C-645-12
Sentencia C-645/12
Sentencia
C-645/12
BENEFICIO DE REBAJA DE LA
PENA EN CASOS DE FLAGRANCIA-Debe
extenderse a todas las oportunidades procesales en las que el sorprendido en
flagrancia se allane a cargos y suscriba acuerdos con la
Fiscalía General de la Nación
La Corte
Constitucional
entonces declara exequible el parágrafo del artículo 57 de la
Ley 1453 de 2011, mediante el cual fue modificado el artículo 301 de la
Ley 906 de 2004, en el entendido de que la disminución del beneficio punitivo
en una cuarta (1/4) parte allí consagrado, debe extenderse a todas las
oportunidades procesales en las que es posible allanarse a cargos y suscribir
acuerdos con la Fiscalía General de la
Nación, respetando los parámetros inicialmente establecidos por el legislador
en cada uno de esos eventos donde se permite la discrecionalidad por parte de
los operadores judiciales. Al respecto, es imperativo resaltar que la aplicación en sentido
amplio de la norma demandada, respete los parámetros originalmente establecidos
en la Ley 906 de 2004, cuando la terminación anticipada del proceso ocurra en
una etapa distinta a la formulación de la imputación, y reconozca el margen que
le es propio tanto a la Fiscalía para poder negociar, como al juez para fijar
discrecional pero razonadamente la pena acorde con la efectividad que para la
investigación y la economía procesal brinde el imputado o acusado.
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y
suficiencia
PRINCIPIO PRO ACTIONE EN
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Aplicación/PRINCIPIO PRO ACTIONE EN DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Aplicación/PRINCIPIO PRO ACTIONE EN DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Examen de los requisitos no debe ser sometido a un
escrutinio excesivamente riguroso y debe preferirse una decisión de fondo antes
que una inhibitoria/ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Rigor en el
juicio al examinar demanda no puede convertirse en un método tan estricto que
haga nugatorio el derecho de los ciudadanos
NORMA LEGAL-Admisión de interpretaciones distintas/SENTENCIA DE
CONSTITUCIONALIDAD INTERPRETATIVA O CONDICIONADA-Alcance/CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD EN FORMA INDIRECTA-Alcance
A
veces los textos legales admiten interpretaciones distintas, y algunas de ellas
pueden ser contrarias a la
Constitución. Una primera vía por medio de la cual esta Corte se ve obligada a
controlar –en forma indirecta- la constitucionalidad de ciertas
interpretaciones es entonces cuando uno de esos textos es demandado por un
ciudadano, puesto que no puede el juez constitucional expulsarlo del
ordenamiento, por cuanto el artículo acusado admite ciertas interpretaciones
constitucionales, pero tampoco puede la
Corte declararlo exequible en forma pura y simple, por cuanto estaría
legitimando ciertos entendimientos del mismo contrarios a la
Carta. En esos eventos, la única alternativa es recurrir a una sentencia
interpretativa o condicionada, y declarar exequible el texto legal, pero
expulsando del ordenamiento el entendimiento de ese texto que resulta contrario
a la Carta.
DOCTRINA DEL DERECHO
VIVIENTE-Jurisprudencia
Constitucional/DOCTRINA DEL DERECHO VIVIENTE-Alcance
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD DE INTERPRETACION LEGAL-Criterio determinante
La Corte estima que el
criterio determinante para establecer la constitucionalidad o la
inconstitucionalidad de una específica interpretación de la ley no es la
existencia de otra interpretación legal, sino su comparación directa con la
Constitución, comparación que no se puede evadir y menos tratándose de una
interpretación de los jueces, pues, en tal evento el actor se debe esmerar por
presentar fuertes razones de contradicción con la
Carta y demostrar que el significado judicialmente atribuido es, en sí mismo y
no por referencia a otro significado, tan arbitrario e irrazonable que no cabe
conciliarlo con la autonomía y la independencia de los jueces.
POTESTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA
PENAL-Límites
DERECHOS FUNDAMENTALES-Orientan y determinan el alcance del derecho penal
CONSTITUCIONALIZACION DEL DERECHO PENAL EN MATERIA
SUSTANTIVA Y PROCEDIMENTAL-Jurisprudencia
constitucional/IUS PUNIENDI-Límite
LIBERTAD DE
CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PENAL-Sujeción a límites
relacionados con el respeto de los derechos de los asociados y demás valores y
principios superiores
PRINCIPIO DE
LEGALIDAD PENAL-Contenido y
alcance
PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL-Sentido
amplio
Se puede afirmar que el
principio de legalidad, desde un sentido amplio, conlleva que una medida
legislativa, incluso permisiva, protectora o garantizadora, que afecte derechos
fundamentales debe estar prevista en una norma jurídica, no sólo emanada del
organismo constitucionalmente competente para ello, sino que cumpla con las
razonables exigencias de ser clara, expresa y taxativa. Resulta latente que las
normas penales, sean de carácter sustancial o procesal, al estar relacionadas
con limitaciones de garantías fundamentales, como la libertad, deben ser
expedidas por el Congreso, dentro del margen de configuración que le es propio,
pero salvaguardando los derechos de los asociados y los demás valores y
principios de raigambre constitucional.
TERMINACION ANTICIPADA DEL PROCESO PENAL-Jurisprudencia constitucional/TERMINACION
ANTICIPADA DEL PROCESO PENAL-Modalidades
ACEPTACION DE CARGOS POR EL INDICIADO O IMPUTADO-Formas
LEY PROCESAL PENAL-Estadios
procesales que permiten al procesado realizar una aceptación unilateral de
cargos
Para determinar la favorabilidad en
abstracto, es preciso abordar el tema con una visión sistemática, y de conjunto
de los diferentes rangos de descuento punitivo que la nueva normatividad
establece, vinculando su magnitud a los estadios en que se produce el
allanamiento a los cargos: (i) una rebaja de hasta la mitad de la pena
imponible cuando el evento se produce en la audiencia de formulación de la
imputación (Arts. 288.3 en c.c. con el 351); (ii) una rebaja de hasta una
tercera parte de la pena a imponer, cuando el mismo evento se produce en
desarrollo de la audiencia preparatoria (Art. 356.); (iii) un descuento de una
sexta parte, cuando ocurre en el juicio oral (Art. 367 inc. 2°).  Cuanto más
distante se encuentre el proceso del juicio, el allanamiento genera un mayor
reconocimiento punitivo.
MECANISMOS DE NEGOCIACION Y PREACUERDOS Y LA
ACEPTACION UNILATERAL DE CARGOS O ALLANAMIENTO-Tratamiento
diferenciado
CARACTER UNILATERAL DEL ALLANAMIENTO O ACEPTACION DE
CARGOS Y LA BILATERALIDAD PROPIA DE LOS ACUERDOS Y NEGOCIACIONES ENTRE LA
FISCALIA Y EL IMPUTADO-Distinción según la jurisprudencia de la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
BENEFICIO DE REBAJA DE LA
PENA EN CASOS DE FLAGRANCIA-Alcance normativo contenido en el artículo 57 de la
Ley 1453 de 2011
BENEFICIO DE REBAJA DE LA
PENA EN CASOS DE FLAGRANCIA-Interpretación del parágrafo del artículo 57 de la ley 1453
de 2011 realizada por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia
PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LAS REBAJAS-Jurisprudencia de la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
BENEFICIO DE REBAJA DE LA
PENA-Interpretaciones que desconocen el
principio de igualdad, la seguridad jurídica y la filosofía inherente a las
formas de terminación anticipada del proceso
PRINCIPIO DE CONSERVACION DEL DERECHO/INTERPRETACION
CONSTITUCIONAL
El principio de interpretación de la ley conforme a la
Constitución impide a la Corte excluir del ordenamiento una norma cuando existe
por lo menos una interpretación de la misma que se concilia con el texto
constitucional. Este principio maximiza la eficacia de la actuación estatal y
consagra una presunción en favor de la legalidad democrática. El costo social e
institucional de declarar la inexequibilidad de una norma jurídica
infraconstitucional debe ser evitado en la medida en que mediante una adecuada
interpretación de la misma se respeten los postulados de la
Constitución.
PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA
PENAL-Doctrina sobre prohibición de
aplicación analógica en parte especial y general de los Códigos Penales
Tradicionalmente el
principio de legalidad en materia penal, como se indicó con antelación, prohíbe
la aplicación analógica, esto es, “transportar la aplicación de una norma
jurídica que regula una determinada conducta a otro caso cuyos supuestos de
hecho son diferentes pero semejantes”, pues se generaría un desconcierto e
incertidumbre sobre aquellos comportamientos que están concretamente
prohibidos. Con todo, como bien indica Eduardo M. Jauchen, aunque el ideal
propuesto por Cesare Beccaria es que “ni siquiera la facultad de interpretar la
ley puede atribuirse a los jueces penales, por la sencilla razón de que éstos no
son legisladores”, lo cierto es que en la actualidad: “todos los conceptos que
integran el tipo penal, como toda norma en general, son susceptibles de varios
significados. La problemática lingüística añadida a su vez a la subjetividad
del juez que la interpreta pueden conducir inexorablemente a interpretaciones
diversas aun ciñéndose el juez a criterios interpretativos objetivos y
restrictivos. Al legislador le compete tipificar la conducta delictiva en forma
clara, precisa y determinada; luego, dentro de ese marco delimitado por el
‘sentido literal posible en el lenguaje corriente del texto de la ley’, el juez
efectuará la interpretación ‘considerando el significado literal más próximo,
la concepción del legislador histórico, el contexto sistemático legal, y según
el fin de la ley”. Con todo, la doctrina especializada puntualiza que tal
restricción se relaciona directamente con las partes general y especial de los
Códigos Penales: “La prohibición de la analogía tiene aplicación en la
Parte especial de la legislación penal en cuanto a la determinación literal
del tipo y también respecto a la pena que se conmina. En cuanto a la
Parte general debe prohibirse la analogía a cualquier precepto que amplié la
punibilidad más allá de los tipos de la
Parte especial.”
INTERPRETACION ANALOGICA
IN MALAM PARTEM-Improcedencia en caso concreto
En el presente asunto la
Corte Constitucional realiza no una interpretación analógica in malam partem,
no sólo porque no es propia para el presente evento, pues no se trata de un
tema relacionado con un tipo penal en específico, o un supuesto para ampliar la
punibilidad, sino de una hermenéutica que ajusta la norma demandada al texto
superior.
Referencia: expediente D-8922
Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo
del artículo 57 de la Ley 1453 de 2011 (“Por medio de la cual se reforma el
Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y
Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones
en materia de seguridad”)
Demandante: Óscar Alberto Restrepo Acevedo
Magistrado sustanciador:
NILSON PINILLA PINILLA
Bogotá,
D.C., veintitrés (23) de agosto de dos mil doce (2012)
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y
de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES.
En ejercicio de la acción pública
consagrada en los artículos 241 y 242 de la
Constitución, el ciudadano Óscar Alberto
Restrepo Acevedo demandó el parágrafo del artículo 57 de la
Ley 1453 de 2001, mediante el cual se modificó el artículo 301 de la
Ley 906 de 2004.
Mediante auto de febrero 1
de 2012, el Magistrado sustanciador admitió la demanda de la referencia, y
dispuso que se fijara en lista el presente proceso y se diera traslado al
Procurador General de la Nación para que rindiese su concepto, y ordenó comunicar la iniciación del asunto a los
señores Presidentes de la República y del Congreso, y a los Ministros de
Interior, de Justicia y del Derecho y de Defensa Nacional.
Se invitó además a los Presidentes de la
Corte Suprema de Justicia y de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial,
a la entonces Fiscal General de la
Nación, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Centro de Estudios de
Derecho, Justicia y Sociedad, a la
Federación Nacional de Colegios de Jueces y Fiscales, a los Colegios de Jueces
y Fiscales de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Huila,
Magdalena, Nariño y Putumayo, Quindío, San Gil y Tolima, y a las facultades de
derecho en Bogotá de las Universidades Nacional de Colombia, Javeriana, Santo
Tomás, Externado de Colombia, del Rosario, de los Andes, al igual que a las de
Antioquia e Industrial de Santander, con el objeto de que, si lo estimaban
pertinente, conceptuaran sobre la exequibilidad de la norma demandada.
Cumplidos los trámites
constitucionales y legales propios de esta clase de procesos, la
Corte procede a decidir acerca de la demanda en referencia.
II. NORMAS
DEMANDADAS.
A continuación
se trascribe el texto de la norma demandada,
resaltando el aparte acusado.
“LEY 1453 DE 2011
(junio 24)
Diario Oficial No. 48.110 de 24 de junio de 2011
Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el
Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas
sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad.
El CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
…   …   …
ARTÍCULO 57. FLAGRANCIA. El artículo 301 de la
Ley 906 de 2004 quedará así:
Artículo 301. Flagrancia. Se entiende que hay
flagrancia cuando:
1. La persona es sorprendida y aprehendida durante la
comisión del delito.
2. La persona es sorprendida o individualizada durante
la comisión del delito y aprehendida inmediatamente después por persecución o
cuando fuere señalado por la víctima u otra persona como autor o cómplice del delito
inmediatamente después de su perpetración.
3. La persona es sorprendida y capturada con objetos,
instrumentos o huellas, de los cuales aparezca fundadamente que acaba de
cometer un delito o de haber participado en él.
4. La persona es sorprendida o individualizada en la
comisión de un delito en un sitio abierto al público a través de la grabación
de un dispositivo de video y aprehendida inmediatamente después.
La misma regla operará si la grabación del dispositivo
de video se realiza en un lugar privado con consentimiento de la persona o
personas que residan en el mismo.
5. La persona se encuentre en un vehículo utilizado
momentos antes para huir del lugar de la comisión de un delito, salvo que
aparezca fundadamente que el sujeto no tenga conocimiento de la conducta
punible.
PARÁGRAFO. La persona que incurra en las causales
anteriores sólo tendrá ¼ del beneficio de que trata el artículo 351 de la
Ley 906 de 2004.
…   …   …”
III. LA
DEMANDA.
3.1. El actor afirmó
que el parágrafo citado desconoce los principios de igualdad (art. 13 Const.), legalidad
(art. 29) y no autoincriminación (art. 33), porque es una “norma mal
redactada”, cuya aplicación ha dado lugar a múltiples interpretaciones, sin
que exista un consenso incluso en la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia.
Luego de citar
un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia[1]
y de un juzgado[2], aseveró que la norma
demandada únicamente “modificó” el artículo 351[3]
de la Ley 906 de 2004, relacionado con las modalidades de aceptación de cargos por
el indiciado o imputado y los preacuerdos entre aquél y la fiscalía, teniendo
en cuenta una “condición personal como la flagrancia” y no una “calificación
cronológica procesal”, según la etapa en la cual se realicen[4].
Aseveró que el
sistema de rebajas por preacuerdos y allanamientos en materia penal, previsto
principalmente en los artículos 351, 352[5] y 367[6]
ibídem, se establece sobre el supuesto que al existir una mayor
colaboración y economía procesal, más significativa sería la respuesta premial
reconocida.
Manifestó que
con “el nuevo mecanismo se varió en la ley el esquema de las rebajas o los
parámetros para hacerlas efectivas frente a la captura en flagrancia, porque
antes –frente a la aceptación de cargos- entre más cercana o lejana a la
imputación, la reducción era gradualmente mayor o menor, para cambiarlo ahora,
ya no por la gradualidad o avance en la investigación o juzgamiento sino en
virtud de una condición personal como la flagrancia. Lo que impera ahora es esa
consideración personal y no ya una calificación cronológica procesal, que es lo
que a la postre permite diferenciar las rebajas ordinarias (hasta la 1/2, hasta
1/3, 1/6)”[7].
3.2. Acudiendo
a lo consignado principalmente en el salvamento de voto del Magistrado Sigifredo
Espinosa Pérez, frente al fallo de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia de septiembre 6 de 2011, ya referido, explicó que el
parágrafo impugnado genera diferentes interpretaciones[8]:
(i)
“Una primera
interpretación de tipo legal o exegético indicaría que como la rebaja es de:
‘1/4 del beneficio de que trata el artículo 351 de la
Ley 906 de 2004’, esa cuarta parte de la rebaja de pena sería sobre el monto
del beneficio, que oscila entre una tercera parte y un día a la mitad de la
pena, y no sobre la pena imponible, así lo manifestó el Dr. Sigifredo Espinosa Pérez
en salvamento de voto: ‘…expresa y claramente, sin lugar a equívocos, remite al
‘beneficio’ contemplado en el artículo 351 de la
Ley 906 de 2004, y éste no es otro diferente a la reducción de ‘hasta de la
mitad de la pena imponible’[9].
Acorde
con esta interpretación si la pena a imponer es de nueve años ó ciento ocho
meses, el monto del beneficio sería de hasta cincuenta y cinco meses y el
veinticinco por ciento de este beneficio equivaldría a trece punto cinco meses,
lo que quiere decir que la pena definitiva sería de noventa y cuatro meses y
quince días de prisión.”[10]
(ii)
“Una segunda interpretación
consiste en que el monto de la rebaja es del veinticinco porciento de la pena a
imponer y si la pena es de nueve años, se le rebaja el veinticinco por ciento,
que equivale a veintisiete meses, siendo la pena definitiva ochenta y un meses
de prisión.”[11]
(iii) “En las dos interpretaciones expuestas,
algunos advierten que el parágrafo del artículo 57 de la
Ley 1453 del 24 de junio de 2007, solo modificó el artículo 351 de la
Ley 906 de 2004, que se refiere a las rebajas por aceptación de cargos en la
imputación y por vía de preacuerdos hasta la formulación de la acusación, pero
no modificó los artículos 352 y 356 numeral 5, que establecen una rebaja de
hasta una tercera parte de la pena si el allanamiento o preacuerdo es en la
audiencia preparatoria, así como tampoco modificó el artículo 367 que concede
una rebaja de una sexta parte de la pena si esa figura se presenta al inicio
del juicio oral.
Interpretación
que se basa en que la norma expresamente modificó el beneficio del artículo
351, sin hacer mención a los demás artículos que reglamentan el mismo instituto
en etapas procesales diferentes.”[12]
(iv) “Una tercera interpretación es sostenida
por la mayoría de los integrantes de la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia[13] quienes
consideran que el monto de la rebaja debe ser del veinticinco por ciento de la
pena a imponer, en todas las fases procesales: ‘Así las cosas, los verdaderos
sentido y alcance de la restricción de 1/4 parte de la rebaja de pena en los
casos de flagrancia conduce a concluir que tal guarismo es único y que tiene
aplicabilidad con independencia de las etapas del proceso o en cualquiera de
los momentos y oportunidades en que el imputado o acusado acepte los cargos,
bien sea por allanamiento, o por preacuerdo con el Fiscal’, conclusión que se
fundamenta en los siguientes argumentos: ‘Ahora algunos consideran que como no
se modificaron otras normas que regulan rebajas posteriores a la imputación,
como por ejemplo el 356-5 en audiencia preparatoria, esta reducción quedo
incólume y por esa vía el imputado podría abstenerse de aceptar cargos en la
audiencia inicial y en cambio sí admitirlos ya en el juzgamiento y de esa forma
hacerse acreedor hasta de la 1/3 parte de rebaja. Esta es una tesis inaceptable
porque de prohijarse se estaría atentando contra la propia filosofía del
instituto jurídico, la cual se edifica en el presupuesto de que a mayor
colaboración y mayor economía procesal más significativa ha de ser la respuesta
premial y carecería de toda lógica que a un procesado (cuya condición de
flagrancia se extiende a lo largo de la actuación) se le considera una
reducción más alta frente a unos cargos ya estructurados en la acusación,
cuando el Estado tuvo que agotar íntegramente la etapa de investigación, que a
aquel que voluntaria y conscientemente desestimó la primera oportunidad para
admitir responsabilidad en un momento en que apenas subyacía una imputación.
Una tesis así, no sería más que una trampa al querer del legislador.”[14]
3.3. El actor explicó
que la norma censurada admitiría que la rebaja punitiva siempre sea del
veinticinco porciento, cuando hay flagrancia, pero si el allanamiento es en el
juicio oral, quien fuese capturado bajo esa circunstancia tendría un mayor beneficio,
distinto a quien se allana sin haber sido capturado en flagrancia,
desconociendo los principios de legalidad e igualdad al generar un trato
distinto, sin justificación, dada la falta de técnica legislativa.
