T-184-15
Sentencia T-184/15
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración
de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA PARA INDEXACION DE
LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Reiteración de jurisprudencia sobre
requisitos y condiciones necesarias para su procedencia
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA
PENSIONAL COMO DERECHO CONSTITUCIONAL DE CARACTER UNIVERSAL-Reiteración
de jurisprudencia
La indexación de la
primera mesada pensional es un procedimiento cuya finalidad es evitar el
deterioro o pérdida del valor adquisitivo de las pensiones, en aquellas
situaciones en las que el trabajador, aun con anterioridad a la vigencia del
Sistema General de Pensiones establecido en la Ley 100 de 1993 y con
independencia del régimen pensional al que pertenecía, cumplía con el requisito
de tiempo de servicios para acceder a la pensión de vejez y, con posterioridad,
alcanzaba la edad requerida para consolidar tal derecho. La indexación de la primera mesada pensional está
relacionada, de manera intrínseca, con la garantía del derecho al mínimo vital
de las personas de la tercera edad, por cuanto permite a los pensionados
recibir un ingreso mensual justo y actualizado, con el cual satisfacer sus
necesidades más elementales y las de su familia, ante el impacto económico que
genera la inflación.
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA
PENSIONAL-Fórmula adoptada por la Corte Constitucional mediante sentencia
T-098 de 2005
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES PARA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Improcedencia
por cuanto no se cumple con el requisito de subsidiariedad y no se demostró un
perjuicio irremediable
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES PARA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Improcedencia
por cuanto no se cumple con requisitos
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE COMO
CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
La Corte Constitucional en su jurisprudencia ha señalado que
se configura la causal especial de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, referida al desconocimiento del precedente
constitucional, cuando el Juez de la República en el caso concreto: (i) aplica
disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de
constitucionalidad o (ii) aplica disposiciones legales cuyo contenido normativo
ha sido encontrado contrario a la Constitución; así mismo, (iii) cuando
contraría la ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad y, por último,
(iv) cuando desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijados por la
Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de
tutela.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
PARA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Orden a Colpensiones
indexar la primera mesada pensional del actor con base en la fórmula adoptada
por la Sentencia T-098 de 2005
Referencia:
Expedientes T- 4.124.744; T-4.199.469; T-4.209.118
Demandantes:
Octavio Miranda Paternina; Orlando Medina Corbacho;
Gilma Rave de Yepes
Demandados:
Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de
Colombia y otros; General de Equipos de Colombia S.A.; Corte Suprema de
Justicia y otros
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO.
Bogotá D.C., diecisiete (17) de abril de dos mil
quince (2015)
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván
Palacio Palacio y Gloria Stella Ortiz Delgado, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En la revisión de los fallos de tutela proferidos, en
segunda instancia, por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
dentro del expediente T-4.124.744, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Barranquilla dentro del expediente T-4.199.469 y la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, dentro del expediente T-4.209.118.
I. ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES
La Sala de Selección N.° Uno (1) de la Corte
Constitucional, mediante Auto de treinta (30) de enero de dos mil catorce
(2014), comunicado el veinticinco (25) de febrero del mismo año, decidió
seleccionar para revisión los fallos de tutela correspondientes a los
expedientes T-4.124.744, T-4.137.205, T-4.199.469 y T-4.209.118. De igual
forma, en dicha providencia, la Sala resolvió acumular estos expedientes, por
presentar unidad de materia, para que fueran fallados en una misma sentencia,
si así lo considera la Sala de Revisión correspondiente.
El
veintiséis (26) de mayo de dos mil catorce (2014), la Sala Cuarta de Revisión
de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, resolvió desacumular el
expediente T-4.137.205 de los expedientes T-4.124.744, T-4.199.469 y
T-4.209.118 por considerar que no se daban las condiciones para examinarlos
conjuntamente.
II. Expediente T-4.124.744
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud
El 27 de junio de 2013, el señor Octavio
Miranda Paternina impetró acción de tutela contra el Fondo de Pasivo Social de
Ferrocarriles Nacionales de Colombia, el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y el Ministerio de Comercio Industria y Turismo con el propósito de obtener
la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad
social presuntamente vulnerados por dichas entidades al no indexar su mesada
pensional.
2. Reseña
fáctica
2.1. Manifiesta el demandante que sostuvo una relación laboral con la
empresa Álcalis de Colombia Limitada durante el periodo comprendido entre el 9
de mayo de 1973 y el 28 de febrero de 1993, fecha en la cual fue despedido sin
justa causa. En razón de lo anterior, instauró demanda ordinaria laboral con el
fin de que le fuera reconocida la pensión sanción.
2.2. De la demanda ordinaria laboral instaurada por el
accionante conoció, en primera instancia, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito
de Cartagena, que mediante sentencia proferida el 16 de julio de 1999 absolvió
a la empresa demandada. En desacuerdo con la mencionada decisión, el señor
Octavio Miranda Paternina presentó recurso de apelación.
2.3. Por su parte, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena, Sala Laboral, al resolver la impugnación, en sentencia
de 6 de septiembre de 2000, revocó la providencia de primera instancia y
condenó a la empresa Álcalis de Colombia Limitada a pagar una pensión sanción
equivalente a la suma de $ 378.251 en favor del señor Octavio Miranda Paternina
a partir del momento en que éste cumpliera 50 años de edad y hasta la fecha en que
completara los requisitos para acceder a la pensión de vejez. A su vez, indicó
que dicha prestación no debe ser inferior al salario mínimo legal más alto y
debe ser ajustada anualmente según los términos de ley.
Por otro lado, le ordenó a la demandada seguir pagando
al Instituto de Seguros Sociales las cotizaciones correspondientes a los
riesgos de invalidez, vejez y muerte del accionante.
Así mismo, advirtió que después de que le fuera reconocida
la pensión de vejez al señor Octavio Miranda Paternina, la entidad demandada
solo quedaría a cargo del mayor valor de la pensión sanción, si lo hubiere.
2.4. Posteriormente, el Instituto de Seguros Sociales, a
través de Resolución N.° 07980 de 2006 reconoció la pensión de vejez al señor
Octavio Miranda Paternina por un valor de $1’267.037, a partir del 1 de agosto
de 2006.
2.5. Sostiene que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena,
Sala Laboral, para establecer el monto de la pensión sanción, tomó como base
salarial lo devengado durante su último
año de labores, sin tener en cuenta la devaluación que tuvo el peso colombiano
entre la fecha de terminación del contrato de trabajo y la fecha en que cumplió
los 50 años de edad.
2.6. El 7 de junio de 2007, Álcalis de Colombia Limitada, en Liquidación,
mediante Resolución N.° 0070, reconoció, en favor del accionante, una pensión
restringida de jubilación por valor de $378.251 desde el 14 de noviembre de
1995, fecha en la cual cumplió 50 años de edad y hasta el 1 de agosto de 2006,
día en el que le fue reconocida la pensión de vejez por parte del Instituto de
Seguros Sociales. Así mismo, la entidad indicó que asumiría el pago del mayor
valor que surgiera entre el monto reconocido por pensión sanción y el de pensión
de vejez, a partir del 2 de agosto de 2006.
2.7. El 23 de octubre, 16 de noviembre y 19 de diciembre de 2007, así como
el 6 de noviembre de 2009, solicitó a Álcalis de Colombia Limitada en
Liquidación la indexación de la primera mesada pensional. Dicha petición fue
negada con el argumento de que el valor reconocido por la entidad como pensión
sanción obedece al cumplimiento de una orden judicial que así lo establece y,
por lo tanto, al respecto existe cosa juzgada. Así mismo, indicó que dicho
monto es reajustable anualmente en los términos de ley y que éste no puede ser
inferior al salario mínimo legal mensual vigente.
2.8. El 26 de marzo de 2010, solicitó a Álcalis de Colombia Limitada en
Liquidación que reconociera el mayor valor de la pensión sanción, pues para el
1 de agosto de 2006, fecha en que le fue reconocida la pensión de vejez por
valor de $ 1.267.037, la pensión sanción ascendía a $1.621.866, por lo tanto,
existe una diferencia entre las dos prestaciones de 354.829 que debe ser
asumida por la entidad desde el año 2006 en adelante. Dicha suma debe ser
actualizada hasta la fecha en que efectivamente se realice el pago.
2.9. El 30 de septiembre de 2010 y el 7 de marzo de 2011, solicitó,
nuevamente, la indexación de la primera mesada pensional ante el Fondo de Pasivo
Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, como el responsable del
reconocimiento de las pensiones a cargo de la extinta Álcalis de Colombia
Limitada.
3. El 9 de mayo de 2011, el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia, de conformidad con la norma vigente y con arreglo a los
recientes pronunciamientos jurisprudenciales, reconoció el derecho a la
indexación de la primera mesada pensional del señor Octavio Miranda Paternina,
sin embargo, advirtió que por no estar contemplada dicha obligación en el
cálculo actuarial inicial o complementario que se realizó después de que fue
liquidada la empresa Álcalis de Colombia Limitada, le correspondía al Fondo de
Pensiones Públicas del Nivel Nacional asumirla, previo el cumplimiento de los
siguientes requisitos: “1. Que se acredite ante la entidad que tenga la
competencia de reconocimiento de las pensiones el derecho a estar incluido en
el cálculo y a recibir el pago de sus pensiones o ante quien administre las
demás obligaciones pensionales, 2. Que el cálculo actuarial correspondiente a
las personas que acrediten el derecho, sea elaborado por el Fondo Pasivo Social
de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y que dicho calculo sea aprobado por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.
En razón de lo anterior, el Fondo de Pasivo Social de
Ferrocarriles Nacionales de Colombia, mediante oficio N.° ALC-20113170061601,
radicó la actualización del cálculo actuarial de todos los casos en los que inicialmente
no se contempló la indexación de la primera mesada pensional ante el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público.
Así mismo, indicó que una vez fueran apropiados los
recursos se expediría el correspondiente acto administrativo.
3.1. Concluye el demandante señalando que para la fecha de
presentación de la acción de amparo, el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Comercio Industria y Turismo no han reconocido y pagado los valores
correspondientes a la indexación de la primera mesada pensional, situación que
vulnera sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social. De
igual manera, refiere que es un sujeto de especial protección constitucional,
pues cuenta con 68 años de edad.
3. Oposición a la demanda de tutela
La acción de tutela objeto del presente
pronunciamiento, fue tramitada, en primera instancia, por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Penal, Corporación que, mediante auto
de veintiocho (28) de junio del dos mil trece (2013), admitió la demanda y
corrió traslado a las entidades demandadas para efectos de ejercer su derecho a
la defensa.
No obstante lo anterior, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia guardaron silencio frente a los requerimientos hechos
por la Corporación.
3.1. Ministerio de Comercio Industria y
Turismo
Carlos Eduardo Serna Barbosa,
Representante Judicial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
solicitó al juez constitucional declarar improcedente la acción de tutela, toda
vez que el accionante cuenta con otros medios para la defensa de sus derechos
fundamentales, como es el proceso ordinario laboral, así mismo, señala que no
es cierto que se le vulnere el derecho fundamental al mínimo vital, pues éste
devenga actualmente una pensión por vejez.
4. Pruebas allegadas al proceso
Durante el trámite de la acción de tutela,
las partes allegaron los siguientes documentos:
·
Copia de la Resolución N.° 0070 de
2007 proferida por la empresa
Álcalis de Colombia Limitada (folios 7 a 11).
·
Copia de las peticiones
presentadas por el señor Octavio
Miranda Paternina ante la empresa Álcalis de Colombia Limitada y el Fondo de
Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, el 23 de octubre de
2007, el 6 de noviembre de 2009, el 26 de marzo de 2010 y el 27 de septiembre
de 2010 (folios 12 a 18, 20 a 32).
·
Copia de las respuestas emitidas
los días 8 de enero de 2008, 2 de diciembre, 30 de septiembre de 2009 y 9 de
mayo de 2011, por la empresa
Álcalis de Colombia Limitada y el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia a las peticiones presentadas por el accionante (folios
19, 23, 33 a 35).
II. DECISIÓN JUDICIAL QUE SE REVISA
1. Primera instancia
Mediante sentencia de doce
(12) de julio de dos mil trece (2013), el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena, Sala Penal, declaró improcedente el amparo solicitado,
al considerar que se trata de un asunto de carácter legal que debe ser resuelto
por los jueces ordinarios, así mismo, al advertir que no se probó la existencia
de un perjuicio irremediable.
En desacuerdo con lo anterior, el
accionante impugnó el fallo de primera instancia reiterando los argumentos
expuestos en la demanda de tutela.
2. Segunda instancia
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, mediante
providencia de veinticuatro (24) de septiembre de dos mil trece (2013), confirmó la decisión del a quo,
bajo los mismos argumentos.
III. PRUEBAS SOLICITADAS EN SEDE DE REVISIÓN POR LA CORTE CONSTITUCIONAL
Mediante auto de veintisiete (27) de mayo de dos mil
catorce (2014), el Magistrado sustanciador consideró necesario recaudar algunas
pruebas para verificar hechos relevantes del proceso y proveer como
corresponde. En consecuencia, resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: Por Secretaría General, OFÍCIESE
al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, que actúa como demandado dentro del
expediente T-4.124.744, para que, en el término de tres (3) días hábiles
contados a partir de la notificación de este auto, se sirva informar a esta Corporación,
con los correspondientes documentos que respalden sus afirmaciones, lo
siguiente:
·
¿Qué resolvió el
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico respecto del Oficio N.°ALC-20113170061601
de 18 de abril de 2011, por medio del cual el Fondo de Pasivo Social de
Ferrocarriles Nacionales de Colombia radicó la actualización del cálculo
actuarial en el que se incluye la indexación de la primera mesada pensional de
los trabajadores de la extinta Álcalis de Colombia Limitada?
TERCERO: SUSPENDER el término para fallar los procesos
de la referencia, mientras se surten los trámites correspondientes y se evalúan
las pruebas decretadas.”
