C-857-08
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-857/08
GUARDA/CURADURIA O CURATELA
PUPILO-Definición
En el artículo 436 del Código Civil, se
encuentra consignado el significado del término pupilo: los individuos sujetos
a tutela o curaduría se llaman pupilos. De acuerdo a esta disposición, la
expresión pupilo es genérica e involucra tanto a los sometidos a tutela como a
los sujetos a curaduría, por cuanto no se encuentran habilitados para dirigirse
a sí mismos o no pueden administrar de manera competente sus negocios.
TUTELA-Concepto/TUTELA-Objeto
La tutela constituye una figura particular en el
sistema de guardas creado en el Código Civil, a la que están sujeta los
impúberes. La condición de impúber se encuentra indisolublemente ligada a la
capacidad negocial en materia civil y comercial, y se halla relacionada con la
posibilidad de disponer libremente de los derechos patrimoniales, con lo cual
la concesión de este tipo de medidas que limitan las posibilidades de
participación en el tráfico jurídico por parte de los menores de edad, en
últimas, pretende protegerlos de eventuales lesiones patrimoniales que no
logran advertir quienes se encuentran en un incipiente proceso de desarrollo.
IMPUBER-Condición se extiende para niños y niñas hasta los 14
años de edad
En la actualidad la condición de impúber se
extiende hasta el momento en que el menor, sin importar su sexo, cuenta 14 años
de edad, y en consecuencia, la tutela establecida en el artículo 431 del Código
Civil resulta aplicable a los menores que se encuentran en dicho rango de edad.
TUTOR-Competencia/CURADOR-Competencia
De manera general los cargos de tutor o
curador no sólo se extienden a los bienes del incapaz, sino que incluyen a la
persona de los individuos sometidos a estas guardas. En el caso colombiano,
entonces, las guardas comprenden estos dos deberes de protección y en el caso
del tutor se encuentra encargado del cuidado personal del impúber.
TUTELA-Personas llamadas a ejercer el cargo de
tutor
En el caso de la tutela sólo pueden fungir
como tutores los abuelos legítimos del menor –sobre quienes no pesa la
prohibición de cohabitación y cuidado debido a su condición de ascendientes- y
las personas a las cuales hace alusión el numeral 4° del artículo 457 del
Código Civil, modificado por el Decreto 2820 de 1974, esto es, los hermanos del
pupilo y los hermanos de sus ascendientes.
TUTELA-Restricción de convivencia con el pupilo/TUTELA-Personas
a quienes se aplica la restricción de convivencia con el pupilo
El Artículo 519 de Código Civil establece
que: “El pupilo no residirá en la habitación o bajo el cuidado personal de
ninguno de los que, si muriese, habrían de suceder en sus bienes. No están
sujetos a esta exclusión los ascendientes legítimos, ni los padres naturales”.
Se observa entonces que la restricción de convivencia contenida en el inciso 1°
sólo habrá de aplicarse a los hermanos del pupilo y los hermanos de los
ascendientes del pupilo, toda vez que son ellos quienes, en caso de muerte del
menor, cuentan con vocación sucesoral. Por su parte, las personas que ocupan el
primer nivel y que, por consiguiente, de manera prioritaria han de ocupar el
cargo de tutor del menor se encuentran eximidos de dicha restricción en la medida
en que el inciso 2° del artículo 519 establece que la limitación de convivencia
no será oponible a los ascendientes legítimos, ni los padres naturales, y de
acuerdo a la actual redacción de la disposición objeto de demanda, la aludida
limitación de convivencia sería aplicable, además de los sujetos que acaban de
ser señalados, a los ascendientes naturales diferentes a los padres del menor y
a los ascendientes de la familia adoptiva del menor.
PROPOSICION JURIDICA
INCOMPLETA-Configuración/UNIDAD
NORMATIVA-Integración
En esta ocasión la Sala observa que la
eventual emisión de un fallo de inconstitucionalidad sobre los apartes
normativos censurados, dejaría una norma por completo ininteligible de la cual
no sería posible obtener una norma jurídica con un significado coherente. A su
vez, en lo que respecta a la acusación contra el inciso 1° de la disposición,
observa que los cargos presentados por los accionantes se dirigen materialmente
contra la totalidad del inciso y que, en cuanto a su formulación sustancial,
plantean una controversia jurídica relevante desde la óptica constitucional. De
la misma manera, en lo que atañe al cargo de inconstitucionalidad contra la
expresión contenida en el inciso 2° del artículo 519 del estatuto civil, la
Corte observa que la aludida norma jurídica que establece la supuesta
discriminación indicada por los demandantes, surge de la totalidad del inciso,
por lo que, atendiendo la naturaleza pública de la acción de inconstitucionalidad
y en aplicación de los principios de prevalencia del derecho sustancial y pro
actione que han sido consignados en el texto constitucional, la Sala procederá
a realizar la integración normativa para examinar de manera completa el
artículo 519 del Código Civil por los cargos formulados.
PRESUNCION-objetivo/PRESUNCION-Elementos que la
estructuran/PRESUNCION-Relación con el aspecto probatorio
La institución de las presunciones ha sido
creada dentro de la legislación con el objetivo de facilitar el esfuerzo
probatorio a favor de un determinado sujeto procesal con fundamento en la
dificultad de realizar la certera acreditación de hechos cuya demostración
representa una labor compleja. La estructura de las presunciones sigue un
modelo en el cual participan dos elementos que se encuentran vinculados por una
relación de necesidad física o lógica de normal ocurrencia: un hecho
antecedente y un hecho presumido. Al beneficiario de la presunción le
corresponde demostrar la ocurrencia del hecho antecedente a partir del cual se
configura la presunción, la cual lo exime de la necesidad de probar el
acaecimiento del segundo hecho.
TUTELA-Restricción de convivencia y cuidado personal con el
pupilo no establece una presunción de mala fe
La disposición que limita y crea una
restricción de convivencia y cuidado personal de los pupilos con aquellas
personas que frente a él guardan vocación sucesoral no establece una presunción
de mala fe, pues su objeto se circunscribe al establecimiento de una
prohibición que pretende asegurar amparo a los pupilos, quienes son sujetos de
especial protección según se sigue del artículo 13 de la Constitución Nacional.
DERECHO DE LOS NIÑOS A TENER UNA FAMILIA Y
NO SER SEPARADOS DE ELLA-Carácter
fundamental
NORMA Y DISPOSICION-Distinción/NORMA Y DISPOSICION-Objeto
de la diferenciación
La Corte Constitucional ha acogido esta distinción con
el objetivo de apoyar sobre ésta las sentencias de interpretación condicionada.
De manera puntual ha señalado la Corte que es posible establecer una clara
diferenciación entre los signos lingüísticos empleados por el Legislador para la
creación de reglas jurídicas –disposiciones- y el contenido normativo que
efectivamente se desprende de ellas –normas-. Dicha diferenciación ha sido
utilizada por el Tribunal cuando quiera que una misma disposición puede ser
interpretada en diferentes sentidos, de los cuales es necesario declarar la
inexequibilidad de uno o algunos por cuanto se oponen a la Constitución.
TEST DE PROPORCIONALIDAD-Aplicación/PRINCIPIO DE
PROPORCIONALIDAD-Objeto/PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD-Contenido
El principio de proporcionalidad es una
herramienta empleada por los Tribunales constitucionales para efectos de
examinar la exequibilidad de específicas limitaciones o restricciones de
derechos fundamentales. En cuanto al contenido del principio, la Corte
Constitucional ha señalado que tres subprincipios o elementos dan forma a este
patrón utilizado para establecer la exequibilidad de las medidas legislativas
que limitan derechos fundamentales: (i) idoneidad, en cuya sede es preciso
establecer la existencia de un fin constitucionalmente legítimo al cual se
encuentre orientada la restricción objeto de control y, en segundo término, que
el instrumento ideado –esto es, la restricción misma- resulte adecuado para la
consecución de dicho propósito. (ii) Necesidad, momento en el cual se analiza
la eventual existencia de otros medios que supongan una limitación menos severa
al derecho fundamental. (iii) Proporcionalidad en sentido estricto, en el cual
se indaga por la relación entre los costos y los beneficios constitucionales
que se obtienen con la medida enjuiciada.
DISCERNIMIENTO DE GUARDAS-Concepto/DISCERNIMIENTO DEL
TUTOR/DISCERNIMIENTO DEL CURADOR
Se llama discernimiento el decreto judicial
que autoriza al tutor o curador para ejercer su cargo. Toda tutela o curaduría
debe ser discernida
TUTELA-Restricción de convivencia y cuidado
personal con el pupilo busca un fin constitucionalmente legítimo pero hace
completamente nugatorio su derecho fundamental a tener una familia y a no ser
separados de ella.
La protección ofrecida a los menores de
edad con la restricción de convivencia y cuidado personal frente a personas que
guarden la expectativa de sucederlos; no sólo constituye una encomiable labor
que encuentra asidero en el texto constitucional, sino que es desarrollo del
mandato constitucional en virtud del cual el Estado se encuentra llamado a
conjurar todas las actuaciones que puedan poner en riesgo la vida y la
integridad de los niños y niñas, además que constituye un instrumento adecuado
para la consecución del fin al cual se encuentra comprometido el artículo 519
del Código Civil. En tal medida, la limitación del desarrollo de este tipo de
labores por parte de personas que guarden una expectativa de sucesión frente al
menor se erige como un mecanismo que de forma efectiva garantiza el amparo a la
vida y la integridad personal de los niños y niñas, toda vez que conjura de
manera anticipada las eventuales amenazas que se puedan cernir sobre los
impúberes sometidos a tutela. Así, esta norma jurídica, que en principio busca
un fin constitucionalmente legítimo consistente en la salvaguarda de la vida y
la integridad personal de los pupilos, en la práctica hace completamente
nugatorio su derecho fundamental a tener una familia y a no ser separados de
ella. En este punto resulta forzoso indicar que, como acaba de ser señalado, la
tarea de asegurar protección a tan altos bienes jurídicos en cabeza de sujetos
de especial protección, es una labor inaplazable. No obstante, los medios
elegidos por el Legislador no pueden implicar el sacrificio absoluto de otras
garantías iusfundamentales que, a su vez, ocupan un lugar de notable
prevalencia en el ordenamiento. En consecuencia, según lo impone el principio
de armonización constitucional, la realización de los fines constitucionales
debe llevarse a cabo de manera tal que no implique la negación absoluta de
otros propósitos y, más aún, de otros derechos fundamentales. A juicio de la
Sala el establecimiento de una restricción de las dimensiones anotadas resulta
por completo desproporcionada en la medida en que obstaculiza en todos los
casos el derecho fundamental reconocido a los menores de edad a tener una
familia pues las personas que tienen vocación sucesoral frente a su patrimonio
son, precisamente, sus familiares más cercanos. En cuanto a la existencia de
medios alternativos menos lesivos del derecho fundamental, la Corte estima que
el discernimiento de las guardas constituye un instrumento igualmente idóneo
para asegurar, no sólo la integridad y el bienestar físico del menor, sino
adicionalmente la mejor elección entre los candidatos disponibles para
desempeñar el cargo de tutor de acuerdo a las calidades morales de las personas
que se encuentran llamadas a asumir el cargo.
TUTELA-Restricción de convivencia y cuidado personal del
pupilo no opera ope legis/TUTELA-Restricción de convivencia y cuidado
personal del pupilo requiere decisión judicial
CONSANGUINIDAD ILEGITIMA-Inconstitucionalidad/IGUALDAD DE LOS
HIJOS
A partir de la entrada en vigencia de la
Ley 29 de 1982 la institución de la consanguinidad ilegítima desapareció del
ordenamiento constitucional y fue reemplazada por la extramatrimonial. Tal
modificación se ciñe a plenitud con lo prescrito en el artículo 42 del texto
superior, según el cual los hijos de familia pueden ser clasificados de acuerdo
a las siguientes categorías: legítimos, extramatrimoniales y adoptivos. No
obstante, es necesario advertir de manera terminante que el reconocimiento de
tal ordenación en forma alguna autoriza un tratamiento desigual o
discriminatorio en su contra, toda vez que el texto superior establece como
regla imperativa la igualdad de derechos y deberes de los menores. La Corte
Constitucional observa que la expresión “legítimos, ni los padres naturales”,
en la medida en que excluye a los familiares que han sido indicados en líneas
anteriores, resulta contraria al texto superior, toda vez que no sólo priva a
los menores de la oportunidad de disfrutar de su derecho fundamental a tener
una familia y a no ser separados de ella sino que, adicionalmente, se opone a
lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 42 constitucional; el cual establece
que la familia se constituye por vínculos jurídicos (tal como ocurre en el caso
del matrimonio o en la adopción) o naturales (en cuyo caso se hace referencia a
la decisión libre de conformarla). Empero, la razón fundamental que encuentra la
Corte para declarar la inexequibilidad de la aludida locución consiste en que
el inciso 7° del artículo 42 prescribe “Los hijos habidos en el matrimonio o
fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica,
tienen iguales derechos y deberes”-. En consecuencia, al privilegiar la
situación de los hijos legítimos respecto de sus ascendientes; el Legislador
estaría promoviendo un tratamiento discriminatorio en virtud del cual, sin
fundamento constitucional legítimo, se aparta a los hijos extramatrimoniales y
adoptivos de la posibilidad de encontrarse bajo el cuidado de sus ascendientes
en caso de ser sometidos a tutela. En consecuencia, con la declaración de
inexequibilidad del segmento enunciado, el inciso 2° del artículo 519 del
Código Civil ha de establecer lo siguiente: “No están sujetos a esta exclusión
los ascendientes”.
