T-320-20
Sentencia T-320/20
Referencia:
Expediente T-7.787.882
Acción de tutela
interpuesta mediante agente oficiosa y guardadora legítima por Cristian Correa
Múnera contra Porvenir S.A.
Magistrada
Ponente:
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Bogotá D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veinte
(2020).
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, integrada por los
magistrados José Fernando Reyes Cuartas, Alberto Rojas Ríos y Cristina Pardo
Schlesinger, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241 numeral 9º de la Constitución Política, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los fallos
proferidos por el Juzgado Promiscuo Municipal de Donmatías (Antioquia), el 7 de
noviembre de 2019; y el Juzgado Promiscuo de Familia de Santa Rosa de Osos (Antioquia),
el 13 de diciembre del mismo año, en primera y segunda instancia,
respectivamente, dentro de la acción de tutela interpuesta mediante agente
oficiosa y guardadora legítima por Cristian Correa Múnera contra Porvenir S.A.
Conforme a lo consagrado en los artículos 86 de
la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección
Número Dos de la Corte Constitucional seleccionó para efectos de su revisión el
expediente de la referencia, el cual correspondió por reparto a este despacho[1].
I.
ANTECEDENTES
1.1.
Solicitud
El 24 de octubre de
2019, mediante apoderado judicial, la madre y guardadora legítima de Cristian
Correa Múnera presentó acción de tutela en contra de Porvenir S.A. Considera
que esta entidad vulneró los derechos fundamentales de su hijo a la seguridad
social, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas, al negarle el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez con fundamento en que no
cumple el requisito de haber cotizado 50 semanas en los 3 años anteriores a la
fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral.
Solicitó al juez de
tutela que ordene a Porvenir S.A. reconocer y pagar en favor de su hijo la
pensión de invalidez prevista en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993. En caso
de no prosperar lo anterior, pide que dicha prestación sea reconocida de manera
transitoria mientras que la justicia ordinaria determina si le asiste o no el
derecho a dicha mesada pensional.
1.2.
Hechos narrados en el
escrito de tutela
1.2.1.
Cristian Correa Múnera nació el
1 de septiembre de 1992. El 1 de febrero de 2015,
a la edad de 22 años, sufrió un accidente cuando iba en motocicleta por la
carretera que conduce al municipio de Santa Rosa de Osos (Antioquia). Esto le
ocasionó múltiples traumas, entre ellos, fractura de pelvis, fémur, tibia y
peroné izquierdo, con traumatismo craneoencefálico severo, dejándolo en estado
vegetativo. El 14 de abril del mismo año fue dado de alta de la Clínica León XIII
de la ciudad de Medellín. Actualmente es su madre quien se encarga de cuidarlo
y mantenerlo, dado que está conectado a un “aspirador de oxígeno por medio
de traqueotomía”[2].
1.2.2.
El 11 de agosto de 2017, medicina laboral de la EPS Sura notificó a Cristian
Correa Munera de su calificación de invalidez. El dictamen arrojó un 96,58% de
pérdida de capacidad laboral de origen común, con fecha de estructuración del 1
de febrero de 2015, día en que ocurrió el accidente de
tránsito.
1.2.3.
Yaned Correa Múnera, madre del accionante, inició proceso para
declararlo interdicto por discapacidad mental absoluta. El Juzgado Promiscuo de
Familia de Santa Rosa de Osos, mediante sentencia del 18 de febrero de 2019, accedió
a lo pedido y la declaró su guardadora legítima[3].
1.2.4.
El 20 de agosto de 2019, la guardadora legítima del accionante solicitó
a favor de este el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez ante
Porvenir S.A. El 6 de septiembre del mismo año esa entidad negó la petición bajo
el argumento de que no se habían acreditado las 50 semanas de cotización realizadas
en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la pérdida de
capacidad laboral, según lo exige el artículo 39 de la Ley 100 de 1993,
modificada por la Ley 860 de 2003.
1.2.5.
En el escrito de tutela, el apoderado judicial manifiesta que la
empresa Lácteos Betania S.A., empleadora del accionante, continuó realizándole
aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión con posterioridad al
accidente y hasta la fecha de presentación de la solicitud de amparo, momento
para el cual cuenta con el siguiente número de semanas cotizadas:
“Para el 1 de febrero de año 2015: Un
total de 12 semanas cotizadas.
Para agosto del año 2017: Uno total de
140 semanas cotizadas, fecha en la cual le notifican el dictamen de pérdida de
capacidad laboral.
Para octubre del año 2019: Un total de 268 semanas
cotizadas”[4].
El apoderado alega que Porvenir S.A. no debió resolver la
solicitud pensional atendiendo el numeral 2 del artículo 39 de la Ley 100 de
1993, que exige 50 semanas en los 3 años anteriores a la estructuración de la
invalidez, sino conforme el parágrafo 1º de la misma norma, el cual sostiene que
“los menores de 20 años de edad sólo deberán acreditar que han cotizado veintiséis
(26) semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su
invalidez o su declaratoria”. Considera que esta regla se aplica porque la
sentencia C-020 de 2015 la declaró exequible y la extendió favorablemente “a
la población que tenga hasta 26 años de edad, inclusive”.
Precisa que acorde con esa sentencia, si se hubieran contado
las semanas cotizadas anteriores a la declaratoria de invalidez, teniendo en cuenta que esta se notificó el 11 de agosto de 2017,
el actor cumpliría con el requisito requerido, pues para esta última fecha contaba
con un total de140 semanas, causando en su favor el derecho a la pensión de
invalidez.
Asimismo, precisa que en la sentencia T-153 de 2016 la Corte
Constitucional indicó que, respecto de quienes sufren enfermedades congénitas,
crónicas o degenerativas, las administradoras de pensiones deben estudiar las
solicitudes pensionales teniendo en cuenta que se trata de enfermedades que se
agravan con el tiempo y permite a los afiliados contar con periodos de
capacidad productiva hasta el momento en que el estado de salud se los permita.
Aclara que si bien el
accionante no encaja del todo en la anterior descripción al no tener una
enfermedad crónica, congénita o degenerativa, lo cierto es que sí continuó
cotizando a pesar de haber sufrido el accidente, dado que su empleador tenía el
deber legal de hacerlo. Y con tales aportes cumple el requisito para acceder a
la pensión de invalidez aplicando el parágrafo 1 del artículo 39 de la Ley 100
de 1993.
1.3. Traslado y
contestación de la acción de tutela
Mediante auto del 25 de
octubre de 2019, el Juzgado Promiscuo Municipal de Donmatías (Antioquia) admitió
la acción de tutela y ordenó correr traslado de esta a Porvenir S.A., para que
ejerciera su derecho de defensa.
1.3.1. Contestación
de Porvenir S.A.
La representante
judicial de Porvenir S.A. señala que, en efecto, el actor solicitó el
reconocimiento de la pensión de invalidez, la cual fue rechazada porque no
cumplió con los requisitos exigidos por el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado
por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, esto es, haber cotizado 50 semanas en
los 3 años anteriores a la estructuración de la invalidez. Además, indica que
informaron al accionante sobre la procedencia de la devolución de saldos de que
trata el artículo 72[5] de la misma norma.
Asegura que la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que, por regla general, el régimen
jurídico aplicable es el vigente al momento de estructurarse la invalidez[6]. Entonces, en el caso del accionante, la normatividad
aplicable sobre pensión de invalidez es la Ley 860 de 2003, vigente para 2015,
año en que se estructuró la invalidez del accionante. Por tanto, consideró que
el rechazo de la solicitud presentada estuvo acorde con los lineamientos
legales y jurisprudenciales.
Resalta que el
porcentaje de pérdida de capacidad laboral y las semanas de cotización son
requisitos que deben darse de manera simultánea para poder causar el derecho a
la pensión de invalidez. Y la ausencia de uno de ellos impide que el
solicitante acceda esa prestación económica.
En cuanto al mecanismo
de protección constitucional, manifiesta que la acción de tutela no cumple el
requisito de subsidiariedad porque el accionante tiene la opción de acudir al
proceso ordinario laboral para demandar la decisión de no reconocimiento de pensión
de invalidez. También sostiene que no advierte la configuración de un perjuicio
irremediable, pues no se aportaron elementos fácticos que así lo demuestren.
1.3.
Decisiones objeto de
revisión
1.3.1.  Primera instancia
En sentencia del 7 de
noviembre de 2019, el Juzgado Promiscuo Municipal de Donmatías (Antioquia) negó
el amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida en
condiciones dignas y a la seguridad social de Cristian Correa Múnera.
Previo a resolver de
fondo el asunto, la autoridad judicial encontró procedente la acción de tutela como
mecanismo de protección judicial, por ser el medio idóneo y eficaz para
analizar de manera definitiva si le asistía o no el derecho a la pensión de invalidez
al accionante. Asimismo, estableció que estaban debidamente acreditados los
otros requisitos de procedencia como la legitimación en la causa y la
inmediatez.
Para resolver el caso
concreto recordó que la jurisprudencia constitucional ha dicho que en casos de
invalidez producto de enfermedades congénitas, crónicas y degenerativas, la
fecha de su estructuración se fija a partir del momento en que a la persona le
es imposible subsistir por sus propios medios. Situaciones en las cuales deben sumarse
los aportes realizados hasta el último día en que la condición de salud
permitió trabajar al afiliado, en virtud de su capacidad laboral residual, a
efectos de verificar el requisito de densidad de semanas cotizadas exigido por
el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, para obtener la pensión de invalidez.[7]
Con fundamento en lo
anterior, el juzgado verificó que, en efecto, el accionante cumple el requisito
de tener un 50% o más de pérdida de capacidad laboral, dado que fue calificado
con un 96.58%. Sin embargo, en cuanto a la densidad de semanas cotizadas,
incluso las realizadas con posterioridad a la fecha de estructuración de la
invalidez fijada por el dictamen de calificación, concluyó lo siguiente:
“Sin embargo, por las condiciones de salud en
las cuales se encuentra el ciudadano (estado vegetativo, tal y como lo afirma
su madre en el escrito tutelar) es claro para este despacho que estos aportes
posteriores a la fecha del accidente que ocasionó esta trágica situación NO
CORRESPONDEN AL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD LABORAL RESIDUAL DEL CIUDADANO
CRISTIAN CORREA, sino a un aporte discrecional de la empresa.
Por lo tanto, resulta contrario a la Ley estimar
en el presente caso, que la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y
CESANTIAS (sic) PORVENIR
S.A. deba realizar el conteo de las 50 semanas desde la fecha de la calificación
(11 de agosto de 2017) y no desde el día que se originó la incapacidad física
del ciudadano para continuar con sus labores (1 de febrero de 2015), fecha en
la que realmente perdió su capacidad para trabajar”.
