T-794-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-794/11
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Criterios generales y especiales
de procedibilidad
DEFECTO
FACTICO-Configuración/DEFECTO
PROCEDIMENTAL-Configuración
DEFECTO
SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL
PRECEDENTE
VERTICAL-Concepto
Esta
figura se refiere al deber de observancia de los lineamientos sentados por los
órganos encargados de unificar jurisprudencia.  En ese orden de ideas, un juez
de inferior jerarquía debe seguir la posición adoptada por los entes judiciales
superiores. Para la mayoría de asuntos, la interpretación que deben seguir los
funcionarios judiciales es determinada por la Corte Suprema de Justicia o el
Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción.
En los asuntos que no son susceptibles de ser revisados por esas corporaciones,
quienes se encargan de dictar la pauta hermenéutica en materia judicial son los
Tribunales Superiores de cada Distrito. En consecuencia, cuando las altas
corporaciones se han pronunciado sobre un asunto particular, el juez debe
aplicar la subregla sentada por ellas. En estos casos la autonomía judicial se
restringe a los criterios unificadores de dichos jueces colegiados.
FALLO
INHIBITORIO DICTADO DENTRO DE LA JUSTICIA ORDINARIA-Régimen
constitucional
En
síntesis, la sentencia C-666 de 1996 rechazó la posibilidad de que un juez se
abstenga de tomar una decisión de fondo o, en otras palabras, de definir una
solución para el conflicto que se la ha planteado por las partes. De hecho, en su
parte resolutiva, tal providencia condicionó el fallo de la siguiente manera: “en
el sentido de que las providencias judiciales inhibitorias únicamente pueden
adoptarse cuando, ejercidas todas las atribuciones del juez y adoptadas por él
la totalidad de las medidas procesales para integrar los presupuestos del
fallo, resulte absolutamente imposible proferir decisión de fondo”.
DEBIDO PROCESO-Vulneración por
cuanto Tribunal se declaró inhibido en proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho contra acto administrativo de reconocimiento de pensión de
sobrevivientes de menor que ostentaba mejor derecho sucesoral que los padres
del causante
PENSION
DE SOBREVIVIENTES-Orden a la Policía Nacional reconocer y pagar la pensión y la
compensación por muerte, a la menor quien fue reconocida por anticipado como
hija del causante
Referencia:
expediente T-3106563
Acción de tutela
instaurada por Siceris Rocío Ortiz Hernández en representación de su hija Ledis
María Mosquera Ortiz contra el Tribunal Administrativo del Cesar.
Magistrado
Ponente:
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Bogotá D.C.,
veinte (20) de octubre de dos mil once (2011)
La
Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Nilson Pinilla Pinilla y Jorge Iván
Palacio Palacio, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, en particular las contenidas en los artículos 86 y
241, numeral 9 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, profiere la
siguiente
SENTENCIA
Dentro
del proceso de revisión del fallo proferido por la Sección Quinta de la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que revocó el fallo
proferido por la Sección Cuarta de la misma Corporación.
I.
ANTECEDENTES
La
señora Siceris Rocío Ortiz Hernández, a través de apoderado, en representación
de su menor hija Ledis María Mosquera Ortiz, presentó acción de tutela solicitando
el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, al derecho
de los niños, a la educación, a la salud, a la recreación, a la dignidad humana
y al libre desarrollo de la personalidad, que estimó vulnerados a partir de la
providencia de 1° de julio de 2010, dictada por el Tribunal
Administrativo del Cesar, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho iniciado en contra del acto administrativo de reconocimiento de pensión
de sobrevivientes proferido por la Policía Nacional.
1.    Hechos
Desde
el 6 de septiembre de 1996 entre la señora Siceris Rocío Ortiz y el señor Julio
César Mosquera Góngora, patrullero activo de la Policía Nacional, se inició una
unión marital de hecho que perduró por más de dos años, en forma continua e
ininterrumpida hasta el 18 de noviembre de 1998, momento en que falleció el
uniformado.
Fruto
de dicha unión, el 14 de abril de 1999 nace la niña Ledis María Mosquera Ortiz.
Expone la actora que el causante efectuó el reconocimiento anticipado de la
menor ante la Notaría Segunda del Círculo de Riohacha, a fin de garantizarle
todos los beneficios o auxilios que por derecho le correspondieran en el evento
de presentarse su muerte.
Mediante
Resolución número 01428 del 6 de septiembre de 2000, la Policía Nacional
reconoció la pensión de sobrevivientes a la menor Ledis María Mosquera Ortiz.
Igualmente ordenó pagar a la beneficiaria la suma de $35.957.677 como indemnización
por la muerte del uniformado. Los padres del policía fallecido impugnaron esta
decisión, sin embargo la institución la ratificó.
Posteriormente,
el señor José Elías Mosquera, padre del patrullero Mosquera Góngora, inició una
acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del citado acto
administrativo, argumentando que se había falsificado la firma del causante en
la escritura en que se le reconocía como hija póstuma. Ante tal situación, la actora
decidió dejar en suspenso el cobro de los derechos y prestaciones causados con
ocasión de la muerte de su compañero.
A
partir de lo anterior, el Jefe de Procesos de Pensionados de la Policía
Nacional en Bogotá le solicitó que iniciara proceso de filiación natural, para
así remitir una copia de la sentencia de reconocimiento a la entidad, a efectos
de cumplir con el eventual pago de las respectivas prestaciones. Ella inició
tal trámite el cual fue repartido al Juzgado Tercero de Familia de Valledupar,
el 13 de enero de 2006.
El
28 de junio de 2007 el Tribunal Administrativo de La Guajira declaró la nulidad
de la Resolución 01428 de 2000, que reconocía la pensión de sobrevivientes y la
indemnización a la menor Ledis María Mosquera Ortiz. Como restablecimiento del
derecho dispuso que los derechos y prestaciones respectivas fueran otorgados a
los señores José Mosquera y María Góngora de Mosquera, padres del fallecido
Julio César Mosquera Góngora.
Por
su parte y un poco más adelante, el Juzgado Tercero de Familia de Valledupar, mediante
sentencia del 31 de octubre de 2007, declaró a la menor Ledis María Mosquera
Ortiz como hija extramatrimonial y póstuma del extinto Julio César Mosquera Góngora,
providencia que fue enviada inmediatamente a la Policía Nacional para obtener
el pago de la pensión e indemnización respectiva. Esta entidad elevó escrito al
Tribunal Administrativo de La Guajira, en el que informó la existencia de tal
fallo y solicitó que se definiera quién podía reclamar la pensión de
sobrevivientes.
En
cumplimiento de lo descrito y luego de dar trámite a una acción de tutela por
el derecho de petición[1], la
Policía Nacional expidió la Resolución número 00499 del 4 de junio de 2008, que
declaró como beneficiarios de la pensión a los padres del causante y a la madre
de la menor como deudora del Tesoro Público por la suma de $187’756.931, por
concepto de mesadas y compensación por causa de muerte. Contra este acto
administrativo la actora esgrime que presentó el recurso de apelación
respectivo, sin precisar cuales fueron los resultados del recurso.
Frente
a lo anterior, la accionante presentó una nueva acción de tutela con el fin de
evitar un perjuicio irremediable, pretendiendo que de manera transitoria se
ampararan los derechos fundamentales de su hija, dejando sin efectos la
Resolución 00499 de 2008, mientras el acto se atacaba ante la jurisdicción
contencioso administrativa. En aquella oportunidad el Tribunal Administrativo
del Cesar, por medio de fallo del 11 de julio del mismo año, concedió el amparo
invocado y procedió a suspender temporalmente los efectos del acto
administrativo cuestionado.
En
cumplimiento de la anterior mencionada, la Policía Nacional expidió la
Resolución 00640 de 18 de julio de 2008, por medio de la cual resolvió suspender
provisionalmente los efectos de la Resolución 00499 del 4 del mismo año, así
como reconoció y ordenó el pago de la pensión a favor de la menor Ledis María
Mosquera.
Con
fundamento en ello, se inició el proceso contencioso correspondiente, del cual
conoció en primera instancia el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Valledupar, que en sentencia del 24 de junio de 2009 declaró la nulidad de la Resolución
00499 de 2008 y ordenó a la Policía Nacional que reconociera y pagara la
pensión de sobrevivientes a la menor Ledis María Mosquera. La decisión se
fundamentó en que (i) la menor ostentaba mejor derecho sucesoral que sus
abuelos y (ii) existía un proceso de reconocimiento de filiación natural a su
favor.
Apelada
tal decisión, el Tribunal Administrativo del Cesar decidió revocar el fallo
proferido por el a quo y a través de sentencia del 1º de julio de 2010, se
inhibió de fallar de fondo, en la medida que se trataba de un acto
administrativo de ejecución no susceptible de ser demandado.
2.    Razones
expuestas en el escrito de tutela
La
accionante, a través de apoderado, expone que el acto de inhibirse por parte
del Tribunal Administrativo del Cesar rompe el esquema del Estado Social de Derecho,
en la medida que quebranta sus fines, afectando el núcleo de la sociedad que es
la familia y los derechos de los niños.
Agrega
que el fallo atacado ha ocasionado una inestabilidad emocional y económica a su
familia, hasta el punto de dejar indefensa a su hija menor que ostenta mejor
derecho que sus abuelos respecto a los beneficios causados con ocasión del
fallecimiento de su padre.
A
su juicio, el Tribunal Administrativo del Cesar le da prioridad a criterios
formalistas y no analiza la naturaleza jurídica del acto administrativo, que en
últimas lo que quiso fue modificar una situación jurídica que afecta los
derechos de una niña.
Indica
además que esta actuación judicial constituye una vía de hecho porque  (i) desconoce
todas las garantías que la Constitución consagra para los niños; (ii) deja en
el desamparo a una madre cabeza de familia y a su menor hija; causándoles
claramente un perjuicio irremediable; (iii) la pensión constituye el único
medio de subsistencia de la madre y de su hija; (iv) dejarla sin ese sustento
implicaría una grave “obstrucción en su educación, en su calidad de vida y
libre desarrollo de la personalidad”. Particularmente, plantea la
existencia de un defecto fáctico para lo cual expone lo siguiente:
“En el caso
concreto, el Tribunal Administrativo del Cesar, incurrió en una vía de hecho
por defecto fáctico por vía de una acción positiva, debido a que interpretó
erradamente las normas y no dio el trámite correspondiente defecto que se presenta
cuando el juez aplica el derecho sin contar con el apoyo de los hechos
determinantes del supuesto legal, es decir, cuando el funcionario judicial
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión”.
Finalmente
hizo alusión a los derechos de los niños y a la administración de justicia como
un sistema que deja por fuera las garantías constitucionales que le son propias
a las personas vulnerables, las cuales por culpa de decisiones similares a la
cuestionada “quedan sin amparo y a la espera de un milagro jurídico a muchos
colombianos. Los criterios utilizados son indolentes solo por salir del paso, y
aplican criterios no para proteger ni garantizar una causa, sino para evacuar
trabajo sin importarles el daño que se ocasione”.
3.    Solicitud de
tutela
A
través del escrito de tutela se solicita la revocatoria del fallo del 1º de
julio de 2010 proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar y en su lugar,
la confirmación de la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Valledupar.
Como
medida preventiva pide la suspensión provisional de los efectos del fallo de
segunda instancia, en aras de evitar un perjuicio a la menor Ledis María
Mosquera Ortiz, en cuanto la pensión constituye su único medio de
supervivencia.
