T-963-00
Sentencia T-963/00
NOTA DE RELATORIA: Esta sentencia fue
declarada NULA mediante auto 084 del 13 de septiembre de 2000, el cual se anexa
en la parte final de la presente providencia.
Sentencia
T-963/00
SISTEMA DE CARRERA-Provisión de vacantes atendiendo lista de elegibles y en estricto
orden de resultados
SISTEMA DE CARRERA-Mérito como elemento esencial
CARRERA JUDICIAL-Inexistencia de distinciones entre lista de elegibles y lista de
candidatos
MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Formas de amparo por juez de tutela ante falta de
protección eficaz
INAPLICACION DE ACUERDO DE CARRERA JUDICIAL-Permanencia en lista de elegibles de persona
designada en carrera
ACCION DE TUTELA-Razonabilidad en presentación y derechos fundamentales de terceros
afectados
Referencia: expediente T-304617
Acción de tutela instaurada por MANUEL ANTONIO FLECHAS
RODRIGUEZ contra los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Santa
Rosa de Viterbo y Tunja.
Magistrado Ponente:
Dr. FABIO MORON DIAZ
Santafé de Bogotá, D.C., julio
veintiuno (21) del dos mil (2000)
La
Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por
los Magistrados VLADIMIRO NARANJO MESA, ALVARO TAFUR GALVIS y FABIO MORON DIAZ,
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
en
el proceso de revisión de los fallos proferidos por el Tribunal Administrativo
de Boyacá, fechado 30 de noviembre de 1999 y por el Consejo de Estado, del día
18 de febrero del 2000, dentro del proceso de tutela instaurado por MANUEL
ANTONIO FLECHAS RODRIGUEZ contra los Tribunales Superiores de los Distritos
Judiciales de Santa Rosa de Viterbo y Tunja.
I.     ANTECEDENTES
1.
Hechos
Los
hechos que originan la acción de amparo, pueden resumirse de la siguiente
forma:
Aduce
el actor, que se presentaron las vacancias definitivas de los cargos de Juez
Segundo Civil Municipal de Duitama y Primero Promiscuo Municipal de Ramiriquí,
por lo cual, los Tribunales demandados solicitaron al Consejo Superior de la
Judicatura el envío del Registro Nacional de Elegibles para proveer los cargos
vacantes en dichos municipios.
Expone
igualmente que mediante los Acuerdos Nos. 072 y 075 de 1998, el Consejo
Seccional de la Judicatura de Boyacá, envió al Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santa Rosa de Viterbo, la lista de candidatos, con el puntaje
obtenido por cada uno, el cual fue tomado del Registro Nacional de Elegibles.
De
otro lado, precisa que la lista de candidatos estaba conformada por quienes
habían aprobado el concurso de méritos, convocado el día 30 de julio de 1994,
por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y,
adicionalmente existía otra lista paralela de jueces escalafonados, basada en
el Acuerdo 106 de 1996, proferida por el Consejo Superior de la Judicatura y
destinada a proveer exclusivamente el cargo de Juez Segundo Civil Municipal de
Duitama.
Afirma
que el Acuerdo 106 de 1996, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura,
dispone lo siguiente: "los actuales funcionarios y empleados de carrera
forman parte por derecho propio del registro de elegibles para proveer cargos
de carrera de similar categoría y especialidad a aquel en que se encuentren
nombrados".
Narra
que el día 21 de enero de 1999 el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santa Rosa de Viterbo, procedió a nombrar en propiedad a la Doctora María Julia
Figueredo Vivas, integrante de la lista de los jueces escalafonados,
desconociendo la lista de candidatos proveniente del Registro Nacional de
Elegibles enviada por el Consejo Superior de la Judicatura. A su vez, refiere
que el día 14 de octubre de 1999, el H. Tribunal del Distrito Judicial de
Tunja, procedió a nombrar en propiedad al Dr. Hugo Fernando Farfán Castro,
integrante también de la lista paralela de escalafonados, sin reparar que la
obligación de nombramiento del cargo de Juez debía hacerse con la lista de
candidatos elaborada conforme al Registro Nacional de Elegibles.
Sostiene
que instaura la presente acción de tutela porque "ocupé el segundo
lugar en la lista de elegibles, y quien ocupó el primer lugar en la referida
lista, para ocupar el cargo de Juez Segundo Civil Municipal de Duitama no
reclamó su derecho al parecer porque está ocupando otro cargo en la Rama
Judicial".
Así
las cosas, considera el actor que no se debió nombrar a la Dra. María Julia
Figueredo Vivas para el cargo de Juez Segundo Civil Municipal de Duitama, pues
ella se encontraba ejerciendo un cargo de funcionaria de carrera como Juez
Municipal de Paipa. Igual acontece con el Dr. Farfán Castro, quien ejercía el
cargo de Juez Promiscuo Municipal de Ramiriquí. Por lo tanto, en criterio del
demandante de la tutela, al ser los referidos funcionarios de carrera, no
podían integrar ninguna la lista de elegibles como jueces homologados, conforme
a la interpretación desarrollada por las entidades nominadoras al Acuerdo 106
de 1996 del Consejo Superior de la Judicatura.
Finalmente
expresa, que se está incumpliendo la Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de
Administración de Justicia), pues el Acuerdo 106 referido viola la Constitución
Política. Por lo tanto solicita que se protejan sus derechos fundamentales al
trabajo, al debido proceso, al ejercicio de cargos y funciones públicas, al
ingreso a la carrera judicial y al derecho a la igualdad, que mediante una
orden judicial se disponga su nombramiento en propiedad, en alguno de los
cargos de Juez Segundo Civil Municipal de Duitama o Primero Promiscuo Municipal
de Ramiriquí, obligando a los Tribunales demandados a respetar el estricto orden
de los resultados del concurso llevado a cabo por el Consejo Superior de la
Judicatura y la conformación de las listas de elegibles para las vacantes
mencionadas, pues, en su sentir, las decisiones tomadas por las Corporaciones
demandadas, en el sentido de nombrar a otras personas que se encontraban en una
lista paralela de jueces escalafonados, vulnera sus derechos constitucionales,
provocándole un grave perjuicio irremediable y desconociendo la jurisprudencia
de la Corte Constitucional sobre el tema, especialmente las Sentencias T-396 de
1998 (M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell), SU-086 de 1999 (M.P. Dr. José
Gregorio Hernández Galindo), y SU-961 de 1999 (M.P. Dr. Vladimiro Naranjo
Mesa).
2.
Pruebas
Mediante
escritos dirigidos a esta Corporación, de fechas 30 y 31 de mayo del año 2000, la
Dra. María Julia Figueredo Vivas, en condición de Juez Segundo Civil Municipal
de Duitama, y el Dr. Hugo Fernando Farfán Castro, en su calidad de Juez
Promiscuo Municipal de Ramiriquí, como terceros que se pueden ver afectados con
la decisión de tutela de la referencia, intervinieron en el expediente con el
propósito de hacer valer sus derechos e intereses.
En
criterio de esta Corporación, no se presenta ninguna nulidad procesal en el
trámite de esta acción de tutela, máximo si se tiene en cuenta que el Tribunal
Administrativo de Boyacá, quien a la sazón, actuó como juez de tutela de
primera instancia, profirió el auto de fecha noviembre 19 de 1999, en donde
avocó el conocimiento de la acción respectiva y ordenó notificar, por los
medios legales a que haya lugar, entre otros, a los Presidentes de los
Tribunales Superiores demandados y a los Doctores María Julia Figueredo Vivas y
Hugo Fernando Farfán Castro como terceros con interés legítimo en los
resultados de la Sentencia.
De
otra parte, en opinión de la Dra. María Julia Figueredo Vivas, en su condición
de Juez Segundo Civil Municipal, el nombramiento efectuado por el H. Tribunal
de Santa Rosa de Viterbo, el día 21 de enero de 1999, es legítimo, como quiera
que sus derechos se encuentran totalmente consolidados ya que es juez de
carrera, afirma que desde hace más de 10 meses, viene ejerciendo el cargo,
tiempo durante el cual el accionante guardó silencio, pues no interpuso los
recursos de ley y dejó vencer los términos para accionar contra los actos
electorales y administrativos de su nombramiento, el cual tuvo lugar en el mes
de enero del presente año. Además, estima, que el actor está únicamente
legitimado para accionar en tutela, contra el acto que contiene la elección de
Juez Segundo Civil Municipal de Duitama, pues en su demanda de tutela no se
expresan claramente las pretensiones en cuanto al cargo que desea ocupar, dado
que simplemente expone su criterio interpretativo contra el Acuerdo 106 de
1996, sin aceptar el argumento expresado por las corporaciones nominadoras, en
el sentido de que para el caso de su designación, hubo votación mayoritaria.
En
criterio del Dr. Hugo F. Farfán Castro, en su condición de Juez Promiscuo
Municipal de Ramiriquí, su nombramiento es legítimo, pues él hacía parte de la
lista de elegibles en calidad de homologado, enviada por el Consejo Seccional
de la Judicatura de Boyacá, conforme al Acuerdo 106 de 1996. Estima que el acto
administrativo por medio del cual fue nombrado se ajusta a la ley, porque se
hizo respetando lo dispuesto en los artículos 166 y 167 de la Ley 270 de 1996.
