T-143-16
Sentencia T-143/16
PRINCIPIO DEL INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Caso en que entrenadora se queda en
compañía de uno de sus pupilos menor de edad, en el mismo cuarto de hotel, sin
informar a los encargados del evento, desconociendo las reglas de organización
DEFENSOR DEL PUEBLO O PERSONERO MUNICIPAL-Legitimación para interponer tutela
DERECHOS A LA DIGNIDAD HUMANA, AL LIBRE
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y A LA INTIMIDAD-Garantía constitucional
DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA, AL LIBRE
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y AL RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURIDICA
COMO FUENTES BASICAS DE LA IDENTIDAD SEXUAL Y DE GENERO-Reiteración de jurisprudencia
PRINCIPIO DE IGUALDAD Y PROHIBICION DE
DISCRIMINACION EN RAZON DE IDENTIDAD DE GENERO Y ORIENTACION SEXUAL-Reiteración de jurisprudencia
En lo que respecta al derecho de la
igualdad y a la no discriminación por la orientación sexual del individuo, la
jurisprudencia de la Corte ha sostenido que el derecho a la igualdad cobija la
opción y orientación sexual, de forma tal que se debe garantizar el derecho a
ser tratado en las mismas condiciones, sin tratamientos diferenciados. Lo cual,
se refleja en la distinción jurisprudencial del test de igualdad estricto, con
fundamento en el criterio sospechoso de tratamiento diferenciado por sexo.
DERECHO AL DEBIDO PROCESO-La jurisprudencia constitucional ha
ampliado el ámbito de disfrute de este derecho fundamental para cobijar
escenarios privados
La garantía del debido proceso no puede contraerse solamente a las
actuaciones de las autoridades, sino que también se predican de los
particulares “cuando se hallen en posibilidad de aplicar sanciones o castigos.
En estos casos están obligados
por la Constitución a observar las reglas del debido proceso, y es un derecho
fundamental de la persona procesada la de que, en su integridad, los
fundamentos y postulados que a esa garantía corresponden le sean aplicados. Por
eso, ante las vulneraciones o amenazas para el ejercicio de ese derecho
fundamental, cabe la acción de tutela”.
INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Concepto/INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Alcance
PRINCIPIO DEL INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Consagración constitucional e internacional
DERECHO AL DEBIDO PROCESO-Vulneración por cuanto proceso
disciplinario no se rigió por lo dispuesto en los Estatutos de la Liga de Tenis
de Mesa, el Código Disciplinario expedido por la Federación Colombiana de Tenis
de Mesa, y la Ley 49 de 1993
DERECHO AL DEBIDO PROCESO-Vulneración por cuanto sanción fue impuesta
por un ente no competente para imponer sanciones por conductas muy graves, y no
se atendió el requisito de legalidad o tipicidad de la conducta
En el presente caso, se verificó la vulneración del
derecho al debido proceso de la actora, en virtud de un proceso disciplinario
que no se rigió por lo dispuesto en los Estatutos de la Liga de Tenis de Mesa
de Antioquia, el Código Disciplinario expedido por la Federación Colombiana de
Tenis de Mesa, y la Ley 49 de 1993. Se verificó también, cómo la sanción fue
impuesta por un ente no competente para imponer sanciones por conductas muy
graves, cómo no se atendió el requisito de legalidad o tipicidad de la
conducta, no se tuvo en cuenta el principio de legalidad de la sanción, y se
omitieron escenarios y garantías procesales necesarias para el adecuado ejercicio
de la defensa, como lo son, las notificaciones de las providencias, los
espacios para solicitar pruebas, presentar alegatos o recurrir la determinación
adoptada por la Liga. Se reconoció además que, los efectos de dicho
procedimiento disciplinario contrario al derecho al debido proceso no se
circunscribían al ejercicio de la actora como entrenadora, sino que por su
doble vinculación a la Liga como deportista, tenían la posibilidad de afectar
su desempeño deportivo ilegítimamente. En consecuencia, se determinó necesario
amparar el derecho al debido proceso, dejando sin efecto la actuación
adelantada por la Liga de Tenis de Mesa de Antioquia en contra de la accionante
Referencia: expediente
T-5217454
Acción
de tutela instaurada por  Johana Marcela Araque Mejía contra la
Liga Departamental de Tenis de Mesa de Antioquia y el Instituto Departamental
de Deportes de Antioquia – INDEPORTES ANTIOQUIA.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de marzo de dos mil
dieciséis (2016)
La
Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado y
Alejando Linares Cantillo, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
Se
procede a la revisión de los fallos proferidos por el Juzgado Veinte Penal Municipal con Función de Control de Garantías
de Medellín, del 12 de junio de 2015, y por el Juzgado Dieciocho Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín, del 29 de Julio de 2015, en segunda
instancia.
Antes
de proceder al estudio del asunto, esta Sala considera necesario tomar
oficiosamente medidas para proteger la intimidad de la menor de edad
involucrada en el presente caso, de manera que serán elaborados dos textos de
esta sentencia, de idéntico tenor, solo que en uno de ellos, que será el
divulgado y consultado libremente, serán cambiados sus nombres y cualquier otro
dato que pudiere conducir a su identificación[1].
I.
ANTECEDENTES
A.  Los
hechos y la pretensión de amparo de la demanda[2]
1. Durante 24 años, Johana
Marcela Araque Mejía se desempeñó como entrenadora de la Liga de Tenis de Mesa
de Antioquia. En el último período de 9 años, la ciudadana Araque estuvo a
cargo del entrenamiento de la categoría menores. La accionante se encontraba
vinculada “mediante un contrato anual de prestación de servicios con la
Universidad de Antioquia, contrato Nº 460097, con fecha de inicio 9/02/2015 en
desarrollo del convenio Marco 399 de 2013 celebrado entre el Instituto
Departamental de Antioquia (sic) – Indeportes Antioquia y la U. de A.”.
2. La señora
Araque se reconoce como una mujer con orientación sexual diversa, y lo hace
públicamente, en todos los aspectos relevantes de su vida, especialmente, en
los profesionales y laborales.
3.
El 4 de abril de 2015 la accionante se dirige a la Defensoría del Pueblo,
radicando una queja en declaración bajo la gravedad de juramento, en la que
manifiesta que:
-
“[E]n la
entidad en la que cumple sus actividades profesionales y laborales por parte de
algunas personas a lo largo de estos años ha sido víctima de prejuicios, de
discriminación por ser Lesbiana (sic)”.
-
Refiere que
muchas de las agresiones han sido verbales y por “comentarios
malintencionados en los pasillos”.
-
“[A] finales
del año 2014 en la Liga departamental de tenis de Mesa (sic) los
comentarios trascendieron al nivel directivo y se complejizó su situación, ya
que su orientación sexual se ventiló en una reunión de la Comisión Técnica de
Clubes, comisión de la que ella hace parte”.
-
Afirma la
accionante que en la reunión se manifestó preocupación porque “en Antioquia
no hay tenis de mesa femenino por el ambiente que se vive en la Liga”,
indicando el señor Carlos Alberto Ruiz que el problema derivaba de la condición
sexual de la accionante. Afirma la accionante que otro de los asistentes, el
señor Jonathan López, manifestó que ese no era el tema de la reunión y respaldó
la gestión de la entrenadora.
4.
A finales del año
2014, la accionante se vincula sentimentalmente con una de las deportistas que
entrena –María Paula-, de 17 años de edad, con conocimiento de la madre de la
joven. La accionante acudió al Instituto Departamental de Deportes de Antioquia
(en adelante Indeportes), discutiendo la situación con el Subgerente de Altos
Logros, Alain Bustamante y la trabajadora social  Noreley González. La señora
Araque preguntó por las repercusiones que dicha situación podría acarrear a lo
que supuestamente habrían respondido que para la institución resultaba
problemático y que eventualmente podría implicar un despido de la institución.
Según lo dispuesto en el expediente, la accionante, confrontada con la
escogencia entre su profesión y el vínculo sentimental, optó por la primera, y habría
terminado su relación afectiva con la menor.
5.
Afirma la accionante que a comienzos del año
2015, se enteró de que supuestamente el señor Carlos Alberto Ruiz habría
difundido comentarios y estaría buscando apoyo con los clubes, padres de
familia y deportistas para que la excluyeran de la Liga como entrenadora dada
su condición sexual y la influencia que podría ejercer frente a las
deportistas. La accionante acudió ante Indeportes y ante el señor Jaime Isaza
Cadavid, Decano de Educación Física de la Universidad de Antioquia- quejándose
de dicha situación.
6.
Después de la queja, el señor Carlos Alberto Ruiz se habría disculpado con la
accionante por lo ocurrido en la reunión, argumentando que no habría incurrido
en la conducta que le endilgaba sobre los comentarios al interior de la
comunidad deportiva.
7. En la semana del 9 al 14 de marzo de 2015, se realizó el
Campeonato Nacional por Equipos de Tenis de Mesa en Ibagué. A dicho torneo se
desplazó la accionante, al igual que la señora Consuelo Zapata, presidenta
electa de la Liga de Tenis de Mesa. La accionante cumplía un doble rol en el
campeonato, pues participaba tanto como jugadora de la categoría de mayores, y
también asistía como entrenadora del club Esparta y de los equipos sub 15 y sub
18.
8. Por temas de logística del evento, la accionante debía
hospedarse en el Hotel Dann una sola noche, con el auspicio de la Liga, y luego
debía trasladarse al Hotel Baltazar, para la segunda. En esa segunda noche, se
hospedó en compañía de la menor María Paula. Al respecto se dijo en el escrito
de tutela:
“Como inicialmente sabía que el equipo de mayores se iba a
hospedar los días lunes y martes, mientras que sus deportistas si iban a
participar dos días, antes de salir para los juegos solicitó a Ibagué el permiso
para hospedarse con los deportistas en el hotel BALTAZAR, permiso que fue
concedido por el señor JONATHAN LOPEZ.
“Frente a esta situación en la declaración expresa que ella
habló con la señora CONSUELO ZAPATA, para manifestarle que el día miércoles 11
de marzo, ella debía irse para el hotel BALTAZAR con otros Deportistas, a lo
que le dio el permiso. Una de las deportistas MARÍA PAULA […], de 17 años, no
tenía suficientes recursos y por ello inicialmente se iba a hospedar donde una
familia conocida, pero no pudo irse, le pidió permiso a la mamá, la señora
ROSALBA […], para quedarse con Johana en el hotel BALTAZAR, quien la autorizó,
sin embargo por un descuido, olvido (sic) y por estar pendientes (sic) de las
deportistas a su cargo, no informó dicha situación a la Presidenta de la Liga”.
9. El 11 de marzo de 2015, la Presidenta de la Liga se
acercó a la accionante y le indicó que debían hablar a su regreso a Medellín,
por cuanto habían pasado por encima de su autoridad.
10. El 17 de marzo de 2015, la accionante se reintegró a su
actividad en la ciudad de Medellín.
11. El 19 de marzo de 2015 la accionante se enteró de que
estaba teniendo lugar una reunión del Comité Ejecutivo y Comisión Técnica a la
que no se le había citado. Afirma que se comunicó con el señor Jonathan López,
secretario del órgano de Administración de la Liga, quien le informó que
estaban hablando de su situación y que la citarían a una reunión junto con la
Presidenta de la Liga. Dicha reunión fue programada para el 21 de marzo de 2015.
12. El 21 de marzo se realizó la reunión en la que, afirma
la accionante, la Presidenta de la Liga le recriminó por haber cometido una
falta al haberse quedado en un hotel en compañía de una menor de edad, pasando
por encima de su autoridad. A continuación se le informó a la accionante que la
Comisión Técnica y el Comité Ejecutivo no querían continuar con sus servicios
como entrenadora, ni con su participación como deportista. Al final de la
reunión, la accionante afirmó haber dicho lo siguiente:
“[D]ije que asumía el error de no haber avisado a
Presidencia y que me sentía mal porque era la primera vez que eso me pasaba y
que lo más lamentable era que no me dejaban hablar y la señora Consuelo Zapata
dijo que de la misma manera que yo había procedido, que no había avisado, ellos
también procederían sin avisar, también me dijo que fuera a INDEPORTES y
hablara porque ella ya había ido y los había enterado de lo que había sucedido,
pero que ellos ya tenían conocimiento y que la decisión ya estaba tomada”.
13. El 24 de marzo de 2015, la accionante se dirigió a
Indeportes para reunirse con el Subgerente de Altos Logros, Alain Bustamante, y
una trabajadora social. Indeportes, según sus afirmaciones, reiteró la
determinación de la Liga.
14. La accionante afirma que luego de estos incidentes
intentó comunicación con las directivas de la Liga, sin éxito.
15. Con ocasión de la implementación de las medidas
descritas, a partir del día 31 de marzo de 2015, a la accionante no se le
permitió dar clases, y sus equipos fueron asignados a otros entrenadores. Al
día siguiente, los entrenadores que la reemplazaron le informaron que no estaba
autorizada para dar clases en la Liga, a lo que ella respondió solicitando un
sustento escrito de las determinaciones. Dicho soporte escrito no le fue
entregado.
16. El 9 de abril de 2015, presentó dos derechos de
petición, al señor Luis Hernán Escobar, responsable de los entrenadores de
Tenis de Mesa de la Liga de Antioquia, y al Comité Ejecutivo de la Liga, en los
que solicitó se le informaran las razones por las que no podía dictar clases.
El 15 de abril, el señor Luis Hernán Escobar le respondió en
los siguientes términos:
“Si bien dentro de mis funciones está la coordinación de los
entrenadores de los deportistas de tenis de mesa adscritos a la mismos liga, no
es de mi competencia quien debe o no dictar los respectivos entrenamientos. Con
referencia a su caso en particular, las razones que me solicita las desconozco
y tengo entendido que corresponde a una decisión del Comité Ejecutivo de la
Liga de Tenis de Mesa, por lo tanto su petición debe ser elevada al mismo
organismo o en su defecto a su contratante directo. Por mi parte no tengo
alguna queja de su idoneidad y su sapiencia profesional”.
El 15 de abril, la señora Consuelo Zapata y el Señor Jairo
Arcila le respondieron reiterando que no era facultad de la accionante la
fijación de horarios o escoger los grupos, que no existe una relación laboral
entre la accionante y la Liga, y que la “Liga
de Tenis de Mesa de Antioquia en virtud de los acuerdos y/o convenios
celebrados con Indeportes Antioquia tiene la facultad discrecional de
seleccionar los entrenadores que se encargarán de dirigir los entrenamientos de
los deportistas”.
Se especificó además que “el
Comité Ejecutivo de la Liga de Tenis de Mesa de Antioquia, de conformidad con
las prerrogativas consagradas en los estatutos, acuerdos y/o convenios con
Indeportes Antioquia, decidió por motivos estrictamente profesionales solicitar
la cesación de sus funciones coma entrenadora de los deportistas a cargo de la
Liga de Tenis de Mesa de Antioquia”.
17. El 22 de abril de 2015, la accionante formuló denuncia
por el delito de actos de discriminación (Art. 143A del Código Penal), en
contra de la señora Consuelo Zapata.
18. El 28 de abril de 2015, la accionante radicó derecho de
petición dirigido al señor Mauricio Mosquera, Gerente de Indeportes, en la que
preguntaba por la presunta ocurrencia de una falta disciplinaria como causa de
las medidas adoptadas por la Liga. La accionante preguntó lo siguiente:
“•  "Se me informe si Indeportes Antioquia conoce mi
actual situación laboral y deportiva.
•    Que (sic) informe recibieron de parte de la Liga de
tenis de mesa frente a unos presuntos actos de indisciplina que se me atribuyen
en el marco del campeonato nacional de equipos de tenis de mesa realizado en la
ciudad de Ibagué entre los día 09 al 14 de marzo
•    Se me diga que información se envió a la Universidad de
Antioquia e Indeportes Antioquia
•    Adicionalmente se me clarifique si es cierto el
respaldo que manifiesta la Presidenta de la Liga de Tenis de Mesa frente a la
decisión adoptada y en caso de ser cierto pregunto por qué no se me siguió un
debido proceso y se me garantizó el derecho de defensa
•    Se me informe y dado que todas las actuaciones de la
administración pública son regladas: ¿Cuál es el Convenio, acuerdo o reglamento
u otro medio por el cual la Liga de Tenis de Mesa de Antioquia se encuentra
facultada para la escogencia de los entrenadores de las selecciones de
Antioquia de tenis de Mesa.
•    Se me expida copia de los convenios y/o contratos que
actualmente tiene suscritos la Liga de tenis de Mesa de Antioquia con
Indeportes Antioquia”.
El 20 de mayo de 2015, la accionante recibió una respuesta
de Indeportes en los siguientes términos:
“...El   subgerente   de   altos   logros,   Alain
Bustamante, recibió comunicación de la liga de tenis de mesa de Antioquia en
donde informan que el órgano de administración de la liga decidió "por
motivos estrictamente profesionales" no continuar con los servicios de la
señora Johana Marcela Araque Mejía como entrenadora. Y se anexan actas de las
reuniones del órgano de administración realizada el 19 de Marzo, del 21 de
Marzo y comunicación a su nombre con fecha del 15 de Abril.
1.  Que en consecuencia con lo anterior, se remitió a la
universidad de Antioquia copia de las comunicaciones mencionadas, para que
tuvieran conocimiento en calidad de empleadores que la liga no continuaba con
los servicios de Johana Araque como entrenadora
2.  Indeportes Antioquia en cumplimento de una de las
funciones misionales y deberes dentro del sistema nacional del deporte, apoya a
las ligas deportivas en la contratación de entrenadores, desde el año 2013 la
universidad de ANTIOQUIA es la que opera, centraliza y administra el recurso
humano de dichos entrenadores. Ha sido política institucional, que en
desarrollo de esta acción de apoyo de los entrenadores de las liga deportivas,
que indeportes Antioquia respete la solicitud que hacen las ligas proponiendo a
los entrenadores que ellos consideren deben estar al frente de sus deportistas
y que sean retirados los que así mismo dispongan.
En ese sentido es pertinente precisar que, INDEPORTES
ANTIOQUIA no es competente para imponer sanciones a ningún entrenador, como
tampoco procesos disciplinarios en su contra.
3.  Con relación a la solicitud de copias, adjuntamos a la
presente comunicación copia del contrato 399 de 2013, suscrito entre INDEPORTES
ANTIOQUIA y la Universidad de Antioquia, cuyo objeto es "convenio
interadministrativo para la contratación de entrenadores de las ligas
deportivas de Antioquia, para apoyar el proceso de la preparación técnico
táctica de los deportistas que representaran en departamento de Antioquia en
los diferentes eventos deportivos de carácter oficial"
4.  Con relación a la solicitud de copias de los contratos
suscritos actualmente entre la liga de tenis de mesa e Indeportes Antioquia, le
informamos que para la presente vigencia 2015 no se ha suscrito contrato alguno
(...)”.
19. El 8 de mayo de 2015, la accionante radicó ante el
Comité Ejecutivo de la Liga, una constancia en la cual manifestaba que hasta la
fecha no se habían comunicado con ella con el fin de especificar las nuevas
funciones que aparentemente le habrían asignado. Ese mismo día recibió un
oficio de la Liga, en la que le informaban que “[a] partir
de la fecha hoy 8 de mayo hasta el 30 de mayo usted va a cumplir en su parte
laboral realizando asesoría, acompañamiento y seguimiento al Club CRECER de
tenis de Mesa del Municipio de Caldas”.
