T-241-18
Sentencia T-241/18
DERECHO A LA PERSONALIDAD JURIDICA-Contenido y alcance
El derecho a la personalidad jurídica dentro del ordenamiento
constitucional colombiano: (i) está reconocido en los artículos 14 Superior, 16
del PIDCP y 3° de la CADH con una especial trascendencia práctica de carácter
legal, pues es el medio por el cual se reconoce la existencia a la persona
humana dentro del ordenamiento jurídico; (ii) es un derecho fundamental y
presupuesto esencial de la consagración y efectividad del sistema de derechos y
garantías contemplado en la Constitución; (iii) su materialidad conlleva a los
atributos propios de la persona humana; y (iv) es propio de los sujetos de
derecho en el ordenamiento jurídico constitucional.
ATRIBUTOS DE LA PERSONALIDAD-Nombre,
capacidad, estado civil, domicilio, nacionalidad y patrimonio
Tradicionalmente el ordenamiento continental los
ha identificado como: (i) el nombre; (ii) la capacidad; (iii) el estado
civil; (iv) el domicilio; (v) la nacionalidad; y (vi) el patrimonio. La
jurisprudencia ha establecido que los atributos a la personalidad: (i) son una
categoría jurídica autónoma heredada del derecho civil continental que tiene
por finalidad vincular a la personalidad jurídica con el ordenamiento jurídico;
(ii) está compuesto de seis atributos como son:  el estado civil, la
nacionalidad, el nombre, la capacidad, el patrimonio y el domicilio; (iii)
existe una relación sine quan non entre la personalidad jurídica y sus
atributos, pues estos suponen el reconocimiento de la esencia de la
personalidad e individualidad; (iv) estas características son inseparables del
ser humano, pues son el medio por el cual tiene alcance el derecho a la
personalidad jurídica; así (v) como a derechos políticos, como el voto.
DERECHO A LA NACIONALIDAD-Atributo de la personalidad y
derecho fundamental autónomo
ESTADO CIVIL COMO ATRIBUTO DE LA PERSONALIDAD JURIDICA-Concepto y finalidad
El estado civil es un derecho fundamental, por medio del cual se
hacen efectivos otros derechos que son interdependientes a este, como el
nombre, la nacionalidad, el voto, entre otros. En tanto que este derecho
inició como un derecho legal, su tránsito a la constitucionalización se dio por
medio de su vinculación directa a la personalidad jurídica, pues es a partir de
esta institución que las personas demuestran: (i) su existencia
a través del registro civil de nacimiento; (ii) su relacionamiento familiar,
mediante los datos de filiación real y del registro civil de matrimonio; y
(iii) la extinción de la vida, con el registro civil de defunción. Así, la negación de
este atributo de la personalidad implica la irrupción en el goce efectivo de la
personalidad jurídica y, en ese sentido, de otros derechos individuales
fundamentales como el derecho a la identidad personal o los derechos políticos
como, por ejemplo, el de elegir –voto- y ser elegido.
REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO-Importancia constitucional
El registro civil de nacimiento es el medio por el cual se da
cuenta de la existencia jurídica de las personas naturales en el territorio
nacional, pues, aunque el ordenamiento jurídico reconoce la personalidad
jurídica de las personas como elemento inherente de la existencia humana, es en
el registro civil donde se consigna la información sobre el momento del
nacimiento, así como otros datos de identificación que constituyen los demás
atributos de la personalidad. Otro aspecto fundamental del registro civil de
nacimiento es el relacionado con su calidad de requisito sine qua non para la
expedición de la cédula de ciudadanía o de la tarjeta de identidad en el caso
de menores de edad, como lo señala la normativa vigente. Por ello, la
imposibilidad de inscripción del nacimiento de una persona en el registro
implica la negación de los atributos de la personalidad, pero además el truncamiento
en el ejercicio de otros derechos del individuo.
NACIONALIDAD Y REGISTRO CIVIL DE HIJOS DE PADRES COLOMBIANOS
NACIDOS EN EL EXTERIOR-Nacionales por nacimiento
En la
Constitución se prevé la nacionalidad colombiana por nacimiento, dentro de la
que se encuentran los nacidos en el exterior con al menos un padre de
nacionalidad colombiana. La legislación dispone cómo debe probarse la
nacionalidad -cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o registro civil de
nacimiento- y, además, establece el registro civil de nacimiento como el medio
a través del cual se pueden ejercer efectivamente sus derechos.
NACIONALIDAD COLOMBIANA POR NACIMIENTO-Requisitos
NACIONALIDAD COLOMBIANA POR ADOPCION-Requisitos
NACIONALIDAD COLOMBIANA POR NACIMIENTO-Requisitos para registro extemporáneo
de nacimiento de hijos de padres colombianos nacidos en el exterior
En caso de colombianos por nacimiento que hayan nacido en el
exterior pero que al menos uno de sus progenitores sea colombiano, la ley prevé
en cuanto a la acreditación de su nacimiento, el acta de nacimiento apostillada
y, en caso de no ser posible, la presentación de dos (2) testigos que den fe
del hecho. La jurisprudencia constitucional al estudiar asuntos en los cuales
se niega la inscripción extemporánea por falta de apostilla concedió la
protección para los derechos fundamentales a la nacionalidad y a la
personalidad jurídica toda vez que la norma prevé la forma de suplir la
ausencia de apostilla con los testigos.
PROTECCION CONSTITUCIONAL REFORZADA DEL NIÑO-En el marco
constitucional e internacional
NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL
DERECHO
AL DEBIDO PROCESO, A LA NACIONALIDAD Y A LA PERSONALIDAD JURIDICA-Vulneración por parte de la Registraduría
al negar la inscripción extemporánea del nacimiento, en razón a la ausencia de
apostilla en los documentos y al no permitir pruebas testimoniales como lo
indica la normativa aplicable
La exigencia de la apostilla del acta de nacimiento para acceder a
la solicitud de inscripción extemporánea del registro civil de nacimiento violó
el derecho fundamental al debido proceso de los actores y, en consecuencia, los
derechos a la nacionalidad, a la personalidad jurídica y al estado civil.
NACIONALIDAD Y REGISTRO CIVIL DE HIJOS DE PADRES COLOMBIANOS
NACIDOS EN EL EXTERIOR-Orden a la Registraduría Nacional aceptar como prueba los dos (2)
testigos para suplir el requisito de apostilla, y una vez cumplidos todos los
requisitos garantizar la inscripción extemporánea del registro de nacimiento
Referencia: Expedientes T-6.336.143,
T-6.372.754, T-6501652, T- 6501732, T-6501766, T-6501767 y T-6625185 acumulados
Acción de tutela promovida por (i) Pedro Sarabia García, (ii) Johan Martín Mata Rodríguez, (iii) Yeraldine
María Puerta Lago, (iv) Dolores Emilia Anaya de Pérez, (v) Nerio
Jesús Weber Beltrán en representación de su hijo AAA,  (vi) Gelvis
Patiño Morales en representación de su hijo BBB, y (vii) Renzzo David
Lezcano Pineda contra la Registraduría Nacional del Estado Civil,  la
Registraduría Especial Distrital de Barranquilla y la Registraduría Especial de
Santa Fe de Antioquia.
Procedencia: (i) Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de
Barranquilla; (ii) Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla; (iii),
(iv), (v) y (vi) Sala Jurisdiccional Disciplinaria, Consejo Seccional
de la Judicatura de Atlántico, (vii) Sala Penal del Tribunal Superior de
Antioquia.
Asunto: Derecho a la personalidad jurídica
y a la nacionalidad. Inscripción
extemporánea de nacimiento en el registro civil.
Magistrada sustanciadora:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D. C. veintiséis (26) de junio de dos mil
dieciocho (2018)
La Sala Sexta de Revisión[1]
de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado José
Fernando Reyes Cuartas y por las Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y
Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En la revisión de los fallos dictados: (i) en el Expediente
T-6.336.143, en única instancia por el Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Barranquilla el 31 de
marzo de 2017, que negó el amparo dentro de la acción
de tutela promovida por Pedro Sarabia García
contra la Registraduría Especial Distrital de Barranquilla; y (ii) en el Expediente T-6.372.754, en segunda
instancia por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla el 31 de mayo
de 2017, que confirmó la sentencia proferida por el
Juzgado Treinta Civil Municipal de Barranquilla el 24
de abril de 2017, que negó el amparo solicitado por
Johan Martín Mata Rodríguez
en contra de la Registraduría Especial Distrital de Barranquilla.
Por su parte,
los pronunciamientos proferidos el 21 de abril de 2017, el 11 de mayo de 2017,
el 22 de mayo de 2017, y el 23 de mayo de 2017 por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Atlántico en donde negó
en única instancia el
amparo de los derechos a la nacionalidad y al trabajo en los casos de: (iii) Yeraldine María Puerta Lago, Expediente
T- 6.501.652, (iv) Dolores Emilia Anaya de Pérez,
Expediente T- 6.501.732; (v) Nerio
Jesús Weber Beltrán en representación de su hijo menor de edad, Expediente T-6.501.766; y (vi) Gelvis Patiño Morales en
representación de su hijo menor de edad, Expediente
T- 6.501.767, sobre el amparo de los derechos
a la nacionalidad, a la salud y a la educación.
Finalmente, la
decisión de única instancia del 14 de noviembre de 2017, proferida por la Sala
Penal del Tribunal Superior de Antioquia en el caso de (vii) Renzzo David
Lezcano Pineda, Expediente T.6.625.185.
Los asuntos
llegaron a la Corte Constitucional por remisión que
hicieron los respectivos jueces, en virtud de lo
ordenado por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. El 14 de septiembre de 2017, la Sala Número Nueve de Selección de Tutelas[2]
de esta Corporación escogió y acumuló para revisión los casos de los Expedientes T-6.336.143
y T-6.372.754.
Por su parte, la Sala de Selección Número Doce[3] por medio
del Auto del 15 de diciembre de 2017, seleccionó y acumuló los Expedientes T-6.501.652, T-6.501.732, T-6.501.766 y T- T- 6.501.767
a los dos expedientes mencionados. Finalmente, la Sala de Selección Número Tres[4]
a través del Auto del 12 de marzo de 2018, seleccionó y acumuló el Expediente
T-6.625.185 al asunto de la referencia.
I. ANTECEDENTES
En las cuestiones objeto del presente análisis, seis
(6) de los accionantes manifestaron que ellos o sus representados son
venezolanos de padres colombianos y residen en la actualidad en Barranquilla,
mientras que uno de ellos manifestó que vive en Santa Fe de Antioquia. Acudieron
ante la Registraduría Especial Distrital de
Barranquilla y la Registraduría
Especial Distrital de Santa Fe de Antioquia,
respectivamente, con el fin de solicitar la inscripción
extemporánea de nacimiento en el registro civil. No
obstante, las entidades accionadas negaron la inscripción, puesto que consideraron que era necesario que el acta de
nacimiento venezolana estuviera apostillada, sin que pudieran suplir dicha
formalidad con la declaración de dos (2) testigos.
En ese marco, dos de los casos que se examinan tratan
sobre la negativa de inscripción extemporánea del registro civil a menores de
edad, quienes por causa de lo anterior alegan que no han podido acceder a la
prestación de los servicios de salud y educación.
La entidad
accionada sostuvo que las normas relacionadas con la
nacionalidad y su prueba –artículos 96 Superior y 38
de la Ley 962 de 2005-, exigen que “un documento público expedido en  alguno de los  Estados Parte de la Convención
[de la Haya sobre la apostilla], debe
apostillarse en el país en el cual fue
expedido, como único requisito para ser presentado en Colombia”[5].
A.
Exposición de los hechos de los
casos acumulados: Pedro Sarabia García (T-6.336.143), Johan Martín Mata
Rodríguez (T-6.372.754), Yeraldine María Puerta Lago (T-6.501.652), Dolores
Emilia Anaya de Pérez (T- 6.501.732), Nerio Jesús Weber Beltrán (T-6.501.766),
Gelvis Patiño Morales (T-6.501.767)[6] y Renzzo David Lezcano Pineda (T-6.625.185) acumulados
Hechos, pretensiones y fundamentos de la
acción
1. Dentro de
este pronunciamiento se acumulan siete (7) expedientes de tutela, de los cuales
seis (6) fueron promovidos en contra de la Registraduría Delegada de
Barranquilla y uno (1) en contra de la Delegada de Santa Fe de Antioquía, al
negar la posibilidad de tramitar el registro civil extemporáneo, pues se les
exigió el requisito de apostilla en sus actas de nacimiento venezolanas.
2. Todos los
actores a su nombre o en representación de sus hijos afirman que tienen
nacionalidad venezolana y que al menos uno de sus padres es colombiano, por lo
cual, tienen derecho al reconocimiento de su derecho a la nacionalidad. Así
mismo, que debido a la situación humanitaria y política que afronta el vecino país
les es imposible la apostilla de los documentos requeridos, por lo cual
solicitan que se les permita acreditar dicho requisito a través de la
presentación de dos (2) testigos.
Dos (2) de los
casos presentados buscan además proteger los derechos de dos menores de edad, los
cuales actualmente estudian en centro educativos de
Atlántico, en calidad de “oyentes”, debido a que las entidades
educativas les exigen el registro civil de nacimiento colombiano para realizar
las matrículas.
3. Solicitaron
la inscripción extemporánea de sus registros civiles ante la Registraduría
Especial del Distrito de Barranquilla y de Santa Fe de Antioquia, entidades que
les negaron dicha pretensión debido a que el acta de nacimiento que presentaron
ante la autoridad pública no estaba apostillada.
4. Los
accionantes indicaron que era posible suplir
dicho requisito con las declaraciones juramentadas de dos (2) testigos “que hayan presenciado el hecho o hayan
tenido noticia directa y fidedigna del hecho de conformidad con el artículo 50
del decreto 1260/1970; reglamentado por el Decreto 2188 de 2001”[7] y como lo estimó la Corte
Constitucional en la Sentencia T-212 de 2013. En uno de los casos, el
tutelante destacó que “no goza de seguridad social y necesita con urgencia
obtener la inscripción en el registro para poder afiliarse a una E.P.S.
subsidiada y acceder a un empleo digno”[8].
5. Por esta
razón, presentaron acción de tutela con el fin de que se les protegieran sus
derechos fundamentales a la nacionalidad, a la personalidad jurídica, a la dignidad humana, a la
salud, a la educación y al trabajo y, en consecuencia, se ordene suplir el
requisito de la apostilla con el de los testimonios. A
continuación, se presentan las actuaciones particulares en cada caso:
Actuaciones
de instancia
6. En el caso
del señor Pedro Sarabia García (Expediente
T-6.336.143), el Juzgado Veinticuatro Civil
Municipal de Barranquilla admitió la presente acción
de tutela[9] y ordenó correr traslado a la entidad
demandada.
7. De igual
forma, en la tutela instaurada por el señor Johan
Martín Mata Rodríguez (Expediente
T-6.372.754), el Juzgado Treinta Civil Municipal
de Barranquilla admitió la presente acción de tutela[10], ordenó correr traslado a la entidad
demandada y vinculó de oficio a la Registraduría Nacional del Estado Civil[11],
sin que se hubiera presentado respuesta al escrito de
tutela.
8. Por su
parte, en el proceso de la señora Yeraldine María
Puerta Lugo (Expediente T- 6.501.652), la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, dispuso enviar el expediente a la Oficina Judicial del complejo judicial de
Barranquilla, por medio de Auto del 28 de septiembre de 2016, para que
procediera a asignarlo a uno de los jueces municipales de Barranquilla, pues si
bien es cierto que la demanda es en contra de la Registraduría Nacional del
Estado Civil, “del estudio de los hechos y pretensiones de la misma, se
constata que los mismos hacen referencia a la Registraduría Especial del
Distrito de Barranquilla”[12].
De conformidad
con lo anterior, el asunto fue repartido al Juzgado Veintiuno Civil Municipal
de Barranquilla, Atlántico, el cual, a través de Auto del 06 de octubre de
2016, consideró que en aras de la correcta aplicación del Decreto 1382 de 2000,
era necesario que el asunto lo asumiera el Tribunal Superior de Barranquilla,
debido a que la entidad accionada es del orden nacional[13].
En
consecuencia, se generó un conflicto de competencia jurisdiccional que fue
resuelto por la Sala Plena de esta Corporación mediante Auto 131 de 2017, en
donde se decidió la competencia a cargo de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Seccional de la Judicatura.
El 04 de abril
de 2017, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura una vez admitió la acción, dio traslado de la demanda a la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
9. Así mismo,
en la tutela presentada por la señora Dolores Emilia Anaya de Pérez
(Expediente T- 6.501.732), el 27 de abril de 2017, la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura avocó conocimiento de la
acción presentada por la señora Anaya de Pérez y dio traslado de la demanda a
la Registraduría Nacional del Estado Civil.
10. En los
casos de los señores Nerio Jesús Weber Beltrán (Expediente T-6.501.766) y
Gelvis Patiño Morales (Expediente T-6.501.767), quienes instauraron las
respectivas acciones en representación de sus hijos menores de edad, la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura avocó
conocimiento, respecto al primero, el 15 de mayo de 2017, y con el segundo el
08 de mayo de 2017. En ambos casos, dio traslado de la demanda a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, a la Gobernación del Atlántico, a la
Alcaldía de Barranquilla, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la
Superintendencia de Notaría y Registro, y al Ministerio de Relaciones
Exteriores.
11.
Finalmente, en el caso de Renzzo David Lezcano Pineda (Expediente
T-6.625.185), la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquía avocó
conocimiento de la acción y dio traslado a la Unidad Administrativa Especial
Migración Colombia y a la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Respuesta de las accionadas
12. En cinco (5)
de los siete casos la Registraduría Nacional del Estado Civil[14],
respondió las acciones incoadas en contra de sus delegadas, y en dos de ellos
guardó silencio. De manera general, solicitó que denegaran
las súplicas de los accionantes por carencia actual de objeto. En primer lugar, explicó que la función
de identificación no está en cabeza del Registrador Nacional del Estado Civil
sino “en el Registrador Delegado para el Registro
Civil y la Identificación y el Director
Nacional de Identificación”[15]. En segundo lugar, se refirió a las normas relacionadas con la nacionalidad y su prueba –artículos 96 Superior y 38 de la Ley 962 de 2005-, manifestó que
“un documento público
expedido en alguno de los  Estados Parte de la Convención [de la Haya sobre la apostilla], debe apostillarse en el país en el cual fue expedido, como único requisito para ser
presentado en Colombia”[16].
Respecto de la
inscripción del nacimiento en el registro civil colombiano solicitada por los accionantes, indicó que era “necesario que se dé cumplimiento con (sic) los requisitos exigidos para tal fin: (…) que el Acta de Nacimiento y demás
documentos que aporte expedidos por la
autoridad extranjera, estén debidamente
apostillados, lo anterior conforme a la Resolución No. 4300 del 24 de julio de 2012 proferida por el Ministerio de
Relaciones Exteriores”[17].
