T-623-17
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Sentencia T-623/17
DEBIDO PROCESO EN EL MARCO DE
LA IMPOSICION DE SANCIONES POR PARTICULARES-Caso en que asociado a cooperativa fue
desvinculado por razones de salud
DEBIDO PROCESO EN LAS
RELACIONES ENTRE PARTICULARES-Alcance
La
exigibilidad de la garantía del debido proceso respecto de los particulares
encuentra sustento, asimismo, tanto en la eficacia del texto constitucional
frente a los vínculos que se circunscriben bajo su vigencia, como también en la
interrelación e interdependencia que guardan los derechos entre sí, en tanto
componentes propios de su carácter universalista e indivisible.
DEBIDO PROCESO EN LAS
RELACIONES ENTRE PARTICULARES-Caso de las asociaciones estructuradas alrededor de un objetivo
común de sus integrantes
DEBIDO PROCESO EN EL MARCO DE
LA IMPOSICION DE SANCIONES POR PARTICULARES-Vulneración por parte de asociación por
haber impedido el ejercicio cierto del derecho a la defensa del actor, haber
aplicado de manera inconstitucional una regla estatutaria, y haber vulnerado el
principio de imparcialidad
El respeto del debido proceso, en el marco de la imposición de
sanciones, implica la observancia de: (i) el principio de
legalidad, (ii) la debida motivación de la decisión que atribuye
efectos jurídicos a la conducta de quien es sujeto de sanción, (iii) la
publicidad e imparcialidad en las etapas del trámite, (iv) la
competencia estatutaria del organismo decisorio, y (v) el derecho a
la defensa y contradicción en el curso del procedimiento.
DEBIDO PROCESO EN EL MARCO DE
LA IMPOSICION DE SANCIONES POR PARTICULARES-Orden a Asociación Campesina reiniciar el
procedimiento adelantado en contra del actor, para definir su permanencia en la
organización, garantizando los contenidos mínimos del debido proceso
Referencia: Expediente
T-6184595
Acción de
tutela instaurada por Germán Ortiz Gómez contra la Asociación Campesina de
Areneros “Mina La Esperanza” – ACME.
Magistrada ponente:
DIANA FAJARDO RIVERA
Bogotá D.C., seis (6) de octubre
de dos mil diecisiete (2017).
La Sala Novena
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada Diana
Fajardo Rivera –quien la preside– y los Magistrados Carlos Libardo Bernal
Pulido y Luis Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales, y previo al cumplimiento de los requisitos, y trámites
legales y reglamentarios, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En la revisión de los fallos dictados,
en primera instancia, por el Juzgado Veintiocho Civil Municipal de Bucaramanga
(Santander), el 15 de noviembre de 2016; y en segunda instancia, por el Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga (Santander), el 18 de enero de 2017,
dentro del proceso de tutela iniciado por  Germán Ortiz Gómez contra la
Asociación Campesina de Areneros “Mina La Esperanza” – ACME.[1]
I. ANTECEDENTES
El 31 de octubre de 2016, el
señor Germán Ortiz Gómez promovió acción de tutela contra la Asociación
Campesina de Areneros “Mina La Esperanza” (en adelante ACME), para solicitar el
amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo y dignidad
humana, los cuales estima vulnerados ante la decisión adoptada por la junta
directiva de la organización accionada de excluirlo como socio de la misma,
pese a que desde el año 2005 se ha desempeñado, al igual que los demás
integrantes de la agremiación, como arenero artesanal de la cantera alrededor
de la cual se constituyó la organización.[2]
A continuación, se exponen los
hechos jurídicamente relevantes, la respuesta dada por la accionada y los fallos
objeto de revisión.
1. Hechos
1.1. El señor Germán Ortiz Gómez
es una persona de 66 años de edad,[3]
quien manifiesta que desde el año 2005 ha ejercido labores de arenero artesanal
a cielo abierto, de lo cual siempre ha dependido su sustento económico y el de
su núcleo familiar (sin detallar la conformación del mismo).
1.2. El día 28
de marzo de 2007, el señor Germán Ortiz Gómez y otros 13 mineros artesanales
constituyeron la agremiación ACME,[4]
cuyo objeto, de acuerdo con sus estatutos, corresponde a la “extracción de
material de arrastre del Río de Oro, en los sectores comprendidos como ‘Mina La
Esperanza’”[5],
en el municipio de Girón (Santander), siendo registrada ante la Cámara de
Comercio de la ciudad de Bucaramanga con vigencia hasta el 28 de marzo del año
2037.[6]
Según el actor, específicamente a través de dicha Asociación se administra la
explotación de arena en un predio privado ubicado en el municipio mencionado,
de manera que sólo se autoriza el ingreso a la zona de extracción a las
personas que forman parte de la agremiación.[7]
1.3. El accionante manifestó que
desde el año 2013 fue diagnosticado con “coxartrosis bilateral de cadera de
predominio izquierdo y artrosis de columna lumbar”[8], lo cual le impidió acudir
a la mina con la regularidad que lo venía haciendo, pues le era imposible
mantener su cuerpo en una sola posición durante un lapso prolongado. Esta
situación, indicó el tutelante, era conocida por los demás asociados.
1.4. Asimismo, el demandante
señaló que desde el año 2014 (sin especificar fecha) su movilización empezó a
depender del uso de muletas, por lo que solicitó verbalmente al presidente de
la Junta Directiva de ACME autorizar a otra persona para que,
en su nombre, cumpliera sus deberes contractuales, lo cual fue negado.[9]
1.5. En escrito del 22 de
septiembre de 2014, el señor Ortiz Gómez expresó a la Asociación que la
inasistencia prolongada durante aproximadamente un año se debió a sus
quebrantos de salud. Adicionalmente, dado que con ocasión de lo anterior venía
percibiendo tan sólo el 50% de sus ingresos derivados de la extracción de arena,
pidió explicación acerca de esta reducción pecuniaria y, ante las
manifestaciones insistentes de los asociados dirigidas a obtener su renuncia a
la agremiación, solicitó ser sometido a una Junta de Vigilancia que definiera
su pertenencia en la misma.[10]
1.6. El mismo 22 de septiembre de
2014 se reunió la Junta de Vigilancia designada por la Asamblea General de la
Asociación, a fin de tratar la situación del accionante. En esa oportunidad se
concluyó que, de acuerdo con el Régimen de Sanciones establecido en los
estatutos de la entidad, el ser negligente o descuidar las funciones asignadas,
así como no hacer uso de los servicios de la asociación durante 6 meses,
constituyen causales de exclusión. Adicionalmente, se dijo que la compensación
económica brindada al peticionario se otorgó a título de solidaridad, pese a
que las razones en las que él había soportado sus ausencias no estaban
contempladas como justificativas en los mencionados estatutos. Con base en
ello, recomendó a la Junta Directiva disponer la sanción de los derechos del
asociado, seguida de su exclusión definitiva.[11]
1.7. Mediante Resolución No. 001
del 8 de octubre de 2014, proferida por la Junta Directiva de la agremiación, se resolvió: “suspender en forma definitiva los derechos de
compensación económica y excluir en adelante al asociado GERMÁN ORTIZ GÓMEZ de
todo vínculo con la Asociación Campesina de Areneros Mina la Esperanza”[12].
Como sustento de tal decisión, se estableció que el accionante había incumplido
con las obligaciones propias de los asociados, pues dejó de asistir a la mina
durante un periodo superior a los 6 meses, sin presentar ninguna incapacidad
médica o justificación válida que certificara su imposibilidad de acudir a la
zona de extracción de arena, “siendo claro que la Asociación requiere la
presencia física y el cumplimiento del trabajo, la cual no es delegable en
ningún tercero, ni existe vínculo laboral entre los asociados, pues cada uno es
responsable de sí mismo”[13].
1.8. Ante lo
anterior, el actor adelantó las siguientes gestiones: (i) el 28 de enero
de 2015 se remitió al presidente de la Junta Directiva de ACME con el fin de obtener
información respecto de su vínculo con la agremiación[14], lo cual fue
respondido el 3 de marzo del mismo año, en el sentido de indicarle el nombre de
los asociados vigentes, sin incluir al peticionario[15]; (ii) el
20 de mayo de 2015, el demandante y otros tres areneros expulsados de la
agremiación formularon denuncia penal contra los miembros de la Asociación, por
aparentes irregularidades en los manejos financieros de la organización y por
habérseles separado de la misma sin la garantía del debido proceso[16];
(iii) el 18 de agosto de 2016, pidió a la organización accionada
revocar la Resolución No. 001 del 8 de octubre de 2014, por considerar que con
ésta se había vulnerado su derecho a la defensa, por no habérsele escuchado
durante el trámite para la expedición de la misma[17].
1.9. En
comunicación del 3 de octubre de 2016, la Junta Directiva de la Asociación
accionada se negó a revocar la Resolución precitada, por considerar, por un
lado, que ésta se encontraba en firme al no haberse ejercido los recursos de
forma oportuna, pese a que, en su criterio, hubo una notificación adecuada a
través de comunicaciones insistentes de la agremiación e incluso por conducta
concluyente, lo cual se evidencia, desde su perspectiva, en las diversas
actuaciones adelantadas por parte del señor Germán Ortiz, a nombre propio y a
través de apoderado; y por otro lado, que al ser una entidad privada a la cual
el peticionario pertenecía como asociado, el adelantamiento de su objeto no
puede ser delegado a terceros ni dejar de cumplirse por enfermedad o causa
extraña de sus integrantes, pues ello afectaría la existencia misma de la
agremiación.[18]
1.10. En ese
sentido, el accionante señaló que la institución contra la cual se instauró la
acción de tutela desconoció que él: (i) enfrenta una difícil situación
económica, pues su único ingreso se derivaba de sus labores de arenero
artesanal; (ii) no tiene posibilidad de vincularse laboralmente en otro
lugar, debido no sólo a su edad, sino a que actualmente presenta un diagnóstico
de “coxoartrosis bilateral de cadera, de predominio izq, y artrosis de
columna lumbar”[19],
que le imposibilita ejercer su oficio; y (iii) es una persona
analfabeta, lo cual le ha impedido estar al tanto de los trámites adelantados
por los miembros de ACME y reaccionar de forma jurídicamente adecuada ante los
mismos.
1.11. Solicitud. Con base en lo anterior, el señor Germán Ortiz Gómez solicitó
al juez de tutela amparar los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo
y dignidad humana, para que, en consecuencia, se ordene a la Junta Directiva de
ACME: (i) restablecer sus derechos como asociado y (ii) permitir
que otra persona adelante, en su nombre, las labores al interior de la mina,
con el fin de no afectar los ingresos que se derivan de su pertenencia a la
agremiación.
2. Respuesta de la Asociación
Campesina de Areneros “Mina La Esperanza” – ACME[20]
2.1. A través del presidente de
la Junta Directiva, en un extenso documento la Asociación solicitó negar la
acción de tutela promovida en su contra, tras exponer que aunque acepta que desde
el año 2013 el accionante presenta el diagnóstico referido en la acción de
tutela y que en el 2014 se presentó en muletas a la zona de explotación de
arena para solicitar que se le permitiera ser reemplazado por un tercero en sus
labores, la decisión de retirarlo forzosamente de la agremiación estuvo basada
estrictamente en lo dispuesto en los estatutos de ACME, donde no se contempla
la posibilidad de agenciar las obligaciones adquiridas por sus asociados.
Además, indicó que la medida de exclusión definitiva estuvo basada en lo
establecido en el Acta 002 de 2014[21],
expedida con ocasión de la asamblea de asociados celebrada el 22 de agosto de
dicha anualidad, en la que el señor Germán Ortiz Gómez participó y en la que se
acordó que:
“(…) en
adelante los Asociados que NO cumplan con los Estatutos de la Asociación, NO
podrán transferir ni endosar ningún Título de Aportes y Compensaciones sin el
cumplimiento previo de los requisitos establecidos en los Estatutos y, en todo
caso quienes siendo Asociados constituyentes, incumplan o dejen de laborar
físicamente en las tareas de Extracción de Arenas y Piedras, serán suspendidos
en sus derechos dentro de la Asociación y, si la ausencia física en las labores
se prolonga por más de seis (6) meses en las actividades dentro del área de la
Mina, la sanción será la de exclusión definitiva de todo vínculo con la Asociación
(…)”[22].
Asimismo, indicó que la
Resolución No. 001 del 8 de octubre de 2014 fue proferida en garantía del
debido proceso del accionante, pues estuvo mediada por la constitución previa
de una Junta de Vigilancia, cuyo concepto fue acogido por la Junta Directiva.
