T-253-18
Sentencia T-506/12
Sentencia
T-253/18
DERECHO A LA
SALUD-Doble connotación al ser un derecho fundamental y
al mismo tiempo un servicio público
DERECHO A LA SALUD-Instrumentos internacionales
DERECHO FUNDAMENTAL A LA
SALUD-Principios rectores
SERVICIO DE TRANSPORTE COMO MEDIO
DE ACCESO AL SERVICIO DE SALUD-Marco normativo
SERVICIO DE TRANSPORTE COMO
MEDIO DE ACCESO AL SERVICIO DE SALUD-Reiteración de jurisprudencia
GASTOS DE
TRANSPORTE Y VIATICOS PARA PACIENTE Y ACOMPAÑANTE-Reiteración
de jurisprudencia
SERVICIO DE TRANSPORTE COMO
MEDIO DE ACCESO AL SERVICIO DE SALUD-Orden a EPS autorizar el servicio de transporte que el
accionante requiere para trasladarse a sus sesiones de terapia, de conformidad
con lo prescrito por su médico tratante
Referencia: Expediente T-6.590.037
Acción de tutela instaurada por el señor Alexander Vicuña Vivas
contra Emssanar EPS.
Magistrado Ponente:
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Bogotá D.C., cuatro (4) de julio de dos mil dieciocho (2018).
La Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Carlos Bernal Pulido, Alberto
Rojas Ríos y José Fernando Reyes Cuartas, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del fallo
proferido en el asunto de la referencia, por el Juzgado 1º Promiscuo Municipal
de Florida (Valle del Cauca), el cual negó la protección de los derechos
fundamentales a la salud y vida en condiciones dignas del señor Alexander
Vicuña Vivas.
I. ANTECEDENTES
El señor Alexander Vicuña Vivas interpuso acción de tutela
contra la empresa promotora de salud Emssanar al
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al acceso a la salud y a la
vida digna con fundamento en los siguientes:
Hechos
1. El
accionante manifestó que reside en el municipio de Florida (Valle del Cauca) y
se encuentra vinculado al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad
Social de Salud a través de la EPS Emssanar.
2. Informó
que desde hace más de 16 años padece de insuficiencia renal y, por esta razón,
el médico determinó que debía asistir a terapias de diálisis mínimo 2 veces por
semana.
3. Indicó que
solicitó ante la EPS accionada el reconocimiento del subsidio de transporte ya
que las terapias son practicadas en el municipio de Palmira (Valle del Cauca);
petición que fue resuelta desfavorablemente con fundamento en que la entidad no
cubre este subsidio por cuanto es una EPS que no se encuentra subsidiada para
dicho efecto mediante una UPC diferencial o prima adicional[1].
4. Adicionalmente, el accionante informó
que tiene 40 años, es padre cabeza de familia y pertenece al nivel 1 del
Sisbén.
Trámite
procesal
5. El Juzgado 1º Promiscuo Municipal de Florida
(Valle del Cauca) avocó la acción de tutela, ordenó dar traslado a la autoridad
accionada y ofició a la Secretaría de Salud Departamental y al Ministerio de
Salud y Protección Social. También solicitó al Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses de la localidad determinar la enfermedad o lesión que
padece el accionante, el tipo de riesgo, la necesidad o urgencia del
tratamiento señalado por el médico tratante y si la pretensión del accionante
supera los parámetros previstos en el “POS”.
Respuesta del hospital Benjamin Barney Gasca
6. El gerente del hospital Benjamin Barney
Gasca, en oficio del 28 de agosto de 2017, informó que la suspensión del
tratamiento de diálisis al señor Alexander Vicuña Vivas pondría en riesgo su
salud y vida. Asimismo, indicó que los servicios de transporte en el Valle del
Cauca, según la Resolución 6411 de 2016, se encontraban cubiertos con cargo a
la prima adicional únicamente en los siguientes municipios: El Águila, El
Cairo, El Dovio, Riofrío, Trujillo y Versalles[2].
Respuesta del Ministerio de Salud y
Protección Social
7.A
través de oficio del 25 de abril de 2017, señaló que el cubrimiento de gastos
de transporte a ciertos usuarios que deban desplazarse para cumplir con
exámenes o citas médicas se encuentran regulados en los artículos 127 y 133 de
la Resolución 6408 de 2016 y en los artículos 12 y 133 de la Resolución 6411 de
2016.
Informó
que las anteriores disposiciones establecen que el acceso a una atención
incluida en el PBS (en adelante PBS),  no disponible en el lugar de residencia del
afiliado estará cubierto con cargo a la prima adicional para zona especial por
dispersión geográfica. Igualmente consagran que las EPS o las entidades que
hicieran sus veces deben asumir el transporte del paciente ambulatorio cuando
el usuario requiera trasladarse a un municipio distinto para recibir la
atención como consecuencia de no haberla previsto en su red de servicios.
Adicionalmente,
precisó que el artículo 12 de la Resolución 6411 de 2016 contempla el
reconocimiento de una prima adicional para zonas especiales por dispersión
equivalente al 11.47% en los municipios y corregimientos listados en el anexo
de dicha resolución.
Respuesta
de Emmsanar EPS
8.
Por su parte, la representante judicial de Emssanar, mediante escrito del 29 de
agosto de 2017 indicó que el accionante tiene derecho a recibir los servicios
de salud que están dentro del del Plan de Beneficios en Salud como efectivamente se le vienen
prestando.
Frente
a los hechos, manifestó que el servicio solicitado se encuentra excluido del
PBS previsto en la Resolución 6408 de 2016, que la pretensión no se enmarca
dentro de su competencia legal y que esta no cuenta con orden médica. A su vez,
señaló que el departamento del Valle del Cauca no cuenta con prima adicional y
por ello no se accedió al suministro de transporte; agregó que, de conformidad
con el artículo 9 de la Resolución 1479 de 2015, la Secretaría de Salud
Departamental del Valle del Cauca debía suministrar el servicio no PBS al
accionante.
En
suma, consideró que la EPS Emssanar no vulneró los derechos fundamentales del
paciente por lo cual solicitó la exoneración de responsabilidad y que se
ordenara a la Secretaría de Salud Departamental del Valle del Cauca, “garantizar
a través del pago oportuno y directo a las instituciones prestadoras de salud,
la atención de servicios en salud NO POS y Exclusiones que se brinde a favor de
la usuaria (sic), al tenor de los artículos 3, 6, 7, 8 y 9 de la Resolución
1479 de 2015.”[3]
Sentencia objeto de revisión
9. El 4 de
septiembre de 2017, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Florida (Valle
del Cauca) resolvió negar los derechos invocados por el actor al considerar que la pretensión carece de
orden médica y, además, de conformidad con la Resolución 6411 de 2016, Palmira
(Valle del Cauca) no hace parte de las municipalidades cubiertas con la prima
adicional por dispersión geográfica para este tipo de servicios. Decisión que
no fue impugnada.
