T-836-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-836/11
ACCION DE TUTELA E
INDEMNIZACION SUSTITUTIVA-Procedencia
excepcional para ordenar pago
En lo que atañe a la solicitud de la indemnización
sustitutiva de la pensión, la Corte Constitucional ha admitido la procedencia
de la acción de tutela considerando que las acciones ordinarias no constituyen
el mecanismo más expedito para reclamar dicha prestación, en la medida en que
la duración del trámite de estos procesos podría superar la expectativa de vida
de la mayoría de los accionantes y además porque su derecho al mínimo vital
estaría en riesgo. Por último, es importante resaltar que en la actualidad, el
derecho a la seguridad social, del cual hacen parte los derechos de naturaleza
pensional, como la indemnización sustitutiva, es considerado por la Corte
Constitucional como un verdadero derecho fundamental, independiente y autónomo,
razón por la cual, puede ser protegido directamente a través de la acción de
tutela.
INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DE
PENSION DE VEJEZ-Entidades encargadas
de su reconocimiento, deben tener en cuenta semanas cotizadas con anterioridad
a vigencia del Sistema de Seguridad Social en Pensiones
La
jurisprudencia de la Corte ha sostenido que una administradora del régimen de
pensiones que niega el reconocimiento de la indemnización sustitutiva a
personas que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 37 de la Ley
100 de 1993, vulnera el derecho a la seguridad social, porque  en virtud del
literal f del artículo 13 de esta Ley, las entidades encargadas del
reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva se encuentran en la
obligación de tener en cuenta las semanas cotizadas con anterioridad a la
entrada en vigencia de dicha normatividad.
INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DE
PENSION DE VEJEZ-Caso en que CAJANAL
niega la prestación porque la última cotización se realizó antes de entrar en
vigencia la Ley 100 de 1993
DERECHO AL MINIMO VITAL Y
SEGURIDAD SOCIAL-Orden a Cajanal
reconozca y pague indemnización sustitutiva de la pensión de vejez
Referencia: expediente
T-3166924
Acción de tutela presentada por María Librada Alba de
Medina contra la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal E.I.C.E -  en
Liquidación.
Magistrada Ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá,
D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil once (2011)
La
Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Juan Carlos
Henao Pérez, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
En
el proceso de revisión del fallo proferido, en única instancia, por el Juzgado
Séptimo Civil del Circuito de la Ciudad de Bogotá, el siete  (07) de julio  de
dos mil once (2011), con ocasión de la acción de tutela instaurada por la
señora María Librada Alba de Medina, contra la Caja Nacional de Previsión Social
Cajanal E.I.C.E- en Liquidación-.[1]
I.
ANTECEDENTES
La
Señora María Librada Alba de Medina instauró acción de tutela contra la Caja
Nacional de Previsión Social- Cajanal E.I.C.E-, por considerar que la entidad
vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, a la vida, a la seguridad
social y al mínimo vital, al negarle el reconocimiento y pago de la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, con el argumento de que sólo
había efectuado cotizaciones antes de la entrada en vigencia del Sistema
General de Pensiones.
La
accionante fundamentó su solicitud en los siguientes:
1.
Hechos
1.1.
Relata la actora que el día dos
(2) de abril de 2009 solicitó ante la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal
E.I.C.E -en liquidación, el reconocimiento y pago de la indemnización
sustitutiva de pensión de vejez, la que le fue negada mediante la Resolución
PAP 039477, porque sus cotizaciones correspondían a un período anterior a la
vigencia del Sistema General de Pensiones.
1.2.
Manifiesta la accionante, que no
ejerció los recursos que procedían en contra de la Resolución que le negó la
indemnización sustitutiva porque  la respuesta a su solicitud inicial tardó un
poco más de 22 meses y a su edad, 76 años[2],
puede ser que no esté con vida cuando se le resuelva su situación.
1.3.
Por último, afirma que su familia
cuenta con escasos recursos económicos y que su subsistencia depende de ayudas
externas,[3]
lo cual en su criterio, atenta contra su dignidad y su condición de mujer de la
tercera edad.
