T-214-20
Sentencia T-214/20
Referencia: Expedientes T-7.395.090 y T-7.477.406 (acumulados)
Acciones de tutela interpuestas por (i) Irma Olaya y otros, en contra
del Tribunal Administrativo del Huila; y (ii) Rodolfo Montano Correa y otros,
en contra del Tribunal Administrativo del Huila.
Magistrado Ponente:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Bogotá D.C., primero
(1º) de julio de dos mil veinte (2020)
La Sala Cuarta de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Gloria Stella
Ortiz Delgado y los magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo y Alejandro
Linares Cantillo, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de
revisión de los fallos proferidos (i) por las Secciones Segunda y Quinta de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en primera y
segunda instancia respectivamente, dentro de la acción de tutela presentada por
Irma Olaya y otros, en contra del Tribunal Administrativo del Huila (T-7.395.090)
y (ii) por las Secciones Tercera y Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en primera y segunda instancia respectivamente,
dentro de la acción de tutela instaurada por Rodolfo Montano Correa y otros, en contra del Tribunal
Administrativo del Huila (T-7.477.406).
I.
ANTECEDENTES
A.
LAS
DEMANDAS DE TUTELA
Expediente
T-7.395.090
1.
El 27 de agosto de 2018,
Irma Olaya, Jhon David Espinosa Olaya, Emilce Espinosa Olaya, Martha Cecilia
Espinosa Olaya, Otilia Espinosa Olaya y Maritza Espinosa Olaya[1], actuando mediante apoderado[2], interpusieron acción de tutela en contra del
Tribunal Administrativo del Huila.
Según indicaron, dicho Tribunal les vulneró sus derechos fundamentales a la
igualdad y al debido proceso, al proferir la sentencia de segunda instancia
dictada el 7 de febrero de 2018, en el marco del proceso de reparación directa
promovido por aquellos en contra de la Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional. Alegaron que el Tribunal incurrió en un defecto fáctico (i)
por no valorar la totalidad del
acervo probatorio; y (ii) por valorar defectuosamente las pruebas aportadas al
proceso. En consecuencia, solicitaron dejar sin efectos “la sentencia
proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila” y que, en
consecuencia, “se ordene al Tribunal Contencioso Administrativo del Huila
proferir sentencia en la cual se declare administrativamente responsable a la
nación colombiana”[3].
Expediente
T-7.477.406
2.
El 8 de noviembre de 2018,
Rodolfo Montano Correa, Jhon Deimer Montano Correa, Anselmo Montano Correa y
Clara Lucía Montano Correa[4],
actuando por intermedio de apoderado[5],
presentaron acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo del Huila. Según indicaron, dicho Tribunal les vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la defensa y a la igualdad al proferir sentencia de segunda
instancia dentro del medio de control de reparación directa que los accionantes
adelantaron en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.
Alegaron que el Tribunal incurrió en un defecto fáctico (i) por no
valorar la totalidad del acervo probatorio; y (ii) por valorar defectuosamente las
pruebas aportadas al proceso. En consecuencia, los accionantes le pidieron al
juez constitucional que deje “sin efecto la sentencia proferida por el
Tribunal Contencioso Administrativo del Huila”; “ordene al Tribunal
Contencioso Administrativo del Huila, proferir sentencia en la cual se confirme
la Sentencia de Primera Instancia (…)” y que, en consecuencia, “ordene
la liquidación de los perjuicios morales a [su] favor”[6].
B.
HECHOS
RELEVANTES
Expediente
T-7.395.090
3.
El 22 de octubre de 2007, los
señores Diego Armando Cárdenas Sánchez, Marlio Mauricio Murillo Quintero y Luis
Ernesto Vargas Olaya, residentes en la ciudad de Neiva, fueron vistos en horas
de la tarde por última vez en esa ciudad y, fueron posteriormente encontrados
muertos en el municipio de Gigante, Huila.
4.
Los familiares de los
fallecidos interpusieron demanda de reparación directa en contra de la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional[7] por haber incurrido en una falla del servicio al ocasionar
la muerte de los señores Cárdenas,
Murillo y Vargas. Sostuvieron que ellos fueron asesinados
extrajudicialmente por miembros del Ejército Nacional. En ese sentido,
cuestionaron la veracidad del informe del Batallón de Infantería Nº 26 “Cacique
Pigoanza”, en que el Ejército reportó que ellos fueron dados de baja en un
enfrentamiento. Al respecto, lo demandantes señalaron que los fallecidos se
desempeñaban en labores de albañilería y de mecánica y no tenían antecedentes
judiciales[8]. Adicionalmente, indicaron que el
fallecimiento fue ocasionado con armas de dotación oficiales pertenecientes al
Ejército Nacional, que no hubo combate[9] y que los fallecidos “no acostumbraban a cargar ningún tipo de
arma, sin embargo sus cadáveres aparecieron con armas, presumiblemente puestas
después de su muerte”[10].
5.
El 28 de noviembre de
2014, el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Neiva
profirió sentencia de primera instancia, mediante la cual no accedió a las
pretensiones de la demanda. En efecto, declaró que no se configuró una falla
del servicio en los hechos que culminaron con la muerte de los señores
Cárdenas, Murillo, y Vargas. Esto, por cuanto a los demandantes les
correspondía probar el actuar irregular de los agentes del Estado. Sin embargo,
en este caso, “se demostró que el deceso fue producto del cruce de disparos
por parte de los [fallecidos] y el Ejército Nacional, como consecuencia del
operativo desarrollado por el Ejército”[11].
6.
El 15 de enero de 2015, los demandantes
interpusieron recurso de
apelación. Ellos solicitaron que fuera revocada la sentencia de primera
instancia y que, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda.
Aseguraron que el Juzgado no probó la vinculación de los señores Cárdenas,
Murillo y Vargas a una organización criminal. Asimismo, argumentaron que las
diferentes pruebas aportadas al proceso permitían concluir que se trataba de
ciudadanos que nunca infringieron la ley y que fueron víctimas de ejecuciones
extrajudiciales[12].
7.
El 7 de febrero de 2018, la
Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, confirmó la
providencia de primera instancia. Dicha corporación consideró que la muerte de
los señores Cárdenas, Murillo y Vargas ocurrió como consecuencia de la maniobra
desarrollada por los militares para repeler el enfrentamiento armado promovido
por aquellos, cuando advirtieron la presencia de la Fuerza Pública en el lugar
de los hechos.
8.
En su sentencia, el
Tribunal decidió darle plena validez a la prueba trasladada. En ese sentido,
decidió valorar los elementos que obraban tanto en el proceso penal como en el
disciplinario que se adelantó en contra de los militares que participaron en la
operación[13].
Asimismo, consideró que “si bien es cierto que en este proceso las
mencionadas pruebas trasladadas fueron solicitadas única y exclusivamente por
la parte demandante, lo que conllevaría a que sólo se pueda valorar la prueba
documental que contenga el proceso penal que se adelantó (…), también es cierto
que se está frente a un asunto de violación grave de derechos humanos, caso en
el cual la valoración probatoria debe ser más flexible (…)”[14].
9.
Frente a la prueba
indiciaria, el Tribunal sostuvo que “[l]os
jueces pueden encontrar acreditados los supuestos de hecho de una demanda por
vía de medios probatorios indirectos, siempre y cuando se cumpla con los
requisitos que dicho análisis exige”[15].
10.       Adicionalmente, el Tribunal hizo mención, entre
otras, a las siguientes pruebas[16]:
(i) la orden de operaciones 004/2007 ESPADA I dictada por el comandante del
Batallón de Infantería N° 26 “Cacique Pigoanza”; (ii) el informe
ejecutivo de la Fiscalía General de la Nación realizado el día 23 de octubre de
2007 sobre la diligencia de inspección al lugar de los hechos y a los
cadáveres; (iii) las entrevistas realizadas a los familiares de los fallecidos;
(iv) las entrevistas realizadas a los militares que participaron en los hechos;
(v) la constancia del 16 de noviembre de 2007, mediante la cual la Fiscalía
Seccional envía por competencia la investigación al Juzgado 65 de Instrucción Penal
Militar de Pitalito; (vi) los informes periciales de necropsia realizados por
el Hospital San Antonio de Gigante el día 23 de octubre de 2007; (vii) el
análisis de la prueba de residuo de disparo realizado a los cadáveres el 30 de
octubre de 2007 por el grupo de química de la Fiscalía General de la Nación;
(viii) el informe pericial de alcoholemia de fecha 18 de marzo de 2008
practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal; y (ix) la investigación
disciplinaria abierta mediante auto del 24 de octubre de 2007 al interior del
Batallón.
11.       Con base en lo anterior, el Tribunal dio por
probado lo siguiente:
(i)
El operativo en el que
fallecieron los señores Cárdenas, Murillo y Vargas fue producto de una orden
operacional emitida por el Ejército Nacional, cuya finalidad era la de
verificar una serie de denuncias que los habitantes del sector habían
interpuesto sobre atracos en la zona.
(ii)
Los cadáveres fueron
puestos en conocimiento de manera inmediata a la Fiscalía Seccional de Gigante
y se dejó constancia que vestían prendas que coincidían con las descritas por
los familiares la última vez que los vieron con vida.
(iii)
Los informes de los
oficiales que participaron en el operativo demuestran que los fallecidos
murieron por impactos de proyectiles de bala.
(iv)
En el lugar de los hechos
fueron encontradas tres armas tipo revolver, un celular, un bolso con objetos
personales y la suma de 9.000 pesos.
(v)
El resultado positivo de
la prueba de absorción atómica por la presencia de pólvora en la mano del
fallecido Luis Ernesto Vargas Olaya.
(vi)
No hubo evidencias de
alteración de la escena de los hechos.
(vii)
De acuerdo con los
informes técnicos, las heridas no fueron hechas a corta distancia[17].
12.
Así, el Tribunal concluyó que “la valoración
conjunta de estos hechos permite concluir que Diego Armando, Marlio Mauricio y
Luis Ernesto no fueron víctimas de una ejecución extrajudicial, sino que
estaban infringiendo la ley (…) y que al sentirse intimidados
reaccionaron con disparos cuando observaron la presencia de la fuerza pública
por lo que el Ejército Nacional respondió en legítima defensa”[18]. Por lo
anterior, consideró la decisión de instancia que no existía responsabilidad del
Estado.
13.
El proceso penal se
encuentra activo y la investigación está a cargo de la Fiscalía 115
Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario de la ciudad de Neiva[19].
Expediente
T-7.477.406
14.
El señor Teódulo Montano
Correa, quien residía en el municipio de Gigante, en el departamento del Huila,
padecía graves problemas de adicción a sustancias psicoactivas, razón por la
cual inhalaba constantemente bóxer, situación que había afectado gravemente sus
facultades mentales[20].
15.
El 16 de enero de 2008 a las
5:30 PM fue visto por última vez en cercanías del restaurante “La Casona”,
lugar que frecuentaba en búsqueda de alimentación. Al día siguiente, es decir,
el 17 de enero de 2008, el señor Teódulo Montano Correa (en adelante, “TMC”) murió
en la vereda El Piñal del municipio de Gigante, Huila[21].
16.
El 1 de marzo de 2010, varios
familiares[22] de TMC interpusieron demanda de reparación
directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por
haber incurrido en una falla del servicio al ocasionar la muerte del señor Montano.
Sostuvieron que él fue asesinado extrajudicialmente por miembros del Ejército
Nacional. En ese sentido, cuestionaron la veracidad del informe del Batallón de
Infantería No. 26, en que el Ejército reportó al señor Montano como un miembro
de las FARC, quien fue dado de baja en combate y que portaba material de
guerra. Al respecto, los demandantes señalaron que TMC era “farmacodependiente
y habitante de la calle” y que había perdido casi todas sus facultades
mentales y físicas, por lo que era incapaz de manejar armas y de enfrentarse al
Ejército.
17.
El 27 de febrero de 2015, el
Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Neiva profirió
sentencia de primera instancia y declaró “la responsabilidad patrimonial y
administrativa de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional por la muerte de Teódulo Montano Correa”[23].
18.
De manera preliminar, el
Juzgado declaró la falta de legitimación en la causa por activa respecto de
varios de los demandantes. Según advirtió, “dentro del expediente no existe
prueba alguna que permita establecer que entre los señores Teódulo Montano
Correa y Constanza Triana Trujillo existiera algún tipo de relación [ni
que] el señor Montano Correa respondía económicamente por los menores
[demandantes]”[24].
19.
Por otra parte, el Juzgado
encontró probado que (i) “[e]l 16 de enero de 2008 falleció el señor Teódulo
Montano Correa”[25]; y (ii) en las veredas aledañas al departamento
del Huila se llevó a cabo la misión táctica Faraón “que consistía en
desarrollar misión […] ofensiva de neutralización sobre corredores de
movilidad área general del municipio de Gigante”[26].
20.
Señaló que, según los testimonios de los miembros del
Ejército (i) 16 de enero “la sección segunda al mando del SS Herrera inició
movimiento táctico pedestre hacia un objetivo trazado por el comando del
batallón”[27]; (ii) que a las 19:20 horas (…) el puntero
se encuentra de frente a unos cuarenta metros de los sujetos en civil quienes
al percatarse que era tropa disparan con sus armas de fuego hacia los soldados,
de inmediato el personal reacciona y (…) se genera un cambio de disparos”[28]; (iii) “en
el registro (…) se halla un cuerpo sin vida y se puede percatar que el sujeto
portaba un revolver y un radio scanner”[29]; y (iv) que ningún miembro de la sección
resultó herido o lesionado. Por otro lado, ocho testimonios de personas que
conocían al señor TMC, afirmaron que “el consumo de las sustancias
psicoactivas era de tipo permanente y dan cuenta de [sus] condiciones
sociales, psicológicas y familiares del señor Teódulo Montano”[30].
21.
En relación con el fondo del asunto, el Juzgado sostuvo que encontró
“acreditados todos los presupuestos necesarios para que pueda predicarse la
falla del servicio de la conducta asumida por el Ejército Nacional por
intermedio de sus agentes, en la medida en que las pruebas arrimadas al proceso
dan pie para concluir que los militares participantes en el operativo llevado a
cabo el 16 de enero de 2008, le quitaron la vida el señor Teódulo Montano
Correa, en situaciones ajenas al desarrollo de un enfrentamiento armado que
nunca existió, e hicieron aparecer al mencionado señor como si se tratara de un
guerrillero dado de baja durante un combate”[31]. En consecuencia, condenó a la Nación a reparar
al padre y a los cinco hermanos del fallecido.
22.
El 1 de enero de 2015, el
Tribunal Administrativo del Huila admitió los recursos de apelación
interpuestos por las partes.
23.
Por una parte, la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional solicitó que se revoque la decisión
y, en su lugar, que se nieguen las pretensiones de los demandantes. En su escrito,
reiteró que la muerte del señor TMC se produjo exclusivamente por culpa de la
víctima. En concreto, señaló que los miembros del ejército reaccionaron al
ataque con armas de fuego realizado por el señor TMC y unos compañeros, quienes
se encontraban desarrollando actividades delictivas y portaban material de
guerra. Alegó que no hay prueba de un comportamiento irregular de los militares
que participaron en la muerte del señor TMC.
24.
Por otra parte, el apoderado
de los demandantes también impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó
que se modifique su parte resolutiva. Primero, discrepó de la condena impuesta
por considerar que los montos señalados no se ajustan a la jurisprudencia del
Consejo de Estado. Segundo, le solicitó al juez de segunda instancia que
condene a la demandada a pagar los perjuicios materiales y morales a favor de
la compañera permanente, del hijo de crianza y del abuelo de TMC.
25.
El 18
de abril de 2018, el Tribunal Administrativo del Huila revocó la sentencia de
primera instancia y negó las pretensiones de los demandantes, porque “no se
logró establecer la existencia de una falla del servicio”[32].
26.
Primero, el Tribunal estudió el valor de las pruebas
aportadas al caso. En concreto, afirmó que valoró y tuvo en cuenta “los
procesos disciplinario y penal que se adelantó (sic) por la muerte del señor
Teódulo Montano Correa”[33]. Al respecto sostuvo que “[s]i bien es
cierto que en este proceso las mencionadas pruebas trasladas fueron solicitadas
única y exclusivamente por la parte demandante, lo que en principio conllevaría
a que solamente se pueda valorar la prueba documental que contengan los
procesos disciplinarios y penal que se adelantó por la muerte del señor Teódulo
Montano Correa, también es cierto que se está frente a un asunto de violación
grave de derechos humanos, caso en el cual la valoración probatoria debe ser
más flexible”[34]. Adicionalmente, aclaró que “las diligencias
de declaración libre y espontánea que obren en el expediente trasladado (…) y
que no se practicaron bajo la gravedad de juramento, serán tenidas en cuenta
como indicios”[35].
27.
Segundo, en línea con lo anterior, determinó el alcance
de la prueba indiciaria. Así, señaló que “[l]os jueces pueden encontrar
acreditados los supuestos de hecho de una demanda por vía de medios probatorios
indirectos, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que dicho análisis
exige”[36].
28.
