T-294-06
Sentencia T-
Sentencia T-294/06
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES PROFERIDAS EN EL CURSO DE PROCESOS EJECUTIVOS-Elementos que deben concurrir
Cuando se trata de tutelas contra
providencias judiciales proferidas en el curso de procesos ejecutivos, antes de
analizar la cuestión de fondo es preciso verificar la concurrencia de dos
elementos en cada caso. De una parte, la vigencia del proceso ejecutivo, esto
es, que el proceso ejecutivo se encuentre en curso. De otra parte, que el
accionante hubiese ejercido los recursos legales disponibles oportunamente, de
forma tal que la acción de tutela no se convierta en un mecanismo para revivir
términos  u oportunidades procesales, o para suplir la inactividad de las
partes.
ACCION DE TUTELA-Inmediatez/ACCION DE TUTELA EN PROCESO
EJECUTIVO HIPOTECARIO-Inmediatez no puede argumentarse para negarla por
cuanto proceso sigue en curso
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia
cuando se han ejercido los recursos legales
ACCION DE TUTELA EN PROCESO EJECUTIVO
HIPOTECARIO-Improcedencia
por cuanto no ejercieron los recursos legales disponibles
Los accionantes, demandados dentro del proceso
ejecutivo adelantado no hicieron uso de los  medios de defensa procesales a su
alcance para controvertir las actuaciones del despacho judicial, en particular
para controvertir la sentencia proferida del 28 de enero de 2005. En primer
lugar, se tiene que por medio de auto del 8 de septiembre de 2004 el Juzgado
corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, pero la parte demandada
allegó el escrito de alegatos de forma extemporánea. En segundo lugar, ante la
sentencia desfavorable a los accionantes (demandados en el proceso ejecutivo)
no fue interpuesto recurso de apelación, el cual se encuentra previsto contra
esta clase de providencias en el inciso primero del artículo 351 del Código de
Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1, numeral 169 del Decreto 2282
de 1989. En particular, sobre la efectividad del recurso de apelación para
controvertir los posibles errores de los jueces de primera instancia la Corte
se ha pronunciado. En tercer lugar, los accionantes no hicieron uso de las
posibilidades previstas para controvertir el monto de la obligación.
Referencia: expediente T-1259010
Acción de tutela instaurada por Betty
Yalile Bacca y Nelson Uribe Pérez contra el Juzgado Tercero Civil de Circuito
de Tunja y Central de Inversiones S.A.
Magistrado Ponente:
Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Bogotá D.C., seis
(6) de abril de dos mil seis (2006).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Manuel José Cepeda Espinosa,
Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
en el proceso de revisión del fallo proferido el 24 de
noviembre de 2005 en segunda instancia por la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia en segunda instancia, en el cual se confirmó el fallo
del 4 de octubre de 2005 proferido la Sala Civil - Familia  del Tribunal
Superior del Distrito Judicial, dentro de la acción de tutela instaurada por
Betty Yalile Bacca y Nelson Uribe Pérez contra el Juzgado Tercero Civil de
Circuito de Tunja y Central de Inversiones S.A.
1. Hechos
1.1.
El 16 de junio de 1994, la Corporación Cafetera
de Ahorro y Vivienda CONCASA otorgó a los señores Betty Yalile Bacca, nacida el
27 de febrero de 1954, y Nelson Uribe Pérez, nacido el 24 de mayo de 1942, un
crédito hipotecario por valor de $23’000,000, el cual se pagaría en un plazo de
180 meses, otorgando para el efecto pagaré No. 740-00458-5 a favor de dicha
Corporación, quien posteriormente lo endosó a Central de Inversiones S.A. –
CISA S.A.-.[1]
1.2.
Los accionantes cancelaron aproximadamente 80
cuotas del crédito,[2] y después incurrieron en
mora debido al incremento en el valor de las cuotas mensuales.
1.3.
El 28 de febrero de 2001,[3]
el señor Nelson Uribe Pérez solicitó a BANCAFÉ, entidad que asumió a CONCASA,
aclarar el estado actual de su obligación hipotecaria, “ya que en septiembre
08 de 2000, se hizo el último pago, por $450,000.oo, y que correspondían a las
cuotas de junio y julio del año 2000. Con extrañeza observo que el saldo que
nuevamente registra a fecha 17 de julio del 2000 es de $23.197.051,07, y el 17
de marzo de 2000 se le había aplicado un abono por reliquidación de
$8’264.739.oo, quedando un saldo al 16 de mayo del 2000 de $13.835.739.00, y no
es posible que al 17 de julio del 2000 aparezca un saldo mayor de
$23.197.051,07”.
1.4.
Con base en el pagaré endosado a su favor por
CONCASA, CISA S.A. inició proceso ejecutivo en contra de Betty Yalile Bacca y
Nelson Uribe Pérez en el año 2002,[4] radicado bajo el número
2002-0396 ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tunja, con el objetivo
de que mediante sentencia se ordenará a los deudores pagar la suma de
$23.168.202.071, saldo de la obligación a la fecha de presentación de la
demanda,[5] más los intereses de mora
generados desde el 16 de mayo de 2000 hasta el pago de la obligación. Dentro de
este proceso ejecutivo, se han surtido – entre otras – las siguientes
actuaciones:
1.4.1.  El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tunja libró mandamiento de
pago mediante auto del 20 de noviembre de 2002, por el capital pedido y los
intereses de mora causados desde el 16 de mayo de 2000 hasta el pago de la
obligación,[6] contra el cual fue
interpuesto por la  apoderada del señor Uribe recurso de reposición,[7]
el cual fue negado por haber sido presentado de manera extemporánea.[8]
Contra el auto que niega el trámite del recurso de reposición se interpuso
recurso de reposición y en subsidio el recurso de apelación,[9]
los que en criterio del juez resultaban improcedentes,[10]
por que contra un auto que decide un recurso de reposición no es susceptible
ningún recurso, de acuerdo con el artículo 348 del Código de Procedimiento
Civil.
1.4.2.  La notificación del mandamiento de pago a los demandados se realizó
mediante aviso del 17 de septiembre de 2003,[11] de
conformidad con lo previsto en el artículo 320 del Código de Procedimiento
Civil,[12] en el cual se informa
que la notificación se entenderá surtida al finalizar el día siguiente de la
entrega del aviso. El día 23 de septiembre de 2003 el señor Uribe recibió
traslado de la demanda y de sus anexos,[13] quien
concedió poder a la Dra. María Constanza Taborda Barrientos.[14]
1.4.3.  Las excepciones de mérito presentadas por la apodera del señor Uribe
en el proceso ejecutivo se dirigen a atacar la liquidación del crédito a su
cargo.[15] En escrito separado, la
misma propuso “la excepción de inconstitucionalidad de la obligación”,[16]
puesto que en su criterio CISA S.A. no ha seguido las pautas fijadas por la
jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional.
1.4.4.  En el curso del proceso se solicitó la práctica de un peritaje para
efectos de reliquidar la obligación hipotecaria,[17]
en el cual se afirma:
“El dictamen da como resultado que al efectuarse
la reliquidación como lo dispone la ley y sentencias, al 31 de diciembre de
1999, el deudor se encontraba con un saldo total a la deuda de solo
$2’725.023.48, esto sin tener en cuenta, los valores que el deudor pago
posterior al año 1999 y los mayores valores que Bancafé cobro y el deudor pago
al hacer la liquidación del crédito desde su inicio, con capitalización de
intereses, sin abono constante al capital, con afectación de la DTF, en vez de
la IPC, y al cobrar y actualizar todos los conceptos de cobro en el crédito con
la UPAC, es decir, el saldo total de la deuda, en vez de ser solo los del saldo
insoluto al capital.
