C-353-94
Sentencia No
Sentencia No.
C-353/94
LEY ESTATUTARIA
ELECTORAL
ARCHIPIELAGO DE
SAN ANDRES-Requisitos
aplicables a los votantes
Habrá de
declararse la inconstitucionalidad de la última frase del inciso cuarto del
artículo que dice "Los nativos del Departamento Archipiélago, podrán votar
con la sola presentación de su cédula de ciudadanía.", porque, de no
hacerlo, dichos nativos podrían permanentemente votar con la sola
presentación de la cédula de ciudadanía, y tal cosa iría en contradicción
respecto del artículo 36 del decreto 2762 de 1991, decreto expedido con base en
el artículo 310 de la Constitución. El mencionado artículo 36, que hace parte
de una serie de medidas de control a la densidad poblacional de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, declarado exequible por esta Corporación, ordena
a todas las autoridades del Archipiélago (sin exceptuar a las electorales)
exigir el porte de la tarjeta de residente o residente temporal para la
identificación de quienes allí se encuentren.
SANCION A JURADO
Para el caso de
los jurados que no concurran a la mesa correspondiente, o que la abandonen, o
que no firmen las actas de escrutinio, la Corte hace la misma observación que
para el caso de los nominadores o jefes de personal: antes de imponer las
sanciones a que haya lugar, se debe garantizar el debido proceso.
FAX-Envío de actas electorales
Por la ubicación
del inciso, parecería que se refiere sólo a las actas enviadas por fax en las
votaciones realizadas en el exterior, pero como dentro del mismo parágrafo se
fijan procedimientos para resolver desacuerdos entre delegados; la forma como
se notificará la declaración de resultados y la proclamación de la elección de
Presidente y Vicepresidente, no se puede simplemente limitar por el aspecto de
ubicación el alcance del mencionado inciso. Además, en la primera parte del
parágrafo se le concede facultad al Registrador para que "los resultados
consolidados de la respectiva embajada o consulado, (sean) enviados por
cualquier medio viable para la transmisión de datos, que el Registrador del
Estado Civil considere confiable, según el estado de la tecnología." Y uno
de tales medios tecnológicos actuales, es el fax. La Corte considera que lo que
quiso decir el legislador en este preciso aspecto, es que las actas que se
envíen por fax dentro del país y desde el exterior, tendrán el mismo valor que
las originales.
PROBLEMAS DE
TECNICA LEGISLATIVA/LEY ESTATUTARIA-Materia propia de Ley ordinaria
El hecho de
haberse regulado una materia propia de una ley ordinaria en una ley
estatutaria, no la hace por si inconstitucional, pues, en últimas, es un
problema de técnica legislativa.  Sin embargo, se advierte que esta norma,
por  haber sido incluída en una ley estatutaria, para su reforma requerirá de
una ley de igual carácter, es decir, por una ley estatutaria. Lo anterior, por
razones de seguridad jurídica.
ENCUESTAS
ELECTORALES
Esta Corporación
ha sostenido en varios de sus fallos, que el día de las elecciones, por ser un
día  donde la democracia alcanza su más alta expresión al permitir al pueblo
elegir a sus representantes, sin más condicionamientos que su propia
conciencia, deben  tomarse  las medidas necesarias para que el elector no se
vea constreñido al momento de tomar su decisión. Por esa razón, en la sentencia
C-089 de 1994, se declaró constitucional la restricción según la cual,  en
el día de las elecciones, el suministro de datos provenientes de los medios
de comunicación, tales como encuestas o muestreos sobre el comportamiento
electoral no está permitido, al considerar que ellas podían interferir "en
el desarrollo normal y espontáneo del respectivo certamen y dar lugar a
equívocos o informaciones que desorienten  o desalienten a los votantes."
CONSULTAS
INTERNAS DE LOS PARTIDOS
La norma sólo
puede tener operancia para las elecciones que deben realizarse este año, pues
en él, coincidieron los plazos constitucionales para la elección de Presidente,
gobernadores y alcaldes. Para próximas elecciones, será necesario fijar nuevos
términos para la realización de estas consultas, teniendo en cuenta  las
previsiones que al respecto  hace  la ley estatutaria sobre partidos políticos,
en lo que toca con las consultas internas.
CIRCUNSCRIPCION
ESPECIAL DE PAZ/FACULTAD TRANSITORIA-Término
Basta comparar
las dos normas para concluír que el último versa sobre materias diferentes.
Por lo mismo, no puede pretenderse que con base en él se faculte al Gobierno
Nacional para reglamentar unas "Circunscripciones Especiales para la Paz
para los Concejos Municipales y las Asambleas Departamentales", que no se
previeron por el Constituyente, y ni siquiera por el legislador. Además, la
facultad concedida por el artículo transitorio 13, ya venció, pues se
confirió por tres años contados a partir de la entrada en vigencia de la
Constitución. No existe disposición constitucional, permanente ni transitoria,
que permita dictar normas excepcionales en relación con la elección de
Concejales y Diputados.  Ninguna de las normas citadas en la disposición que se
examina, permite al Gobierno Nacional dictar esta reglamentación excepcional.
REF: Expediente
P.E. 006
Revisión Constitucional
del proyecto de ley estatutaria No. 214 de 1994 Cámara y 183 de 1994 Senado
" Por la cual se expiden algunas disposiciones en materia electoral."
Magistrado Ponente:
Dr. Jorge Arango
Mejía.
Sentencia aprobada
en Santafé de Bogotá, D.C., según consta en acta número cuarenta y cinco (45),
a los diez (10) días del mes de agosto de mil novecientos noventa y cuatro
(1994).
I. ANTECEDENTES
La Presidencia de la
Corte Constitucional recibió el  día 10 de mayo de 1994, proveniente de la
Presidencia del Senado de la República, copia del texto del proyecto de ley
estatutaria número 214/94 Cámara y 183/94 Senado  "Por la cual se expiden
algunas disposiciones en materia electoral", para que esta Corporación
decida definitivamente sobre su constitucionalidad, tal como lo ordena  el
artículo 241, numeral 8o., de la Constitución.
En la sesión de la
Sala Plena  realizada el  día  diez y nueve (19) de mayo del año en curso, el
proyecto de ley con sus antecendentes legislativos, fue repartido al doctor
Jorge Arango Mejía para su sustanciación.
El Magistrado
sustanciador, con fundamento en el artículo 40 del decreto 2067 de 1991, que
ordena someter al trámite ordinario las revisiones de los proyectos de ley
estatutaria, asumió el conocimiento del negocio mediante auto del veintisiete
(27) de mayo. En él ordenó la recaudación de algunas pruebas, como la fijación
en lista del negocio para asegurar la intervención ciudadana que consagran los
artículos 242, numeral 1o., de la Constitución y 7o., inciso 2o., del decreto
antes citado. Igualmente, dispuso el traslado del negocio al despacho del señor
Procurador General de la Nación,   quien     rindió   el concepto de  rigor.
Cumplidos los
trámites constitucionales y legales, procede la Corte Constitucional a decidir
sobre la exequibilidad del proyecto de ley "Por el cual se expiden algunas
disposiciones en materia electoral", previas las siguientes
consideraciones.
A. TEXTO DEL
PROYECTO DE LEY.
"Proyecto de Ley número 214/94, Cámara
(número 183/94, Senado)
(...)
"Por la cual se expiden algunas
disposiciones en materia electoral
"EL CONGRESO DE COLOMBIA
"DECRETA
"Artículo
1o.  Fecha de elecciones.
Las elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o
miembros de  juntas administradores locales, se realizarán el último domingo
del mes de octubre.
"Artículo
2o.  Inscripción de
candidaturas. La inscripción de candidatos a gobernadores, alcaldes,
diputados, concejales y ediles o miembros de las juntas administradoras locales
vence en cincuenta y cinco (55) días antes de la respectiva elección.  Las
modificaciones podrán hacerse dentro de los cinco (5) días siguientes.
"Artículo 3o.
Inscripción de
electores.  La inscripción de electores y la zonificación para las
elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o miembros
de las juntas administradoras locales, se abrirán por un término de sesenta
(60) días después de la elección de Presidente y Vicepresidente de la
República.
"Artículo
4o.  Residencia
electoral.  Para efectos de lo dispuesto en el artículo 316 de la
Constitución Política, la residencia será aquella en donde se encuentre
registrado el votante en el censo electoral.
"Se entiende
que, con la inscripción, el votante declara, bajo la gravedad del juramento,
residir en el respectivo municipio.
"Sin perjuicio
de las sanciones penales, cuando mediante procedimiento breve y sumario se
compruebe que el inscrito no reside en el respectivo municipio, el Consejo
Nacional Electoral declarará sin efecto la inscripción.
"Se exceptúa el
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el
cual se seguirán aplicando las disposiciones del Decreto 2762 de 1991.  Los
nativos del Departamento Archipiélago, podrán votar con la sola presentación de
su cédula de ciudadanía.
"Parágrafo
transitorio. Para los
efectos del inciso final de este artículo, los residentes y nativos del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina podrán votar en todas
las elecciones de 1994 con la sola presentación de la cédula de ciudadanía.
"Artículo
5o.  Jurados de
votación. Para la integración de los jurados de votación, se procederá así:
"1.  Con
noventa (90) días calendario de antelación a la fecha de la elección, los
Registradores del Distrito Capital, Municipales y Auxiliares solicitarán a las
entidades públicas, privadas, directorios políticos y establecimientos
educativos, las listas de las personas que pueden prestar el servicio de
jurados de votación.
"Las listas
elaboradas por establecimientos educativos contendrán nombres de ciudadanos con
grado de educación secundaria no inferior a décimo (10) nivel.
"2.  Los
Registradores Municipales y Distritales, mediante resolución, designarán tres
(3) jurados principales y tres (3) suplentes para cada mesa, ciudadanos no
mayores de sesenta (60) años pertenecientes a diferentes partidos o movimientos
políticos.
"Los
principales podrán convenir con los suplentes el cumplimiento de la función
alternándose entre sí.
"No se podrá
designar como jurados a los parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad,
segundo de afinidad y primero civil, del Registrador Nacional, ni de los
Registradores del Estado Civil, Distritales, Municipales o Auxiliares, ni de
los delegados del Registrador.  El incumplimiento a esta disposición
constituirá causal de mala conducta.
"Parágrafo
1o. Los nominadores o
jefes de personal que omitan relacionar los empleados o trabajadores aptos para
ser nombrados como jurados de votación, serán sancionados con la destitución
del cargo que desempeñan si son servidores públicos y, si no lo fueren, con
multas equivalentes hasta de diez (10) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, a favor del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado
Civil.
Las personas que sin
justa causa no concurran a desempeñar las funciones de jurado de votación o las
abandonen, serán sancionadas con la destitución del cargo que desempeñen, si
son servidores públicos.  Si no lo son, a la multa prevista en el inciso
anterior.
"Parágrafo
2o. Las actas de
escrutinio de los jurados de votación serán válidas cuando estén firmadas, al
menos, por dos (2) de ellos.
"A los jurados
que no firmen las actas respectivas, se les impondrá una multa equivalente a
diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, a favor del Fondo
Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que se hará efectiva
mediante resolución dictada por los Registradores Distritales o Municipales.
"Artículo
6o.  Escrutinios para
Presidente y Vicepresidente de la República. Con el fin de agilizar los
escrutinios en las elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República,
éstos se realizarán en sesiones permanentes a partir de las once (11:00) de la
mañana del lunes siguiente a las elecciones.  Las Comisiones Auxiliares,
Municipales, del Distrito Capital y demás Distritos, consolidarán los
resultados producidos por los jurados en las actas de escrutinio.
"Los
escrutinios de los delegados del Consejo Nacional Electoral se iniciarán a las
8:00 de la mañana (a.m.) el martes siguiente a las elecciones con los
resultados de las actas de escrutinios municipales o auxiliares del Distrito
Capital y demás Distritos que tengan a su disposición y se irán consolidando en
la medida en que los reciban hasta concluir el escrutinio del Departamento o
del Distrito Capital, según el caso.
"Parágrafo.  El Consejo Nacional Electoral practicará
el escrutinio para Presidente y Vicepresidente de la República, de los votos
depositados por los ciudadanos colombianos residentes en el exterior, con base
en los resultados consolidados de la respectiva embajada o consulado, enviados
por cualquier medio viable para transmisión de datos, que el Registrador del
Estado Civil considere confiable, según el estado actual de la tecnología.
"Las actas que
se envien por fax tendrán el mismo valor de los originales.