20. El 9 de mayo de 2015, la accionante radicó un oficio
ante el señor Julián Martínez, supervisor del Convenio Indeportes Antioquia, de
la Universidad de Antioquia, en el que manifestó:
“1. Sin lugar a dudas dicho oficio deja ver con claridad
todo el tema de acoso laboral y de persecución de la cual soy objeto por mi
orientación sexual. Pues se pretende que desarrolle mis actividades en una
dinámica totalmente diferente a la cual venía desarrollando mis funciones.
“2. Es claro que dicho oficio y las funciones asignadas
desconocen mi contrato como docente de cátedra y el régimen que lo regula, no
es claro con respecto a las horas docente de cátedra por las cuales fui
contratada y nuevamente dicho oficio me es entregado por una persona, la señora
Consuelo Zapata, quien no tiene reconocida la representación legal de la liga
de tenis de mesa de Antioquia.
“3. Sin lugar a dudas la estrategia que pretenden
desarrollar es "vinculémosla nuevamente para evitarnos problemas,
pongámosla hacer actividades por fuera y una vez termine el contrato no la
volvemos a vincular ni a través de la universidad ni con ninguna entidad que
después de mayo maneje el contrato con Indeportes." Ante tal salida que
resulta ser presuntamente muy "inteligente" no deja ser un exabrupto
en la cual queda claramente configurada el acoso laboral y la persecución de la
que vengo siendo objeto
“4. Todavía es más preocupante, cuando la señora Consuelo
Zapata se le sigue permitiendo actuar como presidenta de la liga de tenis de
mesa de Antioquia sin reconocimiento legal y aún más cuando ella misma
manifiesta que Indeportes conoce y acepta las decisiones de la liga de tenis de
mesa de Antioquia con respecto a mis nuevas funciones asignadas.
“5. No he tenido conocimiento ni se me ha oficiado por parte
de la liga de tenis de mesa de Antioquia, ni de Indeportes ni de la misma
universidad las razones por las cuales se tomó la decisión de revertir la
decisión inicialmente adoptada de separarme de mis funciones.
“6. La situación por la que he atravesado y sigo atravesando
por que reitero, en vez de generar una solución, lo que denota es acoso
laboral, y ha generado una pérdida de mi imagen y perjuicios morales en el
entorno con los deportistas de tenis de mesa al punto que son reiterados
manifestaciones de deportistas y niños que sin conocimiento alguno lanzan
expresiones como : "a Johana la echaron de la liga porque abuso de María
Paula; a Johana la echaron por que descubrieron que ella era la que se estaba
robando la plata de la federación de tenis de mesa; o expresiones peor aún,
incluso de entrenadores del Inder Medellín, como "si quiera sacaron a esa
[…]" o " sí sabían de la condición de Johana desde hace tanto tiempo,
porque se demoraron tanto para echarla", dado lo anterior me permito
manifestar que me seguiré presentando a mi sitio de trabajo y que no acatare el
oficio donde me reasignan funciones, no solo por lo que he expresado de que
este constituye un acoso laboral sino también por que desconoce las condiciones
de mi vinculación laboral con la universidad de Antioquia.”
Sostiene que la Universidad le informó que Indeportes había
hecho énfasis en que había desvinculado a la accionante por motivos
profesionales. La Universidad de Antioquia agregó, de acuerdo al relato de la
accionante, que:
“Ante esto el coordinador del convenio por parte de la
Universidad de Antioquia solicita que para adelantar el proceso de cancelación
del contrato de la docente Johana Marcela Araque Mejía, se requiere los motivos
puntuales por los que se pide por parte de Indeportes Antioquia la cancelación
del contrato y el seguimiento que fue realizado a la labor de la docente que
llevó a la toma de esta decisión (...)
“Mediante correo electrónico el Subgerente de deporte
Asociado y Altos Logros de Indeportes Antioquia, fundamenta la cancelación del
contrato por un proceso disciplinario que llevó a cabo la Liga de Tenis de Mesa
de Antioquia, a lo cual el coordinador del convenio por parte de la Universidad
de Antioquia solo valida sanciones que inhabiliten a la persona en ejercicio de
sus funciones en el contrato, y al no ser este caso no hay impedimento alguno
para que Johana Marcela Araque Mejía continúe con el apoyo en el Convenio 399
de 2013. También informó que en caso de no requerir el apoyo de Johana Marcela
Araque Mejía, se debe hacer la solicitud oficial, de lo contrario se le deben
asignar las tareas que respondan a las necesidades del Instituto Departamental
de deportes de Antioquia y que estén establecidas en el Convenio
Interadministrativo 399. ”
21. En el expediente, hay documentos que evidencian que la
accionante hizo referencia a varias actas de las reuniones del órgano de
administración de la Liga, de especial relevancia para el caso, así:
-
En el acta 032015, correspondiente a la reunión del
19 de marzo de 2015, se habría expresado que se "generó un malestar muy
grande a los entrenadores y a la señora presidenta, dado que pese a no informar
los motivos por los que decidieron cambiar su lugar de alojamiento, se presentó
engaño a la buena
fe de la señora María Consuelo, al alojarse con una menor de edad sin
consentimiento alguno del delegado y/o responsable de la deportista en ese
momento que es la liga de tenis de mesa y por último el abuso de poder de la
entrenadora para tomar esta decisión sin contar con el consentimiento de sus
superiores".
-
En
la citada acta se habría dicho que "por
unanimidad el órgano
de administración de la Liga de tenis de mesa de Antioquia decide no continuar
con los servicios de la señora Johana Marcela Araque Mejía, como entrenadora de
la selección Antioquia de menores”.
-
El
19 de marzo de 2015, el órgano de Administración realiza otra reunión en la que
delegan a la señora María Consuelo Zapata y al Señor Jhonatan López Correa,
para que “...Johana Marcela Araque Mejía haga sus descargos sobre acto de
indisciplina, desacato a la autoridad, falta a la moral, a la ética como
entrenadora y el engaño presentado a la buena fe de la señora presidenta electa
en el pasado torneo nacional…”.
-
En
al acta 042015, correspondiente a la reunión del 21 de marzo de 2015, se
consigna que “[l]a señora Presidenta electa de la liga de tenis de mesa de
Antioquia toma la vocería y le comunica a la señora Johana Marcela Araque Mejía
la intención del órgano de la administración de no continuar con sus servicios debido
al acto de indisciplina como entrenadora y el engaño presentado sobre la buena
fe de la señora Presidenta. || Es importante señalar que antes de comunicarle
de manera verbal la decisión tomada a la entrenadora, se le manifestó que es
una profesional excelente, no se tiene ninguna queja por parte de ella en la
parte técnica, que su hoja de vida es intachable y que para la liga de tenis de
mesa de Antioquia es una pérdida doloroso desde el punto de vista profesional.
|| La entrenadora manifestó que le parecía una decisión muy radical, que era el
primer hecho de su parte...”. En el acta no aparecería el contenido de los
descargos rendidos por la señora Araque.
-
La
accionante manifestó que en esta última reunión se le maltrató y se le presionó
para que renunciara.
22. La defensoría del Pueblo Regional Antioquia, luego de
escuchar a la señora Araque convocó a los señores Carlos Alberto Ruiz, César
Londoño Pérez, León Darío Martínez, Raúl Fernando Valencia y la madre de la
menor María Paula para que rindieran testimonio sobre los hechos[3].
En lo relevante al presente caso, la madre de María Paula
manifestó:
“PREGUNTADO: Bajo la gravedad del Juramento, que tiene prestado,
sírvase manifestar a esta
Defensoría, que fue lo que SU HIJA MARÍA PAULA, LE COMENTO QUE HABIA OCURRIDO EN EL NACIONAL DE IBAGUE.
RESPONDIO: Desde el principio yo conocía que MARÍA PAULA, se quedaría en otro lugar y contaba con mi
autorización, dado que yo realice
el aporte económico requerido para uno de los torneos o categorías; además aporte que hubo que realizar sin contar con
los padres de familia, porque los deportistas  conocieron que debían permanecer
en Ibague (sic) más tiempo del que había programado la liga, cuando estuvieron precisamente en esa ciudad y ahora un error
de administración lo quieren
indilgar (sic) a los deportistas; yo conozco a JOHANA, y mi hija como no se iba
a quedar con ella, yo sabiendo
cómo es ella, y si se ha quedado en otras ciudades y países con otras personas que no conozco, y yo he
firmado muchos poderes para que mi hija permanezca con desconocidos, no le vi ningún problema a que
permaneciera con su entrenadora
que conozco.
PREGUNTADO: Bajo la gravedad del Juramento, que tiene prestado,
sírvase manifestar a esta
Defensoría, cual fue la causa para que JOHANA MARCELA ARAQUE hubiera terminado la relación sentimental con su
hija MARÍA PAULA? RESPONDIO: Si, por exigencias de INDEPORTES ANTIOQUIA, que la colocaron a escoger entre mi hija y
el trabajo y como Johana, es
una figura Nacional y dedicada a su trabajo y necesita del TRABAJO, se quedó con el trabajo.”
23. En el
escrito de tutela consta que la señora Araque continúa vinculada
contractualmente, aunque se afirma que se han tomado otras acciones que
consideran, se relacionan con su identidad sexual. Al respecto se manifestó:
“Claro está que como el vínculo contractual es con la Universidad de
Antioquia, la Liga de Tenis de Mesa Departamental NO pudo dar por terminado la
relación laboral, sin embargo adelantaron otra serie de acciones en las se
evidencia los malos tratos, la discriminación, la descalificación, el
desprestigio por su orientación sexual:
·
Le prohibieron entrenar al grupo de jóvenes y
menores de edad que a lo largo de su ejercicio profesional y laboral siempre ha
tenido a cargo
·
Le prohibieron el ingreso a la oficina de los
entrenadores
·
Se atrevieron a cambiarle la modalidad de su
contrato laboral, que es de 24 horas de trabajo a 48 horas semanales, y
cambiarla a otro municipio, como se señala en el hecho 15.”
24. Como
pretensiones se señalaron las siguientes:
“CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a la dignidad
humana, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad, a la no
discriminación y a la intimidad, el derecho al trabajo, y la garantía a un
debido proceso.
A. COMO MEDIDA PROVISIONAL ordenar que a la señora JOHANA MARCELA
ARAQUE MEJÍA se le de (sic) continuidad como docente de cátedra externa, en la
calidad de entrenadora de la selección Antioquia de menores en tenis de mesa.
B. COMO PARTE DEL FALLO DEFINITIVO, EN EL EVENTO DE PROSPERAR ESTA
ACCIÓN solicito al Señor Juez se sirva ordenar:
1. Se CONCEDA el amparo de los derechos fundamentales a la dignidad
humana, a la intimidad, a la igualdad, a la no discriminación, al libre
desarrollo de la personalidad, al trabajo y a un debido proceso a la señora
JOHANA MARCELA ARAQUE MEJÍA.
2. SE DECLARE LA NULIDAD DE LAS ACTUACIONES mediante las cuales se
decidió no continuar con los servicios de la señora Johana Marcela Araque
Mejía, como entrenadora de la selección de Antioquia de menores en tenis de
mesa.
3. SE ORDENE a la representante legal de la Liga departamental de
Antioquia de Tenis de Mesa y al representante legal del Instituto Departamental
Deportes en Antioquia presenten excusa escrita y pública a la señora Johana
Marcela Araque Mejía, por los hechos que motivaron la presente acción.
4. SE ORDENE a la representante legal de la Liga departamental de
Antioquia de Tenis de Mesa y al representante legal del Instituto Departamental
Deportes en Antioquia que, desarrollen un programa para la difusión de la
decisión como forma de explicar el alcance de su función de vigilancia y los
limites frente a los derechos fundamentales a la dignidad, el libre desarrollo
de la personalidad, el derecho a la intimidad y el derecho a la igualdad y a la
no discriminación de las personas que hacen parte de los clubes de tenis de
mesas (sic), padres de familia, entrenadores, deportistas de esta disciplina y
demás personas que acuden al Coliseo de tenis de mesa.
5. SE ORDENE a la representante legal de la Liga departamental de
Antioquia de Tenis de Mesa y al representante legal del Instituto Departamental
Deportes en Antioquia, para que organicen por separado, un curso de derechos
humanos, dirigido en el primer caso a los afiliados en los diferentes clubes
que hacen parte de la Liga, así como a los directivos que hacen parte de los
diferentes órganos de la liga, en segundo orden las directivas del Instituto
Departamental Deportes en Antioquia, a la junta directiva, gerencia y
subgerencias, y los diferentes equipos que las integran, a los entrenadores y
demás personas que hagan parte de dicha institución.
Cada curso deberá incluir charlas sobre enfoques de derechos y
diferencial, con énfasis en los derechos fundamentales de no discriminación y
los derechos fundamentales a la igualdad, dignidad humana y libre desarrollo de
la personalidad, que involucran el derecho a la libre opción sexual.
Dichos cursos serán impartidos de manera gratuita por la Defensoría
del Pueblo Regional Antioquia.
6. SE ORDENE a la representante Legal de la Liga departamental de
tenis de Mesa y al representante legal de INDEPORTES ANTIOQUIA, para que dentro
de los entrenadores que se vayan a contratar se incluya a la señora JOHANA
MARCELA ARAQUE MEJÍA con el nuevo operador del Convenio, como se ha venido
haciendo en los últimos años.
7. SE ORDENEN las acciones pertinentes para que de acuerdo a la
entidad y la naturaleza de la misma se adelante las investigaciones
disciplinarias, de conformidad con la Ley 49 de 1993 y la Ley 734 de 2002.
8. PREVENIR a los integrantes de la liga departamental de tenis de
mesa como del al (sic) personal del instituto departamental deportes en
Antioquia que tienen relación con la disciplina de tenis de mesa no tomar
ninguna retaliación.”
B.  Respuesta de
las entidades accionadas
Liga de Tenis de
Mesa de Antioquia[4]
25. Se destacó
que la Liga no debería ser accionada, puesto que no es la titular de la
potestad contractual frente a la accionante, pues ella recae exclusivamente en
Indeportes y en la Universidad de Antioquia.
26. Afirmó que
la condición homosexual de la accionante resultaba irrelevante para la Liga y
que no fue determinante en la toma de las decisiones atacadas. Destacó que la
accionante “no puede abusar de esa condición para lograr que se extienda un
nuevo contrato de prestación de servicios profesionales, pues es discrecional
de cualquier institución, empresa u organismo contratar o no y la autoridad
judicial […] no puede obligar a que se le de (sic) empleo a una
persona o se firme un contrato de prestación de servicios escudado en la
condición sexual que es lo que pretende la accionante”.
27. Así mismo,
la Liga Manifestó que:
“la
deportista cometió una falta gravísima al llevarse a una menor de edad (MARÍA
PAULA) a un hotel […], así sea con el consentimiento de la madre, situación
esta que apenas se entera mi representada, pues aclaro que cuando un deportista
está en competencia sea en Medellín o en cualquier lugar del país o por fuera,
es plena responsabilidad de la liga de tenis de mesa, cualquier hecho que ponga
en riesgo la vida y la integridad personal de nuestros deportistas y ella la
accionante le mintió a la presidenta de la liga, pues la autorización que les
dieron fue que, MARÍA PAULA iría a la casa de una amiga que la iban a recibir
[…] dice la accionante que no le respondieron en el teléfono de la amiga que
recibiría a MARÍA PAULA, y que ella a mutuo propio (sic) tomo (sic) la
determinación de llevarse (sic) a un hotel, y luego al día siguiente llegaron
tarde a la competencia [. E]sta es una falta gravísima, porque no regreso (sic)
a la menor al Hotel donde estaban hospedados (sic) en un hotel de 5 estrellas?,
esta (sic) situación le fue comunicada [a] Indeportes Antioquia, para que el
comité disciplinario tome una decisión, si sancionaba a la deportista y
entrenadora y qué tipo de sanción se le impondrá, porque aún está en trámite
dicha acción disciplinaria pues Indeportes Antioquia cuenta con el Código Único
Disciplinario Ley 49 de 1993, donde existe un procedimiento respetando el
debido proceso […].”
28. La Liga
afirmó que el vencimiento del contrato de la accionante como entrenadora, era
el 31 de mayo de 2015. Así mismo, sostuvo que se le entregó “comunicado de
la liga asignándole en el municipio de Caldas sus actividades como entrenadora,
las cuales no realizo (sic)”.
29. Afirma que
las declaraciones tomadas por la Defensoría del Pueblo “no son indicativas
de violación a derechos constitucionales, y están referidas a  conceptos de los
padres de familia que no quisieron volver a la liga por este tipo de
situaciones referidas a homosexuales, pero que en nada vincula a la liga de
tenis de Antioquia (sic), pues es potestad del padre de familia si lleva
o no a su hijo o hija a formarse como deportista a la Liga de Tenis de Mesa”.
30. Destacó que
el mecanismo de la acción de tutela no es el idóneo para tramitar las
pretensiones planteadas por la accionante.
Instituto
Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES ANTIOQUIA[5]
31. Indeportes
fue informada de la relación sentimental de la accionante con la menor María
Paula. Al respecto “los funcionarios de INDEPORTES ANTIOQUIA ante quienes
expuso esa situación le indicaron que si bien comprendían la situación
expuesta, la misma era un problema para la institución y que podía dar lugar a
que la despidieran; en este punto debe precisarse que no se le preguntó cuál
era su deseo si  elegir entre el trabajo o el sentimiento que tenía, sino que
se le advirtió sobre la inconveniencia y complejidad de la relación en tanto se
trataba de un vínculo entre dirigente y dirigido (entrenador – deportista) y
fue allí que la accionante Araque Mejía concluyó que era más importante su
profesión, mas no fue que se le puso  a escoger entre su trabajo y la relación
sentimental”.
32. Indeportes manifestó
que “[c]onsciente de la complejidad de las relaciones interpersonales y la
dinámica social respecto de las personas con orientación sexual diversa, y el
alto impacto que sobre esta población generan las prácticas discriminatorias, y
los altos niveles de sensibilidad que éstas ocasionan, situaciones todas que no
son ajenas al sector deportivo, INDEPORTES ANTIOQUIA dentro de su Plan de
Capacitación incluye la profesionalización y actualización de los integrantes
del sector deportivo del Departamento respecto de los procesos de
transformación cultural y social frente a la población con orientación sexual
diversa, por medio de la programación de conferencias sobre diversidad sexual y
de género que abarcan cada una de las 9 subregiones del Departamento”.
33. La entidad
afirmó que no incurre en prácticas discriminatorias ni frente a los deportistas
ni los entrenadores involucrados en el ciclo deportivo al que contribuye la
entidad por causa de su identidad sexual, y que la actuación de la entidad
frente a la relación de la accionante con la menor María Paula tuvo la
naturaleza de “concepto”, y no de condicionamiento por parte de la
entidad.
34. Manifestó
frente al Contrato suscrito entre, Indeportes y la Universidad de Antioquia,
que:
“Como
obligación a cargo de INDEPORTES ANTIOQUIA en virtud del mencionado convenio se
estableció la de “(. . .) designar a una persona que se encargara de aprobar
las personas que prestarán el servicio como entrenadores”; como se
desprende de dicha obligación, no se definió como competencia de INDEPORTES
ANTIOQUIA proponer las personas que se contratarían como entrenadores, solo
aprobar/as seleccionadas, y el proceso de selección es adelantando por La Liga
y sobre las personas por ellos seleccionadas es que se pasan a verificar los
criterios definidos (formación académica, experiencia laboral y
reconocimientos, logros y resultados alcanzados) a fin de determinar la escala
de honorarios de los entrenadores.
