T-264-17
Sentencia T-780/10
Sentencia
T-264/17
MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Caso de mujer que fue agredida física y psicológicamente por
su excompañero sentimental y no se decretaron medidas de protección
oportunamente
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Fenómeno que puede presentarse a partir de dos eventos que a
su vez sugieren consecuencias distintas: hecho superado y daño consumado
No se presenta el fenómeno de la carencia actual de
objeto, toda vez que no hay certeza sobre la cesación de la amenaza sobre los
derechos fundamentales de la agenciada y sus hijos menores de edad.
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR ACAECIMIENTO DE UNA
SITUACION SOBREVINIENTE-Configuración
PROTECCION DE LA MUJER FRENTE A TODO TIPO DE
VIOLENCIA-Jurisprudencia constitucional
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Instrumentos internacionales
PROTECCION DE LA MUJER FRENTE A TODO TIPO DE
VIOLENCIA-Mandatos constitucionales y legales
DERECHO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO-Desarrollo en el Sistema Interamericano
DERECHO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO-Alcance constitucional
Para
la Corte, el recurso judicial efectivo permite a los ciudadanos y ciudadanas la
posibilidad real de solicitar ante las autoridades competentes: (i) la
declaración de que un derecho está siendo vulnerado, (ii) el cese de la
vulneración y (iii) la reparación adecuada por los daños causados.
DERECHO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO-Protección de carácter material
DERECHO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO DE
VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Vulneración
por parte de Juzgado Penal por no realizar audiencia para la aplicación de medidas de protección a mujer víctima de
violencia intrafamiliar, dentro de un plazo razonable
Es claro que las autoridades
judiciales no adoptaron las decisiones en un plazo prudente y razonable, por lo
cual se generó una amenaza seria, real y protuberante de los derechos
fundamentales de la accionante y de sus hijos. En estos eventos la tutela no sólo
es procedente, sino que deben dictarse medidas de protección de derechos de
manera inmediata, toda vez que la demora en la adopción de decisiones puede
devenir en la vulneración irremediable de los derechos a la integridad
personal, a la familia, a la libertad y a la vida en condiciones dignas.
DERECHO A UN
RECURSO JUDICIAL EFECTIVO DE VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Orden
a la Fiscalía realizar el estudio de seguridad y evaluación de riesgo a la
accionante, y adoptar las medidas de protección necesarias para proteger a la
demandante y su núcleo familiar
Referencia:
Expediente T-5.805.697
Acción de tutela instaurada por  la Defensoría del
Pueblo, seccional Magdalena Medio, como agente oficioso de Paula contra
la Fiscalía Seccional del Magdalena Medio, la Fiscalía Seccional de Antioquia,
la Fiscalía Local de San Carlos, Antioquia, la Policía Nacional y el Consejo
Seccional de la Judicatura Sala Administrativa de Santander.
Magistrado
Ponente:
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Bogotá D.C., veintiocho (28) de
abril de dos mil diecisiete (2017)
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional
integrada por los Magistrados Hernán Correa Cardozo, José Antonio Cepeda Amaris
y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales
y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º
de la Constitución Política, y en los artículos 33 y siguientes del Decreto
2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los fallos proferidos por
la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de Bucaramanga, Santander, el
catorce (14) de julio de dos mil dieciséis (2016), en primera instancia, y por
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el seis (6) de
septiembre de dos mil dieciséis (2016), en segunda instancia, en la acción de
tutela incoada por la Defensoría
del Pueblo, Seccional Magdalena Medio, como agente oficioso de Paula
contra la Fiscalía Seccional del Magdalena Medio, la Fiscalía Seccional de
Antioquia, la Fiscalía Local de San Carlos, Antioquia, la Policía Nacional y el
Consejo Seccional de la Judicatura Sala Administrativa de Santander.
I.  ANTECEDENTES
En el presente caso debe
aclararse que por estar involucrado un asunto que pertenece a la órbita
personal protegida por el derecho fundamental a la intimidad de dos menores y
de su madre víctima de maltrato intrafamiliar, la Sala ha decidido no mencionar
sus nombre, así como el de los que tengan relación con ellos, como medida para
proteger su intimidad. En este sentido, se reemplazan los nombres de la
agenciada por Paula y el de sus hijos por Pedro
y Carolina. Al sindicado del delito de violencia intrafamiliar con el
nombre Fausto. Adicionalmente, en la parte resolutiva de esta sentencia
se ordenará a la Secretaría General de esta Corporación y a las autoridades
judiciales de instancia, guardar estricta reserva al respecto.
Jair Romero Rivera, Defensor del Pueblo, Seccional
Magdalena Medio, promovió acción de tutela como agente
oficioso para la protección de los derechos fundamentales a la vida, al
debido proceso y la integridad personal de la señora Paula.
1. Hechos
1.1. Asegura el Defensor del Pueblo Regional
Magdalena Medio que el veintidós (22) de diciembre de dos mil quince (2015), la
señora Paula se presentó ante esa entidad e informó que el diez (10) de
diciembre del mismo año, su compañero sentimental Fausto le había
propinado golpes y maltrato psicológico a ella y a sus hijos, entre ellos una
menor de 18 meses de edad.
1.2. Afirmó que el treinta y uno (31) de diciembre
siguiente, en representación de la víctima solicitó audiencia de medidas de
protección, correspondiéndole al Juzgado Cuarto Penal Municipal de
Barrancabermeja, Santander, quien fijo la referida diligencia para el siete (7)
de marzo de dos mil dieciséis (2016), fecha en la que se abstuvo de
pronunciarse por falta de competencia territorial, remitiendo el proceso a la
Fiscalía de San Carlos, Antioquia.
1.3. El cuatro (4) de marzo de dos mil dieciséis
(2016), Paula denunció nuevamente al señor Fausto, debido a que
éste reiteró las agresiones físicas y psicológicas; actuación que correspondió
a la Fiscalía Regional de Magdalena Medio, en donde se adelanta investigación
por el delito de lesiones personales.
1.4. Sostiene el Defensor del Pueblo que, al
momento de interponer la acción de tutela de la referencia[1], la ciudadana Paula, aún no contaba con una medida de
protección que garantizará su vida e integridad personal, pues la Fiscalía de
San Carlos, Antioquia, no había proferido orden alguna en relación con la
protección que requiere la accionante.
1.5. Por lo anterior, el miembro del Ministerio
Público solicita el amparo de los derechos fundamentales a la vida, la salud y
al acceso a la administración de justicia de las mujeres víctimas de violencia
de género de la señora Paula.  En consecuencia, se ordene: (i) al juez
competente de San Carlos, Antioquia, que se pronuncie sobre la petición de
medidas de protección presentada el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil
quince  (2015); (ii) a la Fiscalía Regional de Antioquia decretar las medidas
de protección pertinentes; (iii) al Director Seccional de Fiscalías del
Magdalena Medio para que inicie el trámite, a efectos de que la accionante Paula
y sus hijos ingresen al programa de protección de víctimas y testigos,
autoridad que además, deberá analizar si los hechos denunciados en el cuatro
(4)  de marzo de dos mil dieciséis (2016),  se adecuan al delito de tortura;
(iv) al Consejo Seccional de la Judicatura de Santander analice la situación de
los Juzgados de Control de Garantías de Barrancabermeja, Santander, para que se
implementen medidas de descongestión, con el objeto de que las audiencias se
realicen dentro del término señalado en la Ley 1257 de 2008 y la Sentencia T-772
de 2015; y, (v) se condene en abstracto a las autoridades demandadas, quienes
deberán pedir perdón a la víctima y a sus hijos y se construyan albergues que
cuenten con un equipo interdisciplinario, para la atención inmediata de mujeres
víctimas de violencia intrafamiliar.
2. Traslado y contestación de la demanda
2.1.
Respuesta de la Dirección Seccional de Fiscalías del Magdalena Medio
El Subdirector Seccional de Fiscalías y Seguridad
Ciudadana del Magdalena Medio, por medio de escrito se refirió a los hechos y
pretensiones de la acción de tutela, en los siguientes términos:
Afirmó que, una vez consultado el Sistema de Información
SPOA (Ley 906 de 2004), se verificó que la señora Paula tiene la calidad
de víctima en las investigaciones 680816000136201507045 y 680816000136201507133
por el delito de violencia intrafamiliar y en la investigación:
680816000136201601163 por lesiones personales en contra de Fausto.
Indicó que al momento de recibir las denuncias
referidas, se emitieron las respectivas medidas de protección conforme a los artículos
204 de la Ley 906 de 2004, 8 de la Ley 1257 de 2008 y conforme al Decreto 4799
de 2011, ante el ICBF, la Defensoría del Pueblo y el Comandante de Estación de
Policía de Barrancabermeja, Santander.
Sobre la solicitud de inclusión de la señora Paula
en el Programa de protección a Testigos de la Fiscalía General de la Nación,
informó que mediante Oficio No. 524 del diecisiete (17) de marzo de dos mil
dieciseises (2016), dirigido al Director Nacional de Protección y Asistencia de
la Fiscalía General de la Nación, solicitó la realización de un estudio de
seguridad y evaluación de riesgo a la accionante, a fin de brindarle las
medidas de protección pertinentes.
Señaló que se procederá a programar un Comité Técnico
Jurídico de Situaciones y Casos, a fin de analizar la posibilidad de variar la
tipificación de la conducta de lesiones personales a tortura.
Finalmente, argumentó que la Dirección Seccional del
Magdalena Medio no ha incurrido en vulneración alguna a los derechos
fundamentales deprecados por la peticionaria, pues las investigaciones de los
hechos denunciados se han adelantado conforme al procedimiento establecido en
la Ley 906 de 2004, reiterando que al momento de recibir las denuncias penales
se tomaron las medidas necesarias para proteger a la víctima.
2.2. Respuesta del Consejo Seccional de la
Judicatura de Santander, Sala Administrativa
La Sala Administrativa del Consejo Seccional de la
Judicatura de Santander dio respuesta al requerimiento del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, solicitando que se
declare improcedente la acción de tutela por las siguientes razones:
Expuso que la Sala Administrativa del Consejo Seccional
de la Judicatura dentro de sus atribuciones no tiene la de designar y nombrar a
los jueces de la República. Informó que la creación y prorroga de medidas de
descongestión obedece a estudios realizados y a la necesidad del servicio y
están sustentadas en criterios de eficiencia y eficacia de las mismas.
Que la Constitución y la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, determinan los recursos presupuestales que le son
asignados a la Rama Judicial; razón por la cual, la Sala Administrativa no
puede establecer con cargo al Tesoro Público, obligaciones que excedan el monto
global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.
2.3. Respuesta del Departamento de la Policía
Nacional del Magdalena Medio
La Jefe del Grupo Investigativo contra Delitos
Sexuales y la Familia de la DIJIN, en aras de dar respuesta  a la acción de
tutela de la referencia, adujo su desconocimiento respecto de lo denunciado; sin
embargo, informó que, mediante comunicación oficial No.
S-2016-024951/DIJIN-GISEF de fecha veintitrés (23) de marzo de dos mil
dieciséis (2016), solicitó al Comandante del Departamento de Policía del
Magdalena Medio disponer lo necesario para brindar las medidas preventivas de
protección policivas provisionales que requiriese la accionante y su familia,
mientras se ordenan las acciones de protección inmediatas por la autoridad
competente.
Por lo anterior, requirió al Jefe de Oficina de
Asuntos Jurídicos del Departamento de Policía del Magdalena Medio, para que solicitará
a la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio el suministro de información
de los datos personales de la agenciada para la implementación de un programa
de prevención que detenga el abuso, así como para la creación de un canal de
comunicación en donde se implementen revistas permanentes en su lugar de
residencia y de trabajo, con el fin de tener una efectiva reacción ante las
situaciones de riesgo que pudieran presentarse.