“Al verificar los resultados con todos los pagos
del deudor a septiembre 8 de 2000, tenemos que el saldo total de la deuda es de
$933,549.54, cifra esta muy diferente e inferior a la que se pretende cobrar
mediante este proceso.
“Estos mayores valores cobrados por Bancafé y
pagados por el deudor, no los he reliquidado por cuanto no cuento con toda la
información del crédito, para saber a ciencia cierta, quien le debe a quien, lo
que si es cierto es que a la fecha los demandados deben tener un saldo a favor.
“En los documentos aportados por CISA, aparece
una información confusa, que lo que dan a entender es que este crédito está es
con un saldo a favor de $6’046.589,00 a fecha de julio de 1999.
“Si a los valores pagados hasta diciembre de
1999, le sumamos lo que el deudor pago después del año 1999, tenemos que éste
crédito ya está saldado y que por el contrario debe tener un saldo a restituir
por la institución financiera, como lo está diciendo el mismo Bancafé en su
consulta de créditos de  fecha 1 de noviembre de 2002”.
1.4.5.  Del anterior dictamen pericial se dio traslado a las partes por
término de tres (3) días, mediante auto del 25 de agosto de 2004 - notificado
por  estado del 27 de agosto de 2004 -, ninguna de las cuales solicitó su
complementación y/o aclaración ni tampoco lo objetaron, de acuerdo con lo
previsto para el efecto en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil.
1.4.6.  Por medio de auto del 8 de septiembre de 2004, el Juzgado declaró
cerrada la etapa probatoria y corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión.[18] Las partes presentaron
alegatos de conclusión, pero el Juzgado consideró que el escrito allegado por
la parte demandada lo había sido de forma extemporánea.[19]
1.4.7.  El Juzgado Tercero profirió sentencia desfavorable a los accionantes
(demandados en el proceso ejecutivo) el 28 de enero de 2005 por no encontrar
probada ninguna de las excepciones propuestas,[20] y en
consecuencia ordenó decretar la venta en pública subasta del inmueble dado como
garantía hipotecaria. Sostiene el Juzgado que “En conclusión, las pruebas
recaudadas, en su conjunto, dan certeza de la existencia de esa obligación
dineraria a cargo de los deudores, rescatable de ellos o desde el bien
hipotecado. Lo que se halló probado, es que se acordaron unas obligaciones,
mediante contratos precisamente cumplidos, donde aquellas se encuentran
probadas con pagaré pero a su vez insatisfechas, permitiendo la reclamación
ejecutiva”.[21] En la misma sentencia se
ordenó la liquidación del crédito hipotecario, la que fue realizada por el
secretario del juzgado el 17 de marzo de 2005,[22] al no haber
sido aportada por ninguna de las partes.
1.5.
El 7 de marzo de 2005,[23]
el señor Nelson Uribe Pérez propuso a CISA S.A. la cancelación de la suma de
$40’000,000, “solicitando la rebaja del resto de valores causados”. En
dicha comunicación, afirma: “Efectué el pago de dicho crédito hasta la cuota
75, habiendo recibido anteriormente la reliquidación del crédito, donde me
quedaba un saldo de capital por $13’669.954,58 suma esta que es la que
realmente debo, y donde pagaba cuotas mensuales aproximadas de $225,000.oo. De
un momento a otro el saldo del crédito apareció por un valor de $24’000,000 y
cuotas por más de $450,000.oo, aspecto este que se solicitó me aclararán por
parte de Bancafé sin que hasta el momento hubiese recibido respuesta y solución
alguna”. Manifiesta el accionante en esta comunicación que recibe un neto
de $730,000 mensuales por concepto de pensión, los cuales debe distribuir para
la cancelación de gastos familiares y de educación de sus hijos.
1.6.
La anterior propuesta fue aceptada por CISA
S.A., pero debido al incumplimiento en el pago de los deudores lo declaró “caído”,
situación que le fue informada al deudor mediante comunicación del 8 de abril
de 2005.[24]
2. Acción de
tutela[25]
El 13 de septiembre de 2005, Betty Yalile Bacca y
Nelson Uribe Pérez interpusieron acción de tutela contra Juzgado Tercero Civil
de Circuito de Tunja y Central de Inversiones S.A., por considerar que el
primero al proferir sentencia de primera instancia en el proceso ejecutivo
hipotecario, vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia, a la igualdad y a la vivienda en condiciones
dignas. Los fundamentos de la demanda de tutela son los siguientes:
En primer lugar manifiestan los accionantes que la
liquidación del crédito nunca fue efectuada de acuerdo con lo ordenado por la
Ley, a pesar de existir dos solicitudes al respecto con anterioridad a la
iniciación del proceso ejecutivo hipotecario. De la misma forma, ponen de
presente que de acuerdo con el peritaje obrante en el proceso no existe deuda a
su cargo,[26] y no obstante el mismo
no fue tenido en cuenta en el momento de proferir sentencia.
Acuden los accionantes a la vía de tutela con el
objetivo de evitar un perjuicio irremediable, ya que el inmueble de habitación
que constituye la garantía hipotecaria está a punto de ser rematado.
Con base en las anteriores consideraciones, solicitan
los accionantes que se ordene reliquidar el crédito hipotecario a su cargo,
siguiendo para el efecto la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional, a fin de que “en el proceso ejecutivo en nuestra contra no
se desconozca la protección al derecho a tener una vivienda digna”.
Igualmente, solicitan los tutelantes que se ordene al juzgado suspender el
proceso ejecutivo hipotecario, a fin de evitar la venta en pública subasta del
inmueble dado en garantía, lo cual les causaría un perjuicio irremediable.[27]
3. Posición de la Central de Inversiones S.A. – CISA
S.A.[28]
El día 28 de septiembre de 2005, el apoderado
designado por CISA se manifestó acerca de la acción de tutela en los siguientes
términos:
Aclara que el 27 de octubre de 2000 y el 30 de abril
de 2001 CISA S.A. adquirió de BANCAFÉ varios créditos, entre los que se
encontraban los del accionante (Nos. 740004585 y 740010566). Considera que en
el presente caso, con base en lo dispuesto por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, si el deudor considera que el valor del crédito no corresponde
a su verdadero valor en sede ordinaria es posible solicitar dicha reliquidación
y las indemnizaciones a las que haya lugar. Por tanto, la tutela no es
procedente para elevar dicha discusión.
En escrito adicional[29] recibido el
30 de septiembre de 2005, afirma la apoderada de CISA que el proceso ejecutivo
se ha surtido con el cumplimiento de las formalidades legales, y que por ende,
no es posible hablar de “un proceso indebido”. Agrega que “el
accionado sabe a conciencia y en realidad jurídica que es deudor de CISA S.A..
La entidad que represento ha atendido sus requerimientos, han procedido a la
liquidación del crédito, a presentarle el movimiento histórico del mismo,
(obran en el proceso) a explicarle, todas las veces que lo ha solicitado varias
formulas de arreglo, a darle plazos para cancelar lo adeudado y cuando se
acerca la fecha de cumplir no se hace presente y simplemente logra ganar tiempo
para continuar incumpliendo”.