Referencia: expediente D-7150
Demandantes: Jeisson Javier López Merchán,
Jeferson Eduardo López Merchán, Nicolas Levy Levy y John Fredy Camacho Espitia
Demanda de inconstitucionalidad
contra el artículo 519 del Código Civil
Magistrado Ponente
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA
PORTO
Bogotá, D. C., tres (3) de septiembre de
dos mil ocho (2008)
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública
consagrada en los artículos 40 y 241 de la Constitución Nacional los Ciudadanos
Jeisson Javier López Merchán, Jeferson Eduardo López Merchán, Nicolás Levy Levy
y John Fredy Camacho Espitia solicitaron a esta Corporación declarar la
inexequibilidad del artículo 519 del Código Civil
Mediante auto del 14 de diciembre de 2007
el Magistrado Sustanciador resolvió admitir la demanda interpuesta por los
accionantes. En consecuencia, dispuso correr traslado de la acción promovida al
Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor; comunicó
al Presidente del Congreso, al Presidente de la República y al Ministerio del
Interior y de Justicia para que, de considerarlo oportuno, intervinieran en el
proceso de constitucionalidad. Adicionalmente, ofició en el mismo a la
Defensoría del Pueblo, al Ministerio de la Protección Social, al Observatorio
de Infancia y Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al
Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, al Instituto
de Estudios Legales Alternativos y al Observatorio de la Infancia de la
Universidad Nacional de Colombia para que intervinieran en el trámite de la
acción.
En la misma providencia invitó a la
Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Colegio de Abogados Rosaristas y a
las Facultades de Derecho de las Universidades Externado de Colombia, de los
Andes, Javeriana, Libre, Nacional, Jorge Tadeo Lozano, Autónoma, de Antioquia,
Santo Tomás, Rosario y de Cartagena para que participaran en el proceso de la
referencia.
Cumplidos los trámites indicados, propios
de esta clase de procesos, y previo el concepto del Procurador General de la
Nación, procede la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.
II. NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe el texto
correspondiente a la disposición demandada:
CÓDIGO CIVIL
Artículo 519. El pupilo no
residirá en la habitación o bajo el cuidado personal de ninguno de los
que, si muriese, habrían de suceder en sus bienes.
No están sujetos a esta
exclusión los ascendientes legítimos, ni los padres naturales
III. LA DEMANDA
Mediante escrito radicado ante la
Secretaría General de esta Corporación el día 3 de diciembre de 2007, los
accionantes interpusieron acción pública de inconstitucionalidad contra los
segmentos normativos resaltados en la anterior trascripción, los cuales se
encuentran contenidos en el artículo 519 del Código Civil.
Con el objetivo de dar alcance a la demanda
de inexequibilidad los Ciudadanos demandantes formularon los dos siguientes
cargos por los cuales, a su juicio, lo dispuesto en el artículo demandado se
opone a los artículos 1°, 4°, 13, 44 y 83 del texto constitucional:
(i) El primer cargo de inconstitucionalidad
formulado contra la disposición se dirige, de manera puntual, contra el inciso
1° por incurrir en una supuesta vulneración del principio de la presunción de
buena fe (artículo 83 C. N.). Sobre el particular, los accionantes realizaron
una breve exposición de la relevancia que adquiere el principio de buena fe en
el derecho privado y, de manera particular, en el derecho constitucional
gracias a la consagración de tal postulado en el artículo 83 superior. En tal
sentido, los demandantes llamaron la atención sobre la importancia de la
presunción de buena fe como condición ineludible para el adecuado desarrollo de
las relaciones propias de la vida en sociedad; propósito que, a su juicio,
encuentra pleno respaldo en el texto constitucional.
En cuanto a la acusación de
inconstitucionalidad, en el primer segmento de la demanda las anteriores
consideraciones se encuentran dirigidas a la justificación de la
inexequibilidad de la presunción de mala fe que, a su juicio, se encuentra
consignada en el inciso 1° del artículo 519 del Código Civil. Sobre el
particular, los Ciudadanos señalaron que el Legislador habría empleado una
injustificada conjetura consistente en que las personas llamadas a suceder al
pupilo “van a actuar en detrimento suyo”, pues en su opinión dicho
argumento es el único que permite comprender la razón por la cual no se permite
que tales sujetos convivan con el pupilo. Así las cosas, el artículo demandado
establecería en abstracto una presunción de mala fe en su contra por la cual se
apartaría a los pupilos –menores de edad y, por tanto, sujetos de especial
protección- de la posibilidad de cohabitar con miembros de su núcleo familiar.
En consecuencia, la ausencia de razones atendibles que justifiquen la
institución de dicha presunción da cuenta, de acuerdo al criterio manifestado
en el escrito de demanda, de la vulneración del mandato de presunción de buena
fe contenido en el artículo 83 superior.
El libelo de demanda concluye este acápite
señalando que, de acuerdo a la clara orientación que se sigue de la lectura del
artículo 83 constitucional, el comportamiento doloso o malintencionado por
parte de estas personas –esto es, de quienes se encuentran llamados a suceder
al pupilo- ha de acreditarse de manera suficiente y con pleno respeto al
derecho fundamental al debido proceso ante la autoridad judicial competente;
circunstancia que se opone a la presunción in abstracto que grava de
manera ilegítima la posición de los destinatarios de la presunción y, hasta
cierto punto, del pupilo; quien, lejos de ser protegido por la medida adoptada
en la disposición demandada, resulta seriamente afectado en las garantías iusfundamentales
establecidas en el artículo 44 superior, toda vez que se le priva de la
posibilidad de convivir con las personas señaladas en la disposición.
En suma, a juicio de los demandantes, el
inciso 1° del artículo 519 del Código Civil establece una presunción
arbitraria, formulada de manera abstracta, que en forma alguna ofrece una
protección efectiva al pupilo.
(ii) En segundo término, de manera escueta
los Ciudadanos expusieron el cargo de inexequibilidad dirigido contra el inciso
2° del artículo 519 del estatuto civil, el cual se apoya en una supuesta
infracción del principio a la igualdad consagrado en el artículo 13 superior.
De acuerdo al criterio expresado en el escrito de demanda, la vulneración de la
máxima constitucional ocurre por cuanto el inciso 2° exime de la prohibición de
cohabitación planteada en el inciso 1° a los ascendientes legítimos y a los
padres naturales.
En este punto es necesario llamar la
atención sobre la estructura de la acusación de inconstitucionalidad para
comprender de manera cabal su sentido: en opinión de los demandantes, la no
inclusión expresa de los padres adoptivos en la excepción creada infringe el
aludido postulado. Por tal razón, atendiendo la composición gramatical de la
disposición, los Ciudadanos solicitaron la declaración de inexequibilidad del
segmento normativo “ni los padres naturales”, pues su exclusión del
texto hace que la liberación de dicha prohibición beneficie a la totalidad de
los ascendientes.
De acuerdo a la anterior exposición, la
inexequibilidad de la disposición se presenta, a juicio de los demandantes, por
cuenta de la mención a los “padres “NATURALES” ya que dichas [locuciones]
implican un trato desigual entre los padres biológicos y los padres
adoptantes, es decir, con la palabra “NATURALES” estarían siendo objeto de
exclusión los padres adoptantes al darles (Sic) a los padres naturales
el beneficio de estar al cuidado personal del pupilo”.
Con fundamento en lo anterior, los
demandantes solicitaron a la Sala Plena de esta Corporación declarar la
inexequibilidad de las expresiones “no residirá”, contenida en el inciso
1° del artículo 519 del Código Civil, y “ni los padres naturales”,
inscrita en el inciso 2° de la misma disposición.
IV. INTERVENCIONES
4.1.- Ministerio de la Protección Social
La Ciudadana Mónica Andrea Ulloa Ruiz,
obrando en calidad de Representante del Ministerio de la Protección Social,
remitió concepto a la Secretaría General de esta Corporación solicitando a la
Corte declarar la exequibilidad de la disposición acusada en el escrito de
demanda. Con el objetivo de exponer el fundamento de la posición del Ministerio
frente a la acción promovida, la representante realizó una extensa trascripción
de la sentencia C-1109 de 2000, con el propósito de resaltar que la presunción
de buena fe establecida en el artículo 83 constitucional no se opone a la
creación de disposiciones jurídicas que pretendan asegurar la protección a
sujetos en circunstancias de indefensión mediante la creación de prohibiciones
expresas que apuntan a garantizar dicho amparo, lo cual coincide con la
configuración del principio de igualdad establecido en el artículo 13 del texto
constitucional.
En cuanto a la exequibilidad del inciso 2°
de la disposición demandada, indicó que el supuesto trato desigual acusado en
el libelo de demanda no se presentaba en la práctica, pues al consultar lo
dispuesto en el artículo 64 del mismo Código Civil, se concluye que el estatuto
civil “le dio al adoptante la calidad de legitimario del adoptivo”, a lo
cual debe sumarse la orientación ofrecida por la Ley 1098 de 2007, la cual
regula en el mismo sentido los efectos jurídicos de la adopción.
De conformidad con tales fundamentos, la representante
del Ministerio solicitó a la Sala Plena de la Corte Constitucional declarar la
exequibilidad de la disposición censurada.
4.2.- Ministerio del Interior y de Justicia
Obrando como Director del Ordenamiento
Jurídico del Ministerio del Interior y de Justicia, el Ciudadano Fernando Gómez
Mejía emitió concepto solicitando a la Corte declarar la constitucionalidad del
artículo 519 del Código Civil.
En primer lugar, el representante realizó
un prolijo análisis del tema de las tutelas y curatelas de acuerdo a las
disposiciones contenidas en el Código Civil con el propósito de esclarecer el
contexto dentro del cual se inscribe el artículo demandado. Una vez concluyó el
examen, reiteró el argumento manifestado por el Ministerio de la Protección
social, según el cual la presunción de buena fe establecida en el artículo 83 superior
no constituye un obstáculo para la creación de prohibiciones que garanticen la
protección de “los débiles”, que es la categoría a la cual, a su juicio,
pertenecen los menores de edad en su condición de pupilos. En tal sentido,
manifestó que la creación de este tipo de proscripciones en forma alguna
suponen el establecimiento de presunciones de mala fe en contra de las personas
que tienen vocación sucesoral frente al menor, pues, en sentido contrario, la
disposición se limita a instaurar una prohibición que, en vez de contrariar el
texto constitucional, busca proteger a un sujeto que merece amparo reforzado
según la misma Constitución.
En opinión del interviniente, la demanda
incurre en una “ingenuidad antropológica”, pues bajo el argumento de la
presunción de buena fe, desconoce los peligros reales que se ciernen sobre los
menores sometidos a esta especial guarda. En tal sentido, los accionantes
desconocerían dicha amenaza, la cual fue tenida en cuenta por el Legislador al redactar
la disposición censurada; decisión que coincide con el parámetro del “altruismo
limitado” que, con fundamento en una digresión del profesor H. L. A Hart,
debe ser tenido en cuenta al momento de regular este tipo supuestos.
En lo que respecta a la constitucionalidad
del inciso 2° de la disposición indicó que la “mención de los padres
naturales resulta inútil, en la medida en que un impúber, o se halla bajo
patria potestad o, si se halla bajo tutela, no podrá decirse que ésta pueda ser
ejercida por el padre. Si el padre no tiene la patria potestad del impúber (…)
no podrá, en caso de estar vivo, ser el tutor de su hijo por las razones que
se desprenden de lo que se consagra en estos artículos (314 y 315 del
Código Civil) y en el 586 del mismo código sobre incapacidades para el
ejercicio de las guardas. Y si la patria potestad no ha terminado sino que se
encuentra suspendida en los términos del artículo 310 del C. C., tampoco, por
razones obvias, podrá el padre ser tutor de su hijo impúber. En otras palabras,
los padres no pueden ser tutores de sus hijos impúberes”.
Por último, en cuanto a la supuesta
infracción del principio de igualdad, señaló que bajo la consideración de las
sucesivas reformas a las que se ha visto sometido el estatuto civil desde su
promulgación, debe entenderse que la exclusión consagrada en el inciso 2° del
artículo 519, se extiende a los padres adoptantes, tal como lo prescribe el
artículo 97 del Decreto 2737 de 1989; disposición que consagra la igualdad de
derechos y obligaciones de los padres.
4.3.- Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar
Mediante oficio recibido por la Secretaría
General de la Corte el día 22 de enero de 2008, el Ciudadano José Oberdan
Martínez Robles, Jefe de la oficina asesora jurídica del instituto, emitió
concepto jurídico contra la pretensión desarrollada en la demanda interpuesta
por los demandantes.
Luego de resumir el sentido de la acción
promovida, el interviniente señaló que la disposición contenida en el artículo
519 del Código Civil recoge en nuestro ordenamiento jurídico una institución
propia del derecho romano, la cual busca garantizar amparo a la vida de los
impúberes frente a las eventuales amenazas que pueda representar la convivencia
bajo el mismo techo con las personas que puedan tener interés en sucederlos. A
renglón seguido, señaló que en estos eventos el pupilo debe habitar en el hogar
de sus tutores o curadores de acuerdo a los correspondientes que la ley les
asigna.
