su200-97
Sentencia SU-200/97
Sentencia
SU-200/97
SERVICIO MILITAR-Respeto de preceptos fundamentales
La prestación del
servicio militar, si bien es exigible a todos los nacionales, con las
excepciones que la ley consagra, debe someterse a los postulados
constitucionales y respetar los derechos fundamentales y las libertades básicas
de los llamados a filas.
MILITAR-Límite a los deberes/SERVICIO MILITAR-Razonabilidad
en el cumplimiento de la obligación
El militar, por
el mismo hecho de su responsabilidad, debe asumir las eventuales consecuencias,
claramente riesgosas e impredecibles en muchos casos, que para su integridad,
su libertad personal y aun su vida comporta la vinculación a filas. Pero, los
deberes exigibles a las personas no pueden hacerse tan rigurosos que
comprometan el núcleo esencial de sus derechos fundamentales, pudiendo ser
éstos preservados. Si el riesgo para la vida o la integridad no resulta
imperioso o necesario, considerada la situación concreta, no ha de propiciarse
su exigencia. El deber de arriesgar la vida no es absoluto. En relación con los
deberes, únicamente pueden ser exigibles  en su integridad cuando el obligado a
ellos está en capacidad efectiva de cumplirlos, pues, al igual que los
derechos, también tienen sus límites. Deben existir diferentes niveles en los
cuales se puede cumplir con la obligación constitucional de tomar las armas
teniendo en cuenta el entrenamiento, disposición y aptitudes de quien va a
defender la independencia, soberanía e integridad institucional.
SERVICIO MILITAR-Mayores responsabilidades conforme a
preparación militar
Quienes prestan
el servicio militar obligatorio en su condición de bachilleres o campesinos, si
bien están obligados a tomar las armas y reciben para ello una formación
mínima, si su preparación y adiestramiento en el aspecto militar y de defensa
personal no alcanza niveles evidentes de proporcionalidad frente al peligro que
afrontan, por razón del corto tiempo de servicio o la configuración física del
conscripto menor de edad, por ejemplo, no es admisible que se asigne justamente
a los menos preparados la responsabilidad más grave, o una igual o equivalente
a la del soldado cuya formación en esos campos es más completa. Por ello, las
tareas más peligrosas y la responsabilidad de ataque y respuesta armada en
zonas y situaciones calificadas como de alto riesgo deben ser atendidas en
primer lugar por los soldados voluntarios, luego por los regulares y sólo en
última instancia por los bachilleres y campesinos.
DERECHO A LA VIDA
DEL SOLDADO BACHILLER-Menor
de edad en zona de combate/DERECHO A LA VIDA DEL SOLDADO BACHILLER-Mayor
de edad sin preparación militar suficiente en zona de combate/SERVICIO
MILITAR-Traslado a zonas de combate
El Ejército
Nacional sí atenta contra el derecho fundamental a la vida de los soldados
bachilleres, o al menos lo amenaza de manera ostensible, cuando envía soldados
menores de edad a zonas donde se pueden estar presentando combates o cuando
envía a los soldados mayores  de edad, sin la preparación militar, técnica y
psicológica suficiente, a zonas especialmente conocidas por la presencia de
grupos guerrilleros. La transferencia de un soldado a las zonas de combate es
algo más que un simple traslado, habida cuenta del mayor riesgo que representa,
particularmente en áreas de permanente y nutrida confrontación entre las
fuerzas regulares y los escuadrones subversivos. En condiciones de mayor edad y
plena preparación y entrenamiento en el campo militar, tal transferencia no es
extraña ni ilegítima y, por el contrario, resulta indispensable para que el
Ejército cumpla su función, pero no debe darse cuando el soldado afectado por
ella es menor o carece del más mínimo entrenamiento.
SERVICIO MILITAR-Traslado a zonas geográficas distintas
El Estado no
actúa de manera indebida ni afecta los derechos de los soldados bachilleres por
el sólo hecho de trasladarlos a zonas geográficas distintas de las de sus
residencias, según los servicios requeridos por la institución armada, pues la
posibilidad de traslado es una de sus obligaciones y caracteriza en buena parte
el concepto de disponibilidad, propio del servicio militar, salvo en
cuanto se refiere a los soldados campesinos, a cuyo favor se consagró
legalmente que presten el servicio en la zona en donde residen, compensando en
parte el período mayor que les corresponde servir.
SOLDADO BACHILLER
MENOR DE EDAD-Prohibición
general de participación en combate/SERVICIO MILITAR POR MENOR DE EDAD
En cuanto hace a
los soldados bachilleres menores de edad, como regla general, no se les puede
permitir participar en combate sin violar sus derechos fundamentales e
infringir claras normas de Derecho Internacional incorporadas debidamente al
ordenamiento interno; sólo en casos extremos, y no habiendo al menos una
persona mayor que pueda cumplir con la labor riesgosa, puede aceptárseles como
voluntarios para tareas diferentes a las administrativas y de servicio social,
debido a la especial protección que el Estado está obligado a proporcionarles.
Referencia:
Expedientes acumulados T-108998, T-109000, T-109923, T-112635, T-113456,
T-113714, T-101782, T-103446, T-110434, T-110868, T-114062, T-115612 y
T-116360.
Acciones de tutela
instauradas por Yaneth Rubiano Labro y otros, en representación de sus hijos,
soldados bachilleres, contra los comandantes del Ejército Nacional y de la
Segunda Brigada, y contra el Teniente Coronel José Elías Mahecha Cárdenas.
Magistrados
Ponentes:
Dr. CARLOS GAVIRIA
DIAZ y
Dr. JOSÉ GREGORIO
HERNANDEZ GALINDO
Sentencia aprobada
en Santa Fe de Bogotá D.C., a los diecisiete (17) días del mes de abril de mil
novecientos noventa y siete (1997)
Se revisan los
fallos proferidos por distintos jueces de la República al resolver sobre las
acciones de tutela intentadas en el asunto de la referencia.
La Sala Plena de la
Corte, aplicando el Acuerdo 01 de 1996, que adicionó el Reglamento de la
Corporación, decidió asumir el conocimiento de los procesos acumulados, todos
los cuales se examinarán en conjunto mediante esta providencia.
I.       INFORMACION PRELIMINAR
La acción de tutela
fue propuesta en la mayoría de los casos por los padres de soldados bachilleres
incorporados al servicio activo en diciembre de 1995 o a principios de 1996,
para cumplir con su servicio militar obligatorio.
En otros eventos, la
solicitud de amparo se formuló directamente por los conscriptos.
Según las demandas,
el Ejército Nacional vulneró los derechos a la vida, la integridad personal, la
salud y el libre desarrollo de la personalidad de los jóvenes, al ordenar o
anunciar su traslado a zonas del territorio afectadas por los enfrentamientos
armados entre la Fuerza Pública y la subversión.
