T-938-11
SENTENCIA T- 938 de 2011
Sentencia T-938/11
LIBERTAD
SINDICAL-Significado
y alcance
La libertad
individual como derecho fundamental implica reconocer la posibilidad que tienen
las personas, como seres autónomos, de optar por lo que estimen más conveniente
para sí, siempre que no contraríen el orden público o lesionen derechos ajenos.
Una de las expresiones de tal facultad consiste en la posibilidad de asociarse
libremente, entre otras finalidades para constituir organizaciones que
representen los intereses de los trabajadores ante sus empleadores, esto es, la
libertad de asociación sindical. Este reconocimiento se fundamenta en la
concepción del ser humano como ser social, cuya vida se desarrolla en un entorno
colectivo dentro del cual le es necesario relacionarse con sus semejantes para
la ejecución de actividades que individualmente le sería imposible efectuar, o
alcanzar objetivos para los que requiere la colaboración de sus congéneres.
FUERO SINDICAL-Garantía para la
asociación y libertad sindical
El fuero
sindical es una garantía dispuesta en la Constitución (inciso cuarto del
artículo 39), que propende por la estabilidad de quienes han decidido asociarse
para crear o hacer parte de una organización sindical, consistente en que, en
el evento en que su empleador pretenda despedirlos, trasladarlos o desmejorar
sus condiciones laborales, deba acudir previamente a una autoridad judicial, a
fin de que ella califique la causa de la decisión, revisando su concordancia
con el ordenamiento vigente. A nivel legislativo, el artículo 406 del Código
Sustantivo del Trabajo dispone lo que la doctrina laboralista conoce como fuero
de fundadores, de adherentes, de directivos y de reclamantes, indicando quiénes
son los trabajadores que gozan de esta protección por virtud de su pertenencia
a una organización sindical, así como el tiempo de duración de tal garantía.
LIBERTAD
SINDICAL Y FUERO SINDICAL-Momento a partir del cual se entiende vigente
Tomando en
cuenta que la comunicación acerca de la constitución del sindicato debe
realizarse a varias personas (al empleador y al inspector del trabajo, o en su
defecto al alcalde), la protección foral se predicará a partir de la primera
que se haga, sea al empleador, quien es el que tiene la posibilidad de
despedir, transferir o desmejorar a los aforados, o sea al Ministerio o alcalde
correspondiente, dado que ellos, tan pronto son notificados, adquieren la
obligación de informar inmediatamente al empleador al respecto.
DERECHO
A LA LIBRE ASOCIACION SINDICAL Y FUERO SINDICAL-Trámites
posteriores ante autoridades administrativas y particulares/LIBERTAD
SINDICAL-Publicidad de los actos sindicales
DERECHO DE ASOCIACION
SINDICAL Y TERMINACION UNILATERAL DE CONTRATO DE TRABAJO-Límites/TERMINACION
UNILATERAL DE CONTRATO DE TRABAJO-No puede desconocer libertades
sindicales
Cuando un
empleador despliega conductas que pretenden la disolución de la organización
sindical, aunque se aparente una argumentación jurídica, no por ese hecho la
conducta se torna lícita o ajustada a derecho. Solamente cuando un juez de la
República conozca y se pronuncie sobre las razones que el empleador expone para
atacar la validez o la eficacia de la creación de  la organización sindical y
de sus actos, podrá calificarse su proceder como ajustado al ordenamiento.
Entre tanto, toda medida que se adopte en contra de una organización sindical,
constituirá una vía de hecho que, por oposición a las vías jurídicas, es
desconocedora del poder jurisdiccional del Estado para resolver las
controversias normativamente sujetas a su competencia. Así las cosas, el camino
a recorrer por parte del empleador, será acudir a los mecanismos jurídicos y a
las acciones que el ordenamiento ha dispuesto para encauzar su proceder frente
a las organizaciones sindicales y los miembros que la componen, tal como sucede
en el evento en que pretenda despedir, trasladar o desmejorar las condiciones
de un trabajador protegido por el fuero sindical.
EFECTOS
INTER COMUNIS-Se
adoptan para proteger derechos de todos los afectados por la misma situación de
hecho o de derecho en condiciones de igualdad
La Corte
Constitucional, excepcionalmente, ha extendido los efectos de sus fallos a
personas que, pese a no haber acudido al amparo constitucional, vieron
afectados sus derechos fundamentales como consecuencia de conductas similares
provenientes del mismo sujeto pasivo de la acción que se resuelve. Tales
efectos se conocen como inter comunis, e implican una excepción a la regla
según la cual los fallos de tutela generan efectos solo para quienes se
constituyeron como parte procesal dentro del trámite de la acción, es decir,
efectos inter partes. Esta modulación de los efectos de los fallos se ha
estimado conveniente para la defensa del principio y el derecho a la igualdad
de quienes han sido lesionados en sus derechos en circunstancias semejantes a
las analizadas en el caso específico que se resuelve.
EFECTOS
INTER COMUNIS EN MATERIA SINDICAL
Cuando los
efectos de un fallo de esta corporación pudieran extenderse a individuos que
integran asociaciones de personas, como el caso de los sindicatos, la protección
que a ellos se otorga puede derivar, lógicamente, en la protección de los
derechos de la asociación como tal, lo cual se infiere del hecho de que este
tipo de organizaciones tienen su sustento fáctico y jurídico en la reunión de
la pluralidad de los miembros que las componen. A partir de este razonamiento,
no es dable alegar una falta de legitimación por activa derivada de la
protección de los derechos de la asociación, fundamentándose en el hecho de que
éstos no fueron alegados por su representante legal, ya que, como se expuso, su
protección es consecuencia del amparo que primero se otorgó a sus miembros,
individualmente considerados.
LIBERTAD
DE ASOCIACION SINDICAL-Desaparición de sindicato recién creado por despido
de varios miembros fundadores constituye perjuicio irremediable que determina
procedencia de acción de tutela
Cuando se
desconoce el fuero de un considerable número de trabajadores de una
organización sindical, despidiéndolos, de manera que se causa una disminución
de la pluralidad mínima exigida por la ley para la existencia, representación y
eficacia de los actos de la asociación, podría observarse la inminente
concreción de un perjuicio irremediable para el derecho fundamental de sus
miembros, que probablemente será lesionado de manera definitiva con la
desaparición de la organización que libremente han constituido en ejercicio de
su facultad asociativa, la cual será desconocida por la conducta represiva del
empleador, quien ha roto los vínculos asociativos que sus trabajadores estaban en
el derecho de crear y mantener. Este perjuicio irremediable se fundamenta en el
hecho de que con la reducción de la pluralidad mínima requerida por ley para la
existencia de un sindicato, se lesiona la esencia de la asociación sindical, en
cuanto a la posibilidad de constituir válidamente una organización que
represente sin trabas los intereses de los trabajadores ante el empleador. Debe aclararse
que siempre que se observe la disminución de la pluralidad para la organización
sindical sea procedente el amparo tutelar, pues habrá ocasiones en las que la
reducción de los miembros se deba a su decisión libre y espontánea. Empero,
cuando se constata que la deserción es ocasionada por conductas represivas del
empleador, que irremediablemente amenazan la existencia del sindicato, el
amparo resulta procedente para evitar la lesión definitiva a los derechos de
asociación y de libertad sindical de sus integrantes, quienes no podrán
permanecer asociados por virtud de tal actitud.
FUERO
SINDICAL-Vulneración
por Caja Colombiana de Subsidio Familiar al despedir a la mayoría de los
fundadores de Sintracolsubsidio tan pronto fue creado el sindicato sin
autorización judicial
LIBERTAD
DE ASOCIACION SINDICAL Y DERECHO A LA IGUALDAD-Orden a
Colsubsidio reintegrar con efecto inter comunis a trabajadores fundadores de
Sintracolsubsidio despedidos sin justa causa y con desconocimiento del fuero
sindical
Referencia:
expediente T-3161828
Acción de tutela instaurada por Rodrigo Vargas  Romero
contra la Caja Colombiana de Subsidio Familiar, Colsubsidio.
Procedencia:
Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Duitama, Boyacá.
Magistrado
Ponente:
NILSON
PINILLA PINILLA
Bogotá D.C.,
catorce (14) de diciembre de dos mil once (2011)
La Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Nilson
Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Humberto Antonio Sierra Porto,
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
En la revisión del fallo emitido en segunda instancia
por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Duitama en julio 6 de 2011, con
ocasión de la acción de tutela instaurada por el señor Rodrigo Vargas Romero
contra la Caja Colombiana de Compensación
Familiar, en adelante Colsubsidio.
El expediente llegó a esta Corte por remisión que hizo
dicho Juzgado, en virtud de lo ordenado por el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991 y la Sala Octava de Selección de la Corte, en auto de agosto 30 de 2011,
lo escogió para revisión.
I.
ANTECEDENTES
Mediante
apoderado, el señor Rodrigo Vargas Romero presentó acción de tutela contra
Colsubsidio, por la presunta violación de sus derechos al trabajo y a la libre
asociación sindical, al igual que a la vida y a la seguridad social de su hijo
menor de edad Rodrigo Andrés Vargas Figueredo.
A.
Hechos
relatados en la demanda
1.
Como
hechos constitutivos de la vulneración alegada, el demandante expuso que en
agosto 16 de 1993 fue vinculado a Colsubsidio, mediante contrato de trabajo de
carácter indefinido, para desempeñar la labor de “técnico de mantenimiento
en plomería”, en los hoteles que dicha caja de compensación tiene en el
municipio de Paipa, Boyacá (f. 27 cd. inicial).
2.
Afirmó
que en el mes de abril del 2011 decidió, junto con otros compañeros de trabajo
de Bogotá, constituir un sindicato que ejerciera la representación de los
trabajadores ante su empleador. Así, en abril 10 de 2011 fundaron el Sindicato
de Trabajadores de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar, Sintracolsubsidio,
organización en la cual fue nombrado miembro de la junta directiva, al ocupar
el cargo de fiscal.
3.
Además,
expuso que en abril 11 siguiente radicaron la documentación pertinente para la
inscripción de esta organización en las oficinas del entonces Ministerio de la
Protección Social, en Bogotá.
4.
Adujo
que en abril 13, a las 8:04 a.m., se le informó a Colsubsidio la creación del
sindicato, mediante comunicación escrita que elaboró su presidente Armando
Chaves, al señor Luis Carlos Arango Vélez, director de aquella entidad (f. 13
ib.).
5.
Expuso
que el mismo día en que se le comunicó a Colsubsidio sobre la creación de la
organización sindical, fue llamado a rendir descargos por la supuesta pérdida e
incremento excesivo en el consumo de ACPM que se había ocasionado, según la
empresa porque el trabajador había sustraído parte del combustible para
comercializarlo.
6.
Sostuvo
que durante la diligencia de descargos guardó silencio, al considerar que “siendo
plomero no tenía nada que ver con el tema” y que le era imposible haber
sustraído el combustible, pues se movilizaba en bicicleta de su casa al
trabajo. A ello agregó que en esta diligencia no se le permitió estar asistido
por dos miembros de la organización sindical a la que pertenecía (f. 29 ib.).
7.
Narró
que, siendo las 4:30 p.m. de ese mismo día, le fue entregada la carta de
terminación unilateral del contrato laboral, en la que se exponía como
argumento para su desvinculación el incumplimiento de sus deberes laborales, al
haber hecho uso irracional del ACPM.
8.
Informó
que devengaba un salario mensual de $1’160.900, con el cual debía sostener a su
familia, compuesta por su esposa y sus dos hijos, exponiendo que su esposa se
dedicaba al cuidado permanente de su hijo menor Rodrigo Andrés, quien “padece
de epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con
localizaciones (focales) (parciales) y con ataques parciales complejos (G402),
tal como se lo diagnosticó el día 24 de septiembre de 2009 en el HOSPITAL SAN
IGNACIO en Bogotá D.C.” (f. 27 ib.). Aunado a ello, expresó que debía
sostener a su otro hijo Jonathan, quien estudia Ingeniería Electromecánica en
Duitama, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (f. 29 ib.).
9.
Además,
el demandante indicó que la accionada ha desvinculado a varios miembros
fundadores de la organización sindical, entre los cuales nombró a los señores
Armando Chaves (presidente), Ciro Evelio Bastos (vicepresidente), Moisés
González (secretario), Marcelino Uyabán (tesorero), Fredy Rodríguez (primer
suplente), Fredy Cortés (tercer suplente) y Oscar Fernando Becerra (cuarto
suplente), integrantes de la Junta Directiva de Sintracolsubsidio, e indicando
que de la totalidad de sus fundadores, que fueron 27, ya habían sido despedidos
22 miembros, sin que les respetaran el fuero que les asistía como creadores de
dicha organización sindical.
10.
También,
expuso que a raíz de la fundación de Sintracolsubsidio, el presidente del
sindicato ha recibido varias amenazas de muerte a través de mensajes de texto
enviados a su teléfono celular y al de su esposa e hija, situación que ya fue
denunciada ante la Fiscalía General de la Nación.
11.
Así,
alegó que con su despido fueron vulnerados sus derechos al trabajo y a la
asociación sindical, pues se desconoció el fuero que como fundador de
Sintracolsubsidio le asistía. Agregó que se conculcaron también los derechos de
su hijo Rodrigo Andrés a la seguridad social, en conexidad con la vida, como
consecuencia de la desatención médica a la que podría verse expuesto por su
desafiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
12.
Por
lo anterior, solicitó el amparo de los derechos invocados y que se ordenara a
la accionada su reintegro inmediato al cargo que venía desempeñando o a uno
superior, junto con el pago de los salarios y todos los demás derechos
económicos que se hubiesen causado hasta dicho momento. Igualmente, pidió
ordenar a la accionada no incurrir en lo sucesivo en conductas discriminatorias
contra los trabajadores que integran Sintracolsubsidio.
B.   Contestación de
la entidad accionada
Mediante escrito
de mayo 18 de 2011, el apoderado de Colsubsidio contestó la acción instaurada
exponiendo, principalmente, lo siguiente:
-
La
organización sindical a la que se refiere el accionante no nació a la vida
jurídica, pues no se llevó a cabo la asamblea de fundación exigida por el
artículo 41 de la Ley 50 de 1990 para la constitución de este tipo de
organizaciones. Sostuvo lo anterior después de afirmar que en el sitio donde
supuestamente se realizó la asamblea de fundación no hubo presencia física de
los 27 trabajadores que menciona el acta, ya que varios de ellos no pudieron
haber asistido a la asamblea de fundación que se celebró en Bogotá, toda vez
que se encontraban trabajando en el municipio de Paipa en esa misma fecha, tal
como lo indican sus horarios de trabajo, observándose que los señores Odilia
Rosas Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Cediel, Aida Constanza Sossa, John Freddy
Rodríguez, Gloria Estela Parra Pabón y Yasmín Rodríguez Espinosa estuvieron
trabajando el domingo 10 de abril de 2011, fecha en la que se afirmó haber
realizado la reunión de fundación del sindicato.
-
Esta
circunstancia genera como consecuencia la ilegitimidad del sindicato, la
ineficacia de los actos que como organización haya proferido y la inexistencia
del fuero del actor, ya que la pluralidad mínima de los fundadores es un
requisito ad substantiam actus en la creación de un sindicato.
-
La
firma de algunos trabajadores que suscribieron el acta de constitución del
sindicato se hizo bajo engaños, tal como lo relatan algunos de los suscriptores
de tal documento, quienes afirman no haber tenido conocimiento sobre el
contenido y el propósito real de la planilla que estaban firmando. Por estos
hechos, previendo la probable comisión del delito de falsedad ideológica en
documento privado, Colsubsidio presentó en mayo 6 siguiente denuncia ante la
Fiscalía General de la Nación.
-
No
es cierto que al momento de realizar la diligencia de descargos del demandante
se tuviera conocimiento de la existencia del “supuesto” sindicato al que
se refiere el actor, ya que tales descargos y la comunicación a Colsubsidio de
la fundación de la organización fueron “hechos casi simultáneos” (f. 56
ib.).
