T-249-18
Sentencia T-249/18
NULIDAD DE
PROCESOS ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Sólo podrá ser alegada antes de proferido el
fallo y por violación al debido proceso
La Sala pone de presente que el artículo 49 del
Decreto 2067 de 1991 establece que la nulidad de los procesos que se surtan
ante esta Corporación solo podrá alegarse antes de proferido el fallo y deberá
sustentarse en irregularidades que comporten la violación del debido proceso.
NOTIFICACION DE ACCION DE
TUTELA-Jurisprudencia
constitucional
NOTIFICACION DE ACCION DE
TUTELA-Debe
realizarse por la forma más expedita y eficaz
NOTIFICACION Y
ACTO DE NOTIFICACION-Elemento estructural del debido proceso
NULIDAD DE TODO LO ACTUADO EN PROCESO DE TUTELA-Negar
por
cuanto no existió vulneración del debido proceso
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia
excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
CARACTERIZACION DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO COMO CAUSAL DE
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración
de jurisprudencia
CARACTERIZACION DEL DEFECTO
PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO-Reiteración de jurisprudencia
CARACTERIZACION DEL DEFECTO
FACTICO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES
DEFECTO FACTICO-Dimensión
negativa y positiva
VIOLACION DIRECTA DE LA
CONSTITUCION COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES
COSA JUZGADA-Elementos para su existencia
COSA JUZGADA-Definición
Esta
Corporación en la sentencia C-774 de 2001 definió la cosa juzgada como
una “institución
jurídica procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una
sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables,
vinculantes y definitivas”.
COSA JUZGADA-Funciones
negativa y positiva
La
jurisprudencia constitucional ha atribuido dos de tipos de caracteres a la
institución de la cosa juzgada, por un lado, el negativo, el cual consiste en
prohibir a los funcionarios judiciales proceder  nuevamente sobre lo ya
resuelto y, por el otro, el positivo, ligado estrictamente con la seguridad
inherente a las relaciones jurídicas.
COSA JUZGADA EN PROCESOS DE FILIACION-Reiteración de jurisprudencia
PROCESO DE INVESTIGACION
DE PATERNIDAD Y LA IMPORTANCIA DE LA PRUEBA GENETICA EN LOS PROCESOS DE
FILIACION-Marco normativo
PROCESO DE
INVESTIGACION DE PATERNIDAD Y LA IMPORTANCIA DE LA PRUEBA GENETICA EN LOS
PROCESOS DE FILIACION-Jurisprudencia constitucional
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN PROCESO DE FILIACION EXTRAMATRIMONIAL-Vulneración por
autoridad judicial, pues a pesar del mandato legal previsto en la Ley 721 de
2001 de practicar y valorar la prueba científica de ADN, decidió apegarse a la
ritualidad procesal y declarar la excepción de la cosa juzgada
Referencia:
Expediente T- 6490835
Acción
de tutela interpuesta por Juan David y José Luis Serna Arbeláez contra el
Juzgado Décimo de Familia de Bogotá
Magistrado
Ponente:
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil dieciocho
(2018)
La Sala Octava de Revisión de tutelas de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Alberto Rojas Ríos, Carlos Bernal
Pulido y José Fernando Reyes Cuartas, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, profiere la presente
SENTENCIA
Dentro del trámite de revisión de los fallos
dictados por el Tribunal del Distrito Superior de Bogotá Sala Civil del 20 de
enero de 2017 y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del 24
de julio de 2017, en el trámite de la acción de tutela interpuesta por Juan
David y José Luis Serna Arbeláez contra el Juzgado Décimo de Familia de Bogotá.
El proceso de la
referencia fue escogido por la Sala de Selección de Tutelas Número Doce[1], mediante auto del 15 de
diciembre de 2017. Como criterios de selección se indicaron la exigencia de aclarar el
contenido y alcance de un derecho fundamental y asunto novedoso (criterios
objetivos), como también tutela contra providencias judiciales en los términos de la
jurisprudencia constitucional (criterio complementario).
I. ANTECEDENTES
El 15 de diciembre de 2016 el señor José Luis Serna
Arbeláez, actuando en nombre propio y como guardador sustituto de su hermano
Juan David, promovió acción de tutela mediante apoderado, contra el Juzgado
Décimo de Familia de Bogotá, al considerar que la autoridad judicial vulneró
sus derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia y al libre desarrollo de la personalidad con
ocasión de la decisión proferida el 21 de mayo de 2003, en el marco del proceso
de filiación extramatrimonial.
Hechos
1. Manifiesta el accionante que tanto él
como su hermano nacieron el 22 de agosto de 1985 y fueron concebidos como
resultado de las presuntas relaciones sexuales y afectivas sostenidas entre
Martha Serna Arbeláez y Nicolás Pájaro Peñaranda.
2. Señala que a su hermano Juan David, al nacer, le
fueron ocasionadas graves lesiones en su cerebro, al parecer por procedimientos
médicos mal practicados, siendo por ello declarado como incapaz absoluto
mediante sentencia del 13 de junio de 2016 por el Juzgado Quinto de Familia de
Bogotá[2].
3. Agrega que su progenitora tramitó dos demandas (una
de filiación natural y otra de filiación extramatrimonial) en su nombre a fin
de obtener, a través de sentencia judicial, la declaración de paternidad del presunto
padre, así:
(i) La primera que cursó ante el Juzgado Primero Civil
de Menores de Bogotá (Radicado núm. 4.397), en vigencia de las Leyes 45 de 1936[3]
y 75 de 1968[4], donde a
pesar de haberse practicado como prueba exámenes de sangre que arrojaron un nivel
de compatibilidad sanguínea entre los hermanos y el presunto progenitor, se
profirió sentencia desfavorable a las pretensiones el 26 de julio de 1988, la
cual no fue impugnada por el apoderado[5].
(ii)
La segunda, que cursó ante el Juzgado Décimo
de Familia de Bogotá (Radicado núm. 1206/02), en vigencia de la Ley 721 de 2001[6],
que introdujo una nueva  posibilidad de probar con certeza del 99% (mediante
examen de ADN) vínculos de consanguinidad entre padres e hijos. La demanda fue
admitida mediante auto de 3 de febrero de 2003, donde se ordenó la práctica de
la prueba genética de ADN, según las previsiones consignadas en el artículo 8°
de dicha ley. Sin embargo, en auto del 21 de mayo del mismo año, el Juzgado
accionado decidió declarar probada la excepción de cosa juzgada que
fuera invocada por la parte demandada, dando por concluido el proceso bajo el
argumento de que los hechos debatidos ya habían sido estudiados por el Juzgado
Primero Civil de Menores de Bogotá. Contra esta decisión fueron interpuestos
extemporáneamente y, por ende, rechazados, los recursos de reposición y en
subsidio de apelación, por quien actuó en ese entonces como apoderada.
4. Indica que para la fecha de las demandas eran
menores de edad y que los abogados actuaron negligentemente al no impugnar las
decisiones, viendo afectados sus derechos fundamentales. Agrega que en la
actualidad continúan ignorando su origen paterno, puesto que por motivos que
les son ajenos se les cercenó la posibilidad de saber con certeza si el señor
Nicolás Pájaro Peñaranda, es su padre.[7]
5. Asegura que en el segundo proceso cursado ante
el Juzgado Décimo de Familia de Bogotá, la autoridad judicial incurrió en
exceso  ritual manifiesto, pues obvió que las formalidades procesales no podían
ni debían anteponerse a la protección real y efectiva de sus derechos fundamentales,
ya que la prueba de ADN había sido decretada y tenía que practicarse[8].
6. Considera que la demanda cumple con los
requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias
judiciales, así:
(i) La cuestión tiene relevancia constitucional toda
vez que “somos dos personas adultas –una de ellas con discapacidad mental
absoluta- que por motivos no imputables a nosotros nos vimos enfrascados en
situaciones a todas luces irregulares, las cuales, por determinadas
circunstancias ajenas a nuestras posibilidades, terminaron por afectar
gravemente nuestros derechos fundamentales; de no tomarse los correctivos
pertinentes puede que la vulneración de éstos continúe”.
(ii) Se desplegaron todos los mecanismos judiciales
procedentes y que “si bien es cierto los recursos de reposición y en
subsidio apelación contra el Auto del 21 de mayo de 2003 se presentaron
extemporáneos y en consecuencia fueron rechazados y/o declarados desiertos,
también lo es que para ese momento los suscritos accionistas (sic) éramos
menores de edad, no conocíamos las actuaciones que se surtían dentro del
proceso y hasta que mi hermano fue declarado interdicto jamás tuvimos la
oportunidad de subsanar las irregularidades presentadas desplegando, por
ejemplo, el ejercicio de defensa material”. Esto como consecuencia de la
ausencia de defensa técnica de la cual fueron afectados por la negligencia de
la apoderada que representó sus intereses.
(iii) Sobre la interposición de la tutela en un
término razonable señaló que a pesar del lapso transcurrido desde cuando se
produjo la afectación hasta el momento de la presentación de la misma, la ausencia
de defensa técnica por parte de la abogada que en su momento los representó, hace
procedente la inaplicación del requisito de inmediatez, ya que la amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales de su familia se ha mantenido en el
tiempo.
(iv) La irregularidad en la decisión controvertida
tuvo un efecto determinante en la afectación de los derechos fundamentales
alegados, puesto que “el operador judicial accionado se limitó a declarar
probada la excepción de cosa juzgada, obviando que la prueba de ADN ya había
sido por él mismo decretada”. Así, “de no ser subsanados los efectos
nocivos que a la fecha produce el auto proferido desde el 21 de mayo de 2003
por el Juzgado accionado, posiblemente se prolongará la palmaria y evidente
afectación que sobre la esfera de derechos fundamentales de los accionantes se
viene produciendo”.
(v) Finalmente, frente a la identificación de los
hechos y los derechos fundamentales en controversia, dice que estos fueron
detalladamente enunciados y enlistados en la demanda, relacionados con la
decisión judicial errada que no pudo ser controvertida en su momento por la
ausencia de defensa técnica en el marco del proceso de filiación
extramatrimonial.
7. Por tanto, solicita se ordene revocar el auto
del 21 de mayo de 2003 proferido dentro del proceso de investigación de la
paternidad por el Juzgado Décimo de Familia de Bogotá y, en su lugar, se ordene
a la autoridad judicial accionada que disponga la práctica de la prueba
genética de ADN en los términos en que fue decretada mediante auto del 3 de
febrero de 2003 y se notifique su práctica al ICBF[9].
Trámite procesal de instancia
8. Mediante proveído del 19 de diciembre de 2016[10]
la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá admitió la acción
constitucional, ordenó notificar a todos los intervinientes en el proceso
ordinario, así como al Defensor de Familia y al agente del Ministerio Público
adscrito a esa corporación[11].
Asimismo, dispuso solicitar copia al Juzgado Décimo de Familia de Bogotá para
que allegara a dicha Corporación el proceso de filiación extramatrimonial
llevado a cabo por esta autoridad judicial.
Inicialmente, mediante fallo del 20 de enero de 2017
se negó el amparo[12], siendo
impugnado por el accionante.
9.  La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia, en decisión del 24 de marzo de 2017, decretó la nulidad de lo
actuado con posterioridad al auto admisorio, toda vez que no se había
vinculado al señor Nicolás Pájaro Peñaranda, demandado en el proceso de filiación
extramatrimonial, quien podría tener interés directo en las resultas del
proceso.
10. Subsanada la nulidad decretada, la Sala de
Familia del Tribunal Superior de Bogotá, mediante auto del 4 de abril de 2017,
dispuso vincular al señor Nicolás Cipriano Pájaro Peñaranda y ordenó su
notificación en la dirección carrera 32 Nº 32-70 de Bogotá, la cual aparece
registrada en el proceso ordinario, así como mediante aviso publicado en la
Secretaría General de la Sala Civil del Tribunal y la página web de la Rama
Judicial. Adicionalmente, con el fin de verificar la existencia de otras
direcciones o datos que permitieran establecer la ubicación del señor Pájaro
Peñaranda, el Tribunal solicitó nuevamente al Juzgado Décimo de Familia de
Bogotá, el préstamo del expediente del proceso de investigación de paternidad.
Finalmente dispuso la averiguación de los datos de ubicación de esta persona a
través de los apoderados que lo representaron en las diligencias judiciales
referenciadas. Tramites que no surtieron efecto positivo en tanto que no se
allegó información relevante.
Respuesta del accionado y de los vinculados
11. Respuesta del Juzgado Décimo de Familia de
Bogotá. Respecto de los hechos y pretensiones de la demanda la autoridad
judicial accionada guardó silencio, limitándose a remitir copia del expediente
del proceso de investigación de la paternidad solicitado por el Tribunal.
12. Respuesta de las entidades y personas
vinculadas. El Defensor de Familia y el Agente del Ministerio Público
adscritos al Juzgado Décimo de Familia de Bogotá, como el señor Nicolás
Cipriano Pájaro Peñaranda, Martha Serna Arbeláez, Ligia Arango García, Nancy
Ortiz de Arango, Joaquín Granados Reguilo, Darío Vega González, Marleny Trujillo,
David Matiz Pinilla y Gerardo Velásquez Garzón, quienes participaron en el
proceso de filiación extramatrimonial (Rad. 1206/02), guardaron silencio al
traslado de la acción de tutela.
Decisiones objeto de revisión
13. Primera instancia[13].
Mediante sentencia del 20 de enero de 2017, la Sala de Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, declaró improcedente la acción de
tutela interpuesta por Juan David y José Luis Serna Arbeláez contra el Juzgado
Décimo de Familia de Bogotá.
Estimó que aun cuando el accionante haya alegado la
inaplicabilidad del requisito de inmediatez por cuanto el auto cuestionado
constituye una supuesta vía de hecho que “quedó consolidada por ausencia
absoluta de defensa técnica”, lo cierto es que la falta de este requisito
de procedibilidad resultaba relevante dado que la aludida providencia fue
proferida hace más de diez años, tiempo que según la jurisprudencia no resulta
razonable para controvertir su legalidad mediante la acción de tutela.
14. Adicionalmente, precisó que, si bien no
desconoce que uno de los accionantes es sujeto de especial protección
constitucional teniendo en cuenta su condición de discapacidad, esto no
justificaba que se haya omitido recurrir al mecanismo constitucional
oportunamente, ya que este pudo haber sido adelantado por su progenitora o, inclusive,
por quien ahora lo representa.
15. Impugnación[14].
El apoderado del accionante consideró que el juez  constitucional no expuso
las razones que llevaron a concluir que la acción no fue presentada dentro de
un término razonable, pese a que la jurisprudencia de la Corte Constitucional
ha reiterado que “la actividad de los jueces de tutela no puede limitarse a
realizar un examen formal de los asuntos que le sean puestos en su
consideración, sino que su deber “requiere un pronunciamiento material” a
efecto de hacer efectiva la prevalencia del derecho sustancial, por lo que, al
momento de fallar “debería reconstruir las circunstancias de tiempo, modo y
lugar que rodean tanto la solicitud como la queja del accionante; empero,
decidió otorgar mayor prevalencia a un requisito forma la inmediatez”[15].
16. Segunda instancia[16].
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante
sentencia del 24 de julio de 2017, confirmó el fallo de primera instancia al
encontrar que la situación aludida por el actor y el material probatorio
allegado, evidenciaban que no se cumplían los requisitos desarrollados
jurisprudencialmente para que el juez hubiese estudiado de fondo el presente
asunto.
Estimó que al existir otros mecanismos de defensa
judicial que resultaban idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debía recurrir a ellos y
no a la tutela.
17. Consideró además que el juez de primer nivel acertó
al evidenciar que la acción de amparo es improcedente para proteger los
derechos fundamentales invocados por el actor, en tanto este cuenta con otro
mecanismo de defensa judicial para que se practique la prueba requerida ante la
jurisdicción civil ordinaria.
18. Respecto del cumplimiento del requisito de
inmediatez, estimó que este principio no fue atendido por la parte accionante
en tanto se evidenció que transcurrió un término amplio de tiempo desde la
ocurrencia de los hechos y el momento de presentación de la acción de tutela. Agregó,
en cuanto a la negligencia de los apoderados en los procesos de filiación, que dicho
argumento no resulta concluyente al momento de estructurar la vulneración de los
derechos fundamentales invocados.
Pruebas obrantes en el expediente
19. Entre las pruebas aportadas en el trámite de la
acción de tutela, la Sala destaca las siguientes:
i) Sentencia proferida el 26 de julio de 1988 por
el Juzgado Primero Civil de Menores dentro del juicio de Investigación de
paternidad extramatrimonial adelantado por Martha Serna Arbeláez en
representación de los entonces menores de edad Juan David y José Luis Serna
Arbeláez contra Nicolás Pájaro Peñaranda, que resolvió negarles la declaración
judicial de paternidad extramatrimonial[17].
ii)  Copia de la demanda de filiación
extramatrimonial presentada por la señora Martha Serna Arbeláez, actuando en
representación de sus hijos Juan David y José Luis Serna Arbeláez (menores de
edad para entonces), en contra de Nicolás Pájaro Peñaranda.
iii) Copia del auto admisorio proferido el 3 de
febrero de 2003 por el Juzgado Décimo de Familia de Bogotá, que decretó la
práctica de la prueba genética de  ADN a las partes y a los menores (Ley 721 de
2001 artículo 8.° ), y ofició al laboratorio de genética del ICBF[18].
iv) Copia del escrito de contestación a la demanda
y formulación de las excepciones denominadas falta de legitimación en la causa
por pasiva y cosa juzgada[19].
v) Copia de la providencia del 21 de mayo de 2003 que
resolvió declarar probada la excepción de cosa juzgada propuesta por el
demandado y dar por terminado el asunto[20].
vi)  Copia del memorial presentado el 29 de mayo de
2003, por la apoderada de los demandantes, en el cual manifestó que interpone recurso
de reposición y en subsidio de apelación contra el auto de fecha 21 de mayo de
2003 y el proveído del 10 de junio siguiente que deniega el trámite de tales
medios por extemporáneos[21].
vii) Copia de la demanda de jurisdicción voluntaria
adelantada por la señora Martha Serna Arbeláez a fin de que se decrete la
discapacidad mental absoluta de Juan David Serna Arbeláez. Asimismo, copia del
auto admisorio proferido el 24 de agosto de 2015 por el Juzgado Quinto de
Familia en Oralidad de Bogotá, en el que además se decretó la discapacidad
mental absoluta provisional de Juan David Serna Arbeláez y se designó a Martha
Serna Arbeláez como curadora provisoria[22].
viii) Copia del acta de la audiencia prevista en el
artículo 579 numeral 2° del Código General del Proceso, efectuada el 13 de
junio de 2016, en la que el  Juzgado Quinto de familia resolvió declarar en
interdicción por discapacidad mental absoluta al señor Juan David Serna Arbeláez
y se designó a la señora Martha Serna Arbeláez como su guardadora y al señor José
Luis Serna Arbeláez como guardador suplente[23].