Así mismo, precisó que la Sentencia T-212 de 2013
no podía ser considerada
precedente en este asunto, pues se refiere “de manera exclusiva a menores de edad en estado de vulnerabilidad”[18]. En ese marco, la Registraduría señaló
que: “apostillar es legalizar la firma del funcionario público que firmó
algún documento. Dicha firma deberá estar registrada en la base de datos del
Ministerio de Relaciones Exteriores. Se apostilla la firma del funcionario
público impuesta en el documento, más no se certifica ni revisa su contenido(SIC)”[19].
13. En los
casos de los señores Nerio Jesús Weber Beltrán y
Gelvis Patiño Morales en representación de sus hijos menores de edad, los
apoderados de la Gobernación del Atlántico[20],
la Alcaldía de Barranquilla[21], el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar[22], la
Superintendencia de Notariado y Registro[23] y el
Ministerio de Relaciones Exteriores[24] solicitaron,
a través de escrito al juez de tutela, que se les desvinculara del trámite de
las acciones, pues de conformidad con las pretensiones de la demanda, estas no
tienen competencia ni vinculación alguna sobre las mismas, por lo cual carecen
de legitimación por pasiva en la supuesta vulneración de derechos
fundamentales.
14. En el caso
de Renzzo David Lezcano Pineda, la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia señaló en respuesta a la acción de
tutela incoada, que carecen de legitimidad por pasiva toda vez que, de acuerdo
con el Decreto Ley 4062 de 2011, la entidad carece de “(i) (…) competencia
para atender las pretensiones presentadas por el señor Renzo David Lezcano
Pineda, (ii) esta Unidad no ha vulnerado de manera alguna los derechos
fundamentales del accionante y, (iii) De conformidad con los hechos que llevan
la (…) acción de tutela, la entidad que eventualmente debería responder por los
hechos presentados (…) por la accionante es la Registraduría Nacional del
Estado Civil (SIC)”[25].
Sentencias
de instancia
Pedro
Sarabia García (Expediente T-6.336.143)
15. El 31 de marzo de 2017, el Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de
Barranquilla negó el amparo[26], tras estimar que “el actor no cumplió con los
requisitos establecidos por Ley para la inscripción en el Registro Civil de
Nacimiento, y por tal razón, la accionada no se (sic) accedió a esa
inscripción, no por capricho, sino en cumplimiento
a la ley”[27].
Johan
Martín Mata Rodríguez (Expediente T-6.372.754)
16. El 24 de
abril de 2017, el Juzgado Treinta Civil Municipal de Barranquilla negó el
amparo tras indicar que la demandada estaba “acatando la legislación actual”,
toda vez que la “medida excepcional por la cual se admitía la inscripción
extemporánea del registro civil de nacimiento para hijos de padres colombianos
nacidos en el extranjero sin necesidad de documento debidamente apostillado y
con la declaración de dos testigos, no se encuentra vigente”.
La parte
accionante impugnó el fallo reseñado[28]. Indicó que el juez de primera
instancia no realizó una ponderación respecto de la situación especial que
atraviesan los ciudadanos venezolanos, razón por la cual no puede apostillar el acta de nacimiento, y los derechos fundamentales en juego,
sino que “se apega al
cumplimiento de las normas legales”.
Así las cosas,
el Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla, confirmó la decisión el 31
de mayo de 2017[29]. Señaló que la autoridad
de registro no actúo de manera “arbitraria o caprichosa, sino que está
supeditada a la ley que exige esta ritualidad para que proceda formalmente el
registro que requiere el actor”[30].
Yeraldine
María Puerta Lugo (Expediente T- 6.501.652)
17. El 21 de
abril de 2017, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura declaró improcedente el amparo de los derechos fundamentales
invocados por la señora Puerta Lugo, pues consideró que: (i) la accionante no
había agotado el procedimiento dispuesto en los artículos 1° del Decreto 2188
de 2001 y 2.2.6.12.3.1. del Decreto 356 de 2017, sobre el trámite para la
inscripción extemporánea de nacimiento en el Registro Civil, y (ii) que “tal
regla aplica para las inscripciones extemporáneas para infantes, niños o niñas,
aspectos estos debidamente aclarados en el pluricitado Decreto 356 de 2016; de
tal manera que si bien la Corte Constitucional en la sentencia T 212-2013
frente a los desplazamientos masivos del Estado venezolano (Sic) activó la
posibilidad de inscripción con prevalencia del artículo 50 del citado decreto,
ello lo condicionó para los menores desplazados”[31].
Por lo
anterior, el a quo señaló que no se puede aplicar dicha regla sin ningún
rigor legal pues conllevaría a un riesgo de “propiciar entre otros aspectos
y eventos el crimen trasnacional (SIC)”[32]. La
decisión no fue impugnada por parte de la accionante.
Dolores
Emilia Anaya de Pérez (Expediente T- 6.501.732)
18. El 11 de
mayo de 2017, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura negó las pretensiones solicitadas de conformidad con los
siguientes motivos:
(i) La
accionante no agotó el procedimiento dispuesto en los artículos 1° del Decreto
2188 de 2001 y 2.2.6.12.3.1. del Decreto 356 de 2017, sobre trámite para la
inscripción extemporánea de nacimiento en el Registro Civil; y
(ii) “[T]al
regla aplica para las inscripciones extemporáneas para infantes, niños o niñas,
aspectos estos debidamente aclarados en el pluricitado Decreto 356 de 2016; de
tal manera que si bien la Corte Constitucional en la sentencia T 212-2013
frente a los desplazamientos masivos del Estado venezolano (Sic) activó la
posibilidad de inscripción con prevalencia del artículo 50 del citado decreto,
ello lo condicionó para los menores desplazados”[33].
En
consecuencia, señaló que en “el asunto no existe prueba de que la accionante
haya agotado el trámite previsto para la creación de un registro civil, dada su
condición de nacionalidad venezolana y padres colombianos, ni tampoco la
existencia de un perjuicio irremediable, lo cual hace improcedente el amparo”[34].
Nerio Jesús
Weber Beltrán (Expediente T- 6.501.766)
19. El 22 de
mayo de 2017, en única instancia, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Barranquilla negó las pretensiones del
actor, al considerar que la acción es improcedente, pues en el asunto en
cuestión no se probó que el accionante agotara el trámite dispuesto para la
creación del registro civil extemporáneo de su hijo con nacionalidad
venezolana.
Gelvis
Patiño Morales (Expediente T-6.501.767)
20. El 23 de
mayo de 2017, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Barranquilla negó las pretensiones del actor, por considerar que
la acción es improcedente, pues en el asunto en cuestión no se probó que el
tutelante agotara el trámite dispuesto para la creación del registro civil
extemporáneo de su hijo con nacionalidad venezolana.
Renzzo
David Lezcano Pineda (Expediente T-6.625.185)
21.
Finalmente, el 14 de noviembre de 2017, la Sala Penal del Tribunal Superior de
Antioquía mediante sentencia de única instancia negó las pretensiones del
accionante, al considerar que la acción es improcedente, pues en el asunto en
cuestión se configuró un hecho superado ya que la Registraduría Nacional del
Estado Civil, ya dio una solución a la situación referida por el actor sobre el
trámite dispuesto para la creación del registro civil extemporáneo, y el
reconocimiento de su nacionalidad colombiana[35].
II.
ACTUACIONES EN SEDE DE REVISIÓN
La Magistrada
Sustanciadora emitió auto de pruebas el 7 de noviembre de 2017, en el cual se
ofició: (i) a la Registraduría Especial Distrital de Barranquilla, para
que: (a) explicara las razones por las cuales decidió aplicar en los
casos inicialmente objeto de estudio, Pedro Sarabia García, (Expediente T-6.336.143) y Johan
Martín Mata Rodríguez, (Expediente T-6.372.754), la Resolución 4300 de 24 de
julio de 2012 del Ministerio de Relaciones Exteriores[36]
y no el Decreto 356 de 2017 expedido por el Presidente de la República[37],
particularmente el numeral 5º del artículo 1º[38]; y (b) en caso de existir, allegara
copia de las actuaciones administrativas mediante las cuales se hubiere dado
trámite a una solicitud de inscripción extemporánea de nacimiento en el registro
civil presentadas por Pedro Sarabia García, (Expediente T-6.336.143) y Johan
Martín Mata Rodríguez, (Expediente T-6.372.754); en caso contrario,
explicara qué documentos fueron adjuntados y los motivos por los que negó las
solicitudes; y (ii) a Pedro Sarabia García con el fin de que aportara copia de
la cédula de ciudadanía o registro civil de nacimiento de su padre, Pedro
Sarabia.
El 29 de
noviembre de 2017 se profirió auto[39] por medio del cual se reiteró la
solicitud de pruebas y se suspendió el asunto por el término de (5) días
hábiles[40], para emitir sentencia. No obstante,
no se recibió respuesta de ninguna de las partes[41].
III. CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1. Corresponde
a la Corte Constitucional analizar, en Sala de Revisión, los fallos proferidos
dentro de las acciones de tutela en referencia, con fundamento en los artículos
86 y 241-9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Presentación del caso y planteamiento del problema jurídico
2. (i) Pedro Sarabia
García (Expediente
T-6.336.143); (ii) Johan Martín Mata Rodríguez
(Expediente T-6.372.754); (iii) Yeraldine María Puerta Lago, (Expediente T- 6.501.652);
(iv) Dolores Emilia Anaya de Pérez (Expediente T- 6.501.732); (v) Nerio
Jesús Weber Beltrán en representación de su hijo menor de edad (Expediente
T-6.501.766); (vi) Gelvis Patiño Morales en representación de su hijo menor
de edad (Expediente T- 6.501.767), y (vii) Renzzo
David Lezcano Pineda (Expediente
T-6.625.185), presentaron acción de tutela, de forma independiente, con el
fin de que se amparen sus derechos fundamentales o los de sus hijos a la nacionalidad, a la personalidad
jurídica, a la dignidad humana, a la salud, al
trabajo y a la educación, los cuales consideran trasgredidos. Ello, debido a
que tanto la Registraduría Especial
Distrital de Barranquilla como la Registraduría Especial de Santa Fe de Antioquia les
negaron la inscripción extemporánea del nacimiento en
el registro civil de nacimiento tras estimar que era necesario que el acta de nacimiento venezolana estuviera apostillada, sin
que pudieran suplir dicha formalidad con la declaración
de dos
(2) testigos. Las anteriores solicitudes respondían a que, al menos uno
de los progenitores en cada caso es colombiano.
En los casos
de Pedro Sarabia García (Expediente T-6.336.143) y Dolores
Emilia Anaya de Pérez (Expediente T- 6.501.732), no se acudió ante la
Registraduría Delegada de Barranquilla para tramitar la inscripción
extemporánea de registro civil, pues ante las constates negaciones a otras
personas con ciudadanía venezolana, los solicitantes infirieron la negativa de
la autoridad registral, por lo cual acudieron directamente a la acción de
tutela.
Durante el
proceso de tutela en la mayoría de los asuntos presentados, excepto en dos de
ellos, la Registraduría Nacional del Estado Civil contestó a los solicitantes
que existe una obligación para quienes quieren realizan el trámite de registro
extemporáneo en Colombia: que los documentos públicos expedidos en alguno de
los Estados parte de la Convención de la Haya sobre la apostilla cumplan con
ese trámite. En el caso de Dolores Emilia Anaya de Pérez, aunque no acudió al
trámite, la Registraduría Nacional del Estado Civil, en sede de tutela le negó
la posibilidad de suplir el requisito exigido mediante dos
(2) testigos.
En los dos
primeros casos de conocimiento de la Sala, Pedro Sarabia García y
Johan Martín Mata Rodríguez, la entidad demandada no contestó el escrito de tutela. Mientras que en los casos de Yeraldine María Puerta Lago, Dolores
Emilia Anaya de Pérez, Nerio Jesús Weber Beltrán en representación de su hijo
menor de edad, Gelvis Patiño Morales en representación de su hijo también menor
de edad, y Renzzo David Lezcano Pineda, la institución registral argumentó que no existía vulneración
alguna, pues una vez tuvieran apostillados sus documentos los solicitantes
podrían acceder al registro extemporáneo, por lo cual la acción de tutela
carece de objeto.
Los jueces de
instancia negaron los amparos constitucionales solicitados por considerar que
la Registraduría actuó conforme a la normativa
vigente. Solo en el caso de Johan Martín Mata Rodríguez, Expediente T-6.372.754 se impugnó la decisión por parte del accionante, la cual fue confirmada por
la segunda instancia, con base en los mismos
argumentos.
3. Así, en primer lugar, la Sala estudiará la
procedencia en los
asuntos sometidos a revisión, para lo cual se referirá a los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela. De superarse dicho examen, se
pasará a resolver el siguiente problema jurídico:
¿Vulneró la Registraduría Nacional del Estado Civil, a
través de sus delegadas la Registraduría Especial Distrital de Barranquilla y
la Registraduría Especial de Santa Fe de Antioquia, los derechos de los accionantes
al debido proceso, a la
personalidad jurídica, a la nacionalidad, al estado civil, además del acceso a
otros derechos como la salud y la educación, al exigir un requisito legal para
la expedición extemporánea del registro civil, como es la apostilla de las
actas de nacimiento de ciudadanos nacidos en Venezuela con padres colombianos,
y no permitir suplir este requisito con la declaración de dos (2) testigos como
lo ha señalado la jurisprudencia constitucional?
A efectos de
dar respuesta al anterior cuestionamiento, la Sala de Revisión: (i) reiterará
la jurisprudencia constitucional respecto del derecho a la personalidad
jurídica y los atributos de la personalidad como elementos esenciales de la
condición humana en el Estado Social de Derecho; abordará (ii) el derecho a la
nacionalidad como un atributo y derecho fundamental autónomo; (iii) el estado civil, como atributo de la personalidad fundamental
para la oponibilidad de derechos, lo cual incluirá el procedimiento de
inscripción extemporánea en el registro de hijos de padres
colombianos no nacidos en territorio nacional -nacionales por nacimiento-; (iv)
la protección reforzada de los derechos fundamentales  de los niños, niñas y
adolescentes en el marco constitucional e internacional.
Finalmente, (v) se plantearán las soluciones a los asuntos objeto de revisión.
Las
acciones de tutela presentadas superan el análisis de procedibilidad
4. Conforme
con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y por el Decreto
2591 de 1991 se deben verificar los siguientes criterios, con el fin de
determinar si la acción de tutela es procedente: (i) legitimación por activa;
(ii) legitimación por pasiva[42]; (iii) inmediatez; y
(iv) subsidiariedad.
5. En cuanto a
la legitimación por activa, el artículo 86 superior establece que toda persona
por sí misma o “por quien actúe en su nombre” podrá
presentar acción de tutela ante los jueces para procurar la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública
o particular. En desarrollo de la disposición constitucional, el artículo 10º
del Decreto 2591 de 1991 establece que la solicitud de amparo puede ser
presentada: (i) a nombre propio; (ii) a través de representante legal; (iii)
por medio de apoderado judicial; o (iv) mediante agente oficioso[43].
Entre los
casos estudiados, se configuran dos situaciones de legitimación por activa. Por
un lado, en los casos de Pedro Sarabia García (Expediente T-6.336.143), Johan
Martín Mata Rodríguez (Expediente T-6.372.754), Yeraldine María Puerta Lago (Expediente T-6.501.652),
Dolores Emilia Anaya de Pérez (Expediente T-6.501.732) y Renzzo David Lezcano Pineda (Expediente T-6.625.185) la tutela fue interpuesta a nombre propio, en consecuencia se cumple tal requisito.
Por otro lado,
en los casos de Nerio Jesús Weber Beltrán (Expediente
T-6.501.766), y Gelvis Patiño Morales (Expediente T-6.501.767), los
dos accionantes interpusieron el amparo en nombre de sus hijos menores de edad,
es decir, en su representación. De conformidad con lo reiterado por esta
Corporación en la Sentencia T-552 de 2006[44],
los padres pueden actuar en representación de sus hijos menores de edad, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la nacionalidad, a la personalidad jurídica, a la dignidad
humana, a la salud, al trabajo y a la educación
ante la negativa de la entidad demandada de inscribir
el nacimiento en el registro civil[45], por lo cual también se
verifica la legitimación por activa.
6. Respecto
de la legitimación en la causa por pasiva en la acción de tutela, los
artículos 86 de la Constitución Política y 42 del Decreto 2591 de 1991 prevén
que esta se puede promover contra todas las autoridades públicas y, también,
contra los particulares que estén encargados de la prestación de un servicio
público, cuya conducta afecte gravemente el interés colectivo[46].
En los asuntos
estudiados, las acciones de tutela se dirigen contra la Registraduría Especial
Distrital de Barranquilla y la Registraduría Especial Distrital de Santa Fe de
Antioquia, las cuales, según los artículos 120 de la Constitución, 19 del
Decreto 1010 de 2000[47], y la Circular número
064 del 18 de mayo de 2017, tienen a su cargo lo relativo a la identificación
de las personas, por lo que es la institución autorizada para llevar la función
de registro civil[48]. Además, el artículo
2.2.6.12.3.1 del Decreto 356 de 2017 prevé que corresponde al funcionario
encargado de llevar el registro civil, la inscripción extemporánea del
nacimiento. Sin embargo, en el trámite de instancia quien realizó la respuesta
a las acciones incoadas fue la Registraduría Nacional del Estado Civil.
La
Registraduría Nacional del Estado Civil en algunos lugares del territorio
nacional actúa a través de sus delegadas departamentales, municipales y
especiales. Razón por la cual, la Sala precisa que, aunque de quienes se
predica la posible vulneración del derecho son las delegadas territoriales de
la Registraduría Nacional del Estado Civil, estas no son las llamadas a
responder directamente, pues de conformidad con los artículos 10[49],
11[50]
y 19 del Decreto 1010 de 2000[51], es función especial del
nivel central coordinar y controlar todas las actividades de la Registraduría
en el ámbito nacional, lo cual incluye las que desarrolla el nivel
desconcentrado, así como ejercer funciones especiales asignadas por la
Constitución y la ley, cuya naturaleza no implique su ejercicio desconcentrado.
Por ello, esta entidad pública debido a la actuación de sus delegadas tiene la
capacidad para ser parte, por lo que se encuentra legitimada en la causa por
pasiva para actuar en estos procesos. Cabe advertir que esa entidad es parte en
este proceso, al haber sido vinculada de manera oficiosa en el proceso T-6.372.754
y haber participado en otros procesos que aquí se encuentran acumulados.
Por su parte,
respecto de las entidades vinculadas en dos de los trámites de tutela, la
Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla, el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, la Superintendencia de Notariado y Registro y el
Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque son autoridades públicas con
competencias relacionadas a los presupuestos planteados en la acción de tutela,
la Sala considera que del problema jurídico planteado, la autoridad competente para
cesar las presuntas vulneraciones a los derechos fundamentales deprecados, de
configurarse, es la Registraduría Nacional del Estado Civil a través de sus
Registradurías Especiales Distritales de Barranquilla y Santa Fe de Antioquía,
en los términos de las normas reseñadas en el análisis de legitimación por
pasiva. Luego, estas entidades no se encuentran
legitimadas por pasiva en estos asuntos.