-
El
accionante no agotó las vías ordinarias de defensa ante la jurisdicción
laboral, razón por la cual no se está haciendo uso subsidiario de la acción de
tutela y, por ende, el amparo no está llamado a proceder.
-
La
causa del despido del actor fue justa, tal como él mismo lo confesó, al admitir
que su desvinculación se debió al mal manejo que dio al ACPM. Tampoco los
despidos realizados por Colsubsidio obedecieron a la fundación del sindicato,
sino al giro normal de una empresa que cuenta con una voluminosa planta de
personal.
-
En
cuanto al hijo menor del accionante, sostuvo que su atención en salud es
competencia de la entidad promotora de salud a la que se encuentra afiliado
(Famisanar EPS) y el servicio médico debe prestársele al menor en virtud del
principio de continuidad que deben observar las entidades que presten los
servicios propios del Sistema de Seguridad Social en Salud. Adicionalmente, el
servicio de salud del joven se halla garantizado por una orden judicial emitida
por el Juzgado 13 Penal Municipal de Paipa a su EPS, para que preste el
servicio de salud que eventualmente llegue a requerir.
-
Finalmente,
expuso que Colsubsidio radicó ante la Dirección Territorial de Cundinamarca del
Ministerio de la Protección Social, la revocatoria de la inscripción en el
registro sindical de Sintracolsubsidio (en abril 29 de 2011), razón por la cual
se debe esperar la respuesta de la administración al respecto.
Por todo lo
anterior, solicitó que las pretensiones del accionante fueran despachadas
desfavorablemente.
C.
Documentos
relevantes
cuya copia obra dentro del expediente
De
los documentos adjuntados por el demandante como sustento probatorio de su
demanda, se destacan los siguientes:
-
Copia autenticada del registro de inscripción del acta de constitución de
Sintracolsubsidio, N° I-023-2011, suscrito por la inspectora de trabajo Martha
Berenice Arrieta Parra del Grupo de Atención al Ciudadano y Trámites de la
Dirección Territorial de Cundinamarca del otrora Ministerio de la Protección
Social y por el depositante Armando Chaves Ríos, anotando la inscripción de
dicho sindicato en abril 11 de 2011 a las 2:23 p.m. (fs. 7 y 8 ib.).
-
Copia autenticada de la constancia de depósito de los estatutos de fundación de
Sintracolsubsidio, suscrita por los aludidos inspectora y depositante de los
estatutos, en la que se registra dicho depósito en abril 11 de 2011 a las 2:16 p.m. (fs. 9 y 10 ib.).
-
Copia autenticada de la constancia de depósito de la junta directiva fundadora
de Sintracolsubsidio, N° I-019-2011, también suscrita por la inspectora y el
depositante en mención, en la que se registran los nombres de los miembros de
la junta directiva de dicha organización, entre los cuales está el del
accionante (fs. 11 y 12 ib.).
-
Copia
de la comunicación dirigida al señor Luis Carlos Arango Vélez, director de
Colsubsidio, radicada con el número 01-00678100 en abril 13 de 2011 a las 8:04 a.m., mediante la cual el señor Armando Chaves Ríos, Presidente de Sintracolsubsidio,
le informó de la creación e inscripción de dicha organización y su junta
directiva (f. 13 ib.).
-
Copia del comprobante de pago de nómina a favor del accionante, expedido por
Colsubsidio, en el que se registra el monto de su salario como trabajador en la
Unidad Organizativa Hotel Lanceros ($1.160.900, f. 14 ib.).
-
Copia del acta de descargos de abril 13 de 2011, registrando el desarrollo de
la audiencia cuando se pidió al demandante rendir explicaciones por la pérdida
o incremento excesivo del consumo de ACPM. A esa audiencia concurrieron el
actor y los señores Sergio Saavedra en calidad de gerente; José Vargas,
delegado de seguridad, y Claudia Padilla, jefe de alojamiento (fs. 15 y 16
ib.).
-
Copia de la carta de despido del actor, de abril 13 de 2011, elaborada por la
señora Claudia Patricia Rodríguez Rincón, Jefe de Departamento de Relaciones
Laborales de Colsubsidio, exponiendo como razón para la desvinculación del
trabajador  que “no controló el manejo adecuado y racional del consumo de
ACP que se mantiene en el Hotel como le correspondía” (f. 17 ib.).
-
Copia de certificado de mayo 9 de 2011, expedido por la coordinadora del Grupo
Sindical del Ministerio de la Protección Social, Ángela Arias Castellanos,
afirmando que Sintracolsubsidio aparece inscrito y vigente como organización
sindical de primer grado en el archivo sindical, con acta de constitución
I-023-2011 de abril 11de 2011 y domicilio en Bogotá (f. 19 ib.).
-
Copia de certificado de mayo 9 de 2011, expedido por la mencionada
coordinadora, anotando que la constitución de la junta directiva de
Sintracolsubsidio fue depositada a las 2:37 p.m. mediante constancia de
depósito I-019-2011 de abril 11 de 2011, librada por Martha Berenice Arrieta
Parra, Inspectora del Trabajo del Grupo de Atención al Ciudadano de la
Dirección Territorial de Cundinamarca (f. 20 ib.).
-
Copia de certificado de mayo 9 de 2011, expedido por la Coordinadora del Grupo
Sindical del Ministerio de la Protección Social, Ángela Arias Castellanos, con
la lista de miembros de la junta directiva de Sintracolsubsidio, según la
constancia de depósito N° I-019-2011 de abril 11 de 2011, donde aparece el
nombre del accionante ocupando el cargo de fiscal (f. 21 ib.).
-
Copia de la denuncia formulada en mayo 3 de 2011 por el señor Armando Chaves
Ríos ante la Fiscalía General de la Nación, poniendo en conocimiento de dicha
entidad las amenazas que han recibido él, su esposa e hija a través de mensajes
de texto enviados a sus respectivos teléfonos celulares, en los que le
advierten al señor Chaves que abandone su causa (fs. 22 a 26 ib.).
-
Concepto médico del Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá, de septiembre
24 de 2009, en el que se diagnostica al menor Rodrigo Andrés Vargas Figueredo,
hijo menor del demandante, “epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos
relacionados con localizaciones (locales) (parciales) y con ataques parciales
complejos” (f. 3 ib.).
-
Copias de documentos expedidos por el Instituto de Neurociencias de Boyacá
S.A., i) orden de servicios de marzo 14 de 2011, en la que se prescribe al hijo
del accionante Carbamazepina, Fenitona, Lamotrigina y Leseticacetam (f. 4 ib.)
y ii) anotación suscrita por el neurólogo José Luis Bustos Sánchez en abril 14
de 2011 (f. 5 ib.).
-
Copia de comprobante de pago de matrícula de Jonathan Vargas Figueredo, hijo
del demandante, en el programa de Ingeniería Mecánica, en julio 12 de 2010 a favor de la UPTC (f. 6 ib.).
Por
su parte, Colsubsidio aportó copia de los siguientes documentos relevantes:
-
Copia de la denuncia penal de Colsubsidio, de mayo 6 de 2011, ante la Fiscalía
General de la Nación, radicado 015527, mediante la cual informa sobre hechos
que podrían configurar delito de falsedad ideológica en documento privado y
otros que pudieren deducirse, a raíz de la recolección de firmas de
trabajadores, presuntamente bajo engaño, y del acta acerca de la constitución
de Sintracolsubsidio, a pesar de no contar con la presencia de las personas que
aparecen firmando dicha acta (fs. 82 a 94 ib.).
-
Copia del escrito mediante el cual Colsubsidio presentó, en abril 29 de 2011,
los recursos de reposición y en subsidio apelación ante el entonces Ministerio
de la Protección Social, seccional Cundinamarca, contra el registro de
inscripción del acta de constitución del sindicato (fs. 95 a 102 ib.).
-
Copia de la declaración juramentada del señor John Cruz Ramírez, rendida ante la
Notaría 22 de Bogotá en abril 15 de 2011, sosteniendo que nunca ha participado
en una reunión con compañeros de Colsubsidio o de otra empresa con la intención
de crear un sindicato, que firmó la planilla por petición del señor Ciro
Bastos, quien le dijo que la finalidad de dichas firmas era nombrar a una
comisión para que hablara con el área de Gestión Humana para que se efectuara
un incremento salarial, les mejoraran las condiciones laborales, les
reconocieran horas extras y otros beneficios más para los trabajadores. El
señor Cruz Ramírez dijo que “informé a Colsubsidio de la irregularidad
anterior, relacionada con el procedimiento de creación o constitución de una
asociación sindical… porque me enteré que estaba en una lista para conformar un
sindicato y me asusté y pensé que estaba en graves problemas no solo laborales
sino legales” (fs. 103 y 104 ib.)
-
Copia de la declaración juramentada del señor Francisco Fidel Rodríguez ante la
Notaría 31 del Círculo de Bogotá en abril 15 de 2011, con aseveraciones
similares a las efectuadas por el señor Cruz Ramírez (fs. 105 y 106 ib.).
-
Copia de la declaración juramentada del señor Jairo Alberto Martín Garzón ante la
Notaría 29 de Bogotá, en abril 15 de 2011, donde expresó, respecto a la
recolección de firmas para la constitución de Sintracolsubsidio, no haber
asistido a la reunión de fundación (f. 108 a 109 ib.) y que el señor Moisés González le había manifestado que se estaban recolectando firmas “para pasar
una propuesta de pago de horas extras a recursos humanos” (f. 108 ib.).
-
Copia de la declaración juramentada del señor Ángel María Salgado ante la
Notaría 29 de Bogotá, en abril 15 de 2011, donde expresó: “Nunca ha existido
intención alguna para formar un sindicato, no entiendo, ni conozco, ni he
estado en una organización sindical” (f. 107 ib.).
-
Copias de documentos suscritos por John Cruz Ramírez, Francisco Garnica (al
parecer), Ángel María Salgado Herrera y otros dos de firma ilegible, de los que
se deduce que no era su propósito constituir sindicato (fs. 111 a 115 ib.).
-
Copia de comunicación elaborada por el señor Fredy Alonso Torres Jaimes en la
que afirmó que en el edificio ubicado en la carrera 7ª N° 12-25 no se efectuó
ninguna reunión el domingo 10 de abril de 2011 (f. 116 ib.).
D.
Sentencia
de primera instancia
Mediante fallo
de mayo 27 de 2011, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Paipa, después de
recibir los testimonios de los señores Francisco Fidel Garnica Rodríguez, Jairo
Alberto Martín Garzón y Ángel María Salgado Herrera, así como la declaración de
parte del señor Rodrigo Vargas Romero, resolvió favorablemente las pretensiones
del accionante en tutela, encontrando probado que “el despido del señor
Rodrigo Vargas Romero no obedeció, pues no se ha demostrado hasta ahora, a los
supuestos de hechos relacionados en la prueba vista a folio 15-16, sino a que,
éste pertenece a Sintracolsubsidio, sindicato que los trabajadores de
Colsubsidio conformaron” (f. 161 ib.).
En consecuencia,
resolvió tutelar los derechos fundamentales al trabajo, asociación sindical y
debido proceso del demandante, ordenando a Colsubsidio reintegrarlo a un cargo
similar o de mejor condición, dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación de la providencia. Finalmente, previno al ente accionado para que
no volviera a incurrir en violación de los derechos fundamentales de sus
subordinados.
E.
Impugnación
Reproduciendo
básicamente el escrito de contestación de la acción de tutela, el representante
de Colsubsidio apeló contra la sentencia de primera instancia, reiterando así
los argumentos expuestos en su defensa inicial.
F.    Sentencia de
segunda instancia
El Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Duitama, a través de sentencia de julio 6 de
2011, decidió revocar el fallo impugnado y, en su lugar, declarar improcedente
la acción instaurada, al estimar que el actor contaba con otros mecanismos de
defensa judicial de sus derechos, con los cuales podía resolver los problemas
jurídicos que expuso como base de la presunta vulneración.
Anotó sin
embargo que “de acuerdo a las normas de procedimiento laboral vigentes, la
acción de reintegro tiene una caducidad de 2 meses luego de presentado el
despido de un trabajador aforado” (f. 18 cd. 2) y añadió que no existía
vulneración a derechos fundamentales del menor hijo del accionante, ya que el
despido no implicaba, por sí solo, una conculcación de sus derechos, máxime si
cuenta con las posibilidades de continuar en el régimen contributivo o
subsidiado de salud.
G.  Actuación dentro
del trámite de revisión
Mediante autos
de septiembre 29 y noviembre 3 de 2011, esta corporación ordenó que, por
conducto de la Secretaría General, se oficiara:
1. Al Grupo de
Archivo Sindical del Ministerio de la Protección Social o a quien
correspondiera dentro de aquella entidad, para que informara sobre la vigencia
de la organización sindical Sintracolsubsidio, indicando cuáles son sus
miembros, el trámite de los recursos u objeciones presentadas en contra de su
constitución y el estado del trámite de ellos (fs. 12 y 75 cd. Corte).
2. A Colsubsidio
para que, respecto de los empleados que según los documentos aportados
aparecían como fundadores de Sintracolsubsidio, indicara cuáles habían estado
vinculados laboralmente con la Caja, indicando el tipo de contrato, la fecha de
vinculación y de retiro de cada uno de ellos (si lo hubo), junto con las
razones para que hubieren sido desvinculados, adjuntando los documentos del
caso (f. 13 ib.).
3. Al señor
Rodrigo Vargas Romero para que informara si en la actualidad se encontraba
trabajando o desempeñando alguna actividad económica de la que derivara
ingresos para su subsistencia y si a su hijo menor se le está prestando con
normalidad el servicio médico que requiere o si éste había sido interrumpido
por alguna causa (f. 14 ib.).
Como respuesta a
tales oficios, se allegaron las siguientes respuestas:
1. Del entonces
Ministerio de la Protección Social, en octubre 10 de 2011 y noviembre 17 de
2011, de los Grupos de Archivo Sindical y de Atención al Ciudadano y Trámites,
respectivamente, informando que Sintracolsubsidio se haya inscrita y vigente en
el archivo sindical, siendo el actor uno de los miembros de la junta directiva
(fs. 16 a 20 y 77 a 79 ib.).
2. De
Colsubsidio, en octubre 10 de 2011, allegando en 29 folios la información que
se le requirió, relacionada con la situación de los trabajadores sindicalizados
y su actual relación con la empresa.
3. Del actor
Rodrigo Vargas Romero, donde informa sobre su carencia de actividad laboral
actual y las necesidades de atención médica de su hijo menor.
II. CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Primera.
Competencia
Corresponde a la
Corte Constitucional analizar en Sala de Revisión, el fallo proferido dentro de
la acción de tutela en referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241.9
de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Segunda. Lo que
se analiza
Partiendo de que
si bien se trata de una acción de tutela dirigida contra una caja particular de
subsidio familiar, ésta es, sin embargo, pasible de ser accionada en tutela por
quienes a ella están subordinados (arts. 86 -inciso final- Const. y 42 -numeral
9°- D. 2591 de 1991), se analizará lo concerniente a la protección jurídica,
normativamente dispuesta nacional e internacionalmente, para el derecho al
trabajo, la libre asociación sindical y el fuero que se deriva de su ejercicio,
como garantías que deben ser respetadas, para lo cual hará énfasis en estos
conceptos y en el momento a partir del cual adquieren efectos jurídicos, para
luego determinar si en el caso concreto el despido no calificado del trabajador
que aducía ser aforado, estuvo ceñido al orden constitucional.
Además, será
pertinente establecer si de los hechos expuestos se deduce la concreción de un
perjuicio irremediable que justifique la procedencia del amparo solicitado,
pese a la disponibilidad de un medio ordinario de defensa.
Finalmente, se
verificará si es jurídicamente posible extender los efectos de lo fallado a
otras personas que no participaron en el proceso, cuando se observa
conculcación adicional de derechos como consecuencia de actuaciones similares
del ente demandado, previniendo para que no vuelva a realizarlas.
Tercera.