Bajo esa perspectiva,
consideró que, a pesar de la difícil situación, el accionante no tenía derecho
a la pensión de invalidez, pues era claro que para la jurisprudencia
constitucional la invalidez de la persona sólo puede entenderse constituida “desde
el momento en que le es imposible procurarse de los medios económicos de
subsistencia de los que con anterioridad derivaba su sustento, es decir, hasta
el momento en que el trabajador queda afectado para desempeñar la laboral que
desarrollaba”.
1.3.2.  Impugnación
Para el apoderado del
accionante, el juzgado se equivocó al tomar la decisión en aplicación del
numeral 2 del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1º
de la Ley 860 de 2003.
A su juicio, la norma
que debió sustentar la sentencia es el parágrafo 1 del referido artículo de la
Ley 100 de 1993, que señala como beneficiarios de la pensión de invalidez a los
menores de veinte años que acrediten sólo veintiséis semanas cotizadas en el
último año anterior “al hecho causante de su invalidez o su declaratoria”.
Lo anterior, conforme la sentencia C-020 de 2015[8], la cual declaró exequible este parágrafo en el
entendido de que su aplicación debe extenderse favorablemente “a la población
que tenga hasta 26 años de edad, inclusive”[9].
Por ello, solicita que
se ordene a Porvenir S.A. que reconozca y pague la pensión de invalidez al
accionante. Subsidiariamente, solicita que el amparo se conceda de manera
transitoria mientras la justicia ordinaria determina si le asiste o no el
derecho a esta mesada.
1.3.3.  Segunda instancia
En sentencia del 13 de
diciembre de 2019, el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Judicial de
Santa Rosa de Osos (Antioquia) confirmó la decisión de primera instancia. Consideró
que le asiste razón a la accionada en haber negado la pensión de invalidez
porque el actor no cumplió el requisito de las 50 semanas cotizadas en los tres
años anteriores a la fecha de estructuración. También precisó que la acción de
tutela no es el escenario para evaluar la modificación de la fecha de
estructuración de la invalidez, lo cual es competencia del juez ordinario.
1.4.
Pruebas relevantes
que obran en el expediente
1.4.1. Poder otorgado a
un abogado por Yaned Lucía Correa Múnera, guardadora y agente oficiosa de
Cristian Correa Múnera, para la presentación de la acción de tutela (folio 7,
cuaderno de primera instancia).
1.4.2. Copia de la
cédula de ciudadanía del accionante, Cristian Correa Múnera, donde se advierte
que nació el 1 de septiembre de 1992 (folio 8, cuaderno de primera instancia).
1.4.3. Copia de la cédula
de ciudadanía de Yaned Lucía Correa Múnera, madre del actor (folio 9, cuaderno
de primera instancia).
1.4.4. Copia de la
relación de aportes realizados por el afiliado Cristian Correa Múnera al fondo
de pensiones Porvenir S.A. (folios 10 a 12, cuaderno de primera instancia.
1.4.5. Copia de
informes del pago de aportes a seguridad social del afiliado Cristian Correa
Múnera a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes -PILA- (folios
13 a 17, cuaderno de primera instancia).
1.4.6. Copia de la
notificación del dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral al
accionante, con fecha 11 de agosto de 2017 y suscrita por un empleado de la EPS
Sura (folio 18, cuaderno de primera instancia).
1.4.7. Copia de la
comunicación emitida por Porvenir S.A. con destino a Lácteos Betania S.A.,
informándole que el 26 de agosto de 2019 la administradora había negado la
pensión de invalidez solicitada por el accionante (folio 19, cuaderno de
primera instancia).
1.4.8. Copia de un oficio
fechado el 6 de septiembre de 2019, donde Porvenir S.A. se dirige a Cristian
Correa Múnera manifestando que le niega la solicitud de pensión de invalidez
por no acreditar el requisito de cincuenta (50) semanas de cotización en los últimos
tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la
invalidez (folio 20, cuaderno de primera instancia).
1.4.9. Copias de las “RONDAS/NOTAS/INTERCONSULTA”
realizadas al accionante durante su hospitalización en la Clínica León XIII de
Medellín (folios 21 a 174, cuaderno de primera instancia).
1.4.10. Copia del acta
de audiencia judicial realizada el 18 de febrero de 2019, en la cual el Juzgado
Promiscuo de Familia del Circuito de Santa Rosa de Osos declaró “LA
INTERDICCIÓN POR DISCAPACIDAD MENTAL ABSOLUTA, del señor CRISTIAN CORREA
MÚNERA”, y designó a su madre, Yaned Lucía Correa Múnera, como su guardadora
legítima (folios 175 y 176, cuaderno de primera instancia).
II.
CONSIDERACIONES
2.1.
Competencia y procedencia de la acción de tutela
De
conformidad con los artículos 86 y 241 de la Constitución Política y con el
Decreto 2591 de 1991, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en los
procesos de la referencia.
2.2. Análisis de la procedencia formal de la acción de tutela para el
caso concreto
2.2.1. Legitimación en la causa
Las
personas están legitimadas para solicitar la protección por vía de tutela
cuando consideren que sus derechos fundamentales han sido vulnerados por una
autoridad o un particular[10]. De allí que únicamente quien ha visto afectado
su derecho tenga un legítimo interés jurídico para solicitar su amparo. Cuando no
puede hacerlo por cuenta propia, existe la posibilidad de actuar mediante
representante judicial o agente oficioso. Es así como se concreta la
legitimidad en la causa por activa en la acción de tutela, según las reglas
previstas en el Decreto 2591 de 1991[11].
En
el presente caso, el afectado directo con la decisión de negar el
reconocimiento de la pensión de invalidez es Cristian Correa Múnera, representado
jurídicamente por su guardadora y madre, Yaned Correa Múnera, quien para los
efectos de la acción de tutela también actúa como su agente oficiosa. Agencia que
resulta válida si se tiene en cuenta que al accionante fue declarado interdicto,
se encuentra física y mentalmente limitado para actuar por cuenta propia debido
a un accidente de tránsito que lo dejó en estado vegetativo y con una pérdida
de capacidad laboral superior al 90%. A su vez, la representante del accionante
acudió a un abogado para interponer la presente acción de tutela, mandato legal
permitido por el Decreto 2591 de 1991 y debidamente probado con la copia del
poder que obra en el expediente[12]Así las cosas, se encuentra debidamente
acreditada la legitimación en la causa por activa.
Existe
por igual un sujeto pasivo en la acción de tutela que, en términos simples, es
la autoridad o particular a quien el accionante responsabiliza por la
vulneración de sus derechos fundamentales. Este sujeto, que es la parte
accionada, debe tener por igual un legítimo interés jurídico para participar en
el proceso, siendo necesario establecer concretamente si el hecho vulnerador,
por acción u omisión, provino de allí.
En
el caso concreto no existe duda de que Porvenir S.A. es la parte legitimada por
pasiva, dado que la negativa de reconocer la pensión de invalidez al accionante
es considerada por este como el hecho vulnerador de sus derechos fundamentales
a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna.
2.2.2. Inmediatez
La
finalidad de la acción de tutela es proteger de forma inmediata los derechos
fundamentales de la persona, a partir de lo cual la jurisprudencia
constitucional ha considerado que este mecanismo debe interponerse en un término
oportuno y razonable desde que se conoce el hecho vulnerador[13]. De lo contrario, el amparo debe declararse improcedente
como mecanismo de defensa judicial.
En
el asunto bajo revisión, Porvenir S.A. negó la solicitud pensional al
accionante el 6 de septiembre de 2019 y el 25 de octubre del mismo año fue
admitida la presente acción de tutela contra esa entidad. Transcurrió alrededor
de un mes y medio entre estas dos fechas, término que la Sala considera razonable
y oportuno para la interposición del amparo en el caso concreto, cumpliendo así
el requisito de inmediatez.
2.2.3 Subsidiariedad
En
desarrollo del artículo 86 superior[14], el Decreto 2591 de 1991 señala en su artículo
6 los eventos donde la acción de tutela es improcedente. Uno de ellos es “[c]uando
existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su
eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.
Lo
anterior ha permitido a la jurisprudencia de la Corte Constitucional establecer
el principio de subsidiariedad, el cual busca asegurar que la acción de tutela
no sea utilizada como un recurso judicial adicional a los ya previstos en el
ordenamiento jurídico para la protección de los derechos fundamentales. De este
modo, el carácter subsidiario de la acción de tutela indica que puede ser usada
únicamente ante la ausencia de otros medios de defensa judicial.
Sin
embargo, advertida la existencia de esos mecanismos, no por ello la acción de tutela
resulta improcedente en un caso particular, pues tales medios deben ser
analizados según su idoneidad y eficacia para proteger los derechos
fundamentales[15].
Es
así como la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la acción de tutela
procede excepcionalmente, aun existiendo otros mecanismos de defensa, cuando: “(i)
los mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos
y eficaces para garantizar la protección de los derechos presuntamente
vulnerados o amenazados; (ii) se requiere el amparo constitucional como
mecanismo transitorio, pues, de lo contrario, el actor se vería frente a la
ocurrencia inminente de un perjuicio irremediable frente a sus derechos
fundamentales; y, (iii) el titular de los derechos fundamentales amenazados o
vulnerados es sujeto de especial protección constitucional”[16].
Frente
a la presunta vulneración de un derecho fundamental por causa de la negativa de
una entidad en otorgar la pensión de invalidez, la Corte Constitucional ha
sostenido que para su protección debe acudirse a la justicia ordinaria. Sin
embargo, a partir de que el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece
que la existencia de dicho medio debe ser apreciada en cuanto a su eficacia,
tal postura se flexibiliza según las características del caso concreto[17].
De
este modo, la demanda laboral podría ser el medio idóneo para debatir
jurídicamente el derecho a la pensión de invalidez, pero no el mecanismo más eficaz
y expedito, dado el extenso término que lleva concluir un proceso ordinario. A
esta falta de eficacia y eficiencia debe sumarse la condición de vulnerabilidad
de la persona que solicitó la pensión, pues teniendo en cuenta su situación
particular, como la edad, estado de salud o condiciones socioeconómicas, sería
desproporcionado exigirle que acuda a la justicia ordinaria. Por tal razón, la
acción de tutela se constituye en estos casos como mecanismo expedito para la protección
inmediata de los derechos fundamentales[18].