“En
este sentido, es la Liga quien determina la procedencia o no que determinado
entrenador continúe o no apoyando el proceso formativo para el cual es
contratado en virtud del convenio suscrito con La Universidad de Antioquia, por
lo que la función de INDEPORTES ANTIOQUIA en este sentido se limita a informar
a la Universidad de la determinación asumida por La Liga, como se ha hecho en
el caso concreto. Como se indicó en la comunicación 201503002101 del 14 de mayo
de 2015 (aportada dentro de los anexos de la acción de tutela) al dar respuesta
al derecho de petición presentado por la aquí accionante el 28 de abril de 2015
se precisó que ha sido política institucional que en desarrollo de la acción de
apoyo de los entrenadores de las Ligas deportivas, que es en lo que consiste el
objeto del convenio suscrito con la Universidad de Antioquia, INDEPORTES
ANTIOQUIA respeta las solicitudes que hacen Las Ligas proponiendo a los
entrenadores que ellas consideren deben o no estar al frente de sus
deportistas, sin que sea competente INDEPORTES ANTIOQUIA para establecer
sanción o adelantar proceso disciplinario alguno en contra de los entrenadores.
Así,
el que las razones esbozadas por la Liga para tomar la determinación de no
continuar con los servicios de la accionante sean o no estrictamente
profesionales, es una situación que debe desvirtuar o corroborar La Liga.”
35. En virtud de
que la relación contractual y la decisión acerca de la permanencia de la
accionante como entrenadora no le corresponde, solicitó que no fuera condenada
como responsable por la vulneración de derechos fundamentales alegada. Resaltó
que “el convenio para la contratación de los cerca de 618 entrenadores de
las ligas deportivas de Antioquia suscrito con la Universidad de Antioquia fue
adicionado por última ocasión el pasado 30 de abril de 2015 para cubrir el pago
de los servicios prestados por los entrenadores para el periodo comprendido
entre el 1° y 31 de mayo de 2015, por lo que, a la fecha de contestación de la
presente acción constitucional no existe convenio alguno que permita la
vinculación de ninguno de los cerca de 618 entrenadores, incluida la accionante
Araque Mejía, y mal podría pretenderse que mediante una acción constitucional
se ordene dar continuidad a la vinculación como docente de cátedra cuando el
vínculo contractual para justificar dicha vinculación no existe”.
C.  Universidad
de Antioquia[6]
36. La
Universidad especificó que la accionante estaba vinculada como docente de
cátedra externa de la institución, desarrollando sus actividades en
concordancia con lo pactado por la Universidad e Indeportes en el Convenio 399
de 2013, cuyo objeto es “[…] la contratación de los entrenadores de las
ligas deportivas de Antioquia, para apoyar el proceso de preparación técnico
táctica de los deportistas que representaran el departamento de Antioquia en
los diferentes eventos deportivos de carácter oficial”. Aclaró que “las
ligas contaban con la autonomía de utilizar dicho apoyo según sea su necesidad,
siempre y cuando las funciones estén dentro de las” contempladas en dicho
acuerdo[7].
37. Frente a la
situación de la señora Araque, la Universidad manifestó:
“Para
el caso la Universidad de Antioquia le notificó a la hoy tutelante que se le
terminaba el contrato a la señora Johana Marcela Araque Mejía, en virtud a que
el convenio interadministrativo firmado entre Indeportes y la Universidad de
Antioquia terminó su ejecución de actividades el 31 de mayo de 2015 y por ende
se terminó el contrato de Johana Marcela Araque Mejía y el de los otros 149
docentes contratados para responder a las necesidades del convenio. En la
actualidad está en la etapa de liquidación y cruce de cuentas y se espera que
el acta de liquidación definitiva del convenio marco esté firmada a mas (sic)
tardar el 16 de junio de 2015. De manera que en este momento la Universidad no
tiene convenio alguno en ejecución, así que no hay necesidad alguna que
requiera un perfil específico de la actora.
“El
contrato de la hoy tutelante se hizo para un total de 359 horas, las cuales
fueron reportadas por lndeportes como cumplidas, así que no quedan horas disponibles
en el contrato para el mes de junio de 2015, ni por el Convenio marco”.
38. Así mismo,
la Universidad argumentó que la situación de la accionante, sólo fue puesta en
su conocimiento mediante derecho de petición radicado el 9 de abril de 2015. A
raíz de ello, la Universidad  requirió a Indeportes para que le informara la
situación contractual de la señora Araque, en los siguientes términos:
“La
respuesta a esta petición de la Universidad se da vía correo electrónico donde
el Subgerente de Deporte Asociado y Altos Logros de lndeportes Antioquia,
informa que prescinden de los servicios de Johanna Marcela Araque Mejía por
motivos estrictamente profesionales.
[…]
Ante
esto el coordinador del convenio por parte de la Universidad de Antioquia
solicita los motivos puntuales por los que se pide por parte de lndeportes
Antioquia el seguimiento que le fue realizado a la labor profesional de la
docente que llevo a la toma de esta decisión.
[…]
Mediante
correo electrónico la Subgerente de Deporte Asociado y Altos Logros de
lndeportes Antioquia, fundamenta la cancelación del contrato de la señora
Johana Marcela Araque Mejía en razón al proceso disciplinario que llevó a cabo
la Liga de Tenis de Mesa de Antioquia, a lo cual el coordinador del convenio
informa que la Universidad de Antioquia por medio de la oficina de relaciones
laborales manifiesta que el contrato que ella suscribió es con la Universidad y
en ese sentido no da por terminado el contrato y en todo caso en el evento de
no requerir el apoyo de Johana Marcela Araque Mejia, se debe hacer la solicitud
oficial a la Universidad, de lo contrario se le deben asignar las tareas que
respondan a las necesidades del Instituto Departamental de Deportes de
Antioquia y que estén establecidas en el convenio interadministrativo 399
anteriormente mencionado, toda vez que la Universidad de Antioquia la tiene
contratada para ello.
[…]
En
ese entendido las actividades del contrato de catedra del primer semestre de
2015, fueron reportadas como cumplidas y por tal motivo se reportaron en
normalidad la cantidad de horas del contrato de catedra y así se canceló a la
actora”.
39. La
Universidad se opuso a las pretensiones de la accionante por considerar que (i)
no ocurre en este caso un perjuicio irremediable, de modo que no podía
desconocerse que la accionante contaba con otros mecanismos para obtener lo
pretendido mediante la acción de tutela, por lo que en ausencia del requisito
de subsidiariedad la tutela debía declararse improcedente, y (ii) “en el
presente caso la culminación de la relación contractual se debió al
cumplimiento del objeto contractual como de la terminación del convenio marco”.
C.  Decisiones
de tutela objeto de revisión
Primera
Instancia. Juzgado Veinte Penal Municipal con función de control de garantías de
Medellín, sentencia del 12 de junio de 2015[8]
El juez de
primera instancia decidió negar el amparo invocado por la accionante.
Fundamentó su decisión de la siguiente manera:
40. Se analizó
el derecho a la estabilidad reforzada en el trabajo, destacando que se predica
de las personas en situación de discapacidad, y se verificó como en el presente
caso las condiciones para ampararlo no se cumplen. Respecto del derecho al
trabajo, el a quo “como ha quedado claro en la respuesta suministrada
por la Universidad de Antioquia, operador del contrato, que el mismo no solo
termino (sic) para ella únicamente, sino también para 149 nueve
(sic) entrenadores más; contrato que se encuentra en liquidación y espera
que para el 16 de junio del año en curso, se haya concluido con este”. Por
lo anterior, concluyó que en el caso concreto, no se ha vulnerado el derecho a
la igualdad, al estarse dando a la accionante “un trato igual entre sus
iguales”.
41. Frente a los
argumentos de la Liga, recordó el hecho de que la accionante desatendió unas
instrucciones acerca del hospedaje en la ciudad de Ibagué, pero indicó “que
quien tenía que adoptar alguna decisión de fondo era como ya se dijo, [era]
el operador del contrato, que en este caso es la Universidad de Antioquia”.
42. Señaló que
los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad no se
vieron afectados con la situación expuesta, puesto que la accionante
abiertamente expresa su opción sexual, incluso sosteniendo una amistad con la
menor María Paula, con el consentimiento de su madre. En caso de considerarse
afectada por algunas opiniones de las personas que la rodean, tiene a su
disposición los mecanismos penales, que pueden atender alguna vulneración en
este sentido.
43. Frente al
derecho de petición, destacó que si bien al momento de la interposición de la
acción de tutela, aún quedaban por responder algunas de las peticiones elevadas
por la accionante, durante el trámite de la acción de tutela estas fueron
respondidas de manera adecuada. Previno sin embargo a la Liga, en el sentido
que “hacia futuro no retarden resolver de manera positiva o negativa las
peticiones se le presenten (sic), pero dentro del tiempo estipulado para
estos eventos acorde con la Ley”.
44. Destacó que
para la promoción, divulgación y difusión de cuestiones relacionadas con los
derechos humanos, resulta posible tanto para la Liga como para Indeportes,
realizar oficiosamente cursos y programas educativos tendientes a mejorar el
entendimiento y el respeto por la diferencia.
45. Con base en
su análisis del caso, estimó que la acción de tutela no resultaba el mecanismo
idóneo para el trámite de lo pretendido por la accionante. Señaló que “esta
acción no es el medio idóneo para ventilar las injurias, la declaratoria de
nulidades de nombramientos, errores administrativos o de ordenar una
contratación, o un reintegro, que se encuentra sujeto a unos presupuestos
estatales, agregando que la tutela no está instituida para reemplazar los
procedimientos ordinarios consagrados en la ley en los reglamentos internos”.
En este sentido, se instó a la accionante para que acuda a otros mecanismos,
con el fin de hacer valer sus derechos ante los jueces penales, laborales,
administrativos o civiles.
Impugnación[9]
46. La
accionante argumentó que existió incongruencia entre los hechos, los
fundamentos de derecho y la sentencia de tutela, por cuanto el a quo se
centró únicamente en los derechos al trabajo y de petición, este último que no
se alegó como vulnerado. Para la accionante, el núcleo jurídico de la acción de
tutela se reducía a determinar “si la exclusión de la señora Johana Marcela
Araque Mejía, en calidad de docente de cátedra, deportista y entrenadora,
demandan la protección a los derechos fundamentales a la dignidad humana,
igualdad, libre desarrollo de la personalidad, intimidad, no discriminación,
derecho al trabajo, al debido proceso, el derecho de defensa [y] contradicción
[…]”. Aclaró que tampoco se alegó un tratamiento desigual frente a la
terminación del contrato de trabajo, a pesar de lo cual el a quo se
centró en dicho aspecto en su sentencia.
47. Para la
accionante, el enfoque del caso encaminado sólo al análisis de la terminación
del contrato de trabajo, no permitió el análisis adecuado de las circunstancias
antecedentes “que evidencian una sumatoria de actos de discriminación”,
tendientes a lograr su desvinculación del entrenamiento. Considera que lo
acontecido en Ibagué fue “la excusa perfecta para salir de ella era
(sic) ante un acto de indisciplina, en el que sin ser escuchada y sin garantizarle
un debido proceso, la orden de terminación del contrato era inmediata, pero
quien imparte la orden NO ERA LA AUTORIDAD COMPETENTE, ya que no era su
contratante […]”.
48. Señaló que
la orden de retirarla adoptada por la Liga “no se pudo hacer efectiva, ya
que la señora Johana tenía una relación contractual con la U. de A. y el cambio
de obligaciones, de horario de trabajo y de ubicación laboral era por parte de
la U. de A., como lo confirman los dos accionados en sus respuestas a la acción
de tutela […]”. Igualmente reiteró que “la universidad se
pronunció indicándoles que ante la falta de elementos de prueba el convenio
continuaba y deberían asignarle funciones ya que era la Universidad de
Antioquia la que tenía el contrato con ella”.
49. Se señaló
que “[l]a señora Marcela Araque Mejía tenía muy claro y así nos lo hizo
saber, que todos los entrenadores de tenis de mesa, incluida ella, terminaban
el contrato el 30 de mayo. Ya que el convenio entre Indeportes y la Universidad
de Antioquia terminaba, por lo que quedaban cesantes durante unos días mientas
INDEPORTES previo proceso contractual iniciaba con otro operador o el mismo un
nuevo contrato, lo que se que se quiso (sic) prevenir fue el hecho de
que a Johana no la dejaran por fuera por todos los actos de arbitrariedad
cometidos contra ella, por su orientación sexual y ahí sí señor Juez el trato
no ha sido diferencial ha sido discriminatorio”.
50. Para la
accionante, la decisión de terminarle el contrato, la prohibición implementada
desde el 31 de marzo de 2015, de estar en contacto con la selección de menores
de tenis de mesa, de estar en las oficinas de los entrenadores, y el cambio de
las condiciones para el cumplimiento del contrato de trabajo del 8 de mayo de
2015, implicaron actos de discriminación. Además, se pregunta la accionante si
un entrenador hombre se enamora de sus deportistas, la actuación de la entidad
sería igual, o si se encuentra una prohibición en tal sentido en la normativa
disciplinaria aplicable.
51. Para la
accionante habría ocurrido también una indebida valoración de la prueba, puesto
que en las respuestas de las accionadas (i) la Liga no demostró “cuál fue la
falta, ni el procedimiento que adelantaron […] a pesar de que […] se
toma atribuciones para sancionar”; y (ii) Indeportes reconoció que incidió
en la decisión de la señora Araque, para terminar su relación sentimental con
la menor María Paula.
52. En lo
restante del escrito de impugnación, repitió y enfatizó ampliamente
situaciones, expresiones y consideraciones que consideró importantes,
reiterando lo consignado en la acción de tutela. Igualmente, se reiteraron las
pretensiones consignadas en la demanda.
Segunda
Instancia. Juzgado Dieciocho Penal del Circuito con funciones de conocimiento
de Medellín del 29 de julio de 2015[10]
53. El ad
quem confirmó la decisión del a quo y consideró que la tutela debía
abordar dos momentos: (i) la sanción emitida por la Comisión Técnica y el
Comité Ejecutivo de la Liga por los actos cometidos en la ciudad de Ibagué, y
el consecuente cambio en sus funciones, y (ii) la terminación de fecha 31 de
mayo de 2015, del contrato interinstitucional suscrito por la Universidad de
Antioquia e Indeportes.
54. Resaltó que
“en la actualidad resulta prácticamente absurdo sostener que la homosexualidad
en si misma considerada constituya un riesgo o amenaza para la juventud o para
terceras personas en general, de ahí que apelar a consideraciones de este tipo
para denigrar de las capacidades deportivas y docentes de una persona
constituye una actitud censurable”. Sin embargo, aclaró que la actuación
cuestionada se desencadenó por el comportamiento de la accionante, “quien
durante un campeonato en Ibagué compartió habitación de hotel con una de las
competidoras menor de edad, circunstancia digna de control tanto para
formadores heterosexuales y homosexuales”.
55. Para el ad
quem, la cuestión fundamental se ubica en el debido proceso que debe
revestir cualquier actuación disciplinaria. Al respecto indicó:
“[E]n
este evento brilló por su ausencia, pues las determinaciones se adoptaron de
manera impulsiva, sin materializar adecuadamente el derecho de contradicción y
defensa, además de carecer de bases normativas sólidas que lleven a pensar que
el comportamiento desplegado vulneró una norma cierta, escrita y previa, sin
olvidar que se adoptó por un órgano al cual no respondía directamente la
afectada, quien se encontraba vinculada a través de la Universidad de
Antioquia. En otras palabras, la Comisión Técnica y el Comité ejecutivo de la
Liga se arrogó una competencia que correspondía al Alma Mater y la separó de
sus funciones sin atender los argumentos de la formadora, tendientes a
establecer una relación sentimental con la menor y el consentimiento otorgado
por su progenitora para que esa noche compartieran un cuarto”.
56. En opinión
del Juez de segunda instancia, a pesar del desconocimiento del derecho al
debido proceso de la accionante, sus juiciosas actuaciones ante las accionadas
conjuraron la situación, consiguiendo su restablecimiento en la prestación de
los servicio, considerando que con ello se habría dado un hecho superado “pues
el conducto regular permitió subsanar la actuación irregular que conculcaba los
derechos de la accionante”. Añadió que la situación estaría consolidada,
dada la terminación el día 31 de mayo de 2015, el contrato interadministrativo
suscrito entre Indeportes y la Universidad de Antioquia. Manifestó que “el
Juzgado no podría disponer un acto de cesación de vulneración de derechos
mediante la reincorporación a un cargo que en la actualidad no existe, y mucho
menos puede pensar que la universidad de Antioquia, entidad que respaldó a la
actora al momento de adoptarse unas decisiones arbitrarias en su contra, ahora
hubiese emitido un acto igualmente discriminatorio, en especial cuando la
evidencia enseña que el contrato simplemente llegó fin, lo que quiere decir que
la desvinculación de JOHANA MARCELA ARAQUE MEJÍA, obedeció a las mismas razones
de los ciento cuarenta y ocho (148) docentes restantes”. En consecuencia,
el Juez de segunda instancia señaló que la accionante tiene a su disposición,
las acciones judiciales para obtener la indemnización o reparación por los
perjuicios sufridos.
57. Con base en
lo anterior, el Juez de segunda instancia es de la opinión que la terminación
del contrato no había sido fruto de la discriminación por su homosexualidad,
por lo que excluyó la responsabilidad de la Universidad de Antioquia en la
situación planteada en la tutela analizada.
58. Frente a la
pretensión encaminada a ordenar que en el nuevo contrato administrativo a
suscribirse, se incluyera obligatoriamente a la accionante como entrenadora,
destacó el Juez que no se aportó elemento de prueba alguna acerca de la
ocurrencia de un tratamiento discriminatorio o excluyente, por lo que considera
que no debe inmiscuirse en los términos de la nueva contratación pues no se
evidencia irregularidad frente a este punto. En este mismo sentido, el Juez de
segunda instancia, es de la opinión que la accionante contaría con el mecanismo
de la tutela en caso de afectación de sus derechos fundamentales.
59. Finalmente,
el Juez de Segunda Instancia indicó frente al derecho de petición, la facultad
del juez de tutela en desarrollo del principio de iura novit curia, “entrar
a analizar garantías básicas que no fueron invocadas en el escrito de tutela”,
complementando con esto la decisión que sobre el particular adoptó el a quo.
II.
CONSIDERACIONES
A.  Competencia
60. La Sala es
competente para la revisión del presente caso, con fundamento en los artículos
86 y 241.9 de la Constitución Política, en los artículos 33 a 36 del Decreto
2591 de 1991, y en cumplimiento del Auto de la Sala de Selección Número Once
del 12 de noviembre de 2015.
B. Procedencia de la demanda de tutela
61. Invocación
de afectación de un derecho fundamental: La Defensora del Pueblo Regional
Antioquia invocó en nombre de la accionante, Sra. Johana Araque Mejía, la
protección de los derechos a la dignidad humana, a la intimidad, a la igualdad,
a la no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo y al
debido proceso, como presuntamente vulnerados por las accionadas. Los artículos
2, 11, 13, 15, 16, y 29 de la Constitución reconocen como fundamentales varios
de los derechos invocados, calidad reiterada en abundante jurisprudencia. En
virtud de lo anterior, se estima que la demanda plantea una controversia de
orden constitucional, y por lo mismo, cumple el presente requisito.