Así las cosas, a juicio del representante,
“la prohibición excepcional comprende a las personas que lo sucederían [al
pupilo] sin la interposición de otro orden hereditario, tales como los
hermanos, puesto que otros parientes que no estuvieran llamados en primer grado
a heredarlos, no estarían sujetos a lo que dispone el artículo. Se entiende que
la norma comprende a los herederos ab-intestato, puesto que el pupilo no tiene
capacidad para testar”. A renglón seguido se pronunció a propósito de la
constitucionalidad del inciso 2° de la disposición, en el cual se establece que
la prescripción establecida no resulta oponible a los ascendientes legítimos y
padres naturales. Al respecto, el interviniente señala que esta medida asegura
un adecuado entorno de protección de los pupilos, frente a quienes “pueden
no llegar a tener el suficiente afecto que impida que eventualmente puedan dar
rienda suelta a sus sentimientos de codicia por los bienes del pupilo. La
excepción que se realiza es una presunción racional del grado de afecto que,
según considera el legislador objetado, sí existe entre los ascendientes y los
padres naturales. Esta última expresión debe entenderse en el sentido de los
simples padres incluyendo a los adoptivos, por haber sido excluida actualmente
como categoría de parentesco por la legislación y la jurisprudencia colombianas”.
A partir del examen señalado, el representante
concluye que lo dispuesto en el artículo censurado, lejos de vulnerar el
principio de la buena fe, se ajusta a las necesidades prácticas de brindar
adecuada protección a los menores; razón fundamental por la cual solicita a la
Corte Constitucional declarar la exequibilidad de los segmentos normativos
demandados.
4.4.- Universidad del Rosario
Mediante oficio recibido el día 13 de marzo
de 2008, suscrito por la Docente Betty Mercedes Martínez Cárdenas, la
institución universitaria se pronunció acerca del objeto de la acción pública
de inconstitucionalidad que ahora ocupa a la Corte para solicitar la
declaración de exequibilidad de la disposición demandada. De manera breve
señaló que la carga de la prueba prescrita en el artículo censurado en forma
alguna se opone a los artículos 4° y 83 del texto superior por cuanto “las
expresiones “ascendientes legítimos y “padres naturales” no establecen en esta
norma diferencias en cuanto a los derechos y obligaciones entre ascendientes de
sangre y padres adoptantes en relación con el pupilo, siendo por demás ambos
legitimarios del mismo según el artículo 1240 del Código Civil”.
4.5. Universidad Santo Tomás
En concepto recibido el día 1° de abril de
2008, el Ciudadano José Joaquín Castro Rojas, Director del Consultorio Jurídico
de la institución universitaria, solicitó a esta Corporación declarar la
inexequibilidad parcial de la norma demandada. De manera puntual, el
interviniente refirió que lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 519 del
Código no se aviene al principio de igualdad consignado en el artículo 13
superior en la medida en que exime de la prohibición establecida en su inciso
1° a los padres naturales, conservando dicha limitación para los padres
adoptantes sin que medie una justificación constitucional atendible que de
sustento a tal distinción. Al respecto, el pronunciamiento concluye lo
siguiente: “se debe igual respeto a los integrantes de un grupo familiar
conformado mediante el matrimonio o por fuera de éste, que bajo el artículo demandado
(Art. 519 C.C.), simplemente se desconoce, al privar al pupilo de cohabitar con
padres que no tengan el carácter de ascendientes legítimos o padres naturales,
con efectos eventualmente gerenciales”. Con fundamento en tal
consideración, solicita a esta Corporación declarar la inexequibilidad del
segmento demandado, contenido en el inciso 2° de la disposición censurada.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN
Mediante concepto Nº 4529 recibido en la
Secretaría General de esta Corporación el día 21 de abril de 2008, el jefe del
Ministerio Público solicitó a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad
condicionada del inciso 1° del artículo 519 del Código Civil “bajo el
entendido que los miembros de la familia pueden cohabitar con el pupilo o
encargarse del cuidado del mismo siempre y cuando, tratándose de menores o
adolescentes se obtengan la autorización del defensor de menores y, en los
demás casos la autorización del juez de familia”. Adicionalmente, solicitó
declarar inexequible la expresión “naturales” contenida en el inciso 2°
de la misma disposición.
Con el objetivo de exponer el fundamento de
la posición adoptada, la Vista fiscal escindió en dos segmentos el análisis de
la constitucionalidad del artículo 519 del estatuto civil. Así, en primer
término, examinó la acusación de inexequibilidad dirigida contra el inciso 1°
de la disposición para luego ocuparse del análisis del aparte normativo
restante.
Empero, antes de iniciar el aludido
estudio, señaló que al examinar el contenido de la demanda de
inconstitucionalidad promovida por los demandantes se concluye que no existen
razones “claras” que permitan la realización del control de
constitucionalidad con fundamento en la supuesta infracción de los artículos 1°
y 4° superior, dado que el texto de la demanda se limita a enunciar la
vulneración de la máxima de supremacía constitucional sin dar cuenta de las
razones concretas por las cuales el contenido normativo consignado en los
cánones constitucionales indicados resulta trasgredido. Aunado a lo anterior,
indicó que para efectos de emitir una sentencia de constitucionalidad coherente
es menester llevar a cabo la integración normativa de la totalidad del inciso
1° del artículo 519 al presente juicio de exequibilidad, toda vez que la
expresión demandada -“no residirá”- no guarda un contenido jurídico
autónomo que permita una valoración independiente, como es pretendido por los
accionantes. Adicionalmente, en opinión del Procurador, un eventual fallo de
inexequibilidad del segmento normativo acusado conllevaría a que la disposición
pierda cualquier sentido, lo cual impone la aludida integración.
Ahora bien, luego de enunciar las
diferentes disposiciones que en el Código Civil dan cuerpo al asunto de las
tutelas y curadurías, procedió a examinar el alcance del postulado de buena fe
para luego reiterar el precedente establecido en este sentido en sentencia
C-1109/00 por la Corte, el cual hace énfasis en que la consagración
constitucional del principio de buena fe (artículo 83) no trae consigo un
insuperable obstáculo dirigido al Legislador para que éste diseñe prohibiciones
específicas encaminadas a proteger a sujetos de especial protección.
En cuanto a la señalada
inconstitucionalidad del inciso 1° del artículo 519, de manera puntual señaló
que la prohibición de residencia dirigida a quienes tengan vocación hereditaria
–a excepción de los padres, según la misma disposición- “resulta en principio
violatoria del precepto Superior y de sus desarrollos legales”. A la
consideración anterior agregó que, de acuerdo a la regulación contenida en el
Código de la infancia y la adolescencia –Ley 1098 de 2006- el patrimonio del
menor recibe una especial protección cuando quiera que se encuentre bajo
amenaza, la cual es confiada por el texto legislativo a los defensores de
menores.
Así pues, a partir del examen anterior, la
Vista fiscal concluyó que de la disposición demandada se desprenden al menos
dos normas jurídicas, entre las cuales debe preferirse aquella lectura que
coincida con el mandato constitucional consagrado en el artículo 44 superior,
en virtud del cual es preciso garantizar a los menores de edad el derecho fundamental
a tener una familia y no ser separado de ella; lo cual, en el asunto específico
planteado supone que el inciso 1° del artículo censurado debe ser declarado
exequible bajo el entendido que la prohibición allí consignada no se extiende a
los miembros de la familia del pupilo, siempre que se obtenga la
correspondiente autorización del defensor de menores y, en los demás casos, del
juez o magistrado ante quien se dirimen los conflictos relacionados con la
tutela o curatela en cada caso en particular.
En el segundo aparte anteriormente
indicado, el Jefe del Ministerio Público se pronunció a propósito de la
exequibilidad del inciso 2° del precepto demandado con el propósito de poner de
presente que, de acuerdo al mandato contenido en el artículo 42 constitucional,
resultan inadmisibles disposiciones que establezcan diferencias que afecten las
relaciones de familia  cuando quiera que éstas se apoyen en la “condición de
legítimos, naturales o adoptivos, toda vez que, en virtud de los dispuesto en
el artículo 42 de la Carta Política (…) tales calificativos [resultan]
discriminatorios”. Por consiguiente, a juicio del Procurador, la
expresión “naturales” debe ser retirada de la disposición por la aludida
inconstitucionalidad en atención a que fomenta una ilegítima discriminación que
perjudica a los padres adoptantes y, al mismo tiempo, a sus hijos por cuanto se
les priva de la posibilidad de convivir bajo el mismo techo de sus padres.
A lo anterior el Jefe del Ministerio
Público añadió que de acuerdo a la actual versión del artículo 1240 del Código
Civil –disposición que fue subrogada por el artículo 9° de la Ley 29 de 1982-,
los padres adoptantes ostentan la calidad de legitimarios, con lo cual la
expresión “naturales” carece de efecto práctico.
Con base en las consideraciones precedentes
el Procurador General de la Nación adhirió a la solicitud de los demandantes de
manera parcial. En tal sentido solicitó a la Corte declarar la exequibilidad
condicionada del inciso 1° del artículo 519, de acuerdo a la precisión
anteriormente indicada, y la inexequibilidad de la palabra “naturales”,
contenida en el inciso 2° de la misma disposición.
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
La Corte es competente para conocer del
proceso de la referencia, de conformidad con el artículo 241 numeral 4° de la
Constitución Nacional.
2. El asunto bajo revisión
Los accionantes interpusieron acción
pública de inconstitucionalidad contra las expresiones “no residirá” y “ni
los padres naturales”, consignadas en el artículo 519 del Código Civil;
disposición que se encuentra dedicada a la regulación del lugar de residencia
del pupilo y al cuidado personal que requiere. Es preciso advertir de manera
preliminar que la norma censurada establece una prohibición en virtud de la
cual aquellas personas que, de manera eventual, se encuentran llamadas a
suceder al pupilo no pueden cohabitar con el beneficiario de la guarda.
El primer cargo de inconstitucionalidad
formulado por los accionantes se dirige contra la locución “no residirá”
contenida en el 1° del artículo 519. En opinión de los demandantes, la
expresión normativa censurada resulta contraria al principio de buena fe consagrado
en el artículo 83 superior en atención a que la disposición parte de la
conjetura según la cual las personas con vocación sucesoral tienen una especial
propensión a atentar contra la vida del pupilo para, de tal manera, obtener un
incremento patrimonial.
Aunado a lo anterior, en opinión de los
accionantes, el establecimiento de dicha presunción de mala fe no sólo resulta
contraria a lo dispuesto en el artículo 83 constitucional sino que,
adicionalmente, hace nugatorio el derecho fundamental reconocido a favor de los
niños y niñas en el artículo 44 superior a “tener una familia y no ser
separados de ella” toda vez que las personas que han de suceder al pupilo
hacen parte de su núcleo familiar; con lo cual, en vez de garantizar protección
a la vida del menor con fundamento en una injustificada presunción, la
disposición hace más gravosa su situación al vulnerar de manera irremediable el
anotado derecho fundamental.
Para terminar, el segundo cargo de
inexequibilidad es formulado contra la expresión “ni los padres naturales”,
incluida en el inciso 2° del artículo 519 del estatuto civil. En opinión de los
demandantes esta disposición  –en la cual se crea una excepción a la anterior
prohibición que permite la residencia del pupilo en el hogar de sus
ascendientes legítimos y sus padres naturales- vulnera el principio de la
igualdad señalado en el artículo 13 superior en la medida en que separa a los
padres adoptantes de la posibilidad de convivir con el menor.
Ahora bien, en cuanto a las intervenciones
recibidas durante el proceso sobre la constitucionalidad del inciso 1° del
artículo 519 del estatuto civil, los Ministerios de la Protección Social y del
Interior y la Justicia coinciden en señalar que el principio de la buena fe
consagrado en el artículo 83 constitucional en forma alguna impide la creación
de instituciones y figuras procesales encaminadas a garantizar la protección
efectiva de aquellas personas que se encuentran en circunstancias de debilidad
manifiesta, tal como a su juicio ocurre en el caso particular de los impúberes
sometidos a guarda. En tal sentido, en opinión del representante del Ministerio
del Interior, la disposición censurada no puede ser comprendida como el
establecimiento de una presunción de mala fe pues, en vez de fundar un
equivocado patrón de conducta basado en el dolo y la codicia personal, el
artículo del Código Civil se limita a establecer una prohibición de convivencia
y cuidado personal que pretende proteger la vida y la integridad personal de
los niños y niñas sometidos a tutela.
Siguiendo una orientación similar a la
anterior, el representante del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar
manifestó que el artículo 519 del Código Civil pretende la salvaguarda del
menor mediante la adopción de una regla ordinaria de conducta, según la cual la
proximidad de los vínculos familiares ofrece mayor bienestar a los niños y
niñas; razón por la cual la disposición es exequible en atención a que limita
la convivencia y la atención personal a personas que puedan tener una
expectativa de sucesión frente al menor y que no se encuentran dentro de su
línea de ascendencia.