2. La Secretaría General de la Corte Constitucional, el 13
de junio de 2014, informó al Magistrado Ponente sobre la recepción del Oficio
N.° 20143170098081 suscrito por Luis Alfredo Escobar Rodríguez, Jefe de la
Oficina Jurídica del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de
Colombia. En dicho documento, se afirma:
·
El artículo 2 del Decreto 2601 de 2009 establece “… las mesadas y
demás obligaciones pensionales que no figuren en el cálculo actuarial inicial
ni en el complementario después de finiquitada la liquidación de la Entidad, solo
serán atendidas a través del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional,
FOPEP y/o por quien corresponda, previo el cumplimiento de los siguientes
requisitos: …2. Que el cálculo actuarial correspondiente a las personas que
acrediten el derecho, sea elaborado por el Fondo de Pasivo Social de
Ferrocarriles Nacionales de Colombia y que dicho calculo sea aprobado por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico…”
·
En el año 2010 se solicitó
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que estudiara y aprobara el cálculo
actuarial de 97 personas para las cuales la reserva actuarial que existía era
insuficiente respecto a la indexación de la primera mesada pensional o a la
declaración de compatibilidad entre la mesada reconocida por Álcalis y la
otorgada por el Instituto de Seguros Sociales, para este efecto se remitió el
cálculo que Álcalis dejó elaborado con corte a 31 de diciembre de 2008.
·
El 7 de enero de 2011, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público allegó, vía e-mail, un nuevo formato
que debía ser diligenciado para el envió de todas las solicitudes de aprobación
del cálculo actuarial. En razón de lo anterior, la entidad tuvo que contratar a
la firma Consultores Asociados en Seguridad Social Limitada para que realizara
los correspondientes ajustes al cálculo actuarial con corte a 31 de diciembre
de 2008 y, a su vez, lo actualizara hasta el 31 de diciembre de 2010.
·
El 18 de abril de 2011,
solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante Oficio N.° ALC-20113170061601,
el estudio de nuevos cálculos actuariales correspondientes a 16 personas que
acreditaron el derecho, no obstante, el 31 de octubre de 2011, dicha entidad
señaló que sobre ellos se debía aplicar la tasa de interés técnico del 4%.
·
En cumplimiento de lo
anterior, el 22 de febrero de 2012, se radicó, ante el Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico el cálculo actuarial de 263 personas con corte a 31 de
diciembre de 2010, para su estudio.
·
El 19 de marzo de 2013,
solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante Oficio N. °ALC-20133170049601,
el estudio del cálculo actuarial con corte a 31 de diciembre de 2011 de la
extinta Álcalis de Colombia. Sin embargo, el 27 de mayo de 2013, el Ministerio
devolvió dicho informe con el fin de que fuera actualizado bajo los parámetros
técnicos establecidos para la aprobación de los mismos con corte a 31 de
diciembre de 2012.
·
El 15 de noviembre de
2013, se presentó ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cálculo
actuarial con corte a 31 de diciembre de 2012 para su aprobación, sin embargo,
el 23 de diciembre de 2013, se remitió dicho documento al Fondo de Pasivo
Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia para que realizara los ajustes
correspondientes. El nuevo informe se presentó el 14 de mayo de 2014 y hasta la
fecha el Ministerio no ha dado su concepto.
3. La Secretaría General de la Corte Constitucional, el
24 de octubre de 2014, informó al Magistrado Ponente sobre la recepción de un
Oficio suscrito por Octavio Miranda Paternina. En dicho documento, afirma:
·
Que
presenta problemas de salud en sus ojos y que no cuenta con los recursos
económicos para sufragar el tratamiento correspondiente.
4. Mediante auto de veinticuatro (24) de octubre de dos mil catorce
(2014), el Magistrado sustanciador consideró necesario recaudar algunas pruebas
para verificar hechos relevantes del proceso y proveer como corresponde. En
consecuencia, resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: Por Secretaría General, OFÍCIESE
al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, que actúa como demandado dentro del
expediente T-4.124.744, para que, en el término de tres (3) días hábiles
contados a partir de la notificación de este auto, se sirva informar a esta Corporación,
con los correspondientes documentos que respalden sus afirmaciones, lo
siguiente:
“¿En qué estado se encuentra
el trámite de reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional
del señor Octavio Miranda Paternina, ex trabajador de la extinta Álcalis de
Colombia Limitada, identificado con la cédula de ciudadanía N. ° 9.060.844 de Cartagena?”
5. La
Secretaría General de la Corte Constitucional, el 4 de noviembre de 2014,
informó al Magistrado Ponente sobre la recepción del Oficio N.°
2014-317-019244-1 suscrito por Jaime Luis Lacouture Peñaloza, Director General
y Representante Legal del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de
Colombia. En dicho documento, se afirma:
·       Que el 7 de junio de 2007, Álcalis de Colombia
Limitada en Liquidación, mediante Resolución N.° 0070, reconoció, en favor del
señor Octavio Miranda Paternina, una pensión restringida de jubilación por
valor de $378.251 desde el 14 de noviembre de 1995, fecha en la cual cumplió 50
años de edad hasta el 1 de agosto de 2006, día en el que le fue reconocida la
pensión de vejez por parte del Instituto de Seguros Sociales, quedando a cargo
de la entidad demandada el pago del mayor valor. Lo anterior, en cumplimiento de
la orden judicial que profirió el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena, Sala Laboral, el 6 de septiembre de 2000, dentro del proceso
ordinario que adelantó el accionante en su contra.
·       En razón de lo anterior, sostiene que no puede
proceder de forma contraria a lo ordenado por la referida autoridad judicial,
pues ello implicaría incurrir en la comisión de la conducta penal denominada
fraude a resolución judicial, por consiguiente, no está en trámite el
reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional del señor
Octavio Miranda Paternina, porque para ello es necesario que se adelante el
correspondiente proceso ordinario laboral y que un juez de la república así lo
determine.
·       De igual manera, informó que el 9 de octubre
de 2014, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público aprobó el cálculo
actuarial correspondiente al pasivo pensional de la extinta Álcalis de Colombia
con corte a 31 de diciembre de 2012 por un valor de $513.807.043.704 para 2.868
personas. Adicionalmente, aprobó un pasivo contingente de $209.520.019.844 para
1.281 personas por concepto de posibles indexaciones y compatibilidad
pensional.
·       Finalmente, adjuntó los siguientes documentos:
1) copia de la sentencia proferida, el 6 de septiembre de 2000, por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Laboral, dentro del proceso
ordinario que adelantó el señor Octavio Miranda Paternina contra la empresa Álcalis
de Colombia Limitada, 2) copia de la Resolución N.° 007980 de 2006 proferida
por el Instituto de Seguros Sociales, 3) copia de la Resolución N.° 0070 de
2007 proferida por Álcalis de Colombia Limitada y 4) copia del cálculo
actuarial de la reserva de pensiones del personal pensionado por la extinta Álcalis
de Colombia Limitada, con corte a 31 de diciembre de 2012, en el que se tienen
en cuenta las contingencias de compatibilidad pensional e indexación de salario
de retiro.
6. Mediante auto de dieciocho (18) de noviembre de dos mil catorce
(2014), el Magistrado sustanciador consideró necesario vincular, dentro del
expediente T-4.124.744 al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena,
Sala Laboral y al Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena para que se
pronuncien respecto de los hechos, las pretensiones y el problema jurídico que
plantea la aludida acción de tutela, así mismo, recaudar algunas pruebas para
verificar hechos relevantes del proceso y proveer como corresponde. En
consecuencia, resolvió lo siguiente
“PRIMERO: ORDENAR que por conducto de la Secretaría General, se ponga en conocimiento del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Laboral y del
Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena, el contenido de la demanda de
tutela que obra en el expediente T-4.124.744 para que, dentro de los tres (3)
días siguientes a la notificación del presente auto, se pronuncien respecto de
los hechos, las pretensiones y el problema jurídico que plantea la aludida
acción de tutela.
SEGUNDO: Por Secretaría General, OFÍCIESE al Juzgado Sexto Laboral del Circuito de
Cartagena para que, en el término
de 3 días hábiles contados a partir de la notificación del presente Auto, envíe
a esta Sala el expediente contentivo del proceso ordinario laboral instaurado
por Octavio Miranda Paternina contra la empresa Álcalis de Colombia Limitada
“ALCO LTDA” identificado con el radicado N. °4922.”
7. La
Secretaría General de la Corte Constitucional, el 29 de enero de 2015, informó
al Magistrado Ponente sobre la recepción de un Oficio suscrito por la
Magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Margarita
Márquez de Vivero. En dicho documento, se afirma:
Que las actuaciones adelantadas por la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena dentro del
proceso ordinario instaurado por Octavio Miranda Paternina contra la empresa
Álcalis de Colombia Limitada estuvieron ajustadas a la ley, por consiguiente,
era responsabilidad única del demandado el reconocer el derecho a la pensión
sanción del accionante de forma indexada.
Así mismo, el Secretario General de la Corporación indicó que respecto
del requerimiento hecho por el despacho al Juzgado Sexto Laboral del Circuito
de Cartagena éste guardo silencio.
III. Expediente T-4.199.469
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud
El 2 de agosto de 2013, el señor Orlando Medina
Corbacho impetró acción de tutela contra General Equipos de Colombia S.A. con
el propósito de obtener la protección de su derecho fundamental al mínimo vital
y a la seguridad social, presuntamente vulnerados por dicha entidad al no
indexar su mesada pensional.
2. Reseña fáctica
2.1. Señala que la empresa General
Equipos de Colombia S.A. le reconoció la pensión de jubilación en 1976 por
valor de un salario mínimo, a pesar de que el último sueldo que devengó fue $4.410,
el cual equivalía para la época a 2.8 salarios mínimos.
2.2. Indica que el 9 de mayo de
2013, solicitó a la entidad accionada la indexación de su mesada pensional y el
pago de los 19 años de aportes que le adeuda a Colpensiones en su nombre, pues
luego de revisar la historia laboral se dio cuenta que la empresa suspendió las
cotizaciones en agosto de 1976 y las reanudó durante el periodo comprendido
entre 1 abril de 1995 y el 31 de diciembre de 1995. Dichas peticiones fueron
negadas por considerar que la empresa ha cumplido con las normas legales
vigentes, así mismo, al advertir que la compañía incurrió en un error al
realizar aportes que no le correspondía en nombre del señor Orlando Medina
Corbacho, en el año de 1995, sin embargo, señaló que dicha equivocación no afecta
en nada la situación pensional del actor.
2.3. En desacuerdo con lo anterior, el 9
y 24 de junio de 2013, reiteró, a la entidad accionada la petición de que se indexara
su mesada pensional, no obstante, dicha solicitud le fue negada con base en el
mismo argumento antes expuesto.
2.4. Manifiesta que es un sujeto de
especial protección constitucional, pues cuenta con 86 años de edad.
3. Oposición a la demanda de tutela
La acción de tutela objeto del presente
pronunciamiento, fue tramitada, en primera instancia, por el Juzgado Séptimo
Civil Municipal de Barranquilla, despacho que, mediante auto de cinco (5) de
agosto de dos mil trece (2013), admitió la demanda y corrió traslado a la
entidad demandada para efectos de ejercer su derecho a la defensa.
3.1. General de Equipos de Colombia S.A.
Tivisay
del Carmen Mejía Valle, actuando como apoderada judicial de General de Equipos
de Colombia S.A., solicitó al juez de tutela, de forma extemporánea, que
confirme la sentencia proferida por el a quo, la cual denegó el amparo
solicitado dentro del proceso de la referencia, con base en los
siguientes argumentos:
En
primer lugar, advierte que la empresa fue notificada de la existencia de la
demanda solo hasta que se concedió el recurso de impugnación contra la
sentencia proferida por el juez de primera instancia, razón por la cual
presentó por fuera del término la contestación a los hechos narrados por el
accionante.
En
segundo lugar, sostiene que la empresa dio respuesta oportuna a todas las peticiones
que presentó el señor Orlando Medina Corbacho, a su vez, que la acción de
tutela no es el mecanismo judicial para solicitar la indexación de la primera mesada
pensional, pues para esto existe el proceso ordinario laboral al cual el
accionante no ha acudido.
4. Pruebas allegadas al proceso
·
Copia de las peticiones
presentadas por el señor Orlando Medina Corbacho, el 9 de mayo, el 17 y 24 de
junio de 2013 a la empresa General Equipos de Colombia S.A. en las que solicita la
indexación de su primera mesada pensional (folios 4, 6, 8).
·
Copia de las respuestas emitidas
los días 30 de mayo y 13 de junio de 2013 por la empresa General Equipos de Colombia S.A. a las peticiones presentadas por el accionante
(folios 5 y 7).
·
Copia de la cédula de ciudadanía
del señor Orlando Medina Corbacho
II. DECISIÓN JUDICIAL QUE SE REVISA
1. Primera instancia
Mediante sentencia de veinte (20) de
agosto de dos mil trece (2013), el Juzgado Séptimo Civil Municipal de
Barranquilla declaró
improcedente el amparo solicitado, al considerar que se trata de un asunto de
carácter legal que debe ser resuelto por los jueces ordinarios, así mismo, al
advertir que no se probó la existencia de un perjuicio irremediable.
En desacuerdo con lo anterior, el
accionante impugnó el fallo de primera instancia reiterando los argumentos
expuestos en la demanda de tutela.
2. Segunda instancia
El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla, mediante
providencia de veintitrés (23) octubre de dos mil trece (2013), confirmó la decisión del a quo,
bajo los mismos argumentos.
III. PRUEBAS SOLICITADAS EN SEDE DE REVISIÓN POR LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Mediante auto de veinticuatro (24) de octubre de dos mil catorce
(2014), el Magistrado sustanciador consideró necesario recaudar algunas pruebas
para verificar hechos relevantes del proceso y proveer como corresponde. En
consecuencia, resolvió lo siguiente:
“SEGUNDO: Por Secretaría General, OFÍCIESE a General Equipos de Colombia S.A, GECOLSA para
que, en el término de 3 días hábiles contados a partir de la notificación del
presente Auto, se sirva informar a esta corporación, con los correspondientes
documentos que respalden sus afirmaciones, lo siguiente:
·
Cuánto tiempo duro la
relación laboral con el señor Orlando Medina Corbacho y el periodo que
comprendió
·
La fecha exacta en que fue
pensionado por la empresa, el régimen que le fue aplicado y el monto que se le
reconoció
·
Cómo se liquidó la pensión
reconocida al señor Orlando Medina Corbacho
·
Cuál fue el último salario
que devengó el señor Orlando Medina Corbacho”
2. La Secretaría General de la Corte Constitucional, el
4 de noviembre de 2014, informó al Magistrado Ponente sobre la recepción de un
Oficio suscrito por Ricardo Baquero, Secretario General de General Equipos de Colombia S.A, GECOLSA. En
dicho documento, se afirma:
·
Que
General Equipos de Colombia S.A, GECOLSA, sostuvo una relación laboral con el
señor Orlando Medina Corbacho por el periodo comprendido entre el 24 de mayo de
1957 y el 31 de agosto de 1976, día en el que presentó la renuncia al cargo de
mecánico de refrigeración, para un total de 19 años, 3 meses y 8 días.