Por lo anterior, solicita i) que se le tutelen
los derechos fundamentales a la igualdad, a la vida, a la seguridad social y al
mínimo vital; y ii) que se le ordene al Liquidador de Cajanal E.I.C.E.,
se le reconozca la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez,
establecida en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993.
2.
Respuesta de la entidad accionada
2.1.
La Caja Nacional de Previsión Social Cajanal E.I.C.E - en liquidación-, pide
que se declare la improcedencia de la acción de tutela, argumentando que ésta
tiene un carácter residual, lo que significa que procede en tanto no existan
otros medios de defensa judicial  para lograr la protección de los derechos.
Por ello, entiende que para este caso, la accionante tiene otro mecanismo de
defensa judicial y que su omisión respecto de la no interposición de los
recursos procedentes contra los actos administrativos proferidos por la entidad
accionada no puede resarcirse a través de la acción de tutela.[4]
2.2.
El Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá vinculó a la Fiduprevisora
S.A.,[5]
para que también se pronunciara frente a los hechos de la acción de tutela. En
efecto, esta entidad se manifestó y solicitó que se le desvinculara de toda
actuación  y no se le impusiera ninguna obligación, toda vez que, si bien había
celebrado un contrato de Fiducia con la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal
E.I.C.E - en liquidación, dentro de su objeto no se encontraba el
reconocimiento y pago de acreencias laborales, y que además dicho vínculo
contractual terminó el 11 de junio de 2011, por lo cual, no es responsable de
salvaguardar el derecho incoado por la accionante.[6]
3.
Decisión de instancia bajo
revisión
3.1.
El siete (07) de julio  de dos mil
once (2011), el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá denegó el amparo
invocado. A su juicio, la accionante no puede acudir a esta acción
constitucional luego de haber desechado la oportunidad para controvertir las
decisiones adoptadas por la administración. Para sustentar sus argumentos,
transcribe algunos apartes jurisprudenciales de esta Corporación en los cuales
se afirma que la acción de tutela es un mecanismo excepcional, de carácter
subsidiario, que no puede convertirse en una instancia nueva con el propósito
de resarcir los daños ocasionados por el propio descuido procesal.[7]
3.2.
El fallo de tutela no fue
impugnado.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es
competente para revisar el fallo de tutela proferido dentro del trámite de
referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso 3°, y
241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos
33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.  Presentación del caso y Planteamiento del problema
jurídico
La
señora María Librada Alba solicita la protección de sus derechos fundamentales
a la igualdad, a la vida, a la seguridad
social y al mínimo vital, y que se le ordene al liquidador de la Caja Nacional
de Previsión Social, le reconozca la indemnización sustitutiva de la pensión de
vejez. Por su parte, la entidad accionada argumenta que la actora no tiene
derecho a dicha prestación porque sólo efectuó cotizaciones antes de la entrada
en vigencia del Sistema General de Pensiones.
2.1.
De acuerdo a lo anterior, le
corresponde a la Corte en esta oportunidad, responder los siguientes
cuestionamientos: i) ¿Es procedente la acción de tutela para ordenar a la
Caja Nacional de Previsión Social Cajanal E.I.C.E - en Liquidación que
reconozca y pague a favor de la accionante la indemnización sustitutiva de la
pensión de vejez, prevista en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, a pesar de que la actora no interpuso los recursos legales en contra de la resolución que le
negaba dicha prestación social y tiene la posibilidad de acudir a otros
mecanismos de defensa judicial, pero se trata de una persona de la tercera edad
que goza de especial protección constitucional?
2.2. ii) De resolverse favorablemente el
cuestionamiento anterior, la Sala deberá absolver la siguiente pregunta:
¿Vulneró la entidad accionada los derechos fundamentales a la seguridad social
y al mínimo vital de María Librada Alba de Medina, al negarle el reconocimiento
y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, bajo el
argumento de que sólo efectuó cotizaciones antes de la entrada en vigencia del
Sistema General de Pensiones?
