C-213-07
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-213/07
TRIBUNAL DE ETICA ODONTOLOGICA-Fundamento constitucional/TRIBUNAL DE
ETICA ODONTOLOGICA-Naturaleza de los actos que profiere/TRIBUNAL DE
ETICA ODONTOLOGICA-Sanciones que impone pueden inscribirse en el derecho
administrativo sancionador
La creación del Tribunal de Ética
Odontológica y de los Tribunales Seccionales para examinar y sancionar la
conducta de las personas profesionales de la odontología encuentra su
fundamento en el artículo 26 de la Constitución Nacional, en donde se establece
que "Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio
de las profesiones". Igualmente, los artículos 209 y 210 de la
Constitución Nacional facultan expresamente a los particulares para
"cumplir funciones administrativas en las condiciones que señale la ley."
El artículo 69 de la Ley 35 de 1989 indica, por su parte, que en virtud de las
atribuciones conferidas por esa misma Ley a los Tribunales Ético Profesionales
de la Odontología, estos “cumplen una función pública, pero sus integrantes por
el sólo hecho de serlo no adquieren el carácter de funcionarios públicos.” A
partir de lo anterior se desprende, en consecuencia, que las actuaciones
realizadas por los Tribunales de Ética Odontológica se pueden asimilar a
actuaciones de orden administrativo y que las sanciones que ellos imponen se
pueden inscribir dentro del ámbito del derecho administrativo sancionador. Así
las cosas, lo que se discute ante estos Tribunales puede ser también debatido
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO-Elementos constitutivos
PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA-Subreglas jurisprudenciales sobre el
alcance
PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA EN DERECHO
DISCIPLINARIO SANCIONADOR-Excepción
debe responder a criterio objetivo y razonable que no resulte discriminatorio o
arbitrario
FALTAS A LA ETICA DEL ODONTOLOGO-Sanciones/AMONESTACION PRIVADA EN CODIGO
DE ETICA DEL ODONTOLOGO-Recursos contra el acto que la impone/AMONESTACION
PRIVADA EN CODIGO DE ETICA DEL ODONTOLOGO-Justificación de la no aplicación
de la doble instancia
En relación con la sanción de amonestación
privada consignada en el artículo acusado, estima la Corte Constitucional que
es esta una sanción leve cuya aplicación no se proyecta de manera negativa
sobre el ejercicio de otros derechos constitucionales fundamentales de las
personas profesionales de la odontología disciplinadas y cumple, en tal
sentido, con los requerimientos que ha exigido la jurisprudencia constitucional
para justificar la no aplicación de la doble instancia. No involucra, en suma,
una eventual afectación de otros derechos constitucionales fundamentales como
el buen nombre, el honor o el derecho a ejercer libremente la profesión.
SANCION DE CENSURA EN CODIGO DE ETICA DEL ODONTOLOGO-Apelación/SANCION
DE CENSURA EN CODIGO DE ETICA DEL ODONTOLOGO-Excepción a la doble
instancia es inconstitucional
La sanción de censura representa un reparo
grande a la manera como las personas profesionales de la odontología ejercen su
actividad. Estas reprobaciones tienen, de conformidad con lo establecido por el
Decreto 0491 de 1990 “Por el cual se reglamenta la Ley 35 de 1989”, una amplia
difusión pues se ordena divulgarlas en la revista de la Federación Odontológica
Colombiana o en los boletines seccionales y se prescribe enviar copia del acta
en donde consta la reprobación al Ministerio de Salud así que de no asegurarse
la presencia de escenarios para que las personas profesionales disciplinadas
ejerzan de modo efectivo su derecho de defensa bajo la garantía del debido
proceso, puede ponerse en juego el prestigio profesional y el buen nombre de
las odontólogas y de los odontólogos. A diferencia de lo que ocurre con la
sanción de amonestación privada contenida en el artículo 83 de la Ley 35 de
1989, la cual es leve y no implica una restricción desproporcionada,
discriminatoria, arbitraria o poco razonable de los derechos constitucionales
fundamentales de las personas profesionales de la odontología disciplinadas,
las sanción de censura privada o pública, escrita o verbal contemplada en ese
mismo precepto no se ajusta a las exigencias derivadas de la jurisprudencia
constitucional para exceptuar la aplicación de la doble instancia. Aquí no se
trata de sanciones leves sino de sanciones que revisten un alto grado de rigor
y pueden afectar de modo profundo el prestigio profesional de las personas
profesionales de la odontología difícilmente recuperable. Lo anterior, tanto
más cuanto a partir de la lectura de lo dispuesto en la Ley 35 de 1989 o en el
Decreto 0491 de 1990 que la reglamenta, no resulta muy claro cuál ha de ser la
gravedad de la falta disciplinaria para que tenga lugar la sanción. Estima, la
Corte, por tanto, que las fronteras trazadas por la legislación a la doble instancia
en el caso bajo examen no armonizan con la necesidad de garantizar el derecho
de defensa y el debido proceso. No se observa tampoco el principio de igualdad
y no aparece un criterio razonable que justifique desde el punto de vista
constitucional prescindir de la doble instancia cuando se impone dentro del
proceso disciplinario ético-odontológico la sanción de censura privada o
pública escrita o verbal. Así las cosas, es preciso que cuando en el marco de
este proceso ético odontológico se apliquen sanciones tan gravosas como las
mencionadas previamente, se garantice la doble instancia. El trámite de
apelación puede surtirse ante el Tribunal Nacional de Ética Odontológica, tal
como lo establece el artículo 84 de la Ley 35 de 1989 cuando se impone la sanción
de suspensión.
Referencia: expediente D-6445
Demandante: Cesar Augusto Cabrera Silva
Demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 83 de la Ley 35 de 1989
Magistrado Ponente:
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de marzo de
dos mil seis (2007).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámite establecidos en el decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES.
En ejercicio de la acción pública
establecida en el artículo 241 de la Constitución, el ciudadano Cesar Augusto
Cabrera Silva solicitó ante esta Corporación la declaratoria de
inconstitucionalidad del artículo 83 de la Ley 35 de 1989.
Mediante auto fechado el día veinticinco de
agosto de 2006, el Magistrado Sustanciador admitió la demanda y dispuso correr
traslado de la misma al Procurador General de la Nación para que rindiera el
concepto de rigor; solicitó, por intermedio de la Secretaría General de la
Corte Constitucional, al Ministerio de la Protección Social, al Consejo de
Seguridad Social en Salud, a la Superintendencia Nacional de Salud, a la
Asociación Colombiana de Facultades de Odontología, a la Federación Odontológica
Colombiana, al Colegio de Abogados de Bogotá, al Colegio de Abogados Rosaristas
rendir concepto sobre la exequibilidad o inexequibilidad de la disposición
demandada. Comunicó al Presidente de la República y al Ministerio del Interior
y de Justicia a fin que, si lo consideraban oportuno, intervinieran
directamente o por medio de apoderado. Invitó, igualmente, a la Academia
Colombiana de Jurisprudencia, al Instituto Latinoamericano de Servicios Legales
Alternativos (ILSA), a las Facultades de Derecho de las Universidades Andes,
Externado, Javeriana, Nacional, Tadeo y Rosario para que, de considerarlo
oportuno, intervinieran mediante escrito indicando las razones que, en su
criterio, justifican la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma demandada.
Cumplidos los trámites ya relacionados,
propios de esta clase de procesos, y previo el concepto del Procurador General
de la Nación, procede la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.
II. NORMA DEMANDADA.
A continuación se transcribe el texto de la
disposición demandada:
LEY 35 DE 1989
(Marzo 8)
“Sobre la ética del odontólogo colombiano”
(…)
CAPITULO XIV
DE LAS SANCIONES
“ARTICULO 83º. En contra de las sanciones
consistentes en amonestación privada o censura únicamente es procedente el
recurso de reposición ante el respectivo Tribunal, dentro de los quince días
hábiles siguientes a la fecha de su notificación.”
III. LA DEMANDA.
El actor, Cesar Augusto Cabrera Silva,
consideró que la disposición demandada desconocía el artículo 31 de la
Constitución Nacional de conformidad con el cual “toda sentencia judicial
podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la
Ley.” El ciudadano sustentó su demanda con fundamento en los siguientes
argumentos.
En primer lugar, la Ley 35 de 1989 fue
expedida antes de la vigencia de la Constitución de 1991 y debe adecuarse a los
valores, principios y derechos constitucionales fundamentales en ella
contenidos. En segundo lugar y, en estrecha relación con lo anterior, es
preciso que en todas las decisiones sancionadoras – bien sea de orden penal o
de carácter disciplinario – se asegure una segunda instancia. No otra cosa se
desprende de las garantías consignadas en la Constitución Nacional y, en
particular, en el artículo 29 que prevé la protección del debido proceso. En
conexión con este punto, citó el demandante jurisprudencia constitucional
(sentencia C-1061 de 2003) y mencionó la necesidad de respetar lo dispuesto en
el Pacto de San José de Costa Rica, el cual, “contiene entre otras lo
relativo a las garantías judiciales, y consagra el derecho de toda persona a
recurrir el fallo ante juez o tribunal superior.”
Admitió el ciudadano Cabrera Silva, que
existían excepciones al principio de doble instancia y reconoció que tales
excepciones tenían lugar en distintos ámbitos del derecho, pero subrayó que en
lo concerniente a los derechos que pueden verse vulnerados en un fallo de única
instancia la posibilidad de recurrir ante una autoridad de diferente jerarquía
cobra mayor relevancia. En efecto, admitió, la aplicación del principio de
doble instancia puede tener excepciones bien sea para atender razones de
moralidad pública o fundamentos de economía procesal – al como lo ha reconocido
la Procuraduría General de la Nación -, pero estas excepciones no pueden establecer
discriminaciones frente a la administración de justicia.”
A continuación, se pronunció el demandante
acerca de la importancia que le otorgó la Constitución a la garantía del debido
proceso y acentuó el énfasis que puso la Norma Fundamental en asegurar una
recta administración de justicia. En este orden de ideas, citó la sentencia
C-153 de 1995 por medio de la cual afirmó la Corte Constitucional que el
recurso de apelación formaba parte de la garantía general y universal de
impugnación, “que se reconoce a quienes han intervenido o están legitimados
para intervenir en la causa para obtener la tutela de un interés jurídico
propio, con el fin de que el juez de grado superior revise y corrija los
defectos, vicios o errores jurídicos del procedimiento de la sentencia en que
hubiere podido incurrir el a-quo.”
Concluyó el actor que al no preverse una
segunda instancia en el proceso ético de los odontólogos, tanto más cuanto en
esos procesos “están incursas sanciones tan delicadas como la censura
pública, que a su vez involucra derechos fundamentales como el buen nombre y
otros delicados que se refieren a derechos personalísimos, no pueden estar
contemplados como una excepción a la regla general de la doble Instancia,”
se desconocía de manera seria el contenido axiológico de la Constitución de
1991. Según el ciudadano Cabrera Silva, lo anterior se torna más evidente aún,
cuando se repara en que existe, en efecto, una “autoridad competente de
segunda instancia como lo es el TRIBUNAL NACIONAL DE ETICA ODONTOLÓGICA.”
(Mayúsculas dentro del texto original).
A juicio del accionante, el precepto
demandado no se ajusta, a la filosofía garantista que impregna la Constitución
de 1991 y desconoce “los derechos de una legítima defensa al estar sometidos
a una sola decisión, más cuando se refiere a situación tan delicada como lo es
una sanción ética como puede ser una censura, escrita y pública.” De ahí la
necesidad de que el artículo 83 sea declarado inexequible.
IV. INTERVENCIONES.
1.- Ministerio de la Protección Social.
Oficina Jurídica y de Apoyo Legislativo.
Mediante escrito allegado a la Secretaría
General de la Corte Constitucional el día 15 de septiembre de 2006, la
ciudadana Gloria Cecilia Valbuena Torres, quien actúa en representación de la
Oficina Jurídica y de Apoyo Legislativo del Ministerio de Protección Social,
realizó las siguientes apreciaciones con respecto al asunto de la referencia.
Resaltó la intervención el carácter no
absoluto del principio de doble instancia y mencionó la sentencia C-900 de 2003
por medio de la cual la Corte Constitucional se pronunció en relación con esta
temática. Admitió que el principio de doble instancia constituía la regla
general y únicamente de modo excepcional se autorizaba a la Ley para que
dispusiera sobre la no aplicación de dicho principio. Con arreglo a lo
anterior, afirmó que justamente el artículo 83 demandado representaba una de
las excepciones. Insistió en que aquí era preciso reparar en la naturaleza de
las decisiones emitidas por el Tribunal de Ética Odontológica y, en tal
sentido, subrayó que tales decisiones no eran equiparables a sentencias
judiciales. Los procesos que se desarrollan frente a estos Tribunales son de
orden disciplinario.
A continuación, citó en extenso la
sentencia C-095 de 2003 mediante la cual la Corte Constitucional destacó la
importancia del principio de doble instancia[1]. En la
sentencia mencionada la Corte reconoció que la Ley podía excluir determinadas
actuaciones disciplinarias de la garantía de doble instancia “si se presenta
una razón suficiente que lo justifique.” De lo contrario, esto es, cuando
no existe un motivo sobradamente serio, habría de consignarse la posibilidad de
apelar, por cuanto el objetivo es que las regulaciones signifiquen “una
auténtica garantía del imputado frente al ejercicio del ius punendi (sic) del
Estado.” Agregó, finalmente, el documento que al desconocer cuáles fueron
las razones que sirvieron de motivación a la Ley para “establecer que a las
sanciones leves consistentes en amonestaciones privadas o en censura solo se
concediera el recurso de reposición, consideramos respetuosamente que debe
quedar a criterio de la H. Corte definir, la procedencia o improcedencia de
esta disposición, sin olvidar que por el hecho de que una decisión
disciplinaria no contemple sino el recurso de reposición, no excluye la
posibilidad de que el disciplinado acuda a la jurisdicción a impugnar dicha
decisión.”
Mencionó, por último, que la Ley sobre
ética del odontólogo colombiano no dispuso en ninguno de sus preceptos una
repartición de competencias entre el Tribunal Nacional Ético Profesional y los
Tribunales Seccionales, “para el conocimiento de las conductas sujetas del
(sic)control disciplinario, sino que se rige por las sanciones, señalando para
las leves, un procedimiento de única instancia, que como ya se dijo no impide
que el disciplinado concurra a la jurisdicción a demandar el acto que impuso la
sanción.” Dejó, en suma, en manos de la Corte decidir si el precepto
demandado es o no inconstitucional.
2.- Tribunal Nacional de Ética
Odontológica.
Mediante escrito presentado en la
Secretaría de la Corte Constitucional el día 18 de septiembre de 2006 envió la
Abogada-Secretaria del Tribunal Nacional de Ética Odontológica, ciudadana Mary
Stella Duque Fernandez, copia de dos providencias proferidas por la Sala Plena
del referido Tribunal en las cuales esta entidad determinó sus criterios
respecto del sentido y alcance de los artículos 29 y 31 de la Constitución
Nacional. (Expediente a folios 69-94).
3. Asociación Colombiana de Facultades de
Odontología.
El día 20 de septiembre de 2006 se recibió
en la Secretaría General de la Corte Constitucional la intervención emitida por
la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología. A continuación se
trascriben las consideraciones realizadas en el documento presentado.
-“La Constitución Política de 1991 de Colombia es la máxima norma que, sin
excepción, todo colombiano debe acatar y cumplir.
-En consideración con el recurso de
reposición ante el respectivo Tribunal que tiene un profesional cuando se
aplica una sanción consistente en amonestación privada o censura, es de
precisar que estas sanciones tienen una sola instancia, por tanto y acorde con
la Constitución vigente es pertinente la segunda instancia como mecanismo de
defensa del profesional cuestionado.
-Es así como conservando ante todo, las
sanciones previstas frente a las faltas a la ética odontológica es importante
contar la posibilidad de otra instancia superior, que para el caso es el
Tribunal Nacional de Ética Odontológica.”