Entre las razones
aducidas para pedir la protección judicial, se encuentran las siguientes,
expresadas en los distintos libelos:
a) El
Ejército Nacional cambió la función social de servicio a la comunidad,
contemplada en la ley para los soldados bachilleres, por la destinación de
éstos al control del orden público en zonas donde actúan desde hace varias
décadas grupos alzados en armas ;
b) Los
bachilleres no están debidamente entrenados para afrontar las exigencias de la
lucha armada ;
c) Muchos
de ellos son menores de edad y no deberían ser incorporados a las filas de los
combatientes ;
d) El
traslado de los conscriptos desde las guarniciones cercanas a sus sitios de
residencia hasta las zonas de orden público los expone injustificadamente a
graves enfermedades, y hace impracticable el control y guía que deben ejercer
sus padres.
Material
probatorio
Según documentos allegados  a los
expedientes por solicitud de esta Corporación, se tiene que a  octubre 31 de
1996, el Ejército Nacional disponía de un total de 44.704 soldados regulares,
18.919 soldados voluntarios, 31.272 soldados bachilleres, 34 soldados campesinos
y 2.555 de otros contingentes.(Ver anexo 1 oficio No. 88865 Nov.8/96 del Jefe
Departamento Personal Ejército).
La información  que obra en el Expediente
108.998 y que corresponde al oficio No.47384 del 21 de febrero de 1997,
suscrito por el jefe del Departamento de Personal del Ejército, permite conocer
que entre los años de 1995 y 1996 hubo 163 soldados regulares y 284 soldados
voluntarios muertos en combate, sin contar los 70 retenidos en poder de la
guerrilla al momento de proferir esta sentencia. No aparece en el informe dato
alguno acerca de soldados  bachilleres muertos durante ese período.
II. DECISIONES DE
INSTANCIA
Frente a situaciones
de hecho similares, los jueces y corporaciones que conocieron de los procesos
aquí revisados profirieron decisiones disímiles que se registran en el cuadro
anexo, parte integrante de la presente sentencia.
La diversidad de
resoluciones judiciales adoptadas y la importancia de los temas que en ellas se
tratan determinaron precisamente que la Corte Constitucional asumiera su
revisión integral.
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.       Competencia
La Corte
Constitucional es competente para revisar las sentencias proferidas en los
casos acumulados que se mencionan, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y según las reglas
del Decreto 2591 de 1991.
2.       La
razonabilidad en el cumplimiento de la obligación constitucional de prestar el
servicio militar.
Esta Corte ha
destacado en varias de sus sentencias que la de prestar el servicio militar es
una obligación de rango constitucional impuesta a todos los colombianos, con
las únicas excepciones de quienes, considerada su situación específica, se
encuentren en uno de los casos de exención taxativamente señalados en la ley.
Ya la Sentencia
T-409 del 8 de junio de 1992, proferida por la Sala Tercera de Revisión, dejó
en claro que el aporte de todo nacional al sostenimiento de las instituciones,
mediante su forzosa vinculación temporal a los cuerpos armados y su disposición
a tomar las armas cuando las necesidades lo exijan para mantener la legitimidad
democrática, la independencia y la integridad del Estado, encuentra sustento en
los artículos 95, numeral 3, y 216 de la Constitución Política, de lo cual
resulta que "no se trata de tiránica imposición sino de la natural y
equitativa consecuencia del principio general de prevalencia del interés social
sobre el privado, así como de las justas prestaciones que la vida en comunidad
exige de cada uno de sus miembros para hacerla posible".
Pero así como la
Corte Constitucional ha entendido los derechos, inclusive los fundamentales,
bajo los condicionamientos y restricciones que imponen los derechos de los
demás y el orden jurídico -por lo cual tienen alcances y contenidos relativos-,
también los deberes, las obligaciones y las cargas que impone la vida en
sociedad deben cumplirse en términos razonables y proporcionales a los
propósitos que les sirven de fundamento.
Esto implica que la
prestación del servicio militar, si bien es exigible a todos los nacionales,
con las excepciones que la ley consagra, debe someterse a los postulados
constitucionales y respetar los derechos fundamentales y las libertades básicas
de los llamados a filas.
El Constituyente colombiano de 1991, para
definir el lugar que debe ocupar el ejercicio de la fuerza dentro del orden
institucional que tiene por objeto primario y prevalente la búsqueda de los
valores y objetivos señalados en el Preámbulo de la Carta, entre ellos la
pacífica convivencia ciudadana y la cristalización de un orden justo, organizó
la República bajo la forma de un Estado Social de Derecho, "fundada en el
respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas
que la integran y en la prevalencia del interés general" (C.P. art. 1),
cuyos propósitos exigen la previsión de elementos coercitivos y la existencia
de cuerpos armados que apoyan a la autoridad civil en la tarea que el sistema
jurídico les encomienda.
En esta República, sin embargo, en cuanto
corresponde a un Estado democrático de Derecho, tanto los civiles como los
militares que ejerzan autoridad están llamados a acatar el ordenamiento y a
desarrollar sus funciones con arreglo a la Constitución, que es base y sustento
de sus competencias.
Cuando se trata de fijar el alcance de los
deberes de la persona y del ciudadano consagrados en los numerales 2, 3, 4 y 6
del artículo 95 de la Constitución, durante la prestación del servicio militar
obligatorio regulado por la ley (C.P. art. 216), ha de explicarse de qué manera
se garantiza a los miembros de la Fuerza Pública, consideradas las
características propias de su tarea y los riesgos connaturales a ella, el
ejercicio de sus derechos a la vida y a la integridad personal, así como la
forma en que su actividad cumpla las finalidades que la justifican
institucionalmente.
Para conservar y restablecer en todo el
territorio nacional condiciones de seguridad que hagan posible la convivencia
pacífica dentro del acatamiento al orden constitucional, la Fuerza Pública
requiere de un personal  dedicado exclusivamente al desarrollo de las funciones
inherentes a la defensa efectiva de la soberanía, la independencia, la
integridad del territorio y la vigencia real del orden jurídico (art. 217,
inciso 2, C.P.).
Es indudable que, dentro del conjunto de
responsabilidades propias de tal función, la de enfrentar a los grupos alzados
en armas en contra del orden constitucional, es una de las prioritarias y
apremiantes, en especial en la época presente, dada la constante y grave
amenaza que representa la escalada de violencia generada por diversos grupos y
organizaciones, entre ellos los denominados guerrilleros.
Por supuesto, cumplir con esa tarea implica
riesgo para la vida y la integridad personal de todo soldado, razón por la cual
el artículo 216 de la Constitución consagra la forma en que se repartirá entre
la población la carga de arriesgar la vida mientras se presta el servicio
militar obligatorio :
"...Todos los
colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas
lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones
públicas".