Finalmente, procedió a resaltar la disponibilidad
de la Policía Nacional en el acompañamiento a las víctimas y solicitó la
desvinculación de esa Institución del presente trámite, en razón a las acciones
tomadas por parte de la misma.
2.4. Respuesta del Juzgado Cuarto Penal
Municipal de Barrancabermeja, Santander
El Juzgado Cuarto Penal Municipal de Barrancabermeja,
Santander[2],
dio respuesta al requerimiento del Tribunal Superior del Distrito Judicial,
solicitando que se declare improcedente la acción de tutela por las siguientes
razones:
Manifestó que en
el proceso por violencia intrafamiliar en contra Fausto, la Defensoría del
Pueblo de Barrancabermeja, Santander, presentó solicitud de medida de
protección a favor de la señora Paula, consistente en ordenar al agresor
abstenerse de penetrar cualquier lugar donde se encuentre la denunciante. Así
como, la protección temporal de la víctima por parte de las autoridades de
policía en su lugar de trabajo y en su domicilio.
Indicó la autoridad judicial vinculada que el siete (7) de
marzo de dos mil dieciséis (2016), la apoderada de la accionante informó que
los hechos que dieron origen a la denuncia habían ocurrido en la jurisdicción
de Puerto Nare, Antioquia, razón por la cual, una vez revisada la petición, se
dispuso  su remisión al Juzgado Promiscuo Municipal de ese municipio.
2.5. Respuesta del Departamento de Policía del
Magdalena Medio
Mediante escrito del veintinueve (29) de marzo de dos
mil dieciséis (2016), el Asesor Jurídico del Departamento de Policía del Magdalena
Medio, informó que una vez verificados los antecedentes de la presente acción
de tutela, no se evidenció información donde conste la dirección de residencia
de la accionante, con el propósito de implementar las medidas de protección
solicitadas.
Por lo anterior, solicitó a la Defensoría del Pueblo
Regional del Magdalena Medio información concerniente a la dirección de
residencial, teléfono y demás datos de la víctima, con el fin de implementar de
manera inmediata las acciones de protección, de acuerdo a lo preceptuado en la
Ley 1257 de 2008; así como, para la creación de un canal de comunicación y
ejecución de revistas permanentes y cercanas al lugar de residencia y trabajo
de la peticionaria.
En virtud de lo expuesto, solicitó se declare
improcedente la acción de tutela de la referencia o si es el caso, se
desvincule a la Policía Nacional teniendo en cuenta las acciones ordenadas y
tomadas por parte de la mencionada Institución.
2.6. Respuesta de la Dirección Seccional de la
Fiscalía de Antioquia
El director Seccional de la Fiscalía de Antioquia, adujo
que una vez efectuado el traslado de la investigación al Fiscal 84 Local del
municipio de Puerto Nare, Antioquia, en razón al sitio especifico de los
hechos, el proceso fue remitido al Fiscal 40 de San Carlos, Antioquia, lugar en
donde se realizó el programa metodológico con el fin de emitir las ordenes
respectivas a la Policía Judicial.
Indicó que la Fiscalía Seccional de Barrancabermeja,
Santander, adelantó las acciones pertinentes ante medicina legal y profirió
órdenes de protección para la accionante y su núcleo familiar; razón por la
cual, la Fiscalía Seccional de Antioquia se abstuvo de decretar medidas en ese
sentido, al verificarse que la investigación se encontraba en etapa de
indagación.
Por lo anterior, solicitó declarar improcedente la
acción de tutela al configurarse una carencia actual de objeto por hecho
superado.
2.7. Respuesta
del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
El Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, solicitó al Tribunal Superior de Bucaramanga su desvinculación
de la actuación constitucional teniendo en cuenta que el veintiuno (21) de
diciembre de dos mil quince (2015) la señora Paula fue objeto de
valoración médico legal en la sede de Bucaramanga, Santander, tal como lo
evidencia el informe pericial de la Clínica Forense No.
UBBRRCB-DSANT-03453-20152.
En el referido dictamen pericial se
concluyó que “este es un caso claro de violencia de pareja, y maltrato a ala
(sic) mujer, la autoridad debera (sic) apersonarse del caso y
tomar las medidas necesarias a fin de que no se repitan”.
Finalmente, sostuvo que el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha cumplido con las actividades pertinentes
en todo lo relacionado con el caso de la accionante; razón por la cual,
solicita se declare la carencia actual de objeto por hecho superado.
3. Sentencias objeto de revisión
3.1. Primera Instancia
Mediante providencia del catorce
(14) de julio de dos mil dieciséis (2016), el Tribunal Superior de Bucaramanga
– Sala Penal de Decisión, declaró improcedente la acción de tutela promovida
por la Defensoría del Pueblo, Seccional Magdalena Medio, como agente oficioso
de Paula contra la Fiscalía Seccional del Magdalena Medio, la Fiscalía
Seccional de Antioquia, la Fiscalía Local de San Carlos, Antioquia, la Policía
Nacional y el Consejo Seccional de la Judicatura Sala Administrativa de
Santander, por no cumplirse el requisito de subsidiariedad. Advirtió que la accionante
cuenta con el proceso penal, mecanismo idóneo para dirimir la controversia
planteada.
Sostuvo
el juez de primera instancia que aun cuando no se culminó la diligencia de
medidas de protección, por parte del juzgado Cuarto Penal Municipal de
Barrancabermeja, Santander, en atención a la falta de competencia territorial, la
misma fue remitida a los juzgados de Puerto Nare, Antioquia lugar en el que el
Fiscal 40 Delegado ante los Jueces Penales Municipales de San Carlos,
Antioquia, realizó las labores correspondientes para brindar protección a la
accionante y su núcleo familiar.
En
relación con la solicitud relativa a que se ordene a la Fiscalía Regional del
Magdalena Medio que cambie la calificación jurídica de lesiones personales a
tortura, concluyó que dicha pretensión era improcedente, dado que corresponde
al ente acusador la adecuación de los hechos en los diferentes tipos penales,
sin que el juez de tutela pueda invadir esa órbita de competencia.
3.2.
Impugnación de la Defensoría del Pueblo - Regional Magdalena Medio
Mediante
escrito presentado el veintiocho (28) de julio de dos mil dieciséis (2016), la
Defensoría del Pueblo - Regional Magdalena Medio, impugnó la decisión del catorce
(14) de julio de dos mil dieciséis (2016), proferida por el Tribunal Superior de Bucaramanga – Sala Penal de Decisión, en la cual
se declaró improcedente el amparo de tutela por las siguientes razones:
i) Indicó que no se está frente a una simple denuncia por lesiones
personales, como quiso materializarlo la Fiscalía Regional del Magdalena Medio,
pues su connotación exacta es “violencia de género”, al estar
directamente vinculada a la desigual distribución del poder y a las relaciones
asimétricas que se establecen entre varones y mujeres en nuestra sociedad,
perpetuando la desvalorización de lo femenino y su subordinación a lo
masculino;
ii) El juez de control de garantías esperó dos meses y medio para
declarar la falta de competencia para proferir medidas de protección; razón por
la cual, la accionante nuevamente fue torturada por su compañero permanente;
iii) La peticionaria vive en constante zozobra por la negligencia
de las autoridades que permitieron que fuera golpeada y torturada por su
agresor, pese a que solicitó de manera oportuna las medidas de protección; y,
iv) La congestión judicial que presentan los juzgados de control
de garantía es responsabilidad del Consejo Seccional de la Judicatura,
autoridad competente para tomar decisiones o generar espacios dentro de
procesos en los que se soliciten medidas de protección a una mujer víctima de
violencia intrafamiliar.
3.3. Segunda instancia
La Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, mediante sentencia del seis (6) de septiembre de dos mil
dieciséis (2016), decidió revocar parcialmente el fallo de
primera instancia proferido por el Tribunal Superior de Bucaramanga, y en su
lugar, tutelar los derechos fundamentales a la vida y seguridad personal
de Paula y su núcleo familiar, por las siguientes razones:
i) Afirma que la acción de tutela es un instrumento jurídico
previsto para la protección inmediata de los derechos fundamentales, mediante
un proceso preferente y sumario, cuando resulten vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares.
ii) Aduce que en el presente caso es procedente el amparo
invocado, para salvaguardar los derechos fundamentales a la vida y seguridad
personal de la accionante, pues se evidenciaron una serie de eventos en
detrimento de las referidas garantías constitucionales, toda vez  que pese a
que el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil quince (2015), se solicitó
audiencia para la adopción de medidas de protección urgentes en favor de la
señora Paula, dentro del proceso adelantado por el delito de violencia
intrafamiliar, el Juzgado Cuarto Penal Municipal con función de control de
garantías de Barrancabermeja, Santander, se abstuvo de efectuarla por falta de
competencia territorial.
iii) Sostiene que, aun cuando se han emitido órdenes a efecto de
brindar protección a la peticionaria por parte del Departamento de Policía del
Magdalena Medio, las mismas no se han materializado, situación que se evidencia
en la comunicación del veintiocho (28) de marzo de dos mil dieciséis (2016),
por medio de la cual se solicita al Defensor Regional de la mencionada
localidad, los datos de ubicación de la señora Paula.
iv) Indicó que en el caso objeto de debate, el Director Seccional
de Fiscalías del Magdalena Medio solicitó la realización un estudio de
seguridad y evaluación de riesgo, a efecto de proceder con las medidas de
protección pertinentes; sin embargo, la Dirección Nacional de Protección y
Asistencia de la Fiscalía General de la Nación no acreditó, dentro del proceso
de tutela de la referencia, haber procedido de conformidad.
Por lo anterior, solicitó que se ordene al Director Nacional de
Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación, realizar el
estudio de seguridad y evaluación de riesgo a la accionante, y adoptar las
medidas de protección necesarias para proteger la vida e integridad personal de
la demandante y su núcleo familiar, de conformidad con lo dispuesto en la
Resolución No. 1006 de 2016.
En relación con la pretensión relativa a que se varíe la
calificación jurídica del delito de lesiones personales, la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia señaló que corresponde a la Fiscalía
General de la Nación adecuar los hechos en los diferentes tipos penales, a
través del Comité Técnico Jurídico de Situaciones y Casos de la entidad.
4. Actuaciones surtidas en sede de Revisión
4.1.
Mediante Auto del veintiuno (21) de febrero de dos mil
diecisiete (2017)[3],
el despacho del Magistrado Sustanciador ofició al Juzgado
Cuarto Penal Municipal con función de control de garantías de Barrancabermeja,
Santander y al Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Nare, Antioquia, para que, a través de la Secretaría General de esta Corporación, remitieran copia de los cuadernos principales de los expedientes
en donde figura como denunciante la señora Paula, identificada con
cédula de ciudadanía No. 1.096.229.223, incluyendo los videos de las audiencias
adelantadas en el mismo.
En la referida providencia, se requirió a la Dirección
Nacional de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación, a la
Dirección Seccional de Fiscalías del Magdalena Medio, a la Defensoría Regional
del Magdalena Medio, la Policía Nacional - Dirección Seccional del Magdalena
Medio, a la Fiscalía 40 delegada ante los Jueces Penales Municipales de San
Carlos, Antioquia, a la Dirección Seccional de Fiscalías de Antioquia, a la
Fiscalía Local de Barrancabermeja, Santander, la Comisaria de Familia de
Barrancabermeja, Santander, y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –
Seccional Magdalena Medio, para que informaran sobre las actividades
adelantadas para garantizar la seguridad de Paula, identificada con
cédula de ciudadanía No. 1.096.229.223, con ocasión a las denuncias
interpuestas contra Fausto, identificado con cédula de ciudadanía No.
1.038.801.424 y el estado actual de los procesos.
4.2.
En respuesta al Auto del veintiuno (21) de febrero de dos
mil diecisiete (2017), la Secretaría General de esta Corporación remitió las
siguientes pruebas allegadas al proceso de la referencia en sede de revisión, en
cumplimiento de lo ordenado en la citada providencia. A saber:
4.2.1.
