T-163-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-163/12
DERECHO DE
PETICION DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN CENTROS PENITENCIARIOS Y
CARCELARIOS-Responsabilidad del Estado de garantizar su protección de
manera eficaz
La Corte
ha sostenido que los reclusos mantienen plena facultad sobre el ejercicio del
derecho de petición, de tal manera que en los eventos en que los privados de la
libertad formulen solicitudes dirigidas a funcionarios del sistema
penitenciario o en general a la autoridad carcelaria del INPEC deben obtener
respuesta de fondo, clara y oportuna a su requerimiento sin que el goce
efectivo del mencionado derecho se vea afectado por los trámites
administrativos de las penitenciarias.
DERECHO A LA
SALUD DE PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD-Garantía por parte del Estado tanto
para las personas recluidas en establecimientos carcelarios y penitenciarios
como de las que se encuentran sujetas a prisión domiciliaria o a un sistema de
vigilancia electrónica
La
obligación del Estado de garantizar la prestación del servicio de salud, que se
deriva del carácter fundamental de ese derecho, de los fines de la pena y de la
especial sujeción en que se encuentran los condenados frente al Estado, se
predica tanto de las personas recluidas en establecimientos carcelarios y
penitenciarios, como de las que se encuentran sujetas a prisión domiciliaria o
a un sistema de vigilancia electrónica.
DERECHO DE
PETICION DEL INTERNO-Vulneración por Inpec al demorar más de un año
solicitud de entrega de certificaciones de estudio y constancia de buena
conducta
DERECHO A LA
SALUD DEL INTERNO-Orden al Inpec para adelantar trámites administrativos
para la reposición de prótesis de la mano izquierda solicitada por el
accionante
Referencia:
Expediente T-3.237.852
Accionantes:
Antonio
Perilla Ávila
Demandados:
Penitenciaría
Palo Gordo de Girón
Magistrado Ponente:
Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo
Bogotá D.C.,
cinco (5) de marzo de dos mil doce (2012)
La Sala
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Nilson Elías
Pinilla Pinilla, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
Dentro de la revisión del fallo de tutela proferido
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, Sala única de
Decisión, que revocó la decisión adoptada por el Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Florencia dentro del trámite de la acción constitucional de tutela
promovida por el señor Antonio Perilla Ávila contra la Penitenciaría Palo Gordo
de Girón.
El presente
expediente fue escogido para revisión por la Sala de Selección número Diez por
medio de Auto del 20 de octubre del 2011 y repartido a la Sala Cuarta de
Revisión.
I.
ANTECEDENTES
1. La
solicitud
El señor
Antonio Perilla Ávila, mediante acción de tutela solicita la protección de sus derechos
fundamentales de petición y de salud, los cuales considera vulnerados por la
Penitenciaría Palo Gordo de Girón, al no contestar la solicitud por él
presentada en la que requirió la expedición de los certificados de estudios y la
constancia de buena conducta y, al no otorgarle la reposición de la prótesis de
su mano izquierda.
2. Hechos
El accionante
los narra, en síntesis, así:
2.1. Estando recluido
en la Penitenciaría Palo Gordo de Girón, solicitó, el 16 de mayo de 2010, mediante
petición, los certificados de estudios y la constancia de buena conducta del
último trimestre del año 2008, de la totalidad del año 2009 y de los cuatro
primeros meses del año 2010, sin que a la fecha de presentación de la acción de
tutela, esto es el 23 de mayo de 2011, hubiere obtenido respuesta.
2.2. El 26 de
octubre de 2010, en forma verbal, solicitó al mencionado centro de reclusión,
la reposición de la prótesis de su mano izquierda la cual, al decir del
demandante, tenía cuando ingresó al establecimiento penitenciario y fue
destrozada en una requisa.
3.
Pretensiones
El accionante
solicita que mediante acción de tutela se ordene a la Penitenciaría Palo Gordo
de Girón que envíe al Establecimiento Penitenciario Las Heliconias de
Florencia, Caquetá, donde actualmente se encuentra interno, las certificaciones
de estudio y de buena conducta requeridas mediante petición y que, se tramite
lo concerniente a la entrega de la prótesis de su mano izquierda.