"La ley
determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y
las prerrogativas por la prestación del mismo"
La ley excluyó a los miembros de los grupos
culturalmente diferenciados que viven en su comunidad nativa, hizo voluntaria
la prestación del servicio militar para las mujeres, y obligatoria para los
hombres cuando no cumplen con los supuestos de alguna de las causales de
exoneración. Además, el legislador estableció que la obligación de definir la
propia situación militar se hace exigible al cumplir la mayoría de edad, salvo
en el caso de los bachilleres, quienes deberán hacerlo al graduarse, así sean
menores.
Pero ninguno de los actores reclama que el
desarrollo legal del precepto superior o la gestión de las autoridades de
reclutamiento hubieran amenazado o violado los derechos fundamentales de sus
hijos al ser incorporados a filas. El origen de sus demandas es un desacuerdo
con las autoridades militares en torno a las modalidades en que se exige de sus
hijos el cumplimiento del deber, durante el servicio militar obligatorio que se
encuentran prestando, al ser enviados a zonas de especial peligro en razón de
concentrar, más que otras, permanentes y virulentos enfrentamientos armados, lo
que ha llevado a considerarlas como zonas "rojas" o de alto riesgo o
"zonas especiales de orden público".
Al resolver sobre la controversia
planteada, esta Corte ha de comenzar declarando que el militar, por el mismo
hecho de su responsabilidad, debe asumir las eventuales consecuencias,
claramente riesgosas e impredecibles en muchos casos, que para su integridad,
su libertad personal y aun su vida comporta la vinculación a filas.
Por eso, no deben pasarse por alto las
siguientes reflexiones, ya expuestas en anterior fallo :
"...la
formación del militar (y hay que agregar entre nosotros al policía, aunque su
asimilación no es del todo adecuada) es un adiestramiento permanente dirigido a
un objetivo específico: saber afrontar las situaciones de peligro. Ahora bien,
es de suponer que quien se ejercita en una actividad desarrolla destrezas que
se incorporan al repertorio de sus acciones y reacciones cotidianas, que vistas
desde afuera pueden parecer excepcionales y extraordinarias pero que para él
deben aparecer como normales. Por tanto, en ese campo específico la exigencia
que para otro podría ser desmesurada, para él es razonable: afrontar un
combate, no huir, no hacer manifestaciones de pánico. La valentía, entonces,
así entendida, y vinculada al honor militar, se revela como una destreza
exigible de quien se ha preparado para adquirirla, y el no poseerla sería tan
vergonzoso (¡deshonroso!) como lo sería para quien ha recibido adecuado
entrenamiento en el quirófano, no ser capaz de realizar una operación de
cirugía corriente. No es descartable, en ninguno de los dos casos, que
circunstancias particulares, específicas, personales o externas, frustren la
observancia de la conducta exigible, pero se trata entonces de casos
"anormales" que merecen una consideración especial que también el
ordenamiento normativo debe tomar en cuenta".
"Así pues, el
acto de valor (...), que para un ciudadano común podría ser heroico, y cuya
omisión no sería vergonzosa, para un militar sería apenas debido, y su
incumplimiento motivo de baldón". (cfr. Corte Constitucional. Sala Plena.
Sentencia C-563 del 30 de noviembre de 1995. M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz).
Pero, como resulta de lo arriba expuesto,
los deberes exigibles a las personas no pueden hacerse tan rigurosos que
comprometan el núcleo esencial de sus derechos fundamentales, pudiendo ser
éstos preservados, de modo que la autoridad, al buscar su efectividad y
concreción, tiene la obligación de agotar las posibilidades de seguridad y
amparo que razonablemente puedan brindarse al soldado en medio de las
peculiares circunstancias de su estado y de la responsabilidad que se le
encomienda, por lo cual si el riesgo para la vida o la integridad no resulta
imperioso o necesario, considerada la situación concreta, no ha de propiciarse
su exigencia.
El deber de arriesgar la vida no es
absoluto. En efecto, se le exige a quien presta el servicio militar obligatorio
un comportamiento adecuado a su misión y el sacrificio para el que se encuentra
preparado, pero no se le puede reclamar nada que sobrepase los límites que se
derivan del mismo evento del riesgo que los hechos y circunstancias concretas
ocasionan de suyo e indefectiblemente.
En relación con los deberes -se repite-, es
necesario precisar que únicamente pueden ser exigibles  en su integridad cuando
el obligado a ellos está en capacidad efectiva de cumplirlos, pues, al igual
que los derechos, también tienen sus límites.
Lo anterior significa que deben existir
diferentes niveles en los cuales se puede cumplir con la obligación
constitucional de tomar las armas teniendo en cuenta el entrenamiento,
disposición y aptitudes de quien va a defender la independencia, soberanía e
integridad institucional.
Como se señaló en otra sentencia de esta
Corporación, el trato no puede ser el mismo para quien voluntariamente ingresa
a las Fuerzas Armadas por vocación, que para aquél a quien corresponde asumir
esas funciones únicamente con miras a la definición de su situación militar.
"En armonía con
lo que se ha dicho, no se puede tener las mismas expectativas de valor con
respecto al profesional de la milicia, incorporado al ejercicio en virtud de
una opción personal, que de quién ha sido reclutado sin su consentimiento o aún
contra su voluntad manifiesta". (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-563
de 1995 M.P Dr. Carlos Gaviria Díaz )
Es de anotar que quienes prestan el
servicio militar obligatorio en su condición de bachilleres o campesinos, si
bien están obligados a tomar las armas y reciben para ello una formación
mínima, si su preparación y adiestramiento en el aspecto militar y de defensa
personal no alcanza niveles evidentes de proporcionalidad frente al peligro que
afrontan, por razón del corto tiempo de servicio o la configuración física del
conscripto menor de edad, por ejemplo, no es admisible que se asigne justamente
a los menos preparados la responsabilidad más grave, o una igual o equivalente
a la del soldado cuya formación en esos campos es más completa.
Por ello, las tareas más peligrosas y la
responsabilidad de ataque y respuesta armada en zonas y situaciones calificadas
como de alto riesgo deben ser atendidas en primer lugar por los soldados
voluntarios, luego por los regulares y sólo en última instancia por los
bachilleres y campesinos.
3. La protección de los derechos
fundamentales a la vida y la integridad personal en el marco de los conflictos
armados, cuando se trata de menores.
No es necesario relievar la importancia que
la Constitución concede al derecho a la vida, como básico e insustituible para
el ejercicio de los demás derechos y como primera obligación del Estado
respecto de quienes habitan en su territorio.
Debe reiterarse lo afirmado en Sentencia
C-013 del 23 de enero de 1997:
"El derecho a
la vida, consagrado en el artículo 11 de la Constitución, aparece como el
primero y más importante de los derechos fundamentales y tiene, según el texto
de la norma, el carácter de inviolable. La disposición no establece excepciones
respecto de su amparo.
