C-837-13
Sentencia C-_______
Sentencia C-837/13
EXCLUSION DE PRENSA DIGITAL Y ESCRITA DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS-Exequibilidad de apartes demandados contenidos en los
artículos 2°, 3°, y 21 de Ley 98 de 1993
Las disposiciones demandadas no incurren en una
omisión legislativa relativa, puesto que concurren varias diferencias entre los
periódicos y la industria editorial en cuanto fenómenos económicos y
comerciales, las cuales hacen razonable que el legislador disponga de un
tratamiento diferenciado frente a los beneficios fiscales. Del mismo modo, la
Corte ha evidenciado que ese tratamiento diferente no involucra una afectación
de las libertades de información y prensa, así como de las libertades
económicas.  Ello debido a que las normas acusadas no irrogan ningún
tratamiento específico y gravoso para la prensa digital y escrita, sino que
solo se basan en la regla del deber general de tributación, que tiene raigambre
constitucional.  Con base en el mismo criterio, tampoco puede colegirse una
limitación al acceso a los bienes culturales que ofrecen los periódicos, puesto
que las normas acusadas no incorporan restricciones de esa índole.
Adicionalmente, se ha explicado cómo estas conclusiones no son incompatibles
con la posibilidad, prima facie válida desde la perspectiva constitucional, que
el legislador prevea normas particulares de fomento a favor de la prensa
escrita y digital, en razón de su evidente valor para el mantenimiento de la democracia
pluralista.   Sin embargo, esta alternativa no implica que deban extenderse
beneficios actualmente previstos en la ley, que regulan supuestos fácticos
diferenciables, como sucede con la industria editorial. Por último, se han
expresado argumentos que demuestran que las previsiones demandadas en nada
alteran la normatividad que protege el derecho de autor frente a todas las
obras literarias, entre ellas las que se expresan a través de la prensa escrita
y digital.  Por ende, los preceptos acusadas no interfieren en la eficacia de
dicha garantía constitucional. A partir de estas consideraciones, la Sala Plena
concluye que los apartes normativos acusados y en cuanto a los cargos
contenidos en la demanda de la referencia, son compatibles con la
Constitución.  Por ende, declara su exequibilidad.
EXENCION TRIBUTARIA-Facultad
legislativa para determinación/CONGRESO DE LA REPUBLICA-Potestad
para establecer tributos/EXENCION TRIBUTARIA-Facultad legislativa
no es absoluta
Para la Corte es claro que, al definir quiénes pagan y
quiénes no un determinado tributo, el Congreso, mientras se ajuste a los
principios, valores y mandatos de la Constitución, adopta una decisión que sólo
a él corresponde en el Estado Social de Derecho, con base en criterios que
corresponden al ámbito de la política tributaria que le compete, previa
evaluación de elementos de juicio diversos así como de las conveniencias y
circunstancias en las cuales el gravamen ha de ser aplicable. Al fin y al cabo,
el Congreso ejerce una representación política; está llamado a defender los intereses
del Estado pero también los del pueblo al que representa; tiene que examinar la
conveniencia, oportunidad y bondad de los tributos, y ha de apreciar los
eventos en los cuales sea admisible la exoneración de ellos, con base también
en el análisis de la realidad a la cual se aplican los impuestos. También se ha
destacado que tal posibilidad legislativa no es absoluta y que debe ejercerse
dentro de los límites de equidad, justicia, eficiencia y proporcionalidad que la
Constitución Política exige, según los dictámenes e imperativos que el
Constituyente previó; y también con arreglo al principio general de la
igualdad, aunque en la aplicación de este último no puede acogerse a un
criterio de cerrada equivalencia aritmética, ni tampoco al del igualitarismo
ciego, sino, en forma predominante, teniendo presentes objetivos económicos y
sociales de la tributación, la concepción constitucional de igualdad real y
material, que debe armonizar la medida en su sustancia con la diversidad de
situaciones e hipótesis frente a las cuales se encuentra.
EXENCION TRIBUTARIA-Concepto/EXENCION TRIBUTARIA-Generalidad y homogeneidad en configuración/EXENCION
TRIBUTARIA-Características fundamentales/EXENCION TRIBUTARIA-Propósitos
A través de las exenciones tributarias, el legislador
impide el nacimiento de la obligación tributaria en relación con determinados
sujetos o disminuye la cuantía de la misma, por consideraciones de política
fiscal. Así, si bien en principio, respecto del contribuyente, se concreta el
hecho generador del tributo, este se excluye de forma anticipada de la
obligación tributaria, por disposición legal, mediante una técnica de
desgravación que le permite al legislador ajustar la carga tributaria, de
manera que consulte los atributos concretos del sujeto gravado o de la
actividad sobre la que recae la obligación tributaria, siempre con sujeción a
criterios razonables y de equidad fiscal. Todo beneficio fiscal que introduzca
el legislador debe atender a los principios de generalidad y homogeneidad,
puesto que solo así se garantiza la existencia de un sistema tributario justo,
desprovisto de privilegios y fueros. De igual forma, esta Corporación ha
señalado que las exenciones tributarias se identifican por su carácter
taxativo, limitativo, inequívoco, personal e intransferible, de manera que sólo
operan a favor de los sujetos pasivos que se subsuman en las hipótesis
previstas en la ley. El principio de generalidad que se exige de toda exención
no desconoce el hecho de que, por definición, tal beneficio comporta un trato
diferenciado a favor de determinados sujetos que, en ausencia de la exención
tributaria establecida legalmente, se encontrarían sometidos al tributo. Sin
embargo, el principio de generalidad implica que la exención fiscal cobija a
todos los contribuyentes que se encuentran en el mismo supuesto de hecho, sin
distinciones injustificadas. En relación con los propósitos que persigue el
Estado al implementar beneficios de naturaleza fiscal, la jurisprudencia
constitucional ha establecido que la exención tributaria no es un fin para el
Estado ni para el sujeto pasivo de la obligación fiscal, sino que se trata de
un instrumento de estímulo tributario que puede estar orientado hacia diferentes
propósitos tales como (i) la recuperación y desarrollo de áreas geográficas
deprimidas por desastres naturales o provocados por el hombre, (ii) el
fortalecimiento patrimonial de las empresas que ofrecen bienes o servicios de
gran sensibilidad social, (iii) el incremento de la inversión en sectores
vinculados a la generación de empleo masivo, (iv) la protección de ciertos
ingresos laborales y de las prestaciones de la seguridad social, así como (v)
una mejor redistribución de la renta global.
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION
LEGISLATIVA RELATIVA-Contenido/DEMANDA
DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Requisitos
La inconstitucionalidad de las omisiones legislativas
relativas está vinculada a la eficacia del principio de igualdad,
particularmente la igualdad ante la ley.  En efecto, la omisión en comento se
produce cuando una norma otorga una posición jurídica a favor de un sujeto o
situación de hecho y omite injustificadamente de conceder la misma regulación a
otras personas o situaciones, a pesar que concurre un mandato constitucional
que así lo prevé.  En ese sentido, para que se verifique una omisión
legislativa relativa, la jurisprudencia constitucional ha identificado los
siguientes requisitos: Primero,  la existencia de una norma respecto de
la cual se predique el cargo. Esto debido a que en caso que no se evidencia
dicha regla jurídica, se estará ante una omisión legislativa de carácter
absoluto, frente a la cual la Corte carece de competencia, puesto que el
control de constitucionalidad solo se predica de preceptos legales debidamente
expedidos y vigentes, salvo las taxativas modalidades de control previo que
prevé la Carta Política. Segundo, la exclusión de sus consecuencias jurídicas
de casos asimilables a los previstos en ella, o la no inclusión de un
ingrediente o condición indispensable para la armonización de su enunciado
normativo con los mandatos de la Constitución. Tercero, la ausencia de una
razón suficiente para tal exclusión. Cuarto, la generación de una situación de
desigualdad negativa respecto de los grupos excluidos o la vulneración de otros
de sus derechos fundamentales; y quinto, la existencia de un mandato
constitucional específico que obligue al legislador a contemplar los grupos o
ingredientes excluidos.
PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA-Concepto/PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA-Proscribe
tratamientos tributarios diferenciados injustificados
De acuerdo con este principio, el deber de tributación
debe responder tanto a la obligación general de tributar como a las
particularidades del sujeto y el hecho generador, desde su perspectiva
económica y frente al cumplimiento de los fines esenciales del Estado.  La
equidad tributaria, entonces, es un criterio material que obliga a que la imposición
del deber de tributar responda a parámetros objetivos y que, en ese sentido,
impidan bien la imposición de cargas desproporcionadas para el contribuyente o
bien sea injustificadamente excluido del cumplimiento del mencionado deber.  De
la misma manera, la equidad en el sistema tributario exige que fenómenos
económicos similares le sean imponibles las mismas obligaciones fiscales, salvo
que se evidencie la necesidad de cumplir con un fin constitucionalmente valioso
que exija un trato distinto. Sobre el particular, la jurisprudencia
constitucional insiste en que el principio de equidad tributaria exige que la
imposición esté basada en una evaluación de las condiciones fiscales y
extrafiscales del sujeto pasivo y el hecho generador, la cual determine que, en
caso que opere un tratamiento desigual, se encuentre justificado mediante una
razón suficiente y compatible con los postulados constitucionales.  Para la
Corte, el principio de equidad tributaria, establecido en las normas constitucionales
referidas, comporta la manifestación del derecho fundamental de igualdad en esa
materia, de suerte que proscribe toda formulación legal que implique
tratamientos tributarios diferenciados injustificados, tanto por desconocer el
mandato de igual regulación legal cuando no hay razones para un tratamiento
desigual, como por desconocer el mandato de regulación diferenciada cuando no
hay razones para un tratamiento igual.   Dicho principio, adicionalmente, sirve
de guía para ponderar la distribución de las cargas y de los beneficios entre
los contribuyentes, para lo cual resulta relevante la valoración de su
capacidad económica y de la naturaleza y fines del impuesto pertinente, para
evitar que se impongan gravámenes excesivos o beneficios exagerados.
PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA-Fundamento
El principio de equidad tributaria, en ese orden de
ideas, se fundamenta en un criterio de cargas soportables para el
contribuyente, el cual está a su vez soportado en una evaluación concreta tanto
de la capacidad económica como de la eficacia de los principios de igualdad y
de justicia del sistema fiscal en su conjunto.  En términos de la
jurisprudencia constitucional, conforme al principio de equidad tributaria, los
gravámenes deben ser aplicados a todos los sujetos que tengan capacidad
contributiva y que se hallen bajo las mismas circunstancias de hecho, con lo
que se garantiza el sostenimiento del equilibrio frente a las cargas públicas.
Este planteamiento, ha sido recogido a través de la construcción del principio
de generalidad que implica que el universo de los sujetos pasivos del tributo
debe comprender a todas las personas que tengan capacidad contributiva y
desarrollen la actividad o conjunto de actividades gravadas. Lo anterior no
impide, sin embargo, que en consideración de circunstancias particulares de
orden fiscal o extrafiscal, el legislador establezca algunos beneficios,
siempre que ellos se encuentren debidamente justificados. En relación con el
condicionamiento del ejercicio de la potestad legislativa utilizada para
establecer tratos diferenciados a determinados grupos de contribuyentes, ha
dicho esta Corporación que el legislador no puede establecer un trato diferente
a dos grupos determinados, cuando tal medida no se adecua a ningún propósito
constitucional o legal. Ahora bien, en los casos en que la medida diferencial
sí resulte razonable a la luz de los fines del Estado Social de Derecho, la
jurisprudencia constitucional, ha sido respetuosa del margen de configuración
normativa del legislador.
EQUIDAD TRIBUTARIA-Vertical y
horizontal
Se distingue dos planos de la equidad tributaria:
vertical y horizontal.  De acuerdo con el primero, la determinación del tributo
debe ser directamente proporcional a los ingresos del sujeto pasivo, con lo cual
se inserta dentro de las condiciones propias de progresividad fiscal.  En
cambio, la equidad tributaria horizontal remite a la necesidad que los
contribuyentes que se encuentren en una misma situación fáctica deban recibir
un tratamiento paritario por parte del Estado y, para lo que interesa al
control de constitucionalidad, de las previsiones legales de índole fiscal.
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE
EXENCIONES TRIBUTARIAS-Principio de
equidad como límite
Es innegable el papel que juega la equidad tributaria
en la amplia facultad del legislador para fijar exenciones tributarias.  Este
principio opera como límite de tal competencia, en tanto (i) exige que el
beneficio fiscal esté justificado en una razón suficiente y que exprese derechos,
principios y valores constitucionales; (ii) no vaya en contravía del análisis
de la capacidad contributiva del sujeto pasivo (equidad vertical); y (iii)
dicha razón de diferenciación constitucionalmente admisible opere como factor
válido de tratamiento distinto entre los contribuyentes que, de otro modo,
deberían concurrir de la misma forma en el financiamiento de los gastos del
Estado (equidad horizontal).
AMBITO DE PROTECCION DE LEY 93 DE 1998, LEY DEL LIBRO-Jurisprudencia constitucional
DERECHOS DE AUTOR-Tipos de prerrogativas
El derecho de autor contiene dos tipos de
prerrogativas: los derechos morales, que están relacionados con la facultad que
tiene el creador, en tanto persona natural, para que su obra se conozca y
mantenga su integridad y titularidad, por lo que tienen carácter personal,
extrapatrimonial, imprescriptible, irrenunciable, e inalienable.  Los derechos
morales, en tal sentido, versan sobre (i) el derecho a divulgar la obra; (ii)
el derecho al reconocimiento de la paternidad intelectual; (iii) el derecho al
respeto y a la integridad de la obra, impidiendo las modificaciones no
autorizadas sobre la misma; y (iv) el derecho al retracto, que le permite al
autor retirarla del           comercio. De otro lado, los derechos patrimoniales
de autor tienen, como su nombre lo indica, contenido económico y se concentran
en el pago al creador o a la persona natural o jurídica titular de los derechos
por aquellas actividades que involucren la explotación de la obra protegida.
Dentro de las variables de esas facultades están (i) el derecho de reproducción
material; (ii) el derecho de comunicación pública no material, de
representación, ejecución pública y radiodifusión; y (iii) la transformación,
traducción, adaptación y arreglo musical, así cómo cualquier otra forma de
utilización de la obra.
PROTECCION DEL DERECHO DE AUTOR-Involucra el reconocimiento de derechos morales y
patrimoniales a sus titulares
DERECHOS DE AUTOR-Límites a la potestad de configuración legislativa/DERECHOS DE AUTOR-Limitaciones
que imponga el legislador deben ser razonables y proporcionadas y estar acordes
con las previsiones de protección previstas en los tratados internacionales
LIBERTAD DE PRENSA Y DE INFORMACION-Contenido
LIBERTAD DE PRENSA Y DE INFORMACION-Contenidos modulares y condiciones que deben cumplirse
para la validez constitucional de limitaciones a ese derecho
En cuanto a lo primero, la jurisprudencia de la Corte
ha determinado que, respecto del objeto jurídico específico de esas libertades
deben distinguirse dos planos.  La libertad de expresión apunta a la facultad
de transmitir la propia opinión, mientras que la libertad de información supone
una condición doble vía: tanto la facultad de fundar medios masivos de
comunicación para la transmisión de hechos, eventos y todo tipo de
acontecimientos, como la libertad del receptor acceder a la información, desde
una perspectiva de máximo pluralismo de medios y de contenidos. En términos de
la jurisprudencia reiterada, en la libertad de información el interés del
receptor de la misma es crucial, puesto que sin información no está en
condiciones de ejercer efectivamente su ciudadanía. En esa medida, con miras a
promover la mayor difusión de información, la libertad de información está
sujeta a una mayor regulación por parte de las autoridades que la libertad de
expresión en sentido estricto. Por otra parte, una y otra libertad se
diferencian por los supuestos con los que se materializa su ejercicio; así
mientras que para la libertad de expresión basta que su titular cuente con las
facultades físicas y mentales necesarias para expresarse, la libertad de
información supone, además, que exista una infraestructura material apta para
captar y difundir la información. las limitaciones deben ser estrictamente
necesarias y proporcionadas, lo cual significa que (i) sean obligatorias para
cumplir con la necesidad imperiosa, apremiante, específica y concreta de
preservar un derecho ajeno o un componente particular y previamente definido
del orden, salud o moralidad públicas; (ii) la limitación no debe desconocer la
prohibición de la censura, directa, indirecta o por consecuencia; (iii) la
relación ente medios y fines debe comprobarse de forma exigente, por lo que la
limitación debe mostrarse como medio materialmente necesario para cumplir con
la finalidad y, a su vez, se muestra como la alternativa menos restrictiva
posible del ejercicio de la libertad de expresión; (iv) la limitación se
muestre proporcionada, esto es, basada en el equilibrio entre los diferentes
derechos y principios en conflicto, lo que exige cumplir con una armonización
concreta entre ellos; (v) la restricción debe ser posterior y no puede
constituir censura; y (vi) la carga sobre el cumplimiento de los requisitos
anteriores recae sobre la autoridad que adopta la limitación a la libertad de
prensa e información.
LIBERTADES ECONOMICAS-Aspectos esenciales
ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO-Fundamento
Este concepto se funda en considerar que el Estado
tiene deberes específicos en dos aspectos definidos: De un lado, está llamado a
proteger y dar garantías a un mercado libre y competitivo, donde los diferentes
agentes que ofrecen bienes y servicios puedan concurrir equitativamente.  De
otro lado, debe corregir las imperfecciones de ese mercado, pero no solamente
en lo que refiere a la promoción de la libre competencia, sino especialmente
frente a la vigencia de los derechos fundamentales de las personas, los cuales
están necesariamente atados a las situaciones de mercado.  De allí que, en
últimas, la intervención estatal en el economía se fundamenta en la
compatibilización entre el mercado y los fines del Estado Social y Democrático
de Derecho.  Ello quiere decir, entonces, que lo que se privilegia es la
eficacia de los derechos, que deben tener lugar y vigencia en un escenario que
alienta un mercado competitivo.
INTERVENCION DEL ESTADO EN AMBITO DE LIBERTAD
ECONOMICA-Alcance
La jurisprudencia constitucional ha reconocido que el
Estado está habilitado para intervenir en el mercado, con el fin de cumplir con
los objetivos mencionados y con base en el cumplimiento de determinados
requisitos.   Al respecto, se ha sostenido que el Estado se encuentra
facultado, a través de la ejecución de medidas de intervención en la economía,
para corregir aspectos del mercado que impidan el cumplimiento de los fines
constitucionales de dicha intervención. Ello, incluso, mediante de instrumentos
que, de forma material, puedan limitar a la libertad económica y la libre
competencia.  Sin embargo, tales límites deben estar fundados en motivos
razonables y proporcionados, que guarden una relación de identidad con la
consecución de los fines estatales antes descritos, en especial aquellos que se
derivan de (i) las funciones esenciales del Estado, descritas en el artículo 2º
Superior; y (ii) los objetivos constitucionales de la intervención del aparato
estatal en la economía, previstos en el artículo 334 C.P.  En consecuencia, cuando la medida de intervención no esté vinculada a dichas finalidades,
se está prima facie ante una restricción injustificada de dichas garantías
constitucionales de los participantes del mercado.
INTERVENCION DEL ESTADO EN AMBITO DE LIBERTAD
ECONOMICA-Requisitos
La
Corte se ha ocupado de definir los requisitos para la legitimidad de las
medidas de intervención económica. A ese respecto, ha indicado que tal
intervención: i) necesariamente debe llevarse a cabo por ministerio de la ley;
ii) no puede afectar el núcleo esencial de la libertad de empresa; iii) debe
obedecer a motivos adecuados y suficientes que justifiquen la limitación de la
referida garantía; iv) debe obedecer al principio de solidaridad; y v) debe
responder a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.. En últimas, de lo
que se trata es que la medida de intervención económica corresponda a un motivo
identificable y acorde con el ámbito propio de las funciones constitucionales
del Estado respecto del mercado.
LEY 93 DE 1998, LEY DEL LIBRO-Beneficios
INDUSTRIA EDITORIAL Y PRENSA ESCRITA Y DIGITAL-Diferencias
La primera diferencia radica en el tiraje de cada
publicación y, por ende, su vocación de permanencia.  La prensa digital y
escrita está vinculada al ejercicio de la libertad de prensa e información, por
lo que está basada en la noticia y la actualidad.  De ahí que su publicación
responda a criterios de periodicidad, precisamente con el fin que el medio de
comunicación transmita la información más reciente.  Esto tiene un efecto
directo en cuanto a la escasa perdurabilidad de los ejemplares, particularmente
en lo que respecta a la prensa escrita, que en el caso de los diarios
principales corresponde a la impresión de decenas e incluso cientos de miles de
periódicos con pocos días de vigencia. Así, salvo las labores de archivo
histórico en hemerotecas y establecimientos similares, cerca de la totalidad de
los impresos de prensa pierden su valor intrínseco con el paso del tiempo. En
cambio, los libros e impresos análogos producidos por la industria editorial
tienen vocación de permanencia y no están sometidos, de manera general, a
criterios de renovación periódica. Por ende, el ejemplar producido no pierde su
valor intrínseco con el paso del tiempo sino que está dirigido a permanecer en
bibliotecas particulares o abiertas al público.  De otro lado, el tiraje de los
libros es sustancialmente menor a los de los periódicos, de modo que incluso un
best seller solo alcanzará una fracción de los ejemplares que un diario imprime
en pocos días.  Finalmente, la periodicidad de la prensa escrita hace posible
el esquema de negocio de las suscripciones, a través de las cual una persona
paga en adelanto una suma de dinero para que el diario envíe a su domicilio los
ejemplares emitidos en un periodo de tiempo, generalmente semestral o anual.