"El Consejo
Nacional Electoral resolverá los desacuerdos surgidos entre sus delegados y
consolidará los resultados.  En audiencia pública notificará la declaración de
los resultados y proclamará la elección de Presidente y Vicepresidente de la
República, de acuerdo con el artículo 190 de la Constitución Política.  En caso
contrario, señalará las dos fórmulas que hubieren obtenido los más altos
resultados las cuales habrán de participar en la segunda votación.
"Para la
segunda vuelta, en la tarjeta electoral las fórmulas de las dos primeras
mayorías se entenderán sorteadas en el mismo orden y con el mismo número de la
primera.
"La
Registraduría Nacional del Estado Civil dispondrá del material sobrante de las
elecciones por ella suministrado, con destino al Fondo Rotatorio de la misma.
"Artículo
7o.-  Escrutinios. Corresponde
a los delegados del Consejo Nacional Electoral hacer el escrutinio de los votos
depositados para los gobernadores, declarar su elección y expedir las
credenciales respectivas; hacer el escrutinio de los votos depositados para el
Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá, Distrito Capital, declarar su elección y
expedir las respectivas credenciales.
"Corresponde a
las Comisiones Escrutadoras Departamentales hacer el escrutinio de los votos
depositados para los diputados, declarar su elección y expedir las
correspondientes credenciales.
"Corresponde a
las Comisiones Escrutadoras Distritales y Municipales hacer el escrutinio de
los votos depositados para alcaldes Distritales y municipales, concejales y
ediles o miembros de juntas administradoras locales; declarar su elección y
expedir las respectivas credenciales.
"Artículo
8o.  Escrutinios del
Distrito Capital. La Comisión Escrutadora del Distrito Capital practicará
los escrutinios de los votos por el Distrito Capital para Concejo Distrital,
declarará la elección y expedirá las correspondientes credenciales.
"Las Comisiones
Escrutadoras Auxiliares del Distrito Capital practicarán el escrutinio de los
votos para miembros de Juntas Administradoras Locales, declararán la elección
de Ediles y expedirán las correspondientes credenciales.
"Artículo
9o.-  Instalación de
mesas de votación. Para las elecciones de Presidente y Vicepresidente,
gobernadores, diputados, alcaldes, concejales, ediles o miembros de las juntas
administradoras locales, se instalarán mesas de votación en los mismos sitios
donde funcionaron para las elecciones del 8 de marzo de 1992.
"Artículo
10. Propaganda durante
el día de elecciones.  Queda prohibida toda clase de propaganda política y
electoral el día de las elecciones.  Por lo tanto no se podrán portar camisetas
o cualquier prenda de vestir alusiva a propaganda política, afiches, volantes,
gacetas o documentos similares que inviten a votar por determinado candidato o
simplemente, le hagan propaganda.
"Las
autoridades podrán decomisar la propaganda respectiva, sin retener a la persona
que la porte.
"Artículo
11.- Consulta para
gobernadores y alcaldes.  La consulta interna de los partidos y movimientos
políticos para escoger sus candidatos a la elección de gobernadores y alcaldes,
se efectuará en la fecha que establezcan las autoridades electorales con
posterioridad a las elecciones presidenciales.
"Artículo
12.  Reconocimiento de
gastos de campaña. El Consejo Nacional Electoral distribuirá los recursos a
que hubiere lugar por razón de la financiación de las campañas para las
elecciones de las corporaciones de 1994, conforme a la ley vigente a la fecha
en que se efectuaron las inscripciones y/o las elecciones.  Para las demás
elecciones se aplicará el mismo procedimiento.
"El Consejo Nacional
Electoral no podrá condicionar en forma alguna la distribución y pago de la
financiación estatal de las campañas, ni adicionar, ni modificar los requisitos
legales para tener acceso a esa financiación.
"Artículo
13.  Revisión de los
libros de contabilidad. El Consejo Nacional electoral dispondrá del término
de un mes contado a partir de la fecha de presentación del libro pertinente,
para formular observaciones, mediante providencia motivada, a las cuentas de
los candidatos al Congreso de la República.  Pasado un mes, sin que se hubieren
formulado observaciones, las cuentas y los libros se entenderán aprobados en su
integridad.
"Artículo
14. Traslado y
adiciones presupuestales.  Para el cumplimiento de lo previsto en la
presente ley, se faculta al Gobierno Nacional para hacer los traslados y/o
adiciones presupuestales que se estimen necesarios.
"Artículo 15. Circunscripción especial de paz. En
desarrollo de lo dispuesto por los artículos transitorios 12 y 13 de la
Constitución Política y por el parágrafo 2, del artículo 14 de la Ley 104 de
1993, para las elecciones del día treinta (30) de octubre del presente año, el
Gobierno Nacional reglamentará la Circuscripción Especial de Paz para los
Concejos Municipales y las Asambleas Departamentales, para los movimientos
desmovilizados y reincorporados a la vida civil que no han recibido este
beneficio.
"Artículo
16.  Acompañante para
votar. Los ciudadanos que padezcan limitaciones y dolencias físicas que les
impidan valerse por sí mismos, podrán ejercer el derecho al sufragio
"acompañados" de un familiar hasta el interior del cubículo de
votación.  Así mismo, los mayores de ochenta (80) años o quienes padezcan
problemas avanzados de  la visión.
"Parágrafo. Las autoridades electorales y de policía
les prestarán toda la colaboración necesaria y darán prelación en el turno de
votación a estas personas y sus familiares.
"Artículo 17. Voto en blanco.  Voto en blanco es
aquel que fue marcado en la correspondiente casilla.  La tarjeta electoral que
no haya sido tachada en ninguna casilla no podrá contabilizarse como voto en
blanco.
"Artículo
18.  Vigencia. La
presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación."
Este texto
corresponde al publicado en la Gaceta del Congreso No. 48 del 10 de mayo de
1994, en la que aparece el texto definitivo del proyecto de ley en revisión.
B. INTERVENCIONES
Dentro del término
constitucional establecido para intervenir en la defensa o impugnación del
proyecto de ley en  revisión, presentaron escritos los ciudadanos Ligia Rojas
de Gallardo, Guillermo Francis Manuel, Dean Lermen González, y  el doctor
Eduardo Gómez Giraldo.
1. Intervención de los ciudadanos
Guillermo Francis Manuel y Ligia Rojas de Gallardo
Los ciudadanos en
mención, presentaron escritos separados,  impugnando la constitucionalidad del
parágrafo tránsitorio del artículo 4o. del proyecto de ley en revisión.
Las consideraciones
de los dos impugnantes, son similares, pues en su concepto, el parágrafo
desconoce el artículo 316 de la Constitución que dispone que sólo los
residentes del respectivo municipio pueden participar en las elecciones de
autoridades locales.
Residencia, que en
el caso del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia  y Santa
Catalina, tal como lo estableció el decreto 2762 de 1991, declarado exequible
en la sentencia C-530 de 1993 de esta Corporación, debe demostrarse con la
tarjeta de residente. Tarjeta sin la cual, no se pueden ejercer ciertos
derechos,  como el del trabajo, la educación o el voto, entre otros.
Por tanto, si en el
Departamento Archipiélago de San Andrés,  la residencia se prueba con la
tarjeta en mención, el parágrafo del artículo 4o.,  al permitir que con la sola
presentación de la cédula de ciudadanía se pueda participar en las elecciones de
autoridades locales, desconoce  el artículo 316 mencionado, además de suspender
la aplicación del decreto 2762 de 1991, que fija los requisitos para ser
residente en el mencionado Departamento.
Con esta norma,
finaliza uno de los intervinientes,  se permite la denominada
"trashumancia electoral" que tanto se ha querido combatir en los
últimos tiempos.
2. Intervención
del ciudadano Dean Lermen González
En su escrito,  el
ciudadano en mención impugna la constitucionalidad de la expresión "de
un familiar",  contenida en el artículo 16 del proyecto en
revisión, por desconocer el artículo 258 de la Constitución, según el cual,
"...la ley  podrá implantar mecanismos de votación que otorguen más y mejores
garantías para el libre ejercicio de este derecho de los ciudadanos".
En concepto del
interviniente, cuando el artículo 16 faculta  sólo a los familiares para
acompañar a los ciudadanos con limitaciones físicas para ejercer el derecho al
voto, vulnera el derecho de  aquéllos que queriendo votar, no lo pueden hacer,
por no contar con un familiar cerca o simplemente por no tenerlo, hecho que en
sí mismo vulnera el derecho a la igualdad de quienes no cuentan con un
familiar,  frente a los que lo tienen. Agrega "...a  los discapacitados se
nos recluye en el seno familiar como si se tratase de un ghetto, y porque
lesiona nuestra dignidad al suponer que somos incapaces, inhábiles o subdotados
a quienes se nos engaña facilmente fuera del círculo de parientes...".
Con la limitación
que introduce el artículo 16, no se está otorgando garantía alguna para quienes
sufren limitaciones físicas. La norma debería simplemente permitir que estas
personas puedan ser acompañadas, sin exigir calidad  alguna en el acompañante.
Finalmente, afirma
que se desconoce el artículo 83 de la Constitución, porque el artículo 16,
cuando circunscribe la facultad de acompañar, sólo a los familiares de los
discapacitados, supone la mala fe de quienes sin serlo pondrían acompañarlos.
3. Intervención
del ciudadano Eduardo Gómez Giraldo
Este ciudadano,  en
un breve escrito, solicita a la Corporación declarar exequible el proyecto de
ley en  revisión,  por haber cumplido los requistos de forma  que exige la
Constitución para la expedición de las leyes estatutarias, y por no encontrar
en el artículado del proyecto, contradicción alguna con la Constitución.
C. CONCEPTO DEL
PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
Por medio del oficio
número 474 del veintinueve (29) de julio de 1994, el Procurador General de la
Nación, doctor Carlos Gustavo Arrieta Padilla,  rindió el concepto de rigor,
solicitando a la Corte Constitucional declarar la EXEQUIBILIDAD  del
proyecto de ley  "Por la cual se expiden algunas disposiciones en
materia electoral.", a excepción de la expresión "de un
familiar", contenida en el artículo 16, que solicita sea declarada INEXEQUIBLE.
El primer aspecto
analizado por el Ministerio Público, está relacionado con la jurisprudencia de
esta Corporación, en cuanto ella ha fijado el alcance de las materias que deben
ser regualadas a  través de leyes estatutarias.
Con fundamento en la
sentencia C-145 de 1994, establece que  los aspectos relacionados con las
funciones electorales, aun aquellos que parecen operativos, pero que tienen por
objeto el ejercicio adecuado de ella, deben regularse  por  una la ley
estatutaria y no ordinaria. Lineamiento éste que debe tenerse en cuenta para
realizar el estudio de constitucionalidad del proyecto en revisión, pues, a
diferencia de lo que sucede con las leyes estatutarias que regulen algún
derecho fundamental, las que regulen la función electoral deben contener,  no
sólo sus elementos esenciales, sino los operativos que incidan de manera
permanente en su adecuado ejercicio.
Bajo esa perspectiva,
el Ministerio Público realiza el análisis sobre la constitucionalidad de cada
una de las normas del proyecto en revisión.
En relación con el
procedimiento agotado para la aprobación del proyecto, considera que se
cumplieron todos los requisitos exigidos por la Constitución y la ley, en
especial el de las mayorías y el trámite en una sola legislatura. Aspecto por
el cual no existe vicio alguno de constitucionalidad.
En cuanto al aspecto
de fondo, explica que el proyecto que aquí se  revisa, reproduce las normas  de
la ley 84 de 1993, ley que fue declarada inconstitucional en la sentencia C-145
de 1994, en especial,  aquellas que fijaban las fechas para la realización de
las elecciones para   Gobernadores, Alcaldes,  Ediles, etc.,  y la forma como
éstas deberían  llevarse acabo.
Considera que en el
proyecto se consagran una serie de normas, que le hacen perder su verdadero
objetivo, pues se regulan aspectos que si bien son importantes en materia
electoral, le quitan el carácter de permanencia que debería tener. Por ello
afirma, que es un "caos normativo".
Entrando en el
análisis de cada una de las normas, explica que:
El artículo 1o.,
contiene una error de técnica legislativa, al afirmar que las elecciones para
Gobernadores, Alcaldes, e.t.c, se realizarán el último domingo del mes octubre,
pues da a entender que todos los últimos domingos de cada mes de octubre se
celebrarán esas elecciones. Error que si bien no hace la norma inconstitucional,
hace que ella deba  interpretarse en concordancia con las normas que señalan
los períodos constitucionales para cada uno de los cargos allí mencionados.
En relación con el
artículo 2o, que fija el término para las inscripciones de los candidatos a las
elecciones, en las entidades territoriales, no encuentra vicio de
constitucionalidad alguno. Razón por la cual,  solicita se declare exequible.