4.    Pruebas
allegadas al expediente
El
material probatorio relevante está formado por:
1.     Resolución 01428
donde la Policía reconoce  y ordena pagar  a la menor la pensión por muerte de
su padre.
2.     Sentencia de
filiación extramatrimonial proferida por el Juzgado Tercero de Familia de
Valledupar, donde reconoce a la menor Ledis Mosquera como hija del fallecido
Julio César Mosquera Góngora.
3.     Resolución 00499
del 4 de junio de 2008 de la Policía Nacional, por medio de la cual se ordena
pagar la pensión de sobrevivientes a favor de José Elías Mosquera y María
Eduvina Góngora.
4.     Resolución 00640
del 18 de julio de 2008, mediante la cual se suspende transitoriamente la
Resolución 00499 del 4 de junio de 2008.
5.    Respuesta de los
accionados
1.
El Tribunal
Administrativo del Cesar solicita se niegue la acción de tutela por cuanto la
sentencia cuestionada no es constitutiva de vía de hecho judicial. Aduce que en
el fallo se valoraron las pruebas allegadas en forma legal bajo los principios
de la sana crítica y libre de toda arbitrariedad, por tanto la decisión
cuestionada no podía catalogarse como grosera o discriminatoria, máxime cuando no
se encuadra en ninguna de las hipótesis señaladas por la Corte Constitucional
para la existencia de una vía de hecho.
2.
La Coordinación de Procesos Pensiones de la Policía Nacional, tercera
interesada en la tutela, solicita se declare improcedente la acción
constitucional. Indica que frente a este caso la Policía Nacional ha dado
cumplimiento a todos y cada uno de los fallos proferidos por los distintos
despachos judiciales.
3.
El Tribunal Administrativo de La Guajira, vinculado por el Consejo de Estado,
como tercero con interés directo en las resultas del proceso, no contestó la
demanda de tutela.
4.
Los señores José Elías Mosquera Cuedo y María Eduvina Góngora de Mosquera,
terceros interesados, tampoco dieron respuesta a la tutela.
6.    Fallo de primera
instancia
La
Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en sentencia del 14 de octubre de 2010, negó por improcedente la
solicitud de tutela, motivando su decisión conforme con los siguientes
argumentos:
(i)
Para aceptar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, el
juez debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales enunciados en
la sentencia C-590 de 2005; (ii) la acción presentada, no estableció ninguna de
las causales de procedibilidad indicadas en la jurisprudencia constitucional,
ni siquiera la relevancia constitucional del caso; (iii) el proceso tuvo trámite
en dos instancias; y (iv) la accionante contó con la oportunidad procesal para ejercer
sus derechos de defensa y contradicción; por tanto, con la presente tutela pretendió
revivir un debate probatorio ya desatado en las correspondientes etapas del
proceso contencioso.
7.    La impugnación
La
inconformidad principal dentro de la impugnación presentada contra la sentencia
de primera instancia se concentró en la errada interpretación que el  fallador dio
a la sentencia C-590 de 2005. Advirtió que fue el juez de instancia quien no
estudió a fondo cada una de las causales, defectos o vicios exigidos por la
Corte Constitucional para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. En lo que se refiere a la ausencia de
relevancia constitucional del caso, el apoderado de la actora transcribió el
preámbulo y los artículos 1, 2, 13, 14, 21, 25, 24, 29 de la Constitución y
concluyó lo siguiente: “En conclusión a este punto, considero que fue
necesario trae (sic) a colación todos los derechos, que sin duda fueron
vulnerados y que a la postres (sic) generan un impacto por el grave
estado de indefensión en el que queda la menor LEDIS MARIA MOSQUERA ORTIZ y su
familia. ||  Con lo anterior, por lo menos se evidencia que los derechos
deprecados deben considerarse como relevantes, en el sentido que la mayoría son
aquellos que tienen la calidad de fundamentales y su vulnerabilidad reporta
mayor importancia y protección por los funcionarios del estado”.
Posteriormente,
presentó argumentos para sustentar que el caso cumple con todos los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Especialmente, hizo referencia a la existencia de un defecto
procesal que se habría presentado con ocasión del fallo inhibitorio proferido
por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar. Puntualiza que aquel desconoció
su derecho de defensa y contradicción ya que la consideración de que el acto
administrativo es de ejecución no fue objeto de debate por ninguna de las
partes y reitera que dicha decisión no tiene esa categoría, debido a que “crea,
modifica y extingue una situación jurídica”. Sobre este aspecto alegó la
existencia de un defecto material o sustantivo, que explicó de la siguiente
manera: “en el sentido que le dio aplicación a una jurisprudencia del
Consejo de Estado, donde la corporación estudió un proceso totalmente distinto
a los hechos y pretensiones de la demanda”.
Agregado
a lo anterior, la actora sintetiza la censura contra la providencia judicial de
la siguiente manera: “En la segunda instancia el magistrado ponente, no se
dio a la tarea de valorar el proceso en su integridad, no tuvo en cuenta si
realmente la menor era beneficiaria de la pensión por sobreviviente, no estimo (sic)
si se estaban vulnerando derechos fundamentales con su eventual decisión;
solo se limito (sic) a proferir un fallo inocuo, desprovisto  de
garantías constitucionales que solo dejan el sin sabor de una inseguridad
jurídica en un estado “garantista”.”
Por
tanto solicitó “que se analizara y garantizara de manera objetiva cada una
de las etapas procesales, incluso la presente acción de tutela, en lo relativo
a su procedencia, la cual estaba debidamente sustentada con hechos reales para que
se concediera lo que en derecho correspondiera a la menor Ledis María Mosquera
Ortiz, como hija extramatrimonial del fallecido Julio Cesar Mosquera Góngora”.
8.    Sentencia de
segunda instancia
La
Sección Quinta del Consejo de Estado revocó el fallo de primera instancia tras
entender que la tutela contra providencias judiciales es improcedente, salvo
ciertos eventos excepcionales que no se dan en el caso. Por esto, argumentó que
“se imponía rechazar la acción interpuesta” y no meramente declarar su
improcedencia.
Refirió
que la acción de tutela, en principio, resulta improcedente para cuestionar
decisiones de los jueces o de cualquier otra autoridad dictada en cumplimiento
de función judicial. Recordó que esta regla se deriva de lo dispuesto en la
sentencia C-543/92 que declaró inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del
Decreto 2591 de 1991.
Agregó
que a pesar de que la Corte Constitucional revivió el uso de la acción de
tutela contra providencias judiciales, inicialmente con apoyo en la teoría de
las vías de hecho y luego de las causales genéricas de
procedibilidad, la Sección Quinta del Consejo de Estado no comparte la
posición de esta Corporación porque contiene una tesis que convierte en regla
la tutela contra decisiones de los jueces. Darle curso a tal doctrina “conduciría
a interpretaciones subjetivas del juzgador de tutela, generando inseguridad
jurídica, incertidumbre y desconocimiento de reglas como las del juez natural y
del debido proceso legal”.
Con
todo, la Sección Quinta recordó que “ha admitido en contados casos la
procedencia de la tutela contra decisiones judiciales cuando éstas constituyen
flagrante violación al debido proceso legal o en los casos en que se advierten
en trámites en los que se ejecutan actuaciones que representan restricción al
derecho de acceso a la administración o cuando se tornan en ilegítimas pues
representan la violación de las normas sustanciales que rigen el asunto sub
lite y esa circunstancia salta a la vista”.
Finalizó
afirmando que en el asunto de la referencia no se presenta ninguna de las
situaciones descritas, toda vez que a la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho se le ha dado el trámite de ley y la decisión estuvo fundada en
razones jurídicas.
II.  CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
1.    Competencia
Esta
Corte es competente para revisar los fallos de tutela mencionados, de
conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241 de la Constitución Política,
el Decreto 2591 de 1991 y las demás disposiciones pertinentes.
2.    Problema
jurídico
Puntualmente,
corresponde a la Sala establecer si la sentencia de segunda instancia que negó
el acceso a la pensión de sobrevivientes a la hija de la actora, incurrió en
alguna causal de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales. En
otras palabras, esta Corporación debe definir si el fallo inhibitorio proferido
por el Tribunal, así como la argumentación referida  a que la naturaleza del
acto administrativo demandado era de simple ejecución, constituye una
vulneración de los derechos fundamentales invocados.
Para
abordar el estudio del problema descrito, la Sala reiterará brevemente los
requisitos generales de la tutela contra providencias judiciales, haciendo
especial referencia en los defectos procedimental, sustantivo y fáctico,
atendiendo las especificidades del caso. Adicionalmente, enunciará los
argumentos constitucionales relativos a los fallos inhibitorios dentro de la
justicia ordinaria.
3.  Procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Criterios de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.  Defectos
procedimental y fáctico.  Reiteración de jurisprudencia[2]
3.1.  En la
sentencia C-543 de 1992 esta Corporación declaró inexequibles los
artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991.  Dicha decisión planteó la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
cuando quiera que éstas configuren una “actuación de hecho”.  La Corte infirió,
en atención a los principios de autonomía judicial, seguridad jurídica y la
cosa juzgada, que sólo bajo esa condición es posible evidenciar la amenaza de
los derechos fundamentales por parte de los operadores jurisdiccionales.  La
sentencia en comento expresó lo siguiente:
“Ahora
bien, de conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no
cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la
función de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los
particulares y también para el Estado.  En esa condición no están excluidos de
la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen
derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha acción contra
sus providencias.  Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la
tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la
adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con
diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales
la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al
funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos
fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio
irremediable, (...).   En hipótesis como estas no puede hablarse de
atentado alguno contra  la seguridad jurídica de los asociados, sino que se
trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia”.
Conforme a tal
razonamiento, a partir de la sentencia T-079 de 1993 se comenzaron a
desarrollar los criterios de procedibilidad excepcional que rigen la acción
constitucional en contra de las providencias que dictan los diferentes
operadores judiciales.  Para ello ha sido necesario precisar un conjunto de
causales constitucionalmente relevantes, adscritas al goce efectivo de los
derechos fundamentales en los diferentes trámites de carácter jurisdiccional.
En las primeras
decisiones sobre el tema, esta Corporación enfatizó y definió que el punto en
el que giraba la viabilidad del examen de las decisiones judiciales a través de
la tutela lo constituía la ‘vía de hecho’, definida como el acto
absolutamente caprichoso y arbitrario[3],
producto de la carencia de fundamentación legal y constitucionalmente
relevante.
No obstante, con
la síntesis de los diferentes casos atendidos por las Salas de Revisión de la
Corte Constitucional, la jurisprudencia ha avanzado hacia los denominados “criterios
de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales”.  Al
respecto, la sentencia T-949 de 2003 señaló lo siguiente:
“Esta
Corte en sentencias recientes ha redefinido dogmáticamente el concepto de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Esta
redefinición ha operado a partir del poder de irradiación del principio de
eficacia de los derechos fundamentales (art. 2 C.P.) y de una interpretación sistemática de diversas disposiciones de la Constitución (arts. 1, 2,
13, 86, 228 y 230 C.P.).
En
esta tarea se ha reemplazado el uso conceptual de la expresión “vía de hecho”
por la de “causales genéricas de procedibilidad”. Lo anterior ha sido inducido
por la urgencia de una comprensión diferente del procedimiento de tutela con
tal de que permita "armonizar la necesidad de proteger los intereses
constitucionales que involucran la autonomía de la actividad jurisdiccional y
la seguridad jurídica, sin que estos valores puedan desbordar su ámbito de
irradiación y cerrar las puertas a la necesidad de proteger los derechos
fundamentales que pueden verse afectados eventualmente con ocasión de la
actividad jurisdiccional del Estado.”