Mediante Oficio 2070 del primero (1) de marzo de dos mil diecisiete (2017),
recibido en esta Corporación el siete (7) marzo de la misma anualidad, el
Juzgado Cuarto Penal Municipal de Barrancabermeja, Santander, informó que la
petición de medida de protección radicada bajo el número 680816000136201501045,
dentro del proceso penal promovido por la señora Paula en contra de Fausto,
fue remitida por competencia al Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Nare,
Antioquia[4].
Por lo anterior, indicó que no reposa en ese despacho judicial expediente
alguno en relación con el caso objeto de revisión.
4.2.2.
Mediante Oficio 0063 del dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017)[5],
recibido en esta Corporación el tres (3) de marzo de la misma anualidad, el
Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Nare, Antioquia, informó que una vez se
iniciaron las labores previas a avocar conocimiento de la solicitud de medidas
de protección radicada bajo el número 680816000136201501045, dentro del proceso
penal promovido por la señora Paula en contra de Fausto, a través
de auto del diecinueve (19) de abril de dos mil dieciséis (2016), se ordenó la
remisión del expediente el Juzgado Promiscuo Municipal de San Carlos,
Antioquia, por considerar que ese despacho era el competente para resolver
dicha petición.
4.2.3. El Director Nacional de Protección y Asistencia
de la Fiscalía General de la Nación[6],
mediante Oficio No. 20171100016331 del veintisiete (27) de febrero de dos mil
diecisiete (2017), informó que el dieciseises (16) de abril de dos mil
dieciseises (2016), la Regional Bucaramanga, Santander, llevó a cabo evaluación
de amenaza y riesgo a la accionante, quien señaló que había instaurado denuncia
en contra de su ex compañero sentimental Fausto, informando que para la
época, no era víctima de amenazas, sin embargo, indicó que temía por su vida,
refiriéndose a la agresión física de la cual había sido objeto el veintiséis (26)
de febrero de dos mil dieciséis (2016). Por lo anterior, manifestó que se
realizó una inspección procesal conforme a los aportes de la evaluada,
arrojando la siguiente información:
Se determinó que la señora Paula, se encontraba
en un riesgo ordinario, por lo que se le proporcionaron medidas preventivas en
un hogar de paso denominado “Baraca”, ubicado en el municipio de
Barrancabermeja, Santander.
Que dentro del trámite del proceso de identificación de
amenaza y riesgo, la evaluada manifestó que no otorgaba su consentimiento para
la vinculación al Programa de Protección, situación que fue relevante para la
no implementación de las medidas de protección por parte de la Dirección
Nacional de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación,
circunstancia que se formalizó mediante Acta de NO VINCULACIÓN  el diecisiete (17)
de mayo de dos mil dieciséis (2016).
En cumplimiento del fallo de proferido por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el seis (6) de septiembre de dos
mil dieciséis (2016), dentro de la acción de tutela interpuesta por la
Defensoría del Pueblo, Seccional Magdalena Medio, como agente oficioso de Paula
contra la Fiscalía Seccional del Magdalena Medio, la Fiscalía Seccional de
Antioquia, la Fiscalía Local de San Carlos, Antioquia, la Policía Nacional y el
Consejo Seccional de la Judicatura Sala Administrativa de Santander, la
Dirección Nacional de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la
Nación, manifestó que realizó un nuevo estudio de evaluación de amenaza y
riesgo a la accionante, el 27 de febrero de 2017, en el cual se conceptúo:
“dentro del
radicado penal No. 680816000136201601163 el cual surtía por el punible de
Violencia Intrafamiliar, actuación en conocimiento de la Fiscalía Sexta Local
de la  ciudad de Barrancabermeja; la evaluada NO OTORGÓ nuevamente el
consentimiento para ser población objeto del Programa de Protección y
Asistencia, es de destacar, que la evaluada al ser entrevistada en esta ocasión
fue enfática al referir que no estaba interesada en las medidas de protección
ofrecidas por el programa de seguridad y que en este sentido no deseaba
emigrara del municipio de Barrancabermeja.[7]
Informó el
Director Nacional de Protección y Asistencia de la Fiscalía
General de la Nación, que el artículo 2 de la Resolución No. 1006 de
2016[8],
en relación con el consentimiento libre de la víctima, refiere que: “Nadie
será obligado a vincularse o a permanecer en el Programa de Protección a
Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso Penal y Funcionarios de la
Fiscalía General de la Nación. La decisión de incorporarse o retirarse del
programa es voluntad del ciudadano o servidor, quien será informado de las
condiciones y consecuencias de su determinación”.
Por lo anterior,
el Director Nacional de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la
Nación, dispuso no vincular al Programa de Protección y Asistencia de esa
entidad a la señora Paula y a su núcleo familiar.
4.2.4. Mediante
Oficio No. 00254 del primero (1º) de marzo de dos mil diecisiete (2017),
recibido en esta Corporación el siete (7) del mismo mes y año, la Directora
Seccional del Magdalena Medio[9],
manifestó que según informe ejecutivo presentado por el Fiscal Sexto Local de
Barrancabermeja, Santander, el proceso radicado No. 680816000136201601163, en
el que figura como víctima la señora Paula, por el delito de violencia
intrafamiliar, se encuentra en etapa de juicio y el procesado se encuentra
recluido en el Establecimiento Carcelario de la ciudad de Barrancabermeja,
Santander.
Informó que una
vez conocidos los hechos, la Fiscalía General de la Nación emitió los
respectivos oficios dirigidos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a
la Comisaria de Familia Municipal y al Comandante de la Estación de Policía de
Barrancabermeja, Santander, en los cuales se solicitó medida de protección y
atención a la señora Paula; igualmente, indicó que se libró comunicación
a la Unidad Nacional de Protección con sede en Bogotá, a fin de que se
realizara el estudio de seguridad y evaluación de riesgo a la accionante.
Finalmente,
resaltó que en el referido informe ejecutivo se evidenció que la señora Paula,
desistió de manera libre y espontánea de la denuncia presentada por el delito
de lesiones personales e informó que no se presentaría a la audiencia de juicio
oral. Por lo anterior, se programó audiencia de oportunidad  para el primero (1)
de marzo de dos mil diecisiete (2017), toda vez que, el Grupo de Mecanismo de
Terminación Anticipada y Justicia Restaurativa de la Fiscalía General de la
Nación validó su aplicación.
4.2.5 En
cumplimiento del Auto del veintiuno (21) de
febrero de dos mil diecisiete (2017), la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena
Medio, el veintiocho (28) de febrero de dos mil diecisiete (2017), remitió al
despacho sustanciador, copia del escrito de la acción de tutela de la
referencia reiterando los hechos y pretensiones planteadas en la acción de
amparo, interpuesta como agente oficioso de Paula[10].
4.2.6. Mediante
oficio No. 016/F40 del tres (3) de marzo de dos mil diecisiete (2017), recibido
en esta Corporación el seis (6) del mismo mes y año, la Fiscalía General de la
Nación Unidad Local de Fiscalía San Carlos, Antioquia, informó que actualmente
cursa en esa entidad un proceso en donde funge como víctima la señora Paula
y como agresor Fausto, quien posteriormente, en el trascurso de la
investigación se logró establecer su verdadero nombre y responde al de Fausto.
Indicó que el
agresor se encuentra detenido con medida de aseguramiento intramuros, por
hechos posteriores ocurridos en Barrancabermeja, Santander, por lo que se
solicitará su remisión para imputarle los cargos por la primera denuncia por
violencia intrafamiliar.
4.2.7. La
Fiscalía General de la Nación, Unidad Local, Fiscalía Sexta de Barrancabermeja,
Santander, en comunicación del primero (1) de marzo de dos mil diecisiete (2017)[11],
recibido en esta Corte el dos (2) del mismo mes y año, dio respuesta a lo
requerido por el Magistrado Sustanciador en los siguientes términos:
Expreso que en la
actualidad se adelanta un proceso penal con radicación No.
680816000136201601163, contra Fausto (conocido como Fausto),
quien se encuentra privado de la libertad, por hechos ocurridos el veinticinco
(25) de febrero de dos mil dieciséis (2016), siendo víctima Paula, por
el delito de violencia intrafamiliar agravada.
Que mediante
declaración juramentada, la víctima Paula, suscrita en la Notaría
Segunda de Barrancabermeja, Santander, de fecha diecinueve (19) de agosto de dos
mil dieciséis (2016), indicó que fue indemnizada integralmente por parte de su
excompañero sentimental Fausto, y que éste no constituye un peligro para
su seguridad ni la de su núcleo familiar.
Por lo anterior,
la Fiscalía Sexta Local de Barrancabermeja, Santander, en constancia de fecha veintisiete
(27) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), pudo corroborar que la víctima
manifestó su desistimiento, informando su desinterés en el proceso y
solicitando el archivo de la actuación.
4.2.8 En
comunicación No. CF-0724-17 del veintiocho (28) de febrero de dos mil diecisiete
(2017)[12],
la Comisaria de Familia del municipio de Barrancabermeja, Santander, informó
que el veinte (20) de diciembre de dos mil quince (2015), la señora Paula,
se presentó ante ese despacho a fin de informar sobre los hechos de violencia
intrafamiliar a los que ella y sus hijos fueron sometidos, por parte de su
excompañero sentimental. Por lo anterior, se dio apertura a la historia socio
familiar No. 166/2012/2015.
Que en la
actualidad la señora Paula y sus menores hijos se encuentran ubicados en
un hogar de acogida denominado “Beraca”, a cargo de Comparta EPS, regional
Santander.
4.2.9. Mediante
Oficio No. S-2017-110657-6806 del dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017),
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Regional Santander, informó que
revisadas las bases de datos del Sistema de Información Misional, evidenció que
no existen archivos referentes a la denuncia presentada por la señora Paula.
Por lo anterior,
indicó que se corrió traslado del requerimiento hecho por este despacho al
Centro Zonal de Puerto Berrio, Antioquia, para la respectiva verificación de la
información que solicitó esta Corporación.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
La Sala Octava de Revisión de la
Corte Constitucional es competente para revisar el fallo proferido dentro de la
acción de tutela de la referencia de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 86 y 241, numeral 9o., de la Constitución Política y en concordancia
con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Cuestión
previa a resolver
Esta Sala
advierte la necesidad de examinar, de manera preliminar, la presunta
configuración de una carencia actual de objeto en el asunto en revisión.
2.1. Sobre la
carencia actual de objeto
Se considera necesario determinar si en este caso existe carencia
actual de objeto por cuanto durante el trámite surtido en sede de revisión de
la acción de tutela de la referencia, se observó e informó acerca de la
presunta cesación de la vulneración alegada, en la medida en que la accionante,
durante el estudio de evaluación de amenaza y riesgo efectuado por la Dirección
Nacional de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación, manifestó
no estar interesada en las medidas de protección ofrecidas por el referido programa.
Lo anterior, al argumentar que, en la actualidad, no tiene problemas de
seguridad y que no desea emigrar del municipio de Barrancabermeja, Santander.
Para ello, se iniciará por reiterar las reglas que determinan el alcance de la carencia actual de objeto y, luego, se verificará
si se configura dicho concepto.
Alcance de la carencia actual de objeto. Reiteración de
jurisprudencia[13]
El artículo 86 de la Constitución Política de
1991 consagró la acción de tutela con el objetivo de proteger derechos
fundamentales cuando los mismos resulten amenazados o vulnerados por
la acción u omisión de cualquier autoridad pública y, en casos
específicos, por los particulares. Su protección consistirá en una orden para
que, aquél respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de
hacerlo.