Tercero, hizo mención, entre
otras, a las siguientes pruebas: (i) la orden de operaciones Dragón, misión
táctica No. 008/2007 Faraón informes riesgos Nos. 022/07 y 025/07 expedida por
el Comandante del Batallón de Infantería No. 26[37]; (ii) el informe ejecutivo realizado por la
Fiscalía 21 Seccional de Garzón[38]; (iii) el acta de inspección al cadáver del
señor TMC No. 006 del 17 de enero de 2008[39]; (iv) el informe de necropsia del señor TMC[40]; (v) los testimonios de los militares Mauricio Chante,
Edilberto Vera, Luis Fernando Palechor, Mauricio Figueroa y Anuar Herrera que
participaron en los hechos, y del señor Rodolfo Montano Correa, hermano de TMC[41]; (vi) el oficio DS.SHUI.GOPE-96271 del Departamento
Administrativo de Seguridad[42]; (vii) los informes de inteligencia 342, 357 y
007[43]; y (viii) la investigación No. 017/08
adelantada por el Comandante del Batallón de Infantería No. 26 en contra de los
militares que participaron en los hechos[44];
29.
Cuarto, indicó las pruebas
que obran en el expediente dan cuenta de que:
(i)
“Miembros de las milicias
de las FARC pretendían atentar contra la estación de policía de Silvania o la
infraestructura eléctrica de la zona”[45].
(ii)
“El día 16 de enero de
2008 a las 19:20 horas, el soldado puntero se encontró de frente a un grupo de
4 a 5 sujetos que en el momento que identificaron que era la tropa abrieron
fuego contra los soldados (…) se escuchó una explosión muy fuerte”[46].
(iii)
“La muerte del señor
Teódulo Montano fue producida por miembros del Ejército Nacional”[47].
(iv)
“En la inspección del
lugar de los hechos encontraron un arma tipo revólver, un cuchillo, un radio de
comunicaciones y una billetera con un bosquejo a lapicero del sector de
Silvania y unos papeles con unos números de celulares”[48].
(v)
TMC “estaba infringiendo
la ley –al portar armas sin salvoconducto– y que al sentirse abrumado, reaccionó con
disparos cuando observaron la presencia de la fuerza pública”[49].
(vi)
TMC disparó el arma “según
se infiere del informe de la Policía Judicial de inspección al cadáver que da
cuenta de las vainillas encontradas al lado del cuerpo del fallecido”[50].
(vii)
“La escena de los hechos
no tenía indicios de haber sido alterada”[51].
(viii)
“Las heridas
propinadas por los miembros de la fuerza pública tienen
diferentes trayectorias en los cuerpos de acuerdo a los orificios de entrada y
a la ausencia de residuos de disparo”[52].
(ix)
“[L]os militares
accionaron sus armas de fuego desde la carretera hacia un costado de la misma y
mientras el fallecido estaba de entre espalda y lado izquierdo (sic)”[53].
(x)
“[D]el análisis de la
posición dinámica del cuerpo del señor Montano Correa se deduce que recibe los
disparos cuando se hallaba parado, en la parte posterior - anterior con heridas
de tórax, riñón y brazo izquierdo y los disparos a una distancia mayor a un
metro por lo que no dejó tatuaje”[54].
(xi)
“Las
declaraciones juradas rendidas por los militares que participaron en los hechos
(…) son coincidentes con las demás pruebas técnicas practicadas al interior de
los procesos penal y disciplinario”[55].
(xii)
“A través del acta No.
057 del 15 de febrero de 2008, la demandada le canceló el dinero acordado al
informante por el suministrado de los datos que ayudaron la ejecución de la
operación militar”[56].
(xiii)
“El DAS informó que [TMC]
tenía antecedentes penales, y se constató que desde el año 2002 tuvo varias
condenas por el delito de hurto calificado y agravado y por extorsión (…) sin
que en el transcurso de esos procesos penales los familiares demandantes o
inclusive el mismo infractor haya mencionado su inimputabilidad por consumir
sustancias alucinógenas o padecer de algún trastorno mental”[57].
(xiv)
No hay “ningún otro
testigo que dé cuenta del supuesto estado de adicción que padecía el occiso, [ni]
tampoco obra certificado del centro de rehabilitación ‘el shaddai’ donde estuvo
recibiendo ayuda”[58].
(xv)
Tampoco hay prueba de “lo dicho por los demandantes cuando señalan que los
militares habían engañado al señor Teódulo Montano Correa ofreciéndole trabajar
con ellos para llevárselo al lugar donde le dieron muerte”[59].
30.
El Tribunal concluyó que TMC
“no fue víctima de una ejecución extrajudicial, sino que fue muerto en un
enfrentamiento con el Ejército Nacional, al responder los disparos realizados
por él y otras personas que los acompañaba (sic)”. En criterio de dicha
corporación, la muerte de TMC tuvo lugar, por cuanto, este “disparó el arma
que portaba, por lo que los miembros de la Fuerza Pública reaccionaron
produciéndose un enfrentamiento armado para salvaguardar su vida en legítima
defensa”. Por lo tanto, determinó que el Estado no está llamado a responder
porque la muerte se produjo por “culpa exclusiva de la víctima”.
31.
Finalmente, el proceso penal
se encuentra en etapa de investigación por parte de la Fiscalía 115
Especializada en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario,
dependencia a la cual fue asignado en el año 2018[60].
C.
RESPUESTA
DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS O VINCULADAS AL TRÁMITE
Expediente
T-7.395.090
Ministerio de
Defensa[61]
32.
El 5 de septiembre de 2018,
el Ministerio de Defensa, solicitó la declaratoria de improcedencia de la
acción de tutela sub examine, por dos razones. Primero, porque el
apoderado de los accionantes, no estableció con claridad los motivos por los
cuales se acreditan los requisitos generales y específicos de procedencia de la
acción de tutela interpuesta contra providencia judicial, descritos en la
jurisprudencia constitucional, particularmente, en la sentencia C-590 de 2005. Segundo,
a su juicio, el apoderado de los accionantes pretende reabrir un debate
probatorio que ya fue zanjado en las instancias del proceso que se surtió ante
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y que finalizó con una
sentencia adoptada conforme a derecho, a partir de los fundamentos fácticos que
fueron debatidos.
33.       Los
demás vinculados no se pronunciaron,
pese a estar debidamente notificados dentro del proceso de tutela[62].
Expediente
T-7.477.406
Tribunal
Administrativo del Huila[63]
34.       El 20 de noviembre de 2018, el Secretario del
Tribunal Administrativo del Huila informó que “el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación No. 41001-33-31-002-2010-00081-01
(…) no se encuentra en [esa] Corporación, por haber sido devuelto al
juzgado de primera instancia, Juzgado Segundo Oral desde el día 11 de mayo de
2018”.
Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva[64]
35.       El 21 de noviembre de 2018, el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela, pues, a su juicio, la misma no supera el
análisis de las causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial. Señaló que “lo que pretende (…) el accionante
es modificar el sentido de las sentencias cuestionadas (…) sencillamente porque
no comparte [su] contenido”[65]. En consecuencia, solicitó que “se
niegue la solicitud de amparo constitucional”[66].
Ministerio de
Defensa Nacional[67]
36.
El 21 de noviembre de 2018, la Coordinadora del Grupo
Contencioso Constitucional del Ministerio de Defensa Nacional solicitó que se
declare improcedente la acción de tutela, por dos razones. Primero, porque los
accionantes no acreditaron la vulneración de sus derechos fundamentales.
Segundo, porque los tutelantes incumplieron su carga probatoria. Sostuvo que
los “argumentos señalados (…) no encuentran ningún fundamento [para] desvirtuar
las pruebas obrantes dentro del plenario”. En su opinión, los tutelantes
pretenden “subsanar los errores y la carencia de material probatorio que
debi[eron] allegar al proceso”. En particular, alegó que, en
tratándose de un habitante de calle, sus familiares “no pueden aseverar qué
actividades realizaba el extinto, pues no compartían con él”. Por lo
anterior, solicitó que se nieguen las pretensiones de los accionantes.
D.
DECISIONES
JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
Expediente
T-7.395.090
Sentencia de primera instancia proferida por la
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado[68]
37.       El 15 de noviembre de 2018, la Sección Segunda
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado negó el
amparo solicitado. A su juicio, el Tribunal Administrativo del Huila, hizo una
valoración juiciosa de todo el material probatorio que obra en el expediente.
Así, concluyó que la razón de esa decisión no parece ser producto del capricho
de dicha autoridad judicial y, por ende, no se configura un defecto fáctico[69]. Finalmente, advirtió que el estudio detallado de las pruebas que se
puso de presente ante el juez constitucional no fue aportado en el transcurso
del proceso judicial que se surtió ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
Impugnación[70]
38.        Mediante escrito radicado el 18 de diciembre de
2018, el apoderado judicial de los accionantes impugnó la sentencia de primera
instancia. Sostuvo que el Tribunal no estudió de manera detallada los elementos
probatorios existentes en el expediente y que, en ese orden de ideas, “la
sustentación (…) es absolutamente infundada y contraria a la evidencia
probatoria (…)”[71].
Sentencia de segunda instancia proferida por la
Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado[72]
39.       El 11 de abril de 2019, la Sección Quinta de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado confirmó la
providencia impugnada. Argumentó que si bien la parte accionante apeló dentro
del término previsto por el ordenamiento jurídico la sentencia de tutela de
primera instancia, lo cierto es que el recurso fue sustentado más de un mes
después de interpuesto, situación que, a juicio del juez de tutela de segunda instancia,
contraviene las reglas jurídicas que rigen la acción de tutela[73].
Expediente
T-7.477.406
Sentencia de primera instancia proferida por la Sección Cuarta de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado[74]
40.
El 28 de febrero de 2019, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado declaró improcedente el
amparo solicitado, porque la tutela no cumple con el requisito de inmediatez. Esto,
por cuanto los accionantes presentaron la acción de tutela 6 meses y 4 días después de proferido el
fallo cuestionado. Según explicó, el
Tribunal Administrativo del Huila profirió la providencia objeto de reproche
constitucional el 18 de abril de 2018, la cual fue notificada y desfijada el 4
de mayo de 2018, y los accionantes presentaron la acción de tutela el 8 de noviembre de 2018. De esa manera,
consideró que desconocieron que, “la oportunidad de la solicitud de amparo,
por regla general, es de seis (6) meses”. En su criterio, no hay
circunstancias especiales que justifiquen dicha demora.
Impugnación[75]
41.
Mediante escrito radicado el
11 de marzo de 2019, el apoderado judicial de los accionantes impugnó la
sentencia de primera instancia. Sostuvo que el Tribunal desconoció que la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo prevé como regla general “un plazo de
6 meses a partir de la notificación o ejecutoria, para determinar si la acción
de tutela contra providencias judiciales, se ejerce oportunamente”. Indicó
que la sentencia cuestionada quedó ejecutoriada el 9 de mayo de 2018 y por lo
tanto el término para interponer la tutela vencía el 9 de noviembre del mismo
año. En consecuencia, concluyó que la tutela se presentó en término.
Adicionalmente, argumentó que el Tribunal desconoció “la prevalencia del
Derecho Sustancial sobre la forma, ya que no tuvo en cuenta que se trata de un
delito de lesa humanidad, de un falso positivo en que la víctima era un
habitante de calle en avanzado estado de drogadicción”. Por lo anterior, le
solicitó al juez de tutela “declarar que se cumple el requisito de
inmediatez, revocar la Sentencia de Tutela de Primera instancia y fallar de
fondo accediendo a las pretensiones de la Acción de Tutela”.
Sentencia de segunda
instancia proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado[76]
42.
El 8 de abril de 2019, el juzgado de
segunda instancia confirmó la sentencia del a quo. Sostuvo que la providencia
judicial cuestionada quedó ejecutoriada el 8 de mayo de 2018. Indicó que, sin
embargo, la acción de tutela “solo fue radicada hasta el 13 de noviembre de
2018”. En efecto, afirmó que “aunque los accionantes hayan
remitido el correspondiente correo electrónico el 8 de noviembre anterior, esta
actuación se arribó pasadas las 5:00 p.m., es decir, por fuera del horario
judicial, por lo que se entiende surtida al día siguiente”. Así mismo,
destacó que los accionantes no se “encuentran incursos en alguna de las
situaciones que exceptúan la aplicación del presupuesto de la inmediatez”.
Por lo anterior, concluyó que la tutela es improcedente porque no cumple con el
requisito de inmediatez.
Levantamiento de la suspensión de términos
judiciales
1.
En cumplimiento de las
medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y por el Consejo Superior de la
Judicatura, mediante Acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11519,
PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11527, PCSJA20-11528, PCSJA20-11529,
PCSJA20-11532, PCSJA20-11546, PCSJA20-11549, PCSJA20-11556, PCSJA20-11567 y
PCSJA20-11581 adoptados con ocasión de la emergencia sanitaria ocasionada por
la pandemia que afectaba a Colombia, los términos fueron suspendidos en el
asunto de la referencia, entre el 16 de marzo y el 30 de julio de 2020. De
igual manera, el artículo 1 del Decreto 469 de 2020 dispuso que la Sala Plena
de la Corte Constitucional podrá levantar la suspensión de los términos
judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura cuando fuere
necesario para el cumplimiento de sus funciones constitucionales. Igualmente,
por tratarse de vacancia judicial en semana santa, durante los días 4 a 12 de
abril de 2020, los términos judiciales tampoco corrieron.
43.
En seguimiento a lo
dispuesto en el Auto 121 proferido por la Sala Plena el 16 de abril de 2020, en
este caso, la Sala de Revisión dispone el levantamiento de la suspensión de
términos referida en el numeral anterior, en la medida que, existe la
posibilidad material de que el asunto puede ser tramitado y decidido de forma
compatible con las condiciones actuales de aislamiento inteligente, sin que
ello implique la imposición de cargas desproporcionadas a las partes o a las
autoridades concernidas.
II.
CONSIDERACIONES
A.
COMPETENCIA
44.       La Sala Cuarta de Revisión es competente para
conocer de las presentes acciones de tutela de conformidad con lo establecido
en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en virtud del Auto del 30 de julio
de 2019 de la Sala de Selección de Tutelas Número Siete[77].
B.
ACTUACIONES ADELANTADAS ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Y PRUEBAS RECAUDADAS EN SEDE DE REVISIÓN
Expediente
T-7.395.090
45.       Mediante el auto del 30 de agosto de 2019, el
magistrado ponente le solicitó a la Oficina de Apoyo de los
Juzgados Administrativos Seccional de Neiva, al Juzgado Primero Administrativo
de Descongestión de Neiva y al Tribunal Administrativo del Huila que le
remitiera, en calidad de préstamo, el expediente del proceso de reparación
directa identificado con el número de radicado 41002-33-31-002-2008-00143-01[78].
46.       A través de oficio
del 9 de septiembre de 2019, la Secretaría General de la Corte envió al
despacho del magistrado ponente el oficio suscrito por el secretario del
Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Neiva, por medio del cual
remitió en calidad de préstamo el proceso de reparación directa identificado
con el número de radicado 41002-33-31-002-2008-00143-01.
Expediente
T-7.477.406
47.       Mediante el auto del 3 de septiembre de 2019, el magistrado sustanciador
ofició al Juzgado Segundo Administrativo de Neiva para que remitiera a esta
corporación, en calidad de préstamo, el expediente identificado con el número
de radicado 41001-33-31-002-2010-00081-01[79].
48.
Mediante el oficio del 18 de septiembre
de 2019, la Secretaría General de la Corte envió al despacho del magistrado ponente oficio suscrito
por el secretario del Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de
Neiva, por medio del cual remite en calidad de préstamo el proceso de reparación
directa identificado con el número de radicado 41001-33-31-002-2010-00081-00.
Acumulación de los
procesos y suspensión de términos
49.
Mediante el auto del 21 de
octubre de 2019[80],
la Sala Cuarta de Revisión decidió (i) acumular los procesos
T-7.395.090 y T-7.477.406 para ser fallados en una sola sentencia por
razones de economía, celeridad y
eficacia y por presentar unidad de materia[81]; y (ii) ordenar la
suspensión de los términos de los procesos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento de la Corte Constitucional.
C.
CUESTIÓN PREVIA: LA
PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES.
REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
50.
En virtud
de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, los artículos
concordantes del Decreto 2591 de 1991 y la reiterada jurisprudencia
constitucional sobre la materia[82], la acción de
tutela tiene un carácter residual y subsidiario. Por lo anterior, solo procede
como mecanismo de protección definitivo (i) cuando el presunto afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial; o (ii) cuando existiendo ese
medio carezca de idoneidad o eficacia para proteger de forma adecuada, oportuna
e integral los derechos fundamentales, a la luz de las circunstancias del caso
concreto. Además, procederá como mecanismo transitorio cuando se
interponga para evitar la consumación de un perjuicio irremediable en un
derecho fundamental[83]. En el evento de proceder como
mecanismo transitorio, el accionante deberá ejercer dicha acción en un término
máximo de 4 meses a partir del fallo de tutela y la protección se extenderá
hasta tanto se produzca una decisión definitiva por parte del juez ordinario[84].
51.       La Sala
Cuarta de Revisión advierte que las acciones de tutela sub examine se dirigen en contra de las
providencias proferidas por el Tribunal Administrativo del Huila (i) el 7 de
febrero de 2018 (T-7.395.090); y (ii) el 18 de abril de 2018 (T-7.477.406).
Teniendo en cuenta que el artículo 86 de la Constitución prevé que las personas
pueden acudir a la acción de tutela cuando quiera que sus derechos resulten
vulnerados por “cualquier autoridad pública”, la jurisprudencia de la
Corte ha reconocido en algunos casos la procedencia excepcional de este
mecanismo contra sentencias, en aras de salvaguardar la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
52.       La sentencia
C-590 de 2005 estableció unas causales genéricas de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales, las cuales deben ser acreditadas en
todos los casos para que el asunto pueda ser examinado por el juez
constitucional. De esta forma, la sentencia referida estableció 6 requisitos
que habilitan el examen de fondo de la acción de tutela cuando se interpone en
contra de providencias judiciales, en casos muy excepcionales de vulneración de
los derechos fundamentales. Al mismo tiempo, delimitó 8 situaciones o causas
especiales de procedibilidad, como formas de violación de un derecho
fundamental por la expedición de una providencia judicial.
