SU418-19
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
SU418/19
SUSTENTACION
DEL RECURSO DE APELACION-Aplicación
y alcance de los artículos 322 y 327 del Código General del Proceso
El recurso de apelación debe sustentarse
ante el superior en la audiencia de sustentación y fallo, y el efecto de no
hacerlo así es la declaratoria de desierto del recurso.
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
DEFECTO
PROCEDIMENTAL ABSOLUTO-Configuración
DEFECTO
MATERIAL O SUSTANTIVO-Configuración
DEFECTO
SUSTANTIVO POR INTERPRETACION ERRONEA O IRRAZONABLE DE LA NORMA-Hipótesis en las cuales puede incurrir la
autoridad judicial
La Corte ha señalado que el amparo es
procedente respecto de interpretaciones irrazonables, las cuales se configuran
en dos supuestos. El primero consistente en otorgarle a una disposición un
sentido o alcance que no tiene (interpretación contraevidente o contra legem),
afectando de forma injustificada los intereses legítimos de una de las partes.
Y, el segundo, que se traduce en la realización de una interpretación que
parece admisible frente al texto normativo, pero que en realidad es contrario a
los postulados constitucionales o conduce a resultados desproporcionados.
LIBERTAD
DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN PROCESOS JUDICIALES-Alcance
El Legislador cuenta con una amplia
potestad de regular los procedimientos judiciales y dentro de ellos, definir
aspectos como: (i) el establecimiento de los recursos y medios de defensa que
pueden intentar los administrados contra los actos que profieren las
autoridades, así como los requisitos y las condiciones de procedencia de los
mismos; (ii) las etapas procesales y los términos y formalidades que se deben
cumplir en ellas; (iii) la definición de competencias en una determinada
autoridad judicial, siempre y cuando el constituyente no se haya ocupado de
asignarla de manera explícita en la Constitución; (iv) los medios de prueba; y
(v) los deberes, obligaciones y cargas procesales de las partes, del juez y aún
de los terceros.
LIBERTAD
DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PROCESAL-Límites
La libertad configurativa del legislador,
en materia de regulación de los procesos judiciales, no significa que el
Congreso pueda establecer a su arbitrio o de manera caprichosa las distintas
reglas procedimentales, en tanto no puede soslayar las garantías de orden
superior, a fin de asegurar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la
administración de justicia. Es así como ese tipo especial de regulaciones deben
propender por hacer efectivos los derechos de defensa, de contradicción, de
imparcialidad del juez, de publicidad de las actuaciones y todos los demás
sustanciales que conforman la noción de debido proceso.
ORALIDAD
EN LOS PROCESOS JUDICIALES-Finalidad
El fundamento de la política procesal
basada en la oralidad deviene en un escenario de satisfacción de derechos de
raigambre fundamental. Ello, teniendo en cuenta que su despliegue conduce a la
materialización de diversas garantías que hacen parte del debido proceso y del
acceso efectivo a la administración de justicia, entre las que cabe destacar:
(i) la inmediación (relación directa entre el juez y los demás sujetos
involucrados en el proceso -partes e intervinientes-, así como con su
contenido); (ii) la concentración (desarrollo breve y célere del proceso en el
menor número de audiencias posible); y (iii) la publicidad (realización de
audiencias de carácter público).
PRINCIPIO
DE LA DOBLE INSTANCIA-Generalidades/DERECHO
DE DEFENSA Y RECURSO DE APELACION-Instrumento para remediar errores
judiciales/PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA-Permite hacer efectivo el
derecho de acceso a la administración de justicia
DERECHO
AL DEBIDO PROCESO Y PRINCIPIO-DERECHO A LA DOBLE INSTANCIA-Garantía de los derechos de defensa y de
contradicción
La doble instancia tiene una relación
estrecha con el derecho de defensa, pues a través del establecimiento de un
mecanismo idóneo y efectivo para asegurar la recta administración de justicia,
(i) garantiza la protección de los derechos e intereses de quienes acceden al
aparato estatal; (ii) permite que la decisión adoptada por una autoridad
judicial sea revisada por otro funcionario de la misma naturaleza y la más alta
jerarquía; (iii) amplía la deliberación sobre la controversia; y (iv) evita la
configuración de yerros judiciales al incrementar la probabilidad de acierto de
la justicia como servicio público.
RECURSO
DE APELACION-Finalidad/RECURSO
DE APELACION-Sustentación
La apelación no debe convertirse en el
instrumento a través del cual se pretenda probar suerte ante el juez superior,
sino que solo debería acudirse a ella en aquellos supuestos en los que existan
elementos sólidos que den cuenta de que el juzgador de primera instancia
incurrió en una equivocación. Eso explica por qué se exige que la apelación
deba ser sustentada.
APELACION
DE SENTENCIAS-Trámite del
recurso de apelación en el Código General del Proceso
SUSTENTACION
DEL RECURSO DE APELACION EN EL CODIGO GENERAL DE LPROCESO-Trámite
SUSTENTACION
DEL RECURSO DE APELACION EN EL CODIGO GENERAL DEL PROCESO-Jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia, Sala Civil y Sala Laboral
PRINCIPIO
DE INTERPRETACION CONFORME A LA CONSTITUCION-Contenido
AJUSTE
JURISPRUDENCIAL A LA INTERPRETACION DEL TRAMITE DEL RECURSO DE APELACION EN EL
CODIGO GENERAL DEL PROCESO-Apelante
debe sustentar el recurso en la audiencia de sustentación y fallo, la
inasistencia conlleva la declaratoria de desierto
Para garantizar el derecho a la igualdad y
la respuesta uniforme del ordenamiento jurídico, el juez de tutela debe
decantarse por la interpretación que surge de las disposiciones aplicables. De
acuerdo con esa metodología de interpretación, el recurso de apelación debe
sustentarse ante el superior en la audiencia de sustentación y fallo, y el
efecto de no hacerlo así es la declaratoria de desierto del recurso.
APELACION DE
SENTENCIAS EN EL CODIGO GENERAL DEL PROCESO-Condiciones de procedibilidad de la acción
de tutela
Para que sea posible acudir a la vía de la
acción de tutela, la parte interesada debe haber agotado los medios de defensa
disponibles en la jurisdicción ordinaria. Ello impone la necesidad de recurrir
la decisión que en segunda instancia resuelve, bien sea declarando desierto el
recurso ante la falta de sustentación o bien dándole trámite, a pesar de no
haber sido sustentado.
Referencia: Expedientes T-6.695.535,
T-6.779.435, T-6.916.634, T-7.028.230 y T-7.035.566 (Acumulados)
Demandantes: Myriam Yohana Acevedo
Novoa, Douglas Jairo Velásquez Rodríguez, Rocío del Socorro Lara Mier, Jens
Jensen y Magdalena María Estupiñán Quintero, e Ismael Guete Asesorías y
Construcciones S.A.S.
Demandados: Tribunal Superior de
Bogotá -Sala Civil-, Tribunal Administrativo de Boyacá, Tribunal Superior de
Santa Marta     -Sala Civil Familia-, Juzgado Sexto Civil del Circuito de
Bucaramanga y Tribunal Superior de Cartagena -Sala Civil Familia-
Magistrado Ponente:
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá D.C., once (11) de septiembre de dos
mil diecinueve (2019).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los fallos proferidos
por las respectivas autoridades judiciales de instancia, dentro de los asuntos
de la referencia.
I.       ANTECEDENTES
Con arreglo a lo previsto en los artículos
86 y 241 de la Carta Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de
Selección Número Seis de la Corte Constitucional, mediante Auto del 14 de junio
de 2018[1], decidió seleccionar para
revisión y acumular entre sí los expedientes T-6.695.535 y T-6.779.435,
por presentar unidad de materia, para que fueran fallados en una misma sentencia,
asignándose su estudio a la Sala Tercera de Revisión[2].
Posteriormente, la Sala de Selección Número
Ocho de la Corte Constitucional, a través de Auto del 30 de agosto de 2018[3],
resolvió escoger para revisión y acumular entre sí y al expediente T-6.695.535,
el proceso de tutela radicado con el número T-6.916.634, por tratarse de
un asunto sustancialmente análogo, a efectos de que fueran dirimidos en una sola
providencia.
Una vez verificado que los aludidos expedientes
abordan una temática jurídica semejante, cual es la relacionada con la
interpretación del artículo 322 del Código General del Proceso que regula la
sustentación del recurso de apelación en materia civil, el magistrado
sustanciador optó por ponerlos en conocimiento de la Sala Plena para que esta
decidiera si la trascendencia del tema ameritaba “su estudio por todos los
magistrados” y, por consiguiente, si había lugar o no a un fallo de
unificación de jurisprudencia.
En sesión ordinaria celebrada el 21 de
noviembre de 2018[4], el pleno de la
Corporación avocó la competencia de dichos asuntos, valiéndose para ello del
artículo 61 del Acuerdo 02 de 2015 “Por medio del cual se unifica y
actualiza el Reglamento de la Corte Constitucional”[5].
A su turno, ordenó la suspensión de los términos del juicio mientras se toma la
decisión de fondo a que hubiere lugar[6].
Incluso, en sesión ulterior del 6 de marzo
de 2019, la Sala Plena dispuso que, por versar sobre situaciones fácticas y
jurídicas similares, se acumularan a los ya reseñados expedientes, los procesos
de tutela identificados bajo los números T-7.028.230 y T-7.035.566,
previamente escogidos para revisión y acumulados entre sí por la Sala de
Selección Número Diez de la Corte Constitucional en Auto del 29 de octubre de
2018[7],
cuyo escrutinio correspondió, en su momento, a la Sala Octava de Revisión[8].
1.      Delimitación temática del presente
pronunciamiento
De manera preliminar, conviene señalar que las
acciones de tutela objeto de revisión, a pesar de haberse promovido por
separado, coinciden por entero en cuanto se dirigen a cuestionar providencias
judiciales en las que en criterio de los accionantes concurren varias causales
específicas de procedibilidad, habida consideración de que en ellas se dictaron
decisiones directamente vinculadas con el sentido y alcance del artículo 322
del Código General del Proceso[9], en especial frente a lo
preceptuado en su numeral 3º, relativo a la forma y oportunidad en que debe
sustentarse el recurso de apelación de una sentencia por parte del recurrente y
a las hipótesis en que los jueces de primera y segunda instancia proceden a
declararlo desierto.
La discusión sobre el adecuado entendimiento
de la norma procesal citada, si bien ya ha tenido lugar en el marco de acciones
de tutela tramitadas y decididas en sede de instancia por las Salas de Casación
Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia, aún no ha sido abordada en la jurisprudencia
constitucional. Esta razón lleva a la Sala Plena a adelantar el respectivo estudio
de los casos seleccionados centrando su análisis en las alternativas interpretativas
que allí se acogieron para solventarla, no solo porque estas constituyen el eje
principal del debate en torno al cual giran todos los recursos de amparo
acumulados, sino también por la necesidad de profundizar en la materia para establecer
una línea hermenéutica que resulte aplicable[10].
En consecuencia, la exposición que a
continuación se efectúa de los hechos que respaldan las demandas, de las
intervenciones de las autoridades judiciales accionadas y de las decisiones
adoptadas por los jueces de tutela de instancia, habrá de circunscribirse a los
aspectos atrás puntualizados, diferenciándose, de ser necesario, las
especificidades ofrecidas en cada caso, con fines de claridad expositiva y
coherencia argumentativa.
2.      Identificación de los casos objeto
de revisión
En el siguiente cuadro ilustrativo, se pone
de presente tanto el número de radicación de los distintos expedientes que
fueron acumulados, como el nombre de los tutelantes, la identificación de las
respectivas autoridades judiciales demandadas y el tipo de proceso ordinario en
el que se suscitó la controversia:
No.
Expediente
Tutelante
Autoridad judicial demandada
Tipo de proceso
1
T-6.695.535
Myriam Yohana Acevedo Novoa
Tribunal Superior de Bogotá -Sala
Civil-
Acción reivindicatoria o de dominio
2
T-6.779.435
Douglas Jairo Velázquez Rodríguez
Tribunal Administrativo de Boyacá
Acción popular
3
T-6.916.634
Rocío del Socorro Lara Mier
Tribunal Superior de Santa Marta -Sala
Civil Familia-
Demanda ejecutiva singular de mayor
cuantía
4
T-7.028.230
Jens Jensen y Magdalena María Estupiñán Quintero
Juzgado Sexto Civil del Circuito de
Bucaramanga
Demanda declarativa verbal de
incumplimiento del contrato de promesa de compraventa
5
T-7.035.566
Sociedad Ismael Guete Asesorías y
Construcciones S.A.S.
Tribunal Superior de Cartagena -Sala
Civil Familia-
Demanda ejecutiva singular de mayor
cuantía
La restante información concerniente a los argumentos de
defensa de las autoridades judiciales accionadas, el sentido de las decisiones
proferidas por los jueces de instancia en sede de tutela y la indicación de
algunas observaciones puntuales importantes en los asuntos que se revisan, aparece
detallada en el acápite subsiguiente de esta sentencia, tal y como fue anunciado
con anterioridad.
3.      Relación de presupuestos fácticos
relevantes, consideraciones, pretensiones, contestación de las autoridades
judiciales vinculadas al trámite de la acción y decisiones de instancia en sede
de tutela
3.1.   Expediente T-6.695.535
El 10 de octubre de 2017, la señora Myriam
Yohana Acevedo Novoa, actuando por conducto de mandatario judicial[11],
presentó acción de tutela en procura de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia[12],
presuntamente vulnerados por el Tribunal Superior de Bogotá -Sala Civil- al
resolver, dentro de un proceso reivindicatorio que formuló en contra de la
señora Maribel Inacio Vela, no declarar desierto el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia, pese a haber
advertido la inasistencia de su apoderada en el trámite de la audiencia pública
de sustentación y fallo de que trata el artículo 327 del Código General del
Proceso[13].
A.      Hechos relevantes
1. La señora Myriam Yohana Acevedo Novoa entabló
acción reivindicatoria en contra de la señora Maribel Inacio Vela, con el fin de
recobrar la posesión de un inmueble ubicado en la ciudad de Bogotá[14].
2. La demanda, por reparto, correspondió en
primera instancia al Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá, que,
mediante sentencia del 28 de febrero de 2017, proferida como colofón de la
audiencia de instrucción y juzgamiento[15], resolvió
declarar el derecho de dominio del pretendido bien en favor de la reclamante, ordenándose,
consecuencialmente, su restitución inmediata.
3. En seguida, la parte demandada interpuso
recurso de apelación, el cual fue concedido por la autoridad judicial de
conocimiento en el efecto suspensivo y remitido al Tribunal Superior de Bogotá
-Sala Civil-, de conformidad con los artículos 322[16]
y 323[17] del Código General del
Proceso. Esta decisión quedó notificada en estrados.
4. Debido a que en la mencionada audiencia no
se rindieron todos los descargos concretos en contra de la sentencia del a-quo,
la señora Maribel Inacio Vela presentó varios días después un memorial de sustentación
de las razones de su inconformidad ante el Juzgado Diecinueve Civil del
Circuito de Bogotá, en el que solicitó la revocatoria del fallo que le era
adverso.
5. Admitido el mecanismo impugnaticio en el
efecto devolutivo[18] a través de auto del 23
de marzo de 2017 por parte del Tribunal Superior de Bogotá -Sala Civil-[19],
procedió a convocarse a la diligencia de sustentación y fallo del artículo 327 del
Código General del Proceso. Una vez constituida en audiencia pública, la
referida colegiatura, en sentencia del 5 de julio de 2017, no obstante haber constatado
la ausencia de la apoderada de la demandada[20], decidió darle
curso a la apelación -frente a lo cual no se planteó ningún reparo- y revocar la
determinación inicialmente adoptada por el juez de primera instancia, negando, en
su lugar, las súplicas insertas en la demanda[21].
B.      Solicitud de amparo constitucional
y pretensiones
6. Contra esta decisión, la señora Acevedo
Novoa, obrando por intermedio de abogado, promovió acción de tutela, sobre la
base de considerar que la autoridad judicial censurada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia por
haber incurrido en un flagrante desconocimiento de la ley, toda vez que, a
pesar de comprobar “que la apoderada judicial de la parte demandada no
asistió a la audiencia de fallo para desarrollar los argumentos expuestos en el
recurso de apelación presentado ante el juez de primera instancia, terminó
dándolo por sustentado”[22], en
contravía de lo que expresamente prevé el numeral 3º del artículo 322 del Código
General del Proceso para este tipo de casos, esto es, la declaratoria de
desierto del medio impugnativo al no precisarse ante el superior las razones de
inconformidad con la sentencia apelada.
7. Además de alegar el quebrantamiento del artículo 3º del Código General del
Proceso, según el cual, “todas las actuaciones deben cumplirse en forma
oral, pública y en audiencias, salvo las que expresamente se autorice realizar por
escrito”, la demandante puso de manifiesto que, en el caso concreto, “como
el recurso de apelación se interpuso en el trámite de la audiencia de fallo de
primera instancia, no procedía sustentarlo por escrito, ni antes ni después de
la audiencia, así como tampoco era procedente el argumento de que por razones
de economía procesal fuese exonerada la parte de asistir a la audiencia y,
mucho menos, de la obligación legal de sustentar oralmente en segunda instancia
dicho recurso”, por lo que, en su criterio, el Tribunal Superior de Bogotá
-Sala Civil-, “en ejercicio del debido proceso y del derecho de defensa”,
debió proceder a declararlo desierto[23].
8. De ahí que, en el interés de que sean protegidos
los derechos que considera transgredidos, la tutelante insta al juez
constitucional para que deje sin valor ni efecto alguno la sentencia proferida
en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá -Sala Civil-, dentro
del proceso reivindicatorio emprendido, al tiempo que se le ordene a dicha autoridad
judicial dictar una nueva providencia en la que declare desierto el recurso de
apelación interpuesto por la parte recurrente[24].
C.      Trámite procesal, objeciones a la
demanda y decisiones de instancia
9. En auto del 12 de octubre de 2017, la
Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Civil-, dispuso admitir la acción
de tutela y notificar de su presentación tanto a los Magistrados del Tribunal
Superior de Bogotá -Sala Civil- como a quienes fungen en calidad de partes y de
terceros intervinientes en el proceso ordinario reivindicatorio, para que
ejercieran sus derechos de defensa y contradicción[25].
10. Únicamente el Juzgado Diecinueve Civil
del Circuito de Bogotá intervino en el trámite del presente juicio para
oponerse a la prosperidad del recurso de amparo, señalando que “las
actuaciones surtidas en la primera instancia ordinaria se ajustaron plenamente
a la normatividad sustancial y procesal entonces vigente”, en la medida en
que se dio correcta aplicación a los artículos 75, 85, 315 y 320 del Código de
Procedimiento Civil[26], por haber sido radicada
la demanda en el mes de mayo de 2014[27].
11. En fallo del 21 de noviembre de 2017[28],
la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Civil- concedió la protección
tutelar impetrada y ordenó al Tribunal Superior de Bogotá -Sala Civil- que
dejara sin efecto el proveído dictado en audiencia del 5 de julio de 2017 y expidiera
nueva providencia en la que se pronunciara sobre la viabilidad del recurso de
apelación, “teniendo en cuenta la inasistencia de la censora a la audiencia de
sustentación y fallo”[29]. Lo
anterior, tras advertir que la autoridad judicial demandada había cometido un “desafuero
que ameritaba la injerencia de la jurisdicción”, en tanto que, al resolver
la apelación, “desconoció los mandatos imperativos consagrados en el
artículo 322 (inciso 4º, numeral 3º) del Código General del Proceso”[30]
que imponían al recurrente la carga de sustentar la alzada ante el ad-quem[31].
Esto último, a pesar de que la demandante no formuló reparo alguno, “tan
pronto como fue notificada por parte del Tribunal de la decisión que en esta
oportunidad controvierte”, debido a la trascendencia de la irregularidad
infringida[32].
La referida colegiatura apoyó su decisión en
dos sentencias de tutela recientes en las que había abordado casos con
problemáticas jurídicas similares (STC8909-2017 y STC17652-2017), y respecto de
los cuales se sirvió plantear las siguientes premisas: “quien apela una
sentencia no solo debe aducir de manera breve sus reparos concretos respecto de
esta decisión, sino acudir ante el superior para sustentar allí ese remedio,
apoyado, justamente, en esos cuestionamientos puntuales”. Siendo ello así,
no debe olvidarse que, “tratándose de autos, la Sala ha
identificado, como fases del recurso de apelación, en primera instancia:
interposición del recurso, sustentación, traslados de rigor y concesión; y en
segunda: la inadmisión o admisión y decisión. Para las sentencias,
en primera instancia: interposición, formulación de los reparos concretos y
concesión; y en segunda instancia, admisión o inadmisión con su ejecutoria,
fijación de audiencia con la eventual fase probatoria, sustentación oral y
sentencia”. Por lo tanto, “ninguna arbitrariedad se encuentra en la
decisión del Tribunal relativa a declarar la deserción de la alzada propuesta
por el tutelante, pues, se insiste, de un lado, aquél debió consultar el
expediente de manera directa para enterarse de las determinaciones allí
adoptadas, tales como la fecha para la audiencia de sustentación de su recurso
y, de otro, por cuanto le correspondía acudir a esa diligencia y fundamentar el
remedio vertical ante el superior, tal y como lo prevé el reseñado canon 322 ídem”.
De manera que, “aunque el recurrente hubiere formulado frente al juez de
primer grado la sustentación de la apelación, resulta claro que la oportunidad
para cumplir con dicha carga se habilita dentro de la audiencia que programe el
juez que resuelve la impugnación para el efecto, por lo que mal haría este
último en entender agotada esta etapa ante el a-quo”, entre otras razones,
porque se trata de “una exigencia legal que se muestra congruente con el
principio de oralidad desarrollado en el Código General del Proceso, que impone
adelantar la actuación mediante audiencias permitiendo la inmediación del juez
en cada etapa del litigio” (Subrayas y negrillas no originales).
12. La citada determinación fue impugnada de
manera oportuna tanto por la señora Maribel Inacio Vela, en su calidad de
tercera interesada en las resultas del proceso, como por los integrantes de la
Sala de Decisión accionada del Tribunal Superior de Bogotá. Así, mientras la
primera se limitó simplemente a expresar su inconformidad con lo dictaminado[33];
los segundos invocaron el ejercicio autónomo e independiente de su función de
administrar justicia para aclarar que optaron por resolver el recurso de alzada
interpuesto, apoyados, por un lado, “en la aplicación prevalente del
principio de supremacía del derecho sustancial sobre el formal” y, por el
otro, “en el alcance que, en su entender, tiene el artículo 322 del C.G.P.”,
pues repararon que el apelante, ante el a-quo, “no solo precisó los
reparos concretos frente a la sentencia refutada, sino que sustentó los mismos
al explicitar, aunque en forma breve pero contundente, los fundamentos fácticos
y jurídicos de aquellos”[34]. En
tal virtud, antes que calificarse de arbitraria o irrazonable, su actuación es resultado
de una “interpretación de la normatividad reguladora del recurso de
apelación, junto con principios y valores de rango constitucional que
privilegian al máximo el goce efectivo de los derechos”[35].
13. La Corte Suprema de Justicia -Sala de
Casación Laboral-, en sentencia del 7 de marzo de 2018, revocó el
pronunciamiento de primera instancia y, en su lugar, denegó la acción de tutela
incoada por la señora Myriam Yohana Acevedo Novoa, luego de concluir que, del
contenido literal del inciso 4º del numeral 3º del artículo 322 del Código
General del Proceso, no se derivaba la necesidad de que la sustentación del
recurso de apelación fuese adelantada en forma oral, ya que bastaba con que el
recurrente expresara sus inconformidades con la providencia apelada para “que
el juez de segunda instancia diera por presentado en debida forma el mismo y procediera
a desatar el fondo del asunto sometido a su consideración”.
A juicio de la Sala de Casación Laboral, la
parte apelante sí cumplió con la carga procesal de sustentar su inconformidad
con la sentencia cuestionada, por lo que su inasistencia a la audiencia prevista
en el artículo 327 del Código General del Proceso no habilita, per se, la
declaratoria de desierto del recurso, en la medida en que “si fundamentó su
discrepancia ante el a-quo, bien al término de la diligencia en la que se dictó
la sentencia o dentro de los tres días siguientes a ese acto procesal, es
viable resolver su censura, en atención, precisamente, a la prevalencia del
derecho sustancial sobre las formas y a la necesidad de garantizar a los
sujetos procesales, partes e intervinientes en un litigio, derechos de
raigambre superior como el acceso efectivo a la administración de justicia,
defensa, contradicción y doble instancia”.
Siendo así las cosas, a partir de la fecha
habría de dejarse por sentado dicho cambio jurisprudencial, bajo el entendido que,
una vez interpuesto el recurso de apelación y sustentado en debida forma ante
el a-quo, “el juez de alzada debe tramitarlo, así el interesado no
asista a la audiencia de sustentación por él programada, pues con ello se garantiza
no solo el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, sino a
un juicio justo y recto”, aun cuando con anterioridad la Sala hubiere
sostenido que, “a pesar de que el recurrente sustentara el recurso, su
inasistencia a la audiencia ante el superior, facultaba al ad-quem a declararlo
desierto”[36].
3.2.   Expediente T-6.779.435
Obrando por conducto de apoderado judicial,
el señor Douglas Jairo Velásquez Rodríguez acudió a la acción de tutela el 15
de enero de 2018[37], con el objetivo de salvaguardar
sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, presuntamente quebrantados por el Tribunal Administrativo de Boyacá
al disponer, en el marco de una acción popular que en su momento entabló contra
el municipio de Gachantivá, que no cabía dar trámite a la segunda instancia por
no haberse sustentado adecuadamente el recurso de apelación, sin atender a los
elementos definitorios propios de la naturaleza jurídica del mecanismo procesal
desplegado para proteger los derechos e intereses colectivos.
A.      Hechos relevantes
1. El señor Douglas Jairo Velásquez
Rodríguez interpuso una acción popular contra el municipio de Gachantivá,
Boyacá, para que se ampararan los derechos e intereses colectivos a la
moralidad administrativa, al goce del espacio público y a la utilización y
defensa de los bienes de uso público, aparentemente transgredidos por la citada
entidad territorial al expedir la Resolución No. 105 del 27 de febrero de 2014,
por medio de la cual “redujo arbitrariamente el ancho de la vía pública de
acceso al inmueble de su propiedad”[38].
2. La acción en comento fue tramitada, en
primera instancia, por el Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito de
Tunja, despacho judicial que, en sentencia del 10 de marzo de 2016, resolvió desestimar
las súplicas vertidas en la demanda al hallar ajustado a derecho el
procedimiento legal adelantado por el ente encausado[39].
3. Inconforme con tal decisión, el actor
popular recurrió por escrito la providencia, aduciendo como fundamento que “se
habían desconocido las normas particulares que reglaban el medio de control” y
que se evidenciaba “la falta de valoración de las pruebas recaudadas, así
como de un análisis lógico de los alegatos exhibidos” [40],
dando por descontado que se reservaba el derecho de complementar la
sustentación del recurso ante el juez de segunda instancia. El Juzgado Trece
Administrativo Oral del Circuito de Tunja, en auto del 4 de abril de 2016,
concedió el recurso interpuesto en el efecto suspensivo y remitió el expediente
al superior, tras verificar que el memorial contentivo de la apelación fue
presentado dentro de los tres días siguientes a la notificación del pronunciamiento
objetado[41].
4. Admitido el medio impugnativo en
providencia del 21 de julio de 2016[42], el Tribunal
Administrativo de Boyacá, en sentencia del 12 de septiembre de 2017[43],
confirmó el fallo censurado al colegir que, en atención a lo establecido en el
artículo 322 del Código General del Proceso, aplicable al trámite de las acciones
populares por vía de la remisión expresa contemplada en el artículo 37 de la
Ley 472 de 1998[44], se configuraba una carencia
de objeto frente a la apelación presentada en función de su vaga, abstracta
y escasa argumentación justificativa, ya que allí no se daba cuenta de las
concretas irregularidades en que incurrió el juzgador de primera instancia para
negarse a acceder a lo solicitado[45].
Después de plantear que el problema
jurídico consistía en determinar si, de acuerdo con la normatividad procesal y
la jurisprudencia del Consejo de Estado, quien apela la sentencia de primera
instancia dictada dentro de una acción popular tiene el deber de sustentar
concretamente los argumentos por los cuales considera que la decisión debe ser
revocada por el superior, el Tribunal Administrativo de Boyacá expuso la
siguiente tesis para resolver el objeto de la litis: “(…) el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia de la acción
popular debe ser sustentado por el impugnante, quien debe exponer de manera
breve y concreta los razonamientos por los que considera que la decisión debe
ser revocada por el Superior, sin que sean válidas las afirmaciones generales o
abstractas, o la mera manifestación de inconformidad”. De suerte que, para
el caso concreto, la autoridad judicial concluyó que “el apelante se había
limitado a aseverar que consideraba que no se habían valorado las pruebas
obrantes en el plenario y sus alegaciones, sin identificar ningún reparo claro
y específico en contra del fallo de primer grado, motivo por el cual la
apelación es insuficiente y debe ser desestimada por carencia de objeto, lo que
conlleva la confirmación de la providencia recurrida”.
B.      Solicitud de amparo constitucional
y pretensiones
5. En las anotadas circunstancias, el señor
Douglas Jairo Velásquez Rodríguez, por medio de abogado, formuló acción de
tutela con miras a poner de relieve la violación que del debido proceso y el
acceso a la administración de justicia se produjo en la sentencia popular
expedida en segunda instancia, toda vez que, a su juicio, el Tribunal
Administrativo de Boyacá incurrió en una interpretación irrazonable de las
normas jurídicas aplicables al caso concreto, originada en el desconocimiento de
los artículos 228 y 229 constitucionales[46], “al abstenerse
de emitir pronunciamiento de fondo a partir de la premisa de que no estaba
debidamente sustentado el recurso de apelación”, sin fijarse en el carácter
público de la acción emprendida, en el hecho de que no se requiere apoderado
judicial para ejercitarla y en la ausencia de formalismos técnicos y jurídicos
para darle trámite[47].
En efecto, para el accionante, en su
condición de ciudadano sin ningún tipo de formación jurídica, se impusieron en
el trámite del recurso de apelación “condiciones especiales para su
prosperidad, a la vez que exigencias de carácter técnico que, por fuera de
desconocer la prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades, dejan
de lado el criterio de vieja data según el cual bastaba con la sola
interposición del recurso de apelación para que el mismo se gestionara por el
superior funcional”. Con todo, en su escrito demandatorio, procedió a explicar
cómo en la sentencia cuestionada confluían variados yerros de orden probatorio
que quebrantaban las Leyes 472 de 1998 y 1333 de 2009, al haberse reducido las
dimensiones de la vía pública de acceso a su propiedad.
6. Con el propósito de que sean protegidas las
prerrogativas iusfundamentales que estima han sido conculcadas, el
accionante pide al juez constitucional que declare acreditada la causal
específica de procedibilidad relativa al defecto sustantivo o material, corolario
de lo cual “se deje sin valor ni efecto alguno la sentencia de segunda
instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá y se dicte la
providencia de reemplazo a que haya lugar”[48].
C.      Trámite procesal, objeciones a la
demanda y decisiones de instancia
7. El Consejo de Estado -Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A-, en auto del 30 de
enero de 2018, admitió el recurso de amparo y ordenó ponerlo en conocimiento
del Tribunal Administrativo de Boyacá, al igual que vincular al municipio de
Gachantivá y a otros sujetos involucrados en la demanda de acción popular, como
terceros interesados en las resultas del proceso, para que ejercieran el derecho de réplica[49].
8. El Tribunal Administrativo de Boyacá
intervino en el juicio por intermedio del magistrado al que le correspondió la
ponencia del fallo cuestionado, quien solicitó se denegara la acción de tutela
por “inexistencia de vulneración de derechos fundamentales”. Para
respaldar dicho aserto, explicó no solamente que el mecanismo estatuido en el
artículo 86 de la Carta Política no podía ser utilizado como una instancia
adicional para ventilar de nuevo un litigio ordinario ya zanjado, sino que “no
le cabía duda alguna sobre la normatividad que era aplicable a los casos en que
se interponía el recurso de apelación contra sentencias dictadas en el ámbito
de acciones populares y mucho menos en torno a la interpretación que ha
prohijado el Consejo de Estado en relación con la misma”.
En este orden de ideas, puntualizó que la
remisión contenida en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, que en la
actualidad ha de entenderse frente al artículo 322 del Código General del
Proceso, implica que el recurso de apelación “debe interponerse y sustentarse
brevemente dentro de los tres días siguientes a la notificación de la
providencia impugnada (si fuere proferida por escrito)”, lo que en nada se
opone a la tesis que, desde el año 2006, viene desarrollando pacíficamente la
máxima autoridad de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tratándose
del deber de sustentación del recurso de apelación en el trámite de acciones
populares, según la cual “no basta la afirmación genérica de estar en
desacuerdo con la decisión, sino que deben esbozarse los motivos del disenso”.
Adicionalmente, sostuvo que al actor popular
no le fue impuesta ninguna carga argumentativa especial que le fuere imposible
de cumplir al no ser abogado, debido a que en el texto mismo de la sentencia se
dejó en claro que “el recurso de alzada no requiere de un análisis técnico y
en extremo detallado de las falencias de la decisión, pero sí que de manera
suficiente y clara se expongan los hechos que no fueron tenidos en cuenta o
fueron descontextualizados por el a-quo, las pruebas no valoradas o analizadas
incorrectamente y/o los razonamientos lógicos o jurídicos que conducen a
cuestionar la sentencia, sin que en ningún caso sea válida la mera manifestación
de desacuerdo o las afirmaciones etéreas e insustanciales”. De esa manera,
al examinarse el escrito contentivo del recurso de apelación radicado por el
señor Velásquez Rodríguez, se evidenció la existencia de un motivo suficiente
para darlo como no sustentado, pues aquel “se limita a afirmar que faltó análisis
en la sentencia de primera instancia, pero no en qué aspectos concretos, así
fuera en términos informales” [50].
9. En sentencia del 15 de febrero de 2018,
el Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A-, denegó la protección constitucional invocada al concluir,
después de haber efectuado un breve repaso de las actuaciones procesales
adelantadas en el marco del trámite controvertido, que el Tribunal
Administrativo de Boyacá “había fundamentado suficientemente su decisión de
abstenerse de analizar el fondo del asunto ante la falta de una debida
sustentación del recurso de apelación”[51], postura
que tuvo sustento, por lo demás, no solo en el inciso 1º del artículo 37 de la
Ley 472 de 1998 y en el artículo 322 del Código General del Proceso, sino en la
propia jurisprudencia en vigor del Consejo de Estado, en materia de
sustentación del medio impugnativo frente a acciones populares[52].
10. Recurrido el anterior fallo por parte
del accionante, sobre la base de considerar que el juez de primera instancia “se
había rehusado a realizar el respectivo control de legalidad de su apelación
sin tener en cuenta que se trataba de un ciudadano sin formación jurídica
especializada”[53], el Consejo de Estado
-Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta-, en sentencia del 19 de
abril de 2018, decidió confirmarlo, al establecer que la decisión tomada por el
tribunal censurado fue razonable, en definitiva, porque “la parte actora no
cumplió con la carga de identificar concretamente los yerros que se pudieron cometer
en la sentencia de primera instancia, pues si bien afirmó que se desconocieron
normas particulares y las pruebas recaudadas, lo cierto es que no señaló a qué
normas o pruebas se refería”. No en vano, en lo que concierne a la
sustentación de la apelación, “el impugnante o recurrente tiene la
obligación o la carga procesal de señalar las discrepancias, toda vez que ellas
son las que deberán ser analizadas y resueltas en la providencia de segunda
instancia”. Por ende, si en el recurso de apelación no existen razones de inconformidad
o esos motivos no guardan congruencia con lo decidido en primera instancia, “ocurre
que el recurso carecerá de objeto y no podrá resolverse” [54].
3.3.   Expediente T-6.916.634
La señora Rocío del Socorro Lara Mier,
actuando en nombre propio, presentó acción de tutela el 21 de marzo de 2018
contra el Tribunal Superior de
Santa Marta -Sala Civil Familia-[55], habida cuenta de la presunta vulneración de su
derecho fundamental al debido proceso, en la que considera ha incurrido la
aludida autoridad judicial en el trámite de segunda instancia de una demanda
ejecutiva singular que impulsó en contra de las señoras Margareth de Jesús Sarmiento
Pérez y Abigail Gómez Forero, al haber declarado desierto el recurso de
apelación interpuesto por su abogado contra la sentencia de primera instancia,
como consecuencia de su inasistencia a la audiencia pública de sustentación y
fallo prevista en el artículo 327 del Código General del Proceso[56].
A.      Hechos relevantes
1. Mediante apoderada judicial, la señora
Rocío del Socorro Lara Mier inició proceso ejecutivo singular de mayor cuantía
para el cobro de un título valor representado en una letra de cambio por valor
de 120 millones de pesos, aceptada por las señoras Margareth de Jesús Sarmiento
Pérez y Abigail Gómez Forero[57].
2. Del asunto asumió competencia en primera
instancia el Juzgado Civil del Circuito de Fundación, Magdalena, que, por
observar que la demanda se había presentado en legal forma, esto es, acompañada
del documento que prestaba mérito ejecutivo, libró mandamiento de pago por la
suma reclamada[58] y decretó medida
cautelar de embargo y secuestro de varios bienes muebles e inmuebles de
propiedad de las ejecutadas[59].
3. Con posterioridad, en audiencia oral de
instrucción y juzgamiento celebrada el 19 de octubre de 2017[60],
la mencionada autoridad judicial dictó sentencia declarando probada la
excepción denominada “cobro de lo no debido” y, por lo tanto, dispuso seguir
adelante la ejecución, pero por valor de 20 millones de pesos, ordenando “la
práctica de la liquidación del crédito por las partes, del avalúo y posterior
remate de los bienes embargados y los que más adelante se llegaren a embargar”[61].
4. Una vez notificada en estrados la decisión
en precedencia, se les concedió el uso de la palabra a los apoderados judiciales
de ambos extremos procesales, quienes “manifestaron que presentaban recurso
de apelación contra la sentencia proferida y procedieron a sustentar brevemente
sus reparos”. En consecuencia, el Juzgado Civil del Circuito de Fundación,
Magdalena, concedió los medios impugnativos en el efecto suspensivo,
recordándoles que contaban con un término de tres días para ampliar por escrito
sus reproches y que, en todo caso, “tenían la obligación de presentarse ante
el Superior para sustentar su apelación, siendo declarado desierto dicho
recurso en el evento en que no llegaren a presentarse”[62].
5. Los abogados de las partes en
controversia efectivamente allegaron dentro del plazo de rigor y con destino al
despacho del Juzgado Civil del Circuito de Fundación, Magdalena, sendos escritos
en los que se permitieron corroborar y complementar los argumentos de oposición
planteados en la audiencia de instrucción y juzgamiento[63].
