C-849-05
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
C-849/05
PRINCIPIO DE ECONOMIA DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA-Alcance
OBJECION PRESIDENCIAL DE INCONSTITUCIONALIDAD-Infundada por incumplimiento de la carga argumentativa
En ese orden de ideas la Corte estima que la objeción formulada en
contra del artículo 2° del proyecto, en este punto, consistente en la simple
afirmación según la cual exigir la obtención de la Tarjeta de Colombiano de Oro
crea un requisito adicional en contradicción del principio de economía,  no
cumplió con la  carga argumentativa, que gravita sobre el objetante -y en su
caso sobre el demandante- toda vez que la simple afirmación de la vulneración
del principio de economía no desvirtúa la constitucionalidad del mecanismo
adoptado (entre varios constitucionalmente posibles) por el Legislador en sí
mismo considerado y es insuficiente para declarar la inexequibilidad de la
norma por este aspecto. Es indispensable en supuestos como el sometido a
análisis que el impugnante sustente explícitamente el por qué el contenido de
la disposición tal como  fue aprobada resulta precisamente contraria a la
Constitución.
OBJECION PRESIDENCIAL DE INCONSTITUCIONALIDAD-Costo tarjeta colombiano de oro vulnera el principio de igualdad/CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE OBJECION PRESIDENCIAL-Improcedencia de sentencia
integradora o interpretativa
La Corte
constata que asiste razón al Señor Presidente de la República  y al señor
Procurador respecto de la vulneración en este caso del principio de igualdad en
cuanto el Legislador al señalar que el costo de la Tarjeta de Colombiano de Oro
“estará a cargo del interesado” sin ninguna consideración respecto de la
capacidad económica de sus destinatarios estableció un elemento  normativo que
comporta un tratamiento discriminatorio entre los individuos que habiendo
alcanzado la edad de 65 años adquieren la Tarjeta  Colombiano de Oro por tener
recursos para ello, y los que habiéndola alcanzado no la adquieren por no tener
los recursos para el efecto, sin que  dicho criterio selectivo encuentre
justificación constitucional. Podría aducirse que en
estas circunstancias el reproche que cabe a la norma podría subsanarse
acudiendo a una sentencia integradora o interpretativa. Empero, como lo ha
puesto de presente la Corporación, ese tipo de sentencias no encuentran cabida
dentro del ejercicio del control de constitucionalidad de las objeciones presidenciales
pues lo que  le corresponde  a la Corte es declarar fundadas o infundadas
dichas objeciones. Cabe agregar  que la Corte echa de menos en el
artículo 2° objetado la fijación de los principios y reglas que orienten la
determinación de la tarifa correspondiente a la tasa que corresponderá cobrar
la Registraduría Nacional por la expedición de la tarjeta de colombiano de
oro,  y como los mismos no figuran tampoco en ninguna otra disposición del
Proyecto de  Ley  sub examine -que interpretada sistemáticamente permita
deducir cuáles son el sistema y el método para definir dicha tarifa- ha de
concluirse  que la norma objetada desconoce abiertamente el precepto contenido
en el inciso 2° del artículo 338 superior.
PERSONA DE LA TERCERA EDAD-Atención
preferencial, ágil y oportuna en salud
COLOMBIANO DE ORO-Atención preferencial,
ágil y oportuna a mayores de sesenta y cinco años no implica transferencia de
recursos ni modificaciones a las previsiones económicas de los regímenes
contributivo y subsidiado
Afirma el
Gobierno Nacional que del texto del artículo 3° del Proyecto en estudio, “se
infiere que todo colombiano mayor de 65 años residente en el país y debidamente
certificado, por ese solo hecho tendría acceso a los servicios del Sistema de
Seguridad Social en Salud”, asunto éste que a su parecer quebranta el artículo
48 de la Constitución Política, a la vez que “resulta improcedente como quiera
que la garantía de la prestación del servicio de salud a esta población se
encuentra regulada por el Sistema [de Seguridad Social Integral] en la forma
antes señalada”. La objeción del Gobierno Nacional basada en que el artículo 3°
del Proyecto de Ley en estudio da lugar al ingreso inmediato de las personas
mayores de 65 años al Sistema de Seguridad Social en Salud, sin atender los
requerimientos previstos en la normatividad que sustenta los principios
constitucionales de solidaridad, eficiencia y universalidad, no es de recibo.
No desconoce la Corte la limitación de los recursos de que dispone el Sistema
de Seguridad Social en Salud, como tampoco la necesidad de que los mismos se
recauden y distribuyan atendiendo a la realización de los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad. Sin embargo del artículo 3° del
Proyecto no se desprende la transferencia de recursos, como tampoco
modificaciones a las previsiones económicas que sustentan los regímenes
contributivo y subsidiado, sino más bien el interés del legislador de que las
personas mayores de 65 años puedan reclamar efectivamente una atención
preferencial, ágil y oportuna, en todos los campos.
OBJECION
PRESIDENCIAL-Error en trascripción del texto
enviado para sanción
En el
presente caso la Corte constata que efectivamente en el texto enviado al
Presidente de la República para sanción, la expresión “acreditado” -que fue la
que realmente votó el Congreso- fue sustituida por la expresión “certificado”,
un error de trascripción que no afecta sin embargo el contenido normativo del
artículo 1° del Proyecto de Ley No. 041/03 -Senado- y No. 067/04 -Cámara- “Por
medio de la cual se reconoce al Colombiano y Colombiana de Oro”. En efecto, a
partir del significado dado por el Diccionario de la  Real Academia de la
Lengua a ambas expresiones, y al concordar lo señalado en el artículo 1° -en
que se contiene la expresión objeto de error de trascripción- con  el artículo
2° del proyecto sub examine ha de concluirse que las mismas, en este caso,
tienen un sentido similar que impide ver en el error incurrido una modificación
del contenido normativo del artículo 1° del Proyecto de Ley No. 041/03 -Senado-
y No. 067/04 -Cámara- “Por medio de la cual se reconoce al Colombiano y
Colombiana de Oro”. De lo que se trata en efecto, independientemente de la
expresión que se utilice, es de señalar la necesidad de “acreditar” o de “certificar”
la calidad de “Colombiano de Oro”  a través  de la “Tarjeta de Colombiano de
Oro” expedida por la Registraduría. Ha de entenderse entonces que se está
simplemente ante un error de trascripción que no invalida el trámite dado a las
objeciones presidenciales objeto de esta providencia.
Referencia: OP-086
Objeciones
Presidenciales al Proyecto de Ley No. 041 de 2003 -Senado- y No. 067 de 2004
–Cámara- “Por medio de la cual se reconoce al Colombiano y Colombiana de
Oro”
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de agosto de dos
mil cinco (2005).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite
establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.  ANTECEDENTES
Mediante oficio recibido en la Secretaría
General de esta Corporación el diecinueve (19) de julio de 2005, el Presidente
del Senado de la República remitió el Proyecto de Ley No. 041/03 -Senado- y No.
067/04 -Cámara- “Por medio de la cual se reconoce al Colombiano y Colombiana
de Oro”, en relación con el cual el Presidente de la República formuló
objeciones por razones de inconstitucionalidad, las cuales fueron consideradas
infundadas por el Congreso de la República.
II.  TEXTO DEL PROYECTO DE LEY OBJETADO[1]
“Por medio de la cual se
reconoce al Colombiano y Colombiana de Oro”
El Congreso de Colombia
DECRETA:
ARTICULO 1°. Se entenderá como Colombiano de Oro, aquel colombiano
mayor de 65 años, residente en el País y debidamente certificado[2].
ARTICULO 2°. ACREDITACION.  Las personas que hagan uso de los beneficios
que se establecen en esta Ley, acreditarán su derecho a adquirirlo mediante la
presentación, para cada caso, de la Tarjeta Colombiano de Oro expedida por la
Registraduría Nacional cuyo costo estará a cargo del interesado.
PARAGRAFO PRIMERO. Para obtener la Tarjeta de Colombiano de Oro,
se deberá formular solicitud ante la Registraduría Nacional, allegando los
documentos que lo acrediten como Colombiano de Oro.
PARAGRAFO SEGUNDO. Los Alcaldes podrán celebrar convenios con la
Registraduría Nacional del Estado Civil, para asumir el costo de la Tarjeta de
Colombiano de Oro.
ARTICULO 3°. Todo Colombiano de Oro gozará de un régimen especial, el
cual le confiere derecho a atención preferencial, ágil y oportuna así como el
servicio de salud brindado por el Sistema General en Seguridad Social Integral,
y también gozará de descuentos en programas especiales de turismo ofrecidos por
las Cajas de Compensación Familiar, para los no afiliados y afiliados.
ARTICULO 4°. INSTRANSFERIBILlDAD. Los beneficios consignados en la presente Ley
son intransferibles.
CAPITULO II
CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO
ARTICULO 5°. CONVENIOS. El Estado podrá celebrar convenios con el
sector privado de la economía nacional, para establecer los descuentos a que
tuvieren derecho los Colombianos de Oro.
CAPITULO III
DIA DEL COLOMBIANO DE ORO
ARTICULO 6°. DIA DEL COLOMBIANO DE ORO.  Se declara el día 24 de noviembre de cada año,
como el DIA DEL COLOMBIANO DE ORO. Durante este día, los Departamentos,
Distritos y Municipios programarán y realizarán diferentes actividades de
promoción, participación, recreación e integración social para los
beneficiarios de programa, bajo la coordinación del Ministerio de la Protección
Social.
ARTICULO 7°. HOMENAJE Al COLOMBIANO DE ORO DEL
AÑO. En este día se premiará al
Colombiano de Oro del año, que resulte elegido entre las personas que por
susactividades a lo largo del año sean merecedoras del reconocimiento. El
galardonado recibirá un premio acompañado de un motivo conmemorativo.
CAPITULO IV
SANCIONES
ARTICULO 8°. SANCIONES. El beneficiario y terceros involucrados en actos
fraudulentos, en los que se abuse de los beneficios previstos por esta Ley,
tendrán como consecuencia la pérdida definitiva de la calidad de Colombiano de
Oro, y estará sujeto a las investigaciones penales a que hubiere lugar.
CAPITULO V
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 9°. Todas las entidades estatales y privadas que presten
servicios al público deberán tener un lugar o ventanillas de preferencia para
atender a los beneficiarios de esta Ley. Además en todas las ventanillas
restantes se les dará preferencia.
ARTICULO 10°. Los establecimientos y oficinas públicas a las que se
aplica, obligadas a prestar los beneficios que establece esta Ley, colocarán
anuncios visibles y en lugar prominente que indiquen tal condición.
ARTICULO 11°. Para efectos de los artículos anteriores las empresas
estatales y privadas de servicios públicos implementarán las medidas necesarias
para facilitar la atención a los beneficiarios.
ARTICULO 12°. Cuando suceda el fallecimiento de un Colombiano de Oro, su
familiares o personas más cercanas deberán informar este hecho ante el
Ministerio de la Protección Social, o ante la Entidad Administradora del
Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, o del Régimen de
Ahorro Individual con Solidaridad, dentro de los 60 días siguientes del
fallecimiento para impedir el uso indebido de lo derechos que se consagran en
ésta Ley.
ARTICULO 13°. El Gobierno Nacional deberá reglamentar la presente Ley,
inicialmente, dentro de los seis (6) meses siguientes a su promulgación.
