T-289-16
Sentencia T-289/16
OBLIGACION DE
PRESTAR EL SERVICIO MILITAR-Fundamentos
constitucionales y legales
LEGITIMACION
POR ACTIVA EN TUTELA EN CASOS DE DESACUARTELAMIENTO DEL SERVICIO MILITAR-Jurisprudencia constitucional
La jurisprudencia constitucional ha estudiado la procedibilidad de
la acción de tutela respecto a la legitimación por activa cuando se trata de
acciones de tutela interpuestas en calidad de agente oficioso de un ciudadano
reclutado para la prestación del servicio militar obligatorio, flexibilizando
el requisito de demostrar por qué el agenciado se encuentra en imposibilidad de
ejercer su propia defensa, al inferir que el agenciado no cuenta con la
posibilidad física de actuar ante las autoridades judiciales. Así las cosas, se
han diferenciado dos escenarios para determinar la legitimación por activa,
cuando por un lado, la vinculación al servicio militar obligatorio implica una
vulneración o amenaza a los derechos fundamentales de quien está por nacer o de
un menor de edad y, por otro lado, cuando los padres solicitan la
desincorporación de sus hijos al estar inmersos en alguna causal de exención
del servicio.
ACCION DE
TUTELA CONTRA EJERCITO NACIONAL-Improcedencia por
cuanto agenciado no está inmerso en causal de exención y desea continuar
prestando servicio militar
Teniendo en cuenta que la prestación del
servicio militar obligatorio tiene carácter temporal, que el joven reclutado es
mayor de edad y que no se probó que estuviera incurso en causal alguna de
exención del servicio, la Sala considera que es necesario privilegiar su
voluntad de permanecer en el Ejército, en ejercicio de su libre desarrollo de
la personalidad y libertad de oficio, y que culmine con el proceso que él
decidió escoger. Así, aunque la madre afirme una posible afectación a su mínimo
vital por la decisión del Ejército de reclutarlo, la Sala no logró comprobar
que éste haya sido amenazado o vulnerado.
Referencia: expediente
T- 5.369.657
Acción de tutela
presentada por Nancy Cortés Castillo actuando como agente oficiosa de Yerlinson
Fabián Castiblanco Cortés contra el Batallón de Infantería No. 35 del Ejército
Nacional de Colombia.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil
dieciséis (2016).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y los
magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Alejandro Linares Cantillo, quien
la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el trámite de revisión del fallo
proferido por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Florencia, del
8 de octubre de 2015 que negó el amparo de los derechos fundamentales
invocados.
I.
ANTECEDENTES
Demanda de tutela[1]
Nancy Cortés, madre de Yerlinson Fabián
Castiblanco Cortés, presentó acción de tutela contra el Batallón de Infantería
No. 35 del Ejército Nacional de Colombia por la presunta vulneración de los
derechos fundamentales a la unidad familiar, al mínimo vital y a la vida digna,
al recluir al joven Castiblanco al Ejército Nacional a pesar de que él es quien
provee el sustento económico de su núcleo familiar y por tanto, se encuentra
comprendido por las causales de exención del servicio militar previstas en la
Ley 48 de 1993. En virtud de lo anterior, pretende la señora Cortés que se ordene
el desacuartelamiento de su hijo[2].
Hechos relevantes
1. La señora Nancy Cortés, madre de Yerlinson
Fabián Castiblanco Cortés[3]
y de la menor Jessica Chala Cortés[4],
tiene 47 años de edad[5],
padece celulitis en el tobillo y miomatosis uterina[6], diagnósticos que
afirma, le han impedido trabajar para sufragar las necesidades básicas propias
y de su familia.
2. Manifiesta que el 7 de agosto de 2015,
el Batallón de Infantería No. 35 Héroes de Guepi reclutó a su hijo, Yerlinson
Fabián Castiblanco, cuando se dirigía al municipio de Doncello.
