T-072-11
Sentencia T-048/10
Sentencia T-072/11
PRINCIPIO
DE SUBSIDIARIEDAD COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Reiteración
de jurisprudencia
PRINCIPIO
DE INMEDIATEZ-Caso en que no se cumple por cuanto se acudió a la acción de
tutela 9 años después de haber ocurrido la presunta afectación de sus derechos
fundamentales
PRINCIPIO
DE INMEDIATEZ-En procesos de reliquidación y redenominación de créditos en
moneda legal a UVR
CREDITO
HIPOTECARIO-Caso en que obligación fue pactada en UPAC/CREDITO
HIPOTECARIO-Caso en que el propietario del inmueble no es la misma persona
que el deudor del crédito/CREDITO HIPOTECARIO-Caso en que ya no se
encuentra vigente debido a que culminó el cobro en la jurisdicción ordinaria.
No está de
más manifestar, que en una aproximación preliminar al fondo del asunto en
cuestión, que sobraría bajo la perspectiva de la improcedencia declarada, pero
que se menciona para demostrar que su consideración conduciría a una decisión
análoga, que esta Sala no le halla fundamento jurídico alguno a la decisión
adoptada en el fallo objeto de revisión, al ordenar el restablecimiento a pesos
del crédito controvertido puesto que, el tribunal no advirtió que el préstamo
fue pactado inicialmente en UPAC, que el propietario del inmueble no es la
misma persona que el deudor del crédito y que, además, éste ya no se encuentra
vigente, debido a la legal culminación del cobro ante la jurisdicción ordinaria
Referencia: expediente
T-2.808.285
Demandante: ALMAB S. EN C.
Demandado: Banco AV
Villas S.A. y Superintendencia Financiera de Colombia
Magistrado
Ponente:
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA  MARTELO
Bogotá D.C., siete
(7) de febrero de dos mil once (2011)
La Sala Cuarta
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Nilson Elías Pinilla
Pinilla, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En la revisión
del fallo de tutela proferido el 1º de Diciembre de 2009, por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, que revocó la decisión dictada el 13 de octubre
de 2009, por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de
Barranquilla que, a su vez, negó por improcedente la acción de tutela promovida
contra el Banco AV Villas S.A. y la Superintendencia Financiera de Colombia.
I.  ANTECEDENTES
1.-  La
solicitud
El ciudadano
Alberto Elías Bernal Reyes, actuando en nombre propio y como representante
legal de la sociedad ALMAB S. EN C., solicita el amparo de sus derechos
fundamentales a la información, la igualdad, el debido proceso y defensa,
habeas data, así como de los principios de la buena fe, del acto propio, la
confianza legitima y la vivienda digna, los cuales considera vulnerados por el
Banco AV Villas S.A., al redenominar a UVR su crédito de vivienda, de manera
unilateral, con la aquiescencia de la Superintendencia Financiera de Colombia.
2.-  Reseña
fáctica y pretensiones de la demanda
2.1. El señor Alberto
Elías Bernal Reyes, actuando en nombre propio y como representante legal de la
sociedad ALMAB S. EN C. presentó acción de tutela, como mecanismo transitorio, por
los hechos que, a continuación, son resumidos:
·
La señora Luz Marina Parado Rodelo, el 24 de septiembre de 1996,
suscribió un pagaré con la Corporación de ahorro y vivienda AHORRAMAS (luego,
Corporación de ahorro y vivienda Av Villas; hoy, Banco AV Villas S.A.) por la
suma de 13,439.2992 UPAC (equivalente a $125´000.000 millones de pesos), con
garantía hipotecaria, protocolizada mediante escritura Nº 3904 del 4 de
septiembre de 1996.
·
El 27 de enero de 2000, la señora Luz Marina Parado Rodelo vendió
el inmueble que garantiza la referida obligación hipotecaria a la sociedad ALMAB
S. EN C., representada por el señor Alberto Elías Bernal Reyes.
·
Al encontrarse vigente la Escritura Pública de constitución de
hipoteca Nº.3704 del 4 de septiembre de 1996,
la sociedad ALMAB S. EN C. afirma haberse convertido en deudor hipotecario y manifiesta
que destinó el inmueble hipotecado “para el uso de vivienda de los
integrantes de la sociedad en comandita” (f.2).