En
el caso concreto, el mecanismo idóneo para controvertir la decisión de Porvenir
S.A. sería la demanda ordinaria ante el juez laboral. Pero como reiteradamente
esta Corporación lo ha sostenido tal vía resulta ineficiente porque la decisión
puede tardar años en tomarse. Tal espera no es proporcional a las condiciones
particulares del accionante, quien se encuentra en estado de invalidez cercano
a un 100%[19], no tiene ningún grado de autonomía y depende
totalmente del cuidado de su madre[20]. Dada su situación de indefensión se trata de
un sujeto de especial protección constitucional del cual es posible presumir
que su derecho al mínimo vital depende de la solución expedita de la
controversia suscitada sobre la pensión de invalidez que reclama, correspondiendo
al juez de tutela pronunciarse de fondo sobre la posible vulneración de sus
derechos fundamentales por la negativa de dicha prestación económica[21].
Esto
significa que requiere de una solución jurídica pronta que únicamente puede ser
otorgada a través de la acción de tutela, mecanismo que la Sala considera
procedente en este caso.
2.3. Problema jurídico por resolver
Los antecedentes descritos plantean la presunta vulneración
de los derechos fundamentales de Cristian Correa Múnera porque Porvenir S.A. no
accedió a reconocerle la pensión de invalidez, por no cumplir el requisito de
haber cotizado 50 semanas en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha
de estructuración de la invalidez, según el artículo 39 de la Ley 100 de 1993.
El apoderado del accionante alega que Porvenir S.A. debió
resolver la solicitud pensional con fundamento en el parágrafo 1 del artículo
39 de la Ley 100 de 1993, el cual exige a los menores de 20 años haber cotizado
26 semanas en el año anterior a la fecha de estructuración de la invalidez o de
su declaratoria. Esto por cuanto la jurisprudencia constitucional,
específicamente la sentencia C-020 de 2015, ha dicho que esta norma también es
aplicable a las personas jóvenes de hasta 26 años.
Por ello, dice, si el conteo de aportes se hiciera con base
en dicha regla, desde la declaratoria de la invalidez, el actor cumpliría el
requisito para acceder a la pensión de invalidez. Refuerza este argumento con
la jurisprudencia que ha contemplado viable sumar las semanas cotizadas con
posterioridad a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral,
en los casos de pacientes de enfermedades crónicas, genéticas o degenerativas.
De acuerdo con el anterior panorama, la Sala debe resolver
el siguiente problema jurídico:
¿Porvenir S.A. vulnera los derechos fundamentales a la
seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna de Cristian Correa Múnera,
al negarle la solicitud de pensión de invalidez por considerar que no cumple el
requisito legal de haber cotizado 50 semanas en los 3 años anteriores a la
estructuración de la invalidez, sin tener en cuenta el parágrafo 1 del artículo
39 de la Ley 100 de 1993?
Para resolverlo, la Sala reiterará la jurisprudencia sobre
(i) los requisitos para acceder a la pensión de invalidez en los términos de la
Ley 100 de 1993; (ii) la jurisprudencia constitucional en relación con la
protección de la población joven en condición de invalidez, (iii) el concepto
de capacidad laboral residual y, finalmente, (iii) resolverá el caso concreto.
2.3.1. Requisitos para acceder a la pensión de invalidez
en los términos del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 1
de la Ley 860 de 2003
La Ley 100 de 1993 estableció en Colombia el Sistema General
de Seguridad Social Integral[22].
Constituye una expresión directa del artículo 48 superior, que otorga a la
seguridad social el carácter de servicio público obligatorio prestado bajo la
coordinación del Estado y la participación de los particulares y, asimismo, lo
cataloga como un derecho irrenunciable que debe ser garantizado a todos los
habitantes.
Por ser pertinente para el asunto bajo revisión, la Sala se
referirá en adelante únicamente al sistema general de pensiones contemplado en
la citada ley y, más específicamente, a las reglas establecidas para acceder a
la pensión de invalidez.
En atención a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, el sistema general de pensiones tiene por fin garantizar a la
población “el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la
invalidez y la muerte”[23].
Para ello, está compuesto por dos regímenes concurrentes pero excluyentes entre
sí. Primero, el régimen de prima media con prestación definida, administrado
por el Estado. Y segundo, el régimen de ahorro individual con solidaridad,
donde tienen participación los particulares a través de entidades privadas a
cargo de administrar los fondos de pensiones.
Cuando una persona se vincula al sistema de pensiones únicamente
puede elegir uno de los dos regímenes mencionado para realizar sus aportes. En cualquiera
de ellos, para acceder a la pensión de invalidez debe cumplir los requisitos
contenidos en los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993, este último
modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003[24]:
“Artículo 38. Estado de
invalidez. Para los efectos del presente capítulo se considera inválida la
persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada
intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral.
Artículo 39. Requisitos para
obtener la pensión de invalidez. (Artículo modificado por el artículo 1º de la
Ley 860 de 2003. El nuevo texto es el siguiente). Tendrá derecho a la pensión
de invalidez el afiliado al sistema que conforme los dispuesto en el artículo
anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:
1. Invalidez causada por enfermedad:
Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración.
2. Invalidez causada por
accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres
(3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma.
Parágrafo 1º. Los menores de
veinte (20) años de edad sólo deberán acreditar que han cotizado veintiséis
(26) semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su
invalidez o su declaratoria.
Parágrafo 2º. Cuando el
afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas
para acceder a la pensión de vejez, sólo se requerirá que haya cotizado 25
semanas en los últimos tres (3) años”.
Sobre la pensión de invalidez, la jurisprudencia
constitucional ha sostenido que es una forma de “realizar el mandato
previsto en el artículo 13 constitucional, al brindar especial protección a las
personas disminuidas físicamente”[25].
También, que guarda un estrecho vínculo con los derechos fundamentales al
mínimo vital y a la vida digna de las personas que han visto menguada en más
del 50% su capacidad laboral, toda vez que es una prestación económica destinada
a garantizar sus necesidades básicas ante la imposibilidad de proveerse de
forma autónoma los propios recursos[26].
2.3.2. La protección constitucional de las personas jóvenes
en estado de invalidez. Reiteración de jurisprudencia
La sentencia T-777 de 2009[27]
inició la línea jurisprudencial que establece la protección de la población joven
que al inicio de su vida laboral se veía sorprendida por una disminución de su
fuerza de trabajo superior al 50%, por enfermedad o accidente, sin haber
reunido las 50 semanas cotizadas en los tres años anteriores a la
estructuración de la pérdida de capacidad laboral, requisito exigido por la legislación para para acceder a la pensión de
invalidez.
En tal sentencia, la Sala Novena de
Revisión estudió el caso de una mujer de 23 años que, tras ser arrollada por
una buseta de servicio público fue calificada con un 76,45% de pérdida de
capacidad laboral. En virtud de los aportes que hasta ese momento había
realizado al sistema de seguridad social en salud y pensión, solicitó a Porvenir
S.A. el reconocimiento de la pensión de invalidez. La entidad negó la petición
señalando que la interesada únicamente tenía 34 semanas cotizadas en los tres
años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, siendo necesarias
50 según lo contempla el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, que modificó el
artículo 39 de la Ley 100 de 1993. Razón por la cual ella acudió a la acción de
tutela solicitando la protección de su derecho fundamental a la seguridad
social.
Para abordar el caso, la Sala Novena de
Revisión recordó que diversos organismos internacionales[28] así como la legislación nacional[29] consideraban la etapa de la juventud entre los 14 y 15 años hasta
los 26.
A partir de esto, precisó “que las normas que pretendan beneficiar
al segmento joven de la población, necesariamente deben comprender, en
principio, a todas las personas que se encuentran dentro del rango de edad
anteriormente señalada, así está contemplado por los organismos internacionales
y en esa forma lo ha entendido el Legislador colombiano”[30].
Por ello, esa Sala advirtió que uno de los
eventos en los que el legislador quiso dar protección especial a un segmento
joven de la población se reflejaba en el parágrafo 1 del artículo 39 de la Ley
100 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, por cuanto
para acceder a la pensión de invalidez impuso unos requisitos menos rigurosos a
los menores de 20 años, quienes deben haber cotizado como mínimo 26 semanas en
el año anterior a la fecha de estructuración de la invalidez o de su
declaratoria. Diferentes a los exigidos al resto de la población mayor a esa
edad, quienes para acceder al mismo beneficio debían acreditar 50 semanas en
los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad
laboral.
Ante tal panorama, se preguntó por qué dicho
trato especial no se extendía a los mayores de 20 años y menores de 26,
teniendo en cuenta que se trata de un rango de edad en el que la persona aún es
joven según el criterio legal. Tras indagar en los antecedentes de dicha ley, esa
Sala no encontró una justificación para tal exclusión y concluyó que quienes se
ubicaban entre esas edades estaban ante un déficit de protección frente a la
invalidez, porque tendrían que haber cotizado 50 semanas en los últimos 3 años,
a pesar de pertenecer también a un sector joven que apenas había iniciado su
vida laboral.
A partir del anterior razonamiento, interpretó
que el beneficio atribuido a los jóvenes menores de 20 años “puede
predicarse in extenso a aquellas personas que como la accionante se encuentra
en idénticas situaciones fácticas que una joven que apenas comienza su vida
laboral a los 23 años”.
Por tal motivo, en uso de la facultad
constitucional derivada del artículo 4 superior, la Sala Novena inaplicó al
caso concreto el parágrafo 1º del artículo 1 de la Ley 860 de 2003 “en
cuanto a la edad requerida de 20 años, con el fin de materializar la protección
real y efectiva del derecho a la seguridad social de la accionante (…), quien
se encuentra en estado de debilidad física y manifiesta”. Para, en su lugar,
emplear directamente la Constitución Política en sus artículos 1, 2, 13, 45, 48
y 53.
La línea de decisión anteriormente descrita
fue replicada sucesivamente por las diversas salas de revisión de la Corte
Constitucional que conocieron situaciones de hecho similares. Así se refleja en
las sentencias T-839 de 2010[31], T-934 de 2011[32], T-246 de 2012[33], T-506 de 2012[34], T-930 de 2012[35], T-1011 de 2012[36], T-630 de 2013[37], T-819 de 2013[38], T-443 de 2014[39] y T-580 de 2014[40].
Ya con la sentencia C-020 de 2015, la Corte
Constitucional condicionó la constitucionalidad del referido criterio de edad, en
el entendido “de que se aplique, en cuanto sea más favorable, a toda la
población joven”, incluso hasta aquellos con 26 años, según los
criterios de las salas de revisión al respecto.
Con posterioridad a esta sentencia, otras decisiones como T-366 de 2016[41] y T-179 de 2017[42] resolvieron casos similares.