·
Que el 24
de agosto de 1976, General Equipos de Colombia S.A, GECOLSA, mediante acta de
conciliación N.° 0175, aprobada por Guillermo León Otero Otero, Jefe de Inspección
o Visitadura del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, reconoció pensión de
jubilación al señor Orlando Medina Corbacho, a partir del 1 de septiembre de
1976, por un valor de $2.847 correspondiente al 75% del último salario
devengado.
·
Que el 9
de septiembre de 1976, General Equipos de Colombia S.A, GECOLSA, pagó al señor
Orlando Medina Corbacho la suma de $ 143.091 por concepto de liquidación de
prestaciones sociales.
·
Que el último
salario que pagó General Equipos de Colombia S.A, GECOLSA al señor Orlando
Medina Corbacho fue $ 3.796.
3. Mediante auto de doce (12) de noviembre de dos mil
catorce (2014), el Magistrado sustanciador consideró necesario vincular, dentro
de los expedientes T-4.199.969 y T-4.209.118 a la Administradora Colombiana de
Pensiones, Colpensiones, para que se pronuncie respecto de los hechos, las
pretensiones y el problema jurídico que plantean las aludidas acciones de
tutela, así mismo, recaudar algunas pruebas para verificar hechos relevantes de
los procesos y proveer como corresponde. En consecuencia, resolvió lo siguiente
“PRIMERO: ORDENAR
que por conducto de la Secretaría General, se ponga en
conocimiento de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, el
contenido de las demandas de tutela que obran en los expedientes T-4.199.469 y
T-4.209.118, para que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación
del presente auto, se pronuncien respecto de los hechos, las pretensiones y el
problema jurídico que plantean las aludidas acciones de tutela.
SEGUNDO: Por Secretaría General, OFÍCIESE a la Administradora Colombiana de Pensiones,
Colpensiones para que, en el término de tres (3) días hábiles contados a partir
de la notificación de este auto remita e informe:
·       “Si la entidad le reconoció la pensión de
vejez al señor Orlando Medina Corbacho, en caso de que así sea, indique a
cuánto asciende el monto de la prestación
·       Copia de la Historia Laboral del señor Orlando
Medina Corbacho”
4.
La Secretaría General de la Corte Constitucional, el 28 de noviembre de 2014,
informó al Magistrado Ponente sobre la recepción de un Oficio suscrito por
Haydee Cuervo Torres, Gerente Nacional de Defensa Judicial de la Administradora
Colombiana de Pensiones, Colpensiones. En dicho documento, se afirma:
·
Que el
Instituto de Seguros Sociales, mediante Resolución N.° 975 de 2000 reconoció
una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en favor del señor Orlando
Medina Corbacho por valor de $ 2’407.543.
·
Que el 14
de mayo de 2013, el señor Orlando Medina Corbacho solicitó a Colpensiones la
reliquidación de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez que le fue
reconocida en el año 2000.
·
Que el 16
de julio de 2013, Colpensiones, mediante Resolución N. °3221853, negó la
petición del accionante por considerar que el valor reconocido por concepto de
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez se ajustaba a las cotizaciones
que realizó el trabajador.
·
Que en
desacuerdo con la anterior decisión, el señor Orlando Medina Corbacho presentó
recurso de reposición, el cual fue resuelto, el 17 de marzo de 2014, confirmándose
la Resolución N. °3221853.
5. La Secretaría General de la Corte Constitucional, el
25 de noviembre de 2014, informó al Magistrado Ponente sobre la recepción de un
oficio suscrito por Mauro Pabón Rodríguez, Jefe de Personal de GECOLSA. En
dicho documento, se afirma:
·
Que el señor Orlando
Medina Corbacho esta pensionado por la empresa y actualmente, recibe la suma de
$ 616.000 por concepto de mesada pensional.
IV. Expediente T-4.209.118
I.ANTECEDENTES
1. La solicitud
El 17 de junio de 2013, la señora Gilma Rave de Yepes impetró acción de tutela
contra la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Laboral y el Juzgado Cuarto
Laboral del Circuito de Medellín, con el propósito de obtener la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad
social, presuntamente vulnerados por los demandados, al proferir las sentencias
de 17 de abril de 2013, 31 de agosto de 2009 y 17 de julio de 2007 dentro del
proceso ordinario laboral que promovió en contra del Instituto de Seguros
Sociales.
2. Reseña fáctica
2.1. Refiere que el 7 de julio de 1991, falleció su esposo, Gilberto de
Jesús Yepes Ossa, quien estuvo afiliado al Instituto de Seguros Sociales, en
pensiones, por el periodo comprendido entre el primero de enero 1967 y el 31 de
mayo de 1987, tiempo durante el cual cotizó un total de 1.075 semanas.
2.2. El 19 de julio de 1991, solicitó al Instituto de Seguros Sociales el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, en calidad de cónyuge del señor
Gilberto de Jesús Yepes Ossa, en razón a que dependía económicamente de él.
2.3. El 8 de septiembre de 1992, el Instituto de Seguros Sociales, mediante
Resolución N.° 07313, reconoció en favor de la señora Gilma Rave de Yepes la
pensión de sobrevivientes a partir del 7 de julio de 1991 en cuantía de $ 71.
810. Dicho valor equivale al 78 % del salario mensual de base que se tuvo en
cuenta para su liquidación correspondiente a $ 92.064.
Lo anterior, al considerar que cumple con
los requisitos establecidos en los artículos 62, 25 y siguientes del Acuerdo
049 de 1990[1]
para el reconocimiento de la mencionada prestación.
2.4. Indica que el 4 de noviembre de 2003, solicitó al Instituto de Seguros
Sociales que actualizara el ingreso base de liquidación que tuvo en cuenta para
establecer la cuantía de la referida prestación, pues entre la fecha de la
última cotización realizada por el causante y la fecha de reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes transcurrieron más de 4 años. Lo anterior, con el fin
de agotar la vía gubernativa.
2.5. Refiere que presentó demanda ordinaria laboral contra el Instituto de
Seguros Sociales con el fin de que le fuera indexada la primera mesada
pensional, reconocida por la entidad, el 8 de septiembre de 1992, pues para su
tasación se tomó como base el promedio de las cotizaciones realizadas por el
causante durante los últimos dos años de afiliación al sistema, sin tener en
cuenta, la devaluación que tuvo el peso colombiano entre la fecha en que se
hicieron dichas cotizaciones y la fecha en que le fue reconocida la prestación.
2.6. De la demanda ordinaria laboral instaurada por la accionante conoció,
en primera instancia, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín,
despacho que, mediante sentencia proferida el 17 de julio de 2007, absolvió a
la entidad demandada al considerar que la pretensión de la demandante se circunscribe
a que se le reliquide la pensión de sobrevinientes con base en el aparte final
del inciso tercero del artículo 36 de la ley 100 de 1993[2], norma legal que no
estaba vigente para la fecha en que se causó el derecho, que no tenía efectos
retroactivos y que luego fue declarada inexequible por la Corte Constitucional,
mediante sentencia C-168 de 1995.
2.7. Inconforme con la anterior decisión, la
parte demandante interpuso el recurso de apelación con el fin de que dicha
providencia fuera revocada, y en su lugar, se condenara a la entidad demandada,
lo anterior, al considerar que la sentencia desconocía la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia respecto al tema, pues dicho tribunal ha señalado que
“ procede la aplicación de la indexación para el salario base de pensiones
legales distintas de las consagradas en la ley de seguridad social o de
aquellas no sujetas a su artículo 36, causadas a partir de la vigencia de la
Constitución de 1991” para ello “deben tomarse como pautas las consagradas en
la mencionada Ley 100 de 1993; esto es actualizar el I.B.L. anualmente con el
índice de precios al consumidor”[3].
2.8. Por su parte, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín, Sala Laboral, al resolver la impugnación, en
sentencia de 31 de agosto de 2009, decidió confirmar la providencia de primera
instancia, al considerar que la Ley 100 de 1993 no tiene efectos retroactivos y
por lo tanto no opera en favor de quien consolido una situación con
anterioridad a su entrada en vigencia, en consecuencia, señaló que no existe
una norma legal que permita la indexación de la pensión de sobrevivientes de la
demandante. En desacuerdo con lo resuelto, el apoderado de la señora Gilma Rave
de Yepes presentó el recurso extraordinario de casación, bajo el argumento de
que dicha decisión desconocía los artículos 48 y 53 de la Constitución
Política.
2.9. El 17 de abril de 2013, la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, decidió no casar la sentencia
proferida, el 31 de agosto de 2009, por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín, Sala Laboral, dentro del juicio ordinario que adelantó
Gilma Rave de Yepes contra el Instituto de Seguros Sociales.
Lo anterior, al advertir que no era posible imponer al
Instituto de Seguros Sociales la obligación de actualizar las cotizaciones
entre la fecha en que cesó el actor sus aportes y la fecha en que se causó el
derecho a la pensión, pues el afiliado podía seguir aportando para elevar la
tasa de reemplazo.[4]
3.0. En razón de lo expuesto, la
demandante solicita al juez constitucional que deje sin efectos la sentencias
proferidas por la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Medellín, Sala Laboral y el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín,
el 17 de abril de 2013, el 31 de agosto de 2009 y el 17 de julio de 2007,
respectivamente, dentro del proceso ordinario laboral que promovió en contra
del Instituto de Seguros Sociales, porque constituyen vías de hecho al
desconocer el precedente judicial que ha señalado la Corte Constitucional respecto
del derecho que tienen los pensionados a que se indexe su primera mesada
pensional. En consecuencia, pide que se ordene a la Administradora Colombiana
de Pensiones, Colpensiones, indexar su primera mesada pensional.
3. Oposición a la demanda de tutela
La acción de tutela objeto del presente
pronunciamiento, fue tramitada, en primera instancia, por la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal, que mediante auto admitió la demanda, corrió
traslado a las entidades demandadas y vinculó al Instituto de Seguros Sociales
para efectos de ejercer su derecho a la defensa.
No obstante lo anterior, las referidas entidades guardaron silencio
frente a los requerimientos hechos por la Corporación.
II. DECISIÓN JUDICIAL QUE SE REVISA
1. Primera instancia
Mediante sentencia de cuatro (4) de julio
de dos mil trece (2013), la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
negó el amparo solicitado, al considerar que las decisiones adoptadas dentro
del proceso ordinario laboral resultan razonables y ajustadas a los parámetros legales
y constitucionales, en la medida en que sus argumentos están soportados en los
medios de prueba obrantes en la actuación, en la normatividad aplicable al caso
y en la jurisprudencia mayoritaria del máximo Tribunal Laboral.
En desacuerdo con lo anterior, la
accionante impugnó el fallo de primera instancia reiterando los argumentos
expuestos en la demanda de tutela.
2. Segunda instancia
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, mediante
providencia de veinte (20) de agosto de dos mil trece (2013), declaró la
nulidad de todo lo actuado dentro de la acción de tutela de la referencia,
incluso, desde el momento en que se dispuso avocar su conocimiento. Lo
anterior, al advertir que no es posible admitir acciones de amparo instauradas
en contra de órganos que dentro del ordenamiento positivo constituyen cierre
para la jurisdicción ordinaria como lo es la Sala Laboral de la Corte Suprema
de Justicia, por consiguiente, ordenó no admitir la queja constitucional
presentada por la señora Gilma Rave de Yepes.
III. TRÁMITE SURTIDO ANTE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
El 9 de diciembre de 2013, la señora Gilma Rave de Yepes presentó una
petición ante la Secretaría General de la Corporación en la que solicitó radicar,
para su selección, la decisión proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala
Civil, el 20 de agosto de 2013, en la que dispuso decretar la nulidad de lo
actuado dentro de la acción de tutela que instauró en contra de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Laboral y
el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín y que a su vez, ordenó no
admitirla.
Lo
anterior, al considerar que con dicha actuación se vulnera su derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia, de conformidad con lo
señalado por el Alto Tribunal Constitucional en Auto N. °100 de 2008.
IV. PRUEBAS SOLICITADAS EN SEDE DE REVISIÓN POR LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Mediante auto de veintisiete (27) de mayo de dos mil catorce (2014), el
Magistrado sustanciador consideró necesario recaudar algunas pruebas a objeto
de verificar hechos relevantes del proceso y proveer como corresponde. En
consecuencia, resolvió lo siguiente:
“SEGUNDO: Por Secretaría General, ofíciese al Juzgado Cuarto
Laboral del Circuito de Medellín, para que, en el término de 3 días hábiles
contados a partir de la notificación del presente Auto, envíe a esta Sala el
expediente contentivo del proceso ordinario laboral instaurado por Gilma Rave
de Yepes contra el Instituto de Seguros Sociales identificado con el radicado
No. 05-001-31-004-2004-0034-00.”
2. La Secretaría General de la Corte Constitucional, el 12
de septiembre de 2014, informó al Magistrado Ponente sobre la recepción de la
prueba solicitada.
3. Mediante
auto de doce (12) de noviembre de dos mil catorce (2014), el Magistrado
sustanciador consideró necesario vincular, dentro de los expedientes
T-4.199.969 y T-4.209.118 a la Administradora Colombiana de Pensiones,
Colpensiones, para que se pronuncie respecto de los hechos, las pretensiones y
el problema jurídico que plantean las aludidas acciones de tutela, así mismo,
recaudar algunas pruebas para verificar hechos relevantes de los procesos y
proveer como corresponde. En consecuencia, resolvió lo siguiente
“PRIMERO: ORDENAR que por
conducto de la Secretaría General, se ponga en
conocimiento de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, el
contenido de las demandas de tutela que obran en los expedientes T-4.199.469 y
T-4.209.118, para que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación
del presente auto, se pronuncien respecto de los hechos, las pretensiones y el
problema jurídico que plantean las aludidas acciones de tutela.”
4. La
Secretaría General de la Corte Constitucional, el 28 de noviembre de 2014,
informó al Magistrado Ponente sobre la recepción de un Oficio suscrito por
Haydee Cuervo Torres, Gerente Nacional de Defensa Judicial de la Administradora
Colombiana de Pensiones, Colpensiones. En dicho documento, se hizo un pronunciamiento
respecto del problema jurídico planteado en el expediente T-4.199.469, sin
embargo, nada se dijo respecto de la situación fáctica esbozada en el
expediente T-4.209.118.