La
sistematización de los criterios a partir de los cuales es posible justificar
la procedencia de una tutela contra una decisión judicial, ha mermado la
definición tradicional de ‘vía de hecho’ y ha generado varias obligaciones
específicas en cabeza de los operadores.  En efecto, en paralelo a su deber de
aplicar la ley y de dar alcance a las pruebas que hayan sido aportadas
legalmente dentro del proceso, la jurisprudencia ha rescatado la obligación de
respetar los precedentes, así como la de guardar respeto y armonía entre su
discrecionalidad interpretativa y los derechos fundamentales previstos en la
Constitución[4].
En suma, cada una de dichas pautas ha llevado a que esta Corporación adscriba
al ejercicio jurisdiccional, el compromiso de argumentar suficientemente cada
una de las decisiones y también de ponderar con claridad los valores superiores
que se encuentren en disputa.
Agregado a lo
anterior, la jurisprudencia ha sido reiterativa en señalar que existen unos requisitos
generales de procedencia de la acción, que hacen las veces de presupuestos
previos a través de los cuales se determina la viabilidad del examen
constitucional de las providencias.  En la sentencia C-590 de 2005, se hizo un
ejercicio de sistematización sobre este punto.  Al respecto se indicó:
“24.
Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales son los siguientes:
a.
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena
de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[5].
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b.
Que se haya agotado todos los medios  -ordinarios y extraordinarios-  de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[6].
De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c.
Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración[7].
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o
aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d.
Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora[8].  No
obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay
lugar a la anulación del juicio.
e.
Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[9].
Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas
por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f.
Que no se trate de sentencias de tutela[10].  Esto
por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para
revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
Evacuados dichos
ingredientes se estableció que además resulta necesario acreditar la existencia
de –por lo menos- una causal o defecto específico de procedibilidad.  La
sentencia C-590 de 2005 enunció los vicios que son atendibles a través de la
acción de tutela de la siguiente manera:
“25.
Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una
acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la
existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben
quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente,
al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
“a.
Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para
ello.
“b.
Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
“c.
Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
“d.
Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales[11]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
“f.
Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.
“g.
Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad
de su órbita funcional.
“h.
Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado[12].
“i.
Violación directa de la Constitución.” (Subrayas fuera del texto original.).
Posteriormente,
la sentencia en comento advirtió que la sistematización de los defectos, sirve
como herramienta base para definir la existencia de un fallo judicial
ilegítimo.  En efecto, en la sentencia C-590 de 2005 se afirmó que los
anteriores vicios  “involucran la superación del concepto de vía de hecho y
la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que si
bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de
decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.”
En conclusión,
dichos criterios constituyen el catálogo mínimo a partir del cual es posible
justificar de manera excepcional si procede o no, la tutela contra providencias
judiciales.
3.2.
Defecto
fáctico
A juicio de la
jurisprudencia de esta Corporación, sólo es factible fundar una acción de
tutela por defecto fáctico, cuando se “observa que de una manera manifiesta,
aparece arbitraria la valoración probatoria hecha por el juez en la
correspondiente providencia.  Así, el error en el juicio valorativo de la
prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el
mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela
no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas
generales de competencia”[13].
3.3.
Defecto
procedimental
El
fundamento normativo de esta causal específica de procedibilidad contra providencias
judiciales, surge de los artículos 29 y 228 de la Carta Política, los cuales
consagran el principio de legalidad, el derecho de defensa y de contradicción,
“con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio” y la
prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones. La aparente tensión que
pudiera generarse entre el respeto a las formalidades procesales y la primacía
del derecho sustancial que contemplan tales preceptivas en la administración de
justicia, encuentra solución “en la concepción de las formas procedimentales
como un medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos, y no como
fines en sí mismas”.[14]
Así,
como regla general, la causal mencionada tiene ocurrencia por el desconocimiento
de las formas del juicio regularmente establecidas (defecto procedimental
absoluto) y esta Corte ha encontrado que también puede producirse cuando el
juzgador obstaculiza la efectividad de los derechos fundamentales o los
sacrifica por la aplicación irrestricta de las formas del proceso.
3.4.
Defecto
sustantivo, especialmente el derivado por el desconocimiento del precedente[15]
Existe
un defecto sustantivo en la decisión judicial cuando la actuación
controvertida desconoce una ley adaptable al caso o se funda en una norma indiscutiblemente
inaplicable[16],
ya sea porque[17]
(i) la norma perdió vigencia por cualquiera de las razones de ley[18],
(ii) es inconstitucional[19],
(iii) o porque el contenido  de la disposición no tiene conexidad material con
los presupuestos del caso[20].
También puede darse en circunstancias en las que a pesar del amplio margen
interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, se
produce (iv) un grave error en la interpretación de la norma[21],
el cual puede darse por desconocimiento de sentencias con efectos erga omnes
o cuando la decisión judicial se apoya en una interpretación contraria a la
Constitución[22].
Igualmente
se considera defecto sustantivo (v) el hecho que la providencia judicial tenga
problemas determinantes relacionados con una insuficiente sustentación o
justificación de la actuación que afecte derechos fundamentales[23]; o (vi)
cuando se desconoce el precedente judicial[24] sin
ofrecer el mínimo razonable de argumentación que hubiese permitido una decisión
diferente si se hubiese acogido la jurisprudencia[25]; entre
otros.
En
relación con el desconocimiento del precedente, la Corte ha advertido[26]
que “un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con
el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el
caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el
caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del
caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla
jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más
específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación.”[27]
En
ese orden de ideas, cuando la autoridad judicial se aparta de los precedentes
jurisprudenciales sin atender unos requisitos mínimos, demostrando que la
decisión tomada variaría si hubiera atendido a la jurisprudencia[28],
se puede aducir que el fallo carece de suficiente sustentación o justificación,
lo que constituye una vulneración del debido proceso y la igualdad.
En
relación con el derecho a la igualdad frente al trato que deben recibir los
ciudadanos por parte de los operadores judiciales, la sentencia C-836 de 2001
expuso:
“La igualdad,
además de ser un principio vinculante para toda actividad estatal, está
consagrada en el artículo 13 de la Carta como derecho fundamental de las
personas. Este derecho comprende dos garantías fundamentales: la igualdad ante
la ley y la igualdad de protección y trato por parte de las autoridades. Sin
embargo, estas dos garantías operan conjuntamente en lo que respecta a la
actividad judicial, pues los jueces interpretan la ley y como consecuencia
materialmente inseparable de esta interpretación, atribuyen determinadas
consecuencias jurídicas a las personas involucradas en el litigio. Por lo
tanto, en lo que respecta a la actividad judicial, la igualdad de trato que las
autoridades deben otorgar a las personas supone además una igualdad en la
interpretación y aplicación de la ley.”
El
derecho a la igualdad conlleva a que las autoridades brinden la misma
protección y trato a quienes se encuentren en idéntica situación fáctica. Por
ello, este valor se vulnera cuando una autoridad judicial modifica sin
fundamento suficiente sus decisiones frente a casos con hechos similares. El
artículo 230 de la Carta Política establece que el juez únicamente está
sometido al imperio de la ley; por tanto, en principio no está obligado a
fallar de idéntica manera a los casos anteriores[29].  No
obstante, es indudable que cuando se presentan fallos contradictorios por parte
de la misma autoridad judicial frente a hechos semejantes, surge un problema
frente al derecho a la igualdad.  En este sentido la sentencia T-698 de 2004
estableció:
“Nótese que ante
esos eventos, lo que está en contradicción es el principio de autonomía
judicial  (Art. 230 C.P.) con el  principio de igualdad (Art. 13 C.P.), confrontación que exige necesariamente una armonización de estos contenidos constitucionales,
so pena de desconocer un derecho constitucional en principio inviolable, por
medio de actuaciones contradictorias de las autoridades judiciales.  El
artículo 13 de la Constitución Política consagra el principio de igualdad en la
aplicación de la ley, y dispone que "las personas deben recibir la misma
protección y trato de las autoridades", en donde el trato igual,
evidentemente, involucra la actividad de los órganos jurisdiccionales.[30]
En este sentido
ha concluido la jurisprudencia de esta Corporación, que el derecho de acceso a
la administración de justicia implica también el derecho a recibir un trato
igualitario. Precisamente en la sentencia C-104 de 1995,  se dijo que  el
artículo 229 de la Carta debía ser concordado con el artículo 13 superior, de
manera tal que el derecho de acceder igualitariamente ante los jueces, se
entendiera  no solo como la idéntica oportunidad de ingresar a los estrados
judiciales sino también como la posibilidad de recibir  idéntico tratamiento
por parte de estas autoridades y de  los tribunales, ante situaciones
similares.”
En
orden a lo anterior se puede establecer prima facie, que el operador
judicial no puede apartarse de las decisiones adoptadas por él mismo o por
órganos superiores, cuando quiera que un caso presente las siguientes
características:
(i) los hechos relevantes que definen el
asunto pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan un
caso del pasado.
(ii) la consecuencia jurídica aplicada a
los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente.
(iii) la regla jurisprudencial no ha
sido cambiada en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de
hecho para su aplicación.
Por
otra parte, vale aclarar que la regla de vinculación del precedente no puede
ser adoptada de manera absoluta, teniendo en cuenta que el derecho es cambiante;
para la Corte ha sido claro que dicha pauta no se puede convertir en la única
vía para resolver un caso concreto. Por ello, siempre que se sustenten de
manera expresa, amplia y suficiente, las razones por las cuales va a desconocer
o cambiar una posición anterior, el operador judicial puede apartarse de ella.
La
jurisprudencia ha precisado que el juez (singular o colegiado) sólo puede
apartarse de la regla de decisión contenida en un caso anterior cuando
demuestre y cumpla los siguientes requisitos:
(i) Debe hacer referencia al precedente
que abandona, lo que significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo
inadvertido como si nunca hubiera existido (principio de transparencia).
(ii) En segundo lugar, debe ofrecer una
carga argumentativa seria, mediante la cual explique de manera suficiente y
razonada los motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus
propias decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía
(principio de razón suficiente)[31].
Si
un operador judicial asume una posición contrapuesta en casos similares, el
juez constitucional puede valorar si sus interpretaciones vulneran los derechos
fundamentales a través del defecto sustantivo.
Ahora
bien, la jurisprudencia constitucional ha distinguido dos clases de precedentes:
los horizontales y los verticales; esto, con el fin de establecer los niveles
de contundencia que el juez debe dar a cada uno de ellos al momento de decidir
un asunto.
3.4.1.
Precedente horizontal.
Este
precedente se refiere a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma
jerarquía o, inclusive, el mismo operador judicial. Sobre éste la Corte ha
señalado que todo juez debe ser consistente con sus decisiones, de manera que
casos con supuestos fácticos similares sean resueltos bajo las mismas formulas
de juicio. En la sentencia T-049 de 2007 la Corte estableció que este
precedente cuenta con fuerza vinculante por cuatro razones básicas: “(i) en
virtud del principio de igualdad en la aplicación de la Ley, que exige tratar
de manera igual situaciones sustancialmente iguales; (ii) por razones de
seguridad jurídica, ya que las decisiones judiciales deben ser ‘razonablemente
previsibles’; (iii) en atención a los principios de buena fe y confianza
legítima, que demandan respetar las expectativas generadas a la comunidad; y
finalmente, (iv) por razones de ‘disciplina judicial’, en la medida en que
es necesario un mínimo de coherencia en el sistema judicial.”[32]
(negrilla fuera de texto original).