Por lo tanto, el acuerdo anteriormente referido, es perentorio al afirmar que
"los actuales funcionarios y empleados de carrera forman parte por
derecho propio de las listas de elegibles para proveer cargos de carrera de
similar categoría y especialidad a aquel en que se encuentran nombrados" así
las cosas, en su criterio se encuentra desempeñando el cargo en propiedad y en
carrera, en un puesto similar al de Juez Promiscuo Municipal de Zetaquíra, por
lo que el Tribunal podía elegirlo en este o en cualquier otro de aquellos de
los cargos vacantes de similar o igual categoría.
Por
su parte, los Presidentes de los Tribunales demandados, en sus intervenciones
procesales manifestaron al juez de tutela de primera instancia lo siguiente.
La
Dra. Ana Betulia Roa Farfán, en su calidad de Presidenta del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, estimó que:
"el Tribunal eligió a la Dra. María Julia
Figueredo Vivas como Juez Segundo Civil Municipal de Duitama, mediante el
Acuerdo No. 002 del 21 de enero de 1999 de la lista de elegibles, incluyendo
escalafonados, que envió el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá con
sede en Tunja, formando la lista integral, esto es, teniendo en cuenta a todos
los elegibles por méritos y escalafonados".
El Dr. Manuel Antonio Flechas Rodríguez, en esa fecha
no encabezaba lista de elegibles para ningún juzgado del Distrito y el Acuerdo
106 del 21 de mayo de 1996, de la Sala Administrativa del Consejo Superior se
encontraba vigente".
En
idéntico sentido, el Dr. Joselín Huertas Torres en su calidad de titular de la
Presidencia del Tribunal Superior de Tunja, dijo:
"Este Tribunal, en sesión plenaria del 14 de
octubre último eligió al Dr. Hugo F. Farfán Castro para desempeñar el cargo de
Juez Primero Promiscuo Municipal de Ramiriquí, en propiedad y en carrera, quien
hacía parte de la lista de elegibles, en calidad de homologación, enviada por
el Consejo de la Judicatura Seccional Boyacá. Dicha elección se hizo por
mayoría de 7 votos positivos. No asistieron a esa sesión, por hallarse
disfrutando de permiso los doctores Edgar Kurmen Gómez y Humberto Otálora Mesa.
El mencionado acto administrativo es legal, porque se
hizo conforme a lo dispuesto en los artículos 166 y 167 de la ley 270 de 1996,
en armonía con el Acuerdo 106 del 21 de mayo de 1996 emitido por el Consejo
Superior de la Judicatura, cuyo artículo 1º dice que los actuales funcionarios
y empleados de carera forman parte por derecho propio de la lista de elegibles
para proveer cargos de carrera de similar categoría y especialidad a aquel en
que se encuentran nombrados. Y el Dr. Farfán Castro se hallaba desempeñando en
propiedad y en carrera el cargo similar de Juez Promiscuo Municipal de
Zetaquíra.
....
Los aspirantes homologados se equiparan al primero de
la lista de concursantes. El Tribunal podía elegir a éste o a cualquiera de
aquellos.
Las normas precitadas se hallaban vigentes en el
momento de la elección cuestionada inclusive el citado Acuerdo 106 estaba
amparado por la presunción de legalidad consagrado en el artículo 66 del C.C.A.
pues no había sido anulado y todavía estaba vigente.
El artículo 267 de la ley 270 en parte alguna dice que
el nominador está obligado a nombrar al primero de la lista enviada por el
Consejo. La constitucionalidad de esa norma ya fue declarada por la autoridad
competente.
Según el texto del art. 86 de la C.P. Y primero del
decreto 2591 de 1991,, la acción de tutela tiene por objeto derechos
constitucionales fundamentales absolutos, claros, nítidos, y eso no ocurren en
el presente caso en el que se pretende el amparo de algo muy discutible y
sujeto a interpretaciones."
2.  Sentencias Objeto de Revisión
2.1.    La Primera Instancia
El
Tribunal Administrativo de Boyacá, en providencia de Noviembre 30 de 1999,
denegó la acción interpuesta, con base en los siguientes argumentos:
En
efecto, estimó el a-quo que la acción de tutela impetrada no podía ser
utilizada para revivir términos caducados por inercia del titular de los
derechos presuntamente violados, toda vez que la acción fue interpuesta el día
16 de noviembre de 1999 y la elección de la Juez Segundo Civil Municipal de
Duitama ocurrió el 21 de enero de 1999, es decir, diez meses antes de la
interposición de la acción de amparo.
En
opinión del Tribunal, la Ley 14 de 1988, artículo 7, en concordancia con el
artículo 136 numeral 12 del C.C.A., dispone que la acción electoral caduca en
20 días contados a partir del siguiente a aquel en el cual se notifica
legalmente el acto por medio del cual se declare la elección o se haya expedido
el nombramiento de cuya nulidad se trate, por lo que el actor dispone de una
vía judicial para cuestionar la validez del acto de elección y no la acción de
tutela.
Finalmente
expresa el juez de tutela de primera instancia, que el Acuerdo 106 del 21 de
mayo de 1996 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Administrativa, goza de presunción de legalidad, de conformidad con el artículo
66 del C.C.A., por lo que el actor cuenta con otros medios de defensa judicial
para hacer valer sus derechos ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, en la medida en que para el caso concreto no se configura un
perjuicio irremediable.
2.2.    La Impugnación
El
accionante impugnó la decisión anterior dentro de los términos procesales
pertinentes, argumentando que el Decreto 2591 de 1991 no establece, en su
artículo 6º, ninguna de las causales de improcedencia que cita el A-quo, esto
es, de un lado, "la caducidad de otra acción jurisdiccional",
máxime cuando la acción electoral no es procedente para nombramientos de
carrera judicial, tal como la Corte Constitucional lo ha expuesto
reiteradamente. De otro lado, "la presunción de legalidad" del
Acuerdo 106 de 1996, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, para
favorecer a jueces de carrera, desconoce la Ley 270, Estatutaria de Justicia,
tal como lo ha reiterado una vez más la referida Corporación.
Finalmente,
indica el impugnante que en el presente caso, no se solicita la nulidad del
Acuerdo 106 de 1996, sino que el juez de tutela aplique la excepción de
inconstitucionalidad, consagrada en el artículo 4º de la C.P. y en el artículo
12 de la Ley 153 de 1887, pues, la jurisdicción contencioso administrativa no
ha declarado la nulidad del precitado acuerdo, que en su sentir, vulnera en forma
flagrante la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, en lo atinente a la
elección de funcionarios para carrera judicial, ya que el Acuerdo 106 de 1996,
dispone que "los actuales funcionarios y empleados de carrera forman
parte por derecho propio del registro de elegibles para proveer cargos de
carrera de similar categoría y especialidad a aquel en que se encuentran
nombrados".
Cita,
en apoyo de su tesis, la Sentencia T-396 del 4 de agosto de 1998, de esta
Corporación (M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell), donde se inaplicó, para el
caso concreto, por ser manifiestamente inconstitucional el referido acuerdo
proferido por el Consejo Superior de  la Judicatura.
2.3.    La Segunda Instancia
El
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,
mediante providencia de 18 de febrero del 2000, resolvió modificar parcialmente
la providencia impugnada de 30 de noviembre de 1999, y rechazar por
improcedente la acción incoada, con base en las siguientes consideraciones.
En
efecto, en criterio del Ad-quem, el fallo de primera instancia debe ser
modificado para rechazarse por improcedente la acción de tutela, en la medida
en que el actor cuenta con otros medios de defensa judicial, pues, no es la
acción electoral la que procede en el presente asunto, sino la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, la cual se puede ejercitar contra el
acto por medio del cual se nombró a la Dra. María Julia Figueredo Vivas en
propiedad en el cargo de Juez Segundo Civil Municipal de Duitama, y que,
consecuentemente, a título de restablecimiento del derecho, se nombre al actor
en propiedad en el referido cargo. Igual argumento se predica en relación con
la acusación dirigida contra el nombramiento del Juez Primero Promiscuo
Municipal de Ramiriquí.
A
juicio del Consejo de Estado, la acción de tutela no es el mecanismo idóneo
para obtener la protección de los derechos invocados, pues, la acción de amparo
no puede dirigirse para provocar procesos alternos o sustitutivos de los
ordinarios o especiales, ya que su objeto no es otro que brindar a la persona
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, que para
el caso concreto no se encuentran vulnerados o desconocidos.
Finalmente,
estimó el juez de tutela de segunda instancia, que la solicitud del
peticionario, en el sentido de que se inaplique el Acuerdo 106 de 1996 expedido
por el Consejo Superior de la Judicatura, por ser inconstitucional e ilegal, y
por contrariar la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, no es de
recibo ya que la inconstitucionalidad debe ser propuesta directamente por el
actor ante la entidad nominadora y la de ilegalidad a través de la acción
contencioso administrativa pertinente.
II.      CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS
1.
