T-370-20
Sentencia
T-370/20
Referencia: Expediente
T-7.608.624
Acción de tutela interpuesta
por Diana Sofía Nítola Vianchá, actuando en calidad de apoderada judicial de Raquel Lucía Pereira Suárez,
contra el periódico Boyacá Siete Días.
Magistrado Ponente:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de agosto de
dos mil veinte (2020)
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y los
Magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo y Alejandro Linares Cantillo, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y
especialmente de las atribuidas por el artículo 7º del decreto 2591 de 1991, ha
proferido el siguiente:
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
A.
LA
DEMANDA DE TUTELA
1. El 26 de junio de 2019, Diana Sofía Nítola Vianchá, actuando como
apoderada judicial de Raquel Lucía Pereira Suárez, interpuso acción de tutela
contra el periódico Boyacá Siete Días, por la presunta vulneración de los
derechos fundamentales de petición, debido proceso, igualdad, buen nombre,
honra y dignidad humana.
B.
HECHOS
RELEVANTES
2. El 29 de enero de
2013, Raquel Lucía Pereira fue agredida por su ex esposo Roy José Andrade
Becerra[1].
3. Tras ser capturado
en flagrancia, se inició un proceso penal en contra del señor Andrade Becerra,
en el cual se le imputó inicialmente por el delito de violencia intrafamiliar,
el cual fue posteriormente degradado a lesiones personales por parte de la
Fiscalía General de la Nación[2].
4. En audiencia del 11
de enero de 2018, el Juzgado Primero Penal Municipal de Tunja declaró culpable
al señor Andrade Becerra por el delito de lesiones personales, condenándolo a
una pena de 16 meses de prisión e inhabilidad para ejercer funciones públicas
por el mismo término, concediéndole la suspensión condicional de la ejecución
de la pena[3].
5. Posteriormente,
mediante sentencia del 3 de abril de 2019, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Tunja resolvió declarar la prescripción del proceso y ordenó cesar
todo procedimiento contra el señor Andrade Becerra[4].
6. Según la accionante,
el señor Oscar Fernando Díaz Rodríguez, abogado de Roy José Andrade Becerra, se
refirió a ella de manera irresponsable en la noticia publicada por el periódico
Boyacá Siete Días el 24 de mayo de 2019, y cuyo título era “Demandará a la
Fiscalía”[5].
7. Para la actora, en
la noticia antes referida: (i) se hacen “expresiones despectivas, falaces
sobre el estado del proceso legal al que se refieren, sobre la idoneidad de los
conceptos emitidos a nivel profesional por una institución como lo es Medicina
Legal”; (ii) el periodista y/o redactor no aplicó el principio de transparencia
y veracidad al publicar la noticia, toda vez que el señor Andrade Becerra no
fue absuelto por el delito de lesiones personales, sino que fue declarado
culpable en primera instancia y en segunda instancia se encontró que había
operado la prescripción por vencimiento de términos; y (iii) se indujo al
lector a concluir que la tutelante había manipulado o sesgado los informes
emitidos por la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal, cuando se
afirmó por parte del medio de comunicación que “de acuerdo con las pruebas,
la víctima habría inventado una lesión que le provocó fractura de muñeca”[6].
8. El 10 de junio de
2019, la Directora de la Casa de la Mujer de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia (en adelante, la “Casa de la Mujer”), Astrid
Castellanos Correcha, y la abogada voluntaria, Diana Sofía Nítola Vianchá,
presentaron una petición al periódico Boyacá Siete Días, manifestando estar
actuando “en pro de los derechos de Raquel Lucía Pereira Suárez” y
solicitando la rectificación de la noticia antes referida[7].
9. Como consecuencia de
dicha solicitud, el 19 de junio de 2019 el periódico Boyacá Siete Días publicó
una columna denominada “Carta al Lector”, en la que transcribió los
fundamentos fácticos que sustentaron la petición antes mencionada[8].
10. Tras considerar que
la petición no fue resuelta y que la información no fue rectificada, la
accionante interpuso la presente acción de tutela el 26 de junio de 2019,
mediante apoderada judicial, solicitando la protección de sus derechos
fundamentales de petición, debido proceso, igualdad,
buen nombre, honra y dignidad humana, y pidiendo que se ordene al periódico
demandado que corrija y se retracte de la información publicada. Asimismo, requirió
que se tasara la indemnización a título de daños y
perjuicios causados a la integridad de la tutelante por parte de la entidad
accionada. De manera subsidiaria, solicitó que: (i) se le compulsen copias por
faltas disciplinarias al abogado Oscar Fernando Díaz Rodríguez; y (ii) se
compulsen copias a la Fiscalía General de la Nación por los posibles delitos
y/o faltas cometidas por el periódico Boyacá Siete Días[9].
C.
RESPUESTA
DE LOS ACCIONADOS
11. Mediante auto del 2 de julio de 2019, el Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Oralidad de Tunja –Boyacá- resolvió admitir la demanda y vincular
al proceso a los señores Roy José Andrade Becerra y Oscar Fernando Díaz
Rodríguez[10].
12. A través de escrito presentado el 4 de julio de 2019, Oscar
Fernando Díaz Rodríguez solicitó no acceder a la petición principal de la
accionante, por considerar que la publicación en realidad es una rectificación
de la noticia del mismo periódico titulada “Por maltrato, cárcel a un
docente de la UPTC”, la cual fue publicada el 8 de septiembre de 2014[11].
Además, señaló que la noticia cuestionada en esta ocasión es un producto del
derecho de libre expresión y de la interpretación armónica y razonable de las
pruebas y decisiones tomadas dentro del proceso penal contra el señor Andrade
Becerra. Por último, pidió negar la pretensión subsidiaria, por carecer de
sustento probatorio[12].
13. Por medio de escrito presentado el 4 de julio de 2019, Roy José
Andrade Becerra se opuso a los hechos y consideró que la noticia que dio origen
a la presente acción de tutela es una rectificación de la noticia publicada por
el mismo periódico el 8 de septiembre de 2014. En vista de lo anterior,
consideró que no se debían tutelar los derechos de la accionante, pues cuanto
se pretende revivir el proceso y desconocer la decisión judicial que dio fin a
las actuaciones en su contra[13].
14. Mediante escrito presentado el 4 de julio de 2019, José Ricardo
Bautista Pamplona, actuando en calidad de representante legal del periódico
Boyacá Siete Días, consideró que el periódico en ningún momento vulneró los
derechos fundamentales de la accionante. Al respecto, manifestó que con la
publicación efectuada el 19 de junio de 2019 se le permitió a la accionante
expresarse frente a los hechos, garantizándole el derecho a la igualdad y a la
libre expresión. Sumado a esto, tras destacar la diferencia entre el derecho a
la libre expresión y el derecho a la información, señalo que la nota publicada
el 24 de mayo de 2019 es una manifestación del derecho a la libertad de
expresión del señor Roy José Andrade Becerra y no contiene aseveraciones del
equipo periodístico de Boyacá Siete Días, por lo que no puede concluirse que el
periódico haya vulnerado los derechos fundamentales invocados[14].
D.
DECISIONES
JUDICIALES EN
EL TRÁMITE DE TUTELA
Sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Tunja
15. Por medio de sentencia proferida el 15 de julio de 2019, el
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Tunja consideró que el
periódico Boyacá Siete Días y el señor Oscar Fernando Díaz Rodríguez habían
vulnerado los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre de la
accionante. En consecuencia, ordenó que, dentro de los 8 días siguientes a la
notificación de la providencia, tanto el accionado como el vinculado publicaran
en el mismo espacio una retractación de las afirmaciones realizadas en el
artículo “Demandará a la Fiscalía”. Por otra
parte, negó las pretensiones subsidiarias por considerar que desnaturalizaban
la acción de tutela, señalando que la accionante podía acudir a los medios
ordinarios para ventilar sus solicitudes[15].
16. Mediante oficio radicado ante el Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Oralidad de Tunja el 17 de julio de 2019, Oscar Fernando Díaz
Rodríguez allegó copia de la solicitud de publicación de la rectificación
ordenada por la sentencia de primera instancia, la cual fue radicada en la misma
fecha ante el periódico Boyacá Siete Días. Se observa que el vinculado solicitó
que se publicara lo siguiente:
“Rectifico que en el desarrollo del juicio adelantado en contra
del señor ROY JOSE ANDRADE, no se logró probar la incapacidad de 55 días y
fractura de muñeca de la señora RAQUEL LUCIA PEREIRA SUAREZ, tal y como fue
publicado el 8 de septiembre de 2014 por el Boyacá 7 días, sino únicamente una
incapacidad de 15 días sin secuelas, por lo que se varió la calificación
jurídica del delito de Violencia intrafamiliar agravada en concurso homogéneo y
sucesivo con tres circunstancias mayor punibilidad, por el que fue imputado, al
delito de lesiones personales, por el que se le pidió condena, proceso en donde
operó el fenómeno jurídico de la prescripción antes de que se dictara sentencia
en firme. En segundo lugar rectifico que nunca pretendí señalar que la señora
RAQUEL LUCIA PEREIRA SUAREZ, había inventado las lesiones sufridas, sino que la
incapacidad de 55 días que dictaminó medicina legal y la fractura en el brazo
izquierdo se desvirtuaron en atención a que no se aportaron ni a medicina legal
ni al proceso penal, las imágenes diagnósticas de las lesiones que se
reclamaban, pese a que los resultados fueron entregados a la presunta víctima”[16].
Impugnación
17.
La decisión de primera instancia fue impugnada el 19 de julio de
2019 por José Ricardo Bautista Pamplona, actuando como representante legal del
periódico Boyacá Siete Días. Al respecto, consideró que la publicación
realizada por el periódico no corresponde a hechos falsos ni a publicaciones
con las que se pretenda vulnerar los derechos de la accionante, sino que
responde a una labor informativa e investigativa en condiciones de
imparcialidad y veracidad. En consecuencia, solicitó que no se impartiera orden
de rectificación contra el periódico, por cuanto la publicación cuestionada
corresponde a manifestaciones hechas tanto por el señor Roy José Andrade
Becerra, como por su apoderado Oscar Fernando Díaz Rodríguez. En esa medida, destacó
que el periódico Boyacá Siete Días estaba garantizando la libertad de expresión,
al difundir una noticia cuya información provenía de un tercero[17].
18. El 25 de julio de 2019, Oscar Fernando Díaz Rodríguez puso en
conocimiento la respuesta recibida por el periódico Boyacá Siete Días a su
solicitud de publicación de la rectificación ordenada, en la que se le adjunta
la cotización indicando el valor por concepto de la publicación solicitada.
Ante esto, el vinculado le contestó al periódico que: (i) la publicación
realizada el 24 de mayo de 2019 no fue a solicitud suya, sino que consistió en
una rectificación de la noticia publicada el 8 de septiembre de 2014; (ii) el
artículo publicado nunca fue puesto en su conocimiento ni se le preguntó si lo
autorizaba; y (iii) desde el 17 de julio de 2019 solicitó una copia de la
grabación de la totalidad de la entrevista con el fin de verificar las frases
citadas por el periódico, sin obtener respuesta alguna[18].
19. En la edición del 25 de julio de 2019, el Periódico Boyacá Siete
Días publicó el siguiente artículo, titulado nuevamente “Demandará a la
Fiscalía”:
“En cumplimiento del fallo de la
tutela 2019-000172-00 de fecha 15 de julio de 2019, emitido por el Juzgado
Tercero Civil de Oralidad, cuya orden se comunicó mediante oficio 1421 de fecha
15 de julio de 2019, realiza la siguiente publicación a través de la cual se
retracta de la nota publicada el viernes 24 de mayo de 2019, la cual quedará
bajo el siguiente tenor:
“En el año 2018, el juzgado primero Penal
Municipal, condenó al docente de la Uptc Roy José Andrade a 16 meses de cárcel,
por lesiones personales a su exesposa, Raquel Pereira, en el año 2013. ‘La
víctima se lesionó lo que le convenía, logró conseguir un dictamen médico y lo
entregó a Medicina Legal, por lo que se le dio a ella una incapacidad de 15
días’, dijo el apoderado de Roy Andrade. ‘La imputación de la que fue objeto no
correspondía a la realidad de los hechos’, aseguró Oscar Díaz.
“Esta situación me arruinó la vida, perdí
muchas oportunidades como docente”, dijo el profesor Roy José Andrade, quien
además agregó: ‘voy a demandar a la fiscalía por no decir la verdad y por no
tener pruebas’. El tribunal Superior ordenó cesar todo procedimiento contra el
docente”[19].
Sentencia
proferida por la Sala Mixta del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Tunja
20. Mediante sentencia proferida el 14 de agosto de 2019, la Sala
Mixta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja decidió revocar la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarar improcedente la acción
de tutela. El Tribunal consideró que la señora Raquel Lucía Pereira Suárez no
había presentado de manera directa la solicitud de rectificación y corrección de
la noticia, por lo que no había cumplido con el requisito previo de
procedencia. Al respecto, aclaró que no resulta de recibo que otras personas
pretendan abrogarse esa diligencia, pues de hacerlo tendría que acreditarse una
situación excepcional que ameritara que la persona directamente afectada no
pudiera obrar. Así las cosas, concluyó que en este caso no puede predicarse que
la Directora de la Casa de la Mujer y la abogada Sofía Nítola Vianchá tuvieran
legitimidad para presentar tal solicitud a nombre de la accionante[20].
21. En vista de esta decisión, el 3 de septiembre de 2019 el periódico
Boyacá Siete Días publicó la noticia titulada “Niegan
Tutela contra Boyacá Siete Días” en donde reprodujo los argumentos por los
cuales fue declarada improcedente la acción de tutela[21].
E.
ACTUACIONES
ADELANTADAS ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL
22. Mediante escrito presentado el 13 de septiembre de 2019, Diana
Sofía Nítola Vianchá, en su calidad de apoderada de Raquel Lucia Pereira Suarez,
solicitó a la Corte Constitucional la selección del presente caso para su
revisión[22].
23. Por medio de auto del 18 de octubre de 2019, la Sala de Selección
de Tutelas de la Corte Constitucional dispuso la selección para revisión del
expediente T-7.608.624, correspondiéndole esta labor al Magistrado Alejandro
Linares Cantillo[23].
24. Mediante
auto del 4 de febrero de 2020[24], el
Magistrado sustanciador solicitó pruebas a Raquel Lucía Pereira Suárez[25], a la Directora
de la Casa de la Mujer[26]
y al representante legal del periódico Boyacá Siete Días[27].
Información
allegada por la accionante, Raquel Lucía Pereira Suárez, y la Casa de la Mujer
25. Por
medio de Oficio recibido en Secretaría General de la Corte el 7 de febrero
de 2020, Diana Sofía Nítola Vianchá, apoderada judicial de la accionante y
miembro de la Casa de la Mujer, dio contestación a la solicitud de información
formulada por el Magistrado sustanciador[28]. Para esto, adjuntó un CD que contiene el Oficio DCM-0017, en el que se relatan
los hechos del caso y se manifiesta que la accionante acudió a la Casa de la
Mujer en 2019 con el fin de obtener asesoría psicológica y jurídica como
consecuencia de las situaciones de violencia ejercidas por el señor Roy José
Andrade Becerra.
Asimismo,
adjuntó varios documentos entre los que se encuentran: (i) informe psicológico
de la accionante, con fecha del 19 de marzo de 2019, suscrito por la Directora
de la Casa de la Mujer, Astrid Castellanos Correcha y la psicóloga, Laura
Patricia Zabala; (ii) carta de consentimiento para proceso de evaluación y
posible intervención terapéutica con fecha del 20 de marzo de 2019, firmada por
la accionante, Raquel Lucía Pereira Suárez; (iii) copia de la solicitud de
rectificación con fecha del 6 de junio de 2019, presentada por la Casa de la
Mujer ante el Periódico Boyacá Siete Días; (iv) copia de la solicitud de
rectificación con fecha del 6 de junio de 2019, presentada por la Casa de la
Mujer ante el Periódico Extra Boyacá[29];
y (v) copia del incidente de desacato interpuesto el 16 de septiembre de 2019, dentro
del proceso de tutela No. 2019 00128-00, entre Raquel Lucía Pereira Suárez y el
Periódico Extra Boyacá[30].
Información
allegada por el Periódico Boyacá Siete Días
26. Mediante Oficio presentado por el representante legal del
periódico Boyacá Siete Días, José Ricardo Bautista Pamplona, el cual fue recibido
en Secretaría General de la Corte el 11 de febrero de 2020, se dio respuesta a la
solicitud de información formulada por el Magistrado sustanciador[31].
El
representante legal del periódico accionado señaló que, con la publicación en
la sección “Carta al Lector” realizada el 19 de junio de 2019, se
atendió la solicitud de rectificación interpuesta por la Directora de la Casa
de la Mujer. Agregó que, acatando la decisión del Juzgado Tercero Civil de
Oralidad de Tunja, mediante publicación del 25 de julio de 2019 el periódico se
retractó de la nota publicada el 24 de mayo de 2019 y, en su lugar, publicó la
nota bajo el título “Demandará a la Fiscalía”, cuyo texto da estricto
cumplimiento al fallo de tutela de primera instancia[32]. Por
último, puso de presente que, en atención a lo dispuesto en el fallo de segunda
instancia, el periódico Boyacá Siete Días realizó una publicación con fecha del
3 de septiembre de 2019, a través de la cual informó sobre esta decisión y las
razones por las cuales el Tribunal de Boyacá había revocado la sentencia de
primera instancia[33].
27.  Por medio de auto del 20 de febrero de 2020, la Sala Cuarta de
Revisión de esta Corte: (i) reiteró la solicitud de pruebas tanto a la
accionante[34],
como a la Casa de la Mujer[35];
y (ii) resolvió suspender los términos del proceso por 1 mes[36].
28. Mediante Oficio recibido en la Secretaría General de esta Corte el
24 de febrero de 2020, la Casa de la Mujer manifestó que en el 2019 la
accionante acudió a esa entidad con el fin de obtener asesoría psicológica y
jurídica. Señaló que, al ingresar a la institución, además del consentimiento
informado para la atención psicológica, se firmó la correspondiente
autorización para adelantar los procedimientos legales respectivos[37]. Para
sustentar lo anterior, se aportó el documento titulado “Autorización
Procedimientos Legales”, en el que la accionante autoriza a “iniciar y
adelantar los procesos legales a que haya lugar”. El documento, con fecha
del 20 de marzo de 2019, se encuentra suscrito por Raquel Lucia Pereira Suárez
y Diana Sofía Nítola Vianchá[38].
Suspensión
de términos judiciales
29. En cumplimiento de las medidas
adoptadas por el Gobierno Nacional y por el Consejo Superior de la Judicatura,
mediante los Acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11519,
PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11527, PCSJA20-11528, PCSJA20-11529, PCSJA20-11532,
PCSJA20-11546, PCSJA20-11549, PCSJA20-11556, PCSJA20-11567 y PCSJA20-11581,
adoptados con ocasión de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia que
afectaba a Colombia, los términos de los asuntos de tutela fueron suspendidos
entre el 16 de marzo y el 30 de julio de 2020. Igualmente,
por tratarse de vacancia judicial en semana santa, durante los días 4 a 12 de
abril de 2020, los términos judiciales tampoco corrieron.
II.
CONSIDERACIONES
A.
COMPETENCIA
30. Esta Sala de Revisión es
competente para conocer de esta acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política,
los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, así como en virtud del auto del
18 de octubre de 2019, expedido por la Sala de Selección de esta Corte, que
decidió someter a revisión la decisión adoptada por los jueces de instancia.
B.
CUESTIONES
PREVIAS – PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA EL PERIÓDICO BOYACÁ SIETE DÍAS
31. Antes de entrar a analizar
el fondo del asunto, esta Sala deberá ocuparse de verificar el cumplimiento de
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
los artículos concordantes del Decreto 2591 de 1991. En esa medida, a
continuación, se realizará un estudio en el caso concreto de la procedencia de
la acción de tutela, acreditando (i) la legitimación por activa; (ii) la
legitimación por pasiva; (iii) la inmediatez; y (iv) la subsidiariedad.
Procedencia de la acción de tutela –
Caso concreto
32. Legitimación por activa: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991[39],
la Corte Constitucional ha concretado las opciones del ejercicio de la acción
de tutela, para el que existe la posibilidad “(i) del ejercicio directo, es
decir, quién interpone la acción de tutela es a quien se le está vulnerando el
derecho fundamental; (ii) por medio de representantes legales, como en el caso
de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas
jurídicas; (iii) por medio de apoderado judicial, caso en el cual el
apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de acción
se debe anexar el poder especial para el caso o, en su defecto, el poder
general respectivo; y (iv) por medio de agente oficioso” (negrillas
fuera de texto original)[40].
33. Tratándose de la presentación de
la acción de tutela mediante apoderado judicial, esta Corte ha señalado que
debe tratarse de “un abogado debidamente inscrito que actúa en virtud de un poder
especial o, en su defecto un poder general, que le ha concedido el titular de
los derechos para interponer la acción de tutela específicamente”[41].
34. En el presente caso, se observa
que la acción de tutela fue presentada por Diana Sofía Nítola Vianchá, actuando
en calidad de apoderada judicial de la accionante. De las pruebas que obran en
el expediente, es posible verificar que la señora Nítola Vianchá es una abogada
debidamente inscrita[42],
quien actúa en virtud del poder especial otorgado por la señora Raquel Lucía
Pereira Suárez para presentar la acción de tutela que aquí se estudia[43]. En virtud de lo anterior, esta Sala
considera que se encuentra debidamente acreditado el requisito de legitimación
en la causa por activa.
35. Legitimación por pasiva: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución, así como en el artículo 5[44]
del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela
procede contra cualquier acción u omisión: (i) de las autoridades públicas que
hayan violado, violen o amenacen con violar un derecho fundamental; y (ii) de
los particulares, que se encuentren en los supuestos establecidos por la misma
norma. En desarrollo de esto último, el artículo 42 del mismo Decreto dispone
que la acción de tutela resulta procedente “[c]uando se solicite
rectificación de informaciones inexactas o erróneas”[45], mientras que el numeral 9º del
mismo artículo señala que procederá cuando la solicitud sea para tutelar los
derechos de “quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión
respecto del particular contra el cual se interpuso la acción”.
36. Esta Corte ha destacado que el estado de
indefensión, por ejemplo, se puede presentar en la relación que existe entre el
medio de comunicación y la persona involucrada en la noticia que este divulga[46]. Lo anterior, en razón a que “la
actividad informativa que desempeñan este tipo de organizaciones, además de
tener un gran alcance, en tanto llevan su mensaje a diversos sectores de la
sociedad, también tiene el poder de impacto social, comoquiera que puede
influir o generar determinada opinión en el conglomerado”[47]. Asimismo, ha señalado que esta
situación de indefensión no requiere ser probada, precisamente, por el poder de
divulgación que ostentan los medios de comunicación[48].
37. En el caso bajo
estudio, se encuentra que el demandado es el periódico Boyacá Siete Días, un
medio de comunicación con circulación en el departamento de Boyacá, sobre el
que se solicita la rectificación de una nota publicada. Sumado a esto, se
evidencia que la accionante no tiene control alguno sobre la información que
decida publicar este medio, colocándola en circunstancia de indefensión frente
al accionado. Por esta razón, la Sala considera que se encuentra satisfecho el
requisito de legitimación en la causa por pasiva.
38. Inmediatez: Según la jurisprudencia de esta Corte, a pesar de no
existir un término de caducidad para acudir a la acción de tutela, ésta debe
presentarse en un término prudente y razonable después de ocurrir los hechos
que motivan la afectación o amenaza de los derechos[49]. De este
modo, ha dicho este Tribunal que la relación de inmediatez entre la solicitud
de amparo y el hecho vulnerador de los derechos fundamentales debe evaluarse en
cada caso concreto, atendiendo a los principios de razonabilidad y
proporcionalidad[50].
39. En el presente caso se observa
que: (i) la noticia que presuntamente vulneró los derechos fundamentales de la
accionante fue publicada el 24 de mayo de 2019; (ii) el 10 de junio de 2019, la
Directora de la Casa de la Mujer y la abogada voluntaria Diana Sofía Nítola
Vianchá, elevaron una petición al periódico Boyacá Siete Días, solicitando la
rectificación de la noticia antes referida; (iii) el 19 de junio de 2019 el
periódico Boyacá Siete Días publicó una columna en la que transcribió los
fundamentos fácticos que sustentaron la petición antes mencionada; y (iv) el 26
de junio de 2019 se decidió interponer la acción de tutela que acá se estudia.
40. De manera particular, se observa
que el lapso de tiempo transcurrido entre todas estas actuaciones es razonable,
habiendo pasado un (1) mes y dos (2) días desde la publicación de la noticia y
el momento en el que se interpuso la acción de tutela. Igualmente, entre la
fecha de la solicitud de rectificación y la publicación en la columna del 19 de
junio de 2019, transcurrieron escasos días para la interposición de la acción
de tutela. En esa medida, tras comprobarse el cumplimiento del criterio de
proporcionalidad exigido por la jurisprudencia constitucional, esta Sala
considera que se encuentra debidamente acreditado el requisito de inmediatez
dentro del presente caso.
41. Subsidiariedad de la acción
de tutela: En
virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, los
artículos concordantes del Decreto 2591 de 1991 y la reiterada jurisprudencia
constitucional sobre la materia[51], la acción de
tutela tiene un carácter residual y subsidiario. Por lo anterior, solo procede
como mecanismo de protección definitivo (i) cuando el presunto afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial; o (ii) cuando existiendo ese
medio, carezca de idoneidad o eficacia para proteger de forma adecuada,
oportuna e integral los derechos fundamentales, a la luz de las circunstancias
del caso concreto. Además, procederá como mecanismo transitorio (iii) cuando
se interponga para evitar la consumación de un perjuicio irremediable en un
derecho fundamental.
42. En
relación con la posible vulneración a los derechos fundamentales a la honra y
el buen nombre, esta Corte ha considerado que la acción de tutela es procedente
incluso en aquellos casos en los que fuese procedente la acción penal ante la
eventual configuración de los delitos de injuria y calumnia, dada su disímil
naturaleza, objetos de protección y fines. Esto, por cuanto la acción de tutela
proporciona una protección “más amplia y comprensiva”[52],
con el propósito de evitar “que los efectos de una eventual difamación sigan
expandiéndose y prolongándose en el tiempo como acontecimientos reales y
fidedignos”[53].
En este tipo de asuntos, el objeto y las finalidades de esta acción se limitan
a constatar si, en el caso concreto, se amenazan o vulneran los derechos
fundamentales a la honra y al buen nombre y, de acreditarse, adoptar los remedios
judiciales necesarios para que cese tal situación, como, por ejemplo, la
rectificación de la información inexacta o errónea.
43. En
el presente caso se observa que, de manera principal, la accionante busca que
la parte accionada se retracte y corrija la información publicada en la noticia
“Demandará a la Fiscalía”. Lo anterior, por cuanto considera que la
información allí contenida no es veraz, y con ella se han vulnerado sus
derechos fundamentales. Estas pretensiones, en efecto, resultan afines con el
objeto, alcance y finalidad de la acción de tutela y se enmarcan expresamente
en uno de los supuestos de procedencia en contra de particulares, tal como lo
dispone el numeral 7º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. Por lo tanto,
en el caso concreto, la existencia de la acción penal no desplaza ni torna
improcedente la presente solicitud de amparo.
44. Ahora
bien, respecto de las demás pretensiones, la Sala considera que se trata de
asuntos que desbordan la competencia del juez constitucional, para los cuales
la accionante puede acudir a los medios ordinarios de defensa judicial para
ventilar sus solicitudes y, por ejemplo, solicitar una indemnización a título
de daños o perjuicios. En consecuencia, la Corte no se pronunciará de fondo
sobre las demás pretensiones de la demanda, sino únicamente sobre la solicitud
de rectificación de la información publicada, frente a una potencial
vulneración de los derechos fundamentales al derecho de petición, debido
proceso, la honra y al buen nombre de la accionante, así como al principio de
dignidad humana.
45. Por otra
parte, debe tenerse en cuenta que el numeral 7º del artículo 42 del Decreto
2591 de 1991 establece que, cuando la acción de tutela se interpone contra un
particular solicitando la rectificación de informaciones inexactas o erróneas, “se
deberá anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y
de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren
la eficacia de la misma”.
46. En el caso bajo estudio
se observa que, el 10 de junio de 2019, la Directora de la Casa de la Mujer y
la abogada Diana Sofía Nítola Vianchá presentaron una petición ante el
periódico Boyacá Siete Días, manifestando estar actuado “en pro de los
derechos de Raquel Lucía Pereira Suárez” y solicitando la rectificación de
la noticia publicada por ese medio el 24 de mayo de 2019. Con lo anterior,
según la accionante, se dio cumplimiento al requisito de solicitud de
rectificación previa, según lo exigido por la ley.
47. Sin perjuicio de esto, mediante
la sentencia proferida el 14 de agosto de 2019, la Sala Mixta del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Tunja, actuando como juez de segunda instancia
dentro del presente caso, consideró que no se había cumplido con el requisito previo de solicitud de
rectificación, por cuanto esta no había sido presentado directamente Raquel
Lucía Pereira Suárez, y no podía entenderse que quienes la habían presentado
tuvieran legitimidad para actuar a nombre de la accionante.
48. Al respecto, esta Sala considera
necesario aclarar que el numeral 7º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 no
exige que la solicitud de rectificación sea presentada directamente por la
persona afectada. En esa medida, no le es dado al juez constitucional crear una
exigencia adicional y no prevista por el Legislador, que endurezca la procedencia
de una acción informal como lo es la acción de tutela, en casos en los que se
solicita la rectificación de información inexacta o errónea. En efecto, una
lectura armónica del numeral 7º del artículo 42 y del principio de
informalidad, permite concluir que la solicitud de rectificación presentada por
aquel que represente o agencie los derechos de la persona afectada es admisible.
49. Teniendo en cuenta lo
anterior, la Sala observa que, según los documentos aportados en sede de
revisión, la accionante acudió a la Casa de la Mujer con el fin de obtener
asesoría psicológica y jurídica por parte de esa entidad, suscribiendo una
autorización para adelantar cualquier procedimiento legal al que hubiere lugar[54]. En consecuencia, es posible
concluir que la señora Astrid Castellanos Correcha, Directora de la Casa de la
Mujer, y la abogada Diana Sofía Nítola Vianchá, vinculada a esa entidad y quien
suscribió la autorización antes mencionada, se encontraban facultadas –por la
voluntad expresa de la accionante– para presentar la solicitud de rectificación
previa en su nombre, ante el periódico Boyacá Siete Días. Por tal motivo, la
Corte considera que se encuentra acreditada la exigencia prevista en el numeral
7º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 y, de manera más general, el
requisito de subsidiariedad en el caso concreto.
50. En vista de lo
expuesto hasta ahora, se concluye que en la presente ocasión se cumplen los
requisitos de procedencia de la acción de tutela y la Sala continuará con el
estudio de fondo del caso.
C.
PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMA JURÍDICO, MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN
51. De conformidad con los hechos
expuestos en la Sección I anterior de esta sentencia, le corresponde a la Sala
analizar si el periódico
accionado, Boyacá Siete Días, vulneró los derechos fundamentales de petición,
debido proceso, igualdad, buen nombre, honra y el principio de dignidad humana
de Raquel Lucía Pereira Suárez, al no rectificar la información contenida en la
noticia del 24 de mayo de 2019 titulada “Demandará a la Fiscalía”.
52. Para resolver lo anterior, se
procederá a analizar (i) las libertades de expresión, de
opinión, de información y de prensa; (ii) los derechos fundamentales a la
honra y al buen nombre; (iii) el derecho fundamental a la rectificación en
condiciones de equidad; (iv) la violencia contra la mujer y la administración
de justicia en perspectiva de género; y, con fundamento en las anteriores
reglas, se procederá a resolver (v) el caso concreto.
D.
LAS
LIBERTADES DE EXPRESIÓN, DE OPINIÓN, DE INFORMACIÓN Y DE PRENSA. REITERACIÓN DE
JURISPRUDENCIA
53. El artículo 20 de
la Constitución Política establece que “[s]e garantiza a toda persona la
libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y
recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de
comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se
garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá
censura”.
54. Del artículo
anteriormente citado se desprende el fundamento del derecho que tiene toda
persona de expresar y difundir sus opiniones, ideas, pensamientos, narrar
hechos, noticias, y todo aquello que considere relevante. A su vez, allí se encuentra
el fundamento del derecho de todos a recibir información veraz e imparcial, lo
que, en consecuencia, conlleva la posibilidad de crear medios de comunicación
que tengan por objeto transmitir al público hechos y noticias de interés
general[55].
55. Dentro de las
múltiples garantías independientes que protege la libertad de expresión, hay
dos relevantes para el caso que acá se estudia: (i) el primero, se refiere al
derecho que tiene toda persona a expresar y difundir sus pensamientos,
opiniones e ideas mediante cualquier medio sin ser perturbado, a lo que se le
denomina libertad de opinión; y (ii) el segundo, es el
derecho de información, que implica no solo la facultad de informar y recibir
información veraz e imparcial, sino además, de fundar medios de comunicación, a
no ser censurado por sus manifestaciones y a la rectificación en condiciones de
equidad[56], denominado libertad
de información[57].
56. Esta Corte ha sido enfática en
señalar que la libertad de expresión “ocupa un lugar preferente en el ordenamiento
constitucional colombiano, no sólo por cuanto juega un papel esencial en el
desarrollo de la autonomía y libertad de las personas (CP art. 16) y en el
desarrollo del conocimiento y la cultura (CP art. 71) sino, además, porque
constituye un elemento estructural básico para la existencia de una verdadera
democracia participativa”[58]. El carácter preferente de la libertad de
expresión, como garantía constitucional, se refuerza con cuatro presunciones:
(i) la presunción de cobertura de toda expresión dentro del ámbito de
protección constitucional; (ii) la sospecha de inconstitucionalidad respecto de cualquier
limitación o regulación estatal; (iii) la presunción de primacía de la
libertad de expresión sobre otros derechos, valores o intereses constitucionales
con los que pueda llegar a entrar en conflicto; y (iv) la prohibición de la censura en tanto
presunción imbatible, que permite decir, en principio, que los
controles al contenido de las expresiones son una modalidad de censura[59].
57. Sin perjuicio de esto, ha
destacado que no se trata de un derecho absoluto, sino que encuentra distintos
límites que buscan proteger el “interés de terceros o de la comunidad en su
conjunto”[60], así como garantizar el
respeto por los derechos fundamentales.
58. La libertad
de opinión, por una parte, ampara la garantía de expresar y comunicar asuntos
del fuero personal interno[61], cuya materialización “comprende la manifestación tanto
de señalamientos positivos, como de opiniones negativas sobre las personas o
sus actuaciones”[62].
59. Por otro
lado, la libertad de información ha sido definida como un “derecho complejo”[63], el cual comprende cuatro ámbitos de protección: (i) el
acceso a la información en poder del Estado o de particulares que presten
funciones públicas; (ii) el derecho a informar, comunicar, difundir, emitir o
transmitir información, frente al cual no procede la censura; (iii) el derecho
a ser informado o a recibir información veraz e imparcial; y (iv) el derecho a
informarse por sí mismo, esto es, “la libertad de buscar o investigar
información sobre hechos, ideas y opiniones de toda índole”[64].
60. La
libertad de prensa, como una expresión de la libertad de información, ha sido
entendida como la posibilidad que tiene toda persona de difundir información y
opiniones a través de medios masivos de comunicación, sean tradicionales o
modernos, así como el derecho a fundar y mantener en funcionamiento tales
medios[65]. Al
ser una manifestación de la libertad de expresión, así como un elemento
esencial para la existencia de la democracia[66], la libertad de prensa goza de un estatus de prevalencia
frente a otros derechos, e impone a quien la ejerce una responsabilidad social
que tiene diferentes connotaciones. En esa medida, en relación con la
trasmisión de información sobre hechos, los medios están particularmente
sujetos, entre otros, a los parámetros de: (i) veracidad e imparcialidad; (ii)
distinción entre informaciones y opiniones; y (iii) garantía del derecho de
rectificación[67].
61. Los
principios de veracidad e imparcialidad constituyen, por un lado, un límite
para quien ejerce como medio de comunicación y, por otro, una garantía para los
receptores de la información[68]. En cuanto a su contenido y alcance, la Corte
ha señalado que, en virtud del principio de veracidad, (i) la
información no sólo tiene que ver con el hecho de que no sea falsa o errónea,
sino también con que (ii) no sea equívoca[69], esto es, que no se base en “invenciones,
rumores o meras malas intenciones”[70] o que no induzca “a error o confusión al
receptor”[71]. Igualmente, se ha considerado inexacta la
información, y por ende violatoria del principio de veracidad, cuando (iii) es
presentada como un hecho cierto e indiscutible, correspondiendo en realidad a
un juicio de valor o a una opinión del emisor, o cuando los hechos de carácter
fáctico que enuncia no pueden ser verificados[72]. Por otro lado, en lo que respecta al principio
de imparcialidad, esta Corte ha determinado que, además de constituir un
límite a la libertad de información y, por consiguiente, a la libertad de
prensa, es una exigencia ligada únicamente “al derecho del público a
formarse libremente una opinión, esto es, a no recibir una versión unilateral,
acabada y "pre-valorada" de los hechos que le impida deliberar y
tomar posiciones a partir de puntos de vista contrarios, expuestos
objetivamente”[73].
62. En adición a lo anterior, la jurisprudencia de esta Corte
ha determinado que el medio de comunicación, por la responsabilidad social que
le asiste, tiene la obligación de suministrar información veraz e imparcial que,
a su vez, garantice la formación de una opinión pública libre de intereses
particulares, respete los derechos fundamentales de la persona que es objeto de
la información y reivindique el ejercicio de la actividad periodística[74]. En esa medida, es posible que,
debido al poder de impacto de los medios de comunicación, la divulgación de una
noticia falsa, inexacta, errada o parcializada, no solo distorsione el objeto
de la libertad de prensa, sino que también genere daños importantes en los
derechos al buen nombre y a la honra de la persona sobre la que versa la
información. Por lo anterior, resulta necesario definir el alcance de estos
derechos, tal como se verá a continuación.
E.
LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE. REITERACIÓN DE
JURISPRUDENCIA
63. El artículo 15 de la Constitución
reconoce el derecho que tiene toda persona a su buen nombre. Al Estado, según
esta disposición, le corresponde “respetarlo y hacerlo respetar”. Esta
Corte ha considerado que, con este derecho, se buscar proteger
que lo que se exprese sobre alguien corresponda a la realidad de su actuar
social[75]. En
otras palabras, es el derecho a que el concepto sobre una persona se consolide
según su comportamiento social, honestidad, decoro o profesionalismo[76]. En esta línea, el derecho al buen nombre es “la
reputación o la imagen que de una persona tienen los demás miembros de la comunidad
y además constituye el derecho a que no se presenten expresiones ofensivas,
oprobiosas, denigrantes, falsas o tendenciosas que generen detrimento de su
buen crédito o la pérdida del respeto de su imagen personal”[77].
64. Si bien el
buen nombre reconoce las “virtudes” que una persona ha mostrado socialmente, la
Constitución no garantiza un buen nombre per se, porque (i) no es un
derecho gratuito[78]; y (ii)
exige el mérito de la conducta intachable y, en esa medida, es un derecho cuya
protección se construye con base en la actuación de su titular. Para esta Corte, se vulnera el buen nombre cuando se
difunde información falsa o errónea con el ánimo de distorsionar el concepto
público de la persona[79].
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional también ha reconocido que no es
posible reclamar la protección de este derecho cuando el comportamiento de la
persona no le permite al resto de la sociedad considerarla como digno de
una “buena estima social”[80].
65. El derecho al buen nombre guarda
una relación con el derecho a la honra, a pesar de que se trata de dos
garantías con contenido diferente. De allí que, en muchos casos, la vulneración
de uno implique la trasgresión del otro.
66. El derecho a la honra, establecido en el artículo 21 de la
Constitución, protege, por un lado, la estimación que el
individuo hace de sí mismo, y por el otro, el reconocimiento que la sociedad
debe hacer del individuo, por el simple hecho de ser persona[81]. El reconocimiento objetivo opera en dos direcciones
(personal y social) y al estar ligado al valor como persona, está vinculado con
la dignidad humana (por esa razón se habla de que la honra es un derecho de
valor)[82]. En ese sentido, cómo valor propio,
involucra las conductas más íntimas, distintas
a aquellas cubiertas por la intimidad personal y familiar. De ahí su estrecha
relación con la noción de dignidad humana.
67. La protección de la honra exige analizar si el sujeto, como primer obligado
respecto de la protección de sus derechos, realizó el más severo cumplimiento
de sus deberes respecto del prójimo y respecto de sí mismo[83]. Se diferencia del honor –que no es un derecho dentro del
ordenamiento jurídico colombiano– pues éste es un concepto
o sentimiento interno y subjetivo que se refiere a la conciencia del propio
valor, independientemente de la opinión ajena[84]. Ahora bien, no hay afectación al derecho “si es la misma
persona la que con sus acciones lo está pisoteando y por consiguiente perdiendo
el prestigio que hubiera conservado”[85]. Ante casos de violación de este derecho, corresponde al
juez constitucional analizar conjuntamente el reconocimiento social, como bien
jurídico protegido, desde la afectación a las perspectivas interna y externa[86].
68. De manera general, tanto el derecho al buen nombre como el derecho a la honra
son consecuencia de las acciones del individuo, bien porque en virtud de éstas
goce de respeto y admiración, o porque carezca de tal estima. Ambos derechos, sin embargo, difieren en la esfera en la
que se proyectan: el primero, en la social, y el segundo, en la personal. Por
lo tanto, las hipótesis de afectación de uno y otro también son diferentes.
Mientras el derecho a la honra se afecta por la información errónea o
tendenciosa respecto a la persona, en su conducta privada; el derecho al buen
nombre se vulnera, fundamentalmente, por la emisión de información falsa,
errónea o incompleta que genera distorsión del concepto público que de una
persona puede tener el grupo social.
69. Por último, cabe mencionar que esta Corte ha tomado nota
de que los derechos al buen nombre y a la honra guardan una estrecha relación
con el principio de la dignidad humana[87].
En concreto, este Tribunal ha llamado la atención sobre el hecho de que:
“(…) al estudiar casos relacionados con la vulneración al
buen nombre de una persona, el juez de tutela debe realizar un juicioso estudio
de la situación fáctica que se le presenta, dado que este derecho guarda una
estrecha relación con la dignidad humana y, por ende, de evidenciar los
elementos previamente mencionados [esto es, cuando se divulgan públicamente hechos
falsos, tergiversados o tendenciosos sobre una persona, con lo cual se busca
socavar su prestigio o desdibujar su imagen], debe proceder al restablecimiento
y protección del derecho”[88].
F.
EL
DERECHO FUNDAMENTAL A LA RECTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN. REITERACIÓN DE
JURISPRUDENCIA
70. En caso de que la publicación de información falsa, errónea
o inexacta derive en la violación de los derechos fundamentales a la honra o el
buen nombre, la persona afectada tiene el derecho a obtener la rectificación de
aquello que es contrario a la veracidad o que resulta ser una exposición
sesgada o parcializada de los hechos[89].
71. Según el artículo 20 de la Constitución, la
rectificación debe realizarse en condiciones de equidad. Lo
anterior significa que: (i) la
rectificación o aclaración se haga por quien difundió la
información; (ii) se haga públicamente, es decir, que ante los receptores de la
misma se reconozca que hubo un error[90]; (iii) tenga un despliegue y una
relevancia equivalentes al que tuvo la información inicialmente publicada; y
(iv) la rectificación conlleve el entendimiento de la equivocación, error,
tergiversación o falsedad por parte del medio de comunicación[91]. Cuando la obligación de rectificar
la imponga una autoridad judicial, ésta debe establecer en la respectiva
providencia “los lineamientos precisos bajo los cuales ésta deberá ser
realizada. Lo anterior, con el objeto de proteger efectivamente los derechos
fundamentales de quien fue afectado con la información falsa divulgada y
asegurar su efectivo restablecimiento”[92].
72. En relación con la carga de la prueba, la jurisprudencia de
esta Corte ha señalado que recae sobre la persona interesada en obtener la
rectificación de la información y no sobre el medio de comunicación. En ese
sentido, esta Corte ha reiterado que, “basta con que la persona afectada
logre demostrar que la información que se exteriorizó es falsa; o ha sido
objeto de tergiversación; o carece de fundamento, para que exista el deber
correlativo de rectificarla”[93]. Sin
perjuicio de esto, la Corte también ha acudido a la prueba de la verdad como
eximente de responsabilidad (exceptio veritatis), precisando, primero,
que no se trata de una figura exclusiva del proceso penal y, segundo, que ante
la supuesta trasgresión de los derechos a la honra o al buen nombre, la prueba
de la veracidad de las afirmaciones constituye un medio idóneo para liberar de
responsabilidad a quien ha emitido la información, siempre que se demuestre la
diligencia suficiente para constatar las fuentes consultadas[94].
73. De manera precisa, vale la pena
destacar que la rectificación no es el derecho a la corrección. En otras
palabras, no es el derecho a corregir en el sentido que pretende quien presenta
la solicitud por información inexacta o imparcial. Se
cumple la carga de rectificar cuando se emite una respuesta de fondo que
exponga las razones por las cuales se mantiene en lo publicado o, en efecto, se
rectifica o corrige el contenido inexacto o imparcial[95]. El alcance de la rectificación vía judicial puede variar
en razón de las particularidades del caso concreto. En efecto: (i) en la
mayoría de los casos, la rectificación se concretará con la corrección de lo
dicho públicamente con igual despliegue, para lo cual, podrá corregirse por el
medio de comunicación, o conceder un espacio al perjudicado para que tenga la
oportunidad de poner en conocimiento de la comunidad el error y manifestar su posición
al respecto; (ii) en algunos asuntos, la rectificación se entenderá satisfecha
con la eliminación de la información del medio de comunicación utilizado para
divulgarla; o (iii) en situaciones excepcionales, bastará con la mera
declaración de que la información divulgada no corresponde a la realidad y que
ello constituyó una afectación de las prerrogativas fundamentales, en el
sentido de que una sentencia declaratoria de una violación de derechos
constituye per se una forma de reparación.
74. La selección del remedio con el
que se pretenda satisfacer el derecho a la rectificación debe: (i) evitar que
se generen nuevas afectaciones a derechos, o que la recordación de los hechos,
aún para aclararlos o desmentirlos, pueda generar un efecto peor o indeseado
para la persona afectada; y (ii) ser ponderada, esto es, basada en el
ordenamiento jurídico, con una finalidad admisible, y ser necesaria, idónea y
estrictamente proporcional al objetivo superior propuesto[96].
75. Por lo demás, se colige que la rectificación en condiciones
de equidad es un derecho fundamental autónomo[97], con un contenido propio que permite
diferenciarlo de otros derechos. En particular, el derecho a la rectificación,
consagrado en el artículo 20 Superior, busca que, a través de una solicitud
ante el medio de comunicación, se reestablezca la veracidad e imparcialidad en
la información y, en efecto, se proteja la honra y el buen nombre del afectado[98].
G.
LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA ADMINISTRCIÓN DE JUSTICIA EN PERSPECTIVA DE
GÉNERO. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
76. La violencia contra la mujer es “una manifestación de las relaciones de poder históricamente
desiguales entre mujeres y hombres”[99], lo que conduce a perpetuar la
discriminación contra ésta y a obstaculizar su pleno desarrollo. La violencia
de género se manifiesta de diferentes formas (física, psicológica, económica,
sexual), y algunas de éstas pueden no ser visibles. Sobre este punto, la Corte
ha sido clara en determinar que existe un tipo de violencia de género
denominada “invisible” o estructural, la cual debe ser tenida en cuenta
a la hora de combatirla. En ese sentido, ha señalado que:
“Centrándose en lo concerniente a la violencia contra las mujeres,
las agresiones van más allá de las lesiones físicas y psicológicas, denominadas
violencia visible. La invisible se refiere a la violencia estructural que
implica inequidad en el ámbito de lo político, lo social y lo económico y a
la violencia cultural constituida por los discursos que justifican el trato
desigual. Estos tres componentes de la
violencia se retroalimentan entre ellos, perpetuando la discriminación, la
desigualdad y la violencia.”[100] (Negrillas fuera del texto)
77. Ante este panorama, varios
instrumentos de orden nacional[101]
e internacional[102]
establecen normas tendientes a erradicar la violencia de género y garantizar la
igualdad entre el hombre y la mujer, tanto en el ámbito público como en el
privado. En virtud de estos instrumentos, es responsabilidad del Estado y de
sus agentes prevenir, investigar y sancionar los casos de violencia contra la
mujer, lo cual incluye a la administración de justicia.
78. Sobre el particular, la jurisprudencia
reiterada de esta Corte[103]
ha reconocido el importante rol de los jueces a la hora de luchar contra la discriminación
en razón al género. En ese sentido, así como los jueces pueden reconocer y
proteger derechos, también es posible que confirmen patrones estructurales de
discriminación y desigualdad[104].
De hecho, la Corte ha visibilizado las dificultades que aquejan a las mujeres
que acuden a la justicia para denunciar casos de violencia:
“Como se ha podido advertir, la violencia contra
la mujer se presenta en distintos escenarios. No solo en espacios públicos sino
también privados. Cuando esto sucede las mujeres acuden a las autoridades
públicas, como los jueces, para exigir sus derechos. No obstante, lo que la
práctica indica es que cuando ello ocurre, se presenta un fenómeno de “revictimización” de
la mujer pues la respuesta estatal no solo no es la que se esperaba, sino que,
muchas veces, se nutre de estigmas sociales que incentivan la discriminación y
violencia contra esa población. Tales circunstancias se presentan, al menos, de
dos formas. La primera por la “naturalización” de la violencia contra la mujer,
obviando la aplicación de enfoques de género en la lectura y solución de los
casos y, la segunda, por la reproducción de estereotipos.”[105]
79. Por este motivo, en los casos que
involucren violencia contra las mujeres, se ha señalado que este tribunal tiene
la obligación de adoptar un enfoque de género, que permita visibilizar los
tipos de violencia estructural a los que son sometidas y, de esa manera, ayudar
a construir una sociedad más justa y equitativa. De hecho, en la sentencia
T-967 de 2014[106],
se concluyó que existe la necesidad de que los operadores judiciales adopten
una perspectiva de género en la solución de sus casos, con el fin de
reconfigurar las estructuras que llevan a la discriminación y violación de los
derechos de las mujeres. De manera específica se señaló que:
“(…) es evidente que los esfuerzos en
pro de la eliminación de la violencia y la discriminación contra las mujeres,
en este caso, desde la administración de justicia, no han sido suficientes. Por
tanto, se debe ahondar en la construcción de marcos interpretativos que
ofrezcan a los operadores jurídicos visiones más amplias y estructurales del
problema, que les permitan ofrecer soluciones judiciales integrales y que
aporten, desde su función, a la reconfiguración de los mencionados patrones
culturales discriminadores.” (Negrillas fuera
del texto original)
80. Debido a lo anterior, es dado
concluir que las autoridades judiciales deben aplicar “(…) una perspectiva
de género en el estudio de sus casos, que parta de las reglas constitucionales
que prohíben la discriminación por razones de género”[107]. Como ha sido resaltado por esta Corte, si bien lo
anterior resulta de particular importancia en el ámbito penal, debe extenderse
hacia los procesos de otra naturaleza, con el fin de lograr una “igualdad
procesal realmente efectiva [en la que] en ningún caso los derechos del
agresor pueden ser valorados judicialmente con mayor peso que los derechos
humanos de la mujer a su integridad física y mental y a vivir libre de
cualquier tipo de violencia”[108].
En esa medida, le corresponde a este tribunal verificar si el operador judicial
actúa o no desde formas estereotipadas que conllevan a invisibilizar la
violencia contra la mujer.
H.
SOLUCIÓN
AL CASO CONCRETO –EL PERIÓDICO BOYACÁ SIETE DÍAS VULNERÓ LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES A LA HONRA, AL BUEN NOMBRE Y A LA RECTIFICACIÓN DE LA ACCIONANTE
81. En el presente caso, esta Sala
debe determinar si el periódico accionado,
Boyacá Siete Días, vulneró los derechos fundamentales de petición, debido
proceso, igualdad, buen nombre, honra y el principio de dignidad humana de
Raquel Lucía Pereira Suárez, al no rectificar la información contenida en la
noticia del 24 de mayo de 2019 titulada “Demandará a la Fiscalía”.
82.
Según la accionante, en la noticia publicada por el periódico
Boyacá Siete Días: (i) se hacen “expresiones
despectivas, falaces sobre el estado del proceso legal al que se refieren,
sobre la idoneidad de los conceptos emitidos a nivel profesional por una
institución como lo es Medicina Legal”; (ii) no se aplicó el principio de transparencia
y veracidad al publicar la noticia por parte del periodista y/o redactor; y
(iii) se indujo al lector a concluir que ella había manipulado o sesgado los
informes emitidos por la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal, cuando
se afirmó por parte del medio de comunicación que “de acuerdo con las
pruebas, la víctima habría inventado una lesión que le provocó fractura de
muñeca”.
83. Tras haberse interpuesto una solicitud de rectificación, el
periódico demandado publicó una columna
denominada “Carta al Lector”, en donde transcribió los fundamentos
fácticos que sustentaron la solicitud de rectificación. Sin embargo, tras
considerar que dicha
solicitud no fue resuelta y que la información no fue rectificada, la
accionante decidió interponer la acción de tutela que acá se estudia.
84. En primera instancia, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Oralidad de Tunja consideró que el periódico Boyacá Siete Días y el señor Oscar
Fernando Díaz Rodríguez habían vulnerado los derechos fundamentales a la honra
y buen nombre de la accionante. En consecuencia, ordenó que, tanto el accionado como el vinculado, publicaran en el mismo
espacio una retractación de las afirmaciones realizadas en el artículo “Demandará
a la Fiscalía”, de fecha 24 de mayo de 2019. Impugnada esta decisión, la
Sala Mixta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja decidió revocar
la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarar improcedente la
acción de tutela. Al respecto, consideró que no se había cumplido el requisito
previo de solicitud de rectificación, por cuanto ésta no había sido presentada
directamente por Raquel Lucía Pereira Suárez, y no podía entenderse que quienes
la habían presentado tuvieran legitimidad para actuar a nombre de la
accionante.
85. Visto
lo anterior, esta Sala de Revisión procederá a determinar si en el presente
caso se configura la vulneración de los derechos fundamentales alegada por la
accionante.
86. De
manera concreta, se observa que el artículo titulado “Demandará a la
Fiscalía”, el cual fue publicado por el periódico Boyacá Siete Días el 24
de mayo de 2019, señala lo siguiente:
“En el año 2018 el Juzgado Primero Municipal condenó al docente
de la UPTC Roy José Andrade a 16 meses de cárcel, por lesiones personales a su
ex esposa, Raquel Pereira, en el año 2013.
Sin
embargo, de acuerdo con su apoderado, el abogado Óscar Díaz, en el desarrollo
del juicio se logró desvirtuar las supuestas lesiones que sufrió la señora
Raquel Pereira.
De
acuerdo con las investigaciones, la víctima al parecer habría inventado una
lesión que le provocó una fractura de muñeca.
“La
víctima se lesionó lo que le convenía, logró conseguir un dictamen médico y lo
entregó a medicina legal, por lo que se le dio a ella una incapacidad de 15
días”, dijo el apoderado de Roy Andrade.
“Las
lesiones eran falsas y la imputación de la que fue objeto no correspondía a la
realidad de los hechos”, aseguró Óscar Díaz.
“Esta
situación me arruinó la vida, perdí muchas oportunidades como docente”, dijo el
profesor Roy José Andrade, quien, además, agregó: “voy a demandar a la Fiscalía
por no decir la verdad y por no tener pruebas”.
El
Tribunal Superior ordenó cesar todo procedimiento contra el docente”.
87. De
conformidad con lo visto anteriormente (ver supra, numerales 61 a 64), en
la transmisión de información sobre hechos, los medios de comunicación están
sujetos, entre otros, a los parámetros de: (i) veracidad e imparcialidad; (ii)
distinción entre información y opinión; y (iii) garantía del derecho de
información. En esta medida, tienen el deber de publicar información veraz e
imparcial que evite inducir en error al receptor de la noticia, garantice la
formación de una opinión pública libre de intereses particulares y respete los
derechos fundamentales de las personas que son objeto de la información.
88. En
el caso concreto, el periódico Boyacá Siete Días publicó la noticia titulada “Demandará
a la Fiscalía” el día 24 de mayo de 2019 que, según la misma parte
accionada, “responde a una labor informativa e investigativa” del medio
de comunicación (ver supra numeral 17), para lo cual se apoyó en las
entrevistas realizadas a Roy José Andrade Becerra y Oscar Fernando Díaz
Rodríguez. De manera precisa, el artículo publicado buscaba informar sobre lo
ocurrido en el proceso penal que se había llevado a cabo en contra del señor
Andrade Becerra, por los hechos ocurridos entre este y la señora Raquel Lucía Pereira
Suárez.
89. Para
la Sala, el periódico accionado desconoció las
obligaciones específicas exigidas a los medios de comunicación en el ejercicio
de la libertad de prensa, por cuanto presentó como un hecho cierto e
incontrovertido cierta información del proceso penal antes referido, sin
realizar investigaciones adicionales que le permitieran contrastar la veracidad
de los hechos objeto de la noticia de prensa. Lo anterior tuvo como resultado que
la información no tuviera respaldo en la realidad de los hechos y en las
decisiones proferidas por los jueces de instancia.
90. De manera
concreta se observa que en la nota analizada se afirma que, “(…) De acuerdo
con las investigaciones, la víctima al parecer habría inventado una lesión que
le provocó una fractura de muñeca”. Para esta Sala, la anterior
afirmación induce al lector a concluir que la accionante habría inventado unas
lesiones que en realidad no ocurrieron, lo cual no se desprende de las pruebas
que obran en el expediente, y demuestra que el periódico Boyacá Siete Días no
adelantó las investigaciones necesarias que permitirían razonablemente sostener
que esta información era cierta.
91. Al
analizar la sentencia proferida el 3 de abril de 2019 por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Tunja dentro del proceso penal en contra del señor
Andrade Becerra[109], se
observa que, en efecto, se presentó una discusión en torno a las lesiones
sufridas por la accionante. De manera precisa, se descartó la existencia de
lesiones con incapacidad de 55 días ante las dudas que generaba el testimonio
del perito de la Fiscalía sobre este punto. En su lugar, se tomó en
consideración el primer reconocimiento médico legal rendido en el proceso, el
cual determinó una incapacidad de 15 días. Sin perjuicio de esto, en ningún
momento se discutió o determinó que las lesiones no hubiesen ocurrido, que la
accionante las hubiera inventado, o que esta hubiese manipulado de algún modo
las pruebas dentro del proceso. La decisión, en el marco del juicio penal antes
referido, únicamente permite concluir que se presentó una reducción en la
incapacidad de la accionante, debido a las dudas que generaba el testimonio de
uno de los peritos dentro del proceso penal, más no sobre las lesiones causadas
a la accionante.
92. Por
lo visto anteriormente, la Sala considera que el
periódico Boyacá Siete Días desconoció el principio de veracidad exigido a los
medios de comunicación en ejercicio de la libertad de prensa e información, al
haber afirmado que, “De acuerdo con las investigaciones, la víctima al
parecer habría inventado una lesión que le provocó una fractura de muñeca”.
Esto, por cuanto indujo al lector a concluir
que la accionante no había sufrido ningún tipo de lesión o, incluso, que esta
habría sido creada por ella misma, lo cual no corresponde con lo demostrado en
el proceso penal, ni se desprende razonablemente de las pruebas que obran en el
expediente. En esa medida, incumplió el deber de proporcionar
información veraz sobre el hecho noticioso que pretendía informar.
93. Adicionalmente,
se observa que en la nota publicada por el periódico Boyacá Siete Días se
incluyen ciertas declaraciones provenientes del vinculado Oscar Fernando Díaz
Rodríguez, quien señala que “(…) La víctima se lesionó lo que le convenía,
logró conseguir un dictamen médico y lo entregó a medicina legal, por lo que se
le dio a ella una incapacidad de 15 días”, y que “(…) Las lesiones eran
falsas y la imputación de la que fue objeto no correspondía a la realidad de
los hechos”. Ambas frases, que se encuentran incluidas la noticia publicada,
se presentan entre comillas, dando a entender que se trata de opiniones propias
del señor Díaz Rodríguez y no provienen del periódico accionado.
94. Sobre
este punto, debe destacarse que, como fue visto anteriormente (ver supra, numeral
60) la
libertad de opinión difiere de la libertad de información por cuanto, entre
otras cosas, en la primera no resultan exigibles los principios de veracidad e
imparcialidad. Lo anterior no implica sostener que la libertad de opinión sea
absoluta, ni desconoce que con ésta se puedan afectar derechos fundamentales.
La jurisprudencia constitucional ha sido enfática en reconocer que existe el
derecho a la rectificación sobre los hechos que fundaron cierta opinión,
tratándose de una regla que ha sido aplicada a los columnistas de opinión.
95.
En la nota publicada por el medio de comunicación accionado se señaló
que “[l]a víctima se lesionó lo que le convenía, logró conseguir un dictamen
médico y lo entregó a medicina legal”, así como que “[l]as lesiones eran
falsas”. Si bien resulta cuestionable que se hubieran realizado estas
aseveraciones por parte de quien fungió como abogado de una de las partes en el
proceso penal, teniendo en cuenta que, como se vio, estas no corresponden con lo
demostrado en aquel proceso, no le es dado a la Corte, en esta ocasión,
intervenir con el fin de cercenarle al señor Díaz Rodríguez la posibilidad de
expresar sus opiniones respecto de aquel proceso penal. Esto, por cuanto las
opiniones no se encuentran sujetas a prueba, ni tampoco las interpretaciones de
los hechos que puede hacer un particular en ejercicio de su opinión.
96. No
obstante lo anterior, la Sala considera que, en lugar de presentar las
opiniones del señor Díaz Rodríguez como una información cierta y comprobada, le
correspondía al periódico Boyacá Siete Días, con base en las exigencias propias
a los medios de comunicación en ejercicio de la libertad de prensa, dejar en
claro que se trataba de la opinión de una de las partes del proceso penal, con
el fin de garantizarle al público el derecho a formar libremente su opinión.
97.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Sala encuentra que, con la
información publicada, se generó una vulneración al derecho fundamental al buen
nombre de Raquel Lucía Pereira Suárez, al dar a entender que ésta habría
inventado las lesiones sufridas o manipulado las pruebas dentro del proceso
penal contra el señor Andrade Becerra. Asimismo,
la Sala considera que se encuentran configurados los requisitos
jurisprudenciales relacionados con la protección al derecho a la honra, por
cuanto el hecho de aseverar que la actora habría “inventado una lesión
que le provocó una fractura de muñeca” evidentemente implica una
insinuación sobre la persona y sus características intrínsecamente personales.
En efecto, afirmar que ella “inventó” un suceso relacionado con la agresión
de su exesposo o que se habría infligido ella misma la herida, implica que
tendría comportamientos mentirosos y manipulativos, hasta tal punto que sería
capaz de dañarse a sí misma. Por ende, resulta claro que igualmente se generó
una vulneración al derecho a la honra de la accionante.
98. Respecto
del derecho de petición, esta Sala considera que la entidad accionada, en
adición a incumplir con las cargas correlativas al ejercicio de la libertad de
prensa, en particular, la de informar hechos exactos e inequívocos, vulneró el
derecho fundamental a la rectificación, por no haber respondido de forma
congruente la solicitud de rectificación. En efecto, la actora presentó una
solicitud de petición el 10 de junio de 2019, en la que solicitó la
rectificación de la nota periodística “Demandará a la Fiscalía”. Como
resultado de lo anterior, el periódico publicó una columna denominada “Carta
al Lector” en respuesta a la solicitud de la accionante, en la cual se
limitó a transcribir los fundamentos fácticos que dieron lugar a la petición,
más no se dio respuesta a la misma. De esta manera, la entidad accionada se
abstuvo de poner en conocimiento de la afectada las razones claras y concretas
por las cuales no consideraba procedente realizar la corrección de la nota
publicada, limitándose únicamente a la publicación de la carta al lector. Dicha
conducta del periódico accionado, impidió la garantía del derecho a la
rectificación de la accionante. Precisa la Sala Plena que la “Carta al
Lector” no cumple con los requisitos de precisión ni de congruencia que se
requieren para entender que se dio respuesta de fondo a la solicitud de
petición, al tratarse de una contestación elusiva, en la que no se explicó (i)
se concedía o no la rectificación; y (ii) cuáles fueron las razones para no
rectificar la nota periodística. Por lo cual, la respuesta otorgada por el
medio de comunicación es incongruente y no guarda coherencia con lo solicitado
por la actora, por lo cual, en el presente caso, se configura una vulneración
de su derecho de petición.
99. Ahora
bien, siendo clara la vulneración de los derechos al buen nombre y a la honra
de la tutelante, es necesario aclarar si se puede predicar también una
vulneración al derecho de rectificación. De entrada, resulta
necesario aclarar que la publicación de la columna titulada “Carta al Lector”,
del 19 de junio de 2019, no puede considerarse como una rectificación, según
los requisitos jurisprudenciales desarrollados por esta Corte (ver supra, numerales
72 a 82). Esto,
por cuanto si bien fue realizado por el mismo periódico accionado y tuvo un
despliegue equivalente al de la información inicialmente publicada, no conllevó
al entendimiento de la equivocación por parte del medio de comunicación, ni en
ésta se reconoció de manera pública que hubo un error. A lo sumo, le permitió a
la parte accionante exponer su descontento y su posición propia frente a lo
inicialmente informado, pero no logró el objetivo de permitir la rectificación
y señalar el error y la tergiversación.
100. Sobre
este punto, la Sala Cuarta de Revisión encuentra que la decisión del juez de
primera instancia fue acertada, en el sentido de requerir a las partes la
rectificación, asunto que resultó en la retractación del periódico demandado,
así como en la solicitud de publicación de una rectificación por parte del
señor Díaz Rodríguez, apoderado de señor Roy José Andrade Becerra. Sin embargo,
debe resaltarse que, con la decisión del juez de segunda instancia, se produjo una
nota en el periódico accionado señalando la improcedencia de la tutela y dando
a entender que no se produjo una vulneración de los derechos de la accionante.
101. Como
se observó anteriormente, los derechos fundamentales al buen nombre y a la
honra de la accionada resultaron vulnerados por el medio de comunicación, por
lo que la Sala Cuarta de Revisión encuentra que la rectificación es una medida
adecuada para superar dicha vulneración. Específicamente,
la responsabilidad social prevista en el artículo 20 de la Carta,
impone a los medios el deber de publicar información cierta, exacta e
inequívoca, lo que de suyo implica no inducir a error al receptor de la
noticia; y es claro que se incluyeron elementos que generan duda respecto de la
veracidad de la noticia. En consecuencia, siguiendo las reglas jurisprudenciales antes expuestas
(ver supra numerales 70 a 75),
se considera necesario que, como medida de protección, el medio de comunicación
accionado rectifique en condiciones de equidad la información publicada, bajo
las mismas condiciones de la noticia inicial.
102. Por las
anteriores razones, esta Sala concluye que se presentó una vulneración de los
derechos fundamentales a la honra, el buen nombre y la rectificación. En esa medida, se revocará la decisión de segunda instancia
proferida por la Sala Mixta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Tunja el 14 de agosto de 2019 y, en su lugar, se
confirmará parcialmente la decisión de primera instancia proferida por el
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Tunja el 15 de julio de 2019,
concediendo la protección de los derechos fundamentales a la honra, el buen
nombre y a la rectificación de Raquel Lucía Pereira Suárez. En consecuencia, se
ordenará que, en el término de siete (7) días siguientes a la notificación de
esta sentencia, se rectifique en condiciones de equidad la información
publicada en el artículo “Demandará a la Fiscalía”, del 24 de mayo de
2019, como quiera que en dicha publicación no se presentó información veraz.
Para tal efecto, el Periódico Boyacá Siete Días deberá realizar una publicación
en las mismas condiciones de la noticia antes citada, en la que se evidencie
que se incurrió en un error al divulgar información inexacta sobre las lesiones
sufridas por Raquel Lucía Pereira Suárez, así como sobre su supuesto
involucramiento en las pruebas dentro del proceso penal sobre el que trata la
noticia.
103. Por
lo demás, esta Sala de Revisión no se puede pasar por alto el hecho de que un
medio de comunicación con amplia circulación nacional haya asumido como cierto
el hecho de que la accionante haya inventado una lesión para perjudicar a su ex
pareja en un juicio penal, cuando las pruebas que obraban en el expediente
demostraban que esto no había ocurrido. Esta situación, para la Sala, evidencia
la persistencia de estereotipos de género que afectan a las mujeres, los cuales
obstaculizan que los casos de violencia de género sean perseguidos y
castigados. En consecuencia, esta Sala hace un llamado al periódico
accionado, con el fin de que se abstenga de incurrir en actos que puedan
perpetuar la discriminación estructural que ha llevado a muchas mujeres a no
denunciar a sus agresores, por miedo a no ser tomadas en serio o a que las
consecuencias de la denuncia lleven a una re-victimización.
104.
En igual sentido, se hace un llamado a que los
operadores judiciales adopten una perspectiva de género en el estudio de sus
casos, con el fin de evitar invisibilizar la violencia contra la mujer. En
este caso, encuentra la Sala que es a todas luces reprochable tras la decisión
de la Sala Mixta del Tribunal Superior del Distrito Judicial en el presente
caso, decisión que impidió a la accionante actuar por medio de asesores
jurídicos que representaran sus intereses para rectificar la información sobre
un caso de violencia de género, y que conllevó a un análisis superficial de un
caso evidente de violencia de género. Recuerda la Sala que los operadores
judiciales en los casos que involucren violencia contra las mujeres, se ha
señalado que este los jueces constitucionales tienen la obligación de adoptar
un enfoque de género, que permita visibilizar los tipos de violencia
estructural a los que son sometidas y, de esa manera, ayudar a construir una
sociedad más justa y equitativa (ver supra, sección G).
I.
SÍNTESIS
DE LA DECISIÓN
105. De conformidad con los fundamentos fácticos
expuestos en la Sección I de esta providencia, le correspondió a la Sala Cuarta
de Revisión determinar si el periódico
accionado, Boyacá Siete Días, vulnero los derechos fundamentales de petición,
debido proceso, igualdad, buen nombre, honra y dignidad humana de Raquel Lucía
Pereira Suárez, al no rectificar y corregir la información contenida en la
noticia del 24 de mayo de 2019 titulada “Demandará a la Fiscalía”. Antes
de entrar a resolver el problema jurídico, la Sala constató el cumplimiento de
los requisitos de procedencia de la acción de tutela. De manera precisa,
determinó que únicamente se pronunciaría sobre la solicitud de rectificación de
la información publicada y no sobre las demás pretensiones de la demanda, pues
éstas desbordaban la competencia del juez de tutela y la accionante cuenta con
la posibilidad de acudir a los
medios ordinarios de defensa judicial para ventilar sus solicitudes. Verificado
lo anterior, la Sala reiteró la jurisprudencia constitucional en torno a (i) las libertades de expresión, de opinión, de información
y de prensa;
(ii) los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre; (iii) el derecho
fundamental a la rectificación; y (iv) la violencia contra la mujer y la
administración de justicia en perspectiva de género.
106. Al analizar el caso concreto,
la Sala encontró que se había presentado una vulneración de los derechos
fundamentales a la honra, el buen nombre y a la rectificación de la accionante
por parte del periódico Boyacá Siete Días. De manera concreta, se determinó que
se había desconocido el principio de veracidad
exigido a los medios de comunicación en ejercicio de la libertad de prensa, al
haber afirmado que “[d]e acuerdo con las investigaciones, la víctima al
parecer habría inventado una lesión que le provocó una fractura de muñeca”.
Esto, por cuanto indujo al lector a concluir que la accionante no había sufrido
ningún tipo de lesión o que incluso ésta habría sido creada por ella misma, lo
cual no se desprendía de las pruebas que obran en el expediente y no
correspondía con lo demostrado en el proceso penal, presentando esta información
como cierta y comprobada. En esa medida, se concluyó que el periódico accionado
había incumplido el deber de proporcionar información exacta e inequívoca sobre
la cuestión que estaba informando. Al
respecto, se señaló que, si bien las expresiones del señor Díaz Rodríguez se
encontraban amparadas por la libertad de opinión, el periódico Boyacá Siete
Días, en lugar de presentar estas opiniones como una información veraz e
imparcial, debió dejar en claro que se trataba
de la opinión de una de las partes del proceso penal, con el fin de
garantizarle al público la capacidad de formarse libremente su opinión. En vista de lo anterior, la Sala encontró que con la
información publicada se había vulnerado el derecho al buen nombre de Raquel
Lucía Pereira Suárez, lo cual conllevaba a que ésta tuviera el derecho a la
rectificación.
107. La Sala de Revisión constató la
existencia de múltiples espacios como lo son la “Carta al Lector” (en la
que la accionante pudo exponer su punto de vista) o la rectificación que se
produjo en cumplimiento de la orden del juez de primera instancia. En esa
medida, encontró que, si bien la decisión del juez de primera instancia fue
acertada, en el sentido de requerir a las partes la rectificación en
condiciones de equidad, no resultaba suficiente, debido a que, tras la decisión
del juez de segunda instancia, el periódico accionado realizó una publicación
señalando la improcedencia de la acción de tutela.
108. La Sala concluyó que los
derechos a la rectificación, la honra y al buen nombre de la accionante fueron
vulnerados, por lo que la rectificación resultaba ser una medida adecuada para superar dicha vulneración. En esa medida,
consideró que, como medida de protección, el medio de comunicación accionado
debía rectificar en condiciones de equidad la información publicada, bajo las
mismas condiciones de la noticia inicial.
109. Por estas razones, la Sala
resolverá revocar la decisión de segunda instancia proferida por la Sala Mixta
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja el 14 de agosto de 2019 y, en su lugar, confirmar parcialmente la
decisión de primera instancia proferida por el Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Oralidad de Tunja el 15 de julio de 2019, concediendo la protección
de los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y a la rectificación
de Raquel Lucía Pereira Suárez. En consecuencia, ordenará que, en el término de
7 días siguientes a la notificación de esta sentencia, se rectifique en
condiciones de equidad la información publicada en el artículo “Demandará a
la Fiscalía”, del 24 de mayo de 2019. Para tal efecto, determinó que el
periódico Boyacá Siete Días debía realizar una publicación en las mismas
condiciones de la noticia antes citada, en la que se evidencie que se incurrió
en un error al divulgar información inexacta sobre las lesiones sufridas por
Raquel Lucía Pereira Suárez, así como sobre su supuesto involucramiento en las
pruebas dentro del proceso penal sobre el que trata la noticia.
110. Adicionalmente, la Sala de Revisión realizó un llamado: (i) al periódico
accionado, con el fin de que se abstuviera de incurrir en actos que pudieran
perpetuar la discriminación contra la mujer; y (ii) a los operadores
judiciales, con el fin de que adopten una perspectiva de género en el estudio
de sus casos, para así evitar que
se invisibilicen los casos de violencia de género o que se impida que éstos sean perseguidos y castigados.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta
de Revisión de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos decretada en el
curso del presente proceso.
Segundo.- REVOCAR la decisión de segunda
instancia proferida por la Sala Mixta del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Tunja el 14 de agosto de 2019 y, en su lugar, CONFIRMAR PARCIALMENTE
la decisión de primera instancia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito
de Oralidad de Tunja el 15 de julio de 2019, en el sentido de tutelar los
derechos fundamentales a la honra, al buen nombre, petición y a la
rectificación de la señora Raquel Lucía Pereira Suárez, por las razones
expuestas en esta providencia.
Tercero.- ORDENAR
al periódico Boyacá Siete Días que,
en el término de 7 días siguientes a la notificación de esta sentencia, se
rectifique, en condiciones de equidad, la información publicada en el artículo
“Demandará a la Fiscalía”, en la edición del 24 de mayo de 2019 contra
la señora Raquel Lucía Pereira Suárez. Para tal efecto, el Periódico Boyacá
Siete Días deberá realizar una publicación en las mismas condiciones de la
noticia antes citada, en la que se evidencie que se incurrió en un error al
divulgar información inexacta sobre las lesiones sufridas por Raquel Lucía
Pereira Suárez, así como sobre su supuesto involucramiento en las pruebas
dentro del proceso penal sobre el que trata la noticia. Asimismo, advertir al
periódico Boyacá Siete Días ABSTENERSE de incurrir en actos que puedan perpetuar la discriminación estructural que ha
llevado a muchas mujeres a no denunciar a sus agresores, por miedo a no ser
tomadas en serio o a que las consecuencias de la denuncia lleven a una
re-victimización.
Cuarto. LIBRAR, a través de la Secretaría General, las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, y DISPONER,
a través del Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Tunja, la realización de la notificación a las
partes de que trata esa misma norma.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Según consta en
cuaderno 1, folio 1.
[2] Según consta en
cuaderno 1, folio 1.
[3] Según consta en
cuaderno 1, folio 1.
[4] Según consta en
cuaderno 1, folio 2.
[5] Según consta en
cuaderno 1, folios 2 y 15.
[6] Según consta en
cuaderno 1, folio 2.
[7] Según consta en
cuaderno 1, folios 2-3 y 9-13.
[8] Según consta en
cuaderno 1, folios 3 y 14. La columna aparece a nombre de Astrid Castellanos,
Directora de la Casa de la Mujer.
[9] Según consta en
cuaderno 1, folios 3-4.
[10] Según consta en
cuaderno 1, folio 18.
[11] Según consta en
cuaderno 1, folios 18 y 53. En la noticia titulada “Por maltrato, cárcel a
un docente de la UPTC”, publicada por el periódico Boyacá Siete Días el 8
de septiembre de 2014, se hace un relato del caso que involucra a la accionante
dentro de la presente acción de tutela y Roy José Andrade Becerra. Se destaca
que, según uno de los investigadores del periódico, “Roy la empuja
haciéndola caer y produciéndose fractura en una de sus muñecas y lesiones en la
región de la pelvis que le dieron una incapacidad de 55 días con secuelas
permanentes”. En relación con el proceso judicial, se señala que “Andrade
fue citado tres veces a audiencia de imputación de cargos los días 20 de junio
y 16 y 29 de julio y no se presentó. En la audiencia que se llevó a cabo el
viernes, Andrade no aceptó los cargos que le imputó el Fiscal. Posteriormente
el Juez decidió cobijarlo con medida de aseguramiento consistente en detención
domiciliaria, pues consideró que este ciudadano no representa un peligro ni
para la sociedad ni para la víctima”.
[12] Según consta en
cuaderno 1, folios 26-30.
[13] Según consta en
cuaderno 1, folios 54-56.
[14] Según consta en cuaderno
1, folios 60-66
[15] Según consta en
cuaderno 1, folios 77-81
[16] Según consta en
cuaderno 1, folios 86-87.
[17] Según consta en
cuaderno 1, folio 90
[18] Según consta en
cuaderno 1, folios 109-112.
[19] Según consta en
cuaderno 3, folio 52.
[20]  Según consta en
cuaderno 2, folio 17
[21] Según consta en
cuaderno 3, folio 52.
[22] Según consta en
cuaderno 3, folios 1-12.
[23] Según consta en
cuaderno 3, folios 38.
[24] Según consta en
cuaderno 3, folios 40-42.
[25] A la accionante se
le solicitó que, de manera directa o por medio de su apoderada Diana Sofía
Nítola Vianchá: (i) explicara la asesoría jurídica recibida por la Casa de la
Mujer y aportara los documentos que soportaran la misma; (ii)  informara si, a
la fecha, presentó -directa o indirectamente- alguna solicitud de rectificación
ante el periódico Boyacá Siete Días, junto con los documentos que soportaran la
respuesta respectiva; e (iii) informara si, tras la sentencia proferida el 14
de agosto de 2019 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, se
ha emitido alguna publicación por parte del periódico Boyacá Siete Días en
relación con su caso, para lo cual se le solicitó adjuntar los documentos que
soportaran la respuesta dada.
[26] A la Directora de la
Casa de la Mujer se le solicitó que: (i) explicara la asesoría jurídica
prestada a la señora Raquel Lucía Pereira Suárez y aportara los documentos que
dieran cuenta de dicha asesoría; e (ii) informara si, tras la sentencia
proferida el 14 de agosto de 2019 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Tunja, se ha emitido alguna publicación por parte del periódico Boyacá Siete
Días en relación con el presente caso.
[27] Al representante
legal del periódico Boyacá Siete Días se le solicitó que (i) informara si,
desde el 26 de junio de 2019, fecha de interposición de la acción de tutela y,
hasta la actualidad, ha emitido aluna publicación en donde se mencione a Raquel
Lucía Pereira Suárez, Roy José Andrade Becerra, Oscar Fernando Díaz Rodríguez o
Astrid Castellanos Correcha; (ii) informara las razones por las cuales había
accedido o no a la solicitud de rectificación presentada por la Casa de la
Mujer en nombre de la accionante; y (iii) indicara cómo en el presente caso el
medio de comunicación había cumplido con sus deberes de veracidad, imparcialidad,
distinción entre opiniones e información, y garantía del derecho de
rectificación en condiciones de equidad.
[28] Según consta en
cuaderno 3, folio 47
[29] De las pruebas
aportadas se evidencia que la Casa de la Mujer solicitó al Periódico Boyacá
Extra la rectificación de la nota titulada “En Tunja, Docente de a UPTC fue
Absuelto”, con fecha del 4 de mayo de 2019.
[30] De las pruebas
aportadas se evidencia que el 28 de junio de 2019 la accionante radicó acción
de tutela contra el Periódico Extra Boyacá, con radicado No. 2019 00128-00 y
por reparto le correspondió al Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Tunja. Dentro de este proceso, el26 de julio de 2019 se profirió
sentencia a favor de la accionante, ordenándole al Periódico Extra Boyacá
rectificar en un término de 48 horas la noticia emitida el 4 de mayo de 2019.
Esta decisión fue confirmada el 5 de septiembre de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá
[31] Según consta en
cuaderno 3, folio 47.
[32] La copia de esta
nota puede verse en el cuaderno 3, folio 52.
[33] La copia de esta
nota puede verse en el cuaderno 3, folio 52.
[34] A la accionante se
le solicitó que remitiera los documentos en los que se acreditara la
autorización otorgada a la Casa de la Mujer para adelantar la diligencia de
rectificación en su nombre frente al periódico Boyacá Siete Días.
[35] A la Directora de la
Casa de la Mujer se le solicitó que remitiera los documentos en los que se
acreditara la autorización otorgada por la accionante para adelantar la
diligencia de rectificación ante el periódico Boyacá Siete Días.
[36] Según consta en
cuaderno 3, folios 59-60.
[37] Según consta en
cuaderno 3, folio 67.
[38] Según consta en
cuaderno 3, folio 68.
[39] Decreto 2591 de 1991. Artículo 10.
Legitimidad e interés. “La
acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán
auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los
mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrá
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.
[40] Corte
Constitucional, sentencia T-531 de 2002.
[41] Corte
Constitucional, sentencia T-430 de 2017.
[42] Según consta en la
fotocopia de su tarjeta profesional de abogado, adjunta al CD aportado dentro
del presente proceso.
[43] Según consta en
cuaderno 1, folio 8.
[44] El Decreto 2591 de
1991 en su artículo 5º dispone que “La acción de tutela procede contra toda acción
u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar
cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley. También
procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo
establecido en el Capítulo III de este Decreto. La procedencia de la tutela en
ningún caso está sujeta a que la acción de la autoridad o del particular se
haya manifestado en un acto jurídico escrito”.
[45] Decreto 2591 de
1991, Artículo 42, Numeral 7.
[46] Corte
Constitucional, sentencia SU-274 de 2019.
[47] Corte
Constitucional, sentencia T-200 de 2018.
[48] Al respecto, en la
sentencia T-695 de 2017 la Corte expresó que: “(…) que el individuo se halla
en situación de indefensión, a causa del impacto social que puede ocasionar la
difusión masiva de contenidos y su potencial influencia en las creencias y
opiniones de las personas. Lejos de ser un particular más, los medios son
organizaciones que, debido a la naturaleza de su actividad, ejercen de facto
también un amplio poder social que puede llegar a lesionar derechos
individuales con un incontrastable efecto multiplicador. De ahí que se
reconozca el papel de la tutela en esta relación asimétrica para la protección
de las prerrogativas fundamentales del individuo”.
[49] Corte Constitucional, sentencias T-055 de
2008, T-495 de 2005, T-575 de 2002, T-900 de 2004 y T-403 de 2005.
[50] Corte Constitucional, sentencia T-606 de
2004.
[51] Corte Constitucional, sentencias T-119 de 2015, T-250
de 2015, T-446 de 2015, T-548 de 2015 y T-317 de 2015, entre otras.
[52] Corte Constitucional,
sentencia C-489 de 2002.
[53] Corte Constitucional,
sentencia T-110 de 2015.
[54] Según consta en
cuaderno 3, folios 67-68.
[55] Corte
Constitucional, sentencia T-292 de 2018.
[56] Corte
Constitucional, sentencias T- 391 de 1991 y T- 015 de 2015.
[57] Corte
Constitucional, sentencia T-063A de 2017.
[58] Corte
Constitucional, sentencia C-010 de 2000.
[59] Estas
presunciones fueron ampliamente desarrolladas en
la sentencia T-391 de 2007. Sin embargo, hay un elemento trasversal en su
aplicación: quien pretenda una limitación a la libertad de expresión, sin
importar su causa, tiene la carga de la prueba. Dicho de otro modo, el
agraviado – que alega la vulneración de otros derechos fundamentales por un
ejercicio desbordado de la expresión–, o la autoridad pública que, en ejercicio
de sus funciones, pretenda introducir una restricción, siempre deberá
desvirtuar las presunciones como condición necesaria para admitir la
restricción de dicha libertad. Como consecuencia de ello, quien afirme la
violación de sus derechos, deberá demostrar (i) que la expresión no puede
comprenderse cobijada por la libertad; (ii) que una restricción a dicha
libertad puede justificarse constitucionalmente; (iii) que la primacía prima
facie de la libertad de expresión puede ser derrotada por la
importancia de otros intereses constitucionales; y (iv) que la restricción no
constituye una forma de censura.
[60] Corte Constitucional, sentencia T-277 de
2015.
[61] Corte Constitucional, sentencia T-219 de
2012.
[62] Corte Constitucional, sentencia T-1198 de
2004.
[63] Corte Constitucional, sentencia T-627 de
2012.
[64] Ibíd.
[65] Corte
Constitucional, sentencia T-200 de 2018.
[66] Ibíd.
[67] Sobre a
responsabilidad social de los medios de comunicaciones pueden verse las
sentencias T-066 de 1998, T-602 de 1995, T-213 de 2004, T-391 de 2007, T-200 de
2018, entre otras.
[68] Corte
Constitucional, sentencia T-200 de 2018.
[69] Corte
Constitucional, sentencias T-549 de 2008, T-129 de 2010 y T-003 de 2011.
[70] Corte
Constitucional, sentencia T-439 de 2009.
[71] Corte
Constitucional, sentencia 298 de 2009.
[72] Corte
Constitucional, sentencia T-1202 de 2000.
[73] Corte
Constitucional, sentencia T-080 de 1993.
[74] Corte
Constitucional, sentencia T-200 de 2018.
[75] Corte
Constitucional, sentencia T-050 de 1993.
[76] Corte
Constitucional, sentencia T-471 de 1994.
[77] Corte
Constitucional, sentencia T-695 de 2017.
[78] Corte
Constitucional, sentencia T-455 de 1998.
[79] Corte
Constitucional, sentencia T-471 de 1994, T-977 de 1999.
[80] Corte
Constitucional, sentencia SU-056 de 1995, T-108 de 1996, T-605 de 1998.
[81] Corte Constitucional,
sentencia C-489 de 2002.
[82] Corte Constitucional, sentencia T-411 de 1995. En particular, pues “debe ser protegido con el fin
de no menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y
frente a sí mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración de las
personas dentro de la colectividad”.
[83] Corte Constitucional, sentencia
T-455 de 1998.
[84] Corte
Constitucional, sentencia C-489 de 2002, reiterada por T-110 de 2015.
[85] Corte
Constitucional, sentencia C-063 de 1994.
[86] Corte
Constitucional, sentencia T-322 de 1996.
[87] Corte Constitucional,
sentencias T-050 de 2016, T-277 de 2015, C-442 de 2011 y T-213 de 2004.
[88] Corte Constitucional,
sentencia T-050 de 2016.
[89] Corte
Constitucional, sentencia T-200 de 2018. Vale la pena destacar que el
artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que “[t]oda persona
afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a
través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al
público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su
rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley”. Lo anterior, sin
embargo, no implica que en todos los casos se opte por dar un derecho a réplica
pues, el remedio con el que se pretenda satisfacer el derecho a la
rectificación debe analizarse en el caso concreto. Lo que sí implica es que,
como ha sido destacado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a
partir de la Opinión Consultiva OC-7/86, los Estados tienen la obligación de
garantizar el libre ejercicio del derecho a la rectificación, adoptando las
medidas adecuadas para este fin (sean éstas legislativas o de cualquier otro
carácter).
[90] Corte
Constitucional, sentencia T-074 de 1995.
[91] Corte
Constitucional, sentencias T-332 de1993, T-074 de 1995, T-066 de 1998; T-1198 de 2004; T-626
de 2007 y T-787 de 2004, entre otras.
[92] Corte
Constitucional, sentencias T- 260 de 2010 y T-688
de 2015.
[93] Corte
Constitucional, sentencia T-260 de 2010 y -022 de 2017.
[94] Corte
Constitucional, sentencia T-695 de 2017.
[95] Corte Constitucional,
sentencia T-2013 de 2004 y T-179 de 2019.
[96] Corte Constitucional,
sentencia SU-420 de 2019.
[97] Corte
Constitucional, sentencia T-145 de 2016.
[98] Corte
Constitucional, sentencias T-418 de 2017 y T-200 de 2018.
[99] Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), párrafo 118.
[100] Corte
Constitucional, entencia 878 de 2014.
[101] Entre otros: la Ley 1257 de 2008; la
Ley 1542 de 2012; el Decreto 2734 de 2012; la Resolución 163 de 2013 del
Ministerio de Justicia, y Ley 1719 de 2014.
[102] En el plano
internacional, se han adoptado, entre otros, los siguientes instrumentos: la
Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (1967);
la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra
la Mujer (1981); la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en contra
de la Mujer (1993), la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing,
1995), y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia Contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará” (1995).
[103] Corte
Constitucional, sentencias T-878 de 2014, T-967 de 2014, T-012 de 2016,
T-590 de 2017 y T-735 de 2017.
[104] Corte Constitucional,
sentencia T-012 de 2016.
[105] Ibídem.
[106] Corte Constitucional,
ssentencias: T-878
de 2014; T-012
de 2016, T-590 de 2017 y T-735 de 2017.
[107] Corte Constitucional,
sentencia T-388 de 2018.
[108] Ibídem.
[109] Según consta en
cuaderno 1, folios 44-52.