una indemnización equivalente a ciento ochenta (180) días del salario,
conforme al artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Décimo
sexto.- PREVENIR a ConSalfa S.A.S. para que en lo
sucesivo y atendiendo a las consideraciones consignadas en esta providencia, se
abstenga de vulnerar los derechos de los trabajadores que se encuentran en
estado de debilidad manifiesta en razón de su condición de salud.
Décimo séptimo.-
Los valores a que se alude en las órdenes
contenidas en los ordinales segundo, sexto, noveno, décimo segundo y décimo
quinto de esta sentencia, deberán ser actualizados conforme al índice de
precios al consumidor vigente para el momento en que se causaron dichas
obligaciones, dada la ineficacia de la terminación de los contratos de trabajo
a término fijo o por obra o labor contratada, o de prestación de servicios.
Décimo
octavo.- LÍBRESE por Secretaría General la comunicación
prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Comuníquese y cúmplase.
MARIA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Magistrado
Con
aclaración de voto
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] La abogada Cindy
Julliet Piraguata Niño, según poder aportado con la demanda (folio 1 del
cuaderno principal).
En adelante, los folios que se refieran hacen parte del cuaderno principal, a
menos que se diga expresamente otra cosa.
[2] Representada legalmente por
Helena Carrillo Pachón según el certificado de existencia y representación
legal de la empresa Jah Company Services S.A.S. obrante a folios 56 al 64.
[3] La demanda y sus
anexos obran a folios 1 al 73.
[4] Folio 72.
[5] A folios 2 al 4 obra fotocopia
del contrato de trabajo firmado en la ciudad de Bogotá entre la trabajadora y
el subgerente de Jah Company Services S.AS., Fredy Antonio Casas Reyes. En los antecedentes del contrato
de trabajo se lee: “[…] desempeñará el siguiente cargo  de AUXILIAR DE
RECLAMACIONES Y TESORERÍA, con una remuneración de un millón de pesos M/C,
($1.000.000), más subsidio de transporte pagadero por periodos quincenales, de
quinientos mil pesos m/c ($500.000) fecha de iniciación de labores 27 de agosto
de 2015, lugar donde se desempeñarán las labores Bogotá, ciudad donde ha sido
contratado el trabajador Bogotá […]” (folio 2).
[6] Los datos pueden corroborarse en
la fotocopia de la liquidación que obra a folio 7, por un valor neto a pagar de
un millón setecientos sesenta y ocho mil novecientos setenta y ocho pesos m.l.
($1.778.978). En dicho documento se observa una nota que aparece a continuación
de la firma de la trabajadora, en el siguiente sentido: “Dejo constancia que de
acuerdo al art. 45 del Código Laboral el preaviso no se hizo como lo indica la
ley, no inferior a 30 días, por lo tanto el contrato ya se había renovado
automáticamente (sic) otro periodo de 3 meses”. A folio 50 obra fotocopia del
certificado laboral expedido el 14 de junio de 2016 por el Director de Recursos
Humanos, Ricardo Pedraza Pedraza, en donde se lee que la señora Ady Esperanza
Aragón Bernate prestó sus servicios en la compañía desde el 27 de agosto de
2015 hasta el 26 de mayo de 2016, desempeñando el cargo de asistente de
mercadeo.
[7] Folio 8.
[8] Folio 11.
[9] Folio 6. En dicha carta se lee:
“Por medio de la presente, nos permitimos, (sic) informarle que debido a
reestructuración interna de la empresa, no renovaremos su contrato de trabajo a
partir del día 25 de mayo de 2016, no sin antes agradecer su esfuerzo y la
gestión realizada hasta el momento; […]. Lo anterior con base en el artículo 46
del Código sustantivo del trabajo”. La comunicación aparece con fecha de
recibido del 12 de mayo de 2016 y está suscrita por la Gerente Helena Carrillo
Pachón.
[10] Informó la apoderada que la
vigencia del contrato de trabajo es el siguiente: Duración inicial del
contrato: del 27 de agosto al 26 de noviembre de 2015 (3 meses). Primera
prórroga: del 27 de noviembre de 2015 al 26 de febrero de 2016 (periodo en que
la empresa fue enterada de la enfermedad de la accionante). Segunda prórroga:
del 27 de febrero al 26 de mayo de 2016 (a la accionada le fue comunicado el 12
de mayo de 2016 que no se le iba a prorrogar el contrato de trabajo).  Folios
67 y 68.
[11] Folio 9.
[12] La historia clínica de la
paciente en donde aparece la descripción del procedimiento realizado y su seguimiento
obra a folios
18 al 46.
[13] Folios 47 y 48.
[14] Folio 49.
[15] Fotocopia de la liquidación de
la prestación causada entre el 14 de junio y el 28 de junio de 2016 obra a
folio 51, para un total de 15 días acumulados y un valor total de trescientos
cuarenta y cuatro mil setecientos quince pesos m.l. ($344.715).
[16] Folio 77.
[17] Fredy Antonio Casas Reyes. A
folios 104 al 112 obra fotocopia del certificado de existencia y representación
legal de la empresa Jah Company Services S.A.S.
[18] La contestación y sus anexos
obrar a folios 83 al 121.
[19] Folio 115. A folios 83 a 85 obra
fotocopia del contrato de trabajo allegado por la empresa.
[20] En los antecedentes del contrato
de trabajo se lee: “[…] desempeñará el siguiente cargo  de AUXILIAR DE
RECLAMACIONES Y TESORERÍA, con una remuneración de un millón de pesos M/C,
($1.000.000) más subsidio de transporte; pagadero por periodos quincenales de
quinientos mil pesos m/c ($500.000) fecha de iniciación de labores 27 de agosto
de 2015, lugar donde se desempeñarán las labores Bogotá, ciudad donde ha sido
contratado el trabajador Bogotá […]” (folio 83). Se aportaron los comprobantes
de pago de las dos quincenas de los meses de septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2015, en donde se indica un salario de $500.000 y un subsidio de
transporte de $37.000, en el cargo de AUXILIAR DE RECLAMACIONES Y TESORERÍA; y
de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2016, en donde se indica
un salario de $555.000 y un subsidio de transporte de $38.850, en el cargo de
ASISTENTE DE MERCADEO (folios 86 al 102).
[21] Folio 116.
[22] Folio 117. A folio 103 aparece
fotocopia de la renuncia de Jenny Alejandra Cruz al cargo de directora de
mercadeo a partir del 5 de mayo de 2016.
[23] En la liquidación
obrante a folio 7 se indica como fecha de ingreso “27/08/2015” y como fecha de
retiro “26/05/2016”, y un tiempo de servicio de 270 días.
[24] A folios 113 y 114
obra fotocopia del registro de la conversación referida bajo el asunto “Carta
E.P.S.”. El 1 de julio de 2016 Ady Esperanza a través de correo electrónico le
solicita a Ricardo Pedraza lo siguiente: “Agradezco su colaboración con el
trámite de la carta, en la EPS me informan que es necesario que esta vaya
firmada por el representante legal y con sello de la empresa, por lo tanto
amablemente les solicito que me colaboren con este trámite para poderlo radicar
ante Cafesalud”. A continuación, obra respuesta de Ricardo Pedraza Pedraza,
Director de Recursos Humanos de Jah Company Services, fechada el 30 de junio de
2016, en los siguientes términos: “Atendiendo a su solicitud realizada el día
de ayer miércoles 29 de junio del presente año, se hace el envío (adjunto), de
la carta para el trámite ante su entidad prestadora de salud”.
[25] Folios 122 al 128.
[26] Folio 128.
[27] Consideró el juez de primera instancia
que lo que estaba en discusión en el caso concreto no era si la señora Ady
Esperanza Aragón Bernate podía ser desvinculada por la empresa accionada al
finalizar el plazo contractual convenido, sino si se requería o no el permiso
del Ministerio del Trabajo para tal finalización. Además, argumentó que “[…] no
basta que la accionada alegue que desconocía la condición de salud de la
actora, sino que [se está] en presencia de lo que jurisprudencialmente se
denomina CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA, por lo que correspondía a JAH COMPANY
SERVICES S.A.S. acreditar al menos sumariamente dicho desconocimiento alegado,
lo que se incumple en el memorial de [respuesta]” (mayúsculas originales)
(folio 126).
[28] Fredy Antonio Casas Reyes. A
folios 104 al 112 obra fotocopia del certificado de existencia y representación
legal de la empresa Jah Company Services S.A.S.
[29] La impugnación y sus anexos
obran a folios 130 al 168.
[30] Aporta fotocopia de la evolución
médica de la señora Ady Esperanza Aragón Bernate en Cafesalud EPS - Clínica ESIMED Materno
Infantil, durante los días 30 y 31 de mayo de 2016 (folios 130 al
159).
[31] Folios 170 al 172.
[32] Folios 4 al 11 del
cuaderno de impugnación.
[33] En este punto sostuvo: “[…] la
accionante no se encuentra en ninguna de las condiciones de especial protección
que ha previsto la jurisprudencia constitucional, con miras a abrir paso a la
acción de tutela de manera provisional; en efecto, adviértase que la
peticionaria no se encuentra en condición de discapacidad, ni en estado de embarazo
y tampoco ostenta una delicada condición de salud que permitiera al Juez
constitucional realizar el estudio de las condiciones de modo, tiempo y lugar
en la[s] cuales se dio la terminación de la relación laboral, pues si bien [a]
aquélla se le descubrió (sic) unos miomas, ella adelantó los trámites para la
intervención quirúrgica de éstos” (folio 10).
[34] Representada legalmente por
Miguel Arturo Prada Rodríguez (folio 88).
[35] La demanda y sus
anexos obran a folios 1 al 88.
[36] Folio 14.
[37] A folio 17 obra certificado
laboral del señor Ruvinson Morales Peñuela expedido por la Directora Nacional
de Talento Humano del Consorcio Marpetrol, Esther Yamith Ruíz Cárdenas, en
donde se lee que laboró al servicio de la empresa en desarrollo del “Contrato
MARCO No. MA-0019646 PARA MONTAJE Y CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES DE SUPERFICIE
PARA PROYECTOS DE PRODUCCIÓN Y EXPLORACIÓN EN LA VEX Y CAMPOS MENORES ASOCIADOS
A ESTA GERENCIA”, desempeñando el cargo de “Obrero A1” del 17 de marzo de 2014
al 16 de diciembre de 2015.
[38] Folios 18 y 19.
[39] Folios 22 al 24.
[40] Folios 25 al 27.
[41] Folios 28 y 29.
[42] Folios 30 y 31.
[43] Folios 32 y 33.
[44] Folios 34 y 35.
[45] Folios 37 y 37.
[46] Folios 38 y 39.
[47] Folios 40 y 41.
[48] Folios 43 y 44.
[49] Folios 45 al 52.
[50] Folios 53 y 54.
[51] Folios 56 y 57.
[52] Folios 58 y 59. A
folio 60 obra el resultado de la “ecografía de tejidos blandos canal inguinal”
realizada a Ruvinson Morales Peñuela el 24 de septiembre de 2015, en el que se
lee que en la región inguinal izquierda se aprecia saco herniario de
14.4x6.3x13.7MM con maniobra de valsalva. Opinión: “Hernia inguinal izquierda
de pequeño volumen”.
[53] Folio 61 y 62.
[54] Folios 61 al 63.
[55] Folios 64 al 76.
[56] Folio 76.
[57] Folio 42.
[58] Folios 77 y 78. La
comunicación de “notificación decisión de finalización del contrato de trabajo”
es dirigida por el Representante Suplente Legal del Consorcio Marpetrol, Oscar
Mauricio Tapias Uribe. La terminación del contrato se fundamentó en el literal
d) del artículo 61 del Código Sustantivo del trabajo, es decir, por la
terminación de la obra o la labor contratada, y se hizo efectiva a partir de la
finalización de la jornada de trabajo del 16 de diciembre de 2015. En el
documento se lee: “4.1 En desarrollo y ejecución del Contrato […] OT3 4049589
Pozo Cansona Oeste suscrita con Ecopetrol S.A., cuyo objeto contractual
consistió en “Ejecutar las labores de OBRERO A1 […], hasta que la conformación
de la subrasante llegue al 20% de ejecución”. Se contrató bajo la modalidad de
duración de la obra o labor contratada [al] trabajador. || 4.2 El precitado
contrato celebrado en la obra, para la parte que fue contratado, terminó el día
01 de Julio de 2015. || 4.3 El contrato de duración determinada por la obra o
labor contratada, del señor (a) ROVINSON MORALES PEÑUELA, tiene como fecha de
inicio el día 17 de Marzo de 2014. La terminación del contrato de trabajo, se
produce por la terminación de la labor contratada desde el día 01 de julio de
2015 y no por otras razones y/o por motivos de salud del trabajador” (folio
78).
[59] Folios 79 y 87
[60] La resolución obra a
folio 88.
[61] Folio 89.
[62] Doctora Aurora Pinzón Ortiz.
[63] Folio 95.
[64] Miguel Arturo Prada
Rodríguez.
[65] La respuesta y sus anexos obran
a folios 97 al 124.
[66] La liquidación se observa a
folio 104 por un valor neto de $7.005.179. El sueldo básico indicado era de
$1.568.040.
[67] La comunicación obra a
folios 100 y 101.
[68] Folios 21 al 25127 al 135.
[69] Folios 146 al 150.
[70] Miguel Arturo Prada Rodríguez.
[71] Folios 10 al 15 del expediente
de segunda instancia.
[72] Folios 16 al 18 ibíd.
[73] Representada legalmente por
Sandra Beltrán Guillén (folio 88).
[74] La demanda y sus
anexos obran a folios 1 al 116.
[75] Folio 30.