Trámite en Sede de Revisión
20. Luego de advertirse que la copia de la acción
de tutela remitida al señor Nicolás Cipriano Pájaro Peñaranda por parte del
juez de primera instancia fue devuelta por los Servicios Postales Nacionales
S.A. (4-72) con la anotación “No reside”[24]
y que la notificación de la tutela por aviso en la Secretaría de la Sala
Civil-Familia del Tribunal Superior de Bogotá y en la página web de la Rama
Judicial[25]
no podrían haber asegurado el conocimiento fehacientemente de la existencia de
la acción de tutela, el Magistrado Sustanciador, mediante auto del 10 de abril
de 2018, con el fin de garantizar el derecho de contradicción y defensa del
señor Pájaro Peñaranda, dispuso ponerlo en conocimiento de
la acción de tutela a la cual fue vinculado. Con este propósito se le otorgó el
término de dos (2) días hábiles siguientes a la comunicación del auto para que diera
respuesta a la demanda y presentara las pruebas que
pretendiera hacer valer. Para el efecto se le remitió copia
del escrito de tutela, de sus anexos y de las sentencias de primera y segunda
instancia a su dirección actual de residencia y al correo electrónico[26].
21. En relación con el anterior proveído, dentro
del término otorgado, el señor Nicolás Pájaro Peñaranda, a través de apoderada,
presentó escrito “con el fin de solicitar nulidad de todo lo actuado por
indebida notificación en el proceso de tutela y, en subsidio, para presentar
contestación a la demanda de tutela”[27].
22. Respecto de la solicitud de nulidad invocó como
causal la consagrada en el numeral 8º del artículo 133 del Código General del
Proceso, referente a la ausencia de notificación del auto admisorio de la
demanda a personas determinadas o que deban ser citadas como partes. Sobre el
particular señaló:
“En efecto, consta en el auto del 10 de abril de 2018, proferido por
el Magistrado sustanciador dentro de la tutela de la referencia, que al doctor
Nicolás Cipriano Pájaro Peñaranda le fue enviada copia de la acción de tutela a
la carrera 32 Nº 32-70, la cual fue devuelta por la empresa de correos 4-72,
con la anotación “no reside”. Consta de igual manera que se le notificó
mediante aviso publicado en la Secretaría General de la Sala Civil del Tribunal
y en la página web de la Rama Judicial, uno y otro por un solo día.
Es evidente, entonces, que mi poderdante no se enteró de la acción
de tutela y que, en consecuencia, no pudo ejercer el derecho de contradicción”.
Alegó que de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional, cuando se propone la nulidad en sede de revisión
la Corte no tiene otra opción que “anular todo lo actuado y devolver el
expediente al juez de tutela de primera instancia para que rehaga la actuación
y garantice la oportunidad a la parte afectada con la nulidad de ejercer la
plenitud de sus derechos procesales”. En ese orden, solicitó:
“Primero. Decretar la nulidad de todo lo actuado, a partir del fallo
de 24 de abril de 2017 proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior
de Bogotá, que resolvió el presente asunto en primera instancia, debido a que
la demanda de amparo no le fue notificada en debida forma a mi mandante.
(…)
Segundo. Como consecuencia de lo anterior, disponer la remisión del
expediente a la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, para que
vuelva a conocer del presente proceso en la primera instancia y se le permita
al doctor Pájaro Peñaranda la posibilidad de intervenir en él, presentar y
solicitar las pruebas del caso, y exponer la totalidad de los argumentos que deben
ser tenidos en cuenta en los fallos de instancia de la presente acción
constitucional”.
23. De forma subsidiaria dio
respuesta a cada uno de los hechos de la demanda y solicitó sea confirmada la
sentencia del 24 de julio de 2017, proferida por la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a los siguientes argumentos.
En primer lugar, indicó que la
demanda de tutela carece del presupuesto de inmediatez, puesto que se interpuso
contra lo resuelto en una providencia que fue proferida el día 21 de mayo de
2003, es decir, luego de transcurridos más de 13 años. Asimismo, destacó que
los accionantes pretenden revivir un debate que había sido decidido ante otra
autoridad judicial el 26 de julio de 1988, esto es, luego de 28 años. En su
concepto, no existe motivo válido para la inactividad de los actores durante
tanto tiempo, si se tiene en cuenta que siempre han podido ser representados
por su madre cuando eran menores y actualmente, en el caso de Juan David,
declarado interdicto.
En segundo lugar, estimó que la
acción de tutela es improcedente por el desconocimiento del principio de
subsidiariedad, toda vez que contra el auto del 21 de mayo de 2003 procedían
los recursos de reposición y en subsidio de apelación, de conformidad con el artículo
351 del Código de Procedimiento Civil, el cual era aplicable en ese entonces.
Igualmente, precisó que respecto a la sentencia proferida el 26 de julio de
1988 procedía el recurso extraordinario de revisión. Agregó que los actores no
buscan evitar un perjuicio irremediable, pues así no lo manifestaron el escrito
de tutela.
En tercer lugar, adujo que la
tutela es improcedente por cuanto los apoderados de los accionantes en los
procesos ordinarios fueron negligentes al dejar vencer las oportunidades que el
ordenamiento les brindaba para controvertir las decisiones de los jueces, sin
que la acción constitucional sirva para remediar tal circunstancia.
En cuarto lugar, alegó que la
providencia cuestionada es razonable y no incurrió en alguna “vía de hecho”,
pues fue debidamente sustentada de conformidad con la ley (arts. 401 y 402 del
C.P.C.) y la jurisprudencia respecto de la fuerza de la cosa juzgada y la
seguridad jurídica. Asimismo, consideró que debía descartarse algún defecto
procedimental dada la incuria de quien gestionaba los intereses de los actores.
Por último, expresó que en el
presente asunto “no existió vulneración ni amenaza alguna a los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al
estado civil, personalidad jurídica, libre desarrollo de la personalidad, ni a
la dignidad humana, invocados por los actores en el escrito de tutela”. Esto
por cuanto (i) el juez de familia se circunscribió a los mandatos de la
legalidad (arts. 97 y 98 del C.P.C.), garantizando los efectos de los fallos
que resuelven pretensiones sobre paternidad (arts. 401 y 402 ejusdem);
(ii) los accionantes acudieron a la administración de justicia y promovieron
los respectivos procesos; (iii) existe una decisión de fondo con fuerza de cosa
juzgada sobre una pretensión de paternidad que no interfiere “en manera
alguna con la libre realización de los actores o el desarrollo de sus
potencialidades”, ni causa “humillación alguna en la integridad física o
moral de los tutelantes”.
24. Respecto de la solicitud de nulidad
anteriormente reseñada, la Sala, mediante auto del 23 de abril de 2018[28],
resolvió “poner a disposición de las partes y vinculados al proceso el
escrito y los anexos allegados el 19 de abril de 2018 por la apoderada del
señor Nicolás Pájaro Peñaranda, por un término de dos (2) días en la Secretaría
General, para que ejerzan sus derechos de defensa y contradicción, y realicen
los pronunciamientos a lugar”. En consecuencia, decretó la suspensión de
términos en el presente trámite por el lapso de 20 días hábiles.
25. Sobre lo anterior, la Secretaría General de
esta corporación, mediante informe del 09 de mayo de 2018[29],
indicó que el apoderado de los accionantes, la Juez Décimo de Familia de Bogotá
y la señora Martha Serna Arbeláez, allegaron en oportunidad sendos escritos[30].
26. El apoderado de los señores Juan David y José
Luis Serna Arbeláez, oponiéndose a la solicitud de nulidad, señaló que “el
hecho de no haberse notificado a Pájaro Peñaranda jamás tuvo virtualidad para
generar una afectación trascendental en sus derechos; mucho menos en las
decisiones adoptadas”, toda vez que ninguna de las decisiones que fueron
proferidas por los jueces de instancia les fue contraria a sus intereses, ya
que la tutela fue declarada improcedente. Igualmente, estimó que cuando la
apoderada del señor Pájaro Peñaranda de forma subsidiaria contestó la demanda,
subsanó la supuesta irregularidad.
Del mismo modo, destacó que en estricto orden
procesal, es el Juzgado Décimo de Familia de Bogotá la autoridad accionada y “única
a quien en realidad le correspondía contestar la demanda. A Pájaro Peñaranda,
en su condición de tercero con interés legítimo, no le era dable contestar la
demanda –que así lo hizo- como si fuera él el directo accionado, sino presentar
sus argumentos como coadyuvante”. Igualmente, recordó que el presente
asunto “a la fecha lleva más de un año y medio sin que se le haya dado
solución, en perjuicio directo de uno de los accionantes que, se recuerda, fue
declarado incapaz absoluto hace poco tiempo u se encuentra en estado de
debilidad manifiesta por su delicado estado de salud”.
27. Por su parte, la Juez Décima de Familia de
Bogotá indicó que “en el proceso que se adelantó en este Despacho Judicial
de Martha Serna Arbeláez contra Nicolás Pájaro Peñaranda radicado bajo el
número 2002-01206, se encuentra archivado y que conforme a las decisiones del
siglo XXI este culminó”. En ese orden, señaló que “este Despacho estará
presto a la decisión que se adopte por esa magistratura”.
28. Finalmente, la señora Martha Serna Arbeláez se
opuso a la petición de nulidad, relatando las circunstancias de modo, tiempo y
lugar en que conoció e interactuó con el señor Pájaro Peñaranda, antes y
después del nacimiento de sus hijos.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
1. La Sala Octava de Revisión de
Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo de las facultades conferidas
en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución, es competente para
revisar los fallos de tutela adoptados en el proceso de la referencia. Además,
procede la revisión en virtud de la selección realizada por la Sala
correspondiente y del reparto verificado en la forma establecida por el
reglamento de la Corporación.
Cuestión preliminar: solicitud
de nulidad
2. Solicitud de nulidad del
señor Nicolás Pájaro Peñaranda. Luego de que la Corte pusiera en
conocimiento la acción de tutela al señor Nicolás Pájaro Peñaranda, la
apoderada de éste solicitó se declarara la nulidad de todo lo
actuado, a partir del fallo de primera instancia del 24 de abril de 2017
proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, “debido a
que la demanda de amparo no le fue notificada en debida forma a mi mandante”,
alegando la causal prevista en el numeral 8º del artículo 133 del Código General
del Proceso[31].
3. Sobre el particular la Sala pone de presente que
el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 establece que la nulidad de los
procesos que se surtan ante esta Corporación solo podrá alegarse antes de
proferido el fallo y deberá sustentarse en irregularidades que comporten la
violación del debido proceso.
De conformidad con el artículo 16 del Decreto 2591 de
1991, “las
providencias que se dicten se notificarán a las partes o intervinientes, por el
medio que el juez considere más expedito y eficaz”. En
el mismo sentido, el artículo 2.2.3.1.1.4. del Decreto 1069 de
2015[32] establece que “todas las providencias que se dicten en el
trámite de una acción de tutela se deberán notificar a las partes o a los
intervinientes (...) El juez velará porque de acuerdo con las circunstancias,
el medio y la oportunidad de la notificación aseguren la eficacia de la misma y
la posibilidad de ejercer el derecho de defensa”.
La jurisprudencia constitucional[33] ha señalado en repetidas ocasiones
que la notificación es importante e indispensable al momento de dar curso el
mecanismo ius fundamental, tanto que ha dispuesto que esta debe ser
efectiva y expedita[34], además de considerar que “debe surtirse en debida forma y de manera eficaz, es decir, con
independencia de la forma adoptada, materialmente debe garantizarse que el acto
se haga público, sea puesto en conocimiento del interesado, con el fin de que
no se viole el debido proceso”[35].
En efecto, es la
garantía del conocimiento integral de las partes de los procesos que cursen en
la jurisdicción constitucional la que consolida la protección del derecho
fundamental al debido proceso de los intervinientes, motivo por el cual debe
agotar el juez todas las posibilidades al momento de advertir de la existencia
del recurso amparo a los accionantes, accionados y demás interesados en el
trámite.
Así, “la eficacia de la
notificación, en estricto sentido, solo puede predicarse cuando el interesado
conoce fehacientemente el contenido de la providencia”[36]. Por tanto, la
mera disposición de los jueces de informar a los intervinientes del trámite de
la acción constitucional debe complementarse con todas las medidas necesarias
que garanticen, en la medida de lo posible, el conocimiento efectivo de las
actuaciones en sede de tutela a quienes sean partes en el proceso, conforme a
los mecanismos establecidos por la ley para tal fin[37].
4. Sobre el particular, la Sala Plena de
esta Corporación, en el Auto 549 de 2016, ha señalado:
“13. Que con apoyo en las
normas de procedimiento general aplicables al trámite de tutela, así como en
los artículos 2.2.3.1.1.3. y 2.2.3.1.1.4. del Decreto 1069 de 2015, en aquellos
aspectos que el Decreto 2591 y el Decreto 2067 de 1991 no regulan, la Corte ha
señalado cuando se omite notificar la iniciación del procedimiento originado en
una solicitud de protección tutelar a una parte o tercero con interés legítimo,
se genera una irregularidad que transgrede el debido proceso y que abre paso,
consecuencialmente, a que sea decretada la nulidad de lo actuado, en todo o en
parte, y a que se retrotraigan las actuaciones, dado que solamente así “(i) se
les permite a dichas personas el conocimiento de la demanda instaurada y el
ejercicio de los derechos al debido proceso y a la defensa; y (ii) se garantiza
una decisión que resuelva definitivamente la presunta vulneración de los
derechos fundamentales invocados por el accionante”[38].
14. Que pese a los
planteamientos aducidos en precedencia, la Corte, teniendo en cuenta que, por
regla general, en los procesos que involucran peticiones de amparo
constitucional se debate la vulneración de derechos y garantías
iusfundamentales, atendiendo a los principios de celeridad y economía procesal,
ha adoptado dos tipos de decisiones con el fin de subsanar la nulidad que
deriva de una indebida conformación del contradictorio, tomando en
consideración las circunstancias constitucionalmente relevantes presentes en
cada caso, así como la necesidad de evitar que se dilate el trámite de la
acción de tutela[39].
15.
Que, de acuerdo con lo anotado, cuando advierte la existencia de una indebida
conformación del contradictorio, la Corte ha procedido, por una parte, (i) a
declarar la nulidad de todo lo actuado desde el momento en que se presentó la
causal, ordenándose la devolución del expediente al despacho judicial de
primera instancia para que, una vez subsanado el yerro procesal, se surta de
nuevo las actuaciones pertinentes; y por otra, en cambio, (ii) ha integrado
directamente el contradictorio, en sede de revisión, con la parte o con el
tercero que tenga interés legítimo en el asunto[40].
16.
Que el segundo de los escenarios indicados ha sido usualmente empleado por
la Corte en circunstancias excepcionales que responden a la necesidad o
exigencia de evitar la dilación del trámite tutelar, como por ejemplo, cuando
la situación de hecho planteada en la acción así lo permita o cuando se
encuentren en juego derechos fundamentales tales como la vida, la salud o la
integridad física o se vean envueltas personas susceptibles de especial
protección constitucional o en estado de debilidad manifiesta[41].
17.
Que, en todo caso, para efectos de dar aplicación a una de las dos opciones
antes referidas, es el juez constitucional el que debe ponderar los derechos en
tensión y definir si existen aún oportunidades procesales razonables para
materializar el derecho de defensa o, si por el contrario, aquellas resultan
insuficientes[42]”[43]
(destaca la Sala).
5. En esta oportunidad, la Corte no accederá a la
solicitud de nulidad planteada por la apoderada del señor Pájaro Peñaranda, por
las siguientes razones:
En primer lugar, en el auto del 10 de abril de
2018, el Magistrado sustanciador resolvió poner en conocimiento de la acción de
tutela al señor Nicolás Pájaro Peñaranda, pues advirtió que los actos de
notificación personal y por aviso de la acción de tutela en sede de instancia
no fueron eficaces, toda vez que los medios empleados para ello no permitían
asegurar que el vinculado haya conocido fehacientemente el contenido de las
actuaciones y/o la existencia de la acción de tutela, de la cual sus intereses
se podrían ver comprometidos[44]. Por
tanto, con el fin de garantizar el derecho de contradicción y defensa del señor
Pájaro Peñaranda, en el ordinal primero de dicho auto se dispuso ponerle en
conocimiento la existencia del proceso de tutela, donde fue vinculado por el
juez de primera instancia, para que en el término de dos (2) días hábiles
siguientes a su comunicación, ejerciera el derecho de contradicción y defensa y
presentara las pruebas que pretendiera hacer valer, para lo cual se le allegó
copia del escrito de tutela, sus anexos y los fallos de instancia, a la
dirección actual de residencia y de correo electrónico personal.
De esta
manera, para la Sala el derecho de contradicción y defensa del señor Pájaro
Peñaranda fue garantizado adecuadamente, el cual ejercitó en debida forma como
se evidencia en los antecedentes del presente asunto.
En segundo lugar, se advierte que la acción de
tutela busca exclusivamente controvertir una providencia judicial del Juzgado
Décimo de Familia de Bogotá, pretendiendo “la revocatoria del Auto del 21 de
mayo de 2003  proferido dentro del proceso de investigación de paternidad Nº 1206/02”,
que declaró la existencia de cosa juzgada y dio por terminado el asunto, sin
que se atribuya responsabilidad alguna al señor Pájaro Peñaranda, al punto que
no fue demandado por no ser la autoridad jurisdiccional que profirió la
decisión. En esa medida, la vinculación del señor Pájaro Peñaranda en primera
instancia obedeció a que éste fue demandado en el proceso de filiación
extramatrimonial y podría tener interés legítimo en las resultas del proceso.
Por tanto, su participación no es propiamente ad excluendum, pues no
asume la posición principal de accionado en el presente trámite, sino que al ser
un tercero con interés su vinculación fue necesaria[45].
De otra
parte, aun cuando el señor Pájaro Peñaranda solo tuvo conocimiento en sede de
revisión de la acción de tutela a la que fue vinculado desde la primera
instancia, la Sala considera que no existe justificación alguna para declarar
la nulidad de todo lo actuado en el proceso y dilatar en el tiempo el trámite
surtido en esta Corporación y afectar de manera desproporcionada los principios
de celeridad y eficacia, implícitos en la efectiva protección del derecho de
acceso a la administración de justicia, sobre la base de que, en sede de
revisión, se otorgaron las oportunidades procesales para materializar el
derecho de defensa. Igualmente, es de destacar que las decisiones de instancia
declararon improcedente la acción de tutela, por lo que no hubo variación
alguna en la situación de las partes que afectara colateralmente al vinculado.
Finalmente,
y no menos importante, uno de los actores, Juan David, es un sujeto de especial
protección constitucional, que se encuentra en estado de debilidad manifiesta
por su discapacidad
mental absoluta. Así las
cosas, no existe justificación para dilatar el proceso tutelar, retrotrayendo
todo lo actuado, más aún cuando la demanda fue interpuesta desde diciembre del
año 2016[46], lo que haría
desproporcionado extender en el tiempo la exigibilidad judicial de sus derechos
fundamentales.
Por todo lo anterior, la Sala estima que en sede de revisión se han
brindado las garantías necesarias al señor Nicolás Pájaro Peñaranda para hacer
valer sus derechos de contradicción y defensa, así como que, por las
características propias del proceso y la condición especial de uno de los
accionantes, se hace necesario que la Corte emita un pronunciamiento de mérito,
por lo que no se accederá a la solicitud de
nulidad elevada.