6. Enviado el respectivo expediente al
Tribunal Superior de Santa Marta -Sala Civil Familia-[64],
este cuerpo colegiado, previa admisión de los recursos interpuestos por las
partes en proveído del 20 de noviembre de 2017[65], procedió a
convocar la audiencia de sustentación y fallo para el día dos de marzo de 2018[66].
Una vez constituida dicha actuación, declaró “parcialmente desierto el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia,
únicamente en lo que atañe al formulado por la parte demandante”[67],
luego de verificar su no comparecencia. Surtido así el trámite establecido en
el artículo 327 del Código General del Proceso, resolvió dictar providencia confirmando
el pronunciamiento del a-quo, en el sentido de que la reducción del
monto en ejecución obedeció a la determinación del valor real de la obligación
requerida, producto de la actividad probatoria llevada a cabo dentro del
proceso[68].
B.      Solicitud de amparo constitucional
y pretensiones
7. Por lo expuesto, la señora Rocío del
Socorro Lara Mier presentó acción de tutela contra las autoridades judiciales
que asumieron el conocimiento de la demanda ejecutiva, respaldada en la
particular circunstancia de que aquellas infringieron su derecho fundamental al
debido proceso por no haber valorado adecuadamente el material probatorio
aportado a la causa[69], ni mucho menos “examinado
los argumentos de oposición revelados por su abogado en la audiencia inicial ni
en el escrito de complemento, pues debido a su inasistencia por razones ajenas
a su voluntad, el recurso de apelación fue declarado parcialmente desierto”[70].
8. Bajo esa perspectiva, solicita al juez
constitucional que deje sin efecto ni valor alguno los fallos de primera y
segunda instancia expedidos en el marco del proceso ejecutivo, de suerte que se
le ordene al Juzgado Civil del Circuito de Fundación, Magdalena, con carácter
correctivo, que profiera, en sede de primera instancia, un nuevo fallo en el
que se ordene “seguir adelante la ejecución por la suma de $120.000.000
millones de pesos, más costas, gastos y agencias en derecho en su favor”[71].
C.      Trámite procesal, objeciones a la
demanda y decisiones de instancia
9. En proveído del 23 de marzo de 2018, la
Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Civil- decidió admitir la demanda y
notificarla al Tribunal Superior de Santa Marta -Sala Civil Familia- y al
Juzgado Civil del Circuito de Fundación, Magdalena, así como a las partes e
intervinientes dentro del proceso ejecutivo singular, a efectos de que se
pronunciaran en relación con los supuestos fácticos y la problemática jurídica
suscitada[72].
10. El abogado de quienes fungen como
demandadas en el trámite de cobro coactivo que aquí se discute allegó escrito
en el que subrayó la improcedencia del mecanismo de amparo constitucional por
desconocimiento del principio de subsidiariedad, debido a la renuncia tácita que,
en su sentir, hizo la accionante del recurso de apelación, como medio de
defensa judicial idóneo y eficaz para impugnar la sentencia de primera
instancia, “al no acudir a la audiencia del artículo 327 del Código General
del Proceso con fines de sustentación”[73].
11. La Corte Suprema de Justicia -Sala de
Casación Civil-, en providencia del 11 de abril de 2018[74],
denegó la protección tutelar invocada al señalar que la decisión del fallador
de segunda instancia[75], consistente en declarar
desierto el recurso de alzada, no se antoja caprichosa, arbitraria o manifiestamente
contraria a la ley, pues se cimentó en la normativa que rige la materia, esto es,
el tenor literal del artículo 322 del Código General del Proceso, visto que “el
mandatario judicial de la tutelante no asistió a la audiencia de alegación y
fallo con el fin de sustentar los reparos que soportaban el medio impugnativo,
pese a que la providencia que fijó fecha y hora para su celebración había sido
notificada por estado el 14 de febrero de 2018”[76].
Ese entendimiento, a su vez, se funda en la
regla de interpretación general que ha sido trazada por la propia corporación para
casos análogos, en apoyo de la cual se sostiene que, “quien apela una
sentencia, no solo debe aducir de manera breve sus reparos concretos respecto
de esa decisión, sino acudir ante el superior para sustentar allí ese remedio,
apoyado, justamente, en esos cuestionamientos puntuales”[77].
De modo que, en criterio de la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el reclamo actual deviene
improcedente, toda vez que “el
descuido en el empleo de los medios de protección que existen hacia el interior
de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los trámites
respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de último momento
para rescatar oportunidades precluidas o términos fenecidos, lo que significa
que cuando no se utilizan los mecanismos de protección previstos en el orden
jurídico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones
que le sean adversas, en tanto el resultado sería el fruto de su propia
incuria”[78].
12. La impugnación fue radicada en término por
la señora Rocío del Socorro Lara Mier, quien a partir de un reciente pronunciamiento
en sede de tutela por parte de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia exigió la aplicación del principio de prevalencia del derecho
sustancial sobre las formas procesales[79], en el
interés de que sea resuelto de fondo el recurso de apelación, pues su apoderado
“sustentó brevemente los motivos de inconformidad ante el Juzgado Civil del
Circuito de Fundación, Magdalena, y dentro de los tres días siguientes precisó
su alcance por escrito”, razón por la que su inasistencia a la audiencia
celebrada ante el Tribunal Superior de Santa Marta -Sala Civil Familia- no debió
conducir a su declaratoria de desierto[80].
13. En sentencia del 6 de julio de 2018, la
Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral- revocó el fallo del a-quo
y, en su lugar, concedió la protección de los derechos al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia en favor de la peticionaria, ordenándose
a la autoridad judicial de segunda instancia dentro del proceso ejecutivo
singular de mayor cuantía que señalara fecha “para audiencia en la que
proceda a emitir una nueva decisión en la que analice el recurso de apelación
de la parte ejecutante, acorde con los expresos y precisos motivos expuestos
ante el juzgador de primer grado”. Esto último, tomando en consideración
que, como lo ha venido reiterando la propia Sala Laboral desde la providencia
de instancia del 7 de marzo de 2018 (Rad. 78847), “cuando una de las partes
interpone el recurso de apelación ante el inferior, pero además de ello, lo
sustenta en debida forma, así no asista dicha parte ante el Superior para la
audiencia de sustentación por él programada, aquél tiene el deber de darle
trámite, como una garantía del debido proceso, el acceso a la administración de
justicia y a un proceso justo y recto”.
De esta manera, aunque el inciso 2º del
numeral 3º del artículo 322 del Código General del Proceso establece que, ante
la primera instancia, el recurrente solo está obligado a hacer mención de los
reparos contra la decisión de la cual discrepa, es decir, una expresión general
sobre los puntos de inconformidad, dejando los detalles para una exposición ante
el superior, “el hecho de que el impugnante aproveche de una vez su
intervención ante el inferior para efectuar una explicación completa y razonada
que ataque las razones fácticas y jurídicas de la decisión de la cual se
aparta, sin que necesariamente ello implique hacer una extensa y pesada
exposición sino una adecuada y concreta manifestación de los fundamentos de
desacuerdo, tal actuación, en sí misma debe ser considerada como la
sustentación del recurso, sin que la inasistencia a la audiencia ante el
superior con ese propósito traiga como consecuencia su invalidez”. Ello
quiere decir que, si el interesado hizo algo más a lo exigido en la ley, no se
puede castigar con una sanción su inasistencia, si desde antes se encuentra
cumplido el objetivo de la norma, que no es otro que la exigencia al apelante para
que surta en forma personal y oral la respectiva alegación.
Así entonces, la actuación del Tribunal
accionado fue desacertada, en tanto aplicó en forma literal la preceptiva antes
señalada, “sin fijarse que ante la primera instancia, el ejecutante con su
intervención, no solo formuló los reparos contra la decisión, sino además,
sustentó el recurso, con razones claras, concretas y plenamente identificables
de inconformidad, las cuales eran suficientes para que esa instancia pudiera
hacer el análisis respectivo, pero como el Tribunal no le mereció mayor
importancia la conducta del recurrente ante el Juzgado, y en su lugar, se fijó
exclusivamente en su inasistencia a la audiencia ante esa Corporación, es claro
que la garantía del debido proceso se vio afectada”[81].
3.4.   Expediente T-7.028.230
El 26 de julio de 2018, los señores Jens
Jensen y Magdalena María Estupiñán Quintero, obrando en causa propia, formularon
acción de tutela para reivindicar sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la defensa y al acceso a la administración de justicia, así como el debido
respeto de los principios de legalidad y doble instancia[82],
presumiblemente transgredidos por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de
Bucaramanga tras declarar, dentro de un proceso verbal de incumplimiento del
contrato de promesa de compraventa que suscitaron en contra de la señora Martha
Yaneth Lancheros Gaona, la deserción del recurso de apelación presentado por su
abogado, al no haber asistido de manera puntual a la audiencia de que trata el
artículo 327 del Código General del Proceso, sin tener en cuenta que su
sustentación se había realizado previamente, en forma oral y escrita, ante el
juez de primera instancia.
A.      Hechos relevantes
1. En calidad de demandantes y por medio de
apoderado judicial, los señores Jens Jensen y Magdalena María Estupiñán
Quintero entablaron proceso verbal en el interés de que fuese declarada la
responsabilidad civil contractual de la señora Martha Yaneth Lancheros Gaona,
derivada de su incumplimiento del contrato de promesa de compraventa celebrado el
10 de mayo de 2014[83].
2. El Juzgado Veintiocho Civil Municipal de
Bucaramanga conoció el asunto en primera instancia y, en audiencia de
instrucción y juzgamiento del 9 de marzo de 2018, declaró fundadas las excepciones
de mérito propuestas por la parte enjuiciada, en virtud de las cuales negó las
pretensiones principales y subsidiarias de la demanda y dio por terminado el
proceso verbal de menor cuantía.
3. Notificada la anterior decisión en
estrados, el abogado de los accionantes interpuso recurso de apelación y expuso
los reparos concretos frente al fallo, conforme con lo establecido en el
artículo 322 del Código General del Proceso[84], siendo
concedido aquel en el efecto suspensivo dispuesto en el artículo 323 del mismo
cuerpo normativo[85]. Inclusive, dentro de
los tres días siguientes a la finalización de la audiencia, esto es, el 14 de
marzo de 2018, el mandatario judicial se sirvió allegar por escrito al juez de
primera instancia una serie de precisiones sobre el alcance de su inconformidad
frente a la decisión adoptada[86].
4. Remitido el expediente contentivo del
proceso verbal al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga con la
finalidad de que surtiera el trámite de la apelación[87],
esta autoridad, previa admisión del recurso en auto del 6 de abril de 2018[88],
procedió a convocar a la audiencia de sustentación y fallo para el día 19 de
julio de 2018 a las 9:00 a.m.[89]. Con todo, aunque su apoderado
se hizo presente en la Secretaría del despacho a las 9:01 minutos, “le fue
informado que la diligencia tendría lugar en la sala 8 civil-ubicada al otro
costado del Palacio de Justicia-”. Al dirigirse allí en un tiempo de dos
minutos, “empezó a tocar la puerta de la sala insistentemente al ver que
estaba cerrada con seguro y que nadie se percataba de su llamado, tornándose
tan extraña la situación que procedió a tomarle una foto a la puerta para dejar
constancia de lo que sucedía”[90]. Solo
hasta las 9:07 a.m. le abrieron la puerta, “siendo atendido por quien al
parecer es el secretario del juzgado, quien le manifestó que la diligencia no
se había efectuado -encontrándose dentro de la sala únicamente la apoderada de
la parte demandada y el secretario, pues el juez no estaba presente- por
su inasistencia”, declarándose desierto el recurso de apelación por no
haberse sustentado ante el superior¸ pese a que los reparos contra la sentencia
de primera instancia se habían adelantado en forma oral y por vía escrita ante
la autoridad que la profirió[91].
De lo anterior obra certificación expedida
por parte del mismo juzgado, pero solo en cuanto a la hora en que el abogado y
sus mandantes solicitaron que se dejara constancia de lo acontecido y no del
primer momento en que, aparentemente, el primero hizo presencia en el despacho
para asistir a la audiencia que prevé el artículo 327 del Código General del
Proceso[92].
B.      Solicitud de amparo constitucional
y pretensiones
5. Con motivo de los hechos referidos, los
señores Jens Jensen y Magdalena María Estupiñán Quintero acudieron a la acción
de tutela, a fin de poner en evidencia la transgresión de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración
de justicia, producto de “la falta de motivación, el exceso ritual
manifiesto y el desconocimiento de la jurisprudencia”[93]
en que incurrió el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga al declarar
desierto el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera
instancia, dictada dentro del proceso verbal seguido contra la señora Martha
Yaneth Lancheros Gaona, habida cuenta de la presunta inasistencia de su
apoderado a la audiencia del 19 de julio de 2018, “lo que deja el caso sin
resolverse de fondo y en un escenario de violación continua de sus garantías
superiores”[94].
6. En esa dirección, buscan que el juez
constitucional “revoque la decisión prohijada en la audiencia adelantada en
segunda instancia por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga”
y, en su lugar, “le ordene a esta autoridad judicial que fije nueva fecha y
hora para llevar a cabo la diligencia dispuesta en el artículo 327 del Código
General del Proceso o, en su defecto, resuelva materialmente el medio
impugnativo que ya fue presentado”.
C.      Trámite procesal, objeciones a la
demanda y decisiones de instancia
7. El Tribunal Superior de Bucaramanga
-Sala Civil Familia-, a través de auto del 27 de julio de 2018, admitió el
recurso de amparo y corrió traslado del mismo al Juzgado Sexto Civil del
Circuito de Bucaramanga, vinculando, simultáneamente, al Juzgado Veintiocho
Civil Municipal de Bucaramanga y a la señora Martha Yaneth Lancheros Gaona en
calidad de terceros con interés legítimo[95].
8. Al contestar el requerimiento efectuado,
el operador jurídico encargado del Juzgado Veintiocho Civil Municipal de
Bucaramanga se limitó a pedir que se desvinculara al despacho del trámite
tutelar, por cuanto si bien había asumido el conocimiento del proceso verbal de
incumplimiento de promesa de compraventa en primera instancia y, en ese marco,
profirió el 9 de marzo de 2018 la sentencia contra la cual se interpuso el
recurso de apelación, lo cierto es que “frente a las actuaciones judiciales
surtidas en segunda instancia no podía hacer ningún tipo de referencia en
circunstancias de tiempo, modo y lugar, al no ser autor de vulneración de
derecho fundamental alguno a la parte actora”[96].
9. Por otro lado, el juez que gestionó en
segunda instancia el proceso verbal solicitó que se declarara improcedente la petición
hecha por los demandantes al no configurarse ningún yerro en su actuación. Así,
empezó por indicar que, efectivamente, programó la audiencia de “sustentación
y sentencia” dispuesta en el artículo 327 del Código General del Proceso para
el 19 de julio de 2018 a las 9:00 a.m. Acto seguido, calificó de “mendaces e
injuriosas” las afirmaciones de los tutelantes, en el entendido que no
estuvo presente en la diligencia y que el apoderado apelante hizo presencia en ella.
Por el contrario, aseveró que, en estricta aplicación del inciso 3º del numeral
1º del artículo 107 del estatuto procesal[97],
personalmente instaló, presidió e inició la audiencia, sin que el abogado
recurrente haya asistido a la misma, “ni durante la instalación, ni en la
presentación e identificación de la única concurrente que fue la apoderada de
la contraparte, así como tampoco cuando se profirió el auto declarando desierto
el recurso que, por lo demás, se notificó en estrados, ni cuando se cerró la
diligencia; amén que cuando me retiré de la sala tampoco estaba el apoderado en
la puerta ni había ninguna otra persona”, constándole simplemente que el
apoderado estuvo minutos después en el despacho indagando por la suerte de la
audiencia.
Por último, destacó que la jurisprudencia
de la sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en
estipular que la sustentación del recurso de apelación contra una sentencia
debe hacerse en audiencia, toda vez que el numeral 6º del artículo 107 del
Código General del Proceso prohíbe sustituir las intervenciones orales por
escritos[98], lo cual se acompasa con
el mandato contenido en la regla del artículo 327 ejusdem que obliga al
apelante a “(…) sujetar su alegación a desarrollar los argumentos expuestos
ante el juez de primera instancia”, so pena de declarar desierto el recurso
como lo exige el inciso 4º del numeral 3º del artículo 322 ibídem[99].
Criterio expuesto recientemente en la sentencia STC7917-2018 del 21 de junio de
2018, que es posterior a la providencia de la Sala de Casación Laboral del 7 de
marzo de ese mismo año[100].
10. Entre tanto, la señora Martha Yaneth
Lancheros Gaona, en calidad de tercera interesada, participó de la controversia
relacionando apartes del informe de gestión rendido por su abogada, ya que, para
la fecha de realización de la audiencia del artículo 327 del Código General del
Proceso, no se encontraba en el país.
Hecha esta claridad, reseñó que “(…) el
juez y su secretario llegaron con antelación a la sala de audiencia No. 8, en
donde los estaba esperando su apoderada. Una vez ingresaron, el juez se vistió
con su toga y el secretario alistó el equipo de audio y video, por lo que
siendo las 9:00 a.m. se dio inicio a la diligencia, presentándose los
asistentes y efectuándose un recuento del proceso (…)”. Tan pronto como se
leyó el acta respectiva, “(…) se reparó en la ausencia del apoderado de los
demandantes para que realizara la sustentación del recurso en los términos del
inciso 2º del artículo 327 del Código General del Proceso (…)”, motivo por
el cual es dable concluir que el Juez Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga
“(…) obró de conformidad con la ley aplicable al declararlo desierto, pues durante
el desarrollo de la audiencia que condujo, la parte recurrente no se hizo
presente (…)”. Es por ello que las partes deben acudir al despacho con
suficiente anticipación para atender las indicaciones dirigidas a un correcto
desarrollo del proceso[101].
11. En providencia del ocho de agosto de
2018, el Tribunal Superior de Bucaramanga -Sala Civil Familia-, negó la
protección constitucional deprecada por considerar que la decisión de la
autoridad judicial accionada no derivó en un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto, desconocimiento del precedente, ni en ningún otro yerro o
vicio procesal, entre otras razones, porque “escuchado el audio de la
audiencia celebrada el 19 de julio de 2018, se tiene que el juez declaró
desierto el recurso de alzada interpuesto por la parte demandante ante la
incomparecencia de su apoderado y en vista de que el objeto de la diligencia
prevista en el artículo 327 del C.G.P. es, precisamente, la sustentación y
fallo”, produciéndose así los efectos previstos en el numeral 3º del artículo
322 de dicha normatividad.
No basta, entonces, en criterio del cuerpo
colegiado, con que se expongan de manera extensa por escrito los reparos ante
el a-quo, para dar por presentado en debida forma el recurso de
apelación, en la medida en que es claro que dicho memorial no puede entenderse
como la sustentación propiamente dicha, “ya que esta debe adelantarse
necesariamente frente al ad-quem”, en cuanto acto disímil e independiente “al
de precisar los reproches concretos que se le hace a la decisión”.
Adicionalmente, no quedó demostrado que el
apoderado de los accionantes se hubiese presentado a la audiencia a la hora
señalada previamente para tal fin y no le hubieren permitido el ingreso, “pues
incluso él mismo reconoce que llegó a la puerta de la Sala de Audiencias Civil
No. 8 después de las 9:02 a.m., lo que quedó en una simple manifestación, en
atención a que la prueba de haber estado allí, que aportó al diligenciamiento,
da cuenta que hizo presencia a las 9:06 minutos, momento para el cual ya se había
declarado desierto el recurso y cerrado la audiencia”; algo que le era
perfectamente dado al juez conforme con lo señalado en el artículo 107 del
Código General del Proceso, que establece que “las audiencias y diligencias
se iniciarán en el primer minuto de la hora señalada, aun cuando ninguna de las
partes o sus apoderados se hallen presentes”[102].
12. Impugnado el fallo del a-quo por
los accionantes, quienes insistieron en el hecho de que su apoderado judicial “sí
se presentó de manera puntual a la audiencia de sustentación del 19 de julio de
2018 pero no le abrieron la puerta”[103], la
Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Civil-, mediante sentencia del 6 de
septiembre de 2018[104], decidió confirmarlo,
aduciendo que, en casos similares, la Sala se ha decantado por reconocer que tanto
el artículo 322 como el artículo 327 del Código General del Proceso obligan “que
la sustentación de la arremetida vertical sea efectuada durante la audiencia
prevista para este fin, cuya práctica ocurre ante el estamento facultado para
ventilar el respectivo ataque”.
Y es que, con base en varios pronunciamientos
de la propia Sala[105], se ha establecido que,
“con independencia de la firmeza de los reparos concretos que se hayan
enlistado ante el a-quo, al proponente de la alzada le incumbe ineludiblemente
presentarse ante el ad-quem y desarrollar uno a uno los puntos de divergencia;
y esta fase, distinta de la precedente, es la que se erige en verdad como
sustentación de la apelación”. De hecho, es posible reconocer las distintas
cargas que se le imponen al apelante de una sentencia, así: “i)
interposición del recurso, ii) exposición del reparo concreto y iii)
alegación final o sustentación” (Negrillas propias del texto).
Significa lo anterior, que la apelación de
sentencias comprende diferentes instantes en los que se requiere la
intervención activa del disidente, “pues cada uno cumple un propósito
particular, cuya desatención conspira por completo contra la acusación”.
Por ende, no puede entenderse que con cualquiera de ellos sea suficiente para
conducir a buen punto la alzada, “puesto que la ley exige que todos, pero
absolutamente todos esos peldaños sean transitados por el replicante, porque
solo así se habilitará al iudex para entrar a estudiar el embate, luego si el
impugnante deja de cruzar uno de esos escalones, esto frustrará su aspiración”.
Además, tales fases o ciclos no constituyen
aspectos meramente formales, y tampoco son una barrera para el ejercicio de la
doble instancia, que es una garantía superlativa, ya que son pieza clave para
el correcto funcionamiento del sistema de oralidad establecido en el nuevo Estatuto
Procesal Civil promulgado bajo la Ley 1564 de 2012, “en el que sobresale un
cambio cultural y un nuevo pensamiento que se introdujo en los pleitos civiles,
de familia, agrarios y comerciales en los que se varió la regla de
enjuiciamiento escriturario por una predominantemente oral y por audiencias,
donde es basilar la presencia de los contrincantes en las sesiones que sean
convocadas en segunda instancia”.
De ahí que no sea acertado presumir que la
carga de sustentación se suple con la simple formulación de un reparo
concreto ante el examinador de primera instancia, “pues este solamente es el
segundo de los tres pasos que debe indefectiblemente dar el apelante para
estructurar sus descargos en debida forma, tanto así que sin reproche no puede
haber alzamiento”. Así lo instituye el propio artículo 322 del Código
General del Proceso, según el cual, si “el apelante de un auto no sustenta
el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia
lo declarará desierto y, acto seguido, determina que la misma decisión adoptará
cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada (…)”. En otras palabras,
la asistencia del detractor en la audiencia de sustentación y fallo es
obligatoria, dado que en ese escenario deberá expresar los motivos de su
disentimiento; por consiguiente, “si no acude no habrá posibilidad de
interactuar y de hacer saber al juzgador las razones por las que discrepa de la
determinación atacada”.
En suma, los discrepantes “desusaron el
entorno prevenido en la ley para plantear los ítems objeto de su discordia con
el veredicto de primera instancia al no haber concurrido ante el superior a
justificar -en vivo y en directo- esos reproches, sin que tal falencia pueda
ser atenuada o superada por el camino excepcional de la tutela”[106].
3.5.   Expediente T-7.035.566
La sociedad Ismael Guete Asesorías y
Construcciones S.A.S., a través de apoderada judicial, promovió acción de
tutela el 25 de junio de 2018 contra el Tribunal Superior de Cartagena -Sala
Civil Familia-[107], por la presunta
vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, en la que estima ha
incurrido dicho cuerpo colegiado al resolver, en el curso de la segunda
instancia de una demanda ejecutiva singular de mayor cuantía que entabló contra
el Departamento de Bolívar -Secretaría de Salud Departamental (DASALUD)-, no
declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia de primera instancia, a pesar de haber advertido su no
comparecencia a la audiencia de sustentación y fallo dispuesta en el artículo
327 del Código General del Proceso.
A.      Hechos relevantes
1. Fungiendo como endosataria en propiedad
de varias facturas libradas por la Fundación Unidad de Cuidados Intensivos Doña
Pilar, por concepto de prestación de servicios de urgencias y atenciones
prioritarias a la población pobre y vulnerable del Departamento de Bolívar, la
Sociedad Ismael Guete Asesorías y Construcciones S.A.S., a través de abogada,
inició proceso ejecutivo singular contra el Departamento de Bolívar -Secretaría
de Salud Departamental (DASALUD)- para el cobro de tales facturas.
2. En primera instancia, la demanda
correspondió, por reparto, al Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena,
autoridad judicial que, tras constatar que se había presentado en legal forma,
libró mandamiento de pago por la suma perseguida y decretó las medidas
precautelativas de embargo y secuestro solicitadas[108].
3. A continuación, en la audiencia inicial
de instrucción y juzgamiento adelantada el 25 de agosto de 2017, la autoridad
judicial de conocimiento profirió sentencia en la que resolvió negar las
excepciones propuestas por la parte demandada y seguir adelante con la
ejecución para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el
mandamiento de pago, practicar la liquidación del crédito y condenar en costas
al ente encausado. Notificada esta decisión en estrados, el apoderado de la
parte demandada interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido en el
efecto devolutivo por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena,
autoridad judicial que le recordó el deber que tenía de suministrar las
expensas necesarias para la reproducción de todo el expediente[109].
4. Ejecutoriado el auto admisorio de la
alzada[110], el Tribunal Superior
de Cartagena -Sala Civil Familia- dispuso en auto del 5 de marzo de 2018 que adelantaría
el 16 de marzo siguiente la audiencia de sustentación y fallo contemplada en el
artículo 327 del Código General del Proceso, advirtiéndole al recurrente que “su
no comparecencia a la diligencia conlleva la declaratoria de desierto del
recurso”[111]. No
obstante, por petición expresa de aplazamiento hecha por los apoderados
judiciales de ambas partes, “al encontrarse adelantando gestiones
pertinentes para establecer el valor real de la deuda”[112],
la diligencia fue reprogramada para el cuatro de mayo de 2018 en proveído del
23 de abril de esa misma anualidad[113].
5. Una vez iniciada la referida audiencia,
el Magistrado Sustanciador procedió a dejar constancia de que ninguna de las partes,
ni sus apoderados, se hicieron presentes. Aun así, consideró plausible, a pesar
de la inasistencia del recurrente, resolver la impugnación propuesta, sobre la
base de que debía darse prevalencia al derecho sustancial sobre las formas
procesales y de que, si bien el artículo 327 del Código General del Proceso
imponía obligatoriamente el agotamiento de una etapa en segunda instancia, “ni
esa norma ni ninguna otra obstaculizaba la sustentación del recurso con
anterioridad a la audiencia”, tal y como viene planteándose en algunos
salvamentos de voto que en sede de tutela han presentado los Magistrados Ariel
Salazar Ramírez y Álvaro Fernando García de la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia; postura que comparte en su integridad y que, en
consecuencia, “lo lleva a apartarse de aquella expuesta por la decisión
mayoritaria de la Sala de Casación Civil”[114].
Notificada esta decisión en estrados, profirió
sentencia en la que revocó aquella dictada el 25 de agosto de 2017 y, en su
lugar, declaró probada la excepción de mérito planteada por la parte demandada,
dando por terminada la ejecución[115].
B.      Solicitud de amparo constitucional
y pretensiones
6. En atención a lo descrito en precedencia,
la sociedad Ismael Guete Asesorías y Construcciones S.A.S., actuando mediante
abogada, instauró acción de tutela con el propósito de resaltar la transgresión
de su derecho fundamental al debido proceso por vía del desconocimiento que del
inciso 4º del numeral 3º del artículo 322 del Código General del Proceso se
produjo por parte del Tribunal Superior de Cartagena -Sala Civil Familia-, al no
declarar desierto el recurso de apelación formulado por el apoderado de la
parte demandada ante su inasistencia a la audiencia de sustentación y fallo, lo
cual también va en contravía de las directrices que sobre el particular ha trazado
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y que revelan la
obligatoriedad de sustentar la alzada ante el superior, “como el escenario
idóneo en donde el recurrente queda habilitado para convencer al superior de
revocar la decisión proferida por el juez de primera instancia, lo cual comulga
también con el principio de oralidad que desarrolla el CGP y que permite la
inmediación del juez en cada etapa del litigio”[116].
Desde esa óptica, si bien es cierto que, en
el caso concreto, “el apoderado de la parte demandada, al momento de
interponer el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia,
indicó brevemente sus reparos concretos contra ella, no lo es menos que dichos
reparos no cuentan como sustentación del recurso”, máxime, cuando de la
lectura del artículo 322 procesal, se advierte que los reparos concretos y la
sustentación “son dos momentos procesales diferentes que llevan a que el
recurso de apelación sea declarado desierto en dos ocasiones”.
7. Bajo el supuesto entonces, de que en el asunto
tramitado se configura la causal específica de procedibilidad que responde a un
defecto procedimental absoluto “por no haberse aplicado la norma procesal en
adecuada forma”, pretende que el juez constitucional “deje sin efecto
alguno el auto proferido en la audiencia del 4 de mayo de 2018 y, en su lugar, ordene
la expedición de nueva providencia en la que se declare desierto el recurso de
apelación, teniendo como fondo la inasistencia del recurrente a la audiencia
del artículo 327 del C.G.P.”[117].
C.      Trámite procesal, objeciones a la
demanda y decisiones de instancia
8. En auto del 27 de junio de 2018, la Corte Suprema de
Justicia -Sala de Casación Civil-, dispuso admitir la acción de tutela y
notificar de su presentación al Tribunal Superior de Cartagena -Sala Civil
Familia-, al tiempo que ordenó vincular a todos los sujetos intervinientes
dentro del proceso ordinario que la originó[118].
9. El Juzgado Primero Civil del Circuito de
Cartagena obró en la controversia por vía del titular del despacho que tuvo a
su cargo la demanda ejecutiva singular en primera instancia. Dicho funcionario,
aparte de acometer un breve repaso alrededor de lo acontecido con la ejecución
en contra de la Secretaría de Salud Departamental de Bolívar, optó por no
esgrimir argumento alguno de defensa, debido a que el presunto hecho vulnerador
se le endilga al Tribunal Superior de Cartagena -Sala Civil Familia-, “por
haber proferido sentencia de segunda instancia a pesar de la inasistencia del apelante
a sustentar el recurso”[119].
10. Así mismo, el Tribunal Superior de
Cartagena -Sala Civil Familia- intervino en el presente trámite por conducto del
magistrado que actuó como ponente de la decisión adoptada en la audiencia de
sustentación y fallo contra la cual se deprecó la protección constitucional. Tal
servidor indicó que, si bien era cierto que el artículo 327 del Código General
del Proceso consagraba una etapa procesal para sustentar la alzada, también lo
era que “el numeral 3º del artículo 322 de ese estatuto tenía previsto que
para sustentar el recurso devenía suficiente con la expresión de las razones de
inconformidad”.
Al efecto, sostuvo que, si el apelante de
una sentencia no presenta los reparos oportunamente, el juez de primera
instancia declarará desierto el recurso y lo propio hará el juez de segunda si
es que este no hubiere sido sustentado; pero en el caso bajo estudio, “lo
esbozado por el recurrente era más que suficiente para entender la discrepancia
suscitada en torno a la solución del iudex A quo”. Por ese motivo,
apoyándose en pronunciamientos de la Sala de Casación Laboral[120]
y en salvamentos de voto suscritos por los Magistrados Ariel Salazar Ramírez y
Álvaro Fernando García Restrepo de la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia[121], en los que se insta al
operador jurídico a moderar la declaratoria de desierto del recurso de
apelación cuando fuere sustentado con anterioridad a la audiencia del artículo
327 del Código General del Proceso, para evitar incurrir en un excesivo
ritualismo, “no halló inconveniente alguno en continuar con la etapa
siguiente  y proferir, en asocio con los demás magistrados, la sentencia de
segunda instancia, ya que el auto oral que le antecedió quedó en firme, a la
par que precluyó cualquier término para objetarlo”[122].
11. La Corte Suprema de Justicia -Sala de
Casación Civil-, en sentencia del 5 de julio de 2018[123],
concedió el amparo solicitado por la sociedad Ismael Guete Asesorías y
Construcciones S.A.S. frente al Tribunal Superior de Cartagena -Sala Civil
Familia-, cuerpo colegiado al que se le ordenó dejar sin efecto la sentencia
expedida el 4 de mayo de 2018 dentro del juicio ejecutivo singular adelantado
contra la Secretaría de Salud Departamental de Bolívar y proveer una nueva,
atendiendo a la tesis según la cual, “quien apela una sentencia, no solo
debe aducir en forma breve sus reparos concretos respecto de ese
pronunciamiento, sino acudir ante el superior para sustentar allí ese remedio,
con apego en esas discusiones puntuales”[124].
Esto último, dado que el vigente Estatuto Procedimental Civil, en su título
preliminar, establece sin ambigüedad la forma como deben surtirse las
actuaciones judiciales, esto es, de manera “oral, pública y en audiencias,
como principio neural del sistema procesal orientador en toda la Ley 1564 de
2012”.
Aceptar, entonces, que los reparos
concretos aducidos ante el a-quo al formularse la alzada contra una
sentencia son suficientes y que puede soslayarse la sustentación oral ante el
superior, impuesta en el artículo 322 del Código General del Proceso,
contradice los principios trascendentales de oralidad, concentración,
celeridad, transparencia, contradicción e inmediación previstos en esa norma y,
de contera, “el principio democrático representativo, según el cual es el
Congreso de la República, revestido de una amplia potestad legislativa, el
competente para regular los decursos judiciales (art. 150 C.P.)”.
Por lo tanto, aun cuando la parte actora no
repuso la determinación del Tribunal Superior de Cartagena -Sala Civil Familia-
de desatar la alzada pese a la evidente inasistencia a la diligencia en que
habría de ventilarse la misma, “esa desatención de la promotora no frustra
el éxito del amparo constitucional, pues ese mecanismo horizontal hubiese
resultado inane, si se advierte la férrea postura del colegiado entutelado,
quien, incluso, al responder el requerimiento insistió en haber obrado
correctamente”[125].
12. Esta decisión fue impugnada por la Directora
de Defensa Judicial del Departamento de Bolívar, quien soportó su desacuerdo en
el hecho de que el apoderado de la parte demandada sí había cumplido con la
carga procesal de sustentar las inconformidades que tenía con la sentencia de
primera instancia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de
Cartagena, sobre todo si se reparaba en la jurisprudencia de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de donde no podía inferirse
que la sustentación tuviera que hacerse necesariamente en forma oral y, por
ello, “habiéndose considerado por el juez de la apelación que se sustentó en
debida forma el recurso, no existe ningún obstáculo para que dicho estrado
proceda a desatar el fondo del asunto sometido a su conocimiento”[126].
13. Mediante fallo del 12 de septiembre de
2018, la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral- revocó el amparo otorgado
para, en su lugar, negar la acción de tutela, por cuanto la inasistencia del
apelante a la audiencia de sustentación y fallo de segunda instancia no
habilita la declaratoria de desierto del recurso, “lo que torna viable decidir
la censura, en atención a la prevalencia del derecho sustancial sobre las
formas y a la necesidad de garantizar a los sujetos procesales, partes e
intervinientes en un litigio, derechos de raigambre superior como el acceso
efectivo a la administración de justicia, defensa, contradicción y doble
instancia”.
En ese orden de
ideas, contrario a lo señalado por el juez de tutela de primera instancia, para
la Sala de Casación Laboral, “el Tribunal accionado no incurrió en ningún
desatino, ni vulneró el derecho al debido proceso de la sociedad reclamante, pues, ante la decisión proferida por el
Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena, la parte ejecutada, esto es,
el Departamento de Bolívar, lo recurrió y expresó ante el juez de instancia sus
inconformidades, y aunque no compareció a la diligencia de fallo programada, era
procedente desatar la alzada propuesta”. Por contraste, lo que sí se evidencia en el asunto
bajo examen es que la parte actora, a través del mecanismo estatuido en el
artículo 86 superior, intenta subsanar su inasistencia a la ya mencionada
audiencia, comoquiera que era ese “el escenario procesal para recurrir la
decisión del Tribunal de no declarar desierto el recurso de apelación
interpuesto por el ejecutado, circunstancia que no puede ahora ser remediada”,
en tanto la acción de tutela no fue concebida para revivir términos u
oportunidades procesales deliberadamente desatendidas por las partes
intervinientes en los procesos judiciales[127].
II.      ACTUACIONES ADELANTADAS EN SEDE DE
REVISIÓN
1. De acuerdo con la anterior caracterización de los
asuntos sometidos a examen, los principales puntos de litigio, identificados y referidos,
en su conjunto, a la temática de la sustentación del recurso de apelación en
materia civil ante el superior en la audiencia de que trata el artículo 327 del
Código General del Proceso, pueden compendiarse de la siguiente manera:
Expediente
Demandante
Tipo de proceso y parte demandada
Decisiones adoptadas en sede ordinaria
T-6.695.535
Myriam Yohana Acevedo Novoa
Acción reivindicatoria para recobrar la
posesión de un bien inmueble en contra de las señoras Maribel Inacio Vela y
Jaidy Helena Inacio Vela
Primera instancia: El Juzgado Diecinueve Civil del Circuito
de Bogotá, en sentencia del 28 de febrero de 2017, declaró el derecho de
dominio del bien inmueble en disputa en favor de la reclamante y ordenó su
restitución inmediata.
La parte demandada interpuso recurso de
apelación.
Segunda instancia: El Tribunal Superior de Bogotá -Sala
Civil-, en sentencia del 5 de julio de 2017, a pesar de haber verificado la inasistencia
de la apoderada judicial de las demandadas, resolvió darle trámite a la
apelación para, en su lugar, revocar la decisión del a-quo y denegar las
pretensiones de la demanda.
T-6.779.435
Douglas Jairo Velásquez Rodríguez
Acción popular promovida contra el
municipio de Gachantivá (Boyacá) para la protección de los derechos e
intereses colectivos a la moralidad administrativa, al goce del espacio
público y a la utilización y defensa de los bienes de uso público
Primera instancia: El Juzgado Trece Administrativo Oral del
Circuito de Tunja, en sentencia del 10 de marzo de 2016, desestimó las
súplicas de la demanda.
El actor popular presentó escrito de
apelación aduciendo “el desconocimiento de las normas que reglaban el
medio de control” y “la falta de valoración de las pruebas recaudadas”.
Segunda instancia: El Tribunal Administrativo de Boyacá, en
sentencia del 12 de septiembre de 2017, confirmó el fallo censurado.
T-6.916.634
Rocío del Socorro Lara Mier
Demanda ejecutiva singular de mayor
cuantía para el cobro de un título valor en contra de las señoras Margareth
de Jesús Sarmiento Pérez y Abigail Gómez Forero
Primera instancia: El Juzgado Civil del Circuito de Fundación,
Magdalena, en sentencia del 19 de octubre de 2017, declaró probada la
excepción denominada “cobro de lo no debido” y dispuso seguir adelante
la ejecución, pero por valor de $20.000.000.