Para terminar, el Procurador General
adhirió a la opinión manifestada por los Ministerios, según la cual el
principio de la buena fe no se opone al establecimiento de instrumentos
jurídicos que aseguren protección a personas que reclaman especial asistencia
del Estado y la Sociedad. No obstante, indicó que la declaración de la
exequibilidad del inciso 1° de la disposición demandada sin ningún tipo de
precisiones en cuanto a su alcance, resultaba contraria al derecho en cabeza de
los menores a tener una familia y a no ser separados de ella, razón por la cual
solicitó la Corte condicionar su constitucionalidad “bajo el entendido que
los miembros de la familia pueden cohabitar con el pupilo o encargarse del
cuidado del mismo siempre y cuando, tratándose de menores o adolescentes se
obtengan la autorización del defensor de menores y, en los demás casos la
autorización del juez de familia”.
Ahora bien, en cuanto a la
constitucionalidad del inciso 2° del artículo demandado, los representantes del
Ministerio de la Protección Social y de la Universidad del Rosario indican que
el supuesto tratamiento discriminatorio que aparta a los padres adoptantes de
la posibilidad de asumir el cuidado personal del menor adoptado es aparente,
toda vez que modificaciones posteriores del Código Civil han establecido una suerte
de equivalencia en lo relativo a los derechos y obligaciones por parte de los
padres adoptantes y los padres legítimos; razón por la cual aquellos se
encuentran incluidos dentro de la excepción a la prohibición establecida en el
inciso 2° cuando la disposición libera de la prescripción a “los
ascendientes legítimos”.
Por su parte, el representante del
Ministerio del Interior y la Justicia afirma que el cargo de
inconstitucionalidad dirigido contra el inciso 2° es consecuencia de una
inadecuada comprensión de la figura de las guardas en el ordenamiento civil,
toda vez que éstas resultan incompatibles con la patria potestad, con lo cual
–concluye- no es posible que los padres del menor –sin importar su naturaleza-
asuman el cargo de tutor del menor o se encarguen de su cuidado personal.
De otro lado, acogiendo una argumentación
idéntica a aquella desarrollada en el escrito de demanda, el representante de la
Universidad Santo Tomás coadyuva en el proceso con el objetivo de solicitar a la
Corte la declaración de inexequibilidad del segmento demandado contenido en el
inciso 2° por oponerse al principio de la igualdad (artículo 13 C. N.).
En idéntico sentido, el Ministerio Público
solicitó a esta Corporación declarar la inexequibilidad de la expresión “naturales”
consignada en el inciso 2° del artículo 519 del Código Civil. Sobre el
particular, la Vista Fiscal señaló que la disposición da pie a una injustificada
distinción que resulta contraria a lo dispuesto en el artículo 42
constitucional en la medida en que, sin una razón atendible, aparta a los
padres adoptantes y a los hijos adoptivos de la posibilidad de convivir y de
formar una familia. Este tratamiento legislativo diferenciado, en tanto se
encuentra plenamente injustificado, se convierte en un acto de discriminación
que, a juicio del Procurador, debe ser enmendado por la Corte Constitucional
mediante la declaración de inexequibilidad de la locución indicada.
Ahora bien, concluida la presentación de
las intervenciones acercadas a esta Corporación, la Sala considera oportuno
resaltar que, si bien el escrito de demanda hace alusión a dos cargos de
inconstitucionalidad, cada uno dirigido contra un inciso diferente del artículo
519 del estatuto civil; al examinar con detenimiento el alcance del primer
cargo, se concluye que en éste hay dos reproches de inexequibilidad
sustancialmente diferentes que justifican un análisis individualizado: En
primer lugar, los Ciudadanos acusan la locución “no residirá” de
infringir el principio de buena fe por las razones que acaban de ser reseñadas
y, en segundo término, censuran esta misma expresión de vulnerar el derecho
fundamental de los menores a tener una familia y a no ser separados de ella.
En la medida en que no es posible realizar
un único examen a partir del cual se pueda concluir la constitucionalidad de la
disposición por estas dos razones, sino que, al contrario, es menester
adelantar dos ejercicios de valoración sustancialmente diferentes; la Sala
Plena realizará el juicio de constitucionalidad atendiendo tal diferenciación
y, en consecuencia, examinará los tres cargos de inconstitucionalidad dirigidos
contra las expresiones “no residirá” y “ni los padres naturales”,
vertidas en el artículo 519 del Código Civil.
Para efectos de resolver la controversia jurídica
que ha sido planteada por los demandantes, la Sala procederá a realizar una
precisión preliminar a propósito del alcance y sentido de la disposición
demandada, para luego desarrollar las siguientes consideraciones: (i) Integración
normativa necesaria para que el examen de constitucionalidad sea realizado
sobre una proposición jurídica completa; (ii) Examen del cargo formulado contra
la disposición por la alegada vulneración de la presunción de buena fe a favor
de los particulares en sus actuaciones ante las autoridades públicas; (iii) el
derecho fundamental de los niños y niñas a tener una familia y a no ser
separados de ella. Con fundamento en el examen descrito, la Corte realizará el
examen in concreto de los cargos formulados contra los dos incisos que
componen el artículo 519 del Código Civil.
3.- Cuestión preliminar. Alcance y sentido
de la disposición demandada
Antes de llevar a cabo el examen de
constitucionalidad sobre las locuciones demandadas en esta oportunidad, la Sala
encuentra oportuno realizar un estudio sistemático de las disposiciones que
rodean el artículo 519 del estatuto civil con el objetivo de comprender a
plenitud el sentido de la norma.
Como acaba de ser indicado, el artículo 519
del Código establece una prohibición en virtud de la cual las personas que se
encuentran llamadas a suceder al pupilo no pueden establecer con él una
relación de convivencia o encargarse de su cuidado personal. A renglón seguido,
el inciso 2° de la misma disposición excluye de la anterior proscripción a los
ascendientes legítimos y a los padres naturales del menor.
Así las cosas, resulta oportuno consultar
lo dispuesto en el artículo 436 del Código Civil, en el cual se encuentra
consignado el significado del término pupilo, empleado a lo largo del
estatuto, en los términos que se trascriben a continuación: “Los individuos
sujetos a tutela o curaduría se llaman pupilos”. De acuerdo a esta disposición,
en principio, la restricción contenida en el artículo 519 resultaría aplicable
a todos aquellos sujetos a favor de quienes ha sido conferida una guarda, en
atención a que la expresión pupilo es genérica e involucra tanto a los
sometidos a tutela como a los sujetos a curaduría. En tal sentido, la
prohibición establecida en la disposición demandada afectaría a todos aquellos
que, según el artículo 428 del Código, no se encuentran habilitados para “dirigirse
a sí mismos” o no pueden administrar de manera competente sus negocios.
No obstante, al examinar la estructura de
las disposiciones que regulan las tutelas y curadurías en el Código Civil, se
observa que el Legislador optó por realizar una regulación genérica de las guardas
–título XXII de las tutelas y curadurías en general- a la cual agregó
una ordenación específica de cada una de estas figuras: así pues, el título XXV
se encuentra dedicado a las “Reglas especiales relativas a la tutela”,
el título XXVI a las “Reglas especiales relativas a la curaduría del menor”,
el título XXVII a las “Reglas especiales relativas a la curaduría del
disipador” y, de tal manera, continúa la reglamentación de asuntos o
figuras específicas relacionadas con la guarda debida a los incapaces.
En tal sentido, el título que preside el
conjunto de artículos dentro del cual se encuentra la disposición demandada
permite concluir que la restricción de convivencia consagrada en el artículo
519 no es aplicable de manera general a los sujetos a tutela y curatela. Al
contrario, se observa que en el Código Civil dicha prohibición ha sido dirigida
a un tipo especial de guarda, pues la disposición censurada se encuentra ubicada
dentro del régimen especial del título XXV creado por el estatuto civil, en el
cual se encuentran las “Reglas especiales relativas a la tutela”. En
consecuencia, la disposición sólo resulta aplicable al caso de los impúberes
sometidos a tutela.
A favor de la anterior conclusión la Sala
encuentra que el inciso 2° del artículo 552 del Código Civil establece una
restricción similar a la que es ahora objeto de examen; no obstante, tal
limitación se encuentra dirigida a los dementes sujetos a curatela. De manera
puntual esta disposición prescribe que “El cuidado inmediato de la persona
del demente no se encomendará a persona alguna que sea llamada a heredarle, a
no ser su padre o madre, o su cónyuge”. El establecimiento de esta regla
específica dirigida a los sujetos de una guarda especial refuerza la idea que acaba
de ser señalada, según la cual el artículo 519 sólo resulta aplicable a las
tutelas; pues de considerar que la disposición demandada establece una regla
general oponible a todas las guardas, la regla particular consignada en
el artículo 552.2 del Código Civil carecería de sentido y sería una norma
redundante.
De acuerdo al anterior examen, la Sala
concluye que la disposición demandada no establece una restricción de
cohabitación que ha de gravar la situación de todos los pupilos pues, como
acaba de ser indicado, tal limitación sólo resulta oponible a los sujetos a
tutela, quienes constituyen una especie dentro del género de los sometidos a
algún tipo de guarda.
Una vez ha sido esclarecida esta cuestión
inicial, es necesario examinar con mayor detenimiento el alcance de la tutela
como figura particular en el sistema de guardas creado en el Código Civil.
Sobre el particular, el artículo 431 establece que “Están sujetos a tutela
los impúberes”, lo cual a su vez nos remite al artículo 34 que define de
manera genérica los términos infante, niño, impúber y adulto empleados
dentro de la regulación civil.
En sentencia C-534 de 2005 la Sala Plena de
esta Corporación examinó la constitucionalidad del aparte específico del
artículo 34 del Código que establecía, en su versión original, una distinción
entre los menores fundada en el sexo, en virtud de la cual los niños eran
considerados impúberes hasta el momento en que contaran 14 años, mientras que
para las niñas dicho estatus sólo permanecía hasta los 12 años de edad. En
dicha oportunidad, luego de adelantar un examen de las instituciones de
incapacidad y nulidad en el régimen civil, la Corte concluyó que tales figuras
son medidas de amparo configuradas por el Legislador con el objetivo de
proteger a los menores. En tal sentido, señaló que la condición de impúber se
encuentra indisolublemente ligada a la capacidad negocial en materia civil y
comercial; adicionalmente, indicó que se halla relacionada con la posibilidad
de disponer libremente de los derechos patrimoniales, con lo cual la concesión
de este tipo de medidas que limitan las posibilidades de participación en el
tráfico jurídico por parte de los menores de edad, en últimas, pretende
protegerlos de eventuales lesiones patrimoniales que no logran advertir quienes
se encuentran en un incipiente proceso de desarrollo.
A partir del anterior examen la Sala
concluyó que la diferenciación contenida en el artículo 34 del Código, según la
cual estas medidas de protección civil resultaban aplicables en el caso de los
niños en un lapso superior al ofrecido a las niñas; resultaba contraria a la
Constitución Nacional en la medida en que se fundaba en un criterio que no
permitía concluir que las niñas contaran con una habilidad de discernimiento
más temprana. Sobre el particular, la Corte indicó lo siguiente: “no se
encuentra por parte de este Tribunal Constitucional, la existencia de una
relación necesaria y constante entre la capacidad reflexiva y volitiva
requerida como presupuesto de la participación en las actividades jurídicas de
carácter civil y comercial, y el desarrollo físico-sexual. La madurez sexual
implica el proceso de aparición de las condiciones biológicas necesarias para
procrear, y sólo de manera marginal – tal como lo describe el consenso
científico general[1] – puede
determinar mayor o menor capacidad de análisis o valoración de las
consecuencias jurídicas de comprometer o defender los derechos patrimoniales”.
En conclusión, en atención a que la distinción se basaba en un criterio que no
resultaba constitucionalmente atendible y, por consiguiente, vulneraba el
derecho a la igualdad de las menores de edad; la Corte declaró la
inconstitucionalidad de la palabra “varón” y del segmento normativo “y
la mujer que no ha cumplido doce” incluidos en el artículo 34 del estatuto
civil.
En suma, de acuerdo al pronunciamiento de la
Corte Constitucional, en la actualidad la condición de impúber se extiende
hasta el momento en que el menor, sin importar su sexo, cuenta 14 años de edad.
En consecuencia, la tutela establecida en el artículo 431 del Código Civil
resulta aplicable a los menores que se encuentran en dicho rango de edad.
Ahora bien, en este punto es necesario
establecer quiénes son las personas que, según el régimen civil, se encuentran
llamadas a ejercer el cargo de tutor en atención a que sobre dichos sujetos
habrá de recaer la prohibición de convivencia con el menor que es objeto de
examen de constitucionalidad. No obstante, antes de iniciar dicho examen, es
menester señalar que de manera general los cargos de tutor o curador no sólo se
extienden a los bienes del incapaz, sino que incluyen “a la persona de los
individuos sometidos” a estas guardas. Así, nuestro Código Civil se aparta
de la tradición propia del derecho romano en la cual la tutela era concedida de
manera principal sobre la persona y sólo de forma secundaria sobre los bienes
del incapaz[2]; en el caso colombiano,
entonces, las guardas comprenden estos dos deberes de protección, lo cual en el
contexto específico objeto de examen significa que el tutor se encuentra encargado
del cuidado personal del impúber.
El artículo 457 del estatuto, modificado
por el Decreto2820 de 1974, contiene un listado, establecido en orden de
prelación, de aquellas personas que se encuentran llamadas a ejercer la tutela
o curaduría legítima. De manera puntual, la disposición en comento prescribe lo
siguiente:
ART. 457.- Son llamados a la tutela o curaduría
legítima:
1.  El cónyuge, siempre que no esté
divorciado ni separado de cuerpos o de bienes; por causa distinta al mutuo
consenso.