2.2. En relación con el amparo
del derecho al trabajo invocado por el tutelante, la accionada señaló que éste
no tiene fundamento jurídico, pues dado que se trata de una agremiación
constituida entre distintos colegas en igualdad de condiciones, su propósito nunca
ha sido el de estructurar relaciones laborales entre los mismos, por lo que “las
personas que componen la organización obtienen para su sustento lo que cada una
de ellas explota en actividades de extracción de arena, en predios privados en
los que sólo se ha autorizado el ingreso de los asociados”[23].
2.3. Finalmente, frente a la
solicitud de permitir que una tercera persona asista a la mina en reemplazo del
demandante, la accionada manifestó que ello “sería igual a desconocer el propósito
de la norma que faculta a las asociaciones a tomar una reglamentación, pues la
acción de tutela no se ha establecido para desvirtuar el derecho a la libre
asociación”; e indicó que obligarle a contratar a un individuo ajeno a la
organización implicaría hacerlos asumir posiciones de empleadores, lo cual
desnaturalizaría la relación de socios que mantienen al interior de la misma.
3. Trámites adelantados en
sede de instancia y decisiones objeto de revisión
Previo a adoptar la sentencia
respectiva, el Juzgado Veintiocho Civil Municipal de Bucaramanga (Santander),
en su calidad de autoridad judicial de primera instancia, recibió declaración
juramentada del señor Germán Ortiz Gómez, en la que aclaró y reiteró, entre
otros asuntos, los siguientes: (i) su núcleo familiar está compuesto por
su compañera permanente y dos hijos (sin especificar edad); (ii) no sabe
leer ni escribir; (iii) durante más de un año vio reducida su movilidad
por tener que depender del uso de muletas, por lo que dejó de asistir a la mina
sobre la cual se constituyó la asociación accionada; (iv) respecto de la
notificación de la Resolución por medio de la cual se le desvinculó, la conoció
en el mismo año 2014 (sin detallar fecha); y (v) necesita que se le
permita “enviar un muchacho”[24]
para que adelante las labores de minería artesanal bajo responsabilidad del
actor, y de esta forma permitirle obtener algún ingreso.[25]
3.1. Decisión de primera
instancia[26]
En providencia del 15 de
noviembre de 2016, el Juzgado Veintiocho Civil Municipal de Bucaramanga
(Santander) decidió “declarar improcedente” la acción de tutela de la referencia,
luego de considerar que, por un lado, el aparente hecho vulnerador ocurrió el 8
de octubre de 2014, fecha en la cual se expidió la Resolución que lo excluyó de
la Asociación accionada, y cuya notificación, tal como lo aceptó el actor en la
declaración rendida ante la misma autoridad judicial, se dio en el mismo año,
lo cual conduce a la ausencia de inmediatez del recurso de amparo, promovido el
31 de octubre de 2016.
Por otro lado, dado que se trata
de un debate que integra una ardua y especializada labor probatoria, el actor
cuenta con los recursos disponibles ante la jurisdicción ordinaria, por lo que
el asunto tampoco supera el presupuesto de subsidiariedad.
3.2. Impugnación[27]
Al impugnar la decisión de
primera instancia, el actor reiteró los hechos narrados en el escrito de
tutela, y pidió tener en cuenta que, en su criterio, para la valoración del
requisito de inmediatez debe tenerse en cuenta aspectos como la incertidumbre
frente a la fecha de notificación de la Resolución No. 001 del 8 de octubre de
2014, y que su inactividad se debió a la negligencia de un abogado en el cual
confió en su momento la defensa de sus intereses.
3.3. Decisión de segunda
instancia[28]
Mediante sentencia del 18 de
enero de 2017, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga decidió “confirmar
el fallo impugnado”, tras señalar que además de lo expuesto por el a quo,
la entidad particular accionada no cuenta con legitimación en la causa por
pasiva, pues al mantener un vínculo de colegaje con el accionante, éste no se
hallaba en un escenario de indefensión o subordinación.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela proferido dentro
del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en el inciso 3º
del artículo 86 y el numeral 9º del artículo 241 de la Constitución Política,
en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.[29]
2. Planteamiento del problema
jurídico
Con base en la situación fáctica expuesta,
corresponde a la Sala Novena de Revisión ocuparse de resolver el siguiente
problema jurídico: ¿vulnera la Asociación Campesina de Areneros “Mina La
Esperanza” – ACME los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad del señor
Germán Ortiz Gómez, al (i) decidir suspender definitivamente su calidad de
asociado por no cumplir, de acuerdo con los estatutos de la agremiación, con la
asistencia permanente a la mina de arena respectiva; y (ii) negarse a permitir que
un tercero adelante las labores que le corresponderían al actor, para así cumplir
con las exigencias de producción de la organización; pese a que este último se
encuentra en una situación médica que le imposibilita acudir a la zona de
extracción respectiva?
Con el fin de dar respuesta a
este interrogante, la Sala: en primer lugar, verificará el cumplimiento de las
pautas de procedencia de la acción de tutela; en segundo lugar, se referirá a
la garantía del derecho al debido proceso al interior de entidades privadas
constituidas alrededor de un fin común de los asociados; y finalmente resolverá
el caso concreto.
3. Cumplimiento de los
requisitos de procedencia de la acción de tutela promovida por Germán Ortiz
Gómez contra la Asociación Campesina de Areneros “Mina La Esperanza” – ACME
La Sala Novena de Revisión
observa que la solicitud de amparo de la referencia cumple los presupuestos de procedibilidad
de la acción de tutela, relativos a la legitimación en la causa (tanto por
activa como por pasiva), la inmediatez y la subsidiariedad, por las razones que
en adelante se desarrollan.
3.1.
Legitimación en la causa
3.1.1. Por
activa: de
conformidad con lo establecido en el precitado artículo 86 Superior[30],  la acción de tutela será ejercida por “cualquier
persona”, siendo naturalmente el principal legitimado el presunto titular
del derecho supuestamente vulnerado o amenazado. En ese sentido, en el caso de
la referencia este requisito se encuentra superado, dado que el recurso de
amparo es promovido directamente por el señor Germán Ortiz Gómez, quien alega
ser sujeto de los derechos cuya salvaguarda invoca.
3.1.2. Por
pasiva: el
ya mencionado artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de
tutela puede ser ejercida contra (i) cualquier autoridad pública o (ii) excepcionalmente
particulares, siempre que estos últimos estén a cargo de la prestación de un servicio público, su conducta
afecte grave y directamente el interés colectivo, o el interesado se halle en
situación de subordinación o indefensión. En desarrollo del segundo postulado,
el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 enlistó los escenarios en los que la
tutela se torna procedente frente a acciones u omisiones de los sujetos privados,
por lo cual dispuso en su numeral noveno el evento en el que la solicitud de
amparo se dirija por parte de “quien
se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del
particular contra el cual se interpuso la acción”[31].
En cuando al sentido de la categoría
de “subordinación”, de manera general alude al “acatamiento
y sometimiento a órdenes proferidas por quienes por razón de sus calidades,
tienen la competencia para impartirlas”[32], de forma que entre
el peticionario y el accionado se consolide una “relación jurídica” de
estricta dependencia, basada en un vínculo jerárquico[33].  A su vez, la “indefensión”,
ha dicho la Corte, se refiere a la “relación de hecho” que mantienen los
extremos de la tutela, en virtud de la cual la parte accionante se encuentra en
condición de dependencia respecto del accionado, por haber “sido puesta en una situación
que la hace incapaz de repeler física o jurídicamente las agresiones de las
cuales viene siendo objeto por parte de un particular, las cuales ponen en
peligro sus derechos fundamentales”[34].
Como se observa, se trata de conceptos mediados por distintos elementos materiales,
por lo que la determinación de su contenido inevitablemente se encuentra sujeta
a la valoración de las particularidades de los asuntos en los cuales resulta
necesaria su aplicación.
Así, en el caso de la referencia
es posible establecer que el señor Germán Ortiz Gómez no se encuentra
en relación de subordinación ante los demás miembros de la asociación, pues se
vinculó como fundador de la misma, en igualdad de condiciones con sus colegas.
Ello significa que decidió someterse libremente a la regulación estatutaria de
la persona jurídica y acatar las reglas que gobiernan el accionar de los
socios, lo cual confirma la inexistencia de una dependencia jurídica,
caracterizada por la obediencia jerárquica.
No obstante, la misma conclusión no es predicable respecto del segundo
escenario de eventual procedencia, pues para la Sala el accionante se encuentra
en evidente indefensión en relación con los demás integrantes de la entidad
accionada, dadas las condiciones particulares que presenta. Esto porque, tal
como se desprende de los antecedentes antes reseñados, el demandante es una
persona que atraviesa las siguientes circunstancias que, en su conjunto y
analizadas en el contexto de la Asociación, lo hacen particularmente vulnerable:
(i) El estado de salud: de acuerdo con lo obrante en el expediente, el
actor ha sido diagnosticado con “coxoartrosis – escoliosis de columna –
artrosis de columna lumbar”[35], “cambios de
discopatía degenerativa asociado a cambios espondiloartrósicos”[36] y “artrosis generalizada”[37]. Este cuadro clínico, tal
como lo señaló el actor en la acción de tutela, lo cual fue expresamente aceptado
por la parte accionada, data del año 2013 y ha afectado gravemente su
movilización, al punto que para ese momento se veía obligado a usar ayudas
técnicas de deambulación, como lo son las muletas.
Esta situación adquiere una gravedad especial en el caso del señor Ortiz
Gómez si se tiene en cuenta que, como lo declaró ante el juez de primera
instancia, sus labores cotidianas al interior de la mina de arena correspondían
al “paleo de material de arrastre todo el día, desde las 6 de la mañana
hasta las 5 de la tarde”[38], de lo cual se
desprende claramente que, al tratarse de una actividad que exige un importante
esfuerzo físico, sus padecimientos lumbares en el grado en el que se encuentran
dificultan el desarrollo de la misma, no sólo porque encuentra reducida su
motricidad, sino porque las funciones de extracción artesanal de arena pueden
significarle un desgaste orgánico excepcional.
(ii) La avanzada edad: el señor Germán Ortiz Gómez cuenta
con 66 años de edad[39]. Aunque este hecho no
lo hace en sí mismo titular automático de un derecho particular, sí se
convierte en una condición que impone el deber de abordar el asunto en
perspectiva de la especial protección constitucional de que son sujetos las
personas de la tercera edad.[40] Al respecto, no puede
perderse de vista que nuestro ordenamiento jurídico, al incorporar medidas de
atención reforzada en favor de esta población, ha entendido que un “adulto
mayor”[41] es toda persona que
cuente con 60 años de edad o más.[42]
(iii) La condición económica: en atención
a lo declarado por el accionante bajo gravedad de juramento ante el juez de
primera instancia, y en ausencia de prueba en contrario, esta Sala observa que actualmente
atraviesa una crítica situación económica, dado que desde su expulsión de la
agremiación demandada se encuentra desempleado, dejando su sostenimiento y el
de su núcleo familiar a las utilidades que percibe su compañera permanente por
la venta informal de empanadas en el municipio de Girón (Santander).[43]
(iv) El analfabetismo: teniendo en cuenta que tanto en el
escrito de tutela como en la declaración rendida ante el a quo se
establece que el accionante no ha tenido acceso a formación educativa, y no
sabe leer ni escribir, se encuentra acreditado, entonces, que el actor es
analfabeta. Situación que, valga decir, no ha sido objeto de controversia por
parte del extremo accionado.
Sobre este punto, debe recordarse que el analfabetismo es tal vez una de
las expresiones más claras de vulnerabilidad,[44]
por representar una robusta barrera para el acceso igualitario tanto a los
contextos cotidianos como a las diversas fórmulas de bienestar. De ahí que esta
Corte haya insistido en la inevitable vinculación que existe entre esta
condición y la marginalidad económica y social,[45] lo que redunda en la consolidación de una
evidente dificultad para el ejercicio adecuado de los derechos de quienes no
saben leer ni escribir[46], y de lo cual se
desprende la necesidad de garantizar una atención reforzada en procura de
lograr la mayor satisfacción de las prerrogativas constitucionales, tornándose
así especialmente exigible la realización de la finalidad esencial del Estado
relativa a la efectividad de los principios consagrados en la Carta Política,
de conformidad con el artículo 2º Superior.[47]
De esta forma, para la Sala la tesis de indefensión en este caso se
encuentra sustentada en que si bien las anteriores condiciones particulares, en
su conjunto, dan cuenta de la vulnerabilidad general en que se encuentra el
accionante, ésta se potencia en el escenario de la Asociación demandada, pues
es allí en el que concretamente se consolidan tales circunstancias en
factores que, aparentemente y de acuerdo con los hechos narrados en la tutela, determinan
su permanencia en la agremiación, por decisión de un conglomerado mayoritario
respecto del cual el accionante se halla en clara desventaja para repeler las
actuaciones que, desde su perspectiva, son constitutivas de vulneraciones o
amenazas a sus derechos.