Libertad sindical. Reiteración de jurisprudencia
3.1. La libertad
individual como derecho fundamental implica reconocer la posibilidad que tienen
las personas, como seres autónomos, de optar por lo que estimen más conveniente
para sí, siempre que no contraríen el orden público o lesionen derechos ajenos.
Una de las expresiones de tal facultad consiste en la posibilidad de asociarse
libremente, entre otras finalidades para constituir organizaciones que
representen los intereses de los trabajadores ante sus empleadores, esto es, la
libertad de asociación sindical.
Este
reconocimiento se fundamenta en la concepción del ser humano como ser social,
cuya vida se desarrolla en un entorno colectivo dentro del cual le es necesario
relacionarse con sus semejantes para la ejecución de actividades que
individualmente le sería imposible efectuar, o alcanzar objetivos para los que
requiere la colaboración de sus congéneres.
3.2. La libertad de
asociación sindical ha sido reconocida por diversos instrumentos jurídicos
internacionales, a los que el Estado colombiano se ha vinculado. Así, se
encuentra estatuido en la Constitución de la OIT de 1919, la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de 1948[1],
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[2], el
artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[3],
el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[4], el
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”[5]), el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966[6],
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado
por la Organización de las Naciones Unidas en diciembre de 1966[7],
los Convenios 87 y 98 de la OIl Trabajo, aprobados por Colombia mediante Leyes
26 de 1976 y 27 de 1976[8], el
Convenio 154 de la OIT de 1981[9] y la
Recomendación 163 del mismo año, sobre la negociación colectiva.
3.3. Por su
parte, el constituyente de 1991, entendiendo la importancia del papel que
jugaron las organizaciones y movimientos de trabajadores en la formación
política y jurídica de los estados[10],
decidió elevar a rango constitucional la libre asociación sindical, lo cual
representó una novedad frente a la versión original de la carta política de
1886, en la que se reconocía una protección general, que solo resultaba tácita
de este derecho[11].
El actual
artículo 39 superior colombiano reconoce como derecho fundamental la facultad
que tienen, tanto empleadores como trabajadores, en virtud de su autonomía
privada[12], de
constituir libremente sindicatos o asociaciones, sin la intervención del
Estado, que sean autónomas, puedan dictarse sus propias reglas y no desconozcan
los límites del ordenamiento ni los principios democráticos dispuestos en la
Constitución. En este sentido, la sentencia C-621 de junio 25 de 2008, con
ponencia de quien ahora cumple igual función, refirió:
“La
libertad sindical ha sido considerada como la facultad autónoma para crear
organizaciones sindicales, ajena a toda restricción, intromisión o intervención
del Estado que signifique la imposición de obstáculos en su constitución o
funcionamiento, lo que implica potestad para auto conformarse y autorregularse
conforme a las reglas de organización interna que libremente acuerden sus
integrantes, con la limitación que impone el orden legal y  los principios
democráticos.”
En la misma
sentencia se explicó que la libertad sindical corresponde a un concepto
bivalente, que comporta una dimensión individual referida, básicamente, a la
posibilidad de constituir organizaciones sindicales, afiliarse y desafiliarse
(libertad sindical positiva o negativa), y una dimensión colectiva, consistente
en la facultad de la organización para regirse autónoma y libremente, con las
únicas limitaciones que el ordenamiento le impone, así:
“La
libertad sindical es un concepto bivalente, ya que de una parte es un derecho
individual que comporta la facultad de trabajadores y empleadores para
constituir los organismos que estimen convenientes, afiliarse, desafiliarse o
no afiliarse a ellos y solicitar su disolución cuando lo estimen pertinente; y
de otra, constituye un derecho de carácter colectivo, pues una vez constituida
la organización, ésta tiene derecho a regir su destino soberanamente, garantía
que se conoce en términos genéricos como autonomía sindical y comprende cuatro
libertades básicas fundamentales: (i) libertad constituyente o estatutaria;
(ii) autonomía interna; (iii) libre designación de dirigentes; (iv) libertad de
reunión y deliberación; (v) libertad de administración de fondos; (vi) libertad
de crear servicios anexos; (vii) libertad de acción sindical y (viii) libertad
federativa y confederativa.”
3.4. Incluso, la
evolución histórica que ha tenido la libre asociación sindical ha conducido a
que esta facultad sea considerada como un derecho humano, lo cual implica, en
el caso colombiano, que su reconocimiento se extiende a toda la población y que
su contenido no puede ser suspendido o desconocido, ni siquiera en vigencia de
los estados de excepción[13]. Este
carácter humano de la libertad de asociación sindical ha sido reconocido por la
jurisprudencia de esta corporación, que en sentencia C-385 de abril 5 de 2000, M. P. Antonio Barrera Carbonell, sostuvo:
“El
derecho fundamental de asociación sindical se reconoce como derecho humano,
universal, a todas las personas que tengan la condición de trabajadores para
que puedan agruparse en organizaciones que representen los intereses que son
comunes a todas ellas en el ámbito laboral.”
Este enfoque
conlleva que la protección de la libertad de asociación sindical pueda
otorgarse por vía de amparo, cuando se cumplan los requisitos dispuestos en el
artículo 86 para su procedencia, como será analizado más adelante.
Cuarta. El fuero
sindical como garantía de la asociación sindical. Reiteración de jurisprudencia
4.1. El fuero
sindical es una garantía dispuesta en la Constitución (inciso cuarto del
artículo 39), que propende por la estabilidad de quienes han decidido asociarse
para crear o hacer parte de una organización sindical, consistente en que, en
el evento en que su empleador pretenda despedirlos, trasladarlos o desmejorar
sus condiciones laborales, deba acudir previamente a una autoridad judicial, a
fin de que ella califique la causa de la decisión, revisando su concordancia
con el ordenamiento vigente.
A nivel
legislativo, el artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo dispone lo que
la doctrina laboralista conoce como fuero de fundadores, de adherentes, de
directivos y de reclamantes, indicando quiénes son los trabajadores que gozan
de esta protección por virtud de su pertenencia a una organización sindical,
así como el tiempo de duración de tal garantía:
“a)
Los fundadores de un sindicato, desde el día de su constitución hasta dos (2)
meses después de la inscripción en el registro sindical, sin exceder de seis
(6) meses;
b)
Los trabajadores que, con anterioridad a la inscripción en el registro
sindical, ingresen al sindicato, para quienes el amparo rige por el mismo
tiempo que para los fundadores;
c)
Los miembros de la junta directiva y subdirectivas de todo sindicato,
federación o confederación de sindicatos, sin pasar de cinco (5) principales y
cinco (5) suplentes, y los miembros de los comités seccionales, sin pasar de un
(1) principal y un (1) suplente. Este amparo se hará efectivo por el tiempo que
dure el mandato y seis (6) meses más;
d)
Dos (2) de los miembros de la comisión estatutaria de reclamos, que designen
los sindicatos, las federaciones o confederaciones sindicales, por el mismo
período de la junta directiva y por seis (6) meses más, sin que pueda existir
en una empresa más de una (1) comisión estatutaria de reclamos.”
Pese a que el
artículo transcrito establece el momento a partir del cual se activa la
protección del trabajador aforado, en ocasiones resulta confuso determinar
desde cuándo dicho fuero debe ser respetado por el empleador, las autoridades y
terceros en general, razón por la cual conviene incluir el siguiente análisis.
Quinta. El
ejercicio de la libre asociación sindical y los trámites posteriores ante
autoridades administrativas y particulares. Publicidad de los actos sindicales.
Fuero sindical. Momento a partir del cual se entiende vigente
5.1. Amplia ha
sido la producción jurisprudencial en torno al ordenamiento interno que regula
la libre asociación sindical, sobre todo cuando se trata de establecer si una
norma en concreto representa una injerencia injustificada en el ejercicio de
esta facultad.
Para efectuar el
correspondiente examen de constitucionalidad, la Corte ha verificado la
correspondencia de la legislación interna con la Constitución y las normas
internacionales del trabajo a las que el Estado colombiano se ha vinculado, en
las que aparece clara la obligación de respetar la libertad de constituir
sindicatos y adherirse a ellos, sin intervenciones injustificadas de ningún
tipo, así como la autonomía de tales organizaciones para dirigirse libremente,
dictándose sus propias reglas[14].
Esta labor
jurisprudencial ha sido producto de las diversas ocasiones en las que se ha
demandado la inconstitucionalidad de algunas normas nacionales del derecho
laboral, que exigían la realización de trámites o formalidades para la
efectividad de los actos que emanan de la libre asociación sindical, las cuales
eran consideradas por los demandantes como contrarias al principio de no
injerencia en la libertad sindical.
La inconformidad
expuesta en tales demandas era entendible, pues el contenido de algunas normas
del Código Sustantivo del Trabajo parecía interponer talanqueras jurídicas al
ejercicio de la libertad sindical. A manera de ejemplo puede acotarse (no está
en negrilla en el texto original de las siguientes citas):
“Art.
365. (Modificado por el artículo 45 de la Ley 50 de 1990.) Inscripción. Todo
sindicato de trabajadores deberá inscribirse en el registro que para tales
efectos lleve el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social…
Art.
366. (Modificado por el artículo 46 la Ley 50 de 1990.) Tramitación.
1)
Recibida la solicitud de inscripción, el ministerio del trabajo y seguridad
social, dispone de un término máximo e improrrogable de quince (15) días
hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación, para admitir,
formular objeciones o negar la inscripción en el registro sindical.
2)
En caso de que la solicitud no reúna los requisitos de que trata el artículo
anterior, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social formulara por escrito a
los interesados las objeciones a que haya lugar, para que se efectúen las
correcciones necesarias
…
… …
Art. 370. (Modificado por el
artículo 5 de la Ley 584 de 2000.) Modificación.
Ninguna modificación de los estatutos sindicales comenzará a regir, mientras
no se efectúe su depósito por parte de la organización sindical, ante el
Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.
Art.
371. Cambios en la junta directiva. Cualquier cambio, total o parcial, en la
Junta Directiva de un sindicato debe ser comunicado en los mismos términos
indicados en el artículo 363. Mientras no se llene este requisito el cambio
no surte ningún efecto.
ARTICULO 372. (Modificado por el
artículo 6 de la Ley 584 de 2000.) Efecto jurídico de la
inscripción. Ningún sindicato puede actuar como tal, ni
ejercer las funciones que la ley y sus respectivos estatutos le señalen, ni
ejercitar los derechos que le correspondan, mientras no se haya inscrito el
acta de constitución ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y sólo
durante la vigencia de esta inscripción…”
De otra parte,
se ha observado la probable contrariedad entre normas nacionales y el derecho
internacional del trabajo. Ejemplo de ello surge frente al Convenio 87 de la
OIT, ratificado por Colombia mediante la Ley 26 de 1976:
“Artículo 2.
Los trabajadores y los empleadores, sin
ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir
las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas
organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las
mismas.
Artículo 3
1. Las organizaciones de trabajadores y
de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos
administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su
administración y sus actividades y el de formular su programa de acción.
2. Las autoridades públicas deberán
abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a
entorpecer su ejercicio legal.
… … …
Artículo 7
La adquisición de la personalidad jurídica
por las organizaciones de trabajadores y de empleadores, sus federaciones y
confederaciones no puede estar sujeta a condiciones cuya naturaleza limite la
aplicación de las disposiciones de los artículos 2, 3 y 4 de este Convenio
Artículo 8
… … …
2.
La legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que
menoscabe las garantías previstas por el presente Convenio.”
Dado lo
anterior, la mayoría de las veces el quid del examen constitucional que se
llevó a cabo, giró en torno al análisis de si la intervención que disponían las
normas del ordenamiento nacional a la libertad de asociación sindical eran
legítimas o no,  para lo cual se valió de los conceptos de idoneidad, necesidad
y proporcionalidad en sentido estricto, que se han venido utilizando para la
realización de este tipo de análisis normativos.
Así, cada vez
que se presentaba este tipo de conflictos jurídicos, resultaba imperioso a esta
Corte sacar del ordenamiento las normas nacionales que estuviesen en desacuerdo
con los postulados internacionales aceptados, o realizar una interpretación de
aquellas a la luz de éstos, condicionando su exequibilidad a su aplicación
concordante con la norma internacional, entendiendo que estos instrumentos
jurídicos rigen en el derecho interno y su interpretación ha de tenerlos como
constante transversal (arts. 53 y 93 Const.).
Por el
contrario, estimando la libre asociación sindical como un mandato de
optimización que debe ser realizado en la mayor medida posible, limitable solo
por excepción, esta Corte ha declarado exequibles las intervenciones sobre este
derecho cuando considera que la observancia de las normas limitantes demandadas
es legítima, por disponer intervenciones necesarias, idóneas y proporcionales[15]
que redundan en la conservación del orden público[16].
Para efectuar la
protección, la jurisprudencia diferencia entre los momentos en que, en sentido
estricto, se ejerce el derecho de libre asociación sindical, e. gr. creación
del sindicato, reforma de sus estatutos o cambio de sus directivos, de aquellos
momentos posteriores, formales o adjetivos, en los que se efectúan trámites
requeridos por el ordenamiento, que no pueden representar o ser entendidos como
un obstáculo jurídico para su existencia o validez, sino que tienen otras
finalidades, como publicidad, seguridad jurídica y prueba del ejercicio de la
libertad sindical, debiendo ser, en todo caso, trámites o procedimientos
idóneos, necesarios y proporcionales[17] a la
intervención que hagan en el ejercicio del derecho en comento.
A esta
conclusión se arriba después de analizar la jurisprudencia, en el examen de
constitucionalidad de varias disposiciones que parecían obstaculizar este
derecho con la exigencia de obligaciones posteriores a la realización de los
actos propios de la libre asociación sindical, tales como el levantamiento de
un acta de fundación del sindicato[18], la
exigencia de unos requisitos mínimos en sus estatutos[19],
su inscripción en el registro sindical[20], la
publicación del acta mediante el cual se inscribieron en un diario de amplia
circulación nacional[21], la
notificación al empleador sobre la constitución del sindicato[22],
el depósito en el respectivo Ministerio de las modificaciones estatutarias[23],
la comunicación de los cambios en la junta directiva[24],
entre otras.
En todos estos
pronunciamientos, la Corte fue consecuente al reiterar que el establecimiento
de tales trámites o formalidades no representaba, ni debía representar,
condicionamiento alguno para la existencia y validez de los actos que emanan de
la asociación sindical, sino que se trataba de intervenciones que debían ser
legítimas[25], que
tenían por propósito informar, publicar, brindar seguridad jurídica o servir
como prueba de tales actos.
De no ser así,
podría afirmarse que la existencia y validez de los actos emanados de la
asociación sindical están sujetas al cumplimiento de los procedimientos o
trámites legales diferentes del acto mismo, lo cual atentaría contra la
libertad sindical reconocida en el ordenamiento interno y en las normas
internacionales del trabajo, que disponen la no injerencia externa y la no
imposición de obstáculos en el ejercicio de este derecho.
Empero,
tratándose de la eficacia de los actos surgidos de la asociación sindical, esto
es, de sus efectos, la jurisprudencia ha acudido al principio de publicidad
para determinar a partir de qué momento se surten y sobre qué personas recaen.
Así, se ha
entendido que los actos sindicales que no se hagan públicos a través de los
mecanismos dispuestos para ello, surtirán efectos para los miembros del
sindicato a partir de su realización, siendo inoponibles a terceros que no
participaron en ellos. Por el contrario, cuando dichos actos se publican, no
solo las partes que produjeron el acto deberán respetar sus efectos, sino
también los terceros[26].
En todo caso,
las cargas de publicidad que establezca la ley para el ejercicio de la libertad
sindical no pueden ser entendidas como talanqueras u obstáculos que impidan el
surgimiento de los actos propios de tal derecho, sino como mecanismos en virtud
de los cuales se provee información necesaria para la protección de la
organización y de los aforados que la componen, posibilitando que los actos del
sindicato sean oponibles a terceros, esto es, que sus efectos sean asumidos y respetados
por quienes no fueron parte en su creación.
