T-969-09
Sentencia T-969/09
Sentencia
T-969/09
CONFLICTO
DE COMPETENCIA EN TUTELA-Ni la Constitución ni la ley asignan de forma
expresa el conocimiento a autoridad alguna
ACCION DE
TUTELA-Competencia/DECRETO REGLAMENTARIO DE COMPETENCIA PARA REPARTO DE
ACCION DE TUTELA-Establece reglas de simple reparto y no de competencia
DECRETO
REGLAMENTARIO DE COMPETENCIA PARA REPARTO DE ACCION DE TUTELA-Jueces o
corporaciones no pueden declarase incompetentes para conocer una acción de
tutela
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos jurisprudenciales de
procedencia
DEFECTO
FACTICO-Configuración
DEFECTO
FACTICO-Dimensiones
ABOGADO-Ejercicio
de la profesión en el Estado Social de Derecho
CODIGO
DISCIPLINARIO DEL ABOGADO-Estructura/CODIGO DISCIPLINARIO DEL ABOGADO-Finalidades/CODIGO
DISCIPLINARIO DEL ABOGADO-Régimen
PROCESO
DISCIPLINARIO-Presunción de inocencia
Uno
de los principios que expresan este criterio de legitimidad de las actuaciones
públicas –administrativas y jurisdiccionales- es el de presunción de inocencia.
Dicho principio aplica en todas las actuaciones que engloban el ámbito
sancionador del Estado y por consiguiente también en materia disciplinaria. De
esta forma, como lo ha establecido esta Corporación, quien adelante la
actuación disciplinaria deberá conforme las reglas del debido proceso,
demostrar que la conducta de que se acusa a una persona (i) es una conducta
establecida como disciplinable; (ii) que la ocurrencia de dicha conducta se
encuentra efectivamente probada y (iii) que la autoría y responsabilidad de
ésta se encuentra en cabeza del sujeto pasivo de la acción disciplinaria. Sólo
después de superados los tres momentos la presunción de inocencia queda
desvirtuada, como expresión de las garantías mínimas dentro de un Estado
Constitucional. Dicho principio es una garantía constitucional frente al poder
punitivo. Sin embargo admite grados de rigor en su aplicación, pues si bien es
cierto rige todo el ámbito sancionador, también lo es que dicho ámbito está
compuesto por escenarios diferentes que implican grados diferenciales de
aplicación del principio, en relación con tres criterios básicos: (i) el bien
jurídico que pretende ampararse por medio del ámbito específico de sanción,
(ii) el sujeto pasivo de dicho poder punitivo y ligado a esto, (iii) la sanción
a que da lugar la responsabilidad. Esto es así, porque ningún principio es
absoluto, de modo que su aplicación en un caso concreto admite la ponderación
de los elementos que componen el ámbito de su aplicación. De esta forma, no
supone el mismo grado de rigor en la aplicación del principio de presunción de
inocencia, el ámbito penal que el disciplinario, aunque deba ser tenido en
cuenta en los dos, pues los bienes tutelados por el primero, son de mayor
relevancia social que los del segundo y por consiguiente la sanción y los
derechos afectados por ella, son también de mayor importancia, imponiendo sobre
el citado principio una mayor exigencia en su aplicación concreta. Esto es lo
que significa que los principios del derecho penal aplican en el disciplinario mutatus
mutandi.
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por haberse valorado
todas las pruebas obrantes en proceso disciplinario
Referencia: expediente T-2338861
Acción de tutela interpuesta
por Alejandra Guzmán Morales, contra el Consejo Superior de la Judicatura-
Sala Jurisdiccional Disciplinaria.
Magistrada Ponente:
Dra. MARÍA VICTORIA CALLE
CORREA
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de
diciembre de dos mil nueve (2009).
La Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados María Victoria Calle Correa, Luis
Ernesto Vargas Silva y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los
fallos adoptados por el Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío- Sala de
Conjueces Jurisdiccional Disciplinaria, y por el Consejo Superior de la Judicatura-
Sala Jurisdiccional Disciplinaria, dentro de la Acción de Tutela instaurada por
Alejandra Guzmán Morales, contra el Consejo Superior de la Judicatura- Sala
Jurisdiccional Disciplinaria.
La Acción de Tutela de la
referencia fue escogida para revisión por la Sala de Selección Número Nueve,
mediante Auto proferido el 24 de Septiembre de 2009.
I. ANTECEDENTES
Alejandra Guzmán Morales
interpone Acción de Tutela en contra del Consejo Superior de la Judicatura-
Sala Jurisdiccional Disciplinaria, por considerar que el Tribunal incurrió en
vía de hecho –vulnerando sus derechos al debido proceso, a la presunción de
inocencia-, en su providencia de Noviembre 20 de 2008, que confirmó la
sentencia proferida por El Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío- Sala
Jurisdiccional Disciplinaria, dentro del trámite de la queja disciplinaria
promovida por Milena Arias Vargas contra Alejandra Guzmán Morales.
1. Hechos
1. Alejandra Guzmán
Morales es abogada en ejercicio con Tarjeta Profesional No. 100.412 del Consejo
Superior de la Judicatura. Como tal, fue contratada por el señor José Marino
Arias López, quien actuaba como apoderado general de su hija Milena Arias
Vargas, para que los representara en el proceso de privación de patria potestad,
adelantado por el señor Ermilson Rendón. Proceso que se adelantó en el Juzgado
Segundo de Familia de la Ciudad de Armenia. En primera instancia el proceso fue
desfavorable a los intereses de la señora Arias, por lo que apeló y en segunda
instancia fue revocada la decisión, condenando al señor Ermilson Rendón a pagar
las costas del proceso, liquidadas en la suma de $2.324.000.
2. Posteriormente, la
señora Milena Arias Vargas, presenta queja disciplinaria ante el Consejo
Seccional de la Judicatura del Quindío- Sala Jurisdiccional Disciplinaria-,
contra Alejandra Guzmán Morales, por considerar que dicha profesional, tomó
para su propio beneficio, las costas procesales a las que fue condenado el
señor Ermilson Rendón, en la segunda instancia del proceso para el cual fue
contratada. En dicho proceso disciplinario, tanto el Consejo Seccional de la
Judicatura del Quindío- Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, en fallo de 31 de
mayo de 2007, como el Consejo Superior de la Judicatura - Sala Jurisdiccional
Disciplinaria, en providencia de 20 de noviembre de 2008, encontraron
disciplinariamente responsable a la accionante, por considerar, que en
ejercicio de su profesión cometió la falta contemplada en el numeral 4º del
artículo 54 del Decreto 196 de 1971.[1] La sanción impuesta fue
la de suspensión de cuatro (4)  meses en el ejercicio de la profesión.