53.       En
síntesis, reiterando lo dispuesto por la sentencia C-590 de 2005, las causales
generales de procedencia de las acciones de tutela interpuestas contra
providencias judiciales[85], que
permiten al juez constitucional entrar a analizar de fondo el asunto se pueden
resumir en que[86]:
(i) Se cumpla con el carácter subsidiario de la acción de tutela,
a través del agotamiento de todos los medios de defensa judicial. “En todo
caso, este criterio puede flexibilizarse ante la posible configuración de un
perjuicio irremediable”[87].
(ii) La tutela se interponga en un plazo razonable, de acuerdo con
el principio de inmediatez. Si bien es cierto que esta acción no está
sometida a un término de caducidad, sí debe ser interpuesta en un plazo
prudente y proporcionado a partir del hecho generador de la vulneración, en el
caso de las providencias judiciales, desde que quedó en firme. En razón de
ello, esta corporación judicial ha considerado que “un plazo de seis
(6) meses podría resultar suficiente para declarar la tutela improcedente y en
otros eventos, un término de dos (2) años se podría considerar razonable para
ejercer la acción de tutela”[88].
(iii) Exista legitimación en la causa, tanto por activa,
como por pasiva.
(iv) La providencia judicial controvertida no sea una sentencia
de acción de tutela ni, en principio, la que resuelva el control
abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional,
ni la acción de nulidad por inconstitucionalidad por parte del Consejo de
Estado.
(v) El accionante cumpla con unas cargas argumentativas y
explicativas mínimas, al identificar los derechos fundamentales afectados y
precisar los hechos que generan la vulneración. No se trata de convertir la
tutela en un mecanismo ritualista, sino de exigir una actuación razonable para
conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales, con los
principios y valores en juego, al controvertir una providencia judicial. En
esto, resulta fundamental que el juez interprete adecuadamente la demanda, con
el fin de evitar que imprecisiones intrascendentes sean utilizadas como
argumento para declarar la improcedencia del amparo, lo que contrariaría la
esencia misma y rol constitucional de la acción de tutela[89].
(vi) Finalmente, se concluya que el asunto reviste de relevancia
constitucional. Esto se explica en razón de su carácter subsidiario,
logrando así establecer objetivamente qué asuntos competen al fallador del
amparo, y cuáles son del conocimiento de los jueces ordinarios, ya que el
primero solamente conocerá asuntos de dimensión constitucional; de lo contrario
podría estar arrebatando competencias que no le corresponden. A esta decisión
solo podrá llegarse después de haber evaluado juiciosamente los cinco
requisitos anteriores, ya que es a raíz del correcto entendimiento del problema
jurídico, que se puede identificar la importancia predicada a la luz de la
interpretación y vigencia de la Constitución Política.
54.
Por otra parte, debe tenerse
en cuenta que, además del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia, se debe verificar al menos una de las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales[90]. En esa
medida, como ha sido reiterado por la jurisprudencia constitucional, siempre
que concurra la acreditación de cada uno de los requisitos de carácter general
y, por lo menos, una de las causales específicas, es admisible la acción de
tutela como mecanismo excepcional por vulneración de derechos fundamentales[91].
55.
Por lo anterior, en el caso
en concreto, previo a plantearse el problema jurídico, la Sala Cuarta de
Revisión constatará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra las providencias atacadas.
Verificación
de los requisitos de procedencia en cada uno de los casos concretos
56.       Subsidiariedad: El
artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela “solo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”. En tal virtud, el artículo 6 del Decreto 2591 de
1991 establece como causal de improcedencia de la tutela la existencia de otros
recursos o medios de defensa judicial, sin perjuicio de la posibilidad de
acudir a la tutela como mecanismo transitorio para remediar un perjuicio
irremediable.
57.       La jurisprudencia constitucional ha entendido
que el requisito de subsidiariedad exige que el peticionario despliegue, de
manera diligente, las acciones judiciales que estén a su disposición, siempre y
cuando ellas sean idóneas y efectivas para la protección de los derechos que se
consideran vulnerados o amenazados. El medio de defensa será idóneo cuando
materialmente sea apto para producir el efecto protector de los derechos
fundamentales, y es efectivo cuando está diseñado para brindar una protección
oportuna a los mismos[92].
58.       Ahora bien, respecto de este requisito, es
importante anotar que la tutela resulta improcedente contra sentencias cuando
es utilizada como mecanismo alterno a los procesos judiciales ordinarios consagrados
por la ley o cuando se pretende reabrir términos procesales por no haberse
interpuesto oportunamente los recursos de ley[93]. Así, la subsidiariedad implica haber
recurrido a las instancias, solicitudes y recursos a disposición, para concluir
que, aparte de la acción, ya el accionante no cuenta con otra forma de defensa.
59.       En el caso sub examine, las acciones de tutela T-7.477.406 y T-7.395.090 se interpusieron en
contra de las providencias judiciales proferidas por el Tribunal Administrativo
del Huila en la segunda instancia de dos procesos de reparación directa. A
juicio de los accionantes, en ambos casos la entidad accionada incurrió en un
defecto fáctico por no haber valorado la totalidad del acervo probatorio y por
haber valorado equivocadamente las pruebas aportadas al proceso. Así, esta Sala
de Revisión debe analizar si las acciones de tutela sub judice cumplen
con el requisito de subsidiaridad, para lo cual debe determinar si existe otro
medio judicial idóneo y eficaz para cuestionar tales decisiones judiciales por
las razones que alegan los accionantes.
60.       De conformidad con el artículo 185 del Código Contencioso
Administrativo, modificado por el artículo 57, “[e]l recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas”[94]. El
artículo 188 de la misma norma dispone que las causales para la procedencia de
ese recurso son:
“1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en
documentos falsos o adulterados.
2. Haberse recobrado después de dictada la sentencia
documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión
diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o
caso fortuito o por obra de la parte contraria.
3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una
persona, otra con mejor derecho para reclamar.
4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una
pensión periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o
perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia, o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida.
5. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo
violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.
6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin
al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
7. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de
peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que
constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue
dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se
propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada”.
61.
La Corte Constitucional ha
señalado que, en principio, para cuestionar una providencia judicial, el
recurso de revisión “es idóneo y eficaz, (y que) el actor debe estar en la
capacidad de encuadrar el defecto que considera tiene la sentencia dentro de
alguna de las causales taxativas establecidas en el código correspondiente. De
lo contrario, no puede considerarse improcedente la tutela”[95]. Sin
embargo, también ha advertido que “la acción de tutela desplazará esa
herramienta procesal, siempre que i) el derecho fundamental cuya protección se
solicita no sea susceptible de ser protegido de manera integral dentro del
trámite del recurso; y ii) las causales de revisión carezcan de correspondencia
con los yerros denunciados”[96].
62.       La Sala Cuarta considera que el recurso
extraordinario de revisión no es un medio
idóneo para resolver lo alegado por los accionantes cada uno de los casos. Esto, por cuanto los accionantes cuestionan
que el Tribunal Administrativo del Huila (i) no valoró, y (ii) valoró
erróneamente ciertas pruebas. Dichos aspectos no pueden enmarcarse dentro de
las causales de procedencia recientemente mencionadas, las cuales están
diseñadas para atender situaciones sobrevinientes a la fecha de expedición del
fallo o fraudes en la adopción del mismo, más no para reconsiderar el acervo
probatorio ni cuestionar la valoración hecha por el juez. En efecto, la
revisión tiene por objeto apreciar hechos nuevos que tachan la providencia
judicial ejecutada y, en consecuencia, desvirtuar la cosa juzgada de las
decisiones de instancia; lo cual, no se cumple en el presente caso en el cual
se busca el amparo al debido proceso por valoración errónea del acervo
probatorio. Por esta razón, el recurso
extraordinario de revisión no resulta idóneo para la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso presuntamente vulnerados por la ocurrencia de
los defectos antes mencionados. En consecuencia, en los casos sub judice,
la Sala tiene por superado el requisito de subsidiariedad.
63.       Inmediatez. La jurisprudencia constitucional ha establecido que la
acción de tutela debe presentarse en un término razonable y proporcionado, a
partir del hecho que generó la vulneración[97]. Para la verificación de este
requisito es necesario, por una parte, identificar el lapso trascurrido entre
la sentencia acusada de incurrir en varias causales específicas de procedencia
y el momento en el que por vía de tutela se buscó la protección de los derechos
fundamentales alegados. Si bien esta Corte ha señalado que el término razonable
para interposición de la acción de tutela contra las providencias judiciales es
de seis meses, también ha aclarado que ese término no es rígido, sino que debe
analizarse con base en las circunstancias del caso concreto y, en esa medida,
flexibilizarse[98].
64.       Aunado a lo anterior, el carácter informal de la
acción de tutela permite que los accionantes la presenten por medios
electrónicos. Al respecto, esta Corte ha
señalado que “[d]ada la
relevancia de los bienes jurídicos que la tutela protege, esta (…)
puede ser interpuesta en cualquier momento. Por ello es que el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991
prevé que “todos los días y
horas son hábiles para interponer la acción de tutela” y que “la acción de tutela procederá aún bajo los estados de
excepción’[99].
65.       Expediente T-7.395.090. A juicio de esta Sala, el presente caso cumple
con el requisito de inmediatez. Del
expediente se desprende que la sentencia de segunda instancia, dictada en el
marco del proceso de reparación directa interpuesto por los accionantes en
contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, fue proferida
el día 7 de febrero de 2018[100] y, según la constancia de ejecutoria,
esta cobró firmeza el 23 de febrero de 2018[101]. De la misma forma, se tiene que la
acción de tutela fue interpuesta el día 27 de agosto de 2018[102].
En ese sentido, entre uno y otro momento, transcurrieron seis meses y cuatro
días, término que esta Sala considera razonable en este caso.
66.
Expediente T-7.477.406. A juicio de esta Sala, el presente caso también
cumple con el requisito de inmediatez. El
fallo del Tribunal Administrativo del Huila que revocó la decisión del Juzgado
Quinto Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Neiva y, en su
lugar, negó las pretensiones de los
demandantes, fue proferido el 18 de abril de
2018 y cobró ejecutoria el 8 de mayo del mismo año[103]. En el caso sub judice, la
acción de tutela fue presentada,
vía correo electrónico, el 8 de noviembre de 2018 a las 5:02 p.m[104], esto es,
seis meses después de notificado el fallo cuestionado. Esta Sala entiende que,
aunque se presentó dos minutos por fuera del horario judicial, en atención a
que “todos los días y horas son hábiles para interponer la acción de tutela”,
la acción de tutela se entenderá interpuesta el mismo 8 de noviembre. Aún si se
entiende que la acción de tutela fue interpuesta por fuera del horario judicial
y por ende se toma como día de presentación el 9 de noviembre, esta Sala
encuentra que se presentó dentro de un plazo que no pone en
riesgo los valores de cosa juzgada y seguridad jurídica.
67.
Cabe recordar que las
Secciones Cuarta y Tercera del Consejo de Estado –jueces de tutela de primera y
segunda instancia– declararon la improcedencia de la acción de tutela por no
cumplir con el requisito de inmediatez. Por una parte, la Sección Cuarta
señaló, de manera equivocada, que la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila fue “notificada por edicto desfijado el 4 de mayo
de 2018 (…) es decir, a la fecha de la presentación de esta acción ha (sic)
transcurrido 6 meses y 4 días”[105].
Sin embargo, como consta en el expediente, lo cierto es que cobró ejecutoria el
8 de mayo de 2018. Por otra parte, la Sección Tercera, sí reconoció que el
edicto de la providencia cuestionada fue desfijado el 8 de mayo. Sin embargo,
consideró que “aunque los accionantes hayan remitido el correspondiente
correo electrónico el 8 de noviembre anterior, esta actuación se arribó pasadas
las 5:00 p.m., es decir, por fuera del horario judicial, por lo que se entiende
surtida al día siguiente, de manera que (…) la acción de tutela se registra
extemporánea”[106].
68.
Para esta Sala, los jueces
de instancia desconocieron el rol del juez de tutela, los principios que rigen
a la acción de tutela y la jurisprudencia constitucional. En efecto, el
excesivo ritualismo de las Secciones Cuarta y Tercera del Consejo de Estado
resulta aún más gravosa en este caso, en atención a la relevancia de los
derechos fundamentales en disputa y la sensibilidad del asunto objeto de la
providencia judicial cuestionada. Aún si se considerará interpuesta un día
después del plazo de los 6 meses definidos en la jurisprudencia constitucional,
6 meses y 1 día sería un término
que esta Sala considera razonable en este caso.
69.
Legitimación por
activa: El artículo 86 de la Constitución ha previsto que cualquier
persona podrá acudir a la acción de tutela para reclamar ante los jueces la
protección de sus derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o
vulnerados.
70.
Esta Sala considera que en el caso concreto se acredita el
requisito de legitimación por activa en el fallo objeto de revisión. Esto, por
cuanto Irma Olaya y otros (T-7.395.090), y Rodolfo Montano Correa y otros (T-7.477.406[107]) –quienes actuaron por medio de apoderado
judicial debidamente acreditado– son titulares de los derechos fundamentales al
debido proceso y a la igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad
judicial accionada, dado que fueron partes en los procesos judiciales de
reparación directa.
En lo que tiene que ver con el expediente T-7.395.090, la Sala advierte que las Secciones Segunda y Quinta de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado –corporaciones
judiciales que fungieron como jueces constitucionales de primera y segunda
instancia respectivamente– vincularon a los señores Claudia Milena Montaño Rodríguez; Ernesto Vargas[108]; Judith
Sánchez González, para que actué en su nombre propio y en representación de los
menores de edad Pablo Esteban Chavarro Sánchez y Juan Camilo Chavarro Sánchez;
Rufino Cárdenas Oviedo para que actúe en nombre propio y en representación del
menor de edad Juan David Cárdenas Calderón; César Augusto Cárdenas Sánchez;
William Orlando Sánchez[109];
Luz Dary Quintero Javela y Héctor Murillo Sánchez, para que actúen en nombre
propio y en representación de los menores de edad Yorman Andrés Murillo
Quintero y Judy Viviana Murillo Quintero; Jhon Wilmar Murillo Almario; Jhon
Robinson Murillo Quintero[110]
y Jazmín Espinosa Olaya[111]
al proceso de tutela, por contar con interés en la decisión del proceso, al
haber constituido la parte demandante del proceso de reparación directa que
culminó con la sentencia cuestionada.
71.       En ese sentido, para la Sala los señores
citados en el párrafo inmediatamente anterior también cuentan con legitimación
en la causa por activa dentro del proceso de tutela. Lo anterior, como quiera que
del expediente es posible identificar: (i) que los familiares de los señores
Cárdenas y Murillo fueron correctamente vinculados en las instancias por parte
de las Secciones Segunda y Quinta del Consejo de Estado; (ii) cuentan con
interés directo en el resultado, pues constituyeron la parte demandante del
proceso de reparación directa que culminó con la sentencia censurada a través
del amparo constitucional que hoy se revisa; y (iii) el análisis probatorio que
le compete analizar a la Sala para efectos de determinar la existencia o no del
defecto fáctico alegado en la tutela, parte de hechos en los que también
terminaron muertos sus familiares. En este orden de ideas, para la Sala, en aplicación
del principio de igualdad, se hace necesario extender los efectos de la
decisión a los mencionados señores[112].
72.       Legitimación por pasiva: El artículo 5
del Decreto 2591 de 1991[113] establece que la acción de tutela
procede contra toda acción u omisión de una autoridad pública que haya violado,
viole o amenace un derecho fundamental. También procede contra acciones u
omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III
del mencionado decreto.
73.       Este
requisito se encuentra satisfecho en los dos expedientes bajo revisión ya que
el Tribunal Administrativo del Huila –entidad accionada en ambos casos– es una
autoridad pública perteneciente a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo que, en ejercicio de sus funciones, profirió los fallos de
segunda instancia de los procesos de reparación directa en contra de los cuales
se presentaron las solicitudes de amparo sub examine.
74.
Irregularidad procesal: Este presupuesto no es aplicable en el asunto objeto de
estudio, por cuanto los yerros que se endilgan a las sentencias del Tribunal
Administrativo del Huila en los expedientes T-7.477.406 y T-7.395.090 no son de
carácter procesal.
75.
Identificación de los hechos que
generaron la vulneración: La Corte ha
señalado que el accionante debe cumplir con unas cargas argumentativas y
explicativas mínimas. Esto implica identificar los derechos fundamentales
afectados y precisar los hechos que generaron la vulneración. No se trata de
convertir la acción de tutela, de por sí informal, en un mecanismo ritualista,
sino de exigir unas cargas procesales razonables para conciliar la protección
eficaz de los derechos fundamentales, con los principios y valores en juego, al
controvertir una providencia judicial. En esto, resulta fundamental que el juez
interprete adecuadamente la demanda, con el fin de evitar que imprecisiones
intrascendentes sean utilizadas como argumento para declarar la improcedencia
del amparo, lo que contrariaría la esencia misma y el rol constitucional de la
acción de tutela. A pesar de que la tutela es una acción informal, estas
exigencias argumentativas pretenden que se evidencie la transgresión de los derechos
fundamentales, con suficiente claridad y se evite que el juez de tutela termine
realizando un indebido control oficioso de las providencias judiciales de otros
jueces. En este aspecto, resulta de vital importancia identificar la causal, o
las causales de procedibilidad especial, la que de verificarse determinaría la
prosperidad de la tutela contra la providencia judicial.