La Materia
La
situación jurídica que genera el caso en estudio, obliga a la Sala a decidir si
es viable que se utilice la acción de tutela como instrumento procesal de
amparo de los derechos fundamentales al trabajo, igualdad, debido proceso y
buena fe, como quiera que, el demandante estima que los Tribunales Superiores
de los Distritos Judicial de Santa Rosa de Viterbo y Tunja, lesionaron sus
derechos fundamentales, al proveer los cargos vacantes de Juez Primero
Promiscuo Municipal de Ramiriquí y de Juez Segundo Civil Municipal de Duitama,
con personas diferentes a quienes integraron la lista de candidatos para elegir
dichas plazas judiciales, conforme al concurso nacional convocado para proveer
cargos de jueces por parte del Consejo Superior de la Judicatura en el año de
1994, cuya vigencia, en la fecha de interposición de la tutela aún se
encontraba en firme, sino que los referidos cargos fueron provistos, a través
de una lista paralela de jueces homologados conformada con base en el Acuerdo
106 de 1996 proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, desconociendo la lista legal de acuerdo a la Ley 270 Estatutaria de
la Administración de Justicia, según la cual el actor ocupó el primero y el
segundo lugar dentro del Registro Nacional de Elegibles para proveer las
vacantes de esos municipios en los cargos de Juez Segundo Civil Municipal de
Duitama y Primero Promiscuo Municipal de Ramiriquí, respectivamente.
2.
La violación del derecho fundamental cuando no se nombra en el orden de la
lista de elegibles, producto de un concurso público de méritos, abierto y
transparente. Reiteración de la Sentencia SU-961 de 1999.
Esta
Corporación en reiterada jurisprudencia[1] ha sostenido, tanto en la
provisión de cargos para la carrera administrativa como en la judicial, que
cuando el ente nominador no se atiene al estricto orden descendente en la lista
de elegibles, o no la toma en cuenta, está desconociendo los derechos
fundamentales de quienes se encuentran en los primeros lugares de la referida
lista o concursaron y se encuentran inscritos en el registro de elegibles
integrado por quienes aprobaron un concurso de méritos convocado, conforme a
las reglas legales que regulan la materia.
En
efecto, en la Sentencia SU-961 de 1999, dijo la Corte, a propósito del tema,
que la decisión de un ente nominador de no elegir a quienes ocupan un lugar en
la referida lista de candidatos, comporta una flagrante violación de sus
derechos a la igualdad, trabajo, debido proceso y acceso a cargos públicos de
sus integrantes.
“Por ello, la Sala Plena debe insistir en la presente
oportunidad, que es de unificación y corrección de jurisprudencia, en que, para
no vulnerar la Constitución Política ni atropellar los derechos fundamentales
de los aspirantes que concursan para desempeñar cargos dentro de la Rama Judicial,
producida una vacante, el nominador está obligado a nombrar al concursante que
obtuvo el primer puesto en la lista de elegibles (resaltado fuera de
texto), reservando a los siguientes para posteriores nombramientos, también en
orden descendente, mientras no se reciba nueva lista del Consejo de la
Judicatura”. (Sentencia SU-133 del 2 de abril de 1998. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
Posteriormente, también en Sentencia de unificación, la
Corte dijo:
“La Constitución de 1991 exaltó el mérito como
criterio predominante, que no puede ser evadido ni desconocido por los
nominadores, cuando se trata de seleccionar o ascender a quienes hayan de
ocupar los cargos al servicio del Estado. Entendido como factor determinante de
la designación y de la promoción de los servidores públicos, con las
excepciones que la Constitución contempla (art. 125 C.P.), tal criterio no podría tomarse como exclusivamente reservado para la provisión de empleos
en la Rama Administrativa del Poder Público, sino que, por el contrario, es,
para todos los órganos y entidades del Estado, regla general obligatoria cuya
inobservancia implica vulneración de las normas constitucionales y violación de
derechos fundamentales.” (Sentencia SU-086 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
En
este mismo sentido se pronunció la Corte en la Sentencia SU-086 de 1999, en
donde la Corporación destacó lo siguiente:
"El mérito, pues, resulta esencial a la carrera y
no puede ser sustituido sino en los casos que contempla expresamente la
Constitución (art. 125) por la libre voluntad del nominador.
“Ese elemento, que supone la eliminación de los
criterios subjetivos como determinantes de los procesos de selección de
personal, fue desarrollado por el legislador, para el caso de la Administración
de Justicia, por la Ley Estatutaria 270 de 1996, cuya exequibilidad fue
declarada mediante Sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996 (M.P.: Dr.
Vladimiro Naranjo Mesa).
“Al respecto, conviene insistir en que por vía de
tutela, aun en sede de revisión, no podría ningún juez, ni siquiera esta Corte,
desconocer lo ya resuelto por la Sala Plena mediante fallo dictado en ejercicio
de las funciones de control de constitucionalidad, menos todavía cuando se
trata de decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada constitucional (art. 243 C.P.).
…
“La Corte condicionó entonces la exequibilidad que
declaraba (numeral 3 de la parte resolutiva de la Sentencia C-037 de 1996) y,
en consecuencia, lo dicho por ella sobre el punto en cuestión resulta
obligatorio, ya que solamente bajo el sentido expuesto se encontró conformidad
entre el precepto examinado y la Constitución. Otra interpretación de aquél se
reputa inconstitucional y, por ende, resulta inexequible, a partir de la
aludida Sentencia” (SU-086/99 M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
En
este mismo sentido, la referida Sentencia dijo lo siguiente, a propósito del
comportamiento de los entes nominadores y el orden de nombramiento de empleados
y funcionarios de la Rama Judicial, sin que sea relevante establecer
distinciones para unos y otros, para efecto del procedimiento de selección. Al
respecto anotó la Sentencia lo siguiente:
“La Corte, al examinar el contenido de la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia, no distinguió entre los conceptos
de lista de elegibles y lista de candidatos. Y no lo hizo por cuanto entendió,
y ahora lo ratifica de modo contundente, que las dos expresiones corresponden
al mismo concepto -número plural de personas entre las que debe escogerse para
el nombramiento o elección- ya que ni la Constitución ni la Ley Estatutaria
introducen distinción entre tales vocablos para darles efectos diversos según
el tipo de función pública que haya de desempeñarse. La única norma que podría
dar lugar al equívoco, la del artículo 162 de dicha Ley, no les otorga
contenido ni efectos jurídicos ni administrativos diferentes. A ninguno de esos
conceptos excluye del concurso ni de la carrera y, por tanto,  interpretando
tal disposición en armonía con las de los artículos 165, 166 y 167 Ibídem, se
tiene que, tanto en lo que respecta a empleados como en lo que toca con
funcionarios de la Rama Judicial, "el nombramiento que se realice deberá
recaer sobre el candidato que encabece la lista de elegibles, esto es, el que
haya obtenido la mayor puntuación.” (SU-086
de 1999 M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
En
este orden de ideas, para la Corte es claro que la provisión de los cargos
vacantes en la carrera judicial, debe hacerse mediante la selección de los
candidatos a través de concurso, sistema que apunta a una finalidad plausible
consistente en garantizar los derechos al trabajo, a la igualdad de
oportunidades, al acceso al desempeño de funciones y cargos públicos,
efectivizando el principio de la buena fe en las relaciones entre las personas
y el Estado, asegurando la prevalencia de los intereses públicos o sociales
sobre los individuales y realizando los principios constitucionales de
igualdad, moralidad, eficacia, eficiencia, celeridad e imparcialidad en el
ejercicio de las funciones públicas. En tal virtud, la acción de tutela, en
opinión de esta Corporación, es sin lugar a dudas, el instrumento de protección
más seguro y eficaz para garantizar la materialización y vigencia de los
aludidos derechos, valores y principios constitucionales.
Ahora
bien, en cuanto a la existencia de otros medios de defensa judicial para
cuestionar los actos administrativos de selección y nombramiento de
funcionarios y empleados de la Rama Judicial, ha sostenido esta Corporación, en
varias de sus sentencias, pero especialmente en la SU-961 de 1999, (M.P. Dr.
Vladimiro Naranjo Mesa), lo siguiente:
"En cada caso, el juez está en la obligación de
determinar si las acciones disponibles le otorgan una protección eficaz y
completa a quien la interpone.  Si no es así, si los mecanismos ordinarios
carecen de tales características, el juez puede otorgar el amparo de dos
maneras distintas, dependiendo de la situación de que se trate. La primera
posibilidad es que las acciones ordinarias sean lo suficientemente amplias para
proveer un remedio integral, pero que no sean lo suficientemente expeditas para
evitar el acontecimiento de un perjuicio irremediable. En este caso será
procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, mientras se resuelve
el caso a través de la vía ordinaria. La segunda posibilidad, es que las
acciones comunes no sean susceptibles de resolver el problema de manera
integral".
Así
las cosas, debe la Corte reiterar, una vez más, que la acción electoral o la
acción contencioso administrativa de nulidad y restablecimiento del derecho,
carecen de eficacia para proveer un remedio judicial integral, cuando no se
atiende rigurosamente el orden de la lista de candidatos conforme al registro
Nacional de Elegibles vigente, o cuando se desconoce flagrantemente la misma
para proveer cargos en la Rama Judicial.
En
tal sentido, y acogiendo la reiterada jurisprudencia de esta Corporación sobre
el tema, resulta claro que las acciones contencioso administrativas no
consiguen, en igual grado que la tutela, el amparo jurisdiccional de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados en los procesos de vinculación
de servidores públicos, cuando ello se hace por concurso de méritos, pues,
muchas veces el agotamiento de dichas acciones implica la prolongación en el
tiempo de su vulneración y no logran la protección del derecho a la igualdad,
ya que, en la práctica ellas tan solo obtienen una compensación económica del
daño causado a través de una indemnización, tal como lo ha advertido esta
Corporación, entre otras, en las Sentencias SU-133 y SU-136 de 1998 (M.P. Dr.