4.- Superintendencia Nacional de Salud.
Mediante escrito allegado a la Secretaría
General de la Corte Constitucional el día 20 de septiembre de 2006, el Jefe de
la Oficina Jurídica de la Superintendencia Nacional de Salud, ciudadano Juan
Fernando Romero Tobón, consideró que la disposición demandada se ajustaba a lo
dispuesto por la Constitución Nacional. Ofreció los siguientes motivos en apoyo
de su punto de vista.
Se recordó en el documento presentado que
la Corte Constitucional ha establecido cómo en relación con el derecho
preconstitucional los aspectos formales debían regirse por la norma vigente en
el momento de su expedición mientras que aquellos temas relacionados con
contenidos materiales han de concordar con lo dispuesto por la Constitución de
1991 (Sentencia C-061 de 2005). Así las cosas, opinó que el juicio de
constitucionalidad de la Ley 35 de 1989 debía realizarse de acuerdo con el
artículo 31 contenido en la Constitución de 1991.
Llamó la atención acerca de que el mismo
artículo 31 superior había previsto excepciones al principio de doble instancia
salvo en el caso de sentencias penales y aquellas referidas al procedimiento de
tutela. Trajo a colación lo afirmado por la Corte Constitucional mediante la
sentencia C-040 de 2002 respecto de la importancia que tiene el principio de
doble instancia y su estrecha relación con el derecho constitucional
fundamental a la garantía del debido proceso. Se refirió, de igual modo, a la
distinción entre apelación e impugnación.
Al respecto citó también jurisprudencia
constitucional para reforzar la idea según la cual “el verbo impugnar
consignado es genérico y no se refiere a ninguna forma de impugnación en
particular. Como tampoco menciona recurso alguno” (Sentencia C-142 de 1993,
sentencia C-280 de 1996, sentencia C-429 de 2001). Visto de esa manera – se
añadió en el documento –, en la medida en que las decisiones de carácter
disciplinario puedan ser impugnadas ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, la Corte Constitucional ha estimado que los fallos de única
instancia no desconocen “el derecho de toda persona a impugnar la
sentencia condenatoria (CP art. 29).”
No obstante lo anterior, se preguntó en el
documento, si en los procesos de única instancia no se estaría vulnerando el
principio de igualdad, toda vez que tales procesos envolvían, “una
desventaja procesal, que no es eliminada por la posibilidad de impugnar ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo la sanción impuesta, pues tal
posibilidad también la tienen quienes son investigados disciplinariamente en
dos instancias, por lo cual la inferioridad procesal de los primeros subsiste.”
Justo por este motivo se cuestionó si esta
situación más gravosa “encuentra un sustento objetivo y razonable, pues de
no ser así, las normas serían discriminatorias.” Concluyó que la
Constitución misma había previsto la posibilidad de un trato diferenciado
siempre y cuando existiera una justificación para llevarlo a cabo y agregó que
el caso de las sanciones leves, como las que contiene el artículo demandado,
sería un ejemplo de ello. Esta distinción obedecía precisamente a la necesidad
de “racionalizar el poder disciplinario del Estado, partiendo de que
comportamientos de menor entidad puedan ser conocidos por el inmediato superior
(…).” No encontró por tanto el interviniente que la Corte Constitucional
debiera declarar inexequible el artículo demandado de la Ley 35 de 1989.
5.- Federación Odontológica Colombiana.
Mediante escrito fechado el día 6 de
septiembre de 2006 y remitido a la Secretaría General de la Corte
Constitucional el día 27 de septiembre de 2006, el Presidente de la Federación
Odontológica Colombiana, ciudadano Benjamín Herazo Acuña, estimó que el
precepto demandado debía declararse inexequible. A continuación se transcribe
el contenido del escrito presentado por el señor Herazo Acuña.
“Mi concepto es que el artículo 83 de la
Ley 35 de 1989 es inconstitucional porque viola el espíritu de la constitución
del país./ Toda sentencia debe tener la posibilidad de acudir a las instancias
que la Constitución señala para los proceso judiciales, reglamentarios e institucionales
que se desarrollan en Colombia. / No amplío más el concepto, porque no se
requiere argumentar demasiado sobre dicho artículo, pues su contenido es
tajante y, por tanto, no admite interpretaciones ni ajustes a lo establecido
por él, lo cual, repito, es violatorio de la constitución. En este caso la
segunda instancia debe ser el Tribunal Nacional de Ética, después el Ministerio
de Salud y las demás que determine la legislación.”
6.- Ministerio de Educación Nacional.
En documento presentado ante la Secretaría
General de la Corte Constitucional el día 4 de octubre de 2006 el ciudadano
Jorge Mario Botero Giraldo intervino a nombre del Ministerio de Educación
Nacional. A continuación, se sintetizan las razones expuestas para solicitar
que se declarara la constitucionalidad del precepto demandado.
Consideró el ciudadano Botero Giraldo que
el principio de doble instancia no tenía carácter absoluto y citó la sentencia
C-040 de 2002 para sustentar su aserto. A su juicio este principio no forma
parte del denominado,“núcleo esencial del derecho al debido proceso ,
ya que la procedencia de la apelación puede ser determinada por el Legislador
de acuerdo con la naturaleza del proceso y la providencia, y la calidad o el
monto del agravio referido a la respectiva parte.”
Dijo en relación con el caso examinado que,
en los casos en los cuales un procedimiento administrativo interno acarrea una
sanción ética que implica la restricción de derechos fundamentales como el buen
nombre “el procedimiento debe ser lo suficientemente cuidadoso para
consagrar así sea en única instancia, suficientes oportunidades de
controversia, que aseguren un adecuado derecho de defensa según la naturaleza
del caso.”
Finalizó su concepto insistiendo en que los
procesos de única instancia no son inconstitucionales per se por cuanto
las garantías insitas al debido proceso “pueden ser logradas de otras
formas, sin que ello implique una vulneración de derechos constitucionales.”
Solicitó por consiguiente declarar exequible la disposición demandada.
7.- Universidad del Rosario.
El día 9 de octubre de 2006 se presentó en
la Secretaría General de la Corte Constitucional la intervención emitida por el
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario, Alejandro
Venegas Franco, mediante la cual solicitó a la Corte declarar la
inexequibilidad del precepto demandado. El ciudadano Venegas Franco expuso los
siguientes argumentos en apoyo de su solicitud.
Consideró la intervención, que la
disposición demandada no se ajustaba a la filosofía contenida en la
Constitución vigente y, en ese orden, compartió el punto de vista expuesto por
el demandante. Recordó que en el caso bajo examen se trataba de “un Acto
Administrativo de carácter sancionatorio que es expedido por los Tribunales
Secciónales Ético Profesionales, que en diversas regiones del país se encargan
de disciplinar las conductas atentatorias de la ética de la profesión de
odontólogo.”
Del mismo modo, hizo memoria respecto de que
en el derecho comparado – español y francés – este era un asunto que se
encuadraba bajo la temática de la Administración Corporativa, situación que
hacía “referencia a la descentralización que realiza la
Administración Pública en entes privados para cumplir determinadas funciones
administrativas.” Mencionó, asimismo, cómo en Colombia esta suerte de
descentralización tenía lugar respecto de instituciones tales como la Cámara de
Comercio y la Federación Nacional de Cafeteros y se realizaba, de igual forma,
respecto del Tribunal de Ética Médica y de Ética Odontológica.
En relación con la demanda de la
referencia, sostuvo la intervención que se estaba frente a “un procedimiento
sancionador de características similares al derivado del Código Penal, del
Código de Policía o del Código Disciplinario Único.” Puso énfasis en que
constituía un principio universal del derecho sancionador “respetar la doble
instancia” por cuanto en estos procesos se ponían “en juego derechos
fundamentales de las personas, tales como la libertad, el debido proceso, el
derecho de defensa.”
Reconoció que el artículo 31 superior
admitía excepciones al principio de doble instancia , pero insistió en que la
libertad de configuración de la Ley tampoco era absoluta por manera que siempre
era preciso respetar ciertos cánones mínimos y observar los valores, principios
y derechos constitucionales fundamentales. De otra parte, sostuvo que la norma
demandada desconocía, en efecto, el principio de igualdad “porque los
odontólogos que hayan sido sancionados con Amonestación Privada y Censura, no
gozan de los mismos medios de defensa que los otros profesionales de esta misma
rama que, por ejemplo, hubieren sido sancionados con Suspensión o Censura
pública, quienes si tienen la garantía de la doble instancia ante el Tribunal
Nacional de Ética Odontológica de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 35 de
1989.”
Finalmente destacó que la exclusión de la
doble instancia sería conforme a la Constitución únicamente en el evento en el
cual ésta persiguiere la consecución de una finalidad legitimada desde el punto
de vista constitucional – tal como lo ha exigido la Corte Constitucional por
ejemplo en la sentencia C-788 de 2002 – y, agregó, que en el caso analizado
esta finalidad no se cumplía “sino por el contrario se genera[ba] con esta
exclusión de la doble instancia una discriminación” en contravía de lo
establecido por la jurisprudencia constitucional en las sentencias C-179 de
1995, C-040 de 2002 y C-377 de 2002.
Por los motivos expresados, solicitó a la
Corte Constitucional declarar inexequible el precepto demandado.
8.- Ministerio de Justicia y del Derecho.
El día 10 de octubre de 2006 se presentó
ante la Secretaría General de la Corte Constitucional la intervención elaborada
por el ciudadano Fernando Gómez Mejía a nombre del Ministerio de Justicia y del
Derecho mediante el cual se pidió declarar la constitucionalidad del artículo
83 de la Ley 35 de 1989. A continuación, se exponen las razones que le
sirvieron de fundamento al interviniente para sustentar su petición.
Según lo expuesto en la intervención, el
principio de doble instancia - elevado a canon constitucional por virtud de los
dispuesto en el artículo 31 superior - no es absoluto. La Constitución le
otorga un margen de apreciación a la Ley para establecer excepciones. Cierto es
– dijo - que el artículo 29 superior “exige que todo juzgamiento se lleve a
cabo con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio” dentro
de las cuales se encuentra la “posibilidad de instaurar recursos contra las
determinaciones que se van adoptando en el curso del tramite procesal o al
finalizar el mismo.” No obstante lo anterior, insistió en que correspondía
a la Ley fijar las reglas en relación con “las instancias de los procesos,
los recursos, las clases de providencias contra las cuales proceden, los
términos para interponerlos, la notificación, la ejecución de las sanciones,
entre otros aspectos, todos indispensables dentro de la concepción de un debido
proceso.”
A propósito de lo manifestado, recordó
algunos de los pronunciamientos de la Corte Constitucional mediante los cuales
la Corporación ha afirmado que era factible por vía legislativa suprimir
recursos sin que esto significara desconocer la Constitución (Sentencias C-345
de 1993; C-005 de 1996). De conformidad con lo expresado en la intervención, la
Legislación puede evaluar la necesidad y la conveniencia de marcar una
distinción respecto de que juicios tienen dos instancias y cuáles no siempre y
cuando no “se rompa o desconozca principios constitucionales de obligatoria
observancia.”
Se refirió, por demás, a la sentencia C-085
de 2003 mediante la cual la Corte Constitucional se pronunció acerca de la
aplicación del principio de doble instancia en juicios de orden disciplinario[2].
Concluyó, que la disposición demandada estaba amparada “en los principios a
(sic) la doble instancia y al debido proceso, los cuales no son vulnerados por
la norma que se examina, pues no hay ninguna restricción ni traba que dificulte
algún derecho fundamental.” Insistió en que el artículo acusado armonizaba
con la Constitución Nacional.
9.- Academia Colombiana de Jurisprudencia.
Mediante escrito allegado a la Secretaría
General de la Corte Constitucional el día 10 de octubre de 2006 la Académica,
Emilsen González de Cancino, solicitó a nombre de la Academia Colombiana de
Jurisprudencia que la Corte Constitucional declarara la inexequibilidad del
precepto acusado. La ciudadana González de Cancino ofreció las siguientes
razones para fundar su solicitud.
Resaltó la intervención que la disposición
demandada formaba parte del “contenido de una ley expedida por el Congreso y
no se trata[ba] de un mero reglamento interno gremial.” En su opinión, este
precepto prevé las sanciones que “pueden imponer los Tribunales seccionales
ético profesionales de los odontólogos por faltas contra la ética odontológica
no contra la moral personal. Es decir, la manera como aquellas se impongan y
apliquen interesa al conjunto de ciudadanos.” Acentuó cómo – con
independencia de la argumentación principal – el artículo acusado no contenía
criterios con base en los cuales fuera factible “vincular claramente el tipo
y gravedad de las faltas con los de las sanciones aplicables” de modo que
no se respeta de manera integral “el derecho de defensa, ni el principio de
legalidad de las faltas y las sanciones, ni el de proporcionalidad de éstas.”
En relación con lo anterior, indicó que en
vista de la importancia que la Norma de Normas le confería a los derechos
constitucionales fundamentales, las razones para establecer un tratamiento
desigual – tratamiento de exclusión - , esto es, para “impedir que los
sujetos a quienes los Tribunales seccionales de ética del odontólogo impongan
cualquiera de las sanciones mencionadas puedan interponer contra ellas el
recurso de apelación ante el Tribunal nacional aparecen como contrarias al principio
consagrado en la Constitución Nacional (artículo 13).”
La intervención reconoció que la doble
instancia constituía un principio no absoluto y que la Corte Constitucional se
había pronunciado sobre el punto en varias ocasiones. Enfatizó, sin embargo,
que en la sentencia C-345 de 1993 había sostenido la Corte Constitucional la
relatividad de esa tesis jurisprudencial y había recalcado la importancia que
tiene la doble instancia en tanto derecho que asegura la posibilidad de “impugnar
las sentencias condenatorias sí es un derecho que hace parte del núcleo
esencial del debido proceso. En otros términos, una norma que impida
impugnar las sentencias condenatorias será inconstitucional por violación del
debido proceso.(Negrillas añadidas por la intervención).
A propósito de lo afirmado con antelación,
surgió la pregunta acerca de si las decisiones emitidas por un Tribunal
Seccional Ético Profesional que imponía sanciones de amonestación privada y
censura privada o pública, escrita o verbal, podían equipararse a sentencias
judiciales condenatorias o equivalían a ellas. La intervención respondió en
sentido afirmativo y sostuvo que “la decisión se toma al término de la
actuación que la Ley le permite al tribunal, en ejercicio de las funciones
disciplinarias que ésta le asigna, dentro de un proceso que la misma Ley 35 de
1989 califica como disciplinario ético-profesional, y luego agotados los
trámites de la instrucción y formulación de cargos y la diligencia de
descargos. Si en la providencia correspondiente, el Tribunal aplica sanciones
que repercuten en el ejercicio de la profesión correspondiente y pueden
involucrar derechos fundamentales de quien fue sometido al proceso, no cabe
duda de que se trata de una sentencia de carácter condenatorio.”
En esa medida, se insistió en la
intervención, que la Legislación no puede exceptuar la aplicación del
principio de doble instancia respecto de las decisiones condenatorias emitidas
por Tribunales seccionales ético-profesionales pues, de hacerlo, estaría
desconociendo la Constitución y la jurisprudencia constitucional y entonces,
sería obligado admitir que estos procesos “forman una rueda suelta
dentro del sistema previsto en nuestro ordenamiento jurídico, para juzgar
conductas contrarias al derecho o a la ética profesional, y que sus decisiones
tienen un carácter sui generis extraño al propio ordenamiento.”
Por último, trajo a la memoria que el
Estatuto del Ejercicio de la Abogacía (Decreto 196 de 1971) previó la
aplicación del principio de doble instancia para todas las sentencias que
impongan sanciones por faltas contra la ética de la abogacía. Aceptó que ésta
profesión tenía unas características especiales “por su vinculación esencial
con la administración de justicia y que los procesos correspondientes se
tramitan y resuelven por tribunales que hacen parte de esa misma administración
de justicia”, pero, insistió, en que lo que estaba en juego en el asunto
bajo examen se relacionaba estrechamente con “la consagración de las
garantías de los sujetos procesados para mantener incólumes sus derechos
fundamentales.”