ARTICULO 14. La presente Ley rige a partir de la fecha de su
promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
EL PRESIDENTE DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA,
Luis Humberto GÓMEZ GALLO
EL SECRETARIO GENERAL DEL H. SENADO DE LA
REPUBLICA,
Emilio Ramón OTERO Dajud
LA PRESIDENTA DE LA H. CAMARA DE
REPRESENTANTES,
Zulema JATTIN CORRALES
EL SECRETARIO GENERAL DE LA H. CAMARA DE
REPRESENTANTES
Angelino LIZCANO RIVERA”
III.  TRAMITE LEGISLATIVO
El trámite dado en el Congreso de la República
al Proyecto de Ley objetado fue el siguiente:
3.1. El Proyecto de Ley fue radicado el
29 de julio de 2003 en la Secretaría General del Senado de la República por la
Senadora Leonor Serrano de Camargo y el mismo día fue repartido a la Comisión
Séptima Constitucional Permanente.  (fls.
123-132).
3.2. Su publicación oficial se hizo en la
Gaceta del Congreso No. 380 del 4 de agosto de 2003.
3.3. La Comisión Séptima Constitucional
Permanente designó como ponente para el Proyecto de Ley al Senador José Jairo
Cuéllar Devia.  (fl. 122).
3.4. La ponencia para primer debate en el
Senado se publicó en la Gaceta del Congreso No. 662 de 2004, págs. 9-12.
3.5. El Proyecto de Ley fue aprobado en
primer debate en sesión del 26 de mayo de 2004, en la que se designó como
ponente para segundo debate a la Senadora Angela Victoria Cogollos.  (fl. 111).
3.6. El proyecto pasó a Plenaria del Senado de
la República y la ponencia respectiva fue publicada en la Gaceta del Congreso
No. 264 del 10 de junio de 2004.
3.7. La aprobación en segundo debate en
la Plenaria del Senado de la República se llevó a cabo en sesión del 16 de
junio de 2004, según consta en el Acta No. 52 de la misma fecha que fue
publicada en la Gaceta del Congreso No. 361 del 19 de julio de 2005 (págs.
26-27), y según certificación expedida por el Secretario General del Senado de
la República.  (fls. 93 y 129).
3.8. El 28 de julio de 2004 se radicó el
Proyecto de Ley en la Secretaría de la Comisión Séptima Constitucional de la
Cámara de Representantes para el trámite respectivo en esa Corporación, y fue
designado como ponente para primer debate los Representantes José Gonzalo
Gutiérrez y Germán Aguirre Muñoz.  (fl. 88).
3.9. La ponencia para primer debate en la
Comisión Séptima de la Cámara de Representantes fue publicada en la Gaceta del
Congreso No. 605 de 2003.
3.10. El proyecto fue aprobado por
unanimidad de los miembros de la Comisión Séptima en primer debate en la sesión
del 13 de octubre de 2004, según consta en el Acta No. 16 de la misma fecha,
sesión en la que se designó como ponentes para segundo debate a los
Representantes Juan de Dios Alfonso García, José Gonzalo Gutiérrez y Germán
Aguirre Muñoz, y según certificación expedida por el Secretario de la Comisión
Séptima de la Cámara de Representantes (fl. 76).
3.11. La ponencia para segundo debate en la
Cámara de Representantes fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 719 del 19
de noviembre de 2004, págs. 15-17.
3.12. La Plenaria de la Cámara de Representantes
aprobó el proyecto en segundo debate en sesión del 13 de diciembre de 2004, de
acuerdo con el Acta No. 153 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 49 de 2005 (págs.30-50) y según certificación expedida por el
Secretario General de la Cámara de Representantes.  (fls. 75).
3.13. Dadas las discrepancias que se presentaron
en las Plenarias de las Cámaras, se integró una Comisión de Conciliación
integrada por los Senadores Germán Hernández Aguilera y Maria Isabel Mejía
Marulanda y los Representantes Germán Aguirre Muñoz y Nancy Patricia Gutiérrez
Castañeda, quienes mediante oficio del 15 de diciembre de 2004 informaron a las
respectivas Cámaras su acuerdo, en el sentido de acoger el articulado aprobado
por la Cámara de Representantes en la sesión plenaria del 13 de diciembre de
20043.  (fls. 48 y 49).
3.14. El informe y el acta de conciliación
fueron publicados en el Senado de la República, en la Gaceta del Congreso No.
828 del 15 de diciembre de 2004, págs. 9-10.
3.15. El informe y el acta de
conciliación fueron aprobados en la Plenaria del Senado de la República en la
sesión del 16 de diciembre 2004, según consta en el Acta No. 30 de la misma
fecha que fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 37 del 8 de febrero de
2005 (págs. 7-9), y según certificación expedida por el Secretario General de
esa Corporación el 17 de diciembre de 2004.  (fls. 47 y 129)
3.16. El informe y el acta de conciliación
fueron publicados en la Cámara de Representantes, en la Gaceta del Congreso No.
830 del 17 de diciembre de 2004, págs.7-8.
3.17. Así mismo, el informe y el acta de
conciliación fueron aprobados en la Plenaria de la Cámara de Representantes en
la sesión del 13 de abril de 2005, según consta en el Acta No. 159 de la misma
fecha publicada en la Gaceta del Congreso No. 255 del 13 de mayo de 2005, y
según certificación expedida por el Secretario General de esa Corporación el 13
de abril de 2005.  (fls. 39, 105 y 106).
3.18. El proyecto fue recibido en la Secretaría
Jurídica de la Presidencia de la República el 18 de abril de 2005 (fl. 21),
para la correspondiente sanción presidencial y fue devuelto mediante oficio
recibido en la Secretaría General de la Cámara de Representantes el 25 de abril
del mismo año (fls. 17 a 20), con objeciones de inconstitucionalidad, que son
materia de este proceso.
3.19. Recibidas las objeciones presidenciales los
Presidentes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes
designaron una Comisión Accidental conformada por los Senadores de la República
Angela Victoria Cogollos y Carlos R. Ferro Solanilla y por los Representantes a
la Cámara Germán A. Aguirre Muñoz y José Gonzalo Gutiérrez quienes presentaron
a nombre de dichas Corporaciones, el informe correspondiente.
3.20. El referido informe de objeciones
conjunto fue publicado así: i) en el Senado de la República en la Gaceta
del Congreso No. 341 del 9 de junio de 2005, y ii) en la Cámara de
Representantes en la Gaceta del Congreso No. 345 del 10 de junio de 2005.
3.21. El citado informe fue aprobado así:  i)
en el Senado de la República en la sesión Plenaria del 16 de junio de 2005, según consta en el Acta No. 52 de la misma fecha que fue publicada
en la Gaceta del Congreso No. 433 del 15 de julio de 2005 (págs. 6-11), y según certificación expedida por el Secretario General de
esa Corporación (fl. 10), y ii) en la Cámara de Representantes en la
sesión Plenaria del 15 de junio de 2005, según consta en el Acta No. 181
de la misma fecha, según certificación expedida por
el Secretario General de esa Corporación  dado que dicha acta se encuentra en
proceso de elaboración y publicación (fl. 166).
3.22. Según consta en el Acta No. 51 de
la sesión ordinaria del día 15 de junio de 2005 y según certificación del
Secretario General del 4 de agosto de 2005 (fl. 129), dentro de los textos cuya
votación fue anunciada por la Secretaria del Senado de la República para la
sesión del 16 de junio de 2005 figura el informe de objeciones relativo al
Proyecto de Ley No. 041 de 2003 -Senado- y No. 067 de
2004 –Cámara- “Por medio de la cual se reconoce al Colombiano y Colombiana
de Oro”.
3.23.  Según consta en el Acta No.
179 de la sesión ordinaria del día 13 de
junio de 2005 publicada en la Gaceta del Congreso No. 502 del lunes 8 de agosto
de 2005 (pág. 51),  dentro de los textos cuya votación fue anunciada por la
Secretaria de la Cámara de Representantes para la sesión del 14 de junio de
2005 figura el informe de objeciones relativo al Proyecto de Ley No. 067 de 2004 –Cámara- y No. 041 de 2003 -Senado- “Por
medio de la cual se reconoce al Colombiano y Colombiana de Oro”.
Así mismo según consta en el Acta  de plenaria N°180  del 14 de junio de 2005
-de acuerdo con  la certificación remitida a este despacho por el Secretario
General de la Cámara de Representantes (folio 166) dado que dicha acta se
encuentra en proceso  de  elaboración y publicación- dentro de los proyectos  a
ser discutidos y votados  en la sesión del 15 de junio fue incluido el proyecto
de la referencia.
IV. OBJECIONES FORMULADAS POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Mediante
comunicación del veinticinco (25) de abril de 2005 (fls. 17-20), el Presidente
de la República -con la firma igualmente del Ministro de la Protección Social
-, formuló objeciones de inconstitucionalidad en contra de los artículos 1°, 2°
y 3° del Proyecto de Ley No. 067/04 –Cámara- y No. 041 de 2003 –Senado-, ““Por medio de la cual se reconoce al Colombiano y
Colombiana de Oro”.
La objeciones por inconstitucionalidad
fueron las siguientes:
-  Objeciones contra el artículo 2° por la
vulneración de los artículos 13 y  209 constitucionales
El Presidente de la República considera
que el artículo 2° objetado contraría  lo previsto en el artículo 209 de la
Constitución Política, en la medida en que tal norma constitucional establece
que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, imparcialidad y publicidad, de forma tal que: “... El condicionar
el acceso a los beneficios que el proyecto de ley busca otorgar a las personas
residentes en el país mayores de 65 años, sujeto a la obtención de la ‘Tarjeta
Colombiano de Oro’ a cargo de la Registraduría Nacional, crea un requisito
adicional en contravía del principio de economía consagrado en la norma
constitucional transcrita...”.
Considera además que se afecta el
principio de igualdad por cuanto solamente los mayores de 65 años que tengan
capacidad económica para cancelar los costos de la tarjeta tendrían derecho a
los beneficios cuando con la presentación de la Cédula de Ciudadanía se puede
acreditar la edad para efectos de acceder a los mismos.
-  Objeciones contra el artículo 3° por la
vulneración del artículo 48 constitucional
El Presidente de la República señala que de la
redacción del artículo 3° objetado, se infiere que todo colombiano mayor de 65
años residente en el país y debidamente certificado, por ese solo hecho tendrá
acceso a los servicios del Sistema de Seguridad Social en Salud, desconociendo
tal norma que: “... El acceso a la Seguridad Social debe enmarcarse dentro
del Sistema General de Seguridad Social y no puede ser gratuito o tener
descuentos especiales, distintos de los estipulados en las normas que lo rigen,
tal como se desprende de las normas constitucionales que brindan especial
protección a los recursos de la seguridad social...”.
Manifiesta además que el Sistema Integral de
Seguridad Social, creado por la Ley 100 de 1993, se fundamenta, entre otros, en
los principios de universalidad, entendido como la garantía de la
protección para todas las personas, sin ninguna discriminación, en todas las
etapas de la vida y de equidad, en virtud del cual, el Sistema General
de Seguridad Social en Salud proveerá gradualmente servicios de salud de igual
calidad a todos los habitantes, independientemente de su capacidad de pago,
para lo cual, el Sistema ofrecerá financiamiento especial a aquella población
más pobre y vulnerable así como mecanismos para evitar la selección adversa, y
es más, la ley ha previsto que el servicio de salud será prestado por el
Sistema de Seguridad Social Integral, con el fin de lograr  la ampliación
progresiva de la cobertura a todos los sectores de la población.