4. Pruebas
En el
expediente obran las siguientes pruebas:
- Copia de la
contestación dada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC,
dependencia Girón, de la petición presentada por el interno Antonio Perilla Ávila,
en la que se indica lo siguiente: “Este establecimiento mediante memorando
1107 de fecha 2 de junio de 2011 remitió en original y copia a la Oficina
Jurídica del Establecimiento Heliconia de Florencia la siguiente documentación:
-Certificado
de cómputos No. 392884 por 1530 horas de estudio de octubre de 2008 a octubre de 2009.
-Certificado
de cómputos No 393710 por 364 horas de estudio de noviembre de 2009 a enero de 2010.
-Certificado
de cómputos No. 394261 por 240 horas de estudio de febrero de 2010 a marzo de 2010.
-Certificado
de cómputo No. 11462539 por 132 horas de estudio de abril de 2010 al 5 de mayo
de 2010.
-Constancia
de buena conducta del 6 de septiembre de 2009 al 4 de mayo de 2010.
Igualmente
le informó que se solicitó al Asesor Jurídico hacer entrega de la copia de los
referidos documentos y que los originales fuesen insertados en su cartilla
biográfica para trámites que en un futuro requiera” (folio 13).
5.
Oposición a la demanda
Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC -  Dependencia Girón
La entidad
accionada, en su escrito de contestación, se opuso a las pretensiones
impetradas en la acción de tutela, con fundamento en los siguientes argumentos:
-Mediante memorando
421 EPAMSGIR- DIRE-02207, de 2 de junio de 2011, se remitieron con destino al
Establecimiento Penitenciario Las Heliconias de Florencia, Caquetá, los
certificados de estudio y de buena conducta solicitados por el accionante.
-Respecto a
la reposición de la prótesis de la mano izquierda del señor Perilla Ávila,
indicó que el interno debe acudir al área de sanidad del Establecimiento Penitenciario
Las Heliconias de Florencia, Caquetá, donde actualmente se encuentra recluido.
II.
DECISIÓN JUDICIAL QUE SE REVISA
1.
Primera instancia
Mediante
sentencia de 7 de junio de 2011, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Florencia, concedió las pretensiones invocadas por el accionante, al considerar
que la Penitenciaria Palo Gordo de Girón vulneró sus derechos fundamentales al
no dar respuesta oportuna a la petición, incumpliendo con el término de los 15
días consagrados por el artículo 6° del Código Contencioso Administrativo para
el efecto.
En
consecuencia, ordenó a la Penitenciaria Palo Gordo de Girón que en término de
48 horas siguientes a la notificación del fallo, de respuesta de fondo a la
petición presentada por el accionante y envíe al Establecimiento Penitenciario
Las Heliconias de Florencia, Caquetá, los certificados de estudio y de buena conducta
requeridos, así como también reponer la prótesis de su mano izquierda.
2.
Impugnación
La
Penitenciaría de Palo Gordo de Girón, en el término estipulado para ello, impugnó
la decisión del juez de primera instancia e indicó lo siguiente:
-El
señor Antonio Perilla Ávila fue trasladado al Establecimiento Penitenciario Las
Heliconias de Florencia, Caquetá, por tal razón la Penitenciaria Palo Gordo de
Girón no tiene competencia para realizar los trámites correspondientes para la
reposición de la prótesis de su mano izquierda.
-Manifestó
que no está demostrado que la prótesis del accionante, como este lo afirma, haya
sido destrozada en una requisa realizada por los funcionarios del INPEC.
-Por
último, sostuvo que los certificados de estudios y la constancia de buena
conducta ya fueron expedidos y enviados al Establecimiento Penitenciario Las
Heliconias de Florencia, Caquetá.
3.
Segunda instancia
Mediante
sentencia, de 1° de septiembre de 2011, el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Florencia, Sala Única de Decisión, revocó el fallo de primera instancia con
fundamento en las siguientes consideraciones:
-
No obstante que en el informe rendido por la entidad accionada al juzgado de
conocimiento se observó que ya fueron remitidos al Establecimiento
Penitenciario Las Heliconias de Florencia, Caquetá, los certificados de estudio
y la constancia de buena conducta solicitados por el interno, se considera que
sí fue vulnerado el derecho de petición del demandante, toda vez que la
respuesta fue extemporánea, 2 de junio de 2011, y como consecuencia de la
presentación de la acción de tutela en su contra.