Reseñó que el
principio de legalidad, como garantía de los ciudadanos consagrada en la
Constitución y en instrumentos internacionales que conforman el bloque de
constitucionalidad, limita el exceso del ius puniendi del Estado y el
arbitrio judicial, al imponer que la ley penal (i) sea inequívoca, expresa y clara;
(ii) su interpretación no sea analógica, salvo en aquello que resulte favorable;
y (iii) proscriba delitos y penas indeterminados.
Aseveró que el
principio de legalidad se desconoce cuando el legislador, como en el presente
evento, dicta normas vagas, imprecisas y cuya interpretación es susceptible de
entendimientos diversos, máxime cuando se relaciona con “determinar la
consecuencia jurídica, el monto de la pena en eventos como los allanamientos a
cargos y las negociaciones”[15].
Agregó que
aunque el legislador puede proferir normas que fijen beneficios punitivos y
establecer diferencias entre los destinatarios de la ley, al aprobar la
disposición impugnada desbordó esa facultad, porque “cualquiera sea la forma
de interpretación que se ensaye es insostenible, irrazonable y absurda”,
permitiendo un “exagerado margen de interpretación, que la convierte en una
norma sustancial de carácter indeterminado”[16].
3.4. Sintetizó
que la norma conlleva un trato desigual que genera “consecuencias punitivas
abismales”, afectando los principios de igualdad, legalidad, justicia y
seguridad jurídica, pues los jueces desconocen la interpretación más “coherente”
con las máximas constitucionales y no existe certeza para la sociedad sobre la
forma como se deben resolver los asuntos[17].
En su sentir, el
parágrafo demandado impide una clara determinación de la pena, contrariando los
principios de legalidad e igualdad y, por ende, la
Constitución, al permitir múltiples interpretaciones que desconocen la “filosofía
premial” y generan tratamientos inequitativos para personas que se
encuentran en la misma situación[18].
Manifestó
también que se “supone que la persona que es capturada en flagrancia le
implica al Estado menos esfuerzo investigativo para obtener una condena en su
contra, lo que justificaría otorgarle menos rebaja de pena, que a quien el
Estado debe demostrarle su culpabilidad, desgastando todo el aparato judicial
para ello. Con el parágrafo del artículo 57 de la
Ley 1453, está sucediendo lo contrario: promueve los efectos opuestos que
pretende la norma, pues la persona que es capturada en flagrancia no es incentivada
a allanarse o a preacordar desde la imputación y hasta antes de presentada la
acusación, ya que la rebaja que recibiría será siempre menor a la que obtendría
si se allanara una vez instalado el juicio oral o preacordando después de
presentada la acusación. Esto es lo que está ocurriendo en la práctica
judicial, por lo que a raíz de la expedición de esta norma se está
congestionando aún más la administración de justicia”[19].
3.5. El
ciudadano demandate aseguró además que la norma impugnada vulnera el principio
de no autoincriminación, habida cuenta que la capacidad de decisión de la
persona capturada en flagrancia se encuentra “alterada”, luego “mal
haría el tomar una decisión de allanarse, y menos con la presión de un fiscal;
lo anterior, sumado a la posibilidad de hacerlo en una etapa posterior del
proceso donde obtiene mayor beneficio y la disminución de la pena se duplica
(pasa de un 25% a un 50%)”[20].
Al respecto,
sostuvo que la norma demandada “sacrifica excesivamente la presunción de
inocencia porque asimila la flagrancia a la prueba de responsabilidad. La
naturaleza del criterio diferenciador (rebaja de la pena imponible) parte del
supuesto de que la flagrancia equivale a responsabilidad y, en consecuencia, a
condena. Pero constitucionalmente la flagrancia no destruye la presunción de
inocencia y por lo tanto no se mueve en el terreno de la pena y la
responsabilidad. Los casos de flagrancia deben tener igualmente oportunidad de
una completa y exhaustiva investigación porque la persona así capturada puede y
tiene derecho a defenderse y, quizá, a desvirtuar esa situación inicial”[21].
En
consecuencia, solicitó declarar inexequible el parágrafo del artículo 57 de la
Ley 1453 de 2011, porque vulnera los artículos 13, 29 y 33 superiores.
IV.
INTERVENCIONES.
4.1. Fiscalía
General de la Nación.
En febrero 21
de 2012[22], la jefe de la oficina jurídica
de la Fiscalía General de la Nación solicitó proferir un fallo inhibitorio
porque la demanda carece de claridad, certeza y especificidad, pues “no
señala con coherencia los motivos suficientes que permitan deducir o inferir
cómo la norma cuestionada quebranta la
Constitución, o en otra forma, porqué la figura de la flagrancia y los
beneficios por aceptación de cargos previstos en el precepto desconocen los
artículos 13, 29 y 33 superiores, y bajo qué parámetros de análisis”[23].
Explicó además
que los argumentos adolecen de falta de pertinencia, habida cuenta que “las
divergencias interpretativas surgidas entre los operadores judiciales, sobre el
alcance del texto acusado, no constituyen un argumento de rigor en los juicios
de constitucionalidad”[24].
4.2. Sala
Penal del Tribunal Superior de Pereira.
En escrito de
febrero 23 de 2012[25], el Presidente de dicha
Sala indicó que el parágrafo demandado no resulta inexequible, porque es “susceptible
de un entendimiento ajustado a los postulados constitucionales y en particular
a los que orientan el sistema con tendencia acusatoria en materia penal”[26].
Explicó que si
bien la confusa redacción de la norma impugnada ha dado lugar a “pluralidad
de interpretaciones por parte de jueces unipersonales y colegiados”, ello
no constituye una razón suficiente para que sea excluida del ordenamiento jurídico.
“Si así fuera, pocos artículos de la Ley 906 de 2004 reguladora del actual
sistema acusatorio en nuestro país, e incluso muchos de los que componen la
Ley 1453 de 2011 objeto de la presente censura, quedarían en pie, porque ha
sido un común denominador la falta de coherencia de nuestro legislador en esta
materia[27]”[28].
En ese orden,
indicó que la función del juez es precisamente la interpretación de las normas,
estando prohibido denegar la administración de justicia, invocando falta de
claridad de un texto legal.
Explicó que el
parágrafo demandado fue analizado por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema en el fallo de septiembre 5 de 2011
ya reseñado, cuyo salvamento de voto presentado por el Magistrado Sigifredo
Espinosa Pérez, conllevo a que los jueces y magistrados de los Tribunales se
vieran “precisados a encontrar alternativas de solución para que la
aplicación del parágrafo 57 de la Ley 1453 de 2011 no trasgrediera los
esenciales principios que orientan el sistema acusatorio”[29].
Agregó que la
Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira en fallo de octubre 21 de 2011[30],
fijó pautas sobre la interpretación de la norma censurada atendiendo lo
expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia T-091 de febrero 10 de 2006[31],
acerca de las rebajas de penas por aceptación de cargos.
Reseñó así que
la Sala Penal indicó:
“…el
Tribunal considera que un entendimiento adecuado del ciado parágrafo es aquel
que propenda por el respeto de los siguientes postulados esenciales: (i) el
principio de legalidad –el dispositivo se refiere a la cuarta parte del
descuento, no de la pena; (ii) el principio de gradualidad o progresividad
–orientador del derecho premial: a más distancia del juicio, mayor beneficio-; (iii)
la distinción punitiva entre capturados en flagrancia y no capturados en
flagrancia –fin último pretendido por la disposición-; (iv) principio de
razonabilidad –todos los institutos atinentes a la terminación anticipada deben
recibir similar tratamiento reductor para evitar odiosas inconsistencias-; y,
por supuesto, (v) la favorabilidad –entre varias opciones posibles, se deberá
elegir la que más convenga al procesado-.
…
…   …
Siguiendo
ese orden de ideas, es sensato concluir que cuando el legislador hizo
referencia a que el procesado sólo tendrá derecho a ‘una cuarta parte del
beneficio’, esa expresión está dirigida a la concesión para el caso de los
capturados en flagrancia de: ‘una cuarta parte del primer rango de movilidad
para el evento de la imputación’, a ‘una cuarta parte del segundo rango de
movilidad para el caso de la preparatoria’, y a ‘una cuarta parte de la sexta
parte de la pena para el momento del juicio oral’, respectivamente.
…
…   …
Nótese
hasta aquí, que según lo mencionamos en un comienzo, el legislador buscó acoplar
las normas a la jurisprudencia que indicaba que para los casos de captura en
flagrancia no se debía reconocer el máximo del 50% sino un poco menos, motivo
por el cual es comprensible que se quisiera precisar en una regla el porcentaje
concreto que marcara esa forzosa diferencia, debido principalmente a que las
posiciones asumidas por los jueces en todo el territorio nacional comenzaron a
divagar entre un 35%, un 40%, o un 45%.”[32]
4.3.
Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.
En escrito de febrero
23 de 2012[33], el coordinador del área
de penal del consultorio jurídico de la referida Universidad solicitó declarar exequible
el parágrafo del artículo 301 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo
57 de la Ley 1453 de 2011, porque no vulnera la
Constitución Política.
Explicó que
según la exposición de motivos del proyecto que se convertiría en Ley 1453, la
redacción del referido parágrafo respondió a la necesidad de modular los
beneficios en casos de flagrancia, porque en el caso de aceptación de cargos se
podía acceder a una rebaja punitiva igual a la de aquellos eventos en los
cuales la captura no se realizaba bajo esa circunstancia.
Agregó que el
legislador “previó que las personas capturadas en flagrancia sólo tendrán
1/4 del beneficio establecido por el artículo 351 del Código de Procedimiento
Penal. Según este último artículo es ‘1/4 del beneficio establecido por el
artículo 351 (la aceptación de los cargos determinados en la audiencia de
formulación de la imputación, comporta una rebaja hasta de la mitad de la
pena). En otras palabras, que las personas capturadas en flagrancia obtendrían
como rebaja hasta un cuarto de la mitad de la pena, es decir, un octavo de la
misma”[34].
Puntualizó que
la discusión planteada en la demanda no se puede abarcar desde las
interpretaciones formuladas por el actor, sino desde un “sentido lógico y
sistemático”.
En sentir del
interviniente:
“Sostener
que con la nueva regulación normativa que trae el parágrafo del artículo 57 de la
Ley 1453 de 2011 se varió en la ley el esquema de las rebajas o los parámetros
para hacerlas efectivas frente a la captura en flagrancia, no hace sino
desarrollar dentro del poder configurativo del legislador una restricción aún
mayor en la concesión de beneficios sobre personas sorprendidas en flagrancia,
frente a una misma persona que no lo es y colabora con la administración de
justicia de manera voluntaria para acceder a ello. En otras palabras, lo que se
analiza es esa consideración personal y no ya una calificación cronológica
procesal.”[35]
Aclaró que la
preceptiva demandada no desconoce los principios y normas superiores, porque el
legislador en ejercicio de su potestad de configuración puede establecer
tratamientos diferentes, ante “situaciones de hecho distintas”, sin que
ello conculque el derecho a la igualdad[36].
Señaló
entonces que “el trato desigual que adopta la medida tiene fundamento en un
supuesto de hecho real y concreto, las personas que son capturadas en
flagrancia cometiendo el delito siendo sometidas al procedimiento ante la
autoridad judicial con miras a legalizar su situación y afrontando la
investigación penal pertinente, frente a aquellas personas que afrontan una
investigación demandan mayor exigencia del Estado para establecer su
participación o autoría en el delito. Es decir, el principio de igualdad solo
se viola cuando se trata desigualmente a los iguales, de ahí que lo que
constitucionalmente es vetado sea otorgarle trato desigual ante situaciones
idénticas”[37].
Luego de
referir doctrina internacional y jurisprudencia nacional acerca del principio
de legalidad, dijo que el parágrafo demandado expresa y claramente remite al
beneficio contemplado en el artículo 351 de la
Ley 906 de 2004, no siendo diferente a la “reducción de ‘hasta la mitad de
la pena imponible’”[38].
El
interviniente adicionó:
“Pretender
que de las diferentes interpretaciones sobre el alcance del parágrafo del
artículo 57 de la Ley 1453 de 2011, supone una indeterminación, es desconocer
la literalidad de la norma y el espíritu del legislador, al establecer que las
personas capturadas en flagrancia obtendrán como rebaja de un cuarto de la
mitad de la pena, es decir, un octavo de la misma”[39].
Sostuvo también
que el parágrafo impugnado no vulnera el principio de no autoincriminación,
porque la captura en flagrancia “no es prueba de responsabilidad sino, de
evidencia procesal”[40].
Señalo además:
“Antes de la entrada en vigencia de la norma demandada, lo que se analizaba
por parte de nuestros altos tribunales, no era sólo el ahorro en el trámite
procesal lo que aparejaba un significativo descuento punitivo, sino el
descubrimiento de la realidad material, porque sin duda una oportuna aceptación
de cargos facilitaba en grado extremo el juicio de responsabilidad. Pues bien,
sobre esos pilares en donde la jurisprudencia de la
Corte [Suprema de Justicia] ha sentado su criterio relativo a que en
los casos de flagrancia, cuando no iban acompañados de un plus de colaboración,
la rebaja de pena no podía alcanzar el 50%, así la economía procesal sea
mayúscula, como por ejemplo cuando la aceptación de cargos se produce a escasas
horas de cometido el delito. Y un tal planteamiento ha llevado a la
Sala Penal de la Corte Suprema a estimar que ese premio punitivo puede ser del
orden del 35 o del 40%, en la medida en que debe ser superior –en todo caso- a
una tercera parte más un día, dado que el acogimiento a los cargos se ejecuta
en la primera oportunidad”[41].
4.4. Intervención de las
ciudadanas Jaqueline Barrera García y Sandra Viviana Mesa Bernal.
En escrito de febrero 24 de
2012[42], las referidas
ciudadanas pidieron declarar inexequible el parágrafo, al resultar “ineficiente,
ya que el legislador omitió por completo manifestarse frente a la rebaja de
pena que debe imponerse en las audiencias posteriores a la de formulación de la
imputación”[43].
Explicaron: “Lo curioso
del legislador es que olvidando el principio de celeridad y economía procesal
en los delitos de flagrancia, apenas hace una rebaja de una cuarta parte, pero
si el proceso avanza, y llega a la audiencia preparatoria la rebaja es mayor,
es decir, de la tercera parte, lo que significa que para la defensa es
preferible aceptar los cargos en la audiencia preparatoria, por que otorga
mayor beneficio, cuando estamos en la antesala del juicio oral y no en las
audiencias preliminares evitando a la justicia surtir en la forma más sencilla
posible el proceso y evitar dilaciones innecesarias, generando más trabajo y
gasto del sistema penal impidiendo la obtención del máximo resultado posible
con el mínimo de esfuerzo, no sólo frente a los actos procesales sino a las
expensas o gastos que ellos implican.”[44]
A renglón seguido
ampliaron: “En la práctica, si a una persona la capturan en flagrancia, por
porte ilegal de armas, tendrá una pena mínima de 9 años. Si esa persona acepta
cargos en el momento de la imputación, tendría derecho a disminuirle la pena en
una octava parte, lo que significaría, que en 108 meses que resulta de
multiplicar 9 por 12, la rebaja sería de 13 meses y 15 días, pero si esa misma
persona acepta cargos en el desarrollo de la audiencia preparatoria, tendrá una
rebaja hasta en una tercera parte, que son 36 meses, y la pena definitiva de 72
meses, sin olvidar que si esa aceptación de declararse culpable, se hace en el
juicio oral tendrá una rebaja de penas de una sexta parte que son 14 meses.”[45]
Las intervinientes
señalaron que la norma demandada desconoce el derecho a la igualdad, sin que
exista justificación alguna para ello, al diferenciar dos grupos de sujetos
destinatarios, a saber, las personas que se allanan a cargos sin ser capturados
en flagrancia y quienes sí lo son. Por tanto: “No es ventajoso para la
defensa aceptar cargos en la diligencia de imputación, pero sí es más favorable
en la preparatoria, lo que implica un anti tecnicismo jurídico, por parte del
legislador y resulta irrazonable y absurdo”[46].
Identificaron que la norma:
(i) tiene como fin “remover un obstáculo que está generando impunidad y caos
en la administración de justicia”[47]; (ii) dicho objetivo es
constitucional, porque busca luchar contra la impunidad; sin embargo, (iii) no
es útil o adecuada, porque el capturado en flagrancia no es motivado a
allanarse desde la imputación y hasta antes de la acusación, “ya que la
rebaja que recibiría en los casos anteriores sería siempre menos a la que
obtendría si se allanara en la etapa del juicio oral o realizando el preacuerdo
después de la presentación de la acusación. Por lo que se está causando
realmente es congestionar la administración de justicia”[48].
Finalmente, las
intervinientes afirmaron que la norma demandada no es proporcional en sentido
estricto, al generar una injustificada desigualdad, habida cuenta que el Estado
debe esforzarse más para condenar a una persona capturada en flagrancia, cuando
debería ser lo contrario.
4.5. Ministerio de
Justicia y del Derecho.
En febrero 24 de 2012, el
referido Ministerio intervino mediante apoderado quien solicitó a la
Corte Constitucional emitir un fallo inhibitorio[49],
pues la demanda no censura directamente la validez de la norma, sino su
interpretación, la cual no puede ser objeto de control constitucional por parte
de la Corte, por carecer de competencia, salvo situaciones excepcionales.
Explicó que en el presente
evento no es procedente el excepcional control por parte de esta corporación,
como quiera que “el problema de interpretación no se origina directamente en
el texto o contenido de la disposición impugnada sino respecto de su relación
temática con otras disposiciones también contenidas en el Código de
Procedimiento Penal, las cuales no son objeto de demanda o discusión en este
proceso y tampoco se impugna la orientación jurisprudencial dominante del texto
legal, que dé lugar a un pronunciamiento de fondo por parte de la Corte
Constitucional”[50].
Finalmente, indicó que la
demanda no reúne los presupuestos de certeza y pertinencia, habida cuenta que no
contiene una proposición jurídica real que se derive directamente del texto de
la norma acusada.
4.6. Facultad de Derecho
de la Universidad Santo Tomás.
En escrito de febrero 28 de
2012[51], el coordinador del
Grupo de Acciones de Interés Público del Consultorio Jurídico solicitó declarar
inexequible el parágrafo demandando, “por cuanto impide al juez hacer
efectiva la protección de los derechos y garantías que asisten al procesado, y
a los principios procesales propios de la institución del allanamiento”[52].
Sintetizó que la demanda
reúne los presupuestos para emitir un fallo de fondo, porque (i) acusa en forma
concreta una norma legal; (ii) señala que se omitió incluir un ingrediente o
condición que impide que armonice con la
Constitución; (iii) afecta los derechos a la igualdad, el debido proceso y a
la no autoincriminación; (iv) tal exclusión carece de una razón y justificación
suficientes; y (v) genera una desigualdad negativa para el procesado,
incumpliendo un deber especifico impuesto al legislador[53].
Explicó que el Congreso incurrió
en una omisión legislativa relativa al no regular la limitación a los
beneficios punitivos por allanamiento en etapas posteriores a la imputación,
afectando la economía procesal y generando un problema de interpretación que
representa inseguridad jurídica.
Agregó que la norma
contraria la figura de la aceptación de cargos que procura la economía procesal
y evitar el desgaste de la administración de justicia, sirviendo como un
beneficio para quien colabora de forma pronta y oportuna con la misma.
Manifestó que “una u
otra vía interpretativa tiene un reproche particular frente a la situación del
procesado, pues si se decide hacer una aplicación extensiva de la figura a la
etapa del juzgamiento, podría alegarse por el procesado que se vea afectado que
se trata de una aplicación desfavorable de la ley procesal penal que es
contraria a la letra de la ley violando así, el principio de estricta legalidad
en materia procesal penal que constituye una garantía fundamental”[54].
Igualmente, indicó que una
aplicación en otro sentido “también puede llevar al procesado que acepta
cargos en la formulación de la imputación a alegar que se encuentra en
desigualdad frente a otros procesados que ya gozaron del beneficio de la rebaja
del 50% poco antes de la entrada en vigencia de la norma acusada, además de que
lo lleva a considerar como más beneficioso para su caso el allanarse en la
etapa de juzgamiento, con lo que se produce un desgaste en la administración de
justicia”[55].
Aseveró que el referido
problema de aplicación de la ley afecta a los jueces, en tanto (i) si se asume
una interpretación extensiva de la norma demandada, podría alegarse que incurre
en un prevaricato; o (ii) si la interpretación que hace es restringida, sería
eventualmente censurado al no seguir las finalidades de la administración de
justicia y la economía procesal.