3. Esquema metodológico para dar solución al problema
jurídico
Con el propósito de resolver el problema jurídico, la
Sala: i) reiterará la jurisprudencia sobre la procedencia excepcional de
la acción de tutela para el reconocimiento de derechos pensionales y específicamente
para la indemnización sustitutiva de la pensión y, si es el caso, ii) analizará
la viabilidad de la solicitud de reconocimiento y pago de la indemnización
sustitutiva de la pensión elevada por la actora, teniendo como base el
precedente jurisprudencial de la Corte en tratándose de personas que sólo
cotizaron antes de la vigencia del Sistema General de Pensiones.
4. Procedencia excepcional de la acción de tutela para
reconocimiento de derechos pensionales. Reiteración de jurisprudencia
4.1. La Corte ha sostenido que la acción de tutela se
constituye excepcionalmente como el medio más adecuado para solicitar la
protección de derechos pensionales, cuando “(i) se trate de una
persona de la tercera edad, por ser considerad[a] sujeto especial de
protección; (ii) la falta de pago de la prestación genere un alto grado
de afectación de los derechos fundamentales, en particular del derecho al
mínimo vital (iii) se haya desplegado cierta actividad administrativa y
judicial por el interesado tendiente a obtener la protección de sus derechos, y
(iv) aparezcan acreditadas siquiera sumariamente, las razones por las
cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección
inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados”.[8]
4.2. Específicamente en lo que atañe a la solicitud de
la indemnización sustitutiva de la pensión, la Corte Constitucional ha admitido
la procedencia de la acción de tutela considerando que las acciones ordinarias
no constituyen el mecanismo más expedito para reclamar dicha prestación, en la
medida en que la duración del trámite de estos procesos podría superar la
expectativa de vida de la mayoría de los accionantes y además porque su derecho
al mínimo vital estaría en riesgo.[9]
4.3. Por último, es importante resaltar que en la
actualidad, el derecho a la seguridad social, del cual hacen parte los derechos
de naturaleza pensional, como la indemnización sustitutiva, es considerado por la
Corte Constitucional como un verdadero derecho fundamental, independiente y
autónomo, razón por la cual, puede ser protegido directamente a través de la acción
de tutela. [10]
5. Procedencia de la acción de tutela en el caso
concreto
5.1. Teniendo en cuenta las anteriores precisiones, la
Sala considera que la acción de tutela procede en este caso como mecanismo
principal,[11]
toda vez que, si bien la accionante tiene otros medios judiciales para reclamar
sus derechos, el proceso podría durar un tiempo, que probablemente superaría su
expectativa de vida.[12]
5.2. Ahora bien, la Sala encuentra que en efecto, en
el caso bajo estudio se cumplen los requisitos que la jurisprudencia ha exigido
para que proceda esta acción constitucional, porque:
i)
Se trata de una persona de 76
años, que por su avanzada edad, es un sujeto de especial protección
constitucional;
ii)  la accionante manifiesta bajo la gravedad de juramento[13] que no tiene
ninguna fuente de ingresos ni recursos propios para vivir; argumento que no fue
desvirtuado por la entidad accionada, por lo que se tiene por cierto  lo expresado
y, por tal razón es dable afirmar que la negativa del reconocimiento y pago de
la indemnización sustitutiva de la pensión le está vulnerando su derecho al
mínimo vital;[14]
iii)
de las pruebas obrantes en el
expediente, se puede deducir que además de la última solicitud efectuada por la
actora ante la entidad accionada con el fin de que se le reconociera y se le
pagara la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, calendada el 02 de
abril de 2009, y frente a la cual se le da una respuesta negativa a través de la
Resolución PAP 039477 del 21 de febrero de 2011, la accionante realizó otros
trámites administrativos y judiciales tendientes a que se le reconociera la
indemnización sustitutiva de la pensión.[15]
Por lo tanto, la Sala estima que en este caso, es procedente la acción de
tutela.
5.3. Quedando resuelto favorablemente el primer
problema jurídico, procede la Sala a recordar brevemente la jurisprudencia de
esta corporación sobre la indemnización sustitutiva de la pensión, con el fin
de determinar si la entidad accionada vulneró los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de la actora,
al negarle el reconocimiento y pago de dicha prestación, bajo el argumento de
que sólo había efectuado cotizaciones antes de la vigencia del Sistema General
de Pensiones.