-Con
fundamento en lo anterior, decidió confirmar parcialmente el fallo de primera
instancia respecto a la orden de tutelar el derecho de petición. Sin embargo,
frente a la solicitud de reposición de la prótesis de la mano izquierda del
señor Antonio Perilla Ávila, consideró que la Penitenciaria Palo Gordo de Girón
no es competente para ello, toda vez que el accionante no se encuentra recluido
allí y no fue posible determinar si el elemento biomédico fue destrozado en una
requisa, como lo afirma el demandante.
III.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DECISIÓN
1. Competencia
A través de
esta Sala de Revisión, la Corte Constitucional es competente para revisar la
sentencia proferida dentro del proceso de la referencia, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política,
en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Procedibilidad de la acción de tutela
2.1. Legitimación activa
El artículo
86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un
mecanismo de defensa judicial al que puede acudir cualquier persona para
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estos
resulten vulnerados o amenazados por las actuaciones u omisiones de las
autoridades públicas y de los particulares, en los casos específicamente
previstos por el legislador.
En el caso sub-exámine,
la acción de tutela fue presentada por el señor Antonio Perilla Ávila, titular
del derecho presuntamente vulnerado, razón por la cual se encuentran legitimado.
1.2.
Legitimación pasiva
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario se
encuentra legitimado como parte pasiva en el presente proceso de tutela,
conforme con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, en la
medida en que se trate de una autoridad pública a la que se le atribuya la
vulneración de un derecho fundamental.
3. Problema
jurídico
Le corresponde
a la Sala de Revisión determinar si el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario INPEC, específicamente, la Penitenciaría Palo Gordo de Girón,
vulneró (i) el derecho fundamental de petición del accionante al no
contestar, de manera oportuna, la solicitud por él presentada en la que
requirió la entrega de los certificados de estudios y la constancia de buena
conducta del último trimestre del año 2008, de la totalidad del año 2009 y de
los cuatro primeros meses del año 2010 y (ii) el derecho a la salud al
no autorizarle la reposición de la prótesis de su mano izquierda.
Bajo ese
supuesto, la Sala procederá a reiterar su jurisprudencia en lo referente al (i)
derecho de petición de las personas privadas de la libertad; (ii) la
obligación del Estado de satisfacer el derecho a la salud de la población carcelaria
para, finalmente, proceder a (iii) resolver el caso concreto.
3.1
Derecho de petición de las personas privadas de la libertad. Reiteración de
jurisprudencia.
La Corte
Constitucional en su jurisprudencia ha sostenido que las personas privadas de
la libertad son sujetos de especial vulnerabilidad en virtud de la relación de
sujeción entre el recluso y el Estado[1].
Al respecto, esta Corporación en Sentencia T-153 de 1998 explicó que “los
reclusos se encuentran vinculados con el Estado por una especial relación de
sujeción. Ello significa que este último puede exigirle a los internos el
sometimiento a un conjunto de condiciones que comportan precisamente la
suspensión y restricción de distintos derechos fundamentales, condiciones sobre
las cuales, debe añadirse, que deben ajustarse a las prescripciones del examen
de proporcionalidad”[2].
Así pues, se
ha estimado que la persona privada de la libertad, sin importar su condición o
circunstancia, tiene una serie de derechos que no pueden ser objeto de
restricción jurídica durante la reclusión[3].
En efecto, la jurisprudencia Constitucional en Sentencia T-153 de 1998 especificó
que el grupo de derechos que no pueden estar limitados son “…la vida e
integridad personal, la dignidad, la igualdad, la libertad religiosa, el
derecho de reconocimiento de la personalidad jurídica, a la salud y al debido
proceso, y el derecho de petición[4],
mantienen su incolumidad a pesar del encierro a que está sometido su titular”[5]. Así las
cosas, respecto de ese conjunto de derechos se estableció en cabeza del Estado
el deber positivo[6]
de asegurar todas las condiciones necesarias[7]
que permitan el goce efectivo de esos derechos, así como la adecuada
resocializacion[8]
de los reclusos[9].