76.
A juicio de la Sala, el apoderado judicial en las
acciones de tutela T-7.477.406
y T-7.395.090 expone con claridad la situación fáctica que en su sentir
sustenta la vulneración de los derechos fundamentales de sus
poderdantes, mismos que fueron expuestos por éste a lo largo de las instancias.
77.
Tipo de
decisión judicial que se cuestiona mediante la tutela: Este requisito implica que la providencia judicial
controvertida no sea una sentencia de acción de tutela ni, en principio, una
que resuelva el control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte
Constitucional, ni la acción de nulidad por inconstitucionalidad por parte del
Consejo de Estado.
78.
Las acciones de tutela T-7.477.406 y T-7.395.090 cumplen
ese requisito pues están dirigidas en contra de dos decisiones adoptadas por el
Tribunal Administrativo del Huila al resolver las apelaciones dentro de los
medios de control de reparación directa promovidos por los accionantes.
79.
Relevancia constitucional: De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el
asunto debe estar revestido de relevancia constitucional. Esto se explica en
razón del carácter subsidiario de la acción de tutela, logrando así establecer
objetivamente qué asuntos competen al juez constitucional, y cuáles son del
conocimiento de los jueces ordinarios, ya que el primero solamente conocerá
asuntos de dimensión constitucional; de lo contrario podría estar ejerciendo competencias
que no le corresponden.
80.
Los casos sub examine revisten relevancia constitucional al tratarse
de acciones de tutela en contra de providencias judiciales que presuntamente
incurrieron en un defecto fáctico por no valorar o por valorar de forma
inadecuada las pruebas aportadas al proceso. En esos términos, la cuestión suscitada se refiere al alcance de la obligación
de las autoridades judiciales de considerar las pruebas aportadas al proceso,
garantía que se desprende de lo dispuesto en el artículo 29 de la
Constitución. Lo anterior adquiere mayor
relevancia si se tiene en cuenta que los procesos de reparación directa se
referían a unas presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército
Nacional.
81.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala Cuarta concluye que las
tutelas sub examine cumplen los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales. En consecuencia, procederá a plantear el
problema jurídico, método y estructura de la decisión.
D.
PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA JURÍDICO, MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN
82.
De
conformidad con los fundamentos fácticos
expuestos en la Sección I de esta sentencia, le corresponde a la Sala Cuarta
determinar si:
(i)
¿Incurre la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila en el proceso de reparación directa
adelantado por Irma Olaya y otros en contra de la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional en un defecto fáctico por (a) no valorar la totalidad del acervo probatorio; y (b)
valorar defectuosamente las pruebas aportadas (T-7.395.090)?
(ii)
¿Incurre la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila en el proceso de reparación directa
adelantado por Rodolfo Montano y otros en contra de la Nación – Ministerio de Defensa
– Ejército Nacional en un defecto fáctico por (a) no valorar la totalidad del acervo probatorio; y (b)
valorar defectuosamente las pruebas aportadas (T-7.477.406)?
83.
Para resolver lo anterior, se
procederá a analizar: (i) la caracterización del defecto fáctico; (ii) la
jurisprudencia del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en torno a la flexibilización de los
estándares probatorios en materia de violaciones graves a los derechos humanos;
y (iii) con base en las reglas propuestas, se procederá a aplicar las mismas a
cada uno de los casos.
E.
DE LA
CARACTERIZACIÓN DEL DEFECTO FÁCTICO. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
84.
De conformidad con lo
señalado por la sentencia C-590 de 2005, existen ocho “causales específicas
de procedibilidad” que constituyen los vicios en los que pudo
incurrir el fallador y que, de constatarse, dan lugar a que prospere la acción
de tutela como medio de amparo de derechos fundamentales. En los asuntos bajo
revisión, la parte accionante alegó la presencia de dos de estos vicios: el
defecto fáctico y el desconocimiento del precedente.
85.
Esta Corte ha sido clara
en resaltar que los jueces de conocimiento tienen amplias facultades
discrecionales para efectuar el análisis del material probatorio en cada caso
concreto[114]. Sin perjuicio de esto, ha señalado que tal
poder discrecional debe estar inspirado en los principios de la sana crítica,
debiendo atender los criterios de objetividad, racionalidad, legalidad y
motivación, entre otros, y respetar la Constitución y la ley. De lo contrario,
la discrecionalidad sería entendida como arbitrariedad judicial, hipótesis en
la cual se configuraría la causal por defecto fáctico y el juez de tutela
podría revocar la providencia atacada[115].
86.
Conforme a la jurisprudencia
constitucional, el defecto fáctico “surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión”[116].
En ese sentido, la Corte ha señalado que este tipo de yerro tiene relación con
la actividad probatoria desplegada por el juez, y comprende tanto el decreto y
la práctica de pruebas, como su valoración[117]. Por lo tanto, teniendo en cuenta
que la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia
adicional del procedimiento judicial que se cuestiona[118], la
protección de la acción de tutela por defecto fáctico puede encuadrarse cuando
la actuación probatoria del juez permita identificar un error ostensible,
flagrante y manifiesto, que tenga una incidencia directa en la decisión
adoptada[119].
87.
Esta corporación ha
reiterado en su jurisprudencia tres eventos en los que se configura el defecto
fáctico, a saber[120]:
“(i) omisión en el decreto y la práctica de pruebas indispensables para la solución
del asunto jurídico debatido, (ii) falta de valoración de elementos probatorios
debidamente aportados al proceso que, de haberse tenido en cuenta, deberían
haber cambiado el sentido de la decisión adoptada e (iii) indebida valoración
de los elementos probatorios aportados al proceso, dándoles alcance no previsto
en la ley[121]”.
F.
LA
FLEXIBILIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES PROBATORIOS EN MATERIA DE VIOLACIONES GRAVES
A LOS DERECHOS HUMANOS
88.
El
Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos han señalado de manera reiterada que en materia de posibles
violaciones graves a los derechos humanos –como los son los casos de las
ejecuciones extrajudiciales–, se deben flexibilizar los estándares probatorios.
Los
estándares probatorios en la
jurisprudencia del Consejo de Estado
89.       El Consejo de Estado le ha imputado responsabilidad al
Estado en varias ocasiones relacionadas con ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de sus
agentes, tomando elementos del derecho internacional, realizando un control de
convencionalidad y flexibilizando la valoración de las pruebas.
90.       Dicho tribunal ha destacado que la omisión de los agentes de las fuerzas
militares y de policía de proteger la vida de los habitantes del territorio
nacional y de controlar a sus uniformados en el cumplimiento de la labor
encomendada, implica dificultades probatorias[122]. Esto,
por cuanto la mayoría de ellos ocurren en circunstancias asociadas al
conflicto, en lugares remotos y las víctimas son personas que se encontraban en
estado de indefensión.
91.       De
la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el particular se pueden destacar
las siguientes cinco reglas:
92.       Primero, que en
asuntos de ejecuciones extrajudiciales el juez está obligado a flexibilizar la
valoración de las pruebas. Al respecto, el alto Tribunal ha
precisado que la aplicación de las reglas normativas procesales referidas a la
valoración del acervo probatorio obrante en el expediente “debe hacerse conforme
con los estándares convencionales de protección”[123], para garantizar “el acceso a la
justicia en todo su contenido como garantía convencional y constitucional,
casos en los que los jueces contenciosos deben obrar como juez de
convencionalidad”[124]. Lo anterior, implica que “la labor
del juez debe ser más rigurosa, garantista y valerse de los instrumentos a su
alcance en aras de buscar el esclarecimiento de la verdad y evitar una posible
revictimización por incurrir en excesos rituales manifiestos”[125];
y que “el juez administrativo,
consciente de esa inexorable realidad, deberá acudir a criterios flexibles,
privilegiar la valoración de medios de prueba indirectos e inferencias lógicas
guiadas por las máximas de la experiencia, a efectos de reconstruir la verdad
histórica de los hechos y lograr garantizar los derechos fundamentales a la
verdad, justicia y reparación de las personas afectadas”[126].
93.       En virtud de lo anterior, el Consejo de Estado
ha señalado que en el evento que
haya una incompatibilidad probatoria que dé lugar a varios supuestos fácticos,
“el juez deberá privilegiar racionalmente aquellas que acrediten un grado
superior de probabilidad lógica o de probabilidad prevaleciente, resultado que
se obtiene aplicando las reglas de la experiencia que incluyen conocimientos
técnicos, leyes científicas o generalizaciones del sentido común”[127].
94.
Segundo, que los indicios adquieren una especial
relevancia al momento de determinar la responsabilidad patrimonial de la Nación[128].
Esto, por cuanto “en estos eventos las víctimas quedan en una relación
diametralmente asimétrica de cara a la prueba; estas circunstancias imponen al
juez de daños la necesidad de ponderar la situación fáctica concreta y
flexibilizar los estándares probatorios”[129]. Así, el alto Tribunal ha admitido
que en casos donde no puede identificarse a los autores de una ejecución
extrajudicial, la prueba indiciaria “resulta idónea y única” y se
constituye en la “prueba indirecta por excelencia” para determinar la
responsabilidad estatal, donde a partir de hechos acreditados a través de una
operación lógica y, aplicando las máximas de la experiencia, puede establecerse
uno desconocido. Ahora bien, siguiendo con lo establecido en el procedimiento
civil, los indicios deben apreciarse en conjunto con “las reglas de
la sana crítica, teniendo en consideración su gravedad, concordancia,
convergencia y su relación con los demás medios de prueba que obren en la
actuación procesal”[130].
95.       Al
respecto, el Consejo de Estado ha precisado que no basta con que el fallador
reconozca la necesidad de hacer un riguroso análisis de los indicios para
establecer si se encuentra comprometida la responsabilidad del Estado, sino que
debe aplicar efectivamente dicho criterio al caso concreto y analizar todas las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos y que
resulten útiles, pertinentes y conducentes[131].
96.       Entre los indicios que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha utilizado
se encuentran, entre otros: (i) la existencia
de casos en los cuales se adelantó un enfrentamiento con armas que no eran
idóneas para el combate[132];
(ii) operaciones adelantadas en
conjunto por “informantes desmovilizados”, que señalan a las víctimas como
guerrilleros[133]; (iii) contradicciones e
imprecisiones en los testimonios de los militares respecto a la forma en la que
se adelantaron los enfrentamientos[134]; y (iv) la no concordancia entre los relatos de los hechos realizados por los miembros
de la Fuerza Pública y el protocolo de necropsia[135]; “la
afectación del orden público y la violación de derechos humanos (…) durante la
época en la que se produjeron los hechos”[136].
97.
Tercero, en casos de
violaciones graves a los derechos humanos las pruebas recopiladas en el proceso
penal pueden ser analizadas y valoradas como elementos suficientes y necesarios
para justificar una condena patrimonial a la Nación[137],
siempre que logren estructurarse los elementos de responsabilidad estatal bajo
las reglas de la sana crítica[138]. En consecuencia, las pruebas
trasladadas de procesos penales o disciplinarios son relevantes. Así, si bien no llevan a deducir automáticamente la
responsabilidad estatal, lo cierto es que en determinados casos resulta
plausible reconocerles mérito probatorio como prueba documental, dado que
pueden servir de fundamento a la decisión de reparación.
98.
Cuarto, que el estándar de la prueba en cabeza del
Estado en materia de su responsabilidad en casos de posibles ejecuciones
extrajudiciales es más alto. Esto, por cuanto, como ya se indicó, la prueba
directa es muy difícil de obtener por las circunstancias en que ocurren. Por
ejemplo, en sentencia del 21 de noviembre de 2018, Exp 46134, la Sección
Tercera del Consejo de Estado destacó que “aunque en el acta de
levantamiento del cadáver quedó consignada la existencia de un arma en poder de
la víctima, no se cuenta con una prueba técnica que indique que el occiso
hubiera disparado armas de fuego, pues no se anotó la presencia de pólvora o
alguna otra huella dejada por la detonación de la misma, falencias en el manejo
de la investigación que no pueden ser cargadas a las víctimas”.
99.
Quinto, en ciertos casos se puede invertir la carga de la prueba y exigirle al Estado demostrar que no ocurrió la alegada ejecución
extrajudicial. Así, el Consejo de Estado ha señalado que “[d]ado que la Constitución
y la ley otorgó el uso legítimo de las armas a las Fuerzas Militares en
Colombia y en cumplimiento de sus deberes, es esta autoridad quien debe
justificar el ejercicio de su potestad”[139]. Por ejemplo, en la sentencia del 23 de marzo de 2017, Exp.
50941, el Consejo de Estado conoció el caso de una persona que fue sacada
de su finca por miembros del Ejército Nacional, llevada a una vereda contigua,
asesinada y presentada como guerrillero muerto en combate, con un fusil AK47 en
su poder. En ese caso, no se practicó la inspección del cadáver, sino que fue
trasladado a una unidad militar en helicóptero y luego entregado a una morgue
de un municipio aledaño. En esa oportunidad al no haber ningún elemento que
permitiese afirmar que había portado el fusil encontrado ni que lo hubiere
disparado, el Alto Tribunal concluyó que no existió un combate.
Los estándares probatorios en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional. Reiteración de jurisprudencia
100.  La Corte
Constitucional ha señalado que en posibles casos de ejecuciones extrajudiciales
o denominados “falsos positivos”, se debe valorar todo el acervo probatorio y
tener en cuenta especialmente (i) la flexibilización probatoria en materia de
graves violaciones a los derechos humanos y (ii) la relevancia de los indicios
para valorar el acervo probatorio en tal tipo de eventos[140]. Esto,
por cuanto ha considerado que los escenarios en donde se discuten violaciones a
los derechos humanos que encierran manifestaciones de poder irregular,
desequilibrios de fuerzas o estructuras de delincuencia institucional y
organizada, es “fácil suponer que en muchas situaciones haya una ruptura
deliberada e injusta de la correlación entre la prueba del daño y la prueba del
perjuicio”[141].
101.  En la sentencia SU-062 de 2018, la Corte
Constitucional estudio la acción de tutela presentada en contra de un auto en
sede de revisión del Consejo de Estado que negó la incorporación de una prueba a
un proceso de reparación directa por una alegada ejecución extrajudicial, al
considerar que su aportación fue extemporánea. La Sala Plena destacó que se
configura un defecto fáctico en su dimensión negativa cuando el juez
niega la incorporación, práctica o valoración o no decreta las pruebas de las
que se puede obtener un apoyo esencial para formar un juicio sobre la realidad
del caso. Asimismo, consideró que se incurre en un defecto por exceso ritual
manifiesto cuando el juez omite la incorporación, práctica o valoración de
pruebas insinuadas en el proceso y requeridas para establecer la verdad
material del caso.
102.  En la sentencia SU-035 de 2018, la Sala Plena
estudió la acción de tutela presentada en contra de una providencia del Consejo
de Estado que decidió la demanda de reparación directa que formuló contra la
Nación por la muerte del padre del accionante a manos de militares, dándolo
como baja en combate. En esa oportunidad, la Corte resaltó que, con fundamento
en el principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998,
existe una línea jurisprudencial por parte del Consejo de Estado sobre la
flexibilización de los estándares probatorios en materia de graves violaciones
a los derechos humanos. En tal virtud, admitó este tribunal que demostrar la
ocurrencia de dichos hechos por medio de una prueba directa es prácticamente
imposible en razón de la vulnerabilidad de las víctimas y la posición dominante
que ejercen las Fuerzas Militares. Por ello, los indicios se convierten,
entonces, en uno de los medios de prueba que por excelencia permite llevar al
juez a definir la responsabilidad de la Nación.
103.
Igualmente, en la sentencia T-237 de 2017, la Sala
Sexta de Revisión indicó que en aplicación del principio de equidad, en caso de
violaciones de derechos humanos, existe un imperativo de flexibilizar los
estándares probatorios y de fortalecer el deber de los jueces de ejercer las
potestades que les han sido conferidas en aras de garantizar la justicia
material con pleno respeto de los derechos fundamentales de todas las partes
involucradas. Lo anterior trae como consecuencia, entre otras cosas, el uso de las inferencias o indicios judiciales
razonables.
104.
En la sentencia T-535 de 2015, la Sala Octava de
Revisión estudió una acción de tutela contra una providencia del Tribunal
Contencioso Administrativo del Tolima. A juicio de dicho Tribunal no hubo
responsabilidad del Estado, pues la inconsistencia en la hora del combate y el
hecho de que los jóvenes hayan sido vistos por última vez con un sujeto sin
identificar no son suficientes para declarar la responsabilidad del Estado. La
Corte resolvió amparar el derecho al debido proceso de las accionantes. Para
sustentar su decisión, la Corte señaló que el Tribunal
“actuó en contra de la evidencia probatoria (testimonios, declaraciones,
inspecciones técnicas, informes de inteligencia militar, requerimientos de la
Procuraduría, entre otras), separándose por completo de hechos debidamente
probados. De esta manera, el material probatorio no fue valorado adecuadamente
en su conjunto, lo que desconoce las reglas de la sana crítica que conducen al
descubrimiento de la verdad. Esto se evidencia, toda vez que la única fuente de
convicción de la supuesta confrontación militar son las declaraciones de los
militares que participaron en los hechos y que, a su vez, fue la única prueba
sobre la cual el Tribunal Contencioso Administrativo del Tolima hizo un
pronunciamiento de fondo, evadiendo referirse a las otras pruebas y eludiendo
pronunciarse en torno a las pruebas obrantes en la investigación penal”[142].