En ese orden de ideas, advierte que: “...el
Sistema garantiza el acceso a los servicios de salud de todos los colombianos a
través de los regímenes contributivo y subsidiado y para aquellos que no se
encuentren afiliados en ninguno de los dos regímenes mencionados, se ha
previsto la garantía de la prestación de los servicios de salud a través de los
recursos de oferta (Recursos del Sistema General de Participaciones, rentas
cedidas, recursos propios de los entes territoriales) para la atención de la
población pobre no cubierta con subsidios a la demanda...”.
Igualmente, precisa que de acuerdo con lo
establecido en el artículo 212 de la Ley 100 de 1993, el Régimen Subsidiado
tiene como propósito financiar la atención en salud a las personas pobres y
vulnerables y sus grupos familiares que no tienen capacidad de cotizar, dentro
de las cuales se encuentran priorizadas como beneficiarias las personas mayores
de 65 años.
En ese entendido, objeta el contenido del
artículo 3° en cuanto a su juicio otorga el acceso a los servicios de salud
brindados por el Sistema General de Seguridad Social Integral a las personas
mayores de 65 años por el hecho de acreditar su condición de “Colombiano de
Oro”, lo cual resulta improcedente como quiera que la garantía de la
prestación del servicio de salud a esa población se encuentra regulada por la
Ley 100 de 1993.
Aunado a lo anterior, considera que también
existen objeciones desde el punto de vista financiero, como quiera que el
acceso a la seguridad social en salud en los términos establecidos en el
artículo 3° del Proyecto de Ley, se hace sin que existan estudios previos que
sustenten su viabilidad, de suerte que la estabilidad financiera del Sistema de
Seguridad Social en Salud, se podría ver eventualmente afectada dados los altos
costos financieros que se requieren para su sostenibilidad en el tiempo,
desconociendo por consiguiente, que la Seguridad Social ha sido definida
reiteradamente por la jurisprudencia constitucional, como un derecho de
naturaleza asistencial o prestacional y progresivo, dado que su cobertura no es
inmediata y se realiza en forma progresiva de acuerdo con la evolución de las
finanzas del Sistema, consecuente con lo cual se hace necesario garantizar el
equilibrio financiero del mismo.
- Observación del Gobierno en relación con la
expresión “certificado”, contenida en el artículo 1°
Cabe señalar, que adicionalmente el
Presidente de la República advierte que en el artículo 1° del Proyecto de Ley
de la referencia, el texto de conciliación aprobado en el Senado el 16 de
diciembre de 2004 señaló que: “Se entenderá como Colombiano de Oro, aquel colombiano
mayor de 65 años, residente en el país y debidamente acreditado.”   No
obstante, en el Proyecto de Ley remitido para sanción se señala que: “Se
entenderá como Colombiano de Oro, aquel colombiano de 65 años, residente en el
país y debidamente certificado”.
En esos términos, considera que es claro que el
Congreso aprobó el texto del artículo 1° con la palabra acreditado y se cambió
posteriormente por la palabra certificado.
V.  INSISTENCIA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
Recibidas las objeciones presidenciales los Presidentes del
Senado de la República y de la Cámara de Representantes designaron una comisión
accidental conformada por los Senadores de la República Angela Victoria
Cogollos y Carlos R. Ferro Solanilla y los Representantes a la Cámara Germán A.
Aguirre Muñoz y José Gonzalo Gutiérrez quienes, presentaron a nombre de dichas
Corporaciones, el informe correspondiente.
Dicho informe fue considerado y aprobado por la Plenaria de
la Cámara de Representantes el quince (15) de junio de 2005 (fls. 3) y por la
Plenaria del Senado de la República el dieciséis (16) de junio de 2005 (fls.
10).
En el informe conjunto, se consideran infundadas las
objeciones presidenciales, a partir de los siguientes argumentos:
-  Señalan que el Proyecto de Ley encuentra su
justificación en la medida en que pretendió crear una legislación social que
satisficiera a los adultos mayores como un sector muy vulnerable de la
población, siendo el fundamento de tal señalamiento la información del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística según el cual las personas mayores de 65
años, representan el 4.9% (2.166.980 número de personas) en el total de la
población Colombiana que requiere de una mayor atención por parte del Estado.
En ese entendido, advierten que: “...A través del
programa Colombiano de Oro, se busca elevar a rango de ley los beneficios
otorgados a los adultos mayores, descuentos, atención preferencial, ágil y
oportuna, en las entidades públicas y privadas, así como en el servicio de
salud brindado por el Sistema General en Seguridad Social Integral, y en
programas especiales de turismo ofrecidos por las Cajas de Compensación
Familiar, para no afiliados y afiliados...”.
-  Frente a las objeciones por la supuesta vulneración del artículo
209 de la Constitución Nacional, el informe explica que el Gobierno
Nacional no tuvo en cuenta que lo previsto en el citado articulo superior
referente a la función administrativa, está fundamentado en los principios
básicos del Estado Social de Derecho previstos expresamente en los artículos 1°
y 2° que incluyen entre otros,  los  principios de igualdad y solidaridad.
En ese orden de ideas, el informe indica que el proyecto objetado protege los derechos fundamentales de los
adultos mayores quienes se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta a
causa del deterioro natural de las condiciones físicas que dan los años, y que
la Corte Constitucional reiteradamente ha reconocido por vía de
jurisprudencia.  De forma tal que se responde a la solidaridad para una mejor
calidad de vida en forma concreta y dando cumplimento no solamente a lo
establecido en la Constitución Política, sino también al Plan de Desarrollo
“Hacia un Estado Comunitario”, como está expresado en los artículos 339 y
siguientes de la Constitución Política.
En el informe se indica, así mismo, que el proyecto cumple
a cabalidad lo previsto en el artículo 46 superior, en la medida en que asigna
al Estado una participación activa para la protección efectiva de los derechos
de los mayores de 65 años, además de fundamentarse en el artículo 47
constitucional puesto que al reconocer al Colombiano de Oro se le está
integrando socialmente y se le está dando la importancia que merece por haber
alcanzado la edad de 65 años y portar la tarjeta, especialmente si se considera
que el legislador en el artículo 1° del proyecto reconoció a las personas
mayores de 65 años como Colombiano de Oro, no importando si obtiene o no la
certificación que las acredite como tal, pues esa sólo es una opción, para
significar el valor que se reconoce a quienes han contribuido durante años con
su trabajo al desarrollo del país.
En ese orden de ideas, en el informe se aclara que en
ningún momento el Proyecto de Ley objetado pretende condicionar el acceso a los
servicios ya existentes, ni sujetarlos a la obtención de la Tarjeta de
Colombiano de Oro, lo que busca el proyecto es invitar al Gobierno Nacional a
que preste una mayor atención a la población de la tercera edad y se realce el
valor que le da la experiencia.
- Frente a la objeción formulada contra el artículo 3° el
informe precisa que el Gobierno hace una interpretación  errada de la norma, en
la medida en que infiere que todo colombiano mayor de 65 años residente en el
país y debidamente acreditado, por ese sólo hecho tendría acceso a los
servicios del Sistema de Seguridad Social en Salud en forma gratuita o a tener
descuentos especiales, distintos de los estipulados en las normas que lo rigen.
El informe advierte que de conformidad con lo previsto en
el articulo 48 de la Constitución, las políticas de seguridad social están
sujetas al principio de la eficiencia, que significa que deben fundamentarse en
los datos y estadísticas, pues la política no puede ser fija debe adaptarse a
los cambios sucedidos en la evolución de la población colombiana, como es el
hecho de que cada día los adultos mayores serán un porcentaje mayor de la
población colombiana, y además se tendrá una mayor esperanza de vida, que hoy
es de 72 años y para dentro de 10 será de 75 años, de forma tal que el proyecto
es consciente de la realidad y pretende dar un primer paso al reconocer a ese
sector de la población como Colombianos de Oro.
En esos términos, en el informe se hace énfasis en que el
Gobierno interpretó erróneamente el articulo 3° del Proyecto de Ley, pues si se
observa el texto del mismo, no esta en contravía de lo previsto en el  artículo
48 superior, puesto que el régimen preferencial que determina la norma se
refiere a una atención preferencial, ágil y oportuna, y a la creación de
programas especiales de turismo, y por consiguiente en ningún momento se impone
por parte de la ley beneficios que afecten los consagrados en la Ley 100 de
1993.
En el informe se aduce además, que el propósito del
Proyecto de Ley es exhortar al Gobierno Nacional, para que dignifique la
atención y se establezcan condiciones especiales para ese sector de la
población, verbigracia, preferencia en los turnos de cita en los sitios de
atención, pues con fundamento en los principios de racionalidad,
proporcionalidad y ponderación, es justificable que se de prioridad a los
derechos de las personas de la tercera edad por su evidente condición de
fragilidad, frente a quienes no están en esa condición que la naturaleza
impone.
Finalmente, el informe señala que si bien la Ley 100 de
1993, fue un avance significativo en las políticas de seguridad social, ello no
implica que no pueda ser modificada para adaptarse a los cambios sociales
mediante leyes posteriores que ayuden a dar cumplimiento a los fines del
Estado, y por tanto es claro que el Proyecto de Ley objetado no es
inconveniente, ni está en contraposición de lo previsto en la citada Ley, dado
que no afecta la estabilidad financiera del Sistema de Seguridad Social en
Salud.
VI.  INTERVENCION CIUDADANA
Con el fin de
garantizar la participación ciudadana, el proceso fue fijado en lista el dos (2) de agosto de 2005, por el término previsto en el
artículo 32 del Decreto 2067 de 1991, el cual venció sin que se presentaran
defensas o impugnaciones.
VII.  CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE
LA NACION
Mediante oficio
No. 3891, radicado en la Secretaría General de la Corte Constitucional el
veintiocho (28) de julio de 2005, el Procurador General de la Nación rindió
concepto y solicitó a esta Corporación declarar infundadas las objeciones
presidenciales frente al artículo 3° del Proyecto de Ley No. 041/03 –Cámara- y
No. 067/04 –Senado- y fundadas las objeciones contra el artículo 2° del mismo
proyecto declarando en consecuencia su inexequibilidad, con fundamento en las
siguientes consideraciones:
La Vista Fiscal
considera que el reconocimiento al Colombiano y Colombiana de Oro que prevé el
proyecto objetado, no sólo se ajusta a la Constitución Política sino que la
desarrolla plenamente, en la medida en que de acuerdo con lo previsto en los
artículos 13 y 46 superiores, los adultos mayores tienen derecho a una especial
protección, particularmente en lo que se refiere a la preservación de su vida
en condiciones dignas y justas, a su salud y a su seguridad social, siendo esa
la razón por la cual: “...el Estado está obligado expresamente a garantizar
a los ancianos la protección de los servicios de la seguridad social integral,
es decir, que las entidades que hacen parte de dicho Sistema están obligadas a
cobijar todos los aspectos de la salud de las personas de la tercera edad, el
alcance de la protección y de los servicios a cargo de tales entes va mucho más
allá del puro trámite de citas y consultas médicas, pues comprende el
diagnóstico, la prevención, los tratamientos, los cuidados clínicos, los
medicamentos, las cirugías, las terapias y todos aquellos elementos de atención
que aseguren la eficiente cobertura de la seguridad social a favor de las
personas de la tercera edad...”.