En este orden
de ideas, la jurisprudencia ha reiterado, respecto del derecho de petición, que
el ejercicio de dicha prerrogativa no está limitado por la privación de
la libertad[10]. En efecto,
en Sentencia T- 705 de 1996 la Corte Constitucional manifestó que:
“El
derecho de petición es uno de aquellos derechos fundamentales que los reclusos
ostentan en forma plena, vale decir, que no está sometido a ningún tipo de
limitación o restricción en razón de la situación de privación de la libertad a
que se encuentran sometidas estas personas. Lo anterior se deriva de la
naturaleza misma de la relación de especial sujeción que vincula al interno a
la administración carcelaria. La única razón que justificaría una eventual
limitación del derecho fundamental de petición de un recluso consistiría en que
el titular del mencionado derecho abusara de éste en detrimento de los derechos
fundamentales de otras personas. El derecho de petición de los reclusos no
comporta la obligación de las autoridades carcelarias de dar respuesta positiva
a las solicitudes que aquellos eleven, ni de realizar las gestiones que se les
soliciten. Los deberes de estas autoridades, en punto al derecho fundamental de
petición, consisten en adoptar todas aquellas medidas necesarias para que los
internos reciban una respuesta completa y oportuna a sus peticiones. Las
autoridades penitenciarias están en la obligación de motivar, en forma
razonable, las decisiones que adoptan frente a las peticiones que un recluso ha
elevado. No basta con que se ofrezca una respuesta a la petición del interno
sino que, además, es necesario que se expongan las razones que la autoridad
contempló para decidir en el sentido que efectivamente lo hizo, de manera que
el recluso pueda conocerlas y, eventualmente, controvertirlas”[11].
Del mismo
modo, en la Sentencia T- 439 de 2006, estableció la Corte que tanto la
administración penitenciaria como la administración de justicia, deben
garantizar el derecho de petición de manera plena “… (i) suministrando
respuestas oportunas y evitando todo tipo de dilación injustificada, (ii)
motivando de manera razonable sus decisiones, (iii) garantizando que las
solicitudes que los internos formulen contra otras autoridades sean recibidas
por éstas oportunamente”[12].
En
conclusión, la Corte ha sostenido que los reclusos mantienen plena facultad
sobre el ejercicio del derecho de petición, de tal manera que en los eventos en
que los privados de la libertad formulen solicitudes dirigidas a funcionarios
del sistema penitenciario o en general a la autoridad carcelaria del INPEC
deben obtener respuesta de fondo, clara y oportuna a su requerimiento sin que
el goce efectivo del mencionado derecho se vea afectado por los trámites
administrativos de las penitenciarias[13].
3.2.- El
derecho a la salud de la población reclusa. Reiteración de jurisprudencia
La Corte Constitucional
ha sostenido en relación con el derecho a la salud que cuando se trata de
personas privadas de la libertad el Estado debe garantizar la prestación del
servicio de salud, pues tiene la obligación de protegerlas en razón de que, por
un lado, las funciones de la pena son la “prevención general, [la]
retribución justa, [la] prevención especial, [la] reinserción social y [la]
protección al condenado” (Artículo 4° del CP) y, por otro lado, en virtud
de la existencia de una relación especial de sujeción en la que se encuentran.
Esa obligación objetiva del Estado se deriva de la relación especial de
sujeción que se predica de los reclusos en la medida en que están sometidos a
un régimen jurídico especial, en el cual la “administración adquiere una
serie de poderes excepcionales que le permiten modular y restringir el
ejercicio de algunos derechos fundamentales de los internos”[14] .
Bajo ese
precepto, la administración asume dos obligaciones frente a las personas
privadas de la libertad: “1) de hacer, esto es, de prever y controlar los
peligros que pueda sufrir una persona retenida desde el momento mismo en que se
produce la privación material de la libertad, hasta el momento en que ella es
devuelta a la sociedad y 2) de no hacer, referida a la abstención de cualquier
conducta que pueda vulnerar o poner en peligro los derechos que no hayan sido
limitados con la medida cautelar”[15].
Y ello es así debido a que, en términos de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, “así como el ciudadano debe asumir la carga derivada de la restricción
de sus derechos, en la medida en que esa retención es una actividad que redunda
en beneficio de la comunidad, el Estado se obliga a garantizarle una eficaz
protección y seguridad para lo cual éste goza de posibilidades reales, pues
posee también el monopolio de la fuerza y los poderes de coerción que le
permiten afrontar tales riesgos”[16]
.
En lo que
atañe a la satisfacción del derecho a la salud, el artículo 106 de la Ley 65 de
1993[17],
establece que “todo interno en un establecimiento de reclusión debe recibir
asistencia médica en la forma y condiciones previstas por el reglamento. Se
podrá permitir la atención por médicos particulares en casos excepcionales y
cuando el establecimiento no esté en capacidad de prestar el servicio”[18].