Cabe destacar que en todas las sentencias
de tutela mencionadas, los accionantes tenían menos de 26 años de edad al
momento de haberse estructurado o declarado su pérdida de capacidad laboral; y contaban
con menos de 50 semanas de cotización en los últimos tres años, siendo esta la
razón por la cual las correspondientes administradoras de pensiones negaron la
pensión de invalidez.
Igualmente, en virtud de la aplicación del
parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, en algunos casos el conteo
de las 26 semanas exigidas en el último año se hizo tanto desde la fecha de
estructuración de la invalidez como desde su declaratoria, según la alternativa
que favoreciera al accionante[43].
De esas decisiones también se extrae que la
única regla que la Corte inaplicó por inconstitucional fue el criterio de edad
contenido en el parágrafo ya mencionado. Por lo que el requisito de haber
cotizado 26 semanas en el año anterior a la estructuración de la invalidez o su
declaratoria no tuvo ni tiene actualmente ninguna excepción. Ejemplo de ello es
que en la sentencia T-506 de 2012, al resolver una de las dos tutelas
acumuladas, la correspondiente Sala negó la pensión de invalidez a uno de los
accionantes toda vez que, si bien era menor de 26 años y había cotizado 26
semanas, estas no fueron aportadas en el año anterior a la estructuración de la
invalidez sino a lo largo de cuatro años.
Con todo, la Sala considera necesario
precisar que la sentencia C-020 de 2015 representa un cambio en la forma de
solucionar estos casos. Antes de ella, las diferentes salas de revisión de
tutelas de la Corte Constitucional inaplicaban el criterio de edad del
parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, como herramienta decisoria,
en uso de la facultad conferida a los jueces por el artículo 4 superior. Sin
embargo, a partir de la publicación de esa sentencia, dado que la norma ha sido
declarada conforme con la Constitución Política en forma condicionada, lo
consecuente es que el juez de tutela aplique extensivamente dicha regla de modo
que cobije a las personas de hasta 26 años de edad, siempre y cuando cumplan
con el resto de los requisitos, esto es, haber cotizado 26 semanas en el año
anterior a la fecha de estructuración de la invalidez o su declaratoria.
2.3.3. La capacidad laboral residual en el reconocimiento
de la pensión de invalidez derivada de enfermedades congénitas, crónicas y/o
degenerativas. Reiteración de jurisprudencia
Como se vio, para acceder a la pensión de invalidez, el
afiliado debe tener una pérdida de capacidad laboral superior al 50% y haber
cotizado cincuenta semanas en los tres años inmediatamente anteriores a la
calificación de la invalidez. Así vistos, estos requisitos no parecen tener
ninguna dificultad interpretativa para su aplicación, sin embargo, la realidad
de los casos revisados por esta Corporación ha revelado situaciones que no se
ajustan al molde.
Se trata del escenario particular de los trabajadores que por
padecer enfermedades crónicas, genéticas y/o degenerativas son calificados con
un 50% o más de pérdida de capacidad laboral, pero la estructuración es fijada el día del nacimiento, del diagnóstico, del primer síntoma
o cualquier otra fecha cercana a estas.
Ante tal panorama, llegado el momento de solicitar la pensión
de invalidez, el afiliado se encuentra con una respuesta negativa de la
administradora de pensiones correspondiente, bajo el argumento de que en los 3
años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez no fueron
aportadas las 50 semanas exigidas por la ley, dejando fuera de dicho conteo el
tiempo cotizado con posterioridad a esa fecha, en virtud de la actividad laboral
que la enfermedad le permitió ejercer hasta cuando las condiciones de salud lo
permitieron.
Al esfuerzo realizado por un trabajador en la anterior situación,
la jurisprudencia constitucional lo ha denominado capacidad laboral residual,
que en términos de la propia Corte consiste en “la posibilidad que tiene una
persona de ejercer una actividad productiva que le permita garantizar la
satisfacción de sus necesidades básicas, pese a las consecuencias de la
enfermedad”[44].
La Corte Constitucional ha venido conociendo de las acciones
de tutela presentadas por quienes están en condiciones similares a la descrita,
donde alegan la presunta vulneración del derecho fundamental a la seguridad
social, a la vida digna y al mínimo vital por parte de las administradores de
pensiones, al no contabilizarles las semanas cotizadas con posterioridad a la
fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral, con las cuales
completarían el requisito exigido para acceder a la pensión.
En la sentencia SU-588 de 2016[45]
la Sala Plena de esta Corporación reiteró y unificó su jurisprudencia sobre
este tipo de casos, refiriéndose primero a la forma en que deben actuar las
administradoras de pensiones:
“(…) no es racional ni
razonable que la Administradora de Fondos de Pensiones niegue el reconocimiento
del derecho a la pensión de invalidez a una persona que sufre una enfermedad
congénita, crónica y/o degenerativa, tomando como fecha de estructuración de la
pérdida de capacidad laboral del día del nacimiento, uno cercano a este, el
momento en el que se presentó el primer síntoma o diagnóstico, desconociendo,
en el primer caso, que para esa persona era imposible cotizar con anterioridad
ad su nacimiento y, en el segundo y tercero que, pese a las condiciones de la
enfermedad, la persona pudo desempeñar una labor y, en esa medida, desechando
las semanas aportadas con posterioridad al momento asignado en la calificación.
Además, negar el reconocimiento del derecho a la pensión de invalidez, con
fundamento en lo anterior, implicaría asumir que las personas en situación de
discapacidad, en razón de su estado de salud, no pueden ejercer una profesión u
oficio que les permita garantizarse una vida en condiciones de dignidad y que,
en esa medida, nunca podrán aspirar a un derecho pensional, postulado que a
todas luces es violatorio de tratados internacional y discriminatorio”[46].
Luego, la Corte señaló que para poder incluir en el conteo el
número de semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración de
la invalidez, debe tenerse certeza de que estas fueron fruto de la capacidad
laboral residual de la persona que padece la enfermedad congénita, crónica y/o
degenerativa:
“Es por eso que esta
Corporación ha establecido que, luego de determinar que la solicitud fue
presentada por una persona con una enfermedad congénita, crónica y/o
degenerativa, a las Administradoras de Fondos de Pensiones, les corresponde
verificar que los pagos realizados después de la estructuración de la
invalidez, (i) hayan sido aportados en ejercicio de una efectiva y probada
capacidad laboral residual del interesado y (ii) que éstos no se realizaron con
el único fin de defraudar al sistema”[47].
Estos lineamientos han sido igualmente aplicados por las
distintas salas de revisión de la Corte Constitucional, tanto para conceder
como para negar la tutela de los derechos invocados, según se pruebe que las
semanas aportadas con posterioridad a la fecha de estructuración obedecieron a
la capacidad laboral residual del afiliado.
Por ejemplo, en las sentencias T-354 de 2018[48]
y T-157 de 2019[49]
fueron concedidos los amparos solicitados al comprobarse que los accionantes,
con pérdidas de capacidad laboral superiores al 50%, pacientes de enfermedades
congénitas, crónicas y/o degenerativas, habían realizado aportes con
posterioridad a la fecha de estructuración con ocasión de su capacidad laboral
residual.
En sentido opuesto, la sentencia T-411 de 2019[50]
negó el amparo de los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo
vital y a la vida digna de uno de los casos allí resueltos. Aun cuando se
trataba de una persona que padecía una enfermedad crónica y contaba con un
porcentaje de pérdida de capacidad laboral superior al 50%, no pudo acreditar que
los aportes realizados luego de la fecha de estructuración provinieran de su
actividad laboral, puesto que fueron hechos por un familiar cercano.
2.4. Caso Concreto
En agosto de 2019, a través de su guardadora legítima, Cristian
Correa Múnera solicitó a Porvenir S.A. el reconocimiento y pago de la pensión
de invalidez, en virtud de que el 11 de agosto de 2017 había sido calificado
con un 96,58% de pérdida de capacidad laboral de origen común, estructurada el
1 de febrero de 2015.
El 6 de septiembre de 2019 Porvenir S.A. negó la solicitud luego
de concluir que el actor no cumplía el requisito de haber cotizado 50 semanas
en los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la
invalidez, previsto en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993.
En consecuencia, a través de apoderado, la guardadora
legítima del accionante solicitó la protección judicial de los derechos
fundamentales de Cristian Correa Múnera a la seguridad social, a la vida digna
y al mínimo vital, por considerar que este sí tiene derecho a la pensión de
invalidez, no conforme el numeral 1 del artículo 1 de la Ley 860 de 2003, que
exige 50 semanas, sino del parágrafo 1º de la misma norma, que exige 26 semanas
en el año anterior a la estructuración de la invalidez o su declaratoria, a
quienes sean menores de 26 años, regla aplicable al accionante en virtud de la
sentencia C-020 de 2015.
De acuerdo con lo anterior, la Sala establecerá si Porvenir
S.A. vulneró los derechos fundamentales cuya protección invoca el accionante al
negarle la pensión de invalidez, sin dar aplicación a los conceptos de
capacidad laboral residual y de interpretación extensiva del parágrafo 1º del
artículo 1º de la Ley 860 de 2003, conforme la sentencia C-020 de 2015. Para
tal fin, se abordarán separadamente cada una de estas salidas jurídicas para
determinar si le asiste el derecho al actor.
2.4.1. Análisis del caso a la luz del concepto de
capacidad laboral residual
Con posterioridad al 1 de febrero de 2015, fecha de
estructuración de la invalidez, el accionante cuenta con un alto número de
semanas cotizadas, según se evidencia del reporte de Porvenir S.A.
Conforme este documento, entre
febrero de 2015 y julio 2019 el empleador del accionante realizó los
correspondientes aportes sin interrupción, lapso dentro del cual se contabiliza
un total de 227,14 semanas[51].
Si se contabilizan esas semanas bajo el concepto de
capacidad laboral residual, fácilmente se advierte que el actor cumpliría con
el requisito de haber cotizado 50 semanas dentro de los tres años anteriores a
la última cotización, pues se presumiría que hasta julio de 2019 su condición
de salud le permitió trabajar.
Sin embargo, la Sala no encuentra posible aplicar tal concepto
al caso del accionante por una sencilla razón. Su pérdida de capacidad laboral
no es producto de una enfermedad congénita, crónica y/o degenerativa, sino que
tuvo origen en un accidente de tránsito tras el cual quedó en estado
vegetativo.
Así las cosas, no se cumple el supuesto fáctico que exige la
capacidad laboral residual, según el cual el aporte al sistema de seguridad
social en pensiones con posterioridad a la fecha de estructuración de la
invalidez debe ser fruto de la actividad laboral de la persona que padece el
tipo de enfermedades atrás referido.