En esos
términos, recuerda que la Corte Constitucional ha sido clara al señalar que la
ancianidad es una situación de debilidad manifiesta, que amerita una protección
especial, dado que deben tutelarse en su totalidad los derechos de quienes al
alcanzar cierta edad ven disminuida su capacidad física y con ello la
posibilidad de ejercer en toda su dimensión algunos de sus derechos.   Sobre el
particular cita, entre otras, las sentencias T-426,
T-471, T-491 y T-534 de 1992 y T-111, T-116, T-124 y T-356 de 1993 y lo
previsto en el artículo 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana
Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
“Protocolo de San Salvador”.
Precisa que el
artículo 1° del Proyecto de Ley No. 041 de 2003 –Senado-, 067 de 2004
–Cámara-,  señala como Colombiano de Oro, a aquel colombiano mayor de 65 años,
residente en el país y debidamente certificado; el artículo 3° objetado señala
que todo Colombiano de Oro gozará de un régimen especial, el cual le confiere
los siguientes derechos: i) atención preferencial, ágil y oportuna, ii)
el servicio de salud brindado por el Sistema de Seguridad Social Integral,
y iii) descuentos en programas especiales de turismo ofrecidos por las
Cajas de Compensación Familiar, para los no afiliados y afiliados.
El Misterio
Público estima que la objeción formulada contra el artículo 3° no está llamada
a prosperar, no sólo porque la Ley 100 de 1993 es una ley ordinaria, que puede
ser modificada por otra de igual jerarquía, sino porque es evidente que el
artículo 3° objetado no está modificando de forma alguna el Sistema General de
Seguridad Social, dado que lo que la norma prevé es que el Colombiano de Oro
tendrá derecho al servicio de salud brindado por el Sistema de Seguridad Social
Integral, situación que no constituye ninguna novedad en el ordenamiento
jurídico colombiano ya que simplemente es una reiteración de los artículos 13 y
46 superiores.
En ese orden de
ideas, aduce que si la seguridad social es un derecho fundamental cuando de
personas de la tercera edad se trata y que el Colombiano de Oro, es aquel que
acredita que tiene más de 65 años, y que como tal tiene derecho al servicio de
salud brindado por el Sistema de Seguridad Social Integral: “...contrario a
lo que argumenta el Ejecutivo, el artículo 3° objetado desarrolla plenamente
los valores y principios de la Constitución.  Ese acceso al sistema, entonces,
debe darse dentro del marco del régimen subsidiado como el de aportes. Lo que
si es claro, es que el Estado debe brindar protección a los mayores de 65 años,
y para el efecto debe idear políticas públicas que permitan por fin a esta
población tener satisfechos sus derechos, en especial, aquellos que no cuentan
con los recursos para prodigarse su manutención, salud, recreación, etc., con
el fin de dar cumplimiento al principio de universalidad de la protección
social...”.
La Vista Fiscal
considera que el artículo 2° objetado vulnera el derecho a la igualdad de
oportunidades, toda vez que si la finalidad del Proyecto de Ley es reconocer a
los adultos mayores una protección especial, principalmente a quienes no
cuenten con medios económicos, no es razonable que se limite dicho
reconocimiento a aquellos que puedan pagar la denominada Tarjeta de Oro.
En ese sentido,
señala que el legislador en el artículo 2° objetado estableció una distinción
entre los individuos que habiendo alcanzado la edad de 65 años adquieren la
tarjeta oro, y los que habiéndola alcanzado no la adquieren por no tener los
recursos para el efecto, de forma tal que dicho criterio selectivo no encuentra
justificación constitucional, máxime cuando la edad puede acreditarse por
cualquier otro medio, como lo es la cédula de ciudadanía, un registro civil o
partida de bautismo para los nacidos antes de 1936, y en ese sentido, la
objeción formulada contra dicha norma la encuentra fundada.
VIII.  CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
8.1. Competencia
Esta Corporación
es competente para conocer de las  objeciones presidenciales por inconstitucionalidad
hechas en relación con los artículos 2° y 3° del Proyecto de Ley No. 041 de 2003 -Senado- y No. 067 de 2004 -Cámara- “Por
medio de la cual se reconoce al Colombiano y Colombiana de Oro”, de
conformidad con lo previsto en los artículos 167 y 241-8 de la Constitución
Nacional.
8. 2.  Verificación del trámite de las objeciones
e insistencia del Congreso
El artículo 166
de la Carta señala que el Gobierno dispone del término de seis (6) días para
devolver con objeciones cualquier proyecto, cuando no conste de más de veinte
artículos. Para efectos de esta disposición debe entenderse que se trata de
días hábiles. El proyecto objetado consta de catorce artículos. Según consta en
el expediente (folios 17 a 21) el Gobierno lo recibió el 20 de abril de 2005, y
lo devolvió el 26 de abril del mismo año -es decir 4 días hábiles después de
haberlo recibido-, con lo cual el Ejecutivo actuó dentro del término
establecido por la Constitución Política.
Una vez el
Gobierno presentó las objeciones, el proyecto fue remitido al Congreso de la
República donde las mesas directivas del Senado de la República  y de  la
Cámara de Representantes procedieron a nombrar una comisión accidental
conformada por los H. Senadores Ángela Victoria Cogollos  y Carlos R. Ferro Solanilla
y por los  H. Representantes  Germán A. Aguirre Muñoz y Jose Gonzalo Gutiérrez,
encargada de presentar el informe respectivo.
Dicho informe
-donde se insiste en la constitucionalidad de los artículos 2º y 3º del
Proyecto de Ley de la referencia-, fue aprobado en la plenaria del Senado en la
Sesión del día jueves 16 de junio de 2005 por la mayoría de los asistentes, según consta en el Acta No. 52 de la misma fecha, previo
anuncio de su votación en la sesión del 15 de junio del mismo año  según el Acta
No. 51 de la sesión de la misma fecha de acuerdo con
la certificación expedida por el Secretario General de dicha Corporación (fl.
10).
Por su parte la
plenaria de la Cámara de Representantes dio aprobación al referido informe en
la sesión del día 15 de junio de 2005 a la cual
asistieron 158 Representantes, por la mayoría de los presentes, según consta en el Acta 181 de la misma fecha de acuerdo
con la certificación expedida por el Secretario General de esa Corporación dado
que dicha acta se encuentra en proceso  de  elaboración y publicación (fl. 166), -previo anuncio de su votación en la
sesión del 13 de junio del mismo año según consta en el Acta No. 179 de la
sesión ordinaria del día 13 de junio de 2005 publicada en la Gaceta 502 del 8
de agosto de 2005 pág. 51 y en  la sesión del 14 de junio de 2005 según consta
en el Acta  de plenaria N°180  de la misma fecha  de acuerdo con la
certificación remitida a este despacho por el Secretario General de la Cámara
de Representantes (folio 166) dado que dicha acta se encuentra en proceso  de
elaboración y publicación.
La Corte
constata en consecuencia que de acuerdo con reiterada jurisprudencia el trámite
así surtido se ajustó a los mandatos del artículo 167 superior tanto en relación
con la oportunidad en que fue realizado -antes de dos legislaturas[3]
-como sobre el carácter coincidente de la posición de la Cámara y el Senado
contenida en un informe común debidamente sustentado[4].
La Corte
constata así mismo que el requisito establecido en el inciso final del artículo
160 superior (artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003) fue igualmente
cumplido en este caso.
Procede en
consecuencia a efectuar el análisis de las objeciones planteadas.
8.3 Problema jurídico
Para el Gobierno
Nacional el artículo 2° del proyecto objetado, desconoce los principios de la
función administrativa y en particular el principio de economía, en la medida
en que condicionan el acceso a los beneficios del proyecto a la obtención de la
Tarjeta de Colombiano de Oro, lo cual crea un requisito adicional que no
encuentra  ninguna justificación.  Así mismo que dicho artículo  desconoce  el
principio de igualdad al establecer que solamente los mayores de 65 años que
puedan cancelar los costos de la tarjeta tendrán derecho a dichos beneficios  a
pesar de que con la presentación de la cédula de ciudadanía bastaría para
acreditar la edad para tal efecto.
De otra parte,
el Gobierno Nacional considera que el artículo 3° del proyecto objetado vulnera
lo previsto en el artículo 48 superior, puesto que el acceso a la seguridad
social debe enmarcarse dentro del Sistema General de Seguridad Social creado por
la Ley 100 de 1993, y en ese sentido no puede otorgarse el acceso a los
servicios de salud brindados por el Sistema General de Seguridad Social
Integral a las personas mayores de 65 años por el hecho de acreditar su
condición de “Colombiano de Oro”.
Adicionalmente
el Presidente de la República advierte que en el artículo 1° del Proyecto de
Ley, el texto conciliado aprobado en el Senado el 16 de diciembre de 2004
señaló que: “Se entenderá como Colombiano de Oro, aquel colombiano mayor de 65
años, residente en el país y debidamente acreditado.”   No obstante, en
el Proyecto de Ley remitido se señala que: “Se entenderá como Colombiano de
Oro, aquel colombiano de 65 años, residente en el país y debidamente certificado”.
Por su parte el
Congreso de la República solicita declarar infundadas las objeciones
presidenciales contra el Proyecto de Ley No. 041 de 2003 –Senado-, y 067 de
2004 –Cámara-, según se desprende del informe .
El Congreso de
la República encuentra  infundada la objeción contra el artículo 2°  del
proyecto de la referencia por violación a los artículos 13 y 209 de la
Constitución, pues a su juicio el Proyecto de Ley está inspirado en los
principios de igualdad y solidaridad, teniendo en cuenta que protege a los
adultos mayores, quienes se encuentran en situación de debilidad manifiesta,
además, el proyecto encuentra su fundamento en los artículos 46 y 47 de la
Constitución dado que al reconocer al Colombiano de Oro, se le está dando una
participación activa a los mayores de 65 años y se le está otorgando la
importancia de haber alcanzado esa edad y portar su tarjeta. El Congreso
puntualiza que lo que se pretende con el proyecto objetado, es que el Gobierno
Nacional le preste más atención a la población de la tercera edad y que realce
el valor que da la experiencia, pero que de ninguna manera busca condicionar el
acceso a los servicios ya existentes ni sujetarlos a la obtención de la Tarjeta
de Colombiano de Oro.
Así mismo, el
Congreso encuentra infundada la objeción planteada en contra del artículo 3°
del proyecto, pues considera que el Gobierno interpreta la norma erróneamente,
ya que no es cierto que la atención preferencial, ágil y oportuna y la creación
de programas especiales de turismo, vulnere el articulo 48 superior, dado que
el artículo 3° no impone beneficios que afecten los previstos en la Ley 100 de
1993, sino que exhorta al Gobierno para que dentro de los criterios de
razonabilidad, proporcionalidad y ponderación, establezca condiciones
especiales para la población mayor de 65 años.
El Señor
Procurador General de la Nación solicita a la Corte que se declare i) fundada
la  objeción formulada por el Gobierno en contra del artículo 2° del Proyecto
de Ley de la referencia por la vulneración del principio de igualdad toda vez
que si la finalidad del Proyecto de Ley es reconocer a los adultos mayores una
protección especial, principalmente a quienes no cuenten con medios económicos,
no es razonable que se limite dicho reconocimiento a aquellos que puedan pagar
la denominada Tarjeta de Oro;  ii) infundada la objeción formulada en
contra del artículo 3° del mismo proyecto por cuanto en su criterio  la Ley 100
de 1993 es una ley ordinaria, que puede ser modificada por otra de igual
jerarquía, al tiempo que considera evidente que el artículo 3° objetado no está
modificando de forma alguna el Sistema General de Seguridad Social, dado que lo
que la norma prevé es que el Colombiano de Oro tendrá derecho al servicio de
salud brindado por el Sistema de Seguridad Social Integral y en ese sentido
ninguna vulneración del artículo 48 superior cabe invocar contra dicho
artículo.