Problema Jurídico
6. De
acuerdo con la situación fáctica planteada y las decisiones de instancia,
corresponde a la Sala Octava de Revisión,
determinar si en el presente
asunto procede la acción de tutela para controvertir la providencia proferida
por el Juzgado Décimo de Familia de
Bogotá, el 21 de mayo de 2003, dentro del proceso de filiación extramatrimonial
que se adelantó contra el señor Nicolás Pájaro Peñaranda.
Si la Sala
encuentra que la acción de amparo resulta procedente, pasará a determinar si la
autoridad judicial accionada desconoció los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la filiación, a la familia, al libre desarrollo
de la personalidad y a la dignidad humana de los señores Juan David y José Luis
Serna Arbeláez, al
declarar la existencia de cosa
juzgada y no practicar la prueba científica de ADN que  había sido decretada y que
permitiría establecer si había lugar a la declaración de paternidad en el
proceso de filiación extramatrimonial que había sido iniciado en favor de estos
y contra el señor Nicolás Cipriano Pájaro Peñaranda.
7. Para dar solución al problema jurídico planteado,
la Sala Octava de Revisión reiterará la jurisprudencia sobre (i)
las causales genéricas y
específicas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales,
caracterizando de manera específica el defecto procedimental absoluto, el
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, el defecto fáctico y el
defecto por violación directa de la Constitución;
luego hará referencia a
(ii) los presupuestos
para la existencia de la Cosa Juzgada; posteriormente, estudiará (iii) el
proceso de investigación de paternidad y la importancia de la prueba genética
en los procesos de filiación. Una vez
precisados estos aspectos, (iv) abordará el estudio del caso concreto.
Asunto previo: legitimación por
activa y por pasiva
8. Legitimación por activa. Conforme
con lo estipulado en el artículo 86 Superior, es titular de la acción de tutela
toda persona que por sí misma o por quien actúe a su nombre, reclame la
protección de sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o
vulnerados. En complemento, el Decreto
Estatutario 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela también puede ser presentada por quien haga las veces de representante
de la persona a la que se le han amenazado o vulnerado sus derechos
fundamentales.
De acuerdo con
la normatividad, existen cuatro conductos a través de los cuales se puede
interponer la acción de tutela por parte de la persona presuntamente vulnerada
en sus derechos:
(i) Por sí
misma. En este caso no se precisa de profesional del derecho.
(ii) Cuando se
trata de personas jurídicas, incapaces absolutos o menores de edad[47], el facultado para
presentar la demanda es el representante legal.
(iii) A través
de abogado, caso en el cual se requiere de un poder que expresamente otorgue la
facultad para interponer la acción tuitiva.
(iv) Por
intermedio de un agente oficioso, o sea, una persona indeterminada, la cual no
requiere de poder, pero debe especificar que lo hace en esa calidad y siempre
que el titular del derecho “no esté en condiciones” de promoverla
directamente.
9. De otro
lado, se ha entregado a los Defensores del Pueblo y a los Personeros Municipales,
la posibilidad de intentar la acción de tutela, con fundamento en el inciso
final del artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, y la interpretación que
jurisprudencialmente ha dado esta Corporación a los artículos 46[48] ibídem y 282[49] de la Carta.
10. En el asunto sub
judice, la acción de tutela es presentada por el señor José Luis Serna
Arbeláez, “en nombre propio y como guardador y representante legal suplente
de Juan David Serna Arbeláez”[50], por tanto, debe la Sala
verificar que este último se encuentre imposibilitado para ejercer directamente
sus propios derechos.
11. Como se advierte a folios
1 y 2 del cuaderno Nº 1 del expediente de tutela, reposa “Acta de audiencia
– artículo 579 numeral 12”, llevada a cabo el día 13 de junio de 2016 ante
el Juzgado Quinto de Familia de Oralidad de Bogotá, donde se adelantó el
trámite de interdicción por discapacidad mental absoluta del señor Juan David
Serna Arbeláez (Rad. 2015-0481). En dicha audiencia la Juez de Familia
resolvió:
“Primero: DECLARAR la interdicción por discapacidad mental
absoluta al señor JUAN DAVID SERNA ARBELÁEZ identificado con la C.C.
1.136.909.912 de Bogotá, quien no tiene la libre disposición de sus bienes.
Segundo: DESIGNAR a la señora MARTHA SERNA ARBELÁEZ identificada
con la C.C. 41.561.362 de Bogotá como guardadora del discapacitado mental
absoluto señor JUAN DAVID SERNA ARBELÁEZ, quien tendrá a su cargo el cuidado
personal y ejercerá la representación legal y la administración de los
bienes del pupilo.
Tercero: DESIGNAR al señor JOSÉ LUIS SERNA ARBELÁEZ identificado
con la C.C. 80.075.472 de Bogotá como guardador suplente del discapacitado
mental absoluto señor JUAN DAVID SERNA ARBELÁEZ con las mismas facultades
confiadas a la guardadora principal. (…)” (Destaca la Sala).
De acuerdo con lo anterior, el
señor Juan David Serna Arbeláez carece de capacidad para ejercer su propia
defensa ante la declaración de interdicto por discapacidad mental absoluta, por
lo que el señor José Luis Serna Arbeláez se encuentra legitimado para actuar en
nombre de su hermano, dada su calidad de representante legal.
Incluso, aun en el evento de
que el accionante no actuara en la calidad anotada, el artículo 32 de la Ley
1306 de 2009[51] prevé que: “Toda
otra persona que obre en nombre o por cuenta de la persona con discapacidad
mental o menor, será tomado como agente oficioso, pero responderá, en todo
caso, hasta de la culpa leve”.
12. Legitimación
por pasiva. En punto a quien va dirigida la acción de tutela, el artículo 13 del Decreto 2591 de
1991 señala que: “se dirigirá contra la autoridad pública o el
representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho
fundamental (…)”.
Esta Corporación ha explicado
de tiempo atrás que “la legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o
controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre
una pretensión de contenido material”[52].
De acuerdo a lo anterior, es
claro que los accionantes dirigieron la acción de tutela contra el Juzgado Décimo
de Familia de Bogotá, autoridad de naturaleza pública perteneciente a la Rama
Judicial, que ejerce funciones jurisdiccionales, que presuntamente vulneró sus
derechos fundamentales, por lo que es susceptible de ser demandada mediante este
mecanismo constitucional, encontrándose cumplido este supuesto de
procedibilidad.
13. En ese orden de ideas,
para la Sala resulta clara la legitimación por activa del señor José Luis Serna
Arbeláez para presentar la acción de tutela en defensa de sus propios intereses
y los de su hermano, así como la legitimación por pasiva del Juzgado Décimo de
Familia de Bogotá.
Las causales genéricas y específicas de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales
14. El artículo 86 de la
Constitución Política es claro en determinar que el mecanismo constitucional en
el que se invoque la protección de derechos fundamentales procederá contra la
decisión de cualquier autoridad pública ya sea por acción u omisión en el
ejercicio de funciones, que derive en la amenaza o vulneración de los valores y
principios consagrados en la Norma Superior.
Si bien el Decreto Estatutario
2591 de 1991 en sus inicios, y en complemento de la precitada norma dispuso en
los artículos que regulaban la competencia y caducidad del mecanismo
constitucional que este no procedía contra decisiones judiciales en aras de
preservar la independencia judicial, la jurisprudencia constitucional revirtió
dicho mandato y estructuró unos condicionamientos que permitían controvertir
las decisiones judiciales a través de la acción constitucional[53].
15. De esta manera, consideró que
si las providencias judiciales constituían una vía de hecho, podían ser
rebatidas en sede tutela cuando “(i) se basan en normas evidentemente
inaplicables (defecto sustantivo), (ii) son proferidas con carencia absoluta de
competencia (defecto orgánico), (iii) se basan en una valoración arbitraria de
las pruebas (defecto fáctico), o (iv) fueron proferidas en un trámite que se
apartó ostensiblemente del procedimiento fijado por la normativa vigente
(defecto procedimental)”[54].
Con posterioridad esta Corporación
mediante la Sentencia C-590 de 2005, adoptó tres nuevos parámetros mediante los
cuales se podía configurar una vía de hecho judicial, esto es, “(i) cuando
se evidencie una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de las
partes, que no puede ser reprochada mediante otros medios de defensa judicial.
Por tanto, la acción constitucional no será procedente cuando han vencido los
términos para interponer los recursos ordinarios y la parte afectada no hizo
uso de ellos, o cuando fueron utilizados en forma indebida; (ii) cuando a pesar
de que existen otros medios, éstos no resultan idóneos para proteger los
derechos afectados o amenazados;  o (iii) cuando la protección constitucional
es urgente para evitar un perjuicio irremediable”.
Al efecto, la Sala abordará los
mandatos generales y específicos dispuestos por esta Corporación para
determinar la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
16. En primer lugar la Sala recordará
los presupuestos genéricos de aplicación de la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, sin desconocer los principios
constitucionales que enmarcan el funcionamiento del aparato judicial, estos
son:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a
estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda
claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y
extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos
judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos.  De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las
competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de
propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta
última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir
del hecho que originó la vulneración.  De lo contrario, esto es, de permitir
que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de
resolución de conflictos.”
d. Cuando se trate de una  irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. No
obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay
lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela
llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no
previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión
judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo
ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse
de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son
sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en
virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de
la sala respectiva, se tornan definitivas”.[55]
17. Los anteriores parámetros serán
considerados por la autoridad constitucional siempre y cuando no se configure
un quebrantamiento de los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada y de independencia
y autonomía del juez ordinario.
18. En segundo lugar, con la
intención de precisar los alcances de la oportunidad para controvertir una
decisión judicial, como se había mencionado, esta Corporación consideró unas
pautas adicionales que resulta oportuno individualizar, en los siguientes términos:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
f.  Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
g.  Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado”.
h. Violación directa de la Constitución, que es el defecto que se
deduce de infringir directamente una o varias disposiciones o normas
razonablemente vinculables a la Constitución”.[56]
19. Esta Corporación ha sostenido que no existe un
límite indivisible entre estas causales, por tanto una misma situación dentro
del proceso judicial puede derivar en varios defectos. Por ejemplo, el
irrespeto por los procedimientos legales y, de forma simultánea, vulnerar
directamente la Constitución o impedir una correcta apreciación de las pruebas[57].
Las mencionadas causales si bien
han tenido un desarrollo jurisprudencial permanente, encuentran sustento en la
Sentencia C-590 de 2015, la cual estableció los criterios de justificación de
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Así entonces, si bien esta
Corporación no pretende desplazar las facultades de los jueces ordinarios, ni
mucho menos poner en entredicho sus pronunciamientos, cuando exista una
decisión que abandone la estructura constitucional reflejada en la norma de
normas, podrá el juez constitucional intervenir en aras de preservar los
derechos fundamentales de quienes acudan a la acción de tutela transitoria o
definitivamente.
Breve
caracterización del defecto procedimental absoluto
20. El sustento constitucional de la noción de
defecto procedimental absoluto se ubica en los artículos 29 y 228 superiores, que
aluden a los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y a la prevalencia del derecho sustancial sobre las actuaciones
formales. Esta Corporación ha indicado que existen dos tipos de defecto procedimental:
i) el absoluto, que se presenta cuando el
operador judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente
establecido, y ii) por exceso ritual manifiesto, el cual tiene lugar cuando hay
una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos,
por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales.
21. La jurisprudencia
constitucional ha precisado que se estructura el defecto procedimental, cuando el
juez correspondiente se aparta de los presupuestos procesales aplicables al asunto
bajo su conocimiento y, por el contrario, omite de forma abierta los supuestos
legales, llegando a una decisión arbitraria en violación de las garantías ius
fundamentales. Sobre el particular, la Corte ha considerado:
(…) [E]l defecto procedimental, se presenta en
aquellos casos en los cuales el juez se desvía por completo del procedimiento
fijado por la ley para dar trámite al proceso respectivo. Pero para que pueda
solicitarse el amparo constitucional mediante la mencionada acción de tutela
será necesario, adicionalmente (…) entre otros que, como consecuencia de todo
lo anterior, aparezca una vulneración palmaria de los derechos fundamentales
del procesado. En otras palabras, si las deficiencias en la defensa del
implicado no tienen un efecto definitivo y notorio sobre la decisión judicial o
si no apareja una afectación ulterior de sus restantes derechos fundamentales,
no podría proceder la acción de tutela contra las decisiones judiciales del
caso”[58].
22. Esta Corporación también ha señalado que el
defecto procedimental absoluto se puede configurar porque el funcionario
judicial: “(i) sigue un trámite totalmente ajeno al
asunto sometido a su competencia[59]; (ii)
pretermite etapas sustanciales del procedimiento establecido, vulnerando el
derecho de defensa y contradicción de una de las partes[60]
o (iii) pasa por alto realizar el debate probatorio,
natural en todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de
los sujetos procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la
demanda o su contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones en
la decisión de fondo y la violación a los derechos fundamentales[61]”[62].
Del mismo modo, la jurisprudencia
constitucional ha determinado que para la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales con base en este defecto, se deben reunir los siguientes
elementos “i) (Q)ue
no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de
acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto
procesal tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser
vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya
sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido
imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso específico; y (iv) que
como consecuencia de lo anterior se presente una vulneración a los derechos
fundamentales”[63].
En suma, el margen
de aplicación y procedencia del defecto procedimental absoluto ha sido
puntualmente reglado por esta Corporación sin desconocer la independencia y
autonomía inherente a todas las actuaciones judiciales y atendiendo siempre el
fin último del Estado Social de Derecho, como lo es garantizar la protección de
los derechos fundamentales de todas las personas sin discriminación.
Breve caracterización del
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
23. Este defecto, al igual que el
procedimental absoluto, tiene su sustento en los artículos 29 y 228 de la Constitución,
en donde además del respeto al debido proceso, la Administración de Justica
debe dar prevalencia al derecho sustancial.
El defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto se configura cuando“(…) un funcionario utiliza o concibe los
procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por
esta vía, sus actuaciones devienen en una denegación de justicia”; esto es,
el funcionario judicial actúa sin tener en cuenta que “el derecho procesal
es un medio para la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos,
(ii) renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos
probados en el caso concreto, (iii) porque aplica rigurosamente el derecho
procesal, (iv) pese a que dicha actuación devenga en el desconocimiento de
derechos fundamentales”[64].
25. De esta manera, cuando una
decisión judicial se aparte de la verdad o cuando se aplique con extremo rigor
la normativa procesal convirtiéndola en una barrera al momento de garantizar la
protección de un derecho fundamental, las solas formas del proceso no podrán
sobreponerse al principio de materialización del derecho inherente a todos y
cada uno de los pronunciamientos en que emanan de la administración de
justicia.
26. Para ilustrar la aplicación de
este defecto procedimental, la Sala acudirá a los referentes jurisprudenciales
sobre particular, así:
En la sentencia T-352 de 2012 se estudió
un caso en el cual se configuró un exceso ritual manifiesto, considerándose que
“el juez renunció conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los
hechos probados (…) para aplicar de manera taxativa las normas procesales según
las cuales el auto admisorio de la demanda debió notificarse al demandado
dentro del año siguiente a la notificación del demandante, so pena de que no se
interrumpiera el término para la prescripción y que no se impidiera la
caducidad”.
27. A su turno, en la sentencia
T-817 de 2012 se estimó que un juez había transgredido los derechos
fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de la accionante, a quien
por no haber aportado en el trámite de la nulidad y restablecimiento del
derecho, el registro civil de matrimonio, se le negó el acceso a la sustitución
pensional de su esposo, al no decretar de oficio la prueba legalmente aceptable
que se requería para resolver las pretensiones de la demanda, concluyendo que
las autoridades judiciales accionadas:
“incurrieron en defecto por exceso ritual manifiesto (el cual tiene
relación directa con el defecto fáctico que alega el actor), al dejar de hacer
uso de la facultad que les otorga la norma procesal para decretar la prueba de
oficio solicitando la aportación del respectivo registro civil de matrimonio,
con el fin de establecer si la señora Clara Nancy Herrera en verdad figura como
cónyuge del causante José Antonio Cárdenas Pachón para, a partir de la
información obtenida, proveer el fondo del asunto con mayores elementos de
juicio”.
28. Igualmente, en esta línea de
orientación, en la sentencia T-398 de 2017 se analizó un caso en el cual se configuró
el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, por cuanto la Sección
Tercera del Consejo de Estado, “pese a la verdad jurídica objetiva probada en los
hechos (como lo es que Sofía es un sujeto de especial protección constitucional
por ser menor de edad, y que al igual que su media hermana, tiene derecho a que
le sea reconocida la indemnización de perjuicios por la muerte de su padre, en
100 SMLMV a título de daño moral, y hasta los 25 años, a título de lucro
cesante), aplicó de manera taxativa las normas procesales según las cuales
corresponde al recurrente confrontar los argumentos del juez de primera
instancia, a fin de solicitarle al juez de superior jerarquía que decida sobre
dichos puntos o asuntos, so pena de que éste no estudie los aspectos que no
fueron propuestos por el recurrente en su apelación. Entonces, con esta
actuación, el Consejo de Estado desplazó el amparo de los derechos de la
accionante para dar aplicación a una norma procedimental, lo que hace
procedente la acción de tutela contra providencias judiciales”.
29. En la sentencia T-404 de 2017,
sin desconocer el precedente fijado por este Tribunal tanto en sede tutela como
de control abstracto de constitucionalidad, se estudió un caso en el cual a dos
personas desplazadas por la violencia se les negó su solicitud de restitución
de los bienes que les habían sido despojados por el incumplimiento de trámites
administrativos consagrados en la Ley 1448 de 2011[65]. En esa oportunidad la Sala Primera de
Revisión consideró que se materializaba un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto, por cuanto las exigencia de los requisitos adicionales
estipulados en el artículo 84 de la precitada norma contrariaban el principio
de adecuación de los jueces a la justicia transicional, que “demanda una
flexibilización de los procedimientos, en aras de garantizar la prevalencia del
derecho material sobre el formal, tanto en la etapa administrativa como en la
etapa judicial del proceso de restitución de tierras”[66].
30. En suma, si bien esta Corte
entiende que la normativa procesal vigente predicable en cada trámite se
encuentra estrictamente relacionada con el derecho fundamental al debido
proceso, no es admisible que las formalidades o ritos, se sobrepongan a la
consolidación del derecho material en tanto se encuentre probada la amenaza
o vulneración de un derecho fundamental. La aplicación
de la ritualidad procesal no puede sacrificar el goce efectivo de los derechos
subjetivos, puesto que el fin último del trámite adjetivo, es justamente contribuir
a la consolidación de la justicia material. Por tanto, si al aplicarse con un
rigor excesivo las normas simplemente adjetivas, se produce en menoscabo de los
derechos de las personas, se estructura un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto haciendo procedente la acción de tutela contra providencias
judiciales.