Así
las cosas, se puede establecer que si un juez desconoce sus propios
precedentes, ya sea porque omite hacer referencia a ellos o porque no presenta
motivos razonables y suficientes para justificar su nueva posición, la
consecuencia no será otra que la violación de los derechos a la igualdad y al
debido proceso.[33]
3.4.2.
Precedente  vertical.
Esta
figura se refiere al deber de observancia de los lineamientos sentados por los
órganos encargados de unificar jurisprudencia.  En ese orden de ideas, un juez
de inferior jerarquía debe seguir la posición adoptada por los entes judiciales
superiores. Para la mayoría de asuntos, la interpretación que deben seguir los
funcionarios judiciales es determinada por la Corte Suprema de Justicia o el
Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción.
En los asuntos que no son susceptibles de ser revisados por esas corporaciones,
quienes se encargan de dictar la pauta hermenéutica en materia judicial son los
Tribunales Superiores de cada Distrito.
En
consecuencia, cuando las altas corporaciones se han pronunciado sobre un asunto
particular, el juez debe aplicar la subregla sentada por ellas. En estos casos
la autonomía judicial se restringe a los criterios unificadores de dichos
jueces colegiados.
4.       Régimen
constitucional de los fallos inhibitorios dictados dentro de la justicia
ordinaria
En
la sentencia C-258 de 2008[34] la
Corte Constitucional presentó una definición de las implicaciones de un fallo
inhibitorio. En aquella oportunidad dijo lo siguiente:
“Decisiones
judiciales inhibitorias son aquellas que, por diversas causas,
ponen fin a una etapa procesal sin decidir de fondo el asunto que se le plantea
al juez, es decir, sin adoptar resolución de mérito[35];
por tanto, el problema que ha sido llevado a la justicia queda sin resolver, lo
que implica que puede presentarse nuevamente ante la jurisdicción del Estado
para su solución, salvo eventos especiales de caducidad o prescripción, que en
principio no se presentan en la acción de inconstitucionalidad[36].”
Ese
mismo marco teórico fue esbozado en la sentencia C-666 de 1996[37],
en la que la Corte estudió si toda sentencia inhibitoria tiene la capacidad de
vulnerar los derechos fundamentales de las partes dentro de un proceso
ordinario. Para ello recalcó que este tipo de providencias tienen como efecto “que
el problema que ante [el juez] ha sido llevado queda en el mismo estado
inicial”. Bajo tal condición, luego juzgó que este tipo de decisiones
constituyen, como regla general, la “antítesis” del acceso a la administración
de justicia y el debido proceso.  Sobre este último puntualizó lo siguiente:
“El derecho
constitucional fundamental al debido proceso se funda, entre otros aspectos, en
la garantía de que, sometido un asunto al examen de los jueces, se obtendrá una
definición acerca de él, de donde se desprende que normalmente la
sentencia tiene que plasmar la sustancia de la resolución judicial.  Hacerla
aparente o formal implica, por tanto, la innegable violación de aquél, ya que
deja al interesado a la expectativa, contrariando la razón misma del proceso.”
Más
adelante, insistió en que toda providencia inhibitoria dictada sin
justificación, es una forma de negación de la justicia y causa de la
prolongación de los conflictos. Bajo esta condición, dicha sentencia aclaró que
este tipo de decisiones deben ser excepcionales y estar enmarcadas en motivos
que puedan ser corroborados y a partir de los cuales se pueda inferir que el
operador judicial no tenía otra opción argumentativa. En caso contrario, tal
fallo constituirá una forma de ‘vía de hecho’; al respecto afirmó lo siguiente:
“En otros
términos, la inhibición, aunque es posible en casos extremos, en los cuales se
establezca con seguridad que el juez no tiene otra alternativa, no debe ser la
forma corriente de culminar los procesos judiciales. Ha de corresponder a una
excepción fundada en motivos ciertos que puedan ser corroborados en los que se
funde objetiva y plenamente la negativa de resolución sustancial. De lo
contrario, es decir, mientras no obedezca a una razón jurídica valedera,
constituye una forma de obstruir, por la voluntad del administrador de
justicia, el acceso de las personas a ella.
(…)
Se configura, en
tales ocasiones, una verdadera e inocultable vía de hecho, toda vez que,
al inhibirse sin razón válida, el juez elude su responsabilidad, apartándose de
la Constitución y de la ley; realiza su propia voluntad, su interés o su deseo,
por encima del orden jurídico; atropella a quienes están interesados en los
resultados del juicio y hace impracticable el orden justo preconizado por la
Constitución.
Si ello es así,
la inhibición injustificada carece de legitimidad y pierde el sentido de una
decisión judicial apta para producir cualquier efecto jurídico. Es tan sólo una
providencia judicial aparente que no merece la intangibilidad normalmente
atribuída a las determinaciones de los jueces.”
En
contraste a las anomalías adscritas a un fallo inhibitorio, la sentencia C-666
de 1996 insistió en el papel activo del juez en la búsqueda de una verdad que
le permita fallar con justicia. Sin embargo, la Corte sí señaló que existen
algunos casos en los cuales es procedente la adopción de este tipo de
decisiones; textualmente relacionó las siguientes:
“Desde luego,
la proscripción de las inhibiciones no puede ser absoluta, ya que se dan
circunstancias excepcionales, en las que resulta imposible adoptar fallo de
mérito, a pesar de que el juez haya hecho uso de todas sus facultades y
prerrogativas para integrar los presupuestos procesales de la sentencia.
Uno de tales
eventos es el de la falta de jurisdicción, que corresponde en el fondo a la
absoluta carencia de facultades del juez para administrar justicia en el caso
controvertido.  Lo que entonces se le exige es precisamente no resolver, ya
que, al hacerlo, invadiría la órbita propia de una jurisdicción distinta, con
ostensible violación del debido proceso (artículo 29 C.P.) y en clara extralimitación de funciones públicas (artículo 6 C.P.), lo que justifica la inhibición cuando la demanda no ha sido rechazada de plano.
(…)
Los otros casos
que puedan presentarse deben ser de tal naturaleza que, agotadas por el juez
todas las posibilidades que el ordenamiento jurídico le ofrece para resolver y
adoptadas por él la totalidad de las medidas conducentes a la misma finalidad,
siga siendo imposible la decisión de fondo.  De tal modo que, siempre que
exista alguna posibilidad de arribar a ella, la obligación ineludible del
fallador consiste en proferir providencia de mérito, so pena de incurrir en
denegación de justicia.”
En
síntesis, la sentencia C-666 de 1996 rechazó la posibilidad de que un juez se
abstenga de tomar una decisión de fondo o, en otras palabras, de definir una
solución para el conflicto que se la ha planteado por las partes. De hecho, en
su parte resolutiva, tal providencia condicionó el fallo de la siguiente
manera: “en el sentido de que las providencias judiciales inhibitorias
únicamente pueden adoptarse cuando, ejercidas todas las atribuciones del juez y
adoptadas por él la totalidad de las medidas procesales para integrar los
presupuestos del fallo, resulte absolutamente imposible proferir decisión de
fondo”.
5.  Cumplimiento
de los requisitos generales de procedibilidad en el presente caso
-
Relevancia constitucional: La Sala considera que el presente caso es relevante
y que, por tanto, no se refiere únicamente al debate sobre aspectos legales, en
la medida en que el mismo comporta la comprobación de la constitucionalidad de
un fallo inhibitorio que habría afectado los derechos de una niña, ya que imposibilitaría
el acceso a una pensión de sobrevivientes que habría dejado su fallecido padre.
-
Agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios: En realidad este
es uno de los requisitos más complejos de analizar en la presente acción,
atendiendo a que fueron varias las acciones judiciales ordinarias y constitucionales
presentadas en torno al litigio por la pensión de sobrevivientes causada por el
patrullero Mosquera Góngora. Por lo pronto, como justificará más
adelante, la Sala considera que se han agotado todos los medios ordinarios de
defensa y advierte que aunque la acción de revisión no fue agotada en su
momento, tal descuido no puede achacarse a la actora o a su hija.
-
El principio de inmediatez: el fallo del Tribunal Administrativo de
Cesar fue proferido el primero de julio de 2010 y la acción de tutela se
interpuso el  15 de julio del mismo año, cumpliendo así las exigencias de
razonabilidad temporal en la interposición del amparo.
-
Identificación de los hechos que generan la violación y que ésta haya sido
alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido posible:
La
gran mayoría de censuras presentadas por la actora se concentran en el carácter
inhibitorio del fallo dictado en la segunda instancia por parte del Tribunal
Administrativo del Cesar. Además, la peticionaria sustentó en debida forma la
existencia de causales de procedibilidad de la acción  de tutela en posibles
defectos sustantivos y fácticos.
-
Que el fallo controvertido no sea una sentencia de tutela: El pronunciamiento
judicial, que a juicio de la accionante infringió los derechos fundamentales
invocados, se produjo en un proceso ordinario ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo y por ende no se trata de una acción de tutela.
Acreditados
todos los requisitos formales de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales, la Sala abordará el estudio de fondo del presente
asunto.
6.
Caso concreto
Los
supuestos fácticos constatados en el material probatorio allegado al expediente
son los siguientes:
La
señora Siceris Rocío Ortiz Hernández vivió en unión marital de hecho con el
patrullero de la Policía Julio César Mosquera Góngora desde el 6 de septiembre
de 1996 hasta el 18 de noviembre de 1998, fecha en la que su compañero falleció.
Para esa época ella se encontraba embarazada y el 14 de abril de 1999 nació
Ledis María Mosquera Góngora.
El
causante efectuó reconocimiento anticipado de la menor ante la Notaría Segunda
del Círculo de Riohacha, a fin de garantizarle a su hija todos los beneficios o
auxilios que por derecho le correspondían en el evento de presentarse su
muerte. Atendiendo tal acto, la señora Ortiz Hernández reclamó ante la Policía
Nacional los derechos causados por la muerte de su compañero, situación que
llevó a que se expidiera un acto administrativo en el que se benefició a la niña
con la pensión de sobrevivientes y la indemnización por el deceso (resolución
01428 del 06 de septiembre de 2000).
Inconformes
con esa decisión, los padres del fallecido procedieron a impugnarla, razón por
la cual la señora Siceris Rocío Ortiz decidió no cobrar la indemnización
causada. Finalmente, a través de la vía gubernativa, la resolución 01428 fue
confirmada a través de actos administrativos proferidos en noviembre del año
2000 y noviembre de 2001.
Al
tiempo que los padres del fallecido iniciaron proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho contra tales decisiones ante el Tribunal
Administrativo de La Guajira, Siceris Rocío Ortiz Hernández adelantó proceso de
filiación natural, del cual conoció el Juzgado Tercero de Familia de Valledupar.
El
28 de junio de 2007 el Tribunal Administrativo de La Guajira dictó sentencia en
la que, entre otros, declaró la nulidad de la resolución 01428 de 2000 y, como
restablecimiento del derecho, “ordenó reconocer y pagar pensión por muerte a
partir del 19 de noviembre de 1998 y la suma de $35’957.677,44 por concepto de
indemnización a favor de los padres del fallecido, en la misma decisión ordena
a la Policía Nacional repetir por los valores cancelados como pensión e
indemnización contra la señora SICERIS ROCIO ORTIZ HERNÁNDEZ, en calidad de
representante de la menor LEDIS MARIA MOSQUERA, al quedar demostrado dentro del
proceso que obro (sic) de mala fé”[38].
