T-020-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-020/14
HABEAS DATA COMO DERECHO AUTONOMO Y COMO GARANTIA DE OTROS DERECHOS
FUNDAMENTALES
BASE DE DATOS-Definición/DATOS
PERSONALES-Definición
Una
base de datos corresponde al conjunto sistematizado de información personal que
puede ser tratada de alguna manera, como ocurre con el ejercicio de los
atributos de recolección, uso, almacenamiento, circulación o supresión. Por
su parte, en el ámbito de los antecedentes penales, la Corte Constitucional ha
dicho que tal concepto se refiere a la posibilidad de asociar “una
situación determinada (haber sido condenado, por la comisión de un delito, en
un proceso penal, por una autoridad judicial competente) con una persona
natural”. En este sentido, es innegable que la
existencia de un dato personal se somete a la posibilidad de poder vincular una
información concreta con una persona natural, específica o determinable.
DATOS PERSONALES-Clasificación
DERECHO AL HABEAS DATA-Dimensión
subjetiva y facultad del titular de la información de exigir la supresión de
ésta de las bases de datos
PRINCIPIOS QUE DEBE SEGUIR EL ADMINISTRADOR DE BASES DE
DATOS-Finalidad, necesidad, utilidad y
circulación restringida
El principio de finalidad
supone la existencia de un objetivo constitucional legítimo que, a su vez,
delimita qué puede hacerse con el dato. Por su parte, el principio de necesidad
se refiere a que el tratamiento de dicho dato cumpla con el fin que abarca su
manejo. Por último, el principio de circulación restringida, conduce a que el
flujo de la información deba tener relación directa
con la finalidad, al tiempo que restringe el acceso masivo a la información,
con excepción de los datos de naturaleza pública.
ACCESO DE DATOS PERSONALES EN PAGINA DE INTERNET U OTRO
MEDIO DE DIVULGACION O COMUNICACION MASIVA-No
podrá estar disponible o ser consulta generalizada, salvo la información
pública
En
lo que respecta al acceso de datos personales por internet u otro medio de
divulgación o comunicación masiva, salvo la información pública, no podrá estar
disponible o de ser consulta generalizada, pues su conocimiento se limita a los
titulares o terceros autorizados conforme a la ley. Como se observa la única
excepción se encuentra en los datos públicos, entre otras razones, porque a
través de ellos se garantiza el derecho de todas las personas a la información,
conforme se establece en el artículo 20 del Texto Superior, así como la
posibilidad de acceder a los documentos públicos, que contengan información
distinta a aquella que sea reservada o semiprivada, en los términos del
artículo 74 de la Constitución.
ACCESO DE DATOS PERSONALES COMO EXPRESION DEL PRINCIPIO DE
ACCESO Y CIRCULACION RESTRINGIDA-Refuerza
el carácter individual del dato y evita que la información contenida en una
base de datos se utilice para finalidades distintas a aquella que motiva su
existencia
Los
datos personales deben ser procesados sólo en la forma en que la persona
afectada puede razonablemente prever o que, como se deriva de lo expuesto,
conduzca a evitar una afectación objetiva en sus derechos. Sí, con el paso del
tiempo, el uso de los datos personales cambia a formas que la persona no espera
o permite un objeto distinto al inicialmente previsto, es necesario por parte
de las autoridades competentes o del juez constitucional adoptar las medidas
que correspondan para preservar la integridad del habeas data y de sus derechos
relacionados.
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES-Naturaleza y funciones
Si bien los antecedentes
constan en un documento público, dicha información no tiene esa misma
naturaleza, pues más allá de identificar, reconocer o singularizar –en mayor o
menor medida– a una persona, como ocurre con cualquier dato personal, en virtud
de los mandatos previstos en la Constitución, que apuntan a proteger el derecho
al trabajo (CP art. 25), a identificar a la pena con un fin resocializador (CP
art. 34) y adoptar medidas que impidan la discriminación o exclusión social (CP
art. 13), se entiende que, por los efectos negativos que le son propios, es
inadmisible su acceso o divulgación general o ilimitada. Precisamente, este
tipo de datos permiten asociar y vincular el nombre de una persona con
acontecimientos no queridos, perjudiciales o socialmente reprochables, que
conducen al debilitamiento de una imagen o incluso a la dificultad de poder
construir una en el futuro.
CERTIFICADO
DE ANTECEDENTES JUDICIALES-Nadie está obligado a su presentación para poder
adelantar trámites ante organismos públicos o de carácter privado
BASES DE DATOS SOBRE ANTECEDENTES PENALES Y HABEAS DATA-Entidades encargadas de manejarlas vulneran el derecho al
habeas data de los demandantes al permitir que terceros no autorizados conozcan
la existencia de antecedentes penales
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES-Consulta en línea a través de la página web de la Policía
Nacional, la puede realizar el titular de la información y está prohibido su
acceso para verificar datos de terceros
Aun cuando en
la actualidad el certificado judicial tiene una modalidad distinta de
escrutinio, en cuanto es posible consultar en línea los antecedentes
judiciales, como lo dispone el Decreto Ley 019 de 2012. Es claro que,
comoquiera que se trata de una información semiprivada, este Tribunal ha
considerado que –si ya no es requerida por autoridad judicial alguna– el formato
utilizado (pese a su acceso restringido) no puede permitir que se identifique
si la persona tiene o no antecedentes penales. Por lo demás, es claro que dada
la finalidad que cumple esta información, no es posible predicar de ella el
denominado derecho al olvido, por lo que el dato siempre seguirá existiendo
pero con la carga de no poder circular de forma masiva, en cumplimiento de los
principios de finalidad, necesidad y circulación restringida que identifican el
derecho al habeas data. Precisamente, a partir de la revisión de la página Web
de la Policía Nacional en la que es posible consultar los citados antecedentes,
se advierte que su uso se limita al titular de la información y que está
prohibido su acceso para verificar los datos de terceros. Por último, es
relevante señalar que los antecedentes no son una pena en sí mismos
considerados, sino un registro de comportamientos delictivos atribuibles a una
persona, que, además, se diferencian de su fuente, ya que esta última es
considerada información de naturaleza pública.
PUBLICIDAD DE SENTENCIAS JUDICIALES-Importancia
La publicidad de las
sentencias cumple importantes fines constitucionales relacionados con
propósitos de pedagogía, información y control social, a través de los cuales
se permite el estudio de la manera como los jueces deciden sus causas o han
decidido causas pretéritas. Por lo demás, como se señaló con anterioridad, el
uso de las actuales tecnologías para llevar a cabo dicha publicidad, conduce a
una democratización de la información, ya que permite –sin ningún tipo de
barrera– el acceso de toda persona a consultar las bases de datos que las
contienen. Este actual sistema de consulta se contrasta frente al acceso
restringido que existía con anterioridad, básicamente en las sedes de los despachos
judiciales o en ediciones impresas que se encontraban en relatorías o
bibliotecas públicas, lo que ha conducido a la transformación de un estado de
divulgación limitada (incluso sin que estuviese asociada al nombre) a un
fenómeno de amplia o múltiple exposición de la persona y a que la distinta
información personal que sobre ella consta en las sentencias se vuelva
prácticamente pública. En efecto, hoy en día, con la existencia de motores de
búsqueda prácticamente se puede conocer el estatus judicial de otro.
PUBLICIDAD
DE SENTENCIAS JUDICIALES EN PAGINA WEB O SITIO DE INTERNET-Posibilidad de
acceso de todas las personas en idénticas condiciones a la información
judicial, sin importar en que parte del país viven y de la opción que tengan o
no de dirigirse al lugar en el que se halla el archivo físico de la entidad
HABEAS DATA FRENTE A PUBLICIDAD DE SENTENCIAS JUDICIALES-Información personal contenida en las sentencias está
sometida a los principios de finalidad, necesidad y circulación restringida/HABEAS
DATA FRENTE A PUBLICIDAD DE SENTENCIAS JUDICIALES EN PAGINA WEB O
SITIO DE INTERNET-Tiene carácter reservado
cualquier información o documento que involucre los derechos a la privacidad e
intimidad de las personas
Aun cuando se entiende que las
sentencias son públicas, y así deben seguir siéndolo, la información personal
contenida en ellas está sometida a los principios de la administración de
datos, por lo que eventualmente pueden incluir datos sensibles o semiprivados,
en cuya circulación y acceso deben cumplirse los principios de finalidad,
necesidad y circulación restringida que rigen el derecho al habeas data. Esta
última circunstancia habilita la supresión relativa de información, con miras a
proteger la intimidad, el derecho al trabajo o la reinserción de las personas
en la sociedad, a través de medidas que garanticen la imposibilidad de proceder
a su identificación, en concreto en las versiones que se publiquen en la Web de
una providencia.
PRINCIPIO DE FINALIDAD EN INTIMIDAD Y HABEAS DATA-Vulneración por información sensible o semiprivada en
publicidad de sentencias judiciales en internet
PRINCIPIO DE CIRCULACION RESTRINGIDA FRENTE A PUBLICIDAD DE
SENTENCIAS JUDICIALES EN PAGINA WEB O SITIO DE INTERNET-Se desconoce a través del uso generalizado a la consulta de
decisiones judiciales que permite que terceras personas puedan acceder, sin
ninguna restricción, a los soportes donde constan datos sensibles o
semiprivados
INTIMIDAD Y HABEAS DATA EN PAGINA WEB O SITIO DE INTERNET-Vulneración por CSJ por cuanto mantiene información en su
página web sobre una condena penal impuesta a la accionante
INTIMIDAD Y HABEAS DATA EN PAGINA WEB O SITIO DE INTERNET-Orden a la Relatoría CSJ reemplace o sustituya de las
versiones que se encuentran publicadas en internet de la sentencia, el nombre
de la accionante por letras o números que impidan su identificación
Referencia:
Expediente T-4.033.635
Acción de
Tutela instaurada por la señora XX contra la
Sala Plena
de la Corte Suprema de Justicia
Magistrado
Ponente:
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Bogotá DC., veintisiete (27) de enero
de dos mil catorce (2014)
La Sala Tercera de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo de tutela adoptado el 4 de julio de 2013 por la
Sala de Decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, en el asunto de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1.
Cuestión previa
A través de la
presente acción de tutela, la recurrente busca la protección de sus
derechos fundamentales al habeas data[1],
a la dignidad humana y a la igualdad, los cuales considera
vulnerados por el hecho de que la Corte Suprema de Justicia mantiene
información en su página web sobre una condena penal impuesta en su contra. De esta manera, en la medida en que la accionante plantea que la
anterior circunstancia ha conducido a la existencia de actos de discriminación,
ya que ha visto frustradas varias oportunidades laborales y comerciales como
resultado de esos registros, se emitirán respecto de este caso dos copias del
mismo fallo, diferenciándose en que se sustituirán los nombres reales en aquella
copia que se publique en la gaceta de la Corte Constitucional.
1.2. Hechos
La demanda fue admitida por la
autoridad judicial de primera instancia el 25 de junio de 2013[2] y los hechos relevantes
se resumen así:
- La
accionante fue condenada en 1998 por el Tribunal Superior de Cali a la pena
principal de seis años y seis meses de prisión, multa equivalente a cincuenta salarios mínimos mensuales
legales e interdicción de derechos y funciones públicas por término igual a la
sanción privativa de libertad, por los delitos
de concusión, falsedad material de particular en documento público y
fraude procesal, en su calidad de Fiscal 34 de la
Unidad de Delitos contra el Patrimonio Público. Esta decisión fue confirmada
por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en
sentencia del 15 de noviembre de 2000.
- Luego
de cumplir con la pena de prisión se declaró su extinción, mediante auto del 14
de marzo de 2003; mientras que, en providencia del 5 de junio de 2007, se dispuso
la rehabilitación frente a la sanción de interdicción de derechos y funciones
públicas. Por lo anterior, en palabras de la accionante, en la actualidad
carece de antecedentes penales.
- Tras indagar por su nombre en
el buscador Google, encontró que en la página web de la
Corte Suprema de Justicia, figuran anotaciones alusivas al proceso penal,
incluidas ambas instancias.
- Como
consecuencia de lo anterior, la accionante procedió a formular una solicitud ante
la citada autoridad judicial, con el propósito de que dicha información fuese
eliminada, lo cual fue negado con fundamento en el deber de publicidad de las
sentencias, en los términos de los artículos 74 y 228 de la Constitución
Política[3].
1.3.
Solicitud y argumentos de la demanda
La accionante solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al habeas data, a la
dignidad humana y a la igualdad, por lo que requirió del juez de tutela que se
ordene a la autoridad judicial demandada suprimir de su página web la
información encontrada a su nombre, con fundamento en las siguientes razones:
Para comenzar la demandante
señaló que pagó su condena y que, como consecuencia de ello, todos sus derechos
fueron rehabilitados. A continuación, sostuvo que su derecho fundamental al habeas
data, relacionado con el buen nombre, la intimidad y la honra, está siendo
vulnerado, ya que se perpetúa una estigmatización en su contra. Para el efecto,
afirmó que si bien existe un principio de publicidad de las actuaciones
judiciales, ello no puede significar la vulneración de otros bienes
constitucionales, máxime cuando ha visto frustradas oportunidades laborales y
comerciales como resultado de dichos registros, ya
que, en su criterio, los mismos cuentan “como si estuvieran vigentes
sus antecedentes judiciales”[4].
A continuación, resaltó que derechos
como la intimidad, la honra y el buen nombre son primordiales en la
Constitución de 1991, por lo que se tornan en excepciones frente al aludido
principio de publicidad. A partir de lo anterior, expuso que las reglas
jurisprudenciales sobre antecedentes judiciales también debían aplicarse a
aquellas hipótesis en los cuales, por búsquedas en internet, se pueden hallar
sentencias que decidieron causas pretéritas.
En
efecto, tras la Sentencia SU-458 de 2012[5],
se establecieron límites a la información en el caso de los antecedentes
judiciales, que también tendrían que aplicarse a las providencias dictadas por
los jueces. De suerte que ha de tenerse en cuenta que el fin de la publicación
de las sentencias penales –como lo es la publicidad– puede alcanzarse mediante
otros medios, como lo es el acceso a un archivo físico. Lo anterior, en
palabras de la accionante, no sólo permite salvaguardar el principio de
circulación restringida, que busca impedir que terceros sin interés definido en
la ley o en el reglamento, tengan acceso a información personal negativa; sino
que también refuerza la realización del principio de caducidad respecto de tal
modalidad de información.
Una posición en sentido
contrario, conduciría a la existencia de una presión ilegítima para una persona
que, tras resocializarse y rehabilitarse, pretende reinsertarse en la sociedad.
1.4. Contestación de la demanda
1.4.1. Contestación de la Relatoría
de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia[6]
1.4.1.1.
La Relatoría de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia se opuso a las pretensiones de la demanda. En
primer lugar, resaltó que tiene por función la divulgación de la jurisprudencia,
ya que se trata de una oficina abierta al público encargada de difundir todas las
providencias no sometidas a reserva.
En este
sentido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64 de la
Ley 270 de 1996, enfatizó que las decisiones en firme pueden ser consultadas
en estas oficinas y que toda persona tiene derecho de acceder a los archivos
que las contengan y a obtener copia, fotocopia o reproducción exacta de las
mismas por cualquier medio técnico adecuado[7].