Corresponde a la
Corte examinar en consecuencia si asiste o no razón al Presidente de la
República en relación con las objeciones formuladas i) en contra del artículos
2° del Proyecto de Ley No. 041/03 -Senado- y No. 067/04 -Cámara- “Por medio
de la cual se reconoce al Colombiano y Colombiana de Oro” por la  presunta
vulneración de los  principios de economía (art. 209 C.P.)  y de igualdad (art.
13 C.P.) y ii) en contra del artículo 3° del mismo Proyecto de Ley por la
supuesta vulneración del artículo 48 constitucional.
8.4    El
análisis de las Objeciones  formuladas en contra del artículo 2° del proyecto
de la referencia por la presunta vulneración de los  principios de economía
(art. 209 C.P.)  y de igualdad (art. 13 C.P.)
Respecto de las
objeciones planteadas por el Gobierno en contra del artículo 2° del Proyecto de
Ley  por la vulneración de los principios de economía (art. 209 C.P.) y de
igualdad (art. 13 C.P.) la Corte procede a recordar los criterios fijados en su
jurisprudencia en relación con los referidos principios para luego examinar
concretamente el artículo 2º objetado frente a cada uno de ellos.
8.4.1 De acuerdo con el artículo 209
superior la función administrativa está al servicio de los intereses generales
y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. El mismo
texto superior establece que las autoridades administrativas deben coordinar
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado y  que la
administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá
en los términos que señale la ley.
La Ley 489 de 1998 , en el capítulo II, al puntualizar los
enunciados constitucionales, reitera  que la función administrativa se habrá de
desarrollar conforme  a los principios constitucionales en especial los atinentes
“a la buena fé, igualdad, moralidad, celeridad economía, imparcialidad,
eficacia eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y
transparencia” (artículo 2°).  Señala, así mismo que dichos principios  se
aplicaran en la prestación de los servicios públicos, en cuanto fueren
compatibles con su naturaleza y régimen.
De otra parte la Ley 489  precisa ( Parágrafo 1° del artículo 3°)
que los principios de la función administrativa deben servir de referente  para
la evaluación de la acción administrativa por parte de los organismos de
control  y el Departamento Nacional de Planeación y al juzgar la legalidad de
la conducta de los servidores públicos (….)  garantizando en todo momento “ que
prime el interés colectivo sobre el particular”.
La ley en mención señala igualmente el enunciado constitucional
sobre los fines de la función administrativa y al respecto reitera que ésta
busca la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes “de
conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la
Constitución Política”, por ello  quienes de manera permanente o
transitoria tengan a su cargo  el ejercicio de las mismas deben ejercerlas “consultando
el interés  general”.
Debe indicarse que más allá de las clasificaciones que podrían
intentarse de los principios  antes enunciados y que de hecho la Corte ha
plasmado en algunas de sus decisiones[5]
es lo cierto que en cuanto enunciados normativos encaminados a servir de cauce
y referente para el ejercicio y el control de la función administrativa todos
ellos imponen una valoración teleológica de las actuaciones de autoridades y
particulares encargados de manera permanente o transitoria  de aquella.
Ahora bien,  debe tenerse en cuenta el mandato liminar del artículo
209 en cuanto dispone que la función administrativa está precisamente al
servicio de los intereses generales, noción esta llamada a trascender el ámbito
estrictamente estatal para acceder al más amplio de la sociedad en su conjunto,
y así misma cabe destacar cómo, cabe destacar como  la desconcentración, la
delegación y la descentralización más que principios de la función
administrativa se instauran en cauces organizativos para el cumplimiento de la
misma.
La Corte en cuanto  al principio de economía, ha enfatizado que
constituye  una orientación, una pauta, para que el cumplimiento de los fines
del Estado se proyecte buscando el mayor beneficio social al menor costo, sin
que ello lo convierta en un fin en sí mismo[6].
La Corte ha precisado igualmente que en este ámbito el Congreso,
como eje del debate político y democrático, tiene la facultad de valorar
múltiples opciones para adoptar aquella que considere adecuada según los
condicionamientos fácticos y jurídicos analizados. Lo que en manera alguna
significa que las determinaciones del referido órgano de representación popular
se reduzcan al terreno de lo político y se sustraigan del control
constitucional. No obstante, el ámbito de apreciación reconocido al legislador
para optar entre varias alternativas constitucionalmente legitimas implica para
el juez constitucional al emprender el correspondiente juicio de validez de una
disposición en concreto tener presente la anterior comprensión  de los
principios conforme al papel que la Propia Constitución les ha asignado.[7].  Así ha  expresado que
“No le corresponde a la Corte determinar cuál es la mejor forma de
regulación normativa, sino únicamente establecer si la que fue adoptada
contraviene o no los preceptos constitucionales”[8].
En ese orden de ideas la Corte estima que la objeción formulada en
contra del artículo 2° del proyecto, en este punto, consistente en la simple
afirmación según la cual exigir la obtención de la Tarjeta de Colombiano de Oro
crea un requisito adicional en contradicción del principio de economía,  no
cumplió con la  carga argumentativa, que gravita sobre el objetante -y en su
caso sobre el demandante- toda vez que la simple afirmación de la vulneración
del principio de economía no desvirtúa la constitucionalidad del mecanismo
adoptado (entre varios constitucionalmente posibles) por el Legislador en sí
mismo considerado y es insuficiente para declarar la inexequibilidad de la
norma por este aspecto. Es indispensable en supuestos como el sometido a
análisis que el impugnante sustente explícitamente el por qué el contenido de
la disposición tal como  fue aprobada resulta precisamente contraria a la
Constitución.
Adicionalmente, la Corte considera necesario llamar la atención
sobre el hecho que la expedición de una tarjeta como la que se regula en el
artículo objetado puede encontrar justificación en las dificultades que en
muchas ocasiones se presentan con la cédula de ciudadanía como instrumento de
identificación particularmente en el caso de las personas  mayores de 65 años a
que alude la norma.
Puede aducirse igualmente como lo hace el Congreso de la República
que dicha tarjeta  tiene un componente de dignificación y de realce de las
personas que la portan y que en tanto no se convierta en obstáculo para el
acceso a los beneficios previstos en igualdad de condiciones para todas las
personas mayores de 65 años a que alude el Proyecto de Ley de la referencia no
puede entenderse que atente contra los derechos de  sus destinatarios ni contra
los principios que rigen la función administrativa.
En ese orden de ideas  es claro para la Corte que  la objeción
formulada  en contra del artículo 2° del Proyecto de Ley de la referencia por
la presunta vulneración del principio de economía  no está llamada a prosperar
y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.
8.4.2  Para el Presidente  de la República el artículo 2° del
Proyecto de Ley vulnera también el principio de igualdad por cuanto solamente
los mayores de 65 años que puedan cancelar los costos de la tarjeta tendrían
derecho a los beneficios que se establecen en la Ley, lo que en su criterio es
irracional si se considera que con la presentación de la cédula de ciudadanía
se puede acreditar la edad exigida por la ley para efectos de acceder a los
mismos.
En el mismo
sentido se pronuncia el señor Procurador General de la Nación quien considera
que el artículo 2° objetado, vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades,
toda vez que si la finalidad del Proyecto de Ley es reconocer a los adultos
mayores una protección especial, principalmente a quienes no cuenten con medios
económicos, no es razonable que se limite dicho reconocimiento a aquellos que
puedan pagar la denominada Tarjeta de Colombiano de Oro.
Al respecto cabe  precisar  que como lo ha explicado la Corte el
hecho de que la ley traslade a los ciudadanos el costo de un servicio que  se
preste  por el Estado en aquellos casos en que la Constitución no ha
establecido su prestación gratuita (arts. 49-4, 50,  67-2) [9] no transgrede  en
principio las normas superiores[10].
Así el cobro encuentra su fundamento constitucional en el numeral 9° del
artículo 95 superior, según el cual corresponde a los ciudadanos “contribuir
al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de
justicia y equidad”, en armonía con el segundo inciso del artículo 338 ibídem,
que autoriza a la ley, las ordenanzas y los acuerdos para decretar el cobro de
tasas “como recuperación de los costos de los servicios que les presten”. Dicho
traslado sin embargo debe consultar criterios de equidad atendiendo a la
capacidad contributiva de los ciudadanos en general, y al principio de
solidaridad, que permite por ejemplo, establecer tarifas diferenciales, e
incluso, el otorgamiento gratuito del servicio a aquellos sujetos que estén en
absoluta imposibilidad material de cubrir su valor, como sería el caso de los
indigentes[11].
La Corte ha explicado  entonces que  si bien  el cobro resulta
posible ello debe serlo en condiciones que respeten el principio de igualdad[12].
En ese orden de
ideas la Corte constata que asiste razón al Señor Presidente de la República  y
al señor Procurador respecto de la vulneración en este caso del principio de
igualdad en cuanto el Legislador al señalar que el costo de la Tarjeta de
Colombiano de Oro “estará a cargo del interesado” sin ninguna consideración
respecto de la capacidad económica de sus destinatarios estableció un elemento
normativo que comporta un tratamiento discriminatorio entre los individuos que
habiendo alcanzado la edad de 65 años adquieren la Tarjeta  Colombiano de Oro
por tener recursos para ello, y los que habiéndola alcanzado no la adquieren
por no tener los recursos para el efecto, sin que  dicho criterio selectivo
encuentre justificación constitucional.
Así las cosas es claro que al regularse en el artículo
objetado el tema de la expedición de la tarjeta de oro señalando que su “costo
estará a cargo del interesado”, sin ningún tipo de consideración sobre la
capacidad económica de sus destinatarios se introdujo en la norma un elemento
discriminatorio  contrario al principio de igualdad (art. 13 C.P.) derivado de
la circunstancia de  que contar o no con recursos para pagar la tarjeta aludida
implica a su vez tener o no acceso a los beneficios señalados en el Proyecto de
Ley, independientemente de que se cumpla los requisitos de edad y residencia en
Colombia a que se alude en el artículo 1° del proyecto.
Y ello en relación con una tarjeta destinada a un grupo
poblacional  al que no solamente la Constitución otorga especial protección
(art. 46 C.P.),  sino en el que hay evidencia de que muchas personas se
encuentran en situación  de indigencia o en todo caso de gran precariedad
económica.
Podría aducirse que en estas circunstancias el reproche que
cabe a la norma podría subsanarse acudiendo a una sentencia integradora o
interpretativa.[13]
Empero, como lo ha puesto de presente la Corporación[14], ese tipo
de sentencias no encuentran cabida dentro del ejercicio del control de
constitucionalidad de las objeciones presidenciales pues lo que  le
corresponde  a la Corte es declarar fundadas o infundadas dichas objeciones.  Y
ello por cuanto tratándose de un Proyecto de Ley resulta más respetuoso del
principio democrático que sea el Congreso de la República quien determine el
contenido  que debe darse a la norma en función del resultado del examen de
constitucionalidad efectuado como consecuencia del planteamiento  hecho de
dichas objeciones por el Presidente de la República.