Dicha
decisión fue cumplida por la Policía Nacional a través de las Resoluciones 0485
del 18 de junio de 2008 y 00499[39] del 04
de junio del mismo año[40].
En
el entretanto, el 31 de octubre de 2007, el Juzgado Tercero de Familia de
Valledupar declaró a Ledis María Mosquera Ortiz como hija extramatrimonial del
fallecido Julio César Mosquera Góngora. En dicha providencia se lee lo
siguiente:
“En procura
de su demostración la demandante arrimó al proceso los medios probatorios
conformados por las pruebas documentales obrantes a folios 8 al 12, donde
consta la fecha de nacimiento de la menor y que JULIO CESAR MOSQUERA GONGORA
murió el 18 de noviembre de 1998, en San Juan del Cesar (Guajira).
Teniendo en
cuenta que la parte demandada manifestó que estaba de acuerdo con lo pedido en
la demanda, allanándose a las pretensiones de la misma, se tendrán por
demostrados los requisitos esenciales para declarar la paternidad que se
reclama.
Por lo anterior,
se declarará que la menor LEDIS MARÍA ORTIZ HERNANDEZ es hija extramatrimonial
del finado JULIO CESAR MOSQUERA GONGORA, habido (sic) con la señora SICERIS
ROCÍO ORTIZ HERNANDEZ.”[41]
De
acuerdo a lo narrado por la actora, esta providencia se envió en forma
inmediata a la Policía Nacional para obtener el pago de las prestaciones correspondientes.
Sin embargo, la solución de la misma fue aplazada debido a la sentencia dictada
por el Tribunal Administrativo de La Guajira. Ella relata que tuvo que
interponer una acción de tutela por el derecho de petición para que aquella autoridad
expidiera el acto administrativo respectivo: la Resolución 00499 mencionada, “Por
la cual se da cumplimiento a sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de la Guajira y se reconoce pensión de sobrevivientes y compensación por muerte
a beneficiarios del SI (F) JULIO CESAR MOSQUERA GONGORA, se declara la nulidad
de resoluciones, se niega petición a reclamante y se declara deudora del Tesoro
Público”.
De
hecho, en la Resolución 00499 de 2008 se transcribe la parte resolutiva de la decisión
judicial y se aclara que fue elevado un oficio ante el Tribunal que fue
respondido de la siguiente manera: “En virtud del Artículo 309 del C.P.C., la
Sentencia no es revocable ni reformable por el Juez que la pronunció. Teniendo
en cuenta lo anterior, y como la Sentencia se encuentra debidamente
Ejecutoriada el interesado podrá hace (sic) uso de los
recursos extraordinarios de Ley (Artículo 174 del C.C.A.)”
(Negrilla fuera de texto original).
Frente
a tal acto y a pesar que en él se advertía la posibilidad de interponer los
recursos extraordinarios, la actora, a través de apoderado, decidió presentar
una nueva acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable ante el Tribunal Administrativo del Cesar[42].
En ésta, con base en argumentos muy similares a los de la presente acción, se
censura solamente la actuación de la Policía Nacional y se deja de lado su
sustento, es decir, la decisión tomada por la otra Corporación judicial en el
departamento de La Guajira[43].
El
Tribunal Administrativo del Cesar, a través de fallo del 11 de julio de 2008,
comprobó la afectación del mínimo vital, accedió a las pretensiones expuestas
en tal acción constitucional, suspendió la ejecución de la Resolución 00499 de
2008 y ordenó al Subdirector General de la Policía Nacional que temporalmente reconociera
la pensión de sobrevivientes a la menor Ledis María Mosquera Ortiz. De esta
providencia, la Sala considera necesario destacar lo siguiente:
“Así mismo,
debe tenerse en cuenta que si bien existe la vía ordinaria laboral como
mecanismo para reclamar sus derechos, ésta Sala no encuentra que la misma sea
idónea y eficaz para proteger de manera inmediata los derechos de la
accionante, tal como se requiere, por lo cual habrá de concederse el amparo
deprecado de manera transitoria respecto a la hija del causante, tal como fue
solicitado en la acción de tutela.
(…)
En consecuencia,
ordenará al Subdirector General de la Policía Nacional que a más tardar dentro
de las 48 horas siguientes a la notificación de esta decisión, proceda a
reconocer la pensión de sobrevivientes a favor de la menor LEDIS MARIA MOSQUERA
ORTIZ, representada por su madre señora SICERIS ROCIO ORTIZ HERNANDEZ. En
este caso, la protección constitucional será transitoria, mientras se adelanta
el proceso ordinario a fin de que se resuelva definitivamente sobre el derecho
a la pensión de sobreviviente a favor de las referida menor, teniendo en cuenta
la sentencia del Tribunal Administrativo de la Guajira y la del Juzgado Tercero
de Familia de Valledupar (…)”. (Negrilla fuera de texto original)
En
cumplimiento del fallo de tutela, la Policía Nacional profirió la Resolución
00640 del 18 de julio de 2008, por medio de la cual suspendió los efectos de la
Resolución 00499 de 2008 y reconoció los derechos sobre la pensión de
sobrevivientes a la menor Ledis María Ortiz, mientras se iniciaba demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto referido.
Bajo
tales circunstancias, de la nueva acción contenciosa conoció en primera
instancia el Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar, que en sentencia del
24 de junio de 2009 accedió a las pretensiones de la demanda. El problema
jurídico que se planteó allí se circunscribió a determinar quiénes son los
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes causada por el S.I. fallecido
Julio César Mosquera Góngora. Para ese efecto transcribió el artículo 76 del
decreto 1091 de 1995[44] y
argumentó lo siguiente:
“Del análisis
de las pruebas obrantes en el expediente, en concordancia con la normatividad
transcrita, se puede establecer que efectivamente la beneficiaria por ley para
recibir la pensión de sobrevivientes y la compensación por la muerte del Sub
Intendente MOSQUERA GONGORA, es la menor LEDYS MARIA MOSQUERA ORTIZ, toda vez
que de acuerdo a la sentencia de fecha 31 de octubre de 2007, emanada del
Juzgado Tercero de Familia de esta ciudad, la niña LEDYS MARIA es hija legítima
del causante, y por lo tanto al ser beneficiaria de primer orden, se hace
acreedora a las prerrogativas que por ley le corresponden, incluyendo las
prestaciones sociales e indemnizaciones que se debaten en este caso.
Es del caso
anotar que si bien el Tribunal Administrativo de La Guajira, decretó la nulidad
de la resolución que inicialmente le reconocía los derechos sucesorales a la
menor MOSQUERA ORTIZ, por cuanto encontró demostrada la falsedad procesal
respecto a la declaración de la menor como hija extramatrimonial del occiso, la
situación fáctica en este caso varió drásticamente con la sentencia proferida
por el Juzgado de Familia, la cual fue posterior a la sentencia de nulidad
emanada por el Honorable Tribunal el día 28 de junio de 2007, por lo tanto, el
despacho accederá a decretar la nulidad de la Resolución 00499 del 4 de junio
de 2008, máxime en este caso cuando están en juego derechos de una niña menor
de edad”.
(…)
En este caso es
claro que los derechos de los menores de edad tienen prevalencia jurídica, lo
que implica que debe dárseles un tratamiento preferencial en comparación con
que reciben los demás sujetos de derechos, en este sentido es claro que los
derechos de la niña LEDIS MARIA MOSQUERA GÓNGORA, predominan frente a los
derechos de los señores JOSÉ ELIAS MOSQUERA CUEDO y MARIA EDUVINA GONGORA.”[45]
Todos
estos antecedentes nos llevan, finalmente, a referirnos al acto judicial que se
censura a través de la presente acción de tutela: los padres del S.I. fallecido
presentaron apelación y mediante fallo de primero de julio de 2010 el Tribunal
Administrativo del Cesar revocó la sentencia de primera instancia y en su
lugar, se inhibió de proferir decisión de fondo tras afirmar que el acto demandado
era de ejecución y en su contra no procedía la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho. La providencia se funda en los siguientes
argumentos:
“Advierte la
Sala que el acto demandado fue expedido por la Policía Nacional, conforme se
aprecia de su texto, para dar cumplimiento a la Sentencia de fecha 28 de
junio de 2007, dictada dentro del proceso de Acción de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho que adelantaron JOSE MOSQUERA CUEDO y MARIA
GONGORA DE MOSQUERA, contra los actos de la POLICIA que habían reconocido
pensión e indemnización por muerte a la menor LEDIS MARIA MOSQUERA ORTIZ.
De manera que lo
que deberá determinarse, en primer lugar es, si los referidos actos son
susceptibles de control jurisdiccional, por cuanto los actos demandados fueron
proferidos, como se dijo, para dar “cumplimiento a sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de la Guajira”.
(…)
De la lectura
del texto trascrito no queda duda de que se trata de un acto de ejecución,
expedido para dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Administrativo de la
Guajira que había decretado la nulidad de los actos anteriores demandados y
había ordenado consecuentemente el restablecimiento del derecho, consistente en
la orden librada contra la Policía para que reconociera y pagara la pensión de
sobrevivientes a los demandantes JOSE ELIAS MOSQUERA CUEDO y MARIA EDUVINA
GONGORA MOSQUERA, así como la indemnización por muerte.
Dentro de este
contexto es claro que la resolución acusada, la No. 00499 de 04 de junio de
2008, no tiene el carácter de acto administrativo susceptible de control
jurisdiccional, pues se trata de un acto de ejecución que se limita a dar
cumplimiento a una orden judicial y por ende no entraña una decisión autónoma que
ponga fin a una situación administrativa.
Como lo ha
señalado el Consejo de Estado, y lo ha acogido reiteradamente este tribunal en
casos similares, los actos que dan cumplimiento a una orden judicial son actos
de ejecución y solamente tendrán control jurisdiccional si suprimen o cambian
lo ordenado por la providencia judicial, por cuanto ello implicaría una nueva
decisión y no la mera ejecución.
Por ello una vez
proferida la orden judicial le correspondía a la administración expedir el acto
respectivo, en acatamiento del fallo, pues cualquier otra decisión adoptada
hubiese constituido un abierto desacato o fraude a una orden judicial.
Ahora bien,
tratándose de un acto de ejecución proferido en cumplimiento de una decisión
judicial perentoria, no es procedente examinar el fondo ni el condicionamiento
de la decisión, ni pueden ventilarse dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho las sentencias judiciales que sirvieron de
fundamento al acto de reconocimiento de la pensión.
Existen además
razones de fondo que sustentan también el presente análisis por cuanto por vía
de la acción de nulidad del acto de ejecución podría llegar a afectarse la
intangibilidad de instituciones como la cosa juzgada, así como los principios
de competencia y jerarquía funcional que podrían verse afectados con una nueva
decisión judicial sobre la materia que ya había sido definida por otro juez
competente. Más allá de los recursos ordinarios y extraordinarios, las
sentencias judiciales solo son susceptibles de control jurisdiccional mediante
la acción de tutela y en los casos excepcionales de las Vías de Hecho”.