Este mandato legal busca garantizar el acceso a la administración de justicia,
conforme a lo dispuesto en los artículos 74 y 228 de la Carta Política,
entendida como una función “pública” en la que sus actuaciones están revestidas
de dicho carácter y deben ser accesibles para cualquier persona.
1.4.1.2.
En segundo lugar, resaltó que en la sentencia C-1114 de 2003[8], se desarrolló el principio de publicidad
de los actos de la administración, incluida la administración de justicia,
consagrando la regla de que los interesados y la comunidad en general tienen derecho
de acceder a su pleno conocimiento. Por lo demás, siguiendo lo establecido en
la Sentencia SU-337 de 1999[9],
afirmó que la protección del sosiego y la tranquilidad familiar no pueden
afectar de forma desproporcionada el principio de publicidad de los procesos
judiciales.
Aunado
a lo anterior, siguiendo lo dispuesto en la Sentencia T-686 de 2007[10],  mencionó que los sistemas de
computarización de la información tienen por objeto racionalizar el acceso
directo a los expedientes. De ahí que, su existencia le facilita a la
administración de justicia el cumplimiento eficiente de sus funciones, en
particular el deber de dar publicidad a sus actos. Ello se resalta en el
artículo 95 de la Ley 270 de 1996, en el que se proporciona a la Rama Judicial
de herramientas tecnológicas[11].
1.4.1.3. Descendiendo al caso en concreto,
explicó que la Relatoría, tras recibir los archivos magnéticos correspondientes
al texto de las providencias, los copia en un servidor de libre acceso. Dicha información
atañe básicamente a las providencias adoptadas y emitidas por la
Sala de Casación Penal, que no están amparadas bajo ninguna forma de reserva
legal. Finalmente, afirmó que no existe una vulneración del derecho al buen
nombre de la accionante, ya que no se trata de una información falsa o errónea.
Lo mismo ocurre respecto del  derecho a la honra, relacionado con las
actuaciones de una persona que le dan una imagen en la sociedad.
1.4.2. Contestación de la Presidencia
de la Corte Suprema de Justicia[12]
La presidencia de la
Corte Suprema de Justicia se opuso a las pretensiones de la demanda. Al
respecto, señaló que la petición con la que se buscaba la cancelación del
registro de las decisiones proferidas por la
Sala de Casación Penal fue remitida al magistrado Luis Guillermo Salazar
Otero, miembro de dicha Sala, por tratarse del
despacho que conoció de la actuación penal surtida contra la accionante. Dicha
circunstancia excluye de cualquier responsabilidad a la Presidencia de la
citada Corporación, pues el tema pasó al conocimiento de una de sus
dependencias internas.
II.      DE LAS SENTENCIA
OBJETO DE REVISIÓN Y DE LOS ELEMENTOS PROBATORIOS APORTADOS AL PROCESO
2.1. Sentencia de única instancia
En sentencia del 4 de
julio de 2013, la Sala de Decisión de Tutelas No. 2 de la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo solicitado. Inicialmente,
la citada autoridad judicial delimitó conceptualmente el derecho al habeas
data, como la facultad del titular de los datos personales de exigir a las
entidades que recopilen información el acceso, la inclusión, la exclusión, la
corrección, la adición, la actualización y la certificación de la misma, al
igual que la limitación en su divulgación.
A continuación, señaló que la
recolección, almacenamiento y circulación de ciertas manifestaciones de la
información resultan legítimas, siempre y cuando no se trate de una injusta intromisión en la esfera privada de las personas.
En este sentido, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 64 de la
Ley 270 de 1996, sostuvo que existe el deber de hacer públicas las decisiones
judiciales ejecutoriadas. Dicho mandato legal, por una parte, obedece al
artículo 74 de la Constitución, según el cual todas las personas tienen derecho
a acceder a los documentos públicos; y por la otra, se relaciona con el
artículo 228 del Texto Superior, en el que se contempla el deber de publicidad
de las actuaciones judiciales. Lo anterior se confirma con lo señalado en las
Sentencias T-729 de 2002 y C-692 de 2003[13],
en las que se manifestó que las sentencias hacen parte de la información
pública que puede ser ofrecida sin reservas.
Como
consecuencia de lo expuesto, en criterio del juez de instancia, la publicación
de las providencias en la página web de la Rama Judicial obedece a un deber
constitucional y legal, en tanto se trata de decisiones judiciales en firme,
las cuales se plasman en un documento considerado como de acceso público. No es
posible hablar, en este caso, de una injusta intromisión en la esfera privada
de las personas, pues del citado comportamiento no se desprende actuación alguna
que sea contraria al ordenamiento constitucional, ni se desconocen los derechos
fundamentales de la actora.
2.2. Pruebas relevantes
aportadas al proceso
- Providencia emitida el 14 de
marzo de 2003 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali, en la que se resuelve la petición de declarar la extinción de
la pena de prisión impuesta y se ordena la liberación definitiva de la
accionante. (Cuaderno 1, folios 14 a 17).
- Auto del 5 de junio de 2007
proferido por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali, en el que se dispone la rehabilitación de derechos y
funciones públicas de la recurrente. (Cuaderno 1, folios 19
a 23).
- Certificado expedido por la
Policía Nacional, con fecha 8 de marzo de 2013, en el que se indica que la demandante
no es requerida por ninguna autoridad judicial. (Cuaderno 1, folio 25).
- Certificado de la
Procuraduría General de la Nación, en el que consta que la accionante no
registra sanciones ni inhabilidades vigentes. (Cuaderno 1, folio 26).
- Copia de un pantallazo en el
motor de búsqueda Google, en el cual figura el nombre de la accionante relacionado
con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia por los punibles de concusión,
falsedad material de particular en documento público y fraude procesal.
(Cuaderno 1, folios 27 a 33).
- Copia
de una petición, sin fecha legible de presentación, formulada por la actora a la
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. En dicho escrito se solicita que
su nombre fuese borrado de los archivos, registros y páginas web de la citada
Corporación a los que pudieran tener acceso terceras personas. Para justificar
su solicitud señaló que ya había cumplido su condena penal y que la información
expuesta afectaba su reinserción social. Por lo demás, también enfatizó que se
genera una extensión de la sanción sobre una conducta que cometió hace más de
dos lustros y frente a la cual se ha generado la caducidad de la información negativa
(Cuaderno 1, folios 34 a 37).
(vii) Respuesta emitida el 8 de
abril de 2013 por el Magistrado de la
Corte Suprema de Justicia, Luis Guillermo Salazar Otero, a la petición
previamente mencionada. Para negar su procedencia, se indica que la decisión
adoptada reposa en “el sistema de información de gestión de procesos y
manejo documental Justicia Siglo XXI, en acatamiento de lo dispuesto en el
Acuerdo 1591 del 24 de octubre de 2002 de la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura”. Dicho acto administrativo se
soporta en los artículos 85.13, 95 y 104 de la
Ley 270 de 1996[14].
Al margen de lo anterior,  explica que la publicación de las sentencias
corresponde a información pública debidamente ejecutoriada, que puede ser
ofrecida sin reserva alguna. Ello se sustenta, entre otras, en las Sentencias
T-729 de 2002 y C-692 de 2003, y en los artículos 74 y 228 del Texto Superior, que
consagran el principio de publicidad de las actuaciones judiciales (Cuaderno 1,
folios 38 a 43).
III. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS
3.1. Competencia
Esta Corte es competente para conocer del asunto de la
referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241.9 de la
Constitución Política y en los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991. El
expediente fue seleccionado por medio de Auto del 12 de septiembre de 2013
proferido por la Sala Novena de Selección, la cual dispuso su examen por la
Sala Tercera de Revisión.
3.2 Problema jurídico y esquema de resolución
3.2.1. A
partir de las circunstancias fácticas que dieron lugar al ejercicio de la acción
de tutela y de la decisión adoptada en la respectiva instancia judicial, le
corresponde a esta Corporación determinar si se vulnera o no el derecho al habeas
data, cuando una sentencia ejecutoriada de la cual se desprende
información respecto de las conductas punibles por las que fue condenada la
accionante, es objeto de publicación en un medio masivo de
circulación abierto al público, cuyo acceso es posible por cualquier persona mediante
recursos ordinarios de búsqueda, a pesar de que ya se declaró la extinción
y rehabilitación de las sanciones impuestas entre los años 2003 y 2007.
3.2.2. Para resolver este problema jurídico, esta
Sala de Revisión inicialmente (i) se pronunciará sobre el objeto, tipologías y
principios que rigen el derecho al habeas data; a continuación (ii) se detendrá en el examen de la
naturaleza y funciones de los antecedentes judiciales y del certificado
judicial; luego de lo cual (iii) concluirá con el señalamiento de algunos
puntos de encuentro entre el habeas data y las sentencias judiciales. Finalmente,
con sujeción a los temas expuestos, (iv) resolverá el caso en concreto.
3.3. Objeto, tipologías y principios que rigen el derecho al habeas
data. Reiteración de la jurisprudencia
3.3.1. El artículo 15 de la
Constitución Política contempla, como derecho fundamental, la facultad de las
personas de conocer, actualizar y rectificar las informaciones que sobre ellas se hayan recogido en bases de datos y archivos
de entidades públicas y privadas[15].
Dicha garantía ha sido identificada por este Tribunal como el derecho al habeas
data, cuyos elementos característicos han sido descritos por la jurisprudencia[16] y también han sido objeto de
regulación mediante leyes estatutarias, como lo son la
Ley 1266 de 2008[17]
y la Ley 1581 de 2012[18].
Por ello, en el presente acápite, esta Sala reiterará brevemente los aspectos
relacionados con la caracterización del citado derecho, las facultades que
confiere y los principios que lo rigen.
3.3.2. En
cuanto a su caracterización, conforme se expuso en la Sentencia           C-748
de 2011[19],
su protección surgió estrechamente vinculada con otras garantías ius
fundamentales, como la honra, la intimidad, la reputación, el libre
desarrollo de la personalidad y el buen nombre. No obstante, a partir de la
limitación de su ámbito de ejercicio y del desarrollo de la sociedad de la información,
este derecho fue adquiriendo un carácter autónomo.
En este
orden de ideas, en la citada sentencia, la Corte señaló que en virtud de lo
previsto en el artículo 15, leído en conjunto con los artículos 16 y 20 de la
Constitución, surge “derecho fundamental autónomo catalogado como derecho al
habeas data y, en algunas oportunidades, como derecho a la autodeterminación
informativa o informática”. Esa autonomía se
explica por las potestades que confiere en el ámbito del manejo y tratamiento de
los datos personales, cuya aplicación lo hace diferenciable de otros
derechos como el buen nombre o la intimidad, pese a que en ciertas ocasiones su
transgresión pueda repercutir en dichas garantías constitucionales. Así, por
ejemplo, en la Sentencia SU-458 de 2012[20],
se expuso que:
“La Corte reafirma esta condición del habeas data como
derecho autónomo y como garantía. Como derecho autónomo, tiene el habeas data
un objeto protegido concreto: el poder de control que el titular de la
información puede ejercer sobre quién (y cómo) administra la información que le
concierne. En este sentido el habeas data en su dimensión subjetiva
faculta al sujeto concernido a conocer, actualizar, rectificar, autorizar,
incluir, excluir, etc., su información personal cuando ésta es objeto de
administración en una base de datos. A su vez, como garantía, tiene el habeas
data la función específica de proteger, mediante la vigilancia del cumplimiento
de las reglas y principios de la administración de datos, los derechos y libertades
que dependen de (o que pueden ser afectados por) una administración de datos
personales deficiente. Por vía de ejemplo, el habeas data opera como garantía
del derecho al buen nombre, cuando se emplea para rectificar el tratamiento de
información falsa. Opera como garantía del derecho a la seguridad social,
cuando se emplea para incluir, en la base de datos, información personal
necesaria para la  prestación de los servicios de salud y de las
prestaciones propias de la seguridad social. Opera como garantía del derecho de
locomoción, cuando se solicita para actualizar información relacionada con la
vigencia de órdenes de captura, cuando éstas por ejemplo han sido revocadas por
la autoridad competente. Y finalmente, puede operar como garantía del derecho al
trabajo, cuando se ejerce para suprimir información que funge como una barrera
para la consecución de un empleo.”
3.3.2.1.
El ámbito de protección del habeas data no es cualquier tipo de información que
se relacione con una persona. Precisamente, como se infiere de la Constitución
y de la ley, su operatividad depende de un entorno específico, esto es, de un
contexto vinculado con la administración de bases de datos personales. Por
ello, como se dijo en la Sentencia SU-458 de 2012[21],
“su ejercicio es imposible jurídicamente en relación con información personal
que no esté contenida en una base o banco de datos, o con información que no
sea de carácter personal”[22].
Al tenor de la citada limitación, la Sala se referirá inicialmente a lo que se
entiende por bases de datos y, a continuación, a la noción de datos personales.
El literal b) del artículo 3 de la
Ley 1581 de 2012 define como base de datos al “conjunto organizado de datos
personales que sea objeto de tratamiento”[23].
Esta definición fue sometida a examen de constitucionalidad en la Sentencia
C-748 de 2011[24],
en la cual –más allá de encontrar que en nada desconocía el Texto Superior– se
consideró que su conceptualización también debía cobijar a los archivos, “entendidos
como depósitos ordenados de datos”, a los cuales se refiere el artículo 1
de la ley en mención[25].
De lo anterior se infiere que una base de datos
corresponde al conjunto sistematizado de información personal que puede ser
tratada de alguna manera, como ocurre con el ejercicio de los atributos de
recolección, uso, almacenamiento, circulación o supresión.
En lo
que atañe al dato personal, la ley previamente mencionada indica que se refiere
a “cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias
personas naturales determinadas o determinables”[26]. Por su parte, en el
ámbito de los antecedentes penales, la Corte Constitucional ha dicho que tal
concepto se refiere a la posibilidad de asociar “una situación determinada
(haber sido condenado, por la comisión de un delito, en un proceso penal, por
una autoridad judicial competente) con una persona natural”[27]. En este sentido, es innegable que la existencia de un dato
personal se somete a la posibilidad de poder vincular una información concreta
con una persona natural, específica o determinable.
De lo
anterior se deriva que, en criterio de este Tribunal, únicamente los datos
personales que hagan parte de un archivo o base de datos que permita el
tratamiento de dicha información, podrá manejarse bajo los parámetros del
habeas data.
3.3.2.2.
Ahora bien, los datos personales pueden ser clasificados en cuatro grandes
categorías: públicos, semiprivados, privados y sensibles. De acuerdo con
la Ley 1266 de 2008, es público el dato calificado “como tal según
los mandatos de la ley o de la
Constitución Política y todos aquellos que no sean semiprivados o privados
(…). Son públicos, entre otros, los datos contenidos en documentos públicos,
sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidos a
reserva y los relativos al estado civil de las personas”[28].
En el mismo sentido, el numeral 2 del artículo 3 del Decreto 1377 de 2013
señala que: “Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son considerados
datos públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las
personas, a su profesión u oficio y a su calidad de comerciante o de servidor
público. Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar contenidos, entre
otros, en registros públicos, documentos públicos, gacetas y boletines
oficiales y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén
sometidas a reserva”.
A su vez, son semiprivados
aquellos datos “que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo
conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su titular sino a cierto
sector o grupo de personas o a la sociedad en general”[29].
Por lo demás, son privados aquellos que datos “por su naturaleza
íntima o reservada sólo [son] relevante[s] para el titular”[30].