4. Sentencias
de tutela objeto de revisión[30]
El 4 de octubre de 2005, la Sala Civil Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja negó la tutela de los derechos
fundamentales de los accionantes al considerar que la tutela es un mecanismo
residual que sólo procede cuando los tutelantes no cuentan con otro medio para
su defensa, a menos que el amparo impetrado lo sea con carácter transitorio
para evitar un perjuicio irremediable. Por tanto, en su concepto, la tutela
resulta improcedente para revivir términos procesales. En este sentido concluye
que “en el caso particular se ha invocado por los accionantes como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el que hacen consistir en el
hecho de que por no haber sido reliquidada en su oportunidad la obligación que
se demanda a través del proceso ejecutivo que se les adelanta, se ha ordenado
en el mismo el remate en pública subasta de su casa de habitación, situación
que los priva del derecho fundamental a tener una vivienda. Según se establece
de la actuación desarrollada en el proceso ejecutivo con título hipotecario que
refieren los accionantes, éstos fueron vinculados regularmente y en desarrollo
del derecho de defensa que regula la ley del proceso propusieron , por
intermedio de apoderado judicial, excepciones de mérito que fueron sustentadas
en los mismos hechos y con los mismos argumentos con que ahora se sustenta esta
acción de tutela que se decide, las cuales, no fueron acogidas en el fallo
proferido en primera instancia”.
Así concluye la primera instancia que “y no
habiendo utilizado estos medios de defensa judicial dentro del mismo trámite
del proceso ejecutivo dentro del cual aducen la vulneración de sus derechos
fundamentales, tal omisión no puede ahora remediarse y revivirse a través de la
acción de tutela, que como se anunció al principio es un medio de defensa
judicial que tiene la finalidad exclusiva de servir de medio de protección a
los derechos fundamentales de las personas, cuando estas carecen de otro
mecanismo de defensa judicial ordinario. Así entonces, si en este caso los
demandados en el proceso ejecutivo tuvieron oportunidades de impugnar los actos
procesales en los que afirman las lesiones a sus derechos fundamentales, y los
dejaron transcurrir sin hacer uso de ellos, no les está permitido acudir a la
vía de la tutela porque ésta solamente opera en ausencia de otros medios de
defensa”.
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, en segunda instancia, confirmó mediante sentencia del 24 de noviembre
de 2005 la sentencia de tutela de primera instancia, al considerar que no se
configuró una vía de hecho en la decisión del Juzgado Tercero Civil Municipal
del 25 de enero de 2005, ya que la misma “fue razonablemente motivada y en
la actuación posterior también se han respetado las garantías procesales de las
partes”. Sostiene que los accionantes no hicieron uso de los mecanismos
legales dispuestos en el proceso ejecutivo, tales como la apelación de la
sentencia de primera instancia o la presentación de objeciones frente a la
liquidación del crédito elaborado por la secretaría del Juzgado Tercero. En su
concepto, del dictamen pericial rendido dentro del proceso ejecutivo no se
deduce que los deudores hubieran cancelado la totalidad del crédito, ya que “se
trata de hipótesis o conjeturas no verificadas y en general se aprecia que lo
que quiso decir el perito motu propio fue realizar la liquidación del crédito
con fundamento en la Ley 546 de 1999, aplicando las directrices de la Corte
Constitucional y demás normatividad concordante, pero el procedimiento para su
validez y eficacia de la mentada reliquidación debe adelantarse es con la
entidad acreedora y bajo el control de la Superintendencia Bancaria y no por la
vía a la que se aferran los accionantes a través de ese experticio. Si fueran
beneficiarios de la Ley 546 de 1999, no existe demostración de que hubieran
realizado los accionantes las actividades pertinentes en orden a obtener de la
entidad acreedora un pronunciamiento al respecto”.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
1. Competencia y trámite
Esta Corte es competente para conocer del
fallo materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos
86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991 y demás disposiciones pertinentes, así como por la escogencia del
caso por la Sala de Selección.
2. Problema jurídico
Previamente al planteamiento del problema jurídico, debe
precisarse que la presente acción de tutela no versa sobre una vía de hecho
originada en el incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley 546
de 1999, esto es, en la terminación y archivo de los procesos ejecutivos
hipotecarios iniciados antes del año 2000. En el presente caso los accionantes
se encuentran demandados por CISA S.A. con base en el pagaré otorgado en el 16
de junio de 1994, dentro del proceso ejecutivo hipotecario iniciado en el año
2002 y radicado bajo el número 2002-0396 ante el Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Tunja. Adicionalmente, se debe señalar que la última cuota se pagó
el 8 de septiembre de 2000.[31]
Betty Yalile Bacca y Nelson Uribe Pérez interpusieron
acción de tutela contra el Juzgado Tercero Civil de Circuito de Tunja y la
Central de Inversiones S.A., por considerar que al dictar sentencia de primera
instancia en el proceso ejecutivo hipotecario se vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a
la igualdad y a la vivienda en condiciones dignas, ya que se les condenó a
pagar una suma de dinero que aducen no deber, de acuerdo con el peritaje
obrante en el proceso que no fue tenido en cuenta en el momento de fallar.
Solicitan el amparo con el objetivo de evitar un perjuicio irremediable, ya que
en la sentencia de primera instancia se decretó la venta en pública subasta del
inmueble de habitación. De acuerdo con lo anterior, las pretensiones de los
accionantes son: i) que se ordene reliquidar el crédito hipotecario a su cargo,
siguiendo para el efecto la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional; y, ii) se ordene al juzgado suspender el proceso ejecutivo
hipotecario, a fin de evitar la venta en pública subasta del inmueble dado en
garantía, lo cual les causaría un perjuicio irremediable[32].
Por su parte, el apoderado designado por
CISA manifestó en el curso de la acción de tutela  que el deudor cuenta con la
vía ordinaria para solicitar la reliquidación del crédito hipotecario y las
indemnizaciones a las que haya lugar, de forma que la tutela no es procedente
para elevar dicha discusión. Afirma que los demandados se encuentran con saldos
a su cargo y en mora de pagar la obligación hipotecaria.
En primera instancia, la Sala Civil Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja negó la tutela de los derechos
fundamentales de los accionantes al considerar que la tutela es un mecanismo
residual que sólo procede cuando los tutelantes no cuentan con otro medio para
su defensa, y que la misma resulta improcedente para revivir términos
procesales. Concluye que el amparo en el presente caso no es procedente, por
haber contado los accionantes con medios de defensa a lo largo del trámite del
proceso ejecutivo hipotecario, los cuales no fueron utilizados. La segunda
instancia, surtida ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, confirmó la decisión de primera instancia, al considerar que no se
configuró una vía de hecho en la decisión del Juzgado Tercero Civil Municipal
del 25 de enero de 2005, ya que la misma “fue razonablemente motivada y en
la actuación posterior también se han respetado las garantías procesales de las
partes”.  Agrega que del dictamen pericial rendido dentro del proceso
ejecutivo no se deduce que los deudores hubieran cancelado la totalidad del
crédito, y que en el mismo se plantean simplemente hipótesis sobre el valor
actual de la obligación hipotecaria.
El problema jurídico que la Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional deberá resolver en el presente proceso
es el siguiente:
¿Vulneró el Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Tunja los derechos fundamentales invocados por Betty Yalile Bacca y
Nelson Uribe Pérez, al proferir sentencia de primera instancia en el proceso
ejecutivo hipotecario adelantado en su contra, en la cual se declararon no
probadas las excepciones de mérito propuestas por la apoderada del señor Nelson
Uribe Pérez?