7. Ahora bien,
en cuanto al requisito de inmediatez este se refiere a que la acción
debe presentarse por el interesado de manera oportuna con relación al acto
generador de la presunta vulneración de los derechos fundamentales. Ello se explica, en tanto el propósito de
la acción de tutela es la protección “inmediata” de los derechos
constitucionales fundamentales, por tal motivo es inherente a la naturaleza de
dicha acción, brindar una protección actual y efectiva de aquellos[52].
Si bien la acción de tutela no tiene un término de
caducidad[53], su interposición debe hacerse dentro
de un plazo razonable, oportuno y justo[54].
Conforme con
lo precedente, a través de la exigencia del requisito de inmediatez se
pretende evitar que el recurso de amparo constitucional sea empleado como una
herramienta que premie la desidia, negligencia o indiferencia de los actores, o
se convierta en un factor de inseguridad jurídica, al permitir que la acción de
tutela se promueva en un tiempo excesivo, irrazonable e injustificado a partir
del momento en que se causó la amenaza o violación de los derechos
fundamentales[55].
En cuanto a
dicho requisito, la Sala
encuentra tres situaciones respecto de la existencia del hecho que origina la
posible vulneración de los derechos fundamentales de los solicitantes, y que
afectan de manera directa la procedibilidad de la acción, por lo cual, es
necesario determinar cada situación de los casos en revisión. En primer lugar,
respecto de los señores Johan Martín Mata Rodríguez
(Expediente T-6.372.754)[56], Yeraldine
María Puerta Lago, (Expediente T- 6.501.652)[57], Nerio Jesús
Weber Beltrán en representación de su hijo menor de edad (Expediente
T-6.501.766)[58], Gelvis Patiño Morales en
representación de su hijo también menor de edad (Expediente T- 6.501.767)[59] y Renzzo David
Lezcano Pineda (Expediente
T-6.625.185)[60] se
identificó que los accionantes acudieron tanto a la Registraduría Distrital de
Barranquilla, como a la Registraduría Distrital de Santa Fe de Antioquia respectivamente
para realizar dicho trámite, y que las entidades negaron el registro por la
falta de apostilla en sus actas de nacimiento, este supuesto carece de una
fecha en los escritos de tutela o de constancia documental. No obstante, dentro
del trámite de la tutela la Registraduría no desvirtuó ninguna de las
afirmaciones de los accionantes al respecto y, por el contrario, confirmó la
negativa de aplicar un requisito distinto a los documentos debidamente
apostillados en cada uno de los casos, por lo que la vulneración es actual e
inminente.
Respecto del Dolores Emilia
Anaya de Pérez (Expediente T- 6.501.732), la Sala adujo de la literalidad del escrito de tutela,
que la accionante no solicitó el trámite ante la entidad, y en ese orden no
hubo una negativa del mismo. La tutelante afirma que no hubiera tenido ningún
sentido ir ante la entidad, pues con base en la negativa reiterada para todos
los que han acudido, le hubiera sucedido lo mismo. Para la Sala, de conformidad
con el contexto de esta tutela, es un hecho notorio que acudir ante tal
entidad el trámite hubiera sido rechazado como en los demás eventos relatados
en esta acción[61]. Sin
embargo, en la respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la
entidad accionada solicitó negar las pretensiones de la actora al indicar que
la accionante puede realizar el trámite de inscripción extemporánea cuando
tenga su acta de nacimiento debidamente apostillada[62]. En estos términos, se verifica
que: (i) la falta de acceso a la nacionalidad colombiana sigue vigente;
y (ii) la Registraduría confirmó la anterior aproximación sobre el hecho
notorio, toda vez que, aun sin haberse acercado a la misma le dejó claro
que su solicitud no sería atendida sin el cumplimiento del requisito que
exponen como imposible de cumplir, lo que hace la vulneración actual e
inminente.
Finalmente, respecto del señor Pedro Sarabia
García (Expediente
T-6.336.143), el actor
no presentó solicitud ante la Registraduría Delegada del Distrito de
Barranquilla, como se infiere del escrito de tutela, donde señaló “previa a
la solicitud que nosotros eleváramos, en casos similares se niega [la
Registraduría Nacional del Estado Civil a] inscribir el registro civil de
nacimiento, la partida o acta de nacimiento venezolana de los hijos padre o
madre colombianos por no estar apostillado el documento”[63], cuestión que en
principio imposibilitaría el análisis del caso concreto, pues al contrario del
caso de Yeraldine Puerta Lago Expediente T- 6.501.652, la Registraduría
no se pronunció sobre la acción de tutela.
Sin embargo, como se constata en las acciones en
estudio y en las resoluciones que se anexaron en todos los casos, referentes a
la negativa de la Registraduría Distrital  de Barranquilla en permitir el
trámite de inscripción extemporánea del registro civil de nacimiento a
ciudadanos venezolanos por medio de dos (2) testigos, se configura un hecho notorio[64] sobre la negativa de realizar
dicho trámite, sin el requisito del acta de nacimiento apostillada, lo que
conlleva a que la amenaza sobre sus derechos esté vigente.
Por consiguiente, para la Sala la situación planteada
en los expedientes de Pedro Sarabia García (T-6.336.143), Johan
Martín Mata Rodríguez (T-6.372.754),
Dolores Emilia Anaya de Pérez (T-6.501.632), Nerio Jesús Weber Beltrán
en representación de su hijo menor de edad (T-6.501.766)[65], Gelvis Patiño Morales en
representación de su hijo también menor de edad (T-6.501.767), Yeraldine María Puerta Lago (T-6.501.652)
y Renzzo David Lezcano Pineda (T-6.625.185), sobre la negativa a
sustituir el requisito tantas veces mencionado por la alternativa del
testimonio de dos testigos corresponde a un hecho notorio. En tal
sentido, exigir a la tutelante haberse acercado a la Registraduría, no
cambiaría su situación ya que ésta le hubiera exigido el requisito mencionado y
le hubiese negado la solicitud.
Así mismo, como consta en las respuestas a las
acciones de tutela de los expedientes en cuestión[66], la Registraduría del Estado
Civil expidió en el año 2017 la Circular 052, la cual está vigente y dio
continuidad a la obligatoriedad de la exigencia del requisito de apostillado
para la inscripción extemporánea del registro civil.
En consecuencia, esta Sala encuentra que en todos los
casos se acredita el requisito de inmediatez toda vez que en los hechos
expuestos por los accionantes: (i) no se controvierte el momento de la
solicitud del trámite; y (ii) aun en las situaciones en que las personas no se
acercaron a la entidad demandada, la misma les hubiera negado el trámite, pues
es un hecho notorio que exige el requisito, como lo confirmó en uno de
los dos casos. Al margen de todo lo expuesto, la posible vulneración está vigente,
toda vez que las personas que han solicitado el registro, les fue negado y no
han accedido al reconocimiento de la nacionalidad, así mismo para aquellos que
no se presentaron, la actuación de la Registraduría Delegada de Barranquilla
indica que el resultado va a ser el mismo.
8. Por último,
el artículo 86 constitucional dispone respecto del requisito de subsidiariedad
que la acción de tutela solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial -recursos ordinarios y
extraordinarios-, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable, es decir que esta acción es de carácter
residual. En otras palabras, el amparo procede como:
(i) Mecanismo
definitivo, cuando el actor no cuenta con un mecanismo ordinario de
protección o el dispuesto por la ley para resolver las controversias, no es
idóneo y eficaz, conforme a las especiales circunstancias del caso que se
estudia[67];
y
(ii) Mecanismo
transitorio, ante la existencia de un medio judicial que no impide la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, conforme con la especial situación del
peticionario[68].
En los asuntos objeto de
revisión, los accionantes buscan la protección de derechos de rango fundamental
como: la nacionalidad, la personería jurídica, la salud, la educación y el trabajo,
como consecuencia de la negativa de la entidad demandada de inscribir su
nacimiento en el registro por la carencia de apostilla en los documentos que
acreditan su nacimiento. Ante lo cual, manifestaron la imposibilidad de suplir
dicho requisito de conformidad con la política sobre documentos que ha tomado
el vecino país, consistente en no apostillar certificados de nacimiento[69].
9. Así, como
bien lo señaló la entidad accionada, el trámite pertinente para la inscripción
extemporánea del registro civil es el reglamentado en el Decreto 356 de 2017, adaptado por la Circular 052 del 29 de marzo
de 2017 de la Dirección Nacional del Registro Civil, que permite realizar la
inscripción extemporánea del registro civil de los colombianos nacidos en el
exterior, con la salvedad de que el único documento antecedente válido será el
registro civil de nacimiento del país de origen, en idioma español y
debidamente apostillado o legalizado, según corresponda.
Sin embargo, este trámite ya fue agotado por los accionantes, a
quienes como se indicó en líneas anteriores, les fue negado, debido a que no pueden
cumplir con el requisito de apostillado por las medidas tomadas por el Estado
venezolano. Adicionalmente, en cuanto a Dolores Emilia Anaya de Pérez  y
Pedro Sarabia, como bien se ha señalado, existe un hecho notorio respecto
de la negativa de la Registraduría en proceder con el trámite por medio de los
dos testigos. Por lo tanto, para enfrentar la amenaza o la vulneración de los
derechos fundamentales invocados, los actores no cuentan con ningún medio o
mecanismo judicial, por lo que la acción de tutela resulta procedente y tiene
por ello un carácter definitivo.
En este
sentido, respecto a los casos de Nerio Jesús
Weber Beltrán en representación de su hijo (Expediente T-6.501.766)
y Gelvis Patiño Morales en representación de su hijo también menor de edad (Expediente
T-6.501.767), por tratarse de situaciones que involucran
derechos fundamentales de niños, esta Corte indicó en la Sentencia T- 512 de
2016[70] que:
“cuando el asunto bajo estudio involucra los derechos
fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, el precedente jurisprudencial
de la Corte Constitucional estipula que el examen del requisito de la
subsidiariedad no se somete a la misma rigurosidad, sino que por el contrario,
deberá armonizarse con el interés superior del menor y el carácter prevalente
de sus derechos fundamentales. Sobre este aspecto, la Corte Constitucional en
sentencia de unificación de jurisprudencia, SU-695 de 2015, sintetizó el precedente
consolidado de la Corte en materia de subsidiariedad frente a los derechos de
los niños”.
En
consecuencia, es evidente que las acciones de tutela en revisión cumplen todos
los requisitos de procedencia, por lo cual, esta Sala continúa con el análisis de
naturaleza sustantiva, especialmente de conformidad con el carácter de especial
protección que revisten los accionantes de los Expedientes T- 6.501.766
y T-6.501.767, dado que en este caso la tutela es el único recurso
efectivo para la protección de los derechos invocados, por lo que funge como
mecanismo definitivo.
Derecho a la personalidad
jurídica y los atributos de la personalidad como elementos esenciales de la
condición humana en el Estado de derecho[71]. Reiteración de
jurisprudencia.
Derecho
fundamental a la personalidad jurídica y sus atributos en el ordenamiento
constitucional
10. En el
presente acápite la Sala de Revisión presentará los fundamentos
constitucionales respecto: (i) del derecho a la personalidad jurídica a nivel
constitucional, con el fin de determinar su núcleo esencial y su alcance; (ii)
la estructura del concepto de atributos de la personalidad como categoría
jurídica autónoma y, en consecuencia, se reiterará el alcance de los derechos
fundamentales (iii) a la nacionalidad; y (iv) al estado civil, los cuales hacen
a su vez parte de los atributos de la personalidad.
11. El derecho a la personalidad jurídica está
consagrado en el artículo 14 constitucional[72] e igualmente se reconoce
en algunos instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos –PIDCP-[73]
y la Convención Americana sobre Derechos Humanos[74] -CADH-. Este derecho está
directamente relacionado con el artículo 13 constitucional, pues por medio de
esa garantía todos los seres pertenecientes a la raza humana tienen igual
tratamiento dentro del ordenamiento jurídico en cuanto a derechos y
obligaciones.
Esta
Corporación, desde sus inicios, lo definió como derecho fundamental, pues
además de ser una disposición de rango supralegal es un axioma
fundamental para la interacción de la persona humana con el mundo jurídico; en
otras palabras, es la parte sustancial de la idea de persona en los Estados
Constitucionales modernos[75].
Así, por ejemplo, la Sentencia C-486 de 1993[76] explicó
cómo con la entrada en vigor de la Constitución de 1991, la personalidad
jurídica pasó a indicar, en el caso de la persona natural, su idoneidad para
ser titular de todas las posiciones jurídicas relacionadas con sus intereses y
actividades.
Bajo la misma
lógica, la Sentencia C-109 de 1995[77]
examinó la constitucionalidad de algunas normas sobre filiación civil y señaló
el alcance y contenido de este derecho fundamental. En aquella oportunidad, la
Sala Plena indicó que la personalidad jurídica comprende la posibilidad que
tiene todo ser humano de ostentar determinados atributos que constituyen su
esencia, por lo cual este derecho fundamental comprende también las
características propias de la persona. Lo anterior, lo confirmó la Sentencia
C-591 de 1995[78], al establecer que el concepto jurídico de sujeto de derecho
expresa solamente la unidad de pluralidad de deberes, responsabilidades y
derechos subjetivos.
De conformidad
con las reglas decantadas por esta Corporación, el derecho a la personalidad
jurídica[79] dentro del ordenamiento constitucional
colombiano: (i) está reconocido en los artículos 14 Superior, 16 del PIDCP y 3°
de la CADH con una especial trascendencia práctica de carácter legal, pues es
el medio por el cual se reconoce la existencia a la persona humana dentro del
ordenamiento jurídico; (ii) es un derecho fundamental y presupuesto
esencial de la consagración y efectividad del sistema de derechos y garantías
contemplado en la Constitución; (iii) su materialidad conlleva a los atributos
propios de la persona humana; y (iv) es propio de los sujetos de derecho en el
ordenamiento jurídico constitucional.
Ahora bien, de
conformidad con la jurisprudencia sostenida por este Tribunal, este derecho se
materializa mediante los atributos de la personalidad, los cuales a su vez
contienen varios de los derechos que hoy se consideran fundamentales, y que
antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1991, eran tenidos como
derechos legales.
Atributos
de la personalidad
12. Los
atributos de la personalidad son una categoría autónoma del derecho civil que
tienen por finalidad vincular la personalidad jurídica de los seres humanos con
el ordenamiento legal. Por ello, el derecho a la personalidad jurídica se
materializa mediante estos atributos aun cuando algunos de ellos también gocen
del carácter de derecho fundamental. Tradicionalmente el ordenamiento
continental los ha identificado como: (i) el
nombre; (ii) la capacidad; (iii) el estado civil; (iv) el domicilio; (v) la
nacionalidad; y (vi) el patrimonio. En el contexto constitucional, esta
Corporación se refirió por primera vez sobre este concepto, en la Sentencia C-109 de 1995[80],
al señalar la relación existente entre el derecho al
reconocimiento de la personalidad jurídica y los atributos de la personalidad[81].
En consonancia, la Sentencia C-004 de 1998[82] retomó lo dicho por la doctrina civilista sobre los
denominados atributos de la personalidad e indicó que: “la personalidad
tiene unos atributos, que implican derechos y obligaciones. Esos atributos son
inseparables del ser humano, pues no se concibe, en el presente estado de la
evolución jurídica, un ser humano carente de personalidad jurídica”. Tales adjetivos
corresponden sólo a las
personas naturales.
Posteriormente, la Sentencia C-511 de 1999[83] se refirió a varios de ellos, entre estos, el
nombre y el estado civil como forma de ejercicio de los derechos políticos de
los ciudadanos del Estado colombiano[84]. La decisión mostró que
la garantía de este precepto jurídico da alcance a derechos civiles y
políticos. Por ejemplo, el principio constitucional de la autodeterminación se
manifiesta a través del derecho civil al nombre, por el cual, en conjunto con el
estado civil hacen posible ejercicio del derecho político al voto.
Por
consiguiente, la jurisprudencia ha establecido que los atributos a la
personalidad: (i) son una categoría jurídica autónoma heredada del derecho
civil continental que tiene por finalidad vincular a la personalidad jurídica
con el ordenamiento jurídico; (ii) está compuesto de seis atributos como son:  el
estado civil, la nacionalidad, el nombre, la capacidad, el patrimonio y el
domicilio; (iii) existe una relación sine quan non entre la personalidad
jurídica y sus atributos, pues estos suponen el reconocimiento de la esencia de
la personalidad e individualidad; (iv) estas características son inseparables
del ser humano, pues son el medio por el cual tiene alcance el derecho a la
personalidad jurídica; así (v) como a derechos políticos, como el voto.
El derecho a
la nacionalidad como atributo de la personalidad y derecho fundamental autónomo
13. Como se
advirtió, dentro de la categoría jurídica precedida se encuentra la
nacionalidad, respecto de la cual esta Corporación ha manifestado que “[n]o
puede aceptarse, en efecto, un ser humano (…) que no tenga una nacionalidad,
como generalmente acontece, salvo casos excepcionales”[85]. No obstante, también es reconocida como derecho fundamental
autónomo. El artículo 96 de la Constitución establece las condiciones generales para su
reconocimiento e indica que la nacionalidad
colombiana puede ser por nacimiento o por adopción. En cuanto a la primera de
estas formas, la Carta Política prevé que son nacionales colombianos por
nacimiento, entre otros[86], “a) [l]os naturales de Colombia, que con una de dos
condiciones: que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales
colombianos o que, siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviere
domiciliado en la República en el momento del nacimiento”. Además, este derecho también está
regulado en varios instrumentos internacionales, entre estos, cabe destacar el
artículo 15.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos[87] y el artículo 20 de la Convención Americana
Sobre Derechos Humanos[88].
14. La jurisprudencia constitucional,
particularmente la Sentencia C-893 de 2009[89],
al examinar la constitucionalidad de normas referentes a la adquisición de la
nacionalidad en Colombia, estableció que: “[s]iendo la nacionalidad el vínculo jurídico que une a
una persona con un Estado, se estructura como derecho con los siguientes
componentes: el derecho a adquirir una nacionalidad, a no ser privado de ella y
a cambiarla”. Por su parte, la Sentencia
C-622 de 2013[90] recordó
que tal vínculo legal significa la existencia jurídica del individuo y el
disfrute de sus derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales, así
como la delimitación de las responsabilidades políticas, sociales y económicas,
tanto del Estado como de la persona. De la misma manera, la Sentencia C-451 de 2015[91] destacó
que la nacionalidad se erige como un derecho fundamental en tres dimensiones: (i) el derecho a
adquirir la nacionalidad; (ii) el derecho a no ser privado de ella; y (iii) el
derecho a cambiarla. Por esta razón, el hecho de ser reconocido como nacional
permite, además, que el individuo adquiera y ejerza los derechos y
responsabilidades inherentes a la pertenencia a una comunidad política.