La
orden en la acción de tutela busca que cese la amenaza o vulneración de los
derechos fundamentales, por lo que su eficacia precisamente depende de la
actualidad del hecho vulnerador. De esta forma, si cesa la conducta que viola
los derechos fundamentales, el juez no tiene un objeto sobre el cual pronunciarse,
escenario en el que se configura lo que la jurisprudencia ha denominado
carencia actual de objeto.
La
carencia actual de objeto tiene lugar cuando se profiere una orden relacionada
con lo solicitado en la acción de tutela; sin embargo, la misma no tendría
ningún efecto, esto es, caería en el vacío. Dicha situación se presenta ante la
presencia de un hecho superado, un daño consumado[14] o el
acaecimiento de una situación sobreviniente[15].
En
Sentencia T-970 de 2014, la Sala Novena de Revisión de esta Corporación reiteró
que el fenómeno de la carencia actual de objeto puede presentarse a partir de
la ocurrencia de dos supuestos: (i) el hecho superado y (ii) el daño consumado.
La primera hipótesis “se presenta cuando, por la acción u omisión (según sea
el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación
de tal manera que “carece” de objeto el pronunciamiento del juez. La
jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho superado[16]
en el sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro
del contexto de la satisfacción de lo pedido en tutela”[17]. Al
respecto, concluyó que “el hecho superado significa la observancia de las
pretensiones del accionante a partir de una conducta desplegada por el agente
transgresor. También se ha señalado que se configura la carencia actual de
objeto por hecho superado, entre otras circunstancias, por ausencia de interés
jurídico o sustracción de materia”[18].
Así mismo, indicó que, en principio, la acción de tutela “pierde su razón de
ser cuando durante el trámite del proceso, la situación que genera la amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales invocados es superada o finalmente
produce el daño que se pretendía evitar con la solicitud de amparo[19]”.
El
hecho superado se da cuando se “repara la amenaza o vulneración del derecho
cuya protección se ha solicitado” o cuando “cesa la violación del
derecho fundamental o el hecho que amenazaba vulnerarlo, es decir, en el curso
del proceso de tutela las situaciones de hecho generadoras de la vulneración
desaparecen o se solucionan”[20],
mientras que el daño consumado “supone que no se reparó la vulneración del
derecho, sino por el contrario, a raíz de su falta de garantía se ha ocasionado
el daño que se buscaba evitar con la orden del juez de tutela”[21].
En
Sentencia T-011 de 2016, esta Corporación reiteró que cuando se presenta el
fenómeno de carencia actual de objeto por hecho superado, en términos de
decisiones judiciales, el juez de tutela no está en la obligación de
pronunciarse de fondo. Sin embargo, se aclaró que, podrá hacerlo en aquellos
casos en que estime necesario “‘hacer observaciones sobre los hechos que
originaron la acción de tutela, con el propósito de resaltar su falta de
conformidad constitucional, condenar su ocurrencia y conminar a que se adopten
las medidas necesarias para evitar su repetición, so pena de las sanciones
pertinentes[22].
De cualquier modo, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que en la
sentencia se demuestre la reparación del derecho antes de la aprobación del
fallo, es decir, que se demuestre el hecho superado[23]’[24]”.
En
esa ocasión, respecto al daño consumado, la Sala Novena de Revisión precisó que
el pronunciamiento del operador judicial es diferente, y en esa medida se debe
analizar “si la consumación del daño ocurre durante el trámite de la acción
resulta imperioso que tanto los jueces de instancia como la propia Corte
Constitucional, en sede de revisión, se pronuncien sobre la vulneración
acaecida y el alcance de los derechos fundamentales lesionados[25]. Lo
anterior, con el objeto de adoptar las medidas necesarias para evitar que
situaciones similares se produzcan en el futuro y para proteger la dimensión
objetiva de los derechos que se desconocieron[26].
Esto último, con el propósito de defender la efectividad de las garantías fundamentales
como expresión del sistema de valores y principios que nutren el ordenamiento
jurídico”[27].
En
cuanto al acaecimiento de una situación sobreviniente, mediante
Sentencia T-481 de 2016, la Corte indicó que “una tercera modalidad de
eventos en los que la protección pretendida del juez de tutela termina por
carecer por completo de objeto y es en aquellos casos en que como producto del
acaecimiento de una ‘situación sobreviniente’ que no tiene origen en
el obrar de la entidad accionada la vulneración predicada ya no tiene
lugar, ya sea porque el actor mismo asumió la carga que no le correspondía, o
porque a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la litis.
Se tiene que,
esta nueva y particular forma de clasificar las modalidades en que puede
configurarse la carencia actual de objeto en una acción de tutela, parte de una
diferenciación entre el concepto que usualmente la jurisprudencia ha otorgado a
la figura del ‘hecho superado’[28]
y limita su alcance únicamente a aquellos eventos en los que el factor a partir
del cual se superó la vulneración está directamente relacionado con el accionar
del sujeto pasivo del trámite tutelar. De forma que es posible hacer referencia
a un ‘hecho superado’ cuando, por ejemplo, dentro del trámite tutelar una
E.P.S. entrega los medicamentos que su afiliado demandaba, y una ‘situación
sobreviniente’ cuando es el afiliado quien, al evidenciar la excesiva demora
en su suministro, decide asumir su costo y procurárselos por sus propios
medios.” (Subraya fuera del texto original).
Verificación de la existencia de carencia actual de objeto en la
acción de tutela de la referencia en sede de revisión
Sea
lo primero poner de presente las siguientes situaciones:
(i)
En desarrollo del trámite tutelar efectuado en segunda instancia, el seis (6) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tuteló los derechos
fundamentales a la vida y seguridad personal de Paula. A su vez, ordenó
al Director Nacional de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la
Nación realizar el estudio de seguridad y evaluación de riesgo de la accionante,
así como de su núcleo familiar con el fin de adoptar las medidas de protección
que requiriese.
(ii) Según informe elaborado el veintisiete
(27) de febrero de dos mil diecisiete (2017) por el Director Nacional de
Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación  y allegado
en sede revisión el veintitrés (23) de marzo de la misma anualidad, se
tiene que “dentro del radicado penal No. 680816000136201601163 el cual surtía
por el punible de Violencia Intrafamiliar, actuación en conocimiento de la
Fiscalía Sexta Local de la  ciudad de Barrancabermeja; la evaluada NO OTORGÓ
nuevamente el consentimiento para ser población objeto del Programa de
Protección y Asistencia, es de destacar, que la evaluada al ser entrevistada en
esta ocasión fue enfática al referir que no estaba interesada en las medidas de
protección ofrecidas por el programa de seguridad y que en este sentido no
deseaba emigrara del municipio de Barrancabermeja.[29]
(iii) El artículo
2 de la Resolución No. 1006 de 2016[30],
en relación con el libre consentimiento de la víctima, refiere que: “Nadie
será obligado a vincularse o a permanecer en el Programa de Protección a
Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso Penal y Funcionarios de la
Fiscalía General de la Nación. La decisión de incorporarse o retirarse del
programa es voluntad del ciudadano o servidor, quien será informado de las
condiciones y consecuencias de su determinación”.
Por lo anterior,
el Director Nacional de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la
Nación, dispuso no vincular al Programa de Protección y Asistencia de esa
entidad a la señora Paula y a su núcleo familiar.
De la lectura de esas tres circunstancias, surge como primera
impresión la presunta cesación de la vulneración alegada, por cuanto la
accionante de manera libre e informada, manifestó no estar interesada en las
medidas de protección ofrecidas por el Programa de Protección de la Fiscalía
General de la Nación. Circunstancia por la cual no se agotó el estudio de
seguridad y evaluación de riesgo ordenado por el juez de segunda instancia
dentro del proceso de tutela. Lo anterior, por cuanto el libre consentimiento
de la víctima es un requisito indispensable para la incorporación o retiro del
referido programa.
Así las cosas, con el objetivo de determinar la configuración de
una carencia actual de objeto en este caso, a continuación se realizará un
breve análisis frente a cada una de sus modalidades: (i) hecho superado, (ii)
daño consumado y (iii) el acaecimiento de una
situación sobreviniente.
Verificación de un presunto hecho superado
Recuérdese
que el hecho superado básicamente se materializa cuando se superan las
pretensiones del accionante a partir de la conducta desplegada por el supuesto
agente transgresor. Bajo esa regla, se observa que la accionante manifestó no
encontrarse en peligro y por lo tanto, no requerir medidas de protección; sin
embargo, esta situación surge a partir del desistimiento de la señora Paula
y no por alguna actuación desarrollada por la Dirección Nacional de Protección
y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación, la cual funge en el extremo
pasivo de la presente tutela por ser presuntamente la llamada a responder por
el desconocimiento iusfundamental reclamado. Ello basta para estimar la
inexistencia de esta modalidad.
Verificación de un presunto daño consumado
El
daño consumado, en esencia, consiste en que el hecho amenazante o vulnerador de
los derechos fundamentales invocados finalmente produce un daño que se
pretendía evitar con la solicitud de amparo. En virtud de dicha pauta, en el
presente caso no se alega y tampoco se evidencia la causación de algún
menoscabo que se procuraba evitar con las medidas de protección solicitadas por
la peticionaria. Máxime, si se tiene en cuenta que la misma accionante
manifestó durante la entrevista realizada por el ente Fiscal, el 23 de
septiembre de 2016, en la que informó “que no tenía problema de seguridad y
que en este sentido no deseaba emigrar del municipio de Barrancabermeja[31]”,
por lo que esto es suficiente para determinar la ausencia de un daño consumado.
Verificación de un presunto acaecimiento de una situación
sobreviniente
En
cuanto al acaecimiento de una situación sobreviniente, se tiene que esta se
configura “en aquellos casos en que como producto del
acaecimiento de una ‘situación sobreviniente’ que no tiene origen en
el obrar de la entidad accionada la vulneración predicada ya no tiene
lugar, ya sea porque el actor mismo asumió la carga que no le correspondía, o
porque a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la litis.”[32]. Con
base en el alcance de esa modalidad, se pueden extraer las siguientes premisas
respecto a la tutela de la referencia:
(i) La manifestación
de la señora Paula, parte accionante en el proceso de tutela, de no estar interesada en las medidas de protección ofrecidas por el
Programa de Protección de la Fiscalía General de la Nación configura una
situación sobreviniente por la cual no se agotó el estudio
de seguridad y evaluación de riesgo ordenado por Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, juez
de segunda instancia dentro del proceso de tutela. Lo anterior, por cuanto el
libre consentimiento de la víctima es un requisito indispensable para la
incorporación o retiro del referido programa.
(ii)
La situación sobreviniente descrita en el punto anterior efectivamente no tuvo
origen en el obrar de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia de la
Fiscalía General de la Nación, pues de ser lo contrario, habría carencia actual
de objeto por hecho superado.
(iii)
No hay certeza de que el desistimiento de la solicitud de medidas de protección
(situación sobreviniente) fue realizado por la peticionaria de forma libre e
informada, con la finalidad de no continuar con el estudio de riesgo ni ser
incluida en el Programa de Protección de la Fiscalía.
Concluye
la Sala Octava de Revisión que en el presente caso no se tiene
conocimiento sobre las motivaciones que llevaron a la agenciada a desistir de
la denuncia que presentó contra su agresor por el delito de lesiones
personales, ni las circunstancias en las cuales ello sucedió.
Para la Sala, no
hay certeza sobre la cesación de los hechos que amenazaron los derechos
fundamentales de la agenciada y de sus hijos menores de edad. En estricto
sentido, es preciso estudiar si los hechos que se desprenden del material
probatorio, relativos al supuesto desistimiento de la protección del estado y
de la búsqueda de la sanción punitiva, tienen origen en la voluntad autónoma y
libre de la ciudadana que fue víctima de agresión, o si por el contrario tal
comportamiento ha tenido lugar por miedo irresistible a la víctima,
constreñimiento, amenazas o violencia.