Por demás y para
efectos de claridad, es importante anotar que el Juez de Primera Instancia se
pronunció sobre un cargo relacionado con el derecho de petición (numeral 43
anterior), en el sentido, de exhortar a la Liga a dar respuesta a las
peticiones que le sean formuladas en la oportunidad establecida. En este mismo
sentido, el Juez de Segunda Instancia reiteró la facultad del juez de tutela de
analizar garantías adicionales a las solicitadas por el accionante (según
consta en el numeral 59 anterior), complementado la decisión adoptada por el a
quo. No obstante, las consideraciones de los Jueces de Primera y Segunda
Instancia, esta Corte observa la solicitud de la accionante en la impugnación
(ver para fácil referencia el numeral 46 anterior), en la que expresamente
manifiesta que no presentó un cargo por vulneración al derecho de petición, por
cuanto, el problema no se centra dicho derecho, si no por el contrario, en
determinar si la exclusión de la Liga, vulnera sus derechos fundamentales a la
dignidad humana, igualdad, libre desarrollo de la personalidad, intimidad, no
discriminación, derecho al trabajo, al debido proceso y al derecho de defensa y
contradicción, cargos descritos en el párrafo anterior, y en los que se
centrará la revisión de esta Corte (ver problema jurídico, numerales 72 y 73
siguientes).
62. Legitimación
por activa: En el presente caso, la Defensora del Pueblo Regional Antioquia
es quien interpone la acción de tutela en representación de Johana Marcela
Araque Mejía. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Art. 46 del Decreto 2591 de
1991, “[e]l defensor del pueblo podrá, sin perjuicio del derecho que asiste
a los interesados, interponer la acción de tutela en nombre de cualquier
persona que se lo solicite o que este en situación de desamparo e
indefensión”[11],
posibilidad que también se contempla en el artículo 10 de la misma norma.
63. En el
presente caso, obra en el expediente una solicitud expresa de la señora Araque,
en el sentido de que agenciaran sus derechos fundamentales, aportando
documentos y exponiendo su caso[12].
Por lo anterior, considera la Sala que la Defensora del Pueblo Regional
Antioquia se encuentra legitimada para acudir a la acción de tutela, con el fin
de proteger los derechos fundamentales de la señora Araque, y con ello,
encuentra cumplido el presente requisito.
64. Legitimación
por pasiva. La presente acción de tutela tiene en su parte demandada dos
instituciones, a saber: Indeportes y la Universidad de Antioquia, las cuales de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de
1991, se denominan como “autoridad pública”. Por esto, se encuentra
cumplido el presente requisito frente a estas dos entidades.
65. De otro
lado, la demanda de tutela se dirigió contra un particular, la Liga de Tenis de
Mesa de Antioquia. Respecto de la tutela contra particulares, el Decreto 2591
de 1991, estableció su procedencia cuando exista una relación de subordinación
o indefensión entre accionante y accionado.
66. En el
presente caso, la Liga de Tenis de Mesa de Antioquia ejerce, según las
declaraciones de las accionadas, una relación de subordinación frente a la
accionante. Al respecto, cabe recordar que la propia Liga manifestó en su
comunicación del 15 de abril de
2015, que la “Liga de Tenis de Mesa de
Antioquia en virtud de los acuerdos y/o convenios celebrados con Indeportes
Antioquia tiene la facultad discrecional de seleccionar los entrenadores que se
encargarán de dirigir los entrenamientos de los deportistas” (ver supra §16), prerrogativa que se extendería igualmente a la
fijación de horarios y la asignación de grupos.  En
igual sentido, Indeportes manifestó que “es La
Liga quien determina la procedencia o no que determinado entrenador continúe o
no apoyando el proceso formativo para el cual es contratado en virtud del
convenio suscrito con La Universidad de Antioquia”
(ver supra §34), referencia respaldada en la contestación de la tutela
de la Universidad de Antioquia (ver supra §38). Estas facultades de la Liga implican que tiene
facultad de dirigir la actuación de la accionante en el desempeño de sus
obligaciones contractuales, de ordenar cambios en el horario de la prestación del
servicio y en la determinación de funciones a adelantar –como habría ocurrido
el 8 de mayo de 2015- y eventualmente, incluso disciplinarla. Así, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 numeral 9 del Decreto
2591 de 1991, la tutela sería procedente, contra la Liga de Tenis de Mesa de
Antioquia[13].
67. Inmediatez:
La tutela se interpuso el 29 de mayo de 2015, y es importante anotar que,
las actuaciones de la accionante se extendieron hasta mediados de mayo de 2015,
lo cual se evidencia en el expediente con el radicado de derechos de petición,
los cuales fueron contestados pocos días antes de la interposición de la acción
de tutela. Igualmente, en el expediente se pudo constatar que las últimas
actuaciones concretas de la Liga, al cambiar las funciones de la accionante,
para dar cumplimiento al contrato, tuvieron lugar el 8 de mayo de 2015.
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que la proximidad entre las
fechas de la presentación de la demanda de tutela, y las actuaciones que
causaron la vulneración, evidencian el cumplimiento del requisito de
inmediatez.
68. Subsidiariedad.
En este caso, existen alternativas judiciales, como
el mecanismo legal antidiscriminación que impone sanciones penales a quienes
segreguen por causa de la opción sexual de una persona. Si bien podría pensarse
que en virtud del principio de subsidiariedad de la acción de tutela, estos
mecanismos la desplazarían, la cuestión es que el interés jurídico protegido
por las acciones mencionadas no es el mismo que se persigue a través de la
acción de tutela, la cual se centra en el restablecimiento de afectaciones de
carácter iusfundamental. Así, ha dicho la jurisprudencia que “no por ello la
acción de tutela resulta desplazada como medio de protección, teniendo en
cuenta que no siempre es posible que se predique la existencia de un delito por
hechos relacionados con la vulneración de esos derechos, pero sí que pueda
consolidarse una lesión de los mismos sin que la conducta pueda adecuarse a un
tipo penal determinado”. [14]
69. Adicionalmente,
la situación de subordinación alegada por la  accionante frente a las acciones
y decisiones de la Liga e Indeportes, refuerzan la procedencia de la acción de
tutela. Esto por cuanto, a pesar de que la vinculación de la actora con la
Universidad de Antioquia se da en virtud de un contrato de prestación de
servicios, la accionante afirma que tanto la Liga como Indeportes tienen un
margen de acción frente al desempeño, permanencia y funciones de la accionante
que la colocarían en una posición en la cual las circunstancias le impiden
defenderse adecuadamente de las medidas tomadas por estas dos instituciones.
Así, por cuanto no existe un vínculo jurídico directo, contractual o de otra
naturaleza, que brinde opciones para discutir, controvertir o evitar
consecuencias que impacten sus derechos fundamentales, la accionante debe
recurrir a la acción de tutela.
70. Así mismo,
la accionante invoca en el presente caso la vulneración de su derecho a la
igualdad por la imposición de medidas discriminatorias en su contra, debidas a
su orientación sexual. Esta circunstancia conduce a la identificación de una
situación en la que una actuación pronta y oportuna es de la mayor importancia,
con el fin de hacer cesar la eventual afectación de su derecho a la igualdad,
que torna ineficaces los mecanismos judiciales ordinarios para conjurar, por
ejemplo, irregularidades en torno al despido. En el caso del derecho a la
igualdad, la necesidad de una protección urgente se hace especialmente
evidente, por lo que esta Sala considera que solo a través de la acción de
tutela, la accionante conseguirá el restablecimiento adecuado de sus derechos,
si es que se verifica la discriminación por opción sexual que se alega.
71. En
consecuencia y dadas las características del caso, la Sala encuentra que el
requisito de subsidiariedad se encuentra cumplido.
C.  Problema
jurídico
72. Habiendo
analizado el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela, y conforme a los antecedentes del caso consignados en precedencia, los problemas jurídicos que se
le plantean a la Sala son los siguientes:
¿Se presentó en
el caso concreto una conducta discriminatoria debido a la opción sexual de la
accionante, por parte de la Liga de Tenis de Mesa de Antioquia, Indeportes o la
Universidad de Antioquia, que vulnerara los derechos de la accionante a la
intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana, o la
igualdad de la accionante?
¿Se
vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la accionante, al implementarse
medidas disciplinarias, como consecuencia de la desatención de órdenes de la
Liga?
73. Para
resolver los problemas jurídicos que se plantean en este caso, la Sala
analizará los siguientes temas: (i) la intimidad, el libre desarrollo de la
personalidad y la dignidad humana, frente a la identidad sexual del individuo;
(ii) el derecho a la igualdad y la no discriminación por la identidad sexual
del individuo, y la prueba de la conducta discriminatoria; (iii) el derecho al
debido proceso enfocado en las relacionas entre particulares; (v) la protección
del interés superior del menor; y (vi) se resolverá el caso concreto.
D.  El derecho a
la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana
frente a la identidad sexual del individuo[15].
Reiteración de Jurisprudencia
74. La Corte Constitucional ha
reconocido que “la sexualidad aparece como un elemento consustancial
a la persona humana y a su naturaleza interior, el cual, necesariamente, hace
parte de su entorno más íntimo”[16]. Por esto, la libertad
para la autodeterminación en materia de identidad sexual parte del
reconocimiento de la dignidad humana, que ve a la persona como un fin en sí
mismo. La dignidad humana en su núcleo esencial impone “que la persona sea
tratada acorde con su naturaleza humana”[17],
es decir, que lleva a “aceptar a la persona tal y como es, como ha decidido
proyectarse a la sociedad, sin que con ello se incurran en tratos
desiguales o degradantes”[18].
Las identidades sexuales hacen parte de la naturaleza del ser humano y como
tales, deben aceptarse, pues hacen parte inexcusable de la persona.
75. Ahora bien,
dada la identidad sexual como elemento consustancial a la naturaleza humana, se
reconoce que corresponde a cada cual escoger la forma, tono variedad o amplitud
con la cual se asumirá dicha identidad. En desarrollo del derecho al libre
desarrollo de la personalidad, “se busca proteger la potestad del
individuo para autodeterminarse; esto es, la posibilidad de adoptar, sin
intromisiones ni presiones de ninguna clase, un modelo de vida acorde con sus
propios intereses, convicciones, inclinaciones y deseos, siempre, claro está,
que se respeten los derechos ajenos y el orden constitucional.[19] Así,
puede afirmarse que este derecho de opción comporta la libertad e independencia
del individuo para gobernar su propia existencia y para diseñar un modelo de
personalidad conforme a los dictados de su conciencia, con la única limitante
de no causar un perjuicio social”[20].
En materia de sexualidad esto significa que desde el punto de vista del
individuo, este cuenta con la más amplia facultad para decidir, sin
interferencia del Estado o de terceros, el camino que seguirá, la opción que
tomará y aplicará en un momento determinado de su vida.
76. Esta libertad de configuración de la
personalidad incluye la posibilidad de optar por la homosexualidad, “una
condición de la persona humana que implica la elección de una opción de vida
tan respetable y válida como cualquiera, en la cual el sujeto que la adopta es
titular, como cualquier persona, de intereses que se encuentran jurídicamente
protegidos, y que no pueden ser objeto de restricción por el hecho de que otras
personas no compartan su específico estilo de vida”[21]. Hay que resaltar cómo
la jurisprudencia constitucional ha reconocido que “la
homosexualidad es una opción sexual válida dentro del Estado Social de Derecho,
por lo que quienes la han asumido como forma de vida no pueden ser objeto de
discriminación alguna”[22],
así como tampoco de coerción o limitación externa, en tanto desde el punto de
vista del fuero interno del individuo, una opción en este sentido no tiene la
potencialidad de generar un perjuicio social. La Corte precisó[23]:
“Ciertamente, en
las sociedades de estirpe democrática como la nuestra, el derecho fundamental a
la autodeterminación sexual no puede ser el resultado de una imposición legal
que establezca, como línea de comportamiento, la orientación más arraigada a
las posturas y costumbres de mayor tradición dentro de la colectividad. El
comportamiento sexual, amén de pertenecer a la esfera más íntima del ser
humano, hace parte estructural de su libertad personal, lo cual descarta
cualquier intervención del Estado y la sociedad, pues no se trata de una
situación en la que se entienda comprometido el interés público o de la que
pueda derivarse un perjuicio social[24]”.
77. En este punto, surge la importancia
de referirse al derecho a la intimidad como esfera que protege la decisión
tomada, en virtud del derecho de autodeterminación ética y moral, pues permite
resguardar de la indebida intromisión ajena dicho proceso, dicha vivencia y
dicha elección. Al respecto, ha manifestado la jurisprudencia[25]:
“[La intimidad] implica la facultad de exigir de los demás el
respeto de un ámbito exclusivo que incumbe solamente al individuo, en donde se
resguardan aquellas conductas o actitudes que corresponden al fuero personal y
en el que no caben legítimamente las intromisiones externas[26]. Supone,
además, “la existencia y goce de una órbita reservada para cada persona,
exenta del poder de intervención del Estado o de las intromisiones arbitrarias
de la sociedad, que le permita a dicho individuo el pleno desarrollo de su vida
personal, espiritual y cultural”[27]”.
78. A lo
anterior debe añadirse, la protección de la configuración de la identidad y la
vida sexual del individuo. Al respecto, la Corte ha indicado que frente a la
autodeterminación sexual del individuo, “ni el Estado ni la sociedad se
encuentran habilitados para obstruir el libre proceso de formación de una
específica identidad sexual, pues ello conduciría a aceptar como válido el
extrañamiento y la negación de las personas respecto de ellas mismas por
razones asociadas a una política estatal contingente”[28].
79. Respecto de
la exteriorización de la identidad sexual, la Corte ha destacado que
también hace parte de la autodeterminación protegida por los derechos a la
dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad[29]. La Corte ha dicho,
por ejemplo, que “a través de la manera de vestir, el uso de maquillaje o
determinados aditamentos, las personas reafirman ante sí y ante los otros su
identidad de género [o su identidad sexual], este tipo de decisiones, en
lo que atañen a la manifestación de este rasgo identitario, se encuentran
protegidas de manera específica, por el derecho de toda persona a que las
decisiones relativas a su identidad de género sean reconocidas y respetadas por
los demás”[30].
80. Sin embargo,
ha destacado la Corte que la exteriorización de la identidad sexual  encuentra
su límite en situaciones generadoras de perjuicio social, sosteniendo que “las
manifestaciones de la diversidad sexual solo pueden ser reprimidas o limitadas
cuando lleguen a lesionar derechos de otras personas, alteren el orden público
y social, afecten los estándares generales de decencia pública[31] o se
“conviertan en piedra de escándalo, principalmente para la niñez y la
adolescencia[32]”.
Así lo ha considerado la Corte Constitucional frente a específicos supuestos en
los que, con la conducta homosexual, objetivamente, se han transgredidos
derechos de terceros[33]
o se ha abusado de los derechos personales en detrimento de la colectividad[34]”[35]. Hay consenso en
cuanto a que dichas limitaciones no deben basarse en una posición
discriminatoria, que reconduce a una que se sustenta exclusivamente en el
carácter diverso de la expresión para censurarla. Así, se reconoce que frente a
exteriorizaciones de la opción sexual, los estándares mínimos requeridos
corresponden a aquellos “exigidos en el desarrollo de cualquier orientación
sexual”[36],
de modo que “se debe establecer y verificar por el juez constitucional, si
la conducta desplegada hubiese sido objeto del mismo reproche en caso de que
quien la hubiera practicado fuera una pareja heterosexual en contextos
similares. Si del estudio se concluye que es tolerada en parejas heterosexuales
y no en homosexuales se constituye en un criterio abiertamente trasgresor y
discriminador que amerita medidas judiciales tendientes a evitarlo”[37].
Teniendo en
cuenta lo anteriormente expuesto, en relación con el derecho a la intimidad, el
libre desarrollo de la personalidad, y la dignidad humana, frente a la
identidad sexual del individuo, esta Corte ha sostenido la posición que cada
individuo tiene la libertad para definir y autodeterminar su identidad sexual,
como parte del reconocimiento de su dignidad humana, dentro de lo cual cabe un
abanico de categorías como el homosexualismo, que goza de la protección del
derecho a la intimidad, y puede ser exteriorizado en ejercicio del libre
desarrollo de la personalidad, únicamente restringido en los casos que se
indican en el presente numeral, los cuales no son diferentes al desarrollo de
cualquier orientación sexual. Por consiguiente, corresponde al juez
constitucional analizar si en cada caso concreto, la conducta desplegada
hubiese sido objeto del mismo reproche, en el evento que, quien la hubiese
practicado fuese un individuo heterosexual.
E. El derecho a la igualdad, la
no discriminación por la identidad sexual del individuo y la prueba de la
conducta discriminatoria. Reiteración de jurisprudencia
81. El artículo 13 de la Constitución reconoce que “[t]odas las
personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y
trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”[38]. La expresión “sexo”
contenida en esta norma constitucional ha sido interpretada por la
jurisprudencia para entender que “incorpora a la opción y orientación
sexual, de modo que los tratamientos diferenciados que impongan el Estado o los
particulares fundados, de manera exclusiva, en esas características del
individuo, son incompatibles con el derecho a la igualdad”[39].
82. Esto conduce al reconocimiento de la distinción con base en la
opción sexual como correspondiente al criterio sospechoso del tratamiento
diferenciado por sexo[40],
situación que se compagina con su reconocimiento como una parte esencial e
indisoluble de la personalidad y ser desarrollo directo de los derechos al
libre desarrollo de la personalidad, la intimidad y la dignidad humana. Como
consecuencia de esta consideración, se “impone al Estado el deber de
promover las condiciones para que la igualdad de trato sea real y efectiva, buscando
evitar que en el orden interno se fijen clasificaciones irrazonables y
discriminatorias, carentes de toda objetividad. En efecto, según lo ha dicho
esta Corporación, “[e]l principio de igualdad (C.P. art. 13), se opone, de
manera radical, a que a través de la ley, por razones de orden sexual, se
subyugue a una minoría que no comparta los gustos, hábitos y prácticas sexuales
de la mayoría.”[41]”[42].
83. En efecto, la jurisprudencia de esta Corte ha dicho que de la
cláusula de protección del artículo 13 de la Constitución se derivan varios
elementos, tales como:
“i)
una regla de igualdad ante la ley, comprendida como el deber estatal de
imparcialidad en la aplicación del derecho frente a todas las personas; ii) una
prohibición de discriminación que implica que el Estado y los particulares no
puedan aplicar un trato discriminatorio a partir de criterios sospechosos
construidos a partir de -entre otras- razones de sexo, raza, origen étnico,
identidad de género, religión u opinión política; y iii) un mandato de
promoción de la igualdad de oportunidades o igualdad material, entendido como
el deber público de ejercer acciones concretas destinadas a beneficiar a grupos
discriminados o marginados de manera sistemática o histórica, a través de
prestaciones concretas o cambios en el diseño institucional (acciones
afirmativas). En otras palabras, hablar de igualdad o desigualdad, siguiendo
alguna variante de la fórmula clásica (como la contenida en el artículo 13 CP)
tiene sentido sólo en la medida en que se respondan las siguientes tres
preguntas: a) ¿Igualdad entre quiénes?; b) ¿Igualdad en qué?; y  c)
¿Igualdad con base en qué criterio?”[43].