3. Afirma que presentó una petición ante el
mencionado batallón, solicitando el desacuartelamiento de su hijo, en razón a
que él es quien provee el apoyo económico de la familia y por temor a que el
joven fuera objeto de represalias por parte del Frente No. 15 de las FARC.
4. El 1º de septiembre de 2015, el
Comandante del Batallón de Infantería de Selva No. 35 respondió la petición
informando que el joven Yerlinson Fabián Castiblanco no se encuentra inmerso en
ninguna de las causales de exención del servicio militar obligatorio,
contempladas en los artículos 27 y 28 de la Ley 48 de 1993. Respecto a las
amenazas, señaló que no hay fundamento para que se materialice el riesgo[7].
5. Sostiene la accionante que ella no sabe
leer ni escribir, que el único sustento económico de la familia es el trabajo
que se realiza en la finca que le dejó su compañero permanente y que en virtud
de su estado de salud, depende de su hijo para el mantenimiento de la familia, pues
su hija menor está estudiando y no puede ayudar con el trabajo de la tierra.
Intervención de la parte accionada
6. El Comandante del Batallón de Infantería
de Selva No. 35[8]
manifestó que el Ejército Nacional, y en su nombre el Batallón de Infantería,
no ha vulnerado el derecho a la familia del joven Yerlison Fabián Castiblanco
al incorporarlo como soldado regular, teniendo en cuenta que prestar el
servicio militar no impide conformar una familia y que a luz del artículo 10 de
la Ley 48 de 1993, todo varón mayor de edad tiene la obligación de definir su
situación militar.
Frente a los derechos de la menor Jessica
Chala Cortés señaló que es deber de los padres, en virtud del principio de
corresponsabilidad establecido en el artículo 14 de la Ley 1098 de 2006, velar
por el cuidado de sus hijos y lograr la satisfacción de sus derechos y aunque ella
no tenga padre, porque falleció, es la madre quien debe garantizar el goce de
sus derechos.
Por último advirtió que a pesar de que la
historia clínica de la señora Cortés da cuenta de unos diagnósticos médicos,
ninguna de las pruebas aportadas demuestra que tenga una incapacidad para
trabajar y proveer el sustento económico para su manutención y la de su hija menor.
Tampoco aportó prueba siquiera sumaria que determine que el joven Yerlison
Fabián Castiblanco proporcione el sustento económico de la familia, por lo cual
tampoco se vulnera su derecho al mínimo vital. En virtud de lo anterior, concluyó
que el joven Castiblanco no está inmerso en las causales de exclusión de
prestar el servicio militar obligatorio, previstas en los artículos 27 y 28 de
la Ley 48 de 1993.
Pruebas relevantes aportadas al proceso
- Copia del Registro Civil de Nacimiento de
Yerlinson Fabián Castiblanco (Folio 1).
- Copia de la historia clínica de la señora
Nancy Cortés (Folios 2 a 4).
- Copia de la cédula de ciudadanía de la
señora Nancy Cortés (Folio 5).
- Copia de la tarjeta de identidad de la
menor Jessica Alejandra Chala Cortés (Folio 6).
- Copia del diagnóstico de radiología de
ovarios de Nancy Cortés (Folios 7 a 8).
- Copia diagnóstico por oftalmología de
Nancy Cortés (Folios 9 a 11).
- Copia de la declaración extra juicio de
Nancy Cortés que manifiesta la dependencia económica de su hijo (Folio 13).
- Copia de la respuesta a la petición
elevada por la señora Cortés al Batallón de Infantería No. 35.
Decisión judicial objeto de revisión
Primera instancia. Sentencia del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Florencia, del 8 de octubre de 2015[9].
7. Negó el amparo de los derechos
invocados. Consideró que a la luz de los numerales d) y e) del artículo 28 de
la Ley 48 de 1993 se prevén como causales de exención del servicio militar “al
huérfano de padre o madre que atienda con su trabajo a la subsistencia de sus
hermanos incapaces de ganarse el sustento” y “el hijo de padres
incapacitados para trabajar o mayores de 60 años, cuando éstos carezcan de
renta, pensión o medios de subsistencia, siempre que dicho hijo vele por ellos”.