·
Debido a la declaratoria de inconstitucionalidad del sistema UPAC
y a la entrada en vigencia de la Ley 546 de 1999, la Corporación de ahorro y
vivienda Av Villas (hoy, Banco AV Villas S.A.) procedió a redenominar el
crédito en UVR, de manera unilateral, sin informar al deudor. Al cambiar las
condiciones pactadas inicialmente, se vulneraron los derechos fundamentales de
la sociedad ALMAB S. EN C. Además, manifiesta que el sistema escogido se basa
en la fórmula de interés compuesto y no simple, como lo ordenó la Corte
Constitucional en la sentencia C-955 de 2000, asunto igualmente dilucidado por la
jurisprudencia del Consejo de Estado.
·
El día 25 de junio de 2001, incurrió en mora debido al alto valor
de las cuotas mensuales, por lo que la Corporación de ahorro y vivienda Av
Villas (antes, AHORRAMAS; hoy, Banco AV Villas S.A.) inició un proceso
ejecutivo hipotecario, el cual culminó en el remate de la vivienda del núcleo
familiar del representante de la sociedad ALMAB S. EN C.
2.2. El señor
Alberto Elías Bernal Reyes, actuando en nombre propio y como representante legal
de la sociedad ALMAB S. EN C., solicita el amparo de sus derechos fundamentales
al debido proceso, habeas data, buena fe y vivienda digna y, consecuentemente, que
se ordene la suspensión del proceso ejecutivo hipotecario que se promueve en su
contra.
3.-  Respuesta
de los entes accionados
El 29 de septiembre
de 2009, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Barranquilla, admitió
la acción de tutela y ordenó ponerla en conocimiento de las entidades accionadas,
a objeto de que se pronunciaran en relación con los hechos y pretensiones en
ella planteados.
3.1. Respuesta
del Banco AV Villas S.A.
La
representante legal de la entidad bancaria informa que el crédito fue aprobado
el 19 de julio de 1996 a la señora Luz Marina Parado Rodelo, con fecha de
desembolso del 24 de septiembre de 1996. El referido crédito fue pactado en
13,439.2992 UPAC, suma equivalente a $125´000.000 millones de pesos, y se
aprobó para inversión de compra de maquinaria, con garantía hipotecaria. Lo
anterior le otorga naturaleza comercial y, por lo tanto, no le es aplicable ni
la reliquidación o beneficio, establecido en la Ley 546 de 1999 para los
créditos otorgado en materia de vivienda. Anexa copia de la carta de aprobación
del crédito (Folios 113 al 116).
Expone que, por
ministerio de la ley, todas aquellas obligaciones que se encontraban en UPAC se
debían expresar en UVR (Artículo 38[1]),
dentro de los tres meses siguientes a la entrada en  vigencia de la Ley 546 de
1999. En caso de no modificar los documentos en los que constaban tales
obligaciones, éstas se entenderán expresadas en UVR, vencido el término
otorgado.
Manifiesta que
debido a la mora que reportaba la obligación desde el 25 de junio de 2001, el
banco presentó demanda ejecutiva hipotecaria contra ALMAB S. EN C. el 1º de
septiembre de 2001. Relata que  le correspondió por reparto al Juzgado 7º Civil
del Circuito de Barranquilla, despacho que libró mandamiento de pago el 6 de
octubre de 2001.
En este
sentido, detalla que “la parte demandada se notificó a través de apoderado,
interponiendo excepciones de pago total o parcial de la obligación, inexistencia
de contrato de hipoteca, revisión de contrato de mutuo. El juzgado dictó
sentencia que fue apelada y el Tribunal Superior de Barranquilla por
providencia del 12 de junio de 2007 revocó los numerales 2, 3 y 4 de la
sentencia de 1ª instancia, declara no probada la excepción de mérito de pago
parcial de la obligación. (…) Tramitadas las etapas procesales subsiguientes,
el juzgado fijó fecha de remates en 3ª licitación para el 14 de septiembre de
2009, fecha en la cual el banco remató por la base”.
En
consecuencia, solicita se declare la improcedencia de la acción de tutela,
debido a que su propósito no es el de modificar reglas que rigen los diverso
ámbitos de competencia de los jueces, ni el de otorgar a los litigantes la
opción de rescatar pleitos perdidos.
3.2. Respuesta
de la Superintendencia Financiera
El subdirector
de Representación Judicial y funciones jurisdiccionales manifiesta que (i) al
quedar abolido el sistema UPAC, todos los créditos debían redenominarse en UVR,
estuvieren o no destinados a vivienda. Aclara que los créditos comerciales
podían estar respaldados con una garantía hipotecaria, sin que ello
signifique que se convierte en un crédito de vivienda. Reitera que solo los
créditos otorgados para la financiación de vivienda fueron objeto de alivio; y
(ii) que esta entidad no es la llamada a resolver las diferencias contractuales
surgidas entre el actor y el Banco Av Villas, las cuales deben resolverse ante
la jurisdicción ordinaria.