Los apoderados judiciales de ambos
extremos procesales interpusieron recursos de apelación.
Segunda instancia: El Tribunal Superior de Santa Marta -Sala Civil
Familia-, en sentencia del 2 de marzo de 2018, resolvió confirmar la decisión
del a-quo, tras haber declarado parcialmente desierto el recurso de
apelación formulado por la parte demandante, luego de verificar su inasistencia
a la audiencia.
T-7.028.230
Jens Jensen y Magdalena María Estupiñán Quintero
Demanda declarativa verbal de
incumplimiento del contrato de promesa de compraventa en contra de la señora
Martha Yaneth Lancheros Gaona
Primera instancia: El Juzgado Veintiocho Civil Municipal de
Bucaramanga, en sentencia del 9 de marzo de 2018, declaró fundadas las
excepciones de mérito propuestas por la parte enjuiciada, denegó las
pretensiones principales y subsidiarias de la demanda y dio por terminado el
proceso verbal de menor cuantía.
El apoderado judicial de los demandantes
interpuso recurso de apelación.
Segunda instancia: El Juzgado Sexto Civil del Circuito de
Bucaramanga, en audiencia de sustentación y fallo dispuesta para el 19 de
julio de 2018, declaró desierto el recurso de apelación presentado por la inasistencia
puntual del apoderado judicial de los recurrentes a la citada diligencia.
T-7.035.566
Sociedad Ismael Guete Asesorías y
Construcciones S.A.S.
Demanda ejecutiva singular de mayor
cuantía para el cobro de varias facturas libradas por la Fundación Unidad de
Cuidados Intensivos Doña Pilar contra el Departamento de Bolívar -Secretaría de
Salud Departamental (DASALUD)-
Primera instancia: El Juzgado Primero Civil del Circuito de
Cartagena, en sentencia del 25 de agosto de 2017, denegó las excepciones planteadas
por la parte ejecutada y ordenó seguir adelante con la ejecución para el
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el mandamiento de pago,
practicar la liquidación del crédito y condenar en costas al ente encausado.
El apoderado judicial de la parte
demandada interpuso recurso de apelación.
Segunda instancia: El Tribunal Superior de Cartagena -Sala
Civil Familia-, en audiencia de sustentación y fallo dispuesta para el 4 de
mayo de 2018, a pesar de haber verificado la inasistencia de los
apoderados judiciales de ambos extremos procesales, resolvió darle trámite a
la apelación para, en su lugar, revocar la decisión del a-quo y declarar
probada la excepción de mérito planteada por la parte demandada, dándose por
terminada la ejecución.
2. Una vez efectuado un examen general de
los documentos que reposan en los expedientes T-6.695.535, T-6.779.435 y
T-6.916.634, la Sala Plena de esta Corporación, mediante Auto 022 del 30 de
enero de 2019[128], consideró necesario decretar
y practicar algunas pruebas. Por tal motivo, dispuso oficiar al Tribunal
Superior de Bogotá -Sala Civil- dentro del Expediente T-6.695.535, al Tribunal
Administrativo de Boyacá dentro del Expediente T-6.779.435 y al Tribunal
Superior de Santa Marta -Sala Civil Familia- dentro del Expediente T-6.916.634,
para que, en un término perentorio, remitieran copia de las actuaciones
relacionadas con el trámite del recurso de apelación en cada uno de los
expedientes contentivos de los procedimientos ordinarios entablados por los
señores Myriam Yohana Acevedo Novoa (demanda reivindicatoria), Douglas Jairo
Velázquez Rodríguez (acción popular) y Rocío del Socorro Lara Mier (demanda
ejecutiva singular de mayor cuantía), respectivamente, con el propósito de
verificar los supuestos de hecho que originaron la interposición de las
acciones de tutela y así pronunciarse de fondo en relación con la controversia
constitucional planteada[129].
Por lo demás, allí también se extendió la
suspensión de los términos para fallar el proceso hasta el 14 de junio de 2019,
mientras se surtía el trámite correspondiente y se evaluaban las decisiones ínsitas
en cada uno de los procesos ordinarios que suscitaron la presente causa.
Vencido el término probatorio, la
Secretaría General de esta Corporación, en comunicaciones del 25 y 27 de
febrero de 2019, remitió al despacho del Magistrado Sustanciador los siguientes dos memoriales[130]: el primero, suscrito el
19 de febrero de 2019 por la Secretaria del Juzgado Trece Administrativo de
Oralidad del Circuito Judicial de Tunja, por obra del cual adjunta disco
compacto con la copia de las actuaciones surtidas en el trámite del recurso de
apelación ejercido en desarrollo del procedimiento ordinario censurado dentro
del Expediente T-6.779.435[131];
y, el segundo, radicado el 26 de febrero de 2019 por la Auxiliar Judicial I del
Tribunal Superior de Santa Marta -Sala Civil Familia-, quien procedió a enviar
copia simple de lo acontecido con el recurso de apelación interpuesto en el
trámite del procedimiento ordinario objetado dentro del Expediente T-6.916.634[132].
3. Con posterioridad, como ya se señaló, la Sala
Plena, en sesión ordinaria celebrada el 6 de marzo de 2019, dispuso acumular a
la causa los procesos de tutela identificados bajo los números T-7.028.230 y T-7.035.566,
cuyo estudio había correspondido inicialmente a la Sala Octava de Revisión y
frente a los cuales ya se había resuelto requerir a las autoridades judiciales
involucradas para que remitieran, en calidad de préstamo y con los respectivos
registros de audio, los expedientes contentivos de los procedimientos
ordinarios formulados por los señores Jens Jensen y Magdalena María Estupiñán
Quintero (demanda declarativa verbal de incumplimiento del contrato de promesa
de compraventa) dentro del Expediente T-7.028.230 y la Sociedad Ismael Guete
Asesorías y Construcciones S.A.S. (demanda ejecutiva singular de mayor cuantía)
dentro del Expediente T-7.035.566.
Al efecto, en comunicaciones del 30 de enero y del 6
de febrero del presente año, la Secretaría General de esta Corporación informó
al despacho del magistrado que tenía a cargo el estudio de los citados procesos
que, vencido el término probatorio, fueron allegados los siguientes dos
memoriales[133]:
de un lado, el suscrito el 4 de febrero de 2019 por el Juez Veintiocho Civil
Municipal de Bucaramanga, en el que señaló que el 16 de enero de 2019 había
enviado a esta Corporación el original del expediente relacionado con las
actuaciones adelantadas dentro del procedimiento ordinario reprochado dentro
del Expediente T-7.028.230[134],
sin que a la fecha se haya materializado su entrega; y, del otro, uno radicado
el 16 de enero de 2019 por el Secretario del Juzgado Primero Civil del Circuito
de Cartagena, quien se sirvió remitir el original del expediente contentivo del
proceso ejecutivo singular de mayor cuantía incoado por la Sociedad Ismael
Guete Asesorías y Construcciones S.A.S. contra el Departamento de Bolívar
-Secretaría de Salud Departamental (DASALUD)-, cuyos cuadernos ya obran dentro
del Expediente T-7.035.566[135].
4. En las anotadas condiciones, la Sala Plena, en Auto
226 del 8 de mayo de 2019[136], advirtió que, frente
al trámite de revisión que se surtía y luego de esperar un término prudencial,
hasta la fecha de expedición del presente proveído, ni el Tribunal Superior de
Bogotá -Sala Civil- dentro del
Expediente T-6.695.535 ni el Juzgado Veintiocho Civil Municipal de Bucaramanga dentro
del Expediente T-7.028.230, habían dado cabal cumplimiento a los respectivos
requerimientos judiciales efectuados con antelación. En consecuencia, se les
previno nuevamente para que, de forma inmediata, se sirvieran dar cumplimiento
a lo allí ordenado, teniendo en cuenta que, “para dictar sentencia en los
procesos de tutela mencionados, se hacía necesario contar, o bien con la copia
simple de las actuaciones relacionadas con el trámite del recurso de apelación
promovido al interior del respectivo procedimiento ordinario, o bien, en
calidad de préstamo, con el original del expediente contentivo de dicho
procedimiento, por tratarse de un elemento de juicio constitucionalmente
relevante, en la medida en que es de esa actuación que, en realidad, se predica
la afectación de garantías iusfundamentales en cada uno de los asuntos que son
objeto de revisión”.
Igualmente, el pleno de la Corte estimó
oportuno oficiar a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Instituto
Colombiano de Derecho Procesal y a las Facultades de Derecho de las
Universidades de los Andes, Javeriana, Rosario, Libre, Externado, Sergio
Arboleda, Antioquia, Nariño y Nacional para que rindieran concepto, si lo
estimaban conveniente, en relación con la interpretación del artículo 322 del Código General del Proceso, ante las posiciones
contrapuestas adoptadas por las Salas de Casación Civil y Laboral de la Corte
Suprema de Justicia; discusión que se aborda en el ámbito de las acciones de
tutela contra providencias judiciales que fueron acumuladas y cuyo fundamento de
respaldo obedece a la invocación del derecho al debido proceso y a la
aplicación efectiva del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre
las formas procesales.
En tal virtud, se mantuvo la suspensión de los
términos para fallar el asunto hasta el 14 de septiembre de 2019, mientras se
daba traslado efectivo a las partes y terceros con interés del material
probatorio recaudado y se evaluaban las decisiones adoptadas en los procesos
ordinarios requeridos.
5. La Secretaría General de esta Corporación, en
comunicación del 6 de junio de 2019, remitió al despacho del Magistrado
Sustanciador el oficio No. 2507 firmado el 29 de mayo de 2019 por la Secretaria
del Juzgado Veintiocho Civil Municipal, en el que se envió, en calidad de préstamo,
el proceso ordinario radicado con el No. 680014003028-2017-00369-00, dentro del
expediente T-7.028.230[137].
Del mismo modo, la Secretaría General, en
comunicación del 19 de junio de 2019, remitió al despacho el oficio No. 1419
suscrito el 14 del mismo mes y año por la Secretaria del Juzgado Diecinueve
Civil del Circuito de Bogotá, en el que adjunta copia simple del proceso
ordinario No. 110013103019201400263, dentro del expediente T-6.695.535[138].
6. A continuación, serán relacionados los conceptos
que fueron rendidos frente a la problemática jurídica que plantean las acciones
de tutela acumuladas y que tiene que ver con la interpretación del artículo 322
del Código General del Proceso a la luz de las posturas antagónicas asumidas
por las Salas de Casación Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
6.1. Instituto Colombiano de Derecho Procesal
El representante designado por el Instituto Colombiano
de Derecho Procesal, intervino en el trámite del presente juicio, a efectos de
poner de manifiesto ante esta Corporación que “no es posible exponer una
interpretación unificada del artículo 322 del CGP, en la medida que, respecto
de esta disposición, como de muchas otras de dicho Estatuto, los miembros del
ICDP han adoptado diferentes posturas”, limitándose, entonces, a delimitar las
dos interpretaciones mayoritarias con el objetivo de que la Corte las evalúe “y
en su sentencia defina lo que en derecho corresponda”.
Así las cosas, según una primera interpretación, “la
inasistencia a la audiencia de segunda instancia obliga a declarar desierto el
recurso de apelación”, dado que la presencia del recurrente en dicha
diligencia es considerada indispensable tanto en la jurisprudencia de la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia[139]
como en la propia doctrina sentada por expertos en la materia[140].
Lo anterior, de ordinario, porque si el apelante no
asistiera, “no tendría la otra parte con quien debatir, sobre qué disentir
ni frente a qué argumentos defender su posición y, por tanto, el método de
acopio y depuración de información fundado en la deliberación y construcción
pública y colectiva no resultaría fiable”. No en vano, sostiene, la propia
Sala Civil de Casación del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria ha
identificado que la apelación tiene varias etapas, a saber: i)
interposición del recurso (manifestación de disentimiento dentro del término de
ejecutoria de la providencia, bien sea verbal o por escrito); ii)
exposición del reparo concreto (enunciación de los ítems específicos de
desacuerdo) y iii) alegación final o sustentación (sustentación que se
hace ante el superior con base en los reparos concretos)[141].
Incluso, en idéntico sentido, se pronuncian varios profesores
expertos, para quienes no solo el apelante debe aducir de manera breve sus
reparos concretos respecto de la decisión atacada, sino acudir ante el superior
para sustentar allí ese recurso, respaldado, precisamente, en cuestionamientos
puntuales. Esta postura, con distintas fases, por más reiterativas que parezcan,
en caso de no llevarse a cabo “dificultarían la preparación del debate que
deberá surtirse ante el superior” y, dicho sea de paso, “harían perder
toda utilidad a la audiencia de apelación”.
Ahora bien, como segunda interpretación, el
interviniente hace referencia a la tesis de que “solo es necesario sustentar
una vez el recurso de apelación”, por lo que, si dicha labor se adelantó
ante el juez de primera instancia, no será necesario una nueva sustentación ante
el de segunda.
Bajo esta línea de orientación, existen cinco pasos que
debe agotar el apelante para que se tenga por adecuadamente sustentado: i)
interposición del recurso (que debe darse en la misma audiencia en que se
pronunció la providencia impugnada o, si es escrita, dentro de los tres días
siguientes); ii) sustentación del recurso (que obligatoriamente debe
presentarse ante el juez que dictó la providencia, sea auto o sentencia)[142];
iii) concesión de la apelación (definida por el juez de primera
instancia en alguno de los efectos del artículo 323 del CGP); iv)
admisión y trámite del recurso (le corresponde el juez de segunda instancia
luego del examen preliminar, disponiendo el trámite de los artículos 326 y 327
del CGP[143], dependiendo de la
naturaleza de la providencia apelada)[144]; y v) decisión
de la apelación (se produce en la audiencia de sustentación y fallo,
considerando que el artículo 328 del CGP, al regular la competencia del
superior, dispone que el juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante).
En conclusión, para quienes comparten esta postura, el
Código General del Proceso solo exige sustentar en la oportunidad, forma y para
los efectos que se acaba de señalar. Dicho de otro modo, “el CGP no exige
repetir, duplicar o reproducir los reparos, motivos de inconformidad o
sustentación de manera oral en la audiencia de segunda instancia”, no ya solamente
porque el proceso mismo busca la eficiencia y la desformalización, sino porque,
en realidad, “ningún artículo del CGP dice que si el apelante no asiste a la
audiencia de segunda instancia, el recurso debe ser declarado desierto”, en
desmedro de la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial y
el respeto por los derechos constitucionales.
6.2. Universidad Externado de Colombia
El Director del Departamento de Derecho Procesal de la
Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia participó de la
controversia suscitada por conducto de memorial en el que expuso que, una
lectura juiciosa y detenida del artículo 322 del Código General del Proceso, “no
podía conducir a la exegética interpretación de concluir que la no presencia
del impugnante en la audiencia de sustentación genera su deserción, cuando en
todo caso además de los reparos ha expresado las razones en que apoya su
inconformidad, como lo sostienen algunas providencias e inclusive doctrinantes”.
Según su apreciación general debe distinguirse entre
el señalamiento de los reparos con la sustentación del recurso, en particular,
para definir si se trata de dos escenarios del todo separados o si,
eventualmente, “quien al reparar sustenta su impugnación y, por lo tanto, no
puede serle impuesta la sanción de declaratoria de desierto del recurso”.
De acuerdo con lo anotado, mientras el reparo es
apenas una enunciación despojada de argumentaciones, la sustentación, en
cambio, resulta ser el desarrollo dialéctico de la disidencia planteada frente
a un determinado aspecto. Esto significa, en su parecer, que quien no formuló
un reparo no puede convertirlo en motivo de posterior sustentación en la
audiencia, “pero tampoco implica prohibición para que quien interpone el
recurso e identifica los reparos no pueda sustentarlos en el momento mismo de
la interposición del recurso o el de definición de los reparos, según se trate
de auto o sentencia, si a bien lo tiene”.
Conforme con ello, optar por declarar desierto el
recurso de apelación cuando el recurrente, a pesar de no haber asistido a la
audiencia respectiva, “en todo caso en el escrito o en la intervención donde
individualiza los reparos además los explica y justifica, hace de la oralidad
un principio a ultranza que puede amenazar con convertirse en un exceso ritual
manifiesto”.
En su concepto, el núcleo central de lo previsto en
los incisos 2º, 3º y 4º del numeral 3º del artículo 322 del CGP, no estriba en
imponer a rajatabla la presencia del apelante en la audiencia de sustentación
del recurso de impugnación, sino en que se conozcan las razones con base en las
cuales ese apelante aspira a que se modifique o revoque la providencia de la
que disiente, pues el efecto útil de esta reglamentación “no supone que el
recurrente haga presencia en una audiencia, sino en que su sustentación quede
definida y conocida, porque sobre ella ha de versar la decisión del ad-quem”.
Tan es así que en ninguna parte del inciso 4º del artículo 322 del estatuto
procesal se establece la deserción para quien no concurra a la audiencia, en la
medida en que esa consecuencia se reserva para el apelante de un auto o
sentencia que no sustenta su impugnación.
Desde esta perspectiva, “para quienes insisten en castigar
a un apelante que si bien al presentar los reparos o al interponer el recurso
sustentó esa impugnación pero no se hizo presente en la audiencia respectiva,
es preciso que comprendan que ello equivale a aplicar una sanción que no está
autorizada en el inciso 4º del artículo 322 del CGP, que luce tan severa como
injusta”. Todo lo contrario, lo que la disposición pretende es privar de la
posibilidad de revisión en segunda instancia de un auto o de una sentencia a
quien no permitió al ad-quem enterarse suficientemente de los motivos de
su discrepancia o inconformidad; empero, cuando un juez de segundo grado
considera que el apelante que no asistió a la audiencia, en todo caso cumplió con
la exigencia de sustentar sus reparos, debe tramitar su impugnación en vez de
castigarla declarándola desierta, por cuanto, insiste, esta última solución constituye
una peligrosa denegación de justicia.
6.3. Universidad Sergio Arboleda
Mediante escrito radicado en esta Corporación, el
Departamento de Derecho Procesal de la Escuela Mayor de Derecho de la
Universidad Sergio Arboleda, a través de uno de sus docentes, intervino en el juicio
con la pretensión de que el artículo 322 del Código General del Proceso fuese
interpretado “sin permitir soslayar la sustentación del recurso de apelación
de la sentencia, con escritos o mera enunciación de reparos ante el juez de
primera instancia, por considerar que los requisitos para su admisibilidad por
el superior no vulneran el acceso efectivo a la justicia ni el debido proceso
y, antes bien, se ajustan a los principios y reglas propias del derecho procesal,
a los lineamientos de la oralidad, inmediatez y demás disposiciones generales que
rigen nuestros juicios”.
Después de cuestionarse sobre la necesidad de
interpretar el artículo en mención y de sugerir su análisis a partir de los
artículos 25[145] y 27[146]
del Código Civil, que hacen referencia “a si una norma es oscura de manera
general para generar la necesidad de una interpretación constitucional o si
existe alguna expresión ininteligible del artículo que permita desconocerlo o
si surge alguna duda que abra camino a la interpretación de la ley”, el
interviniente advierte que este precepto normativo no es oscuro y su tenor
literal es claro, ya que ha sido el propio legislador el que dispuso unas
formas procesales previamente determinadas tanto para la concesión del recurso
por el a-quo como para su admisión por el superior y el momento para su
decisión en la audiencia de sustentación y fallo.
Y es que, en su opinión, el texto procesal determina
claramente los momentos que debe surtir el recurso desde que se interpone y
ante quién debe surtirse cada etapa: su interposición será en la audiencia, si
la sentencia hubiere sido proferida en ella o dentro de los tres días
siguientes a su finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictada
por fuera de tal diligencia. Además, la norma establece como primer requisito
el de enunciar breve y concretamente los reparos contra la decisión, los cuales
delimitarán el alcance que debe darse a la impugnación en una etapa distinta,
que es la de sustentación.
De manera que es diáfana la norma al distinguir, por
una parte, la enunciación de los errores que considera la parte recurrente que
tiene la sentencia, sin necesidad de argumentarlos, a los que llamó reparos,
los cuales deben exponerse al momento de la interposición y frente al mismo
juez que dictó la providencia; y por la otra, la sustentación del recurso,
delimitada por los reparos enunciados en la interposición, pero ahora sí
argumentados, defendiendo la posición jurídica del caso, en forma
exclusivamente oral y ante el superior que desatará el recurso.
Es bajo esta lógica que la propia norma dispone de
manera diferente las consecuencias de no precisar los reparos o de no
sustentarlos, estando obligado a hacerlo. Así, al no enunciar los reparos será
el juez de primera instancia quien declarará desierto el recurso; mientras que
será el juez de segunda instancia quien deberá declarar desierto el recurso de
apelación contra una sentencia, cuando este no hubiere sido sustentado.
En suma, el tenor literal de la norma es claro, se
encuentra integrado a los principios y reglas técnicas del estatuto procesal y,
particularmente, a los lineamientos propios de los procesos orales y por
audiencias. Ello también explica que la sustentación del recurso de apelación “no
esté prevista como una excepción para hacerla por escrito, entre otras cosas,
porque con la oralidad se busca garantizar que el juez, en este caso el de
segunda instancia, practique personalmente las actuaciones que correspondan, es
decir, se busca que este funcionario que va a resolver el recurso escuche
directamente los argumentos con los que el recurrente pretende demostrar los
reparos que enlistó en primera instancia”.
De esta suerte, la sustentación oral de la apelación
ante el superior es una forma procesal de obligatorio acatamiento, “so pena
de declararse desierto el recurso y la cual no puede ser sustituida por un
escrito ante el juez de primera instancia”, razón por la que cabe resaltar
como acertada y apegada al espíritu del Código General del Proceso la posición
asumida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.
6.4. Universidad Nacional de Colombia
El Decano de la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, con el apoyo
académico de un docente adscrito a dicha institución, presentó escrito de intervención en el que recomienda
al pleno de la Corte “adoptar la posición de la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, en tanto no constituye exceso ritual manifiesto la
declaratoria de desierto del recurso de apelación ante la insistencia del
apelante a la audiencia de sustentación y fallo de segunda instancia”.
Para arribar a dicha conclusión, indicó que
debe tenerse claridad sobre los dos momentos procesales dispuestos por el
legislador para el trámite del recurso de apelación contra sentencias: i)
en primera instancia, la interposición, formulación de los reparos
concretos y concesión; y ii) en segunda instancia, la admisión o
inadmisión con su ejecutoria, fijación de audiencia con la eventual fase
probatoria, sustentación oral y sentencia.
También ha de repararse en los escenarios
en que ha de declararse desierto el recurso de apelación: i) cuando no
se sustenta el recurso en debida forma ante el juez de primera instancia, lo
cual, en el caso de las sentencias, implicará la no precisión de los reparos
concretos que se realizan a la decisión; y ii) cuando no se sustenta el
recurso ante el juez de segunda instancia. Como puede apreciarse, se trata de
dos conductas pasibles de ser sancionadas con la señalada declaratoria, “pues
el legislador decidió seccionar el recurso de manera tal que los argumentos
deberán ser enunciados frente al a-quo y posteriormente desarrollados ante el
ad-quem”.
En su sentir, si se permitiera la
continuación del recurso de apelación sin que el apelante asista a la audiencia
de sustentación y fallo de segunda instancia, “se estaría dando trámite a un
recurso no sustentado, pues la carga dispuesta para el apelante en primera
instancia es la mera precisión de los reparos concretos que desarrollará ante
el superior, lo cual implica que bastará con la simple mención de las
inconformidades sin que ello comprenda un despliegue argumentativo”. Bajo esta
óptica, se terminaría ordenando al fallador de segunda instancia evaluar la
concesión de un recurso que no otorga elementos de juicio para su decisión,
pues no se han desarrollado los considerandos ante él.
Ahora bien, sostiene que las predicadas
consecuencias no fueron impuestas de manera arbitraria por el legislador, en
cuanto propenden por la consecución de principios superiores en el
ordenamiento, tales como el principio de oralidad e inmediación, pilares del
nuevo estatuto procesal. De esta manera, con la exigencia de sustentar el
recurso en audiencia ante el ad-quem se evita un retroceso al sistema
escritural y se cristalizan garantías inherentes al debido proceso.
En esa misma dirección, se busca materializar
el principio de inmediación, cuya finalidad no es otra que el juez que
finalmente decidirá sobre la suerte del medio impugnativo conozca los
argumentos por los cuales se está interponiendo el recurso. No debe olvidarse,
entonces, que, en el escenario propuesto por la Sala de Casación Laboral, “la
presentación concreta pero precaria del recurso que ha de ser decidido por el
ad-quem, se estaría realizando ante el a-quo, imponiéndose una carga adicional
al juez de remitirse a lo acontecido en la etapa anterior para auscultar cual
podría ser la forma de desarrollar los argumentos enunciados por el apelante”.
Sumado a lo anterior, resalta que con la
declaratoria de desierto del recurso de apelación se pretende sancionar conductas
negligentes o que no cuentan con el respaldo material o jurídico necesario para
poner en marcha el aparato jurisdiccional. Es por ello que lo preceptuado por
el legislador respecto del trámite impugnaticio persigue fines superiores que
deben ser respetados por el juez, “siendo que la norma tiene consecuencias
claramente detalladas que no dan lugar a doble interpretación”.
En virtud de lo expuesto, concluye que no
es correcto sostener que la sanción prevista en la norma constituye un exceso
ritual manifiesto, en tanto la sustentación del recurso de apelación está
prevista únicamente para la fase procesal que se prevé en el artículo 322 del
Código General del Proceso, esto es, la audiencia de sustentación y fallo, de
tal manera que, si se prescinde de esta etapa, se estará dando trámite a
actuaciones sin fundamentación. Desde luego, lo que en ella se pretende es dotar
de mayores garantías al derecho sustancial, “otorgando un momento en el
proceso que le permite al recurrente preparar con suficiente tiempo y en debida
forma la sustentación de sus alegatos de apelación”, por lo que la no
presentación de aquellos ante el juez de segunda instancia llevará a este,
indefectiblemente, a decretar desierto el recurso, sin que tal actuación
suponga una vulneración al principio de prevalencia de la realidad sobre las
formalidades.
6.5. Universidad de Nariño
El Director de la Oficina de Consultorios
Jurídicos de la Universidad de Nariño se pronunció frente al trámite de
revisión de la referencia, con la finalidad de exponer que “la posibilidad que
tiene el interesado de sustentar el recurso de apelación puede realizarse ante
el juez de conocimiento o ante el tribunal que deba resolverlo, evitando de
esta manera que sea declarado como desierto”, pues debe tomarse en
consideración que, con la apelación, el impugnante restringe y limita el
recurso expuesto frente a la controversia suscitada y el desacuerdo frente a la
decisión proferida por el juez competente, “dejando de manera clara, a través
de sus reparos serios y razonables, cuáles serán los tópicos sobre los que se
referirá y tomará una disposición el superior frente a la providencia que le fue
desfavorable”.
III.    CONSIDERACIONES
1.      Competencia
La Sala Plena de la Corte Constitucional es
competente para revisar las decisiones judiciales proferidas dentro de las
acciones de tutela de la referencia, con arreglo a lo establecido en los artículos
86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y 61 del Acuerdo 02 de 2015, “Por
medio del cual se unifica y actualiza el Reglamento de la Corte Constitucional”[147].
2.      Asuntos objeto de revisión y
planteamiento del problema jurídico
2.1. Como se habrá advertido en los
antecedentes de esta providencia, cada uno de los demandantes promovió por
separado acción de tutela contra las autoridades judiciales recién descritas,
luego de considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a
la defensa y al acceso a la administración de justicia como consecuencia de las
decisiones que cada una de ellas adoptó dentro de
procesos ordinarios dentro de los cuales se fijó una determinada interpretación
sobre el artículo 322 del Código General del Proceso, o bien resolviendo de
fondo el recurso de alzada pese a la inasistencia del recurrente a la audiencia
de sustentación y fallo, o bien declarando desierto el mismo, a pesar de que la
parte impugnante hubiere formulado sus reparos ante el juez de primera
instancia.
2.2. Así, quienes aludieron a la primera de
las situaciones anotadas, sostuvieron que los despachos judiciales censurados
incurrieron en un defecto procedimental absoluto, pues en la
jurisprudencia consolidada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia se ha señalado que no basta con la sola exposición de los reparos
concretos respecto de la decisión controvertida frente al juez de primera
instancia que la dictó, sino que el apelante debe acudir ante el superior para
sustentar el medio impugnativo con base en los cuestionamientos puntuales que
haya realizado previamente.
2.3. Por su parte, los actores que alegaron
encontrarse en el segundo de los escenarios planteados, dejaron entrever que
los despachos judiciales objeto de reproche habían incurrido en un exceso
ritual manifiesto, para lo cual acudieron a varios fallos de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que reconocen que es
suficiente con que el recurrente exprese su inconformidad con la providencia
apelada para que el juez de segunda instancia dé por presentado en debida forma
el recurso de apelación y proceda a resolverlo de fondo.
2.4. Las situaciones planteadas exigen a este
Tribunal, en primer lugar, determinar si proceden las acciones de tutela contra
las providencias judiciales censuradas, en lo que tiene que ver con los
requisitos generales que para el efecto define la jurisprudencia
constitucional. En caso de que ello ocurra, en segundo lugar, se analizará el
fondo del asunto, el cual se contrae a determinar si las autoridades judiciales
accionadas, en el marco de los defectos en que supuestamente incurrieron y que
fueron mencionados con anterioridad, vulneraron los derechos fundamentales al
debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia de los
actores, bien resolviendo de fondo el recurso de apelación interpuesto pese a
la inasistencia del recurrente a la audiencia de sustentación y fallo, o bien
declarándolo desierto, sin tener en cuenta que el impugnante formuló de manera
previa sus reparos contra la decisión ante el juez de primera instancia.
2.5. Dado que el presente asunto versa
sobre acciones de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena deberá
establecer si los supuestos yerros en que incurrieron los diferentes despachos
y corporaciones judiciales se enmarcan en las causales específicas de
procedibilidad del recurso de amparo constitucional contra sentencias judiciales.
Para tales efectos, expondrá la
doctrina reiterada por la jurisprudencia constitucional en torno a su procedencia
excepcional, con énfasis en las cargas que se imponen frente a decisiones
adoptadas por órganos judiciales de cierre. En seguida, habrá de caracterizar los
defectos endilgados como causales específicas de procedibilidad en las acciones
de tutela de la referencia. Acto seguido, para resolver el problema jurídico
enunciado en precedencia, abordará el estudio de los siguientes temas: (i)
la doctrina relacionada con el margen de configuración legislativa del Congreso
para regular los procesos judiciales; (ii) la importancia de la oralidad
procesal en Colombia; (iii) la garantía de la doble instancia y el
derecho de apelar; y (iv) la jurisprudencia de las Salas de Casación
Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia en relación con la sustentación
del recurso de apelación en materia civil. A partir de las anteriores consideraciones,
(v) se verificará en cada caso concreto el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia y, por último, se procederá con el
planteamiento del problema jurídico y se asumirá la revisión sustancial de los
defectos invocados en aquellos asuntos que superen el antedicho examen formal.
3.      Doctrina constitucional en torno a
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Reiteración de jurisprudencia[148]
3.1. Tal y como se definió desde la
Sentencia C-543 de 1992[149], por regla general,
dado el sometimiento general de los conflictos jurídicos a las competencias de
los jueces ordinarios, la acción de tutela resulta improcedente cuando mediante
ella se pretende cuestionar providencias judiciales, en la medida en que se
encuentran de por medio el respeto por la cosa juzgada, la necesidad de
preservar la seguridad jurídica, y la garantía de independencia y autonomía de
las autoridades jurisdiccionales. Sobre este particular, en la providencia en
mención, se dejó establecido que:
“La acción
de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o
complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea
el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la
Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la
Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico
para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales.
Se comprende, en consecuencia, que cuando
se ha tenido al alcance un medio judicial ordinario y, más aún, cuando ese
medio se ha agotado y se ha adelantado un proceso, no puede pretenderse
adicionar al trámite ya surtido una acción de tutela, pues al tenor del
artículo 86 de la Constitución, dicho mecanismo es improcedente por la sola
existencia de otra posibilidad judicial de protección, aún sin que ella haya
culminado en un pronunciamiento definitorio del derecho”[150].
3.2. Sin embargo, en dicha oportunidad,
también se puntualizó que, de conformidad con el concepto constitucional de
autoridades públicas, “no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en
cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones
son obligatorias para los particulares y también para el Estado. En esa
condición, no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u
omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales (…)”[151].
Por ello, si bien se entendió que, en principio, el recurso de amparo
constitucional no procedía contra providencias judiciales, su ejercicio
excepcionalmente resulta viable como mecanismo de defensa, cuando de la
actuación judicial se vislumbra la violación o amenaza de un derecho
fundamental.
3.3. Se trata entonces de un instrumento
excepcional, dirigido a enfrentar aquellas situaciones en que la decisión del
juez incurre en graves falencias, de relevancia constitucional, las cuales la
tornan incompatible con los mandatos previstos en el Texto Superior. Por esta
razón, la acción de tutela contra providencias judiciales es concebida como un “juicio
de validez”[152],
lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la
discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho
que dieron origen a un litigio, más aún cuando las partes cuentan con los
recursos judiciales tanto ordinarios como extraordinarios, para controvertir
las decisiones que estimen arbitrarias o que sean incompatibles con la Carta.
No obstante, pueden subsistir casos en que agotados dichos recursos, persiste
la arbitrariedad judicial, hipótesis en la cual, como ya se dijo, se habilita
el uso del amparo tutelar.
3.4. A partir de lo anterior, la
jurisprudencia constitucional, en un primer momento, consolidó el criterio
conforme al cual el supuesto de hecho que daba lugar a la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales se configuraba cuando la
actuación judicial incurría en una desviación de tal magnitud que el acto
proferido no merecía la denominación de sentencia judicial, pues había sido
despojada de dicha calidad. Conforme a esta orientación, se llegó a concluir
que el ordenamiento jurídico no podía amparar situaciones que, a pesar de
hallarse cobijadas, prima facie, por el manto del ejercicio autónomo de
la función judicial, comportaban una violación protuberante de la Carta
Política y, en especial, de los bienes jurídicos más preciados para el hombre (derechos
fundamentales). Esta figura se conoció originalmente como una “vía de
hecho” y su posterior desarrollo llevó a determinar la existencia de varios
tipos de vicios o defectos, entre los cuales se encuentran el sustantivo, el
orgánico, el fáctico o el procedimental.
3.5. Con posterioridad, en la Sentencia
C-590 de 2005[153],
aun cuando la propia Corte reiteró, como regla general, la improcedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, con el fin de resguardar el
valor de la cosa juzgada, la garantía de la seguridad jurídica y los principios
constitucionales de autonomía e independencia judicial, también insistió en su
procedencia excepcional cuando se evidencia la vulneración de derechos
fundamentales y se corrobora el cumplimiento de ciertos requisitos que demarcan
el límite entre la protección de los ya citados bienes jurídicos y los
principios y valores constitucionales que salvaguardan el ejercicio legítimo de
la función judicial. Dichos requisitos fueron divididos en dos categorías.
Unos, alusivos a la procedencia formal de la acción de tutela (requisitos
generales) y los otros, referentes a la tipificación de los eventos o
situaciones que conducen al desconocimiento de derechos fundamentales,
principalmente el derecho al debido proceso (requisitos específicos).
3.5.1. En cuanto hace a los requisitos
generales, en la jurisprudencia constitucional se ha identificado que son
aquellos cuyo cumplimiento se debe verificar antes de que se pueda estudiar el
tema de fondo, pues habilitan la procedencia de la acción[154].
En efecto, la verificación de los requisitos generales se convierte en un paso
analítico obligatorio, pues en el evento en que no concurran en la causa, la
consecuencia que se produce es la de descartar el examen de los defectos o
irregularidades invocados por el accionante. En este orden de ideas, tales
exigencias manifiestan la dinámica descrita vinculada con la protección de la
seguridad jurídica y la autonomía de los jueces, ya que la acción de amparo no
es un medio alternativo, adicional o complementario para resolver conflictos
jurídicos.
Puntualmente, estas exigencias que impactan
en la viabilidad procesal de la acción, implican: (i) que el asunto sometido a estudio por parte
del juez de tutela tenga relevancia constitucional[155];
(ii) que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela, salvo que se advierta la
ocurrencia de un perjuicio de carácter irremediable[156];
(iii) que la solicitud de amparo tutelar cumpla con el requisito de
inmediatez, de acuerdo con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad[157];
(iv) en caso de tratarse de una irregularidad procesal, que esta pueda
tener incidencia directa en la decisión que resulta lesiva de las prerrogativas
iusfundamentales[158]; (v)
que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la
violación y que esta haya sido alegada en el proceso judicial, en caso de haber
sido posible[159] y, (vi) que el
fallo impugnado no se trate de una acción de tutela, ni de una decisión de
constitucionalidad abstracta proferida por la Corte Constitucional o por el
Consejo de Estado[160].
3.5.2. Por el contrario, en lo que atañe a los
requisitos específicos, se trata de defectos en sí mismos
considerados, cuya presencia y verificación en cada caso conduce al amparo de
los derechos fundamentales, así como a la expedición de órdenes pertinentes
para su protección, según las circunstancias concretas que hayan sido
examinadas[161]. La Corte ha identificado por vía
jurisprudencial los siguientes defectos: (i) orgánico[162];
(ii) sustantivo[163]; (iii) procedimental[164],
(iv) fáctico[165];
(v) error inducido[166]; (vi) decisión sin motivación[167]; (vii) desconocimiento del precedente judicial[168];
y (viii) violación directa de la Constitución[169].
3.6. Vistas así las cosas, es claro que la
procedencia excepcional de la acción de tutela para debatir providencias
judiciales se circunscribe a aquellos casos en los que logre comprobarse que la
actuación del funcionario fue “manifiestamente contraria al orden jurídico,
o al precedente judicial aplicable, y violatoria de derechos fundamentales, en
especial, de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia”[170].
Esta circunstancia, sin duda alguna, constituye, en realidad, una desfiguración
de la actividad judicial que termina por minar la autoridad confiada al juez
para administrar justicia y que, consecuentemente, debe ser declarada, a fin de
salvaguardar los fines que justifican la existencia del Estado social de
derecho, en concreto, el previsto en el artículo 2 de la Carta, referente a “garantizar
la efectividad” de los “derechos consagrados en la Constitución”.
3.7. En suma, por regla general, debido a
la necesidad de salvaguardar el valor de la cosa juzgada, la garantía de la
seguridad jurídica y los principios constitucionales de autonomía e
independencia judicial, la acción de tutela no resulta procedente para
controvertir el sentido y alcance de las providencias judiciales. Empero,
excepcionalmente, se ha admitido dicha posibilidad, siempre que se acredite el cumplimiento de los
requisitos generales de procedibilidad, se observe que la decisión cuestionada
haya incurrido en uno o varios de los defectos o vicios específicos y, por esa
vía, se produzca una amenaza o vulneración de derechos fundamentales.