José Gregorio Hernández Galindo) y T-388 de 1998 (M.P. Dr. Fabio Morón Díaz), pues
la reelaboración de las listas de elegibles (cuando inconstitucionalmente se ha
excluido a un aspirante o se le ha incluido en un puesto inferior al que
merece), y, muchas veces, la orden de nombrar a quien verdaderamente tenía el
derecho de ocupar el cargo, resulta tardía, sin que durante el proceso
contencioso administrativo se pueda restablecer el derecho a permanecer en él,
con lo cual se ve seriamente comprometido el derecho, también fundamental, a la
participación en la conformación, ejercicio y control del poder político, bajo
la modalidad de "acceder al desempeño de funciones y cargos
públicos", ello hace que sea la acción de tutela el único medio
judicial de defensa de que dispone quien no le respeta el lugar de ubicación en
la lista de candidatos o inclusive en el concurso mismo.
3.
El caso concreto.
En
el presente evento, observa la Sala, que de conformidad con el acervo
probatorio obrante en el expediente, se desprende que, con la renuncia de sus
titulares, se presentó la vacancia definitiva de los cargos de Juez Segundo
Civil Municipal de Duitama y Primero Promiscuo Municipal de Ramiriquí, lo que
ocasionó la solicitud al Consejo Superior de la Judicatura, del envío del
registro nacional de elegibles para esos municipios, por parte de los
Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de santa Rosa de Viterbo y de
Tunja (folios 10 y 11 del expediente).
Igualmente
aparece acreditado que mediante los Acuerdos Nos. 072 y 075 de 1998, el Consejo
Seccional de la Judicatura de Boyacá, envió con destino a los referidos
tribunales la lista de candidatos, en orden descendente de puntaje total
obtenido, tomado del registro nacional de elegibles, integrado por quienes
aprobaron el concurso de méritos, convocado por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura con fecha 30 de junio de 1994, y que se
venció el 14 de diciembre de 1999. Así mismo figura otra lista paralela, basada
en el Acuerdo 106 de 1996 proferido por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura destinada a proveer exclusivamente, el cargo de Juez
Segundo Civil Municipal de Duitama (folios 63 a 80 expediente). Por su parte, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja solicitó y le fueron finalmente
enviadas, por la misma entidad, las listas correspondientes para nombrar las
vacantes del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Ramiriquí (folios 106 a 109 del expediente).
Observa
la Corte también, que las listas enviadas el 18 y 20 de noviembre de 1998, al
H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo,
proveniente del concurso de méritos, convocatoria 1994 para proveer el cargo de
Juez Segundo Civil Municipal de Duitama, figura el Dr. Santiago Melquicedec
Elorza Toro, en el primer lugar, y el actor de la presente tutela, en el
segundo lugar (folio 82 expediente). Igualmente observa la Corporación en la
lista enviada el 23 de septiembre de 1999, por parte del Consejo Seccional de la
Judicatura de Boyacá al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, para
proveer el cargo de Juez Primero Promiscuo Municipal de Ramiriquí, que el actor
figura en el primer puesto, de acuerdo al puntaje total obtenido en el registro
nacional de elegibles para los cargos de jueces de la República, convocatoria
1994 (folios 83 a 86 expediente).
De
otro lado, observa la Sala, que el día 21 de enero de 1999, en sesión plenaria,
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo procedió a
nombrar en propiedad y mediante el sistema de votación a la Dra. María Julia
Figueredo Vivas, integrante de la lista de jueces escalafonados, proveniente
del Acuerdo 106 de 1996, nombramiento ratificado mediante acuerdo 002 de la
misma fecha. A su vez, obra también en el expediente, que el día 14 de octubre
de 1999, en sesión plenaria, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Tunja, procedió a nombrar en propiedad y mediante el sistema de votación al Dr.
Hugo Fernando Farfán Castro, integrante de la lista de jueces escalafonados
(proveniente del Acuerdo 106 de 1996), nombramiento ratificado mediante acuerdo
027 de la misma fecha (folios 69 y 78 expediente).
Así
las cosas, para la Corte resulta claro que la decisión de nombrar personas
diferentes de los miembros de la lista de elegibles, dentro del concurso
abierto por el Consejo Superior de la Judicatura en 1994, no solamente resulta
contraria a la jurisprudencia de esta Corte sobre el tema, sino a lo dispuesto
por la propia ley 270 de 1996 o Estatutaria de Administración de Justicia,
especialmente lo dispuesto en los artículos 132, 156, 162, 167 y ss. del
referido estatuto.
En
mérito de lo anterior, estima la Corte, que el comportamiento de los organismos
nominadores cuestionados, desconoce los intereses de la administración de
justicia, pues violenta las normas constitucionales y legales sobre el ingreso
a la carrera judicial, al no disponer el nombramiento de quien ocupó el mejor
lugar, en orden descendente dentro del puntaje total obtenido de la lista de
candidatos de acuerdo al Registro Nacional de Elegibles, integrado por quienes
aprobaron efectivamente el concurso de méritos convocado por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura con fecha 30 de junio de
1994, y que se encontraba vigente hasta el 14 de diciembre de 1999, es decir,
con posterioridad al momento en que el demandante en tutela presentó su acción
de amparo.
En
opinión de la Corte, es claro que los nominadores, en el momento de la elección
de las personas que ocuparían los cargos vacantes de Jueces Segundo Civil
Municipal de Duitama y Primero Promiscuo Municipal de Ramiriquí, se inclinaron
por la tesis de darle prelación a la lista de escalafonados, sustentados en el
Acuerdo 106 de 1996 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, desconociendo la lista de elegibles tomada con base en el Registro
Nacional, integrado por quienes habían aprobado el concurso de méritos para
ocupar las vacantes de esos municipios.
La
Corte juzga oportuno recordar, en esta oportunidad, una vez más, que en cuanto
a la constitucionalidad del Acuerdo 106 de 1996, la Sentencia T-396 de 1998,
(M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell), esta Corte ya había advertido que no
puede predicarse que un funcionario escalafonado, forme parte de la lista de
elegibles para la provisión de cargos vacantes sin concursar, pues, en el
evento judicial que en su momento estudio esta Corporación, la Corte inaplicó
por inconstitucional, para el caso concreto, el referido Acuerdo 106 de 1996.
Bajo
este entendimiento, estima la Corte que la interpretación sostenida por los
órganos nominadores resulta lesiva de los derechos del actor, pues no es
cierto, como lo sostuvieron los Tribunales de los Distritos Judiciales de Santa
Rosa de Viterbo y Tunja, que a los referidos funcionarios les fuese aplicable
una suerte de traslado horizontal, pues dicha hermenéutica, se reitera, resulta
gravosa de los derechos fundamentales de quienes ocupan jerárquicamente puestos
en la lista de elegibles dentro del concurso de méritos convocado por el
Consejo Superior de la Judicatura y en cierto sentido sería patrocinar una
burla a un concurso de méritos público, abierto y transparente.
La
Corte estima importante recordar la doctrina jurisprudencial sentada en la
Sentencia T-396 de 1998 (M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell), anotó la Corte lo
siguiente, a propósito de la constitucionalidad del Acuerdo 106 de 1996:
"Las normas del Acuerdo 106 de 1996 introducen
una excepción a la normatividad contenida en la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia sobre la materia, pues regulan una situación
especial, como es la relativa a la permanencia en la lista de elegibles de
personas que ya han sido designadas en un cargo de carrera, cuestión que es
materia propia de la Ley Estatutaria y no del Consejo Superior de la Judicatura
que, aunque tiene facultades para “administrar la carrera judicial” y expedir
actos reglamentarios en esta materia, sólo puede ejercer estas atribuciones de
conformidad con la Constitución y la ley (arts. 256 C.P., 157, 160, 162, parágrafo, 164, parágrafo primero, 165, 174, y normas concordantes de la ley
270/96). No es admisible, por lo tanto, que se pueda expedir un acto
reglamentario no para desarrollar, ejecutar o hacer aplicables los mandatos de
dicha ley estatutaria, sino para regular materias sobre las cuales ella misma
no se ha ocupado.
Es la Ley Estatutaria la que ha determinado en que
condiciones se puede acceder, bajo el sistema de carrera administrativa a un
cargo como funcionario de la carrera judicial, y en ella no se regula una
situación como la prevista en el referido Acuerdo.
En realidad, lo que regula el Acuerdo 106/96 es una
especie de traslado horizontal, diferente a la modalidad de traslado
reglamentada en el art. 134 de la Ley Estatutaria que dice:
“TRASLADO. Se produce traslado cuando se provee un
cargo con un funcionario o empleado que ocupa en propiedad otro de funciones
afines, de la misma categoría y para el cual se exijan los mismos requisitos,
aunque tengan distinta sede territorial. Nunca podrá haber traslado entre las
dos Salas de los Consejos Seccionales de la Judicatura”.
“Procede en los siguientes eventos:
1, Cuando lo decida la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura por razones de seguridad, siempre que ello no
implique condiciones menos favorables para el funcionario y que medie su
consentimiento expreso.”
“En este caso, tendrá el carácter de obligatorio para
los nominadores, de conformidad con el reglamento que al efecto expida la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura”.
