C-471-16
Sentencia C-471/16
CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL-Oportunidad
de las víctimas, al igual que la defensa, de solicitar en la audiencia
preparatoria el decreto de la conexidad procesal/PROCESO PENAL-Omisión
legislativa relativa al excluir a la víctima de la posibilidad de solicitar al
juez de conocimiento la conexidad procesal
En la aprobación del artículo
51 de la Ley 906 de 2004 se configuró una omisión legislativa relativa que
viola la Constitución. Resulta cierto, que los apartes demandados del artículo
51 de la Ley 906 de 2004 no han previsto la posibilidad de que la víctima
solicite al juez decretar la conexidad procesal (examen de certeza de la
omisión). La exclusión que se desprende del artículo 51 no puede apoyarse en
ninguna de las razones que la jurisprudencia ha establecido como limites
admisibles de la participación de la víctima en el proceso penal debido a que
(a) no se opone a una prohibición constitucional expresa, (b) no desconoce
competencias, facultades o derechos exclusivos de los otros sujetos que
intervienen en el proceso o (c) no es incompatible con la estructura
constitucional del proceso penal (examen de justificación de la omisión).
OMISION LEGISLATIVA RELATIVA FRENTE A LA SOLICITUD DE CONEXIDAD
PROCESAL POR LA VICTIMA EN EL PROCESO PENAL-Adopción
de sentencia modulada
La Corte encuentra que existe
una alternativa que armoniza plenamente los principios que se encuentran en
juego, cuando debe adoptarse una sentencia modulada a raíz de la identificación
de una omisión legislativa relativa. Considerando (i) que los dos momentos en
los que procede la solicitud de conexidad procesal ante el juez son la
formulación de la acusación y la audiencia preparatoria y (ii) que la
formulación de acusación es una competencia exclusiva del Fiscal, al paso que
en la audiencia preparatoria se ha previsto la participación de diferentes
sujetos -incluyendo a las víctimas según lo ha decidido la Corte en el pasado-,
la forma de corregir el déficit regulatorio detectado consiste, de una parte,
en declarar la constitucionalidad simple del inciso primero del artículo 51 y,
de otra, en declarar la constitucionalidad del parágrafo de dicha disposición
en el entendido que además de la defensa, las victimas podrán solicitar en la
audiencia preparatoria que se decrete la conexidad procesal.
CONEXIDAD PROCESAL EN MATERIA PENAL-Norma
no contempla la posibilidad de que las víctimas soliciten su declaración
El artículo 51 de la Ley 906 de
2004 no prevé para la víctima, en las etapas que regula –acusación o audiencia
preparatoria-, la facultad de solicitar al juez que declare la conexidad
procesal. Igualmente no establece que tal petición pueda ser elevada por el
Ministerio Público. En suma (i) en virtud del principio de unidad procesal
procede decretar la conexidad en los eventos específicamente señalados por la
ley. Dicha conexidad (ii) se funda en las relaciones existentes entre los
diferentes sujetos que concurrieron a la causación de un delito o en el tipo de
relación existente entre los diferentes delitos. La declaración de conexidad
(iii) puede ocurrir en la etapa de investigación a cargo de la Fiscalía y,
cuando ello no ha ocurrido antes de la acusación, puede el fiscal solicitarla
al juez al momento de su formulación, o el defensor en la audiencia
preparatoria. La regulación relativa a la unidad procesal (iv) persigue
propósitos constitucionales muy valiosos que explican que la conexidad deba ser
declarada o atendida cuando se cumplan las condiciones previstas en el artículo
51, procediendo su ruptura únicamente en los casos señalados en el artículo 53.
CONEXIDAD PROCESAL EN MATERIA PENAL-Exequibilidad
en el entendido que en la audiencia preparatoria además de la defensa, las
victimas podrán solicitar su declaración
CONEXIDAD PROCESAL-Características/CONEXIDAD
PROCESAL-Naturaleza y funciones
UNIDAD PROCESAL-Alcance
UNIDAD PROCESAL Y RUPTURA DE LA UNIDAD PROCESAL-Obligación de adelantar la investigación y juzgamiento de manera
conjunta cuando se trate de un solo delito en el que participaron varias
personas o de varios delitos conexos
UNIDAD PROCESAL-Reconocimiento procede
desde la fase de investigación
DECLARATORIA DE CONEXIDAD PROCESAL-Aplicación/DECLARATORIA
DE CONEXIDAD PROCESAL-Procedencia
CONEXIDAD SUSTANCIAL Y PROCESAL-Jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia
PROCESO PENAL Y DERECHOS DE LAS VICTIMAS-Configuración constitucional
PROCESO PENAL-Estructura en la
Constitución vigente
ACTO LEGISLATIVO 03 DE 2002-Rasgos
constitucionales del proceso penal
ACTO LEGISLATIVO 03 DE 2002-Interpretación
teniendo en cuenta el reconocimiento y protección del debido proceso, acceso a
la administración de justicia y derecho a la libertad
ACTO LEGISLATIVO 03 DE 2002-Competencia
del legislador en materia de proceso penal
PROCESO PENAL-Distinción entre las etapas
de investigación y acusación y la etapa de juzgamiento
PROCESO PENAL-Participantes
PROCESO PENAL-Poderes de quienes
participan
PROCESO PENAL-Roles de los sujetos que
participan
PROCESO PENAL-Derechos de las víctimas
PROTECCION DE LOS INTERESES DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL-Apoyo en disposiciones de derecho internacional que integran el
bloque de constitucionalidad/TRATADOS INTERNACIONALES QUE INTEGRAN EL BLOQUE
DE CONSTITUCIONALIDAD-Estándares o lineamientos en materia de justicia,
verdad y reparación de las víctimas
DERECHO DE LAS VICTIMAS A PARTICIPAR EN EL PROCESO PENAL-Fundamento en el derecho internacional
DERECHO DE LAS VICTIMAS A PARTICIPAR EN EL PROCESO PENAL-Posiciones iusfundamentales
DERECHO AL PROCESO DE PERSONAS RELACIONADAS CON HECHOS PUNIBLES-Jurisprudencia constitucional/CONSTITUCION EN PARTE CIVIL EN EL
CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL-Jurisprudencia constitucional
DERECHO DE LAS VICTIMAS A PARTICIPAR EN EL PROCESO PENAL-Jurisprudencia constitucional
DERECHO DE LAS VICTIMAS EN LA JUSTICIA PENAL MILITAR-Jurisprudencia constitucional/CONSTITUCION DE PARTE CIVIL EN EL
PROCESO PENAL MILITAR-Jurisprudencia constitucional
DERECHO DE LAS VICTIMAS-Acceso a la
administración de justicia
DERECHO DE LAS VICTIMAS-Vulneración al
prever que la acción de revisión únicamente procedía contra sentencias
condenatorias
ACCION DE REVISION CONTRA SENTENCIAS PENALES-Limites a la procedencia
OMISION LEGISLATIVA RELATIVA FRENTE AL DERECHO DE LAS VICTIMAS EN
MATERIA PENAL-Jurisprudencia constitucional
OMISION LEGISLATIVA-Alcance del
escrutinio a aplicar
EXCLUSION DE LA VICTIMA EN PROCESO PENAL-No constituye omisión legislativa relativa
DERECHO DE LAS VICTIMAS-Importancia de
su intervención en el proceso penal
EXCLUSION DE LA VICTIMA EN PROCESO PENAL-Jurisprudencia constitucional
VICTIMA EN EL PROCESO PENAL-Protección
constitucional/ DERECHO DE LAS VICTIMAS-Participación en el
proceso penal en iguales condiciones que los otros participantes, a menos que
exista una justificación fundada en las razones antes referidas para impedirla
La jurisprudencia permite
concluir que el régimen de protección constitucional de la víctima en el
proceso penal, se edifica a partir de tres premisas fundamentales a saber: (i)
su reconocimiento como participante esencial para la consecución de los fines
del proceso, (ii) la calificación de la víctima como sujeto titular de los
derechos a saber la verdad, a que se haga justicia y a ser reparada y (iii) la
consideración de las normas que reconocen tales derechos como principios que
ordenan la realización, en la mayor medida posible, del objeto protegido (a la
verdad, a la justicia y a la reparación). Estas premisas, que configuran el
deber constitucional de asegurar la participación de las víctimas en el proceso
penal, encuentran apoyo en diferentes fuentes. La Constitución lo reconoce en
los artículos 2 (derecho a participar en las decisiones que los afectan), 13
(trato igual ante la ley), 29 (juicio con plenas garantías), 229 (efectivo
acceso a la administración de justicia) y 250.7 (obligación de garantizar los
derechos de las víctimas). El Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos lo establece en los artículos 2 y 3 (obligación estatal de garantizar
la efectividad de los derechos reconocidos en dicho instrumento) y en el
artículo 14 (igualdad ante los tribunales y Cortes de Justicia. La Convención
Americana de Derechos Humanos lo prescribe en los artículos 1 (obligación de
los Estados de respetar y garantizar los derechos y libertades reconocidos en
ella), 8 (derecho de toda persona a ser oída, con las debidas garantías por un
juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con
anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter), 24 (derecho a la
igualdad ante la ley) y 25 (derecho a un recurso judicial efectivo). Tales
premisas implican, tal y como lo evidencia la práctica interpretativa de la
Corte, que existe una obligación constitucional de reconocer a las víctimas un
extendido haz de posiciones jurídicas en el proceso penal que hagan posible
materializar sus derechos. Tal obligación es exigible del legislador a menos
que su cumplimiento (a) se oponga a una prohibición constitucional expresa, (b)
desconozca competencias, facultades o derechos exclusivos de los otros sujetos
o (c) resulte incompatible con la estructura constitucional del proceso penal. De la jurisprudencia de la Corte se desprende, conforme a lo
señalado anteriormente, una regla interpretativa que impone la precedencia
prima facie del derecho de las víctimas a participar en el proceso penal en
iguales condiciones que los otros participantes, a menos que exista una
justificación fundada en las razones antes referidas para impedir su
participación. Esta precedencia prima facie implica, en el control abstracto
realizado por esta Corte, que la constitucionalidad de la exclusión se
declarará únicamente cuando dicha justificación se encuentre acreditada.
OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Control
constitucional
NORMA EN MATERIA PENAL PREVE QUE VICTIMA NO PUEDE SOLICITAR AL JUEZ
QUE DECRETE LA CONEXIDAD PROCESAL-Certeza de
omisión legislativa
NORMA EN MATERIA PENAL PREVE QUE VICTIMA NO PUEDE SOLICITAR AL JUEZ
QUE DECRETE LA CONEXIDAD PROCESAL-No existe
justificación constitucional suficiente para la privación/PARTICIPACION DE
LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL-Límites admisibles
NORMA EN MATERIA PENAL PREVE QUE VICTIMA NO PUEDE SOLICITAR AL JUEZ
QUE DECRETE LA CONEXIDAD PROCESAL-No existe
prohibición constitucional/NORMA EN MATERIA PENAL PREVE QUE VICTIMA NO PUEDE
SOLICITAR AL JUEZ QUE DECRETE LA CONEXIDAD PROCESAL-Reconocimiento de la
facultad preserva las competencias o atribuciones de los otros sujetos
procesales/NORMA EN MATERIA PENAL PREVE QUE VICTIMA NO PUEDE SOLICITAR AL
JUEZ QUE DECRETE LA CONEXIDAD PROCESAL-Habilitación no es incompatible con
la estructura constitucional del proceso penal
NORMA EN MATERIA PENAL PREVE QUE VICTIMA NO PUEDE SOLICITAR AL JUEZ
QUE DECRETE LA CONEXIDAD PROCESAL-Intervenciones de
las víctimas en la audiencia de acusación y la audiencia preparatoria se
encuentran permitidas y ordenadas por la Constitución
OMISION LEGISLATIVA RELATIVA POR IMPEDIR A LAS VICTIMAS PRESENTAR
SOLICITUDES PROBATORIAS EN LA AUDIENCIA PREPARATORIA-Jurisprudencia constitucional
OMISION LEGISLATIVA RELATIVA POR IMPEDIR A LAS VICTIMAS SOLICITAR
DESCUBRIMIENTO DE PRUEBAS EN LA AUDIENCIA DE FORMULACION DE ACUSACION-Jurisprudencia constitucional
OMISION LEGISLATIVA RELATIVA POR IMPEDIR A LAS VICTIMAS FORMULAR EN
LA AUDIENCIA PREPARATORIA OBSERVACIONES SOBRE DESCUBRIMIENTO DE ELEMENTOS
PROBATORIOS Y TOTALIDAD DE PRUEBAS A CONSIDERAR EN EL JUICIO ORAL-Jurisprudencia constitucional
OMISION LEGISLATIVA RELATIVA POR IMPEDIR A LAS VICTIMAS SOLICITAR EN
LA AUDIENCIA PREPARATORIA EXHIBICION DE ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y
EVIDENCIA FISICA-Jurisprudencia constitucional
OMISION LEGISLATIVA RELATIVA POR IMPEDIR A LAS VICTIMAS SOLICITAR EN
LA AUDIENCIA PREPARATORIA LA EXCLUSION, RECHAZO O INADMISIBILIDAD DE MEDIOS DE
PRUEBA-Jurisprudencia constitucional
OMISION LEGISLATIVA RELATIVA POR IMPEDIR A LAS VICTIMAS INTERVENIR
EN LA AUDIENCIA DE FORMULACION DE ACUSACION PARA PRESENTAR OBSERVACIONES AL
ESCRITO DE ACUSACION O MANIFESTARSE SOBRE CAUSALES DE INCOMPETENCIA,
RECUSACIONES, IMPEDIMENTOS O NULIDADES-Jurisprudencia
constitucional
OMISION LEGISLATIVA RELATIVA POR IMPEDIR A LAS VICTIMAS LA
INTERVENCION EN LOS PREACUERDOS Y NO PREVER POSIBILIDAD DE SER OIDA POR EL JUEZ
DE CONOCIMIENTO-Jurisprudencia constitucional
OMISION LEGISLATIVA RELATIVA POR IMPEDIR A LAS VICTIMAS SOLICITAR LA
ADICION DE SENTENCIA O DECISION EQUIVALENTE CUANDO NO HA EXISTIDO
PRONUNCIAMIENTO SOBRE BIENES CON FINES DE COMISO-Jurisprudencia
constitucional
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE EL DERECHO DE LAS VICTIMAS EN EL
PROCESO PENAL-Reconocimiento
El examen detenido de estas
decisiones permite entonces constatar que la jurisprudencia constitucional ha
reconocido en el momento de la acusación así como en la audiencia preparatoria,
un importante grupo de derechos a las víctimas. En este contexto se ha
permitido, por ejemplo, que intervengan en las diferentes audiencias o que
formulen peticiones al juez a fin de hacer efectivos los derechos básicos que
como víctimas les confiere la Carta. Se trata de intervenciones importantes que
suponen, en algunos casos, tensiones con la posición de la Fiscalía. Ello
indica que el reconocimiento de tales atribuciones en el proceso penal no solo
no se opone a la estructura básica del sistema fijado en la Carta sino que, por
el contrario, constituye un desarrollo directo del deber estatal de asegurar la
intervención efectiva de la víctima en el proceso penal.
DERECHO DE LAS VICTIMAS PARA SOLICITAR AL JUEZ QUE DECRETE LA
CONEXIDAD PROCESAL-Principio de igualdad de armas
La Corte encuentra que permitir
a las víctimas presentar esta solicitud no afecta en modo alguno la igualdad de
armas ni da lugar a un desequilibrio de las partes en la etapa del juicio oral.
No se trata en este caso de una medida que acentúe el poder de la defensa o de
la Fiscalía en relación con sus posibilidades de actuar en la etapa del juicio.
Tampoco comporta un cambio en la naturaleza de la víctima como interviniente
especial puesto que la facultad de solicitar la conexidad procesal no
representa una atribución que, por su naturaleza, sea exclusiva de las partes,
sino que, por el contrario, permite que el juez de conocimiento evalué si se
reúnen las condiciones para declararla y, de ser el caso, proceda a decretarla
a fin de alcanzar los importantes objetivos que a ella se vinculan.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS-Afectación por
trato diferente/UNIDAD PROCESAL Y DECLARATORIA DE CONEXIDAD-Alcance
El trato diferente no solo
carece de una justificación suficiente sino que tiene como resultado la
afectación de los derechos de las víctimas. La unidad procesal así como la
declaratoria de conexidad, no solo interesa a la defensa o a la Fiscalía. Las
víctimas tienen también un interés en su aplicación y, en la consecuencial
investigación o tramitación en un mismo proceso de los delitos conexos o de los
partícipes de un mismo delito. Ello contribuye efectivamente (i) a la dirección
eficiente de sus esfuerzos probatorios y (ii) a la existencia de procesos que
permitan identificar y reconstruir los contextos en los que tuvieron lugar
hechos punibles que, por su magnitud, comprometen a numerosas personas o dieron
lugar a la comisión de sucesivos delitos. Incluso en algunos casos de graves
violaciones a los derechos humanos, como ocurre por ejemplo cuando se trata de
genocidios, la declaratoria de conexidad puede tener para las víctimas una
trascendencia significativa. Igualmente asegura (iii) la existencia de
decisiones uniformes respecto de los comportamientos que han afectado a quienes
se presentan como víctimas y (iv) condiciones equivalentes de reparación no
solo en lo relativo a la cuantía y forma de hacerlo, sino también en lo que se
refiere a los responsables de asumirla. Para la Corte entonces no existe duda
que la conexidad procesal es un instrumento fundamental para la realización del
derecho a la verdad y a la reparación. La solicitud para que el juez determine si procede declarar la
conexidad procesal no es entonces indiferente para las victimas quienes, a
pesar de poderla requerir de la Fiscalía durante la etapa de investigación,
pueden no encontrar una decisión favorable. Teniendo en cuenta que los
intereses de la Fiscalía y de las víctimas no necesariamente coinciden –como en
el pasado lo ha dicho este Tribunal- el reconocimiento de esta facultad
constituye un instrumento para optimizar la realización de sus derechos. Se
trata, además, de un instrumento de protección del derecho a ser oído por el
juez de conocimiento.
SOLICITUD DE CONEXIDAD PROCESAL Y DERECHOS A LA VERDAD Y A LA REPARACION-Relación instrumental estrecha
La relación instrumental pero
estrecha entre la solicitud de conexidad procesal y los derechos a la verdad y
a la reparación, conduce a concluir que al adoptar la regulación acusada el
legislador incumplió el deber constitucional de asegurar la participación efectiva
de las víctimas en el proceso penal. Este deber –cuyo fundamento se encuentra
en disposiciones de la Constitución y en tratados de derechos humanos- implica
que, a menos que existan intereses constitucionales de particular importancia,
el legislador tiene la obligación de permitir a la víctima intervenir en los
diversos momentos procesales. En el juicio realizado por la Corte no se
identificó razón alguna que pueda demostrar que el derecho de las víctimas a
elevar una petición de conexidad procesal resulte incompatible con la Carta. De
hecho existen argumentos constitucionales y precedentes de este Tribunal que
demuestran precisamente lo contrario.
Referencia: expedientes D-11236
y D-11241
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 51
(parcial) de la Ley 906 de 2004, “Por la cual se
expide el Código de Procedimiento Penal”
Actores: Lucy Amparo Hernández
Suarez y otra (D-11236) - Francisco José Sintura Varela (D-11241)
Magistrado Ponente:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil dieciséis
(2016)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites
previstos en el Decreto Ley 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia.