Los
estándares probatorios en la
jurisprudencia la Corte Interamericana
de Derechos Humanos
105.  Para fines interpretativos, esta Sala señala que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (“CIDH”) también ha adoptado una postura de flexibilización de los medios de prueba ante
graves violaciones a los derechos humanos. En ese sentido, ha señalado que “para
efectos de la determinación de la responsabilidad internacional de un Estado
por violación de derechos de la persona, [debe aplicar] una amplia
flexibilidad en la valoración de la prueba rendida ante ellos sobre los hechos
pertinentes, de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la
experiencia” [143].
106.  Adicionalmente, la CIDH ha sostenido que es el Estado quien
tiene el control de los medios para desvirtuar una situación fáctica, pues “es
el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos
dentro de su territorio”[144].
107.  Respecto de la prueba indiciaria en casos de violaciones
graves y sistemáticas de derechos humanos, la CIDH ha precisado que cada caso
debe analizarse dentro del contexto en que se produjeron tales vulneraciones,
razón por la cual, "[e]l análisis de los hechos ocurridos no puede
aislarse del medio en el que dichos hechos ocurrieron, ni se puede determinar
las consecuencias jurídicas en el vacío propio de la descontextualización”[145].
108.  En conclusión, el Consejo de Estado y la
Corte Constitucional han enfatizado en la necesidad de que los jueces aligeren
o dinamicen la carga probatoria en casos en los que se discute la reparación
integral a las víctimas de los daños materiales causados en forma antijurídica
por el Estado, en tratándose de graves violaciones a los derechos humanos.
109.  De las sub-reglas jurisprudenciales proferidas por esta
corporación anteriormente analizadas se puede concluir que, en materia de
procesos que involucran graves violaciones de derechos humanos, el juez debe,
entre otros; (i) flexibilizar los estándares probatorios; (ii) reconocer la
preponderancia de la prueba indiciaria; (iii) hacer uso de las inferencias judiciales razonables; (iv)
aumentar el estándar probatorio del Estado como demandado en el proceso de
reparación directa; (v) eventualmente exigirle al Estado que demuestre que no
cometió una ejecución extrajudicial; y (vi) hacer uso de las pruebas aportadas
a los procesos penales y disciplinarios correspondientes.
G.
CASOS CONCRETOS. SE
CONFIGURA EL DEFECTO FÁCTICO DE CADA UNA DE LAS SENTENCIAS PROFERIDAS EL 7 DE
FEBRERO DE 2018 (T-7.395.090) Y EL 18 DE ABRIL DE 2018 (T-7.477.406)
POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA
Expediente
T-7.395.090
110.
En el presente caso, le
corresponde a la Corte resolver si el Tribunal Administrativo del Huila
incurrió en un defecto fáctico al proferir sentencia de segunda instancia dentro
del medio de control de reparación directa. En la demanda de tutela, los
accionantes argumentaron que el Tribunal incurrió en un defecto fáctico
(i) por no valorar la totalidad del acervo probatorio y (ii) por valorar
defectuosamente las pruebas aportadas al proceso. En concreto, respecto de las
pruebas obrantes en el expediente, destacaron lo siguiente:
(i)
Los disparos que
ocasionaron la muerte de los señores Cárdenas Sánchez, Murillo Quintero y
Vargas Olaya fueron realizados a corta distancia (no mayor de 20 metros).
(ii)
El arma que supuestamente
portaba el señor Cárdenas Sánchez no fue disparada en ningún momento.
(iii)
Pese a la cantidad de
proyectiles usados no se encontró evidencia alguna (rastros de sangre) en el
lugar de los hechos.
(iv)
Los fallecidos no contaban
con antecedentes judiciales ni figuraban en las bases de datos de inteligencia.
(v)
El señor Cárdenas Sánchez
había sido recientemente intervenido quirúrgicamente en su mano derecha
producto de un accidente laboral.
(vi)
No se les realizó prueba a
las armas encontradas junto a los cadáveres para determinar si todas habían
sido disparadas.
(vii)
La prueba de absorción
atómica únicamente salió positiva para una de las víctimas.
111.
Además de lo anterior, la
parte accionante puso de presente que la Fiscalía 136 Especializada de la
Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la ciudad de
Neiva, en constancia del 1 de octubre de 2012, solicitó al Juzgado 65 de
Instrucción Penal Militar el envío por competencia de la investigación a esa
dependencia, por encontrar serias dudas sobre el procedimiento que siguió la
tropa, solicitud a la cual accedió el citado despacho el 26 de octubre de 2012.
112.  En ese sentido, la Sección Segunda de la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, juez constitucional de
primera instancia, decidió no tutelar los derechos fundamentales invocados, al
considerar que la sentencia del 7 de febrero de 2018 adoptada por la citada
Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila no incurrió en un
defecto fáctico, como quiera que la decisión censurada fue resultado de una
valoración juiciosa e integral de todo el material probatorio existente en el
proceso[146].
En diferente sentido, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo, decidió negar el amparo solicitado, argumentando que los
accionantes “incumplieron la carga mínima argumentativa” en el marco de
la interposición del recurso, en la medida en la que “no sustentaron
oportunamente la impugnación”[147].
113.  La Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional advierte que la razón que llevó a la Sección Quinta de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado a confirmar la decisión
de tutela de primera instancia desconoció el principio de informalidad que rige
la acción de tutela. Esto, por cuanto dicha corporación judicial consideró que
se había incumplido el “requisito mínimo de argumentación” de la
impugnación, al verificar que en un primer momento el apoderado de los
accionantes únicamente interpuso el recurso sin expresar las razones que
explicaban el mismo y, de manera posterior, remitió otro escrito en el que
exponía los argumentos. En ese sentido, para la Corte Constitucional es claro
que basta con interponer el recurso para que el juez de tutela de segunda
instancia valore la decisión que adoptó el a quo, así como el expediente
en su integridad, para determinar si existe o no la vulneración de
prerrogativas de carácter fundamental[148].
114.  Ahora bien, frente al fondo del asunto
estudiado, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional considera que,
en efecto, la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila
incurrió en un defecto fáctico al adoptar la sentencia del 7 de febrero de
2018, mediante la cual se decidió en segunda instancia el proceso de reparación
directa interpuesto por los accionantes y otros en contra de la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, en atención a las siguientes razones.
115.   Esta Sala destaca que el Tribunal
Administrativo del Huila se refirió, entre otros asuntos, a (i) la prueba
trasladada y, en ese sentido, advirtió que valoraría y tendría en cuenta “(…)
el proceso penal que se adelantó por la muerte de los señores
Diego Armando Cárdenas, Marlio Mauricio Murillo Quintero y Luis Ernesto Vargas
Olaya, en atención a que se llevaron a cabo con audiencia de la contraparte
(…) Así mismo, toda vez que las pruebas recaudadas en el proceso
disciplinario fueron practicadas por la entidad demandada, se tiene que se
han surtido también con su audiencia” [149] (subrayas por fuera del texto) y,
(ii) a la prueba indiciaria[150].
116.  Cabe
resaltar que, el juez de tutela no funge como una tercera instancia, pues no le
corresponde determinar qué valor deben tener las pruebas que obran en el
expediente, ni cuál debe ser el resultado de su valoración. Sin embargo, al estudiar la totalidad del
expediente de la reparación directa, es posible concluir que, el Tribunal
Administrativo del Huila no valoró la integridad del material probatorio
existente en dicho proceso al desconocer las reglas aplicables a la valoración
probatoria en casos de graves violaciones a los derechos humanos (ver supra,
numerales 108
y 109).
117.  Primero, no estudió el informe de química
aplicada y sustancias controladas suscrito por el CTI el 18 de enero de 2018, del
cual era posible extraer que, si bien fueron encontradas tres armas que fueron
disparadas, sólo se hizo prueba a una de éstas[151]. En ese
sentido, la providencia censurada se limita a indicar que se encontró residuo
de pólvora en las manos de uno de los occisos[152], sin
valorar ese hecho frente a las afirmaciones realizadas por los militares sobre
un supuesto enfrentamiento armado.
118.  De la misma forma, el Tribunal no valoró, en su
sentencia, el informe de entrega de EMP y EF suscrito por la Policía Judicial,
en el que consta que, en el lugar de los hechos, no fueron encontradas
vainillas pertenecientes a una de las armas (pistola V- Bernardelli 7-65), pese
a que la misma tenía su proveedor vacío[153]. Pese a lo anterior, arribó a la
conclusión de que los tres fallecidos accionaron las armas encontradas.
119.  Segundo, no analizó con suficiencia los
testimonios aportados por parte de los familiares y conocidos, quienes
aseguraron que los fallecidos no hacían parte de ninguna banda delincuencial e incluso,
incurrió en una contradicción[154],
en la medida en la que, en la sentencia de segunda instancia del proceso de
reparación directa se afirmó: “en el plenario no obran declaraciones que den
cuenta de que los señores Diego Armando, Marlio Mauricio y Luis Ernesto eran
campesinos y que se dedicarán a labores agrícolas, tal y como lo indicó la
parte actora en el recurso de alzada, pues por el contrario se evidenció de las
entrevistas a sus familiares que dos de ellos fueron soldados y el otro había
trabajado en un café internet, por lo tanto lo alegado por los demandantes
queda sin fundamento alguno (…)” [155].
120.  En efecto, de los testimonios recaudados en el
trámite del proceso de reparación directa se advierte un común denominador, en
la medida en la que todos los declarantes, aseguran que las tres víctimas
mortales no hacían parte de grupos al margen de la ley y que trabajaban para
garantizar su sustento. Así, respecto del señor Diego Armando Cárdenas, se
presentaron al proceso los señores Luz Marina Mendieta González[156], Tarcisio
Obando[157],
Marina Charry[158],
Sandra Milena Artunduaga Gutiérrez[159],
Gildardo Chica[160]
y Marleny Ordoñez[161],
quienes coincidieron en afirmar que: (i) aquel prestó su servicio militar en el
Ejército Nacional; (ii) después de ese momento, se dedicó a trabajar con un
ingeniero en labores de albañilería en un local comercial denominado “PETER
PAN”; (iii) que semanas antes de su muerte y en ejercicio de su oficio, tuvo un
accidente laboral que lo incapacitó de la mano derecha, imposibilitándolo para
desarrollar actividades básicas, en la medida en la que era diestro; y (iv)
nunca estuvo involucrado en alguna actividad criminal.
121.  Lo propio ocurrió en el caso del señor Luis
Enrique Vargas Olaya, en tanto que se recaudaron los testimonios de los señores
Matilde Tovar Bonilla[162],
Luz Amparo Tovar Narváez[163],
Martha Cecilia Rodríguez[164]
y Hernando Cabrera Reyes[165],
quienes sostuvieron que: (i) el fallecido joven nunca tuvo problemas legales;
(ii) convivía con su madre; (ii) era de un temperamento tranquilo y; (iii)
estudió, trabajaba en oficios varios en un colegio y antes de su fallecimiento
estaba remitiendo hojas de vida para encontrar un trabajo con todas las
garantías laborales.
122.  Finalmente, sobre el señor Marlio Murillo
Quintero, se presentó a rendir testimonio la señora Blanca Cecilia Rodríguez
Muñoz[166],
quien afirmó que la víctima: (i) convivía con su familia (padre, madre y dos
hermanos); (ii) era de un temperamento tranquilo; (iii) ayudaba a conducir el
taxi del padre y pintaba casas y; (iii) nunca estuvo involucrado con
actividades ilegales o portaba armas de fuego.
123.  Tercero, los elementos que se encuentran en las
pruebas trasladadas provenientes de los procesos penales y disciplinarios
adelantados por los hechos objeto de estudio no fueron analizados en su
totalidad. En concreto, el Tribunal no valoró:
(i)
El informe remitido al CTI
por parte de la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual se informó
sobre la inexistencia de antecedentes penales de los señores Cárdenas Sánchez,
Vargas Olaya y Murillo González[167];
(ii)
El oficio 2214 del 15 de
septiembre de 2015 realizado por investigadores del CTI, en el que se concluye
que los disparos hechos por parte de los militares fueron realizados “de
abajo a arriba”, en un terreno “relativamente plano” y a una “distancia
no mayor de 20 metros”[168].
Se advierte, igualmente, que los disparos que causaron la muerte de las tres
víctimas fueron realizados desde atrás y, en el caso de dos de ellos, desde un
plano más alto con relación a los orificios de entrada[169];
(iii)
El oficio
GRCOPPF-DRSUR-04727-2014 del 30 de junio de 2014 proferido por el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, mediante el cual se realizó un
peritaje sobre la historia clínica del señor Diego Armando Cárdenas,
concluyendo que aquel tenía una “perturbación funcional del órgano de la
prensión, cuyo carácter de transitorio o permanente no pudo ser valorado. Basados
únicamente en la historia clínica no es posible determinar si la persona podía
o no accionar un arma de fuego, sin embargo de acuerdo a la literatura médica,
es sabido que estas lesiones pueden ocasionar dolor residual a mediano y largo
plazo debido a la artrosis postraumática que se genera entre los huesos del
carpo. Cuando este síntoma es muy intenso, puede ocasionar malestar fisco y
emocional, e impactar directamente en la fuerza de prensión, la movilidad y la
capacidad para trabajar o realizar actividades de la vida diaria”[170] (subrayas
fuera del texto).
(iv)
Las posibles discrepancias
en las firmas existentes en los recibos, mediante los cuales el Ejército
Nacional pagó al señor Diego Fernando Espinoza Baquero por la información que
ayudo a identificar a las víctimas como presuntos delincuentes, así como a
conocer su ubicación geográfica, información visible en el informe investigador
de campo referido a la noticia criminal objeto de investigación por parte de la
Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario[171].
124.  Finalmente, el Tribunal en la sentencia de
segunda instancia tampoco tuvo en cuenta, como lo señalan los accionantes, la
respuesta brindada por el Juzgado 65 de Instrucción Penal Militar a la Fiscalía
45 Especializada en Derechos Humanos, al remitir el proceso a la jurisdicción
ordinaria, respecto de las serias dudas existentes frente al actuar de los
militares en este caso. En concreto, ese despacho advirtió: “(…) reconoce
este instructor que existen serias DUDAS sobre el actuar de los militares en
este procedimiento, así pues NO HAY A LA FECHA UNA RAZÓN CLARA Y CONCRETA por
la cual fueron presuntamente atacados con armas de fuego los militares este
día; pues a pesar de que la mayoría de los procesados y varios testigos
uniformados han declarado en la investigación, en ninguna de estas versiones se
informa el motivo por el cual les dispararon, de ahí que ni siquiera se
menciona la actividad ilícita que posiblemente se encontraban desarrollando sus
agresores en el lugar y que los indujera en un momento dado a utilizar las
armas que portaban al advertir la presencia de tropa. (…)”[172].
125.  Lo anterior, demuestra que, pese a que el Tribunal
Administrativo del Huila advirtió que iba a analizar las pruebas existentes en
el expediente, es decir, aquellas que fueron aportadas en el marco del proceso
de reparación directa y aquellas trasladadas de los procesos penales y
disciplinarios adelantados, no estudió la totalidad de los elementos
probatorios. Esta situación, a todas luces, contradice las subreglas
jurisprudenciales referenciadas en los numerales 108
y 109 de
esta sentencia y desencadena la configuración de un defecto fáctico en su dimensión
negativa por no valorar la totalidad de las pruebas, bajo un estándar flexible
con preponderancia al indicio. Adicionalmente, señala la Sala que el juez de
instancia, no hizo uso de sus facultades probatorias de oficio, para esclarecer
los hechos, en el sentido de definir cómo llegaron los jóvenes asesinados a la
zona del crimen[173].
De hecho, pareciera que pruebas testimoniales señalan que fueron conducidos por
un reclutador; como tampoco analizó la galaería de fotos de la escena del
crimen, en la cual, no se alcanza a distinguir ratro de sango alguno a pesar de
que recibieron varios disparos de armas[174].
126.  En consecuencia, la Sala Cuarta de Revisión
revocará las sentencias de tutela de primera y segunda instancia, dictadas por
las Secciones Segunda y Quinta del Consejo de Estado respectivamente en el
presente proceso. En su lugar, procederá a tutelar los derechos fundamentales
al debido proceso y a la igualdad de los señores Irma Olaya, Jhon David Espinosa Olaya, Emilce Espinosa
Olaya, Martha Cecilia Espinosa Olaya, Otilia Espinosa Olaya y Maritza Espinosa
Olaya, decisión que será extensible a Claudia Milena Montaño Rodríguez; Ernesto Vargas; Judith Sánchez
González, actuando en representación de los menores de edad Pablo Esteban
Chavarro Sánchez y Juan Camilo Chavarro Sánchez; Rufino Cárdenas Oviedo actuando
en representación del menor de edad Juan David Cárdenas Calderón; César Augusto
Cárdenas Sánchez; William Orlando Sánchez; Luz Dary Quintero Javela y Héctor
Murillo Sánchez, actuando en representación de los menores de edad Yorman
Andrés Murillo Quintero y Judy Viviana Murillo Quintero; Jhon Wilmar Murillo
Almario; Jhon Robinson Murillo Quintero y Jazmín Espinosa Olaya y ordenará a la Sala de Decisión Quinta del
Tribunal Administrativo del Huila dejar sin efectos la sentencia de segunda
instancia proferida el 7 de febrero de 2018. En ese sentido, al Tribunal le
corresponderá  proferir una nueva decisión, en la que se valore la totalidad
del material probatorio existente en el proceso de reparación directa en los
términos de esta sentencia.