“2. Los traslados recíprocos entre funcionarios o
empleados de diferentes sedes territoriales sólo procederán, previa autorización
de la Sala Administrativa de los Consejos Superior o Seccional de la
Judicatura, por razones de fuerza mayor que ésta encontrare plenamente
justificadas”.
“Cuando el traslado deba hacerse entre cargos cuya
nominación corresponda a distintas autoridades, sólo podrá llevarse a cabo
previo acuerdo entre éstas”.
Por lo demás, el art. 132-1 de la referida ley señala
que la provisión de  empleos vacantes definitivamente, se hace en propiedad
luego de superadas todas las etapas del proceso de selección, si el cargo es de
carrera, o mediante el mecanismo del traslado, en las condiciones previstas en
la norma transcrita."
En
este orden de ideas, queda claro entonces, que no es de recibo el argumento
según el cual la discrecionalidad de los entes nominadores, es el único
fundamento de su decisión, ya que según las pautas jurisprudenciales citadas,
quien elige tiene la tarea de excluir, únicamente por razones objetivas,
específicas y excepcionales, a quienes no posean las calidades respectivas para
el cargo que se pretende proveer. Así las cosas, debe la Corte recordar
nuevamente que en materia de carrera judicial, las corporaciones nominadoras
gozan de un margen razonable en la selección, una vez elaborada la lista con
base en los resultados del concurso, pero no para elegir de manera arbitraria o
caprichosa, o inclusive desconocer el concurso mismo, optando por listas
paralelas sin respaldo constitucional y legal, como ocurre en este caso, o
ignorando el orden de las calificaciones obtenidas, sino para excluir
motivadamente y con apoyo en argumentos específicos y expresos a quienes no
ofrezcan garantías de idoneidad para el ejercicio de la función a que aspiran.
Por
otro lado, en cuanto al argumento expuesto por los terceros interesados en los
resultados de esta decisión, quienes intervinieron en el expediente, mediante
memoriales dirigidos a esta Corporación, con el propósito de hacer valer sus
derechos, esto es, los funcionarios judiciales María Julia Figueredo Vivas y
Hugo Fernando Farfán Castro, en el sentido, según el cual, la acción de tutela
resulta inoportuna por haber sido interpuesta varios meses después de la
elección, lo que conlleva una violación de sus derechos fundamentales al
trabajo y a la estabilidad en el cargo, pues no se puede por vía de tutela,
cuestionar la legalidad del Acuerdo 106 de 1996.
Ahora
bien, estima la Corte que no son de recibo los argumentos expresados por los
intervinientes, pues la razonabilidad de la acción de tutela y los derechos
afectados por la decisión, resultan ajenos a este debate en la medida en que
cada caso concreto sometido a la consideración del juez de tutela, éste debe
apreciar las particularidades del evento sub examine. En efecto, esta
Corporación debe precisar que, la oportunidad de la interposición de la tutela
está determinada, tanto en su aspecto positivo como en el negativo, por la
proporcionalidad entre medios y fines, tal como lo estimó esta Corporación en la
Sentencia SU-961 de 1999 (M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).
En
la sentencia referida dijo la Corte que el juez de tutela debe ponderar (juicio
de razonabilidad) una serie de factores en el evento analizado, con el objeto
de establecer, si la acción de tutela es el medio judicial idóneo para lograr
los fines que se buscan, y así determinar si es viable o no su utilización.
La
Corte juzga oportuno recordar lo sostenido en la referida sentencia, en efecto
en la providencia se dijo:
"La razonabilidad en la interposición de la
acción de tutela está determinada, tanto en su aspecto positivo, como en el
negativo, por la proporcionalidad entre medios y fines. En efecto, el juez debe
ponderar una serie de factores con el objeto de establecer si la acción de
tutela es el medio idóneo para lograr los fines que se pretenden y así determinar
si es viable o no.  Dentro de los aspectos que debe considerarse, está el que
el ejercicio inoportuno de la acción implique una eventual violación de los
derechos de terceros.  Para hacerlo, el juez debe constatar: 1) si existe un
motivo válido para la inactividad de los accionantes; 2) si esta inactividad
injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados
con la decisión y 3) si existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de
la acción y la vulneración de los derechos de los interesados.
1)    Si la ineficacia del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho es el motivo por el cual deben ampararse los
derechos de los accionantes en estos casos, no puede concederse la acción de
tutela, cuando no se utiliza para proveer una protección eficaz.  Encuentra la
Corte que en este caso no hay razonabilidad ni correspondencia alguna entre los
fines que se persiguen -obtener el nombramiento- y el medio utilizado -la
acción de tutela ejercida casi tres años después de la aludida
vulneración".
Bajo
esta perspectiva y descendiendo al caso concreto, estima la Corte que en el
evento sub examine, existe razonabilidad y correspondencia entre los fines que
se persiguen -obtener el nombramiento en cualquiera de los cargos de Juez
Segundo Civil Municipal de Duitama o Primero Promiscuo Municipal de Ramiriquí-
y el medio utilizado -la acción de tutela, la cual fue interpuesta el día 16 de
noviembre de 1999, es decir, aún estando en vigencia para los efectos jurídicos
y materiales pertinentes el concurso convocado para proveer esas plazas por
parte del Consejo Superior de la Judicatura, según lo certifica la referida
Corporación, mediante oficio OPT-247 del 2000 de 27 de junio de los corrientes,
dirigido a esta Corte, en atención al Auto de junio 23 del 2000 dictado por el
Magistrado Ponente dentro del expediente de la referencia.
Visto
lo anterior, la Corte observa que el nombramiento de la Dra. María Julia
Figueredo Vivas, por parte del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, se
produjo el día 21 de enero de 1999 (folio 81 del expediente) y la designación
del Dr. Hugo Fernando Farfán Castro, sucedió el 14 de octubre de 1999 (folio
163 expediente). Es decir, la acción de tutela se presentó diez (10) meses
después del primer acto de perturbación y un mes después de la segunda conducta
reiterada de violación de los derechos fundamentales del demandante. Luego, en
el caso concreto, a juicio de la Corte, resulta claro que los entes nominadores
no tuvieron en cuenta la lista de candidatos en dos oportunidades, por lo que
la violación de los derechos del actor se prolongaron en el tiempo, pues, se
reitera, la lista fue ignorada por los tribunales nominadores, el último de los
cuales se produjo un mes antes de que se presentara la acción de tutela.
Es
de anotar, que, conforme lo certificó el Consejo Superior de la Judicatura, la
lista de candidatos tomada del Registro Nacional de Elegibles, del concurso de
méritos realizado por la Sala Administrativa de la referida Corporación caducó
el 14 de diciembre de 1999, y el actor interpuso su acción el 16 de noviembre
de 1999, es decir, cuando aún la referida lista estaba produciendo efectos
jurídicos materiales frente al caso concreto.
Por
lo tanto, en sentir de la Corporación, el demandante goza de la posibilidad de
hacer valer los puestos que ocupa en la referida lista, sin que ello afecte los
derechos de terceros, pues quienes ocupan actualmente los cargos de Juez
Segundo Civil Municipal de Duitama y Primero Promiscuo Municipal de Ramiriquí,
lo hacen sin título legítimo válido, por lo que los tribunales demandados
tienen que retrotraer toda la actuación hasta el momento anterior a la
designación de los cargos vacantes en los referidos juzgados. En consecuencia
en la parte resolutiva de esta providencia, la Corte ordenará que los aludidos
entes nominadores procedan, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes
a la notificación de esta providencia a designar al actor Miguel Antonio
Flechas Rodríguez, a su elección, en el cargo de Juez Segundo Civil Municipal
de Duitama o Primero Promiscuo Municipal de Ramiriquí, como quiera que el
referido demandante ocupó el primer lugar en la lista de candidatos, conforme
al Registro Nacional de Elegibles (folios 93 y 94), vigente para esos
municipios de acuerdo al concurso de méritos convocado por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de fecha 30 de junio de
1994.
En
mérito de lo expuesto, se revocarán las sentencias de tutela de primera y
segunda instancia, no sin antes advertir que la conducta de los entes
nominadores de desconocer la lista de elegibles integrada por quienes aprobaron
el concurso de méritos para ocupar los cargos vacantes de jueces, vulneró los
derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso, a la igualdad, y de la
buena fe y el acceso a cargo público dentro de la Rama Judicial.
Por
último, en opinión de la Corte, la lista paralela basada en el Acuerdo 106 de
1996, proferida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura o de Acuerdos similares o equivalentes, introduce una excepción a la
normatividad contenida en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia
sobre la materia, pues regulan una situación especial, como es la relativa a la
permanencia en la lista de elegibles de personas que se encuentran vinculadas a
un cargo de carrera, cuestión que es materia propia de la ley estatutaria y no
del Consejo Superior de la Judicatura, que, aunque tiene facultades para "administrar
la carrera judicial" y expedir actos reglamentarios en esa materia,
sólo puede ejercer esas atribuciones de conformidad con la Constitución y la
ley (artículo 250 C.P., 157, 160, 162 par. 164 par. 1º., 165, 174 y normas
concordantes de la ley 270 de 1996).