Con arreglo a los motivos presentados, se
expresó en la intervención que la Academia de Jurisprudencia sería partidaria
que la Corte Constitucional declarara la inexequibilidad del artículo 83 de la
Ley 35 de 1989 sobre la ética del odontólogo colombiano “en cuanto excluye
la posibilidad de interponer el recurso de apelación contra las decisiones de
los Tribunales seccionales ético profesionales que constituyen verdaderas
sentencias condenatorias en cuanto imponen las sanciones de amonestación
privada, censura privada, o censura pública, escrita o verbal.”
10.- Instituto Colombiano de Derecho
Procesal.
Mediante escrito allegado a la Secretaría
General de la Corte Constitucional el día 25 de octubre de 2006, el ciudadano
José Fernando Mestre Ordoñez , obrando a nombre del Instituto Colombiano de
Derecho Procesal, presentó escrito y solicitó declarar exequible el artículo
acusado. Al respecto expresó lo siguiente.
Según lo expuesto en el escrito de
intervención, el actor parte de premisas erradas para fundar su demanda por
cuanto las “sanciones impuestas por los Tribunales de Ética Odontológica no
son sentencias judiciales, por lo cual no entran en el marco de protección
dispuesto por el artículo 31 de la Constitución.” La aplicación del
principio de doble instancia admite limitación legal salvo cuando se trata de
sanciones penales o cuando se ejerce la acción de tutela. De otro lado, contra
las decisiones adoptadas por los referidos Tribunales procede la impugnación
ante la jurisdicción contencioso administrativa de modo que no se vulnera la
garantía de impugnación en materia sancionatoria. Además, el mismo artículo
acusado prevé que contra la decisión emitida procede el recurso de reposición
así que se garantiza que la decisión pueda ser cuestionada. Concluye
finalmente,“[c]omo quiera que la disposición acusada, por la cual se limita
la procedencia de recursos diferentes al de reposición contra la decisión por
media de la cual se impone sanción de censura o amonestación en marco de la
ética Odontológica, implica una limitación al principio según razonable y
proporcionada al principio de doble instancia y que no se trata de una
decisión judicial frente a la cual no se admitan limitaciones por disposición
constitucional, la corte debe declararla exequible y declarar no próspera la
pretensión formulada en el escrito de demanda.”
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN.
Mediante concepto número 4207 presentado en
la Secretaría General de la Corte Constitucional el día 3 de noviembre de 2006,
el Procurador General de la Nación solicitó declarar la inexequibilidad parcial
del artículo demandado. A continuación se hace una síntesis de las razones
aportadas por la Vista Fiscal para sustentar su solicitud.
Según el Procurador General de la Nación,
el problema jurídico a resolver consiste en establecer si la Legislación
desconoce el debido proceso y el principio de doble instancia cuando respecto
de las sanciones de amonestación privada o censura impuestas en el marco de un
proceso seguido por incumplimiento de deberes y prohibiciones en el ejercicio
de la profesión de odontólogo, sólo consagra el recurso de reposición.
En desarrollo de su concepto, la Vista
Fiscal se refirió, primero, al ejercicio de las profesiones y a las normas
disciplinarias. Dijo al respecto que el artículo 26 superior había conferido a
la Ley facultades para reglamentar las profesiones que exigen una formación
académica de modo que fuera factible minimizar el riesgo que puede derivarse de
la puesta en práctica de las mismas. En esa línea de pensamiento, la
Legislación puede expedir códigos de ética orientados a determinar deberes y
prohibiciones, por manera que el ejercicio de las profesiones se realice bajo
el respeto de los “derechos fundamentales, y el bienestar social, lo cual
implica la puesta en movimiento de la potestad disciplinaria conforme al diseño
legal para tal efecto, imponiéndose las sanciones a que haya lugar cuando se
desconozcan derechos ajenos el interés colectivo o se vulnere el marco
normativo regulador de la profesión.” De ahí que para controlar la
profesión de odontología haya sido expedida la Ley 35 de 1989.
Luego se pronunció la Vista Fiscal acerca
del precepto demandado a la luz del principio de doble instancia. Recordó la
importancia que la Constitución (artículo 31 superior) y la jurisprudencia
constitucional le han conferido a la aplicación de dicho principio tanto en el
campo del derecho penal como en el ámbito del derecho administrativo
sancionatorio (Sentencia C-095 de 2003)[3]. Como todos los
intervinientes también el Procurador reconoció el carácter no absoluto del
principio de doble instancia pero subrayó que de conformidad con la
jurisprudencia constitucional las excepciones debían ajustarse siempre a los
valores, principios y derechos constitucionales fundamentales. Cualquier
restricción que se lleve a cabo respecto de la aplicación del principio de
doble instancia debe estar legitimada desde el punto de vista constitucional.
Ha de estar justificada y debe ser razonable y proporcional (Sentencias C-153
de 1995 y C-782 de 2000).
Acerca del asunto bajo examen, opinó el
Procurador que en lo que tenía que ver con las sanciones consistentes en
amonestación privada, frente a las cual solo procedía el recurso de reposición
en los procesos adelantados por los tribunales seccionales de ética
odontológica, en principio, esta disposición se ajustaría a lo preceptuado por
la Constitución “que le concede al legislador delimitar la garantía de la
doble instancia, restringiendo su procedencia, en desarrollo de la atribución
de la libertad de configuración normativa.” A renglón seguido, se preguntó
el Procurador si respecto de otro tipo de sanciones previstas en el artículo
acusado el Legislador no “pudo haber vulnerado otros derechos
fundamentales.”
De inmediato, pasó a analizar lo
establecido en el artículo 79 de la Ley 35 de 1989[4]
así como en los artículos 84[5] y 85[6]
de la misma ley y llegó a la conclusión según la cual, de acuerdo con la
naturaleza de la sanción, la legislación prevé la aplicación o no del principio
de doble instancia. Manifestó, sin embargo, preocupación respecto de la
expresión censura, pues el artículo que la contiene no define en qué consiste y
puede llegar a tener “connotaciones en los derechos fundamentales de los
investigados que ameritan una especial atención.” Se pronunció respecto de
los artículos 36[7], 37[8],38[9],
39[10]
y 40[11] del Decreto 0491 de 1990
los cuales describen cada una de las sanciones establecidas en el artículo 83 y
concluyó que “la imposición de la sanción de censura tiene una connotación y
afectación en el ejercicio de derechos fundamentales que no se puede considerar
de menos valía que la suspensión en el ejercicio de la profesión (…) En efecto,
la publicidad de la sanción, involucra derechos fundamentales como el trabajo,
el libre ejercicio de profesiones y el buen nombre, pues el procedimiento
consagrado en las normas precitadas hace denotar la trascendencia e importancia
de la misma y las consecuencias en el ejercicio de la profesión que se generan,
que inclusive pueden llegar a ser tan gravosas como la suspensión.”
Por las razones expresadas, estimó el
Procurador General de la Nación que si bien era cierto por intermedio de la
Legislación podía restringirse la aplicación del principio de doble instancia
respecto de determinadas sanciones, no lo era menos que la Ley “no
dimensionó la repercusión de la censura limitando la doble instancia para esta
sanción, la cual constituye una medida desproporcionada, desconocedora del
debido proceso y un exceso en la libertad del legislador de configurar las
excepciones al principio de la doble instancia, pues no se le permite al
disciplinado ejercer el derecho de contradicción frente a un juez de superior
jerarquía que en cumplimiento de su función examine la constitucionalidad,
legalidad y viabilidad de la sanción, y por ende la restricción e los derechos
fundamentales involucrados en la imposición de la misma.”
Con arreglo a lo manifestado, la Vista
Fiscal solicitó a la Corte Constitucional ´”declarar la exequibilidad del
artículo 83 de la Ley 35 de 1989, salvo la expresión “o censura” frente a la
cual se solicita su inexequibilidad.”
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
Competencia.
1.- La Corte Constitucional es competente
para conocer de la presente demanda en virtud del artículo 241 numeral 4º de la
Carta.
Objeto de la demanda.
2.- El actor solicitó declarar la
inconstitucionalidad de la disposición contenida en el artículo 83 de la Ley 35
de 1989. Estimó que el precepto demandado estaba consignado en una legislación
preconstitucional que debía adecuarse a lo establecido por los valores,
principios y derechos constitucionales fundamentales y había de ajustarse, más
concretamente, a la garantía del debido proceso de la cual forma parte
importante la aplicación del principio de doble instancia (artículos 29 y 31 de
la Constitución Nacional de 1991). Consideró el demandante que los procesos
éticos adelantados contra las odontólogas y los odontólogos abarcaban sanciones
muy delicadas como la censura pública e insistió en que con aquellas podían desconocerse
de manera grave derechos constitucionales fundamentales como el “buen nombre
y derechos personalísimos”, de modo que, para tales efectos, cobraba
especial relevancia la aplicación del principio de doble instancia así que, en
efecto, se asegurara el derecho de defensa de los eventuales afectados y se
respetara el contenido axiológico de la Constitución de 1991.
Todos los intervinientes destacaron el
papel que en relación con la garantía del debido proceso así como respecto de
la aplicación del contenido axiológico de la Constitución tenía la vigencia del
principio de doble instancia para procesos penales y disciplinarios. Subrayaron
asimismo la trascendencia que la jurisprudencia constitucional le ha conferido
a esta garantía. Reconocieron, no obstante que, tanto a partir de lo señalado
en la Constitución (artículo 31 superior) como de la jurisprudencia sentada por
la Corte Constitucional, se desprendía el carácter no absoluto del principio de
doble instancia y, salvo el caso de las sentencias condenatorias o de procesos
de tutela, se le confería un margen de apreciación a la ley para que – de
encontrarlo justificado desde el punto de vista constitucional, por motivos de
eficiencia y economía procesal –, exceptuara la aplicación de este principio.
Varias de las intervenciones recalcaron que estas excepciones sólo podían
hacerse valer cuando mediaba la existencia de un fin legitimado
constitucionalmente y únicamente bajo aplicación de criterios de razonabilidad
y de proporcionalidad. Otras intervenciones se orientaron a indicar cómo las
decisiones emitidas en el marco de procesos adelantados contra las odontólogas
y los odontólogos no podían equipararse a sentencias y, por lo tanto, no era
factible subsumirlas bajo lo preceptuado en el artículo 31 superior. Añadieron
que en los casos de las sanciones previstas en el artículo 83 las personas
sancionadas podían impugnar estas decisiones ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo por manera que así se les garantizaba el derecho a
impugnar. En relación con este punto, acentuaron que existía una diferencia
entre impugnar y apelar e insistieron en que lo que la Constitución garantizaba
era justamente el genérico impugnar y no una forma de impugnación en
particular. Quienes así opinaron solicitaron declarar la exequibilidad del
precepto acusado.
Algunas intervenciones – en especial las
presentadas por la Academia Colombiana de Jurisprudencia y por la Universidad
del Rosario – señalaron que las decisiones proferidas en el marco de los
procesos disciplinarios seguidos en contra de las odontólogas y de los
odontólogos se equiparaban a sentencias condenatorias y enfatizaron que
excluir, en relación con las sanciones impuestas en el marco de tales procesos,
la aplicación del principio de doble instancia, significaba, de modo
simultáneo, desconocer el contenido axiológico constitucional y, más
específicamente, la garantía del debido proceso. Recalcaron estas
intervenciones que tratándose de derecho sancionador debía regir el respeto por
la doble instancia por cuanto en estos procesos se ponían en juego derechos
constitucionales fundamentales como la libertad, el buen nombre, el debido
proceso, el derecho de defensa, el derecho al trabajo. Si bien es cierto estas
intervenciones admitieron que el principio de doble instancia no era absoluto,
se apresuraron a señalar que, en el caso del artículo 83, exceptuar la
aplicación de este principio no resultaba proporcionado ni razonable y
contradecía las garantías consignadas en la Constitución de modo que solicitaron
a la Corte que lo declarara inexequible.
La Vista Fiscal, por su parte, encontró que
el artículo acusado debía ser declarado exequible salvo la expresión “o
censura” que debía ser declarada inexequible. Luego de analizar en qué
consistía cada una de las sanciones previstas en el artículo 83 de la Ley 35 de
1989, el Procurador General de la Nación llegó a la conclusión, según la cual,
exceptuar la aplicación de la doble instancia en los procesos que culminen con
sanciones consistentes en censura, con independencia de si la censura es
escrita o verbal, privada o pública, implicaba desconocer las garantías
previstas en la Constitución de 1991.
Con arreglo a lo expuesto, pasa la Corte a
formular el problema jurídico. En esta oportunidad le corresponde a la Sala
Plena verificar si al establecer el artículo 83 de la Ley 35 de 1989 demandado
que, en los procesos surtidos en el marco de la Ley sobre ética del odontólogo,
contra aquellas decisiones que impongan como sanción la amonestación privada o
la censura sólo procederá el recurso de reposición ante la misma autoridad que
profirió la sanción, se desconocen los valores, principios y derechos
constitucionales fundamentales y, más concretamente, el derecho a la garantía
del debido proceso – aplicación del principio de doble instancia, derecho de
defensa, derecho a acceder a la justicia -.
Con el fin de solucionar el problema
planteado, la Corte Constitucional se ocupará de los siguientes temas: (i) El
proceso disciplinario ético-odontológico. (ii) La garantía del debido proceso
en el ámbito del derecho administrativo sancionador a la luz de la
jurisprudencia constitucional. (iii) La doble instancia en la jurisprudencia
constitucional. (iv) ¿Exigen las decisiones sancionadoras - emitidas en el
marco de aplicación de la Ley sobre ética de los odontólogos – consistentes en
amonestación privada, censura privada o pública, verbal o escrita – la
aplicación del principio de doble instancia?
El proceso disciplinario
ético-odontológico.
Las profesiones no son actividades
meramente individuales que persigan únicamente metas de carácter particular
relacionadas con el ámbito de conocimiento o desempeño profesional que les es
propio. Las profesiones se orientan también por criterios de comportamiento y
buscan realizar su tarea de conformidad con cánones de excelencia y calidad así
como contribuir al mejoramiento de la sociedad. En razón de lo anterior, el
artículo 26 de la Constitución Nacional le confiere a la Ley la facultad de
regular las profesiones no sólo con miras a minimizar el riesgo que puede
derivarse de su ejercicio sino también con el propósito de determinar un
conjunto de deberes y prohibiciones para que las actividades realizadas por los
profesionales se ajuste a unos mínimos éticos y concuerde con el ambiente
axiológico fijado por la Constitución de 1991 en donde se consignan los
valores, principios y derechos constitucionales fundamentales.
Para decirlo de otra forma: en el caso
colombiano los mínimos éticos dirigidos a orientar el ejercicio de las
profesiones se elevan a la categoría de normas jurídicas por intermedio de la
Legislación. La Ley estructura asimismo cuál ha de ser el procedimiento
disciplinario que debe seguirse cuando se desconocen las normas contenidas en
los Códigos de Ética Profesional. En el marco de este procedimiento
disciplinario, se prevé la existencia de Tribunales de ética con potestad para
realizar el estudio de los asuntos en los que se presenta la falta de
cumplimiento de los preceptos ético-profesionales y con poder para imponer las
sanciones correspondientes.
La Ley 35 de 1989 “Sobre la ética del
odontólogo colombiano” regula precisamente lo relacionado con el ejercicio
ético de la profesión de odontología. Esta Ley está compuesta de catorce capítulos
y 89 artículos a lo largo de los cuales se establece lo concerniente a (i)
Declaración de Principios. (ii) Práctica Profesional de las Relaciones del
Odontólogo con el paciente. (iii) Del Secreto Profesional, Prescripción,
Historia Clínica y otras Conductas. (iv) De las Relaciones del Odontólogo con
sus Colegas. (v) De las Relaciones del Odontólogo con el Personal Auxiliar.