Esta situación no puede predicarse del accionante, dado que
no padece ninguna enfermedad crónica, genética y/o degenerativa y resulta
materialmente imposible que con posterioridad al 1 de febrero de 2015 pudiera
ejercer alguna actividad laboral debido a que el accidente en motocicleta que
sufrió ese día lo dejó incapacitado física e intelectualmente para ello. Por tal
razón, la Sala descarta la posibilidad de contar las semanas que cotizó después
de esa fecha en aplicación del precedente constitucional relacionado con la capacidad
laboral residual, a efectos de obtener la pensión de invalidez.
Por tanto, no era jurídicamente viable que, como lo señaló
el apoderado del accionante, Porvenir S.A. otorgara la pensión de invalidez al
actor bajo el criterio de la capacidad laboral residual, pues no le era
aplicable.
2.4.1. Análisis del caso concreto a la luz de la C-020 de
2015 y la aplicación extensiva del parágrafo 1º del artículo 39 de la Ley 100
de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003
El apoderado del accionante alegó en el escrito de tutela
que la norma que debe considerarse para el reconocimiento de la pensión de
invalidez no es la referida a las 50 semanas, sino el parágrafo 1º del mismo
artículo 39 de la Ley 100 de 1993, el cual, recordemos, tras el
condicionamiento de la Corte, consagra lo siguiente:
“Los menores de veinte años de
edad deberán acreditar que han cotizado veintiséis (26) semanas en el último
año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su
declaratoria”.
Sostuvo también, con base en esa norma, que en el caso de su
representado las semanas debían contarse desde la declaratoria de la invalidez.
Y que debía seguirse el lineamiento de la sentencia C-020 de 2015, que declaró
exequible el referido parágrafo y posibilitó su aplicación a las personas de
hasta veintiséis años, dependiendo del caso concreto y a criterio del juzgador.
En efecto, la sentencia C-020 de 2015 fue clara cuando
declaró exequible el contenido del parágrafo 1º del artículo 39 de la Ley 100
de 1993, en el entendido de que su aplicación se hiciera extensible a las
personas de hasta 26 años de edad.
Tal condicionamiento tuvo origen en el hecho de (i) no encontrar
una justificación válida del legislador para excluir de dicha protección a las
personas que tuvieran más de 20 años; y (ii) el precedente consolidado de las
distintas Salas de Revisión, el cual venía inaplicando el criterio de edad de
dicha regla para aplicar directamente la Constitución Política y proteger a
aquellas personas que tuvieran hasta 26 años.
La Sala advierte que el precedente citado es claro y que no
existe una razón jurídica que impida aplicarlo en este caso concreto, pues ha
sido una posición jurisprudencial reiterada y sostenida desde la sentencia
T-777 de 2009, la cual sentó las bases para que en casos similares y sucesivos a
ese se inaplicara el límite de edad de modo que cobijara también a aquellas
personas de hasta 26 años y con más del 50% de pérdida de capacidad laboral, en
razón del déficit de protección en el que se encontraban frente a la
contingencia de la invalidez.
Es importante recalcar que además de la edad, el referido
parágrafo exige otra condición para acceder a la pensión de invalidez. Esto es,
que la persona haya cotizado 26 semanas al sistema de pensiones en el año
inmediatamente anterior a la fecha de estructuración o de su declaratoria. Entonces,
el propio legislador permitió hacer el conteo de las 26 semanas a partir de dos
momentos. En cualquiera de ellos, se aclara, la persona debe estar en el rango
de edad protegido por la jurisprudencia constitucional, es decir, hasta 26
años.
Según el reporte de semanas allegado como prueba por la
parte accionante, documento expedido por Porvenir S.A., antes de la fecha de
estructuración de la invalidez, esto es, el 1 de febrero de 2015, el actor llevaba
9 meses como aportante al sistema de pensiones, periodo en el cual cotizó 24,28
semanas[52],
siendo necesarias 26 para acceder a la pensión. En consecuencia, bajo esta
premisa no cumple el mínimo exigido para acceder a la pensión de invalidez.
Sin embargo, como ya se advirtió, el conteo de semanas
también debe hacerse en el año anterior a la fecha de la declaratoria de la
invalidez, la cual, en el caso del accionante, se dio el 11 de agosto de 2017, conforme
el oficio en el que la EPS Sura le notificó el dictamen.
De acuerdo con el reporte de semanas cotizadas, en el año
anterior al 11 de agosto de 2017, fecha de declaratoria de la invalidez, el
accionante cotizó 55,71 semanas[53],
superando con ello el mínimo de 26 requeridas para acceder a la pensión de
invalidez conforme el parágrafo 1º del artículo 39 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003.  Regla que lo cobija de
manera extensiva debido al criterio interpretativo contenido en la sentencia
C-020 de 2015, ya en firme para esa fecha.  Además, valga aclarar que el
accionante contaba con 25 años de edad cuando fue declarada su pérdida de
capacidad laboral, en tanto nació el 1 de septiembre de 1992[54],
encontrándose así en el rango de protección establecido por la jurisprudencia
de esta Corporación.
La conclusión a la que llega la Sala no debe tomar por
sorpresa a la entidad accionada. Por hechos similares al presente caso Porvenir
S.A. ya había sido demandada en otras acciones de tutela también conocidas por
esta Corporación, cuyo resultado fueron las sentencias T-777 de 2009, T-1011 de
2012, T-580 de 2014 y T-366 de 2016. En tal sentido, para esa entidad no es
novedoso el criterio jurisprudencial aquí aplicado.
Porvenir S.A. debió observar el referido criterio al momento
de decidir sobre la solicitud de pensión de invalidez que elevó el accionante a
través de su guardadora legítima. El no hacerlo implicó una clara vulneración por
omisión de los derechos fundamentales de Cristian Correa Múnera a la seguridad
social, al mínimo vital y a la vida digna, pues se trata de una persona que a 9
meses de haberse activado laboralmente sufrió un accidente que lo dejó
totalmente incapacitado para volver a trabajar en toda su vida, cuando tenía de
22 años, situación grave y angustiante no sólo para él sino también para su
madre, quien actualmente lo cuida dada su condición de extrema vulnerabilidad.
Por lo dicho, la Sala prevendrá a Porvenir S.A. para que, en lo sucesivo, acate
las reglas establecidas en la jurisprudencia frente a casos como el presente y
no vuelva a desconocer las garantías fundamentales de personas que se
encuentran en situación de discapacidad y son menores de 26 años.
En consecuencia, la Sala revocará las decisiones de
instancia proferidas por el Juzgado
Promiscuo Municipal de Donmatías (Antioquia), y el Juzgado Promiscuo de Familia
de Santa Rosa de Osos, del mismo departamento, en primera y segunda instancia,
respectivamente, en tanto negaron el amparo de
los derechos a la seguridad social, a la vida digna y al mínimo vital invocados
por Cristian Correa Múnera. En su lugar, concederá la tutela de estos derechos
y ordenará a Porvenir S.A. que, en un término de cuarenta y ocho (48) horas a
partir de la notificación de la presente sentencia, reconozca y pague al
accionante la pensión de invalidez a la que tiene derecho.
3. Decisión
Con fundamento en las consideraciones expuestas en
precedencia, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR las sentencias proferidas por el Juzgado Promiscuo Municipal de Donmatías (Antioquia)
el 7 de noviembre de 2019, y el Juzgado Promiscuo de Familia de Santa Rosa de
Osos (Antioquia) el 13 de diciembre de 2019, en primera y segunda instancia,
respectivamente, que negaron la solicitud de amparo presentada mediante
apoderado judicial por Cristian Correa Múnera contra Porvenir S.A.
SEGUNDO. En su lugar, CONCEDER a
Cristian Correa Múnera el amparo de sus derechos fundamentales a la seguridad
social, al mínimo vital y a la vida digna.
TERCERO. ORDENAR a Porvenir S.A. que en el término de cuarenta y
ocho (48) horas a partir de la notificación de esta sentencia, reconozca y
pague a Cristian Correa Múnera la pensión de invalidez.
CUARTO. PREVENIR a Porvenir S.A. para que, en lo
sucesivo, acate las reglas establecidas en la jurisprudencia frente a casos
como el presente y no vuelva a desconocer las garantías fundamentales de
personas que se encuentran en situación de discapacidad y son menores de 26
años.
QUINTO. LIBRAR las comunicaciones -por Secretaría
General de la Corte Constitucional-, así como DISPONER las
notificaciones a las partes -a través del Juez de primera instancia-, previstas
en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Comuníquese, publíquese y cúmplase
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL
MAGISTRADO
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
A LA SENTENCIA T-320/20
Respetuosamente
presento las razones que sustentan mi voto particular en el asunto de la
referencia.
1. La Corte conoció la acción de tutela
formulada por la guardadora legítima y progenitora del señor Cristian Correa
Múnera contra Porvenir S.A., con el propósito de que se
protegieran los derechos fundamentales de su pupilo a
la seguridad social, al mínimo vital, y a la vida en condiciones dignas y, en
consecuencia, se ordenara el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.
2. Sostuvo la accionante que el 1º de febrero de 2015, cuando el señor
Correa Múnera tenía 22 años, sufrió un accidente de tránsito que le ocasionó un
traumatismo craneoencefálico severo y un estado vegetativo persistente.
Explicó que el 11 de agosto de 2017 se le dictaminó una pérdida de
capacidad laboral del 96.58%, con fecha de estructuración correspondiente al
día del siniestro. Refirió que la empresa Lácteos Betania S.A., empleadora del
señor Correa Múnera, continuó realizando aportes al sistema general de
seguridad social con posterioridad al accidente[55]. El resumen
de las semanas cotizadas se detalla a continuación:
Evento
Fecha
N.° de semanas
Accidente de tránsito
1° de febrero de 2015
24.5
Fecha de declaratoria del estado de invalidez
11 de agosto de 2017
140[56]
Fecha de presentación de la acción de tutela
24 de octubre de 2019
268
3. El 20 de agosto de 2019, la guardadora solicitó ante Porvenir S.A.
el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez;
sin embargo, el 6 de septiembre del mismo año, la
entidad negó la petición tras señalar que el señor Correa Múnera no cumplía el
requisito de 50 semanas de cotización en los 3 años anteriores a la fecha de
estructuración de la invalidez, aplicando así la hipótesis normativa general
establecida para la población mayor de 26 años[57].