Por lo
anterior solicita su exclusión de la presente acción de tutela, la que
considera improcedente dado que intenta resolver controversias o diferencias
surgidas entre las partes, con ocasión de la celebración o ejecución de un
contrato, que es competencia de la jurisdicción ordinaria.
4.-
Documentos relevantes cuyas copias obran en el expediente
·
Original del certificado de existencia y representación legal de
la sociedad ALMAB S. EN C., expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla
(fs. 32 al 37).
·
Acta de Diligencia de remate del 14 de septiembre de 2009, practicada
dentro del proceso ejecutivo adelantado por el Juzgado Séptimo Civil del
Circuito de  Barranquilla (fs. 38 al 39).
·
Carta de la apoderada del Banco Av Villas, del 17 de septiembre
de 2009, dirigida al Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Barranquilla, en la
que solicita se apruebe la diligencia de remate, mediante la cual se adjudicó
al banco el bien garante de la ejecución (f. 40).
·
Anexo de la carta antes citada, que consta del volante de pago de
la consignación a favor del Tesoro Nacional por la suma de $6.200.046 y del
volante de pago de la consignación a la cuenta de depósitos judiciales por la
adjudicación en remate por valor de $206´668.200 (f. 41).
·
Escritura Pública de constitución de hipoteca abierta, Nº 3704
del 4 de septiembre de 1996, protocolizada en la Notaria 5ª del Círculo de
Barranquilla (fs. 42 al 43 y 51 al 55).
·
Carta de AHORRAMAS informando que el día 19 de julio de 1996 se
aprueba el crédito a la señora Luz Marina Parado Rodelo (fs.44 al 50).
·
Escritura Pública de compraventa, Nº 109 del 27 de enero de 2000,
protocolizada en la Notaria 4ª del Círculo de Barranquilla (fs.56 al 59).
·
Constancia de inscripción de la hipoteca abierta sin límite de
cuantía, a favor de AHORRAMAS, expedido por la Superintendencia de Notariado y
Registro (f.60).
·
Pagaré Nº 026691 del 24 de septiembre de 1996, suscrito entre la
señora Luz Marina Parado Rodelo y la Corporación de ahorro y vivienda AHORRAMAS
(fs. 61 al 62).
II.  DECISIÓN
JUDICIAL QUE SE REVISA
1.-  Decisión
de primera instancia
Mediante
sentencia del trece (13) de octubre de 2009, el Juzgado Noveno Administrativo
del Circuito de Barranquilla declaró la improcedencia de la acción de tutela como
mecanismo transitorio, al considerar que tiene la oportunidad de acudir a la
jurisdicción ordinaria y que además no cumplió con el principio de inmediatez.
2.-  Impugnación
El accionante impugnó el fallo del
trece (13) de octubre de 2009 proferido por el Juzgado Noveno Administrativo
del Circuito de Barranquilla, sin exponer las razones de su inconformidad.
3.-  Decisión
de segunda instancia
Mediante
sentencia del 1º de diciembre de 2009, el Tribunal Administrativo del Atlántico
concedió el amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, para lo cual ordenó al Banco AV VILLAS restablecer el crédito en
pesos, “según lo pactado inicialmente con el demandante”.
El 22 de abril
y 7 de julio de 2010, el apoderado del Banco Av Villas solicitó aclaración y
complementación de la sentencia. En ambos escritos alega que el accionante
nunca solicitó al banco la subrogación legal del crédito, que pretende obtener
una tercera instancia del proceso ejecutivo hipotecario ya culminado y que
busca revivir términos ya precluidos.
Así mismo,
planteó una serie de interrogantes, tales como:
“1.- ¿Cómo
se puede restablecer un crédito en pesos cuando la obligación fue pactada en
UPAC y el pagaré de esa obligación fue cobrado dentro de un proceso ejecutivo
hipotecario que llegó a etapa de remate?
2.- ¿Cómo
en un fallo de tutela se puede restablecer un crédito a una persona que nunca
ha suscrito un pagaré con el banco?
3.- ¿Qué
significa restablecer el crédito en pesos según lo pactado inicialmente con el
demandante, si el crédito fue pactado en UPAC y con la señora LUZ MARINA PARADA
RODELO y no con ALMAB S. EN C.?”