Así
las cosas, resulta claro, que no puede aceptarse que los Dres. Hugo Fernando
Farfán Castro y María Julia Figueredo Vivas, formaran parte de la lista para
proveer los cargos de Juez Segundo Civil Municipal de Duitama y Primero
Promiscuo Municipal de Ramiriquí, ni mucho menos que les fuere aplicable la
previsión legal relativa al traslado de funcionarios o empleados en la Rama
Judicial, porque, en realidad lo que regula el Acuerdo 106 de 1996 es una
especie de traslado horizontal, diferente a las modalidades del traslado por
razones del servicio reglamentado en el artículo 134 de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia. Por lo tanto, en criterio de la Corporación, los
referidos funcionarios judiciales, no tenían derecho a ser incluidos en una
lista de homologables para proveer los cargos referidos, ni mucho menos para
ser nombrados en propiedad, como efectivamente ocurrió por parte de los entes
nominadores.
Por
último, la Corte juzga oportuno recordar que el Honorable Consejo de Estado,
mediante providencia de 16 de marzo del 2000 de la Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda Subsección A, M.P. Dr. Nicolás Pájaro
Peñaranda, decidió declarar la nulidad del Acuerdo 106 de 1996, proferido por la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras razones,
porque, en criterio de esa alta Corporación, la carrera judicial se basa en el
carácter profesional de funcionarios y empleados, en la eficiencia de su
gestión, en la garantía de igualdad en las posibilidades de acceso a la función
para todos los ciudadanos aptos al efecto y en la consideración del mérito como
fundamento principal para el ingreso, la permanencia y la promoción en el
servicio.
A
juicio del H. Consejo de Estado, no es posible extender los efectos del
concurso que habilitó para ser nombrado en un cargo de carrera de la rama
judicial, más allá del respectivo nombramiento, pues, con éste, se consuman y
agotan las consecuencias jurídicas de haber salido avante en aquel, dado que a
partir de la vinculación, los derechos que se generan son los de permanencia y
promoción, en los términos de la ley, o sea, a no ser removidos sino por las causas
y mediante los procedimientos previamente establecidos, y a la posibilidad de
participar en los concursos, para ocupar los cargos de mayor nivel.
Así
las cosas, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
estimó que el Acuerdo violó los artículos 13 y 125 de la C.P. y 156, 162, 164 y
165 de la Ley 270 de 1996, pues, no solo infringió el derecho a la igualdad,
sino que soslayó el cumplimiento de normas constitucionales y legales sobre el
concurso público que debe llevarse a cabo para el nombramiento de los cargos de
la carrera judicial.
En
consecuencia, se revocarán las sentencias de tutela proferidas por el Consejo
de Estado y por el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá, de fechas 30
de noviembre de 1999 y 18 de febrero del 2000, que negaron la tutela impetrada
y se dispondrá, en su lugar, que las cosas vuelvan al estado anterior, esto es,
al momento de la designación y nombramiento de los titulares de los Juzgados
Segundo Civil Municipal de Duitama y Primero Promiscuo Municipal de Ramiriquí.
III.
DECISIONEn mérito de lo expuesto, la
Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.
- REVOCAR las sentencias proferidas
por el Consejo de Estado y por el Tribunal Contencioso Administrativo de
Boyacá, de fechas 30 de noviembre de 1999 y 18 de febrero del 2000, que negaron
la tutela impetrada.
Segundo.-
CONCEDER la tutela de los derechos
fundamentales al trabajo, al debido proceso, al ejercicio de funciones y cargos
públicos, y al ingreso a la carrera judicial en condiciones de igualdad, así
como al principio constitucional de la buena fe del demandante Manuel Antonio
Flechas Rodríguez. En consecuencia, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta providencia, los Tribunales Superiores de
Santa Rosa de Viterbo y Tunja, deberán designar al actor, conforme a su
elección, en cualquiera de los cargos de Juez Segundo Civil Municipal de Duitama
o Juez Primero Promiscuo Municipal de Ramiriquí.
Tercero.-
Ordenar que los Tribunales Superiores
de Santa Rosa de Viterbo y Tunja, adopten las medidas del caso para restablecer
las cosas al estado que tenían cuando se presentó la designación y nombramiento
de los titulares de los Juzgados Segundo Civil Municipal de Duitama y Primero
Promiscuo Municipal de Ramiriquí, no sin antes prevenir a los aludidos órganos
nominadores, que no pueden dejar de aplicar, hacia el futuro, la lista de
candidatos en orden descendente, conforme al puntaje total obtenido, de acuerdo
al Registro Nacional de Elegibles, que envíe el Consejo Superior de la
Judicatura para proveer las vacantes que se presenten en los municipios
pertenecientes a sus distintos distritos judiciales, así como nombrar personas
inscritas en listas paralelas basadas en el Acuerdo 106 de 1996 o acuerdos
similares proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura.
Cuarto.
Por Secretaría General, líbrense las
comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Expediente
No. T-304617
Vienen
firmas...
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Auto
084/00
Referencia: expedientes T-304617
Solicitud de Nulidad de la Sentencia
T-963 del 2000
Magistrado Ponente:
Dr. FABIO MORON DIAZ
Bogotá,
D.C., septiembre trece (13) del año dos mil (2000).
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados, Antonio
Barrera Carbonell, Alfredo Beltrán Sierra, Martha Victoria Sáchica de
Moncaleano, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro
Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz, Vladimiro Naranjo Mesa y Alvaro Tafur
Galvis, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, ha
pronunciado el siguiente auto en el incidente de nulidad contra la Sentencia
T-963 del 2000.
I.
Fundamentos de la Petición de Nulidad
Mediante
escrito presentado el día dieciocho (18) de agosto del 2000, la ciudadana María
Julia Figueredo Vivas, solicita a la Sala Plena de la Corporación declarar la
nulidad de la Sentencia de revisión T-963 del 2000 proferida en julio 21 del
2000, por la Sala Séptima de Revisión de Tutelas[2], por cuanto, según su
parecer, la mencionada sentencia, modificó la jurisprudencia de la Corte
Constitucional especialmente algunas decisiones relacionadas con el
nombramiento de funcionarios judiciales, ya que la sentencia referida
desconoció la Sentencia SU-961 de 1999, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, provocándole un perjuicio irremediable en la medida en que desconoció actos
administrativos dictados por los Tribunales Superiores de Santa Rosa de Viterbo
y de Tunja.
En
efecto, aduce que:
"... producido el acto administrativo de su
nombramiento en propiedad como Juez Segundo Civil Municipal de Duitama, siguió
laborando en su cargo. Por lo tanto, en razón de ser nombrada en propiedad y
condiciones a tal acto, presenté renuncia como JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE PAIPA. Cargo
este que posteriormente fue provisto, por el mismo sistema de elección que se
dio mi nombramiento, y para el que también hizo parte de la lista integral de
aspirantes el Dr. FLECHAS RODRIGUEZ. Lista igualmente integrada por aspirantes
de concurso y funcionarios escalafonados; pero para el que tampoco fue elegido
el aquí tutelante. Así las cosas, los nombramientos efectuados por el Tribunal
Superior de Santa Rosa se dieron de la misma forma. Desconozco cómo se hicieron
los nombramientos en el Tribunal Superior de Tunja, al cual pertenece el Dr.
JUEZ PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE RAMIRIQUI. Lo que sí sé, es que dicho
nombramiento tuvo lugar mucho tiempo después que el mío.
... Pasó entonces, un considerable tiempo, se hicieron
otros nombramientos que a su vez generaron otros, sin que el DR. MANUEL FLECHAS
RODRIGUEZ planteará inconformidad alguna, ni manifestara sentirse lesionado en
sus derechos. A ciencia y paciencia dejó que se generaran los distintos
nombramientos y movimientos de funcionarios de carreras, sin pronunciarse.
Consideró que no puede quedar el vilo, sin definición en el tiempo, ni a
capricho del accionante la oportunidad en el término para accionar en tutela.
Esta acción, conforme al art. 86 de la C.N., es para proteger derechos
constitucionales fundamentales, no para revivir términos, ni para salvar la
incuria, morosidad o falta de vigilancia y diligencia de las personas; máxime
si son profesionales del derecho, dedicados al litigio, que se supone conocen
la ley, como debía conocerla el Dr. MANUEL FLECHAS RODRIGUEZ.
Tampoco puede desconocerse que la ley le daba otros
medios de defensa judicial, como son las acciones por la vía contencioso
administrativa, incluso la misma acción de tutela, según el criterio de la
Honorable Corte; para demandar los nombramientos, incluso el mío, pero debió
hacerlo en tiempo. Sin embargo, es evidente su omisión, su inactividad; y
ahora, en premio a su incuria, se le concede a su voluntad por vía de tutela la
posibilidad de ser nombrado por dos tribunales. Se desconoce así la
razonabilidad del término transcurrido y se afecta gravemente derechos de
terceros. Los mismos derechos que se le protegen al petente, se me afectan con
el fallo y se afectan los mismos derechos de otros funcionarios nombrados en
los cargos que se generaban vacantes. Reitero, por considerarse válidos los
nombramientos hechos y por la acción EVIDENTEMENTE TARDIA del petente frente a
mi nombramiento.
Muy seguramente, el proceder del H. Tribunal Superior
de Santa Rosa de Viterbo, y el mío, habría sido otro si el mencionado Dr.
FLECHAS se pronuncia oportunamente. Sería ingenuo pensar que estando interesado
en el nombramiento, no se enteró de la elección hecha en mi  favor. Sin duda
alguna, tuvo conocimiento de mi nombramiento, el mismo día en que se produjo.