4. Para
resolver el asunto, la Sala de Revisión explicó que de acuerdo con el parágrafo
1° del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, “los menores de veinte (20) años
de edad solo deberán acreditar que han cotizado veintiséis (26) semanas en el
último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su
declaratoria”; asimismo, recordó que la sentencia C-020 de 2015[58]
condicionó la constitucionalidad del señalado parágrafo en el sentido de que se
debe aplicar “en cuanto sea más favorable, a toda la población joven”,
es decir, aquellos que tengan hasta 26 años. En ese orden, toda vez que el
señor Correa Múnera presentaba una pérdida de la capacidad laboral del 96.58%, contaba con 25 años cuando se expidió el dictamen[59], y superaba
el número de semanas requerido para acceder a la prestación[60] (tomando
como hito temporal el año anterior a la declaratoria de invalidez), la
sentencia T-320 de 2020 concedió el amparo iusfundamental,
ordenando a Porvenir S.A. reconocer y pagar definitivamente la pensión de
invalidez solicitada.
5. Comparto el amparo del derecho fundamental a la seguridad social del
señor Correa Múnera, dado que la entidad accionada, al resolver la solicitud
pensional, aplicó una hipótesis normativa que no se aviene al caso concreto[61],
desconociendo la amplia jurisprudencia constitucional[62] que señala que el parágrafo 1º del artículo
39 de la Ley 100 de 1993 resulta extensivo a las personas que tienen 26 años
inclusive. Asimismo, de conformidad con lo probado en el expediente existe un
nivel considerable de certeza respecto del derecho pensional. No obstante,
considero que en este caso la protección debió concederse con efectos
transitorios porque (i) no se constató suficientemente la afectación
al mínimo vital como una de las condiciones jurisprudenciales para otorgar el
amparo de forma definitiva en asuntos pensionales y (ii) la hipótesis
normativa a partir de la cual se contabilizaron las semanas para acceder a la
prestación se utilizó desatendiendo el precedente constitucional frente a casos
similares, y se omitió constatar si el tiempo cotizado después del hecho
causante de la invalidez tuvo la finalidad de defraudar al sistema pensional.
No se constató suficientemente la afectación al mínimo vital
6. En relación con las controversias pensionales, la jurisprudencia
constitucional ha establecido que la acción de amparo en principio es
improcedente, pues, para la defensa de sus derechos los interesados tienen el
escenario de debate judicial ante la jurisdicción laboral. Con todo, se ha
admitido que la tutela procede en casos excepcionales cuando las circunstancias
específicas del caso permiten concluir que los medios ordinarios de defensa
judicial no tienen vocación de ofrecer una protección efectiva u oportuna, o
cuando es preciso evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el
cual la protección se debe otorgar con efectos transitorios.
7. Asimismo, la Corte ha indicado en múltiples oportunidades que la
acción de tutela es procedente para conceder de forma definitiva un derecho
pensional, siempre que se cumplan las siguientes condiciones[63]: i) que
la falta de pago de la prestación o su disminución genere un alto grado de
afectación de los derechos fundamentales, en particular del derecho al mínimo
vital; ii) que el accionante haya desplegado cierta actividad
administrativa y judicial con el objetivo de que le sea reconocida la
prestación reclamada; iii) que se acredite siquiera sumariamente las
razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la
protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados, y iv)
que exista una mediana certeza sobre el cumplimiento de los requisitos de
reconocimiento del derecho reclamado.
8.  En el presente asunto, la mayoría encontró que se satisfacen
algunos de los mencionados supuestos en tanto la parte accionante ha desplegado
cierta actividad administrativa para obtener el reconocimiento de la prestación
a favor de su pupilo, asimismo, que el señor Correa Múnera se hallaba en una
situación de vulnerabilidad por cuenta de su estado de salud y, en principio,
existía certeza respecto del derecho pensional; no obstante, es evidente que la
Sala omitió considerar que, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación,
para evaluar la procedibilidad definitiva del amparo igualmente es necesario
constatar si la falta de pago de la prestación ocasiona la afectación al mínimo
vital[64].
9. En efecto, en la sentencia T-040 de 2015, al resolver un caso
análogo, la Corte pudo corroborar que la ausencia de reconocimiento de la
pensión de invalidez implicaba una afectación al mínimo vital de la parte
accionante, porque la prestación constituía la única fuente de ingresos con la
que contaba para la satisfacción de sus necesidades básicas, y para proporcionarse los controles y tratamientos
médicos requeridos en lo no cubierto por el plan de beneficios en salud;
en igual sentido, pueden citarse pronunciamientos más recientes, como las
sentencias T-525 y T-529 de 2019, las cuales determinaron que el amparo
procedía definitivamente con fundamento no solo en las circunstancias de salud
del peticionario, en la certeza sobre el derecho o en la actividad desplegada
para obtener el reconocimiento, sino también en la demostrada precariedad de su
situación económica.
10.
En ese orden, también resultaba necesario clarificar
aquellas circunstancias económicas del actor que, eventualmente, podrían
constituir dificultades objetivas para soportar las cargas que impone el
proceso ordinario laboral. Por ejemplo, si el accionante o su núcleo familiar
presentaba dificultades económicas con la capacidad suficiente para impactar en
la realización de sus derechos al mínimo vital y/o a la vida digna; si recibía
algún tipo de ingreso, ya sea por concepto de incapacidad o de salario, ello
teniendo en cuenta que la empresa Lácteos Betania S.A. aún se encontraba
realizando las cotizaciones al SGSS, lo que permitía considerar inicialmente
que la relación laboral subsistía; si la guardadora (progenitora) desarrollaba
actividades económicas o laborales y, en general, si el núcleo familiar contaba
con los recursos suficientes para garantizar la mínima subsistencia del señor Correa
Múnera[65].
11.
Ahora bien, debo indicar que la ponencia de la cual me
aparto refirió brevemente que dado el estado de indefensión en la que se
encontraba el actor y su consecuente situación de sujeto de especial protección
constitucional, era posible presumir que su derecho al mínimo vital dependía
de la solución expedita de la controversia suscitada sobre la pensión de
invalidez; posición que ciertamente en casos similares algunas salas de
revisión han sostenido[66]
basándose en la incapacidad casi absoluta del actor para acceder a medios de
subsistencia. Empero, estimo que, independientemente de que en este caso
fuera posible llegar a la presunción, la Corte debió verificar con mayor
profundidad (no de forma tan somera) la afectación al mínimo vital a partir los
elementos de juicio que reposan en el expediente, y si estos eran insuficientes
y persistían dudas al respecto (supra, párrafo 9), debió decretar
oficiosamente las pruebas necesarias para determinar la real afectación al
mínimo vital.
12.
No desconozco que, como lo advirtió la Sala, en este
asunto existían otros elementos relevantes que, en principio, permitían
conceder la protección: primero, que el accionante es un sujeto de
especial protección constitucional, dada su delicada condición de salud
derivada del traumatismo craneoencefálico severo que sufrió (debilidad
manifiesta), el cual implicó la pérdida casi total de su capacidad laboral y de
su autonomía; segundo, que el examen de procedibilidad de la acción de
tutela debe ser menos estricto cuando se encuentran comprometidos derechos de
este tipo de sujetos; y, tercero, que la
situación de vulnerabilidad física extrema del señor Correa Múnera[67]
tornaba indispensable la adopción de medidas urgentes para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable[68]; no obstante, teniendo en cuenta
que la afectación al mínimo vital no estaba suficientemente demostrada en
tanto la Sala omitió participar de forma activa y dinámica para constatar los
hechos expuestos, lo más razonable y ajustado al precedente (supra,
párrafo 8) resultaba ser la concesión del amparo con efectos transitorios,
para que fuera el juez natural del asunto quien zanjara definitivamente la
controversia, resguardando también la acción de tutela como herramienta
excepcional de protección de derechos fundamentales, en respeto de los medios
ordinarios de defensa judiciales.
El hito temporal a partir del cual se contabilizaron las semanas
para acceder a la prestación se utilizó sin tener en consideración la
jurisprudencia constitucional sobre asuntos similares y, en todo caso, no se
constató si el tiempo cotizado después del hecho causante de la invalidez tuvo
la finalidad de defraudar al sistema.
13.
Según se ha explicado en el caso bajo examen se dio
aplicación al parágrafo 1° del artículo 39 de la Ley
100 de 1993. En ese parágrafo, al momento de definir el requisito de densidad
de semanas para el acceso de las personas jóvenes a la pensión de invalidez, el
Legislador estableció una regla distinta a la que diseñó en los incisos primero
y segundo del mismo artículo. Así, mientras en el primero se plantea que para
la pensión de invalidez por enfermedad se debe acreditar 50 semanas dentro de
los tres años anteriores a la fecha de estructuración[69] y
en el inciso segundo se establece que para la pensión de invalidez por
accidente es necesario acreditar el mismo número de semanas dentro de los tres
años anteriores al hecho causante, en el parágrafo se define
como requisito contar con 26 semanas en el año anterior al hecho
causante o su declaratoria[70].
14.
Por ello, la Corte ha señalado que la simple lectura
del parágrafo permite inferir que en el caso de la pensión de invalidez para
personas menores de 20 años (aplicable hasta los 26 años con base en el
precedente previamente citado), “existen dos alternativas plausibles para
efectuar el conteo de las semanas exigidas por la ley para acceder al derecho”[71],
esto es, desde el suceso causante de la invalidez o desde la declaratoria.
15.
Igualmente, ha advertido que los criterios de efecto
útil e interpretación finalista obligan al operador judicial a dotar de sentido
las expresiones utilizadas por el Legislador para que cumplan los propósitos a
los que se dirige la norma examinada; en este caso, el Congreso de la República
habría previsto “una regulación independiente” para un caso excepcional,
esto es, “[l]a eventual pérdida de capacidad laboral superior al 50% de
personas que apenas inician su vida laboral”[72]. Ello,
considerando que un afiliado joven puede tener dificultades para acreditar un
amplio número de semanas antes de la fecha de estructuración de la invalidez
por enfermedad, o ante un evento que afecte de forma inesperada su capacidad
laboral.
16.
Cabe destacar que toda vez que el referido parágrafo 1°
no indica a qué tipo de evento determinador de la invalidez se debe aplicar
cada una de las alternativas para efectuar el conteo de las semanas (hecho
causante o declaratoria), esta Corporación a través de sus diferentes salas de
revisión ha delimitado la cuestión; particularmente, al resolver casos análogos
al presente, es decir, aquellos en los que el afiliado menor de 26 años perdió
de forma definitiva su capacidad de trabajo debido a un suceso imprevisto, han
acogido el hecho causante como límite temporal para contabilizar las
semanas que permiten acceder al derecho pensional. Esto, se colige, porque a
pesar de que el parágrafo es neutro, guarda mayor consonancia con el inciso
segundo y, en general, con el espíritu de la norma, que en los eventos de
invalidez por accidente el conteo se efectúe en el año
anterior al suceso desencadenante; además, porque la exigencia de cotizaciones
previas al estado de invalidez busca eliminar los incentivos al fraude, para
tratar de impedir que personas que se saben inválidas se afilien al sistema, o
realicen aportes con la única finalidad de acreditar
las semanas exigidas por la norma[73].