Mediante Auto
del 12 de julio de 2010, el Tribunal Administrativo del Atlántico, en aras de
preservar el derecho de defensa y debido proceso, estudió de fondo la solicitud
presentada por el apoderado del Banco Av Villas y resolvió que como no había motivos
para aclarar, no procedía la adición de la sentencia.
III.  FUNDAMENTOS
JURÍDICOS DE LA DECISIÓN
1.- Competencia
La Corte
Constitucional es competente, a través de esta Sala, para revisar la sentencia
proferida por el juez de segunda instancia, dentro del proceso de la
referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral
9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento de lo ordenado por el Auto del 22 de septiembre
de 2010, proferido por la Sala de Selección de Tutelas Nº 9 de esta
Corporación.
2.-
Legitimación
La
legitimación por activa se deriva del hecho de que el demandante dice tutelar
derechos fundamentales suyos y de su grupo familiar  y la legitimación por
pasiva se acredita con la circunstancia de que se sindica a las entidades demandadas
de ser las responsables de tales violaciones.
3.-
Planteamiento del Problema Jurídico
Corresponde a la
Sala determinar, si con la decisión adoptada por la entidad accionada de redenominar
el crédito en UVR, de manera unilateral, aduciendo expresa disposición legal,
se ha vulnerado los derechos fundamentales invocados en la demanda.
Para resolver el presente asunto,
antes del análisis del caso concreto, la Corte reiterará la regla general de
subsidiariedad de la acción de tutela, en virtud de la cual esta resulta
improcedente cuando existen otros mecanismos de defensa judicial previstos por
el legislador para la protección de los derechos presuntamente conculcados.
4.- El principio de
subsidiariedad como requisito de procedibilidad de la acción de tutela.
Reiteración de Jurisprudencia
De acuerdo con reiterada y
uniforme jurisprudencia de esta Corporación[2],
en armonía con lo dispuesto por los artículos 86 de la Carta Política, y 6º del
Decreto 2591 de 1992, la acción de tutela es un mecanismo judicial, para la
protección inmediata de los derechos fundamentales, de carácter subsidiario.
Ésta procede siempre que en el ordenamiento jurídico no exista otra acción
idónea y eficaz para la tutela judicial de estos derechos.
Esta Corporación ha reiterado que
no siempre el juez de tutela es el primer llamado a proteger los derechos
constitucionales, toda vez que su competencia es subsidiaria y residual, es
decir procede siempre que no exista otro medio de defensa judicial de
comprobada eficacia, para que cese inmediatamente la vulneración. Sobre el
particular, en la sentencia T-753 de 2006[3]
esta Corte precisó:
“Frente a
la necesidad de preservar el principio de subsidiariedad de la acción de
tutela,[4]
se ha sostenido que aquella es improcedente si quien ha tenido a su disposición
las vías judiciales ordinarias de defensa, no las utiliza ni oportuna ni
adecuadamente, acudiendo en su lugar a la acción constitucional. Ello por
cuanto que, a la luz de la jurisprudencia pertinente, los recursos judiciales
ordinarios son verdaderas herramientas de protección de los derechos
fundamentales, por lo que deben usarse oportunamente para garantizar su
vigencia, so pena de convertir en improcedente el mecanismo subsidiario que
ofrece el artículo 86 superior.”
Entendida de
otra manera, la acción de tutela se convertiría en un escenario de debate y
decisión de litigios, y no de protección de los derechos fundamentales.  Al
respecto, en la sentencia T-406 de 2005[5],
la Corte indicó:
“Según esta
exigencia, entonces, si existen otros medios de defensa judicial, se debe
recurrir a ellos pues de lo contrario la acción de tutela dejaría de ser un
mecanismo de defensa de los derechos fundamentales y se convertiría en un
recurso expedito para vaciar la competencia ordinaria de los jueces y
tribunales.  De igual manera, de perderse de vista el carácter subsidiario de
la tutela, el juez constitucional, en este ámbito, no circunscribiría su obrar
a la protección de los derechos fundamentales sino que se convertiría en una
instancia de decisión de conflictos legales.  Nótese cómo de desconocerse el
carácter subsidiario de la acción de tutela se distorsionaría la índole que le
asignó el constituyente y se deslegitimaría la función del juez de amparo.”