6. Una persona tiene derecho al reconocimiento y pago
de la indemnización sustitutiva de la pensión, a pesar de que sólo haya
efectuado cotizaciones antes de la vigencia del Sistema General de Pensiones
establecido en la Ley 100 de 1993. Reiteración de jurisprudencia.
6.1.
El artículo 48 de la Constitución Política establece que se garantizará a todos
los habitantes del país, el derecho irrenunciable a la seguridad social. De
allí, que la Corte Constitucional haya afirmado que también es un derecho imprescriptible.[16] Por
lo tanto, los derechos de naturaleza pensional como la indemnización
sustitutiva de la pensión pueden ser reclamados en cualquier tiempo, por
aquellas personas que teniendo la edad exigida para pensionarse no hayan cotizado
el término suficiente para obtener su pensión, sin importar si dichas
cotizaciones se efectuaron antes de la entrada en vigencia del Sistema General
de Pensiones.
6.2. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte[17] ha sostenido
que una administradora del régimen de pensiones que niega el reconocimiento de
la indemnización sustitutiva a personas que cumplen los requisitos establecidos
en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, vulnera el derecho a la seguridad
social, porque  en virtud del literal f del artículo 13 de esta Ley, las
entidades encargadas del reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva
se encuentran en la obligación de tener en cuenta las semanas cotizadas con
anterioridad a la entrada en vigencia de dicha normatividad.
7. Caso Concreto
7.1. La Señora María Librada Alba  prestó sus
servicios a la Caja Nacional de Previsión Social desde el 02 de julio de 1979
hasta el 31 de diciembre de 1993,[18]
cuando su cargo fue suprimido, y desde entonces dejó de realizar sus aportes
para pensión. A la fecha de su desvinculación tenía cincuenta y ocho (58) años
de edad y su tiempo de servicios era de catorce (14) años, cuatro (4) meses y
veintinueve (29) días.
7.2. Es un punto pacífico que la actora no tiene
derecho a la pensión de vejez, por cuanto, hace parte del régimen de transición
establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, porque a 1° de abril de
1994 tenía más de 35 años de edad, lo que indica que el régimen aplicable a su
situación es el contenido en la Ley 33 de 1985 y en ella se indicaba que para
obtener el derecho a la pensión, se requería tener 55 años de edad y 20 años de
servicios continuos o discontinuos. En efecto, la accionante al momento de su
desvinculación cumplía con el requisito de la edad, pero no con el tiempo de
servicio y a partir de allí no continuó efectuando cotizaciones.
7.3. La accionante le solicitó a la Caja Nacional de
Previsión Social  Cajanal EICE -en liquidación- que le reconociera y le pagara
la indemnización sustitutiva de la pensión. No obstante, la entidad no accedió
a su petición, con el argumento relativo a que sólo había efectuado
cotizaciones antes de la vigencia del Sistema General de Pensiones.
7.4. La Sala considera que, en el caso bajo estudio,
resulta plenamente aplicable el régimen previsto en el artículo 37 de la Ley
100 de 1993. Primero, porque no se consolidó ningún derecho pensional con
anterioridad a su vigencia. Segundo, porque se trata de una persona que tiene
la edad exigida para pensionarse pero no cuenta con el número de semanas
cotizadas requeridas para obtener esta prestación social, ya que sólo cotizó
745 semanas. Lo único que, al parecer de Cajanal, la separa de su derecho a
obtener la indemnización sustitutiva, es que esas semanas las cotizó con
anterioridad a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones. No
obstante, para la Sala ese argumento no desvirtúa el derecho de la señora María
Librada Alba, y en cambio estima que ese tiempo se le debe tener en cuenta para
obtener la indemnización sustitutiva de la pensión.