Por
último, son datos sensibles “aquellos
que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su
discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la
orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia
a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva
intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y
garantías de partidos políticos de oposición[,] así como los datos relativos a
la salud, a la vida sexual y los datos biométricos”. Por su propia
naturaleza, estos datos se vinculan con la salvaguarda de la intimidad de su
titular o con la proscripción de actos discriminatorios.
Por lo
anterior, en la Sentencia C-748 de 2011[31],
se expuso que los datos sensibles hacen parte del núcleo esencial del derecho a
la intimidad, “entendido como
aquella esfera o espacio de la vida privada no susceptible de interferencia
arbitraria de las demás personas”. A causa de ello, este Tribunal ha señalado
que el simple hecho de que un dato de esa
categoría, por alguna razón, llegase a hacerse público, no varía su naturaleza.
De ahí que, en la sentencia en cita, se haya dicho que: “el hecho de que un
dato sensible se haga público, no lo convierte en un dato de naturaleza pública
que cualquier persona pueda someter a tratamiento”.
3.3.3. En
líneas anteriores quedó establecido el ámbito en el cual se ejerce el derecho
al habeas data. A continuación, la Corte hará referencia a las facultades que
surgen del mismo. Así, por una parte, quien ejerce el denominado poder
informático, asume la facultad de administrar una base de datos y de realizar
el tratamiento de la información personal que allí se encuentran, lo cual incluye
–entre otras– el desarrollo de las atribuciones de recolección, almacenamiento,
uso, circulación o supresión, sin importar si se trata de una entidad pública o
privada, en los términos previstos en la Ley 1581 de 2012[32]. Un ejemplo de lo anterior, como
se expuso en la citada Sentencia SU-458 de 2012, son las bases de datos sobre
antecedentes crediticios, ya que “quien las administra y quien las usa, tiene
el poder de limitar las libertades económicas de las personas cuyos datos personales
son objeto de administración”.
En cuanto a las facultades que el habeas data confiere al titular de los datos
personales, se hallan, entre otras, las siguientes: autorizar, conocer,
rectificar, incluir y suprimir los datos[33].
En este sentido, de conformidad con la Sentencia C-748 de 2011, se entiende
que,
“(…) dentro de
las prerrogativas –contenidos mínimos– que se desprenden de este derecho
encontramos por lo menos las siguientes: (i) el derecho de las personas
a conocer la información que sobre ellas está recogida en bases de
datos, (…); (ii) el derecho a incluir nuevos datos con el fin de
se provea una imagen completa del titular; (iii) el derecho a actualizar
la información, es decir, a poner al día el contenido de dichas bases de datos;
(iv) el derecho a que la información contenida en bases de datos sea rectificada
o corregida, de tal manera que concuerde con la realidad; [y] (v) el
derecho a excluir información de una base de datos, bien por que se está
haciendo un uso indebido de ella, o por simple voluntad del titular –salvo las
excepciones previstas en la normativa–”.
Se
trata obviamente de una enumeración de facultades que puede ser objeto de uso y
ampliación, a partir de la naturaleza del dato personal y del contexto en el
que tiene aplicación el habeas data. Con todo, para efectos de esta sentencia,
resulta de suma importancia ahondar (i) en la autorización del titular y (ii) en
la supresión (absoluta o relativa) del dato.
3.3.3.1. En cuanto a la primera
facultad, el artículo 9 de la Ley 1581 de 2012 establece que, salvo “las
excepciones previstas en la ley, en el tratamiento se requiere la autorización
previa e informada del titular, la cual deberá ser obtenida por cualquier medio
que pueda ser objeto de consulta posterior”. De acuerdo con el artículo 7
del Decreto 1377 de 2013, esta autorización puede ser obtenida a través de las
siguientes vías: (i) por escrito, (ii) de forma oral o (iii) mediante conductas
inequívocas del titular que permitan concluir de forma razonable que ella fue
otorgada. No obstante, el legislador señaló que en ciertos casos tal
autorización no es necesaria, como ocurre, por ejemplo, cuando se trata de un
dato requerido por una entidad pública en ejercicio de sus funciones legales o
por orden judicial, o cuando se está en presencia de información de naturaleza
pública. Así, el artículo 10 de la ley en cita, dispone que:
“Artículo
10. Casos en que no es necesaria la autorización. La autorización del
titular no será necesaria cuando se trate de: a) Información requerida por una
entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por
orden judicial. // b) Datos de naturaleza pública. // c) Casos de urgencia
médica o sanitaria. // d) Tratamientos de información autorizado por la ley
para fines históricos, estadísticos o científicos. // e) Datos relacionados con
el Registro Civil de las Persona”
En lo que corresponde a esta
sentencia vale la pena resaltar las dos primeras excepciones. Por una parte, en
lo que atañe a la información requerida por las autoridades públicas en
ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial, este Tribunal precisó
que en aras de evitar un escenario proclive al abuso del poder informático, (i)
el dato requerido debe tener una relación de conexidad directa con el ejercicio
de las atribuciones, potestades o competencias del funcionario; (ii) al mismo tiempo
que se le exige a la entidad receptora el deber de cumplir con “las
obligaciones de protección y garantía que se derivan del citado derecho
fundamental, en especial la vigencia de los principios de finalidad,
utilidad y circulación restringida”[34].
Y, por la otra, en lo referente a
los datos de naturaleza pública, es claro que su tratamiento no requiere la
aquiescencia del titular[35],
como ocurre con la información relativa al estado civil de las personas, su
profesión, su calidad de servidor público o de comerciante[36],
frente a la cual cabe el ejercicio de las distintas facultades que se pueden
realizar sobre un dato, por ejemplo, la recolección, el almacenamiento, el uso
o la circulación[37].
En todo caso, si bien su naturaleza excluye el consentimiento del titular para
el desarrollo de tales atribuciones, las mismas siempre deben sujetarse a los
principios rectores que rigen el manejo del habeas data[38].
3.3.3.2. En cuanto a la segunda facultad,
esto es, la supresión del dato, en la Sentencia SU-458 de 2012[39],
se dijo que se trata de una atribución que tiene una doble faz, pues funciona
de manera diferente respecto de la naturaleza de la información objeto de
tratamiento y a la finalidad que cumple una base de datos. En una primera
faceta, “es posible ejercer la facultad de supresión con el objeto de hacer
desaparecer por completo de la base de datos, la información personal
respectiva. Caso en el cual la información debe ser suprimida completamente y
será imposible mantenerla o circularla, ni siquiera de forma restringida (esta
es la idea original del llamado derecho al olvido)”[40].
En una segunda faceta, “la facultad de supresión puede ser ejercitada con el
objeto de hacer desaparecer la información que está sometida a circulación.
Caso en el cual la información se suprime solo parcialmente, lo que implica
todavía la posibilidad de almacenarla y de circularla, pero de forma
especialmente restringida”[41].
Así, por
ejemplo, no puede existir derecho al olvido respecto de la informa-ción
pública, como lo es el estado civil de las personas; a diferencia de lo que
ocurre con un dato semiprivado, como ocurre con la información financiera y
crediticia, cuya circulación está sometida a una determinada finalidad que
permite su caducidad por el paso del tiempo[42].
En suma, es claro que las
facultades que confiere el habeas data varían según
la naturaleza de la información y la finalidad que justifica su tratamiento.
Dos ejemplos desarrollados aquí y relevantes para los efectos de esta
sentencia, son la autorización y la supresión. En la primera, no se exige dicha
condición cuando se está en presencia del uso de datos vinculados con la
información requerida por una entidad pública en el ejercicio de sus funciones
legales o por orden judicial o cuando se trata de datos públicos; mientras que,
en la segunda, se pueden presentar fenómenos de supresión total o de supresión
parcial de la información, a partir de la finalidad que cumple el dato y de las
reglas que rigen su circulación.
3.3.4. Adicional
a lo anterior, tanto en las leyes estatutarias previamente referidas como en la
jurisprudencia constitucional, se ha ahondado en el estudio de ciertos
principios que rigen el tratamiento de los datos, sin importar su naturaleza[43]. De ellos se derivan obligaciones
para las entidades –sean públicas o privadas– que, entre otros, acopien,
procesen o divulguen datos personales. Dichos deberes, a su vez, se relacionan
con las facultades que el habeas data confiere al titular de la información.
Sin el ánimo de agotar su estudio, en esta providencia se hará referencia a
aquellos pertinentes para la resolución del caso[44].
Para comenzar, en términos
generales, es preciso recordar que en la Sentencia SU-458 de 2012[45],
este Tribunal señaló que “el principio de finalidad y sus pares, los principios
de necesidad (…) y circulación restringida, tienen el propósito de
circunscribir la actividad de administración de información personal contenida
en bases de datos. Son principios que al limitar el ejercicio de las
competencias de los administradores, definen el margen de su actuación y son
una garantía para las libertades de los sujetos concernidos por la información
administrada”.
3.3.4.1.
En cuanto al primero de los citados principios, esto es, el de finalidad,
en el literal b) del artículo 4 de la Ley 1581 de 2012, el legislador dispuso que
su objeto apunta a exigir que “el tratamiento debe obedecer a una finalidad
legítima[,] de acuerdo con la
Constitución y la ley (…)”. Como expresión de lo anterior, en la Sentencia
C-748 de 2011[46],
con base en la denominada teoría de los ámbitos, se expuso que este
principio implica que la información se destine
a realizar los fines exclusivos para los cuales fue entregada por el titular o aquellos
propósitos u objetivos respecto de los cuales eventualmente se autoriza su uso,
ya sea porque se permite su tratamiento sin autorización[47] o porque se trata de una hipótesis
en la que los datos son producidos en el desarrollo de las facultades propias
del habeas data. Lo anterior, en un escenario acorde con la razón de ser de la
base de datos y con el contexto en el cual ellos son suministrados u obtenidos.
De donde
se deriva que, además de velar por una finalidad constitucional legítima, el
tratamiento debe estar previa, clara y suficientemente determi-nado. Por ello,
por ejemplo, es contrario a este principio cualquier recopila-ción que no
estuviera especificada en lo que a su finalidad se refiere, así como la
utilización o divulgación del dato por fuera de los márgenes trazados en la
delimitación de su propósito. Como se observa se trata de una herramienta útil
para evitar arbitrariedades en el manejo de la información por parte de quien
trata el dato o por quien, eventualmente, puede acceder o hacer uso del mismo. Al
tiempo que logra una protección objetiva de los derechos de las personas con
ocasión de un inadecuado manejo de esos datos.
En este
orden de ideas, en criterio de la Corte, es claro que los datos personales deben
ser procesados sólo en la forma en que la persona afectada puede razonablemente
prever o que, como se deriva de lo expuesto, conduzca a evitar una afectación
objetiva en sus derechos. Sí, con el paso del tiempo, el uso de los datos
personales cambia a formas que la persona no espera o permite un objeto
distinto al inicialmente previsto, es necesario por parte de las autoridades
competentes o del juez constitucional adoptar las medidas que correspondan para
preservar la integridad del habeas data y de sus derechos relacionados.
3.3.4.2. Por su parte, en la
misma providencia en cita, se indicó que el principio de necesidad involucra
que “los datos personales registrados deben ser los estrictamente necesarios
para el cumplimiento de las finalidades perseguidas con la base de datos de que
se trate, de tal forma que se encuentra prohibido el registro y divulgación de
datos que no guarden estrecha relación con el objetivo de la base de datos”[48].
Como consecuencia de este principio, el tratamiento deben adoptarse todas las
medidas razonables para limitar el procesamiento de datos personales al mínimo
necesario, es decir, la información que se recopile debe ser (i) adecuada, (ii)
pertinente y (iii) acorde con las finalidades para las cuales fue prevista.
3.3.4.3. Por
último, el literal f) del artículo 4 de la Ley 1581 de 2012, describe el principio
de acceso y circulación restringida en los siguientes términos: “El
tratamiento se sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos personales, de las disposiciones de la presente ley y de la
Constitución (…). Los datos personales, salvo la información pública,
no podrán estar disponibles en internet u otros medios de divulgación o
comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para
brindar un conocimiento restringido (…)”[49].
Como se explicó en la citada Sentencia C-748 de 2011[50], de la
norma transcrita se derivan dos importantes consecuencias, en primer lugar, el
principio de circulación restringida implica
que “la divulgación y circulación
de la información está sometida a los límites específicos determinados por el
objeto de la base de datos, por la autorización del titular y por el principio
de finalidad, de tal forma que queda prohibida la divulgación indiscriminada de
los datos personales”.
Y, en
segundo lugar, en lo que respecta al acceso de datos personales por internet u
otro medio de divulgación o comunicación masiva, salvo la infor-mación pública,
no podrá estar disponible o de ser consulta generalizada, pues su
conocimiento se limita a los titulares o terceros autorizados conforme a la
ley. Como se observa la única excepción se encuentra en los datos públicos,
entre otras razones, porque a través de ellos se garantiza el derecho de todas
las personas a la información, conforme se establece en el artículo 20 del
Texto Superior[51],
así como la posibilidad de acceder a los documentos públicos, que contengan
información distinta a aquella que sea reservada o semiprivada, en los términos
del artículo 74 de la Constitución[52].
El
control al acceso de datos personales, como expresión del principio de acceso y
circulación restringida, refuerza el carácter individual del dato y
evita que la información contenida en una base de datos se utilice para
finalidades distintas a aquella que motiva su existencia. Por ello, en la aludida
Sentencia C-748 de 2011[53],
al referirse a los efectos de la prohibición en cita, se destacó que su
consagración (i) impide que “los datos no públicos sean publicados en
internet” y que, adicionalmente, tan sólo permite esto último, (ii) cuando
dicha publicación ofrece las garantías necesarias de restricción en el
acceso.
Así se
concluyó que: “[D]ebe reiterarse que el manejo de información no pública debe
hacerse bajo todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar que
terceros no autorizados puedan acceder a ella.”
3.3.4.4.
En conclusión, en criterio de esta Sala de Revisión, es claro que el principio
de finalidad supone la existencia de un objetivo constitucional legítimo
que, a su vez, delimita qué puede hacerse con el dato. Por su parte, el principio
de necesidad se refiere a que el tratamiento de dicho dato cumpla con el
fin que abarca su manejo. Por último, el principio de circulación
restringida, conduce a que el flujo de la
información deba tener relación directa con la finalidad, al tiempo que
restringe el acceso masivo a la información, con excepción de los datos de
naturaleza pública.
3.4. De la naturaleza y
funciones de los antecedentes judiciales y del certificado judicial
3.4.1. Esta Corporación, en la Sentencia
C-536 de 2006[54],
efectuó un análisis sobre la naturaleza del certificado judicial que, a pesar
de ser un documento público[55],
contenía información personal semiprivada referente a los antece-dentes
judiciales, que permiten asociar una situación determinada (haber sido
condenado por la comisión de una conducta punible, en un proceso penal, por una
autoridad judicial competente) con una persona natural[56].
De esta manera, si bien los
antecedentes constan en un documento público, dicha información no tiene esa
misma naturaleza, pues más allá de identificar, reconocer o singularizar –en
mayor o menor medida– a una persona, como ocurre con cualquier dato personal, en
virtud de los mandatos previstos en la Constitución, que apuntan a proteger el
derecho al trabajo (CP art. 25), a identificar a la pena con un fin
resocializador (CP art. 34) y adoptar medidas que impidan la discriminación o
exclusión social (CP art. 13), se entiende que, por los efectos negativos que
le son propios, es inadmisible su acceso o divulgación general o ilimitada. Precisamente,
este tipo de datos permiten asociar y vincular el nombre de una persona con acontecimientos
no queridos, perjudiciales o socialmente reprochables, que conducen al
debilitamiento de una imagen o incluso a la dificultad de poder construir una
en el futuro.