Puntualizando, se puede indicar
que, de acuerdo con el principio de subsidiariedad de la acción de tutela, ésta
resulta improcedente cuando es utilizada como mecanismo alternativo de los
medios judiciales ordinarios de defensa previstos por la ley. Sin embargo, en
los casos en que existan medios judiciales de protección ordinarios al alcance
del actor, la acción de tutela será procedente si el juez constitucional logra
determinar que: (i) los mecanismos y recursos ordinarios de
defensa no son suficientemente idóneos y eficaces para garantizar la protección
de los derechos presuntamente vulnerados o amenazados; (ii) se
requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio, pues, de lo
contrario, el actor se vería frente a la ocurrencia inminente de un perjuicio
irremediable frente a sus derechos fundamentales; y, (iii) el
titular de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados es sujeto de
especial protección constitucional.
5.- Improcedencia
de la tutela en el caso concreto
5.1. La Sala advierte que la acción
no se enmarca dentro de los supuestos (i) y (ii), debido
a que, no obstante que el actor manifiesta interponer la tutela como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable (por la mora de las altas
cuotas mensuales, que ocasionó el remate del inmueble destinado a vivienda de
su núcleo familiar), este argumento en realidad constituye un nuevo intento para
revivir instancias judiciales ya agotadas.
En efecto, según el acervo
probatorio, se trata de un crédito legalmente cobrado ante autoridad competente
(jurisdicción civil) en un proceso ejecutivo hipotecario que ha llegado a la
etapa de remate.  En dicha diligencia el bien hipotecado fue debidamente
adjudicado al Banco Av Villas S.A. (folios 38 y 39). Es en esta etapa del
proceso que el accionante pretende que surja nuevamente la oportunidad procesal,
con el objeto de evitar la pérdida del inmueble en cuestión.  Es decir los medios
judiciales idóneos y eficaces han sido agotados.
En este punto, la Sala de
Revisión advierte, además, que se encuentra debidamente probado en el
expediente que el crédito otorgado a la señora Luz Marina Parado Rodelo fue
amparado con una hipoteca constituida sobre un inmueble que fue adquirido con
mucha anterioridad al otorgamiento del mismo y, al realizar el contrato de
compraventa, la sociedad ALMAB S. EN C. no realizó, ni solicitó, la subrogación
del crédito en mención.
De manera tal que, esta
Corporación concluye que no se le ocasionó un perjuicio irremediable a
la sociedad ALMAB S. EN C., toda vez que no es deudora de la entidad accionada,
es decir, no tiene vínculo comercial con el Banco Av Villas en razón a los
hechos que dan lugar a esta acción.
5.2. En cuanto al supuesto (iii),
en el escrito de tutela, no se alegó que el señor  Alberto Elías Bernal Reyes sea
sujeto de protección especial constitucional, ni como ciudadano,
individualmente considerado, ni como representante legal de la sociedad ALMAB
S. EN C.
5.3. De otra parte, la Sala de Revisión
encuentra necesario insistir en que el amparo inmediato de los derechos
constitucionales fundamentales, que se busca con la acción de tutela, se
encuentra relacionado directamente con la aplicación del principio de la
inmediatez, requisito sine qua non de procedibilidad de la acción de
tutela, como quiera que el objetivo primordial de este mecanismo judicial se
encuentra orientado hacia la protección actual, inmediata y efectiva de
derechos fundamentales.
En este sentido, de acuerdo con
la reiterada jurisprudencia constitucional[6],
se ha manifestado que siendo el elemento de la inmediatez consustancial al
amparo que la acción de tutela ofrece a los derechos de las personas, ello
implica que, de conformidad con tal orientación, el ejercicio de la acción
judicial sea oportuno y razonable.
En relación con la presentación
de la acción de tutela, esta Corporación ha indicado que debe ejercitarse
dentro de un término prudente y adecuado que permita la protección inmediata
del derecho fundamental presuntamente transgredido o amenazado, ya que, de lo
contrario, el amparo constitucional podría resultar inocuo debido a la
inobservancia del principio de la inmediatez y, a su vez, desproporcionado
frente a la finalidad perseguida por la acción de tutela, toda vez que ésta
pretende la protección integral y eficaz de los derechos vulnerados.
En el caso sub-examine, esta Sala
de Revisión observa que adolece de la falta del principio de la inmediatez. En
efecto, con base en el recuento fáctico de este proceso, se tiene que el actor
formuló la presente acción de tutela el 28 de septiembre de 2009, luego de
considerar quebrantados sus derechos fundamentales por parte de la entidad
demandada, ya que ésta procedió, de manera unilateral, a redenominar su crédito
de UPAC a UVR, en el año 2000.