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública
de inconstitucionalidad prevista en el artículo 241 de la Constitución
Política, las ciudadanas Lucy
Amparo Hernández Suarez y Amanda Lucía Bárcenas Mantilla, y el ciudadano Francisco José Sintura
Varela en ejercicio de la
acción pública de inconstitucionalidad, prevista en los artículos 40.6, 241 y
242 de la Constitución Política, demandan la declaratoria de
inconstitucionalidad del artículo 51 (parcial) de la Ley 906 de 2004, publicada
en el diario oficial No. 45.658 de fecha 1 de
septiembre de 2004.
Según constancia de la Secretaria General de la Corte
Constitucional, en sesión de fecha 17 de febrero de 2016, la Sala Plena dispuso
acumular el expediente que corresponde al proceso D-11241 a la demanda
D-11236.
Cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la
Constitución y en el Decreto Ley 2067 de 1991, procede la Corte a resolver
sobre la demanda de la referencia.
A.   NORMAS DEMANDADAS
A continuación se transcriben y subrayan las disposiciones
demandadas:
LEY 906 DE 2004
(agosto 31)
Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Penal.
ARTÍCULO 51. CONEXIDAD. Al formular la acusación el fiscal podrá
solicitar al juez de conocimiento que se decrete la conexidad cuando:
1. El delito haya sido cometido en coparticipación
criminal.
2. Se impute a una persona la comisión de más de un
delito con una acción u omisión o varias acciones u omisiones, realizadas con
unidad de tiempo y lugar.
3. Se impute a una persona la comisión de varios
delitos, cuando unos se han realizado con el fin de facilitar la ejecución o
procurar la impunidad de otros; o con ocasión o como consecuencia de otro.
4. Se impute a una o más personas la comisión de uno o
varios delitos en las que exista homogeneidad en el modo de actuar de los
autores o partícipes, relación razonable de lugar y tiempo, y, la evidencia
aportada a una de las investigaciones pueda influir en la otra.
PARÁGRAFO. La defensa en la audiencia preparatoria
podrá solicitar se decrete la conexidad invocando alguna de las causales
anteriores.
B.   LA DEMANDA
a.     Las pretensiones de la demanda
Expediente D-11236
1. Las ciudadanas Lucy
Amparo Hernández Suarez y Amanda Lucía Bárcenas Mantilla presentaron a la Corte Constitucional demanda de
inconstitucionalidad, mediante la cual solicitaron la declaratoria de
inexequibilidad del parágrafo del artículo 51 de la Ley 906 de 2004, por considerar que desconoce el preámbulo así como los artículos 13
y 29 de la Constitución, dado que (i) no atiende los
principios y fines que inspiran el sistema penal acusatorio, (ii) no garantiza
los derechos y garantías de los que son titulares las víctimas, (iii) no es una
medida razonable y proporcional, (iv) no considera los intereses de las
víctimas al adoptar una decisión relativa al ejercicio de aspectos procesales
que inciden en la persecución del injusto y (v) no se armoniza con el diseño
del actual sistema penal acusatorio.
Expediente D-11241
2. El ciudadano Francisco José Sintura
Varela presentó a la Corte Constitucional demanda de inconstitucionalidad, a
través de la cual solicitó la declaratoria de inconstitucionalidad del primer
inciso y el parágrafo del artículo 51 de la Ley 906 de 2004, al estimar que desconocen los artículos 2, 13, 29, 93, 229 y 250.7 de la
Constitución; el artículo 2 n. 1, 2 y los artículos 3 y 14 n. 1 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como los artículos 1, 8 n. 1,
10, 24 y 25 n. 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues la víctima no cuenta con una autorización expresa para solicitar la
conexidad procesal, en el evento que advierta cualquiera de las situaciones
contempladas en la norma.
b.
La fundamentación de los cargos expuestos
por los demandantes
3. Como sustento de los anteriores cargos, exponen los demandantes
las siguientes razones por las cuales, a su juicio, los textos acusados
transgreden la Constitución Política de 1991.
Expediente D-11236
4. La
Corte Constitucional ha destacado en diferentes oportunidades la importancia de
los derechos de las víctimas en el sistema acusatorio y, en esa dirección, ha
indicado las facultades que tienen en su condición de intervinientes especiales
en el proceso penal. El aparte normativo acusado desconoció el Preámbulo de la
Carta dado que no estableció “en términos de igualdad y de progresividad, la
posibilidad de que la víctima, en igualdad de armas, pueda solicitar la
conexidad en el decurso de la audiencia preparatoria al tenor de las cuatro
causales contempladas en el artículo 51 de la Ley 906 de 2004”. Resulta
entonces claro un retroceso “en la pugna por una sociedad justa y que dote
eficazmente de condiciones de igualdad a los ciudadanos, concretamente (…) al
sujeto pasivo de la conducta delictiva, cuando por consabido le asisten las
mismas garantías que al otro extremo de la relación jurídico-procesal”.
5. El carácter regresivo de la disposición acusada se evidencia al
constatar “que sin consideración alguna cercenó el ámbito sustantivo de
protección del respectivo derecho, en este caso, el de igualdad, al impedir de
manera clara que la víctima o su representante, ubicados en el mismo plano
procesal, puedan impetrar ante el Juez de Conocimiento la conexidad con arreglo
a lo dispuesto por las causales que consagra dicha norma, como
inexplicablemente sí se facultó -solamente- a la defensa (en la audiencia
preparatoria) y a la Agencia Fiscal (en la audiencia de formulación de
acusación) –pero de manera discrecional-, cuando dicha facultad a fe que debió
hacerse extensiva a la víctima”. La disposición vulnera además el derecho
de todas las personas a participar en las decisiones que los afectan así como
la garantía de acceder a los tribunales a efectos de hacer valer los derechos.
6. El
principio de progresividad es vulnerado dado que la norma que se acusa “(…) (i)
retrocede en la satisfacción inmediata de niveles mínimos de protección de
derechos fundamentales como los de igualdad y debido proceso; (ii) soslaya con
la medida el principio de no discriminación, siendo que debe estar destinada a
ampliar el rango de eficacia de los derechos de las víctimas, y no a
restringirlos; (iii) no se trata de la adopción de una medida positiva deliberada,
sino –se itera- restrictiva; y (iv), per se agrede “la prohibición de
retroceder por el camino iniciado para asegurar la plena vigencia de todos los
derechos” (…)”. Cabe advertir además que sobre dicha disposición y en
virtud de la sentencia T-469 de 2013, ha recaído un manto de
inconstitucionalidad prima facie, dado que no existe razón que justifique
su aplicación. Esta norma desconoce entonces los derechos mínimos de las
víctimas al privarlas de una posibilidad, la de solicitar la conexidad, con la
que sí cuentan la Fiscalía y la Defensa.
7. La
norma demandada desconoce el derecho a la igualdad y al debido proceso dado
que, a pesar de la situación de inferioridad de la víctima, únicamente se
autoriza a la defensa y a la fiscalía para solicitar la declaratoria de
conexidad. Incluso la Fiscalía tiene simplemente una posibilidad de hacerlo –no
una obligación-. La exclusión de la víctima desconoce que dicha solicitud “no
solo puede repercutir en sendos intereses que le beneficiarían, sino, además,
en aspectos de relevancia sustancial en el evento de la declaratoria de tal
figura jurídica”. En consecuencia, la norma cuestionada ha debido “permitirle
gozar a la víctima de las mismas garantías, derechos y facultades procesales
que sí le fueron concedidas a la Fiscalía General de la Nación y a la defensa”.
Concluye
la demanda que el parágrafo acusado no responde a los fines y principios que
inspiran el sistema penal acusatorio en materia de búsqueda de la verdad,
impide garantizar en el grado debido los derechos de las víctimas, no resulta
proporcionada y afecta el principio de igualdad de armas. Desconoce también la
posibilidad de que consideren los intereses de las víctimas al definir aspectos
procesales que inciden en la persecución penal y no guarda armonía con el
diseño del sistema penal acusatorio, dado que la víctima debe estar facultada
para oponerse a la solicitud del fiscal, correspondiendo al juez decidir.
Expediente D- 11241
8. La entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004 implicó un cambió en
la posición de la víctima en el proceso penal. A pesar de que ya no es una
parte en el proceso, sí ostenta la condición de interviniente especial. La
Corte Constitucional en diferentes oportunidades ha reconocido que la víctima
tiene derechos en el proceso, incluso cuando ellos no se encuentran enunciados
expresamente en las normas respectivas. Así se desprende de las sentencias
C-979 de 2005, C-1154 de 2005, C-047 de 2006, C-454 de 2006, C-209 de 2007 y
C-516 de 2007.
9. En este caso la disposición demandada implica la existencia de
una omisión legislativa inconstitucional. El artículo acusado prevé la
posibilidad de que la Fiscalía y la Defensa planteen al juez de conocimiento el
decreto de la conexidad procesal. En atención a la unidad y comunidad probatoria
que supone dicha figura “deben poder los legitimados solicitarla en procura
de garantizar la armonía de un proceso justo y honesto”. Dado que en sus
diferentes expresiones “la conexidad procesal contiene un instrumento que
vela por el debido proceso de ley, no se entiende entonces como un
interviniente especial como lo es la víctima, no tenga el derecho expreso de
solicitarla por cuanto el legislador en el artículo 51 no la incluyó, lo que
conduce en la práctica a que los operadores judiciales no le permitan ejercer
tal solicitud”. Al no prever la posibilidad de que la víctima haga esta
petición cuando se cumplen las condiciones previstas en el artículo 51 de la
Ley 906 de 2004, se desconoce el derecho al debido proceso, a la verdad, a la
justicia y a la reparación. Se trata entonces de una omisión que se opone a la
orientación del juicio criminal, a la jurisprudencia constitucional y a los
derechos de las víctimas previstos en las normas constitucionales e
internacionales citadas.
C.   INTERVENCIONES
1. Intervenciones de entidades públicas
a.     Ministerio de Justicia y del Derecho
Fernando Arévalo Carrascal, actuando en nombre y representación
del Ministerio de Justicia y del Derecho, solicita declarar la exequibilidad
del artículo 51 (parcial) de la Ley 906 de 2004 por ser acorde con la
Constitución:
1. Frente al contenido y alcance de la norma acusada, con
fundamento en la sentencia No. SP 12901-2014 del 24 de septiembre de 2014 con
radicación 42606, debe entenderse que la razón de ser de la figura de conexidad
procesal se deriva del principio de unidad procesal, en virtud del cual los
delitos que tengan un vínculo, sea sustancial o procesal, se investigarán y
juzgarán conjuntamente y por ende, serán objeto de una misma sentencia. De
acuerdo con la norma cuestionada, la facultad del Fiscal para solicitar al juez
de conocimiento que se decrete la conexidad procesal, se da al formular la
acusación y se encuentra prevista para la defensa durante la audiencia
preparatoria. Es decir, que esta solicitud se puede realizar en dos momentos
procesales distintos.
La formulación de acusación es una atribución de la Fiscalía, en
la que se materializa formalmente la acción penal contra un individuo al que le
cabe responsabilidad penal por la autoría y la participación en la comisión de
un hecho ilícito, con fundamento en la evidencia física y probatoria obtenida
en la investigación. Es en esa oportunidad en donde se puede solicitar la
conexidad procesal. En este contexto, no cabría la posibilidad de que la
víctima interviniera en tal sentido y tampoco se puede alegar una vulneración
de sus derechos por tal circunstancia. En igual sentido, debe entenderse la solicitud
de conexidad procesal por parte de la defensa en la audiencia preparatoria, respecto
de la cual, dada la calidad de interviniente especial que detenta la víctima,
es acorde su no inclusión para ejercer tal facultad.
2. A partir de los derechos reconocidos en sentencias como la
T-439 de 2014 no hay duda sobre el rol que cumplen las víctimas dentro del
proceso penal y de su carácter de interviniente especial. Ello implica que su
actuación debe armonizarse con la estructura propia del proceso penal
acusatorio.
3. Por lo expuesto, la norma acusada no resulta inconstitucional
por cuanto el fundamento de la demanda parte de una apreciación equivocada
sobre las facultades legales que disponen las víctimas en el sistema penal acusatorio.
En efecto, con la decisión legislativa de no establecer para las víctimas la
facultad de solicitar la conexidad procesal, no se desconocieron los derechos
reconocidos por la Corte Constitucional.
b.    Fiscalía General de la Nación
Jorge Fernando Perdomo Torres, en calidad de Fiscal General de la
Nación (E), interviene dentro del proceso de la referencia, para defender la
constitucionalidad de la norma demandada.
1. Contrario a lo afirmado en la demanda incoada por las señoras Lucy Amparo Hernández Suarez y Amanda Lucía Bárcenas Mantilla, el principio de igualdad de armas debe ser entendido como la
posibilidad que tienen las partes enfrentadas, esto es, la Fiscalía y la
defensa, de acudir ante el juez con las mismas herramientas de persuasión, los
mismos elementos de convicción, sin privilegios ni desventajas, a fin de
convencerlo de sus pretensiones procesales. Por consiguiente, tal principio
no hace referencia a las facultades que pudieran ser otorgadas a las víctimas,
sino a quien se está defendiendo de una acusación penal.
De este modo, el cargo dirigido a determinar la vulneración del
principio de igualdad de armas debía explicar la forma en que una norma afecta
la proporcionalidad de prerrogativas y deberes en la relación Fiscalía – defensa
y determinar, si el tratamiento diferencial se encuentra constitucionalmente
justificado o resulta irrazonable. No obstante, en vista de la ausencia de una
exposición del precepto constitucional presuntamente vulnerado, los alegatos de
las accionantes carecen de suficiencia, razón por la cual la Corte no debería
pronunciarse sobre este punto.
2. En cuanto al principio de progresividad invocado en la demanda,
la Corte Constitucional ha determinado que no todos los derechos de las
víctimas están sujetos a esa directriz, en tanto ésta se encuentra ligada a
aquellas garantías que tienen un carácter prestacional. De ahí que los derechos
de las víctimas que no tengan tal naturaleza, son de aplicación inmediata y por
ello el planteamiento del demandante no puede abrirse paso en esta oportunidad.
En efecto, de las disposiciones demandadas no se desprenden los dos tipos de
obligaciones derivadas del principio de progresividad. Así (i) el
otorgamiento de un derecho a solicitar de forma directa la conexidad procesal o
su ausencia, no está relacionada con la existencia de un programa encaminado a
asegurar el goce efectivo de los derechos a la verdad, justicia y reparación, y
(ii) ante la carencia de una posibilidad de solicitar directamente la conexidad
procesal en el sistema penal acusatorio, no modifica una normativa vigente para
suprimir irracionalmente un derecho o garantía reconocida. Sin embargo,
ello no implica que a las víctimas les sea vedada la posibilidad de solicitar
por intermedio de la Fiscalía General de la Nación la conexidad procesal, así
como tampoco, que esas conductas en relación de conexión no sean investigadas o
juzgadas.
3. De otro lado, en lo que atañe a la demanda formulada por el
señor Francisco José Sintura Varela, no cumple con el esfuerzo argumentativo
necesario que permita señalar de manera clara la falta que cometió el Congreso
al momento de regular una determinada materia – omisión legislativa relativa -.
Igualmente, no logró demostrar de qué manera el precepto acusado se encuentra
en tensión con las disposiciones constitucionales, ni con los tratados de
derechos humanos ratificados por Colombia. En consecuencia, la norma demandada
no contraviene los derechos de las víctimas.
4. Ahora bien, cabe precisar que la posibilidad de solicitar la
conexidad por la parte civil en la Ley 600 de 2000, no implica necesariamente
que esa facultad deba consagrarse en la Ley 906 de 2004, comoquiera que se
trata de sistemas procesales con distinta naturaleza. Además, la conexidad
procesal se pedía en la etapa de investigación, por lo que no influenciaba las
funciones del fiscal.
5. La conexidad procesal por parte de la víctima no resulta
compatible con los rasgos estructurales y las características esenciales del
esquema procesal actual, pues la participación de la víctima en el proceso
penal obedece a un marco determinado, de un lado, por la libertad de
configuración legislativa en materia procesal y de otro, por la estructura
misma del proceso acusatorio. Adicionalmente, la solicitud directa por la
víctima para que se decrete la conexidad procesal implica una injerencia en el
ejercicio de la acción penal, al repercutir directamente en la imputación
jurídica y fáctica que el fiscal del caso decidió realizar, así como las
pruebas que éste deberá practicar en el juicio oral, afectando el rol que le ha
sido asignado constitucionalmente.
En este orden de ideas, la solicitud de conexidad por parte de la
víctima, puede ser solicitada por el fiscal del caso, quien en el marco de su
autonomía podrá decidir si procede en esa dirección. Al respecto, la
jurisprudencia constitucional ha determinado que (i) la intervención de la
víctima no puede afectar la autonomía ni el ejercicio de las funciones propias
de la Fiscalía y (ii) le está vedado a la víctima presentar una teoría del caso
diferente a la del fiscal, debido al carácter adversarial del sistema y a la
necesidad de proteger el principio de igualdad de armas.
6. La conexidad procesal representa para la Fiscalía la
posibilidad de unir bajo una misma “cuerda procesal”, diferentes actuaciones
procesales bajo su conocimiento, a fin de garantizar la adecuada investigación
y juzgamiento de las conductas, mientras que para la defensa, constituye una
oportunidad para desarrollar de mejor manera la defensa técnica. En
consecuencia, permitir que la víctima solicite al juez de conocimiento la
conexidad procesal, incluso en la audiencia preparatoria, implica que la
Fiscalía no tendría la posibilidad de realizar solicitudes probatorias
adicionales para acreditar los supuestos fácticos y jurídicos de las conductas
conexadas, pues su oportunidad procesal se encontraría vencida.
2.     Intervenciones de instituciones académicas y educativas
a.     Academia Colombiana de Jurisprudencia
Álvaro Orlando Pérez Pinzón presenta intervención a nombre de la
Academia Colombiana de Jurisprudencia, en la que advierte que los cargos
desarrollados en la demanda no están llamados a prosperar, por cuanto el
parágrafo del artículo 51 de la Ley 906 de 2004 se ajusta a las bases, el
articulado y la filosofía de la Constitución.
1. El derecho penal nació y sigue siendo un instrumento creado por
el Estado para proteger a los ciudadanos de los usos indebidos y de los abusos
en los que pueda incurrir el ejecutivo, el legislativo y el propio poder
judicial. Es este derecho un conjunto de normas dispuestas para evitar la
arbitrariedad y, por tanto, no se estructuró sólo para la protección de las
víctimas, sino sustancialmente para resguardar a quien entra en su órbita, a
título de autor o partícipe en la comisión de delitos. El derecho penal, de
cierta manera, surgió para reemplazar a la víctima y evitar la venganza privada
y para responder, desde esta óptica, a la satisfacción de la justicia y al
debido proceso del autor o partícipe del delito. Siendo así “(…) resulta
insólito que el Estado supla al particular y que éste, ya subrogado, retorne y
actúe paralelamente con aquel”. Bajo la anterior perspectiva, se
estructuró el Código de Procedimiento Penal con una tendencia acusatoria. Sin
embargo, con el paso del tiempo, se fue desvirtuando la esencia del sistema de
partes con el inmenso poder que se le ha otorgado a la víctima.
2. En consideración a lo expuesto, es que el artículo 51 de la Ley
906 de 2004 concibe de forma adecuada lo referente a la solicitud de conexidad,
por cuanto esta facultad sólo se le otorga a la Fiscalía de una parte, al
formular la acusación y, de otra, a la defensa en la audiencia preparatoria. En
ese sentido, los intereses de las víctimas se hallan resguardados por quienes
sí tienen relación con el Sistema Penal Acusatorio, esto es por la Fiscalía, el
Ministerio Público e incluso, el juez.