7.5. En efecto, a esa conclusión la conducen los
siguientes argumentos. Para empezar, (i) las disposiciones de la Ley 100 de
1993 son de orden público, razón por la cual se aplican a todos los habitantes
del territorio nacional, siempre que sus situaciones jurídicas no se hayan
consolidado bajo normas anteriores.[19]
Por otra parte, (ii) el artículo 37 de la Ley antes mencionada, que regula la
indemnización sustitutiva de la pensión, no establece ningún tipo de limitación
temporal sobre su aplicación, y no excluye de su ámbito de protección a quienes
hubieran efectuado cotizaciones con anterioridad a la vigencia del Sistema
General de Pensiones.[20]
Finalmente, (iii) y contrario a lo sostenido en este proceso por Cajanal, tanto
el artículo 13 de la Ley 100 de 1993,[21]
como el artículo 2 del Decreto 1730 de 2001,[22]
normas justamente aplicables a este caso, reconocen explícitamente que se
tendrán en cuenta la “totalidad” de semanas cotizadas, aún las
anteriores a la Ley 100 de 1993.[23]
7.6. En consecuencia, no es admisible bajo la óptica
constitucional que una entidad administradora de fondos de pensiones niegue la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, argumentando que la persona
sólo efectuó cotizaciones con anterioridad a la vigencia del Sistema General de
Pensiones,[24]
pues ésta es una prestación social que pueden reclamar aquellas personas que en
cualquier tiempo cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 37 de la
Ley 100 de 1993, dentro de los cuales –como ha señalado esta Corte- no se “consagró
ningún límite temporal a su aplicación ni condicionó la misma a circunstancias
tales como que la persona hubiera efectuado las cotizaciones con posterioridad
a la fecha en que empezó a regir la Ley 100 de 1993 o que aquél que pretenda
acceder a ella hubiere cumplido la edad para pensionarse bajo el imperio de la
nueva normatividad”.[25]
7.7.
Por último, la Sala estima que el no reconocimiento y pago de la indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez a la Señora María Librada Alba, además de
desconocer los fundamentos normativos y jurisprudenciales anteriormente
expuestos y de ocasionarse un enriquecimiento sin justa causa a favor de
Cajanal, también implicaría olvidar la finalidad que tiene esta prestación
social, que se traduce en que las personas que lleguen a la edad de pensión,
sin alcanzar los demás requisitos para ser beneficiarios de esa prestación,
puedan obtener la devolución de los saldos de sus aportes, que ahorraron
durante su vida laboral, de tal forma que puedan garantizarse su mínimo vital.
7.8.
Por lo anterior, se revocará el fallo de única instancia proferido por el  Juzgado
Séptimo Civil del Circuito de la ciudad de Bogotá, el siete (07) de julio  de
dos mil once (2011) y en su lugar concederá la tutela de los derechos
mencionados, ordenando a la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal E.I.C.E
-en liquidación- que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación de la presente providencia, reconozca y pague la indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez a que tiene derecho la señora María Librada
Alba de Medina, de acuerdo con las semanas de cotización que se encuentren
debidamente acreditadas y aplicando la fórmula establecida en el artículo 3 del
Decreto 1730 de 2001 para determinar su cuantía.[26]
III. DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR
la sentencia  de siete  (07) de julio  de dos mil once (2011) proferida
por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de la Ciudad de Bogotá, y en su lugar
CONCEDER la tutela a los derechos fundamentales a la seguridad social y
al mínimo vital de la Señora María Librada Alba de Medina.
Segundo.- ORDENAR
a la Caja Nacional de Previsión
Social Cajanal E.I.C.E - en liquidación, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia, reconozca y pague la indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez a que tiene derecho la Señora María Librada
Alba de Medina, de acuerdo con las semanas de cotización que se encuentren
debidamente acreditadas.
Tercero.-
ORDENAR a la Caja Nacional de
Previsión Social Cajanal E.I.C.E -en liquidación, que dentro de los quince días
(15) días siguientes a la notificación de esta sentencia, envíe a la Secretaría
General de la Corte Constitucional, copia del acto administrativo mediante el
cual se reconozca y se ordene el pago de la indemnización sustitutiva de la
pensión de vejez a la Señora María Librada Alba de Medina.
Cuarto.- LIBRESE por Secretaría la comunicación de que trata el Artículo 36
del Decreto 2591 de 1991, para los fines allí establecidos.
Notifíquese, comuníquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Ausente con permiso
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] El proceso de la referencia fue
seleccionado para revisión por la Sala de Selección Número Ocho, mediante auto
proferido el treinta (30) de agosto de dos mil once (2011).