[76] El contrato obra a
folio 34 y de él se extractan los siguientes datos: lugar de la misión:
Administradora Colombiana de Pensiones; ciudad: Bogotá; cargo: profesional II;
fecha de ingreso: 24 de abril de 2014; sueldo: $3.567.900 pagadero en forma
mensual; jornada: ordinaria; EPS: Compensar. El la cláusula 2 se indica: “La
labor contratada es la prestación de servicio para atender INCREMENTO PARTE
ADMINISTRATIVA, la cual durará por el tiempo estrictamente necesario solicitado
al EMPLEADOR por el USUARIO. En consecuencia, este CONTRATO terminará en el
momento en que el USUARIO comunique al EMPLEADOR que ha dejado de requerir los
servicios del TRABAJADOR, sin que el EMPLEADOR tenga que reconocer
indemnización alguna. En todo caso los dos (2) primeros meses del presente
CONTRATO son de periodo de prueba y por consiguiente cualquiera de la partes
puede terminarlo unilateralmente, sin previo aviso y sin lugar a indemnización”
(folio 34). A folios 35 al 39 obran tres otrosíes al anterior contrato de
trabajo. A folio 62 obra certificado laboral de Activos S.A. en donde se indica
que Gizethe Estefanía Rico Díaz laboró desde el 24 de abril de 2014 hasta el 25
de junio de 2014, mediante un contrato de trabajo de obra o labor contratada, y
que en ejercicio del mismo fue asignada como trabajadora en misión a la usuaria
Colpensiones.
[77] El contrato obra a folios 47 al
50 y de
él se extractan los siguientes datos: Empleador: Colombiana de Temporales
Sociedad Anónima Coltempora S.A., representada por Luis Alberto Yaso Coronado;
fecha de inicio de labores: 26 de junio de 2014; lugar en misión: Colpensiones;
salario mensual: 3.569.900. A folio 63 obra certificado laboral.
[78] El contrato obra a folios 51 al
54 y de
él se extractan los siguientes datos: Empleador: Colombiana de Temporales
Sociedad Anónima Coltempora S.A., representada por Luis Alberto Yaso Coronado;
fecha de inicio de labores: 11 de diciembre de 2014; lugar en misión:
Colpensiones; salario mensual: 3.567.900. A folio 64 obra certificado laboral.
[79] El contrato obra a
folio 40 y en él se indica como lugar en misión Colpensiones y un salario
mensual de $3.698.485. A folios 41 al 44 aparecen tres otrosíes al anterior
contrato y a folios 45 y 46 obra una adición al contrato individual de trabajo
suscrita por las partes el 1 de abril de 2015, acerca de justas causas para dar
por terminado unilateralmente el contrato.
[80] El contrato obra a
folio 55 y en él se indica como lugar en misión Colpensiones y un salario
mensual de $3.698.485. A folios 56 al 59 y 61 aparecen cuatro otrosíes al
anterior contrato y a folio 60 obra una adición al contrato individual de
trabajo suscrita por las partes el 1 de febrero de 2016, acerca de justas
causas para dar por terminado unilateralmente el contrato.
[81] Las funciones desempeñadas por
la accionante son descritas por los gerentes de recursos humanos de Activos
S.A. y Coltempora S.A. (folios 62 y 65 al 68).
[82] Folio 69. El examen de
ingreso fue realizado el 21 de abril de 2014 y el concepto ocupacional fue
“laboralmente apto”. En dicho concepto de aptitud ocupacional se especifica que
Gizethe Estefanía Rico Díaz es abogada y para la fecha tenía 25 años. La única
recomendación que aparece es “uso de corrección óptica en jornada laboral”.
[83] Folios 90 y 91.
[84] Folios 77 y 78.
[85] La historia clínica
obra a folios 71 al 94 y 97 al 103.
[86] Folio 70. En dicho
concepto de aptitud ocupacional se indica que la accionante es apta para el
cargo de profesional II; se especifica el diagnóstico de otosclerosis
bilateral, y se recomienda continuar con médico especialista por la EPS.
[87] Folio 33. La carta está firmada
por la gerente de recursos humanos de Activos S.A., Sandra Beltrán Guillén.
[88] Según la historia clínica con
fecha del 24 de junio de 2016, suscrita por el otólogo Juan Carlos Izquierdo
Velásquez, la enfermedad actual de la paciente es “cuadro clínico de hipoacusia
lentamente progresiva hace 12 meses bilateral de predominio en el oído
izquierdo. Asiste con audiológicos que muestran hipoacusia conductiva bilateral
moderada izquierda y leve derecha, RNM cerebral sin masas en el ángulo por
pontocerebeloso”. Además se indica como diagnóstico: “H809 otosclerosis - no
especificada H902 hipoacusia conductiva - sin otra especificación” (folio 72).
[89] Folio 97.
[90] Folios 95 y 96.
[91] El contrato de arrendamiento
suscrito con Uraki Inmobiliaria S.A.S. el 18 de septiembre de 2015 obra a
folios 111 al 115. Allí se señala un canon de $701.000, una cuota de
administración de $129.000 y un término de duración del 1 de octubre de 2015 al
30 de septiembre de 2016.
[92] A folios 105 al 110 obran la
orden se separación del 25 de noviembre de 2014, del apartamento 403-1 en el
proyecto Solsticio Parque Residencial, etapa VII, por valor de $93.550.000, la
carta de compromisos y la carta de instrucciones del proyecto solsticio etapa
VII.
[93] Folio 119.
[94] Doctor Luis Nelson
Fontalvo Prieto. El nombramiento y acta de posesión obran a folio 128.
[95] Folio 134.
[96] La respuesta obra a
folios 129 al 137.
[97] Luis Alberto Yaso
Coronado. A folios 156 al 158 obra certificado de existencia y representación
legal de la empresa Colombiana de Temporales Sociedad Anónima - Coltempora
S.A., expedido el 6 de julio de 2016, en donde aparece como gerente Luis
Alberto Yaso Coronado.
[98] Folio 139.
[99] A folios 152 y 153 obran los
correspondientes certificados laborales y a folios 154 y 155 aparecen las
liquidaciones respectivas, en donde se indica un sueldo básico de $3.567.900.
[100] El artículo 77 de la Ley 50 de
1990 dispone: “Los usuarios de las empresas de servicios temporales sólo podrán
contratar con éstas en los siguientes casos: || 1. Cuando se trate de las
labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el artículo
6º del Código Sustantivo del Trabajo. || 2. Cuando se requiere reemplazar
personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por enfermedad o
maternidad. || 3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, las
ventas de productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la
prestación de servicios, por un término de seis (6) meses prorrogable hasta por
seis (6) meses más”.
[101] Anexó certificación de los
aportes al sistema de seguridad social de Gizethe Estefanía Rico Díaz (folios
147 al 151).
[102] La respuesta y sus
anexos obran a folios 139 al 158.
[103] Dra. Shirley Lizeth González Lozano.
[104] La respuesta y sus
anexos obran a folios 159 al 166.
[105] Folio 165.
[106] Los servicios autorizados son:
otología (24-06-2016), audio (27-06-2016), electro (27-06-2016) y TAC (02-07-2016).
Folio 159 (reverso).
[107] Folio 159 (reverso).
[108] Folio 160.
[109] María Elena Guarín
Arias. A folios 178 al 184 obra certificado de existencia y representación
legal de Activos S.A. expedido el 3 de agosto de 2016, en donde aparece
indicado que la gerente es María Elena Guarín Arias.
[110] Fotocopia del contrato
de suministro de trabajadores en misión No. 005 celebrado entre Colpensiones y
Activos S.A. el 28 de enero de 2016 obra a folios 189 al 212. En la cláusula segunda, numeral 1º, que
habla del alcance, el contrato indica: “[…] los trabajadores en misión a ser
suministrados serán de acuerdo con los requerimientos de Colpensiones en
calidad de Empresa Usuaria para atender el alto volumen de la demanda el del
servicio de operaciones en la Administradora del Régimen de Prima Media y
cumplir las tareas o servicios requeridos […] || Igualmente siendo un contrato
por la demanda sujeta a las necesidades de Colpensiones, el avance en la
estabilización y/o cumplimiento del avance en la atención de la demanda y en el
volumen de operaciones, de procesos, procedimientos, proyectos, a la
consolidación de labores ocasionales, accidentales o transitorios y en todo
caso dependiendo de las necesidades de la Empresa contratante, esta podrá
solicitar [en] cualquier momento la terminación de contratos laborales de los
trabajadores en misión prescindiendo de los mismos, en el número o cantidad que
corresponda […]” (folio 168).
[111] El listado de los 40
trabajadores retirados en el mes de mayo de 2016 obra a folio 224.
[112] Folios 168 y 169. A
folios 213 al 245 obran sendas copias del contrato individual de trabajo de
trabajadores en misión por el término que dure la obra o labor celebrado con
Gizethe Estefanía Rico Díaz; de las constancias de afiliación a la seguridad
social; de las colillas de pago de los meses febrero, marzo, abril y mayo en
donde se indica un salario de $3.985.857; de la comunicación de terminación del
contrato con fecha del 27 de mayo de 2016; de la liquidación de prestaciones
sociales; del listado de los 40 trabajadores retirados en el mes de mayo de
2016 más algunas cartas de notificación de retiro y las respectivas
liquidaciones; de la constancia de pago del valor de las liquidaciones incluida
la de la accionante, expedida por Bancolombia con fecha del 23 de junio de
2016, y del certificado laboral en donde la gerente de recursos humanos de
Activos S.A, Sandra Beltrán Guillén, certifica que Gizethe Estefanía Rico Díaz
laboró en la empresa a partir del 1 de febrero de 2016 hasta el 27 de mayo de
2016, mediante un contrato de trabajo por el término de duración de la obra o
labor, y que en ejercicio del mismo fue asignada como trabajadora en misión a
la usuaria Colpensiones, desempeñando el cargo de profesional II con una
asignación mensual de $3.985.857.
[113] Sonia Yanet Martínez
Venegas
[114] En dicha comunicación
se lee: “[…] en atención a lo expresado por la empresa mediante correo
electrónico de fecha 24 de mayo del año en curso, en el sentido de enviar las
cartas de notificación de retiro a un importante número de trabajadores en
misión, con fecha de efectividad 27 de mayo de 2016, corresponde manifestar: ||
De conformidad con la cláusula segunda “ALCANCE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL
BIEN O SERVICIO”, se trata de un contrato por demanda sujeto a las necesidades de
Colpensiones, por esta razón sólo dependiendo de las necesidades de
COLPENSIONES, ésta podrá solicitar la terminación de contratos laborales de los
trabajadores en misión, en el número o cantidad, perfil, calidades o
dependencias que disponga COLPENSIONES.|| En el mismo sentido el literal a) de
la cláusula cuarta “OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA” dispone que ACTIVOS debe
retirar al trabajador en misión por solicitud de COLPENSIONES, siempre
dependiendo de las necesidades de Colpensiones. || Por último se debe tener en
cuenta que en la cláusula vigésima tercera “CONTINUIDAD DEL NEGOCIO”, el
contratista se compromete a implementar acciones para reducir los impactos
negativos sobre la operación de COLPENSIONES por interrupciones que se puedan
presentar en los procesos, las personas o la tecnología relacionada con el
servicio objeto de este contrato. || De acuerdo con las disposiciones
contractuales expuestas es claro que COLPENSIONES, conforme a la necesidad del
servicio público que presta y para garantizar su prestación de manera continua
solicita al contratista la terminación de contratos laborales[,] determina la
cantidad de contratos a terminar, los perfiles y calidades de los trabajadores
cuyos contratos serán terminados y las dependencias en las cuales dichas
personas laboran” (folios 186 y 187).
[115] Doctor Carlos Alberto Parra Satizabal.
La resolución de asignación de funciones obra a folio 397.
[116] La respuesta y sus
anexos obran a folios 246 al 297. A folios 264 al 296 obra fotocopia de los
contratos de suministro de trabajadores en misión Nos. 005, 042, 053 y 119
celebrado entre Colpensiones y Activos S.A. y algunos de sus anexos.
[117] Folio 247.
[118] Doctor Luis Gabriel Fernández
Franco, actuando en virtud de lo dispuesto en la Resolución 3412 del 24 de
octubre de 2012.
[119] La respuesta obra a
folios 298 y 299.
[120] Folios 300 al 307.
[121] Folios 319 al 330.
[122] Explicó: “Tal vez esto le
resulte irrelevante, pero quiero explicarle que mi salario era de $3.985.857,
como se puede constatar en los certificados allegados en la acción de tutela,
me llegaba un aproximado de $3.620.000 una vez efectuados los descuentos de
ley; pago un arriendo de $835.500, pagaba una cuota de apartamento de vivienda
de interés social por valor de $817.000, con el fondo de empleados de ACTIVOS
S.A. ahorraba entre $500.000 o $600.000 mensuales y mi idea era con eso poder
comprar las puertas, pisos, baño y cocina del apartamento que estaba comprando,
porque al ser VIS, lo entregan en obra negra. || Ahora, mis gastos vitales son
los siguientes: De agua pago un aproximado de $50.000, de luz pago un
aproximado de $30.000, de celular pagaba $81.000, de teléfono, internet y
televisión pagaba $110.000 aproximadamente, en desayunos del mes me gastaba
aproximadamente $168.000, en almuerzos al mes pagaba un estimado de $240.000,
en cena o comida me gastaba un aproximado de $150.000 al mes, en transportes
debía de pagar $120.000. Ocasionalmente iba a lugares en los que el almuerzo
sobrepasaba los ocho mil (8000) mil pesos, a veces y como toda persona gastaba
en mercado, vestimenta y ocasionalmente en esparcimiento. || Ahora, el arriendo
lo he venido pagando con la liquidación y con lo que tenía ahorrado y pensaba
destinar para poder arreglar el apartamento VIS que me encontraba comprando,
pero me preocupa con qué voy a pagar cuando se terminen los ahorros. || La
cuota del apartamento VIS que me encontraba pagando dejé de pagarla desde el
mes de mayo de 2016, porque no tengo cómo pagarla. || Actualmente mi único
ingreso depende de lo que mi mamá me pueda prestar, mis gastos y mis
necesidades se ven reducidas, el 30 de agosto de 2016 me suspendieron el
servicio de agua por [no pagar la factura], por lo que me tocó recurrir a
dinero prestado para poder pagar el servicio, el plan de celular lo bajé tan
pronto me despidieron y en la actualidad pago $47.000, el teléfono, internet y
televisión los cancelé porque no puedo seguirlos pagando […], pero no siempre
voy a lograr conseguir prestado o donado. || Adicional a lo anterior, estoy
segura que en el mes de enero, fecha para la cual voy a requerir solicitar el
desembolso del crédito de vivienda del apartamento VIS, el banco va a poner
trabas o muy seguramente lo va a negar porque para ellos no va a resultar
viable prestar a alguien sin ingresos y más aún, con solución laboral ||
Resulta importante decirle a su señoría que salta a la vista que mi mínimo
vital se ha visto afectado en todo sentido y mi subsistencia se ve en grave
dificultad ” (folio 329). Anexó fotocopia de la planilla integrada de
autoliquidación de aportes en compensar de agosto de 2016 (folio 331),
fotocopia del acta de suspensión del servicio de agua por no pago ejecutada el
3 de agosto de 2016 (folio 332) y fotocopia de una comunicación enviada por la
gerente de atención espacial de Claro en el sentido de que fue atendida su
solicitud de cancelación de los servicios instalados en su cuenta (folio 333).