En ese sentido,
para la Sala no hay una carencia actual de objeto, en ninguna de sus
modalidades.
A
su vez, es preciso que la Corte, en ejercicio de las competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241 numeral 9º de la Constitución Política, y en los artículos 33 y siguientes
del Decreto 2591 de 1991, determine si existió la vulneración de los derechos fundamentales a
la vida, al debido proceso y a la integridad personal de la señora Paula.
A
continuación, pasará la Sala a formular el problema jurídico y a desarrollar la
respectiva metodología para la resolución del mismo.
3. Problema
jurídico a resolver y metodología de resolución
Según la
situación fáctica expuesta en precedencia y los matices efectuados hasta ahora,
le corresponde a la Sala Octava de Revisión resolver el siguiente problema
jurídico: ¿Determinar si se
vulneraron los derechos fundamentales a la vida, al debido proceso y a la integridad personal de accionante, como
consecuencia de la omisión del Juzgado Cuarto Penal Municipal de
Barrancabermeja, Santander, al no dar trámite a la solicitud de medidas de
protección urgentes requeridas a través de la Defensoría del Pueblo, Seccional
Magdalena Medio, dentro del término estipulado y en atención a las competencias
estipuladas en las normas legales en la materia?
Para resolver el problema jurídico que se plantea,
la Sala analizará los siguientes temas: (i) la protección de la mujer
contra la violencia, (ii) el derecho a un recurso judicial efectivo, (iii)
y finalmente, se analizará el caso concreto.
4. La protección de la mujer contra la violencia.
Reiteración de jurisprudencia
4.1. El Artículo 3 de la Declaración
sobre la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer consagra el derecho
de toda mujer para acceder en igualdad de condiciones a la protección y goce de
las libertades fundamentales y derechos humanos en los ámbitos político,
económico, social, cultural, civil, entre otros[33].
El referido instrumento establece que los
Estados tienen la obligación de utilizar una política cuyo objetivo principal
sea la erradicación de la violencia contra la mujer a través de mecanismos y
acciones afirmativas.  En este sentido, consagra que las autoridades deben:
"(i)
abstenerse de practicar cualquier acto de violencia contra la mujer; (ii)
prevenir, investigar y castigar todo acto de violencia contra la mujer; (iii)
establecer sanciones penales, civiles, laborales y administrativas, para
castigar y reparar los agravios infligidos a las mujeres que sean objeto de
violencia; (iv) elaborar planes de acción nacionales para promover la
protección de la mujer contra toda forma de violencia; (v) elaborar enfoques de
tipo preventivo y todas las medidas de índole jurídica, política,
administrativa y cultural que puedan fomentar la protección de la mujer contra
toda forma de violencia; (vi) garantizar que las mujeres objeto de violencia y,
cuando corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia especializada; (vii)
contar con los recursos adecuados para sus actividades relacionadas con la
eliminación de la violencia contra la mujer; (viii) sensibilizar a autoridades
y funcionarios sobre el fenómeno; (ix) modificar las pautas sociales y
culturales de comportamiento del hombre y de la mujer y eliminar los prejuicios
y las prácticas consuetudinarias o de otra índole; (x) promover la realización
de investigaciones, informes y directrices sobre el tema; (xi) y apoyar las
organizaciones y movimientos que se dediquen a promover los derechos de la
mujer, entre otros "[34].
4.2. El Comité para la eliminación de la discriminación contra la
Mujer de las Naciones Unidas, ha proferido diversas recomendaciones referentes
a la protección de los derechos de las mujeres, de la cuales, se destaca la
Recomendación General No. 12, referente a la violencia contra la mujer.
En el citado precepto, se le exige a los Estados que en sus informes
incluyan información relacionada con la legislación aplicable para proteger a
la mujer de cualquier acto de violencia, así como los mecanismos empleados para
evitar y eliminar cualquier forma de menoscabo físico o psicológico. También,
los servicios para apoyar a las mujeres víctimas de violencia, agresiones o
malos tratos; y facilitar datos respecto a la frecuencia de dichas conductas
que atentan contra las mujeres y las víctimas de la misma.
Aunado a lo anterior, la Recomendación No. 19 se refiere a la
violencia contra la mujer como un método de discriminación mediante el cual no
se les permite el goce efectivo de sus derechos y libertades en igualdad de
condiciones respecto a los hombres.
4.3 La Convención Interamericana para Prevenir, Castigar
y Erradicar la Violencia Contra la Mujer[35],
define la violencia contra las mujeres como "cualquier acción o
conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”,
la cual puede manifestarse en diferentes ámbitos de la sociedad. A saber:
a)
Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra
relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el
mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato
y abuso sexual;
b)
Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que
comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas,
prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como
en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar,
y
c)
Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que
ocurra".
Siendo exigible a los Estados parte, la adopción de políticas
y mecanismos adecuados, sin dilaciones, tendientes a erradicar, sancionar y prevenir
este tipo de violencia.
4.4. En Colombia, la Constitución de 1991 introdujo
avances relevantes en cuanto a la igualdad de las mujeres respecto a los
hombres, su artículo 13 establece el derecho a la igualdad y el artículo 42
dispone que las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos,
deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes;
razón por la cual, cualquier forma de violencia en el núcleo familiar se debe
considerar destructiva de su armonía y unidad, por lo cual debe ser sancionada
conforme a la ley.
El artículo 42 Superior, fue desarrollado por la Ley 294
de 1996, en la que además se dictaron normas para prevenir, remediar y
sancionar la violencia intrafamiliar, entre las medidas que se adoptaron con
esta disposición se encuentra la posibilidad de solicitar al Comisario de
Familia del lugar donde ocurrieron los hechos, la protección inmediata
requerida para resguardar los derechos de la mujer.
Así mismo, la norma en comento estableció diferentes
alternativas para impedir la repetición de hechos de violencia contra la mujer,
entre las cuales de destacan (i) asesorar a la víctima en la preservación de
las pruebas de los actos de violencia, (ii) brindar información pertinente para
que la víctima pueda obtener los servicios gubernamentales y privados que le
asisten, y (iii) el acompañamiento, en caso de considerarse necesario, para la
seguridad de aquella, entre otras.
4.5. La Ley 1257 de 2008[36],
consagra mecanismos para la protección de los derechos de las mujeres, con la
finalidad de sensibilizar, prevenir y sancionar las formas de violencia y
discriminación contra las mujeres. En el primer capítulo de la citada norma se
establecen aspectos generales como la violencia contra la mujer, las
modalidades de daño, derechos de las víctimas y los principios de igualdad
efectiva, derechos humanos, corresponsabilidad, integralidad, autonomía,
coordinación, no discriminación y atención diferenciada. Así mismo, el capítulo
tercero consagra una serie de medidas de protección en caso de violencia
intrafamiliar y en el ámbito familiar para lo cual se modifica la Ley 294 de
1996.
4.6. Finalmente, la Ley 1761 de 2015[37]
tipificó el feminicidio como un delito autónomo. Dentro de las medidas
contempladas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer por motivos
de género, así como de discriminación, la norma establece que la Defensoría del
Pueblo debe garantizar la asesoría, orientación y representación jurídica a las
mujeres víctimas de violencia feminicida de manera gratuita, inmediata,
especializada y prioritaria desde la perspectiva de género y de los Derechos
Humanos.
De esta manera, la norma pretende que las mujeres
víctimas de violencia de género puedan acceder a la administración de justicia,
a un recurso judicial efectivo y a las medidas de protección y atención
contempladas en la Ley 1257 de 2008, así como en otras instancias
jurisdiccionales o administrativas.
La Corte Constitucional reconoce una especial
protección a la mujer como manifestación del derecho a la igualdad de sexos[38]
por medio del establecimiento de acciones afirmativas a su favor y en contra de
la discriminación[39].
5. Derecho a un recurso judicial efectivo. Reiteración
de jurisprudencia
5.1. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos
establece como premisa esencial para la defensa de los derechos de las mujeres
víctimas de violencia, el acceso a recursos judiciales idóneos y efectivos en desarrollo
del principio de igualdad y no discriminación.
5.2. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la
Mujer, constituyen el marco jurídico interamericano para la protección de la
mujer y la garantía que le asiste para su acceso a un recurso judicial sencillo
y eficaz en la defensa de sus derechos.
El artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos establece que a las mujeres víctimas de violencia les asiste el derecho
a la igualdad ante la ley, y la garantía por parte del Estado, por medio de
políticas criminales no discriminatorias, de proveer mecanismos idóneos para
lograr una tutela judicial efectiva de sus derechos.
5.3. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
define el recurso judicial efectivo como "el derecho de todo individuo
de acceder a un tribunal cuando alguno de sus derechos haya sido violado -sea
éste un derecho protegido por la Convención, la Constitución o las leyes
internas del Estado- - de obtener una investigación judicial a cargo de un
tribunal competente, imparcial e independiente en la que se establezca la
existencia o no de la violación y se fije, cuando corresponda, una compensación
adecuada". Resaltando, que la investigación es la etapa de mayor
importancia procesal dentro de un proceso por violencia contra una mujer, pues
es allí donde pueden obtenerse los elementos probatorios necesarios para
brindar una tutela efectiva de los derechos que les asisten.
El derecho a un recurso judicial efectivo, entendido
como una manifestación de la protección judicial, se encuentra reconocido en
los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)
con una doble connotación; (i) como un derecho que tiene toda persona "a
un recurso sencillo y rápido o a cualquier recurso efectivo ante los jueces o
tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención,
aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de
sus funciones oficiales" ; (ii) como un deber de los Estados Partes,
los cuales “se comprometen a garantizar que la autoridad competente decida
sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, a desarrollar
las posibilidades de recurso judicial y a garantizar el cumplimiento, por las
autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el
recurso.[40]”
En este sentido, la obligación de los Estados Partes no
se limita a implementar en sus ordenamientos jurídicos el recurso judicial,
sino que éste debe tener efectividad, lo que significa que debe ser capaz "(...)
de producir resultados o respuestas a las violaciones de derechos contemplados
en la Convención"[41].
5.4. La Corte Constitucional en Sentencia C-1195 de
2001, indicó que existe una estrecha relación entre el derecho a acceder a la
justicia y el derecho al recurso judicial efectivo, entendido este último como
una garantía necesaria para asegurar la efectividad de los derechos. En la
referida oportunidad, esta Corporación sostuvo que la finalidad del derecho al
acceso a la administración de justicia no se cumple solo al consagrar
formalmente los recursos y procedimientos, sino que resulta necesario que los
mismos sean idóneos y eficaces. En el mismo sentido, expresó que la justicia
estatal formal no es efectiva en todos los casos, especialmente si no se prevén
recursos judiciales suficientes e idóneos que permitan resolver de manera
pacífica los conflictos.
5.5.
En Sentencia C-454 de 2006, la Sala Plena de esta Corporación afirmó que los
artículos 29 y 229 de la Constitución consagran el acceso a la justicia
como un derecho fundamental, el cual puede ser amparado a través de la acción
de tutela, lo que garantiza a las víctimas la posibilidad de contar con un
recurso judicial efectivo, mientras se agoten las acciones ordinarias para la
protección de forma eficaz de sus derechos[42].
Para la Corte, el recurso judicial
efectivo permite a los ciudadanos y ciudadanas la posibilidad real de solicitar
ante las autoridades competentes: (i) la declaración de que un derecho está
siendo vulnerado, (ii) el cese de la vulneración y (iii) la reparación adecuada
por los daños causados[43].
Para la materialización del derecho a la
justicia de las víctimas de violencia contra las mujeres, el Estado debe
ejecutar acciones afirmativas tendientes a: (i) prevenir las prácticas
degradantes en contra de la mujer y (ii) procesar y sancionar a los
responsables de crímenes que impliquen cualquier tipo de violencia contra las
mujeres[44],
dentro del marco de políticas públicas para la prevención y erradicación de la
violencia y la discriminación de género.