84. La jurisprudencia ha establecido que “están prohibidas
las discriminaciones, pues en ellas hay implícito un trato distinto no
justificado, que arroja consecuencias adversas para los sujetos afectados por
las normas que las crean, sin que sus calidades y condiciones los obliguen a
soportar tal desprotección[44]”[45]. Igualmente,  ha
dicho:
“En
desarrollo de lo anterior, ha observado también la Corte, que para reconocer
las discriminaciones negativas o desmejoras a que se alude entre unos sujetos
respecto de otros, las medidas en cuestión deben: i) estar fundadas en
criterios considerados como sospechosos (sexo, género, raza, origen nacional
o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, orientación
sexual) y ii) no estar  justificadas plenamente como medidas que
buscan alcanzar lo dicho, un fin imperioso que imponga la diferenciación, en el
grado e intensidad más adecuados para lograr el resultado que se espera.
Adicionalmente, iii) se debe producir un efectivo trato desigual
en contra de una persona o colectividad[46]
y (iv)  se debe configurar un perjuicio”[47].
Por consiguiente, en lo que respecta al derecho de la igualdad y a
la no discriminación por la orientación sexual del individuo, la jurisprudencia
de la Corte ha sostenido que el derecho a la igualdad cobija la opción y
orientación sexual, de forma tal que se debe garantizar el derecho a ser
tratado en las mismas condiciones, sin tratamientos diferenciados. Lo cual, se
refleja en la distinción jurisprudencial del test de igualdad estricto, con
fundamento en el criterio sospechoso de tratamiento diferenciado por sexo.
85. Frente a la prueba de la discriminación, esta Corte ha
establecido que el sujeto pasivo de la discriminación  debe demostrar “(i)
que la persona se asocia o hace parte de un grupo históricamente discriminado;
(ii) que en una situación similar, otras personas que no son del grupo
sospechoso no han recibido el mismo trato frente a la misma situación; y (iii)
que el trato diferenciador haya ocasionado daño o
permanezca en el tiempo”[48].
Sin embargo, quien sufre una discriminación afronta una dificultad
especial para la demostración de la ocurrencia de la conducta, porque si bien
puede resultar clara la ocurrencia de una determinada circunstancia –como un
despido, por ejemplo-, lo más relevante para el asunto se encuentra en las
motivaciones que inspiraron al supuesto autor a adoptar ciertas conductas o tomar
determinadas decisiones, que en la mayor parte de los casos permanecen veladas
u ocultas tanto para la víctima como para el juez que analiza el caso. Por esta
circunstancia, la jurisprudencia ha establecido que “aunque la prueba
de los actos discriminatorios no es del todo imposible, en determinados eventos
es la persona de quien se alega la ejecución de tal acto la que debe
desvirtuarlo, aunque ello no obsta para que el afectado pueda aportar las
pruebas con las que cuente, que le permitan acreditar su acusación”[49].
Esta posibilidad de invertir la carga de la prueba en situaciones de
actos de discriminación se explica por el criterio según el cual a quien le
resulte más fácil probar un hecho deberá hacerlo. En este sentido ha dicho la
jurisprudencia que “es necesario que sea la parte privilegiada y fuerte de
la relación, por su fácil acceso a los materiales probatorios en cuestión,
quien debe asumir dicha carga procesal. Por tal razón, en materia de tutela, la
regla no es ‘el que alega prueba’, sino ‘el que puede probar debe probar’, lo
cual redistribuye la carga probatoria en beneficio de la protección de los
derechos”[50],
lo que en el escenario de los actos de discriminación significa que quien está
acusado de discriminar está en una posición favorecida frente al de la víctima,
en especial porque fue quien estuvo en control de los antecedentes del hecho,
resultándole más sencillo acreditar la corrección de sus actos para desvirtuar
la acusación. Al respecto ha dicho la jurisprudencia:
“[E]xigir
que la parte discriminada demuestre el ánimo discriminatorio resulta una
imposición exorbitante que tendría como resultado una negación de justicia en
muchos de estos casos, teniendo especial consideración el que se haga respecto
de sujetos que reciben especial protección por parte del ordenamiento
constitucional. Por otro lado, la inversión de la carga probatoria no resulta
una exigencia excesiva para la contraparte, ya que si su conducta se ajustó a
parámetros constitucionales contará con los elementos necesarios para demostrar
que histórica, contextual y laboralmente no ha existido comportamiento alguno
que involucre distinciones no legítimas al momento de determinar el acceso a
oportunidades”[51].
F. El
derecho al debido proceso: poder sancionatorio, contratación entre particulares
y los reglamentos de las organizaciones privadas. Reiteración de jurisprudencia
86. La
Constitución Política indica que el escenario de aplicación del debido proceso
se circunscribe a “actuaciones judiciales y administrativas”[52], aunque la
jurisprudencia constitucional ha ampliado el ámbito de disfrute de este derecho
fundamental para cobijar escenarios privados, en tanto “no
sólo involucra u obliga a las autoridades públicas, en el sentido amplio de
este término, sino a los particulares que se arrogan esta facultad, como una
forma de mantener un principio de orden al interior de sus organizaciones (v.
gr. establecimientos educativos, empleadores, asociaciones con o sin ánimo de
lucro, e.t.c.)”[53].
Al respecto, hay que indicar que la posibilidad de que se prediquen las cargas
que exige el derecho al debido proceso a los particulares se da “sólo
excepcionalmente”[54],
de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
87.
Adicionalmente debe indicarse que la Corte Constitucional ha indicado que los
derechos fundamentales irradian todo el ordenamiento jurídico, “de manera tal que ‘al derecho privado que hasta entonces
determinaba en solitario la configuración de las relaciones jurídicas y la
decisión de los conflictos jurídicos, se le sobrepone otro orden jurídico; éste
tiene incluso primacía sobre él, si bien conste sólo en principios jurídicos,
además de escasos, muy amplios y frecuentemente indeterminados’”[55].
Lo anterior implica que para analizar las relaciones contractuales no basta solamente
la verificación del contenido de unas cláusulas determinadas, sino que es
necesario tener en cuenta cómo impacta una relación jurídica privada los
derechos fundamentales de los involucrados.
En este
sentido, se ha establecido en la jurisprudencia de esta Corte que, si y solo
si, un conflicto de carácter contractual tiene una “inmediata
relevancia iusfundamental”[56], se hace
procedente la acción de tutela, especialmente cuando existan relaciones de
subordinación o indefensión, cuestión que resulta importante en el presente
caso en el análisis del debido proceso y el trato igualitario en el marco de
las relaciones contractuales de prestación de servicios de la actora, al igual
que de su vinculación a la Liga a título de entrenadora y deportista.
88. Frente a la manera como el
derecho fundamental al debido proceso permea las relaciones privadas, la Corte
Constitucional ha dicho que “[n]ada obsta dentro del marco
Constitucional para que los parámetros de protección y garantía del debido
proceso se apliquen a las relaciones entre los particulares. Por el contrario,
su aplicación y exigencia estricta se ajustan al deber atribuido a todos los
colombianos en los incisos primero y segundo y el numeral 1 del artículo 95 de
la Constitución”[57],
razón que llevó a la Corte a, por ejemplo, analizar la compatibilidad de la
terminación de contratos con los derechos fundamentales de los afectados[58], como una
cuestión de relevancia constitucional.
Adicionalmente, la Corte se ha
pronunciado en abundante jurisprudencia sobre relaciones en el ámbito privado
que están mediadas por un reglamento, a través del cual un particular le impone
sanciones u obligaciones a otro como, por ejemplo, cuando se hace parte de clubes sociales, organizaciones sin ánimo de lucro o federaciones deportivas[59], una
copropiedad[60],
se estudia en un colegio[61],
o en una universidad privada[62].
La Corte ha aplicado al análisis de estas situaciones el concepto de debido
proceso, destacando que “[l]a garantía del debido proceso
ha sido establecida en favor de la persona, de toda persona, cuya dignidad
exige que, si se deducen en su contra consecuencias negativas derivadas del
ordenamiento jurídico, tiene derecho a que su juicio se adelante según reglas
predeterminadas, por el tribunal o autoridad competente y con todas las
posibilidades de defensa y de contradicción, habiendo sido oído el acusado y
examinadas y evaluadas las pruebas que obran en su contra y también las que
constan en su favor”[63].
En este sentido,
la garantía del debido proceso no puede contraerse solamente a las actuaciones
de las autoridades, sino que también se predican de los particulares “cuando
se hallen en posibilidad de aplicar sanciones o castigos [. En estos casos]
están obligados por la Constitución a observar las reglas del debido proceso, y
es un derecho fundamental de la persona procesada la de que, en su integridad,
los fundamentos y postulados que a esa garantía corresponden le sean aplicados.
Por eso, ante las vulneraciones o amenazas para el ejercicio de ese derecho
fundamental, cabe la acción de tutela”[64].
G. Interés
Superior del Menor
89. Esta
Corte, destacando lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución Política[65], ha
establecido que el interés superior del menor constituye un “imperativo que
obliga a todas las personas”[66],
pues es el reflejo de “una norma ampliamente aceptada por el derecho
internacional, consistente en que al menor se le debe otorgar un trato
preferente, acorde con su caracterización jurídica en tanto sujeto de especial
protección, de forma tal que se garantice su desarrollo integral y armónico
como miembro de la sociedad”[67].
En este sentido no solo las autoridades, sino también los particulares, están
obligados a garantizar un tratamiento para los niños que preserve especialmente
su seguridad, tranquilidad y bienestar, y les permita un desarrollo armónico y
libre.
El especial deber de protección de los niños encuentra sustento en
una razón constitucional fundamental, especialmente relevante para el presente
caso, y es “su situación de fragilidad frente al mundo, en mayor o menor
grado dependiendo de su desarrollo personal”[68]. La
fragilidad de los niños y su importancia cardinal para la sociedad, imponen a
todos los miembros de la comunidad un deber especial de salvaguarda, garantía y
cuidado de los niños, que implica la adopción de medidas que proactivamente
persigan asegurar  su bienestar, seguridad y adecuado desarrollo.
Esta Corte ha precisado que el concepto del interés superior del
menor impone a la familia, la sociedad y el Estado la obligación de dar al niño
un trato “que lo proteja de manera especial, que lo guarde de abusos y
arbitrariedades y que garantice el desarrollo normal y sano del menor desde los
puntos de vista físico, psicológico, intelectual y moral y la correcta
evolución de su personalidad”[69].
Igualmente, se han destacado seis componentes básicos del concepto de interés
superior del menor, fundamentales para asegurar la efectividad de esta
protección especial desde el punto de vista constitucional[70]: (1) la
garantía del desarrollo integral del menor; (2) la preservación de las
condiciones necesarias para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales
del menor; (3) la protección del menor frente a riesgos prohibidos; (4) el
equilibrio con los derechos de los parientes biológicos sobre la base de la
prevalencia de los derechos del menor; (5) la necesidad de evitar cambios
desfavorables en las condiciones presentes del niño involucrado; y (6) la
necesidad de tener en cuenta las opiniones expresadas por el menor respecto del
asunto a decidir.
90. Son
especialmente relevantes para la presente discusión los tres primeros elementos
esenciales para la protección del interés superior del menor, es decir: (1) la garantía del desarrollo integral del menor; (2) la
preservación de las condiciones necesarias para el pleno ejercicio de los
derechos fundamentales del menor; (3) la protección del menor frente a riesgos
prohibidos. Frente a estos tres elementos se ha dicho en jurisprudencia
ampliamente reiterada:
“(i) Garantía del desarrollo integral del
menor. Se debe, asegurar el desarrollo armónico e integral de los
menores, desde los puntos de vista físico, psicológico, afectivo, intelectual y
ético, así como la plena evolución de su personalidad. Corresponde a la
familia, la sociedad y el Estado, brindar la protección y la asistencia
necesarias para materializar el derecho de los niños a desarrollarse
integralmente, teniendo en cuenta las condiciones, aptitudes y limitaciones
propias de cada menor[71].
(ii) Garantía del pleno ejercicio de los
derechos fundamentales del menor. Los
derechos de los menores deben interpretarse siempre aplicando la norma más
favorable a sus intereses.[72]
(iii) Protección del menor frente a riesgos
prohibidos. Se debe resguardar
al menor de todo tipo de abusos y arbitrariedades, y protegerlos frente a
condiciones extremas que amenacen su desarrollo armónico, tales como el
alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la violencia física o moral, la
explotación económica o laboral, y en general, el irrespeto por la dignidad
humana en todas sus formas.[73]”[74].
91. Estas
circunstancias conducen a derivar un deber para todos los integrantes de la
sociedad, sean estos agentes públicos o privados, de asegurar el bienestar de
los niños, y especialmente de protegerlos de riesgos que no deben soportar.
Esto implica la obligación y la necesidad de establecer mecanismos que
promuevan la seguridad de los menores en las actividades que los involucran o
que están dirigidas a ellos, como la educación, la recreación o el deporte. La
toma de precauciones en este sentido obedece a la atención de deberes
especiales de toda la sociedad y se acompasa con el orden constitucional que
pone por encima de cualquier otro interés o derecho, aquel que implique la
protección y la salvaguarda de la amenaza de los derechos de los niños.
H.  Caso concreto
92.
El primero de los asuntos que se deben analizar en este caso en concreto,
tiene que ver con algunas de las pretensiones expuestas por la accionante, que
se encaminan a que “se le dé continuidad como docente de cátedra externa, en
la calidad de entrenadora de la selección Antioquia de menores en tenis de mesa”,
al igual que se le incluya “dentro de los entrenadores que se vayan a
contratar”, con destino a las selecciones de tenis de mesa del
departamento. Estas pretensiones encaminan este primer análisis a establecer la
validez de la terminación del contrato de prestación de servicios que la
accionante había suscrito con la Universidad de Antioquia.
93.
Como se puede apreciar en el conjunto probatorio del proceso de tutela, la
accionante y la Universidad de Antioquia suscribieron un contrato de “Cátedra
Externo” – “Docente cátedra por horas”, con fecha de inicio de
labores el 9 de febrero de 2015, para un total de 359 horas de labor, a
desarrollarse durante el primer semestre del año 2015, y por un valor de
$10’447,276.29 pesos[75].
Este contrato se suscribió para desarrollar en lo pertinente el Contrato No.
399 de 2013, “celebrado entre el Instituto Departamental de Deportes de
Antioquia – Indeportes Antioquia y la Universidad de Antioquia”, estipulado
para durar 21 meses, los cuales se vencían el 30 de diciembre de 2015. En lo
relevante, este contrato contempla la obligación para Indeportes de: “5)
Informar por escrito, de manera oportuna e inmediata, a LA UNIVERSIDAD las
posibles faltas en que incurra el personal contratado por ella”, pero no
dispone de facultades disciplinarias directas frente a los entrenadores, así
como tampoco contempla la posibilidad de que la Liga ejerza tales funciones de
cara a la vinculación contractual de la accionante.
94.
En este sentido, al analizar la vinculación contractual de la accionante, no se
aprecia la posibilidad de que la Liga o Indeportes determinen de manera directa
la aplicación de una sanción disciplinaria derivada del incumplimiento de
alguna de las obligaciones consagradas en el contrato suscrito por la
accionante, así como tampoco de disponer la terminación del mismo, pues tal
facultad está reservada exclusivamente a la Universidad de Antioquia. Reflejo
de lo anterior, se encuentra en la contestación dada por esta entidad en el
marco de este proceso de tutela, en la que manifestó, entre otras cosas que se
enteró de la situación de la accionante hasta el 9 de abril de 2015, momento en
el cual la accionante se presentó junto con su abogado a las instalaciones de
la Universidad, manifestando que estaría sufriendo atropellos por parte de la
Liga de Tenis de Mesa de Antioquía. La Universidad requirió entonces a
Indeportes, para que informara acerca de lo acontecido, indicando que “prescinden
de los servicios de  Johana Marcela Araque Mejía por motivos estrictamente
profesionales”[76],
frente a lo cual la Universidad manifestó que “el contrato que ella
suscribió es con la Universidad y en este sentido no da por terminado el
contrato y en todo caso en el evento de no requerir el apoyo de Johana Marcela
Araque Mejía, se debe hacer la solicitud oficial a la Universidad, de lo
contrario se le deben asignar las tareas que correspondan a las necesidades del
Instituto Departamental de Deportes de Antioquia y que estén establecidas en el
convenio interadministrativo 399 anteriormente mencionado, toda vez que la
Universidad de Antioquia la tiene contratada para ello”[77].
95.
Las anteriores consideraciones muestran cómo las medidas, procedimientos y
determinaciones tomadas por la Liga e Indeportes no llegaron a tener una
repercusión en la vigencia de la vinculación contractual de la accionante,
puesto que la Universidad, como titular de la facultad de terminación del
contrato suscrito, se abstuvo de tomar algún tipo de medida en contra de la
accionante, ante la ausencia de justificación conducente para hacerlo. Al
respecto, manifestó la accionante en su escrito de tutela que la Universidad no
tomó medidas de esta naturaleza pues solo validaba sanciones que inhabilitaran
a la persona en ejercicio de sus funciones en el contrato, y que al no ser este
su caso, no había impedimento alguno para que continuara su vinculación, como
en efecto ocurrió.
96.
De otro lado, y en circunstancias que esta Sala considera completamente
distinguibles y separables de aquellas que motivan la acción de tutela, se
mostró por parte de la Universidad que el Convenio 399 de 2013 había terminado
la ejecución de actividades el 31 de mayo de 2015, lo que motivó la desvinculación
de 150 docentes contratados para responder a las necesidades del mismo,
incluida la accionante[78].
En opinión de la Sala, la terminación de la relación contractual por parte de
la Universidad de Antioquia no obedeció al ejercicio de una acción disciplinaria
de parte de la entidad, de la utilización de la terminación del contrato de
prestación de servicios como medida sancionatoria o de medida discriminatoria
por la opción sexual de la accionante, sino que fue motivado por la
finalización de un convenio con Indeportes, que conllevaba la finalización de
las vinculaciones individuales de entrenadores y colaboradores. Conviene
precisar en este punto que, el contrato de Cátedra Externo suscrito con
la accionante se ejecutó en su totalidad, reportándose las 359 horas como
laboradas, y por ello “las actividades del contrato de cátedra del primer
semestre de 2015, fueron reportadas como cumplidas y por tal motivo se
reportaron en normalidad la cantidad de horas del contrato de catedra (sic)
y así se canceló a la actora”.[79]
97.
Frente a este elemento del debate, a pesar de que se solicita la revocatoria de
las medidas adoptadas por las accionadas frente a la situación de la
accionante, la decisión de terminar el contrato de prestación de servicios no
debería ser intervenida por el juez constitucional, en tanto no se verifica una
afectación iusfundamental derivada de la misma. Adicionalmente, la cuestión
acerca de la continuidad de la accionante como entrenadora no está librada a la
voluntad del actual contratante, pues el convenio en el marco del cual se le
contrató para la prestación de sus servicios personales finalizó, lo cual
sujeta la situación a la elección de un nuevo proveedor de los servicios
requeridos por Indeportes para la realización de su cometido de promoción y
desarrollo del deporte en el departamento de Antioquia, que al momento de ser
elegido determinará, como proveedor de los servicios, la contratación de los
entrenadores con la mayor idoneidad para el desempeño de las funciones, si se
decidiera continuar con esta modalidad de provisión del servicio. En este
sentido, la decisión de contratar o no a la accionante debe ser libre por parte
de este eventual contratista, y en caso de presentarse una situación de
discriminación en el proceso de selección de los trabajadores encargados de la
labor de capacitación de los deportistas, queda para la accionante la opción de
presentar una nueva acción de tutela, pues habría un hecho nuevo que atacar
eventualmente en la jurisdicción.