3. Contra esta decisión,
Alejandra Guzmán Morales presenta acción de tutela, por considerar que el
Consejo Superior de la Judicatura - Sala Jurisdiccional Disciplinaria-,
incurrió en vía de hecho, limitándose a afirmar que comparte plenamente los
argumentos del Juez de Primera Instancia, sin detenerse en un análisis y
valoración conjunta de las pruebas obrantes en el proceso. Dichas pruebas
sostiene la accionante, le dan la razón a su actuación, pues permitirían
entender el fundamento para haber tomado las costas procesales. Señala que así
lo pactó con el señor José Marino Arias López, que fue la persona con quien
celebró el contrato que dio lugar a su representación y que no pudo declarar
tal circunstancia en el proceso debido a su delicado estado de salud. Afirma
consiguientemente, que de haberse tenido la oportunidad de haber tomado ese
testimonio, se hubiera tenido certeza de su inocencia y que la autoridad disciplinaria
no valoró conjunta y adecuadamente las pruebas, por lo que considera vulnerado
su derecho consagrado en el artículo 29 de la Constitución.
2. Demanda y Solicitud
2.1. Alejandra Guzmán Morales
considera que el Consejo Superior de la Judicatura -Sala Jurisdiccional
Disciplinaria-, incurrió en vía de hecho, al confirmar la sentencia del Consejo
Seccional de la Judicatura del Quindío- Sala Jurisdiccional Disciplinaria, sin
valorar y analizar de manera conjunta las pruebas obrantes en el proceso,
vulnerando su derecho al Debido Proceso y lo dispuesto por el inciso 2º del
artículo 187 del Código de Procedimiento Civil.
2.2. Solicita con base en
lo anterior, que sea revocada la Sentencia del 20 de Noviembre de 2008,
proferida por el Consejo Superior de la Judicatura - Sala Jurisdiccional
Disciplinaria -.
3. El trámite de la Acción de
Tutela y la Respuesta del Consejo Superior de la Judicatura - Sala
Jurisdiccional Disciplinaria- y del Consejo Seccional de la Judicatura del
Quindío- Sala Jurisdiccional Disciplinaria-.
3.1. Recibida la Tutela por el
Consejo Superior de la Judicatura - Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en Auto
del 31 de Marzo de 2007 el Tribunal decide, con base en las reglas establecidas
en el Decreto 1382 de 2000 y en Jurisprudencia de la Corte Constitucional, que
dado que se trata de una Acción de Tutela contra una de sus providencias y que
dicho Tribunal no tiene Superior jerárquico ni está conformado por salas o
secciones, remitir todas las diligencias al Consejo Seccional de la Judicatura
del Quindío -Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, a fin de garantizar el
principio de doble instancia en tutela, contemplado en el artículo 86 de la
Constitución.
3.2. Recibida la Tutela
por el Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío - Sala Jurisdiccional
Disciplinaria-, los Magistrados María Isbelia Fonseca González y Antonio Suárez
Niño, en Auto de Abril 17 de 2009, resuelven declararse impedidos para conocer
de la acción, en razón a que actuaron como jueces dentro del proceso
disciplinario y remiten la actuación al Despacho de la presidenta de la Sala
para que disponga lo pertinente con el sorteo de los Conjueces. En Acta de 17
de abril de 2009, la presidenta de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío, oficializa el sorteo de los
conjueces que resolverán la acción, resultando elegidos los doctores Jaime
Alberto Madrigal Calle y Luis Alberto Restrepo Gómez, quienes integraron la
respectiva Sala de decisión dentro del trámite de la acción de tutela. Ambos
conjueces se posesionaron el 20 de Abril del mismo año.
3.3.  Resueltos y
aceptados los impedimentos planteados por los Magistrados de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío,
la Sala de Conjueces avoca el conocimiento de la acción resolviendo en
sentencia del cuatro (4) de mayo de 2009, revocar el fallo proferida el 20 de
Noviembre de 2008 por el Consejo Superior de la Judicatura - Sala
Jurisdiccional Disciplinaria-, y ordenando en consecuencia dictar una nueva
sentencia. Considera la Sala, que el juez disciplinario de primera instancia,
incurrió en vía de hecho por error fáctico, al asumir que la constancia de los
honorarios recibidos por la accionante, es en sí misma prueba del “contrato de
honorarios”, sin tener en cuenta que se trata de dos documentos distintos que
no pueden ser confundidos, pues revelan dos momentos sustancialmente diferentes
de la actuación. Afirma el Juez de Tutela de Primera Instancia, que el
documento es sólo una constancia de haber recibido un dinero por concepto de
honorarios, suscrito ocho meses después de haber iniciado la actuación,
mientras que el contrato celebrado entre la abogada y el apoderado de la
quejosa era de carácter verbal y consiguientemente un momento distinto. Ligado
a esto, sostiene la Sala, que no se valoró conjuntamente la prueba, pues no se
tomó en cuenta el testimonio de la accionante y el de su hermano, testigo
directo de los términos del  contrato celebrado con el poderdante, por lo que
dado el material probatorio recogido, existía imposibilidad para imponerle la
sanción recurrida, desconociendo la presunción de inocencia e incurriéndose en
vía de hecho.
3.4. Notificada la
decisión, presentaron impugnación contra la decisión de tutela en primera
instancia, los doctores María Isbelia Fonseca y Antonio Suárez Niño-
Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura del Quindío. Después de hacer un recuento Jurisprudencial sobre las
causales de procedencia de la tutela contra sentencias, los recurrentes
afirmaron que el Juez de tutela no valoró adecuadamente el proceder del juez
disciplinario, pues éste analizó integralmente el material probatorio allegado
y lo interpretó en el marco de sus competencias, de modo que no se estructura en
ningún momento el defecto fáctico aludido, haciendo improcedente la acción.
Presentó impugnación también, la doctora María Mercedes López Mora, Magistrado
de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
En su escrito, afirmó que la Sala de Conjueces conformada para fallar la Tutela
en primera instancia no tuvo en cuenta las reglas para la procedencia de la
tutela contra sentencias, particularmente lo establecido en la sentencia SU-159
de 2002, y que no puede calificarse de arbitraria la valoración de pruebas
efectuada en el proceso disciplinario. Concluye en su escrito, que la forma en
la que el Juez de tutela analiza las pruebas, supone una nueva valoración, que
no puede configurar el vicio anotado como defecto fáctico.