(vi) De las Relaciones del Odontólogo con las Instituciones. (vii) Requisitos
para Ejercer la Profesión de Odontólogo. (viii) De las Relaciones del
Odontólogo con la Sociedad y el Estado. (ix) Publicidad y Propiedad
Intelectual. (x) Consultas y Testimonios. (xi) Alcance y Cumplimiento del
Código y sus Sanciones. (xii) Órgano de Control y Régimen Disciplinario. (xiii)
El proceso Disciplinario Ético-Profesional. (xiv) De las Sanciones.
En la Declaración de principios se describe
lo que se entiende por el ejercicio de la odontología[12]
y se subraya que “el profesional de la odontología es un servidor de la
Sociedad” razón por la cual debe someterse, entre otras, a las exigencias
derivadas del respeto por la dignidad humana. Por motivo de lo anterior, la Ley
resalta la necesidad de que en la atención al público se presten “servicios
profesionales de calidad y en forma oportuna.” Además, describe como base
de la profesión, “los conocimientos, capacidades y experiencias con que el
odontólogo [y la odontóloga] sirve[n] a sus pacientes y a la sociedad.” Subraya
cómo en virtud de estos cimientos profesionales las odontólogas y los
odontólogos han de “mantener actualizados los conocimientos, los cuales
sumados a su honestidad en el ejercicio de la profesión tendrán como objetivo
una óptima y mejor prestación de los servicios.” Agrega, más adelante, que
el ejercicio de la profesión implica a un mismo tiempo una función social.
Afirma, por último, que “[e]l odontólogo [y la odontóloga] como
profesional[es] perteneciente[es] a las áreas de la salud, tiene[n] la
responsabilidad de aplicar sus conocimientos en el diagnóstico precoz de las
enfermedades de la boca y de las enfermedades generales que presenten
manifestaciones orales, valiéndose de todos los medios de diagnóstico que tenga
a su alcance.
Como se indicó más arriba, la Ley 35 de
1989 establece en los capítulos doce, trece y catorce, respectivamente, lo
relacionado con el órgano de control y régimen disciplinario; el proceso
disciplinario ético-profesional así como lo concerniente al régimen de sanciones.
En el artículo 58 del capítulo doce (órgano de control y régimen disciplinario)
se reconoce a la Federación Odontológica Colombiana como Institución Asesora y
Consultiva del Gobierno Nacional. Por medio del artículo 59 se crea el Tribunal
Nacional de Ética Odontológica cuya sede es Bogotá y tiene competencia para “conocer
de los procesos disciplinarios Ético-Profesionales que se presenten por razón
del ejercicio de la odontología en Colombia.” En el artículo 60 se
establece la composición del Tribunal y se dice que estará conformado por “cinco
profesionales de la odontología elegidos por el Ministerio de Salud de una
lista de diez (10) candidatos, de los cuales cinco (5) serán propuestos por la
Federación Odontológica Colombiana y cinco (5) por la Asociación Colombiana de
Facultades de Odontología.”
El artículo 63 dispone, por su parte, que “[e]n
cada Departamento, Intendencia o Comisaría se constituirá un Tribunal Seccional
de Ética Odontológica.” En el artículo 64 se determina, a su turno, que “[e]l
Tribunal Seccional de Ética Odontológica estará integrado por cinco
profesionales de la odontología elegidos por el Tribunal Nacional de Ética
Odontológica de conformidad con lo establecido en el artículo 63., escogidos de
listas presentadas por las Seccionales de la F.O.C. correspondientes cuyo
número en cada caso no podrá ser inferior a diez profesionales, salvo cuando en
el respectivo territorio no existiere este número con el lleno de las
calidades que más adelante se señalan[13].
A partir de lo previsto en el Capítulo
Trece se regula el Proceso Disciplinario Ético Profesional de la Odontología.
Así, en el artículo 70 se dice que este proceso disciplinario podrá ser
instaurado bien de oficio, “cuando por conocimiento de cualesquiera de los
Miembros del Tribunal se consideren violadas las normas de la presente Ley.”
O bien “[p]or la solicitud de una entidad pública o privada o de cualquier
persona.” De todas maneras, ha de ofrecerse siquiera una prueba sumaria del
acto que  supuestamente vulnera la Ética Odontológica. Los artículos 71 y
siguientes regulan lo concerniente al procedimiento una vez admitida la
denuncia[14].
De lo manifestado arriba se desprende que
el proceso ético-profesional al que hace referencia la Ley 35 de 1989 es
atribuido bien al Tribunal Ético Nacional conformado por profesionales elegidos
por el Ministerio de la Protección Social o bien a los Tribunales Seccionales
integrados por profesionales elegidos por el Tribunal Ético Nacional y
escogidos a partir de listas presentadas por la Federación Odontológica
Colombiana. Estos profesionales miembros de los Tribunales de Ética
Odontológica tienen como objetivo estudiar las conductas de las personas
profesionales de la odontología cuando a su juicio se hayan violado o
desconocido las normas consagradas en la Ley 35 de 1989 y, de conformidad con
tal estudio, han de decidir si hay mérito para sancionar o no, desde el punto
de vista ético-disciplinario, el comportamiento de las personas profesionales
de la odontología.
La creación del Tribunal de Ética
Odontológica y de los Tribunales Seccionales para examinar y sancionar la
conducta de las personas profesionales de la odontología encuentra su
fundamento en el artículo 26 de la Constitución Nacional, en donde se establece
que "Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el
ejercicio de las profesiones". Igualmente, los artículos 209 y 210 de
la Constitución Nacional facultan expresamente a los particulares para "cumplir
funciones administrativas en las condiciones que señale la ley." El
artículo 69 de la Ley 35 de 1989 indica, por su parte, que en virtud de las
atribuciones conferidas por esa misma Ley a los Tribunales Ético Profesionales
de la Odontología, estos “cumplen una función pública, pero sus
integrantes por el sólo hecho de serlo no adquieren el carácter de funcionarios
públicos.” A partir de lo anterior se desprende, en consecuencia, que las
actuaciones realizadas por los Tribunales de Ética Odontológica se pueden
asimilar a actuaciones de orden administrativo y que las sanciones que ellos
imponen se pueden inscribir dentro del ámbito del derecho administrativo
sancionador. Así las cosas, lo que se discute ante estos Tribunales puede ser
también debatido ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
En la sentencia C-259 de 1995 tuvo ocasión
de pronunciarse la Corte Constitucional acerca de este particular cuando se
refirió al sentido y alcance del Tribunal de Ética Médica. La Corte
Constitucional indicó en esa sentencia los motivos por los cuales se podía
considerar que el Tribunal de Ética Médica ejercía funciones administrativas.
Dijo por demás que las normas contenidas en la Ley orientada a regular la Ética
Médica tenían efectos sancionadores. Según la Corporación, a partir de la falta
de observancia de tales preceptos se desata una actuación típica del derecho
administrativo disciplinario. Recordó el Tribunal que
“en tratándose de funciones administrativas
como son las que desempeñan el Tribunal de Ética Médica para los efectos de la
aplicación de las sanciones contra las faltas a la ética médica, por parte de
los profesionales médicos y de acuerdo con su gravedad o con la reincidencia en
ellas, resulta aplicable el artículo 12 del Decreto 2304 de 1989 que subrogó el
artículo 82 del C. C. A., en virtud del cual la jurisdicción contencioso
administrativa tiene competencia para conocer y juzgar controversias y litigios
administrativos originados en la actividad de las personas privadas que
desempeñen funciones administrativas, lo que da mayor garantía al debido
proceso dentro del régimen disciplinario aplicable a los profesionales de la
medicina.”
El Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo ha tenido ocasión de pronunciarse sobre las
decisiones emitidas por los tribunales de ética médica y de ética odontológica[15].
En sentencia proferida por la Sección Primera emitida el día 30 de septiembre
de 1999[16] le correspondió a la
Corporación resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia proferida el 23 de octubre de 1998 por el Tribunal
Administrativo de Caldas[17]. Respecto del primer
cargo en el que se planteaba que los Tribunales Seccionales de Ética
Odontológica carecían de competencia para juzgar la conducta de las personas
profesionales de la odontología, por cuanto a juicio de la actora no habían
sido creados por acto administrativo o reglamentario, estimó el Consejo de
Estado que el cargo no estaba llamado a prosperar por cuanto la misma Ley 35 de
1989 “sobre la Ética del Odontólogo Colombiano” había dispuesto a lo
largo de su articulado (artículos 65-69) la creación de tales Tribunales y
había fijado
“los detalles para que se constituyeran,
ello simplemente significa que la misma ley determinó implícitamente que
cumplidos los requisitos para ello, tal como en efecto se cumplieron en el caso
que se analiza, probatoriamente demostrados, Tribunal Seccional de Ética Médica
de Caldas asumió con plena y total competencia, por ministerio de la ley, la
labor de dar inicio y culminar el proceso disciplinario que, en los términos
prescritos en los artículos 70 a 78 de la citada ley, adelantó en contra de la
actora en relación con el tratamiento odontológico y de ortodoncia que le
practicó a la ciudadana que, en virtud de la queja elevada ante él, le dio
origen.
En otros términos, la Sala considera que si
la ley creó y simple y llanamente autorizó la constitución de los referidos
tribunales secciónales, con la confluencia de los requisitos en ella señalados,
como ocurrió en este caso, el Tribunal Seccional de Ética Odontológica de
Caldas estaba cabalmente habilitado para adoptar la determinación cuya
legalidad se controvierte en la demanda.”
Sobre el papel que se les confiere en el
ordenamiento jurídico colombiano a los Tribunales de Ética, dijo el Consejo de
Estado lo siguiente:
“Al respecto, inicialmente cabe indicar que
el papel confiado a los Tribunales de Ética Médica, en general, y a los
Tribunales de Ética Odontológica, en particular, implica el ejercicio de un
control disciplinario desde el seno de la misma profesión sobre la conducta de
los respectivos profesionales de la salud, con miras a salvaguardar el adecuado
manejo de las relaciones entre aquellos y sus pacientes, sus colegas, la
sociedad y el Estado, todas las cuales, si responden a principios de moralidad
y ética, repercuten, naturalmente, en beneficio de la sociedad, habiéndolos
facultado el artículo 79 de la Ley 35 de 1989 para aplicar las sanciones de amonestación
privada, censura escrita pero privada, escrita y pública y verbal y pública, y
la de suspensión por el término hasta por 6 meses.”
Como se ha expuesto hasta aquí, la Ley 35
de 1989 consigna las normas de ética odontológica que han de cumplir las
personas profesionales de la odontología para el buen desempeño de su actividad
profesional y configura el proceso disciplinario que se desencadena cuando
tales personas desconocen o vulneran esas normas. Al respecto, es preciso
reparar en un asunto que adquiere relevancia en el caso que ocupa la atención
de la Corte en la presente oportunidad: La Ley 35 de 1989 fue expedida bajo la
vigencia de la Constitución de 1886 pero deriva su fundamento y validez a
partir de los dispuesto en la Constitución de 1991. El proceso disciplinario
ético-odontológico debe ajustarse, por consiguiente, a los requerimientos
derivados de la Constitución Nacional y debe cumplir, más concretamente, con
garantizar el derecho de defensa en tanto que uno de los componentes del derecho
a acceder a la justicia y presupuesto para garantizar el debido proceso.
En razón de lo manifestado, es preciso
constatar si el artículo 83 del Código de Ética del Odontólogo concuerda con
las exigencias derivadas del texto constitucional. Para tales efectos estima la
Sala pertinente referirse, primero, a la garantía del debido proceso en los
procedimientos administrativos y, más concretamente, a las precauciones que
deben observarse cuando la administración o los particulares a nombre de la
administración ejercen la potestad sancionadora.
La garantía del debido proceso en el ámbito
del derecho administrativo sancionador a la luz de la jurisprudencia
constitucional.
El ius puniendi puede ser ejercido
por medio de distintas modalidades jurídicas, entre las cuales se cuenta el
derecho disciplinario[18]. Este último hace parte
del derecho administrativo sancionador, género que agrupa diversas especies –tales
como el derecho contravencional, el derecho correccional, y el propio derecho
disciplinario- y en general “pretende garantizar la preservación y restauración del
ordenamiento jurídico, mediante la imposición de una sanción que no sólo
repruebe sino que también prevenga la realización de todas aquellas conductas
contrarias al mismo. Se trata, en esencia, de un poder de sanción ejercido por
las autoridades administrativas que opera ante el incumplimiento de los
distintos mandatos que las normas jurídicas imponen a los administrados y aún a
las mismas autoridades públicas”[19].
Ahora bien de manera específica el derecho
disciplinario se manifiesta en la
potestad de los entes públicos - o de los particulares cuando han sido
autorizados por la Legislación para tales efectos - de imponer sanciones bien
sea con el propósito de preservar los principios que guían la función
administrativa señalados en el artículo 209 constitucional (moralidad,
eficiencia, celeridad, igualdad, economía, imparcialidad y publicidad)[20]
o como en el caso de la potestad que les es conferida legalmente a Tribunales
de Ética Profesional, para imponer las sanciones por vulneración de las normas
consignadas en los respectivos Códigos de Ética Profesional.
La Corte Constitucional ha reconocido, por
tanto, las diferencias existentes entre las distintas modalidades del derecho
sancionador en cuanto a sus intereses, sujetos jurídicos involucrados y efectos
jurídicos en la comunidad, las cuales exigen tratamientos diversos por parte de
la Legislación y de los órganos encargados de aplicar la normatividad[21].
No obstante, también ha puesto de manifiesto que las distintas especies de
derecho sancionador comparten unos elementos comunes que los aproximan al
derecho penal pues “irremediablemente el ejercicio de ius puniendi debe
someterse a los mismos principios y reglas constitutivos del derecho del Estado
a sancionar[22].”
Específicamente respecto de la relación
entre el derecho disciplinario y el derecho penal afirmó esta Corte:
“El derecho disciplinario que respalda este
poder está compuesto por un conjunto de normas y principios jurídicos que
permiten imponer sanciones a los servidores públicos cuando éstos violan sus
deberes, obligaciones o incurren en vulneración de las prohibiciones e
incompatibilidades que para ellos ha establecido la ley, (...) ha dado lugar a
la formación de una rama del derecho administrativo llamada ‘derecho
administrativo disciplinario’. Un amplio sector de la doctrina, si bien admite
la diferenciación entre la responsabilidad civil, penal y disciplinaria,
encuentra que la sanción disciplinaria debe sujetarse a los principios y garantías
propias del derecho penal. (…) La naturaleza esencialmente sancionatoria de
ambos derechos hace que las garantías del derecho más general (el penal) sean
aplicables también a ese otro derecho, más especializado pero igualmente
sancionatorio, que es el derecho disciplinario. Tanto el derecho penal como el
administrativo disciplinario emplean las penas como el principal mecanismo de
coacción represiva. Todos los principios y garantías propias del derecho penal
se predican también del disciplinario. Esta situación ha llevado a considerar
que el término derecho penal es impropio (pues existen, como se ve, varios
derechos penales) y empieza a hacer carrera la revitalización del término
"derecho criminal" para referirse al derecho de los delitos propiamente
dichos”[23].
En virtud de lo anterior la jurisprudencia
constitucional[24] ha señalado que los principales elementos
constitutivos del derecho constitucional al debido proceso, enunciados en el
artículo 29 constitucional hacen parte del procedimiento disciplinario, entre
los que cabe mencionar (i) el principio de legalidad de la falta y de la
sanción disciplinaria, (ii) el principio de publicidad, (iii) el derecho de
defensa y especialmente el derecho de contradicción y de controversia de la
prueba, (iv) el principio de la doble instancia, (v) la presunción de
inocencia, (vi) el principio de imparcialidad, (vii) el principio de non bis in
idem, (viii) el principio de cosa juzgada y (ix) la prohibición de la
reformatio in pejus.[25]
Así, esta Corporación ha sostenido que el
sujeto disciplinable tiene derecho a:
“la comunicación formal de la apertura del
proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas posibles de
sanción; la formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o
escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas,
las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar y la calificación
provisional de las conductas como faltas disciplinarias; el traslado al
imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos
formulados; la indicación de un término durante el cual el acusado pueda
formular sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y allegar las que
considere necesarias para sustentar sus descargos; el pronunciamiento
definitivo de las autoridades competentes mediante un acto motivado y
congruente; la imposición de una sanción proporcional a los hechos que la
motivaron; y la posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante
los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones”[26].