17.
Las providencias en las que la Corte ha adoptado el
hecho causante como momento para contabilizar las semanas son:
Sentencia
Circunstancia
que causó la invalidez
Hito
temporal a partir del cual se contabilizaron las semanas
T-246 de
2012
Imprevisible –
asalto a mano armada
Hecho causante
T-506 de
2012
Imprevisible –
accidente de tránsito
Hecho causante
T-128 de
2015
Imprevisible –
asalto a mano armada
Hecho causante
T-629 de
2015
Imprevisible –
accidente de tránsito
Hecho causante
18. Se recuerda que en la presente
oportunidad, la Sala verificó el cumplimiento del requisito desde la
declaratoria de invalidez; sin embargo, teniendo en cuenta la semejanza fáctica
del asunto con las mencionadas providencias lo más ajustado al precedente
constitucional era contabilizar las semanas en el año anterior al hecho
causante de la pérdida de capacidad laboral[74].
19.
Ahora bien, en la sentencia T-930 de 2012 la Sala Primera de
Revisión estudió el caso de un joven de 23 años que
sufrió un accidente de tránsito el cual le dejó como secuela permanente hemiparesia
derecha. A raíz de este suceso fue calificado con pérdida de capacidad laboral
del 65.75% de origen común, con fecha de estructuración correspondiente al día
del accidente. En esta ocasión, después de realizar un análisis en torno al
marco constitucional de protección a la juventud, la Sala consideró -de
forma contraria a las providencias reseñadas en el anterior cuadro-, que
resultaba procedente realizar el conteo de las semanas cotizadas en el año
anterior a la declaratoria de la invalidez. Como fundamento de dicha conclusión
se sostuvo que, en aplicación del principio de favorabilidad laboral (art. 53
Superior)[75],
para estudiar el cumplimiento del requisito de densidad, tanto el operador
judicial como los fondos administradores de pensiones, debían verificar cuál de
las dos opciones resultaba más beneficiosa al interesado.
20.
En ese orden, la Sala de Revisión concretó los eventos
en que se debe tener en cuenta uno u otro hito temporal, así: “en aquellas
circunstancias en las cuales exista duda sobre la estructuración
de la invalidez y la persona pueda seguir cotizando, la posibilidad de
analizar su situación realizando el conteo de semanas en el año anterior a la
fecha del dictamen redundará en beneficio del afectado. En las hipótesis en
que el evento causante de la disminución de capacidad laboral conlleve la
imposibilidad de cotizar puede resultar más favorable para el trabajador que el
conteo se efectúe tomando como referencia el año anterior a la fecha en que
ocurrió el mismo”[76].
Énfasis añadido.
21. En este
caso, es evidente que no existía duda sobre la fecha de estructuración
de la invalidez (1° de febrero de 2015, día del accidente), por lo que no
resultaba aplicable la primera hipótesis de la citada sentencia T-930. En
cambio, dado que el acontecimiento desencadenante de la pérdida de capacidad
laboral conllevaba la imposibilidad de cotizar (hipótesis 2), el hito temporal
que se debió tener en consideración era el hecho causante de la invalidez. De
tal forma, considero que un estudio más profundo y preciso de las sentencias
T-246 de 2012, T-506 de 2012, T-128 de 2015 y T-629 de 2015, incluso de la
sentencia T-930 de 2012 que en principio pareciera prohijar una proposición en
contrario, hubiera llevado a la conclusión de que era necesario verificar el
cumplimiento del requisito de las 26 semanas en el año anterior al siniestro.
22. Adicionalmente, es necesario indicar que
comparto el planteamiento de que el principio de favorabilidad debe regir toda
la actuación tendiente a determinar qué fecha se puede utilizar para realizar
el conteo de semanas en la población menor de 26 años, esto es, aquella que
otorga el acceso a la pensión; no obstante, la determinación de uno u otro
límite temporal debe obedecer al cumplimiento de la finalidad u objetivo
legítimo que el Legislador previó al establecer la norma, lo que obliga al
intérprete judicial a confrontar, por ejemplo, si las cotizaciones posteriores
al hecho causante de la invalidez tienen la única intención de obtener una
pensión (defraudar al sistema) o si en realidad se ajustan a la capacidad de
trabajo del actor, o a la vigencia legítima de una relación laboral.
23.
Por ello, la Sala, debió desplegar un debate
probatorio para estudiar con detenimiento las condiciones bajo las cuales la
empresa Lácteos Betania S.A. siguió realizando cotizaciones en favor del señor
Correa Múnera por más de 4 años. En efecto, el grave accidente que sufrió
en febrero del año 2015 lo incapacitó de forma total para el desarrollo de
cualquier labor, circunstancia que, de acuerdo con el artículo 62.15 del Código
Sustantivo del Trabajo[77],
facultaba al empleador para terminar con justa causa la relación laboral luego
de 180 días de incapacidad (agosto de 2015), previo concepto favorable del
Ministerio del Trabajo[78].
En otras palabras, dado que el señor Correa Múnera objetivamente no podía
prestar el servicio, la sociedad Lácteos Betania tenía la potestad de finalizar
la relación laboral[79],
por lo que no son claros los supuestos fácticos y jurídicos bajo los cuales el
contrato se extendió por un periodo de tiempo tan prolongado; incluso, al
momento de interponer la acción de tutela, las cotizaciones aún se estaban
realizando (4 años después del accidente).
24.
Corroborar dicha situación resultaba importante, en
primer lugar, porque, esta Corporación, tratándose de acciones que
pretenden el reconocimiento de pensiones en las que -como en el presente
caso- es posible realizar cotizaciones después de la estructuración de la
invalidez, ha sido enfática al señalar que, en aras de
evitar el fraude al sistema general de pensiones[80], se debe
analizar la petición a profundidad; p. ej., el dictamen médico, las condiciones
específicas del solicitante, su historia laboral, etc. En otros términos,
siempre es necesario indagar si los aportes se hicieron con la única finalidad
de acreditar las semanas exigidas por la norma. En segundo lugar, porque
a pesar de las dudas que subsisten la protección se concedió de forma
definitiva, cerrando cualquier discusión sobre el particular.
25.
No se debe perder de vista que las distintas
modalidades de fraude que se presentan en el Sistema General de Pensiones,
según fuentes oficiales, hasta el año 2019 habían generado pérdidas por más de
4.7 billones de pesos, circunstancia que afecta el ahorro pensional de todos
los demás afiliados[81];
por ello, el juez constitucional debe ser especialmente
cuidadoso ante las posibles situaciones de fraude al sistema, máxime, cuando un
gran número de pensiones se reconocen a través de la acción de tutela,
mecanismo judicial que por su naturaleza célere y expedita, no permite
adelantar un debate probatorio intenso propio de la jurisdicción ordinaria.
26.
Conforme a lo expuesto, considero que si la Sala en
virtud del principio de favorabilidad no pretendía contabilizar las semanas a
partir del hecho causante de la invalidez –como lo ha realizado la jurisprudencia
constitucional-, sino en el año anterior a su declaratoria (en virtud del
principio de favorabilidad), tuvo que haber llevado a cabo un debate probatorio
que permitiera descartar cualquier posible fraude  o corroborar las razones por
las cuales -aparentemente- la empresa Lácteos Betania continuó de forma
indefinida cotizando a favor del señor Correa Múnera, pese a que legalmente se
encontraba facultada para finalizar la relación laboral luego de 180 días de
incapacidad, es decir, aproximadamente en agosto del año 2015[82]. Como no fue
así lo más razonable y prudente de cara a la duda que persiste en la intención
de las cotizaciones era conceder el amparo con carácter transitorio, para que
fuera el juez natural del asunto quien aclarara dicha circunstancia a través de
un debate probatorio más intenso.
En los anteriores términos, presento salvamento parcial de voto a la
sentencia adoptada en esta oportunidad.
Fecha ut supra,
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
[1]
La Sala de Selección No. Dos de 2020, integrada por la
magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y el magistrado Antonio José Lizarazo
Ocampo, decidió seleccionar el expediente T-7.787.882 y repartirlo a la
magistrada Cristina Pardo Schlesinger, para que emitiera una decisión en el
marco de la revisión de tutelas por parte de la Corte Constitucional.
[2]
Folio 1, cuaderno de primera instancia.
[3]
Folio 175, cuaderno de primera instancia.
[4]
Folio 2, cuaderno de primera instancia.
[5]
“Art. 72. Devolución de saldos por invalidez. Cuando el
afiliado se invalide sin cumplir con los requisitos para acceder a una pensión
de invalidez, se le entregará la totalidad del saldo abonado en su cuenta
individual de ahorro pensional, incluidos los rendimientos financieros y
adicionado con el valor del bono pensional si a ello hubiera lugar. // No
obstante, el afiliado podrá mantener un saldo en la cuenta individual de ahorro
pensional y cotizar para constituir el capital necesario para acceder a una
pensión de vejez”.
[6]
Al respecto, cita un extracto de la sentencia T-715 de 2011,
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[7]
Al respecto, todas sus consideraciones están soportadas en una
cita extensa de la sentencia T-063 de 2018 (M.P. Alberto Rojas Ríos).
[8]
M.P. María Victoria Calle Correa.
[9]
Ibidem.
[10]
Constitución Política, artículo 86, en concordancia con el
artículo 1 del Decreto 2591 de 1991.
[11]
“Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en
todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.
Los poderes se presumirán auténticos. // También se pueden agenciar derechos
ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su
propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra deberá manifestarse en la
solicitud. // También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales.”.
[12]
Folio 7, cuaderno de primera instancia.
[13]
Sentencia T-792 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo: “De este modo,
la oportunidad en la interposición de la acción de tutela se encuentra
estrechamente vinculada con el objetivo que la Constitución Política le
atribuye de brindar una protección inmediata, de manera que, cuando ello ya no
sea posible por inactividad injustificada del interesado, se cierra la vía excepcional
del amparo constitucional (…)”.
[14]
Establece que la acción de tutela procederá “cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
[15]
Sentencia T-837 de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[16]
Ibidem.
[17]
Ibidem.
[18]
Sentencia T-546 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[19]
Además del alto porcentaje de pérdida de capacidad laboral del accionante, en
su historia clínica (folios 21 a 174, cuaderno principal) se lee el siguiente
diagnóstico: “TRAUMATISMOS DEL ENCEFALO Y NERVIOS CRANEALES CON TRAUMATISMO
DE NERVIOS Y MEDULA ESPINAL A NIVEL DEL CUELLO”. Allí mismo los médicos
ordenaron aspirador y concentrador de oxígeno para el manejo de la
traqueostomía (folio 174, ibidem).