Este
planteamiento toma relevancia cuando un empleador pretende justificar el
desconocimiento del fuero sindical que cobijaba a su trabajador, porque la
creación del sindicato no le fue comunicada antes de proceder al despido,
traslado o desmejora de las condiciones del aforado.
Así, requiere
especial atención lo dispuesto en el artículo 363 del C.S.T., que dispone: “Una
vez realizada la asamblea de constitución, el sindicato de trabajadores
comunicará por escrito  al respectivo empleador y al inspector del
trabajo, y en su defecto, al alcalde del lugar, la constitución del sindicato,
con la declaración de los nombres e identificación de cada uno de los
fundadores. El inspector o alcalde a su vez, pasarán igual comunicación al
empleador inmediatamente…”
En cuanto un
empleador podría tratar de basar su proceder en lo dispuesto en el recién
citado precepto, resulta importante estudiar la posición jurisprudencial que
sobre esta norma ha adoptado la Corte Constitucional. Así, en fallo C-734 de
julio 23 de 2008, M. P. Mauricio González Cuervo, cuando se pronunció sobre la
demanda de inconstitucionalidad presentada contra ese artículo 363 C.S.T., dispuso (no está en negrillas en el texto original):
“3.2. Para la Corte, la
notificación prevista en la norma demandada, más que una restricción al derecho
de libertad sindical, es una garantía para los trabajadores que conforman un
sindicato. El que el empleador conozca de su existencia, permite hacerle
exigible la garantía de los derechos de los trabajadores fundadores del
sindicato, de su junta directiva y de todos cuantos hayan participado en su
constitución, particularmente para el reconocimiento del fuero sindical y el
ejercicio de las gestiones y labores de representación del sindicato mismo y
sus asociados.
… … …
3.3. Partiendo de que la
notificación es un mecanismo de publicidad y una garantía  para los
trabajadores sindicalizados, no un condicionamiento para la existencia del
sindicato y, en consecuencia, no transgrede el derecho a la personería jurídica
sin intervención del Estado ni limita el derecho libre asociación sindical,
carece de razón la acusación de vulneración de los artículos 25 y 39 de la
Constitución Política o de las normas contenidas en los Convenios de la
Organización Internacional del Trabajo que plantean los demandantes.”
Así mismo,
resulta pertinente evocar la sentencia C-465 de mayo 14 de 2008, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, mediante la cual se falló la demanda de inconstitucionalidad
interpuesta contra el artículo 371 del C.S.T. que, refiriéndose a la
comunicación de las modificaciones en la junta directiva del sindicato, remite
expresamente al artículo 363 en comento. En este sentido, la citada sentencia
dispuso (no está en negrillas en el texto original):
“El segundo
interrogante se dirige a establecer desde cuándo tienen eficacia los cambios en
la integración de la junta directiva de un sindicato. Esta pregunta tiene
diferentes respuestas, de acuerdo con los sujetos interesados en esas
modificaciones en la junta directiva. Así, por ejemplo, en virtud del principio
de autonomía sindical, los cambios realizados deben tener efecto inmediato en
relación con el sindicato, es decir que entrarán en vigor tan pronto como él
mismo lo decida, sin tener que cumplir ninguna condición externa.
Distinta es la
situación de los empleadores, el Gobierno y los terceros, sobre los cuales
también tienen repercusiones los cambios aprobados en la composición de la junta
directiva de un sindicato. En el caso de los dos primeros, la Corte considera
que los cambios tienen efectos a partir del momento en que el sindicato les
informe sobre ellos. Y puesto que el depósito de la comunicación respectiva
en el Ministerio cumple con el requisito de publicidad sobre esas
modificaciones, ha de entenderse que a partir de ella los cambios en la junta
directiva son oponibles a los terceros. Ciertamente, a partir de esa
comunicación el Ministerio está en condiciones de expedir certificaciones
acerca de quiénes representan al sindicato.
Ahora bien, en
el caso de los empleadores y el Gobierno es fundamental la determinación acerca
del momento en que adquieren eficacia los cambios para establecer cuáles son
los trabajadores amparados por el fuero sindical. De acuerdo con el artículo
371, los cambios en la junta directiva de un sindicato solamente surten efectos
luego de que se hubiera notificado de ellos, por escrito, al inspector del
trabajo y al empleador. Dado que, por lo regular, las dos notificaciones no
son simultáneas, la pregunta que surge es si el amparo del fuero opera desde
que se practica la primera notificación o solamente a partir de que el
Ministerio y el patrono hayan recibido la comunicación.
La Corte
considera que, desde la perspectiva del derecho constitucional de asociación y
libertad sindical, la respuesta apropiada es que la protección foral opere
desde que se efectúa la primera notificación. Ello, por cuanto en el caso de
que el primer notificado hubiere sido el empleador éste adquiere desde el mismo
momento de la comunicación la obligación de respetar el fuero sindical de los
nuevos dirigentes. Y porque, en el caso de que el primer notificado hubiera
sido el Ministerio, éste adquiere la obligación de comunicar inmediatamente al
empleador sobre la designación realizada.”
De tal manera,
de las consideraciones anteriores y de la jurisprudencia reseñada es posible
extraer dos conclusiones, en torno al artículo 363 del C.S.T.:
i.
La
publicación allí prevista tiene como fin hacer posible la exigencia de las
garantías que surgen del ejercicio de la libre asociación sindical y no
de un condicionamiento para la existencia del sindicato, ni para el
reconocimiento de su personería jurídica o de los derechos de los aforados.
ii. La carga de
publicidad que se impone por la creación del sindicato, no implica que los
terceros destinatarios de la publicación, para observar los efectos del acto
publicado, deban tener conocimiento efectivo, pleno o detallado de su
contenido, pues la ley laboral se limita a establecer tales cargas publicitarias
que, una vez cumplidas por parte de una asociación sindical, generan que los
actos realizados sean oponibles, por virtud del conocimiento real o presunto
que de ellos tengan.
En este sentido,
tomando en cuenta que la comunicación acerca de la constitución del sindicato
debe realizarse a varias personas (al empleador y al inspector del trabajo, o
en su defecto al alcalde), la protección foral se predicará a partir de la
primera que se haga, sea al empleador, quien es el que tiene la posibilidad de
despedir, transferir o desmejorar a los aforados, o sea al Ministerio o alcalde
correspondiente, dado que ellos, tan pronto son notificados, adquieren la
obligación de informar inmediatamente al empleador al respecto.
Sexta.
Afectación del derecho de asociación sindical. La facultad de terminación
unilateral del contrato de trabajo por el empleador no puede ser utilizada como
mecanismo discriminatorio. Abuso del derecho por parte del empleador.
6.1.
Actualmente, en el Estado colombiano es jurídicamente posible crear una
organización sindical cuando varias personas, nacionales o extranjeras[27],
mayores
de 14
años (o de 12, según el caso[28]), que
sean trabajadores vinculados a un empleador común o diferente[29],
o sean empleadores independientes entre sí[30], se
reúnen en un quórum suficiente, según el orden jurídico vigente (25
trabajadores o 5 empleadores actualmente[31]), y
expresan su voluntad de fundar
o crear
una organización de
este tipo.
La consecuencia
jurídica directa de la asamblea inicial que así se realice, será el surgimiento
de una persona jurídica distinta de sus fundadores, tal como lo dispone el artículo 44
de la Ley 50 de 1990, modificatorio del 364 del CST, al establecer: “Toda
organización sindical de trabajadores por el solo hecho de su fundación, y a
partir de la fecha de la asamblea constitutiva, goza de personería jurídica.”
Este efecto se conoce en la doctrina como personería jurídica automática,
para significar que entre el acto de creación de un sindicato y el nacimiento
de una persona jurídica distinta a la de sus creadores, no media ningún
procedimiento, trámite o elemento adicional.
Así, cuando se
tienen reparos jurídicos u objeciones por la creación de una organización
sindical en circunstancias ajenas al ordenamiento jurídico vigente, que revelan
la inexistencia de la asociación o vician la validez de sus actos, será la
jurisdicción, en virtud del principio de no injerencia, la única autoridad
competente para dictaminar si, en efecto, el proceder de quienes se asociaron
estuvo apegado o no a las normas pertinentes. Mientras un pronunciamiento en
este sentido se profiere, deberán respetarse los derechos sindicales y la
autonomía de la organización, pues no ha habido un fallo en derecho que ponga
fin a la controversia.
Un
comportamiento diferente al comentado derivaría en la adopción de vías de hecho
con las que se pretendiere resolver un asunto, de manera ajena al derecho
vigente, sustrayendo de la jurisdicción un conflicto que está llamada a
dirimir, según la competencia que se ha asignado a los jueces. Así, no son
admisibles los argumentos que se expongan fuera del proceso para justificar un
proceder que atente contra la libre asociación sindical, tomando como base
reparos o argumentos contra la existencia misma del sindicato o la validez de
sus actos.
6.2. Por tanto,
cuando un empleador despliega conductas que pretenden la disolución de la
organización sindical, aunque se aparente una argumentación jurídica, no por
ese hecho la conducta se torna lícita o ajustada a derecho. Solamente cuando un
juez de la República conozca y se pronuncie sobre las razones que el empleador
expone para atacar la validez o la eficacia de la creación de  la organización
sindical y de sus actos, podrá calificarse su proceder como ajustado al
ordenamiento. Entre tanto, toda medida que se adopte en contra de una organización
sindical, constituirá una vía de hecho que, por oposición a las vías jurídicas,
es desconocedora del poder jurisdiccional del Estado para resolver las
controversias normativamente sujetas a su competencia.
Así las cosas,
el camino a recorrer por parte del empleador, será acudir a los mecanismos
jurídicos y a las acciones que el ordenamiento ha dispuesto para encauzar su
proceder frente a las organizaciones sindicales y los miembros que la componen,
tal como sucede en el evento en que pretenda despedir, trasladar o desmejorar
las condiciones de un trabajador protegido por el fuero sindical. Así lo ha
sostenido esta Corte, como en la sentencia T-029 de enero 22 de 2004, M. P. Álvaro Tafur Galvis:
“Las
cuestiones atinentes al fuero sindical es decir su levantamiento por justa
causa y el restablecimiento de las condiciones del trabajador aforado despedido
sin permiso del juez laboral, se resuelven mediante sendos procedimientos
especiales, el primero a cargo del patrono interesado en obtener del juez
laboral el permiso que le permitirá despedir o desmejorar las condiciones del
trabajador aforado, y el otro por cuenta del trabajador, quien deberá promover
acción contra el patrono que actuó sin cumplir el anterior requisito.”
6.3. Con todo,
incluso en eventos en los que el empleador aparentemente está procediendo de
manera ajustada a la norma, porque está haciendo uso de los mecanismos
jurídicos dispuestos para el manejo de sus actividades, deberá observar las
limitaciones que la Constitución impone al ejercicio del derecho propio, toda
vez que, en la hipótesis en que pretenda hacer uso de tales instrumentos para
la satisfacción de intereses no aprobados por la norma superior, estará
haciendo un ejercicio abusivo de su derecho, que excede la normalidad de los
alcances otorgados a sus facultades, según el espíritu mismo que la norma tiene
dentro del ordenamiento, considerado íntegramente.
Ello sucede, por
ejemplo, cuando el empleador pretende hacer uso de la facultad que tiene para
terminar unilateralmente, sin justa causa, los contratos laborales de
trabajadores sindicalizados, con el propósito de desaparecer la asociación
sindical. Así, en sentencia T-1328 de diciembre 10 de 2001, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, la Corte señaló:
“La
limitación general que recae sobre el empleador para dar por terminado, sin
justa causa, el contrato de trabajo se concreta en circunstancias específicas.
Así, tras la aplicación de una facultad expresamente reconocida por el Código
Sustantivo del Trabajo, que prevé la posibilidad de que el patrono pueda
terminar unilateralmente, y sin justa causa, los contratos que conviene con sus
empleados, no puede intentarse, por ejemplo, (i.) desconocer el derecho de los
trabajadores a constituir sindicatos, afiliarse a éstos o a permanecer en
ellos, (ii.) promover la desafiliación a dichas asociaciones, (iii.) adoptar
medidas represivas contra los trabajadores sindicalizados o que pretendan
afiliarse al sindicato, (iv.) obstaculizar o  desconocer el ejercicio del
derecho de huelga, en los casos en que éste es garantizado, (v.) constreñir la
libertad de expresión o la escogencia de profesión y oficio,  o (vi.)
burlar el derecho y la posibilidad que se le reconoce a los sindicatos para
representar a los trabajadores e intervenir en defensa de sus propios intereses
en todos los casos en los que el empleador adopta decisiones o fija posturas que
afectan o interesan a la entidad sindical. Es claro que la potestad legal
contenida en el numeral 2 del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo no
puede ejercerse como un instrumento que desconoce las libertades sindicales del
trabajador y los derechos propios de las organizaciones sindicales.”
Séptima. Efectos
inter comunis cuando la Corte observa la conculcación de derechos de personas
que no participaron en el proceso. Protección indirecta a la persona jurídica
del sindicato.
7.1. La Corte
Constitucional, excepcionalmente, ha extendido los efectos de sus fallos a
personas que, pese a no haber acudido al amparo constitucional, vieron
afectados sus derechos fundamentales como consecuencia de conductas similares
provenientes del mismo sujeto pasivo de la acción que se resuelve.
Tales efectos se
conocen como inter comunis, e implican una excepción a la regla según la
cual los fallos de tutela generan efectos solo para quienes se constituyeron
como parte procesal dentro del trámite de la acción, es decir, efectos inter
partes. Esta modulación de los efectos de los fallos se ha estimado
conveniente para la defensa del principio y el derecho a la igualdad de quienes
han sido lesionados en sus derechos en circunstancias semejantes a las
analizadas en el caso específico que se resuelve.
De esta manera,
son varios los ejemplos que pueden citarse en los que esta corporación ha
procedido a dar efectos inter comunis a sus fallos de tutela. Así, en
sentencia T-451 de julio 9 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez, la Corte
analizó un caso en que el actor alegó el no pago de los salarios por parte de
la empresa Degaflores Ltda., lo cual condujo a extender los efectos a los demás
trabajadores que se encontraran en las mismas circunstancias. En este sentido,
la corporación expresó:
“En casos
excepcionales la Corte Constitucional ha admitido que los efectos de las
sentencias de tutela proferidas en el trámite de revisión de los fallos de
instancia, se extiendan a personas que no han instaurado la acción respectiva. La
Sala concederá la tutela para proteger el derecho fundamental al mínimo vital,
al trabajo en condiciones dignas y justas y a la salud. Aunque sería lógico
pensar que las decisiones que aquí se tomen tengan efectos sobre otros
trabajadores de la misma empresa que se encuentren en igualdad de condiciones,
esta Sala va a extender los efectos del presente fallo a los no tutelantes que
se encuentren en la misma situación, con el fin de que la amenaza a los
derechos fundamentales cese de manera definitiva y satisfactoria.”
Así mismo, en
sentencia T-698 de septiembre 6 de 2010, también con ponencia del Magistrado
Juan Carlos Henao Pérez, la Corte determinó:
“La Corte
Constitucional ha admitido, excepcionalmente, la extensión de los efectos de
los fallos de tutela, a personas quienes a pesar de no haber acudido a este
mecanismo pueden ver afectados sus derechos fundamentales, por el fallo de
tutela que se profiere dentro del caso concreto. Lo anterior, con el fin de
cumplir  su misión de garantizar la integridad y la supremacía de la
Constitución Política y proteger los derechos constitucionales fundamentales,
en particular el derecho a la igualdad. En casos excepcionales, cuando la
protección de derechos fundamentales de los peticionarios atenta contra
derechos fundamentales de los no tutelantes, la Corte Constitucional ha
admitido que los efectos de las sentencias de tutela proferidas en el trámite
de revisión de los fallos de instancia, se extiendan a personas que no han
instaurado la acción respectiva, por considerar que al conceder el amparo
exclusivamente en beneficio de los tutelantes, sin considerar los efectos que
tal decisión tendría frente a quienes no interpusieron la acción de tutela,
podría implicar la vulneración de otros derechos fundamentales.”