Una vez expuestas las consideraciones de la
Corte Constitucional acerca de la garantía del debido proceso en el derecho
disciplinario sancionador, expondrá la Corte su jurisprudencia sobre la doble
instancia con el propósito de constatar si el artículo 83 de la Ley 35 de 1989 “Sobre
la ética del odontólogo colombiano” se ajusta o no a las exigencias
derivadas de la Constitución Nacional y, más concretamente, a las que se
desprenden del artículo 31 superior.
La doble instancia en la jurisprudencia
constitucional.
En lo tocante a la
doble instancia, ha tenido la Corte ocasión de pronunciarse de modo reiterado.
En sentencia C-345 de 1993 le correspondió al Tribunal Constitucional
colombiano referirse en extenso al tema[27]. Recordó la
Corporación en aquella ocasión que la doble instancia había sido objeto de
amplias discusiones en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente[28].
Indicó, cómo había sido intención de los Constituyentes elevarla a la categoría
de canon constitucional pero sin carácter absoluto. En el sentido referido, especificó
que la doble instancia por medio de apelación o de consulta no formaba parte
esencial de la garantía del debido proceso por cuanto “la Constitución no la
ordenaba como exigencia de un juicio adecuado”. No obstante lo anterior,
puntualizó que esta tesis jurisprudencial debía ser relativizada pues aún
cuando, en efecto, la Norma Superior no consignaba la doble instancia de modo
abstracto y general en tanto principio del debido proceso, no era factible
perder de vista que “la posibilidad de impugnar las sentencias condenatorias
sí es un derecho que hace parte del núcleo esencial del debido proceso.” Dijo
en este orden, “una norma que impida impugnar las sentencias condenatorias
será inconstitucional por violación del debido proceso. En todos los demás
casos, la doble instancia es un principio constitucional cuyas excepciones
pueden estar contenidas en la ley (Art. 31 de la C. N.).”
Justamente en relación con este aspecto,
señaló que cuando se trataba de actuaciones de índole administrativa podría exceptuarse
la aplicación de la doble instancia a diferencia de lo que sucede en el terreno
del derecho penal. Respecto de las excepciones que pueda establecer la
legislación, subrayó la Corte que éstas debían realizarse en forma que respete
los derechos constitucionales fundamentales y, en general, el contenido
axiológico de la Constitución así como de modo que observe estrictamente el
principio de igualdad. Más adelante, enfatizó la Corporación que para constatar
si se ha vulnerado o no la doble instancia no basta verificar si existe una ley
por medio de la cual se consignan excepciones a su aplicación. Es preciso
indagar simultáneamente “acerca de los límites o ámbitos constitucionales
dentro de los cuales puede ejercitarla.”
Concluyó la Corte en aquella ocasión que se
desconocía el principio de igualdad cuando se empleaba “un cierto
nivel de ingresos como referente para la distribución funcional de competencias
en materia contencioso administrativa.” De otra parte, observó la
Corporación que el sentido de la doble instancia no se reducía ni “a la mera
existencia -desde el plano de lo formal/institucional- de una jerarquización
vertical de revisión, ni a una simple gradación jerarquizada de instancias que
permitan impugnar, recurrir o controvertir y, en últimas, obtener la revisión
de la decisión judicial que se reputa injusta o equivocada, ni a una concepción
de la doble instancia como un fin en sí mismo.” Recalcó que el sentido y
razón de ser de la existencia de la doble instancia se conectaba con “la
existencia de una justicia acertada, recta y justa, en condiciones de
igualdad.” Así las cosas, añadió, “[e]lla es pues un medio para
garantizar los fines superiores del Estado, de que trata el artículo 2° de la
Carta, particularmente en este caso la eficacia de los derechos.”
En la misma línea argumentativa delineada
con antelación, dijo la Corte Constitucional, la doble instancia constituye un
instrumento de
“irrigación de justicia y de incremento de
la probabilidad de acierto en la función estatal de dispensar justicia al
dirimir los conflictos (dada por la correlación entre verdad real y decisión
judicial). Su implementación solo se impone en aquellos casos en que tal
propósito no se logre con otros instrumentos. Cuando ello ocurra, bien puede
erigir el Legislador dichos eventos  en excepciones a su existencia.
Así, pues, la consagración de excepciones
por parte del Legislador al principio de la doble instancia no es una patente
de corzo que el Constituyente le hubiese conferido. Se trata de una
autorización constitucional para ser cumplida sin violar el resto del
ordenamiento constitucional, particularmente los derechos humanos.”
En la sentencia C-153 de 1995 también tuvo
ocasión de pronunciarse la Corporación sobre ese mismo punto[29].
En esa ocasión, le correspondió al Tribunal examinar la demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 184 (parcial) del Código Contencioso
Administrativo (Decreto 01 de 1984)[30]. La Corte reiteró la
jurisprudencia sentada en la sentencia C-345 de 1993 e insistió en que
“no le es dable al legislador al regular la
procedencia de la apelación o de la consulta establecer tratos diferenciados
que carezcan de una legitimación objetiva, en cuanto a los fundamentos de hecho
y de derecho que los justifican, su finalidad, racionalidad, razonabilidad y
proporcionalidad.”
En la sentencia C-280 de 1996 también se
pronunció la Corte sobre la doble instancia a propósito de una demanda de
inconstitucionalidad contra varios artículos del Código Disciplinario Único[31].
Concordó con los actores de la demanda presentada en aquella ocasión en el
sentido de admitir que “toda persona investigada tiene derecho a impugnar
los fallos disciplinarios condenatorios”. No obstante, dijo a renglón
seguido que lo anterior no excluía
“per se los procesos de única instancia,
pues la impugnación no implica obligatoriamente que el fallo sea apelable sino
que el condenado pueda acudir -por medio de cualquier recurso- ante una
autoridad con capacidad de revisar la decisión.”
De inmediato, estimó la Corte que debía
hacerse claridad en torno al significado de la acción de impugnar. En tal
sentido, subrayó que impugnar una sentencia consistía en “oponerse con
razones a lo resuelto en ella y en general interponer un recurso. Si la
sentencia es condenatoria, el condenado la impugnará para ser absuelto o, al
menos, disminuir la pena.” En esa misma dirección, indicó la Corte que la
Constitución garantizaba, en efecto, el derecho a impugnar el cual, en su
opinión, era “genérico y no se ref[ería] a una forma de impugnación en
particular. Como tampoco menciona recurso alguno.” Con arreglo a lo
anterior y en vista que los fallos disciplinarios son decisiones
administrativas que pueden ser impugnadas ante la jurisdicción
contencioso-administrativa, consideró la Corte que las decisiones de única
instancia previstas en el artículo 61 del Código Disciplinario Único
armonizaban con el derecho de toda persona a impugnar la sentencia condenatoria.
A juicio de la Corte Constitucional, es
factible sostener que los procesos de única instancia pueden desconocer el
principio de igualdad por cuanto traen consigo una “desventaja procesal, que
no es eliminada por la posibilidad de impugnar ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo la sanción impuesta, pues tal posibilidad también la
tienen quienes son investigados disciplinariamente en dos instancias, por lo
cual la inferioridad procesal de los primeros subsiste.” En ese
orden, resulta más gravosa la situación de aquellos que no cuentan con el
recurso de apelación en el proceso disciplinario, de manera que resaltó la
necesidad de verificar siempre si “esa diferencia de trato encuentra un
sustento objetivo y razonable, pues de no ser así, las normas serían
discriminatorias”.
En el caso examinado por la Corte en
aquella ocasión, consideró la Corporación que las distinciones realizadas no
podían equipararse a un trato discriminatorio por cuanto se había empleado un
criterio objetivo y razonable. Estimó la Corte que se trataba de “faltas
leves, que [tenían] sanciones menores, por lo cual esta restricción a una
instancia representa[ba] una forma efectiva de racionalizar el poder
disciplinario del Estado, permitiendo que comportamientos de menor entidad
pu[dieran] ser conocidos por el inmediato superior del servidor público.”
Por medio de la sentencia C-040 de 2002
también se refirió la Corte a la doble instancia. Allí realizó la Corporación
el juicio de constitucionalidad[32] sobre la demanda contra
el artículo 39 (parcial) de la Ley 446 de 1998[33]. En aquella
ocasión destacó la Corte que la doble instancia tenía especial relevancia en el
ordenamiento jurídico colombiano y se relacionaba de manera directa con el
derecho al debido proceso. Recordando lo afirmado en la sentencia C-153 de 1995
aseveró:
“el recurso de apelación hace parte de la
garantía general y universal de impugnación que se reconoce a quienes han
intervenido o están legitimados para intervenir en la causa para obtener la
tutela de un interés jurídico propio, con el fin de que el juez de grado
superior revise y corrija los defectos, vicios o errores jurídicos del
procedimiento o de la sentencia en que hubiere podido incurrir el a-quo.”
Reiteró la Corte su jurisprudencia respecto
del carácter no absoluto de la doble instancia y acerca de la autorización que
el ordenamiento constitucional le confería al Legislador para consignar
excepciones, a partir de lo cual se concluía que “no toda sentencia es
apelable o consultable.” Señaló la Corte que de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 29 y 86 superiores, la Constitución solo se
establece el derecho a impugnar la sentencia adversa en materia penal y en las
acciones de tutela. Trajo a la memoria que de acuerdo con lo preceptuado por la
Convención Americana sobre Derechos Humanos así como por el Pacto de Derechos
Civiles y Políticos de Nacionales Unidas - los cuales forman parte del bloque
de constitucionalidad -, “se garantiza el derecho a impugnar una sentencia
en materia penal, pero no [se establece] esa posibilidad en los otros campos
del derecho, para los cuáles exigen únicamente que la persona sea oída, con las
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley[34].”
En aquella oportunidad llamó la atención la Corte sobre lo siguiente:
“el hecho de que la doble instancia sólo
haga parte del contenido esencial del debido proceso en las acciones de tutela y
en materia penal, no significa que la ley pueda establecer excepciones a la
doble instancia en cualquier tipo de proceso, por las siguientes tres razones:
De un lado, el principio general establecido por el artículo 31 superior es que
todos los procesos judiciales son de doble instancia. Por consiguiente, como
los procesos de única instancia son una excepción a ese principio
constitucional, es obvio que debe existir algún elemento que justifique esa
limitación. Otra interpretación conduciría a convertir la regla (doble
instancia) en excepción (única instancia).
De otro lado, la Constitución y los
tratados de derechos humanos garantizan a toda persona el derecho al debido
proceso, que tiene como componente esencial el derecho de defensa. Ahora bien,
como ya se vio, la posibilidad de apelar tiene vínculos estrechos con el
derecho de defensa. Por consiguiente, aunque el Legislador puede establecer
excepciones a la doble instancia y tiene una amplia libertad de configuración
para establecer los distintos procesos y recursos, sin embargo es claro que
debe garantizar en todos los casos el derecho de defensa y la plenitud de las
formas de cada juicio. Por ende, al consagrar un proceso de única instancia, el
Legislador debe establecer suficientes oportunidades de controversia, que
aseguren un adecuado derecho de defensa, según la naturaleza del caso. Esto
significa que un proceso de única instancia no viola el debido proceso, siempre
y cuando, a pesar de la eliminación de la posibilidad de impugnar la sentencia
adversa, las partes cuenten con una regulación que les asegure un adecuado y
oportuno derecho de defensa. Así, en reciente oportunidad, esta Corte reiteró
que “no es forzosa y obligatoria la garantía de la doble instancia en todos los
asuntos que son materia de decisión judicial, puesto que la ley está habilitada
para introducir excepciones, siempre y cuando se respeten  las garantías del
debido proceso, el derecho de defensa, la justicia, la equidad y no se niegue
el acceso a la administración de justicia”.
Finalmente, la Carta establece el principio
de igualdad (CP art. 13), que obviamente se proyecta sobre la regulación de los
procesos y recursos. Por ende, aunque el legislativo cuenta con una amplia
facultad discrecional para instituir las formas con base en las cuales se
ventilarán las diferentes controversias jurídicas que surjan entre las
personas, de acuerdo con el artículo 150, numerales 1o. y 2o., de la
Constitución, es obvio que las excepciones a la doble instancia no pueden ser
discriminatorias.
Recientemente en la sentencia C-046 de 2006
reiteró la Corte su jurisprudencia sobre el margen de configuración que le
confiere la Constitución a la Ley en materia de procedimientos judiciales así
como en relación con la posibilidad de trazar fronteras a la doble instancia.
Insistió la Corporación en que la doble instancia formaba parte de la garantía
fundamental del debido proceso en materia penal y realizó la siguiente
síntesis:
“i) el principio general establecido por el
artículo 31 superior[35] es que
todos los procesos judiciales son de doble instancia y que por consiguiente,
como los procesos de única instancia son una excepción a ese principio
constitucional, es obvio que debe existir algún elemento que justifique esa
limitación, pues otra interpretación conduciría a convertir la regla (doble
instancia) en excepción (única instancia); ii) en tanto la posibilidad de
apelar tiene vínculos estrechos con el derecho de defensa y la Constitución y
los tratados de derechos humanos garantizan a toda persona el derecho al debido
proceso, -que tiene como componente esencial el derecho de defensa-,  aunque el
Legislador puede establecer excepciones a la doble instancia es claro que al
consagrar un proceso de única instancia, debe establecer suficientes
oportunidades de controversia, que aseguren un adecuado derecho de defensa,
según la naturaleza del caso. Esto significa, ha dicho la Corte, que “un
proceso de única instancia no viola el debido proceso, siempre y cuando, a
pesar de la eliminación de la posibilidad de impugnar la sentencia adversa, las
partes cuenten con una regulación que les asegure un adecuado y oportuno
derecho de defensa” [36]  iii) la
[Constitución] establece el principio de igualdad (CP art. 13), que obviamente
se proyecta sobre la regulación de los procesos y recursos. Por ende, aunque el
Legislador cuenta con una amplia facultad discrecional para instituir las
formas con base en las cuales se ventilarán las diferentes controversias
jurídicas que surjan entre las personas, de acuerdo con el artículo 150,
numerales 1o. y 2o., de la Constitución, es obvio que las excepciones a la
doble instancia no pueden ser discriminatorias[37].”
Con posterioridad, en la sentencia C-047 de
2006, abordó la Corte Constitucional de nuevo este tópico[38].
La Corte recordó los elementos que componen la garantía del debido proceso
(artículo 29 superior) e insistió en la importancia de asegurar su aplicación
efectiva dada su especial relevancia para
“todos los sujetos procesales y, con
particular énfasis, [para el] sindicado, en la medida en que [de no
garantizarse su efectivo cumplimiento] se afectan derechos como la libertad, la
presunción de inocencia, o el derecho de defensa. De acuerdo con el artículo 29
de la Constitución, hacen parte del debido proceso los principios de legalidad,
juez natural o legal, favorabilidad y presunción de inocencia; los derechos a
la defensa, a impugnar la sentencia condenatoria, al debido proceso público sin
dilaciones injustificadas, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.”
En concreto sobre la doble instancia dijo
la Corte Constitucional:
“No sobra recordar, por otra parte, que la
garantía de la doble instancia tiene en nuestra Constitución el carácter de
regla general y que las excepciones que el legislador puede introducir a la
misma deben estar plenamente justificadas. Dicha garantía responde a la
necesidad de establecer instancias de control que aseguren la corrección del
juicio, al permitir que lo actuado en la primera instancia sea impugnado por
quien se considere afectado y, que, respetando el derecho de contradicción, sea
objeto de nueva decisión en la que se plasme la respuesta definitiva del
ordenamiento jurídico.”