[2] Obra copia de la cédula de
ciudadanía de la Señora  María Librada Alba de Medina, en la que consta que
nació el 21 de junio de 1935. (Folio 2). En adelante, se entenderá que los
folios a los que se hace referencia, pertenecen al cuaderno principal, a menos
que se diga expresamente lo contrario.
[3] Obra declaración juramentada de
la accionante, afirmando  que no tiene ninguna fuente de ingresos, ni recursos
propios para vivir. (Folio 4).
[4] Folios 62-67.
[5] Folio 36.
[6] Folios 41 y 42.
[7]Folios 69 al 73.
[8] Así lo
reiteró la Corte Constitucional en Sentencia T-597 de 2009 (MP. Juan Carlos
Henao Pérez), en la cual, se tutelaron los derechos fundamentales a la Seguridad Social y a la vida del actor, a quien la Caja Nacional de Previsión Social le había  negado la indemnización sustitutiva de la pensión bajo el argumento de que su
retiro había acaecido con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.
[9] Ibídem.
[10] La Sentencia T-478 de 2010 (MP. Juan Carlos Henao
Pérez) reiteró lo sostenido en la Sentencia C- 1148 de 2008 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. S.V. Jaime Araújo Rentería) en lo relacionado al carácter
de fundamental del derecho a la seguridad social y  adujo: “Hoy en día, la Corte reconoce el derecho a la seguridad social como un derecho fundamental independiente y
autónomo que puede ser objeto de protección constitucional mediante acción de
tutela”.
De la misma manera, en la Sentencia T- 597 de
2009, esta corporación sostuvo: “Así, el derecho a la pensión de vejez se
constituye en un derecho fundamental y por ende de aplicación inmediata, debido
a que con éste se satisface el mínimo vital de las personas de la tercera edad,
quienes han laborado y a quienes se les ha reconocido un derecho para asegurar
de este modo una vejez tranquila y una vida digna.”
[11] En la Sentencia T-849A de 2009. (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. S.V. Humberto Antonio Sierra
Porto), la Corte Constitucional realiza una línea jurisprudencial sobre indemnización sustitutiva
y devolución de saldos para quienes teniendo la edad de pensión no cumplan con
los demás requisitos, y en aquella oportunidad analizando la procedencia de la Acción de Tutela para el reconocimiento y cobro de acreencias laborales y pensionales, dijo
entonces: “Para establecer si la acción de tutela  procede, la Corte  señala dos vías: una, que la tutela se presente como instrumento principal y,
entonces, precisa examinar que no exista otra herramienta judicial. Si no
existe otro medio, o aún  existiendo, no resulta idóneo para un caso concreto,
la tutela sería viable como mecanismo para amparar los derechos fundamentales.
Dada la existencia de otro medio de defensa judicial, la Corte admite que no existe la obligación de incoar un proceso ordinario, antes de recurrir a
la de tutela. Por otra parte, cuando la tutela se interpone como
mecanismo transitorio, por existir un medio judicial ordinario idóneo, debe
demostrarse la necesidad de su empleo para evitar un perjuicio irremediable. El
perjuicio, según la jurisprudencia, debe  poseer las siguientes
características: (i)  ser inminente, es decir, tratarse de una amenaza
que acaecerá prontamente; (ii)  ser grave, esto es, que el daño o
menoscabo material o moral que afectará el patrimonio jurídico de la persona
poseerá una magnitud considerable; (iii) que las medidas necesarias para
conjurar el perjuicio irremediable hayan de aplicarse  con urgencia; y (iv) que
la acción de tutela se juzgue impostergable para  restablecer adecuadamente la
integridad del orden social justo.”
[12] En
Sentencia T-972 de 2006 (MP.