3.5. Remitida la Acción de
tutela en segunda instancia para su conocimiento a la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, presentaron impedimentos
–que fueron aceptados-, los Magistrados María Mercedes López Mora, Carlos
Arturo Ramírez Vásquez y Henry Villarraga Oliveros. El once de Junio de 2009, la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, se
pronunció sobre la impugnación presentada contra el fallo proferido el cuatro
(4) de mayo de 2009 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria –de Conjueces- del
Consejo Superior de la Judicatura. En su sentencia el Alto Tribunal resolvió
revocar la sentencia de tutela de primera instancia. Fundamenta su decisión en
que, contrario a lo que afirma el juez de primera instancia, en el fallo
disciplinario sí hubo un análisis adecuado y cuidadoso de los medios de prueba,
de modo que no resulta procedente el recurso excepcional de la tutela contra la
sentencia.
II.      CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos
dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema Jurídico
Considera la Sala que el problema
Jurídico planteado en el presente caso es el siguiente: ¿Valoraron de forma
indebida el material probatorio y consiguientemente incurrieron en vía de hecho
–vulnerando el derecho al debido proceso- la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío, al emitir un fallo que
encontró responsable disciplinariamente a Alejandra Guzmán Morales por haberse
apropiado de unas costas procesales?
Para resolver el presente
problema jurídico, la Sala de Revisión, se referirá a la Jurisprudencia de la Corporación
sobre Vía de Hecho centrándose en el denominado error fáctico, dado que es la
causal alegada para la procedencia de la acción en el presente caso.
3.  Asunto previo. Todos los
jueces de la República son competentes para tramitar y decidir cualquier acción
de tutela y por lo tanto el Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío-
Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Conjueces también lo era para decidir la
tutela interpuesta contra una decisión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura.
Considera la Sala de Revisión que
en el presente caso, antes de abordar el tratamiento de fondo del problema
jurídico planteado, debe manifestar que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de
Conjueces del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío, era competente
para resolver la tutela presentada por la accionante y, consiguientemente, para
revocar una decisión adoptada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura, dentro de un proceso disciplinario. Esto es
así, al menos por cuatro razones de orden constitucional, legal, reglamentario
y jurisprudencial.
En primer lugar, existe una razón
constitucional, y es que según el artículo 86 de la Constitución la tutela
puede interponerse “ante los jueces”, sin distinciones ulteriores.  En
segundo lugar, existe una razón de orden legal, y se relaciona con que el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 dice expresamente: “[s]on competentes
para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales
con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que
motivaren la presentación de la solicitud” (Subrayas fuera del texto), y no
condiciona esa competencia, ni la modifica tampoco, cuando la tutela se dirige
contra una autoridad judicial como el Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Jurisdiccional Disciplinaria. En tercer lugar, porque el Decreto 1382 de 2000 ‘por
el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela’,
estableció reglas de reparto, y no de competencia, para conocer las acciones de
tutela, de suerte que si en este caso se desconocieron dichas reglas, el
resultado no fue el desconocimiento de reglas de competencia sino de criterios
administrativos de reparto. En cuarto lugar, porque entre las razones que tuvo
en cuenta el Consejo de Estado para enjuiciar conforme a la Constitución el
Decreto 1382 de 2000, está la de que “el reglamento respeta la competencia
<<a prevención>> al facultar a los solicitantes para ocurrir ante
jueces o tribunales de cualquier especialidad”, y porque no estableció
competencias distintas, dependiendo de qué clase de autoridad judicial fuera la
demandada mediante tutela. Finalmente, en quinto lugar, el Consejo Seccional
era competente para tramitar y decidir la acción de tutela, contra una decisión
del Consejo Superior de la Judicatura, porque así lo ha reconocido
reiteradamente la jurisprudencia de esta Corte, como por ejemplo en el Auto
004 de 2004, en el cual la Corporación estableció que las acciones de tutela
contra las providencias de las Salas de la Corte Suprema de Justicia podían ser
conocidas por cualquiera juez, unipersonal o colegiado:
“En estos
casos entonces, con fundamento en el artículo 37 del decreto 2591 de 1991, que
dispone que son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención,
los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la
violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud, y con el
fin de que las personas logren que se pueda disponer lo pertinente en relación
con la revisión de dichas acciones de tutela, los accionantes tienen el
derecho de acudir ante cualquier juez (unipersonal o colegiado), incluida
otra Corporación de igual jerarquía, solicitando la tutela del derecho
fundamental que consideran violado. Es claro que el juez escogido por el actor
o actores no podrá suscitar conflicto de competencia con la Corte Suprema de
Justicia pues es la autoridad que ya con anterioridad ha resuelto no admitir su
trámite (…)”. (Subrayado fuera de texto).
Esta interpretación fue ratificada por el Auto 124 de
2009, en el cual la Corte dijo que “las reglas del decreto reglamentario
1382 de 2000 son simplemente de reparto y no de competencia pues las únicas
normas que determinan esta última en materia de tutela son el artículo 86 de la
Constitución, que señala que ésta se puede interponer ante cualquier juez, y el
artículo 37 de Decreto 2591 de 1991, que establece la competencia territorial y
la de las acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación”.
Así las cosas, a juicio de esta Sala, en el presente caso la
devolución de la tutela a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura del Quindío, no presenta ningún vicio procesal. Al
contrario, la devolución responde a la necesidad de garantizar la doble
instancia de las partes involucradas en el proceso, pues debido a que la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura no tiene
secciones o subsecciones, no puede garantizar la segunda instancia dentro de la
misma Corporación.
Con todo, la Corte Constitucional
considera importante que se garantice también, en forma debida, el
procedimiento de reparto fijado en el Decreto 1382 de 2000 y, en consecuencia,
procederá a exhortar al Consejo Superior de la Judicatura- Sala Jurisdiccional
Disciplinaria para que en concordancia con los dispuesto por dicho Decreto,
adopte las medidas internas necesarias, a fin de que las tutelas presentadas
contra sus decisiones, sean resueltas por la misma Corporación garantizando en
todo caso, el principio de imparcialidad y el derecho a la doble instancia.
4. Requisitos
Jurisprudenciales para la Procedencia de la Acción de Tutela contra
Providencias Judiciales. Error Fáctico. Reiteración de Jurisprudencia.