Previo al análisis de fondo acerca de la
presunta vía de hecho, resulta importante verificar si en el presente caso se
cumplen los presupuestos básicos para la procedencia de la acción de tutela
contra sentencias judiciales.
3. Condiciones básicas para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales proferidas en
el curso de procesos ejecutivos.
La Corte encuentra que cuando
se trata de tutelas contra providencias judiciales proferidas en el curso de
procesos ejecutivos, antes de analizar la cuestión de fondo es preciso
verificar la concurrencia de dos elementos en cada caso. De una parte, la
vigencia del proceso ejecutivo, esto es, que el proceso ejecutivo se encuentre
en curso. De otra parte, que el accionante hubiese ejercido los recursos
legales disponibles oportunamente, de forma tal que la acción de tutela no se
convierta en un mecanismo para revivir términos  u oportunidades procesales, o
para suplir la inactividad de las partes.[33]
Una vez constatado por parte
del juez constitucional la concurrencia de las condiciones mencionadas,
corresponde a éste analizar la cuestión de fondo, esto es, si la providencia
que se ataca constituye una vía de hecho. A continuación, se profundiza en cada
uno de las premisas mencionadas.
3.1. La inmediatez de la acción
de tutela en el proceso ejecutivo hipotecario se verifica cuando el proceso
sigue en curso.
El requisito de la inmediatez
para la correcta interposición de la acción de tutela exige que la acción sea
presentada de manera oportuna, esto es, en un término razonable después de la
ocurrencia de los hechos que motivan la afectación o amenaza de los derechos.[34]
Ahora bien, dicha inmediatez no
necesariamente significa que la interposición de la acción de tutela debe
efectuarse sin mediación de un intervalo de tiempo entre la causa que da lugar
a la interposición de la tutela y ésta, ya que, por ejemplo, el accionante
puede intentar por medios diversos a la tutela que cese la vulneración o
amenaza a sus derechos fundamentales. Es así como la Corte ha analizado que en
ciertas ocasiones “existe un motivo válido para la inactividad de los
accionantes”,[35] y en consecuencia, ha admitido
la procedibilidad de la tutela cuando ha transcurrido un período de tiempo
entre las acciones u omisiones que dan lugar a la tutela y el momento de
interposición de ésta.
En el caso de procesos ejecutivos
la Corte ha admitido recientemente que es procedente la tutela contra
providencias judiciales proferidas en los mismos a pesar de mediar entre estas
y la interposición de la tutela un período de tiempo, siempre que el ejecutado
haya acudido sin éxito a los mecanismos procesales ordinarios:
“Cabe señalar que en el presente caso la
prosperidad de la acción de tutela no riñe con el principio de inmediatez que
rige este mecanismo de amparo constitucional, a pesar de que las providencias
judiciales controvertidas datan del 2 de octubre de 2001 y del 9 de septiembre
de 2002, puesto que el proceso ejecutivo sigue en curso y desde entonces la
parte demandada ha intentado defender sus derechos fundamentales a través de
los mecanismos procesales ordinarios, sin ningún éxito, no es de recibo este
argumento que sirvió de base para que el juez de primera instancia en sede de
tutela denegara el amparo solicitado”.[36]
En el presente proceso de tutela se tiene
que los accionantes Betty Yalile Bacca y Nelson Uribe Pérez interpusieron la
acción el 13 de septiembre de 2005 contra el Juzgado Tercero Civil de Circuito
de Tunja y Central de Inversiones S.A., por considerar que el primero, al
proferir sentencia de primera en el proceso ejecutivo hipotecario, vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la igualdad y a la vivienda en condiciones dignas. La sentencia
desfavorable a los accionantes es de fecha 28 de enero de 2005.
No obstante que la acción de tutela fue
interpuesta aproximadamente seis (6) meses después de proferida la sentencia de
primera instancia en el proceso ejecutivo, se tiene que a la fecha éste se
encuentra en curso, y se está en el proceso de remate del inmueble de vivienda
que constituye la garantía hipotecaria.
Adicionalmente, debe señalarse que entre
la fecha de la sentencia (25 de enero de 2005) y la interposición de la acción
de tutela (13 de septiembre de 2005), los accionantes adelantaron gestiones
para llegar a un acuerdo de pago con CISA S.A. Es así cómo, de acuerdo con las
pruebas obrantes en el proceso, el 7 de marzo de 2005, el señor Nelson Uribe
Pérez propuso a CISA S.A. la cancelación de la suma de $40’000,000,[37]
con el objetivo de que se diera por cancelada la obligación principal y sus
accesorios. La anterior propuesta fue aceptada por CISA S.A., pero debido al
incumplimiento en el pago de los deudores lo declaró “caído”, situación
que le fue informada al deudor mediante comunicación del 8 de abril de 2005.[38]
3.2. La acción de tutela contra
providencias judiciales procede cuando el accionante ha ejercido los recursos
legales disponibles dentro de la oportunidad procesal prevista para el efecto.
En relación con no la procedibilidad de
la acción de tutela cuando el accionante no ha ejercido los recursos previstos
en el respectivo proceso judicial, la Corte ha afirmado:
“De manera reiterada, la Corte ha sostenido
que la acción de tutela es improcedente cuando, con ella, se pretenden
sustituir mecanismos ordinarios de defensa que, por negligencia, descuido o
incuria de quien solicita el amparo constitucional, no fueron utilizados a su
debido tiempo. (...) la integridad de la función estatal de administrar
justicia resultaría gravemente comprometida si se permitiera que un mecanismo
especial y extraordinario como la acción de tutela, dirigido exclusivamente a
la protección de los derechos fundamentales, pudiera suplir los instrumentos y
recursos ordinarios que el ordenamiento pone a disposición de aquellas personas
que persiguen la definición de alguna situación jurídica mediante un proceso
judicial” (Subraya por fuera
del texto original).[39]
Por su parte, la Sala Novena de Revisión
en sentencia T-598 de 2003 reiteró la improcedencia de la acción de tutela
cuando el accionante no ha hecho uso de los mecanismos ordinarios para la
defensa de los sus derechos, así:
“En cuanto a los requisitos formales, la
procedibilidad de la acción está condicionada a una de las siguientes
hipótesis: a) Es necesario que la persona haya agotado todos los mecanismos
de defensa previstos en el proceso dentro del cual fue proferida la decisión
que se pretende controvertir mediante tutela. Con ello se busca prevenir la
intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta el proceso
ordinario, que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos
de defensa diseñados por el Legislador, y que los ciudadanos observen un mínimo
de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es ésta la forma de
enmendar deficiencias, errores o descuidos, ni de recuperar oportunidades
vencidas al interior de un proceso judicial. b) Sin embargo, puede ocurrir que
bajo circunstancias especialísimas, por causas extrañas y no imputables a la
persona, ésta se haya visto privada de la posibilidad de utilizar los
mecanismos ordinarios de defensa dentro del proceso judicial, en cuyo caso la
rigidez descrita se atempera para permitir la procedencia de la acción. c)
Finalmente, existe la opción de acudir a la tutela contra providencias
judiciales como mecanismo transitorio a fin de evitar un perjuicio
irremediable.  Dicha eventualidad se configura cuando para la época de
presentación del amparo aún está pendiente alguna diligencia o no han sido
surtidas las correspondientes instancias, pero donde es urgente la adopción de
alguna medida de protección, en cuyo caso el juez constitucional solamente
podrá intervenir de manera provisional”[40] (Subraya por fuera del texto original).