Se trata, sin duda,
de un derecho inalienable de todo ser humano, garantizado además con claridad
en los pactos internacionales de derechos, que prevalecen en el orden interno,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución. El 94,
por su parte, declara sin rodeos que la enunciación de los derechos y garantías
contenidos en la Carta y en los convenios internacionales no debe entenderse
como negación de otros (...) que, siendo inherentes a la persona humana, no
figuren expresamente en ellos.
(...)
La vida humana, como
presupuesto necesario de todo derecho, goza de una jerarquía superior en cuya
virtud prevalece frente a otros derechos, de tal manera que se impone sobre
ellos en situaciones de conflicto insalvable. En eso consiste la inviolabilidad
que expresamente le reconoce el precepto constitucional.
Como la ha enseñado
la jurisprudencia, se trata de un derecho del cual se es titular por el sólo
hecho de existir, mientras que los demás requieren de la vida del sujeto para
tener existencia y viabilidad".
En cuanto a la integridad personal, valor
cuya jerarquía es cercana a la de la vida y cuyas violaciones casi siempre la
ponen en peligro, se relaciona con la preservación del sujeto en sus
componentes físicos, sicológicos y espirituales, los cuales se hallan
integrados en un conjunto armónico que justamente constituye la esencia del ser
humano. Tales elementos y el todo resultante de su articulación deben
permanecer inalterados por agresiones, torturas, tratos crueles, inhumanos o
degradantes, ataques y lesiones, por acción u omisión de autoridades o particulares.
El derecho a la integridad personal se
deriva directamente de la consideración y el respeto que merece el ser humano
en su esencia por razón de su dignidad intrínseca, que resulta ofendida en alto
grado por cualquier forma de maltrato moral o material.
La vida y la integridad personal son bienes
jurídicamente protegidos en el ordenamiento interno, de manera genérica por el
Preámbulo y por el artículo 2° C.P., y en forma específica a través de los
artículos 11 y 12 Ibídem, que fueron desarrollados para los militares en
servicio activo por el Código Penal Militar. Por otra parte, preocupación
constante y en varias forma reiterada por el Derecho Internacional Humanitario,
a cuya realización está obligada Colombia, ha consistido en garantizar y
promover la preservación y el acatamiento de normas mínimas de humanidad en los
conflictos armados, sean éstos internos o internacionales, a la vez que
propender el respeto a la dignidad de la persona, tanto en el caso de la
población civil como en el de la combatiente.
Estas normas de protección a las personas
en el marco de los conflictos armados se encuentran previstas en los cuatro
Convenios de Ginebra de 1949 y en sus dos Protocolos de 1977. El Protocolo 1
hace referencia a los conflictos internacionales, mientras que el Protocolo 2
considera el caso de los conflictos armados internos. No obstante, está
previsto que las normas de protección consagradas en el Protocolo 1 también se
apliquen, bajo las debidas adaptaciones, a los casos de conflictos internos.
Sobre el tema que ocupa a la Sala, merecen
especial atención los artículos 8 y 10 del Protocolo 1, en los que se prevé la
protección a los heridos, enfermos y náufragos en el conflicto; el artículo 11,
donde se establece que no se puede poner en peligro mediante acción u omisión
injustificada la salud, o la integridad física y mental de las personas en
poder de la parte adversa; el artículo 37, por medio del cual se prohibe la
utilización de medios pérfidos que atenten contra la vida  o la integridad de
quienes participan en el combate; y el artículo 75, numeral 2, donde se
estipula:
"Están  y
quedan  prohibidos en  todo tiempo y lugar los actos siguientes,  ya sean
realizados por agentes civiles o militares:
a) Los  atentados
contra  la vida,  la salud y la integridad física o mental de las personas, en
particular: i) el homicidio; ii) la tortura de cualquier clase, tanto física
como mental; iii) las penas corporales; y iv) las mutilaciones; b) los
atentados contra la dignidad personal; en especial, los tratos humillantes y
degradantes,... y e) las amenazas de realizar los actos mencionados".
Tanto los Convenios de Ginebra como sus
correspondientes Protocolos fueron ratificados por el Estado colombiano y, por
tanto, son actualmente aplicables y exigibles en su territorio, y prevalecen en
el orden interno, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 93 de la
Constitución Política.
Corresponde a esta Sala ocuparse ahora del
problema que originó el desacuerdo entre las autoridades demandadas y los
actores: ¿El Comando del Ejército Nacional viola o amenaza los derechos a la
vida y la integridad personal de los soldados bachilleres cuando los traslada a
zonas donde se libran enfrentamientos con grupos levantados en armas?
Como ya se dijo en esta providencia, es
indudable que hace parte de la función del Ejército Nacional enfrentar a los
grupos levantados en armas, y es obvio que para cumplir con esta tarea, esa
institución debe desplazar sus efectivos a las zonas donde tales grupos vienen
actuando en contra del ordenamiento. Pero no todos los miembros del Ejército
tienen igual obligación de participar en los enfrentamientos que eventualmente
se produzcan, pues por ejemplo en el caso de los menores de edad, el Decreto
2048 de 1993 señala, en el parágrafo 2° del artículo 8°, que los soldados
bachilleres menores de edad que sean incorporados al servicio militar, serán
destinados a las áreas de servicio de apoyo, auxiliares logísticos,
administrativos y de fines sociales.
De aquí se deduce que el Ejército Nacional
sí atenta contra el derecho fundamental a la vida de los soldados bachilleres,
o al menos lo amenaza de manera ostensible, cuando envía soldados menores de
edad a zonas donde se pueden estar presentando combates o cuando envía a los
soldados mayores  de edad, sin la preparación militar, técnica y psicológica
suficiente, a zonas especialmente conocidas por la presencia de grupos
guerrilleros.
En relación con el personal incorporado a
filas, en la sentencia C-511 de 1994 (M. P. : Dr. Fabio Morón Díaz), la
Corte Constitucional consideró:
"El
artículo 13 de la Ley 48 de 1993, autoriza al Gobierno para establecer
diferentes modalidades, para atender la obligación de prestar el servicio
militar, distinguiendo cuatro modalidades o categorías:
a. Como
soldado regular de 18 a 24 meses;
b. Como
soldado bachiller durante 12 meses;
c. Como
Auxiliar de Policía Bachiller durante 12 meses;
d. Como
soldado campesino, de 12 hasta 18 meses
"Distintos
elementos integran las categorías creadas por la norma, según patrones
geográficos que permiten la subclasificación entre ciudadanos urbanos y
rurales, en consideración a la situación sociocultural, económica e histórica
propia de cada enclave, y según patrones intelectuales, que distinguen en la
población colombiana entre quienes hayan finalizado o no su educación media o
de bachillerato.  Ambos criterios permiten la definición de desigualdades
materiales, de un carácter amplio, entre los ciudadanos colombianos.  No
significan tales distinciones un desconocimiento del principio y derecho a la
igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política. Es
simplemente el trato diferencial propio de las distintas situaciones objeto de
regulación por la ley.  No existe en la norma examinada ánimo discriminatorio,
de favorecer un estamento de la sociedad en beneficio del otro, ni en su propio
beneficio".