Breve
caracterización del defecto fáctico
31. Este Tribunal en
múltiples decisiones ha precisado el alcance del defecto fáctico como causal
específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, señalando que éste se estructura i) cuando existe una omisión en el
decreto de pruebas que eran necesarias en el proceso, ii) cuando se da una
valoración caprichosa o arbitraria a las pruebas existentes, o iii) cuando no
se valora en su integridad el acervo probatorio. En este sentido la Corte ha clasificado
y explicado este tipo de defecto, así:
“se presenta defecto fáctico por omisión cuando el juzgador
se abstiene de decretar pruebas. Lo anterior trae como consecuencia 'impedir la
debida conducción al proceso de ciertos hechos que resultan indispensables para
la solución del asunto jurídico debatido’. Existe defecto fáctico por no
valoración del acervo probatorio, cuando el juzgador omite considerar
pruebas que obran en el expediente bien sea porque 'no los advierte o
simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar la decisión
respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que de haberse realizado su
análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido variaría
sustancialmente.' Hay lugar al defecto fáctico por valoración defectuosa del
material probatorio cuando o bien 'el funcionario judicial, en contra de la
evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente
probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; o cuando a pesar
de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas
fundamenta la decisión respectiva' dando paso a un defecto fáctico por no
excluir o valorar una prueba obtenida de manera ilícita”[67].
32. En punto al defecto factico por omisión
la jurisprudencia ha señalado que este se presenta “cuando sin razón
justificada el juez se niega a dar por probado un hecho que aparece claramente
en el proceso. Nótese que esta deficiencia probatoria no sólo se presenta
cuando el funcionario sustanciador: i) niega, ignora o no valora
arbitrariamente las pruebas debida y oportunamente solicitadas por las partes,
sino también cuando, ii) a pesar de que la ley le confiere la facultad o el
deber de decretar la prueba, él no lo hace por razones que no resultan
justificadas. De hecho, no debe olvidarse que aún en los procesos con
tendencia dispositiva, la ley ha autorizado al juez a decretar pruebas de
oficio[68]
cuando existen aspectos oscuros o dudas razonables que le impiden adoptar una
decisión definitiva. Pero, incluso, existen ocasiones en las que la ley le
impone al juez el deber de practicar determinadas pruebas como instrumento
válido para percibir la real ocurrencia de un hecho”[69].
33. El defecto fáctico por omisión también se
presenta cuando el juez de una causa decreta una prueba necesaria para la
resolución del caso sometido a su conocimiento, pero resuelve el mismo sin que
se haya practicado la prueba ordenada. En el mismo sentido, se configura este
defecto cuando la autoridad judicial decide terminar de manera anormal el
proceso adelantado sin que la prueba crucial decretada para la resolución
normal del asunto se haya practicado. Así, en la sentencia T-554 de 2003, la
Corte dejó sin efectos la decisión de un fiscal que dispuso la preclusión de
una investigación penal sin la práctica de un dictamen de Medicina Legal que se
requería para determinar si una menor había sido víctima del delito sexual que
se le imputaba al sindicado.
34. Igualmente, en sentencia T-352 de 2012, la Sala
Séptima de Revisión estimó que “el juez en los procesos de investigación
de la paternidad tiene la obligación de decretar y valorar la prueba
antropo-heredo-biológica, pues de no hacerlo, incurre en violación al
debido proceso por defecto procedimental, que más adelante se podría traducir
en defecto fáctico, pues con ello anula la oportunidad de contar con un
valioso elemento de valoración para solucionar la controversia”.
35. Por su parte, el “el defecto fáctico por
acción se presenta cuando a pesar de que las pruebas reposan en el proceso
hay: i) una errada interpretación de ellas, ya sea porque se da por probado un
hecho que no aparece en el proceso, o porque se examinan de manera incompleta,
o ii) cuando las valoró a pesar de que eran ilegales o ineptas, o iii) fueron
indebidamente practicadas o recaudadas, de tal forma que se vulneró el debido
proceso y el derecho de defensa de la contraparte”[70].
36. Conforme con tal línea de orientación, la
sentencia SU-447 de 2011 recogió dos elementos a través de los cuales se
constituye un defecto fáctico, esto es:
“1)
Una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa u omite su valoración y
sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la
misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en
la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los
hechos analizados por el juez.
2)
Una dimensión positiva, que se presenta generalmente cuando el juez
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron
indebidamente recaudadas (artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la
Constitución”.
37. En conclusión, entre las
conductas que estructuran el defecto fáctico están: i) el defecto
fáctico por omisión, el cual se presenta cuando el juez se niega a dar por
probado un hecho que aparece en el proceso, en virtud de que el funcionario: a)
niega, ignora o no valora las pruebas solicitadas, b) tiene la
facultad de decretar la prueba y no lo hace por razones injustificadas y, c)
decreta la prueba pero no la practica y resuelve el asunto o lo termina de
forma normal o anormal; prosiguiendo:  ii) el defecto fáctico por acción,
se da cuando a pesar de que las pruebas reposan en el proceso, hay: a)
una errónea interpretación de ellas, bien sea porque se da por probado un hecho
que no aparece en el proceso, o porque se estudia de manera incompleta, o b)
cuando las valoró siendo ineptas o ilegales, o c) fueron
indebidamente practicadas o recaudadas, vulnerando el debido proceso y el
derecho de defensa de la contraparte[71].
Breve caracterización del
defecto por violación directa de la Constitución
38. La jurisprudencia
constitucional ha considerado que este defecto se configura cuando el juez toma
una decisión que desconoce los valores y principios consagrados en la
Constitución Política[72]. En
efecto, en la Sentencia SU-1722 de 2000, al estudiar diversas acciones de
tutela en las cuales personas condenadas penalmente, se les aumentó la pena por
el solo hecho de presentar recurso de apelación y otros recursos. En ese
momento, dicha providencia señaló:
“aceptar que el operador jurídico puede entrar a aumentar la
condena en los casos de apelante único por el sólo evento del grado de
consulta, es introducir  una cláusula interpretativa que no admite la
norma del inciso 2º del artículo 31 constitucional, conforme al cual "el
superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante
único, lo que se convierte en la existencia de un defecto sustantivo”.
39. En
esta dirección, la sentencias T-888 de 2010[73], en la
cual se estudió un caso relacionado con la impugnación de la paternidad en el
marco de un proceso de filiación, la Corte determinó que:
“el desconocimiento del Estatuto Superior se puede dar, al menos,
en dos clases de casos: (i) cuando las reglas o los principios que deben ser
extraídos de su texto son por completo desobedecidos y no son tomados en
cuenta, en el razonamiento jurídico (ni explícita ni implícitamente), o (ii)
cuando las reglas y los principios constitucionales son tomados en cuenta al
menos implícitamente, pero a sus prescripciones se les da un alcance
insuficiente.
(i) En efecto, la manera más evidente de desconocer la Constitución es
desatender por completo lo que dispone, al punto incluso de ni siquiera tener
en cuenta sus prescripciones más elevadas en el razonamiento jurídico. Es el
caso de una providencia que interpretara que todo cuanto debe verificarse para
determinar si una relación es laboral, son las formalidades establecidas por
los sujetos jurídicos envueltos en el conflicto, y nada más. En este último
caso, se ignoraría por completo que la Constitución prescribe, en el artículo
53, concederle primacía a la realidad sobre las formas estipuladas por los
sujetos de la relación laboral. De modo que una primera, y elemental,
obligación de los jueces de la República es la de tomar posición frente a la
realidad conforme a lo que proclaman las reglas y los principios establecidos
en la Constitución.
(ii) Esa no es, sin embargo, la única exigencia derivada del carácter
normativo de la Constitución. Es necesario, conforme a ella, que el intérprete
tome en cuenta sus mandatos, prohibiciones y permisos, pero no basta con que
les asigne cualquier grado de eficacia. Aunque las reglas y los principios
constitucionales pueden, como es generalmente aceptado, entrar en conflicto con
otras normas constitucionales, la forma de resolver esos conflictos y,
especialmente, los resultados de esa resolución no son asuntos ajenos ni al
carácter normativo ni a la supremacía de la Constitución. Al contrario, por una
parte, el carácter normativo de la Constitución exige que todas sus normas sean
optimizadas y, por otra, la supremacía demanda que todas aquellas normas infra
constitucionales que satisfagan un derecho fundamental en grados inferiores al
que sería óptimo, sean consideradas inválidas. Lo cual quiere decir que no
cualquier grado de cumplimiento es legítimo, sino sólo el nivel de cumplimiento
más alto posible (el óptimo). De modo que si, por causa de un conflicto entre
normas, un derecho fundamental no puede ser satisfecho total y plenamente,
quien está llamado a resolver el conflicto no queda excusado de satisfacerlo en
la mayor medida posible. En consecuencia, la Constitución misma obliga al juez
a verificar si el conflicto se resolvió de tal manera que los principios en
disputa se satisficieron en la mayor medida posible, o si uno de ellos fue
sacrificado más allá de lo que era necesario y proporcionado”.
40. Igualmente, en la sentencia T-352 de 2012, se estimó que “en el caso sub examine
aparece una violación directa de la Constitución, ya que se
desobedecieron y no se tomaron en cuenta (ni explícita ni
implícitamente) las reglas o los principios que deben ser extraídos de su
texto. Así las cosas, las providencias atacadas para verificar la paternidad
del señor Marco Emilio Zuluaga Velilla con respecto al señor William de Jesús
Restrepo, sólo tuvieron en cuenta que existía una decisión del cuatro (04) de
octubre de 1973 del Juzgado Cuarto Civil de Menores de Medellín, que en su
parecer estudió los mismos hechos y las mismas pretensiones alegadas por las
mismas partes, con respecto a la estudiada por ellos en el 2009 y 2010
respectivamente. Es decir, que los fallos rebatidos no revisaron de fondo el
asunto planteado por el accionante, sino que se dedicaron a determinar la
ocurrencia de cosa juzgada, olvidando el principio constitucional de la
primacía del derecho sustancial sobre el procedimental (que se presentó cuando
ante una prueba de ADN que concluyó que había relación de paternidad entre el
accionante y el accionado, los jueces de instancia decidieron darle mayor
importancia al asunto procedimental), y obviando que las formalidades
procesales no pueden ni deben anteponerse a la protección real y efectiva de
los derechos fundamentales de los individuos”.
En conclusión, en virtud de la
prevalencia de la Constitución sobre las demás normas, la acción de tutela
contra providencias judiciales procede cuando estas son contrarias a los
principios, derechos y deberes consagrados la Carta.
Presupuestos para la configuración
de la cosa juzgada
41. La cosa juzgada tiene como
único fin terminar un debate procesal, puesto a la consideración de la administración
de justicia. Se trata de hacer inmutable, vinculante y definitiva una
determinada decisión. Para que tal instituto procesal se configure,  es
necesaria la confluencia elementos puntuales que han sido desarrollado  por el
legislador[74] y la
jurisprudencia constitucional[75] en los
siguientes términos:
“Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre
la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa
juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido,
declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica.
Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un
derecho que no fueron declarados expresamente.”
-Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir,
la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los
mismos fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos,
la demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los
nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que
constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa.
Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir
las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la
decisión que constituye cosa juzgada. Cuando la cosa juzgada exige que se
presente la identidad de partes, no reclama la identidad física sino la
identidad jurídica.”
42. A partir de lo expuesto, esta
Corporación en la sentencia C-774 de 2001 definió la cosa juzgada como una “institución
jurídica procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una
sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables,
vinculantes y definitivas”. Los citados efectos se conciben por disposición
expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de
controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica, definición de la cual
en palabras de esta Corte:
“(…) se derivan dos consecuencias importantes. En primer lugar, los
efectos de la cosa juzgada se imponen por mandamiento constitucional o legal
derivado de la voluntad del Estado, impidiendo al juez su libre determinación,
y en segundo lugar, el objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un valor
definitivo e inmutable a las providencias que determine el ordenamiento
jurídico. Es decir, se prohíbe a los funcionarios judiciales, a las partes y
eventualmente a la comunidad, volver a entablar el mismo litigio. De esta
manera se puede sostener que la cosa juzgada tiene como función negativa,
prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo
resuelto, y como función positiva, dotar de seguridad a las relaciones
jurídicas y al ordenamiento jurídico”. Aunado a lo anterior, esa institución
permite que las órdenes de las sentencias ejecutoriadas sean exigidas
coercitivamente a la parte vencida en juicio, en el evento en que ésta incumpla
la decisión del Estado”.
Por tanto, la jurisprudencia constitucional
ha atribuido dos de tipos de caracteres a la institución de la cosa juzgada,
por un lado, el negativo, el cual consiste en prohibir a los funcionarios
judiciales proceder  nuevamente sobre lo ya resuelto y, por el otro, el
positivo, ligado estrictamente con la seguridad inherente a las relaciones
jurídicas[76].
43. Así las cosas, si bien es
cierto que los presupuestos previamente señalados determinan rigurosamente el
surgimiento de la institución de la cosa juzgada, en el evento en el que se
expandan los elementos de estudio del caso, se abrirá nuevamente la posibilidad
de acudir al aparato jurisdiccional para que éste a su vez, a través del juez,
nuevamente analice y se pronuncie considerando los nuevos elementos de juicio
que hayan dado lugar a la apertura de la discusión ocasionalmente.
44. Al efecto, esta Corporación en
reiteradas ocasiones ha amparado los derechos fundamentales invocados, en asuntos
donde se ha antepuesto la existencia de la cosa juzgada declarada por los
jueces ordinarios. Veamos:
45. En la sentencia T-411 de 2004,
se examinó el caso de un ciudadano que interpuso demanda de filiación
extramatrimonial en contra de quien consideraba era su padre, motivo por el
cual solicitó la práctica de la prueba de ADN. El juez argumentó que el
producto de la mencionada prueba no había sido allegado al proceso, y por ello
declaró que no existía vínculo entre el demandante y el demandado, a pesar de
que el dictamen científico había determinado lo contrario.
En su momento, la Sala Primera de
Revisión de esta Corporación indicó que a pesar de que el demandante no había
acudido al recurso de apelación el hecho debía anteponerse a la contundencia de
la verdad científica y ante la trascendencia de los derechos amenazados,
considerando que no ser así, el accionante “se vería abocado de por vida a
una situación de flagrante vulneración de sus derechos fundamentales a la
personalidad jurídica y a su estado civil. De igual manera, conociendo ahora
sin posibilidad de duda la identidad de su padre, si se le negara el derecho
que tiene a establecer su filiación y su estado civil, el señor estaría
recibiendo menoscabo también en relación con su dignidad como persona humana”.
46. En la sentencia T-584 de 2008 la
Corte asumió un caso en el cual un ciudadano fue declarado padre de un menor
por rehusarse a practicarse la prueba de ADN. En su momento, con posterioridad
a la impugnación de la decisión, el juez de segundo grado decretó la excepción
de la cosa juzgada, sin considerar la prueba de ADN  practicada
extemporáneamente que excluía al supuesto padre de la paternidad. La Corte
consideró al respecto que “puede sostenerse que la prueba de ADN que excluye
la paternidad del Sr. Bernal Romero, al haber sido practicada con posterioridad
a la sentencia que declaró su paternidad extramatrimonial, fue encontrada o
hallada con posterioridad a la decisión del Juzgado Segundo de Familia de
Tunja, pues se trataba de un documento que no existía al momento de proferirse
el fallo atacado mediante el recurso extraordinario de revisión”.
Adicionalmente, estimó que la “prueba
no fue practicada en el curso del proceso de investigación de la paternidad del
menor por causas no exclusivamente imputables al Sr. Bernal Romero (…)”.
Por tanto, concedió el amparo de manera definitiva y ordenó a la Sala
Civil-Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Tunja pronunciarse
nuevamente mediante providencia que resolviera el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por el accionante, en el sentido expuesto en el fallo de
revisión.
47. En un caso similar al que ahora
ocupa a la Sala, la Corte en la sentencia T-352 de 2012 encontró que no se
había estructurado la cosa juzgada declarada en un proceso de filiación, a
pesar de haber identidad de sujetos y pretensiones, por cuanto habían surgido
nuevos hechos que modificaron sustancialmente las conclusiones del caso, “ya
que: i) en 1973 (fecha en que se llevó a cabo el primer proceso) no existía la
prueba de ADN, pues los avances científicos en materia genética no habían
llegado hasta su descubrimiento; ii) el ordenamiento jurídico se regía bajo los
mandatos de la Constitución de 1886; por tanto, fue hasta 1991 cuando se logró
afianzar el principio de la primacía del derecho sustancial sobre el procesal,
como garantía de la materialización y protección real de los derechos de los
individuos; y iii) no se había expedido la Ley 721 de 2001, que fue la que
determinó que era obligatoria la prueba de ADN en los procesos de filiación,
mientras los desarrollos científicos no ofrezcan mejores posibilidades”.
48. En ese orden, las finalidades
tanto positivas como negativas de la institución de la cosa juzgada y los elementos
que la componen no podrán constituirse en un obstáculo para garantizar la
protección de los derechos fundamentales de quienes recurren a la
administración de justicia para dirimir controversias propias de las relaciones
interpersonales.
El proceso de investigación de
paternidad y la importancia de la prueba genética en los procesos de filiación
49. El reconocimiento de un
descendiente directo, en primer lugar, puede emanar de un proceder voluntario, producto
de la relación padre-hijo.
50. No obstante, cuando no exista
una manifestación voluntaria del consentimiento al momento de reconocer un
hijo, será necesaria la intervención del Estado para consolidar el cumplimiento
de los deberes y responsabilidades que nacen para los hombres al momento de
convertirse en padres.
A partir de ello, el legislador
con la intención de garantizar los derechos de los hijos a ser reconocidos por
su madre y/o por su padre, estructuró mecanismos puntuales que le permitieran
al juez llegar a la verdad al momento de establecer si existe vínculo genético
entre las partes.
51. La Ley 721 de 2001, que a su
vez modificó la Ley 75 de 1968, estableció que “en todos los procesos para
establecer paternidad o maternidad, el juez, de oficio, ordenará
la práctica de los exámenes que científicamente determinen índice de
probabilidad superior al 99.9%”[77],
además preciso que: “mientras los desarrollos científicos no
ofrezcan mejores posibilidades, se utilizará la técnica del DNA con el uso de
los marcadores genéticos necesarios para alcanzar el porcentaje de certeza de
que trata el presente artículo”[78]
(se enfatiza).
52. Adicionalmente, en
cumplimiento de los deberes y derechos fundamentales consagrados en la Carta,
esta Corporación ha consolidado la trascendencia de la prueba de ADN en los
procesos de filiación al momento de garantizar los principios constitucionales
de la personalidad jurídica, la dignidad humana y los derechos a tener una
familia y ser parte de ella,  al estado civil y  a conocer con certeza la
identidad de los progenitores[79].
53.  Conforme con tal línea de
orientación, este Tribunal en la sentencia T-411 de 2005, conoció el caso de un
señor que había iniciado proceso de filiación extramatrimonial contra su
presunto padre, el cual se resolvió sin el recaudo de la prueba de ADN. En esa
oportunidad se ratificó la posición de este Tribunal en cuanto a la importancia
de la prueba biológica en aras de establecer la realidad de la relación de
filiación entre las personas.  Puntualmente, señaló que la importancia de dicho
reconocimiento radica en garantizar la aplicación efectiva de los derechos a la
personalidad jurídica, a la dignidad humana, a tener una
familia y formar parte de ella, el derecho al estado civil y a conocer
con certeza la identidad de los progenitores. Situación que motivó a
conceder el amparo de los derechos invocados por el accionante, disponiendo la anulación
la sentencia proferida por la autoridad judicial accionada, dentro del proceso
de filiación extramatrimonial, para que este a su vez, con posterioridad a la
notificación del fallo, se pronunciara nuevamente de fondo y tuviera en cuenta
la prueba técnicamente conocida como antropo-heredo-biológica[80].