Sin embargo, hace
una observación  en el sentido de que la norma toma como referencia para la apertura
de las inscripciones,  la elección de Presidente  y Vicepresidente, elecciones
éstas, que por mandato constitucional no coinciden con las elecciones para las
autoridades terrritoriales. Razón por la que estima, que el artículo debe
interpretarse  teniendo en cuenta los períodos constitucionales para la
elección de cada uno de estos cargos.
El artículo 4o., en
lo que respecta a sus tres primeros incisos, es constitucional, pues  se limita
a desarrollar el artículo 316 de la Constitución sin  desconocerlo.
Por su parte,  el
inciso cuarto remite a las normas especiales que en materia de residencia
contempla el artículo 2762 de 1991 para el Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, decreto que desarrolló el artículo 310 de
la Constitución, y que la Corte encontró  exequible, especialmente, en aquéllas
disposiciones que exigen ciertos requisitos para adquirir la residencia en ese
Departamento y la forma de probarla.  Así como los derechos que pueden ejercer
quienes cumplan  con esos requisitos.  Razones éstas que hacen exequible el
inciso en mención, pues se ajusta al artículo 310 de la Constitución  y al
decreto 2762 de 1991.
En relación con el
parágrafo transitorio de este artículo, trae a colación los debates  que se
dieron en el Congreso para su inclusión, así como su necesariedad, pues, tal
como lo explicó la representante Ana García Pechatallt, a la mayoría de los
residentes en el Archipiélago San Andrés,  aún no se les a expedido la tarjeta
de residentes, hecho que les  impediría  ejercer su derecho al voto en estas
elecciones.  Así las cosas, considera que el parágrafo es  razonable y por lo
mismo, constitucional, más aún cuando posee un carácter transitorio.
En relación con el
artículo 5o, se limita a decir que su contenido es propio de una ley
estatutaria, pues permite el desarrollo de la función electoral. Razón
suficiente para solicitar su exequibilidad.
El artículo 6o., por
su parte,  lo encuentra ajustado a la Constitución. Le merece especial mención,
que el artículo le otorgue plena válidez a las actas de votación enviadas vía
fax,  pues ello responde a lo que ha venido sosteniendo la jurisprudencia  y la
doctrina en relación con el valor probatorio de estos documentos.
En lo que respecta
al  artículo 7o., encuentra que él se limita a desarrollar la facultad
otorgada  por la Constitución al Consejo Nacional Electoral, en el artículo
265, numeral 7o., como organismo escrutador  y, como competente  para otorgar
las credenciales correspondientes a quienes resulten elegidos.  Igualmente,
explica que la facultad dada a las Comisiones Escrutadoras, debe entenderse
dentro de los varios pasos en que consta el  proceso de escrutinio, pues la
competencia para realizar éstos  radica  en el Consejo Nacional Electoral, razón
por la que la labor de aquéllas debe estar sometida  a la revisión del Consejo.
Razones por las que solicita, se declare exequible el artículo en mención,
Con fundamento en
las mismas razones esgrimidas para justificar la constitucionalidad del artículo
7o, solicita se declare exequible, el artículo 8o.,  que se refiere a los
escrutinios en el Distrito Capital.
En lo que hace al
artículo 9o., referente a la instalación de las mesas de votación, estima que
su contenido en nada se opone a la Constitución.  Sin embargo, encuentra que la
norma, a pesar de su carácter permanente, omitió referirse a las elecciones
para el Congreso de la República, omisión que no la hace inconstitucional.
En relación con el
artículo 10o., que prohibe la propaganda política y electoral en el día de las
elecciones, estima que esa limitación es constitucional, pues no desconoce
derecho alguno, en especial, los de información  y libre expresión. Para
sustentar su aserto cita  la sentencia C-089 de 1994 de esta Corporación, en las
que se consideró que el día de las elecciones puede limitarse el ejercicio de
ciertos derechos con el fin de permitir al elector ejercer con toda libertad su
derecho al voto.
En lo atinente a la
consulta interna de los partidos para escoger candidatos a las elecciones de
gobernadores y alcaldes, regulada por el artículo 11, considera que es
constitucional. Sin embargo, la norma contiene una imprecisión, al señalar que
las consultas deben realizarse con posterioridad a las elecciones
presidenciales, pues los períodos para las elección de gobernadores y alcaldes
no  coincidenden con aquéllas, imprecisión que no hace la norma
inconstitucinal.
El artículo 12, por
su parte, es constitucional, pues se limita a contemplar la función otorgada al
Consejo Nacional Electoral en el artículo 265, numeral 6, de la Constitución,
para distribuír los recursos estatales cuyo objeto sea la finanaciación de las
campañas electorales. Igualmente, considera que la prohibición que se hace al
Consejo Nacional Electoral para modificar o exigir requisitos adicionales, para
la distribución de los recursos destinados a financiar las campañas
electorales, se ajusta a la Constitución, pues sólo la ley puede modificar o
exigir requisitos para obtener esta clase de  financiación.
En relación con el
artículo 13,  considera que el término que él estipula para que el Consejo
Nacional Electoral apruebe los libros de contabilidad, debe entenderse sin
perjuicio de las acciones de carácter judicial, que puedan originarse por
operaciones fraudelentas que se logren constatar en los mencionados libros.
El artículo 14, que
consagra la facultad del Gobierno para realizar  las correspondientes
apropiaciones presupuestales con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en
la ley, es una norma que no regula ningún aspecto de la función electoral, y
por lo mismo, puede reglamentarse en una ley ordinaria. Sin embargo, su
inclusión en la ley estatutaria no la hace inconstitucional.
En relación con los
artículos 15, 17, y 18, el Ministerio Público, solicita se declaren exequibles,
sin sustentación alguna.
Finalmente, en lo
que respecta a la expresión "acompañados de un familiar" contenida en
el artículo 16, solicita se declare inexequible, pues considera que, si bien el
objetivo de la norma es darle mayor transparencia a las elecciones, más que
proteger el derecho al sufragio, se le está limitando al discapacitado la
posibilidad de escoger la persona que debe acompañarlo a ejercer su derecho al
voto. Sólo él puede saber quien puede asistirlo en el ejercicio de este
derecho. Salvo  la expresión en mención, solicita se declare exequible el
artículo 16, por no contrariar norma alguna de la Constitución.
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
A. COMPETENCIA
La Corte
Constitucional, con fundamento en el artículo 241, numeral 8o. de la
Constitución, es competente para decidir definitivamente sobre la
constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria "Por la cual se expiden
algunas disposiciones en materia electoral", tanto por su contenido material
como por los vicios su  tramitación.
B. ASPECTOS
FORMALES
De los antecedentes
del proyecto de ley en revisión, se deduce que después de la declaración de
inconstitucionalidad de la ley 84 de 1993, que contenía  algunas disposiciones
en materia electoral, realizada por la Corte Constitucional en fallo del
veintitrés (23) de marzo de 1994, el Congreso de la República, por iniciativa
del Viceministro de Gobierno, Encargado de las funciones del Despacho del
Ministro de Gobierno y la Presidente del Consejo Nacional Electoral, se dió a
la tarea de estudiar el proyecto de ley presentado por estos dos organismos,
con el fin de llenar el vacío jurídico dejado por la sentencia de esta
Corporación.
El fundamento de la
Corte para declarar la inconstitucionalidad de la referida ley,  fue que ella,
por tratar aspectos propios de la función electoral, debió tramitarse como ley
estatutaria, artículo 152, literal c) y 153  de la Constitución.
A causa de la
declaración de inconstitucionalidad de la ley 84 de 1993, el proyecto de ley
que aquí se revisa, busca regular algunos aspectos necesarios para llevar a
cabo las elecciones para Gobernadores, Alcaldes, Concejales, Ediles o miembros
de las Juntas Administradoras Locales, las cuales, por mandato constitucional,
deben realizarse en este año.
Así las cosas, y tal
como quedó establecido en la sentencia C-145 de 1994, que declaró
inconstitucional la ley 84 de 1993, los aspectos propios de la dinámica
electoral, como la fijación de fechas  para las elecciones, los términos de
cierre para las inscripciones de candidaturas o registro de votantes, así como
los sistemas de escrutinios, entre otros, son temas relacionados con la función
electoral, que por lo mismo, deben ser regulados a través de una ley de
carácter estatutario.
Por tratar el
presente proyecto de ley, sobre algunos de esos temas, es necesario estudiar si
él cumplió con los requisitos de forma exigidos por la Constitución para la
expedición de una ley de esa naturaleza.
1.) Trámite
legislativo.
a.) El día 25 de
marzo de 1994, el señor Viceministro de Gobierno, Encargado de las funciones
del Despacho del Ministro de Gobierno y la Presidente del Consejo Nacional
Electoral, presentaron ante la Secretaría General de la Cámara de
Representantes, el proyecto de ley estatutaria "por la cual se expiden
algunas disposiciones en materia electoral  para las elecciones de 1994".
En relación con la
iniciativa del proyecto de ley  objeto de revisión, es de observar, que el Consejo
Nacional Electoral, de acuerdo con el artículo 156 de la Constitución tiene la
facultad de presentar proyectos de ley relacionadas con sus funciones. Por el
origen de la iniciativa, el proyecto cumplió el requisito constitucional.
b.) El proyecto de
ley fue radicado bajo el número 214 de 1994 Cámara, y repartido el 4 de abril,
a la Comisión Primera Constitucional Permanente para su trámite.
Así mismo, se ordenó
su publicación por la imprenta Nacional, para dar cumplimiento a lo ordenado
por el numeral primero del artículo 157 de la Constitución, según el cual
ningún proyecto será ley sin haber sido publicado oficialmente por el Congreso,
antes de darle curso en la Comisión repectiva. La publicación del proyecto
junto con la exposición de motivos, se hizo en la Gaceta del Congreso número 22
del del 29 de marzo de 1994, cumpliéndose así  el requisito en mención.
c.) El día 6 de
abril, el Presidente de la República, en uso de la facultad otorgada por el
artículo 163 de la Constitución, presentó ante los Presidentes del Senado y la
Cámara de Representantes, mensaje de urgencia para el trámite del proyecto de
ley. Igualmente, solicitó se  deliberara conjuntamente en las comisiones
correspondientes de Cámara y Senado.
d.) En las
Comisiones Primera del Senado y Cámara, se designó como ponentes a los
senadores Alberto Santofimio Botero, Bernardo Zuluaga Ramírez, Roberto Gerlein
Echeverría y Jorge Ramón Elias Nader, y a los representantes Marco Tulio
Gutiérrez Morad, Ricardo Rosales Zambrano, Ramiro Lucio Escobar y Jesús Angel
Carrizosa. Por existir mensaje de urgencia, las referidas comisiones sesionaron
conjuntamente, y aprobaron el proyecto de ley con algunas modificaciones, en
las sesiones realizadas el 13 y 27 de abril del año en curso, tal como consta en
las actas 14 y 15. Así se dió cumplimiento al numeral 2, del artículo 157 de la
Constitución, según el cual los proyectos para ser ley deben ser aprobados en
las Comisiones Permanentes de cada Cámara.
e.) El 2 de mayo del
año en curso, los Presidentes de las Comisiones Primera de Senado y Cámara,
enviaron el texto del proyecto de ley aprobado, al Secretario General de la
Cámara, para que fuera sometido a segundo debate en las correspondientes
plenarias.
f.) El 3 de mayo, la
plenaria de la Cámara de Representantes nombró una comisión accidental para
integrar las diferentes modificaciones realizadas al proyecto aprobado por las
comisiones permanentes. En la misma fecha, se presentó el texto del proyecto
definitivo, el cual fue aprobado, según la certificación expedida por el
Secretario General de la Cámara de Representantes, con una votación de 110
votos a favor, un voto en contra y seis abstenciones.
Así mismo, se
cumplió el requisito exigido por el artículo 160 de la Constitución, que ordena
que entre el primer  y el segundo debate debe mediar un lapso no inferior a
ocho (8) días, lapso que en el presente caso se cumplió exactamente.
g.) El 4 de mayo, el
Senado de la República, una vez recibido el proyecto de parte de la Secretaría
General de la Cámara de Representantes, sometió el texto del proyecto a segundo
debate, el cual fue aprobado en forma unánime por los asistentes, 90 senadores.