Pruebas
que obran en el expediente
10. El
expediente T-6.590.037 está conformado por dos cuadernos; el primero contiene
la actuación de primera instancia surtida en sede de tutela por el Juzgado
Primero Promiscuo de Florida (Valle del Cauca) y el segundo recopila todas las
actuaciones surtidas en sede de revisión (en adelante cuaderno principal). En los
mismos obran las siguientes pruebas:
i.
Copia del carné Emssanar EPS del señor Alexander Vicuña Vivas.
ii.
Copia de la cédula de ciudadanía del señor Alexander Vicuña Vivas
iii.
Resultado de consulta de puntaje obtenido por el accionante en la
página del Sisbén con fecha del 23 de junio de 2017.
iv.
Historia clínica del demandante de los servicios de terapia renal-RTS-
Actuaciones
en sede de revisión
11. La Sala
de Selección número 2 de la Corte, mediante auto del 27 de febrero de 2018, seleccionó
para su revisión la presente acción de tutela y dispuso su reparto al despacho
del Magistrado José Fernando Reyes para lo de su competencia.
12. El
Despacho sustanciador, con fundamento en el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015,
consideró necesario disponer de mayores elementos de juicio que permitieran
esclarecer la situación fáctica del asunto; para ello, mediante auto del 2 de
abril de 2018, ordenó:
“(…)
Primero: SOLICITAR al señor Alexander Vicuña Vivas la siguiente información:
1. Si
actualmente se encuentra laborando y, en caso afirmativo, cuál es el monto del
salario devengado y bajo qué modalidad contractual o vinculación legal se
halla. En caso contrario, deberá indicar cuál es la fuente de sus ingresos y su
monto.
2. Quiénes
integran su núcleo familiar, si tiene personas a cargo, indicando cuántos y
quiénes.
3. Si vive
en un inmueble propio o debe pagar canon de arrendamiento, indicando, de ser
este último el caso, cuál es su valor.
4. Cómo se
traslada actualmente a sus citas médicas.
5. Si es
dueño de bienes muebles o inmuebles, indicando, en caso positivo, cuál es su
valor y la renta derivada de ellos.
6.
Adicionalmente, deberá aportar copia de la orden médica del tratamiento de
diálisis.
Para
cumplir con lo dispuesto se otorga el término de tres (3) días hábiles.
Segundo:
SOLICITAR a los servicios de Unidad Renal -RTS Sucursal Palmira- que:
1. Informe
si los servicios que le ha ofrecido al señor Alexander Vicuña Vivas han sido
con cargo a la EPS Emssanar EPS.
2. Informe
si ha ordenado tratamiento de hemodiálisis al señor Alexander Vicuña Vivas y en
caso afirmativo deberá aportar copia de la orden.
Tercero:
SOLICITAR a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Florida (Valle del Cauca)
que informe si figuran vehículos a nombre del señor Alexander Vicuña Vivas(…)”.
13. En respuesta
a dicho requerimiento se obtuvo la siguiente información:
i.
El 11 de abril de 2018, servicios de Unidad Renal -RTS Sucursal
Palmira-, informó que los servicios de diálisis al paciente Alexander Vicuña
Vivas se realizan 3 veces por semana y han sido con cargo a la EPS Emssanar.
Asimismo, aportó copia de la autorización emitida por dicha EPS.
ii.
La Secretaría de Tránsito y Transporte de Florida (Valle del Cauca) y
el accionante guardaron silencio.
14. Ante el
silencio del accionante y de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Florida
(Valle del Cauca), mediante auto del 17 de abril de 2018, se reiteró la
solicitud de allegar la anterior información; sin embargo, el silencio se
mantuvo.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
1. Esta Sala
es competente para analizar el fallo materia de revisión, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y los
artículos 31 a 36 del Decreto Estatutario 2591 de 1991.
Problema jurídico
2. La situación fáctica planteada le exige a la Sala determinar si
una EPS vulnera el derecho fundamental a la salud cuando no le proporciona el
transporte o no sufraga el costo del mismo a un paciente afiliado que requiere
un tratamiento ambulatorio constante en un municipio diferente al de su residencia.
Previo a resolver el problema
planteado, la Sala abordará los siguientes temas: (i) acceso
al derecho a la salud; (ii) el servicio de transporte como un medio de acceso
al servicio de salud; y (iii) examen de procedencia de la acción de tutela.
Derecho a la salud. Reiteración de jurisprudencia
3. En el artículo 49 de la Constitución se
encuentra consagrada la obligación que recae sobre el Estado de garantizar a
todas las personas el acceso a la salud, así como de organizar, dirigir,
reglamentar y establecer los medios para asegurarles su protección y
recuperación. De ahí su doble connotación: por un lado, constituye un derecho
fundamental del cual son titulares todos los ciudadanos del territorio nacional
y por otro, un servicio público de carácter esencial cuya prestación se
encuentra en cabeza del Estado.
Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 12, estableció que “todo
ser humano tiene el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que
le permita vivir dignamente”[4] igualmente, el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Observación General n.° 14
del 2000 advirtió que “la salud es un derecho humano fundamental e
indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos.” Permitiendo
entender el derecho a la salud como “el disfrute de toda una gama de
facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más
alto nivel posible de salud.”[5]
En desarrollo
de esos mandatos superiores, se expidió la ley 100 de 1993 que reglamentó el
Sistema General de Seguridad Social en Salud, al cual se le asignaron como
características, entre otras, la distribución y funcionamiento desde la
perspectiva de una cobertura universal.
Posteriormente, la
Ley Estatutaria 1751 de 2015[6], en respuesta de las
observaciones contenidas en la sentencia T-760 de 2008[7],
en su artículo
2° reiteró la irrenunciabilidad
del derecho a la salud, así como el deber por parte del Estado de garantizar su
prestación de manera oportuna, eficaz y con calidad.
Ahora bien, la salvaguarda del derecho
fundamental a la salud debe otorgarse en consonancia con los principios
contemplados en los artículos 48 y 49 de la Constitución Política y el artículo
6 de la Ley 1751 de 2015 en el que se consagran como principios rectores y
características del sistema, entre otros, la calidad en la prestación del
servicio, accesibilidad, solidaridad e integralidad, a saber:
4. Principio de accesibilidad. La Ley
Estatutaria de Salud[8] lo
define de la siguiente manera: “los servicios y tecnologías de salud deben
ser accesibles a todos, en condiciones de igualdad, dentro del respeto a las
especificidades de los diversos grupos vulnerables y al pluralismo cultural. La
accesibilidad comprende la no discriminación, la accesibilidad física, la
asequibilidad económica y el acceso a la información.”