En
particular, tratándose de procesos ejecutivos hipotecarios, la Corte mediante
sentencia T-112 de 2003 afirmó:[41]
“Es dentro del proceso ordinario correspondiente
en el cual se estudia la controversia jurídica en el cual las partes pueden ejercer
su derecho de contradicción manifestando, dentro de los términos establecidos,
sus argumentos y contra argumentos frente al asunto de la litis. Como en
reiteradas ocasiones se ha manifestado, la acción de tutela no está
contemplada para subsanar las eventuales negligencias de las partes dentro del
proceso. De lo contrario se estaría atentando con el derecho de defensa de la
contraparte en el proceso quien no pudo conocer dentro del escenario natural
los argumentos de su contrario y en esa medida no los controvirtió” (Subraya por fuera del texto original).
En
consecuencia, en dicho caso la Sala Sexta de Revisión negó el amparo solicitado
al considerar que (i) la tutela no es el escenario natural de discusión de la
reliquidación de los créditos hipotecarios sino la justicia civil ordinaria[42]; (ii) el accionante no hizo uso de los
mecanismos ordinarios previstos para la protección de los mencionados derechos,
particularmente el de controvertir la liquidación del crédito efectuada por
Colmena, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 521 del Código de
Procedimiento Civil; (iii) no obstante habérsele comunicado al demandado la
existencia de un proceso ejecutivo en su contra, el mismo no acudió a defender
sus intereses, de forma tal que fue preciso el nombramiento de un curador ad
litem dentro del proceso ejecutivo. Por tanto, concluyó la Corte que “no se puede utilizar la tutela como medio paralelo a la justicia
ordinaria”.
Recientemente,
la Corte ha reiterado la jurisprudencia relativa a la improcedibilidad de la
acción cuando el demandado en un proceso ejecutivo hipotecario – accionante de
la tutela – no ha utilizado los medios legales disponibles dentro de esta clase
de procesos.
“La jurisprudencia de la Corte también ha sido
enfática en sostener que la controversia en sede de tutela de las providencias
judiciales no puede convertirse en un recurso o en una instancia adicional.  El
principio de autonomía judicial contenido en los artículos 228, 230 y 246
Superiores, impide que el juez constitucional adelante un control de legalidad
sobre el procedimiento judicial, por lo que su competencia se encuentra
limitada exclusivamente a los conflictos de rango constitucional que surjan de
la actividad judicial.
“Así mismo, la procedencia de este amparo se
encuentra supeditada a que el accionante haya acudido previamente a los
mecanismo procesales previstos en el ordenamiento jurídico para subsanar las
irregularidades en las que pueda haber incurrido el juez. Como mecanismo
residual y subsidiario, la acción de tutela no puede remplazar las figuras
procesales destinadas a obtener la satisfacción de sus derechos, ni puede
subsanar la incuria o negligencia de las partes en hacer uso de ellas de la
manera y dentro de los términos previstos legalmente para ello. En efecto,
al respecto esta Corporación ha dicho que:
“(...) si existiendo el medio judicial, el
interesado deja de acudir a él y, además, pudiendo evitarlo, permite que su
acción caduque, no podrá más tarde apelar a la acción de tutela para exigir el
reconocimiento o respeto de un derecho suyo. En este caso, tampoco la acción de
tutela podría hacerse valer como mecanismo transitorio, pues esta modalidad
procesal se subordina a un medio judicial ordinario que sirva de cauce para
resolver de manera definitiva el agravio o lesión constitucional".
(Sentencia SU-111 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
“Por todo lo anterior, y frente a cada caso en
concreto, resulta indispensable analizar si el peticionario ejerció en debida
forma los medios procesales establecidos en el ordenamiento jurídico para la
defensa de los derechos fundamentales cuyo amparo solicita a través de la
acción de tutela”. [43]
Resulta claro para esta Sala de Revisión
que los accionantes, demandados dentro del proceso ejecutivo adelantado ante Juzgado
Tercero Civil de Circuito de Tunja y Central de Inversiones S.A., no hicieron
uso de los  medios de defensa procesales a su alcance para controvertir las
actuaciones del despacho judicial, en particular para controvertir la sentencia
proferida del 28 de enero de 2005, como se pasa a analizar.
En primer lugar, se tiene que por medio
de auto del 8 de septiembre de 2004 el Juzgado corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión, pero la parte demandada allegó el escrito de
alegatos de forma extemporánea.[44]
En segundo lugar, ante la sentencia
desfavorable a los accionantes (demandados en el proceso ejecutivo) del 28 de
enero de 2005, en la cual el Juzgado Tercero declaró no haber encontrado
probadas ninguna de las excepciones propuestas, no fue interpuesto recurso de
apelación, el cual se encuentra previsto contra esta clase de providencias en
el inciso primero del artículo 351 del Código de Procedimiento Civil,
modificado por el artículo 1, numeral 169 del Decreto 2282 de 1989.[45]
En particular, sobre la efectividad del recurso de apelación para controvertir
los posibles errores de los jueces de primera instancia la Corte se ha
pronunciado:[46]
“Sobre el recurso de apelación, la Corte ha
considerado que éste constituye el instrumento procesal más efectivo para
remediar los errores judiciales, toda vez que debe ser resuelto por un
funcionario de mayor jerarquía al que profiere la decisión que se apela, en
quien se supone concurren una mayor experiencia y versación en la aplicación
del derecho” (Subraya por
fuera del texto original).
En tercer lugar, los accionantes no
hicieron uso de las posibilidades previstas para controvertir el monto de la
obligación. En efecto, en la sentencia se ordenó la liquidación del crédito
hipotecario, conforme a las reglas del artículo 521 del Código de Procedimiento
Civil, y se condenó a costas a la parte demandada. Dentro del término legal
previsto para el efecto, la parte ejecutante no aportó la liquidación del
crédito,[47] por lo cual el ejecutado
tenía la oportunidad de presentarla – de acuerdo con lo previsto en el numeral
4 del artículo 521 del CPC – pero no lo hizo. Vencida la oportunidad legal sin
que ninguna de las partes hubiere aportado la liquidación de la obligación
hipotecaria, el secretario del juzgado la hizo el 17 de marzo de 2005,[48]
aplicando para el efecto lo dispuesto en la parte final del numeral 4 del artículo
521 del CPC., sin que surtido su traslado – ordenado mediante auto del 30 de
marzo de 2005, notificado mediante estado del 1 de abril de 2005 - las partes
hubieren formulado objeciones. Por tanto, el juzgado mediante auto del 4 de
mayo de 2005, notificado mediante estado del 6 de mayo de 2005, le impartió su
aprobación.[49] La liquidación
secretarial arrojó un valor total por concepto de capital e intereses a dicha
fecha de $66’263.113.94.
Finalmente, no sobra anotar que de las
pruebas obrantes en el expediente de tutela, no es posible concluir que
ocurrieron circunstancias que hayan impedido a los accionantes utilizar alguno
de los mecanismos señalados para la defensa de sus intereses dentro del proceso
judicial.