Es el aspirante el que debía estar pendiente de lo que aconteciera. Por qué
premiar entonces su extemporaneidad?. Por qué avalarle que haya esperado a que
me posesionara en el actual cargo, que presentara renuncia como Juez Civil
Municipal de Paipa, que se nombrara en este, y se generaran otros movimientos,
que estuviéramos a escasos tres días de expirar la vigencia de las listas del
concurso, para ahí si, sin medir el perjuicio frente a terceros, casi un año
después presentara petición de tutela?. Acaso la misma Corte Constitucional no
ha establecido un límite en el tiempo para el ejercicio de la acción de
tutela?. Se tiene en cuenta un criterio en un caso y otro distinto frente a
otro caso para establecer dicho límite, dicha razonabilidad del término?. Si
fuese así, permanecerían indefinidos en el tiempo cualquier nombramiento, y
cualquier integrante de la lista, sin interesar que no sea el del primer lugar
podría accionar en cualquier momento, obteniendo apoyo a acciones que perdió
por dejar precluir los términos, pero que son perfectamente eficaces para
restablecer el derecho y su perjuicio si es que en gracia de discusión,
eventualmente se aceptara que se causó. Pienso que la Corte da trato igual para
todos los casos, por eso, debe aplicarse en mi favor su misma jurisprudencia de
la Plenaria.
... El Dr. FLECHAS RODRIGUEZ, también hizo parte de
otras listas de elegibles, dadas para otros nombramientos por el Tribunal S. de
Santa Rosa de Viterbo y para nombramientos de jueces por el T.S. de Tunja. No
fue nombrado por razones que desconozco y que hacen parte de las plenarias de
las Corporaciones nominadoras. No sólo en los dos cargos que demandó. Por qué
entonces por vía de tutela se ordena retrotraer los efectos de los actos
administrativos comentados y dados en épocas distintas, en circunstancias
diversas y por distintos tribunales?. Por qué se identifican los dos
nombramientos demandados, si los actos administrativos difieren totalmente en
sus circunstancias; aunque en el fallo se unifiquen y el petente
habilidosamente así lo plantee?. No respetados Doctores. No se puede resolver
igual la situación frente al cargo que ocupo, con relación al de Juez Primero
promiscuo Municipal de Ramiriquí. El hecho que se haya accionado bajo un mismo
escrito, no le resta para nada las diferencias del uno y del otro.
Algunas de las diferencias de los dos nombramientos
tutelados se resumen así:
... Mi nombramiento tuvo lugar en plenaria en la que
se votó por cada uno de los integrantes de la lista de aspirantes, tanto los
escalafonados como los de concurso y de acuerdo con la lista enviada por el
C.S. de la Judicatura de Tunja. Todos  tuvimos en relación al JUZGADO SEGUNDO
CIVIL MUNICIPAL DE DUITAMA, la misma oportunidad de votación. Yo obtuve el
mejor número de votos, por eso se me nombró en propiedad y ocupo el cargo.
... Mi nombramiento tuvo lugar el día veintiuno de
enero de 1999 y para entonces ya me desempeñaba en el cargo. El nombramiento de
Juez Primero promiscuo Municipal de Ramiriquí lo efectuó otro tribunal: el del
D.J. de Tunja, el día catorce de octubre de 1999. Así las cosas, para el
momento en que se accionó en tutela, yo llevaba diecisiete meses en el cargo,
lo cual no acontece frente al otro cargo cuyo nombramiento se tutela.
.... Para el caso de Juez Segundo Civil Municipal de
Duitama, el accionante Dr. MANUEL FLECHAS R., no ocupaba el primer lugar en la
lista de aspirantes, por orden descendente de méritos. En cambio, para el cargo
de Juez Primero Promiscuo Municipal de Ramiriquí, si ocupaba el primer lugar.
Por lo tanto, no estaba legitimado para demandar tutela frente a mi cargo. Como
no era el primer lugar, de aceptarle a él la tutela, debería entonces
aceptársele a cualquiera de los miembros de la lista, sin hacer diferencia el
lugar o posición en que se encontraban.
En tal orden de ideas, como valoraran sus Señorías, no
puede darse la misma decisión, ni solución por la Honorable Corte
Constitucional frente a los dos nombramientos. Reitero, una es la situación y
época del nombramiento para mi cargo como JUEZ SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE
DUITAMA y otra la situación y época del nombramiento del Sr. Juez Promiscuo
Municipal de Ramiriquí. Así se evidencia en el expediente de tutela, y desde un
comienzo lo plantee en cada una de las instancias agotadas en el trámite."
II.
La  Sentencia  T-963 de julio 21 del 2000, cuya nulidad se pretende.
La
Corte Constitucional a través de la Sentencia T-963 de 2000, resolvió revocar
las providencias dictadas por el Consejo de Estado y el Tribunal Contencioso
Administrativo de Boyacá, de fechas 30 de noviembre de 1999 y 18 de febrero del
2000, respectivamente, que negaron la tutela impetrada por Manuel Antonio
Flechas Rodríguez.
En
efecto la Sala Séptima de Revisión consideró en el evento examinado que de
conformidad con el acervo probatorio obrante en el expediente, se desprendió
que, con la renuncia de sus titulares, se presentó la vacancia definitiva de
los cargos de Juez Segundo Civil Municipal de Duitama y Primero Promiscuo
Municipal de Ramiriquí, lo que ocasionó la solicitud al Consejo Superior de la
Judicatura, del envío del registro nacional de elegibles para esos municipios,
por parte de los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Santa
Rosa de Viterbo y de Tunja (folios 10 y 11 del expediente).
Igualmente
apareció acreditado que mediante los Acuerdos Nos. 072 y 075 de 1998, el
Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá, envió con destino a los referidos
tribunales la lista de candidatos, en orden descendente de puntaje total
obtenido, tomado del registro nacional de elegibles, integrado por quienes
aprobaron el concurso de méritos, convocado por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura con fecha 30 de junio de 1994, y que se
venció el 14 de diciembre de 1999. Así mismo figura otra lista paralela, basada
en el Acuerdo 106 de 1996 proferido por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura destinada a proveer exclusivamente, el cargo de Juez
Segundo Civil Municipal de Duitama (folios 63 a 80 expediente). Por su parte, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja solicitó y le fueron finalmente
enviadas, por la misma entidad, las listas correspondientes para nombrar las
vacantes del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Ramiriquí (folios 106 a 109 del expediente).
Juzgó
la Corte también, que las listas enviadas el 18 y 20 de noviembre de 1998, al
H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo,
proveniente del concurso de méritos, convocatoria 1994 para proveer el cargo de
Juez Segundo Civil Municipal de Duitama, figura el Dr. Santiago Melquicedec
Elorza Toro, en el primer lugar, y el actor de la presente tutela, en el
segundo lugar (folio 82 expediente), pero que el primero en la lista no ocupó
el cargo, luego el segundo pasó a ser primero por orden descendente de la
misma. Igualmente observó la Corporación en la lista enviada el 23 de
septiembre de 1999, por parte del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá
al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, para proveer el cargo de
Juez Primero Promiscuo Municipal de Ramiriquí, que el actor figura en el primer
puesto, de acuerdo al puntaje total obtenido en el registro nacional de
elegibles para los cargos de jueces de la República, convocatoria 1994 (folios 83 a 86 expediente).
De
otro lado, observó la Sala, que el día 21 de enero de 1999, en sesión plenaria,
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo procedió a
nombrar en propiedad y mediante el sistema de votación a la Dra. María Julia
Figueredo Vivas, integrante de la lista de jueces escalafonados, proveniente
del Acuerdo 106 de 1996, nombramiento confirmado mediante acuerdo 002 de la
misma fecha. A su vez, obra también en el expediente, que el día 14 de octubre
de 1999, en sesión plenaria, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Tunja, procedió a nombrar en propiedad y mediante el sistema de votación al Dr.
Hugo Fernando Farfán Castro, integrante de la lista de jueces escalafonados
(proveniente del Acuerdo 106 de 1996), nombramiento ratificado mediante acuerdo
027 de la misma fecha (folios 69 y 78 expediente).
III.
Consideraciones de la Corte
1.
Competencia
Corresponde
a la Sala Plena de esta Corporación, resolver si la Sentencia T-963 del 2000,
puede ser anulada o no, según lo dispone el artículo 49 del Decreto 2067 de
1991.
2.
La Materia
En
diversos autos y sentencias esta Corporación[3] ha estimado que la
nulidad de una sentencia de la Corte Constitucional reviste un carácter
extraordinario y especial, por lo que la petición de nulidad de una providencia
emanada de una Sala de Revisión de la Corte, debe precisar la razón  en virtud
de la cual ella se estima procedente, pues se trata de un requisito
inexcusable, si se tiene en cuenta que sólo excepcionalmente las sentencias de
revisión pueden ser revocadas por la Sala Plena, en el hipotético caso de que
ellas modifiquen la jurisprudencia de la Corte.
En
efecto, en auto de fecha 5 de junio de 1997, la Sala consideró:
“…
“Razones de seguridad jurídica y de efectiva
prevalencia de los postulados y valores consagrados en la Carta Política
aconsejan que los dictados de la Corte, guardiana de su integridad y
supremacía, gocen de una estabilidad superlativa, a menos que se demuestre a
plenitud su palmaria e indudable transgresión a las prescripciones del Estatuto
Fundamental.