Estimó que en el caso concreto el joven Yerlison Castiblanco no cumple con los
requisitos establecidos en la norma, porque no se acreditó la dependencia
económica de la señora Cortés, ni que joven Castiblanco trabajara para el
sostenimiento de su familia antes de ser incorporado por el Batallón de Infantería
No. 35; tampoco se demostró que la señora Nancy Cortés se encuentre
incapacitada para trabajar y proveer el sustento para ella y su hija menor. En
virtud de lo anterior, señaló que el Ejército Nacional no ha vulnerado ningún
derecho fundamental.
Actuaciones en sede de revisión
8. En el trámite de revisión, el magistrado
ponente consideró necesario disponer de mayores elementos de juicio que
permitieran aclarar la situación fáctica del caso de la referencia. Por medio
de auto del 7 de abril de 2016, solicitó las siguientes pruebas:
-Al Batallón de Infantería No. 35, “Héroes
del Guepi” del Ejército Nacional para que allegara información: (i) respecto a los medios de prueba que valora cuando
un ciudadano está comprendido por alguna causal de exención de prestar el
servicio militar obligatorio; en especial, (ii) qué medios de prueba consideran
válidos para demostrar que un ciudadano reclutado es quien provee la
subsistencia de su familia o, (iii) sea quien vele por ellos al estar
incapacitados para trabajar y; (v) cuánto tiempo ha prestado el servicio
militar obligatorio el soldado Yerlinson Fabián Castilblanco. Además, que
enviara (vi) el documento que de cuenta del consentimiento informado por el
señor Castiblanco en el momento de la incorporación como soldado regular al
servicio militar obligatorio.
-Al joven Yerlinson Fabián Castiblanco a través del Comandante del
Batallón de Infantería No. 35 “Héroes del Guepi” del
Ejército Nacional para
que ratificara la acción de tutela, informando especialmente, si él proveía el
sustento económico de su familia y, si pretende el desacuartelamiento del servicio militar.
-A la señora Nancy
Cortés para que allegara (i) facturas de servicios públicos, (ii) certificado
de estudios de su hija Jessica Alejandra Chala, (iii) constancias de
incapacidades médicas o atenciones médicas actuales y (iv) la relación de sus
ingresos y gastos mensuales.
-Pruebas aportadas
9. Vencido el término otorgado para dar contestación, el
Batallón de Infantería de Selva No. 35[10]
manifestó que las causales de exención de prestar el servicio militar son “tácitas
y los documentos para comprobarlo son los siguientes, según la causal”, específicamente
para lo que concierne al caso concreto sostuvo que la causal relativa al
literal d) según la cual está exento “El huérfano de
padre o madre que atienda con su trabajo a la subsistencia de sus hermanos
incapaces de ganarse el sustento”, debe
probarse con un registro civil de defunción que demuestre la muerte del padre o
la madre, también registro que demuestre el parentesco con los hermanos,
fotocopia de la cédula de ciudadanía y/o tarjeta de identidad, copia de la
historia clínica que pruebe que los hermanos son incapaces de ganar su sustento
o que demuestre que los hermanos son menores de edad.
Por otro lado, respecto de la causal e) “hijo
de padres incapacitados para trabajar o mayores de 60 años, cuando estos
carezcan de renta o pensión o medios de subsistencia,
siempre que dicho hijo vele por ellos”; se
debe probar con el registro civil de nacimiento del ciudadano reclutado,
fotocopia de la cédula de ciudadanía de los padres, historia clínica que
determine la incapacidad del padre o madre incapacitado para trabajar, una
declaración extrajudicial en la que se manifiesta la incapacidad para trabajar
y las causas de dicha incapacidad. Sostuvo que como “resulta complejo
determinar un medio probatorio para establecer que un ciudadano vela por sus
padres, sin embargo, puede solicitarse copia de los recibos de servicios
públicos o cánones de arrendamiento”. En relación con lo establecido es
importante resaltar que para llegar a demostrar que el ciudadano vela por su
padres, se requiere como requisito previo demostrar la incapacidad de estos
últimos para ganar su sustento”.