En este punto, es
necesario aclarar, que el artículo 160 de la Constitución, exige que entre la
aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la
otra, deben transcurrir por lo menos quince días, este lapso en el presente
caso no se cumplió, pues sólo transcurrió un día, hecho que daría lugar a un
vicio de procedimiento en la tramitación del proyecto de ley que aquí se
revisa. Sin embargo, esta  Corporación en sentencia C-025 del cuatro (4) de
febrero de 1994, al declarar exequible el artículo 183 de la ley 5a. de 1992,
precisó que cuando las comisiones de las dos cámaras deban deliberar
conjuntamente sobre un proyecto de ley, por existir mensaje de urgencia, como
aconteció en el proyecto que aquí se revisa, el término de 15 días que exige el
artículo 160 de la Constitución no tiene que cumplirse. En dicho fallo se
explicó lo siguiente:
"...Lapso
entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del
debate en la otra en el evento de trámite de urgencia
"37. Si bien
entre la aprobación del Proyecto Ley en una de las Cámaras y la inciación del
debate en la otra, deberán transcurrir por lo menos quince días (CP art. 160),
la deliberación conjunta de las respectivas Comisiones permanentes de las dos
Cámaras para darle primer debate, de producirse como consecuencia del mensaje
de urgencia del Presidente de la República (CP art. 163), hace innecesario el
cumplimiento de dicho término. En efecto, el período de reflexión querido por
el Constituyente como conveniente para la maduración de la ley en formación,
carece de sentido cuando las dos comisiones agotan conjuntamente el primer
debate. En el esquema ordinario, expirado el término de los quince días, el
proyecto se somete a primer debate en una de las dos Cámaras en la que debe
concluir el íter legislativo. En el trámite de urgencia, si la iniciativa - sin
excepcionar los proyectos de ley relativos a los tributos -  se aprueba
conjuntamente por las Comisiones respectivas en primer debate, lo que sigue es
el segundo debate en cada una de las Cámaras, siempre que medie un lapso no
inferior a ocho días. Es evidente que en el trámite de urgencia, la
deliberación conjunta de las dos comisiones obvia el paso del proyecto de una
Cámara a la otra, lo cual es uno de los efectos buscados mediante este
procedimiento que busca reducir el tiempo que se emplea en el procedimiento legislativo
ordinario." (Magistrado Ponente. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz)
Con fundamento en
dicho fallo, tenemos que en el presente caso, el requisito exigido por el
artículo 160 de la Constitución, no era de obligatorio cumplimiento por existir
mensaje de urgencia para su tramitación.
2.) Mayoría
absoluta
El artículo 153 de
la Constitución, exige que la aprobación de una ley estatutaria se haga por la
mayoría absoluta de los miembros del Congreso. En el presente caso, el proyecto
objeto de revisión, según consta  en las certificaciones suscritas por los
Secretarios de la Cámara de Representantes y Senado de la República fue
aprobado por la mayoría absoluta de los Congresistas, cumpliéndose así, el
requisito en mención.
3.) Trámite en
una sola legislatura
El proyecto en
revisión, lo presentaron el Viceministro de Gobierno, Encargado de las
funciones del Despacho del Ministro de Gobierno y la Presidente del Consejo
Nacional Electoral, a consideración de la Cámara de Representantes, el cuatro
de abril de 1994, y fue aprobado finalmente, en segundo debate, por la plenaria
del Senado de la República, el cuatro de mayo del año en curso. Lo que indica
que el referido proyecto fue aprobado en una sola legislatura, tal como lo
exige el artículo 153 de la Constitución para los proyectos de ley estatutaria.
En consecuencia, el
proyecto de ley estatutaria 214 de 1994 Cámara y 183 de 1994 Senado "por
la cual se expiden algunas disposiciones en materia electoral" cumplió los
requisitos de forma exigidos por la Constitución para su expedición, aspecto
éste por el cual la Corte declarará su exequibilidad.
Analizado el aspecto
formal, y no existiendo vicio alguno de inconstitucionalidad por este aspecto,
entra la Corte a examinar los aspectos de fondo.
C. ANALISIS  DE
FONDO EN RELACION CON EL ARTICULADO DEL PROYECTO DE LEY 214 DE 1994 CAMARA Y
183 SENADO.
Para un mejor
ordenamiento del tema, se transcribirá cada artículo, y a continuación se hará
su análisis.
A.
"Artículo 1o. Fecha de elecciones.  Las elecciones de gobernadores,
alcaldes, diputados, concejales y ediles o miembros de  juntas administradores
locales, se realizarán el último domingo del mes de octubre."
Esta disposición es EXEQUIBLE
por las siguientes razones:
1o. Porque no se
opone a ninguna norma constitucional y, en particular, a las que consagran la
elección popular y el período de duración de los cargos -3 años- de
gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o miembros de juntas
administradoras locales, es decir, los artículos 260 (elección popular
directa de estos dignatarios), 262 (prohibición de elegir presidente,
vicepresidente, congreso y autoridades departamentales y municipales en la
misma fecha), 299 (diputados), 303 (gobernadores), 312 (concejales), 314
(alcaldes), 323, inciso 2o., (ediles), 323, inciso 3o., (elección de alcalde
mayor, concejales distritales y ediles en el mismo día).
Dicho  sea de paso,
se considera que el uso de las expresiones "ediles" y "miembros
de juntas administradoras locales" es adecuado, pues los primeros
corresponden a las juntas administradoras de las localidades de Santafé de
Bogotá, D.C., ( artículos 322, inciso 3o., y 323, inciso 2o., de la
Constitución), y los segundos son los integrantes de las juntas administradoras
locales de las comunas o corregimientos municipales (artículo 318 de la
Constitución).
2o. Porque su parte
final, en cuanto señala que las elecciones "se realizarán el último
domingo del mes de octubre", si bien es cierto no precisa que dicha
oportunidad sólo corresponde al año en que termina el correspondiente período
del cargo, no anula la interpretación armónica con las normas atrás citadas que
fijan tal duración.
En este sentido, la
Corte concuerda con el concepto de la Procuraduría General de la Nación, donde,
en lo pertinente, se lee:
"En su artículo
1o. el proyecto regula la fecha de elecciones para Gobernadores, Diputados,
Alcaldes, Concejales y Ediles o Miembros de Juntas Administradoras Locales, las
cuales "se realizarán el último domingo del mes de octubre".
"Encuentra este
Despacho que la expresión resaltada en la anterior transcripción, presenta un
defecto de técnica legislativa por su deficiente redacción, que da a entender
que TODOS los últimos domingos de octubre de cada año se celebran dichas
elecciones.
"Esto puede dar
lugar a equívocos si no se interpreta en concordancia con aquellas
disposiciones constitucionales que determinan los períodos para los cuales se
eligen los mandatarios de las entidades territoriales.
"Este defecto
en la redacción de la norma no implica que sea inconstitucional (...)".
Igualmente, cabe
recordar que este criterio ya había sido adoptado por la Corte. Así, en la
sentencia C-145 del presente año, cuando en materia similar se examinó la
constitucionalidad del artículo 1o. de la ley 84 de 1993, se dijo:
"Conforme a lo
anterior, entra entonces la Corte Constitucional a examinar de manera
diferenciada cada uno de los artículos de la ley 84 de 1993.
"Dice el
artículo 1o.
"ARTÍCULO 1o.
FECHA DE ELECCIONES. Las elecciones para Congreso de la República se
realizarán el segundo domingo de marzo.
"Las
elecciones de Presidente y Vicepresidente se realizarán el segundo domingo de
mayo. En caso que deba
celebrarse nueva votación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 190
de la Constitución Política, ésta tendrá lugar tres (3) semanas más tarde.
"Las elecciones
de Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y Miembros de las Juntas
Administradoras Locales se realizarán el último domingo del mes de octubre".
"Considera la
Corte que aun cuando le asiste razón al demandante en inquietarse por la
ambigüedad que acusa la norma dada su deficiente redacción, en sentir de esta
Corporación dicho defecto de técnica legislativa no conlleva inexorablemente a
su inconstitucionalidad material. En este caso el sentido unívoco de las normas
constitucionales que fijan los períodos de los candidatos de elección popular,
permite completar el enunciado normativo del precepto cuestionado en forma que
puede establecerse sin mayor dificultad su significado. (...)".
B.
"Artículo 2o.-  Inscripción de candidaturas. La inscripción de candidatos
a gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o miembros de las
juntas administradoras locales vence en cincuenta y cinco (55) días antes de la
respectiva elección.  Las modificaciones podrán hacerse dentro de los cinco (5)
días siguientes."
La Corte no percibe
en esta norma ningún motivo de inexequibilidad.
Por el contrario,
entiende que la gestión de la autoridad electoral y la misma participación del
pueblo en las elecciones, suponen un mínimo de orden en lo que toca con la
inscripción de candidatos. La ausencia de un prudente lapso de tiempo entre la
fecha límite de inscripción y el día de celebración de las elecciones, puede
llegar a ser un semillero de dificultades. Por vía de ejemplo, si este período
es reducido, habrá buena probabilidad de que no se pueda dar cumplimiento al
artículo 258 de la Constitución, pues la organización electoral no dispondrá de
tiempo suficiente para elaborar los "instrumentos en los cuales deben
aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones todos los
candidatos", es decir, los comúnmente llamados "tarjetones". Así
mismo, la excesiva cercanía de las dos fechas dificulta que los electores sean
adecuadamente informados acerca de las personas y programas de los candidatos,
lo cual, como es obvio, redunda en perjuicio de la misma democracia.
Esta óptica
corresponde con la del Procurador. En efecto, en su concepto este funcionario
expresó:
"El artículo
2o. regula la inscripción de los candidatos para la elección de las entidades
territoriales, estableciendo un término para tal efecto.
"No existe en
opinión de este Despacho ningún vicio en el contenido de esta disposición, que
regula una materia típicamente electoral. (...)"
C.
"Artículo 3o.  Inscripción de electores.  La inscripción de electores y la
zonificación para las elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados,
concejales y ediles o miembros de las juntas administradoras locales, se abrirá
por un término de sesenta  (60) días después de la elección de Presidente y
Vicepresidente de la República."
Considerando que la
pretensión del legislador de establecer un cierto tiempo para la inscripción de
electores y la zonificación para las elecciones de gobernadores, alcaldes,
diputados, concejales y ediles o miembros de juntas administradoras locales, en
sí misma no se opone a ninguna disposición constitucional, debe señalarse, sin
embargo, que a causa de los diferentes períodos constitucionales que los
citados dignatarios tienen en relación con los del Presidente y el
Vicepresidente, la norma sólo tiene sentido para el año de 1994. En
consecuencia, la Corte declarará su EXEQUIBLIDAD, pero únicamente bajo
este entendimiento.
D. "Artículo
4o.  Residencia electoral.  Para efectos de lo dispuesto en el artículo 316 de
la Constitución Política, la residencia será aquella en donde se encuentre
registrado el votante en el censo electoral.
"Se
entiende que, con la inscripción, el votante declara, bajo la gravedad del
juramento, residir en el respectivo municipio.
"Sin
perjuicio de las sanciones penales, cuando mediante procedimiento breve y
sumario se compruebe que el inscrito no reside en el respectivo municipio, el
Consejo Nacional Electoral declarará sin efecto la inscripción.
"Se
exceptúa el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina en el cual se seguirán aplicando las disposiciones del Decreto 2762 de
1991.  Los nativos del Departamento Archipiélago, podrán votar con la sola
presentación de su cédula de ciudadanía.
"Parágrafo
transitorio. Para los efectos del inciso final de este artículo, los residentes
y nativos del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina podrán
votar en todas las elecciones de 1994 con la sola presentación de la cédula de
ciudadanía."
La Corte,
reiterando, en términos generales, el criterio expuesto por la Corporación en
la sentencia C-145 del veintitrés (23) de marzo de mil novecientos noventa y
cuatro (1994), considera que la norma no es inconstitucional pues en su
redacción sólo se aprecia un simple desarrollo del artículo 316  de
la Carta.
Sin embargo, habrá
de declararse la inconstitucionalidad de la última frase del inciso cuarto del
artículo que dice "Los nativos del Departamento Archipiélago, podrán votar
con la sola presentación de su cédula de ciudadanía.", porque, de no
hacerlo, dichos nativos podrían permanentemente votar con la sola
presentación de la cédula de ciudadanía, y tal cosa iría en contradicción
respecto del artículo 36 del decreto 2762 de 1991, decreto expedido con base en
el artículo 310 de la Constitución. El mencionado artículo 36, que hace parte
de una serie de medidas de control a la densidad poblacional de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, declarado exequible por esta Corporación en
sentencia C-530 de 1993, ordena a todas las autoridades del Archipiélago
(sin exceptuar a las electorales) exigir el porte de la tarjeta de residente o
residente temporal para la identificación de quienes allí se encuentren.
El parágrafo
transitorio es igualmente constitucional, habida cuenta de que en la actualidad
la mayoría de los residentes no cuentan con su correspondiente tarjeta,
requisito que, de aplicarse para las elecciones de 1994, impediría el ejercicio
del derecho al voto.
Por estas razones,
se declarará EXEQUIBLE este artículo, salvo la expresión "Los
nativos del Departamento Archipiélago, podrán votar con la sola presentación de
su cédula de ciudadanía."