Por su parte, este Tribunal, a propósito del desarrollo del
derecho a la salud y con fundamento en la mencionada Observación General n.° 14
del Comité de Derechos Sociales y Culturales de la ONU (Comité DESC), ha
expuesto que:
“En cuanto
a los elementos enlistados no cabrían reparos, pues, resulta evidente que el
Proyecto recoge lo contemplado en la Observación General 14, con lo cual, se
acude a un parámetro interpretativo que esta Sala entiende como ajustado a la
Constitución. En el documento citado, la disponibilidad, la aceptabilidad, la accesibilidad
y la calidad se tienen como factores esenciales del derecho. En sede de
tutela y, sobre el punto, esta Corporación, ha reconocido el vigor y
pertinencia de la Observación en los siguientes términos:
“(…) Ahora
bien el derecho a la salud contiene una serie de elementos necesarios para su
efectivo desarrollo[9], dentro de los cuales
encontramos la accesibilidad al servicio. Esta
Corporación[10] en aras de
desarrollar por vía jurisprudencial el alcance y contenido del derecho a la
salud, ha recurrido en diversas oportunidades a la Observación General Número
14 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU (Comité
DESC). La cual en su párrafo 12 expresó que los elementos esenciales del
derecho a la salud, son la accesibilidad,
disponibilidad, aceptabilidad y calidad.  (…)” (Sentencia
T-585 de 2012.)[11]. (Las negrillas son
del texto original).” [12]
En este
sentido, es posible determinar la obligación que recae sobre las entidades
promotoras de salud de cumplir la obligación estatal contenida en los artículos
48 y 49 de la Constitución; de garantizar el acceso al servicio de salud y, en
consecuencia, de brindar todos los medios indispensables para que dicha
accesibilidad se materialice de manera real y efectiva evitando generar cargas
desproporcionadas en cabeza de los usuarios.
5. Principio de integralidad. Esta
directriz se refleja en el deber de las EPS de otorgar todos los servicios
requeridos para recuperar el estado de salud de los usuarios pertenecientes al
sistema con el pleno respeto de los límites que regulan el sistema de salud. En
la sentencia T-760 de 2008 esta Corporación lo definió así: “(…) se refiere
a la atención y el tratamiento completo a que tienen derecho los usuarios del sistema
de seguridad social en salud, según lo prescrito por el médico tratante”.
En la misma
línea, en la sentencia T-277 de 2017 se reiteró[13] que “la atención y
el tratamiento a que tienen derecho los pertenecientes al sistema de seguridad
social en salud cuyo estado de enfermedad esté afectando su integridad personal
o su vida en condiciones dignas, son integrales; es decir, deben contener todo
cuidado, suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de
rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el seguimiento, así como todo
otro componente que el médico tratante valore como necesario para el pleno
restablecimiento de la salud del paciente[14] o
para mitigar las dolencias que le impiden llevar su vida en mejores
condiciones; y en tal dimensión, debe ser proporcionado a sus afiliados por las
entidades encargadas de prestar el servicio público de la seguridad social en
salud[15](…)”
De acuerdo con dichos parámetros, la integralidad
responde “a la
necesidad de garantizar el derecho a la salud de tal manera que los afiliados
al sistema puedan acceder a las prestaciones que requieran de manera efectiva,
es decir, que debido a la condición de salud se le otorgue una protección
integral en relación con todo aquello que sea necesario para mejorar la calidad
de vida de manera efectiva”.
Así, se concluye que el principio de integralidad consiste en mejorar
las condiciones de existencia de los pacientes garantizando todos los servicios
que los médicos consideren científicamente necesarios para el restablecimiento
de la salud, ello en condiciones de calidad y oportunidad. Finalmente, en consonancia con este principio, sobre
las empresas promotoras de salud recae la obligación de no entorpecer los
requerimientos médicos con procesos y trámites administrativos de manera que
impidan a los usuarios el acceso a los medios necesarios para garantizar el
derecho a la salud.
6. Principio de solidaridad. Este
principio se encuentra consagrado en los artículos 48 y 95 de la Constitución,
es uno de los pilares del sistema de salud y supone el deber de una mutua
colaboración entre las personas, las generaciones, los sectores económicos, las
regiones y las comunidades orientadas a ayudar a la población más débil.[16]
Esta Corporación
ha manifestado en sentencia C-529 de 2010 que: “La seguridad social es
esencialmente solidaridad social. No se concibe el sistema de seguridad social
sino como un servicio público solidario; y la manifestación más integral
y completa del principio constitucional de solidaridad es la seguridad social”
(subrayado fuera del texto original).
Esto significa que el propósito común de proteger
las contingencias individuales se realiza en trabajo colectivo entre el Estado,
las entidades a las cuales se le adjudicó la prestación del servicio de salud y
los usuarios del sistema, en otras palabras, los recursos del Sistema General
de la Seguridad Social en Salud deben distribuirse de tal manera que toda la
población colombiana, sin distinción de su capacidad económica, acceda al
servicio de salud.
Ahora bien, sobre las EPS también recae la
obligación de garantizar a los usuarios del sistema el acceso a los servicios y
tratamientos de salud tomando en cuenta las particulares condiciones económicas
de aquellos.
7. De otro lado, el acceso al derecho a la salud
encuentra límites en el Plan de Beneficios, tanto para el régimen subsidiado
como para el contributivo, ya que el Sistema General de Seguridad Social en Salud
no posee recursos ilimitados. No obstante, ello no puede convertirse en una
barrera para que las personas puedan acceder al goce real y efectivo del
derecho. De esta forma, argumentos de carácter administrativo no pueden
prevalecer sobre los derechos de las personas ni ser un obstáculo ante la
obtención de los servicios de salud.[17]
El servicio de
transporte como un medio de acceso al servicio de salud. Reiteración de
jurisprudencia
8. A continuación
se hará un breve recuento del transporte en materia legislativa.
En un comienzo,
el servicio de transporte de pacientes no se trataba en el hoy llamado PBS; sin
embargo, el parágrafo del artículo 2 de la Resolución 5261 de 1994[18] señalaba
que, “(…) cuando en
el municipio de residencia del paciente no cuente con algún servicio requerido,
este podrá ser remitido al municipio más cercano que cuente con él. Los gastos
de desplazamiento generados en las remisiones serán de responsabilidad del
paciente, salvo en los casos de urgencia debidamente certificada o en los
pacientes internados que requieran atención complementaria (…)”.
No fue sino
hasta el Acuerdo 08 de 2009[19], expedido por la Comisión de
Regulación en Salud[20], que se reglamentó el transporte y se
incluyó en el Plan Obligatorio de Salud en los siguientes casos:
“ARTÍCULO
33. TRANSPORTE O TRASLADO DE PACIENTES. El Plan Obligatorio de Salud de ambos
regímenes incluye el transporte en ambulancia para el traslado entre
instituciones prestadoras de servicios de salud dentro del territorio nacional,
de los pacientes remitidos, según las condiciones de cada régimen y teniendo en
cuenta las limitaciones en la oferta de servicios de la institución en donde
están siendo atendidos, que  requieran de atención en un servicio no
disponible en la institución remisora.
El servicio
de traslado de pacientes cubrirá el medio de transporte adecuado y disponible
en el medio geográfico donde se encuentre, con base en el estado de salud del
paciente, el concepto del médico tratante y el destino de la remisión y de
conformidad con las normas del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de
la Atención en Salud.