3. La disposición cuestionada se refiere a la pretensión de
estructurar una única actuación judicial en aquellos eventos de concurrencia de
personas en la comisión del hecho, cuando exista pluralidad de conductas
punibles vinculadas o una “comunidad probatoria”. En ese orden de ideas, el
objeto de la conexidad es garantizar la protección del procesado antes que de
las víctimas. Esta figura obedece a la necesidad de (i) evitar fallos
contradictorios sobre unos mismos hechos, (ii) no desconocer la cosa juzgada y,
finalmente, (iii) garantizar un derecho sin dilaciones injustificadas.
4. La finalidad de la figura de conexidad en un proceso penal se
orienta al procesado y no a las víctimas, dado que no se encuentra ningún
interés certero de ellas en declarar la unidad procesal u oponerse a ella. Así,
cuando se compara el aparte acusado del artículo 51 del Código de Procedimiento
Penal con el concepto de víctima y sus derechos, no se percibe la afectación de
ninguna de las normas constitucionales referenciadas en la demanda.
b.    Facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda
Christian Wolffhügel Gutiérrez interviene en representación de la
Universidad Sergio Arboleda y plantea que el texto demandado debe ser declarado
condicionalmente exequible por esta Corporación, en el entendido de que la
víctima también puede en la audiencia preparatoria solicitar la conexidad invocando
alguna de las causales allí previstas.
1. Para que se configure una omisión legislativa relativa que soporte
la inconstitucionalidad de una norma, se requiere acreditar ciertos requisitos.
El primero de ellos, es la existencia de una norma sobre la cual necesariamente
se predique el cargo, que en la demanda estudiada es el parágrafo del artículo
51 del Código de Procedimiento Penal. Esta disposición, a su vez, debe excluir
de sus consecuencias jurídicas a aquellos casos que, por ser asimilables, deberían
estar contenidos en el texto normativo cuestionado, como sucedió cuando no se
contempló para la víctima la facultad de solicitar la conexidad procesal.
Además, no se advierte la existencia de una razón suficiente para
esta exclusión y ella se erige como el resultado del incumplimiento de un deber
específico impuesto por el constituyente al legislador, dado que no existe un
motivo constitucional que justifique tal disparidad de trato, máxime cuando
la Corte Constitucional en temas mucho más complejos y problemáticos –piénsese,
por ejemplo, cuando le otorgó la facultad a las víctimas de solicitar medidas
de aseguramiento, que hoy han sido avaladas por la misma ley- ha igualado las
facultades de las víctimas en el contexto del proceso penal. Lo contrario,
sería no solo ir en contravía de la misma jurisprudencia, sino que de contera,
comportaría un retroceso en materia de prerrogativas para este interviniente
especial.
c.      Instituto Colombiano de Derecho Procesal
Juan David Riveros Barragán fue designado por el Instituto
Colombiano de Derecho Procesal para rendir concepto sobre el asunto bajo examen
de la Corte. En la intervención solicita que se decrete la exequibilidad
condicionada del parágrafo entendiendo que la víctima también podrá realizar la
solicitud de conexidad, en el evento en que considere que se encuentra
configurada alguna de las causales contenidas en los numerales del artículo 51
de la Ley 906 de 2004.
1. Considerando los derechos que han sido reconocidos a las
víctimas en un proceso penal, entre otras, en sentencias como la C-014 de 2004,
C-209 de 2007 y C-828 de 2010 debe concluirse que la Corte Constitucional ha
procurado ampliar las facultades de este interviniente especial. Reconocerle a
las víctimas o a quien las represente la facultad de solicitar en la audiencia
preparatoria que se decrete la conexidad, siempre que se observe alguna de las
causales contenidas en los numerales del artículo 51 de la Ley 906 de 2004, no
representa un desequilibrio de la igualdad de armas para las partes, en el
entendido de que a ellas también se les exige la verificación de las causales
taxativas y será el juez de conocimiento, como funcionario imparcial, quien
tomará la decisión en un escenario que asegure todas las garantías procesales.
2. Es necesario contemplar la posibilidad de que el fiscal del
proceso penal no considere pertinente realizar la solicitud de conexidad, pese
a que la víctima o su representante demuestren válidamente las razones para su
procedencia. En este caso se produciría una restricción de su derecho a
participar activamente en el proceso penal. De modo contrario, permitirle
solicitar a este interviniente especial que se decrete la conexidad no altera
los rasgos fundamentales del sistema penal acusatorio, no configura una
alteración sustancial de la igualdad de armas y tampoco va en contravía en la
dimensión adversarial de proceso.
d.    Facultad de Derecho de la Universidad Libre
Jorge Kenneth Burbano Villamarín (Director del Observatorio de
Intervención Ciudadana Constitucional) y Vadith Orlando Gómez Reyes (Docente
del área de Derecho Penal), presentan intervención en nombre de la Facultad de
Derecho de la Universidad Libre de Bogotá con el fin de que se declare
exequible el precepto acusado.
1. El sistema penal acusatorio fue implementado por la Ley 906 de
2004 estableciendo que en el proceso las partes se enfrentan en igualdad de oportunidades
y armas ante un juez. Se trata entonces de un modelo adversarial con clara
diferenciación de las funciones de la defensa, el fiscal y el juez. Por su
parte, a la víctima como sujeto procesal especial se le confieren ciertas
facultades para intervenir en el conflicto, en aras de garantizar sus derechos
a la verdad, la justicia y la reparación.
2. Si bien en distintas providencias les han sido reconocidos a
las víctimas ciertos derechos específicos para actuar en el proceso penal, ello
no desvirtúa la calidad de intervinientes especiales. En consecuencia, quien
tiene la pretensión punitiva, el monopolio de la investigación y el ejercicio
de la acusación es la Fiscalía, de acuerdo con lo que dispone el artículo 250
de la Constitución Política. Permitir que la víctima solicite la conexidad
sería reemplazar al fiscal, a pesar de la naturaleza del sistema penal acusatorio,
que indica que por regla general ella actúa por intermedio del ente acusador,
quien se encarga de adoptar las medidas necesarias para la atención de este
interviniente especial.
3. La norma demandada excluye a las víctimas de la posibilidad de
solicitar la conexidad, sin una razón que justifique esta limitación. Sin
embargo, no se evidencia que esta exclusión altere sus derechos, dado que ellas
pueden ejercerlos a través del fiscal. Por tal razón, no se considera que le
asista razón a los demandantes ya que la norma se enmarca en las funciones
constitucionales de la Fiscalía.
e.      Facultad de Derecho de la Universidad Externado
Alberto Suárez Sánchez solicita a nombre de la Facultad de Derecho
de la Universidad Externado de Colombia, la declaratoria de exequibilidad
condicionada de la disposición acusada, en el entendido de que la víctima
también puede pedirle al juez de conocimiento que se decrete la conexidad.
1. Después de analizar el marco teórico sobre los derechos de las
víctimas en el proceso penal, se debe concluir que en un Estado democrático de
derecho, respetuoso de los derechos humanos, deben propiciarse espacios para
que las víctimas de los delitos intervengan de manera activa en los procesos
penales con el fin de garantizar el reconocimiento de sus derechos, en
condiciones de igualdad con los demás intervinientes. En consecuencia,
la democracia participativa en materia penal, se concreta en que todos los
sectores de la sociedad tienen el derecho de intervenir en la formación de la
voluntad estatal mediante la cual se seleccionan las relaciones que serán
penalmente relevantes, se fijan penas y procedimientos, y se señalan mecanismos
de control para contrarrestar la delincuencia.
2. Las víctimas no sólo tienen el derecho a recibir una
indemnización económica por el daño percibido, sino también el derecho a conocer,
dentro de los límites razonables, la verdad sobre lo acaecido y a que se
sancione a los responsables de la conducta punible. Existe un derecho material
a la justicia, no en un sentido vindicativo ni puramente reparador, sino como
expresión del deber estatal de proteger a las personas en su vida, honra y
bienes, en el acceso a la justicia y en el derecho a recibir una información
veraz e imparcial. Esto ha permitido que la víctima, además del procesado, sea
protagonista del proceso penal sin que se desvirtué el modelo de partes.
3. La conexidad es la existencia de varios delitos realizados por
una o varias personas, respecto de los que se puede predicar una unidad. Esta
figura procesal se ha establecido con la finalidad de que ante los mismos
hechos exista una investigación y juzgamiento conjunto, en aras de concretar
garantías constitucionales como el derecho a la defensa, la celeridad, el
acceso a la administración de justicia y la economía procesal. Así, la
conexidad no sólo se estructuró en beneficio del procesado, sino con el
propósito de defender los intereses de todos los intervinientes.
4. La imposibilidad de solicitar la conexidad procesal por la
víctima, en las mismas condiciones que se le permite a la Fiscalía y a la
defensa, constituye una omisión legislativa que restringe el acceso a la
justicia y sus posibilidades efectivas de realización de los derechos a la verdad,
la justicia y la reparación. Por tanto, no existe una razón objetiva y
suficiente que justifique esta exclusión.
f.      Facultad de Derecho de la Universidad de Caldas
Los señores Leimar Andrés Mosquera Sánchez, Jimmy Arley Gómez
Álvarez, Jaime Andrés Novoa Pacheco (estudiantes adscritos al consultorio
jurídico “Daniel Restrepo Escobar”), Juan Pablo Rodríguez (docente asesor del
consultorio jurídico “Daniel Restrepo Escobar”), Juan Pablo Osorio Marín
(asistente docente del área de derecho penal del consultorio jurídico “Daniel
Restrepo Escobar”), Óscar Fernando Betancur García (asistente docente del área
de derecho privado del consultorio jurídico “Daniel Restrepo Escobar”) y
Gustavo Mejía Chávez (Clínica socio – jurídica de interés público línea de Conflictos
Constitucionales), presentan intervención en nombre de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Caldas, con el fin de que se declare la exequibilidad
condicionada de los preceptos demandados.
1. En relación con el cargo de transgresión del preámbulo de la
Constitución, existe una vulneración, pero no bajo el enfoque dado por los
demandantes, pues en un sistema mixto con tendencia acusatoria como es el caso
colombiano, solo son partes quien acusa y quien es acusado. De conformidad con
ello, la violación alegada se advierte no por un trato desigual frente a la
víctima, sino por la imposibilidad de esta última, para acceder a una
herramienta que pueda ser utilizada dentro del proceso penal, sin que ello signifique
que deba ser considerada como parte del mismo.
2. El principio de progresividad ha sido ampliamente desarrollado
por la Corte Constitucional y su fin último es evitar que los Estados limiten
la aplicación real de los derechos fundamentales. Por consiguiente, cuando el
legislador omite a las víctimas dentro de la figura de la conexidad procesal,
existe una deficiencia en la redacción de la norma que incide y concretiza una
actividad regresiva por parte del Estado.
3. De mantener el sentido de la norma demandada, se podría estar
privando a la víctima de la posibilidad de conocer una verdad más completa y
mejor construida, situación que iría en contravía del debido proceso material,
en la medida en que se desconoce el derecho a la verdad.
4. La omisión legislativa solo tiene lugar cuando el legislador
omite una condición o un ingrediente que de acuerdo con la Constitución,
constituye una exigencia esencial para armonizar con ella. Teniendo en cuenta la
jurisprudencia, en la concepción del sistema penal acusatorio se incurrió en
una omisión legislativa relativa, al no prever la participación de las víctimas
en el uso de la solicitud de conexidad, desconociendo los derechos a la verdad,
a la justicia y a la reparación.
3.     Intervenciones ciudadanas
Intervención ciudadana de Ramiro Cubillos Velandia
Ramiro Cubillos Velandia interviene con el fin de defender la
constitucionalidad del artículo 51 (parcial) de la Ley 906 de 2004.
1. La víctima obra a través de la Fiscalía y si bien se le otorgan
ciertas concesiones como sujeto procesal, el sistema propende por conservar la
igualdad de las partes en el litigio penal. A pesar de que el procedimiento
penal colombiano es garantista, permitir que la presunta víctima dentro del
proceso pueda invocar la conexidad conlleva a romper su estructura y genera una
desproporción frente al acusado, quien se enfrenta a dos sujetos, que bajo el
entendido de la demanda, podrían solicitar la conexidad. Con esto se
desvirtúan, de manera desproporcionada, los roles del proceso penal[1].
2. El debido proceso se encuentra circunscrito a las formas propias
de cada juicio. En este caso, los derechos de las víctimas no se afectan por la
imposibilidad de invocar la conexidad de la conducta por cuanto el titular de
la acción penal es el Estado, quien la ejerce a través de la Fiscalía. Así,
permitir que las víctimas puedan solicitar la conexidad en el proceso,
invadiría la esfera de competencia reservada a la acción penal.
3. No existe, por lo expuesto, trasgresión de los preceptos
constitucionales invocados en la demanda, ni de las normas del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, mucho menos, de la Convención
Americana de Derechos Humanos. A la víctima se le otorga la posibilidad de
participar de acuerdo con su calidad en el proceso y dentro de sus límites, con
el apoyo que la Fiscalía le debe otorgar.
4.     CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El representante del Ministerio Público solicitó la declaratoria
de exequibilidad de los preceptos demandados.
1. El cargo por infracción del principio de progresividad parte de
una premisa falsa, toda vez que un sistema penal de tipo acusatorio no implica
que no se protejan los derechos de las víctimas, por el solo hecho de que éstas
no sean  consideradas como partes dentro del proceso. Es en cabeza de los
agentes estatales que intervienen en tal proceso en quienes se radica la
función de velar por la satisfacción de los derechos e intereses de las víctimas
del punible. Ello es así si se tiene en cuenta que una de las finalidades del
derecho penal contemporáneo consiste en obtener justicia restaurativa, por lo
que el Estado concentra el “ius puniendi” para evitar que se
lleven a cabo venganzas privadas.
2. Referente al papel de las víctimas dentro del proceso penal, su
calificación como intervinientes surge directamente del artículo 250 de la
Constitución Política. A pesar de que tienen derechos y oportunidades
procesales para hacerlos valer, no son equiparables a los de las partes, puesto
que son sujetos procesales distintos. Así las cosas, aunque la ley no prevea
para las partes y los intervinientes idénticas facultades procesales, ello en
sí mismo no es violatorio de la igualdad y, en ese sentido, carece de
justificación realizar en este proceso un test de igualdad en los términos
propuestos por los demandantes.
3. En lo que atañe a la vulneración del debido proceso, dicho
cargo tampoco tiene vocación de prosperidad, puesto que contrario a lo afirmado
en las demandas, la figura de la conexidad procesal -aunque vista de manera
sistemática dentro del Código de Procedimiento Penal concierne al proceso
general y a todos los involucrados- sus finalidades, propósitos y
consecuencias, interesan especialmente a la defensa y específicamente, impacta
la política criminal del Estado.
En efecto, la citada institución fue creada para garantizar los
derechos de los acusados, impedir el doble juzgamiento, promover la realización
de un proceso sin dilaciones e incluso puede ser erigida como parte de la estrategia
de la defensa. De ahí que es viable concluir que no es un asunto que les
concierna general y principalmente a las víctimas, al no tener relación directa
con sus intereses jurídicos y específicamente, con sus derechos a la verdad, a
la justicia y a la reparación. De acuerdo con ello, su regulación hace parte de
la órbita de competencias del legislador y en virtud de ello, la Corte
Constitucional debe declarar la exequibilidad de los preceptos acusados.
II. CONSIDERACIONES
A.
COMPETENCIA
1. La Corte es competente para pronunciarse sobre la
constitucionalidad de las disposiciones acusadas, en virtud de lo establecido
en numeral 4 del artículo 241 de la Constitución.
B.   APTITUD DE LOS CARGOS
2. Un examen detenido de los argumentos planteados en las demandas
que dieron origen al presente proceso, permite a la Corte concluir que
únicamente el cargo fundado en la posible omisión legislativa relativa cumple
las condiciones para propiciar un pronunciamiento de fondo. Una de las demandas
se refiere de manera específica a esta modalidad de infracción indicando, para
sustentar dicho aserto, que la imposibilidad de la víctima para solicitar la
conexidad procesal desconoce los artículos 2, 13, 29, 93, 229 y 250.7; el
artículo 2 n. 1, 2 y los artículos 3 y 14 n. 1 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; y los artículos 1, 8 n. 1, 10, 24 y 25 n. 1 de la
Convención Americana de Derechos Humanos. La otra, sin hacer referencia
específica a la existencia de una omisión legislativa advierte que la
regulación acusada, de una parte, comporta una violación de los derechos de los
que son titulares las victimas según lo que dispone el preámbulo y los
artículos 13 y 29 de la Constitución y, de otra, se opone al diseño del proceso
penal definido en la Carta.
Conforme a lo anterior, la Corte encuentra que ambos
cuestionamientos, pese a sus diferencias, tienen como propósito advertir que
las expresiones acusadas vulneran la Carta al no contemplar la posibilidad de
que las víctimas -en los momentos procesales en que ello está previsto para la
Fiscalía y para la defensa- soliciten al juez declarar la conexidad procesal.
En este caso, según puede desprenderse de las acusaciones, el legislador habría
incumplido su deber de garantizar la participación efectiva de las víctimas en
el proceso penal. En consecuencia procedería adoptar una decisión aditiva a
efectos de reconocer la atribución que se echa de menos.
3. No encuentra este Tribunal acreditadas las condiciones para
emitir un pronunciamiento por la infracción del principio de progresividad. En
efecto, cuando se plantea esta impugnación el demandante tiene la
responsabilidad de aportar las razones que, de manera específica, muestren que
la nueva regulación comporta un retroceso injustificado en el grado de
protección del derecho de que se trata. No basta con indicar que se produjo un
cambio de regulación y que la nueva no contempla facultades que la anterior sí.
Es necesario proponer argumentos que evidencien que las modificaciones
introducidas y que a su juicio afectan la faceta prestacional de un derecho,
resultan injustificadas. Los planteamientos de las demandantes se limitan a
hacer una referencia general e incompleta del cambio regulatorio y, a partir de
ello, expresan que no prever la facultad de las víctimas de solicitar la
conexidad procesal desconoce varios derechos y los priva de protección en sus
contenidos mínimos. No satisface esta acusación las condiciones mínimas para
pronunciar una decisión de mérito.
4. En atención a las razones expuestas, la Corte limitará su
pronunciamiento al examen del cargo por la posible configuración de una omisión
legislativa relativa.
C.   PROBLEMA JURÍDICO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN
5. Le corresponde a este Tribunal definir si la actuación del legislador,
al adoptar el artículo 51 de la ley 906 de 2004 y no prever que la víctima
pueda solicitar al juez la declaratoria de conexidad procesal -lo que sí
resulta posible para la Fiscalía al formular la acusación y para la defensa en
la audiencia preparatoria- configuró una omisión legislativa relativa que
implique el desconocimiento del deber constitucional de asegurar la
participación de las víctimas en el proceso penal según lo exigido por los
artículos (a) 2, 13, 29, 229 y 250.7 de la Constitución, (b) 2, 3 y 14 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y (c) 1, 8, 24 y 25 de la
Convención Americana de Derechos Humanos.
6. Con el propósito de resolver el problema planteado, la Corte (i)
analizará las características centrales del instituto de la conexidad procesal,
identificando su naturaleza y las funciones que cumple. Posteriormente (ii) se
referirá a los rasgos básicos del sistema de investigación, acusación y
juzgamiento previsto en la Constitución y a los derechos de las víctimas. En
esa dirección, caracterizará el alcance de la jurisprudencia constitucional en
relación con tales derechos y, en particular, precisará las condiciones bajo
las cuales una limitación a la participación de las víctimas en el proceso
penal, puede dar lugar a la declaración de una omisión legislativa relativa.