E.
"Artículo 5o.  Jurados de votación. Para la integración de los jurados de
votación, se procederá así:
"1.  Con
noventa (90) días calendario de antelación a la fecha de la elección, los
Registradores del Distrito Capital, Municipales y Auxiliares solicitarán a las
entidades públicas, privadas, directorios políticos y establecimientos
educativos, las listas de las personas que pueden prestar el servicio de
jurados de votación.
"Las
listas elaboradas por establecimientos educativos contendrán nombres de
ciudadanos con grado de educación secundaria no inferior a décimo (10) nivel.
"2.  Los
Registradores Municipales y Distritales, mediante resolución, designarán tres
(3) jurados principales y tres (3) suplentes para cada mesa, ciudadanos no
mayores de sesenta (60) años pertenecientes a diferentes partidos o movimientos
políticos.
"Los
principales podrán convenir con los suplentes el cumplimiento de la función
alternándose entre sí.
"No se
podrá designar como jurados a los parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad,
segundo de afinidad y primero civil, del Registrador Nacional, ni de los
Registradores del Estado Civil, Distritales, Municipales o Auxiliares, ni de
los delegados del Registrador.  El incumplimiento a esta disposición
constituirá causal de mala conducta.
"Parágrafo
1o. Los nominadores o jefes de personal que omitan relacionar los empleados o
trabajadores aptos para ser nombrados como jurados de votación, serán
sancionados con la destitución del cargo que desempeñan si son servidores
públicos y, si no lo fueren, con multas equivalentes hasta de diez (10)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor del Fondo Rotatorio de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
"Las
personas que sin justa causa no concurran a desempeñar las funciones de jurado
de votación o las abandonen, serán sancionadas con la destitución del cargo que
desempeñen, si son servidores públicos.  Si no lo son, a la multa prevista en
el inciso anterior.
"Parágrafo
2o. Las actas de escrutinio de los jurados de votación serán válidas cuando
estén firmadas, al menos, por dos (2) de ellos.
"A los
jurados que no firmen las actas respectivas, se les impondrá una multa
equivalente a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, a favor
del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que se hará
efectiva mediante resolución dictada por los Registradores Distritales o
Municipales."
Situaciones que el
artículo contempla:
Origen de las listas
de quienes integrarán los jurados de votación; forma de designar los jurados de
las mesas de votación, y las responsabilidades y sanciones de todos los que
intervienen en el proceso.
-¿Dónde se
originan las listas de jurados de votación?
La norma dice que
los Registradores del Distrito Capital, Municipales y Auxiliares solicitarán a
las entidades públicas, privadas, directorios políticos y establecimientos
educativos las listas para integrar los jurados de votación.
- ¿A quiénes
puede designarse jurados?
El artículo
establece sólo las siguientes limitaciones en relación con la designación de
los jurados: que sean ciudadanos, es decir, nacionales colombianos, mayores de
18 años no mayores de 60 años, y que no sean parientes dentro del cuarto grado
de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, del Registrador
Nacional, de los Registradores del Estado Civil, Distritales, municipales,
auxiliares, o delegados del Registrador.
También señala la
norma que dichas listas se solicitarán con 90 días calendario de antelación a
la fecha de la elección, y que se designarán 3 jurados principales y 3
suplentes por  cada mesa.
- Las
responsabilidades y sanciones de quienes intervienen en el proceso.
Sobre este tema se
observa que la norma distingue las responsabilidades y sanciones de los
nominadores o jefes de personal y las de los jurados.
Para los primeros,
los jefes de personal o nominadores, la conducta objeto de sanción, consiste en
omitir relacionar los empleados o trabajadores aptos para ser nombrados
como jurados de votación. La sanción para los servidores públicos consiste en
la destitución del cargo que desempeñan, y para los otros, multas hasta de 10
salarios mínimos legales mensuales, vigentes.
Al respecto, surgen
dos preguntas: ¿a quién le corresponde determinar la aptitud de las
personas que se relacionan en las listas? ¿es asunto que queda al arbitrio del
jefe de personal o nominador, o corresponde a unos parámetros señalados por los
Registradores del Distrito Capital, municipales o auxiliares que solicitan las
listas?
La distinción es importante,
pues está relacionada con el debido proceso que se debe cumplir para imponer la
destitución o la sanción, según sea el caso. Pues no debe olvidarse que, en el
evento de adoptar cualquiera de las medidas sancionatorias, los inculpados
gozan de la garantía constitucional del debido proceso, de conformidad con el
artículo 29 de la Constitución.
En consecuencia, la
Corte considera que los parámetros para determinar la aptitud, deben ser
fijados por la ley o reglamento, de forma tal que el jefe de personal o
nominador, al remitir la relación solicitada conozca lo que la Registraduría
entiende por relacionar los empleados o trabajadores aptos.
Para los jurados, el
artículo distingue las responsabilidades y sanciones así:
- Los jurados que no
concurran a desempeñar su cargo o lo abandonen. La sanción que les
corresponde es la destitución en el caso de ser servidores públicos, o, en caso
contrario, multas equivalentes a 10 salarios mínimos mensuales.
- Los jurados que
no firmen las actas respectivas. La sanción que les corresponde, sin
distinguir si son o no servidores públicos, es una multa equivalente a 10
salarios mínimos mensuales legales, vigentes.
Para el caso de los
jurados que no concurran a la mesa correspondiente, o que la abandonen, o que no
firmen las actas de escrutinio, la Corte hace la misma observación que para el
caso de los nominadores o jefes de personal: antes de imponer las sanciones a
que haya lugar, se debe garantizar el debido proceso.
Con las anteriores
precisiones, la Corte considera que este artículo es EXEQUIBLE.
F.
"Artículo 6o.  Escrutinios para Presidente y Vicepresidente de la
República. Con el fin de agilizar los escrutinios en las elecciones para
Presidente y Vicepresidente de la República, éstos se realizarán en sesiones
permanentes a partir de las once (11:00) de la mañana del lunes siguiente a las
elecciones.  Las Comisiones Auxiliares, Municipales, del Distrito Capital y
demás Distritos, consolidarán los resultados producidos por los jurados en las
actas de escrutinio.
"Los
escrutinios de los delegados del Consejo Nacional Electoral se iniciarán a las
8:00 de la mañana (a.m.) el martes siguiente a las elecciones con los
resultados de las actas de escrutinios municipales o auxiliares del Distrito
Capital y demás Distritos que tengan a su disposición y se irán consolidando en
la medida en que los reciban hasta concluir el escrutinio del Departamento o
del Distrito Capital, según el caso.
"Parágrafo.
El Consejo Nacional Electoral practicará el escrutinio para Presidente y
Vicepresidente de la República, de los votos depositados por los ciudadanos
colombianos residentes en el exterior, con base en los resultados consolidados
de la respectiva embajada o consulado, enviados por cualquier medio viable para
transmisión de datos, que el Registrador del Estado Civil considere confiable,
según el estado actual de la tecnología.
"Las
actas que se envien por fax tendrán el mismo valor de los originales.
"El
Consejo Nacional Electoral resolverá los desacuerdos surgidos entre sus
delegados y consolidará los resultados.  En audiencia pública notificará la
declaración de los resultados y proclamará la elección de Presidente y
Vicepresidente de la República, de acuerdo con el artículo 190 de la
Constitución Política.  En caso contrario, señalará las dos fórmulas que
hubieren obtenido los más altos resultados las cuales habrán de participar en
la segunda votación.
"Para la
segunda vuelta, en la tarjeta electoral las fórmulas de las dos primeras
mayorías se entenderán sorteadas en el mismo orden y con el mismo número de la
primera.
"La
Registraduría Nacional del Estado Civil dispondrá del material sobrante de las
elecciones por ella suministrado, con destino al Fondo Rotatorio de la
misma."
Es de observar la
falta de técnica en el contenido de la presente norma, pues contempla diversos
temas que son independientes entre sí.
La norma, en su
primera parte, señala el procedimiento de escrutinio en relación con los votos
depositados en el país y, en el parágrafo establece el escrutinio sobre los
votos depositados en el exterior.
Como parte del
parágrafo, el artículo menciona que corresponden al Consejo Nacional Electoral
las siguientes funciones:
- Resolver los
desacuerdos surgidos entre los delegados .
- Consolidar los
resultados.
- Notificar la
declaración de resultados.
- Proclamar la
elección de Presidente y Vicepresidente de la República, de conformidad con el
artículo 190 de la Constitución. O señalar las fórmulas que hubieren obtenido
los más altos resultados, para la segunda votación.
También establece
aspectos meramente técnicos sobre la tarjeta electoral en relación con la
segunda vuelta.
Sobre estas
funciones del Consejo Nacional Electoral, la Corte considera que materializan
las señaladas en el artículo 265, especialmente en el numeral 7, de la
Constitución, en cuanto establece:
"Artículo
265. El Consejo Nacional Electoral tendrá, de conformidad con la ley, las
siguientes atribuciones:
"7. Efectuar
el escrutinio general de toda la votación nacional, hacer la declaratoria de
elección y expedir las credenciales a que haya lugar."
Por estos aspectos,
la norma es EXEQUIBLE.
Surge sí una
aclaración en lo relativo a uno de los incisos del artículo que se analiza, el
cual dice:
"Las actas que
se envíen por fax tendrán el mismo valor de las originales."
Por la ubicación del
inciso, parecería que se refiere sólo a las actas enviadas por fax en las
votaciones realizadas en el exterior, pero como dentro del mismo parágrafo se
fijan procedimientos para resolver desacuerdos entre delegados; la forma como
se notificará la declaración de resultados y la proclamación de la elección de
Presidente y Vicepresidente, no se puede simplemente limitar por el aspecto de
ubicación el alcance del mencionado inciso. Además, en la primera parte del
parágrafo se le concede facultad al Registrador para que "los resultados
consolidados de la respectiva embajada o consulado, (sean) enviados por
cualquier medio viable para la transmisión de datos, que el Registrador del Estado
Civil considere confiable, según el estado de la tecnología." Y uno de
tales medios tecnológicos actuales, es el fax.
La Corte considera
que lo que quiso decir el legislador en este preciso aspecto, es que las actas
que se envíen por fax dentro del país y desde el exterior, tendrán el mismo
valor que las originales.
En consecuencia del
análisis anterior, este artículo será declarado EXEQUIBLE.
G.
"Artículo 7o.-  Escrutinios. Corresponde a los delegados del Consejo
Nacional Electoral hacer el escrutinio de los votos depositados para los
gobernadores, declarar su elección y expedir las credenciales respectivas;
hacer el escrutinio de los votos depositados para el Alcalde Mayor de Santafé
de Bogotá, Distrito Capital, declarar su elección y expedir las respectivas
credenciales.
"Corresponde
a las Comisiones Escrutadoras Departamentales hacer el escrutinio de los votos
depositados para los diputados, declarar su elección y expedir las
correspondientes credenciales.
"Corresponde
a las Comisiones Escrutadoras Distritales y Municipales hacer el escrutinio de
los votos depositados para alcaldes Distritales y municipales, concejales y
ediles o miembros de juntas administradoras locales; declarar su elección y
expedir las respectivas credenciales."
H.
"Artículo 8o.  Escrutinios del Distrito Capital. La Comisión Escrutadora
del Distrito Capital practicará los escrutinios de los votos por el Distrito
Capital para Concejo Distrital, declarará la elección y expedirá las correspondientes
credenciales.
"Las
Comisiones Escrutadoras Auxiliares del Distrito Capital practicarán el
escrutinio de los votos para miembros de Juntas Administradoras Locales,
declararán la elección de Ediles y expedirán las correspondientes
credenciales."
Sobre estos dos
artículos, el examen de constitucionalidad se limita a señalar que ellos
concretan la atribución contenida en el artículo 265, numeral 7, de la
Constitución Políticia, al Consejo Nacional Electoral. En este sentido, estos
artículos serán declarados EXEQUIBLES por la Corte.
I.
"Artículo 9o.-  Instalación de mesas de votación. Para las elecciones de
Presidente y Vicepresidente, gobernadores, diputados, alcaldes, concejales,
ediles o miembros de las juntas administradoras locales, se instalarán mesas de
votación en los mismos sitios donde funcionaron para las elecciones del 8 de marzo
de 1992."
En relación con este
artículo, la Corte debe señalar que no encuentra reparo alguno en su contenido,
pues se limita a señalar algo meramente organizacional. Sin embargo, se
considera que esa disposición sólo puede tener operancia para las elecciones de
1994, y no para las posteriores que lleguen a realizarse, pues limita la
posibilidad de ubicar las mesas de votación para las elecciones que deban realizarse
en el futuro, respondiendo al crecimiento de las aéreas urbanas o rurales o con
fundamento en el aumento de los sufragantes.