6. Análisis del caso concreto
La Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio[45] presentó acción de tutela como agente oficioso de Paula
contra la Fiscalía Seccional del Magdalena Medio, la
Fiscalía Seccional de Antioquia, la Fiscalía Local de San Carlos, Antioquia, la
Policía Nacional y el Consejo Seccional de la Judicatura Sala Administrativa de
Santander, por los siguientes motivos:
(i) desde el diez (10) de diciembre de dos mil quince (2015), el excompañero
sentimental de la señora Paula comenzó a agredirla física y verbalmente,
(ii) por lo
anterior, el veintidós (22) de diciembre del dos mil quince (2015), la
accionante informó a la Defensoría del Pueblo
Regional Magdalena Medio la situación de la que estaba siendo víctima, razón
por la cual, esa entidad solicitó, el treinta y uno (31) de diciembre de la
misma anualidad, audiencia de medidas de protección, correspondiéndole al
Juzgado Cuarto Penal Municipal de Barrancabermeja, Santander, quien fijó la
referida audiencia para el siete (7) de marzo de dos mil dieciséis (2016),
fecha en la que se abstuvo de pronunciarse por falta de competencia
territorial, remitiendo las diligencias a la Fiscalía de San Carlos, Antioquia,
(iii) el cuatro
(4) de marzo de dos mil dieciséis (2016), la accionante denunció nuevamente al
señor Fausto, debido a que éste reiteró las agresiones físicas y
psicológicas; actuación que correspondió a la Fiscalía Regional del Magdalena
Medio, en donde, al momento de interponer la acción de tutela de la referencia,
se adelantaba investigación por el delito de lesiones personales.
7. Violación de los derechos
fundamentales a la vida, al debido proceso y a la integridad personal de la
accionante
7.1. El artículo
5o de la Ley 294 de 1996[46], adicionado por
el artículo 17 de la Ley 1257 de 2008, contempla un grupo de medidas para la
protección de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y de su núcleo
familiar. A saber:
“ARTÍCULO 5o. MEDIDAS DE
PROTECCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. Artículo modificado por el artículo 17 de la Ley 1257 de 2008: Si la autoridad competente determina que
el solicitante o un miembro de un grupo familiar ha sido víctima de violencia,
emitirá mediante providencia motivada una medida definitiva de protección, en
la cual ordenará al agresor abstenerse de realizar la conducta objeto de la
queja, o cualquier otra similar contra la persona ofendida u otro miembro del
grupo familiar. El funcionario podrá imponer, además, según el caso, las
siguientes medidas, sin perjuicio de las establecidas en el artículo 18 de la presente ley:
"a)
Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la
víctima, cuando su presencia constituye una amenaza para la vida, la integridad
física o la salud de cualquiera de los miembros de la familia;
b)   Ordenar
al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la
víctima, cuando a juicio del funcionario dicha limitación resulte necesaria
para prevenir que aquel perturbe, intimidé, amenace o de cualquier otra forma
interfiera con la víctima o con los menores, cuya custodia provisional le haya
sido adjudicada.
c)    Prohibir
al agresor esconder o trasladar de la residencia a los niños, niñas y personas
discapacitadas en situación de indefensión miembros del grupo familiar, sin
perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar;
d)           Obligación
de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico en una institución pública
o privada que ofrezca tales servicios a costa del agresor.
e)    Si
fuere necesario, se ordenará al agresor el pago de los gastos de orientación y
asesoría jurídica, médica, psicológica y psíquica que requiera la víctima;
f)     Cuando
la violencia o maltrato revista gravedad y se tema su repetición la autoridad
competente ordenará una protección temporal especial de la víctima por parte de
las autoridades de policía, tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo,
si lo tuviere;
g)    Ordenar
a la autoridad de policía, previa solicitud de la víctima el acompañamiento a
esta para su reingreso al lugar de domicilio cuando ella se haya visto en la
obligación de salir para proteger su seguridad;
h)   Decidir
provisionalmente el régimen de visitas, la guarda y custodia de los hijos e
hijas si los hubiere, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras
autoridades, quienes podrán ratificar esta medida o modificarla;
i)
Suspender al agresor la tenencia, porte y uso de armas, en caso de que estas
sean indispensables para el ejercicio de su profesión u oficio, la suspensión
deberá ser motivada;
j)
Decidir provisionalmente quién tendrá a su cargo las pensiones alimentarias,
sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades quienes
podrán ratificar esta medida o modificarla;
k)
Decidir provisionalmente el uso y disfrute de la vivienda familiar, sin
perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades quienes
podrán ratificar esta medida o modificarla.
1)
Prohibir, al agresor la realización de cualquier acto de enajenación o gravamen
de bienes de su propiedad sujetos a registro, si tuviere sociedad conyugal o
patrimonial vigente. Para este efecto, oficiará a las autoridades competentes.
Esta medida será decretada por Autoridad Judicial;
m)
Ordenar al agresor la devolución inmediata de los objetos de uso personal,
documentos  de  identidad y cualquier otro documento u objeto de propiedad o
custodia de la víctima;
n)
Cualquiera otra medida necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la
presente ley".
7.2. El parágrafo
2o del artículo 2o de la Ley 575 de 2000, establece que estas
medidas podrán ser dictadas en forma provisional e inmediata por el Fiscal que
conozca los delitos de violencia intrafamiliar, quien podría solicitarlas al
Juez de Control de Garantías según el artículo 114 del Código de Procedimiento
Penal.
7.3. Así mismo, el Decreto 4799 de 2011[47], señala que, en
casos de violencia intrafamiliar, el Fiscal o la víctima podrá solicitar al
Juez de Control de Garantías la imposición de las medidas de protección que
garanticen su seguridad y el respeto de sus derechos. Al respecto, el artículo
2° de la referida norma advierte que: "Cuando los casos lleguen a la
Fiscalía General de la Nación por el delito de violencia intrafamiliar, el
Fiscal o la víctima solicitarán al Juez de Control de Garantías la imposición
de las medidas de protección que garanticen su seguridad y el respeto a su
intimidad de conformidad con los artículos 11 y 134 de la Ley 906 de 2004,
contemplando incluso las medidas de protección provisionales señaladas en el
artículo 17 de la Ley 1257 de 2008".
7.4. La Sala Octava de Revisión encuentra que, en el
presente caso el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías
de Barrancabermeja, Santander, vulneró los derechos fundamentales a la vida, al
debido proceso y a la integridad personal de Paula, pues, pese a que el
Defensor del Pueblo del Magdalena Medio solicitó
audiencia para la aplicación de medidas de protección contempladas en la Ley
1257 de 2008, el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil quince (2015), la
referida autoridad judicial no realizó el análisis de la misma dentro de un
plazo razonable, sino que fijó fecha para realizar la respectiva audiencia el
siete (7) de marzo de dos mil dieciséis (2016); es decir, más de dos (2) meses
después, desconociendo de manera grave el carácter urgente de las medidas
requeridas para salvaguardar la vida e integridad física de la accionante.
Aunado a lo anterior, llegada la fecha fijada, el Juzgado
vinculado al proceso de tutela, se abstuvo de pronunciarse sobre la petición de
protección por falta de competencia territorial, remitiendo las diligencias a
la Fiscalía de San Carlos, Antioquia.
Lo anterior, desconociendo lo dispuesto por el
artículo 11 de la Ley 294 de 1996, el cual señala que recibida una petición de
medidas urgentes deberá avocarse en forma inmediata la petición, y si estuviere
fundada en al menos indicios leves, podrá decretarlas dentro de las cuatro (4)
horas hábiles siguientes a la solicitud. A saber:
"El
Comisario o el Juez, según el caso, recibirá y avocará en forma inmediata la
petición, y si estuviere fundada en al menos indicios leves, podrá dictar
dentro de las cuatro (4) horas hábiles siguientes, medidas de protección en
forma provisional tendientes a evitar la continuación de todo acto de
violencia, agresión, maltrato, amenaza u ofensa contra la víctima, so pena de
hacerse el agresor acreedor a las sanciones previstas en esta ley para el
incumplimiento de las medidas de protección[48]" .
7.5. Acorde con lo señalado por el Director
Seccional de Fiscalías, la actuación remitida por competencia correspondió por
reparto a la Fiscalía 40 Delegada ante los Jueces Penales Municipal de San
Carlos, Antioquia, autoridad que realizó programa metodológico y emitió órdenes
a la Policía Judicial, empero no remitió a la accionante a Medicina Legal ni
impartió medidas de protección, en razón a que la Comisaría de Familia de
Barrancabermeja, Santander, había ordenado al Comandante de la Estación de
Policía de esa ciudad, realizar evaluación de la situación especial de riesgo
de la actora para poder pronunciarse sobre la protección inmediata.
7.6.
Como consecuencia de la omisión legal en la cual incurrió el Juzgado Cuarto Penal Municipal con función de control de garantías de
Barrancabermeja, Santander, al no resolver de fondo la solicitud de medidas de
protección elevada por el Defensor del Pueblo ni darle el trámite pertinente
con carácter urgente, el cuatro (4) de marzo de dos
mil dieciséis (2016), la accionante Paula fue nuevamente agredida física
y psicológicamente por el señor Fausto; actuación que correspondió a la
Fiscalía Regional de Magdalena Medio, quien manifestó que una vez recibida la
denuncia por lesiones personales emitió medidas de protección a favor de la
peticionaria; sin embargo, tal situación no fue acreditada dentro del trámite
de tutela.
7.7.
De las pruebas aportadas durante el proceso de tutela de la referencia, se
tiene que, el Jefe de Asuntos Jurídicos del Departamento de Policía del
Magdalena Medio, indicó que a efecto de implementar las medidas de protección a
favor de Paula, el veintiocho (28) de marzo del dos mil dieciséis (2016),
solicitó al Defensor Regional del de Barrancabermeja, Santander, los datos de
ubicación de la víctima. Lo anterior, sin confirmar si realmente fueron ejecutadas
las acciones necesarias para salvaguardar la integridad personal de la
accionante.
7.8. La Corte encuentra necesario
resaltar que las medidas de protección contra actos de violencia contempladas
en las Leyes 294 de 1996 y 1257 de 2008 y el Decreto 4799 de 2011, son acciones
afirmativas que se deben proferir de manera urgente por la autoridad
competente, independientemente de la determinación de la responsabilidad del
autor.
Así las cosas, la Sala encuentra que no
sólo las acciones adelantadas por el  Juzgado Cuarto Penal Municipal con
función de control de garantías de Barrancabermeja, Santander, desconocieron
los derechos fundamentales de la accionada, sino aquella proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga –Sala de Decisión Penal−,
en primera instancia del proceso de tutela.
En efecto, es contrario al deber del juez
constitucional declarar improcedente una acción de tutela cuando se está en
presencia de la posible configuración de un perjuicio irremediable. La
violencia intrafamiliar, es un asunto que requiere de medidas urgentes para la
protección de los miembros de la familia, núcleo fundamental de la sociedad.
Si bien el procedimiento penal establece
medidas de protección para contrarrestar las amenazas que se generan por la
presencia de un individuo que amenace con disrupción de la armonía, solidaridad
y respeto que constituye la unidad familiar, hay que evaluar en cada caso en
concreto si las acciones cautelares se han adoptado en un tiempo razonable, el
cual dependerá de las condiciones específicas de cada caso en concreto.
En el caso de la referencia, es claro que
las autoridades judiciales no adoptaron las decisiones en un plazo prudente y
razonable, por lo cual se generó una amenaza seria, real y protuberante de los
derechos fundamentales de la accionante y de sus hijos. En estos eventos la
tutela no sólo es procedente, sino que deben dictarse medidas de protección de
derechos de manera inmediata, toda vez que la demora en la adopción de
decisiones puede devenir en la vulneración irremediable de los derechos a la
integridad personal, a la familia, a la libertad y a la vida en condiciones
dignas.