Finalmente (iv) juzgará la constitucionalidad de la disposición acusada,
siguiendo para el efecto el método definido en los precedentes constitucionales
identificados.
D.   LA CONEXIDAD PROCESAL Y EL ALCANCE DE LA DISPOSICIÓN ACUSADA
7. Las
expresiones acusadas hacen parte del artículo 51 titulado “conexidad”.
Dicha disposición se encuentra incluida en el Capítulo
V -Competencia por razón de la conexidad y el factor subjetivo- que, a
su vez, se integra al Título I –Jurisdicción y competencia- del libro
primero –Disposiciones Generales- de la Ley 906 de 2004 “Por la cual
se expide el Código de Procedimiento Penal”.
8. El referido capítulo V se encuentra compuesto por
cuatro disposiciones. El artículo 50 fija el alcance general de la unidad
procesal y prescribe que solo podrá adelantarse una actuación criminal por cada
delito con independencia del número de autores y partícipes, y que los delitos
conexos serán objeto de investigación y juzgamiento conjunto. También establece
que la ruptura de la unidad procesal, a menos que se afecten las garantías constitucionales,
no dará lugar a la nulidad. El artículo 51 dispone reglas relativas a los
sujetos y a la oportunidad para solicitar la conexidad procesal y delimita los
supuestos en que dicha conexidad se configura. El artículo 52 fija reglas para establecer
la competencia de los jueces en el caso de los delitos conexos y, finalmente,
el artículo 53 prevé las hipótesis en las que procede la ruptura de la unidad procesal.
De la lectura de tales disposiciones se desprenden los rasgos centrales de las
figuras allí disciplinadas.
8.1. La unidad procesal es una institución por virtud
de la cual cada delito o cada grupo de delitos conexos, deben investigarse y
juzgarse en una única actuación procesal. Dicha figura, que evita multiplicidad
de actuaciones penales por el mismo comportamiento o por varios delitos en
relación de conexidad, contribuye a la realización (i) del derecho de defensa
de las personas investigadas, acusadas o juzgadas en tanto asegura la
concentración de sus esfuerzos en un único procedimiento, (ii) de los derechos
de las víctimas al hacer posible que en único trámite puedan formular sus
pretensiones de verdad, reparación y justicia, (iii) de  la eficacia y
celeridad del proceso penal, al optimizar los esfuerzos y recursos invertidos
por las partes, intervinientes y autoridades judiciales en materia probatoria y
(iv) de la seguridad jurídica y coherencia puesto que evita la adopción de
decisiones contradictorias frente a los mismos hechos.
8.2. En atención a los importantes propósitos que
persigue la unidad procesal, debe declararse o aplicarse cuando se encuentren satisfechos
los supuestos previstos en la ley, a menos que se configuren las condiciones de
ruptura procesal. En efecto, de la interpretación conjunta de los artículos 50
y 53 de la Ley 906 de 2004 se desprende un mandato que impone, por regla
general, la obligación de adelantar la investigación y juzgamiento de manera
conjunta cuando se trate de un solo delito en el que participaron varias
personas o de varios delitos conexos.
8.3. El reconocimiento de la unidad
procesal procede desde la fase de investigación. El hecho de que el artículo 51
se refiera a dos momentos procesales, el de la acusación y el de la audiencia
preparatoria, en los cuales fiscalía y defensor pueden solicitarlo al juez, no
implica que en las etapas previas la fiscalía pueda abstenerse de actuar en esa
dirección. Ello es así, dado que el artículo 50 dispone, en su primer inciso,
que por cada delito se adelantará una sola actuación procesal y, en el
segundo, que los delitos conexos se investigarán y juzgaran conjuntamente.
Esta conclusión se apoya, adicionalmente, en la obligación a cargo del Fiscal
de definir el programa metodológico (art. 207 de la Ley 906 de 2004) y en el que
debe incluirse, entre otras cosas, la determinación de los objetivos en relación con la naturaleza de la
hipótesis delictiva.
Así las cosas, durante la investigación el
Fiscal se encuentra vinculado por las reglas que en materia de unidad procesal
establecen los artículos 50, 51 y 53 de la Ley 906 de 2004. Sin embargo, si
durante dicha etapa no se procede conforme a tal exigencia será posible que la
Fiscalía, al formular la acusación presente al juez tal petición, o que la
defensa lo haga en la audiencia preparatoria.
8.4. La declaratoria de conexidad -desarrollo directo
de la exigencia de unidad procesal- es aplicable en los supuestos enunciados en
la ley y delimitados por la jurisprudencia. Se trata de diferentes eventos en
los cuales el legislador ha entendido que es tal la relación o vínculo de los
diferentes sujetos o conductas que son objeto de investigación, que se
justifica adelantar un único proceso. Procede dicha declaratoria (i) si se
imputa un delito en cuya comisión varias personas participaron, (ii) si a una
persona se imputan varios delitos originados en acciones u omisiones temporal y
espacialmente unitarias, (iii) si a una persona se imputan varios delitos y
algunos se ejecutaron con el objeto de facilitar u ocultar otros, o fueron
realizados con ocasión o como consecuencia de otro delito y, finalmente, (iv) si
se imputan a una o varias personas la comisión de uno o varios delitos que
revelen homogeneidad en la actuación, se relacionen razonablemente desde el
punto de vista espacio-temporal y, adicionalmente, la evidencia que se presente
en una de las investigaciones pueda incidir en otra.
8.5. Sobre el particular, la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia ha señalado, de una parte “que básicamente
existen dos tipos de conexidad: sustancial y procesal y que, esta última
“comprende la primera, pero además procede, en tanto tiene un mayor espectro de
aplicación, frente a otras situaciones”[2]. En ese
sentido ha explicado también que “la conexidad
procesal es predicable de aquéllas conductas punibles respecto de las cuales se
observa «una relación práctica que aconseja y hace conveniente adelantar
conjuntamente las investigaciones, dada la unidad de autor(es), la homogeneidad
del modus operandi o la comunidad de prueba, entre otros factores, todo lo cual
redunda en favor de la economía procesal» (…)”[3].
A su vez, caracterizando las especies de conexidad sustancial ha
explicado apoyándose en su jurisprudencia anterior:
“Los delitos conexos son aquellos que se encuentran
estrechamente entrelazados, como ocurre cuando un punible se comete como medio
para alcanzar un fin delictivo (conexidad teleológica), por ejemplo, cometer un
homicidio para realizar un hurto. También, cuando una conducta punible se
comete para asegurar el producto de otra, v.g. Cuando se lavan los activos
procedentes de un delito de extorsión (conexidad paratática) (…) en aquellos
casos en los que el segundo delito se comete para ocultar uno anterior, por ejemplo,
cuando se causa la muerte al testigo de un acceso carnal violento (conexidad
hipotática)."(CSJ. SP 5 dic. 2007. Rad. 25931)»”[4].
8.6. El artículo 51 de la Ley 906 de 2004 no
prevé para la víctima, en las etapas que regula –acusación o audiencia
preparatoria-, la facultad de solicitar al juez que declare la conexidad
procesal. Igualmente no establece que tal petición pueda ser elevada por el
Ministerio Público.
9. En suma (i) en virtud del principio de unidad
procesal procede decretar la conexidad en los eventos específicamente señalados
por la ley. Dicha conexidad (ii) se funda en las relaciones existentes entre
los diferentes sujetos que concurrieron a la causación de un delito o en el
tipo de relación existente entre los diferentes delitos. La declaración de
conexidad (iii) puede ocurrir en la etapa de investigación a cargo de la Fiscalía
y, cuando ello no ha ocurrido antes de la acusación, puede el fiscal solicitarla
al juez al momento de su formulación, o el defensor en la audiencia
preparatoria. La regulación relativa a la unidad procesal (iv) persigue
propósitos constitucionales muy valiosos que explican que la conexidad deba ser
declarada o atendida cuando se cumplan las condiciones previstas en el artículo
51, procediendo su ruptura únicamente en los casos señalados en el artículo 53.
E.   LA CONFIGURACION CONSISTITUCIONAL DEL PROCESO PENAL Y LOS DERECHOS
DE LAS VICTIMAS
La estructura del proceso penal en la Constitución vigente
10. En varias oportunidades esta Corporación ha identificado los
principales rasgos constitucionales del proceso penal regulado en la Carta por
virtud de la aprobación del Acto Legislativo 03 de 2002. A continuación y con
apoyo en algunos de sus pronunciamientos, este Tribunal hará referencia a tales
características.
10.1. La reforma constitucional del año 2002, no obstante que
implicó cambios significativos respecto del régimen establecido en el texto
constitucional de 1991, no puede entenderse como una ruptura radical respecto
de la regulación preexistente. Ello implica, dicho de otra forma, que el
contenido del Acto Legislativo 03 de 2002 debe ser interpretado teniendo en
cuenta las disposiciones constitucionales que reconocen y protegen el debido
proceso, el acceso a la administración de justicia y el derecho a la libertad. En
ese sentido, este Tribunal ha advertido que “en
virtud del principio de unidad de la Constitución Política (…), las modificaciones introducidas por el Acto
Legislativo deben interpretarse y aplicarse en forma tal que guarden armonía
con los principios generales y los derechos fundamentales consagrados en el
texto constitucional”[5].
10.2. La interpretación del régimen aprobado mediante el Acto Legislativo
3 de 2002 exige tener en cuenta que el legislador es titular de una competencia
para configurar las diferentes dimensiones del proceso penal. En atención a
ello y pese a que en el citado acto legislativo fueron definidos varios de los
elementos nucleares del proceso en asuntos relativos (a) a los participantes, (b)
a las etapas que lo integran, (c) a las funciones de la fiscalía, (d) a las
competencias de los jueces y (e) a la forma en que se protegen los derechos, en
lo demás es el Congreso al que le corresponde establecer la regulación
respectiva. En consecuencia, la tarea de delimitar las materias no definidas
específicamente por el Constituyente, está comprendida por el margen de
configuración que en dicha materia tiene el Congreso y, en esa medida, es
posible que la regulación siga diferentes enfoques.
10.3. El proceso penal se caracteriza por una distinción precisa
entre las etapas de investigación y acusación, de una parte, y la etapa de
juzgamiento de otra. Conforme lo ha señalado la jurisprudencia el cambio
constituyente significó asignar al juicio “el centro de gravedad del proceso
penal”[6]
y, en esa medida, la Corte ha indicado que la etapa investigativa que
desarrolla la Fiscalía “constituye más una preparación para el juicio”[7].
El juicio, además de estar regido por los principios de oralidad y publicidad,
constituye el momento durante el cual, de una parte, son practicadas y
valoradas las pruebas y, de otra, son adoptadas las decisiones que correspondan
en orden a definir las responsabilidades del procesado.
10.4. El texto constitucional vigente prevé diferentes participantes
en el proceso penal: la Fiscalía, el imputado y su defensor, el juez de control
de garantías, el Ministerio Público, el juez de conocimiento, las víctimas y
demás intervinientes. Cada uno de ellos tiene competencias o derechos
diferenciados cuyo alcance, en aquello que no fue directamente fijado por el
constituyente, ha sido definido por el legislador en la Ley 906 de 2004 y en
las normas que la han modificado.
Este Tribunal ha identificado la existencia de diferentes “poderes”
de quienes participan en el proceso penal. Según la interpretación de la Corte,
del Acto Legislativo 02 de 2003 se desprende (i) el poder de señalamiento de la posible comisión de una
infracción ejercido a través de la Fiscalía, (ii) el poder de investigación que le corresponde a la Fiscalía y
que solo puede activarse cuando existan motivos
y circunstancias de hecho suficientemente sólidas como para apuntar hacia la
posible comisión de un delito, (iii) el poder de prueba radicado,
fundamentalmente, en la Fiscalía, en el acusado y en el juez, (iv) el poder de
acusación cuyo ejercicio depende de la Fiscalía, (v) el poder de preclusión de
la investigación a cargo del juez de conocimiento, (vi) el poder de coerción -que
se materializa a través de restricciones a diferentes derechos
constitucionales- corresponde al juez de control de garantías quien lo ejerce
de manera previa o posterior según la naturaleza de la restricción, (vii) el
poder de disposición del proceso, en aplicación del principio
de oportunidad, que se atribuye a la Fiscalía, pero sometido en todo
caso al control del juez y (viii) el poder de decisión que se encuentra a cargo
del juez de conocimiento[8].
10.5. Los cambios que introdujo el Constituyente respecto de los
roles de cada uno de los sujetos que participan en el proceso penal y, en
particular de la Fiscalía y del acusado, no comportan que el juez sea un actor
pasivo limitado a actuar como árbitro de una disputa entre partes. En esa
dirección ha sostenido “que el nuevo diseño no corresponde a un típico proceso adversarial entre
dos partes procesales que se reputa se encuentran en igualdad de condiciones;
por un lado, un ente acusador, quien pretende demostrar en juicio la solidez
probatoria de unos cargos criminales, y por el otro, un acusado, quien busca
demostrar su inocencia”. Sobre el particular sostuvo que “la misión que corresponde
desempeñar al juez, bien sea de control de garantías o de conocimiento, va
más allá de la de ser un mero árbitro regulador de las formas procesales, sino
en buscar la aplicación de una justicia material, y sobre todo, en ser un
guardián del respeto de los derechos fundamentales del indiciado o sindicado,
así como de aquellos de la víctima, en especial, de los derechos de ésta a
conocer la  verdad sobre lo ocurrido, a acceder a la justicia y a obtener
una reparación integral, de conformidad con la Constitución y con los
tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad”[9] (Negrillas
no hacen parte del texto).
10.6. En relación con el destacado papel del juez, el acto legislativo
dispuso que las medidas adoptadas por la Fiscalía y que afectan derechos
fundamentales, requieren o bien la autorización previa del juez de control de
garantías o bien su convalidación posterior. Se atribuye entonces a un tercero
imparcial, a cuyo cargo no se encuentran actividades de investigación ni
acusación, el examen de dichas decisiones.
Los derechos de las víctimas en el proceso penal y el control
constitucional por omisión legislativa relativa
11. Un examen conjunto de la regulación constitucional y legislativa
así como de los diferentes pronunciamientos de este Tribunal, permite constatar
la significativa importancia que tiene la garantía de los derechos de las
víctimas en el proceso penal. Ello se evidencia (i) en la fundamentación,
enunciación y caracterización de los diferentes derechos, (ii) en el reconocimiento
de que las normas que consagran tales derechos exigen su realización en el
mayor grado posible y (iii) en la asignación de deberes concretos a las
diferentes autoridades a fin de garantizarlos. A continuación la Corte precisa
entonces el alcance de esta protección.
12. La Carta Política contiene varias referencias específicas a las
víctimas. Establece que a la Fiscalía le corresponde solicitar al juez de
control de garantías la adopción de medidas para su protección (art. 250.1),
pedir al juez de conocimiento el decreto de medidas para asistirlas así como
para restablecer los derechos y reparar integralmente a quienes han sido
afectados por el delito (art. 250.6) y velar directamente por su amparo (art.
250.7). A su vez, la Constitución le impone al legislador la obligación de
fijar los términos en que las víctimas podrán intervenir en el proceso penal (art.
250 par. 2). También prescribe que los instrumentos de justicia transicional
garantizarán, en el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la verdad,
la justicia y la reparación. Igualmente dichos instrumentos deben prever
mecanismos de carácter extra-judicial para el esclarecimiento de la verdad y la
reparación. Finalmente dispone que la creación de tratamientos penales
especiales debe sujetarse a condiciones particulares entre las que se
encuentran, por ejemplo, la reparación integral de las víctimas (art. 66
transitorio, adicionado por el Acto Legislativo 1 de 2012).
En adición a estos fundamentos, la jurisprudencia constitucional ha
señalado que la protección de los intereses de las víctimas en el marco del
proceso penal, encuentra apoyo en disposiciones de derecho internacional,
algunas de las cuales se integran al bloque de constitucionalidad. Sobre el
particular la sentencia C-180 de 2014 explicó:
“A las previsiones de la
Constitución Política, como lo ha señalado reiterada jurisprudencia, se suman
diversos tratados internacionales que conforme al artículo 93 ídem integran el
bloque de constitucionalidad y a partir de los cuales se han definido los
estándares o lineamientos en materia de justicia, verdad y reparación de las
víctimas, así:
Derecho a la verdad. El derecho
internacional ha reconocido dos dimensiones del derecho a la verdad: una
individual (derecho a saber) y una colectiva (derecho inalienable a la verdad y
deber de recordar).  Los Estados deben garantizar el derecho a saber para
lo cual pueden tomar medidas judiciales y no judiciales como la creación de
comisiones de la verdad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
señalado que el derecho a la verdad se subsume en la obligación de los Estados
de esclarecer  los hechos y juzgar a los responsables, conforme a los
artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Del mismo
derecho se ocupan los Principios 1 a 5 de los Principios para la lucha
contra la impunidad. (…)
Derecho a la Justicia. Su garantía
impone al Estado la obligación de investigar, juzgar y condenar a penas
adecuadas a los responsables de las conductas delictivas y evitar la impunidad. (…) Encuentra fundamento en el artículo 2 del Pacto
internacional de Derechos Civiles y Políticos, los artículos 4, 5 y 6 de la
Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos y
Degradantes, los artículos 1, 3, 7-10 de la Convención
Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, los artículos 1,
3, 7-10 de la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas, los artículos 18 y 24 de la
Declaración Americana de Derechos Humanos (…),  los artículos 1.1, 2, 8 y
25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos (…) y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (…) relativos
al derecho de acceso a los tribunales para hacer valer los derechos mediante los
recursos ágiles y efectivos.
Esta obligación implica: i) el
establecimiento de mecanismos jurídicos idóneos para llegar al descubrimiento
de los hechos y la condena de los responsables (…); ii) El deber de investigar
todos los asuntos relacionados con graves violaciones de los derechos humanos
(…); iii) el derecho de las víctimas a un recurso judicial
adecuado y efectivo; y iv) el deber de respetar las garantías del debido
proceso.
Derecho a la reparación. Este
derecho se apoya en el principio general del derecho según el cual el
responsable de un daño o agravio debe repararlo o compensarlo. Sobre el derecho
de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a obtener una adecuada
reparación versan los artículos 14 de la Convención contra la Tortura y otros
tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, 9 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la
Tortura, el artículo 75 del Estatuto de Roma (…)  y el artículo 63.1 de la Convención Americana de
Derechos Humanos (…), relacionado con el deber de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de disponer “el pago de una justa
indemnización a la parte lesionada”, cuando se ha establecido la violación
de un derecho o libertad protegido por la Convención”.
Encuentra entonces la Corte que el derecho
de las víctimas a participar efectivamente en el proceso penal encuentra
fundamento en el derecho internacional. De manera particular, se encuentra
amparado por el Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos al
establecer la obligación de los Estados de adoptar medidas para garantizar la
efectividad de los derechos reconocidos en esa Convención (arts. 2 y 3) y, de
manera particular, la igualdad ante los tribunales y Cortes de Justicia (art.
14). Igualmente, la Convención Americana de Derechos Humanos ha previsto la
obligación de los Estados de respetar y garantizar los derechos y libertades
reconocidos en ella (art. 1), el derecho de toda persona a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos
y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter
(art. 8.1), el derecho a la igualdad ante la ley (art. 24) y el derecho a un
recurso judicial efectivo (art. 25). Conforme a ello, destaca la Corte, el
fundamento de la protección de las víctimas no se agota en el ordenamiento
interno sino que, adicionalmente, se fundamenta en normas internacionales que
se integran al bloque de constitucionalidad.