En este mismo
sentido, el literal m) del artículo 14 de la Ley 1122 de 2007[19], “por la cual se
hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
y se dictan otras disposiciones”, establece que “la población reclusa
del país se afiliará al Sistema General de Seguridad Social en Salud. El
Gobierno Nacional determinará los mecanismos que permitan la operatividad para
que esta población reciba adecuadamente sus servicios”.
Por su parte,
el Decreto Reglamentario 1141 de 2009, cuyo objeto es “reglamentar la
afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS, de la
población reclusa (…) que se encuentra en establecimientos de reclusión, en
prisión y detención domiciliaria o bajo un sistema de vigilancia electrónica”[20],
establece, en el parágrafo 1 del artículo 2°, que “la población reclusa que
se encuentre afiliada al régimen subsidiado en una entidad territorial
conservará su afiliación con cargo a las fuentes que vienen financiando este
aseguramiento”.
Por lo tanto, la obligación del Estado de garantizar la prestación del
servicio de salud, que se deriva del carácter fundamental de ese derecho, de
los fines de la pena y de la especial sujeción en que se encuentran los
condenados frente al Estado, se predica tanto de las personas recluidas en
establecimientos carcelarios y penitenciarios, como de las que se encuentran
sujetas a prisión domiciliaria o a un sistema de vigilancia electrónica.
4.- Caso concreto
Con fundamento en la reseñado, se procede a establecer si la
Penitenciaria Palo Gordo de Girón vulneró el derecho fundamental de petición
del señor Antonio Perilla Ávila.
Encuentra la Sala que, el 23 de mayo de 2011, el accionante presentó el
mecanismo de amparo en aras de obtener, por parte de la demandada, la contestación
de la petición, de fecha 16 de mayo de 2010, por medio de las cual solicitó la
certificaciones de estudios y la constancia de buena conducta del último
trimestre del años 2008, de la totalidad del año 2009 y de los cuatro primeros
meses del año 2010.
La mencionada acción de tutela le correspondió, por reparto, al Juez
Segundo Laboral del Circuito de Florencia, quien mediante Oficio No. 1283, de
25 de mayo de 2011, notificó a las directivas de la Penitenciaria Palo Gordo de
Girón de la solicitud de amparo. Sin embargo, se observa que solo hasta el 2 de
junio del citado año la entidad allegó al despacho de origen la contestación de
la demanda y anexó a su escrito el trámite otorgado a la solicitud presentada
por el accionante.
En efecto, de las pruebas allegadas al expediente la Sala observa que, el
mismo 2 de junio de 2011, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
INPEC Palo Gordo de Girón remitió al Establecimiento Penitenciario de Mediana
Seguridad y Carcelario Las Heliconia, lugar donde actualmente se encuentra el
recluso, la respuesta dada a la petición presentada.
Se constató que en dicha respuesta la entidad accionada indicó que mediante
memorando No. 1107, envió en original y copia a la Oficina Jurídica del
Establecimiento Las Heliconia de Florencia las siguientes certificaciones:
“-Certificado de cómputos No. 392884 por 1530 horas de estudio de
octubre de 2008 a octubre de 2009.
-Certificado de cómputos No. 393710 por 354 horas de estudio de
noviembre de 2009 a enero de 2010.
-Certificado de cómputos No. 394261 por 240 horas de estudio de
febrero de 2010 a marzo de 2010.
-Certificado de cómputos No. 11462539 por 132 horas de estudio de
abril de 2010 al 5 de mayo de 2010.
-Constancia de buena conducta del 5 de septiembre de 2008 al 4 de mayo
de 2010”
Informó que se solicitó al Asesor Jurídico hacer entrega de la copia
de los referidos documentos y que los originales fuesen insertados en su
cartilla biográfica para trámites que en futuro requiera”.
De lo anterior, se infiere que la Penitenciaria Palo Gordo de Girón no
respetó el término que la ley otorga para la contestación de las peticiones,
toda vez que se demostró que el trámite de la solicitud y la remisión de la
documentación requerida por el interno se realizó, más de un año después, el
mismo día en que la entidad contestó la acción de tutela. De ahí que la Sala
concluye que la demandada incurrió en la vulneración del derecho de petición,
en razón a que se le otorgó al interno una contestación tardía y como
consecuencia de la acción de tutela.