[123] Folios 6 al 9 del
cuaderno de impugnación.
[124] Folio 9.
[125] La demanda y sus
anexos obran a folios 1 al 26.
[126] Folio 4.
[127] A folio 11 obra constancia de
invalidez del señor Luis Ramón Amaya Martínez expedida el 8 de septiembre de
2015 por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar. En dicho
documento se indica como diagnóstico “trastorno de la marcha” y una
calificación total de pérdida de la capacidad laboral del 26%, que corresponde
a una incapacidad permanente parcial, con los siguientes porcentajes:
deficiencia 15%, discapacidad 5% y minusvalía 6%.
[128] Fotocopia del contrato de
prestación de servicios obra a folios 12 al 15.
[129] Fotocopia del contrato de prestación
de servicios obra a folios 16 al 19.
[130] A folios 20 al 21 obra fotocopia
de la adición y prórroga No. 001 al contrato de prestación de servicios No. 082
del 7 de mayo de 2015, suscrita por las partes el 6 de noviembre de 2015. El
valor de la adición fue de un millón setecientos nueve mil novecientos ochenta
y cuatro pesos m.l. ($1.709.984) y una prórroga de un mes y 24 días.
[131] Fotocopia del contrato de
prestación de servicios obra a folios 22 al 25.
[132] A folio 26 obra fotocopia de un
certificado expedido por la técnico operativo de la E.S.E. Hospital el Socorro
de San Diego, Cesar, el 16 de junio de 2016, en donde se indica que Luis Ramón
Amaya Martínez prestó sus servicios en dicha institución como auxiliar de
facturación a través de los siguientes contratos: contrato de prestación de
servicios No. 036 del 7 de enero de 2015, por un término de duración de cuatro
(4) meses; contrato de prestación de servicios No. 082 del 7 de mayo de 2015,
por un término de duración de seis (6) meses; adición No. 001 al contrato de
prestación de servicios No. 082 del 7 de noviembre de 2015, por un término de
duración de cincuenta y cuatro (54), y contrato de prestación de servicios No.
046 del 2 de febrero de 2016, por un término de duración de cuatro (4) meses.
[133] Fotocopias de las cédulas de
ciudadanía de Dubis Helena y Antonia Beatriz obran a folios 7 y 8. A folio 9
aparece fotocopia del registro civil de nacimiento de Ángel Andrés Amaya
Arzuaga en donde se indica como fecha de nacimiento el 23 de julio de 2014. A folio
10 obra fotocopia de la declaración extraproceso rendida en la Notaría Única
del Círculo Notarial de San Diego, Cesar, el 23 de junio de 2016, por Luis
Ramón Amaya Martínez y Dubis Helena Arzuaga Arzuaga. En dicho documento las
partes declaran la conformación de una unión marital de hecho desde hace 3 años
de la cual nació Ángel Andrés Amaya Arzuaga, además, que tanto la madre como el
hijo dependen económicamente del señor Amaya Martínez.
[134] Folio 28.
[135] Doctor Edgar Enrique Orozco
Venera. El poder para actuar otorgado por la gerente (E) del Hospital el
Socorro E.S.E. de San Diego, Cesar, Zoraida Santiago Manosalva, obra a folio 49
y el decreto de nombramiento y el acta de posesión obran a folios 51 al 56.
[136] La contestación y sus anexos
obrar a folios 31 al 56.
[137] Una constancia en el
sentido indicado obra a folio 50.
[138] Folio 32.
[139] Folio 32.
[140] Folio 35.
[141] Ibídem.
[142] Folios 57 al 67.
[143] Folio 67.
[144] Doctor Edgar Enrique Orozco
Venera.
[145] Los resultados de las consultas
obran a folios 82 y 83.
[146] Folios 3 al 5 del
cuaderno de impugnación.
[147] La demanda y sus
anexos obran a folios 1 al 16.
[148] Folio 10.
[149] A folio 14 obra fotocopia del
certificado de prórroga de una incapacidad médica otorgada por Cafesalud a la
accionante con fecha inicial del 1 de mayo de 2016 y fecha final del 30 de mayo
de 2016 (30 días otorgados), indicando como origen “Enfermedad General”.
[150] En la carta obrante a folio 13
se lee: “La oficina de Gestión Humana, se permite informar que el día miércoles
(01) de junio de 2016, termina la obra o labor para la cual fue contratad[a],
en consecuencia, de acuerdo con lo previsto en la ley, ese día quedará
terminado su contrato de trabajo. || El lunes (13) de junio de 2016, se
realizará la transferencia de sus prestaciones sociales a su cuenta de nómina,
previa tramitación del paz y salvo correspondiente. || La empresa se permite
informar que si desea practicarse el examen médico de retiro, debe solicitar la
respectiva orden a la oficina de Gestión Humana y puede acudir al centro médico
[…], dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo de la
presente comunicación. De igual manera, dentro del término de ley, se le
estarán remitiendo los soportes de pago de la seguridad social y parafiscales
en los últimos tres meses de vinculación”.
[151] A folios 15 y 16 obra fotocopia
de la historia clínica - consulta externa de la Clínica Ibagué S.A. fechada el
24 de mayo de 2016. En dicho documento se refiere como enfermedad actual
“remodelación meniscal y condroplastia de rodilla der[echa] - 5 meses”; diagnóstico:
“Gonartrosis no especificada”, y recomendaciones: “Aun con dolor medial
secundario a condromalasia medial - para ello se recomienda hacer manejo médico
- se le recomienda reinicio laboral - restricciones no puede elevar, cargar,
empujar objetos pesados o pasar largas horas de pie - se explica - cita [en] 2
meses”. Al final se indica que el médico tratante de ortopedia y traumatología
es Carlos Soto Saavedra.
[152] Folio 18.
[153] Doctora Beatriz Eugenia Correa Vieira,
según poder para actuar otorgado por el representante legal Juan Carlos
Cubillos Escudero obrante a folios 31 y 32. El certificado de existencia y
representación legal de la empresa ConSalfa S.A.S., con domicilio en Bogotá,
aparece a folios 33 al 38.
[154] A folios 40 al 42 obra fotocopia
del contrato por obra o labor contratada suscrito entre ConSalfa S.A.S. y
Blanca Cecilia Ríos Remicio. En dicho documento se indica: obra: Río Claro
Horno - Molienda; salario: $630.387; fecha de iniciación: 13 de mayo de 2014;
oficio: ayudante de aseo.
[155] Folio 23.
[156] Ibídem.
[157] Ibídem. Comunicación
en el sentido referido obra a folio 43. A folio 48 aparece una constancia
expedida por el gerente de proyectos de Cementos Argos, con fecha del 23 de
febrero de 2016, en donde se indica que finalizaron las labores correspondientes
al contrato No. 0032013001988 para el proyecto denominado “aumento de capacidad
de producción de clinker en horno 1” para la planta Rioclaro, ubicada en el
kilómetro 165 autopista Medellín-Bogotá, quedando pendiente el cierre técnico y
administrativo del contrato referido.
[158] Se aporta la carta de
terminación del contrato de trabajo por obra o labor (folio 39).
[159] Folio 24.
[160] Folios 49 al 58.
[161] Folio 72.
[162] “Por el cual se
reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
[163] Para una explicación
de la fuente directa que el Constituyente de 1991 tuvo para establecer la
procedencia de la acción de tutela contra particulares, ver la sentencia T-099
de 1993 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[164] Ver la sentencia T-198 de 2007 (M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio).
[165] Ver la sentencia
T-233 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).
[166] Este último caso fue
estudiado en la sentencia T-233 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).
[167] Un conjunto de supuestos fácticos que
denotan la condición de indefensión puede consultarse en la sentencia T-277 de
1999 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra). También ver la T-1040 de 2006 (M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto).
[168] El tema puede ser
ampliado en la sentencia T-371 de 2009 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
[169] Ibídem.
[170] Sentencia T-769 de
2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
[171] En este sentido,
pueden consultarse las sentencias T-526 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño),
T-016 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-692 de 2006 (M.P. Jaime
Córdoba Triviño), T-905 de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-1084 de
2006 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-1009 de 2006 (M.P. Clara Inés Vargas
Hernández), T-792 de 2007 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-825 de 2007
(M.P. Manuel José Cepeda Espinosa),  T-243 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa), T-594 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-189 de 2009 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva),  T-299 de 2009 (M.P. Mauricio González Cuervo), T-265 de
2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto),  T-691 de 2009 (M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio), T-883 de 2009 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-328
de 2010 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), entre muchas otras.
[172] La resolución obra a
folio 88.
[173] Sentencia T-827 de
2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
[174] Sobre la procedencia de la
acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, resultan relevantes las sentencias T-225 de 1993 (M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa), en la cual se sentaron la primeras directrices sobre la materia,
que han sido desarrolladas por la jurisprudencia posterior; SU-544 de 2001
(M.P. Eduardo Montealegre Lynett. S.V. Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo
Monroy Cabra y Álvaro Tafur Galvis); SU-1070 de 2003 (M.P. Jaime Córdoba
Triviño. S.V. Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Eduardo
Montealegre Lynett Y Clara Inés Vargas Hernández; A.V. Jaime Araujo Rentería;
A.V. Jaime Córdoba Triviño; A.V. Alfredo Beltrán Sierra); T-827 de 2003 (M.P.
Eduardo Montealegre Lynett); T-1225 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa),
y T-702 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[175] Ver, por ejemplo, las
sentencias T-1316 de 2001 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes), T-719 de 2003 (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa), T-456 de 2004 (M.P. Jaime Araujo Rentería), T-015
de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-515A de 2006 (M.P. Rodrigo
Escobar Gil), T-700 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-972 de 2006
(M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-1042 de 2010 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo), T-167 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), T-352 de 2011 (M.P Luis
Ernesto Vargas Silva), T-206 de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), T-269
de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa), T-405 de 2015 (M.P. María Victoria
Calle Correa. S.P.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-141 de 2016 (M.P.
Alejandro Linares Cantillo), entre otras.
[176] El Código Procesal del
Trabajo establece en su artículo 2º que la jurisdicción laboral conoce de “[l]os conflictos jurídicos que se
originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo” (num 1º), y de “[l]os conflictos jurídicos que se
originan en el reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por
servicios personales de carácter privado, cualquiera que sea la relación que
los motive”.
Por su parte, el Código General del Proceso dice en su artículo 15 que “[c]orresponde a la jurisdicción
ordinaria en su especialidad civil, el conocimiento de todo asunto que no esté
atribuido expresamente por la ley a otra especialidad jurisdiccional ordinaria”
[177] La Corte ha puesto de
presente esta excepcional procedencia de la tutela en las siguientes
sentencias: T-198 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-661 de 2006 (M.P
Álvaro Tafur Galvis), T-1038 de 2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-812 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba
Triviño), T-263 de 2009 (M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva), T-467 de 2010 (M.P Jorge Iván Palacio Palacio), T-996 de 2010 (M.P Luis
Ernesto Vargas Silva), T-292 de 2011
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-910 de 2011
(M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-263 de 2012 (M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio), T-440A de 2012 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-484
de 2013 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-445 de 2014 (M.P. María
Victoria Calle Correa. A.V Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo Guerrero
Pérez) y T-673 de 2014 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y S.P.V. Gloria Stella
Ortiz Delgado), entre muchas otras.
[178] A folio 5 obra
fotocopia de su cédula de ciudadanía con fecha de nacimiento del 21 de febrero
de 1981.
[179] Folio 8.
[180] A
este respecto, es necesario recordar que en desarrollo de los principios de
celeridad, eficacia, oficiosidad e informalidad de la acción de tutela, esta
Corporación ha considerado que, para lograr una protección efectiva de los
derechos fundamentales, hay ocasiones en las que resulta pertinente, e incluso
necesario, requerir información por vía telefónica a los peticionarios o sus
familiares sobre algunos aspectos fácticos puntuales que requieran mayor
claridad. Sobre el particular, véanse las sentencias T-603 de 2001 (M.P.
Clara Inés Vargas Hernández), T-476 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa),
T-341 de 2003 (M.P. Jaime Araujo Rentería), T-643 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba
Triviño), T-219 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-726 de 2007 (M.P.
Catalina Botero Marino), T-162 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y
T-155 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa), entre muchas otras. La llamada telefónica
se hizo el 13 de febrero de 2017.
[181] Médica Marisel E.
Martínez M. Fotocopia de la ecografía obra a folio 24 del expediente de revisión.
[182] Posterior a la
cirugía, a la señora Ady Esperanza le fueron expedidas las siguientes
incapacidades médicas por parte de Cafesalud: una incapacidad inicial por 15
días, del 30 de mayo al 13 de junio de 2016 (folios 47 y 48), y una prórroga de
15 días, del 14 de junio al 28 de junio de 2016 (folio 49). Para un total de 30
días de incapacidad.
[183] Señaló la apoderada judicial que
los padres de Ady Esperanza viven en la vereda Luisa García del municipio de
San Luis, Tolima, son campesinos y actualmente no trabajan debido a una
enfermedad coronaria del padre (Agustín Aragón) que lo ha incapacitado para
laboral y ha implicado que esté bajo el cuidado de la madre de la accionante
(María Cecilia Bernate) quien es ama de casa y ocasionalmente vende helados y tamales
en el municipio (folio 32, reverso, del expediente de revisión).