Finalmente, resulta pertinente aclarar que la indefensión del accionante
no puede entenderse desacreditada por la supuesta existencia de herramientas
jurídicas al interior del trámite que ha dado lugar a su expulsión de la
Asociación, pues es precisamente este procedimiento el que es objeto de
cuestionamiento en el escenario constitucional, por lo que su valoración en
esta fase previa implicaría necesariamente asumir de forma errada una evaluación
del fondo del asunto.
3.3.
Inmediatez
Pese a que el
artículo 86 Superior establece que la acción de tutela puede ser promovida “en
cualquier momento”, desde sus inicios esta Corporación ha desarrollado la
necesidad de que se interponga en un “plazo razonable”, de acuerdo a las
particularidades de cada caso, de forma que su valoración esté determinada por
la relación entre la protección inmediata de los derechos que brinda este
mecanismo constitucional y el acto particular que genera la supuesta amenaza o
violación.[48]
En el asunto
bajo estudio, éste ha sido uno de los elementos que ha dado lugar a que, en
sede de instancia, se descarte la procedencia del amparo. Específicamente, el a
quo consideró que la acción de tutela de la referencia no superaba el
requisito de inmediatez, puesto que entre el momento en el que se adoptó la Resolución
No. 001 del 8 de octubre de 2014 (por medio de la cual se excluyó al actor de la
ACME) y la fecha en que se interpuso la tutela (31 de octubre de 2016)
transcurrió un lapso aproximado de 2 años, el cual, en su criterio, es
irrazonable. Decisión que fue confirmada por el ad quem.
Al respecto, es pertinente sostener que Sala no comparte tal conclusión,
pues observa que un análisis integral del expediente, a la luz de la
jurisprudencia de esta Corporación, da cuenta del cumplimiento del requisito en
mención, tal como en adelante se expone.
En este punto resulta importante tener en cuenta que esta Corporación
ha expuesto reiteradamente que la razonabilidad del plazo no es un elemento que
pueda ser juzgado a priori, pues, tratándose de una categoría
jurisprudencial de naturaleza abierta, su determinación exige un estudio de las
particularidades de cada evento. En ese sentido, la Corte, buscando dilucidar
el alcance del “término razonable”, ha enunciado distintos criterios
que, en concreto, podrían dar cuenta de la superación del requisito de
inmediatez en aquellos eventos en los que exista duda sobre su verificación.
Así, este Tribunal ha aludido a la necesidad de valorar las
siguientes situaciones: (i) la existencia de razones válidas para la
inactividad del actor, en caso de que así se verifique; (ii) la evidente
permanencia en el tiempo de la vulneración, de forma que se constituya en
continua y actual; y (iii) la desproporcionalidad de la exigencia de interponer
en un término específico la acción de tutela, en consideración de la situación
de debilidad manifiesta que presente el accionante.[49] De ahí que la
jurisprudencia constitucional insista en que “en
algunos casos, seis (6) meses podrán resultar suficientes para declarar la
tutela improcedente; así como también, en otros, un término de dos (2) años se
podría considerar razonable para ejercer la acción de tutela, ya que todo
dependería de las particularidades del caso”[50].
Con base en ello, cuando se ha advertido el
acaecimiento de un lapso prolongado entre el hecho vulnerador y la instauración
de la acción de tutela, el estudio de la inmediatez por parte de la Corte
Constitucional ha estado mediado por el criterio de la proporcionalidad concreta
del plazo en cada caso, de manera que se ha analizado si la aparente demora se
halla válidamente justificada, eventos en los cuales se ha tenido por superado
este requisito.[51]
De esta forma, frente al asunto de la referencia
se observa que, en efecto, si se tiene en cuenta la fecha en que fue proferida
la Resolución 001 de 2014 (por medio de la cual se excluyó al accionante del
ACME), sobre la cual el señor Germán Ortiz Gómez manifiesta haber tenido
conocimiento en el mismo año 2014, y el momento en el que fue instaurado el
recurso de amparo (31 de octubre de 2016), prima facie sería posible
hablar de una ausencia de inmediatez. Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto
con precedencia, en estos eventos el juez constitucional se halla abocado a
verificar si dicha tardanza se encuentra razonablemente justificada, en
subsunción de los criterios jurisprudenciales ya reseñados.
En ese sentido, la Sala encuentra que, en primer
lugar, en este caso no ha existido inactividad o negligencia por parte del
actor. Por el contrario, tal como se desprende de los antecedentes expuestos en
esta providencia, tras haberse emitido el acto por medio del cual se le
desvinculó de la Asociación accionada, el señor Germán Ortiz Gómez, hasta antes
de promover la acción de tutela, adelantó las siguientes gestiones:
(i) El 28
de enero de 2015, a través de apoderado, solicitó al presidente de la Junta
Directiva de ACME información relacionada con el funcionamiento de la
asociación y la vigencia de su relación con la misma.[52] En respuesta
a esta comunicación, se informó, entre otras cosas, que de los 13 socios
fundadores, sólo 4 se mantenían como miembros de la entidad, no estando
incluido el señor Ortiz Gómez.[53]
(ii) El 20 de mayo de 2015, el actor radicó denuncia penal contra los entonces
asociados, por los delitos de fraude procesal, falsedad, estafa y utilización
de documento falso, debido a, entre otros hechos, aparentes irregularidades en
los manejos financieros de la organización y habérseles separado de la misma
sin la garantía del debido proceso.[54]
(iii) Finalmente, en ocasiones posteriores elevó peticiones ante la Junta
Directiva de ACME, así: a) mediante escrito del 24 de junio de
2016, requirió, entre otros asuntos, copia de la decisión por medio de la cual
se le excluyó de la Asociación[55];
y b) el 18 de agosto de 2016, solicitó la revocatoria de la Resolución
No. 001 del 8 de octubre de 2014, argumentando que, en primer lugar, la
decisión adoptada por la Junta Directiva no estuvo mediada por la garantía de
su derecho de defensa, pues nunca se le permitió ser oído, y en segundo lugar,
la notificación de la misma no se hizo de forma oportuna, lo cual le impidió
ejercer el recurso de reposición respectivo[56].
El anterior panorama, sin entrar
a valorar la aptitud jurídica de las actuaciones, pues ello sería propio de un
análisis del fondo del asunto, evidencia que lejos de haber asumido una actitud
pasiva frente a su situación, el actor ha adelantado las gestiones que, en su
criterio, podrían idóneamente defender sus intereses, máxime si se tiene en
cuenta que el petente no sabe leer ni escribir.
En segundo lugar, la valoración
de la aparente demora aludida por los jueces de instancia debe obedecer necesariamente
a la situación de vulnerabilidad del actor, configurada, en su conjunto y tal
como se  advirtió al momento de agotar el estudio de la legitimación en la
causa de la entidad accionada, por su avanzada edad, su estado de salud, su
situación económica y su condición de analfabeta, lo cual haría desproporcionado
imponer un estándar rígido para el examen de la inmediatez.
Finalmente, aunado a los
anteriores factores, debe tenerse en cuenta que el accionante señala que la
supuesta vulneración causada por su exclusión de ACME, confirmada en el 3 de octubre de 2016 en la respuesta dada a la solicitud de
revocatoria elevada el 18 de agosto de 2016, ha significado la
perpetuación de los efectos que la misma ha tenido, pues señala que ésta,
particularmente, ha sido la causa de la progresiva reducción de sus ingresos
económicos, hasta el punto de encontrarse dependiendo de la venta informal de
empanadas en la que se desempeña su cónyuge.
De esta forma, la Sala concluye
que aunque entre el momento en el cual se dio la separación definitiva del
accionante de su calidad de asociado de la entidad demandada y la fecha en la
que se interpuso la acción de tutela transcurrió un lapso prolongado, lo cierto
es que dicha demora se encuentra justificada no sólo por la ausencia de
inactividad o negligencia por parte del peticionario, sino por las condiciones
especiales de vulnerabilidad en las que se encuentra.
3.4. Subsidiariedad
Dado el
carácter residual y subsidiario de la acción de tutela, el inciso tercero del
artículo 86 constitucional estatuye que (i) “sólo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”, caso en el cual se
entenderá que se interpone como medio principal de defensa de los derechos del
actor; (ii) “salvo que (…) se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable”.
En el caso de
la referencia se observa que el actor no dispone de mecanismo judicial idóneo
distinto al recurso de amparo para defender los intereses alegados en el
escrito de tutela. Esto porque, si bien en principio podría decirse que el
artículo 382 del Código General del Proceso se refiere a la impugnación de
actos de asambleas, juntas directivas o de socios, es claro que dicho
instrumento tiene por finalidad adelantar un juicio legal de la decisión
adoptada por el órgano directivo de la persona jurídica de derecho privado, a
través de una confrontación de la misma con las “reglas o estatutos
respectivos invocados como violados”.
En ese sentido,
el aparente medio ordinario de defensa no tiene la entidad de resolver
pretensiones “extraestatutarias” como las que se formulan en el asunto bajo
estudio, en el que el actor busca que, como consecuencia del amparo de los
derechos invocados, se acceda no sólo a dejar sin efectos la Resolución
No. 001 del 8 de octubre de 2014, sino a autorizar, con base en una valoración
constitucional de su caso, el ingreso de un tercero a la “Mina La Esperanza”,
con el fin de que éste adelante las labores que, según el señor Germán Ortiz
Gómez, no puede cumplir por su situación médica. Esto último, como ha sido
advertido por el presidente de la Junta Directiva de ACME al dar respuesta a la
tutela, no se encuentra expresamente regulado en los estatutos de la
agremiación, por lo cual ha sido negado.
Aunado a lo anterior, resulta
necesario considerar que el actor atraviesa, como ya se ha dicho reiteradamente
en esta providencia, una serie de circunstancias particulares que lo hacen
hallarse en un evidente estado de vulnerabilidad, lo cual potencia la necesidad
de obtener un pronunciamiento de fondo por parte del juez constitucional
respecto de los derechos que, presuntamente, han sido vulnerados por parte de
la entidad accionada y que, según expone, ponen en riesgo inminente su propia
supervivencia.
Cumplidos los presupuestos de
procedibilidad, a continuación la Sala se ocupará de estudiar el fondo del
asunto.
4. Contexto jurisprudencial: la
exigibilidad del derecho al debido proceso en el marco de relaciones entre
particulares – el caso de las asociaciones estructuradas alrededor de un
objetivo común de sus integrantes
4.1. La Constitución Política
integra un verdadero mandato de protección de las garantías que circunscriben las
actuaciones procedimentales al consagrar, en su artículo 29, el derecho al
debido proceso, predicable normativamente, y en principio, respecto de los
trámites adelantados ante autoridades judiciales y administrativas. Sin
embargo, desde sus inicios esta Corporación se ha encargado de establecer el
alcance del mencionado derecho, con ocasión de lo cual ha desarrollado su
exigibilidad frente a las relaciones entre particulares, especialmente en los
escenarios en los que éstos fungen como organismos o sujetos que cuentan con la
prerrogativa para imponer sanciones.[57]
4.2. De esta manera, se ha
dicho que, en el ámbito de los sujetos de derecho privado, la definición de
consecuencias jurídicas sancionatorias siempre implica el respeto por los
contenidos del debido proceso, de forma que “normas generales previamente
definidas y conocidas por los asociados deben indicar las conductas
sancionables o faltas, las sanciones correspondientes y las mínimas garantías
para la defensa”[58]. Facultad de sanción que, en todo
caso, debe ser ejercida de forma razonable y proporcionada[59].
4.3. En consonancia con lo
anterior, se ha entendido que los presupuestos mínimos del debido proceso que
se hacen extensibles a toda actuación sancionatoria corresponden a: (i) el
principio de legalidad, de manera que el procedimiento se sujete a las reglas
contenidas en el reglamento o cuerpo normativo respectivo;[60]
(ii) la debida motivación de la decisión que atribuye efectos jurídicos
a la conducta de quien es sujeto de sanción; (iii) la publicidad e
imparcialidad en las etapas del trámite; (iv) la competencia estatutaria
del organismo decisorio; y (v) el derecho a la defensa y contradicción.[61]
4.4. La exigibilidad de la
garantía del debido proceso respecto de los particulares encuentra sustento,
asimismo, tanto en la eficacia del texto constitucional frente a los vínculos
que se circunscriben bajo su vigencia, como también en la interrelación e
interdependencia que guardan los derechos entre sí, en tanto componentes
propios de su carácter universalista e indivisible.
4.4.1. Frente al primero de
estos aspectos, la irradiación del contenido iusfundamental de la Carta
Política sobre las relaciones jurídicas de derecho privado, y el consecuente
reconocimiento de su efecto horizontal en la esfera de los particulares, se
erige sobre la base de la dignidad humana en tanto cimiento axiológico del
Estado social y de derecho.[62] De allí que el mismo texto
constitucional se refiera explícitamente a la atribución de responsabilidad de
estos sujetos “por infringir la Constitución y las leyes” (artículo 5º).