V.TRÁMITE SURTIDO ANTE LA SALA PLENA DE LA
CORPORACIÓN
Conforme a lo previsto en el artículo 54
A del Reglamento de la Corte Constitucional, el Magistrado sustanciador informó
en su oportunidad a la Sala Plena[5]
sobre una circunstancia relevante en este caso: el tratarse de una demanda de
tutela contra una sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia. En la Sala Plena del 15 de abril de 2015, este
tribunal dispuso que el caso sub examine sería revisado por la Sala
Cuarta de Revisión de la Corporación.
V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Competencia
Es competente esta Sala de la Corte Constitucional
para revisar las decisiones proferidas por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
el veinticuatro (24) de septiembre de dos mil trece (2013) dentro del
expediente T-4.124.744, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla,
el veintitrés (23) octubre de dos mil trece (2013), dentro del expediente
T-4.199.469 y la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, el veinte
(20) de agosto de dos mil trece (2013) dentro del expediente T-4.209.118, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34 y 35 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Problema jurídico
De
acuerdo con la reseña fáctica expuesta le corresponde a la Sala Cuarta de
Revisión determinar, si en los expedientes T-4.124.744 y T-4.209.118, procede la acción de tutela para controvertir las
providencias proferidas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Laboral,
el 6 de septiembre de 2000, dentro del proceso ordinario laboral que adelantó
el señor Octavio Miranda Paternina contra la empresa Álcalis de Colombia
Limitada y la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, el 17 de abril de 2013, dentro del juicio ordinario laboral
que adelantó Gilma Rave de Yepes contra el Instituto de Seguros Sociales. Si la
Sala encuentra que la acción de amparo resulta procedente, pasará a determinar,
en cada uno de los casos, si la autoridad judicial demandada incurrió en una
vía de hecho al proferir el fallo acusado.
Así mismo, debe la Sala establecer, dentro del expediente T-4.199.469,
si la acción de tutela es procedente para solicitar la indexación de la primera
mesada pensional del señor Orlando Medina
Corbacho, en caso de que lo sea, le corresponderá determinar si la empresa
General Equipos de Colombia S.A. vulneró sus derechos fundamentales al mínimo
vital y a la seguridad social del accionante al negar dicho reconocimiento.
A efecto de resolver las cuestiones planteadas,
se realizará un análisis jurisprudencial sobre (i) la procedencia excepcional
de la acción de tutela contra providencias judiciales (ii) la procedencia excepcional
de la acción de tutela para el reconocimiento de la indexación de la primera
mesada pensional y (iii) la indexación de la primera mesada
pensional como un derecho constitucional de carácter universal.
Por último, se hará
referencia a la competencia de la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, para conocer de la acción de
tutela instaurada por la señora Gilma Rave de Yepes dentro del expediente T-
4.209.118.
3. Procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia
La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia[6]
ha señalado que el ejercicio de la acción de tutela contra providencias
judiciales debe ser excepcional y restrictivo, en razón de la necesidad de
respetar el principio de cosa juzgada y de preservar la seguridad jurídica, la
autonomía e independencia de la actividad jurisdiccional del Estado, así como
el sometimiento general de los conflictos a las competencias ordinarias de cada
juez[7].
Así las cosas, solo será procedente la acción de tutela
contra providencias judiciales “en aquellos eventos en los que se
establezca una actuación del juzgador, manifiestamente contraria al orden
jurídico y violatoria de derechos fundamentales, en especial, de los derechos
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En estos casos,
el control en sede de amparo constitucional se justifica, toda vez que los
pronunciamientos judiciales que no se ajustan a las reglas preestablecidas, y
que afectan de forma indebida los derechos fundamentales, constituyen en
realidad una desfiguración de la actividad judicial, que termina por
deslegitimar la autoridad confiada al juez para administrar justicia, y que
debe ser declarada constitucionalmente para dar primacía al derecho sustancial
y salvaguardar los derechos fundamentales de los administrados”[8].
Esta doctrina que inició con la tesis de la “vía de
hecho”, vertida en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993, fue
redefinida, entre otras, en la sentencia T-949 de 2003 y se sistematizó en la
sentencia C-590 de 2005 con los requisitos generales y causales específicas de
procedibilidad[9].
Justamente, en la última sentencia citada, se indicó
que para la revisión de una providencia judicial mediante acción de tutela, es
necesario acreditar unos requisitos generales y, demostrar la configuración de
alguno de los defectos o causales específicas de procedibilidad atribuidas a la
actuación judicial. Respecto de los primeros, denominados también requisitos
formales, la Corte señaló que se trata de aquellos presupuestos cuyo
cumplimiento forzoso es condición necesaria para que el juez constitucional
pueda entrar a valorar de fondo el asunto puesto en su conocimiento. En cuanto
a los segundos, llamados requisitos materiales, señaló que corresponden,
específicamente, a los vicios o defectos presentes en el fallo judicial y que
constituyen la fuente de vulneración de los derechos fundamentales[10].
En efecto, los requisitos generales a los que se
refiere la Sala Plena de esta Corte en la citada sentencia, son los siguientes:
(i) que la cuestión discutida resulte de evidente relevancia constitucional,
por cuanto el juez de tutela no está autorizado para inmiscuirse en asuntos que
corresponden a otras jurisdicciones; (ii) agotamiento de todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa (ante la administración y judiciales)
con los que cuenta la persona afectada, salvo cuando se pretenda evitar la
consumación de un perjuicio irremediable; (iii) a la solicitud de protección
constitucional debe acudirse dentro de un término prudencial o razonable, a
partir de la afectación de los derechos fundamentales; (iv) de atribuirse una
irregularidad procesal, se debe precisar el efecto decisivo en la sentencia que
se impugna y que afecta derechos fundamentales del actor, a no ser que tal
irregularidad que lesiona de forma grave garantías básicas, como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa
humanidad, el amparo de los derechos se genera de manera independiente a la
incidencia que tengan en el juicio y por dicha razón hay lugar a su anulación;
(v) la parte actora debe describir razonablemente, tanto los hechos como los
derechos fundamentales afectados y que hubiere alegado la vulneración en el
proceso judicial, siempre que hubiere sido posible y, (vi) que no se trate de
una tutela contra un fallo de tutela.
Por su parte, las causales específicas de
procedibilidad, se relacionan con la acreditación de cualquiera de los
siguientes defectos reprochados a la providencia judicial[11], así: orgánico,
referido a la absoluta falta de competencia del funcionario judicial para
proferir la providencia impugnada; (ii) procedimental absoluto, que se
origina cuando la autoridad judicial actúa por fuera del margen del
procedimiento establecido; (iii) fáctico, generado en la actuación del
juez sin el apoyo probatorio que permite aplicar el supuesto legal en el que
fundamenta la decisión; (iv) material o sustantivo, que atañe a los
casos en los cuales la autoridad judicial adopta la decisión con base en normas
inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; (v) error inducido,
que surge cuando el juez fue víctima de un engaño por parte de terceros, que
conduce a que produzca una decisión que vulnera derechos fundamentales; (vi) decisión
sin motivación, atinente al incumplimiento por parte del juez de dar cuenta
de los argumentos de hecho y de derecho en los que funda sus decisiones, que
precisamente es donde reposa su legitimidad funcional; (vii) desconocimiento
del precedente, que ocurre, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
fija el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
restringiendo sustancialmente dicho alcance y, (viii) violación directa de
la Constitución.
De conformidad con lo expuesto, cabe señalar que la acción de tutela, como mecanismo de
protección inmediata de los derechos fundamentales, procede excepcionalmente
para controvertir el sentido y alcance de las decisiones judiciales, cuando en
el caso concreto: (i) se cumpla con los requisitos generales de
procedibilidad, (ii) se advierta que la providencia cuestionada incurrió
en una o varias de las causales específicas, y (iii) se determine que el
vicio o defecto es de tal trascendencia que implica la amenaza o la vulneración
de derechos fundamentales[12].
4. Procedencia excepcional de la acción de tutela
para el reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional.
Reiteración de jurisprudencia
El artículo 86 de la Constitución Política
establece que la acción de tutela es un mecanismo judicial, preferente y
sumario, diseñado para la protección de los derechos fundamentales de las
personas, cuando quiera que éstos se amenacen o vulneren por la acción u
omisión de las autoridades públicas, o excepcionalmente de los particulares.
Este medio judicial se caracteriza por ser subsidiario y residual, lo que
significa que, frente a un caso concreto, procederá como medio de protección de
los derechos fundamentales, siempre que no exista un mecanismo de defensa
judicial, o que existiendo, no sea eficaz o idóneo para obtener el amparo
solicitado. De igual manera, saldrá avante si se promueve como mecanismo
transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Al respecto, la Corte Constitucional en
Sentencia T-425 de 2009 señaló que la acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para resolver
las controversias relacionadas con el reconocimiento o reliquidación de
prestaciones sociales, particularmente en materia de pensiones[13], pues “…por encontrarse comprometidos derechos litigiosos de naturaleza legal y
desarrollo progresivo, la competencia prevalente para resolver este tipo de
conflictos ha sido asignada por el ordenamiento jurídico a la justicia laboral
o contencioso administrativo según el caso, siendo entonces dichas autoridades
las llamadas a garantizar el ejercicio de tales derechos, en caso que se logre
demostrar su amenaza o violación”[14].
Es decir, en principio la tutela resultaría
improcedente para reclamar la reliquidación e indexación de una pensión que ya
ha sido otorgada. En este caso, la persona debe acudir al mecanismo regulado
por el legislador para reclamar el derecho que si bien legítimamente le puede
pertenecer, se deriva de un estudio de cuestiones legales que trascienden el
ámbito de protección inmediata de derechos fundamentales que define la
competencia del juez de tutela. En ese sentido, será el juez de la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo o en la Jurisdicción Ordinaria Laboral, en un
proceso especialmente diseñado para ello, quien deberá definir en cada caso si
procede la pretensión de reliquidación y/o de indexación de la mesada
pensional, según las disposiciones que regulan el caso concreto.
Sin embargo, cuando la persona haga dichas solicitudes
ante el juez de tutela, y se verifique que se está en alguno de los supuestos
que excepcionan la regla de subsidiariedad, el juez debe verificar,
adicionalmente, el cumplimiento de ciertos requisitos; reiterados en la
jurisprudencia[15]:
·
“Que la persona
interesada haya adquirido el status
de jubilado, o lo que es igual, que se le haya reconocido su pensión.
·
Que haya actuado en sede
administrativa; es decir, que haya interpuesto los recursos de vía gubernativa
contra el acto que reconoció la pensión o haya presentado la solicitud de reliquidación
ante el respectivo fondo de pensiones y éste se hubiere negado.
·
Que haya acudido a las
vías judiciales ordinarias para satisfacer sus pretensiones, se encuentre en
tiempo de hacerlo o, en su defecto, demuestre que ello es imposible por razones
ajenas a su voluntad.
·
Que acredite las
condiciones materiales que justifican la protección por vía de tutela, esto es,
su condición de persona de la tercera edad, que la actuación resulta violatoria
de sus derechos fundamentales como la dignidad humana, la subsistencia, el
mínimo vital y la salud en conexidad con la vida u otras garantías superiores,
y que el hecho de someterla al trámite de un proceso ordinario hace más gravosa
su situación personal.”
De este modo, la posibilidad de acudir, al amparo constitucional
para tramitar la reliquidación de una pensión, tiene como presupuesto la
afectación del mínimo vital y la dignidad humana del pensionado, que en los
términos de las sentencias T-014, T-855 de 2008 y T-425 de 2009, se presume al
presentarse una evidente desproporción entre el valor de la mesada pensional
que le fue reconocida al actor y la que debería percibir conforme a la ley, en
orden a que esta mantenga su poder adquisitivo tal como lo ordena la
Constitución Política en su artículo 53.
Finalmente, la Sala de Revisión recuerda que, tal y como lo consideró
la Corte Constitucional en la Sentencia C-862 de 2006, tratándose de
solicitudes que pretendan el mantenimiento del poder adquisitivo de la pensión,
así como la indexación de la primera mesada pensional, no cabe hacer ningún
trato diferenciado, ni siquiera, por el transcurso del tiempo. Quien reclama la
indexación no agota esa posibilidad de amparo por el paso del tiempo, porque el
pensionado puede haber perdido el derecho a que se le aplique con
retroactividad la medida, pero conservarlo respecto de la situación futura, en
razón a que el derecho a la prestación jubilatoria se sucede mes a mes.
5. La indexación de la primera mesada pensional como un derecho
constitucional de carácter universal. Reiteración jurisprudencial
La indexación de la primera mesada pensional ha sido un tema
profusamente desarrollado en la jurisprudencia de este Tribunal, no solo en el
ámbito de revisión de las decisiones judiciales proferidas dentro de las acciones
de tutela, sino también, en el ejercicio del control de constitucionalidad.
En efecto, la Corte
ha señalado que, de conformidad con los artículos 48 y 53 de la Constitución
Política, la indexación de la primera mesada pensional es un procedimiento cuya
finalidad es evitar el deterioro o pérdida del valor adquisitivo de las
pensiones, en aquellas situaciones en las que el trabajador, aun con
anterioridad a la vigencia del Sistema General de Pensiones establecido en la
Ley 100 de 1993 y con independencia del régimen pensional al que pertenecía,
cumplía con el requisito de tiempo de servicios para acceder a la pensión de
vejez y, con posterioridad, alcanzaba la edad requerida para consolidar tal derecho[16].
Una de aquellas situaciones se presentó
con los trabajadores particulares no afiliados al Instituto de Seguros Sociales
-ISS-, que se pensionaron conforme con lo dispuesto en el numeral 2° del
artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo -vigente antes de la expedición
de la Ley 100 de 1993-, pues éstos no tenían derecho a que se indexara su
primera mesada pensional porque para la fecha no existía una disposición legal
que así lo autorizara.
De acuerdo con el numeral 1º del artículo
260 del referido ordenamiento, el trabajador que prestara sus servicios a “una misma empresa (…), que llegue o haya
llegado a los cincuenta y cinco (55) años de edad, si es varón, o a los
cincuenta (50) años si es mujer, después de veinte (20) años de servicios
continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este
Código, tiene derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación o pensión
de vejez, equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios
devengados en el último año de servicio.”