Sin embargo, como es evidente que las certificaciones de estudios y la
constancia de buena conducta solicitadas por el interno Antonio Perilla Ávila
ya fueron remitidas al Establecimiento Penitenciario Las Heliconias de
Florencia, Caquetá, donde actualmente se encuentra recluido, la Corte, luego de
avalar la decisión del Ad quem, procederá simplemente, respecto a este punto, a
advertir a la entidad accionada sobre la importancia de contestar de manera
oportuna y eficaz las peticiones presentadas por los internos para evitar la
vulneración de sus derechos.
Ahora bien, respecto de la solicitud de reemplazo de la prótesis de la
mano izquierda, lo primero que se observa es que el accionante manifiesta que
ingresó a la Penitenciaría Palo Gordo de Girón con una prótesis y que la misma
fue destrozada en una requisa realizada en dicho lugar.
Si bien, no se encuentra en el expediente alguna prueba que demuestre
que, efectivamente, el interno ingresó con tal elemento biomédico y que el
mismo fue destrozado en la penitenciaría durante una requisa, lo cierto es que del
escrito de la tutela se infiere que el señor Antonio Perilla Ávila desde el 26
de octubre de 2010 puso en conocimiento del Director de la penitenciaria Palo
Gordo de Girón su situación y solicitó la reposición de la prótesis de su mano
izquierda, hecho que no fue controvertido durante el trámite de la acción.
Al respecto, la entidad accionada al contestar la solicitud de amparo presentada
por el accionante indicó que por haberse trasladado al señor Antonio Perilla Ávila
a otro centro penitenciario la solicitud debe presentarse ante el Establecimiento
Penitenciario Las Heliconias de Florencia, Caquetá, donde actualmente se
encuentra recluido.
Con fundamento en lo expuesto, es de precisar que como el accionante fue
trasladado a otra penitenciaría debe ser dicho establecimiento el que se
encargue de suministrar el servicio de salud que requiere. Sin embargo, considera
la Sala que resulta una carga desproporcionada que se le exija al señor Antonio
Perilla Ávila, quien está privado de la libertad, que de nuevo  solicite en el
lugar donde se encuentre recluido la reposición de la prótesis, trámite que ha
debido estar surtiéndose con algún nivel de avance.
Bajo ese supuesto, y en consideración a que el Estado tiene frente a los
reclusos el deber objetivo de garantizar el ejercicio de ciertos derechos que
no se encuentran restringidos por encontrarse privados de la libertad, recae
sobre la Penitenciaría Palo Gordo de Girón el deber de garantizar la
información sobre la previa salud del recluso y de las gestiones que para tal
fin hubiere iniciado y, por ende la continuidad del tratamiento.
Así las cosas, concluye la Sala que el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario INPEC, en aras de proteger los derechos fundamentales del señor
Antonio Perilla Ávila, debe informarle a los Directivos del Establecimiento
Penitenciario Las Heliconias de Florencia, el reporte que sobre la solicitud de
reposición de prótesis de la mano izquierda entregue la Penitenciaria Palo
Gordo de Girón y remitir las valoraciones y trámites administrativos que para
el efecto se iniciaron, para que sean las directivas de dicho establecimiento los
encargados de coordinar a través de la EPS-S Caprecom, la prestación del
servicio de salud y determinen lo referente a la prótesis de su mano izquierda
decisión que no debe superar 15 días, así como lo necesario para mejorar su
calidad de vida dentro del centro de reclusión. Lo anterior, en aras de que al
accionante no se le exija reiniciar el procedimiento ya adelantado en el Centro
Carcelario Palo Gordo de Girón.
En caso de que se concluya que es procedente el suministro de la prótesis,
ésta deberá ser proveída y adaptada en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de 15 días, salvo requerimientos médicos que precisen de un tiempo
mayor.
Por los motivos antes expuestos, esta Sala procederá a revocar la Sentencia
proferida por el Tribunal Superior del Distrito de Florencia, Sala Única de
Decisión, el 1° de septiembre de 2011, que resolvió denegar el amparo
solicitado y, en su lugar, ordenará al Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario INPEC que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación de esta providencia, informe a los Directivos del
Establecimiento Penitenciario Las Heliconias de Florencia sobre la solicitud
presentada por el recluso Antonio Perilla Ávila en la Penitenciaria Palo Gordo
de Girón de reposición de prótesis de la mano izquierda y remita las
valoraciones médicas y explique el trámite adelantado para tal efecto al
Establecimiento Penitenciario Las Heliconias de Florencia, Caquetá, donde
actualmente se encuentra recluido, para que sea dicho establecimiento el encargado
de coordinar lo referente a la prestación del servicio de salud en discusión.