Desde luego, ya que los artículos 216 y
siguientes de la Constitución Política remiten a la ley para la reglamentación
del servicio militar obligatorio, ha de concluirse que el Estado no actúa de
manera indebida ni afecta los derechos de los soldados bachilleres por el sólo
hecho de trasladarlos a zonas geográficas distintas de las de sus residencias,
según los servicios requeridos por la institución armada, pues la posibilidad
de traslado es una de sus obligaciones y caracteriza en buena parte el concepto
de disponibilidad, propio del servicio militar, salvo en cuanto se
refiere a los soldados campesinos, a cuyo favor se consagró legalmente que
presten el servicio en la zona en donde residen, compensando en parte el
período mayor que les corresponde servir.
Pero la transferencia de un soldado a las
zonas de combate es algo más que un simple traslado, habida cuenta del mayor
riesgo que representa, particularmente en áreas de permanente y nutrida
confrontación entre las fuerzas regulares y los escuadrones subversivos.
En condiciones de mayor edad y plena
preparación y entrenamiento en el campo militar, tal transferencia no es
extraña ni ilegítima y, por el contrario, resulta indispensable para que el
Ejército cumpla su función, pero no debe darse cuando el soldado afectado por
ella es menor o carece del más mínimo entrenamiento.
5. Prestación del servicio militar por
menores de edad
Varios demandantes reclaman que sus hijos
son menores de edad y que esa calidad es relevante para efectos de
incorporarlos a filas, o de asignarles funciones de lucha armada dentro del
Ejército. Y, en efecto, tanto las normas internacionales como el ordenamiento
interno consagran una protección especial para el menor de edad.
La Convención de los Derechos del Niño de
1989 contiene varias disposiciones destinadas a proteger los derechos del menor
de 18 años; entre ellas, su artículo 3 dispone : "En todas las
medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o
los órganos legislativos, una consideración principal a que se atenderá será el
interés superior del niño...".
A su vez, el artículo 6, numeral 2, ibídem
establece: "Los estados partes garantizarán en la máxima medida posible la
supervivencia y el desarrollo de niño". Asimismo, el artículo 38 estatuye
en sus numerales 1 y 3: "1. Los estados partes se comprometen a respetar y
a velar porque se respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario que
les sean aplicables en los conflictos armados y que sean pertinentes para el
niño... 3. Los estados partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas
a las personas que no hayan cumplido 15 años de edad. Si reclutan personas que
hayan cumplido 15 años, pero que sean menores de 18, los estados partes
procurarán dar prioridad a los de más edad".
En cuanto hace, entonces, a los soldados
bachilleres menores de edad, es claro que, como regla general, no se les puede
permitir participar en combate sin violar sus derechos fundamentales e
infringir claras normas de Derecho Internacional incorporadas debidamente al
ordenamiento interno; sólo en casos extremos, y no habiendo al menos una
persona mayor que pueda cumplir con la labor riesgosa, puede aceptárseles como
voluntarios para tareas diferentes a las administrativas y de servicio social,
debido a la especial protección que el Estado está obligado a proporcionarles.
Al unificar criterios para la revisión de
los fallos de tutela, esta Corte aclaró que no resulta contrario a la Carta
Política que la ley llame a los bachilleres, cualquiera sea su edad, a definir
su situación militar cuando concluyan sus estudios. Declaró la Corporación en
esa oportunidad:
"...si
la Constitución atribuyó a la ley, como se ha visto, la facultad  de regular
todo lo relacionado con la prestación del servicio militar y de establecer los
casos generales de exención a tal deber, no resulta, en principio, contrario a
la Constitución, que la ley ordene a los bachilleres definir su situación
militar una vez concluyan sus estudios, pues ninguna norma de jerarquía
constitucional ha dispuesto que antes de la mayoría de edad no se puede cumplir
con dicha obligación." (Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia No.
SU-277/93. M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell).
Sin embargo, al considerar la exequibilidad
de los artículos 10 y 14 de la Ley 48 de 1993, la Corte Constitucional precisó
que debe darse protección especial al menor que es incorporado a filas como
soldado bachiller:
"Igualmente
el artículo 77 del Protocolo Adicional a los Convenios  de Ginebra del 12 de
agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos
armados internacionales (PROTOCOLO I), revisado en su constitucionalidad por
esta Corte mediante sentencias  C-574/92 y C-88/93, M.P. Dr. Ciro Angarita
Barón, habiendo sido declarado EXEQUIBLE el Protocolo, sin perjuicio de la
INEXEQUIBILIDAD de la Ley 11 de 1992, preceptúa el citado artículo lo
siguiente:
‘Artículo
77. Protección de los niños.
‘1. Los
niños serán objeto de un respeto especial y se les protegerá contra cualquier
forma de atentado al pudor. Las Partes en conflicto les proporcionarán los
cuidados y la ayuda que necesiten por su edad o por cualquier otra razón.’
‘2. Las
Partes en conflicto tomarán todas las medidas posibles para que los niños
menores de 15 años no participen directamente en las hostilidades,
especialmente absteniéndose de reclutarlos para sus fuerzas armadas.  Al
reclutar personas de más de 15 años pero menores de 18 años, las Partes en
conflicto procurarán alistar en primer lugar a los de más edad.’
‘3. Si,
en casos excepcionales, no obstante las disposiciones del parágrafo 2o.,
participaran directamente en las hostilidades niños menores de 15 años y
cayeran en poder de la Parte adversa, seguirán gozando de la protección
especial concedida por el presente artículo, sean o no prisioneros de guerra.’
‘4. Si
fueran arrestados, detenidos o internados por razones relacionadas con el
conflicto armado, los niños serán mantenidos en lugares distintos de los
destinados a los adultos, excepto en los casos de familias alojadas en unidades
familiares en la forma prevista en el párrafo 5 del artículo 75.
"Estas
normas de convenios internacionales, ratificados por Colombia, vinculan al
Estado conforme lo consagra la C.P. e integran el ordenamiento jurídico
colombiano en cuanto a la especial protección que se le otorga a los menores, y
especialmente en relación con quienes tienen más de quince (15) años pero son
menores de dieciocho (18) años para que, en la prestación del servicio militar
y en cuanto a sus riesgos se les reconozca esta especial protección."
(subraya fuera de texto)
La situación de orden público por la que
atraviesa el país justifica plenamente la preocupación de los actores por la
vida de sus hijos. Es innegable que el derecho a la vida de los soldados
bachilleres, como el de todos los miembros de las Fuerzas Armadas, está en
peligro, sea cual fuere el lugar en el que les corresponda cumplir su misión. Y
en las llamadas zonas de orden público tal riesgo se agrava por los constantes
y en muchos casos sorpresivos enfrentamientos armados, así como por los conflictos
de otro orden -la actividad de grupos de justicia privada, del narcotráfico o
de la delincuencia común-, a los que, encontrándose allí, el soldado no puede
sustraerse, dada su obligación militar.