Tal como lo ha advertido este
Tribunal,[63] el fenómeno de la horizontalidad se
desprende normativamente en nuestro contexto jurídico, especialmente, del mismo
artículo 86 Superior, del cual es posible derivar los escenarios en los que se
potencia la eventual infracción de los derechos constitucionales, en virtud de
interacciones gestadas en órbitas distintas a la pública. La norma
constitucional bajo referencia, entonces, alude a la tutela efectiva de los
derechos fundamentales dentro de las relaciones entre particulares cuando: (i)
se trata de la afectación del interés colectivo (al referirse a la prestación
de cualquier servicio público), pero también en el marco situaciones de
desventaja, como ocurre en los casos en los que (ii) existe
subordinación o (iii) se estructura una situación de indefensión.
4.4.2. Ahora bien, la
satisfacción de los derechos fundamentales en el marco de las interacciones
entre particulares también halla su raíz constitucional en el carácter
indivisible, interrelacionar e interdependiente de los mismos. Al respecto,
resulta necesario considerar que la Constitución Política incorpora una forma
de entender las relaciones originadas en el Estado colombiano a partir, esencialmente,
del “respeto de la dignidad humana” (artículo 1º), la garantía efectiva
de “todos los principios, derechos y deberes” allí consagrados (artículo
2º), y el reconocimiento “sin discriminación alguna, [de] la primacía de los
derechos inalienables de la persona” (artículo 5º).
Esta concepción se enmarca en
la dinámica de los derechos que, en el ámbito internacional, ha determinado el
estándar de su protección con base en criterios hermenéuticos como el principio
“pro persona”[64], desde el cual es posible entender la
interdependencia y consecuente indivisibilidad de las garantías
constitucionales, en el sentido de asumir la vulneración sistémica que suelen
presentar las afectaciones causadas sobre alguna de éstas, en razón de la
reciprocidad intrínseca que enmarca su satisfacción y la imposibilidad de
asimilar separadamente su realización[65].
Lo anterior se torna
especialmente importante a la hora de valorar la protección que este Tribunal
ha otorgado al debido proceso en las relaciones entre sujetos de derecho
privado, pues lejos de referirse a una salvaguarda basada en el incumplimiento
aislado de trámites o procedimientos internos, ha abordado su tutela a partir
de afectaciones concretas de otros valores iusfundamentales causadas por
el desconocimiento de los contenidos mínimos del derecho en referencia, a los
que ya se ha hecho mención.
Así, en diversas ocasiones la
Corte Constitucional ha aludido al amparo de la garantía contenida en el
artículo 29 Superior en escenarios privados, cuando en ellos se estructuran escenarios
sancionatorios y se ven afectados distintos derechos fundamentales, específicamente
en ámbitos como el laboral[66], el educativo[67],
de copropiedades[68], y de asociaciones estatuidas
alrededor de objetivos comunes.
Justamente, por los
antecedentes fácticos que circunscriben el caso bajo estudio, la Sala encuentra
pertinente hacer alusión al último de estos conjuntos de pronunciamientos, en
los que la Corte ha accedido a estudiar de fondo la respectiva solicitud de
amparo, a fin de detallar el contexto jurisprudencial que determina la solución
del problema jurídico planteado en esta providencia.
En la sentencia T-808 de 2003[69], la Sala Segunda de Revisión abordó una acción
de tutela promovida contra la Asociación Scout de Colombia, ante la negativa
dada al accionante para renovar su pertenencia a dicha institución, debido a su
orientación sexual, justificándose la entidad en que los estatutos autorizaban
a sus directivos a “reservarse el derecho de admisión”. Para dar
solución al caso concreto, la Corte indició que “si bien es cierto que una organización se rige bajo
sus propios principios y reglamentos, también lo es que, no puede el reglamento
interno de una asociación, ser arbitrario, discriminatorio y desconocer
derechos protegidos constitucionalmente, pues, se repite esto le está prohibido
inclusive a la ley”. Con fundamento en ello, accedió al amparo solicitado y ordenó
la inscripción inmediata del demandante como scout.
A su vez, en la sentencia T-433
de 2008[70], la Sala Primera de Revisión estudió
la acción de tutela promovida contra la Corporación “Club Los Lagartos”, por
parte de uno de sus socios, en la que solicitaba el amparo de, entre otros, su
derecho fundamental al debido proceso, que estimaba vulnerado ante la decisión
de negarle la afiliación de uno de sus hijos, por el hecho de ser “extramatrimonial”,
lo cual estaba “prohibido” por una disposición estatutaria.  Al resolver
el caso, la Corte decidió conceder la tutela invocada, luego de considerar que
la regla interna de la institución demandada, con base en la cual se excluyó al
hijo del demandante, era “abiertamente
contraria a la Constitución Política, en especial al artículo 42 de la Carta,
según el cual ‘los hijos habidos en el
matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia
científica, tienen iguales derechos y deberes’, y, por esta
vía, violatoria del artículo 13 de la Carta, que estatuye el derecho a la
igualdad”.
Posteriormente,
en la sentencia T-720 de 2014[71], la Sala Primera de
Revisión analizó la acción de tutela instaurada por un ciudadano peruano contra
la Gran Logia de Colombia. En esa ocasión, el accionante manifestaba que había
alcanzado el estatus de “Venerable Maestro” al interior de la organización,
pero debido a unas declaraciones rendidas ante un diario de amplia circulación
y relacionadas con el funcionamiento de la masonería, fue denunciado ante un
“Gran Maestro” por violación del Estatuto Penal Masónico, lo cual devino en la
imposición de la pena de “expulsión a perpetuidad”.  Respecto de esta
sanción estatutaria, el actor señalaba que se había violado su derecho al
debido proceso, porque: (i) fue juzgado por una comisión sin
competencia; (ii) no se decretó una prueba que, desde su perspectiva,
resultaba determinante; (iii) la “sentencia” fue proferida con
base en el principio “verdad sabida y buena fe guardada”, proscrito en
el ordenamiento; (iv) nunca hubo falta juzgada; y (v) hubo
irregularidades y dilaciones injustificadas del proceso.
Al resolver
el caso concreto y pronunciarse sobre la supuesta vulneración del debido
proceso, la Corte señaló que la protección de esta prerrogativa constitucional
no se fundamenta en la simple existencia de normas previas orientadoras de un
procedimiento privado, pues el análisis de este derecho en relaciones entre
particulares opera de forma distinta en cada asunto, de forma que su garantía
está sujeta a la intensidad en que el mismo se desenvuelve. Por ello, concluyó
que la solución de la controversia planteada por el demandante no se
evidenciaba como una “condición necesaria para asegurar el goce efectivo de
un derecho fundamental”, por lo que decidió confirmar el fallo de primera
instancia, en el que se negó de fondo la solicitud de amparo.
Conclusión
preliminar
4.5. A manera
de síntesis, el derecho al debido proceso de que trata el artículo 29 de la
Carta Política, en el marco de vínculos entre particulares, se torna exigible
esencialmente por: (i) la necesidad constitucional de evitar el
ejercicio abusivo y arbitrario de una prerrogativa sancionatoria; (ii) la
eficacia material del texto constitucional y su consecuente efecto irradiador
de los contenidos iusfundamentales a todas las relaciones que se gestan bajo la
vigencia del Estado social de derecho; y (iii) el carácter
interdependiente e indivisible de los derechos constitucionales, en virtud del
cual es posible identificar la intensidad de la afectación concreta del debido
proceso en relación con su efecto vulnerador en otras libertades consagradas en
el texto Superior.
De acuerdo
con ello, cuando esta Corte ha accedido a estudiar de fondo una solicitud de
amparo en la que se discute la salvaguarda del derecho bajo referencia, en el
ámbito de asociaciones
estructuradas alrededor de un objetivo privado y común de sus integrantes, se ha hecho depender su tutela de una vulneración de otros
principios superiores, como lo es la supremacía de los derechos de los
menores de edad, o la igualdad, de manera que se ha insistido en la imposibilidad
de conceder la protección, por vía de la acción de amparo, cuando lo único
que se persigue es el simple cumplimiento de reglas orientadoras de un
procedimiento estatutario de orden privado, sin ningún impacto constitucional.
Al respecto,
en atención a las circunstancias fácticas del asunto objeto de revisión, resulta
importante no perder de vista que, paradigmáticamente, la jurisprudencia de
esta Corte ha aceptado pronunciarse sobre el fondo de presuntas conculcaciones
del debido proceso en el ámbito de relaciones inter-particulares, en casos
donde las controversias sobre la aplicación de disposiciones internas han
estado originadas en el aparente desconocimiento de la cláusula de igualdad y prohibición
de no discriminación contenida en el artículo 13 de la Constitución Política,
cuya valoración ha sido adelantada a partir de las particularidades de cada
caso (v. gr. sentencias T-808 de 2003, T-433 de 2008 y T-720 de 2014).
5. Solución del problema
jurídico: la Junta Directiva de la Asociación Campesina de Areneros
“Mina La Esperanza” – ACME vulneró los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad del señor
Germán Ortiz Gómez, lo cual se configuró a través de una aplicación discriminatoria
de las disposiciones estatutarias de la agremiación
5.1. La
Asociación demandada surgió en el año 2007 para, de acuerdo con sus estatutos,
cumplir con el siguiente objeto o interés común: “(…) la extracción de
material de arrastre del Río de Oro en los sectores comprendidos como mina la
esperanza para desarrollar proyectos productivos sostenibles de carácter asociativo
de extracción minera”[72].
De esta forma, se estructuró una agremiación integrada por personas que, como
el accionante, se desempeñaban tradicionalmente en la producción artesanal de
arena a cielo abierto, con el propósito de desarrollar esta actividad en un
predio privado ubicado en el municipio de Girón (Santander).[73]
5.2. El
demandante, tal como lo relata en el escrito de tutela[74], lo cual es confirmado
por la Asociación en la respuesta dada a la misma[75], cumplió con su
asistencia diaria y de tiempo completo a la Mina La Esperanza hasta el año
2013, fecha a partir de la cual empezó a presentar quebrantos de salud que
dificultaron su constancia en la labor de extracción de material rústico que
venía adelantando, en razón del diagnóstico de “coxartrosis bilateral de
cadera de predominio izquierdo y artrosis de columna lumbar”, al punto de
tener que ausentarse por un periodo superior a un año.
A raíz de lo
anterior, la Junta Directiva de ACME, a través de Resolución Nº 001 del 8 de
octubre de 2014, decidió: “suspender en forma definitiva los Derechos de
Compensación Económica y Excluir en adelante al Asociado GERMÁN ORTIZ GÓMEZ, de
todo vínculo con la Asociación”[76]
(sic). Esta medida, como se evidencia desde el planteamiento mismo de problema
jurídico, consolida el objeto de análisis constitucional en el caso concreto,
en razón de la supuesta vulneración del debido proceso que, según el
accionante, se causó al ser adoptada.
5.3. Sobre el
particular, de entrada la
Sala advierte que, en aplicación de las reglas
desarrolladas por los previos pronunciamientos de esta Corte y que fueron descritas
con antelación en esta providencia, la Asociación Campesina de Areneros “Mina La Esperanza” –
ACME, a través de su junta directiva, vulneró los derechos al debido proceso, e
igualdad y no discriminación del accionante, por las razones que a continuación
se desarrollan.
5.4. Como
punto de partida, debe tenerse en cuenta que, tal como se señaló al momento de
abordar la procedencia de la acción de tutela de la referencia, la relación jurídica
que existe entre el peticionario y los demás asociados de ACME, en abstracto,
se funda en un nexo de igualdad y de libertad contractual, por tratarse de un
vínculo corporativo originado por declaraciones de voluntad paralelas, por lo
que, prima facie, un pronunciamiento frente a la salvaguarda del debido
proceso en el desenvolvimiento de esta relación privada no es un asunto de
relevancia para la justicia constitucional.
No obstante, lo anterior varía
si se tiene en cuenta que la controversia planteada por el demandante se
enmarca en el despliegue de un poder sancionatorio reconocido a la agremiación
accionada, específicamente a su Junta Directiva. Sobre este punto, debe
señalarse que claramente la exclusión definitiva del accionante de ACME tiene
una connotación sancionatoria, no sólo por ser asumida como el establecimiento de
una consecuencia jurídica negativa, y a manera de castigo, frente al acaecimiento
previo de un hecho determinado –como lo es la inasistencia durante más de 6
meses a la zona de extracción de arena–, sino porque estatutariamente, y en la
misma Resolución 001 del 8 de octubre de 2014, tal exclusión recibe un
tratamiento de sanción[77].