4.      Causal
específica de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales por la configuración de un defecto procedimental
absoluto. Reiteración de jurisprudencia[171]
4.1. Esta causal de procedibilidad de la
acción de tutela encuentra fundamento en los artículos 29 y 228 Superiores, y
se presenta cuando el juez ha actuado completamente al margen del procedimiento
establecido, es decir, cuando se aparta abierta e injustificadamente de la
normatividad procesal que es aplicable al caso concreto. Esto último conduce al
desconocimiento absoluto de las formas propias de cada juicio, (i)
porque el funcionario judicial sigue un trámite por completo ajeno al
pertinente o (ii) porque pretermite etapas o fases sustanciales del
procedimiento establecido, en detrimento del derecho de defensa y contradicción
de una de las partes del proceso.
4.2. Inclusive, por vía excepcional, (iii)
la jurisprudencia constitucional también ha determinado que este defecto puede
originarse por exceso ritual manifiesto, cuando un funcionario judicial
utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del
derecho sustancial y, por lo tanto, sus actuaciones devienen en una denegación
arbitraria de justicia. Verbigracia, la exigencia irreflexiva del cumplimiento de los
requisitos formales
o el rigorismo
procedimental en la apreciación de las pruebas constituyen una
violación al debido proceso y a la administración de justicia.
4.3. En todo caso, en cualquiera de las
anotadas circunstancias, la procedencia de la acción de tutela en presencia de
un defecto procedimental, se sujeta a la concurrencia de los siguientes
elementos: (i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna
otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela, salvo
que se advierta la ocurrencia de un perjuicio irremediable; (ii) que el
defecto procesal sea manifiesto y tenga una incidencia directa en el fallo que
se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la
irregularidad haya sido alegada en el proceso ordinario, salvo que ello hubiera
sido imposible, de acuerdo con las especificidades del caso concreto; (iv)
que la situación irregular no sea atribuible al afectado; y finalmente, (v)
que, como consecuencia de lo anterior, se presente una vulneración a los
derechos fundamentales.
5.      Causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales por la configuración de un defecto
sustantivo o material. Reiteración de jurisprudencia[172]
5.1. Según la jurisprudencia reiterada de este Tribunal, el
defecto sustantivo o material se presenta cuando la decisión que se adopta por
un juez se aparta del marco normativo en el que se debió apoyar para sustentar
su fallo, por la ocurrencia de un yerro o falencia en los procesos de
interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico[173].
En efecto, aun cuando es cierto que los jueces en la esfera de sus competencias
cuentan con autonomía e independencia para interpretar y aplicar las normas
jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta, comoquiera que, al
tratarse de una atribución reglada, que emana de la función pública de
administrar justicia, la misma se encuentra limitada en general por el orden
jurídico y, particularmente, por los principios y derechos previstos en el
Texto Superior.
5.2. El defecto
sustantivo aparece entonces cuando el fallador desconoce de forma abierta y
directa las normas constitucionales, legales o infralegales aplicables para dar
solución a una controversia. Esta irregularidad debe ser de tal entidad, que
lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la garantía de los
derechos fundamentales. Por esta razón, se ha dicho que el margen de actuación
del juez de tutela cuando
se invoca este defecto es limitado, ya que no le corresponde señalar cuál sería
la interpretación correcta o la aplicación más conveniente del ordenamiento
jurídico, como si se tratase del juez natural[174].
Por el contrario, su labor se concreta en verificar que esta última autoridad
haya actuado al margen de los supuestos normativos aplicables para la definición
del caso, comprometiendo, como ya se dijo, los derechos iusfundamentales
del accionante y, por contera, el correcto funcionamiento de la administración
de justicia.
5.3. La jurisprudencia de la Corte ha
identificado los supuestos que permiten la configuración del defecto sustantivo[175],
especificando que el mismo procede cuando: (i)
existe una carencia absoluta de fundamento jurídico en el fallo adoptado,
hipótesis en la cual la decisión cuestionada se sustenta en una norma que no
existe, que ha sido derogada, o que ha sido declarada inconstitucional; (ii)
en la aplicación de una norma se exige la interpretación sistemática con otras
que no son tenidas en cuenta y que resultan necesarias para la decisión
adoptada; (iii) se resuelve con base en una disposición
que no resulta aplicable al caso concreto, por ejemplo, porque el supuesto de
hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del
caso[176]; (iv) el fallo incurre en incongruencia entre los
fundamentos jurídicos y la decisión, al acreditarse que la resolución del juez
se aparta de las motivaciones expuestas en la providencia; (v) la aplicación de una norma desconoce una sentencia
con efectos erga omnes. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo
sentido contraría la ratio decidendi de una sentencia que irradia sus
efectos a todo el ordenamiento jurídico; (vi)
se adopta una decisión con fundamento en normas abiertamente
inconstitucionales, evento en el cual, aun cuando el contenido normativo del
precepto utilizado no haya sido declarado inexequible, se constata que el mismo
es contrario a la constitución; (vii) la autoridad
judicial se aparta del precedente judicial -horizontal o vertical- sin
justificación suficiente, irregularidad que se distingue de la causal
específica de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
categorizada como desconocimiento del precedente judicial, el cual se
circunscribe al fijado directamente por la Corte Constitucional[177].
5.4. Aunado a lo
anterior, esta Corporación también ha señalado que una providencia judicial
incurre en un defecto sustantivo o material, cuando el juez realiza una interpretación irrazonable de las disposiciones jurídicas aplicables
para la resolución del caso. En
relación con esta hipótesis debe advertirse que se trata de un supuesto particularmente restringido de procedencia
de la acción de tutela, en la medida en que se trata de un campo en el que se
manifiesta con mayor intensidad los principios de independencia y autonomía
judicial (CP arts. 228 y 230). Por esta razón, la Corte ha considerado que la
interpretación que se haga de un texto normativo dentro de los límites de lo
objetivo y lo razonable, no constituye una irregularidad que haga procedente el
amparo constitucional contra fallos judiciales. En este sentido, en la
Sentencia T-1001 de 2001[178], este Tribunal expuso que:
“En materia de interpretación judicial, los
criterios para definir la existencia de una vía de hecho son especialmente
restrictivos, circunscritos de manera concreta a la actuación abusiva del juez
y flagrantemente contraria al derecho. El hecho de que los sujetos procesales,
los particulares y las distintas autoridades judiciales no coincidan con la
interpretación acogida por el operador jurídico a quien la ley asigna la
competencia para fallar el caso concreto, o no la compartan, en ningún caso
invalida su actuación ya que se trata, en realidad, de una vía de derecho
distinta que, en consecuencia, no es posible acomodar dentro de los requisitos
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. De
esta manera, queda a salvo, pues, el respeto por el principio democrático de la
autonomía funcional del juez que reserva para éste, tanto la adecuada
valoración probatoria como la aplicación razonable del derecho”[179].
5.5. A partir de lo expuesto, no cabe duda
de que el solo hecho de adoptar una lectura específica de las normas aplicables
a un caso y que ese resultado sea contrario al criterio interpretativo de otros
operadores jurídicos, no puede considerarse como una de las causales que haga
procedente la acción de tutela contra providencias judiciales, pues la labor
primigenia de los jueces, al momento de resolver las controversias sometidas a
su conocimiento, es la de otorgarle sentido a las disposiciones que aplican y de
limitar los efectos que puedan derivarse de ellas[180]. Por consiguiente, no constituye un defecto sustantivo
(i) la existencia de interpretaciones divergentes respecto de la decisión
adoptada; o (ii) la realización de una interpretación que no sea abiertamente
contraria al texto normativo objeto de aplicación.
5.6. Pese
a lo anterior, la jurisprudencia
constitucional igualmente ha sido enfática en sostener que la autonomía
funcional del juez tampoco puede convertirse en una patente de corso que
permita cualquier tipo de interpretación, pues la independencia judicial no
puede eludir el imperio de la ley (CP art. 230), ni desconocer el principio de
supremacía de la Constitución (CP art 4). Por ello, la Corte ha señalado que el
amparo es procedente respecto de interpretaciones irrazonables, las
cuales se configuran en dos supuestos. El primero consistente en otorgarle a
una disposición un sentido o alcance que no tiene (interpretación
contraevidente o contra legem), afectando de forma injustificada los
intereses legítimos de una de las partes. Y, el segundo, que se traduce en la
realización de una interpretación que parece admisible frente al texto
normativo, pero que en realidad es contrario a los postulados constitucionales
o conduce a resultados desproporcionados[181].
5.7. Se trata de supuestos que no son contradictorios
entre sí, y que es posible que en algunas circunstancias concurran, de suerte que “que la
interpretación contraevidente de la ley (…) comporte, así mismo, la vulneración
de ciertos contenidos de la Constitución, que sean relevantes para el caso
específico”. Sin embargo, no se exige que coincidan para que sea viable el
defecto sustantivo derivado de la interpretación, pues “pueden configurarse
por separado, hipótesis en la cual, cada uno genera el anotado defecto (…), sin
necesidad de que se configure la otra causal”[182].
5.8. En últimas, el
defecto sustantivo se causa en situaciones excepcionales en las que, en
desconocimiento de los límites de la autonomía e independencia judicial, se incurre por el juez en un actuar
arbitrario e irrazonable, tanto por resolver una controversia con base en una
norma claramente inaplicable al caso, o por dejar de utilizar la que
evidentemente lo es; como por incurrir en una interpretación que contradice lo
regulado, desconoce la Constitución o genera resultados desproporcionados.
5.9. Ahora
bien, recordando que las controversias objeto de estudio en esta oportunidad,
encuentran su origen en la interpretación y aplicación del artículo 322 del
Código General del Proceso, la Sala ahora presentará algunas consideraciones asociadas
con el margen de configuración del Congreso para regular los procesos
judiciales y la importancia de la oralidad procesal en Colombia, así como
frente a las garantías de la doble instancia y el derecho de apelar, para
proceder, finalmente, a analizar la figura de la sustentación del recurso de
apelación en materia civil, a la luz de los criterios jurisprudenciales
desarrollados por las Salas de Casación Civil y Laboral de la Corte Suprema de
Justicia.
6.      Generalidades sobre el margen de configuración
legislativa del Congreso para regular los procesos judiciales
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 150 de la Constitución Política, corresponde al Congreso de la
República hacer las leyes y por medio de ellas, ejercer entre otras, la función
de “[ex]pedir códigos en todos los ramos del derecho y reformar sus
disposiciones”, a través de los cuales le compete definir el
procedimiento en los procesos, actuaciones y acciones originadas en el derecho
sustancial, y como consecuencia de ello, establecer las etapas, oportunidades y
formalidades aplicables a cada uno de ellos, así como los términos para
interponer las distintas acciones y los respectivos recursos ante las
autoridades judiciales y administrativas.
6.2. En desarrollo de dicho mandato
superior, el Legislador cuenta con una amplia potestad de regular los
procedimientos judiciales[183] y
dentro de ellos, definir aspectos como: (i) el establecimiento de los
recursos y medios de defensa que pueden intentar los administrados contra los
actos que profieren las autoridades, así como los requisitos y las condiciones
de procedencia de los mismos; (ii) las etapas procesales y los términos y
formalidades que se deben cumplir en ellas; (iii) la definición de
competencias en una determinada autoridad judicial, siempre y cuando el
constituyente no se haya ocupado de asignarla de manera explícita en la
Constitución; (iv) los medios de prueba; y (v) los deberes,
obligaciones y cargas procesales de las partes, del juez y aún de los terceros.
6.3. Esta facultad, tal y como lo ha
precisado esta Corporación, “le permite al legislador fijar las reglas a
partir de las cuales se asegura la plena efectividad del derecho fundamental al
debido proceso (artículo 29 C.P.), y del acceso efectivo a la administración de
justicia (artículo 229 C.P.). Además, son reglas que consolidan la seguridad
jurídica, la racionalidad, el equilibrio y finalidad de los procesos, y
permiten desarrollar el principio de legalidad propio del Estado Social de
Derecho[184].
Y […] mientras el legislador no ignore, obstruya o contraríe las garantías
básicas previstas por la Constitución, goza de discreción para establecer las
formas propias de cada juicio, entendidas éstas como ‘el conjunto de reglas
señaladas en la ley que, según la naturaleza del proceso, determinan los
trámites que deben surtirse ante las diversas instancias judiciales o
administrativas’”[185].
6.4. Aun así, esta amplia libertad de
configuración del Legislador en materia procesal, según la Corte, encuentra
claros límites en la propia Carta Política[186]: en el respeto por los
principios y fines del Estado, la vigencia de los derechos y garantías
fundamentales, la plena observancia de las demás disposiciones constitucionales[187]
y los criterios de proporcionalidad y razonabilidad. Sobre el
particular, esta Corporación, en la Sentencia C-763 de 2009[188],
puntualizó:
“Sin embargo, esta potestad no es
absoluta y se encuentra limitada por las garantías constitucionales y debe
ejercerse de acuerdo con los criterios de proporcionalidad y razonabilidad, a
fin de asegurar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la administración de
justicia. Específicamente, ha dicho la jurisprudencia que el legislador debe
garantizar, en todos los procesos judiciales y administrativos, las garantías
constitucionales que conforman la noción de “debido proceso”. En este sentido
ha expresado:
“El legislador dispone de un amplio
margen de discrecionalidad para regular los procesos judiciales, esto es para
determinar el procedimiento, las actuaciones, acciones y demás aspectos que se
originen en el derecho sustancial[189].
Todo ello dentro de los límites que fije la Constitución (art. 4º).
Estos límites están representados por
la prevalencia y el respeto de los valores y fundamentos de la organización
político institucional, tales como la dignidad humana, la solidaridad, la
prevalencia del interés general, la justicia, la igualdad y el orden justo
(Preámbulo art. 1º de la Constitución); en la primacía de derechos
fundamentales de la persona, entre ellos la igualdad, el debido proceso, la
defensa y el acceso a la administración de justicia (CP arts. 5, 13, 29 y 229) o
el postulado de la buena fe de las actuaciones de los particulares (CP art.
83).
En atención a referentes Superiores
como los señalados, la Corte tiene establecido que la legitimidad de las normas
procesales y el desarrollo del derecho al debido proceso están dados por su
proporcionalidad y razonabilidad frente al fin para el cual fueron concebidas.
Por ende, “la violación del debido proceso ocurriría no sólo bajo el
presupuesto de la omisión de la respectiva regla procesal o de la ineficacia de
la misma para alcanzar el propósito para el cual fue diseñada, sino especialmente
en el evento de que ésta aparezca excesiva y desproporcionada frente al
resultado que se pretende obtener con su utilización”[190].
6.5. En este orden de ideas, la libertad configurativa
del legislador, en materia de regulación de los procesos judiciales, no
significa que el Congreso pueda establecer a su arbitrio o de manera caprichosa
las distintas reglas procedimentales, en tanto no puede soslayar las garantías
de orden superior, a fin de asegurar el ejercicio pleno del derecho de acceso a
la administración de justicia. Es así como ese tipo especial de regulaciones
deben propender por hacer efectivos los derechos de defensa, de contradicción,
de imparcialidad del juez, de publicidad de las actuaciones y todos los demás sustanciales
que conforman la noción de debido proceso.
7.      De la importancia de la
oralidad procesal en Colombia
7.1. La oralidad es una tendencia incorporada en las
regulaciones procesales contemporáneas por virtud de las indiscutibles ventajas
que comporta en términos de inmediación, contradicción y celeridad en los
procedimientos[191]. Este elemento, sumado
a los avances que ofrecen hoy en día las nuevas tecnologías de la información y
las comunicaciones, tornaron imperativo superar las tradicionales ritualidades
del trámite escrito de los procesos.
7.2. Tal irrupción en el ordenamiento jurídico
colombiano le ha impuesto al juez, como director del proceso, adelantar una
labor de permanente ponderación entre los principios de eficiencia
procedimental, que privilegia la oportuna solución de las controversias, y
de eficacia o vigencia de las garantías propias del debido proceso, de
modo que, en todo momento, las audiencias y demás actuaciones orales cumplan
con las formalidades mínimas necesarias para que las partes logren no solo un
efectivo acceso al aparato de justicia, sino que se cumplan las condiciones
materiales para la salvaguarda del debido proceso, particularmente en lo que
atañe a los escenarios adecuados para el cabal ejercicio de los derechos de
contradicción y defensa.
7.3. Sobre la implantación de la oralidad, la
jurisprudencia constitucional ha expresado que se trata de un mecanismo para el logro de una
justicia pronta y eficaz que, visto como principio general en las actuaciones
judiciales, “no contraviene la Constitución, pues con ella se pretende
propiciar condiciones indispensables para imprimir celeridad al trámite de las
actuaciones propias de los diferentes procesos, con miras a superar la
congestión judicial que constituye uno de los más graves problemas de la administración
de justicia, y garantizar con ello la protección y efectividad de los derechos
de los asociados, en cuanto concierne a la convivencia social, al orden justo y
más específicamente al acceso a la administración de justicia, consagrado como
derecho fundamental en el artículo 229 Superior”[192].
7.4. Un claro ejemplo de lo hasta ahora dicho puede verse reflejado
en el contenido del artículo 4º de la Ley 270 de 1996, modificado por la Ley
1285 de 2009[193], el cual expresamente
dispone: “La administración de justicia debe ser pronta, cumplida y eficaz
en la solución de fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento (…)”.
Con tal fin, “las actuaciones que se realicen en los procesos judiciales
deberán ser orales con las excepciones que establezca la ley. Esta adoptará
nuevos estatutos procesales con diligencias orales y por audiencias, en procura
de la unificación de los procedimientos judiciales, y tendrá en cuenta los
nuevos avances tecnológicos”.
7.5. Bajo esta orientación, el legislador ha expedido varios estatutos procesales en aras de
implementar el principio de oralidad. Verbigracia, la Ley 1395 de 2010[194], por
medio de la cual se buscó establecer la oralidad como un instrumento para la
superación de la congestión judicial en la jurisdicción civil en Colombia. Dicha reforma significó, según esta Corporación[195], una reconceptualización
de la función de administrar justicia, pues por muchos años, el procedimiento
civil fue arquetípicamente escrito, incluso respecto de procesos que
formalmente han sido denominados por décadas como “verbales”. En tal
sentido, la reforma legal en comento buscó lograr que las audiencias fueran el
escenario preferente de desarrollo del proceso.
7.6. Con
posterioridad, el legislador adoptó la Ley 1564 de
2012[196], la cual, en su Título
Preliminar establece, sin ambigüedad, la forma en cómo deben surtirse las
actuaciones judiciales, esto es, de manera “(…) oral, pública y en
audiencias (…)”. Dicha preceptiva desarrolla el principio de oralidad a
partir de dos frentes: i) el primero, señalando que la regla general es
el cumplimiento de las actuaciones en forma oral, pública y en audiencia, con
lo que se pretende blindar la instrucción y el juzgamiento con una garantía
amplia de respeto al debido proceso, conminando a los actores procesales a
incursionar en una nueva cultura jurídica que otorgue prevalencia a la razón
pública; y ii) el segundo, hace referencia a que las actuaciones
escritas y reservadas estarán previstas expresamente en la ley, de suerte que,
en principio, todo acto que, debiendo ser oral, se realice en forma escrita y
reservada, atenta abiertamente contra la publicidad del juicio.
7.7. De igual manera, no debe olvidarse que el
legislador expidió la Ley 1149 de 2007, a través de la cual reformó el Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social para hacer efectiva la oralidad
en los procesos de dicha naturaleza. Según lo que se establece en su artículo
42 “(…) Las actuaciones judiciales y la práctica de pruebas en las
instancias, se efectuarán oralmente en audiencia pública (...)”.
7.8. En atención al contexto descrito, la introducción del sistema oral en los procesos judiciales en
Colombia se encuentra estrechamente vinculada al acceso a la administración de
justicia, pues uno de sus objetivos es imprimir celeridad al trámite de las
diferentes actuaciones procesales con miras a superar gradualmente la
congestión, mediante la preferencia por las audiencias orales, en
contraposición con el proceso escrito.
7.9. Por consiguiente, el fundamento de la política procesal basada en la oralidad
deviene en un escenario de satisfacción de derechos de raigambre fundamental.
Ello, teniendo en cuenta que su despliegue conduce a la materialización de
diversas garantías que hacen parte del debido proceso y del acceso efectivo a
la administración de justicia, entre las que cabe destacar: (i) la
inmediación (relación directa entre el juez y los demás sujetos
involucrados en el proceso -partes e intervinientes-, así como con su
contenido); (ii) la concentración (desarrollo breve y célere del proceso
en el menor número de audiencias posible); y (iii) la publicidad (realización
de audiencias de carácter público).
8.      La garantía de la doble instancia y el derecho a apelar
8.1.
La razón de ser de los recursos judiciales, ha dicho la Corte, se explica en la
necesidad de preservar el principio de legalidad y la integridad en la
aplicación del derecho al asegurar la posibilidad de corregir los yerros en que
pueda incurrir el juez o fallador en la adopción de una determinada decisión
judicial o administrativa[197]. Además, permite
enmendar la eventual aplicación indebida que se haga por parte de una autoridad
de la Constitución o la ley. De ahí que la doble instancia, al paso que se
constituye en una garantía general contra la arbitrariedad, se erige en el
mecanismo principal, idóneo y eficaz para la corrección de los errores en que
pueda incurrir una autoridad pública[198].
8.2.
En ese sentido, para la jurisprudencia constitucional es claro que en el origen
de la institución de la doble instancia subyacen los derechos de impugnación y
de contradicción. En efecto, la garantía del derecho de impugnación y la
posibilidad de controvertir una decisión, exigen la presencia de una estructura
jerárquica que permita la participación de una autoridad independiente,
imparcial y de distinta categoría en la revisión de una actuación previa, bien
sea porque los interesados interpusieron el recurso de apelación o porque
resulte forzosa la consulta. No en vano, la Corte ha señalado, desde sus
primeros pronunciamientos, que el recurso de apelación que se reconoce a quienes
han intervenido o están legitimados para intervenir en la causa, “con el fin
de obtener la tutela de un interés jurídico propio, previo análisis del juez
superior quien revisa y corrige los defectos, vicios o errores jurídicos del
procedimiento o de la sentencia en que hubiere podido incurrir el a-quo”[199].
8.3.
De otra parte, el citado principio permite hacer efectivo el derecho de acceso
a la administración de justicia, ya que este, por su esencia, implica la
posibilidad del afectado con una decisión errónea o arbitraria, de solicitarle
al juez o autoridad competente la protección y restablecimiento de los derechos
consagrados en la Constitución y la ley[200]. Lo
anterior, en cuanto la Corte también ha entendido como elemento esencial del
efectivo acceso a la administración de justicia, “el derecho a que subsistan
en el orden jurídico una gama amplia y suficiente de mecanismos judiciales
-acciones y recursos- para la efectiva resolución de los conflictos”[201].
8.4.
Al mismo tiempo, la doble instancia tiene una relación estrecha con el derecho
de defensa, pues a través del establecimiento de un mecanismo idóneo y efectivo
para asegurar la recta administración de justicia, (i) garantiza la
protección de los derechos e intereses de quienes acceden al aparato estatal; (ii)
permite que la decisión adoptada por una autoridad judicial sea revisada
por otro funcionario de la misma naturaleza y la más alta jerarquía; (iii)
amplía la deliberación sobre la controversia; y (iv) evita la
configuración de yerros judiciales al incrementar la probabilidad de acierto de
la justicia como servicio público[202].
85.
En su condición de derecho, la doble instancia goza de rango constitucional,
cuyo ámbito de acción constituye la regla general de los procesos judiciales.
En efecto, el artículo 31 Superior la instituye en los siguientes términos: “Toda
sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que
consagre la ley. El Superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el
condenado sea apelante único”.
8.6.
En cuanto a su contenido, la garantía de la doble instancia exige que una misma
controversia jurídica sea sometida a dos instancias o fases procesales distintas
e independientes, y dirigidas por jueces diferentes, independientemente del
alcance coincidente de las decisiones por vía de las cuales resuelven la
controversia[203]. Ello, con la finalidad
objetiva de garantizar la corrección del fallo judicial y dar cuenta “de la
existencia de una justicia acertada, recta y justa, en condiciones de igualdad”[204].
8.7. Bajo esta óptica, la garantía de la doble instancia supone un elemento
cardinal del derecho al debido proceso que, a su vez, tiene relevancia en el
acceso a la administración de justicia y que se materializa, principalmente,
mediante el recurso de apelación o de impugnación, toda vez que permite la
controversia de una decisión judicial por parte de quien tiene interés en ella o
le resulta desfavorable, para que sea revisada por parte del superior
jerárquico[205].
8.8.
Precisamente, por vía de la apelación se garantiza la posibilidad de controvertir las decisiones
judiciales que resulten adversas. Tales decisiones, particularmente en el caso
de las sentencias, están revestidas de una presunción de corrección, al punto
de que, si no son recurridas, quedan en firme y constituyen la definición
concluyente del asunto. Dada la complejidad del derecho e incluso la
falibilidad de las personas, se garantiza la oportunidad de recurrir en
apelación.
8.9. Particularmente,
si la decisión inicial es correcta, la apelación no debe convertirse en el
instrumento a través del cual se pretenda probar suerte ante el juez superior,
sino que solo debería acudirse a ella en aquellos supuestos en los que existan
elementos sólidos que den cuenta de que el juzgador de primera instancia
incurrió en una equivocación. Eso explica por qué se exige que la apelación
deba ser sustentada. Porque para controvertir una decisión judicial y provocar
la intervención del superior, con lo que eso implica en términos de desgaste
del aparato judicial, y en merma de la seguridad jurídica, es preciso mostrar
razones serias que generen en el fallador una cierta duda sobre el asunto
recurrido, o, al menos, que se planteen de manera clara y argumentada las
razones de la discrepancia.
9.      Del recurso de
apelación y de la audiencia de sustentación y fallo en el Código General del
Proceso
9.1. En la Sección Sexta de la Ley 1564 de
2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se
dictan otras disposiciones”, se regulan los medios de impugnación en el
proceso, dentro de los que cabe destacar el recurso ordinario de apelación, a
partir del cual se desarrolla el principio constitucional de la doble instancia[206].
Tal como lo describe el artículo 320 de ese cuerpo normativo, “[e]l
recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión”.
9.2. La legitimación para solicitar la
revisión del caso por una autoridad judicial de superior jerarquía se encuentra
en cabeza de la parte a quien le haya sido desfavorable, total o parcialmente,
la providencia o el tercero que cumpla con lo dispuesto en el artículo 71 de
dicho ordenamiento procesal[207] (art. 320 CGP[208]).
9.3. Por regla general, todas las
sentencias que se dicten en primera instancia pueden ser objeto de esta
herramienta procesal, así como algunos autos interlocutorios que se enumeran en
el artículo 321 del CGP[209]. Dada la controversia
que se examina en el proceso de la referencia, el siguiente acápite se limitará
al recurso de apelación frente a sentencias.
9.4. Así las cosas, es preciso mencionar
que el artículo 322 del Código General del Proceso determina la oportunidad
para interponer el mencionado recurso, así como los requisitos en torno a su
fundamentación[210]. En cuanto al momento
en que debe presentarse el medio de impugnación, no varían las reglas respecto
de autos y sentencias. Para ambas situaciones, este depende de si la
providencia que se pretende atacar fue proferida o no en audiencia o diligencia
judicial; más precisamente, se vincula con la forma de notificación de la
actuación, es decir, si se dio por estrado, por notificación personal o por
estado.
En esta medida, cuando se da a conocer en
el curso de una audiencia o diligencia judicial, el recurso se interpone de
manera verbal inmediatamente después de pronunciada la decisión por parte de la
autoridad judicial[211]. En el otro caso, el
apelante tiene la posibilidad de presentar este recurso, ya sea, en el acto de
su notificación personal, o por escrito dentro de los tres días siguientes a la
notificación por estado de la providencia. No sobra mencionar que, en
cualquiera de los dos eventos, la interposición deberá surtirse ante el juez
que resolvió el asunto. El tenor literal de dicho precepto es el siguiente:
“Artículo 322.
Oportunidad y requisitos. El recurso de apelación se propondrá
de acuerdo con las siguientes reglas:
1. El recurso de
apelación contra cualquier providencia que se emita en el curso de una
audiencia o diligencia, deberá interponerse en forma verbal inmediatamente
después de pronunciada. El juez resolverá sobre la procedencia de todas las
apelaciones al finalizar la audiencia inicial o la de instrucción y
juzgamiento, según corresponda, así no hayan sido sustentados los recursos.
La apelación contra la providencia
que se dicte fuera de audiencia deberá interponerse ante el juez que la dictó,
en el acto de su notificación personal o por escrito dentro de los tres (3)
días siguientes a su notificación por estado.
2. La apelación contra autos podrá
interponerse directamente o en subsidio de la reposición. Cuando se acceda a la
reposición interpuesta por una de las partes, la otra podrá apelar del nuevo
auto si fuere susceptible de este recurso.
Proferida una providencia
complementaria o que niegue la adición solicitada, dentro del término de
ejecutoria de esta también se podrá apelar de la principal. La apelación contra
una providencia comprende la de aquella que resolvió sobre la complementación.
Si antes de resolverse sobre la
adición o aclaración de una providencia se hubiere interpuesto apelación contra
esta, en el auto que decida aquella se resolverá sobre la concesión de dicha
apelación.
3. En el caso de la apelación de autos,
el apelante deberá sustentar el recurso ante el juez que dictó la providencia,
dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, o a la del auto que
niega la reposición. Sin embargo, cuando la decisión apelada haya sido
pronunciada en una audiencia o diligencia, el recurso podrá sustentarse al
momento de su interposición. Resuelta la reposición y concedida la apelación,
el apelante, si lo considera necesario, podrá agregar nuevos argumentos a su
impugnación, dentro del plazo señalado en este numeral.
Cuando se apele una sentencia, el
apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido
proferida en ella, o dentro de los tres (3) días siguientes a su finalización o
a la notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deberá
precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisión,
sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior.
Para la sustentación del recurso será
suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la
providencia apelada.
Si el apelante de un auto no sustenta
el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia
lo declarará desierto. La misma decisión adoptará cuando no se precisen
los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El
juez de segunda instancia declarará desierto el recurso de apelación contra una
sentencia que no hubiere sido sustentado.
PARÁGRAFO. La parte que no apeló
podrá adherir al recurso interpuesto por otra de las partes, en lo que la
providencia apelada le fuere desfavorable. El escrito de adhesión podrá
presentarse ante el juez que lo profirió mientras el expediente se encuentre en
su despacho, o ante el superior hasta el vencimiento del término de ejecutoria
del auto que admite apelación de la sentencia. El escrito de adhesión deberá
sujetarse a lo previsto en el numeral 3 de este artículo.
La adhesión quedará sin efecto si se
produce el desistimiento del apelante principal” (Subrayas y negrillas no originales).
9.5. Como se puede advertir, en lo tocante
a la sustentación del recurso de apelación, el Código General del Proceso sí
distingue reglas para los autos y las sentencias. Frente a estas últimas, el
numeral 3º del artículo 322 dispone expresamente que, cuando se recurra una
sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si
hubiere sido proferido en ella, o dentro de los tres días siguientes a su
finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de
audiencia, deberá precisar, de manera breve, los reparos concretos frente a la
decisión que cuestiona, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante
el superior, para la cual bastará con la expresión de las razones de
inconformidad con la providencia apelada. Esto quiere decir que, cuando no se
presente la fundamentación requerida para el recurso en los términos recién descritos,
el juez lo declarará desierto.
9.6. Bajo este contexto, según el artículo
323 del Código General del Proceso, si se trata de sentencia, el recurso de
apelación podrá ser concedido (i) en el efecto suspensivo (se
suspende la competencia de juez de primera instancia desde la ejecutoria del
auto que lo concede); (ii) en el efecto devolutivo (no se
suspende el cumplimiento de la providencia apelada ni el curso del proceso); y (iii)
en el efecto diferido (se suspende el cumplimiento de la providencia apelada,
pero continúa en curso el proceso de primera instancia en lo que no dependa
necesariamente de ella)[212].
9.7. Una vez concedido el citado recurso,
el artículo 324 ejusdem dispone que habrá de remitirse el expediente o
la respectiva reproducción al superior dentro del término máximo de cinco días,
contados a partir del momento en que la apelación fue interpuesta en la
audiencia o luego de los tres días siguientes a su finalización o a la
notificación de aquella que hubiese sido dictada por fuera de audiencia.
Tan pronto como la actuación queda en manos
del superior, el artículo 325 del CGP indica que este hará un examen
preliminar consistente en verificar la suscripción de la providencia
apelada por parte del juez de primera instancia, sin que la falta de firma del
acta correspondiente impida tramitar el recurso. En caso de que no se cumplan
los requisitos para su concesión, este será declarado inadmisible y se
devolverá el expediente al juez de primera instancia. Incluso, cuando la
apelación haya sido concedida en un efecto diferente al que corresponde, el
superior hará el ajuste respectivo y lo comunicará al juez de primera
instancia. Efectuada la corrección, continuará el trámite del recurso.
9.8. En lo relacionado con el trámite del
recurso de alzada contra sentencias, es del caso anotar que el estatuto
procesal civil en su artículo 327 precisa que “[e]jecutoriado el auto que
admite la apelación, el juez convocará a la audiencia de sustentación y
fallo. Si decreta pruebas, estas se practicarán en la misma audiencia,
y a continuación se oirán las alegaciones de las partes y se dictará sentencia
de conformidad con la regla general prevista en este código.” (Subrayas y
negrillas no originales).
En este artículo también se señala que “[e]l
apelante
deberá sujetar su alegación a desarrollar los argumentos expuestos ante el juez
de primera instancia”.
Así las cosas, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 328 del CGP, el juez de segunda instancia habrá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos en la ley. No
obstante, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiese adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
9.9. Decidida la apelación y devuelto el
expediente al inferior, el artículo 329 del estatuto procesal civil dispone que
este último dictará auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior y en la
misma providencia dispondrá lo pertinente para su cumplimiento[213].
9.10. Visto lo anterior, la Sala Plena
pasará a mostrar cómo se ha desarrollado la postura jurisprudencial de las
Salas de Casación Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia respecto de
la materia en controversia en sede de tutela.
10.    Revisión
de las posturas jurisprudenciales de las Salas de Casación Civil y Laboral de
la Corte Suprema de Justicia respecto de la sustentación del recurso de apelación
en el Código General del Proceso
Postura de la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema se ha
pronunciado en cuanto a la oportunidad para proponer y sustentar el recurso de
alzada, identificando dos momentos distintos derivados del contenido del
artículo 322 del Código General del Proceso: i) el primero, referido a
la interposición del recurso de forma verbal, inmediatamente después del
pronunciamiento de la providencia, cuando esta se profiere en audiencia o
diligencia; y ii) el segundo, verificado al hacer el despliegue de los
argumentos que sustentan la impugnación. Concretamente, en el caso de las
sentencias, no ha dejado de apuntar la complejidad del procedimiento, toda vez
que la sustentación de la alzada se debe dar ante el juez de primera instancia
y el desarrollo argumentativo de la misma ante el ad-quem, conforme a lo
establecido en los incisos 2º y 3º del numeral 3 del artículo 322 ejusdem.
En esa misma línea de argumentación, también ha
indicado que, por virtud del numeral 3º del artículo 322 del Código General del
Proceso, los reparos concretos frente a la decisión deben ser presentados, bien
sea al momento de interponer el recurso en la audiencia respectiva, si la
sentencia fue proferida en esa actuación procesal, o dentro de los tres días
siguientes a la finalización de la misma[214]. Si el fallo
se profirió por fuera de la audiencia, dichos reproches deberán expresarse
dentro de los tres días siguientes a la respectiva notificación[215].
Por lo demás, la Sala de Casación Civil ha dejado por
sentadas algunas diferencias entre la apelación de autos y sentencias[216].
Acerca de estas últimas, se especificó que el recurso de apelación está
integrado por tres fases: i) la interposición del recurso, ii) la
formulación de los reproches de la providencia ante el a-quo, y iii) la
sustentación que implica la exposición de las razones para controvertir la
providencia, en concordancia con los reparos presentados en su debido momento[217].
Así mismo, cabe señalar que la Sala dividió las
actuaciones que deberán surtirse en primera y segunda instancia en lo que
concierne al procedimiento de impugnación así: ante el a-quo se debe
interponer el recurso de reposición, presentar los reproches sobre la
providencia, y ante el ad-quem se concreta la admisión o inadmisión del
recurso y su ejecutoria, se fija fecha para la audiencia con la etapa
probatoria -si es del caso-, y se lleva a cabo la sustentación oral del
recurso.
Lo anterior, entre otras razones, por la consideración
de que los principios de oralidad, concentración, celeridad, contradicción e
inmediación se encuentran presentes en el Código General del Proceso, novedad
que requiere un cambio en el comportamiento procesal de las partes, pues están
compelidos a comparecer personalmente ante el juez para exponer sus argumentos.
Por ende, admitir que los reparos esgrimidos en primera instancia al momento de
formular el recurso de apelación son suficientes y que, además, puede omitirse
la sustentación ante el ad-quem, “sería no solamente contradecir los
mencionados principios, sino también desconocer el principio que reconoce la
competencia del Congreso de la República para legislar sobre los procedimientos
judiciales”[218].
Claro ejemplo de lo anterior puede verse reflejado en la
sentencia STC-11058-2016[219], en la que la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia se ocupó de una acción de tutela
promovida en contra del Tribunal Superior de Bucaramanga -Sala Civil Familia- y
el Juzgado Noveno Civil del Circuito de la misma ciudad, por la presunta vulneración
de los derechos al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia en el marco de un proceso de responsabilidad civil
extracontractual.
El 18 de diciembre de 2015, la autoridad
judicial de conocimiento profirió sentencia de primera instancia denegando las
pretensiones de la demanda, por encontrar que no existía certeza sobre la
culpabilidad de quien actuaba como parte pasiva en el proceso. Este fallo fue
notificado por edicto el 15 de enero de 2016, el cual fue desfijado el 19 de
enero del mismo año.
La parte actora manifestó su inconformidad
con la citada providencia, interponiendo el recurso de alzada el 18 de enero
siguiente. En el memorial de apelación expresaron que sustentarían el recurso
ante el superior. Así las cosas, el 25 de enero de 2016 el a-quo concedió
el recurso en el efecto suspensivo y dispuso la remisión al superior. Sin
embargo, ante la falta de expedición del auto admisorio del recurso de
apelación y la fijación de un término para la sustentación del mismo, la
apoderada de la parte demandante radicó por escrito el memorial de sustentación
el 17 de febrero de 2016. En todo caso, el Tribunal accionado declaró desierto
el recurso el 8 de marzo del mismo año, tras considerar que este efecto debió haber
sido decretado por el a-quo[220], teniendo en cuenta que
la mencionada apoderada -a pesar de gozar de un término perentorio para ello-
no sustentó su descontento frente a la sentencia ante el juez de primera
instancia.