[184] La abogada explicó que si bien
se encontraba adelantando estudios superiores a distancia de psicología en la
Universidad Minuto de Dios, se vio en la necesidad de aplazarlos por falta de
recursos económicos (folio 32, reverso, del expediente de revisión).
[185] A folio 28 del
expediente de revisión obra acta de una declaración extraproceso rendida bajo
juramento por Claudia Patricia Nieto Castro en la Notaría Décima del Círculo de
Bogotá el 13 de febrero de 2017, en la que se lee: “[…] desde junio de 2016
hasta el día de hoy mi esposo […] Elicio Sabogal González […] y yo hemos
sostenido a la señorita Ady Esperanza González Aragón Bernate […]
económicamente como para gastos de alimentación, educación y manutención en
general, y además […] cuidamos de ella mientras se [encontraba] desempleada y
[…] costeamos todos los gastos de la incapacidad médica por una cirugía que le
fue realizada, […]”.
[186] A folio 121 obra
fotocopia de su cédula de ciudadanía con fecha de nacimiento del 9 de enero de
1981.
[187] Folios 64 al 76.
[188] A folio 18 se encuentra un
registro médico del Hospital Local de San Martín E.S.M. en donde se registraron
los datos personales del accionante y se incluyó una afirmación en este sentido
en el ítem estado civil.
[189] En la demanda el señor Morales
Peñuela señaló que la pérdida de su empleo sumada a su deficiencia física
afectaban su mínimo vital y el de su familia, teniendo en cuenta que él es el
proveedor de su núcleo familiar. Esta afirmación no fue controvertida con la
empresa accionada.
[190] La información fue consultada en
la página web www.sisben.gov.co el 9 de marzo de 2017.  Folio 16
del expediente de revisión.
En el documento se lee: “Base
Certificada Nacional - Corte: 25 de enero del 2017”, “Estado: VALIDADO”.
[191] La información fue consultada en
la página web
http://ruafsvr2.sispro.gov.co/RUAF/Cliente/WebPublico/Consultas/D04AfiliacionesPersonaRUAF.aspx
el 8 de marzo de 2017.  Folios 17 y 18 del expediente de revisión.
[192] Al respecto, en la sentencia
T-106 de 2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz Díaz) la Sala Quinta de Revisión
señaló: “[…] la jurisprudencia repetidamente ha señalado que en los casos en
los que se solicita el reintegro de un trabajador en condiciones de indefensión
la tutela procede excepcionalmente como mecanismo de protección urgente, dado
que los procesos ordinarios no ofrecen garantías adicionales para estas
personas” (esta línea de argumentación se siguió en la sentencia T-141 de 2016,
M.P. Alejandro Linares Cantillo). En esa ocasión se estudiaron los casos de dos
mineros, mayores de 60 años, quienes fueron diagnosticados con enfermedades de
origen profesional y común, en especial de carácter respiratorio, cuyos
contratos laborales fueron terminados, según el empleador, por vencimiento del
plazo acordado, sin contar con la autorización del Ministerio del Trabajo. La
Sala tuteló transitoriamente los derechos de los accionantes, garantizándoles
la estabilidad laboral reforzada, y ordenó el reintegro de los accionantes
mientras se resuelven las controversias ante la jurisdicción ordinaria en su
competencia laboral.
[193] A folio 165 obra un
certificado de la Caja de Compensación Familiar Compensar en que se indica como
fecha de nacimiento de la accionante el 3 de febrero de 1989.
[194] Folios 64 al 76.
[195] La llamada telefónica
se hizo el 17 de febrero de 2017.
[196] Remitió vía correo
electrónico el acta de una declaración extraproceso rendida bajo juramento por
ella en la Notaría Veintitrés de Bogotá el 21 de febrero de 2017, que confirma
los hechos descritos (folios 17 y 18 del expediente de revisión).
[197] Remitió vía correo
electrónico las copias de las planillas integradas de autoafiliación a salud,
pensiones y riesgos laborales de los meses septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2016 y enero y febrero de 2017, en donde se observa que el IBL
corresponde al salario mínimo legal mensual vigente de los años 2016 y 2017
(folios 21 al 26 del expediente de revisión).
[198] Copia del derecho de
petición referido, con fecha de recepción por parte del Grupo ASD del 17 de
febrero de 2017, obra a folio 27 del expediente de revisión. La accionada
estuvo vinculada temporalmente con el Grupo ASD S.A.S. del 18 de junio de 2016
al 18 de agosto de 2016 como analista operativo jurídico. La veracidad de esta
información se corroboró telefónicamente con la oficina de gestión humana de la
empresa.
[199] La información fue consultada en
la página web
http://ruafsvr2.sispro.gov.co/RUAF/Cliente/WebPublico/Consultas/D04AfiliacionesPersonaRUAF.aspx
el 7 de marzo de 2017.  Folios 29 al 31 del expediente de revisión.
[200] Folios 64 al 76.
[201] A folio 6 obra
fotocopia de su cédula de ciudadanía con fecha de nacimiento del 8 de agosto de
1971.
[202] A folio 11 obra
constancia de invalidez del señor Luis Ramón Amaya Martínez expedida el 8 de
septiembre de 2015 por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del
Cesar. En dicho documento se indica como diagnóstico “trastorno de la marcha” y
una calificación total de pérdida de la capacidad laboral del 26%, que
corresponde a una incapacidad permanente parcial, con los siguientes
porcentajes: deficiencia 15%, discapacidad 5% y minusvalía 6%.
[203] Fotocopias de las
cédulas de ciudadanía de Dubis Helena y Antonia Beatriz obran a folios 7 y 8. A
folio 9 aparece fotocopia del registro civil de nacimiento de Ángel Andrés
Amaya Arzuaga en donde se indica como fecha de nacimiento el 23 de julio de
2014. A folio 10 obra fotocopia de la declaración extraproceso rendida en la
Notaría Única del Círculo Notarial de San Diego, Cesar, el 23 de junio de 2016,
por Luis Ramón Amaya Martínez y Dubis Helena Arzuaga Arzuaga. En dicho
documento las partes declaran la conformación de una unión marital de hecho
desde hace 3 años de la cual nació Ángel Andrés Amaya Arzuaga, además, que
tanto la madre como el hijo dependen económicamente del señor Amaya Martínez.
[204] La información fue consultada en
la página web www.sisben.gov.co el 13 de marzo de 2017.  Folio
16 del expediente de revisión.
En el documento se lee: “Base
Certificada Nacional - Corte: 25 de enero del 2017”, “Estado: VALIDADO”.
[205] La información fue consultada en
la página web
http://ruafsvr2.sispro.gov.co/RUAF/Cliente/WebPublico/Consultas/D04AfiliacionesPersonaRUAF.aspx
el 13 de marzo de 2017.  Folio 15 del expediente de revisión.
[206] A folio 12 obra fotocopia de la
cédula de ciudadanía de la accionante en donde aparece como fecha de nacimiento el 28 de noviembre de
1971.
[207] A folios 40 al 42 obra fotocopia
del contrato por obra o labor contratada suscrito entre ConSalfa S.A.S. y
Blanca Cecilia Ríos Remicio. En dicho documento se indica: obra: Río Claro
Horno - Molienda; salario: $630.387; fecha de iniciación: 13 de mayo de 2014;
oficio: ayudante de aseo.
[208] Folios 15 y 16.
[209] La llamada telefónica fue
realizada el 13 de marzo de 2017 y fue atendida directamente por la señora
Blanca Cecilia.
[210] A folio 21 obra registro civil
de nacimiento de Javier Aristides Vargas Ríos, con fecha de nacimiento del 6 de
noviembre de 2001. Se indica que el padre es Aristides Vargas y la madre es
Blanca Cecilia Ríos Remicio.
[211] La accionante remitió una
declaración extraproceso realizada bajo juramento por ella en la Notaría
Tercera del Círculo de Ibagué el 13 de marzo de 2017, en donde ratifica los
hechos descritos (folios 19 y 20 del expediente de revisión).
[212] La información fue consultada en
la página web www.sisben.gov.co el 13 de marzo de 2017.  Folio
16 del expediente de revisión.
En el documento se lee: “Base
Certificada Nacional - Corte: 25 de enero del 2017”, “Estado: VALIDADO”.
[213] La información fue consultada en
la página web
http://ruafsvr2.sispro.gov.co/RUAF/Cliente/WebPublico/Consultas/D04AfiliacionesPersonaRUAF.aspx
el 13 de marzo de 2017.  Folios 17 y 18 del expediente de revisión.
[214] Sentencia T-225 de
2012 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En esa oportunidad correspondió a la
Sala Octava de Revisión determinar si la empresa ARDCO Construcciones Ltda. y
la Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. vulneraron los derechos
fundamentales a la salud, al mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada
de un ciudadano al desvincularlo de su trabajo estando incapacitado a causa de
un accidente de tránsito sufrido, y si en virtud del artículo 34 del Código
Sustantivo del Trabajo, ambas empresas, tanto la contratista como la
beneficiaria de la obra, debían responder solidariamente por la vulneración de
los derechos alegados por el accionante. Posición reiterada en la sentencia
T-226 de 2012 (M. P. Humberto Antonio Sierra Porto), en donde correspondió a
Corporación determinar si las entidades demandadas (Consorcio ITS, Ecopetrol
S.A. y A.R.P. Seguros Bolívar) vulneraron los derechos fundamentales a la
salud, al mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada de un ciudadano,
debido a que fue despedido pese a que se encontraba en una situación de
especial debilidad manifiesta como consecuencia de un accidente de trabajo,
además mientras se encontraba incapacitado. En ambas providencias la Corte resolvió
tutelar la estabilidad laboral reforzada de los accionantes.
[215] Sentencias T-225 y
T-226 de 2012 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), fundamento jurídico 5. En
la sentencia T-546 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), la Corte admitió la
existencia de ciertos grados de estabilidad en el empleo, entre otras: (i) la
absoluta, (ii) la impropia y (iii) la precaria. La primera está dada por la
seguridad plena de conservar intacto el vínculo laboral; la segunda permite el
pago de una indemnización a cambio de la efectividad del despido o
desvinculación; y la última se presenta en el contexto de las relaciones donde
el patrono goza de un amplio grado de discrecionalidad, como ocurre en los
cargos de libre nombramiento y remoción.
[216] Sentencia C-470 de
1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero). En esta ocasión la Corte resolvió
declarar exequible el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, tal y
como fue modificado por el artículo 35 de la Ley 50 de 1990, en el entendido de
que, en los términos de la sentencia, y debido al principio de igualdad (art. 13
C.P.) y a la especial protección constitucional a la maternidad (arts. 43 y 53
C.P.), carece de todo efecto el despido de una trabajadora durante el embarazo
o en los tres meses posteriores al parto, sin la correspondiente autorización
previa del funcionario del trabajo competente, quien debe verificar si existe o
no justa causa probada para el despido.
[217] La sentencia C-470
de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), analiza el derecho constitucional
a la estabilidad laboral reforzada de las mujeres trabajadoras embarazadas y
los trabajadores aforados.
[218] Sentencias T-225 y
T-226 de 2012, fundamento jurídico 5 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
[219] La Convención Interamericana para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad, incorporada a nuestra legislación interna mediante la Ley 762 de
2002, recoge por primera vez  una definición normativa y precisa del concepto
de discapacidad: “El término discapacidad significa una deficiencia física,
mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la
capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que
puede ser causada o agravada por el entorno económico y social”. Así entendida,
la discapacidad no puede asimilarse, necesariamente, a pérdida de la capacidad
laboral, ya que personas con algún grado discapacidad pueden desarrollarse
plenamente en el campo laboral.  Por ello se establece diferencia entre
discapacidad e invalidez, esta última definida por el artículo 38 de la Ley 100
de 1993, en los siguientes términos: “ESTADO DE INVALIDEZ. Para los efectos del
presente capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de
origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o
más de su capacidad laboral”.
[220] “Por la cual se establecen
mecanismos de integración social de las personas en situación de discapacidad y
se dictan otras disposiciones”.
[221] Posición que se funda en la sentencia
T-427 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), reiterada en las sentencias T-441
de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-198 de 2006 (M. P. Marco
Gerardo Monroy Cabra) T-198 de 2006 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-307
de 2008 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-504 de 2008 (M.P. Rodrigo
Escobar Gil), T-650 de 2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-614 de 2011
(M.P. Nilson Pinilla Pinilla), T-461 de 2012 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio),
T-447 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), entre otras. En la sentencia
T-198 de 2006, ya citada, al estudiar el caso de una persona que había sido
despedida sin justa causa de la empresa en la que laboraba, pese a encontrarse
en situación de indefensión por el deterioro grave de su salud y sin haber sido
calificado su grado de invalidez, la Sala Sexta de Revisión efectuó un estudio
detallado de los conceptos de deficiencia, discapacidad y minusvalidez con
fundamento en las normas internacionales, la preceptiva nacional y los
antecedentes jurisprudenciales. Además, en lo que hace referencia al universo
de beneficiarios de la Ley  361 de 1997, sostuvo que “en materia laboral, la
protección especial de quienes por su condición física están en circunstancia
de debilidad manifiesta se extiende también a las personas respecto de las
cuales esté probado que su situación de salud les impide o dificulta
sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, sin
necesidad de que exista una calificación previa que acredite su condición de
discapacitados o de invalidez”. Así, resolvió proteger los derechos del
tutelante al trabajo y a la igualdad, con fundamento en la especial protección
a las personas en condición de discapacidad.
[222] Sentencia C-531 de
2000 (M.P. Álvaro Tafur Galvis). El condicionamiento se fundó
constitucionalmente en “los principios de respeto a la dignidad humana, solidaridad e
igualdad (C.P., arts. 2o. y 13), así como los mandatos constitucionales que
establecen una protección especial para los disminuidos físicos, sensoriales y
síquicos (C.P., arts. 47 y 54)”.