Así mismo, en el numeral 2º del mismo artículo
se dispuso que “el trabajador que se retire o sea retirado del servicio sin
haber cumplido la edad expresada tiene derecho a la pensión al llegar a dicha
edad, siempre que haya cumplido el requisito de los veinte (20) años de
servicio.”
La aplicación del numeral 2º del citado
artículo 260 del CST, implicaba un inconveniente para quienes se retiraban de
sus labores una vez cumplido el requisito de tiempo de servicio pero no el de la
edad de jubilación, pues al momento de la consolidación de su derecho veían
mermado el monto de su pensión, con respecto al último salario devengado, como
consecuencia de que no existía norma legal que permitiera actualizar su primera
mesada pensional.
Así las cosas, si el trabajador se retiraba o
era retirado del servicio habiendo cumplido el requisito de tiempo y no el de
edad, tenía derecho al reconocimiento de la pensión únicamente cuando cumpliera
el requisito faltante. Así, la mesada correspondía nominalmente al último
salario devengado al momento de retirarse del servicio, pero cuando cumplía el
requisito de edad, esta cifra resultaba ostensiblemente menor en términos
reales a la última recibida, por causa atribuible, generalmente, a la pérdida
del valor adquisitivo de las unidades monetarias. No obstante, en estas
situaciones, la norma mencionada no preveía la posibilidad de indexar el valor
de la primera mesada pensional.
Frente a este evento, desde el año 1982,
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia adoptó el criterio
jurisprudencial según el cual, la indexación de la primera mesada pensional es
procedente “cuando el cálculo pertinente se basa en un salario antiguo y por lo
mismo envilecido, que ha perdido su poder adquisitivo al punto de que la
pensión se reduciría a la mínima legal, no obstante que el salario, en su
momento, superaba en varias veces ese mínimo”[17].
Esta línea interpretativa fue extendida, no solo en relación con la pensión
prevista en el artículo 260 del CST, sino también, respecto de la pensión
sanción y las pensiones convencionales.
Sin embargo, en el año 1999, la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia modificó su postura frente a
este tema y sostuvo que la indexación de la primera mesada pensional no tiene
alcance general, pues únicamente opera tratándose de pensiones reconocidas a
partir de la Constitución de 1991 porque fue en dicho ordenamiento que se
introdujo la única base de liquidación pensional[18].
La modificación en la línea
jurisprudencial consolidada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia, sobre el particular, suscitó numerosas acciones de tutela cuyo
conocimiento, en sede de revisión, fue asumido por la Corte Constitucional.
Así, en las sentencias SU-120 de 2003
y C-862 de 2006, y en la reciente sentencia de unificación de
jurisprudencia SU-1073 de 2012, citando solo algunos de los más
importantes pronunciamientos sobre la materia, la Corte concluyó que el derecho
a la indexación de la primera mesada pensional es una manifestación de diversos
postulados constitucionales, tales como el principio de Estado Social de Derecho, de igualdad, de dignidad
humana y de in dubio pro operario, de los cuales se deduce el derecho constitucional de
los pensionados a mantener el poder adquisitivo de sus pensiones, conforme fue
reconocido en los artículos 48 y 53 de la Constitución Política.
Acorde con lo anterior, el derecho a mantener
el poder adquisitivo de las pensiones no se circunscribe a la actualización de
las mesadas pensionales una vez han sido reconocidas por la entidad competente,
sino que también incluye la actualización del salario base para la liquidación
de la primera mesada pensional.
Igualmente, este Tribunal concluyó que la
indexación de la primera mesada pensional está relacionada, de manera
intrínseca, con la garantía del derecho al mínimo vital de las personas de la
tercera edad, por cuanto permite a los pensionados recibir un ingreso mensual
justo y actualizado, con el cual satisfacer sus necesidades más elementales y
las de su familia, ante el impacto económico que genera la inflación.
Bajo este contexto, la jurisprudencia
constitucional ha reconocido el
carácter universal del derecho a la indexación de la primera mesada pensional,
de tal suerte que no puede ser entendido como una garantía exclusiva de cierta
categoría de pensionados, como quiera que una diferenciación en este sentido no
cuenta con fundamento constitucional y comporta un trato discriminatorio.
En esta medida, la indexación de la primera
mesada pensional se aplica a las pensiones reconocidas en cualquier tiempo y
cualquiera que sea su naturaleza, de modo tal que es indiferente si fueron
reconocidas con base en normas que no consagraban el referido beneficio
(pensiones causadas antes de la Constitución de 1991), o si son de origen
legal, convencional o sanción, como quiera que el carácter constitucional de
este derecho impone la obligación a todos los operadores jurídicos de aplicarla
de manera directa y, en tal sentido, indexar las mesadas pensionales con el fin
de corregir las lesiones que el transcurso del tiempo y el efecto de la
inflación puedan reflejarse en la capacidad adquisitiva y al mínimo vital de
los pensionados.
Sobre el particular, en la sentencia C-862 de
2006, reiterada recientemente en las sentencias T-183 de 2012, T-374 de 2012 y
SU-1073 de 2012, la Corte se pronunció en los siguientes términos:
“El derecho a la actualización de la mesada
pensional no puede ser reconocido exclusivamente a determinadas categorías de
pensionados, porque un trato diferenciado de esta naturaleza carecería de
justificación constitucional, y se torna por tanto en un trato discriminatorio.
En efecto, desde la perspectiva constitucional resulta insostenible la tesis
que la actualización de las pensiones es un derecho constitucional del cual
solo son titulares aquellos pensionados que el Legislador determine,
precisamente porque tal postura acarrearía la vulneración de los restantes
principios a los que se ha hecho mención y de los derechos fundamentales de
aquellas personas excluidas del goce de la actualización periódica de sus
pensiones. Si bien el derecho a la actualización de la mesada pensional surge
en virtud de lo que la doctrina ha denominado el proceso de especificación en
el reconocimiento de los derechos, de manera tal que su titularidad se reserva
a un determinada categoría de sujetos-los pensionados- dentro de tal categoría
su titularidad ha de ser universal, y por lo tanto exclusiones derivadas del
tránsito legislativo carecen de justificación”.
Ahora bien, respecto de la manera cómo
debe efectuarse la indexación de la primera mesada pensional por causa de la
pérdida de su valor adquisitivo, en el período comprendido entre la fecha de
retiro del servicio y el reconocimiento de la pensión, esta Corporación adoptó
una fórmula que, ajustada a los
criterios de justicia, equidad y a los principios generales del derecho
laboral, permite una verdadera actualización de la base de liquidación de la
primera mesada pensional, de tal manera que se mantenga el poder adquisitivo de
las pensiones.
Así, dispuso que en estos casos, debe darse aplicación
a la fórmula que a continuación se expone, de acuerdo con los lineamientos que
el Consejo de Estado ha empleado en relación con la actualización de
obligaciones y condenas de contenido dinerario.
“La suma insoluta o dejada de pagar, será
objeto de ajuste al valor, desde la fecha en que se dejó de pagar hasta la
notificación de esta sentencia, dando aplicación a la siguiente fórmula:
R=   Rh    índice
final
Índice inicial
Donde el valor presente de la condena (R) se
determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de pagar al
pensionado, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios
al consumidor vigente a la fecha de notificación de esta sentencia, entre
el índice inicial, que es el vigente al causarse cada mesada pensional.
Por tratarse de una obligación de tracto
sucesivo, la entidad demandada aplicará la fórmula separadamente, mes por mes,
empezando por la primera mesada pensional que devengó el actor sin actualizar,
y para los demás emolumentos (primas), teniendo en cuenta que el índice
aplicable es el vigente al causarse cada una de las prestaciones.[19]”
Bajo este contexto, el criterio vigente en la jurisprudencia
constitucional se dirige a que el derecho a la indexación de la primera mesada
pensional, es una garantía constitucional que se deriva del contenido normativo
de los artículos 48 y 53 de la Carta Política, normas que elevan a rango constitucional
el derecho al reajuste periódico de las pensiones, así como de la
interpretación sistemática de otros mandatos superiores que coadyuvan a ese
propósito. Dicha prerrogativa no solo se predica de los pensionados que
adquirieron tal status en vigencia de la Constitución de 1991, sino también
respecto de aquellos que consolidaron ese derecho con anterioridad a la entrada
en vigencia de la misma, cualquiera que sea la naturaleza de la prestación. Lo
anterior, sobre la base del carácter universal del derecho a la indexación de
la primera mesada pensional, el cual se explica en la concepción de que las
consecuencias del fenómeno inflacionario afectan a todos los pensionados por
igual[20].
6. Competencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, para conocer de la acción de tutela instaurada por la señora
Gilma Rave de Yepes dentro del expediente T- 4.209.118.
Para la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, la Sala de Casación Penal de la Corporación carece de competencia para pronunciarse, en
primera instancia, sobre las acciones de tutela que se presenten contra las
providencias proferidas por el Alto Tribunal, pues estima que la Constitución
Política elevó a dicha corporación como máximo tribunal de la jurisdicción
ordinaria, razón por la cual ningún juez de la República puede imponerle,
cuando decide no tramitar demandas de tutela contra providencias judiciales, un
criterio interpretativo contrario a su jurisprudencia.
Al respecto, la Corte Constitucional en Auto
004 de 2004 señaló:
“Por
lo tanto, si la Constitución Política (art. 86), el Decreto 2591 de 1991 (art.
1º), y el Decreto Reglamentario 1382 de 2000, establecen que la tutela procede
contra cualquier autoridad pública y no solo en contra de las
autoridades administrativas, y así lo han reiterado la Corte Constitucional en
sus sentencias sobre la procedencia de la tutela contra providencias judiciales
por vía de hecho y el Consejo de Estado en la sentencia anteriormente citada,
es evidente que lo resuelto por las diferentes Salas de Casación de la Corte
Suprema de Justicia al no admitir a trámite las acciones de tutela que
interponen las personas contra providencia judicial proferida por una Sala de
dicha corporación, les vulnera su derecho constitucional fundamental de acceso
a la administración de justicia (C.N., art. 229) y a obtener la tutela judicial
efectiva de sus derechos fundamentales, de conformidad con los Tratados
Internacionales (Convención Americana de Derechos Humanos, art. 25), y las
Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (OC-11/90,
OC-16/99).
Le
corresponde por lo tanto a la Corte Constitucional, como máximo órgano de la
Jurisdicción Constitucional, impedir que continúe la violación advertida, dado
que las solicitudes de tutela en los casos en que las diferentes Salas de
Casación de la Corte Suprema de Justicia resuelven no admitir su trámite, no
pueden quedar sin solución alguna. Pese a lo anterior, no es posible, como
regla general, que la respectiva Sala de Selección disponga lo pertinente sin
que las tutelas hubieren surtido el trámite propio de las instancias.
En
estos casos entonces, con fundamento en el artículo 37 del decreto 2591 de
1991, que dispone que son competentes para conocer de la acción de tutela, a
prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde
ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud,
y con el fin de que las personas logren que se pueda disponer lo pertinente en
relación con la revisión de dichas acciones de tutela, los accionantes tienen
el derecho de acudir ante cualquier juez (unipersonal o colegiado), incluida
otra corporación de igual jerarquía, solicitando la tutela del derecho
fundamental que consideran violado. Es claro que el juez escogido por el actor
o actores no podrá suscitar conflicto de competencia con la Corte Suprema de
Justicia pues es la autoridad que ya con anterioridad ha resuelto no admitir su
trámite.
Tampoco
podrá negarse la tutela respectiva con fundamento en la temeridad o mala fe del
accionante, por cuanto para estos casos, al no existir una decisión de fondo,
la vulneración sobreviniente del derecho de acceso a la administración de
justicia justifica la nueva interposición de la acción de tutela.
Finalmente,
es necesario dar un tratamiento igual a otros ciudadanos que puedan encontrarse
en la misma situación aquí advertida. Por ello, para los casos en que exista la
misma situación de vulneración del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia y la no tutela judicial efectiva de sus derechos
fundamentales, los ciudadanos tienen el derecho de acudir ante cualquier juez
(unipersonal o colegiado), incluyendo una corporación de igual jerarquía a la
Corte Suprema de Justicia, para reclamar mediante una acción de tutela la
protección del derecho fundamental que consideran violado con la actuación de
una Sala de casación de la Corte Suprema de Justicia.” (Negrilla fuera del
texto).
Posteriormente, a través del Auto 100 de 2008, la
Corporación precisó:
“Debido a la efectiva conculcación de los
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y de tutela
judicial efectiva de los accionantes que puede tener lugar en casos similares
al estudiado en la presente decisión, en el cual a pesar que el peticionario
hizo uso de la regla fijada en el Auto 04 de 2004 y ante la negativa de la
Corte Suprema de Justicia a admitir la acción instaurada acudió ante otras
autoridades judiciales las cuales tampoco avocaron el conocimiento de la
petición presentada, en adelante, cuando se presente una situación semejante en
la cual la Corte Suprema de Justicia no admita a trámite una acción de tutela
contra una de sus providencias, el tutelante tendrá la opción de
(i)
acudir a la regla fijada
en el Auto 04 del 3 de febrero de 2004, es decir, presentar la acción de tutela
ante cualquier juez (unipersonal o colegiado) o incluso ante una corporación
judicial de la misma jerarquía de la Corte Suprema de Justicia; o
(ii)
solicitar ante la
Secretaría General de la Corte Constitucional, que radique para selección la
decisión proferida por la Corte Suprema de Justicia en la cual se concluyó que
la acción de tutela era absolutamente improcedente, con el fin de que surta el
trámite fijado en las normas correspondientes al proceso de selección. Para
este efecto, el interesado adjuntará a la acción de tutela, la providencia
donde se plasmó la decisión que la tutela era absolutamente improcedente, así
como la providencia objeto de la acción de tutela.”
Con fundamento en las consideraciones expuestas, la
Sala de Revisión pasa al análisis de los casos concretos.
7. Análisis de los casos concretos
Expediente T-4.124.744
En el caso objeto de estudio, se observa
que el accionante instauró la acción de amparo contra el Fondo de Pasivo Social
de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y el Ministerio de Comercio Industria y Turismo por considerar que
dichas entidades vulneran sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la
seguridad social al no indexar su primera mesada pensional.