A partir de lo mencionado en párrafos
anteriores, es factible extraer las siguientes reglas jurisprudenciales en
relación con el sentido y alcance de la doble instancia en el ordenamiento
constitucional colombiano. (i) La doble instancia fue elevada a canon
constitucional pero no tiene carácter absoluto[39]. (ii) Cierto
es que la Constitución no prevé la doble instancia de modo general y abstracto
como principio del debido proceso[40]. No obstante, la
posibilidad de apelar las sentencias condenatorias[41]
forma parte de la garantía básica del debido proceso[42].
(iii) Las sentencias emitidas en sede de tutela siempre pueden ser apeladas[43].
(iv) La Constitución le confiere a la ley un marco de configuración para sentar
excepciones a la doble instancia. Estas excepciones deben trazarse de forma tal
que se respete el contenido axiológico de la Constitución y, en especial, los
derechos constitucionales fundamentales (principalmente el derecho de defensa y
la garantía del debido proceso)[44]. Las excepciones han de
observar de manera estricta el principio de igualdad y no pueden ser
injustificadas, desproporcionadas o arbitrarias[45].
(v) El sentido y razón de ser de la doble instancia no se vincula tanto con la
mera existencia en el plano institucional y funcional de una jerarquía vertical
de revisión ni tampoco se relaciona en exclusiva con la simple gradación
jerarquizada de instancias que permitan recurrir, impugnar, controvertir[46].
La doble instancia no es un fin en sí misma sino un instrumento para garantizar
los fines supremos a los que está vinculada la actividad estatal y se dirige a
asegurar la existencia de una justicia acertada, recta y justa, en condiciones
de igualdad[47]. (vi) En el terreno del
derecho disciplinario sancionador es factible una aplicación más flexible de la
doble instancia siempre y cuando no se prive al disciplinado del derecho a
apelar y toda vez que se le garanticen sus derechos constitucionales
fundamentales. En el campo del derecho disciplinario sancionador, sólo se
admite excepcionar la aplicación de la doble instancia cuando se utiliza para
el efecto un criterio objetivo y razonable que no resulte discriminatorio o
arbitrario. Por lo general, únicamente cuando se trata de faltas leves para las
cuales se han previsto sanciones menores y sólo con el fin de cumplir con otras
metas propias de la administración de justicia como lo son el principio de
economía procesal, de celeridad, de eficiencia y de efectividad[48].
(vii) Los procesos de única instancia constituyen una excepción a la aplicación
de la doble instancia pero su existencia debe estar justificada desde el punto
de vista constitucional. De otra manera, se convertiría la regla (doble
instancia) en excepción (única instancia)[49].
¿Exigen las decisiones sancionadoras -
emitidas en el marco de aplicación de la Ley sobre ética de los odontólogos –
consistentes en amonestación privada, censura privada o pública, verbal o
escrita la aplicación del principio de doble instancia?
A partir de lo expuesto hasta aquí, es
preciso verificar si el artículo 83 de la Ley 35 de 1989 al establecer que “en
contra de las sanciones consistentes en amonestación privada o censura
únicamente es procedente el recurso de reposición ante el respectivo Tribunal,
dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación”
se ajusta a lo previsto por la Constitución Nacional y particularmente a las
reglas que en desarrollo de su facultad para fijar el sentido y alcance de los
preceptos constitucionales han sido emitidas por la Corte Constitucional. Para tales
efectos, considera la Corporación pertinente recordar, primero, en qué
consisten las sanciones que en virtud de lo preceptuado por la disposición
demandada únicamente pueden ser objeto de recurso de reposición ante la
autoridad que las impuso.
En el artículo 79 de la Ley 35 de 1989 se
establece que el Tribunal Ético Profesional contra las faltas a la Ética
Odontológica juzgará de conformidad con la gravedad de la falta o con la
reincidencia en la misma si procede aplicar las siguientes sanciones: (i)
Amonestación privada; (ii) Censura que podrá ser: (a) escrita pero privada; (b)
escrita y pública (c) verbal y pública; (iii) Suspensión en el ejercicio de la
odontología hasta por seis meses; (iv) Suspensión en el ejercicio de la
odontología hasta por cinco años.
En los artículos 35, 36, 37, 38 y 39 del Decreto
0491 de 1990 “Por el cual se reglamenta la Ley 35 de 1989” se realiza
una descripción de las distintas sanciones[50]. De conformidad
con lo establecido en el artículo 35, la amonestación privada “consiste
en la reprensión privada y verbal que se hace al infractor de la falta
cometida.” El artículo 36 especifica la sanción de censura como “la
reprobación que se hace al infractor por la falta cometida.” Con excepción
de la amonestación privada, la censura privada o
pública escrita o verbal envuelve, como se indicará a continuación, una
escala profunda de gravedad. El Decreto define la censura escrita privada
como aquella que se hace efectiva con la “entrega por parte del Tribunal, de
una copia de la decisión del mismo, al infractor sancionado.” Respecto de
la censura escrita pública[51], el Decreto determina
que se entenderá aplicada cuando se hace lectura del acta que contiene la
reprobación ante la Sala Plena del Tribunal. Pero eso no es todo. El acta de
reprobación será fijada en lugar visible en la sede del Tribunal a lo largo de
diez días. Además, una copia será publicada en la Revista de la Federación
Odontológica Colombiana o en los boletines seccionales y otra copia habrá de
enviarse al Ministerio de Salud. No cosa distinta sucede con la sanción
verbal pública[52]. En este caso, la
lectura del acta que contiene la reprobación se realiza ante la Junta Seccional
de la Federación Odontológica Colombiana correspondiente y copia del acta debe
fijarse en la sede de la Junta en lugar visible también durante diez días
hábiles y deberá ser publicada en la Revista de la Federación Odontológica
colombiana o en los boletines seccionales. Igualmente, copia del acta será
enviada al ministerio de salud. El artículo 40 insiste, por su parte, en
que
“La decisión que conlleva a imponer como
sanción la censura o la suspensión, será transcrita al profesional
sancionado, a los Tribunales Nacional y Seccionales y si es de carácter
público, será además, fijada en lugares visibles de las sedes de los
Tribunales, Ministerio de Salud y de la Federación Odontológica Colombiana y
publicada en la Revista de la Federación Odontológica Colombiana o boletines
seccionales.”
Cierto es que en materia de potestad
sancionadora de la administración[53], la Corte Constitucional
ha admitido utilizar criterios menos rigurosos dada la característica del
control disciplinario ejercido[54]. En el caso específico
de los Códigos de Ética Profesional en los que se consignan un conjunto de
comportamientos considerados indeseables en el ejercicio de las profesiones y
se señalan las sanciones que pueden imponerse cuando se incurre en las faltas
disciplinarias establecidas, la legislación puede fijar fronteras al ejercicio
de la profesión y ajustar ese ejercicio al cumplimiento de unos mínimos éticos
que van más allá de la exigencia de títulos de idoneidad y de la previsión del
riesgo social[55].
Empero, la jurisprudencia constitucional ha
insistido de modo reiterado en que la restricción efectuada por el legislador
frente al ejercicio de un derecho constitucional fundamental - cualquiera que
éste sea - debe estar justificada desde el punto de vista constitucional y ha
de ser razonable y no arbitraria. En punto a las faltas previstas en los
Códigos de Ética profesional, ha afirmado la Corte Constitucional[56],
adicionalmente, que las conductas sancionadas han de relacionarse de manera
directa con el ejercicio de la profesión; las restricciones no deben ser
arbitrarias, desproporcionadas o discriminatorias y no pueden implicar imponer
a las y a los profesionales un modelo de conducta perfeccionista que desconozca
la autonomía personal así como el derecho de estas y de estos profesionales a
desarrollar de manera libre su personalidad[57].
Con relación al examen de
constitucionalidad que ocupa la atención de la Sala Plena en la presente
ocasión, es preciso verificar si restringir la posibilidad de la doble
instancia para sanciones consistentes en amonestación privada, censura privada
o pública escrita o verbal - tal como están previstas estas sanciones en el
Decreto 0491 de 1990 “Por el cual se reglamenta la Ley 35 de 1989”-
significa una intervención injustificada y desproporcionada en el derecho
constitucional fundamental a la defensa y en el derecho a gozar de la garantía
de un debido proceso e implica, incluso, un restringir arbitrariamente otros
derechos constitucionales fundamentales de las personas profesionales de la
odontología tales como el derecho al honor, el derecho al buen nombre y, no en
última instancia, el derecho a ejercer libremente su profesión.
En relación con la sanción de amonestación
privada consignada en el artículo acusado, estima la Corte Constitucional que
es esta una sanción leve cuya aplicación no se proyecta de manera negativa
sobre el ejercicio de otros derechos constitucionales fundamentales de las
personas profesionales de la odontología disciplinadas y cumple, en tal
sentido, con los requerimientos que ha exigido la jurisprudencia constitucional
para justificar la no aplicación de la doble instancia. No involucra, en suma,
una eventual afectación de otros derechos constitucionales fundamentales como
el buen nombre, el honor o el derecho a ejercer libremente la profesión.
Cosa distinta sucede con las otras
sanciones previstas en la norma acusada – censura privada o pública, escrita o
verbal –. A continuación mostrará la Corte que tales sanciones pueden tornarse
tan gravosas como la misma sanción de suspensión para la que sí existe una
segunda instancia tal como lo prevé el artículo 84 de la Ley 35 de 1989[58].
La sanción de censura representa un reparo
grande a la manera como las personas profesionales de la odontología ejercen su
actividad. Estas reprobaciones tienen, de conformidad con lo establecido por el
Decreto 0491 de 1990 “Por el cual se reglamenta la Ley 35 de 1989”, una
amplia difusión pues se ordena divulgarlas en la revista de la Federación
Odontológica Colombiana o en los boletines seccionales y se prescribe enviar
copia del acta en donde consta la reprobación al Ministerio de Salud así que de
no asegurarse la presencia de escenarios para que las personas profesionales
disciplinadas ejerzan de modo efectivo su derecho de defensa bajo la garantía
del debido proceso, puede ponerse en juego el prestigio profesional y el buen
nombre de las odontólogas y de los odontólogos.
El Decreto 0491 de 1990 “Por el cual se
reglamenta la Ley 35 de 1989” define censura como “la reprobación que se
hace al infractor por la falta cometida.” A partir de esta definición no es
factible establecer con claridad el tipo de falta que dio origen a la censura
ni cuán grave ha de ser la falta para que de lugar a la sanción. No se puede
constatar, en suma, si la gravedad de la falta coincide con la sanción que se
impone, por manera que limitarle de plano a la persona sancionada la
posibilidad de acceder a una segunda instancia dentro de los cauces diseñados
por el procedimiento ético disciplinario, significa trazar una frontera muy restrictiva
para el ejercicio de su derecho de defensa e implica, en consecuencia, limitar
de forma injustificada su derecho a que se realice de modo eficaz la garantía
de un debido proceso. Dados los alcances que se desprenden de la sanción de
censura, puede traer consigo el desconocimiento del derecho al buen nombre y al
honor de las personas profesionales de la odontología disciplinadas,
difícilmente recuperable por otras vías de impugnación eventualmente existentes
cuya duración suele dilatarse en el tiempo.
Aquí es preciso insistir una vez más en que
las exigencias derivadas del derecho a apelar no resultan cumplidas únicamente
cuando desde el punto de vista institucional o funcional está prevista, por
ejemplo, una instancia para ejercer el derecho de impugnación. Como se indicó
más arriba, la Corte Constitucional ha sido clara en insistir que la doble
instancia no es un fin en sí misma sino un instrumento para garantizar los
fines supremos a los que está sujeta la actividad estatal y se dirige a
garantizar la existencia de una justicia acertada, recta y justa, en
condiciones de igualdad.
En vista de lo expuesto, considera la Corte
que desde la perspectiva constitucional no existe motivo ni razón que
justifiquen la exclusión de la doble instancia respecto de los procesos por
desconocimiento de la ética odontológica que implican sanción de censura
privada o pública escrita o verbal. A juicio de la Corte, no es suficiente que
las y los profesionales disciplinados puedan acudir a la jurisdicción
contencioso administrativa para impugnar las sanciones previstas en el artículo
demandado. Ya había acentuado la Sala que estas sanciones revisten especial
gravedad e involucran eventualmente el desconocimiento de otros derechos
fundamentales. Una única instancia, bajo estos supuestos, no asegura la
existencia de escenarios propicios para que las personas profesionales de la
odontología realicen una adecuada defensa de sus derechos de modo que pueden
verse colocadas en una situación de indefensión.
En la sentencia C-994 de 2006[59]
recordó la Corporación que el derecho de defensa, tal y como ha sido consignado
en la norma de normas, se funda en la “interdicción de la indefensión[60].”
Es decir, se propone evitar que las personas se vean privadas de la posibilidad
de solicitar protección judicial de sus derechos o de allegar y hacer valer el
material probatorio o de controvertir las pruebas presentadas en su contra; se
orienta a impedir que se le niegue a las personas el conocimiento de su negocio
en segunda instancia; está dirigido, en fin, a frenar que se obstruya el goce
efectivo de su derecho a defenderse bajo los cánones propios del debido proceso[61].
Ahora bien, con lo consignado en el
artículo 83 demandado en el sentido de restringir la posibilidad de la doble
instancia cuando se impone la sanción de censura no sólo se desconoce el
derecho de las personas profesionales de la odontología a defenderse y, en
consecuencia, se les restringe de modo injustificado su derecho a gozar de un
debido proceso. Al mismo tiempo se establece un trato discriminado pues las
personas que han sido sancionadas con censura pública escrita o verbal –
sanciones éstas que, como se indicó, revisten un alto nivel de gravedad - no
gozan de las mismas prerrogativas que se le otorgan a las personas
profesionales de la odontología sancionadas con suspensión para quienes sí se
presenta, como lo señalamos, la posibilidad de ejercer la doble instancia[62].
Con fundamento en lo expresado, es factible
afirmar que a diferencia de lo que ocurre con la sanción de amonestación
privada contenida en el artículo 83 de la Ley 35 de 1989, la cual es leve y no
implica una restricción desproporcionada, discriminatoria, arbitraria o poco
razonable de los derechos constitucionales fundamentales de las personas
profesionales de la odontología disciplinadas, las sanción de censura privada o
pública, escrita o verbal contemplada en ese mismo precepto no se ajusta a las
exigencias derivadas de la jurisprudencia constitucional para exceptuar la
aplicación de la doble instancia. Aquí no se trata de sanciones leves sino de
sanciones que revisten un alto grado de rigor y pueden afectar de modo profundo
el prestigio profesional de las personas profesionales de la odontología
difícilmente recuperable.
Lo anterior, tanto más cuanto a partir de
la lectura de lo dispuesto en la Ley 35 de 1989 o en el Decreto 0491 de 1990
que la reglamenta, no resulta muy claro cuál ha de ser la gravedad de la
falta disciplinaria para que tenga lugar la sanción. Estima, la Corte, por
tanto, que las fronteras trazadas por la legislación a la doble instancia en el
caso bajo examen no armonizan con la necesidad de garantizar el derecho de
defensa y el debido proceso. No se observa tampoco el principio de igualdad y
no aparece un criterio razonable que justifique desde el punto de vista
constitucional prescindir de la doble instancia cuando se impone dentro del
proceso disciplinario ético-odontológico la sanción de censura privada o
pública escrita o verbal. Así las cosas, es preciso que cuando en el marco de
este proceso ético odontológico se apliquen sanciones tan gravosas como las
mencionadas previamente, se garantice la doble instancia. El trámite de apelación
puede surtirse ante el Tribunal Nacional de Ética Odontológica, tal como lo
establece el artículo 84 de la Ley 35 de 1989 cuando se impone la sanción de
suspensión.
“La sanción consistente en la suspensión en
el ejercicio de la odontología es susceptible del recurso de reposición para
ante el Tribunal que la impuso, dentro de los quince días hábiles siguientes a
la fecha de su notificación, o del de apelación para ante el Tribunal
Nacional de Ética Odontológica dentro del mismo término.” (Negrillas fuera del texto original).