2.  El padre o la madre, y en su
defecto los abuelos.
3.  Los hijos legítimos o
extramatrimoniales.
4.  Los hermanos del pupilo y los
hermanos de los ascendientes del pupilo.
Cuando existan varias personas en el mismo
orden de prelación señalado en este artículo, el juez, oídos los parientes,
elegirá entre ellas la que le pareciere más apta y podrá también, si lo
estimare conveniente, elegir más de una y dividir entre ellas las funciones.
A partir del examen de esta disposición se
concluye que en el caso particular de la tutela sólo pueden fungir como tutores
los abuelos legítimos del menor –sobre quienes no pesa la prohibición de
cohabitación y cuidado debido a su condición de ascendientes- y las personas a
las cuales hace alusión el numeral 4° del artículo, esto es, los hermanos del
pupilo y los hermanos de sus ascendientes. Como es obvio, los numerales 1°, 2°
-con la excepción que acaba de ser enunciada relativa a los abuelos del
impúber- y 3° se encuentran descartados en atención a que (i) el impúber no
puede contraer nupcias válidamente, (ii) la tutela es incompatible con la
patria potestad y a que, (iii) dada la eventualidad remota en que éste tenga
hijos, ellos son igualmente incapaces, con lo cual no pueden ejercer la guarda.
Al retomar el contenido del artículo
demandado por los accionantes, se observa entonces que la restricción de
convivencia contenida en el inciso 1° sólo habrá de aplicarse a “los
hermanos del pupilo y los hermanos de los ascendientes del pupilo” toda vez
que son ellos quienes, en caso de muerte del menor, cuentan con vocación
sucesoral. Por su parte, las personas que ocupan el primer nivel y que, por
consiguiente, de manera prioritaria han de ocupar el cargo de tutor del menor
se encuentran eximidos de dicha restricción en la medida en que el inciso 2°
del artículo 519 establece que la limitación de convivencia no será oponible a
“los ascendientes legítimos, ni los padres naturales”.
De acuerdo a la actual redacción de la
disposición objeto de demanda, la aludida limitación de convivencia sería
aplicable, además de los sujetos que acaban de ser señalados, a los
ascendientes naturales diferentes a los padres del menor y a los ascendientes
de la familia adoptiva del menor.
Establecido el alcance de la norma cuya
exequibilidad ha sido cuestionada por los demandantes, conviene señalar los
problemas jurídicos que serán abordados en esta providencia: (i) ¿la creación
de una prohibición de orden legal en virtud de la cual las personas que tienen
vocación sucesoral frente al pupilo no pueden convivir con el menor constituye
una vulneración al principio de presunción de buena fe consignado en el
artículo 83 superior? (ii) ¿la aludida restricción de convivencia infringe el
derecho fundamental de los menores de edad a tener una familia y a no ser
separados de ella? (iii) ¿el establecimiento de una excepción a esta
prohibición de cohabitación con el menor que favorece de manera exclusiva a los
ascendientes legítimos y a los padres naturales lesiona el principio de la
igualdad consagrado en el artículo 13 superior?
4. Integración normativa necesaria para que
el examen de constitucionalidad sea realizado sobre la proposición jurídica
completa
Una vez ha sido puesto de presente el
alcance de la disposición en la cual se encuentran insertas las expresiones que
han sido demandadas por los accionantes, y al haber formulado los problemas
jurídicos que deben ser abordados para decidir su constitucionalidad; la Sala
encuentra necesario pronunciarse sobre la integración normativa requerida para
la realización del examen de constitucionalidad sobre una proposición jurídica
completa, que en el caso concreto sería la totalidad del artículo 519 del
Código Civil.
En abundante jurisprudencia la Corte
Constitucional ha señalado que la realización de esta integración normativa es
una competencia de carácter excepcional en la medida en que, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 241 superior, el control de constitucionalidad
confiado a esta Corporación por vía de acción no es oficioso. Así las cosas,
este tipo de control, promovido mediante la interposición de una acción de
inexequibilidad, mal podría conducir a un ejercicio ilimitado de decisión por
parte del Tribunal Constitucional en el cual no existan barreras formales que
delimiten su actuación judicial en cada uno de los procesos de
constitucionalidad.
En tal sentido, la demanda de
inconstitucionalidad no sólo cumple la labor de poner en funcionamiento la
jurisdicción constitucional, sino que adicionalmente precisa el marco de
referencia al cual el Tribunal ha de someterse en el ejercicio de sus
competencias. No obstante, siguiendo el propósito de promover el derecho de
acción de los Ciudadanos y, particularmente, la máxima de prevalencia del
derecho sustancial sobre las formas, la Corte Constitucional ha ampliado el
margen de control inicialmente propuesto para así evitar la emisión de fallos inocuos
o inhibitorios y, de contera, garantizar la protección del principio de
supremacía constitucional. En esta oportunidad, la Sala encuentra oportuno
referirse a la integración normativa necesaria para la realización del control
de constitucionalidad sobre una proposición jurídica completa.
Uno de los supuestos esenciales del control
de constitucionalidad consiste en que la demanda a partir de la cual se
adelanta el proceso judicial debe proponer una controversia jurídica entre una
disposición de orden legal –dotada de sentido propio y con un efecto regulativo
que es, en principio, contrario al texto constitucional- y aquellas normas
consignadas en la Carta que, según el Ciudadano, resultan infringidas. Así las
cosas, no es posible adelantar el juicio de exequibilidad de la Ley cuando
quiera que del enunciado normativo censurado no surja una verdadera norma
jurídica con un efecto regulativo autónomo, pues sin ésta el control de
constitucionalidad resulta impracticable en atención a que los segmentos
normativos de la Ley no traen un contenido jurídico que pueda ser contrastado
con la Constitución Nacional.
De acuerdo a lo anterior, sobre los
Ciudadanos que acuden a la Jurisdicción Constitucional recae la carga de acusar
segmentos normativos a partir de los cuales se deduzcan normas jurídicas
concretas. En principio, la constatación de este tipo de yerros llevaría a
concluir que la demanda interpuesta adolece de ineptitud sustancial para
iniciar la acción jurisdiccional de la Corte. No obstante, no en todos los
casos el Tribunal opta por la emisión de fallos inhibitorios en estos supuestos
pues es menester considerar el carácter esencialmente público de la acción de
inconstitucionalidad y, como fue señalado en precedencia, la necesidad de privilegiar
el principio pro actione y de procurar desarrollo al derecho de acción
de los Ciudadanos, además del postulado de prevalencia del derecho sustancial
sobre las formas.
En este evento particular, la Corte
Constitucional puede ordenar la integración normativa que sea requerida para
asegurar que el examen de exequibilidad ha de realizarse sobre una disposición
que cuenta con un significado jurídico propio –esto es, de la cual surge de
manera efectiva una norma jurídica-.
Una situación semejante a la que en esta
oportunidad ha sido planteada a la Corte fue decidida en sentencia C-472 de
1995, en la cual la Corte ordenó la integración normativa en atención a que el
demandante había interpuesto la acción de inconstitucionalidad contra un aparte
del artículo 495 del Código de Procedimiento Civil. En dicha oportunidad la
Sala Plena indicó que era necesaria la integración en atención a que el aparte
censurado por el actor guardaba una unidad jurídica “inescindible en
relación con el texto integral de dicha norma”. En segundo término, señaló
que la eventual declaratoria de inexequibilidad de las expresiones demandadas
convertirían el resto de la disposición en una manifestación del Legislador
incompleta y sin sentido alguno; razones por las cuales era necesario extender
el control de constitucionalidad sobre la totalidad del artículo.
En idéntico sentido, en sentencia C-1032 de
2006 la Corte ordenó la integración normativa de la disposición demandada en
atención a que el accionante había dirigido el reproche de constitucionalidad
contra un apartado del artículo 163 de la Ley 100 de 1993 sin incluir el resto
de la disposición, del cual emergía la norma jurídica que era efectivamente
censurada por el actor. Así las cosas, al examinar el sentido de la demanda
interpuesta, la Sala Plena concluyó que, a pesar de la anotada incorrección
formal, se observaba que el cargo de inconstitucionalidad permitía adelantar el
examen de constitucionalidad; razón por la cual, en aplicación del principio pro
actione, la Corte extendió el estudio a la totalidad del artículo en el
cual se encontraba inserta la expresión originalmente demandada.
En esta ocasión la Sala observa que la
eventual emisión de un fallo de inconstitucionalidad sobre los apartes
normativos censurados, contenidos en el artículo 519 del Código Civil, dejaría
una norma por completo ininteligible de la cual no sería posible obtener una
norma jurídica con un significado coherente. A su vez, en lo que respecta a la
acusación contra el inciso 1° de la disposición, observa que los cargos
presentados por los accionantes se dirigen materialmente contra la totalidad
del inciso y que, en cuanto a su formulación sustancial, plantean una
controversia jurídica relevante desde la óptica constitucional.
En lo que atañe al cargo de
inconstitucionalidad contra la expresión “ni los padres naturales”
contenida en el inciso 2° del artículo 519 del estatuto civil, la Corte observa
que la aludida norma jurídica que establece la supuesta discriminación indicada
por los demandantes, surge de la totalidad del inciso.
En suma, atendiendo la naturaleza pública
de la acción de inconstitucionalidad y en aplicación de los principios de
prevalencia del derecho sustancial y pro actione que han sido
consignados en el texto constitucional, la Sala procederá a realizar la
integración normativa para examinar de manera completa el artículo 519 del
Código Civil por los cargos que han sido formulados por los accionantes.
Examen del cargo formulado contra el
artículo 519 del Código Civil por la alegada vulneración de la presunción de
buena fe a favor de los particulares en sus actuaciones ante las autoridades
públicas
En opinión de los demandantes la
restricción de convivencia y cuidado personal consignada en el artículo 519 del
estatuto civil resulta contraria a la presunción de buena fe establecida en el
artículo 83 constitucional en la medida en que “la norma acusada parte de un
hecho que para el caso en particular debe demostrarse debido a que el
legislador parte del hecho en que los llamados a suceder va (Sic) actuar
en detrimento del pupilo como presunción de mala fe, ya que desde su inicio
tacha a estos de sospechosos en la administración y cohabitación con el pupilo
y los bienes de este”. Sobre el particular, la Corte encuentra que la
acusación de inconstitucionalidad no permite la realización de un adecuado
examen de exequibilidad de la disposición en atención a que el cargo formulado
no recae verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada, sino de
un particular entendimiento que los accionantes le adscriben al artículo 519
del Código Civil.
Sobre el particular, observa la Corte que
de ninguna manera la disposición crea una presunción de mala fe. En sentido
contrario al sugerido por los accionantes, la institución de las presunciones
ha sido creada dentro de la legislación con el objetivo de facilitar el
esfuerzo probatorio a favor de un determinado sujeto procesal con fundamento en
la dificultad de realizar la certera acreditación de hechos cuya demostración
representa una labor compleja. La estructura de las presunciones sigue un
modelo en el cual participan dos elementos que se encuentran vinculados por una
relación de necesidad física o lógica de normal ocurrencia: un hecho
antecedente y un hecho presumido.
De acuerdo a este patrón, al beneficiario
de la presunción le corresponde demostrar la ocurrencia del hecho antecedente a
partir del cual se configura la presunción, la cual lo exime de la necesidad de
probar el acaecimiento del segundo hecho.
Caso contrario ocurre con la disposición
objeto de examen, toda vez que ésta se limita a crear una restricción de
convivencia y cuidado personal de los pupilos con aquellas personas que frente
a él guardan vocación sucesoral. En consecuencia, asiste la razón al Ministerio
del Interior y la Justicia, el cual a su vez recoge la consideración central
desarrollada por esta Corporación en sentencia C-1109 de 2000, cuando afirma
que el artículo demandado no establece una presunción de mala fe, pues su
objeto se circunscribe al establecimiento de una prohibición que pretende asegurar
amparo a los pupilos, quienes son sujetos de especial protección según se sigue
del artículo 13 de la Constitución Nacional. De ahí resulta que el cargo no
pueda ser examinado en la medida en que, en vez de partir de un contenido
normativo efectivamente vertido en la disposición demandada, los accionantes
acusan la inconstitucionalidad de ésta con fundamento en un particular entendimiento
–de índole puramente subjetiva- que ellos mismos adscriben al artículo 519 del
estatuto civil.
Por tal razón, la Sala concluye que no le
asiste la razón a los demandantes en la acusación de inconstitucionalidad
formulada contra el inciso 1° de la disposición por la supuesta vulneración del
principio de presunción de buena fe (artículo 83 C. N.). En consecuencia, procede
la Sala a abordar la segunda acusación de inconstitucionalidad dirigida contra
la disposición por la alegada vulneración del derecho fundamental de los niños
y niñas a tener una familia y a no ser separados de ella.
El derecho fundamental de los niños y niñas
a tener una familia y a no ser separados de ella
Dentro del texto constitucional se ha hecho
evidente la notoria preocupación por garantizar la más alta y eficiente
protección a los niños y niñas como sujetos de especial protección en nuestro
ordenamiento. En tal sentido, el artículo 44 superior enlista un catálogo
enunciativo de los derechos fundamentales que les han sido reconocidos, entre
los cuales se encuentra la vida, la integridad física, la salud, la seguridad
social, la alimentación equilibrada, entre otras garantías. Es oportuno señalar
que dicho registro en forma alguna puede ser interpretado como la culminación
de una declaración definitiva de sus derechos por cuanto la misma disposición
prescribe que los menores “gozarán también de los demás derechos consagrados
en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados
por Colombia”.