[223] M.P. Alfredo Beltrán
Sierra. Mediante esta providencia la Corporación declaró la exequibilidad de la
expresión subrayada del artículo 33 de la Ley 361 de 1997, que dispone: “El
ingreso al servicio público o privado de una persona limitada que se encuentre
pensionada, no implicará la pérdida ni suspensión de su mesada
pensional, siempre que no implique doble asignación del tesoro público”
[224] Ibídem. Y agregó: “[se] encuentra
absolutamente razonable que el legislador establezca disposiciones que
faciliten y estimulen el reintegro a la actividad laboral de las personas que
sufren alguna clase de limitación, creando condiciones de privilegio aceptables
para que se haga realidad la integración social, pues, en esta medida se cumplen
propósitos directamente relacionados con la dignidad como persona, razón de ser
de la Constitución de 1991”.
[225] Ver la sentencia SU-049 de 2017
(M.P. María Victoria Calle Correa. S.P.V. Luis
Guillermo Guerrero Pérez; S.P.V. Alejandro Linares Cantillo, y S.P.V. Gloria
Stella Ortiz Delgado).
[226] Entre otras, así lo ha dicho la
Corte en la sentencia T-1219 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). En ella, la
Corte examinó si una persona que sufría de diabetes y ocultó esa información en
la entrevista de trabajo para acceder al empleo, tenía el derecho fundamental a
la estabilidad laboral reforzada frente a la decisión de la empresa de
desvincularlo por haber omitido dicha información. Para decidir, la Corte
consideró que cuando se trata de personas en “circunstancias excepcionales de
discriminación, marginación o debilidad [m]anifiesta”, la estabilidad en el
empleo contemplada en el artículo 53 Superior tiene una relevancia especial y
puede ser protegida por medio de la acción de tutela, como garantía fundamental.
Concluyó que el trabajador sí tenía ese derecho fundamental a causa de las
condiciones de debilidad y, en consecuencia, ordenó su reintegro.
[227] Ver la sentencia T-520 de 2008
(M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). En esa oportunidad, la Corte concluyó que
si bien el accionante tenía derecho a la estabilidad laboral reforzada debido a
sus condiciones de salud, tal derecho no había sido vulnerado por su empleador
porque “[n]o existen razones para pensar que la relación laboral ha concluido,
y por ende no existe al respecto ninguna vulneración o amenaza de derecho
fundamental alguno que pueda ser objeto de pronunciamiento por el juez de
tutela”.  Para justificar el derecho fundamental a la estabilidad laboral
reforzada, la Corte hizo alusión al derecho a la igualdad de las personas
(artículo 13 de la C. P.) que por su condición física o mental “se encuentr[a]n
en circunstancias de debilidad manifiesta”.
[228] Al respecto, la sentencia SU-049 de 2017 (M.P. María
Victoria Calle Correa. S.P.V. Luis
Guillermo Guerrero Pérez; S.P.V. Alejandro Linares Cantillo, y S.P.V. Gloria
Stella Ortiz Delgado), en donde la Corporación realizó un estudio de la
estabilidad ocupacional reforzada aplicable en el marco de contratos de
prestación de servicios, señaló: “Los
seres humanos no son objetos o instrumentos, que solo sean valiosos en la
medida de su utilidad a los fines individuales o económicos de los demás. Las
personas tienen un valor en sí mismas, y al experimentar una afectación de
salud no pueden ser tratadas como las mercancías o las cosas, que se desechan
ante la presentación de un ‘desperfecto’ o ‘problema funcional’. Un fundamento
del Estado constitucional es “el respeto de la dignidad humana” (CP art
1), y la Constitución establece que el trabajo, “en todas sus modalidades”,
debe realizarse en condiciones dignas y justas (CP art 25). Estas previsiones
impiden que en el trabajo las personas sean degradadas a la condición exclusiva
de instrumentos”.
[229] En la sentencia T-263 de 2009
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), al estudiar el caso de una mujer que había
sido desvinculada de su trabajo sin autorización de la entidad competente, a
pesar de que tenía cáncer, la Corte Constitucional señaló que se le había
violado su derecho a la estabilidad laboral reforzada y ordenó reintegrarla en
condiciones especiales. En sus fundamentos, la Corte indicó que una de las
razones hermenéuticas que sustentan el derecho fundamental a la “estabilidad
laboral reforzada” es el precepto constitucional que dispone el deber del
Estado de adelantar “una política de previsión, rehabilitación e integración
social para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos, a quienes se
prestará la atención especializada que requieran”, contemplado en el artículo
47 Superior.
[230] La sentencia T-1040 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar
Gil) fue una de las
primeras que se pronunció sobre la materia. En esa ocasión la Sala Quinta de
Revisión planteó: “La construcción de la solidaridad humana y no la competencia
mal entendida por sobrevivir, es el principio de razón suficiente del artículo
95 de la Carta Política y por ello, en lugar de rechazar a quien está en
situación ostensible de debilidad, es deber positivo de todo ciudadano -
impuesto categóricamente por la Constitución- el de socorrer a quien padece la
necesidad, con medidas humanitarias. La acción humanitaria es aquella que desde
tiempos antiquísimos inspiraba a las religiones y a las sociedades
filantrópicas hacia la compasión y se traducía en medidas efectivas de socorro,
que hoy recoge el derecho internacional humanitario. En el caso sub-judice, lo
solidario, lo humanitario, lo respetuoso de los derechos fundamentales
implicados era, se insiste, mantener al trabajador en su cargo o trasladarlo a
otro similar que implicara menos riesgo hipotético”. También en la sentencia
T-519 de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), la Sala Sexta de Revisión
vinculó los elementos del derecho fundamental a la estabilidad laboral
reforzada al principio de solidaridad. En esa oportunidad, señaló que el
derecho a la estabilidad especial o reforzada, que se predica respecto de
ciertos sujetos, “se soporta, además […] en el cumplimiento del deber de
solidaridad; en efecto, en estas circunstancias, el empleador asume una
posición de sujeto obligado a brindar especial protección a su empleado en
virtud de la condición que presenta”. Más recientemente, en la sentencia SU-049
de 2017 (M.P. María Victoria Calle Correa. S.P.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez;
S.P.V. Alejandro Linares Cantillo, y S.P.V. Gloria Stella Ortiz Delgado) la Sala Plena señaló que “[l]a solidaridad supone asumir como
propias causas en principio ajenas, cuando el titular de ellas no puede por
razones objetivas ejercer su defensa y protección individualmente de forma
integral. El hecho de elevar a deber constitucional el principio de solidaridad
implica que incluso si, en tales casos, las causas ajenas no se asumen
voluntariamente por otras personas, pueden ser adjudicadas por las
instituciones del Estado entre distintos individuos, grupos o entidades. Un
posible detonante del deber constitucional de solidaridad puede ser la pérdida
de capacidad laboral en un grado considerable, o la experimentación objetiva de
una dolencia o problema de salud que afecte sustancialmente el desempeño en
condiciones regulares de las labores de las cuales uno o más seres humanos
derivan su sustento. En tales eventos, obrar solidariamente implica hacerse
cargo total o parcialmente de los costos humanos que implica para la persona su
situación de salud. Si no se observa una asunción voluntaria del deber de
solidaridad, el Estado puede distribuir las cargas de la persona afectada de
forma razonable entre otras personas. La Constitución, la ley y la
jurisprudencia han tenido en cuenta para tal efecto los vínculos prexistentes a
la situación que motiva el obrar solidario. Así, por ejemplo, cuando una
persona experimenta una afectación de salud relevante, el principio de
solidaridad implica para sus familiares la asunción de su cuidado y asistencia
personal [sentencia T-154 de 2014, M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez]; para las instituciones de salud
con las que estaba vinculado y venía recibiendo tratamiento, el deber de
continuar la prestación de servicios que requiera [sentencia C-800 de 2003, M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa]; y para sus empleados y contratantes,
el deber de preservarlo en el empleo a menos que concurra justa causa
convalidada por la oficina del Trabajo, sin perjuicio de la obligación de
reubicarlo, capacitarlo y ajustar las condiciones de su trabajo al cambio en
sus condiciones existenciales, pues esto además se acompasa con el principio de
integración social (CP art 43)”.
[231] Así lo dejó sentado la Sala Quinta de la Corporación
en la sentencia T-1040 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), en la que le
correspondió determinar si la situación de disminución física en que se
encontraba la demandante debido a su afectación de salud y su recuperación, la
hacían sujeto de una protección especial que implicara el derecho al reintegro.
Consideró que pese a que la accionante no se encontraba calificada como
discapacitada, sí estaba disminuida físicamente en el momento en que fue
despedida, en la medida en que la afectación de su salud y la recuperación
posterior a las intervenciones a las que fue sometida le impedían el desarrollo
de las labores impuestas por su empleador. En consecuencia, ordenó el reintegro
de la trabajadora, considerando ineficaz su despido, aplicando de esta manera
la protección laboral reforzada establecida en la Ley 361 de 1997. Esta
posición fue reiterada en las sentencias T-256 y T-351 de 2003 (M.P. Rodrigo
Escobar Gil), T-519 de 2003 y T-632 de 2004 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra),
T-1183 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinoza), T-283 de 2005 (M.P. Rodrigo
Escobar Gil), T-198 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra),  T-518 de 2008
(M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-819 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas
Hernández), T-554 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-603 de 2009 (M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-307 de 2010 (M.P. María Victoria Calle
Correa), T-050 y T-415 de 2011 (M.P. María Victoria Calle Correa), T-225 y
T-226 de 2012 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-341 de 2012 (M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub), T-372 de 2012 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio) y
T-754 de 2012 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-597 de 2014 T-597 de 2014 (M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez. A.V. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-106 de 2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado),
T-351 de 2015 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-405 de 2015 (M.P. María
Victoria Calle Correa. S.P.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-594 de 2015
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-691 de 2015 (M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio), T-057 de 2016 (M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-141 de 2016
(M.P. Alejandro Linares Cantillo), T-251 de 2016 (M.P. Alberto Rojas Ríos), y
más recientemente en la sentencia SU-049 de 2017 (M.P. María Victoria Calle
Correa. S.P.V. Luis Guillermo Guerrero
Pérez; S.P.V. Alejandro Linares Cantillo, y S.P.V. Gloria Stella Ortiz
Delgado).
[232] Sentencia T-1040 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
Posición reiterada en la sentencia T-198 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra), entre otras. En la sentencia T-094 de 2010 (M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto), se analizaron sendas decisiones de primera y segunda instancia
mediante las cuales se resolvió negativamente la solicitud de reintegro elevada
por una ex trabajadora de la empresa demandada, quien a la fecha de
desvinculación padecía lumbalgia crónica y artrosis degenerativa de columna, y
aducía la ineficacia de su despido por falta de autorización de la autoridad
del trabajo, de acuerdo a lo reglado por el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
En esa oportunidad, la Sala Octava de Revisión decidió revocar los fallos y
ordenar a la accionada reintegrar a la trabajadora al cargo que venía ocupando
antes de la fecha del despido o a uno de igual o mejor jerarquía, en atención a
sus aptitudes laborales y su estado actual de salud. Asimismo, ordenó el
reconocimiento y pago a su favor de “una indemnización equivalente a ciento ochenta
días del salario, al tenor del inciso 2º del artículo 26 de la Ley 361 de
1997”.
[233] Esto quedó bastante
claro en la sentencia T-351 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), en reiteración
de la posición sostenida en la sentencia T-1040 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar
Gil).  En esa ocasión la Sala Quinta de Revisión consideró el caso de un
trabajador que había disminuido su capacidad visual y presentaba pérdida en la
memoria en razón de un accidente de tránsito que lo había dejado once días
inconsciente. A raíz de esta situación el médico de salud ocupacional de la
Empresa solicitó la reubicación del trabajador. La Compañía reubicó al
trabajador, sin embargo, en su opinión, este cambio afectó en forma más grave
su salud. Ante esta circunstancia el actor pidió nuevamente su traslado a otras
funciones, encontrando una respuesta omisiva, razón por la cual presentó la
acción de amparo.
[234] M.P. María Victoria Calle
Correa. S.P.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez; S.P.V. Alejandro Linares
Cantillo, y S.P.V. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[235] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[236] M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado. S.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez; S.V. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
[237] Sentencia C-824 de
2011, ya citada.
[238] Sentencia T-1040 de 2001 (M.P.
Rodrigo Escobar Gil). La Corte Constitucional en este asunto dijo que una mujer
debía ser reintegrada al cargo del cual había sido desvinculada sin
autorización del inspector de trabajo, porque a pesar de que no había sido
calificada como inválida, tenía una disminución suficiente en su salud que la
hacía acreedora de una protección especial. Cita original.
[239] Sentencia T-405 de 2015 (M.P.
María Victoria Calle Correa. S.P.V Luis Guillermo Guerrero Pérez). En esa
ocasión se resolvían varios casos acumulados. Entre ellos, estaba el correspondiente
al caso en el que una persona fue diagnosticada con síndrome del túnel del carpo bilateral severo, fue sometida a una cirugía cuando estaba pendiente de
otra intervención y de una valoración del hombro derecho, y entre tanto fue
desvinculada sin contar con la autorización del inspector de trabajo. El actor
se desempeñaba como jardinero, y la enfermedad era de origen profesional. No
acreditó un porcentaje de pérdida de capacidad, pero la Corte reconoció que era
titular de la estabilidad laboral reforzada mientras experimentara por su salud
dificultades sustanciales para desarrollar sus funciones en condiciones
regulares. Cita original.
[240] Sentencia T-141 de 2016 (M.P.
Alejandro Linares Cantillo). En ese fallo la Sala Tercera resolvió dos casos, uno
de los cuales era de una persona que fue desvinculada sin autorización del
Inspector del Trabajo en un momento en que experimentaba las consecuencias
médicas de una cirugía que le desencadenó un proceso infeccioso. El actor se
desempeñaba como asesor comercial, y para desarrollar sus funciones requería
caminar periodos y tramos prolongados. La Corte le reconoció como titular del
derecho a la estabilidad laboral reforzada, pese a no encontrarse en el
expediente referencias a su porcentaje de calificación de pérdida de capacidad
laboral. Cita original.
[241] Sentencia T-351 de 2015 (M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). La Sala Cuarta revisaba el caso de una
persona que sufrió un “trauma en el pie derecho” mientras operaba una máquina
guadañadora, en desarrollo de su trabajo al servicio de una empresa dedicada a la siembra de palma para usos alimenticios.