Por esta razón, en varias de sus
sentencias, la Corte ha reiterado que el tratamiento de los antecedentes
judiciales se encuentra sujeto al principio de acceso y circulación
restringida, por virtud del cual no cabe su divulgación o comunicación masiva.
Al respecto, en la Sentencia T-632 de 2010[57],
al pronunciarse sobre la imposibilidad de que la información relacionada con
dichos antecedentes consten en un formato en el que un tercero pueda inferir su
existencia (entre otras, cuando la pena esté cumplida o prescrita), se dijo que:
“la divulgación de la información relativa a la tenencia de antecedentes
penales, en un documento público como el certificado judicial, cuanto el
titular de la información no desea que otras personas conozcan esos datos,
viola la Constitución en tanto no están justificadas las interferencias que
ella produce en los derechos al buen nombre y al habeas data”[58].
Posteriormente, en la Sentencia SU-458 de 2012[59],
expresamente se consideró que el acceso irrestricto a un dato semiprivado, a
través de un formato que permite inferir la existencia de antecedentes
judiciales, trasgrede el derecho al habeas data, ya que faculta a terceros sin
interés legítimo a identificar datos que pueden conllevar al etiquetamiento de
la persona, los cuales, por su naturaleza, deben ser objeto de circular
restringida. De esta manera, expresamente se señaló que: “[L]a Corte considera
que la publicidad indiscriminada de la información sobre antecedentes penales
no cumple una finalidad legal o constitucional, no es útil ni necesaria. Por el
contrario, [se] considera (…) que dicha información facilita el ejercicio
incontrolado del poder informático, constituye una barrera para el acceso o la
conservación del empleo y facilita prácticas de exclusión social y
discriminación prohibidas por la Constitución”[60].
3.4.2. Inicialmente, como se
expuso en la precitada Sentencia C-536 de 2006, se consideró que el certificado
judicial buscaba acreditar la situación judicial de un ciudadano ante las
autoridades colombianas. En ese momento, el citado documento se requería para “posesionarse en cualquier empleo o cargo público y para celebrar
contratos de prestación de servicios con la administra-ción[61]; para la
tenencia o porte de armas de fuego[62];
para el trámite de visa, siempre y cuando sea solicitado por la respectiva
embajada; para ingresar al Ecuador; para recuperar la nacionalidad colombiana
de quienes hubieren sido nacionales por adopción[63]; [y] para la
adopción de menores de edad[64]”.
No obstante, en
la actualidad, dicho certificado mediante su consagración en un documento fue
suprimido por el artículo 93 del Decreto Ley 019 de 2012, razón por la cual nadie
está obligado a su presentación para poder adelantar trámites ante organismos
públicos o de carácter privado[65].
Por esta razón, en el artículo subsiguiente, se contempló la consulta en línea
de los antecedentes judiciales, frente a lo cual se dispuso la obligación de
acatar las normas y principios contenidos en la Ley General Estatutaria de
Protección de Datos Personales[66].
3.4.3. El examen
respecto del alcance de esta última obligación en relación con la divulgación
en línea de los antecedentes judiciales se adelantó en la Sentencia SU-458 de
2012, a partir del estudio de trece expedientes acumula-dos en los que se
solicitó a la autoridad competente la corrección actualiza-ción, eliminación o
cancelación de información personal sobre antecedentes penales, respecto de
personas que habían cumplido la pena o la misma estaba prescrita.
Para comenzar,
luego de un análisis referente a los principios que rigen el habeas data, esta
Corporación destacó que la información relacionada con antecedentes penales
cumple una función de prueba en torno a la existencia o no de inhabilidades
para el acceso a la función pública y para contratar con el Estado. Esta
función es de gran importancia para la protección de la moralidad
administrativa y el correcto ejercicio de la función pública[67]. De igual manera,
presta una labor en materia de dosimetría penal y otras herramientas vincula-das
con la ejecución de la pena[68].
En este contexto, este Tribunal destacó que existen varios propósitos
específicos a los cuales debe destinarse la informa-ción referente a los
antecedentes judiciales, cuyo ámbito de acción activa la exigilidad de los
principios de finalidad, necesidad, utilidad y circulación restringida que
rigen al habeas data.
En este orden de
ideas, y ante la posibilidad de acceder por parte de cualquier persona en línea
a la consulta de los antecedentes judiciales, cuya atribución en el caso objeto
de examen había conducido a la imposibilidad de algunos accionantes de ingresar
al mercado laboral, mientras que otros demandantes fueron despedidos o sus
contratos no renovados; en criterio de la Corte, daba lugar a una situación de
desconocimiento de los aludidos principios, en la medida en que se estaba
haciendo un uso ilegal e indebido por parte de particulares de una información semiprivada
prevista para otro tipo de fines, mediante una divulgación masiva que repercutía
directamente en sus derechos al trabajo y al habeas data. Por ello, en la parte
resolutiva y como medida de protección, entre otras, se dispuso a cargo de las
autoridades competentes la obligación de evitar que “cualquier persona sin
interés legítimo pueda conocer o inferir la existencia de antecedentes penales
de aquellas personas que hayan cumplido la pena, o cuya pena se encuentre
prescrita”[69].
Precisamente, en
relación con la vulneración de los principios de finalidad y circulación
restringida, cuya transcripción se realiza in extenso, se dijo que:
“En relación con el principio de finalidad, considera la
Corte que dichas actuaciones no se corresponden con alguna de las, ya anotadas,
estrictas y precisas finalidades a las que debe estar sometida la
administración de las bases de datos personales sobre antecedentes. Esta
circunstancia genera a su vez, como se verá, un desconocimiento a los
principios de utilidad, necesidad y circulación restringida.
La conducta
activa u omisiva de facilitar el acceso indiscriminado por parte de terceros a
la información acerca de si A, B, o C tienen antecedentes penales, no encuadra
en ninguna de las funciones relacionadas con el uso legítimo, legal y
constitucional de esta información. Tal acceso no está orientado a determinar
la existencia de inhabilidades para proteger la moralidad administrativa y el
correcto ejercicio de la función pública, no sirve de manera alguna para la
correcta aplicación de la normatividad penal; no cumple tampoco ningún fin
preciso de inteligencia o contrainteligencia de la que dependa la seguridad
nacional; no busca de manera concreta facilitar la cumplida ejecución de la
ley. (…) Advierte la Sala que en los casos bajo estudio, el conocimiento por
parte de terceros de la existencia de antecedentes penales de los actores
constituyó una barrera de facto para el ejercicio de su derecho al trabajo.
Ocho de los demandantes alegaron dificultades para acceder al mercado laboral, tres
de ellos indicaron que fueron despedidos o sus contratos no renovados, en razón
a que sus empleadores se enteraron de que tenían antecedentes penales. En
últimas, la finalidad de la información sobre antecedentes penales, como se
desprende de los hechos de los casos, favorece prácticas discrimina-torias en
el mercado laboral, y obstruye las posibilidades de reinserción de las personas
que, cumplida o prescrita la pena, han superado sus problemas con la ley.
(…) La
finalidad que de facto termina cumpliendo la información sobre antecedentes
penales, además, riñe con los propósitos resocializadores de la pena, y
desconoce mandatos legales concretos sobre el punto. (…) De otra parte, la Sala
no puede ignorar el argumento según el cual la publicidad indiscriminada de los
antecedentes penales pueda tener una finalidad constitucional legítima que
encuentra sustento en el genérico derecho a la información, reconocido en el
artículo 20 de la Constitución. Sin embargo, la Corte no comparte esta
alternativa. En primer lugar, porque en el contexto del habeas data la
administración de información personal debe estar sometida a una finalidad
estricta y precisa, y en este asunto, la Corte extraña la existencia de norma
que regule en debida forma las condiciones de acceso a dicha información por
parte de terceros no autorizados expresamente. Y en segundo lugar, porque los
precedentes de esta Corte, relacionados con los principios de finalidad,
utilidad y circulación restringida de los datos negativos así lo determinan.
[En efecto,
para la Corte] (…) la publicidad indiscriminada de la información sobre
antecedentes penales no cumple una finalidad legal o constitucional, no es útil
ni necesaria. Por el contrario, considera la Corte que dicha información
facilita el ejercicio incontrolado del poder informático, constituye una
barrera de facto para el acceso o la conservación del empleo y facilita
prácticas de exclusión social y discriminación prohibidas por la Constitución.
(…) [Por
consiguiente,] la Corte considera que la entidad encargada de administrar las
bases de datos sobre antecedentes penales (ya sea el entonces DAS o el actual
Ministerio de Defensa-Policía Nacional- Dirección de Investigación Criminal e
INTERPOL) vulneró y vulnera aún el derecho al habeas data de los demandantes,
al permitir que terceros no autorizados conozcan la existencia de antecedentes
penales asociados a su nombre. // Esta vulneración se presenta, en primer
lugar, por el desconocimiento de los principios de finalidad, necesidad,
utilidad y circulación restringida de la información personal sobre
antecedentes penales contenida en bases de datos; y en segundo lugar, por la
renuencia de la entidad encargada de la administración de dicha base de datos,
a suprimir de forma relativa dicha información, a pesar de que mediaba una
petición expresa de los demandantes para que terceros sin un interés
previamente determinado tuviesen conocimiento de dicha información.”
Como se observa
de lo expuesto, respecto del caso concreto, como ya se dijo, la Corte adoptó la
decisión de suprimir de forma relativa (o parcial), la información que había
dado lugar a la vulneración de los derechos invocados por los accionantes,
mediante el mandato de evitar que cualquier persona sin interés legítimo pueda
conocer o inferir la existencia de antecedentes penales de aquellas personas
que hayan cumplido la pena, o cuya pena se encuentre prescrita, para lo cual
básicamente se sugirió la adecuación de la leyenda que acompaña la consulta de
los antecedentes judiciales[70].
No obstante, obsérvese que no se dispuso la eliminación total (derecho al
olvido), en la medida en que este tipo de datos, por su propia naturaleza, en
algunas ocasiones cumplen una finalidad intemporal, como ocurre con la
identificación de inhabilidades para el acceso a la función pública y para
contratar con el Estado, en cuyo caso las autoridades competentes deben tener
la posibilidad de acceder, por razón de sus atribuciones y en cualquier tiempo,
a esta categoría de información[71].
3.4.4. Ahora bien, no sobra
recordar que los antecedentes penales, según lo previsto por el constituyente
en el artículo 248 del Texto Superior, incluyen los registros delictivos que se
refieren a una persona natural y que tienen sustento en “las condenas
proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva”. Por esta razón,
no puede confundirse la fuente o soporte de dicha información, con las reglas
que rigen el tratamiento de los datos que allí se disponen. En efecto, mientras
que es público el conocimiento de una sentencia debidamente ejecutoriada, el
tratamiento de los datos que allí se disponen está sujeto a las limitaciones
propias del habeas data, lo que implica que un asunto semiprivado, como lo es
la existencia de antecedentes judiciales, no puede estar sometido a una
divulgación masiva, entre otras, cuando se permite su acceso
y manejo ilimitado por cualquier persona mediante recursos ordinarios de
búsqueda, por el impacto que ello puede tener en la vida de las personas,
incluso en términos de resocialización. En efecto, como expresamente se dijo en
la citada Sentencia SU-458 de 2012:
“[I]ndependientemente
del carácter público de los soportes (sentencias judiciales ejecutoriadas), la
información personal está sometida a los principios de la administración de
datos. El carácter público de las sentencias no inhibe la fuerza normativa de
las reglas y principios que ordenan jurídicamente el tratamiento de información
personal contenida en bases de datos. Por tanto, la Corte afirma que la
publicidad indiscriminada de los antecedentes penales no se puede defender bajo
la idea de la publicidad de los soportes”.
3.4.5. En conclusión,
aun cuando en la actualidad el certificado judicial tiene una modalidad
distinta de escrutinio, en cuanto es posible consultar en línea los
antecedentes judiciales, como lo dispone el Decreto Ley 019 de 2012. Es claro
que, comoquiera que se trata de una información semiprivada, este Tribunal ha
considerado que –si ya no es requerida por autoridad judicial alguna– el
formato utilizado (pese a su acceso restringido) no puede permitir que se
identifique si la persona tiene o no antecedentes penales. Por lo demás, es
claro que dada la finalidad que cumple esta información, no es posible predicar
de ella el denominado derecho al olvido, por lo que el dato siempre seguirá
existiendo pero con la carga de no poder circular de forma masiva, en
cumplimiento de los principios de finalidad, necesidad y circulación restrin-gida
que identifican el derecho al habeas data. Precisamente, a partir de la
revisión de la página Web de la Policía Nacional en la que es posible consultar
los citados antecedentes[72],
se advierte que su uso se limita al titular de la información y que está
prohibido su acceso para verificar los datos de terceros[73]. Por último, es
relevante señalar que los antecedentes no son una pena en sí mismos
considerados, sino un registro de comportamientos delictivos atribuibles a una
persona, que, además, se diferencian de su fuente, ya que esta última es
considerada información de naturaleza pública.
3.5. Puntos de encuentro entre
el habeas data y las sentencias judiciales
3.5.1. Como se señaló en las
consideraciones anteriores, los datos personales son aquellos que permiten
relacionar a una persona natural con determinada información. De manera que,
una sentencia, además de estar caracterizada por quién la profiere, también es
susceptible de ser analizada desde la perspectiva del habeas data, ya que al
consultarla, es posible tender un vínculo entre una persona y los datos que
reflejan una precisa situación jurídica. Así las cosas, es innegable que, por
ejemplo, en el ámbito penal, y desde la perspectiva de la información, una
decisión condenatoria asocia a una persona con la comisión de un determinado comportamiento
punible.
3.5.2. Como reiteradamente se ha
sostenido por la jurisprudencia, la sentencia es un documento público, ya que
en su elaboración interviene una autoridad pública específica, como lo son los
jueces o los magistrados que integran las distintas corporaciones judiciales. La
publicidad de este acto de uno de los poderes públicos se fundamenta en al menos
dos normas constitucionales. Por una parte, el artículo 228 que exige que las
actuaciones de la administración de justicia sean públicas[74];
y por la otra, el artículo 74, en el que se dispone que todas las personas
tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que
establezca la ley[75].
Por lo demás, el inciso 3 del artículo 64 de la
Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, contempla que: “Las
decisiones en firme podrán ser consultadas en las oficinas abiertas al público
que existan en cada corporación para tal efecto o en las secretarías de los
demás despachos judiciales, salvo que exista reserva legal sobre ellas. Toda
persona tiene derecho a acceder a los archivos que contengan las providencias
judiciales y a obtener copia, fotocopia o reproducción exacta por cualquier
medio técnico adecuado, las cuales deberán expedirse, a costa del interesado”.
Aunado al citado fundamento
normativo, es claro que la publicidad de las sentencias también cumple otros
roles constitucionales importantes que exigen la posibilidad de su consulta.
Así, por ejemplo, de no conocerse el alcance que esta Corporación le ha dado a
un derecho fundamental, difícilmente una persona podría, en ejercicio de sus
derechos políticos, “interponer acciones públicas en defensa de la
Constitución y de la Ley”[76].