Ahora bien, de acuerdo con lo
expuesto en esta providencia, la protección del debido proceso en el ámbito de
las relaciones particulares, específicamente entre los integrantes de una entidad
conformada alrededor de un propósito común,  no depende de la simple aplicación
de reglas internas, ni siquiera por el mero hecho de tener una naturaleza
sancionatoria. La intervención del juez de tutela se halla sujeta a la
afectación causada a otros derechos fundamentales, como resultado del
desconocimiento de las disposiciones estatutarias o de los contenidos mínimos
del debido proceso en general.
5.5. En el caso concreto, el
accionante señala que la vulneración del debido proceso, además de estar basada
en el estricto cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos de la
organización, se estructura por un acto discriminatorio perpetrado por la Junta
Directiva de ACME, pues, en su sentir, la suspensión definitiva de sus derechos
como asociado estuvo motivada esencialmente por el hecho de presentar una
disminución en su movilidad, causada por un diagnóstico médico que lo hacía
depender del uso de muletas.
5.6. En este punto resulta
importante considerar que la entidad accionada, al dar respuesta a la acción de
tutela, a través del presidente de su Junta Directiva, señaló que es cierto
que: (i) desde el año 2013, el accionante fue diagnosticado con “coxartrosis
bilateral de cadera de predominio izquierdo y artrosis de columna lumbar”; (ii)
como consecuencia de esta condición médica, el actor no pudo seguir
desarrollando las actividades mineras con la regularidad usual; y (iii) esta
situación era conocida por todos los asociados.[78]
Asimismo, de acuerdo con la comunicación dirigida al accionante, fechada el 3
de octubre de 2016, la Asociación demandada determinó que las labores mineras
en la zona de extracción deben cumplirse “sin importar la excusa de
enfermedad o limitación que se padezca o llegare a padecer”[79].
A partir de estos elementos
fácticos, la Junta Directiva de la agremiación decidió aplicar la modificación
estatutaria incorporada mediante Acta 002 del 22 de agosto 2014, según la cual
“quienes siendo Asociados constituyentes, incumplan o dejen de laborar
físicamente en las tareas de Extracción de Arenas y Piedras, serán suspendidos
en sus derechos dentro de la Asociación y, si la ausencia física en las labores
se prolonga por más de seis (6) meses en las actividades dentro del área de la
mina, la Sanción será la de la exclusión definitiva de todo vínculo con ACME”[80]. Con fundamento en ello, se definió la
expulsión a perpetuidad de la calidad de asociado del actor, por haberse
ausentado de la zona de extracción por un lapso superior a un año.
5.7. Al respecto, la Sala observa
que en este caso ha habido una vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso e igualdad del actor, por dos situaciones: (i) con la aplicación
de una disposición estatutaria, la entidad accionada ha encubierto un verdadero
acto discriminatorio, inadmisible desde el punto de vista constitucional; y (ii)
la inobservancia de los contenidos mínimos de la garantía del debido proceso,
obligatorias en el ejercicio de cualquier potestad sancionatoria. Estos dos
postulados se explican a continuación.
(i) La aplicación de una
disposición estatutaria, por parte de la agremiación accionada, ha encubierto
un acto discriminatorio en contra del actor, constitutivo de una vulneración
del debido proceso por vía de un desconocimiento del principio de igualdad
5.8. En nuestro ordenamiento
jurídico, el derecho a no ser discriminado(a) se sustenta en la cláusula de
igualdad contenida en el artículo 13 Superior. En ésta se proscribe cualquier
diferenciación negativa y arbitraria fundada en aspectos subjetivos de la
persona, como lo son el sexo, la raza, el origen nacional o familiar, la
lengua, la religión, opinión política o filosófica.
En desarrollo de lo anterior,
la Corte ha censurado cualquier acto discriminatorio, entendiendo por tal los
tratamientos diferenciados sin fundamento objetivo, razonable y proporcional desde
el punto de vista constitucional, por consolidar distinciones manifiestamente contrarias a la dignidad humana.[81]
5.9. Frente al caso objeto de
estudio, se tiene que si bien el accionante dejó de acudir por un periodo
superior a 12 meses a la zona de extracción en la que desarrolla el objeto
social la Asociación demandada, lo cierto es que esta situación, como se
evidencia de lo anteriormente expuesto, no se derivó de una actitud caprichosa
del actor ni desconocida para los demás asociados. Por el contrario, la
constancia en el cumplimiento de sus deberes durante por lo menos 4 años
anteriores al año 2013 se vio abruptamente frustrada por el surgimiento de una
serie de padecimientos médicos que lo llevaron, inclusive, a no seguir
ejerciendo directamente la labor minera artesanal.
5.10. Pese a tener
conocimiento de la complicación médica, los demás colegas asociados decidieron
aplicar de forma inflexible la disposición estatutaria que se refiere a la
inasistencia a la zona de extracción de arena como causal para ser expulsado de
la agremiación. Para esta Sala, aunque en virtud del derecho a la asociación,
consagrado en el artículo 38 de la Constitución Política, se garantiza el
respeto por la prerrogativa asignada a la organizaciones privadas de darse sus
propias reglas internas de conducta, lo cierto es éstas no pueden aplicarse en
desmedro de los derechos fundamentales de que son titulares las personas
individualmente consideradas y que son parte de la entidad respectiva.
5.11. En el asunto de la
referencia, la Junta Directiva de ACME ejerció desmedidamente el poder
sancionatorio que estatutariamente se le había otorgado, usándolo para excluir
al accionante de la calidad de asociado fundador que venía manteniendo, en
razón de una condición subjetiva, natural, personalísima y por tanto
irresistible, como lo es el hecho de presentar determinada enfermedad. Esta situación
se torna abiertamente discriminatoria, pues, en últimas, de lo que se trató fue
de imponerle un castigo a una persona por el simple hecho de haberse enfermado,
lo cual deviene en un claro tratamiento irrazonable y desproporcionado.
5.12. A pesar de que el objeto
mismo de la Asociación accionada es el de la extracción de material rústico, y
alrededor de éste se conformaron las reglas para desarrollarlo, en el caso
particular era necesario tener en cuenta que el actor nunca tuvo por propósito
incumplir injustificadamente el deber relativo a la asistencia permanente a la
zona de producción; por el contrario, su interés por preservar el objetivo
común de la agremiación se hizo evidente al momento en que él puso a
consideración de sus colegas fórmulas alternas para cumplir con el compromiso
contractual, como lo era el autorizar que un tercero, bajo responsabilidad del
demandante, garantizara la “cuota” de labor minera respectiva.
5.13. Ciertamente, la relación
jurídica entre el actor y los demás agremiados se aleja de tener una naturaleza
laboral, por ausencia de los elementos propios de los vínculos de trabajo. Sin
embargo, ello no es óbice para permitir que a una persona sólo se le valore en
consideración de su capacidad productiva personal al interior de una agremiación
como la demandada, pues, en atención al principio de dignidad, los seres
humanos, lejos de ser instrumentos al servicio de intereses ajenos, son un fin
en sí mismo, de manera que su “valor” no puede ser asumido por el resto
de asociados en perspectiva de su “utilidad”, así se trate de una órbita
privada en la que, en todo caso, los imperativos constitucionales no pierden
vigencia.
5.14. Como se ha indicado con
precedencia, el debido proceso se incorpora en nuestro sistema jurídico con el
fin de evitar el ejercicio abusivo y arbitrario de un poder sancionatorio
determinado, siendo una verdadera prenda de garantía para contrarrestar la
imposición de consecuencias jurídicas injustas. En el caso específico de las
entidades privadas estructuradas alrededor de un objetivo privado y común de
sus integrantes, la valoración del debido proceso respecto de sus asociados
sólo se torna constitucionalmente relevante, y por tanto verificable ante el
juez de tutela, cuando la inobservancia o aplicación de una determinada
disposición, destinada a la imposición de sanciones, conduce a la vulneración
de otros derechos iusfundamentales.
Lo anterior ha ocurrido en el caso de la referencia, pues, tal
como ha sido expuesto con precedencia, la junta directiva de la agremiación
accionada ha dado aplicación a una disposición interna, de contenido
sancionatorio, para despojar al actor de su calidad de asociado, bajo el
argumento de haber incumplido el deber de asistencia permanente a la zona de
explotación minera. Para esta Corte, prima facie, el principio de
libertad contractual impediría al juez constitucional intervenir en el alcance
de los estatutos privados de la organización accionada; no obstante, esta regla
general se relativiza cuando al verificar las condiciones fácticas del asunto
se observa que la verdadera razón por la cual se ha retirado al accionante de
la agrupación no ha sido otra distinta a sus graves particularidades de salud. Se
ha tratado, en consecuencia, de la exclusión diferencial y arbitraria de una
persona (acto discriminatorio), en razón de sus condiciones personalísimas, so
pretexto de estar acatando rígida e inflexiblemente una regla interna, pese a
que, como lo ha señalado esta Corte, la horizontalidad de los contenidos
constitucionales irradia plenamente los vínculos de derecho privado y por lo
tanto la subsunción de los pactos sancionatorios surgidos en el marco de estas
relaciones. Aunado a ello, la Corte evidencia que en esta estricta oportunidad
la actuación contraria a la igualdad se torna aún más grave desde el punto de
vista constitucional, si se tiene en cuenta que, tratándose de una agremiación
fundada en la cooperatividad de sus integrantes, quienes buscaban obtener el
mejor provecho de la cantera de arena de la cual derivaban su sustento
personal, el mandato de solidaridad constitucional les es especialmente
exigible.
5.15. De esta forma, concretamente
la Sala encuentra que en el caso de la referencia la Junta Directiva de ACME,
al expulsar definitivamente al señor Germán Ortiz Gómez de la agremiación, por
el hecho de haber estado físicamente imposibilitado para ejercer las labores de
extracción diaria de arena, ejerció de manera irreflexiva la prerrogativa
sancionatoria asignada estatutariamente, imponiendo una consecuencia que, a
todas luces, se torna desproporcionada y, sobretodo, discriminatoria; a raíz de
lo cual vulneró los derecho fundamentales al debido proceso e igualdad y no
discriminación del demandante.
(ii) Inobservancia de los
contenidos mínimos de la garantía del debido proceso, obligatorias en el
ejercicio de cualquier potestad sancionatoria
5.16. Planteadas las razones
por las que, constitucionalmente, la vulneración del debido proceso en este
caso se edifica sobre la vulneración del derecho a la no discriminación;
resulta necesario indicar que, en esta ocasión, la afectación directa de la
primera de estas garantías se agrava, además, por el desconocimiento de la
Junta Directiva de ACME sobre los contenidos generales del debido proceso, a la
hora de imponer la sanción objeto de reproche.
5.17. De acuerdo con lo dicho
en previas consideraciones, el respeto del debido proceso, en el marco de la
imposición de sanciones, implica la observancia de: (i) el principio de
legalidad, (ii) la debida motivación de la decisión que atribuye efectos
jurídicos a la conducta de quien es sujeto de sanción, (iii) la
publicidad e imparcialidad en las etapas del trámite, (iv) la
competencia estatutaria del organismo decisorio, y (v) el derecho a la
defensa y contradicción en el curso del procedimiento.
5.18. En el caso concreto, la
accionada defiende haber garantizado el debido proceso por haber sometido el
trámite sancionatorio a la causal establecida en los estatutos de la entidad, y
haberse adelantado una investigación previa en cabeza de una Junta de Vigilancia
delegada por el órgano directivo de la Asociación.[82]
No obstante, para la Sala estas dos afirmaciones no son suficientes para acreditar
el respeto del derecho en mención y, de hecho, dan cuenta de una grave
afectación a los contenidos mínimos antes referidos, por lo siguiente:
En primer lugar, si bien la
Junta Directiva de la agremiación se sujetó a la causal estatutaria dispuesta
en el Acta 002 del 22 de agosto de 2014, esto, como ya se dijo, en el asunto
particular se torna en sí mismo, y en la forma en que se aplicó, violatorio de
la Constitución Política, por ser contrario al principio de no discriminación,
lo que desacredita la idea según la cual con el simple sometimiento a las
reglas estatutarias se garantiza el debido proceso al interior de un trámite
sancionatorio. Esto conduce, necesariamente, a la indebida motivación de la
Resolución 001 del 8 de octubre de 2014, por sustentar la determinación allí
adoptada en un acto contrario al orden constitucional.