La Corte le reconoció el derecho a la estabilidad laboral reforzada, sin que se
hubiera considerado como relevante el hecho de que no contaba con un certificado
del porcentaje de pérdida de capacidad laboral.
[242] Sentencia T-106 de 2015 (M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado). El caso entonces resuelto correspondía al de una
persona que fue desvinculada mientras sufría las consecuencias adversas de una
discopatía lumbar múltiple y una neumoconiosis. El peticionario se desempeñaba
como minero y su médico le recomendó, entre otras cosas, evitar “la exposición a material particulado, humo o vapores
durante la actividad laboral”. La Corte reconoció su derecho a la
estabilidad laboral reforzada, sin que estuviera una calificación de pérdida de
capacidad laboral. Cita original.
[243] Sentencia T-691 de 2015 (M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio). En esa oportunidad se resolvía un asunto relativo
a una persona que fue desvinculada sin autorización del Ministerio del Trabajo,
en un contexto en el cual padecía las secuelas de un “ganglio en el dorso de la
mano derecha”, así como de “dolencias
en las articulaciones de manos, brazos, pies, piernas, cintura y en general en
todo el cuerpo”, por lo cual se le diagnosticó con “lumbalgia en los miembros inferiores, compromiso inflamatorio
de todas las vértebras lumbares, […] artritis gotosa degenerativa”. La
actora era recolectora de residuos sólidos de un municipio. La Corte la
reconoció como titular del derecho a la estabilidad laboral reforzada, pese a
no contar con certificación sobre el porcentaje de pérdida de capacidad
laboral. Cita original.
[244] Sentencia T-057 de 2016 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub). La tutela decidida en ese caso la presentó una persona que fue
desvinculada de su trabajo, sin la autorización del inspector del trabajo, pese
a que padecía “Hipertensión
esencial primaria, goma y úlceras de frambesia, hipertensión arterial,
hipertropia ventricular izquierda, cardiopatía hipertensiva, pólipos
gástricos”, además de las consecuencias de un accidente mientras trabajaba en la línea de producción de la compañía, en el cual sus
dedos de la mano derecha se afectaron y uno de ellos resultó atrapado. La Corte
sostuvo que la persona tenía derecho a la estabilidad laboral reforzada, aun
cuando no obrara certificado de porcentaje de pérdida de capacidad laboral.
Cita original.
[245] Sentencia T-251 de 2016 (MP.
Alberto Rojas Ríos). En uno de los casos acumulados el actor fue desvinculado,
sin autorización institucional, cuando experimentaba las secuelas de un “síndrome del túnel carpiano, lumbago no especificado y
cervicalgia”. En su trabajo se desempeñaba como “andamiero”, por lo cual
sus labores eran “cargar elementos pesados como
andamios y tablas, subir materiales, escalar, etc.”. La Corte lo
consideró titular del derecho a la estabilidad laboral reforzada, aun sin
porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Cita original.
[246] Sentencia T-594 de 2015 (M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva). En esa ocasión, en uno de los casos, la actora fue
desvinculada sin autorización del Ministerio, mientras experimentaba las
consecuencias de diversas afectaciones de salud [“(i)trastorno mixto de ansiedad, por el exceso de
trabajo, (ii) amigdalitis y faringitis,
debido a la exposición al frio, (iii) bocio tiroideo, (iv) gastritis antral eritematosa, (v) asimetría de la altura de las
rodillas, (vi) quiste aracnoideo en fosa
nasal posterior (vii) escoliosis toraco-lumbar de ceonvejidad el riesgo osteomuscular
por la postura y movimientos repetitivos”]. La peticionaria se
desempeñaba como vendedora, y entre las recomendaciones médicas estaba la de “no exponerse al frio”. La Corte la consideró
titular del derecho a la estabilidad laboral reforzada, pese a que no se expuso
el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Cita original.
[247] Y más adelante, señaló: “5.12.
Todo lo cual, en síntesis, quiere decir que de acuerdo con la jurisprudencia de
esta Corte, y con los propios términos legales, una interpretación de la Ley
361 de 1997 conforme a la Constitución tiene al menos las siguientes
implicaciones. Primero, dicha Ley aplica a todas las personas en situación de
discapacidad, sin que esto implique agravar las condiciones de acceso a sus
beneficios que traía la Ley en su versión original, que hablaba de personas con
“limitación” o “limitadas” (Sentencia C-458 de 2015). Segundo, sus previsiones
interpretadas conforme a la Constitución, y de manera sistemática, se extienden
a todas las personas en situación de discapacidad, así entendida, “sin entrar a
determinar ni el tipo de limitación que se padezca, ni el grado o nivel de
dicha limitación” (sentencia C-824 de 2011). Tercero, para exigir la extensión
de los beneficios contemplados en la Ley es útil pero no necesario contar con
un carné de seguridad social que indique el grado de pérdida de capacidad
laboral (sentencia C-606 de 2012). Cuarto, en todo caso no es la Ley expedida
en democracia la que determina cuándo una pérdida de capacidad es moderada,
severa o profunda, pues esta es una regulación reglamentaria. ||5.13. De
acuerdo con lo anterior, no es entonces constitucionalmente aceptable que las
garantías y prestaciones de estabilidad reforzada del artículo 26 de la Ley 361
de 1997 se contraigan a un grupo reducido, cuando la Corte encontró  en la
sentencia C-824 de 2011 que el universo de sus beneficiarios era amplio y para
definirlo no resulta preciso “entrar a determinar ni el tipo de limitación que
se padezca, ni el grado o nivel de dicha limitación”. Cuando se interpreta que
es necesario contar con un porcentaje determinado de pérdida de capacidad
laboral para acceder a los beneficios de la Ley 361 de 1997, ciertamente se
busca darle un sustento más objetivo a la adjudicación de sus prestaciones y
garantías. No obstante, al mismo tiempo se levanta una barrera también objetiva
de acceso para quienes, teniendo una pérdida de capacidad relevante, no cuentan
aún con una certificación institucional que lo establezca, o padeciendo una
pérdida inferior a la estatuida en los reglamentos experimentan también una
discriminación objetiva por sus condiciones de salud. La concepción amplia del
universo de destinatarios del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 busca
efectivamente evitar que las personas sean tratadas solo como objetos y por esa
vía son acreedores de estabilidad reforzada con respecto a sus condiciones
contractuales, en la medida en que su rendimiento se ve disminuido por una
enfermedad o limitación producto de un accidente”.
[248] En la sentencia C-458 de 2015 (M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
S.V. Luis Guillermo
Guerrero Pérez; S.V. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) la Corporación declaró
condicionalmente exequibles expresiones contenidas en diferentes disposiciones
normativas del orden nacional, incluida la Ley 361 de 1997, tales como:
“personas con limitación”, “personas con limitaciones”, “persona con
limitación”, “población con limitación” o “personas limitadas físicamente”,
“población limitada”,  en el entendido de que deberán reemplazarse por “persona
o personas en situación de discapacidad; “limitación”, “limitaciones” o
“disminución padecida”, en el entendido de que deberán reemplazarse por las
expresiones “discapacidad” o “en situación de discapacidad”; y “limitados” o
“limitada”, en el entendido de que deberán reemplazarse por la expresión
“personas en situación de discapacidad”.
[249] Sentencia T-519 de
2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).  En esa ocasión, al resolver si a una
persona que padecía “carcinoma basocelular en rostro y daño solar crónico” se
le podía terminar su contrato de forma unilateral y sin justa causa, sin
solicitar autorización del inspector del trabajo, la Sala Sexta de la
Corporación señaló que no, porque por encontrarse en circunstancias de
debilidad manifiesta tenía derecho a la “estabilidad laboral reforzada”, y en
función de esa garantía ordenó a la empleadora reintegrar al trabajador a sus
labores.
[250] Sentencia T-519 de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra).  En esa ocasión, la Sala de revisión ordenó el reintegro de un
trabajador que padecía “carcinoma basocelular en rostro y daño solar crónico”,
a quien su empleadora le había terminado el contrato de forma unilateral y sin
justa causa, sin solicitar autorización del inspector del trabajo, por
considerar que se encontraba en circunstancias de debilidad manifiesta por lo
que tenía derecho a la estabilidad laboral reforzada. Esta decisión fue
reiterada en las sentencias T-427 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-689
de 2004 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-081 de 2005 (M.P. Álvaro Tafur Galvis),
T-309 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-530 de 2005 (M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa), T-1219 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-002 de 2006
(M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-198 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra)
T-661 de 2006 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-687 de 2006 (M. P. Jaime Córdoba
Triviño), T-062 de 2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-992 de 2007
(M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-434 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño),
T-518 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), entre otras.
[251] En efecto, y en relación con las
consecuencias (i) y (ii), la Corte en la sentencia C-531 de 2000 (M.P. Álvaro
Tafur Galvis) declaró que el inciso segundo del artículo 26 debía ser declarado
exequible, bajo el entendimiento de que “carece de todo efecto jurídico el
despido o la terminación del contrato de una persona por razón de su limitación
sin que exista autorización previa de la oficina de Trabajo que constate la
configuración de la existencia de una justa causa para el despido o terminación
del respectivo contrato”.
[252] Según el artículo 54
de la Constitución, la capacitación profesional de las personas disminuidas
físicas, psíquicas o sensoriales es un derecho fundamental.  Dice, el citado
precepto: “Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y
habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe
propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar
a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de
salud”. Este fue asunto de decisión en la sentencia T-1040 de 2001 (M.P.
Rodrigo Escobar Gil), en la que se le ordenó a la empresa demandada brindar
capacitación a la tutelante para el cumplimiento de sus funciones.
[253] Lo anterior de
conformidad con el artículo 26, inciso 2°, de la Ley 361 de 1997. Varias Salas
de Revisión de la Corporación además de ordenar el reintegro y la reubicación
de estas personas, han ordenado el pago de la indemnización equivalente a
ciento ochenta (180) días de salario, ofreciendo exactamente el mismo grado de
protección que la Ley ordena a favor de las personas en situación de
discapacidad o invalidez.  Dentro de estas se encuentran, por ejemplo, las
siguientes: Sala Octava de Revisión, sentencia T-853 de 2006 (M.P. Álvaro Tafur
Galvis); Sala Séptima de Revisión, sentencia T-361 de 2008 (M.P. Nilson Pinilla
Pinilla); Sala Tercera de Revisión, sentencia T-434 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba
Triviño); Sala Octava de Revisión, sentencia T-125 de 2009 (M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto); Sala Quinta de Revisión, sentencia T-725 de 2009 (M.P.
Mauricio González Cuervo); Sala Octava de Revisión, sentencias T-936 de 2009
(M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) y T-094 de 2010 (M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto); Sala Cuarta de Revisión, sentencia T-118 de 2010 (M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo); Sala Primera de Revisión, sentencia T-198 de 2010
(M.P. María Victoria Calle Correa); Sala Primera de Revisión, sentencia T-050
de 2011 (M.P. María Victoria Calle Correa); Sala Tercera de Revisión, sentencia
T-166 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez y S.P.V. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo); Sala Cuarta de Revisión, sentencia T-410 de 2011 (M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo); Sala Cuarta de Revisión, sentencia T-774 de 2011
(M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo); Sala Cuarta de Revisión, sentencia T-
775 de 2011 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo); Sala Segunda de Revisión,
sentencia T-850 de 2011 (M.P. Mauricio González Cuervo y S.P.V. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo); Sala Quinta de Revisión, sentencia T-263 de 2012 (M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio); Sala Novena de Revisión, sentencia T-018 de 2013 (M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva); Sala Segunda de Revisión, sentencia T-302 de 2013
(M.P. Mauricio González Cuervo y S.P.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez); Sala
Cuarta de Revisión, sentencia T-484 de 2013 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo); Sala Novena de Revisión, sentencia T-041 de 2014 (M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva); Sala Primera de Revisión, sentencia T-217 de 2014 (M.P. María
Victoria Calle Correa y S.P.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez); Sala Octava de
Revisión, sentencia T-316 de 2014 (M.P. Alberto Rojas Ríos y A.V. Luis Ernesto
Vargas Silva); Sala Tercera de Revisión, sentencia T-383 de 2014 (M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub); Sala Quinta de Revisión, sentencia T-673 de 2014
(M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y S.P.V. Gloria Stella Ortiz Delgado); Sala
Primera de Revisión, sentencia T-837 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa
y S.P.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez); Sala Séptima de Revisión, sentencias
T-098 de 2015 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y T-310 de 2015 (M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub); Sala Cuarta de Revisión, sentencia T-351 de 2015
(M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo); Sala Primera de Revisión, sentencia T-405
de 2015 (M.P. María Victoria Calle Correa y S.P.V. Luis Guillermo Guerrero
Pérez); Sala Novena de Revisión, sentencia T-420 de 2015 (M.P. (E) Myriam Ávila
Roldán), entre otras. Asimismo, en la sentencia T-449 de 2008 (M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto), la Sala Octava de Revisión concluyó que en estos
casos “el juez estará en la obligación de proteger los derechos fundamentales
del peticionario, declarando la ineficacia del despido, obligando al empleador
a reintegrarlo y de ser necesario reubicarlo, y en el caso de no haberse
verificado el pago de la indemnización prevista por el inciso segundo del
artículo 26 de la Ley 361 de 1997, deberá igualmente condenar al empleador al
pago de la misma”.