7.9    La Sala observa que si bien las
pretensiones en la acción de tutela se encaminaron al decreto y la efectividad
de las medidas de seguridad, para proteger las garantías ius fundamentales
de la accionante y de sus hijos menores de edad, las cuales, en concepto de la
agenciada se encuentran satisfechas, no se está en presencia de una carencia
actual de objeto.
En efecto, la Sala no tiene certeza sobre
las condiciones en las cuales la accionante desistió de la denuncia que
interpuso por el delito de lesiones personales, así como tampoco los móviles
que le llevaron a adoptar la decisión de retirarse del programa de protección y
asistencia.
En estricto sentido, la carencia actual
de objeto, en el presente caso, se configuraría de llegarse a determinar que
cesó la amenaza sobre los derechos fundamentales de la accionante y de sus
hijos, situación que en este caso no se ha podido comprobar y que sólo a partir
de medidas para la investigación y el acompañamiento de la víctima de maltrato
y violencia intrafamiliar, se podrá determinar.
Aunado a ello, no puede dejarse de lado
que los menores Pedro y Carolina, se encuentran en una situación
de vulnerabilidad debido al maltrato que han tenido que presenciar. Así las
cosas, existe amenaza sobre sus derechos fundamentales, que requiere de la
intervención inmediata del juez constitucional para evitar la materialización
de un perjuicio irremediable.
7.10  Sobre
la base de lo expuesto, la Sala adoptará las siguientes medidas de protección:
7.10.1
Ordenará a la Fiscalía General de la Nación, que, por el medio que considere
adecuado, ejecute un programa de acompañamiento e investigación, para
determinar si la decisión adoptada por la ciudadana Paula, de retirar
los cargos por lesiones personales, así como la de abandonar el programa de
protección, obedece a su voluntad libre y autónoma, o, si por el contrario,
tuvo lugar por la coacción, directa o indirecta, de su agresor. La Defensoría
del Pueblo, verificará el cumplimiento de la presente orden, en cumplimiento de
sus deberes constitucionales y legales.
7.10.2  A su vez, debido al grado de
vulnerabilidad en el que se encuentra la representada, así como sus hijos menores
de edad, ordenará a la Comisaria de Familia de Barrancabermeja que realice
visitas periódicas, cada mes, por el plazo de un año, contado desde el momento
de la notificación de la presente providencia, a la agenciada y sus hijos, con
el propósito de verificar que los hechos que generaron la presente acción de
tutela no vuelvan a ocurrir.
Para dar cumplimiento a esta orden,
deberá presentar informe mensual al Juez de primera instancia, con copia a la
Defensoría del Pueblo, en el que exponga el progreso de la situación de la
agenciada, los factores de riesgo a los que se encuentra la ciudadana Paula
y sus hijos Pedro y Carolina, si ha recibido amenazas o ha sido
nuevamente víctima de violencia de género.
En caso de encontrar síntomas de alarma,
que amenacen los derechos de la representada, deberá informar al Comando de
Policía Nacional de Barrancabermeja sobre tal situación, el cual deberá emplear
los respectivos mecanismos de protección de manera inmediata.
7.10.3  Finalmente se ordenará al
Bienestar Familiar, Seccional Magdalena Medio, que verifique la situación de
los menores Pedro y Carolina y despliegue todos los poderes que
la Constitución y la Ley le han conferido para garantizar la protección de sus
derechos fundamentales. Para tal propósito deberá realizar visitas con una
periodicidad de un (1) mes, durante un periodo no inferior a un (1) año y,
producto de las mismas, realizará un informe que deberá ser remitido al juez de
primera instancia, con copia a la Defensoría del Pueblo, en el cual indique el
estado del seguimiento, así como las medidas que ha adoptado para garantizar la
estabilidad socio afectiva de los menores referenciados.
8.      Decisión
Por lo anterior, en el presente caso, la
Sala Octava de Revisión reitera que efectivamente se presentó una afectación
inminente e intensa de los derechos fundamentales a la vida, al debido proceso
y a la integridad personal de la señora Paula, al no otorgársele las
medidas de protección solicitadas por los delitos de violencia intrafamiliar y
lesiones personales de los que fue víctima, y que contemplan las ya referidas
normas legales, lo que generó que nuevamente fuera agredida por su excompañero
sentimental, después de haber hecho la respectiva denuncia ante las entidades
accionadas, situación que puso en riesgo su vida e integridad física.
A su vez, considera que no se presenta el
fenómeno de la carencia actual de objeto, toda vez que no hay certeza sobre la
cesación de la amenaza sobre los derechos fundamentales de la agenciada y sus
hijos menores de edad.
De este modo, la Sala confirmará la
sentencia proferida en segunda instancia por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, el veintitrés (23) de septiembre de dos mil quince
(2015), que tuteló los derechos fundamentales a la vida, al debido proceso y a
la seguridad personal de Paula y dispondrá declarar la carencia actual
de objeto por hecho sobreviniente.
9. Síntesis
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional,
al verificar lo alegado por la Defensoría del Pueblo Seccional Magdalena Medio
como agente oficioso de Paula, para invocar la protección de los
derechos fundamentales a la vida, al debido proceso y a la integridad personal
de la accionante determinó que el Juzgado Cuarto Penal Municipal de
Barrancabermeja, Santander, al desconocer de manera
grave el carácter urgente de las medidas cautelares contra actos de violencia establecidos en las Leyes
294 de 1996 y 1257 de 2008 y el Decreto 4799 de 2011, vulneró las referidas garantías constitucional.
Tal conclusión tiene razón pues, a pesar que el Defensor
del Pueblo del Magdalena Medio solicitó audiencia
para la aplicación de medidas de protección contempladas en las referidas
normas, el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil quince (2015), la
autoridad judicial no realizó el análisis de la misma dentro de un plazo
razonable, sino que fijo fecha para la respectiva audiencia el siete (7) de marzo
de dos mil dieciséis (2016); es decir, más de dos (2) meses después, omitiendo
su deber legal de salvaguardar la vida e integridad física de la demandante.
Aunado a lo anterior, llegada la fecha fijada para realizar
la referida audiencia, el Juzgado vinculado se abstuvo de pronunciarse sobre la
petición de protección por falta de competencia territorial, remitiendo las
diligencias a la Fiscalía de San Carlos, Antioquia.
Como
consecuencia de la omisión legal en la que incurrió el Juzgado
Cuarto Penal Municipal de Barrancabermeja, Santander, al no resolver de fondo
la solicitud de medidas de protección elevada por el Defensor del Pueblo ni
darle el trámite pertinente con carácter urgente, el
cuatro (4) de marzo de dos mil dieciséis (2016), la accionante Paula fue
nuevamente agredida física y psicológicamente por su excompañero sentimental.
Así, en este escenario, sería procedente impartir
órdenes encaminadas a la protección inmediata de los derechos fundamentales de
la peticionaria al haberse probado que el Juzgado Cuarto Penal Municipal de
Barrancabermeja, Santander, incurrió en una vulneración de los derechos
fundamentales a la vida, al debido proceso y a la integridad personal de Paula.
Sin embargo, en el trámite de
revisión de los fallos de tutela, el Director Nacional de
Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación[49],
mediante Oficio No. 20171100016331 del veintisiete (27) de febrero de dos mil
diecisiete (2017), informó que en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia
proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el
seis (6) de septiembre de dos mil dieciseises (2016), juez de segunda instancia
dentro del proceso de tutela, la Dirección Nacional de Protección y Asistencia
de la Fiscalía General de la Nación, realizó estudio de evaluación de amenaza y
riesgo a la accionante, en el cual se conceptúo que:
“dentro del
radicado penal No. 680816000136201601163 el cual surtía por el punible de
Violencia Intrafamiliar, actuación en conocimiento de la Fiscalía Sexta Local
de la  ciudad de Barrancabermeja; la evaluada NO OTORGÓ nuevamente el
consentimiento para ser población objeto del Programa de Protección y
Asistencia, es de destacar, que la evaluada al ser entrevistada en esta ocasión
fue enfática al referir que no estaba interesada en las medidas de protección
ofrecidas por el programa de seguridad y que en este sentido no deseaba
emigrara del municipio de Barrancabermeja.[50]
En el presente
caso, la manifestación libre e informada de la señora Paula, de no estar interesada en las medidas de protección ofrecidas por el
Programa de Protección de la Fiscalía General de la Nación configura una
situación sobreviniente por la cual no se agotó el estudio
de seguridad y evaluación de riesgo ordenado por la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del seis (6) de
septiembre de dos mil dieciséis (2016), al no encontrarse cumplido el requisito
del consentimiento que exige el inciso 2° del parágrafo único del artículo 2 de
la Resolución No. 1006 de 2016[51].
Por lo anterior,
el Director Nacional de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la
Nación, dispuso no vincular al Programa de Protección y Asistencia de esa
entidad a la señora Paula y dar por terminado el proceso de evaluación,
en atención al principio de autonomía de la voluntad de las
personas para disponer con efecto vinculante de sus intereses y derechos.
Sin
embargo, la Sala considera que no hay certeza sobre la cesación de los
hechos que amenazaron los derechos fundamentales de la agenciada y de sus hijos
menores de edad. Por ello, estudió el material probatorio que reposa en el
expediente, relativos al supuesto desistimiento de la protección del estado y
de la búsqueda de la sanción punitiva y encontró que no se ha determinado que
ello obedezca a la voluntad autónoma y libre de la ciudadana que fue víctima de
agresión, o si por el contrario tal comportamiento ha tenido lugar por miedo irresistible
a la víctima, constreñimiento, amenazas o violencia. En ese sentido, para la
Sala no hay una carencia actual de objeto, en ninguna de sus modalidades.
Por ello, la Sala confirmará la sentencia
proferida en segunda instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, el seis (6) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), que
tuteló los derechos fundamentales a la vida, al debido proceso y a la seguridad
personal de Paula. Pero, a su vez, adicionará la sentencia con órdenes
encaminadas a: (i) la investigación de los hechos que generaron que la
accionante desistiera de la denuncia que interpuso por el delito de lesiones
personales, y (ii) la protección de la accionante y de sus hijos frente a
futuros ataques por parte de su agresor.
III.    DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- Por las razones y en los términos de esta sentencia, CONFIRMAR la providencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el seis
(6) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), que tuteló los derechos
fundamentales a la vida en condiciones dignas, al debido proceso y a la
seguridad personal de Paula.
SEGUNDO.- ADICIONAR la sentencia dictada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el seis
(6) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), en los siguientes términos:
A.      CONCEDER
igualmente los
derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, a la seguridad personal,
al amor y al cuidado, de los niños Pedro y Carolina.
B.      ORDENAR al Bienestar Familiar, Seccional
Magdalena Medio, que verifique la situación de los menores Pedro y Carolina
y despliegue todos los poderes que la Constitución y la Ley le han conferido
para garantizar la protección de sus derechos fundamentales.
Para tal
propósito deberá realizar visitas con una periodicidad de un (1) mes, durante
un periodo no inferior a un (1) año y, producto de las mismas, realizará un
informe que deberá ser remitido al juez de primera instancia, con copia a la
Defensoría del Pueblo, en el cual indique el estado del seguimiento a la
presente orden, así como las medidas que ha adoptado para garantizar la
estabilidad socio afectiva de los menores referenciados.
C.      ORDENAR a la Fiscalía General de la Nación, que,
por el medio que considere adecuado, ejecute un programa de acompañamiento e
investigación, para determinar si la decisión adoptada por la ciudadana Paula,
de retirar los cargos por lesiones personales, así como la de abandonar el
programa de protección, obedece a su voluntad libre y autónoma, o, si por el
contrario, tuvo lugar por la coacción, directa o indirecta, de su agresor. La
Defensoría del Pueblo, verificará el cumplimiento de la presente orden, en
cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales.