Sin embargo, la Sala de Revisión advierte
que, en realidad, el señor Octavio Miranda Paternina está en desacuerdo es con
el fallo que profirió el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena,
Sala Laboral, el 6 de septiembre de 2000, dentro del proceso ordinario laboral
que adelantó contra la empresa Álcalis de Colombia Limitada, pues fue en dicha
providencia que se le reconoció la pensión sanción por valor de $378.251 a
partir de la fecha en que cumpliera los 50 años de edad y hasta que le fuera reconocida
la pensión de vejez por parte del Instituto de Seguros Sociales, con base en lo
devengado en el último año de labores, sin tener en cuenta, que dichos valores
perdieron su poder adquisitivo entre la fecha en que terminó el contrato de
trabajo[21]
y la fecha en que cumplió los 50 años de edad[22].
Así pues, cabe señalar, que la empresa
Álcalis de Colombia Limitada, expidió la Resolución N. °0070 de 2007 por medio
de la cual reconoció en favor del señor Octavio Miranda Paternina una pensión
restringida de jubilación por valor de $ 378.251 desde el 14 de noviembre de
1995, fecha en la cual cumplió 50 años de edad y hasta el 1 de agosto de 2006,
día en que le fue reconocida la pensión de vejez por parte del Instituto de
Seguros Sociales, en cumplimiento de una orden judicial.
De conformidad con lo expuesto, el señor
Octavio Miranda Paternina acude a la acción de tutela con el fin de dejar sin
efectos la providencia proferida el 6 de septiembre de 2000 por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Laboral, dentro del proceso
ordinario laboral que adelanto contra la empresa Álcalis de Colombia Limitada y
en la que se condenó a la entidad al pagó de una pensión sanción equivalente a
la suma de $ 378.251 a partir de la fecha en que el demandante cumpliera los 50
años de edad y hasta el momento en que le fuera reconocida la pensión de vejez
por parte del Instituto de Seguros Sociales, pues considera que el Tribunal se
equivocó al tomar como base para establecer el monto de la prestación lo
devengado durante el último año de labores, sin tener en cuenta, que entre la
fecha en que se terminó el contrato de trabajo[23]
y la fecha en que cumplió los 50 años de edad[24],
el peso colombiano perdió poder adquisitivo y por lo tanto dicho valor debía
haber sido indexado.
En ese orden de ideas, la Sala de Revisión establecerá,
en primer lugar, si en el caso concreto la acción de tutela cumple con los
requisitos generales de procedibilidad para controvertir el sentido y alcance
de la decisión judicial. En caso de que así sea, entrará a examinar el fondo
del asunto.
Respecto del requisito general de procedibilidad
referente a “que se
cumpla el requisito de inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración[25]”, la Sala advierte que en el caso
concreto lo que cuestiona el señor Octavio Miranda Paternina es la sentencia
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala
Laboral, el 6 de septiembre de 2000, dentro del proceso ordinario laboral que
adelantó contra la empresa Álcalis de
Colombia Limitada
Así las cosas, se tiene que el accionante solicita la
protección de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la
autoridad judicial después de trece (13) años de que se hubiere proferido la
providencia acusada sin que dentro del expediente se encuentre prueba alguna
que acredite una situación que haya impedido el ejercicio de la acción de forma
oportuna.
Recuerda la Sala que, aunque no se ha establecido un término preciso en
el que debe ser interpuesta una acción de tutela contra providencias
judiciales, la jurisprudencia constitucional evalúa que se trate de un término
razonable para pedir la protección extraordinaria de derechos fundamentales que
son objeto de la acción de tutela. Esto, por cuanto se parte de la presunción
según la cual si se está ante una vulneración de derechos fundamentales que
requiere medidas urgentes, inaplazables e inmediatas, el titular del derecho
afectado debe procurar su protección lo antes posible; contrario sensu,
la demora excesiva e injustificada para controvertir una decisión judicial,
pone en tela de juicio la urgente necesidad de la protección constitucional que
se puede obtener vía acción de tutela y, eventualmente, afectaría el derecho a
la seguridad jurídica en caso de existir un derecho reconocido a una
contraparte procesal.
En suma, la Corte ha entendido que la tutela contra una decisión judicial
debe ser entendida, no como un recurso último o final, sino como un remedio
urgente para evitar la violación inminente de derechos fundamentales. En esta
medida, recae sobre la parte interesada el deber de interponer, con la mayor
diligencia, la acción en cuestión, pues si no fuera así, la firmeza de las
decisiones judiciales estaría siempre a la espera de la controversia
constitucional que en cualquier momento, sin límite de tiempo, pudiera iniciar
cualquiera de las partes. En un escenario de esta naturaleza nadie podría estar
seguro sobre cuáles son sus derechos y cuál el alcance de estos, con lo cual se
produciría una violación del derecho de acceso a la administración de justicia
– que incluye el derecho a la firmeza y ejecución de las decisiones judiciales
– y un clima de enorme inestabilidad jurídica. En consecuencia, la tensión que
existe entre el derecho a cuestionar las decisiones judiciales mediante la
acción de tutela y el derecho a la firmeza de las sentencias y a la seguridad
jurídica, se ha resuelto estableciendo, como condición de procedibilidad de la
tutela, que la misma sea interpuesta, en principio, dentro de un plazo
razonable y proporcionado.
A este respecto no sobra reiterar que, de no exigirse un tiempo
razonable dentro del cual se deba interponer la acción, la inactividad del
actor podría correr en favor de su propio beneficio y, sin embargo, tener
desproporcionados efectos negativos en contra de la parte accionada o de
terceros de buena fe. Así las cosas, para evitar un efecto negativo sobre la
confianza de las personas en la firmeza de los fallos judiciales, proteger
derechos de terceros de buena fe o incluso afectaciones desproporcionadas sobre
la parte accionada y finalmente, para evitar el ejercicio abusivo del derecho
de contradicción de los fallos judiciales, resulta necesario aplicar el
principio de inmediatez en virtud del cual la tutela contra sentencias solo
procede, en principio, si se ha interpuesto dentro de un plazo prudente y
razonable.
Ahora bien, respecto del requisito general de
procedibilidad referente a “Que
se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial a alcance de la persona afectada”, la Sala de Revisión advierte que el señor
Octavio Miranda Paternina todavía cuenta con el proceso ordinario laboral para solicitar
la indexación de la primera mesada pensional, pues dicha situación no fue
discutida dentro del proceso en el que se le reconoció la pensión sanción y por
lo tanto no existe cosa jugada al respecto, tal y como lo establece la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en casos similares, Expedientes
27254 de 2006 y 34885 de 2009:
“Por lo anterior, se colige
que el Tribunal incurrió en error protuberante en la valoración de las
sentencias dictadas en el primer proceso, toda vez que concluyó
desacertadamente que se presentaba identidad de objeto y causa entre el
anterior y el presente proceso, por el hecho de haberse solicitado en el
inicial la pensión sanción, siendo reconocida y cuantificada, y en el nuevo la
indexación de la primera mesada de dicha pensión. Al respecto, del problema
planteado por el censor, en sentencia del 4 de marzo de 2009, radicación 34591,
la Sala Laboral dijo que:
‘Examinadas las demandas iniciales de los anteriores
procesos cursados entre las mismas partes, se observa a simple vista que la
indexación de la primera mesada de la pensión sanción no fue una de las
pretensiones de tales causas judiciales ni tampoco fue objeto de
pronunciamiento por parte de los juzgadores que finalmente decidieron la
controversia. Simplemente y como pretensión subsidiaria, solicitaron la pensión
sanción de jubilación de que trata el artículo 8º de la Ley 171 de 1961.
La indexación, en tanto busca la
actualización de una suma dineraria, es una pretensión autónoma que no puede
entenderse involucrada tácitamente frente a un derecho al cual se aspira y se
obtuvo judicialmente, ya que el pronunciamiento que hace tránsito a cosa
juzgada es aquel proferido de acuerdo con los términos en que fue solicitado,
de manera que si no se pretendió ni se debatió en la correspondiente causa
judicial, mal puede afirmarse que hay cosa juzgada respecto de ella.’
La Corte, en sentencia de casación
del 12 de septiembre de 2006, radicación 27254, en un asunto similar, concluyó
así:
‘Hecha la anterior precisión se tiene que el
eje central sobre el cual gravita el debate es determinar si lo resuelto
previamente tiene plena identidad de partes, de objeto y de causa, en relación
con el presente proceso, para efectos de precisar la existencia o no de la cosa
juzgada.
Pues bien, observa la Corte que las
pretensiones formuladas por el actor en el primer proceso giraron alrededor de
la declaratoria de que él fue despedido sin justa causa después de haber
laborado por más de diez años y, en consecuencia, que tenía derecho a que se le
reconociera y pagara la pensión sanción prevista en el artículo 8º de la Ley
171 de 1961, súplica que resultó próspera en cuantía que no podía ser inferior
al salario mínimo legal mensual desde la fecha en que el actor cumpliera 60
años de edad; pero en realidad de ellas no se desprende o se vislumbra que el
demandante haya solicitado la indexación del ingreso base de liquidación de la
pensión sanción, debido a la pérdida del poder adquisitivo que sufrió la moneda
nacional entre la fecha del despido del demandante – 6 de diciembre de 1984 y
el día en que cumplió 60 años de edad – 3 de agosto de 2000.
De lo precedente fluye paladinamente que el
tema de la indexación no fue rebatido ni decidido en el primer proceso por la
sencilla razón que NO fue pedida por el promotor de litigio.
En otro orden de ideas, la Sala viene
sosteniendo que la petición de indexación es independiente y por ello debe ser
expresa en la demanda, vale decir, que no está implícita con lo solicitado,
como parece entenderlo el juez de la apelación.
De manera que, el Tribunal se equivocó al
declarar la existencia de la excepción de cosa juzgada.’
Así las cosas, la acción de tutela como mecanismo de protección
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales debe ser entendida
como un instrumento integrado al ordenamiento jurídico, de manera que su
efectiva aplicación solo tiene lugar cuando dentro de los diversos medios que
aquél ofrece para la realización de los derechos, no exista alguno que resulte
idóneo para proteger instantánea y objetivamente el que aparece vulnerado o es
objeto de amenaza por virtud de una conducta positiva o negativa de una
autoridad pública o de particulares en los casos señalados por la ley, a través
de una valoración que siempre se hace en concreto, tomando en consideración las
circunstancias del caso y la situación de la persona, eventualmente afectada
con la acción u omisión. No puede existir concurrencia de medios judiciales,
pues siempre prevalece la acción ordinaria; de ahí que se afirme que la tutela
no es un medio adicional o complementario, pues su carácter y esencia es ser
único medio de protección que, al afectado en sus derechos fundamentales,
brinda el ordenamiento jurídico[26].
Bajo ese contexto, el señor Octavio
Miranda Paternina cuenta con otro mecanismo judicial idóneo, diferente a la
acción de tutela, para solicitar la indexación de la primera mesada pensional,
así mismo, no demostró la existencia de un perjuicio irremediable que hiciera
procedente el amparo solicitado.
En razón de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión
advierte que para el caso concreto la acción de tutela resulta improcedente
porque no cumple con los presupuestos generales. En consecuencia, confirmará el
fallo proferido por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, el
veinticuatro (24) de septiembre de dos mil trece (2013), que confirmó la decisión
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala
Penal, que declaró improcedente el amparo solicitado dentro del expediente
T-4.124.744.
Expediente T-4.199.469
Con fundamento en la reseña fáctica
expuesta y en las pruebas que obran dentro del expediente, la Sala de Revisión
encuentra acreditados los siguientes hechos:
·
Que el señor Orlando Medina
Corbacho sostuvo una relación laboral con la empresa General Equipos de
Colombia por el periodo comprendido entre el 24 de mayo de 1957 y el 31 de
agosto de 1976, día en el que presentó la renuncia al cargo de mecánico de
refrigeración, para un total de 19 años, 3 meses y 8 días.
·
Que el 24
de agosto de 1976, General Equipos de Colombia S.A, GECOLSA, mediante acta de
conciliación N. °0175 aprobada por Guillermo León Otero Otero, Jefe de
Inspección o Visitadura del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, reconoció
pensión de jubilación al señor Orlando Medina Corbacho a partir del 1 de
septiembre de 1976 por un valor de $2.847 correspondiente al 75% del último
salario devengado.
·
Que el 9
de septiembre de 1976, General Equipos de Colombia S.A, GECOLSA, pagó al señor
Orlando Medina Corbacho la suma de $ 143.091 por concepto de liquidación de
prestaciones sociales.
·
Que el
último salario que pagó General Equipos de Colombia S.A, GECOLSA al señor
Orlando Medina Corbacho fue $ 3.796.
·
Que el señor Orlando
Medina Corbacho esta pensionado por General
Equipos de Colombia S.A, GECOLSA y actualmente, recibe la suma de $616.000
por concepto de mesada pensional.
·
Que el
señor Orlando Medina Corbacho tiene 87 años de edad.
·
Que el
Instituto de Seguros Sociales, mediante Resolución N.° 975 de 2000 reconoció
una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en favor del señor Orlando
Medina Corbacho por valor de $ 2.407.543.
·
Que el 14
de mayo de 2013, el señor Orlando Medina Corbacho solicitó a Colpensiones la
reliquidación de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez que le fue
reconocida en el año 2000.
·
Que el 16
de julio de 2013, Colpensiones mediante Resolución N. °3221853 negó la petición
del accionante por considerar que el valor reconocido por concepto de
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez se ajusta a las cotizaciones
que realizó el trabajador.
·
Que en
desacuerdo con la anterior decisión, el señor Orlando Medina Corbacho presentó
recurso de reposición, el cual fue resuelto, el 17 de marzo de 2014, por la
entidad confirmando la Resolución N. °3221853.
Vista la situación fáctica, se advierte
que el señor Orlando Medina Corbacho acude a la acción de tutela con el fin de
que se ordene a la empresa por General Equipos de Colombia S.A, GECOLSA, reconocer y
pagar la indexación de la primera mesada pensional.
En ese orden de ideas, corresponde a la Sala de
Revisión determinar, en primer lugar, si la acción de tutela resulta procedente
para el caso concreto y en segundo lugar, si el señor Orlando Medina Corbacho
tiene derecho a la indexación de la primera mesada pensional.
Asi pues, al ser el señor Orlando Medina
Corbacho, (i) un sujeto de especial protección constitucional en razón a su
edad, 87 años, (ii) que manifiesta la afectación a su mínimo vital (iii) y que desplegó
una actividad administrativa ante la empresa General Equipos de Colombia S.A,
GECOLSA, con el fin de
obtener el reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional, la
Sala de Revisión advierte que en el caso bajo estudio la acción de tutela bien
podía ser ejercitada frente al reclamo de que aquí se trata.