De acuerdo con el asunto objeto
de revisión, advierte esta Sala que, evidentemente, el accionante no cumple con
el requisito que alude a la presentación oportuna y razonable de la acción de
tutela, como quiera que acudió a ésta 9 años después de haber transcurrido la
presunta afectación a sus derechos fundamentales. Esto último, sin explicación
alguna, con lo cual se desvirtúa la urgencia y el apremio en la protección
constitucional exigida.  Solo cuando el proceso ejecutivo hipotecario llega a
la etapa de remate es que impetra la protección constitucional arguyendo
principalmente la circunstancia anotada.
5.4. No está de más manifestar,
que en una aproximación preliminar al fondo del asunto en cuestión, que sobraría
bajo la perspectiva de la improcedencia declarada, pero que se menciona para
demostrar que su consideración conduciría a una decisión análoga, que esta Sala
no le halla fundamento jurídico alguno a la decisión adoptada en el fallo
objeto de revisión, al ordenar el restablecimiento a pesos del crédito controvertido
puesto que, el tribunal no advirtió que el préstamo fue pactado inicialmente en
UPAC[7], que
el propietario del inmueble (ALMAB S. EN C.) no es la misma persona que el
deudor del crédito (Luz Marina Parada Rodelo) y que, además, éste ya no se
encuentra vigente, debido a la legal culminación del cobro ante la jurisdicción
ordinaria.
5.5. Teniendo en cuenta lo expuesto
previamente, la Sala procede a declarar la improcedencia del amparo del caso
presente, debido a que no cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos
por los principios de subsidiaridad e inmediatez de la acción de
tutela.
Así las cosas,
esta Sala de Revisión revocará el fallo proferido en segunda instancia por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, que a su vez, revocó el fallo de primera
instancia dictado por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de
Barranquilla.
IV.  DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR
el fallo proferido en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
que a su vez, revocó el fallo de primera instancia dictado por el Juzgado
Noveno Administrativo del Circuito de Barranquilla  y, en su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta, por las razones expuestas en
esta providencia
Segundo: Por
Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, cópiese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE
IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON
ELIAS PINILLA PINILLA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] Dicho artículo señala:
ARTÍCULO 38. DENOMINACION DE OBLIGACIONES EN UVR. <Apartes tachados  INEXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-955-00 de 26 de julio de 2000> Dentro de los
tres (3) meses siguientes a la fecha de vigencia de la presente ley, todas las
obligaciones expresadas en UPAC se expresarán en UVR, según
la equivalencia que determine el Gobierno Nacional. Vencido este
término sin que se hayan modificado los documentos en que consten tales
obligaciones, éstas se entenderán expresadas en UVR, por ministerio de la
presente ley.
PARAGRAFO.  Las entidades financieras quedan facultadas para redimir en forma
anticipada los títulos valores denominados en UPAC. Igualmente,
a elección del deudor, se podrán denominar las cuentas de ahorro y demás
pasivos, en UVR o en pesos.
[2] Consultar las sentencias T-354 de 2010, T-059 de 2009,
T-595 de 2007, T-304 de 2007, T-580 de 2006, T-222 de 2006, T-972 de 2005,
T-712 de 2004 y C-543 de 1992, entre otras.
[3] Corte Constitucional (M.P. Clara Inés Vargas
Hernández).
[4] Respecto a la naturaleza subsidiaria de la acción de
tutela, la Corte en sentencia T-1222 de 2001 señaló: “(…) el desconocimiento
del principio de subsidiaridad que rige la acción de tutela implica
necesariamente la desarticulación del sistema jurídico. La garantía de los
derechos fundamentales está encomendada en primer término al juez ordinario y
solo en caso de que no exista la posibilidad de acudir a él, cuando no se pueda
calificar de idóneo, vistas las circunstancias del caso concreto, o cuando se
vislumbre la ocurrencia de un perjuicio irremediable, es que el juez
constitucional está llamado a otorgar la protección invocada. Si no se dan
estas circunstancias, el juez constitucional no puede  intervenir.”
[5] Corte Constitucional (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[6] Ver, entre otras, las sentencias SU-961 de 1999; T-843
de 2002; T-1140 de 2005; T- 678 de 2006; T-185 y T-387 de 2007; T-055 y T-125
de 2008; T-154, T-530, T-551, T-562 de 2009; T-033, T-279, T-500 y T-680 de
2010.
[7]
Ver al efecto lo preceptuado por el artículo 38 de la Ley 546 de 1999, trancrito en la referencia #1 al pie de la página 3.