La condición, tanto física como psicológica
de los soldados bachilleres menores de edad, y la especial protección que para
ellos se encuentra consagrada en la normatividad interna y la internacional,
hace de su traslado a zonas de orden público una exigencia desproporcionada,
que sobrepasa los límites de la exigibilidad del servicio militar respecto de
su corta edad y casi nula experiencia en la actividad castrense.
Teniendo en cuenta la imperiosa
diferenciación por edades que, como quedó expuesto, corresponde a situaciones
jurídicas distintas, reconocidas por el orden jurídico y que, en últimas,
concretan el valor de la justicia real y efectiva, considera la Sala que el
Ejército Nacional sí violó, o al menos puso en grave e injustificado peligro
los derechos a la vida y a la integridad personal de los soldados bachilleres
menores de edad que envió a las denominadas "zonas rojas" ; y en
cuanto a los soldados bachilleres mayores de edad, es necesario reiterar que,
si bien su obligación va más allá que la de los menores, sólo pueden ser
enviados a zonas denominadas del orden público, siempre que hayan recibido un
entrenamiento suficiente que les permita enfrentar en igualdad de
condiciones al enemigo.
Aunque las cifras conocidas por la Corte no
dan cuenta de que, hasta ahora, haya muerto algún soldado menor de edad en las
zonas de alto riesgo, no implica ello que los allí destacados se encuentren
fuera de peligro para sus vidas, ni descarta tampoco la vulneración de los
convenios internacionales al respecto, la cual se produce por el sólo hecho de
colocar a la persona que no alcanza los dieciocho años en una circunstancia de
objetivo y evidente peligro para su vida o su integridad. Lo propio acontece
con el soldado mayor de esa edad no preparado para el combate y la defensa,
cuya protección judicial debe darse por la vía de la tutela si se prueba su
falta absoluta de preparación, lo que no se presenta en los casos examinados,
según la documentación que obra en los expedientes.
6. El derecho a la salud.
Es preciso hacer una breve referencia al
derecho a la salud, pues en los  procesos acumulados se reclama su amparo, sin
precisar el motivo para que este derecho se considere amenazado o violado a los
soldados bachilleres.
La Corte ha sostenido que, si bien no se
trata de un derecho fundamental en principio, lo es por conexidad con el
derecho a la vida, y que exige protección estatal, especialmente cuando aquél
resulta amenazado por su descuido o falta de asistencia médica, con mayor razón
si existe una circunstancia de subordinación e indefensión que impide a la
misma persona procurarse los medios de acceso al facultativo o a las
instituciones asistenciales, como ocurre con el personal subalterno en los
cuerpos armados, los cuales, por tanto, tienen la responsabilidad respectiva,
exigible en alto grado.
Ha señalado la Corte:
"Ahora bien, la
institución militar y el propio afectado tienen la obligación de propiciar la
pronta y eficiente recuperación de la salud quebrantada, aquélla disponiendo
los elementos médicos, asistenciales y quirúrgicos necesarios y el enfermo
sometiéndose a los tratamientos, exámenes, operaciones y terapias que los
facultativos autorizados encuentren aplicables.
No cabe duda de que
ni el Estado, a través del Ejército, puede negar al conscripto los cuidados que
su salud y subsistencia reclaman, ni la persona aquejada por padecimientos que
le impiden prestar adecuadamente el servicio militar puede resistirse a las
prescripciones y terapéuticas científicas pertinentes, con el objeto de
permanecer al margen de sus obligaciones dentro de las filas, obviamente
siempre que los procedimientos médicos y clínicos que se le ofrecen no lesionen
en sí mismos su integridad personal". (Cfr. Corte Constitucional. Sala
Quinta de Revisión. Sentencia T-351 del 13 de agosto de 1996).
La tutela sería el mecanismo apto para
proteger la salud de los conscriptos y, en general, de todo soldado o policía,
si la correspondiente institución mostrara negligencia o indolencia en su
atención médica, quirúrgica u hospitalaria.
No obstante, hasta donde consta en el
expediente, el Ejército mantiene a los hijos de los actores en aceptables
condiciones de higiene, reciben buena alimentación, y vienen siendo atendidos
por el personal adscrito a las unidades militares de salubridad, en lo que se
refiere a la conservación y recuperación de la salud. De tal atención médica no
se priva a los soldados cuando son trasladados a zonas de enfrentamiento con
grupos alzados en armas, o que presentan condiciones climáticas malsanas. Por
tanto, no encuentra esta Sala que a los hijos de los demandantes se les haya
amenazado o violado su derecho a la salud, en el marco de los supuestos de
hecho acreditados dentro de los expedientes bajo revisión.
7. Expediente T-101782. Derecho de
petición
De conformidad con lo previsto en el artículo
23 de la Constitución, todas las autoridades, incluidas las militares, están
obligadas a recibir, tramitar y resolver de manera oportuna las peticiones
respetuosas que ante ellas presente cualquier persona.
¿Resultó violado el derecho de petición de
los demandantes en el expediente T-101782, cuando el Comandante del Ejército no
reconsideró el traslado de los hijos de los actores a zonas de alteración del
orden público, porque la petición presentada a un comandante de unidad militar
nunca llegó a su conocimiento?
Un grupo de los padres de los soldados que
actualmente se encuentran prestando servicio militar en los batallones
Anzoátegui y Bolívar, presentaron, en abril del presente año, al Teniente
Coronel José Elias Mahecha, Comandante del Batallón de Policía Militar No. 2 de
Barranquilla, una solicitud dirigida al Comandante de las Fuerzas Militares,
General Harold Bedoya Pizarro, con el fin de que éste último reconsiderara la
decisión de trasladar a sus hijos a zonas de orden público, por estimar que éstas
son peligrosas, y enviar allí a los soldados bachilleres sería tanto como
imponerles una carga mayor a la que les corresponde asumir. Aunque los soldados
de la compañía Anzoátegui ya fueron transportados a zonas de orden público, sus
padres no han recibido la respuesta que debió anteceder al viaje.
Dentro del proceso radicado bajo el número
T-101782, el General Bedoya Pizarro afirmó que nunca recibió la comunicación de
los padres de familia, razón por la cual no la contestó (folio 86). No
obstante, está probado que la mencionada solicitud sí se entregó al Ejército y,
por tanto, esa institución debió responderla dentro del término legal. Como no
se usaron los conductos regulares para llevar la solicitud a consideración del oficial
a quien iba dirigida, el Ejército incurrió en un claro desconocimiento del
derecho fundamental de petición de los actores; y, con su conducta omisiva, esa
institución ignoró el artículo 23 de la Constitución Política, al no dar
respuesta oportuna a la solicitud presentada el 3 de abril de 1996 por los
demandantes.