No obstante lo anterior, la Sala considera que el
señor Orlando Medina Corbacho no tiene derecho a la indexación de su primera
mesada pensional, pues de las pruebas que obran en el expediente[27],
se desprende que aquel trabajó con la empresa General Equipos de Colombia S.A.,
GECOLSA, hasta el 31 de agosto de 1976 y que fue justo un día después, es
decir, el 1 de septiembre de 1976, que dicha sociedad le reconoció la pensión
de jubilación por un valor de $2.847 correspondiente al 75% del último salario
devengado. Asi las cosas, al no transcurrir un tiempo considerable entre la fecha
en que el accionante renunció y la fecha en que le fue reconocida la prestación,
el salario, con que se calculó el monto de la pensión, no perdió su valor
adquisitivo.
Frente a este evento, desde el año 1982,
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia adoptó el criterio
jurisprudencial según el cual, la indexación de la primera mesada pensional es
procedente “cuando el cálculo pertinente se basa en un salario antiguo y por lo
mismo envilecido, que ha perdido su poder adquisitivo al punto de que la
pensión se reduciría a la mínima legal, no obstante que el salario, en su
momento, superaba en varias veces ese mínimo”[28].
De conformidad con lo expuesto, la Sala de
Revisión confirmará el fallo proferido por el Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Barranquilla, el veintitrés (23) de octubre de dos mil trece (2013),
que confirmó la decisión proferida por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de
Barranquilla, el veinte (20) de agosto de dos mil trece (2013), que denegó el
amparo solicitado dentro de la acción de tutela de la referencia.
Expediente T-4.209.118
De acuerdo con la reseña fáctica expuesta, en
esta oportunidad le corresponde a la Sala de Revisión determinar, si en el caso
objeto de estudio, se configura la casual de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, referida al desconocimiento del precedente
constitucional, atribuida por la accionante al fallo emitido el 17 de abril de
2013, por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, que decidió
no casar la sentencia emitida, el 31 de agosto de 2009, por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Laboral, que a su vez confirmó
la decisión del juez de primera instancia de absolver al Instituto de Seguros
Sociales respecto de la pretensión de indexación de la primera mesada pensional
que presentó la accionante, pues, según la autoridad judicial, para la fecha en
que se consolido el derecho no existía norma legal que así lo estableciera.
Cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
Encuentra la Sala que en el presente asunto, se
cumplen en su totalidad los requisitos generales de procedibilidad de esta
acción de tutela y que habilitan, en sede de revisión, un análisis de fondo de
los hechos materia de controversia.
En efecto, se observa que la cuestión que se discute
resulta (i) de indudable relevancia constitucional, toda vez que
se persigue la protección eficiente de los derechos fundamentales al debido
proceso, al mínimo vital y a la seguridad social, presuntamente trasgredidos
como consecuencia de una decisión judicial que ha cobrado firmeza; (ii)
también es claro que dentro del proceso ordinario laboral, la demandante
desplegó todos los mecanismos de defensa judicial a su alcance para la
protección de sus derechos fundamentales, pues contra la sentencia de primera
instancia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, interpuso
recurso de apelación, tramitado
y resuelto mediante sentencia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín, Sala Laboral, así mismo, presentó el recurso extraordinario de
casación contra el fallo de segunda instancia, el cual fue decidido, mediante
sentencia de 17 de abril de 2013, por la Corte Suprema de Justicia, Sala
Laboral, siendo esta última providencia la que es objeto de discusión en sede
de tutela; (iii) adicionalmente, se tiene que la
acción de tutela de la referencia fue promovida en un término razonable y
proporcional al hecho que originó la presunta vulneración, pues tan solo
trascurrieron dos (2) meses desde la fecha en que se dictó la sentencia
censurada y la presentación de la acción de tutela; (iv) del
mismo modo, considera la Sala que la demandante identificó claramente los
hechos que, a su juicio, generaron la vulneración alegada y los derechos
fundamentales presuntamente infringidos, aspectos que fueron abordados en el trámite
ordinario laboral; (v) finalmente, es patente que la sentencia
objeto de discusión no corresponde a un fallo de tutela.
En ese orden de ideas, pasa la Sala a abordar el
estudio de la causal especial de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, referida al
desconocimiento del precedente constitucional, atribuida por la accionante al
fallo proferido, el 17 de abril de 2013, por la Corte Suprema de Justicia, Sala
Laboral, que decidió no casar la sentencia emitida, el 31 de agosto de 2009,
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, que, a su vez,
confirmó la decisión del juez de primera instancia de 17 de julio de 2007, que
negó las suplicas de la demanda ordinaria laboral iniciada contra el Instituto
de Seguros Sociales
Cumplimiento de la causal especial de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, referida
al desconocimiento del precedente constitucional
La Corte Constitucional en su jurisprudencia ha
señalado que se configura la causal especial de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, referida al desconocimiento del
precedente constitucional, cuando el Juez de la República en el caso concreto:
(i) aplica disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por
sentencias de constitucionalidad o (ii) aplica disposiciones legales cuyo
contenido normativo ha sido encontrado contrario a la Constitución; así mismo,
(iii) cuando contraría la ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad
y, por último, (iv) cuando desconoce el alcance de los derechos fundamentales
fijados por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus
sentencias de tutela.
Así las cosas, para el caso concreto se encuentra acreditado (i) que el
señor Gilberto de Jesús Yepes Ossa, esposo de la accionante, estuvo afiliado al
sistema de seguridad social en pensiones, en el Instituto de Seguros Sociales,
durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1967 y el 31 de mayo de
1987, cotizando un total de 1.075 semanas, (ii) que el señor Gilberto de
Jesús Yepes Ossa falleció el 7 de julio de 1991, (iii) que el 19 de
julio de 1991, la señora Gilma Rave de Yepes solicitó al Instituto de Seguros
Sociales el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, (iv) que el
8 de septiembre de 1992, el Instituto de Seguros Sociales le reconoció a la
accionante la prestación solicitada, por un valor de $ 71.810 equivalente al
78% del salario mensual de base correspondiente a $92.064, (v) que el 4 de
noviembre de 2003 solicitó al Instituto de Seguros Sociales que actualizara el
ingreso base de liquidación de su pensión, pues las cotizaciones que tuvo en
cuenta para calcularlo se realizaron 4 años antes de que se causara el derecho,
lo anterior con la intención de agotar la vía gubernativa, (vi) que
instauró demanda ordinaria laboral contra el Instituto de Seguros Sociales con
el fin de que le fuera indexada su primera mesada pensional. De dicha petición conoció,
en primera instancia, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, que mediante sentencia proferida el 17 de julio de
2007, absolvió a la entidad demandada, (vii) que inconforme con la anterior decisión, la
parte demandante interpuso el recurso de apelación, el cual fue tramitado y
resuelto por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala
Laboral, en sentencia de 31 de agosto de 2009, que confirmó la providencia del a
quo, (viii) que en desacuerdo con lo resuelto, la accionante presentó el
recurso extraordinario de casación, (ix) que el 17 de abril de 2013, la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, decidió no casar la sentencia
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala
Laboral, dentro del juicio ordinario laboral que adelantó Gilma Rave de Yepes
contra el Instituto de Seguros Sociales, con base en los siguientes argumentos:
“Ahora bien, en cuanto al fondo de los
ataques, se tiene que el censor le imputa básicamente al Tribunal el haber
sostenido que para el día 7 de julio de 1991, no existía ningún precepto que
permitiera la indexación de la primera mesada pensional, cuando, para esa data,
había entrado a regir la Carta Política de 1991, fecha que por demás coincide
con la del óbito del afiliado.
Frente a esta temática, esto es, la indexación
de las pensiones del sistema de prima media con prestación definida, ya ha
tenido oportunidad de pronunciarse esta Sala de la Corte, en las sentencias del
6 de julio de 2011, con radicación 39542 y en la del 30 de octubre de 2012, con
radicación 49360, en esta última se adoctrinó lo siguiente:
‘En punto a lo aquí discutido, es decir, la manera
como se actualizan las citadas cotizaciones, frente al punto fáctico no
discutido, según el cual la última cotización que se realizó fue en el año de
1993, y la fecha del fallecimiento fue en el año 1999, no encuentra esta Corte
el desafuero que le imputa el recurrente, cuando el sentenciador esgrimió que
no debían indexarse.
Es evidente que el sistema general de seguridad social
se edifica a partir de las cotizaciones que realizan los afiliados, las cuales
constituyen la fuente principal de su financiamiento, y es justamente por ello
que la ley instituyó la manera como el ingreso base debía determinarse.
Inclusive, frente a una temática similar, esta Sala se
ha pronunciado respecto de lo aquí debatido, esto es la posibilidad de
actualizar las cotizaciones que se realizan ante el Instituto de Seguros
Sociales, entre otras en sentencia de 6 de julio de 2011, radicado 39542, en la
que consideró:
La discusión se contrae a determinar si es viable la
actualización de las cotizaciones efectuadas al Instituto de Seguros Sociales,
de la manera como lo hizo el Tribunal, esto es, en aplicación de la sentencia
29022 de 2007.
El artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, aplicable al
sub lite dispone su fijación (…)[29]
En ese orden, la Corte encuentra equivocado el alcance
que dio el ad quem a la jurisprudencia que aplicó para resolver el
asunto debatido, toda vez que en este caso la prestación está a cargo del ISS,
con sustento en lo dispuesto en el citado artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990,
esto es, teniendo cuenta el número de semanas que logró cotizar, distinto del
caso al que se refirió el juzgador y a los demás que ha juzgado la Sala, en los
que se ha analizado es el salario devengado por el trabajador.
Así las cosas no era posible imponer al ISS la
obligación de actualizar las cotizaciones entre la fecha en que cesó el actor
sus aportes y la del cumplimiento de la edad para acceder a la pensión, pues el
afiliado podía seguir aportando para elevar la tasa de reemplazo, de
conformidad con lo dispuesto en la normativa a la que se hizo referencia.’
De donde emerge, que el juez plural de segundo
grado, no incurrió en los desafueros normativos que le enrostra el censor, por
lo que los cargos no tienen vocación de éxito.”
Al respecto, la Corte Constitucional, en Sentencia de
Unificación 1073 de 2012 señaló “procede la indexación de la primera mesada pensional cuando el ‘valor
actual de la pensión y el valor inicial de la misma arrojan una diferencia a
favor del trabajador, los obligados deben reintegrar
lo dejado de pagar, para que ‘quienes con el paso de los años han visto aminorar
el poder adquisitivo de su pensión (…)’logren compensar el desmedro patrimonial
sufrido (...) porque (...) el ente estatal debe permanecer vigilante de los
derechos de los pensionados, sin distingo de su capacidad económica, debido a
que integran uno de los grupos sometidos a su especial protección (…)”
Agregó además que la actualización periódica de la
mesada pensional es un mecanismo para garantizar el derecho al mínimo vital de
las personas de la tercera edad, pues de lo contrario, la pérdida del poder
adquisitivo de la misma les impediría satisfacer sus necesidades. Por tal
razón, la indexación de la pensión es una medida concreta a favor de los
pensionados, que, por regla general, son adultos mayores o personas de la
tercera edad, es decir, sujetos de especial protección constitucional. (…)
De lo anterior se concluye que la jurisprudencia
constitucional ha entendido que la indexación es un mecanismo para garantizar
la actualización del salario base para liquidación de la primera mesada
pensional, cuando ha mediado un tiempo sustancial entre el momento en que el
trabajador se retira de su empresa y el reconocimiento de la pensión. Dicha
garantía tiene fundamento en el derecho constitucional de los pensionados a
mantener el poder adquisitivo de la pensión y reside fundamentalmente en los
artículos 48 y 53 de la Carta.”
En ese orden de ideas, la Sala de Revisión
advierte que cuando la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral
afirma, en la providencia de 17 de abril de 2013 proferida dentro del proceso
ordinario laboral instaurado por la accionante contra el Instituto de Seguros
Sociales, que no es posible imponer al ISS la obligación de actualizar las
cotizaciones del señor Gilberto de Jesús Yepes Ossa desde el 31 de mayo de 1987
fecha de la última cotización hasta el 7 de julio de 1991, fecha de su muerte,
para establecer el valor de la pensión de sobrevivientes de la señora Gilma
Rave de Yepes, porque, en primer lugar, la prestación se reconoció con base en
las semanas cotizadas y no con el salario devengado por el trabajador y en
segundo lugar, porque el afiliado pudo seguir aportando para elevar la tasa de
reemplazo y con esos fundamentos se abstiene de indexar la mencionada prestación,
se configura la causal especial de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales, referida al desconocimiento
del precedente constitucional[30], pues contradice de forma abierta la ratio
decidendi de la Sentencia de Unificación 1073 de 2012.
De igual manera, cabe señalar que el argumento
esbozado por la Sala Laboral del Alto Tribunal referente a que no procede la
indexación de la primera mesada pensional de la actora porque el valor de la
prestación se estableció de conformidad con base en el número de semana
cotizadas por el causante y no con el salario que devengó, es desacertado, pues
como se desprende del parágrafo del artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, el salario
mensual de base para determinar el monto de la pensión “se obtiene
multiplicando por el factor 4.33, la centésima parte de la suma de los salarios
semanales sobre los cuales cotizó el trabajador en las últimas cien (100)
semanas”
En virtud de las consideraciones precedentes, la Corte
revocará el fallo de 20 de agosto de 2013, proferido por la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil que declaró la nulidad de todo lo actuado
dentro de la acción de tutela de la referencia por considerar que no es posible
admitir acciones de amparo instauradas en contra de órganos que dentro del
ordenamiento positivo constituyen cierre para la jurisdicción ordinaria como lo
es la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y, en su lugar, concederá el
amparo solicitado por la accionante.
En consecuencia, esta Corporación dejará sin
efectos la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, el 17 de abril de 2013, que decidió no casar la sentencia
emitida, el 31 de agosto de 2009, por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín, Sala Laboral, que, a su vez, confirmó la decisión del
juez de primera instancia de 17 de julio de 2007, que negó las suplicas de la
demanda ordinaria iniciada por Gilma Rave de Yepes contra el Instituto de
Seguros Sociales.