[254] Sobre el particular, en la sentencia C-016 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz;
S.V. José Gregorio Hernández Galindo, Carlos Gaviria Díaz, Hernando Herrera
Vergara y Alejandro Martínez Caballero), mediante la cual la Corte analizó la
constitucionalidad de los artículos 46 y 61 del Código Sustantivo del Trabajo,
esta Corporación precisó: “el sólo vencimiento del plazo inicialmente pactado,
producto del acuerdo de voluntades, no basta para legitimar la decisión del
patrono de no renovar el contrato, sólo así se garantizará, de una parte la
efectividad del principio de estabilidad, en cuanto “expectativa cierta y
fundada” del trabajador de mantener su empleo, si de su parte ha observado las
condiciones fijadas por el contrato y la ley, y de otra la realización del
principio, también consagrado en el artículo 53 de la Carta Política, que
señala la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los
sujetos de la relación laboral”. Así mismo, en la sentencia T-449 de 2008 (M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto), la Corte señaló: “en los contratos laborales celebrados
a término definido en los que esté inmerso un sujeto de especial protección y
en los que el objeto jurídico no haya desaparecido, no basta con el vencimiento
del plazo o de la prórroga para dotar de eficacia la terminación unilateral del
contrato, sino que, es obligación del patrono acudir ante Inspector del Trabajo
para que sea éste quien, en aplicación del principio constitucional de la
primacía de la realidad sobre las formas, determine si la decisión del
empleador se funda en razones del servicio, como por ejemplo el incumplimiento
por parte del trabajador de las obligaciones que le eran exigibles, y no en
motivos discriminatorios, sin atender a la calificación que formalmente se le
haya dado al vínculo laboral”. Igualmente se aplica la estabilidad laboral
reforzada en relación con los contratos de trabajo por obra o labor contratada,
tal como quedó precisado en la sentencia T-864 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao
Pérez).
[255] Sentencia T-216 de 2009 (M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto).  Posición reiterada en las sentencias T-603 de 2009
(M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-797 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva) y T-457 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[256] Esto quedó bastante claro en la
sentencia T-864 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez). Previamente, en la
sentencia T-1083 de 2007 (M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto) la
Sala Séptima de Revisión había precisado: “Al respecto, es importante tener en
cuenta que este tipo de relaciones laborales se constituyen con el objeto de
adelantar una específica tarea que debe ser cuidadosamente determinada al
momento del surgimiento del vínculo y que una vez concluida tendrá como
consecuencia la finalización del mismo. Por tal razón, la aspiración de
continuidad es en principio extraña a este tipo de  contratos, lo cual no obsta
para que, en los casos en los cuales la realidad de la relación permita
advertir que el objeto del contrato no es el desempeño de una obra o labor
determinada sino una prestación continuada, y que por ende, la denominación del
mismo constituye más bien una forma de evadir la estabilidad del mismo, el
empleador estará obligado a requerir de la Oficina del Trabajo la
correspondiente autorización para dar por terminado el contrato de un sujeto de
especial protección, como podría serlo una persona que sufre discapacidad”.
También puede ser consultada la sentencia T-642 de 2010 (M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva) en la que la Sala Novena de Revisión señaló: “[…] la
jurisprudencia constitucional ha señalado que cuando la relación laboral
depende de un contrato de trabajo a término fijo o de obra o labor contratada,
el vencimiento del término de dicho contrato o la culminación de la obra, no
significan necesariamente una justa causa para su terminación. De este modo, en
todos aquellos casos en que (i) subsistan las causas que dieron origen a la
relación laboral y (ii) se tenga que el trabajador ha cumplido de manera
adecuada sus funciones, el trabajador tiene el derecho de conservar su trabajo
aunque el término del contrato haya expirado o la labor haya finiquitado”.
[257] Frente a esta
modalidad contractual ver las reglas fijadas en la sentencia SU-049 de 2017
(M.P. María Victoria Calle Correa. S.P.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez;
S.P.V. Alejandro Linares Cantillo, y S.P.V. Gloria Stella Ortiz Delgado).
[258] Ver la sentencia T-226 de 2012 (M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto).  En efecto, en la sentencia T-449 de 2008 (M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto), ya se había precisado: “[E]n los contratos
laborales celebrados a término definido en los que esté inmerso un sujeto de
especial protección y en los que el objeto jurídico no haya desaparecido, no
basta con el vencimiento del plazo [o] de la prórroga para dotar de eficacia la
terminación unilateral del contrato, sino que, es obligación del patrono acudir
ante Inspector del Trabajo para que sea éste quien, en aplicación del principio
constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas, determine si la
decisión del empleador se funda en razones del servicio, como por ejemplo el incumplimiento
por parte del trabajador de las obligaciones que le eran exigibles, y no en
motivos discriminatorios, sin atender a la calificación que formalmente se le
haya dado al vínculo laboral”.
[259] M.P. María Victoria Calle
Correa. S.P.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez; S.P.V. Alejandro Linares
Cantillo, y S.P.V. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[260] La exigencia de
autorización de la oficina de Trabajo para la terminación de contratos de
prestación de servicios de personas en circunstancias de debilidad manifiesta,
se ajusta a las funciones previstas en la Ley 1610 de 2013 ‘por la cual se
regulan algunos aspectos sobre las inspecciones del trabajo y los acuerdos de
formalización laboral’, y en la Constitución. La Ley 1610 de 2013 prevé que a
los inspectores del trabajo y la seguridad social tienen la función de conocer
“de los asuntos individuales y colectivos del sector privado”, sin supeditarlas
a las relaciones de trabajo dependiente (art 1). Además, dice que en el
desempeño de sus funciones, los inspectores se regirán por la Constitución
Política y los Convenios Internacionales sobre Derecho del Trabajo (art 2). Por
su parte, la Constitución establece que el trabajo “en todas sus modalidades”
goza de la especial protección del Estado (art 25). Cita original.
[261] Lo anterior, en coherencia con
las reglas fijadas en la sentencia
SU-049 de 2017 (M.P. María Victoria Calle Correa. S.P.V. Luis Guillermo
Guerrero Pérez; S.P.V. Alejandro Linares Cantillo, y S.P.V. Gloria Stella Ortiz
Delgado), en el siguiente sentido: “8.1. El derecho fundamental a la
estabilidad ocupacional reforzada es una garantía de la cual son titulares las
personas que tengan una afectación en su salud que les impida o dificulte
sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, con
independencia de si tienen una calificación de pérdida de capacidad laboral
moderada, severa o profunda. La estabilidad ocupacional reforzada es aplicable
a las relaciones originadas en contratos de prestación de servicios, aun cuando
no envuelvan relaciones laborales (subordinadas) en la realidad. La violación a
la estabilidad ocupacional reforzada debe dar lugar a una indemnización de 180
días, según lo previsto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, interpretado
conforme a la Constitución, incluso en el contexto de una relación contractual
de prestación de servicios, cuyo contratista sea una persona que no tenga
calificación de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda”.
[262] A folios 2 al 4 obra fotocopia
del contrato de trabajo.
[263] A folio 50 obra fotocopia del
certificado laboral expedido el 14 de junio de 2016 por el Director de Recursos
Humanos, Ricardo Pedraza Pedraza, en donde se lee que la señora Ady Esperanza
Aragón Bernate prestó sus servicios en la compañía desde el 27 de agosto de
2015 hasta el 26 de mayo de 2016, desempeñando el cargo de asistente de
mercadeo.
[264] Los datos se corroboran en las
fotocopias del contrato y de los comprobantes de pago de las dos quincenas de
los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015, en donde se
indica un salario de $500.000 y un subsidio de transporte de $37.000, en el
cargo de AUXILIAR DE RECLAMACIONES Y TESORERÍA; y de los meses de enero,
febrero, marzo, abril y mayo de 2016, en donde se indica un salario de $555.000
y un subsidio de transporte de $38.850, en el cargo de ASISTENTE DE MERCADEO
(folios 83 al 102).
[265] Folio 6.
[266] El contrato de trabajo se
suscribió por 3 meses iniciando el 27 de agosto de 2015, es decir, que iba
hasta el 26 de noviembre de 2015. La primera prórroga por otros 3 meses se dio
entre el 27 de noviembre de 2015 y el 26 de febrero de 2016. La segunda
prórroga por otros 3 meses se dio entre el 27 de febrero y el 26 de mayo de
2016. Si la empresa tenía la intención de que no operara la renovación
automática, debió avisarle a la trabajadora su determinación de no prorrogar el
contrato con una antelación no inferior a treinta (30) días, es decir, al menos
el 26 de abril de 2016. Sin embargo, la carta de no renovación del contrato de
trabajo le fue comunicada a Ady Esperanza el 12 de mayo de 2016, cuando ella ya
tenía la certeza de que su contrato se prorrogaría por otro periodo igual al
inicialmente pactado.
[267] El artículo 46 del Código
Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 3º de la Ley 50 de 1990, dispone:
“El nuevo texto es el siguiente: El contrato de trabajo a término fijo debe
constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a tres años,
pero es renovable indefinidamente. || 1. Si antes de la fecha del vencimiento
del término estipulado, ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su
determinación de no prorrogar el contrato, con una antelación no inferior a
treinta (30) días, éste se entenderá renovado por un período igual al
inicialmente pactado, y así sucesivamente. […]”.
[268] Folio 8.
[269] Folio 11.
[270] Folio 9. La historia clínica de la
paciente en donde aparece la descripción del procedimiento realizado y su
seguimiento obra a folios
18 al 46.
[271] Folios 47 y 48.
[272] Folio 49.
[273] A folio 31 del cuaderno de
revisión obra certificado laboral de Erika Carolina Castillo Herrera, expedido
el 6 de septiembre de 2016 por el director de recursos humanos de Jah Company
Services S.A.S., en donde se lee que prestó sus servicios en la compañía desde
el 1 de octubre de 2014 hasta el 23 de mayo de 2016 en el cargo de analista de
operaciones.
[274] Folio 30 del cuaderno
de revisión.
[275] Folio 11.
[276] Médica Marisel E.
Martínez M. Fotocopia de la ecografía obra a folio 24 del expediente de
revisión.
[277] La apoderada judicial de Ady Esperanza explicó que
cuando esta fue reintegrada a su empleo por orden del Juzgado Veintisiete Civil
Municipal de Bogotá, retomó los exámenes médicos que había dejado pendientes,
sin embargo el tratamiento fue suspendido porque nuevamente quedó desempleada
toda vez que el Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Bogotá mediante
sentencia del 9 de septiembre de 2016, revocó la decisión del juzgado de
primera instancia del 3 de agosto del mismo año, que había ordenado el
reintegro.
[278] Folio 11.
[279] En la sentencia SU-049 de 2017
(M.P. María Victoria Calle Correa. S.P.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez; S.P.V.
Alejandro Linares Cantillo, y S.P.V. Gloria Stella Ortiz Delgado) la Sala Plena
señaló que “[l]a solidaridad supone asumir como propias causas en principio
ajenas, cuando el titular de ellas no puede por razones objetivas ejercer su
defensa y protección individualmente de forma integral. El hecho de elevar a
deber constitucional el principio de solidaridad implica que incluso si, en
tales casos, las causas ajenas no se asumen voluntariamente por otras personas,
pueden ser adjudicadas por las instituciones del Estado entre distintos
individuos, grupos o entidades. Un posible detonante del deber constitucional
de solidaridad puede ser la pérdida de capacidad laboral en un grado considerable,
o la experimentación objetiva de una dolencia o problema de salud que afecte
sustancialmente el desempeño en condiciones regulares de las labores de las
cuales uno o más seres humanos derivan su sustento. En tales eventos, obrar
solidariamente implica hacerse cargo total o parcialmente de los costos humanos
que implica para la persona su situación de salud. Si no se observa una
asunción voluntaria del deber de solidaridad, el Estado puede distribuir las
cargas de la persona afectada de forma razonable entre otras personas. La
Constitución, la ley y la jurisprudencia han tenido en cuenta para tal efecto
los vínculos prexistentes a la situación que motiva el obrar solidario. Así,
por ejemplo, cuando una persona experimenta una afectación de salud relevante,
el principio de solidaridad implica para […] sus empleados y contratantes, el
deber de preservarlo en el empleo a menos que concurra justa causa convalidada
por la oficina del Trabajo, sin perjuicio de la obligación de reubicarlo,
capacitarlo y ajustar las condiciones de su trabajo al cambio en sus
condiciones existenciales, pues esto además se acompasa con el principio de
integración social (CP art 43)”.
[280] La información la
obtuvo la accionante en el mes de marzo de 2017, según consulta telefónica realizada
directamente en la EPS Cafesalud, dependencia de tesorería, persona que la
atendió Johana Galindo (folio 37 del expediente de revisión). Certificado de la
EPS Cafesalud confirmando lo anterior obra a folios 38 y 39 ibíd.
[281] Folio 124.
[282] A folio 17 obra
certificado laboral del señor Ruvinson Morales Peñuela expedido por la
Directora Nacional de Talento Humano del Consorcio Marpetrol, Esther Yamith
Ruíz Cárdenas, en donde se lee que laboró al servicio de la empresa en
desarrollo del “Contrato MARCO No. MA-0019646 PARA MONTAJE Y CONSTRUCCIÓN DE
FACILIDADES DE SUPERFICIE PARA PROYECTOS DE PRODUCCIÓN Y EXPLORACIÓN EN LA VEX
Y CAMPOS MENORES ASOCIADOS A ESTA GERENCIA” (mayúsculas originales),
desempeñando el cargo de “Obrero A1” del 17 de marzo de 2014 al 16 de diciembre
de 2015.
[283] Folios 77 y 78.
[284] El artículo 61 del
Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 5º de la Ley 50 de
1990, dispone que “1. El contrato de trabajo termina: […] d). Por terminación
de la obra o labor contratada”.
[285] Folios 22 al 24.
[286] Folios 28 al 31.
[287] Folios 40 y 41. La
historia clínica está firmada por el médico especialista en cirugía general
Antonio Carlos Urruchurtu Rodríguez.
[288] Folio 45.
[289] Folios 53 y 54.
[290] Folio 61 y 62.
[291] Folio 63.
[292] La historia clínica
obra a folios 64 al 76. Se indica que el profesional encargado del
procedimiento es el doctor Rene Covelly con especialidad en cirugía general
[293] Edison Candela Orduz.
[294] Folios 100 y 101.
[295] El accionante señaló
en su demanda que Erika Liliana Ramírez era funcionaria del Consorcio
Marpetrol. El correo electrónico que aparece reportado es:
eramirez@marval.com.co.
[296] Folio 42.
[297] Folios 77 y 78.
[298] Folio 78.