Recuerda la Corte,
que la materia de que trata este artículo, por su carácter técnico y
organizacional, debe ser regulada por una ley  ordinaria y no estatutaria, tal
como lo había señalado esta Corporación en la sentencia C-145 de 1994, en la
que, ante una norma de la ley 84 de 1993, cuyo contenido era igual a la que
ahora se revisa, se dijo:
"...esta norma
constituye uno de aquellos pocos casos de materias electorales que
excepcionalmente pueden ser reguladas por medio de ley ordinaria."
Por esa razón, la
Corte en su momento, declaró exequible el artículo 9o. de la ley 84. Así las
cosas, esta Corporación declarará EXEQUIBLE el artículo acusado, pues el
hecho de haberse regulado una materia propia de una ley ordinaria en una ley
estatutaria, no la hace por si inconstitucional, pues, en últimas, es un
problema de técnica legislativa.
Sin embargo, se
advierte que esta norma,  por  haber sido incluída en una ley estatutaria, para
su reforma requerirá de una ley de igual carácter, es decir, por una ley
estatutaria. Lo anterior, por razones de seguridad jurídica.
J.
"Artículo 10. Propaganda durante el día de elecciones.  Queda prohibida
toda clase de propaganda política y electoral el día de las elecciones.  Por lo
tanto no se podrán portar camisetas o cualquier prenda de vestir alusiva a
propaganda política, afiches, volantes, gacetas o documentos similares que
inviten a votar por determinado candidato o simplemente, le hagan propaganda.
"Las
autoridades podrán decomisar la propaganda respectiva, sin retener a la persona
que la porte.
En la ley que reguló
el Estatuto Básico de los partidos políticos se definió lo que debía entenderse
por propaganda electoral y política. La primera, tal como lo explicó esta
Corporación en la sentencia C-089 de 1994, tiene por finalidad obtener el apoyo
electoral. Por tanto, sólo puede realizarse durante los tres meses anteriores a
la fecha de la respectiva elección, con el fin de reducir la carga electoral
propia de la actividad política. Por su parte, la propanganda política, o como
la denominó la ley en mención, divulgación política, es la que de manera
institucional realizan permanentemente los partidos o movimientos políticos con
el fin de difundir y promover sus programas e ideas.
Ahora bien, la norma
en mención prohíbe el día de las elecciones tanto la propaganda política como
la electoral, y a reglón seguido, proscribe una serie de actos  que, según las
definiciones dadas, encuadran en lo que se denomina propaganda electoral.
Esta Corporación  ha
sostenido en varios de sus fallos, que el día de las elecciones, por ser un
día  donde la democracia alcanza su más alta expresión al permitir al pueblo
elegir a sus representantes, sin más condicionamientos que su propia
conciencia, deben  tomarse  las medidas necesarias para que el elector no se
vea constreñido al momento de tomar su decisión. Por esa razón, en la sentencia
C-089 de 1994, se declaró constitucional la restricción según la cual,  en
el día de las elecciones, el suministro de datos provenientes de los medios
de comunicación, tales como encuestas o muestreos sobre el comportamiento
electoral no está permitido, al considerar que ellas podían interferir "en
el desarrollo normal y espontáneo del respectivo certamen y dar lugar a
equívocos o informaciones que desorienten  o desalienten a los votantes."
Igualmente, la Corte
precisó en la sentencia C-488 de 1993, que las restricciones que se implementen
con el objeto de no condicionar la voluntad del elector, pueden ser de tal
naturaleza, que no descononozcan derechos de rango fundamental, como  el  de
información y el de la libre expresión. Por ello, las medidas que se adopten
deben ser razonables para no vulnerar el núcleo esencial de los derechos en
mención.
Con fundamento en lo
expuesto, esta Corporación encuentra que la norma en mención no viola ninguno
de los citados derechos. Así mismo, como la restricción es únicamente para el
día de las elecciones, las limitaciones en ella establecidas son razonables.
Por estas razones,
la Corte  declarará  EXEQUIBLE el artículo acusado.
K.
"Artículo 11.- Consulta para gobernadores y alcaldes.  La consulta interna
de los partidos y movimientos políticos para escoger sus candidatos a la
elección de gobernadores y alcaldes, se efectuará en la fecha que establezcan
las autoridades electorales con posterioridad a las elecciones
presidenciales."
Esta norma se limita
a señalar que la consulta interna de los partidos y movimiento políticos para
la escogencia de sus candidatos a las elecciones de alcaldes y gobernadores,
deberá realizarse con posteriorioridad a las elecciones presidenciales, y en la
fecha  que señalen  las autoridades electorales.  Este artículo en nada vulnera
la Constitución, pues se limita a señalar el marco temporal dentro del cual
podrán efectuarse las consultas internas de los partidos para los cargos allí
mencionados.
Además, está en
perfecta armonía con el artículo 10 de la ley 130 de 1994, ley estatutaria que
regula el "Estatuto Básico de los partidos y movimientos políticos",
donde se consagró el derecho de todo movimiento o partido político, con
personería jurídica, para realizar consultas internas destinadas a escoger sus
candidatos en los comicios de carácter popular.
Sin embargo, esta
norma sólo puede tener operancia para las elecciones que deben realizarse este
año, pues en él, coincidieron los plazos constitucionales para la elección de
Presidente, gobernadores y alcaldes.
Para próximas
elecciones, será necesario fijar nuevos términos para la realización de estas
consultas, teniendo en cuenta  las previsiones que al respecto  hace  la ley
estatutaria sobre partidos políticos, en lo que toca con las consultas
internas.
L.
"Artículo 12.  Reconocimiento de gastos de campaña. El Consejo Nacional
Electoral distribuirá los recursos a que hubiere lugar por razón de la
financiación de las campañas para las elecciones de las corporaciones de 1994,
conforme a la ley vigente a la fecha en que se efectuaron las inscripciones y/o
las elecciones.  Para las demás elecciones se aplicará el mismo procedimiento.
"El
Consejo Nacional Electoral no podrá condicionar en forma alguna la distribución
y pago de la financiación estatal de las campañas, ni adicionar, ni modificar
los requisitos legales para tener acceso a esa financiación."
En relación con esta
norma, debe decirse que ella otorga una facultad al Consejo Nacional Electoral,
para  escoger, en caso de tránsito de leyes que regulen la forma de
financiación de las campañas electorales, la ley aplicable, que puede ser la de
la inscripción o la de la elección.  No de otra forma puede entenderse
este artículo.
En cuanto al segundo
inciso del artículo en estudio, él también será declarado EXEQUIBLE,
pues la financiación de las campañas electorales, tal como está prevista en la
Constitución, es un derecho de los partidos y movimientos políticos con
personería jurídica,  y un deber del Estado.
Financiación  que
actualmente se encuentra regulada,  entre otros,  en el artículo 13 la ley 130
de 1994,  por  la cual se dictó el Estatuto Básico de los partidos políticos.
En dicho artículo se fijan los montos con que debe contribuír el Estado a la
financiación de las campañas electorales, así como la forma en que los mismos
deben distribuírse, y los casos en que se pierde el derecho a esa financiación.
Así mismo, no se
observa que la Constitución, o la ley 130 de 1994, faculten al Consejo Nacional
Electoral para establecer requisitos adicionales a los establecidos por la ley,
para tener acceso a la financiación de que trata el artículo 109 de la
Constitución.
Finalmente, tampoco
le es dado a ese organismo modificar los requisitos que la ley ha establecido,
pues en la escala jerárquica, las resoluciones que dicta el Consejo Nacional
Electoral, están en un grado inferior a  la ley, y por tanto, no tienen la
capacidad de modificar una norma de mayor jerarquía, más aún, tratándose de una
de carácter estatutario como lo es la ley  130  de 1994.
LL.
"Artículo 13.  Revisión de los libros de contabilidad. El Consejo Nacional
electoral dispondrá del término de un mes contado a partir de la fecha de
presentación del libro pertinente, para formular observaciones, mediante
providencia motivada, a las cuentas de los candidatos al Congreso de la
República.  Pasado un mes, sin que se hubieren formulado observaciones, las
cuentas y los libros se entenderán aprobados en su integridad."
Esta norma concuerda
con los artículos 18, 19, 20 y 21 de la ley estatutaria 130   de 1994,
"por la cual se dicta el Estatuto Básico de los partidos y movimientos
políticos, se dictan normas sobre su financiación y la de las Campañas
electorales y se dictan otras disposiciones".
De conformidad con
el artículo 18 de la ley citada, la rendición de cuentas ante el Consejo
Nacional Electoral, deberá presentarse dentro del mes siguiente al día de las
elecciones. Y el Consejo, según la norma que se examina, dispone de un mes para
formular observaciones a las cuentas. Vencido éste, se consideran aprobadas las
cuentas, en su integridad.
Nada hay que objetar
a esta norma desde el punto de vista de su constitucionalidad.  Además, es
perfectamente lógico el señalar un plazo al Consejo Nacional Electoral, para el
examen de las cuentas y la formulación de observaciones. Solamente cabe
observar que el vencimiento del plazo señalado, y la consecuente aprobación
formal de las cuentas, no implica el que prescriba la acción penal en relación
con los posibles delitos que se hayan cometido y que tengan que ver con los
gastos o los ingresos de la respectiva campaña.  En éste, como en otros casos,
la aprobación de las cuentas tiene unos efectos que no impiden la investigación
y las consecuencias de la transgreción de todo tipo de normas. Esto en armonía
con los artículos 15, inciso  y 237, numeral 5o., de la Constitución.
M.
"Artículo 14. Traslado y adiciones presupuestales.  Para el cumplimiento
de lo previsto en la presente ley, se faculta al Gobierno Nacional para hacer
los traslados y/o adiciones presupuestales que se estimen necesarios."
Este artículo 14,
cuya vigencia se limita al año de 1994, en nada vulnera la Constitución.  Es
más: en rigor, no requería el trámite de la ley estatutaria, pero no atenta
contra su constitucionalidad el que lo haya recibido.  En consecuencia, será
declarado EXEQUIBLE.
Sin embargo, se hace
la misma advertencia que la hecha para el artículo 9o. de este proyecto, en el
sentido de que por  haber sido incluída en una ley estatutaria, para su reforma
se requerirá de una ley de igual carácter, es decir, una estatutaria.
N.
"Artículo 15. Circunscripción especial de paz. En desarrollo de lo
dispuesto por los artículos transitorios 12 y 13 de la Constitución Política y
por el parágrafo 2, del artículo 14 de la Ley 104 de 1993, para las elecciones
del día treinta (30) de octubre del presente año, el Gobierno Nacional
reglamentará la Circuscripción Especial de Paz para los Concejos Municipales y
las Asambleas Departamentales, para los movimientos desmovilizados y
reincorporados a la vida civil que no han recibido este beneficio."
El artículo
transitorio 12 de la Constitución dispuso:
"Con el fin de
facilitar la reincorporación a la vida civil de los grupos guerrilleros que se
encuentren vinculados decididamente a un proceso de paz bajo la dirección del
Gobierno, éste podrá establecer, por una sola vez, circunscripciones especiales
de paz para las elecciones a corporaciones públicas que tendrán lugar el 27 de octubre
de 1991, o nombrar directamente por una sola vez, un número plural de
Congresistas en cada Cámara en representación de los mencionados grupos en
proceso de paz y desmovilizados".
Si se examina con
atención este artículo, se observa que está referido únicamente a las
elecciones que se cumplieron el 27 de octubre de 1991.  Obsérvese, además, que
la facultad de establecer "circunscripciones especiales de paz" se
concede "POR UNA SOLA VEZ".
De otro lado, la
autorización del inciso primero del artículo 12, estaba destinada únicamente al
Congreso de la República.  Con base en ella no puede legislarse en lo que tiene
que ver con las Asambleas y los Concejos.
La elección popular
de diputados y Concejales está prevista en los artículos 299 y 312 de la
Constitución.  Establecer normas excepcionales para tal elección, es algo que
solamente podría hacer el Congreso, o el Gobierno, en virtud de expresa
autorización del Constituyente, como lo previó, para una oportunidad pasada, el
citado artículo 12.
Por su parte, el
artículo transitorio 13 dispuso:
"Dentro de los
tres años siguientes a la entrada en vigencia de esta Constitución el Gobierno
podrá dictar las disposiciones que fueren necesarias para facilitar la
reinserción de grupos guerrilleros desmovilizados que se encuentren vinculados
a un proceso de paz bajo su dirección; para mejorar las condiciones económicas
y sociales de las zonas donde ellos estuvieran presentes; y para proveer a la
organización territorial, organización y competencia municipal, servicios
públicos y funcionamiento e integración de los cuerpos colegiados municipales
en dichas zonas.