PARÁGRAFO
1o. Si en concepto del médico tratante, el paciente puede ser atendido en un
prestador de menor nivel de atención el traslado en ambulancia, en caso
necesario, también hace parte del POS o POS-S según el caso. Igual ocurre en
caso de ser remitido a atención domiciliaria, en los eventos en que el paciente
siga estando bajo la responsabilidad del respectivo prestador.
PARÁGRAFO
2o. Si realizado el traslado, el prestador del servicio, encuentra casos de
cobertura parcial o total, por seguros de accidente de tránsito, seguros
escolares y similares, el valor del transporte deberá ser asumido por ellos
antes del cubrimiento del Plan Obligatorio de Salud de ambos regímenes, en los
términos de la cobertura del seguro y la normatividad vigente.”
Posteriormente,
el Acuerdo 029 de 2011 derogó la anterior regulación eliminando el segundo
parágrafo y añadiendo el siguiente artículo:
“Artículo 43. Transporte
del paciente ambulatorio. El servicio de transporte en un medio diferente
a la ambulancia, para acceder a un servicio o atención incluida en el Plan
Obligatorio de Salud, no disponible en el municipio de residencia del afiliado,
será cubierto con cargo a la prima adicional de las Unidades de Pago por
Capitación respectivas, en las zonas geográficas en las que se reconozca por
dispersión”.
Luego, el artículo 126 de la Resolución 6408 de 2016 dispuso que el Plan de
Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación cubría el
traslado acuático, aéreo y terrestre ya sea en ambulancia básica o medicalizada
se realizaba en los siguientes supuestos:
“• Movilización de pacientes con patología de urgencias desde el
sitio de ocurrencia de la misma hasta una institución hospitalaria, incluyendo
el servicio prehospitalario y de apoyo terapéutico en unidades móviles.
• Entre IPS dentro del territorio nacional de los pacientes
remitidos, teniendo en cuenta las limitaciones en la oferta de servicios de la
institución en donde están siendo atendidos, que requieran de atención en un
servicio no disponible en la institución remisora. Igualmente, para estos casos
está cubierto el traslado en ambulancia en caso de contrarreferencia.
El servicio de traslado cubrirá el medio de transporte disponible
en el sitio geográfico donde se encuentre el paciente, con base en su estado de
salud, el concepto del médico tratante y el destino de la remisión, de
conformidad con la normatividad vigente.
Asimismo, se cubre el traslado en ambulancia del paciente remitido
para atención domiciliaria si el médico así lo prescribe”.
Actualmente, el artículo 121 de la Resolución n.° 5269 de 2017 establece
que el servicio de transporte en un medio diferente a la ambulancia se
efectuará en los siguientes casos: “(i) para acceder a una atención
incluida en el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC, no disponible en
el lugar de residencia del afiliado, será cubierto en los municipios o
corregimientos con cargo a la prima adicional para zona especial por dispersión
geográfica”; y (ii) cuando el usuario debe trasladarse a un municipio
distinto a su residencia para recibir los servicios mencionados en el artículo
10[21] de
este acto administrativo, cuando existiendo estos en su municipio de residencia
la EPS o la entidad que haga sus veces no los hubiere tenido en cuenta para la
conformación de su red de servicios. Esto aplica
independientemente de si en el municipio la Entidad Promotora de Salud -EPS- o
la entidad que haga sus veces recibe o no una UPC diferencial.
Por otro lado, y como se planteó en párrafos
anteriores, de conformidad con los antecedentes de esta Corporación, el Sistema
de Seguridad Social en Salud contiene servicios que deben ser prestados y
financiados por el Estado en su totalidad, otros cuyos costos deben ser
asumidos de manera compartida entre el sistema y el usuario y, finalmente,
algunos que están excluidos del PBS y deben ser sufragados exclusivamente por
el paciente o su familia.[22]
9. En principio, el transporte, fuera de los
eventos anteriormente señalados, correspondería a un servicio que debe ser
costeado únicamente por el paciente y/o su núcleo familiar. Sin embargo, el
desarrollo jurisprudencial ha establecido unas excepciones en las cuales la EPS
(independientemente del régimen)[23] está
llamada a asumir los gastos derivados de este, ya que si bien tal servicio no
se considera una prestación médica, es un medio que permite el acceso a
los servicios de salud y la materialización del derecho fundamental.[24]
En ese sentido, esta Corporación[25] consideró que a partir de los
principios de accesibilidad, integralidad y, especialmente, la solidaridad, cuando
un usuario del SGSSS es remitido a un lugar diferente a su residencia para
recibir la atención en salud prescrita por su médico tratante, con fundamento
en que la entidad no cuenta con disponibilidad de servicios en el lugar de
afiliación y el paciente o su familia carece de recursos para sufragar los
desplazamientos, será un deber de las entidades costear los medios de
transporte para poder recibir la atención requerida.
En relación con lo anterior, dichos costos se han
otorgado, pese a que el transporte requerido no esté previsto en la norma
citada cuando se evidencian los siguientes supuestos[26]:
“(i) ni el paciente ni sus
familiares cercanos tienen los recursos económicos suficientes para pagar el
valor del traslado y (ii) de no efectuarse la remisión se pone en riesgo la
vida, la integridad física o el estado de salud del usuario.”[27]
La creación
de las reglas precedentes se originó como respuesta al objetivo de garantizar la
accesibilidad a los servicios de salud de todos los afiliados al SGSSS, ya que los
diferentes planes de servicios preveían el transporte para aquellos pacientes
que necesitaban atención complementaria o se encontraban en zonas donde se
pagaba una UPC diferencial mayor[28],
no así para el desplazamiento de los usuarios que requerían un tratamiento o
servicio que no se encontraba disponible en el municipio de afiliación y no constituía
una urgencia certificada o se tratara de pacientes hospitalizados.
Actualmente, como
resultado del desarrollo jurisprudencial,[29] la
Ley estatutaria 1751 de 2015 determinó que el financiamiento
del transporte de pacientes ambulatorios desde su lugar de residencia hasta el
lugar donde se brinden los servicios médicos se realiza con cargo a la prima
adicional por dispersión, figura que esa Corte ha definido como “un valor destinado a los departamentos
y regiones en los cuales por haber menor densidad poblacional se generan
sobrecostos en la atención, entre otras razones, por el traslado de pacientes.”[30]
En ese orden, “las zonas que no son objeto de prima
por dispersión, cuentan con la totalidad de infraestructura y personal humano
para la atención en salud integral que requiera todo usuario, por consiguiente
no se debería necesitar trasladarlo a otro lugar donde le sean suministradas
las prestaciones pertinentes. En tal contexto, de ocurrir la remisión de la
paciente otro municipio, esta deberá afectar el rubro de la UPC general, como
quiera que se presume que en el domicilio del usuario existe la capacidad para
atender a la persona, y en caso contrario es responsabilidad directa de la EPS
velar por que se garantice la asistencia médica.”[31]
Lo anterior, en cumplimiento de la finalidad constitucional de remover las
barreras y obstáculos que impiden acceder oportuna y eficazmente a dichos
servicios garantizando no solo los servicios de carácter médico sino,
además, la financiación de los medios que permitan acceder a tales atenciones.