Para la parte actora, la providencia expedida en
segunda instancia transgredió sus derechos fundamentales, en tanto dejó de lado
que el recurso de apelación había sido interpuesto en forma oportuna. De ahí
que haya solicitado que se dejara sin efectos y que, en su lugar, se admitiera
la sustentación de la alzada.
Sobre el particular, la Sala de Casación Civil, en
sentencia del 11 de agosto de 2016, acogió los argumentos esgrimidos por el
Tribunal, expresando que su actuación resultaba razonable, en tanto era el
resultado de la legítima interpretación del artículo 322 del Código General del
Proceso, y no del mero criterio subjetivo o del capricho de la autoridad
judicial.
Otro caso de interés bien puede extraerse de la
sentencia de tutela STC-8909-2017[221],
a propósito de una demanda contra el Tribunal Superior de Manizales -Sala Civil
Familia- por la presunta violación de los derechos al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia.
Los hechos que suscitaron la solicitud de amparo
constitucional tienen origen en la expedición de la sentencia del 19 de agosto
de 2016, en la que se condenó al accionante al pago de $16.892.105 por capital
y utilidades no repartidas, derivados de un contrato de tenencia de ganado que
inició el 20 de julio de 2007 y finalizó el 20 de julio de 2009. Las partes
enfrentadas en el proceso interpusieron recurso de apelación contra dicha
providencia, ante lo cual, el juez de instancia concedió el recurso y envió las
diligencias al Tribunal Superior de Manizales.
En audiencia de sustentación y fallo celebrada el 15
de marzo de 2017, la referida colegiatura resolvió declarar desierto el recurso
de apelación impetrado por el apoderado del accionante, debido a su
inasistencia. Por el contrario, la contraparte, que sí asistió a dicha
diligencia, sustentó el recurso y logró la modificación del fallo,
incrementándose la suma ejecutada a la suma de $50.121.900.
En esas circunstancias, el actor acudió a la acción de
tutela, bajo la premisa de que se habían vulnerado sus derechos fundamentales,
toda vez que la alzada se sustentó debidamente, pues, de lo contrario, el a-quo
no hubiera concedido el recurso y tampoco le habría dado trámite ante el ad-quem.
Por tal motivo, pidió dejar sin efecto la sentencia atacada y que se diera
trámite de fondo al recurso de apelación presentado en calidad de parte
demandada.
De entrada, la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia desestimó las pretensiones del accionante al concluir que
la actuación de la accionada carecía de arbitrariedad. Lo anterior, teniendo en
cuenta que ambos extremos procesales fueron citados formalmente para que
asistieran a la audiencia de sustentación y fallo, y ante su no comparecencia,
procedió a declarar desierta la alzada interpuesta, en los estrictos y precisos
términos del artículo 322 del Código General del Proceso.
En criterio de la Sala, los argumentos invocados por
el accionante al momento de interponer el recurso de apelación contra el fallo
del a-quo no eran suficientes para darle trámite al medio impugnativo,
comoquiera que el apelante “debía no solamente exponer sucintamente sus
reproches en relación con el contenido de la decisión, sino que también les
asistía la carga de sustentar dichos reproches ante el superior”[222],
tal y como venía afirmándose en casos sustancialmente análogos, frente a los
cuales se había concluido que la declaratoria de desierto del recurso de
apelación contra una sentencia, constituía una sanción creada por el legislador
en los siguientes eventos: i) cuando no se manifiestan las
inconformidades en relación con la providencia, al momento de recurrir en la
audiencia, si aquella se profirió durante dicha actuación procesal, o dentro de
los tres días siguientes a su finalización o a la notificación, si se profirió
por fuera de ella; o ii) en caso de que no se sustenten los citados
reparos ante el superior[223].
Postura de la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema
Con posterioridad a la entrada en vigor de
la Ley 1564 de 2012, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia se ha pronunciado en relación con el alcance del artículo 322 de la
norma en cita. Y aun cuando debe resaltarse que si bien, en un principio,
acogía en su integridad la tesis adoptada en la materia por la Sala de Casación
Civil, desde el año 2008 varió su jurisprudencia para plantear una
interpretación distinta, en función de la cual la inasistencia del recurrente a
la audiencia de sustentación y fallo no lleva a que sea declarado desierto el
recurso de apelación. A continuación, se expondrán algunas decisiones
representativas de ambos momentos.
Para empezar, conviene traer a colación la
sentencia de tutela STL-19489-2017[224], en sede de la cual la
Sala asumió el conocimiento de un recurso de amparo promovido en contra del Tribunal Superior de
Cundinamarca -Sala Civil- por la presunta vulneración del derecho fundamental
al debido proceso. El actor relató que, en el año 2014, inició proceso de
petición de herencia con el propósito de que se rehiciera la partición de la
sucesión intestada. En primera instancia, el Juzgado Promiscuo de Familia de Fusagasugá accedió a
las pretensiones y, dado que las partes presentaron apelación, el Tribunal
accionado las citó a audiencia de sustentación y fallo. No obstante la inasistencia
del apelante el ad-quem revocó la decisión y declaró probada la
excepción de prescripción formulada por el demandado.
Frente a esta situación, el actor sostuvo que la
determinación del Tribunal desconoció derechos de raigambre fundamental, ya que
el recurso debió haberse declarado desierto en razón a la no comparecencia de
las partes a la diligencia. Por lo tanto, solicitó que se dejara sin efectos la
sentencia cuestionada.
En primera instancia, la Sala de Casación Civil
accedió a la protección constitucional, pues, en su concepto, el artículo 322
del Código General del Proceso impone al apelante sustentar el recurso en
audiencia ante el superior y, en esa medida, el ad-quem había errado al
prescindir de dicha etapa. Por su parte, la Sala de Casación Laboral confirmó
la decisión, con base en la siguiente interpretación de la norma:
“como lo estimó la Sala de Casación
Civil, el trámite del recurso de apelación de los autos dista del previsto para
las sentencias, pues, mientras el primero se encuentra gobernado por la etapa
de interposición y sustentación ante el juez de primera instancia, el segundo,
comprende el de la interposición y formulación de reparos concretos ante el a
quo, y la sustentación ante el superior funcional, en los términos del artículo
322 del Código General del Proceso”.
Bajo este entendido, resaltó que el proceder del
Tribunal desconoció la intención del legislador, ya que el Código pretende que
los jueces fallen luego de escuchar los argumentos de las partes.
Seguidamente, con ocasión de la sentencia de tutela STL-22186-2017[225],
la Sala de Casación Laboral
conoció de un recurso de amparo presentado en contra del Tribunal Superior de
Bogotá -Sala Civil- y el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de la misma
ciudad, por la supuesta vulneración de los derechos al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia.
La actora señaló que se promovió demanda ejecutiva en
su contra y que, a pesar de la evidencia probatoria, el juzgado accionado
dispuso seguir adelante con la ejecución. Por consiguiente, presentó recurso de
apelación ante el a-quo, el cual fue declarado desierto por el juez de
segunda instancia debido a que la interesada no lo sustentó nuevamente ante
dicha autoridad. Para la tutelante, el ad-quem tenía la obligación
constitucional de estudiar su caso, pues cumplió con presentar la sustentación
exigida, aunque frente al juez de primera instancia.
En sentencia del 2 de noviembre de 2017, la Sala de
Casación Civil negó el amparo al estimar que la accionante incumplió una de las
cargas para la tramitación de la apelación, esto es, sustentar el recurso ante
el superior. Esta determinación fue confirmada por la Sala de Casación Laboral al
hallar razonable la interpretación del Tribunal demandado, “en cuanto el
artículo 322 del Código General del Proceso consagra una oportunidad impugnaticia ante el juez de primera instancia y
otra, de sustentación de tales inconformidades, ante el ad-quem”[226].
Ahora bien, mediante la sentencia de tutela STL3467-2018[227],
la Sala de Casación Laboral varió su postura al estudiar una acción de tutela
contra el Tribunal Superior de San Gil. En esa oportunidad, el promotor del
amparo inició proceso de pertenencia y, en primera instancia, las pretensiones
de la demanda fueron resueltas desfavorablemente. En consecuencia, presentó
escrito de apelación en el cual explicó sus reparos frente a la decisión. Sin
embargo, el Tribunal accionado declaró desierto el recurso, en razón a que el
recurrente no asistió a la audiencia de sustentación y fallo.
Por lo anterior, el accionante solicitó la consecuente
protección de su derecho al debido proceso, de suerte que se ordenara al
Tribunal darle trámite a la apelación. En primera instancia, la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo, toda vez que, en
su opinión, el interesado desaprovechó la oportunidad procesal para
controvertir la decisión cuestionada.
Pese a lo anterior, la Sala de Casación Laboral revocó
el fallo y, en su lugar, concedió la acción de tutela. En su criterio, de
acuerdo con el inciso 4º del numeral 3º del artículo 322 del Código General del
Proceso, el juez de segunda instancia puede declarar desierta la apelación
cuando esta no sea sustentada. Empero, destacó también que dicho evento difiere
de la inasistencia a la
audiencia consagrada en el artículo 327 de dicho Estatuto[228].
Conforme con esa comprensión, fijó la siguiente regla:
“si el recurrente sustenta el recurso de
apelación, previo a la audiencia a que alude el citado artículo 327, al momento
de interponerlo o dentro de los tres días siguientes a la notificación de la
providencia, expresando con  suficiencia «las razones de su inconformidad con
la providencia apelada» que es lo que, según el artículo 322 ejusdem, señala, no
habría lugar a exigirle a la parte una doble sustentación, es decir, que
adicional a la presentada ante el a-quo, realice otra ante el superior”.
En otras palabras, la Sala de Casación Laboral indicó
que la inasistencia del apelante a la audiencia de sustentación y fallo no
conlleva la declaratoria de desierto del recurso. En su criterio, atendiendo al
principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas y a la
garantía de los derechos de defensa y contradicción y de acceso a la
administración de justicia, debe emitirse un pronunciamiento de fondo en
relación con los reparos del recurrente, siempre que los haya fundamentado ante
el a-quo. Habiendo expuesto lo anterior, indicó que, a partir de ese
momento:
“se advierte el cambio jurisprudencial
en punto a que interpuesto el recurso de apelación y sustentado en debida forma
ante el a quo, el juez de alzada debe tramitarlo, así el interesado no asista a
la audiencia de sustentación por él programada, pues con ello se garantiza
no solo el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, sino a
un proceso justo, y recto; ya que esta Sala venía sosteniendo de tiempo atrás
que aun cuando el apelante sustentara el recurso, su no asistencia a la
audiencia ante el superior, habilitaba al juez a declararlo desierto” (énfasis añadido).
Esta nueva línea interpretativa de la Sala de Casación
Laboral ha sido reiterada en decisiones posteriores[229].
Por vía de ejemplo, en la sentencia de tutela STL9497-2019[230]
estudió el recurso de amparo entablado en contra el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Pereira -Sala Civil Familia-.
El tutelante presentó una acción popular
contra Bancolombia S.A. y, proferido el fallo de primera instancia, presentó
apelación escrita ante el a-quo, la cual fue declarada desierta por el
Tribunal accionado con fundamento en la inasistencia del recurrente a la
diligencia programada para la respectiva sustentación. Por consiguiente, el
ciudadano invocó el amparo de su derecho al debido proceso y solicitó al juez
constitucional ordenar a la autoridad demandada aplicar el precedente de la
Sala de Casación Laboral y tramitar el recurso de alzada.
Al estudiar el asunto, la Sala de
Casación Civil negó el amparo pretendido, pues, según su jurisprudencia, el
apelante debe formular los reparos concretos ante el a-quo y, además,
sustentar el recurso ante el ad-quem. En contraste, la Sala de Casación
Laboral estimó que el accionado había vulnerado el derecho al debido proceso
del actor, por cuanto, de acuerdo con su propio precedente:
“si el
recurso de apelación se sustentó en debida forma ante el a quo, el juez de
alzada debe tramitarlo, es decir, que la inasistencia del recurrente a la
audiencia de «sustentación y fallo de segunda instancia», no es óbice [sic] para
declarar desierto el mecanismo ordinario precitado, si efectivamente ante el
juez de primer grado se alegaron y fundamentaron las razones de inconformidad
con la providencia apelada”.
Por lo anterior, dejó sin efectos la
decisión en la cual se declaró desierta la apelación y ordenó al Tribunal
Superior de Pereira -Sala Civil Familia- estudiar el recurso.
Otro caso fallado de manera análoga se
concreta en la sentencia de tutela STL9709-2019[231],
en la que la Sala de Casación Laboral conoció de una acción de amparo promovida
por una sociedad comercial contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla -Sala Civil Familia-.
La empresa accionante inició proceso de
rendición de cuentas y sus pretensiones fueron desestimadas por el Juzgado
Quinto Civil del Circuito de Barranquilla, tras declarar probada la excepción
de falta de legitimación en la causa por pasiva. En consecuencia, presentó
recurso de apelación, el cual fue declarado desierto por el Tribunal en razón a
que no fue sustentado en los términos del artículo 327 del Código General del
Proceso.
En concepto de la parte actora, la Sala
demandada vulneró sus derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, ya que el recurso fue ampliamente sustentado en
primera instancia. Por lo anterior, solicitó que se dejara sin valor la
determinación del Tribunal y que se le ordenara estudiar la apelación.
En sede de tutela, la Sala de Casación
Civil negó el amparo al estimar que la parte interesada desatendió el artículo
327 del ordenamiento procesal, al no justificar el recurso oralmente ante el ad-quem.
Por contraste, la Sala de Casación Laboral otorgó la protección solicitada con
fundamento en su propio precedente[232]. Específicamente, adujo que:
“no puede inferirse que la sustentación del
recurso de apelación de una providencia dictada dentro de una audiencia, deba
necesariamente hacerse de manera oral, y, en tal virtud, habiéndose considerado
por el juez de primer grado que el mismo se sustentó en debida forma, no
existía ningún obstáculo para que el Colegiado convocado procediera a desatar
el fondo del asunto sometido a su consideración”.
Como puede apreciarse, en relación con los
presupuestos para la sustentación del recurso de apelación, según la
jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral, del artículo 322 del Código
General del Proceso no se deriva la necesidad de que la sustentación del
recurso de apelación sea adelantada en forma oral, pues basta con que el
apelante exprese cuáles son las razones fácticas o jurídicas en las cuales
fundamenta su inconformidad para que el juez de segunda instancia de por
presentado en debida forma el medio de impugnación.
11.    Estudio de los casos concretos
11.1. Examen de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales en los asuntos sub-judice
Tal como se explicó en el acápite de planteamiento del
problema jurídico, como paso previo indispensable para poder abordar el estudio
de los defectos alegados por los demandantes, es imprescindible que se analice
la viabilidad procesal de la causa. Este examen incluye, además de la revisión
sobre el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, el estudio de la observancia de las
exigencias básicas que permiten la prosperidad del amparo establecidas en el
artículo 86 de la Constitución y desarrolladas en el Decreto 2591 de 1991.
Esto implica, en primer lugar, iniciar con el estudio
respecto de la satisfacción de los requisitos de legitimación en la causa por
activa y por pasiva, luego de lo cual, en segundo lugar, se verificará si se
cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, los cuales involucran: (i) que el asunto
sometido a estudio por parte del juez de tutela tenga relevancia
constitucional; (ii) que el actor haya agotado los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela, salvo que se
advierta la ocurrencia de un perjuicio de carácter irremediable; (iii)
que la solicitud de amparo tutelar cumpla con el requisito de inmediatez, acorde
con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso de
tratarse de una irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa en la
decisión que resulta lesiva de las prerrogativas iusfundamentales; (v)
que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la
violación y que esta haya sido alegada en el proceso judicial, en caso de haber
sido posible; y (vi) que el fallo impugnado no se trate de una acción de
tutela, ni de una decisión de constitucionalidad abstracta que haya sido
proferida por la Corte Constitucional o por el Consejo de Estado.
11.1.1. Legitimación en la causa por activa y por
pasiva
Tal como lo prevé el artículo 86 de la
Constitución, la acción de tutela es un instrumento de defensa judicial al que puede
acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de las autoridades públicas y, excepcionalmente, de los
particulares, en aquellos casos previstos en la ley[233].
En desarrollo del citado mandato superior,
el Decreto 2591 de 1991[234], en el artículo 10,
definió los titulares de dicha acción[235], quienes
podrán impetrar el amparo constitucional, (i) bien sea en forma directa (el
interesado por sí mismo); (ii) por intermedio de un representante
legal (caso de los menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y
personas jurídicas); (iii) mediante apoderado judicial (abogado
titulado con poder judicial o mandato expreso); (iv) a través de
agente oficioso (cuando el titular del derecho no esté en condiciones de
promover su propia defensa); o por conducto (v) del Defensor del
Pueblo o de los personeros municipales (facultados para intervenir en
representación de terceras personas, siempre que el titular de los derechos
haya autorizado expresamente su mediación o se adviertan situaciones de
desamparo e indefensión)[236]. La
reseñada disposición es del siguiente tenor:
“Artículo 10. Legitimidad e interés.
La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos
cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su defensa.
Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del
Pueblo y los personeros municipales”.
Así entonces, frente al asunto sub
iudice, se tiene que los actores se encuentran legitimados por activa
en el marco de las acciones de tutela que ahora ocupan la atención de la Sala
Plena. En efecto, mientras que en los expedientes T-6.916.634 y T-7.028.230
los señores Rocío del Socorro Lara Mier, Jens Jensen[237]
y Magdalena María Estupiñán Quintero actúan directamente en calidad de
titulares de los derechos iusfundamentales presuntamente vulnerados; en
los restantes expedientes, esto es, los radicados bajo los números T-6.695.535,
T-6.779.435 y T-7.035.566, Myriam Yohana Acevedo Novoa, Douglas Jairo
Velásquez Rodríguez y la Sociedad Ismael Guete Asesorías y Construcciones
S.A.S., dada su naturaleza de persona jurídica[238],
intervienen por medio de apoderados judiciales autorizados expresamente vía
mandato judicial[239].
Por otro lado, en lo atinente al extremo
procesal opuesto, cabe indicar que, en plena concordancia con los artículos 5 y
13 del Decreto 2591 de 1991[240], la legitimación en la
causa por pasiva precisa del cumplimiento de dos requisitos. El primero de
ellos, que se trate de uno de los sujetos frente a los cuales proceda el
recurso de amparo y, el segundo, que la conducta que genera la vulneración o
amenaza del derecho se pueda vincular, directa o indirectamente, con su acción
u omisión[241].
En cuanto a los sujetos que pueden ser
demandados a través de la acción de tutela, existe un principio de habilitación
plena en relación con las autoridades públicas, más no así frente a los
particulares, los cuales solo pueden ser cuestionados en las hipótesis
previstas en los artículos 86 de la Constitución y 42 del Decreto 2591 de 1991.
El soporte sobre el cual se erige la viabilidad del amparo en este último caso
es la posición de poder desde la cual un particular se halla en una situación
de preeminencia frente a otro, con la consecuencia de alterar o de impactar en
la relación de igualdad que, como regla general, debe existir entre ellos[242].
Pues bien, en el caso concreto, el Tribunal
Superior de Bogotá -Sala Civil-, el Tribunal Administrativo de Boyacá, el
Tribunal Superior de Santa Marta -Sala Civil Familia-, el Juzgado Sexto Civil
del Circuito de Bucaramanga y el Tribunal Superior de Cartagena -Sala Civil
Familia-, están legitimados como parte pasiva en el trámite que se
adelanta, habida cuenta de su naturaleza de autoridades públicas de carácter
judicial de las cuales se predica la supuesta transgresión de las prerrogativas
iusfundamentales en discusión, básicamente, según la parte demandante, por
haber dictado, en el marco del ejercicio de sus facultades jurisdiccionales,
los fallos ordinarios de segunda instancia que en cada uno de los asuntos
suscitó la interposición de las acciones de tutela que aquí se estudian. No sobra
recordar que, sobre el particular, esta Corporación, en la Sentencia C-543 de
1992, puntualizó que “de acuerdo con el concepto constitucional de
autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto
les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son
obligatorias para los particulares y también para el Estado. En esa condición,
no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que
vulneren o amenacen derechos fundamentales”[243].
11.1.2. De la relevancia constitucional del
asunto
A continuación, la Corte procederá con el
examen de verificación del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, estudio en
el que se incluye el análisis de los principios de inmediatez y subsidiariedad,
como exigencias comunes a todas las acciones de tutela. Para estos efectos, se
abordará la temática propuesta desde las formalidades que no suscitan mayor
controversia, hasta llegar a aquellas respecto de las cuales existe algún tipo
de inquietud que pueda repercutir en la procedencia de la acción.
Hecha la anterior claridad, se advierte que
la cuestión que se debate en
el juicio que ocupa la atención de la Sala posee indiscutible relevancia
constitucional, en primer lugar, porque se persigue la efectiva protección
de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la
administración de justicia, frente a presuntas actuaciones arbitrarias de los
despachos y corporaciones judiciales accionados que han adquirido firmeza al
amparo de interpretaciones contrapuestas sobre el artículo 322 del Código General
del Proceso y que suponen, a la postre, a partir de las consecuencias que en ellas
se predican frente a la sustentación del recurso de apelación, el
desconocimiento de la garantía de igualdad en el trato jurídico y de los
principios de seguridad jurídica y confianza legítima.
En segundo
lugar, como fue reseñado en la solicitud de insistencia radicada por una de las
magistradas de la Corte[244], el presente asunto motiva la
intervención del juez de tutela, tal y como se realizó en las consideraciones
generales de esta providencia, con miras a fijar el alcance de la
interpretación del artículo 322 del Código General del Proceso y analizar su
articulación con el Texto Superior, en el interés de preservar los derechos
fundamentales al debido proceso y al efectivo acceso a la administración de justicia. Por lo demás, su
trascendencia también se refleja en la necesidad de superar la tensión que se
evidencia entre las Salas de Casación Civil y Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, cuando quiera que se pronuncian sobre el particular y adoptan una
postura jurisprudencial determinada en su calidad de jueces de tutela de
instancia.
En tercer y último lugar, debe anotarse que
los casos seleccionados, en principio, por compartir una problemática jurídica
similar, se ajustan a los objetivos de unificación jurisprudencial que
justifican la instancia de revisión ante esta Corporación, con el propósito
unívoco de precisar, con autoridad y vocación de generalidad, el significado y
alcance que tiene el mencionado artículo dentro de nuestro régimen
constitucional y legal.
11.1.3. De la satisfacción del requisito de
inmediatez
Este Tribunal ha
expuesto que el propósito de la acción de tutela es asegurar la protección
inmediata de los derechos fundamentales. Esto significa que el amparo, por
querer del Constituyente, corresponde a un medio de defensa judicial previsto
para dar una respuesta urgente, en aras de garantizar la efectividad concreta y
actual del derecho objeto de violación o amenaza, lo que se traduce en la
obligación de procurar su ejercicio dentro de un plazo razonable, justo y
oportuno, pues de lo contrario no se estaría ante el presupuesto material
necesario para considerarlo afectado[245]. Precisamente, en la Sentencia T-920 de
2012[246], se expuso que:
“Repetidamente, la Corte ha llamado la
atención sobre el hecho de que, por disposición de la norma constitucional que
la establece (art. 86), la acción de tutela tiene por objeto procurar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública (no está en negrilla en el texto original). Es
decir, que en vista de la gravedad del problema que se quiere afrontar (la
vulneración de derechos constitucionales fundamentales de las personas), se ofrece
una solución cuya potencialidad es considerablemente superior a la de otros
medios de defensa judicial, la misma que la norma constitucional ha definido de
manera sencilla, pero meridianamente clara, como protección inmediata.
// Dentro del mismo contexto en que se justifica esta reflexión, es palmario
que si entre la ocurrencia del problema (la alegada violación de derechos
fundamentales) y la búsqueda de la solución (presentación de la acción de
tutela) transcurre un lapso considerable, ello es indicativo de la menor
gravedad de la vulneración alegada o de la poca importancia que tendría el
perjuicio que ella causa, por lo cual no sería razonable brindar ante esos
hechos la protección que caracteriza a la acción de tutela, que ya no sería inmediata
sino inoportuna”.
Además de lo anterior, es claro que el
requisito de inmediatez evita que el amparo se emplee como un medio que premie
la desidia y la indiferencia en la defensa judicial de los derechos, al tiempo
que impide que se convierta en un factor de inseguridad jurídica, sobre todo
cuando se reclama la resolución de situaciones litigiosas o cuando de por medio
se hallan derechos de terceros.
Si bien la Constitución y la ley no
establecen un término de caducidad, en la medida en que lo pretendido con el
amparo es la protección concreta y actual de un derecho fundamental, la
jurisprudencia ha señalado que le corresponde al juez constitucional -en cada
caso en concreto- verificar si el plazo fue razonable y proporcionado, es
decir, si teniendo en cuenta las circunstancias personales del actor, su
diligencia y sus posibilidades reales de defensa, y el surgimiento de derechos
de terceros, la acción de tutela se interpuso oportunamente[247]. Este
cálculo se realiza entre el momento en que se genera la actuación que causa la
vulneración o amenaza del derecho y aquél en la que el presunto afectado acude
al amparo para solicitar su protección.
Como parámetro general, en varias sentencias,
esta Corporación ha dicho que, ante la inexistencia de un término definido, en
algunos casos se ha considerado que el plazo oportuno es de seis meses, luego
de lo cual podría declararse la improcedencia de la tutela, a menos que,
atendiendo a las particularidades del caso sometido a revisión, se encuentren
circunstancias que justifiquen la inactividad del accionante[248].
En lo que atañe al ejercicio de la acción
de tutela contra providencias judiciales, esta Corporación ha señalado que su examen se torna más estricto y riguroso, en primer
lugar, porque una eventual orden de amparo estaría comprometiendo el principio
de seguridad jurídica y la garantía de la cosa juzgada; en segundo lugar,
porque es común que en el proceso ordinario se haya contado con el
acompañamiento de un profesional del derecho, conocedor del trámite surtido y
de las eventuales irregularidades que subsisten y que justifican la
intervención del juez constitucional[249]; y, en tercer lugar,
porque la inactividad del accionante reafirma “la legitimidad de las decisiones judiciales y consolida los efectos de
las sentencias”[250], en especial, cuando estas tienen un impacto directo
frente a terceros. Al respecto, en la Sentencia T-315 de 2005[251], se dejó en claro que:
“La Corte ha [señalado] que la tutela contra una
decisión judicial debe ser entendida, no como un recurso último o final, sino
como un remedio urgente para evitar la violación inminente de derechos
fundamentales. En esta medida, recae sobre la parte interesada el deber de
interponer, con la mayor diligencia, la acción en cuestión, pues si no fuera
así la firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera de la
controversia constitucional que[,] en cualquier momento, sin límite de tiempo,
pudiera iniciar cualquiera de las partes. En un escenario de esta naturaleza
nadie podría estar seguro sobre cuáles son sus derechos y cuál el alcance de
éstos, con lo cual se produciría una violación del derecho de acceso a la
administración de justicia -que incluye el derecho a la firmeza y ejecución de
las decisiones judiciales- y un clima de enorme inestabilidad jurídica. En
consecuencia, la tensión que existe entre el derecho a cuestionar las
decisiones judiciales mediante la acción de tutela y el derecho a la firmeza de
las sentencias y a la seguridad jurídica, se ha resuelto estableciendo, como
condición de procedibilidad de la tutela, que la misma sea interpuesta, en
principio, dentro de un plazo razonable y proporcionado”.
En esta
oportunidad, la Sala encuentra que las acciones de tutela acumuladas fueron
entabladas en un término razonable y proporcional al de la ocurrencia del hecho
que presuntamente originó la vulneración, pues estos se formularon con un
promedio de un mes y medio y cuatro meses de diferencia luego de dictadas las
respectivas sentencias de segunda instancia, tal y como se puede observar en el
siguiente cuadro:
Expediente
Sentencia de primera instancia
Sentencia de Segunda instancia
Presentación de la acción de tutela
Tiempo transcurrido
T-6.695.535
28 de febrero de 2017
5 de julio de 2017
10 de octubre de 2017
3 meses y 5 días
T-6.779.435
10 de marzo de 2016
12 de septiembre de 2017
15 de enero de 2018
4 meses y 3 días
T-6.916.634
19 de octubre de
2017
2 de marzo de 2018
21 de marzo de 2018
19 días
T-7.028.230
9 de marzo de 2018
19 de julio de 2018
26 de julio de 2018
7 días
T-7.035.566
25 de agosto de
2017
4 de mayo de 2018
25 de junio de 2018
1 mes y 21 días
11.1.4. De la satisfacción del requisito referente a
que la tutela no se
dirija contra sentencias de tutela ni contra decisiones de constitucionalidad
abstracta proferidas por la Corte Constitucional o por el Consejo de Estado.
Como se desprende de los antecedentes de
los casos previamente descritos, cabe puntualizar que las demandas propuestas
por los accionantes no cuestionan sentencias de tutela preexistentes ni tampoco
sugieren una controversia que lleve a desconocer una decisión de
constitucionalidad abstracta dictada por esta Corporación o de nulidad por
inconstitucionalidad proferida por el Consejo de Estado. Las objeciones, como
ya se ha tenido la oportunidad de distinguir, versan sobre el trámite que, en
segunda instancia, varios despachos y corporaciones judiciales dieron a las
demandas ordinarias incoadas por los tutelantes en búsqueda de la
reivindicación de derechos económicos, de dominio sobre bienes inmuebles y de
garantías e intereses de carácter colectivo.
11.1.5. Del análisis sobre la exigencia de
que, en caso de tratarse de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa en la decisión que resulta lesiva de las prerrogativas fundamentales
Cuando se trata de una irregularidad
procesal, es indispensable que el vicio alegado tenga alguna incidencia en la
decisión final, de suerte que de no haberse presentado o haberse corregido a
tiempo, habría existido la posibilidad de variar sustancialmente la decisión.
Acorde con tal planteamiento, es menester advertir que, si los despachos y
corporaciones judiciales demandados hubieran procedido a resolver de fondo el
recurso de apelación o a declararlo desierto, según sea el caso, o bien habrían
tenido que pronunciarse en torno a la práctica eventual de pruebas, oír las
alegaciones de las partes, pronunciarse sobre los argumentos expuestos por el
apelante y dictar sentencia de acuerdo con las previsiones del ordenamiento
procesal civil[252], o bien resolver sobre
la procedencia del recurso de apelación declarándolo desierto por no haber sido
debidamente sustentado[253].
En ese orden de ideas, la Sala Plena
advierte que, de ser válidas las alegaciones de hecho y de derecho que
respaldan la fundamentación de los recursos de amparo constitucional, en
cualquiera de los dos escenarios expuestos, es claro que estas tendrían la
entidad suficiente para variar el alcance de lo resuelto en cada uno de los
procesos ordinarios que aquí se discuten.
11.1.6. Del análisis sobre el requisito de
que la parte identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal violación en
el proceso judicial, siempre que esto fuere posible
Por oposición a la informalidad que caracteriza a la
tutela, cuando esta se invoca contra providencias judiciales, es necesario que
quien reclama la protección mencione los derechos afectados, identifique con
cierto nivel de detalle en qué consiste la violación alegada y demuestre de qué
forma aquella se aparta del ámbito del derecho o incurre en una actuación
abusiva contraria al orden jurídico, debiendo haber planteado el punto de
manera previa en el respectivo proceso tramitado ante los jueces de la causa.
En ese marco, es preciso reiterar que este Tribunal ha
expresado que es necesario que los hechos
constitutivos de la vulneración sean alegados con suficiencia
y precisión por el peticionario, pues tratándose de la
procedencia del recurso de amparo contra providencias judiciales, razones de
seguridad jurídica y de autonomía judicial tornan más riguroso el examen de
procedencia de la acción por parte del juez constitucional. En efecto, resulta
desproporcionado exigirle a esta última autoridad que revise integralmente un
proceso, con el fin de descubrir si, por alguna circunstancia, se conculcó un
derecho del demandante, toda vez que, en dicho caso, además, terminaría
desconociéndose la naturaleza de la tutela como mecanismo subsidiario de
defensa judicial[254].
En
línea con el reconocimiento de que la acción de tutela no pueda tomarse como un
medio alternativo, adicional o complementario con el que cuentan las personas,
para mantener de manera indefinida e ilimitada en el tiempo, la resolución de
una controversia jurídica; es claro que, la suficiencia y precisión
que se demanda en la exposición de los hechos constitutivos de la violación, se
traduce en el deber de demostrar que, en el asunto sub-judice,
efectivamente sus derechos están siendo transgredidos y que ello fue puesto a
consideración del juez natural de la causa o, en su defecto, que ello no fue
posible por razones ajenas a su voluntad.
Con
todo, el cumplimiento de este deber excluye que el interesado reitere los
mismos argumentos legales dados ante el juez natural de la causa o que
baste con repetir los mismos alegatos realizados en el proceso ordinario, ya
que la acción de tutela no puede convertirse en una tercera instancia, en
desmedro de la subsidiariedad que le es inherente, así como de la seguridad
jurídica y la autonomía judicial.
Por
lo tanto, si lo que se está cuestionando es que la autoridad judicial incurrió
en un yerro o vicio que conlleva la vulneración de derechos fundamentales
mediante su providencia, por cualquiera de los defectos que han sido reiterados
por esta Corporación, es menester alegar -precisamente- cómo se materializa tal
defecto, en qué incide en la situación que se plantea como vulneradora de los
derechos fundamentales y, en caso de haber sido planteado dentro del proceso,
por qué motivo el raciocinio del juez natural no supera un juicio de validez
desde los parámetros del Texto Superior[255].
De conformidad con este entendimiento, se tiene que,
en el caso concreto, todos los accionantes identificaron de manera comprensible
y suficiente, en sus respectivos escritos demandatorios, las razones concretas por
las que estimaban transgredidos derechos de naturaleza fundamental a raíz de
las decisiones adoptadas en segunda instancia por los despachos y corporaciones
judiciales objeto de censura, de acuerdo con las específicas circunstancias
procesales que enfrentaron. Así, en términos generales, lograron plasmar con
cierto detalle los hechos que generaron tanto las infracciones alegadas, como
el grado de incidencia de los yerros o vicios en las decisiones que se
cuestionan -defecto procedimental absoluto, exceso ritual manifiesto y defecto
sustantivo o material-, al desconocerse lo expresamente previsto en el artículo
322 del Código General del Proceso, para la sustentación en debida forma del
recurso de apelación.
11.1.7. Del agotamiento
de todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, a menos que se busque evitar la ocurrencia de
un perjuicio irremediable
El ya citado artículo 86 de la Constitución señala que
la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable[256]. Esto significa que la tutela tiene un
carácter residual o subsidiario, por virtud del cual “procede de manera excepcional para el
amparo de los derechos fundamentales vulnerados, por cuanto se parte del
supuesto de que en un Estado Social de Derecho existen mecanismos judiciales
ordinarios para asegurar su protección”[257]. Bajo esta consideración, no cabe duda de
que la subsidiariedad responde a la necesidad de preservar el reparto de
competencias atribuido por la Constitución y la ley a las diferentes
autoridades judiciales, como consecuencia de los principios de autonomía e
independencia que rigen el desarrollo de la función jurisdiccional.
Con todo, aun existiendo otros medios de defensa
judicial, la jurisprudencia de esta Corporación ha admitido que la acción de
tutela está llamada a prosperar, cuando se acredita que los mismos no son lo
suficientemente idóneos, ni eficaces para dispensar un amparo integral, o no
son lo adecuadamente expeditos para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Así lo sostuvo la Corte en la Sentencia SU-961 de 1999[258],
al considerar que, “en cada
caso, el juez está en la obligación de determinar si las acciones disponibles
le otorgan una protección eficaz y completa a quien la interpone. Si no es así,
si los mecanismos ordinarios carecen de tales características, el juez puede
otorgar el amparo de dos maneras distintas, dependiendo de la situación de que
se trate”. La primera posibilidad es que las acciones comunes no tengan
la virtualidad de resolver el problema de forma idónea ni eficaz, escenario en
el cual es procedente conceder la tutela de manera directa, como mecanismo de
protección definitiva de las prerrogativas iusfundamentales y la segunda
es que, por el contrario, “las acciones ordinarias sean lo
suficientemente amplias para proveer un remedio integral, pero que no sean lo
suficientemente expeditas para evitar el acontecimiento de un perjuicio
irremediable. En este caso será procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio, mientras se resuelve el caso a través de la vía ordinaria”[259].
En cuanto al primer supuesto, se entiende
que el mecanismo ordinario previsto por el ordenamiento jurídico para resolver
un asunto no es idóneo ni eficaz, cuando, por ejemplo, no permite solventar una
controversia en su dimensión constitucional o no ofrece un remedio integral
frente al derecho comprometido. Por ello, esta Corporación ha dicho que “[l]a aptitud del medio de defensa
ordinario debe ser analizada en cada caso concreto, teniendo en cuenta las
características procesales del mecanismo, las circunstancias del peticionario y
el derecho fundamental involucrado”[260].
En relación con el segundo supuesto, la
jurisprudencia ha establecido que la acción de tutela procede como mecanismo
transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, cuando se
presenta una situación de amenaza de vulneración de un derecho fundamental
susceptible de concretarse y que pueda generar un daño irreparable[261].
Este amparo es eminentemente temporal, tal y como lo establece el artículo 8º del
Decreto 2591 de 1991, en los siguientes términos: “En el caso del inciso anterior, el juez señalará
expresamente en la sentencia que su orden permanecerá vigente sólo durante el
término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo
sobre la acción instaurada por el afectado”.
Para determinar la configuración de un
perjuicio irremediable, en criterio de este Tribunal, deben concurrir los
siguientes elementos: (i) el perjuicio ha de ser inminente, esto es, que
está por suceder; (ii) las medidas que se requieren para conjurarlo han de
ser urgentes, tanto por brindar una solución adecuada frente a la
proximidad del daño, como por armonizar con las particularidades del caso; (iii) el
perjuicio debe ser grave, es decir, susceptible de generar un detrimento
transcendente en el haber jurídico de una persona; y la (iv) respuesta
requerida por vía judicial debe ser impostergable, o lo que es lo mismo,
fundada en criterios de oportunidad y eficiencia, a fin de evitar la
consumación de un daño antijurídico irreparable[262].
Finalmente, reitera la Sala que, en
atención a la naturaleza eminentemente subsidiaria de la acción de tutela, esta
Corporación también ha establecido que la misma no está llamada a prosperar
cuando a través de ella se pretenden sustituir los medios ordinarios de defensa
judicial[263].
Al respecto, la Corte ha señalado que “no es propio de la acción de tutela el [ser un] medio
o procedimiento llamado a remplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el
de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la fijación de los diversos ámbitos de
competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a las existentes, ya
que el propósito específico de su consagración, expresamente definido en el artículo
86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva,
actual y supletoria en orden a la garantía de sus derechos constitucionales
fundamentales”[264]. De no ser así, esto es, de asumirse a la
acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a
ellas y de propiciar un desborde institucional en el ejercicio de la función
jurisdiccional.