54. De otra parte, en la Sentencia
T-352 de 2012 se examinaron dos casos acumulados; en uno de ellos el juez ordinario
negó el reconocimiento de la paternidad del demandado, pues aunque existía una
prueba de ADN, encontró probada la excepción de cosa juzgada, ya que sobre
el caso existía una sentencia del 4 de octubre de 1973.
En esa oportunidad, la Sala
Séptima de Revisión consideró que las autoridades judiciales accionadas incurrieron
en un defecto fáctico, al tomar una decisión al margen del material
probatorio que obraba en el expediente, pues aunque existía prueba científica
que reconocía el vínculo padre-hijo, esta no fue tenida en cuenta en la
resolución del caso. Por tanto, al negar la condición de hijo del accionante
obviando las pruebas obrantes en el expediente, se configuró este defecto.
55. En el otro asunto revisado, la
Sala consideró que ante la omisión de acudir al procedimiento establecido por
el legislador para determinar la filiación entre un presunto padre e hijo, era
menester el decreto y valoración de la prueba de ADN -Ley 721 de 2001- y por
ende, el juez de la causa incurrió en un defecto procedimental y un defecto
fáctico, ya que se omitió decretar y valorar una prueba que era necesaria para
la solución del caso.
En los dos asuntos se decidió
amparar los derechos fundamentales de los accionantes ordenando, en el primer
caso, dejar sin efectos las actuaciones desplegadas por las autoridades
judiciales e instó a que se rehiciera la actuación procesal teniendo en cuenta el
fallo de revisión y, en el segundo, ordenó dejar en firme el fallo proferido en
primera instancia que concedió el amparo.
56. En suma, tanto la ley como la
jurisprudencia constitucional han reconocido la prueba de ADN como un elemento crucial
al momento de determinar el vínculo natural entre padres e hijos, atendiendo
los mandatos superiores y los presupuestos normativos establecidos por el
legislador en los cuales se destaca la prevalencia de los derechos
fundamentales de quienes buscan certeza al momento de conocer quiénes son sus
ascendientes.
Solución del Caso Concreto
57. En el presente caso Juan David[81] y José Luis Serna Arbeláez pretenden el
amparo de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados por el Juzgado
Décimo de Familia de Bogotá, en el marco del proceso ordinario civil de
filiación extramatrimonial adelantado por su madre, a través de apoderado, contra
el señor Nicolás Cipriano Pájaro Peñaranda, al declarar probada la excepción
de cosa juzgada, mediante auto proferido el 21 de mayo de 2003, sin
siquiera haberse practicado la prueba genética que había sido decretada mediante
auto del 3 de febrero del mismo año.
De acuerdo con los presupuestos fácticos reseñados,
en esta oportunidad le corresponde a la Sala determinar, si en el caso objeto
de estudio, se configuran las casuales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales,  que atribuye el accionante a la decisión
cuestionada.
Procedibilidad formal de la acción de tutela
58. Encuentra la Sala que en el presente asunto se
cumplen en su totalidad los requisitos generales de procedibilidad de esta
acción de tutela y que habilitan, en sede de revisión, un análisis de fondo de
los hechos materia de controversia. Veamos:
Relevancia Constitucional
59. El asunto planteado a esta
Sala de Revisión posee relevancia constitucional, dado que se controvierte una
decisión judicial proferida en el marco de un proceso de filiación, en la cual se
declaró la cosa juzgada pero sin que se llegara a practicar la prueba de ADN
que daría una información más allá de una duda razonable, sobre el origen
paterno de los hermanos Serna Arbeláez.
60. Es de recordar que en los
procesos de filiación se encuentran comprometidos los derechos fundamentales[82]: a la personalidad
jurídica (art. 14 CP), a tener una familia (arts. 5, 42 y 44 CP), a poseer un
estado civil[83],
al libre desarrollo de la personalidad (art. 16 CP), a la filiación y a la
dignidad humana (art. 1 CP)[84].
En el asunto que ahora convoca la
atención de esta Corte, se plantea la eventual vulneración del derecho al
debido proceso por parte del Juzgado Décimo de Familia de Bogotá, pues, sin
duda se configuraron situaciones irregulares que en su momento superaron el
margen de acción de los demandantes (en aquél entonces menores de edad) en tanto
no fue posible acudir a las instancias procesales de manera integral.
La Sala tampoco pasa por alto que
uno de los accionantes es un sujeto de especial protección constitucional, por
ser una persona declarada interdicta por discapacidad mental absoluta. En esa
medida, para la Sala el presente asunto claramente reviste trascendencia
constitucional.
Agotamiento de todos los recursos
ordinarios y extraordinarios
61. En relación con la
subsidiariedad, la jurisprudencia constitucional ha limitado la acción de
tutela a que esta“(…) solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”[85]
(subrayas fuera del texto).
Examinado el expediente, se
advierte que frente a la providencia ahora controvertida, proferida el 21 de
mayo de 2003, la apoderada judicial de los accionantes, quienes en ese entonces
eran menores de edad, fueron interpuestos (sin ningún argumento) los recursos
de reposición y en subsidio de apelación, únicos procedentes contra este tipo
de decisión[86].
62. Sin embargo, el Juzgado Décimo
de Familia de Bogotá, mediante auto del 10 de junio de 2003, decidió “denegar
el trámite al recurso de reposición y la concesión de la alzada interpuesto por
la demandada (sic) contra el auto del 21 de mayo pasado, por haber sido extemporáneos
como se colige de la fecha de recibido en relación con el escrito del 29 de ese
mismo mes y año”[87]
(se enfatiza).
63. Pese a lo anterior, para la
Corte la falta de interposición oportuna de los recursos procedentes contra la
providencia controvertida, obedecieron a la negligencia de la apoderada
que en su momento los representaba cuando aún eran menores de edad. Esto
hace concluir sin duda, la existencia de una falta de defensa técnica[88]
de los accionantes, la cual puede ocurrir, según ha dicho este Tribunal, cuando
“a pesar de que la parte procesal
cuente con un abogado, éste dejó de practicar pruebas, controvertir las
decretadas y presentar los recursos pertinentes, de forma negligente, (sic)
siempre que no le haya sido posible jurídica y fácticamente intervenir al
inculpado para modificar esta situación”[89].
64. Para la Sala esta ausencia de
defensa técnica, en manera alguna se les puede endilgar a los accionantes -menores
de edad entonces- y mucho menos hacerlos soportar las consecuencias de
dicha negligencia. En este sentido, la Corte en la sentencia T-352 de 2012, al
examinar una situación equivalente, consideró:
“(…) se debe tener en cuenta que la casación y la
revisión son recursos extraordinarios, los cuales proceden cuando se cumplen
cabalmente los requisitos definidos en la ley. Entonces, por ser el accionante
comerciante y no contar con ninguna formación jurídica, no se le puede exigir
el conocimiento adecuado para hacer uso de éstos, recayendo esa responsabilidad
en su abogado, quien no ejerció adecuadamente la defensa de los intereses de su
defendido. Adicionalmente, la Sala encuentra que los errores jurídicos del
mandatario del accionante, y las consecuencias que de ello se deriven, no deben
trasladarse a este último; por lo que no se pueden desconocer sus derechos
basándose en faltas no imputables a sus propias actuaciones” (Destaca
la Sala).
Asimismo, en la sentencia T-398 de
2017, la Corte estimó:
“Sobre el particular, se tiene en este caso se
configura la falta de defensa técnica de la accionante, precisamente porque aun
contando con la asesoría de abogados, no interpuso los recursos mencionados
porque éstos guardaron silencio sobre su procedencia, circunstancias que le son
extrañas y no imputables a ella. Al respecto, se debe tener en cuenta que
por ser la actora menor de edad al momento en que debía presentar los recursos
señalados, y por no contar con ninguna formación jurídica, no se le puede
exigir el conocimiento sobre la procedencia de éstos; por el contrario, esa
responsabilidad recae sobre los abogados que no ejercieron adecuadamente la
defensa de los intereses de su defendida.
Así
las cosas, la Sala estima que por tener la accionante sólo 6 años para la época
en que debió impugnar la decisión del Tribunal Administrativo del Tolima, le
era totalmente desconocido e incomprensible el proceso administrativo
adelantado para el amparo de sus derechos, así como las actuaciones a adoptar
para la defensa de sus intereses. Con base en ello, se considera que en este
caso se debe flexibilizar el argumento según el cual, la menor de edad Sofía
contaba con el asesoramiento de abogados expertos en el tema que velaran por
sus pretensiones, por lo que la no interposición de los recursos señalados
reflejaba válidamente su voluntad.
Por
el contrario, lo que se advierte en este caso es que los abogados de la
accionante actuaron con negligencia en el cumplimiento de sus deberes, lo que
se traduce en que le vedaron la posibilidad de tener una adecuada defensa, sin
que ella pudiera encauzar,
bajo ninguna perspectiva posible, una estrategia de protección adecuada de sus
derechos.
Finalmente,
la Sala encuentra que los errores jurídicos de los mandatarios que
representaron los intereses de la accionante, y las consecuencias que de ello
se deriven, no deben trasladarse a ella; por lo que no se pueden desconocer sus
derechos basándose en faltas no imputables a sus propias actuaciones. Por consiguiente, lo esgrimido anteriormente es el fundamento del
por qué la accionante solicitó directamente el amparo constitucional” (Destaca
la Sala).
65. En el caso particular debe
destacarse que como la progenitora de los accionantes se desempeñaba como
comerciante, al no tener conocimientos propios de derecho, no se le puede
responsabilizar por el no acudir a los recursos necesarios para controvertir
los fallos judiciales en comento, lo que quiere decir que este deber recaía
exclusivamente en quien actuaba como apoderada.
Así las cosas, el requisito de
subsidiariedad se entiende superado, en tanto encuentra la Sala que en el marco
del proceso de filiación
extramatrimonial los hoy accionantes eran menores de edad que fueron
representados por su madre, mediante apoderada, quien tenía el compromiso de
garantizar el acceso a administración de justica a sus representados
correctamente[90]. Pero a
ello debe sumarse, que la supuesta vulneración de los derechos fundamentales
mentados, continúa en la fecha de hoy, produciendo sus efectos, esto es, que la
vulneración se agota día a día, mientras no se ritúe el proceso con el acopio
de la prueba extrañada, tantas veces mencionada en este proveído.
66. Adicionalmente, esta
Corporación[91] ha señalado que en relación con los
procesos en los que se cuestiona la filiación, “las consecuencias
desfavorables de la falta de interposición de un recurso pueden no ser aplicables”,
pues dicha controversia se relaciona con el estado civil de las personas,
el cual ha sido reconocido como un “derecho indisponible”[92].
Por tanto, en el presente caso aun
cuando el auto del 21 de mayo de 2003 no pudo ser conocido por el ad quem,
porque el recurso fue presentado por la apoderada de manera extemporánea, es
posible inferir que la acción de tutela es el único medio eficaz para lograr
superar la vulneración de los derechos fundamentales que alegan los hoy
accionantes.
Inmediatez en la interposición
de la acción de tutela
67. En relación con el requisito
de inmediatez, es preciso señalar que si bien el Decreto Estatutario 2591 de
1991 establece que la acción de tutela puede ser presentada en cualquier
tiempo, ello debe suceder en un tiempo razonable, contado desde la ocurrencia
de la amenaza o vulneración causantes de la trasgresión o desde cuando la
persona sienta amenazados sus derechos.
68. En relación con el requisito
de inmediatez, es preciso señalar que si bien el Decreto Estatutario 2591 de
1991 establece que la acción de tutela puede ser presentada en cualquier
tiempo, ello debe suceder en un lapso razonable, contado desde la ocurrencia de
la amenaza o vulneración causantes de la trasgresión o desde cuando la persona
sienta amenazados sus derechos.
69. La jurisprudencia
constitucional ha establecido algunos parámetros con relación al término
oportuno para determinar el cumplimiento del requisito de inmediatez. Así, este
Corporación ha indicado que debe verificarse:
“(i) La existencia de motivos válidos que expliquen la inactividad
del accionante, caso en el cual éste debe alegar y demostrar las razones que
justifican su inacción.
ii) La inactividad vulnera derechos de terceros afectados con la
decisión.
iii) Existencia de un nexo de causalidad entre el ejercicio tardío
de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales presuntamente
conculcados
iv) La vulneración o amenaza del derecho fundamental se mantiene en
el tiempo.
v) La carga de interposición de la tutela es desproporcionada en
relación con la situación de debilidad manifiesta del accionante”[93]. (Énfasis agregado).
70. No obstante, este Tribunal ha
condicionado la consideración del requisito de inmediatez a presupuestos
puntuales en los cuales las condiciones particulares del caso permitan
flexibilizar dicho requerimiento, siempre y cuando: “(i) (…) se demuestre
que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la
originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela,
la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos,
continúa y es actual. Y (ii) que la especial situación de aquella persona a
quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, convierte en
desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por
ejemplo el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de
edad, incapacidad física, entre otros”. Las circunstancias mencionadas
previamente conllevan a que no sea exigible de manera estricta el principio de
inmediatez; puesto que, “la acción de tutela tiene como objetivo la protección
cierta y efectiva de derechos fundamentales que se encuentran amenazados, bien
por acción o bien, por omisión de autoridad pública o particular cuando a ello
hay lugar. Ese objetivo, no se agota con el simple paso del tiempo, sino que
continua vigente mientras el bien o interés que se pretende tutelar pueda
seguir siendo tutelado para evitar que se consume un daño antijurídico de forma
irreparable”[94] (se
enfatiza).
De esta manera, es
tarea de juez constitucional valorar el cumplimiento del principio de
inmediatez, contando para ello con los criterios mencionados, destacándose que,
como de manera reiterada lo ha señalado esta Corte, el análisis no solo se
limita a un cálculo cuantitativo del tiempo transcurrido entre la vulneración o
amenaza de los derechos y la interposición de la acción de tutela; sino que,
debe realizarse un estudio del caso particular de acuerdo a los parámetros
referidos.
71. Así, esta Corporación en sentencia T-040 de 2015 señaló
que “el juez de tutela debe ser más flexible a la hora de
estudiar la procedibilidad de una acción de tutela cuando el actor es un
sujeto de especial protección constitucional, o cuando se encuentra en una
situación de debilidad manifiesta. En desarrollo del derecho fundamental a
la igualdad, le debe ofrecer un tratamiento diferencial positivo y analizar los
requisitos de subsidiariedad e inmediatez, entre otros, desde una óptica
menos estricta, pues el actor no puede soportar las cargas y los tiempos
procesales de los medios ordinarios de defensa judicial de la misma manera que
el resto de la sociedad”.
Este presupuesto se ha
flexibilizado por ejemplo en la sentencia T-352 de 2012, donde la Corte
conoció el caso de una persona que controvirtió una providencia judicial
proferida en un proceso de impugnación de paternidad, luego de transcurrido un
lapso superior a 18 meses. Al respecto estimó:
“(…) si bien el término transcurrido entre los hechos que presuntamente
vulneraron los derechos del accionante, y la interposición de la tutela, es
mayor al que usualmente establece esta Corporación como el razonable para la
procedencia de esta acción contra providencias judiciales, la Sala encuentra
que en el caso que ahora nos ocupa, dicho requisito se debe flexibilizar,
pues lo debatido no es sólo la pertinencia del amparo de los derechos del
señor Juan, sino los de la niña María, quien por mandato
constitucional goza de una especial protección.
Así las cosas, se debe tener en cuenta que
si se llegara a declarar improcedente el amparo deprecado, por no cumplirse con
el requisito de inmediatez, se incurriría en una vulneración continua y
permanente de las garantías fundamentales de la niña al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, al estado civil, a la personalidad
jurídica y a tener una familia y formar parte de ella, pues se le obligaría a
permanecer con el estatus de hija del señor Juan, sin que
biológicamente sea así, con las consecuencias que de ello se deriva”.
La flexibilización del principio
de inmediatez también ha operado en asuntos donde la tutela es presentada por personas en situación de desplazamiento forzado,
en virtud de su precaria condición[95]. En
este sentido se ha pronunciado esta Corporación, al plantear frente a este
requisito que “cuando se trata de la
procedencia de la acción de tutela para efectos de proteger los derechos
fundamentales de la población desplazada, el presupuesto de la inmediatez
debe ser aplicado de manera flexible a partir de la consideración
según la cual, sobre ellos se predica la titularidad de una especial
protección constitucional, merced a las circunstancias particulares de
vulnerabilidad, indefensión y debilidad manifiesta en la que se encuentran, y a
la necesidad de que se les brinde una protección urgente e inmediata en procura
de que les sean garantizadas unas condiciones mínimas de subsistencia dignas”[96] (Destaca
la Sala).
En cuanto a pensiones de
invalidez, en sentencia T-165 de 2012, la Sala Cuarta de Revisión
conoció un caso relacionado con el reconocimiento de dicha prestación con
ocasión de un accidente laboral. En el fallo se consideró que dado el estado de
especial vulnerabilidad del entonces accionante, a pesar de pretender dejar sin
efectos una serie de dictámenes emitidos por las Juntas Regional y Nacional de
Invalidez en el año 2007, con la presentación de una acción de tutela en el año
2011, es decir transcurridos cuatro años, se cumplía con el requisito de
inmediatez no obstante el significativo tiempo que había transcurrido entre la
emisión de los dictámenes demandados y la presentación de la acción. Sobre el
particular se señaló:
“De tal forma
que el asunto que se plantea es una eventual vulneración actual de los derechos
del actor que, no obstante encontrarse incapacitado de manera definitiva para
trabajar en la labor que ejercía, no ha recibido una calificación de invalidez
ajustada a la ley y a la jurisprudencia. En consecuencia, se presentaría una
afectación inminente de derechos fundamentales frente a la cual no cabe
aplicar con rigor el criterio de la inmediatez para declarar la improcedencia
de la acción. Además, dado que el accionante pretende que se declare su
actual estado de discapacidad, ya que desde la ocurrencia del accidente laboral
que le produjo la pérdida del brazo izquierdo, no cuenta con opciones laborales
y su salud mental se encuentra deteriorada ya que no ha logrado superar el
trauma del accidente, dicha situación comporta una vulneración continua y
directa de sus derechos fundamentales”.[97]
Lo mismo ha ocurrido en asuntos
relativos a personas de la tercera edad que han controvertido providencias
judiciales respecto del reconocimiento del derecho a la pensión de
sobreviviente. En la sentencia T-115
de 2015, la Corte resolvió el caso de una ciudadana, quien interpuso acción
de tutela contra una providencia judicial de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, que no casó las sentencias de los jueces laborales
de instancia. Entre el momento en que se expidió la sentencia de casación y la
presentación de la acción de tutela transcurrieron aproximadamente dos años. La
sentencia de revisión encontró satisfecho el principio de inmediatez, ya que a
pesar de que había pasado un tiempo considerable, se trataba de una accionante
de 80 años que carecía de fuente de ingresos y se constató que “la violación es continua y
actual, [por lo que] la Sala de Revisión
considera que la tutela es procedente”.