Para abordar el asunto que ha sido
planteado en esta ocasión a la Corte es preciso examinar el derecho a “tener
una familia y no ser separados de ella, el cuidado y el amor” consignado en
la misma disposición. Mediante la consagración de este derecho fundamental el
Constituyente quiso elevar a rango constitucional el inaplazable deber de
asegurar a los menores la oportunidad de recibir el afecto, cuidado y
protección de sus padres en el momento vital en el cual se encuentran, dentro
del cual el ejemplo y amor insustituible prodigado por sus progenitores
constituye un elemento de trascendental importancia para la formación vital de
los menores. En tal sentido, si bien la obligación de ofrecer protección y
asistencia a los niños y niñas recae sobre la familia, la sociedad y el Estado;
el canon constitucional deja ver que el espacio más fecundo dentro del cual puede
ser llevada a cabo la tarea de crianza y formación es, precisamente, su hogar
familiar[3].
No es otro el sentido que puede ser
atribuido al derecho particular objeto de estudio, pues al tiempo que el inciso
2° del artículo 44 constitucional faculta a “cualquier persona [a] exigir
de la autoridad competente su cumplimiento [en relación con los derechos de
los menores] y la sanción de los infractores”; no es menos cierto que el
primer espacio al cual el infante tiene derecho a pertenecer y permanecer es su
núcleo familiar, en el cual ha de encontrar las condiciones personales y
afectivas más adecuadas para que su proceso de educación moral y formación
ciudadana sea llevado a cabo cabalmente. Sobre el particular, en sentencia
T-290 de 1993 esta Corporación señaló lo siguiente:
De la naturaleza humana se desprende
inevitablemente el derecho de padres e hijos a establecer y conservar
relaciones personales entre sí. Ese derecho comprende las distintas
manifestaciones de recíproco afecto, el continuo trato y la permanente
comunicación, que contribuyen a satisfacer en unos y otros naturales y
legítimas aspiraciones derivadas de los lazos de sangre, cuyo fundamento no
está ligado a la subsistencia del vínculo matrimonial ni a la vida en común de
los padres, ni depende tampoco -tratándose de matrimonios disueltos- de si se
tiene a cargo o se carece de la custodia de los menores.
Como es obvio, la consideración hasta ahora
desarrollada de ninguna manera obstaculiza a la organización estatal para el
desarrollo de su función como guardián y gendarme de los derechos fundamentales
de los niños y niñas, en atención a que en eventos precisos el núcleo familiar
no ofrece el espacio idóneo para el crecimiento del menor lo cual justifica en
el caso concreto la adopción de medidas específicas para asegurar la
salvaguarda de sus garantías iusfundamentales.
Según lo dispuesto en el artículo 9° de la
Convención de los derechos del Niño, corresponde a los Estados garantizar “que
el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto
cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen,
de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación
es necesaria en el interés superior del niño”. En estos términos el tratado
internacional, incluido en el bloque de constitucionalidad en aplicación de las
remisiones contenidas en los artículos 44 y 93.2 del texto superior, hace
énfasis en la indelegable labor confiada al Estado consistente en hacer valer
el derecho reconocido a los menores a tener una familia y, a renglón seguido,
permite la adopción de medidas excepcionales, consagradas en la ley y surtidas
ofreciendo cumplimiento a los procedimientos establecidos, mediante las cuales
aquellos sean separados del núcleo familiar para efectos de asegurar el interés
superior de los niños y niñas.
De esta manera se ha pretendido ofrecer
amparo a los menores de situaciones de maltrato, descuido, desprotección y
ofensa; las cuales hacen evidente la necesidad de desplazar al menor de su
hogar familiar para así confiar su protección a personas diferentes, quienes en
todo caso estarán bajo la vigilancia de la organización estatal para que sea
efectivo el cometido de brindar adecuado resguardo al menor.
De acuerdo al inciso 2° del artículo 9° de la
Convención en estos procedimientos de separación del núcleo familiar se impone
al Estado garantizar el derecho a todas las partes interesadas a “participar
en él y dar a conocer sus opiniones”.
En estos términos se ha dado alcance a
otras disposiciones vertidas en la misma Convención, en las cuales se llama la
atención sobre la importancia de la familia dentro del proceso de formación de
los niños. De manera puntual el preámbulo del instrumento hace hincapié en el
convencimiento que animó a los Estados al momento de realizar la suscripción
del tratado, según el cual la familia “como grupo fundamental de la sociedad
y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en
particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias
para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad”.
A renglón seguido, el tratado indica que el pleno y armonioso desarrollo de la
personalidad de los menores pasa de manera forzosa por el derecho a “crecer
en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión”.
El legislador colombiano, a su turno, ha
desarrollado el derecho fundamental bajo examen en la Ley 1098 de 2006
intitulada como el “Código de la infancia y la adolescencia”. El
artículo 22 establece lo siguiente: “Los niños, las niñas y los adolescentes
tienen derecho a tener y crecer en el seno de la familia, a ser acogidos y no
ser expulsados de ella. Los niños, las niñas y los adolescentes sólo podrán ser
separados de la familia cuando ésta no garantice las condiciones para la
realización y el ejercicio de sus derechos conforme a lo previsto en este
Código. En ningún caso la condición económica de la familia podrá dar lugar a
la separación”.
Concluido el examen del derecho reconocido
a los menores a tener una familia y a no ser separados de ella, pasa la Corte a
examinar la constitucionalidad del artículo 519 del Código Civil a la luz de esta
garantía iusfundamental.
Análisis de la constitucionalidad del
artículo 519 del Código Civil por la supuesta vulneración del derecho
fundamental a tener una familia y a no ser separado de ella
Como fue indicado en los antecedentes de
esta providencia, a juicio de los accionantes la disposición demandada resulta
contraria al artículo 44 de la Constitución Nacional por cuanto establece una
injustificada restricción de carácter absoluto, en virtud de la cual los
impúberes no pueden cohabitar ni ser encargados al cuidado de sus familiares
más cercanos en la medida en que son éstos, precisamente, quienes tienen vocación
sucesoral frente al menor. Antes de avanzar en el examen de constitucionalidad
de la disposición siguiendo el derrotero de las consideraciones precedentes, la
Sala estima oportuno indicar que, en oposición a lo indicado por los
accionantes en el escrito de demanda, el artículo 519 no conduce de manera
unívoca a una única interpretación. De manera contraria, la Sala Plena observa
que la disposición censurada admite varias interpretaciones; constatación que
remite el presente estudio a la distinción entre norma y disposición que
ha sido acogida por esta Corporación en ocasiones precedentes[4].
Sin que en esta oportunidad sea necesario
adelantar un análisis detallado de la aludida diferenciación, basta indicar
ahora que la Corte Constitucional ha acogido esta distinción –profusamente
cultivada en la doctrina[5]- con el objetivo de
apoyar sobre ésta las sentencias de interpretación condicionada. De manera
puntual ha señalado la Corte que es posible establecer una clara diferenciación
entre los signos lingüísticos empleados por el Legislador para la creación de
reglas jurídicas –disposiciones- y el contenido normativo que efectivamente
se desprende de ellas –normas-. Dicha diferenciación ha sido utilizada
por el Tribunal cuando quiera que una misma disposición puede ser
interpretada en diferentes sentidos, de los cuales es necesario declarar la
inexequibilidad de uno o algunos por cuanto se oponen a la Constitución. Al
respecto, en sentencia C-038 de 2006 la Sala Plena de esta Corporación señaló
lo siguiente:
Así entonces, se infiere que la Corte, al
emplear las sentencias interpretativas, no expulsa del ordenamiento jurídico la
disposición o el enunciado legal que se demanda, por cuanto su texto literal, per
se, no es inconstitucional, toda vez que lo que resulta contrario a la Carta,
es aquella interpretación o significado que se le imparte.
De esta manera la Corte considera la
posibilidad de declarar exequible de manera condicionada una disposición,
cuando al menos una de las interpretaciones que de ella se deriven se ajusta a la
Constitución. Así pues, en la utilización de este tipo de sentencias el control
de constitucionalidad recae sobre las distintas interpretaciones que se derivan
de un precepto legal o un texto normativo. En efecto, la Corte ha sostenido
que, en virtud de su función de salvaguardar la supremacía e integridad de la
Carta, su labor no se limita a confrontar exegéticamente el precepto legal con la
Constitución, “sino que su labor hermenéutica exige dilucidar los distintos
sentidos posibles de los enunciados o textos legales impugnados, las
interpretaciones que resultan intolerables y los efectos jurídicos diversos o
equívocos que contrarían la Constitución”[6].
De acuerdo a las consideraciones hasta
ahora desarrolladas, en el caso concreto la Sala advierte que el inciso 1° del
artículo 519 del Código Civil admite al menos dos interpretaciones posibles,
una de las cuales ha sido demandada por inconstitucional por los accionantes:
(i) Una primera lectura de la disposición censurada permite concluir que la
prohibición de cohabitación y cuidado en el caso de los impúberes resulta
oponible ex ante a aquellas personas que guardan frente al menor
vocación sucesoral. En tal sentido, dicha proscripción sería aplicable en todos
los casos, de manera abstracta y sin que medie ningún tipo de pronunciamiento
judicial sobre sus efectos dentro de un proceso específico de discernimiento de
guarda.
Tal norma jurídica sugiere,
entonces, que la aplicación de la prohibición de convivencia y cuidado opera ope
legis, esto es, por voluntad directa y abstracta del Legislador y no
requiere, en consecuencia, una decisión judicial en concreto en el marco de un
proceso jurisdiccional de esta clase.
(ii) La segunda norma jurídica que
se deduce del inciso 1° del artículo 519 del estatuto civil consiste en que la
aplicación de la prohibición objeto de análisis sólo es aplicable por
ministerio judicial, vale decir, dicha proscripción requiere una decisión
emitida por parte del juez de familia para que sea oponible a las personas que
tienen vocación sucesoral frente al menor.
Resulta oportuno resaltar ahora que las dos
normas jurídicas que acaban de ser descritas se desprenden efectivamente
de la disposición demandada y por tal razón es procedente la
continuación del juicio de constitucionalidad, toda vez que el cargo de
constitucionalidad formulado no parte de una interpretación de naturaleza
subjetiva ofrecida por los demandantes sobre el artículo 519 del Código Civil,
pues en efecto se observa que la norma (i) es un contenido normativo que
de manera efectiva surge de la aludida disposición. Por tal razón el examen
sobre su constitucionalidad debe realizarse por la Sala Plena.
Para la continuación del examen de
constitucionalidad se llevará a cabo la valoración de la corrección de estas
dos normas a la luz de los principios hermenéuticos de la conservación del
derecho[7] y de la interpretación de la ley conforme
con la Constitución[8] dado que, según fue establecido por esta
Corporación en sentencia C-1062 de 2000, tales postulados implican que “no
es viable declarar [la] inexequibilidad [de una disposición] y,
en consecuencia, generar el correspondiente retiro del ordenamiento jurídico,
cuando la misma admite por lo menos una interpretación ajustada a la
Constitución, caso en el cual la Corte deberá emitir una sentencia
interpretativa condicionando la ejecución de esa norma a la interpretación que
desarrolla el texto constitucional. Con esto “se persigue, esencialmente,
salvaguardar, al menos, alguno de los posibles efectos jurídicos de la
disposición demandada, de manera tal que se conserve, al máximo, la voluntad
del legislador”.
Examen de constitucionalidad de la norma
jurídica según la cual la prohibición contenida en el inciso primero del
artículo 519 del Código Civil opera ope legis
Para efectos de realizar esta valoración la
Sala Plena encuentra oportuno dar aplicación a un test de proporcionalidad para
efectos de establecer si, a la luz del derecho fundamental reconocido a los
niños y niñas a tener una familia y a no ser separados de ella, la medida
legislativa enjuiciada es proporcionada y, por ende, constitucional.
Como ha sido indicado por esta Corporación
en abundante jurisprudencia, el principio de proporcionalidad es una
herramienta empleada por los Tribunales constitucionales para efectos de
examinar la exequibilidad de específicas limitaciones o restricciones de
derechos fundamentales. Al respecto, en sentencia C-720 de 2007 la Sala Plena
indicó lo siguiente: “Este principio parte de la base de que el Estado sólo
puede restringir los derechos fundamentales – como el derecho a la libertad
personal - cuando tiene razones constitucionales suficientes y públicas para
justificar su decisión. En efecto, en un Estado constitucional de Derecho, el
poder público no es el titular de los derechos. Por el contrario, el Estado
constitucional existe, esencialmente, para proteger y garantizar los derechos
fundamentales de los cuales son titulares, en igualdad de condiciones, todas
las personas. En este sentido, ningún órgano o funcionario público puede
restringir los derechos fundamentales sino cuando se trata de una medida
estrictamente necesaria y útil para alcanzar una finalidad constitucionalmente
valiosa y cuando el beneficio en términos constitucionales es superior al costo
que la restricción apareja. Cualquier restricción que no supere este juicio
carecerá de fundamento constitucional y, por lo tanto, debe ser expulsada del
mundo del derecho”. En la providencia en comento la Corte hizo énfasis en
el enorme valor que ostentan los derechos fundamentales dentro de las
democracias contemporáneas, en atención a que su consagración en los textos
constitucionales y en los tratados internacionales ha sido el resultado de una
conquista universal que ha seguido el propósito de alcanzar el más alto respeto
por la dignidad humana.