98.
En consecuencia, la Sala considera que la vinculación contractual de la
accionante nunca se vio afectada por las actuaciones de la Liga o de
Indeportes, mientras que la Universidad de Antioquia, obrando como parte de
dicho contrato no actuó de manera tal que vulnerara los derechos de la actora,
especialmente, el derecho a la igualdad, por lo que frente a este elemento de
análisis no se verifica la necesidad de amparar los derechos fundamentales que
reclama la accionante como vulnerados.
99.
El segundo aspecto que se debe analizar es el procedimiento seguido por la
Liga y validado por Indeportes, frente a los hechos ocurridos en la ciudad de
Ibagué durante la concentración de las selecciones para el Campeonato Nacional por Equipos
de Tenis de Mesa, que tuvo lugar del 9 al 14 de marzo de 2015.
100.
En primer lugar, quedó establecido que la accionante reconoce que: (i) se quedó
con una deportista menor de edad en la misma habitación de hotel durante el
Campeonato; (ii) que no informó a la Liga, a Indeportes o a la Universidad de
Antioquia de que se quedaría en compañía de una de las deportistas menor de
edad, integrante de las selecciones coordinadas por la Liga y auspiciadas por
Indeportes; y (iii) la acomodación hotelera en compañía de la deportista menor
de edad se dio desconociendo los arreglos previos que para el efecto había
realizado la Liga, que preveían que la menor no estaría concentrada ni alojada
con las selecciones, sino en una residencia particular, de acuerdo con la
logística dispuesta por ella y su familia. Estas situaciones, que expusieron
tanto accionante como accionadas, se presentaron en el Campeonato y provocaron
de parte de las directivas de la Liga una respuesta contundente, especialmente
basada en la desatención de las instrucciones y de los arreglos previamente establecidos
por la Liga para el alojamiento y participación de los deportistas.
101.
En lo que concierne a la ocurrencia de estas circunstancias, la Sala considera
importante destacar que dado que el Campeonato contemplaba la participación de
menores de edad, resultaba justificado el ejercicio de una tutela especialmente
estricta por parte de quien coordinaba la participación de las selecciones, en
este caso la Liga de Tenis de Mesa de Antioquia, con el fin de asegurar el
bienestar de los participantes, especialmente niños o adolescentes, e incluso
prevenir peligros y amenazas a la integridad, la seguridad, o la salud, de los
asistentes al evento, pues como se dijo, en eventos en los que participen
activamente menores de edad, debe tenerse especial atención por la preservación
del interés superior del menor (ver supra, § 89-91). Por esto, el
establecimiento de reglas sobre la concentración, las actividades permitidas o
prohibidas, e incluso las reglas sobre lugares de alojamiento y las normas
sobre acomodación resultaban conducentes y apropiadas para realizar una
finalidad legítima, como era garantizar el bienestar de los deportistas,
especialmente de los menores de edad.
La
anterior reflexión permite identificar cómo la Liga tenía no solo una facultad
de disponer reglas acerca de cómo debía discurrir la concentración de las
selecciones y la participación de los deportistas, sino que incluso tenía la
obligación de hacerlo para la adecuada participación de los menores de edad.
En
el presente caso, los arreglos descritos por la Liga y reconocidos por la
accionante frente a la organización del alojamiento fueron desconocidos,
involucrando dicha desatención a una menor de edad, situación que merece
reproche pues, como se dijo, se identifica una finalidad legítima en el
establecimiento de reglas y procedimientos a seguir en tanto se encaminan a
preservar el bienestar de los participantes menores de edad. Conviene también
indicar por parte de la Sala, que esta consideración es válida para todo menor
de edad, para toda entidad encargada de la organización de eventos que
involucren su participación y para todo adulto que comparta espacios con
menores de edad en ese tipo de eventos. Desde este punto de vista, el llamado
de atención de la Liga por la desatención de las reglas de concentración por
parte de la accionante resultaba, prima facie, razonable y justificado[80].
102.
Ahora bien, la desatención de las reglas para la concentración, si bien
pudieron haber justificado un reproche, desencadenaron una serie de actuaciones
que, sostiene la accionante, vulneraron sus derechos fundamentales. Esta Sala
considera que las actuaciones emprendidas por la Liga y validadas por
Indeportes con motivo de la situación antes descrita, deben analizarse a la luz
del derecho al debido proceso, puesto que existe, de acuerdo con los
reglamentos de la Liga, unos procedimientos a atender para el ejercicio de una
facultad disciplinaria que se ejerció, con el convencimiento errado de que
tenía alguna injerencia desde el punto de vista de la ejecución del contrato de
prestación de servicios desempeñado por la actora[81].
En los Estatutos de la Liga de Tenis de Mesa de Antioquia[82],
aportados por la accionante, se dispone en relación a la disciplina deportiva
lo siguiente:
“ARTICULO 53
El Órgano (sic) de Disciplina de la Liga
es Tribunal Deportivo, conformado por Tres (3) miembros elegidos así: Dos (2)
por el Órgano (sic) de Dirección y Uno (1) por el Órgano (sic) de
Administración, para un período de cuatro (4) años, que se comenzarán a contar
a partir del día 17 del mes de Febrero de 1994.
“ARTICULO 54 -
El Tribunal Deportivo de la Liga, será
competente para conocer y resolver sobre las faltas de los miembros de la Liga,
en primera instancia y de los recursos de apelación interpuestos contra
decisiones proferidas por los Tribunales Deportivos de los Clubes, en segunda
instancia y de las faltas cometidas por dirigentes, deportistas, personal
técnico, científico o de juzgamiento en eventos organizados por la Liga, en
única instancia, previo agotamiento del trámite ante las autoridades
disciplinarias.
Igualmente tramitar en única instancia
las faltas cometidas por los miembros de los Tribunales deportivos de los
clubes afiliados, de oficio o a solicitud de parte.
“Sus fallos se dictarán con base en el
Código Disciplinario proferido por la Federación Colombiana de Tenis de Mesa, y
una vez ejecutoriados serán de obligatorio cumplimiento”[83].
103.
Junto con su escrito de contestación, la Liga aportó el Código Disciplinario
adoptado por la Federación Colombiana de Tenis de Mesa[84],
que de acuerdo con su artículo 1 “regirá toda la actividad del deporte de
Tenis de Mesa, en el seno de la Federación, de todos sus afiliados”, dentro
de los cuales está incluida la Liga de Tenis de Mesa de Antioquia. El régimen
disciplinario dispuesto en el Código “tiene por objeto preservar la ética,
los principios, el decoro y la disciplina que rigen la actividad deportiva y a
la vez asegurar el cumplimiento de las reglas de juego o competición y las
normas deportivas generales”[85]
y se corresponde cercanamente con el contenido de la Ley 49 de 1993, “Por la
cual se establece el régimen disciplinario en el deporte”, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 9 de esta norma[86].
104.
En el artículo 2 del Código se establecen los organismos en materia
disciplinaria y sus competencias, describiéndose los tribunales de la
federación y de las ligas. Se establece que la competencia para conocer de las
faltas muy graves estará en cabeza de estos tribunales[87].
Las normas internas relevantes tienen el siguiente texto:
“Artículo 2
ESTRUCTURA DE LOS ORGANISMOS EN MATERIA DISCIPLINARIA Y SU
COMPETENCIA:
“Por nivel de jurisdicción, la Federación Colombiana de
Tenis de Mesa, reconoce los siguientes organismos:
[…]
“B. TRIBUNAL DEPORTIVO DE LA FEDERACION COLOMBIANA DE TENIS
DE MESA:
Integrado por tres (3) miembros elegidos así : Dos (2) por
el Órgano (sic) de Dirección y Uno (1) por el Órgano (sic) de Administración,
tendrá un Secretario, tiene jurisdicción sobre todos sus miembros, Ligas o
Clubes ; será competente para conocer y resolver sobre las faltas de los
miembros de las Federaciones (integrantes de los órganos de administración y
control, personal científico, técnico y de juzgamiento) y de los recursos de
apelación interpuestos contra las decisiones del Tribunal Deportivo de las
Ligas, en segunda instancia y de las faltas cometidas por dirigentes,
deportistas, personal técnico, científico o de juzgamiento en eventos o torneos
organizados por la Federación en única instancia, previo agotamiento del trámite
ante las autoridades disciplinarias. Igualmente tramitar y resolver en única
instancia, las faltas cometidas por los miembros de los tribunales deportivos
de sus afiliados, de oficio o a solicitud de parte.
C.TRIBUNAL
DEPORTIVO DE LAS LIGAS:
Se integra en la misma forma que el de la Federación, su
jurisdicción se ejerce sobre todos sus miembros y clubes ; que será
competente para conocer y resolver sobre las faltas de los miembros de las
ligas (integrantes de los órganos de administración y control, personal
científico, técnico y juzgamiento), en primera instancia y de los
recursos de apelación interpuestos contra las decisiones de los tribunales
deportivos de los clubes, en segunda instancia y de las faltas cometidas por
dirigentes, deportistas, personal técnico, científico o de juzgamiento en
eventos o torneos organizados por la liga, en única instancia, previo
agotamiento del trámite ante las autoridades disciplinarias. Igualmente
tramitar y resolver en única instancia las faltas cometidas por los miembros de
los tribunales deportivos de los clubes afiliados, de oficio o a solicitud de
parte
[…]”[88].
105.
En cuanto a las faltas gravísimas[89],
o muy graves, el reglamento las describe, tipifica y determina su sanción de la
siguiente manera:
“Artículo 6
Las faltas disciplinarias ocurridas fuera de
competencia o juego, se califican como leves, graves y muy graves,
teniendo en cuenta su naturaleza y efectos, las modalidades o circunstancias
del hecho, los motivos determinantes, los antecedentes del Infractor y las
circunstancias de atenuación o agravación y de acuerdo con la gravedad se
aplicará la sanción con base en los mínimos y máximos aquí establecidos.
[…]
“Artículo 9
Se consideran faltas muy graves y sus sanciones serán:
A.      Falsedad en cualquier documentación, bien sea
deportiva o administrativa: SUSPENSION DE UNO (1) A CINCO (5) AÑOS, sin
perjuicio de la responsabilidad civil, penal a que haya lugar.
B.      El doble registro ante autoridad deportiva
competente para cualquier actividad programada: SUSPENSION DE UNO (1) A CINCO
(5) AÑOS.
C.      El valerse de artimañas o de cualquier otra
circunstancia o modalidad, para sustraer documentos de las oficinas de un Club,
Liga o Federación: SUSPENSION DE UNO (1) A CINCO (5) AÑOS, sin perjuicio de la
responsabilidad civil, penal a que diere lugar.
D.      Contraer o suscribir contratos, convenios o
cartas de intención sin tener expresa autorización para ello a nombre de un
Club, Liga o Federación: SUSPENSION DE UNO (1) A CINCO (5) AÑOS.
E.      Suplantar personas, directivos, deportistas,
jueces etc: SUSPENSION DE UNO (1) A CINCO (5) AÑOS, sin perjuicio de la
responsabilidad civil, penal a que diere lugar.
F.      Ponerse de acuerdo con los adversarios para
facilitar la victoria o la derrota: SUSPENSION DE UNO (1) A CINCO (5) AÑOS.
G.      La promoción, incitación o utilización de
sustancias y métodos prohibidos en el deporte, como el "Doping" así
como la negativa a someterse a los controles exigidos por órganos y personas
competentes o cualquier acción u omisión que impida o perturbe la correcta
realización de dichos controles: SUSPENSION DE DOS (2) A CINCO (5) AÑOS, sin
perjuicio de la responsabilidad civil, penal a que diere lugar.
H.      La promoción, incitación o utilización de la
violencia en el deporte:
SUSPENSIÓN DE UNO (1) A CINCO (5) AÑOS, sin perjuicio
de la responsabilidad civil, penal a que diere lugar.
I.       La inasistencia no justificada a las
convocatorias de las selecciones deportivas nacionales: SUSPENSIÓN DE DOS (2) A
CINCO (5) AÑOS.
J. La participación en competencias organizadas por
países que promuevan la discriminación racial o contra deportistas que
representan a los mismos: SUSPENSIÓN DE UNO (1) A CINCO (5) AÑOS.
K. Los abusos de autoridad: SUSPENSIÓN DE UNO (1) A
CINCO (5) AÑOS.
L. Los quebrantamientos de sanciones impuestas:
SUSPENSIÓN DE UNO (1) A CINCO (5) AÑOS.
M. Las actuaciones dirigidas a predeterminar mediante
precio, intimidación o simples   acuerdos, el resultado de una prueba o
competición: SUSPENSIÓN DE UNO (1) A CINCO (5) AÑOS Y ALTERACIÓN DEL RESULTADO
DEL ENCUENTRO O PRUEBA.
N. Cohonestar cualquiera de las anteriores faltas:
SUSPENSIÓN DE UNO (1) A CINCO (5) AÑOS. […]
[…]
Artículo 18
Son circunstancias de atenuación las siguientes:
A.      El haber observado buena conducta anterior.
B.      El haber obrado por motivos nobles o
altruistas.
C.      El haber confesado voluntariamente la comisión
de la Infracción.
D.      El haberse arrepentido espontáneamente por la
infracción cometida.
E.      El haber procurado evitar espontáneamente los
efectos nocivos de la infracción, antes de iniciarse la acción disciplinaria.
F.      El haber sido inducido a cometer la infracción
por un técnico, directivo o personal científico.
G.      El haber precedido, inmediatamente a la
infracción, una provocación injusta y suficiente.
Artículo 19
Son circunstancias de agravación las siguientes:
A.      El haber incurrido dentro de los tres (3) años
anteriores en infracciones disciplinarias graves o muy graves que dieren lugar
a la aplicación de alguna sanción.
B.      El reincidir en la comisión de infracciones
leves, en los doce (12) meses inmediatamente anteriores.
C.      El haber procedido por motivos innobles o
fútiles.
D.      El haber preparado ponderadamente la
infracción.
E.      El haber obrado con la complicidad de otra u
otras personas.
F.      El haber cometido la infracción para ejecutar
u ocultar otra.
G.      El haber intentado atribuir a otro u otros la
responsabilidad de la infracción.
H.      Ser dirigente, director técnico, capitán,
juez, delegado.
I.       Si el hecho se realiza cuando se lleva la
representación del país.
J.       Tener autoridad sobre quien resulta ofendido
[…]”.
106.
En cuando al procedimiento a seguir para conocer del asunto disciplinario, el
Código admite la posibilidad de que el tribunal adelante investigaciones
oficiosamente[90],
y dicta un procedimiento del cual se destacan los apartes más relevantes:
“Artículo 25
APERTURA DE LA INVESTIGACIÓN:
Los Tribunales Deportivos conocerán de oficio, o
mediante queja, de las infracciones disciplinarias.
Conocidas las infracciones por el Tribunal Deportivo,
éste dispondrá de cinco (5) días para dictar la providencia en la que se
consignen los hechos u omisiones sobre lo que recaerá la investigación y las
disposiciones del Código Disciplinario que se consideren infringidas.
El auto se notificará personalmente al presunto
infractor dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, con la advertencia de
que no es susceptible de recurso alguno.
Si no pudiere cumplirse la notificación personal en la
dirección registrada en el respectivo club, liga, o federación, se fijará un
aviso en lugar visible en la sede del organismo deportivo, en donde se le
prevendrá que si no se presenta dentro de los cinco (5) días siguientes al
respectivo Tribunal a recibir la notificación, se le designará un defensor de
oficio […]
Artículo 26
SOLICITUD, DECRETO Y PRACTICA DE PRUEBAS:
El investigado dispondrá de un término de cinco (5)
días para solicitar pruebas y el Tribunal de quince (15) días para decretar y
practicar las pruebas ordenadas de oficio o solicitadas por el investigador.
[…]
Artículo 28
TERMINO PARA ALEGAR:
Vencido el término probatorio, el investigado,
dispondrá de cinco (5) días para presentar su alegato.
[…]
Artículo 30
FORMALIDADES DE LAS DECISIONES:
Las decisiones de los Tribunales deportivos se
adoptarán mediante resoluciones escritas, se motivarán al menos en forma
sumaria. Y serán firmadas por sus miembros, que estén de acuerdo, que
asistieron a la reunión y por el Secretario. El desacuerdo deberá quedar y por
escrito presentado.
Artículo 31
NOTIFICACIÓN PERSONAL Y POR EDICTO:
La decisión del Tribunal se notificará personalmente
al investigado y en la diligencia respectiva se dejará constancia de los
recursos que contra ella proceden.
Si no pudiere cumplir la notificación personal, se
fijará un edicto en lugar visible del respectivo tribunal, con inserción de la
parte resolutiva de la providencia, por el término de cinco (5) días.
[…]”[91].
107.
Teniendo en cuenta los acápites anteriormente expuestos, relacionados con los
procedimientos que deben observarse para imponer sanciones disciplinarias a
miembros de la Liga, en opinión de la Sala, en el caso analizado se
desconocieron de múltiples formas dichos procedimientos, por lo que se vulneró
el derecho fundamental al debido proceso de la actora.
a.)
En primer lugar, y cobijando la totalidad de la actuación disciplinaria, quedó
claro que ésta se adelantó en el seno de un órgano incompetente en materia
disciplinaria.
Al
respecto dijo Liga en su contestación de la acción de tutela que “se
continuará el proceso disciplinario en contra de la accionante por falta
gravísima al reglamento”[92],
por lo que no hay duda de que se estaba ejerciendo una acción de naturaleza
disciplinaria, en primera instancia y contra un miembro de la Liga –la
accionante-. De acuerdo con esto, atendiendo el factor subjetivo, quien
resultaba competente para el trámite era el Tribunal Disciplinario de la Liga,
tanto por lo dispuesto en los Estatutos de la Liga de Tenis de Mesa de
Antioquia en su artículo 54, como por lo establecido en el artículo 2, lit. B
del Código Disciplinario de la Federación. Adicionalmente, atendiendo el factor
objetivo, indica el artículo 14 del Código Disciplinario de la Federación que
las sanciones derivadas de la comisión de “faltas gravísimas”[93]
-o muy graves, de acuerdo con la denominación del Código- “son impuestas
únicamente por el tribunal deportivo correspondiente”[94],
es decir, el Tribunal Deportivo de la Liga de Tenis de Mesa de Antioquia.
El
proceso en este caso se adelantó por parte del Órgano de Administración de la Liga,
como puede apreciarse en (i) el Acta No. 032015 del 19 de marzo de 2015[95]
del Órgano de Administración de la Liga, sobre la presentación del caso, (ii)
el acta de la “Reunión con la Entrenadora y deportista Johana Marcela Araque”
del 19 de marzo de 2015[96],
en la que se habría comunicado el adelantamiento del proceso y se le citó a
descargos, que no tuvo lugar en el marco del Tribunal Disciplinario, y (iii) el
Acta No. 042015 del 21 de marzo de 2015 del Órgano de Administración de la Liga[97],
en la que consta la reiteración de la decisión y se habrían recibido descargos,
a los que no se hace alusión alguna en el documento. Esto da cuenta de que la
decisión no fue adoptada por quien tenía competencia para imponer una sanción
disciplinaria, de acuerdo a los reglamentos aplicables al caso concreto.
b.)