4.1. La Constitución
Política en su artículo 86 establece la procedencia de la acción de tutela de
manera genérica, para la defensa de los derechos fundamentales, cuando resulten
vulnerados como resultado de la acción u omisión de cualquier autoridad
pública. Los Jueces, como representantes de una de las Ramas del Poder Público,
son autoridades públicas, que expresan buena parte de  sus actuaciones en la
forma de sentencias judiciales. Así las cosas, sus sentencias pueden ser
sometidas al amparo por vía de tutela, si con una de estas expresiones se
vulneran o amenazan derechos fundamentales.
La Corte Constitucional ha
producido una numerosa jurisprudencia sobre el tema de la tutela contra
providencias judiciales, resaltando los casos en los que resulta procedente
dicho mecanismo así como  las causales específicas.[2]
4.2. Es claro entonces que
la acción de tutela sí resulta procedente contra las providencias judiciales,
si con ellas se vulneran derechos fundamentales de las personas, y tal
afectación resulta irrazonable a la luz del ordenamiento constitucional. Así
por ejemplo, la Corte Constitucional, se ha pronunciado concediendo el amparo
contra providencias judiciales, cuando éstas han vulnerado derechos
fundamentales como el debido proceso.[3] Puede en este sentido
concluirse que existe una posición consolidada por la Jurisprudencia de la
Corte Constitucional en relación con la posibilidad de conceder el amparo de
tutela frente a una decisión judicial. Ahora bien, dado que se trata de una
cuestión compleja, la Jurisprudencia ha desarrollado paulatinamente también la noción
del error judicial que amerita la concesión del amparo.[4]
No se trata de cualquier error, sino de uno que reúne ciertas características
establecidas por la jurisprudencia de la Corte. De esta forma, el concepto de vía
de hecho ha ido variando, para dejar de referirse a una cierta idea de
arbitrariedad judicial y ha acogido el de causales genéricas de
procedibilidad de la acción. Dichas causales expresan los requisitos
jurisprudenciales para que el juez pueda evaluar si existe o no vulneración de
derechos fundamentales a través de un fallo judicial. En este aspecto ha dicho la
Corte Constitucional: “Para verificar si están dadas esas condiciones, el
juez de tutela debe preguntarse, en síntesis, si: (i) la problemática tiene
relevancia constitucional; (ii) si han sido agotados todos los recursos o
medios –ordinarios o extraordinarios- de defensa de los derechos, a menos que
se trate de un perjuicio irremediable;[5] (iii) si se cumple el
requisito de la inmediatez (es decir, si se solicita el amparo pasado un tiempo
razonable desde el hecho que originó la violación);[6]
(iv) si se trata de irregularidades procesales y ellas tuvieron incidencia en
la decisión que se impugna, salvo que de suyo se atente gravemente contra los
derechos fundamentales; (v) si el actor identifica debidamente los hechos que
originaron la violación, así como los derechos vulnerados y si –de haber sido
posible- lo mencionó oportunamente en las instancias del proceso ordinario o
contencioso; (vi) si la sentencia impugnada no es de tutela”.[7]
Sólo después de que el Juez ha evaluado el cumplimiento de estos
requisitos, puede verificar si se dan los presupuestos de prosperidad de
la acción de tutela. Estos presupuestos, tal como la jurisprudencia los ha
modelado, suponen defectos del fallo judicial que la Jursiprudencia de la
Corporación ha establecido como “defectos sustantivo, fáctico, orgánico,
procedimental, o por error inducido”.[8]
La Sala se pronunciará solamente
en relación con el denominado defecto fáctico, dado que es dicho defecto el que
alega la accionante como cometido por los fallos de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío.
El denominado defecto fáctico
tiene que ver con errores de carácter probatorio, que tiene conforme lo
establecido en la jurisprudencia de la Corte, dos dimensiones, una negativa y
otra positiva. La primera se refiere de manera genérica a actitudes de
abstención del juez, así se configura cuando (i) por ignorar o no
valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el
desenlace del proceso;[9] (ii) por decidir sin
el “apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión”;[10] (iii) por no
decretar pruebas de oficio en los procedimientos en que el juez está legal y
constitucionalmente obligado a hacerlo[11]”.[12]
La segunda dimensión se refiere a actuaciones positivas del juez e incurre
en él ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas,
si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión;[13]
o (v) por decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conducen
a demostrar el hecho en que se basa la providencia.[14]
En términos generales el error fáctico consiste en acciones u omisiones
probatorias del Juez de conocimiento, que por haber sido cometidas -en una o en
otra de las dimensiones anotadas- incide de manera directa en el sentido de la
decisión tomada, de forma tal que de no haberse sucedido, la decisión tendría
un sentido manifiestamente contrario.
Este error es particularmente
exigente, porque toca con un valor caro a la Democracia Constitucional, a
saber, la autonomía e independencia de los jueces, para ejercer su labor
probatoria en el marco de sus funciones jurisdiccionales. Así entonces “(…) El
fundamento de la intervención radica en que, a pesar de las amplias facultades
discrecionales que tiene el juez de conocimiento para el análisis del material
probatorio, este debe actuar de acuerdo con los principios de la sana crítica,
es decir, con base en criterios objetivos y racionales.[15]
No obstante, se reitera, la
intervención del juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez de
conocimiento debe ser de carácter extremadamente reducido. En primer término,
porque el respeto por los principios de autonomía judicial y del juez natural,
impiden que el juez de tutela realice un examen exhaustivo del material
probatorio.[16] En segundo lugar,
porque las diferencias de valoración en la apreciación de una prueba, no
constituyen errores fácticos. Frente a interpretaciones diversas y razonables,
el juez del conocimiento debe determinar, conforme con los criterios señalados,
cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto. El juez, en su labor, no solo
es autónomo, sino que sus actuaciones se presumen de buena fe.[17]
En consecuencia, el juez de tutela debe partir de la corrección de la decisión
judicial, así como de la valoración de las pruebas realizadas por el juez
natural.[18]
Por último, para que la tutela
resulte procedente ante un error fáctico, “El error en el juicio valorativo de
la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y
el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de
tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto[19]”.[20]
5. El Ejercicio de la
Profesión de Abogado y su control dentro del Estado Social de Derecho y El
Error Fáctico como vicio alegado por la Accionante.