La
madre de la menor, a través de apoderado, instauró la presente tutela aduciendo
que el Tribunal accionado, al dictar el proveído de primero de julio de 2010
incurrió en varias causales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales que habrían desconocido los derechos de la niña Ledis
María Mosquera Góngora:
(i) Principalmente la actora plantea que
el fallo inhibitorio vulnera los derechos fundamentales al hacer prevalecer
criterios formalistas sobre los derechos fundamentales y prestacionales de la
menor, que ponen en riesgo su mínimo vital. Textualmente plantea lo siguiente:
“26. Es menester aducir que el
concepto que tuvo el Magistrado ponente y el tribunal como órgano decisorio es
totalmente equívoco, debido a que la resolución 0499 del 4 de junio de 2008, no
puede considerarse como un acto administrativo, en virtud a que el acto
administrativo no solamente crea un derecho en cabeza de los abuelos de la
menor; sino que extingue los derechos que legalmente estaban reconocidos en
ella como hija extramatrimonial del extinto JULIO CESAR MOSQUERA GONGORA, es
decir modifica una situación jurídica, en el presente caso la de quitarle el
sustento de vida a la menor excluyéndola de la nómina de pensionado y
otorgándosela a sus abuelos, quienes ostenta (sic) en el orden de
beneficiarios un nivel menor que la menor LEDIS MARIA MOSQUERA ORTIZ.
27. Con base en las consideraciones
anteriores se nota claramente que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, le da
prioridad a criterios formalistas y no analiza la naturaleza jurídica y la
esencia del acto administrativo; que en ultima lo que contiene en el fondo es
la finalidad de sus efectos que son modificar una situación jurídica, creándola
extinguiéndola, por esta razón tiene que considerarse como un acto
administrativo definitivo en el entendido que le pone fin a una situación
administrativa, por ello es susceptible de control jurisdiccional; en
consecuencia el Tribunal debió pronunciarse de fondo y proteger los derechos de
la menor como titular de la pensión y demás beneficios por ser hija del agente
MOSQUERA GONGORA”.
(ii) También indica que la providencia
demandada desconoce la sentencia de tutela que decidió proteger los derechos
fundamentales de la menor de manera transitoria.
“28. Es importante resaltar la
omisión y eventual contradicción en el fallo que ineludiblemente vulnera
injustificadamente los derechos de la menor; cuando hablo de omisión me refiero
al desconocimiento que tuvo el Magistrado ponente de la ACCION DE TUTELA que
concedió el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, en aras de garantizarle de
manera transitoria a la menor los derechos como beneficiaria de la pensión;
hasta el punto que suspendió la resolución 00499 de 4 de junio de 2008 y
reconoció temporalmente los beneficios pensiónales (sic) hasta que se
iniciaran las acciones ordinarias correspondientes. Lo contradictorio del caso
no es más que la falta de congruencia entre el fallo de tutela que emana del
Tribunal donde le garantizan los derechos a la menor a fin de evitar un
perjuicio irremediable y la sentencia de segunda instancia que argumenta unos
conceptos alejados de los postulados inmersos en la acción de tutela”.
(iii) Por último, la actora plantea
que el Tribunal Administrativo del Cesar incurre en un defecto fáctico, ya que
no contó con “el apoyo de los hechos determinantes del supuesto legal”.
A efectos de dar solución al caso objeto
de examen la Corte
considera lo siguiente:
6.1. Primero que todo hay que reconocer
que, en principio, la sentencia inhibitoria se acopla a las exigencias de la
jurisprudencia constitucional, es decir, la Sala acepta que las condiciones del
caso impedían que, por lo menos dentro del marco legal ordinario se profiriera
una decisión de fondo que valorara la titularidad del derecho prestacional. En
efecto, la Sala reconoce que existen varias normas de carácter sustantivo y
constitucional que sustentarían la imposibilidad de abordar el conflicto
planteado por las partes. Incluso, hay que admitir que varias de estas razones se
encuentran esbozadas en el fallo demandado; por esta razón la Sala no comparte
la censura presentada por la actora, en la que simplemente comenta que la
decisión habría adoptado una postura formalista en perjuicio de los derechos de
la menor.
En efecto, aunque en el expediente no
obra un ejemplar del fallo dictado por el Tribunal Administrativo de La
Guajira, de la lectura de la Resolución 0499 de 2008 sí es posible inferir que
su naturaleza fue solamente ejecutar y cumplir con tal decisión judicial, lo
cual, en virtud de los artículos 49 y 135 del CCA, conlleva a que contra ella
no proceda la acción de nulidad y de restablecimiento del derecho[46].
Para el efecto, la Sala transcribirá la parte resolutiva de la sentencia[47]
y el resuelve del acto administrativo:
Parte
resolutiva del fallo proferido por el Tribunal Administrativo de La Guajira
Resuelve
correspondiente a la
Resolución
0499 de 2008
“1) Se declara la nulidad de la
resolución 01428 del 06 de septiembre proferida por la SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICIA NACIONAL, mediante la cual se reconoció pensión e indemnización
por muerte a la menor LEDIS MARIA MOSQUERA ORTIZ, como beneficiaria del señor
JULIO CESAR MOSQUERA GONGORA  y de las resoluciones No. 02051 del 28 de
noviembre de 2000 y resolución No. 04072 del 14 de noviembre de 2001, que
resuelven los recursos de reposición y apelación respectivamente, confirmando
la resolución 01428, que reconoce la pensión a favor de la menor.
2) Como restablecimiento del
derecho reconózcase y ordénese pagar pensión por muerte de su hijo, a partir
del 19 de noviembre de 1988, a los señores JOSE MOSQUERA CUEDO y MARIA
GONGORA DE MOSQUERA, padres del señor JULIO CESAR MOSQUERA GONGORA, con los
aumentos y primas anuales de carácter legal; actualizada mes a mes al momento
de ejecutoria de esta providencia según las fórmulas de las matemáticas
financieras, teniendo en cuenta los índices de precio al consumidos
suministrados por el DANE.
3) Reconocer y pagar a los beneficiarios
citados, la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS
($35.957.677.44), por concepto de indemnización por muerte actualizada a la
fecha de ejecutoria de esta providencia, según las fórmulas de las
matemáticas financieras, teniendo en cuenta los índices del precio al
consumidor suministrados por el DANE;”.
“ARTÍCULO 1º. Reconocer
y ordenar pagar pensión de sobrevivientes, a partir del 19 de noviembre de
1998, por la suma de SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS
CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($764.515.67),  a favor de los señores JOSE
ELIAS MOSQUERA CUEDO, con cédula No. 4.203.045, nacido el 05 de julio de 1936
y a MARIA EDUVINA GONGORA MOSQUERA, con cédula No. 29.219.390, nacida el 25
de abril de 1945, en calidad de padres del SI (F) JULIO CESAR MOSQUERA
GONGORA, acorde a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
PARÁGRAFO 1º. La pensión de
sobreviviente causada entre el 19 de noviembre de 1998, hasta el 31 de mayo
de 2008, con los respectivos incrementos, será cancelada por el rubro de
Sentencias Judiciales de la Secretaría General de la Policía Nacional
ARTÍCULO 2º. Cancelar a
partir del 01 de junio de 2008, la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS
($1.457.320.59), por concepto de parte pensión de sobreviviente a favor de la
beneficiaria citada en el Artículo Primero de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º. Cotizar de
cada mesada pensional el 4% de acuerdo con lo establecido en el artículo 36
del decreto 1795/2000.
ARTICULO 4º. Nominar en la
Tesorería del departamento de Policía Guajira.
ARTÍCULO 5º. Excluir de
manera definitiva de la nómina de pensión por muerte a la menor LEDIS MARIA
MOSQUERA ORTIZ, representada por la señora SICERIS ROCIO ORTIZ HERNÁNDEZ,
con cédula No. 49.795.538, y negar reclamación  como beneficiaria del SI (F)
JULIO CESAR MOSQUERA GONGORA, en consecuencia declararla deudora del Tesoro
Público, por la suma de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA
Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($187.756.931.00), por concepto de
mesadas pensionadas y compensación por muerte de conformidad con la parte
motiva del presente Acto Administrativo”.
De lo anterior, en definitiva, la Sala
infiere que no es cierta la manifestación del apoderado de la parte actora,
relativa a que el acto administrativo fue el que definió la extinción del
derecho prestacional en cabeza de la menor Ledis María Mosquera Ortiz.
Claramente fue la decisión judicial la que se encargó de concretar tal situación
y, por tanto, contra ella no era posible volver a interponer una nueva acción
de nulidad y restablecimiento del derecho en virtud de principios como la cosa
juzgada y la seguridad jurídica, así como los derechos fundamentales al debido
proceso y al cumplimiento de las sentencias judiciales[48].
Tales argumentos, algunos presentes en
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, no son meros
obstáculos formales o caprichos adscritos a la praxis judicial. La procedencia
excepcional y limitada de la acción de tutela contra providencias judiciales,
la definición de los “criterios de procedibilidad” y la prohibición de
interponer una acción de tutela contra otra acción de tutela, son ejemplos de
la importancia que estos valores guardan en nuestra forma de organización
estatal.
De hecho, en este caso ellos constituyen
las garantías mínimas que proporcionan cierta certidumbre a la definición de
las controversias y los conflictos de nuestra sociedad[49].
Si no fuera así, se facultaría a cualquiera de las partes[50]
a proseguir indefinidamente con el debate de sus pretensiones ante algún juez de
la República. Una interpretación cuidadosa de los hechos relacionados por la
actora llevaba, tal y como fue efectuado por el Tribunal Administrativo del
Cesar, a plantearse como primer problema jurídico adscrito al caso, si a través
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se puede derogar una
decisión previa sobre la misma pretensión, proferida por otra autoridad jurisdiccional.
La primera instancia dentro de la acción
ordinaria omitió tal análisis y, en su lugar, decidió dar prevalencia a los
derechos de la menor, aboliendo de manera implícita los alcances del fallo
proferido por el Tribunal Administrativo de La Guajira. Aunque su finalidad sea
noble, los efectos estructurales de dicha decisión lesionan los fundamentos
básicos del funcionamiento de la jurisdicción y llevarían anárquicamente a que
cualquier operador judicial pase por alto las decisiones tomadas por otro juez.
Desafortunadamente en este caso los
derechos de los niños y su posición privilegiada dentro de nuestro
ordenamiento, no constituyen fundamento suficiente para irreflexivamente desconocer
o suprimir las demás garantías del sistema normativo.
Por esta vía la Corte evidencia que el
cargo presentado por la actora no afecta el fallo de segunda instancia sino que,
al contrario, reforzaría la necesidad de impedir que a través de esa acción ordinaria
se defina el titular de la pensión de sobrevivientes causada por el deceso del
S.I. Julio César Mosquera Góngora.
6.2.  Ahora bien, aunque la Sala
encuentra que la decisión inhibitoria del Tribunal Administrativo del Cesar está
justificada, detecta que éste pasó por alto definir los alcances del precedente
que fijó la misma Corporación a través del fallo de tutela dictado el 11 de
julio de 2008, en el que protegió de manera transitoria los derechos de la niña
Ledis María Mosquera Ortiz y suspendió temporalmente los efectos de la
Resolución 0499 de 2008.
De esta manera, como se detallará a
continuación, la Sala evidencia que tal fallo inhibitorio incurre en un defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente horizontal y, por tanto, de los
derechos a la igualdad y a la confianza legítima de la menor, conforme a las
pautas definidas en la sentencia T-049 de 2007 (vid. supra num. 3.4.1.)