De igual manera, para efectos de control ciudadano, se vería restringido el
derecho de información[77],
pues no se podría conocer sobre determinas decisiones que impactan en la
sociedad o sobre las cuales existe un interés específico en la comunidad.
Aunado a ello, por ejemplo, en materia penal, no se podría controlar el
ejercicio del ius puniendi, en el sentido de constatar que una autoridad
juzga a una persona “conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa”[78]
y de acuerdo con las formas propias de cada juicio. Por ello, en criterio de la
Corte, no cabe duda de que una forma de garantizar el derecho de acceso a la
administración de justicia, supone la posibilidad de conocer la manera en que los
jueces han decidido las causas pretéritas[79].
3.5.3. Ahora bien, en respuesta al
flujo de información actual y a la necesidad de que todas las personas puedan acceder
a los datos relativos a las actua-ciones judiciales, el Código General del
Proceso contempla, en el artículo 103, el uso de las tecnologías de la
información, con el objeto de facilitar y agilizar su consulta, con excepción
de aquellas hipótesis en las que exista reserva[80].
Lo anterior, como se observa, promueve la posibilidad de acceso de todas las
personas en idénticas condiciones a la información judicial, sin importar en que
parte del país viven y de la opción que tengan o no de dirigirse al lugar en el
que se halla el archivo físico de la entidad. Se trata, en concreto, de una
medida que generaliza la consulta ciudadana, con miras a asegurar los propósitos
de pedagogía, información y control social al uso del poder, en los términos
previamente expuestos[81].
3.5.4. Al margen de lo anterior,
aun cuando la publicidad de las sentencias cumple importantes fines
constitucionales, no puede omitirse la circunstancia de que al incluir datos
personales eventualmente tengan incidencia sobre el derecho al habeas data, a
partir del cumplimiento de los principios de finalidad y circulación restringida
que le son propios. En efecto, la posibilidad de acceder a buscadores en línea,
que facilitan el acceso a la consulta de decisiones judiciales, previamente
publicadas en soportes de la Rama Judicial, puede convertirse en generadores de
hojas de vida públicas o en soportes de información de antecedentes penales,
que limitan las condiciones de vida de los destinatarios, especialmente en lo
que atañe a la satisfacción de sus derechos al trabajo y a la intimidad. Por
ejemplo, puede pensarse en una persona desempleada que envía su currículo a una
empresa en busca de empleo. Si al consultar en un buscador se llega a saber que
el interesado ha sido condenado penalmente, aun cuando haya cumplido su pena, es
posible que se descarte su contratación, en virtud de lo que la Corte ha
denominado “el estigma social”[82].
Lo mismo puede ocurrir cuando se publicita información sensible, como lo es la
concerniente a enfermedades sexuales o cuyo uso indebido puede generar
discriminación, en la que incluso se genera una carga desproporcionada frente a
la intimidad del titular de dicho dato.
Bajo esta circunstancia, aun
cuando se entiende que las sentencias son públicas, y así deben seguir
siéndolo, la información personal en ellas contenida está sometida a los
principios de la administración de datos, como se expuso en la citada Sentencia
SU-458 de 2012. De esta manera, aun cuando por regla general en el citado
documento se incluyen datos públicos, como ocurre con la información relativa
al estado civil, profesión u oficio o la calidad de servidores públicos de las
partes[83],
eventualmente pueden constar datos sensibles o semiprivados, en cuyo acceso
deben cumplirse los principios de finalidad, necesidad y circulación
restringida. Sobre el particular, en la Sentencia T-729 de 2002[84],
este Tribunal señaló que: “(…) el espectro de la información personal que puede
ser objeto de sigilo, se resuelve a partir de una gradación de la información.
Así, información personal reservada que, por alguna circunstancia (…) está
contenida en documentos públicos, nunca podrá ser revelada y, por lo mismo, no
puede predicarse de éste el ejercicio del derecho al acceso a documentos
públicos. (…) De lo anterior fluye que sólo los documentos públicos que
contengan información personal pública puede ser objeto de libre acceso”[85].
En este mismo sentido, como ya se
destacó en esta providencia, el literal f) del artículo 4 de la Ley 1581 de
2012 consagra el principio de circulación restringida, en virtud del cual el
tratamiento de información está sujeto a los límites de la naturaleza de los
datos, por tal razón, “los datos personales, salvo la información pública,
no podrán estar disponibles en internet u otros medios de divulgación masiva,
salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento
restringido sólo a los titulares o terceros autorizados conforme a la presente
ley”. Como se explicó con anterioridad, el control al acceso de datos
personales, como expresión del principio de acceso y circulación restringida,
refuerza el carácter individual del dato y evita que la información contenida
en una base de datos se utilice para finalidades distintas a aquella que motiva
su existencia. Por ello, en la Sentencia C-748 de 2011[86], al referirse a los
efectos de la prohibición en cita, se destacó que su consagración (i) impide
que “los datos no públicos sean publicados en internet” y que,
adicionalmente, tan sólo permite esto último, (ii) cuando dicha publicación
ofrece las garantías necesarias de restricción en el acceso. Así se concluyó
que: “[D]ebe reiterarse que el manejo de información no pública debe hacerse
bajo todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar que terceros no
autorizados puedan acceder a ella.”
Por último, no sobra resaltar la
restricción consagrada por el numeral 4 del artículo 24 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, conforme al
cual tiene carácter reservado cualquier informa-ción o documento que involucre
los derechos a la privacidad e intimidad de las personas.
El desarrollo de esta limitación
ha sido especialmente relevante en los casos en que las sentencias involucran datos
sensibles, en los que, por ejemplo, la jurisprudencia reiterada de esta
Corporación ha dispuesto la supresión de los nombres reales de las partes o de
terceros para impedir la identificación de los sujetos involucrados, con miras
a proteger su intimidad y a evitar la ocurrencia de actos discriminatorios, sin
que –por dicho motivo– se afecten los propósitos de pedagogía, información y
control social al uso del poder que justifican la publicidad de las sentencias.
Entre otros, se destacan sentencias en materia de víctimas de delitos sexuales,
violencia intrafamiliar, enfermos de VIH u otras afecciones que pueden generar
rechazo o discriminación, casos de hermafro-ditismo o estados intersexuales[87].
Por lo demás, esta misma
protección ha sido otorgada por la Superintendencia de Industria y Comercio al
tramitar quejas dirigidas a proteger el derecho al habeas data. Así, en
decisión del pasado 22 de enero de 2014, se ordenó a la relatoría de la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia suprimir el nombre de una menor y de los
datos de sus familiares que permitiesen su identifica-ción, en las versiones
que se publiquen en internet de una providencia, y de todas las publicaciones
que se hayan efectuado o se efectúen de la misma, por contener el dato sensible
referente a que fue víctima de abuso sexual alrededor de la edad de doce años. Sobre
este punto, se expuso que:
“Una vez
expuesto lo anterior se concluye que si bien la información pública de los
menores de edad, tal como su nombre, puede ser objeto de tratamiento, esa
información sólo puede ser tratada cuando se persiga una finalidad dirigida al
respeto de sus derechos y a la prevalencia de sus intereses en el cuidado y
protección por parte del Estado, como sucede en el caso de la información
recopilada por empresas prestadoras de servicios de salud o instituciones
educativas, entre otros. No obstante, existen supuestos en los cuales el
tratamiento de información se debe hacer con ciertas salvaguardas con el fin de
evitar una desprotección del titular de los datos. Este supuesto de
desprotección se verifica, entre otros, cuando se hace pública una información
que tiene la potencialidad de afectar los derechos fundamentales de un menor.
En el caso que
ahora es objeto de análisis por parte de esta Delegatura, se denuncia el hecho
de que el nombre de la menor, el de sus padres, y los datos de ubicación
geográfica del lugar donde se llevaron a cabo los actos de violencia en su
contra, son visibles y de fácil acceso para todas las personas que incluyan en
el motor de búsqueda Google el nombre de la menor o el de alguno de sus
padres, razón por la cual su padre solicita la intervención de esta
Superintendencia para evitar que la publicación de esa información en internet
le afecte psicológica y emocionalmente y genere algún tipo de discriminación en
su contra.
(…) En virtud
de todo lo anterior se aclara que a pesar de que la información de la menor
YYY, así como la de su familiar se encuentra en un documento considerado como
de acceso al público (sentencia judicial debidamente ejecutoriada), por
tratarse de información sensible relativa a una menor de edad víctima de una
conducta punible, su acceso indiscriminado puede acarrear consecuencias graves
para su futuro emocional, social y psicológico. (…)
Con fundamento
en las consideraciones expuestas, esta Superintendencia le ordena a la
relatoría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia: (…) Que de manera
inmediata, suprima de las versiones que publique en internet de la providencia
dictada el 16 de mayo de 2007, dentro del proceso No. 22224 y de todas las
publicaciones que se hayan efectuado o se efectúen de la misma, el nombre de la
menor YYY, el de sus familiares, así como todos los datos que permitan la
identificación de éstos (…)”[88].
3.5.5. En conclusión, la
publicidad de las sentencias responde a precisos fines constitucionales y
legales relacionados con propósitos de pedagogía, informa-ción y control
social, a través de los cuales se permite el estudio de la manera como los jueces
deciden sus causas o han decidido causas pretéritas. Por lo demás, el uso de
las actuales tecnologías (como la internet) para llevar a cabo dicha publicidad,
conduce a una democratización de la información, ya que permite –sin ningún
tipo de barrera– el acceso de toda persona a consultar las bases de datos que las
contienen. No obstante lo anterior, aun cuando se entiende que las sentencias
son públicas, y así deben seguir siéndolo, la información personal contenida en
ellas está sometida a los principios de la administración de datos, por lo que
eventualmente pueden incluir datos sensibles o semiprivados, en cuya
circulación y acceso deben cumplirse los principios de finalidad, necesidad y
circulación restringida que rigen el derecho al habeas data. Esta última
circunstancia habilita la supresión relativa de información, con miras a
proteger la intimidad, el derecho al trabajo o la reinserción de las personas
en la sociedad, a través de medidas que garanticen la imposibilidad de proceder
a su identificación, en concreto en las versiones que se publiquen en la Web de
una providencia.
4. Caso concreto
4.1. De la procedencia de la
acción de tutela
4.1.1. Como fue señalado con
anterioridad, el objeto sobre el cual se pronuncia la Corte en esta oportunidad
se circunscribe a determinar si se vulneró o no el
derecho al habeas data, cuando una sentencia
ejecutoriada de la cual se desprende información respecto de las
conductas punibles por las que fue condenada la accionante, es
objeto de publicación en un medio masivo de circulación abierto al público,
cuyo acceso es posible por cualquier persona mediante recursos ordinarios de
búsqueda (internet), a pesar de que ya se declaró la extinción y
rehabilitación de las sanciones impuestas entre los años 2003 y 2007.
4.1.2. Teniendo en cuenta el
objeto de esta controversia, la Sala considera que el caso planteado es
procedente para ser resuelto mediante acción de tutela, por las siguientes
razones: (i) en cuanto a la legitimación por activa, porque el amparo se
promueve directamente por una persona natural, la cual es titular del derecho cuya
protección se solicita[89];
y (ii) en lo que atañe a la legitima-ción por pasiva, porque la
solicitud se dirige contra una autoridad pública, como lo es la Corte Suprema
de Justicia, a cuya acción u omisión se atribuye la violación del derecho[90].
Ahora bien, en
lo que corresponde (iii) al carácter subsidiario de la acción de tutela,
en virtud de lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, es preciso recordar que la Corte ha
señalado que el amparo constitucional está llamado a prosperar cuando no
existan otros mecanismos de defensa judicial o cuando, aun existiendo, se
acredita que los mismos no son lo suficientemente idóneos para otorgar un
amparo integral, o no son lo suficientemente expeditos para evitar un perjuicio
irremediable.
En el asunto sub-judice, si
bien la Ley 1581 de 2012, en el artículo 19, dispone que la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de una Delegatura para la
Protección de Datos Personales, ejercerá la vigilancia para asegurar el
respeto de los principios, garantías y procedimientos previstos para la defensa
del habeas data, entre cuyas funciones se encuentran la de “velar por el
cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos personales” y
la de “adelantar las investigaciones del caso, de oficio o a petición de
parte y, como resultado de ellas, ordenar las medidas que sean necesarias para
hacer efectivo el [citado] derecho (…)”[91];
es claro que dichas atribuciones, por su propia naturaleza, responden a una actuación
típicamente administrativa que no excluye la vía judicial prevista para el
amparo del citado derecho fundamental, la cual, en la actualidad, se concreta
en la acción de tutela. En estos términos, en la Sentencia C-748 de 2011[92],
al adelantar el examen de constitucionalidad de las normas en cita, en especial
aquella que se refiere a la obligación de realizar un requerimiento previo como
requisito de procedibilidad, la Corte expresó que:
“Lo dispuesto
en este artículo no riñe con la Constitución, por el contrario permite al
titular del dato agotar las instancias correspondientes de una forma lógica,
dado que no tiene sentido acudir al órgano de protección del dato para que
active sus facultades de vigilancia, control y sanción, por señalar sólo
algunas, en relación con el responsable o encargado del dato, cuando éste ni
siquiera conoce las pretensiones del titular y no ha tenido la oportunidad de
decidir si le asiste o no la razón, porque no ha hecho uso de los mecanismos para
consulta y reclamo que debe implementar todo responsable y encargado del
tratamiento, según los artículos 17 y 18, literales k) y f), respectivamente.
(…)
Lo expuesto
aquí sin perjuicio de acudir a la acción de tutela como mecanismo judicial de
protección del derecho fundamental al habeas data”[93].
Por lo anterior, a juicio de esta
Sala, la acción de tutela formulada por la accionante resulta procesalmente
viable, con fundamento en el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución
Política, conforme al cual esta acción resulta procedente cuando no se disponga
de ningún medio de defensa judicial[94].
Regla que se ratifica en el artículo 9 del Decreto 2591 de 1991, en el que
excluye como requisito para su procedencia, la necesidad de interponer previamente
algún recurso administrativo[95].
Por lo demás, (iv)
en lo que respecta al cumplimiento del principio de inmediatez[96],
se observa que la presente acción de tutela se interpone respecto de un hecho
continuado en el tiempo, como lo es la publicación en la internet de una
sentencia que se refiere a los antecedentes judiciales de la accionante, cuya
afectación es actual y presente.
Finalmente, (v) es
preciso señalar que a pesar de que la recurrente solicitó a la autoridad
demandada que dicha información fuese eliminada, la respuesta que obtuvo
fue contraria a sus intereses, pues se preservó el dato cuestionado con
fundamento en el deber de publicidad de las sentencias, en los términos de los
artículos 74 y 228 de la Constitución Política. Con lo anterior, también se
acredita el agotamiento de una etapa previa de requerimiento, cuya
exigencia a diferencia lo expuesto en este caso, se demanda exclusivamente de
los particulares que tienen bajo su cargo el tratamiento de datos personales,
como se deriva del numeral 6 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991[97].
4.1.3. En virtud de las razones
expuestas, esta Sala de Revisión encuentra que se satisfacen los requisitos de
procedencia del amparo y, por ende, se procederá al examen de fondo del conflicto
planteado.