A su vez, procederá la Sala a advertir al Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario de Palo Gordo de Girón para que no vuelva a incurrir
en conductas que atenten contra los derechos fundamentales de las personas
privadas de la libertad, como lo es el derecho de petición.
IV.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior
del Distrito de Florencia – Sala Única de Decisión, el 1° de septiembre de
2011, que resolvió denegar el amparo solicitado y, en su lugar, ORDENAR al
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia,
informe a los Directivos del Establecimiento Penitenciario Las Heliconias de
Florencia sobre la solicitud presentada por el recluso Antonio Perilla Ávila en
la Penitenciaria Palo Gordo de Girón de reposición de prótesis de la mano
izquierda y remita las valoraciones médicas y explique el trámite adelantado
para tal efecto al Establecimiento Penitenciario Las Heliconias de Florencia,
Caquetá, donde actualmente se encuentra recluido, para que sea dicho
establecimiento el encargado de coordinar con CAPRECOM EPS-S lo referente a la
prestación del servicio de salud en discusión, el cual no debe superar 15 días.
En caso de que se concluya que es procedente el suministro de la prótesis esta
deberá ser proveída y adaptada en el menor tiempo posible, que no podrá exceder
de 15 días, salvo requerimientos médicos que precisen de un tiempo mayor.
SEGUNDO.- ADVERTIR a la Directivas del Establecimiento
Peniteciario Las Heliconia de Florencia, Caquetá, que debe de abstenerse de
realizar cualquier acto u omisión que dificulte la obtención de la atención
médica del interno Antonio Perilla Ávila. De allí que debe autorizar las
visitas que sean necesarias para que éste sea atendido por la EPS-S, de
conformidad con la normatividad que regule la materia, so pena de incurrir en
una violación de derecho fundamental a la salud.
TERCERO.- ADVERTIR a la EPS-S Caprecom o a la que posteriormente
se encomiende, que deberá prestarle la atención médica requerida por el señor
Antonio Perilla Ávila interno del Establecimiento Penitenciario Las Heliconias
de Florencia, Caquetá, de conformidad con la urgencia de su caso y lo
establecido en la ley y en la Constitución.
CUARTO.-
ADVERTIR a la Penitenciaría Palo Gordo de Girón sobre la importancia de
contestar de manera oportuna y eficaz las peticiones presentadas por los
internos para evitar la vulneración de sus derechos.
QUINTO.- Por
Secretaría líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO
PALACIO
Magistrado
NILSON ELIAS PINILLA
PINILLA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA
DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Sobre el punto del estado de sujeción especial de los reclusos
frente al Estado ver, entre otras, las sentencias T-596 de 1992 (M.P. Ciro
Angarita Barón); C-318 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); T-705 de
1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-706 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes
Muños); T-714 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), y T-966 de 2000 (M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz), T-881 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynnet) y T-126
de 2009 (M.P. Humberto Sierra Porto).
[2] Negrilla
fuera del texto. Precedente citado por la sentencia
T-851 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda).
[3] Se trata de derechos como la vida, la integridad personal o la
libertad de conciencia.
[4]Sobre el derecho fundamental de petición consagrado en
el artículo 23 de la C.P. la Corte ha establecido en las sentencias T – 377 de
2000 y T – 1060A de 2001  el contenido básico de dicho derecho: “(i) El
derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos
constitucionales, como los derechos a la información, a la participación
política y a la libertad de expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho de
petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión; (iii) la
petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y
congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo
razonable, el cual debe ser lo más corto posible; (v)la
respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre
en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a
entidades estatales, y en algunos casos a los particulares; (vii) el silencio
administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía
gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho fundamental de
petición es su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo
es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición;
(viii) el derecho de petición también es aplicable en la
vía gubernativa; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se
plantea, no la exonera del deber de responder, y (x) ante la presentación de
una petición, la entidad pública debe notificar su
respuesta al interesado”.