Cabe agregar  que la Corte echa de menos en el artículo 2° objetado
la fijación de los principios y reglas que orienten la determinación de la
tarifa correspondiente a la tasa que corresponderá cobrar la Registraduría
Nacional por la expedición de la tarjeta de colombiano de oro,  y como los
mismos no figuran tampoco en ninguna otra disposición del Proyecto de  Ley  sub
examine -que interpretada sistemáticamente permita deducir cuáles son el
sistema y el método para definir dicha tarifa- ha de concluirse  que la norma
objetada desconoce abiertamente el precepto contenido en el inciso 2° del
artículo 338 superior según el cual:  “La ley, las ordenanzas y los acuerdos
pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones
que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los
servicios que les presten o participación en los beneficios que les
proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y
beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las
ordenanzas o los acuerdos.” (Resalta la Corte)[15].
Esta
circunstancia, si bien no fue objeto de la objeción formulada por el Gobierno
en contra el artículo 2° del Proyecto de Ley sub examine, debe, en aplicación
de reiterada jurisprudencia[16]
ser tomada en cuenta por la Corte dado el carácter evidente de la vulneración
de la Constitución en que se incurre en este caso y ello en relación con una
norma que ha sido efectivamente objetada por el Gobierno.
Ahora bien, la
Corte advierte que los reproches que pueden hacerse al artículo 2° objetado a
que se ha hecho referencia, no lo son en realidad respecto de la totalidad del
mismo sino específicamente de la posibilidad de cobro de la tarjeta  que en él
se regula.
En ese orden de
ideas son las expresiones “cuyo costo estará a cargo del interesado” contenido
en el primer inciso, así como el parágrafo segundo del artículo 2° del Proyecto
de Ley de la referencia -que supone la existencia de dicho cobro[17] y que solo plantea una
hipotética asunción del costo referido por las Alcaldías municipales- , los
elementos normativos de dicho artículo que se oponen a la Constitución y
respecto de los cuales es que cabe declarar fundada la objeción planteada por
el Presidente de la República.
Así las cosas,
en cuanto el cobro que se establece en el artículo 2° objetado desconoce el
derecho a la igualdad  y los requisitos establecidos en la Carta para que se
pueda atribuir a la Registraduría Nacional del Estado Civil  la fijación de la
tarifa para el cobro  de la tarjeta a que se alude en el artículo objetado, la
Corte declarará fundada la objeción planteada  por el Presidente de la
República en relación con la vulneración del principio de igualdad  y
consecuentemente declarará la inexequibilidad de las expresiones “cuyo costo
estará a cargo del interesado”. Así mismo y como consecuencia de ello declarará
la inexequibilidad del parágrafo segundo del artículo 2° del Proyecto de Ley.
En relación con
el resto del artículo 2° sub examine lo que procede es declarar infundadas la
objeciones planteadas y consecuentemente -en relación exclusivamente con el
examen efectuado en la presente sentencia- declarar la exequibilidad del resto
del referido  artículo 2°.
8.5 El
análisis de la objeción formulada en contra del artículo 3° del proyecto de la
referencia por la presunta vulneración del artículo 48 superior
El artículo 3° objetado señala lo
siguiente:
“Todo
Colombiano de Oro gozará de régimen especial, el cual le confiere derecho a
atención preferencial, ágil y oportuna así como el servicio de salud brindado
por el Sistema General de Seguridad Social Integral y también gozará de
descuentos en programas especiales de turismo”.
Afirma el Gobierno Nacional que del texto
del artículo 3° del Proyecto en estudio, “se infiere que todo colombiano
mayor de 65 años residente en el país y debidamente certificado, por ese solo
hecho tendría acceso a los servicios del Sistema de Seguridad Social en Salud”,
asunto éste que a su parecer quebranta el artículo 48 de la Constitución
Política, a la vez que “resulta improcedente como quiera que la garantía de
la prestación del servicio de salud a esta población se encuentra regulada por
el Sistema [de Seguridad Social Integral] en la forma antes señalada”.
De antemano debe afirmarse que la
objeción del Gobierno Nacional basada en que el artículo 3° del Proyecto de Ley
en estudio da lugar al ingreso inmediato de las personas mayores de 65 años al
Sistema de Seguridad Social en Salud, sin atender los requerimientos previstos
en la normatividad que sustenta los principios constitucionales de solidaridad,
eficiencia y universalidad, no es de recibo.
Es cierto que haciendo uso de la facultad
de regular la prestación del servicio público obligatorio de seguridad social,
el legislador proyecta conferir a las personas mayores de 65 años “derecho a
atención preferencial, ágil y oportuna así como al servicio de salud brindado
por el Sistema de Seguridad Social Integral”, pero de tal reconocimiento no
se deriva su ingreso a la atención en salud por fuera de las condiciones
previstas en los regímenes contributivo y subsidiado existentes, como tampoco
la extensión ilimitada de la prestación del servicio a través de los recursos
de la oferta.
En efecto, el artículo 3° del Proyecto en
referencia impone la atención preferencial, ágil y oportuna de las personas
mayores de sesenta y cinco años, para lo cual alude a la seguridad social en
salud, texto del que no se deduce nada distinto a que el legislador avanza en
la regulación del compromiso del Estado de  la sociedad y la familia con las
personas de la tercera edad, previsto en el artículo 46 de la Carta Política,
imponiendo conductas debidas, y así mismo exigibles.
Ahora bien, variadas cuestiones atinentes a la atención
preferencial, ágil y oportuna de los adultos mayores se han puesto de
manifiesto en innumerables fallos proferidos por las diferentes Salas de
Revisión, ocasiones cuando esta Corte ha recordado el lugar preferente -en la
escala de protección del Estado- que ocupan las personas de la tercera edad, al
punto que por esa sola circunstancia bien pueden aquellas exigir de las
entidades públicas y de los particulares mecanismos adecuados a sus condiciones
para hacer efectivos sus derechos e intereses[18].
Así por ejemplo,
la jurisprudencia constitucional considera que los procedimientos de ingreso al
Sistema de Seguridad Social deben tener presentes las condiciones de las
personas de la tercera edad, pues resulta obvio que el exceso de requisitos y
la fijación de plazos disconformes con su realidad física social y mental se
comportan como barreras infranqueables, que por sí solas causan a los adultos
mayores perjuicios irremediables[19].
También se ha puesto de presente la ausencia de mecanismos acordes
con las necesidades de salud de ordinario apremiantes, que permitan a los
adultos mayores acceder a los recursos de la oferta[20], y en numerosas
sentencias esta Corte ha hecho énfasis en lo imposible que resulta para una
persona de avanzada edad abogar para que errores de procedimiento y de
apreciación se corrijan haciendo que los criterios de selección utilizados para
delimitar las prestaciones y establecer sus costos, consulten su real situación
y se traduzcan en la prestación real del servicio de salud[21].
Otro aspecto que
ha considerado la jurisprudencia constitucional, en materia de la protección
especial a que los adultos mayores tienen derecho hace relación  con la
ausencia de controles sobre la prestación misma del servicio, habida cuenta que
en no pocas oportunidades esta Corte ha podido conocer que servicios claramente
exigibles son negados o condicionados, sin consecuencias para las entidades
administradores y prestadoras, con graves repercusiones en el derecho de los
afectados a la salud y a vivir en condiciones de dignidad.[22]
No obstante los pronunciamientos de esta
Corte, con ocasión de la revisión de fallos de tutela, sin perjuicio de su
aporte jurisprudencial y doctrinario en la determinación del contenido de los
derechos fundamentales, en cuanto decisiones judiciales de alcance particular
no hacen exigibles sus dictados más allá del caso puesto a su consideración y
de quienes fueron llamados a la actuación, de modo que la conformidad con la
Carta Política del artículo 3° en estudio resulta evidente, en cuanto hace del
trato preferente, ágil y oportuno una exigencia de alcance general, constituyendo
un avance significativo en materia de asistencia y protección de las personas
de la tercera edad.
Siendo de enorme trascendencia tanto los
indicadores a los que acude la norma para fijar el contenido mínimo de dichas
asistencia y protección, como la correlación de éstos con la atención en salud,
a todas luces prioritaria en pos de la primacía del derecho de las personas de
la tercera edad a vivir con dignidad e integrarse a la vida activa y
comunitaria en condiciones de igualdad –artículos 5°, 13 y 46 C.P.-[23].
No desconoce la Corte la limitación de los recursos de que dispone
el Sistema de Seguridad Social en Salud, como tampoco la necesidad de que los
mismos se recauden y distribuyan atendiendo a la realización de los principios
de eficiencia, universalidad y solidaridad. Sin embargo del artículo 3° del
Proyecto no se desprende la transferencia de recursos, como tampoco
modificaciones a las previsiones económicas que sustentan los regímenes
contributivo y subsidiado, sino más bien el interés del legislador de que las
personas mayores de 65 años puedan reclamar efectivamente una atención
preferencial, ágil y oportuna, en todos los campos.
No existe pues fundamento para la
objeción enunciada, siendo procedente la declaratoria
de exequibilidad del artículo 3 del Proyecto de Ley No. 041 de 2003 Senado No.
067 de 2004 Cámara.
8.6. La observación hecha por el
Presidente de la República en relación con la expresión “certificado” incluida
al final del artículo 1° del Proyecto de Ley de la referencia en el texto que
fue remitido por el Congreso de la República
El Presidente de la República advierte
que en el artículo 1° del Proyecto de Ley de la referencia, el texto de
conciliación aprobado en el Senado el 16 de diciembre de 2004 señaló que: “Se
entenderá como Colombiano de Oro, aquel colombiano mayor de 65 años, residente
en el país y debidamente acreditado.”   No obstante, en el Proyecto de
Ley remitido se señala que: “Se entenderá como Colombiano de Oro, aquel
colombiano de 65 años, residente en el país y debidamente certificado”.
En esos términos, considera que es claro que la
Comisión aprobó el texto del artículo 1° con la palabra “acreditado” y se
cambió posteriormente por la palabra “certificado”.
Al respecto la Corte  constata que
efectivamente según consta en las Gacetas del Congreso N° 828 del miércoles 15
de diciembre de 2004 y N° 138 del viernes 1° de abril de 2005 donde se publicó
el Acta de Conciliación  al Proyecto de Ley número 41 de 2003 Senado, 067 de
2004 Cámara “por medio de la cual se reconoce al Colombiano y Colombiana de
Oro”  dentro del texto conciliado  que fue objeto de aprobación por las
Plenarias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, el texto
que figura como artículo 1° del Proyecto de Ley  de la referencia es del
siguiente tenor:
“Artículo 1° Definición. Se entenderá
como Colombiano de Oro, aquel colombiano mayor de 65 años, residente en el país
y debidamente acreditado”[24].
Ahora bien el texto  del artículo 1° del
Proyecto de Ley de la referencia  que fue incluido en el escrito mediante el
cual se remitió  al Presidente de la República para sanción presidencial (folio
22)  es  del siguiente tenor:
“Artículo 1° Definición. Se entenderá
como Colombiano de Oro, aquel colombiano mayor de 65 años, residente en el país
y debidamente certificado”.