En segundo lugar, al verificar
el trámite previo a la expedición de la Resolución antes aludida, se tiene que
la Asamblea General de la Asociación, en efecto, designó a una Junta de
Vigilancia conformada por dos asociados, quienes tuvieron a su cargo rendir un
concepto previo sobre la decisión definitiva que debería adoptar la Junta
Directiva. Esta situación, por sí sola, no tiene la capacidad para dar cuenta
de la garantía del debido proceso del accionante, pues si bien la entidad
accionada defiende la constitución de esta célula estatutaria como una fase
previa de investigación de la situación, lo cierto es que en el acto expedido
el 22 de septiembre de 2014, por parte de este organismo, nunca se refirió al desarrollo
de una instrucción o ilustración probatoria y absteniéndose, específicamente
sobre la condición médica del señor Germán Ortiz Gómez, de adelantar valoración
alguna.
En tercer lugar, en el
mencionado acto del 22 de septiembre de 2014, la Junta de Vigilancia hizo
alusión al aparente respeto por la defensa del actor, al haberse recibido
previamente un escrito por él suscrito. Sin embargo, lo cierto es que, como se
encuentra acreditado en el expediente, tal documento trata de una petición
elevada por el demandante al presidente de la Junta Directiva de ACME y que,
precisamente, es la que da lugar al adelantamiento del trámite de sanción en su
contra.[83] En ese sentido, el actor nunca fue
llamado o requerido para, luego de la constitución de la Junta de Vigilancia y durante
el supuesto curso de la investigación interna, darle la oportunidad de hacer valer sus
propias razones y argumentos, controvertir, contradecir y objetar las pruebas
en su contra y solicitar la práctica y evaluación de las que se estimara favorables,
lo cual integra la esencia del derecho a la defensa en cualquier ámbito
sancionatorio.
En cuarto lugar,
debe tenerse en cuenta que la Resolución 001 del 8 de octubre de 2014 sólo
constituyó una etapa posterior al concepto emitido por la Junta de Vigilancia,
por lo cual la circunstancias bajo las cuales se inició el trámite de sanción
nunca cambiaron en beneficio del derecho al debido proceso del accionante. A
ello se aúna el hecho de que si bien la determinación definitiva fue adoptada
por la Junta Directiva competente, conformada por 4 miembros debidamente
designados por la Asamblea General, tal como lo disponen los estatutos de la
agremiación, lo cierto es que, materialmente, se evidencia que dos de los
integrantes del órgano decisorio son los mismos asociados que componen la Junta
de Vigilancia. Para la Sala, esta situación es constitutiva de un abierto
desconocimiento del principio de imparcialidad, propio del debido proceso, y
que, tal como lo ha señalado esta Corporación, en la órbita de procedimientos
sancionatorios implica que la decisión final sea adoptada por un tercero neutral
que desarrolle sus competencias “sin prejuicios ni posturas previas que afecten su
ánimo y la sana crítica para actuar”[84].
Lo anterior,
entonces, da cuenta de la evidente vulneración de las garantías mínimas que
circunscribe la satisfacción del debido proceso del accionante, al interior del
trámite que tuvo como resultado la imposición de una exclusión definitiva de su
calidad de asociado de la entidad accionada.
5.19. En ese sentido, con base
en todo lo expuesto, la Corte revocará las providencias proferidas en sede de
instancias, y en su lugar accederá al amparo de los derechos vulnerados. Con el
fin de hacer efectiva la decisión adoptada, se dispondrá la pérdida de efectos de
la Resolución 001 del 8 de octubre de 2014, proferida por la Junta Directiva de
ACME, por haber sido emitida en violación de los derechos fundamentales del
actor, de acuerdo con lo indicado.
Como consecuencia, se ordenará
a la agremiación accionada rehacer la integridad del procedimiento adelantado
en contra del señor Germán Ortiz Gómez, garantizando estrictamente los
contenidos mínimos del debido proceso a los que se ha aludido en esta
sentencia, a saber: (i) el principio de legalidad, de manera que se
sujete a las reglas contenidas en el reglamento o cuerpo normativo respectivo; (ii)
la debida motivación de la decisión que atribuye efectos jurídicos a la
conducta de quien es sujeto de sanción; (iii) la publicidad e
imparcialidad en el curso del trámite; (iv) el respeto por la
competencia estatutaria del organismo decisorio; y (v) la satisfacción del
derecho a la defensa y contradicción en todas las etapas del procedimiento.
No obstante, se advertirá que,
bajo ninguna circunstancia, se podrá dar aplicación a la causal estatutaria relativa
a la expulsión por inasistencia del asociado durante un lapso superior a 6
meses a la zona de extracción, a menos que la misma tenga una causa constitucionalmente
admisible y distinta la condición médica del accionante, pues ello, como se ha
señalado, es constitutivo de un acto discriminatorio.
Ahora bien, la Sala no
accederá a la solicitud del actor de permitir que otra persona adelante,
en su nombre y bajo su responsabilidad, las labores al interior de la
agremiación, pues ordenar la adopción de una medida específica como ésta iría
en contra de la autonomía propia de las organizaciones estructuradas en virtud
del derecho de asociación. No obstante, se dispondrá que, en caso de no
configurarse causal alguna para expulsar al actor de ACME, se valoren
colectivamente las alternativas que, de manera armónica, permitan la
realización del objeto social de la entidad, sin desmedro de los derechos del
actor y en consideración de su estado de salud.
Con el propósito de garantizar
lo dispuesto en esta providencia, y en atención a las funciones de inspección,
control y vigilancia de que trata el Decreto 1529 de 1990[85],
se ordenará a la Gobernación del Departamento de Santander hacer seguimiento
especial al procedimiento que, respecto de la definición de la permanencia del accionante
como asociado de ACME, se adelante por parte del organismo estatutario
competente, hasta su culminación.
Finalmente, se aclara que no se
emitirá ningún pronunciamiento frente a los manejos financieros de la agremiación
y las controversias de tipo económico que el actor enuncia en la tutela, no
sólo por ausencia de certeza sobre estos aspectos, sino, sobre todo, por
tratarse de asuntos que en este caso carecen de relevancia desde el punto de
vista constitucional.
6. Síntesis de la decisión
En esta sentencia, la Sala
Novena de Revisión ha estudiado el caso de un ciudadano quien desde el año 2007
se asoció con un grupo de colegas, areneros artesanales, con el fin de extraer
organizadamente material rústico al interior de un predio privado. No obstante,
en el año 2003 empezó a presentar graves problemas de salud que le impidieron
seguir acudiendo a la mina, en la que diariamente tenía que cumplir con una
cuota determinada de extracción, al punto que dejó de asistir durante un lapso
superior a un año. A raíz de esta situación y dado que los estatutos de la
agremiación disponen que quien se ausente por más de seis meses será expulsado
de la misma, la Junta Directiva decidió cancelar definitivamente la calidad de
asociado del accionante.
Al abordar el caso particular,
se encontró que la entidad accionada vulneró el debido proceso del accionante y
que dicha actuación merecía un pronunciamiento constitucional por implicar una
afectación a otras garantías de carácter fundamental, como lo es, de manera
especial, el derecho a la igualdad y no discriminación. Concretamente, se observó
que la aplicación rígida de la disposición estatutaria encubrió un verdadero
acto discriminatorio, pues, en últimas, de lo que se trató fue de imponerle una
sanción al accionante, simplemente por haberse enfermado, usando así una
condición personalísima e irresistible para atribuir una consecuencia negativa,
de tipo sancionatorio, en contra del actor. Esto, desde el punto de vista probatorio,
se deriva del hecho de que, al momento de imponer la sanción, los asociados
tenían pleno conocimiento de la condición clínica del demandante y sabían que
esa era la causa de su ausencia a la zona de extracción de arena.
Asimismo, se determinó que la
asociación demandada desconoció los contenidos mínimos del debido proceso que
resultan exigibles frente a cualquier uso de una potestad sancionatoria, principalmente
por haber impedido el ejercicio cierto del derecho a la defensa del actor,
haber aplicado de manera inconstitucional una regla estatutaria, y haber
vulnerado el principio de imparcialidad.
De acuerdo con lo anterior, se
identifican como reglas de decisión las siguientes:
A) En el
marco de vínculos entre particulares, la exigibilidad del derecho al debido
proceso, consagrado en el artículo 29 de la Carta Política, se fundamenta en: (i)
la necesidad constitucional de evitar el ejercicio abusivo y arbitrario de una
prerrogativa sancionatoria; (ii) la eficacia material del texto
constitucional y su consecuente efecto irradiador de los contenidos iusfundamentales
a todas las relaciones que se gestan bajo la vigencia del Estado social de
derecho; y (iii) el carácter interdependiente e indivisible de los
derechos constitucionales, en virtud del cual es posible identificar la
intensidad de la afectación concreta del debido proceso en relación con su
efecto vulnerador en otras libertades consagradas en el texto Superior.
B) Con base
en lo anterior, siempre que al interior de una asociación de orden privado,
creada alrededor de un objetivo común, se ejerza el poder sancionatorio
reconocido estatutariamente por parte de los asociados, deberá observarse el
derecho al debido proceso, siendo exigible la garantía de los contenidos
mínimos del mismo, relativos a: (i) el principio de legalidad, de manera que se sujete a las reglas
contenidas en el reglamento o cuerpo normativo respectivo; (ii) la
debida motivación de la decisión que atribuye efectos jurídicos a la conducta
de quien es sujeto de sanción; (iii) la publicidad e imparcialidad en el
curso del trámite; (iv) el respeto por la  competencia estatutaria del
organismo decisorio; y (v) la satisfacción del derecho a la defensa y
contradicción en todas las etapas del procedimiento.
C) En todo caso, el ejercicio del
poder sancionatorio, en contra uno de sus asociados, exige a la organización
privada adelantar el respectivo trámite a partir del estricto respeto por los
derechos fundamentales de la persona sobre quien se adelanta el trámite, de manera
que, por ejemplo, resulta inadmisible constitucionalmente ejercer actos
discriminatorios bajo la idea de aplicar una regla estatutaria, a través del
uso exclusivo de una condición subjetiva e irresistible para quien es
sancionable, como lo es una condición de salud.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR las sentencias proferidas, en primera instancia, por parte del Juzgado
Veintiocho Civil Municipal de Bucaramanga (Santander), el quince (15) de
noviembre de dos mil dieciséis (2016); y en segunda instancia, por parte del
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga (Santander), el dieciocho
(18) de enero de dos mil diecisiete (2017). En su lugar, TUTELAR los
derechos fundamentales al debido proceso e igualdad y no discriminación del
señor Germán Ortiz Gómez, por las razones esgrimidas en esta sentencia.
Segundo.- DEJAR
SIN EFECTOS la Resolución Nº 001 del ocho (8) de octubre de dos mil catorce
(2014), emitida por la Junta Directiva de la Asociación Campesina de Areneros
“Mina La Esperanza” – ACME, en virtud de la cual se definió la pérdida de
calidad de asociado del señor Germán Ortiz
Gómez.
Tercero.-
ORDENAR a la Asociación Campesina de Areneros “Mina La Esperanza” – ACME
que, a través de la dependencia respectiva y en el término máximo de ocho (8)
días contados a partir de la notificación de esta sentencia, reinicie el procedimiento adelantado en
contra del señor Germán Ortiz Gómez, para definir su permanencia en la
organización, garantizando estrictamente los contenidos mínimos del debido
proceso, a saber: (i) el principio de legalidad, de manera que se sujete
a las reglas contenidas en el reglamento o cuerpo normativo respectivo; (ii)
la debida motivación de la decisión que atribuye efectos jurídicos a la
conducta de quien es sujeto de sanción; (iii) la publicidad e
imparcialidad en el curso del trámite; (iv) el respeto por la
competencia estatutaria del organismo decisorio; y (v) la satisfacción
del derecho a la defensa y contradicción en todas las etapas del procedimiento.
Cuarto.-
ADVERTIR a la Asociación Campesina de Areneros “Mina La Esperanza” –
ACME que: (i) bajo
ninguna circunstancia, se podrá dar aplicación a la causal estatutaria relativa
a la expulsión por inasistencia del asociado durante un lapso superior a seis (6)
meses a la zona de extracción, a menos que la misma tenga una justificación
constitucionalmente admisible y distinta a la condición médica del accionante, pues
ello, como se ha señalado en esta providencia, es constitutivo de un acto
discriminatorio y por tanto contrario a la Constitución Política; y (ii)
el señor Germán Ortiz Gómez mantendrá su calidad de asociado hasta tanto no
culmine el trámite ordenado en el numeral anterior.
Quinto.-
ORDENAR a la Asociación Campesina de Areneros “Mina La Esperanza” – ACME
que, en caso de no configurarse causal alguna para expulsar al actor de ACME,
se valoren colectivamente las alternativas que, de manera armónica, permitan la
realización del objeto social de la entidad, sin desmedro de los derechos del
actor y en consideración de su estado de salud.
Sexto.- INSTAR
a la Gobernación del Departamento de Santander que, en atención a las funciones de inspección,
control y vigilancia de que trata el Decreto 1529 de 1990, adelante un
seguimiento especial al procedimiento que, respecto de la definición de la
permanencia del accionante como asociado de ACME, se lleve a cabo por parte del
organismo estatutario competente, hasta su culminación y velando por el
estricto cumplimiento de lo dispuesto en esta sentencia.