72. Lo anterior permite concluir
que la viabilidad de la aplicación de la inmediatez, debe ser considerada con
base en las circunstancias propias del asunto concreto en estudio. Del mismo
modo, entiende la Sala que el requisito de inmediatez debe flexibilizarse
teniendo en cuenta las circunstancias del caso particular, más cuando la
protección invocada versa sobre sujetos de especial protección constitucional
como en esta ocasión.
73. Hechas las anteriores
anotaciones, en el asunto objeto de análisis se evidencian dos factores que
sobrepasan la aplicación del requisito de inmediatez, esto es: i)
que la amenaza o vulneración puede permanecer en el tiempo hasta tanto no se
tenga absoluta certeza si el demandado civilmente es el padre de los
accionantes y, ii) la necesidad de proteger a un sujeto de
especial de protección constitucional[98], en caso
de que se compruebe la trasgresión, como lo es Juan David Serna Arbeláez, quien
fue declarado interdicto por el Juzgado Quinto de Familia de Bogotá el 13 de
junio de 2016.
74. Demandar el cumplimento
estricto de la inmediatez en este caso, compromete valores constitucionales superiores,
como lo es el derecho a la familia, a la filiación y el estado civil, entre
otros, derivados del eventual reconocimiento del presunto progenitor a los hoy
accionantes. La vulneración de los derechos fundamentales que ahora se alega
tiene la característica de permanecer en el tiempo, puesto que la posibilidad
de los actores de conocer su verdadero origen biológico, comporta una
afectación de la identidad y personalidad jurídica, que innegablemente se
manifiesta y produce consecuencias personales, familiares, sociales y legales
de forma continua, ya que se trata de un estado de indefinición o incertidumbre
que no ha concluido, de ahí que la vulneración revista el carácter actual. Así
las cosas, si bien esta Sala no desconoce el tiempo transcurrido para presentar
la acción de tutela, estima que por las condiciones particulares del caso y
atendiendo la prevalencia de la Norma Superior, es preciso aplicar lo dispuesto
en el artículo 228 de la Constitución Política, el cual reconoce la prevalencia
del derecho sustancial sobre el formal.
En esta oportunidad debe tenerse
en consideración que al encontrarse involucrado un derecho indisponible e
imprescriptible como lo es el estado civil de las personas que determina la
situación de una persona en la familia (art. 1º Decreto Ley 1260 de 1970), ni
siquiera la incuria en la formulación tardía de la acción de tutela y la
posibilidad de acudir a un nuevo proceso, pueden privar a los accionantes del
goce efectivo de sus derechos fundamentales.
Adicionalmente, debe destacarse
que uno de los accionantes (quien es representado por su hermano), es un sujeto
de especial protección constitucional en razón de su situación de discapacidad
mental absoluta, condición en virtud de la cual es merecedor de un trato
preferente por las autoridades públicas, incluidas las judiciales[99] y, por tanto, como lo ha sostenido esta
Corporación, “los requisitos de procedencia de esta acción deben
flexibilizarse con el fin de responder materialmente a las circunstancias
particulares que lo rodean”[100].
75. Así las cosas, la declaratoria
de improcedencia de la acción constitucional por parte de los jueces de
instancia al estimar que no se acredita el estudiado requisito, bajo el
argumento de que habían transcurrido 13 años desde cuando se dio por concluido
el proceso de investigación de paternidad ante la jurisdicción ordinaria civil,
no es admisible constitucionalmente.
Tal conclusión no repara en
que los jueces no tuvieron en cuenta, en primer lugar, que se está ante una
posible vulneración de derechos fundamentales de efecto permanente y continuo, que
se prolonga en el tiempo,  pero además que los accionantes -uno de ellos en
situación de discapacidad- han acudido a todo los medios judiciales que tenían
a su alcance en aras de lograr una respuesta definitiva que subsane la
incertidumbre en la que han permanecido por más de 33 años, respuestas que no
se corresponden con el rigor procesal que demandaba el asunto sub judice.
Asimismo, debe ponerse de presente
en este análisis el surgimiento de un hecho nuevo, consistente en la
declaratoria de interdicción de Juan David Serna Arbeláez mediante sentencia
del 13 de junio de 2016, proferida por el Juzgado Quinto de Familia de Bogotá[101], mediante la cual se designó a su hermano José
Luis Serna Arbeláez como guardador suplente, pudiendo desde esa fecha ejercer
como representante legal de aquel. De esta manera, se advierte que la acción de
tutela fue interpuesta 6 meses después de la habilitación judicial referida,
toda vez que fue radicada el 15 de diciembre del mismo año ante el Tribunal Superior
de Bogotá[102]. Por
todo lo anterior, para la Sala se encuentra acreditado el requisito de
inmediatez.
La irregularidad tiene un
efecto decisivo en la sentencia
76. Encuentra la Sala que el hecho
de declarar la excepción de la cosa juzgada, después de haberse decretado la
práctica de la prueba de ADN en el proceso de filiación extramatrimonial
adelantado por la progenitora de los hermanos Serna Arbeláez, constituye una irregularidad
procesal que tiene un efecto decisivo en la decisión adoptada, en tanto la
prueba científica se constituye como un elemento esencial, determinante y necesario
al momento de establecer la paternidad.  Por tanto, en el evento de que aquí no
se hubiera declarado la existencia de cosa juzgada, en el proceso se hubiera i)
seguido su trámite, ii) practicado la prueba de ADN, y iii)
establecido científicamente si el señor Pájaro Peñaranda era o no el padre de
los accionante. Corolario de ello se hubiera proferido una sentencia que
declarara o negara la paternidad.
77. Quiere decir lo anterior, que en
este evento se configura una aplicación procesal lejana de lo ortodoxo,
teniendo en cuenta que resulta incorrecto jurídicamente, que el juez de
instancia omitiera la práctica de la prueba genética de ADN –pues la ley
especial citada, se lo ordena—tanto más si ya había sido decretada por él mismo
dentro del proceso[103], pero procedió
a declarar la excepción de la cosa juzgada alegada por el demandado.
Identificación de manera razonable
tanto de los hechos que generaron la vulneración, como de los derechos afectados
78. En el presente asunto se identifican los
derechos fundamentales presuntamente vulnerados al debido proceso, al acceso
a la administración de justicia, a la personalidad
jurídica, a la dignidad humana, a tener una familia y formar
parte de ella; asimismo, el derecho al estado civil y a conocer con
certeza la identidad de los progenitores. Asimismo, puede decirse que los
hechos
generadores de la vulneración se materializan al declarar la existencia
de cosa juzgada en un proceso de filiación extramatrimonial, en el cual
a pesar de haberse decretado la práctica de una prueba de ADN, se optó por aplicar
presupuestos netamente adjetivos, negando a los accionantes el derecho a
establecer si el señor Pájaro Peñaranda es o no su padre.
La tutela no se dirige contra
una sentencia de tutela
79. La presente acción de tutela
se dirige contra una decisión adoptada en un proceso ordinario civil de
filiación extramatrimonial y no contra un fallo de tutela.
80. Del anterior análisis, concluye la Sala que la
acción de tutela sometida a revisión cumple con los requisitos generales de
procedibilidad contra providencias judiciales. En razón a ello, pasará a
analizar los requisitos específicos para establecer si se presentaron defectos
en la actuación de las autoridades judiciales que generen la vulneración de los
derechos de los accionantes.
Procedibilidad material de la acción de tutela
81. Conforme con las pruebas obrantes en el expediente,
la Sala procederá a hacer un breve recuento de los procesos que fueron
adelantados en favor de los accionantes con el fin de establecer su origen
paterno. Se advierte entonces que los señores Serna Arbeláez han acudido a la
justicia ordinaria en dos ocasiones, así:
(i) La primera, mediante proceso de
filiación natural (Radicado núm. 4.397) adelantado ante el Juzgado Primero
Civil de Menores de Bogotá, quien, en vigencia de las Leyes 45 de 1936 y 75 de
1968, se pronunció el 26 de julio de 1988, negando la declaración judicial
de paternidad extramatrimonial perseguida, en contra del señor Nicolás
Cipriano Pájaro Peñaranda. Esto a pesar de haberse practicado un examen de
sangre que determinó un nivel de compatibilidad sanguínea entre los hermanos Serna
Arbeláez y el presunto progenitor.
En esa oportunidad, la autoridad judicial consideró
que la señora Martha Serna Arbeláez, progenitora de los accionantes, no logró
probar la causal invocada como fundamento de la declaración judicial de
paternidad extramatrimonial, en tanto no se demostró el trato personal y
social entre ella y el presunto padre en la época en la que tuvo lugar la
concepción de los citados hermanos mellizos. En dicha providencia se lee:
“De
acuerdo con las consideraciones anteriores debe concluirse necesariamente que a
través de la investigación que nos ocupa, no obran los elementos de juicio
necesarios para que surja la convicción determinante respecto de la presunción
de paternidad extramatrimonial de los menores José Luis y Juan David Serna
Arbeláez, frente al enjuiciado Nicolás Pájaro Peñaranda, cuya declaración
judicial se pretendió en el libelo demandatorio.
La
parte actora, no logró probar suficientemente causal establecida por el
artículo 6º de la Ley 75 de 1968[104],
que sirve de fundamento a la declaración judicial de paternidad solicitada,
pues, solo queda de pie el indicio que surge del resultado de los exámenes de
sangre que practicó el Laboratorio de Genética del ICBF; este indicio no halló
respaldo en la actuación cumplida con otras presunciones e indicios que se
armonicen y entrelacen. En tales circunstancias es evidente que el resultado de
la investigación le fue adverso a la parte actora”[105].
Esa decisión no fue apelada por apoderado que en
ese entonces representaba los intereses de los accionantes.
(ii) La segunda, mediante el proceso
de filiación extramatrimonial (Radicado núm. 1206-02) adelantado ante el
Juzgado Décimo de Familia del Circuito de Bogotá, en vigencia de la Ley 721 de
2001.
82. En la demanda que dio inicio a dicho juicio le
fue solicitado al juez “ordenar la práctica de la prueba de ADN a las partes
de este proceso”[106], la
cual fue ordenada mediante auto del 03 de febrero de 2003, así:
“4º
Decretar la práctica de la prueba genética ADN, a las partes y a los menores en
cuyo favor actúa, con el uso de marcadores genéticos necesarios para alcanzar
el porcentaje de certeza sobre paternidad que se reclama del presunto padre
(Ley 721 de 2001 art 8º). Para ello OFICIESE al Laboratorio de Genética del
ICBF”[107].
La anterior orden fue a su vez concretada mediante
el oficio Nº 0303 de febrero 20 de 2003, dirigido al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar –ICBF-, entidad a quien se le ordenó realizar la prueba de
ADN a las partes implicadas[108].
83. En el transcurso para dar cumplimiento a la
orden del Juzgado, el 26 de marzo de 2003, el apoderado del señor Nicolás
Pájaro Peñaranda, propuso la excepción de cosa juzgada, prevista en el inciso
final del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, en los siguientes
términos:
“1.-
En los hechos de la demanda radicada en el Juzgado Primero Civil de Menores de
Bogotá, en el proceso de filiación natural que la ahora también demandante, en
representación de sus menores hijos Juan David y José Luis, instauró contra el
ahora también demandado Nicolás Pájaro Peñaranda, aquella se apoyó en las
supuestas relaciones sexuales que tuvo con éste en los “días propicios para
quedar encinta”, las que pretendió acreditar con examen de compatibilidad de
grupo sanguíneo, sin que tuviera éxito ante el abundante material probatorio
que mostró la verdad real de los hechos.
2.-
En el proceso mencionado en el numeral anterior la actora aduce la misma razón
fáctica, amén de que formula las mismas pretensiones, en el sentido de que se
declare que el demandado Nicolás Pájaro Peñaranda es el padre de los menores
Juan David y José Luis.
3.-
Para que se estructure la cosa juzgada es necesario que el nuevo proceso verse
sobre el mismo objeto del anterior, que es precisamente lo que ocurre en el
presente caso, pues el propósito buscado por la parte actora es el mismo, como
lo precisé en los numerales anteriores. En otras palabras, las pretensiones de
las dos demandas son las mismas o iguales y, además, existe identidad de causa
en los dos proceso, los hechos que se adujeron en el primero son la causa
petendi del segundo y, finalmente, existe identidad jurídica de partes, ya que
los demandantes Juan David y José Luis, representados por su madre, son los
mismos en ambos procesos, y lo propio ocurre con la identidad del demandado.
Todo
lo anterior se ajusta a la previsión del artículo 332 del Código de
Procedimiento Civil, norma que desarrolla el mandato constitucional consagrado
en el artículo 29, según el cual nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo
hecho.
(…)
5.-
Así las cosas, so pretexto de la expedición de una nueva ley del 2001 no puede
la actora incoar una nueva acción para revivir un proceso legalmente concluido,
pretendiendo desconocer situaciones definitivamente consolidadas a la luz de
nuestra normatividad”[109].
84. Al descorrer el traslado de las anteriores
excepciones previas, el 10 de abril de 2003, la apoderada de la parte
demandante presentó los siguientes argumentos:
“Comedidamente
solicito al Despacho en el análisis de este asunto, que al igual que la gestión
judicial no tiene interés distinto a hacer prevalecer la justicia, en casos que
como éste, se atenta de manera abierta contra la violación y desconocimiento de
los derechos fundamentales de los niños, que conforme a la consagración que de
ellos hace nuestra Constitución Nacional “… prevalecen sobre los derechos de
los demás”, Artículo 44, más aún, por sobre la Carta Magna como Norma Superior.
Constitucionalmente
se señala al Estado la obligación de proteger especialmente a aquellas personas
que por su condición económica, física o mental, se encuentran en
circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos
(párrafo 3, art. 13).
Comedidamente
se solicita al Señor Juez, que como integrante del Estado y en cumplimiento de
su deber de proteger y asegurar la efectividad del derecho fundamental así
descrito, ordene la práctica de la prueba de ADN a las partes del proceso,
conforme a petición de la demandante como obra en el proceso.
(…)
La
Constitución del 91, soporte de las peticiones interpuestas, establece sin
miramientos en su disposición 5ª, que, “El Estado reconoce, sin discriminación
alguna, la primacía de los derechos inalienables de las persona” y
ampara la familia como institución básica”, y en su artículo 14, afirma: “Toda
persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica”, en
consecuencia este derecho no se negocia ni puede desconocerse bajo ninguna
circunstancia, ni hacer primar sobre él, formalidades procesales. En los casos
que se controvierte derechos fundamentales y personalísimos, como lo es, el
derecho a un nombre, a un reconocimiento jurídico del que se deriva otros
derechos fundamentales como lo son el derecho a tener una familia, alimentos,
educación, salud, recreación, su consagración sustancial superior no puede
desconocerse so pretexto del derecho adjetivo, pues, ello conllevaría la
responsabilidad del Estado frente al equilibrio del orden público.
El
reconocimiento de la relación filial entre el señor Nicolás Pájaro Peñaranda y
los niños Juan David y José Luis, es soporte fundamental para el reconocimiento
de su personalidad jurídica y la práctica de la prueba científica del ADN,
constituye solo el medio para salvaguardar el derecho fundamental pretendido”[110]
(Negrilla en el texto original).
85. El Juzgado Décimo de Familia de Bogotá, en la
decisión ahora controvertida, proferida el 21 de mayo de 2003, resolvió
declarar probada la excepción de cosa juzgada, propuesta por el demandado,
dando por terminado el asunto. Para llegar a tal conclusión, expuso en lo
pertinente los siguientes argumentos:
“Pretende
entonces, que un conflicto que fue ya definido por juez competente, después de
haber acatado el debido procedimiento y otorgado las garantías procesales del
caso, sea retomada sobre las mismas circunstancias que fueron sustento de las
pretensiones de antaño, con el argumento de que ha sobre venido una nueva
categoría probatoria para casos de investigación de la paternidad, que arroja
superior índice de probabilidad de exclusión o inclusión, es subvertir el orden
jurídico y la confiabilidad que toda organización social debe tener en las
decisiones últimas del estamento judicial, es contrariar el principio
constitucional de que “nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes
al acto que se le imputa, ante el juez o tribunal competente y con la
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio” (artículo 29
de la Constitución Nacional), porque si bien es cierto, “los derechos de los
niños prevalecen sobre los derechos de los demás”, conforme lo estipula el
artículo 44 de nuestro Estatuto superior, citado por la actora, ello no puede
ser pretexto para revivir un asunto ya terminado. De aceptarse dicho argumento
sería alterar la seguridad jurídica que confiere la cosa juzgada a las
decisiones judiciales.
(…)
Cierto
es que frente al poder contundente de los hechos nuevos, como el progreso
científico, que enmarca el actual momento histórico, el Derecho debe ir a tono
con la dinámica. Mas, no quiere decir esto que so pretexto de defender un
interés particular, se desconozcan principios supralegales como el de la cosa
juzgada; pues si bien, la Ley 721 de 2001, consagra la prueba de ADN cuyo
resultado arroje índice de probabilidad superior al 99.9%, como fundamento máximo
para declarar la paternidad demandada, no quiere decir ello que asuntos
terminados con anterioridad y que gozan hoy de firmeza, puedan ser revividos.
Como la ley no lo dijo, debe prevalecer la seguridad jurídica.
Así
las cosas, como los hechos planteados en el presente proceso y las pretensiones
demandadas, fundamentadas en ellos, son los mismos que se debatieron en el
juicio que tramitó en el Juzgado Primero Civil de Menores, (hoy de familia), e
igualmente, las partes vinculadas a él, son las mismas que aquí intervienen,
hallase que sobre el mismo asunto no puede haber nuevo debate porque la
decisión adquirió firmeza en aquella instancia, pues teniendo la demandante las
vías procesales para reclamar, como lo era la acción de revisión prevista en el
artículo 18 de Ley 75 de 1968, si fue que no estuvo de acuerdo con la
determinación adoptada la dejó fenecer sin explicación válida alguna”[111].
86. Reseñado lo anterior, para la Sala el Juzgado
Décimo de Familia de Bogotá incurrió en varias de las causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Veamos:
87. En primer lugar, se configura un defecto
procedimental absoluto, el cual, como fue explicado en la parte dogmática
de esta decisión, consiste en que la autoridad judicial actúa completamente
al margen del procedimiento establecido en las leyes y en la Constitución, “que
para los procesos de filiación, consiste en la práctica y posterior acatamiento
del resultado de la prueba de ADN. Es decir que, debido a que es obligación del
juez de la causa ordenar la práctica del examen de ADN y valorar su resultado,
y al no haber actuado conforme al mandato legal, la actuación del administrador
de justicia configuró un defecto procedimental”[112].
88. En efecto, el artículo 1º de la Ley 721 de 2001
establece que “en todos los procesos para establecer paternidad o
maternidad, el juez, de oficio, ordenará la práctica de los exámenes que
científicamente determinen índice de probabilidad superior al 99.9%”, y
que “mientras los desarrollos científicos no ofrezcan mejores posibilidades,
se utilizará la técnica del DNA”. Así entonces, en el presente caso, a
pesar del mandato legal, la autoridad judicial accionada hizo caso omiso de la
misma, pues si bien ordenó la prueba de ADN esta no fue practicada y, por ende,
valorada.