El apoderado de la actora denomina a
esta anomalía como una falta al principio de congruencia. En realidad, la
censura anotada se circunscribe a un defecto sustantivo[51], teniendo en
cuenta que el Tribunal Administrativo del Cesar, además de estudiar la
procedencia de la acción debido a la naturaleza del acto administrativo
demandado, tenía la obligación de reconocer, confrontar y vencer los argumentos
que sustentaron la protección transitoria de los derechos fundamentales
invocados en la tutela previa, que fue resuelta por esa misma Corporación y
que, concomitantemente, llevaron a que la actora impetrara la acción de nulidad
y de restablecimiento del derecho.
En realidad, la sentencia proferida por dicho
Tribunal no presenta algún argumento referido a dicha tutela o, peor aun, a la
obligación consignada en ella y que llevó a impetrar una nueva acción
ordinaria. Esto es suficiente para que la Sala sustente la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia, conceda los derechos fundamentales de la actora y
deje sin efectos los fallos proferidos por el Juzgado Segundo Administrativo de
Valledupar y por el Tribunal Administrativo del Cesar.
En conclusión, dentro del trámite
ordinario que se ha puesto bajo examen en esta oportunidad, la Corte ha
concluido que las dos instancias incurrieron en causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales: la
primera, por omitir que el asunto ya había sido decidido por la jurisdicción
contencioso administrativa y, la segunda, por eludir la justificación necesaria
para cambiar la regla jurisprudencial que había fijado en una tutela previa
sobre el mismo caso.
6.3.  ¿Lo anterior implica que no existe
ninguna fórmula legítima capaz de definir la titularidad de la prestación
reclamada, a pesar de la existencia de la sentencia de filiación? En respuesta,
esta Sala de Revisión considera que en este caso la herramienta idónea para
concretar el derecho pensional es la acción de tutela, conforme a los
siguientes argumentos:
6.3.1.  En primer lugar: la ausencia
de diligencia profesional por parte del apoderado de la actora llevó a que los
recursos extraordinarios caducaran. En efecto, como se observó, el fallo
del Tribunal Administrativo de La Guajira fue proferido el 28 de junio de 2007.
Cuatro meses después, el Juzgado Tercero de Familia de Valledupar declaró la
paternidad del fallecido Julio César Mosquera sobre Ledis María.
Ante tal situación, según narra la
demanda, se elevaron solicitudes directas a la Policía Nacional para que
desconociera el primero de los fallos en virtud de lo decidido en el segundo. Esta
entidad pública, consciente de las dificultades inherentes a tal petición, remitió
memorial ante el Tribunal Administrativo de La Guajira, quien advirtió que no
tenía competencia para reformar la sentencia y que las partes podían acudir a
los “recursos extraordinarios” para hacer valer sus pretensiones. En el
entretanto se tramitó una acción de tutela por el derecho de petición que llevó
a la expedición de la Resolución 0499 de 2008.
No obstante tal recomendación, en una
aplicación equivocada y caprichosa de la estrategia legal, el apoderado de la
actora olvidó impugnar el fallo del Tribunal y decidió impetrar una nueva
acción de tutela, atacando insistente e infructuosamente el acto administrativo
de cumplimiento de la sentencia y no la decisión judicial directamente. En su
lugar, el profesional del derecho tuvo a su disposición, durante dos años, hasta
junio de 2009, la posibilidad de interponer el recurso extraordinario de
revisión, específicamente por las causales segunda y tercera del artículo 188
del CCA, que dicen lo siguiente: “Art. 188. Son causales de revisión: (…)
2. Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos,
con lo cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el
recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por
obra de la parte contraria || 3. Aparecer, después de dictada la sentencia a
favor de una persona, otra con mayor derecho para reclamar”.
Atendiendo lo expuesto, la Sala
compulsará copias de esta providencia al Consejo Seccional de la Judicatura del
Cesar, para que investigue las posibles faltas disciplinarias en las que pudo
haber incurrido el abogado Wohiner Enrique Alfaro Cabrera.
6.3.2.  Adicionalmente, tal error fue agravado
por la sentencia de tutela proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar,
el 11 de julio de 2008, en la que se protegieron de manera transitoria los
derechos de la niña Ledis María Mosquera Ortiz. En efecto, como se observó, en
dicha decisión se corroboró la situación de injusticia que estaría soportando
la menor y, sin importar el contexto del caso y los antecedentes de la
Resolución 0499 de 2008, se ordenó adelantar la nueva acción ordinaria contra
ésta, engendrando la problemática que al día de hoy impide que haya una
solución definitiva del litigio.
De haber reconocido la sin salida a la
que se sometió a la actora y su hija, el Tribunal habría tenido que reconocer
que aquella providencia tenía la capacidad de generar confianza legítima sobre
la solución de fondo que se le daría a la titularidad de la pensión de
sobrevivientes causada por el S.I. Mosquera[52].
6.4.  En definitiva, en aplicación de la
justicia material, la Sala concluye que los yerros enunciados no tienen por qué
afectar el goce efectivo de los derechos fundamentales invocados por la actora
a favor de su hija, Ledis María Mosquera Ortiz, por lo que se hace imperativo
que a través de la presente acción de tutela se defina el titular definitivo de
la prestación, teniendo en cuenta que la sentencia de filiación tiene la
capacidad de modificar los alcances del fallo proferido por el Tribunal
Administrativo de La Guajira. El amparo en este caso no tiene la intención de
reemplazar el recurso extraordinario de revisión, sino de ajustar
excepcionalmente los derechos de las partes de manera definitiva atendiendo que
los yerros presentados no son imputables a la actora o su hija y tampoco
afectan intereses de personas que no participaron de este trámite o del de
nulidad y restablecimiento del derecho.
En efecto, la simple decisión de
protección de derechos para que se profieran nuevas sentencias es insuficiente,
ya que llevaría a que se siga prorrogando la necesidad de definir la
titularidad de la pensión de sobrevivientes causada a partir del deceso del
S.I. Julio César Mosquera Góngora. Como se observó, la sola existencia del
proceso ordinario no solo afecta los derechos de las partes, sino que desconoce
los límites, finalidades  y competencias aplicables a la administración de
justicia. Por tanto, esta Sala considera que es absolutamente necesario
extender la solución del caso de manera que no solo se detecte la existencia
del defecto, sino que también se haga explícito a quien se debe asignar la
prestación.
Bajo tales circunstancias, con el ánimo
de impartir justicia material al caso, se procederá a conceder la protección de
los derechos invocados por la actora y se ordenará a la Policía Nacional que de
manera definitiva anule la resolución 00499 de 2008 y asigne la pensión de
sobrevivientes causada con la muerte del S.I. Julio César Mosquera Góngora
debidamente indexada, incluyendo la indemnización respectiva, a favor de la
niña Ledis María Mosquera Ortiz, con base en las siguientes justificaciones y
parámetros:
La
normatividad que rige el asunto en debate es el Decreto 1091 de 1995 por
tratarse de un régimen especial, exceptuado de la Ley 100 de 1993. En su
artículo 76 establece:
“Orden de
beneficiarios. Las prestaciones sociales a causa de muerte de un miembro del
nivel ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo o en goce de
asignación de retiro o pensión, se pagarán según el siguiente orden y
proporción: a) la mitad al cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente y
la otra mitad a los hijos del causante, en concurrencia éstos últimos en las
proporciones de ley; b) si no hubiere cónyuge o compañero permanente sobreviviente,
las prestaciones corresponden íntegramente a los hijos en las proporciones de
ley; c) si no hubiere hijos las prestaciones se dividirán así: 1. cincuenta por
ciento para el cónyuge o compañero (a) permanente; 2. Cincuenta por ciento para
los padres en partes iguales; 3.Si no hubiere cónyuge, compañero (a)
sobreviviente ni hijos, la prestación se dividirá entre los padres...”
Así
entonces, la beneficiaria por ley para recibir la pensión de sobrevivientes y
la compensación por la muerte del S.I. Mosquera Góngora es la menor Ledis María
Mosquera, teniendo en cuenta que existe una sentencia emanada de un juzgado de
familia donde declara que la niña es hija del causante y por lo tanto, al ser
beneficiaria en el primer orden, es acreedora a las prerrogativas de ley,
incluyendo las prestaciones sociales  y la indemnización por muerte de su
padre.
En
consecuencia, la Sala concederá la protección de los derechos fundamentales
invocados, revocará la decisión revisada y dejará sin efectos las sentencias
proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar,
del 24 de junio de 2009, y por el Tribunal Administrativo del Cesar, del 1º de
julio de 2010. En esta medida ordenará a la Policía Nacional que, si no lo
hubiere hecho, proceda a (i) revocar la Resolución 0499 del 04 de junio de 2008,
así como los actos administrativos que se hubieren expedido como consecuencia
de las decisiones judiciales antes referidas y (ii) a reconocer como
beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, debidamente indexada, a la menor Ledis
María Mosquera Ortiz como hija del S.I. (F) Julio César Mosquera Góngora,
representada por la señora Siceris Rocío Ortíz Hernández. En esta medida,
deberá incluir en la nómina de pensión a la niña y la reconocerá como
beneficiaria de la compensación por muerte de su padre y, en consecuencia,
efectuará las gestiones necesarias para dar por terminados los cobros coactivos
que se iniciaron como consecuencia de la Resolución 0499 de 2008.
En
mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero.-
REVOCAR la
sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, del 31
de marzo de 2011, que revocó el fallo proferido por la Sección Cuarta de la
misma Corporación, del 14 de octubre de 2010, que negó por improcedente la tutela
de derechos fundamentales iniciada por la señora Siceris Rocío Ortiz Hernández
en representación de su menor hija Ledis María Mosquera Ortiz en contra del
Tribunal Administrativo del Cesar. En consecuencia, AMPARAR los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia y a la confianza legítima.
Segundo.- En
consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la sentencias dictadas por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar, del 24 de junio de 2009, y
por el Tribunal Administrativo del Cesar, del 1º de julio de 2010, dentro de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho iniciada por la señora Siceris
Rocío Ortiz Hernández.  En su lugar, ORDENAR a la Policía Nacional que
en el término de 48 horas, si no lo hubiere hecho, proceda a (i) revocar la
Resolución 0499 del 04 de junio de 2008, así como los actos administrativos que
se hubieren expedido como consecuencia de las decisiones judiciales antes
referidas y (ii) a reconocer como beneficiaria de la pensión de sobrevivientes,
debidamente indexada, a la menor Ledis María Mosquera Ortiz como hija del S.I.
(F) Julio César Mosquera Góngora, representada por la señora Siceris Rocío
Ortíz Hernández. En esta medida, deberá incluir en la nómina de pensión a la
niña y la reconocerá como beneficiaria de la compensación por muerte de su
padre y, en consecuencia, efectuará las gestiones necesarias para dar por
terminados los cobros coactivos que se iniciaron como consecuencia de la
Resolución 0499 de 2008.
Tercero.- En razón a los
argumentos presentes en el numeral 6.3.1. de la parte considerativa de esta
sentencia, COMPULSAR COPIAS  de la misma con destino al Consejo
Seccional de la Judicatura del Cesar, para que investigue las posibles faltas
disciplinarias en las que pudo haber incurrido el abogado Wohiner Enrique
Alfaro Cabrera.
Cuarto.- LÍBRESE
por
secretaría la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase y publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1]
Éste es narrado por la actora en el punto doce de su escrito, en los siguientes
términos: “En vista que la institución insistía en darle aplicación a la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, fue necesario presentar ACCIÓN DE TUTELA, por violación al derecho de petición,
sencillamente porque la POLICIA NACIONAL limitaba su respuesta en los pronunciamientos del Magistrado, desconociendo sus propias normas que le brindan la facultad de resolver esta clase de situaciones”.