5.1. En varias
oportunidades la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el ejercicio de
la profesión de abogado dentro del Estado Social de Derecho. Así ha considerado
por ejemplo, que la Jurisprudencia sobre el ejercicio de la mencionada
profesión se mantiene, pues las modificaciones introducidas por el legislador
en el estatuto que la regulan no varían la orientación que tenía.[21]
Esta misma jurisprudencia ha considerado que de manera básica, el ejercicio de
la profesión de abogado se da en por lo menos dos escenarios: (i) por
fuera del proceso, a través de la consulta y asesoría a particulares, y (ii) al
interior del proceso, en la representación legal de las personas naturales o
jurídicas que acuden a la administración de justicia para resolver sus
controversias.[22] En el marco de este
escenario básico, la Corte Constitucional ha considerado que el ejercicio de la
profesión de abogado, se relaciona con la realización de valores fundamentales
para el Estado Social de Derecho, como la consecución de un orden justo y la
consecución de una convivencia pacífica, pues resulta ser el medio para la
resolución adecuada de los conflictos por medio del Derecho. La realización de
fines tan importantes al Estado, ha considerado la Corporación, justifica el
hecho de que se ejerza una cuidadosa regulación de dicha profesión.[23]
En tal sentido ha afirmado en la citada Sentencia C-290 de 2008: De conformidad
con el marco esbozado, la Corte ha destacado el interés público inmerso en la
configuración y aplicación de un régimen disciplinario para los abogados:
“(…) Si al abogado le
corresponde asumir la defensa en justicia de los derechos e intereses de los
miembros de la comunidad y, a su vez, le compete la asesoría y asistencia de
las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones legales,
resulta lícito que la ley procure ajustar su comportamiento social a la observancia
de tales fines, impidiendo, a través de la imposición de determinadas
sanciones, que el profesional desvíe su atención y opte por obrar contrario a
derecho, impulsado por el ánimo egoísta de favorecer su intereses particulares
en detrimento de la Administración de Justicia y de la propia sociedad”.[24]
De esto se desprende que el abogado resulta ser fundamental en la validación
del deber de legitimidad del Estado Social de Derecho, pues le corresponde, la
realización constante, progresiva y efectiva de derechos fundamentales como el
acceso a la administración de justicia y en el marco de éste, a muchos otros
derechos fundamentales que sólo adquieren su plena garantía cuando se acude a
los jueces para que ordenen su amparo, como en el caso de la acción de tutela.
5.2. Establecida la
relevancia de la profesión de Abogado en el Estado Social de Derecho, es más
clara la importancia que tiene su regulación en términos de un régimen
disciplinario que sancione las faltas cometidas contra los deberes establecidos
para dicho ejercicio. El hecho de que se trate de un régimen sancionador supone
que deben tenerse en cuenta los principios de la función sancionadora del
Estado Social de Derecho. En efecto, la Sentencia C-1161 de 2000 dijo al
respecto: “Esta Corporación tiene bien establecido
que si bien el derecho penal no es más que una de las especies del derecho
sancionador, sin embargo los principios penales se aplican, mutatus mutandi, a
los distintos ámbitos en donde opera el derecho sancionador. En efecto, en
reiterada jurisprudencia esta Corporación ha establecido que los principios del
derecho penal -como forma paradigmática de control de la potestad punitiva- se
aplican, con ciertos matices, a todas las formas de actividad sancionadora del
Estado[6]. Y es que la Constitución es
clara en señalar que el debido proceso se aplica a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas (CP art. 29). Por consiguiente, el actor tiene
razón en que la definición de un infracción debe respetar los principios de
legalidad y proporcionalidad que gobiernan la actividad sancionadora del
Estado”.[25] Esto implica
que cuando las autoridades jurisdiccionales actúan en el marco de sus
funciones, dichas actuaciones se validan y legitiman siempre que se desarrollen
como una expresión del debido proceso y de los principios que lo modelan
conforme lo ha establecido el legislador. En tal sentido, puede encontrarse una
conexión razonable entre el denominado error fáctico y la falta de legitimidad
de una actuación jurisdiccional que vulnera el debido proceso.
Ahora
bien, uno de los principios que expresan este criterio de legitimidad de las
actuaciones públicas –administrativas y jurisdiccionales- es el de
presunción de inocencia. Dicho principio aplica en todas las actuaciones que
engloban el ámbito sancionador del Estado y por consiguiente también en materia
disciplinaria. De esta forma, como lo ha establecido esta Corporación,[26]
quien adelante la actuación disciplinaria deberá conforme las reglas del debido
proceso, demostrar que la conducta de que se acusa a una persona (i) es una
conducta establecida como disciplinable; (ii) que la ocurrencia de dicha
conducta se encuentra efectivamente probada y (iii) que la autoría y
responsabilidad de ésta se encuentra en cabeza del sujeto pasivo de la acción
disciplinaria. Sólo después de superados los tres momentos la presunción de
inocencia queda desvirtuada, como expresión de las garantías mínimas dentro de
un Estado Constitucional.
Dicho
principio es una garantía constitucional frente al poder punitivo. Sin embargo
admite grados de rigor en su aplicación, pues si bien es cierto rige todo el
ámbito sancionador, también lo es que dicho ámbito está compuesto por
escenarios diferentes que implican grados diferenciales de aplicación del
principio, en relación con tres criterios básicos: (i) el bien jurídico que
pretende ampararse por medio del ámbito específico de sanción, (ii) el sujeto
pasivo de dicho poder punitivo y ligado a esto, (iii) la sanción a que da lugar
la responsabilidad. Esto es así, porque ningún principio es absoluto, de modo
que su aplicación en un caso concreto admite la ponderación de los elementos
que componen el ámbito de su aplicación. De esta forma, no supone el mismo
grado de rigor en la aplicación del principio de presunción de inocencia, el
ámbito penal que el disciplinario, aunque deba ser tenido en cuenta en los dos,
pues los bienes tutelados por el primero, son de mayor relevancia social que
los del segundo y por consiguiente la sanción y los derechos afectados por
ella, son también de mayor importancia, imponiendo sobre el citado principio
una mayor exigencia en su aplicación concreta. Esto es lo que significa que los
principios del derecho penal aplican en el disciplinario mutatus mutandi.[27]
5.3. La Sala encuentra que
en el presente caso debe analizar dos cosas, estrechamente relacionadas como ya
lo mencionó: la actividad sancionatoria en materia disciplinaria dentro del
Estado Social de Derecho y el alcance de la libertad de valoración probatoria
del juez, que puede dar lugar a que se incurra en vía de hecho por error
fáctico. Ambas cuestiones se engloban en el alcance del derecho a la
administración de justicia.