4.2. Del análisis de los
cargos atinentes a la vulneración del habeas data
4.2.1. Como previamente se
expuso, en criterio de la Corte, aun cuando se entiende que las sentencias
debidamente ejecutoriadas son públicas, y así deben seguir siéndolo, la
información personal en ellas contenida, en lo que respecta a su circulación, está
sometida a los principios de la administración de datos, como se expuso –por
ejemplo– en la Sentencia SU-458 de 2012[98].
De esta manera, aun cuando por regla general en el citado documento se incluyen
datos públicos, como ocurre con la información relativa al nombre, estado
civil, profesión u oficio o la calidad de servidores públicos de las partes,
eventualmente pueden incluir datos sensibles o datos semiprivados, en cuya
circulación y acceso deben cumplirse los principios de finalidad, necesidad y
circulación restringida. Por ello, como se dijo en la Sentencia           T-729
de 2002[99],
“sólo los documentos públicos que contengan información personal pública puede
ser objeto de libre acceso”.
4.2.2. Visto lo anterior, en
primer lugar, se observa que de acuerdo con el principio de finalidad del
habeas data, es claro que “el tratamiento debe obedecer a una finalidad
legítima[,] de acuerdo con la
Constitución y la ley (…)”. De donde se deriva que, es contrario a este
principio cualquier recopila-ción que no estuviera especificada en lo que a su
finalidad se refiere, así como la utilización o divulgación del dato por fuera
de los márgenes trazados en la delimitación de su propósito. Como se observa se
trata no sólo de una herramienta útil para soslayar arbitrariedades en el manejo
de la información por parte de quien trata el dato o por quien, eventualmente,
puede acceder o hacer uso del mismo; sino que también permite lograr una
protección objetiva de los derechos de las personas con ocasión de un
inadecuado manejo de dicho datos. En este orden de ideas, como se expuso
previamente, sí con el paso del tiempo, el uso de los datos personales cambia a
formas que la persona no espera o permite un objeto distinto al inicialmente
previsto, es necesario por parte de las autoridades competentes o del juez
constitucional adoptar las medidas que correspondan para preservar la
integridad del habeas data y de sus derechos relacionados.
En el asunto bajo examen, es
claro que la publicidad de las sentencias cumple importantes fines constitucionales
relacionados con propósitos de pedagogía, información y control social, a
través de los cuales se permite el estudio de la manera como los jueces deciden
sus causas o han decidido causas pretéritas. Por lo demás, como se señaló con
anterioridad, el uso de las actuales tecno-logías para llevar a cabo dicha
publicidad, conduce a una democratización de la información, ya que permite
–sin ningún tipo de barrera– el acceso de toda persona a consultar las bases de
datos que las contienen.
Este actual sistema de consulta
se contrasta frente al acceso restringido que existía con anterioridad,
básicamente en las sedes de los despachos judiciales o en ediciones impresas
que se encontraban en relatorías o bibliotecas públicas, lo que ha conducido a
la transformación de un estado de divulgación limitada (incluso sin que
estuviese asociada al nombre) a un fenómeno de amplia o múltiple exposición de
la persona y a que la distinta información personal que sobre ella consta en
las sentencias se vuelva prácticamente pública. En efecto, hoy en día, con la
existencia de motores de búsqueda prácticamente se puede conocer el estatus
judicial de otro.
El problema que ha generado esta
exposición mediática no tendría ningún problema de constitucionalidad, si las
sentencias tan sólo incluyeran datos públicos, no obstante en su contenido es
posible hacer referencia a datos sensibles o incluso a datos semiprivados, los
cuales, en el primer caso, repercuten directamente en la intimidad de la persona
y, en el segundo, en la finalidad que justifica su almacenamiento y circulación
restringida, vinculada con la caracterización de un aspecto puntual de las
personas (como ocurre con los antecedentes judiciales), con impacto directo en
garantías como el derecho al trabajo, la libertad de profesión u oficio y/o la
libertad económica.
De esta manera, se vulnera el
principio de finalidad, en la medida en que se permite, así sea de forma
indirecta, que la información sobre una persona que ha sido objeto de
tratamiento, pueda ser utilizada con un propósito distinto al previsto y que,
en virtud de ello, se incurra en arbitrariedades en el manejo de los datos por
quien pueda acceder a su uso.
En el caso sometido a decisión,
como se pone de presente por la accionante, la exposición a la que se encuentra
sometida como consecuencia de la divulga-ción masiva a través de medios
tecnológicos de la sentencia en la que fue condenada por la comisión de varias
conductas punibles, a pesar de que frente a las sanciones impuestas ya se
declaró su extinción y rehabilitación entre los años 2003 y 2007, más allá de
realizar los fines propios que justifican el acceso público a los fallos
judiciales, como lo son las razones de pedagogía y control social previamente
expuestas, está imponiendo una carga despropor-cionada en su contra, creando
una nueva fuente de consulta de antecedentes judiciales, por fuera de los
controles limitados que existen sobre la materia, especialmente en términos de
acceso restringido y funciones que cumple dicha información. Esta circunstancia
ha generado una situación de estigmatización, por virtud de la cual ha visto
frustradas oportunidades laborales y comerciales.
Esta situación constituye una
clara violación de su derecho al habeas data, pues si bien existe el deber de
almacenar y publicar las sentencias, lo cierto es que el acceso masivo a un
dato semiprivado, como lo es la existencia de antecedentes judiciales frente a
los cuales una persona logró la extinción y rehabilitación de la sanción, está permitiendo
(en el actual sistema de consulta) el uso de la información para un fin
radicalmente distinto al que justifica su tratamiento. Ello ha generado una
barrera de facto para el ejercicio de los derechos al trabajo y a la libertad
económica de la accionante, a la vez que riñe con los propósitos
resocializadores de la pena, que amparan una de las facetas de la dignidad
humana.
En este sentido, no sobra
recordar que si bien no se requiere la autorización del titular para acceder y
tratar información requerida por las autoridades públicas en ejercicio de sus
funciones legales o por orden judicial[100].
En todo caso, la entidad receptora, como ocurre en este caso con una autoridad
judicial, tiene el deber de cumplir con las obligaciones de protección y
garantía que se derivan del derecho fundamental al habeas data, en especial
respecto de los principios de finalidad, utilidad y circulación restringida[101].
En este orden de ideas, si bien
no puede existir ningún reparo en el hecho de que aparezca el nombre de la
accionante en la sentencia ejecutoriada, pues en materia penal ello constituye
un elemento que da certeza sobre la identidad o individualización del condenado[102],
no por ello resulta constitucionalmente admisible, especialmente de acuerdo con
el principio de finalidad que rige al habeas data, que la identificación
semiprivada que allí consta, referente a los antecedentes penales de un sujeto que
se resocializó frente a la sociedad, se utilice, por su divulgación masiva, para
fines distintos a los que justifica la publicidad de los fallos judiciales.
Así las cosas, por ejemplo, si
bien la colectividad tiene interés en constatar los aspectos de relevancia de
un proceso penal, tales como el cumplimiento de las garantías procesales, o la
correcta aplicación de la normativa que regula la materia, cuyo control
ciudadano puede realizarse de manera concomitante con el adelantamiento del
proceso judicial, entre otras, con miras a garantizar el derecho de información;
le es indiferente para efectos de pedagogía o consulta que se publiquen de
forma masiva datos que permitan identificar a la persona, pues en el fondo lo
que importa es comprobar que el juzgador ejerció de manera adecuada sus
funciones al momento de conocer un caso o simple-mente poder identificar el
modo como lo hizo, sin que finalmente tenga trascendencia el nombre del sujeto
involucrado. Para no ir más lejos la teoría del precedente judicial, como lo ha
identificado la Corte, no depende del nombre de los sujetos que hacen de un
proceso, sino de la regla de derecho que surge de la aplicación de las normas
jurídicas (entre ellas los principios) frente a determinados supuestos
fácticos.
De igual manera, en lo que atañe
al interés de la colectividad de conocer sobre los antecedentes penales de una
persona, debe indicarse que para ello ya existe un régimen normativo que
destaca el carácter semiprivado de dicha informa-ción, circunscribiendo la
posibilidad de acceso y circulación de esos datos, como se expuso en el acápite
3.4 de esta providencia.
Con fundamento en lo expuesto, se
entiende que respecto del caso concreto, por fuera del registro histórico e
inmodificable de la sentencia ejecutoriada proferida en contra de la
accionante, la exposición mediática a la que ha sido sometida, derivada de la
posibilidad de consultar un dato semiprivado que la identifica, a partir de la
publicación del citado fallo en un medio tecnológico de acceso generalizado,
como lo es la internet, no sólo ha vulnerado su derecho al habeas data en lo
que atañe al carácter restrictivo del principio de finalidad, sino que también
ha visto comprometido sus derechos al trabajo y a la dignidad humana, al
existir en la práctica una nueva forma de consulta de los antecedentes
judiciales, por fuera de los controles limitados expuestos por la Corte y
adoptados las autoridades competentes.
4.2.2. En segundo lugar, la forma
como actualmente se permite la consulta de las sentencias judiciales, en
algunos casos particulares, como el que es objeto de pronunciamiento, también
implica el desconocimiento del habeas data en lo que respecta al principio de
acceso y circulación restringida. En efecto, el literal f) del artículo 4 de la
Ley 1581 de 2012 dispone que “los datos personales, salvo la información
pública, no podrán estar disponibles en internet u otros medios de divulgación
masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un
conocimiento restringido sólo a los titulares o terceros autorizados conforme a
la presente ley”.
Como se explicó con anterioridad,
este mandato refuerza el carácter individual del dato y evita que la
información contenida en una base de datos se utilice para finalidades
distintas a aquella que motiva su existencia. Por ello, en la Sentencia C-748
de 2011[103],
al referirse a los efectos de la prohibición en cita, se destacó que su
consagración impide que “los datos no públicos sean publicados en internet”
y que, adicionalmente, tan sólo permite esto último, (ii) cuando dicha publicación
ofrece las garantías necesarias de restricción en el acceso. Incluso esta
Corporación se abstuvo de condicionar la exequibilidad de la norma en cuestión,
a partir de la solicitud ciudadana de especificar que “los datos privados,
semiprivados, reservados o secretos” no pueden ser objeto de publicación en
línea, “a menos que ofrezcan todos los requerimientos técnicos”, en
consideración a que se entendió que dicha prohibición se deriva de la lectura
misma de la disposición mencionada.
Lo anterior, respecto de las
sentencias judiciales, implica admitir que si bien por su naturaleza son un
documento público, cuando las mismas incorporen un dato que debe ser protegido,
como ocurre con la información sensible o con los datos semiprivados, ello
conduce al establecimiento de una regla de circulación restringida, con el fin
de no generar una carga desproporcionada frente al titular de dicha
información, en lo que respecta a su intimidad o al desarrollo de su derecho al
trabajo, a la libertad de escoger profesión u oficio y/o la libertad económica.
Por lo anterior, en el asunto sub-judice,
encuentra la Corte que efectivamente se desconoce el citado principio, en
cuanto a través del acceso generalizado a la consulta de decisiones judiciales,
a partir del uso de los actuales sistemas de publicación, se permite que
terceras personas puedan acceder –sin ninguna restricción– a los soportes en
donde constan datos semiprivados, como lo es la información sobre los
antecedentes penales de la accionante. Sobre este punto no sobra recordar que,
como se dijo en la citada Sentencia SU-458 de 2012[104],
la publicidad indiscriminada referente a dicho tipo de información “no cumple
una finalidad legal o constitucional, no es útil ni necesaria. Por el
contrario, considera la Corte que (…) facilita el ejercicio incontrolado del
poder informático, constituye una barrera de facto para el acceso o la
conservación del empleo y facilita prácticas de exclusión social y
discriminación prohibidas por la Constitución.” Tal como fue denunciado por la
accionante a través del ejercicio del presente amparo constitucional.
4.2.3. Por lo anterior, sin que
pueda operar el denominado derecho al olvido, ya que la sentencia sigue siendo
fuente de una información que cumple finalidades constitucionales y legales
relevantes, por ejemplo, en términos de acceso a la función pública
(constatación de inhabilidades), sí es procedente ordenar, respecto de los
soportes de la Rama Judicial, una supresión relativa consistente en reemplazar
o sustituir de las versiones que se encuentra publicadas en internet de la
sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia del 15 de noviembre de 2000, el nombre de la accionante, por una sucesión
de letras o números que impidan su identificación.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Tercera de Revisión de la
Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución
RESUELVE
Primero.-
REVOCAR la sentencia proferida el 4 de julio de 2013 por la
Sala de Decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, que denegó el amparo solicitado por la señora XX contra
la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. En su lugar, por las razones
expuestas en esta providencia, CONCEDER el amparo de su derecho
fundamental al habeas data, en lo que respecta a la protección de los
principios de finalidad y circulación restringida.
Segundo.- ORDENAR a la
Relatoría de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que en
un plazo máximo de ocho (8) días contados a partir de la notificación de esta
sentencia, respecto de los soportes de la Rama Judicial, reemplace o sustituya
de las versiones que se encuentra publicadas en internet de la sentencia
proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia del 15
de noviembre de 2000, el nombre de la accionante, por una sucesión de letras o
números que impidan su identificación.
Tercero.- LÍBRESE por
Secretaría la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con
salvamento de voto
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
SALVAMENTO VOTO
DEL MAGISTRADO
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
A LA SENTENCIA
T-020/14
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN ACTUACIONES JUDICIALES-Las decisiones en firme podrán
ser consultadas salvo que exista reserva legal sobre ellas (Salvamento de
voto)/SENTENCIA JUDICIAL-Documento público de conformidad con lo
dispuesto en el Código de Procedimiento civil (Salvamento de voto)
El
principio de publicidad rige las actuaciones judiciales, salvo las excepciones
consagradas en la ley, y aunque no se trata de un principio absoluto, considero
que siendo la sentencia judicial un documento público y atendiendo a las normas
que permiten su divulgación a través de medios informáticos sin que exista
reserva legal, no puede la Corte ordenar su modificación, toda vez que el
contenido de la sentencia es pública. La Corte Suprema de Justicia no es una
entidad que administre datos, maneje información personal o antecedentes
judiciales, su función es judicial y debe en consecuencia, cumplir las
exigencias que prevé la ley y la Constitución para publicar sus decisiones.
Referencia:
Expediente T-4.033.635
Acción de tutela presentada por Nora Elena González Navarro contra
la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.
Magistrado
Ponente:
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Con el respeto acostumbrado, manifiesto
mi disenso con la decisión de la mayoría de revocar la sentencia proferida por
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que denegó el amparo
solicitado y la orden proferida por la Corte Constitucional según la cual: “respecto
de los soportes de la Rama Judicial, reemplace o sustituya de las versiones que
se encuentran publicadas en internet de la sentencia proferida por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia del 15 de noviembre de 2000, el
nombre de la accionante por una sucesión de letras o números que impidan su
notificación”, por las razones que a
continuación de manera breve expongo:
La sentencia judicial es un documento
público de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil[105].
La Corporación ha señalado que conforme una interpretación sistemática de la
Constitución y los instrumentos internacionales, el principio de publicidad en
el proceso penal se evidencia: 1) en el transcurso de las actuaciones y
procedimientos judiciales en las que se conocen los sujetos procesales, y 2) cuando se ha adoptado una decisión judicial, pues el
principio de publicidad supone el deber de los funcionarios judiciales de
comunicar, dar a conocer y divulgar a la opinión pública o a la comunidad en
general, el contenido y los efectos de sus decisiones, en consecuencia, por
regla general, “no hay reserva de la sentencia”.[106]
El artículo 8º del Pacto de San José[107] y el artículo 14 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos disponen que “La prensa y
el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por
consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad
democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o,
en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por
circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los
intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa
será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija
lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la
tutela de menores”. (Subrayado fuera
del texto).