La conducta cometida por la accionante no se acomodó a ninguna de las faltas
contempladas en el artículo 9 del Código Disciplinario expedido por la Federación Colombiana de Tenis de
Mesa (Cfr. §105.), pues ninguna cobija razonablemente un “acto de
indisciplina como entrenadora y el engaño presentado sobre la buena fe de la
señora Presidenta”[98],
o “acto de indisciplina, desacato a la autoridad, falta a la moral, a la
ética como entrenadora y el engaño presentado sobre la buena fe de la señora
presidenta”[99],
que se le imputaron a la accionante como razón para la realización del
procedimiento y la imposición de la sanción. Esto implica la desatención del
principio de legalidad de la sanción en cuanto a la tipicidad de la conducta
endilgada, lo que implica también la vulneración de su derecho al debido
proceso.
Valga decir, en gracia de discusión, que aun cuando la
conducta de la accionante hubiera podido encuadrarse en alguna de las faltas muy
graves descritas en el Código, nunca se le acusó formalmente por alguna de
estas causales, lo que implica la imposibilidad del ejercicio adecuado de un
derecho a la defensa y, también, la vulneración del derecho al debido proceso
de la accionante. Adicionalmente, la sanción impuesta, que consiste en “no
continuar con sus servicios”[100],
no corresponde con ninguna de las sanciones contempladas en los reglamentos
aplicables, que consisten, básicamente, en la posibilidad de suspender al
sancionado entre 1 y 5 años. Por ende, tampoco se cumplió el principio de
legalidad en materia de la sanción impuesta a la accionante.
c.) En cuanto a los escenarios y garantías procesales
contempladas en los reglamentos aplicables al caso, y que protegían a la
actora, destaca la omisión de elementos cruciales indispensables para el
adecuado ejercicio del derecho a la defensa, lo que condujo a la vulneración
del derecho al debido proceso de la actora. Así, (i) no se realizó
consideración alguna sobre los antecedentes de la accionante, o las
circunstancias de agravación o atenuación de la conducta supuestamente
sancionable; (ii) nunca se dictó la “providencia en la que se consignen los
hechos u omisiones sobre lo que recaerá la investigación y las disposiciones
del Código Disciplinario que se consideren infringidas”[101] -auto que, además,
debía notificarse personalmente a la accionante-; (iii) no se implementó
escenario alguno para la solicitud, decreto o práctica de pruebas, del que
habla el artículo 26 del Código
Disciplinario expedido por la Federación Colombiana de Tenis de Mesa; (iv) no
se le brindó a la accionante la oportunidad de presentar su alegato, una vez
vencido el término probatorio, contemplado en el artículo 28 del Código
Disciplinario expedido por la Federación Colombiana de Tenis de Mesa; (v) la
decisión no se adoptó por medio de resolución escrita, motivada y debidamente
firmada por los miembros del Tribunal Disciplinario. De la misma forma, tampoco
se notificó personalmente a la accionante de dicha decisión, ni se le indicaron
los recursos procedentes en contra de la decisión - artículos 30 y 31 del Código Disciplinario expedido por la Federación Colombiana de Tenis de
Mesa.
108.
Este cúmulo de omisiones, sin duda, impactó negativamente la posibilidad de la
accionante de defenderse ante el órgano competente (lo cual como se indica
anteriormente no se observó), pues a pesar de que se le habría citado a rendir
descargos, se pretermitieron otros escenarios para solicitar pruebas y alegar
su inocencia frente a la falta que se le endilgaba. Adicionalmente, no haber
tomado una decisión por escrito, no haber notificado ni la imputación ni la
decisión, y no haber tenido en consideración factores de menor punibilidad son
omisiones graves que afectaron las posibilidades de la accionante para ejercer
una defensa adecuada. Por estas omisiones, considera la Sala, también se
vulneró el derecho al debido proceso de la actora.
109.
Para la Sala, existe la evidencia contundente sobre la vulneración del derecho
al debido proceso de la actora en el procedimiento disciplinario adelantado por
la Liga en su contra, lo que lleva a esta Sala a tutelar el derecho de la
actora. A este respecto, es de resaltar que la accionante, luego de la legítima
terminación de su vinculación contractual, si bien ya no se desempeñaría como
entrenadora, conserva su calidad de deportista vinculada a la Liga. En este
sentido, los efectos de la “sanción” vulneratoria de los derechos
fundamentales persisten y tienen la potencialidad de afectar el desempeño
deportivo de la accionante. Por esta razón, no se considera que en el presente
caso se haya presentado un daño consumado, o que exista carencia actual de
objeto por hecho superado –como lo sostuvo el ad quem-, sino que por el
contrario, la tutela del derecho fundamental al debido proceso es necesaria y
conducente. Además, hay que resaltar que en la contestación de la presente
acción de tutela, la Liga manifestó que “se continuará el proceso
disciplinario en contra de la accionante por falta gravísima al reglamento”[102],
situación que da cuenta de la intención de persistir en la aplicación de estas
medidas abiertamente contrarias al derecho al debido proceso de la actora. En
este sentido, considera la Sala necesario tutelar los derechos, dejando sin
efecto el procedimiento sancionatorio en contra de la accionante. A este
respecto, cabe advertir a la Liga de Tenis de Mesa de Antioquia que el
adelantamiento de procedimientos disciplinarios en contra de sus miembros y
asociados debe estar regido por las normas previamente establecidas para el
efecto, y observarse y ofrecerse ampliamente las garantías procesales que
aseguren al investigado la posibilidad de ejercer una defensa adecuada y
oportuna.
110.
Es importante también tocar en este punto, la posición de Indeportes frente al
adelantamiento de este irregular procedimiento sancionatorio. En su
contestación de la acción de tutela, el Instituto manifestó que consideraba que
la Liga era quien determinaba la permanencia o no de un entrenador en el
ejercicio de sus funciones y que, a pesar de que era a través de ellos que se
establecía la comunicación entre las ligas y el contratista proveedor del
servicio de entrenamiento deportivo, “la función de INDEPORTES ANTIOQUIA en
este sentido se limita a informar a la Universidad de la determinación asumida
por La Liga, como se ha hecho en el caso concreto”. Una posición de esta
naturaleza de parte de una entidad pública es sorprendente, pues a pesar de que
debe velar por el adecuado funcionamiento del Convenio, se sustrae de efectos
perversos que se puedan estar generando al brindar carta blanca a las Ligas
para actuar de manera tan irregular como en el presente caso, en el que la
vulneración del debido proceso de la accionante fue evidente y grosera, al
tratar de excluir a la accionante del desempeño de sus funciones.
En
este sentido, cabe advertir a Indeportes que dado que sirve como enlace entre
las ligas y los prestadores del servicio, y que estaba dentro de sus
obligaciones de acuerdo al Convenio 399 de 2013 la de “informar por escrito,
de manera oportuna e inmediata, a LA UNIVERSIDAD las posibles faltas en que
incurra el personal contratado por ella”, lo menos que se puede exigir es
que se verifique que en efecto lo objetado por la respectiva Liga corresponda
en efecto a una posible falta, situación que en el presente caso no se
verificó, (Cfr. §107. b.), pues en  ningún momento, en un ejercicio de
razonabilidad, se apreciaría la ocurrencia de una falta disciplinaria, de
acuerdo a su descripción en el Código
Disciplinario expedido por la Federación Colombiana de Tenis de Mesa, y no se
puede ser tan ligero al considerar que razones “estrictamente profesionales”
alegadas por la Liga en el presente caso, constituyen por sí mismas la
ocurrencia de una posible falta.
111.
De otro lado, esta Sala, en consonancia con lo establecido por el ad quem
en la sentencia de segunda instancia, considera que el procedimiento antes
analizado no tuvo origen en un ánimo de discriminar a la accionante por su
orientación sexual, sino como castigo –irregular y contrario al derecho al debido
proceso- por la desatención de las instrucciones de la Presidenta de la Liga en
el Campeonato de Ibagué y el desconocimiento de las reglas dispuestas para la
participación de las selecciones en el evento. Al respecto, valga recordar que
resulta razonable el establecimiento de este tipo de restricciones y reglas,
especialmente cuando se pretende garantizar el bienestar de menores de edad,
que en efecto participaron en aquella ocasión. La omisión de la accionante
frente a estas reglas fue reconocido por ella, y aunque la reacción de la Liga
fue desproporcionada y violatoria del derecho al debido proceso, es posible
identificar cómo dicha actuación, por más inapropiada, no se debió a la
orientación sexual de la accionante, sino a un proceder que, como se dijo
antes, fue reprochable por desatender normas conducentes a la prevención de
riesgos para los participantes del evento, especialmente de los menores de
edad.
112.
Circunstancias adicionales expuestas por la señora Araque, como la existencia
de rumores, comentarios y declaraciones de padres y entrenadores sobre la
accionante y su opción sexual son reprochables y merecen de una reflexión
acerca de la tolerancia y la aceptación de personas con orientaciones sexuales
diversas en nuestra sociedad. Sin embargo, no se considera que en la génesis
del presente asunto haya sido determinante la opción sexual de la accionante,
pues es razonable pensar que igual conclusión hubiera tenido un caso en el que
el protagonista fuera un entrenador heterosexual que decide quedarse en
compañía de uno de sus pupilos menor de edad, en el mismo cuarto de hotel, sin
informar de tal situación a los organizadores y coordinadores de una
participación deportiva departamental, desconociendo con ello las reglas de
organización dispuestas para el buen desarrollo del evento y especialmente
normas para la protección de los menores de edad participantes del mismo.
En
este sentido, además de identificar un acalorado debate a nivel argumental y
tal vez personal entre la accionante y la presidenta de la Liga, no se
encuentra una prueba que permita concluir que la forma en la que se desenvolvió
esta irregular situación se haya debido a una persecución motivada por la
identificación de la accionante como una persona con orientación sexual diversa.
I.  Conclusión
113. En el
presente caso, se verificó la vulneración del derecho al debido proceso de la
actora, en virtud de un proceso disciplinario que no se rigió por lo dispuesto
en los Estatutos de la Liga de Tenis de Mesa de Antioquia, el Código
Disciplinario expedido por la Federación Colombiana de Tenis de Mesa, y la Ley
49 de 1993. Se verificó también, cómo la sanción fue impuesta por un ente no
competente para imponer sanciones por conductas muy graves, cómo no se atendió
el requisito de legalidad o tipicidad de la conducta, no se tuvo en cuenta el
principio de legalidad de la sanción, y se omitieron escenarios y garantías
procesales necesarias para el adecuado ejercicio de la defensa, como lo son,
las notificaciones de las providencias, los espacios para solicitar pruebas,
presentar alegatos o recurrir la determinación adoptada por la Liga. Se
reconoció además que, los efectos de dicho procedimiento disciplinario
contrario al derecho al debido proceso no se circunscribían al ejercicio de la actora
como entrenadora, sino que por su doble vinculación a la Liga como deportista,
tenían la posibilidad de afectar su desempeño deportivo ilegítimamente. En
consecuencia, se determinó necesario amparar el derecho al debido proceso,
dejando sin efecto la actuación adelantada por la Liga de Tenis de Mesa de
Antioquia en contra de la accionante.
114. Se
determinó igualmente que, no existe prueba de que la actuación irregular de
parte de la Liga de Tenis de Mesa de Antioquia hubiese estado fundamentada en un
tratamiento discriminatorio por la opción sexual de la accionante, pues buscó
sancionar –de manera irregular- a la accionante por la comisión de una conducta
que se hubiera reprochado no solo a una persona homosexual, sino a cualquier
persona heterosexual que hubiese decidido quedarse en un hotel en compañía de
uno de sus pupilos o compañeros menores de edad, sin informar de tal situación
a los organizadores y coordinadores de una participación deportiva
departamental, desconociendo con ello las reglas de organización dispuestas
para el buen desarrollo del evento, y especialmente para la protección del
interés superior de los menores de edad participantes en el mismo.
Frente a esto
último, se encontró razonable y proporcionado que los organizadores de eventos
deportivos dispongan de limitaciones, restricciones y reglas encaminados a
asegurar el bienestar de los participantes, especialmente de los menores de
edad, consideración que resulta válida para todo menor de edad, para toda
entidad encargada de la organización de eventos que involucren su participación
y para todo adulto que comparta espacios con menores de edad en ese tipo de
eventos.
115. Así mismo,
encontró la Sala que la terminación del contrato de prestación de servicios de
la accionante con la Universidad de Antioquia, para servir como entrenadora de
las Ligas en el marco del Convenio 399 de 2013, se terminó por la finalización
de este último, situación que no atenta contra derecho fundamental alguno de la
accionante, en especial, porque la terminación no obedeció a la ejecución de
una conducta discriminatoria en contra de la señora Araque, o a la aplicación
de la “sanción” dispuesta por la Liga en su actuación irregular.
III.  DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Tercera Sala de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Nacional,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR PARCIALMENTE la
sentencia proferida en segunda instancia por Juzgado Dieciocho Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín, del 29 de Julio de 2015,
que confirmó la sentencia de primera instancia del Juzgado Veinte Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, del 12 de junio de
2015,  en cuanto negó la tutela del derecho al debido proceso. En su
lugar, CONCEDER el amparo del derecho al debido proceso de la
señora Johana Marcela Araque Mejía, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia, y en consecuencia, dejar sin efecto el
procedimiento sancionatorio en contra de la señora Araque Mejía.
Segundo.-
Respecto a las demás órdenes, CONFIRMAR los fallos de tutela antes
referidos.
Tercero.-
ADVERTIR
a la Liga Departamental de Tenis de Mesa de Antioquia que el adelantamiento de
procedimientos disciplinarios en contra de sus miembros y asociados, debe estar
regido por las normas previamente establecidas para el efecto, observándose las
garantías procesales que aseguren al investigado la posibilidad de ejercer una
defensa adecuada y oportuna, esto con el fin de salvaguardar el derecho al
debido proceso del que es titular.
Notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con aclaración de voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1]
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 del Reglamento de la Corte
Constitucional, “En la publicación de sus providencias, las Salas de la
Corte o el magistrado sustanciador, en su caso, podrán disponer que se omitan
nombres o circunstancias que identifiquen las partes”. Teniendo en cuenta
lo anterior, la presente decisión se toma en consideración a que en los hechos
del caso se hacen referencias directas a asuntos sensibles desde el punto de
vista del derecho a la intimidad, de personas que no son parte en el trámite de
la presente acción de tutela. Esta Sala considera que el no hacer referencia
directa a la menor de edad es el mecanismo idóneo para salvaguardad sus
derechos fundamentales, como en efecto se hará.
Frente a
este mecanismo de protección del derecho a la intimidad de personas
involucradas en procesos de revisión de tutela pueden consultarse las
siguientes sentencias: SU-256/1996, SU-480/1997, T-715/1999, SU-337/1999,
T-618/2000, T-851A/2012, T-027/2013, T-836-2014, entre otras.
[2]
Cuaderno Principal, fl.2-49. La acción de tutela fue interpuesta por la
Defensora del Pueblo Regional Antioquia, Gloria Elena Blandón Velásquez, el 29
de mayo de 2015, en representación de Johana Marcela Araque Mejía.
[3]
Los testimonios de los señores Ruiz, Londoño Martínez y Valencia se centran en
lo que escuchaban acerca de la accionante en la liga, la condición sexual de
sus pupilas y de ella misma, y consideraciones acerca de la participación
femenina en la liga. Esta Sala considera que el contenido de dichos testimonios
no es relevante ni conducente para la resolución del presente caso, por lo que,
habiéndose analizado, se abstendrá de consignar su contenido en los
antecedentes de la presente acción de tutela. Igualmente, en el testimonio de
la madre de María Paula, se transcribe en la presente sentencia las partes
relevantes para el caso en mención, y el restante contenido se considera
inconducente frente al caso analizado.
[4]
Cuaderno Principal, fls. 141-146.
[5]
Cuaderno Principal, fls. 195-220.
[6]
Cuaderno Principal, fls. 223-227.
[7]
Las funciones del Convenio Marco 399 de 2013 suscrito entre Indeportes y la
Universidad de Antioquia fueron consignadas así:
“a)
Estructurar los planes de trabajo en los formatos establecidos en el convenio.
b)
Planear las sesiones de entrenamiento.
c)
Realizar evaluación y control de planes de trabajo
d)
Prestar apoyo a los deportistas en las diferentes competencias
e)
Presentar en el formato establecido el informe de evaluación cuando se
participe en competencias.
f)
Prestar apoyo a los deportistas asistiendo a las actividades programadas por el
área social y por el grupo de ciencias aplicadas (psicología, medicina deportiva,
nutrición u fisioterapia).
g)
Asistir a las reuniones citadas tanto por la Universidad de Antioquia como las
entidades a las cuales se les presta el servicio en el convenio.
h)
Demostrar en cada una de sus actuaciones deportivas su afán por respeto al
rival y por el juego limpio.
i)
Presentar cumplidamente los informes mensuales en los formatos establecidos
dentro del convenio.
j)
Informar cuando se presenten incapacidades y entregarlas en físico a la
Universidad de Antioquia.
k)
Informar con anticipación las salidas nacionales e internacionales.
I)
Cumplir de forma responsable los horarios pactados con las entidades a las
cuales se les presta el servicio dentro del convenio.
m)
Prohibido presentarse a dictar entrenamientos y/o competencias bajo efectos del
alcohol o de alucinógenos”. (Cuaderno Principal,
fl. 224)
[8]
Cuaderno Principal, fls. 266-279.
[9]
Cuaderno Principal, fls. 281-298.
[10] Cuaderno Principal, fls.302-304.
[11] Subrayas fuera del texto original.
[12] Cuaderno Principal, fl 50.
[13] Para mayor ilustración sobre la posición de esta Corte, en relación
con la acción de tutela entre particulares, por favor referirse a las
sentencias T-066/1998, T-219/2009, T-260/2010, entre otras.
[14] Para mayor referencia de a posición de la Corte en este sentido,
por favor referirse a las sentencias T-219/2009, T-260/2010, T-546/2010,
T-040/2013 y T-256/2013.
[15] A través del uso de esta categoría se pretende englobar los
elementos que constituyen elementos de autoidentificación frente al sexo, la
orientación sexual, expresiones ambas de la construcción de la identidad, o lo
que se ha calificado en la jurisprudencia como “la experiencia de cada
persona frente a su sexualidad y su desarrollo identitario” Cfr. sentencia
T-099/2015 M.P. Gloria Estela Ortiz.
[16] Sentencia C-507/1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[17] Sentencia T-918/2012 M.P. Jorge Iván Palacio.
[18] Ibíd.
[19] Sentencia T-542/92, M.P. doctor
Alejandro Martínez Caballero.
[20] Sentencia C-507/1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[21] Sentencia T-101/1998 M.P. Fabio Morón Díaz. Hay que tener en cuenta
que no las categorías en cuando a opción e identidad sexual se refieren no son
absolutas y es perfectamente admisible que los sujetos en desarrollo de sus
derechos de libertad más íntimos, opten por transitar entre clasificaciones,
más o menos estrictas. Al respecto se puede consultar la sentencia T-141/2015
M.P. María Victoria Calle. Se considera conveniente para brindar un panorama
respecto de la diversidad de conceptos involucrados en el análisis, recordar la
tabla número 2 expuesta en la sentencia T-099/2015, M.P. Gloria Stella Ortiz,
que da cuenta de las posibles variables y la consecuente diversidad en las
clarificaciones:
Concepto
Definición
Orientación
sexual
La
orientación sexual abarca los deseos, sentimientos, y atracciones sexuales y
emocionales que puedan darse frente a personas del mismo género, de diferente
género o de diferentes géneros.
Identidad
de Género
Es la
vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente
profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al
momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que
podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a
través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma
sea libremente escogida).
Personas
transgénero
Las
personas transgénero tienen una vivencia que no corresponde con el sexo
asignado al momento de nacer. Cuando el sexo asignado al nacer es masculino y
la vivencia de la persona, en los términos descritos es femenino, dicha
persona generalmente se autorreconoce como una mujer trans. Cuando el sexo
asignado al nacer es femenino y la vivencia de la persona es masculina, dicha
persona generalmente se autorreconoce (sic) como un hombre trans.
Personas
cisgénero
Las
personas cisgénero tienen una vivencia que se corresponde con el sexo
asignado al nacer. Cuando el sexo asignado al nacer es masculino y la
vivencia de la persona, en los términos descritos, es masculina, dicha
persona es un hombre cisgénero. Cuando el sexo asignado al nacer es femenino,
y la vivencia de la persona también es femenina, dicha persona es una mujer
cisgénero.
[22] Cfr. Sentencia C-507/1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Ver también
sentencias C-577/2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza, C-098/1996 M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz, T-097/1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[23] Sentencia C-507/1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[24] Cfr. Sentencia ibídem.
[25] Sentencia T-909/2011 M.P. Juan Carlos Henao.
[26] Para la doctrina este derecho se refiere
al “control sobre la información que nos concierne” o al “control sobre cuándo
y quién puede percibir diferentes aspectos de nuestra persona”. En Luis García
San Miguel (editor), Estudios sobre el derecho a la intimidad, Editorial
Tecnos, Madrid 1982, Pág. 17.
[27] Sentencia T-889 de 2009.
[28] Sentencia T-435 de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[29] Cfr. Sentencia T-918/2012 M.P. Jorge Iván Palacio.
[30] Sentencia T-141/2015 M.P. María Victoria Calle. Al respecto, se
referencian en esta providencia las sentencias  T-565 de 2013, T-789 de
2013 y T-098 de 2011.
[31] Corte Constitucional. Sentencia C-098 de 1996. M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[32] Corte Constitucional. Sentencia T-539 de 1994. M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa.
[33] Corte Constitucional. Sentencia T-035 de 1995. M. P. Fabio Morón
Díaz y T-569 de 1994. M. P. Hernando Herrera Vergara.
[34] Corte Constitucional. Sentencia SU-476 de 1997.M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa.
[35] Sentencia T-673 de 2013 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza.
[36] Ibíd.
[37] Ibíd.
[38] En la sentencia T-909/2011 M.P. Juan Carlos Henao se dijo que “en
el derecho constitucional colombiano no se ha previsto la protección concreta y
específica a favor de las personas de orientación sexual diversa. Porque
distinto a lo que empieza a divisarse en el derecho nacional y supra-regional comparados[38],
en el derecho internacional y regional de los derechos humanos,
ciertamente ni en la Constitución ni en tratados vinculantes al Estado
colombiano, establecen una protección concreta para la orientación sexual
diversa como criterio sospechoso de discriminación || 62. Ha sido empero
la interpretación ofrecida por los órganos del sistema universal y regional
encargados de definir el alcance de los tratados en general[38]
o para los casos concretos[38], la que ha
determinado que el trato desigual negativo fundado en esta causa, no tiene
soporte en los tratados y al contrario, vulnera los contenidos de los derechos
de libertad, igualdad y no discriminación que en ellos se reconocen || Y en el
derecho interno, conforme lo establecido en la Constitución y en el propio
Derecho internacional de los derechos humanos vinculante para el Estado, en
diversos pronunciamientos la Corte Constitucional ha garantizado el derecho
individual a la libre opción sexual. En todos ellos, implícitamente, se ha
venido a destacar el muy valioso y cada vez más escaso componente de la
individualidad pura, pues de él, sin duda, hacen parte las opciones y
decisiones sobre la sexualidad, como ámbitos definitivamente protegidos de
libertad, igualdad, desigualdad y no discriminación”.
[39] Sentencia T-062/2011 M.P. Luis Ernesto Vargas.
[40] Cfr Sentencias T-535/2013 y T-062/2011, M.P. Luis Ernesto Vargas.
[41] Sentencia ibídem [C-098/1996 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz].
[42] Sentencia C-507 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[43] Sentencia T-099/2015 M.P. Gloria Stella Ortiz.
[44] Vid. entre otras, sentencias C-075 de 2007, T-769 de 2007, T-884 de
2006, T-288 de 2003, T-492 de 2003, C-862 de 2008, T-516 de 1998, C-042 de
2003, T-1258 de 2008, C-534 de 2005,T-948 de 2008, T-905 de 2005, T-753 de
2009, C-065 de 2005.
[45] Sentencia T-909/2011 M.P. Juan Carlos Henao.
[46] Por ejemplo, en la sentencia T- 314 de 2011, pese a que la
accionante denuncia que por ser transgenerista le fue negado el ingreso a unos
eventos abiertos al público, la Corte estimó que no se cumplieron los
requisitos acá señalados, puesto que la negativa de ingreso a los eventos no se
basó en el uso un criterio sospechoso, sino dada la agresividad que tuvo con el
personal que verificaba el ingreso.
[47] Sentencia T-909/2011 M.P. Juan Carlos Henao.
[48] Sentencia T-371/2015 M.P. Jorge Ignacio Pretelt. En cita: “Al
respecto, en lo relacionado con la prueba del acto discriminatorio pueden
consultarse las Sentencias T-427 de 1992, T-638 de 1996, T-772 de 2003, T-601
de 2005, T-601 de 2006, entre otras. Cfr. Sentencia T-314 de 2011”.
[49] Sentencia T-371/2015 M.P. Jorge Ignacio Pretelt. Ver también,
sentencias T-098/1994, M.P. Eduardo Cifuentes; T-247/2010 M.P. Humberto Sierra
Porto; T-314/2011 y T-804/2014, M.P. Jorge Iván Palacio; T-141/2015 M.P. María
Victoria Calle.
[50] Sentencia T-371/2015 M.P. Jorge Ignacio Pretelt.
[51] Sentencia T-247/2010 M.P. Humberto Sierra Porto.
[52] Constitución Política, Art. 29.
[53] Sentencia T-852/2010 M.P. Humberto Sierra Porto, citando la
sentencia T-083/2010 que a su vez cita las sentencias T-433/1998 y la
T-605/1999.
[54] Sentencia T-385/2006 M.P. Clara Inés Vargas.
[55] Sentencia T-160/2010 M.P. Humberto Sierra Porto, citando a “Konrad
Hesse. Derecho constitucional y derecho privado, Madrid, Cívitas, 1995, p.
59”.
[56] Cfr. Sentencia T-160/2010 M.P. Humberto Sierra Porto.
[57] Sentencia T-769/2005 M.P. Clara Inés Vargas.
[58] Ver, por ejemplo, las sentencias acerca del debido proceso para la
terminación de la relación contractual entre particulares o personas de derecho
público con régimen de contratación privado (entre otras,  sentencias
T-546/2000 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, Sentencia T-385/2006 M.P. Clara Inés
Vargas,  T-075A/2011 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza). Igualmente, en sentencias
como la T-546/2000, M.P. Clara Inés Vargas, la Corte tuteló el derecho al
debido proceso frente a la terminación de un contrato de arrendamiento
comercial, argumentando que “de acuerdo a la posición ejercida por el
arrendador, para evitar el abuso de sus derechos, ha debido aplicar de manera
estricta las normas que sobre arrendamiento comercial se encuentran
establecidas en la Ley.  Esto hubiera permitido comunicar oportunamente la
terminación del contrato y habría evitado que pese a no prestar el desahucio
correspondiente se imposibilitara injustificadamente que los peticionarios
hubieran proseguido con su labor en los locales respectivos.  Dicha
omisión, a saber, no aplicar los procedimientos previstos en la ley para
notificar la terminación del contrato de arrendamiento, permiten aseverar a la
Sala que el arrendador adoptó una postura ilegítima, vulnerando los derechos
adquiridos y también, el debido proceso como derecho fundamental indirecto”
(subraya fuera del texto original).
[59] Cfr. Sentencia T-543/1995 M.P José Gregorio Hernández. Al respecto
se dijo en la sentencia: “Sobre el último aspecto, en cuanto se trate de
adoptar decisión que implique la imposición de sanciones, tiene aplicación el
artículo 29 de la Carta, que plasma el derecho al debido proceso, por lo cual
normas generales previamente definidas y conocidas por los asociados deben
indicar las conductas sancionables, o faltas, las sanciones correspondientes y
las mínimas garantías para la defensa de quien sea sindicado”. Es de
especial valor la línea jurisprudencial decantada en la sentencia T-720/2004 sobre
este tipo de organizaciones. Ver también sentencias T-808/2003 MP. Alfredo
Beltrán Sierra. y T-921/2002 MP. Rodrigo Escobar Gil.
[60] Cfr. Sentencia C-318/2002 M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-470/1999
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[61] Cfr. Entre muchas otras, sentencias T-944/2000 M.P. Alejandro
Martínez Caballero; T-853/2004 M.P. Manuel José Cepeda; T-492/2010 M.P. Jorge
Ignacio Pretelt.
[62] Cfr. Entre otras, sentencia T-542/2012 M.P. Humberto Sierra Porto.
[63] Sentencia T-470/1999 M.P. José Gregorio Hernández.
[64] Ibíd. En el mismo sentido, se dijo en la sentencia T-720/2014, M.P.
María victoria Calle, que “el debido proceso es un derecho fundamental
exigible a los particulares, siempre que estos se reservan la facultad de
imponer una sanción, por lo que la Sala no comparte la argumentación de la
parte accionada en el sentido de que este derecho únicamente exige la
existencia de normas previas que definan un procedimiento previo al trámite: si
bien el respeto por el principio de legalidad es consustancial al debido
proceso y constituye el primer paso para evitar decisiones caprichosas,
arbitrarias o abusivas, no es la única posición de derecho fundamental exigida
en un trámite disciplinario adelantado por una organización de naturaleza
privada”.
[65] Constitución Política, Art. 44: “Son derechos
fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener
una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la
cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos
contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta,
abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán
también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en
los tratados internacionales ratificados por Colombia.
La familia, la
sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus
derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su
cumplimiento y la sanción de los infractores.
Los derechos de los
niños prevalecen sobre los derechos de los demás” (subrayas fuera del
texto original).
[66] Sentencia T-921/2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt.
[67] Sentencias T-503/2003 M.P. Manuel José Cepeda y C-256/2008,
M.P. Manuel José Cepeda.
[68] Sentencia T-921/2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt.
[69] Sentencia T-094/2004 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[70] Cfr. Entre otras, sentencias T-292 de 2004, M.P. Manuel José
Cepeda; T-510 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda T-497 de 2005, M.P. Rodrigo
Escobar Gil, T-466 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda, T-887 de 2009, M.P
Mauricio González Cuervo, T-968 de 2009, M.P. María Victoria Calle, T- 1042 de
2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza; y T-068 de 2011; T-580A/2011, M.P. Mauricio
González Cuervo.
[71] El artículo 7°
del Código de la Infancia y la Adolescencia entiende por protección integral: “el
reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía  y cumplimiento de los
mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su
restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior.”
[72] El artículo 6°
del Código de la Infancia y la Adolescencia establece que: “Las normas
contenidas en la Constitución Política y en los tratados y convenios
internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia, en especial la
Convención sobre los Derechos del Niño, harán parte integral de este Código, y
servirán de guía  para su interpretación y aplicación. En todo caso, se
aplicará siempre la norma más favorable al interés superior del niño, niña o
adolescente.”
[73] El artículo 44
de la Carta ordena que los menores “serán protegidos contra toda forma de
abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación
laboral o económica y trabajos riesgosos.” Por su parte, el artículo
20 del Código de la Infancia y la Adolescencia, dispone que el menor será
protegido contra: “1. El abandono físico, emocional y psicoafectivo de sus
padres, representantes legales o de las personas, instituciones y autoridades
que tienen responsabilidad de su cuidado y atención. // 2. La explotación
económica por parte de sus padres, representantes legales, quienes viven con
ellos, o cualquier otra persona. Serán especialmente protegidos contra su
utilización en la mendicidad. // 3. El consumo de tabaco, sustancias
psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas y la utilización, el reclutamiento
o la oferta de menores en actividades de promoción, producción, recolección,
tráfico, distribución y comercialización. // 4. La violación, la inducción, el
estímulo y el constreñimiento a la prostitución; la explotación sexual, la
pornografía y cualquier otra conducta que atente contra  la libertad, integridad
y formación sexuales de la persona menor de edad. // 5. El secuestro, la venta,
la trata de personas y el tráfico y cualquier otra forma contemporánea de
esclavitud o de servidumbre. // 6. Las guerras y los conflictos armados
internos.// 7. El reclutamiento y la utilización de los niños por parte de los
grupos armados organizados al margen de la ley. // 8. La tortura y toda clase
de tratos y penas crueles, inhumanos, humillantes y degradantes, la
desaparición forzada y la detención arbitraria. // 9. La situación de vida en
la calle de los niños y las niñas. // 10. Los traslados ilícitos y su retención
en el extranjero para cualquier fin. // 11. El desplazamiento forzado. // 12.
El trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo
es probable que pueda afectar la salud, la integridad y la seguridad o impedir
el derecho a la educación. // 13. Las peores formas de trabajo infantil,
conforme al Convenio 182 de la OIT. // 14. El contagio de enfermedades
infecciosas prevenibles durante la gestación o después de nacer, o la
exposición durante la gestación a alcohol o cualquier tipo de sustancia
psicoactiva que pueda afectar su desarrollo físico, mental o su expectativa de
vida. // 15. Los riesgos y efectos producidos por desastres naturales y demás
situaciones de emergencia. // 16. Cuando su patrimonio se encuentre amenazado
por quienes lo administren. // 17. Las minas antipersonales. // 18. La
transmisión del VIH-SIDA y las infecciones de transmisión sexual. // 19.
Cualquier otro acto que amenace o vulnere sus derechos.”
[74] T-580A/2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
[75] Cfr. Cuaderno Principal, fl. 51.
[76] Cuaderno Principal, fl. 225.
[77] Ibíd.
[78] Es conveniente recordar lo dicho por Indeportes en su contestación
de la acción de tutela, en la que manifestó que “el
convenio para la contratación de los cerca de 618 entrenadores de las ligas
deportivas de Antioquia suscrito con la Universidad de Antioquia fue adicionado
por última ocasión el pasado 30 de abril de 2015 para cubrir el pago de los
servicios prestados por los entrenadores para el periodo comprendido entre el
1° y 31 de mayo de 2015, por lo que, a la fecha de contestación de la presente
acción constitucional no existe convenio alguno que permita la vinculación de
ninguno de los cerca de 618 entrenadores, incluida la accionante Araque Mejía”. (Cfr. § 35.).
[79] Cuaderno Principal, fl. 225.
[80] Es de resaltar que la Defensoría del Pueblo interrogó a la madre de
la menor de edad involucrada en el incidente, quien manifestó que “no le vi
ningún problema a que permaneciera con su entrenadora que conozco” (Cfr.
§22.), refiriéndose al alojamiento de la menor en la ciudad de Ibagué junto con
la accionante. Esta circunstancia, sin embargo, no puede entenderse como
excluyente de la supervisión que sobre el evento ejerció la Liga, ni mucho
menos del reproche del incumplimiento de las reglas de concentración, puesto
que dicha autorización no fue comunicada a los organizadores (Cfr. § 8.) que,
por ende, no habían sido relevados de las obligaciones que ellos mismos habían
establecido para la garantía del bienestar de los participantes.
[81] A manera de ejemplo, la liga manifestó en la contestación de la
acción de tutela que “es discrecional de la Liga contratar o no” (Cfr. §
26.), cuando ha quedado claro que estaba más allá de sus atribuciones la
definición de a quienes se contrataba como entrenadores en el marco del
Convenio 399 de 2013, o que tuviera injerencia en una relación contractual de
prestación de servicios exclusivamente establecida entre la Universidad de
Antioquia y la accionante.
[82] Cfr. Cuaderno Principal, fls. 106-128.
[83] (Subrayas fuera del texto original).
[84] Cuaderno Principal, fls. 149-166.
[85] Código Disciplinario expedido por la Federación Colombiana de Tenis
de Mesa, Acuerdo No. 001 de 1993, Art. 4 (Cuaderno Principal, fl. 153).
[86] Cfr. L.49/1993, Art. 9: “Régimen disciplinario de las
federaciones y demás organismos deportivos. Las federaciones
deportivas nacionales, divisiones profesionales, ligas y clubes, expedirán un
código disciplinario, dictado en el marco de la presente Ley, en el cual
deberán prever, obligatoriamente los siguientes extremos:
a) Un sistema tipificado
de infracciones, de conformidad con las reglas de juego de la correspondiente
modalidad deportiva, distinguiéndolas en función de su gravedad;
b) Los principios y
criterios que aseguran la diferenciación entre el carácter leve, grave y muy
grave de las infracciones, la proporcionalidad de las sanciones aplicables a
las mismas, la inexistencia de doble sanción por los mismos hechos la
aplicación de los efectos retroactivos favorables y la prohibición de sancionar
por infracciones no tipificadas con anterioridad al momento de comisión de las
mismas;
c) Un sistema de
sanciones correspondientes a cada una de las infracciones, así como las causas
o circunstancias que eximan, atenúen o graven la responsabilidad del infractor
y los requisitos de extinción de esta última:
d) Los distintos
procedimientos disciplinarios de tramitación e imposición, en su caso, de
sanciones;
e) El sistema de
recursos contra las sanciones impuestas”.
[87] Cfr. Código Disciplinario expedido por la Federación Colombiana de
Tenis de Mesa, Acuerdo No. 001 de 1993, Art. 14 (Cuaderno Principal, fls.
149-166).
[88] (Subrayas fuera del texto original).
[89] Recuérdese que la Liga manifestó en su contestación a la acción de
tutela que la accionante habría cometido una “falta gravísima” por lo
acontecido en la ciudad de Ibagué (Cfr. § 27.).
[90] Cfr. Código Disciplinario expedido por la Federación Colombiana de
Tenis de Mesa, Acuerdo No. 001 de 1993, Art. 25 (Cuaderno Principal, fl. 153)
[91] (Subrayas fuera del texto original).
[92] Cuaderno Principal, fl. 145.
[93] Cuaderno Principal, fl. 145.
[94] Código Disciplinario expedido por la Federación Colombiana de Tenis
de Mesa, Acuerdo No. 001 de 1993, Art. 14 (Cuaderno Principal, fl. 158)
[95] Cuaderno Principal, fls, 98 – 100.
[96] Cuaderno Principal, fls, 101 - 102.
[97] Cuaderno Principal, fls, 103 – 104.
[98] Acta No. 042015 del 21 de marzo de 2015 del Órgano de
Administración de la Liga, Cuaderno Principal, fl, 104.
[99] “Reunión con la Entrenadora y deportista Johana Marcela Araque”
del 19 de marzo de 2015, Cuaderno Principal, fl, 101.
[100] Acta No. 042015 del 21 de marzo de 2015 del Órgano de
Administración de la Liga, Cuaderno Principal, fl, 104.
[101] Código Disciplinario expedido por la Federación Colombiana de Tenis
de Mesa, Acuerdo No. 001 de 1993, Art. 25 (Cuaderno Principal, fl. 153)
[102] Cuaderno Principal, fl. 145.