Recientemente,
en sentencia T-047 de febrero 4 de 2011, M. P. María Victoria Calle Correa, esta corporación falló el caso de varias familias a quienes no se había dado una
solución de vivienda definitiva, después de haber perdido sus casas por causa
de un desastre natural:
“La Corte
Constitucional tutelará el derecho a la vivienda digna. Y las conclusiones
anteriores serán tenidas en cuenta al momento de dictar las órdenes encaminadas
a protegerlo. Pero, además, la Sala le asignará efectos inter comunis a esta
decisión, en lo relacionado con la adopción de estas medidas, y en vista de que
todas las personas que perdieron sus hogares a causa del desbordamiento de las
quebradas Peñalisa y La Cristalina ocurrido el treinta y uno (31) de mayo de
dos mil siete (2007), están en igualdad de condiciones, presentan necesidades
comunes, y tienen el mismo derecho a que se adopten las decisiones idóneas y
necesarias encaminadas a satisfacer sus necesidades básicas apremiantes asociadas
a la falta de una vivienda digna.”
Como
consecuencia del lineamiento expuesto, resulta factible afirmar que, en los
eventos en que la Corte observa que probablemente existen otros casos de
vulneración de derechos fundamentales de personas ajenas al proceso que está
decidiendo, y éstas se derivan de hechos semejantes al caso bajo estudio, puede
otorgarle a su decisión efectos inter comunis, esto es, que se extiendan
a quienes no han sido parte en el trámite del amparo, pero han visto
conculcados sus derechos como resultado de la conducta del mismo demandado en
circunstancias semejantes a las del accionante.
7.2. En este
punto, debe aclararse que cuando los efectos de un fallo de esta corporación
pudieran extenderse a individuos que integran asociaciones de personas, como el
caso de los sindicatos, la protección que a ellos se otorga puede derivar,
lógicamente, en la protección de los derechos de la asociación como tal, lo
cual se infiere del hecho de que este tipo de organizaciones tienen su sustento
fáctico y jurídico en la reunión de la pluralidad de los miembros que las
componen.
A partir de este
razonamiento, no es dable alegar una falta de legitimación por activa derivada
de la protección de los derechos de la asociación, fundamentándose en el hecho
de que éstos no fueron alegados por su representante legal, ya que, como se
expuso, su protección es consecuencia del amparo que primero se otorgó a sus
miembros, individualmente considerados.
Octava.
Desaparición de sindicato recién creado. Existencia de un perjuicio
irremediable que justifica la procedencia de la acción presentada. Protección
consecuencial de los derechos del sindicato derivada de la protección
individual de sus miembros
8.1. Por
disposición del artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela sólo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, lo
cual quiere decir que, por regla general, la acción de tutela es subsidiaria y
no procede para la resolución de conflictos jurídicos cuando en el ordenamiento
se disponen otros mecanismos de defensa judicial de los derechos conculcados.
Sin embargo, la
subsidiariedad propia de esta acción está matizada por el mismo artículo 86,
que dispone la procedencia excepcional del amparo en los eventos en que, pese a
existir otros mecanismos ordinarios de defensa, resulta imperioso evitar la
concreción de un perjuicio irremediable a través de la actuación sumaria,
informal y especial que se adelante ante el juez de tutela. La protección a la
asociación sindical no ha sido excepción a esta regla, como puede observarse en
la sentencia T-695 de julio 22 de 2004, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra:
“La
sentencia que acaba de citarse anuncia que la tutela no es mecanismo judicial
idóneo para afrontar los problemas de reintegro por vulneración de fuero
sindical, sólo en casos extremos, cuando se verifique la existencia de un
perjuicio irremediable, podría el juez de tutela asumir conocimiento del caso
en estudio. El mecanismo transitorio invocado, sólo es viable en materia de
tutela cuando se encuentre fehacientemente comprobado el perjuicio irremediable
por parte de los accionantes, que ostente el carácter de inminente al encontrarse
en una grave situación que requiere de medidas urgentes y cuya protección es
impostergable.”
Así las cosas,
resulta de gran importancia establecer en cada caso concreto cuándo se está
frente a la probable concreción de un perjuicio irremediable, a fin de
determinar si el amparo deprecado está llamado a proceder. Con ese propósito,
resulta destacable la definición efectuada por esta Corte en sentencia T-348 de
1997, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz:
“Esta
Corporación tiene establecido que el perjuicio irremediable es aquel que
resulta del riesgo de lesión al que una acción u omisión de las autoridades
públicas o de los particulares somete a un derecho fundamental que, de no
resultar protegido por la vía judicial en forma inmediata, perdería todo el
valor subjetivo que representa para su titular y su valor objetivo como
fundamento axiológico del ordenamiento jurídico. Dicho de otro modo, el
perjuicio irremediable es el daño causado a un bien jurídico -como consecuencia
de acciones u omisiones manifiestamente ilegítimas y contrarias a derecho- que,
una vez producido, es irreversible y, por tanto, no puede ser retornado a su
estado anterior.”
8.2. En este
orden de ideas, debe la Sala determinar si el despido de los varios miembros
fundadores de un sindicato, poco después de publicada su creación, constituye
un perjuicio irremediable que determine la procedencia del amparo solicitado.
Para tal fin, es conveniente citar algunos pronunciamientos de esta corporación
en la que se ha descartado la existencia de un perjuicio irremediable por la
aparente conculcación de la asociación sindical, cuando quiera que la
proporción de los trabajadores desvinculados no fuera significativa, con
relación al número de trabajadores sindicalizados que componían la totalidad de
la organización sindical.
En este sentido,
en sentencia T-691 de julio 29 de 2001, M. P. Rodrigo Escobar Gil, la Corte confirmó la decisión de los jueces de instancia que negaron el amparo a
más de un centenar de trabajadores sindicalizados, miembros del
Sindicato de Empleados Distritales de Bogotá, “Sindistritales”, que
fueron desvinculados masivamente por el Departamento Administrativo de
Bienestar Social Distrital. Como argumento de dicha negativa, la Corte descartó
la existencia de un perjuicio irremediable basándose en que aquél sindicato
contaba con un número elevado de afiliados y su existencia no corría riesgo a
raíz de los despidos alegados (no está en negrilla en el texto original):
“En la actualidad no puede alegarse por
los actores la existencia de un perjuicio irremediable e inminente que
justifique la intervención del juez de tutela para que adopte medidas urgentes,
debido a que el sindicato continúa existiendo, cuenta en la actualidad con
ochocientos sesenta y seis miembros y no hay una sola prueba que nos indique
que esté expuesto a un perjuicio irremediable que los lleve a su extinción,
y además la simple consideración de cualquier detrimento patrimonial que
pudieran sufrir los actores se encuentra íntegramente reparado.”
Así mismo, en sentencia T-077 de febrero
5 de 2003, M. P. Rodrigo Escobar Gil, la Corte resolvió el amparo solicitado
por una trabajadora sindicalizada del municipio de Sabaneta, Antioquia, que
había sido desvinculada de la administración y alegaba persecución por parte de
la entidad accionada hacia el sindicato al cual pertenecía (Amdesa), como
consecuencia de los despidos de integrantes que se había efectuado. En ese
caso, esta Corte también descartó la existencia de un perjuicio irremediable
con base en la proporción de miembros del sindicato desvinculados. Al respecto
sostuvo:
“Estas
desvinculaciones generaron sobre la Asociación de Empleados Municipales de
Sabaneta –ADEMSA-  una reducción del 13.63% de sus afiliados, pasando
de  tener 66 a 57 trabajadores afiliados. La Asociación explicó, además,
que como consecuencia indirecta de la reestructuración, hubo 9 retiros
voluntarios entre el 1º de noviembre de 2001 y el 20 de febrero de 2001. A pesar de lo anterior, la asociación continúa funcionando en la actualidad con 48 afiliados.
… … …
Como se
advierte, no aparece demostrado que el empleador hubiese determinado los cargos
a suprimirse en virtud de la reestructuración con el ánimo o la intención de
afectar la organización sindical, buscando su desaparición. Entre otras razones
porque solo el 18% de los cargos suprimidos por la Alcaldía eran ocupados por
personas que pertenecían al sindicato de ADEMSA.”
Adicionalmente,
en sentencia T-882 de noviembre 4 de 2010, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio, esta corporación resolvió la acción presentada por la organización
Sintrateléfonos contra la Empresa de Teléfonos de Bogotá, ETB, por el despido
de 5 trabajadores aforados sin que se pidiera la calificación respectiva,
ocasión en la cual la Corte volvió a estimar la proporción de trabajadores
despedidos frente a la totalidad de los aforados, para negar el amparo bajo el
razonamiento de no estar frente a un perjuicio irremediable que justificara la
acción de tutela. En tal sentido, sostuvo:
“… no se
evidencia la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la
presente tutela, especialmente partiendo de la base que la representación y
participación del ente sindical es palpable al punto que ha podido lograr la
implementación de políticas necesarias para alcanzar la consecución de
prebendas a favor de la organización y de sus afiliados.
… … …
En esta
oportunidad se alega la desvinculación de cinco personas, por la situación
previamente descrita, uno de los (sic) cuales también ocurrió en el
mes de octubre de 2008, y una vez se adoptó el plan de capitalización se
despidieron a cuatro trabajadores más.
Entonces el
total son veinte los trabajadores desvinculados a la fecha, de un sindicato con
más de 2524 integrantes, para una empresa que entre el año 2008 y 2009 ha oscilado entre 3590 y 3709 empleados, pudiéndose deducir que el porcentaje del personal
sindicalizado alcanza el 70% aproximadamente.”
De la anterior
jurisprudencia es posible inferir que, cuando se desconoce el fuero sindical de
miembros de un sindicato, en una proporción que no afecta el ejercicio efectivo
del derecho de asociación sindical, esto es, la posibilidad de constituir
libremente organizaciones sindicales que ejerzan la respectiva representación
de los intereses de los trabajadores ante el empleador, porque no se reduce el
número de miembros necesarios para la existencia de dicha organización,
difícilmente podría pensarse en la existencia de un perjuicio irremediable que
justifique la actuación del juez de tutela.
A contrario sensu,
puede razonarse que, cuando se desconoce el fuero de un considerable número de
trabajadores de una organización sindical, despidiéndolos, de manera que se
causa una disminución de la pluralidad mínima exigida por la ley para la
existencia, representación y eficacia de los actos de la asociación, podría
observarse la inminente concreción de un perjuicio irremediable para el derecho
fundamental de sus miembros, que probablemente será lesionado de manera
definitiva con la desaparición de la organización que libremente han
constituido en ejercicio de su facultad asociativa, la cual será desconocida
por la conducta represiva del empleador, quien ha roto los vínculos asociativos
que sus trabajadores estaban en el derecho de crear y mantener.
Este perjuicio
irremediable se fundamenta en el hecho de que con la reducción de la pluralidad
mínima requerida por ley para la existencia de un sindicato, se lesiona la
esencia de la asociación sindical, en cuanto a la posibilidad de constituir
válidamente una organización que represente sin trabas los intereses de los
trabajadores ante el empleador.
No sería real
proclamar la vigencia de un derecho fundamental de asociación sindical cuando
la decisión de las personas en este sentido será irrespetada y desconocida por
terceros, que desplegarán conductas con las que buscarán impedir que la
asociación sea creada o permanezca.
Así, cuando se
desconoce el fuero de la mayoría de los fundadores de un sindicato, dejándole
un número de integrantes menor al exigido por la ley para su existencia, se
activa una de las causales para su disolución, consistente en la reducción de
su pluralidad mínima. Pese a que entre el despido de los trabajadores aforados
y la declaratoria de la disolución del sindicato por parte de un juez de la
República puede transcurrir un tiempo considerable, en el que el sindicato
recobre su pluralidad mínima, será difícil que lo haga, máxime si el empleador
ha enviado mensajes directos o indirectos de desestímulo contra la integración
de la incipiente organización sindical.
En otras
palabras, las conductas represivas del empleador contra la constitución de
sindicatos, no solo lesionan el derecho de quienes se ven directamente
afectados con las medidas discriminatorias, sino que desestimulan el ejercicio
del derecho de asociación sindical de todos aquellos que no participaron en la
creación de la organización, quienes también son, indirectamente, sujetos
pasivos de tales medidas, pues son espectadores de las represalias a las que
serían sometidos en el evento en que decidan constituir o adherirse a una
organización de esta naturaleza, reprimiendo o desmotivando la adopción
personal de este tipo de decisiones.
Debe aclararse
que un análisis como el anterior, no implica que siempre que se observe la
disminución de la pluralidad para la organización sindical sea procedente el
amparo tutelar, pues habrá ocasiones en las que la reducción de los miembros se
deba a su decisión libre y espontánea.
Empero, cuando
se constata que la deserción es ocasionada por conductas represivas del empleador,
que irremediablemente amenazan la existencia del sindicato, el amparo resulta
procedente para evitar la lesión definitiva a los derechos de asociación y de
libertad sindical de sus integrantes, quienes no podrán permanecer asociados
por virtud de tal actitud.
En este punto,
resulta conveniente tener en cuenta lo indicado por esta corporación en torno a
la eficacia de los mecanismos jurídicos ordinarios para evitar un perjuicio de
este tipo, cuando se han desplegado conductas represivas por parte del
empleador. En este sentido, en la sentencia T-077 de febrero 5 de 2003, M. P. Rodrigo Escobar Gil, se sostuvo:
“Las
acciones laborales ordinarias resultan ineficaces para la protección del
derecho fundamental de asociación sindical, cuando éste se enmarca dentro de la
conducta abusiva del empleador, que implique la utilización de cualquier medio
o sistema de persecución o sanción a los trabajadores por su condición de
sindicalizados. Se incurre en esta conducta inconstitucional cuando el
empleador acude a la facultad de terminación unilateral sin justa causa del
contrato de trabajo, con el fin de afectar la organización sindical buscando su
debilitamiento o su total desaparecimiento, a través de la persecución o
desvinculación de un número plural de trabajadores sindicalizados.
…
… …
A
través de la intervención del juez constitucional se busca determinar si el
comportamiento del empleador se enmarca dentro de un uso desproporcionado,
abusivo e inconstitucional de sus atribuciones, desplegando una actitud
vulneratoria de las libertades sindicales de los trabajadores y de la
organización sindical. De esta forma la acción de tutela procede de manera
excepcional y con efectos definitivos, como única acción judicial eficaz para
reparar la vulneración de los derechos del accionante, cuando la utilización de
las atribuciones del empleador tiene por objeto impedir el ejercicio de la
asociación sindical.”
Novena. Análisis
del caso concreto
9.1. El señor
Rodrigo Vargas Romero presentó acción de tutela contra Colsubsidio, alegando la
vulneración de sus derechos al trabajo y a la asociación sindical, al igual que
los derechos de su hijo menor a la salud y la seguridad social, bajo el
argumento de que fue despedido unilateralmente por la demandada en abril 13 de
2011 en las horas de la tarde, después de habérsele endilgado falsamente, según
dijo, la pérdida de ACPM de las instalaciones del hotel en el que se
desempeñaba como plomero.
Adujo que se
trataba de un despido injusto, que además desconoció su calidad de aforado,
pues expuso ser miembro de la junta directiva de Sintracolsubsidio,
organización sindical creada el domingo 10 de abril de ese mismo año e inscrita
el lunes 11 siguiente, lo cual fue notificado por escrito a su empleador el
mismo día de su despido (abril 13 de 2011), en horas de la mañana.
Sostuvo que, al
ser miembro fundador de la organización y parte de su junta directiva,
desempeñando el cargo de fiscal, su despido debió estar precedido de un proceso
judicial en el que se calificara la causa de la desvinculación, lo cual fue
omitido por su empleador. Según narró, esta circunstancia le generó afectación
no solo a él, sino a los derechos de su hijo menor de edad, quien padece
epilepsia y requiere tratamiento médico, el cual teme le sea suspendido al no
pagar los aportes, por su falta de ingresos.