En cuanto al contenido del principio, la
Corte Constitucional ha señalado que tres subprincipios o elementos dan forma a
este patrón utilizado para establecer la exequibilidad de las medidas
legislativas que limitan derechos fundamentales: (i) idoneidad, en cuya sede es
preciso establecer la existencia de un fin constitucionalmente legítimo al cual
se encuentre orientada la restricción objeto de control y, en segundo término,
que el instrumento ideado –esto es, la restricción misma- resulte adecuado para
la consecución de dicho propósito. (ii) Necesidad, momento en el cual se
analiza la eventual existencia de otros medios que supongan una limitación
menos severa al derecho fundamental. (iii) Proporcionalidad en sentido
estricto, en el cual se indaga por la relación entre los costos y los
beneficios constitucionales que se obtienen con la medida enjuiciada.
De acuerdo a la tradicional distinción
realizada por esta Corporación a propósito de la intensidad en la práctica del
juicio de proporcionalidad, a juicio de la Sala en esta oportunidad es
necesario dar aplicación a un test estricto en atención a que, al concentrar la
atención en lo dispuesto en la norma censurada, se observa que el artículo 519
establece una restricción de convivencia –en tal sentido constituye una
limitación al derecho a tener una familia y a no ser separado de ella- en
virtud de la cual los impúberes no pueden cohabitar bajo el mismo techo, o
estar al cuidado, de quienes puedan llegar a sucederlo. Así las cosas, el
contenido normativo recae sobre personas que se encuentran en condiciones de
debilidad manifiesta, en la medida en que los impúberes son menores de edad y,
por tanto, sujetos de especial protección. Aunado a lo anterior, advierte la
Sala que prima facie la medida legislativa introducida por el Legislador
afecta el goce de un derecho constitucional fundamental. La presencia de estos
dos elementos hace imperiosa la aplicación del principio de proporcionalidad de
acuerdo a patrones más rigurosos.
Así las cosas, no basta la constatación de
la existencia de un fin constitucionalmente valioso –como ocurre en el
principio de proporcionalidad leve- para efectos de declarar la exequibilidad
de la restricción. En tal sentido, no sólo se exige que el fin de la medida sea
legítimo e importante, sino que es preciso que su consecución resulte imperiosa.
Adicionalmente, el medio escogido no sólo ha de ser adecuado y efectivamente
conducente, sino que debe ser, además, necesario; lo cual significa que
éste no pueda ser reemplazado por un medio menos lesivo. Para terminar, en
cuanto a los beneficios que sean recogidos de la creación de esta limitación,
en este contexto es forzoso que éstos excedan el grado de afectación de bienes
constitucionales, pues sólo de tal manera aprobará el análisis de la
proporcionalidad en sentido estricto.
En cuanto a la idoneidad de la restricción
contenida en el artículo 519 del Código Civil, la Sala coincide con la opinión
doctrinal mayoritaria según la cual la limitación de convivencia establecida en
la norma busca proteger la vida e integridad personal del impúber frente a
aquellos que, atendiendo una expectativa sucesoral, atenten contra él en busca
de una mejora patrimonial como causahabientes[9].
De acuerdo a las pautas de valoración que
acaban de ser reseñadas, la Sala observa que este propósito encuentra pleno
respaldo en el texto constitucional pues el amparo de la vida (artículo 11 C.
N.) y de la integridad personal (artículo 12 C. N.) no sólo son propósitos de
enorme valor en nuestro ordenamiento; sino que en el caso particular de los
menores de edad la tarea de asegurar su protección recoge un perentorio deber
del cual éste no puede apartarse de manera legítima. Tal conclusión se obtiene
de la lectura del inciso 2° del artículo 44 superior, el cual prescribe que “la
familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger
al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio
pleno de sus derechos” (Énfasis fuera de texto). De ahí resulta que la
protección ofrecida a los menores de edad frente a intereses mezquinos, movidos
por un censurable ánimo de lucro, por parte de personas que guarden la
expectativa de sucederlos; no sólo constituye una encomiable labor que
encuentra asidero en el texto constitucional, sino que es desarrollo del
mandato constitucional en virtud del cual el Estado se encuentra llamado a
conjurar todas las actuaciones que puedan poner en riesgo la vida y la
integridad de los niños y niñas.
En lo que hace referencia a la segunda
exigencia establecida en el subprincipio de idoneidad, la Sala estima que la
restricción de convivencia y cuidado constituye un instrumento adecuado para la
consecución del fin al cual se encuentra comprometido el artículo 519 del
Código Civil. En tal medida, la limitación del desarrollo de este tipo de labores
por parte de personas que guarden una expectativa de sucesión frente al menor
se erige como un mecanismo que de forma efectiva garantiza amparo a la vida y
la integridad personal de los niños y niñas, toda vez que conjura de manera
anticipada las eventuales amenazas que se puedan cernir sobre los impúberes
sometidos a tutela.
En consecuencia, desde la perspectiva de la
adecuación de la medida, la Sala concluye que el establecimiento de una
restricción absoluta de convivencia y cuidado dirigida a personas que tengan
una expectativa de sucesión frente al menor, lo pone a salvo de las potenciales
agresiones que pueda sufrir debido al oprobioso ánimo de incremento patrimonial
de aquellas.
Ahora bien, en cuanto al principio de
necesidad, la Corte arriba a una conclusión contraria en atención a que, a
juicio de la Sala, en el ordenamiento jurídico existen instrumentos legales y
judiciales que procuran -con igual grado de intensidad- protección a los
derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal de los menores sin
hacer nugatorio su derecho fundamental  a tener una familia y a no ser
separados de ella.
Sobre el particular, es preciso resaltar
que, de acuerdo a esta primera interpretación, el artículo 519 del Código Civil
establecería una severa restricción que habría de afectar de manera absoluta el
derecho fundamental en cabeza de los impúberes, toda vez que consagra una prohibición
absoluta en virtud de la cual aquellas personas que frente a él guarden
vocación sucesoral en ningún caso pueden encargarse de su cuidado
personal o convivir con él bajo el mismo techo. De tal suerte, según la norma bajo
examen, sin importar las condiciones personales de aquellos sujetos, quienes
son, adicionalmente, miembros cercanos que hacen parte de su núcleo familiar;
nunca podrán encargarse de la labor de acompañamiento en el proceso de
crecimiento y formación del menor de edad.
En este contexto particular los hermanos
del impúber y los hermanos de sus ascendientes encuentran frustrada –en
abstracto y sin que medie constatación alguna sobre su idoneidad moral o
capacidad educativa- la expectativa de encargarse de la crianza y cuidado del
pupilo al no poder ser nombrados tutores. Así, esta norma jurídica, que en
principio busca un fin constitucionalmente legítimo consistente en la
salvaguarda de la vida y la integridad personal de los pupilos, en la práctica
hace completamente nugatorio su derecho fundamental a tener una familia y a no
ser separados de ella.
En este punto resulta forzoso indicar que,
como acaba de ser señalado, la tarea de asegurar protección a tan altos bienes
jurídicos en cabeza de sujetos de especial protección, es una labor
inaplazable. No obstante, los medios elegidos por el Legislador no pueden
implicar el sacrificio absoluto de otras garantías iusfundamentales que,
a su vez, ocupan un lugar de notable prevalencia en el ordenamiento. En consecuencia,
según lo impone el principio de armonización constitucional, la realización de
los fines constitucionales debe llevarse a cabo de manera tal que no implique
la negación absoluta de otros propósitos y, más aún, de otros derechos
fundamentales.
Por consiguiente, de manera forzosa han de
ser elegidas aquellas alternativas de regulación que supongan el menor grado de
compromiso por parte de los propósitos restantes que se encuentran consignados
en el texto constitucional; de otra forma, la consecución de tales objetivos
desdibujaría el armónico panorama de valores y principios consignados en la
Constitución Nacional.
En esta consideración se recoge el núcleo
esencial de significado del principio de proporcionalidad, el cual asegura que
la realización de fines superiores específicos sólo resulta constitucionalmente
aceptable a partir de una perspectiva holística, esto es, que coincida con la
unidad de propósito que recorre la totalidad del texto constitucional.
El principal desarreglo que se observa en
esta norma jurídica que se deduce del artículo 519 del Código Civil consiste en
que establece una restricción absoluta que en ningún caso puede ser mitigada
toda vez que la disposición establece que el cuidado personal del pupilo y la
cohabitación no podrá ser encargada a “ninguno de los que, si
muriese, habrían de suceder en sus bienes”[10].
Aunado a lo anterior, en este punto vale anotar
que, como consecuencia de la incompatibilidad de las guardas con la patria
potestad (artículo 428 del Código Civil), se concluye que  la limitación de
convivencia y cuidado en el caso de las tutelas sólo resulta aplicable a los
hermanos del menor y a los hermanos de sus ascendientes pues cuando ha de ser
concedida una guarda a un impúber en ningún caso ésta puede ser confiada a sus
padres[11].
A juicio de la Sala el establecimiento de
una restricción de las dimensiones anotadas resulta por completo
desproporcionada en la medida en que obstaculiza en todos los casos el
derecho fundamental reconocido a los menores de edad a tener una familia pues
las personas que tienen vocación sucesoral frente a su patrimonio son,
precisamente, sus familiares más cercanos. En tal sentido, si bien en
determinadas ocasiones el temor a que el impúber cohabite bajo el mismo techo
con ellos es legítimo y fundado –vgr. debido el eventual conocimiento de
antecedentes penales- ésta línea de conducta no puede ser adoptada como el patrón
general imperante, pues el ordenamiento civil ha de favorecer las condiciones
necesarias para que el impúber crezca bajo el amparo de sus parientes más
cercanos. De ordinario, los lazos de sangre que alimentan las relaciones
familiares son más fuertes y elevados que aquellos movidos por la mezquindad y
la carencia ética.
Ahora bien, en cuanto a la existencia de
medios alternativos menos lesivos del derecho fundamental, la Corte estima que
el discernimiento de las guardas constituye un instrumento igualmente
idóneo para asegurar, no sólo la integridad y el bienestar físico del menor,
sino adicionalmente la mejor elección entre los candidatos disponibles para
desempeñar el cargo de tutor de acuerdo a las calidades morales de las personas
que se encuentran llamadas a asumir el cargo. Sobre el alcance de esta figura,
el artículo 463 del Código Civil establece lo siguiente: “Toda tutela o
curaduría debe ser discernida. Se llama discernimiento el decreto
judicial que autoriza al tutor o curador para ejercer su cargo”. En virtud
de esta disposición se observa que ninguna guarda opera ope legis, pues
es necesario que en todo caso la dación de una guarda cuente con una
autorización judicial.
Por consiguiente, no basta que uno de los
sujetos incluidos en el listado del artículo 457 del Código alegue el
cumplimiento de las calidades allí anotadas para desempeñarse por derecho
propio como tutor o curador, según sea el caso. Antes bien, es menester que
medie un pronunciamiento judicial, conocido en el derecho civil como “acto
de discernimiento”, para que el Ciudadano pueda desempeñarse legítimamente
como guardador. Vale anotar que el Código Civil incluye como requisito para el
discernimiento “el otorgamiento de la fianza o caución a que el tutor o
curador esté obligado”; así mismo agrega el artículo 464 del estatuto que
no se confiará la administración de los bienes al guardador sin que el acto
esté precedido de un inventario solemne del patrimonio del incapaz.
Más aún, cabe anotar que el Código Civil no
ha dejado la tarea de designación del guardador a criterio del juez, pues éste
debe ceñirse a estrictos parámetros sustanciales que pretenden asegurar que el
encargado del cuidado de los incapaces reúne las condiciones necesarias para
salvaguardar su bienestar. En tal sentido, el artículo 586 precisa lo
siguiente: “Son incapaces de ejercer tutela o curaduría: 1.  Los
ciegos. 2.  Los mudos. 3.  Los dementes, aunque no estén bajo
interdicción. 4.  Los fallidos, mientras no hayan satisfecho a sus
acreedores. 5.  Los que están privados de administrar sus propios bienes
por disipación. 6.  Los que carecen de domicilio en la Nación. 7.
Los que no saben leer ni escribir, con excepción del padre o madre llamados a
ejercer la guarda legítima o testamentaria de sus hijos legítimos o naturales.
8.  Los de mala conducta notoria. 9.  Los condenados judicialmente
a una pena de las designadas en el artículo 315, número 4º, aunque se les haya
indultado de ella. 10.  Derogado. D. 2820/74, art. 70. 11.
El que ha sido privado de ejercer la patria potestad, según el artículo 310.
12.  Los que por torcida o descuidada administración han sido removidos de
una guarda anterior, o en el juicio subsiguiente a ésta han sido condenados por
fraude o culpa grave, a indemnizar al pupilo” (Negrilla fuera de
texto).
En el mismo sentido, se encuentran las
siguientes disposiciones del Código Civil que pretenden asegurar eficacia y los
mejores resultados para la designación judicial del guardador:
ART.