Adicionalmente, debe anotarse que no
obstante haberse presentado oferta de pago el 7 de marzo de 2005 por parte del
señor Nelson Uribe Pérez a CISA S.A., consistente en la cancelación de la suma
de $40’000,000, y haber sido ésta aceptada por el demandante en el proceso
ejecutivo, no se dio cumplimiento a lo acordado.
De lo anterior se desprende que Betty
Yalile Bacca y Nelson Uribe Pérez están acudiendo a la acción de tutela para
subsanar la inactividad de la apoderada del señor Uribe en el ejercicio de los
recursos ordinarios que prevén los procesos ejecutivos. En esta medida, la
acción de tutela contra la sentencia proferida el 25 de enero de 2005 por  Juzgado
Tercero Civil de Circuito de Tunja resulta improcedente, y en consecuencia esta
Sala de Revisión no entrará a pronunciarse de fondo sobre la presente solicitud
de amparo constitucional.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMAR la sentencia proferida en segunda instancia por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia el 24 de noviembre de 2005 en la acción
de tutela instaurada por instaurada por Betty Yalile Bacca y Nelson Uribe Pérez
contra el Juzgado Tercero Civil de Circuito de Tunja y Central de Inversiones
S.A., por las razones aducidas en la parte motiva de la presente providencia.
Segundo.- ORDENAR que, en aras de garantizar la efectividad de la
acción de tutela, se notifique este fallo a las partes dentro de los dos (2)
días siguientes a su recepción.
Tercero.- LÍBRESE por secretaría la comunicación prevista en el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase y
publíquese en la Gaceta de la Corte  Constitucional.
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
Ponente
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Folio 24 del expediente.
[2] Folio 12 del expediente.
[3] Folio 21 del expediente.
[4] Folios 1 al 3 del cuaderno principal del proceso ejecutivo.
[5] Folio 24 del expediente. Folio 51 del cuaderno principal del
proceso ejecutivo, en donde consta que al 10 de abril de 2002 los deudores se
encontraban en mora de 23 cuotas, por un valor de $9’718.769.49.
[6] Folio 24 del expediente. Folios 58 al 61 del cuaderno principal del
proceso ejecutivo.
[7] Folios 74 al 95 del cuaderno principal del proceso ejecutivo. Los
argumentos presentados por la apoderada del demandado versan sobre el
reconocimiento ilegal de CISA S.A. como acreedor hipotecario, ya que en su
concepto la cesión del crédito y de la garantía efectuada por BANCAFÉ debió
operar mediante escritura pública. Igualmente, sustenta la ineptitud de la
demanda en la aplicación ilegal de la cláusula aceleratoria del plazo, ya que
la misma no puede incluirse dentro de los créditos de vivienda. Agrega además
que no existe claridad de la cuantía de la obligación hipotecaria, por lo cual
no es posible afirmar que se está frente a un título ejecutivo.
[8] Folios 174 al 176 del cuaderno principal del proceso ejecutivo.
Auto de octubre 8 de 2003.
[9] Folios 177 al 182 del cuaderno principal del proceso ejecutivo.
[10] Folios 198 a 200 del cuaderno principal del proceso ejecutivo. Auto
del 5 de noviembre de 2003.
[11] Folio 71 del cuaderno principal del proceso ejecutivo.
[12] Modificado por el numeral 149 del artículo 1 del Decreto 2282 de
1989, modificado a su vez por el artículo 32 de la Ley 794 de 2003, que
establece:
“Artículo
32. El artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:
"Artículo
320. Notificación por aviso. Cuando no se pueda hacer la notificación personal
al demandado del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, o la
del auto que ordena citar a un tercero, o la de cualquiera otra providencia que
se deba realizar personalmente, se hará por medio de aviso que deberá expresar
su fecha y la de la providencia que se notifica, el juzgado que conoce del
proceso, su naturaleza, el nombre de las partes y la advertencia de que la
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la
entrega del aviso en el lugar de destino. Cuando deba surtirse un traslado con
entrega de copias, el notificado podrá retirarlas de la secretaría dentro de
los tres días siguientes, vencidos los cuales comenzará a correr el término
respectivo.
“El aviso
se entregará a la parte interesada en que se practique la notificación, quien
lo remitirá a través de servicio postal a la misma dirección a la que fue
enviada la comunicación a que se refiere el numeral 1 del artículo 315.
“Cuando
se trate de auto admisorio de la demanda o mandamiento de pago, el aviso deberá
ir acompañado de copia informal de la providencia que se notifica y de la
demanda, sin incluir sus anexos.
“El
secretario agregará al expediente copia del aviso, acompañada de constancia
expedida por la empresa de servicio postal de haber sido entregado en la
respectiva dirección.
“En el
caso de las personas jurídicas de derecho privado con domicilio en Colombia, el
aviso podrá remitirse a la dirección electrónica registrada según el parágrafo
único del artículo 315, siempre que la parte interesada suministre la demanda
en medio magnético. En este último evento en el aviso se deberá fijar la firma
digital del secretario y se remitirá acompañado de los documentos a que se
refiere el inciso tercero de este artículo, caso en el cual se presumirá que el
destinatario ha recibido el aviso y sus anexos cuando el iniciador recepcione
acuse de recibo. El secretario hará constar este hecho en el expediente y
adjuntará una impresión del mensaje de datos. Así mismo, conservará un archivo
impreso de los avisos enviados por esta vía, hasta la terminación del proceso.
“Parágrafo
primero. El Consejo Superior de la Judicatura implementará la creación de las
firmas digitales certificadas, dentro del año siguiente a la promulgación de
esta ley.
“Parágrafo
segundo. El remitente conservará una copia de los documentos enviados, la cual
deberá ser cotejada y sellada por la empresa de servicio postal. El
incumplimiento de esta obligación o de cualquiera otra establecida en este Código,
por parte de las empresas de servicio postal, dará lugar a las sanciones a que
ellas se encuentren sometidas".
[13] Folio 72 del cuaderno principal del proceso ejecutivo.
[14] Folio 73 del cuaderno principal del proceso ejecutivo.
[15] Folios 120 al 163 del cuaderno principal del proceso ejecutivo. Las
excepciones presentadas fueron: 1) caducidad de la acción, 2) prescripción, 3)
omisión de los requisitos que el título debe contener y que la ley no supla
expresamente, 4) pérdida de intereses por cobro con usura y devolución al doble
como sanción, 5) nulidad de la exigibilidad de la garantía hipotecaria, 6)
intereses sobre capital existente, 7) nulidad de la base de recaudo por
quebranto del principio de la buena fe, 8) abuso del derecho y del poder, 9)
pérdida de intereses por cobro excesivo, 10) inexistencia de título idóneo para
ejercitar la acción cambiaria, 11) revisión del contrato original de mutuo, y
12) pago. Folios 120 al 163 del cuaderno principal del proceso ejecutivo.
[16] Folios 96 al 119 del cuaderno principal del proceso ejecutivo. Esta
excepción la funda en la inconstitucionalidad de la equivalencia señalada para
la transición del sistema UPAC al sistema de financiación con base en UVR, y en
la inconstitucionalidad de ésta última unidad por sobrepasar el índice de
precios al consumidor.
[17] Folios 17 al 19 del expediente. Dicho peritaje fue rendido por la
auxiliar Vilma Inés Vega, debidamente posesionada ante el juzgado tercero el 30
de julio de 2004, en los siguientes términos.
[18] Folio 228 del cuaderno principal del proceso ejecutivo.