13. Los derechos de las víctimas han sido calificados como verdaderas
posiciones iusfundamentales que vinculan no solo a los partícipes del
proceso penal, sino que imponen responsabilidades específicas al legislador,
cuando emprende la tarea de regular la intervención de las víctimas en el
proceso penal. Una revisión de la jurisprudencia de este Tribunal así lo
demuestra.
13.1 Desde sus primeras decisiones, tal y como ocurrió en la
sentencia C-412 de 1993, la Corte reconoció que las personas
relacionadas con hechos punibles “tienen un verdadero derecho al
proceso cuya naturaleza y configuración en el Estado democrático debe ser
eminentemente participativa”[10]. Este primer pronunciamiento, fue seguido de otros que, en sede de
control concreto, tuvieron que definir el alcance de la intervención de las
víctimas en el proceso penal. Así por ejemplo, la sentencia T-275 de 1994
reconoció el derecho que tenía la madre de un soldado fallecido a que se
esclarecieran las causas de su muerte, al considerar (i) que el acceso a la
justicia de las víctimas de un presunto hecho
delictivo, se materializa en la posibilidad de participar en el proceso penal correspondiente
y (ii) que dicha garantía encontraba apoyo no sólo en el derecho fundamental de
acceder a la administración de justicia (art. 229) sino también en el artículo
14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adicionalmente,
al referirse a la regulación relativa a la constitución en parte civil contenida
en el Código de Procedimiento Penal vigente en aquel entonces (iii) encontró que en ella se hacía referencia al restablecimiento
del derecho “y dentro de este concepto está el lograr lo justo; para ello se
requiere respetar el derecho a la búsqueda de la verdad por parte de las
víctimas o los perjudicados”. Advirtió entonces la Corte, anunciando la que
sería la orientación futura de la jurisprudencia constitucional:
“La participación de las víctimas o perjudicados en el
proceso penal no se justifica solamente por la perspectiva de lograr un bien
patrimonial como reparación, sino, además, y especialmente, por el derecho que
tienen las personas de acercarse a la verdad. Contribuir en la definición de la
verdad y en el rechazo a la falsedad, es tan importante como lograr lo válido,
lo útil, lo interesante. El orden social justo conlleva el asegurar "la
justicia, la igualdad, el conocimiento" (Preámbulo de la Carta). Una madre
tiene justificación cuando exige que se le aclare la causa del fallecimiento de
su hijo, especialmente si no aparecen razones o motivos para un suicidio.
En resumen, la validez y la
búsqueda de la verdad son objetos de la justicia, constituyen elementos consustanciales
al derecho de acceso a la justicia, porque para plantear un argumento
válido (en este caso concreto, dilucidar si al soldado lo mataron o se suicidó)
hay que partir de premisas verdaderas y llegar a una conclusión verdadera. (…) La
inquietud que plantean los enigmas jurídicos es inherente a la existencia
humana y es oficio del juzgador tratar de averiguarlos para absolver o
condenar, para reparar o no reparar. El Juez o Fiscal será más eficiente si
cuenta con una colaboración seria de los familiares del occiso”[11].
13.2 En esa misma dirección, la sentencia T-443 de 1994 amparó
el derecho de una persona que afirmaba desconocer absolutamente la suerte de su
hijo -presuntamente fallecido durante el parto- a saber lo que había ocurrido.
Al referirse al derecho invocado por la accionante “a que se hiciera
justicia”, indicó la Corte:
“Por último, la actora invoca
el derecho a que se haga justicia y se condene a los responsables de lo que
para ella es una barbarie. La confusión sobre la muerte de su hija y la
sospecha de que pudo ser entregada a terceras personas, la conduce a pedir que
se halle a los responsables. Eleva este clamor luego de que, según afirma,
acudió a la justicia penal sin que las diligencias preliminares adelantadas por
un juzgado arrojaran una respuesta satisfactoria sobre la posible desaparición
del producto de su embarazo.
La efectiva interposición de
una denuncia penal por parte de la solicitante de tutela no pudo ser
desvirtuada por el juez de instancia ni por esta Corte, pese a que en la
información solicitada a la Dirección Seccional de Fiscalías de Bolívar se
precisaron el Juzgado donde presuntamente cursó la investigación penal y el
número de radicación de las diligencias preliminares, datos aportados por la
peticionaria. Las razones expuestas por la administración de justicia - que los
archivos de los antiguos Juzgados de Instrucción están arrumados en un
contenedor sin orden alguno -, aumentan la sensación de desamparo que justificadamente
invade a la peticionaria y reflejan deficiencias protuberantes del servicio
público. La improvisación o negligencia de los funcionarios públicos escamoteó
las imploraciones de justicia de la petente y se convirtió en un factor
adicional de la vulneración de sus derechos fundamentales, particularmente, del
derecho de acceso a la administración de justicia (CP art. 229)”[12].
13.3 La posición asumida en esos primeros pronunciamientos,
orientada a reconocer ampliamente los derechos de las víctimas en el proceso
penal, pareció reconsiderarse en la sentencia C-293 de 1995, oportunidad
en la que declaró exequible el artículo 45 del Código de Procedimiento Penal
(Decreto 2700 de 1991), según el cual la constitución de parte civil procedía a partir de la resolución de
apertura de instrucción. Señaló dicha providencia que tal regla no desconocía los
derechos de las víctimas en tanto (i) la investigación previa no hacía parte del
proceso penal, (ii) hasta esa etapa del proceso el protagonista no
existía, (iii) permitir la intervención de las víctimas en la investigación
previa era posible, pero su exclusión no conducía a la inexequibilidad, (iv) el
titular indiscutible de la acción penal era el Estado y (v) en el curso de ese
trámite el denunciante podía aportar
pruebas, pedir revocación de la resolución inhibitoria, apelar ante el superior
y conocer las diligencias practicadas. A su vez y ocupándose del problema
desde la perspectiva de la igualdad, la decisión indicó (vi) que “[s]i a lo anterior se agrega que los intereses que la
víctima o sus herederos persiguen son de naturaleza económica, mientras que el
derecho que el sindicado tiene en jaque es la libertad, la alegada desigualdad
entre las partes se desvanece por completo”. Advertía entonces:
“Y no se insista en que la
víctima o sus herederos pueden pretender es el esclarecimiento de la verdad, al
margen de los valores patrimoniales, porque, tal como más atrás quedó dicho, la
acción civil tiene en nuestra legislación una finalidad pecuniaria (desde luego
legítima), y la ausencia de normas que apunten a intereses más altos no hace
inexequibles las reglas que la consagran”.
Cuatro magistrados
salvaron su voto por considerar que la exclusión acusada desconocía la
Constitución, puesto que privaba a las víctimas de derechos que les reconocía la
Carta incluso en esa etapa preliminar y reducía su participación a un interés
exclusivamente económico. Señalaron así su discrepancia:
“Estos precedentes muestran
que las víctimas y los perjudicados por los delitos tienen, según la
jurisprudencia de la Corte, derecho no sólo a obtener una indemnización
económica por el daño ocasionado por el ilícito sino también un verdadero
derecho constitucional a conocer, dentro de límites razonables, la verdad sobre
lo sucedido y a que se sancione a los responsables del hecho punible. Esto
significa que existe también un derecho constitucional de los perjudicados a
que se haga justicia, no en un sentido vindicativo -como lo sugiere la
sentencia- sino como expresión del deber estatal de proteger a las personas en
su vida, honra y bienes (CP art. 2), y respetar y garantizar los derechos de
las personas.
En tales circunstancias,
consideramos que no se puede desconocer a la persona damnificada por un delito
el derecho a exigir del Estado que adelante las investigaciones pertinentes
para el esclarecimiento del hecho y la determinación de los responsables. Estas
personas tienen, dentro de límites razonables, un derecho constitucional al
proceso penal. En efecto, esta Corte ya había señalado que "las personas
involucradas en los hechos punibles tienen un verdadero derecho al
proceso cuya naturaleza y configuración en el Estado democrático debe
ser eminentemente participativa" (…). Debe entenderse que ese derecho al
proceso no sólo se predica de los presuntos responsables sino también de las
víctimas y perjudicados por las conductas ilícitas.
En ese mismo orden de ideas,
las víctimas y los perjudicados tienen también un derecho constitucional a
participar en el proceso penal que el Estado debe adelantar con ocasión de la
ocurrencia de un hecho punible, derecho que, insiste esta Corte, no se limita a
la obtención de la reparación del daño. En efecto, en múltiples ocasiones y
frente a conductas de particular gravedad, como homicidios, secuestros o
desapariciones forzadas, el interés de las víctimas o los familiares no es
esencialmente indemnizatorio. Su principal y legítima preocupación es, en
muchos casos, que el Estado adelante una investigación que permita clarificar
los hechos, conocer la suerte de sus familiares y determinar las responsabilidades
de rigor”[13].
Advertía la opinión minoritaria que la decisión de la Corte no
cerraba, en todo caso, la posibilidad de optar por regulaciones diferentes que
permitieran una mayor participación de la víctima. Sobre el particular
sostuvieron:
“Por consiguiente, las consideraciones de la sentencia
permiten concluir que es perfectamente constitucional una ley que posibilite la
constitución de parte civil durante la investigación previa o que consagre
otras formas procesales en favor de los derechos constitucionales de las
víctimas. Lo que sucede es que la sentencia considera que eso es un asunto de
competencia del Legislador, quien en su libertad de configuración ha
determinado que la participación de las víctimas, por medio de la acción civil,
tiene un sentido puramente reparatorio. En cambio nosotros consideramos que la
Corte debió haber interpretado esa institución legal de acuerdo a los valores y
principios constitucionales, a fin de proteger de manera inmediata los derechos
constitucionales de las víctimas y los perjudicados por los hechos
punibles.  Pero de todos modos, el debate en la sociedad colombiana sobre
el tema sigue abierta a fin de lograr mejores formas de acceso a la justicia de
las víctimas de los delitos y los abusos de poder, pues estamos convencidos que
estas personas -que son la encarnación viviente y concreta de los valores que
busca proteger el derecho penal- no pueden ser un saldo silencioso de la
política criminal en un Estado social de derecho (CP art.1º) que aspira también
a ser un Estado de justicia (CP Preámbulo y art. 2º)”.
13.4 La perspectiva asumida por la mayoría en la decisión de 1995,
fue sin embargo objeto de reorientación posterior. En la sentencia C-1149 de
2001 la Corte examinó dos disposiciones del Código Penal Militar. Una de
ellas establecía que las personas perjudicadas por el hecho delictivo tendrían
acción indemnizatoria ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La
otra disponía que la constitución de parte civil en el proceso penal militar,
solo tenía por objeto contribuir a la búsqueda de la verdad.
A juicio de este Tribunal la primera regla se oponía al derecho de
acceder a la administración de justicia de las
víctimas o perjudicados del delito “por cuanto de una parte, no pueden
acceder a dicha jurisdicción con la finalidad de obtener la reparación directa
de los daños causados y de otra, el derecho a obtener una decisión judicial que
solucione su conflicto en forma integral, al no tener el derecho a obtener una
declaración judicial sobre los perjuicios ocasionados”. Dijo la
Corte que el acceso a la administración de justicia “no es sólo para hacerse parte dentro del proceso, sino
también para que se le reconozcan sus derechos y dentro de estos, el derecho a
ser indemnizado por los daños que se le han causado, a más del derecho a que se
haga justicia y a conocer la verdad de lo sucedido”.
La segunda regla también se oponía al texto
constitucional puesto que las víctimas son titulares no solo del derecho a conocer
la verdad, sino también de los derechos a la justicia y a la reparación de los
daños. Luego de apoyarse en diferentes documentos de derecho internacional,
concluyó “que las normas demandadas y objeto del presente análisis en
algunas de sus expresiones, desnaturalizan y le restan efectividad y eficacia a
la institución jurídica denominada “parte civil” como sujeto procesal dentro
del proceso penal militar, contrariando los fines previstos en el artículo 2º
de la Carta y, vulnerando efectivamente los derechos a acceder a la administración
de justicia y a obtener el restablecimiento del derecho y reparación del daño,
contenidos en los artículos 229 y 250 de la Constitución Política”.
13.5 La protección extendida de los
derechos de las víctimas que se había definido por la Corte en el contexto de
la justicia penal militar, se proyectaría ahora en el proceso penal ordinario.
Allí se inscribe la sentencia C-228 de 2002, decisión medular en
la orientación actual de la jurisprudencia. Le correspondía juzgar varias
disposiciones contenidas en la Ley 600 de 2000 que regulaban la participación
de las víctimas y perjudicados en el proceso penal. Afirmó, en primer lugar, que
las víctimas eran titulares (i) del derecho a la verdad, esto es, la
posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia entre la
verdad procesal y la verdad real, (ii) del derecho a que se haga justicia en el
caso concreto, es decir, el derecho a que no haya impunidad y (iii) del derecho
a la reparación del daño que se le ha causado a través de una compensación
económica.
Para el efecto sostuvo que estos derechos
tenían fundamento constitucional directo (a) en el artículo 1º que impide limitar
la garantía de los derechos de las personas a su tasación económica, (b) en el
artículo 2 conforme al cual las autoridades tienen la obligación de
garantizar el goce efectivo de los derechos de todos los residentes en Colombia,
la protección de los bienes jurídicos y la participación de los ciudadanos en
las decisiones que los afectan, (c) en el artículo 250.1 conforme al cual la
Fiscalía debía tomar las medidas necesarias para hacer efectivo el
restablecimiento del derecho de las víctimas y la indemnización de los
perjuicios y (d) en el derecho de acceder a la administración de justicia consagrado
en el artículo 229 de la Carta. Advirtió además (e) que la protección de los
derechos de las víctimas se apoya en los artículos 1, 15 y 21 cuando, respecto
de determinados delitos, es el proceso penal el único escenario en el que las
víctimas pueden debatir las diferentes versiones sobre la ocurrencia de los
hechos que se investigan.
Esta perspectiva implicó
la reconsideración de la razón de la decisión fijada en la sentencia C-293 de
1995. Por ello encontró necesario y así lo anunció expresamente, modificar el
precedente fijado en aquel entonces. Sobre el particular sostuvo:
“Las razones señaladas
permiten afirmar que la visión de la parte civil sólo interesada en la
reparación económica, debe ser abandonada. La víctima de un delito o los
perjudicados por éste tienen derecho a participar en el proceso penal no sólo
para obtener el resarcimiento pecuniario, sino también para hacer efectivos sus
derechos a la verdad y a la justicia. Incluso, pueden intervenir con la única
finalidad de buscar la verdad y la justicia, sin que se les pueda exigir
demostrar un daño patrimonial o una pretensión de esta naturaleza. Así, la
parte civil es un sujeto procesal en sentido pleno.
Esta concepción de la parte
civil tiene trascendencia en la definición y alcances de la participación de la
víctima o los perjudicados tanto durante la investigación preliminar como
dentro del proceso penal. Por ejemplo, si sus derechos no están limitados a la
búsqueda de una reparación económica, la solicitud y presentación de documentos
e información relevante también podrá estar orientada a contribuir al
esclarecimiento de la verdad y a reducir el riesgo de impunidad y no sólo a
demostrar la existencia de un perjuicio ni a cuantificar el daño material. Esta
concepción también tiene implicaciones tanto en materia de los recursos que
puede interponer contra decisiones que puedan afectar sus derechos a la verdad
y a la justicia, como respecto la necesidad de que las providencias que puedan
menoscabar sus derechos sean conocidas oportunamente por la parte civil para
que pueda controvertirlas”.
Fundamentada así la
nueva comprensión de la víctima y de sus derechos, encontró (i) que no
resultaba contrario a la Carta exigir que la intervención como parte civil se
hiciera mediante abogado. Precisó que ello no implicaba “que la existencia de una defensa técnica
pueda impedir su defensa material (la de la víctima o el perjudicado), ni que
la exigencia de abogado pueda constituirse en un obstáculo para la garantía de
sus derechos”. Según la
Corte “tanto la víctima o el perjudicado como su representante pueden
solicitar la práctica de pruebas, tienen derecho a que les sean notificadas las
distintas actuaciones procesales así como a controvertir todas aquellas que
puedan afectar sus derechos a la verdad, a la justicia y al resarcimiento”.
Señaló además (ii) que era contraria a la
Constitución la regla que permitía a la víctima intervenir en el proceso penal únicamente
a partir de la resolución de apertura de la instrucción dado que “los
derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación económica dependen de que
durante esta etapa se le permita a la parte civil intervenir activamente
aportando pruebas y cooperando con las autoridades judiciales y conociendo y
controvirtiendo las decisiones que se adopten durante esta etapa, en especial
la providencia mediante la cual se decide no abrir formalmente la investigación”.
Con la misma orientación (iii) condicionó la exequibilidad de una disposición
en la que se establecía que la parte civil solo podría acceder al expediente
mediante el ejercicio del derecho de petición,  indicando que “una vez que
se haya constituido la parte civil, ésta podrá acceder directamente al
expediente desde el inicio de la investigación previa, pero si aún no se ha
constituido en parte civil, la víctima o perjudicado deberá acceder al
expediente en la forma prevista en el artículo 30, es decir, a través del ejercicio
del derecho de petición”.
13.6 Producida la modificación del precedente, se someterían a la
Corte nuevas acusaciones, que inicialmente atacarían disposiciones de la Ley
600 de 2000 y, posteriormente, se ocuparían de impugnar normas incluidas en la
Ley 906 de 2004. El grupo de decisiones subsiguientes, además de consolidar el
significado y la relevancia constitucional de los derechos de las víctimas, también
evidencia el esfuerzo por delimitar el alcance del juicio que habría de emprenderse
cuando se propusiera un cargo por omisión legislativa debido al no
reconocimiento, en la ley, de una facultad o atribución a las víctimas.
13.7 La sentencia C-875 de 2002 sostuvo que no desconocía el
derecho de las víctimas a acceder a la administración de justicia y estaba
comprendida por el margen de configuración del legislador, la regla prevista en
la Ley 600 de 2000 que fijaba como condición, para constituirse en parte civil,
el otorgamiento de poder a un abogado. En esa misma oportunidad declaró que la
exclusión del benefició del amparo de pobreza de las víctimas que persiguieran un
interés diferente al popular, desconocía sus derechos y, en consecuencia
declaró que dicha disposición debía entenderse en el sentido “que la parte civil que no pretende intervenir como
actor popular, no está excluida del amparo de pobreza”. Cabe señalar que en este pronunciamiento, aunque
sin el desarrollo de una argumentación detenida al respecto, advirtió que
resultaba “razonable concluir que se trata de una omisión legislativa relativa
en la cual se pretendió beneficiar con el amparo de pobreza exclusivamente a la
parte civil que interviene como actor popular”.