89. De
esta manera, en atención
a la normativa civil vigente, el juez en los procesos de filiación está obligado
a decretar y considerar la prueba antropo-heredo-biológica, pues de no hacerlo,
incurriría en una flagrante violación al debido proceso por defecto procedimental, anulando la oportunidad de
contar con un valioso elemento de valoración para solucionar la controversia. Es
decir, que ante la omisión de acudir al procedimiento establecido legalmente
para determinar la filiación entre un presunto ascendiente y un descendiente,
el cual consiste en decretar y valorar la prueba científica, el juez de la causa
incurrió en un defecto procedimental absoluto.
90. En segundo lugar,
correlacionado con la causal anterior, se estructura un defecto fáctico por
omisión, el cual se presenta cuando un juez decreta una prueba
necesaria para la resolución del asunto sometido a su conocimiento pero
resuelve el mismo, sin que se haya practicado la prueba ordenada. En esta
oportunidad, a pesar de
que la Ley 721 de 2001 le discierne al juez el deber de decretar, practicar y
valorar la prueba científica de ADN, como instrumento eficaz para establecer la
paternidad, tal no fue realizada al darse anticipadamente por terminado el
proceso, ante la declaratoria de cosa juzgada deprecada por el demandado como
excepción.
Esta Corte en la sentencia T-488
de 1999, en un caso similar al que aquí se estudia, la Sala Sexta de Revisión
determinó que un menor “tenía derecho a que la prueba antropoheredobiológica
solicitada en su favor dentro del proceso de filiación que se adelantó en
contra del presunto padre, se practicara por la obligatoriedad de la misma, la
existencia previa de un decreto de realizarla y dada la conducencia para la
resolución de su pretensión”. Agregó, “que los obstáculos que se
presentaron para su práctica, no justifican de manera suficiente la omisión
total de su realización, como quiera que como ya se anotó, el mismo
procedimiento prevé los recursos para que se allegue ese elemento probatorio,
los cuales, como lo certificó en el proceso de tutela la Procuradora Judicial
29 para el Menor y la Familia, no fueron agotados por ninguna de las
instancias”.
91. En ese orden de ideas, en
atención a la ley y a los referentes jurisprudenciales, en el asunto que ocupa
a la Sala no se encuentra justificación que el juez a pesar de haber decretado
la práctica de la prueba, posteriormente la desechara al declarar la excepción
de la cosa juzgada, dejando de lado valores superiores como el debido proceso y
sin tener en cuenta que de esta manera estaba renunciando a la verdad
definitiva, que actualmente solo es posible alcanzar con la práctica de la
prueba que ya había sido ordenada[113].
A su vez, importa destacar que del
expediente de la referencia no es posible extraer elementos que lleven a
determinar que el juzgado accionado insistió en la práctica de la prueba
científica inherente a todos los procesos de filiación adelantados con
posterioridad al 2001, sino que se limitó a decretar la excepción de cosa
juzgada[114]. Esta
inactividad confluyente con la parsimonia de la apoderada de los hoy
accionantes para controvertir dicha providencia que concluyó con la ejecutoria
del auto proferido el 21 de mayo de 2003[115].
92. De manera análoga, al declararse la excepción de cosa juzgada,
la autoridad judicial accionada incurrió de manera concomitante en un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto y en una violación directa de
la Constitución, pues por dar aplicación estricta al artículo 332 del
Código de Procedimiento Civil, sobre la existencia de cosa juzgada, sacrificó
derechos constitucionales en cabeza de los accionantes, inherentes a la protección de la filiación, la cual implica una salvaguarda a los
derechos a la personalidad jurídica (art. 14 de CP), a tener una familia (arts.
5, 42 y 44 CP), al libre desarrollo de la personalidad (art. 16 CP) y a la
dignidad humana (art. 1º de la CP)[116].
Por tanto, con esta actuación, el Juzgado Décimo de Familia de Bogotá
desplazó el amparo de los derechos de los hermanos Serna Arbeláez para dar
aplicación a una norma procedimental, que hace procedente la acción de tutela contra
providencias judiciales.
93. Incluso, para la Sala no se estructuraba el
fenómeno de cosa juzgada que fue declarado en el auto del 21 de mayo de 2003,
pues si bien había identidad de partes y de pretensiones, entre el proceso
adelantado en 1988 y el terminado en 2003, los hechos no eran similares. Al
respecto basta con traer a colación lo considerado por este Tribunal en la
sentencia T-352 de 2012, al analizar un caso con presupuestos fácticos
equivalentes:
“Así
las cosas, la Sala considera que no existe cosa juzgada en este caso, debido a
que si bien se trata de iguales sujetos y de iguales pretensiones, los hechos
no son los mismos, ya que: i) en 1973 [en el presente asunto sería 1988] (fecha
en que se llevó a cabo el primer proceso) no existía la prueba de ADN, pues los
avances científicos en materia genética no habían llegado hasta su
descubrimiento; ii) el ordenamiento jurídico se regía bajo los mandatos de la
Constitución de 1886; por tanto, fue hasta 1991 cuando se logró afianzar el
principio de la primacía del derecho sustancial sobre el procesal, como
garantía de la materialización y protección real de los derechos de los
individuos; y iii) no se había expedido la Ley 721 de 2001, que fue la que
determinó que era obligatoria la prueba de ADN en los procesos de filiación,
mientras los desarrollos científicos no ofrezcan mejores posibilidades”.
94. Como se expuso
previamente, el proceso de investigación de la paternidad ha sufrido mutaciones
legislativas acordes con los avances científicos mediante los cuales se ha
permitido que las partes involucradas en un proceso de esta naturaleza tengan
plena certeza al momento de definir si existe un vínculo consanguíneo entre
ellos. Así, la nueva normatividad, que para el presente caso es la Ley 721 de
2001, resultaba imperativa para el juez de conocimiento y suponía hechos
nuevos o diferentes a los analizados y juzgados, permitiendo descartar la
estructuración del fenómeno de cosa juzgada[117].
95. El Juzgado Décimo de Familia
de Bogotá, erradamente consideró que los presupuestos fácticos estudiados por
el Juzgado Primero Civil de Menores en 1988, eran idénticas a los presentados
en el proceso estudiado en 2003, desconociendo así la normal legal vigente que
suponía una valoración probatoria y procedimental distinta a la aplicada en el
proceso anterior. Adicionalmente, se advierte que el Juzgado Décimo de Familia
de Bogotá desconoció que el pronunciamiento del Juzgado Civil de Menores de
1988, se regía bajos los lineamientos establecidos en la Constitución de 1886,
donde no se encontraba debidamente consolidado el principio del derecho
sustancial como si lo está en la Carta Política de 1991[118].
96. Y es que el altísimo grado
de probabilidad que otorga la prueba científica de ADN respecto del
establecimiento de la progenitura, hizo la ley dispusiera lo imperativo de su
práctica. Por ello, no podía desconocer el Juzgado Décimo de Familia de Bogotá
el medio científico al uso. Esto se aúna al hecho de que las pruebas periciales
de grupos sanguíneos a las que refería la Ley 75 de 1968, bajo cuyo imperio se adelantó
el primer proceso ante el Juzgado Civil de Menores de Bogotá, “carecían de
un poder de inclusión o de exclusión absoluto, pues no afirmaban ni excluían la
paternidad, apenas reflejaban una probabilidad relativa, que variaba
dependiendo de la cantidad de personas que pudieran tener el mismo tipo de
sangre del posible padre”[119].
De ahí que si la paternidad
atribuida al señor Pájaro Peñaranda aún no había sido científicamente definida,
el Juzgado debía encauzar su actuación en esa senda, pues tal situación
resultaba violatoria de los derechos fundamentales de los hermanos Serna
Arbeláez.
97. En el mismo sentido, se
evidencia una violación
directa de la Carta, ya que se marginaron integralmente de la controversia los principios constitucionales
consagrados en el Texto Superior. En efecto, la providencia cuestionada solo
tuvo en cuenta el hecho de que había existido un proceso de filiación natural
anterior sin considerar las variables normativas y circunstanciales que
motivaron, por segunda vez, el inicio del proceso filiación extramatrimonial.
Esto significa que el auto
atacado al soslayar la práctica de la prueba científica, imposibilitó la revisión
de fondo del asunto planteado por el núcleo familiar accionante, olvidando el
principio constitucional de la primacía del derecho sustancial sobre el
procedimental. Principio que se quebrantó cuando ante la posibilidad de practicar
una prueba de ADN el juez de instancia decidió darle mayor prevalencia al
aspecto formal, dejando de lado la primacía de la protección real y efectiva de
los derechos de los individuos, en particular de quienes en ese entonces eran solo
unos niños[120].
Dicho actuar del juzgado accionado
generó una situación de permanente vulneración en la órbita de derechos
fundamentales de los hermanos Serna Arbeláez que, como claramente se evidencia
con la interposición de esta acción de tutela, sigue produciendo efectos
nocivos en sus garantías constitucionales.
98. Quiere decir lo anterior
que la decisión del Juzgado Décimo de Bogotá mediante la cual declaró la
excepción de cosa juzgada en el proceso de filiación adelantado por los
accionantes en vigencia de la precitada ley, es contraria al Texto Superior y a
la jurisprudencia de esta Corte, en la cual se ha reiterado que en los casos en
los cuales exista una amenaza o vulneración de derechos fundamentales, prevalecerá
la justicia material y no las formalidades propias, adjetivas  del proceso
judicial.
Importa destacar que en
el presente caso confluyen variables circunstanciales que no han permitido a
los accionantes llegar a la certeza sobre la existencia de un vínculo con el
demandado, ya que además de la falta de esmero de los jueces en los procesos
adelantados por ellos para llegar a la verdad, se suma al hecho de que los
profesionales del derecho a los cuales acudieron no cumplieron cabalmente con
la tarea encomendada por sus clientes ya que ni siquiera recurrieron
oportunamente las decisiones tomadas por las autoridades judiciales en primer
grado.
Conclusiones y
órdenes
99. Con fundamento en
todo lo expuesto, la Sala considera que la decisión del 21 de mayo de 2003,
proferida por el Juzgado Décimo de Familia de Bogotá, representa una violación
a los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración
de justicia, al estado civil, a la personalidad jurídica, a tener una familia y
formar parte de ella y a la dignidad humana de los hermanos Juan David y José
Luis Serna Arbeláez.
100. En consecuencia, la Sala Octava de
Revisión procederá a revocar la decisión de la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia del 24 de julio de 2017, que a su vez confirmó la
decisión de 20 de enero de 2017, proferida por la Sala Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá. En su lugar amparará
los derechos fundamentales invocados y dejará sin efectos la decisión adoptada
por el Juzgado Décimo de Familia de Bogotá, del 21 de mayo de 2003, que declaró
probada la excepción de cosa juzgada y dio por terminado el proceso de
filiación extramatrimonial radicado bajo el número 1206-2002. Asimismo,
ordenará a la autoridad judicial accionada continuar, en el término de las 48 horas
siguientes a la notificación de esta providencia, con el proceso de filiación,
debiendo practicar y valorar la prueba científica de ADN ordenada al interior
del mismo.
101. Para la Corte los
hermanos Serna Arbeláez tienen derecho a que se practique la prueba científica
inherente a los procesos para establecer la paternidad o la maternidad teniendo
en cuenta, por un lado, la obligatoriedad de la misma y, por el otro, que ésta ya
había sido decretada en el trámite procesal. Así las cosas, no existía justificación
constitucional para que la autoridad accionada omitiera la práctica y
valoración de la prueba científica de ADN, anteponiendo barreras
procedimentales en desconocimiento de los derechos fundamentales de los
accionantes y de su núcleo familiar.
102. Los
derechos al debido proceso y al acceso a la Administración de Justicia buscan
proteger a las personas cuando por alguna actuación de los operadores
judiciales se vean comprometidas las garantías mínimas que puede brindar la judicatura
a quienes acudan a esta para dirimir controversias que resulten insuperables
para las partes en conflicto. La procedencia de la acción de tutela para
obtener la protección de los mencionados valores constitucionales es
excepcional y depende de las circunstancias propias de cada asunto, sin
desconocer la autonomía y la independencia que recae sobre las decisiones de
los jueces.
103. El
Juzgado Décimo de Familia Bogotá vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, al estado civil, a la personalidad
jurídica, a tener una familia y formar parte de ella y a la dignidad humana de
los hermanos Juan David y José Luis Serna Arbeláez, pues a
pesar del mandato legal previsto en la Ley 721 de 2001 de practicar y valorar la
prueba científica de ADN, decidió apegarse a la ritualidad procesal y declarar
la excepción de la cosa juzgada, desconociendo los derechos fundamentales en
cabeza de los accionantes.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero. LEVANTAR la suspensión de términos ordenada mediante auto
240 de abril 23 de 2018 en el proceso de la referencia.
Segundo. NO ACCEDER a la solicitud de
nulidad presentada por la apoderada del señor Nicolás Pájaro Peñaranda en el
trámite de la acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de
la presente decisión.
Tercero.
REVOCAR la sentencia proferida el 24 de julio de
2017 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que a su
vez confirmó la emitida el 20 de enero de 2017 por la Sala Civil del Tribunal
Superior de Bogotá. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, al estado civil, a la personalidad jurídica, a tener una familia y
formar parte de ella y a la dignidad humana de los hermanos Juan David y José
Luis Serna Arbeláez, en los términos expuestos en esta providencia.
Cuarto. DEJAR SIN EFECTOS, con base en
las consideraciones de esta providencia, la decisión adoptada
por el Juzgado Décimo de Familia de Bogotá, del 21 de mayo de 2003, que declaró
probada la excepción de cosa juzgada y dio por terminado el proceso de
filiación extramatrimonial radicado bajo el número 1206-2002. En consecuencia, ORDENAR
a la autoridad judicial accionada, que en el término de las 48 horas siguientes
a la notificación de esta providencia, continúe con el proceso de filiación
mencionado, debiendo practicar y valorar la prueba científica de ADN ordenada
al interior del mismo.
Quinto. Por
Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional.
JOSÉ FERNANDO REYES
CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
Con salvamento
parcial de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO
DEL MAGISTRADO
CARLOS BERNAL PULIDO
A LA SENTENCIA T-249/18
Referencia: Expediente T-6.490.835
Magistrado Ponente:
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
En atención a la decisión adoptada por la Sala Octava
de Revisión el 22 de mayo de 2018, en el expediente de la referencia, presento
Salvamento Parcial de Voto, puesto que no comparto lo dispuesto en los
resolutivos tercero y cuarto de la sentencia, en los cuales se revocan las
decisiones de tutela en primera y segunda instancia y se deja sin efectos la
providencia judicial atacada.
Esto fundamentalmente porque considero que en presente
caso la acción de tutela: (i) no cumple con el requisito de inmediatez, toda
vez que transcurrieron más de trece años desde que se profirió la providencia
objeto de tutela (21 de mayo de 2003);  y (ii) tampoco cumple con el requisito
de subsidiariedad, ya que los accionantes cuentan con la acción de “investigación
o impugnacion de parternidad o la maternidad” prevista en el artículo 386
del Código General del Proceso, en concordancia con el artículo 406[121] del Código Civil, sin que se haya
acreditado en modo alguno la posible configuración de un perjuicio irremediable
que hiciera procedente la tutela aún de manera transitoria, ni las
particularidades del caso evidencian situaciones excepcionales que justifiquen
la flexibilización de este requisito.
Respetuosamente,
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
[1]
Sala de Selección integrada por los Magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo y
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[2]
Cuaderno 1, folios 288 a 289.
[3]
Sobre reformas civiles (filiación natural).
[4]
Por la cual se dictan normas sobre filiación y se crea el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar.
[5]
Cuaderno 1, folio 289.
[6]
Por medio de la cual se modifica la Ley 75 de 1968.
[7]
Cuaderno 1, folio 190.
[8] Cuaderno 1, folio 291.
[9]
Cuaderno 1, folio 300.
[10]
Cuaderno 1, folio 307 ibídem.
[11]
Cuaderno 1, folio 357.
[12]
Cuaderno 1, folios 328 a 334.
[13]
Ibídem.
[14]
Cuaderno 1, folio 430 al 438.
[15]
Cuaderno 1, folios 430 a 438.
[16] Cuaderno 2, folios 7 a 10.
[17]
Cuaderno 1, folios 61 a 78.
[18]
Cuaderno 1, folios 9,12 y 16.
[19]
Cuaderno 1, folios 21-24 y 57-57-60 ibídem.
[20]
Cuaderno 1, folios 84 a 87.
[21]
Cuaderno 1, folios 88 y 91.
[22]
Cuaderno 2, folios 4 a 6.
[23]
Cuaderno 1, folios 1 y 2.
[24]
Cuaderno 1, folio 421.
[25]
Cuaderno 1, folios 395 y 396.
[26] “De acuerdo a lo anterior, para el Despacho los
actos de notificación personal y por aviso de la acción de tutela en sede de
instancia al señor Nicolás Cipriano Pájaro Peñaranda, no fueron eficaces, toda
vez que los medios empleados para ello no permiten asegurar que el vinculado
haya conocido fehacientemente el contenido de las actuaciones y/o la existencia
de la acción de tutela, de la cual sus intereses se podrían ver comprometidos.//
En efecto, el intento de notificación personal fue infructuoso en la medida que
la dirección de domicilio registrada en los procesos ordinarios, de donde fue
extraída, no coincide con el domicilio actual del vinculado, razón por la cual
fue devuelta por la empresa postal que presta sus servicios a la judicatura.
Del mismo modo, difícilmente puede asegurarse que la publicación por un día del
aviso en la Secretaría de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá y en la
página web de la Rama Judicial, hayan sido conocidos por el señor Pájaro
Peñaranda, habida cuenta que no es usual la consulta diaria de quien
eventualmente no tiene intereses, asuntos o procesos que lo hagan visitar tanto
las instalaciones del Tribunal como la página web de la Rama Judicial. Esta
situación puede explicar la falta de respuesta a la acción de tutela por parte
del vinculado, así como la eventual impugnación del fallo de primera instancia.
// 1.15 Por lo anterior, con el fin de garantizar el derecho de contradicción y
defensa del señor Nicolás Cipriano Pájaro Peñaranda, el Despacho dispondrá
ponerle en conocimiento de la existencia del proceso de tutela, en la cual fue
vinculado por el juez de primera instancia. Para tal efecto, se le allegará
copia del escrito de tutela, sus anexos y los fallos de instancia, a la
dirección actual de residencia (…) y de correo electrónico personal (…)”. Auto
a folio 22 del cuaderno de revisión.
[27] Escrito
a folios 36 a 73 del cuaderno de revisión.
[28] Auto a
folios 74 a 78 del cuaderno de revisión.
[29] Informe
a folio 150 del cuaderno de revisión.
[30]
Escritos a folios 119 a 128 y 146 149 del cuaderno de revisión.
[31]
Código General del Proceso, “Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente
en los siguientes casos (…) 8. Cuando no se practica en legal forma la
notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el
emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser
citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera
de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al
Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la
ley debió ser citado”.