Por los motivos previamente manifestados,
estima la Corte que debe declarar la exequibilidad del precepto demandado salvo
la expresión “o censura” que será declarada inexequible.
VII. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- Declarar la EXEQUIBILIDAD del artículo 83 de la
Ley 35 de 1989, salvo la expresión “o censura” que será declarada INEXEQUIBLE.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
RODRIGO ESCOBAR GIL
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
AUSENTE CON PERMISO
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON ELIAS PINILLA PINILLA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] “se convierte en una garantía constitucional que
informa el ejercicio del ius punendi del Estado en todas sus manifestaciones,
no solo cuando se tata de la aplicación del derecho penal por los órganos
judiciales sino también en el derecho administrativo sancionatorio y,
específicamente, en tratándose del desarrollo y práctica del derecho
disciplinario.”
[2] En esa
ocasión la Corte estableció que tal principio constituía “una garantía
suplementaria para quien es investigados disciplinariamente, puesto que quien
sea sancionado puede impugnar ante el superior jerárquico la decisión. Con todo
a la luz del artículo 31 de la constitución Política, la adopción de la doble
instancia no resulta obligatoria, siempre que exista algún elemento que
justifique esta limitación.”
[3] “Es,
entonces, indudable, que en el origen de la institución de la doble instancia
subyacen los derechos de impugnación y de contradicción. En efecto, la garantía
del derecho de impugnación y la posibilidad de controvertir una decisión,
exigen la presencia de una estructura jerárquica que permita la participación
de una autoridad independiente, imparcial y de distinta categoría en la
revisión de una actuación previa, sea porque los interesados interpusieron el
recurso de apelación o resulte forzosa la consulta.”
[4] “ARTICULO 79º. A juicio del Tribunal Ético
Profesional, contra las faltas a la Ética Odontológica, de acuerdo con su
gravedad o con la reincidencia en ellas, proceden las siguientes sanciones:
Amonestación privada.
Censura, que podrá ser:
Escrita, pero privada
Escrita y pública
Verbal y pública
Suspensión en el ejercicio de la odontología hasta por seis meses.
Suspensión en el ejercicio de la odontología hasta por cinco años.”
[5] “ARTICULO 84º. La sanción consistente en la
suspensión en el ejercicio de la odontología es susceptible del recurso de
reposición para ante el Tribunal que la impuso, dentro de los quince días
hábiles siguientes a la fecha de su notificación, o del de apelación para ante
el Tribunal Nacional de Ética Odontológica dentro del mismo término.”
[6] ARTICULO 85º. La sanción consistente en la suspensión
de que trata el literal d. Del artículo 79 sólo podrá ser impuesta por el
Tribunal Nacional Ético – Profesional y en su contra son procedentes los
recursos de reposición para ante el mismo Tribunal, dentro de los treinta días
hábiles siguientes a la fecha de notificación de la sanción, o el subsidiario
de apelación para el Ministerio de Salud, dentro del mismo término.
[7] Artículo 36. Se entiende por censura la reprobación
que se hace al infractor por la falta cometida.
[8] “Artículo 37. La censura  escrita pero privada, se
hará mediante la entrega, por parte del Tribunal, de una copia de la decisión
del mismo, al infractor sancionado.”
[9] “Artículo 38. La censura escrita y pública se
aplicará mediante la lectura de la decisión en sala plena  del Tribunal, y será
fijada en lugar visible de los tribunales por diez ( 10 ) días hábiles y
publicada en la Revista de la Federación Odontológica Colombiana o boletines
seccionales. Copia de este acto debe ser enviada al Ministerio de Salud.”
[10] “Artículo 39. La censura verbal y pública será dada a
conocer al infractor, mediante la lectura de la decisión ante la  Junta
Seccional de la Federación Odontológica Colombiana correspondiente, y la
fijación de la misma en lugar visible de la sede de  los Tribunales por diez
(10) días hábiles y publicada en la  Revista de la Federación Odontológica
Colombiana o en los boletines seccionales. Copia de este acto debe ser enviada
al Ministerio de Salud.”
[11] “Artículo 40. La decisión que conlleva a imponer como
sanción la censura o la suspensión, será transcrita al profesional sancionado,
a los Tribunales Nacional y Seccionales y si es de carácter público, será
además, fijada en lugares visibles de las sedes de los Tribunales, Ministerio
de Salud y de la Federación Odontológica Colombiana y publicada en la Revista
de la Federación Odontológica Colombiana o boletines seccionales.”
[12] “ARTICULO 1º. A. Se entiende por ejercicio de la
Odontología la utilización de medio y conocimientos para el examen,
diagnóstico, pronóstico con criterio de prevención, tratamiento de las
enfermedades, malformaciones, traumatismos, las secuelas de los mismos a nivel
de los dientes, maxilares y demás tejidos que constituyen el sistema
estomatognático.”
[13] “ARTICULO 65º. Para ser miembro del Tribunal
Seccional de Ética Odontológica se requiere./Gozar de reconocida solvencia
moral e idoneidad profesional./Haber ejercido la odontología por espacio no
inferior a diez años, o haber desempeñado la cátedra universitaria en Facultades
de Odontología legalmente reconocidas por el Estado, por lo menos por cinco
años.
ARTICULO 66º. Los miembros de los Tribunales Seccionales de ética Odontológica
serán nombrados para un período de dos años pudiendo ser reelegidos y tomarán
posesión de sus cargos ante la primera autoridad de salud del lugar./ARTICULO
67º. Los miembros de los Tribunales Ético Profesionales Nacional y Seccionales
deberán pertenecer si fuere posible, a diferentes especialidades
odontológicas.”
[14] Una vez admitida la denuncia, de acuerdo con lo
señalado en el artículo 71, el Presidente del Tribunal “designará a uno de
sus miembros para que se instruya el proceso disciplinario y presente sus
conclusiones dentro de un término no superior a quince días hábiles.” En el
artículo 72 se preceptúa que si en opinión del Presidente del Tribunal o del
profesional instructor “el contenido de la denuncia permite establecer la
presunción de violación de normas de carácter penal, civil o administrativo,
simultáneamente con instrucción del proceso disciplinario, los hechos se
pondrán en conocimiento de la autoridad competente.” El artículo 73 añade,
de otra parte, que en aquellos eventos en los que el profesional instructor o
el profesional acusado lo estimen indispensable o conveniente podrán contar con
la asesoría de abogados titulados. El artículo 74 prevé que cuando la
naturaleza del asunto lo requiera “el instructor podrá solicitar al Tribunal
la ampliación del término señalado para presentar el informe de conclusiones.
En tales casos la prórroga que se concede no podrá exceder de quince días
hábiles.”/ “ARTICULO 75º. Presentado el informe de conclusiones, el Tribunal en
pleno se ocupará de su conocimiento dentro de los quince días hábiles
siguientes a la fecha de presentación y podrá si lo considera conveniente,
solicitar la ampliación del informativo señalando término para los efectos, el
cual en ningún caso podrá ser superior a quince días./ARTICULO 76º. Estudiado y
evaluado por el Tribunal el informe de conclusiones se tomará cualquiera de las
siguientes decisiones: / Declarar que no existe mérito para formular casos por
violación de la Etica Odontológica, en contra del profesional acusado.
Declarar que existe mérito para formular cargos por violación de Etica
Odontológica, en caso en el cual, por escrito se le hará saber así al
profesional inculpado, señalando claramente los actos que se le imputan y
fijando fecha y hora para que el tribunal en pleno lo escuche en diligencias de
descargos.
PARAGRAFO: La diligencia de descargos no podrá adelantarse antes de los diez
días hábiles ni después de los veinte, contados a partir de la fecha de recibo
de la comunicación en la cual se señalan los cargos, salvo en los casos de
fuerza mayor./ARTICULO 77º. Practicada la diligencia de descargos, el Tribunal
podrá solicitar la ampliación del informativo, fijando para ello un término no
superior a quince días hábiles, o pronunciarse de fondo dentro del mismo
término, en sesión distinta a la realizada para escuchar los
descargos./PARAGRAFO: En los casos de ampliación del informativo como
consecuencia de la diligencia de descargos, la decisión de fondo deberá tomarse
dentro de los quince días hábiles siguientes al plazo concedido para la
práctica de dicha diligencia./ARTICULO 78º. En lo no previsto en la presente
ley, se aplicarán las normas pertinentes del Código de Procedimiento Penal.”
[15] Ver, por ejemplo la sentencia proferida
por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Segunda, Subsección A emitida el día 27 de enero de 2005 con ponencia de la
Consejera Ana Margarita Olaya Forero.
[16] Radicación
número: 5382 /Actor: OLGA CELENY BECERRA HERRERA / Demandado: TRIBUNAL SECCIONAL DE ETICA ODONTOLÓGICA DE
CALDAS. Con ponencia de la Consejera OLGA INES NAVARRETE BARRERO.
[17] La Actora había solicitado “la declaratoria de
nulidad del fallo proferido el 28 de marzo de 1996 por el Tribunal Seccional de
Etica Odontológica de Caldas mediante el cual, entre otras determinaciones, se
dispuso no aceptar los, descargos por ella presentados al Pliego de Cargos que
se le formuló el 13 de julio de 1995, y le impuso la "... SANCION
DISCIPLINARIA CONSISTENTE EN CENSURA ESCRITA Y PUBLICA, de conformidad con el
CAPITULO XIV s De las Sanciones - Artículo 79, literal b, numeral 2 de la Ley
35 del 8 de marzo de 1989 - Código de Etica del Odontólogo Colombiano -,
concordante con el artículo 38 del Decreto Reglamentario 491 de febrero 27 de
1990" e, igualmente, de la providencia de 13 de junio de 1996, proferida
por dicho Tribunal, mediante la cual se resolvió, en forma adversa, el recurso
de reposición interpuesto contra el referido fino.  A título de
restablecimiento del derecho solicita que se ordene cancelar la sanción que le
fue impuesta; fijar en un lugar visible del Tribunal Nacional de Etica
Odontológica y de los Tribunales Secciónales de Etica Odontológica de Caldas,
Santander, Valle del Cauca, Antioquía y Cundinamarca la sentencia que se
profiera en este proceso; comunicar las decisiones proferidas al respecto por
el Tribunal y por el Consejo de Estado al Ministerio de Salud, a la Sociedad
Odontológica de Caldas y a la Dirección Seccional de Salud de Caldas, y que se
le reconozcan los perjuicios morales causados con los actos acusados.”
[18] Por ejemplo en la sentencia C-818 de
2005 sostuvo esta Corporación:
“Esta
Corporación ha sostenido de manera reiterada que el derecho sancionador del
Estado en ejercicio del ius puniendi, es una disciplina compleja que envuelve,
como género, al menos cuatro especies, a saber: el derecho penal delictivo, el
derecho contravencional, el derecho disciplinario y el derecho correccional.
Salvo la primera de ellas, las demás especies del derecho punitivo del Estado,
corresponden al denominado derecho administrativo sancionador”. Véase también las sentencias C-214 de 1994, C-948 de
2002, C-406 de 2004.
[19] Sentencia C-818 de 2005.
[20] Cfr. sentencia C-818 de 2005.
[21] Así por ejemplo en la sentencia C-948 de
2002 sostuvo esta Corporación:
“[E]ntre el derecho penal y los otros derechos
sancionadores existen diferencias que no pueden ser desestimadas. Así, el
derecho penal no sólo afecta un derecho tan fundamental como la libertad sino
que además sus mandatos se dirigen a todas las personas, por lo cual es natural
que en ese campo se apliquen con máximo rigor las garantías del debido proceso.
En cambio, otros derechos sancionadores no sólo no afectan la libertad física,
pues se imponen otro tipo de sanciones, sino que además sus normas operan en
ámbitos específicos, ya que se aplican a personas que están sometidas a una
sujeción especial -como los servidores públicos- o a profesionales que tienen
determinados deberes especiales, como médicos, abogados o contadores. En estos
casos, la Corte ha reconocido que los principios del debido proceso se siguen
aplicando pero pueden operar con una cierta flexibilidad en relación con el
derecho penal.”. (Subrayado del texto original).
[22] Sentencia C-818 de 2005.
[23]  Sentencia T-438 de 1992, reiterada en la sentencia
C-181 de 2002.
[24] Sentencias C-013, C-175 y C-555 de 2001.
[25] Sentencia C-555 de 2001.
[26] Sentencias T-301de 1996 y T-433 de 1998.
[27] En aquella ocasión le correspondió a la Sala Plena de
la Corte Constitucional colombiana realizar el juicio sobre la demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 131 numeral 6° literal b) inciso 2° y
132 numeral 6° inciso 3° parte final del Decreto Ley 01 de l.984 (Código
Contencioso Administrativo), modificados por el artículo 2° del Decreto 597 de
1988. El demandante sostuvo que las normas acusadas desconocían las garantías
constitucionales así como aquellas derivadas del derecho internacional de los
derechos humanos (Convención Americana) y, más específicamente, el principio de
doble instancia lo que para el asunto al que hacía referencia la normatividad
demandada se proyectaba de modo discriminatorio frente los servidores públicos
de los niveles operativos y asistenciales pues, de llegarse a dictar un fallo
adverso en su contra, sea por desconocimiento de la ley o por error judicial
manifiesto, este fallo se tornaba definitivo dado que las normas censuradas con
la demanda impedían que la sentencia fuese revisada por una autoridad de
superior jerarquía. Los funcionarios del nivel ejecutivo, entretanto, gozaban,
a juicio del actor, de una posición económica y para ellos sí quedaba abierta “la
oportunidad procesal de buscar la enmienda de un fallo adverso por vía de apelación,
lo cual constitu[ía] una odiosa discriminación en función de la posición
económica, que es violatoria de la Constitución y de los instrumentos
internacionales ya citados”.El Procurador General de la Nación, acogió la
argumentación expuesta en la demanda. Admitió que de conformidad con lo
previsto en el artículo 31 de la Constitución Nacional el principio de doble
instancia no es absoluto y que podía limitarse. Subrayó, sin embargo, que toda
restricción debía efectuarse de modo que fuese razonable y no resultara
arbitraria ni desproporcionada. Llegó a la conclusión de que las disposiciones
acusadas sacrificaban de manera injustificada el derecho a la igualdad pues
consignaban una discriminación procesal, esto es, “‘una desigualdad que no está
provista de una justificación objetiva y razonable’ cuyos elementos -la
posición económica o status económico dado por el salario- están proscritos
tanto por la Carta como por instrumentos internacionales.” Luego de
pronunciarse en detalle sobre el derecho de igualdad y sobre el principio de
doble instancia la Corte compartió los argumentos expuestos en la demanda y
convalidados por la Vista Fiscal y resolvió declarar inexequibles los artículos
demandados.
[28] Comisión Cuarta de la Asamblea Nacional Constituyente
(sesiones del 11, 15 y 16 de abril de 1991), como en la Plenaria, en primer y
segundo debate (sesiones del 1o., 3, 5, 15 y 28 de junio de 1991).“El
principio del debido proceso debe mantenerse como una garantía y no como un
principio que debe estar establecido, y aquí se habla del principio de las dos
instancias, el cual no puede operar en materia contencioso administrativa.
Entonces, si se obliga de que la providencia debe ser o puede ser apelada o
consultada, eso elimina las cuantías que deben existir como mecanismos para
descongestionar la justicia en el país. En materia contenciosa no existen los
jueces sino a nivel de Tribunal Administrativo y hay una segunda instancia ante
el Consejo de Estado. Si se mantiene esta norma pues desde luego terminaríamos
con la posibilidad de los juicios de única instancia que bien ha podido
conservar la manera de descongestionar la justicia (Sesión Plenaria de la
Asamblea Nacional Constituyente, Junio 3 de 1991).”