Ahora bien la Corte ha puesto de presente[25] que como condición indispensable para que el Gobierno pueda ejercer su
función de sancionar los proyectos de ley, o de objetarlos cuando fuere del caso, se requiere que el Congreso envíe al Gobierno el texto
definitivo del respectivo proyecto.   Sin el cumplimiento de tal requisito el
Presidente de la República no está en condiciones de ejercer las funciones que
le atribuyen el numeral 9º del artículo 189 y los
artículos 165 y 166 de la Constitución. Así mismo ha señalado que en el caso de
las objeciones presidenciales, para que esta competencia del Presidente de la
República pueda cumplirse en los términos de la Constitución, se requiere que,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 165 de la
Constitución y 196 del Reglamento del Congreso, le haya sido remitido el texto
del proyecto tal como fue aprobado por ambas Cámaras. Cuando ello no se cumple,
porque, o no se remite el proyecto o se pasa para
sanción un texto que no corresponde al aprobado por ambas Cámaras, no puede
cumplirse con la competencia del Gobierno de objetar el proyecto, cuyo texto no
le ha sido enviado, ni puede tenerse por completado el trámite legislativo.
La Corte ha precisado, así mismo, que los
errores mecanográficos o de transcripción que no incidan en el contenido
normativo del proyecto, no tienen entidad suficiente para invalidar el trámite
de la sanción o de las objeciones que pueda presentar el Gobierno a los
proyectos de ley. Empero que bastaría con establecer que hay una sola
diferencia que afecte el contenido normativo del proyecto enviado para sanción
presidencial, para concluir que no se cumplió con el requisito constitucional
de remitir al Gobierno para sanción el texto definitivo del proyecto aprobado
por ambas cámaras, lo cual implica, a su vez, que ni la sanción ni las
objeciones pueden cumplirse válidamente.
Al respecto expresó la Corte lo
siguiente:
“Observa la Corte que, ciertamente, los errores mecanográficos o de
transcripción que no incidan en el contenido normativo del proyecto, no tienen
entidad suficiente para invalidar el trámite de la sanción o de las objeciones
que pueda presentar el gobierno a los proyectos de ley. Pero puntualiza
también, que, por el contrario, cuando los errores de transcripción si tengan
incidencia en el contenido normativo del proyecto, la remisión al gobierno para
sanción de un texto que contenga tales defectos comporta un incumplimiento del
deber que tiene el Congreso de remitir al Gobierno para sanción el texto
aprobado por ambas cámaras, lo cual implica, a su vez, que ni la sanción ni las
objeciones pueden cumplirse válidamente.
Debe tenerse en cuenta que si la inconsistencia no es detectada por
el Gobierno y en consecuencia el Presidente sanciona el proyecto y promulga la
ley, se habrá presentado un vicio de inconstitucionalidad, por cuanto el texto
de la ley no correspondería con el aprobado por las Cámaras. Pero cuando tal
vicio es detectado y puesto en evidencia por el Presidente de la República
antes de la sanción del proyecto, corresponde al Congreso subsanarlo, para que
el trámite de sanción y objeciones pueda cumplirse debidamente.
En tal situación no cabe argumentar que las diferencias no son de
carácter sustancial, ni resulta aceptable tratarlas como meros errores de
transcripción. No procede, tampoco, realizar un análisis orientado a establecer
que tan significativas son las diferencias, en orden a concluir que no obstante
que no se envió al gobierno el texto definitivo aprobado por ambas cámaras,
dado ese carácter no significativo de las diferencias, puede insistirse en la
aprobación del texto tal como fue efectivamente adoptado por las cámaras.
Por otra parte, pese a que las diferencias no afecten a la totalidad
del articulado, no cabe fragmentar, ni el trámite de las objeciones, ni la
correspondiente revisión que, cuando sea del caso, corresponde efectuar a la
Corte Constitucional, de modo que se tuviese por válida la remisión de la parte
del proyecto que no presente diferencias, y sobre la cual el Presidente de la
República habría formulado válidamente las objeciones que, ante la insistencia
de las cámaras correspondería definir a la Corte, y como viciada la parte del
proyecto que contiene los artículos que presenten las diferencias, sobre la
cual, ni se habría cumplido en los términos de la Constitución, el trámite de
las objeciones, ni podría ser objeto de revisión por la Corte.
El trámite de las objeciones se predica del proyecto en su
totalidad, no obstante que los reparos presentados por el Presidente de la
República versen solo sobre algunos de los artículos del mismo. Por
consiguiente, bastaría con establecer que hay una sola diferencia que afecte el
contenido normativo del proyecto enviado para sanción presidencial, para
concluir que no se cumplió con el requisito constitucional de remitir al
Gobierno para sanción el texto definitivo del proyecto aprobado por ambas
cámaras.”[26]
En el presente caso la Corte constata que
efectivamente en el texto enviado al Presidente de la República para sanción,
la expresión “acreditado” -que fue la que realmente votó el Congreso- fue
sustituida por la expresión “certificado”,   un error de trascripción que, como
pasa a explicarse, no afecta sin embargo el contenido normativo del  artículo
1° del Proyecto de Ley No. 041/03 -Senado- y No. 067/04 -Cámara- “Por medio
de la cual se reconoce al Colombiano y Colombiana de Oro”.
En efecto, a partir del significado dado
por el Diccionario de la  Real Academia de la Lengua a ambas expresiones[27], y al
concordar lo señalado en el artículo 1° -en que se contiene la expresión objeto
de error de trascripción[28]-
con  el artículo 2° del proyecto sub examine[29],  ha de concluirse que las mismas,
en este caso, tienen un sentido similar que impide ver en el error incurrido
una modificación del contenido normativo del artículo 1° del Proyecto de Ley
No. 041/03 -Senado- y No. 067/04 -Cámara- “Por medio de la cual se reconoce
al Colombiano y Colombiana de Oro”.
De lo que se trata en efecto,
independientemente de la expresión que se utilice, es de señalar la necesidad
de “acreditar” o de “certificar” la calidad de “Colombiano de Oro”  a través
de la “Tarjeta de Colombiano de Oro” expedida por la Registraduría.
Ha de entenderse entonces que se está
simplemente ante un error de trascripción que no invalida el trámite dado a las
objeciones presidenciales objeto de esta providencia.
Empero, es claro que con ocasión  del cumplimiento de lo ordenado en
el artículo 167-4 superior se hace necesario advertir al Congreso de la
República sobre  el error de trascripción constatado en el texto del
Proyecto de Ley remitido para sanción en relación con la expresión
“certificado” incluida al final del artículo 1° de dicho texto.
IX. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Declarar INFUNDADAS las objeciones por
inconstitucionalidad formuladas por el Gobierno Nacional en relación con el
artículo 2° del Proyecto de Ley No. 041/03 -Senado- y No. 067/04 -Cámara- “Por
medio de la cual se reconoce al Colombiano y Colombiana de Oro”, con
excepción de las expresiones “cuyo costo estará a cargo del interesado”
contenidas en el primer inciso, así como las formuladas en relación con el
parágrafo segundo del mismo artículo, que se declaran FUNDADAS.
Segundo.- Como consecuencia de lo anterior exclusivamente respecto de las
objeciones formuladas y los aspectos analizados, declarar EXEQUIBLE el
artículo 2° del Proyecto de Ley No. 041/03 -Senado- y No. 067/04 -Cámara- “Por
medio de la cual se reconoce al Colombiano y Colombiana de Oro”, con
excepción de las expresiones “cuyo costo estará a cargo del interesado”
contenidas en el primer inciso, así como el parágrafo segundo del mismo
artículo, que se declaran INEXEQUIBLES.
Tercero.- Declarar INFUNDADA la objeción por inconstitucionalidad
formulada por el Gobierno Nacional en relación con el artículo 3° del Proyecto
de Ley No. 041/03 -Senado- y No. 067/04 -Cámara- “Por medio de la cual se
reconoce al Colombiano y Colombiana de Oro”.
Cuarto.- Como consecuencia de lo anterior exclusivamente respecto de las
objeción formulada, declarar EXEQUIBLE el artículo 3° del Proyecto de
Ley No. 041/03 -Senado- y No. 067/04 -Cámara- “Por medio de la cual se
reconoce al Colombiano y Colombiana de Oro”.
Quinto.- ADVIÉRTASE  al Congreso de la
República sobre el error de trascripción constatado en el texto del
proyecto de ley remitido para sanción en relación con la expresión
“certificado” incluida al final del artículo 1° de dicho texto.
Sexto.- DÉSE cumplimiento a lo previsto
en el artículo 167 de la Constitución Política.
Notifíquese, cópiese, comuníquese al Presidente de la República y al
Presidente del Congreso, publíquese y cúmplase.
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Presidente
JAIME
ARAUJO RENTERIA
Magistrado
ALFREDO
BELTRÁN SIERRA
Magistrado
JAIME
CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
ALVARO
TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA
INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] Se subrayan los artículos  objetados por el Gobierno.
[2] Tanto el texto aprobado por la Plenaria de la Cámara de
Representantes, como el texto aprobado  por la plenaria del Senado de la
República, como  el texto del Acta de conciliación aprobado por ambas
plenarias  aludieron a la expresión acreditado y no a la
expresión certificado, por lo que, como se explica más adelante,
es la expresión “acreditado” la que hace parte del texto aprobado  a
pesar de que el texto remitido por el Congreso  haya incluido la expresión
“certificado” al final del artículo 1° trascrito.
[3]Ver, entre otras las sentencias C-068/04  M.P. Jaime
Araujo Rentería S.V. Rodrigo Escobar Gil, C-069/04 M.P. Eduardo Montealegre
Lynett C-433/04 M.P. Jaime Córdoba Triviño S.V. Rodrigo Escobar Gil, C-885/04
M.P. Alfredo Beltrán Sierra S.V. Rodrigo Escobar Gil y Humberto Sierra Porto.
[4] Ver, entre otras, la Sentencia C-1143/03
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[5] Corte Constitucional, Sentencia C-561 de 1999 MP. Alfredo Beltrán
Sierra.
[6] Ver, entre otras, las sentencias C-035/99 M. P.
Antonio Barrera Carbonell y C-649/02 M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Sobre el
particular dijo la corte en la sentencia C-035/99 lo siguiente:  “Los principios de eficacia, economía y celeridad que
rigen las actuaciones de las autoridades administrativas, constituyen
precisamente orientaciones que deben guiar la actividad de éstas para que la
acción de la administración se dirija a obtener la finalidad o los efectos
prácticos a que apuntan las normas constitucionales y legales, buscando el
mayor beneficio social al menor costo. En tal virtud, la observancia de dichos
principios no constituye un fin en si mismo, pues su acatamiento busca
precisamente que se convierta en realidad el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado en materia ambiental. El posible conflicto entre la
efectividad de los aludidos principios de la función administrativa y la
necesidad de cumplimiento de los deberes sociales del Estado se resuelve en
beneficio de esto último, porque es inconcebible que aquéllos predominen sobre
el bien superior de atender valiosos deberes sociales del Estado, como son los
atinentes a la preservación del ambiente. Por consiguiente, el ideal es que se
realicen dichos deberes sociales, conciliando la efectividad de éstos con la
conveniente, prudente y necesaria observancia de dichos principios”
[7] Ver Sentencia C-649/02 M.P. Eduardo Montealegre
Lynett.
[8] Ver Sentencia C-649/02 M.P. Eduardo Montealegre
Lynett.
[9] A dichos ejemplos cabría agregar el de la administración de
justicia Ver entre otras las sentencias C-037/96 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa,
C-1512/00 M.P. Álvaro Tafur Galvis y C- 893/01 M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[10] Ver entre otras la sentencia C-041/03 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
En determinadas circunstancias -como en el caso de la renovación de la cédula
de ciudadanía dado que está implicado en ese caso el ejercicio de la democracia
participativa- ha dicho la Corte  que dicho cobro resulta inconstitucional. Ver
Sentencia C-511/99 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[11] Ver entre otras las sentencias C-465 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa  y C-041/03 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[12] Ibidem.