Expediente
T-7.477.406
127.  En el presente caso, le corresponde a la Corte resolver si el
Tribunal Administrativo del Huila incurrió en un defecto fáctico al proferir
sentencia de segunda instancia dentro del medio de control de reparación
directa. A juicio de los demandantes, el Tribunal (a) no valoró la totalidad
del acervo probatorio y (b) valoró defectuosamente las pruebas aportadas al
proceso. En concreto, destacaron lo
siguiente:
(i)
El Tribunal se limitó “a transcribir
las declaraciones de los militares dentro de la investigación penal que
adelantó el Juzgado 65 de Instrucción Penal Militar[175].
(ii)
De los testimonios de José Miller
Fernández Valencia, Adonay Valencia Quintero, Nancy Medina Conde se deduce que
TMC “estaba en un delicado estado de salud como consecuencia de su adicción
a sustancias psicoactivas”[176].
(iii)
TMC no estaba en condiciones físicas,
psíquicas ni psicológicas para llevar a cabo una agresión armada el 20 de enero
de 2008, la Fundación Cristiana ‘El Shaddai certificó que TMC “fue internado
el 5 de octubre del 2007 (…) por uso y abuso de sustancias psicoactivas y
abandonó estas instalaciones el día 14 de octubre de 2007 (…) por presentar un
consumo crónico de sustancias inhalantes (bóxer) desde muy corta edad”[177].
(iv)
El señor José Miller Fernández declaró
haber visto a las 7:00 de la noche al señor TMC y haberle dado una pastilla.
(v)
El Acta de Inspección a Cadáver
determinó que la muerte ocurrió a las 7:30 de la noche[178].
(vi)
Únicamente se puede llegar de Gigante
al lugar donde apareció el cuerpo en transporte[179]. Sin
embargo, “de la inspección a cadáver realizada por los funcionarios del CTI
(…) no se encontró ningún tipo de vehículo en el cual se hubiese podido
transportar” TMC[180].
(vii)
Que en la inspección del lugar de los
hechos “no se encontró linterna o cualquier otro elemento para producir luz
que le permitiera a la víctima transitar en un área rural oscura”[181].
(viii)
Del
informe
de necropsia se desprende que “los
cuatro impactos por arma de fuego que impactaron la humanidad
del señor Teódulo Montano Correa, fueron en sentido postero anterior, es decir que el señor (…) se encontraba de espaldas a sus
victimarios cuando fue asesinado”[182].
(ix)
Que “los proyectiles que le causaron
la muerte al señor Teódulo Montano Correa fueron todos disparados desde un
mismo sitio, y a muy corta distancia a 22 metros de distancia porque a esta
distancia aparecen las evidencias ‘Vainillas M.P.3, M.P.4, M.P.5 y M.P.6’, y
que dichos disparos fueron hechos desde una pendiente”[183].
(x)
En el operativo “intervinieron 8
militares de los que solamente 1 disparó y disparó solamente 4 proyectiles
calibre 5.56mm de fusil galil, a las 7:30 de la noche y a 22 metros de
distancia y todos 4 impactaron por la espalda a Teódulo Montano Correa”[184].
(xi)
Que las vainillas encontradas al lado
del cuerpo de TMC y que darían cuenta de que le disparó a los miliares “son
calibre 5.56, correspondiente a fusil galil del Ejército”[185]; “que
las 4 vainillas estaban en el mismo lugar, que las 4 vainillas estaban a 22
metros del cadáver del occiso Teódulo Montano, que los militares hicieron solo
4 disparos en el lugar de los hechos, que corresponden a las 4 vainillas
encontradas, que se evidencia que los 4 disparos fueron hechos por el mismo
soldado, por aparecer las 4 vainillas en el mismo lugar, que según la
necropsia, Teódulo Montano recibió 4 impactos de fusil galil, que todos los 4
disparos hechos por los militares impactaron el cuerpo de Teódulo Montano, que
los 4 disparos que hizo el soldado fueron hechos exclusivamente contra Teódulo
Montano, que el tirador tuvo el 100% de efectividad”[186].
(xii)
A su juicio, “que los militares
hayan hecho solo 4 disparos, que todos los 4 disparos impactaron exclusivamente
en el cuerpo del Teódulo Montano y que todos hayan sido por detrás demuestra
que los militares no fueron atacados, que Teódulo Montano no se enfrentó a los
militares, que no es cierto que los militares se hayan encontrado de frente con
4 o 5 sujetos porque de ser cierto, todos los 8 militares hubieran disparado
muchos proyectiles para neutralizar a las personas que los atacaban y no solo
los 4 proyectiles para dar muerte exclusivamente a Teódulo Montano”[187].
(xiii)
Que “no se practicó la prueba de
residuo de disparo en mano por lo que no existe ningún elemento de convicción
que demuestre que Teódulo Montano hubiera disparado”[188].
(xiv)
TMC “era zurdo y cerca de la mano
derecha de su cadáver apareció un revolver calibre 38”[189].
(xv)
Que TMC no pudo haber lanzado la
granada porque “no existe ningún ser humano que pueda lanzar una granada a
100 metros de distancia”[190].
(xvi)
Que el Tribunal “no tuvo en cuenta que,
por la misma época, en la misma región y con la autoría de militares del
Batallón Pigoanza se presentó una enorme cantidad de ejecuciones
extrajudiciales o falsos positivos (…) por la mayoría de los cuales ha sido
condenada administrativamente la Nación”[191].
(xvii)
Que el 2 de abril de 2012, la Fiscal 45
Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario solicitó que la investigación no se siguiera adelantando por la
justicia penal militar sino por la justicia ordinaria. Esto, por cuanto “las
versiones rendidas por los uniformados [presentan] algunas
inconsistencias en sus dichos, que nos llevan a pensar que los hechos
efectivamente no sucedieron como ellos los quieren hacer ver”[192].
(xviii)
Que el Tribunal omitió la valoración
de “la investigación penal que adelanta la Fiscalía 76 Especializada de la
Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario”[193].
128.
Esta Sala destaca que el Tribunal
Administrativo del Huila señaló en su providencia que valoró y tuvo en cuenta “los
procesos disciplinario y penal que se adelantaron por la muerte de” TMC. En
efecto, indicó que, “si bien es cierto que en este proceso las mencionadas
pruebas trasladadas fueron solicitadas única y exclusivamente por la parte
demandante, lo que en principio conllevaría que solamente se pueda valorar la
prueba documental que contengan los procesos disciplinario y penal que se
adelantó por la muerte del señor Teódulo Montano Correa, también es cierto que
se está frente a un asunto de violación grave de derechos humanos, caso en el
cual la valoración probatoria debe ser más flexible dadas las circunstancias de
indefensión en que se encuentran las víctimas de este tipo de eventos, razón
por la cual la Sala, en virtud de los principios de justicia material y de
acceso a la Administración de Justicia, dará valor a la totalidad de los
elementos de convicción que obran en dicho proceso”[194].
129.
Sin embargo, esta Sala encuentra que el
Tribunal (i) dio por ciertos algunos hechos que no están probados en el
expediente; (ii) no valoró algunas de las pruebas obrantes en el expediente; y
(iii) no evidenció algunas contradicciones que surgen de las pruebas aportadas
al proceso. Por lo que, desconoció las reglas de valoración probatoria en casos
de graves violaciones de derechos humanos (ver supra, numerales 108 y 109).
130.
Primero, el Tribunal Administrativo del Huila dio por ciertos
algunos hechos que no están probados en el expediente. En este sentido, el
Tribunal tuvo como hecho cierto que TMC “disparó el arma que portaba”[195]. De ahí concluyó que “no se
logró establecer la existencia de una falla del servicio, puesto que la muerte
se presentó por voluntad y acción directa del señor Teódulo Montano Correa”;
que los miembros del Ejército reaccionaron “en legítima defensa”[196]; que TMC “no fue víctima de una
ejecución extrajudicial sino que estaba infringiendo la ley –al portar armas
sin salvoconducto– y que al sentirse abrumado, reaccionó con disparos cuando
observaron la presencia de la fuera pública”[197]. Sin embargo, no está
probado que TMC hubiera disparado el arma que portaba, pues no se le hizo
registro de residuo de pólvora. De esa manera, la Sala encuentra no hay prueba
directa para acreditar que el señor TMC hubiese disparado el arma.
131.
El Tribunal señaló que “se encuentra
demostrado: (…) que el día 16 de enero de 2008 a las 19:20 horas el soldado
puntero se encontró de frente a un grupo de 4 a 5 sujetos que en el momento que
identificaron que era la tropa abrieron fuego contra los soldados”[198]. De lo anterior concluyó que el
Ejército “en legítima defensa le ‘dio de baja’ al familiar de los
demandantes”[199].
Sin embargo, en el expediente no hay prueba de que otros sujetos hubieran
estado presentes en ese momento ni que hubieran abierto fuego en contra de los
soldados. Por el contrario, en la escena del crimen únicamente se encontraron
cuatro vainillas, todas las cuales corresponden a las balas disparadas por el
Ejército Nacional[200].
En
consecuencia, no se puede concluir que el Ejército hubiera actuado en legítima
defensa.
132.
Tampoco es cierto que, como lo sostuvo el
Tribunal, “el hecho de que el occiso portara un arma, que ésta hubiera sido
disparada según se infiere del informe de la Policía Judicial de inspección al
cadáver que da cuenta de las vainillas encontradas al lado del cuerpo del
fallecido, que la escena de los hechos que no tenga indicios de haber
sido alterada, así como el hecho de que el muerto tuviera una radio de
comunicaciones y un croquis de la vereda, antes de los hechos, permite afirmar
lo dicho por los miembros del Ejército”[201].
Como da cuenta el informe de levantamiento del cadáver, las
vainillas eran calibre 5.56, corresponden a las armas de dotación del Ejército
y fueron encontradas a 22 metros del cadáver. Igualmente, no existe prueba si
quiera indiciaria dentro del plenario que permita demostrar que la víctima
tenía radio y mapa de la vereda en la que fue encontrado.
133.
Segundo, el Tribunal no valoró algunas de las
pruebas obrantes en el expediente. En línea con lo anteriormente señalado, el Tribunal no valoró que en el lugar de los hechos
únicamente se hubieran encontrado cuatro vainillas calibre 5.56 de color
amarillo, a una distancia aproximada de 22 metros del cadáver[202]. Esta Sala echa de menos que (a)
estudiara por qué si se dispararon 23 municiones[203], únicamente se encontraran cuatro vainillas; y (b) valorara
el hecho de que cuatro fueron los disparos que recibió el señor TMC y cuatro
las vainillas encontradas[204].
134.  Por otra parte, es cierto que, como lo afirmó el Tribunal “el
Comandante del Batallón de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza’ a través del proveído
de fecha 27 de enero de 2009 decidió archivar en forma definitiva la
investigación formal No. 017/08 en contra de los militares que participaron en
los hechos (…)[205]”.
Sin embargo, también se evidencia que la Fiscalía General de la Nación señaló grandes
incongruencias en las pruebas recaudadas en el proceso disciplinario y en el
penal que adelantaba la justicia penal militar. Dicha entidad le solicitó al
Juzgado 65 de Instrucción Penal Militar que remitiera el caso a la justicia
ordinaria[206],
y el Juzgado aceptó. Empero, el Tribunal no mencionó tal situación. Es más, dicho proceso aún se encuentra en
curso en la justicia ordinaria penal.
135.
Así mismo, esta Sala encuentra que, por una parte,
de los testimonios de José Miller Fernández Valencia, Adonay Valencia Quintero,
Nancy Medina Conde, se deduce que TMC “estaba en un delicado estado de salud
como consecuencia de su adicción a sustancias psicoactivas”[207].
En efecto, los tres coincidieron en afirmar que: (i) la víctima era consumidora
de sustancias psicoactivas; (ii) no era agresivo; y; (iii) siempre llegaba al
restaurante “La Casona” para solicitar ayuda con su alimentación. Por otra
parte, el expediente del proceso penal –incorporado al expediente de reparación
directa– sí se encuentra el certificado de “El Shaddai”[208]. Por el contrario, el Tribunal
consideró que “ningún otro testigo que d[a] cuenta del supuesto
estado de adicción que padecía el occiso, tampoco obra certificado del centro
de rehabilitación ‘El Shaddai’ donde aparentemente estuvo recibiendo ayuda”[209].
136.
Adicionalmente, en la providencia judicial
cuestionada, el Tribunal no valoró el hecho de que el señor José Miller
Fernández declaró haber visto a las 7:00 de la noche al señor TMC y haberle
dado una pastilla[210];
que el Acta de Inspección a Cadáver determinó que la muerte ocurrió a las 7:30
de la noche[211];
que, de acuerdo con el demandante, únicamente se puede llegar de Gigante al
lugar donde apareció el cuerpo en transporte[212]; y que “de la inspección a cadáver
realizada por los funcionarios del CTI (…) no se encontró ningún tipo de
vehículo en el cual se hubiese podido transportar” TMC[213].
137.
El Tribunal tampoco apreció el hecho de que
los soldados afirmaran que ninguno tuvo el objetivo identificado durante el
operativo porque no había visibilidad. Sobre el particular están las siguientes
pruebas en el expediente:
(i)
Declaración que rinde el
señor SLP Chantre Mauricio: “si disparé dos cartuchos” no disparó más “porque
[se] encontraba más atrás y no tenía visibilidad del objetivo”; no
identificó el objetivo pero “vi[o] los fogonazos [a] 30 metros
aprox”[214].
(ii)
Declaración que rinde el
señor SLP Vera Vera Edilberto: “si dispare, hacia la parte alta de la vía de
donde venían los disparos, unas 6 o 7 veces”; “en ese momento no tenía
un objetivo claro y dejaron de disparar”[215].
(iii)
Declaración que rinde el
señor SLP Palechor Muñuz Luis Fernando cuaderno de pruebas de apelación, folios
228-229: “yo reaccione y dispare hacia el lado de dónde venían los disparos
y dispare cinco cartuchos”; “porque se calmó el fuego”; “yo vi
los fogonazos y hacia allá disparé”[216].
(iv)
Declaración que rinde el
señor SLP Figueroa Medina Mauricio cuaderno de pruebas de apelación, folios
230-231. “si, disparé hacia donde se escuchaban los disparos, cinco o siete
cartuchos”; “porque no nos siguieron disparando” “yo vi el fogonazo y
reaccioné a donde vi el fogonazo”[217].
138.
Tercero, el Tribunal no evidenció algunas
contradicciones que surgen de las pruebas aportadas al proceso y que fueron
identificadas por la Fiscalía General de la Nación, de la siguiente manera[218]:
(i)
“Las versiones de los militares señalan que los disparos
con que fueron sorprendidos y atacados provenían de la parte alta de la
carretera, pero el cuerpo del señor Teódulo fue encontrado justo sobre la vía”[219].
(ii)
“En el INSITOP del 16
de enero de 2008 se ubica al TE León Campos Alejandro, de la Compañía Catapulta
4, en el sitio Patio Bonito y no en el sector de Tres Esquinas y Silvania. En
este mismo documento se ubica en el sector de Tres Esquinas a la Compañía
Dinamita 4; luego no es claro dónde efectivamente se encontraba la compañía
Catapulta 4 a quien se atribuye la comisión del homicidio en estudio”[220].
139.      Finalmente, el Tribunal tampoco valoró que: (i) todos los
disparos se hubiesen realizado desde el mismo punto y tan sólo a 22 metros de
distancia del lugar en el que fue encontrado el cuerpo de TMC tal y como lo
indica el dibujo topográfico[221]
y; (ii) TMZ era zurdo, pero el arma encontrada en el lugar de los hechos estaba
al lado derecho del cadáver[222].
140.  Lo anterior, demuestra que, pese a que el
Tribunal Administrativo del Huila advirtió que iba a analizar las pruebas
existentes en el expediente, es decir, aquellas que fueron aportadas en el
marco del proceso de reparación directa y aquellas trasladadas de los procesos
penales y disciplinarios adelantados, no estudió la totalidad de esos elementos
probatorios. Esta situación, a todas luces, contradice las subreglas jurisprudenciales
referenciadas los numerales 108
y 109
anteriores, y desencadena la configuración de un defecto fáctico por no valorar
la totalidad de las pruebas. Adicionalmente, señala la Sala que el juez de
instancia, no hizo uso de sus facultades probatorias de oficio, para esclarecer
los hechos, en el sentido de dar por probado que el señor TMZ era parte de la
banda de extorsionistas de la zona[223];
como tampoco elementos que evidencien la existencia de algún objeto luminoso
que le diera visibilidad al señor TMZ para disparar a los soldados[224].
141.  En consecuencia, la Sala Cuarta de Revisión revocará las
sentencias de tutela de primera y segunda instancia, proferidas respectivamente
por las Secciones Tercera y
Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el 28
de febrero de 2019 y 8 de abril de 2019. En consecuencia, procederá a tutelar el derecho
fundamental al debido proceso de Rodolfo
Montano Correa, Jhon Deimer Montano Correa, Anselmo Montano Correa y Clara
Lucía Montano Correa y a dejar sin
efectos la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila el 18 de abril de 2018, para que valore la totalidad
del material probatorio existente en el proceso de reparación directa y
profiera una nueva sentencia de conformidad con las consideraciones acá
señaladas.
H.
SÍNTESIS
DE LA DECISIÓN
142.