[19] Folio 30 del expediente. Sentencia del Juzgado Tercero de primera instancia, que al respecto dice: “Si bien hay escritos
de las dos partes, solo el de la parte actora se presentó oportunamente. Lo
anterior, porque el auto visible al folio 228 fue objeto de recurso y entonces
el término para alegar se contaba desde la notificación del auto fechado el 29
de septiembre de 2004. Así las cosas el alegato de la parte pasiva queda
extemporáneo por anticipado”.
[20] Folio 38 del expediente.
[21] Folio 36 del expediente.
[22] Folio 292 del cuaderno principal del proceso ejecutivo.
[23] Folio 11 del expediente.
[24] Folio 12 del expediente.
[25] Folios 1 al 8 del expediente.
[26] Folios 17 al 19 del expediente.
[27] Debe precisarse que dentro de las pretensiones de los accionantes
no se encuentra que se ordene al juzgado la terminación y archivo del
expediente, con base en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 546 de 1999.
[28] Folio 9 del expediente.
[29] Folios 13 y 14 del expediente.
[30] Folios 46 al 51 del expediente.
[31] En la sentencia T-1207 de 2004, la Corte estudio el caso en el cual
se reestructuró el crédito hipotecario el 20 de diciembre de 2000 entre la
entidad financiera y la deudora hipotecaria. El 20 de enero de 2001, la deudora
incurrió en mora, por lo que la entidad financiera promovió, en octubre del
mismo año, proceso ejecutivo con garantía real, esto es, con posterioridad al
año 2000. Sobre éste aspecto, la Corte afirmó “(…) la Sala resalta que el
proceso de la referencia contiene elementos fácticos diferentes a los conocidos
por esta Corporación en la sentencia T-701 de 2004, pues, mientras en ese
caso el incumplimiento de las obligaciones por parte del deudor hipotecario se
produjo con anterioridad a la vigencia de la Ley 546/99, en el presente asunto
acaecieron luego de que dicha norma comenzara a regir. Por lo tanto, según la
estructura normativa a que se hizo referencia, lo resuelto en este caso es
diferente a lo estudiado en aquella ocasión, razón por la cual la aludida
sentencia no es vinculante para efectos de la actual determinación judicial”
(Subraya por fuera del texto original).
[32] Los demandantes no solicitan que se de aplicación al peritazgo
obrante en el proceso judicial, no obstante sostener que la vía de hecho se
fundamenta en no haberlo tenido en cuenta en la sentencia de primera instancia
del 28 de enero de 2005.
[33] Sobre estos elementos, la Corte Constitucional en sentencia de
unificación 961 de 1999 (M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa) afirmó: “La
posibilidad de interponer la acción de tutela en cualquier tiempo significa que
no tiene término de caducidad.  La consecuencia de ello es que el juez no puede
rechazarla con fundamento en el paso del tiempo y tiene la obligación de entrar
a estudiar el asunto de fondo. Teniendo en cuenta el sentido de
proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un término de
caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse
dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada
por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso
concreto. De acuerdo con los hechos, el juez está encargado de establecer si la
tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que
no se vulneren derechos de terceros. Si bien el término para interponer la
acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera
afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha
interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de
inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros,
o que desnaturalice la acción. Si el elemento de la inmediatez es consustancial
a la protección que la acción brinda a los derechos de los ciudadanos, ello
implica que debe ejercerse de conformidad con tal naturaleza. Esta condiciona
su ejercicio a través de un deber correlativo: la interposición oportuna y justa
de la acción. Si la inactividad del accionante para ejercer las acciones
ordinarias, cuando éstas proveen una protección eficaz, impide que se conceda
la acción de tutela, del mismo modo, es necesario aceptar que la inactividad
para interponer esta última acción durante un término prudencial, debe llevar a
que no se conceda. En el caso en que sea la tutela y no otro medio de defensa
el que se ha dejado de interponer a tiempo, también es aplicable el principio
establecido en la Sentencia (C-543/92), según el cual la falta de ejercicio
oportuno de los medios que la ley ofrece para el reconocimiento de sus derechos
no puede alegarse para beneficio propio, máxime en los casos en que existen
derechos de terceros involucrados en la decisión”.
[34] Sentencia T-495 de 2005 (M.P.: Rodrigo Escobar Gil). En el mismo
sentido, véase las sentencias T-575 de 2002 (M.P.: Rodrigo Escobar Gil),
T-900 de 2004 (M.P.: Jaime Córdoba Triviño), y T-403 de 2005
(M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa). Particularmente, en ésta última se hace
una reseña jurisprudencial sobre este tema.
[35]
Sentencia SU-961 de 1999. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[36]
Sentencia T-282 de 2005. M.P.: Rodrigo Escobar Gil. En éste caso la Corte
analizó si se configuró una vía de hecho por las decisiones del 2 de octubre
de 2001 y del 9 de septiembre de 2002, dentro del proceso ejecutivo
hipotecario adelantado por CONAVI contra la señora María Eugenia Jaramillo
Escalante desde octubre de 1998. Mediante sentencia del 24 de noviembre de
2000, el juzgado denegó las excepciones propuestas, decretó la venta en pública
subasta del bien gravado con hipoteca y ordenó el archivo del proceso, la cual
fue impugnada por la parte demandada en el proceso ejecutivo. En segunda
instancia, se declaró la nulidad de lo actuado a partir del
auto del 22 de febrero de 2000 al considerar que el proceso debía continuar
suspendido hasta que se efectuara una reliquidación ajustada a los parámetros
señalados en la Ley 546 de 1999, por lo cual CONAVI presentó ante el juzgado de
primera instancia una nueva reliquidación del crédito. El Juzgado Segundo Civil
del Circuito de Pereira ordenó la terminación del proceso y el levantamiento
del embargo que recaía sobre el inmueble como quiera que ya obraba dentro del
proceso la reliquidación del crédito. Contra dicha providencia, CONAVI
interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto el 2 de octubre de 2001
por la Sala Civil Unitaria del Tribunal Superior de Pereira, y ordenó continuar
con el proceso por cuanto el deudor se encontraba en mora y subsistía un saldo
en su contra. El 4 de diciembre de 2001, el Juzgado Segundo Civil del Circuito
de Pereira y profirió sentencia en la cual declaró no probadas las excepciones
de mérito y decretó la venta en pública subasta, providencia que fue apelada.
El 9 de septiembre de 2002 la Sala de Decisión Civil del Tribunal
Superior de Pereira confirmó la sentencia proferida el 4 de diciembre de 2001
por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira. Posteriormente, el 30 de
octubre de 2002 la parte demandada presentó al juzgado la liquidación del
crédito, la cual fue objetada por parte demandante el 12 de noviembre de 2002.
La Corte accedió al amparo solicitado y en consecuencia, ordenó dejar sin
efecto la providencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Pereira el 2 de octubre de 2001, mediante la cual se
revocó el auto de fecha junio 13 de 2001 proferido por el Juzgado Segundo Civil
del Circuito de Pereira. Así mismo, ordenó al Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Pereira que declarará la terminación y archivo del proceso
ejecutivo.
[37] Folio 11 del expediente.
[38] Folio 12 del expediente.