Rodrigo Escobar Gil), la Corte resolvió una acción de tutela interpuesta en
contra de Cajanal,  por una persona cuya edad superaba los 68 años de edad, por
considerar que la entidad había vulnerado sus derechos fundamentales a la
igualdad, la protección especial a las personas de la tercera edad y el mínimo
vital, al haber negado el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva
de la pensión. En este caso, el accionante adujo que por su falta de
instrucción y avanzada edad no había interpuesto los recursos pertinentes en
contra de la resolución que le negaba dicha prestación. La Corte sostuvo en esta ocasión: “Así las cosas, la Corte encuentra que la acción de tutela
se erige como único mecanismo de defensa judicial idóneo para la controversia
planteada por el actor, por lo que no resulta relevante, en el caso concreto,
la concreción del agotamiento de la vía gubernativa, máxime si se considera la
ineficacia de los mecanismos de defensa ante la jurisdicción contenciosa
administrativa para la protección oportuna de los derechos invocados por el
demandante”.
[13] Folio 4.
[14] Sentencia
T-597 de 2009 (MP. Juan Carlos Henao). En esta oportunidad, la Corte sostuvo respecto a la afectación al mínimo vital lo siguiente: “En primer lugar,
considera esta Sala que la presente acción de tutela es procedente, debido a
que el accionante es un sujeto especial de protección constitucional, tercera
edad -69 años de edad-, que padece la afectación a su derecho fundamental al
mínimo vital, debido a que, según dijo, no tiene ningún otro medio para
subsistir, ello sumado a la presunción de afectación al mencionado derecho que
se configura ante el no suministro de los derechos pensionales.”
[15] En la Resolución No. 003290 del 27 de enero de 2006, por medio de la cual, se le niega a la actora
la indemnización sustitutiva de la pensión que había solicitado en aquella
oportunidad, se realiza un recuento de las actuaciones surtidas hasta ese
entonces relacionadas con las prestaciones sociales solicitadas por la  Señora María Librada Alba de Medina. De allí se infiere que en varias ocasiones la
accionante ha pedido a la entidad accionada el reconocimiento y pago la
indemnización sustitutiva de la pensión, e incluso en alguna oportunidad debió
acudir a la acción de tutela con el fin de que se le protegiera su derecho de
petición y se le ordenara a Cajanal responder sus solicitudes. (Folios 43-45)
[16] Sobre la
imprescriptibilidad de los derechos prestacionales de la seguridad social en
pensiones y la posibilidad de reclamarlas en cualquier tiempo ver, entre otras,
las Sentencias C-230 de 1998 (MP Hernando Herrera Vergara, unánime) y C-624 de
2003 (MP Rodrigo Escobar Gil, unánime).
[17] Sentencia
T-478 de 2010 (MP. Juan
Carlos Henao Pérez). En esta oportunidad, la Corte estudió el caso de un Señor de 61 años de edad que había efectuado sus cotizaciones a la Caja Nacional de Previsión Social de Boyacá, con anterioridad a la vigencia del Sistema
General de Pensiones, y decidió amparar el derecho fundamental a la seguridad
social del accionante, ordenándole a la entidad accionada que reconociera y
pagara la indemnización sustitutiva de la pensión.
[18] Folio
11.
[19] Artículo
11 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 797 de 2003. “El sistema general de pensiones, con las excepciones previstas en el
artículo 279 de la presente Ley, se aplicará a todos los habitantes del
territorio nacional.”
En relación a la aplicabilidad de la Ley 100 de 1993 para quienes cotizaron al
sistema de seguridad social en pensiones antes de la entrada en vigencia del
Sistema General de Pensiones y no se consolidó a su nombre algún derecho
pensional, véanse las Sentencias T-597 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez) y
T-080 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva)
[20] En la sentencia T-597 de 2009
(MP. Juan Carlos Henao Pérez), se tutelaron los derechos fundamentales a la Seguridad Social y a la vida del actor, a quien la Caja Nacional de Previsión Social le había  negado la indemnización sustitutiva de la pensión bajo el argumento de que su
retiro había acaecido con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993. En esta ocasión la Corte indicó: “estima esta Sala que las personas que cotizaron al sistema de
seguridad social en pensiones bajo las normas precedentes al sistema vigente y
no se consolidó a su nombre algún derecho pensional subjetivo, se rigen por
este nuevo sistema, esto es, la Ley 100 de 1993, si en su vigencia se consolidó
algún derecho.”