Adicionalmente,
informó que su empleador ha desvinculado a 22 de los 27 miembros fundadores del
sindicato, e incluso se han realizado amenazas de muerte al presidente de dicha
organización.
9.2. Por su
parte, Colsubsidio contestó por medio de apoderado, argumentando básicamente
que el despido se debió a que el actor fue el responsable de la pérdida de ACPM
en las instalaciones del hotel donde laboraba y que el supuesto sindicato no
tiene eficacia jurídica, pues nunca se produjo la asamblea de constitución que
prevé la ley para tal efecto.
A estas
conclusiones arribó después de exponer que el acta de constitución del
sindicato fue firmada bajo engaños por algunos miembros del sindicato, que así
lo confirmaron, y porque la reunión de fundación no pudo haber tenido lugar,
porque cuando supuestamente se efectuó varios de los fundadores se encontraban
fuera de Bogotá, donde se habría realizado, como se demuestra con los horarios
de trabajo aportados.
Así mismo
sostuvo que, en todo caso, el despido del demandante se debió al giro normal de
una empresa con una gran planta de personal.
9.3. Recuérdese
que a raíz de lo dispuesto mediante autos de septiembre 29 y noviembre 3 de
2011 (fs. 12 y 75 cd. Corte), la Coordinadora del Grupo de Archivo Sindical del
entonces Ministerio de la Protección Social, respondió ajuntando:
-
Certificación de octubre 5 de 2011, en la que se registra que “aparece inscrita
y vigente la organización sindical denominada Sindicato de Trabajadores de la
Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio ‘Sintracolsubsidio’ de primer
grado y de empresa, con acta de constitución número I-023-2011 del 11 de abril de
2011 con domicilio en Bogotá” (fs. 17 y 18 cd. Corte).
-
Certificación de octubre 5 de 2011, en la cual se lee que “la última junta
directiva de la organización que se encuentra en el expediente es la depositada
a las 2:37 p.m. mediante constancia de depósito  número I-019-2011 del 11 de
abril de 2011, emanada de Martha Berenice Arrieta Parra, Inspectora del Grupo
de Atención al Ciudadano y Trámites de la Dirección Territorial de
Cundinamarca, la cual registra al señor Armando Chávez (sic) Ríos en
calidad de presidente.” (f. 19 ib.).
-
Certificación en la que se registra que, según la constancia de depósito número
I-019-2011 de abril 11 de 2011, la junta directiva de Sintracolsubsidio quedó
integrada así (f. 20 ib.):
Armando
Chaves Ríos  (Presidente)
Ciro
Evelio Bastos (Vicepresidente)
Moisés
González (Secretario General)
Marcelino
Uyabán (Tesorero)
Rodrigo
Vargas Romero (Fiscal)
John
Freddy Rodríguez (Primer Suplente)
John
Cruz Ramírez (Segundo Suplente)
Fredy
Cortés Vargas (Tercer Suplente)
Oscar
Fernando Becerra (Cuarto Suplente)
Carlos
Julio Becerra Sosa (Quinto Suplente)
- Comunicación
143-25053717 de noviembre 17 de 2011, suscrita por la Coordinadora del Grupo de
Atención al Ciudadano y Trámites del Ministerio del Trabajo, en la que informó
que esa Coordinación “dio respuesta a la solicitud realizada por el
representante legal de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio,
doctor Ricardo Pérez Gaviria, referente a la interposición de los recursos de
reposición y en subsidio de apelación en contra del registro de inscripción del
acta de constitución del Sindicato… donde se pone de manifiesto que la función
del Ministerio de la Protección Social hoy Ministerio de Trabajo… se limita
única y exclusivamente a realizar una constancia sobre el depósito pretendido,
la cual cumple funciones de publicidad, por lo tanto contra dicha constancia de
depósito no proceden los recursos de la vía guberntativa…” (f. 77 ib.).
9.4.
Adicionalmente, la Corte ordenó oficiar a Colsubsidio para que, respecto de los
empleados que según los documentos aportados aparecían como fundadores de
Sintracolsubsidio, informara cuáles de ellos habían estado vinculados
laboralmente a la empresa, indicando el tipo de contrato celebrado, las fechas
de su vinculación y desvinculación (si la hubo) y las razones del retiro de
cada uno de ellos, en el evento en que hubieren sido desvinculados, adjuntando
para ello los documentos necesarios para contestar el requerimiento hecho (f.
13 ib.).
En respuesta a
ello, Colsubsidio envió comunicación en octubre 10 de 2011, en la que informó
sobre su relación laboral con los miembros del sindicato, así:
- “Armando
Chaves Ríos prestó sus servicios… con contrato a término indefinido desde el 12
de junio de 1991 hasta el 12 de abril de 2011… el motivo de su retiro fue
unilateral sin justa causa.” (f. 26 ib.).
- “Ciro Evelio
Bastos… prestó sus servicios… con contrato a término indefinido desde el 1 de
abril de 1995 hasta el 12 de abril de 2011… el motivo de su retiro fue
unilateral sin justa causa.” (f. 27 ib.).
- “John Freddy
González Rodríguez Avendano (sic)… prestó sus servicios… con
contrato a término indefinido desde el 8 de junio de 2002 hasta el 12 de abril
de 2011… el motivo de su retiro fue unilateral sin justa causa.” (f. 28
ib.).
- “Moisés
González… prestó sus servicios… con contrato a término indefinido desde 9 de
agosto de 1999 hasta 12 de abril de 2011… el motivo de su retiro fue unilateral
sin justa causa.” (f.
29 ib.).
- “Odilia Rosas
Ramírez… prestó sus servicios… con contrato a término indefinido desde el 11 de
agosto de 1999 hasta el 13 de abril de 2011… el motivo de su retiro fue
unilateral sin justa causa.” (f. 30 ib.).
- “Juan Gabriel
Rodríguez Cediel… prestó sus servicios… con contrato a término indefinido desde
13 de diciembre de 2003 hasta el 13 de abril de 2011… el  motivo de su retiro
fue unilateral sin justa causa.” (f. 31 ib.).
- “Miryan
Maribhet Fonseca Ávila… prestó sus servicios… con contrato a término indefinido
desde el 11 de marzo de 2002 hasta el 13 de abril de 2011… el motivo de su
retiro fue unilateral sin justa causa.” (f. 32 ib.).
- “Martha Rocío
Hostos Tamayo… prestó sus servicios… con contrato a término indefinido desde el
8 de junio de 1999 hasta el 13 de abril de 2011… el motivo de su retiro fue
unilateral sin justa causa.” (f. 33 ib.).
- “Gloria Stella
Parra Pabón… prestó sus servicios… con contrato a término indefinido desde el
10 de marzo de 1981 hasta el 13 de abril de 2011… el motivo de su retiro fue
unilateral sin justa causa.” (f. 34 ib.).
- “Jorge Armando
Castro Camargo… prestó sus servicios… con contrato a término indefinido desde
el 21 de abril de 2003 hasta el 13 de abril de 2011… el motivo de su retiro fue
unilateral sin justa causa.” (f. 35 ib.).
- “Derly Yolima
Moreno Huertas… prestó sus servicios… con contrato a término indefinido desde
el 1 de junio de 2002 hasta el 13 de abril de 2011… el motivo de su retiro fue
unilateral sin justa causa.” (f. 36 ib.).
- “Aida
Constanza Sosa Camacho… prestó sus servicios… con contrato a término indefinido
desde el 2 de noviembre de 2002 hasta el 13 de abril de 2011… el motivo de su
retiro fue unilateral sin justa causa.” (f. 37 ib.).
- “Fredy Cortés
Vargas… prestó sus servicios… con contrato a término indefinido desde el 4 de
julio de 2000 hasta el 13 de abril de 2011… el motivo de su retiro fue unilateral
sin justa causa.” (f.
38 ib.).
- “José María
Morales Rincón… prestó sus servicios… con contrato a término indefinido desde
el 4 de abril de 1998 hasta el 13 de abril de 2011… el motivo de su retiro fue
unilateral sin justa causa.” (f. 39 ib.).
- “Marcelino
Uyabán Rodríguez… prestó sus servicios… con contrato a término indefinido desde
el 1 de septiembre de 2001 hasta el 13 de abril de 2011… el motivo de su retiro
fue unilateral sin justa causa.” (f. 40 ib.).
- “Rodrigo
Vargas Romero… prestó sus servicios… con contrato a término indefinido desde el
16 de agosto de 1993 hasta el 13 de abril de 2011… el motivo de su retiro fue
unilateral con justa causa.” (f. 41 ib.).
Aunado a lo
anterior, la entidad demandada sostuvo que en el mes de abril de 2011 “se
terminaron 199 contratos de trabajo, de los cuales 13 fueron por justa causa y
186 sin justa causa.” (f. 24 ib.).
9.5. Así mismo,
resulta de gran utilidad evocar apartes de los testimonios recibidos por el
Juzgado Promiscuo Municipal de Paipa en mayo 24 de 2011 para resolver en
primera instancia el asunto. En este sentido, son traídos a consideración
extractos de los testimonios de las siguientes personas, referidos como
miembros fundadores de Sintracolsubsidio:
- El señor
Francisco Fidel Garnica Rodríguez, cuando se le interrogó si era suya la
declaración que había aportado Colsubsidio, en la que negaba haber participado
en cualquier reunión de fundación de un sindicato (f. 113 cd. inicial), y se le
interrogó sobre cómo si había sido despedido el 13 de abril seguía trabajando,
dijo “sí es mío, yo recibí la carta de Colsubsidio que decía que me
despedían sin justa causa, eso fue a las 5 de la mañana la jefa ya estaba ahí,
me dijo que qué había pasado y yo le dije que lo único que había hecho era
firmar una planilla, lo que le comenté con el señor Ciro Vásquez que me pidió
una firma para nombrar de delegado a Armando Chaves para que hablara por
nosotros en recursos humanos… yo fui al departamento de recursos humanos  hablé
con la Dra. Claudia Patricia Rodríguez y Pedro Nel Rueda y les expuse mi caso, la
Dra. Claudia Patricia Rodríguez me dijo que hiciera unos descargos de lo que
había sucedido y que hiciera una carta de renuncia, pues yo hice lo que ella me
dijo y me dijo que yo estaba en un periodo de investigación, que mientras se
investigara todo a mí no me sacaban de la empresa, y la carta de renuncia está
con la fecha abierta… no estoy laboralmente activo, me están consignando mi salario
mientras pasa todo esto” (f. 149 ib.).
- El señor Jairo
Alberto Martín Garzón, cuando le preguntaron sobre los hechos de la tutela
expuso: “… a las 12 del día la señora María Eugenia Barragán jefe de
restaurantes me llamó a la oficina que había recibido una llamada de la Dra.
Claudia Tunjano que es como la jefe general… que recursos humanos había mandado
una carta al correo de la jefe María Eugenia que el cual íbamos a leer los
tres, ella por teléfono y yo con mi jefe en la oficina, sería como las 12 del
día más o menos, la carta según lo que me acuerdo decía mi nombre, mi cédula,
notificación, dándonos por terminado el contrato a partir de la fecha… entonces
fue donde ellas me preguntaron si yo sabía algo de por qué me habían despedido
y yo le dije que realmente no tenía la certeza, entonces la jefe Claudia ella
estaba notificada y me dijo que yo hacía parte de una lista que estaba montando
un sindicato en Colsubsidio, entonces me enviaron para la calle 26 para hablar con
la Dra. Claudia Rodríguez, que es la jefe de recursos humanos y pues a
comparecer con ellos para saber si yo tenía una relación con el sindicato, eso
lo hice por iniciativa de mis dos jefes, ella me dijo que tenía que hacer una
acta de descargos a mano y también firmarle una carta de renuncia con fecha
abierta para garantía de ellos… me preguntaron si tenía conocimiento del
sindicato, si hacía parte de él y pues que era que mi nombre aparecía en el
documento como integrante de un sindicato” (f. 150 ib.).
Así mismo,
cuando se le interrogó sobre la razón por la cual había suscrito una
declaración juramentada en la que afirmaba no haber sido parte del sindicato
(f. 106 ib.), el señor Martín Garzón afirmó: “a mí me llamó mi jefa
inmediata, Claudia Tunjano a decirme que tenía que presentarme en esa notaría a
las 3:30, hice mi declaración y la firmé…” (f. 150 ib.).
- El señor Ángel
María Salgado Herrera, cuando se le preguntó acerca de los hechos y de la
declaración juramentada en la que negaba su participación en la creación del
sindicato, informó: “… me pasaron la carta de despido porque yo estaba
integrando un sindicato, la carta de despido me llega por la tarde me la
entregó el ing. Nelson Grillo, yo por la mañana había hablado con mi jefe Mara
Patricia Andrade, yo hablé con ella y me dijo que haga una carta diciendo que
yo no había firmado eso, en recursos humanos se quedaron con ella, decía que no
estaba de acuerdo con el sindicato, eso fue como a medio día, a las 3 de la
tarde me entregaron la carta… fui a recursos humanos y me dijeron déjeme esta
carta acá y la hablamos y hágame una carta de renuncia sin fecha, ya lo hice y
la tienen en recursos humanos, ahoritica me están pagando el sueldo pero no
estoy trabajando, porque dicen que estoy en investigación de cómo estaba
integrado el sindicato”.
Respecto de la
declaración juramentada que había presentado, negando su participación en la
creación de Sintracolsubsidio, dijo: “Esa declaración se hizo con base en
que yo estaba renunciando al sindicato, de recursos humanos me llevaron a eso,
de acuerdo a eso se hizo lo de la notaría… a mí me llamaron de recursos humanos
y como yo había pasado una carta que no estaba de acuerdo con el sindicato,
procedimos con el Dr. Pedro Nel jefe de recursos humanos a hacer la declaración”
(f. 151 ib.).
9.6. Teniendo en
consideración lo así expuesto, es posible inferir:
- La
organización sindical Sintracolsubsidio fue creada el domingo 10 de abril en
Bogotá por 27 trabajadores de Colsubsidio, siendo nombrado como presidente el
señor Armando Chaves.
- Dicha
asociación fue inscrita en el registro sindical del entonces Ministerio de la
Protección Social el lunes 11 de abril siguiente. Ese mismo día se depósito la
conformación de la junta directiva, a la cual pertenecía el accionante en el
cargo de fiscal.
- En abril 12 de
2011 Colsubsidio despidió unilateralmente, sin justa causa, a 4 de los 9
miembros de la junta directiva del sindicato (presidente, vicepresidente,
secretario general y primer suplente).
- En abril 13 se
comunicó por escrito a Colsubsidio la creación de ese sindicato, en
comunicación dirigida a su Director Luis Carlos Arango Vélez.
- El mismo día,
Colsubsidio despidió unilateralmente, sin justa causa, a otros 12 trabajadores
fundadores de Sintracolsubsidio y abrió un proceso disciplinario contra el
demandante (fiscal de la junta directiva del sindicato) por la supuesta pérdida
de ACPM, desvinculándolo el mismo día, en horas de la tarde.
- En total, de
los 27 miembros fundadores de la organización sindical, 16 fueron desvinculados
dentro de los 3 días siguientes a su creación. En otras palabras, dentro de los
2 días siguientes a su inscripción en el registro sindical, el número de sus directivos
fue reducido a 4 y la totalidad de sus miembros a 11, generando entonces que la
organización entrara en causal de disolución.
9.7. De lo
manifestado, es posible colegir las siguientes consideraciones:
9.7.1.
En cuanto a la desvinculación del accionante en este proceso, por el supuesto
uso irracional que hizo de ACPM, resulta sospechosa la conducta desplegada por
el empleador al realizar un trámite de descargos por la comisión de una
presunta falta laboral, con la presencia de testigos que en ningún momento
intervinieron en dicha diligencia para describir las circunstancias bajo las
cuales se llevó a cabo dicho acaecer.
En
efecto, Colsubsidio se limitó a sostener que se había llevado a cabo un uso
excesivo y pérdida de ACPM, sin demostrar el origen de tal aserto, fuere con
testimonios, cifras, contabilidad, documentos o cualquier otro medio de prueba
que podía estar a su alcance, para efectos de sustentar la verosimilitud de lo
endilgado al accionante Rodrigo Vargas Romero, cuyos derechos al trabajo, buen
nombre y el debido proceso resultaban afectados.
En este punto,
resulta pertinente resaltar que no le asistió razón al apoderado de la Caja
accionada cuando afirmó que el actor confesó su falta al afirmar en su demanda
que había sido desvinculado de la empresa en razón al supuesto uso excesivo o
pérdida de ACPM. Dicha argumentación no tiene sustento, pues es notorio que la
intención del actor al referirse a tal situación, era informar al juez las
circunstancias constitutivas de la violación de sus derechos, sin que ello
implicara aceptación alguna de responsabilidad en lo que se le imputaba.
De
todas maneras, si hubiese certeza de la comisión de los hechos censurados al
señor Vargas Romero, para proceder a su despido era necesario acudir
previamente a la jurisdicción laboral, para que un juez constatara la causa de
despido frente al ordenamiento jurídico y, así, permitiera o no el
levantamiento del fuero y la consecuente desvinculación del trabajador aforado.
9.7.2. A la
situación concreta del señor Rodrigo Vargas Romero se suma que aparece probado
en el expediente que su hijo menor padece epilepsia y el mayor está estudiando
en la universidad, y que actualmente el actor no está realizando ninguna
actividad productiva de la cual derive ingresos.
Debe anotarse
que al momento de proyectarse el presente fallo no se observó una negación del
servicio médico al hijo menor del accionante, quien se afilió como
independiente a su EPS después de su desvinculación. Sin embargo, ello no puede
ser motivo para ignorar que, de no atenderse la situación del actor,
probablemente se generaría una vulneración adicional contra los derechos de su
grupo familiar, entre quienes está un sujeto merecedor de protección reforzada
por su situación de salud. Además, debe tenerse en cuenta que, según el informe
allegado por el actor, a su hijo le fue prescrita una cirugía cuyo costo
debería asumir (f. 51 ib.).
9.8.
Consideración adicional merece lo sucedido con los demás trabajadores
sindicalizados que fueron desvinculados por parte de Colsubsidio, pues el fuero
que los protegía también resultó coetáneamente desconocido, sin aducir en esos
casos alguna de las causales previstas en la ley laboral para la terminación unilateral
de los contratos de trabajo, cuando también se requería la calificación previa
de la causa de la desvinculación por parte de un juez laboral, lo cual se
omitió, en detrimento de la garantía del fuero que dispone la carta política,
para la protección de la libre asociación sindical.
En
este punto, cabe recordar que la facultad de terminación unilateral del
contrato laboral, sin justa causa, tiene límites constitucionales que el
empleador debe respetar y, como se resaltó antes, dicha facultad no puede ser
usada como mecanismo para coartar un derecho fundamental como la libertad de
asociación sindical (art. 39 Const.).
En
este sentido, recuérdese lo analizado jurisprudencialmente, por ejemplo en
sentencia T-1328 de diciembre 10 de 2001, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, que reafirmó varios parámetros para determinar si, en un caso concreto, fueron
conculcados derechos de sindicalizados, como consecuencia de un abuso de la
facultad del empleador de terminar unilateralmente y sin justa causa contratos
de sus empleados, así:
i.
El número de trabajadores sindicalizados despedidos: En el
caso en concreto, por la información allegada a esta Corte, es claro que, hasta
el momento de proyectar el presente fallo, de los 27 miembros fundadores de
Sintracolsubsidio, 16 han sido desvinculados, lo que representa el 59.25% de la
totalidad de los integrantes de dicha organización; es decir la mayoría de los
asociados sindicalmente ha sido desvinculada de la empresa.
ii. El papel de los
empleados sindicalizados despedidos: Se observa que de los
trabajadores aforados que fueron desvinculados, 5 hacían parte de la junta
directiva de Sintracolsubsidio, lo cual representa el 55.55% de la totalidad de
los miembros de la junta (9), circunstancia de la cual se infiere, sin duda, un
duro golpe para la dirección, representación y pervivencia del sindicato, pues
entre los despedidos están el presidente, el vicepresidente, el secretario
general y el fiscal de la organización, lo cual constituye una mengua en las
posibilidades de dirección autónoma de la asociación sindical.
Estos
trabajadores fueron quienes lideraron la iniciativa de asociación, por lo que
su desvinculación representa una morigeración del ánimo de los demás miembros
de la organización y de sus intenciones de dirigir el sindicato ante la
ausencia del presidente y de varios de los miembros de la junta directiva.
iii. La
frecuencia con que el empleador acude al ejercicio de su facultad de
terminación unilateral del contrato sin justa causa: Si bien
Colsubsidio indicó que había terminado unilateralmente los contratos laborales
de 199 trabajadores, ello no pasó de ser una afirmación suelta, de la cual no
es posible descartar la discriminación contra los miembros del nuevo sindicato.
La sola afirmación del empleador de haber realizado otros despidos en
circunstancias similares no conduce a inferir, necesariamente, que el despido
de los trabajadores sindicalizados obedeciera a una simple reestructuración de
la planta de personal, o al giro normal de sus actividades, pues se limitó a
indicar que había realizado las desvinculaciones de otros trabajadores en el
mes de abril, sin informar en qué sedes de la entidad trabajaban tales
empleados, o en qué fechas se produjo su despido, lo cual hubiese resultado
útil para esclarecer sus intenciones con la terminación de los contratos de los
aforados, tratándose de una empresa con una amplia planta de personal a nivel
nacional, donde los despidos no resultan tan extraños.
iv. La
oportunidad en que el empleador decide hacer los despidos: Está
plenamente probado dentro del proceso que los 16 trabajadores aforados fueron
desvinculados de Colsubsidio en los 3 días siguientes a la creación de la
asociación sindical o, lo que es lo mismo, dentro de los dos días siguientes a
la inscripción de dicha organización, esto es, entre abril 12 y 13 de 2011.
v. El grado de
impacto que los despidos tienen en los demás trabajadores sindicalizados. El impacto de
esas terminaciones unilaterales sobre miembros de la organización sindical es
significativo, pues el retiro de 16 de sus integrantes constituye un claro
mensaje para los miembros de la asociación y también hacia trabajadores no
sindicalizados, acerca de las consecuencias negativas que acarreará una
iniciativa en este sentido. En efecto, el proceder de Colsubsidio atacó
directamente al máximo órgano de representación de la organización, y menguó
sus posibilidades de dirección autónoma, la cual debe ser respetada, según el
mandato del artículo 39 superior.
De igual manera,
de las actuaciones intimidantes desplegadas por el ente demandado, se colige
que varios empleados se retractaron e incluso rindieron declaraciones extra
judiciales para manifestar que eran ajenos a la iniciativa de crear el
sindicato, fundados, como lo muestran sus declaraciones, en el temor a las
represalias que podían adoptarse en su contra.
vi. El ánimus
con el que actuó el empleador. El ánimo o intención del empleador, en
su actuación abiertamente disuasiva contra la organización sindical, se
demuestra con el comportamiento de varios de los responsables de las relaciones
de Colsubsidio con su personal, que activamente procedieron contra los
asociados, como se colige de la simultaneidad de las varias desvinculaciones y
se reafirma con los testimonios de los mismos trabajadores que fueron inducidos
a retractarse de su participación en el sindicato, en los que se evidencia que
sus superiores les requirieron sobre lo sucedido y sobre su actitud a favor de
la fundación de Sintracolsubsidio.
En el expediente
obran declaraciones en torno a la creación del sindicato, tales como “dijeron
que esa lista era para unirnos en temas como horas extras, recargos entre
otros…” (f. 111 ib.), “…di mi firma a un grupo de personas que mantenía
la creación de un sindicato…” (f. 112 ib.), “que si le colaboraba con
una firma para nombrar al Sr. Armando Chaves como delegado para hablar por
nosotros los conductores ante el departamento de recursos humanos para la
mejora de la situación…” (f. 113 ib.), las cuales dan cuenta de que los
trabajadores tenían por propósito otorgar su representación ante el empleador a
una determinada persona y asociarse en torno a un fin común, que era la mejora
de sus condiciones laborales, lo cual conllevó, posteriormente, que fueran
recriminados, revelándose una actitud intolerante hacia la asociación.
También, las
declaraciones de varios fundadores de Sintracolsubsidio que posteriormente
disimularon su participación, revelan que fueron objeto de presiones por parte
de sus jefes laborales quienes, aprovechando su posición sobre los
subordinados, los conminaron e incluso indujeron a comparecer ante una notaría
a desconocer la fundación del sindicato y su vinculación.
Adicionalmente,
adviértase el yerro de la parte demandada al afirmar que el fuero que aduce el
accionante no puede ser protegido, pues la organización sindical que integró no
tiene eficacia jurídica, resultando “supuesta” o aparente. En este
punto, se recuerda lo analizado en precedencia dentro de este fallo, al
resaltarse que la sola reunión de los trabajadores, en número plural, según
indica la ley, para manifestar su voluntad de fundar un sindicato, provoca el
surgimiento de una persona jurídica.
Por ende, cuando
se ha procedido de esta manera, los reparos que se hubiesen tenido sobre la
formación de la organización sindical, no pueden ser argumento válido para
desconocer el fuero sindical que les asiste a los miembros del sindicato. Con
todo, esos reparos sobre la licitud de la formación de un sindicato deben
plantearse ante un juez de la República, como autoridad competente para
determinar si la asociación fue creada conforme al ordenamiento jurídico, o se
encuentra incursa en una causal de disolución.
Mientras ello
sucede, el empleador debe respetar el fuero que ha surgido de la creación del
sindicato y no puede obrar por su propia cuenta, ni tratar de imponer sus
argumentos, sino esperar la decisión de la jurisdicción al respecto, para luego
adoptar las medidas que se ajusten a la Constitución y a la ley.
En el presente
caso, si el empleador tenía cuestionamientos o reparos sobre la licitud y la
veracidad de los hechos en virtud de los cuales se formó Sintracolsubsidio,
cualquiera sea la naturaleza de tales argumentos, debió primeramente acudir a
las instancias judiciales para que se declarara lo que hubiera a lugar, según
los hechos que se le expusieran para su decisión.
Mientras ello se
producía, el empleador tenía que respetar el fuero de los miembros fundadores y
directivos del sindicato y, si pretendía despedirlos, igualmente ha debido
acudir a la autoridad judicial competente, a fin de que calificara la causa del
despido y, si fuere del caso, levantase el fuero.
Es claro,
además, que las autoridades administrativas cumplen un papel de meros
depositarios de los actos sindicales y no tienen injerencia en la formación de
este tipo de asociaciones.
Tampoco resultan
atendibles los argumentos del ente accionado al afirmar que no podía respetar
el fuero del actor, porque la notificación de la creación del sindicato que se
le hizo, fue un hecho “casi simultáneo” a su despido, razón por la cual
no tenía manera de conocer que se trataba de un trabajador aforado e iniciar el
correspondiente proceso de levantamiento de fuero. En este punto, como se
expuso anteriormente, al ser varias las comunicaciones mediante las cuales el
sindicato publica su constitución, la protección foral se predica a partir de
la primera de ellas, lo cual sucedió, en el presente caso, ante el entonces
Ministerio de la Protección Social, en abril 11 de 2011.
A partir de tal
fecha se entiende surtida la publicación general de la creación del sindicato,
pues con la comunicación al Ministerio surgió el deber de éste de reportarla
inmediatamente al empleador, tal como establece el artículo 363 del CST y como
se observa en el registro de inscripción del acta de constitución de Sintracolsubsidio,
suscrita por la Inspectora de Trabajo Martha Berenice Arrieta Parra, del Grupo
de Atención al Ciudadano y Trámites del Ministerio de la Protección Social, hoy
Ministerio de  Trabajo, donde se lee: “Notificación: Dr. Luis Carlos Arango
Vélez, Director Administrativo de Colsubsidio, quien se ubica en la calle 26,
25-50 Bogotá D.C.”  (fs. 8 y 10 cd. inicial).
9.9. En este
orden de ideas, en la situación bajo estudio se infiere que, tan pronto fue
creado el sindicato, el empleador puso en marcha conductas dirigidas,
sistemáticamente, a su desaparición, disminuyendo la pluralidad mínima de
trabajadores afiliados, fuere por cancelación unilateral de contratos o por
deserción de atemorizados, desvanecimiento sindical constitutivo de un
perjuicio irremediable, que supera la subsidiariedad de la tutela, tanto para
la asociación en sí misma, como para los afiliados, lo cual hace procedente el
amparo incoado, pues una acción encauzada por la vía ordinaria resultaría
inevitablemente tardía.
En efecto, de no
intervenir el juez de tutela en la corrección de la situación expuesta por el
accionante, el derecho de asociación de los trabajadores que decidieron fundar
el sindicato quedará lesionado inexorablemente, pues la organización, reducida
a un número de miembros menor al exigido por la ley, estará inmersa en una
causal de disolución, de la cual normalmente no saldrá.
No significa lo
anterior que siempre que se observe la disminución de la pluralidad de
integrantes de una organización sindical sea procedente el amparo
constitucional, pues habrá ocasiones en las que la reducción de los miembros se
deba a decisiones libres y espontáneas. Empero, cuando la deserción y la
desvinculación laboral son ocasionadas por conductas represivas del empleador
que abaten la existencia misma del sindicato, la tutela resulta procedente
para  integrantes, quienes no podrán permanecer asociados por virtud de la
actitud abusiva asumida por un tercero.
Entonces, de no
intervenir el juez de tutela en este tipo de eventos, la asociación sindical
proclamada por la Constitución Nacional y las normas internacionales del
trabajo que obligan al Estado colombiano, tendría una vigencia puramente
semántica, que desconocería la fuerza normativa, la superioridad y la eficacia
directa de la carta política y del bloque de constitucionalidad.
9.10. Resulta
palmario que Sintracolsubsidio y sus fundadores fueron objeto de coerción por
parte de funcionarios de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar, que
desplegaron medidas anti sindicales, cancelando unilateralmente contratos sin
justa causa en la mayoría de los eventos y aduciendo una no demostrada en el
caso de Rodrigo Vargas Romero, condicionando la estabilidad de otros al repudio
del espíritu asociativo.
Esas
circunstancias realzan la existencia de un perjuicio que el juez de tutela debe
evitar a través de su actuación impostergable, dada la relevancia
constitucional de los hechos y la vulneración a los derechos al trabajo y a la
asociación sindical, como se ha observado, resultando superfluo considerar
otras probables conculcaciones, como al mínimo vital y a los derechos de
Rodrigo Andrés Vargas Figueredo, hijo enfermo del actor, que consecuencialmente
también resultarán protegidos con la decisión que se va a tomar.
9.11. En tal
virtud, será revocado el fallo del Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Duitama, de julio 6 de 2011, que en su momento revocó el dictado en mayo 27 de
2011 por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Paipa; en su lugar, serán
tutelados los derechos al trabajo y a la libre asociación sindical del actor
Rodrigo Vargas Romero.
Por ello, se
ordenará a la Caja Colombiana de Subsidio Familiar, Colsubsidio, por conducto
de su representante legal o quien haga sus veces, que si aún no lo ha
efectuado, en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación del
presente fallo, reintegre al señor Rodrigo Vargas Romero al puesto que
desempeñaba al momento de su despido, o a uno de similar o superior nivel,
pagándole los salarios, las prestaciones sociales y los demás aspectos de
seguridad social dejados de percibir, como si no hubiere estado inactivo.
9.12. No puede
concluir esta providencia sin observar que el actor Rodrigo Vargas Romero no fue
el único trabajador de Colsubsidio que, por afiliarse a Sintracolsubsidio,
resultó lesionado por la cancelación unilateral de su respectivo contrato
laboral pues, de la misma manera, los derechos al trabajo y a la libre
asociación sindical le fueron quebrantados a otros trabajadores, coetáneamente
despedidos sin justa causa y con desconocimiento del fuero sindical que les
asistía como fundadores del mencionado sindicato.