[299] En este punto debe tenerse en cuenta que no
necesariamente la finalización de la obra o labor contratada constituye una
justa causa para dar por terminado un contrato, pues como fue indicado por la Sala Novena de Revisión en la sentencia
T-642 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), “[…] la jurisprudencia
constitucional ha señalado que cuando la relación laboral depende de un
contrato de trabajo a término fijo o de obra o labor contratada, el vencimiento
del término de dicho contrato o la culminación de la obra, no significan
necesariamente una justa causa para su terminación. De este modo, en todos
aquellos casos en que (i) subsistan las causas que dieron origen a la relación
laboral y (ii) se tenga que el trabajador ha cumplido de manera adecuada sus
funciones, el trabajador tiene el derecho de conservar su trabajo aunque el
término del contrato haya expirado o la labor haya finiquitado”.
[300] Folios 40 y 41.
[301] De conformidad con el artículo 8º de la
Ley 776 de 2006 “[l]os empleadores están obligados a ubicar al trabajador
incapacitado parcialmente en el cargo que desempeñaba o a proporcionarle un
trabajo compatible con sus capacidades y aptitudes, para lo cual deberán
efectuar los movimientos de personal que sean necesarios”.  Concretamente, en
la sentencia T-062 de 2007 (M. P. Humberto Antonio Sierra Porto) se señaló:
“Como corolario del notable propósito por garantizar el bienestar y la
estabilidad del trabajador que desde el texto constitucional irradia la
regulación sobre seguridad social, la Ley ha dispuesto que en los eventos en
los cuales el empleado se alivie de su dolencia y, en consecuencia, recupere su
capacidad laboral, el empleador está en la obligación de reubicarlo en el cargo
que desempeñaba o en cualquier otro para el cual esté capacitado, asegurando en
este último evento la conservación de la categoría inicial que tenía el
trabajador”. En igual sentido pueden consultarse las sentencias T-1183 de 2004
(M. P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-198 de 2006 (M. P. Marco Gerardo Monroy
Cabra), T-661 de 2006 (M. P. Álvaro Tafur Galvis), T-434 de 2008 (M. P. Jaime
Córdoba Triviño), T-603 de
2009 (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-850 de 2011 (M. P. Mauricio González Cuervo), T-548
de 2012 (M. P. Nilson Pinilla Pinilla) y T-457 de 2013 (M. P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub). Es importante también referir que en la sentencia T-504 de
2008 (M. P. Rodrigo Escobar Gil), se sostuvo: “[…] el derecho a la estabilidad
laboral reforzada de los trabajadores no puede ser entendido como la simple
imposibilidad de retirar a un trabajador que ha sufrido una merma en su estado
de salud, sino que comporta el derecho a la reubicación en un puesto de trabajo
en el que [una persona en condición de discapacidad] pueda potencializar su
capacidad productiva y realizarse profesionalmente, no obstante la discapacidad
que le sobrevino, de forma que se concilien los intereses del empleador de
maximizar la productividad de sus funcionarios y los del trabajador en el
sentido de conservar un trabajo en condiciones dignas”.
[302] Folios 81 al 87.
[303] Folio 88. El artículo
primero de la resolución indicada establece: “No autorizar la terminación del contrato
de trabajo del señor RUVINSON MORALES PEÑUELA, […], a la Empresa Consorcio
Marpetrol […], por solicitud presentada por el empleador con radicado No. 05419
del 08 de octubre de 2015 […]” (mayúsculas
originales).
[304] La historia clínica
obra a folios 64 al 76.
[305] Folio 88.
[306] En la concreción de las órdenes se
siguió de cerca la sentencia T-251 de 2016 (M.P. Alberto Rojas Ríos) en la cual
la Sala Octava de Revisión estudio un caso de un trabajador que en el desempeño
de su labor desarrolló unas hernias discales, para cuyo tratamiento le fueron
ordenados exámenes, terapias y medicamentos. En esa oportunidad señaló: “En el
segundo de los casos bajo estudio [expediente radicado T-5.296.832] se evidenció que la afección cervical
padecida por el solicitante le impedía continuar desempeñándose como andamiero,
y se comprobó que la compañía accionada tenía pleno conocimiento sobre la
mencionada enfermedad. ||
Por tal
motivo, se concluyó que al actor le fue vulnerado su derecho a la estabilidad
laboral reforzada, y de ello se colige que hay lugar a ordenar el reintegro,
sin solución de continuidad, a una labor compatible con su condición de salud
–para lo cual la empleadora deberá ofrecer el entrenamiento necesario–, y a
imponer a la empresa la sanción que prevé la ley para los despidos
discriminatorios”.
[307] El contrato obra a
folio 34. A folio 62 aparece certificado laboral de Activos S.A. en donde se
indica que Gizethe Estefanía Rico Díaz laboró desde el 24 de abril de 2014
hasta el 25 de junio de 2014, mediante un contrato de trabajo de obra o labor
contratada, y que en ejercicio del mismo fue asignada como trabajadora en
misión a la usuaria Colpensiones.
[308] El contrato obra a folios 47 al
50.
[309] El contrato obra a folios 51 al
54.
[310] El contrato obra a
folio 40.
[311] El contrato obra a
folio 55.
[312] Folios 189 al 212.
[313] El dato es tomado de
la liquidación de prestaciones sociales de Gizethe Estefanía Rico Díaz, fechada
el 23 de junio de 2016, y que fue presentada por la empresa al momento de
contestar la demanda (folio 223).
[314] Folio 33. La carta está firmada
por la gerente de recursos humanos de Activos S.A., Sandra Beltrán Guillén.
[315] Folios 90 y 91.
[316] Folio 77. La historia clínica
obra a folios 71 al 94 y 97 al 103.
[317] Folio 70. En dicho
concepto de aptitud ocupacional se indica que la accionante es apta para el
cargo de profesional II; se especifica el diagnóstico de otosclerosis
bilateral, y se recomienda continuar con médico especialista por la EPS.
[318] Además se indica como
diagnóstico: “H809 otosclerosis - no especificada H902 hipoacusia conductiva -
sin otra especificación” (folio 72).
[319] Folio 97.
[320] Ver la sentencia
T-1040 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil). La Sala Quinta de Revisión en este asunto dijo que una mujer
debía ser reintegrada al cargo del cual había sido desvinculada sin
autorización del inspector de trabajo, porque a pesar de que no había sido
calificada como inválida, tenía una disminución suficiente en su salud que la
hacía acreedora de una protección especial.
[321] Al respecto, pueden
consultarse las sentencias T-597 de 2014 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
A.V. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-106 de 2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado), T-351 de 2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), T-405 de 2015 (M.P.
María Victoria Calle Correa), T-594 de 2015 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva),
T-691 de 2015 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), T-057 de 2016 (M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub), T-141 de 2016 (M.P. Alejandro Linares Cantillo) y
T-251 de 2016 (M.P. Alberto Rojas Ríos). En todos estos casos las diferentes
salas de revisión reconocieron el derecho a la estabilidad laboral reforzada de
los accionantes, pese a no contar con la certificación del porcentaje de la
pérdida de capacidad laboral. Lo anterior fue objeto de unificación en la
SU-049 de 2017 (M.P. María Victoria Calle Correa. S.P.V. Luis Guillermo
Guerrero Pérez; S.P.V. Alejandro Linares Cantillo, y S.P.V. Gloria Stella Ortiz
Delgado), en el marco de la estabilidad ocupacional reforzada aplicable en los
contratos de prestación de servicios. Al respecto se concluyó: “[…] la Corte
Constitucional considera que la estabilidad ocupacional reforzada no se ha de
limitar a quienes tienen una calificación de pérdida de capacidad laboral
moderada, severa o profunda, definida con arreglo a normas de rango reglamentario,
sino a todas las personas en condiciones de debilidad manifiesta […]”.
[322] Copia del derecho de
petición referido, con fecha de recepción por parte del Grupo ASD del 17 de
febrero de 2017, obra a folio 27 del expediente de revisión. La accionada
estuvo vinculada temporalmente con el Grupo ASD S.A.S. del 18 de junio de 2016
al 18 de agosto de 2016 como analista operativo jurídico. La veracidad de esta
información se corroboró telefónicamente con la oficina de gestión humana de la
empresa.
[323] A folio 26 obra
fotocopia de un certificado expedido por la técnico operativo de la E.S.E.
Hospital el Socorro de San Diego, Cesar, el 16 de junio de 2016, en donde se
indica que Luis Ramón Amaya Martínez prestó sus servicios en dicha institución
como auxiliar de facturación a través de los siguientes contratos: contrato de
prestación de servicios No. 036 del 7 de enero de 2015, por un término de
duración de cuatro (4) meses; contrato de prestación de servicios No. 082 del 7
de mayo de 2015, por un término de duración de seis (6) meses; adición No. 001
al contrato de prestación de servicios No. 082 del 7 de noviembre de 2015, por
un término de duración de cincuenta y cuatro (54), y contrato de prestación de
servicios No. 046 del 2 de febrero de 2016, por un término de duración de
cuatro (4) meses.
[324] Fotocopia del
contrato de prestación de servicios obra a folios 12 al 15.
[325] Fotocopia del
contrato de prestación de servicios obra a folios 16 al 19.
[326] Fotocopia del
contrato de prestación de servicios obra a folios 22 al 25.
[327] En la cláusula
correspondiente al objeto del contrato No. 046 del 2 de febrero de 2016 se lee:
“OBJETO: El objeto del presente contrato es PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO
AUXILIAR DEL ÁREA DE FACTURACIÓN PARA LA ESE HES DE SAN DIEGO CESAR” (mayúsculas
originales). Y en la cláusula quinta se describen las obligaciones del
contratista así: “EL CONTRATISTA se compromete a realizar las siguientes
actividades: 1. Facturar la venta de servicios de salud a todos los usuarios
del hospital que lo requieran, según las tarifas establecidas en el decreto
2423 de 2002. 2. Garantizar a los usuarios información oportuna y veraz sobre
los servicios que ofrece el costo de atención. 3. Sistematizar la facturación
emitida por la venta de los servicios. 4. Pedir autorización telefónica a las
diferentes ARS Y EPS de los usuarios que requieran el servicio. 5. Entregar a
la coordinadora del área de facturación todas las facturas debidamente
organizadas y con sus respectivos soportes. 6. Verificar el FOSYGA de todos los
usuarios que acceden al servicio de salud. 7. Servir de apoyo a las
obligaciones realizadas por la coordinadora de facturación. 8. Demás,
obligaciones inherentes al desarrollo del objeto contractual”. Si se observa
las actividades descritas corresponden al giro ordinario de los negocios de la
entidad accionada.
[328] Folio 35.
[329] A folio 11 obra
constancia de invalidez del señor Luis Ramón Amaya Martínez expedida el 8 de
septiembre de 2015 por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del
Cesar. En dicho documento se indica como diagnóstico “trastorno de la marcha” y
una calificación total de pérdida de la capacidad laboral del 26%, que
corresponde a una incapacidad permanente parcial, con los siguientes
porcentajes: deficiencia 15%, discapacidad 5% y minusvalía 6%. Según el Decreto
2463 de 2001 “Por el cual se reglamenta la integración, financiación y
funcionamiento de las juntas de calificación de invalidez”, en su artículo 7º,
establece la clasificación del grado de severidad de la limitación, así:
“Limitación moderada, aquella en la cual la persona tenga entre el 15% y el 25%
de pérdida de la capacidad laboral; limitación severa aquella que sea mayor al
25% pero inferior al 50% de pérdida de la capacidad laboral y limitación
profunda, cuando la pérdida de la capacidad laboral sea igual o mayor al 50%.
[330] Fotocopias de las
cédulas de ciudadanía de Dubis Helena y Antonia Beatriz obran a folios 7 y 8. A
folio 9 aparece fotocopia del registro civil de nacimiento de Ángel Andrés
Amaya Arzuaga en donde se indica como fecha de nacimiento el 23 de julio de
2014. A folio 10 obra fotocopia de la declaración extraproceso rendida en la
Notaría Única del Círculo Notarial de San Diego, Cesar, el 23 de junio de 2016,
por Luis Ramón Amaya Martínez y Dubis Helena Arzuaga Arzuaga. En dicho
documento las partes declaran la conformación de una unión marital de hecho
desde hace 3 años de la cual nació Ángel Andrés Amaya Arzuaga, además, que
tanto la madre como el hijo dependen económicamente del señor Amaya Martínez.
[331] M.P. María Victoria
Calle Correa. S.P.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez; S.P.V. Alejandro Linares
Cantillo, y S.P.V. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[332] A folios 40 al 42 obra fotocopia
del contrato por obra o labor contratada suscrito entre ConSalfa S.A.S. y
Blanca Cecilia Ríos Remicio. En dicho documento se indica: obra: Río Claro
Horno - Molienda; salario: $630.387; fecha de iniciación: 13 de mayo de 2014;
oficio: ayudante de aseo.
[333] En la carta obrante a folio 13
se lee: “La oficina de Gestión Humana, se permite informar que el día miércoles
(01) de junio de 2016, termina la obra o labor para la cual fue contratad[a],
en consecuencia, de acuerdo con lo previsto en la ley, ese día quedará
terminado su contrato de trabajo. || El lunes (13) de junio de 2016, se
realizará la transferencia de sus prestaciones sociales a su cuenta de nómina,
previa tramitación del paz y salvo correspondiente. || La empresa se permite
informar que si desea practicarse el examen médico de retiro, debe solicitar la
respectiva orden a la oficina de Gestión Humana y puede acudir al centro médico
[…], dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo de la
presente comunicación. De igual manera, dentro del término de ley, se le
estarán remitiendo los soportes de pago de la seguridad social y parafiscales
en los últimos tres meses de vinculación”.
[334] El artículo 61 del
Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 5º de la Ley 50 de
1990, dispone que “1. El contrato de trabajo termina: […] d). Por terminación
de la obra o labor contratada”.
[335] A folio 14 obra fotocopia del
certificado de prórroga de una incapacidad médica otorgada por Cafesalud a la
accionante con fecha inicial del 1 de mayo de 2016 y fecha final del 30 de mayo
de 2016 (30 días otorgados), indicando como origen “Enfermedad General”.
[336] Folio 23.
[337] Folios 15 y 16. Al final de la historia clínica se indica que el médico tratante
de ortopedia y traumatología es Carlos Soto Saavedra.
[338] Folios 15 y 16.