La Sala Cuarta de Revisión
de la Corte Constitucional estudió las acciones de tutela interpuestas (i) por
los señores los señores Irma Olaya, Jhon David Espinosa
Olaya, Emilce Espinosa Olaya, Martha Cecilia Espinosa Olaya, Otilia Espinosa
Olaya y Maritza Espinosa Olaya[225], actuando mediante apoderado judicial[226], en contra de la Sala Quinta de Decisión del
Tribunal Administrativo del Huila (Expediente T-7.395.090)
y (ii) por los señores Rodolfo Montano Correa, Jhon Deimer Montano
Correa, Anselmo Montano Correa y Clara Lucía Montano Correa[227],
actuando por intermedio de apoderado[228], en contra del Tribunal Administrativo del Huila (Expediente
T-7.477.406). En ambos casos, los accionantes consideraron que con la
sentencia de segunda instancia proferida en el marco de los procesos de
reparación directa adelantada en contra de la Nación - Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional, dicha autoridad judicial incurrió en un defecto fáctico por
indebida valoración probatoria.
143.
Debido a lo anterior, a la
Sala le correspondió resolver los siguientes problemas jurídicos: (a) ¿Incurre la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila en el proceso de reparación directa adelantado por
Irma Olaya y otros en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional en un defecto fáctico por (i)
no valorar la totalidad del acervo probatorio; y (ii) valorar defectuosamente
las pruebas aportadas (T-7.395.090)?; y
(b) ¿Incurre la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila en
el proceso de reparación directa adelantado por Rodolfo Montano y otros en
contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional en un defecto
fáctico por (i) no valorar la
totalidad del acervo probatorio; y (ii) valorar defectuosamente las pruebas
aportadas (T-7.477.406)?
144.
Como resultado de las
sub-reglas jurisprudenciales analizadas en la parte motiva de esta providencia
(ver supra, sección F), la Sala concluyó que se vulneran los
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, cuando una autoridad
judicial, en el marco de un proceso de reparación directa en el que se debate
la presunta comisión de graves violaciones a los derechos humanos no (i) flexibiliza los estándares probatorios; (ii)
reconoce la preponderancia de la prueba indiciaria; (iii) hace uso de las inferencias judiciales razonables; (iv)
aumentar el estándar probatorio del Estado como demandado en el proceso de
reparación directa; (v) le exige Estado que demuestre que no cometió una
ejecución extrajudicial; y (vi) hace uso de las pruebas aportadas a los
procesos penales y disciplinarios correspondientes.
145.
Para arribar a la conclusión
anterior, en esta providencia se analizaron las reglas jurisprudenciales
relativas a (i) la procedencia genérica y especifica de la acción de tutela
interpuesta en contra de una providencia judicial, (ii) la caracterización del
defecto fáctico y; (iii) la flexibilización de
los estándares probatorios en materia de violaciones graves a los derechos
humanos, específicamente se estudiaron las subreglas jurisprudenciales del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional en la materia.
146.
Por todo lo anterior la Sala Cuarta
de Revisión, concluye que en ambos procesos de tutela (T-7.395.090 y T-7.477.406), el Tribunal Administrativo del Huila vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de los accionantes y,
en consecuencia, procederá a revocar (i) las sentencias proferidas por las
Secciones Segunda y Quinta del Consejo de Estado, mediante las cuales se negó
la tutela de los derechos fundamentales invocados y se confirmó dicha decisión,
respectivamente (T-7.395.090), y (ii) las sentencias proferidas
por las Secciones Cuarta y Tercera del Consejo de Estado, a través de las
cuales se declaró improcedente la acción de tutela interpuesta y se confirmó
dicha decisión, respectivamente (T-7.477.406). En su lugar,
tutelará el derecho al debido proceso y a la igualdad en cada caso, y ordenará
que se profieran sentencias de reemplazo.
III.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional de
la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de
términos decretada en los procesos de tutela de la referencia, ordenada por el
Consejo Superior de la Judicatura.
SEGUNDO.- REVOCAR las sentencias
proferidas por las Secciones
Segunda y Quinta del Consejo de Estado el 15 de noviembre de 2019 y el 28 de
febrero de 2019, por medio de las cuales se negó el amparo de los derechos
invocados (T-7.395.090). En su lugar, TUTELAR
los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de los señores Irma Olaya, Jhon David Espinosa Olaya, Emilce
Espinosa Olaya, Martha Cecilia Espinosa Olaya, Otilia Espinosa Olaya y Maritza
Espinosa Olaya; Claudia Milena
Montaño Rodríguez; Ernesto Vargas; Judith Sánchez González, actuando en
representación de los menores de edad Pablo Esteban Chavarro Sánchez y Juan
Camilo Chavarro Sánchez; Rufino Cárdenas Oviedo actuando en representación del
menor de edad Juan David Cárdenas Calderón; César Augusto Cárdenas Sánchez;
William Orlando Sánchez; Luz Dary Quintero Javela y Héctor Murillo Sánchez,
actuando en representación de los menores de edad Yorman Andrés Murillo
Quintero y Judy Viviana Murillo Quintero; Jhon Wilmar Murillo Almario; Jhon
Robinson Murillo Quintero y Jazmín Espinosa Olaya.
TERCERO.- DEJAR SIN
EFECTOS la sentencia de segunda
instancia proferida por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo
del Huila el día 7 de febrero de
2018, en el marco del proceso de reparación directa identificado con el
radicado 2008-00143. En consecuencia, ORDENAR a dicha
Sala del Tribunal Administrativo del Huila que, en
el marco de sus competencias, en el término de treinta (30) días hábiles
contados a partir de la notificación de esta sentencia, profiera una nueva
decisión, de conformidad con las consideraciones consignadas en la parte motiva
de esta providencia.
CUARTO.- REVOCAR las sentencias proferidas por las Secciones Tercera y Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado proferidas el 28 de febrero de 2019 y 8 de
abril de 2019 respectivamente, por medio de las cuales se declaró improcedente
el amparo de los derechos invocados (T-7.477.406). En su lugar, TUTELAR el derecho
fundamental al debido proceso de Rodolfo
Montano Correa, Jhon Deimer Montano Correa, Anselmo Montano Correa y Clara
Lucía Montano Correa.
QUINTO.- DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala
Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila el día 18 de abril de
2018, en el marco del proceso de reparación directa identificado con el
radicado 2010-00081. En su lugar, ORDENAR a dicha Sala del Tribunal Administrativo del Huila que, en el marco de sus competencias, en el término de treinta
(30) días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia,
profiera una nueva decisión, de conformidad con las consideraciones consignadas
en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO.- Por medio de la Secretaría General de la Corte, ORDENAR
la devolución de los expedientes remitidos en préstamo a la Sala Cuarta de
Revisión.
SÉPTIMO.- LIBRAR por la Secretaría General las comunicaciones previstas
en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
cúmplase.
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Familiares del
señor Luis Ernesto Vargas Olaya.
[2] Ver cuaderno
principal, folios 2-4. Expediente T-7.395.090.
[3] Ver cuaderno principal, folio 16. Expediente T- T-7.395.090.
[4] Hermanos del señor Teódulo Montano Correa.
[5] Ver cuaderno principal, folios 16-20.
Expediente T-7.477.406.
[6] Ibídem.
[7] Por la muerte
del señor Luis Ernesto Vargas Olaya, demandaron al Estado colombiano los
señores Claudia Milena Montaño Rodríguez, Irma Olaya, Ernesto Vargas, Jon David
Espinosa Olaya, Jazmín Espinosa Olaya, Otilia Espinosa Olaya y Maritza Espinosa
Olaya.
[8] Ver folios 4-18 del cuaderno principal. De conformidad
con lo afirmado en el escrito de tutela Expediente T-7.395.090.
[9] Ver folios 12-24 del cuaderno principal N° 1
del proceso 2008-00143. Expediente T- T-7.395.090.
[10] Ver folios 3-18 del cuaderno principal. Escrito
de tutela. Expediente T-7.392.090.
[11] Ver folios 71-79 del cuaderno principal.
Sentencia de primera instancia. Expediente T- T-7.395.090.
[12]  Ver folios 424-436 del cuaderno principal N° 3
del proceso de reparación directa, identificado con radicado 2008-00143.
Recurso de apelación. Expediente
T- T-7.392.090.
[13] Folio 1, CD, página 27 del cuaderno principal.
Expediente T-7.395.090.
[14] Ibídem.
[15] Folio 1, CD, páginas 28-30 del cuaderno
principal. Expediente T-7.395.090.
[16] Folio 1, CD, páginas 28-30 del cuaderno
principal. Expediente T-7.395.090.
[17] Ver folio 1, CD, páginas 43-44 del cuaderno
principal. Expediente T-7.395.090
[18] Ver folio 1, CD, página 44 del cuaderno
principal. Expediente T-7.395.090.
[19] https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/consultas/#1536851620255-61ce92ac-374f.
[20] Hecho 2 de la demanda de reparación directa.
Folio 11 del cuaderno 1 del proceso identificado con radicado 2010-00081-00.
Expediente T-7.477.406.
[21] Ver folios.
100-103 del cuaderno principal. El informe de
necropsia señala como fecha de muerte el 17 de enero de 2008. Ver cuaderno principal, folio 97. Expediente T-7.477.406.
[22] La demanda la
presentaron Constanza Triana Trujillo en nombre propio y en representación de
sus hijos Silvia Yolanda, Milton, Daniela y Rosa Katerine Paredes Triana, en su
calidad de compañera permanente y de hijos de crianza de TMC; Anselmo Montano
Ipuz, en calidad de su padre; Jhon Deimer, Anselmo, Clara Lucía, María Isabel,
Rodolfo Montano Correa y Priscila Correa, hermanos de TMC, y Arturo Correa
Osorio, abuelo de TMC. Ver cuaderno principal, folio 196, CD, páginas 2-84. Expediente T-7.477.406.
[23] Radicada bajo el número 41001-33-31-002-2010-00081-00.
Ver cuaderno principal, folio 196, CD, páginas
2-26 de 84. Expediente T-7.477.406.
[24] Ver folio 196,
CD, página 9 de 84 del cuaderno
principal. Expediente T-7.477.406.
[25] Ver folio 196,
CD, página 10 de 84 del cuaderno
principal. Expediente T-7.477.406.
[26] Ibídem.
[27] Ibídem.
[28] Ibídem.
[29] Ver folio 196,
CD, página 11 de 84 del cuaderno
principal. Expediente T-7.477.406.
[30] Ibídem.
[31] Folio 196, CD,
página 21 de 84 del cuaderno
principal. Expediente T-7.477.406.
[32] Radicada bajo el número
41001-33-31-002-2010-00081-01. Ver cuaderno
principal, folio 196, CD, páginas 29-71 de 84. Expediente T-7.477.406.
[33] Folio 196, CD,
página 52 de 84 del cuaderno
principal. Expediente T-7.477.406.
[34] Ver folio 196,
CD, página 50 de 84 del cuaderno
principal. Expediente T-7.477.406.
[35] Ver folio 196,
CD, página 52 de 84 del cuaderno
principal. Expediente T-7.477.406.
[36] Ibídem.
[37] Ver folio 196,
CD, páginas 55-57 de 84 del
cuaderno principal. Expediente T-7.477.406.
[38] Ver folio 196,
CD, páginas 57-58 de 84 del
cuaderno principal. Expediente T-7.477.406.
[39] Ver folio 196,
CD, páginas 58-59 de 84 del
cuaderno principal. Expediente T-7.477.406.
[40] Ver folio 196,
CD, páginas 59-60 de 84 del
cuaderno principal. Expediente T-7.477.406.
[41] Ver folio 196,
CD, páginas 60-61 de 84 del
cuaderno principal. Expediente T-7.477.406.
[42] Ver folio 196,
CD, páginas 61-62 de 84 del
cuaderno principal. Expediente T-7.477.406.
[43] Ver folio 196,
CD, páginas 62-63 de 84 del
cuaderno principal. Expediente T-7.477.406.
[44] Ver folio 196,
CD, páginas 63-64 de 84 del
cuaderno principal. Expediente T-7.477.406.
[45] Ver folio 196,
CD, página 65 de 84 del cuaderno
principal. Expediente T-7.477.406.
[46] Ver folio 196,
CD, páginas 65-66 de 84 del
cuaderno principal. Expediente T-7.477.406.
[47] Ibídem.
[48] Ibídem.
[49] Ver folio 196,
CD, página 67 de 84 del cuaderno
principal. Expediente T-7.477.406.
[50] Ver folio 196,
CD, página 66 de 84 del cuaderno
principal. Expediente T-7.477.406.
[51] Ibídem.
[52] Ibídem.
[53] Ver folio 196,
CD, página 67 de 84 del cuaderno
principal. Expediente T-7.477.406.
[54] Ibídem.
[55] Ibídem.
[56] Ver folio 196,
CD, página 66 de 84 del cuaderno
principal. Expediente T-7.477.406.
[57] Ibídem.
[58] Ver folio 196,
CD, página 69 de 84 del cuaderno
principal. Expediente T-7.477.406.
[59] Ibídem.
[60] https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/consultas/#1536851620255-61ce92ac-374f
[61] Ver folios 26-36 del cuaderno principal.
Expediente T-7.395.090.
[62] Mediante el auto del 28 de agosto de 2018,
la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado admitió la demanda de tutela interpuesto y vinculó al proceso de tutela
a la Nación; al Ministerio de Defensa; al Ejercito Nacional y a los señores
Claudia Milena Montaño Rodríguez, Ernesto Vargas, Judith Sánchez González, para
que actúe en su nombre propio y en representación de los menores de edad Pablo
Esteban Chavarro Sánchez y Juan Camilo Chavarro Sánchez; Rufino Cárdenas Oviedo
para que actúe en nombre propio y en representación del menor de edad Juan
David Cárdenas Calderón; César Augusto Cárdenas Sánchez; William Orlando
Sánchez; Luz Dary Quintero Javela y Héctor Murillo Sánchez, para que actúen en
nombre propio y en representación de los menores de edad Yorman Andrés Murillo
Quintero y Judy Viviana Murillo Quintero; Jhon Wilmar Murillo Almario; Jhon
Robinson Murillo Quintero y Jazmín Espinosa Olaya por contar con interés
directo en el debate planteado.
[63] Ver cuaderno
principal, folios 33 y 47.
Expediente T-7.477.406.
[64] Ver folio 45 del cuaderno principal. Expediente
T-7.477.406.
[65] Ibídem.
[66] Ibídem.
[67] Ver folios
36-39 del cuaderno principal. Expediente
T-7.477.406.
[68] Ver folios 91-96 del cuaderno principal.
Expediente T-7.395.090.
[69] En atención a
que las notificaciones personales intentadas frente a los señores Judith
Sánchez González, Pablo Esteban Chavarro Sánchez, Rufino Cárdenas Oviedo, Juan
Camilo Chavarro Sánchez, Juan David Cárdenas Calderón, César Augusto Cárdenas
Sánchez, William Orlando Sánchez, Luz Dary Quintero Javela, Héctor Murillo
Sánchez, Yorman Andrés Murillo Sánchez, Judy Viviana Murillo Quintero, Jhon
Wilmar Murillo Almario y Jhon Robinson Murillo Quintero no fue posible,
mediante aviso del 16 de enero de 2019, la Secretaría General del Consejo de
Estado notificó el auto admisorio del 28 de agosto de 2018, el auto del 22 de
octubre de 2018 y la sentencia de primera instancia proferida el 15 de
noviembre de 2018 a los mencionados señores. Ver cuaderno principal, folio 117.
Expediente T-7.395.090.
[70] Ver folio 121 del cuaderno principal. El 5 de febrero de 2019, el apoderado de los accionantes
sustentó la impugnación presentada (Ver cuaderno principal, folios 139-150). Expediente T-7.395.090.
[71] Ver folio 190 del cuaderno principal.
Expediente T-7.395.090.
[72] Ver folios 192-195 del cuaderno principal.
Expediente T-7.395.090.
[73] Mediante auto
del 8 de febrero de 2019, la Sección Quinta del Consejo de Estado, previo a
decidir la impugnación, advirtió que, pese a los intentos del juez
constitucional de primera instancia por notificar a todos los terceros con
interés vinculados, no se pudieron realizar las notificaciones de manera correcta.
Por eso considero que al tratarse de una nulidad saneable, debía intentarse
nuevamente la notificación de todos los terceros con interés, para que estos
pudieran pronunciarse dentro del proceso de tutela dentro de los 3 días
siguientes. Ver cuaderno principal, folios 152 y 153. Expediente T-7.095.090.
[74] Ver folios
136-139 del cuaderno principal. Expediente
T-7.477.406.
[75] Ver folios
147-150 del cuaderno principal. El 8 de abril de 2019, el apoderado de los accionantes
sustentaron la impugnación presentada (Ver cuaderno principal, folios 166-183). Expediente T-7.477.406.
[76] Ver folios
111-125 del cuaderno principal. Expediente
T-7.477.406.
[77] Ver folios 12-25 del cuaderno de revisión.
Expediente T-7.395.090. Folios 28-42 del cuaderno de revisión. Expediente T-7.477.406.
[78] Ver folio 33 del cuaderno principal. Expediente
T-7.395.090.
[79] Ver folios
46-47 del cuaderno principal. Expediente
T-7.477.406.
[80] Ver folios
64-65 del cuaderno principal. Expediente T-7.395.090.
[81] De conformidad con el artículo 3 del Decreto 2591 de 1991, “[e]l trámite de la acción de tutela se desarrollará
con arreglo a los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial,
economía, celeridad y eficacia”.
[82] Corte Constitucional, sentencias
T-119 de 2015, T-250 de 2015, T-446 de 2015, T-548 de 2015 y T-317 de 2015.
[83] Acerca del perjuicio irremediable, esta Corte ha
señalado que debe reunir ciertos requisitos para que torne procedente la acción
de tutela, a saber: “(i) que se trate de un hecho cierto e inminente; (ii)
que las medidas a tomar deben ser urgentes; (iii) que la situación a la que se
enfrenta la persona es grave; y finalmente (iv) que las actuaciones de
protección han de ser impostergables”.
Ver sentencia T-896 de
2007, entre otras.
[84] Al respecto, el
Decreto 2591 de 1991 en su artículo 8 establece lo siguiente: “[a]ún cuando el
afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acción de tutela
procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. En el caso del inciso anterior, el juez señalará expresamente en
la sentencia que su orden permanecerá vigente sólo durante el término que la
autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción
instaurada por el afectado. En todo caso el afectado deberá ejercer dicha
acción en un término máximo de cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela”.
[85] Según la sentencia C-590 de 2005 los requisitos
generales o de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales son los siguientes: “a. Que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional
no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones (…), b. Que se hayan agotado todos los medios
-ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos
judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos (…), c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir
del hecho que originó la vulneración (…), d. Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo
o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora (…), e. Que la parte actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible”.
[86] Sobre estos
requisitos, puede verse, por ejemplo, las sentencias T-066 de 2019 y T-042 de
2019.
[87] Corte Constitucional, sentencia T-448 de 2018.
[88] Corte Constitucional, sentencia T-619 de 2017.
[89] Debe tenerse en cuenta que, cuando se trate de un defecto
procedimental “el actor deberá además argumentar por qué, a su juicio, el
vicio es sustancial, es decir, con incidencia en la resolución del asunto y/o
afectación de los derechos fundamentales invocados”. Corte Constitucional,
sentencia SU-379 de 2019.
[90] “a. Defecto
orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental
absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del
procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que
surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o
sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes
o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre los fundamentos y la decisión
f. Error inducido, que se
presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación,
que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del
precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la
Constitución”.
[91] Corte Constitucional, sentencia SU-379 de 2019.
[92] Corte Constitucional, sentencia T-006 de 2015.
[93] Corte Constitucional, entre otras, sentencia
T-727 de 2016.
[94] Cabe recordar que las demandas de reparación
directa fueron interpuestas en el 2010, esto es, antes de la entrada en
vigencia del actual Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. En consecuencia, la norma que rigió su procedimiento era el
anterior Código Contencioso Administrativo.
[95] Sentencia
C-649 de 2011. Ver, también, sentencia SU-090 de 2018.
[96] Sentencia
SU-068 de 2018. Ver, también, sentencias SU-263 de 2015, T-291 de 2014, T-713 de 2013, T-553 de 2012
y T-649 de 2011.
[97] En ese sentido, en sentencia C-590 de 2005, la
Corte señaló que la razón de ser de este requisito es evitar la transgresión de
principios como la cosa juzgada o la seguridad jurídica, ya que permitir que la
acción de tutela se interponga meses o incluso años después de la fecha en la
que se toma la decisión desdibujaría la finalidad de los mecanismos ordinarios
de defensa previstos por el legislador.
[98] Corte Constitucional, sentencias SU-379 de
2019, T-404 de 2017 y T-265 de 2015.
[99] Corte Constitucional, sentencia T-529 de 2012.
[100] Ver folio 1, CD del cuaderno principal.
Expediente T-7.395.090.
[101] Ibídem.
[102] Ver folio 20 del cuaderno principal. Expediente
T-7.395.090.
[103] Ver folio 66 del cuaderno principal del proceso
de reparación directa 410013331002-2010-00081-01.
[104] Ver folio 1 del cuaderno principal. Expediente
T-7.477.406.
[105] Ver folio 138 del cuaderno principal.
Expediente T-7.477.406.
[106] Ver folio 188 del cuaderno principal.
Expediente T-7.477.406.
[107] Poderes obrantes a folios 16-20 del cuaderno
principal. Expediente T-7.477.406.
[108] Folio 48 del
cuaderno principal. Expediente T-7.395.090.
[109] Folio 46 del
cuaderno principal. Expediente
T-7.395.090.
[110] Folio 47 del
cuaderno principal. Expediente T-7.395.090
[111] Folio 48 del
cuaderno principal. Expediente T-7.395.090.
[112] Sobre el tema ver sentencia T-518A/15.
[113] De conformidad con el Artículo 5º del
Decreto 2591 de 1991, “La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las
autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de
los derechos de que trata el artículo 2o. de esta ley”.
[114] La Corte Constitucional, en sentencia T-055 de
1997, determinó que, en lo que hace al análisis del material probatorio, la
independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia.
[115] Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994.
Allí se indicó: “si bien el juzgador goza de un gran poder discrecional para
valorar el material probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar
libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos de la
sana crítica…, dicho poder jamás puede ser arbitrario; su actividad
evaluativa probatoria supone necesariamente la adopción de criterios objetivos,
racionales, serios y responsables. No se adecua a este desideratum, la
negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que se
presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o
sin razón valedera alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de
la misma emerge clara y objetivamente” (resaltado fuera del texto original).
[116] Ibid.
[117] Corte
Constitucional, sentencia T-084 de 2017.
[118] Corte
Constitucional, sentencia T-336 de
2004.
[119] Corte
Constitucional, sentencias T-442 de
1994 y T-781 de 2011.
[120] Corte
Constitucional, sentencia T-084 de 2017.
[121] Corte
Constitucional, sentencia T-458 de 2007.
[122] Consejo de Estado, Sección
Tercera, sentencia de 27 de abril de 2016, Exp. 47911.
[123] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia
del 3 de diciembre de 2014, Exp. 26737.
[124] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia
del 21 de noviembre de 2018, Exp. 46134.
[125] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia
del 21 de noviembre de 2018, Exp. 46134.
[126] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia
del 28 de agosto de 2014, Exp. 32988.
[127] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de
octubre del 2014, Exp. 20411.
[128] Sentencia T-237 de 2017.
[129] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia
del 11 de febrero de 2009, Exp. 16337, reiterada en el fallo de 14 de abril de
2011, Exp. 20145.
[130] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia
del 11 de febrero de 2009, Exp. 16337, reiterada en el fallo de 14 de abril de
2011, Exp. 20145.
[131] Ibídem.
[132] Consejo de
Estado, Sección
Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, Exp. 32988.
[133] Consejo de
Estado, Sección Quinta, sentencia del 12 de febrero 2015, Exp.
11001-03-15-000-2014-00747-01.
[134] Consejo de Estado, Sección
Tercera, sentencia del 30 de abril de 2014, Exp. 28075.
[135] Consejo de
Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de diciembre 2013, Exp. 28122.
[136] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia
del 28 de agosto de 2014, Exp. 32988.
[137] Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 28 de mayo de 2015, Exp. 26958.
[138] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia
del 20 de febrero de 2014, Exp. 29028.
[139] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia
del 7 de septiembre de 2018, Exp. 43770.
[140] Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
[141] Corte Constitucional, sentencia T-926 de 2014,
citada en la sentencia SU-035 de 2018.
[142] Corte
Constitucional. T-535 de 2015.
[143] Esta postura de flexibilización de los medios
de prueba ante graves violaciones a los derechos humanos fue adoptada por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en las siguientes sentencias: 15 de
septiembre del 2005, caso Mapiripán vs. Colombia, párr. 73; sentencia del 24 de
junio del 2005, caso Acosta Calderón vs. Ecuador, párr. 41; sentencia del 23 de
junio del 2005, casto Yatama vs. Nicaragua, párr. 108; sentencia del 20 de
junio del 2005, caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, 45; sentencia del 2 de julio
del 2004, caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, párr. 57. Las referencias en esta
ponencia a sentencias de la CIDH se realiza exclusivamente para fines
interpretativos, y en ningún caso podrán ser entendidas como parte del bloque
de constitucionalidad en sentido estricto.
[144] Ver, entre otras, la sentencia del 6 de julio
del 2009, caso Escher y otros vs. Brasil; la sentencia del 29 de julio de 1988,
caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras; sentencia del 28 de enero del 2009, caso
Ríos y otros vs. Venezuela; sentencia del 3 de abril del 2009, caso Kawas
Fernández vs. Honduras.
[145] Corte IDH, Caso la Masacre de la Rochela vs.
Colombia, sentencia del 11 de mayo de 2007, párr. No. 76. Ver también, Corte
IDH, sentencia del 29 de julio de 1988, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras,
párr. 135, entre otras.
[146] Ver folios 91-96 del cuaderno principal.
Expediente T-7.395.090
[147] Ver folios 192-195 del cuaderno principal.
Expediente T-7.395.090
[148] Respecto del principio de informalidad que rige
la interposición del recurso de impugnación en materia de acción de tutela, ver
las providencias T-501 de 1992, T-100 de 1998, T-538 de 2017, A-012 de 1993,
A-016 de 1995, A-029 de 1997, A-005 de 1999, A-099 de 2006 y A-114 de 2008,
entre otros.
[149] Ver cuaderno principal, folio 1, CD, página 53
Expediente T-7.395.090.
[150] Ibídem.
[151] Ver cuaderno de pruebas 1, folios 138, Radicado
2008-00143. Expediente T-7.395.090.
[152] Folio 1, CD, página 40 del cuaderno principal.
Expediente T-7.395.090
[153] Folio 154, del
cuaderno de pruebas No. 4, Radicado
2008-00143. Expediente T-7.395.090.
[154] Folios 114 -128, 129-136 y 155-156 del cuaderno
de pruebas No. 1, Radicado 2008-00143. Expediente T-7.395.090.  Expediente
T-7.395.090.
[155]  Página 45 de
la sentencia del 7 de febrero de 2018, dictada por la Sala Quinta de Decisión
del Tribunal Administrativo del Huila.
[156] Ver folios
114-115 del cuaderno principal 2. Radicado 2008-00143. Expediente T-7.395.090.
[157] Ver folios
116-117 del cuaderno principal 2. Radicado
2008-00143. Expediente T-7.395.090.
[158] Ver folios
119-121 del cuaderno principal 2. Radicado
2008-00143. Expediente T-7.395.090.
[159] Ver folios 122
-123 del cuaderno principal 2. Radicado
2008-00143. Expediente T-7.395.090.
[160] Ver folios
127-128 del cuaderno principal 2. Radicado
2008-00143. Expediente T-7.395.090.
[161] Ver folios
124-125 del cuaderno principal 2. Radicado 2008-00143. Expediente T-7.395.090.
[162] Ver folios
129-130 del cuaderno principal 2. Radicado
2008-00143. Expediente T-7.395.090
[163] Ver folios
131-132 del cuaderno principal 2. Radicado
2008-00143. Expediente T-7.395.090.
[164] Ver folios 133-134
del cuaderno principal 2. Radicado
2008-00143. Expediente T-7.395.090.
[165] Ver folios
135-136 del cuaderno principal 2. Radicado
2008-00143. Expediente T-7.395.090.
[166] Ver folios
155-156 del cuaderno principal 2. Radicado
2008-00143. Expediente T-7.395.090.
[167] Ver cuaderno 2 del proceso penal, folios 15-16,
Radicado 2008-00143. Expediente T-7.395.090.
[168] Ver cuaderno cuaderno 2 del proceso penal,
folios 110-122, Radicado 2008-00143. Expediente T-7.395.090.
[169] Ver cuaderno 2 del proceso penal, folios
110-122, Radicado 2008-00143. Expediente T-7.395.090.
[170] Ver cuaderno 2 del proceso penal, folios 94-96,
Radicado 2008-00143. Expediente T-7.395.090.
[171] Ver cuaderno 2
del proceso penal, folios 228-233, Radicado 2008-00143. Expediente T-7.395.090.
[172] Ver cuaderno 1
del proceso penal, folio 26. Radicado 2008-00143. Expediente T-7.395.090.
[173] Ver folio 12,
hecho 41 del cuaderno 1 de tutela.
[174] Ver folio 12,
hecho 42 del cuaderno 1 de tutela.
[175] Ibídem.
[176] Ibídem.
[177] Ver folio 9 del cuaderno principal. Expediente
T-7.477.406.
[178] Ver folio 7 del cuaderno principal. Expediente
T-7.477.406.
[179] Ibídem.
[180] Ibídem.
[181] Ver folio 10 del cuaderno principal. Expediente
T-7.477.406.
[182] Ver folio 6 del cuaderno principal. Expediente
T-7.477.406.
[183] Ver folios
10-11 del cuaderno principal. Expediente
T-7.477.406.
[184] Ver folio 56 del cuaderno principal. Expediente
T-7.477.406.
[185] Ver folio 13 del cuaderno principal. Expediente
T-7.477.406.
[186] Ver folio 67 del cuaderno principal. Expediente
T-7.477.406.
[187] Ibid.
[188] Ver folio 68 del cuaderno principal. Expediente
T-7.477.406.
[189] Ver folio 56 del cuaderno principal. Expediente
T-7.477.406.
[190] Ver folio 11 del cuaderno principal. Expediente
T-7.477.406.
[191] Ibídem.
[192] Ver folios 80-82 del cuaderno principal.
Expediente T-7.477.406.
[193] Ibídem.
[194] Ver folio 196,
CD, página 51 de 84 del cuaderno
principal. Expediente T-7.477.406.
[195] Ver folio 196,
CD, página 70 de 84 del cuaderno
principal. Expediente T-7.477.406.
[196] Ibid.
[197] Ver folio 196,
CD, página 67 de 84 del cuaderno
principal. Expediente T-7.477.406.
[198] Ver folio 196,
CD, página 63 de 84 del cuaderno
principal. Expediente T-7.477.406.
[199] Ibid.
[200] Ver folio 61 del cuaderno principal. Expediente
T-7.477.406.
[201] Ver folio 196,
CD, página 66 de 84 del cuaderno
principal. Expediente T-7.477.406.
[202] Ver, entre otros, el informe de la Policía Judicial en cuaderno principal,
folio 94. Expediente T-7.477.406.
[203] “Acta
0068 del 18 de enero de 2008, el Batallón de Infantería No. 26 señaló que gastó
23 cartuchos de guerra cal 5.56mm; vainillas perdidas: 23. Personal que consumió
la munición: Figueroa Medina Mauricio: 8; Palechor Muñoz Fernando: 6; Vera Vera
Jose: 7; Chantre Mauricio: 2; Total: 23”. Ver cuaderno
de pruebas de apelación del proceso de reparación directa, folio 165. Expediente T-7.477.406.
[204] El Tribunal se
limitó a citar ese hecho pero no aparece en la valoración probatoria en su
conjunto Cita el informe de patrullaje mediante el cual el Comandante de la
Compañía Catapulta 4: “se gastó el siguiente material de guerra de acuerdo
al personal que disparó sus armas de dotación así: “SLP FIGUEROA MEDINA
MAURICIO 08 cartuchos calibre 5.56 mm, SLP PALECHOR MUÑOZ FERNANDO 06 cartuchos
calibre 5.56 mm, SLP VERA VERA JOSE 07 cartuchos calibre 5.56 mm, SLP CHANTRE
MAURICIO 02 cartuchos calibre 5.56 mm”. Ver cuaderno principal, folio 196,
CD, página 57 de 84. Expediente
T-7.477.406.
[205] Ver folio 196,
CD, página 63 de 84 del cuaderno
principal. Expediente T-7.477.406.
[206] Ver cuaderno de pruebas – copias investigación
deceso del señor TMC – Fiscalía General de la Nación, folios 1-4.
[207] Ver folios
70-71 del cuaderno principal.
[208] Ver cuaderno
‘copia de proceso penal’, folio 67. Expediente
T-7.477.406.
[209] Ver folio 196,
CD, página 69 de 84 del cuaderno
principal. Expediente T-7.477.406.
[210] Ver cuaderno 1 del proceso administrativo,
folios 156-157. Expediente T-7.477.406.
[211] Ver folio 7 del cuaderno principal. Expediente
T-7.477.406.
[212] Ibídem.
[213] Ibídem.
[214] Ver cuaderno de pruebas de apelación del proceso de reparación directa,
folios 224-225. Expediente T-7.477.406.
[215] Ver cuaderno de pruebas de apelación del proceso de reparación directa,
folios 226-227. Expediente
T-7.477.406.
[216] Ver cuaderno de pruebas de apelación del proceso de reparación directa,
folios 228-229. Expediente
T-7.477.406.
[217] Ver cuaderno de pruebas de apelación del proceso de reparación directa,
folios 230-231. Expediente
T-7.477.406.
[218] Ver cuaderno de pruebas de apelación del proceso de reparación directa,
folios 322-326. Expediente
T-7.477.406.
[219] Constancia
de la Fiscalía Genera l de la Nación cuaderno de pruebas de apelación, folios
321-326. Expediente T-7.477.406.
[220] Ibídem.
[221] Ver folio 73 del cuaderno 2 de pruebas del
proceso de reparación directa. Expediente T-7.477.406.
[222] Ver folio 70 del cuaderno 2 de pruebas del
proceso de reparación directa. Expediente T-7.477.406.
[223] Ver folio 6
del cuaderno 1, Expediente T-7.477.406.
[224] Ver folio 8
del cuaderno 1, Expediente T-7.477.406.
[225] Familiares del
señor Luis Ernesto Vargas Olaya.
[226] Ver folios 2-4 del cuaderno principal. Expediente T-7.395.090.
[227] Hermanos del señor Teódulo Montano Correa.
[228] Ver folios 16-20 del cuaderno principal.
Expediente T-7.477.406.