Séptimo.- LÍBRESE
por la Secretaría General de esta Corporación la comunicación prevista en
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Comuníquese y
cúmplase.
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
CARLOS
BERNAL PULIDO
Magistrado
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ROCÍO
LOAIZA MILIÁN
Secretaria
General (E)
[1] El expediente de referencia fue seleccionado para revisión por la
Sala de Selección Número Seis de la Corte Constitucional, mediante Auto del 16
de junio de 2017, bajo el criterio subjetivo “urgencia de proteger un
derecho fundamental”, de conformidad con lo establecido en el artículo 52
del Acuerdo 02 de 2015 de esta Corporación (“Por medio del cual se unifica y
actualiza el Reglamento de la Corte Constitucional”).
[2] Vid. Folios 62 a 72 del cuaderno principal, en los que obra
el escrito de tutela (en adelante, cuando se haga alusión a un folio del
expediente, se entenderá que se hace referencia al cuaderno principal, salvo
que se diga algo distinto).
[3]
Vid. Folio 1, en el que obra copia de la cédula de ciudadanía del
accionante, donde se acredita que nació el 28 de mayo de 1951.
[4]
Vid. Folios 114 a 118, en los que obra copia del Acta No. 001, por medio
de la cual se adelanta la “constitución de la Asociación Campesina de
Areneros Mina La Esperanza”, suscrita por 14 fundadores.
[5]
Cfr. Folio 92. Además, la totalidad de los estatutos obran en los folios
91 a 113.
[6]
Vid. Folios 134 a 136.
[7]
Así se desprende de lo dicho por el actor en el escrito de
tutela, específicamente del hecho N° 12 narrado por el actor. Vid. Folio
64.
[8]
Cfr. Folio 63.
[9]
Vid. Folio 63.
[10] Vid.
Folios 30 a 32.
[11] Vid.
Folios 123 y 124.
[12] Cfr.
Folio 9.
[13] Cfr.
Folio 8.
[14] Vid.
Folio 29.
[15] Vid.
Folio 27.
[16] Vid.
Folios 23 a 39.
[17] Vid. Folios 10 a
23.
[18] Vid.
Folios 6 y 7.
[19] Cfr. Folio 2, en
el que obra copia parcial de la historia clínica fechada el 26 de mayo de 2016.
[20] Vid. Folios 82 a
136.
[21] Vid. Folios 119 a
122.
[22] Cfr. Folio 122.
[23] Cfr. Folio 86.
[24] Cfr. Folio 80.
[25] Vid. Folios 80 y
81, en los que obra la totalidad de la declaración.
[26] Vid. Folios 137 a
146.
[27] Vid. Folios 151 a
171
[28] Vid. Folios 2 a
11 del cuaderno Nº 2.
[29] “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el
artículo 86 de la Constitución Política”
[30] Artículo 86: “[t]oda persona tendrá acción de tutela para
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento
preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública. || La protección consistirá en una orden para que aquel
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El
fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez
competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su
eventual revisión. || Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. || En ningún caso podrán
transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. ||
La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra
particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta
afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el
solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”.
[31] El numeral 9 original
disponía que la tutela contra particulares procede “cuando la solicitud sea
para tutelar la vida o la integridad de quien se encuentra en situación de
subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso
la acción”. Sin embargo, la constitucionalidad de la expresión “para
tutelar la vida o la integridad” fue estudiada por la Corte Constitucional,
en sentencia C-134 de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, encontrando que la
misma era contraria a la Carta Política, por integrar una limitación
injustificada a la acción de tutela, restringiendo su ejercicio únicamente a
dos derechos fundamentales, lo cual deviene, indicó el Tribunal, en el
entendimiento del recurso de amparo como un instrumento discriminatorio, lo cual
contradice el espíritu del Constituyente y el verdadero alcance del mecanismo
constitucional incorporado en el artículo 86 Superior.
[32] Así lo ha establecido
esta Corporación desde sus primeros pronunciamiento, especialmente a partir de
la sentencia T-333 de 1995. M.P. Antonio Barrera Carbonell, insistentemente
reiterada por la jurisprudencia de esta Corporación.
[33] El entendimiento de la
subordinación en tanto relación jurídica ha sido insistentemente reiterado por
esta Corporación, y tiene su origen principalmente en la sentencia T-339 de
1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[34] Cfr. Sentencia
T-1236 de 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[35] Cfr. Folio 2, en
el que obra copia de la historia clínica del 16 de mayo de 2016.
[36] Cfr. Folio 3,
contentivo de la valoración médica del 28 de mayo de 2016.
[37] Cfr. Folio 5, en
el que se registra consulta médica del 16 de mayo de 2016.
[38] Cfr. Folio 80
(reverso).
[39] Cfr. Folio 1.
[40] Protección especial que
se basa no sólo en la cláusula de igualdad contenida en el artículo 13
Superior, sino en artículo 46 de la Carta Política, según el cual “[e]l
Estado, la Sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia
de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa
y comunitaria. || El Estado les garantizará los servicios de la seguridad
social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia”.
[41] Esta Corporación ha
asumido como sinónimos los conceptos de “tercera edad”, “ancianos”
y “adultos mayores”. Vid. Sentencia C-177 de 2016. M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[42] Vid. Artículo 7,
b) de la Ley 1276 de 2009 (“a través de la cual se modifica la ley 687 del
15 de agosto de 2001 y se establecen nuevos criterios de atención integral del
adulto mayor en los centros de vida”), según el cual: “Adulto Mayor. Es aquella persona que cuenta con
sesenta (60) años de edad o más. A criterio de los especialistas de los centros
vida, una persona podrá ser clasificada dentro de este rango, siendo menor de
60 años y mayor de 55, cuando sus condiciones de desgaste físico, vital y
psicológico así lo determinen”. En ese mismo sentido, la Ley 1315 de
2009 (“por medio de la cual se establecen las condiciones mínimas que
dignifiquen la estadía de los adultos mayores en los centros de protección,
centros de día e instituciones de atención”), en su artículo 2 señala que
adulto mayor “es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o
más”.
[43] Vid. Folio 81.
[44] Vid. Sentencia
T-773 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[45] Vid. Sentencia
C-282 de 2007. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[46] Con fundamento en ello,
y en atención a lo dispuesto principalmente en el artículo 67 de la
Constitución, esta Corporación se ha referido a la erradicación del
analfabetismo como una verdadera obligación del Estado, destinada a mejorar la
calidad de vida de los nacionales y remover los obstáculos que perpetúan la
marginación. Vid. Sentencia C-468 de 2011. M.P. María Victoria Calle
Correa.
[47] Inciso 1º del artículo
2º. “[s]on fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa
y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un
orden justo”.
[48] Ver, principalmente, la sentencia SU-961 de 1999. M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa.
[49] La identificación de
estos criterios tiene su origen, especialmente, a partir de la sentencia T-185
de 2007. M.P. Jaime Araujo Rentería. No obstante, su sistematización es posible
detallarla desde la sentencia T-1028 de 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto, la cual ha sido insistentemente reiterada, por ejemplo recientemente en
las sentencias T-033 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa; T-062 de 2015.
M.P. María Victoria Calle Correa; T-130 de 2015. M.P. Martha Victoria Sáchica
Méndez; T-253 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-503 de 2015. M.P.
María Victoria Calle Correa; T-507 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado;
T-644 de 2015. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-681 de 2015. M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio; T-051 de 2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
T-707 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; SU-168 de 2017. M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado; T-038 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-106 de
2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-179 de 2017. M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez; y T-431 de 2017. M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo, entre
otras.
[50] Cfr. Sentencia
T-003 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[51] Algunos ejemplos: en la
sentencia T-654 de 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, la Sala Séptima de
Revisión resolvió una solicitud de amparo promovida por un agente de la Policía
Nacional al que mediante Resolución proferida en el año 1999 se le inició un
Consejo de Guerra en su contra, por abandono del servicio, lo cual implicó la
pérdida de todo ingreso económico, pese a que presentaba distintos quebrantos
de salud física y mental adquiridos con ocasión del ejercicio policial. Al
analizar la procedencia de la tutela la Corte advirtió problemas de inmediatez,
debido a que el recurso constitucional fue instaurado en el año 2006, más de 6
años después de la ocurrencia del hecho vulnerador; sin embargo, indicó que
este requisito procesal “no puede alegarse
como excusa para dejar de amparar los derechos constitucionales fundamentales
cuando frente a quien se pretende hacer valer este requisito es una persona que
sufre un serio deterioro en su salud y es incapaz de medir las consecuencias de
su acciones u omisiones, menos aquellas relacionadas con aspectos jurídicos. De
admitirse esta posibilidad, se le estaría negando a una persona colocada en
circunstancias de debilidad manifiesta de manera seria y grave la posibilidad
de acceder a la administración de justicia en defensa de los derechos que le
han sido desconocidos, tanto más cuando las consecuencias de esa vulneración
han permanecido en el tiempo y tienden a agudizarse cada día más”. || En igual sentido, en la sentencia T-692
de 2006. M.P. Jaime Córdoba Triviño, la Sala Cuarta de Revisión estudió la
acción de tutela instaurada por una mujer de 75 años de edad, a la que se le
había otorgado en el año 1961 una sustitución pensional, únicamente por el
término de dos años, de conformidad con el régimen prestacional respectivo, por
lo que solicitaba el reconocimiento vitalicio de la acreencia, en aplicación de
una nueva legislación surgida en el año 1977. Al momento de abordar la
procedencia del mecanismo, la Corte encontró que el mismo había sido ejercido
muchos años después de la generación del hecho vulnerador (en el año 2005). Sin
embargo, estableció que la verificación de la inmediatez se daba en
consideración de las condiciones particulares de la actora. Específicamente
indicó lo siguiente: “[e]s sencillo advertir
que la ausencia de la pensión de sobrevivientes reclamada por la actora
ocasiona un perjuicio actual y concreto, en la medida que la priva de los
recursos necesarios para garantizar su subsistencia digna; de forma tal que, a
la fecha, resultan gravemente vulnerados distintos derechos constitucionales
que dependen del ingreso que financie las condiciones materiales para su
eficacia. Ante circunstancias de esta naturaleza, la jurisprudencia de esta
Corporación prevé reglas precisas sobre causales de exclusión de la aplicación
estricta de la regla de inmediatez”. || Asimismo, en la sentencia
T-792 de 2007. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, la Sala  Quinta de Revisión
conoció la acción de tutela instaurada por un soldado bachiller contra el
Ejército Nacional, quien solicitaba el amparo de, entre otros, su derecho
fundamental a la educación, el cual estimaba vulnerado ante la negativa de la
accionada de sufragar los costos de capacitación para que el actor lograra el
nivel profesional dentro de la estructura militar, pese a que éste contaba con
una invalidez ocasionada mientras se encontraba en servicio activo. En esa
oportunidad, la Corte indició que aunque entre la petición negada por la institución
castrense y la fecha en que se promovió la acción de tutela transcurrieron casi
dos años (20 meses), el requisito de inmediatez se encontraba superado no sólo
porque la aparente vulneración del derecho invocado era permanente, sino porque
se trataba de un sujeto de especial protección constitucional, en razón de la
discapacidad física que presentaba (en el mismo sentido, la sentencia T-593 de
2007. M.P. Rodrigo Escobar Gil). || Luego, en la sentencia T-783 de 2009. M.P.
María Victoria Calle Correa, la Sala Segunda de Revisión estudió una solicitud
de amparo promovida por un ciudadano en condición de discapacidad mental, quien
pretendía el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, la cual había
sido negada por Cajanal EICE. Al momento de resolver el asunto, las instancias
consideraron que el mecanismo no cumplía el requisito de inmediatez, puesto que
entre la fecha en que fue proferido el acto administrativo a través del cual se
negó la prestación y el momento en el que se interpuso la acción de tutela
transcurrió más de un año. Sin embargo, la Corte estimó errada esta
determinación, pues indicó que la misma “desconoce
que el beneficiario del amparo es un sujeto de especial protección, que en todo
caso, no debe cargar con las consecuencias de un probable incumplimiento de
algún requisito de forma de la acción, que dadas las circunstancias se presenta
como el único medio idóneo para garantizar sus derechos fundamentales”.
|| En la sentencia T-485 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, la Sala Novena
de Revisión analizó dos acciones de tutela acumuladas, promovidas por mujeres
de 83 y 79 años de edad, quienes manifestaban encontrarse en extrema pobreza y
sin protección en salud, por lo cual solicitaban el reconocimiento de una
pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de su cónyuge, la cual
había sido negada por  la respectiva entidad accionada. Al abordar la
procedencia de los casos, el Tribunal Constitucional señaló que si bien en los
dos expedientes no existía inmediatez, pues el amparo fue promovido luego de un
plazo irrazonable contado a partir del momento de la negativa de la
administradora pensional (en uno de los asuntos el lapso correspondía inclusive
a 23 años), encontró necesario exceptuar la regla de inmediatez, dada las particularidades
de vulnerabilidad que presentaban las actoras. En concreto, la Sala estableció
que, por un lado, era verificable la permanencia de la vulneración y, por otro
lado, “en los casos analizados la carga de la
interposición de la acción de tutela en un plazo razonable resulta
desproporcionada dada su condición de personas de la tercera edad - 79  y
83 años- y su situación de debilidad manifiesta originada en la precaria
situación económica que viven, la cual es consecuencia, precisamente, de la
falta del reconocimiento de la pensión de sobreviviente” (en ese
mismo sentido la sentencia T-583 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
Posteriormente, en la sentencia T-811 de 2008. M.P. Alberto Rojas Ríos, la Sala
Octava de Revisión, de conformidad con lo señalado en la sentencia T-1075 de
2007. M.P. Nilson Pinilla Pinilla, aclaró el análisis de la inmediatez en
aquellos casos en los que el accionante ejerza el mecanismo constitucional a
fin de obtener ayudas estatales por ser damnificado de algún desastre natural.