588.—No pueden ser  tutores o  curadores los que no hayan cumplido
veintiún años, aunque hayan obtenido habilitación de edad.
Sin embargo, si es deferida una tutela o
curaduría al ascendiente o descendiente que no ha cumplido veintiún años, se
aguardará que los cumpla para conferirle el cargo, y se nombrará un interino
para el tiempo intermedio.
Se aguardará de la misma manera al tutor o
curador testamentario que no ha cumplido veintiún años.
Pero será inválido el nombramiento del
tutor o curador menor, cuando llegando a los veintiún años sólo tendría que
ejercer la tutela o curaduría por menos de dos años[12].
ART. 590.—El padrastro no puede ser tutor o
curador de su entenado.
ART. 593.—No podrá ser tutor o curador de
una persona el que dispute su estado civil.
ART. 594.—No pueden ser sólo tutores o curadores de
una persona los acreedores o deudores de la misma, ni los que litiguen con
ella, por intereses propios o ajenos.
El juez o prefecto, según le pareciere más
conveniente, le (sic) agregará otros tutores o curadores que administren
conjuntamente, o los declarará incapaces del cargo.
Al cónyuge y a los ascendientes y descendientes del
pupilo no se aplicará la disposición de este artículo.
ART. 595.—Las disposiciones del precedente artículo no
comprenden al tutor o curador testamentario, si se prueba que el testador tenía
conocimiento del crédito, deuda o litis, al tiempo de nombrar a dicho tutor o
curador.
Ni se extienden a los créditos, deudas o litis, que
fueren de poca importancia en concepto del juez o prefecto.
ART. 596.—Los que profesan diversa religión de aquella
en que debe ser o ha sido educado el pupilo no pueden ser tutores o curadores
de éste, excepto en el caso de ser aceptados por los ascendientes, y a falta de
éstos por los consanguíneos más próximos.
ART. 597.—Las causas antedichas de
incapacidad que sobrevengan durante el ejercicio de la tutela o curaduría,
pondrán fin a ella.
ART. 598.—La demencia del tutor o curador viciará de
nulidad todos los actos que durante ella hubiere ejecutado, aunque no haya sido
puesto en interdicción.
El estudio en conjunto de estas
disposiciones permite establecer que el discernimiento de la guarda constituye
el elemento más adecuado para garantizar la integridad del menor y para
asegurar que la designación in concreto del tutor a favor del impúber ha
de concluir en la elección más afortunada de acuerdo a las calidades personales
del tutor.
Así las cosas, en atención a que este
instrumento asegura la protección de los niños y las niñas sin restringir en
abstracto y de manera absoluta el derecho fundamental a tener una familia y a
no ser separados de ella; y, adicionalmente, resulta más efectiva de cara a la
labor de realizar la más adecuada designación de quien ha de oficiar como
guardador del menor, la Corte concluye que la restricción de convivencia
proveniente de la norma (i) –que es, precisamente, aquella que fue
demandada por los accionantes- resulta  innecesaria, y por ende
inconstitucional, debido a la existencia de un medio menos lesivo del derecho
fundamental consagrado en el artículo 44 superior.
Por las razones hasta ahora anotadas la
Sala Plena habrá de declarar la exequibilidad condicionada del inciso 1° del
artículo 519 del Código Civil en el entendido según el cual la prohibición de
convivencia y cuidado no opera ope legis y requiere, en todo caso, una
orden judicial –discernimiento de la guarda-.
Como fue indicado con anterioridad, las
máximas hermenéuticas de conservación del derecho e interpretación conforme a la
Constitución, imponen la anterior decisión toda vez que el artículo 519 admite
una interpretación que resulta por completo ajustada al texto superior -la cual
fue explicada en precedencia como norma (ii)- según la cual la
aplicación de la aludida restricción de cohabitación y cuidado sólo resulta
oponible cuando existe un pronunciamiento judicial específico, fundado en el
conocimiento efectivo de las condiciones morales y ciudadanas de las personas
que de acuerdo al Código Civil pueden ejercer la tutela. Al condicionar la
exequibilidad de la disposición censurada al sentido que acaba de ser explicado
se garantiza, al mismo tiempo, que la designación de dichas guardas sea llevada
a cabo consultando la idoneidad de los candidatos a oficiar en dicho cargo y,
en segundo término, se ofrece a la autoridad judicial la posibilidad de
restringir la convivencia y cuidado del menor respecto de aquellas personas que
de manera comprobada no puedan ocuparse en dicha labor de acuerdo a la altura
ética y afectiva que es exigida por el texto constitucional.
Concluido el examen de constitucionalidad
del inciso 1° del artículo 519 del Código Civil, procede la Sala Plena a
continuar con el análisis del inciso 2° de la misma disposición.
Examen de constitucionalidad del inciso 2°
del artículo 519 del Código Civil
De acuerdo al estudio que ha sido realizado
sobre el alcance de la disposición demandada es posible concluir que la
restricción de cohabitación y cuidado consagrada en el inciso 1° de la
disposición sólo resulta aplicable en cada caso concreto mediante una orden
judicial específica. No obstante, el inciso 2° crea una excepción a la
proscripción objeto de análisis, según la cual dicha prohibición no es oponible
a “los ascendientes legítimos, ni los padres naturales”. En esta
instancia corresponde a esta Corporación decidir si el establecimiento de una
excepción de esta naturaleza, según la cual ésta no es aplicable a los
ascendientes naturales –en la medida en que sólo se encuentran eximidos los
padres- o adoptivos, se ajusta al texto constitucional.
Según fue señalado por la Corte
Constitucional en sentencia C-595 de 1996, a partir de la entrada en vigencia
de la Ley 29 de 1982 la institución de la consanguinidad ilegítima desapareció
del ordenamiento constitucional y fue reemplazada por la extramatrimonial.
Tal modificación se ciñe a plenitud con lo prescrito en el artículo 42 del
texto superior, según el cual los hijos de familia pueden ser clasificados de
acuerdo a las siguientes categorías: legítimos, extramatrimoniales y adoptivos.
No obstante, es necesario advertir de manera terminante que el reconocimiento
de tal ordenación en forma alguna autoriza un tratamiento desigual o
discriminatorio en su contra, toda vez que el texto superior establece como
regla imperativa la igualdad de derechos y deberes de los menores.
Según ha sido puesto de presente a lo largo
de esta providencia, la posibilidad debida a los niños y niñas de crecer bajo
el amparo, cariño y ejemplo de sus familiares más cercanos cuando deban ser
sometidos a tutela; se encuentra incluida dentro del derecho a tener una
familia y a no ser separados de ella (artículo 44 C. N.). En consecuencia, no
es admisible concluir que el inciso 2° crea una restricción que sólo afecta a
los ascendientes naturales y a los padres adoptantes del menor. Al contrario,
la aludida exención grava especialmente a los menores y los priva de la
posibilidad de goce de un derecho fundamental de la más notable importancia.
En tal sentido, la Corte Constitucional
observa que la expresión “legítimos, ni los padres naturales”, en la
medida en que excluye a los familiares que han sido indicados en líneas
anteriores, resulta contraria al texto superior, toda vez que no sólo priva a
los menores de la oportunidad de disfrutar de su derecho fundamental a tener
una familia y a no ser separados de ella (artículo 44 C. N.) sino que,
adicionalmente, se opone a lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 42
constitucional; el cual establece que la familia se constituye por vínculos
jurídicos (tal como ocurre en el caso del matrimonio o en la adopción) o
naturales (en cuyo caso se hace referencia a la decisión libre de conformarla).
Empero, la razón fundamental que encuentra la
Corte para declarar la inexequibilidad de la aludida locución consiste en que
el inciso 7° del artículo 42 prescribe “Los hijos habidos en el matrimonio o
fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica,
tienen iguales derechos y deberes”-. En consecuencia, al privilegiar la
situación de los hijos legítimos respecto de sus ascendientes; el Legislador
estaría promoviendo un tratamiento discriminatorio en virtud del cual, sin fundamento
constitucional legítimo, se aparta a los hijos extramatrimoniales y adoptivos de
la posibilidad de encontrarse bajo el cuidado de sus ascendientes en
caso de ser sometidos a tutela[13]. En consecuencia, con la
declaración de inexequibilidad del segmento enunciado, el inciso 2° del
artículo 519 del Código Civil ha de establecer lo siguiente: “No están
sujetos a esta exclusión los ascendientes”. Vale reiterar que tal redacción
garantiza la igualdad de derechos de los hijos de familia y al mismo tiempo
asegura la más alta protección del derecho de los niños y niñas a tener una
familia y a no ser separados de ella
Por las razones anotadas en esta
providencia, la Corte Constitucional declarará la exequibilidad condicionada
del inciso 1° del artículo 519 del Código Civil y la inexequibilidad de la
expresión “legítimos, ni los padres naturales” contenida en el inciso 2°
de la misma disposición.
VII. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la
Corte Constitucional, oído el concepto del señor Procurador General de la
Nación y cumplidos los trámites previstos en el decreto 2067 de 1991,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLE el inciso primero del
artículo 519 del Código Civil, en el entendido según el cual esta prohibición
no opera ope legis. Para que sea efectiva en cada caso concreto
requerirá de una orden judicial.
SEGUNDO.- Declarar INEXEQUIBLE la expresión “legítimos,
ni los padres naturales” contenida en el inciso segundo del artículo 519
del Código Civil.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Presidente
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
Ausente en comisión
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Ver nota al pie # 57 de esta sentencia.
[2]
Vélez, Fernando, Estudio sobre el derecho civil colombiano,
tomo dos, imprenta París-América
[3] Sentencia C-477 de 1999 “La familia, en su
carácter de institución fundamental de la sociedad, se ha instituido como el
ámbito apropiado e idóneo para el desarrollo normal de la persona humana en
general y de los niños en particular. Esta la razón para que el constituyente
haya consagrado el derecho de los niños a tener una familia y no ser separados
de ella y el deber de aquélla, de la sociedad y del Estado de asistir y
proteger al menor”
[4] Sentencias C-038 de 2006,
C-1046 de 2001, entre otras
[5] Tarello, Giovanni, Teorie
e ideologie nel diritto sindacale. L’esperienza italiana dopo la Costituzione,
Milano, 1967, II ed, 1972. Guastini, Ricardo, Distinguiendo, Estudios de
teoría y metateoría del derecho, Barcelona, 1999
[6]
Sentencia C-690 de 1996.
[7] Consultar, entre muchas
otras, las Sentencias C-660A/95, C-070/96, C-100/96, C-280/96, C-065/97,
C-320/97, C-466/97, C-045/98 y C-964/99.
[8] Ver la Sentencia C-070 de 1996.
[9]
Sobre el particular, Fernando Vélez en su Estudio sobre el
derecho civil colombiano señala lo siguiente: “Esta disposición [haciendo
alusión directa al artículo 519 del Código] que se ha tomado del Derecho
romano, tiene por objeto impedir que se atente contra la vida del pupilo por
interés de heredarlo”. En el mismo sentido, en el libro Derecho de
familia, Hernán Gómez Piedrahita precisa lo siguiente sobre el alcance de
la disposición examinada: “Como un medio de protección, establece la ley que
el pupilo no residirá en la habitación o bajo el cuidado de ninguno de los que,
si él muriese, habrían de sucederle en sus bienes; quedan excluidos de tal
prohibición los ascendientes legítimos y naturales, como es obvio”.
[10] Es necesario examinar con algún detenimiento la forma
en que esta disposición resulta aplicable en el derecho civil. Como se sigue de
la lectura del artículo 428 del Código Civil, la guarda sólo puede ser
conferida, en el caso de los impúberes, a quienes “no se hallen bajo
potestad de padre (…) que pueda darles la protección debida”. Así
las cosas, sin importar el tipo de tutela concedida –bien sea testamentaria
(art. 444 C. C.), legítima (art. 456 C. C.) o dativa (art. 460 C. C.)- la
patria potestad se hace incompatible con aquella, lo cual hace evidente que
cuando ha de ser concedida una guarda a un impúber, éste se encuentra en una
notoria situación de indefensión, en la medida en que no cuenta con el cuidado
y protección de sus padres, quienes son los primeros llamados a realizar dicha
labor.
De otro lado, de acuerdo al modelo de guardas y patria
potestad contenido en el Código Civil se observa que el menor puede ser
emancipado, según el artículo 314 del estatuto, “1. Por la muerte real no
presunta de los padres. 2. Por el matrimonio del hijo. 3. Por haber cumplido el
hijo la mayor edad (Sic) 4. Por el decreto que da la posesión de los
bienes del padre desaparecido”. A su vez, el artículo 315 enlista cuatro
eventos particulares que dan lugar a la emancipación judicial por la comisión
de conductas por parte de los padres de familia que los hacen inidóneos para
ejercer la patria potestad sobre los menores.
[11]
En este punto resulta oportuno hacer énfasis en lo dispuesto
en el artículo 430 del Código Civil, el cual establece: “la tutela y las
curadurías generales se extienden no sólo a los bienes, sino a la persona de
los individuos sometidos a ellas”.
[12]
Es preciso indicar que la Ley 27 de 1977 estableció la mayoría de edad a los 18
años y derogó la figura de la habilitación de edad.
[13] DECRETO 2737 DE 1989
ARTÍCULO
97. Adoptante y adoptivo adquieren, por
la adopción, los derechos y obligaciones de padre o madre e hijo legítimo.