D.      ORDENAR  a la Comisaria
de Familia de Barrancabermeja que realice visitas periódicas, cada mes, por el
plazo de un año, contado desde el momento de la notificación de la presente
providencia, a la agenciada y sus hijos, con el propósito de verificar que los
hechos que generaron la presente acción de tutela no vuelvan a ocurrir.
Para dar cumplimiento a esta orden,
deberá presentar informe mensual al Juez de primera instancia, con copia a la
Defensoría del Pueblo, en el que exponga el progreso de la situación de la
agenciada, los factores de riesgo a los que se encuentra la ciudadana Paula
y sus hijos Pedro y Carolina, si ha recibido amenazas o ha sido
nuevamente víctima de violencia de género.
En caso de encontrar síntomas de alarma,
que amenacen los derechos de la representada, deberá informar al Comando de
Policía Nacional de Barrancabermeja sobre tal situación, el cual deberá emplear
los respectivos mecanismos de protección de manera INMEDIATA.
E.      ORDENAR al Bienestar
Familiar, Seccional Magdalena Medio, que verifique la situación de los menores Pedro
y Carolina y despliegue todos los poderes que la Constitución y la Ley
le han conferido para garantizar la protección de sus derechos fundamentales.
Para tal propósito deberá realizar
visitas con una periodicidad de un (1) mes, durante un periodo no inferior a un
(1) año y, producto de las mismas, realizará un informe que deberá ser remitido
al juez de primera instancia, con copia a la Defensoría del Pueblo, en el cual
indique el estado del seguimiento, así como las medidas adoptadas para
garantizar la estabilidad socio afectiva de los menores referenciados.
TERCERO.-
ORDENAR a
la Secretaria General de la Corte Constitucional, ABSTENERSE de mencionar en el texto público
de esta sentencia los nombres de las personas involucradas en los hechos del
presente asunto, con el fin de salvaguardar su intimidad. Igualmente, y con el
propósito de garantizar mayor sigilo al respecto, en las reproducciones que se
hagan del presente texto, salvo en las destinadas a las partes y a las
autoridades vinculadas, DEBERÁN
OMITIRSE los nombres de la
agenciada y de las demás personas relacionadas con los hechos del caso.
CUARTO.- Por Secretaría
General líbrese la comunicación prevista en el Artículo 36 del Decreto 2591 de
1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese y cúmplase.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
JOSÉ ANTONIO CEPEDA AMARIS
Magistrado (e)
HERNÁN CORREA CARDOZO
Magistrado (e)
Con aclaración de voto
ROCÍO LOAIZA MILIÁN
Secretaria General (e)
[1] 14 de marzo de 2016.
[2] Autoridad judicial vinculada al proceso de la acción de
tutela de la referencia mediante Auto del dieciséis (16) de marzo de dos mil
dieciséis (2016), por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga, Santander, Sala Penal.
[3] Folio 46 y siguientes del cuaderno constitucional.
[4] Folio 342 del cuaderno constitucional.
[5] Folio 66 del cuaderno constitucional.
[6] Folio 102 y siguientes del cuaderno constitucional.
[7] Folio 104 del cuaderno constitucional.
[8] Por medio de la cual se reglamenta el Programa de
Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso Penal y
Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.
[9] Folio 149 del cuaderno constitucional.
[10] Folio 2012 y siguientes del cuaderno constitucional.
[11] Folio 227 y siguientes del cuaderno constitucional.
[12] Folios277 y siguientes del cuaderno constitucional. Se
anexa copia de la solitud de medida de protección y/o atención por violencia
intrafamiliar.
[13] Por tratarse de reiteración jurisprudencial, en esta
oportunidad la Sala seguirá muy de cerca lo expuesto en la Sentencia T-701 de
2016 y reiterado en la Sentencia T-100 de 2017.
[14] Sentencias T-253 de 2012 y T-895 de 2011, entre otras.
[15] Frente a esta última, ver los fallos T-988
de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013 y T-481 de 2016.
[16] Así, por ejemplo, en la sentencia T-082 de 2006, en la que una señora
solicitaba la entrega de unos medicamentos, los cuales, según pudo verificar la
Sala Octava de Revisión, le estaban siendo entregados al momento de la revisión
del fallo, la Corte consideró que al desaparecer los hechos que generaron la
vulneración, la acción de tutela perdía su
eficacia e inmediatez y, por ende su justificación constitucional, al haberse
configurado un hecho superado que conducía entonces a la carencia actual de
objeto, la cual fue declarada por esa razón en la parte resolutiva de la
sentencia. Así mismo, en la sentencia T-630 de 2005, en un caso en el
cual se pretendía que se ordenara a una entidad la prestación de ciertos
servicios médicos que fueron efectivamente proporcionados, la Corte sostuvo que
“si durante el trámite de la acción de tutela, la vulneración o amenaza a
los derechos fundamentales desaparece, la tutela pierde su razón de ser, pues
bajo esas condiciones no existiría una orden que impartir ni un perjuicio que
evitar.” Igual posición se adoptó en la sentencia SU-975 de 2003, en uno de
los casos allí estudiados, pues se profirió el acto administrativo que dejó sin
fundamento la tutela del actor, por lo que la Corte estimó, sin juzgar el
mérito de dicho acto, que se encontraba ante un hecho superado.
[17] Sentencia SU-540 de 2007.
[18] Entre otras, Sentencias T-428 de 1998, T-1207
de 2001, T-923 de 2002, T-935 de 2002, T-936 de 2002, T-539 de 2003, T-1072 de
2003, T-414 de 2005 y T-1038 de 2005.
[19] Sentencia T-970 de 2014.
[20] Sentencia T-291 de 2011.
[21] Sentencias T-170 de 2009 y T-314 de 2011.
[22] En fallo T-890 de 2013, la Sala declaró la
carencia actual de objeto por hecho superado e instó a la entidad accionada a
llevar “a cabo las acciones necesarias desde la planeación, el presupuesto y
la contratación estatal, para el aseguramiento de la continuidad de la
prestación del servicio de transporte escolar a los estudiantes de las
instituciones educativas públicas del Municipio, particularmente quienes
residen en la zona rural y en lo que respecta a los siguientes años escolares
posteriores a 2013”.
[23] Ver SU-225 de 2013, T-856 de 2012, T-035 de 2011, T-1027 de 2010, T-170 de
2009 y T-515 de 2007.
[24] Sentencia T-970 de 2014.
[25] “Sentencia SU-540 de 2007,
oportunidad en la que la Corte unificó su posición en cuanto a emitir un
pronunciamiento de fondo, aunque se constate que el daño ya está consumado.”
[26] “En la sentencia T-576 de 2008,
en la cual se conoció de la muerte de un niño como consecuencia de la falta de
atención médica, se resolvió proteger la dimensión objetiva de los derechos
fundamentales, dado que no resultaba posible amparar su dimensión subjetiva
debido a la configuración de la carencia actual de objeto por daño consumado.
En consecuencia, la Sala ordenó a la E.P.S. accionada ‘que en reconocimiento de
su responsabilidad por la no protección de los derechos constitucionales
fundamentales de los niños’, emprendiera acciones como colgar una placa en
lugar destacado y visible a la entrada de todas sus clínicas en las que se
resaltara la obligación en cabeza de las personas que prestan atención en salud
de proteger en todo momento los derechos fundamentales de los niños a la salud
y a la vida en condiciones de calidad y de dignidad.”
[27] Sentencia T-011 de 2016.
[28] Ya no entendido como la situación a partir de la cual los factores que dieron lugar a la interposición de la
acción de tutela fueron superados por cualquier motivo (Ver Sentencias: SU-225 de 2013; T-630 de 2005; T-597 de 2008;
T-170 de 2009; T-100 de 1995; T-570 de 1992; T-675 de 1996) sino que limita su campo de aplicación a aquellos
eventos en los que dicha situación tuvo lugar con ocasión al obrar de la
entidad accionada.
[29] Folio 102 y siguientes del cuaderno
constitucional.
[30] Por medio de la cual se reglamenta el Programa de
Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso Penal y
Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.
[31] Folio 102 y siguientes del cuaderno constitucional.
[32] Sentencia T-481 de 2016.
[33]
Art. 3 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en contra de la
Mujer, "a) El derecho a la vida 6/; b) El derecho a la igualdad II; c)
El derecho a la libertad y la seguridad de la persona 8/; d) El derecho a igual
protección ante la ley II; e) El derecho a verse
libre de todas las formas de discriminación II; f)
El derecho al
mayor grado
de salud física y mental que se pueda
alcanzar 91; g) El derecho a
condiciones de trabajo justas y favorables 10/; h) El derecho a no ser sometida
a tortura, ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 11
/".
[34]
Art. 4 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en contra de la
Mujer. Ver también la Sentencia C-335 de 2013.
[35] 9 de junio de 1994, Belém do Pará, Brasil.
[36] “Por la cual se dictan normas de
sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación
contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la
Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”.
[37] Conocida como la Ley “Rosa Elvira Cely”.
[38] Sentencias C-l 12 de 2000 y C-667 de
2006.
[39] Sentencia C-335 de 2013.
[40] Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[41] Sentencia del 4 de julio de 2006, Caso Lopes vs Brasil.
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
[42]
Sentencia de la Corte Constitucional C-454 de 2006.
[43] Auto 009 de 2015.
[44]
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ACCESO A LA
JUSTICIA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN MESOAMÉRICA.
OEA/Ser.L/V/II. Pág. 7. Doc. 63 9 diciembre 2011.
[45] En la Sentencia T-119 de 2012, la Corte Constitucional
indicó que el Defensor del Pueblo y los personeros municipales pueden ejercer
la acción de tutela como agentes oficiosos con el objeto de proteger los
derechos fundamentales de aquellas personas que no pueden acudir a la
administración de justicia directamente. En estos eventos, se requiere que se
presenten dos (2) elementos para que se configure la agencia oficiosa: (i) que
el algente oficioso exprese claramente que actúe en tal condición y (ii) que
el titular de los derechos fundamentales que se invocan no tenga las
condiciones que le permitan instaurar a nombre propio la acción de tutela.
En el
mismo sentido, en Sentencia T-682 de 2013, esta Corporación reiteró que el
artículo 46 del Decreto 2591 de 1991 legitima al Defensor del Pueblo para
interponer acciones de tutela en nombre de terceros: "Artículo 46.-
Legitimación. El Defensor del pueblo podrá, sin perjuicio del derecho que
asiste a los interesados, interponer la acción de tutela en nombre de cualquier
persona que lo solicite o que esté en situación de desamparo e
indefensión." Así mismo, esta Corporación ha reconocido que el
Defensor del Pueblo y los Personeros Municipales o Distritales tienen
competencia para instaurar una tutela como agentes oficiosos en dos
circunstancias específicas: "(i) cuando actúen en representación de una
persona que lo haya solicitado y (ii) cuando la persona se encuentre
desamparada o indefensa.
De
conformidad con lo anterior, debe concluirse que la Defensoría del Pueblo
Regional Magdalena Medio como agente oficioso de la señora Paula está
legitimada por activa para promover la defensa de los derechos fundamentales
de la accionante.
[46] Por la cual se desarrolla el artículo 42 de
la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar
la violencia intrafamiliar.
[47] Por el cual se reglamentan parcialmente las
Leyes 294 de 1996, 575 de 2000 y 1257 de 2008.
[48] Artículo 11 de la ley 294 de 1996,
modificado por el artículo 6o. de la Ley 575 de 2000.
[49] Folio 102 y siguientes del cuaderno constitucional.
[50] Folio 102 y siguientes del cuaderno
constitucional.
[51] “Por la cual se reglamenta el Programa de Protección
a Testigos, Víctimas, Intervinientes en ek Proceso Penal y Funcionarios de la
Fiscalía General de la Nación”.