"El Gobierno
Nacional entregará informes periódicos al Congreso de la República sobre el
cumplimiento y desarrollo de este artículo."
Basta comparar las
dos normas, el 12 y 13, para concluír que este último versa sobre materias
diferentes.  Por lo mismo, no puede pretenderse que con base en él se faculte
al Gobierno Nacional para reglamentar unas "Circunscripciones Especiales
para la Paz para los Concejos Municipales y las Asambleas
Departamentales", que no se previeron por el Constituyente, y ni siquiera
por el legislador.
Además, la
facultad concedida por el artículo transitorio 13, ya venció, pues se
confirió por tres años contados a partir de la entrada en vigencia de la
Constitución.
El parágrafo 2o. del
artículo 14 de la ley 104 de 1993, dice :
"Con el fin de
facilitar la transición a la vida civil y política legal de los grupos
guerrilleros que se encuentren en un proceso de paz dirigido por el Gobierno,
éste podrá nombrar por una sola vez, un número plural de Congresistas en cada
Cámara en representación de los mencionados grupos.
Para los efectos
previstos en el presente artículo, el Gobierno podrá no tener en cuenta
determinadas inhabilidades y requisitos para ser Congresista".
Es claro que tampoco
esta norma se refiere a los Concejos y a las Asambleas, pues faculta al
Gobierno para "nombrar por una sola vez, un número plural de Congresistas
en cada Cámara".  Siendo así, mal podría entenderse que ella creó las
Circunscripciones Especiales de Paz para los Concejos y Asambleas, cuya
reglamentación se pretende diferir al Gobierno.
En conclusión:  no
existe disposición constitucional, permanente ni transitoria, que permita
dictar normas excepcionales en relación con la elección de Concejales y
Diputados.  Ninguna de las normas citadas en la disposición que se examina,
permite al Gobierno Nacional dictar esta reglamentación excepcional.
A todo lo anterior
debe agregarse que la Constitución, en lo relativo al Congreso de la República,
sólo prevé la circunscripción nacional, las territoriales y las especiales.
Estas últimas están reguladas así:
a)  Circunscripción
especial para la elección de senadores por las comunidades indígenas
(Inciso segundo, artículo 171);
b) La ley podrá
establecer una circunscripción especial para "asegurar la
participación en la Cámara de Representantes de los grupos étnicos y de las
minorías políticas y de los colombianos residentes en el exterior".
(Inciso tercero, artículo 176).
Como se ve,
solamente en el artículo transitorio 12, en forma excepcional, se contemplan
las Circunscripciones Especiales de Paz.  Por lo mismo, no puede el legislador,
a su arbitrio, establecerlas o facultar al Gobierno Nacional para que las
reglamente cuando no existen.
En tratándose de las
Asambleas Departamentales, la Constitución prevé que sus miembros se elijan por
los ciudadanos de cada Departamento.  Excepcionalmente, el inciso segundo del
artículo 299 faculta al Consejo Nacional Electoral para formar, dentro de los
limites de cada departamento, con base en su población, círculos para la
elección de diputados, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento
Territorial.  Esta atribución no podría ejercerla el Congreso, ni tampoco el
Gobierno Nacional, pues a ellos no se las da la Constitución.
Con base en los
razones expuestas, la Corte declarará INEXEQUIBLE el artículo 15 del
Proyecto.
Se advierte que el
Presidente de la República expidió con base en el  artículo 13 transcrito, el
decreto 1388  de 1o. de julio de 1994 "Por el cual se establece la
Circunscripción Territorial de Paz para las elecciones a Concejos Municipales
que tendrán lugar el día 30 de octubre de 1994, con el fin de facilitar la
reinserción de grupos guerrilleros desmovilizados." Este decreto no se
refiere para nada a las Asambleas Departamentales, y sobre él la Corte no se
pronunciará en esta sentencia por no ser el momento oportuno para hacerlo.
Con base en las
razones expuestas, la Corte declarará INEXEQUIBLE el artículo 15 del
Proyecto.
O.
"Artículo 16.-  Acompañante para votar.  Los ciudadanos que padezcan
limitaciones y dolencias físicas que les impidan valerse por sí mismos, podrá
ejercer el derecho al sufragio "acompañados" de un familiar hasta el
interior del cubículo de votación.   Así mismo los mayores de ochenta (80) años
o quienes padezcan problemas avanzados de visión.
"Parágrafo.-
Las autoridades electorales y de policía les prestarán toda la colaboración
necesaria y darán prelación en el turno de votación a estas personas y sus
familiares."
Es claro que exigir
que quien acompañe a quien padezca limitaciones y dolencias físicas, o sea
mayor de ochenta (80) años, sea un "familiar" suyo, implica una
restricción inaceptable al derecho del sufragio.
Quien padezca tales
limitaciones podrá, si esa es su voluntad, pedir la ayuda de alguien.  Pero
imponerle la presencia de un "familiar", es algo que limita el
ejercicio del derecho.  Además, la ley no define qué es un familiar,
pues jurídicamente debe hablarse de parientes.
En consecuencia, se
declarará EXEQUIBLE este artículo, salvo la expresión "de un
familiar", que se declarará INEXEQUIBLE, así como la expresión "y
sus familiares", contenida en el parágrafo, que también será declarada
INEXEQUIBLE.
No sobra advertir,
que en el futuro, el Gobierno puede pensar en establecer tarjetones con el
sistema Braille, que permitan ejercer el derecho al voto sin necesidad de estar
acompañados.
P.
"Artículo 17.- Voto en blanco.  Voto en blanco es aquel que fué marcado en
la correspondiente casilla.  La tarjeta electoral que no haya sido tachada en
ninguna casilla no podrá contabilizarse como voto en blanco".
No pugna con la
Constitución esta norma.  Debe recordarse que al fallar sobre la ley 84 de
1993, y concretamente sobre el inciso primero del artículo 14, en la Sentencia
C'145/94, de marzo 23 de 1994, la Corte Constitucional declaró inexequible SOLO
POR VICIOS DE PROCEDIMIENTO , por contener materias que deben ser reguladas
por medio de ley estatutaria, esta frase:  "Voto en Blanco es el que en la
tarjeta electoral señala la casilla correspondiente".  Siendo esto así, es
evidente que el artículo 16 que se examina, se ajusta a la Constitución.
De otra parte, es
bueno anotar que el Congreso de la República, acatando la mencionada sentencia,
excluyó del proyecto que se analiza esta frase, declarada inexequible por
razones de fondo y de forma:  "el voto en blanco no se tendrá en cuenta
para obtener el cuociente electoral".
Finalmente, hay que
decir que quien no sólo se abstiene de señalar el nombre de un candidato, sino
que tampoco marca la casilla correspondiente al voto en blanco, no expresa
voluntad alguna.  El mero acto mecánico de depositar en la urna la tarjeta
electoral, no puede tenerse como voto válido.  En este sentido acierta la
disposición del proyecto, que, por todo lo dicho, será declarada EXEQUIBLE.
Q.
"Artículo 18.- Vigencia.  La presente ley rige a partir de la fecha de su
promulgación".
Esta norma se limita
a señalar el momento en que entra en vigencia la ley.  En nada contraría la
Constitución, y, por lo mismo, será declarada EXEQUIBLE.
III. TEXTO
DEFINITIVO DEL PROYECTO
Con fundamento en
las consideraciones anteriores, el texto del proyecto de ley revisado,  quedará
así:
"Proyecto de Ley números 214/94,
Cámara y 183/94, Senado
"Por la cual se expiden algunas
disposiciones en materia electoral
"EL CONGRESO DE COLOMBIA
"DECRETA
"Artículo
1o.-  Fecha de elecciones.
Las elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o
miembros de  juntas administradores locales, se realizarán el último domingo
del mes de octubre.
"Artículo
2o.-  Inscripción de
candidaturas. La inscripción de candidatos a gobernadores, alcaldes,
diputados, concejales y ediles o miembros de las juntas administradoras locales
vence en cincuenta y cinco (55) días antes de la respectiva elección.  Las
modificaciones podrán hacerse dentro de los cinco (5) días siguientes.
"Artículo
3o.-  Inscripción de
electores.  La inscripción de electores y la zonificación para las
elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o miembros
de las juntas administradoras locales, se abrirá por un término de sesenta
(60) días después de la elección de Presidente y Vicepresidente de la
República.
"Artículo
4o.-  Residencia
electoral.  Para efectos de lo dispuesto en el artículo 316 de la
Constitución Política, la residencia será aquella en donde se encuentre
registrado el votante en el censo electoral.
"Se entiende
que, con la inscripción, el votante declara, bajo la gravedad del juramento,
residir en el respectivo municipio.
"Sin perjuicio
de las sanciones penales, cuando mediante procedimiento breve y sumario se
compruebe que el inscrito no reside en el respectivo municipio, el Consejo
Nacional Electoral declarará sin efecto la inscripción.
"Se exceptúa el
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el
cual se seguirán aplicando las disposiciones del Decreto 2762 de 1991.
"Parágrafo
transitorio. Para los
efectos del inciso final de este artículo, los residentes y nativos del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina podrán votar en todas
las elecciones de 1994 con la sola presentación de la cédula de ciudadanía.
"Artículo
5o.-  Jurados de
votación. Para la integración de los jurados de votación, se procederá así:
"1.  Con
noventa (90) días calendario de antelación a la fecha de la elección, los
Registradores del Distrito Capital, Municipales y Auxiliares solicitarán a las
entidades públicas, privadas, directorios políticos y establecimientos
educativos, las listas de las personas que pueden prestar el servicio de
jurados de votación.
"Las listas
elaboradas por establecimientos educativos contendrán nombres de ciudadanos con
grado de educación secundaria no inferior a décimo (10) nivel.
"2.  Los
Registradores Municipales y Distritales, mediante resolución, designarán tres
(3) jurados principales y tres (3) suplentes para cada mesa, ciudadanos no
mayores de sesenta (60) años pertenecientes a diferentes partidos o movimientos
políticos.
"Los
principales podrán convenir con los suplentes el cumplimiento de la función
alternándose entre sí.
"No se podrá
designar como jurados a los parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad,
segundo de afinidad y primero civil, del Registrador Nacional, ni de los
Registradores del Estado Civil, Distritales, Municipales o Auxiliares, ni de
los delegados del Registrador.  El incumplimiento a esta disposición
constituirá causal de mala conducta.
"Parágrafo
1o.- Los nominadores o
jefes de personal que omitan relacionar los empleados o trabajadores aptos para
ser nombrados como jurados de votación, serán sancionados con la destitución
del cargo que desempeñan si son servidores públicos y, si no lo fueren, con
multas equivalentes hasta de diez (10) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, a favor del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado
Civil.
Las personas que sin
justa causa no concurran a desempeñar las funciones de jurado de votación o las
abandonen, serán sancionadas con la destitución del cargo que desempeñen, si
son servidores públicos.  Si no lo son, a la multa prevista en el inciso anterior.
"Parágrafo
2o.- Las actas de
escrutinio de los jurados de votación serán válidas cuando estén firmadas, al
menos, por dos (2) de ellos.
"A los jurados
que no firmen las actas respectivas, se les impondrá una multa equivalente a
diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, a favor del Fondo
Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que se hará efectiva
mediante resolución dictada por los Registradores Distritales o Municipales.
"Artículo
6o.- Escrutinios para Presidente y Vicepresidente de la República. Con el fin de agilizar los escrutinios en
las elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República, éstos se
realizarán en sesiones permanentes a partir de las once (11:00) de la mañana
del lunes siguiente a las elecciones.  Las Comisiones Auxiliares, Municipales,
del Distrito Capital y demás Distritos, consolidarán los resultados producidos
por los jurados en las actas de escrutinio.
"Los
escrutinios de los delegados del Consejo Nacional Electoral se iniciarán a las
8:00 de la mañana (a.m.) el martes siguiente a las elecciones con los
resultados de las actas de escrutinios municipales o auxiliares del Distrito
Capital y demás Distritos que tengan a su disposición y se irán consolidando en
la medida en que los reciban hasta concluir el escrutinio del Departamento o
del Distrito Capital, según el caso.
"Parágrafo.-  El Consejo Nacional Electoral
practicará el escrutinio para Presidente y Vicepresidente de la República, de
los votos depositados por los ciudadanos colombianos residentes en el exterior,
con base en los resultados consolidados de la respectiva embajada o consulado,
enviados por cualquier medio viable para transmisión de datos, que el
Registrador del Estado Civil considere confiable, según el estado actual de la
tecnología.
"Las actas que
se envien por fax tendrán el mismo valor de los originales.