Por consiguiente, ordenará al Instituto de
Seguros Sociales, ahora Colpensiones, que en el término de diez (10) días hábiles, contados a partir de la
notificación de la presente decisión, proceda a emitir un acto administrativo en el que se indexe la
primera mesada pensional de la señora Gilma Rave de Yepes con base en la
fórmula adoptada por la sentencia T-098 de 2005, y dentro del mismo término,
empiece a hacer el pago correspondiente. Precisando que el reajuste resultante
en las mesadas pensionales se aplicará hacia el futuro y, retroactivamente, a
las mesadas en relación con las cuales no hubiese operado el fenómeno de la
prescripción, es decir, contando
el término de 3 años de prescripción a partir de la fecha de expedición de esta
providencia[31].
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO: LEVANTAR la suspensión de términos decretada en estos procesos.
SEGUNDO: CONFIRMAR, por las razones expuestas
en esta providencia, el fallo judicial proferido por la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal, el veinticuatro (24) de septiembre de dos mil
trece (2013), que confirmó la decisión proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena, Sala Penal, que declaró improcedente el amparo
solicitado dentro del expediente T-4.124.744.
TERCERO: CONFIRMAR,
por
las razones expuestas en esta providencia, el fallo judicial proferido por el Juzgado Tercero
Civil del Circuito de Barranquilla, el veintitrés (23) de octubre de dos mil
trece (2013), que confirmó la decisión proferida por el Juzgado Séptimo Civil
Municipal de Barranquilla, el veinte (20) de agosto de dos mil trece (2013),
que denegó el amparo solicitado dentro del expediente T-4.199.469.
CUARTO: REVOCAR
el fallo de tutela de 20 de
agosto de 2013, proferido por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil que declaró la nulidad de todo lo actuado dentro de la acción de tutela
de la referencia por considerar que no es posible admitir acciones de amparo
instauradas en contra de órganos que dentro del ordenamiento positivo
constituyen cierre para la jurisdicción ordinaria como lo es la Sala Laboral de
la Corte Suprema de Justicia. En su lugar, TUTELAR los derechos al debido
proceso, al mínimo vital y a la seguridad social de la señora Gilma Rave de
Yepes, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.
QUINTO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida por la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, el 17 de abril de 2013, que decidió no
casar la sentencia emitida, el 31 de agosto de 2009, por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Medellín, Sala Laboral, que, a su vez, confirmó la
decisión del juez de primera instancia de 17 de julio de 2007, que negó las súplicas
de la demanda ordinaria laboral instaurada por Gilma Rave de Yepes contra el
Instituto de Seguros Sociales.
SEXTO: ORDENAR al Instituto de Seguros Sociales,
ahora Colpensiones, que en el
término de diez (10) días hábiles, contados a partir de la notificación de la
presente decisión, proceda a emitir
un acto administrativo en el que se indexe la primera mesada pensional de la
señora Gilma Rave de Yepes con base en la fórmula adoptada por la sentencia
T-098 de 2005, y dentro del mismo término, empiece a hacer el pago
correspondiente. Precisando que el reajuste resultante en las mesadas
pensionales se aplicará hacia el futuro y, retroactivamente, a las mesadas en
relación con las cuales no hubiese operado el fenómeno de la prescripción, tal y como se explicó en la parte
considerativa de esta providencia, es decir, contando el término de 3 años de
prescripción a partir de la fecha de expedición de esta providencia.
SEPTIMO: LÍBRESE
por Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con salvamento parcial de voto
ANDRÉS MUTIS VANEGAS
Secretario General
SALVAMENTO PARCIAL DE
VOTO DE LA MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA T-184/15
ACCION DE TUTELA CONTRA EL FONDO DE
PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA-Improcedencia
por no cumplirse con el requisito de subsidiariedad (Salvamento parcial de
voto)
Si bien estoy de acuerdo con la decisión de negar por
improcedente la acción de, considero necesario aclarar dos puntos. En primer lugar, la tutela
instaurada por el accionante se dirige contra el Fondo de Pasivo Social de
Ferrocarriles Nacionales de Colombia y los Ministerios de Hacienda y Comercio,
entidades que, a juicio del demandante, no realizaron correctamente la
indexación de su mesada pensional. La Corte, frente a este aspecto, no realizó un
análisis que diera cuenta de la procedencia de la acción de tutela contra los
accionados, o de la vulneración o no de los derechos fundamentales por parte de
las entidades accionadas. Considero que la acción de tutela es improcedente
puesto que no cumple con uno de los requisitos de procedencia de la misma, como
es la subsidiariedad. En el caso analizado, el accionante debió demandar en
sede judicial y agotar los mecanismos ordinarios de defensa, y no acudir de
forma directa al mecanismo de amparo constitucional, como lo hizo en la acción
de tutela objeto de estudio. En segundo lugar, en la no se manifiesta con
claridad la razón por la cual la Sala asumió que la acción de tutela estaba
dirigida en contra de la sentencia, proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena, cuando es manifiesto que el accionante la
dirigió en contra del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de
Colombia, la cual es la autoridad encargada de pagar la pensión, y por
consiguiente, de realizar la respectiva indexación
Referencia: Expedientes T-4.124.744; T-4.199.469;
T-4.209.118
Acción de tutela presentada por Octavio Miranda
Paternina; Orlando Medina Corbacho; Gilma Rave de Yepes contra el Fondo de
Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y otros; General de
Equipos de Colombia S.A.; Corte Suprema de Justicia y otros.
Asunto: Mínimo vital. Seguridad social. Indexación de
la primera mesada pensional.
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la
Corte Constitucional, a continuación presento las razones que me conducen a salvar
parcialmente el voto en la decisión adoptada por la mayoría de la Sala
Cuarta de Decisión de tutelas, en sesión del 17 de abril de 2015.
Si bien estoy de acuerdo con la decisión de negar por
improcedente la acción de tutela en el expediente número T-4.124.744, considero
necesario aclarar dos puntos.
En primer lugar, la tutela instaurada por el
accionante se dirige contra el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia y los Ministerios de Hacienda y Comercio, entidades que,
a juicio del demandante, no realizaron correctamente la indexación de su mesada
pensional. La Corte, frente a
este aspecto, no realizó un análisis que diera cuenta de la procedencia de la
acción de tutela contra los accionados, o de la vulneración o no de los
derechos fundamentales por parte de las entidades accionadas, puesto que asumió
que la demanda estaba discutiendo lo contenido en la sentencia de 6 de
septiembre de 2000, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena.
En todo caso, atendiendo a las pruebas contenidas en el expediente,
considero que la acción de tutela es improcedente puesto que no cumple con uno
de los requisitos de procedencia de la misma, como es la subsidiariedad. En el
caso analizado, el accionante debió demandar en sede judicial y agotar los
mecanismos ordinarios de defensa, y no acudir de forma directa al mecanismo de
amparo constitucional, como lo hizo en la acción de tutela objeto de estudio.
En segundo lugar, en la Sentencia T-184 de 2015 no se manifiesta con
claridad la razón por la cual la Sala asumió que la acción de tutela estaba
dirigida en contra de la sentencia del 6 de septiembre de 2000, proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, cuando es manifiesto
que el accionante la dirigió en contra del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de
Colombia, la cual es la autoridad encargada de pagar la pensión, y por
consiguiente, de realizar la respectiva indexación.
No obstante, aún si en gracia de discusión se aceptase
que la acción de tutela fue dirigida contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, la misma no sería procedente debido a la
falta de configuración del requisito de inmediatez. En este caso, la acción de
tutela se habría dirigido a cuestionar una providencia con carácter de cosa
juzgada proferida en el año 2000, excediendo ostensiblemente el término
razonable para la presentación de la acción constitucional.
De esta manera,
expongo las razones que me llevan a salvar parcialmente el voto con respecto a
las consideraciones expuestas en la sentencia de la referencia.
Fecha ut supra,
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] Aprobado por el Decreto 758 de 1990.
[2] Artículo 36. Régimen de transición. La edad para acceder a la
pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y
sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se
incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para
los hombres.
La edad para
acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas
cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar
en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son
mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más
años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual
se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas
personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones
contenidas en la presente ley.
El ingreso base
para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso
anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será
el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el
cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior, actualizado anualmente
con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor, según
certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les
hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de
la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de
lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector
privado y de un (1) año para los servidores públicos.
Lo dispuesto en el
presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el
régimen tengan treinta y cinco (35) años de edad si son mujeres o cuarenta (40)
o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas
voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso
en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen.
Tampoco será
aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con
solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida.
Quienes a la fecha
de vigencia de la presente ley hubiesen cumplido los requisitos para acceder a
la pensión de jubilación o de vejez conforme a normas favorables anteriores,
aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento. tendrán derecho, en
desarrollo de los derechos adquiridos, a que se les reconozca y liquide la
pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes, al momento en que
cumplieron tales requisitos".
[3] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Expediente
29470 de 20 de abril de 2007.
[4] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Expediente
39542 de 6 de julio de 2011.
[5] Informe del 15 de abril de 2015.
[6] Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias C-543 de
1992, C-590 de 2005, C-591 de 2005, T-343 de 2010, T-462 de 2003.
[7] T-018 de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[8] Ver Sentencia T-217 del 23 de marzo de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[9] Sentencias T-786 de 211 y T-112 de 2012.
[10] Sobre el particular, consultar, entre otras,
las Sentencias C-590 de 2005, T-789 de 2008, T-217 de 2010 y T-285 de 2010.
[11] Sentencia C-590 de 2005, reiterada en las sentencia T-786 de 2011 y
T-112 de 2012.
[12] Sentencia T-018 de 2011 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza.
[13] Consultar, entre otras, las Sentencias T-371
de 1996, T-476 de 2001, T-1083 de 2001 y T- 634 de 2002.
[14] Sentencia T-083 de 2004.
[15] Al respecto ver las sentencias T-534 de 2001;
T-1016 de 2001, T-620 de 2002, T-634 de 2002, T-1022 de 2002, T-447 de 2006,
T-483 de 2010, T-362 de 2010, T-1325 de 2005, T-494 de 2006, T-158 de 2006,
T-234 de 2011 y T-526 de 2010, entre otras.
[16] Al respecto, consultar, entre otras, las Sentencias SU-120 de 2003,
T-696 de 2007 y T-313 de 2008.
[17] Sentencia del 11 de diciembre de 1996, Rad. 9083, Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
[18] Sentencia del 18 de agosto de 1999, Rad. 11818, Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
[19] Sentencia T-098 de 2005.
[20] Sentencias T-459 de 2009, T-628 de 2009, T-632 de 2010 y SU-1073 de
2012.
[21] 28 de febrero de 1993.
[22] 14 de noviembre de 1995.
[23] 28 de febrero de 1993
[24] 14 de noviembre de 1995.
[25] Ver entre otras la Sentencia T-315 del 1 de abril de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[26] Sentencia T-106 de 1993, M.P. Antonio Barrera Carbonell. Véase
igualmente, entre otras, las sentencias SU-544 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-983 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-514 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-1017 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[27] Folios 17, 18 y 19
[28] Sentencia del 11 de diciembre de 1996, Rad. 9083, Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
[29] ARTÍCULO 20. INTEGRACION DE LAS PENSIONES DE
INVALIDEZ POR RIESGO COMUN Y DE VEJEZ. Las pensiones de invalidez por
riesgo común y por vejez, se integrarán así:
I.
PENSIONES DE INVALIDEZ.
1. Pensión de
Invalidez Permanente Total:
a) Con una
cuantía básica igual al cuarenta y cinco por ciento (45%) del salario mensual
de base y,
b) Con
aumentos equivalentes al tres por ciento (3%) del mismo salario mensual de base
por cada cincuenta (50) semanas de cotización que el asegurado tuviere
acreditadas con posterioridad a las primeras quinientas (500) semanas de
cotización. El valor total de la pensión no podrá superar el 90% del salario
mensual de base ni ser inferior al salario mínimo legal mensual ni superior a
quince veces este mismo salario.
3. Gran
Invalidez:
a) Con una
cuantía básica igual al cincuenta y cuatro por ciento (57%) del salario mensual
de base y,
b) Con
aumentos equivalentes al tres por ciento (3%) del mismo salario mensual de base
por cada cincuenta (50) semanas de cotización que el asegurado tuviere
acreditadas con posterioridad a las primeras quinientas (500) semanas de
cotización. El valor total de la pensión no podrá superar el 90% del salario
mensual de base ni ser inferior al salario mínimo legal mensual ni superior a
quince veces este mismo salario.
II.
PENSION DE VEJEZ.
a) Con una
cuantía básica igual al cuarenta y cinco por ciento (45%) del salario mensual
de base y,
b) Con
aumentos equivalentes al tres por ciento (3%) del mismo salario mensual de base
por cada cincuenta (50) semanas de cotización que el asegurado tuviere
acreditadas con posterioridad a las primeras quinientas (500) semanas de
cotización. El valor total de la pensión no podrá superar el 90% del salario
mensual de base ni ser inferior al salario mínimo legal mensual ni superior a
quince veces este mismo salario.
PARÁGRAFO
1o. El salario mensual de base se obtiene
multiplicando por el factor 4.33, la centésima parte de la suma de los salarios
semanales sobre los cuales cotizó el trabajador en las últimas cien (100)
semanas.
El factor
4.33 resulta de dividir el número de semanas de un año por el número de meses.
PARÁGRAFO
2o. La integración de la pensión de vejez o de
invalidez de que trata este artículo, se sujetará a la siguiente tabla:
NUMERO SEMANAS
% INV.
P.TOTAL
% INV.P. ABSOLUTA
% GRAN INV.
VEJEZ
500
45
51
57
45
550
48
54
60
48
600
51
57
63
51
650
54
60
66
54
700
57
63
69
57
750
60
66
72
60
800
63
69
75
63
850
66
72
78
66
900
69
75
81
63
950
72
78
84
72
1.000
75
81
87
75
1.050
78
84
90
78
1.100
81
87
90
81
1.150
84
90
90
84
1.200
87
90
90
87
1.250 o más
90
90
90
90
Número de semanas: Número de semanas
cotizadas.
%,Inv. P. Total: Porcentaje Invalidez
Permanente Total.
% Inv. P. Absoluta: Porcentaje Invalidez
Permanente Absoluta.
% Gran Inv.: Porcentaje Gran Invalidez.
[30] Corte Constitucional, Sentencia SU-917 de 2010.
[31]  SU-131 de 2013, T-255 de 2013, T-220 de 2014.