Caso concreto
10. De manera
previa al examen de las exigencias para acceder a las pretensiones expuestas en
la demanda se analizará los requisitos de procedencia del amparo, esto es, la
legitimación por activa y por pasiva, la inmediatez y la subsidiariedad.
11. Sobre la legitimación en
la causa por activa es necesario recordar que el artículo 86 de la Constitución
Política estableció que toda persona puede presentar acción de tutela para
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos
resulten vulnerados o amenazados. Al respecto, el artículo 10° del Decreto 2591
de 1991 estableció lo siguiente:
“La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar,
por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de
los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrá
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”
De lo anterior se concluye que la titularidad de la acción de
tutela se encuentra, en principio, en cabeza del directamente afectado; sin embargo,
esta puede ser interpuesta por un tercero cuando: “(i) quien actúa es el representante legal del titular
de los derechos fundamentales presuntamente conculcados, (ii) el accionante es
el apoderado judicial de aquel que alega sufrir un menoscabo a sus derechos, o
(iii) el tercero actúa como agente oficioso[32]”.
En el caso bajo
estudio, el extremo activo está integrado por Alexander Vicuña Vivas quien se
encuentra plenamente legitimado para presentar la acción de tutela, toda vez
que actúa en defensa de sus derechos fundamentales a la salud y a la vida
digna.
12. Legitimación en la causa por pasiva, se concluye que la EPS
Emssanar es una entidad solidaria prestadora del servicio público de salud a la
cual está afiliado el accionante en el régimen subsidiado como cabeza de
familia.[33]
13. En relación con el requisito de subsidiariedad, la jurisprudencia constitucional ha
establecido algunos eventos en los cuales la acción de tutela resulta
procedente aun cuando exista otra vía, estos son, a saber:
“(i) Los medios ordinarios de defensa judicial no
son suficientemente idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente
conculcados;// (ii) Aún (sic) cuando tales medios de defensa judicial sean
idóneos, de no concederse la tutela como mecanismo transitorio de protección,
se producirá un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales;// (iii) El
accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas de la
tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población
desplazada, niños y niñas etc.) y, por tanto su  situación requiere de
particular consideración por parte del juez de tutela.”[34]
En el caso del derecho a la salud, la Ley 1122 de 2007
en el artículo 41 previó un mecanismo para solucionar las controversias suscitadas
entre los usuarios y las EPS con un procedimiento particular revestido de
celeridad e informalidad, cuyo trámite está en cabeza de la Superintendencia
Nacional de Salud.
Dicha normativa otorgó facultades
jurisdiccionales a la superintendencia para
que conozca y resuelva controversias relacionadas con: i) la denegación por
parte de las entidades promotoras de salud de servicios incluidos en el POS;
ii) el reconocimiento de los gastos en los que el usuario haya incurrido
por la atención que recibió en una IPS no adscrita a la entidad promotora de
salud, o por el incumplimiento injustificado de la EPS de las obligaciones que
le competen; iii) la multiafiliación dentro del sistema, y iv) la libre
elección de la entidad promotora de salud y la movilidad de los afiliados.
Posteriormente, el artículo 126 de la Ley 1438 de 2011
amplió las competencias jurisdiccionales de la Superintendencia Nacional de
Salud, incluyendo las controversias que se relacionan con: i) la
denegación de servicios excluidos del POS que no sean pertinentes para atender
las condiciones particulares del afiliado; ii) recobros entre entidades del
sistema y iii) pago de prestaciones económicas por parte de las
entidades promotoras de salud y el empleador. A su vez, determinó la
naturaleza del procedimiento como preferente y sumario.
14. Ahora bien, esta Corporación, en sentencias C-117[35] y
C-119 de 2008 estudió la constitucionalidad del procedimiento y determinó que
se encontraba de acuerdo con el ordenamiento jurídico superior; sin embargo, no
se pronunció respecto de su idoneidad y eficacia
En ese sentido, en la actualidad los usuarios del SGSSS
cuentan con un mecanismo, en principio, idóneo y eficaz para la protección y
restablecimiento de los derechos que se encuentran afectados por la EPS; no
obstante, recientemente la Corte ha concluido[36] que en la estructura
del procedimiento se evidencian falencias graves que desvirtúan su idoneidad y
eficacia, a saber:
i. La inexistencia de un
término dentro del cual las Salas Laborales de los Tribunales Superiores de los
Distritos Judiciales deban resolver las impugnaciones formuladas en contra de
las decisiones emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud. [37]
ii. La imposibilidad de
obtener acatamiento de lo ordenado.[38]
iii. El incumplimiento del
término legal para proferir sus fallos.[39]
iv. La carencia de sedes o
dependencias de la Superintendencia Nacional de Salud en el territorio del país.[40]
Sobre el
primer defecto de este mecanismo, advertido en la sentencia T-603 de 2015,[41] se concluyó que la inexistencia
de un término para resolver el recurso de apelación implicaría que el trámite
tenga una duración indefinida, lo cual, en casos de personas que se encuentran
en una situación de extrema vulnerabilidad, deja en evidencia que el medio es
inidóneo y carece de eficacia.
En relación
con la segunda falencia, se observó que el legislador no previó un mecanismo a
través del cual sea posible obtener el cumplimiento de lo ordenado, pues si
bien la ley buscó remediar dicho vicio a través del artículo 25 de la Ley 1797
de 2016, en el cual dispuso que el incumplimiento de lo ordenado en dicho
trámite judicial acarreará las mismas consecuencias que el desacato de una
decisión de tutela, también omitió fijar (i)el
procedimiento a través del cual se declarará el desacato, (ii) de
qué manera se efectuará el grado jurisdiccional de consulta, y (iii) ante
quien se surtirá dicha actuación.”[42]
Respecto de la tercera crítica, con base en una
investigación realizada recientemente se demostró que la Superintendencia
Nacional de Salud no ha logrado cumplir con el término legal de 10 días con el
que cuenta para proferir sus decisiones, dificultando superar con celeridad las
solicitudes de los peticionarios.[43]
Sobre la última falla, esta Corporación señaló que se
debía tener muy presente la falta de sedes de la superintendencia de salud a lo
largo del territorio nacional, en especial en aquellos lugares que se
encuentran alejados de la capital y de las ciudades principales del país.