De conformidad con los artículos, 64[108]
y 95[109] de la Ley 270 de 1996, las
decisiones en firme podrán ser consultadas en las oficinas abiertas al público
que existan en cada Corporación  para tal efecto, o en las secretarías de los
demás despachos judiciales, salvo que exista reserva legal sobre ellas.
Asimismo, se dispone implementar la tecnología al servicio de la administración
de justicia, y juzgados, tribunales y corporaciones judiciales los cuales podrán
utilizar cualquier medio técnico, electrónico, informático y telemático para el
cumplimiento de sus funciones. Se advierte además que los documentos
emitidos por los citados medios cualquiera que sea su soporte gozarán de la
validez y eficacia de un documento original.
Desde esa perspectiva y en consideración a lo dispuesto en los
artículos 74 y 228 de la Constitución Política el principio de publicidad rige
las actuaciones judiciales, salvo las excepciones consagradas en la ley, y
aunque no se trata de un principio absoluto, considero que siendo la sentencia
judicial un documento público y atendiendo a las normas que permiten su
divulgación a través de medios informáticos sin que exista reserva legal, no
puede la Corte ordenar su modificación, toda vez que el contenido de la
sentencia es pública. La Corte Suprema de Justicia no es una entidad que
administre datos, maneje información personal o antecedentes judiciales, su
función es judicial y debe en consecuencia, cumplir las exigencias que prevé la
ley y la Constitución para publicar sus decisiones.
Una valoración distinta es la que se impone frente a situaciones
en las que están concernidos sujetos en condición de vulnerabilidad o que son
merecedores de especial protección, como es el caso de los menores de edad, o de
personas con graves enfermedades y de difícil tolerancia social quienes, en
virtud de principios como el interés superior del menor y la necesidad de un
especial amparo por parte del Estado, requieren de un manejo discreto y privado
tratándose de las actuaciones y providencias judiciales. Como quiera que la
accionante no se encuentra dentro de este grupo especial de personas, estimo
que debió negarse el amparo. Aspecto en relación con el cual compartimos lo
argumentado y decidido por el juez de instancia en el trámite de la acción de
tutela.
Fecha ut supra,
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
[1]
En lo que respecta al derecho al olvido.
[2]
Cuaderno 1, folio 63.
[3]
Las normas en cita disponen que: “Artículo 74. Todas las personas
tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que
establezca la ley. (…)” “Artículo 228. La administración de justicia es
función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán
públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas
prevalecerá el derecho sustancial. (…)”.
[4]
Cuaderno 1, folio 4.
[5]
M.P. Adriana María Guillén Arango.
[6]
Cuaderno 1, folios 69
a 74.
[7]
La norma en cita dispone que: “Artículo 64. Comunicación y
divulgación. Ningún servidor público podrá en materia penal o disciplinaria
divulgar, revelar o publicar las actuaciones que conozca en ejercicio de sus
funciones y por razón de su actividad, mientras no se encuentre en firme la
resolución de acusación o el fallo disciplinario, respectivamente. // Por
razones de pedagogía jurídica, los funcionarios de la rama judicial podrán
informar sobre el contenido y alcance de las decisiones judiciales. Tratándose
de corporaciones judiciales, las decisiones serán divulgadas por conducto de
sus presidentes. // Las decisiones en firme podrán ser consultadas en las
oficinas abiertas al público que existan en cada corporación para tal efecto o
en las secretarías de los demás despachos judiciales, salvo que exista reserva
legal sobre ellas. Toda persona tiene derecho a acceder a los archivos que
contengan las providencias judiciales y a obtener copia, fotocopia o
reproducción exacta por cualquier medio técnico adecuado, las cuales deberán
expedirse, a costa del interesado. // PARAGRAFO. En el término de
tres meses contados a partir de la vigencia de la presente Ley, será contratada
la instalación de una red que conecte la oficina de archivos de las sentencias
de la Corte Constitucional con las Comisiones Primeras Constitucionales
Permanentes del Congreso de la República y de las secciones de leyes.”
[8]
M.P. Jaime Córdoba Triviño. En esta providencia se analizó una
demanda contra varios artículos de la Ley 788 de 2002, “por la cual se
expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial,
y se expiden otras disposiciones”.
[9]
M.P. Alejandro Martínez Caballero. En esta providencia se
estudiaron, entre otros, temas relacionados con  tratamientos médicos para el
hermafroditismo y ambigüedad sexual, al igual que la autonomía de las familias
en esta materia y los riesgos de discriminación social contra personas que
presentan tal ambigüedad.
[10]
M.P. Jaime Córdoba Triviño. En esta oportunidad, la
Corte se pronunció sobre un caso en el cual el problema jurídico giraba en
torno a la desatención de una autoridad judicial de unas excepciones
presentadas, alegando extemporaneidad, debido a que el apoderado judicial había
efectuado el cómputo de los términos con base en una información errónea
suministrada por el computador del juzgado.
[11]
La norma en cita dispone que: “Artículo 95. Tecnología
al servicio de la administración de justicia. El Consejo Superior de la
Judicatura debe propender por la incorporación de tecnología de avanzada al
servicio de la administración de justicia. Esta acción se enfocará
principalmente a mejorar la práctica de las pruebas, la formación, conservación
y reproducción de los expedientes, la comunicación entre los despachos y a
garantizar el funcionamiento razonable del sistema de información. // Los
juzgados, tribunales y corporaciones judiciales podrán utilizar cualesquier
medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para el cumplimiento
de sus funciones. // Los documentos emitidos por los citados medios, cualquiera
que sea su soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento original
siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de
los requisitos exigidos por las leyes procesales. // Los procesos que se
tramiten con soporte informático garantizarán la identificación y el ejercicio
de la función jurisdiccional por el órgano que la ejerce, así como la
confidencialidad, privacidad, y seguridad de los datos de carácter personal que
contengan en los términos que establezca la ley.”
[12]
Cuaderno 1, folios 76
a 77.
[13]
En la primera actuó como ponente el Magistrado Eduardo Montealegre Lynett;
mientras que, en la segunda, el Magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra.
[14]
Las normas en cita disponen que: “Artículo 85. Funciones
administrativas. Corresponde a la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura: (…) 13. Regular los trámites judiciales y
administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos
no previstos por el legislador.” “Artículo 95. Tecnología al
servicio de la administración de justicia. El Consejo Superior de la
Judicatura debe propender por la incorporación de tecnología de avanzada al
servicio de la administración de justicia. Esta acción se enfocará
principalmente a mejorar la práctica de las pruebas, la formación, conservación
y reproducción de los expedientes, la comunicación entre los despachos y a
garantizar el funcionamiento razonable del sistema de información. // Los
juzgados, tribunales y corporaciones judiciales podrán utilizar cualesquier
medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para el cumplimiento
de sus funciones.
Los documentos emitidos
por los citados medios, cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez y
eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su
autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las
leyes procesales. // Los procesos que se tramiten con soporte informático
garantizarán la identificación y el ejercicio de la función jurisdiccional por
el órgano que la ejerce, así como la confidencialidad, privacidad, y seguridad
de los datos de carácter personal que contengan en los términos que establezca
la ley.” “Artículo 104. informes que deben rendir los
despachos judiciales. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado, la Fiscalía General de la Nación, la Sala
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, los Tribunales y los
Juzgados deberán presentar, conforme a la metodología que señalen los
reglamentos de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,
los informes que ésta solicite para el cabal ejercicio de sus funciones. // Dichos
informes, que se rendirán cuando menos una vez al año, comprenderán entre otros
aspectos, la relación de los procesos iniciados, los pendientes de decisión y
los que hayan sido resueltos”.
[15]
Al respecto, el primer inciso del citado artículo establece que “Todas las
personas tienen (…) derecho a conocer, actualizar y rectificar las
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en
archivos de entidades públicas y privadas”.
[16]
Sobre la materia, entre otras, se pueden consultar las siguientes
sentencias: C-060 de 1994, T-729 de 2002, C-1066 de 2002, C-1011 de 2008, T-632
de 2010, C-748 de 2011 y SU 458 de 2012.
[17]
“Por la cual se dictan las disposiciones generales
del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de
datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de
servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones.”
[18]
“Por la cual se dictan disposiciones generales para la
protección de datos personales.”
[19]
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En esta providencia se
analizó la constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 184 de
2010 Senado; 046 de 2010 Cámara, el cual culminó siendo la
Ley 1581 de 2012.
[20]
M.P. Adriana María Guillén Arango.
[21]
M.P. Adriana Guillen Arango.
[22]
En dicha oportunidad, la
Corte se pronunció sobre la solicitud de amparo impetrada por varias personas
que habían sido condenadas y, posteriormente, una autoridad judicial declaró la
extinción de la condena o la prescripción de la pena. Todos los actores, por
motivos laborales, solicitaron la expedición de sus antecedentes judiciales,
que fueron gestionados indicando que registraban antecedentes, pero que no eran
requeridos por ninguna autoridad judicial. Algunos de los demandantes
solicitaron al DAS la eliminación de la anotación, pero su petición fue
resuelta de manera adversa. Por su parte, la autoridad administrativa demandada
alegó que no tenía la competencia para cancelar los dados y que debía por ley
expedir dichas certificaciones. Como problema jurídico, la
Corte analizó si la citada autoridad administrativa, al permitir que terceros
accedieran a información personal, con un formato del cual se podía inferir la
existencia de antecedentes, conculcaba el derecho al habeas data. Luego del
análisis de rigor, esta Corporación concluyó que se desconocían los principios
esenciales del manejo de la información semiprivada, ya que se autorizaba el
acceso indiscriminado a datos sin tener en cuenta la finalidad que explicaba el
acopio de los antecedentes judiciales, permitiendo así su uso para cualquier
fin, fuera legítimo o no. No obstante, enfatizó que la supresión total de
dichos datos no era posible, pues de ellos dependía la aplicación de
inhabilidades previstas en la Constitución y en la ley. Por lo anterior, ordenó
que se dejara de utilizar un formato del que pudiera inferirse la existencia de
antecedentes, una vez la persona dejara de ser requerida por alguna autoridad.
[23]
El artículo 3 de la Ley 1581 de 2012 define como tratamiento: “Cualquier
operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la
recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión”.
[24]
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[25]
La norma en cita dispone que: “la presente ley tiene por
objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a
conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre
ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos,
libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la
Constitución Política, así como el derecho a la información consagrado en el
artículo 20 de la misma”. Énfasis por fuera del texto original.
[26]
Ley 1581 de 2012, art. 3, lit. c).
[27]
Sentencia SU-458 de 2012, M.P. Adriana María Guillén Arango.
[28] Ley 1266 de 2008, art. 2, lit. f).
[29] Ley 1266 de 2008, art. 2, lit. g).
[30] Ley 1266 de 2008, art. 2, lit. h).
[31]
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[32]
Los literales d) y e) del artículo 3 de la ley en cita indican que: “Encargado
del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí
misma o en asocio con otros, realice el tratamiento de datos personales por
cuenta del Responsable del Tratamiento”; “Responsable del Tratamiento:
Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con
otros, decida sobre la base de datos y/o el tratamiento de los datos”. En relación con estos sujetos, en la Sentencia C-748 de
2011, la Corte señaló que para una verdadera garantía del derecho al habeas
data es necesario que se pueda establecer de manera clara la responsabilidad de
cada uno de ellos, en el evento de que el titular del dato decida ejercer sus
derechos. Cuando dicha determinación no exista o resulta difícil llegar a ella,
las autoridades correspondientes harán presumir la responsabilidad solidaria de
todos.
[33]
Sobre el particular, al pronunciarse sobre la exequibilidad
del artículo 1 de la Ley 1581 de 2012, conforme al cual: “La presente ley
tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las
personas  a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se
hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos,
libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la
Constitución Política (…)”, la Corte señaló que: “(…) como bien lo
indica la Defensoría del Pueblo, (…) las garantías del habeas data enunciadas
en este artículo no son las únicas que comprenden el derecho. Ciertamente, del
derecho al habeas data se desprenden no solamente las facultades de conocer,
actualizar y rectificar las actuaciones que se hayan recogido sobre el titular,
sino también otras como autorizar el tratamiento, incluir nuevos
datos, o excluirlos o suprimirlos de una base de datos o archivo. Por
tanto, si bien la disposición se ajusta a la Carta, no debe entenderse como una
lista taxativa de las garantías adscritas al derecho”. Énfasis por fuera
del texto original.
[34]
Sentencia C-1011 de 2008, reiterada en el fallo C-748 de 2011.
Énfasis por fuera del texto original.
[35]
Recuérdese que la ley define al titular como la persona natural cuyos
datos personales son objeto de tratamiento. Ley 1581 de 2012, art. 3, lit. f).
[36]
Decreto 1377 de 2013, art. 3, núm. 2, en concordancia con lo expuesto en la
Sentencia C-748 de 2011.
[37]
Sobre el particular no sobra recordar que el artículo 74 de la
Constitución dispone que: “Todas las personas tienen el derecho a acceder a
los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. (…)”.
[38]
Sentencia C-748 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[39]
M.P. Adriana María Guillen Arango.
[40]
Sentencia SU-458 de 2012, M.P. Adriana María Guillen Arango.
[41]
Sentencia SU-458 de 2012, M.P. Adriana María Guillen Arango.
[42]
Precisamente, respecto de este último, en la Ley 1266 de 2008 se dispone que: “Artículo
3. (…)  Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada,
ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su
titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en general,
como el dato financiero y crediticio de actividad comercial o de servicios a
que se refiere el Título IV de la presente ley.” “Artículo 13. Permanencia
de la información. La información de carácter positivo permanecerá de
manera indefinida en los bancos de datos de los operadores de información. // Los
datos cuyo contenido haga referencia al tiempo de mora, tipo de cobro, estado
de la cartera, y en general, aquellos datos referentes a una situación de
incumplimiento de obligaciones, se regirán por un término máximo de
permanencia, vencido el cual deberá ser retirada de los bancos de datos por el
operador, de forma que los usuarios no puedan acceder o consultar dicha
información. El término de permanencia de esta información será de cuatro (4)
años contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o
sea pagada la obligación vencida.”. Esta última disposición fue declarada
exequible en la Sentencia C-1011 de 2008, en el entendido de que “la
caducidad del dato financiero en caso de mora inferior a dos años, no podrá
exceder el doble de la mora, y que el término de permanencia de cuatro años
también se contará a partir del momento en que se extinga la obligación por
cualquier modo”.
[43]
Lo anterior se desprende de los artículos 1 y 4 de la
Ley 1581 de 2012.
[44]
Sobre los principios en general se puede consultar el numeral 2.6.3 de la Sentencia
C-748 de 2011. En él se enumeran, entre otros, los principios de libertad,
necesidad, finalidad, utilidad, veracidad, integralidad en el manejo de los
datos, circulación restringida, incorporación, caducidad e individualidad.
[45]
M.P. Adriana María Guillen Arango
[46]
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[47]
Ley 1581 de 2012, art. 10.