“Es por ello que la propia Carta ha consagrado, como
institución diferente a la cosa juzgada común, que cobija los fallos
proferidos por los jueces en las demás jurisdicciones, la cosa juzgada
constitucional, que otorga a las sentencias de la Corte un especialísimo
nivel dentro del sistema jurídico.
“También por esos motivos, como ya lo ha destacado la
jurisprudencia, las normas vigentes confieren a las nulidades de los procesos
que se llevan en la Corte Constitucional un carácter extraordinario, "por
lo cual deben ser interpretadas y aplicadas de manera restrictiva, sin lugar a
extensiones ni analogías" (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Auto del
27 de junio de 1996. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
“……
“La Corte ha señalado, a la vez, que la extraordinaria
posibilidad expuesta no significa que exista un recurso contra las sentencias
dictadas por su Sala Plena o por sus salas de revisión, pues ello está
expresamente excluído en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991.”
De
otro lado, también ha sido criterio de esta Corte que el cambio de
jurisprudencia debe ser expreso, en virtud de la autonomía interpretativa del
juez, por lo que, en el mismo auto la Sala Plena de la Corte agregó que:
“De otro lado, el concepto de "cambio de
jurisprudencia" únicamente tiene lugar bajo el supuesto indispensable de
que, en realidad, hay jurisprudencia en vigor, esto es, en el entendido
de que las decisiones anteriores han dejado tras de sí un sustrato de
interpretación judicial que permite inferir criterios mínimos de alguna manera
reiterados por la Corte en cuanto al alcance de las normas constitucionales
aplicables y en lo relativo a la solución de controversias planteadas en los
mismos términos.
“…..
“En efecto, resulta indispensable la continuidad de
unos criterios jurídicamente relevantes, con arreglo a los cuales se haya venido
resolviendo, bajo directrices que implican la concreción de postulados,
principios o normas que se reflejan de la misma manera en casos similares,
razón por la cual el cambio de jurisprudencia se produce cuando, al modificarse
la forma de interpretar el sistema jurídico, se resuelve en un nuevo proceso,
con características iguales a las de los precedentes, de modo contrario o
diverso.
“Esto último no puede obedecer al mero capricho del
juez, ni al voluntario olvido del reiterado sentido que, bajo los mismos
supuestos, se ha venido dando a decisiones judiciales sobre hechos similares.
“Si así fuera, desaparecerían las reglas mínimas
inherentes a la certidumbre de los asociados sobre el alcance de las normas
jurídicas que regulan sus relaciones y se rompería, desde luego, el derecho a
la igualdad.”  (Cfr.  Auto de junio 5
de 1997.  M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
En
este orden de ideas, la Sala estima necesario reiterar la jurisprudencia, según
la cual la nulidad de una sentencia de la Corte Constitucional posee un
carácter  extraordinario.
3.
El debido Proceso y el Caso Concreto
En
el presente caso, a juicio de la Sala Plena, la fundamentación contenida en el
escrito mediante el cual se solicita la nulidad incluye razones que esta
Corporación comparte, la cual, desde luego, difiere de las aceptadas, en su
momento por la Sala Séptima de Revisión. En criterio de la Corte, las
motivaciones invocadas por la peticionaria conducen a concluir en la violación
del debido proceso y del derecho a la igualdad en el trato por parte de la Sala
de Revisión al dictar la Sentencia atacada.
Observa
la Sala que efectivamente los nombramientos tuvieron lugar en diferentes épocas
ya que la designación de los cargos de Juez Segundo Civil Municipal de Duitama
y de Promiscuo Municipal de Ramiriquí se efectuaron, el primero el día 21 de
enero de 1999, y el segundo, el día 14 de octubre de 1999 por los referidos
entes nominadores. Por lo tanto, para el momento en que se accionó en tutela
por parte del Dr. Flechas Rodríguez, la solicitante llevaba 10 meses en el
cargo, lo que no aconteció frente al destino judicial de Ramiriquí, quien
apenas contaba con un mes y medio en su designación.
De
otra parte, también se observa conforme al acervo probatorio obrante en el
expediente que para el caso del Juez Segundo Civil Municipal de Duitama, el
accionante no ocupaba el primer lugar en la lista de aspirantes por orden
ascendente de méritos, pese a que el primero en la lista no ocupó en cargo por
el que concursó y el actor se encontraba en el segundo lugar en orden
descendente en la misma, mientras que, para el cargo de Juez Primero Promiscuo
de Ramiriquí si ocupaba el primer lugar.
Estima
la Corporación que en el caso concreto, la Sala Séptima de Revisión no dio
efectiva aplicación a la jurisprudencia vertida en la Sentencia SU-961 de 1999 M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, en cuanto a la oportunidad de la interposición de la acción de
tutela, como quiera que los fines que se perseguían -obtener el nombramiento en
cualquiera de los cargos de Juez Segundo Civil Municipal de Duitama o Primero
Promiscuo Municipal de Ramiriquí, y el medio utilizado - acción de tutela-
resulta irrazonable y desproporcionado como lo califica, en casos similares, la
Sentencia de Unificación de Jurisprudencia que se ha citado.
En
efecto, de acuerdo a como obra en el expediente, la Corte observa que el
nombramiento de la Dra. María Julia Figueredo Vivas, por parte del Tribunal
Superior de Santa Rosa de Viterbo, se produjo el día 21 de enero de 1999 (folio
81 del expediente) y la designación del Dr. Hugo Fernando Farfán Castro,
sucedió el 14 de octubre de 1999 (folio 163 expediente). Es decir, la acción de
tutela se presentó diez (10) meses después del primer acto de perturbación y un
mes después de la segunda conducta reiterada de violación de los derechos
fundamentales del demandante. Luego, en el caso concreto, a juicio de la Corte,
resulta claro que la Sala de Decisión, se apartó de los criterios vertidos en la
Sentencia SU-961 de 1999, en cuanto a la oportunidad de la tutela.
Visto
lo anterior, observa la Corte que la decisión judicial recurrida constituyó un
cambio de jurisprudencia sin la intervención de la Sala Plena, porque hubo
inaplicación de los criterios sobre oportunidad en la interposición del recurso
de amparo, elaborados por esta Corte en materia de proporcionalidad y de
prontitud en la interposición de la tutela, ya que, en esta ocasión, la Corte
sólo analizó algunos de los factores (juicio de razonabilidad) con el objeto de
establecer si la acción de tutela era o no el medio judicial idóneo para buscar
los fines que se perseguían, y así determinar si era viable o no su
utilización.
Por
lo tanto, la Sala Plena de esta Corporación recordará nuevamente el criterio
expuesto en el auto de 3 de junio de 1998 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero, en cuanto al alcance de la solicitud de nulidad contra las sentencias de
tutela emanadas de esta Corporación.
En
efecto, expuso la Corte:
“…. en concordancia con todo lo anterior, la Corte
debe recordar que las solicitudes de nulidad no son un recurso contra las
sentencias de esta Corporación pues éstas gozan de cosa juzgada constitucional
y son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y para los
particulares (C.P. art. 243).  Por ello, la nulidad sólo puede provenir de
irregularidades procesales de tal magnitud que constituyan una manifiesta vía
de hecho que haya tenido una consecuencia evidente y decisiva sobre el sentido de
la decisión tomada por la Corte.”
En
consecuencia, se concluye que en el caso concreto hubo cambio de jurisprudencia
sin la intervención de la Sala Plena, lo que configura una violación del debido
proceso en la Sentencia objeto de nulidad, por lo cual tiene lugar la
pretensión de la ciudadana María Julia Figueredo Vivas, en cuanto a la nulidad
de la Sentencia T-963 del 2000 proferida por la Sala Séptima de Revisión, en la
medida en que se desconocieron los criterios vertidos en la Sentencia SU-961 de
1999 (M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).
IV. Decisión
Con
base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,
RESUELVE:
Primero.-
Decretar la nulidad de la sentencia
T-963/2000, proferida por la Sala Séptima de Revisión. En consecuencia, se
retrotraerán todas las actuaciones adelantadas como consecuencia del fallo, y
se reiniciará nuevamente el estudio del expediente T-304617.
Segundo.-
Ordénese, por la Secretaría General
de esta Corte, al Tribunal Administrativo de Boyacá, la devolución del
expediente de la referencia cuyo actor es Manuel Antonio Flechas Rodríguez,
contra los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Santa Rosa de
Viterbo y Tunja.
Tercero.-
Contra esta providencia no procede
recurso alguno.
Cópiese,
comuníquese, notifíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
FABIO MORON DIAZ
Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
ALFREDO BELTRAN
SIERRA
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO
HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
VLADIMIRO
NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SACHICA DE MONCALEANO
Magistrada (E)
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
IVAN ESCRUCERIA
MAYOLO
Secretario General (E).
[1] SU-086 de 1999, SU-133 de 1998, T-03 de 1992 M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo, SU-961 de 1999 M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
[2]  Integrada por los
HH.MM  Fabio Morón Díaz -quien actuó como ponente-, Vladimiro Naranjo Mesa y
Alvaro Tafur Galvis.
[3] Auto  3 de junio/98. MP
Dr. Alejandro Martínez Caballero
Auto 30 de junio/98  MP Dr. Fabio Morón Díaz
Auto  5 de junio/92   MP Dr. José Gregorio Hernández Galindo
Auto  27 de junio/96 MP José Gregorio Hernández Galindo