Asimismo, informó que el joven Yerlinson Fabián Castiblanco
ha prestado el servicio militar obligatorio durante 8 meses y 22 días de
servicio. Informó que el soldado se encuentra en otra base militar, pero que se
le solicitó ratificar la acción de tutela de la referencia, a lo cual decidió
negarse, pues él quiere continuar prestando el servicio militar obligatorio
para adquirir la tarjeta de reservista de primera clase[11].
Por último, el batallón informó que el joven Castiblanco ingresó como soldado
regular pero al haber anexado los soportes que comprueban que es bachiller, se
modificó su incorporación como soldado bachiller y, por ello, debe prestar el
servicio militar por doce (12) meses, que culminarán en junio de 2016.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
10. Esta Corte es competente para conocer de la revisión
de los fallos de tutela, de conformidad con lo establecido en los artículos 86
y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591
de 1991 y demás disposiciones pertinentes. Además, la Sala
de Selección de Tutelas Número Dos, por medio de auto del 26 de febrero de 2016,
dispuso la revisión del expediente de la referencia y procedió a su
reparto.
Presentación del problema jurídico y método de la
decisión
11. Le corresponde a la Sala resolver si la
señora Nancy Cortés está legitimada por activa para interponer la acción
de tutela contra el Ejército Nacional, actuando como agente oficiosa de su hijo
para el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, la vida digna y
la unidad familia, a raíz de la decisión de acuartelar a su hijo, Yerlison
Fabián Castiblanco Y, en segundo lugar, corresponde
establecer si la decisión del Ejército Nacional de reclutar a Yerlinson Fabián Castiblanco para que preste el servicio
militar obligatorio, vulnera los derechos fundamentales al mínimo vital y
unidad familiar de la señora Nancy Cortés, en virtud de que ella manifiesta que
su hijo está incurso en una causal de exención de prestar el servicio militar, al
encontrarse incapacitada para trabajar y considerando que era él quien proveía el
sustento de su familia.
12.
Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala examinará (i) la
procedencia de la acción de tutela para solicitar el desacuartelamiento del
servicio militar, específicamente lo concerniente a la legitimación por activa.
A continuación se referirá (ii) a la obligación de prestar servicio militar
y las causales de exención; y finalmente, (iii) para resolver el caso particular, resolverá las
tensiones que surgen entre la obligación de prestar dicho servicio y las
obligaciones de los hijos  respecto de  la familia.
Procedencia general de la acción de
tutela. Reiteración de jurisprudencia
13. El artículo 86 de la Constitución Política de Colombia prescribe:
“Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados
o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
La
protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita
la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato
cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo
remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Esta
acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
En
ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y
su resolución.
La
ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra
particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta
afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el
solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”. (Negrillas
fuera del texto).
De acuerdo con la anterior disposición, la Corte, en reiterada
jurisprudencia[12],
ha indicado que la acción de tutela procede cuando (i) se invoca la protección
de un derecho constitucional fundamental, (ii) que ha sido amenazado o
vulnerado, (iii) cuya titularidad está en cabeza del sujeto afectado o, su
representante legal o por medio de apoderamiento judicial o agencia oficiosa
(legitimidad por activa), (iii) por una autoridad pública o un particular –en
los casos previstos en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991- (legitimidad
por pasiva), y, (iv) cuando no exista otro mecanismo de defensa judicial. A
continuación, la Sala abordará los anteriores puntos para determinar la
procedencia del amparo constitucional en el caso concreto.
-Legitimación en la causa
14. La legitimación en la causa constituye
un requisito de procedencia para invocar la acción de tutela, por lo cual es
necesario que exista identidad entre la persona a la cual la Constitución y la
ley faculta para invocar la acción (legitimación en la causa por activa) e
identidad frente a la persona respecto a la cual el derecho puede ser reclamado
(legitimación en la causa por pasiva).