[5] Sobre el tema de los derechos de los reclusos ver, entre otras, las
sentencias T-424 de 1992, M.P Fabio Morón Díaz; T-522 de 1992 , M.P. Alejandro
Martínez Caballero; T-596 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón; T-273 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-388 de 1993, M.P. Hernando Herrera; T-437 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-420 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-705 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[6] [Cita del
aparte trascrito] véase las sentencias T-714 de 1996 y  T-153 de 1998.
[7] [Cita del
aparte trascrito] Responsabilidad del Estado que se concreta en la obligación
de velar por la seguridad de los reclusos en el perímetro carcelario y en la
obligación  de garantizar condiciones de vida adecuadas a los reclusos, así en la Sentencia T-522 de 1992.
[8] [Cita del aparte
trascrito] La posibilidad de reinserción social depende en buena medida de la
eficacia del derecho de los reclusos a contar con centros carcelarios
adecuados. Este derecho encuentra el fundamento de su validez en el derecho a
la dignidad y en el principio del Estado social de derecho, así en sentencia
T-153 de 1998.
[9]
Jurisprudencia reiterada en la Sentencia T-126 de 2009 (M.P. Humberto Sierra Porto).
[10] Se ha
tratado el tema en las Sentencias T-705 de 1996, T-305 de 1997, T-435 de 1997,
T- 490 de 1998, T-265 de 1999, T-1030 de 2003, T-1074 de 2004, T-439 de 2006,
T-048 de 2007 y T-537 de 2007.
[11] M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[12] M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra.
[13]
Ver Sentencia T-1074 de 2004.
[14] Sentencia T-714
de 1996 reiterada, entre otras, en las sentencias T-1168 de 2003 y T- 133 de
2006.
[15]
Sentencia de 30 de marzo de 2000, Radicado: 13543 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
[16] Ibídem.
[17] Código Penitenciario y Carcelario. La
remisión al ordenamiento penitenciario se efectúa por disposición del artículo
459 del Código de Procedimiento Penal el cual señala que “la ejecución de la
sanción penal impuesta mediante sentencia ejecutoriada, corresponde a las
autoridades penitenciarias bajo la supervisión y control del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en coordinación con el juez
de ejecución de penas y medidas de seguridad. En todo lo relacionado con la
ejecución de la pena, el Ministerio público podrá intervenir e interponer los
recursos que sean necesarios” (Resalta la Sala). El Código Penitenciario y Carcelario al igual que el Código Penal se regenta por el respeto a la dignidad
humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos  (Artículo 5)
a fin de alcanzar la resocialización del infractor.
[18] En la
sentencia T-085 de 2003, mediante la cual la Corte tuteló el derecho a la salud de un accionante que estaba sujeto a prisión domiciliaria y que, a pesar de que
padecía de cálculos renales, no había sido atendido por el INPEC, se estableció
que este artículo no debía interpretarse de manera restrictiva. Así, aunque se
tratara de un ciudadano que estaba purgando la pena en su domicilio, en virtud
del beneficio de la prisión domiciliaria, si éste estaba en imposibilidad de
procurarse en forma autónoma el tratamiento y los medicamentos que requería,
correspondía al INPEC prestarle el servicio médico. Es decir que el artículo
106 de la Ley 65 de 1993 debía ser interpretado “en el sentido de que todo
penado debe recibir asistencia médica en la forma y condiciones previstas por la Constitución, la ley y el reglamento”.
[19] Esta norma
fue expedida para cumplir lo dispuesto en las sentencias T-606 y T-607 de 1998,
mediante las cuales se decretó el estado de cosas inconstitucional en cuanto a
la salud, la asistencia médica y el suministro de medicamentos a la población
reclusa del país y en la cual se ordenó “al Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario "INPEC" que, en coordinación con los ministerios de
Hacienda, Salud y de Justicia y del Derecho y con el Departamento Nacional de
Planeación, inicie, a más tardar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta Sentencia, los trámites administrativos,
presupuestales y de contratación que sean indispensables para constituir o
convenir un sistema de seguridad social en salud, bajo la modalidad subsidiada,
que deberá estar operando plenamente en un término que no podrá exceder del 31
de marzo de 1999 y que cobije a la totalidad de los centros de reclusión del
país, para detenidos y condenados”.
[20] Artículo 1°
del Decreto Reglamentario 1141 de 2009.