Esta alternativa comercial es inasible para el caso de los libros, pues su
venta se agota en la adquisición del ejemplar correspondiente. Esta diferencia
tiene consecuencias directas en lo que respecta a los derechos patrimoniales de
contenido reprográfico, que se predican de cada tipo de impreso.  En tanto los
ejemplares de la prensa escrita carecen vocación de permanencia, no están
sometidos al riesgo de reproducciones no autorizadas, conocidas comúnmente como
piratería.  Los libros e impresos similares, en la medida en que sí tienen
carácter perdurable, son comúnmente reproducidos de manera ilegal, en perjuicio
de los intereses económicos de la industria editorial y de los autores que
reciben regalías por la venta de los ejemplares.  De ahí que resulte razonable
que el legislador establezca un tratamiento más favorable para la industria
editorial, merced de los riesgos a los que se enfrentan, los cuales son
inexistentes en el caso de los periódicos. La segunda diferencia entre la
industria editorial y la prensa digital y escrita fue presentada por varios de
los intervinientes y refiere a la pauta publicitaria.  Tanto los periódicos
impresos como aquellos que usan la Internet como medio de comunicación dedican
ingentes espacios para la pauta publicitaria la cual, junto con las
suscripciones y los avisos clasificados, conforman las fuentes primarias de
financiación.  En ese sentido, la prensa es un vehículo esencial para la
publicidad de diferentes bienes y servicios, precisamente por sus amplios
tirajes y su naturaleza periódica.  Las ofertas y los nuevos productos y
servicios son publicitados en los periódicos, en tanto novedades comerciales que
deben ser difundidas a los potenciales consumidores en condiciones de
actualidad y continua renovación. Debido a que los libros carecen de las
mencionadas características de publicación periódica y amplio tiraje, no son
utilizados como instrumentos publicitarios, de modo que no tienen a su haber
los ingresos propios de la pauta publicitaria.  Por ende, el esquema de negocio
difiere sustancialmente, puesto que si bien es cierto la industria editorial
realiza actividades publicitarias para la promoción de la venta de los libros,
estos carecen de pauta al interior de cada ejemplar. Ahora bien, en el caso
particular de las revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter
científico y cultural, los cuales son beneficiarios de los incentivos
contenidos en la ley acusada, también concurren diferencias importantes con la
prensa digital y escrita. Así, el tiraje de los periódicos impresos es mucho
mayor que el de las revistas culturales o científicas, las cuales tienen
ediciones mucho más reducidas, sobre todo porque apuntan a segmentos
específicos del conocimiento y, a su vez, a determinado público interesado en
sus contenidos. De otro lado, aunque estas revistas puedan apoyarse en
publicidad, no son utilizadas para la promoción de bienes y servicios de usual consumo,
precisamente porque están delimitadas a los mencionados segmentos.  Antes bien,
es de común ocurrencia que la publicidad incluida en revistas culturales y
científicas apunte casi por completo a la difusión de eventos, programas
académicos y publicaciones de la misma área en la que se encuentra inserta, lo
cual dista de la promoción de bienes y servicios que fundamenta la pauta de los
periódicos.  De allí que concurren evidentes diferencias económicas entre ambos
supuestos, lo que hace que no resulten en modo alguno análogos.
OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Inexistencia en relación con la exclusión de prensa
escrita y digital de beneficios fiscales en normas acusadas
Referencia: expediente D-9638
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos
2°, 3° y 21 (parciales) de la Ley 98 de 1993 “por medio de la cual se dictan
normas sobre democratización y fomento del libro colombiano”.
Actor: Eduardo Cifuentes Muñoz
Magistrado
Ponente:
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá
D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil trece (2013)
La Sala
Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en
el Decreto Ley 2067 de 1991, ha proferido la presente Sentencia.
I.
ANTECEDENTES
En
ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la
Constitución, el ciudadano Eduardo Cifuentes Muñoz solicita a la Corte que
declare la inexequibilidad de los artículos 2°, 3° y 21 (parciales) de la Ley
98 de 1993 “por medio de la cual se dictan normas sobre democratización y
fomento del libro colombiano”.
Cumplidos
los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución y en el Decreto
Ley 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda de la
referencia.
II. NORMAS DEMANDADAS
A
continuación se transcriben los artículos demandados, subrayándose los apartes
acusados:
Artículo 2°. Para
los fines de la presente Ley se consideran libros, revistas,
folletos, coleccionables seriados o publicaciones de carácter
científico o cultural, los editados, producidos e impresos en la República
de Colombia, de autor nacional o extranjero, en base papel o publicados en
medios electro-magnéticos.
Se exceptúan de la definición
anterior los horóscopos, fotonovelas, modas, publicaciones
pornográficas, tiras cómicas o historietas gráficas y juegos
de azar.[1]
Artículo 3°. Se
entiende por empresa editorial la persona jurídica responsable económica y
legalmente de la edición de libros, revistas, folletos
o coleccionables seriados de carácter científico o cultural,
pudiendo realizar su producción en talleres propios o de terceros, total o
parcialmente.
Artículo 21. Las
empresas editoriales constituidas en Colombia como personas jurídicas, cuya
actividad económica y objeto social sea exclusivamente la edición de libros,
revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter científico o
cultural, gozarán de la exención total del impuesto sobre la renta y
complementarios, durante veinte (20) años, contados a partir de la vigencia de
la presente Ley, cuando la edición e impresión se realice en Colombia. Esta
exención beneficiará a la empresa editorial aún en el caso de que ella se ocupe
también de la distribución y venta de los mismos.
III. LA DEMANDA
El demandante considera que las
expresiones acusadas, en tanto circunscriben la aplicación de las reglas
contenidas en la Ley 98 de 1993 únicamente a la edición de libros, revistas,
folletos o coleccionados seriados de carácter científico o cultural,
contradicen los artículos 1, 2, 13, 20, 61, 70, 71, 73, 95-9, 333 y 363 de la
Constitución.
El argumento general del
ciudadano Cifuentes Muñoz se basa en considerar que las previsiones acusadas
incurren en una omisión legislativa relativa, que impone un tratamiento
discriminatorio contra la prensa escrita y digital, en tanto excluye a ese
sector de los beneficios contenidos en la Ley acusada. Para sustentar esta
conclusión, la demanda ofrece los argumentos siguientes:
3.1. El actor considera, como
primer argumento, que las normas acusadas, las cuales tienen por efecto excluir
a la prensa escrita y digital de los beneficios de la Ley 98/93, incurre en una
omisión legislativa relativa.  Esto debido a que  en los términos de los
artículos 1°, 2°, 3° y 21 de esa normativa, el concepto de libro es
amplio e incluye diversos tipos de impresos que tienen como objeto de la
difusión de la ciencia, la cultura y las expresiones artísticas.  Por ende, no
hay lugar a excluir a los diarios escritos y digitales, pues ellos también
tienen esta función, al punto que pueden ser catalogados mediante mecanismos
estandarizados, que como el ISSN, comparten con otras publicaciones periódicas.
Por ende, si el objetivo de la
ley es cumplir con un mandato constitucional preciso, como es fomentar las
expresiones artísticas, culturales y científicas, entonces carece de fundamento
que los beneficios contenidos en la Ley acusada no sean extendidos a la prensa
escrita y digital.  Esto más aun cuando la Corte, a través de la sentencia
C-1023/12, aceptó que categorías tales como las tiras cómicas e historietas
gráficas también eran acreedoras del grado de protección previsto en la Ley
98/93.  Agrega que la discriminación expuesta se evidencia, por ejemplo, en el
hecho de “… lo dispuesto en el artículo 20 de la citada ley, la única
disposición que junto con el artículo 23 (impuesto a las ventas) extiende un
beneficio explícito y concreto a los diarios, pero que lo hace en términos que
los diferencia de los libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de
carácter científico y cultural, a no ser que la distinción se justifique por la
existencia de dos posiciones arancelarias y no por una diferencia de
naturaleza”.
En ese sentido, el demandante
considera que la prensa escrita y digital solo tiene acceso a los mencionados
beneficios, lo que contrario sensu significa que los demás incentivos
contenidos en la Ley 98/93 no son predicables de dicha industria.  Así, en
términos de la demanda, el primer cargo propuesto “se endereza (…) a
impugnar constitucionalmente la omisión legislativa de carácter relativo,
consistente en la no inclusión de los periódicos o diarios en la lista de
bienes culturales que hacen los artículos 2, 3, y 21 de Ley 98 de 1993 y los
cuales se aplica un sistema de incentivos y beneficios, de los cuales se
sustrae caprichosamente a estos bienes culturales y a las empresas que asumen
su desarrollo. “
Dicha omisión, en criterio del
actor, se estructura en tanto (i) existe un deber constitucional, contenido en
los artículos 70 y 71 C.P., consistente en la obligación estatal de promoción y
fomento de las distintas manifestaciones culturales, a través del ofrecimiento
de estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan actividades
relacionadas con dichas manifestaciones; (ii) existe un cuerpo legislativo, que
corresponde a la norma acusada, respecto del cual se predica la omisión; y
(iii) la ausencia de inclusión de la prensa escrita y digital como titular de
los mencionados beneficios e incentivos incorpora una discriminación
injustificada, pues a pesar de tratarse de industrias culturales, son excluidas
debido a la omisión legislativa.  Así, “[t]ratándose de un precepto
que responde a una obligación constitucional, se ha excluido tácitamente al
grupo de empresarios, periodistas, escritores, diseñadores gráficos y demás
actores de la prensa escrita y digital de los beneficios que la ley otorga. En
su lugar, los beneficios se han concentrado exclusivamente en la industria
editorial, escritores y actores de las industrias culturales de carácter
gráfico que usan mecanismos diversos para difundir sus contenidos, cuyas
características sin embargo no pueden erigirse en causal de tratamiento
diferenciado frente al bien cultural que representa. (…) Al regularse
por la ley un segmento de la cultura asociado a la industria editorial, no ha
debido excluirse instrumentos como la prensa escrita y digital que hacen parte
de la actividad cultural y del proceso de creación de la identidad nacional, ni
ha debido privilegiarse unos determinados instrumentos de formación y difusión
del conocimiento y la expresión artística en desmedro de otros, pues con ello
se interfiere en la condición de libertad definida por el propio legislador
como elemento esencial de las actividades protegidas por la Constitución en los
artículos 70 y 71.  Tampoco ha debido discriminarse entre industrias
editoriales con una función cultural.”
En consecuencia, para el actor
se impone la necesidad de remediar la omisión a través de una sentencia
integradora que extienda los mencionados beneficios e incentivos a la prensa
escrita y digital, tal y como lo ha planteado la jurisprudencia constitucional
sobre esta materia.
3.2. La demanda propone, en
buena parte a partir de los argumentos expuestos, un segundo cargo relativo a
la violación de los principios de igualdad y equidad tributaria.   Para ello,
parte de señalar que los fines de la Ley 98/93, explicados por la Corte en la
sentencia C-1032/12, son debidamente cumplidos por la prensa digital y escrita,
lo que implica que la exclusión tácita de los beneficios que dicha norma otorga
involucra un tratamiento discriminatorio.  Esto debido a que tanto la industria
editorial y gráfica, como la prensa escrita y digital, tienen la misma
condición de “agentes, creadores o diseminadores de cultura”.
Para sustentar la existencia de
un criterio fáctico que obliga al tratamiento análogo entre las industrias
culturales citadas, la demanda señala que “… existen numerosas similitudes
sustanciales entre la actividad de la prensa y las actividades a las que se
refieren las normas en cuestión, no sólo porque en forma permanente a través de
los periódicos se desarrollan y difunden contenidos de carácter científico y
cultural, sino también porque fundamentalmente la actividad de prensa está
estructuralmente conectada con la producción misma de la cultura, la difusión
del conocimiento y la libre circulación de las ideas.  A través de una prensa
libre, se sientan las bases para consolidar una conciencia crítica, sin la cual
la actividad científica y cultural carecería de fundamento sólido y seguro.  De
este modo, la prensa cumple una función capital en el fomento del acceso a la
producción científica y cultural, como lo es su contribución a la formación de
una opinión pública libre e informada.  Cabe reiterar cómo las justificaciones
históricas de la libertad de prensa tienen una relación directa con la
necesidad de asegurar una actividad científica y cultural libre y plural.  En
efecto, la libertad de expresión y el debate constituyen los medios más
propicios para crear un ambiente en el que florezca y evolucione el
conocimiento científico.  De otro lado, la prensa se asocia a la esfera de la
autonomía personal y comunitaria, puesto que ella se ofrece como constante
domicilio de nuevas visiones o sirve de sostén a la recreación simbólica de las
tradiciones culturales del más variado tipo y naturaleza.  Sobra reiterar la
función de control que ejerce la prensa contra el abuso de poder, lo que
resulta indispensable para forjar el desarrollo libre de la cultura y poner
coto a la opresión del poder que podría sin ese freno ahogar el libre
desarrollo de la sociedad civil como protagonista de la cultura. Finalmente, la
prensa como forjadora de una opinión pública que le sirve de sustento a la
democracia fortalece una cultura abierta y pluralista capaz de alentar el
incesante proceso de creación de la identidad nacional.”
En el asunto analizado, se tiene
que la libertad de configuración legislativa en materia tributaria se encuentra
delimitada por el mandato de promoción de las expresiones culturales, previsto
en los artículos 70 y 71 C.P. Por ende, carece de sustento que la prensa escrita
y digital, que tiene análoga condición de industria cultural, sea excluida de
los beneficios e incentivos, entre ellos los de índole tributaria, contenidos
en la legislación demandada.  Además, a partir de varios ejemplos del derecho
comparado, el demandante demuestra que los tratamientos tributarios más
gravosos para la prensa, por ejemplo mediante la imposición de tributos al
papel, la tinta o a determinados tirajes, al igual que la negativa a conceder
determinadas exenciones, generalmente conllevan una afectación directa de la
libertad de expresión.
El actor insiste en que la
exclusión verificada en la norma acusada podría ser entendida, incluso, como
una modalidad de censura, en la medida en que impone a la prensa escrita y
digital obligaciones tributarias adicionales a las que tienen otras industrias
culturales. Esto resulta, en los términos de la demanda, en una mayor
afectación de los derechos fundamentales, en tanto “… el tratamiento
discriminatorio recae en un medio de comunicación especialmente vinculado al
control de la actividad pública y la formación de la opinión política y
filosófica, lo que de contera torna en sospechoso el criterio para el reparto
de cargas y beneficios.”  De ahí que para el demandante en el caso deba
efectuarse un juicio estricto de proporcionalidad de la medida legislativa.
Indica que a pesar que en la
sentencia C-1023/12 se hizo uso de un juicio intermedio, en él también se
concluyó que la exclusión de las tiras cómicas y las historietas gráficas era
inconstitucional, premisa que a juicio del demandante también replicarse en el
caso analizado.  Ello debido a que la prensa escrita digital ha sido, a través
de los siglos, un mecanismo que sirve al propósito de la difusión de la
cultura, la formación de la opinión pública y la libertad de expresión.  Esto a
partir de condiciones de generalidad y cobertura a toda la población, lo que
hace que la prensa sea la principal fuente de los hábitos de lectura e,
incluso, de instrucción y acceso a la cultura de los ciudadanos.  Así, a partir
de la cita de doctrina autorizada sobre la materia, el actor indica que la
prensa, “[c]omo medio posee una relación de carácter inclusivo con la
cultura.  Los medios son “una modalidad de práctica cultural”, como su propio
nombre lo indica, cumple una función mediadora entre cultura y sociedad, entre
productores y consumidores de bienes culturales, produciendo, transformando o
difundiendo nada distinto que “productos culturales”.”
3.3. La demanda propone como
tercer cargo que la exclusión objeto de análisis afecta la libertad de fundar
medios masivos de comunicación, así como el derecho a la libre competencia.
Esto debido a que las normas acusadas, particularmente el artículo 21 de la Ley
98/93, confieren a las industrias editoriales que se dediquen exclusivamente a
actividades diferentes a la prensa, exención total del impuesto sobre la renta
y complementarios.  Esta restricción hace que tales editoriales pierdan todo
interés en fundar un medio de prensa, pues ello las haría perder el incentivo
fiscal mencionado. A su vez, quienes optan por fundar tales medios, entran al
mercado en una situación de abierta desventaja, debido a que no son acreedores
de la referida excepción.  Esto resulta más grave ante la actual situación
económica de los medios escritos, que en su tránsito a la era digital requieren
de incentivos estatales para su supervivencia en el mercado.
Sobre este último aspecto, la
demanda señala que la ausencia de tales incentivos es particularmente dañina
para la prensa regional, que tiene menores ingresos y, por ende, menos
capacidad de soportar las crisis en sus finanzas.  La desaparición de ese
modalidad de medios, en criterio del actor, toma entonces la forma de un
mecanismo de censura, esta vez por la vía de la incapacidad financiera.
3.4. La demanda determina que
los preceptos acusados violan el derecho de autor, que tiene raigambre
constitucional.  Esto debido a que si bien los artículos 24, 26, 27 y 28 de la
Ley 98/93 establecen tratamientos más favorables en materia de propiedad
intelectual y exención de tributos frente a las retribuciones al derecho de
autor, la exclusión explicada hace que tales incentivos no sean predicables de
la prensa digital y escrita.  Esta circunstancia, como se explicó en la
sentencia C-1023/12 para el caso de las tiras cómicas y las historietas
gráficas, vulnera el derecho de autor respecto de  la prensa entendida como
obra protegida.
3.5. Finalmente, el demandante
considera que los preceptos acusados vulneran el derecho de acceso a la
cultura. Esto debido a que excluye a la prensa escrita y digital, que es una
manifestación cultural, de la promoción y estímulo ordenada por la
Constitución; a la vez que incluye a otra industrias culturales sin que exista
un fundamento para esa distinción.
De igual manera, considera que
el mismo tratamiento diferente involucra una afectación del pluralismo
cultural, puesto que proscribe a la prensa como bien cultural, a pesar de sus
evidentes condiciones de universalidad y penetración, particularmente en las
regiones. Por ende, “[e]l derecho a la cultura, fundado en el pluralismo y
en la participación, se recorta indebidamente cuando para los efectos de su
promoción se colocan por fuera de su círculo de irradiación tanto a la prensa
como las personas que la editan y que por este medio contribuyen a su
mantenimiento como proceso social abierto. (…) estructurar legalmente el
deber legal de promoción de la cultura, cercenando de su mundo un bien como la
prensa y unas instituciones y personas como sus editores, sustrae
inconstitucionalmente oportunidades de acceso a la cultura y discrimina a
personas e instituciones cuya misión se proyecta en esta actividad.”
IV. INTERVENCIONES
Intervenciones oficiales
4.1. Intervención de la
Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República
Mediante escrito formulado por
apoderado judicial, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República
solicita a la Corte que declare la exequibilidad de las normas acusadas.  Para
ello, parte de advertir que si bien la jurisprudencia constitucional ha
reconocido que el principio de equidad tributaria es uno los límites del
legislador en el amplio margen para la definición de normas fiscales, es claro
que en el caso analizado la igualdad no es afectada, puesto que la prensa
digital y escrita difiere sustancialmente de la industria editorial, en al
menos dos sentidos.
Aunque es evidente que la prensa
cumple un papel en la difusión de la cultura, como lo señala el demandante,
esta tiene como característica esencial su amplia rotación, diaria, semanal o
mensual, habida cuenta que es un instrumento para el suministro de información
noticiosa. Esa característica se opone a los libros y demás impresos, que
tienen condición atemporal.  De otro lado, en lo que respecta al ámbito
económico, la prensa escrita y digital inserta pauta publicitaria en sus
ediciones, lo que es inexistente en los libros y otros impresos objeto de los beneficios
de la Ley 93/98.  A partir de esas diferencias, el interviniente concluye que “…
los matices de esta relación pueden ser muchísimos, pero por encima de las
intersecciones y quizá justamente por sus distanciamientos, el legislador puede
válidamente considerar que la industria del libro requiere incentivos
diferentes a los que necesita un casa dedicada a publicar un diario, un
semanario, etc.”
En segundo lugar, la Secretaría
destaca que la Ley acusada tiene como objeto el fomento de una forma particular
de expresión cultural, como son los libros, sin que se trate de una
normatividad general de promoción de la cultura.  En ese sentido, no resultado
acertado exigir idéntico tratamiento cuando el  objetivo del legislador es
otorgar determinados beneficios a la empresa editorial, precisamente en virtud
de sus particularidades, que no son análogas a las de la prensa.  En criterio
del interviniente, “… aunque el libro y la prensa sean conductores del
conocimiento en la sociedad moderna, no por ello puede concluirse que las
condiciones económicas en que se editan sus productos sean equiparables. Ese
alto punto de contacto que los une como herramientas de consolidación de nuestro
conocimiento no es el criterio con el que los aborda el sistema tributario,
preocupado más por la supervivencia de la industria en el entorno económico en
el que se debate.”
Con base en los argumentos
anteriores, la Secretaría concluye que las diferencias anotadas permitían al
legislador prever un tratamiento disímil entre la industria editorial y la
prensa escrita y digital, sin que ello afecte el principio de equidad
tributaria.