Por tal razón,
como garantía del derecho a la igualdad, se dispondrá efecto inter comunis
de esta sentencia,  para extender lo dispuesto en ella a los trabajadores que,
según el acta de constitución de Sintracolsubsidio, depositada en abril 11 de
2011 ante el entonces Ministerio de la Protección Social, fundaron dicha
organización y fueron laboralmente despedidos por Colsubsidio, a partir y por
razón del establecimiento de la referida organización sindical.
Como es natural,
a quienes no deseen ser vinculados nuevamente se les extenderá lo concerniente
al cubrimiento económico, prestacional y de seguridad social, en lo que sea
pertinente, mas no operará el reintegro.
9.13. De otra
parte, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991,
particularmente en su inciso final, para evitar la repetición del
comportamiento que motivó esta acción, se prevendrá a la Caja Colombiana de
Subsidio Familiar, Colsubsidio, para que en ningún caso vuelva a incurrir en
las acciones que dieron lugar a que se concediera la presente tutela, debiendo
abstenerse de cualquier tipo de actuación que vulnere, de la manera como quedó
relatado, el derecho de libre asociación sindical de sus trabajadores.
9.14.
Finalmente, para divulgación y correlativa garantía de no repetición, se
ordenará a Colsubdisio que fije, durante las 72 horas siguientes a la
notificación de la presente sentencia, su parte resolutiva en lugares
fácilmente visibles de las sedes donde trabajan o trabajaron los miembros
fundadores de Sintracolsubsidio, cuyos nombres aparecen registrados en el acta
de constitución respectiva.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.-
REVOCAR el
fallo del
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Duitama, de julio 6 de 2011, que revocó
el dictado en mayo 27 de 2011 por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de
Paipa. En su lugar, se dispone TUTELAR los derechos al trabajo y a la
libre asociación sindical del señor Rodrigo Vargas Romero.
Segundo.- En consecuencia,
ORDENAR a la Caja Colombiana de Subsidio Familiar, Colsubsidio, por
conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que si aún no lo ha
efectuado, en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de la
presente sentencia, reintegre al señor Rodrigo Vargas Romero al puesto en el
que laboraba al momento de su despido, o a uno de similar o superior nivel,
pagándole los salarios, las prestaciones sociales y los demás aspectos de
seguridad social dejados de percibir, sin solución de continuidad, esto es,
como si no hubiere estado inactivo.
Tercero.- Lo dispuesto en
el ordinal segundo de esta parte resolutiva, debe ser cumplido por la Caja
Colombiana de Subsidio Familiar, también a favor de los trabajadores
que, según el acta de constitución de Sintracolsubsidio, depositada en abril 11
de 2011 ante el entonces Ministerio de la Seguridad Social, fundaron dicha
organización y fueron laboralmente despedidos por Colsubsidio, a partir y por
razón del establecimiento de dicha organización sindical, según lo dispuesto en
la parte motiva de esta sentencia.
Cuarto.-
PREVENIR a
la Caja Colombiana de Subsidio Familiar, Colsubsidio, para que en ningún caso
vuelva a incurrir en las acciones que dieron lugar a que se concediera la
presente tutela.
Quinto.- ORDENAR a Colsubdisio
que PUBLIQUE, durante las 72 horas siguientes a la notificación de la
presente sentencia, su parte resolutiva en lugares visibles de las sedes donde
trabajan o trabajaron los miembros fundadores de Sintracolsubsidio, cuyos
nombres aparecen registrados en el acta de constitución respectiva.
Sexto.- Por Secretaría
General, LÍBRESE la comunicación a que se refiere el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese y cúmplase,
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] El artículo
23.4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone que toda
persona tiene derecho “a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de
sus intereses”.
[2] De acuerdo
con el artículo 8° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de 1966, los estados partes se comprometen, entre otras cosas, a garantizar “el
derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección,
con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente,
para promover y proteger sus intereses económicos y sociales....”.
[3] En el artículo 22 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos se dispone que “toda persona tiene
derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar
sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.”
[4] En su artículo
16 consagra la libertad de asociación, así: “1. Todas las
personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos,
religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos
o de cualquiera otra índole…2. El ejercicio de tal derecho sólo
puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias
en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la
seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o
los derechos y libertades de los demás.”
[5] El artículo 8°
del Protocolo de San Salvador dispone que los estados partes garantizarán “el
derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su
elección para la protección y promoción de sus intereses”.
[6] Su artículo 22
consagra el derecho de toda persona a “fundar sindicatos y afiliarse a ellos
para la protección de sus intereses”. Añade que el ejercicio de tal derecho
“sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean
necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de
la seguridad pública o del orden público, para proteger la salud o la moral
pública”.
[7] Su artículo 8°
reconoce el derecho de toda persona a fundar sindicatos, afiliarse a ellos,
formar federaciones y confederaciones, el derecho de los sindicatos a funcionar
sin obstáculos y el derecho a huelga.
[8] En el artículo 11 del Convenio 87, relativo a la libertad sindical
y a la protección del derecho de sindicación, se estipula: "Todo
miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor
el presente Convenio se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y
apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre
ejercicio del derecho de sindicación". Por su parte, el artículo 1°
del Convenio 98, relativo a la aplicación de los principios del derecho de
sindicación y de negociación colectiva, dispone: "1.
Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de
discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su
empleo. / 2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto
que tenga por objeto:  / a) sujetar el empleo de un trabajador a la condición
de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un
sindicato; / b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma
a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades
sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del
empleador, durante las horas de trabajo."
[9] Aprobado mediante Ley 524 de
1999.
[10] Como ejemplo de la trascendencia
del desarrollo de las relaciones laborales en algunos estados, recuérdese Inglaterra,
donde a finales del siglo XIX y comienzos del XX se formaron movimientos
obreros que obtuvieron paulatinamente un mejoramiento considerable de sus
condiciones laborales. También se ha exaltado expresamente el papel del trabajo
como elemento constitucional fundamental, como en Italia, cuyo artículo primero
constitucional dispone, en su primer inciso, “L’Italia è una reppubblica
fondata sul lavoro.”
[11] Así, el artículo 47 de la Constitución derogada disponía: “Es permitido formar compañías o asociaciones públicas o
privadas que no sean contrarias a la moralidad ni al orden legal.
Son prohibidas las juntas políticas populares de
carácter permanente…”
[12] Ver C-695 de julio 9 de 2008, M. P. Jaime Araújo Rentería.
[13] Numeral 2° del artículo 214 de la Constitución.
[14] Cfr. C-621 de junio 25 de 2008, M. P. Nilson Pinilla Pinilla, acerca de las dimensiones individual y colectiva de la libertad
de asociación sindical.
[15] Cfr. C-567 de mayo 17 de 2000, M. P. Alfredo Beltrán Sierra
[16]
Articulo 353, modificado por el artículo 1° de la Ley 584 de 2000: “Derechos de asociación.
1. De
acuerdo con el artículo 39 de la Constitución Política los empleadores y los trabajadores tienen el derecho de asociarse
libremente en defensa de sus intereses, formando asociaciones profesionales o
sindicatos; estos poseen el derecho de unirse o federarse entre sí.
2. Las
asociaciones profesionales o sindicatos deben ajustarse en el ejercicio de sus
derechos y cumplimiento de sus deberes, a las normas de este título y están
sometidos a la inspección y vigilancia del Gobierno, en cuanto concierne al
orden público.
Los
trabajadores y empleadores, sin autorización previa, tienen el derecho de
constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de
afiliarse a éstas con la sola condición de observar los estatutos de las
mismas.”
[17] En sentencia C-695, de julio 9 de 2008, M. P. Jaime Araujo Rentería, se expuso: “En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha señalado en numerosas ocasiones que las limitaciones o restricciones
a los derechos fundamentales deben sujetarse al principio de razonabilidad, en
cuanto deben perseguir finalidades legítimas o válidas a la luz de la Constitución Política y deben materializarse con medios que sean: i) adecuados o idóneos para
la consecución de aquellas; ii) necesarios, es decir, que no existan otros
medios que no sacrifiquen los valores, principios o derechos constitucionales o
que los sacrifiquen en menor medida, y iii) proporcionales en sentido estricto,
o sea, que sus beneficios sean superiores a la afectación de los valores,
principios o derechos constitucionales.”
[18] Sobre
el deber de elaborar un acta de fundación de la reunión inicial, que contenga elementos
de identificación, determinados en el numeral 1° del artículo 361 CST, en la
precitada sentencia C-621 de 2008 sostuvo: “En conclusión, las
organizaciones sindicales adquieren personería jurídica desde su fundación, a
partir de la fecha de la asamblea de constitución. La exigencia de inscripción
del acta de constitución de un sindicato ante el Ministerio del Trabajo y
Seguridad Social- hoy, Ministerio de la Protección Social- para que pueda actuar como tal sólo tiene finalidad de publicidad, sin que
implique control alguno por parte del Ministerio, respetando la no ingerencia (sic)
del Estado en el derecho de constituir una organización sindical, estipulado
en el artículo 39 de la Carta Política.”
[19] En lo relacionado con los requisitos mínimos
exigidos por el artículo 362 CST como contenido mínimo de los estatutos del
sindicato, en el fallo C-617 de junio 25 de 2008, M. P. Rodrigo Escobar Gil, se lee: “… exigir que en los estatutos de un sindicato quede
consignado su nombre, su domicilio o su objeto no comporta intromisión de
ninguna índole, pues estos aspectos y algunos más son de natural y casi que obligada
inclusión, pues contribuyen a la identificación de la organización sindical,
que es lo mínimo que ha de estar incluido en los estatutos…  A manera de
conclusión cabe afirmar que el artículo cuya constitucionalidad ha sido puesta
en tela de juicio se aviene a la Constitución y al Convenio 87 de la OIT, pues no desconoce el derecho a la autonomía que tienen los sindicatos para
redactar sus estatutos, por cuanto se limita a señalar, en forma proporcionada
y razonable, unas pautas generales que no vacían de su contenido al mencionado
derecho.”
[20] Respecto al
deber de inscripción de los sindicatos en el registro sindical, dentro de los 5
días siguientes a su constitución y la exigencia de determinados documentos
para tal inscripción que hace el artículo 365 CST, la sentencia C-567 de mayo
17 de 2000, M. P. Alfredo Beltrán Sierra, expresó: “… el fin de la inscripción
está en que el sindicato pueda válidamente actuar frente a terceros. Por este
aspecto, la inscripción cumple los tres propósitos fundamentales que son la
publicidad, la seguridad y la prueba. … Este artículo establece los
documentos que debe adjuntar el nuevo sindicato para que el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social proceda a inscribirlo en el registro
correspondiente. Como se dijo anteriormente, aquí se parte de la base de que la
organización sindical ya existe y tiene personería jurídica, según establece el
artículo 44 de la Ley 50 de 1990, en desarrollo del artículo 39 de la Constitución.”
[21] Frente
a la publicación del acto mediante el cual se inscribe el sindicato en el
registro sindical, en un diario de amplia circulación nacional, dentro de los
10 días siguientes que exige los artículos 367 y 368 CST, en esa misma
sentencia C-567 de 2000 se observa: “… esta obligación de dar a la
publicidad… que un determinado sindicato existe, constituye un requisito
proporcionado, especialmente, frente a terceros, que es, en últimas, el
propósito que busca la inscripción en el Ministerio de Trabajo de Seguridad
Social. Por ello, no resultan infringidas, en este sentido, tampoco, las demás
disposiciones que señala el demandante. Sobre la conveniencia o no de la norma,
si se trata de ‘publicidad de la publicidad’, su examen no es asunto de constitucionalidad.”
[22] Respecto a la notificación al empleador que
se halla establecida en el artículo 363 CST, en la sentencia C-734 de julio 23
de 2008, M. P. Mauricio González Cuervo, se dispuso: “3.2. Para la Corte, la notificación prevista en la norma demandada, más que una restricción al derecho de
libertad sindical, es una garantía para los trabajadores que conforman un
sindicato. El que el empleador conozca de su existencia, permite hacerle
exigible la garantía de los derechos de los trabajadores fundadores del
sindicato, de su junta directiva y de todos cuantos hayan participado en su
constitución, particularmente para el reconocimiento del fuero sindical y el
ejercicio de las gestiones y labores de representación del sindicato mismo y
sus asociados. De modo similar, el conocimiento del acto de constitución del
sindicato por las autoridades del trabajo -y del alcalde, en subsidio- al
tiempo que refuerza la defensa del derecho al trabajo y del derecho de libre
asociación sindical, en virtud de la protección constitucional especial al
trabajo erigido como deber del Estado, facilita la aplicación de las
disposiciones del artículo 39 de la Constitución, en cuanto hace referencia a la sujeción de la estructura interna y funcionamiento de los sindicatos y demás
asociaciones a los mandatos de democracia interna y sujeción al orden jurídico. //
3.3. Partiendo de que la notificación es un mecanismo de publicidad y una
garantía  para los trabajadores sindicalizados, no un condicionamiento
para la existencia del sindicato y, en consecuencia, no transgrede el derecho a
la personería jurídica sin intervención del Estado ni limita el derecho libre
asociación sindical, carece de razón la acusación de vulneración de los
artículos 25 y 39 de la Constitución Política o de las normas contenidas en los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo que plantean los demandantes.”
[23] En la sentencia C- 465 de mayo 14 de 2008, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, al declarar la exequibilidad condicionada de los artículos
370 y 371 CST, en el entendido de que el depósito y las comunicaciones
relativas a las modificaciones de los estatutos y los cambios en las juntas
directivas que tales normas disponen, respectivamente, tienen exclusivamente
fines de publicidad, esta Corte sostuvo: “El depósito solo cumple una función de publicidad, compatible
con la autonomía sindical. Entonces, la Corte declarará la constitucionalidad de la norma acusada en el entendido de que el depósito de la modificación de
los estatutos sindicales cumple exclusivamente con el fin de darle publicidad a
la reforma, sin que ello autorice al Ministerio de la Protección Social para realizar un control previo sobre el contenido de la reforma
estatutaria.”
[24] Cfr. también C-465 de 2008,
previamente citada.
[25] En tales ocasiones, la Corte resaltó que este tipo de tramitaciones o formalidades debían ser legítimas, para determinar
lo cual acudió a criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en
sentido estricto.
[26]En la sentencia C-695 de julio 9
de 2008, M. P. Jaime Araújo Rentería, la Corte explicó: “De conformidad con la Constitución Política y el Convenio 87 de la OIT, es claro que jurídicamente los
sindicatos existen en forma válida en virtud de su constitución, sin
intervención o autorización previa por parte del Estado, mediante una declaración
de voluntad colectiva, emitida en ejercicio de la autonomía de la voluntad
privada, declaración  que por exigencia constitucional debe constar en un
acta que debe inscribirse en el registro correspondiente. Dicha declaración de
voluntad colectiva produce sus efectos jurídicos entre las partes de la misma,
o sea, entre los fundadores del sindicato, a partir del momento de su emisión,
como ocurre en general en el campo jurídico con las declaraciones de voluntad,
en particular en materia de contratos; en cambio, en relación con los terceros,
la declaración de voluntad de constitución del sindicato sólo produce efectos
jurídicos, esto es, sólo les es oponible a partir de la comunicación de la
misma a ellos, en forma particular o en forma general, esto último mediante
publicación.”
[27] Cfr. C-385 de abril 5 de 2000, M. P. Antonio Becerra Carbonell.
[28] Cfr. C-1188 de noviembre 22 de 2005, M. P. Alfredo Beltrán Sierra.
[29] Arts. 356 y 360 CST, ver al
respecto sentencias C-567 de mayo 17 de 2000, M. P. Alfredo Beltrán Sierra, precitada y C-797 de junio 29 de 2000, M. P. Antonio Barrera Carbonell.
[30] Art. 353 CST.
[31]Cfr. C-201 de marzo 19 de 2002, M. P. Jaime Araújo Rentería y C-670 de 2 de julio de 2008, M. P. Mauricio González Cuervo.