De igual forma, en
la Sentencia T-080 de 2010 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), la Corte analizó el caso de una persona de 75 años a quien se le negó la indemnización sustitutiva
de la pensión, bajo el argumento de que sólo tenían derecho a gozar de ésta,
quienes  se encontraban cotizando a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. En el fallo la Sala sostuvo:“El artículo 37 de la Ley 100 de 1993, no consagró ningún límite temporal a su aplicación ni condicionó la misma a
circunstancias tales como que la persona hubiera efectuado las cotizaciones con
posterioridad a la fecha en que empezó a regir la Ley 100 de 1993 o que aquél que pretenda acceder a ella hubiere cumplido la edad para
pensionarse bajo el imperio de la nueva normatividad. Por el contrario, al
tratarse de una norma laboral de orden público y de obligatoria e inmediata
aplicación, permite que también tenga cobertura con relación a aquellas
personas que cotizaron bajo la vigencia de la anterior normatividad y cuya
situación jurídica no se consolidó en aplicación de normas precedentes, lo que
exige que su definición se efectúe bajo el imperio de la Ley 100 de 1993.”
[21] Literal f del artículo 13 de la Ley 100 de 1993. “Para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los
dos regímenes, se tendrán en cuenta la suma de las semanas cotizadas con
anterioridad a la vigencia de la presente Ley. (…)
[22] Artículo
2 del Decreto 1730 de 2001, “por medio del cual se reglamentan los artículos
37, 45 y 49 de la Ley 100 de 1993 referentes a la Indemnización Sustitutiva del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida.”
“(…) Para determinar el monto de la indemnización sustitutiva se tendrán en
cuenta la totalidad de semanas cotizadas, aún las anteriores a la Ley 100 de 1993.”
[23] Sentencia
T-972 de 2006 (MP. Rodrigo Escobar Gil). La Corte afirmó que, con base en los artículos 11 y 13 de la Ley 100 de 1993, “(…) en materia del derecho a la
indemnización sustitutiva, las entidades encargadas de su reconocimiento se
encuentran en la obligación de tener en cuenta las semanas cotizadas con
anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.”. En la misma dirección se pueden observar las sentencias T-1088 de 2007 (MP. Rodrigo
Escobar Gil) y T-099 de 2008 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[24] Así, también lo reiteró la Sentencia T-235 de 2010 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva), en la cual, la Corte estudió el caso de una persona a quien Cajanal le había negado el reconocimiento de la
indemnización sustitutiva de la pensión, porque su retiro del servicio había
acaecido con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 y para ese entonces, no cumplía con la edad exigida para pensionarse. Allí, la Corte resolvió tutelar los derechos fundamentales invocados, ordenando a la entidad accionada
reconocer y pagar la indemnización sustitutiva de la pensión a la accionante,
considerando entre otras razones que la normatividad que regula el acceso a la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, es aplicable a todas aquellas
situaciones que al momento en que entró a regir el artículo 37 de la ley 100 de
1993 no se hubieren consolidado, con independencia del régimen pensional de que
sea beneficiario el trabajador cotizante
[25] Sentencia T-080 de 2010 (MP Luis
Ernesto Vargas Silva), citada.
[26]Artículo 3 Decreto 1730 de 2001 “Por medio del cual se reglamentan los artículos 37, 45
y 49 de la Ley 100 de 1993 referentes a la Indemnización Sustitutiva del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida.” “Para determinar el valor de la indemnización
se aplicará la siguiente fórmula: I = SBC x SC x PPC. Donde SBC: Es el salario
base de la liquidación de la cotización semanal promediado de acuerdo con los
factores señalados en el Decreto 1158 de 1994, sobre los cuales cotizó el
afiliado a la administradora que va a efectuar el reconocimiento, actualizado
anualmente con base en la variación del IPC según certificación del DANE. SC:
Es la suma de las semanas cotizadas a la administradora que va a efectuar el
reconocimiento. PPC: Es el promedio ponderado de los porcentajes sobre los
cuales ha cotizado el afiliado para el riesgo de vejez, invalidez o muerte por
riesgo común, a la administradora que va a efectuar el reconocimiento (…)”