4.7. Sala Penal del
Tribunal Superior de Medellín.
En escrito de marzo 1 de
2012[56], el presidente de la
Sala reseñó las posturas de los magistrados de esa corporación acerca de la
norma demandada.
Indicó que un grupo de magistrados
consideran que la norma debe ser retirada del ordenamiento jurídico[57],
pues su interpretación ha de ser restrictiva para no desconocer la prohibición
de aplicar la analogía in malam parte.
Sostienen que la dificultad
en el entendimiento de la norma deja un “margen exagerado en la
interpretación, lo que puede conducir a situaciones arbitrarias”, atentando
contra los principios de igualdad, legalidad y seguridad jurídica, habida
cuenta que el juez no tiene certeza sobre cuál es el alcance más coherente y
que se ajuste a los principios y valores superiores, al tiempo que el infractor
de la ley penal desconoce sus consecuencias.
El interviniente reseñó que
otros Magistrados sostienen que la norma no riñe con la Constitución[58],
pues el legislador en su potestad de configuración, da un tratamiento diferenciado
y más riguroso a personas capturadas en flagrancia, situación que no es ajena
al ordenamiento jurídico ni contraria a éste.
Explicó además que la
posición reseñada considera que la norma no resulta inconstitucional, toda vez
que respeta la sistemática procesal penal relacionada con la justicia premial,
ni carece de razonabilidad, atendiendo que la distinción del trato se encuentra
debidamente fundada.
4.8. Facultad de Derecho
de la Corporación Universitaria de Sabaneta (Antioquia)
En escrito de marzo 1 de
2012[59], las coordinadoras de las
áreas de Derecho Penal y de Derecho Público de la referida facultad solicitaron
a la Corte Constitucional declarar inexequible el parágrafo demandado, porque las
múltiples interpretaciones en su aplicación generan inseguridad jurídica y
vulneran los derechos a la igualdad y al debido proceso.
Luego de realizar un amplio
análisis del principio de igualdad en el derecho comparado, las intervinientes expresaron
que la norma impugnada distingue entre los procesados que se allanan o celebran
un preacuerdo, siendo capturados en flagrancia y aquellos que no lo son.
Explicaron que la medida
que no supera el test de proporcionalidad al no ser útil ni adecuada para
alcanzar la finalidad de acabar con la impunidad y evitar la congestión de la
administración de justicia, habida cuenta que su efecto resulta contrario toda
vez que el indiciado “no tendría interés alguno de aceptar los cargos
imputados sino hasta la audiencia de formulación de acusación, donde el
beneficio de la rebaja sería mayor”[60].
Indicaron además que “la
medida utilizada por el parágrafo de la ley demandada no es estrictamente
proporciona, por cuanto se torna discriminatoria respecto al trato otorgado a
dos personas capturadas, pero que de acuerdo a como se llevó a cabo esa
diligencia, le brinda mayores beneficios a una de ellas; por lo cual no puede
pregonarse la exigencia de un fin imperiosamente constitucional que satisfaga
la diferenciación, así como tampoco la necesariedad y la proporcionalidad en la
medida; por lo cual la norma demandada afecta sustancialmente el principio de
igualdad”[61].
Igualmente, afirmaron que la
norma demandada no sólo desconoce el derecho a la igualdad, sino también el
debido proceso y el principio de legalidad, como quiera que los jueces pueden
adoptar decisiones diversas frente a los mismos supuestos, con fundamento en el
parágrafo impugnado.
4.9. Colegio de Jueces y
Fiscales de Antioquia
En escrito de marzo 2 de
2012[62], la coordinadora del
Comité de Estudios Políticos y Legislativos de esa entidad coadyuvó la
pretensión de la demanda.
Luego de reseñar algunos
pronunciamientos de la Corte Constitucional acerca de la potestad de
configuración del legislador y sus límites en materia penal, sostuvo que la
preceptiva demandada desbordó el principio de legalidad, al no efectuar una
adecuación razonable del beneficio punitivo en caso de allanamientos, “generando
grandes incongruencias”[63].
Al respecto explicó: “La
trascendencia probatoria que tienen los casos de captura en flagrancia, para el
allanamiento a cargos o en el preacuerdo celebrado con la
Fiscalía, debe ser de resorte exclusivo del juez para efectos de imponer la
pena dentro del rango ya establecido por los legisladores en cada momento del
proceso (artículos 351, 352, 356 y 367 del Código Penal), pero, esta lógica se
desquicia cuando la norma demandada, de manera anti técnica, ofrece tan solo
una cuarta parte de rebaja, algo bien impreciso, porque refiere al ‘beneficio’
y segundo dice ‘de que trata el artículo 301’”[64].
Agregó que la aplicación
literal del parágrafo demandado, además de generar diversas interpretaciones,
resulta un contrasentido, porque obtiene el beneficio de menor entidad quien es
capturado en flagrancia y acepta los cargos, que aquel que no lo es,
ocasionando el desgaste de la administración de justicia.
Sostuvo: “Auspiciar
interpretaciones restrictivas en perjuicio del derecho a la libertad personal,
del derecho a la igualdad, contrarias a la regla pro homine y con distancia del
principio de estricta legalidad, son inconstitucionales a la luz de los
principios y las normas que articulan la norma fundamental”[65].
Finalmente indicó: “En
efecto, al parecer olvidaron los legisladores que el llamado sistema penal
acusatorio tiene su gran virtud, en que la mayoría de las conductas
investigadas no deben llegar a juicio, y es precisamente por el camino de los
allanamientos y preacuerdos que el Estado puede cumplir con los objetivos de
persecución efectiva del crimen, pero esto no se logra si como política
criminal contra la impunidad, se acortan los mecanismos de justicia premial y
negocial”[66].
4.10. Sala Penal del
Tribunal Superior de Pasto.
En escrito de marzo 5 de
2012[67], el Presidente de la
Sala relató que en fallo de febrero 1 de 2012[68], el cual citó ampliamente,
esa Tribunal resolvió “aplicar la excepción de inconstitucionalidad a la
norma comentada”, al ser incompatible con la carta política, lo cual “torna
irrazonable su aplicación”.
En la referida decisión se indicó:
“Ahora si se
interpreta la disposición conforme lo ha hecho mayoritariamente la
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, la desproporción, injusticia e
irrazonabilidad emanaría del hecho de que una persona aprehendida en flagrancia
obtendría, sí acepta cargos al inicio del juicio oral, una mayor rebaja (una
cuarta parte) que otra que no fue capturada en tales condiciones (sexta parte).
Finalmente, sobra
advertir que adicionalmente a que la norma en mención no alcanza a superar el
test referido, el que hasta ahora coexistan diversas interpretaciones sobre el
alcance de la misma, revelan que no se trata de una proposición normativa
clara, lo que a la postre, vulnera igualmente el principio de legalidad, puesto
que el procesado no puede conocer de manera inequívoca y clara, previo a la
realización del ilícito, los descuentos punitivos a que tiene derecho por
allanamiento a cargos si es capturado en flagrancia.”[69]
4.11. Sala Penal del
Tribunal Superior de Montería.
En escrito de marzo 7 de
2012[70], el Presidente de la
Sala Penal solicitó a la
Corte Constitucional declarar exequible la norma demandada, toda vez que el
legislador en su facultad de configuración no desbordó el marco constitucional,
al considerar que una persona capturada en flagrancia que se somete a la
terminación abreviada del proceso no debe ser beneficiario de una rebaja hasta
la mitad de la pena, sino una cuarta parte[71].
El interviniente indicó:
“creemos es
posible una interpretación y alcance diferente al parágrafo introductorio por
el art. 57 de la Ley 1453 de 2011, acorde con el texto legal, los fines
perseguidos por el legislador y con respeto a los valores y principios
constitucionales, que en este caso es lo más importante.
…   …   …
Es claro
entonces, que si el legislador hubiera pretendido una rebaja fija para todos
los eventos en que el procesado capturado en flagrancia se allanara a los cargos,
no hubiera hecho mención al ‘beneficio de que trata el artículo 351 de la
Ley 906 de 2004’, premio que jamás tuvo un guarismo estático. Luego entonces
debe entenderse que la rebaja de la pena, con la reforma introducida, de quien
acepta los cargos, siendo capturado en flagrancia, es hasta de una cuarta
parte, puesto que resulta razonable que el juez pueda valorar, según cada caso
concreto, la mayor o menor colaboración con la justicia[72]
ya que el capturado en flagrancia puede, además de aceptar los cargos,
informar, por ejemplo: el origen de la droga ilícita que le fue encontrada en
su poder; que otras personas son partícipes de los hechos etc. Igualmente el
operador judicial tendrá en cuenta el momento procesal en que se produjo el
allanamiento a cargos o preacuerdo. Y, según sea el alejamiento desde la
imputación de cargos, puede definir el monto de la rebaja. De esta manera,
quien se allana al inicio del juicio oral, si fue capturado en flagrancia, no
puede tener una rebaja igual o mayor a la sexta parte de la pena, pues ese
monto está reservado para quien se allana en ese momento y no fue capturado en
flagrancia (Art. 367 de la Ley 906 de 2004).”[73]
A renglón seguido,
puntualizó:
“La anterior interpretación
garantiza el cumplimiento de los valores y principios constitucionales de la
organización político institucional, tales como la dignidad humana, la
solidaridad, la prevalencia del interés general, la justicia, la igualdad y el
orden justo. Así mismo, se protege razonablemente y con la ponderación que
merecen los bienes jurídicos que se pueden encontrar tensionados –el interés
general y el debido proceso-, resultando así una pena que garantiza los
principios de proporcionalidad y razonabilidad (art. 3° del Código Penal y 27
de la Ley 906 de 2004, normas rectoras); quedando incólume la primacía del
derecho sustancial (art. 228 de la carta política) y garantizando un debido
proceso (art. 29 de la
Constitución Política), sin la violación al derecho a la igualdad frente a la
ley (art. 13 constitucional). Cumpliéndose, en últimas, los fines del Estado
(art. 2 superior).”[74]
El interviniente sostuvo finalmente
que la norma puede ser interpretada acorde con la carta política, sin afectar
el principio de legalidad, ni invadir la “órbita del legislador”, no
siendo entonces inconstitucional[75].
V. CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.
En concepto 5329 de marzo 14 de 2012, el señor Procurador General de la
Nación solicitó a la Corte Constitucional inhibirse de emitir un
pronunciamiento de fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda[76].
Luego de reseñar
los presupuestos mínimos que debe superar toda demanda de inexequibilidad, aseveró
que el escrito se funda en razones confusas, inciertas, indeterminadas,
impertinentes e insuficientes.
Explicó que aunque
una disposición admita varias interpretaciones, “así se trate de una norma
procesal con efectos sustantivos”, esa circunstancia no la hace per se inexequible.
El Procurador
señaló: “Además, las dificultades que puedan tener las interpretaciones de
una norma jurídica deben ser asumidas y superadas por los funcionarios y
órganos encargados de interpretarlas y aplicarlas. En todo caso, tal misión le
corresponde a los jueces penales y, en especial, al órgano de cierre de la
jurisdicción ordinaria en materia penal: la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Al interior de esta Sala puede
haber divergencias en materia hermenéutica, las cuales quedan consignadas en
los votos disidentes, como suele ocurrir también en otras corporaciones
judiciales, pero ello no impide superar las dificultades que la norma jurídica
genera. Por el contrario, pretender que estas divergencias afecten la
exequibilidad de la norma en comento, como lo hace el actor, equivale a
convertir un problema hermenéutico legal en un problema de validez
constitucional de la ley y, es más, equivaldría también a convertir las
posturas minoritarias del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria en un
criterio constitucional obligatorio”[77].
Finalmente,
indicó que “si bien es posible advertir que la norma demandada admite varias
interpretaciones y que la opción por una u otra puede conllevar diferentes
efectos sustanciales en los casos concretos, así como también es posible hacer
una crítica a la misma desde el punto de vista de la técnica legislativa o
desde la teoría jurídico penal, esto en todo caso es insuficiente para decir
que ésta sea contraria al texto constitucional, de manera general, o a los
principios de igualdad, legalidad, no autoincriminación y taxatividad de los
delitos y de las penas, de manera específica”[78].
VI.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
1.-
Competencia.
En virtud de
lo dispuesto por el artículo 241, numeral 4°, de la
Constitución, la Corte es competente para decidir sobre las demandas de
inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por
vicios de contenido material o de fondo, como por aquellos de carácter formal o
procedimental suscitados en su formación, siendo la presente acción fruto de la
acusación contra el parágrafo del artículo 57 de la
Ley 1453 de 2011, por censuras correspondientes a la primera clase de
irregularidades referidas.
2.- Lo que
se debate.
Según el actor y algunos
intervinientes, el parágrafo del artículo 57 de la
Ley 1453 de 2011 que modificó el artículo 301 de la Ley 906 de 2004 es inexequible, porque desconoce los principios de
igualdad, legalidad y no autoincriminación al establecer una limitación al
beneficio de rebaja de penas por allanamiento o preacuerdo durante la audiencia
de formulación de la imputación, cuando la persona es sorprendida en
flagrancia, pero no en audiencias posteriores como la preparatoria o la del
juicio oral.
Bajo esos
supuestos, agregan que la redacción del parágrafo demandado contraria además
principios superiores como la seguridad jurídica, la economía procesal y del
sistema de enjuiciamiento premial, al generar que algunas actuaciones penales
se prolonguen para que el indiciado capturado en flagrancia pueda acceder a
mayores beneficios punitivos.
En
contraposición con lo expuesto por el actor, algunos intervinientes consideran
que la norma demandada no contraria la
Constitución, habida cuenta que el legislador dentro de la libertad de
configuración moduló los beneficios punitivos cuando existe flagrancia, sin que
ello se oponga al texto superior. Otros afirman que la norma puede ser objeto
de una interpretación conforme con la carta política, pese a los errores en la
técnica legislativa.
La Fiscalía General de la
Nación, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Procurador General de la
Nación consideran que la
Corte Constitucional debe emitir un fallo inhibitorio, como quiera que la
demandada adolece de falta de claridad, certeza, especificidad y pertinencia,
pues reprocha la interpretación que se da al parágrafo demandado, pero no su
contenido normativo.
Corresponde en primer lugar
a esta corporación determinar si la censura invocada en la demanda cumple con
los contenidos del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, ampliamente
desarrollados por la jurisprudencia constitucional, y constatado su cumplimiento,
proceder al respectivo análisis de fondo; o, por el contrario, si lo que se
ataca es la interpretación judicial dada a la norma censurada, para lo cual,
por regla general, la Corte carece de competencia.
3. Aptitud
sustantiva de la demanda en el presente evento.
3.1. El artículo
2º del Decreto 2067 de 1991 establece los requisitos mínimos que razonablemente[79]
deben contener las demandas de constitucionalidad para su admisión. Según lo
allí indicado, es imperativo señalar con claridad las normas que son censuradas
como inconstitucionales, al igual que la preceptiva superior que se tilda de
infringida y explicar las razones por los cuales se estima que presuntamente
las primeras violan o desconocen la segunda.
Otra
parte fundamental de los indicados requisitos es la formulación de cargos de
inconstitucionalidad contra las normas demandadas, esto es, la sustentación de
los distintos argumentos por las cuales el ciudadano demandante advierte que
aquéllas contrarían uno o más preceptos superiores. Al respecto, en atención a
lo cuestionado por algunos de los intervinientes y el Ministerio Público,
recuérdese que la jurisprudencia tiene establecido que las razones presentadas
por el actor para sustentar la inconstitucionalidad de la disposición acusada,
deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes[80].
La
adecuada presentación del concepto de violación permite a la
Corte desarrollar su función de defensa de la
Constitución en debida forma, en tanto delimita el campo en el cual se hará el
respectivo análisis de constitucionalidad, sin que ello implique una
restricción de los derechos políticos del demandante, pero sí el
establecimiento de unos elementos que informen adecuadamente al juez
constitucional para poder proferir un pronunciamiento de fondo, evitando un
fallo inhibitorio[81].
Reitérese,
en cuanto al concepto de la violación, que la jurisprudencia ha sido constante[82]
en manifestar que los argumentos de inconstitucionalidad que se prediquen de
las normas acusadas deben ser claros, esto es, que exista un hilo
conductor en la argumentación que permita comprender el contenido de la demanda
y las justificaciones que la sustentan; ciertos, en cuanto la demanda
habrá de recaer sobre una proposición jurídica real y existente; específicos,
en la medida que se precise la manera como la norma acusada vulnera un precepto
o preceptos de la Constitución, formulando al menos un cargo concreto; pertinentes,
porque el reproche se debe fundar en la apreciación del contenido de una norma
superior que se explica y se enfrenta a la norma legal acusada, más no en su
aplicación práctica; y suficientes, por cuanto se debe exponer todos los
elementos de juicio necesarios para iniciar el estudio y que despierten duda
sobre la constitucionalidad de la disposición acusada.
Esta
carga mínima de argumentación que debe exponer el ciudadano, resulta
indispensable para adelantar el juicio de constitucionalidad, no obstante la
naturaleza pública e informal que caracteriza a la acción de inexequibilidad;
de no atenderse dicho presupuesto podría generarse la inadmisión de la demanda,
su posterior rechazo de no subsanarse, o un fallo inhibitorio por ineptitud
sustancial del escrito con el que se pretende incoar la acción, sin que ello
implique una restricción de los derechos políticos del demandante, pero sí el
establecimiento de unos elementos que informen adecuadamente al juez
constitucional, para poder proferir un pronunciamiento de fondo[83].
Sobre
este tema, ha expuesto la Corte que[84]: “la suficiencia del
razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a
la presentación de argumentos que, aunque no logren prima facie convencer al
magistrado de que la norma es contraria a la
Constitución, sí despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la
norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a
desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y
hace necesario un pronunciamiento por parte de la
Corte Constitucional”.
3.2. La
Corte ha indicado que en aplicación del principio pro actione, la exigencia de los requisitos formales para la
presentación de una demanda, (i) no debe tener tal rigorismo que haga nugatorio
ese derecho ciudadano, (ii) debiendo propender el juez constitucional hacia un
fallo de fondo y no uno inhibitorio; por ende, (iii) la duda debe resolverse a
favor del actor.
Al respecto, en la
sentencia C-978 de diciembre 1° de 2010[85], M. P. Luis Ernesto
Vargas Silva, se indicó (no está en negrilla en el texto original):
“No obstante, también ha resaltado, con base en el
principio de pro actione que el examen de los requisitos adjetivos de la
demanda de constitucionalidad no debe ser sometido a un escrutinio
excesivamente riguroso y que debe preferirse una decisión de fondo antes que
una inhibitoria, de manera que se privilegie la efectividad de los derechos
de participación ciudadana y de acceso al recurso judicial efectivo ante la
Corte[86].
Este principio tiene en cuenta que la acción de inconstitucionalidad es de
carácter público, es decir abierta a todos los ciudadanos, por lo que no exige
acreditar la condición de abogado[87];
en tal medida, ‘el rigor en el juicio que aplica la
Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un método de
apreciación tan estricto que haga nugatorio el derecho reconocido al actor y
que la duda habrá de interpretarse a favor del demandante, es decir,
admitiendo la demanda y fallando de fondo.’[88]”
3.3. La demanda reúne los
requisitos formales y de fondo exigidos por el Decreto 2067 de 1991, y de
manera explícita, los presupuestos desarrollados por la jurisprudencia
constitucional, porque algunos de sus planteamientos contra la norma impugnada cumplen
las exigencias para provocar un estudio de constitucionalidad, al identificar
el texto acusado y esbozar el cargo, generando una duda razonable sobre su
exequibilidad, partiendo de la posible contradicción con algunos de los textos
superiores que invoca.
El actor acusó
concretamente un segmento normativo y señaló en forma precisa que esa
preceptiva desconoce los artículos 13 y 29 superiores, habida cuenta que la restricción
allí contenida conculca el principio de legalidad en materia penal y con ello
vulnera la igualdad y la seguridad jurídica.
Explicó que si bien el
legislador cuenta con un amplio margen de configuración, desbordó esa facultad al
desconocer que el principio de legalidad exige que las normas penales sean
inequívocas, expresas y claras, trastocando ese imperativo constitucional y
generando un trato desigual entre sus destinatarios, afectando así la igualdad
y la seguridad jurídica.
Sostuvo que la norma
censurada prima facie, establece una limitación al beneficio punitivo
para aquellas personas capturadas en flagrancia que acepten cargos en la
audiencia de formulación de imputación; sin embargo, la falta de técnica
legislativa permite múltiples interpretaciones contrarias a la
Constitución, al omitir qué ocurriría cuando el allanamiento ocurre en etapas
posteriores, permitiendo incluso que se reconozcan beneficios superiores que
conllevan una mayor congestión de la administración de justicia.
3.5. La demanda cumple los
presupuestos para que esta corporación profiera un fallo de fondo. Incluso,
contrario a lo expuesto por quienes proponen la inhibición, la
Corte es competente excepcionalmente aún en control abstracto de
constitucional para “enjuiciar interpretaciones judiciales”[89].
Esta corporación ha
indicado que por, regla general, su competencia recae en sede de control
constitucionalidad sobre el contenido objetivo de ciertas normas, más no sobre
su aplicación, pues se desconocerían en principio (i) la naturaleza abstracta
de ese examen y (ii) la protección superior que se da a la autonomía de
separación de jurisdicciones y a la autonomía de los jueces[90].
Con todo, en el referido
fallo C-569 de 2004 se explicó que los textos legales pueden admitir
interpretaciones distintas, algunas de ellas contrarias a la
Constitución, permitiendo así a la Corte emitir una sentencia interpretativa que
decante el alcance que se ajuste a la carta política, ante la imposibilidad de
declarar la exequibilidad pura y simple de la norma, o retirarla del
ordenamiento jurídico.
Con relación a lo anterior,
en la referida sentencia se afirmó:
“15- Como es sabido, a veces los textos
legales admiten interpretaciones distintas, y algunas de ellas pueden ser
contrarias a la Constitución. Una primera vía por medio de la cual esta Corte
se ve obligada a controlar –en forma indirecta- la constitucionalidad de
ciertas interpretaciones es entonces cuando uno de esos textos es demandado por
un ciudadano, puesto que no puede el juez constitucional expulsarlo del
ordenamiento, por cuanto el artículo acusado admite ciertas interpretaciones
constitucionales, pero tampoco puede la
Corte declararlo exequible en forma pura y simple, por cuanto estaría
legitimando ciertos entendimientos del mismo contrarios a la
Carta. En esos eventos, la única alternativa es recurrir a una sentencia
interpretativa o condicionada, y declarar exequible el texto legal, pero
expulsando del ordenamiento el entendimiento de ese texto que resulta contrario
a la Carta. Esta Corte ha explicado ese fenómeno de la siguiente manera:
‘Si una disposición legal está sujeta a
diversas interpretaciones por los operadores jurídicos pero todas ellas se
adecúan a la Carta, debe la Corte limitarse a establecer la exequibilidad de la
disposición controlada sin que pueda establecer, con fuerza de cosa juzgada
constitucional, el sentido de la norma legal, ya que tal tarea corresponde a
los jueces ordinarios. Pero si la disposición legal admite varias
interpretaciones, de las cuales algunas violan la
Carta pero otras se adecúan a ella, entonces corresponde a la
Corte proferir una constitucionalidad condicionada o sentencia interpretativa
que establezca cuáles sentidos de la disposición acusada se mantienen dentro
del ordenamiento jurídico y cuáles no son legítimos constitucionalmente. En
este caso, la Corte analiza la disposición acusada como una proposición
normativa compleja que está integrada por otras proposiciones normativas
simples, de las cuáles algunas, individualmente, no son admisibles, por lo cual
ellas son retiradas del ordenamiento’[91].
Ahora bien, una sentencia condicionada o
interpretativa implica un cierto control sobre las interpretaciones de los
operadores judiciales puesto que expulsa del ordenamiento ciertos
entendimientos de la disposición acusada. Sin embargo, ese control es indirecto
y eventual pues opera en abstracto, ya que no se refiere a las interpretaciones
específicas realizadas por determinados jueces o tribunales sino a
entendimientos posibles e hipotéticos del texto acusado.”
Bajo esos parámetros, no se
desquicia el texto superior al ser válido que la
Corte Constitucional, como guardiana de la integridad y supremacía de la carta
política (art. 241 ib.), excepcionalmente pueda hacer un control de las
interpretaciones que se desprendan de una disposición normativa, siempre que se
cuestione su contenido objetivo abstracto[92], como ocurre en este
asunto.
3.6. En fallos como el
C-569 de 2004, entre otros, esta corporación ha desarrollado ampliamente la
denominada “doctrina del derecho viviente”, la cual permite a la
Corte tener como válido un cargo dirigido contra la interpretación que se de a
una norma en distintos estamentos judiciales y doctrinarios, siempre que
involucre un problema de carácter constitucional.
En fallo C-842 de octubre
27 de 2010, M. P. Mauricio González Cuervo, este tribunal reseñó ampliamente
algunos de los pronunciamientos en los cuales ha asumió el estudio de normas
del ordenamiento jurídico cuya interpretación era objeto de impugnación, por
contrariar la carta política[93].
En síntesis, jurisprudencialmente
se ha admitido la competencia de la Corte, como guardiana del texto superior, para
conocer de forma excepcional demandas de inconstitucionalidad contra
interpretaciones que se realicen sobre los textos legales, siempre que la
hermenéutica realizada genere un problema de interpretación constitucional[94],
impidiendo con ello la inhibición[95]. Distinta hipótesis
ocurre, si la discusión carece de tal relevancia, lo que torna inepta la
demanda e impidiendo emitir una decisión de fondo[96].
Con todo, este tribunal
también ha explicado que en ciertos eventos puede presentarse el evento en que (no
está en negrilla en el texto original) “la demanda ataque aparentemente una
interpretación y plantee efectivamente un problema constitucional pertinente,
pero que en realidad se dirija no contra la interpretación misma sino contra un
texto legal específico. En estos casos, el posible problema constitucional de
la regla de derecho atacada no derivaría tanto de la interpretación judicial
del texto acusado sino del texto mismo, pues el juez, lo único que ha hecho es
aplicarlo, por lo que el eventual yerro constitucional sería obra del
legislador y no del operador judicial. Por consiguiente, en esos eventos, el
juicio constitucional debe entenderse dirigido contra el texto legal, pero en
la forma como éste ha sido desarrollado por la jurisprudencia, tal y como lo
enseña la doctrina del ‘derecho viviente’, que ha sido ampliamente aceptada por
esta Corte”[97].
Igualmente, en la sentencia
C-842 de 2010, ampliamente referida dada su pertinencia para el presente
asunto, se recordó que acorde con lo consignado en el fallo C-309 de 2009, ya
reseñado, cuando se censura la interpretación dada a una norma, se debe
demostrar el “carácter irrazonable de la hermenéutica… por cuanto son las
‘aplicaciones normativas irrazonables que desborden el marco jurídico que fija la
Constitución’ las que ‘en un Estado de derecho no pueden subsistir’, por
cuanto ‘la autonomía que la Corte reconoce a la interpretación legal o judicial
como límite de la arbitrariedad e irrazonabilidad de sus respectivos
resultados’ y el control de constitucionalidad es ‘una vía expedita para
reivindicar el verdadero alcance de la ley y de su validez frente a la
Carta, cuando a la luz del derecho viviente ésta entra en contradicción con el
texto superior”.
A renglón seguido, en el
citado fallo C-842 de 2010, se sintetizó (no está en negrilla en el texto
original): “El criterio determinante para establecer la constitucionalidad o
la inconstitucionalidad de una específica interpretación de la ley no es la
existencia de otra interpretación legal, sino su comparación directa con la
Constitución, comparación que no se puede evadir y menos tratándose de una
interpretación de los jueces, pues, como se ha expuesto, en tal evento el actor
se debe esmerar por presentar fuertes razones de contradicción con la carta y
demostrar que el significado judicialmente atribuido es, en sí mismo y no por
referencia a otro significado, tan arbitrario e irrazonable que no cabe
conciliarlo con la autonomía y la independencia de los jueces”.
3.7. Sintetizado lo
anterior, encuentra la Sala Plena que contrario a lo expuesto en el concepto
emitido por el Procurador General de la
Nación, la Fiscalía General de la
Nación y el Ministerio de Justicia y del Derecho, la demanda bajo análisis sí
es idónea para propiciar el fallo de fondo, al invocar la inadecuada
interpretación que en sentir del actor se efectuá frente a la norma demandada
en distintas esferas judiciales, cuya relevancia constitucional es clara, como
quiera que guarda relación con derechos y principios de raigambre superior,
como el debido proceso, la legalidad y la seguridad jurídica.
En lo que respecta entonces
a la presunta vulneración de los artículos 13 y 29 superiores, la demanda
cumple los presupuestos esenciales ampliamente reseñados, delineando unos parámetros
que informan adecuadamente a la Corte. Por el contrario, hacer mayores
exigencias como proponen algunos de los intervinientes, implicaría incluso
desconocer el principio pro actione, el acceso a la
administración de justicia y la participación ciudadana.
No acontece lo mismo frente
al presunto cargo relacionado con el desconocimiento del artículo 33 de la
Constitución, como quiera que el demandante no explicó por qué establecer unas
restricciones punitivas, cuando exista captura en flagrancia, conculca el
principio de no autoincriminación, máxime cuando está plenamente reconocido por
la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia que si bien constituye un indicio de participación o
responsabilidad en el delito, este no es irrebatible.
Tratándose del sistema de
enjuiciamiento con tendencia acusatoria contenido en la
Ley 906 de 2004, la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia en el auto de septiembre 21 de 2011 (rad. 37.172,
M. P. Sigifredo Espinosa Pérez), indicó:
“No sobra
recordar que la situación de flagrancia constituye evidencia procesal, o si se
quiere indicio de participación o responsabilidad en el delito, fundado en la
relación inmediata o cercana entre la persona y el hecho ilícito, pero no se
trata, a pesar de que algunos así lo rotulan, de una especie de ‘prueba reina’
o circunstancia irrebatible de responsabilidad penal, pues, siempre será
posible, en el plano probatorio, explicar satisfactoriamente esa vinculación o,
cuando menos, advertir de alguna situación que elimine el compromiso penal.”
El aquí demandante, por el
contrario, no señaló con suficiencia en qué forma el parágrafo impugnado
contraria el principio de no autoincriminación, cuando la situación de
flagrancia no conlleva indefectiblemente a establecer con certeza inamovible la
responsabilidad o eventual participación de una persona en una conducta objeto
de reproche penal.
3.8. Existiendo un cargo
debidamente formulado con relación al presunto desconocimiento de los artículos
13 y 29 superiores, procede efectuar el análisis de fondo, sin que ello
implique que la solicitud de inexequibilidad invocada esté llamada a prosperar.
En consecuencia, corresponde a la Corte establecer si la forma con que el
legislador pretende restringir los beneficios punitivos de aquellas personas
capturadas en flagrancia, vulnera los artículos referidos, al hacer referencia
únicamente al allanamiento que se realiza durante la audiencia de formulación
de la imputación.
Para determinar la
exequibilidad o no de la expresión demandada, la
Sala analizará (i) la libertad de configuración de la cual goza el legislador
en materia penal frente a la consagración del principio de legalidad; y (ii)
establecerá si dicho segmento se ajusta o no a los cánones superiores, para lo
cual analizará previa y sistemáticamente el contenido normativo censurado.
4. La constitucionalización
del derecho sustancial y procesal penal frente a la potestad de configuración
del legislador en esas materias.
Desde los
primeros pronunciamientos de la Corte, se ha indicado que si bien el legislador
posee un amplio espacio de configuración legislativa en materia penal, dicha
facultad está sujeta a límites, explícitos o implícitos[98],
que se aplican tanto al derecho sustancial como al procesal, atendiendo la
marcada constitucionalización de esa rama del derecho.
En el fallo
C-038 de febrero 9 de 1995, M. P. Alejandro Martínez Caballero, reseñado
recientemente en el C-121 de febrero 22 de 2012,
M. P. Luis Ernesto Vargas Silva, se recordó que los derechos fundamentales
orientan y determinan el alcance del derecho penal.
Acerca de la
constitucionalización del derecho sustancial e incluso procesal penal y el
respeto por los derechos como fundamento y límite del ius puniendi del
Estado, en la sentencia C-038 de 1995 se explicó:
“4- Esto es claro en materia penal, puesto que si bien la
Carta de 1991 constitucionalizó, en gran medida, el derecho penal[99],
lo cierto es que el Legislador mantiene una libertad relativa para definir de
manera específica los tipos penales (CP arts 28 y 29).
Así, ha habido una constitucionalización del
derecho penal porque tanto en materia sustantiva como procedimental, la
Carta incorpora preceptos y enuncia valores y postulados - particularmente en
el campo de los derechos fundamentales - que inciden de manera significativa en
el derecho penal y, a la vez, orientan y determinan su alcance. Esto
significa entonces que el Legislador no tiene una discrecionalidad absoluta
para definir los tipos delictivos y los procedimientos penales, ya que debe
respetar los derechos constitucionales de las personas, que aparecen así como
el fundamento y límite del poder punitivo del Estado. Fundamento, porque el ius
puniendi debe estar orientado a hacer efectivos esos derechos y valores
constitucionales. Y límite, porque la política criminal del Estado no puede
desconocer los derechos y la dignidad de las personas.
Pero lo anterior no implica que la
Constitución haya definido de una vez por todas el derecho penal, puesto que
el Legislador, obviamente dentro de los marcos fijados por la propia Carta,
tiene ante sí un espacio relativamente autónomo, caracterizado, a su turno, por
unos valores, presupuestos y finalidades propios, pese a su acentuado grado de
constitucionalización. Así, a través del procedimiento democrático de adopción
de las leyes, el Estado tipifica las conductas prohibidas y fija las condignas
sanciones (principio de legalidad de la pena) y en este quehacer histórico
acoge y abandona distintas y sucesivas filosofías punitivas, que pueden ser más
o menos drásticas, según el propio Legislador lo considere políticamente
necesario y conveniente.”
Más adelante, en la citada decisión, se insistió que
el legislador desarrolla sus funciones dentro del marco que establece la carta
política, sin que ello implique que no pueda optar por caminos distintos dentro
de esos parámetros previamente establecidos en la
Constitución:
“Dentro de ciertos límites son posibles entonces
diferentes desarrollos de la política criminal, que corresponden a
orientaciones distintas en la materia. Esto es perfectamente compatible con el
carácter democrático de la
Constitución y el reconocimiento del pluralismo político que implica la
alternancia de mayorías políticas. Las leyes no son entonces siempre un
desarrollo de la Constitución sino que son, en muchas ocasiones, la concreción
de una opción política dentro de los marcos establecidos por la
Carta: son pues un desarrollo dentro de la
Constitución, ya que la Carta es un marco normativo suficientemente amplio, de
suerte que en él caben opciones políticas y de gobierno de muy diversa índole.
Esto es claro porque el Legislador tiene frente a la
Constitución una relación compleja puesto que ésta es tanto de libertad como
de subordinación. El Legislador no puede desbordar la
Constitución y está subordinado a ella porque la
Carta es norma de normas (CP art. 4). Pero, en función del pluralismo y la
participación democrática, el Legislador puede tomar diversas opciones dentro
del marco de la Carta. Esto es lo que la doctrina constitucional comparada ha
denominado la libertad de formación democrática de la voluntad o la libertad de
configuración política del Legislador. Esta Corporación ya había señalado con
claridad al respecto:
“Es propio de una constitución democrática y
pluralista como la Colombiana, que sus normas materiales o sustantivas, en
principio, puedan permitir, dentro de ciertos límites, diversas políticas y
alternativas de interpretación. De otra parte, no podría pretender la
Constitución ser eje y factor de unidad y cohesión de la sociedad si la
amplitud de la materia que abarca, no pudiera remitirse a las normas abiertas
que la integran y que permiten su permanente vinculación y adaptación a la
realidad.
La relación de la ley con la
Constitución no puede, en consecuencia, ser análoga a la existente entre la
ley y el reglamento. El legislador, en estricto rigor, no ejecuta la
Constitución sino que actúa y adopta libremente políticas legales - que en el
tiempo pueden incluso ser contrarias entre sí en desarrollo del principio
básico del pluralismo - y lo hace dentro de los marcos y espacios de actuación
que la Carta habilita para el efecto y siempre que no la quebrante’[100].”
En síntesis, aunque el
legislador cuenta con un amplio margen de configuración en material penal, en
lo que respecta tanto al ámbito sustancial como procesal, dicha facultad está
sujeta a límites relacionados con el respeto de los derechos de los asociados y
demás valores y principios superiores.
5. La libertad de
configuración legislativa en materia penal y el principio de legalidad.
5.1. Quedo establecido que
el Congreso debe respetar, dentro del ejercicio democrático de su actividad
legislativa los principios contenidos en la
Constitución, tanto en temas sustanciales como procesales relacionados con el
derecho penal. Dentro de esa gama de valores y principios superiores se
encuentran la legalidad, que se relacionada además con la seguridad jurídica.
5.2. En el ordenamiento
jurídico colombiano el principio de legalidad se desprende del artículo 29
superior que preceptúa que nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
prexistentes al acto que se le imputa, siendo reflejo de múltiples instrumentos
internacionales que consagran esa garantía dentro del derecho fundamental al
debido proceso[101].
El principio de legalidad y
demás garantías sustanciales y procesales reconocidas en el ámbito interno como
internacional en materia penal, son catalogados como conquistas que proscriben
cualquier forma de discrecionalidad, no sólo por parte del legislador, sino
también del operador jurídico, en la adopción de sus decisiones.
Dicho principio, según
explica Eduardo M. Jauchen[102], se deriva además del
enunciado proveniente del tradicional nullum crimen sine lege, que implica
la reserva legal acorde con la cual, entre otros aspectos: (i) no pueden
existir delitos cuya génesis sea distinta a la ley; (ii) se impide su
aplicación ex post facto o retroactiva (nullum crimen, nulla poena
sine lege praevia); tampoco puede hacerse analógicamente o en aplicación
del derecho consuetudinario (nullum crimen, nulla poena sine lege stricta).
Lo anterior deviene en que
toda norma penal, emanada del legislador debe cumplir, entre otros
presupuestos, los de ser escrita, clara y expresa, máxime considerando que
pueden limitar derechos fundamentales. Por ende, esos parámetros no sólo se
relacionan con la descripción típica de toda conducta con relevancia penal, sino
también de la pena que de allí se deriva.
Se allega a la referida
conclusión atendiendo que el principio de legalidad debe ser analizado desde un
sentido amplio, como claman algunas voces indicando que esa garantía tiene su
génesis en la Constitución, luego se trata de “una constitucionalización
normativa de las limitaciones, afectaciones o restricciones de derechos
fundamentales u ordinarios”[103].
Acorde con lo consignado, se
puede afirmar que el principio de legalidad, desde un sentido amplio, conlleva
que una medida legislativa, incluso permisiva, protectora o garantizadora, que
afecte derechos fundamentales debe estar prevista en una norma jurídica, no
sólo emanada del organismo constitucionalmente competente para ello, sino que
cumpla con las razonables exigencias de ser clara, expresa y taxativa[104].
5.3. Resulta latente que
las normas penales, sean de carácter sustancial o procesal, al estar
relacionadas con limitaciones de garantías fundamentales, como la libertad,
deben ser expedidas por el Congreso, dentro del margen de configuración que le
es propio, pero salvaguardando los derechos de los asociados y los demás
valores y principios de raigambre constitucional.
6. La terminación
anticipada del proceso penal en la Ley 906 de 2004.
6.1. La
Corte en varias oportunidades ha tenido la oportunidad de analizar las formas
de terminación anticipada del proceso en estatutos procesales penales adoptados
por el legislador tiempo atrás, y más aún, luego de modificado el artículo 250
de la Constitución mediante el Acto Legislativo 3 de 2002, que dio paso a la
adopción del sistema penal con tendencia acusatoria.
6.2. En la
sentencia T-091 de febrero 10 de 2006,
M. P. Jaime Córdoba Triviño[105], la
Corte Constitucional realizó un breve análisis de las formas de terminación
anticipada del proceso, incluso vigentes antes de la adopción del sistema penal
con tendencia acusatoria, contenido en la
Ley 906 de 2004.
En la relación
con los cambios introducidos por la referida ley, esta corporación explicó que
en dicho estatuto existen dos modalidades de terminación anticipada del
proceso, “perfectamente diferenciadas en su estructura, consecuencias y
objetos político criminales: (i) los preacuerdos y negociaciones entre el
imputado o acusado y el fiscal; y (ii) la aceptación unilateral de cargos por
parte del imputado o acusado”.
A renglón
seguido, se explicó:
“En
el primer caso se trata de verdaderas formas de negociación entre el fiscal y
el procesado, respecto de los cargos y sus consecuencias punitivas, las cuales
demandan consenso. En el segundo caso, el presupuesto es la aceptación de los
cargos por parte del procesado, es decir que no existe transacción y en
consecuencia no requiere consenso.
En
cuanto a la primera modalidad el Título II del Libro III de la
Ley 906 de 2004 introduce una regulación sistemática e integral del nuevo instituto,
de los ‘Preacuerdos y Negociaciones entre la
Fiscalía y el imputado o acusado’, con las reglas específicas relativas a
finalidades (348), improcedencia (349), oportunidad (350 y 352), modalidades
(351), aceptación total o parcial de cargos (353).”
Tratándose de
los preacuerdos y negociaciones, en el fallo T-091 de 2006 que se viene citando
se puntualizó que en su esencia comportan la aceptación total o parcial de la responsabilidad
por parte del indiciado, imputado o acusado, en concordancia con los artículos 350
a 353 ibídem.
Allí se indicó
que acorde con el artículo 293[106] ibídem, la
aceptación unilateral de los cargos por el indiciado o imputado, puede
presentarse de dos formas durante la formulación de imputación: “una
unilateral y otra preacordada. La primera implica para el investigado
‘allanarse a la imputación y obtener una rebaja de pena’ tal como lo señala el
artículo 288[107]
numeral 3° del estatuto en cuestión, que remite para efectos de cuantificación
al artículo 351 que contempla una rebaja de hasta de la mitad de la pena
imponible”[108].
Luego de
reseñar las normas de la Ley 906 de 2004 relacionadas con la aceptación de
cargos en la audiencia preparatoria[109] o durante el juicio
oral[110], en el fallo citado se
advirtió que dicho estatuto “contempla los diferentes estadios procesales
(audiencia de formulación de imputación, audiencia preparatoria y juicio oral)
en que es posible al procesado realizar una aceptación unilateral de cargos
–allanamiento-, previendo a su vez la consecuencia punitiva gradual que se
deriva de tal actitud procesal, acorde con cada uno de esos momentos. Una rebaja
de hasta la mitad de la pena, cuando la aceptación se produce en la diligencia
de imputación, de hasta una tercera parte cuando ocurre en la audiencia
preparatoria y de una sexta cuando se presenta en la alegación inicial del
juicio oral”.
En el fallo
T-091 de 2006 ampliamente citado dada su pertinencia para el presente pronunciamiento,
se concluyó que los rangos de rebajas o beneficios establecidos por el
legislador son producto de un “criterio de política criminal”, que
otorga un tratamiento más benigno que resulta ser directamente proporcional al
mayor ahorro para los recursos investigativos del Estado.
La Corte indicó en la referida sentencia que no
resultaría razonable, acorde con la naturaleza de la institución analizada, otorgar
el mismo beneficio punitivo para aquella persona que acepta los cargos en la
formulación de imputación, a quien lo hace en unos escenarios más avanzados del
proceso, como la audiencia preparatoria o el juicio oral.
La sentencia
T-091 de 2006 explicó (no está en negrilla en el texto original):
“Sin
embargo, para determinar la favorabilidad en abstracto, es preciso abordar el
tema con una visión sistemática, y de conjunto de los diferentes rangos de
descuento punitivo que la nueva normatividad establece, vinculando su magnitud
a los estadios en que se produce el allanamiento a los cargos: (i) una rebaja
de hasta la mitad de la pena imponible cuando el evento se produce en la
audiencia de formulación de la imputación (arts. 288.3 en c.c. con el 351);
(ii) una rebaja de hasta una tercera parte de la pena a imponer, cuando el
mismo evento se produce en desarrollo de la audiencia preparatoria (art. 356);
(iii) un descuento de una sexta parte, cuando ocurre en el juicio oral (art.
367 inc. 2º). Cuanto más distante se encuentre el proceso del juicio, el
allanamiento genera un mayor reconocimiento punitivo.
Advierte
la Sala que, en los dos primeros eventos, que establecen un descuento
ponderado de ‘hasta la tercera parte’, las normas respectivas no contemplan un
límite mínimo que complemente el correspondiente rango. Ello no obsta para que
una visión sistemática y de conjunto de los tres niveles de descuento, permita
establecer que los extremos inferiores de los rangos están determinados por el
límite superior previsto para el descuento aplicable en la fase subsiguiente en
que éste procede, es decir que se encuentran recíprocamente delimitados, así,
(i)
El
allanamiento en la audiencia de formulación de la imputación amerita un
descuento de una tercera parte, ‘hasta la mitad’ de la pena.
(ii)
El
allanamiento que se produzca en la audiencia preparatoria genera un descuento
de una sexta parte, ‘hasta la tercera parte de la pena’.
(iii)
El
allanamiento producido al inicio del juicio oral, origina un descuento de ‘la
tercera parte’ de la pena. En este caso el legislador previó un descuento fijo.
Esta
conformación de los rangos es compatible, no solamente con una visión integrada
de las normas que regulan la materia, sino con el criterio de política criminal
que subyace al instituto, consistente en que el tratamiento punitivo más
benigno es directamente proporcional al mayor ahorro en los recursos
investigativos del Estado. Así, no sería razonable, atendiendo los fines de la
institución, prever el mismo descuento para quien acepte los cargos en la
audiencia de formulación, que para quien lo haga cuando el proceso ya se
encuentra más avanzado: en la audiencia preparatoria, o en el juicio oral.
Cotejando
en abstracto, los sistemas de descuento punitivo previstos en una [L. 600/00] y otra normatividad para
el mismo supuesto de hecho, resulta más permisivo el contemplado en la
Ley 906/04, en cuanto permite un mayor rango de movilidad del aplicador para
determinar el descuento punitivo, particularmente en relación con quien se
allana en la diligencia de formulación de cargos.”
Bajo esos
lineamientos, en la sentencia T-091 de 2006 ampliamente citada, la
Corte Constitucional explicó que el legislador dio un tratamiento diferenciado
entre los mecanismos de negociación y preacuerdos y la aceptación unilateral de
cargos o allanamiento, pues en la segunda no hay espacios a la negociación, ni
se autoriza al fiscal para hacer solicitudes sobre la punibilidad.
Resulta
latente que el legislador ha establecido, dentro de su potestad de
configuración, los presupuestos para la aplicación esas formas de terminación
anticipada del proceso, partiendo de unos lineamientos de política criminal que
procuran reducir el desgaste de la administración de justicia, sin desconocer
con ello el ejercicio de ponderación que le corresponde al juez.
6.3. Esa misma
distinción entre el instituto de allanamiento a los cargos y preacuerdos
también ha sido evocada por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, luego de revaluar su jurisprudencia.
En el fallo de
esa corporación de septiembre 15 de 2011 (rad. 36.502,
M. P. Alfredo Gómez Quintero) referido ampliamente en los antecedentes de esta
providencia, se explicó que en un primer momento la
Sala de Casación Penal sostenía que el allanamiento o la aceptación de cargos
era una forma de negociación, propia del “derecho penal premial”, por
encontrarse en el título de preacuerdos y negociaciones entre la
Fiscalía y el imputado o acusado.
Al respecto, analizando
esas formas de terminación del proceso, frente a la figura de la sentencia
anticipada propia de la Ley 600 de 2000, en la referida sentencia se expuso:
“De
esa manera, la Sala inicialmente a partir de la discusión originada sobre la
similitud o no de la sentencia anticipada, propia del sistema mixto de la
Ley 600 de 2000, con el allanamiento o la aceptación de cargos del
procedimiento acusatorio de la Ley 906 de 2003,
a pesar de reconocer que ambas figuras tienen su génesis en el derecho penal
premial, afirmó que el allanamiento o la aceptación de los cargos por
encontrarse reglado en el título de preacuerdos y negociaciones entre la
Fiscalía y el imputado o acusado, era una forma de negociación. Expresó que
‘el
novedoso sistema está diseñado para que a través de las negociaciones y
acuerdos se finiquiten los procesos penales, siendo esta alternativa la que en
mayor porcentaje resolverán los conflictos, obviamente sin desconocer los
derechos de las víctimas y de los terceros afectados con la comisión de la
conducta punible, partes que en este esquema recobran un mayor protagonismo
dentro del marco de justicia restaurativa.’[111]
Luego
de señalar los momentos procesales en los que puede acudirse al allanamiento,
en la misma decisión agregó que
‘En
esas condiciones, en el novedoso sistema procesal la aceptación de cargos
prevista en las citadas normas constituye, por regla general, un acuerdo
bilateral, no unilateral como sucedía en el pasado régimen de sentencia
anticipada, entre el fiscal y el imputado, evento en el cual se puede negociar
el monto de la rebaja punitiva, correspondiéndole al juez de conocimiento
dictar la sentencia teniendo como soporte dicho acuerdo, salvo que advierta la
trasgresión de garantías fundamentales.
En
otras palabras, dentro del actual sistema acusatorio, el fiscal y el imputado
están en libertad de llegar a acuerdos, los cuales ‘obligan al juez de
conocimiento, salvo que ellos desconozcan o quebranten las garantías
fundamentales’, evento que no ocurría con la antigua sentencia anticipada,
habida cuenta que no se permitía ningún tipo de negociación y al juez le
correspondía determinar la pena conforme al acto libre, voluntario y unilateral
manifestado por el procesado.’”
Bajo esos
lineamientos, la Sala de Casación Penal en el fallo de septiembre 5 de 2011
citado, se explicó: “Conforme a la diferenciación entre ambos institutos
aducida en esa decisión, a la afirmación de que el allanamiento o la aceptación
de cargos es una forma de acuerdo, reiterada por la
Corte en la citada en la censura, la conclusión no podía ser distinta a
afirmar que la condición prevista en el artículo 349 de la
Ley 906 de 2004 para los acuerdos, también era exigible en aquel evento…”.
Con todo, a
continuación en la citada sentencia se indicó que la
Sala de Casación Penal varió su jurisprudencia, para distinguir entre el
carácter unilateral del allanamiento o aceptación de cargos y la bilateralidad
propia de los preacuerdos y negociaciones entre la fiscalía y el imputado o
acusado.
En la
providencia de septiembre 5 de 2011 que se viene citando, se indicó:
“A
pesar de mantener invariable ese criterio, poco después se admitió el carácter
unilateral del allanamiento o aceptación de cargos, porque era insostenible
afirmar su bilateralidad, a menos que se persistiera en desconocer la
naturaleza de las cosas…
…
…   …
La
tesis según la cual el allanamiento o aceptación de cargos es una forma de
acuerdo, sustentada a partir del modelo de justicia premial y consensuada que
caracteriza al sistema acusatorio, fue revaluada por la
Corte al abordar la rebaja de pena contemplada en el artículo 351 de la
Ley 906 de 2004 a un caso regido por la Ley 600 de 200, y en la actualidad se
mantiene inmodificable con las consecuencias que se derivan de ella.”
En la
sentencia citada se explicó que en una decisión de abril 8 de 2008 (rad. 25.306,
M. P. Augusto J. Ibáñez Guzmán), la Sala de Casación Penal indicó que en el
allanamiento o aceptación de cargos no existe acuerdo entre el ente instructor
y el imputado o acusado.
Al respecto,
en la sentencia de septiembre 5 de 2011, se reseño:
“De
ahí que después de señalar que en el allanamiento a cargos ninguna situación
procesal se acuerda, ya que el fiscal se limita únicamente a colocar al
imputado en relación directa con el juez, como también que el mismo instituto
no está condicionado a la reparación integral de los perjuicios, concluyera que
‘se
observa razonable interpretar que si bien los acuerdos y negociaciones son
notas singulares del nuevo sistema procesal pero el allanamiento a cargos tiene
unos matices respecto de los cuales no es totalmente asertivo decir que se
corresponda con la misma filosofía de los primeros, la
Sala no casará el fallo impugnado, porque una nueva observación indica que
esta institución no es especifica del nuevo procedimiento, a la misma no
subyace una relación consensuada entre fiscal e imputado y por tanto puede ser
observada como homologable con la sentencia anticipada.’[112]
Tal
posición posteriormente ha sido reiterada por la
Sala, que de manera clara y expresa ha venido sosteniendo que
‘el
instituto de allanamiento a los cargos y preacuerdos, son diferentes en cuanto
a su estructura. El primero se erige en una manifestación unilateral y oral que
hace el imputado o acusado de aceptar su responsabilidad, en los precisos
momentos procesales señalados en la ley, acto en el cual éste debe ser
cabalmente asistido por la defensa y debidamente enterado de las consecuencias
jurídicas que trae consigo la aceptación de los mismos.
Mientras
que los preacuerdos, además de constituir un acto consensuado entre la fiscalía
y el imputado o acusado, según el caso, éste puede recaer sobre la eliminación
de su acusación alguna causal de agravación punitiva o algún cargo específico y
la tipificación de una conducta dentro de su alegación conclusiva con el fin de
disminuir la pena, según lo reglado en el artículo 350, incisos 1° y 2°, de la
Ley 906 de 2004, y acordar también lo referente a los hechos y sus
consecuencias y el quantum a imponer en la determinación de la pena (artículo
351, inciso 2°, de la citada ley).’[113]”
Mas adelante,
la sentencia ampliamente citada de la Sala de Casación Penal, se refirió a la
distinción entre las dos formas de terminación anticipada del proceso,
contenidas en la Ley 906 de 2004:
“Por
el contrario, resulta oportuno recordar que aun cuando el consenso y el derecho
premial son características del sistema acusatorio, las distintas formas de
terminación anticipada del proceso previstas en la
Ley 906 de 2004 tienen origen en una u otra de ella; mientras los preacuerdos
son producto de la primera[114], el
allanamiento o aceptación de cargos son propios de la segunda.
Por
eso, mientras el órgano de la persecución penal puede negarse a adelantar
negociaciones, pues la ‘Fiscalía y el imputado o acusado podrán’ celebrar
preacuerdos o negociaciones que conduzcan a la terminación del proceso, lo cual
no constituye irregularidad alguna conforme a lo dicho por la
Sala en la decisión citada; cosa distinta ocurre en la audiencia de
formulación de la imputación, en la que el Fiscal está obligado a expresar
oralmente la posibilidad del indiciado de allanarse a la imputación y de
obtener la rebaja de pena prevista en la ley, siendo suficiente la
manifestación consciente y libre del imputado para que el juez de conocimiento
proceda a su aprobación.
De
otro lado, los preacuerdos tienen por objeto los hechos y sus consecuencias, el
allanamiento la imputación. Con los primeros, la declaración de culpabilidad
del imputado del delito atribuido o de uno relacionado con pena menor, busca la
eliminación de alguna causal de agravación punitiva, un cargo concreto o la
tipificación de la conducta que de forma específica conduzca a la disminución
de la pena; el segundo, con la sola manifestación de la aceptación total o
parcial de la imputación, persigue la obtención de la rebaja de la pena
prevista en la ley.
La
primera entonces es bilateral, porque implica un acuerdo entre partes que es
presentado al juez; la segunda es unilateral, porque frente a la formulación de
la imputación, el imputado no cuenta con otra alternativa ante el juez que aceptarla
total o parcialmente sin discutir sus términos.”
Acorde con lo
citado, en la aludida providencia se concluyó: “Desde esta perspectiva, la
naturaleza del instituto no depende de su ubicación en un determinado título o
capítulo del Código, ni de la remisión que la ley haga a los mismos para
determinar sus consecuencias punitivas, sin que por estas dos razones pueda
afirmarse que el allanamiento se asemeja irremediablemente a los preacuerdos o
negociaciones.”
7. Análisis
del alcance normativo del artículo 57 de la
Ley 1453 de 2011.
7.1. Reseñado
lo anterior, procede entonces la Corte a efectuar un breve análisis normativo
relacionado con la aplicación del parágrafo acusado para, a partir de ello,
poder adelantar el estudio del cargo formulado por el actor.
7.2. La
Ley 906 de 2004 establece en el artículo 301, modificado por el artículo 57 de
la Ley 1453 de 2011, los eventos en los cuales se entiende que existe
flagrancia, esto es:
(i)
cuando la persona es
sorprendida y aprehendida durante la comisión del delito;
(ii)
cuando es sorprendida
e individualizada durante la comisión del ilícito y aprehendida inmediatamente
después por persecución o cuando fuere señalado por la víctima u otra persona
como autor o cómplice del delito seguidamente de su perpetración;
(iii)
cuando el individuo
es sorprendido y capturado con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales
aparezca fundadamente que acaba de cometer o participar en el delito;
(iv)
cuando es sorprendido
o individualizado en la comisión de un delito en un sitio abierto al público o
a través de la grabación de un dispositivo de video y aprehendido
inmediatamente después;
(v)
cuando se encuentra
en un vehículo utilizado momentos antes para huir del lugar de la comisión de
un delito, salvo que aparezca fundadamente que el sujeto no tenga conocimiento
de la conducta.
El parágrafo ahora demandado, adicionado
por el artículo 57 de la Ley 1453 de 2011, señala que la persona que incurra en
cualquiera de los referidos eventos “sólo tendrá un cuarto 1/4 del beneficio
de que trata el artículo 351 de la Ley 906 de 2004”.
Cabe recordar además que el artículo 288.3
ibídem, indica que durante la formulación de la imputación el fiscal
expresará oralmente, entre otros aspectos, la posibilidad del investigado de
allanarse a la imputación y a obtener rebaja de pena de conformidad con el
artículo 351. Norma última que establece entonces los efectos de la aceptación
de esos cargos.
El artículo 351 ibídem al cual
remite la norma demandada se encuentra en el Título II, denominado preacuerdos
y negociaciones entre el imputado o acusado. En el Capítulo I se establece que la
Fiscalía y el imputado o acusado podrán llegar a acuerdos que impliquen la
terminación del proceso, cuyas finalidades son: (i) humanizar la actuación
procesal y la pena; (ii) obtener una pronta y cumplida justicia; (iii) activar
la solución de los conflictos sociales que genera el delito; (iv) propiciar la reparación
integral de los perjuicios ocasionados con el injusto; y (v) lograr la
participación del imputado en la definición de su caso (art. 348).
En el referido Capítulo I también se
regula lo relacionado con la improcedencia de acuerdos o negociaciones con el
imputado o acusado (art. 349) y la posibilidad de hacerlos desde la formación
de la imputación y hasta antes de ser presentado el escrito de acusación (art.
350), o una vez presentada la acusación hasta el momento en que sea interrogado
el acusado durante el juicio oral sobre la aceptación de su responsabilidad
(art. 352).
Con todo, el artículo 351 relacionado con
las modalidades de este tipo de acuerdos o negociaciones señala que el
indiciado podrá aceptar los cargos determinados en la audiencia de formulación
de la imputación, evento que comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena
imponible.
Recuérdese que esa norma preceptúa (no
esté en negrilla en el texto original):
“Modalidades. La aceptación de los
cargos determinados en la audiencia de formulación de la imputación, comporta
una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible, acuerdo que se
consignará en el escrito de acusación.
También podrán el fiscal y el imputado
llegar a un preacuerdo sobre los hechos imputados y sus consecuencias. Si
hubiere un cambio favorable para el imputado con relación a la pena por
imponer, esto constituirá la única rebaja compensatoria por el acuerdo. Para
efectos de la acusación se procederá en la forma prevista en el inciso
anterior.
En el evento que la
Fiscalía, por causa de nuevos elementos cognoscitivos, proyecte formular
cargos distintos y más gravosos a los consignados en la formulación de la
imputación, los preacuerdos deben referirse a esta nueva y posible imputación.
Los preacuerdos celebrados entre Fiscalía
y acusado obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan o
quebranten las garantías fundamentales.
Aprobados los preacuerdos por el juez,
procederá a convocar la audiencia para dictar la sentencia correspondiente.
Las reparaciones efectivas a la víctima
que puedan resultar de los preacuerdos entre fiscal e imputado o acusado,
pueden aceptarse por la víctima. En caso de rehusarlos, esta podrá acudir a las
vías judiciales pertinentes.”
7.3. El artículo 301 de la
Ley 906 de 2004 fue modificado por el artículo 57 de la
Ley 1453 de 2001, incluyendo el parágrafo ahora demandado, el cual remite
exclusivamente al citado artículo 351 ibídem, sin hacer referencia a
aquellos eventos en los cuales el imputado o acusado, capturado en flagrancia,
se allane o acepte los cargos en una etapa posterior a la audiencia de
formulación de la imputación (acusación o juicio oral), generando varias
interpretaciones como señala el ciudadano demandante y varios de los
intervinientes.
8. La
interpretación del parágrafo del artículo 57 de la
Ley 1453 de 2011 realizada por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia.
8.1. En un
primer momento, la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia en el fallo de septiembre 5 de 2011, ya citado, en
cumplimiento de una “labor pedagógica”, expresó su “pensamiento”,
con relación a la modificación normativa realizada por el artículo 57 de la
Ley 1453 de 2011.
En esa
decisión se explicó que en la Ley 906 de 2004 el legislador estableció (i) los
posibles momentos procesales donde pueden presentarse el allanamiento o
aceptación de cargos y los preacuerdos o negociaciones entre el indiciado,
imputado o acusado y la fiscalía; (ii) la forma de reconocer beneficios para
tales circunstancias y (iii) su margen de aplicación:
“Desde
la expedición de la L 906/04 el legislador previó tres oportunidades para que
el imputado pudiera allanarse a los cargos: (i) en la audiencia de imputación
(arts. 288-3 y 351 inc. 1); (ii) en la audiencia preparatoria (art. 356-5), y
(iii) en el juicio oral (art. 367 inc. 2). Asimismo, precisó tres espacios para
efectos de llevar a cabo preacuerdos con la fiscalía, así: (i) en la audiencia
de imputación (art. 351); (ii) una vez presentada la acusación, entendida como
radicado el respectivo escrito, y hasta el momento en que el acusado sea
interrogado al inicio del juicio oral sobre la aceptación de su responsabilidad
(art. 352); y (iii) en el juicio oral, a través de las llamadas manifestaciones
de culpabilidad preacordadas (art. 369).
En
principio, la ley ha señalado una rebaja común a las dos especies de aceptación
de cargos en la primera oportunidad de hasta la mitad de la pena. Para
la segunda hasta de una tercera parte para el allanamiento (art. 356-5)
y de una tercera parte para el preacuerdo (art. 352 inc. 2), en tanto
que para la última, de una sexta parte si se trata de aceptación
unilateral (art. 365 inc.) y la pretensión punitiva que exprese el fiscal, en
el evento de la culpabilidad preacordada (art. 370).
Ahora
bien, cuando la regulación normativa, aludiendo a las rebajas de pena, les
impone un ámbito de movilidad (hasta la mitad, hasta la tercera parte) lo hace
bajo un doble propósito: que si se trata de preacuerdos exista el margen de
negociación entre fiscal e imputado, y que en el evento del allanamiento sea el
juez quien tenga el manejo discrecional de tal oscilante reducción, facultad
ésta que –como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Sala- no puede
obedecer a aspectos como la gravedad del delito, la entidad del daño causado,
la naturaleza de las circunstancias concurrentes, etc., en la medida en que el
uso de tales baremos ya se agotó a la hora de individualizar la pena al interior
del respectivo cuarto.”
En el citado fallo
se explicó que los parámetros para la negociación entre el fiscal y el imputado
o la discrecionalidad del juez en lo que le es propio, están relacionados con
factores post delictuales como el alcance del aporte a la investigación, la
reparación de las víctimas, la mayor o menor economía procesal originada con la
aceptación de los cargos, pues no “es sólo el ahorro en el trámite procesal
lo que apareja un significativo descuento punitivo”.
En la
sentencia de septiembre 5 de 2011, la Sala de Casación Penal expresó:
“Los
factores a tener en cuenta para efectos de mayor o menor aproximación al monto
máximo de reducción deben obedecer a criterios post delictuales, tales como el
alcance del aporte benéfico a la investigación en aspectos como el
descubrimiento de otros partícipes o de otras conductas punibles, la reparación
a las víctimas, la mayor o menor economía procesal originada en la aceptación
de los cargos, etc.
Ha
sido justamente ésta última una de las referencias a valorar a la hora de
concretar el monto de la rebaja en el allanamiento, la que unida a la
colaboración en la búsqueda de la verdad que genera la admisión de
responsabilidad, se ofrecen como los referentes que sirven al juez para tal
misión. No es sólo el ahorro en el trámite procesal lo que apareja un
significativo descuento punitivo; tan importante –o más que aquél- es el
descubrimiento de la realidad material, porque sin duda una oportuna aceptación
de cargos facilita en grado extremo el juicio de responsabilidad.”
8.2.
Atendiendo entonces esas finalidades y parámetros que debe considerar el fiscal
al momento de realizar las negociaciones y, más aún, el juez al fijar la pena
en caso de allanamiento, la Corte Suprema de Justicia en el fallo citado indicó
que en aquellos casos de flagrancia en que no exista un “plus” de
colaboración, la rebaja de penas no puede ser la máxima, así la economía
procesal sea “mayúscula” (no está en negrilla en el texto original):
“Pues
bien, sobre esos pilares es donde la jurisprudencia de la
Corte ha sentado su criterio relativo a que en los casos de flagrancia, cuando
no van acompañados de un plus de colaboración, la rebaja de pena no puede
alcanzar el 50%, así la economía procesal sea mayúscula, como por ejemplo
cuando la aceptación de cargos se produce a escasas horas de cometido el delito.
Y un tal planteamiento ha llevado a la Sala a estimar que ese premio punitivo
puede ser del orden del 35 o del 40%, en la medida en que debe ser superior –en
todo caso- a una tercera parte más un día, dado que el acogimiento a los cargos
se ejecuta en la primera oportunidad.
En
ese contexto no hay duda que la proporción extrema no puede operar, en la
medida en que –por regla general- de una situación de flagrancia normalmente se
derivan sin mayor dificultad los elementos de convicción que permiten –así sea
con agotamiento del trámite normal- el proferimiento de un fallo condenatorio.
El apoyo que a la sentencia ofrece el allanamiento en un caso de flagrancia no
es otro que el de la simple economía procesal y el premio a esa sola
consecuencia se refleja justa y proporcionadamente en el 35 ó 40% que viene predicando
la Sala[115].”
Acorde con
esos planteamientos, la Sala de Casación Penal afirmó que ese juicio acogido
por la jurisprudencia llevo al legislador a modificar el artículo 301 de la
Ley 906 de 2004, mediante el artículo 57 de la
Ley 1453 de 2011, aunque su redacción no ofrece la “claridad que se espera
de una norma procesal con efectos sustanciales”, dando lugar a diferentes
interpretaciones.
La Corte
Suprema de Justicia sostuvo
entonces en el citado fallo que el legislador dentro de su poder de
configuración encontró que la persona sorprendida en flagrancia “no aporta
–per se- mayor colaboración a la sentencia condenatoria”, luego: “Regularmente
en esas condiciones, con aceptación de cargos o sin ella, surge el mérito para
condenar”.
A
continuación, esa corporación explicó que la modificación legislativa “es
una inconsistencia más del legislador de los últimos años”[116],
al punto que hay voces que consideran que la reforma aprobada por el Congreso
al artículo 301 de la Ley 906 de 2004 no modificó otras normas relacionadas con
eventuales rebajas punitivas en etapas posteriores a la imputación, dando lugar
a que el imputado capturado en flagrancia se abstuviese de aceptar cargos, para
esperar una mejor rebaja posteriormente.
Sin embargo,
se concluyó que tal tesis no era sostenible, al atentar contra la filosofía de
ese instituto procesal (no está en negrilla en el texto original):
“Aun
así, en esta última hipótesis, nadie ha dudado que sobre el descuento de hasta
la tercera parte en la preparatoria para nada incide la proporción ‘hasta de la
mitad’ reglada en el art 351. Lo claro es que ‘hasta la tercera parte’ de la preparatoria
se predica y se aplica es de la pena individualizada en la sentencia y no del
referente del 351. Es la anterior –en esencia- la misma regulación hecha en la
nueva legislación cuando el monto de la ¼ parte lo relaciona por remisión al
art 351.
Ahora,
algunos consideran que como no se modificaron otras normas que regulan rebajas
posteriores a la imputación, como por ejemplo el 356-5 en audiencia
preparatoria, esta reducción quedó incólume y por esa vía el imputado podría
abstenerse de aceptar cargos en la audiencia inicial y en cambio sí admitirlos
ya en el juzgamiento y de esa forma hacerse acreedor hasta de la 1/3 parte de
rebaja. Esta es una tesis inaceptable porque de prohijarse se estaría atentando
contra la propia filosofía del instituto jurídico, la cual se edifica en el
presupuesto de que a mayor colaboración y mayor economía procesal más
significativa ha de ser la respuesta premial y carecería de toda lógica que a un
procesado (cuya condición de flagrancia se extiende a lo largo de la actuación)
se le concediera una reducción más alta frente a unos cargos ya estructurados
en la acusación, cuando el Estado tuvo que agotar íntegramente la etapa de
investigación, que a aquel que voluntaria y conscientemente desestimó la
primera oportunidad para admitir responsabilidad en un momento en que apenas
subyacía una imputación. Una tesis así, no sería más que una trampa al querer
del legislador.”
En la decisión
en cita, la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia puntualizó que la reforma del artículo 301 de la
Ley 906 de 2004, en lo que respecta a la restricción de “1/4 parte de la
rebaja de pena”, en caso de flagrancia, tiene aplicabilidad con independencia
de la etapa del proceso en la cual se presente la aceptación de cargos, lo
anterior, sin desconocer el acatamiento del principio de favorabilidad para
aquellas situaciones configuradas con antelación a la vigencia de la
Ley 1453 de 2011:
“Con
el nuevo mecanismo se varió en la ley el esquema de las rebajas o los
parámetros para hacerlas efectivas frente a la captura en flagrancia, porque
antes -frente a la aceptación de cargos- entre más cercana o lejana a la
imputación, la reducción era gradualmente mayor o menor, para cambiarlo ahora,
ya no por la gradualidad o avance en la investigación o juzgamiento sino en
virtud de una condición personal como la flagrancia. Lo que impera ahora es esa
consideración personal y no ya una calificación cronológica procesal, que es lo
que a la postre permite diferenciar las rebajas ordinarias (hasta la ½, hasta
la 1/3, 1/6). Un panorama procesal como el establecido en la ley 1453/11, no
hay duda, encuentra cabida en el poder de configuración legislativo.
Así
las cosas, los verdaderos sentido y alcance de la restricción de ¼ parte de la
rebaja de pena en los casos de flagrancia conduce a concluir que tal guarismo
es único y que tiene aplicabilidad con independencia de las etapas del proceso
o en cualquiera de los momentos u oportunidades en que el imputado o acusado
acepte los cargos, bien sea por allanamiento, o por preacuerdo con el Fiscal.
Finalmente
no debe desatenderse que respecto de la modificación legislativa en comento hay
suficiente mérito para predicar la favorabilidad, dada la naturaleza de norma
procesal con efectos sustanciales. Así, entonces, para los delitos cometidos
bajo la original Ley 906, esto es, antes de la
Key 1453, esta restricción a una ¼ parte de la pena para los casos de
aceptación de cargos no tiene aplicación, en razón a su carácter restrictivo.”
8.3. Contra la
decisión ampliamente citada dada su pertinencia, el Magistrado Sigifredo
Espinosa Pérez presentó un salvamento parcial de voto, al considerar que lo
arriba expuesto, dicho obiter dicta por la
Sala de Casación Penal carece de la claridad necesaria para superar los
inconvenientes surgidos con la redacción de la norma objeto del presente
análisis; explicando:
“No
es así, debo señalarlo, pues, no se entiende con precisión si lo que se decidió
es trasladar esa rebaja de la cuarta parte a cada uno de los momentos y etapas
en las cuales puede tener lugar el allanamiento o acuerdo. Esto es, que si el
allanamiento ocurrió en la audiencia de formulación de imputación se rebaje la
cuarta parte de hasta el cincuenta por ciento de reducción consagrado en el
artículo 351 de la Ley 906 de 2004; esa misma cuarta parte respecto de la
reducción de hasta la tercera parte que opera en la audiencia preparatoria,
acorde con el artículo 356 ibídem; y la misma proporción en el baremo fijo de
la sexta parte de la pena que por allanamiento se establece al inicio de la
audiencia de juicio oral.
O,
como parece decirse en el fallo del cual me aparto, que ya no importa en cuál
momento se realice la aceptación de cargos (unilateral o bilateral), siempre se
hará una reducción de una cuarta parte de la pena impuesta, dado el fenómeno de
la flagrancia.
Esto
último se extracta del apartado en el cual se sostiene que ‘Con el nuevo
mecanismo se varió en la ley el esquema de las rebajas o los parámetros para
hacerlas efectivas frente a la captura en flagrancia, porque antes –frente a la
aceptación de cargos- entre más cercana o lejana la imputación, la reducción
era gradualmente mayor o menor, para cambiarlo ahora, ya no por la gradualidad
o avance en la investigación o juzgamiento sino en virtud de una condición
personal como la flagrancia…’”
El Magistrado
disidente afirmó que la conclusión de la
Sala mayoritaria resultó antinómica, porque establecer que en todos los
eventos de allanamiento o negociación la rebaja correspondería a una cuarta
parte de la pena, en caso de flagrancia, no protege la filosofía de ese
instituto, al brindar un beneficio mayor a quien es sorprendido en esa
circunstancia.
En ese orden,
manifestó (está en negrilla y subrayado en el texto original):
“Pero,
además, el resultado de aplicar la fórmula propuesta en la decisión que no
comparto, termina por contradecir abiertamente la tesis que lo soporta, en
tanto, como inadvertidamente lo pasó por alto la mayoría, la simple tabulación
matemática conduce al resultado paradójico que quien fue sorprendido en
flagrancia, termina recibiendo una proporción de rebaja mayor a aquel que no
soporta esa condición.
En
efecto, para recurrir a un ejemplo simple, partiendo de la base de que ya lo
importante no es la gradualidad en la aceptación de cargos –unilateral o
bilateral-, sino la condición ‘personal’ de flagrancia, siempre se reducirá la
cuarta parte de la pena.
Entonces,
si el delito amerita una pena individualizada de 6 años y la persona,
sorprendida en flagrancia, se allana a cargos en la audiencia de formulación de
imputación, recibe un descuento de esa cuarta parte –equivalente a 18 meses-,
con lo cual la sanción asciende a 54 meses.
Igual
pena se le aplicará si la aceptación de cargos se presenta en la audiencia
preparatoria, o si ello ocurre al inicio del juicio oral, vale decir, siempre
la sanción será de 54 meses de prisión.
Sucede,
empero, que si la persona no capturada en flagrancia decide aceptar cargos al
inicio del juicio oral, debe seguirse la regla general, dado que lo modificado
por la nueva ley sólo opera para casos de flagrancia, y, por ello, se le ha de
rebajar la suma fija de una sexta parte de pena –esto es, un año, de los seis
fijados-, de lo cual se sigue que su sanción asciende a 60 meses de
prisión, superior a la de aquel capturado en flagrancia.”
En el
salvamento de voto se concluyó que la propuesta dada por la
Sala de Casación Penal a la interpretación de la “norma impróvidamente
redactada”, genera una indebida intromisión en el ámbito de configuración
del legislador, desconoce el debido proceso y los principios de legalidad y favor
rei.
Propuso
entonces que frente a la norma analizada y considerando la omisión en la cual
incurrió el legislador, “podría acudirse a la excepción de
inconstitucionalidad, ya que, no importa cómo se interpreta ella, siempre
conduce a resultados que afectan principios penales basilares”.
Explicó que
extenderla a etapas procesales distintas a la audiencia de formulación de
imputación genera los efectos nocivos analizados y, aplicarla únicamente en esa
etapa procesal, tal como está redactada, conculca el principio de igualdad y la
gradualidad propia de la figura del allanamiento, al permitir que quien acepte
en la última oportunidad reciba una rebaja superior.
8.4. Posteriormente,
la Sala de Casación Penal aclaró el sentido del fallo de septiembre 5 de 2011,
ampliamente analizado. En decisión de julio 11 de 2012 (Rad. 38.285,
M. P. Fernando Alberto Castro Caballero) precisó entonces el alcance del
contenido normativo del artículo 57 de la
Ley 1453 de 2011.
En esa
oportunidad esa corporación recordó que esa ley fue expedida por el legislador
con el ánimo de eliminar la impunidad, luchar contra la criminalidad organizada
y el terrorismo y aumentar la efectividad del procedimiento, entre otros fines,
para fortalecer la seguridad ciudadana.
La Sala de Casación Penal indicó entonces que el
legislador dentro de su facultad de configuración modificó el artículo 301 de la
Ley 906 de 2004, persiguiendo los fines reseñados, en particular luchar contra
la impunidad, conservando un criterio razonable y proporcionado como ha
indicado la jurisprudencia de la
Corte Constitucional.
Explicó que la
norma analizada moduló el monto de la rebaja de la pena para las personas
sorprendidas en flagrancia, cuando se allanan o aceptan cargos en la audiencia
de imputación, sin desconocer el principio de igualdad y acatando criterios de
razonabilidad y proporcionalidad, pues no es equiparable la situación de quien
es capturado bajo esa circunstancia frente a quien no lo es.
En ese orden, la
Sala de Casación Penal indicó que la reforma no desconoció los institutos de
allanamiento a cargos, ni los preacuerdos o las negociaciones, como quiera que
se fundamentan en que a mayor colaboración y mayor economía procesal, más
significativa debe ser la respuesta premial.
Con todo, ese
Tribunal consideró imperativo aclarar el sentido del fallo de casación proferido
en septiembre 5 de 2011, para precisar la jurisprudencia con relación al
artículo 57 de la Ley 1453 de ese año, “consultando el espíritu del
legislador y obviamente respetando la sistemática reglada en la ley procesal
penal, a fin de mantener la coherencia de la actividad judicial”.
En el fallo de
julio 11 de 2012, la Sala de Casación Penal aseveró entonces que el análisis y
aplicación de la preceptiva relacionada con la rebaja punitiva en caso de
allanamiento o preacuerdos y negociaciones, debe hacerse según las
oportunidades procesales en las cuales pueden presentarse, para evitar así que
inapropiadamente se permitan mayores beneficios en etapas posteriores.
En la referida
sentencia se expuso (no está en negrilla en el texto original):
“…
si la intención del legislador, dentro del poder de configuración, fue la de
reglar la rebaja de pena derivada del estado de flagrancia, teniendo como
fundamento que esa particular situación ofrece sin mayor dificultad los medios
de prueba que permiten la emisión, por regla general, de un fallo condenatorio,
al consagrar: ‘La persona que incurra en las causales anteriores (flagrancia)
sólo tendrá ¼ parte del beneficio de que trata el artículo 351 de la
Ley 906 de 2006’, la interpretación del mencionado precepto compete hacerse
con total respeto a la sistemática allí contenida, la cual está sustentada en
la progresividad de los beneficios punitivos ofrecidos por la aceptación de
cargos y los preacuerdos y negociaciones celebrados entre la fiscalía y el
imputado o acusado, atendiendo los diversos momentos en que puede darse la
aceptación de responsabilidad.
Si
no se hiciera de la manera señalada anteriormente, se entraría al campo del
absurdo, pues en la audiencia de imputación la rebaja de pena equivaldría a una
cuarta parte del cincuenta por ciento, mientras que para la preparatoria, esto
es, ya en el curso del juicio oral, ese beneficio sería de la tercera parte de
la sanción a imponer, es decir, habría una mayor rebaja para una etapa más
avanzada del proceso, donde el acusado ha prestado menor colaboración con la
administración de justicia.”
La Sala de Casación Penal reiteró en el fallo
citado que la aplicación de la norma analizada debe hacerse respetando el “principio
de progresividad de las rebajas”, atendiendo el parámetro establecido en el
parágrafo del artículo 57 de la Ley 1453 de 2011, aplicable a todos los
momentos o etapas procesales en que se autoriza el allanamiento a cargos y
preacuerdos y negociaciones, pero respetando las reducciones de pena
inicialmente consagradas en las diferentes normas para cada uno de esos
momentos.
De ese modo,
en la decisión de julio 11 de 2012, la Sala de Casación Penal explicó la forma
como deben realizarse las rebajas punitivas por aceptación de cargos:
“Conforme
con lo anterior, la persona que haya sido capturada en flagrancia tendrá
derecho a las siguientes rebajas de penas progresivas según el momento en que
se allane a los cargos formulados:
Rebajas punitivas por aceptación de cargos
Audiencia de formulación
Art. 351
Rebaja original
½ (50%)
Rebaja actual
12.5 % (1/4 de la mitad)
Audiencia preparatoria
Art. 356 N. 5
1/3 (33.3%)
8.33% (1/4 de la tercera parte)
Audiencia juicio oral
Art. 367
1/6 (16.6%)
4.16% (1/4 de la sexta parte)
…   …   …”
A
continuación, tratándose de la forma de presentarse la rebaja de penas en caso
de preacuerdos y negociaciones, en el fallo citado se indicó (se encuentra en
negrilla en el texto original):
“En
lo atinente a los preacuerdos posteriores a la presentación de la acusación,
dado que el artículo 352 de la Ley 906 de 2004 prevé una rebaja de la pena
imponible en una tercera parte, ésta quedará únicamente en un 8.33 por
ciento, conforme a la operación aritmética hecha en precedencia.
Y en
lo que atañe a los preacuerdos celebrados antes de la presentación del escrito
de acusación, la rebaja de pena no podrá exceder del 12.5%, que es la cuarta
parte de la mitad.
Huelga
señalar que dichas rebajas se harán efectivas luego de individualizarse la
respectiva sanción.”
Para
ejemplificar lo reseñado, la Sala de Casación Penal expuso:
“A
nivel de ejemplo, frente a una pena individualizada de 240 meses de prisión, se
podrían presentar las siguientes variantes:
Si
la persona capturada en flagrancia, en la audiencia de imputación se allana a
los cargos atribuidos por la
Fiscalía General de la Nación, según el parágrafo del artículo 301, modificado
por el artículo 57 de la Ley 1453 de 2011, sólo obtendrá una cuarta parte del
beneficio allí reglado, esto es, el 12.5%, lo cual lleva a inferir que el
descuento punitivo es de 30 meses, arrojando como sanción definitiva 210 meses
de prisión.
Ahora,
si la mencionada manifestación se realiza en la audiencia preparatoria, el
acusado que fue capturado en flagrancia, únicamente tendrá derecho a la cuarta
parte del beneficio estatuido en el artículo 356.5 de la
Ley 906 de 2004, es decir, un 8.33%, porcentaje que aplicado al ejemplo,
únicamente le reducirá la pena en 20 meses, para un total definitivo de 220
meses.
Y
por último, si el acusado capturado en flagrancia acepta su responsabilidad en
el juicio oral, de acuerdo con el artículo 367 del Código de Procedimiento
Penal de 2004, el cual regla ‘una rebaja de una sexta parte de la pena
imponible’, surge nítido que tendrá derecho a una cuarta parte de ese
beneficio, el cual se traduce en un porcentaje equivalente a un 4.16%, que
aplicado al ejemplo, el mismo sería de diez (10) meses, quedando la sanción
definitiva en 230 meses.”
9. Análisis
del cargo de constitucionalidad dirigido contra el parágrafo 57 de la
Ley 1453 de 2011.
9.1. Visto todo
lo anterior, en particular las múltiples interpretaciones que se desprenden de
la preceptiva demandada, reseñadas no solo por el demandante y los
intervinientes, y los pronunciamientos que al respecto han emanado de la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, procede la
Corte Constitucional al estudio del cargo invocado en la demanda.
9.2. El
ciudadano demandante considera que el parágrafo censurado vulnera los
principios de legalidad e igualdad, porque la redacción permite que se
presenten varios tipos de interpretaciones que generan un trato inequitativo, trastocando
además la justicia y la seguridad jurídica.
Algunos de los
intervinientes solicitan la declaratoria de inexequibilidad de la norma
demanda, habida cuenta que el legislador omitió incluir una restricción a los
beneficios en casos de personas sorprendidas en flagrancia, en aquellos eventos
que se presente un allanamiento a los cargos, un preacuerdo o negociación con la
Fiscalía, en una etapa distinta a la audiencia de formulación de imputación,
permitiendo interpretaciones que no sólo afectan los principios invocados por
el actor, sino la economía procesal.
De otro lado,
algunos otros intervinientes consideran que la norma es exequible, como quiera
que el legislador dentro de su potestad de configuración en materia penal, y
respetando el principio de legalidad, estableció una distinción en el descuento
punitivo, en caso de flagrancia, sin que con ello se afecte la igualdad, pues
la medida resulta razonable.
9.3. Como se
indicó, la redacción del parágrafo del artículo 57 de la
Ley 1453 de 2011, hace referencia únicamente a que en caso de flagrancia, “sólo
tendrá ¼ del beneficio de que trata el artículo 351 de la
Ley 906 de 2004”, norma que consagra las modalidades de aceptación de
cargos y preacuerdos o negociaciones durante la audiencia de formulación de la
imputación.
La iniciativa
del legislador, como quedo visto, se encaminó a luchar contra la criminalidad y
eliminar la impunidad y, en particular, tratándose de la norma demanda, evitar
que la persona sorprendida en flagrancia que acepta cargos o preacuerda con la
Fiscalía obtenga el mismo beneficio que aquella que no lo es, pero decide
colaborar con la administración de justicia.
Tal medida, prima
facie, no desconoce el principio de igualdad al establecer esa limitación
de los beneficios para las personas sorprendidas en flagrancia, porque como se
ha expresado profusamente, no es equiparable su colaboración para reducir el
desgaste del Estado, frente a aquella persona que, voluntariamente adelanta la
misma actuación, sin existir dicha flagrancia.
En
consecuencia, según el legislador, acorde con la jurisprudencia reseñada, los
beneficios punitivos no pueden ser equiparables entre el individuo sorprendido
en flagrancia y aquel que no lo es, cuando hay allanamiento o aceptación de
cargo y preacuerdos o negociaciones, toda vez que en el primer evento el
eventual desgaste de la administración de justicia en principio resultaría
siendo menor.
Igualmente, en
principio, la norma objeto de censura atiende uno de los principios del derecho
premial y la negociación propia de la Ley 906 de 2004, según la cual a mayor
compromiso hacia la colaboración con la administración de justicia y la
economía procesal, más significativa debe ser la respuesta premial que otorgue
la legislación.
9.4. Con todo,
el legislador omitió señalar qué ocurriría en los casos en que existiendo
flagrancia, el imputado o acusado acepte los cargos formulados, o acuerde con la
Fiscalía, en una etapa procesal más avanzada, como puede ser en la audiencia
de formulación de acusación o en durante el juicio oral.
Esa circunstancia
ha generado una serie de interpretaciones que desconocen el principio de
igualdad, la seguridad jurídica y la filosofía inherente a las formas de
terminación anticipada del proceso.
9.4.1. De un
lado, hay voces que consideran que la reforma al artículo 301 de la
Ley 906 de 2004, únicamente hace referencia al artículo 351 ibídem, por
tanto, sólo es predicable a los allanamientos o preacuerdos que se celebran,
cuando exista flagrancia, durante la audiencia de formulación de imputación:
Audiencia de imputación
Art. 351 (L. 906/04)
Rebaja original
hasta ½ (50%)
Modelo de rebaja
hasta 12.5 % (1/4 de la mitad)
Audiencia preparatoria
Art. 356 numeral 5
(L. 906/04)
hasta 1/3 (33.3%)
hasta 1/3 (33.3%)
Audiencia juicio oral
Art. 367 (L. 906/04)
1/6 (16.6%)
1/6 (16.6%)
Esa
interpretación no es razonable y viola los principios de igualdad y seguridad
jurídica, así como el de “progresividad”, propio de la filosofía de esas
instituciones, pues permiten casos donde el interesado acuda a una forma anticipada
de terminación del proceso posterior, para que no se aplique la limitación señalada
en la norma, y así obtener una rebaja punitiva mayor.
9.4.2. Igualmente,
la falta de claridad de la norma ha permitido que, en ciertos eventos, se afirme
que aunque la limitación impuesta por el legislador al modificar el artículo
301 ibídem tiene lugar en cualquier etapa procesal, en los casos
de una aceptación de cargos o preacuerdo con la
Fiscalía donde exista flagrancia, el beneficio siempre será de ¼ parte de la
pena:
Audiencia de imputación
Art. 351 (L. 906/04)
Rebaja original
hasta ½ (50%)
Modelo de rebaja
1/4 de la pena
Audiencia preparatoria
Art. 356 numeral 5
(L. 906/04)
hasta 1/3 (33.3%)
1/4 de la pena
Audiencia juicio oral
Art. 367 (L. 906/04)
1/6 (16.6%)
1/4 de la pena
Un alcance de
la norma en ese sentido afecta la autonomía e independencia de la
administración de justicia, como quiera que impediría a la
Fiscalía tener un margen razonable para negociar con el imputado o acusado, en
caso de preacuerdos, y al juez ejercer la discrecionalidad que le es propia
para fijar la pena en el caso de allanamiento a los cargos, en ambos casos,
según el aporte benéfico que se brinde a la investigación, pese a la latente
flagrancia.
9.5. Interpretaciones
como las reseñadas desconocen principios como el de legalidad, igualdad y
seguridad jurídica, sin embargo, no puede por ello predicarse la
inexequibilidad del parágrafo del artículo 57 de la
Ley 1453 de 2011, pues un fallo en ese sentido anularía la finalidad legítima
del legislador de procurar una razonable distinción a los beneficios punitivos
entre aquellas personas que son sorprendidas en flagrancia y quienes no lo son.
Ante el
silencio que guardó el legislador, lo imperativo es acoger aquella
interpretación que se ajusta a la
Constitución, en aplicación del principio de conservación del derecho, de modo
que se salvaguarde la finalidad procurada por el Congreso en el ejercicio de su
actividad democrática.
Al respecto,
recordarse que en la sentencia C-070 de 1996 ya referida, entre muchas otras,
se ha explicado que en eventos como el ahora analizado debe salvaguardarse la
norma, cuando exista al menos una interpretación que se ajuste a los principios
y demás parámetros establecidos en la
Constitución.
En la referida
decisión, la Corte Constitucional aclaró:
“El principio de interpretación de la ley
conforme a la Constitución impide a la Corte excluir del ordenamiento una norma
cuando existe por lo menos una interpretación de la misma que se concilia con
el texto constitucional. Este principio maximiza la eficacia de la actuación
estatal y consagra una presunción en favor de la legalidad democrática. El
costo social e institucional de declarar la inexequibilidad de una norma
jurídica infraconstitucional debe ser evitado en la medida en que mediante una
adecuada interpretación de la misma se respeten los postulados de la
Constitución.”
9.6. No se trata en el
presente evento de una analogía in malam partem, como se indica en un
segmento de la intervención realizada por el Tribunal Superior de Medellín, sino
de una interpretación acorde con la
Constitución, que permite hacer efectivos sus principios y valores superiores,
máxime cuando la doctrina especializada indica que tal prohibición sólo tiene
cabida con relación a los tipos penales o al aumento de la punibilidad.
Tradicionalmente el principio
de legalidad en materia penal, como se indicó con antelación, prohíbe la
aplicación analógica, esto es, “transportar la aplicación de una norma
jurídica que regula una determinada conducta a otro caso cuyos supuestos de
hecho son diferentes pero semejantes”[117], pues se
generaría un desconcierto e incertidumbre sobre aquellos comportamientos que
están concretamente prohibidos.
Con todo, como bien indica
Eduardo M. Jauchen, aunque el ideal propuesto por Cesare Beccaria es que “ni
siquiera la facultad de interpretar la ley puede atribuirse a los jueces
penales, por la sencilla razón de que éstos no son legisladores”, lo cierto
es que en la actualidad[118]:
“todos los conceptos que integran el tipo
penal, como toda norma en general, son susceptibles de varios significados. La
problemática lingüística añadida a su vez a la subjetividad del juez que la
interpreta pueden conducir inexorablemente a interpretaciones diversas aun
ciñéndose el juez a criterios interpretativos objetivos y restrictivos. Al
legislador le compete tipificar la conducta delictiva en forma clara, precisa y
determinada; luego, dentro de ese marco delimitado por el ‘sentido literal
posible en el lenguaje corriente del texto de la ley’, el juez efectuará la
interpretación ‘considerando el significado literal más próximo, la concepción
del legislador histórico, el contexto sistemático legal, y según el fin de la
ley’[119].”
Con todo, la doctrina
especializada puntualiza que tal restricción se relaciona directamente con las
partes general y especial de los Códigos Penales: “La prohibición de la
analogía tiene aplicación en la Parte especial de la legislación penal en
cuanto a la determinación literal del tipo y también respecto a la pena que se
conmina. En cuanto a la Parte general debe prohibirse la analogía a cualquier
precepto que amplié la punibilidad más allá de los tipos de la
Parte especial.”[120]
Puntualizado lo anterior, en
el presente asunto la Corte Constitucional realiza no una interpretación analógica
in malam partem, no sólo porque no es propia para el presente evento, pues
no se trata de un tema relacionado con un tipo penal en específico, o un supuesto
para ampliar la punibilidad, sino de una hermenéutica que ajusta la norma
demandada al texto superior.
9.7. De otro lado, una
declaratoria de inexequibilidad como la planteada por el actor y algunos de los
intervinientes, contrastaría la voluntad democrática del legislador, dentro de
su marco de configuración en materia penal, e impediría hacer efectivos valores
superiores contenidos en la
Constitución.
Bajo esos parámetros, lo
predicable es que la Corte realice una interpretación del parágrafo demandando,
que se ajuste a la Constitución, salvaguardando así principios superiores como
la legalidad, la igualdad, la proporcionalidad y la seguridad jurídica, y la
finalidad del sistema premial y negocial inherente al sistema procesal penal
con tendencia acusatoria.
Tal interpretación, como ha
indicado esta corporación, no le esta vedada a este tribunal constitucional,
como quiera que el principio de interpretación constitucional impone buscar la
mayor efectividad de las normas superiores, conservando entonces una normar
legal, pero condicionando su exequibilidad, adoptando la interpretación que se
ajusta a ese parámetro.
La hermenéutica adecuada del
parágrafo del artículo 57 de la Ley 1453 de 2011, en lo que respecta a la
limitación de los beneficios punitivos en caso de allanamiento o aceptación de
cargos y preacuerdos o negociaciones entre la fiscalía y el imputado o acusado,
cuando exista flagrancia resulta aplicable no sólo cuando esa forma de
terminación anticipada del proceso tenga lugar en (i) la audiencia de formulación
de la imputación (hasta en 1/4 parte del beneficio, que allí es hasta la mitad
de la pena individualizada, es decir, entre un día y el 12,5% de la pena a
imponer); también en posteriores actuaciones como durante (ii) la audiencia de
formulación de acusación (hasta en 1/4 parte del beneficio a otorgar que es
hasta 1/3, esto es, entre un día y el 8.33% de la eventual pena) y (iii) en el
juicio oral (1/4 parte de la 1/6 que allí se otorga, es decir, 4.16% de la pena
respectiva).
udiencia de imputación
Art. 351 (L. 906/04)
Rebaja original
hasta ½ (50%)
Rebaja actual
12.5 % (hasta 1/4 de la mitad)
Audiencia preparatoria
Art. 356 numeral 5
(L. 906/04)
hasta 1/3 (33.3%)
8.33% (hasta 1/4 de la tercera parte)
Audiencia juicio oral
Art. 367 (L. 906/04)
1/6 (16.6%)
4.16% (1/4 de la sexta parte)
Ejemplificando, tomando una
eventual pena individualizada de 240 meses de prisión, según la adecuada
hermenéutica del parágrafo del artículo 301, modificado por el artículo 57 de la
Ley 1453 de 2011, se tendría que en los casos de una persona capturada en
flagrancia:
(i)
Si se allana a los
cargos en la audiencia de formulación de la imputación solo obtendrá “hasta”[121]
una cuarta parte del beneficio allí reglado, esto es, la disminución podrá ser hasta
el 12.5%, a saber, el descuento punitivo hipotéticamente sería hasta de 30
meses, teniendo como sanción definitiva 210 meses de prisión, como mínimo.
(ii)
Si la aceptación
ocurre en la audiencia preparatoria, el sujeto tendrá derecho a una rebaja “hasta”[122]
de 1/4 parte del beneficio establecido en el artículo 356 de la
Ley 906 de 2004, es decir, la disminución podrá ser hasta el 8.33% de
la pena individualizada, es decir, en el presente ejemplo, la rebaja sería
hasta de 20 meses, teniendo como sanción definitiva 220 meses como mínimo.
(iii)
Finalmente, si el
allanamiento a los cargos tiene lugar durante el inicio del juicio oral, el
aceptante tendrá derecho a una rebaja equivalente a 1/4 de la 1/6 parte que reconoce
el artículo 367[123] ibídem,
es decir, una rebaja fija del 4.16%, como quiera que dicha norma no da lugar a
la discrecionalidad como acontece en los dos supuestos anteriores ya explicados.
Así, en la hipótesis planteada, la rebaja sería de 10 meses, correspondiendo la
condena definitiva a 230 meses.
Conclusión
La Corte
Constitucional entonces declarará exequible el parágrafo del
artículo 57 de la Ley 1453 de 2011, mediante el cual fue modificado el artículo
301 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que la disminución del beneficio
punitivo en una cuarta (1/4) parte allí consagrado, debe extenderse a todas las
oportunidades procesales en las que es posible allanarse a cargos y suscribir
acuerdos con la Fiscalía General de la
Nación, respetando los parámetros inicialmente establecidos por el legislador
en cada uno de esos eventos donde se permite la discrecionalidad por parte de
los operadores judiciales.
Al respecto, es imperativo resaltar
que la aplicación en sentido amplio de la norma demandada, respete los
parámetros originalmente establecidos en la
Ley 906 de 2004, cuando la terminación anticipada del proceso ocurra en una
etapa distinta a la formulación de la imputación, y reconozca el margen que le
es propio tanto a la Fiscalía para poder negociar, como al juez para fijar
discrecional pero razonadamente la pena acorde con la efectividad que para la
investigación y la economía procesal brinde el imputado o acusado.
VII.- DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Declarar EXEQUIBLE
el parágrafo del artículo 57 de la Ley 1453 de 2011, mediante el cual fue
modificado el artículo 301 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que la
disminución en una cuarta parte del beneficio punitivo allí consagrado, debe
extenderse a todas las oportunidades procesales en las que es posible al
sorprendido en flagrancia allanarse a cargos y suscribir acuerdos con la
Fiscalía General de la Nación, respetando los parámetros inicialmente
establecidos por el legislador en cada uno de esos eventos.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese y archívese el expediente. Cúmplase.
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA   MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO                  Magistrada                                                Magistrado
Con aclaración de voto
ADRIANA GUILLÉN ARANGO              JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrada                                                       Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA            JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado                                          Magistrado
HUMBERTO
A. SIERRA PORTO        LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado                                                        Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
A LA SENTENCIA C-645/12
Referencia: expediente D-8922
Demanda de inconstitucionalidad contra el
parágrafo del artículo 57 de la ley 1453 de 2011“Por medio de la cual  se
reforma el Código de Procedimiento Penal, el Código Penal, el Código de
Infancia  y Adolescencia, las  reglas sobre  extinción de dominio y se dictan
otras disposiciones en materia de seguridad”.
Magistrado Ponente:
NILSON PINILLA PINILLA
Con
el acostumbrado respeto, a continuación expongo las razones que me llevaron a
aclarar el voto en la presente sentencia. Si bien comparto el criterio de la
mayoría, considero necesario hacer algunas precisiones sobre la línea
argumental seguida en la sentencia.
Una flagrancia aporta valiosos elementos de prueba
para establecer responsabilidad penal, sin embargo no por ello se asume que con
la flagrancia quedan probados todos los elementos constitutivos de la
responsabilidad, de modo tal que siempre resulte inidónea la contribución a la
justicia que presta la persona capturada en flagrancia cuando decide aceptar
cargos. La ausencia de causales de justificación y de exclusión de la
culpabilidad requiere de otros medios de prueba que no se aportan con la
circunstancia misma de la captura en flagrancia y suelen ser objeto de un
debate que se escenifica en el proceso. Renunciar a que este debate tenga
lugar, a que el Estado deba aportar las pruebas de que se verifican, además de
la tipicidad objetiva de la conducta, también la tipicidad subjetiva, la
antijurídica y la culpabilidad, es lo que el capturado en flagrancia entrega a
cambio de obtener una módica rebaja de pena. Incluso renuncia a controvertir la
existencia misma de la captura en flagrancia, que dada la ampliación de la
figura que llevada a cabo por el art. 351 del Código de Procedimiento Penal, se
ha convertido en una cuestión que da lugar a muchas e interesantes discusiones
procesales.