Asimismo, comparó el acceso a la Superintendencia Nacional de Salud con la
posibilidad de un peticionario para acudir a las autoridades judiciales, la
cuales se encuentran en casi todos los lugares distantes.[44]
15. Adicionalmente, y como consecuencia de lo
anterior, esta Corte en sentencia T-710 de 2017 estableció los criterios para
determinar si la acción de tutela desplaza la facultad jurisdiccional conferida
a la superintendencia de salud, estos son:
(i) la
existencia de riesgos fundamentales de particular importancia como la vida, la
salud o la integridad de las personas;
(ii) que
el procedimiento previsto no lograría dar una respuesta efectiva a la solicitud
–por ejemplo porque la pretensión no está comprendida por las facultades- o
reviste tal grado de urgencia que, de no intervenir el juez de tutela, los
intereses antes referidos se afectarían. Para efectos de valorar la idoneidad y
eficacia deberá considerarse;
(iii) si en
el domicilio del accionante no existen oficinas de la referida superintendencia
o;
(iv) que
el accionante no puede contar con acceso a internet para presentar el reclamo
judicial correspondiente y efectuar el seguimiento respectivo[45]. (Subrayado
fuera del texto original)
En síntesis, en los eventos en los cuales se evidencia
el desconocimiento de derechos fundamentales de una persona y se requiere de
una mediación inmediata de la autoridad judicial, -como consecuencia de su
particular situación-, el procedimiento jurisdiccional establecido en la Ley
1122 de 2007, modificado por la Ley 1797 de 2016 carece de idoneidad y eficacia, por
lo que la acción de tutela se convierte en el único medio de defensa con el que
cuentan los ciudadanos para obtener protección de sus garantías fundamentales.
17. Ahora bien, teniendo en cuenta lo desarrollado, en
este caso la información que obra en el expediente y sobre la cual se
profundizará en párrafos posteriores, da cuenta de que el accionante padece una grave enfermedad quedando
en evidencia la necesidad de ofrecerle una salvaguarda inmediata.
18. Por
último, el requisito de inmediatez impone la carga al demandante de interponer
el amparo en un término prudente y razonable entre el hecho o la conducta que
genera la presunta vulneración de los derechos fundamentales y la presentación
de la acción de tutela. Al respecto, el accionante interpuso la acción de
tutela dentro de los 2 meses siguientes a obtener la respuesta negativa sobre
el servicio de trasporte solicitado ante la EPS, el cual resulta un término
razonable.
Superado el
anterior análisis, la Sala se concentrará en el examen del devenir procesal y
probatorio para definir si en este caso procede la concesión del amparo.
19. En ese
sentido, se determina que el señor Alexander Vicuña Vivas padece de
insuficiencia renal crónica “estadio 5 de etiología desconocida”, requiere
asistir a 3 sesiones por semana con el fin de que se le practique el
tratamiento de hemodiálisis para lo cual necesita trasladarse desde su lugar de
residencia en el municipio de Florida (Valle del Cauca) hasta la ciudad de
Palmira (Valle del Cauca) donde se encuentra ubicada la IPS de Unidad Renal
-RTS Sucursal Palmira- en la que se lleva a cabo dicho procedimiento -a una
distancia aproximada de 39.9 km y 57 minutos de distancia desde su domicilio[46]-.
De acuerdo
con lo manifestado en la tutela, el demandante enfrenta serias dificultades
para acceder a los servicios descritos como resultado de su situación
económica, pues según las pruebas que obran en el expediente, el accionante es
padre cabeza de familia, hace parte del nivel 1 del Sisben, y se encuentra
vinculado al régimen subsidiado a través de la EPS Emssanar.
20. Sobre su
patología, al tratarse de una enfermedad catastrófica,[47] como lo es
la insuficiencia renal, esta Corporación, en caso similar al presente, se
pronunció en los siguientes términos:
“Por otra parte, es clara la imposibilidad del señor (...) para
trasladarse a otra ciudad, en un medio de trasporte masivo como lo sostuvo el
juez de segunda instancia, pues conforme a lo señalado en precedencia la
terapia de hemodiálisis comprende un proceso simultáneo en el que por un lado,
a través de un acceso vascular se extrae parte de la sangre, que es llevada a
una máquina y pasada por un filtro y unas soluciones dializantes para limpiarla
de las toxinas y al mismo tiempo, por otro acceso vascular se instila, la
sangre ya libre de toxinas, todo esto genera en el paciente pos diálisis una
“deplesión” (sic) (pérdida) transitoria de volumen plasmático, lo que
provoca inestabilidad hemodinámica que puede dar origen a complicaciones
durante la terapia[48].
Aunado a lo anterior, la extracción de parte del líquido que como
resultado del daño renal que padece, el cuerpo no es capaz de expulsar; esta
pérdida rápida de volumen plasmático genera cambios en la tensión arterial que
producen hipertensión, hipotensión, taquicardia, mareo, ortostatismo[49]; por lo que resulta lógico que
se autorice el transporte en taxi, como lo pretende el accionante a fin de
salvaguardar su integridad”[50]. (Resaltado fuera del texto
original).
Bajo este
panorama, es evidente que el accionante requiere una atención continua y
especializada de la enfermad renal que padece y, a su vez, que el
desplazamiento para dicho tratamiento debe realizarse en el medio adecuado.
Ahora bien, cabe destacar que el
desplazamiento solicitado por el accionante se adecua a lo previsto en el artículo
121 de la Resolución 5269 de 2017 ya que, como se estableció, el transporte
debe ser costeado por la EPS en los casos en que los pacientes requieran un
servicio incluido en el PBS que no se encuentra en el domicilio del paciente, servicio
que se cubre por la prima adicional por dispersión geográfica o, en los casos
en que no se reconozca este concepto, por la UPC general ya que es
responsabilidad directa de la entidad velar porque se garantice la asistencia
médica.
Adicionalmente,
y sin que sea un requisito indispensable para conceder el amparo, dado que se
trata de un servicio incluido en el PBS, se advierte del acervo probatorio que
el accionante no cuenta con los recursos económicos suficientes para financiar
el valor del traslado; circunstancia que torna más gravosa su situación ya que le
impide superar la barrera que le impone la distancia entre su lugar de
residencia y el lugar donde se le prestan los servicios de salud. En este
sentido, y dada la enfermedad catastrófica que padece el solicitante, de no
efectuarse la remisión se pone en riesgo la vida, la integridad física y la
dignidad humana de este.
21. Por otra
parte, el juez de instancia adujo que la acción de tutela carecía de orden médica
del servicio de transporte; pese a contar con los medios para acreditar la
existencia de dicha orden, pues, apartes de la historia clínica que obran en el
expediente, especifican que el paciente padece de enfermedad renal crónica
estadio 5 de etiología desconocida (HTA), en programa de hemodiálisis 3
sesiones por semana (…) emitidos por la Unidad Renal -RTS Sucursal Palmira-[51] lo
certifican. Es por ello, que esta Corte recuerda a los jueces de instancia la
obligación de solicitar los elementos que le permitan obtener certeza
respecto de un hecho.[52]
El anterior
argumento también fue reiterado por la EPS; sin embargo, esta consideración no
constituye una razón suficiente para negar las pretensiones del accionante,
pues tal servicio se encuentra previsto en el PBS actual y, en consecuencia,
basta con la orden del servicio incluido en el plan y la carencia de este en la
red de servicios de su EPS en el lugar de la afiliación para que sea
garantizado al paciente.
22. En suma,
se demostró que (i) el accionante requiere tratamiento de diálisis al menos 3
veces por semana; (ii) debe desplazarse a un municipio diferente al de su
residencia para recibir dicha terapia; (iii) se encuentra vinculado al régimen
subsidiado mediante la EPS Emssanar; (iv) los servicios requeridos han sido
prescritos por el médico tratante y autorizados mensualmente por la  EPS; y (v)
la EPS no incluyó en su red de servicios una institución que tenga su sede en
el municipio donde reside el accionante.