[48]
Sentencia C-748 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[49]
Énfasis por fuera del texto original. Una norma similar se
encuentra en el literal c) del artículo 4 de la Ley 1266 de 2008, conforme a la
cual: “La administración de datos personales se sujeta a los límites que se
deriven de la naturaleza de los datos, de las disposiciones de la presente ley
y de los principios de la administración de datos personales[,] especialmente
de los principios de temporalidad de la información y finalidad del banco de
datos (…)”.
[50]
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[51]
El mencionado artículo, en el inciso primero, contempla que: “se garantiza a
toda persona la libertad de (…) informar y recibir información veraz e
imparcial (…)”.
[52]
Como ya se dijo, la norma en cita dispone que: “Todas las personas tienen derecho
a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.
(…)”.
[53]
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[54]
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[55]
Tal y como lo señala el artículo 243 de la
Ley 1564 de 2012, “Por medio de la cual se expide el Código General del
Proceso y se dictan otras disposiciones”, el “(…) documento público es
el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su
intervención. Así mismo, es público el documento otorgado por un particular en
ejercicio de funciones públicas o con su intervención”.
[56]
La identificación de los antecedentes judiciales como dato semiprivado
deviene de la Sentencia T-632 de 2010, en la que al explicar su naturaleza
jurídica se sostuvo que: “(…) pertenece a una esfera de la personalidad que
[aunque] no es íntima o reservada, tampoco es pública ya que no puede ser
divulgada indiscriminadamente y sin propósitos constitucionalmente aceptables,
o en todo caso de forma desproporcio-nada”.
[57]
M.P. María Victoria Calle Correa.
[58]
Énfasis por fuera del texto original.
[59]
M.P. Adriana María Guillen Arango.
[60]
Sentencia SU-458 de 2012, M.P. Adriana María Guillen Arango.
[61] El
parágrafo del artículo primero de la Ley 190 [de 1995] “Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la
moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de
erradicar la corrupción administrativa”
[dispone que]: “(…) Quien fuere nombrado para
ocupar un cargo o empleo público o celebre un contrato de prestación de
servicios con la administración deberá, al momento de su posesión o de la firma
del contrato, presentar certificado sobre antecedentes expedido por la
Procuraduría General de la Nación y el certificado sobre antecedentes penales
expedido por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Sólo podrán
considerarse como antecedentes las providencias ejecutoriadas emanadas de
autoridad competente.”
[62]
Decreto Ley 2535 de 1993, artículos 33 y 34.
[63]
Ley 43 de 1993, artículo 25, parágrafo 2.
[64]
Decreto 2737 de 1989, Código del Menor, artículo 105, literal g).
[65]
La norma en cita establece que: “Supresión
del certificado judicial. A partir de la vigencia del presente
Decreto-Ley, suprímase el documento certificado judicial. En consecuencia,
ninguna persona está obligada a presentar un documento que certifique sus
antecedentes judiciales para trámites con entidades de derecho público o
privado.”
[66]
En lo pertinente para este caso, el artículo en mención señala
lo siguiente: “Consulta en línea de
los antecedentes judiciales. Las entidades públicas o los
particulares que requieran conocer los antecedentes judiciales de cualquier
persona nacional o extranjera podrán consultarlos en línea en los registros de
las bases de datos a que se refiere el artículo siguiente.// Para tal efecto,
el Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional responsable de la custodia
de la información judicial de los ciudadanos implementará un mecanismo de
consulta en línea que garantice el derecho al acceso a la información sobre los
antecedentes judiciales que allí reposen, en las condiciones y con las
seguridades requeridas que establezca el reglamento.// En todo caso, la
administración de registros delictivos se sujetará a las normas contenidas en la
Ley General Estatutaria de Protección de Datos Personales (…)”.
[67]
Así, por ejemplo, los artículos 179 numeral 1, y 197 de la
Constitución, disponen que no puede ser congresista ni presidente de la
República quien haya sido condenado “en cualquier época, por sentencia
judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o
culposos”. Igualmente, de conformidad con el artículo 122, inciso 5
(modificado mediante artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2004, y artículo 4
del Acto Legislativo 01 de 2009) del Texto Superior, no podrán ser inscritos
como candidatos, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni
contratar con el Estado, “quienes hayan sido condenados, en cualquier
tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o
quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción
o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por
narcotráfico en Colombia o en el Exterior”.
[68]
A manera de ilustración, el artículo 55 del Código Penal señala que la carencia
de antecedentes penales es una circunstancia de menor punibilidad, al tiempo
que el artículo 68A prohíbe la concesión de cualquier subrogado a quien haya
sido condenado por delito doloso dentro de los cinco años anteriores.
[69]
Sentencia SU-458 de 2012, M.P. Adriana María Guillen Arango.
[70]
Sobre este punto, no sobra recordar que la leyenda utilizada que daba lugar a
identificar la existencia de antecedentes judiciales señalaba que: “No
registra antecedentes/no es requerido por autoridad judicial”, en su lugar,
la Corte propuso la siguiente fórmula: “no tiene asuntos pendientes con las
autoridades judiciales”.
[71]
Al respecto, se manifestó que: “Como se indicó a partir de la consideración 18
de este fallo, la facultad de suprimir es una de las conductas reconocidas por
la Corte como pretensiones subjetivas de creación jurisprudencial
suficientemente reconocida en la jurisprudencia constitucional. Sin embargo, en
este caso la facultad de suprimir no es absoluta, ni incluye la pretensión de
desaparición total de la información sobre antecedentes de la base de datos
respectiva. La facultad de supresión debe entenderse en juego dinámico con el
resto de los principios de administración de información personal, y sobre
todo, en relación con el principio de finalidad. Es claro que la conservación
de los antecedentes penales cumple finalidades constitucionales y legales
legítimas a las que ésta Corte ha hecho constante referencia (moralidad de la función
pública, aplicación de la ley penal, actividades de inteligencia, ejecución de
la ley). Por tanto, considera la Corte que no hace parte del derecho de habeas
data en su modalidad suprimir, la facultad de exigir al administrador de la
base de datos sobre antecedentes penales, la exclusión total y definitiva de
tales antecedentes. En este caso, no hay, en los términos de la sentencia T-414
de 1992, un derecho al olvido como tal.  No lo puede haber, al menos, mientras
subsistan las finalidades constitucionales del tratamiento de este tipo
específico de información personal. // Sin embargo, es opinión de la Corte que,
en virtud del propio principio de finalidad, unido a los de utilidad, necesidad
y circulación restringida, si hace parte del derecho fundamental al habeas data
la facultad de supresión relativa. El habeas data en esta modalidad fue
desconocido en este caso. Además, el propósito del habeas data-supresión fue
truncado por el entonces DAS al impedir que los titulares de la información
personal negativa limitaran la circulación de dicha información para evitar ser
rechazados, discriminados o excluidos. El habeas data en su facultad supresión
es especialmente importante cuando se ejerce frente a la administración de
información personal negativa,  la cual tiene por sí misma un alto potencial
dañino al entrar al ávido torrente de la sociedad. Al no omitir la expresión
que permitía inferir la existencia de antecedentes penales de los
peticionarios, e inhibir así las facultades de control de la información
personal, el entonces DAS vulneró el derecho al habeas data en su modalidad
supresión relativa.”
[72]
http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/
[73]
Puntualmente, se dice que: “[La] consulta de
Antecedentes Judiciales por Internet, es un servicio de carácter permanente que
presta la Policía Nacional de Colombia, con el ánimo que los ciudadanos
puedan validar su información judicial personal. El uso de la información
suministrada por la Policía Nacional de Colombia está limitada a fines privados
y personales, cualquier uso para una finalidad diferente, como la obtención
de un beneficio económico o la consulta de información personal de un
tercero, será considerado irregular y estará sujeto al inicio de las
acciones legales pertinentes. Se prohíbe expresamente a cualquier
persona natural o jurídica diferente del titular de los datos la utilización de
la información personal contenida en este sitio WEB y sus secciones,
así como de los aplicativos que permiten su acceso. Este sitio WEB cuenta con
mecanismos de seguridad para controlar el acceso y la utilización de la
información contenida en ella por lo tanto la Policía Nacional de Colombia
podrá bloquear el acceso al sitio WEB por cualquier utilización que considere
irregular y entablar las acciones legales correspondientes. (…)”. Énfasis
por fuera del texto original.
[74]
En lo pertinente, el mencionado artículo establece: “La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las
actuaciones serán públicas (…)”.
[75]
El mencionado artículo contempla que “Todas las personas
tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que
establezca la ley”.
[76] CP art. 40, núm. 6.
[77] CP art. 20.
[78]
CP art. 29.
[79]
CP art. 228.
[80]
En lo pertinente para este caso, según el citado artículo, “En
todas las actuaciones judiciales deberá procurarse el uso de las tecnologías de
la información y las comunicaciones en la gestión y trámite de los procesos
judiciales, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia, así
como ampliar su cobertura”.
[81]
Cabe señalar que lo anterior ha sido materializado a través del Sistema de
Información de Gestión de Procesos y Manejo Documental (Justicia XXI),
siguiendo lo establecido en el Acuerdo 1591 de 2002 del Consejo Superior de la
judicatura.
[82]
Sentencia T-632 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa.
[83]
Decreto 1377 de 2013, art. 3, núm. 2.
[84]
M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[85]
Sentencia T-729 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[86]
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[87]
Véanse, entre otras, las Sentencias T-1025 de 2002, T-554 de 2003, T-1021 de
2003, T-349 de 2006, T-794 de 2007, T-856 de 2007, T-732 de 2009, T-051 de
2010, T-078 de 2010, T-509 de 2010, T-898 de 2010,               T-1042 de
2010, T-025 de 2011, T-036 de 2011, T-622 de 2014, T-734 de 2014 y T-878 de
2014.
[88]
Superintendencia de Industria y Comercio, 22 de enero de 2014,
radicación 13-262645-4-0, adoptada por el Superintendente Delegado para la
Protección de Datos Personales.
[89]
El artículo 86 de la Constitución Política dispone que: “Toda
persona tendrá acción de tutela (…)”, el cual se desarrolla por el
artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, en los siguientes términos: “La acción
de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por
sí misma o a través de representante (…)”. Énfasis propio.
[90]
El citado artículo 86 del Texto Superior señala que: “Toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar (…) la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública
(…)”. Énfasis propio.
[91]
Ley 1581 de 2012, art. 21.
[92]
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[93]
Subrayado por fuera del texto original.
[94]
El mencionado inciso dispone: “Esta acción solo procederá cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
[95]
Expresamente la norma en cita dispone que: “No será necesario interponer
previamente la reposición u otro recurso administrativo para presentar la
solicitud de tutela (…)”.
[96]
Sobre el alcance de este principio, la Corte ha sostenido que la procedibilidad de la acción de tutela también exige que su
interposición se haga dentro de un plazo razonable, contabilizado a partir del
momento en el que se generó la vulneración o amenaza del derecho fundamental,
de manera que el amparo constitucional no se convierta en un factor de
inseguridad jurídica y de posible afectación de los derechos de terceros.
[97]
La norma en cita dispone que: “La acción de tutela procede
contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos: (…) 6.
Cuando la entidad privada sea aquélla contra quien se hubiere hecho la
solicitud en ejercicio del habeas data, de conformidad con lo establecido
en el artículo 15 de la Constitución”. Énfasis por fuera del texto
original.
[98]
M.P. Adriana María Guillen Arango. Expresamente se dijo que: “El
carácter público de las sentencias no inhibe la fuerza normativa de las reglas
y principios que ordenan jurídicamente el tratamiento de información personal
contenida en bases de datos”.
[99]
M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[100]
Ley 1581 de 2012, art. 10, lit. a.
[101]
Así, en la Sentencia C-748 de 2011, se manifestó que: “[Esta
excepción] (…) ‘no puede convertirse en un escenario proclive al abuso del
poder informático, esta vez en cabeza de los funcionarios del Estado. Así, el
hecho que el legislador estatutario haya determinado que el dato personal puede
ser requerido por toda entidad pública, bajo el condicionamiento [de] que la
petición se sustente en la conexidad directa con alguna de sus funciones,
de[be] acompasarse con la garantía irrestricta del derecho al habeas data del
titular de la información’. En efecto, amén de la infinidad de posibilidades en
que bajo este expediente puede accederse al dato personal, la aplicación del
precepto bajo análisis debe subordinarse a que la entidad (…) receptora cumpla
con las obligaciones de protección y garantía que se derivan del citado derecho
fundamental, en especial la vigencia de los principios de finalidad, utilidad y
circulación restringida”.
[102]
Sobre el citado atributo, esta Corporación ha señalado que: “[el] nombre tiene por finalidad fijar la identidad de una persona en
las relaciones sociales y ante el Estado, de suerte que la hace distinguible en
el entorno. En sentido estrictamente jurídico, el nombre es una derivación
integral del derecho a la expresión de la individualidad (…), por cuanto es un
signo distintivo del individuo ante los demás, con el cual se identifica y lo
reconocen como distinto”.
[103]
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[104]
M.P. Adriana María Guillén Arango.
[105]
Artículo 251Documento público es el otorgado por funcionario público en
ejercicio de su cargo o con su intervención. Cuando consiste en un escrito
autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público;
cuando es otorgado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado
en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública.
[106]
T-049 de 2008.
[107] “El proceso penal debe ser
público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la
justicia”.
[108]
Ningún servidor público podrá en
materia penal o disciplinaria divulgar, revelar o publicar las actuaciones que
conozca en ejercicio de sus funciones y por razón de su actividad, mientras no
se encuentre en firme la resolución de acusación o el fallo disciplinario,
respectivamente.
Por
razones de pedagogía jurídica, los funcionarios de la rama judicial podrán
informar sobre el contenido y alcance de las decisiones judiciales. Tratándose
de corporaciones judiciales, las decisiones serán divulgadas por conducto de
sus presidentes.
Las
decisiones en firme podrán ser consultadas en las oficinas abiertas al público
que existan en cada corporación para tal efecto o en las secretarías de los
demás despachos judiciales, salvo que exista reserva legal sobre ellas. Toda
persona tiene derecho a acceder a los archivos que contengan las providencias
judiciales y a obtener copia, fotocopia o reproducción exacta por cualquier
medio técnico adecuado, las cuales deberán expedirse, a costa del interesado.
PARÁGRAFO. En el término de tres meses contados a
partir de la vigencia de la presente Ley, será contratada la instalación de una
red que conecte la oficina de archivos de las sentencias de la Corte
Constitucional con las Comisiones Primeras Constitucionales Permanentes del
Congreso de la República y de las secciones de leyes.
[109] “El
Consejo Superior de la Judicatura debe propender por la incorporación de
tecnología de avanzada al servicio de la administración de justicia. Esta acción
se enfocará principalmente a mejorar la práctica de las pruebas, la formación,
conservación y reproducción de los expedientes, la comunicación entre los
despachos y a garantizar el funcionamiento razonable del sistema de
información.
Los
juzgados, tribunales y corporaciones judiciales podrán utilizar cualesquier
medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para el cumplimiento
de sus funciones.
Los
documentos emitidos por los citados medios, cualquiera que sea su soporte,
gozarán de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede
garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos
exigidos por las leyes procesales.
Los
procesos que se tramiten con soporte informático garantizarán la identificación
y el ejercicio de la función jurisdiccional por el órgano que la ejerce, así
como la confidencialidad, privacidad, y seguridad de los datos de carácter
personal que contengan en los términos que establezca la ley”.