En una sentencia reciente la Corte Suprema de Justicia
sostuvo que la aplicación del aumento de penas establecido por el art. 14 de la
Ley 890 de 2004 para todos los delitos del Código Penal no estaba justificada,
por desproporcionada, en aquellos casos en los que el propio legislador ha
prohibido la aplicación de rebajas de penas por confesiones y preacuerdos.
Ellos por cuanto la única razón que en su momento adujo el legislador para
justificar el incremento general de las penas que se impuso con la Ley 890, fue
adecuar el marco punitivo previsto inicialmente en el Código Penal a las nuevas
condiciones establecidas por el sistema acusatorio, cuyo funcionamiento eficaz
se ha hecho depender de la posibilidad de garantizar que no todos los casos
leguen a juicio a través del establecimiento de mecanismos de justicia premial
como las rebajas de penas por confesión y preacuerdos.[124]
Una de las consecuencias que se desprende de la tesis
de excluir por regla general las rebajas de penas en casos de flagrancia, sería
que también para estos casos resultaría injustificado tasar la pena teniendo en
cuenta el incremento general de la Ley 890 de 2004, establecido para todos los
delitos y supuestos precisamente sobre la base de que ese incremento sería el
“plus” con el que el Estado contaba para poder luego rebajarlo en casos de
colaboración sin alterar  el marco general de penas.
Las consecuencias que se han derivado del progresivo
desmonte del sistema premial establecido con la reforma al procedimiento penal,
debido a la apropiación de una serie de reformas penales que niegan la
posibilidad de ofrecer beneficios por colaboración para una gran cantidad de
delitos, han ocasionado una gran congestión para un sistema penal incapaz de
procesar todos los casos que recibe. Se ha sostenido la tesis de que en los
casos de flagrancia no se justifica apelar a los mecanismos de justicia
premial, pero esos asuntos conforman una gran parte de los delitos que hoy debe
procesar el sistema penal y, van a quedar sin la posibilidad de terminar
anticipadamente por el allanamiento a cargos de los procesados.
Fecha
ut supra,
MARIA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
[1]
El demandante hizo referencia a la sentencia de la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de septiembre 6 de
2011, rad. 36502, M. P. Alfredo Gómez Quintero, en particular al salvamento de
voto contra esa decisión presentado por el Magistrado Sigifredo Espinosa Pérez
(cfr. fs. 14 a 16 ib.).
[2]
El actor incluyó en sus argumentos un fallo del Juzgado 3°
Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Medellín,
rad. C. U. I. 05-001-60-00-206-2011-80396 (cfr. fs. 9, 10 y 14 cd. Corte).
[3]
El artículo 351 de la Ley 906 de 2004, preceptúa (no está en
negrilla en el texto original): “Modalidades. La aceptación de los cargos
determinados en la audiencia de formulación de la imputación, comporta una
rebaja hasta de la mitad de la pena imponible, acuerdo que se consignará en
el escrito de acusación.
También
podrán el fiscal y el imputado llegar a un preacuerdo sobre los hechos
imputados y sus consecuencias. Si hubiere un cambio favorable para el imputado
con relación a la pena por imponer, esto constituirá la única rebaja
compensatoria por el acuerdo. Para efectos de la acusación se procederá en la
forma prevista en el inciso anterior.
En el
evento que la Fiscalía, por causa de nuevos elementos cognoscitivos, proyecte
formular cargos distintos y más gravosos a los consignados en la formulación de
la imputación, los preacuerdos deben referirse a esta nueva y posible
imputación.
Los
preacuerdos celebrados entre Fiscalía y acusado obligan al juez de
conocimiento, salvo que ellos desconozcan o quebranten las garantías
fundamentales.
Aprobados
los preacuerdos por el juez, procederá a convocar la audiencia para dictar la
sentencia correspondiente.
Las
reparaciones efectivas a la víctima que puedan resultar de los preacuerdos
entre fiscal e imputado o acusado, pueden aceptarse por la víctima. En caso de
rehusarlos, esta podrá acudir a las vías judiciales pertinentes.”
[4] Cfr. fs.
16 y 17 ib..
[5]
“Artículo 352. Preacuerdos posteriores a la presentación de
la acusación. Presentada la acusación y hasta el momento en que sea interrogado
el acusado al inicio del juicio oral sobre la aceptación de su responsabilidad,
el fiscal y el acusado podrán realizar preacuerdos en los términos previstos en
el artículo anterior.
Cuando
los preacuerdos se realizaren en este ámbito procesal, la pena imponible se
reducirá en una tercera parte.” (No está en negrilla en el texto original)
[6]
“Artículo 367. Alegación inicial. Una vez instalado el
juicio oral, el juez advertirá al acusado, si está presente, que le asiste el
derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse, y le concederá el uso de la
palabra para que manifieste, sin apremio ni juramento, si se declara inocente o
culpable. La declaración podrá ser mixta, o sea, de culpabilidad para alguno de
los cargos y de inocencia para los otros.
De
declararse culpable tendrá derecho a la rebaja de una sexta parte de la pena
imponible respecto de los cargos aceptados.
Si el
acusado no hiciere manifestación, se entenderá que es de inocencia. Igual
consideración se hará en los casos de contumacia o de persona ausente. Si el
acusado se declara inocente se procederá a la presentación del caso.” (No está en en negrilla en el texto original)
[7] Fs. 16 y
17 ib..
[8] Cfr. fs.
14 a 16 ib..
[9]
“Salvamento de voto, Dr. Sigifredo Espinosa Pérez, del 6 de
septiembre de 2011, a sentencia 36.502 del 5 de septiembre (de 2011), Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, M. P. Alfredo Gómez Quintero.”
[10] Fs. 14
y 15 ib..
[11] F. 15
ib..
[12] Íd..
[13] “Sentencia
de casación 36.502, del cinco de septiembre de 2011,
M. P. Alfredo Gómez Quintero.”
[14] Fs. 15
y 16 ib..
[15] F. 22
ib..
[16] Cfr. f.
23 ib..
[17] Íd..
[18] F. 24
ib..
[19] F. 25
ib..
[20] Íd..
[21] F. 27
ib..
[22] Cfr. fs. 88
a 92 ib..
[23] F. 90
ib..
[24] Fs. 90
y 91 ib..
[25] Cfr.
fs. 101 a 113 ib..
[26] F. 113
ib..
[27]
“Basta recordar la incesante polémica surgida en las Altas
Cortes a raíz de la falta de técnica legislativa en el capítulo de los
preacuerdos que contiene la Ley 906 de 2004, porque inicialmente se llegó a
sostener por parte de la H. Corte Suprema de Justicia que el allanamiento o la
aceptación de los cargos era una subespecie de preacuerdo y que en atención a
ello debía seguir el mismo entendimiento de éstos; empero, con posterioridad, la
H. Corte Constitucional concluyó que una cosa era la figura de la aceptación
unilateral de los cargos y otra la figura del preacuerdo bilateral, razón por
la cual no se debían confundir, mezclar o de alguna forma entrelazar como
formas de terminación anticipada del proceso (cfr. a ese respecto la sentencia
T-091/06).”
[28] Cfr.
fs. 101 y 102 ib..
[29] Cfr.
fs. 103 y 104 ib..
[30]
Rad. 660016000035201102471, M. P. Jorge Arturo Castaño Duque.
[31] M. P. Jaime Córdoba
Triviño.
[32] Cfr.
fs. 107, 109 y 110 ib..
[33] Cfr. fs. 114
a 126 ib..
[34] F. 117
ib..
[35] Fs. 118
y 119 ib..
[36] Cfr. f.
119 ib..
[37] F. 120
ib..
[38] F. 122
ib..
[39] Íd..
[40] F. 124
ib..
[41] Íd..
[42] Cfr.
fs. 127 a 133 ib..
[43] F. 129
ib..
[44] Fs. 129
y 130 ib..
[45] F. 130 ib..
[46] F. 131
ib..
[47] Íd..
[48] F. 132
ib..
[49] Cfr. fs. 134
a 142 ib..
[50] F. 141 ib..
[51] Cfr. fs. 151
a 160 ib..
[52] F. 160 ib..
[53] Cfr. f. 153 ib..
[54] F. 158 ib..
[55] Fs. 158 y 159 ib..
[56] Cfr. fs. 161
a 164 v. ib..
[57] Cfr. fs. 161 v. y 162
ib..
[58] Cfr.
fs. 162 v. a 164 v.
[59] Cfr.
fs. 165 a 181 ib..
[60] Cfr.
fs. 177 y 178 ib..
[61] F. 178
ib..
[62] Cfr.
fs. 200 a 211 ib..
[63] Cfr.
fs. 202 y 203 ib..
[64] F. 203
ib..
[65] F. 210
ib..
[66] Fs. 210
y 211 ib..
[67] Cfr.
fs. 213 a 240 ib..
[68]
Rad. 523566000514201180357-01,
M. P. Jesús Ángel Bobadilla Moreno, donde salvó el voto el Magistrado Cristian
Gabriel Torres Sáenz (cfr. f. 213 ib.).
[69] F. 230
ib..
[70] Cfr.
fs. 241 a 252 ib..
[71] Cfr. f.
245 ib..
[72] “Artículo
95 inciso 3 numeral 7 – Constitución Política de Colombia.”
[73] Cfr. fs.
249 a 251 ib..
[74] F. 251
ib..
[75] Cfr.
fs. 251 y 252 ib..
[76] Cfr.
fs. 254 a 261 ib..
[77] Fs. 260
y 261 ib..
[78] F. 261
ib..
[79]
C-131 de abril 1° de 1993,
M. P. Alejandro Martínez Caballero, entre otros.
[80]
Ver, entre otros, auto 288 y fallo C-1052 de 2001, ambos de octubre 4,
M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[81] C-1052 de 2001,
previamente citada.
[82]
Ver, entre otros, auto 288 de octubre 4 de 2001 y sentencias C-1052 de octubre
4 de 2001 y C-568 de junio 28 de 2004, todas esos fallos con ponencia del
Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, y C-980 de septiembre 26 de 2005,
M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[83] Sentencias C-1052 de
2001 y C-980 de 2005, ya citadas.
[84] C-1052 de 2001
previamente citada.
[85]
Reiterada recientemente en los fallos C-533 de julio 11  y C-589 de julio 25 de
2012, ambos con ponencia del Magistrado Nilson Pinilla Pinilla.
[86]
“Corte Constitucional, sentencia C-012 de 2010.”
[87]
“Corte Constitucional, sentencia C-814 de 2009.”
[88]
“Corte Constitucional, sentencia C-480 de 2003.”
[89] Cfr.,
entre otras, la sentencia C-569 de junio 8 de 2004,
M. P. Rodrigo Uprimny Yepes.
[90] Íd..
[91]“Sentencia C-690 de 1996, Fundamento 4. En el mismo
sentido, ver sentencias C-496 de 1994. Fundamento Jurídico No 2 y sentencia
C-426 de 2002, Fundamento 3.10.”
[92] Cfr.
C-569 de 2004, ya citada.
[93]
En la sentencia C-842 de 2010, la
Corte sintetizó lo consignado en los fallos C-1453 de octubre 25 de 2000,
M. P. Alfredo Beltrán Sierra; C-557 de mayo 31 de 2001,
M. P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-426 de mayo 29 de 2002, y C-207 de marzo
11 de 2003, ambos con ponencia del Magistrado Rodrigo Escobar Gil; C-569 de
junio 8 de 2004, M. P. Rodrigo Uprimny Yepes; C-802 de agosto 20 de 2008,
M. P. Clara Inés Vargas Hernández y C-309 de abril 29 de 2009,
M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[94] C-426 de 2002, ya
reseñada.
[95] Cfr. C-1436 de 2000,
referida en el fallo C-842 de 2010.
[96] Cfr. C-569 de 2004,
reiterada en el fallo C-842 de 2010.
[97] C-842 de 2010,
recordando lo consignado en la sentencia C-569 de 2004.
[98]
En el fallo C-070 de febrero 22 de 1996,
M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz, se explicó: “en el ejercicio de la potestad
punitiva del Estado, el legislador debe actuar dentro de los límites
constitucionales. Tales límites pueden ser explícitos como implícitos. Así, al
Legislador le está vedado, por voluntad expresa del constituyente, establecer
las penas de muerte (CP art. 11), destierro, prisión perpetua o confiscación
(CP art. 34), así como someter a cualquier persona a torturas, tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes (CP art. 12). Por otra parte, en el ejercicio
de la facultad punitiva del Estado, el legislador debe propender a la
realización de los fines sociales del Estado, entre ellos, los de garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución y de asegurar la vigencia de un orden justo (CP art. 2). La
dosimetría de las penas es un asunto librado a la definición legal, pero
corresponde a la Corte velar para que en el uso de la discrecionalidad
legislativa se respeten los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
[99]“Ver,
por ejemplo, Sentencia C-127/93. M. P. Alejandro Martínez Caballero.”
[100]“Corte
Constitucional. Sentencia C-531/93 del 11 de noviembre de 1993.
M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.”
[101]
Al respecto, véase, entre otros, la
Declaración de los Derechos del Hombre (art. 11.2); la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. XXVI); el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14); la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8).
[102]
Cfr. Jauchen, Eduardo M. “Derechos del imputado”.
Rubinzal – Culzoni Editores. Buenos Aires, 2005, págs.. 88 y ss.
[103] Londoño
Ayala, César Augusto. Principio de proporcionalidad en el derecho procesal
penal. Ediciones Nueva Jurídica, Bogotá, 2009, pág. 165.
[104]
En el texto Principio de proporcionalidad en el derecho
procesal penal, citando a González - Cuellar Serrano, Nicolás (proporcionalidad
y derechos fundamentales en el proceso penal. Ed. Colex, 1990, Pág. 69), se
afirma: “El principio de legalidad determina que toda medida (incluso las
permisivas, protectoras, garantizadoras) limitativa de derechos fundamentales
se encuentre prevista por normas jurídicas, atendiendo al principio de Bloque
de Constitucionalidad contentivo de la siguiente prescripción: en el caso en
que una norma jurídica tenga por objeto limitar, afectar o restringir derechos
fundamentales u ordinarios deberá observar los siguientes requisitos: (i) debe
ser escrita, expresa, taxativa, clara; (ii) no admite interpretación analógica,
extensiva ni deductiva en otras modalidades y (iii) solamente admite
interpretación literal. Se suma, que la decisión de limitación, afectación o
restricción ha de provenir de un ente constitucionalmente predeterminado para
tal efecto.”
[105]
En aquella oportunidad la
Corte Constitucional confrontó la figura de la sentencia anticipada de la
Ley 600 de 2000, y estatutos procesales anteriores, y el allanamiento a los
cargos contenido en la Ley 906 de 2004.
[106]
El artículo 293 de la Ley 906 de 2004 inicialmente señalaba:
“Procedimiento
en caso de aceptación de la imputación. Si el imputado, por iniciativa propia o
por acuerdo con la Fiscalía acepta la imputación, se entenderá que lo actuado
es suficiente como acusación.
Examinado
por el juez de conocimiento el acuerdo para determinar que es voluntario, libre
y espontáneo, procederá a aceptarlo sin que a partir de entonces sea posible la
retractación de alguno de los intervinientes, y convocará a audiencia para la
individualización de la pena y sentencia.”
Posteriormente,
la citada norma fue modificada por el artículo 69 de la
Ley 1453 de 2011, cuyo texto señala:
“Procedimiento
en caso de aceptación de la imputación. Si el imputado, por iniciativa propia o
por acuerdo con la Fiscalía acepta la imputación, se entenderá que lo actuado
es suficiente como acusación. La
Fiscalía adjuntará el escrito que contiene la imputación o acuerdo que será
enviado al Juez de conocimiento. Examinado por el juez de conocimiento el
acuerdo para determinar que es voluntario, libre y espontáneo, procederá a
aceptarlo sin que a partir de entonces sea posible la retractación de alguno de
los intervinientes, y convocará a audiencia para la individualización de la
pena y sentencia.
Parágrafo.
La retractación por parte de los imputados que acepten cargos será válida en
cualquier momento, siempre y cuando se demuestre por parte de estos que se
vicio su consentimiento o que se violaron sus garantías fundamentales.”
[107]
El artículo 288 de la Ley 906 de 200 preceptúa: “Contenido. Para la
formulación de la imputación, el fiscal deberá expresar oralmente:
1. Individualización
concreta del imputado, incluyendo su nombre, los datos que sirvan para
identificarlo y el domicilio de citaciones.
2. Relación clara y
sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en lenguaje comprensible, lo cual
no implicará el descubrimiento de los elementos materiales probatorios,
evidencia física ni de la información en poder de la
Fiscalía, sin perjuicio de lo requerido para solicitar la imposición de medida
de aseguramiento.
3. Posibilidad del
investigado de allanarse a la imputación y a obtener rebaja de pena de
conformidad con el artículo 351.”
[108] No
está en negrilla en el texto original.
[109]
El numeral 5 del artículo 356 de la Ley 906 de 2004 señala que durante el
desarrollo de la audiencia preparatoria el juez dispondrá: “Que el acusado
manifieste si acepta o no los cargos. En el primer caso se procederá a dictar
sentencia reduciendo hasta en la tercera parte la pena a imponer, conforme lo
previsto en el artículo 351. En el segundo caso se continuará con el trámite
ordinario.”
[110]
El artículo 367 de la Ley 906 de 2004 indica: “Alegación inicial. Una vez
instalado el juicio oral, el juez advertirá al acusado, si está presente, que
le asiste el derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse, y le concederá
el uso de la palabra para que manifieste, sin apremio ni juramento, si se
declara inocente o culpable. La declaración podrá ser mixta, o sea, de
culpabilidad para alguno de los cargos y de inocencia para los otros.
De declararse culpable
tendrá derecho a la rebaja de una sexta parte de la pena imponible respecto de
los cargos aceptados.
Si el acusado no hiciere
manifestación, se entenderá que es de inocencia. Igual consideración se hará en
los casos de contumacia o de persona ausente. Si el acusado se declara inocente
se procederá a la presentación del caso.”
[111] “Casación
de agosto 23 de 2005, radicación 21.954.”
[112]
“Casación abril 8 de 2008, radicación 25.306.”
[113] “Ídem.”
[114] “Auto
de septiembre 13 de 2010, radicación 34.493”
[115]
“Al respecto ver providencias: Rad. 30273 (09/12/2010);
27263 (29/07/2008); 33754 (15/06/2011); 29902 (09/12/2010); 28222 (30/06/2010);
31061 (24/03/2010); 30550(24/03/2010).”
[116]
Al respecto, en la Sala de Casación Penal señaló en el fallo
citado: “Ahora bien, alrededor del novedoso parágrafo del modificado art.
301 de la L 906/04,  puede advertirse que es una inconsistencia más del
legislador de los últimos años, como cuando previó que para un delito con pena
mínima de 4 años eran procedentes tanto la detención preventiva como una medida
no privativa de la libertad (cf arts 313-2 y 315), ó como cuando en temas de
allanamiento a cargos en la audiencia preparatoria (art 356-5) señaló que la
reducción de pena sería de hasta una tercera parte “conforme lo previsto en el
art 351”, referencia ésta a una actuación procesal ya agotada para ese momento.”
[117] Jauchen,
Eduardo M., “Derechos del imputado”, ob. cit. pág. 91.
[118] Id., pág.
92.
[119] “Roxin,
Derecho Penal. Parte general cit., t. I, ps. 148-149.”
[120] Jauchen,
Eduardo M., ob. cit. pág. 93.
[121]
El inciso inicial del artículo 351 de la Ley 906 de 2004 preceptúa (no está en
negrilla en el texto original): “La aceptación de los cargos determinados en
la audiencia de formulación de la imputación, comporta una rebaja hasta de
la mitad de la pena imponible, acuerdo que se consignará en el escrito de
acusación”.
[122]
El numeral 5 del artículo 356 de la Ley 906 de 2004 señala: (no está en
negrilla en el texto original): “5. Que el acusado manifieste si acepta o no
los cargos. En el primer caso se procederá a dictar
sentencia reduciendo hasta en la tercera parte la pena a imponer, conforme
lo previsto en el artículo 351. En el segundo caso se continuará con el
trámite ordinario”.
[123]
El inciso segundo del artículo 367 de la Ley 906 de 2004 preceptúa (no está en
negrilla en el texto original): “De declararse culpable tendrá derecho a
la rebaja de una sexta parte de la pena imponible respecto de los cargos
aceptados.”
[124] CSJ,
Sala de Casación Penal, sentencia del 26 de febrero de 2013, M.P. José Leónidas
Gómez, Rad. 33254.