"El Consejo
Nacional Electoral resolverá los desacuerdos surgidos entre sus delegados y
consolidará los resultados.  En audiencia pública notificará la declaración de
los resultados y proclamará la elección de Presidente y Vicepresidente de la
República, de acuerdo con el artículo 190 de la Constitución Política.  En caso
contrario, señalará las dos fórmulas que hubieren obtenido los más altos
resultados las cuales habrán de participar en la segunda votación.
"Para la
segunda vuelta, en la tarjeta electoral las fórmulas de las dos primeras
mayorías se entenderán sorteadas en el mismo orden y con el mismo número de la
primera.
"La
Registraduría Nacional del Estado Civil dispondrá del material sobrante de las
elecciones por ella suministrado, con destino al Fondo Rotatorio de la misma.
"Artículo
7o.-  Escrutinios. Corresponde
a los delegados del Consejo Nacional Electoral hacer el escrutinio de los votos
depositados para los gobernadores, declarar su elección y expedir las
credenciales respectivas; hacer el escrutinio de los votos depositados para el
Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá, Distrito Capital, declarar su elección y
expedir las respectivas credenciales.
"Corresponde a
las Comisiones Escrutadoras Departamentales hacer el escrutinio de los votos
depositados para los diputados, declarar su elección y expedir las
correspondientes credenciales.
"Corresponde a
las Comisiones Escrutadoras Distritales y Municipales hacer el escrutinio de
los votos depositados para alcaldes Distritales y municipales, concejales y
ediles o miembros de juntas administradoras locales; declarar su elección y
expedir las respectivas credenciales.
"Artículo
8o.- Escrutinios del Distrito Capital. La Comisión Escrutadora del Distrito Capital
practicará los escrutinios de los votos por el Distrito Capital para Concejo
Distrital, declarará la elección y expedirá las correspondientes credenciales.
"Las Comisiones
Escrutadoras Auxiliares del Distrito Capital practicarán el escrutinio de los
votos para miembros de Juntas Administradoras Locales, declararán la elección
de Ediles y expedirán las correspondientes credenciales.
"Artículo
9o.-  Instalación de
mesas de votación. Para las elecciones de Presidente y Vicepresidente,
gobernadores, diputados, alcaldes, concejales, ediles o miembros de las juntas
administradoras locales, se instalarán mesas de votación en los mismos sitios
donde funcionaron para las elecciones del 8 de marzo de 1992.
"Artículo
10.- Propaganda durante
el día de elecciones.  Queda prohibida toda clase de propaganda política y
electoral el día de las elecciones.  Por lo tanto no se podrán portar camisetas
o cualquier prenda de vestir alusiva a propaganda política, afiches, volantes,
gacetas o documentos similares que inviten a votar por determinado candidato o
simplemente, le hagan propaganda.
"Las
autoridades podrán decomisar la propaganda respectiva, sin retener a la persona
que la porte.
"Artículo
11.- Consulta para gobernadores
y alcaldes.  La consulta interna de los partidos y movimientos políticos
para escoger sus candidatos a la elección de gobernadores y alcaldes, se
efectuará en la fecha que establezcan las autoridades electorales con
posterioridad a las elecciones presidenciales.
"Artículo
12.  Reconocimiento de
gastos de campaña. El Consejo Nacional Electoral distribuirá los recursos a
que hubiere lugar por razón de la financiación de las campañas para las
elecciones de las corporaciones de 1994, conforme a la ley vigente a la fecha
en que se efectuaron las inscripciones y/o las elecciones.  Para las demás
elecciones se aplicará el mismo procedimiento.
"El Consejo
Nacional Electoral no podrá condicionar en forma alguna la distribución y pago
de la financiación estatal de las campañas, ni adicionar, ni modificar los
requisitos legales para tener acceso a esa financiación.
"Artículo
13.  Revisión de los
libros de contabilidad. El Consejo Nacional electoral dispondrá del término
de un mes contado a partir de la fecha de presentación del libro pertinente,
para formular observaciones, mediante providencia motivada, a las cuentas de
los candidatos al Congreso de la República.  Pasado un mes, sin que se hubieren
formulado observaciones, las cuentas y los libros se entenderán aprobados en su
integridad.
"Artículo
14.- Traslado y
adiciones presupuestales.  Para el cumplimiento de lo previsto en la
presente ley, se faculta al Gobierno Nacional para hacer los traslados y/o
adiciones presupuestales que se estimen necesarios.
"Artículo
15.-  Declarado
inexequible.
"Artículo
16.- Acompañante para votar.
Los ciudadanos que padezcan limitaciones y dolencias físicas que les impidan
valerse por sí mismos, podrán ejercer el derecho al sufragio "acompañados"
hasta el interior del cubículo de votación.  Así mismo, los mayores de ochenta
(80) años o quienes padezcan problemas avanzados de  la visión.
"Parágrafo.- Las autoridades electorales y de policía
les prestarán toda la colaboración necesaria y darán prelación en el turno de
votación a estas personas.
"Artículo 17. Voto en blanco.  Voto en blanco es
aquel que fue marcado en la correspondiente casilla.  La tarjeta electoral que
no haya sido tachada en ninguna casilla no podrá contabilizarse como voto en
blanco.
"Artículo
18.  Vigencia. La
presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación."
IV.  DECISION
Por lo expuesto, la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE :
Primero.- Decláranse EXEQUIBLES los artículos
1o., 2o., 3o., 5o., 6o., 7o., 8o., 9o., 10, 11, 12, 13, 14, 17 y 18 del
proyecto de ley estatutaria número 214/94 Cámara y 183/94 Senado "Por la
cual se expiden algunas disposiciones en materia electoral."
Segundo.- Declárase EXEQUIBLE el artículo 4o.
del mismo proyecto, salvo la expresión "Los nativos del Departamento
Archipiélago, podrán votar con la sola presentación de su cédula de
ciudadanía." del inciso cuarto, que se declara INEXEQUIBLE.
Tercero.- Declárase INEXEQUIBLE el artículo
15 del mismo proyecto.
Cuarto.- Declárase EXEQUIBLE el artículo 16
del mismo proyecto, salvo las  expresiones "de un familiar " y "y
sus familiares" contenidas en el inciso primero y en parágrafo
que se declaran INEXEQUIBLES.
Notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y envíese  copia
al Presidente de la República y a los Presidentes de las Cámaras para lo de su
competencia.
JORGE ARANGO MEJIA
Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Aclaración de
voto a la Sentencia No. C-353/94
ARCHIPIELAGO DE
SAN ANDRES-Autonomía/DERECHOS
POLITICOS-Excepciones (Aclaración de voto)
La Constitución
autoriza al Legislador, en relación con el Departamento del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, para expedir normas especiales en materia
administrativa, de inmigración, fiscal, de comercio exterior, de cambios,
financiera y de fomento económico. Por otra parte, permite al Legislador
limitar el ejercicio de los derechos de circulación y residencia, establecer
controles a la densidad poblacional, regular el uso del suelo y someter a
condiciones especiales la enajenación de bienes inmuebles, con el fin de
proteger la identidad cultural de las comunidades nativas y preservar el medio
ambiente y los recursos naturales del Archipiélago. La Carta Política, en
ningún momento y de ninguna manera, confiere facultades al Legislador para
establecer excepciones a los derechos políticos. Al hacerlo, la norma
demandada vulnera el artículo 310 de la Constitución.
GOBERNADOR DE SAN
ANDRES-Domicilio/DERECHO
A LA IGUALDAD-vulneración (Aclaración de voto)
Al fijar como
requisito para ser elegido gobernador del Departamento del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, la condición de tener domicilio en el
territorio del Departamento, por más de diez (10) años, cuando el
candidato no ha nacido en el mismo, viola el derecho fundamental a la igualdad,
principalmente por establecer una diferencia específica irrelevante que rompe
con el principio de homogeneidad en materia de elección de los Gobernadores. La
estructura política del Estado no debe ser afectada por las características
singulares de una zona o territorio del país. No existe, una razón valida que
justifique la desproporción entre el término de tres años para poder ejercer el
derecho a elegir, y el plazo triplicado que la norma demandada establece para
poder ser elegido Gobernador.
AGOSTO 10 DE 1994
Ref:  Expediente P.E. 006
Revisión
Constitucional del proyecto de ley estatutaria Nº 214 de 1994 Cámara y 183 de
1994 Senado "Por el cual se expiden algunas disposiciones en material
electoral"
Magistrado ponente:
Dr. JORGE ARANGO MEJIA
Como quiera que el
artículo 4° del Proyecto se refiere a las disposiciones electorales especiales
aplicables al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, previstas en el Decreto 2762 de 1991, considero oportuno reiterar a
este respecto mi salvamento del voto a lo decidido por esta Corporación en la
sentencia N° C- 086 del tres (3) de marzo de 1994:
"Con el debido
respeto, considero que el artículo 14 de la ley 47 de 1993 ha debido ser
declarado parcialmente inexequible, por las siguientes razones:
1. La norma
demandada establece como condición para ser elegido Gobernador del Departamento
del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, además de las
determinadas por la ley, que éste: 1) haya nacido en el territorio del
Departamento o, 2) que sea residente en él conforme a las normas sobre control
de densidad poblacional y que tenga "domicilio en el mismo por más de
diez (10) años cumplidos con anterioridad a la fecha de elección". A
mi juicio, la parte subrayada del artículo 14 vulnera los artículos 1º, 13, 40,
152 y 310 de la Carta Política.
2. La Constitución
autoriza al Legislador, en relación con el Departamento del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, para expedir normas especiales en materia
administrativa, de inmigración, fiscal, de comercio exterior, de cambios,
financiera y de fomento económico. Por otra parte, permite al Legislador
limitar el ejercicio de los derechos de circulación y residencia, establecer
controles a la densidad poblacional, regular el uso del suelo y someter a
condiciones especiales la enajenación de bienes inmuebles, con el fin de
proteger la identidad cultural de las comunidades nativas y preservar el medio
ambiente y los recursos naturales del Archipiélago (CP art. 310). La Carta
Política, en ningún momento y de ninguna manera, confiere facultades al
Legislador para establecer excepciones a los derechos políticos. Al
hacerlo, la norma demandada vulnera el artículo 310 de la Constitución.
3. El carácter
unitario de la República de Colombia exige, en lo político, un tratamiento
homogéneo. Las particularidades de ciertos territorios y regiones del país no
deben llevar a que determinadas personas se vean excluidas del ejercicio de sus
derechos políticos, en desmedro de la unidad política del Estado (CP art. 1º).
4. La norma
demandada afecta el ejercicio de los derechos políticos consagrados en el
artículo 40 de la Constitución, ya que sujeta el derecho fundamental a ser
elegido a condiciones formal y materialmente contrarias al texto
constitucional. Por tratarse de la regulación de un derecho fundamental, el
artículo acusado debía ser objeto de una ley estatutaria. Al no tener en cuenta
esta circunstancia, el Legislador vulneró, con la expedición de la norma, el
artículo 152 de la Carta Política.
Por otra parte, al
fijar como requisito para ser elegido gobernador del Departamento del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la condición de tener
domicilio en el territorio del Departamento, por más de diez (10) años,
cuando el candidato no ha nacido en el mismo, viola el derecho fundamental a la
igualdad, principalmente por establecer una diferencia específica irrelevante
que rompe con el principio de homogeneidad en materia de elección de los
Gobernadores. La estructura política del Estado no debe ser afectada por las
características singulares de una zona o territorio del país. El principio fundamental
que define la nación como una República unitaria (CP art. 1º) se lesiona
cada vez que el Legislador decide establecer un régimen diferente, atendiendo a
factores o circunstancias que no guardan relación directa con la conformación y
ejercicio del poder político.
La norma, además, es
francamente desproporcionada en relación con la finalidad de las disposiciones
sobre control de densidad poblacional. El Decreto 2762 de 1991, por el que se
adoptaron medidas para controlar la densidad poblacional en el Departamento del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, exige para adquirir
el derecho de residencia en las Islas haber permanecido en calidad de residente
temporal por un término no inferior a 3 años, observando buena conducta
y solvencia económica (Artículo 3º). Por su parte, el artículo 5º del mismo
decreto reserva a los residentes del Departamento - calidad que puede
adquirirse después de tres años - el derecho a ejercer el sufragio para
elecciones departamentales o municipales. No existe, por lo tanto, una razón
valida que justifique la desproporción entre el término de tres años para poder
ejercer el derecho a elegir, y el plazo triplicado que la norma
demandada establece para poder ser elegido Gobernador, salvo que se suponga equivocadamente
que la dignidad del cargo, por sí sola, basta para hacer tan  gravosa la
aspiración de regir los destinos del Departamento, o haya sido factor de
atracción que, por sí sólo, explique la densidad poblacional del
archipiélago".
Fecha ut supra
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado