T-088-18
Sentencia T-088/18
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia
excepcional
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE
CONSTITUCIONAL COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
Los funcionarios judiciales están
obligados a aplicar el precedente sentado por la Corte Constitucional y, en
caso de apartarse de determinada línea jurisprudencial, soportarlo con la carga
argumentativa adecuada y suficiente que justifique su actuar. De lo contrario,
se configuraría un defecto por desconocimiento del precedente constitucional
con lo cual no solo se vulneraría los derechos a la igualdad y al debido
proceso, sino que se desconocería el principio de supremacía
constitucional.
PRECEDENTE CONSTITUCIONAL-Concepto
PRECEDENTE HORIZONTAL Y VERTICAL-Diferencias
PRECEDENTE CONSTITUCIONAL-Carácter vinculante
VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD
DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
A
la luz del actual modelo de ordenamiento constitucional según el cual la Carta
Política es norma de normas, cuando un juez ordinario o una autoridad
administrativa adopta una decisión que desconoce de forma específica los
postulados en ella contenidos, se configura un defecto que admite la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales por violación
directa de la Constitución.
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD
LABORAL E IN DUBIO PRO OPERARIO-Hace referencia al deber de
los operadores jurídicos de aplicar, en caso de duda, la fuente formal de
derecho vigente más favorable al trabajador, o la interpretación de esas
fuentes que le sea más favorable
PRINCIPIO DE
FAVORABILIDAD EN MATERIA LABORAL-Aplicación
El principio de favorabilidad se aplica
en los casos en que existe duda sobre la disposición jurídica aplicable, en
tanto se encuentran dos o más textos legislativos vigentes al momento de
causarse el derecho. En tales eventos, “los cánones protectores de
los derechos del trabajador y la seguridad social ordenan la elección de la
disposición jurídica que mayor provecho otorgue al trabajador, o al afiliado o
beneficiario del sistema de seguridad social”, respetando el principio de inescindibilidad de la
norma, esto es, la aplicación de manera íntegra en relación con la totalidad
del cuerpo normativo al que pertenece.
PRINCIPIO
INDUBIO PRO OPERARIO-Aplicación
El principio in dubio pro operario o favorabilidad en sentido amplio, por otro
lado, implica que una o varias disposiciones jurídicas aplicables a un caso
admiten diversas interpretaciones razonables dentro de su contenido normativo,
hipótesis bajo la cual el operador jurídico debe escoger aquella que brinde
mayor amparo o sea más favorable al trabajador.
IMPRESCRIPTIBILIDAD EN MATERIA PENSIONAL-Reiteración
de jurisprudencia
IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL INCREMENTO PENSIONAL DEL
14% EN RELACION CON EL CONYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE A CARGO-Jurisprudencia
constitucional
UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE IMPRESCRIPTIBILIDAD
DEL INCREMENTO PENSIONAL DEL 14% EN RELACION CON EL CONYUGE O COMPAÑERO(A)
PERMANENTE A CARGO
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por vulneración
directa de la Constitución, al desconocer el principio in dubio pro operario
y declarar prescrito derecho a incremento pensional del 14% por persona a
cargo
DERECHO AL DEBIDO PROCESO, A LA SEGURIDAD SOCIAL Y AL MINIMO
VITAL-Orden a
Colpensiones reconocer incremento pensional del 14% por cónyuge o compañera(o)
a cargo, según Acuerdo 049 de 1990
Referencia: Expedientes T-6.430.308,
T-6.430.924, T-6.430.927 y T-6.430.943 (acumulados).
Acciones de tutela instauradas por i) Hercilia Farfán Moya
contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá; ii) Julio Martín
Escorcia Duncan contra el Juzgado Cuarto de Pequeñas Causas Laborales de
Barranquilla y el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de la misma ciudad; iii)
José del Carmen Galindo Pérez contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Bogotá; y iv) Perfecto Imitola Vásquez contra la Administradora
Colombiana de Pensiones -Colpensiones- y la Sala Laboral del Tribunal Superior
de Cartagena.
Magistrado Ponente:
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Bogotá, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil dieciocho
(2018).
La Sala Octava de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Carlos Bernal Pulido, Alberto Rojas Ríos y José
Fernando Reyes Cuartas, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro
del proceso de revisión de los fallos de tutela emitidos por los despachos
judiciales que se detallan a continuación:
1.  Por
la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en primera instancia, y por la Sala Penal de la
misma Corporación, en segunda instancia, en la acción de tutela instaurada por Hercilia Farfán Moya contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Bogotá (expediente T-6.430.308).
2.  Por
la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Barranquilla, en primera instancia, y la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, en segunda instancia, en la acción de tutela instaurada por Julio Martín Escorcia Duncan contra el Juzgado Cuarto de Pequeñas
Causas Laborales de Barranquilla y el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Barranquilla (expediente T-6.430.924).
3.  Por
la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en primera instancia,
en la acción de tutela instaurada por José del Carmen Galindo
Pérez contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá (expediente T-6.430.927).
4.  Por la Sala Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, en primera instancia, en la acción de tutela
instaurada por Perfecto Imitola Vásquez contra la
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- y la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Cartagena (expediente T-6.430.943).
I. Antecedentes
1.
Expediente T-6.430.308
1.1       Hechos
1.1.1
La señora Hercilia Farfán Moya, de 69 años de edad, interpuso acción de
tutela contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, al considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social
y a la igualdad.
1.1.2
Relató que desde hace más de 40 años convive en unión marital de hecho
con el señor Gustavo Quintero Barrantes.
1.1.3
Sostuvo que en los últimos 20 años ha sufragado todos los gastos de su
compañero permanente, debido a su deteriorado estado de salud que le impide
realizar alguna actividad laboral.
1.1.4
Manifestó que mediante la Resolución No. 018353 de 2003 el Instituto de
Seguros Sociales -hoy Colpensiones- le reconoció la pensión de vejez como
beneficiaria del régimen de transición.
1.1.5
Señaló que el 28 de noviembre de 2013 solicitó el reconocimiento y pago
del incremento de la mesada pensional en un 14% por compañero permanente a
cargo, petición que fue negada por esa entidad mediante la Resolución GNR
271601 de 2013 y confirmada a través de la Resolución No. 161964 de 2014.
1.1.6
Comentó que el 7 de diciembre de 2015 interpuso una demanda laboral con
el fin de que le fuera reconocido el incremento pensional referido, proceso que
correspondió al Juzgado 21 Laboral del Circuito de Bogotá. Este despacho
accedió a las pretensiones de la demanda en sentencia del 23 de noviembre de
2016.
1.1.7
Sin embargo, explicó, esa decisión fue revocada por la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá en sentencia del 18 de abril de 2017 que, en su
lugar, declaró probada la excepción de prescripción, absolviendo de ese modo a
la entidad demandada.
1.1.8
Con sustento en lo expuesto, solicitó que se dejara sin efectos la
sentencia de segunda instancia en el proceso ordinario y se le ordenara a
Colpensiones reconocer y pagar el incremento del 14% por compañero permanente a
cargo.
1.2
Trámite procesal a partir de la acción de tutela
Mediante Auto del 25 de julio de 2017
la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia avocó conocimiento de la acción
de tutela, disponiendo notificar a la parte accionada para que ejerciera su
derecho de defensa y contradicción. Asimismo, vinculó al Juzgado 21 Laboral del
Circuito de Bogotá y a Colpensiones para que se pronunciaran sobre los hechos
que dieron origen al amparo de tutela.
1.3       Respuestas de las entidades accionadas
1.3.1
El Juzgado 21
Laboral del Circuito de Bogotá hizo referencia al trámite surtido en el proceso
ordinario y sostuvo que los pronunciamientos emitidos en esa sede judicial lo
fueron para proveer el cumplimiento de la ley, conducta que no puede ser
considerada como violatoria de los derechos fundamentales de las partes.
1.3.2
La Sala Laboral
del Tribunal Superior de Bogotá remitió un CD contentivo de la providencia
proferida en segunda instancia dentro del proceso ordinario instaurado por la
señora Hercilia Farfán Moya.
1.4       Sentencias
objeto de revisión
1.4.1
Primera instancia
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en
sentencia proferida el 2 de agosto de 2017, negó la protección invocada al
considerar que han sido diversos los pronunciamientos de la Corte
Constitucional en torno a la prescripción de los incrementos pensionales, por
lo que no existe una línea pacífica y vinculante al respecto.
En contraste, recordó que según los pronunciamientos de la Corte
Suprema de Justicia tales incrementos sí están sujetos al fenómeno de la
prescripción, puesto que no hacen parte del derecho a la pensión, sino que solo
constituyen un aspecto económico que sirve para incrementar el monto de la
misma.
1.4.2
Segunda instancia
En sentencia del 26 de septiembre de 2017 la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión adoptada en primera
instancia.
Adujo que el Tribunal accionado fundamentó su decisión no solo en
el acervo probatorio, sino en los artículos 22 y 50 del Acuerdo 049 de 1990,
488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo,
así como en la jurisprudencia de la Sala Laboral de esa Corporación.
De igual forma, mencionó que no se desconocía el reciente
pronunciamiento de la sentencia SU-310 de 2017 que unificó el asunto, toda vez
que era desconocido para el Tribunal accionado al momento de proferir la
decisión de segunda instancia en el proceso ordinario.
1.5
Pruebas
Entre las pruebas
aportadas en el trámite de la acción de tutela, la Sala destaca las siguientes:
-
Copia de la cédula de ciudadanía de la señora
Hercilia Farfán Moya (Cuaderno 1, folio 29).
-
Copia de la cédula de ciudadanía del señor Gustavo
Quintero Barrantes, compañero permanente de la accionante. (Cuaderno 1, folio
28).
-
Copia de la solicitud de incremento pensional
del 14% por cónyuge a cargo presentada el 26 de julio de 2012 ante el Instituto
de Seguros Sociales. (Cuaderno 1, folios 15 a 17).
-
Copia de la Resolución No. 022345 del 18 de
agosto de 2004, mediante la cual Colpensiones reconoce un retroactivo pensional
a la señora Hercilia Farfán Moya. (Cuaderno 1, folios 12 a 14).
-
Copia de la Resolución No. GNR271601 del 25 de
octubre de 2013, mediante la cual Colpensiones niega el reconocimiento del
incremento pensional del 14% por cónyuge a cargo. (Cuaderno 1, folios 19 a 22).
-
Copia de la Resolución No. GNR161964 del 9 de
mayo de 2014, mediante la cual Colpensiones confirma la Resolución No.
GNR271601 de 2013 (Cuaderno 1, folios 24 a 27).
-
Copia de la sentencia proferida en primera
instancia por el Juzgado 21 Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso
ordinario laboral instaurado por Hercilia Farfán Moya contra Colpensiones,
radicación 2015-1015. (Cuaderno 1, folios 32 y 33).
-
Copia de la sentencia proferida en segunda
instancia por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, dentro del
proceso ordinario laboral instaurado por Hercilia Farfán Moya contra
Colpensiones, radicación 2015-1015. (Cuaderno 1, folios 34 y 35).
2.
Expediente T-6.430.924
2.1
Hechos
2.1.1
El señor Julio Martín
Escorcia Duncan, de 74 años de edad, actuando
mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Juzgado Cuarto de Pequeñas Causas Laborales de
Barranquilla y el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Barranquilla, al
considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso.
2.1.2
Señaló que mediante la Resolución No. 001577 de 2005 Colpensiones le reconoció
la pensión de vejez como beneficiario del régimen de transición.
2.1.3
Indicó que el 11 de noviembre de 2014 presentó
una reclamación administrativa solicitando el incremento del 14% por tener a su
cargo a la señora Nuvia de la Concepción Barros Peñate, con quien ha convivido
de manera continua e ininterrumpida por más de 36 años. Esta petición fue
negada por esa entidad.
2.1.4
Sostuvo que el 18 de diciembre de 2015
interpuso demanda ordinaria laboral con el fin de que le fuera
reconocido el incremento pensional referido, proceso que correspondió al
Juzgado Cuarto de Pequeñas Causas Laborales de Barranquilla.
2.1.5
Adujo que ese despacho negó las pretensiones de la demanda al
considerar que las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional en la
materia no eran un criterio vinculante, sino uno auxiliar, por lo que se acogió
a la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, que ha reiterado su
postura sobre la prescripción en esta clase de asuntos.
2.1.6
Relató que el proceso fue enviado al Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Barranquilla para cumplir el grado
jurisdiccional de consulta, despacho que en sentencia del 9 de febrero de 2017
confirmó la decisión de primera instancia.
2.1.7
A juicio del accionante, los operadores
judiciales, ante dos posibles interpretaciones sobre una norma laboral, optaron
por aquella menos favorable, desconociendo de ese modo lo consagrado en el
artículo 53 de la Constitución.
2.1.8
En virtud de lo expuesto, solicitó que se
ordenara a las autoridades judiciales accionadas proferir nuevamente sus
decisiones realizando su análisis sustentado en el principio de favorabilidad.
2.2
Trámite procesal a partir de la acción de tutela
Mediante Auto del 19 de julio de 2017,
la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla avocó conocimiento de la
acción de tutela, disponiendo notificar a la parte accionada para que ejerciera
su derecho de defensa y contradicción. Asimismo, vinculó a Colpensiones como
tercero con interés en las resultas del proceso.
2.3       Respuestas de las entidades accionadas
2.3.1
El Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas
Laborales de Barranquilla indicó que las decisiones proferidas en el curso del
proceso ordinario fueron argumentadas bajo los principios de independencia y
autonomía judicial, acogiendo el precedente sentado por la Corte Suprema de
Justicia sobre la materia.
2.3.2
El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Barranquilla reiteró las razones por las cuales confirmó la decisión de primera
instancia en el proceso ordinario, esto es, por considerar que los incrementos
pensionales por personas a cargo no hacen parte de la pensión y, por lo tanto,
les es aplicable el término de prescripción para exigir su cumplimiento.
2.4       Sentencias
objeto de revisión
2.4.1
Primera instancia
La Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, mediante
sentencia del 28 de julio de 2017, negó la protección invocada al considerar
que de conformidad con el precedente sentado por la Corte Suprema de Justicia
los incrementos pensionales por personas a cargo están sujetos al fenómeno de
la prescripción y, bajo ese entendido, las decisiones de los jueces laborales
no fueron arbitrarias.
2.4.2
Segunda instancia
En providencia del 20 de septiembre de 2017 la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo del juez de primera instancia.
Señaló que las decisiones cuestionadas por vía de tutela se
apoyaron en un adecuado análisis fáctico y jurídico, e indicó que interferir en
dichas providencias sería invadir la órbita de su competencia.
2.5
Pruebas
Entre las pruebas
aportadas en el trámite de la acción de tutela la Sala destaca las siguientes:
-
Copia de la demanda ordinaria laboral instaurada
por Julio Martín Escorcia Duncan contra Colpensiones. (Cuaderno 1, folios 11 a
15).
-
CD de la audiencia pública en la que el Juzgado
Cuarto de Pequeñas Causas Laborales de Barranquilla resolvió en única instancia
la demanda ordinaria laboral interpuesta por Julio Martin Escorcia Duncan
contra Colpensiones, radicado No. 2015-1285. (Cuaderno 1, folio 16).
-
Copia del acta de la audiencia celebrada el 9 de
febrero de 2017, mediante la cual el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Barranquilla resolvió el grado jurisdiccional de consulta. (Cuaderno 1, folio
18).
3.
Expediente T-6.430.927
3.1
Hechos
3.1.1
El señor José del Carmen Galindo Pérez, de 74
años de edad, interpuso acción de tutela contra la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso y a la seguridad social.
3.1.2
Indicó que desde el 18 de febrero de 1978
contrajo matrimonio con la señora Rosario Granado Triviño, quien depende
económicamente de él.
3.1.3
Relató que mediante la Resolución No. 030109 de 2003 el Instituto de Seguros
Sociales le reconoció la pensión de vejez.
3.1.4
Sostuvo que solicitó ante esa entidad el reconocimiento
y pago del incremento pensional del 14% por cónyuge a cargo, pero nunca recibió
una respuesta a su solicitud. Por esa razón agotó la reclamación administrativa
ante Colpensiones, entidad que negó su solicitud.
3.1.5
Refirió que instauró demanda ordinaria
laboral con el fin de obtener el reconocimiento del incremento mencionado,
proceso que correspondió al Juzgado 13 Laboral del Circuito de Bogotá.
3.1.6
Manifestó que ese despacho accedió a las
pretensiones de la demanda en sentencia del 8 de octubre de 2015.
3.1.7
Sin embargo, continuó, esa decisión fue
revocada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá en fallo del 12 de
noviembre de 2015 y, en su lugar, absolvió a la entidad demandada.
3.1.8
Con base en lo anterior, solicitó que se
ordenara a la autoridad judicial accionada dejar sin efecto la sentencia de
segunda instancia en el proceso ordinario laboral y, en su lugar, conceder el
reconocimiento del incremento pensional.
3.2
Trámite procesal a partir de la acción de tutela
En
Auto del 23 de agosto de 2017 la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia
avocó conocimiento de la acción de tutela y ordenó correr traslado a las
autoridades accionadas, partes y terceros involucrados en el proceso ordinario
laboral, para que ejercieran su derecho de defensa y contradicción.
Vencido
el término otorgado por esa Corporación, ninguna de las partes se pronunció
sobre el asunto.
3.3
Sentencia objeto de revisión
Mediante sentencia proferida el 30 de agosto de 2017 la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo invocado al no
encontrar acreditado el requisito de inmediatez.
Señaló que la
acción de tutela fue interpuesta un año y nueve meses después de haberse
proferido la sentencia de segunda instancia en el proceso ordinario.
3.4
Pruebas
Entre las pruebas
aportadas en el trámite de la acción de tutela, la Sala destaca las siguientes:
-
Copia de la solicitud de reconocimiento del
incremento pensional del 14% por cónyuge a cargo. (Cuaderno 1, folio 7).
-
Copia de la Resolución No. 030109 de 2003,
mediante la cual el Instituto de Seguros Sociales reconoce la pensión de vejez
al señor José del Carmen Galindo Pérez. (Cuaderno 1, folios 8 y 9).
-
Copia del registro civil de matrimonio celebrado
entre José del Carmen Galindo Pérez y Rosario Granado Triviño. (Cuaderno 1,
folio 10).
-
Copia de la cédula de ciudadanía del señor José
del Carmen Galindo Pérez. (Cuaderno 1, folio 11).
-
Copia de la cédula de ciudadanía de la señora
Rosario Granado Triviño. (Cuaderno 1, folio 12).
-
Copia del certificado de afiliación a la EPS Compensar
de la señora Rosario Granado Triviño. (Cuaderno 1, folio 13).
4.  Expediente T-6.430.943
4.1
Hechos
4.1.1
El señor Perfecto Imitola Vásquez, de 81 años
de edad, actuando por medio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela
contra Colpensiones y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad social, al
mínimo vital y a la igualdad.
4.1.2
Señaló que el 20 de julio de 1958 contrajo
matrimonio con la señora Cliceria María Julio Ahumedo, quien depende
económicamente de él.
4.1.3
Mencionó que a través de la Resolución No. 000229 de 2003 el Instituto de Seguros
Sociales le reconoció la pensión de vejez por ser beneficiario del régimen de
transición.
4.1.4
Adujo que el 10 de mayo de 2010 instauró
demanda ordinaria laboral con el fin de obtener el reconocimiento del
incremento pensional del 14% por cónyuge a cargo, proceso que correspondió al
Juzgado Primero Laboral Adjunto del Circuito de Cartagena.
4.1.5
Indicó que ese despacho accedió a las
pretensiones de la demanda en sentencia del 29 de abril de 2011. Sin embargo,
esta decisión fue revocada mediante providencia del 14 de septiembre de 2011
por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena que, en su lugar,
declaró probada la excepción de prescripción.
4.1.6
Con sustento en lo expuesto, solicitó que se
ordenara al Tribunal accionado dejar sin efecto la sentencia de segunda
instancia en el proceso ordinario y, en su lugar, disponer que Colpensiones
reconozca y pague el incremento pensional por cónyuge a cargo.
4.2
Trámite procesal a partir de la
acción de tutela
En
Auto del 10 de agosto de 2017 la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia
avocó conocimiento de la acción de tutela y ordenó correr traslado a las
autoridades accionadas, partes y terceros involucrados en el proceso ordinario
laboral, para que ejercieran su derecho de defensa y contradicción.
4.3
Respuestas de las entidades accionadas
La Sala
Laboral del Tribunal Superior de Cartagena señaló que la decisión proferida en
el proceso ordinario estuvo ajustada a los lineamientos jurisprudenciales
imperantes en ese momento. Por otro lado, resaltó que la acción de tutela fue
instaurada más de seis años después de haberse proferido el fallo cuestionado,
por lo que no encontró acreditado el requisito de inmediatez.
4.4
Decisión objeto de revisión
Mediante
sentencia del 16 de agosto de 2017 la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia negó el amparo invocado, luego de concluir que no se acreditó el
cumplimiento del requisito de inmediatez. Por otro lado, consideró que la
decisión adoptada por el Tribunal accionado en el proceso ordinario estuvo
acorde con la postura de esa Corporación sobre la materia.
4.5
Pruebas
Entre las pruebas
aportadas en el trámite de la acción de tutela, la Sala destaca las siguientes:
-
Copia de la cédula de ciudadanía del señor
Perfecto Imitola Vásquez. (Cuaderno 1, folio 14).
-
Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Cliceria
María Julio de Imitola. (Cuaderno 1, folio 13).
-
Partida de matrimonio celebrado entre el señor
Perfecto Imitola Vásquez y la señora Cliceria María Julio de Imitola, de la
Notaría Cuarta del Círculo de Cartagena. (Cuaderno 1, folio 29)
-
Copia de la Resolución No. 000229 de 2003
mediante la cual el Instituto de Seguros Sociales reconoce la pensión de vejez
al señor Perfecto Imitola Vásquez. (Cuaderno 1, folio 15).
-
Copia del fallo proferido por el Juzgado Primero
Laboral Adjunto del Circuito de Cartagena en primera instancia dentro del
proceso ordinario laboral instaurado por Perfecto Imitola Vásquez contra el
Instituto de Seguros Sociales, radicado 2010-00261-00. (Cuaderno 1, folios 16 a
21).
-
Copia del fallo proferido por la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Cartagena en segunda instancia dentro del proceso
ordinario laboral instaurado por Perfecto Imitola Vásquez contra el Instituto
de Seguros Sociales, radicado 2010-00261-02. (Cuaderno 1, folios 22 a 28).
5.  Actuación en sede de revisión
5.1 Los expedientes de la referencia
fueron seleccionados por esta Corporación para su revisión por la Sala de
Selección Número Once de 2017[1] y acumulados para ser
fallados en una sola decisión por presentar unidad de materia.
5.2 Mediante Auto del 12 de diciembre
de 2017 el magistrado sustanciador solicitó a las instancias judiciales
accionadas remitir en calidad de préstamo los expedientes de los procesos
ordinarios contra los cuales se instauraron las acciones de tutela.
Los
Juzgados Veintiuno Laboral del Circuito de Bogotá, Cuarto Municipal de Pequeñas
Causas Laborales de Barranquilla y Trece Laboral del Circuito de Bogotá,
allegaron los expedientes solicitados.
El Juzgado Primero Laboral Adjunto del Circuito de Cartagena no
atendió el requerimiento de esta Corporación.
II. CONSIDERACIONES
1.
Competencia
Esta Sala de Revisión es competente para revisar los fallos de
tutela mencionados, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241 de
la Constitución Política y el Decreto Estatutario 2591 de 1991.
2.
Problema jurídico
Con base en los hechos descritos corresponde a la Sala Octava de Revisión evaluar,
en primer lugar, si los asuntos de la referencia cumplen los requisitos
generales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En caso afirmativo, deberá determinar si ¿las autoridades
judiciales accionadas vulneraron los derechos fundamentales a la seguridad
social, al mínimo vital y al debido proceso por violación directa de la Constitución y por desconocimiento del
precedente judicial, de los accionantes, al declarar probada la
excepción de prescripción propuesta frente al incremento pensional del 14% de la mesada pensional por cónyuge o
compañero permanente a cargo que respectivamente reclaman?
Con el fin de
resolver los anteriores problemas jurídicos, la Corte abordará el análisis de i)
la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales; ii) el desconocimiento del precedente constitucional como
causal de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales; iii) la violación directa de la Constitución como causal de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales; iv) los
principios de favorabilidad e in dubio pro operario en materia laboral; v)
la imprescriptibilidad de los incrementos pensionales del 14% por cónyuge,
compañera o compañero permanente a cargo; y vi) los casos concretos.
3.  Procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración
de jurisprudencia[2]
3.1
En numerosas ocasiones la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por lo
que ahora la Sala recordará la jurisprudencia sobre la materia.
El artículo 86 de la Carta establece que a través de ese mecanismo
constitucional puede reclamarse la protección de los derechos fundamentales
cuando resulten amenazados o vulnerados por cualquier autoridad pública. De la
lectura de esta disposición se desprende que el Constituyente de 1991 no
realizó distinción alguna respecto de los ámbitos de la función pública donde
tales derechos podrían resultar vulnerados. Por ello, la acción de tutela
procede contra los actos o las decisiones proferidas en ejercicio de la función
jurisdiccional.
3.2
Ante el aumento del uso de la acción de tutela contra esta clase de
decisiones, la jurisprudencia constitucional se vio en la necesidad de imponer
unos límites a su ejercicio. Es así como en la sentencia C-543 de 1992 la Corte
declaró inexequibles los artículos 11 y 40 del Decreto Estatutario 2591 de
1991, que como regla general permitían la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales.
Determinó que si bien los funcionarios judiciales son autoridades
públicas, ante la importancia de principios como la seguridad jurídica, la cosa
juzgada y la autonomía e independencia judicial, tal procedencia debía ostentar
un carácter excepcional frente a las “actuaciones de hecho” que implicaran
una grave vulneración a los derechos fundamentales. Por eso, en los primeros
pronunciamientos de esta Corporación se sostuvo que tal procedencia era
permitida únicamente en los casos en los que en las decisiones judiciales se
incurriera en una “vía de hecho”, esto es, cuando la actuación fuera “arbitraria
y caprichosa y, por lo tanto, abiertamente violatoria del texto superior”[3].
Más adelante, la Corte redefinió el espectro de afectación de los
derechos fundamentales y manifestó que “va más allá de la burda transgresión
de la Constitución”, incluyendo entonces los casos en los que, por ejemplo,
el juez se aparta de los precedentes sin la debida justificación o cuando “la
interpretación que desarrolla se desborda en perjuicio de los derechos
fundamentales de los asociados”[4].
3.3
Posteriormente, en la sentencia C-590 de 2005 la Corte declaró
inexequible la expresión “ni acción”, contenida en el artículo 185 de la
Ley 906 de 2004, que impedía ejercer la acción de tutela contra decisiones de
casación en materia penal.
En dicha providencia, partiendo de la excepcionalidad de
este mecanismo, acompasado con el propósito de asegurar el equilibro entre los
principios de seguridad jurídica, cosa juzgada y autonomía e independencia
judicial, se sistematizaron diferentes requisitos denominados “criterios de
procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales”, dentro
de los cuales se distinguen unos de carácter general y otros de carácter
específico.
Los primeros han sido fijados como restricciones de carácter
procedimental o presupuestos indispensables para que el juez de tutela aborde
el análisis de fondo, es decir, aquellos que habilitan la interposición de la
acción, los cuales fueron definidos por la Corte como “requisitos generales
de procedencia de tutela contra providencias judiciales”. A continuación,
se reseña la clasificación realizada en la mencionada sentencia:
“24. Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar
a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda
claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales
de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y
extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable.  De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema
jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.  De no ser así, esto
es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en
el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que
la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración.  De lo contrario, esto es, de
permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida
la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de
resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay
lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere
sido posible.  Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de
tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad
en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión
judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo
ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela.  Esto por
cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden
prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas
son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso
en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión
de la sala respectiva, se tornan definitivas”. (Resaltado fuera de
texto).
La citada providencia mencionó que una vez acreditados los presupuestos
generales, el juez debe entrar a determinar si la decisión judicial cuestionada
por vía de tutela configura un yerro de tal entidad que resulta imperiosa su
intervención. Así, mediante las denominadas “causales especiales de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales”, la Corte
identificó cuáles serían tales vicios, en los siguientes términos:
“25. Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario
acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad,
las que deben quedar plenamente demostradas. (…)
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución”.
3.4       Con
base en lo anterior, para el análisis de la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales es necesario tener en cuenta, en primer lugar,
que se trata de una posibilidad de carácter excepcional, sujeto al cumplimiento
de los parámetros formales y materiales fijados por esta Corporación. Además,
deben encontrarse acreditados cada uno de los requisitos generales expuestos,
que le permitan al juez de tutela realizar un examen constitucional de las
decisiones judiciales puestas a su conocimiento. Asimismo, habrá de demostrarse
la existencia de, por lo menos, una de las causales específicas o defectos
enunciados.
4.
Breve caracterización del defecto por desconocimiento del
precedente constitucional como causal de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial
4.1
Según lo consagrado en los artículos 234, 237 y 241 de la Constitución
Política, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, como tribunales
de cierre de las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa, al
igual que la Corte Constitucional, como órgano encargado de salvaguardar la
supremacía e integridad de la Carta, tienen el deber de unificar la
jurisprudencia al interior de sus jurisdicciones, de tal manera que los
pronunciamientos por ellas emitidos se conviertan en precedente judicial de
obligatorio cumplimiento[5].
Concretamente, el artículo 241 Superior le asigna a la Corte
Constitucional la función de salvaguardar la integridad y supremacía de la
Constitución, razón por la cual es esta Corporación la que fija los efectos de
los derechos fundamentales y determina el sentido en que debe entenderse la
norma, generándose así a través de sus pronunciamientos un precedente de
obligatorio cumplimiento para todos[6].
Desde sus primeros pronunciamientos la Corte ha definido el
precedente judicial como “la sentencia o conjunto de ellas, anteriores a un
caso determinado, que por su pertinencia o semejanza en los problemas jurídicos
resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al
momento de emitir un fallo”[7].
Asimismo, la doctrina lo ha definido como el mecanismo jurisdiccional
que tiene su origen en el principio stare decisis o estar a lo decidido, el
cual consiste en la aplicación de criterios adoptados en decisiones anteriores
a casos que se presenten en situaciones posteriores y con circunstancias
similares[8].
Esta Corporación ha definido varios criterios que permiten concluir
cuándo se está ante un precedente constitucional: “i) que en la ratio decidendi de la sentencia
anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver;
ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el
nuevo caso y iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos
anteriormente. De no comprobarse la presencia de estos tres elementos
esenciales, no es posible establecer que un conjunto de sentencias anteriores
constituye precedente aplicable al caso concreto, por lo cual al juez no le es
exigible dar aplicación al mismo”[9].
De igual
modo, ha sostenido que luego de identificar tales criterios y determinar la
existencia del precedente, este se vuelve
vinculante de manera horizontal y vertical: i) el precedente
horizontal, hace referencia a las decisiones proferidas por autoridades del
mismo nivel jerárquico o, incluso, por el mismo funcionario; y ii) el
precedente vertical, que se refiere a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia[10]. El
precedente horizontal tiene fuerza vinculante atendiendo no solo a los
principios de buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima[11], sino al derecho a la
igualdad que rige en nuestra Constitución. Asimismo, el precedente vertical, al
provenir de la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia dentro de cada
una de las jurisdicciones, limita la autonomía judicial del juez, en tanto debe
respetar la postura del superior, ya sea de las altas cortes o de los
tribunales[12].
Sobre
la obligatoriedad de las decisiones de los altos tribunales que unifican
jurisprudencia, este Tribunal ha sostenido que “se convierte en una
regla formal de derecho, igual que las decisiones que hacen tránsito a cosa
juzgada constitucional, en tanto consagran subreglas que concretan las
distintas fuentes del derecho y dirimen conflictos sometidos al conocimiento de
las autoridades judiciales, lo que a su vez permite garantizar los principios
de seguridad jurídica e igualdad de trato ante las autoridades”[13]. Particularmente,
sobre la jurisdicción constitucional, ha enfatizado que existe la posibilidad de declarar la nulidad de las sentencias
proferidas por las Salas de Revisión de Tutela cuando, entre otras causales, se
apartan del criterio de interpretación o la posición jurisprudencial fijada por
la Sala Plena frente a una misma situación jurídica, toda vez que “se desconoce el principio del juez natural y se vulnera el
derecho a la igualdad”[14].
La vinculatoriedad de ese precedente constitucional se fundamenta
entonces en el principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo
4 de la Carta[15],
en el reconocimiento del carácter normativo de la Constitución y en la
interpretación autorizada de sus textos que hace la Corte Constitucional. Al
ser de obligatorio cumplimiento permite no solo brindar una mayor coherencia al
orden jurídico, sino garantizar el derecho a la igualdad de trato ante las
autoridades y afianzar la seguridad jurídica[16].
Desconocer el alcance de los fallos constitucionales vinculantes “genera
en el ordenamiento jurídico colombiano una evidente falta de coherencia y de
conexión concreta con la Constitución, que finalmente se traduce en
contradicciones ilógicas entre la normatividad y la Carta, que dificultan la
unidad intrínseca del sistema, y afectan la seguridad jurídica. Con ello se
perturba además la eficiencia y eficacia institucional en su conjunto, en la
medida en que se multiplica innecesariamente la gestión de las autoridades
judiciales, más aún cuando en definitiva, la Constitución tiene una fuerza
constitucional preeminente que no puede ser negada en nuestra actual
organización jurídica”[17].
El entendimiento que debe darse a los conceptos de sometimiento
de los jueces al imperio de la ley y de autonomía judicial en la
interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, es que su ejercicio debe
estar enmarcado dentro de los límites que establece la Carta. En otras
palabras, la autonomía de los jueces no puede extenderse al extremo del
desconocimiento de los principios, derechos y deberes establecidos en el Texto
Superior[18].
4.2
El alcance y fundamento normativo de la obligatoriedad
de los pronunciamientos de la Corte varían según se trate de fallos de
constitucionalidad o de tutela.
En el caso de las sentencias de control abstracto, la obligatoriedad
se deriva de los efectos erga omnes y de la cosa juzgada constitucional,
así: “de un lado, cualquier norma que sea declarada inconstitucional por
parte de la Corte por ser contraria a la Carta, debe salir del ordenamiento
jurídico y no puede ser aplicada por ninguna autoridad. De otro lado, la ratio
decidendi de todas las sentencias de control abstracto constitucional  –bien
declaren o no inexequible una disposición-, debe ser también atendida por todas
las autoridades para que la aplicación de la ley sea conforme a la
Constitución”[19].
En lo concerniente a los fallos de revisión “el respeto de su
ratio decidendi es necesario para lograr la concreción de los principios de
igualdad en la aplicación de la ley y de confianza legítima -que prohíbe al
Estado sorprender a los ciudadanos con decisiones o actuaciones imprevistas- y
para garantizar los mandatos constitucionales y la realización de los
contenidos desarrollados por su intérprete autorizado. Es por esto que la
interpretación y alcance que se le dé a los derechos fundamentales en los
pronunciamientos realizados en los fallos de revisión de tutela deben
prevalecer sobre la interpretación llevada a cabo por otras autoridades
judiciales, aun cuando se trate de tribunales de cierre de las demás
jurisdicciones”[20].
En todo caso, cuando se trata de sentencias de unificación de tutela
y de control abstracto de constitucionalidad, basta una decisión para que
exista un precedente, toda vez que las primeras unifican el alcance e
interpretación de un derecho fundamental para casos que tengan un marco fáctico
similar y compartan problemas jurídicos, y las segundas determinan la
coherencia de una norma con la Constitución Política.
4.3
Bajo esa línea argumentativa, se puede decir que
cuando una decisión judicial desconoce un precedente fijado por la Corte
Constitucional incurre en un defecto que se traduce en la vulneración del
derecho fundamental al debido proceso. Es preciso aclarar que este defecto se
predica exclusivamente de los precedentes fijados por esta Corporación y
se presenta cuando el funcionario judicial se aparta de la interpretación dada
por este Tribunal al respectivo precepto[21].
Entonces,
se desconoce el precedente constitucional, entre otras hipótesis, cuando: i)
se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles; ii)
se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de
constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte
ha señalado es la que debe acogerse a la luz del Texto Superior; iii) se
desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad condicionada; o
iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado a
través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de
constitucionalidad o de revisión de tutela[22].
Esta
Corporación ha definido los parámetros que permiten determinar cuándo un
precedente tiene carácter vinculante, a saber: i) que en la ratio
decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial
aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva un
problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso; y iii) que
los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente[23].
De
igual forma, ha sintetizado las premisas bajo las cuales se debe interpretar
una decisión judicial acusada de incurrir en tal defecto, en los siguientes
términos: i) determinar la existencia de un precedente o de un grupo de
precedentes aplicables al caso concreto y distinguir las reglas decisionales
contenidas en estos precedentes; ii) comprobar que el fallo judicial
impugnado debió tomar en cuenta necesariamente tales precedentes pues de no
hacerlo incurriría en un desconocimiento del principio de igualdad; iii)
verificar si el juez tuvo razones fundadas para apartarse del precedente
judicial por encontrar diferencias fácticas entre el precedente y el caso
analizado, o por considerar que la decisión debería ser adoptada de otra manera
para lograr una interpretación más armónica en relación con los principios
constitucionales, y más favorable a la vigencia y efectividad de los derechos
fundamentales, de acuerdo con el principio pro homine”[24].
4.4
En síntesis, los funcionarios judiciales están obligados a aplicar el
precedente sentado por la Corte Constitucional y, en caso de apartarse de
determinada línea jurisprudencial, soportarlo con la carga argumentativa
adecuada y suficiente que justifique su actuar. De lo contrario, se
configuraría un defecto por desconocimiento del precedente constitucional con
lo cual no solo se vulneraría los derechos a la igualdad y al debido proceso,
sino que se desconocería el principio de supremacía constitucional.
5.
Breve caracterización del defecto por violación directa de
la Constitución como causal de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial
5.1
La jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que una de las
hipótesis de procedencia de la acción de tutela contra una providencia judicial
se presenta cuando el juez desconoce los principios o mandatos establecidos en
la Constitución[25],
contrariando de ese modo el artículo 4 de la Carta[26].
La
referida causal encuentra cimiento en el actual modelo de ordenamiento
constitucional que reconoce valor normativo a los preceptos superiores, de forma
tal que contienen mandatos y previsiones de aplicación directa por las
distintas autoridades y, en determinados eventos, por los particulares[27]. Es por esa
razón que resulta factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a
través de la acción de tutela cuando desconoce o aplica indebida e
irrazonablemente tales postulados[28].
5.2
Esta Corporación ha explicado que se configura esta causal cuando un
juez ordinario o una autoridad administrativa adopta una decisión que desconoce
la Carta Política, ya sea porque: i)  deja de aplicar una disposición ius
fundamental a un caso concreto; o ii) aplica la ley al margen de los
dictados de la Carta.
En
el primer evento, la Corte ha dispuesto que procede la tutela cuando: i)
en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal
de conformidad con el precedente constitucional; ii) se trata de un
derecho fundamental de aplicación inmediata; y iii) la autoridad
judicial o administrativa en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y
no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución[29].
En
el segundo, deben tener en cuenta en sus fallos que la Constitución es norma de
normas y, por lo tanto, deben aplicar las disposiciones constitucionales con
preferencia a las legales mediante el ejercicio de la excepción de
inconstitucionalidad[30].
Según
ha explicado este Tribunal, la violación directa de la
Constitución debe ser entendida como una causal específica autónoma de procedencia
del amparo constitucional contra una decisión judicial, pese a tener una
relación directa con otros defectos tales como el sustantivo o el
desconocimiento del precedente judicial. Lo anterior encuentra sustento en la
exigencia de razonabilidad y de proporcionalidad en el proceso interpretativo
de los jueces o autoridades administrativas, el cual está sujeto, entre otros
aspectos, a la concordancia con la Carta Política.
5.3
En definitiva, a la luz del actual modelo de ordenamiento
constitucional según el cual la Carta Política es norma de normas, cuando un
juez ordinario o una autoridad administrativa adopta una decisión que desconoce
de forma específica los postulados en ella contenidos, se configura un defecto
que admite la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
por violación directa de la Constitución.
6.
Los principios de favorabilidad e in dubio
pro operario en materia laboral
6.1
El artículo 53 de la Constitución Política establece
los principios protectores mínimos del derecho al trabajo, los cuales están
dirigidos a proteger a la parte más débil de la relación laboral o de la
seguridad social. Dentro de ellos, se garantiza la protección de la
situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales del derecho[31].
En concordancia, el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo establece que
en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo,
prevalece la más favorable al trabajador[32].
Sobre este último postulado la Corte ha señalado que se
manifiesta a través de dos principios hermenéuticos relacionados entre sí, a
saber: i) favorabilidad en sentido estricto; e ii) in dubio
pro operario o también denominado favorabilidad en sentido amplio. A su vez,
ha sostenido que, derivado de la prohibición de menoscabo de los derechos de
los trabajadores (Art. 53 y 215 C.P.), se desprende iii) la salvaguarda
de las expectativas legítimas mediante la aplicación del criterio de la condición
más beneficiosa al trabajador o beneficiario de la seguridad social[33].
6.2
El principio de favorabilidad se aplica en los casos en que existe duda
sobre la disposición jurídica aplicable, en tanto se encuentran dos o más
textos legislativos vigentes al momento de causarse el derecho. En tales
eventos, “los cánones protectores de los derechos del trabajador y la
seguridad social ordenan la elección de la disposición jurídica que mayor
provecho otorgue al trabajador, o al afiliado o beneficiario del sistema de
seguridad social”, respetando el principio de inescindibilidad de la norma,
esto es, la aplicación de manera íntegra en relación con la totalidad del
cuerpo normativo al que pertenece[34].
El principio in dubio pro operario o favorabilidad en
sentido amplio, por otro lado, implica que una o varias disposiciones jurídicas
aplicables a un caso admiten diversas interpretaciones razonables dentro de su
contenido normativo, hipótesis bajo la cual el operador jurídico debe escoger
aquella que brinde mayor amparo o sea más favorable al trabajador[35].
En consecuencia, el principio de favorabilidad en sentido
estricto recae sobre la selección de una determinada disposición jurídica, en
tanto el principio in dubio pro operario lo hace respecto del ejercicio
interpretativo efectuado por el juzgador al identificar el contenido normativo
de una disposición jurídica. Sobre el particular, esta Corporación ha
sostenido:
“Para la Corte Constitucional la ‘duda’ que da lugar a la
aplicación de los principios de favorabilidad e in dubio pro operario ‘debe
revestir un carácter de seriedad y objetividad, pues no sería dable que ante
una posición jurídicamente débil, deba ceder la más sólida bajo el argumento
que la primera es la más favorable al trabajador. En ese orden, la seriedad y
la objetividad de la duda dependen a su vez de la razonabilidad de las
interpretaciones. En efecto, la fundamentación y solidez jurídica de las
interpretaciones, es la que determina que la duda que se cierna sobre el
operador jurídico, sea como tal una duda seria y objetiva’.[36]
Igualmente, la Sala precisa que la duda que surge en este contexto es de
carácter normativo, por esa razón no es posible la utilización de estos
principios en caso de incertidumbre sobre la ocurrencia de un aspecto fáctico,
esto es, en el escenario de la prueba de los hechos[37]’”[38].
A pesar de que la jurisprudencia constitucional ha reconocido
la distinción formal y sustancial que se presenta entre los principios
reseñados, por la estrecha similitud de ambos conceptos y su consagración en el
artículo 53 de la Constitución, ha empleado una terminología única para
explicar sus alcances. Así, en la sentencia T-1268 de 2005 la Corte estimó que “la favorabilidad opera no solo cuando existe conflicto
entre dos [disposiciones jurídicas] de distinta fuente formal, o entre dos
[disposiciones jurídicas] de idéntica fuente, sino también cuando existe una
sola [disposición jurídica] que admite varias interpretaciones dentro de los
parámetros de razonabilidad y partiendo de la jurisprudencia y doctrina
pertinentes”.
6.3
Ahora bien, es preciso mencionar
que en concordancia con los principios explicados se encuentra el de
interpretación pro homine, en virtud del cual “las normas han
de ser interpretadas en favor de la protección y goce efectivo de los derechos
de los individuos, en procura de que los preceptos legales se conviertan en
instrumentos que respeten en la mayor medida posible, las garantías y
prerrogativas esenciales para la materialización de la mejor calidad de vida de
las personas”[39].
Este criterio
de interpretación tiene sustento en los artículos 1º y 2º de la Constitución, que
consagran la dignidad humana y la efectividad de los principios, derechos y
deberes contenidos en la Carta como fin social. Así entonces, el servidor
judicial tiene la obligación de preferir, cuando existan dos interpretaciones
posibles de una disposición, la que más favorezca y garantice tales postulados
constitucionales[40].
Esta obligación se ha denominado por la doctrina y la jurisprudencia “principio
de interpretación pro homine” o “pro persona”[41].
De igual forma, los principios de favorabilidad e in
dubio pro operario encuentran correspondencia con los artículos 5 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 29 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.
La primera, establece que “1. Ninguna
disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder
derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o
realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y
libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la
prevista en él. 2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los
derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en
virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el
presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado”.
Al tenor de la segunda disposición, las normas contenidas
en la Convención Americana de Derechos Humanos no pueden ser interpretadas en
el sentido de: “a) permitir a alguno de los
Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y
libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la
prevista en ella; b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o
libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de
los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de
dichos Estados; c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes
al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de
gobierno, y d) excluir o limitar el
efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del
Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza”.
6.4       En
conclusión, ante la existencia de varios enunciados normativos que regulan una
misma situación jurídica o en los casos en que existe un mismo texto legal que
admite diversas interpretaciones, le corresponde al operador jurídico acoger o
aplicar aquella que resulte más favorable al trabajador. Tal mandato, encuentra
sustento no solo en postulados constitucionales (artículos 1, 2 y 53 de la
Carta) y legales (artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo), sino en
disposiciones contenidas en instrumentos internacionales (artículos 5 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 29 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos), que exigen su cumplimiento, so pretexto de incurrir en
una vulneración directa de la Constitución.
7.
Imprescriptibilidad de los incrementos
pensionales del 14% por cónyuge, compañera o compañero permanente a cargo
7.1       Imprescriptibilidad en materia pensional
De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 48[42]
y 53[43]
de la Constitución los derechos pensionales son irrenunciables y su pago
debe ser oportuno. Con fundamento en esas normas, esta Corte ha precisado que
se trata de derechos imprescriptibles. Al respecto, en la sentencia C-230 de
1998 indicó[44]:
“(...) No
todo derecho de naturaleza laboral se extingue con el transcurso del tiempo.
Como ocurre en el específico evento de las pensiones, tan pronto una persona
reúne los requisitos establecidos en el ordenamiento legal para obtener el
mencionado “status” de pensionado, el derecho adquirido no puede ser
desconocido, y se enmarca dentro de la categoría de los derechos que no
prescriben en relación con su reconocimiento; de manera que, solo el
fallecimiento de la persona hace viable la terminación del mismo, salvo cuando
haya lugar a la sustitución pensional establecida en la ley o en las normas
convencionales sobre la materia, para los beneficiarios de dicho derecho.
Para la
Corte el derecho a solicitar la pensión de jubilación es imprescriptible, con
sujeción a los mandatos constitucionales consagrados en la Carta Política de
1991; basta con recordar el artículo 48 constitucional que garantiza el
derecho irrenunciable a la seguridad social y el 53 que obliga al pago oportuno
de las pensiones.
Lo
anterior, dada la naturaleza de la prestación económica y social de la cual se
trata, según la cual, “...el derecho a pensión de jubilación o vejez, en los
términos definidos por la ley, constituye un derecho de aplicación inmediata en
aquellos eventos en los cuales está destinado a suplir el mínimo vital básico
de las personas de la tercera edad. Lo anterior, no solo por su estrecha
relación con el derecho al trabajo, sino porque en tratándose de personas cuya
edad hace incierta una virtual vinculación laboral, su transgresión compromete
la dignidad de su titular como quiera que depende de la pensión para satisfacer
sus necesidades básicas”.
Así las cosas, la pensión de jubilación, vejez e
invalidez, entre otras, no admite una prescripción extintiva del derecho en sí
mismo como cualquier otra clase de derechos, lo cual no significa que se atente
contra el principio de seguridad jurídica; por el contrario, constituye un
pleno desarrollo de principios y valores constitucionales que garantizan la
solidaridad que debe regir en la sociedad, la protección y asistencia especial
a las personas de la tercera edad, para mantener unas condiciones de vida
digna, así como el derecho irrenunciable a la  seguridad  social  (C.P., arts.
1, 46 y 48), determinando  a su vez una realización efectiva del valor fundante
que impone la vigencia de un orden económico y social justo, dentro de un
Estado social de derecho”.
No obstante, se ha precisado que las mesadas pensionales derivadas del derecho a la
seguridad social, prescriben si no son reclamadas en tiempo, conforme el
término de prescripción de tres años previsto en los artículos 488 del Código
Sustantivo del Trabajo[45] y 151 del Código Procesal del Trabajo
y de la Seguridad Social[46]. Según ha explicado esta Corporación, las
pensiones derivadas del derecho a la seguridad social, no admiten una
prescripción extintiva del derecho en sí mismo, lo cual no ocurre con las
mesadas pensionales, cuyo reconocimiento sí está sujeto a su reclamación
oportuna[47].
Teniendo en cuenta que en esta
oportunidad la Corte abordará el análisis de varios asuntos relacionados con la
imprescriptibilidad en materia pensional, particularmente sobre el incremento
del 14% por cónyuge a cargo, a continuación se hará una referencia específica
sobre la materia.
7.2
Imprescriptibilidad
de los incrementos pensionales del 14% por cónyuge, compañera o compañero
permanente a cargo
7.2.1
En la sentencia de unificación SU-310 de 2017
esta Corporación definió el debate judicial sobre la imprescriptibilidad de los
incrementos pensionales del 14% por cónyuge, compañera o compañero permanente a
cargo, de manera que, en esta oportunidad, se hará referencia a los fundamentos
jurídicos y jurisprudenciales expuestos en esa providencia.
El
artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 reconoció el derecho al incremento pensional
por persona a cargo, disponiendo que las pensiones de vejez e invalidez se
incrementan en un 7% y/o en un 14% sobre la pensión mínima legal, por cada uno
de los hijos menores de edad o por el cónyuge o compañero del beneficiario, respectivamente,
siempre que dependan económicamente de este y no disfruten de una pensión[48].
Sin
embargo, hasta ese momento la jurisprudencia de la Corte no había sido pacífica
en cuanto a la imprescriptibilidad de tales incrementos, por cuanto sobre ese
asunto se desarrollaron dos líneas diferentes, a saber: i) según la
primera[49],
que integra la posición mayoritaria[50], en virtud del principio de
imprescriptibilidad del derecho a la seguridad social, los incrementos que por
ley se desprenden de la pensión, son imprescriptibles; ii) de acuerdo
con la segunda[51], que representa la posición
minoritaria[52], debe aplicarse el precedente sentado
por la Corte Suprema de Justicia como órgano de cierre en materia laboral, en
virtud del cual los incrementos pensionales no hacen parte integrante de la
pensión de invalidez o de vejez, por lo que no gozan de sus atributos, entre
esos, la imprescriptibilidad.
7.2.2
La primera postura, asumida
en la sentencia T-217 de 2013 y acogida posteriormente en las providencias T-831
de 2014, T-319 de 2015, T-369 del 2015, T-395 de 2016 y T-460 de 2016, se
sustenta en que en sede de control abstracto y concreto de constitucionalidad,
se ha considerado que los derechos a la seguridad social son imprescriptibles[53]
y que el atributo de la imprescriptibilidad “(…) se predica del derecho
considerado en sí mismo, pero no de las prestaciones periódicas o mesadas que
él genera y que no han sido cobradas”[54].
De
acuerdo con esta tesis, dar aplicación a los artículos 488 del Código
Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad
Social para reclamar los incrementos pensionales por persona a cargo, “constituye
una decisión que vulnera los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad con sujeción a los cuales el Estado tiene la obligación de prestar
el servicio público de la seguridad social”[55],
pues equivale a perder una fracción de recursos del derecho a la pensión o
parte del mismo. Además, ni el artículo 21 ni el artículo 22 del Acuerdo 049 de
1990, en los cuales se regula el incremento pensional, se establece que el
derecho prescriba, “(…) pues al definirse la naturaleza del mismo, solo se
señala que tal derecho subsiste mientras perduren las causas que le dieron
origen al mismo”[56].
Bajo
esta teoría, se puso de presente la existencia de dos sentidos diferentes en la
jurisprudencia de la Corte sobre el asunto, considerando finalmente que si bien
no se configuraba la causal específica de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial por desconocimiento del precedente
constitucional, ante la ausencia de una línea jurisprudencial clara y expresa,
y de una postura reiterada y uniforme de esta Corporación sobre la prescripción
del incremento pensional, sí existía un defecto por violación directa de la
Constitución, puesto que, “(…) ante la existencia de dos interpretaciones
razonables sobre una misma norma de seguridad social, el tribunal tenía la
obligación de considerar lo dispuesto en el  artículo 53 de la
Constitución Política, en lo relacionado con el principio de favorabilidad
laboral y, por consiguiente, motivar la postura adoptada en el caso concreto”
[57].
7.2.3
La segunda postura, asumida
en la sentencia T-791 de 2013 y acogida en las providencias T-748 de 2014, T-123
de 2015, T-541 del 2015 y T-038 de 2016, se sustenta en que la primera tesis no
era acertada, toda vez que a la luz del precedente de la Corte Suprema de
Justicia como órgano de cierre en materia laboral, el incremento pensional sí prescribe
con el paso del tiempo[58]. Así mismo, en que según lo previsto en el
artículo 22 del Acuerdo 049 de 1990, este y los demás incrementos pensionales
no hacen parte integrante de la pensión de invalidez o de vejez, por lo que no
gozan de los atributos que el ordenamiento jurídico ha señalado para las
pensiones de vejez e invalidez, entre ellos la imprescriptibilidad[59].
A
la luz de esta tesis, “(…) son pretensiones económicas y están sometidas a
requisitos legales, cuyo cumplimiento genera su extinción inmediata, mientras
que la pensión de vejez está destinada a asegurar de forma vitalicia y sucesiva
el mínimo vital y la subsistencia digna del actor, por eso no puede
considerarse que los mencionados incrementos hagan parte integral del derecho a
la pensión”[60]. En todo caso, los fallos que
acogieron esta postura no explicaron por qué el precedente desarrollado por la
Corte Suprema de Justicia, resultaba más acorde con los principios
constitucionales frente al precedente fijado por algunas Salas de Revisión de la
Corte Constitucional[61].
7.2.4
En la sentencia SU-310 de
2017 la Corte unificó su postura y concluyó que la interpretación que resultaba
más acorde a la Constitución Política, por ser favorable a los intereses de los
trabajadores pensionados, era aquella según la cual los incrementos pensionales
de que trata el artículo 22 del Acuerdo 049 de 1990, no prescriben con el paso
del tiempo. Lo anterior, con sustento en los siguientes argumentos:
(i) Encuadra en el marco
de la disposición normativa contenida en el artículo 22 del Acuerdo 049 de
1990, al reconocer que por subsistir el derecho al incremento perduran las
causas que le dieron origen.
(ii) Corresponde con la
interpretación autorizada por las normas constitucionales, ya que es respetuosa
del principio de in dubio pro operario.
(iii) Fue la primera
respuesta que se dio al problema jurídico y es la que más se ha reiterado.
(iv) Es la postura que
más ha justificado por qué, constitucionalmente, es preferible asumir la
primera y no la segunda opción; las sentencias que han dado la segunda
respuesta al problema jurídico (la más restrictiva de los derechos
constitucionales involucrados), se preocuparon más en argumentar y demostrar
que no existía un precedente claro y fijo a seguir en la jurisprudencia, que
argumentar y demostrar que la segunda respuesta era más acorde con los principios
constitucionales aplicables.
(v) Es la respuesta que
mejor y con mayor suficiencia se encuentra motivada a la luz de los principios
del orden constitucional vigente. Como la propia Constitución lo dice, el
derecho a la irrenunciabilidad social es de todos los habitantes. Ni siquiera
es un presupuesto o una contraprestación de la ciudadanía; es una condición
básica que, como parte de la dignidad humana, se reconoce a toda persona que se
encuentra en el territorio nacional.
(vi) Es deber de las autoridades judiciales y
administrativas cumplir con el deber de protección a los sujetos de especial
protección y en condiciones de debilidad física o económica, así como con el
deber de solidaridad frente a los familiares de los accionantes que podrían
verse beneficiados por el reconocimiento de los incrementos pensionales de que
trata el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990.
Finalmente, en la
sentencia SU-310 de 2017 este Tribunal aclaró que fueron conculcados los
derechos al debido proceso y a la igualdad de aquellas personas que, en su
momento, acudieron a la acción de tutela reclamando la misma protección
otorgada por algunas Salas de Revisión y que por no existir una sentencia
unificada en la materia, obtuvieron una negación a sus derechos fundamentales.
7.3 En definitiva, las
pensiones derivadas del derecho a la seguridad social no admiten una
prescripción extintiva del derecho en sí mismo, lo que quiere decir que el
reconocimiento de esa garantía constitucional puede ser reclamado en cualquier
momento. Sin embargo, esto no sucede con las mesadas pensionales, pues su
reconocimiento sí está sujeto a la reclamación oportuna de conformidad con el
término de tres años previsto para ello en los artículos 488 del Código
Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad
Social. En otras palabras, el atributo de la imprescriptibilidad se predica del
derecho considerado en sí mismo, pero no de las prestaciones periódicas o
mesadas que este genera y que no han sido cobradas.
Con los elementos de juicio explicados en los capítulos precedentes,
entrará la Sala Octava de Revisión a evaluar los casos concretos.
III. CASOS CONCRETOS
1.
Presentación de los asuntos objeto de
revisión
1.1
La Corte estudia las acciones de tutela
instauradas por cuatro personas que a través de los procesos ordinarios
laborales correspondientes solicitaron el reconocimiento y pago del incremento
pensional del 14% por cónyuge o compañero permanente a cargo, el cual fue
negado por las autoridades judiciales accionadas al encontrar probada la excepción
de prescripción.
1.2
En la contestación de los amparos solicitados,
los operadores judiciales acudieron a similares argumentos y expusieron que las
decisiones cuestionadas fueron sustentadas en los principios de independencia y
autonomía judicial, acogiendo el precedente que sobre el asunto ha sido fijado
por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
1.3
Los jueces de instancia negaron la protección
invocada en los cuatro asuntos al considerar que las sentencias proferidas en
los procesos ordinarios se basaron en el precedente de la Corte Suprema de
Justicia sobre la materia, según el cual los incrementos pensionales por
personas a cargo no hacen parte de la pensión y, por lo tanto, les es aplicable
el término de prescripción para exigir su cumplimiento.
2.
Análisis conjunto de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela en los casos concretos
En esta
oportunidad, la Sala encuentra que las tutelas de la referencia cumplen con
esos requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, como se pasa a exponer:
2.1
Relevancia constitucional.
El presente
asunto acumulado es de relevancia constitucional, toda vez que la controversia
gira en torno al presunto desconocimiento de los derechos al debido proceso, a
la seguridad social y al mínimo vital de los demandantes, por parte de
distintos operadores judiciales, con ocasión de los trámites judiciales que
respectivamente adelantaron los accionantes ante los aquí demandados, con la
finalidad de obtener el reconocimiento y pago de los correspondientes
incrementos pensionales por personas a cargo.
Se trata de
un debate jurídico relacionado directamente con unas garantías y/o derechos
fundamentales previstos en los artículos 29, 48 y 53 de la Constitución, cuya
resolución es de competencia de la Corte Constitucional.
2.2 Agotamiento
de los recursos judiciales.
La Sala considera acreditado este requisito luego de constatar que
los accionantes no contaban con otros mecanismos judiciales para cuestionar las
respectivas sentencias proferidas por cada una de las autoridades judiciales
accionadas y, de esta manera, reclamar la protección efectiva de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital. Cada uno de los actores acudió, de manera preliminar, a la
reclamación administrativa, luego de lo cual instauraron los correspondientes
procesos ordinarios laborales para obtener el incremento pensional pretendido,
según se muestra a continuación:
i) La señora Hercilia Farfán Moya
(expediente T-6.430.308) solicitó ante Colpensiones el incremento del 14% por
compañero permanente a cargo el 28 de noviembre de 2013, siendo negado por la
entidad mediante las Resoluciones GNR 271601 de 2013 y 161964 de 2014.
Posteriormente, interpuso demanda ordinaria laboral, proceso que en primera
instancia conoció el Juzgado 21 Laboral del Circuito de Bogotá y en segunda la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá.
ii) El señor Julio Martín Escorcia
Duncan (expediente T-6.430.924) solicitó ante Colpensiones el incremento del
14% por cónyuge a cargo el 11 de noviembre de 2014, siendo negado por la
entidad mediante el Oficio No. BZ2014-9482177. Posteriormente, interpuso demanda
ordinaria laboral, proceso que en primera instancia conoció el Juzgado Cuarto
de Pequeñas Causas Laborales de Barranquilla y en grado jurisdiccional de
consulta el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Barranquilla.
iii) El señor José del Carmen Galindo
Pérez (expediente T-6.430.927) solicitó ante Colpensiones el incremento del 14%
por cónyuge a cargo 22 de mayo de 2015, sin recibir una respuesta a su
solicitud, razón por la cual interpuso demanda ordinaria laboral, proceso que
en primera instancia conoció el Juzgado 13 Laboral del Circuito de Bogotá y en
segunda la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá.
iv) El señor Perfecto Imitola Vásquez
(expediente T-6.430.943) solicitó ante el Instituto de Seguros Sociales el incremento
del 14% por compañera permanente a cargo el 19 de mayo de 2010, sin recibir una
respuesta a su solicitud, razón por la cual interpuso demanda ordinaria
laboral, proceso que en primera instancia conoció el Juzgado Primero Laboral
Adjunto del Circuito de Cartagena y en segunda la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Cartagena.
Ahora bien, tratándose del recurso extraordinario de
casación, se advierte que no es posible exigirles a los accionantes el
agotamiento de dicho recurso, en la medida en que los procesos ordinarios
laborales que adelantaron con el objeto de obtener el reconocimiento y pago de
sus incrementos pensionales no son susceptibles de tal mecanismo, toda vez que
cada una de sus cuantías no exceden la requerida para tal efecto, de
conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 712 de 2001[62], según se explica a continuación:
a) La
demanda ordinaria presentada por la señora Hercilia Farfán
Moya fue conocida en primera instancia por el Juzgado 21 Laboral del Circuito
de Bogotá, despacho que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y
condenó a Colpensiones a pagar la suma de $8.274.770 por concepto de
incremento pensional del 14% por cónyuge a cargo. Esta decisión fue revocada
por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, que absolvió a la parte
demandada.
De acuerdo a la condena
inicialmente impartida, la cuantía del proceso ascendía a la suma de ocho
millones doscientos setenta y cuatro mil setecientos setenta pesos. La decisión
de primera instancia fue proferida en 2016, año en el cual el salario mínimo
era de $689.454. Bajo ese entendido, 120 salarios mínimos correspondían a
ochenta y dos millones setecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos ochenta
pesos ($82.734.480), lo que significa que la cuantía del proceso ordinario no
excedía esta suma.
b) El Juzgado
Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Barranquilla no accedió a las
pretensiones de la demanda ordinaria presentada en el
año 2016 por el señor Julio Martín Escorcia Duncan, decisión confirmada en
grado de consulta por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esa ciudad.
Revisado el
escrito de la demanda la Sala observa que en ella no se indicó la cuantía de
las pretensiones; sin embargo, en el demandante solicitó que se le ordenara a
Colpensiones reconocer y pagar el incremento del 14%  desde la fecha en que se
causó el derecho pensional, esto es, el 1 de marzo de 2005. Del expediente del
proceso ordinario se extrae que el Instituto de Seguros Sociales concedió la
pensión de vejez en el año 2005, por un valor de $381.000, es decir, el salario
mínimo para ese momento. De acuerdo con lo anterior, es posible deducir que el
incremento de una pensión por el valor indicado no supera la suma de ochenta
y dos millones setecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos ochenta pesos
($82.734.480) o 120 salarios mínimos para el momento de la presentación de la
demanda.
c) La demanda ordinaria presentada por el señor José del Carmen
Galindo fue conocida en primera instancia por el Juzgado Trece Laboral del
Circuito de Bogotá, despacho que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda y condenó Colpensiones a pagar la suma de $3.726.015 por
concepto de incremento pensional del 14% por cónyuge a cargo. Esta decisión fue
revocada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, que absolvió a la
parte demandada.
De acuerdo a la condena
inicialmente impartida, la cuantía del proceso ascendía a la suma de tres
millones setecientos veintiséis mil quince pesos. Las decisiones del proceso
ordinario fueron proferidas en 2015, año en el cual el salario mínimo era de $644.350.
Bajo ese entendido, 120 salarios mínimos correspondían a sesenta y siete
millones trecientos veintidós mil pesos ($77.322.000), lo que significa que la
cuantía del proceso ordinario no excedía esta suma.
d) La demanda ordinaria presentada por el señor Perfecto Imitola
Vásquez fue conocida en primera instancia por el Juzgado Primero Laboral
Adjunto del Circuito de Cartagena, despacho que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y condenó al ISS a pagar la suma de $4.324.255
por concepto de incremento pensional del 14% por cónyuge a cargo. Esta decisión
fue revocada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena, que
absolvió a la parte demandada.
De acuerdo a la condena
inicialmente impartida, la cuantía del proceso ascendía a la suma de cuatro
millones trecientos veinticuatro mil doscientos cincuenta y cinco pesos. Las
decisiones del proceso ordinario fueron proferidas en 2011, año en el cual el
salario mínimo era de $535.600. Bajo ese entendido, 120 salarios mínimos
correspondían a sesenta y cuatro millones doscientos setenta y dos mil pesos
($64.272.000), lo que significa que la cuantía del proceso ordinario no excedía
esta suma.
Así mismo, se descarta la posibilidad de que los demandantes
puedan hacer uso del recurso extraordinario de revisión. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de
la Ley 712 de 2001, dicho mecanismo procede contra las sentencias ejecutoriadas
de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, las Salas Laborales de los
Tribunales Superiores y los Jueces Laborales del Circuito dictadas en procesos
ordinarios, siempre y cuando se presente alguna de las siguientes causales
taxativas:
“1. Haberse declarado falsos por la justicia penal documentos
que fueron decisivos para el pronunciamiento de la sentencia recurrida.
2. Haberse
cimentado la sentencia en declaraciones de personas que fueron condenadas por
falsos testimonios en razón de ellas.
3. Cuando
después de ejecutoriada la sentencia se demuestre que la decisión fue
determinada por un hecho delictivo del juez, decidido por la justicia penal.
4. Haber
incurrido el apoderado judicial o mandatario en el delito de infidelidad de los
deberes profesionales, en perjuicio de la parte que representó en el proceso
laboral, siempre que ello haya sido determinante en este.”
A juicio de la Sala los reclamos están dirigidos a censurar los presuntos defectos
por desconocimiento de la jurisprudencia constitucional y violación directa de
la Constitución en que hayan podido incurrir los despachos demandados, por lo que no se ajustan a ninguna de las causales de procedencia
del recurso extraordinario de revisión.
2.3 Principio
de inmediatez.
Si
bien el Decreto Estatutario 2591 de 1991 señala que la acción de tutela puede
ser interpuesta en cualquier tiempo, ello debe suceder en un tiempo razonable,
contado desde que acaecieron los hechos causantes de la trasgresión o desde que
la persona sienta amenazados sus derechos. La razonabilidad del plazo está
determinada por la finalidad de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso
concreto[63].
La
importancia de esta exigencia radica en que: i) garantiza una protección
urgente de los derechos fundamentales presuntamente amenazados o vulnerados; ii)
evita una lesión desproporcionada a atribuciones jurídicas de terceros; iii)
resguarda la seguridad jurídica; y iv) desestima las solicitudes
negligentes[64].
Bajo ese entendido, para esta Corporación no existe un término de caducidad
para acudir a este amparo constitucional. Cada caso concreto debe ser analizado
bajo sus propias particularidades, teniendo en cuenta todos los matices y
circunstancias que puedan presentarse en el curso del acontecimiento de los
hechos.
En esta
oportunidad, los accionantes acudieron a la acción de tutela en los términos
que se explican a continuación:
Accionante
Primera
instancia proceso ordinario
Segunda
instancia proceso ordinario
Presentación
de la acción de tutela
Hercilia
Farfán Moya (expediente T-6.430.308)
23
de noviembre de 2016
18
de abril de 2017
21
de julio de 2017
Julio
Martín Escorcia Duncan (expediente T-6.430.924)
20
de octubre de 2016
9
de febrero de 2017
13
de julio de 2017
José
del Carmen Galindo Pérez (expediente T-6.430.927)
8
de octubre de 2015
12
de noviembre de 2015
15
de agosto de 2017
Perfecto
Imitola Vásquez (expediente T-6.430.943)
29
de abril de 2011
14
de septiembre de 2011
2
de agosto de 2017
En los dos
primeros asuntos la Sala estima que las acciones de tutela fueron interpuestas
dentro de un término razonable, pues transcurrieron tres y cinco meses,
respectivamente, desde el momento en que los operadores judiciales demandados
dictaron los fallos censurados.
Ahora, esta
Corporación ha explicado que es aceptable un extenso espacio de tiempo
transcurrido entre el hecho que genera la vulneración y la presentación de la
acción de tutela, bajo dos circunstancias específicas[65]: “(i) que se
demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el
hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación
de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por
sus derechos, continúa y es actual, (ii) que la especial situación de aquella
persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, convierte en
desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por
ejemplo el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros”[66].
En virtud de
lo anterior, en lo concerniente a las acciones de tutela presentadas por José
del Carmen Galindo Pérez y Perfecto Imitola Vásquez, a pesar del tiempo
transcurrido desde que los jueces ordinarios laborales profirieron las
sentencias acusadas, esta Sala considera que la vulneración de los derechos a
la seguridad social y al mínimo vital de los accionantes permanece en el tiempo
y es actual, por lo que la intervención del juez de tutela es necesaria a
efectos de evitar la continua afectación de sus garantías fundamentales. Lo
anterior, en tanto no han podido obtener el reconocimiento del incremento
pensional por persona a cargo, no obstante que siguen teniendo a cargo a sus
respectivos cónyuges y/o compañeros permanentes. Por lo que la Sala considera
que la acción de tutela resulta procedente en tales asuntos.
2.4
En caso de tratarse de una irregularidad procesal, que esta tenga incidencia
directa en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales.
Este
requisito no es aplicable a los asuntos bajo estudio ya que las anomalías que
se alegan son por desconocimiento del precedente constitucional y por violación
directa de la Constitución, más no de naturaleza procesal.
2.5
Identificación de los hechos que generan la violación y que ellos hayan sido
alegados en el proceso judicial, en caso de haber sido posible.
Los
accionantes identificaron cada uno de los hechos que, a su juicio, generaron la
vulneración de los derechos fundamentales cuya protección se invoca. Para
fundamentar sus pretensiones de amparo, afirmaron que las autoridades
judiciales accionadas desconocieron sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la seguridad social y al mínimo vital, al presuntamente haber
desconocido el precedente constitucional relacionado con la imprescriptibilidad
del derecho al incremento pensional que respectivamente reclaman, así como
por haber presuntamente incurrido en violación directa de la Constitución al
inaplicar el principio de favorabilidad laboral establecido en el artículo 53
Superior.
2.6 El
fallo controvertido no es una sentencia de tutela.
La Sala
advierte que el caso acumulado no alude a solicitudes de amparo formuladas
contra decisiones que hayan sido adoptadas en sede de tutela. Como se ha
indicado, las providencias que se censuran hicieron parte de procesos ordinarios
laborales.
3.
Análisis conjunto del defecto por
desconocimiento del precedente constitucional en el asunto acumulado objeto de
estudio
Los accionantes en los
expedientes T-6.430.308, T-6.430.927 y T-6.430.943 alegan que los respectivos despachos acusados, al
declarar probada la excepción de prescripción frente al derecho al incremento
pensional del 14% por cónyuge, compañera o compañero permanente a cargo,
conculcaron sus derechos fundamentales invocados al presuntamente haber
desconocido el precedente constitucional relacionado con la naturaleza
imprescriptible de tales incrementos pensionales[67].
Sin embargo, a juicio de la Sala no puede alegarse que las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en desconocimiento del precedente
jurisprudencial en los casos bajo análisis, pues al momento de
proferirse los respectivos fallos no existía una postura reiterada y uniforme
de esta Corporación en materia de la prescripción del incremento pensional
establecido en el Acuerdo 049 de 1990, que se instituyera como precedente
vinculante para los operadores judiciales censurados.
Solo hasta el 10 de mayo de 2017 el Pleno de
esta Corte unificó su posición en la temática de la naturaleza imprescriptible
del derecho al incremento pensional en la sentencia SU-310 de 2017.
4.
Análisis conjunto del defecto por violación directa de la
Constitución en el caso acumulado de la referencia
A continuación, la Sala Octava de Revisión determinará
si los operadores judiciales demandados desconocieron los derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital de los
accionantes, por haber incurrido en un defecto en sus decisiones por violación
directa de la Constitución, al inaplicar la interpretación más favorable al
trabajador pensionado (in dubio pro operario) en el marco de los
respectivos judiciales que promovieron a fin de obtener el reconocimiento y
pago del incremento pensional correspondiente.
Revisadas las sentencias ordinarias cuestionadas en
sede de tutela, se constata que, en todos los casos, fueron negados los
incrementos pensionales solicitados luego de declararse probada la excepción de
prescripción, según se expone a continuación:
i) Hercilia Farfán Moya:
el Juzgado 21 Laboral del Circuito de Bogotá accedió a las pretensiones de la
demanda, condenando a Colpensiones a reconocer y pagar el incremento pensional
del 14% por compañero permanente a cargo[68].
Esta decisión, fue revocada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá
al declarar “totalmente probada la excepción de prescripción”, absolviendo
de ese modo a Colpensiones[69].
ii) Julio Martín Escorcia: el Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de
Barranquilla absolvió a Colpensiones de las pretensiones de la demanda y
declaró “probada la excepción de prescripción propuesta por la demandada”[70].
Esta decisión fue confirmada por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Barranquilla en grado jurisdiccional de consulta[71].
iii) José del Carmen Galindo: el Juzgado 13 Laboral del Circuito de Bogotá accedió a las
pretensiones de la demanda y condenó a Colpensiones “a reconocer y pagar al
demandante la suma de $3.726.015 por concepto de incremento por personas a cargo
desde el 22 de mayo de 2012 hasta el 30 de septiembre de 2015, suma que deberá
ser indexada”[72].
Esta decisión fue revocada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá “para
en su lugar declarar probada la excepción de prescripción del incremento
reclamado”, absolviendo así a Colpensiones[73].
iv) Perfecto Imitola Vásquez: El Juzgado Primero Laboral Adjunto del Circuito de Cartagena
declaró parcialmente probada la excepción de prescripción, respecto de los
incrementos pensionales causados entre el 1 de enero de 2003 y el 18 de mayo de
2007; y condenó al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar “la
suma de $4.324.255 por concepto de incremento pensional indexado del 14% por
persona a cargo causado entre el 19 de mayo de 2017 hasta la fecha [de la
sentencia]”[74].
Esta decisión fue revocada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Cartagena al considerar que la acción había prescrito[75].
Visto lo anterior, la Sala considera que los
Despachos accionados incurrieron en un defecto por violación directa de la
Constitución, al no aplicar el principio de in dubio pro operario (artículo
53 de la Constitución). En consecuencia, vulneraron los derechos fundamentales
al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social de los actores, toda
vez que, de las dos interpretaciones habidas respecto de los artículos 21 y 22
del Acuerdo 049 de 1990, aplicaron la que menos favorecía a los intereses de
las personas pensionadas.
Según se expuso en la parte considerativa de esta
providencia, existen dos posibles interpretaciones sobre el reconocimiento del
incremento pensional del 14% por cónyuge, compañero o compañera permanente a
cargo, ambas sustancialmente diferentes: i) por un lado, los incrementos
pensionales no forman parte integrante de la pensión, por lo que no gozan de
los atributos del derecho pensional, entre ellos, la imprescriptibilidad; y ii)
por el otro, al subsistir el derecho mientras perduren las
causas que le dieron origen, este es imprescriptible en todas sus
manifestaciones.
Siendo así, los operadores judiciales accionados debían
reconocer la existencia de dos posturas sobre el particular y, en consecuencia,
aplicar el postulado constitucional de in dubio pro operario y acoger
aquella interpretación que resultara más favorable a los intereses del
trabajador, es decir, conforme a la cual el derecho al
incremento pensional dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990 no prescribe con el
transcurso del tiempo. A pesar de ello, optaron por declarar probada la
excepción de prescripción propuesta por Colpensiones en cada uno de los
asuntos, acogiendo con ello la postura que resultaba menos garantista para los
pensionados.
Con ello, se vulneraron además los derechos fundamentales al
mínimo vital y a la seguridad social. Lo anterior, toda vez que en virtud del
deber de solidaridad (artículos 1°, 48 y 95.2 de la Constitución Política), las
autoridades judiciales accionadas debieron aplicar la interpretación más
favorable de la norma, teniendo en cuenta que las personas a cargo de los
accionantes son sujetos de especial protección constitucional, en razón a su
edad, y que los incrementos pensionales solicitados están encaminados a
garantizarles una vida digna y su mínimo vital.
En
ese sentido, debe recordarse que la imprescriptibilidad del derecho al
reconocimiento del incremento pensional está en armonía con el principio de
favorabilidad, el cual no puede ser desconocido, ya que de hacerlo se viola de
manera directa la Constitución, así como i) la solidaridad que debe
regir el sistema de seguridad social en pensiones; ii) la protección y
asistencia especial a las personas de la tercera edad para mantener las
condiciones de vida digna y iii) el derecho irrenunciable a la seguridad
social.
En consecuencia y atendiendo los parámetros establecidos en
la sentencia SU-310 de 2017, la Sala Octava de Revisión revocará los fallos de
tutela proferidos por los respectivos jueces de instancias en cada uno de los
expedientes acumulados y, en su lugar, concederá la protección invocada.
De igual forma, dispondrá: i) dejar
sin efecto las providencias dictadas por las autoridades judiciales accionadas
en el marco de los correspondientes procesos laborales, que negaron las
pretensiones de las demandas; y ii) ordenar a Colpensiones que, aplicando el
orden constitucional y legal vigente, reconozca el
derecho al incremento pensional respectivo en favor de los demandantes que cumplan
con las condiciones previstas para ello en el artículo 21 del Acuerdo 049 de
1990, en los términos expuestos en esta sentencia y sin negar la prestación, en
ningún caso, bajo el argumento de que el derecho prescribió; pague
retroactivamente las sumas a que haya lugar por dicho concepto a partir de la
notificación de la presente providencia, en cuanto no estén prescritas; y
continúe haciéndolo en la periodicidad debida.
Según ha sido desarrollado por esta Corporación la finalidad
de la orden dirigida directamente a Colpensiones en esta clase de asuntos es “reducir
la litigiosidad innecesaria en la materia, lo cual conllevará a reducir las
violaciones a los derechos fundamentales de los pensionados así como la
necesidad de iniciar trámites burocráticos y judiciales que generan a la
administración y a la justicia costos reales (manifestados en los trámites
procesales), costos de oportunidad (por los trámites burocráticos y judiciales
que se dejan de adelantar) y costos simbólicos (al dar la impresión de que la
administración no respeta los derechos fundamentales)”[76]. Adicionalmente, la Sala considera que en
esta oportunidad es necesario dictar una orden de reemplazo, dada la calidad de
sujetos de especial protección constitucional de los accionantes debido a su
avanzada edad, por lo que, de esperar una decisión por parte de los jueces
ordinarios, se podrían afectar en mayor medida sus derechos fundamentales.
5.  Conclusiones
5.1
De conformidad con el principio de favorabilidad, en los casos en que
existe duda sobre la disposición jurídica aplicable, en tanto se encuentran dos
o más textos legislativos vigentes al momento de causarse el derecho, se debe
optar por aquella que mayor provecho otorgue al trabajador, o al afiliado o
beneficiario del sistema de seguridad social, respetando el principio de
inescindibilidad de la norma, esto es, la aplicación de manera íntegra en
relación con la totalidad del cuerpo normativo al que pertenece. En
concordancia, el principio in dubio pro operario o favorabilidad en
sentido amplio, implica que una o varias disposiciones jurídicas aplicables a
un caso admiten diversas interpretaciones razonables dentro de su contenido
normativo, hipótesis bajo la cual el operador jurídico debe escoger aquella que
brinde mayor amparo o sea más favorable al trabajador.
5.2
El postulado de la favorabilidad en materia laboral encuentra sustento
no solo en disposiciones constitucionales (artículos 1, 2 y 53 de la Carta) y
legales (artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo), sino en normas
contenidas en instrumentos internacionales (artículos 5 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, y 29 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos), que exigen su cumplimiento.
5.3
La jurisprudencia constitucional
desarrolló dos líneas sobre la interpretación de la imprescriptibilidad de los
incrementos pensionales: i) según la primera, los incrementos que por
ley se desprenden de la pensión, son imprescriptibles; ii) de acuerdo
con la segunda, debe aplicarse el precedente sentado por la Corte Suprema de
Justicia como órgano de cierre en materia laboral, en virtud del cual los
incrementos pensionales no hacen parte integrante de la pensión de invalidez o
de vejez, por lo que no gozan de sus atributos, entre esos, la
imprescriptibilidad.
5.4
La sentencia de unificación SU-310 de 2017 definió el
debate judicial sobre la imprescriptibilidad de los incrementos pensionales del
14% por cónyuge, compañera o compañero permanente a cargo, concluyendo que la
primera de ellas era la que más se ajustaba a los intereses de las personas
pensionadas. Así, determinó que las pensiones
derivadas del derecho a la seguridad social no admiten una prescripción
extintiva del derecho en sí mismo, lo que no sucede con las prestaciones
periódicas o mesadas pensionales que este genera y que no han sido cobradas en
el término previsto por el legislador.
5.5
No puede alegarse el desconocimiento del precedente jurisprudencial en las
decisiones proferidas antes de la mencionada sentencia de unificación, pues en tales eventos no existía una postura reiterada y uniforme de esta
Corporación en materia de la prescripción del incremento pensional establecido
en el Acuerdo 049 de 1990, que se instituyera como precedente vinculante para
los operadores judiciales censurados. Sin embargo, sí incurre en un defecto por
violación directa de la Constitución, al no aplicar el principio de in
dubio pro operario (artículo 53 de la Constitución) cuando de las dos
interpretaciones habidas respecto de los artículos 21 y 22 del Acuerdo 049 de
1990, se aplica aquella menos favorable a los intereses de las personas
pensionadas.
5.6
En virtud del deber de solidaridad (artículos 1°, 48 y
95.2 de la Constitución Política), las autoridades judiciales accionadas
debieron aplicar la interpretación más favorable de la norma, teniendo en
cuenta que las personas a cargo de los accionantes son sujetos de especial
protección constitucional. Una interpretación contraria vulnera
de manera directa la Constitución, así como i) la solidaridad que debe
regir el sistema de seguridad social en pensiones; ii) la protección y
asistencia especial a las personas de la tercera edad para mantener las condiciones
de vida digna y iii) el derecho irrenunciable a la seguridad social.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución Política,
RESUELVE
Primero.- Expediente T-6.430.308. REVOCAR
la sentencia proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el 26
de septiembre de 2017, confirmatoria de la providencia dictada por la Sala
Laboral de la misma Corporación el 2 de agosto de 2017, que había negado el
amparo solicitado dentro de la acción de tutela promovida por Hercilia Farfán
Moya contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá. En su lugar, TUTELAR
los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo
vital de Hercilia Farfán Moya. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la
sentencia de segunda instancia emitida el 18 de abril de 2017 por la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Bogotá dentro del proceso ordinario laboral
promovido por la señora Hercilia Farfán Moya contra
la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-.
Segundo.- Expediente T-6.430.924. REVOCAR
la sentencia proferida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia el
20 de septiembre de 2017, confirmatoria de la providencia dictada por la Sala
Laboral Tribunal Superior de Barranquilla el 28 de julio de 2017, que había
negado el amparo solicitado dentro de la acción de tutela promovida por Julio
Martín Escorcia Duncan contra el Juzgado Cuarto de Pequeñas Causas Laborales de
Barranquilla y el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de la misma ciudad. En
su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la
seguridad social y al mínimo vital de Julio Martín Escorcia Duncan. En
consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS las sentencias emitidas el 20 de
octubre de 2016 y el 9 de febrero de 2017, por el Juzgado
Cuarto de Pequeñas Causas Laborales de Barranquilla, en primera instancia, y el
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de la misma ciudad, en segunda instancia,
dentro del proceso ordinario laboral promovido por el señor Julio Martín Escorcia Duncan contra la Administradora
Colombiana de Pensiones -Colpensiones-.
Tercero.- Expediente T-6.430.927. REVOCAR
la sentencia proferida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia el
30 de agosto de 2017, que negó el amparo solicitado dentro de la acción de
tutela promovida por José del Carmen Galindo Pérez contra la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá. En su lugar, TUTELAR los derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital de
José del Carmen Galindo Pérez. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la
sentencia de segunda instancia emitida el 12 de noviembre de 2015 por la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Bogotá dentro del proceso ordinario laboral
promovido por el señor José del Carmen Galindo Pérez
contra la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-.
Cuarto.- Expediente T-6.430.943. REVOCAR
la sentencia proferida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia el
16 de agosto de 2017, que negó el amparo solicitado dentro de la acción de
tutela promovida por Perfecto Imitola Vásquez contra Colpensiones y la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Cartagena. En su lugar, TUTELAR los
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo
vital de Perfecto Imitola Vásquez. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la
sentencia de segunda instancia emitida el 14 de septiembre de 2011 por la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Cartagena dentro del proceso ordinario laboral
promovido por el señor Perfecto Imitola Vásquez
contra el Instituto de Seguros Sociales.
Quinto.- ORDENAR a la
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- que, por medio de su
representante legal o quien haga sus veces, si aún no lo ha hecho, en el
término de diez (10) días siguientes a la notificación de este fallo, aplicando
el orden constitucional y legal vigente: i) reconozca el derecho al
incremento pensional en un 14% en favor de Hercilia Farfán Moya por su
compañero permanente a cargo Gustavo Quintero Barrantes, Julio Martín Escorcia
Duncan por su compañera permanente a cargo Nuvia de
la Concepción Barros Peñate, José del Carmen Galindo
Pérez por su cónyuge a cargo Rosario Granado Triviño, y Perfecto Imitola Vásquez por su cónyuge a cargo Cliceria María
Julio Ahumedo, con el cumplimiento de las condiciones
previstas en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 para acceder al mismo y sin
negar la prestación bajo el pretexto de que el derecho prescribió; y ii)
pague retroactivamente las mesadas pensionales a que haya lugar por dicho
concepto a partir de la notificación de la presente providencia, en cuanto no
estén prescritas; y continúe haciéndolo en la periodicidad debida. Lo anterior, teniendo en cuenta que el
atributo de la imprescriptibilidad se predica del derecho considerado en sí
mismo, pero no de las prestaciones periódicas o mesadas que este genera.
Sexto.- Por Secretaría General de la
Corte Constitucional, DEVUÉLVASE los siguientes expedientes solicitados
en calidad de préstamo: i) expediente 110013105021-2015-01015-00
correspondiente a la demanda ordinaria laboral interpuesta por la señora
Hercilia Farfán Moya contra la Administradora Colombiana de Pensiones
-Colpensiones- al Juzgado 21 Laboral del Circuito de Bogotá; ii) expediente 080014105004-2015-01285-00 correspondiente a la demanda
ordinaria laboral interpuesta por el señor Julio Martín Escorcia Duncan contra
la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- al Juzgado
Cuarto de Pequeñas Causas Laborales de Barranquilla; y iii) expediente
11013105013-2015-00572-00 correspondiente a la demanda ordinaria laboral
interpuesta por el señor José del Carmen Galindo Pérez contra la Administradora
Colombiana de Pensiones -Colpensiones- al Juzgado 13 Laboral del
Circuito de Bogotá.
Séptimo.- LÍBRESE
por Secretaría General las comunicaciones previstas en el artículo 36 del
Decreto ley 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
CARLOS
BERNAL PULIDO
Magistrado
Con
salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL
MAGISTRADO
CARLOS
BERNAL PULIDO
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por incumplir
requisito de inmediatez (Salvamento de voto)
INCREMENTO PENSIONAL DEL 14% EN RELACION CON EL CONYUGE O
COMPAÑERO(A) PERMANENTE A CARGO-No se debió aplicar principio indubio pro operario, por cuanto los
incremento pensionales no forman parte integrante de la pensión de invalidez o
vejez, según Acuerdo 049 de 1990 (Salvamento de voto)
Sentencia: T-088 de 2018
Expedientes acumulados T-6.430.308, T-6.430.924, T-6.430.927 y T-6.430.943
Magistrado
Ponente:
JOSÉ FERNANDO
REYES CUARTAS
En atención a la decisión
adoptada por la Sala Octava de Revisión de Tutela en la sentencia T-088 de ocho
de marzo de 2018, en los expedientes acumulados de la referencia, me permito
presentar Salvamento de Voto, con fundamento en los siguientes considerandos:
Estoy en desacuerdo con la decisión de revocar las sentencias de
tutela proferidas con ocasión de los procesos acumulados (T-6.430.308, T-6.430.924,
T-6.430.927 y T-6.430.943), para en su lugar tutelar los derechos fundamentales
al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital de los tutelantes y
dejar sin efectos las sentencias dictadas dentro de los procesos ordinarios
laborales, de conformidad con las siguientes
consideraciones:
En lo atinente al requisito de
inmediatez, se comparte el análisis respecto de los expedientes T-6.430.308 y
T-6.430.924, habida consideración de que las acciones de tutela fueron presentadas
dentro de un término razonable, esto es, tres y cinco meses después de la
expedición de las providencias judiciales impugnadas.
No ocurrió lo mismo con los
expedientes T-6.430.927 y T-6.430.943, debido a que los correspondientes
recursos de amparo se formularon 1 año y 9 meses y 5 años 10 meses y 13 días,
respectivamente, después de la expedición de las sentencias impugnadas. Por lo
tanto, resulta evidente que el lapso transcurrido es amplio y, adicionalmente,
los tutelantes respectivos no expusieron razón alguna que justificara dicha
demora, en consecuencia, tales acciones de tutela no cumplen con el requisito
de inmediatez.
De otro lado, en lo que tiene que ver con la discusión de si el
incremento pensional del 14% hace parte, o no, del derecho pensional, debe
señalarse que el artículo 22[77]
del Acuerdo 49 de 1990 dispone de manera expresa que los incrementos
pensionales no forman parte integrante de la pensión de invalidez o de vejez.
Por consiguiente, el contenido de la norma es clara respecto de la naturaleza
de dicho incremento y, por ende, de ella no se desprende algún tipo de duda que
dé lugar a diversas interpretaciones que justifiquen la aplicación del
principio in dubio pro operario.
Atentamente,
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
[1] Integrada por los Magistrados Alejandro Linares Cantillo y Alberto
Rojas Ríos.
[2] La base argumentativa y jurisprudencial
expuesta en este capítulo hace parte de las sentencias SU-917 de 2010, SU-195
de 2012, SU-515 de 2013, SU-769 de 2014, SU-336 de 2017, SU-337 de 2017 y
SU-354 de 2017. Por tanto, mantiene la postura uniforme y reciente de esta
Corporación sobre la materia.
[3] Sentencia C-543 de 1992.
[4] Ibídem.
[5] Cfr. Sentencia SU-354 de 2017.
[6] Sentencia T-233 de 2017.
[7] Auto 397 de 2014. Ver también, entre otras, las sentencias T-499 de
2017, T-292 de 2006, SU-047 de 1999 y C-104 de 1993.
[8] “El Precedente Constitucional teoría y praxis”, Editorial
Ibáñez S.A.S, 2013. Definición citada en la sentencia T-460 de 2016.
[9] Sentencia SU-053 de 2015.
[10] Sentencia T-460 de 2016.
[11] Sentencia T-049 de 2007.
[12] Cfr. Sentencia SU-354 de 2017.
[13] Sentencia T-151 de 2017.
[14] Ibídem.
[15] Artículo 4°. “La Constitución es norma de normas. En todo caso
de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones constitucionales”.
[16] Sentencia T-121 de 2017.
[17] Sentencia T-292 de 2006. Reiterada en la sentencia T-309 de 2015.
[18] Sentencia T-121 de 2017. Cfr. Sentencia C-836 de 2001.
[19] Sentencia SU-091 de 2016. Cfr. Sentencias T-566 de 1998, reiterado
en la sentencia T-292 de 2006.
[20] Ibídem.
[21] Sentencia T-233 de 2017.
[22] Sentencia SU-091 de 2016. Cfr. Sentencias T-1092 de
2007 y T-656 de 2011.
[23] Sentencia T-499 de 2017. Cfr. Auto 397 de 2014, mediante el cual la
Sala Plena de la Corte Constitucional denegó la solicitud de nulidad de la
sentencia T-983 de 2012. Al respecto, ver las providencias T-158 de 2006, T-292
de 2006, T-812 de 2006, T-355 de 2007, T-970 de 2012, T-102 de 2014, T-360 de
2014, T-410 de 2014, SU-298 de 2015, T-309 de 2015 y SU-449 de 2016
[24] Sentencia T-351 de 2011. Reiterada en la sentencia SU-091 de 2016.
[25] Ver, entre otras, las sentencias T-949 de 2003 y T-540 de 2017.
[26] Artículo 4. “La Constitución es norma de
normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra
norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”.
[27] Sentencia SU-198 de 2013.
[28] Sentencias T-310 y T-555 de 2009, SU-198 de 2013 y SU-336 de 2017.
[29] Sentencia SU-198 de 2013.
[30] Ibídem.
[31] Artículo 53. “El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La
ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios
mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los
trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir
y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al
trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por
los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la
capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a
la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.
El estado garantiza el derecho al
pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.
Los convenios internacionales del
trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.
La ley, los contratos, los
acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad
humana ni los derechos de los trabajadores”.
[32] El texto completo del artículo 21 es el siguiente: “en
caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo,
prevalece la más favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse
en su integridad”.
[33] Sentencia T-832A de 2013. Reiterada en las sentencias T-730 de
2014, T-569 de 2015, T-536 de 2017, SU-310 de 2017, entre otras.
[34] Sentencia T-832A de 2013. Sobre el particular, la Corte sostuvo en
esa providencia lo siguiente: “El legislador desarrolló el
principio de favorabilidad en armonía con el criterio de conglobamento en el
artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, en los siguientes términos: ‘Normas
más favorables. En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes
de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador. La norma que se adopte
debe aplicarse en su integridad’ (énfasis añadido). En acuerdo con el
anterior precepto, el artículo 20 del mismo cuerpo normativo expresa: ‘Conflictos
de leyes. En caso de conflicto entre las leyes del trabajo y cualesquiera
otras, prefieren aquéllas’. Cabe precisar, sin embargo, que el criterio de
inescindibilidad o conglobamento no es absoluto y por ello admite diversas
limitaciones atendiendo a criterios de razonabilidad y proporcionalidad
analizables en cada caso concreto (Infra 59 y 60)”.
[35] Sentencia T-832A de 2013. Sobre este punto, la Corte explicó: “Para
una mejor comprensión de esta figura es necesario recordar la habitual
distinción entre disposición y norma jurídica empleada por esta Corporación. En
esa dirección, la Corte ha precisado que una misma disposición jurídica puede
contener diversas normas jurídicas o interpretaciones. La norma jurídica en
realidad es el resultado de la disposición jurídica interpretada. Al respecto,
es necesario tener en cuenta que las expresiones texto legal, disposición
jurídica y enunciado normativo, son sinónimas; y que los términos norma
jurídica, contenido normativo e interpretación, lo son igualmente entre sí”.
[36] Cfr. Sentencia T-1268 de 2005.
[37] Esta imposibilidad de aplicar los principios de
favorabilidad e in dubio pro operario en el escenario de la prueba de los
hechos no se opone, sin embargo, al uso de estándares flexibles en materia
probatoria laboral y de la seguridad social.
[38] Sentencia T-832A de 2013. Reiterada en la sentencia T-730 de
2014
[39] Sentencia T-121 de 2015. Reiterada en la sentencia T-536 de 2017.
[40] Sentencia T-536 de 2017.
[41] Sentencia C-438 de 2013.
[42] Artículo 48. “La Seguridad Social es un servicio público de
carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control
del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los
habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. (…)”.
[43] Artículo 53. “El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La
ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios
mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores;
remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de
trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre
derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el
adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la
maternidad y al trabajador menor de edad. (…)”.
[44] Estas consideraciones fueron reiteradas en la sentencia T-536 de
2017.
[45] Artículo 488. “Las acciones correspondientes a los derechos
regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que
la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de
prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en
el presente estatuto”.
[46] Artículo 151. “Las acciones que emanen de las leyes sociales
prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación
se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por
el {empleador}, sobre un derecho o prestación debidamente determinado,
interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual”.
[47] Sentencia SU-310 de 2017.
[48] Acuerdo 049 de 1990, Artículo 21: “Las
pensiones mensuales de invalidez y de vejez se incrementarán así:// a) En un
siete por ciento (7%) sobre la pensión mínima legal, por cada uno de los hijos
o hijas menores de 16 años o de dieciocho (18) años si son estudiantes o por
cada uno de los hijos inválidos no pensionados de cualquier edad, siempre que
dependan económicamente del beneficiario y,// b) En un catorce por ciento (14%)
sobre la pensión mínima legal, por el cónyuge o compañero o compañera del
beneficiario que dependa económicamente de éste y no disfrute de una pensión.//
Los incrementos mensuales de las pensiones de invalidez y de vejez por estos
conceptos, no podrán exceder del cuarenta y dos por ciento (42%) de la pensión
mínima legal.”
[49] Se dice que es la primera, porque fue la línea
jurisprudencial que desarrolló la Corte la primera vez que debió resolver el
problema jurídico en cuestión,  a través de la sentencia T-217 de 2013.
[50] Se dice que es la tesis mayoritaria, porque al
menos tres magistrados encargados y siete magistrados titulares de la Corte
Constitucional la apoyaron, de los cuales dos magistrados habían avalado la
posición contraria y por último se adhirieron a ella.
[51] Se dice que es la segunda, porque fue la línea
jurisprudencial que desarrolló la Corte en la sentencia T-791 de 2013,
proferida inmediatamente después de la sentencia T-217 de 2013.
[52] Se dice que es la posición minoritaria porque
solo cinco magistrados titulares de la Corte Constitucional apoyaron la tesis
de la prescriptibilidad de los incrementos pensionales, de los cuales dos
finalmente se adhirieron a la posición mayoritaria.
[53] Sentencia T-217 de 2013. En ese fallo se
citaron las sentencias C-230 de 1998, SU-430 de 1998, C-624 de 2003 y T-274 de
2007, para sustentar que la imprescriptibilidad en materia de seguridad social
ha sido debatida en sede de control abstracto y concreto de constitucionalidad.
[54] Sentencia T-217 de 2013.
[55] Ibídem.
[56] Sentencia T-831 de 2014.
[57] Sentencia T-395 de 2016.
[58] Al respecto, en la sentencia T-791 de 2013 se
citó la sentencia del 12 de diciembre de 2007 (Rad. No. 27923) de la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral.
[59] Sentencia T-791 de 2013.
[60] Sentencia T-541 de 2015.
[61] Por ejemplo, en las sentencias T-123 y T-541 de 2015, y T-038 de
2016.
[62] “ARTÍCULO 43. El inciso segundo del artículo 86 del Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social quedará así: Artículo 86.
Sentencias susceptibles del recurso. A partir de la vigencia de la presente ley
y sin perjuicio de los recursos ya interpuestos en ese momento, solo serán
susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de ciento
veinte (120) veces el salario mínimo legal mensual vigente”.
[63] Cfr. Sentencias SU-961 de 1999 y SU-339 de 2011.
[64] Sentencia SU-515 de 2013.
[65] En el pasado, la Corte ha considerado procedente la acción
de tutela a pesar de la cantidad de tiempo transcurrido entre la presunta
vulneración del derecho fundamental y la interposición de la acción de tutela;
los casos más representativos de esta situación se encuentran en las tutelas en
las que se ha solicitado el reconocimiento de prestaciones periódicas. Por
ejemplo, en la sentencia T-1178 de 2004 la Corte resolvió de fondo un asunto
laboral en el cual, entre la terminación de los contratos de trabajo y la fecha
de interposición de la acción de tutela transcurrieron más de tres años, lapso
que se consideró justificado teniendo en cuenta el riesgo en la integridad
física que corrían los accionantes por la presentación de la tutela en
oportunidad. En sentencia T-164 de 2011, la Corte declaró procedente la acción
de tutela de un ciudadano que solicitaba el reconocimiento de la indemnización
sustitutiva, luego de diez años de haberle sido negada. En la sentencia SU-189
de 2012 la Corte concedió el amparo del derecho fundamental a la seguridad
social, a pesar del transcurso de nueve meses desde que se profirió la
resolución que negó el derecho pensional solicitado por el accionante. Por otro
lado, en las sentencias T-109 de 2009, T-374 de 2012, T-463 de 2013 y T-488 de
2015, en las que se solicitó el reconocimiento de la indexación de la primera
mesada pensional, la Corte pasó por alto el paso del tiempo (7 meses, 6 años,
10 años, 25 años, respectivamente), al considerar que “por tratarse de un
caso de indexación de la primera mesada pensional, debe señalarse que la
violación iusfundamental que se plantea se extiende indefinidamente en el
tiempo y es, por lo tanto, de carácter permanente”. Estas consideraciones
han sido reiteradas en las sentencias SU-310 de 2017 y T-499 de 2017, sobre el
incremento del 14% por cónyuge o compañero permanente a cargo, en las cuales se
estimaron procedentes tutelas interpuestas contra procesos ordinarios laborales
finalizados en 2011, 2014 y 2015.
[66] Sentencia T-158 de 2006.
[67] El accionante en el expediente T-6.430.924 sustentó sus
pretensiones en el desconocimiento del principio de favorabilidad en materia
laboral.
[68] Expediente No. 2015-01015-01. Folio 63. CD contentivo de la
audiencia de fallo celebrada el 23 de noviembre de 2016.
[69] Expediente No. 2015-01015-01. Folio 69. CD contentivo de la
audiencia de fallo celebrada el 18 de abril de 2017.
[70] Expediente No. 2015-01285. Folio 29. CD contentivo de la audiencia
de fallo celebrada el 20 de octubre de 2016.
[71] Expediente No. 2015-01285. Folio 35. CD contentivo de la audiencia
de fallo celebrada el 9 de febrero de 2017.
[72] Expediente No. 2015-00572-01. Folio 37. CD contentivo de la
audiencia de fallo celebrada el 8 de octubre de 2015.
[73] Expediente No. 2015-00572-01. Folio 44. CD contentivo de la
audiencia de fallo celebrada el 12 de noviembre de 2015.
[74] Si bien el Juzgado Primero Laboral Adjunto del Circuito de
Cartagena no allegó a esta Corporación el expediente del proceso ordinario
laboral, dentro de las pruebas que se anexan al expediente de tutela se
encuentra una copia de la sentencia de primera instancia proferida el 29 de
abril de 2011, folios 16 a 21.
[75] Dentro de las pruebas que se anexan al expediente de tutela se
encuentra una copia de la sentencia de segunda instancia proferida el 14 de
septiembre de 2011, folios 22 a 28.
[76] Sentencia SU-310 de 2017.
[77] ARTÍCULO 22. NATURALEZA
DE LOS INCREMENTOS PENSIONALES. “Los incrementos de que trata el
artículo anterior no forman parte integrante de la pensión de invalidez o de
vejez que reconoce el Instituto de Seguros Sociales y el derecho a ellos
subsiste mientras perduren las causas que les dieron origen. El Director
General del ISS establecerá los mecanismos necesarios para su control”.