[2] Este
marco dogmático fue presentado por la Sala Quinta de Revisión en las sentencias T-708 de 2010 y T-513 de 2011.
[3]  Ver
sentencia T-008 de 1998.
[4]
Sentencia T-1031 de 2001, argumento jurídico número 6.
[5]
Sentencia 173/93.
[6]
Sentencia T-504/00.
[7]
Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05
[8]
Sentencias T-008/98 y SU-159/2000
[9]
Sentencia T-658-98
[10]
Sentencias T-088-99 y SU-1219-01
[11]
Sentencia T-522/01
[12] Cfr.
Sentencias T-462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y  T-1031/01.
[13]
Sentencia SU-159 de 2002, T-064 de 2010 entre otras.
[14] T-264
de 2009.
[15]  Vid.
Sentencia T-161 de 2010.
[16]
Corte Constitucional. Sentencia T-774 de 2004.
[17]
Corte Constitucional. Sentencia SU-120 de 2003.
[18]
Vgr. ha sido derogada o declarada inexequible.
[19]
Corte Constitucional. Sentencia T-292 de 2006.
[20] Corte
Constitucional. Sentencia SU-1185 de 2001.
[21]
En la sentencia T-1031 de 2001 la Corte decidió que la acción de tutela procede
contra una providencia judicial que omite, sin razón alguna, los precedentes
aplicables al caso o cuando “su discrecionalidad interpretativa se desborda
en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados”. Puede verse
además la sentencia T-1285 de 2005 y la sentencia T-567 de 1998.
[22]
Corte Constitucional. Sentencias SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y T-1031 de
2001.  También la T-047 de 2005. En estos casos, si bien el  juez de la causa
es quien le fija el alcance a la norma que aplica, no puede hacerlo en
oposición a los valores, principios y derechos constitucionales, de manera que,
debiendo seleccionar entre dos o más entendimientos posibles, debe forzosamente
acoger aquél que se ajuste a la Carta política.
[23]
Sentencia T-114 de 2002, sentencia T- 1285 de 2005.
[24]
Ver la sentencia T-292 de 2006. También las sentencias SU-640 de 1998 y  T-462
de 2003.
[25]
Sobre el particular en la sentencia T-123 de 1995, esta Corporación señaló:
"Es razonable exigir, en aras del principio de igualdad en la
aplicación de la ley, que los jueces y funcionarios que consideren
autónomamente que deben apartarse de la línea jurisprudencial trazada por las
altas cortes, que lo hagan, pero siempre que justifiquen de manera suficiente y
adecuada su decisión, pues, de lo contrario, estarían infringiendo el principio
de igualdad (CP art.13). A través de los recursos que se contemplan en cada
jurisdicción, normalmente puede ventilarse este evento de infracción a la Constitución”. Sobre este tema, también puede consultarse  la sentencia T-949 de 2003.
[26]
En este sentido, entre muchas otras, pueden verse las sentencias SU-049 de
1999, SU-1720 de 2000, C-252 de 2001, T-468 de 2003, T-292 de 2006, C-820 de
2006 y T-162 de 2009.
[27]
Sentencia T-158 de 2006.
[28]
En la sentencia T-949 de 2003, esta Corporación señaló: "Es razonable
exigir, en aras del principio de igualdad en la aplicación de la ley, que los
jueces y funcionarios que consideren autónomamente que deben apartarse de la
línea jurisprudencial trazada por las altas cortes, que lo hagan, pero siempre
que justifiquen de manera suficiente y adecuada su decisión, pues, de lo
contrario, estarían infringiendo el principio de igualdad (CP art.13). A través
de los recursos que se contemplan en cada jurisdicción, normalmente puede
ventilarse este evento de infracción a la Constitución.”
[29] Así lo
estableció la sentencia C-836 de 2001.
[30]
Sentencia T-321 de 1998.
[31]
Sentencia T-698 de 2004.
[32]
En dicha sentencia, los puntos fueron desarrollados ampliamente así: En cuanta
a la relación con al igualdad (i) y la seguridad jurídica (ii) la Corte ha concluido lo siguiente:“(...) todo tribunal, y en especial la Corte Constitucional, tiene la obligación de ser consistente con sus decisiones previas. Ello
deriva no sólo de elementales consideraciones de seguridad jurídica - pues
las decisiones de los jueces deben ser razonablemente previsibles- sino
también del respeto al principio de igualdad, puesto que no es justo que casos
iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo juez. Por eso,
algunos sectores de la doctrina consideran que el respeto al precedente es al
derecho lo que el principio de universalización y el imperativo categórico son
a la ética, puesto que es buen juez aquel que dicta una decisión que estaría
dispuesto a suscribir en otro supuesto diferente que presente caracteres
análogos, y que efectivamente lo hace. Por ello la Corte debe ser muy consistente y cuidadosa en el respeto de los criterios jurisprudenciales
que han servido de base (ratio decidendi) de sus precedentes decisiones.” (Sentencia
C-447 de 1997. En sentido similar puede consultarse la Sentencia T-123 de 1995, T-468 de 2003, T-330 de 2005).  Sobre el precedente y su relación
con lo principios de buena fe y confianza legítima (iii) la jurisprudencia
considera: “Las exigencias éticas derivadas del principio
de la mutua confianza, imponen que todas las autoridades públicas y,
especialmente, las judiciales actúen con consistencia y uniformidad, de
modo tal, que siempre deben estar en disposición de adoptar la misma decisión
cuando concurran los mismos presupuestos de hecho y derecho, sin que les sea
permitido defraudar la confianza de los ciudadanos con la adopción de
decisiones sorpresivas que no se ajusten a las que sean previsibles conforme a
los precedentes judiciales sólidamente establecidos.” (Sentencia T-468 de
2003). Por su parte, en cuanto a la disciplina judicial (iv), la Corte ha explicado que “el deber de atender los precedentes, resulta consustancial al
ejercicio armónico de la función judicial, no sólo en atención a las decisiones
propias y de los superiores, sino en armonía con los alcances mismos de la Constitución” (Sentencia C-252 de 2001. Ver también la sentencia T-292 de 2006).
[33]
Así en la sentencia T698 de 2004, se indicó: “En mérito de lo expuesto,
tenemos que a fin de garantizar el principio de igualdad y asegurar igualmente
la autonomía e independencia judicial, los operadores jurídicos que resuelvan
un caso de manera distinta a como fue decidido por ellos mismos en eventos
semejantes, o si se apartan de la jurisprudencia sentada por órganos
jurisdiccionales de superior rango sin aducir razones fundadas para esa
separación, incurrirán necesariamente en una vía de hecho, susceptible de
protección a través de la acción de tutela”.
[34]
Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión “y quienes
estén devengando pensión de jubilación” del Artículo 137 del Decreto-Ley
960 de 1970, por el cual se expide el estatuto de notariado.
[35]
Sentencia C-666 de 1996.
[36]
Por excepción, cuando se trata de defectos formales en el proceso de formación
de la ley, la acción de inconstitucionalidad caduca al año de la promulgación
de la ley (C.P. Art.242-3).
[37]
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 91
(parcial) y 333 (parcial) del Código de Procedimiento Civil
[38]
Folio 127, cuaderno de instancia.  Respuesta presentada por la Secretaría General de la Policía Nacional a la acción de tutela.
[39]
Foticopia de este acto se puede consultar en los folios 41 a 44 del cuaderno de instancia.
[40] Folio
127, cuaderno de instancia.
[41] Folios 36 a 38 del cuaderno de instancia.
[42] Folios 45 a 66 del cuaderno de instancia.
[43]
En aquella oportunidad, el apoderado de la actora escribió lo siguiente: “19.
De acuerdo a todos los hechos esgrimidos se puede colegir que la institución ha
vulnerado fragantemente los derechos del menor, los cuales son tan relevantes
que su protección se encuentra soportada y garantizada por el derechos (sic)
internacional; la entidad no se imagina el perjuicio que esta (sic) generando
con esta decisión, por cuanto no conoce que la pensión que recibe la menor es
el sustento exclusivo con el que cuenta la madre de la menor; y no solamente
ella sino que de esa prestación económica también dependen sus hermanas, en fin
este medio constituye su mínimo vital, del que se invierte para su educación,
recreación, salud, entre otros. (…) 21. Por ello es importante que se le
de procedencia a la tutela, suspendiendo la resolución No 00499 del 04 de junio
de 2008, y se restablezca, provisionalmente los derechos de la menor,
ingresándola nuevamente a la nomina (sic) de pensionado y cancelándole
todos los beneficios inherentes a dicha prestación; situación que se aprobara
de manera transitoria, en virtud de evitar un perjuicio irremediable, mientras
se resuelve esta problemática a través de la jurisdicción contenciosa administrativa”.
[44]
Por el cual se expide el Régimen de Asignaciones y Prestaciones
para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, creado mediante Decreto 132 de 1995.
[45] Folios
91 y 93 del cuaderno de instancia.
[46] Ver
sentencia T-841 de 2009.
[47]
Este texto es extractado de la Resolución 0499 de 2008, aportada por la actora (folios 41 a 44, cuaderno de instancia).
[48]
Ver, entre otras, las sentencias T-537 de 1994, T-542 de 1994, T-084
de 1998, T-395 de 2001, T-406 de 2002, T-323 de 2005.
[49]
En un caso similar a este, en el que se valoró la existencia de sentencias
opuestas frente a una misma pretensión, la Corte observó lo siguiente: “4.6. Cabe recordar, que uno de los pilares del sistema jurídico en el Estado de
Derecho es el principio de seguridad jurídica. El derecho fundamental al debido
proceso se extiende para salvaguardar instituciones como la de la Cosa Juzgada y el non bis in idem, entre otras, cuyo objetivo es
proporcionar seguridad jurídica. A su turno, junto con la institución de la
cosa juzgada, los principios de eficacia y eficiencia de los procesos
judiciales, establecen reglas de procedimiento que procuran la razonabilidad de
los mismos, cuando se presenta una identidad en lo que se solicita a los
jueces.
Estos principios de
orden constitucional han sino ampliamente desarrollados por la doctrina y la
jurisprudencia, pretenden que al interior de un mismo sistema judicial no se
presente lo que en el caso subjudice encontró la Corte. Esto es, dos procesos tramitados simultáneamente ante jueces distintos, por
demandantes distintos, con idéntica pretensión de ser reconocidas - las
demandantes-  por parte de la entidad demandada, como beneficiarias de un
mismo derecho pensional; y a la postre, con sentencias distintas, que reconocen
a cada una el mencionado derecho. Lo cual constituye un yerro, pues en las
normas que regulan la pensión de sobrevivientes se estipula claramente que los
beneficiarios podrán ser el cónyuge o la compañera o compañero permanente del
pensionado fallecido, pero no ambos.” (sentencia T-971 de 2008).
[50] Se hace
necesario recordar que los padres del agente Julio César Mosquera Góngora
también son sujetos de especial protección, ya que ellos tienen 75 y 66 años
respectivamente.
[51]
Sobre el particular se pueden consultar, por ejemplo, las siguientes
sentencias: SU-327 de 1995, T-321 de 1998, SU-640 de 1998, SU-168 de 1999,
T-973 de 1999, T-009 de 2000, T-068 de 2000, C-836 de 2001, SU-1219 de 2001.
[52] Ver
sentencias: T-1023 de 2006, T-075 de 2008, T-213 de 2008, T-723 de 2008 y T-698
de 2010.