[32] “Por medio del
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”
[33]
En relación con la vinculación de las partes o terceros con interés en el
proceso, la Corte en Auto 165 de 2008 sostuvo que:“Así
las cosas, lo que buscan las disposiciones en cita, es que todas las partes o
terceros con interés en el proceso de tutela, sean oportunamente llamados por
el juez constitucional, a partir de los principios de informalidad y
oficiosidad, para que de esta forma ejerzan su derecho de defensa y
contradicción, pues resultaría paradójico en un Estado Social de Derecho, dictar
una orden judicial para que sea cumplida por una entidad pública o un
particular, cuando ni siquiera ha tenido la oportunidad de ser oído durante el
trámite tutelar.”
[34] Artículo 16 del Decreto Estatutario 2591
de 1991 “Las providencias que se dicten se notificarán a las partes o
intervinientes, por el medio que el juez considere más expedito y eficaz”.
[35]
Auto 123 de 2009.
[36]
Auto 252 de 2007.
[37] La “notificación deberá hacerse por el
medio que, siendo expedito y eficaz, asegure o garantice que el demandado tenga
un conocimiento real del comienzo del proceso.  El
juez debe ser especialmente cuidadoso para garantizar el derecho de defensa del
particular.  Pues una acción de tutela tramitada sin que éste tenga
conocimiento real de su existencia, jamás se ajustará al debido proceso”. Auto
252 de 2007.
[38] Auto 002 de 2005.
[39]
Consultar, entre otros, los Autos 288 de 2009 y 165 de 2011.
[40]
Consultar, entre otros, los Autos 234 de 2006, 115A de 2008,
281 A de 2010 y 360 de 2015.
[41]
Consultar, entre otros, el Auto 099 A de 2006 y las
sentencias, T-426 de 2001, T-687 de 2001, T-424 de 2002 y T-603 de 2002.
[42]
Consultar, entre otros, el Auto 363 de 2014.
[43]
Auto 549 de noviembre 16 de 2016.
[44] “En efecto, el intento de notificación personal
fue infructuoso en la medida que la dirección de domicilio registrada en los
procesos ordinarios, de donde fue extraída, no coincide con el domicilio actual
del vinculado, razón por la cual fue devuelta por la empresa postal que presta
sus servicios a la judicatura. Del mismo modo, difícilmente puede asegurarse
que la publicación por un día del aviso en la Secretaría de la Sala Civil del
Tribunal Superior de Bogotá y en la página web de la Rama Judicial, hayan sido
conocidos por el señor Pájaro Peñaranda, habida cuenta que no es usual la consulta
diaria de quien eventualmente no tiene intereses, asuntos o procesos que lo
hagan visitar tanto las instalaciones del Tribunal como la página web de la
Rama Judicial. Esta situación puede explicar la falta de respuesta a la acción
de tutela por parte del vinculado, así como la eventual impugnación del fallo
de primera instancia”. Auto del 10 de abril de 2018 (a folios 32 a 34 del
cuaderno de revisión).
[45]
El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 establece que “quien tuviere un
interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud”.
[46]
Acta individual de reparto a folio 302 del cuaderno de primera instancia.
[47]
En este caso debe precisarse que la Corte es del criterio que
los menores de edad pueden interponer directamente la acción de tutela cuando
se trata de defender sus derechos fundamentales. Al respecto puede verse las
sentencias T-341 de 1993, T-293 de 1994, T-456 de 1995, T-409 de 1998, T-182 de
1999, T-355 de 2001 y T-1220 de 2003.
[48]
“Legitimación. El Defensor del Pueblo podrá sin perjuicio del derecho que
asiste a los interesados, interponer la acción de tutela en nombre de cualquier
persona que se lo solicite o que esté en situación de desamparo e indefensión”.
[49] “El Defensor del
Pueblo velará por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos
humanos, para lo cual ejercerá las siguientes funciones: // 3. Invocar el
derecho de Habeas Corpus e interponer las acciones de tutela, sin perjuicio del
derecho que asiste a los interesados”.
[50]
Cuaderno 1, folio 301.
[51]
“Por la cual se dictan normas para la Protección de
Personas con Discapacidad Mental y se establece el Régimen de la Representación
Legal de Incapaces Emancipados”.
[52]
Sentencia T-
416 de 1997.
[53]
Sentencia C-543 de 1992.
[54]
Precedente acogido recientemente en la Sentencia T-398 de 2017.
[55] Preceptos recogidos entre otras de las siguientes Sentencias: T-173
de 1993. T-008 y T-658 de 1998,
T- 088 de 1999, T-159 y SU 159 de 2000, SU-219 de 2001, T-315 de 2005 y  C-590 de
2005.
[56]
Consideraciones descritas en las sentencias T-1625 de 2000, SU-1031/01, T-1184 de 2001
y T-462 de 2003.
[57] Ver Sentencia T-120 de 2014 y T-214 de 2012.
[58] Sentencia T-017 de 2007.
[59]
Sentencias T-996 de 2003, T-638 y T-781 de 2011, entre muchas otras.
[60] Sentencia T-264 de 2009.
[61] Sentencia T-778 de 2009.
[62]
Sentencia T-388 de 2015
[63]
Ver entre otras las Sentencias SU-159 de 2002, C-590 de 2005 y T-737 de 2007,
T-391 de 2014, T-031 de 2016 y T-459 de 2017.
[64] Sentencia T-429 de 2011.
[65]
Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a
las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.
[66]
Sentencia T-404 de 2017.
[67] Sentencia T-1065 de 2006.
[68] Los
artículos 180 del Código de Procedimiento Civil, 54 del Código Procesal del
Trabajo y 169 del Código Contencioso Administrativo autorizan la práctica de
pruebas de oficio. Obviamente esta facultad dependerá de la autorización legal
para el efecto, pues en el caso, por ejemplo, de lo dispuesto en el artículo
361 de la Ley 906 de 2004, según el cual el juez penal de conocimiento no puede
decretar pruebas de oficio en la etapa de juzgamiento, no es posible exigirle
al juez algo distinto a lo expresamente permitido. En este aspecto, puede verse
la sentencia C-396 de 2007. M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[69]
Sentencia T-417 de 2008.
[70] Ibídem.
[71]
Cfr. Sentencia T-352 de 2012.
[72] “Este
defecto encuentra sustento en el
modelo de Estado Social de Derecho acogido en la Constitución de 1991,
particularmente en lo dispuesto en el artículo 4º de la Carta, según el cual,
la Constitución es norma de normas, y en caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán preferencialmente las
disposiciones constitucionales. En ese sentido, éste se presenta cuando el juez de la causa adopta una decisión que desconoce
los mandatos de la Carta Política”.
Sentencia T-398 de 2017.
[73]
La Sala Primera de Revisión consideró vulnerados los derechos fundamentales del
accionante por parte del juez  tras decidir que la impugnación de la paternidad
presentada por él no estaba llamada a prosperar, porque no tenía “interés
actual” para actuar, pese a haber demandado dentro de los veinte (20) días
siguientes al conocimiento del resultado de la prueba de ADN que dictaminó
improbable que fuera padre de la niña que había reconocido como su hija, el
Alto Tribunal reconoció que si bien el desconocimiento de la Constitución
produce invariablemente la misma distorsión, no siempre se ocasiona de la misma
forma; es decir, que el desconocimiento del Estatuto Superior se puede
presentar con el acaecimiento de varios supuestos.
[74]
Artículo 303, Código General del Proceso: Artículo 303. Cosa juzgada. La
sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa
juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en
la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica
de partes.
Se entiende que hay
identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por
causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por
acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se
trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos.
En los procesos en que se
emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, incluidos
los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las
comprendidas en el emplazamiento.
La cosa juzgada no se opone
al recurso extraordinario de revisión.
[75]
Sentencia C-774 de 2001, T-352 de 2012, T-535 de 2015, entre otras.
[76]
Sentencia C-220 de 2011.
[77]
Ley 721 de 2001, que en el artículo 1º  modificó el artículo 7° de la Ley 75 de
1968.
[78]
Ibídem, artículo 2º.
[79]
Consultar las sentencias C- 808 de 2002, T- 997 de 2003, T-
363 de 2003, T-307 de 2003 y T- 305 de 2003, entre otras.
[80]
En la sentencia 411 de 2005, se resolvió: “Ordenar, que
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta sentencia, el
Juez Sexto de Familia de Cali dicte una nueva sentencia dentro del proceso de
filiación extramatrimonial del señor Jairo Edmundo Pabón contra el señor
Ricardo Segundo Córdoba, teniendo en cuenta los resultados de la prueba
antropo-heredo-biológica practicada por el Laboratorio de DNA, Convenio
ICBF-INMLY CF con fecha 21 de julio de 2003”.
[81]
Persona en situación de discapacidad.
[82]
“De esta manera la filiación, entendida como la relación que se
genera entre procreantes y procreados o entre adoptantes y adoptado, constituye
un atributo de la personalidad jurídica, en cuanto elemento esencial del estado
civil de las personas, además como un derecho innominado que viene aparejado
adicionalmente, con el ejercicio de otros derechos que comparten idéntica jerarquía
normativa  superior, como sucede con el libre desarrollo de la
personalidad, el acceso a la justicia y la dignidad”. Sentencia T-488 de 1999.
[83] Sentencia T-411 de 2004
[84] Sentencia T-1342 de 2001.
[85]
Ver la sentencias T-451 de 2010, T-608 de 2008, T-494 de 2010,  T-480 de 2011, T-150
de 2016. T-471 de 2017, entre otras.
[86] Cuaderno 1, folio 88.
[87] Cuaderno 1, folio 91.
[88] En este sentido la Corte ha señalado que existe ausencia de
defensa técnica cuando se entienda “(1)
que efectivamente existieron fallas en la defensa que, desde ninguna
perspectiva posible, pueden ser amparadas bajo el amplio margen de libertad con
que cuenta el apoderado para escoger la estrategia de defensa adecuada; (2) que
las mencionadas deficiencias no le son imputables al procesado; (3) que la
falta de defensa material o técnica tuvo o puede tener un efecto definitivo y
evidente sobre la decisión judicial; (4) que, como consecuencia de todo lo
anterior, aparezca una vulneración palmaria de los derechos fundamentales del
procesado. En otras palabras, si las deficiencias en la defensa del implicado
no tienen un efecto definitivo y notorio sobre la decisión judicial o si no
apareja una afectación ulterior de sus restantes derechos fundamentales, no
podría proceder la acción de tutela contra las decisiones judiciales del caso”.
Sentencia T-612 de
2016.
[89]
Sentencia T-612 de 2016.
[90] En la
Sentencia T-071 de 2012, la Sala Quinta de Revisión declaró procedente una
acción de tutela promovida con ocasión de un proceso de impugnación de paternidad,
en la que en segunda instancia se declaró la caducidad de la acción, pese a la
falta de ejercicio del recurso de casación, al considerar que el principio de
subsidiariedad se cumplía, pues “desconocer que la niña no es hija del
accionante, como se ha demostrado científicamente con la prueba de ADN, en aras
de mantener la improcedencia de la acción con fundamento en la formalidad
procesal consistente en no haber presentado el recurso extraordinario de
casación, sería absolutamente desproporcionado y violatorio del principio de la
prevalencia del derecho sustancial (artículo 228 Superior)”.
[91] Sentencia T-411 de 2004.
[92] Sentencia T-160 de 2013.
[93]
Sentencia T-954 de 2010.
[94]
Sentencia SU-499 de 2016. Estos criterios han sido aplicados por las diferentes salas de
revisión, por ejemplo, en las sentencias T-1110 de 2005, T-692 de 2006, T-299
de 2009, T-835 de 2014, T-205 de 2015, T-644 de 2015, T-740 de 2015 y
T-060 de 2016. En dichos pronunciamientos las salas de revisión concedieron el
amparo solicitado por los accionantes, pues si bien había transcurrido un
amplio periodo de tiempo, la vulneración de los derechos era permanente y
continua. Y, aplicó la causal de especial situación del accionante en las
sentencias T-526 de 2005, T-593 de 2007, T-345 de 2009 y T-783 de 2009. En
algunos casos también se ha concluido que se cumplen los dos criterios, esto es
la permanencia de la vulneración de derechos y la situación especial en la que
se encuentran los accionantes, en este sentido se ha pronunciado esta Corporación
en las sentencias T-654 de 2006 y T-792 de 2007.
[95]
En sentencia T-442 de 2012, la Sala Tercera de Revisión conoció de un caso
donde Fonvivienda vulneró el derecho fundamental
al debido proceso administrativo del accionante, quien se encontraba en condición
de desplazamiento, al rechazar su postulación para obtener un subsidio de
vivienda, en la modalidad de mejoramiento de vivienda, argumentando que, con
posterioridad al cruce de información entre entidades, el actor aparecía como
propietario de dos inmuebles ubicados en un municipio diferente del que fue
expulsado. Los jueces de instancia estimaron que no se cumplía con el requisito
de inmediatez, pues el actor dejó transcurrir más de 16 meses sin acudir a las
vías ordinarias o ante el juez de tutela. La Corte consideró que este requisito
debía flexibilizarse por tratarse de una persona en situación de
desplazamiento.
[96]
Sentencia T-792 de 2009.
[97]
En sentencia T-678 de 2016, la Corte estimó que “cuando las personas de especial protección constitucional reclamen
derechos prestacionales mediante la acción de tutela, no puede establecerse un
plazo homogeneizante y riguroso que se aplique por igual en todos los casos que
se presenten, ya que, una conclusión de ese talante desconocería el derecho a
la igualdad, que se protege especialmente destinándole medidas especiales a
estos grupos poblacionales”.
[98]
Ver sentencias T-1042 de
2010, T-167 de 2011, T-352 de 2011, T-225 de 2012, T-206 de 2013, T-269 de 2013, T-040 de
2015, T-369 de 2016, T-151 y T-294 de 2017.
[99]
En la Sentencia T-589 de 2011 se sostuvo
que “el operador
judicial debe examinar la situación fáctica que define el asunto sometido a su
conocimiento, y las particularidades de quien reclama el amparo constitucional,
pues, si se trata de sujetos de especial protección constitucional (personas de
la tercera edad o en condición de discapacidad, etc.) o de personas que se
encuentren en condiciones de debilidad manifiesta, el análisis de
procedibilidad se flexibiliza haciéndose menos exigente”
[100]
Sentencia T-676 de 2016.
[101]
Providencia a folios 1 y 2 del cuaderno Nº 1.
[102] Acta
individual de reparto a folio 302 del cuaderno Nº 1.
[103] Cuaderno 1, folio 16.
[104]
Ley 75 de 1968, “Por la cual se dictan normas sobre filiación y se crea el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”. Artículo 6: “Se presume la
paternidad natural y hay lugar a declararla judicialmente: // 1o) En el caso de
rapto o de violación, cuando el tiempo del hecho coincide con el de la
concepción. // 2o) En el caso de seducción realizada mediante hechos dolosos,
abuso de autoridad o promesa de matrimonio.// 3o) Si existe carta u otro
escrito cualquiera del pretendido padre que contenga una confesión inequívoca
de paternidad.// 4o) En el caso de que entre el presunto padre y la madre hayan
existido relaciones sexuales en la época en que según el artículo 92 del Código
Civil pudo tener lugar la concepción.// Dichas relaciones podrán inferirse del
trato personal y social entre la madre y el presunto padre, apreciado dentro de
las circunstancias en que tuvo lugar y según sus antecedentes, y teniendo en
cuenta su naturaleza, intimidad y continuidad.// En el caso de este ordinal no
se hará la declaración si el demandado demuestra la imposibilidad física en que
estuvo para engendrar durante el tiempo en que pudo tener lugar la concepción,
o si prueba, en los términos indicados en el inciso anterior que en la misma
época, la madre tuvo relaciones de la misma índole con otro u otros hombres, a
menos de acreditarse que aquel por actos positivos acogió al hijo como suyo”.
[105]
Cuaderno 1, folio 77.
[106]
Cuaderno 1, folio 11.
[107]
Cuaderno 1, folio 16.
[108]
Cuaderno 1, folio 17.
[109]
Cuaderno 1, folios 57 a 60.
[110]
Cuaderno 1, folios 81 y 82.
[111]
Cuaderno 1, folios 84 a 87.
[112]
Sentencia T-352 de 2012.
[113]
“Lo que no es permitido al juez, a la luz de los
postulados constitucionales, es decretar las pruebas y después, por su capricho
o para interrumpir términos legales que transcurren a favor del procesado y de
su libertad, abstenerse de continuar o culminar su práctica, para proceder a
tramitar etapas posteriores del juicio. En el evento en que así ocurra, resulta
palmaria la vulneración del derecho fundamental al debido proceso y ostensible
la arbitrariedad judicial”. Sentencia SU-087 de
1999. En igual sentido, en sentencia T-488 de 1999, la Corte precisó: ““Si
bien, algunos de los anteriores criterios fueron emitidos en relación con el
proceso penal, el fundamento que presentan, como es el de la vigencia del
debido proceso en la práctica de las pruebas ya decretadas, son perfectamente
aplicables a cualquier otro proceso establecido por la legislación nacional,
por compartir los principios y garantías propios del derecho penal”.
[114] La
jurisprudencia también ha señalado que la filiación es un derecho innominado,
de conformidad con lo previsto en el artículo 94 de la Constitución Política.
De ahí que, es deber de los jueces actuar con diligencia y proactividad en los
procesos de investigación de paternidad o maternidad, de manera que se cuente
con las pruebas antroheredobiológicas para proferir su decisión. En criterio de
esta Corporación, este derecho se encuentra estrechamente ligado con el
principio de la dignidad humana, pues todo ser humano tiene derecho a ser
reconocido como parte de la sociedad y de una familia. Cfr. Sentencia T-411 de
2004.
[115]
Excepción de cosa juzgada presentada por el demandado el 26 de
marzo 2003 en la constatación de la demanda y ejecutoriada el 21 de mayo de
2003, lapso de tiempo en el cual el juez de instancia no desplegó actividad
alguna que permitiese la práctica de la prueba científica legalmente
instituida. .
[116] Sentencia T-1342 de 2001.
[117]
De acuerdo al artículo 406 del Código Civil, “Ni prescripción ni fallo
alguno, entre cualesquiera otras personas que se haya pronunciado, podrá
oponerse a quien se presente como verdadero padre o madre del que pasa por hijo
de otros, o como verdadero hijo del padre o madre que le desconoce”.
[118]
Constitución Política, artículo 228. “La Administración de Justicia es
función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán
públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá
el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia
y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y
autónomo”. (subrayas fuera del texto).
[119]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Nº
1175-2016, 8. Febrero de 2016, Rad. 2010-00308-01.
[120]
El estado civil de las personas “es cuestión de orden
público, y éste se afecta al negarse el derecho a conocer la verdadera
identidad del origen biológico o verdad de procedencia genética de la persona,
derecho fundamental indisociable del sujeto, inherente a su personalidad
jurídica, integrante de los principios o valores esenciales de los derechos
humanos”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del
08 de Noviembre de 2011. (Rad. 2009-002019-00).
[121] ARTICULO 406. Ni prescripción ni fallo alguno, entre cualesquiera
otras personas que se haya pronunciado, podrá oponerse a quien se presente como
verdadero padre o madre del que pasa por hijo de otros, o como verdadero hijo
del padre o madre que le desconoce.