Este derecho, implica más que la
simple oportunidad o posibilidad fáctica presentar una demanda o una
reclamación ante un Juez o en términos generales, ante una autoridad judicial.
Por consiguiente, no se agota con el pronunciamiento judicial plasmado en una
sentencia. El proceso judicial es apenas uno de los escenarios en que dicho
derecho se concreta. Ahora bien, en este escenario, el citado derecho implica,
que las partes puedan ver que sus demandas o sus explicaciones, en general sus
argumentos- y los medios fácticos con que pretender validarlos dentro del
proceso –los medios de prueba- son analizados de manera concreta, razonable y
explícita por parte de la autoridad judicial, de forma que en todo momento, la
decisión a la que se llegue sea el resultado de un análisis razonable y
argumentado de todo el escenario que configura el proceso. Por tanto, se puede
incurrir en una vulneración del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia, no sólo cuando se niega o se impide plantear una
controversia o demanda ante una autoridad jurisdiccional, sino además, cuando
la decisión que resuelve la solicitud interpuesta, no da una respuesta
que pueda considerarse como legítima, pues irrespeta las reglas que le otorgan
legitimidad, ya sea porque no las aplica, o porque aplicándolas, lo hace de
manera indebida negando de facto la defensa y garantía de los derechos
fundamentales.
Ahora bien, en relación con el
error fáctico, encuentra la Sala que tal como ha sido modelado por la
Jurisprudencia - ya anotada- de la Corte Constitucional, dicho error descarta
la limitación del principio de autonomía judicial. Ni en su dimensión negativa,
ni en la positiva, dicho error apunta a una reducción de dicho principio de
rango constitucional. Por el contrario, las causales de prosperidad de la
acción en este tema apuntan a una circunstancia en la que de facto el
Juez no ejerce su autonomía, sino que por fuera de ella –en el ámbito
probatorio-, toma una decisión, que en tal sentido carece de legitimidad. Esto
limita de manera sustantiva el ámbito en el que puede declararse la comisión de
un error fáctico y la consiguiente incursión en una vía de hecho. El oficio del
Juez de Tutela en estos casos supone la implementación de un juicio simple
de razonabilidad sobre el alcance del fallo, con base en los requisitos
jurisprudenciales para que se configure el error. No le corresponde por
consiguiente al Juez de Tutela, hacer un nuevo análisis probatorio, sino
simplemente observar, que dados los presupuestos del proceso –hechos y pruebas
legítimas- la decisión quepa de manera razonable dentro del ámbito
constitucional, teniendo en cuenta que, como ya se anotó, las sentencias como
cualquier texto jurídico están sujetas a interpretaciones. Esto supone que no
le corresponde en principio al Juez de Tutela analizar el sentido del fallo,
cuando la acción esté orientada a la revocatoria de una sentencia, que se
controvierte con fundamento en la valoración que el Juez en ejercicio de su
autonomía, hizo de las pruebas, pues deberá en todo momento considerar que la
decisión se sustenta en una valoración adecuada,[28]
en el marco del ejercicio legítimo de la autonomía judicial y de otros
principios constitucionales como el de juez natural.
5.4. Teniendo en cuenta lo dicho,
la Sala encuentra que, conforme la Jurisprudencia de la Corte Constitucional,
cuando se alega el error fáctico como causal de prosperidad de la acción de
tutela contra una providencia judicial, (i) corresponde al accionante, teniendo
en cuenta los principios constitucionales en juego, no sólo referir de manera
genérica la razón por la cuál se ha incurrido en dicho error, sino que debe
mostrar en términos específicos y materiales, que lo ocurrido en el proceso, se
ajusta a una de dichas causales de prosperidad de manera simple;[29]
esto es así porque (ii) no le corresponde al Juez de Tutela, cuando la acción
se interpone contra una providencia judicial, analizar la validez de la
sentencia, sino que, partiendo de ella como presupuesto, debe estudiar si
dicha presunción puede ser razonablemente desvirtuada conforme las reglas
jurisprudenciales que modelan el error. Ahora bien, (iii) cuando el asunto
sometido al Juez de Tutela se relaciona con una profesión particularmente
importante para el Estado Social de Derecho –como la del ejercicio del
Derecho- y las conductas disciplinables relacionadas con dicho ejercicio, y
además, quien interpone la Acción de Tutela es una abogado, es una exigencia
razonable que le escrutinio enunciado en la reglas (i) y (ii) sea más estricto,
dada su formación y la relevancia social y constitucional que tiene la
profesión que ejerce.
6.
Caso Concreto. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura del Quindío no incurrieron en vía de hecho por error
fáctico.
6.1. En el presente caso,
Alejandra Guzmán Morales considera que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura incurrió en vía de hecho, al confirmar la
sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura del Quindío, en el trámite
de la investigación disciplinaria
adelantada por dicha institución, como resultado de la queja instaurada por
Milena Arias Vargas, por haberse apropiado para beneficio propio de las costas
procesales a que fue condenado el señor Ermilson Rendón en Segunda Instancia,
en el proceso de privación de patria potestad, adelantado por éste. Proceso que
se surtió en el Juzgado Segundo de Familia de la Ciudad de Armenia.
6.2. Tanto la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío
como la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, encontraron responsable disciplinariamente a la abogada Alejandra
Guzmán Morales. En efecto, las dos instancias coincidieron en afirmar que la
disciplinada, incurrió en falta a sus deberes profesionales, al haber incurrido
en la conducta anotada. Consideraron que conforme las pruebas que obraban en el
proceso, se podía afirmar que la abogada actuó indebidamente, pues habiéndole
sido cancelados los honorarios correspondientes por su actividad profesional,
tomó para sí las costas procesales mencionadas, sin que fuera claro que dicho
dinero le correspondiera.
6.3. Ante la decisión de
segunda instancia, Alejandra Guzmán Morales interpuso acción de tutela, que
surtido el trámite descrito en el acápite de hechos, la que fue concedida por la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria –de Conjueces- del Consejo Seccional de la
Judicatura del Quindío. Argumentó la accionante que el juez disciplinario
incurrió en vía de hecho por error fáctico, al no tener en cuenta, que el
contrato de representación profesional había sido celebrado entre ella y el
padre de la quejosa, por lo que no podía ésta, considerarse parte en un acuerdo
en el que no estuvo presente al momento de concretarse. Afirmó la disciplinada,
que las dos salas basaron su decisión en pruebas que no lograban desvirtuar el
principio de presunción de inocencia, pues no fue posible oír el testimonio del
padre de la quejosa, toda vez que falleció antes de que la diligencia pudiese
realizarse, quien podía ratificar que el dinero de las costas estaba pactado
como compensación si resultaba exitosa su gestión. Por tanto, sin dicha prueba
quedaba en todo caso la duda acerca de su responsabilidad por lo que no podía
reprocharse como indebida su actuación en términos disciplinarios.