[29] En concreto, sobre el tema que concentra la atención
de la Corte en la presente sentencia dijo la demanda que la norma acusada
desconocía lo dispuesto en el artículo 31 superior y privaba a los asociados de
que las actuaciones de los jueces pudieran ser corregidas por sus superiores
cuando se cometían errores. Lo anterior, insistió la demanda, le otorga a la
administración pública ventajas en detrimento de los administrados “respecto
a la consulta de que son objeto las sentencias y los autos de liquidación de
condenas dictados en procesos de primera instancia, cuando no son apelados por
la administración, la cual no se compadece con el espíritu de aquél de asegurar
a los integrantes de la comunidad nacional la justicia y la igualdad dentro de
un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden social
justo.” Acentuó la demanda que el artículo 31 resultaba vulnerado por el
precepto acusado toda vez que el inciso 1º del artículo 184 excede el mandato
constitucional pues sólo permitía la consulta que “impongan una obligación a
cargo de cualquier entidad pública, cuando no fueren apeladas por ésta.
Entonces, mientras el artículo 31 constitucional permite que la generalidad de
las sentencias sean consultadas, salvo las excepciones que consagra la ley, el
artículo 184 del C.C.A. restringe este derecho a los administrados, con lo cual
se rompe la igualdad y se desconoce el acceso a la justicia en igualdad de
condiciones.” La Corte concluyó que los apartes demandados de la norma
acusada se ajustaban a la Constitución por los siguientes motivos: a) Los
fundamentos o supuestos de hechos que tuvo el legislador en cuenta para
instituir la consulta en los procesos contencioso administrativos son
objetivamente diferentes, porque los intereses públicos involucrados en este
tipo de controversias son distintos a los intereses privados que igualmente
resultan comprometidos en éstas./b) La defensa del patrimonio de las entidades
públicas y las medidas encaminadas a precaver posibles fraudes procesales,
colusiones o manejos indebidos en los procesos constituyen razón suficiente
para justificar la consulta en favor de dichas entidades./La consulta se
convierte en una garantía más que se otorga a las entidades de derecho público
para asegurar de la mejor manera posible el valor constitucional que representa
el interés general dentro del Estado Social de Derecho, habida cuenta de las
consecuencias que pueda entrañar para el patrimonio público una condena adversa
que carezca de una fundamentación ajustada al derecho y a la justicia./La
consulta se justifica constitucionalmente no sólo con respecto a la sentencia,
por las indicadas razones, sino con respecto a los autos de liquidación de
condenas en abstracto, porque éstos vienen a fijar o a concretar en guarismos
ciertos la condena impuesta en la sentencia./ c) No se limita el acceso a la
justicia a los particulares por el hecho de que se consagre la consulta en
favor de las entidades públicas, pues aparte de que se garantiza procesalmente
dicho acceso, a través de la institución de diferentes medios o instrumentos
procesales idóneos, se les da la oportunidad de impugnar las providencias
judiciales por medio de los recursos, entre ellos el de apelación./d) No existe
por lo tanto un trato desigual que merezca reproche desde el punto de vista
constitucional, porque la consulta en la forma como está regulada en la norma
acusada, tiene una justificación que no solamente se funda en la diversidad de
los intereses en juego, sino en su finalidad, razonabilidad y racionalidad, y
en la proporcionalidad de la consecuencia jurídica que conlleva esa
diferenciación, con respecto a los fundamentos o supuestos de hecho que sirven
de base al trato desigual.
[30] "ARTICULO 184 Consulta. Las
sentencias y los autos sobre liquidación de condenas en abstracto
dictados en primera instancia que impongan una obligación a cargo de
cualquier entidad pública, deberán consultarse con el superior, cuando no
fueren apeladas por la administración". / "La consulta se
tramitará y decidirá previo un término común de cinco (5) días para que las
partes presenten sus alegatos por escrito"./La consulta se entenderá
siempre interpuesta a favor de las mencionadas entidades. La
providencia sujeta a consulta no quedará ejecutoriada mientras no se surta el
mencionado grado."
[31] Consideraron los demandantes que el
artículo 61 del Código Disciplinario Único desconocía la garantía del debido
proceso (artículo 29 superior) por cuanto toda persona tenía el derecho de
impugnar una sentencia condenatoria y esta prohibición también se hacía
extensible al derecho disciplinario sancionador.
[32] Estimó el demandante que la norma acusada desconocía
los artículos 29 y 93 de la Constitución Nacional y el artículo 8º de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos por cuanto no garantizaba la
impugnación de la sentencia condenatoria.
[33] “Por la cual se adoptan como legislación permanente
algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de
Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279
de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y
se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la
justicia”. Artículo 39. Competencia de los tribunales administrativos en única
instancia. El artículo 131 del Código Contencioso Administrativo, quedará así:
/“Artículo 131. Competencia de los tribunales administrativos en única
instancia. Los Tribunales Administrativos conocerán de los siguientes
procesos privativamente y en única instancia:/1. De los de nulidad y
restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía y en los cuales se
controviertan actos administrativos del orden departamental, distrital o
municipal./2. De los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que
carezcan de cuantía en que se controviertan sanciones disciplinarias
administrativas distintas a las que originen retiro temporal o definitivo del
servicio./3. De los de definición de competencias administrativas entre
entidades públicas del orden Departamental, Distrital o Municipal o entre
cualesquiera de ellas cuando estén comprendidas en el territorio de su
jurisdicción./4. De las acciones sobre pérdida de investidura de los miembros
de los Concejos Municipales y Distritales, de conformidad con el procedimiento
establecido en la ley. En estos eventos el fallo se proferirá por la Sala Plena
del Tribunal. Contra las sentencias que pongan fin a estas controversias sólo
procederá el recurso especial de revisión, de conformidad con lo previsto en
los artículos 185 y ss. de este Código y la competencia será de la Sección de
la Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado que determine el reglamento de
la Corporación./5. De las observaciones que formule el Gobernador del
Departamento acerca de la constitucionalidad y legalidad de los Acuerdos
Municipales, y sobre las objeciones, por los mismos motivos, a los Proyectos de
Ordenanzas./6. De las observaciones que los gobernadores formulen a los actos
de los Alcaldes, por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad./7. De las
objeciones que formulen los Alcaldes a los proyectos de Acuerdos Municipales,
por ser contrarios al ordenamiento jurídico superior./8. Del recurso prescrito
por los artículos 21 y 24 de la Ley 57 de 1985, cuando la autoridad que
profiera o deba proferir la decisión sea del orden Nacional o Departamental o
del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá./9. De las acciones de nulidad y
restablecimiento contra los actos de expropiación de que tratan las leyes sobre
Reforma Urbana.”
[34] Ver artículo 8 de la Convención
Interamericana y artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.
[35] Artículo 31. CN. “Toda sentencia
judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre
la ley.  El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado
sea apelante único.”  (subraya fuera de texto).
[36]  Ver Corte Constitucional. Sentencia C- 040 de 2002 En el
mismo sentido ver entre muchas otras las sentencias C-095 de 2003; C-900 de 2003; C-103 de 2005; C-1005 de 2005.
[37] Ibíd.
[38] La Corporación se pronunció sobre la demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 176 (parcial) y 177 (parcial) de la
Ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.”
Le correspondió a la Corte verificar, entre otros asuntos, “si la
posibilidad de apelar la sentencia absolutoria en materia penal [desconocía] el
principio del non bis in idem.” La Corte resolvió declarar la exequibilidad
de las normas demandadas.
[39] Corte Constitucional. Sentencia C-345 de
1993.
[40] Ibíd.
[41] “ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda
clase de actuaciones judiciales y administrativas./ Nadie podrá ser juzgado
sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez
o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de
cada juicio. / En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea
posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. /Toda
persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente
culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de
un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el
juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a
impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el
mismo hecho. /Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del
debido proceso.” (Negrillas añadidas) Sentencias C-019 de 1993; 345 de
1993, C-153 de 1995; C-040 de 2002; C-046 de 2006; C-047 de 2006.
[42] Salvo las sentencias dictadas en procesos seguidos
contra ciertos funcionarios con fuero especial de origen constitucional. Al
respecto se pronunció en tiempos recientes la sentencia C-934 de 2006. En aquella ocasión le
correspondió a la Corte Constitucional pronunciarse sobre la demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 32 numerales 5, 6, 7 y 9 de la Ley 906
de 2004 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”. En las
consideraciones de la sentencia hizo la Corte un recuento de sus
pronunciamientos en la materia y manifestó lo siguiente: “Según la línea jurisprudencial recordada, (i) el
juzgamiento de altos funcionarios por la Corte Suprema de Justicia no desconoce
el debido proceso, porque obedece a las previsiones establecidas por el
legislador en desarrollo de lo estatuido en la propia [Constitución (Corte
Constitucional. Sentencias C-142 de 1993; C-561 de 1996; C-411 de 1997)]; y (ii) el Legislador goza de potestad de configuración (a) para definir
los cargos de los funcionarios que habrán de ser juzgados por la Corte Suprema
de Justicia (Corte Constitucional. Sentencias C-142 de 1993; C-561 de 1996;
C-411 de 1997; C-873 de 2003]; como quiera que el texto constitucional autorizó
expresamente al legislador para atribuir funciones a la Corte Suprema de
Justicia [Corte Constitucional. Sentencia C-873 de 2003]; (b) para distribuir
competencias entre los órganos judiciales (artículo 234, CP) [Corte
Constitucional. Sentencia C-561 de 1996]; (c) para establecer si los juicios
penales seguidos ante la Corte Suprema de Justicia serán de única o doble
instancia, dado que el principio
de la doble instancia no tiene un carácter absoluto, y el legislador puede
definir excepciones a ese principio [Corte Constitucional. Sentencia C-142 de
1993; C-411 de 1997; y (d) para definir los mecanismos a través de los cuales
se pueden corregir eventuales errores judiciales, como quiera que el legislador
puede establecer las acciones o recursos disponibles para impugnar decisiones
adversas o contrarias a derecho./ Adicionalmente, cabe destacar que el juzgamiento
de altos funcionarios por parte de la Corte Suprema de Justicia constituye la
máxima garantía del debido proceso visto integralmente por las siguientes
razones: (i) porque asegura el adelantamiento
de un juicio que corresponde a la jerarquía del funcionario, en razón a la
importancia de la institución a la cual éste pertenece, de sus
responsabilidades y de la trascendencia de su investidura. Por eso, la propia
Carta en el artículo 235 Superior indicó cuáles debían ser los altos
funcionarios del Estado que gozarían de este fuero; (ii) porque ese juicio se
adelanta ante un órgano plural, con conocimiento especializado en la materia,
integrado por profesionales que reúnen los requisitos para ser magistrados del
máximo órgano de la jurisdicción ordinaria; y (iii) porque ese juicio se
realiza ante el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, quien tiene a su
cargo la interpretación de la ley penal y asegurar el respeto de la misma a
través del recurso de casación. A
continuación, citó en extenso la sentencia C-040 de 2002. Concluyó que las
disposiciones demandadas debían ser declaradas exequibles.
[43] “ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela
para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública. / La protección consistirá en una orden para que
aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo.
El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez
competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para
su eventual revisión. / Esta acción solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. / En ningún caso
podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su
resolución. / La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela
procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público
o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de
quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.” Consultar,
entre otras, Corte Constitucional. Sentencias C-153 de 1995; C-040 de 2002;
C-046 de 2006; C-047 de 2006; C-474 de 2006.
[44] Corte Constitucional. Sentencia C-474 de 2006 con más
referencias.
[45] Ibíd.
Ver también Sentencia Corte
Constitucional. Sentencia C-153 de 1995.
[46] Corte Constitucional. Sentencia C-345 de
1993.
[47] Ibíd.
[48] Corte Constitucional. Sentencia C-280 de
1996.
[49] Corte Constitucional. Sentencia C-040 de
2002.
[50] Diario Oficial. Año CXXVI. N. 39205. 27 de febrero de
1990, p. 6.
[51] El artículo 38 determina, por su parte, que la
censura escrita y pública “se aplicará mediante la lectura de la decisión en
sala plena del Tribunal, y será fijada en lugar visible de los tribunales por
diez ( 10 ) días hábiles y publicada en la Revista de la Federación
Odontológica Colombiana o boletines seccionales. Copia de este acto debe ser
enviada al Ministerio de Salud.”
[52] En el artículo 39 se prevé, a su turno, que la
censura verbal y pública “se dará a conocer al infractor mediante la lectura
de la decisión ante la  Junta Seccional de la Federación Odontológica
Colombiana correspondiente, y la fijación de la misma en lugar visible de la
sede de  los Tribunales por diez (10) días hábiles y publicada en la Revista de
la Federación Odontológica Colombiana o en los boletines seccionales. Copia de
este acto debe ser enviada al Ministerio de Salud.”
[53] Ver, por ejemplo, Corte Constitucional.
Sentencias C-530 de 2003; C-1087 de 2005; C-393 de 2006.
[54] Así, por ejemplo, respecto de la manera como debía
interpretarse el principio de tipicidad dijo la Corte Constitucional en
sentencia C-393 de 2006: “[n]o sobra destacar, como ya lo ha hecho este
Tribunal en innumerables ocasiones, que aun cuando la tipicidad es
consustancial al derecho disciplinario, en éste no suele tener el mismo nivel
de exigencia y rigurosidad que sí presenta en el campo del derecho penal,
siendo entonces más flexible en el campo disciplinario que en el penal. La
jurisprudencia ha explicado este fenómeno, señalando que la diferencia proviene
de la misma naturaleza de las normas penales y disciplinarias; del tipo de
conductas materia de represión; de los bienes jurídicos que en uno y otro caso
son objeto de la tutela del Estado; de la propia finalidad de las sanciones a
imponer; y muy especialmente, del estilo que impera en el campo del derecho
disciplinario, de definir la tipicidad de la conducta a través de conceptos
indeterminados que suelen ser complementados con otras normas o criterios razonables.”
[55] Consultar, Corte Constitucional.
Sentencia C-537 de 2005 con más referencias.
[56] Ibíd.
[57] Ibíd.
[58] “La sanción consistente en la suspensión en el
ejercicio de la odontología es susceptible del recurso de reposición para ante
el Tribunal que la impuso, dentro de los quince días hábiles siguientes a la
fecha de su notificación, o del de apelación para ante el Tribunal Nacional
de Ética Odontológica dentro del mismo término.” (Negrillas fuera del
texto original).
[59] En aquella ocasión le correspondió a la Corte
Constitucional examinar la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo
134 ( parcial ) de la ley 600 de 2000. Este artículo regula lo referente a los
Apoderados Suplentes y establece: El defensor, el apoderado de la parte
civil y del tercero civilmente responsable podrán designar suplentes bajo su
responsabilidad, y éstos intervendrán en la actuación procesal a partir del
momento en que se presente al despacho el escrito que contenga su designación.
/ El nombramiento de suplente se entiende revocado cuando se designe a otra
persona para estos fines. Los apoderados principales y suplentes no
pueden actuar de manera simultánea. / Los apoderados principales y suplentes
podrán designar como auxiliares a estudiantes de derecho, para conocer y
enterarse de la actuación procesal. Estos auxiliares actuarán bajo la
responsabilidad de quien los designó y tendrán acceso al expediente,
entendiéndose comprometidos a guardar la reserva correspondiente si es el caso.
( … )” A la Corte Constitucional colombiana le correspondió verificar si lo
determinado en la disposición acusada “referente a la imposibilidad de que los apoderados
principales y suplentes no pueden actuar de manera simultánea al interior del
proceso penal, vulnera[ba] el derecho de defensa.”
[60] Corte Constitucional. Sentencia T-1263
de 2001.
[61] Ibíd.
[62] “ARTICULO 84º. La sanción consistente en la
suspensión en el ejercicio de la odontología es susceptible del recurso de
reposición para ante el Tribunal que la impuso, dentro de los quince días
hábiles siguientes a la fecha de su notificación, o del de apelación para ante
el Tribunal Nacional de Ética Odontológica dentro del mismo término.”/ARTICULO
85º. La sanción consistente en la suspensión de que trata el literal d. Del
artículo 79 sólo podrá ser impuesta por el Tribunal Nacional Ético –
Profesional y en su contra son procedentes los recursos de reposición para ante
el mismo Tribunal, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de
notificación de la sanción, o el subsidiario de apelación para el Ministerio de
Salud, dentro del mismo término.