13.8 En la sentencia C-004 de 2003 consideró esta Corporación que
prever que la acción de revisión únicamente procedía cuando se tratara de
sentencias condenatorias, vulneraba los derechos de las víctimas. A su juicio, el
Congreso había incurrido en una omisión que justificaba acoger una decisión
aditiva. Por ello declaró la
exequibilidad del numeral 3° del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, en el
entendido de que la acción de revisión por esta causal también procedía en
los casos de preclusión de la investigación, cesación de procedimiento y
sentencia absolutoria, siempre y cuando se trate de violaciones de derechos
humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, y un
pronunciamiento judicial  interno, o una decisión de una instancia
internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada
formalmente por nuestro país, haya constatado la existencia del hecho nuevo o
de la prueba no conocida al tiempo de los debates. Adicionalmente señaló, que
era procedente la acción de revisión contra la preclusión de la
investigación, la cesación de procedimiento y la sentencia absolutoria, en procesos
por violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho
internacional humanitario, incluso si no existe un hecho nuevo o una prueba no
conocida al tiempo de los debates, siempre y cuando una decisión judicial
interna o una decisión de una instancia internacional de supervisión y control
de derechos humanos, aceptada formalmente por nuestro país, constaten un
incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado colombiano de
investigar en forma seria e imparcial las mencionadas violaciones. En una de
sus consideraciones más importantes sostuvo este Tribunal:
“Conforme a lo anterior, la restricción prevista por
las expresiones acusadas es desproporcionada frente a los derechos de las víctimas
y al deber de las autoridades de lograr la vigencia de un orden justo, cuando
la impunidad de las violaciones a los derechos humanos y las afectaciones
graves al derecho internacional humanitario deriva del claro incumplimiento del
Estado de su obligación de investigar, de manera seria e imparcial, esos
crímenes. En esos eventos, incluso si no existe un hecho o prueba nueva, los
derechos de las víctimas también exigen una limitación al non bis in ídem, a fin de permitir la reapertura de
esas investigaciones, pues la cosa juzgada de la que gozaba la persona absuelta
no era más que aparente, ya que en el fondo, debido a las omisiones
protuberantes del Estado, no existió realmente un proceso contra ese individuo.
Era entonces necesario que la ley previera la posibilidad de reabrir las
investigaciones por violaciones a los derechos humanos y por graves
afectaciones al derecho internacional humanitario en aquellos casos en que con
posterioridad a la absolución se muestre que dicha absolución deriva de una
omisión protuberante del deber del Estado de investigar, en forma seria e
imparcial, esos comportamientos. Ahora bien, el artículo 220 del C de PP,
que regula las causales de revisión, no prevé esa hipótesis, pues no siempre
esa omisión protuberante de las obligaciones estatales puede ser atribuida a
una conducta típica del juez o de un tercero, o a la existencia de una prueba
falsa, que son los casos en donde el estatuto procesal penal autoriza la acción
de revisión contra decisiones absolutorias con fuerza de cosa juzgada. Existe
entonces una omisión legislativa en este punto, que requiere una sentencia
integradora, que autorice la acción de revisión en esos casos, a fin de
proteger los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y
violaciones graves al derecho internacional humanitario”. (Subrayas no
hacen parte del texto original)
13.9 En vigencia de la Ley 906 de 2004 la sentencia C-979 de 2005 afirmó que se
oponía a la Carta limitar la procedencia de la acción de revisión en contra de
sentencias penales a los eventos en los cuales, después de un fallo absolutorio,
se establezca mediante decisión de una instancia internacional de supervisión y
control de derechos humanos, respecto de la cual el Estado colombiano ha
aceptado formalmente la competencia, un incumplimiento protuberante de las
obligaciones del Estado de investigar seria e imparcialmente tales violaciones.
Según la Corte tal restricción desconocía “no
solamente a los deberes de investigación que en materia de violaciones de
derechos humanos y derecho internacional humanitario le impone al Estado
colombiano, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal
internacional, sino que restringe, de manera injustificada, el ámbito de
protección de los derechos de las víctimas y perjudicados de estas conductas,
con el alcance que la jurisprudencia de esta Corte les ha dado, en particular
su derecho a conocer la verdad y a que se haga justicia”[14].
13.10. En la
sentencia C-454 de 2006 analizó varias disposiciones de la Ley 906 de
2004. Eran impugnadas porque en su aprobación, a juicio del demandante, el
legislador habría incurrido en una omisión legislativa relativa. La Sala Plena
delimitó la estructura del examen de omisión, advirtiendo que era necesario
para declarar su ocurrencia (i) que la disposición acusada excluya de su ámbito
de aplicación a un determinado sujeto que por ser asimilable debería
encontrarse comprendido por ella, (ii) que no exista una justificación objetiva
para la exclusión, (iii) que el trato diferente resulte entonces injustificado y
(iv) que la omisión constituya el incumplimiento de un deber del legislador.
La primera de las
acusaciones se dirigía contra la regulación de la garantía de comunicación a la
víctima. La regla disponía, de una parte, que el Fiscal solo debía informar de
sus derechos a las víctimas en el momento en que estas intervinieran en el
proceso y, de otra, que los derechos de las víctimas se limitaban a
pretensiones indemnizatorias. Este tribunal consideró demostrada la omisión, advirtiendo
que la relación existente “entre los
derechos a la verdad, a la justicia, y a la reparación exige que la garantía de
comunicación se satisfaga desde el primer momento en que las víctimas entran en
contacto con los órganos de investigación”. En adición a ello
sostuvo que “[l]os derechos a la justicia y a la reparación pueden
verse menguados si se obstruye a la víctima las posibilidades de acceso a la
información desde el comienzo de la investigación a efecto de que puedan
contribuir activamente con el aporte de pruebas e información relevante sobre
los hechos”. Igualmente, al referirse a la restricción impuesta
respecto del contenido de la comunicación afirmó que la norma “omite la “garantía de comunicación a la
víctima” en lo que
concierne a las facultades y poderes procesales que se derivan de su derecho a
conocer la verdad y a que se haga justicia”. Dispuso declarar la exequibilidad del artículo 135 de la Ley 906
de 2004, en el entendido que la garantía de comunicación a las víctimas y
perjudicados con el delito opera desde el momento en que éstos entran en
contacto con las autoridades, y se refiere a los derechos a la verdad, la
justicia y la reparación.
El segundo ataque cuestionaba una norma que impedía al representante de
las victimas presentar, en el curso de la audiencia preparatoria, solicitudes
probatorias. Este Tribunal concluyó que ello constituía una omisión legislativa
en tanto la víctima era titular de los derechos a la verdad, a la justicia y a la
reparación. A tales derechos se adscribía “el derecho a probar”. Señaló
que la “omisión entraña el incumplimiento por parte del legislador del deber
de configurar una verdadera “intervención” de
la víctima en el proceso penal, particularmente en la audiencia preparatoria,
en los términos que se lo impone el artículo 250.6 de la Carta, en concordancia
con los artículos 29, 229 de la misma”. Consecuencialmente, declaró que era
exequible el artículo 357 de
la Ley 906 de 2004 en el entendido que los representantes de las víctimas en el
proceso penal, pueden realizar solicitudes probatorias en la audiencia
preparatoria, en igualdad de condiciones que la defensa y la Fiscalía.
13.11. Una nueva sentencia le permitió a la Corte precisar el
alcance del escrutinio que debía aplicar a efectos de juzgar las omisiones del
legislador. Siguiendo las pautas fijadas previamente, la sentencia C-209 de
2007 indicó que es necesario establecer (i) si la regulación en realidad
excluía a la víctima del ámbito de aplicación de la disposición juzgada.
Seguidamente debe evaluarse (ii) si existe una justificación que explique la
decisión legislativa de no otorgar la facultad o poder a la víctima. Según el
razonamiento de la Corte dicha justificación solo existirá si su otorgamiento (a) modifica los rasgos estructurales del
sistema penal con tendencia acusatoria, (b) altera la igualdad de armas o (c)
varía la calidad de la víctima como interviniente especialmente protegido. Luego
la Corte debe determinar (iii) si el trato diferente genera una desigualdad que
comporte la afectación de uno de los derechos de las víctimas. Finalmente, será
necesario definir si la exclusión juzgada (iv) constituye un incumplimiento del
deber del legislador de asegurar la intervención efectiva de la víctima en el
proceso penal.
Aplicando este juicio a varias disposiciones de la Ley 906 de 2004,
la Corte encontró que prosperaba el cargo por omisión legislativa debido a que
el legislador negaba a las víctimas
la posibilidad de (i) solicitar la
práctica de pruebas anticipadas a fin de lograr el esclarecimiento de los
hechos y de las circunstancias de su ocurrencia, la determinación de los
responsables, la magnitud de los daños sufridos y el esclarecimiento de la
verdad, (ii) pedir el descubrimiento de las pruebas, (iii) participar en la
audiencia preparatoria y hacer observaciones sobre el descubrimiento de
elementos probatorios y la totalidad de las pruebas que se harán valer en la
audiencia del juicio oral, (iv) requerir la exhibición de los elementos
materiales probatorios y la evidencia física, con el fin de conocerlos y
estudiarlos, (v) solicitar la exclusión, el rechazo o la inadmisibilidad de los
medios de prueba e (vi) instar al juez para decretar medidas de protección o
aseguramiento.
Igualmente constató que se desconocían los derechos de las víctimas al
no permitir (vii) la impugnación de la decisión del juez de control de
garantías sobre la aplicación del principio de oportunidad, (viii) allegar o
solicitar elementos materiales probatorios y evidencia física para oponerse a
la petición de preclusión del fiscal y (ix) elevar observaciones frente al
escrito de acusación o manifestarse sobre posibles causales de incompetencia,
recusaciones, impedimentos o nulidades.
En una dirección diferente, esta Corporación constató que excluir a la
víctima de los sujetos que pueden controvertir los medios de prueba, los
elementos materiales probatorios y la evidencia física presentados en la etapa
del juicio oral, así como interrogar al testigo y oponerse a las preguntas que
se planteen en el juicio oral, no constituía una omisión legislativa relativa.
A efectos de sustentar esta conclusión sostuvo que “su participación directa
en el juicio oral implica una modificación de los rasgos estructurales del
sistema penal acusatorio que comporta una alteración sustancial de la igualdad
de armas y convierte a la víctima en un segundo acusador o contradictor en
desmedro de la dimensión adversarial de dicho proceso (…)”. Consideró
también que no desconocía la Carta, negar a las víctimas la presentación de su
teoría del caso en la etapa del juicio oral en tanto ello estaba reservado a la
Fiscalía y a la defensa. Al respecto explicó que “dado el carácter
adversarial de esta etapa del juicio penal y la necesidad de proteger la
igualdad de armas, no puede la víctima participar de manera autónoma y al
margen de la actuación del fiscal”.
13.12. Una vez más se acusaron varias reglas de la Ley 906 de 2004
por el desconocimiento de los derechos de las víctimas. En la sentencia C-516
de 2007 la Corte destacó nuevamente la importancia de su intervención
extendida en el proceso penal. Con fundamento en ello señaló (i) que prever el
derecho de las víctimas a ser asistidas por un abogado en la etapa de juicio y
en el incidente de reparación integral cuando el interés de la justicia así
lo exigiere, dejaba en manos del juez un derecho que era de las partes y
afectaba una garantía en etapas decisivas del proceso penal. Estableció también
(ii) que la regla que limitaba la participación de los representantes de las
victimas durante la etapa de investigación resultaba lesiva de sus derechos
puesto que dicha etapa “configura
un espacio procesal con enorme valor en términos de búsqueda de la verdad y de
obtención de los soportes fácticos para perseguir justicia y reparación (…)”. También declaró que vulneraba la
Carta (iii) condicionar el reconocimiento de una víctima a la configuración de un
daño directo y (iv) prever que únicamente las víctimas directas –y no lo
perjudicados- pudieran solicitar medidas cautelares sobre bienes del imputado o
del acusado.
Finalmente, la sentencia estableció (v) que constituía una omisión
legislativa relativa la exclusión de las víctimas de los acuerdos y los
preacuerdos regulados en la Ley 906 de 2004 y, con fundamento en ello, señaló
que varias de las disposiciones que los regulaban[15] eran exequibles en el entendido que la víctima también
podrá intervenir en la celebración de acuerdos y preacuerdos entre la Fiscalía
y el imputado o acusado, para lo cual deberá ser oída e informada de su
celebración por el fiscal, y oída por el juez encargado de aprobar el acuerdo,
quien para su aprobación velará por que el mismo no desconozca o quebrante
garantías tanto del imputado o acusado, como de las víctimas.
13.13. Siete nuevos juicios por omisión permitirían consolidar la
posición de la jurisprudencia constitucional. En la sentencia C-828 de 2010 la
Corte consideró necesario condicionar la exequibilidad de una disposición que
preveía que la muerte del imputado o acusado daba lugar a la extinción penal. A
su juicio, si bien la acción civil no se extinguía, era necesario establecer la
obligación del juez de conocimiento, a petición de parte o de oficio –con
independencia de la existencia de reserva judicial- de “poner a disposición
u ordenar el traslado de todas las pruebas o elementos probatorios que se hayan
recaudado hasta el momento en que se produzca la muerte, para que se adelanten
otros mecanismos judiciales o administrativos que permitan garantizar los
derechos de las víctimas”.
En la sentencia C-250 de 2011 tuvo la Corte que definir si la
exclusión de las víctimas de la etapa de individualización de la pena y la
sentencia constituía una omisión legislativa. Señaló que “la exclusión de la
víctima o su representante a ser oída por el Juez en la etapa de
individualización de la pena y sentencia, en condiciones diversas a la defensa
y a la Fiscalía, implica no solamente el desconocimiento del derecho a la
igualdad, sino la limitación de su derecho al acceso a la administración de
justicia”. Según la sentencia no existía “una razón objetiva y
suficiente que justifique la omisión de brindar a las víctimas la posibilidad
de ejercer el derecho a ser oídos en la etapa de la individualización de la
pena y sentencia, en los casos en que haya fallo condenatorio o se haya
aprobado el acuerdo celebrado con la Fiscalía, de lo que se colige que la
omisión genera una desigualdad injustificada entre los diferentes actores del
proceso, particularmente entre víctima y acusado, a quienes cobija por igual
una concepción bilateral del derecho a la tutela judicial efectiva”.
Luego, en la C-260
de 2011 concluyó que prohibir a la víctima presentar preguntas
complementarias en la etapa del juicio oral, no constituía una omisión
legislativa relativa. Dicha exclusión se justificaba porque (i) podrían las
víctimas convertirse en un segundo acusador afectando el principio de igualdad
de armas en desmedro de los
derechos del imputado, (ii) era necesaria para conservar los rasgos centrales
del proceso penal y (iii) fue a la Fiscalía a la que le fue asignada la función
de promover la acción penal. Refiriéndose a este último aspecto explicó:
“La Corte no desconoce que
entre la Fiscalía y la víctima, o entre ésta y su apoderado, pueden presentarse
divergencias de criterio acerca de cuál debe ser la mejor estrategia para
promover y desarrollar el proceso en cada una de sus etapas (…). Sin embargo,
teniendo en cuenta que la Fiscalía es la autoridad a la que se ha asignado la
misión constitucional de promover la acción penal, y que en su calidad de
“parte” le corresponde dirigir la acusación, exponer su teoría del caso y
defenderla durante el juicio oral, la Sala considera que, de la misma manera,
es ella quien tiene la potestad de trazar la ruta a seguir, por supuesto
asumiendo las consecuencias y responsabilidades inherentes al ejercicio de la
función pública en caso de incumplimiento de los deberes funcionales en
relación con la protección efectiva de los derechos de las víctimas.
Ligado a lo anterior, la
jurisprudencia ha explicado que tanto el juez como el Ministerio Público tienen
la obligación de velar por la protección integral de los derechos de las
víctimas en las diferentes instancias del proceso, siendo también responsables
en caso de un irregular desempeño en el cumplimiento de las labores asignadas.
De esta manera, es equivocado
sostener que la restricción prevista en la norma deja a la víctima sin recursos
idóneos para reclamar la protección efectiva de sus derechos, más aún cuando en
otras instancias del proceso, previas y posteriores, e incluso dentro del
propio juicio oral (por ejemplo al presentar sus alegatos de conclusión), están
facultadas para intervenir, exponer sus argumentos y controvertir directamente
las decisiones adoptadas”.
Le correspondió a la Corte, en la sentencia C-782 de 2012,
decidir si era compatible con la Carta la regla que excluía a la víctima de la
posibilidad de solicitar la adición de la sentencia o de la decisión con
efectos equivalentes cuando se omitía un pronunciamiento respecto de los bienes
afectados con fines de comisión. Concluyó que se configuraba una omisión
legislativa relativa advirtiendo que permitir “la intervención de la víctima
en una fase en que ya se ha definido la responsabilidad del acusado, en tanto
que se ha proferido el fallo o su equivalente, no involucra amenaza
alguna  al equilibrio que debe existir entre acusación y defensa, ni
afecta garantías del procesado y en cambio sí introduce una limitación
desproporcionada a los derechos de la víctima, quien tiene un interés legítimo
en velar por que se adopten medidas que no afecten su derecho a la restitución
y a la reparación del daño”. En adición a ello señaló que dicha exclusión “se
torna discriminatoria y lesiva de sus derechos de acceso igualitario a la
justicia, a la vez que menoscaba el derecho a obtener la reparación integral”.
La sentencia C-839 de 2013 declaró la existencia de una omisión
legislativa relativa en la regulación que autorizaba únicamente al Fiscal para
solicitar la suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro.
A juicio de este Tribunal conferirle a la víctima dicha facultad no afectaba en
nada la estructura del proceso penal acusatorio. Consideró que “privar a las
víctimas de la posibilidad de solicitar que se suspendan o cancelen los
registros obtenidos fraudulentamente afecta en especial: (i) el
derecho al restablecimiento del derecho, que se vulnera si se permite que los
registros obtenidos fraudulentamente sigan circulando en el tráfico jurídico,
aumentando los perjuicios causados a la víctima y (ii) el
derecho a la reparación, en especial el derecho a la restitución, que solamente
será posible si se vuelve al estado anterior al delito, cancelándose los registros
obtenidos fraudulentamente”.
La Corte Constitucional consideró, en la sentencia C-616 de 2014, que la
regla prevista en la Ley 906 de 2004 conforme a la cual las víctimas no se
encuentran habilitadas para formular réplicas respecto de los alegatos de
conclusión de la defensa, no implicaba una omisión legislativa relativa. A su
juicio “no existe un
mandato constitucional que exija que las víctimas tengan una intervención
directa en todas las etapas del juicio oral, pues por el contrario, la
jurisprudencia ha señalado que su participación en esta fase puede ser menor,
ya que en la misma se concentra el debate adversarial entre la Fiscalía y el
imputado”.
Conforme a ello la disposición adoptada por el legislador se encontraba
comprendida por la competencia que para configurar el proceso penal le es
asignada por la Carta.
Finalmente, la sentencia C-233 de 2016 consideró que restringir
la posibilidad de las víctimas para impugnar las decisiones adoptadas por el
juez de ejecución de penas, no constituía una omisión legislativa relativa.
Estimó la Corte que “no existe un precepto constitucional que exija que las
víctimas tengan una intervención directa en etapas subsiguientes del proceso
penal, sobre todo en la fase de ejecución de las penas donde ha finalizado el
carácter adversarial propio de la estructura del sistema acusatorio, al punto
que la Fiscalía General de la Nación no participa porque el Estado cumplió su
deber de investigar, juzgar y sancionar al culpable del injusto penal”.
14. En suma, la
jurisprudencia examinada permite concluir que el régimen de protección constitucional
de la víctima en el proceso penal, se edifica a partir de tres premisas
fundamentales a saber: (i) su reconocimiento como participante esencial para la
consecución de los fines del proceso, (ii) la calificación de la víctima como
sujeto titular de los derechos a saber la verdad, a que se haga justicia y a
ser reparada y (iii) la consideración de las normas que reconocen tales
derechos como principios que ordenan la realización, en la mayor medida posible,
del objeto protegido (a la verdad, a la justicia y a la reparación). Estas
premisas, que configuran el deber constitucional de
asegurar la participación de las víctimas en el proceso penal, encuentran apoyo
en diferentes fuentes. La Constitución lo reconoce en los artículos 2 (derecho
a participar en las decisiones que los afectan), 13 (trato igual ante la ley),
29 (juicio con plenas garantías), 229 (efectivo acceso a la administración de
justicia) y 250.7 (obligación de garantizar los derechos de las víctimas). El
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos lo establece en los
artículos 2 y 3 (obligación estatal de garantizar la efectividad de
los derechos reconocidos en dicho instrumento) y en el
artículo 14 (igualdad ante los tribunales y Cortes de Justicia. La Convención
Americana de Derechos Humanos lo prescribe en los artículos 1 (obligación de
los Estados de respetar y garantizar los derechos y libertades reconocidos en
ella), 8 (derecho de toda persona a ser oída, con las
debidas garantías por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos
y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter),
24 (derecho a la igualdad ante la ley) y 25 (derecho a un recurso judicial
efectivo).
Tales premisas
implican, tal y como lo evidencia la práctica interpretativa de la Corte, que
existe una obligación constitucional de reconocer a las víctimas un extendido
haz de posiciones jurídicas en el proceso penal que hagan posible materializar
sus derechos. Tal obligación es exigible del legislador a menos que su
cumplimiento (a) se oponga a una prohibición constitucional expresa, (b)
desconozca competencias, facultades o derechos exclusivos de los otros sujetos o
(c) resulte incompatible con la estructura constitucional del proceso penal.
La última de tales
restricciones a la obligación legislativa, tiene lugar cuando el reconocimiento
de una facultad o derecho a la víctima supone (c.1) la modificación de los rasgos estructurales del sistema
penal con tendencia acusatoria, (c.2) la alteración de la igualdad de armas, o
(c.3) la variación de la calidad de la víctima como interviniente especialmente
protegido. Para efectos de determinar la incompatibilidad con la estructura
constitucional del proceso penal (c.4) deberá considerarse la etapa procesal de
la que se trata –no son lo mismo las etapas previas al juicio, que el juicio
mismo-, el tipo de intervención debatida –no es lo mismo hacer una solicitud
probatoria que presentar la teoría del caso- así como el grado de interferencia
que puede tener en las funciones o facultades de los otros sujetos procesales
–es diferente solicitar al juez ser oído al momento de aprobar un acuerdo, a
pretender sustituir al fiscal en la formulación de la acusación-.
De la jurisprudencia de la Corte se desprende, conforme a lo señalado
anteriormente, una regla interpretativa que impone la precedencia prima
facie del derecho de las víctimas a participar en el proceso penal en
iguales condiciones que los otros participantes, a menos que exista una
justificación fundada en las razones antes referidas para impedir su
participación. Esta precedencia prima facie implica, en el control
abstracto realizado por esta Corte, que la constitucionalidad de la exclusión
se declarará únicamente cuando dicha justificación se encuentre acreditada.
F.    EXAMEN DE CONSTITUCIONALIDAD
17. A efectos de
determinar si con la aprobación del artículo 51 de la Ley 906 de 2004 se configuró
una omisión legislativa relativa, la Corte seguirá el siguiente orden.
Inicialmente determinará si de la disposición que se acusa puede predicarse el
déficit regulatorio alegado (examen de certeza de la omisión). A continuación,
analizará si la omisión cuestionada, que se traduce en el otorgamiento de un
trato diferente entre las víctimas y otros participantes en el proceso penal, puede
justificarse en algunas de las razones identificadas por la jurisprudencia constitucional
(examen de justificación de la omisión). De no existir dicha justificación, la
Corte deberá establecer si la omisión identificada -que da lugar a un trato
diferente entre los participantes del proceso- afecta los derechos de las víctimas,
en particular, el derecho a la verdad y a la reparación (examen de afectación
de los derechos). Finalmente, de constatar tal afectación, corresponderá
determinar si la omisión se traduce en el incumplimiento por parte del
legislador del deber constitucional de asegurar la participación efectiva de
las víctimas en el proceso penal (examen de infracción de un deber
constitucional específico).
Examen de certeza
de la omisión
18. Encuentra la
Corte que la primera de las condiciones exigidas por el examen de omisión se
cumple en este caso. En efecto, resulta cierto, tal y como lo afirman las
demandas, que los apartes demandados del artículo 51 de la Ley 906 de 2004 no
han previsto que la víctima pueda solicitar al juez que decrete la conexidad
procesal. Tal trato es diverso del conferido a la Fiscalía y a la defensa a
quienes la misma disposición les otorga -en el momento de la acusación a la
primera y, durante la audiencia preparatoria a la segunda- la facultad de
elevar tal petición. Es entonces correcto afirmar que llegado el proceso a esas
etapas, la posibilidad de solicitarle al juez que disponga la conexidad
procesal corresponde exclusivamente a los referidos sujetos y no a la víctima[16].
Examen de
justificación de la omisión
19. No advierte la
Corte que exista una justificación constitucional suficiente para privar a la
víctima de solicitar al juez que disponga la conexidad procesal. Tal y como se
explica a continuación, la exclusión prevista en el artículo 51 no encuentra
apoyo en ninguna de las razones que la jurisprudencia ha definido como límites
admisibles de la participación de la víctima en el proceso penal. Debe insistir
la Corte que dado que las normas que reconocen los derechos de las victimas
imponen la obligación de realizarlos en la mayor medida posible, no podrá
admitirse una restricción a menos que sea suficientemente relevante desde una
perspectiva constitucional.
19.1. En primer
lugar, no existe una prohibición constitucional de asignar a las víctimas la
facultad de solicitar la declaración de conexidad procesal. De la regulación constitucional
no se desprende que esa intervención en la etapa previa al juicio, se encuentre
limitada las reglas que disciplinan el proceso penal. Incluso la Ley 906 de 2004
reconoce -como derecho derivado del acceso a la administración de justicia- la
garantía de las víctimas a ser oídas (art. 11.d).
19.2. En segundo
lugar, el reconocimiento de esta facultad preserva las competencias o atribuciones
de los otros sujetos procesales, dado que no priva a la Fiscalía de su función
de formular la acusación en la oportunidad que corresponde y tampoco le impide
a la defensa que lo haga en la audiencia preparatoria. En esa medida, de lo
único que se trata es de solicitarle al juez, atendiendo la importancia que
tiene la aplicación del principio de unidad procesal, que evalúe si se cumplen
las causales que enumera el artículo 51 de la Ley 906 de 2004. De hecho, si
como lo ha dejado expuesto esta providencia, a la unidad procesal se adscriben
importantes propósitos constitucionales, la posibilidad de que la víctima
formule una petición en esa dirección constituye una forma de alcanzar tales
objetivos.
19.3. En tercer
lugar, habilitar a la víctima para formular esta solicitud no es incompatible
con la estructura constitucional del proceso penal. Tal afirmación se
fundamenta, de una parte, en que los rasgos definitorios del régimen
constitucional en la materia no son alterados ni impactados en forma alguna por
otorgar esa posibilidad y, de otra, en el hecho de que la jurisprudencia de
esta Corte ha señalado que la intervención de las víctimas en etapas cruciales
del proceso penal anteriores al juicio –como la audiencia de acusación o la
audiencia preparatoria- se encuentran constitucionalmente ordenadas. A
continuación la Corte explica este aserto.
a) Los rasgos
capitales del proceso penal diseñado en el Acto Legislativo 02 de 2003 no sufren
modificación alguna. En efecto, permanecen intactas (a) las etapas en las que
se divide y la forma en que se desarrollan, (b) las funciones o atribuciones de
cada uno de los sujetos que intervienen y (c) los mecanismos de control y
garantía de los derechos fundamentales. Cabe advertir además, que los
diferentes poderes -enunciados en el fundamento jurídico 10.4 de esta
providencia- no son afectados en modo alguno.
Es cierto que dicha declaración
puede tener efectos en el curso del proceso y, en particular, incidir en el
cumplimiento de las funciones a cargo de la Fiscalía en tanto supone la
vinculación de actuaciones que venían adelantándose de manera separada. Sin
embargo, debe tenerse en cuenta que la decisión de la víctima de formular la
solicitud no impone que así lo declare el juez. Se trata simplemente de una
petición que habrá de ser valorada por la autoridad judicial, a fin de estimar
si se cumplen las condiciones previstas en la norma y, de ser el caso, habrá de
adoptar las medidas que se requieran para la continuación regular del proceso. Este
pronunciamiento del juez es compatible con el hecho de que su rol no es el de ser
un simple árbitro sino que, en otra dirección, le corresponde asegurar la
realización de los fines del proceso y proteger los derechos de todos los
participantes. Incluso, algún sector de la doctrina, ha sugerido la posibilidad
de que el juez actúe de oficio para hacer esta declaración[17].
Igualmente, no se trata de una solicitud extraña al proceso si se tiene en
cuenta que, tal y como lo reconoce el artículo 51 acusado, la defensa cuenta
también con esta posibilidad durante la audiencia preparatoria que, como se
sabe, se celebra con posterioridad a la acusación.
Conforme a lo dicho,
si la solicitud de conexidad es formulada en la audiencia preparatoria por
parte de la defensa o de la víctima y decretada por el juez de conocimiento,
deberá este último tomar las decisiones necesarias para garantizar los derechos
y competencias de todos los participantes en el proceso, conforme lo ordena el
artículo 138.2 de la Ley 906 de 2004 al señalar que le corresponde a los
servidores judiciales respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de
quienes intervienen en el proceso. Cabe advertir además que el
artículo 357 de la Ley 906 de 2004 prescribe que durante dicha audiencia –la
preparatoria- el
juez dará la palabra a la Fiscalía y luego a la defensa para que soliciten las
pruebas que requieran para sustentar su pretensión. En consecuencia, de
decretarse la conexidad procesal y sin perjuicio de otras determinaciones que
pudiera adoptar el juez en atención a los efectos que se derivan de ella, las
partes cuentan con la posibilidad de formular las peticiones probatorias bajo
la condición de que sean pertinentes y admisibles.
b) De varias
decisiones previas de la Corte se desprende que intervenciones de las víctimas
en la audiencia de acusación y en la audiencia preparatoria, se encuentran no
solo permitidas por la Constitución sino incluso también ordenadas. No obstante
que en la Sección E de esta providencia, se hizo una amplia referencia a la
jurisprudencia en la materia, la Corte juzga pertinente referirse nuevamente a algunas
de ellas, puesto que constituyen un precedente relevante, o al menos cercano,
de cara al juicio que ahora adelanta.
i)
Sentencia C-454 de 2006: omisión
legislativa relativa por impedir a las víctimas presentar solicitudes
probatorias en la audiencia preparatoria
La Corte señaló que
impedir a la víctima presentar solicitudes probatorias en la audiencia
preparatoria -tal y como ello se establecía en el artículo 357 del Código de
Procedimiento Penal que lo permitía únicamente a las partes y excepcionalmente
al Ministerio Público- constituía una omisión legislativa relativa. La decisión
de la Corte sostuvo (i) que el derecho a probar se encontraba en una relación
directa con los tres derechos básicos reconocidos a todas las víctimas, (ii)
que el derecho a aportar y solicitar pruebas relativas al delito constituye “un presupuesto
inexcusable del derecho de las víctimas a acceder efectivamente a la justicia”, (iii) que la naturaleza bilateral del derecho a la tutela judicial
efectiva “impone que se reconozcan a la víctima garantías de acceso a la
justicia similares a las que se reconocen al imputado o acusado”[18]. Luego de ello advirtió (iv) que no
existía una razón que pudiera justificar el trato diferente. Finalmente resaltó
(v) que el legislador había incumplido el deber constitucional de configurar
una verdadera intervención de la víctima en el proceso penal, tal y como ello
se encuentra exigido por los artículos 29, 229 y 250.6 de la Constitución. Así
las cosas, este Tribunal en sentencia aditiva dispuso declarar la
constitucionalidad del artículo 357 de la Ley 906 de 2004 en el entendido
que los representantes de las víctimas, pueden hacer solicitudes
probatorias en la audiencia preparatoria, en igualdad de condiciones que la
defensa y la Fiscalía.
ii)
Sentencia C-209 de 2007: omisión
legislativa relativa por impedir a las víctimas solicitar el descubrimiento de
pruebas en la audiencia de formulación de acusación
Este Tribunal declaró
que el artículo 344 de la Ley 906 de 2004, al impedir que en la audiencia de
formulación de acusación las víctimas solicitaran el descubrimiento de pruebas,
constituía una omisión legislativa. A fin de fundamentar tal conclusión indicó
(i) que no existía una razón objetiva para la exclusión de la víctima dado que “su participación en
esta etapa sólo tiene como finalidad el descubrimiento de un elemento material
probatorio específico o de evidencia física específica que pretendan hacer
valer en juicio, pero no su contradicción, por lo cual esta facultad no
conlleva una modificación de los rasgos estructurales del sistema penal con
tendencia acusatoria, no altera la igualdad de armas, ni modifica la calidad de
la víctima como interviniente especialmente protegido”, (ii) que la omisión
detectada daba lugar a una desigualdad injustificada entre los participantes
del proceso, impidiéndole a la víctima asegurar el esclarecimiento de la verdad
y (iii) que tal omisión suponía el incumplimiento del deber del legislador de
adoptar normas que aseguren la participación efectiva de la víctima en el
proceso penal a efectos de proteger el derecho a la verdad.
iii)
Sentencia C-209 de 2007: Omisión
legislativa relativa por impedir a las víctimas formular observaciones en la
audiencia preparatoria, sobre el descubrimiento de los elementos probatorios y
la totalidad de las pruebas que serán consideradas en el juicio oral
Siguiendo un
razonamiento análogo al que condujo a declarar la omisión por impedir la
solicitud de descubrimiento de pruebas, consideró esta Corte que al aprobar el
artículo 356 de la Ley 906 de 2004 el legislador desconoció su deber de
configurar la participación efectiva de la víctima en el proceso penal. En
efecto, dicha disposición negaba a la víctima la posibilidad de pronunciarse
sobre las pruebas que serían consideradas en la etapa del juicio oral. La Corte
declaró constitucional el artículo demandado siempre y cuando se entendiera que la víctima también puede hacer
observaciones sobre el descubrimiento de elementos probatorios y de la
totalidad de las pruebas que se harán valer en la audiencia del juicio oral.
iv)
Sentencia C-209 de 2007: Omisión
legislativa relativa por impedir a las víctimas solicitar en la audiencia
preparatoria, la exhibición de los elementos
materiales probatorios y evidencia física
Con igual fundamento
al de los dos juicios anteriores, la Corte consideró que restringir a las
partes, como estaba previsto en el artículo 358 de la Ley 906 de 2004, la
posibilidad de solicitar en la audiencia preparatoria la exhibición de algunos
materiales probatorios, constituía una omisión que carecía de justificación y
suponía el incumplimiento de la obligación de asegurar la participación
efectiva de la víctima en el proceso penal. Así las cosas, declaró su
constitucionalidad en el
entendido de que la víctima también puede hacer dicha solicitud.
v)
Sentencia C-209 de 2007: omisión
legislativa relativa por impedir a las víctimas solicitar en la audiencia
preparatoria, la
exclusión, el rechazo o la inadmisibilidad de los medios de prueba
En la misma
dirección, la Corte concluyó que autorizar únicamente a las partes o al
Ministerio Público para solicitar al juez, en el curso de la audiencia
preparatoria, la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba,
constituía una omisión legislativa debido al incumplimiento de la obligación de
asegurar la participación efectiva de las víctimas en el proceso penal.
vi)
Sentencia C-209 de 2007: omisión
legislativa relativa por impedir a las víctimas intervenir en la audiencia de
formulación de acusación, para presentar observaciones al escrito de acusación
o manifestarse sobre causales
de incompetencia, recusaciones, impedimentos o nulidades
Al regular las intervenciones en la audiencia de acusación, el
artículo 339 de la Ley 906 de 2004 preveía que se concedería la palabra
únicamente a la Fiscalía, al Ministerio Público y a la defensa a fin de que expresaran oralmente las causales de incompetencia, impedimentos,
recusaciones, nulidades, si las hubiere, y las observaciones sobre el escrito
de acusación para que el fiscal realizara, de manera inmediata, las
aclaraciones, adiciones o correcciones. A su vez, el artículo 337 establecía en
su inciso final que el escrito de acusación se entregaba a la defensa, al
ministerio público y a las víctimas con fines únicos de información.
La Corte encontró
que no prever la participación de la víctima constituía una omisión
legislativa. Para apoyar esta conclusión, sostuvo que teniendo en cuenta que
entre los intereses de las víctimas y los de la Fiscalía o ministerio público
no existe necesariamente coincidencia, los derechos de las primeras podrían
quedar desprotegidos en un momento que resulta medular para el proceso penal. Señaló además que
si bien la competencia para acusar se encontraba radicada en la Fiscalía, no se
constataba razón alguna que justificara la decisión de excluir su participación
en dicha etapa. Aseguró “que la intervención de la víctima no supone una
modificación de las características estructurales del sistema penal con
tendencia acusatoria, ni una transformación de la calidad de interviniente
especialmente protegido que tiene la víctima”. Precisó que su intervención
“no afecta la autonomía del Fiscal para acusar, ni mucho menos lo desplaza
en el ejercicio de las facultades que le son propias”. Concluyó entonces
que el límite a los fines de la entrega del escrito de acusación así como la
exclusión de la víctima de la audiencia de acusación significaba “un
incumplimiento de los deberes constitucionales que tiene el legislador en la
protección de los derechos de la víctima”. Como consecuencia de ello
declaró inexequible la expresión “con fines únicos de información” del inciso
final del artículo 337 y exequible el artículo 339 en el entendido de que la
víctima también puede intervenir en la audiencia de formulación de acusación
para elevar observaciones al escrito de acusación o manifestarse sobre posibles
causales de incompetencia, recusaciones, impedimentos o nulidades.
vii)
Sentencia C-516 de 2007: omisión
legislativa relativa por impedir a las victimas la intervención en los
preacuerdos y, en particular, por no prever la posibilidad de ser oída por el
juez de conocimiento
Ante la acusación de
varias de las disposiciones de la Ley 906 de 2004 que regulan los preacuerdos y
negociaciones que adelante la Fiscalía con el imputado y acusado, este Tribunal
consideró que la intervención de las víctimas en dicho proceso resultaba
constitucionalmente ordenada. En particular, advirtió que las víctimas tenían
el derecho a ser oídas por el juez antes de impartir la aprobación del
respectivo acuerdo. Conforme a ello una vez celebrado “la víctima debe ser informada del mismo a
fin de que pueda estructurar una intervención ante el juez de conocimiento
cuando el preacuerdo sea sometido a su aprobación”. Adicionalmente el juez
tiene la obligación de asegurar “que el mismo no desconozca o quebrante
garantías fundamentales tanto del imputado o acusado como de la víctima (…)”.
viii)
Sentencia C-782 de 2012: omisión
legislativa relativa por impedir a las victimas solicitar la adición de una
sentencia o su decisión equivalente, cuando no ha existido un pronunciamiento
sobre los bienes con fines de comiso.
Este Tribunal
consideró que al aprobar la regla del artículo 90 de la Ley 906, que no
permitía a la víctima solicitar al juez la adición de la sentencia o su
decisión equivalente cuando no se hubiere pronunciado sobre los bienes con
fines de comiso, el legislador había omitido la inclusión de las víctimas como
intervinientes habilitados para ello, sin que existiera razón constitucional
alguna que pudiera justificarlo. Para la Corte, la regulación cuestionada “entraña una omisión legislativa relativa,
comoquiera que dicha exclusión se produce frente a un sujeto que se encuentra
en una posición jurídica asimilable a aquellos que si fueron considerados, sin
que exista para ello una justificación objetiva y razonable, derivando dicho
trato en discriminatorio respecto de la víctima, lo cual se proyecta en un
desmedro de la garantía de acceso pleno y efectivo a la justicia, en procura de
una reparación integral del daño inferido con el delito”. En consideración
a ello, declaró la exequibilidad de la disposición, en el entendido de que la
víctima -al igual que el fiscal, el Ministerio Público o la defensa- podrían
elevar tal petición.
c) El examen
detenido de estas decisiones permite entonces constatar que la jurisprudencia
constitucional ha reconocido en el momento de la acusación así como en la
audiencia preparatoria, un importante grupo de derechos a las víctimas. En este
contexto se ha permitido, por ejemplo, que intervengan en las diferentes
audiencias o que formulen peticiones al juez a fin de hacer efectivos los
derechos básicos que como víctimas les confiere la Carta. Se trata de
intervenciones importantes que suponen, en algunos casos, tensiones con la
posición de la Fiscalía. Ello indica que el reconocimiento de tales
atribuciones en el proceso penal no solo no se opone a la estructura básica del
sistema fijado en la Carta sino que, por el contrario, constituye un desarrollo
directo del deber estatal de asegurar la intervención efectiva de la víctima en
el proceso penal.
Igualmente la Corte
encuentra que permitir a las victimas presentar esta solicitud no afecta en
modo alguno la igualdad de armas[19]
ni da lugar a un desequilibrio de las partes en la etapa del juicio oral. No se
trata en este caso de una medida que acentúe el poder de la defensa o de la
Fiscalía en relación con sus posibilidades de actuar en la etapa del juicio.
Tampoco comporta un cambio en la naturaleza de la víctima como interviniente
especial puesto que la facultad de solicitar la conexidad procesal no
representa una atribución que, por su naturaleza, sea exclusiva de las partes,
sino que, por el contrario, permite que el juez de conocimiento evalué si se
reúnen las condiciones para declararla y, de ser el caso, proceda a decretarla
a fin de alcanzar los importantes objetivos que a ella se vinculan.
Examen de
afectación de los derechos de las víctimas
20. El trato
diferente no solo carece de una justificación suficiente sino que tiene como
resultado la afectación de los derechos de las víctimas. Como quedó expuesto en
el fundamento jurídico 8.1 de esta sentencia, la unidad procesal así como la
declaratoria de conexidad, no solo interesa a la defensa o a la Fiscalía. Las
víctimas tienen también un interés en su aplicación y, en la consecuencial
investigación o tramitación en un mismo proceso de los delitos conexos o de los
partícipes de un mismo delito.
Ello contribuye
efectivamente (i) a la dirección eficiente de sus esfuerzos probatorios y (ii) a
la existencia de procesos que permitan identificar y reconstruir los contextos en
los que tuvieron lugar hechos punibles que, por su magnitud, comprometen a
numerosas personas o dieron lugar a la comisión de sucesivos delitos. Incluso
en algunos casos de graves violaciones a los derechos humanos, como ocurre por
ejemplo cuando se trata de genocidios, la declaratoria de conexidad puede tener
para las víctimas una trascendencia significativa. Igualmente asegura (iii) la
existencia de decisiones uniformes respecto de los comportamientos que han
afectado a quienes se presentan como víctimas y (iv) condiciones equivalentes
de reparación no solo en lo relativo a la cuantía y forma de hacerlo, sino
también en lo que se refiere a los responsables de asumirla. Para la Corte entonces
no existe duda que la conexidad procesal es un instrumento fundamental para la
realización del derecho a la verdad y a la reparación.
La solicitud para
que el juez determine si procede declarar la conexidad procesal no es entonces
indiferente para las victimas quienes, a pesar de poderla requerir de la
Fiscalía durante la etapa de investigación, pueden no encontrar una decisión
favorable. Teniendo en cuenta que los intereses de la Fiscalía y de las víctimas
no necesariamente coinciden –como en el pasado lo ha dicho este Tribunal- el
reconocimiento de esta facultad constituye un instrumento para optimizar la
realización de sus derechos. Se trata, además, de un instrumento de protección del
derecho a ser oído por el juez de conocimiento.
Examen de
infracción de un deber constitucional específico
21. La relación
instrumental pero estrecha entre la solicitud de conexidad procesal y los
derechos a la verdad y a la reparación, conduce a concluir que al adoptar  la regulación
acusada el legislador incumplió el deber constitucional de asegurar la
participación efectiva de las víctimas en el proceso penal. Este deber –cuyo
fundamento se encuentra en disposiciones de la Constitución y en tratados de
derechos humanos- implica que, a menos que existan intereses constitucionales
de particular importancia, el legislador tiene la obligación de permitir a la
víctima intervenir en los diversos momentos procesales. En el juicio realizado
por la Corte no se identificó razón alguna que pueda demostrar que el derecho
de las víctimas a elevar una petición de conexidad procesal resulte
incompatible con la Carta. De hecho existen argumentos constitucionales y
precedentes de este Tribunal que demuestran precisamente lo contrario.
G.  DECISION A ADOPTAR
22. Las
consideraciones anteriores permiten concluir la existencia de una omisión
legislativa relativa en el artículo 51 de la Ley 906 de 2004, al excluir a la
víctima de la posibilidad de solicitar al juez de conocimiento la conexidad
procesal. Debe preguntarse la Corte, finalmente, cuál es la decisión que debe
adoptarse en este caso en tanto la disposición demandada prevé dos momentos,
según se trate de la Fiscalía o de la defensa, para elevar tal petición.
Una primera alternativa
consistiría en expulsar -tal y como lo solicita uno de los demandantes- el
inciso primero y el parágrafo del artículo 51. Esta posibilidad, sin embargo,
generaría incertidumbre acerca del momento en que se podría presentar una
petición en tal dirección, lo que afectaría la realización de los importantes
propósitos que se anudan a ella. Adicionalmente, supondría un impacto en el
principio democrático y el mandato de conservación del derecho si se tiene en
cuenta que la facultad otorgada a la Fiscalía y a la defensa no es en sí misma
problemática. Lo es, en cuanto no está prevista la posibilidad de que la
víctima proceda en un sentido análogo.
La segunda
alternativa, propuesta por la otra demanda, consistiría en declarar inexequible
únicamente el parágrafo del artículo 51 que prevé la facultad de la defensa de
solicitar la conexidad en la audiencia preparatoria. Tal camino podría ser
interpretado como la eliminación de una atribución que en la presente
oportunidad no ha sido cuestionada. Adicionalmente, como se indicó, dicha
habilitación, per se, no viola la Constitución. Por ello el principio
democrático y el mandato de conservación del derecho, descartan esta
posibilidad.
Encuentra la Corte
que existe una tercera alternativa que armoniza plenamente los principios que
se encuentran en juego, cuando debe adoptarse una sentencia modulada a raíz de
la identificación de una omisión legislativa relativa.  Considerando (i) que los
dos momentos en los que procede la solicitud de conexidad procesal ante el juez
son la formulación de la acusación y la audiencia preparatoria y (ii) que la formulación
de acusación es una competencia exclusiva del Fiscal, al paso que en la
audiencia preparatoria se ha previsto la participación de diferentes sujetos -incluyendo
a las víctimas según lo ha decidido la Corte en el pasado-, la forma de
corregir el déficit regulatorio detectado consiste, de una parte, en declarar
la constitucionalidad simple del inciso primero del artículo 51 y, de otra, en declarar
la constitucionalidad del parágrafo de dicha disposición en el entendido que
además de la defensa, las victimas podrán solicitar en la audiencia
preparatoria que se decrete la conexidad procesal.
H.  SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
23. Le correspondió a la Corte determinar si la actuación del legislador,
al adoptar el artículo 51 de la Ley 906 de 2004 y no prever que la víctima
pueda solicitar al juez la declaratoria de conexidad procesal -lo que sí
resulta posible para la Fiscalía al formular la acusación y para la defensa en
la audiencia preparatoria- configuró una omisión legislativa relativa.
24. El régimen de protección constitucional de la víctima en el proceso
penal se edifica a partir de tres premisas fundamentales a saber: (i) su
reconocimiento como participante esencial para la consecución de los fines del
proceso, (ii) la calificación de la víctima como sujeto titular de los derechos
a saber la verdad, a que se haga justicia y a ser reparada y (iii) la
consideración de las normas que reconocen tales derechos como principios que
ordenan la realización, en la mayor medida posible, del objeto protegido (a la
verdad, a la justicia y a la reparación). Estas premisas que configuran  el deber constitucional de asegurar la participación de las víctimas en
el proceso penal encuentran apoyo en los artículos (a) 2, 13, 29, 229 y 250.7
de la Constitución, (b) 2, 3 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y (c) 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Conforme a ellas y
tal como lo evidencia la práctica interpretativa de la Corte, existe una
obligación constitucional de reconocer a las víctimas un extendido haz de
posiciones jurídicas en el proceso penal que hagan posible materializar sus
derechos. Tal obligación es exigible del legislador a menos que su cumplimiento
(a) se oponga a una prohibición constitucional expresa, (b) desconozca
competencias, facultades o derechos exclusivos de los otros sujetos que
participan en el proceso o (c) resulte incompatible con la estructura
constitucional del proceso penal.
La última de tales
restricciones a la obligación legislativa, tiene lugar cuando el reconocimiento
de una facultad o derecho a la víctima supone (c.1) la modificación de los rasgos estructurales del sistema
penal con tendencia acusatoria, (c.2) la alteración de la igualdad de armas, o
(c.3) la variación de la calidad de la víctima como interviniente especialmente
protegido. Para efectos de determinar la incompatibilidad con la estructura constitucional
del proceso penal (c.4) deberá considerarse la etapa procesal de la que se
trata –no son equivalentes las etapas previas al juicio, que el juicio mismo-,
el tipo de intervención debatida –no es equiparable hacer una solicitud
probatoria que presentar la teoría del caso- así como el grado de interferencia
que puede tener en las funciones o facultades de los otros sujetos procesales
–es diferente solicitar al juez ser oído al momento de aprobar un acuerdo, a
pretender sustituir al fiscal en la formulación de la acusación-.
25. En la aprobación
del artículo 51 de la Ley 906 de 2004 se configuró una omisión legislativa
relativa que viola la Constitución.
25.1. Resulta
cierto, que los apartes demandados del artículo 51 de la Ley 906 de 2004 no han
previsto la posibilidad de que la víctima solicite al juez decretar la
conexidad procesal (examen de certeza de la omisión).
25.2. La exclusión
que se desprende del artículo 51 no puede apoyarse en ninguna de las razones
que la jurisprudencia ha establecido como limites admisibles de la
participación de la víctima en el proceso penal debido a que (a) no se opone a
una prohibición constitucional expresa, (b) no desconoce competencias,
facultades o derechos exclusivos de los otros sujetos que intervienen en el
proceso o (c) no es incompatible con la estructura constitucional del proceso
penal (examen de justificación de la omisión).
25.3. La omisión
afecta los derechos a la verdad y a la reparación de las víctimas dado que la
conexidad procesal contribuye efectivamente (a) a la dirección eficiente de sus
esfuerzos probatorios y (b) a la existencia de procesos que permitan identificar
y reconstruir los contextos en los que tuvieron lugar hechos punibles que, por
su magnitud, comprometen a numerosas personas o dieron lugar a la comisión de
sucesivos delitos. Incluso en algunos casos graves de violación de derechos
humanos, tal y como ocurre cuando se trata de genocidios, la declaratoria de
conexidad puede tener para las víctimas una trascendencia significativa.
Igualmente asegura (c) la existencia de decisiones uniformes respecto de los
comportamientos que han afectado a quienes se presentan como víctimas y (d) el
establecimiento de condiciones uniformes de reparación no solo en lo relativo a
la cuantía y forma de hacerlo, sino también en lo que se refiere a los
responsables de asumirla (examen de afectación de los derechos de las víctimas).
25.4. La relación
instrumental pero estrecha entre la solicitud de conexidad procesal y los
derechos a la verdad y a la reparación, conduce a concluir que al adoptar la
regulación acusada, el legislador incumplió el deber constitucional de asegurar
la participación efectiva de las víctimas en el proceso penal. Este deber
implica que, a menos que existan intereses constitucionales de particular
importancia, el legislador tiene la obligación de permitir a la víctima
intervenir en los diversos momentos procesales. En el juicio realizado por la
Corte no se identificó razón alguna, que pueda demostrar que el derecho de las
víctimas elevar una petición de conexidad procesal resulte incompatible con la
Carta. De hecho existen argumentos constitucionales y precedentes de esta Corte
que demuestran precisamente lo contrario.
26. Considerando (i)
que los dos momentos en los que procede la solicitud de conexidad procesal ante
el juez son la formulación de la acusación y la audiencia preparatoria y (ii)
que la formulación de acusación es una competencia exclusiva del Fiscal, al
paso que en la audiencia preparatoria se ha previsto la participación de
diferentes sujetos -incluyendo a las víctimas según lo ha decidido la Corte en
el pasado-, la forma de corregir el déficit regulatorio detectado consiste, de
una parte, en declarar la constitucionalidad simple del inciso primero del
artículo 51 y, de otra, en declarar la constitucionalidad del parágrafo de
dicha disposición en el entendido que además de la defensa, las victimas podrán
solicitar en la audiencia preparatoria que se decrete la conexidad
procesal.
III.
DECISION
La Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando
justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. Declarar EXEQUIBLE el inciso primero del artículo 51 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado.
Segundo. Declarar EXEQUIBLE, por el
cargo analizado, el parágrafo del artículo 51 de la Ley
906 de 2004 en el entendido que además de la defensa, en la audiencia
preparatoria las victimas podrán solicitar que se decrete la conexidad
procesal.
Notifíquese,
comuníquese y cúmplase.
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Presidenta
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Vicepresidente
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Se manifiesta en la intervención que esta
ha sido la posición adoptada por la Corte Constitucional, entre otras, en la
Sentencia C-260/11 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio) en la que se indicó que la
víctima no tiene la posición de parte en el proceso, sino de interviniente
especial.
[2] Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Sentencia de fecha 21 de
marzo de 2002. Numero de proceso 33101.
[3] Corte Suprema de Justicia. Sala Penal.
Auto AP3835-2015 de fecha 8 de julio de 2015. Numero de proceso 46288.
[4] Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Auto interlocutorio. Auto AP917-2015 de fecha 25 de febrero de 2015. Numero de proceso 45402.
En esa misma dirección se encuentra, entre muchas otras, la sentencia de fecha
24 de noviembre de 2010 correspondiente al proceso 34482.
[5] Sentencia C-873 de 2003.
[6] Sentencia C-595 de 2005.
[7] Sentencia C-595 de 2005.
[8] En tal sentido se encuentra, por ejemplo, la sentencia C-595 de
2005.
[9] Sentencia C-595 de 2005.
[10]. Este Tribunal declaró que resultaba
inexequible una norma contenida en el Decreto 2700 de 1991 que no establecía un
término para adelantar la investigación previa por la comisión de un delito.
Dijo la Corte: “De ahí que sólo por conducto del proceso - y a través de sus
diferentes y sucesivas etapas - pueda el Estado perseguir el delito. Puede así
mismo sostenerse que las personas involucradas en los hechos punibles tienen un
verdadero derecho al proceso cuya naturaleza y configuración
en el Estado democrático debe ser eminentemente participativa. Este derecho de
estirpe constitucional se niega cuando, desvirtuando su función, se prolonga
irrazonablemente la etapa pre-procesal de la investigación previa, pese a la
existencia de imputado y a la conflictividad actual o potencial de su relación
con el Estado. Se vulnera ese derecho también frente a la persona investigada a
quien no se le comunica oportunamente esa situación. Estas violaciones
pueden darse como consecuencia de la indefinida dilación temporal de la
investigación previa. Dado que es en el proceso donde con
mayor intensidad y plenitud de garantías puede participar el
imputado, la investigación previa debe tener un período razonablemente breve,
circunscribirse a asegurar las fuentes de prueba y a verificar el cumplimiento
de los presupuestos mínimos que se requieran para ejercer la acción penal, que
es precisamente lo que se echa de menos en la disposición acusada”.
[11] Sentencia T-275 de 1994.
[12] Con fundamento en ello, la
Corte dispuso remitir copias del proceso de tutela con
destino a la Fiscalía Seccional de Bolívar, para que, si a ello había lugar,
luego del análisis de la situación relatada en el presente proceso, abra la
respectiva investigación penal.
[13] Antonio Barrera Carbonell, Alejandro Martínez Caballero, Eduardo
Cifuentes Muñoz y Fabio Morón Díaz.
[14] En el año 2005 la Corte adoptó las sentencias C-1154 y C-1177 en las que este Tribunal se ocupó de
analizar diferentes disposiciones de la Ley 906 de 2004. En la primera decidió
declarar la exequibilidad condicionada del
artículo 79 de la Ley 906 de 2004 –que establecía la competencia de la Fiscalía
para disponer el archivo de las diligencias- en el entendido que la decisión
será motivada y comunicada al denunciante y al Ministerio Público
para el ejercicio de sus
derechos y funciones. Indicó además que la expresión “motivos o circunstancias
fácticas que permitan su caracterización como delito” corresponde a la tipicidad
objetiva. En la segunda, al analizar una regla del
artículo 69 de la Ley 906 de 2004 conforme a la cual las denuncias sin
fundamento deberían inadmitirse, la Corte declaró su exequibilidad en el entendido que la inadmisión de la
denuncia únicamente procede cuando el hecho no existió, o no reviste las
características de delito. Esta decisión, debidamente motivada, debe ser
adoptada por el fiscal y comunicada al denunciante y al Ministerio Público.
[15] Arts. 348, 350,
351 y 352 de la Ley 906 de 2004
[16] Ello no impide que la víctima, en su
condición de interviniente del proceso, solicite a la Fiscalía que durante la
etapa de investigación proceda de conformidad con el principio de unidad
procesal y, en esa medida, adelante la investigación respecto de todos los
partícipes de un delito o de todos los delitos conexos.
[17] Bernal Cuellar y Montealegre Lynnet indican lo siguiente: “El
reconocimiento de la unidad procesal, como ya se dijo, no requiere
pronunciamiento judicial, porque se estructura en virtud de consideraciones
materiales, procesales o por aplicación de la Carta Política. Debe admitirse
sin embargo, que el juez de conocimiento debe determinar la existencia de la
unidad procesal, cuando recibe y estudia acusaciones plurales que estén
amparadas o cumplan los requisitos exigidos para mantener la institución mencionada
(unidad procesal)”. Bernal Cuellar Jaime y
Montealegre Lynett Eduardo. El proceso penal. Tomo II. Estructura y garantías
procesales. Universidad Externado de Colombia, sexta edición. Bogotá, 2013.
Pág. 602.
[18] Al explicar esta afirmación señaló: “No pretende desconocer la
Corte las especificidades del nuevo sistema en el que se asignan a la Fiscalía
unas competencias que propugnan por el restablecimiento del derecho y la
reparación integral de la víctima (Art. 250.6 CP), sin embargo ellas no tienen
la virtualidad de desplazar a la víctima, cuando en un ejercicio soberano de su
derecho de acceso a la justicia, opta por agenciar por su cuenta ( a través de
su representante)  sus intereses dentro del proceso penal”.
[19] En la sentencia 1194 de 2005 la Corte
caracterizó el principio de igualdad de armas: “Así entonces, el principio de igualdad de armas
constituye una de las características fundamentales de los sistemas penales de
tendencia acusatoria, pues la estructura de los mismos, contrario a lo que
ocurre con los modelos de corte inquisitivo, es adversarial, lo que significa
que en el escenario del proceso penal, los actores son contendores que se
enfrentan ante un juez imparcial en un debate al que ambos deben entrar con las
mismas herramientas de ataque y protección”. En el mismo sentido las sentencias C-536 de 2008 y
C-616 de 2014.