Por lo expuesto,
la Sala procederá a revocar el fallo proferido por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de
Florida (Valle del Cauca) y, en su lugar, concederá el amparo de los
derechos fundamentales a la vida y a la salud. En consecuencia, se ordenará a
la EPS Emssanar que cubra los gastos de
transporte desde el lugar de residencia del accionante hasta las instituciones
donde se deben realizar las terapias de remplazo renal ordenadas por el
médico tratante al señor Alexander Vicuña Vivas.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR la
sentencia proferida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Florida
(Valle del Cauca) el 4 de septiembre de 2017 dentro del proceso de tutela
promovido por el señor Alexander Vicuña Vivas contra la EPS Emssanar por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en su lugar, TUTELAR
los derechos fundamentales a la vida y a la salud del accionante.
SEGUNDO.- ORDENAR a la EPS Emssanar que en
el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de esta providencia, autorice
el servicio de transporte que el señor Alexander Vicuña Vivas requiere para trasladarse a sus sesiones de terapia,
de conformidad con lo prescrito por su médico tratante.
TERCERO.- ADVERTIR a la EPS
Emssanar para
que, en lo sucesivo, se abstenga de negar servicios que hayan sido debidamente
ordenados por el médico tratante al señor Alexander Vicuña Vivas para el
tratamiento de la patología Insuficiencia Renal Crónica Estadio
5 de Etiología Desconocida (HTA).
CUARTO.- LÍBRESE por Secretaría General la
comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, comuníquese, notifíquese, publíquese,
insértese y cúmplase.
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
CARLOS
BERNAL PULIDO
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
CARLOS BERNAL PULIDO
A LA SENTENCIA
T-253/18
Referencia: Expediente
T-6.590.037
Magistrado
Ponente:
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
En atención a la sentencia
proferida por la Sala Octava de Revisión en el expediente de la referencia,
presento Aclaración de Voto, en relación con la  motivación del resolutivo
segundo del fallo en mención, toda vez que en la sentencia se concluye que el
servicio de transporte “se encuentra previsto en el PBS actual y, en
consecuencia, basta con la orden del servicio incluido en el plan y la carencia
de este en la red de servicios de su EPS en el lugar de la afiliación, para que
sea garantizado al paciente”. (f.j. 21)
Al respecto considero pertinente
tener en cuenta que según lo establecido en la
Ley 1751 de 2015 y el artículo 121 de la Resolución 5269 de 2017[53], el servicio de transporte del
paciente ambulatorio requerido para acceder a una atención descrita en el Plan
de Beneficios en Salud (PBS), no disponible en el lugar de residencia del
afiliado y que no esté incluido en el cálculo de la UPC por dispersión, no está
excluido expresamente como servicio de salud.
Por lo tanto,
como quiera que se trata de un servicio complementario[54],
puede ser reconocido, pero de conformidad con lo establecido en la Resolución 3951 de
2016[55],
la cual establece el procedimiento que debe cumplir el profesional de la salud
para ordenar estos servicios no incluidos en el PBS, así:
(i)
El
diligenciamiento de la prescripción a través de la plataforma diseñada por el
Ministerio de Salud y Protección Social;
(ii)
La
prescripción debe ser evaluada por la Junta de profesionales de la Salud o
Comité Técnico Científico;
(iii)
La
Junta de Profesionales de la Salud o Comité Técnico Científico tienen un plazo
para pronunciarse;
(iv)
Este
pronunciamiento debe ser notificado al paciente.
Respetuosamente,
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
[1] Folio 2 cuaderno 1
[2] Folio 21 cuaderno 1
[3] Folios 28 a 39
cuaderno 1.
[4] PIDESC 1966.
[5] Estos
fundamentos normativos también fueron citados en la sentencia C-313 de 2014, por
ejemplo.
[6] Promulgada
el 16 de febrero de 2015: “Por medio de la cual se regula
el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”
[7] En
dicha providencia se estableció que la salud “es un derecho fundamental
autónomo en lo que respecta a un ámbito básico, el cual coincide con los
servicios contemplados por la Constitución, el bloque de constitucionalidad la
ley y los planes obligatorios de salud, con las extensiones necesarias para
proteger una vida digna”.
[8] Ley
1751 de 2015.
[9] El Comité DESC expresó que los elementos esenciales
del derecho a la salud, son la “accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad
y calidad.”
[10] Corte
Constitucional de Colombia. Sentencia T-1087 de 2007, MP,
Jaime Córdoba Triviño.
[11] En
este mismo sentido, ver la Sentencia T-583 de 2007 y T-905 de 2005.
[12] C-313
de 2014.
[13] Cfr. Sentencias T-133 de 2001, T-136 de 2004, T-1059 de 2006, T-730 de
2007, T-228 de 2013, T-760 de 2008, T-289 de 2013, T-743 de 2014, T-421 de 2015
y T-036 de 2017.
[14] En este sentido se ha pronunciado la corporación,
entre otras, en la sentencia T-136 de 2004
[15] Cfr. T-1059 de diciembre 7 y T-062 de febrero2 de
2006, M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-730 de septiembre 13 de 2007, M. P.
Marco Gerardo Monroy Cabra, T-536 de julio 12 de 2007, M. P. Humberto Antonio
Sierra Porto y T-421 de mayo 25 de 2007, M. P. Nilson Pinilla Pinilla, entre
otras. Corte Constitucional, sentencia T-228 de 2013 (MP Nilson Elías Pinilla
Pinilla).
[16] Ver sentencias T-173 de 2012, T-447 de 2014, 706 de 2017, T-032 de 2018 y T-089 de 2018.
[17] Sentencia
T-791 de 2014. Ver también sentencia T-575 de 2013, T-405 de 2017, entre otras.
[18] “Por el cual se
establece el manual de actividades, intervenciones y procedimientos del Plan
Obligatorio de Salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud”
[19] Por el cual se
aclararon y actualizaron integralmente los Planes Obligatorios de Salud de los
Regímenes Contributivo y Subsidiado. Derogado por el acuerdo 029 de 2011.
[20] Conforme a lo
ordenado en el numeral decimoséptimo de la sentencia T-760 de julio 31 de 2008
[21] Resolución 5592 de 2015, artículo 10. “PUERTA DE ENTRADA AL SISTEMA.
El acceso primario a los servicios del Plan de Beneficios en Salud con cargo a
la UPC se hará en forma directa a través de urgencias o por consulta médica u
odontológica general. Podrán acceder en forma directa a las consultas
especializadas de pediatría, obstetricia o medicina familiar según corresponda
y sin requerir remisión por parte del médico general, las personas menores de
18 años de edad y las pacientes obstétricas durante todo el embarazo y
puerperio, cuando la oferta disponible así lo permita”.