[39] Sentencia T-083 de 1998. M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz. la Corte
negó el amparo solicitado, al considerar que el accionante pretendía mediante
la acción de tutela que se declarara la existencia de una vía de hecho
configurada con base en la ocurrencia de irregularidades dentro de un proceso
laboral. La Corte consideró que el mecanismo idóneo para la defensa de sus
intereses era el recurso de apelación, el cual no había sido utilizado por el
accionante.
[40] Sentencia T-598 de 2003 (M.P.: Clara Inés Vargas Hernández). En
este caso el accionante detentaba la condición de propietario de una cosecha de
plátano ubicada dentro de un predio embargado dentro de un proceso ejecutivo
singular, en el cual se libró mandamiento de pago y se decretó el embargo y
secuestro del bien inmueble en el cual se encontraba la cosecha. En el curso de
la diligencia de secuestro no se presentó ninguna oposición y posteriormente no
se propuso el incidente de desembargo previsto en el numeral 8 del artículo 687
del Código de Procedimiento Civil. En igual sentido, en la sentencia T-702 de
2003 (M.P.: Clara Inés Vargas Hernández), la Corte sostuvo que “al margen de
una posible falta de diligencia del apoderado, no puede olvidarse que la acción
de tutela no fue diseñada para enmendar errores o descuidos, ni constituye una
forma de recuperar oportunidades dejadas de utilizar en el curso de un proceso
judicial, debiendo la Corte reiterar la posición asumida en la citada sentencia
T-598 de 2003. Así las cosas, desde esta perspectiva resulta improcedente
acudir a la tutela para controvertir la decisión del juzgado en el sentido de
no tramitar el incidente de desembargo”.
[41] Sentencia T-112 de 2003. M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra. En esa
ocasión la Sala Sexta de Revisión de la Corte estudio la acción de tutela
interpuesta por Jaime Humberto Olmos Suárez contra el Banco Colmena, la
Superintendencia Bancaria, el Juzgado 10 Civil del Circuito de Bogotá, el
Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogotá y el Ministerio de Hacienda, por
considerar que la reliquidación efectuada por Colmena no se ajustaba a los
parámetros fijados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Colmena
inició proceso ejecutivo en contra del señor Olmos ante el Juzgado 10 Civil de
Circuito de Bogotá por mora en el pago de la obligación hipotecaria, en el cual
se dictó sentencia a favor de la entidad financiera, falló que fue confirmado
en segunda instancia. En consecuencia, se ordenó el remate de la garantía
hipotecaria, sin que a la fecha de interposición de la tutela el juzgado
hubiera fijado fecha para adelantar la diligencia de remate. En dicha ocasión
el accionante – demandado en el proceso ejecutivo hipotecario-, “en virtud de
tal proceso está corriendo el riesgo de quedarse sin vivienda, careciendo en
este momento de recursos para adquirir una nueva, ni rentar un apartamento, en
virtud de que vive con su pensión de invalidez, la cual tiene el 50% embargado
por deudas varias, y su esposa no percibe salario alguno; a estas
circunstancias se agrega el hecho de tener 63 años de edad”.
[42] Al respecto, específicamente la Corte afirmó: “Como bien lo
mencionan las entidades accionadas en su respuesta, ha sido criterio uniforme
de esta Corporación el respetar la competencia de los jueces ordinarios para la
resolución de controversias relativas a los procesos de reliquidación de
créditos de vivienda de los usuarios del antiguo sistema UPAC. Por tanto, en
este caso no se hará excepción a tal criterio unificado”. Sentencia T-112
de 2003 (M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra).
[43]
Sentencia T- 282 de 2005. M.P.: Rodrigo Escobar Gil.
[44] Folio 30 del expediente. Sentencia del Juzgado Tercero de primera instancia.
[45] El artículo 351 del Código de Procedimiento Civil, modificado por
el artículo 1, numeral 169 del Decreto 2282 de 1989, dispone:
“Artículo
351. Procedencia. Son apelables las sentencias de primera instancia, excepto
las que se dicten en equidad de acuerdo con el artículo 38 y las que las partes
convengan en recurrir en casación per saltum, si fuere procedente este recurso.
“También
son apelables los siguientes autos proferidos en la primera instancia:
“1. El que
rechace la demanda, su reforma o adición, salvo disposición en contrario.
“2. El que
resuelva sobre la citación o la intervención de sucesores procesales o de
terceros, o rechace la representación de alguna de las partes.
“3. El que
deniegue la apertura a prueba, o el señalamiento del término para practicar
pruebas, o el decreto de alguna pedida oportunamente o su práctica.
“4. El que
deniegue el trámite de incidente, alguno de los trámites especiales que lo
sustituye contemplados en los artículos 99, 142, 152, 155, 158, 159, 162, 167,
338 parágrafo 3, 340 inciso final y 388, el que los decida y el que rechace de
plano las excepciones en proceso ejecutivo.
“5. El que
resuelva sobre la liquidación del crédito en procesos ejecutivos.
“6. El que
decida sobre suspensión del proceso.
“7. El que
decida sobre un desistimiento, una transacción, la perención, decrete o levante
medidas cautelares, o por cualquier otra causa ponga fin al proceso.
“8. El que
decida sobre nulidades procesales.
“9. El que
decida sobre excepciones previas, salvo norma en contrario.
“10. Los
demás expresamente señalados en este Código”.
[46] Sentencia T-083 de 1998. M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[47] El artículo 521 del Código de Procedimiento Civil, modificado por
el artículo 1, numeral 279 del Decreto 2282 de 1989, establece:
“Artículo
521. Liquidación del crédito y de las costas. Ejecutoriada la sentencia de que
trata el artículo 507 o la contemplada en la letra e), del numeral 2. del
artículo 570, se practicará por separado la liquidación del crédito y la de las
costas. Para la de éstas se aplicará lo dispuesto en el artículo 393; la del
crédito se sujetará a las siguientes reglas:
“1. El
ejecutante, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria de la sentencia,
o a la notificación del auto que ordene cumplir lo resuelto por el superior,
según el caso, deberá presentar la liquidación especificada del capital y de
los intereses, y si fuere el caso de la conversión a moneda nacional de aquél y
de éstos, de acuerdo con lo dispuesto en el mandamiento de pago, adjuntando los
documentos que la sustenten, si fueren necesarios.
“2. De
dicha liquidación se dará traslado al ejecutado por tres días, mediante auto
que no tendrá recursos, dentro de los cuales podrá formular objeciones y
acompañar las pruebas que estime necesarias.
“3.
Vencido el traslado, el juez decidirá si aprueba o modifica la liquidación por
auto apelable en el efecto diferido, recurso que no impedirá efectuar el remate
de los bienes, ni la entrega de dineros al ejecutante en la parte que no es
objeto de la apelación.
“4.
Expirado el término para que el ejecutante presente la liquidación, mientras no
lo hubiere hecho, el ejecutado podrá presentarla y se aplicará lo dispuesto en
los numerales anteriores. Si pasados veinte días ninguno la hubiere presentado,
la hará el secretario y se observará lo prevenido en los numerales 2. y 3.
“5. De la
misma manera se procederá cuando se trate de liquidación adicional.
“Parágrafo.
<Parágrafo adicionado por el artículo 25 de la Ley 446 de 1998:> Los
honorarios del curador ad litem se consignarán a órdenes del despacho judicial,
quien autorizará su pago al momento de terminación del proceso o al momento en
que comparezca la parte representada por él”.
[48] Folio 292 del cuaderno principal del proceso ejecutivo.
[49] Folio 296 del cuaderno principal del proceso ejecutivo.