Desde luego, la construcción de la regla de
procedencia pone de presente que, entre otros aspectos, dada la transcendencia
de los derechos fundamentales como soportes esenciales de la Constitución, su
protección está garantizada por los distintos medios de defensa judicial y solo, ante la ausencia de
ellos, reforzada por la acción de tutela, a la que toda persona puede acudir de
manera supletoria[265]. Para adelantar entonces el examen de
procedibilidad en concreto, es indispensable que se proceda a la revisión de
los distintos mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial que
se prevén en el ordenamiento jurídico. Sobre el tema, en la Sentencia T-375 de
2018, se puntualizó lo siguiente:
“El principio de subsidiariedad, conforme
al artículo 86 de la Constitución, implica que la acción de tutela solo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. Sobre el carácter subsidiario de la acción, la Corte ha señalado
que ‘permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos
ordinarios de protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes
para la salvaguarda de los derechos’. Es ese reconocimiento el que obliga a los
asociados a incoar los recursos jurisdiccionales con los que cuenten para
conjurar la situación que estimen lesiva de sus derechos. // En otras palabras,
las personas deben
hacer uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el
sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situación que amenaza o lesiona sus
derechos, de tal
manera que se impida el uso indebido de este mecanismo constitucional como vía
preferente o instancia judicial adicional de protección”[266].
De suerte que, si bien es cierto que la
jurisprudencia ha reconocido que, a la luz del artículo 86 de la Constitución,
cabe promover una acción de tutela en contra de una autoridad judicial, esta
opción es extraordinaria en atención al requisito de subsidiariedad, pues el
mismo proceso judicial es el escenario principal y natural en el que se debe
ventilar la existencia de cualquier reproche. Así las cosas, solamente una vez
agotada dicha instancia procesal y siempre que se mantenga una vulneración
iusfundamental, cabe acudir al uso del amparo constitucional sujeto al
examen estricto y excepcional de procedencia, el cual, en últimas, se dirige a
evitar que este recurso sea tomado como una instancia adicional o como una vía
para recobrar oportunidades procesales pretermitidas.
A partir de lo expuesto, la jurisprudencia
ha identificado tres circunstancias concretas, derivadas del principio de
subsidiariedad, que conducen a que una acción de tutela formulada contra una
providencia judicial resulte improcedente, y que se exponen en la Sentencia
T-396 de 2014[267], en los siguientes
términos:
“(…) es dable establecer que el principio
de subsidiariedad de la acción de tutela envuelve tres eventos importantes que
llevan a su improcedencia contra providencias judiciales, a saber: (i) cuando
el asunto está en trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y (iii) si se usa para
revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos
en el ordenamiento jurídico”.
A la luz de lo anterior, un riguroso análisis del
requisito de subsidiariedad permite que la acción de tutela contra providencias
judiciales no sea utilizada por el simple desacuerdo de las partes con las
decisiones adoptadas, y que, además, no afecte la figura de la cosa juzgada,
controvirtiendo de manera extemporánea situaciones jurídicas consolidadas y que
tuvieron su oportunidad de discusión.
Siguiendo las precedentes consideraciones, se tiene
que en los expedientes T-6.695.535 y T-7.035.566 no logra superarse el test de subsidiariedad
propuesto, comoquiera que los demandantes no interpusieron los medios
impugnativos a través de los cuales hubiesen podido controvertir en sede
ordinaria la decisión de los jueces de tramitar de fondo el recurso de
apelación.
Para el caso del expediente T-6.695.535, recuérdese que la señora Myriam Yohana Acevedo Novoa, por obra de
apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Superior de
Bogotá -Sala Civil- al resolver, dentro de un proceso reivindicatorio, no
declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia de primera instancia, pese a haber advertido la
inasistencia de su apoderada a la diligencia prevista en el artículo 327 del
Código General del proceso.
En efecto, aun cuando en sentencia del 28 de febrero
de 2017, el juez de primera instancia resolvió declarar el derecho de dominio
del bien inmueble en disputa en favor de la reclamante, en esa misma audiencia
la parte demandada interpuso el recurso de apelación, el cual fue concedido y
remitido al Tribunal Superior de Bogotá -Sala Civil-, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 322 del Código General del Proceso.
Admitido el medio impugnativo en el efecto devolutivo,
el ad-quem procedió a hacer la convocatoria para la diligencia de
sustentación y fallo prevista en el artículo 327 del mismo estatuto procesal.
Una vez constituido en audiencia, procedió a tramitar de fondo el medio
impugnativo formulado, a pesar de haber advertido previamente la inasistencia
de la abogada de la parte demandada, denegando con posterioridad, mediante
sentencia, las pretensiones de la demanda.
Dado el anterior contexto, la actora promovió acción
de tutela contra el Tribunal Superior de Bogotá -Sala Civil-, al considerar que
dicha autoridad judicial había incurrido en desconocimiento de la ley por
haberle dado trámite al recurso de apelación y terminar resolviendo la
controversia en contravía de sus intereses.
Con todo, y a pesar de que la Corte
Suprema de Justicia -Sala de Casación Civil- decidió conceder la protección
tutelar solicitada, en el entendido de que la autoridad judicial objeto de
reproche no había reparado en la inasistencia de la parte recurrente a la
audiencia de sustentación y fallo, lo cierto es que el apoderado de la actora
dentro del proceso civil no presentó ningún recurso impugnativo contra la
decisión del juez de primera instancia de darle curso a la apelación, aun
cuando frente a dicha determinación se le concedió el uso de la palabra,
quedando notificada la misma en estrados.
También, interesa mencionar que el mandatario judicial
no hizo uso del recurso de impugnación contra el auto dictado por el juez de
segunda instancia, previsto en el artículo 318 del Código General del Proceso,
pues no expresó ningún tipo de razón dirigida a sustentar su desacuerdo con el
proceder del Tribunal Superior de Bogotá -Sala Civil-, en forma verbal
inmediatamente pronunciado dicho auto.
Ciertamente,
como ya se expuso, el carácter subsidiario de la acción de tutela impone al
interesado la obligación de desplegar todo su actuar dirigido a poner en marcha
los medios ordinarios y extraordinarios de defensa ofrecidos dentro del
ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales. Tal
imperativo constitucional pone de relieve que, para acudir a la acción de
tutela, el peticionario debe haber actuado con diligencia en tales
procedimientos, pero también, que la falta injustificada de agotamiento de los
recursos legales a que haya lugar o, incluso, su ejercicio negligente o
inadecuado, deviene en la improcedencia del mecanismo de amparo establecido en
el artículo 86 Superior[268].
Constatada
así la omisión de la parte actora en el agotamiento de los medios judiciales
ordinarios dispuestos para controvertir la decisión antes referida, no queda
camino distinto a esta Sala que confirmar que no se cumplieron los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Por la anotada
razón, no resulta procedente verificar la posible configuración de un defecto
procedimental absoluto y, en consecuencia, se revocarán los fallos proferidos
por los jueces de instancia para, en su lugar, declarar la improcedencia de la
acción de tutela.
Lo propio sucede en el caso contenido en el expediente
T-7.035.566, pues en esta ocasión, la
Sociedad Ismael Guete Asesorías y Construcciones S.A.S. promovió acción de
tutela contra el Tribunal Superior de Cartagena -Sala Civil Familia- al
resolver, en el marco de una demanda ejecutiva singular de mayor cuantía, no
declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia de primera instancia, pese a haber advertido su inasistencia a la diligencia
prevista en el artículo 327 del Código General del proceso.
En calidad de endosataria en propiedad de
varias facturas libradas por la Fundación Unidad de Cuidados Intensivos Doña
Pilar, por concepto de prestación de servicios de urgencias y atenciones
prioritarias a la población pobre y vulnerable del Departamento de Bolívar, la
Sociedad Ismael Guete Asesorías y Construcciones S.A.S., por conducto de
abogada, inició proceso ejecutivo singular contra el Departamento de Bolívar
-Secretaría de Salud Departamental (DASALUD)- para el cobro de tales facturas.
En primera instancia, la demanda
correspondió, por reparto, al Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena,
autoridad judicial que profirió sentencia en la que resolvió negar las
excepciones propuestas por la parte demandada y seguir adelante con la
ejecución para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el
mandamiento de pago. Notificada esta decisión en estrados, el apoderado de la
parte demandada interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido en el
efecto devolutivo por el juez de primera instancia.
Una vez ejecutoriado el auto admisorio de
la alzada, el Tribunal Superior de Cartagena -Sala Civil Familia- programó la
respectiva audiencia de sustentación y fallo, en sede de la cual, no obstante
que procedió a dejar constancia de la inasistencia de ambas partes, le dio
trámite al recurso de apelación para dar prevalencia al derecho sustancial
sobre las formas procesales. Notificada esa decisión en estrados, se dictó
sentencia en la que se revocó el pronunciamiento de primera instancia para, en
su lugar, declarar probada la excepción de mérito planteada por la parte demandada
y dar por terminada la ejecución.
Ciertamente,
siguiendo el mismo derrotero jurisprudencial aplicado al asunto anterior, ha de
advertirse el ejercicio
inadecuado de los mecanismos de defensa judicial ordinarios dispuestos en el
ordenamiento jurídico para controvertir la decisión adoptada en primera
instancia dentro del proceso ejecutivo singular, por parte del apoderado judicial de la sociedad
actora. En las anotadas circunstancias, no cabe para esta Sala sino advertir que
no se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Por lo mismo, tampoco deviene plausible verificar
la posible configuración de un defecto procedimental absoluto y, en esa medida,
también se revocarán los fallos proferidos por los jueces de instancia para, en
su lugar, declarar la improcedencia de la acción de tutela.
En cambio, por lo que se refiere a los restantes
expedientes, esto es, los radicados bajo los números T-6.779.435, T-6.916.634
y T-7.028.230, según las circunstancias contextuales descritas en los
antecedentes y atendiendo, en principio, a que las pretensiones en sede de
tutela son contradictorias respecto de los dos expedientes antes examinados,
cabe advertir que se agotaron los mecanismos ordinarios de defensa para
procurar la salvaguarda de las prerrogativas iusfundamentales que los
actores consideraban infringidas, pues contra todas las sentencias de primer
grado proferidas se interpusieron recursos de apelación, tramitados y resueltos
en segunda instancia, siendo estas últimas providencias las que se reprochan en
sede de tutela.
12.    Contextualización
del debate: análisis sobre las hipótesis regulatorias que motivan la
controversia interpretativa
Una
vez concluido el examen de los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena empieza por advertir que en el presente
asunto se ha planteado una controversia en torno a la interpretación del artículo
322 del Código General del Proceso, específicamente, al momento en que debe
entenderse debidamente sustentado el recurso de apelación de una sentencia por
parte del recurrente y a los casos en los que cabe predicar la declaratoria de
desierto del mismo por no comparecencia a la audiencia de sustentación y fallo
señalada en el artículo 327 del mismo ordenamiento procesal. Dicho en otras
palabras, la problemática versa sobre la consecuencia, en el Código General del
Proceso, de la falta de sustentación del recurso de apelación ante el superior
en la audiencia de sustentación y fallo, no obstante que, previamente, ante el a-quo,
se haya hecho expresión detallada de las razones que sustentan el recurso.
En efecto, como ya tuvo la oportunidad de indicarse,
la discusión encuentra su origen en las posturas disímiles fijadas por las
Salas de Casación Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pues
mientras la primera, respaldada en la libertad de configuración del legislador
y en la garantía de materialización de los principios de oralidad e
inmediación, sostiene que quien apela una sentencia no solo debe esgrimir sus
reparos concretos frente al a-quo, sino también debe acudir ante el
superior para sustentar allí el recurso interpuesto, la segunda, como autoridad
colegiada dentro del mismo Tribunal, en cambio, invocando la prevalencia del
derecho sustancial sobre las formas, establece que basta con que el apelante
exprese de manera suficiente las razones que respaldan su inconformidad para
dar por sustentado el recurso de apelación, aun cuando no se comparezca a la
audiencia de sustentación y fallo.
Esta divergencia sobre la interpretación del artículo
322 del Código General del Proceso entre Salas pertenecientes a un mismo órgano
judicial de cierre, posee la particularidad de tener lugar en el marco de
acciones de tutela tramitadas y decididas en sede de instancia, lo que
justifica no solo que la Corte aborde el estudio de los casos acumulados, sino
que unifique la jurisprudencia en la materia, decantándose, en línea de
principio, por una de las posturas anteriormente esgrimidas por razones de igualdad
de trato y seguridad jurídica. No debe olvidarse que, en esencia, se
trata de aproximaciones dispares que, en buena medida, provienen del hecho de
que, frente a la jurisprudencia ordinaria, se impone una línea de orientación
distinta por el juez de tutela en relación con la sustentación del recurso de
apelación interpuesto contra sentencias dictadas en el marco de procesos
civiles, produciéndose decisiones contradictorias.
Evidenciada la necesidad de intervención del
juez constitucional, entonces, es preciso tener en cuenta unos criterios
orientadores a los que debe sujetarse para efectuar la interpretación
unificadora de la ley, no sin antes destacar que las dificultades
interpretativas que surgen de la aplicación de una determinada norma suelen
resolverse, inicialmente, a partir de los precedentes judiciales fijados por las
autoridades judiciales competentes, de tal manera que cuando no hay manera de
unificar la jurisprudencia, este tipo de diferencias entre los jueces pueden
dar lugar a la violación de garantías iusfundamentales. En este
escenario, es plausible el ejercicio del recurso de amparo y la fijación por
parte del juez de tutela de una línea interpretativa que, hacia adelante,
excluya la mencionada disparidad de criterios en la jurisdicción ordinaria.
Así ha procedido este Tribunal en casos análogos
en los que ha advertido la existencia de posiciones divergentes respecto de la
interpretación de una específica norma legal. Por ejemplo, en la Sentencia T-449
de 2004[269], cuya problemática
central confluía en la forma sobre la que debía llevarse a cabo la sustentación
del recurso de apelación con base en la reforma introducida por la Ley 794 de
2003, la Corte Constitucional indicó que todos los jueces ordinarios tenían la
obligación de interpretar las normas de manera que todos los contenidos
incursos en ellas produjeran efectos jurídicos. Esta finalidad, según allí se sostuvo,
se alcanza mediante “la interpretación sistemática del ordenamiento
jurídico, a través de la cual se pretende otorgar un contenido armónico a todas
las disposiciones que componen un sistema jurídico integral”. Bajo esta
aproximación, se concluyó en dicho pronunciamiento que, si una norma admite
diversas interpretaciones, “es deber del intérprete preferir aquella que más garantice el ejercicio efectivo
de los derechos; en aras de preservar al máximo las disposiciones emanadas del
legislador”[270].
En relación con el caso concreto, en el que
se controvierte una norma procesal de orden público, conviene mencionar que,
por regla general, existen dos aproximaciones a la unificación que bien puede
hacer el juez de tutela: (i) la interpretación que mejor se acomode al
texto interpretado o ii) la interpretación que resulte más ajustada a la
Carta Política, en el entendido de que solo cabría una interpretación conforme
a la Constitución en el evento en que una de las interpretaciones que originan
la disparidad fuese incompatible con el Texto Superior y, por consiguiente,
debiera ser descartada por inconstitucional, resultando constitucionalmente
imperativa la restante.
Así las cosas, la primera alternativa a su
alcance es la interpretación conforme a la Constitución. Este supuesto,
sin embargo, solo cabe cuando quiera que, entre las varias interpretaciones en
juego, haya una o unas que resulten contrarias a la Carta Política y otra que
se acomode al texto superior. En ese caso, el juez de tutela debe descartar en
su fallo las interpretaciones incompatibles con la Constitución y disponer como
obligatoria la interpretación conforme a la Constitución.
Ha de insistirse en que solo sería
admisible una interpretación conforme a la Constitución en el supuesto de que
entre las interpretaciones que se discuten, una fuese incompatible con la
Constitución y, por lo mismo, debiendo ser descartada por su oposición a la
Carta Política, resulte constitucionalmente imperativa la otra. Pero si ninguna
de las interpretaciones, consideradas en sí mismas por separado, es contraria a
la Constitución, no cabe hacer ese ejercicio siguiendo tal método de
interpretación.
Una segunda alternativa, surge precisamente
del hecho de que las posturas interpretativas no sean, per se,
contrarias a la Constitución. En ese caso, el juez debe establecer si se presenta
una indeterminación interpretativa insuperable.
Si existe tal indeterminación, el juez
habrá de optar por la interpretación que resulte más ajustada a la
Constitución. Por el contrario, si arriba a la conclusión según la cual no
existe ese alto nivel de incertidumbre e imprecisión en la norma, debe decidir
conforme a la interpretación que mejor se acomode al texto interpretado,
bajo el entendido de que esa es la interpretación que respeta la voluntad
legislativa y el margen de apreciación que tiene el legislador para la
configuración de los procedimientos judiciales.
Aun así, este último criterio puede
resultar arbitrario, porque de entre dos interpretaciones que son compatibles
con la Constitución, ¿cuál es “más constitucional” que la otra, y en función de
qué criterios? Bien puede terminar privilegiándose el derecho del apelante a recurrir
el fallo adverso, o, inversamente, el de quien ha recibido una respuesta
favorable del sistema de justicia, a la intangibilidad de su posición mientras
no sea controvertida por las vías legales, respetando las reglas propias de
cada juicio.
Con todo, conviene señalar que las
ambigüedades insalvables, en principio, deben resolverse en favor de la parte
que debe actuar de conformidad con la regla objeto de interpretación, en este
caso del apelante.
12.1. Interpretación
unificadora de la ley como resultado de la intervención del juez constitucional
a partir de la interpretación que mejor se acomode al texto interpretado
Una vez analizados los elementos de los casos objeto
de consideración, la Sala Plena arriba a la conclusión de que en las
disposiciones que regulan el trámite del recurso de apelación en el Código
General del Proceso:
(i) Ninguna de las interpretaciones posibles es, en sí
misma considerada, contraria a la Constitución, y,
(ii) No existe una indeterminación insuperable.
En consecuencia, para garantizar el derecho
a la igualdad y la respuesta uniforme del ordenamiento jurídico, el juez de
tutela debe decantarse por la interpretación que surge de las disposiciones
aplicables. De acuerdo con esa metodología de interpretación, el recurso de
apelación debe sustentarse ante el superior en la audiencia de sustentación y
fallo, y el efecto de no hacerlo así es la declaratoria de desierto del recurso.
Un recuento normativo del régimen de apelación de sentencias que se desprende
de los artículos 322 y 327 del Código General del Proceso es el siguiente:
El inciso 2º del numeral 3º del artículo 322 del CGP
prevé que cuando: “(…) se apele una sentencia, el apelante, al momento de
interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o
dentro de los tres (3) días siguientes a su finalización o a la notificación de
la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deberá precisar, de manera
breve, los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales
versará la sustentación que hará ante el superior”.
En este apartado se regulan diversas hipótesis y se
fijan varias reglas, a saber:
Si la sentencia se profiere en audiencia: (i) el
apelante puede interponer el recurso en la audiencia; (ii) el apelante
puede interponer el recurso dentro de los tres días siguientes a la
finalización de la audiencia.
Si la sentencia se dicta por fuera de audiencia: (i)
el apelante debe interponer el recurso dentro de los tres días siguientes a la
notificación de la sentencia; (ii) al momento de interponer el recurso,
el apelante debe precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a
la decisión.
Sobre estos reparos brevemente expuestos versará la
sustentación que deberá hacer ante el superior.
En concreto, el inciso 3º del aludido artículo
establece que: “Para la sustentación del recurso será suficiente que el
recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada”.
En este aparte no es claro si la sustentación alude a la que debe hacerse ante
el superior, o si con esa expresión se alude a la exposición breve de los
reparos concretos que deben hacerse ante el juez que profirió la decisión. Esta
última interpretación encuentra asidero en el siguiente apartado de la norma: “Si el apelante de un auto no sustenta el
recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia lo
declarará desierto. La misma decisión adoptará cuando no se precisen los
reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez
de segunda instancia declarará desierto el recurso de apelación contra una
sentencia que no hubiere sido sustentado”.
Como puede verse, parte de las complejidades interpretativas se derivan del
hecho de que la misma disposición regula la apelación, tanto de sentencias,
como de autos, y el recurso de reposición.
A este respecto, una interpretación posible es que la
sustentación a la que alude ese específico inciso sea la que corresponde hacer
ante el juez de primera instancia en relación con los autos. Por eso en el
apartado que se acaba de transcribir se precisa que se declarara desierto el
recurso de apelación contra sentencias, cuando no se precisen los reparos a la
sentencia apelada. De este apartado se desprende que, tratándose de autos, la
sustentación debe hacerse ante el juez de primera instancia y que, de no
hacerla, el recurso se declarará desierto.
Tratándose del recurso de apelación, el mismo puede
ser declarado desierto en dos momentos y por dos autoridades distintas: Por el
juez de primera instancia al resolver sobre la concesión del recurso, cuando en
la oportunidad prevista, no se allegue una breve explicación sobre las razones
del reparo a la decisión. Y por el juez de segunda instancia, en la audiencia
de juzgamiento, cuando no se haga la sustentación del recurso, a partir de los
reparos presentados ante el juez inferior. Para una mejor comprensión, vale la
pena citar el artículo 327 del Código General del Proceso:
“Artículo 327. Trámite de la apelación
de sentencias. Sin perjuicio de la facultad oficiosa de decretar pruebas,
cuando se trate de apelación de sentencia, dentro del término de ejecutoria del
auto que admite la apelación, las partes podrán pedir la práctica de pruebas y
el juez las decretará únicamente en los siguientes casos:
1. Cuando las partes las pidan de común
acuerdo.
2. Cuando decretadas en primera instancia,
se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió.
3. Cuando versen sobre hechos ocurridos
después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia,
pero solamente para demostrarlos o desvirtuarlos.
4. Cuando se trate de documentos que no
pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito, o
por obra de la parte contraria.
5. Si con ellas se persigue desvirtuar los
documentos de que trata el ordinal anterior.
Ejecutoriado
el auto que admite la apelación, el juez convocará a la audiencia de
sustentación y fallo. Si decreta pruebas, estas se practicarán en la misma
audiencia, y a continuación se oirán las alegaciones de las partes y se dictará
sentencia de conformidad con la regla general prevista en este código.
El apelante deberá sujetar
su alegación a desarrollar los argumentos expuestos ante el juez de primera
instancia”.
Este artículo, que regula el trámite de la apelación,
contempla la convocatoria de una audiencia de sustentación y fallo. Es
claro que la audiencia tiene por objeto permitir que la parte apelante sustente
los motivos de su inconformidad, a partir de lo cual podrán surtirse las
alegaciones de la contraparte y proferirse la decisión. La disposición es
expresa en señalar que el apelante deberá sujetar su
alegación a desarrollar los argumentos expuestos ante el juez de primera
instancia. En ese contexto, parece claro que, sin esa sustentación la
diligencia carece de objeto y el superior no podría pronunciarse.
Esto, en la práctica, supone un doble deber de fundamentación del recurso de alzada,
pues, por un lado, es necesario expresar ante a quo -al menos
brevemente- las razones que respaldan la actuación del abogado y, por el otro,
se debe asistir a la audiencia de sustentación y fallo para desarrollar ante el
ad-quem, de manera más profunda, los argumentos que ya habían sido
enunciados en un primer momento. De ahí que, en principio, de omitirse alguna de
estas dos actuaciones, el medio de impugnación podría ser declarado desierto por
cualquiera de las dos autoridades judiciales que participan en esta actuación.
Es aquí donde surge la oposición de varios de los
accionantes que consideran que la audiencia prevista en el artículo 327 del
Código General del Proceso puede suplirse cuando la sustentación,
materialmente, se haya cumplido en una instancia anterior del proceso. Así, la
cuestión plantearía dos dificultades: la posible configuración de un exceso
ritual manifiesto por hacer prevalecer la forma sobre lo sustantivo y una
diferencia de interpretación.
Respecto de la primera de las dificultades
mencionadas, cabría señalar que no habría lugar a predicar una actuación de
este tipo, porque existiendo una obligación clara y expresa en la ley, se está
ante una carga razonable que atiende a objetivos valiosos y que no es
disponible por las partes, como lo es la obligación de interponer oportunamente
los recursos. En esa medida, no podría hablarse de una concepción procesal en
extremo rigurosa al punto de leerse la sustentación del recurso de apelación
como un obstáculo para la realización de los derechos sustanciales de las
partes y no en un medio para lograrlo.
En cuanto a la diferencia interpretativa, las opciones
de interpretación suponen que efectivamente existe un problema. Si es posible
llegar a una interpretación que surja del texto, no hay lugar a ponderar lo que
satisface más los derechos, porque eso se encuentra dentro del ámbito de
configuración del legislador. Solo cuando haya una indeterminación insuperable
entre A y B es posible acudir a la ponderación para decantarse por una o por
otra.
En este caso parecería existir una interpretación y la
ponderación se hace en contravía con el querer del legislador. Sería tanto como
ponderar una norma clara, para darle prelación a una opción distinta que se
estima más garantista. Esa opción no cabe. Si la norma no es inconstitucional,
no puede excepcionarse, para dar aplicación a un criterio más garantista. Se
está en el nivel de garantía fijado por el legislador que no es
inconstitucional, así pueda haber opciones más garantistas (al menos para una
parte, pero eventualmente, en detrimento de la otra). Por ejemplo, ampliar el
término para recurrir, es más garantista para quien quiera apelar, pero
disminuye las garantías de quien tiene una sentencia favorable y aspira a la
seguridad jurídica.
En tales términos, la indeterminación se hace
consistir en que la norma dice que el superior declarará desierta la apelación
no sustentada, pero no dice expresamente que eso sanciona la inasistencia a la
audiencia y que la sustentación necesariamente deba hacerse en la audiencia. El
repaso de los artículos atinentes al trámite del recurso de la apelación
desvirtúa esa presunta indeterminación, como a continuación se sigue:
Primer paso: Interposición del recurso
El recurso de apelación
contra cualquier providencia que se emita en el curso de una audiencia o
diligencia deberá interponerse en forma verbal inmediatamente después de
pronunciada. La apelación contra la providencia que se dicte fuera de
audiencia deberá interponerse ante el juez que la dictó, en el acto de su
notificación personal o por escrito dentro de los tres días siguientes a su
notificación por estado.
Segundo paso: Precisión breve de los reparos que se
hacen a la decisión
Cuando se apele una sentencia, el apelante, al momento
de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o
dentro de los tres días siguientes a su finalización o a la notificación de la
que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deberá
precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisión,
sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior. Para la
sustentación del recurso será suficiente que el recurrente exprese las razones
de su inconformidad con la providencia apelada. Si el apelante de un auto no
sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera
instancia lo declarará desierto. La misma decisión adoptará cuando no se
precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este
numeral.
Tercer paso: Decisión sobre la procedencia
El juez resolverá sobre
la procedencia de todas las apelaciones al finalizar la audiencia inicial o la
de instrucción y juzgamiento, según corresponda, así no hayan sido sustentados
los recursos. El juez de primera instancia declarará desierto el recurso de
apelación cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada.
Cuarto paso: Admisión del recurso
El juez superior decide sobre la admisión del recurso
y el correspondiente efecto y convoca a la audiencia de sustentación y fallo.
Quinto paso: Sustentación y fallo
El apelante debe sustentar el recurso ante el
superior, en la audiencia, con base en los reparos que se hayan precisado
brevemente ante el inferior. Cuando se apele una sentencia, el apelante, al
momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en
ella, o dentro de los tres días siguientes a su finalización o a la notificación
de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deberá precisar, de
manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales
versará la sustentación que hará ante el superior. Ejecutoriado el auto que admite la apelación, el juez
convocará a la audiencia de sustentación y fallo. Si decreta pruebas, estas se
practicarán en la misma audiencia, y a continuación se oirán las alegaciones de
las partes y se dictará sentencia de conformidad con la regla general prevista en
este código.
El apelante deberá sujetar su alegación a desarrollar
los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia.
Sexto paso: Fallo
Cumplida la audiencia de sustentación y fallo, el juez
superior debe resolver sobre la apelación. Si no se sustentó el recurso debe
declararlo desierto, en caso contrario, resolver de fondo. Si el apelante de un
auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de
primera instancia lo declarará desierto. La misma decisión adoptará cuando no
se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este
numeral. El juez de segunda instancia declarará desierto el recurso de
apelación contra una sentencia que no hubiere sido sustentado.
Siendo este último aparte subrayado el aspecto del
cual se predica la indeterminación relevante, se tiene que, de conformidad con
la interpretación que hace la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, el recuento normativo realizado conduce a la conclusión de que el
recurrente debe sustentar el recurso ante el superior en la audiencia de
sustentación y fallo, y que, si ello no ocurre así, el recurso debe declararse
desierto.
Por el contrario, la Sala de Casación Laboral es del
criterio de que la disposición no establece la obligación de que la
sustentación se haga ante el superior, o, al menos que, de no hacerse, la
consecuencia sea la de declarar desierto el recurso porque el aparte normativo
relevante lo que dispone es que el juez superior declarará desierto el recurso
de apelación contra una sentencia si el mismo no hubiese sido sustentado, sin
precisar en qué momento debe hacerse la sustentación, y sin establecer el deber
de acudir a la audiencia, y, más puntualmente, que la consecuencia de la
inasistencia sea la de declarar desierto el recurso.
Esta opción interpretativa se aparta del tenor literal
de la disposición y del contexto procesal en el que se inscribe. Así, en primer
lugar, la disposición sí establece el deber de las partes, y en particular del
apelante, de asistir a la audiencia de sustentación y fallo, para
sustentar ante el superior el recurso. Esa obligación se desprende de los
siguientes apartados de la disposición: En el inciso 2º del numeral 3º del
artículo 322 se dispone que quien apela una sentencia deberá precisar ante el
juez de primera instancia, de manera breve, los reparos concretos que le hace a
la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el
superior. La forma verbal no admite interpretarse como la consagración de
una facultad, por el contrario, expresa claramente que la sustentación se
hará ante el superior.
De este modo, es evidente que, tratándose de la
apelación de sentencias, ante el juez de primera instancia se interpone el
recurso y se precisan de manera breve los reparos concretos que se le hacen a
la decisión, pero la sustentación del recurso debe hacerse ante el superior y dicha
sustentación debe versar sobre los reparos enunciados ante el juez de primera
instancia.
En este punto, sin embargo, conviene señalar que, no
obstante que parece ser clara la obligación de sustentar ante el superior, no
se expresa la oportunidad para hacerlo y que, comoquiera que al superior se le
da traslado de todo lo actuado, si ante el juez de primera instancia se han
presentado con suficiencia las razones que fundamentan la apelación, la misma
puede tenerse como sustentada ante el superior. No obstante, esa lectura queda
descartada por el propio artículo 327, al regular la convocatoria a la audiencia
de sustentación y fallo.
Por lo demás, esta disposición normativa también es clara
en señalar que el apelante deberá sujetar su alegación a desarrollar los
argumentos expuestos ante el juez de primera instancia. Difícilmente
puede pretenderse que ese deber se predica exclusivamente de aquel de sujetarse
a lo expuesto ante el juez de primera instancia, pero que la disposición debe
leerse en el sentido de que es facultativo del apelante acudir a la audiencia y
que solo si lo hace, le resulta predicable el deber de sujetarse a desarrollar
los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia. Por el contrario,
la lectura integrada de los distintos apartados normativos ya referenciados conduce
a entender que ese deber se predica tanto de la necesidad de hacer la
sustentación ante el superior, como de la de circunscribirla al desarrollo de
lo presentado ante el juez de primera instancia.
Si lo anterior es así, no resulta de recibo la lectura
conforme a la cual la declaratoria de desierto del recurso solo puede darse
cuando el mismo no haya sido sustentado en cualquier instancia del proceso,
porque es evidente que la competencia del superior se circunscribe a las
actuaciones que se surtan ante él, y no frente a las que se entiendan agotadas
ante el inferior. Incluso, aun cuando podría argumentarse que ninguna disposición
establece de manera expresa la obligación de acudir a la audiencia de
sustentación fallo, y que, del mismo modo, no hay disposición que, de manera
expresa, disponga que de no hacerse la sustentación ante el superior deba declararse
desierto el recurso, lo cierto es que la lectura que se ha presentado,
complementada con los deberes generales de las partes en el proceso y las
características del juicio oral, conducen a la conclusión de que no hay una
indeterminación insuperable. Y si no hay una indeterminación insuperable, no
cabe la alternativa que trata de fijar el sentido en función de la aproximación
que se estime más garantista.
En esa línea, para que sea posible acudir a la vía de
la acción de tutela, la parte interesada debe haber agotado los medios de
defensa disponibles en la jurisdicción ordinaria. Ello impone la necesidad de
recurrir la decisión que en segunda instancia resuelve, bien sea declarando
desierto el recurso ante la falta de sustentación o bien dándole trámite, a
pesar de no haber sido sustentado.
12.2. Solución de los casos concretos
restantes
12.2.1. Expediente T-6.916.634
En
este caso, la señora Rocío del Socorro Lara Mier presentó acción de tutela
contra el Tribunal Superior de Santa Marta -Sala Civil Familia- por decretar,
dentro de un proceso ejecutivo singular, la declaratoria de desierto del
recurso de apelación interpuesto por su abogado contra la sentencia de primera
instancia, como consecuencia de su inasistencia a la audiencia del artículo 327
del Código General del Proceso.
Concretamente,
se tiene que la actora inició proceso ejecutivo singular de mayor cuantía para
el cobro de un título valor representado en una letra de cambio por valor de 120 millones
de pesos.
Inicialmente, conoció de la causa el
Juzgado Civil del Circuito de Fundación, Magdalena, que, en audiencia de
instrucción y juzgamiento dictó sentencia dando por probada parcialmente la
excepción de cobro de lo no debido y, por lo tanto, ordenando seguir adelante
con la ejecución, pero por valor de 20 millones de pesos. Contra esta
sentencia, notificada en estrados, ambos extremos procesales interpusieron
recurso de apelación y, posteriormente, en el término de rigor, allegaron
escritos en los que expusieron más ampliamente sus reparos.
Remitido el expediente al Tribunal
Superior de Santa Marta -Sala Civil Familia-, previa admisión de los recursos
interpuestos, este cuerpo colegiado procedió a convocar a la audiencia de
sustentación y fallo. Sin embargo, una vez constituida esta, declaró
parcialmente desierto el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de
la demandante, luego de verificar su inasistencia a la diligencia, sin que para
tal efecto se haya presentado excusa o justificación alguna.
En este escenario se verifica el
ejercicio inadecuado de los mecanismos de defensa judicial ordinarios
dispuestos en el ordenamiento jurídico para controvertir la decisión adoptada
en segunda instancia dentro del proceso ejecutivo singular, por parte del
apoderado judicial de la actora, quien no obstante plantea en sede de tutela
que no tenía la carga o deber de asistir a la audiencia de sustentación y fallo.
Bajo esa orientación, no queda camino distinto a esta Sala que revocar el fallo
proferido el 6 de julio de 2018 por la Corte Suprema de Justicia -Sala de
Casación Laboral- y, en su lugar, confirmar el dictado el 11 de abril de 2018
por la Corte Suprema de Justicia -Sala Civil- que denegó la protección
constitucional de los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de la señora Rocío del Socorro Lara Mier contra el
Tribunal Superior de Santa Marta -Sala Civil Familia-.
12.2.2. Expediente T-7.028.230
En
esta oportunidad, los señores Jens Jensen y Magdalena María Estupiñán Quintero
formularon acción de tutela contra el Juzgado Sexto Civil del Circuito de
Bucaramanga al declarar, dentro de un proceso verbal de incumplimiento del
contrato de promesa de compraventa, desierto el recurso de apelación
interpuesto por su abogado contra la sentencia de primera instancia, debido a
su inasistencia puntual a la audiencia del artículo 327 del Código General del
Proceso, sin tener en cuenta que había presentado, en forma oral y por escrito,
una serie de reparos ante el juez de primera instancia.
Al
efecto, el
Juzgado Veintiocho Civil Municipal de Bucaramanga conoció el asunto en primera
instancia y, en audiencia de instrucción y juzgamiento declaró fundadas las
excepciones de mérito propuestas por la parte enjuiciada, en virtud de las
cuales negó las pretensiones principales y subsidiarias de la demanda y dio por
terminado el proceso verbal de menor cuantía.
Notificada esa decisión en estrados, el
abogado de los accionantes interpuso recurso de apelación y expuso los reparos
concretos frente al fallo, siendo concedido aquel en el efecto suspensivo.
Inclusive, dentro de los tres días siguientes a la finalización de la
audiencia, el mandatario judicial allegó por escrito al juez de primera
instancia una serie de precisiones sobre el alcance de su inconformidad frente
a la decisión adoptada.
Enviado el expediente al Juzgado Sexto
Civil del Circuito de Bucaramanga para que surtiera el trámite de la apelación,
esta autoridad, previa admisión del recurso, procedió a convocar a la audiencia
de sustentación y fallo para el día 19 de julio de 2018 a las 9:00 a.m. Con
todo, aunque aducen que su apoderado se hizo presente en la Secretaría del despacho
unos minutos después, el recurso presentado fue declarado desierto por no
haberse sustentado ante el superior.
Sin embargo, para esta Sala, una vez
escuchado el audio de la audiencia de sustentación y fallo, se puede constatar
que el juez de la causa dio inicio a la audiencia de sustentación y fallo en el
primer minuto de la hora señalada para aquella, dirigió la diligencia y en
desarrollo de la misma procedió a declarar desierto el recurso de alzada
interpuesto por la parte demandante ante la no comparecencia de su apoderado,
sin que al efecto allegara algún tipo de justificación o excusa ni activara
ningún otro mecanismo impugnativo, más  allá del simple reclamo por no
habérsele dejado entrar a la sala donde se celebró la citada audiencia, sin que
necesariamente esté demostrada la hora exacta de su llegada al despacho
judicial.
En ese orden de ideas, visto que
la parte actora interpuso recurso de apelación que solo sustentó de manera
verbal y por vía de escrito ante el juez de primera instancia, sin que fuese
respaldado en la correspondiente diligencia de sustentación y fallo, la Sala
Plena confirmará el fallo de segunda instancia proferido el 6 de septiembre de
2018 por la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Civil- que, a su vez,
confirmó el dictado en primera instancia por el Tribunal Superior de
Bucaramanga -Sala Civil Familia-, en el que se denegó la protección
constitucional impetrada al concluirse que el apoderado judicial de la parte
demandante no compareció a la audiencia de sustentación y fallo del artículo
327 del Código General del Proceso.
12.2.3. Expediente T-6.779.435
El presente asunto versa sobre la acción de tutela que
el señor Douglas Jairo Velásquez Rodríguez formuló contra el Tribunal
Administrativo de Boyacá por disponer, en el marco de una acción popular que
entabló contra el municipio de Gachantivá, que no cabía tramitar la segunda
instancia al no haberse sustentado en debida forma el recurso de apelación, sin
tener en cuenta la naturaleza del mecanismo procesal desplegado ni la condición
de persona natural del interesado.