La Corte indicó que aun cuando la tutela sea instaurada después de que ha
transcurrido un considerable espacio temporal contado desde el acaecimiento del
evento, la valoración de la permanencia de la vulneración adquiere un mayor
sentido, pues se compagina con las graves consecuencias de vulnerabilidad que
suelen enfrentar los afectados por sucesos de la naturaleza. || En la sentencia
T-071 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa, la Sala Primera de Revisión
estudió el recurso de amparo promovido por una persona de 71 años de edad, el
cual versaba sobre el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes en favor
del actor, causada por el fallecimiento de su hijo, y la cual era negada por la
entidad accionada. Frente a la procedencia de la tutela, la Corte encontró que
la misma había sido instaurada cuando habían transcurrido más de 6 meses desde
el momento en el cual se profirió el acto que negó la prestación; no obstante,
dispuso que ese sólo hecho no daba cuenta de la irrazonabilidad del lapso
transcurrido, ya que además de tratarse de una vulneración de tracto sucesivo,
la condición de vulnerabilidad del accionante (por ser una persona de la
tercera edad y manifestar hallarse en estado de precariedad económica) hacía
necesario considerar que la demora en el ejercicio del mecanismo constitucional
no era injustificado ni desproporcionado (en el mismo sentido, la sentencia
T-483 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa). || Igualmente, en la
sentencia T-503 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa, la Sala Primera de
Revisión conoció la acción de tutela interpuesta por una persona de 62 años de
edad, quien pretendía el amparo de su derecho fundamental a la estabilidad
laboral reforzada, en razón de la no renovación de su contrato de trabajo decidida
por la entidad accionada, pese a que se había desempeñado en el mismo cargo
durante más de 28 años y le restaba tan sólo un año para jubilarse. Al momento
de analizar el requisito de inmediatez, la Corte encontró que habían
transcurrido más de 7 meses desde el instante en que fue desvinculado hasta la
radicación de la tutela. Con todo, estableció que en el caso concreto la demora
se hallaba justificada, pues se había acreditado que en distintas ocasiones
había elevado infructuosamente varias peticiones de renovación contractual ante
la empresa demandada. Ver también la sentencia T-246 de 2015. M.P. Martha
Victoria Sáchica Méndez, en la que se verifica el cumplimiento de la inmediatez
de una tutela promovida contra una providencia judicial dictada por lo menos 7
meses antes de instaurarse el recurso de amparo.
[52] Vid.
Folio 29.
[53] Vid.
Folio 27.
[54] Vid.
Folios 23 a 39.
[55] Vid. Folios 44 a
60.
[56] Vid. Folios 10 a
23.
[57] Fundamentalmente a partir de la sentencia T-433 de
1998. M.P. Alfredo Beltrán Sierra, la Corte se ha referido a la exigibilidad
del derecho al debido proceso frente a las personas de derecho privado, en el
marco de la imposición de sanciones, así: “en todos los
campos donde se haga  uso de la facultad disciplinaria, entiéndase ésta
como la prerrogativa de un sujeto para imponer sanciones o castigos, deben ser
observados los requisitos o formalidades  mínimas que integran el debido
proceso. Mandato que, dada su naturaleza, no sólo involucra u obliga a las
autoridades públicas,  en el sentido amplio de este término, sino a los
particulares que se arrogan esta facultad, como una forma de mantener un
principio de orden al interior de sus organizaciones (v. gr.
establecimientos educativos, empleadores, asociaciones con o sin ánimo de lucro,
e.t.c.). Razón que hace indispensable que los entes de carácter privado fijen
unas formas o parámetros mínimos que delimiten el uso de este  poder y que
permitan al conglomerado conocer  las condiciones en que puede o ha de
desarrollarse su relación con éstos. Es aquí donde encuentra
justificación la existencia y la exigencia que se hace de los llamados reglamentos,
manuales de convivencia, estatutos, etc., en los cuales se fijan esos mínimos
que garantizan los derechos al debido proceso y a la defensa de los individuos
que hacen parte del ente correspondiente. || Se hace referencia a unas
reglas mínimas que deben estar contenidas en estos reglamentos,  para
denotar que existen una serie de materias o áreas, en las que el debido proceso
está constituido  por un mayor número de formalidades y procedimientos,
que integran ese mínimo irreductible que debe ser observado, a fin de proteger
derechos igualmente fundamentales”
(énfasis fuera del texto original).
[58] Cfr. Sentencia
T-497 de 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[59] Vid. Sentencia
T605 de 1999. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[60] En la sentencia T-944 de
2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero, la Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional indicó lo siguiente: “(…) para
que la protección a este derecho [el
del debido proceso] sea efectiva, es necesario que cada uno de las etapas
procesales estén previamente definidas, pues, de lo contrario, la imposición de
sanciones queda sujeta a la voluntad y arbitrio de quienes tienen la función de
solucionar los conflictos de los implicados. Esta previa definición de los
procedimientos que constituyen el debido proceso, se configura por lo tanto, en
la garantía de referencia con que cuentan las personas para determinar en qué
momento la conducta de quien ejerce la función de imponer sanciones se
convierte en ilegítima, por desconocerse lo dispuesto en las normas”.
[61] Vid.
Particularmente, la sentencia T-731 de 2007. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
No obstante, con anterioridad la Corte ya había señalado, en la sentencia T-470
de 1999. M.P. José Gregorio Hernández Galindo, que: “[l]a garantía del debido proceso
ha sido establecida en favor de la persona, de toda persona, cuya dignidad
exige que, si se deducen en su contra consecuencias negativas derivadas del
ordenamiento jurídico, tiene derecho a que su juicio se adelante según reglas
predeterminadas, por el tribunal o autoridad competente y con todas las
posibilidades de defensa y de contradicción, habiendo sido oído el acusado y
examinadas y evaluadas las pruebas que obran en su contra y también las que
constan en su favor. No podría entenderse cómo semejante garantía, reconocida
al ser humano frente a quien juzga o evalúa su conducta, pudiera ser exigible
únicamente al Estado. También los particulares, cuando se hallen en posibilidad
de aplicar sanciones o castigos, están obligados por la Constitución a observar
las reglas del debido proceso, y es un derecho fundamental de la persona
procesada la de que, en su integridad, los fundamentos y postulados que a esa
garantía corresponden le sean aplicados. Por eso, ante las vulneraciones o
amenazas para el ejercicio de ese derecho fundamental, cabe la acción de tutela”
(énfasis fuera del texto original).
[62] En
diversas ocasiones esta Corte ha reiterado la doctrina del efecto horizontal de
los derechos constitucionales, a efectos de referirse a su exigibilidad en el
ámbito de las relaciones entre particulares. Vid. Entre otras, las
sentencias ver, entre otras, las
siguientes sentencias: T-263 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-632 de
2007. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-438 de 2010. M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub; T-777 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-810 de
2011. M.P. Mauricio González Cuervo; T-909 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao
Pérez; T-1084 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-986 de 2012. M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva; T-689 de 2013. M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub;
C-951 de 2014. M.P: Martha Victoria Sáchica Méndez; T-720 de 2014. M.P. María
Victoria Calle Correa; T-883 de 2014. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez;
T-269 de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa; T-483 de 2016. M.P. Alberto
Rojas Ríos; y T-141 de 2017. M.P. María Victoria Calle
Correa.
[63] Vid.
Sentencia T-720 de 2014. M.P. María Victoria Calle
Correa.
[64] Vid. Entre otras,
la sentencia C-438 de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos.
[65] El desarrollo de los
derechos humanos en el escenario internacional ha dado lugar a la
estructuración de principios que enmarcan su aplicación, como lo son los de la
universalidad, interdependencia e indivisibilidad. En 1968, al cierre de la
primera Conferencia Mundial de Derechos Humanos, se adoptó la Proclamación de
Teherán, en la que se aludió oficialmente al carácter indivisible de las
garantías contenidas en la Declaración Universal. Su alcance y valor
interpretativo ha sido expuesto por parte de esta Corporación desde su
jurisprudencia temprana, especialmente desde la sentencia T-414 de 1992. M.P.
Ciro Angarita Barón. Posteriormente han sido adoptados distintos instrumentos que
brindan contenido a estos mandatos, v. gr. La Resolución 32/130 de 1977 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, la Declaración sobre el Derecho al
Desarrollo de 1986 y de manera importante la Declaración y Programa de Acción
de Viena acogida con ocasión de la Conferencia de 1993.
[66] Vid. Sentencias
T-433 de 1998. Óp. cit.; T-170 de 1999. M.P. José Gregorio Hernández
Galindo; T-497 de 2000. Óp. cit.; T-385 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas
Silva; T-083 de 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-247 de 2010. M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto; T-075A de 2011. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo; T-738 de 2011. M.P. Mauricio González Cuervo; T-694 de 2013. M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-108 de 2014. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo; T-143 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo;  entre otras.
[67] Vid. Sentencia
T-301 de 1996. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-243 de 1999. M.P. Martha
Victoria Sáchica de Moncaleano; T-944 de 2000. Óp. cit.; T-390 de 2011.
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-550 de 2012. M.P. Nilson Pinilla Pinilla;
T-720 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; entre otras.
[68] Vid. Sentencias
T-605 de 1995. Óp. cit.; T-1149 de 2004. M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto; T-141 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa; entre otras.
[69] M.P. Alfredo Beltrán
Sierra.
[70] M.P. Jaime Araujo
Rentería.
[71] M.P. María Victoria
Calle Correa.
[72] Cfr. Folio 92.
[73] Así lo refiere el actor
en el escrito de demanda (vid. Folio 64), lo cual es confirmado por el
extremo demandado (vid. Folio 83).
[74] Vid. Folio 63,
hecho 6.
[75] Vid. Folio 83,
hecho sexto.
[76] Cfr. Folio 9.
[77] El Capítulo IV de los estatutos
de ACME se refiere al “Régimen de Sanciones, Causales y Procedimientos”
(Cfr. Folio 94), en cuyo artículo 16 se refiere a la imposición de la
suspensión de derechos por, entre otras causa, “no hacer uso de los
servicios de la asociación durante seis (6) meses” (Cfr. Folio 95).
Asimismo, en la Resolución 001 del 8 de octubre de 2014, se dispone: “Por
medio de la presente, se le comunica la Sanción del orden administrativo de
PÉRDIDA DE CALIDAD DE ASOCIADO” (sic) (Cfr. Folio 8).
[78]
Vid. Folio 83.
[79]
Cfr. Folio 6.
[80]
Cfr. Folio 122.
[81] Respecto de la
razonabilidad y proporcionalidad constitucional para valorar un comportamiento
discriminatorio ver, entre otras, las sentencias T-098
de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-288 de 1995. M.P. Eduardo Cifuentes
Muños; C-022 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-1042 de 2001. M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa; SU-1167 de 2001. M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-030
de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-393 de 2004. M.P. Alfredo Beltrán
Sierra; T-062 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Y específicamente sobre
la conceptualización del acto discriminatorio, ver principalmente las
sentencias T-691 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa y T-141 de 2017.
M.P. María Victoria Calle Correa.
[82]
Vid. Folio 85.
[83]
Vid. Folios 30 a 32.
[84]
Cfr. Sentencia C-762 de 2009. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[85] “Por el cual se reglamenta el reconocimiento y
cancelación de personerías jurídicas de asociaciones o corporaciones y
fundaciones o instituciones de utilidad común, en los departamentos”.