[13] En relación con el concepto y alcance de dicho tipo de
providencias  ver entre otras las sentencias C-109/95  y C-670/96 M.P.
Alejandro Martínez Caballero,  C-688/02 M.P. Rodrigo Escobar Gil, C-043/03 M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra , C-016/04 M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-508/04 M.P.
Jaime Araujo Rentería.
[14]  Sentencia C-324/97 M.P. Alejandro Martínez Caballero. En el
presente caso no es procedente realizar una exequibilidad condicionada ya que
no tiene operancia el principio de "conservación del derecho" que le
sirve de sustento. Este principio opera claramente en relación con las normas
vigentes, pero su aplicación en los casos del trámite de objeciones presidenciales
tiene menor peso, ya que la norma legal aún no se encuentra en vigor, pues se
trata de un proyecto de ley. Además, la propia Constitución regula de manera
diferente el trámite de las objeciones, cuando la Corte las encuentra total o
parcialmente fundadas. Cuando la fijación del contenido constitucionalmente
admisible de uno o varios artículos permite que entre inmediatamente en vigor
un proyecto que, en caso contrario, debería ser archivado, o retornado a las
cámaras para ser rehecho, es factible que la Corte recurra a un sentencia
condicionada. Sin embargo, este tipo de sentencias no tiene ninguna utilidad
cuando, debido a que otras objeciones se encuentran fundadas, inevitablemente,
el proyecto será de todas formas declarado parcialmente inexequible, por cuanto
en tal caso, el proyecto retorna al Congreso para que éste rehaga e integre las
disposiciones afectadas en términos concordantes con el dictamen de la Corte, a
fin de que ésta pronuncie un fallo definitivo sobre el tema. Por ende, en tales
casos, respeta mejor el principio democrático y la seguridad jurídica, que la
Corte declare inexequible la disposición, pues el Congreso tiene la posibilidad
de rehacer e integrar los artículos afectados.
[15] Al respecto ver, entre otras la sentencia C- 243/05 M.P. Álvaro
Tafur Galvis y el S.V. del Magistrado Vladimiro Naranjo Mesa a la Sentencia
C-511/99 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[16]  Al respecto en la Sentencia C-1404/00 M.P. Carlos Gaviria
Díaz y Alvaro Tafur Galvis  se señaló “(E)sta Corporación ha sostenido en forma reiterada que su
actividad se circunscribe estrictamente al estudio y decisión de las objeciones
presidenciales, tal y como ellas hayan sido formuladas, sin abarcar aspectos no
señalados por el Ejecutivo; es decir, que en lo tocante a los proyectos
objetados, no se puede dar aplicación al principio del control constitucional
integral. Ello, en la medida en que la decisión sobre la constitucionalidad de
las razones que respaldan las objeciones, debe estar enmarcada exclusivamente
en la dinámica de los controles interorgánicos, y en esa medida no puede
afectar la posibilidad de que, con posterioridad, los ciudadanos ejerzan la
acción pública de inconstitucionalidad contra las normas objetadas, ni tampoco
puede reemplazar el procedimiento que para ese efecto establece la
Constitución.
A pesar de lo anterior, en ciertas ocasiones se hace necesario que
esta Corporación se pronuncie sobre aspectos que no fueron planteados
explícitamente por el Gobierno, pero cuyo análisis resulta ser un presupuesto
indispensable para el estudio de las razones de inconstitucionalidad formuladas
en las objeciones mismas. Los motivos que justifican esta extensión excepcional
de la competencia de la Corte, son de doble naturaleza: lógica y
constitucional. Lo primero, porque las reglas de derecho que se han de aplicar
al estudio de las objeciones, se derivan, en no pocos casos, de otras reglas o
principios más generales, no  mencionados en las objeciones, pero que resultan
insoslayables para fundamentar cualquier decisión. Lo segundo, porque dado que
el mandato del artículo 241-8 Superior califica las decisiones de la Corte en
estos casos como definitivas, si no se efectúa en ellas el análisis de
constitucionalidad de los mencionados temas conexos, éstos quedarán cobijados
por el efecto de cosa juzgada constitucional que se deriva de la decisión final
sobre la objeción como tal y, en consecuencia, ningún ciudadano podrá
controvertirlos en el futuro. En otros términos, al pronunciarse sobre tales
asuntos conexos, esta Corporación no está coartando el derecho de los
ciudadanos de ejercer la acción pública de inconstitucionalidad, ni
sustituyendo el trámite que en esos casos se haya de surtir, por la sencilla
razón de que una vez la Corte emita su fallo, la mencionada acción no será
procedente respecto de los temas que se relacionan directamente con el objeto
central de la providencia.
El cumplimiento de las anteriores condiciones resulta
especialmente evidente en el caso bajo examen. En primer lugar, porque el
estudio concreto de los reparos contenidos en el escrito de objeciones
presupone establecer si al legislador le asiste competencia para tomar una
medida como la que consagra el proyecto y, en caso afirmativo, establecer
cuáles son el alcance y las limitaciones de dicha atribución. En segundo lugar,
porque si bien la objeción dirigida contra el artículo primero del Proyecto
circunscribe el análisis del principio de igualdad a la relación que existe
entre sindicados y condenados, la Corte considera que, para llegar a una
conclusión final sobre la existencia de una violación al artículo 13 Superior,
se deben estudiar todos los supuestos que, en la práctica, pueden generar una
discriminación, y no sólo aquellos que señala el Ejecutivo; esto es, no se
puede afirmar de manera concluyente que la norma sea lesiva o no del principio
de igualdad, sin haber examinado antes todas las hipótesis de trato diferencial
que ella plantea. Sólo procediendo de esa forma se puede evitar que, bajo el
manto de la cosa juzgada constitucional, una norma potencialmente
discriminatoria se consagre  en el ordenamiento como respetuosa de la igualdad,
con carácter definitivo e incontrovertible.
En ese orden de ideas, la Corte habrá de variar su jurisprudencia,
en el sentido de permitir que, en casos como el presente, cuando se verifiquen
los requerimientos arriba señalados, su competencia se haga extensiva a ciertos
temas de relevancia constitucional, que están directamente relacionados con las
razones que fundamentan las objeciones presidenciales, aunque no sean señalados
expresamente por ellas.” En
el mismo sentido ver entre otras las sentencias  C-197/01 M.P. Rodrigo Escobar
Gil y  C-650/03 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[17] PARAGRAFO SEGUNDO. Los Alcaldes podrán celebrar convenios con la
Registraduría Nacional del Estado Civil, para asumir el costo de la Tarjeta de
Colombiano de Oro.
[18] Al respecto consultar la sentencia T-036 de 1995 M.P.
Carlos Gaviria Díaz. Las accionantes de 81 y 64 años de edad, invocaron la
protección constitucional porque se les impedía el uso de una servidumbre,
amparo que les fue concedido en forma transitoria -ante la existencia de un medio
ordinario de defensa-, dado que la solidaridad general que obliga a no impedir
a los ocupantes de un predio enclavado el tránsito adquiera mayor entidad
tratándose “de personas de avanzada edad, en favor de las cuales el
ordenamiento ha dispuesto un tratamiento especial y preferencial”. El
iguales términos la sentencia T-755 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa..
[19] Sobre las deficiencias del sistema de afiliación al
régimen subsidiado, al punto que su sistema de selección hace en ocasiones
imposible el acceso al mismo, se pueden consultar, entre otras, las sentencias
T-177 de 1999, T-1167 de 2003, T-564 y T-624 de 2004.
[20] Sentencias T-787 de 2001 y T-462 de 2005, entre otras.
[21] Al respecto consultar las sentencias T-177 de 1999 y T-1330 de
2001, en estas oportunidades la Corte pudo establecer cómo los mecanismos de
clasificación del Sisben excluyen de la asistencia del Estado a las personas de
la tercera edad, sin que los afectados cuenten con procedimientos ágiles que
den lugar a su rectificación.
[22] En la sentencia T-1081 de 2001 esta Corte estableció que no
obstante su inclusión en el Pos al accionante le fue negado el suministro de un
elemento para practicar una cirugía que corrigiera su total falta de visión.
[23] Sobre el derecho fundamental a la salud de las personas de edad
avanzada se pueden consultar, entre otras, las sentencias T-755 de 1999, T-443
de 2001, T-1081 y 1330 de 2001, T-122, 196, 252 y 997 de 2002, T-747, 928 y
1167 de 2003, T- 624 de 2004, T- 025, 048, y 462 de 2005.
[24] Dicho  texto  es idéntico por lo demás al
que fuera aprobado tanto por la Plenaria del Senado de la República en segundo
debate -según consta en la Gaceta del Congreso N° 407  del 6 de agosto de 2004
donde se publicó el texto aprobado por el Senado de la república  en la sesión
Plenaria  del 16 de junio de 2004, como por la Plenaria de la Cámara de
Representantes en segundo debate  según se desprende  de las Gacetas del
Congreso N° 49 del  14 de febrero de 2005 -donde se publicó el Acta 153 de la
sesión Plenaria del 13 de diciembre de 2004- y 719  del 19 de noviembre de
2004  pág. 14, donde se publicó la ponencia para segundo debate al proyecto de
la referencia.
[25] Ver  Auto A-039/04 M.P. Rodrigo Escobar
Gil cuyos considerandos se reiteran a continuación.
[26] Auto-039/04 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[27] De acuerdo con el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua  (Vigésima primera Edición Pág. 33) acreditar
significa “Hacer digna de crédito alguna cosa, probar su certeza o realidad”.
Así mismo su tercera acepción  es la de “ 3 Dar seguridad de que alguna persona
o cosa es lo que representa  o parece”. Por su parte  la expresión certificar
significa  “asegurar afirmar, dar por cierta  alguna cosa”. Así mismo su tercera
acepción  es la de hacer cierta una cosa por medio de instrumento público. Y
certificación significa a sus vez documento en que se certifica.
Por su
parte el Diccionario de Uso del Español de Maria Moliner  (Gredos 2000 págs. 23
y 279 )señala  que dentro de las acepciones de acreditar se encuentra:
“Asegurar o demostrar la autenticidad de una cosa: ‘un documento que acredite
la personalidad del solicitante’ ”.  Así mismo “Servir para demostrar que
alguien tiene cierto derecho,  título o cualidad: ‘ Este título no lo acredita
para ejercer la medicina en España’ ”.  A  su vez en relación con la expresión
“certificar”  dicho diccionario señala “Declarar cierta una cosa;
particularmente, hacerlo así un funcionario por autoridad para ello, en un
documento oficial”.
[28] ARTICULO 1°. Se entenderá como
Colombiano de Oro, aquel colombiano mayor de 65 años, residente en el País y
debidamente …(acreditado) ( certificado).
[29]
ARTICULO 2°. ACREDITACION.  Las
personas que hagan uso de los beneficios que se establecen en esta Ley, acreditarán
su derecho a adquirirlo mediante la presentación, para cada caso, de la Tarjeta
Colombiano de Oro expedida por la Registraduría Nacional cuyo costo estará a
cargo del interesado.
PARAGRAFO PRIMERO. Para obtener la Tarjeta
de Colombiano de Oro, se deberá formular solicitud ante la Registraduría
Nacional, allegando los documentos que lo acrediten como Colombiano de Oro. (…)