Sin embargo, es igualmente claro que una
vez cumplido el traslado sin que se reconsiderara la orden de adelantarlo, y
estando pendiente la definición que en este fallo se haga sobre la destinación
de los soldados bachilleres, ya no es del caso ordenar al Ejército Nacional que
tramite debidamente la petición desatendida. En cambio, se le advertirá a esta
institución que sus miembros no deben repetir esa clase de comportamientos
omisivos contrarios al ordenamiento, so pena de las sanciones previstas en la
ley.
DECISION
En mérito de las consideraciones
antecedentes, la Corte Constitucional en nombre del Pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMAR el fallo del
Juzgado Primero Penal del Circuito de Barranquilla del 28 de agosto de 1996,
que revocó la tutela concedida a los soldados bachilleres Leonel Barraza, Luis
López Velandia, Emerson Elías Yunes, César Steven Castro y Rafael Mesa Bustos
contra el Ejército Nacional (expediente 109000).
Segundo.- REVOCAR el fallo proferido
por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Florencia (Caquetá), el 2 de
septiembre de 1996, que negó la tutela instaurada a nombre del soldado menor de
edad, Angelo Marcio Tabares Lozano, contra el Ejército Nacional (expediente
108998), y en su lugar CONCEDER la protección solicitada.
ORDENASE al Ejército Nacional que, en un término no superior a
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo
traslade al soldado, si ya no lo hubiere hecho, a una zona que no esté
calificada como de orden público o alto riesgo.
El servicio militar del indicado conscripto
deberá prestarse en actividades de carácter administrativo, o servicio social.
Tercero.- CONFIRMAR el fallo proferido
por el Juzgado Veintisiete Penal Municipal de Cali, el día 12 de septiembre de
1996, que negó la tutela incoada en favor del soldado bachiller menor de edad
German Cifuentes Villota, contra el Ejército Nacional (expediente T-112635),
por cuanto no se fundamentaba en el envío a zonas de orden público, sino en el
ingreso a filas.
Cuarto.- CONFIRMAR el fallo del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala Civil Laboral de
Decisión el día veinte de septiembre de 1996, mediante el cual se denegó la
tutela impetrada por el soldado Wilfor Peña, contra el Ejército Nacional
(expediente 113714).
Quinto.- CONFIRMAR el fallo
proferido por el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Neiva, el 3 de octubre
de 1996, que, denegó la tutela propuesta por el soldado bachiller John
Alexander Medina, contra el Ejército Nacional, advirtiéndole que si ostenta la
calidad de hijo único que tenía a su cargo el sustento de su señora madre,
puede acogerse a lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 2048 de 1993 (expediente
114062).
Sexto.- CONFIRMAR el fallo proferido
por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, el 13 de
noviembre de 1996, que confirmó la negación de la tutela interpuesta por la
señora Martha Lucía Salazar en favor de su hijo John Freddy Bueno García
(expediente 116360).
Séptimo.- CONFIRMAR el fallo
proferido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Neiva, por medio del cual
se negó la tutela interpuesta por la señora María del Carmen Gracia de Reina en
favor de su hijo Helio Reina Gracia (expediente 109923).
Octavo.- En cuanto al fallo proferido por
el Juzgado Quince (15) Penal Municipal de Barranquilla el 4 de junio de 1996,
dentro del proceso radicado bajo el número T-101782:
a) REVOCAR el numeral primero y, en
su lugar, TUTELAR el derecho de petición de los actores Elcy de Calle, William
Castro P., Margarita Corro, Isabel Aldana de Alonso, Jaime Alonso Mercado,
Solomaria Sanandres, Martha Torres de Anaya, Jorge E. Anaya, Mirian López de
Barros, José M. Barros, Esilda O. de Buendía, Enrique Buendía Mendoza, Emma
González, Adelaida Ballesteros, Jesús Arteaga, Orlando Cabrera, Ernesto M.
Orellano, Omaris R. de Cantillo, Martha de Barranco, Francisco Barranco, José
Antequera Peña, Rosalba Díaz Hernández, Marelvis Molina, Yadira Simán Guerra,
Neftalí Amaya Wills, Margarita V. de Amaya, Rafael Barraza M., Emerita Torres
Guerra, José Molina Jiménez, Catalina de Manotas, Nury de Ahumada, Mary Díaz,
Graciela de Roca, Martha Garrido Montaño, Flor M. Bermúdez, Gloria Torres P.,
Antonio Bermúdez, Narbeny Orozco, Joaquín Reyes, Lilia Rosa Constante y Mario
José Quintero.
b) PREVENIR a las autoridades
militares demandadas en este proceso, para que se abstengan de repetir las
actuaciones que dieron origen a la tutela del derecho de petición de los
ciudadanos nombrados en el literal anterior, so pena de las sanciones previstas
en la ley.
c) CONFIRMAR los numerales segundo y
tercero, por medio de los cuales se tutelaron los derechos fundamentales de los
soldados menores, y se negó igual protección judicial a los mayores de edad.
Noveno.- CONFIRMAR el fallo del
Juzgado Catorce Penal Municipal de Barranquilla que negó la tutela del derecho
a la vida de Heriberto Antonio Díaz Rubiano, incoada por la señora Yaneth
Cecilia Rubiano Labro, correspondiente al proceso radicado bajo el número
T-103446.
Décimo.- CONFIRMAR el fallo adoptado
por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé
de Bogotá el 12 de septiembre de 1996, que concedió la tutela instaurada en
favor del soldado Overlan Rubiano Castañeda (expediente T-110434).
Décimo Primero.- REVOCAR la
sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala de
Familia, del 20 de septiembre de 1996, y en su lugar tutelar los derechos a la
vida y a la integridad personal de Edisson  Benavides Perdomo (expediente
T-110868).
ORDENASE al Ejército Nacional que, en un término no superior a
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo,
traslade al soldado, si ya no lo hubiere hecho, a una zona que no esté
calificada como de orden público o alto riesgo.
El servicio militar del indicado conscripto
deberá prestarse en actividades de carácter administrativo o servicio social.
Décimo Segundo.- CONFIRMAR el fallo
proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santafé de Bogotá el 11 de octubre de 1996 (expediente T- 113456), que concedió
la tutela a favor de los menores : Iván Dario Daza, Ronald Stib Silva
Acevedo, Joe Anthony Delgadillo Sánchez, Richard Arley Puentes Rojas y Raúl
Enrique Torres Cuesta.
ORDENASE al Ejército Nacional que, en un término no superior a
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo,
traslade a los soldados, si ya no lo hubiere hecho, a una zona que no esté
calificada como de orden público o alto riesgo.
El servicio militar de los indicados
conscriptos deberá prestarse en actividades de carácter administrativo o
servicio social.