Finalmente, la Sentencia C-520 de 2016[92],
reiteró que “la nacionalidad es un derecho humano y
fundamental, que refleja un vínculo natural y jurídico entre una persona y un
Estado, a partir del cual surge una relación de fidelidad y protección mutuas,
y un conjunto de derechos y obligaciones”.
15.
Por su parte, la jurisprudencia interamericana ofrece una definición clara y
precisa del concepto de nacionalidad. Así, por ejemplo, en el Caso niñas Yean y Bosico vs.
República Dominicana[93], la Corte IDH estudió un caso en el
cual la autoridad de registro civil nacional negó la inscripción de dos niñas
de padres haitianos que nacieron en territorio dominicano. En dicha oportunidad,
ese Tribunal consideró que esa acción vulneró el derecho a la nacionalidad de
las menores de edad, entendida como un estado natural del ser humano y
fundamento de la capacidad política y civil de la persona. De allí que, aunque
tradicionalmente se ha aceptado que la regulación de los derechos es una
competencia que ofrece amplias facultades a los Estados, dicha discrecionalidad
está limitada por el deber de protección integral de los derechos humanos. En
efecto, a pesar de que la nacionalidad se concibe desde una perspectiva clásica
como un atributo que el Estado le otorga a sus ciudadanos, el derecho a la
nacionalidad ha evolucionado hasta el punto de revestir el carácter de humano[94].
16.
En síntesis, el Estado tiene el deber de protección
de la situación jurídica de las personas en su territorio como se desprende de
las obligaciones de la CADH, por cuanto esto define el alcance de sus derechos
e interacciones jurídicas en una sociedad determinada, pues es (a) “deber
de[l] [Estado] prevenir, evitar y reducir la apatridia” y (b) “(…)
brindar a los individuos una protección igualitaria y efectiva de la ley y sin
discriminación”. Así las cosas, el reconocimiento del principio ius
sanguinis[95], da
cabida en el ordenamiento constitucional a los derechos: (i) a adquirir la
nacionalidad; (ii) a no ser privado de ella; y (iii) a cambiarla. Lo que indica
que en el ordenamiento constitucional e interamericano, aunque tradicionalmente
se ha aceptado que su regulación es una competencia que ofrece amplias facultades
a los Estados, dicha discrecionalidad está limitada por el deber de protección
integral de los derechos humanos.
El Estado civil
como atributo de la personalidad y derecho fundamental para la oponibilidad de
derechos
17. El estado civil es un atributo que fue ampliamente desarrollado
por la doctrina civilista del país antes de la entrada en vigencia de la
Constitución Política de 1991, pues es a través de éste que las personas se
pueden interrelacionar jurídicamente. Al respecto, el profesor Arturo Valencia
Zea ha dicho que el estado civil de las personas es determinado por la ley y,
de ese modo, está constituido por un conjunto de situaciones jurídicas en las
cuales necesariamente debe encontrarse todo ser humano, pues relacionan a cada
persona con su familia, la sociedad a la que pertenece y con ciertos hechos
fundamentales de la personalidad[96].
La Corte
Constitucional en su primer pronunciamiento sobre la materia, la Sentencia
T-485 de 1992[97], sostuvo que el
accionante confundió el derecho constitucional al reconocimiento de la
personalidad jurídica con el derecho a ser inscrito en el registro civil de
nacimiento, ya que este último hacía parte del estado civil, derecho de rango
legal que debía ser protegido por medio de las acciones ordinarias y no por
medio de la acción de tutela. Por lo tanto, confirmó el fallo de tutela de
segunda instancia que negó el amparo de los derechos invocados[98].
Posteriormente, la Sentencia T-090 de 1995[99] admitió la relación que existe entre el derecho
constitucional al reconocimiento de la personalidad jurídica y los atributos
jurídicos inherentes a la persona humana, como el estado civil de las personas[100].
Ese pronunciamiento sostuvo que el estado civil comprende “un conjunto de
condiciones jurídicas inherentes a la persona, que la identifican y diferencian
de las demás, y que la hacen sujeto de determinados derechos y obligaciones”,[101] y que
su prueba se realiza por medio del registro civil de nacimiento. En ese marco,
se señaló “que negarle la validez al registro civil de nacimiento de la
accionante por un error imputable a la administración, constituía una
vulneración a su derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica”
(Subraya fuera de texto original), en la medida en que ello implicaba
la negación de varios atributos de su personalidad como el nombre y la
filiación.
De igual modo, la Sentencia C-004 de 1998[102] reiteró que el estado civil de las personas tiene
relación directa con el derecho a la personalidad jurídica, y con ello a que
los individuos sean titulares de atributos que son propios de la persona
humana, además de ser una manifestación concreta, “acaso la más importante,
del principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución”.
18. Por otro lado, la Sentencia C-109 de 2005[103] precisó que la filiación contenida en el registro
civil de nacimiento es un atributo de la personalidad, “indisolublemente
ligado al estado civil de la persona”. Así, en tanto atributo de la
personalidad jurídica, constituye un derecho constitucional “deducido del
derecho de todo ser humano al reconocimiento de su personalidad jurídica”[104].
19. De esta manera,
uno de los elementos esenciales del estado civil es el Registro Civil, que refleja
tres (3) momentos de la vida jurídica: (i) el registro civil de nacimiento;
(ii) el relacionamiento familiar, a través de los datos de filiación real y del
registro civil de matrimonio; y (iii) la extinción de la vida, mediante el
registro civil de defunción[105].
En cuanto al
registro civil de nacimiento, este instrumento es el medio por el cual se da
cuenta de la existencia jurídica de las personas naturales en el territorio
nacional, pues, aunque el ordenamiento jurídico reconoce la personalidad
jurídica de las personas como elemento inherente de la existencia humana[106],
es en el registro civil donde se consigna la información sobre el momento del
nacimiento, así como otros datos de identificación que constituyen los demás
atributos de la personalidad[107].
20. Otro aspecto
fundamental del registro civil de nacimiento es el relacionado con su calidad
de requisito sine qua non para la expedición de la cédula de ciudadanía
o de la tarjeta de identidad en el caso de menores de edad, como lo señala la
normativa vigente[108]. Por ello, la
imposibilidad de inscripción del nacimiento de una persona en el registro
implica la negación de los atributos de la personalidad, pero además el
truncamiento en el ejercicio de otros derechos del individuo.
Al respecto, las Sentencias
T- 329A de 2012[109] y T- 929 de
2012[110] indicaron que la entrega inoportuna de la cédula de ciudadanía por parte de la
organización electoral hace imposible la identificación de las personas así
como el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Por tal razón, la
jurisprudencia constitucional ha indicado que es deber del Estado garantizar su
oportuno trámite, expedición, renovación y rectificación, en tanto se trata de
un documento que va más allá de la simple identificación de los ciudadanos,
pues además de la determinación de la individualidad de cada persona, permite
acreditar la mayoría de edad y, en consecuencia, la capacidad civil, así como
también refrenda la condición de ciudadano para el ejercicio de los derechos
políticos.
En suma, el estado civil es un derecho fundamental, por medio del cual se hacen
efectivos otros derechos que son interdependientes a este, como el nombre, la
nacionalidad, el voto, entre otros. En tanto que este
derecho inició como un derecho legal, su tránsito a la constitucionalización se
dio por medio de su vinculación directa a la personalidad jurídica, pues es a
partir de esta institución que las personas demuestran: (i)
su existencia a través del
registro civil de nacimiento; (ii) su relacionamiento familiar, mediante los
datos de filiación real y del registro civil de matrimonio; y (iii) la
extinción de la vida, con el registro civil de defunción. Así, la negación de este atributo de la personalidad implica la
irrupción en el goce efectivo de la personalidad jurídica y, en ese sentido, de
otros derechos individuales fundamentales como el derecho a la identidad
personal o los derechos políticos como, por ejemplo, el de elegir –voto- y ser
elegido.
Hijos de padres colombianos no
nacidos en territorio nacional -nacionales por nacimiento-: prueba de la
nacionalidad, requisitos para inscripción extemporánea en el registro
21.
El artículo 96 Superior dispone que la nacionalidad
colombiana puede ser por nacimiento o por adopción[111]. En cuanto a la primera de estas formas, la Carta Política prevé
que son nacionales colombianos por nacimiento, entre otros[112], “a) [l]os naturales de Colombia, que con una de dos
condiciones: que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales
colombianos o que, siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviere
domiciliado en la República en el momento del nacimiento”.
22. La Ley 43 de 1993 desarrolló el citado
precepto constitucional respecto de la adquisición, renuncia, pérdida y
recuperación de la nacionalidad colombiana. El capítulo II sobre la
nacionalidad colombiana por nacimiento, establece en su artículo 2º que “[p]ara
los hijos nacidos en el exterior, la nacionalidad colombiana del padre o de la
madre se define a la luz del principio de la doble nacionalidad según el cual,
‘la calidad de nacional colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra
nacionalidad”.
Además, el artículo 3º de esta normativa prevé la
prueba de la nacionalidad, así: “considerarán como pruebas de la
nacionalidad colombiana, la cédula de ciudadanía para los mayores de dieciocho
(18) años, la tarjeta de identidad para los mayores de catorce (14) años y
menores de dieciocho (18) años o el registro civil de nacimiento para los
menores de catorce (14) años, expedidos bajo la organización y dirección de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, acompañados de la prueba de domicilio
cuando sea el caso”[113].
23.
Por otra parte, el Decreto 1260 de 1970[114]
dispone que en el registro civil de nacimiento, además de los nacimientos que
ocurran en el territorio nacional, también deberán inscribirse aquellos “ocurridos
en el extranjero, de personas hijos de padre y madre colombianos”[115], esto
dentro del mes siguiente a cuando ocurrió[116].
Igualmente, el artículo 50 prevé que cuando se solicite dicho registro “fuera
del término prescrito”, este debe ser acreditado con documentos auténticos, copia de las actas de las partidas
parroquiales o con fundamento en declaraciones juramentadas presentadas ante el
funcionario encargado del registro, por dos (2) testigos hábiles que hayan
presenciado el hecho o hayan tenido noticia directa y fidedigna de él.
24. Esta inscripción
extemporánea en el registro civil por parte de quienes si bien no nacieron en
Colombia tienen a uno de sus progenitores de nacionalidad colombiana ha sido
reglamentada. Así, el Decreto 356 de 2017[117],
en su artículo 2.2.6.12.3.1, prevé que dicha solicitud
que se adelanta ante el funcionario registral o consular debe estar acompañada
de los siguientes documentos: (i) declaración bajo la gravedad de juramento de
que la inscripción no se haya realizado previamente; (ii) certificado de nacido
vivo y en el caso de haber nacido en el extranjero, se requiere “el registro
civil de nacimiento expedido en el exterior debidamente apostillado y traducido”;
y (iii) las partidas religiosas cuando corresponda. También señala que en caso
de no poder acreditarse el nacimiento con tales documentos, el solicitante o su
representante, si fuese menor de edad, además de presentar una petición por
escrito en donde relacione sus datos personales[118],
“deberá acudir con al menos dos (2) testigos hábiles quienes prestarán
declaración bajo juramento mediante la cual manifiesten haber presenciado,
asistido o tenido noticia directa y fidedigna del nacimiento del solicitante”[119].
Así mismo, el artículo 2.2.6.12.3.2 del Decreto dispone que cuando
el nacimiento no ocurra en Colombia, es necesario que “al menos uno de los
padres se encuentre debidamente identificado como nacional colombiano”.
25.
Debe precisarse que esta Corporación ha reconocido la importancia de este
registro, pues es “indispensable para que opere el reconocimiento estatal a
la personalidad jurídica de todo ser humano y es, adicionalmente, la
forma idónea para asegurar el ejercicio continuo y libre de muchos otros
derechos”[120]. La Sentencia T-106
de 1996[121] estimó que “[l]a
forma idónea de asegurar que en efecto la persona sea alguien ante el
Estado y de garantizar que pueda ejercer efectivamente sus derechos consiste en
el registro civil de su nacimiento”.
26. La jurisprudencia de esta Corporación ha examinado asuntos en
los cuales la autoridad registral niega la inscripción extemporánea del
nacimiento en el registro de quien nace fuera de Colombia pero al menos uno de
sus padres es nacional debido a que el documento que acredita dicho hecho no se
encuentra apostillado.
Las Sentencias T-212 de 2013[122] y T-421
de 2017[123]
concedieron la protección de los derechos fundamentales a la nacionalidad, al
reconocimiento de la personalidad jurídica, a la igualdad, a la dignidad humana
y a la salud. En el primero de los casos se concedió la protección de estos
derechos de una niña, hija de colombianos quien nació en Venezuela y se le
había negado el registro extemporáneo de su nacimiento debido a que el Acta no
estaba apostillada. Por su parte, en la segunda tutela, se conoció del caso de
una persona adulta mayor a quien también se le negó el trámite extemporáneo de
inscripción del registro civil. En las dos oportunidades, se ordenó a la
Registraduría Nacional del Estado Civil que permitiera registrar tanto a la
menor de edad como al adulto mayor “de manera expedita como nacional (…),
con base en declaraciones juramentadas rendidas por dos testigos ante Notario”.
Para ello, señaló que el sistema registral preveía una solución que, si bien no
era la regla general, era una “solución jurídica práctica” que permitía
por vía de excepción la inscripción en el registro: la declaración juramentada
de dos
(2) testigos conforme con lo previsto en el artículo 50 del Decreto 1260
de 1970. Por lo demás, se indicó que los accionantes no tenían por qué soportar
tal situación, la cual implicaba “continuar sin la nacionalidad colombiana a
la que ostensiblemente tiene derecho por el ius sanguinis, máxime habiendo
regresado sus genitores a su patria, trayéndola con ellos”.
Además, aclaró que los menores de edad y los adultos cuentan por
igual con la posibilidad de acreditar su nacimiento extemporáneo en la forma en
la que lo indican tales disposiciones. Igualmente, resaltó que “el registro
adquiere también una connotación fundamental puesto que implica la posibilidad
de ejercer otros derechos del individuo dirigidos a adquirir y desplegar garantías
y responsabilidades inherentes a la pertenencia a una comunidad política”[124].
27. En
conclusión, en la Constitución se prevé la nacionalidad colombiana por
nacimiento, dentro de la que se encuentran los nacidos en el exterior con al
menos un padre de nacionalidad colombiana. La legislación dispone cómo debe
probarse la nacionalidad -cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o registro
civil de nacimiento- y, además, establece el registro civil de nacimiento como
el medio a través del cual se pueden ejercer efectivamente sus derechos.
En cuanto a
este último instrumento, en caso de colombianos por nacimiento que hayan nacido
en el exterior pero que al menos uno de sus progenitores sea colombiano, la ley
prevé en cuanto a la acreditación de su nacimiento, el acta de nacimiento
apostillada y, en caso de no ser posible, la presentación de dos
(2) testigos que den fe del hecho. La jurisprudencia
constitucional al estudiar asuntos en los cuales se niega la inscripción
extemporánea por falta de apostilla concedió la protección para los derechos
fundamentales a la nacionalidad y a la personalidad jurídica toda vez que la
norma prevé la forma de suplir la ausencia de apostilla con los testigos.
La protección reforzada de los
derechos fundamentales de los niños en el marco constitucional e internacional. Reiteración de jurisprudencia.
28. Como bien se ha
sostenido en esta providencia, existe un catálogo de derechos inherentes a la
condición humana que tienen como objeto asegurar la existencia digna y mínima
de todos los seres humanos dentro del Estado constitucional. Cuando se trata de
niños esos preceptos son reforzados, pues el artículo 44 constitucional les
otorga especial protección por parte del Estado y los particulares.
En el caso del
derecho a la nacionalidad y a la personalidad jurídica, la Sentencia T-212
de 2013[125] señaló sobre los derechos de los niños que es
obligación del Estado “remover aquellos obstáculos que impidan el ejercicio
de los derechos fundamentales de los menores de edad, particularmente si estas
barreras constituyen meros formalismos, que nada aportan al ejercicio eficaz de
los derechos y, por el contrario, lo entorpecen, con mayor exposición a
condiciones de vulnerabilidad, que es precisamente lo que proscribe la carta
fundamental”.
Además, esta
Corporación ha reiterado desde sus primeras providencias[126]
que existe una protección especial de los menores de edad, ante “la
situación de indefensión, vulnerabilidad y debilidad de esta población y la
necesidad de garantizar un desarrollo armónico e integral de la misma”[127].
Es de esta manera que la prevalencia de sus derechos debe sobrepasar las
formalidades existentes y facilitar el goce efectivo de los mismos. En este
marco, el derecho a la personalidad jurídica, a la nacionalidad y al estado
civil crean una triada esencial para el ingreso de los niños, niñas y
adolescentes al tráfico jurídico, que implica el acceso a los servicios de
salud y de educación, que a su vez hacen parte del núcleo de otros derechos fundamentales[128].
Por su parte,
en la Sentencia T-206 de 2013[129] esta
Corporación reiteró que el derecho a la salud es un derecho fundamental de los
menores de edad. Para la Sala, dicha decisión del constituyente se fundamentó
en las condiciones de debilidad inherentes a todos los seres humanos durante
esa etapa de la vida y en su “carácter prevalente en caso de que se
presenten conflictos con otros intereses”[130].
Es importante
destacar que el acceso a la nacionalidad es requisito sine qua non para
el acceso al régimen subsidiado de salud. De conformidad con el artículo 157 de
la Ley 100 de 1993, en el sistema general de seguridad social en salud “(…)
todo colombiano participará en el servicio público esencial de salud que
permite el sistema general de seguridad social en salud. Unos lo harán en su
condición de afiliados al régimen contributivo o subsidiado y otros lo harán en
forma temporal como participantes vinculados” (Subraya fuera de texto
original). En consecuencia, si los padres de los menores de edad no cuentan
con recursos económicos estos podrán ser afiliados al régimen subsidiado,
conforme con el numeral 2° del artículo 32 de la Ley 1438 de 2011.
En cuanto al
derecho a la educación, está Corporación ha señalado en el caso de extranjeros
venezolanos que quieren ingresar al sistema educativo, que requerir documentos
para la identificación no desconoce el derecho a la educación de los niños, por
parte de las autoridades administrativas encargadas de los programas de
educación. Lo anterior, por cuanto “solicitar a los accionantes la
regularización de la situación migratoria de sus hijos menores no es un
requisito irracional o desproporcionado para brindarles el servicio de
educación, pues cumple con la política migratoria del Estado colombiano” [131],
exigida a todos los extranjeros que ingresan al país. De esa forma, la Sala
reiteró en la Sentencia T-250 de 2017[132]
que, si bien la educación es un derecho del que gozan niños y niñas, tiene una
connotación de deber que impone obligaciones no solo al Estado, sino también a
la familia y a la sociedad. “Justamente, una de las cargas que deben asumir
y cumplir los familiares es hacer entrega al plantel educativo de todos los
documentos que la ley exige para legalizar la matrícula, dentro de los cuales
se encuentran, en el caso de los menores extranjeros, la acreditación de la
visa estudiantes vigente o la prueba que demuestre la adquisición de la
nacionalidad colombiana”[133].
En
consecuencia, la protección especial que revisten los niños dentro del
ordenamiento constitucional obliga a las autoridades públicas y particulares a
privilegiar sus derechos sobre las formalidades y obstrucciones legales que
puedan generar una negación o trasgresión de sus derechos ius fundamentales,
como son el reconocimiento de los derechos a la personalidad jurídica, a la
nacionalidad y al estado civil de los cuales depende su goce de los derechos.
Solución a
los casos concretos
La entidad demandada vulneró los derechos de los accionantes al
debido proceso, a la nacionalidad y a la personalidad jurídica al negar la
inscripción extemporánea del nacimiento en razón a la ausencia de apostilla en
los documentos y al no permitir pruebas testimoniales como lo indica la
normativa aplicable.
29. Los demandantes, de nacionalidad venezolana y con al menos uno
de sus progenitores con nacionalidad colombiana, interpusieron acción de tutela
en contra de la Registraduría Especial Distrital de Barranquilla y de la
Registraduría Especial de Santa Fe de Antioquia, al considerar que estas
les habían vulnerado sus derechos cuando negaron la inscripción extemporánea de
su nacimiento en el registro civil, tras estimar que era necesario que el acta
de nacimiento venezolana que aportaron para adelantar el trámite estuviera
apostillada.
Sin embargo, debido a la situación social que afronta el vecino
país[134] se ha producido una imposibilidad para los ciudadanos de
apostillar documentos, por lo cual en los siete casos estudiados dentro de la
presente acción existe una ausencia de este requisito, configurado por un hecho
notorio, que es el impedimento de satisfacer este requerimiento consular por
parte de venezolanos con padres colombianos.
Por consiguiente, corresponde a la Sala estudiar la
situación planteada en las demandas y en el trámite de instancia, en los casos
de Pedro Sarabia García (T-6.336.143),
Johan Martín Mata Rodríguez (T-6.372.754), Dolores Emilia Anaya de Pérez (T-6.501.632),
Nerio Jesús Weber Beltrán en representación de su hijo menor de edad (T-6.501.766)[135], Gelvis Patiño Morales en representación
de su hijo menor de edad (T-6.501.767), Yeraldine María Puerta Lago (T-
6.501.652) y Renzzo David Lezcano Pineda (T-6.625.185) para determinar si existe una vulneración de
los derechos al debido proceso, a la personalidad jurídica, a la nacionalidad y
al estado civil, respecto a la negativa de las
registradurías delegadas de realizar el trámite con la presentación de dos
declaraciones juramentadas efectuadas por dos (2) testigos.
De lo anterior, la Sala establece tres supuestos fácticos en común
en los siete casos: (i) se trata ciudadanos venezolanos mayores y menores de
edad, con al menos uno de los padres colombianos, como se acreditó con el
material probatorio anexo al trámite de tutela, salvo en el caso del señor
Pedro Sarabia García que no aportó cédula de ciudadanía de algún padre o madre
colombiano; (ii) la negativa de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a
través de su delegadas, de aceptar la declaración de dos (2) testigos como excepción
para suplir el apostille del acta de nacimiento extranjera es un hecho
notorio y probado en la mayoría de estos casos; y (iii) en la actualidad no
es posible para las personas que han migrado a Colombia del vecino país cumplir
el requisito de apostilla debido a la situación humanitaria y social que este atraviesa,
lo cual, impide el acceso al derecho a la nacionalidad y demás derechos
interdependientes[136].
En ese sentido, como bien se señaló en la parte considerativa de
esta providencia, la jurisprudencia constitucional e internacional ha
coincidido en el carácter fundamental del derecho a la personalidad jurídica,
pues a partir de su carácter integrador es posible que los seres humanos se
hagan parte de las relaciones que se desarrollan en el tráfico jurídico. No
obstante, dicho derecho, adquiere un alcance mayor a través de los atributos de
la personalidad, los cuales no solo cumplen un rol dentro de la doctrina civilista,
sino que son esenciales para el desarrollo de la personalidad humana, ya que
otorgan a las personas la individualidad e identidad que se predica de su
capacidad jurídica y de las relaciones individuales y familiares que
desarrollan. Igualmente, son el sustento de algunos de los derechos
fundamentales de las personas miembros de una comunidad política determinada,
como es el derecho al voto o el acceso a servicios subsidiados de salud y
educación. Así pues, es determinante entender que la negación de uno de estos
derechos tiene una incidencia directa en el pleno goce de otros derechos
fundamentales y puede significar también su vulneración.
Por lo anterior, la Sala Sexta de Revisión reitera los presupuestos
esgrimidos en las Sentencias T-212 de 2013 y T-421 de
2017 sobre la aplicación del requisito de presentación de “dos (2) testigos hábiles quienes prestarán declaración
bajo juramento mediante la cual manifiesten haber presenciado,
asistido o tenido noticia directa y fidedigna del nacimiento del solicitante”, como
regla excepcional para suplir el requisito formal de inscripción extemporánea
del registro civil. Si bien esta regla en principio solo es aplicable de forma
excepcional de conformidad con el Decreto 356 de 2017, las anteriores
decisiones determinaron que casos como los puestos a consideración ahora
ostentan tal característica, en los cuales la imposibilidad de cumplir con el
requisito de la apostilla es un hecho notorio en razón a la situación particular
que vive Venezuela y que ha sido ampliamente expuesta. Así, la negación de esta
forma alternativa para dar fe del nacimiento conlleva una negación en el
reconocimiento del derecho a la nacionalidad, el cual de conformidad con las
pruebas anexadas ya fue adquirido por los solicitantes por la vía del ius
sanguinis, salvo en el caso del señor Pedro Sarabia García, en el cual no
se allegó documento de parentesco alguno, el cual es necesario de acuerdo con
el artículo 96 de la Constitución y la normativa aplicable.
Dicha negación repercute no solamente en la vulneración de los
derechos al debido proceso y a la nacionalidad, como se expuso en los
fundamentos jurídicos de esta decisión, sino además al reconocimiento de los
derechos a la personalidad jurídica y al estado civil de los actores. Debido a
que este es el presupuesto esencial para la consagración y efectividad del
sistema de derechos y garantías contemplado en la Constitución, lo que implica
que los solicitantes se encuentran en un estado de desprotección ante el
ordenamiento jurídico, al estar imposibilitados para acceder a ciertas
garantías y obligaciones.
La Sala de Revisión considera que una vez valorado el material
probatorio allegado en el trámite de tutela, la mayoría de los accionantes
tiene por el ius
sanguinis el derecho adquirido a la nacionalidad
como estipula el artículo 96 de la Constitución, pues demostraron que al menos
uno de sus padres es colombiano. Por lo cual, la negativa en el trámite
constitucional repercute en el principio de igualdad respecto a otros
nacionales colombianos en el goce de derechos fundamentales.
Así las cosas,
al no ser reconocida la personalidad jurídica de los solicitantes, se desconocen
los atributos de la personalidad, que como se estableció en las
consideraciones, contienen el estado civil y la nacionalidad, que a su vez
permiten a los seres humanos desarrollarse en medio de una comunidad política y,
en ese orden, ser titulares de derechos, ya sean civiles, políticos[137]
o sociales, como la salud y la educación.
De conformidad con lo precedente, para la Sala la exigencia de
este requisito, en estos casos, es excesivo y desproporcionado, dado el
contexto presentado por los solicitantes, en donde es imposible realizar los
trámites de apostille en el vecino país, debido a la situación política y
humanitaria. Entonces, las Registradurías Delegadas incurrieron en un exceso de
la forma, como es la exigencia de la apostilla y la negativa de poder acreditar
por medio de dos (02) testigos el nacimiento. La Sentencia T-052 de 2009[138],
indicó la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, en un caso de un
concurso notarial, donde la administración hizo un uso excesivo de las formas,
al negar la acreditación de un puntaje para la convocatoria, debido a que el
accionante presentó una certificación de una especialización cursada en vez del
diploma de grado, como prueba que acreditaba su culminación. En dicha
oportunidad, esta Corporación señaló que, “[s]i bien las formalidades o ritos son parte
de todo proceso (…), dichas formas han sido establecidas para garantizar a las
partes intervinientes el cumplimiento de un debido proceso que respete sus
derechos.  No obstante, al aplicarse de manera manifiesta, las normas
atendiendo únicamente a su texto o haciendo una aplicación mecánica, se incurre
en un exceso ritual manifiesto”.
El anterior precedente es relevante y aplicable en la medida en la
que se reconoció que la omisión de las autoridades de una forma alternativa
contemplada en la ley para suplir un requisito viola los derechos fundamentales
de una persona, en concreto el derecho al debido proceso, tal y como sucede en
este caso. Entonces, la negativa de permitir presentar dos (2) testigos en lugar
del acta de nacimiento apostillada para suplir el requisito, no solo limita la
inscripción formal en el registro civil, sino que a su vez se convierte en una
barrera al debido proceso de los solicitantes, lo cual conlleva a la
imposibilidad para la realización de otros derechos fundamentales de los
solicitantes, que en el caso de los menores de edad merece una especial
atención, pues la vulneración causada puede tener un impacto trasversal en el
ejercicio de sus derechos a la salud y a la educación. Así, la negativa de
otorgar la nacionalidad concadena la imposibilidad de que los niños accedan a
los servicios de salud y educación, a los que tienen derecho como colombianos,
lo cual además tiene incidencia en la garantía de la protección reforzada que
se debe a los niños.
Así las cosas, el exceso de formalidad en las actuaciones
administrativas deviene en una trasgresión al debido proceso de las personas,
dado que en los casos bajo estudio implica una carga desproporcionada en el
ámbito probatorio, ante la posibilidad de suplir el
requisito con otro igualmente contemplado en la ley. Esto es una cuestión que
concierne al debido proceso y de forma directa impacta en el derecho a la
nacionalidad, cuyo reconocimiento, como se ha venido indicando, no depende de la
prueba del nacimiento como tal (con apostille o con testigos), sino del
cumplimiento de todos los requisitos de ley que se acrediten ante la autoridad
registral.
Por lo
anterior, en las situaciones bajo análisis de la garantía del derecho al debido
proceso depende el goce efectivo del derecho a la nacionalidad, al estado civil
y a la personalidad jurídica y, en algunos casos el ejercicio pleno de los
derechos a la salud y a la educación.
Específicamente, respecto a la alegación en los casos de los hijos de Nerio Jesús Weber Beltrán
y Gelvis Patiño Morales sobre la violación de los derechos a la educación y a
la salud la Sala de Revisión constató que existe una vulneración a estos
derechos desde la dimensión de su accesibilidad. Como los padres de los tutelantes
indicaron, debido a la imposibilidad de hacer el trámite de inscripción
extemporánea del registro civil no han podido afiliarlos ni al sistema de
seguridad social de salud ni al de educación, aunque acudan a este último en
calidad de “oyentes”. Como lo ha reiterado la
jurisprudencia de esta Corporación[139]
estos derechos cuentan con diferentes dimensiones, una de ellas la
accesibilidad que se refiere a garantizar las condiciones para poder acceder al
sistema de salud. Luego, la imposibilidad de realizar el
trámite de inscripción extemporánea también genera la consecuencia de no poder
acceder al registro en el sistema de seguridad social de salud subsidiado y al
sistema educativo formal.
Lo mismo sucede respecto el derecho a la salud de Yeraldine María
Puerta Lago quién también depende de que se realice su registro extemporáneo
para poder acceder a los servicios de salud del régimen de salud subsidiado. En
su caso, se demostró que fue
diagnosticada con cefalea occipital moderada intensidad punzante y opresiva,
por lo cual su acceso al sistema de salud es determinante para poder tratar su
condición.
A partir de la importancia que reviste al derecho a la
personalidad jurídica y los atributos de la personalidad, como derechos individuales
e interdependientes para todas las personas, se debe estructurar un análisis de
la situación planteada en concreto, pues es necesario determinar el alcance de
la carga impuesta a los accionantes para la efectividad de sus derechos. En lo
que respecta a la materialización del derecho a la nacionalidad y al estado
civil, se debe atender a la posibilidad que tienen los accionantes de suplir el
requisito de la apostilla del acta de nacimiento por otro medio que permite
lograr la acreditación requerida de manera idónea, dos (2) testigos.
Esta alternativa es procedente de forma excepcional en razón a la
situación socioeconómica que atraviesa el vecino país tal y como lo han
determinado entes supranacionales como la Organización de Estado Americanos, y
la Comisión Interamericana de Derecho Humanos[140],
e instituciones colombianas como la misma Registraduría General del Estado
Civil, de lo cual se deriva la imposibilidad de cumplir el requisito. En este
contexto (por razones humanitarias), esta entidad expidió la Circular N° 121 del
12 de agosto de 2016, inicialmente por tres meses, y posteriormente la prorrogó
a través de la Circular 052 de 2017, que permite la aplicación de garantías
excepcionales para la inscripción extemporánea de niños y niñas hijos de
colombianos que regresen al país procedentes de Venezuela.
Por consiguiente, para la Sala, la
exigencia de la apostilla del acta de nacimiento para acceder a la solicitud de
inscripción extemporánea del registro civil de nacimiento violó el derecho fundamental al debido proceso de los actores y, en
consecuencia, los derechos a la nacionalidad,
a la personalidad jurídica y al estado civil. Además, en los dos (2) casos
reseñados que solicitan la tutela de los derechos de los niños se encontró que
esta vulneración impide el goce pleno de otros derechos, tales como el
acceso a los servicios de educación forma y al régimen de salud subsidiado. Adicionalmente,
sobre los dos niños, quienes adelantaron las acciones institucionales para dar
trámite a la solicitud no tuvieron en consideración el criterio de especial
protección que a estos reviste.
Sin embargo, advierte la Sala de
Revisión que la finalidad de la tutela de los derechos fundamentales invocados
obedece a la necesidad de que el juez constitucional remueva las barreras
institucionales que impiden el goce efectivo de los derechos a la nacionalidad,
a la personalidad jurídica, al estado civil y a la salud y a la educación en
los casos de los niños, como es la imposibilidad de acreditar por medio de dos (2)
testigos el nacimiento de las personas con nacionalidad venezolana y
padres colombianos. Por tal razón, la tutela de estos derechos no exime a los
solicitantes de acercarse a las respectivas delegadas de la Registraduría para
realizar el trámite de registro extemporáneo por medio de la acreditación de
dos (2) testigos y los demás documentos requeridos.
Así las cosas,
las órdenes en este caso están encaminadas a que la Registraduría Nacional del
Estado Civil no utilice un estándar probatorio que viole los derechos
fundamentales de estas personas. Sin embargo, la actuación de esta institución,
en cuanto a las garantías de los derechos fundamentales acá discutidos, dependerá
de que los solicitantes se presenten ante la Registraduría y acrediten no solo el
requisito de los dos (2) testigos, sino todos los demás. En tal sentido, el
alcance de la orden a impartir para proteger los derechos fundamentales de las
personas se restringe a que la Registraduría a través de sus delegadas acepten
como prueba los dos (2) testigos para suplir el requisito de apostilla, y una
vez cumplidos todos los requisitos por parte de los accionantes, de un trámite
prioritario y preferente a estas solicitudes en un término no mayor a 48
horas.
(i) Pedro Sarabia
García:
Expediente T-6.336.143
29. En el caso
del solicitante Pedro Sarabia García, quien nació en Caja Seca, Venezuela, no
se pudo establecer en este proceso constitucional que ha acudido a la
Registraduría Nacional del Estado Civil para realizar el trámite de inscripción
extemporánea de registro civil, por lo que podría pensarse que no se advierte
una situación que vulnere los derechos subjetivos del actor. Sin embargo, como
se señaló en líneas anteriores, la negativa constante, generalizada y reiterada
de la entidad accionada configuran un hecho notorio respecto de la
situación que atraviesan los venezolanos con padres colombianos, para inscribir
de forma extemporánea su registro civil de nacimiento[141].
Adicionalmente,
esta Corporación encuentra que, de los antecedentes de esta decisión, se constató
que el accionante no anexó la cédula de ciudadanía de su padre colombiano, aun
cuando este documento fue requerido por la Sala Sexta de Revisión a través del
Auto del 07 de noviembre de 2017, y reiterado el día 29 de ese mismo mes. Ese
documento resulta necesario para configurar el derecho a la nacionalidad, de
conformidad con el artículo 96 constitucional y demás disposiciones
reglamentarias previamente expuestas.
Así las cosas,
si bien dentro de la acción incoada se allegó un certificado de vigencia de una
cédula de ciudadanía a nombre del señor Pedro Manuel Sarabia García[142],
presunto padre del actor, en el expediente no obra documento adicional que
pueda contrastar dicha información ni determinar la filiación entre el
accionante y el señor portador de la cédula de ciudadanía validada en el
certificado adjunto, por lo cual no es posible conceder un derecho en
abstracto, sin asegurar los supuestos de hecho presentados.  Lo anterior, de
conformidad con el decreto que regula el trámite de inscripción extemporánea
del registro civil, que no solo requiere de la apostilla del acta de
nacimiento, sino además de los documentos que acreditan que al menos uno de los
padres del solicitante sea de nacionalidad colombiana.  En ese orden de ideas,
la finalidad de la tutela de los derechos fundamentales invocados obedece a que
el juez constitucional tiene la facultad y el deber jurídico de remover las
barreras institucionales que impiden el goce efectivo del derecho a la
nacionalidad, a la personalidad jurídica y al estado civil, como es la
imposibilidad de acreditar por medio de dos (2) testigos el nacimiento de las
personas con nacionalidad venezolana y padres colombianos. Sin que esto
implique el reconocimiento directo al derecho a la nacionalidad y al estado
civil.
En
consecuencia, respecto
del señor Pedro
Sarabia García (Expediente T-6.336.143), se revocará la sentencia del 31 de marzo
de 2017 proferida por el Juzgado
Veinticuatro Civil Municipal mediante la cual se negó
el amparo de los derechos fundamentales a la nacionalidad, al estado civil y a
la personalidad jurídica. En su lugar, se concederá la protección del derecho fundamental al debido proceso, para lo cual se ordenará a la Registraduría Nacional del Estado Civil que, a
través de la Registraduría Especial Distrital del Barranquilla acepte como
prueba los dos (2) testigos para suplir el requisito de apostilla, y una vez
cumplidos todos los requisitos por parte de Pedro
Sarabia García, dé un trámite a esta solicitud, en un término no mayor a 48
horas.
(ii) Johan Martín Mata Rodríguez: Expediente
T-6.372.754[143]
30. Johan
Martín Mata Rodríguez nació en Caracas, Venezuela[144]
y es hijo de madre colombiana[145] y padre venezolano.
Manifestó que solicitó ante la Registraduría Especial del Distrito de
Barranquilla la inscripción extemporánea de su registro civil sin que su
solicitud hubiera sido concedida debido a que la partida de nacimiento carecía
de apostilla.
Tal como se
indicó en líneas precedentes, la Registraduría al no permitir acreditar el
nacimiento con dos (2) testigos, tal como lo dispone el Decreto 1260 de 1970 y
el Decreto 356 de 2017, incurrió en el desconocimiento del derecho fundamental
al debido proceso, y en consecuencia de los derechos fundamentales a la
personalidad jurídica, el estado civil y a la nacionalidad. Así las cosas, la
finalidad de la tutela de los derechos fundamentales invocados, obedecen a que
el juez constitucional remueva las barreras institucionales que impiden el goce
efectivo de estos derechos.
Conforme con
lo anterior, se revocará la sentencia del 31 de mayo de 2017 proferida por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla que confirmó la providencia de 24 de
abril de 2017 emitida por el Juzgado Treinta Civil Municipal de Barranquilla
que negó el amparo de los derechos fundamentales de Johan Martín
Mata Rodríguez. En su lugar, se concederá la protección de los derechos fundamentales, para lo cual se ordenará a la Registraduría Nacional del Estado Civil que, a
través de la Registraduría Especial Distrital del Barranquilla, acepte como
prueba los dos (2) testigos para suplir el requisito de apostilla, y una vez
cumplidos todos los requisitos por parte de Johan
Martín Mata Rodríguez, de un trámite a esta
solicitud, en un término no mayor a 48 horas.
(iii) Yeraldine
María Puerta Lugo: Expediente T- 6.501.652[146]
31. Yeraldine
María Puerta Lugo nació el 21 de julio de 1997 en Los Taques del estado de
Falcón, Venezuela, y actualmente reside en Barranquilla. Como se constató de
las pruebas anexadas al expediente es hija de padre colombiano[147]
y madre venezolana.
En el trámite
de tutela indicó que fue diagnosticada con cefalea occipital moderada
intensidad punzante y opresiva[148], por lo cual necesita
la inscripción del registro civil, pues éste es necesario para la expedición de
la cédula de ciudadanía y para acceder a los servicios de salud subsidiados.
Tras dirigirse a la Registraduría del Estado Civil en Barranquilla para
solicitar el registro civil extemporáneo, a causa de que su padre es de
nacionalidad colombiana, dicha entidad negó el pedimento debido a que se le
exigió que los documentos estuvieran apostillados. Por lo anterior, la Sala Sexta
de Revisión considera vulnerado el derecho fundamental al debido proceso, y en
consecuencia a la personalidad jurídica, la nacionalidad, al estado civil y a
la salud de la accionante.
En este caso,
como en el de los dos menores de edad, el acceso a los servicios de salud del
régimen subsidiado como colombiana también depende de la inscripción
extemporánea que reconoce su nacionalidad. En tal sentido, el derecho a la
salud, desde su dimensión de accesibilidad como colombiana también se ve
comprometido.
Así las cosas,
la Sala respecto de la señora Yeraldine María Puerta Lugo, Expediente T-
6501652 revocará la sentencia del 21 de abril de 2017, proferida por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Atlántico, mediante la cual negó el amparo. En su lugar, se concederá
la protección de los
derechos fundamentales, para lo cual se ordenará a la
Registraduría Nacional del Estado Civil que, a través de la Registraduría
Especial Distrital del Barranquilla, acepte como prueba los dos (2) testigos
para suplir el requisito de apostilla, y una vez cumplidos todos los requisitos
por parte de Yeraldine María Puerta, de trámite a esta solicitud, en un término no mayor a 48 horas.
(iv) Dolores
Emilia Anaya de Pérez: Expediente T- 6.501.732[149]
32. Dolores
Emilia Anaya de Pérez, mayor de edad, nació el 12 de enero de 1990 en la ciudad
de Ojeda, Venezuela. La Sala constató de las pruebas aportadas del escrito de
tutela que es hija de padres colombianos[150] y que en
la actualidad debido a la situación que atraviesa el país vecino reside en la
ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico.
No obstante,
como se advirtió en líneas anteriores, la actora no acudió directamente a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, sino que infirió de negaciones a otros
solicitantes[151] la negativa a su caso
particular. Sin embargo, la Sala adujo del escrito de contestación de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, que la entidad nunca controvirtió el
hecho de que la accionante se hubiese o no acercado a la institución a realizar
el trámite, sino que por el contrario reiteró la negativa de aceptar los dos (2) testimonios como prueba excepcional
que sustituya el requisito de apostillado.
Así las cosas,
la Sala Sexta de Revisión considera vulnerado el derecho fundamental al debido
proceso, y en consecuencia los derechos a la personalidad jurídica, a la
nacionalidad y al estado civil de la accionante.
Conforme con
lo anterior, se revocará la sentencia del 11 de mayo de 2017 proferida la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Atlántico que negó el
amparo de los derechos fundamentales de Dolores
Emilia Anaya Pérez. En su lugar, se concederá
la protección de los
derechos fundamentales, para lo cual se ordenará a la
Registraduría Nacional del Estado Civil que, a través de la Registraduría
Especial Distrital del Barranquilla, acepte como prueba los dos (2) testigos
para suplir el requisito de apostilla, y una vez cumplidos todos los requisitos
por parte de Dolores Emilia Anaya Pérez, de un trámite a esta solicitud, en un término no mayor a 48
horas.
(v) Nerio
Jesús Weber Beltrán: Expediente T- 6.501.766[152]
33. El señor
Nerio Jesús Weber Beltrán instauró acción de tutela en representación de su
hijo menor de edad, AAA[153],
quien nació el 22 de julio de 2011[154],
en el municipio de Sucre, estado de Miranda, Venezuela.
Tanto el padre
del menor de edad, como su esposa[155] son colombianos de nacimiento según las pruebas allegadas en el
trámite de la tutela. El niño, estudia en el Centro Educativo Aprendiendo a
Crecer del municipio de Soledad, Atlántico en calidad de “oyente”,
debido a que la entidad educativa le exige el registro civil de nacimiento
colombiano para realizar su matrícula.  Además, no goza de afiliación al
sistema de salud, pues para este trámite también requiere la inscripción del
acta de nacimiento para obtener el registro civil. Por su parte, la Registraduría
Especial del Distrito de Barranquilla negó la inscripción extemporánea del acta
de nacimiento del menor de edad, por no presentarla apostillada.
Sobre el
particular esta Corporación reitera los argumentos esgrimidos en la parte
motiva de la sentencia, en lo referente al deber de especial protección que
tienen las autoridades tanto públicas como particulares sobre los niños, niñas
y adolescentes. Como bien se ha referido en líneas anteriores, la Sentencia
T- 212 de 2013 manifestó en un caso homólogo la posibilidad de que menores
de edad puedan realizar el trámite de inscripción extemporánea a través de la
declaración de dos (2) testigos, pues
la intromisión de barreras formales, desconocen la funcionalidad del
ordenamiento jurídico interno entorno a la protección especial de los derechos
de los niños.
En este caso,
la acción de la Registraduría Especial de Distrito de Barranquilla también
implica la continuación de una práctica inconstitucional, pues en el caso en
cita, era esta entidad la parte demandada, por lo que la Sala no encuentra
sustento razonable y suficiente para la negativa en la recepción de los
documentos del niño y de los dos (2) testigos. Por
consiguiente, la acción desplegada por parte de la Registraduría Delegada del
Distrito de Barranquilla desconoce la regla constitucional previamente
planteada y con ello amenaza otros derechos ius fundamentales de AAA.
En
consecuencia, se revocará la sentencia del 23 de mayo de 2017 proferida por la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Atlántico, que negó el
amparo de los derechos fundamentales del niño aquí representado. En su lugar, se concederá la protección
del derecho fundamental al debido proceso, y en
consecuencia de los derechos a la nacionalidad, a la personalidad jurídica, al
estado civil y el acceso a la salud y a la educación, para lo cual se ordenará a la
Registraduría Nacional del Estado Civil que, a través de la Registraduría
Especial Distrital del Barranquilla, acepte como prueba los dos (2) testigos
para suplir el requisito de apostilla, conforme a lo establecido en la normativa expedida por la
Presidencia de la República (Decreto 356 de 2017) y la Registraduría Nacional
del Estado Civil (Circulares 052, 064 y 145 de 2017) y una vez cumplidos todos
los requisitos por parte del niño AAA, dé un trámite prioritario a esta solicitud, en un término no
mayor a 48 horas. Lo anterior, con el objetivo de que el padre del
niño pueda iniciar los trámites debidos para la afiliación al régimen
subsidiado de salud e inscripción en la institución educativa.
(vi) Gelvis
Patiño Morales: Expediente T-6.501.767[156]
34. El señor
Gelvis Patiño Morales instauró acción de tutela en representación de su hijo
menor de edad, BBB de 7 años de edad[157], quien nació
en el municipio de Libertador, Distrito Capital, Venezuela. De las pruebas del
expediente se constató que el padre accionante es
colombiano de nacimiento[158], razón por la cual su hijo, tiene derecho a la nacionalidad
colombiana. Así mismo, que el niño actualmente estudia en la Institución Educativa Distrital Sarid
Arteta de Vásquez de la ciudad de Barranquilla, en calidad de “oyente”, ya
que la entidad educativa le exige el registro civil de nacimiento colombiano
para realizar la matrícula.  Adicionalmente, no goza de afiliación al sistema
de salud, pues para este trámite también se requiere el registro civil
extemporáneo para acreditar que es colombiano.
De igual
forma, como en los casos anteriores, la Registraduría Especial del Distrito de
Barranquilla le negó a su hijo la inscripción extemporánea del acta de
nacimiento, por no presentarla apostillada.
Por lo
anterior, la Sala hace hincapié, como en el caso del Expediente T- 6.501.766,
en que la Registraduría Delegada del Distrito de Barranquilla incurrió en un desconocimiento del precedente constitucional establecido por
la Sentencia T-212 de 2013, sobre la obligación de la Registraduría de realizar el trámite
respectivo con la acreditación de dos (2) testigos en los casos de menores de
edad, pues en el caso en cita, era esta entidad la parte demandada, por lo que
la Sala encuentra una violación del derecho fundamental al debido proceso del
niño por la exigencia de requisitos desproporcionados, toda vez que estos no
resultan razonables y suficientes, pues es un hecho notorio reiterado en esta
providencia la situación humanitaria y socio-económica por la que atraviesa
Venezuela. Lo anterior, ha generado la desprotección de los derechos del niño a
la personalidad jurídica, a la nacionalidad, al estado civil, lo cual constituye
una barrera a la oferta subsidiada de los servicios de educación y salud, por
lo que tales derechos también se ven vulnerados.
En
consecuencia, se revocará la sentencia del 22 de mayo de 2017 proferida por la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Atlántico, que negó el
amparo de los derechos fundamentales del niño aquí representado. En su lugar, se concederá la protección
de los derechos fundamentales, para esto se ordenará
a la Registraduría Nacional del Estado Civil que a través de la Registraduría
Especial Distrital de Barranquilla que, luego de notificada
esta providencia, de manera preferente, acepte como
prueba los dos (2) testigos para suplir el requisito de apostilla, conforme a lo establecido en la normativa
expedida por la Presidencia de la República (Decreto 356 de 2017) y la
Registraduría Nacional del Estado Civil (Circulares 052, 064 y 145 de 2017) y
una vez cumplidos todos los requisitos por parte del niño BBB, dé un trámite prioritario a esta
solicitud, en un término no mayor a 48 horas. Lo anterior,
con el objetivo de que el padre del niño pueda iniciar los trámites debidos
para la afiliación al régimen subsidiado de salud e inscripción en la
institución educativa.
(vii) Renzzo
David Lezcano Pineda: Expediente T-6.625.185[159]
35.
Finalmente, respecto del señor Renzzo David Lezcano Pineda, la Sala encontró
demostrado en el proceso que sus padres son colombianos de nacimiento[160],
y que en la actualidad debido a la “situación socio económica” que
atraviesa el país vecino, reside en el departamento de Antioquia, Colombia.
Así mismo, que
la Registraduría Especial de Santa Fe de Antioquia le negó la oportunidad de
realizar el procedimiento de registro civil extemporáneo por no aportar su acta
de nacimiento debidamente apostillada. Por esta razón, tampoco le ha sido
posible iniciar los trámites requeridos para la expedición de la cédula de
ciudadanía. Por lo cual, la finalidad de la tutela de los derechos
fundamentales invocados obedece a que el juez constitucional remueva las
barreras institucionales que impiden el goce efectivo del derecho al debido
proceso, y en consecuencia el derecho a la nacionalidad, la personalidad
jurídica y el estado civil, como es la imposibilidad de acreditar por medio de dos (2) testigos
el nacimiento de las personas con nacionalidad venezolana y padres colombianos.
Conforme a lo
expuesto en esta decisión sobre la afectación producida por la Registraduría
sobre los derechos señalados, se revocará la sentencia del 14 de noviembre de 2017 proferida la
Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia que negó el amparo de los derechos fundamentales del accionante[161]. En su lugar, se concederá la protección de los derechos fundamentales, para lo cual se ordenará a la Registraduría Nacional del Estado Civil que, a
través de su delegada, acepte como prueba los dos (2) testigos para suplir el
requisito de apostilla, y una vez cumplidos dé un trámite a esta solicitud.
IV. DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR la
sentencia de 31 de marzo de 2017 proferida por el Juzgado Veinticuatro
Civil Municipal en el
Expediente T-6.336.143, mediante la cual negó el
amparo solicitado por Pedro Sarabia García. En su lugar, TUTELAR el
derecho al debido proceso.
SEGUNDO.- REVOCAR la sentencia de 31 de mayo de 2017 proferida Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla que confirmó la providencia de 24 de
abril de 2017 emitida por el Juzgado Treinta Civil Municipal de Barranquilla En
el Expediente T-6.372.754 que negó el amparo
deprecado por Johan Martín Mata Rodríguez. En su
lugar, TUTELAR el derecho al debido proceso y en consecuencia los derechos fundamentales a la nacionalidad, al
estado civil y a la personalidad jurídica.
TERCERO.-  REVOCAR la sentencia del 21 de abril de 2017, proferida por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria, Consejo Seccional de la Judicatura de Atlántico en el Expediente T- 6.501.652 que declaró improcedente el amparo deprecado por Yeraldine María Puerta Lago. En su lugar, TUTELAR el derecho al debido proceso y en
consecuencia los derechos fundamentales a la nacionalidad, al estado civil, a
la personalidad jurídica y a la salud.
CUARTO.- REVOCAR la sentencia del 11 de mayo de 2017 emitida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, Consejo Seccional de la
Judicatura de Atlántico en
el Expediente T- 6.501.732 que negó el amparo deprecado por Dolores Emilia Anaya de Pérez. En su lugar, TUTELAR el derecho al debido proceso y en
consecuencia los derechos fundamentales a la nacionalidad, al estado civil y a
la personalidad jurídica.
QUINTO.- REVOCAR la sentencia del 22 de mayo de 2017, proferida por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Atlántico en el Expediente T- 6.501.766 que negó el amparo deprecado Nerio Jesús Weber Beltrán en representación
de su hijo. En su lugar, TUTELAR el derecho al
debido proceso y en consecuencia los derechos fundamentales a la nacionalidad,
al estado civil, a la personalidad jurídica, a la salud y a la educación de AAA.
SEXTO.- REVOCAR la sentencia del 23 de mayo de 2017, proferida por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Atlántico en el Expediente T-6.501.767 que negó el amparo deprecado por Gelvis
Patiño Morales en representación de su hijo. En su
lugar, TUTELAR el derecho al debido proceso y en consecuencia los
derechos fundamentales a la nacionalidad, al estado civil, a la personalidad
jurídica, a la salud y a la educación de BBB.
SÉPTIMO.- REVOCAR la sentencia del 14 de noviembre de 2017 emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquía en el Expediente
T-6.625.185 que negó el
amparo deprecado por Renzzo David Lezcano Pineda. En
su lugar, TUTELAR el derecho al debido proceso y en consecuencia los
derechos fundamentales a la nacionalidad, al estado civil y a la personalidad
jurídica.
OCTAVO.-
ORDENAR a la Registraduría Nacional del Estado Civil
que, a través de la Registraduría Especial Distrital del Barranquilla y la
Registraduría Especial de Santa Fe de Antioquia, en todos los casos acepte como
prueba los dos (2) testigos para suplir el requisito de apostilla, y una vez
cumplidos todos los requisitos garantice de manera preferente en un término no mayor a 48 horas a Pedro Sarabia
García (T-6.336.143),
Johan Martín Mata Rodríguez (T-6.372.754), Yeraldine
María Puerta Lago (T- 6.501.652), Dolores Emilia Anaya
de Pérez (T-6.501.632), Nerio Jesús Weber Beltrán en representación de
su hijo menor de edad (T- 6.501.766), Gelvis Patiño Morales en
representación de su hijo también menor de edad (T-6.501.767), y Renzzo
David Lezcano Pineda (T-6.625.185) la inscripción extemporánea del
registro de nacimiento de conformidad con lo expuesto en esta providencia.
NOVENO.- Por Secretaría
General, LIBRAR la comunicación a que se refiere el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Comuníquese y
cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
MARTHA  VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Inicialmente los
expedientes T-6.336.143 y  T-6.372.754  fueron repartidos a la Sala Quinta de
Revisión por medio del Auto del 14 de septiembre de 2017. Sin embargo, a través
del Acuerdo 04 de 2017 se hizo un nuevo reparto de quienes conforman las Salas
de Revisión, en virtud del literal c) del artículo 5 del Reglamento Unificado y
actualizado mediante Acuerdo 02 del 22 de julio de 2015, donde se dispuso que
esté pronunciamiento lo conocería la Sala Sexta de Revisión junto a los demás
expedientes acumulados.
[2] Integrada por los
Magistrados José Fernando Reyes Cuartas y Alejandro Linares Cantillo.
[3] Integrada
por los Magistrados Antonio José Lizarazo y Gloria Stella Ortiz Delgado.
[4] Integrada
por los Magistrados Alejandro Linares Cantillo y Gloria Stella Ortiz Delgado.
[5] Cuaderno 1, folio 36.
[6] Se advierte que, aunque
las acciones de tutela son presentadas en nombre propio, con excepción de los
dos casos de los padres que representan a sus hijos, las interpuestas en contra
de la Registraduría Delegada del Distrito de  Barranquilla fueron hechas bajo
un formato dispuesto por la Personería  Distrital de Barranquilla, por lo que
el relato de los hechos es similar y solo difiere en unas particularidades de
los casos concretos.
Por su parte, en el caso del señor Renzzo David
Lezcano Expediente T-6.625.185, quien presentó solicitud por la negativa
de la Registraduría Especial de Santa Fe de Antioquia, éste no utilizó el
mencionado formato.
[7] Cuaderno 1, folio 2.
[8] Cuaderno 1, folio 1.
[9] Cuaderno 1, folio 27.
[10] Cuaderno 2, folio 31.
[11] Cuaderno 2, folio 24.
[12] Cuaderno
2, folio 3.
[13] Ibídem.
[14] Cuaderno 1, folios 32 a
46. Escrito presentado el 31 de marzo de 2017, por Jeanethe Rodríguez Pérez en
calidad de jefe de la oficina jurídica.
[15] Cuaderno 1, folio 34.
[16] Cuaderno 1, folio 36.
[17] Cuaderno 1, folio 37.
[18] Cuaderno 1, folio 40.
[19] Cuaderno
3, folio 50.
[20] Cuaderno 2, folios
47-51.
[21] Cuaderno 2, folios
65-76.
[22] Cuaderno 2, folios
77-94.
[23] Cuaderno 2, folios
96-101.
[24] Cuaderno 2, folios
102-106.
[25] Cuaderno 2, folio 29.
[26] Cuaderno
1, folios 56 a 58.
[27] Cuaderno 1, folio 58.
[28] Cuaderno 1, folios 42 a
43.
[29] Cuaderno 2, folios 4 a
6.
[30] Cuaderno 2, folio 6.
[31] Cuaderno N 3, folio 64.
[32] Ibídem.
[33] Cuaderno 2, folios
46-48.
[34] Cuaderno 2, folio 48.
[35] Cuaderno 2, folios
38-45.
[36]  Por la cual se adopta
el procedimiento para apostillar y/o legalizar documentos.
[37] Por medio del cual se
modifica la Sección 3 del Capítulo 12 del Título 6 de la Parte 2 del libro 2
del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del
Derecho, respecto del trámite para la inscripción extemporánea de nacimiento en
el registro civil.
[38] Este numeral dispone que
“5. En caso de no poder acreditarse el nacimiento con los documentos
anteriores, el solicitante, o su representante legal si aquel fuese menor de
edad, debe presentar ante el funcionario encargado del registro civil una
solicitud por escrito en donde relacione nombre completo, documento de
identidad si lo tuviere, fecha y lugar de nacimiento, lugar de residencia,
hechos que fundamenten la extemporaneidad del registro, y demás información que
se considere pertinente. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 50
del Decreto-ley 1260 de 1970, modificado por el artículo 10 del Decreto 999 de
1988, al momento de recibir la solicitud, el solicitante deberá acudir con al
menos dos (2) testigos hábiles quienes prestarán declaración bajo juramento
mediante la cual manifiesten haber presenciado, asistido o tenido noticia
directa y fidedigna del nacimiento del solicitante (…)”.
[39] Cuaderno principal,
folios 22-24.
[40] Cuaderno principal,
folio 24.
[41] Cuaderno principal,
folios 25-28.
[42] La Corte Constitucional
en la Sentencia T- 244 de 2017 indicó que la legitimación en la causa es la
potestad que tiene toda persona para invocar sus pretensiones o para
controvertir aquellas que se han aducido en su contra.  El primero de los
eventos se conoce como la legitimación en la causa por activa y, el segundo,
como la legitimación en la causa por pasiva.
[43] Entre otras T- 244 de
2017. M.P. José Antonio Cepeda Amarís.
[44] M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
[45] Esta Corporación reiteró
en la Sentencia T- 084 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt, que los padres,
tutores o curadores, pueden actuar a nombre de un menor de edad, con el fin de
presentar la tutela solicitando el amparo de sus derechos fundamentales, pues “(…)
la jurisprudencia ha admitido, que la agencia oficiosa, cuando se trata de
tutelar los derechos de los niños, encuentra su fundamento constitucional en el
inciso 2º del artículo 44, y por tanto, autoriza a cualquier persona para
exigir de la autoridad competente la protección o el ejercicio pleno de sus
derechos. Por consiguiente, a juicio de la Sala no impera, cuando se trata de
la defensa de dichos derechos, el rigorismo procesal establecido en el inciso
2o. del art. 10 del decreto 2591 de 1991, antes citado, en cuanto impone al
agente oficioso manifestar en la solicitud de tutela que el afectado en su
derecho fundamental no está en condiciones de promover su propia defensa”.
[46]
Ver. Corte Constitucional
sentencias T-1015 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-780 de 2011, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub; T-662 de 2016, T-373 de 2015 y T-098 de 2016, estas
últimas con ponencia de la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado.
[47] Artículo
19 “Objetivo de las delegaciones departamentales y las
Registradurías municipales y especiales. Es objetivo de las
delegaciones departamentales, y las registradurías municipales, especiales y la
del Distrito Capital representar a la Registraduría Nacional del Estado
Civil en el territorio de su jurisdicción. Igualmente les compete servir
de apoyo al ejercicio de las funciones asignadas en las disposiciones legales a
los delegados del Registrador Nacional, registradores distritales y a los
registradores municipales, especiales y auxiliares, según el caso.
Corresponde a los delegados del Registrador Nacional en cada delegación
departamental y a los registradores distritales en el Distrito Capital, además
de las funciones de carácter misional, ejercer las administrativas que les
señale la ley, contribuir a la orientación y conducción institucional, a la
formación de los planes, programas y proyectos de la entidad, y ejercer las de
control y coordinación respectivas.”
Así mismo, ver página web de la Registraduría Nacional del
Estado Civil: https://www.registraduria.gov.co/-Registro-Civil,3686-.html y
la Circular número 064 de 18 de mayo
de 2017.
[48] En este mismo sentido se
puede ver la Sentencia T-023 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Donde
determinó en un caso similar que: “De acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, “La acción se dirigirá contra la
autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o
amenazó el derecho fundamental (…)”. En ese sentido, la accionada fue la
Registraduría Especial Distrital de Barranquilla, la cual es la institución
autorizada para llevar la función de registro civil. Por lo anterior, es
posible imputarle la vulneración de los derechos fundamentales cuya protección
se solicita”.
[49] Ver. Parágrafo. Numeral
2. Es función especial del nivel central coordinar y controlar todas las
actividades de la Registraduría Nacional en el ámbito nacional, incluyendo las
que desarrolla el nivel desconcentrado, así como ejercer funciones especiales
asignadas por la Constitución y la ley, cuya naturaleza no implique su ejercicio
desconcentrado.
[50] Artículo 11.
Organización Interna. La Registraduría Nacional del Estado Civil garantizará el
cumplimiento de su objeto y el ejercicio de sus funciones, mediante las
siguientes dependencias que integran su organización interna: (…) Nivel Desconcentrado
(…) 8. Delegaciones departamentales de la Registraduría., 9. Registraduría
distritales y municipales., 10. Registraduría auxiliares. , 11. Registraduría
del Distrito Capital.
[51] “Por el cual se
establece la organización interna de la Registraduría Nacional del Estado Civil
y se fijan las funciones de sus dependencias; se define la naturaleza jurídica
del Fondo Social de Vivienda de la Registraduría Nacional del Estado Civil; y
se dictan otras disposiciones”.
[52] Corte Constitucional,
Sentencia T-900 de 2004, reiterada en sentencias  T- 541, T- 675 y T- 678
todas de 2006, T- 244 de 2017 entre otras.
[53]
Corte Constitucional, Sentencia
T-805 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, entre otras.
[54] Corte Constitucional, Sentencia T-834 de 2005 M.P.
Clara Inés Vargas Hernández, T-887 de 2009 M.P. Mauricio González Cuervo.
[55] Corte Constitucional,
Sentencia T- 678 de 2006.
[56] Cuaderno 2, folio 1
(acción de tutela, no indicó la fecha de la negativa).
[57] Cuaderno 3, folio 1
(acción de tutela, no indicó la fecha de la negativa), y folios 48-54, donde la
Registraduría Nacional del Estado Civil reiteró la negativa en la expedición
del documento hasta que no se allegue apostillada el acta de nacimiento.
[58] Cuaderno 2, folio 1
(acción de tutela, no indicó la fecha de la negativa), y folios 37, donde la
Registraduría Nacional del Estado Civil reiteró la negativa en la expedición
del documento hasta que no se allegue apostillada el acta de nacimiento.
[59] Cuaderno 2, folio 1
(acción de tutela, no indicó la fecha de la negativa), y folios 23-26, donde la
Registraduría Nacional del Estado Civil reiteró la negativa en la expedición
del documento hasta que no se allegue apostillada el acta de nacimiento.
[60] Cuaderno 2, folio 1
(acción de tutela, no indicó la fecha de la negativa), y folios 37, donde la
Registraduría Nacional del Estado Civil reiteró la negativa en la expedición
del documento hasta que no se allegue apostillada el acta de nacimiento.
[61] Cuaderno 2, folio 1.
[62] Cuaderno 2, folios
27-31.
[63] Cuaderno 2, folio 1.
[64] Al respecto esta
Corporación en la Sentencia T- 1093 de 2008, señaló  que “la configuración
del hecho notorio ha sido tratada por la jurisprudencia de esta Corporación,
por ejemplo, en la Sentencia T-589 de 2006, al definir: “para determinar el
significado de esta figura, se debe recurrir a la definición de “hecho” en
términos jurídicos, lo cual indica una modificación del mundo exterior que
produce la creación, modificación o extinción de derechos u obligaciones. Por
su parte “notorio” significa, según la real academia de la lengua, “Público y
sabido por todos – Claro, evidente”. Así, este concepto se traduce, en virtud
de la prescripción dada por la legislación colombiana en el artículo 177 del
Código de Procedimiento Civil, en que este tipo de hechos no requieren prueba
dada la claridad con la que se presentan”.
[65] Cuaderno 2, folio 1
(acción de tutela, no indicó la fecha de la negativa), y folios 37, donde la
Registraduría Nacional del Estado Civil reiteró la negativa en la expedición
del documento hasta que no se allegue apostillada el acta de nacimiento.
[66] En los expedientes T-
6501652 (Cuaderno No. 3, folio 2), T- 6501732 (Cuaderno No. 2, Folio 27-31),
T-6501766 (Cuaderno No.2,  folio 35-38), y T- 65017567 (Cuaderno No.2, folio
37).
[67] Corte Constitucional,
Sentencias T – 800 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio., T-436 de 2005 M.P.
Clara Inés Vargas, y T – 108 de 2007 M.P. Rodrigo Escobar Gil, entre otras.
[68] Corte Constitucional,
Sentencia T- 244 de 2017.
[69] Ver. Expediente T
6501652 Cuaderno No. 3, folio 1 y Expediente T-6501766 Cuaderno 2, folio 2.
[70] M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[71] Parte de las
consideraciones de este capítulo, fueron tomadas de la sentencia T-697 de 2016,
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado y en la sentencia SU-696 de
2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, SPV. Luis Guillermo Guerrero Pérez y
SV. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[72] El
artículo 14 de la Constitución prevé que “[t]oda persona tiene derecho al
reconocimiento de su personalidad jurídica”.
[73]
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 16. “Todo ser
humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad
jurídica.” Este Tratado fue adoptado por la Asamblea General de la Naciones
Unidas en su Resolución 2200 A del 16 de diciembre de 1966, y fue aprobado por
Colombia por medio de la Ley 74 de 1968.
[74]
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). […] Capítulo
II – Derechos Civiles y Políticos. “Artículo 3. “Derecho al reconocimiento
de la personalidad jurídica. Toda persona tiene derecho al
reconocimiento de su personalidad jurídica.” Este Tratado fue suscrito en
la ciudad de San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, aprobado
mediante la Ley 16 de 1972 y ratificado por Colombia el 28 de mayo de 1973.
[75]
Sentencia T-485 de 1992, M.P. Fabio Morón Díaz.
[76]
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[77]
M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[78] M.P. Jorge Arango Mejía.
[79] Posteriormente, en
Sentencia T-090 de 1996, este Tribunal precisó, a partir de una interpretación
sistemática de la Constitución (Art. 1°, 14 y 16 CP), que el derecho a la
personalidad jurídica no se puede circunscribir exclusivamente a los atributos
de la personalidad, sino que la protección debe extenderse a los intereses de
la persona, cuyo desconocimiento degraden su dignidad. Bajo este criterio
hermenéutico amplio, consideró que los derechos a la identidad y a la propia
imagen, deben entenderse como parte integrante de la personalidad jurídica.
[80] M.P. Alejandro Martínez
Caballero. “La doctrina moderna considera que el derecho a la personalidad
jurídica no se reduce únicamente a la capacidad de la persona humana a ingresar
al tráfico jurídico y ser titular de derechos y obligaciones sino que
comprende, además, la posibilidad de que todo ser humano posea, por el simple
hecho de existir e independientemente de su condición, determinados atributos
que constituyen la esencia de su personalidad jurídica e individualidad como
sujeto de derecho. Son los llamados atributos de la personalidad. Por
consiguiente, cuando la Constitución consagra el derecho de toda persona
natural a ser reconocida como persona jurídica (CP art. 14) está implícitamente
estableciendo que todo ser humano tiene derecho a todos los atributos propios
de la personalidad jurídica. […]”
[81]
Sentencia C-109 de 1995 (MP. Alejandro Martínez Caballero. SV. José Gregorio
Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara y Vladimiro Naranjo Mesa).
[82] M.P. Jorge Arango Mejía. En esta ocasión, la Corte declaró inexequible la
presunción de derecho que recaía sobre la concepción, contemplada en el
artículo 92 del Código Civil. Estas consideraciones fueron replicadas en la
sentencia C- 807 de 2002.
[83]
MP. Antonio Barrera Carbonell, SV. Vladimiro Naranjo Mesa. En este
pronunciamiento se estudió una demanda de inconstitucionalidad en contra de una
disposición que establecía el cobro de la renovación de la cédula de
ciudadanía. En esa oportunidad, el demandante argumentó que la norma vulneraba,
entre otros, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y los
derechos políticos consagrados en el artículo 40 de la Constitución Política
Constitución Política de Colombia, por cuanto establecía un
condicionamiento no previsto en la Constitución para ejercer esos derechos.
[84] En sus consideraciones,
la Corte argumentó que la cédula de ciudadanía es un documento que cumple tres
funciones esenciales; i) la identificación de las personas, ii) permitir que
los ciudadanos ejerzan sus derechos civiles, y iii) desarrollar el principio
democrático del Estado social de derecho colombiano, permitiendo la
participación de los ciudadanos en la actividad política. Igualmente, encontró
que, aunque la expedición y entrega de la cédula de ciudadanía constituye un
servicio público que está regulado en la ley, también representa un “derecho
esencial del ciudadano cuando lo habilita para ejercer sus derechos políticos”.
Sentencia C-511 de 1999 (MP. Antonio Barrera Carbonell, SV. Vladimiro Naranjo
Mesa).
[85] Sentencia
C-004 de 1998, M.P. Jorge Arango Mejía.
[86] También pueden serlo “b)
Los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera
y luego se domiciliaren en territorio colombiano o registraren en una oficina
consular de la República”.
[87] “1. Toda persona
tiene derecho a una nacionalidad”.
[88] Artículo 20.  “Derecho
a la Nacionalidad. 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. ‖ 2.
Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio
nació si no tiene derecho a otra. ‖ 3. A nadie se privará arbitrariamente
de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla”.
[89]
M.P. Mauricio González Cuervo.
[90]
M.P. Mauricio González Cuervo. En esta decisión la Corte evalúo la exequibilidad de la
Convención sobre el Estatuto de Apátridas y la Convención para Reducir Casos de
Apátridas.
[91]
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[92] M.P. María Victoria Calle Correa. En esta ocasión la
Corte Constitucional declaró inexequible la expresión “de nacimiento”, contenida en el numeral 1º del
artículo 4º de la Ley 1678 de 2013, que es estableció un programa de
becas de posgrado para el 0.1% de los “mejores profesionales graduados”
de instituciones públicas del país. Así, se consideró que el requisito para el
acceso a la beca era ser colombiano de nacimiento vulneraba los derechos
a la igualdad y la educación de los colombianos por adopción.
[93] Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Caso de las Niñas Yean y Bosico c.
República Dominicana. Sentencia del 8 de septiembre de 2006.
[94] Esta cuestión fue reiterada en el Caso
de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas vs. República Dominicana,
allí, la Corte
Interamericana estableció que la determinación de quienes son nacionales
es una competencia de los Estados. No obstante, precisó que es necesario que
dicha atribución estatal se ejerza en concordancia con los parámetros emanados
de normas obligatorias del derecho internacional a las que los propios Estados,
en ejercicio de su soberanía, se hayan sometido. Así, de acuerdo con el
desarrollo actual del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los
Estados, al regular el otorgamiento de la nacionalidad, deben tener en cuenta:
a) “su deber de prevenir, evitar y reducir la apatridia” y b) “su
deber de brindar a los individuos una protección igualitaria y efectiva de la
ley y sin discriminación”. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso
de personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. República Dominicana.
sentencia de 28 de agosto de 2014.
[95] El criterio de
nacionalidad plasmado en la Constitución Política de Colombia para adquirirla
por nacimiento, es el vínculo de sangre (“ius sanguinis”).
[96] Valencia Zea Arturo.
Derecho Civil: Parte General.
[97] M.P. Fabio Morón Díaz.
[98] En este caso la Corte
Constitucional conoció la situación de una persona a quien un
notario le negó el registro extemporáneo de su nacimiento, porque existían
inconsistencias en la información que el actor presentó como soporte de su
solicitud de tutela.
En consecuencia, al constatar que la actuación de la
administración constituía un error común y que los padres de la actora habían
actuado de buena fe, ordenó al Registrador Municipal que tuviera como
válidamente producido el registro civil de nacimiento de la tutelante, y que
saneara el documento mediante la suscripción del mismo.
[99] M.P. Carlos Gaviria
Díaz.
[100] En dicha oportunidad
este Tribunal estudió una acción de tutela instaurada por una persona que había
culminado sus estudios de bachillerato, pero se le había negado la entrega de
su diploma porque su registro civil fue firmado por un funcionario que no era
competente y, por lo tanto, carecía de validez.
[101]
Sentencia T-090 de 1995 (MP. Carlos Gaviria Díaz).
[102] M.P. Jorge Arango
Mejía. En esta ocasión, la Corte declaró inexequible la presunción de derecho
que recaía sobre la concepción, contemplada en el artículo 92 del Código Civil.
[103] En esta providencia la
Corte estudió una demanda de inconstitucionalidad en contra de un aparte del
artículo 3° de la Ley 75 de 1968, en el que se establecía la causal única de
impugnación de la paternidad presunta por parte de los hijos matrimoniales cuya
concepción había sido producto de una relación extramatrimonial.  La demandante
argumentó que la norma vulneraba, entre otros, los derechos a la filiación real
y al reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas que se
encontraran en la situación descrita por la norma, porque ésta sólo establecía
una causal única y restrictiva de impugnación de la paternidad presunta, de lo
cual se derivaba que todas las personas que no se encontraran en la causal
prevista, no tenían derecho a acudir a la jurisdicción para establecer su
filiación real.
La Corte sostuvo que, aunque el aparte demandado era
constitucional, el tratamiento ofrecido por el ordenamiento jurídico vulneraba
el derecho de los hijos extramatrimoniales de mujer casada a reclamar su
verdadera filiación, “puesto que la causal no cubre todas las hipótesis
razonables en las cuales sería constitucionalmente legítimo que el hijo pudiera
acudir a los tribunales a impugnar la presunción de paternidad”. Asimismo,
encontró una vulneración al principio de igualdad, ya que se establecían
“privilegios irrazonables a favor del padre con respecto al hijo”.  Por lo
anterior, profirió una sentencia integradora, en el sentido de declarar la
exequibilidad del aparte demandado, siempre y cuando se interprete que el hijo
de mujer casada tiene otras posibilidades para impugnar la presunción de
paternidad, entre las cuales se encuentra las causales del padre para impugnar
su paternidad.
[104]
Sentencia C-109 de 1995 (MP. Alejandro Martínez Caballero. SV. José Gregorio
Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara y Vladimiro Naranjo Mesa).
[105] Ley 1260 de 1970, “Por
el cual se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas”.
Artículo 5. Los hechos y los actos relativos al estado civil de las personas,
deben ser inscritos en el competente registro civil, especialmente los
nacimientos, reconocimientos de hijos naturales, legitimaciones, adopciones,
alteraciones de la patria potestad, emancipaciones, habilitaciones de edad,
matrimonio, capitulaciones matrimoniales, interdicciones judiciales,
discernimientos de guarda, rehabilitaciones nulidades de matrimonio, divorcios,
separaciones de cuerpos y de bienes, cambios de nombre, declaraciones de
seudónimos, manifestaciones de avencidamiento, declaraciones de ausencia,
defunciones y declaraciones de presunción de muerte, así como los hijos
inscritos, con indicación del folio y el lugar del respectivo registro.
[106] Al respecto en la Sentencia
T-485 de 1992, esta Corte explicó la superación del individualismo propio
del Estado liberal burgués, para avanzar hacia la idea de la persona en
el modelo social, concepción que se materializó en la segunda posguerra,
contexto en el que cobra especial sentido el reconocimiento del derecho a la
personalidad jurídica, en virtud del cual, la persona por su sola existencia,
es sujeto de derechos.
[107] Cfr. Ley 1260/70.
Artículo 44. En el registro de nacimientos se inscribirán:
1. Los nacimientos que ocurran en el territorio
nacional.
2. Los nacimientos ocurridos en el extranjero, de
personas hijas de padre y madre colombianos.
3. Los nacimientos que ocurran en el extranjero, de
personas hijas de padre o madre colombianos de nacimiento o por adopción, o de
extranjeros residentes en el país, caso de que lo solicite un interesado.
4. Los reconocimientos de hijo natural,
legitimaciones, adopciones, alteraciones de la patria potestad, emancipaciones,
habilitaciones de edad, matrimonios, capitulaciones matrimoniales,
interdicciones judiciales, discernimientos de guarda, rehabilitaciones,
nulidades de matrimonio, divorcios, separaciones de cuerpos y de bienes,
cambios de nombre, declaraciones de seudónimo, declaraciones de ausencia,
defunciones y declaraciones de presunción de muerte, y en general, todos los
hechos y actos relacionados con el estado civil y la capacidad de las personas.
[108] Al respecto uno de los
documentos requeridos para la expedición de la cédula de ciudadanía es Registro
civil de nacimiento: 1 Copia(s) Anotaciones adicionales: Este documento puede
ser remplazado presentando la tarjeta de identidad.. Ver. Decreto Ley 1227 de
2015 (Todos), Decreto 2241 de 1986 (Artículo 62 y 63), Ley 43 de 1993 (Artículo
1 y 5), Ley 220 de 1995 (Todos), Ley 1163 de 2007 (Artículo 5, numeral e), Ley
96 de 1985 (Artículo 59), Circular 139 de 2015 (Artículo 2)  y Decreto 944 de
1934 (Artículo 1-6).
[109] M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
[110] M.P. María Victoria
Calle Correa.
[111] Respecto de los
colombianos por adopción, este artículo establece que “Son nacionales
colombianos: (…) 2. Por adopción ‖ a) Los extranjeros que soliciten y
obtengan carta de naturalización, de acuerdo con la ley, la cual establecerá
los casos en los cuales se pierde la nacionalidad colombiana por adopción;
‖ b) Los Latinoamericanos y del Caribe por nacimiento domiciliados en
Colombia, que con autorización del Gobierno y de acuerdo con la ley y el
principio de reciprocidad, pidan ser inscritos como colombianos ante la
municipalidad donde se establecieren, y; ‖ c) Los miembros de los pueblos
indígenas que comparten territorios fronterizos, con aplicación del principio
de reciprocidad según tratados públicos”.
[112] También pueden serlo “b)
Los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera
y luego se domiciliaren en territorio colombiano o registraren en una oficina
consular de la República”.
[113] Este
artículo fue modificado por el artículo 38 de la Ley 962 de 2005.
[114] “Por el cual se
expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas”.
[115] Artículo 44.
[116] Artículo 48.
[117] “Por el cual se
modifica la Sección 3 del Capítulo 12 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2
del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del
Derecho”. Debe precisarse que la reglamentación entorno al inscripción
extemporánea del nacimiento en el registro civil, fue reglada en primer lugar
por el Decreto 2188 de 2001 y posteriormente por el Decreto 1069 de 2015, “[p]or
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y
del Derecho”. Este último fue modificado por el Decreto 356 de 2017.
[118] Los datos a los que se
refiere el artículo son: “nombre completo, documento de identidad si lo
tuviere, fecha y lugar de nacimiento, lugar de residencia, hechos que
fundamenten la extemporaneidad del registro, y demás información que se considere
pertinente”.
[119] Numeral 5º del artículo
2.2.6.12.3.1. Prevé que “Los testigos deberán identificarse plenamente y
expresarán, entre otros datos, su lugar de residencia, su domicilio y teléfono
y correo electrónico si lo tuvieren. Igualmente deberán presentar el documento
de identidad en original y copia, y se les tomaran las impresiones dactilares
de manera clara y legible, en el formato de declaración juramentada diseñado
por la Registraduría Nacional del Estado Civil. El funcionario encargado del registro
civil interrogará personal e individualmente al solicitante y a los testigos
sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del nacimiento y demás
aspectos que, a su juicio, permitan establecer la veracidad de los hechos
conforme a las reglas del Código General del Proceso o las normas que lo
sustituyan, adicionen o complementen. De igual forma, diligenciará el formato
de declaración juramentada establecido por la Registraduría Nacional del Estado
Civil para tal fin.”
[120] Sentencia T-421 de
2017, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.
[121] M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[122] M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio. SPV y AV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En este caso se concedió la
protección de los derechos fundamentales a la nacionalidad, al reconocimiento
de la personalidad jurídica, a la igualdad, a la dignidad humana y a la salud
de una niña, hija de colombianos quien nació en Venezuela y se le negó el
registro extemporáneo de su nacimiento debido a que el Acta de Nacimiento no
estaba apostillada. En esa oportunidad, se ordenó a la Registraduría Nacional
del Estado Civil que permitiera registrar a la menor de edad “de manera
expedita como nacional (…), con base en declaraciones juramentadas rendidas por
dos testigos ante Notario”[122].
Para ello, señaló que el sistema registral preveía una solución que, si bien no
era la regla general, si era una “solución jurídica práctica” que
permitía por vía de excepción la inscripción en el registro: la declaración
juramentada de dos (2) testigos conforme con lo previsto en el
artículo 50 del Decreto 1260 de 1970. Por lo demás, indicó que la menor de edad
no tenía por qué soportar tal situación, la cual implicaba “continuar sin la
nacionalidad colombiana a la que ostensiblemente tiene derecho por el jus
sanguinis, máxime habiendo regresado sus genitores a su patria, trayéndola con
ellos”.
[123] M.P. Iván Humberto
Escrucería Mayolo. En este caso, se examinó el caso de una persona mayor de
edad, nacida en Venezuela de padres colombianos, que había pedido ante el
funcionario registral la inscripción de su nacimiento. Esta solicitud se negó
porque no aportó los documentos apostillados. La Corte concedió el amparo de
los derechos fundamentales del actor a la nacionalidad y a la personalidad
jurídica y ordenó a la Registraduría Distrital que le diera “la oportunidad
de acreditar su nacimiento a través de dos (2) testigos, en el marco del
procedimiento de obtención de su registro de nacimiento extemporáneo”.
[124] Ibídem.
[125] M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
[126] Ver. Corte
Constitucional sentencias T-514 de 1998, T-510 de 2003, T-292 de 2004, T-794 de
2007 y T-458 de 2013.
[127] Corte Constitucional
Sentencia T-260 de 2012.
[128] Cfr. Corte
Constitucional sentencias T-743 de 2013 y T-008 de 2016.
[129] M.P. Iván Humberto
Escrucería Mayolo.
[130] Ver. Corte Constitucional
Sentencias C-041 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, y T-391 de 2009, M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto.
[131] Ver. Sentencia T- 250
de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[132] M.P. Alejandro Linares
Cantillo. La acción de tutela fue interpuesta por dos personas ambas de
nacionalidad venezolana. La acción se presentó contra el Ministerio de
Relaciones Exteriores, por considerar que esta entidad desconoció sus derechos
fundamentales a la vida, a la dignidad humana, a la seguridad personal, al reconocimiento
de la condición de refugiado y a la no devolución. Afirman que la vulneración a
estos derechos se derivó de la negativa de la entidad demandada a reconocerles
medidas de protección efectivas, en respuesta a su solicitud de reconocimiento
de la condición de refugiados.
[133] Ibídem.
[134] Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Situación de Derechos Humanos en Venezuela.
2018. Pág. 23-24.
[135] Cuaderno 2, folio 1
(acción de tutela, no indicó la fecha de la negativa), y folios 37, donde la
Registraduría Nacional del Estado Civil reiteró la negativa en la expedición
del documento hasta que no se allegue apostillada el acta de nacimiento.
[136] Según estimaciones de
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) para 2017 se registraron cerca de 50.000 solicitantes de asilo
venezolanos en todo el mundo y más de 7.500 refugiados.
Los principales países de destino para los
solicitantes de asilo venezolanos han sido los Estados Unidos (18.300), Brasil
(12.960), Perú (4.453), España (4.300), y México (1.044). Aruba, Canadá, Chile,
Colombia, Costa Rica, Curaçao, Ecuador y Trinidad y Tobago también han recibido
en 2017 solicitudes de asilo de venezolanos.
Un estudio difundido por Migración Colombia en 2017 da
cuenta de que al menos 470.000 venezolanos viven en este país, solo 202.000 “de
forma regular”, de ellos 67.000 tienen un Permiso Especial de Permanencia
(PEP). Visto en: Amnisty International. https://www.amnistia.org/ve/blog/2018/01/4652/colombia-autoridades-deben-proteger-a-migrantes-venezolanos.
2018.
[137] Al respecto Montesquieu
en el Espíritu de las Leyes menciona que son los derechos civiles las relaciones
horizontales que se dan entre particulares, mientras que los derechos políticos
o el derecho político, es la relación entre los individuos y el Estado. Ver.
Charles De Secondat Montesquieu. El espíritu de las leyes. Tecnos.2007.
[138] M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[139] M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
[140] Comisión Interamericana
de Derechos Humanos. Situación de Derechos Humanos en Venezuela.
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 209. 31 diciembre 2017.
[141] Dentro del trámite de tutela se anexaron
las siguientes pruebas: Copia
del pasaporte venezolano del accionante (Cuaderno 2, folios 7-8.); Copia del C.E. documento de identidad en Venezuela
del accionante (Cuaderno 2,
folio 6.); Copia de la
partida o acta de nacimiento del accionante (Cuaderno 2, folios10-11.); Copia de la respuesta de la Registraduría del Estado
Civil a casos similares, donde se exige que este apostillado el acta de
nacimiento, para la inscripción extemporánea del registro civil (Cuaderno 2, folios 14-17) ; Copia de certificado descargado de la
página de la Registraduría del Estado Civil colombiana donde se certifica la
vigencia de una cédula de ciudadanía que el accionante señala que es de su
padre(Cuaderno 2, folio 13).
[142] Cuaderno
2, folio 22.
[143] En el trámite de tutela se adjuntaron
los siguientes documentos: Copia
del pasaporte venezolano del accionante (Cuaderno 2, folio 9); Copia del C.E., documento de identidad en Venezuela
del accionante (Cuaderno 2,
folio 8); Copia de la
partida o acta de nacimiento del accionante (Cuaderno 2, folios 10-11.); Copia del registro civil de nacimiento del
accionante en Venezuela (Cuaderno
2, folios 10 y 12.); Copia
del registro civil de nacimiento de la madre colombiana del accionante (Cuaderno 2, folio 15); Copia del documento de identidad
colombiano de la madre del accionante (Cuaderno 2, folio 11.); Copia del C.E., documento de identidad venezolano
del padre del accionante (Cuaderno
2, folio 14).
[144] Cuaderno
1, Folios 8 a 10.
[145] Su madre, María del
Carmen Rodríguez Pacheco, quien nació en Mompós (Bolívar), tal como consta su
cédula de ciudadanía -Cuaderno 1, folio 11-.
[146] En el trámite
constitucional se allegaron los siguientes elementos probatorios: Copia de
registro civil de nacimiento de la accionante en Venezuela (Cuaderno 3, folio
13); Copia del documento de identidad colombiano del padre de la accionante
(Cuaderno 3, folio 15); y Copia de prescripción médica sobre el padecimiento de
la accionante cefalea occipital (Cuaderno 3, folio 14).
[147] [147] Su padre, Jesús
Octavio Puerta Jimeno, quien nació en Soledad, Atlántico, tal como
consta su cédula de ciudadanía -Cuaderno 3, folio 15.
[148] Cuaderno No. 3, folio 2
y 14.
[149] Dentro del proceso se
allegaron las siguientes pruebas: Copia del pasaporte venezolano de la
accionante (Cuaderno 2, folio 7); Copia del C.E., documento de identidad en
Venezuela de la accionante (Cuaderno 2, folio 6.); Copia del documento de
identidad colombiano de la madre de la accionante (Cuaderno 2, folio 9.); Copia
del documento de identidad colombiano del padre de la accionante (Cuaderno 2,
folio 8) ; y Copia de respuesta de Registraduría del Estado Civil a casos
similares, donde se exige que este apostillada el acta de nacimiento, para la
inscripción extemporánea del registro civil . (Cuaderno 2, folios 10-14)
[150] Su padre, Alejandro Anaya Santana, quien nació en Valledupar, Cesar, tal
como consta su cédula de ciudadanía -Cuaderno 2, folio 8, y su madre Dolores
Emilia Caballero Palencia, nacida en Majagual, Cesar, tal como consta su cédula
de ciudadanía (Cuaderno 2, folio 9).
[151] Al respecto que dicha
afirmación se soporta con la copia de resoluciones que niegan las solicitudes
de registro extemporáneo, anexada a la acción de tutela (Cuaderno 2, Folios
10-14).
[152] Dentro del trámite de
tutela se allegaron las siguientes pruebas: Copia del documento de identidad
colombiano de la madre del menor de edad representado (Cuaderno 2, folio 10.);
Copia del documento de identidad colombiano del padre del menor de edad
representado (Cuaderno 2, folio 9); Copia de la partida o acta de nacimiento
del niño representado (Cuaderno 2, folios 11.); Copia de registro civil de
nacimiento venezolano del menor de edad representado (Cuaderno 2, folio 12).
[153] Esta Sala ha
decidido, como medida de protección de la intimidad de los menores involucrados
en el proceso, suprimir de la providencia y de toda futura publicación de la
misma sus nombres verdaderos y los de sus familiares, al igual que los datos e
informaciones que permitan su identificación. Sobre este
tipo de decisiones, pueden verse, entre otras, las sentencias: SU-337 de
1999, T-941 de 1999, T-1390 de 2000, T-510 de 2003, T-639 de 2006, T-794 de
2007, T-900 de 2007, T-302 de 2008, T-912 de 2008 y T-884 de 2011.
[154] Cuaderno 2, folio 12.
[155] El padre del menor,
Nerio Jesús Weber Beltrán, nació en Caricuao, Venezuela, tal como consta su cédula
de ciudadanía Colombiana (Cuaderno 2, folio 9), y su madre Juneidis Paola
Hernández Brochero, nacida en Petare, Venezuela, tal como consta su cédula de
ciudadanía Colombiana (Cuaderno 2, folio 10).
Se aclara que los
padres del niño adquirieron la nacionalidad colombiana por ius
sanguinis dado que almenos uno de sus padres eran colombianos, como se
relaciona en las copias de los documento de identidad que los acredita
como colombianos (Cuaderno 2, folios 9 y 10).
[156] Dentro del proceso de
amparo se anexaron los siguientes elementos probatorios: Copia del documento de
identidad colombiano del padre del menor representado (Cuaderno 2, folio 10.);
y Copia de registro civil de nacimiento del accionante en Venezuela (Cuaderno
2, folio 11).
[157] Cuaderno 2, folio 12.
[158] El padre del menor,
Gelvis Rafael Patiño Morales, quien nació en Barranquilla, Atlántico, tal como
consta su cédula de ciudadanía (Cuaderno 2, folio 10).
[159] Dentro del trámite
constitucional se aportaron al proceso las siguientes pruebas: Certificado de
Nacimiento del accionante de la República Bolivariana de Venezuela (Cuaderno 2,
folio 3); Copia del documento de identidad del señor Renzzo David Lezcano
Pineda de la República de Venezuela (Cuaderno 2, folio 4); Copia de cédula de
ciudadanía de la señora Margarita del Socorro Pineda Villa madre del accionante
(Cuaderno 2, folio 5); y Copia de cédula de ciudadanía del señor Edgar Alonso
Lezcano Lora padre del accionante (Cuaderno 2, folio 6).
[160] Ver. Su padre, Edgar
Alonso Lezcano Lora, quien nació en Antioquia, tal como consta su cédula de
ciudadanía (Cuaderno 2, folio 6), y su madre Margarita del Socorro Pineda
Villa, nacida en Antioquia, tal como consta su cédula de ciudadanía (Cuaderno
2, folio 5).
[161] La Sala aclara que en este caso se argumentó la configuración de un
hecho superado, no obstante, el juez no expresó motivaciones claras sobre la
configuración del mismo, y de los hechos no se presentan los supuestos fácticos
que dan lugar a este. Así las cosas, en la resolución de la presente tutela se
expresa la situación real de los expedientes donde se entiende que el problema
factual obedece a la negativa reiterada de la Registraduría Nacional del Estado
Civil en permitir suplir el requisito de apostilla por la declaración de los
dos (2) testigos en el caso de personas con nacionalidad venezolana y al menos
uno de los padres colombiano.