Dichos argumentos fueron acogidos
por el Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío –Sala Jurisdiccional
Disciplinaria- de Conjueces- quien revocó la decisión del Consejo Superior de la
Judicatura –Sala Jurisdiccional Disciplinaria- y en su lugar, concedió el
amparo solicitado, ordenando proferir una nueva sentencia en este sentido.
Consideró la Sala de Conjueces, que se  confundieron dos momentos distintos de
la actuación, al considerar que la constancia de pago de una suma de dinero,
era en sí misma la prueba de un contrato, sin atender a la circunstancia de que
se trataba de dos momentos diferentes y además, sin valorar de manera conjunta los
medios de prueba que obraban en el proceso, pues no se dio credibilidad a los
testimonios ni de la disciplinada ni de su hermano, que se encontraban
presentes en el momento en que se acordó la representación profesional y el
costo que ésta tendría.
6.4. La Sala encuentra,
que en el presente caso no se vulneraron los derechos fundamentales de la
accionante, con los fallos de las Salas Disciplinarias mencionadas. En efecto,
contrario a lo sostenido por la recurrente, no es ostensible el error que se
les endilga a tales decisiones, pues en ambas sentencias los Jueces de
Instancia, se ocupan de analizar las pruebas obrantes en el proceso y demostrar
por qué razón, dichas pruebas dan cuenta de la responsabilidad disciplinaria de
Alejandra Guzmán Morales.
En efecto, tanto la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío
como del Consejo Superior de la Judicatura valoraron todas las pruebas obrantes
en el proceso, incluidos los testimonios de la accionante y su hermano.
Contrario a lo afirmado por la disciplinada, las dos Salas encontraron que los
testimonios referidos, conjuntamente valorados con los demás medios de prueba,
particularmente la constancia de haber recibido honorarios,[30]
en las que como lo dicen los jueces de instancia sólo se refiere la suma de un
millón quinientos mil pesos($1’500.000), como costo de la gestión realizada por
la abogada, sin que se haga referencia a ninguna suma adicional, por ejemplo la
correspondiente a las costas procesales, permiten llegar a la conclusión de que
la disciplinada obró en contra de los deberes éticos derivados del ejercicio de
la profesión de abogado.
En tal sentido, reitera, la Sala,
no se evidencia que los Jueces Disciplinarios hayan incurrido en el vicio
denunciado por la accionante, pues en los dos fallos de instancia, se tuvieron
en cuenta todas las pruebas que hacían parte del proceso.
7. Conclusión.
La Sala de Revisión considera, (i)
que en el presente caso, no es evidente que se haya incurrido en una vía de
hecho por error fáctico; (ii) en este sentido aparece como razonable la
interpretación que consignaron las Salas en sentencias proferidas en el proceso
disciplinario, y finalmente, (iii) la accionante se limita a enunciar el error
en términos genéricos sin que de manera precisa, como le es exigible por su
formación, demuestre que no se trata de una cuestión de interpretación
jurídica, sino de actuaciones públicas que resultan infringiendo sus derechos
fundamentales.
Finalmente, con relación a la
solicitud contenida en el memorial recibido en esta Corporación el 30 de
octubre de 2009, en el que la accionante solicita la suspensión provisional de
la sanción que se le impusiera, la Sala estima que no procede tal medida,
teniendo en cuenta lo expuesto en esta sentencia.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMAR la
Sentencia proferida el 11 de Junio de 2009 por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante la cual revocó la
Sentencia proferida el 04 de mayo de 2009 por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria –de Conjueces- del Consejo Seccional de la Judicatura del
Quindío, en la acción de tutela instaurada por Alejandra Guzmán Morales contra
la decisión disciplinaria que la encontró responsable, de haber incurrido en
falta a la honradez del abogado.
Segundo.- Exhortar al Consejo Superior de la Judicatura- Sala
Jurisdiccional Disciplinaria, para que en concordancia con lo dispuesto por el
Decreto 1382 de 2000, adopte las medidas internas necesarias, a fin de que las
tutelas presentadas contra sus decisiones, sean resueltas por la misma
Corporación, en garantía del principio de imparcialidad y el derecho a la doble
instancia.
Tercero.- Por Secretaría
General, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE
CORREA
Magistrada
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] El Decreto 196 de 1971 fue derogado en lo pertinente, por la
Ley 1123 de 2007.
[2] La mencionada jurisprudencia comienza con la Sentencia C-543 de
1992 (José Gregorio Hernández Galindo), en la que la Corte Constitucional
estudió la constitucionalidad de los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de
1991, normas que regulaban el ejercicio de la acción de tutela contra
sentencias judiciales, y las declaró inexequibles, por considerar que, tal como
estaban formuladas, desconocían las reglas de competencia fijadas por la
Constitución Política y afectaban el principio de seguridad jurídica.
Específicamente sobre el error fáctico, reciente mente la Corte Constitucional,
se pronunció en la Sentencia T-654 de 2009. En esta sentencia, la Corte
Constitucional, al pronunciarse en un caso en el que se interponía una acción
de tutela contra una providencia del Juzgado Tercero Administrativo de Montería
y la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, hizo un
análisis de las causales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
[3] Sentencia
T-654 de 2009, se dijo en esta Sentencia: (…) poco tiempo después de haber sido expedida la
Sentencia C-543 de 1992, la Corte en las Sentencias T-079[3] y T-158 de 1993[3] consideró que por violación del derecho
fundamental al debido proceso, debían ser revocadas sendas providencias
judiciales, que le ponían fin a procesos jurisdiccionales ordinarios. En esa
misma dirección, en la Sentencia T-173 de 1993,  la Corte consideró que: “la violación flagrante y grosera de la Constitución
por parte del juez, aunque pretenda cubrirse con el manto respe­table de la
resolución judicial, puede ser atacada mediante la acción de tutela siempre y
cuando se cumplan los presupuestos contemplados en el artículo 86 de la
Constitución y no exista otro medio al alcance del afectado para la defensa de
su derecho.” (Subrayas fuera del texto)
Esta
doctrina constitucional fue posteriormente precisada y reiterada en varias
sentencias proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional. Por
ejemplo, en las Sentencias C-037 de 1996,[3]
C-038 de 2000,[3]
SU-1184 de 2001,[3]
SU-159 de 2002[3]
y, más adelante, en la Sentencia C-590 de 2005.[3]
[4] Sentencia T-555 de 2009 (MP. Luís Ernesto Vargas Silva). En esta
Sentencia, la Corte Constitucional revisó los fallos emitidos por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura,en el proceso de acción de tutela interpuesta contra una Sentencia
de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia: “La
legitimidad de una actuación judicial deviene así de la concurrencia de dos
presupuestos básicos: (i) que el procedimiento surtido para adoptar una decisión
haya preservado las garantías propias del debido proceso, de las que son
titulares los sujetos procesales; y (ii) que la decisión judicial es compatible
con el conjunto de valores, principios y derechos previstos por la
Constitución”.