[20]
La dependencia del accionante respecto de su progenitora se encuentra probada
en el folio 175 y subsiguientes (cuaderno principal), donde se halla la decisión
del 18 de febrero de 2019, proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia de
Santa Rosa de Osos (Antioquia), que declaró interdicto por discapacidad mental
al señor Cristian Correa Múnera y designó a la madre de este como su guardadora
legítima.
[21]
Sentencia T-506 de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[22]
Ley 100 de 1993, artículo 1.
[23]
Ibidem, artículo 10.
[24]
Los requisitos de la pensión de invalidez del régimen de prima
media están contemplados en los artículos 38, 39, 40 y 41de la Ley 100 de 1993.
Sin embargo, más adelante, cuando se desarrollan las reglas para acceder a la
pensión de invalidez en el régimen de ahorro individual, el artículo 69 señala
que deben observarse las mismas disposiciones que el régimen de prima media.
[25]
Sentencia T-506 de 2012, Jorge Iván Palacio Palacio.
[26]
Sentencia T-053 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
[27] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[28]
Para ser precisos la sentencia cita un pronunciamiento de las Nacionales Unidas
del 17 de diciembre de 1999 y el concepto de la Organización Mundial de la
Salud.
[29]
Específicamente, la sentencia hace referencia a la Ley 357 de 1997 o “Ley de
Juventud”, cuyo artículo 3º consagra que “se entiende por joven la persona
entre los 14 y los 26 años de edad”.
[30]
Sentencia T-777 de 2009.
[31]
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[32]
Ibidem.
[33]
Ibidem.
[34] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[35]
M.P. María Victoria Calle Correa.
[36]
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[37]
M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[38]
M.P. Mauricio González Cuervo.
[39]
M.P. María Victoria Calle Correa.
[40]
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[41]
M.P. Alberto Rojas Ríos.
[42]
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[43]
En la sentencia T-930 d 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa), la Corte
Constitucional señaló que, en aplicación del principio de favorabilidad, “corresponde
a las administradoras de fondos de pensiones verificar cuál de las dos opciones
resulta más beneficiosa para el interesado al momento de resolver su situación
pensional”.
[44]
Sentencia SU-588 de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[45]
Ibidem.
[46]
Ibidem.
[47]
Ibidem.
[48]
M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[49]
M.P. Alberto Rojas Ríos.
[50]
M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[51]
Folios 10 a 12, cuaderno de primera instancia.
[52]
Folio 10, cuaderno de primera instancia. De acuerdo con la referida prueba, el
actor no cotizó 12 semanas antes de la fecha de estructuración, como lo afirma
su apoderado en el escrito de tutela, sino 24,48.
[53]
Folios 10 a 12, cuaderno de primera instancia.
[54]
Folio 8, cuaderno de primera instancia.
[55]
Al momento de presentación de la solicitud de amparo la empresa Lácteos Betania
aún cancelaba dichos aportes.
[56]
Cotizó 55,71 en el año inmediatamente anterior a esta
fecha.
[57]
Ley 100 de 1993, artículo 39: “Tendrá derecho a la pensión
de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo
anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones: (…)
Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas
dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante
de la misma”.
[58]
Proferida el 21 de enero de 2015.
[59]
En tanto nació el 1° de septiembre de 1992.
[60]
Acreditó más de 55 semanas en el año inmediatamente anterior a la declaratoria
de la pérdida de capacidad laboral.
[61]
Inciso 3°, artículo 38, Ley 100 de 1993.
[62]
Ver las sentencias sentencias C-020 de 2015, T-580 de
2014, T-443 de 2014, T-819 de 2013, T-630 de 2013, T-1011 de 2012, T-930 de
2012, T-506 de 2012, T-246 de 2012, T-934 de 2011, T-839 de 2010 y T-777 del
2009, entre otras.
[63]
Sentencias T-059 de 2020, T-013 de 2020, T-529 de 2019, T-525 del 2019 y T-314
de 2019, entre otras.
[64]
En casos análogos al que se estudia, las salas de revisión
han analizado las circunstancias socioeconómicas de los accionantes y sus
núcleos familiares, como circunstancias relevantes al momento de valorar el
cumplimiento del requisito de subsidiariedad. Cfr. sentencias T-934 del
2011, T-930 del 2012, T-443 del 2014, T-040 del 2015 y T-128 del 2015.
[65]
Incluso para precisar las circunstancias socioeconómicas se
podría indagar en bases de datos públicas como el Sisbén.
[66]
Cfr. sentencias T-323 de 2018, T-654 de 2016, T-506 de 2012.
T-065 de 2006, T-992 de 2005 y T-125 de 2001.
[67]
En la sentencia se destaca que el accionante, como
consecuencia del trauma craneoencefálico severo, debe estar conectado a un “aspirador
de oxígeno” por medio de una traqueotomía.
[68]
Esta Corporación ha sostenido que el carácter residual y subsidiario de la
acción de tutela se flexibiliza cuando esta es invocada por sujetos de especial
protección constitucional. Así lo precisó la Sala Plena en la sentencia
SU-263 de 2015 al establecer que el carácter excepcional del recurso de
amparo puede llegar a tener algunas excepciones cuando:“(…) (ii) Aun cuando
tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela como
mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio irremediable a
los derechos fundamentales; (iii) Cuando el accionante es un sujeto de
especial protección constitucional (personas de la tercera edad,
personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada, niños
y niñas, etc.), y por tanto su situación requiere de particular
consideración por parte del juez de tutela” (énfasis añadido).
[69]
De acuerdo con el art. 3 del Decreto 1507 del 12 de agosto de
2014, “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la
Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”, la fecha de estructuración
se entiende como “la fecha en que una persona pierde un grado o porcentaje
de su capacidad laboral u ocupacional, de cualquier origen, como consecuencia
de una enfermedad o accidente, y que se determina con base en la evolución de
las secuelas que han dejado estos. Para el estado de invalidez, esta fecha debe
ser determinada en el momento en el que la persona evaluada alcanza el
cincuenta por ciento (50%) de pérdida de la capacidad laboral u ocupacional”.
[70]
De acuerdo con el art. 3 del Decreto 1507 del 12 de agosto de
2014, “Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la
Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”, la fecha de declaratoria de
la pérdida de la capacidad laboral corresponde a la fecha en la cual se emite
una calificación sobre el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral u
ocupacional.
[71]
Sentencia T-930 de 2012.
[72]
Ibídem.
[73]
Cfr. Castillo-Cadena,Fernando, La declaratoria de invalidez
como requisito de acceso a la pensión en el sistema general de pensiones, 122
Vniversitas,77-116 (2 011).
[74]
Es de destacar que, si bien en dicho
periodo de tiempo el señor Correa Múnera solo contaba con 24.5 semanas de las
26 requeridas, ello no ha sido un impedimento para que, en casos de esta
naturaleza, la Corte reconozca la prestación señalando que si el juez llega a
establecer que a la luz de sus particulares circunstancias el afiliado realizó
un esfuerzo significativo de cotización y “los aportes efectuados cubren
razonablemente el riesgo amparado por el sistema de seguridad social, la
pensión debe reconocerse, para hacer efectivo el principio constitucional de
igualdad material” . Cfr. Sentencias T-629 de 2015 y
T-832A de 2013, entre otras.
[75]
Y teniendo en cuenta que el parágrafo 1° del artículo 38 no realizaba ninguna
diferenciación.
[76]
Sentencia T-930 de 2012.
[77]
Art. 62. “Terminación del contrato por justa causa. Son justas
causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo: (A) Por
parte del {empleador}: (…) La enfermedad contagiosa o crónica del trabajador, que
no tenga carácter de profesional, así como cualquiera otra enfermedad o lesión
que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible durante
ciento ochenta (180) días. El despido por esta causa no podrá efectuarse sino
al vencimiento de dicho lapso y no exime al {empleador} de las prestaciones e
indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la enfermedad (…) En los
casos de los numerales 9 a 15 de este artículo, para la terminación del
contrato, el {empleador} deberá dar aviso al trabajador con anticipación no
menor de quince (15) días”. Énfasis añadido.
[78]
Numeral declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-200-19 de 15 de 2019 “EN EL ENTENDIDO de que carece de
todo efecto jurídico el despido o la terminación del contrato de trabajo de una
persona por razón de su situación de salud cuando no exista autorización previa
del inspector de trabajo. Además de la ineficacia descrita previamente, quienes
fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su situación de salud,
sin la autorización del inspector de trabajo, tendrán derecho a una
indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de
las demás prestaciones e indemnizaciones a que haya lugar de acuerdo con el
Código Sustantivo del Trabajo”.
[79]
Como se indicó en la anterior nota, dicha facultad opera
previo concepto favorable del inspector del trabajo; para ello, de acuerdo con
la sentencia C-200 de 2019, el funcionario deberá analizar, entre otros, los
siguientes criterios: “(i) el despido atiende solo a la condición de salud
del trabajador y este es un criterio superfluo o irrelevante para el trabajo;
(ii) el empleador debe agotar las posibilidades de traslados o ajustes
razonables al término de los 180 días; (iii) el empleador debe considerar los
riesgos para el trabajador u otras personas de las opciones que considere; (iv)
todo nuevo cargo o modificación en las condiciones del empleo implica
capacitación adecuada; y (v) si objetivamente el trabajador no puede prestar
el servicio, es posible terminar el contrato”. Énfasis añadido.
[80]
Cfr. sentencia SU-588 de 2016. La Corte ha señalado que
tratándose de pensiones de invalidez por enfermedad crónica degenerativa o
congénita, si bien es posible realizar el conteo de semanas después de la
estructuración de la invalidez, lo cierto es que siempre se debe verificar que
las cotizaciones no se hayan realizado con la única finalidad de obtener la
prestación. Esto tiene aplicación en situaciones como la presente, en tanto la
normativa también permite realizar la cotización con posterioridad a la
estructuración de la invalidez, lo que abre una puerta o crea un incentivo para
defraudar al sistema pensional. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia
prohija una tesis similar (ver la sentencia SL3275-2019).
[81]
Cfr. cifras de la Fiscalía General de la Nación, disponibles en el siguiente
enlace: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/el-reconocimiento-de-pensiones-a-personas-sin-derecho-o-por-montos-superiores-consumio-las-pocas-reservas-existentes-para-el-sistema-pensional-vicefiscal/.
[82]
En tanto el actor objetivamente no podía realizar ninguna labor.