[22] Sentencias T-900 de 2000, T-1079 de 2001,
T-1158 de 2001, T- 962 de 2005, T-493 de 2006, T-760 de 2008, T-057 de 2009, T-346 de 2009, T-550 de 2009, T-149 de 2011, T-173 de 2012, T-073 de 2013, T-447 de 2014, T-678 de 2015, T-126 de 2017
y T-001 de 2018.
[23] Como consecuencia
de la unificación de planes de servicios, la cual se dio
gradualmente desde el Acuerdo 04 de 2009 mediante el cual se unificó el PBS
para los niños de 0 a 12 años. El Acuerdo 011 de 2010 uniformó PBS para los
niños y adolescentes menores de 18 años. El Acuerdo 027 de 2011 equiparó el
plan de servicios de adultos de 60 y más años y, finalmente, el Acuerdo 032 de
2012 que armonizó el PBS para los adultos entre 18 y 59 años.
[24] Al respecto, ver entre otras, las
Sentencias T-760 de 2008, T-550 de 2009, T-352 de 2010, T-526 de 2011, T-464 de
2012, T-148 de 2016 y T-495 de 2017.
[25] Sentencias
T-760 de 2008, T-487 de 2014 y T-405 de 2017.
[26] Cfr. sentencia
T-365 de 2017.
[27] Ver sentencias: T-745 de 2009; T-437 de 2010; T-587
de 2010, T-022 de 2011, T-481 de 2011, T-173 de 2012, T-073 de 2013, T-619 de
2014 yT-365 de 2017.
[28] Por
ejemplo, el parágrafo, articulo
2 de Resolución 5261 de 1994
[29] En la sentencia
T-467 de 2002 la Corte empezó a establecer la obligatoriedad del servicio del
transporte del usuario por parte de la EPS cuando: “(i) se está ante el
incumplimiento de la regulación sobre transporte de pacientes, que obliga a una
EPS o a una ARS a prestar el servicio bajo ciertas circunstancias (ii) el
paciente no pueda desplazarse por sus propios medios, ni su familia cuente con
los recursos suficientes para ayudarle a acudir a los servicios de la entidad
prestadora de servicios de salud a la cual está afiliado (iii) tal situación
ponga en riesgo su vida o su integridad, y (iv) pese a haber desplegado todos
los esfuerzos exigibles, no existen posibilidades reales y razonables con los
cuales poder ofrecer ese servicio”. Sin embargo, en sentencia T-1158 de
2001 ya se había ordenado el traslado en
ambulancia de un menor discapacitado, desde su residencia hasta el lugar donde
deben serle realizados los procedimientos de rehabilitación, pues, en este
caso, la Corte consideró que se trataba de un menor inválido, con 84% de
incapacidad, y estaba demostrada la falta de recursos económicos de la familia
para asumir los costos del traslado.
[30] Sentencia T-487 de 2014
[31] Ibídem
[32] Ver
sentencias T- 531 de 2002, T-492 de 2006, T-552 de 2006,
T-798 de 2006, T- 947 de 2006, T-301 de 2007, T-995 de 2008, T-330 de 2010, T-677 de 2011 y T-214
de 2014.
[33] Constitución
Política, art. 86; Decreto 2591/91, art. 42
[34] Sentencia T- 291 de
2014, la cual reitera las sentencias T-656
de 2006, T-435 de 2006, T-768 de 2005, T-651 de 2004, y T-1012 de 2003.
[35] En sentencia T-529 de 2017 se refirió que,
“en Sentencia C-l17 de 2008, la Corte evaluó el posible desconocimiento al
principio de (i) imparcialidad
e independencia en la administración de justicia, como producto de que, con ocasión
a las facultades otorgadas, el ente que ejerce la vigilancia y control de las
EPS. es el mismo que ahora entra a juzgarlas respecto de las controversias allí
contempladas, y (ii) doble
instancia, pues no se dispuso expresamente la manera en que se impugnará lo
decidido.// Por su parte, en Sentencia C-l19 de 2008 se estudió si la norma en
comentarios otorgó a la Superintendencia Nacional de Salud competencias que
constitucionalmente habían sido exclusivamente otorgadas a los jueces de
tutela”.
[36] Al respecto, por
ejemplo, sentencias T-603 de 2015, T-403, 425, 428, 529 de
2017 y T-020 de 2018
[37] Al respecto, entre
otras, Sentencias T-728
de 2014, T-121 y T-603 de 2015, T-529 y 651 de 2017
[38] Ibidem.
[39] Sentencia
T-403 de 2017.
[40] Sentencias
T-425, T-651 y T-710 de 2017.
[41] Decisión en la que se exhortó al Congreso de la Republica
para que regulará este aspecto con el fin de lograr asegurar la idoneidad como
vía preferente y sumaria para la solución de las controversias surgidas en el
marco de la prestación de los servicios de salud.
[42] Sentencia
T-529 de 2017
[43] En la sentencia T-403 de 2017, reiterada en sentencia
T-020 de 2018 se hizo mención a la investigación:
“Facultad jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de Salud para
Servicios POS, no POS y exclusiones del POS”, realizada en el año 2016 por
Natalia Arce Archbold, en donde se estudiaron 150 procesos adelantados por la
Superintendencia Nacional de Salud en desarrollo de su función jurisdiccional,
se encontró: ´De
los 150 fallos de los que se obtuvo la información completa, se tiene que desde
la fecha en que se avocó conocimiento o desde que se admitió la solicitud de
trámite hasta el momento en que profirió fallo: 1. El promedio fue de 271 días.
2. El menor tiempo que se tomó la Delegada para proferir fallo fue de 35 días.
3. El mayor tiempo que se tomó la Delegada para proferir fallo fue de 881 días.
p. 7. Información autorizada por la investigadora para divulgación”.
[44] Sentencias
T-651 y 710 de 2017
[45] Sentencia
T-710 de 2017
[46] Folio 28, cuaderno principal.
[47] Ver en sentencia T-421 de 2015, basada en la interpretación de la Resolución 2048 de 2015,
en la cual se encuentra contenida en la lista de enfermedades huérfanas
designada con el número 1195
[48] Jorge
Antonio Coronado Daza y Marco Lujan Agámez. (octubre – diciembre de 2009). Revista
ASOCOLNEF – Organización Oficial de la Asociación Colombiana de Nefrología e
Hipertensión Arterial, volumen 1 (4), 18-23. http://www.asocolnef.com/index.php/revista
[49] Ibídem.
[50] T-275
de 2016.
[51] Folio 9 cuaderno 1.
[52] En el mismo sentido, sentencias T-864
de 1999, T-699 de 2002, T-683 de 2003, T-131 de 2007 y T-455 y T-571 de 2015.
[53] “Por la cual se actualiza integralmente el Plan de
Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC)”
[54] De acuerdo a la
línea jurisprudencial de esta corporación respecto al servicio de transporte de
pacientes ambulatorios, destacándose de esta, la Sentencia T-706 de 2017.
[55] Resolución 5395 de
2013, título II, del Ministerio de Salud y Protección Social regula de
reconocimiento de servicios, medicamentos y procedimientos no incluidos en el
PBS para las EPS del régimen subsidiado a través del Comité Técnico Científico.