[5] Sentencia T-202 de 2009 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio). La
Corte no concedió una tutela contra sentencias, porque el peticionario no agotó
todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial en el curso
del proceso ordinario, sino que lo asumió con actitud de abandono.
[6] Sentencia T-743 de 2008 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). La Corte
analizó algunos de los argumentos que podrían justificar una relativa tardanza
en la interposición de la tutela.
[7] Sentencia T-282 de 2009 (MP. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo). En ella la Corte recordó la improcedencia de la tutela
contra providencias de tutela.
[8] Sobre la caracterización de estos defectos, pueden verse, entre
muchas otras, las Sentencias T-231 de 1994 (MP. Eduardo Cifuentes
Muñoz),  C-590 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño)
y T-377 de 2009 (MP. María Victoria Calle Correa).
[9] En la Sentencia T-442 de 1994 (MP. Antonio Barrera Carbonell), la
Corte concedió la tutela contra una sentencia, porque en ella el juez “ignoró,
sin motivo serio alguno, la realidad probatoria objetiva que mostraba el
proceso”, siendo que, de haberla tenido en cuenta, razonablemente se habría
tenido que tomar una decisión diferente.
[10] Véase la citada Sentencia C-590 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño).
Se refiere específicamente a fallar sin las pruebas suficientes.
[11] La Corte en la Sentencia T-417 de 2008 (MP. Marco
Gerardo Monroy Cabra), tuteló los derechos fundamentales de la
peticionaria, que habían sido violados por providencias judiciales que
omitieron decretar de oficio una prueba pericial, en un supuesto en que estaban
habilitados por la ley.
[12] También en la Sentencia T-645 de 2009 (MP. Juan
Carlos Henao Pérez).
[13] En la Sentencia SU-159 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), la
Corte no concedió la tutela contra una sentencia penal, porque la prueba
ilícitamente obtenida no era la única muestra de culpabilidad del condenado.
Pero consideró que había un defecto fáctico cuando el juez “aprecia pruebas
que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente
recaudadas (artículo 29 C.P.).”.
[14] En la Sentencia T-1082 de 2007 (MP. Humberto
Antonio Sierra Porto), prosperó una tutela contra providencia judicial,
porque había declarado la existencia de un contrato de arrendamiento partiendo
de una prueba que no era aceptada por la ley como conducente para esos efectos.
[15]
Corte Constitucional, Sentencia T-442 de 1994 (MP. Antonio
Barrera Carbonell).
[16] En la sentencia T-055 de 1997 (MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz), la Corte Constitucional determinó que, en tratándose del
análisis del material probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor y
trascendencia.
[17]
“En el plano de lo que constituye la valoración de una prueba, el juez tiene
autonomía, la cual va amparada también por la presunción de buena fe”
Sentencia T-336 de 1995 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa),
reiterada por la T-008 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[18] Sobre el particular, ha señalado la Corte:
“(…) al paso que el juez ordinario debe partir de la inocencia plena del
implicado, el juez constitucional debe hacerlo de la corrección de la decisión
judicial impugnada, la cual, no obstante, ha de poder ser cuestionada
ampliamente por una instancia de mayor jerarquía rodeada de plenas garantías”.
Sentencia T-008 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz). Reiterada en la
sentencia T-636 de 2006 (MP. Clara Inés Vargas Hernández).
[19]
Ibíd.
[20] Sentencia T-555 de 2009 (MP. Luís Ernesto Vargas
Silva). Revisión de los fallos proferidos por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y de la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en una
Acción de Tutela interpuesta contra una Sentencia de la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia, alegando que el Alto Tribunal incurrió en
error fáctico.
[21] Sentencia C-884 de 2007 (MP. Jaime Córdoba
Triviño). También la Sentencia C-290 de 2008 (MP. Jaime
Córdoba Triviño).
[22] Ibíd. Citadas también en esta misma Sentencia
C-060 de 1994 (MP. Carlos Gaviria Díaz). Reiterada en la Sentencia C-393 de
2006 (MP. Rodrigo Escobar Gil). Reiteradas en la Sentencia C-884 de 2007 (MP.
Jaime Córdoba Triviño).
[23] Ibíd. Citadas en esta misma sentencia puede consultarse también
las Sentencias C-196 de 1999 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa), C-393
de 2006 (MP. Rodrigo Escobar Gil); C-884 de 2007 (MP. Jaime Córdoba Triviño).
[24] Sentencia C-196 de 1999 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa).
[25] Sentencia C-1161 de 2000 (MP. Alejandro Martínez
Caballero).
[26] Al respecto puede consultarse entre otras, las Sentencias C-244
de 1996 (MP. Carlos Gaviria Díaz), C-1156 de 2003 (MP. Álvaro Tafur Galvis). En ambos casos la Corte se ha ocupado
del alcance del principio de presunción de inocencia en materia disciplinaria y
frente a ciertas medidas en el ejercicio del poder punitivo del Estado.
[27] Entre otras, la Sentencia C-1161 de 2000 (MP.
Alejandro Martínez Caballero).
[28] Sentencia T-555 de 2009 (MP. Luís Ernesto Vargas
Silva).
[29] Ibíd.
[30] Folio 4 del Expediente Disciplinario. En efecto, dicha
constancia dice en uno de sus apartes: “Así mismo se han contratado
honorarios por la suma UN MILLÓN QUINIETOS MIL PESOS ($1.500.000.oo.) M/CTE, de
los cuales la contratante ha cancelado la suma de UN MILLÓN DE PESOS
($1.000.000.oo.) M/CTE, restando el saldo”. La constancia está firmada por la
Abogada sancionada.