En efecto, el actor promovió acción popular contra el
municipio de Gachantivá, Boyacá, pues, a su juicio, vulneró los derechos
colectivos a la moralidad administrativa, a la defensa del patrimonio público,
al goce del espacio público y a la utilización y defensa de los bienes de uso
público. En concreto, el actor pidió la restitución de una vía pública, que, en
su criterio, fue indebidamente reducida y ocupada.
El Juzgado Trece Administrativo de Tunja, en sentencia
del 10 de marzo de 2016, denegó las pretensiones de la acción popular, toda vez
que no había ocupación de vía pública.
El señor Douglas Jairo Velásquez Rodríguez apeló la
sentencia del 10 de marzo de 2016 a través de un escrito en el que se limitó a
señalar que “se habían desconocido las normas particulares que reglaban el
medio de control” y que se evidenciaba “la falta de valoración de las pruebas
recaudadas, así como de un análisis lógico de los alegatos exhibidos”, manifestando
expresamente que se reservaba el derecho de complementar la sustentación del
recurso ante el juez de segunda instancia.
El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante
sentencia del 12 de septiembre de 2017, confirmó la decisión de primera
instancia, toda vez que la parte actora no sustentó en debida forma el recurso
de apelación, ya que su argumentación era abstracta y escasa.
Fue así como el demandante acudió a la acción de
tutela para oponerse a la sentencia del 17 de septiembre de 2017, dictada por
el Tribunal Administrativo de Boyacá, aduciendo la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, en
cuanto allí se omitió decidir de fondo el recurso de apelación que interpuso.
En ese contexto, corresponde a la Sala Plena decidir
si la decisión de no resolver de fondo el recurso de apelación vulneró los
derechos fundamentales invocados por el señor Velásquez Rodríguez.
En la sentencia cuestionada, el Tribunal
Administrativo de Boyacá señaló que el artículo 37 de la Ley 472 de 1998 prevé
que el recurso de apelación procede contra la decisión de primera instancia del
proceso de acción popular y que debe ser interpuesto en la forma y oportunidad
indicada en el Código General del Proceso.
Seguidamente, el tribunal demandado citó los artículos
322 y 352 del Código General del Proceso y encontró que la sustentación del
recurso de apelación se entiende cumplida cuando el recurrente expone de manera
breve y concreta los motivos de inconformidad. Asimismo, puso de presente que
el Consejo de Estado ha estimado que en los procesos de acción popular el
recurso de apelación debe sustentarse y que para ese fin no basta con
argumentaciones vagas o indefinidas.
En ese contexto, el Tribunal revisó el recurso de
apelación presentado por el señor Velásquez Rodríguez y concluyó lo siguiente:
“En el sub-lite, el recurso de apelación
interpuesto por el actor popular se limita escuetamente a afirmar que el fallo
de primera instancia desconoció normas particulares al objeto de la acción
popular y que no se habían valorado pruebas ni analizado sus alegaciones, sin
que se expresara ningún reparo concreto a la decisión. Al respecto, conforme
fue dilucidado después de relatar la línea jurisprudencial que el Consejo de
Estado mantiene desde hace más de una década sobre el deber de sustentación del
recurso de apelación presentado contra sentencias dictadas en acciones
populares, el escrito de la apelación debe expresar de forma concreta y breve
los argumentos con los que el recurrente estima que la providencia fue
desacertada, para efectos de que el superior se centre en su estudio. En
criterio de la Sala, en medios de control como el presente, esto es, de
naturaleza pública, el recurso de alzada no requiere un análisis técnico y
extremo detallado de las falencias de la decisión, pero sí que de manera
suficiente y clara se expongan los hechos que no fueron tenidos en cuenta o
fueron descontextualizados por el a quo, las pruebas no valoradas o valoradas
incorrectamente y/o los razonamientos lógicos o jurídicos que conllevan a
cuestionar la sentencia, sin que en ningún caso sea válida la mera
manifestación de desacuerdo o las afirmaciones etéreas e insustanciales”.
De lo anterior se tiene que, en realidad, no fue propuesto
ningún reparo concreto contra la sentencia de primera instancia, sino que se
hizo alusión a la falta de valoración de pruebas y alegatos obrantes en el
plenario, lo cual de ninguna manera informa acerca de las eventuales falencias
que el recurrente encuentra en la decisión y que, por su trascendencia, dan
lugar a que la misma sea revocada. En concreto, el tribunal concluyó que no fue
debidamente sustentado el recurso de apelación presentado por el señor
Velásquez Rodríguez, pues, en el escrito respectivo, no dio cuenta de las
inconformidades concretas frente a los argumentos utilizados por el juzgado de
primera instancia para denegar las pretensiones de la demanda de acción
popular.
A juicio de esta Sala, la decisión del tribunal
demandado fue razonable, en tanto el demandante no cuestionó de manera concreta
y clara las razones por las que el juzgado de primera instancia denegó las
pretensiones. Así se advierte de la simple transcripción del recurso de
apelación presentado por el señor Velásquez Rodríguez:
“DOUGLAS JAIRO VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ en mi
condición de ACTOR POPULAR de la referencia de manera atenta me permito
interponer RECURSO DE APELACIÓN a su sentencia de primera instancia de fecha de
marzo de 2016 (sic) encontrándome dentro de la oportunidad procesal a fin de
que se revoque en la parte que desconoce las pretensiones de la ACCIÓN POPULAR
y en su defecto sean acogidas por el superior.
Fundamento mi recurso entre otros asuntos
por el desconocimiento de normas particulares al objeto de la ACCIÓN POPULAR.
Falta de valoración de la prueba
recaudada y del análisis lógico de los alegatos debidamente sustentados.
Me reservo el derecho de complementar la
sustentación del recurso ante el Superior”.
Como se puede apreciar, la parte actora no cumplió la
carga de identificar concretamente las razones de inconformidad frente a la
sentencia apelada, pues si bien afirmó que se desconocieron «normas
particulares» y las pruebas recaudadas en el proceso, lo cierto es que no
señaló a que normas o pruebas se refería.
Por lo demás, la decisión del tribunal tuvo sustento
en el precedente fijado por el Consejo de Estado, que, en el caso de las
acciones populares, exige que el recurrente sustente de manera clara el recurso
de apelación, esto es, que identifique concretamente los yerros que se pudieron
cometer en la sentencia de primera instancia.
Frente a la sustentación de la apelación contra la
providencia de primer grado, el impugnante o recurrente tiene la obligación o
la carga procesal de señalar las discrepancias, toda vez que esas discrepancias
son las que deberán ser analizadas y resueltas en la providencia de segunda
instancia. La sustentación del recurso de apelación es el medio procesal
previsto para que el recurrente manifieste los motivos de inconformidad con la
sentencia de primera instancia y delimita el pronunciamiento de segunda
instancia, tal y como lo señala el artículo 328 del Código General del Proceso,
aplicable a los procesos de acción popular por remisión expresa del artículo 37
de la Ley 472 de 1998.
Por consiguiente, a pesar de que la acción popular sea
un mecanismo de defensa judicial público e informal, el interesado tiene una
carga mínima que debe satisfacer para que se pueda adelantar el trámite de la
demanda popular. De esta suerte, si en el recurso de apelación no existen
razones de discrepancia o esas razones no guardan congruencia con lo decidido
en primera instancia, ocurre que el recurso carecerá de objeto y no podrá
resolverse.
Teniendo en cuenta lo hasta aquí considerado, la
Sala Plena confirmará el fallo de segunda instancia proferido el 19 de abril de
2018 por el Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta- que, a su vez, confirmó el proferido en primera instancia por el
Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A-, en el que se denegó la protección constitucional impetrada al
considerarse que el accionante no cumplió con la carga de identificar
concretamente los yerros con base en los cuales respaldaba el recurso de
apelación, pues simplemente se limitó a enviar un escrito en el que advertía
acerca del desconocimiento en abstracto de normas particulares y de las pruebas
recaudadas, sin haber hecho un señalamiento concreto ni específico.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO-. En el expediente T-6.695.535, REVOCAR el
fallo proferido el 7 de marzo de 2018 por la Corte Suprema de Justicia -Sala de
Casación Laboral- que, a su vez, revocó el dictado el 21 de noviembre de 2017
por la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Civil- y, en su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por Myriam Yohana Acevedo Novoa,
actuando mediante apoderado judicial, contra el Tribunal Superior de Bogotá
-Sala Civil-, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO-. En el expediente T-6.916.634, REVOCAR
el fallo proferido el 6 de julio de 2018 por la Corte Suprema de Justicia -Sala
de Casación Laboral- y, en su lugar, CONFIRMAR el dictado el 11 de abril
de 2018 por la Corte Suprema de Justicia -Sala Civil- que denegó la protección
constitucional de los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de la señora Rocío del Socorro Lara Mier contra el
Tribunal Superior de Santa Marta -Sala Civil Familia-, por las razones
expuestas en esta providencia.
TERCERO-. En el expediente T-7.028.230, CONFIRMAR
el fallo proferido el 6 de septiembre de 2018 por la Corte Suprema de Justicia
-Sala de Casación Civil- que, a su vez, confirmó el dictado el 8 de agosto de
2018 por el Tribunal Superior de Bucaramanga -Sala Civil Familia-, que denegó
la protección constitucional de los derechos al debido proceso, a la defensa y
al acceso a la administración de justicia de los señores Jens Jensen y
Magdalena María Estupiñán Quintero, por las razones expuestas en esta
providencia.
CUARTO-. En el expediente T-7.035.566, REVOCAR
el fallo proferido el 12 de septiembre de 2018 por la Corte Suprema de Justicia
-Sala de Casación Laboral- que, a su vez, revocó el dictado por la Corte
Suprema de Justicia -Sala de Casación Civil- y, en su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por la Sociedad Ismael Guete
Asesorías y Construcciones S.A.S. contra el Tribunal Superior de Cartagena
-Sala Civil Familia-, por las razones expuestas en esta providencia.
QUINTO-. En el expediente T-6.779.435, CONFIRMAR
el fallo proferido el 19 de abril de 2018 por el Consejo de Estado -Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Cuarta- que, a su turno, confirmó el
dictado el 15 de febrero de 2018 por el Consejo de Estado -Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A-, que denegó la
protección constitucional de los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia del señor Douglas Jairo Velásquez Rodríguez por las
razones expuestas en esta providencia.
SEXTO-. Líbrese la comunicación de que trata el artículo 36
del decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese y Cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Presidente
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
Con salvamento de voto
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Ausente en comisión
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
Ausente con excusa
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO
DE VOTO DEL MAGISTRADO
CARLOS
BERNAL PULIDO
A
LA SENTENCIA SU418/19
SUSTENTACION
DEL RECURSO DE APELACION-Se
adoptó interpretación irrazonable del alcance de los artículos 322 y 327 del
Código General del Proceso, desconociendo prevalencia del Derecho sustancial
(Salvamento de voto)
La
sentencia adopta una interpretación irrazonable acerca del alcance de los
artículos 322 y 327 del CGP, la cual, por lo demás, desconoce el principio de
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas (art. 228 de la CP). La no
comparecencia de la parte apelante a la audiencia de sustentación y fallo, no
tiene como consecuencia la declaratoria de desierto del recurso de apelación,
siempre que exista claridad sobre las inconformidades y reparos concretos a la
providencia apelada. Sancionar la inasistencia de la parte apelante a la
audiencia de sustentación y fallo con la declaratoria de desierto del recurso,
como lo determinó la Sala Plena en esta oportunidad, implica un formalismo y
ritualismo excesivo que desconoce el principio constitucional de prevalencia
del derecho sustancial sobre las formas, que sacrifica los derechos al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia por el cumplimiento de una simple
formalidad que, en todo caso, no está prevista por las normas procesales
Ref.:
Expedientes acumulados T-6.695.535,
T-6.779.435, T-6.916.364, T-7.028.230 y T-7.035.566
Magistrado
ponente:
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
1.
Con mi
acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala Plena, suscribo este
salvamento de voto en relación con la providencia de la referencia. En mi
opinión, la sentencia adopta una interpretación irrazonable acerca del
alcance de los artículos 322 y 327 del CGP, la cual, por lo demás, desconoce el
principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas (art. 228 de
la CP). Para la Sala Plena, el apelante tiene la obligación de sustentar el
recurso de apelación en la audiencia de sustentación y fallo, de manera que la
inasistencia a esta audiencia conlleva la declaratoria de desierto del recurso.
Sin embargo, en mi concepto, la no comparecencia de la parte apelante a esta
audiencia no tiene como consecuencia la declaratoria de desierto del recurso de
apelación, siempre que exista claridad sobre las inconformidades y reparos
concretos a la providencia apelada.
2.
La
interpretación adoptada por la Sala Plena es irrazonable, por cuanto constituye
un exceso ritual manifiesto. La jurisprudencia constitucional ha definido
el exceso ritual manifiesto como la “renuncia consciente de la verdad
jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de
las normas procesales”[271].
En estos términos, la aplicación irreflexiva de la declaratoria de desierto del
recurso de apelación por la inasistencia de la parte apelante a la audiencia
prevista por el artículo 327 del CGP implica un ritualismo excesivo en el
cumplimiento de las formas procesales, que desconoce la finalidad del recurso
de apelación como instrumento para asegurar la efectividad de los derechos
fundamentales al debido proceso (defensa, contradicción y doble instancia) y de
acceso a la administración de justicia. Esto, en atención a las finalidades de
la sustentación del recurso de apelación y el
objeto de la sanción de declaratoria de desierto de este recurso.
3.
Primero,
la interpretación adoptada por la Sala Plena desconoce las finalidades de la
sustentación del recurso de apelación. La Sala inadvirtió que la
sustentación del recurso persigue que exista claridad acerca de las
inconformidades y repartos concretos a la providencia, respecto de los cuales (i)
se habilita la competencia del ad quem y (ii) la contraparte
ejercerá su derecho de contradicción. Si estas finalidades se satisfacen en las
etapas procesales previas a la audiencia de sustentación y fallo prevista por
el artículo 327 del CGP, resulta irrazonable declarar desierto el recurso de
apelación –que fue materialmente sustentado– por la inasistencia de la parte
apelante a dicha audiencia, lo que, por lo demás, puede constituir un escenario
de denegación de justicia.  Máxime cuando ninguna de las normas del CGP prevé
una prohibición de sustentar el recurso de apelación antes de la audiencia de
sustentación y fallo.
4.
Segundo,
la interpretación adoptada por la Sala Plena desconoce el objeto de la
declaratoria de desierto del recurso de apelación. La declaratoria de
desierto del recurso sanciona la no sustentación del recurso, que no la
inasistencia a una audiencia. El artículo 322 del CGP prevé que “[e]l juez
de segunda instancia declarara desierto el recurso de apelación contra una
sentencia que no hubiere sido sustentado”. En este sentido, la disposición
no impone dicha sanción a la parte que inasiste a una audiencia, sino a aquella
que no expone con claridad y suficiencia las inconformidades y reparos
concretos a la providencia apelada. Si lo que se pretende con dicha sanción es
reprochar la conducta de la parte apelante que no comparece a la audiencia,
existen otros medios que logran esa finalidad, sin comprometer la eficacia de
los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, por ejemplo, mediante la compulsa de copias al apoderado judicial.
5.
En
consecuencia, sancionar la inasistencia de la parte apelante a la audiencia de
sustentación y fallo con la declaratoria de desierto del recurso, como lo
determinó la Sala Plena en esta oportunidad, implica un formalismo y
ritualismo excesivo que desconoce el principio constitucional de prevalencia
del derecho sustancial sobre las formas, que sacrifica los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia por el cumplimiento
de una simple formalidad que, en todo caso, no está prevista por las normas
procesales.
Fecha ut supra,
CARLOS
BERNAL PULIDO
Magistrado
[1] Ver folios 6 a 13 del cuaderno No. 01 del
expediente T-6.695.535.
[2] Previa radicación oportuna de la solicitud de
insistencia presentada por la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado para la
revisión de la problemática jurídica contenida en el expediente T-6.695.535.
Específicamente, en su criterio, el citado caso “permitiría a la Corte
Constitucional analizar cuál es la interpretación del artículo 322 del
Código General del Proceso que se ajusta al Texto Superior, ante las posiciones
contradictorias adoptadas por las Salas de Casación Civil y Laboral de la Corte
Suprema de Justicia en sede de tutela”. Ver folios 3 y 4 del cuaderno No.
01 del expediente T-6.695.535.
[3] Ver folios 3 a 12 del cuaderno No. 1 del
expediente T-6.916.634.
[4] Ver constancia suscrita por la Secretaria
General de la Corte Constitucional y el respectivo Auto del Magistrado
Sustanciador en folios 16 y 17 del cuaderno No. 01 del expediente T-6.695.535.
[5] “Artículo 61. Revisión por la Sala Plena.
Cuando a juicio de la Sala Plena, por solicitud de cualquier magistrado, un
proceso de tutela dé lugar a un fallo de unificación de jurisprudencia o la
transcendencia del tema amerite su estudio por todos los magistrados, se
dispondrá que la sentencia correspondiente sea proferida por la Sala Plena.
Adicionalmente, para los fines establecidos en las normas vigentes, después de
haber sido escogidos autónomamente por la Sala de Selección competente, los
fallos sobre acciones de tutela instauradas contra providencias de la Corte
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado deberán ser llevados por el
magistrado a quien le corresponda en reparto a la Sala Plena, la cual
determinará si asume su conocimiento (…)”.
[6] Esta determinación encuentra fundamento
normativo en el artículo 59 del Acuerdo 02 de 2015, uno de cuyos apartes
establece expresamente que “(…) mientras la Sala Plena adopta la decisión
sobre cambio de jurisprudencia, se suspenderán los términos de los respectivos
procesos (…)”.
[7] Ver folios 7 a 18 del cuaderno No. 01 del
expediente T-7.028.230.
[8] Ver comunicación del 12 de marzo de 2019
suscrita por la Secretaria General de la Corte Constitucional en la que informa
al despacho del Magistrado Sustanciador acerca de la acumulación decretada,
para que continúe con el trámite procesal respectivo, en folio 100 del cuaderno
No. 01 del expediente T-7.028.230.
[9] “Artículo 322. Oportunidad y Requisitos.
El recurso de apelación se propondrá de acuerdo con las siguientes
reglas: 1. El recurso de apelación contra cualquier providencia
que se emita en el curso de una audiencia o diligencia, deberá interponerse en
forma verbal inmediatamente después de pronunciada. El juez resolverá sobre la
procedencia de todas las apelaciones al finalizar la audiencia inicial o la de
instrucción y juzgamiento, según corresponda, así no hayan sido sustentados los
recursos. La apelación contra la providencia que se dicte fuera de audiencia
deberá interponerse ante el juez que la dictó, en el acto de su notificación
personal o por escrito dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación
por estado. // 2. La apelación contra autos podrá interponerse directamente o
en subsidio de la reposición. Cuando se acceda a la reposición interpuesta por
una de las partes, la otra podrá apelar del nuevo auto si fuere susceptible de
este recurso. Proferida una providencia complementaria o que niegue la adición
solicitada, dentro del término de ejecutoria de esta también se podrá apelar de
la principal. La apelación contra una providencia comprende la de aquella que
resolvió sobre la complementación. Si antes de resolverse sobre la adición o
aclaración de una providencia se hubiere interpuesto apelación contra esta, en
el auto que decida aquella se resolverá sobre la concesión de dicha apelación.
// 3. En el caso de la apelación de autos, el apelante deberá sustentar el
recurso ante el juez que dictó la providencia, dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, o a la del auto que niega la reposición. Sin
embargo, cuando la decisión apelada haya sido pronunciada en una audiencia o
diligencia, el recurso podrá sustentarse al momento de su interposición.
Resuelta la reposición y concedida la apelación, el apelante, si lo considera
necesario, podrá agregar nuevos argumentos a su impugnación, dentro del plazo
señalado en este numeral. Cuando se apele una sentencia, el apelante, al
momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en
ella, o dentro de los tres (3) días siguientes a su finalización o a la notificación
de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deberá precisar, de
manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales
versará la sustentación que hará ante el superior. Para la sustentación del
recurso será suficiente que el recurrente exprese las razones de su
inconformidad con la providencia apelada. Si el apelante de un auto no
sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera
instancia lo declarará desierto. La misma decisión adoptará cuando no se
precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este
numeral. El juez de segunda instancia declarará desierto el recurso de
apelación contra una sentencia que no hubiere sido sustentado. // PARÁGRAFO. La parte que no apeló podrá adherir al
recurso interpuesto por otra de las partes, en lo que la providencia apelada le
fuere desfavorable. El escrito de adhesión podrá presentarse ante el juez que
lo profirió mientras el expediente se encuentre en su despacho, o ante el superior
hasta el vencimiento del término de ejecutoria del auto que admite apelación de
la sentencia. El escrito de adhesión deberá sujetarse a lo previsto en el
numeral 3 de este artículo. La adhesión quedará sin efecto si se produce el
desistimiento del apelante principal” (Subrayas y negrillas no originales).
[10] Tal como lo prevé el artículo
86 de la Constitución Política, la revisión que le corresponde efectuar a la
Corte Constitucional sobre los fallos de tutela tiene carácter eventual y
cumple con el fin primordial de delimitar el alcance de los derechos
fundamentales. En tal virtud, se ha dejado en claro que es posible que la misma
Corporación limite o circunscriba el estudio de las sentencias objeto de
revisión a determinados temas planteados por las partes, con el fin de unificar
la jurisprudencia constitucional en relación con el alcance de los derechos
fundamentales, sin que ello implique dejar de lado el deber de protección de
tales derechos en el caso concreto. A este respecto, consultar, entre otras,
las Sentencias SU-1010 de 2008, SU-130 de 2013, SU-712 de 2013 y SU-395 de
2017, así como los Autos 031A de 2002 y 194 de 2008.
[11] Ver poder especial conferido en folio 01 del cuaderno No. 2 del
expediente.
[12] Ver contenido del escrito demandatorio en folios 46 a 57 del
cuaderno No. 2 del expediente.
[13] “Artículo 327. Trámite de
la apelación de sentencias. Sin perjuicio de la facultad oficiosa de decretar pruebas,
cuando se trate de apelación de sentencia, dentro del término de ejecutoria del
auto que admite la apelación, las partes podrán pedir la práctica de pruebas y
el juez las decretará únicamente en los siguientes casos:1. Cuando las partes las
pidan de común acuerdo. // 2. Cuando decretadas en primera instancia, se
dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió. // 3. Cuando versen
sobre hechos ocurridos después de transcurrida la oportunidad para pedir
pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrarlos o desvirtuarlos.
// 4. Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera
instancia por fuerza mayor o caso fortuito, o por obra de la parte contraria. //
5. Si con ellas se persigue desvirtuar los documentos de que trata el ordinal
anterior. // Ejecutoriado el auto que admite la apelación, el juez
convocará a la audiencia de sustentación y fallo. Si decreta pruebas, estas se
practicarán en la misma audiencia, y a continuación se oirán las alegaciones de
las partes y se dictará sentencia de conformidad con la regla general prevista
en este código. // El apelante deberá sujetar su alegación a
desarrollar los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia” (Subrayas y negrillas
no originales).
[14] Pese a haber sido inicialmente rechazada por falta de competencia,
la demanda ordinaria fue admitida en auto del 20 de mayo de 2014 por el Juzgado
Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá, siendo posteriormente reformada el 7
de octubre de ese mismo año.
[15] En la que se declaró fracasada la conciliación, precluida la etapa
probatoria, revisada la legalidad de las actuaciones adelantadas y resueltas de
fondo las excepciones previas planteadas por la parte demandada.
[16] Conforme con el numeral 1º del artículo 322 del Código General del
Proceso, “(…) el recurso de apelación contra cualquier providencia que se
emita en el curso de una audiencia o diligencia, deberá interponerse en forma
verbal inmediatamente después de pronunciada. El juez resolverá sobre la
procedencia de todas las apelaciones al finalizar la audiencia inicial o la de
instrucción y juzgamiento, según corresponda, así no hayan sido sustentados los
recursos”.
[17] Según el numeral 1º del artículo 323 del Código General del
Proceso, tratándose de una sentencia, si la apelación se concede en el efecto
suspensivo “(…) la competencia del juez de primera
instancia se suspenderá desde la ejecutoria del auto que la concede hasta que
se notifique el de obedecimiento a lo resuelto por el superior. Sin embargo, el
inferior conservará competencia para conocer de todo lo relacionado con medidas
cautelares”.
[18] En concordancia con el numeral 2º del artículo 323 del Código
General del Proceso, tratándose de una sentencia, si la apelación se concede en
el efecto devolutivo “(…) no se suspenderá el cumplimiento de la providencia
apelada, ni el curso del proceso”.
[19] En este proveído se dispuso lo siguiente: “La Secretaría
comunicará esta decisión a la oficina de origen mediante oficio, como también a
la parte apelante y a su apoderado, en forma inmediata y por el medio más
expedito. Dentro de los 5 días siguientes al recibo de la comunicación,
la inconforme proveerá lo necesario para expedir copia auténtica de las
siguientes piezas: demanda, auto admisorio, escrito de excepciones y sentencia
de primera instancia (acta y grabación magnetofónica), so pena de declarar
desierta la alzada aquí admitida” (Subrayas y negrillas propias del texto).
[20] Tal y como consta en el formato de control de asistencia realizado
por el Secretario ad hoc.
[21] En relación con la sentencia recién descrita, el apoderado judicial
de la parte demandante interpuso recurso extraordinario de casación, el
cual fue negado por el Tribunal Superior de Bogotá -Sala Civil- en auto del 13
de julio de 2017, sobre la base de que el quantum de la resolución
desfavorable a la peticionaria no sobrepasa los 1.000 salarios mínimos legales
mensuales vigentes para la época de proferimiento del fallo atacado.
[22] Ver folio 47 del cuaderno No. 2 del expediente.
[23] Ver folios 47 y 48 del cuaderno No. 2 del expediente.
[24] Ver folio 46 del cuaderno No. 2 del expediente.
[25] Ver folio 60 del cuaderno No. 2 del expediente.
[26] Artículos relacionados con el contenido que
debe contener la demanda, inadmisibilidad y rechazo de plano de la misma,
práctica de la notificación personal y notificación por aviso.
[27] Ver folios 69 y 70 del cuaderno No. 2 del
expediente.
[28] En esta decisión se presentaron dos salvamentos de voto por parte
de los Magistrados Álvaro Fernando García Restrepo y Ariel Salazar Ramírez,
quienes coincidieron en disentir del fallo de instancia por estimar que “la
mera ausencia de la parte recurrente en la audiencia de sustentación y fallo no
podía castigarse declarando desierto el recurso”. Ver folios 116 y 117 y
119 a 125 del cuaderno No. 2 del expediente.
[29] Ver contenido del pronunciamiento en folios 99 a 104 del cuaderno
No. 2 del expediente.
[30] “(…) Si el apelante de un auto no sustenta
el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia
lo declarará desierto. La misma decisión adoptará cuando no se precisen los
reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez
de segunda instancia declarara desierto el recurso de apelación contra una
sentencia que no hubiere sido sustentado (…)”.
[31] Ver folios 101 y 102 del cuaderno No. 2 del
expediente.
[32] Para la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, si bien esta circunstancia, en sí misma considerada, lleva
a la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela, “el evidente
desacierto del Tribunal, que ha comprometido gravemente las garantías
fundamentales de la actora, impone su concesión de manera definitiva”. Ver
folio 102 del cuaderno No. 2 del expediente.
[33] Ver folio 128 del cuaderno No. 2 del expediente.
[34] Para respaldar su afirmación, los magistrados integrantes de la
Sala de Decisión accionada citaron un aparte de la providencia del 5 de julio
de 2017 en la que afirmaron que: “(…) a pesar de que a esta audiencia no
compareció la apoderada judicial de la parte demandada, quien interpuso el
recurso de apelación contra  el fallo de primer grado, la Sala desarrollará la
audiencia y procederá a fallar el asunto atendiendo a que en el momento en que
interpuso el recurso, la apelante no solo formuló un reparo concreto contra la
sentencia recurrida, sino que además sucintamente en forma clara dijo cuál era
el motivo de inconformidad, además lo sustentó con el hecho que estima que
dentro del expediente está probado que el bien aquí en litigio corresponde a la
sociedad patrimonial que conformó la demandante con el hermano de la demandada,
esa sustentación aunque concreta, es precisa y demarca el alcance de la
impugnación y de las razones que motivan esa inconformidad (…)”. Ver folio
146 del cuaderno No. 2 del expediente.
[35] Ver contenido del escrito de impugnación en folios 145 a 149 del
cuaderno No. 2 del expediente.
[36] Ver contenido del pronunciamiento en folios 146
a 150 del cuaderno No. 2 del expediente.
[37] Ver contenido del escrito demandatorio en
folios 1 a 13 del cuaderno No. 2 del expediente.
[38] Ver folio 1 del cuaderno No. 2 del expediente.
[39] Ver folio 57 del cuaderno No. 3 del expediente.
[40] Ver folios 38 y 58 del cuaderno No. 3 del
expediente.
[41] Para el Juzgado Trece Administrativo Oral de Tunja, “(…) de la
lectura del escrito presentado por el actor popular, se encuentra que el
sustento del recurso de alzada consiste, entre otras, en i) el desconocimiento de
normas particulares al objeto de la acción popular y ii) la falta de valoración
de la prueba recaudada y análisis lógico de los alegatos presentados. En
consecuencia, se tiene que el recurso interpuesto cumple las previsiones
establecidas en el artículo 322 del C.G.P., dado que el apelante precisó, de
manera sucinta, los reparos a la decisión impugnada, por lo que se concederá la
apelación”. Ver folio 37 del cuaderno No. 3 del expediente.
[42] En auto del 16 de febrero de 2017 se ordenó correr traslado para
alegar de conclusión. Ver trámite procesal de segunda instancia contenido en la
sentencia del 12 de septiembre de 2017.
[43] Ver contenido del pronunciamiento en folios 56 a 63 del cuaderno
No. 3 del expediente.
[44] “(..) El recurso de apelación
procederá contra la sentencia que se dicte en primera instancia, en la forma y
oportunidad señalada en el Código de Procedimiento Civil, y deberá ser resuelto
dentro de los veinte (20) días siguientes contados a partir de la radicación
del expediente en la Secretaría del Tribunal competente. // La práctica de pruebas
durante la segunda instancia se sujetará, también, a la forma prevista en el
Código de Procedimiento Civil; en el auto que admite el recurso se fijará un
plazo para la práctica de las pruebas que, en ningún caso, excederá de diez
(10) días contados a partir de la notificación de dicho auto; el plazo para
resolver el recurso se entenderá ampliado en el término señalado para la
práctica de pruebas”.
[45] Ver folio 59 del cuaderno No.
3 del expediente.
[46] Mientras el artículo 228 Superior dispone que “la Administración
de Justicia es función pública” y sus actuaciones “serán públicas y
permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el
derecho sustancial”, el artículo 229 ejusdem estipula que “se
garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de
justicia”.
[47] En efecto, para el tutelante, en su condición de ciudadano sin
ningún tipo de formación jurídica, se impusieron en el trámite del recurso de
apelación “condiciones especiales para su prosperidad, a la vez que
exigencias de carácter técnico que, por fuera de desconocer la prevalencia del
derecho sustancial sobre las formalidades, dejan de lado el criterio de vieja
data según el cual bastaba con la sola interposición del recurso de apelación
para que el mismo se gestionara por el superior funcional”. Ver folios 2, 6
y 7 del cuaderno No. 2 del expediente.
[48] Ver folio 12 del cuaderno No. 2 del expediente.
[49] Ver folio 28 del cuaderno No. 2 del expediente.
[50] Ver folios 53 y 54 del cuaderno No. 2 del expediente.
[51] Al decir del fallador de primera instancia, “para que el juez
pueda analizar el proceso en segunda instancia, debe conocer cuáles son los
reparos de las partes frente a la sentencia dictada por el a-quo. De ese modo,
la simple manifestación de inconformidad no es suficiente para que la autoridad
judicial pueda pronunciarse, puesto que es indispensable que aquella conozca en
qué consiste la oposición del recurrente. Las afirmaciones anteriores, valga
resaltar, han sido iteradas por el Consejo de Estado en diversos
pronunciamientos, como bien lo sostuvo el Tribunal”. Ver folio 64 del
cuaderno No. 2 del expediente.
[52] Ver contenido del pronunciamiento en folios 61 a 65 del cuaderno
No. 2 del expediente.
[53] Ver folio 72 del cuaderno No. 2 del expediente.
[54] Ver contenido del pronunciamiento en folios 110 a 114 del cuaderno
No. 2 del expediente.
[55] Ver contenido del escrito demandatorio en folios 1 a 6 del cuaderno
No. 2 del expediente.
[56] El inciso 2º de dicho artículo dispone lo siguiente: “(…)
Ejecutoriado el auto que admite la apelación, el juez convocará a la audiencia
de sustentación y fallo. Si decreta pruebas, estas se practicarán en la misma
audiencia, y a continuación se oirán las alegaciones de las partes y se dictará
sentencia de conformidad con la regla general prevista en este código (…)”.
[57] Ver folios 90 a 94 del cuaderno No. 2 del expediente.
[58] Ver folios 93 y 94 del cuaderno No. 2 del expediente.
[59] Ver folio 52 del cuaderno No. 2 del expediente.
[60] Previa convocatoria realizada en auto del 5 de septiembre de 2017
por parte del Juzgado Civil del Circuito  de Fundación, Magdalena. Ver folio
410 del cuaderno No. 2 del expediente.
[61] Ver Acta de audiencia en folios 414 a 416 del cuaderno No. 2 del
expediente.
[62] Frente a la concesión del recurso de apelación, los mandatarios
judiciales no formularon reparo alguno. Ver folio 416 del cuaderno No. 2 del
expediente.
[63] Ver folios 417 a 423 del cuaderno No. 2 del expediente.
[64] Ver folio 424 del cuaderno No. 2 del expediente.
[65] Ver folio 22 del cuaderno No. 2 del expediente.
[66] Ver folio 24 del cuaderno No. 2 del expediente.
[67] Ver folio 22 del cuaderno No. 1 del expediente.
[68] Ver folios 36 a 40 del cuaderno No. 1 del expediente.
[69] En criterio de la actora, “las pruebas aportadas al proceso
fueron valoradas de manera errónea por los jueces de instancia, permitiéndose
que testigos tachados de sospechosos aportaran documentos sin estar legitimados
ni por activa ni por pasiva en la causa (…), además de que esa no es la forma
de controvertir la autonomía, credibilidad, autenticidad y literalidad del
título valor exigido”. Ver folios 3, 4 y 5 del cuaderno No.2 del
expediente.
[70] Ver folio 3 del cuaderno No. 2 del expediente.
[71] Ver folios 5 y 6 del cuaderno No. 2 del expediente.
[72] Ver folio 9 del cuaderno No. 2 del expediente.
[73] Ver folios 428, 429, 435 y 436 del cuaderno No. 2 del expediente.
[74] En esta decisión se presentaron dos salvamentos de voto por parte
de los Magistrados Álvaro Fernando García Restrepo y Ariel Salazar Ramírez,
quienes coincidieron en disentir del fallo de instancia por estimar que “la
mera ausencia de la parte recurrente en la audiencia de sustentación y fallo no
puede castigarse con la deserción del recurso”. Ver folios 451 a 453 y 455
a 461 del cuaderno No. 2 del expediente.
[75] Para la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, “aunque
la señora Rocío del Socorro Lara Mier se queja, en principio, del fallo de
primera instancia que, como quedó visto, le resultó desfavorable a sus
intereses, lo cierto es que nada puede hacer el Juez de tutela respecto de
dicha situación, pues tuvo a su alcance la posibilidad de debatir lo resuelto
ante el juez natural a través del recurso de apelación, y pese a ello
desaprovechó esa oportunidad procesal, sin que pueda acudirse a la acción de
tutela como una vía judicial adicional o paralela a los mecanismos judiciales
previstos por el Legislador”. Ver folio 441 del cuaderno No. 2 del
expediente.
[76] Ver folio 442 del cuaderno No. 2 del expediente.
[77] Ver contenido del pronunciamiento en folios 439 a 443 del cuaderno
No. 2 del expediente.
[78] Ver folio 442 del cuaderno No. 2 del expediente.
[79] La accionante fundamenta su impugnación en el fallo de segunda
instancia proferido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia para resolver el caso contenido en el expediente T-6.695.535,
que también es objeto de revisión en la presente oportunidad (STL3470-2018 Rad.
78847 del 7 de marzo de 2018, M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán).
[80] Ver folio 463 del cuaderno No. 2 del expediente.
[81] Ver folios 5 a 12 del cuaderno No. 3 del expediente.
[82] Ver contenido del escrito demandatorio en folios 1 a 7 del cuaderno
No. 2 del expediente.
[83] Ver folio 3 del cuaderno No. 2 del expediente.
[84] Ver parte resolutiva de la providencia del 9 de marzo de 2018
proferida por el Juzgado Veintiocho Civil Municipal de Bucaramanga en folio 135
del cuaderno No. 4 del expediente.
[85] “(…) podrá concederse la apelación: 1. En el efecto suspensivo.
En este caso, si se trata de sentencia, la competencia del juez de primera
instancia se suspenderá desde la ejecutoria del auto que la concede hasta que
se notifique el de obedecimiento a lo resuelto por el superior. Sin embargo, el
inferior conservará competencia para conocer de todo lo relacionado con medidas
cautelares”.
[86] Ver folios 136 a 140 del cuaderno No. 4 del expediente.
[87] Ver oficio 2886 en folio 143 del cuaderno No. 4 del expediente.
[88] Ver folio 2 del cuaderno No. 5 del expediente.
[89] Ver olio 3 del cuaderno No. 5 del expediente.
[90] Ver folios 4 y 8 del cuaderno No. 2 del expediente.
[91] Según aducen los actores, “su abogado se dirigió inmediatamente
a hablar con el juez de la causa para advertirle que no había atendido
adecuadamente la diligencia, ya que había llegado dentro de la hora fijada y
que no era posible que el recurso de apelación se declarara desierto, pues
existía jurisprudencia vigente que lo obligaba a tramitarlo de fondo,
recibiendo simplemente como respuesta del administrador de justicia que la
decisión era declarar desierto el recurso, al no haber sido sustentado en
audiencia”. Ver folios 4 y 5 del cuaderno No. 2 del expediente. Así mismo,
ver folio 4 del cuaderno No. 5 del expediente.
[92] La certificación expedida el 19 de julio de 2018 por la Secretaria
del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga, señala lo siguiente: “Que
la señora Magdalena María Estupiñán Quintero (…) y el señor Oscar Alirio Castellanos
Morales (…), en calidad de partes y apoderado judicial de la parte demandante,
se presentó ante este juzgado el día diecinueve (19) de julio de dos mil
dieciocho (2018) a las nueve y doce de la mañana (9:12 a.m.) con el fin de
asistir a la audiencia de que trata el artículo 327 del C.G. del Proceso,
dentro del proceso VERBAL radicado con el No. 2017-00369-01”. Ver folio 16
del cuaderno No. 2 del expediente.
[93] Ver folio 5 del cuaderno No. 2 del expediente.