4.2. Intervención del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
El Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, a través de apoderado judicial, interviene en el presente
proceso con el fin de solicitar la adopción de un fallo inhibitorio ante la
inexistencia de cargo y, de manera subsidiaria, defender la exequibilidad de
los preceptos demandados.
En cuanto al primer aspecto,
sostiene que la demanda incumple con el requisito de pertinencia, exigido por
la jurisprudencia constitucional.  Esto debido a que sustenta la acusación en
un criterio de conveniencia, relativo a la necesidad que el legislador otorgue
beneficios tributarios a la prensa escrita y digital, particularmente por sus
actuales condiciones económicas.  Estos asuntos son, en criterio del
interviniente, ajenos a una controversia jurídico constitucional, por lo que no
conformarían un cargo susceptible de ser decidido de fondo.
En lo que respecta a los asuntos
sustantivos, el Ministerio pone de presente que en el caso analizado no se está
ante una omisión legislativa relativa, sino ante la decisión expresa del
legislador de excluir a la prensa de los beneficios de la Ley 98/93,
precisamente en razón de las diferencias económicas que en periodicidad del
tiraje e inserción de publicidad tiene con los libros producidos por la
industria editorial.  En razón de esas diferencias, el Congreso optó por
circunscribir los beneficios tributarios y demás estímulos a dicha industria,
sin que ello sea incompatible el principio de equidad tributaria.
Frente al cargo fundado en la
violación del principio de igualdad, el interviniente sostiene que el
tratamiento discriminatorio acusado es inexistente, merced de la diferencias
entre los libros y la prensa escrita y digital, específicamente en lo que
respecta al ámbito económico, lo que justifica un trato tributario
diferenciado.
De otro lado, señala que la
protección de la propiedad intelectual no se agota en lo dispuesto por las
normas acusadas, por lo que el legislador optó por conferir determinados
beneficios para la industria editorial y otros, de carácter más general, para
las demás obras y producciones intelectuales con raigambre cultural, como son
las producidas por la prensa escrita y digital.  Por ende, no es acertado el
argumento de la demanda que considera que la ausencia de extensión de los
beneficios de la Ley 98/93 implica la violación del derecho de autor o
inclusive el derecho a la cultura.  Para el Ministerio, “… al analizar la
jurisprudencia constitucional y el desarrollo del mandato contenido en el
artículo 61 de la Carta Política podemos concluir que el régimen de protección
y fomento del libro consagrado en la Ley 98 de 1993 es de exclusiva aplicación
a ciertos tipos de obras que en consideración del legislador son equivalentes
al libro por tener un carácter científico y cultural, y ser transmisores del
conocimiento y preservadores de la cultura.  Mientras que otros tipos de obras
intelectuales, que podrían guardar similitudes físicas con el libro, como bien
lo señala el demandante, no puede ser tratado como tal por tener una naturaleza
y contenido distintos”.
Finalmente, el interviniente
considera que ante la existencia de las mencionadas diferencias fácticas, las
normas acusadas se insertan en el amplio margen de configuración del
legislador, tanto para fijar las normas tributarias, como para definir los
mecanismos de intervención del Estado en la economía.
4.3. Ministerio de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
El Ministerio de las TIC, a
través de apoderado judicial, solicita a la Corte que declare las normas
acusadas acordes con la Constitución.  En primer lugar, el Ministerio señala
que la norma acusada no viola el principio de igualdad y equidad tributaria.
Esto debido a que debe partirse de considerar, como lo ha señalado la
jurisprudencia constitucional, que la regla general en el ámbito fiscal es el deber
de tributación y la excepción la concesión de exenciones.  A través de estos
estímulos el legislador fomenta determinados sectores, precisamente en razón de
sus especiales particularidades, de modo que no es acertado concluir que tales
beneficios deban extenderse a otros sectores con características disímiles.  En
el caso analizado, el legislador optó por promover la industria editorial, en
el marco de una “… política de Estado en materia de la promoción de los
diferentes actores que participan en la creación de obras científicas y
culturales, para lo cual la Ley demandada se fundamenta en unos objetivos
válidos y razonables, en virtud de los artículos 60 y 71 constitucionales.”
Así, en el caso analizado se
consideró por el Congreso que lo conveniente era fomentar específicamente la
industria editorial, lo cual ni afecta el derecho a la igualdad frente otras
expresiones culturales, ni puede considerarse irrazonable o desproporcionado.
Respecto del cargo por violación
de las libertades económicas, el interviniente sostiene que la decisión
legislativa de prever beneficios a la industria editorial en modo alguno impide
que otros agentes decidan incursionar en la prensa escrita o digital, más a un
cuando esos beneficios son razonables y persiguen un fin constitucionalmente
legítimo.  Así, “… la Ley 98 de 1993 se concibió dentro de una política de
incentivos para el fomento del libro principalmente y de la difusión de la
cultura; y no por ello se podría inferir que tales medidas vulneren la libertad
de empresas editoriales para participar en el mercado de las industrias
culturales, por el contrario, dicha ley adoptó medidas para su fomento, que
benefician tanto a autores, creadores, como instituciones que se dedican a la
producción cultural.”
Por último, en lo que respecta a
la presunta afectación del derecho de autor, el Ministerio indica que la
jurisprudencia constitucional al respecto ha reconocido que el legislador tiene
un amplio margen de configuración sobre la materia.  A su vez no puede
concluirse, como lo hace el actor, que la norma acusada imponga un grado de
protección inferior a la prensa digital y escrita.  En contrario, la lectura
integral de la norma lleva a la conclusión que dichos preceptos “… propenden
por un aumento y promoción de la industria editorial colombiana.”
4.4. Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales – DIAN
A través de escrito presentado
por apoderado judicial, la DIAN interviene en el presente proceso con el fin de
defender la exequibilidad de las disposiciones demandadas.
La Dirección parte de señalar
que el concepto “cultura” es intrínsecamente amplio y diverso, en el cual caben
sin duda tanto la industria editorial como la prensa escrita y digital.  Sin
embargo la Ley 98/93, a partir de las particularidades de los libros, los
cuales no son análogos a la prensa, determinó un grupo de beneficios e
incentivos para la citada industria.  Entonces, si se parte de advertir que (i)
el legislador goza de un amplio margen de configuración en materia tributaria;
(ii) los estímulos fiscales previstos en la norma acusada son proporcionales y
razonables en razón de la función cultural y de difusión científica que ejerce
la industria editorial; y (iii) la industria editorial no es asimilable, en
cuanto a sus condiciones y propósitos a la prensa escrita; entonces, la medida
acusada es compatible con la Constitución.
El interviniente insiste, de
manera consonante que con los anteriores, en que la Ley 98/93 no es una norma
que regule los incentivos a las industrias culturales, en general, sino que se
ocupa del ámbito editorial en virtud de sus especiales características.  De ahí
que no resulte aceptable que, como se pretende en la demanda, se extiendan los
beneficios previstos en esa normativa a favor de otras expresiones culturales,
que no son análogas a la editorial.
Intervenciones académicas
4.4. Intervención de la
Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana
El Decano de la Facultad de
Comunicación de la Universidad Javeriana manifiesta que coadyuva la demanda de
la referencia. Resalta que la exclusión generada por las normas acusadas genera
un tratamiento discriminatorio contra la prensa escrita y digital.  Esto a pesar
que estas publicaciones son un innegable instrumento de difusión cultural, como
se demuestra a partir de programas educativos implementados por varios diarios
del país.  Este hecho, sumado a la penetración de la prensa y su alto nivel de
lectura, obligan a que los beneficios de la Ley 98/93 sean extendidos a la
prensa escrita y digital.
4.5. Intervención de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano
La Decana del Programa de
Comunicación Social y Periodismo, adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, interviene con el fin de defender la
inexequibilidad de los preceptos acusados.
Para sustentar esa posición
sostiene que los periódicos tienen tanto una función informativa, como otra
relacionada con la cultura y la construcción de la democracia. Esto a partir de
la labor de conformación de opinión pública entre los ciudadanos.  Por ese
motivo, no hay lugar a duda en cuanto a que la prensa escrita y digital
conforman elementos fundamentales para la difusión de la cultura y, en esa
medida, deben recibir el mismo tratamiento legal que otras expresiones que
tienen el mismo objetivo, so pena de incurrir en una discriminación
injustificada
4.6. Centro de Estudios de
Periodismo – CEPER de la Universidad de los Andes
El Director del CEPER interviene
en este proceso para solicitar la declaratoria de inexequibilidad de las normas
demandadas. Para ello expresa que existe un vínculo entre el fortalecimiento de
la prensa y la democracia, lo que obliga a que dicho sector goce de un tratamiento
favorable.  Esto más aún si la prensa escrita y digital opera no solo como un
mecanismo de información, sino también de difusión de cultura e investigación
social. En ese sentido, no existe justificación para la exclusión de la prensa
frente a los beneficios contenidos en la Ley 98/93.
Intervenciones
institucionales
4.7. Fundación para el
Fomento de la Lectura - Fundalectura
La Directora Ejecutiva de Fundalectura
coadyuva la demanda de la referencia.  Para ello insiste en que la prensa
digital y escrita cumple cabalmente con las funciones de promoción de la
cultura que para el caso del libro adscribe el artículo 1° de la Ley 98/93.
Así, reitera los argumentos planteados por los demás intervinientes, que
explican la concurrencia de un tratamiento discriminatorio injustificado.
4.8. Proyecto Antonio Nariño
– PAN
La Coordinadora del PAN,
Proyecto que asocia a varias organizaciones relacionadas con la libertad de
prensa, coadyuva la demanda a partir de los mismos argumentos presentados por
Fundalectura y las Facultades de Comunicación Social y Periodismo antes
referidas.
4.9. Asociación Colombiana de
Editores de Diarios y Medios Informativos – Andiarios
La Directora Ejecutiva de
Andiarios solicita a la Corte que acoja las pretensiones de la demanda y declare
la exequibilidad condicionada de las normas acusadas, a fin que los beneficios
de la Ley 98/93 sean extendidos a la prensa escrita y digital.
Andiarios parte de establecer,
de forma consonante con los demás intervinientes, que la prensa cumple los
objetivos de promoción de la cultura de que trata el artículo 1° de la Ley
mencionada, circunstancia que en criterio del interviniente justifica la
pretendida extensión.  De otro lado expone que los periódicos tienen una
innegable contribución a la difusión a la cultura en el país, esto a partir de
diversos planos.
En primer lugar, la prensa
contribuye eficazmente a la transmisión del conocimiento.  Esto debido a que
sus contenidos superan con creces la actividad informativa y han servido de
medio para la difusión de obras literarias, suplementos culturales, cursos en
diversas áreas del conocimiento, etc.  Resalta el interviniente, en este
sentido, que esta es la razón por la cual los diarios están en un lugar central
de la formación de la cultura nacional, al punto que las bibliotecas dedican
esfuerzos importantes en su recopilación.
En segundo término, la prensa
escrita y digita favorece la fiscalización y el control del poder público, en
tanto pilares de la democracia. Sobre este particular, Andiarios resalta que a
través de la historia los periódicos han asumido las tareas de investigación y
denuncia de los principales crímenes y escándalos de corrupción en el país.
Ello al punto de poner en riesgo la vida y la seguridad de muchos periodistas,
varios de ellos lamentablemente asesinados en el conflicto.
En tercer lugar, el
interviniente señala que la prensa estimula la producción intelectual de los
escritores y autores colombianos, así como facilitan la difusión de la cultura
y el arte.  Esto se comprueba en el hecho que los más importantes autores
colombianos encontraron en los periódicos un medio para la transmisión de sus
obras.  Andiarios pone de presente sobre el particular que “[d]iversos
géneros han ligado al periodismo con la poesía y la literatura, resaltándose
entre estos la crónica y el reportaje como los que han fortalecido esa relación
(…) Además, los periódicos son un medio privilegiado para la circulación
y difusión de la crítica literaria más especializada, para resaltar la vida y
obra de personajes ilustres que han contribuido en distintas épocas al
desarrollo de la nación. || La prensa escrita es además el vehículo por
excelencia para la divulgación de la caricatura, quizás el género más irreverente
dentro de la prensa que a partir del humor logra denuncias de alto impacto, así
como ha sido un amplio canal de difusión de los comics, de los estrenos
cinematográficos y de la preservación de las fotonovelas.”
En cuarto lugar, Andiarios
señala que la prensa estimula el hábito de la lectura de los colombianos, es
una herramienta de alto valor pedagógico y aporta al mejoramiento de la calidad
de vida de los colombianos.  Para sustentar esta afirmación el interviniente
pone de presente que los colombianos carecen de un hábito de lectura de libros,
entre otras razones por los pocos ejemplares en bibliotecas y sus altos
costos.  Por ende, la lectura se concentra en la prensa escrita y digital,
particularmente por su grado de penetración.
Adicionalmente, esa facilidad de
acceso hace que los periódicos sean utilizados dentro de los procesos
educativos en los diferentes niveles de formación, incluso a través de
programas desarrollados por la misma empresa de prensa escrita.
Adicionalmente, los periódicos también operan como órgano de divulgación de la
investigación social y científica.  Igualmente, promocionan la participación
ciudadana y el control a los poderes públicos.  Todas estas condiciones llevan
a concluir que el hecho de “… excluir a la prensa como bien cultural y a las
empresas editoras de diarios de los beneficios de la ley, equivale a ignorar
uno de los principales y muchas veces único medio de acceso a la cultura por
parte de buena parte de los colombianos de las más variadas condiciones sociales,
económicas, políticas y de ubicación geográfica, y a desconocer el papel de la
prensa en la historia del país y en la consolidación de la democracia.”
Por último, en cuarto lugar,
Andiarios sostiene que la actividad de la prensa escrita se fomenta y estimula
el ejercicio de las diversas profesiones. En tal sentido, la actividad de los
periódicos es una industria cultural con similares niveles de exigencia que la
editorial, por lo que debe ser acreedora del mismo tratamiento legal. De lo
contrario, se estaría afectando a la libertad de empresa, puesto que la prensa
escrita y digital, a pesar de su alta exigencia profesional y los ingentes
costos en los que debe incurrir para ofrecer un producto con un evidente
contenido cultural y formativo, estaría en condiciones menos favorables que la
industria editorial.  Esto en detrimento no solo de las editoras de periódicos,
en tanto sujetos titulares de la libertad de conformar medios masivos de
comunicación, sino de la cultura de la Nación.
4.10. Sociedad Interamericana
de Prensa
El Director Ejecutivo de la
Sociedad Interamericana de Prensa interviene en el presente proceso para
coadyuvar la demanda de la referencia.  Indica para ello que la prensa cumple a
cabalidad con los objetivos descritos en el artículo 1° de la Ley 98/93.  Por
ende, “[l]a exclusión de la prensa escrita de los beneficios de la
ley tiene el carácter de discriminación contra un medio muy poderoso y eficaz
de creación y difusión de la cultura. (…) Los periódicos colombianos, a
lo largo de su historia, gracias al esfuerzo abnegado de sus colaboradores, han
contribuido a la creación y difusión de la cultura (…) [Por ende] excluir
a los periódicos de los estímulos y beneficios de la ley, constituye una
discriminación que viola las normas constitucionales citadas.  Pero, además,
representa un retroceso en el fomento de la cultura y un claro desconocimiento
de los objetivos de la ley, los cuales son cabalmente cumplidos por la prensa
escrita.”
4.11. Cámara Colombiana del
Libro
El Presidente Ejecutivo de la
Cámara Colombiana del Libro no presenta una solicitud concreta hacia la Corte
en cuanto a la exequibilidad de las normas acusadas. Sin embargo, estipula que
de acuerdo con lo previsto en el literal a. del artículo 1° de la Ley 98/93
está dirigido hacia el fomento “… para los autores de las obras de carácter
científico y cultural editadas e impresas en Colombia, y a las empresas que se
encarguen de la publicación de estas obras también con carácter exclusivo, es
decir que de acuerdo con su objeto social no comercialicen productos diferentes
a los que cumplan con los objetivos de la ley. || En resumen, el espíritu de la
ley del libro es el de beneficiar el acceso de la población a la educación,
reconociendo el papel básico, determinante e insustituible que cumplen los
textos para la educación regular y los libros en general cuyo carácter sea
científico y cultural.”
4.12. Centro Regional para el
Fomento del Libro en América Latina y el Caribe – Cerlalc
El Director del Cerlalc inicia
por indicar, a partir del análisis histórico de las normas que han establecido
beneficios, particularmente fiscales, a la industria editorial, que si bien en
un primer momento se dispuso una fórmula amplia, que incluiría todos los
impresos y entre ellos los periódicos, a partir de 1973 se planteó un cambio en
la política gubernamental que concentró los beneficios en los libros y otros
impresos de carácter científico y cultural, con exclusión de la prensa.  Ello a
pesar que la Ley 98/93 previó a favor de los periódicos dos beneficios
concretos, como son (i) el beneficio de arancel cero, previsto en el artículo
21; y (ii) la exención al impuesto a las ventas, conforme al artículo 23. Así,
indica el interviniente que la legislación nacional “[e]n 1958
reconocía a este tipo de producciones [los periódicos] beneficios en
relación con su importación y las de sus materias primas, e incluso sobre el
impuesto a la renta de sus productores.  Posteriormente, en 1973, se pasó a un
modelo en el cual no se reconoció ningún beneficio impositivo a esta clase de
producciones y, para 1993, a través de la Ley 98, se estableció un modelo en el
cual se conceden beneficios tributarios para la importación y venta de
periódicos, pero no una exención de renta para sus productores.  Por el
contrario, todos los anteriores beneficios, es decir: renta, arancel e IVA se
reconocen en su totalidad a la producción y circulación de los libros,
revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter científico o
cultural.”
Ahora bien, el Cerlalc pone de
presente cómo en el ámbito internacional y a partir del Acuerdo de Florencia de
la UNESCO, se han fijado algunas garantías en términos de eliminaciones
arancelarias para libros y revistas.  A su vez, el Protocolo de Nairobi,
modificatorio del anterior instrumento internacional, extendió el grado de
protección a la desgravación de las materias primas y maquinaria destinada a la
producción de libros, publicaciones y documentos de índole cultural.  El interviniente
señala que si bien estos instrumentos no son vinculantes para Colombia,
conforman un estándar internacional que, incluso, ha servido de parámetro para
la expedición de la Ley 98/93.  De otro lado, el Cerlalc señala que estos
instrumentos, en todo caso, no exigen que en “… pro de la circulación de los
productos culturales, se deba exonerar de impuestos directos, como la renta, a
los productores de dichos bienes, lo que nos lleva a pensar que la decisión de
exonerar o no a determinados editores de dicho impuesto, responde
exclusivamente a políticas internas de los países y a la consideraciones de
tipo técnico, económico o político que soberanamente cada uno de ellos invoque
para establecer o no este tipo de auxilios.”
Esta conclusión también se
predica frente a otros instrumentos internacionales, como la Convención sobre la
Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la
UNESCO.  Esto debido a que si bien esa Convención plantea un deber general de
protección de las diferentes expresiones culturales, no impone a los Estados la
obligación de irrogar el mismo grado de protección para cada una de esas
expresiones.  Destaca, en ese sentido, que “… el principio de soberanía (…)
permite al Estado priorizar el fomento a ciertas expresiones culturales, si
considera que las mismas se encuentran en un contexto económico, social o
incluso cultural que amenacen su existencia o incluso que por un aspecto de
conveniencia, cada Estado, dentro de las políticas culturales considera vital
el mantenimiento y fomento a determinadas expresiones culturales.”
Por lo tanto, pone de presente
que la política pública de fomento de expresiones culturales, en últimas,
responderá a la aplicación del principio de igualdad en su sentido material.
Para el interviniente no hay duda alguna acerca que los periódicos son
expresiones culturales, pero en todo caso ese aspecto no basta para resolver el
asunto planteado, pues debe dilucidarse si la prensa digital y escrita está en
las mismas condiciones económicas, “… de afectación por la piratería o por
el desarrollo tecnológico, a los que se enfrenta la industria editorial de
libros, y si en ese contexto, la acción afirmativa del Estado Colombiano de
generar una exención al impuesto a la renta a las editoriales de libros,
revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter científico o cultural
debe ampliarse también a los editores de periódicos (diarios) escritos o
digitales.”  Por esa misma circunstancia, considera el interviniente que la
situación ahora analizada no es análoga a la estudiada por la Corte en la
sentencia C-1023/12, puesto que en esa oportunidad la exclusión de los
beneficios de la Ley 98/93 estaba sustentada en negar la condición de expresión
cultural de las fotonovelas, los cómics y las historietas gráficas.  Ello no
sucede respecto de la oposición entre la prensa y la industria editorial, pues
en este caso no se discute si son expresiones culturales, sino sobre su
analogía como fenómenos económicos.
Por último, frente al cargo por
violación del derecho de autor, el Cerlalc sostiene que concurre un mandato
constitucional consistente en la protección de las obras literarias, sin
importar su formato, lo cual incluye a los periódicos.  Por ende, no es
adecuado interpretar las normas contenidas en la Ley 98/93, específicamente los
artículos 26 y 27, en el sentido que la remuneración por reproducción
reprográfica opera solo para el caso de los libros, con exclusión de los
periódicos. Así, propone que una hermenéutica adecuada y conforme a lo previsto
en el artículo 61 C.P., debe cubrir a todas las obras literarias, sin
excepción.
4.13. Asociación Mundial de
Periódicos y Editores de Noticias – WAN-IFRA
El Director Ejecutivo de
WAN-IFRA coadyuva la demanda de la referencia, para lo cual reitera varios de
los argumentos expresados por otros intervinientes, relativos al valor de los
periódicos como bienes culturales, así como las dificultades y sacrificios
asumidos por los periodistas colombianos en el ejercicio de su labor y el
vínculo que esta tiene la conservación de la democracia.
4.14. Instituto Colombiano de
Derecho Tributario
El Presidente del ICDT
interviene en el proceso con el fin de defender la exequibilidad de las normas
acusadas.  Para ello, pone de presente que contrario a como lo expresa el
actor, las normas acusadas no incurren en una omisión legislativa, sino que
responden a las diferencias que existen entre la prensa escrita y digital y la
industria editorial, particularmente en lo que respecta a la inclusión de pauta
publicitaria, su periodicidad y el tiraje de libros y periódicos.  El Instituto
resalta, sobre ese particular, que desde la exposición de motivos de la Ley
98/93 está suficientemente definido que los beneficios contenidos en esa
normatividad respondían a las particularidades económicas de la industria
editorial, en especial los retos derivados de la globalización en la venta
literaria, controlada por grandes conglomerados transnacionales, lo que exigía el
apoyo a la industria local.
Agrega el interviniente que, en
ese orden de ideas, la regulación demandada recae en el amplio margen de
configuración legislativa reconocido frente a la regulación tributaria.
Además, para el Instituto no se colige de la ausencia de acceso a determinado
beneficio fiscal, la imposibilidad de adelantar una actividad empresarial, en
este caso la prensa escrita y digital.  Esto en razón que la regla general,
conforme con la Constitución, es el deber de tributar y las excepciones al
mismo deben estar justificadas en un principio de razón suficiente, inexistente
en el caso objeto de examen.  Por ende, resulta desacertado sostener que el
deber de tributar, por sí solo, es incompatible con las libertades de empresa,
así como de información y de expresión.
Finalmente, el interviniente
pone de presente que sostener la vulneración del derecho de autor y el derecho
a la cultura no es acertado, puesto que la ley acusada es una regulación
particular y específica para los libros e impresos análogos. En ese sentido,
esa normativa no puede determinar un grado de protección para objetos
diferentes de regulación, como sucede en este caso con la industria asociada a
la prensa escrita y digital.
4.15. Fundación para la
Libertad de Prensa – FLIP
El Director Ejecutivo de la
Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP presentó distintos argumentos
dirigidos a defender la inexequibilidad de las normas acusadas.  Con este fin,
señala que existe un acuerdo en el derecho internacional de los derechos
humanos, particularmente en el ámbito interamericano, sobre el vínculo estrecho
entre las libertades de expresión e información con el derecho a fundar medios
masivos de comunicación, entre ellos la prensa escrita y digital.
De la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y su comprensión por parte de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, se llega a la conclusión que se está ante una violación de
las mencionadas libertades cuando el Estado, a través de medios directos o
indirectos, impone cargas irrazonables a los medios de comunicación, las cuales
les impiden ejercer su derecho a informar.  Por ende, en el caso analizado debe
determinarse si las medidas tributarias que, en criterio del actor, impone la
norma, conforman una carga de este tipo, la cual impida el goce efectivo de la
libertad de expresión.
En términos de la FLIP, las
normas pertinentes de derechos humanos “…  ha[n] establecido un deber
de cautela frente a la imposición de medidas que puedan afectar el libre
desarrollo de los medios de comunicación. || Sobre este particular, el estudio
constitucional de la norma está llamado a observar si determinadas cargas
onerosas (como la tributación) pueden constituir una intervención estatal que
dificulte el ejercicio de la libertad de expresión. (…) En el caso bajo
estudio los estándares anteriores apuntan a un análisis constitucional
diferenciado y prevalente de las cargas tributarias cuando el sujeto
contribuyente es un viabilizador y garante del derecho a la libertad de
expresión. (…) De acuerdo con lo anterior, la Corte Constitucional debe
hacer un análisis de la norma demandada desde el punto de vista de la libertad
de expresión teniendo en cuenta las restricciones indirectas que se pueden presentar,
para determinar el alcance de este tipo de normas.”
4.16. Medios de Prensa
Nacionales y Regionales
Los representantes y directores
de los medios de prensa nacionales La República, El Tiempo y el Espectador; así
como los regionales El País, Vanguardia Liberal, El Colombiano, Vanguardia
Liberal de Valledupar, La Crónica, El Informador, La Guajira, Cundinamarca
Democrática, Diario del Huila, El Meridiano de Córdoba, La Verdad Bien
Dicha.com, El Meridiano de Sucre, Diario de Occidente, El Nuevo Día de Ibagué,
El Heraldo, La Opinión, La Patria, La Tarde y El Universal,  presentaron sendos
escritos de coadyuvancia de la inexequibilidad de las normas acusadas. En
ellos, además de expresar argumentos similares a los contenidos en la demanda y
a los señalados por otros intervinientes, particularmente por Andiarios,
indicaron los siguientes asuntos que al ser análogos en cada uno de los
documentos, se reúnen en el presente acápite.
a. Los periódicos conforman una
expresión cultural que cumple con los mismos objetivos previstos en el artículo
1° de la Ley 98/93, de manera que no existe ninguna razón de índole
constitucional para otorgarles un grado de protección diferente o para
excluirlos de los beneficios tributarios allí señalados.
b. La prensa digital y escrita
es imprescindible para el ejercicio de las libertades de expresión y de
información.  Por ende, debe estar cobijada por las cautelas y beneficios que
contiene la ley acusada. De otro lado, para el caso puntual de la prensa
regional, los periódicos sirven de soporte para la construcción de las
identidades locales y comunitarias, puesto que relatan las historias y sucesos
que conforman dichos escenarios sociales.  En ese sentido, no puede negarse el
valor cultural de estos medios de comunicación.
Para los intervinientes, en
tanto la prensa escrita y digital ordena y presenta la historia local y
nacional, toma la forma de un libro instantáneo, que debe por ende ser
objeto de protección del mismo modo que la que reciben otros libros.
c. Este carácter cultural de los
periódicos se reafirma por el hecho que no solo limitan su actuación a la
transmisión de información, sino que suelen incluir publicaciones seriadas de
índole educativa. Igualmente, la prensa aporta múltiples investigaciones que
van desde el conflicto armado, hasta la protección del medio ambiente y del
patrimonio.  Son esos propósitos formativos los que acercan estrechamente a la
prensa de los libros, lo que obliga a un grado análogo de protección estatal.
d. Los periódicos son
escenarios, por excelencia, para la difusión de opiniones de columnistas y
demás ciudadanos.  Por ende, son imprescindibles para la conformación de una
democracia pluralista y deliberativa, circunstancia que también debe incidir en
su tratamiento legal.
e. Los periódicos son la plataforma
común en donde la mayoría de escritores colombianos inician su producción
literaria, generalmente a través del cuento y el ensayo.  Por ende, la
exclusión que hace la ley acusada genera un evidente desincentivo para la
promoción de nuevos escritores.
Intervenciones ciudadanas
4.17. El ciudadano Germán Rey
Beltrán presenta escrito en el que coadyuva la demanda de la referencia.  Para
ello, reafirma varios de los argumentos citados, acerca del vínculo entre la
prensa y la promoción de la lectura y la cultura y general, sumado a la
necesidad de una prensa libre y vigorosa como soporte para la democracia
constitucional.
Agrega que el valor cultural del
libro se demuestra, del mismo modo, en el hecho que desde el ámbito
internacional tanto los libros como los periódicos son asumidos en la misma
categoría.  Así, en términos del interviniente “[c]uando se consultan
las clasificaciones internacionales sobre las publicaciones impresas o sobre la
industria editorial, como sucede por ejemplo en los documentos de la UNESCO, de
la Organización Mundial de Propiedad Intelectual o en los recientes Informes
mundiales sobre la economía creativa publicados por la UNCTAD y el PNUD,
entidades de las Naciones Unidas, siempre aparecen los periódicos junto a los
libros. Se considera que los periódicos como los libros, forman parte del
acervo cultural que ha permitido que las ideas se conserven, divulguen y
promuevan a través del soporte físico, es decir, de la impresión en papel.  Los
periódicos como los libros forman parte de la secular tradición de la
escritura, de los medios que facilitan su divulgación y de los instrumentos a
través de los cuales la sociedad difunde, conoce y se apropia de su cultura y
la contrasta con otras diferentes.”
4.18. La ciudadana Ana Margarita
Rodríguez Rivera interviene en el presente proceso, con el objeto de defender
la exequibilidad de las normas acusadas.  Para ello señala que no concurren en
el caso analizado las condiciones para que se predique la existencia de una
omisión legislativa relativa.  Esto debido a que existen varias diferencias
entre los libros y la prensa escrita y digital, que justifican dicho
tratamiento diferenciado y que, del mismo contradicen la vulneración del
derecho a la igualdad y la equidad tributaria.
En primer lugar, señala que
mientras el libro tiene un exclusivo propósito cultural, expresamente protegido
por el artículo 70 C.P., la prensa es, en esencia, un medio para el ejercicio
del derecho y libertad de información.  Además, mientras la edición de los
periódicos es momentánea, los libros son editados con vocación de permanencia.
Finalmente, los libros de índole académica cumplen una innegable función en la
garantía del derecho a la educación, ámbito que también justifica el
tratamiento tributario diferenciado objeto de examen.
En segundo término, indica que
el beneficio tributario acusado encuentra su justificación en la necesidad de
proteger a la industria editorial nacional de sus competidores foráneos,
generalmente mejor financiados y con extendidas redes de distribución
comercial.  Estas circunstancias son del todo ajenas a la prensa escrita y
digital, porque de manera general no están llamados a competir con contrapartes
extranjeras.
En tercer término, los libros
son fruto de la creación de sus autores y, en ese orden de ideas, están
protegidos por el derecho de autor en tanto obras literarias.  No sucede lo
mismo respecto de los periódicos, pues generalmente recopilan obras que no
tienen el mismo grado de protección jurídica desde la propiedad intelectual.
Esto debido a que las obras periodísticas pueden, en virtud de la legislación
aplicable, ser libremente reproducidas.
En cuarto lugar, los esquemas de
negocio entre la prensa escrita y digital y los libros son diferentes.
Mientras la financiación de los periódicos se concentra en la pauta
publicitaria, la cual llega incluso al punto de permitir la existencia de
productos de distribución gratuita, dicha pauta es extraña a los libros,
quienes basan sus ingresos en las ventas de ejemplares.  Por esta misma razón,
la interviniente considera que no es acertado concluir que la imposición de
tributos afecte la libertad económica, pues la ausencia de un tratamiento
fiscal más beneficioso se explica, precisamente, en la diferencia entre prensa
e industria editorial, considerados desde su perspectiva comercial.
Por último, la interviniente
hace una enumeración de diferentes normas de Iberoamérica sobre beneficios a la
industria editorial, con el fin de demostrar que ninguna de ellas extiende el
grado de protección a la prensa escrita y digital.
4.19. El ciudadano Mario E.
Morales R. presenta intervención con el fin de defender la inexequibilidad de
las normas acusadas.  Para ello, expone similares consideraciones a las
indicadas por Andiarios y otros intervinientes, relativas al vínculo entre la
prensa digital y escrita y la transmisión del conocimiento, el fomento de la
investigación social y científica, la conservación del patrimonio de la Nación,
el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, el estímulo a la
producción intelectual de los escritores, la promoción del hábito de la
lectura, el apoyo a la industria literaria y al interés por la ciencia y la
tecnología, así como la consecución de puestos de trabajo para diversas
disciplinas y el estímulo del debate, la opinión y la cultura.
4.20 La ciudadana María Fernanda
Márquez Ramírez coaduya la demanda de la referencia, a partir de argumentos
planteados por otros intervinientes y que, por esa razón, no son objeto de
nueva síntesis.
V.      CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
Mediante
escrito radicado en esta Corporación en la oportunidad procesal
correspondiente, el Procurador General de la Nación presentó el concepto
previsto en los artículos 242-2 y 278-5 de la Constitución, en el que solicita
a la Corte que declare exequibles los apartes normativos demandados. Para ello
expone los argumentos siguientes:
5.1. En
primer lugar, el Ministerio Público pone de presente que los periódicos
encuadran dentro del marco general de aplicación de la Ley 98/93, previsto en
el artículo 1° de esa normativa, puesto que pertenecen a la categoría de
publicaciones de carácter científico y cultural.  En ese sentido, son titulares
genéricos de las garantías previstas en dicha Ley.  Señala sobre el particular
que “… no hay duda que los periódicos tienen la capacidad de ser un vehículo
de expresión y de difusión científica, cultural y de opinión.  No se puede
asumir que las personas sólo deben leer textos científicos o de alto valor
cultural, y que los libros y publicaciones destinados a fines no exclusivamente
formativos, como los diarios, carezcan de dicho valor.  Los periódicos, como
las fotonovelas y las tiras cómicas o historietas gráficas, son quizá uno de
los referentes más accesibles para los primeros lectores, y no pocas veces a
ellos se debe que estas personas adquieran el amor por los libros y el hábito
de la lectura.  El valor didáctico de estos documentos es muy útil para dar
cuenta de fenómenos históricos.”
Por esta
misma razón, la Vista Fiscal considera que los periódicos, en tanto creaciones
intelectuales, están protegidos por el derecho de autor, en los términos
previstos en el artículo 61 C.P
5.2. Ahora
bien, en lo que respecta a los beneficios tributarios de que tratan las normas
acusadas, la Procuraduría advierte que solo cobija a determinadas categorías de
obras, quedando excluidos los periódicos.  Esta exclusión, contrario a como lo
señala el demandante, es compatible con la Constitución, puesto que los objetos
de regulación son distintos y, por ende, el legislador está facultado para
prodigar un tratamiento fiscal diferente.
Esta
diferencia se centra en el ingreso de recursos para cada supuesto.  Mientras la
prensa escrita y digital recibe ingresos por pauta publicitaria, la cual se
inserta en cada una de sus ediciones e incluso ocupa una porción significativa
del impreso, en el caso de la industria editorial los recursos se derivan
únicamente de la venta de los ejemplares. “Y en ese sentido, para nadie en
un secreto que las empresas editoriales de libros, revistas, folletos,
coleccionables seriados o publicaciones de carácter científico y cultural, no
se encuentran en la misma situación que la prensa escrita o digital, por cuanto
esta se beneficia, entre otros, de los recursos provenientes de la publicidad,
los avisos limitados y los obituarios, beneficios estos de los cuales no gozan
las primeras, razón la cual el legislador puede crear a su favor incentivos y
estímulos, como la exoneración del deber de pagar el impuesto a la renta, sin
que por ello pueda afirmarse que se está vulnerando el derecho a la igualdad.”
5.3.  En
ese orden de ideas, el Procurador General pone de presente que el tratamiento
diferenciado que prevén las normas acusadas se inserta en la libertad de configuración
legislativa que tiene el Congreso en materia de fijación de beneficios
tributarios para el fomento de determinados grupos y sectores económicos.
Recuerda que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el límite
constitucional de dichos beneficios son los principios de igualdad y equidad,
que no se ven afectados en el asunto examinado, habida cuenta la diversidad de
los supuestos económicos regulados.
Adicionalmente,
el Ministerio Público pone de presente que la legislación acusada, si bien no
incluye a los periódicos dentro de los beneficiarios de la exención al impuesto
a la renta, sí estipula otros estímulos tributarios a su favor.  Entre ellos,
el artículo 23 de la Ley 98 de 1993 exime a los periódicos del impuesto de
renta.  Así mismo, el artículo 20 ejusdem exonera a los diarios
incluidos en la posición arancelaria 49.02 del pago de todo arancel, impuesto o
tributación especial, gravamen para-arancelario, depósito previo, censura o
calificación.
En
conclusión, la Vista Fiscal considera que no se deriva un tratamiento
discriminatorio injustificado que afecte la constitucionalidad de las
disposiciones acusadas.  Esto sin perjuicio de reconocer las dificultades económicas
de algunas empresas que conforman la prensa escrita y digital, las cuales
aunque merecedoras de atención estatal, no pueden solventarse a través del
ejercicio del control de constitucionalidad.
VI.    CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1.
La Corte Constitucional es competente para resolver la demanda de la
referencia, en los términos del artículo 241-4 C.P., puesto que se trata de la acción pública de inconstitucionalidad contra apartes normativos
contenidos en una Ley de la República.
Problemas
jurídicos y metodología de la decisión.
2.
El ciudadano Cifuentes Muñoz acusa tres apartados normativos contenidos en la
Ley 98 de 1993.  El primero, correspondiente al artículo 2°, que establece la
definición de los impresos objeto de protección por parte de esa normativa.  El
segundo, que define cuáles son los impresos que prefiguran, para los efectos de
la aplicación de la ley mencionada, a la industria editorial, asunto regulado
en el artículo 3°. El tercero, referente a la enumeración de los impresos que
están exentos del impuesto a la renta en virtud de lo dispuesto por el artículo
21.
El
argumento central de la demanda consiste en que la prensa digital y escrita es
un medio análogo y asimilable a la industria editorial, puesto que tanto en uno
como en otro caso se está ante vehículos para la difusión de la cultura y la
educación.  Por ende, se incurre en un tratamiento discriminatorio
injustificado, fundado en una omisión legislativa relativa al excluir a los
periódicos del ámbito de protección de la Ley 98/93. Con base en la misma
razón, el actor sostiene que el legislador excedió los límites constitucionales
para la concesión de beneficios tributarios a determinados grupos y actividades
económicas, puesto que conforme a la asimilación descrita, no habría ninguna
razón para distinguir entre la prensa y la industria editorial, de lo cual se
colige el desconocimiento de los principios de igualdad y equidad tributaria
que informan a estos beneficios.
Con
base en la asimilación expuesta, la demanda construye tres cargos adicionales.
En primer lugar, determina que la ausencia del incentivo a la prensa escrita y
digital afecta la libertar de fundar medios masivos de comunicación, pues
desestimula la industria de la prensa, quien tiene que asumir la plenitud de
obligaciones tributarias, lo que no sucede frente a la industria editorial.  En
segundo término, el demandante expresa que las normas acusadas violan el
derecho de autor, puesto que las cautelas que sobre ese particular contiene la
Ley 98/93 respecto de los libros no son predicables de los periódicos, merced
de la omisión legislativa relativa antes explicada.  En tercer lugar, la
demanda indica que las normas violan el derecho de a la cultura de los
ciudadanos, puesto que la falta de promoción e incentivo a la prensa limita
injustificadamente las posibilidades de amplia difusión de los periódicos en
tanto bienes de contenido cultural.
3.
Varios de los intervinientes concurren en la existencia de la omisión
legislativa relativa.  Además de coincidir en los argumentos presentados por la
demanda, señalan que la prensa escrita y digital es un medio que ejerce
funciones vitales para la democracia constitucional, particularmente frente al
ejercicio de las libertades de información y opinión, así como la educación, la
diversidad cultural y la promoción de la lectura en los colombianos.  En tanto
tales funciones son también ejercidas, con el mismo carácter e intensidad, por
los libros, entonces no existe motivo alguno que permita distinguir entre estos
y los periódicos, frente a los beneficios de que trata la Ley 98/93.
Otros
intervinientes y el Procurador General sostienen que la norma es exequible,
puesto que los supuestos de hecho regulados son diferentes desde su perspectiva
económica, lo que permitía al legislador prever un tratamiento distinto.
Señalan que aunque es indiscutible que los periódicos y los libros son especies
dentro del género de expresiones culturales, también es evidente que guardan
diferencias en lo que tiene que ver con las vías por las que perciben sus
ingresos, así como la naturaleza y periodicidad del tiraje y la integración de
los mercados en uno y otro caso.  Estas diferencias están todas referidas a la
comprensión económica de la prensa y de la industria editorial y, por lo tanto,
justifican que la Ley acusada otorgue un tratamiento más favorable a esta
industria, en razón de los riesgos que apareja y que no están presentes en el
caso de la prensa digital y escrita.
De
otro lado, indican que no existe sustento acerca que las normas impidan el
ejercicio de la libertad de información, de empresa o la difusión de la
cultura, pues del solo hecho de ser titular de la obligación general de
concurrir en la financiación a través de los tributos no se deriva la
imposibilidad de adelantar la actividad periodística e informativa, ni menos de
fundar medios de comunicación.  En igual sentido, tampoco se ve afectado el
derecho de autor, puesto que las normas demandadas carecen del alcance previsto
en la demanda, en la medida en que (i) no imponen un estándar menos estricto
para la protección de la propiedad intelectual de las obras que llegasen a
producirse por la prensa escrita y digital; y en cualquier caso (ii) tales
obras cuentan con el grado de protección jurídica que confiere la regulación
general sobre derecho de autor.
4.
Con base en los elementos expuestos, la Corte advierte que en el presente
asunto deben resolverse los siguientes problemas jurídicos:
4.1.
¿Se incurre en una omisión legislativa relativa cuando la Ley 98 de 1993
excluye de sus beneficios, particularmente de índole fiscal, a la prensa
digital y escrita, brindándolos de forma específica a algunos impresos propios
de la industria editorial?
4.2.
¿Se impide el ejercicio de las libertades de información, de fundar medios
masivos de comunicación y la libertad de empresa, por el hecho que la Ley 98 de
1993 excluye a la prensa escrita y digital de los beneficios en ella
contenidos, entre ellos la exención del impuesto a la renta de que trata el
artículo 21 de esa normatividad?
4.3.
¿Se desconoce el derecho de autor y se impide el acceso de las personas a la
cultura en razón que las normas acusadas excluyen a la prensa digital y escrita
de los beneficios que concede a la industria editorial?
5.
Para resolver estos asuntos, la Sala adoptará la siguiente metodología: En
primer lugar, explicará el precedente constitucional sobre la prohibición de la
omisión legislativa relativa en tanto límite para la amplia facultad del
Congreso en materia de beneficios tributarios.  Luego, en segundo término y a
partir de las reglas planteadas en decisiones recientes de la Corte, se
determinará el contenido y alcance de la Ley 98 de 1993 y los mandatos
constitucionales que pretende desarrollar a favor de la eficacia de los
derechos a la cultura, la educación y los derechos de autor, ejercidos mediante
la actividad editorial.
En
tercer término, la Corte hará una referencia breve al contenido y alcance de
los derechos a la información y a la libertad de prensa. Finalmente, a partir
de las reglas que se deriven de los análisis anteriores, resolverá los
problemas jurídicos expuestos.
La
igualdad y la equidad tributaria como límites a la facultad del legislador para
establecer beneficios fiscales
6.
En lo que respecta a la regulación constitucional en materia de tributos, el
punto de partida es el deber general de todas las personas de concurrir en los
gastos del Estado, a través de los aportes fiscales previstos por el
legislador.  Es en ese sentido que el artículo 95-9 C.P. consagra dentro de los deberes de la persona y el ciudadano el de contribuir al financiamiento
de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y
equidad.   Tales conceptos, a su vez, son desarrollados por el artículo 363 C.P., cuando estipula que el sistema tributario se funda en los principios de equidad,
eficiencia, progresividad y no retroactividad. A esta previsión constitucional
se suma, a su vez, lo previsto en el artículo 338 C.P. el cual consagra el principio de legalidad tributaria.  Conforme a este precepto, en tiempos
de paz solo el Congreso, las asambleas y concejos podrán imponer contribuciones
fiscales y parafiscales.
Estas
normas constitucionales confieren entonces una regla común de acuerdo con la
cual se predica una obligación general de tributación, que convierte a los
tratamientos fiscales favorables en excepcionales, precisamente porque
conforman limitaciones a un deber de raigambre constitucional.  Sobre el
particular, la Corte ha señalado que el legislador tiene un amplio margen de
configuración legislativa sobre la materia, el cual está únicamente delimitado
por la vigencia de la Constitución y, en particular, de los principios antes
señalados.  Para la jurisprudencia, “… es claro que, al definir quiénes
pagan y quiénes no un determinado tributo, el Congreso, mientras se ajuste a
los principios, valores y mandatos de la Constitución, adopta una decisión que
sólo a él corresponde en el Estado Social de Derecho, con base en criterios que
corresponden al ámbito de la política tributaria que le compete, previa
evaluación de elementos de juicio diversos así como de las conveniencias y circunstancias
en las cuales el gravamen ha de ser aplicable. Al fin y al cabo, el Congreso
ejerce una representación política; está llamado a defender los intereses del
Estado pero también los del pueblo al que representa; tiene que examinar la
conveniencia, oportunidad y bondad de los tributos, y ha de apreciar los
eventos en los cuales sea admisible la exoneración de ellos, con base también
en el análisis de la realidad a la cual se aplican los impuestos. || Desde
luego, también se ha destacado en la jurisprudencia que tal posibilidad
legislativa no es absoluta y que debe ejercerse dentro de los límites de
equidad, justicia, eficiencia y proporcionalidad que la Constitución Política
exige (art. 363 C.P.), según los dictámenes e imperativos que el Constituyente
previó; y también con arreglo al principio general de la igualdad (art. 13 C.P.), aunque en la aplicación de este último no puede acogerse a un criterio de cerrada
equivalencia aritmética, ni tampoco al del igualitarismo ciego, sino, en forma
predominante, teniendo presentes objetivos económicos y sociales de la
tributación, la concepción constitucional de igualdad real y material, que debe
armonizar la medida en su sustancia con la diversidad de situaciones e
hipótesis frente a las cuales se encuentra”[2].
7.
Los tributos operan, desde su faceta económica, como un mecanismo de intervención
en el mercado.  De ahí que el Congreso, en su amplio margen de configuración
legislativa, esté facultado para definir los responsables de los tributos, así
como los hechos generadores, a partir de un criterio que apunte hacia la
satisfacción de las finalidades esenciales del Estado en la economía.
Ahora
bien, esa misma potestad se traslada al caso de las exenciones tributarias.  En
este escenario, el legislador conserva la misma facultad amplia de regulación,
pero en todo caso esa competencia no puede mostrarse incompatible con (i) la
eficacia del deber general de tributar; y (ii) los principios que informan el
sistema tributario, particularmente la equidad, la justicia y la igualdad.  Por
ende, los requisitos constitucionales de las exenciones tributarias apuntan a
que el legislador busque un fin de intervención constitucionalmente legítimo
con el tratamiento diferenciado y que, a su vez, ese beneficio no se muestre
injustificado de cara a las situaciones de hecho objeto de la regulación
diferenciada.
Existe,
por lo tanto, un vínculo estrecho entre la facultad del legislador de reconocer
exenciones tributarias y la vigencia del principio de igualdad, comprendido
desde su perspectiva material, que ordena tratar igual a los iguales y
diferente a los diferentes.  Así lo ha establecido la Corte al expresar que la
validez constitucional de las exenciones tributarias reposa en la obligación
del legislador de conferirlas previa la identificación de razones objetivas,
cuya verificación impida que la exención configure un simple fuero o privilegio
fiscal.
La
Sala ha fijado reglas definidas sobre este particular,[3] las cuales se
expresan a continuación en cuanto conforman parámetro de estudio para la
constitucionalidad de las normas acusadas:
7.1.
Como se ha indicado, el legislador goza de amplia potestad de configuración normativa
para establecer tributos y definir sus elementos esenciales, es natural que, de
la misma forma, goce del poder suficiente para consagrar beneficios
tributarios, por razones de política económica o para realizar la igualdad real
y efectiva en materia fiscal.
Concretamente,
a través de las exenciones tributarias, el legislador impide el nacimiento de
la obligación tributaria en relación con determinados sujetos o disminuye la
cuantía de la misma, por consideraciones de política fiscal. Así, si bien en
principio, respecto del contribuyente, se concreta el hecho generador del
tributo, este se excluye de forma anticipada de la obligación tributaria, por
disposición legal, mediante una técnica de desgravación que le permite al
legislador ajustar la carga tributaria, de manera que consulte los atributos
concretos del sujeto gravado o de la actividad sobre la que recae la obligación
tributaria, siempre con sujeción a criterios razonables y de equidad fiscal.
7.2.
Todo beneficio fiscal que introduzca el legislador debe atender a los
principios de generalidad y homogeneidad, puesto que solo así se garantiza la
existencia de un sistema tributario justo, desprovisto de privilegios y fueros.
De igual forma, esta Corporación ha señalado que las exenciones tributarias se
identifican por su carácter taxativo, limitativo, inequívoco, personal e
intransferible, de manera que sólo operan a favor de los sujetos pasivos que se
subsuman en las hipótesis previstas en la ley.
7.3.
El principio de generalidad que se exige de toda exención no desconoce el hecho
de que, por definición, tal beneficio comporta un trato diferenciado a favor de
determinados sujetos que, en ausencia de la exención tributaria establecida
legalmente, se encontrarían sometidos al tributo. Sin embargo, el principio de
generalidad implica que la exención fiscal cobija a todos los contribuyentes
que se encuentran en el mismo supuesto de hecho, sin distinciones
injustificadas.
En
consecuencia, no obstante el amplio margen de configuración normativa de que
goza el legislador sobre la materia, no queda librado simplemente a su opción
política, sino que debe atender a una valoración específica de la justicia
tributaria y demás principios que sustentan la política fiscal.
En
este sentido, la jurisprudencia ha reconocido la amplia potestad que, de
acuerdo con la Carta Política, ostenta el Congreso para fijar exenciones
tributarias, la cual sólo encuentra límites en las disposiciones
constitucionales, por lo que ha de ser ejercida al tenor de ellas, dentro de
criterios de equidad, razonabilidad, proporcionalidad, igualdad y
progresividad. Así, la soberanía fiscal que ejerce el legislador, no por amplia
puede reputarse absoluta, sino que por el contrario se encuentra sujeta a los
límites y condicionamientos que emanan directamente de la Constitución
Política.
7.4.
En relación con los propósitos que persigue el Estado al implementar beneficios
de naturaleza fiscal, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la
exención tributaria no es un fin para el Estado ni para el sujeto pasivo de la
obligación fiscal, sino que se trata de un instrumento de estímulo tributario
que puede estar orientado hacia diferentes propósitos tales como (i) la
recuperación y desarrollo de áreas geográficas deprimidas por desastres
naturales o provocados por el hombre, (ii) el fortalecimiento patrimonial de
las empresas que ofrecen bienes o servicios de gran sensibilidad social, (iii)
el incremento de la inversión en sectores vinculados a la generación de empleo
masivo, (iv) la protección de ciertos ingresos laborales y de las prestaciones
de la seguridad social, así como (v) una mejor redistribución de la renta
global.
7.5.
Con base en las anteriores premisas, se tiene que la validez constitucional de
las exenciones y otros beneficios está, de este modo, supeditada a la
justificación que los mismos puedan tener a la luz del ordenamiento
constitucional. Por ende lo relevante, a efectos del análisis constitucional,
es establecer si un determinado beneficio tributario, no obstante que puede
alterar, en principio, el equilibrio que el sistema tributario, puede
considerarse justificado a la luz de otros valores constitucionales o desde la
perspectiva del interés general y los fines del Estado.
8.
De acuerdo con la demanda que motiva el asunto de la referencia, la Sala
advierte necesario detenerse en dos límites a la facultad del Congreso para la
fijación de exenciones tributarias: la inconstitucionalidad de la omisión
legislativa relativa y la vigencia del principio de equidad tributaria.  Por
ende, se hará un estudio separado de cada uno de estos asuntos.
9.
La inconstitucionalidad de las omisiones legislativas relativas está vinculada
a la eficacia del principio de igualdad, particularmente la igualdad ante la
ley.  En efecto, la omisión en comento se produce cuando una norma otorga una
posición jurídica a favor de un sujeto o situación de hecho y omite
injustificadamente de conceder la misma regulación a otras personas o
situaciones, a pesar que concurre un mandato constitucional que así lo prevé.
En
ese sentido, para que se verifique una omisión legislativa relativa, la
jurisprudencia constitucional ha identificado los siguientes requisitos[4]:
Primero,  la existencia de una norma respecto de la cual se predique el
cargo. Esto debido a que en caso que no se evidencia dicha regla jurídica, se
estará ante una omisión legislativa de carácter absoluto, frente a la cual la
Corte carece de competencia, puesto que el control de constitucionalidad solo
se predica de preceptos legales debidamente expedidos y vigentes, salvo las
taxativas modalidades de control previo que prevé la Carta Política.
Segundo,
la exclusión de sus consecuencias jurídicas de casos asimilables a los
previstos en ella, o la no inclusión de un ingrediente o condición
indispensable para la armonización de su enunciado normativo con los mandatos
de la Constitución. Tercero, la ausencia de una razón suficiente para tal
exclusión. Cuarto, la generación de una situación de desigualdad negativa respecto
de los grupos excluidos o la vulneración de otros de sus derechos
fundamentales; y quinto, la existencia de un mandato constitucional específico
que obligue al legislador a contemplar los grupos o ingredientes excluidos.
La
comprobación de cada una de estas características activa la competencia de la
Corte para declarar la exequibilidad condicionada de la previsión acusada, de
modo que integre el sujeto o supuesto de hecho excluido. Como se observa, en
estos casos la medida legislativa no es inconstitucional en sí misma
considerada, sino que el cuestionamiento se dirige sobre la omisión en la que
incurre y en la ausencia de un ámbito para su justificación.
10.
Llevadas estas condiciones al caso particular de los beneficios tributarios, se
tiene que la constitucionalidad de normas de ese carácter quedará en entredicho
cuando (i) efectivamente concurra una norma legal que disponga el tratamiento
tributario diferenciado; (ii) la exención tributaria no se predica de determinados
sujetos o hechos generadores que prima facie guardan analogía fáctica
con los sujetos o hechos que sí ostentan el beneficio fiscal.  Así, en caso que
este supuesto no se cumpla, se estaría ante una omisión legislativa absoluta en
relación con los sujetos o hechos excluidos, lo que inhibiría el ejercicio del
control de constitucionalidad sobre el beneficio tributario; (iii) no concurra
una razón suficiente para la mencionada exclusión, esto es, que tanto uno como
otro fenómeno sean económica o jurídicamente asimilables y, además, no se
evidencie el cumplimiento de ningún fin esencial del Estado que sustente el
trato diferente; (iv) la comprobación acerca de una discriminación
injustificada contra una persona, o bien la vulneración de alguno de sus derechos
fundamentales, en razón de la exclusión; y (v) la existencia de un mandato
constitucional específico que ordene incluir a los sujetos o hechos generadores
como beneficiarios del tratamiento tributario más beneficioso.
Como
se observa, esta comprobación es compatible con el amplio grado de
configuración legislativa sobre la materia.  Como ya se ha indicado, las
exenciones tributarias no pueden comprenderse, en modo alguno, como un deber
para el legislador, puesto que precisamente son excepciones al deber
constitucional de concurrir en la financiación de los gastos del Estado.  Por
esta razón, la omisión legislativa relativa solo podrá comprobarse cuando el
Congreso, de manera arbitraria y carente de motivación, excluya a determinados
sujetos o hechos generadores de la obligación tributaria y, a su vez,
pretermita cobijar con el beneficio a otros sujetos o hechos que guardan plena
identidad, en tanto fenómeno jurídico y/o económico, con las instancias
beneficiadas.
En
sentido contrario, cuando sea posible identificar una razón suficiente que
justifique la exclusión y,  a su vez, tal premisa se muestre compatible con la
Constitución, entonces la exención recaerá en el amplio margen de configuración
normativa antes explicado, sin que pueda predicarse una omisión legislativa
relativa.
11.
El principio de equidad tributaria opera como límite a la facultad del
legislador para fijar exenciones fiscales.  De acuerdo con este principio, el
deber de tributación debe responder tanto a la obligación general de tributar
como a las particularidades del sujeto y el hecho generador, desde su
perspectiva económica y frente al cumplimiento de los fines esenciales del
Estado.  La equidad tributaria, entonces, es un criterio material que obliga a
que la imposición del deber de tributar responda a parámetros objetivos y que,
en ese sentido, impidan bien la imposición de cargas desproporcionadas para el
contribuyente o bien sea injustificadamente excluido del cumplimiento del
mencionado deber.  De la misma manera, la equidad en el sistema tributario
exige que fenómenos económicos similares le sean imponibles las mismas
obligaciones fiscales, salvo que se evidencie la necesidad de cumplir con un
fin constitucionalmente valioso que exija un trato distinto.
Sobre
el particular, la jurisprudencia constitucional insiste en que el principio de
equidad tributaria exige que la imposición esté basada en una evaluación de las
condiciones fiscales y extrafiscales del sujeto pasivo y el hecho generador, la
cual determine que, en caso que opere un tratamiento desigual, se encuentre
justificado mediante una razón suficiente y compatible con los postulados
constitucionales.  Para la Corte, “[e]l principio de equidad
tributaria, establecido en las normas constitucionales referidas, comporta la
manifestación del derecho fundamental de igualdad en esa materia, de suerte que
proscribe toda formulación legal que implique tratamientos tributarios diferenciados
injustificados, tanto por desconocer el mandato de igual regulación legal
cuando no hay razones para un tratamiento desigual, como por desconocer el
mandato de regulación diferenciada cuando no hay razones para un tratamiento
igual[5].
||  Dicho principio, adicionalmente, sirve de guía para ponderar la
distribución de las cargas y de los beneficios entre los contribuyentes, para
lo cual resulta relevante la valoración de su capacidad económica y de la
naturaleza y fines del impuesto pertinente, para evitar que se impongan
gravámenes excesivos o beneficios exagerados[6].”[7]
El
principio de equidad tributaria, en ese orden de ideas, se fundamenta en un
criterio de cargas soportables para el contribuyente, el cual está a su
vez soportado en una evaluación concreta tanto de la capacidad económica como
de la eficacia de los principios de igualdad y de justicia del sistema fiscal
en su conjunto.  En términos de la jurisprudencia constitucional, “…
conforme al principio de equidad tributaria, los gravámenes deben ser aplicados
a todos los sujetos que tengan capacidad contributiva y que se hallen bajo las
mismas circunstancias de hecho, con lo que se garantiza el sostenimiento del
equilibrio frente a las cargas públicas. Este planteamiento, ha sido recogido a
través de la construcción del principio de generalidad que implica que el
universo de los sujetos pasivos del tributo debe comprender a todas las
personas que tengan capacidad contributiva y desarrollen la actividad o
conjunto de actividades gravadas[8].
|| Lo anterior no impide, sin embargo, que en consideración de circunstancias
particulares de orden fiscal o extrafiscal, el legislador establezca algunos
beneficios, siempre que ellos se encuentren debidamente justificados[9].
|| En relación con el condicionamiento del ejercicio de la potestad legislativa
utilizada para establecer tratos diferenciados a determinados grupos de
contribuyentes, ha dicho esta Corporación que el legislador no puede establecer
un trato diferente a dos grupos determinados, cuando tal medida no se adecua a
ningún propósito constitucional o legal[10]. Ahora bien, en los casos en que
la medida diferencial sí resulte razonable a la luz de los fines del Estado
Social de Derecho, la jurisprudencia constitucional, ha sido respetuosa del
margen de configuración normativa del legislador[11].”[12]
Finalmente,
el precedente en comento distingue dos planos de la equidad tributaria:
vertical y horizontal.  De acuerdo con el primero, la determinación del tributo
debe ser directamente proporcional a los ingresos del sujeto pasivo, con lo
cual se inserta dentro de las condiciones propias de progresividad fiscal.  En
cambio, la equidad tributaria horizontal remite a la necesidad que los
contribuyentes que se encuentren en una misma situación fáctica deban recibir
un tratamiento paritario por parte del Estado y, para lo que interesa al
control de constitucionalidad, de las previsiones legales de índole fiscal.
12.
Como se observa, es innegable el papel que juega la equidad tributaria en la
amplia facultad del legislador para fijar exenciones tributarias.  Este
principio opera como límite de tal competencia, en tanto (i) exige que el
beneficio fiscal esté justificado en una razón suficiente y que exprese
derechos, principios y valores constitucionales; (ii) no vaya en contravía del
análisis de la capacidad contributiva del sujeto pasivo (equidad vertical); y
(iii) dicha razón de diferenciación constitucionalmente admisible opere como
factor válido de tratamiento distinto entre los contribuyentes que, de otro
modo, deberían concurrir de la misma forma en el financiamiento de los gastos
del Estado (equidad horizontal).
Además,
la Sala resalta que el efecto de la equidad horizontal frente a las exenciones
tributarias resulta definitivo en lo que tiene que ver con la prohibición de
las omisiones legislativas relativas.  En efecto, un tratamiento fiscal más
favorable incurriría en dicha omisión cuando omitiese, de manera injustificada,
incluir un supuesto de hecho o un sujeto pasivo del tributo que estuviera en
las mismas condiciones que el beneficiado y que, a su vez, no guardase ningún
factor relevante de distinción en cuanto fenómeno económico.   De igual manera,
una situación de esta naturaleza desconocería la equidad tributaria, pues
estaría imponiendo diferentes cargas fiscales a distintos contribuyentes que,
por sus condiciones fácticas, debieran recibir idéntico trato por parte de las
normas legales que regulan el sistema tributario.
El
ámbito de protección de la Ley 93 de 1998 desde la perspectiva constitucional
13.
La constitucionalidad de algunas exclusiones a determinados impresos por parte
de la Ley 93 de 1998, también conocida como Ley del Libro, fue objeto de
análisis por parte de esta Corte en la sentencia C-1023/12. En esta decisión se
declaró la inexequibilidad parcial del artículo 2° de la Ley 98/93, en tanto
excluía del concepto de libros y por ende de los beneficios y estímulos
contenidos en dicha normativa, a las tiras cómicas o historietas gráficas, así
como las fotonovelas.   En esta sentencia la Sala fijó un grupo de reglas que
se muestran definitivas para resolver el asunto de la referencia.  Además, debe
resaltarse que el objetivo central de la demanda es demostrar que la prensa
escrita y digital está en idéntica situación de exclusión que la evidenciada
por la Corte frente a los cómics y fotonovelas, de modo que debería llegarse a
idéntica conclusión en cuanto a su constitucionalidad.  Por ende, resulta
necesario hacer referencia expresa a dichos argumentos.
14.
En un primer momento, la sentencia en comento adelantó un completo estudio
sobre la protección constitucional del derecho de autor, a partir de su
consagración en el artículo 61 C.P.  Así, estableció las siguientes reglas a
ese respecto:
14.1.
A partir de la normatividad nacional e internacional sobre la materia, se
concluye que la protección jurídica del derecho de autor recae sobre todas
aquellas creaciones del espíritu, en el campo científico, literario o
artístico, cualquiera que sea el género, forma de expresión, y sin que importe
el mérito literario o artístico, ni su destino. Dentro de esta protección, y en
los términos mencionados, se incluyen los libros, folletos y otros escritos,
sin que se excluya ninguna especie.
14.2.
El derecho de autor contiene dos tipos de prerrogativas: los derechos morales,
que están relacionados con la facultad que tiene el creador, en tanto persona
natural, para que su obra se conozca y mantenga su integridad y titularidad,
por lo que tienen carácter personal, extrapatrimonial, imprescriptible,
irrenunciable, e inalienable.  Los derechos morales, en tal sentido, versan
sobre (i) el derecho a divulgar la obra; (ii) el derecho al reconocimiento de
la paternidad intelectual; (iii) el derecho al respeto y a la integridad de la
obra, impidiendo las modificaciones no autorizadas sobre la misma; y (iv) el
derecho al retracto, que le permite al autor retirarla del           comercio.
De
otro lado, los derechos patrimoniales de autor tienen, como su nombre lo
indica, contenido económico y se concentran en el pago al creador o a la
persona natural o jurídica titular de los derechos por aquellas actividades que
involucren la explotación de la obra protegida.  Dentro de las variables de
esas facultades están (i) el derecho de reproducción material; (ii) el derecho
de comunicación pública no material, de representación, ejecución pública y
radiodifusión; y (iii) la transformación, traducción, adaptación y arreglo
musical, así cómo cualquier otra forma de utilización de la obra.
14.3.
A partir de lo regulado por el artículo 61 C.P., se tiene que el legislador está investido de un amplio margen de configuración legislativa en materia de
regulación del derecho de autor.  Sin embargo, ese límite está circunscrito por
(i) la eficacia de los derechos morales y patrimoniales antes planteados; y
(ii) la prohibición de imponer a los titulares de esos derechos un tratamiento
desproporcionado o irrazonable, que vaya en contravía con la normal explotación
de la obra.  Como lo señaló la Corte en la sentencia C-519/99 “[a]unque
el legislador goza de competencia para establecer las modalidades del amparo de
los indicados derechos, lo que no puede esquivar es la responsabilidad que la
Constitución le ha confiado en la búsqueda de instrumentos aptos para obtener
que en la práctica los autores no sean víctimas de imposiciones arbitrarias o
abusivas por parte de quienes ejecutan, representan, exhiben, usan o explotan
sus obras, para desconocer lo que constitucionalmente se les debe por tales conceptos.”
14.4.
La jurisprudencia constitucional, conforme a lo expuesto y en consonancia con
la normatividad aplicable, concuerda en que la protección del derecho de autor
es amplia, se predica de toda clase de obra y, por ende, no irroga niveles
diferenciados de eficacia en razón de las cualificaciones, en todo caso
subjetivas, que de estas se realicen.  En criterio de la sentencia C-1023/12, “de
acuerdo con la normatividad nacional e internacional que regula los derechos de
autor: (i) la protección recae sobre todas aquellas “obras” que son creaciones
del espíritu, en el campo científico, literario o artístico, cualquiera que sea
el género, forma de expresión, y sin que importe el mérito literario o
artístico, ni su destino. Dentro de esta protección, y en los términos
mencionados, se incluyen los libros, folletos y otros escritos, sin que se
excluya ninguna especie. (ii) La protección del derecho de autor involucra el
reconocimiento de derechos morales y derechos patrimoniales a sus titulares. En
cuanto a los primeros, se reconoce su vínculo con la creación de la obra y se
caracterizan por su carácter extrapatrimonial, inalienable, irrenunciable y, en
principio, de duración ilimitada. Frente a los segundos, estos se relacionan
con la explotación económica de la obra. (iii) Si bien el legislador goza de
una amplia potestad de configuración en materia de derechos de autor, esta debe
respetar los límites constitucionales; en tal medida las limitaciones que
imponga al disfrute de los derechos de autor deben ser razonables y
proporcionadas, y estar acordes con las previsiones de protección previstas en
tratados internacionales, tales como: a) que sean legales y taxativas; b) que
su aplicación no atente contra la normal explotación de la obra; y c) que con
ella se evite causarle al titular del derecho de autor un perjuicio
injustificado en sus legítimos derechos e intereses[13].”
14.5.
Conforme los anteriores presupuestos y luego de hacer un inventario de las
aproximaciones históricas, artísticas, literarias y sociológicas de los cómics
y las fotonovelas, la Corte concluyó que se trataba de obras que eran objeto de
protección por parte del derecho de autor y que tenían un innegable valor cultural.
Este vínculo, además, era corroborado por la legislación comparada en el ámbito
iberoamericano, en el cual diferentes normas de promoción de la industria
editorial no preveían exclusiones a las obras mencionadas.  Por ende, no
resultaba admisible que el legislador, a partir precisamente de su
descalificación como obra cultural, las excluyera de la protección prodigada
por la Ley del Libro.
De
otro lado, esa exclusión significaba una vulneración del derecho de autor,
puesto que las historietas gráficas y las fotonovelas no podían acceder a los
beneficios contenidos en la Ley 98/93, particularmente al reconocimiento del
número estandarizado de identificación internacional (ISBN), lo cual operaba
como barrera tanto para la comercialización como la divulgación de la obra.  En
suma, la Corte señaló que “…la descalificación apriorística, generalizada y
presuntiva que hace la disposición acusada de las tiras cómicas y las
fotonovelas, fundada aquella en la carencia de valor científico y cultural de
estas expresiones, introduce un menoscabo injustificado a la valoración y
estima que los autores tienen respecto de su propia obra, al vínculo espiritual
que conservan con la misma. La visión reductora que introduce la norma
impugnada no se encuentra autorizada por las normas que regulan los derechos de
autor y sus prerrogativas, que como se indicó reconocen valores tangibles e
intangibles en todas las manifestaciones de la creatividad y del ingenio
humanos, independientemente de la forma, de su mérito o de su destino. Esta sub
valoración sobre la esencia de las manifestaciones literarias señaladas, se
proyecta así mismo, en afectaciones del derecho a la explotación normal de
estas obras por parte de sus titulares.”
15.
La sentencia C-1023/12 contempló, de la misma manera, que la exclusión de los
cómics y las fotonovelas del ámbito de aplicación de la Ley 98/93 iba en
contravía de los principios de igualdad y equidad que informan el sistema
tributario.  A partir de la aplicación de un juicio intermedio de
proporcionalidad, la Corte encontró que si bien el objetivo de la medida era la
protección de las obras editoriales con valor científico y cultural, el medio
para cumplir ese objetivo, esto es, la exclusión objeto de estudio, no era
constitucionalmente legítimo.  Esto debido a que desconocía el valor cultural
de las historietas gráficas y las fotonovelas en tanto obras objeto de
protección.  Así, excluir a tales obras de la totalidad de los beneficios
tributarios que la industria editorial confiere la Ley 98/93, se mostraba
incompatible con la equidad fiscal.  Para sustentar esta conclusión, la
sentencia C-1023/12 expuso los siguientes argumentos, que por su importancia se
transcriben in extenso:
“Las anteriores constataciones permiten sostener que
la exclusión de las historietas gráficas o tiras cómicas y las fotonovelas, del
concepto de publicación de contenido cultural, y como consecuencia de ello la
privación a los autores nacionales y extranjeros de estas obras, de las
prerrogativas y beneficios que tiene prevista la ley de fomento del libro para
quienes las crean, editan, producen e imprimen en Colombia, involucra un trato
diferenciado carente de justificación. En efecto, se trata de una decisión
legislativa que no suministra beneficio alguno al propósito constitucional de
masificar y democratizar el acceso a la ciencia y a la cultura de todos los
colombianos en igualdad de oportunidades (Art.70) a través de la promoción de
la lectura y la creación de incentivos a la industria editorial. Por el
contrario, el tratamiento gravoso que se establece no solamente para los
creadores de las historietas y las fotonovelas, sino para toda la cadena
productiva de autores, editores, distribuidores, librerías e industria gráfica
y papelera, resta posibilidades a la realización de esos propósitos.
(…)
Como se demostró en el análisis del cargo por
violación del principio de igualdad el criterio de diferenciación establecido
por el legislador para sustraer a las historietas gráficas y las fotonovelas
del ámbito de la ley, no encuentra ningún sustento, comoquiera que existen
razones históricas, sociológicas y teóricas plasmadas en estudios que se citan
en los antecedentes de esta decisión que demuestran que las creaciones
mencionadas, tienen una significativa importancia como manifestaciones
culturales, que permiten un tipo de narración que integra la imagen y la
palabra en una secuencia con un ordenamiento lógico, y que tiene la
potencialidad de reflejar las condiciones sociopolíticas del momento de su
creación. Se trata de una expresión cultural con capacidad para construir la
percepción de la realidad; con enormes posibilidades para desarrollar destrezas
de aprendizaje y favorecer el acceso al conocimiento de textos[14].
42.5. En consecuencia, desvirtuado el criterio
diferenciador usado por el legislador para dar un trato disímil a las
historietas gráficas y las fotonovelas, no existe ninguna razón objetiva para
sustraer estas especies de los beneficios tributarios contemplados en la Ley 98
de 1993. Si bien las exenciones y beneficios fiscales establecidos en la
mencionada normativa se encuentran plenamente justificadas en los propósitos
constitucionales que inspiran la ley como son los de promover el acceso
democrático a los bienes de la ciencia y la cultura, el fomento de la lectura y
el fortalecimiento de la industria editorial, lo que no encuentra justificación
alguna es la exclusión de las historietas gráficas y las fotonovelas de ese
ámbito de protección y promoción, comoquiera que no se identifica ningún
criterio razonable para catalogarlas como especies diferentes a los “libros,
revistas, folletos, coleccionables seriados o publicaciones de carácter
científico o cultura”, publicaciones que de conformidad con  el inciso primero
del artículo segundo, parcialmente acusado, sí gozan de la protección, los
incentivos y los beneficios tributarios.
Tal situación entraña un palmario desconocimiento de
los principios generales de justicia y equidad  (Art. 363) que deben regir no
solamente la imposición de tributos sino las exenciones. Demostrado que las
fotonovelas y las historietas gráficas, participan de la misma naturaleza de
los libros, folletos y demás impresos a que se refiere el inciso primero del
artículo 2º de la ley en cuestión, la exclusión de aquellas del ámbito de la
ley, sin que exista una razón objetiva para ello, se traduce en un trato
inequitativo en materia tributaria, que debe ser corregido.”
16.
En conclusión, la Corte determinó que la única razón por la cual el legislador
había excluido a las historietas gráficas y las fotonovelas del ámbito de
protección de la Ley 98/93 era su descalificación como obra con contenido
cultural y científico.  La Sala halló que, contrario a esta razón, concurrían
suficientes argumentos para inferir que tales obras tenían un valor cultural
intrínseco, de modo que (i) guardaban las condiciones propias de los libros, de
acuerdo con el concepto previsto en el artículo 2° de la Ley mencionada; y (ii)
la exclusión vulneraba tanto el derecho de autor como la igualdad y la equidad
tributaria.  Esto último en razón que el legislador había excluido
injustificadamente un supuesto de hecho dentro del grupo de beneficiarios de
los tratamientos fiscales diferenciados previstos en la norma acusada.
Breve
referencia a la libertad de prensa y de información
17.
Las libertades de prensa y expresión están en el centro de la definición de las
sociedades democráticas constitucionales.  De hecho, la eficacia de estas
libertades suelen ser comprendidas en la historia constitucional como un punto
de inflexión en el paso de modelos autárquicos del ejercicio del poder político
a formas democráticas e institucionales.
Estas
libertades, para el caso de la Constitución colombiana, se articulan en al
menos dos mandatos definidos.  De un lado, el artículo 20 C.P. prescribe la garantía para toda persona de (i) expresar y difundir libremente su pensamiento
y opiniones; (ii) informar y recibir información veraz e imparcial, y (iii)
fundar medios masivos de comunicación.  Estos medios son libres y tiene
responsabilidad social. A su vez, estas cláusulas son complementadas con lo
señalado en el artículo 73 C.P., en cuanto determina que la actividad
periodística gozará de protección para garantizar su independencia profesional.
18.
En lo que interesa a esta decisión, la Sala debe concentrarse en dos aspectos
definidos: Los contenidos medulares de la libertad de información y prensa, al
igual que las condiciones que deben cumplirse para la validez constitucional de
limitaciones a ese derecho.
18.1.
En cuanto a lo primero, la jurisprudencia de la Corte ha determinado[15]
que, respecto del objeto jurídico específico de esas libertades deben
distinguirse dos planos.  La libertad de expresión apunta a la facultad de
transmitir la propia opinión, mientras que la libertad de información supone
una condición doble vía: tanto la facultad de fundar medios masivos de
comunicación para la transmisión de hechos, eventos y todo tipo de
acontecimientos, como la libertad del receptor acceder a la información, desde
una perspectiva de máximo pluralismo de medios y de contenidos. En términos de
la jurisprudencia reiterada, “en la libertad de información el interés del
receptor de la misma es crucial, puesto que sin información no está en
condiciones de ejercer efectivamente su ciudadanía. En esa medida, con miras a
promover la mayor difusión de información, la libertad de información está
sujeta a una mayor regulación por parte de las autoridades que la libertad de expresión
en sentido estricto. Por otra parte, una y otra libertad se diferencian por los
supuestos con los que se materializa su ejercicio; así mientras que para la
libertad de expresión basta que su titular cuente con las facultades físicas y
mentales necesarias para expresarse, la libertad de información supone, además,
que exista una infraestructura material apta para captar y difundir la
información.”[16]
18.2.
Estas libertades, comprendidas en la complejidad antes explicada, exigen del
Estado distintos tipos de acciones, no solo desde las facetas de abstención,
sino particularmente de prestación, con el fin de garantizar contar con el
andamiaje institucional que promueva la libre circulación de la información y
la mencionada pluralidad de medios y contenidos. La Corte insiste, en ese orden
de ideas, en que la libertad de información, como la libertad de expresión en
sentido estricto, también imponen al Estado obligaciones de respeto, garantía,
protección y promoción, en particular cuando su ejercicio se efectúa a través
de los medios masivos de comunicación y se apareja, por lo tanto, con la
libertad de prensa. Esto significa, por ejemplo, que no le basta al Estado con
no atentar contra la libertad de información, puesto que además de respetarla,
debe proteger su ejercicio libre y garantizar la circulación amplia de
información, aun de aquella que revele aspectos negativos del propio Estado o
la sociedad.
18.3.
Estas características son compartidas por la libertad de prensa.  A este
respecto, la jurisprudencia en comento ha señalado que esta prerrogativa es
esencial para el Estado democrático, por lo que es titular de las máximas
garantías, prestacionales y de abstención, por parte del ordenamiento y las
autoridades públicas.
19.
Ahora bien, en lo que respecta a las limitaciones admisibles, la Corte ha
identificado tanto los tipos de restricciones como el grado de escrutinio que
debe cumplirse para avalar su validez constitucional.  En cuanto a lo primero,
existen determinadas limitaciones que tienen raigambre constitucional, como
sucede con la responsabilidad social de los medios de comunicación, la
posibilidad que el Estado regule los medios con el único fin de asegurar la
equidad y pluralidad en el manejo de la información por los medios de
comunicación, así como la función estatal de asegurar el acceso equitativo al
espectro.
Con
referencia a lo segundo, debe partirse de considerar que las libertades en
comento son derechos fundamentales y, en consecuencia, sus restricciones deben
ser específicas, excepcionales y cumplir con los requisitos propios de un
juicio estricto de proporcionalidad.  Para el caso particular, ninguna de las
limitaciones debe tener por objeto realizar censura, previa o posterior, en
relación con los contenidos expresados por los medios.  Sobre ese respecto, la
Corte insiste en que “…cualquier limitación concreta está sujeta a un
control constitucional particularmente estricto, ya que la prohibición
constitucional de la censura adquiere un carácter marcadamente agudo en este
ámbito y proscribe tajantemente cualquier tipo de control previo sobre la
actividad de los medios que pueda equivaler a censura, por lo cual toda
limitación de la libertad de prensa, efectuada por cualquier autoridad a través
de un acto general o particular, se ha de asumir, de entrada, como sospechosa,
y se ha de someter a un examen exigente de concordancia con la Carta Política,
especialmente si tiene el potencial de desestimular el vigoroso y sólido
funcionamiento de la libertad de prensa en una sociedad abierta y pluralista.”[17]
20.
Las limitaciones a la libertad de prensa, información y expresión, debido al
lugar central de esos derechos en el Estado Social y Democrático de Derecho,
hacen que todo comportamiento dirigido a limitarlos resulte constitucionalmente
sospechoso, en términos de vigencia de valores centrales para una sociedad
democrática, como sucede con el derecho a la libre transmisión de las ideas.
Por ende, esta circunstancia obliga a que la validez de dichas limitaciones
esté atada al cumplimiento de requisitos precisos y estrictos, a saber:
20.1.
La limitación debe estar formulada de forma precisa y taxativa en una Ley de la
República. En este caso, se exige un cumplimiento estricto del principio de
legalidad, así como una delimitación igualmente circunscrita del contenido de
la limitación.  Así, la Corte señala que “el nivel de precisión con el cual
se han de formular las leyes correspondientes debe ser lo suficientemente
específico y claro como para permitir que los individuos regulen su conducta de
conformidad con ellas. Este requisito se identifica con la prohibición de
limitar la libertad de expresión con base en mandatos legales vagos, ambiguos,
amplios o indeterminados.”[18]
20.2.
Las limitaciones deben mostrarse obligatorias para logro de finalidades
constitucionalmente imperiosas, también definidas de manera concreta y
específica.  Además, tales limitaciones tendrán interpretación restringida y
solo resultarán aplicables cuando (i) cumplan con un principio de legalidad
estricta, lo que impide su invocación genérica y sin la comprobación sobre al
tipicidad del hecho que da lugar a la limitación; (ii) sean compatibles y estén
unívocamente dirigidas a la satisfacción de los derechos fundamentales de
terceros.
20.3.
También resultan admisibles, desde la perspectiva constitucional y del derecho
internacional de los derechos humanos, aquellas limitaciones basadas en la
necesidad de proteger la seguridad y el orden y moralidad públicas. Sin
embargo, en este escenario se exige que el análisis de la constitucionalidad de
las medidas sea particularmente riguroso, lo que significa que (i) deberá en
todo caso comprobarse el carácter preciso, obligatorio e imperioso de la
medida; y (ii) la índole de la limitación debe mostrarse en todo compatible con
los valores y principios de la sociedad democrática, particularmente el
pluralismo.
20.4.
En suma, las limitaciones deben ser estrictamente necesarias y proporcionadas,
lo cual significa que (i) sean obligatorias para cumplir con la necesidad
imperiosa, apremiante, específica y concreta de preservar un derecho ajeno o un
componente particular y previamente definido del orden, salud o moralidad
públicas; (ii) la limitación no debe desconocer la prohibición de la censura,
directa, indirecta o por consecuencia; (iii) la relación ente medios y fines
debe comprobarse de forma exigente, por lo que la limitación debe mostrarse
como medio materialmente necesario para cumplir con la finalidad y, a su vez,
se muestra como la alternativa menos restrictiva posible del ejercicio de la
libertad de expresión; (iv) la limitación se muestre proporcionada, esto es,
basada en el equilibrio entre los diferentes derechos y principios en
conflicto, lo que exige cumplir con una armonización concreta entre ellos;[19]
(v) la restricción debe ser posterior y no puede constituir censura; y (vi) la
carga sobre el cumplimiento de los requisitos anteriores recae sobre la
autoridad que adopta la limitación a la libertad de prensa e información.
Los
aspectos esenciales de las libertades económicas
21.
El artículo 333 C.P. prevé que la actividad económica y la iniciativa privada
son libres, pero a su vez impone un límite definido en la defensa del bien
común y la función social de la propiedad y de la empresa.  Es por esta razón
que el artículo 334 C.P. determina que la dirección general de la economía
corresponde al Estado, a quien se le otorgan herramientas de intervención
dirigidas a (i) la racionalización de la economía; (ii) la búsqueda, en un
marco de sostenibilidad fiscal, del mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios
del desarrollo y la preservación de un ambiente sano; (iii) el logro de una
política de pleno empleo y de acceso progresivo a lo bienes y servicios
básicos, especialmente a favor de las personas de menores recursos; y (iv) la
promoción de la productividad y competitividad, al igual que el desarrollo
armónico de las regiones.  De la misma manera, la previsión constitucional en
comento impone un límite preciso, que otorga carácter prioritario al gasto
público social.
La
jurisprudencia constitucional, a partir de este marco de referencia, ha
señalado que la Carta Política no es neutra en lo que refiere al modelo
económico, sino que adopta lo que se ha denominado como una economía social
de mercado.  Este concepto se funda en considerar que el Estado tiene
deberes específicos en dos aspectos definidos: De un lado, está llamado a
proteger y dar garantías a un mercado libre y competitivo, donde los diferentes
agentes que ofrecen bienes y servicios puedan concurrir equitativamente.  De
otro lado, debe corregir las imperfecciones de ese mercado, pero no solamente
en lo que refiere a la promoción de la libre competencia, sino especialmente
frente a la vigencia de los derechos fundamentales de las personas, los cuales
están necesariamente atados a las situaciones de mercado.  De allí que, en
últimas, la intervención estatal en el economía se fundamenta en la
compatibilización entre el mercado y los fines del Estado Social y Democrático
de Derecho.  Ello quiere decir, entonces, que lo que se privilegia es la
eficacia de los derechos, que deben tener lugar y vigencia en un escenario que
alienta un mercado competitivo.
Esta
ha sido la posición expresada por la Corte, la cual, al determinar los
elementos esenciales de la libertad de empresa, ha puesto de presente que “[e]xiste,
de acuerdo con las normas superiores descritas, un mandato constitucional de
doble contenido: La Carta Política reconoce que la libertad económica y la
libre competencia económica son derechos que deben promoverse, en el entendido
que el desarrollo y ampliación de los mercados es una condición necesaria para
la consecución de las condiciones materiales y la prosperidad de los
habitantes. Empero, limita esos derechos, mediante el ejercicio de acciones de
intervención estatal en la economía, con el fin de evitar que prácticas al
interior de esos mismos mercados se tornen en barreras para el cumplimiento de
los fines estatales, en especial la vigencia y eficacia de los derechos.  || A
este respecto, decisiones anteriores de la Corte han sostenido, en relación
concreta con la libertad económica, que “la Constitución, al referirse a la
actividad económica de manera general, está reconociendo y garantizando al
individuo una multiplicidad de sectores dentro de los cuales puede desplegar su
libre iniciativa en orden a la satisfacción de sus necesidades, sin que se
permita privilegiar unos sujetos, en detrimento de otros. Por ello, esta
garantía constitucional se extiende por igual a empresas organizadas y a las
que no lo están, a las personas naturales o jurídicas.|| La libertad económica
que, se encuentra reconocida y garantizada por la Constitución, dentro de los
límites del bien común y del interés social, constituye uno de los fundamentos
del Estado Social de Derecho. De esta manera, así como la libertad de empresa
se orienta a permitir la posibilidad real del individuo de desarrollar
actividades económicas que considera necesarias para la satisfacción de sus
intereses, también, se autoriza al Estado para intervenir y crear las
condiciones necesarias para que éstas se materialicen en armonía con los
valores superiores previstos en la Carta.”[20]”[21]
22.
Por ende, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que el Estado está
habilitado para intervenir en el mercado, con el fin de cumplir con los
objetivos mencionados y con base en el cumplimiento de determinados
requisitos.   Al respecto, se ha sostenido[22] que el Estado se encuentra facultado,
a través de la ejecución de medidas de intervención en la economía, para
corregir aspectos del mercado que impidan el cumplimiento de los fines
constitucionales de dicha intervención. Ello, incluso, mediante de instrumentos
que, de forma material, puedan limitar a la libertad económica y la libre
competencia.  Sin embargo, tales límites deben estar fundados en motivos
razonables y proporcionados, que guarden una relación de identidad con la
consecución de los fines estatales antes descritos, en especial aquellos que se
derivan de (i) las funciones esenciales del Estado, descritas en el
artículo 2º Superior; y (ii) los objetivos constitucionales de la
intervención del aparato estatal en la economía, previstos en el artículo 334 C.P.  En consecuencia, cuando la medida de intervención no esté vinculada a dichas finalidades,
se está prima facie ante una restricción injustificada de dichas
garantías constitucionales de los participantes del mercado.
En
consonancia con lo expuesto, la Corte se ha ocupado de definir los requisitos
para la legitimidad de las medidas de intervención económica. A ese respecto,
ha indicado que tal intervención “…: i) necesariamente debe llevarse a cabo
por ministerio de la ley; ii) no puede afectar el núcleo esencial de la
libertad de empresa; iii) debe obedecer a motivos adecuados y suficientes que
justifiquen la limitación de la referida garantía; iv) debe obedecer al
principio de solidaridad; y v) debe responder a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.”[23].
En últimas, de lo que se trata es que la medida de intervención económica
corresponda a un motivo identificable y acorde con el ámbito propio de las
funciones constitucionales del Estado respecto del mercado.
Solución
a los cargos propuestos
Primer
problema jurídico
23.
Como se indicó en el fundamento jurídico 4, el primer problema jurídico versa
sobre la existencia de una presunta omisión legislativa relativa, por el hecho
que las normas acusadas excluyen injustificadamente a la prensa escrita y
digital de los beneficios contenidos en la Ley 98/93, particularmente aquellos
de naturaleza fiscal.
La
Sala considera necesario que, antes de resolver este asunto y con miras a fijar
un marco de referencia imprescindible para resolver los cargos propuestos, deba
definirse el contexto en que se insertan las expresiones acusadas.
Específicamente, debe indicarse cuáles son los beneficios contenidos en la Ley
del Libro, así como quiénes son titulares.
24.
En cuanto a lo primero, en la sentencia C-1023/12, antes explicada, fueron
identificados los diferentes beneficios contenidos en la Ley 98/93.  Por ende, la
Corte reitera a continuación dicha síntesis.
En
primer término, la sentencia en comento explicó como los objetivos de la Ley
del Libro estaban previstos en el artículo 2° de dicha normativa y que
refieren a (i) lograr la plena democratización del libro y su uso más amplio
como medio principal e insustituible en la difusión de la cultura, la
transmisión del conocimiento, el fomento de la investigación social y
científica, la conservación del patrimonio de la nación y el mejoramiento de la
calidad de vida de todos los colombianos; (ii) estimular la producción
intelectual de los escritores y autores colombianos tanto de obras científicas
como culturales; (iii) estimular el hábito de la lectura de los colombianos;
(iv) convertir a Colombia en un gran centro editorial, a fin de que pueda
competir en el mercado internacional; (v) fomentar y apoyar la producción de
libros, textos didácticos, y revistas científicas y culturales, mediante el
estímulo de su edición, producción y comercialización; y (vi) ofrecer a los
escritores y a las empresas editoriales las condiciones que hagan posible el
logro de los objetivos antes analizado.
Para
cumplir con las finalidades descritas, la Ley 98/93 establece los siguientes instrumentos
de promoción, de carácter arancelario, crediticio, tributario y postal,
predicables de los libros, revistas, folletos, o coleccionables seriados de
carácter científico o cultural; estímulos identificados por la sentencia
C-1023/12 así:
24.1.
La exención de toda clase de derechos arancelarios, para arancelarios, tasas
contribuciones o restricciones aduaneras de cualquier índole, para la
importación de papeles destinados a su edición y fabricación en el país (Art.
7º).
24.2.
El acceso a líneas de créditos especiales para las empresas editoriales que
se declaren como pequeña y mediana industria (Arts. 4º y 9º).
24.3.
La posibilidad de acceder al Número Estandarizado de Identificación
Internacional del Libro (ISBN) sin el cual el editor no podrá invocar los
beneficios de la ley, ni ingresar al comercio internacional del libro (Art.11).
24.4.
Una tarifa especial de la Administración Postal Nacional no superior al 40%
de la que se aplica a los impresos, y la posibilidad de que el Gobierno
Nacional tome las providencias para que los libros que se envíen a través de la
Administración Postal tengan una tarifa internacional de carácter preferencial,
equivalente a la que se aplica al correo de superficie (Art. 12).
24.5.
La exención total del impuesto sobre la renta y complementarios, para
las empresas editoriales constituidas en Colombia como personas jurídicas, cuya
actividad económica y objeto social sea exclusivamente la edición de los bienes
protegidos. Esta exención se estableció originalmente por veinte (20) años
contados a partir de la vigencia de la ley (diciembre 23 de 1993), término que
vencería en el 2013 (Art. 21).  El artículo 44 de la Ley 1379 de 2010 “por
la cual se organiza la red nacional de bibliotecas públicas y se dictan otras
disposiciones”, prorrogó la exención  por el término de veinte (20) años
más, contados a partir del 31 de diciembre de 2013.
24.6.
Los dividendos  y participaciones percibidas por los socios,
accionistas o asociados de las empresas editoriales responsables de la edición
de las especies protegidas, no constituyen renta ni ganancia ocasional (Art.
22).
24.7.
La exención del impuesto sobre las ventas respecto de los libros, revistas,
folletos o coleccionables seriados de carácter científico o cultural y los
diarios o publicaciones periódicas, cualquiera que sea su procedencia (Art.
23).
24.8.
El derecho de los autores de obras literarias, científicas y culturales, a
participar de una remuneración compensatoria por la reproducción de estas obras
en establecimientos con fines lucrativos o para uso colectivo (Art.27).
24.9.
La exención del pago del impuesto sobre la renta y complementarios,
respecto de los ingresos que por concepto de derechos de autor reciban los
autores y traductores tanto colombianos como extranjeros residentes en
Colombia, por libros de carácter científico o cultural editados e impresos en
Colombia, por cada título y por cada año (Art. 28).
24.10.
La exención del impuesto sobre la renta y complementarios de los derechos de
autor y traducción de autores nacionales y extranjeros residentes en el
exterior, provenientes de la primera edición y la primer tirada de libros,
editados e impresos en Colombia. Para las ediciones o tiradas posteriores del
mismo libro, estará exento un valor equivalente a 1.200 UVT.
24.11.
Los alcaldes de los distritos capitales, especiales y demás municipios del
país, promoverán en los respectivos concejos la expedición de acuerdos mediante
los cuales los editores, distribuidores o libreros, sean exonerados de por lo
menos en un 70% de los impuestos de industria y comercio cuando estén dedicados
exclusivamente a la edición, distribución o venta de las obras protegidas.
25.
A partir de este listado, la Corte encuentra que si bien varios de los
beneficios previstos en la Ley 98/93 tienen como destinatario directo a los
libros revistas, folletos, o coleccionables seriados de carácter científico o
cultural, lo que excluiría a los periódicos, en todo caso también se evidencia
que otros estímulos son también concedidos a la prensa.  Esto sucede respecto
de (i) la exención al pago del impuesto a las ventas (Art. 23), al igual que la
exención que respecto del mismo gravamen prevé el artículo 55 de la Ley 1607 de
2012, el cual modifica el artículo 481 del Estatuto Tributario, en el sentido
de declarar como bienes exentos de IVA y con derecho a devolución bimestral a “los
impresos contemplados en el artículo 478 del Estatuto Tributario, (…) los
diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados o con
publicidad de la partida arancelaria 49.02”; (ii) la exención de todo arancel, impuesto o tributación especial, gravamen para-arancelario, depósito
previo, censura o calificación  respecto de la importación de los diarios
incluidos en la posición arancelaria 49.02[24] y (iii) el beneficio de una tarifa
postal reducida.  A este respecto, debe tenerse en cuenta que las publicaciones
periódicas, en general, son titulares del International Standard Serial
Number - ISSN y, por ende, pueden solicitar dicho tratamiento postal
privilegiado.[25]
Por
ende, los demás beneficios y, en lo que respecta a la materia fiscal, la
exención del impuesto a la renta y complementarios, no serían aplicables a la
prensa escrita y digital.  Así dispuesta la exclusión, a continuación la Corte
verificará si se está ante una omisión legislativa relativa, como lo considera
el demandante. Para ello, utilizará la metodología explicada en apartados
anteriores de esta sentencia.
26.
En primer lugar, se encuentra que existe una norma legal de la cual se
predicaría la omisión, como son los artículos demandados de la Ley del Libro,
los cuales definen el universo de beneficiarios de los estímulos y demás
tratamientos diferenciados previstos en dicha normatividad.
En
segundo lugar, debe determinarse si la situación en la que se encuentra la
prensa escrita y digital es asimilable a aquella que se predica de los libros,
revistas, folletos, coleccionables seriados o publicación de carácter
científico y cultural.  A este respecto, debe recordarse que el argumento
central de la demanda de la referencia consiste en que esta asimilación es
acertada, pues tanto los libros y demás impresos, como los periódicos tienen un
innegable valor cultural.  Por ende, se está ante una situación jurídica
análoga a la identificada por la Corte en la sentencia C-1023/12, lo que obliga
a una decisión condicionada, que extienda a la prensa escrita y digital los
beneficios previstos en la Ley 98/93, en particular la exención de pago del
impuesto a la renta, pues de lo contrario se estaría no solo ante una omisión
legislativa relativa, sino ante la afectación de los principios de igualdad y
equidad tributaria.
27.
La Sala concuerda con el demandante, los intervinientes y el Procurador
General, en que los periódicos guardan unidad de sentido e importancia con los
libros, en lo que respecta a su valor como vehículo de acceso a la cultura y
promoción de la lectura de los colombianos.  Además, como se explicó en
precedencia, tanto los libros como los periódicos son elementos esenciales para
el logro de los valores propios del Estado Democrático, puesto que de estos
instrumentos depende la promoción de las ideas, en un marco pluralista e
incluyente, propio y exigible de nuestra comunidad política.
Sin
embargo, a pesar de esta comprobación, la Corte también encuentra que estas
razones no hacen asimilables a los supuestos fácticos explicados, en especial
de cara a los principios de igualdad y equidad tributaria.  Esto debido a que
dichos principios, aplicados al caso particular de los beneficios fiscales,
exigen la analogía entre los titulares, desde su faceta de fenómenos
económicos.  Para el caso analizado, es claro que la industria
editorial y la prensa escrita y digital guardan evidentes diferencias en tanto
agentes de mercado, que habilitan al legislador para que, en ejercicio de su
amplio grado de configuración legal en materia de beneficios tributarios
diferenciados, prodigue un tratamiento diferente a cada supuesto.
27.1.
La primera diferencia radica en el tiraje de cada publicación y, por ende, su
vocación de permanencia.  La prensa digital y escrita está vinculada al
ejercicio de la libertad de prensa e información, por lo que está basada en la
noticia y la actualidad.  De ahí que su publicación responda a criterios de
periodicidad, precisamente con el fin que el medio de comunicación transmita la
información más reciente.  Esto tiene un efecto directo en cuanto a la escasa
perdurabilidad de los ejemplares, particularmente en lo que respecta a la
prensa escrita, que en el caso de los diarios principales corresponde a la
impresión de decenas e incluso cientos de miles de periódicos con pocos días de
vigencia. Así, salvo las labores de archivo histórico en hemerotecas y
establecimientos similares, cerca de la totalidad de los impresos de prensa
pierden su valor intrínseco con el paso del tiempo.
En
cambio, los libros e impresos análogos producidos por la industria editorial
tienen vocación de permanencia y no están sometidos, de manera general, a
criterios de renovación periódica. Por ende, el ejemplar producido no pierde su
valor intrínseco con el paso del tiempo sino que está dirigido a permanecer en
bibliotecas particulares o abiertas al público.  De otro lado, el tiraje de los
libros es sustancialmente menor a los de los periódicos, de modo que incluso un
best seller solo alcanzará una fracción de los ejemplares que un diario
imprime en pocos días.
Finalmente,
la periodicidad de la prensa escrita hace posible el esquema de negocio de las
suscripciones, a través de las cual una persona paga en adelanto una suma de
dinero para que el diario envíe a su domicilio los ejemplares emitidos en un
periodo de tiempo, generalmente semestral o anual.  Esta alternativa comercial
es inasible para el caso de los libros, pues su venta se agota en la
adquisición del ejemplar correspondiente.
Esta
diferencia tiene consecuencias directas en lo que respecta a los derechos
patrimoniales de contenido reprográfico, que se predican de cada tipo de
impreso.  En tanto los ejemplares de la prensa escrita carecen vocación de
permanencia, no están sometidos al riesgo de reproducciones no autorizadas,
conocidas comúnmente como piratería.  Los libros e impresos similares, en la
medida en que sí tienen carácter perdurable, son comúnmente reproducidos de
manera ilegal, en perjuicio de los intereses económicos de la industria
editorial y de los autores que reciben regalías por la venta de los
ejemplares.  De ahí que resulte razonable que el legislador establezca un
tratamiento más favorable para la industria editorial, merced de los riesgos a
los que se enfrentan, los cuales son inexistentes en el caso de los periódicos.
27.2.
La segunda diferencia entre la industria editorial y la prensa digital y
escrita fue presentada por varios de los intervinientes y refiere a la pauta
publicitaria.  Tanto los periódicos impresos como aquellos que usan la Internet
como medio de comunicación dedican ingentes espacios para la pauta publicitaria
la cual, junto con las suscripciones y los avisos clasificados, conforman las fuentes
primarias de financiación.  En ese sentido, la prensa es un vehículo esencial
para la publicidad de diferentes bienes y servicios, precisamente por sus
amplios tirajes y su naturaleza periódica.  Las ofertas y los nuevos productos
y servicios son publicitados en los periódicos, en tanto novedades comerciales
que deben ser difundidas a los potenciales consumidores en condiciones de
actualidad y continua renovación.
Debido
a que los libros carecen de las mencionadas características de publicación periódica
y amplio tiraje, no son utilizados como instrumentos publicitarios, de modo que
no tienen a su haber los ingresos propios de la pauta publicitaria.  Por ende,
el esquema de negocio difiere sustancialmente, puesto que si bien es cierto la
industria editorial realiza actividades publicitarias para la promoción de la
venta de los libros, estos carecen de pauta al interior de cada ejemplar.
Ahora
bien, en el caso particular de las revistas, folletos o coleccionables seriados
de carácter científico y cultural, los cuales son beneficiarios de los
incentivos contenidos en la ley acusada, también concurren diferencias
importantes con la prensa digital y escrita. Así, el tiraje de los periódicos
impresos es mucho mayor que el de las revistas culturales o científicas, las
cuales tienen ediciones mucho más reducidas, sobre todo porque apuntan a
segmentos específicos del conocimiento y, a su vez, a determinado público
interesado en sus contenidos.
De
otro lado, aunque estas revistas puedan apoyarse en publicidad, no son
utilizadas para la promoción de bienes y servicios de usual consumo,
precisamente porque están delimitadas a los mencionados segmentos.  Antes bien,
es de común ocurrencia que la publicidad incluida en revistas culturales y
científicas apunte casi por completo a la difusión de eventos, programas
académicos y publicaciones de la misma área en la que se encuentra inserta, lo
cual dista de la promoción de bienes y servicios que fundamenta la pauta de los
periódicos.  De allí que concurren evidentes diferencias económicas entre ambos
supuestos, lo que hace que no resulten en modo alguno análogos.
28.
Como se observa, la industria editorial y la prensa escrita y digital difieren
en aspectos importantes desde su perspectiva comercial.  Esta sola razón hace
que no pueda predicarse la existencia de una omisión legislativa relativa, en
tanto los dos supuestos de hecho no son asimilables en cuanto fenómenos
económicos.  Sobre este preciso particular debe la Sala insistir en dos
aspectos.  En primer lugar, es pertinente recordar que, en lo que respecta a la
concesión de beneficios fiscales, es dicha faceta económica la que conforma el
parámetro de comparación entre sujetos o situaciones de hecho susceptibles de
una exención tributaria o un cualquier otro tratamiento fiscal favorable.  Como
en el caso analizado es posible identificar evidentes diferencias entre la
prensa y la industria editorial, no es viable inferir la concurrencia de la
mencionada omisión y, correlativamente, el desconocimiento de los principios de
igualdad y equidad tributaria, explicados en esta sentencia.
En
segundo lugar, debe señalarse que el caso analizado, contrario a como se
sostiene en la demanda, difiere en aspectos esenciales de la problemática
estudiada por la Corte en la sentencia C-1023/12.  En dicha decisión se
demostró que las historietas gráficas y las fotonovelas eran excluidos de los
beneficios de la Ley de Libro con base en un único criterio: la
descalificación de tales impresos como bienes con contenido cultural.  Esta
premisa fue encontrada irrazonable por la Corte, de modo que declaró
inexequible la norma legal que realizaba dicha exclusión.
Frente
al asunto examinado, no existe duda alguna acerca del valor cultural de los
periódicos escritos y digitales.  Sin embargo, la Sala ha evidenciado que el
criterio de comparación en el asunto analizado no es, como lo sostiene la
demanda, el aporte cultural, sino la realidad económica y comercial de la
industria editorial frente a los diarios y, particularmente, sus modalidades de
financiación, así como los riesgos de mercado a los que se enfrenta.  En ese
escenario, se demostró que concurren razones pertinentes para prodigar
beneficios fiscales diferenciados, en razón de los rasgos económicos presentes
en los extremos en tensión.
Ahora
bien, lo anterior no es óbice para considerar deseable que, en razón de la
coyuntura financiera que actualmente existe en la prensa escrita y digital, el
legislador diseñe e implemente políticas particulares y específicas de fomento
a favor de dichos medios de comunicación, lo cual resultaría prima facie válido
desde la perspectiva constitucional, debido a la relación intrínseca entre la
prensa y los valores del Estado democrático.  Sin embargo, esa alternativa
evidencia una omisión legislativa absoluta sobre la materia, asunto que, como
se ha definido en esta decisión, escapa de la competencia del control de constitucionalidad.
29.
Con base en lo expuesto, la Sala concluye que la industria editorial y la
prensa digital y escrita, comprendidas como fenómenos económicos, guardan
diferencias sustanciales y, por ese motivo, no se trata de supuestos análogos
que deban recibir el mismo tratamiento por parte del legislador.  Ante esa
comprobación, se incumple uno de los requisitos de la omisión legislativa
relativa, por lo que la respuesta al primer problema jurídico es negativa.
Segundo
problema jurídico
30.
El segundo problema jurídico refiere a la presunta afectación de las libertades
de información, prensa, así como de las libertades económicas, por el hecho que
la norma acusada no contemple a los periódicos dentro de los beneficiarios de
los estímulos previstos en la Ley 98/93, particularmente de la exención del
pago de impuesto de renta.
El
primer aspecto que debe resaltarse para resolver el asunto planteado consiste
en considerar que las normas acusadas no prodigan un tratamiento particular,
más gravoso o exigente, respecto de la prensa escrita y digital.  En cambio,
como se ha explicado en esta sentencia, la Ley acusada prodiga algunos
beneficios a favor de los diarios y, en el caso particular del impuesto a la
renta, no establece ningún régimen particular.
Esta
última comprobación es importante, puesto que permite concluir que las
obligaciones fiscales impuestas a la prensa escrita y digital están basadas en
el principio de generalidad del tributo, que obliga a las personas a concurrir
en la financiación de los gastos del Estado. El legislador, por lo tanto, no ha
planteado una obligación particular y específica hacia los periódicos, lo que
de suyo desvirtúa que se esté ante una limitación de la libertad de información
o las libertades económicas.  Esto debido a que para que se concluya una
afectación de estas libertades, debe comprobarse que el legislador ha impuesto
a un sujeto o posición jurídica determinado régimen jurídico más gravoso o
exigente, que lo deja en posición de desventaja respecto de otros sujetos o
supuestos fácticos análogos.  Deberes de índole general, como sucede con la
tributación, no conforman este escenario.
31.
Ante esta premisa, la demanda plantea que la afectación de las libertades en
comento se advierte ante un incumplimiento estatal de un deber de fomento a
favor de la prensa escrita y digital, de manera análoga a como sucede con la
industria editorial.  Sobre este particular, la Sala debe reiterar que ambos
supuestos, desde su perspectiva económica, guardan diferencias que tornan en
razonable el hecho que la Ley no prodigue a los periódicos los mismos
beneficios que confiere a los libros.  Además, si se llevase al extremo la
tesis planteada por el actor, se llegaría a la conclusión que cada vez que el
legislador opta por no conceder un beneficio fiscal o cualquier otra medida de
promoción, vulnera las libertades económicas y de empresa, lo cual no resulta
acertado pues el deber general que contiene la Constitución es el de
tributación y no el de acceso a exenciones fiscales.  No resulta congruente, en
ese orden de ideas, sostener que las normas acusadas afectan la libertad de
empresa en la medida en que dejó de extender beneficios fiscales propios de la
industria editorial, a pesar de las diferencias que tienen ambos supuestos
desde el plano económico, varias veces explicadas en esta decisión.
Así,
para que se estructurase una vulneración de la libertad de prensa y las
libertades económicas en el caso analizado, deberían acreditarse dos
situaciones alternativas: Bien que el legislador hubiera impuesto, de forma
injustificada, responsabilidad fiscales más gravosas para los diarios, las
cuales se mostrasen irrazonables y desproporcionadas.  O bien que la
normatividad hubiese reconocido un beneficio fiscal a una persona o supuesto de
hecho que está en las mismas condiciones, en tanto fenómeno económico, que la
prensa escrita o digital.  Como estos supuestos no se acreditan en el caso
analizado, según se ha demostrado en esta sentencia, no puede colegirse la
existencia de una limitación a las libertades constitucionales antes
mencionadas.  En consecuencia, la respuesta al segundo cargo es negativa.
Finalmente,
no puede perderse de vista que, en cualquier caso, la Ley acusada plantea
algunos beneficios económicos que son predicables de los periódicos. Esto
demuestra que el legislador sí advirtió la necesidad de promover la actividad
de la prensa, solo que estableció un tratamiento distinto, fundado en las
diferencias económicas expuestas en apartados anteriores.
Tercer
problema jurídico
32.
El tercer problema jurídico consiste en determinar si se desconoce el derecho de autor y se impide el acceso
de las personas a la cultura en razón que las normas acusadas excluyen a la
prensa digital y escrita de los beneficios que concede a la industria
editorial.
Sobre
este particular, debe reiterarse que ante la inexistencia de una omisión
legislativa relativa, forzosamente se concluye que los preceptos acusados no
fijan una limitación particular y concreta contra la prensa escrita y digital,
lo que desvirtúa la concurrencia de una prohibición o limitación de acceso a la
cultura. Esto debido a que los preceptos acusados no limitan, como se ha
explicado, ni la conformación de los diarios como empresas ni la posibilidad de
circulación de la información y los bienes culturales que ellos contienen.  Por
lo tanto, no se encuentra una vulneración constitucional a ese respecto.
33.
Frente a la presunta afectación del derecho de autor, la Sala evidencia que los
preceptos acusados no incorporan el desconocimiento de esa garantía
constitucional, al menos por dos tipos de razones: (i) la existencia de una
normatividad concurrente que prevé protección jurídica a las obras contenidas
en la prensa escrita y digital; (ii) la ausencia de afectación, por parte de
las normas acusadas, de las actividades de comercialización de la prensa
escrita y digital.
34.
Respecto del primer aspecto, es claro que los periódicos suelen ser importantes
vehículos para la promoción de obras literarias.  Así, como lo indican el
demandante y los intervinientes, es usual que los más importantes escritores
inicien sus actividades en el ámbito periodístico o utilicen los diarios como
espacio para el lanzamiento y divulgación de sus obras.
Las
obras literarias, tanto aquellas que utilizan los diarios como mecanismo de
divulgación como las que usan otras alternativas, están todas protegidas por el
ordenamiento jurídico colombiano e internacional a través de una normativa
comprehensiva, que fija garantías y cautelas para la eficacia de los derechos
morales, patrimoniales y conexos.
En
la sentencia C-1023/12, la Corte hizo un inventario de tales instrumentos, el
cual se reitera a continuación:
La
Sala partió de considerar que, en lo que respecta al objeto de protección del
derecho autor y conforme al artículo 1° de la Decisión 351 de la Comunidad
Andina de Naciones, instrumento que establece un régimen común para sus
miembros sobre derechos de autor y derechos conexos, su finalidad es la de
reconocer “una adecuada y efectiva protección a los autores y demás
titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario,
artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin
importar el mérito literario o artístico ni su destino”.
En
los términos de la mencionada decisión, para efectos de la protección en ella
establecida se considera “obra” “toda creación intelectual original de
naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o
reproducida en cualquier forma” (Art. 3°).
Y
reitera en el artículo 4° del capítulo III dedicado al objeto de protección,
que esta recae sobre “todas las obras literarias, artísticas y científicas
que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por
conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes:
a)
Las obras expresadas por escrito, es decir los libros, folletos y cualquier
tipo de obra expresada mediante letras, signos o marcas convencionales”.
En
similar sentido, el artículo 2° de la Ley 23 de 1982 “sobre derecho de
autor”, establece que este recae
sobre “las obras científicas, literarias y artísticas las cuales se
comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario
y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que
sea su destinación , tales como: los libros, folletos y otros escritos; las
conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza (…)”, entre
otras.[26];
La
Ley 44 de 1993 “Por la cual
se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944”, precisa así mismo que “Los términos « obras literarias y
artísticas » comprenden todas las producciones en el campo literario,
científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales
como los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones,
sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales;
las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin
letra; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras
expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía; las obras de dibujo,
pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a
las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la
fotografía; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos,
croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la
arquitectura o a las ciencias”. (Artículo 2°.1).
Igualmente,
desde la perspectiva del derecho internacional, la Convención de Berna para la
Protección de Obras Literarias y Artísticas[27], señala que “Los términos ¨obras
literarias y artísticas¨ comprenden todas las producciones en el campo
literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de
expresión, tales como los libros, folletos y otros escritos (…)”[28]
En
síntesis, la Corte puso de presente cómo, “… de acuerdo con la normatividad
nacional e internacional que regula el derecho de autor la protección recae
sobre todas aquellas creaciones del espíritu, en el campo científico, literario
o artístico, cualquiera que sea el género, forma de expresión, y sin que
importe el mérito literario o artístico, ni su destino. Dentro de esta
protección, y en los términos mencionados, se incluyen los libros, folletos y
otros escritos, sin que se excluya ninguna especie.”
35.
Como se observa, las normas precedentes confieren un carácter amplio a la
protección del derecho de autor, que comprende todas las obras y productos de
la creación, al margen del instrumento que utilicen para su difusión.  Si bien
algunos apartes de la Ley 98/93 hacen referencia a las garantías que, en
términos de propiedad intelectual, tienen los libros e impresos análogos, tales
disposiciones en nada limitan ni alteran los grados de protección jurídica
previstos en la Decisión Andina 351, las Leyes 23/82 y 44/93 y en el Convenio
de Berna.
Por
lo tanto, es evidente que las obras literarias y demás creaciones que se
plasmen en la prensa escrita y digital son beneficiarias, de pleno derecho, de
las garantías morales y patrimoniales antes explicadas, al margen de la
regulación prevista en la Ley 98/93.  Así las cosas, no existe evidencia de un
déficit de protección, en términos de derecho de autor, frente a las
mencionadas obras, lo que implica que el segundo problema jurídico planteado
deba resolverse de forma negativa.
36.
En lo que concierne al segundo tipo de argumentos, debe recordarse que la
sentencia C-1023/12 concluyó que la vulneración del derecho de autor respecto
de los creadores y editores de las historietas gráficas y fotonovelas se
concretaba en el hecho que, al no reconocérseles a sus creaciones el estatus
legal de libros, no podían acceder a los mecanismos de identificación
imprescindibles para su comercialización, particularmente los instrumentos
internacionales estandarizados ISSN e ISBN.  En consecuencia, se imponía una
barrera irrazonable para el ejercicio de los derechos patrimoniales, especie
constitucionalmente protegida por el derecho de autor.
Para
el caso de los periódicos, una limitación de esta naturaleza es inexistente.
Como se ha señalado, las obras que llegasen a ser incorporadas en la prensa
escrita y digital están protegidas por la normatividad legal e internacional
antes explicada.  De otro lado, la Sala encuentra que las normas acusadas no
imponen ninguna cortapisa o limitación a la comercialización de la prensa
escrita y digital y que, incluso, los periódicos son titulares de los
mecanismos de identificación antes señalados, específicamente el International
Standard Serial Number – ISSN, el cual puede obtenerse por parte de toda
publicación seriada.  Las publicaciones seriadas, conforme lo regula la norma
ISO 3297:2007, corresponden a los impresos producidos por cualquier medio, que
usualmente tienen una designación numérica o cronológica, la cual pretende ser
continua y carece de una finalización predeterminada. Por ende, el ISSN es
aplicable a toda clase de publicaciones seriadas, presentes, pasadas o que
llegasen a publicarse en el futuro.  Las publicaciones seriadas incluyen
periódicos, anales (reportes, diarios de año y directorios), las revistas,
series, memorias, etc.[29]
Adicionalmente,
debe insistirse en el hecho que las fórmulas de comercialización difieren entre
la prensa y la industria editorial, entre otros motivos debido a la
perdurabilidad del libro, la cual no se predica de los periódicos.  De ahí que,
como lo señalan varios intervinientes, hayan irrumpido formatos de periódicos
de distribución gratuita financiados a partir de la pauta publicitaria.  Por lo
tanto, el grado de protección del derecho de autor no afecta la
comercialización de periódicos, puesto que los diarios tienen un esquema de
amplia y libre distribución y difusión, el cual no es predicable de la
industria editorial que, en contrario, es titular de herramientas jurídicas que
obligan al pago de derechos patrimoniales por todo acto de reproducción de la
obra literaria.
Por
ende, no encuentra la Corte que la decisión legislativa de distinguir los
beneficios de la Ley 98/93 frente a los libros y los periódicos involucre una
afectación discernible del derecho de autor.
Conclusión
37.
Los argumentos anteriores demuestran que las disposiciones demandadas no
incurren en una omisión legislativa relativa, puesto que concurren varias
diferencias entre los periódicos y la industria editorial en cuanto fenómenos
económicos y comerciales, las cuales hacen razonable que el legislador disponga
de un tratamiento diferenciado frente a los beneficios fiscales.
Del
mismo modo, la Corte ha evidenciado que ese tratamiento diferente no involucra
una afectación de las libertades de información y prensa, así como de las
libertades económicas.  Ello debido a que las normas acusadas no irrogan ningún
tratamiento específico y gravoso para la prensa digital y escrita, sino que
solo se basan en la regla del deber general de tributación, que tiene raigambre
constitucional.  Con base en el mismo criterio, tampoco puede colegirse una
limitación al acceso a los bienes culturales que ofrecen los periódicos, puesto
que las normas acusadas no incorporan restricciones de esa índole.  Adicionalmente,
se ha explicado cómo estas conclusiones no son incompatibles con la
posibilidad, prima facie válida desde la perspectiva constitucional, que
el legislador prevea normas particulares de fomento a favor de la prensa
escrita y digital, en razón de su evidente valor para el mantenimiento de la
democracia pluralista.   Sin embargo, esta alternativa no implica que deban
extenderse beneficios actualmente previstos en la ley, que regulan supuestos
fácticos diferenciables, como sucede con la industria editorial.
Por
último, se han expresado argumentos que demuestran que las previsiones
demandadas en nada alteran la normatividad que protege el derecho de autor
frente a todas las obras literarias, entre ellas las que se expresan a través
de la prensa escrita y digital.  Por ende, los preceptos acusadas no
interfieren en la eficacia de dicha garantía constitucional.
A
partir de estas consideraciones, la Sala Plena concluye que los apartes
normativos acusados y en cuanto a los cargos contenidos en la demanda de la
referencia, son compatibles con la Constitución.  Por ende, declarará su
exequibilidad.
VII.   DECISIÓN
En mérito
de lo expuesto, la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del
Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Declarar
EXEQUIBLES, por los cargos analizados en esta sentencia, las siguientes
expresiones de la Ley 98 de 1993 “medio de la cual se dictan normas sobre
democratización y fomento del libro colombiano”:
1.
La expresión “libros, revistas, folletos, coleccionables seriados
o publicaciones de carácter científico o cultural”, contenida en el
artículo 2°.
2.
La expresión “revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter
científico o cultural”, prevista en el artículo 3°.
3.
La expresión “sea exclusivamente la edición de libros, revistas, folletos o
coleccionables seriados de carácter científico o cultural”, contenida en el
artículo 21.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
cúmplase y archívese el expediente.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Con aclaración de voto
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Ausente con excusa
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con salvamento de voto
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
A LA SENTENCIA C-837/13
Referencia: Expediente D-9638
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos
2º, 3º y 21 (parciales) de la Ley 98 de 1993 “por medio de la cual se dictan
normas sobre democratización y fomento del libro colombiano”.
Demandante: Eduardo Cifuentes Muñoz
Magistrado sustanciador:
Luis Ernesto Vargas Silva
Con
el debido respeto por las decisiones de la Corte, aclaro mi voto en la decisión
adoptada por la Sala Plena mediante la sentencia C-837 de 2013.
Comparto
la declaratoria de exequibilidad de los apartes normativos examinados y las
razones acogidas por la Sala Plena para concluir que con ellos el legislador no
incurre en una omisión legislativa, al no conceder a la prensa escrita y
digital los beneficios fiscales previstos en las normas demandadas, debido a
las diferencias relevantes que, desde el punto de vista económico, cabe
establecer entre los periódicos y, por otro lado, los libros y publicaciones
periódicas de carácter científico o cultural. Asimismo, coincido con los
argumentos presentados para sustentar por qué con este tratamiento fiscal
diferenciado no se vulnera la libertad económica ni las libertades de
información y prensa.
Sin
embargo, aclaro el voto en relación con el argumento que alude a la posibilidad
de la prensa escrita y digital de valerse de la pauta publicitaria como
mecanismo de financiación, como una de las razones para justificar la
diferencia de trato establecida en los apartes normativos demandados.  Estimo
que, si bien es cierto que la pauta publicitaria constituye una importante
fuente de financiación de la prensa escrita y digital en la actualidad, resulta
problemático construir, a partir de este hecho, un argumento en defensa de la constitucionalidad
de las normas impugnadas.  Ello, por cuanto este mecanismo de financiación
compromete seriamente la independencia de los medios de comunicación, que es un
valor constitucionalmente protegido en cuanto del mismo depende la garantía del
derecho de las personas a recibir información veraz e imparcial.  Ejemplos
recientes de casos en los que la influencia de la pauta publicitaria ha
afectado de manera visible la independencia de ciertos medios de comunicación,
deberían llevar a la Corte a no soslayar este aspecto y, más bien, a llamar la
atención sobre los riesgos para la democracia de una prensa altamente
dependiente de este mecanismo de financiación.
Fecha ut supra,
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
[1]
Las expresiones tachadas fueron declaradas inexequibles en la sentencia
C-1023/12.
[2]
Corte Constitucional, sentencia C-291/00, reiterada en C-1279/01.
[3]
En este apartado, la Corte adopta la síntesis efectuada en la sentencia
C-748/09.
[4] Corte
Constitucional, sentencia C-1011/08, reiterada en C-090/11.
[5] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia
C-643 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[6]
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-385 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[7]
Corte Constitucional, sentencia C-748/09.
[8]
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-183 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[9] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia
C-804 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[10] Cfr. Corte
Constitucional, Sentencia C-734 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[11] Cfr. Corte
Constitucional, Sentencia C-1261 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[12]
Corte Constitucional, sentencia C-748/09.
[13]
Sentencias C-155 de 1998 y C-871 de 2010.
[14]
Concepto emitido por la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
[15] Las reglas que se
exponen a continuación fueron sintetizadas por la Corte en la sentencia T-391/07, decisión que contiene un análisis pormenorizado del
precedente constitucional sobre libertades de expresión, información y prensa.
[16]
Ibídem. Fundamento jurídico 4.3.1.
[17]
Ibídem. Fundamento jurídico 4.4.
[18]
Ibídem. Fundamento jurídico 4.5.3.1.
[19] Sobre la
proporcionalidad de las limitaciones a la libertad de expresión, la sentencia
T-391/07 señala que “la incidencia de la limitación sobre la libertad de
expresión debe ser proporcionada, de tal forma que son inadmisibles las
limitaciones excesivas. El requisito de proporcionalidad exige una particular
atención por parte de las autoridades, tanto de aquella que adopta la
limitación como de la que revisa su constitucionalidad. Esta proporcionalidad
se determina, no solo evaluando si no existe una desproporción manifiesta entre
la limitación y la finalidad que se busca, sino estableciendo en forma positiva
que la relación entre ambos extremos –el fin buscado y el alcance de la
limitación- logra un equilibrio adecuado. Entonces, la limitación que se
pretende justificar ha de maximizar la armonización entre la finalidad buscada
y el ejercicio de la libertad de expresión, de tal forma que el grado de incidencia
sobre dicha libertad sea menor o igual al peso de la finalidad imperiosa,
concreta y específica invocada como justificación de la limitación sospechosa
de dicha libertad. Al analizar si se logra en el caso concreto dicha
armonización, son pertinentes criterios que permitan verificar si (1) se ha
establecido un equilibrio entre todos los diferentes valores en
conflicto, (2) que los promueve de manera simultánea, (3) armonizándolos
concretamente dentro de las circunstancias del caso en particular, (4) sobre la
base de una apreciación aceptable de los hechos relevantes vistos como un todo,
partiendo del contexto en el cual tuvieron lugar tanto las expresiones
como la limitación, y factores tales como el tipo específico de libertad de
expresión que se está limitando, la naturaleza y severidad de las limitaciones
adoptadas y su duración en el tiempo, así como las circunstancias particulares
de las personas involucradas en el acto expresivo y cualquier elemento de
interés público que esté presente dentro de las circunstancias generales de la
expresión limitada, (5) prestando atención a los efectos que tendrá la
limitación sobre el libre flujo de ideas, informaciones y expresiones en la
sociedad, de manera que éste no sea desestimulado, en particular en lo atinente
a asuntos de interés público, (6) asegurándose de que el impacto de la
limitación es compatible con el funcionamiento de una sociedad democrática
abierta y pluralista, y (7) verificando que la limitación no tiene un animus
persecutorio o retaliatorio ni un impacto discriminatorio.”
[20]
Corte Constitucional, sentencia C-361/02
[21]
Corte Constitucional, sentencia C-287/09
[22]
Ibídem.
[23] Ibídem.
[24] Las posiciones
arancelarias, en virtud de lo dispuesto por el Decreto 4589 de 2006 “por la
cual se adopta el Arancel de Aduanas y otras disposiciones”, están
descritas en la Nomenclatura Arancelaria Común de la Comunidad Andina – NANDINA. La posición arancelaria 49.02 está conformada por los Diarios
y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados o con publicidad. A
su vez, esta posición integra las siguientes subcategorías: (i) 4902.10.00 -
Que se publiquen cuatro veces por semana como mínimo; (ii) 4902.90 - Los demás;
(iii) 4902.90.10 - - Horóscopos, fotonovelas, tiras cómicas o historietas; y
(iv) 4902.90.90 - Los demás.
[25]
Al respecto, Vid. Resolución Interna de 2006 de los Servicios Postales
Nacionales S.A.
[26] Se incluyen también en esta relación “las
obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las
pantomimas; las composiciones musicales con letra o sin ella; las obras
cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por
procedimiento análogo a la cinematografía, inclusive los videogramas; las obras
de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras
fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo
a la fotografía; las obras de arte aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos,
croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la
arquitectura o a las ciencias y, en fin, toda producción del dominio científico,
literario o artístico que pueda reproducirse, o definirse por cualquier forma
de impresión o de reproducción, por fonografía, radiotelefonía o cualquier otro
medio conocido o por conocer”.
[27]
Aprobada por el Estado colombiano mediante la Ley 33 de 1987.
[28] Se inserta en este
listado otras obras como “ (…) las conferencias,
alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras
dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las
composiciones musicales con o sin letra; las obras cinematográficas, a las
cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la
cinematografía; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado,
litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por
procedimiento análogo a la fotografía; las obras de artes aplicadas; las
ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativos a la geografía,
a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias”.
[29]
La información es tomada del ISSN International Centre. www.issn.org.
La traducción libre de la fuente es de la Corte.