Décimo Tercero.- REVOCAR  los fallos
proferidos por el Juzgado Cuarto Promiscuo de Familia de Neiva el 25 de
septiembre 1996, y por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Neiva, y en su lugar tutelar los derechos de Oscar Eduardo Mazorra
Otalora (expediente T- 115612).
ORDENASE al Ejército Nacional que, en un término no superior a
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo,
traslade al soldado, si ya no lo hubiere hecho, a una zona que no esté
calificada como de orden público o alto riesgo.
El servicio militar del indicado conscripto
deberá prestarse en actividades de carácter administrativo o servicio social.
Décimo Cuarto.- Por Secretaría
líbrense las comunicaciones de que trata el  Artículo 36 del Decreto 2591 de
1991.
Cópiese, comuníquese, notifíquese, cúmplase
e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Presidente
CARMENZA ISAZA DE GOMEZ            EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ
Magistrada                          Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ               HERNANDO
HERRERA VERGARA
Magistrado
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
FABIO MORON DIAZ
Magistrado                            Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
EXPEDIENTE
PETICIONARIO
PETICION
PRIMERA INSTANCIA
SEGUNDA INSTANCIA
T-109000
-Leonel Barraza
-Luis López Velandia
-Emerson Elías Yunes
-César Steven Castro
-Rafael Mesa Bustos
No traslado a zonas guerrilleras o de
alta peligrosidad.
Juzgado 1 Penal Municipal de
Barranquilla.
Tutela el derecho a la vida e integridad
física de los soldados
Juzgado 1 Penal del Circuito de
Barranquilla.
Revocó el fallo con el argumento de que
existe una obligación de tomar las armas.
T-108998
-Benito Tavares Villacorta
Solicita el retiro del Ejército por ser
menor de edad y por el peligro en las zonas donde fue enviado.
Juzgado 4 Penal del Circuito de
Florencia.
Negó la tutela argumentando que todo
varón está obligado a definir su situación militar.
No hubo.
T-112635
-Germán Cifuentes Villota
Pide el retiro del ejército por ser menor
de edad y porque se amenaza su derecho a la vida.
Juzgado 27 Penal Municipal de Cali.
Negó la tutela porque todo varón
colombiano está obligado a definir su situación militar y a tomar las armas,
además el peticionario no se encuentra combatiendo.
No hubo.
T-113714
-Wilfor Peña Forero
Se atenta contra el derecho a la vida ya
que por la falta de experiencia en el manejo de las armas no deben ser
enviados a zonas de guerra.
Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Neiva, Sala Civil-Laboral de Decisión.
Denegó la tutela por cuanto el accionante
no precisó los derechos fundamentales vulnerados y existe la obligación de
tomar las armas.
No hubo.
T-114062
-Jhon Alexander Medina
Es hijo único y debe contribuir al
sostenimiento de su madre y fue enviado a zona roja sin ninguna clase de
entrenamiento.
Juzgado 3 Promiscuo de Familia de Neiva.
Denegó la Tutela porque todo varón
colombiano tiene obligación de definir su situación militar.
No hubo.
T-101782
-Fernando Calle
-Jhony Ramón Alonso
-José Luis Barros
-Enrique Javier Buendía
-Germán Arteaga
-Elvis Charles Cantillo
-Ronaldo Rafael Barranco
-Luis Alberto Urueta
-Edgar Amaya
-Helmuth Rafael Barraza
-Eric Ahumada
-Fabián Ramiro Manotas
-José Alberto Molina
-Edwin Enrique Cabrera
Se tutela el derecho a la vida e
integridad personal y el derecho de petición
Juzgado 15 Penal Municipal de
Barranquilla
Negó la tutela en cuanto al derecho de
petición, por considerar que el Ejército no tuvo conocimiento de las solicitudes.
Concedió la tutela para proteger el
derecho a la vida de los soldados menores, ordenando suspender su remisión a
zonas de orden público. Y  negó el amparo para los soldados mayores de edad.
No hubo.
T-103446
-Heriberto Antonio Díaz Rubiano
Amenaza del derecho a la vida e
integridad personal, por el traslado a zonas como Urabá y Valledupar que
coloca a los soldados en grave riesgo.
Juzgado 14 Penal Municipal de
Barranquilla.
Negó la protección porque el soldado está
cumpliendo funciones previstas para quienes prestan el servicio  militar
obligatorio.
No hubo.
T-110434
-Overlan Rubiano Castañeda
Reclama la protección del derecho a la
vida en razón del envío a La Tagua (Putumayo).
Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá.
Tuteló, ordenando al ejército el traslado
del conscripto a otro Batallón.
No hubo.
T-110868
-Edisson Benavides Perdomo
Solicita protección del derecho a la vida
e integridad personal por ser enviado al Batallón de La Tagua (Putumayo), sin
el debido entrenamiento.
Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Neiva, Sala de Familia.
No concedió la tutela por cuanto los
soldados bachilleres deben cumplir sus funciones en todo el territorio
nacional.
No hubo.
T-116360
-Jhon Fredy Bueno García
Protección del derecho a la vida, por envío
a zona del Putumayo.
Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cali, Sala Civil de Decisión.
Negó la tutela porque todo colombiano
tiene obligación de tomar las armas y no existe norma legal que determine que
un soldado bachiller no pueda ser trasladado a determinadas zonas.
Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria.
Confirma.
T-109923
-Helio Reina Gracia
Pide traslado a una zona de menor riesgo.
Juzgado 6 Penal Municipal de Neiva.
No concede la tutela porque no está
dedicado a operaciones para el restablecimiento del orden público, sino que
ayuda en el casino de oficiales.
Juzgado 5 Penal
del Circuito de Neiva.
Confirma.
T-115612
-Oscar Eduardo Mazorra Otálora
Pide la protección por ser menor de edad
y haber sido enviado a una zona de alto riesgo.
Juzgado 4 Promiscuo de Familia de Neiva.
No concede la tutela por considerar que
el soldado aunque está en una zona de conflicto, presta el servicio dentro de
las instalaciones del Batallón.
Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Neiva, Sala de Familia.
Confirma.
T-113456
-Julián Andrés Giraldo
-Iván Dario Daza
-Ronald Stib Silva
-Richard Arley Fuentes
-José Fernando Monguí
-Jorge Andrés Martínez
-Joe Antoni Delgadillo
-Oscar Julián Oicatá y otros.
Retiro de los soldados de las llamadas
zonas rojas.
Juzgado 2 de Familia de Santa Fe de
Bogotá.
Tutela los derechos a la vida, dignidad
humana, libre desarrollo de la personalidad de los soldados adolescentes que
se encuentran en las zonas de conflictos, ordenando su traslado.
Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Santa Fe de Bogotá.
Modifica en cuanto que tutela únicamente
los derechos de los menores y se mantiene la orden de reubicarlos solamente a
ellos.