[94] Ver folio 1 del cuaderno No. 2 del expediente.
[95] Ver folio 20 del cuaderno No. 2 del expediente.
[96] Ver folio 33 del cuaderno No. 2 del expediente.
[97] “(…) las audiencias y diligencias se iniciarán en el primer
minuto de la hora señalada para ellas, aun cuando ninguna de las partes o sus
apoderados se hallen presentes (…)”.
[98] “(…) Prohibiciones. Las intervenciones orales no podrán ser
sustituidas por escritos (…)”.
[99] “(…) Si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida
forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia lo declarará desierto.
La misma decisión adoptará cuando no se precisen los reparos a la sentencia
apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia
declarará desierto el recurso de apelación contra una sentencia que no hubiere
sido sustentado (…)”.
[100] Ver folio 34 del cuaderno No. 2 del expediente.
[101] Ver folios 47 a 49 del cuaderno No. 2 del expediente.
[102] Ver folios 52 a 59 del cuaderno No. 2 del expediente.
[103] Ver folios 64 a 68 del cuaderno No. 2 del expediente.
[104] En esta decisión se presentaron dos salvamentos de voto por parte
de los Magistrados Álvaro Fernando García Restrepo y Ariel Salazar Ramírez,
quienes coincidieron en disentir del fallo de instancia por estimar que “la
mera ausencia de la parte recurrente en la audiencia de sustentación y fallo no
puede castigarse con la deserción del recurso”. Ver folios 21 a 23 y 25 a
30 del cuaderno No. 3 del expediente.
[105] La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia cita las
sentencias STC3969-2018 y STC6349-2018.
[106] Ver contenido del pronunciamiento en folios 5 a 12 del cuaderno No.
3 del expediente.
[107] Ver contenido del escrito demandatorio en folios 17 a 24 del
cuaderno No. 2 del expediente.
[108] A la primera demanda se acumuló otra por parte de la sociedad
demandante en calidad de endosataria de la Fundación Hospital Infantil Napoleón
Franco Pareja, lo cual fue aprobado por el Juzgado Primero Civil del Circuito
de Cartagena en auto del 8 de noviembre de 2016. Ver folio 18 del cuaderno No.
2 del expediente.
[109] Ver folios 3 y 4 del cuaderno No. 2 del expediente.
[110] Esta providencia fue dictada el tres de noviembre de 2017.
[111] Ver folio 5 del cuaderno No. 4 del expediente.
[112] Ver folio 7 del cuaderno No. 4 del expediente.
[113] Ver folio 10 del cuaderno No. 4 del expediente. En el referido
auto, la autoridad judicial prorrogó por seis meses más el término para
resolver la instancia respectiva, en consonancia con lo estipulado en el
artículo 121 del Código General del Proceso.
[114] Ver folio 19 del cuaderno No. 2 del expediente.
[115] Sumado a ello, el Tribunal Superior de Cartagena -Sala Civil
Familia- ordenó el levantamiento de las medidas cautelares decretadas y
practicadas en el proceso, y condenó a la parte demandante al pago de
perjuicios y costas procesales. Ver folios 13 y 14 del cuaderno No. 4 del
expediente.
[116] Ver folios 20, 21 y 22 del cuaderno No. 2 del expediente.
[117] Ver folio 23 del cuaderno No. 2 del expediente.
[118] Ver folio 27 del cuaderno No. 2 del expediente.
[119] Ver folio 39 del cuaderno No. 2 del expediente.
[120] El interviniente cita apartes de las sentencias
STL11513-2017 y STL3342-2018.
[121] El interviniente cita apartes de las sentencias
STC19438-2017 y STC19438-2017.
[122] Ver folios 45 a 48 del cuaderno No. 2 del
expediente.
[123] En esta decisión se presentaron dos salvamentos de voto por parte
de los Magistrados Álvaro Fernando García Restrepo y Ariel Salazar Ramírez,
quienes coincidieron en disentir del fallo de instancia por estimar que “la
mera ausencia de la parte recurrente en la audiencia de sustentación y fallo no
puede castigarse con la deserción del recurso”. Ver folios 81 a 83 y 87 a
93 del cuaderno No. 2 del expediente.
[124] Para el juez de primera instancia, “aceptar
entonces que los reparos concretos aducidos ante el a-quo al formularse la
alzada contra una sentencia son suficientes (…)”.
[125] Ver contenido del pronunciamiento en folios 54 a 67 del cuaderno
No. 2 del expediente.
[126] Ver folio 95 del cuaderno No. 2 del expediente.
[127] Ver folios 3 a 10 del cuaderno No. 3 del
expediente.
[128] Ver folios 19 a 21 del cuaderno 01 del
expediente T-6.695.535.
[129] Este proveído fue notificado por medio del
estado número 089 el 14 de febrero de 2019, siendo fijado a las 8:00 a.m. y
desfijado a las 5:00 p.m. del mismo día. Ver folio 22 del cuaderno 01 del
expediente T-6.695.535.
[130] Respuesta a los oficios No. OPT-A-330/2019 y
OPT-A-331/2019.
[131] Previo escrito enviado, vía correo electrónico
del 15 de febrero de 2019, por la Secretaria General del Tribunal
Administrativo de Boyacá, en el que anuncia la remisión del oficio
OPT-A-330/2019 al Juzgado Trece Administrativo de Oralidad del Circuito
Judicial de Tunja, para lo pertinente.
[132] Memorial complementado por el oficio No. 1163
del 23 de abril de 2019 firmado por el Oficial Mayor del Tribunal Superior de
Santa Marta -Sala Civil Familia-, en el que además de anexar nuevamente copia
simple de la documentación ya arrimada a la Corporación, incorpora dos discos
compactos con la grabación de las audiencias de alegaciones y de apelación
adelantadas dentro del trámite del proceso ejecutivo singular promovido por
Rocío del Socorro Lara Mier contra Margaret de Jesús Sarmiento Pérez y Abigail
Gómez Forero.
[133] Respuesta a los oficios No. OPTB-3047/2019 a
OPTB-3050/2019 y OPTB-104/2019 a OPTB-118/2019.
[134] Previo escrito enviado el 16 de enero de 2019
por el Juez Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga, en el que anuncia la
remisión del oficio OPTB-3048/2018 al Juzgado Veintiocho Civil Municipal de la
localidad, para que proceda de inmediato a remitir el expediente requerido.
[135] Memorial antecedido por el oficio No. 0048 del
15 de enero de 2019 firmado por el Secretario del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena -Sala Civil Familia-, en el que menciona que el
expediente solicitado fue devuelto al despacho de origen el 29 de octubre de
2018.
[136] Ver folios 102 a 104 del cuaderno 01 del
expediente T-6.695.535.
[137] Ver folios 105 y 106 del cuaderno 01 del
expediente T-6.695.535.
[138] Previo escrito enviado el 28 de mayo de 2019
por el Secretario de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, en el que
anuncia la remisión del oficio OPT-A-1173/2019 al Juzgado Diecinueve Civil del
Circuito de Bogotá, para que dé cumplimiento a lo solicitado.
[139] El interviniente cita apartes de las siguientes sentencias:
STC-7313-2018, STC-6349-2018 y STC-7624-2018.
[140] En este aparte de la intervención, se cita a los profesores Hernán
Fabio López Blanco y Miguel Enrique Rojas Gómez.
[141] Con arreglo a lo anterior, la primera etapa “es la inequívoca y
tempestiva manifestación de disentir dentro del término de ejecutoria de la
providencia, lo que variará según esta se emita y se comunique de modo verbal o
epistolar, pues si ello ocurre en audiencia, allí mismo tendrá que expresarse
el deseo de opugnar, en tanto que, si su proferimiento es escrito, lo propio se
hará por el mismo medio dentro de los 3 días siguientes a la notificación”.
Entre tanto, la segunda “se agota con la indispensable enunciación de los
ítems específicos de desacuerdo a más tardar dentro de los 3 días posteriores a
la audiencia en que se profirió la sentencia o a la notificación de la que
hubiere sido dictada fuera de audiencia”. Por último, la tercera no es otra
“que lo consagrado en el inciso segundo del numeral 3º del mentado canon 322
al disponer que sobre los “reparos concretos” versará la sustentación que hará
ante el superior, y esto es clave. Emerge de ahí una regla categórica, cual es,
que el recurrente sustente la alzada ante el adquem, lo que claramente se
reafirma luego con el artículo 327 ejusdem cuando prevé que el apelante deberá
sujetar su alegación a desarrollar los argumentos expuestos ante el juez de
primera instancia”.
[142] Señala el interviniente que “si la providencia se dictó en
audiencia o diligencia, se sustenta al momento de la interposición o dentro de
los tres días siguientes. Si la providencia se dictó por escrito, el recurso
debe sustentarse a más tardar dentro de los tres días siguientes a la
notificación de la providencia recurrida. Si la apelación es subsidiaria a una
reposición, el apelante podrá agregar nuevos argumentos de sustentación dentro
de los tres días siguientes a la notificación del auto que niega la reposición
y concede la apelación. Sustentado oportunamente el recurso de apelación ante
el a-quo, no puede ser necesario repetir ese acto procesal frente al ad-quem,
sin atentar contra la eficiencia y economía del proceso, ni siquiera bajo el
argumento según el cual las actuaciones se cumplirán de forma oral, porque el
artículo 2 del CGP no la obliga hasta extremos inadmisibles al decir, por el
contrario, que pueden realizarse actuaciones escritas cuando expresamente se
autorice”.
[143] Trámite de la apelación de autos y sentencias.
[144] Explica el interviniente que, según esta postura, “cuando se
trata de apelación de sentencias, practicadas las pruebas, si hay lugar a
ellas, en la audiencia de sustentación y fallo, se oirán las alegaciones de las
partes y se dictará sentencia de conformidad con la regla general prevista en
la Ley 1564 de 2012”.
[145] “(…) La interpretación que se hace con autoridad para fijar el
sentido de una ley oscura, de una manera general, sólo corresponde al
legislador”.
[146] “(…) Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su
tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Pero bien se puede, para
interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu,
claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su
establecimiento”.
[147] Dispone la norma en cita: “Cuando a juicio de la Sala Plena, por
solicitud de cualquier Magistrado, un proceso de tutela dé lugar a un fallo de
unificación de jurisprudencia o la trascendencia del tema amerite su estudio
por todos los magistrados, se dispondrá que la sentencia correspondiente sea
proferida por la Sala Plena (...)”.
[148] Acápite elaborado tomando como referencia la base argumentativa
contenida en las Sentencias SU-556 de 2014, SU-395 de 2017 y T-450 de 2018,
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[149] M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[150] Sentencia C-543 de 1992.
[151] Ídem.
[152] Al respecto, en la Sentencia T-310 de 2009 se indicó que: “(…)
la acción de tutela contra sentencias es un juicio de validez de la decisión
judicial, basado en la supremacía de las normas constitucionales. Esto se opone
a que la acción de tutela ejerza una labor de corrección del fallo o que sirva
como nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho legislado que dieron lugar al mismo. En cambio, la
tutela se circunscribe a detectar aquellos casos excepcionales en que la
juridicidad de la sentencia judicial resulte afectada, debido a que desconoció
el contenido y alcances de los derechos fundamentales”.
[153] M.P. Jaime Córdoba Triviño. En esta oportunidad, la Corte estudió
la constitucionalidad de la norma que proscribía cualquier acción contra la
sentencia que resolviera el recurso extraordinario de casación en materia
penal.
[154] En la Sentencia SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos, la Corte
manifestó que: “Los anteriores requisitos generales de procedibilidad
funcionan como parámetro de cumplimiento de intervención del juez
constitucional. En ese sentido, la superación de los anteriores requisitos
implica la aceptación de un estudio específico de los requisitos especiales
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por tanto, si no se
cumplen con ninguno de los anteriores, el juez constitucional no podrá
continuar con un examen de fondo sobre la vulneración de los derechos
fundamentales y, como consecuencia de ello, deberá declarar la improcedencia de
la acción de tutela”.
[155] Consultar, entre otras, las Sentencias T-114 de 2002, T-586 de
2012, T-136 de 2015, T-458 de 2016, T-715 de 2016, SU-041 de 2018 y T-422 de
2018.
[156] Consultar, entre otras, las Sentencias T-837 de 2011, T-322 de
2015, T-038 de 2017, T-233 de 2017, T-180 de 2018, T-016 de 2019 y T-075 de
2019.
[157] Consultar, entre otras, las Sentencias T-142 de 2012, T-323 de
2012, T-047 de 2014, T-327 de 2015, T-137 de 2017 y T-323 de 2017 y SU-108 de
2018.
[158] Consultar, entre otras, las Sentencias T-225 de 2010, T-319 de
2012, T-323 de 2012, T-586 de 2012, T-079 de 2014 y SU-061 de 2018.
[159] Consultar, entre otras, las Sentencias T-1008 de 2012, T-265 de
2014, SU-770 de 2014 y T-242 de 2017.
[160] Consultar, entre otras, las Sentencias T-104 de 2007, T-951 de
2013, T-272 de 2014 y SU-391 de 2016.
[161] Es de anotar que la jurisprudencia en torno a las vías de
hecho evolucionó para comprender situaciones que no despojaban a la providencia
de su condición de tal, pero que aún llevaban a un desconocimiento de derechos
fundamentales, por lo cual se cambió el vocablo de vía de hecho por causal
específica de procedibilidad. Sobre el particular, consultar, entre muchas
otras, las Sentencias T-774 de 2004 y T-453 de 2005.
[162] Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece de competencia para ello. Consultar, entre otras,
las Sentencias SU-174 de 2007, T-465 de 2009, T-313 de 2010, T-696 de 2010,
T-737 de 2012, T-079 de 2014 y SU-770 de 2014.
[163] Aquellos casos en que se decide con base en normas
inexistentes o inconstitucionales, no se hace uso de una norma que claramente
aplicaba al caso o se presenta una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión. Consultar, entre otras, las Sentencias SU-913 de
2009, T-268 de 2010, T-511 de 2011, T-907 de 2012, SU-917 de 2013, T-253 de
2014 y T-384 de 2014.
[164] Se origina cuando el juez actuó al margen del
procedimiento establecido y con ello se generan efectos sustanciales frente a
la materia controvertida. Consultar, entre otras, las Sentencias SU-159 de
2002, T-300 de 2003, T-1209 de 2005, T-831 de 2008, T-125 de 2010, T-570 de
2011, T-649 de 2012 y SU-949 de 2014.
[165] Surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
Consultar, entre otras, las Sentencias SU-424 de 2012, T-160 de 2013, SU-915 de
2013, T-147 de 2014, SU-950 de 2014 y T-073 de 2015.
[166] Se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y esa circunstancia condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales. Consultar, entre otras, las
Sentencias T-586 de 2006, T-844 de 2011, T-177 de 2012, T-863 de 2013, SU-917
de 2013 y T-145 de 2014.
[167] Se traduce en el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones, en el entendido que allí reposa la legitimidad de la determinación
judicial. Consultar, entre otras, las Sentencias T-868 de 2009, T-002 de 2012,
T-140 de 2012, SU-424 de 2012, SU-917 de 2013 y T-145 de 2014.
[168] Se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. Consultar, entre otras, las
Sentencias T-1092 de 2007, T-772 de 2012, T-564 de 2013, T-954 de 2013, T-809
de 2014, SU-874 de 2014 y T-677 de 2015.
[169] Se presenta cuando, amparada en la discrecionalidad interpretativa, la decisión judicial desborda el
marco normativo dispuesto en la Carta Política. Consultar, entre otras, las Sentencias T-689 de 2013, T-783 de
2014, T-204 de 2015, T-319 de 2015, SU-415 de 2015 y SU-499 de 2016.
[170] Sentencia T-1066 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Consultar,
además, las Sentencias T-233 de
2007, T-012 de 2008 y T-1275 de 2008.
[171] Caracterización efectuada tomando como referencia las Sentencias
T-1036 de 2001, T-531 de 2010, T-950 de 2010, T-892 de 2011, T-213 de 2012,
T-582 de 2012, T-1049 de 2012, T-926 de 2014 y SU-050 de 2018.
[172] Acápite elaborado tomando como referencia las Sentencias SU-950 de
2014, SU-241 de 2015 y SU-217 de 2016.
[173] Consultar, entre otras, las Sentencias SU-632 de 2017 y SU-072 de
2018.
[174] Consultar, entre otras, la Sentencia SU-416 de 2015, M.P. Alberto
Rojas Ríos.
[175] En la identificación de estas causales se sigue lo expuesto por la
Corte, entre otras, en las Sentencias T-830 de 2012, T-360 de 2014, SU-298 de
2015, SU-632 de 2017 y T-661 de 2017.
[176] Consultar, entre otras, la Sentencia SU-298 de 2015, M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado.
[177] En la Sentencia T-661 de 2017, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez,
se dijo que: “Vista la forma como se expresa el defecto sustantivo
vinculado con la inobservancia de un precedente judicial, ya sea de tipo
horizontal o vertical, basta con aclarar –como se mencionó con anterioridad–
cuál es la diferencia que existe entre este defecto y aquél que se ha
denominado como desconocimiento del precedente, el cual aparece entre el
listado de las distintas causales específicas de prosperidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales. // Esta diferenciación fue planteada en
la Sentencia C-590 de 2005, en la cual se señaló que el desconocimiento del
precedente es una ‘hipótesis que se presenta, (…) cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado’.
Visto lo anterior, se entiende entonces que esta causal opera cuando una
autoridad judicial desconoce el principio de supremacía constitucional.
Por ello, en la Sentencia T-830 de 2012 se indicó que: ‘el defecto por
desconocimiento del precedente (…) se predica exclusivamente de los
precedentes fijados por la Corte Constitucional en su jurisprudencia’. (…)”.
[178] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[179] En el mismo sentido, consultar, entre
otras, las Sentencias T-345 de 1996, T-085 de 2001, T-441 de 2002 y T-901de
2002.
[180] A este respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado
que: “[Es] improcedente (...) la acción de tutela cuando se trata de
controvertir la interpretación que los jueces hacen en sus providencias de una
norma o de una institución jurídica. // La interpretación de un precepto no
puede considerarse como un desbordamiento o abuso de la función de juez (vía de
hecho), por el sólo hecho de no corresponder con aquella que se cree correcta u
ofrece mayor beneficio para la parte que la plantea (Sentencias T-094 de 1997 y
T-249 de 1997, entre otras). // Se desconocería el principio de autonomía e
independencia judicial, si se admitiese la procedencia de la acción de tutela
por la interpretación o aplicación que de un precepto o figura jurídica se
hiciera en una providencia judicial, cuando esa interpretación o aplicación
responde a un razonamiento coherente y válido del funcionario judicial”.
Sentencia T-1004 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[181] Sobre el particular se pueden consultar, entre otras, las
Sentencias T-1045 de 2008, T-066 de 2009 y T-1095 de 2012.
[182] Sentencia T-1045 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[183] Consultar, entre otras, las Sentencias C-156 de 2013, C-157 de
2013, C-279 de 2013, C-083 de 2014 y C-507 de 2014.
[184] Sentencia T-001 de 1993, M.P. Jaime Sanín Greiffenstein.
[185] Sentencia C-562 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[186] Consultar, entre
otras, las sentencias C-537 de 1993 y C-373 de 1995.
[187] Consultar, entre otras, las Sentencias
C-803 de 2000, C-742 de 1999, C-591 de 2000, C-596 de 2000, C-1717 de 2000, S
C-1104 de 2001, C-642 de 2002 y C-736 de 2002.
[188] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[189] Artículo 150, numerales 1 y 2, de la Constitución Política.
[190] Sentencia de la Corte Constitucional C-1512 de 2000. En el mismo
sentido ver la Sentencia de la Corte Constitucional C-925 de 1999.
[191] Gimeno Sendra, V. “Fundamentos de Derecho Procesal”, Madrid,
1985.
[192] Sentencia C-713 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[193] “Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria
de la Administración de Justicia”.
[194] “Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión
judicial”.
[195] Ver Sentencia C-124 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[196] “Por medio de la cual se expide el
Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
[197] Consultar, entre otras, la Sentencia C-095 de 2003, M.P. Rodrigo
Escobar Gil.
[198] Consultar, entre otras, la Sentencia C-718 de 2012, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[199] Sentencia C-650 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[200] Consultar, entre otras, las Sentencias C-426 de 2002 y C-461 de
2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[201] Sentencia C-040 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[202] Consultar, entre otras, las Sentencias C-384 de 2000 y C-213 de
2007.
[203] Consultar, entre otras, la Sentencia C-792 de 2014, M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
[204] Sentencia C-345 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[205] Consultar, entre otras, las Sentencias T-388 de 2015, M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y T-715 de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido. En
la primera de las anotadas providencias, la Corte precisó que la condición de derecho se explica porque “cuando el ordenamiento jurídico le confiere a una persona la potestad
o prerrogativa de hacer uso de un recurso contra una providencia judicial, ante
el superior jerárquico que la profirió; este sujeto está en la posibilidad de
hacer efectivo dicho poder”. Su condición de
garantía, al “salvaguardar bienes más caros al ordenamiento como el debido
proceso, el acceso a la administración de justicia o la credibilidad y
confianza de la administración de justicia”. Y su condición de principio,
toda vez que “orienta la lectura las disposiciones procesales y, en
particular las disposiciones de orden sancionatorio”.
[206] Constitución
Política: “Artículo
31. Toda sentencia
judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la
ley. // El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea
apelante único.”
[207] “Artículo 71. Coadyuvancia. Quien tenga con una de las partes determinada
relación sustancial a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la
sentencia, pero que pueda afectarse si dicha parte es vencida, podrá intervenir
en el proceso como coadyuvante de ella, mientras no se haya dictado sentencia
de única o de segunda instancia. // El coadyuvante tomará el proceso en el
estado en que se encuentre en el momento de su intervención y podrá efectuar
los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no estén en
oposición con los de esta y no impliquen disposición del derecho en litigio. //
La coadyuvancia solo es procedente en los procesos declarativos. La solicitud
de intervención deberá contener los hechos y los fundamentos de derecho en que
se apoya y a ella se acompañarán las pruebas pertinentes. // Si el juez estima
procedente la intervención, la aceptará de plano y considerará las peticiones
que hubiere formulado el interviniente. // La intervención anterior al traslado
de la demanda se resolverá luego de efectuada esta”.
[208] “Artículo 320. Fines de
la apelación. El recurso
de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida,
únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. // Podrá interponer el
recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del
coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71”.
[209] “Artículo 321. Procedencia. Son apelables las sentencias de primera
instancia, salvo las que se dicten en equidad. // También son apelables los
siguientes autos proferidos en primera instancia: // 1. El que rechace la
demanda, su reforma o la contestación a cualquiera de ellas. // 2. El que
niegue la intervención de sucesores procesales o de terceros. // 3. El que
niegue el decreto o la práctica de pruebas. // 4. El que niegue total o
parcialmente el mandamiento de pago y el que rechace de plano las excepciones
de mérito en el proceso ejecutivo. // 5. El que rechace de plano un incidente y
el que lo resuelva. // 6. El que niegue el trámite de una nulidad procesal y el
que la resuelva. // 7. El que por cualquier causa le ponga fin al proceso. //
8. El que resuelva sobre una medida cautelar, o fije el monto de la caución
para decretarla, impedirla o levantarla. // 9. El que resuelva sobre la
oposición a la entrega de bienes, y el que la rechace de plano. // 10. Los
demás expresamente señalados en este código”.
[210] “Artículo 322.
Oportunidad y requisitos.
El recurso de apelación se propondrá de acuerdo con las siguientes reglas: //
1. El recurso de apelación contra cualquier providencia que se emita en el
curso de una audiencia o diligencia, deberá interponerse en forma verbal
inmediatamente después de pronunciada. El juez resolverá sobre la procedencia
de todas las apelaciones al finalizar la audiencia inicial o la de instrucción
y juzgamiento, según corresponda, así no hayan sido sustentados los recursos.
// La apelación contra la providencia que se dicte fuera de audiencia deberá
interponerse ante el juez que la dictó, en el acto de su notificación personal
o por escrito dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación por
estado. // 2. La apelación contra autos podrá interponerse directamente o en
subsidio de la reposición. Cuando se acceda a la reposición interpuesta por una
de las partes, la otra podrá apelar del nuevo auto si fuere susceptible de este
recurso. // Proferida una providencia complementaria o que niegue la adición
solicitada, dentro del término de ejecutoria de esta también se podrá apelar de
la principal. La apelación contra una providencia comprende la de aquella que
resolvió sobre la complementación. // Si antes de resolverse sobre la adición o
aclaración de una providencia se hubiere interpuesto apelación contra esta, en
el auto que decida aquella se resolverá sobre la concesión de dicha apelación.
// 3. En el caso de la apelación de autos, el apelante deberá sustentar el
recurso ante el juez que dictó la providencia, dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, o a la del auto que niega la reposición. Sin
embargo, cuando la decisión apelada haya sido pronunciada en una audiencia o
diligencia, el recurso podrá sustentarse al momento de su interposición.
Resuelta la reposición y concedida la apelación, el apelante, si lo considera
necesario, podrá agregar nuevos argumentos a su impugnación, dentro del plazo
señalado en este numeral. // Cuando se apele una sentencia, el apelante, al
momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en
ella, o dentro de los tres (3) días siguientes a su finalización o a la
notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deberá
precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisión,
sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior. // Para la
sustentación del recurso será suficiente que el recurrente exprese las razones
de su inconformidad con la providencia apelada. // Si el apelante de un auto no
sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera
instancia lo declarará desierto. La misma decisión adoptará cuando no se
precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este
numeral. El juez de segunda instancia declarara desierto el recurso de
apelación contra una sentencia que no hubiere sido sustentado. // Parágrafo.
La parte que no apeló podrá adherir al recurso interpuesto por otra de las
partes, en lo que la providencia apelada le fuere desfavorable. El escrito de
adhesión podrá presentarse ante el juez que lo profirió mientras el expediente
se encuentre en su despacho, o ante el superior hasta el vencimiento del
término de ejecutoria del auto que admite apelación de la sentencia. El escrito
de adhesión deberá sujetarse a lo previsto en el numeral 3 de este artículo. //
La adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelante
principal.”
[211] De acuerdo con
el precitado artículo 322, el juez deberá decidir sobre la procedencia de las
apelaciones al finalizar la audiencia inicial o la de instrucción y
juzgamiento, aun cuando no se hubiesen sustentado los recursos.
[212] “(…) Se otorgará en el efecto suspensivo la
apelación de las sentencias que versen sobre el estado civil de las personas,
las que hayan sido recurridas por ambas partes, las que nieguen la totalidad de
las pretensiones y las que sean simplemente declarativas. Las apelaciones de
las demás sentencias se concederán en el efecto devolutivo, pero no podrá
hacerse entrega de dineros u otros bienes, hasta tanto sea resuelta la
apelación (…)”.
[213] “(…) Cuando se revoque una providencia apelada
en el efecto devolutivo o diferido, quedará sin efectos la actuación adelantada
por el inferior después de haberse concedido la apelación, en lo que dependa de
aquella, sin perjuicio de lo dispuesto en los dos últimos incisos del
artículo323. El juez señalará expresamente la actuación que queda sin efecto”.
[214] Sentencia de tutela
STC8909-2017, Radicación No 11001-02-03-000-2017-01328-00, M.P. Luis Armando
Tolosa Villabona, p.10.
[215] Ibídem.
[216] Sentencia de Tutela STC6481 de 11 de mayo de 2017,
expediente 19001-22-13-000-2017-00056-01, citada en Sentencia
de tutela STC8909-2017.
[217] Sentencia de tutela STC8909-2017,
Radicación No 11001-02-03-000-2017-01328-00, M.P. Luis Armando Tolosa
Villabona.
[218] Ibidem.
[219] Radicación No 11001-02-03-000-2016-02143-00, M.P. Ariel Salazar
Ramírez. La línea argumentativa aquí esgrimida se mantuvo invariable en otras
decisiones adoptadas en el mismo año. Consultar, entre otras, STC-18046-2016.
[220] Sentencia de tutela STC11058-2016, Radicación No 11001-02-03-000-2016-02143-00,
M.P. Ariel Salazar Ramírez, p. 5.
[221] Radicación
No 11001-02-03-000-2017-01328-00, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.
[222] Sentencia
de tutela STC8909-2017, Radicación No 11001-02-03-000-2017-01328-00, M.P. Luis
Armando Tolosa Villabona, p. 6.
[223] Sentencia de tutela STC11058-2016, Radicación No 11001-02-03-000-2016-02143-00,
M.P. Ariel Salazar Ramírez.
[224] Radicación
No. 76361, M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo.
[225] Radicación No. 77329, M.P. Fernando Castillo Cadena.
[226] Con esta misma postura, consultar, entre otras, la
sentencia de tutela STL19618-2017, Radicación No. 76439, M.P. Clara Cecilia
Dueñas Quevedo.
[227] Radicación No. 78527, M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán. Esta postura
fue adoptada, igualmente, en la sentencia de tutela STL3470-2018, Radicación
No. 78847, M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán.
[228] “Artículo 327. Trámite de la apelación de sentencias. (…)
Ejecutoriado el auto que admite la apelación, el juez convocará a la audiencia
de sustentación y fallo. Si decreta pruebas, estas se practicarán en la misma
audiencia, y a continuación se oirán las alegaciones de las partes y se dictará
sentencia de conformidad con la regla general prevista en este código. // El
apelante deberá sujetar su alegación a desarrollar los argumentos expuestos
ante el juez de primera instancia.”
[229] Consultar, entre otras, las sentencias de tutela STL6636-2018,
Radicación No. 79723, M.P. Gerardo Botero Zuluaga; STL9318-2019, Radicación No.
85055, M.P. Fernando Castillo Cadena; STL7664-2019, Radicación No. 84593, M.P.
Fernando Castillo Cadena; y STL8576-2019, Radicación No. 84813, M.P. Gerardo
Botero Zuluaga.
[230] Radicación No. 85307, M.P. Gerardo Botero Zuluaga.
[231] Radicación No. 85231, M.P. Clara Cecilia Dueñas
Quevedo.
[232] Hizo referencia a las sentencias STL3467-2018, STL3470-2018,
STL79485-2018, STL12420-2018 y STL15181-2018.
[233] Consultar, entre otras, las Sentencias T-819 de 2001, T-531 de
2002, T-711 de 2003, T-212 de 2009, T-778 de 2010, T-495 de 2013, T-561 de
2013, T-679 de 2013, T-470 de 2014, T-540 de 2015, T-361 de 2017 y T-307 de
2018.
[234] “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el
artículo 86 de la Carta Política”.
[235] La jurisprudencia constitucional se ha encargado de puntualizar, en
relación con la figura de la acción de tutela, que si bien es cierto que la
informalidad es una de sus notas características, cuyo fundamento
justamente reside en la aplicación del principio de prevalencia del derecho
sustancial sobre las formas procesales, ello no es óbice para que la misma se
someta a unos requisitos mínimos de procedibilidad, dentro de los cuales se
encuentra el concerniente a la debida acreditación de la legitimación   por
activa -o la titularidad- para promover el recurso de amparo
constitucional. Consultar, entre otras, las Sentencias T-464A de 2006, T-493 de
2007 y C-483 de 2008.
[236] El artículo 46 del Decreto 2591 de 1991 dispone expresamente que “El defensor del
pueblo podrá, sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados,
interponer la acción de tutela en nombre de cualquier persona que se lo
solicite o que este en situación de desamparo e indefensión”.
[237] Residente con cédula de extranjería.
[238] Sobre el tema de la legitimación por activa de personas jurídicas
para promover acciones de tutela consultar, entre otras, las Sentencias C-003
de 1993, SU-447 de 2011, T-019 de 2013 y T-317 de 2013.
[239] “(…) la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las
partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por
tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el
juez adoptar una decisión de mérito y debe, entonces, simplemente declararse
inhibido para fallar el caso de fondo”. Sentencia T-416 de 1997, M.P.
Antonio Barrera Carbonell.
[240] Mientras el artículo 5º del referido decreto prevé que “la
acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades
públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos
de que trata el artículo 2º de esta disposición (…)”, el artículo 13 ejusdem,
por su parte, establece que “la acción de tutela se dirigirá contra la
autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o
amenazó el derecho fundamental (…)”.
[241] Sobre este particular, en la Sentencia T-1001 de 2006, M.P. Jaime
Araujo Rentería, se expuso que: “la legitimación en la causa como requisito
de procedibilidad exige la presencia de un nexo de causalidad entre la
vulneración de los derechos del demandante y la acción u omisión de la
autoridad o el particular demandado, vínculo sin el cual la tutela se torna
improcedente (…)”.
[242] Sentencias T-1000 y T-1086 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[243] M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[244] Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado.
[245] Consultar, entre otras, la Sentencia T-444 de 2013, M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
[246] M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[247] Consultar, entre otras, las Sentencias SU-961 de 199, T-282 de
2005, T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-018 de 2008 y T-491 de 2009.
[248] Consultar, entre otras, las Sentencias T-328 de 2010 y T-1063 de
2012.
[249] Al respecto, en la Sentencia T-719 de 2013 de, M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez, la Corte manifestó que: “(…) en los casos en
los que se ejerce la acción de tutela contra una providencia judicial que pone
fin a un proceso, en el cual el posible afectado tuvo la posibilidad de
participar y ejercer su derecho a la defensa, incluso asesorado a través de un
apoderado, la aplicación del principio de inmediatez debe ser particularmente
rigurosa por parte del juez constitucional. En efecto, cuando lo anterior
ocurre se presume que la persona afectada y su apoderado conocen la
estructura y las cuestiones discutidas durante el trámite judicial y, además,
para que sea procedente la tutela, deben haber alegado la posible vulneración
de sus derechos constitucionales dentro del proceso. Esto significa que el
afectado ha participado –directa o indirectamente– en un proceso dialéctico y
contradictorio, concebido para hacer valer sus derechos, por lo que, si como
resultado de una decisión, ha visto vulnerada alguna de sus garantías
constitucionales, no cabe duda de que el término para proceder al amparo no
debe prolongarse excesivamente en el tiempo, pues la controversia se
circunscribe a un asunto plenamente discutido y debatido ante las autoridades
judiciales competentes.”
[250] Consultar, entre otras, las Sentencias T-189 de 2009, T-726 de
2010, T-581 de 2012 y T-735 de 2013.
[251] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[252] Consultar los artículos 327, 328 y 329 de la
Ley 1564 de 2012.
[253] Consultar el inciso 4º del numeral 3º del
artículo 322 del Código General del Proceso.
[254] Lo anterior ha sido admitido
por la Corte, incluso antes de la expedición de la Sentencia C-590 de 2005. En
efecto, en la providencia T-654 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, se expuso
que: “el procedimiento de la acción de tutela es breve y
sumario y (…) todos los jueces y magistrados, sin importar su especialidad, son
competentes para garantizar la protección efectiva de los derechos
fundamentales cuando ésta se solicita a través de la tutela. En estas
condiciones, sería una carga desproporcionada exigir al juez constitucional que
estudiara en detalle el proceso judicial para verificar si a causa de alguna
falla en la defensa del procesado se produjeron los dos efectos que han sido
anotados. En consecuencia, como ya lo ha manifestado esta Corporación,
corresponde al actor indicar con precisión en qué consiste la violación de su
derecho a la defensa y de qué manera ésta se refleja en la sentencia impugnada
originando uno de los defectos antes mencionados, así como la vulneración
ulterior de sus derechos fundamentales”.
[255] Consultar, entre otras, la Sentencia T-362 de 2013, M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[256] Consultar, entre otras, las Sentencias T-336 de 2009, T-436 de
2009, T-785 de 2009, T-799 de 2009, T-130 de 2010 y T-136 de 2010.
[257] Sentencia T-723 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[258] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[259] Consultar, entre otras, las Sentencias T-179 de 2003, T-500 de
2002, T-135 de 2002, T-1062 de 2001, T-482 de 2001, SU-1052 de 2000, T-815 de
2000, T-418 de 2000, T-156 de 2000, T-716 de 1999 y SU-086 de 1999.
[260] Sentencia T-705 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[261] Consultar, entre otras, la Sentencia T-225 de 1993, M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa.
[262] Consultar, entre otras, las Sentencias T-225 de 1993 y T-808 de
2010.
[263] Consultar, entre otras, las Sentencias T-203 de 1993, T-483 de 1993
y T-016 de 1995.
[264] Sentencia C-543 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[265] El carácter supletorio fue reconocido desde los primeros años de
esta Corporación, y se explicó en los siguientes términos en la Sentencia T-568
de 1994, M.P. Hernando Herrera Vergara: “[s]obre el particular, debe reiterar
la Sala la improcedencia de la acción de tutela cuando existen otros medios de
defensa judicial, teniendo en cuenta el carácter de mecanismo excepcional
concebido en defensa de los derechos fundamentales, con la característica de
ser supletorio, esto es, que sólo procede en caso de inexistencia de otros
medios de defensa judicial, salvo que se intente como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”. Negrillas no originales.
[266] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Negrillas y subrayas no
originales.
[267] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[268] Sobre
este particular, ha precisado la jurisprudencia que “si existiendo el medio
judicial de defensa, el interesado deja de acudir a él y, además, pudiendo
evitarlo, permite que éste caduque, no podrá posteriormente acudir a la acción
de tutela en procura de obtener la protección de un derecho fundamental. En
estas circunstancias, la acción de amparo constitucional no podría hacerse
valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protección, pues tal modalidad
procesal se encuentra subordinada al ejercicio de un medio judicial ordinario
en cuyo trámite se resuelva definitivamente acerca de la vulneración
iusfundamental y a la diligencia del actor para hacer uso oportuno del mismo”.
Sentencia SU-037 de 2009, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[269] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[270] Refuerza
lo anterior, lo sostenido por la Sala Plena en la Sentencia SU-1185 de 2001,
M.P. Rodrigo Escobar Gil, en donde esta Corporación consideró que los jueces
ordinarios en su labor de interpretación están obligados a sujetarse a los
valores, principios y derechos constitucionales. Al respecto dijo esta Corte: “(…) es cierto que al juez de la causa le
corresponde fijarle el alcance a la norma que aplica, pero no puede hacerlo en
oposición a los valores, principios y derechos constitucionales, de manera que,
debiendo seleccionar entre dos o más entendimientos posibles, debe forzosamente
acoger aquél que en todo se ajuste a la Carta política. La autonomía y libertad
que se le reconoce a las autoridades judiciales para interpretar y aplicar los
textos jurídicos, no puede entonces comprender, en ningún caso, aquellas
manifestaciones de autoridad que supongan un desconocimiento de los derechos
fundamentales de las personas. Según lo ha expresado la propia jurisprudencia,
toda trasgresión a esta regla Superior en el curso de un proceso constituye una
vía de hecho judicial, la cual debe ser declarada por el juez constitucional
cuando no existan otros medios de impugnación para reparar esta clase de
actuaciones ilegítimas, contrarias a los postulados que orientan la
Constitución Política”.
[271] Ver las sentencias T-268 de 2010 y T-1306 de 2001, entre otras.