Así, esta Corporación se ha referido a la
legitimación en la causa como un requisito de procedibilidad de la acción de
tutela, en los siguientes términos:
“La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de
fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. Es una calidad
subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o
atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces
simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo.”[13]
15. Del artículo 86 de la Carta se desprende que toda persona por
sí misma o por quien actúe en su nombre tendrá acción de tutela. Así las cosas,
la acción de tutela puede ser invocada directamente por el titular del derecho
fundamental, o a través de un representante, que pretende la protección de los
derechos constitucionales de quien se encuentra limitado para actuar por sí
mismo o escoge realizarlo por medio de otras personas.
Igualmente, el artículo 10 del Decreto
2591 de 1991 “(…) También se pueden agenciar derechos ajenos cuando
el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa.
Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.”
16. Así las cosas, la jurisprudencia constitucional ha establecido
que existen varias posibilidades en las que se cumple con el requisito de
legitimación para ejercer la acción de tutela[14]:
(i) el ejercicio directo de la acción de tutela, (ii) el ejercicio a través de
representantes legales, como es el caso de menores de edad, incapaces
absolutos, los interdictos, las personas jurídicas y los pueblos indígenas;
(iii) el ejercicio por medio de apoderado judicial, en cuyo caso debe ostentar
la condición de abogado titulado y anexar un poder para ejercer la defensa del
caso; y (iv) el ejercicio por medio de agente oficioso.
Respecto a la agencia oficiosa ha
reconocido la jurisprudencia constitucional[15]
que se pueden agenciar derechos ajenos, siempre y cuando quien actué en nombre
de otro (i) exprese que está obrando en dicha calidad, (ii) demuestre que el
agenciado se encuentra en imposibilidad física o mental de ejercer su propia
defensa, condición que puede ser acreditada de manera tácita o expresa, (iii)
identifique “plenamente a la persona por quien se intercede (…), como quiera
que la primera persona llamada para propender por el amparo de los derechos
aparentemente vulnerados es el propio afectado, en ejercicio de su derecho a la
autonomía y en desarrollo de su dignidad”[16].
Lo anterior, por cuanto la agencia oficiosa tiene como límite la autonomía
de la voluntad del titular de los derechos fundamentales.
17. Por su parte, los artículos 13 y 42
del Decreto 2591 de 1991 consagran las personas contra las cuales se puede
dirigir la acción de tutela. Así, la acción se puede invocar contra una
autoridad pública o un particular, que haya vulnerado o amenazado algún derecho
de rango constitucional fundamental. Frente a la procedencia de la acción de
tutela contra particulares ella procede cuando (i) contra quien se invoque la
protección esté encargado de la prestación de un servicio público, (ii) cuando el
peticionario se encuentre en una relación de subordinación contra quien se
interpone la acción de tutela, o de indefensión y (iii) cuando la conducta del
particular afecte grave y directamente un interés colectivo[17].
-Jurisprudencia
constitucional sobre la legitimación en la causa por activa en casos de
desacuartelamiento del servicio militar
18. La jurisprudencia constitucional[18] ha
estudiado la procedibilidad de la acción de tutela respecto a la legitimación por
activa cuando se trata de acciones de tutela interpuestas en calidad de agente
oficioso de un ciudadano reclutado para la prestación del servicio militar
obligatorio, flexibilizando el requisito de demostrar por qué el agenciado se
encuentra en imposibilidad de ejercer su propia defensa, al inferir que el
agenciado no cuenta con la posibilidad física de actuar ante las autoridades
judiciales.
Así las cosas, se han diferenciado dos escenarios para determinar
la legitimación por activa, cuando por un lado, la vinculación al servicio
militar obligatorio implica una vulneración o amenaza a los derechos
fundamentales de quien está por nacer o de un menor de edad y, por otro lado,
cuando los padres solicitan la desincorporación de sus hijos al estar inmersos
en alguna causal de exención del servicio.
19. En la sentencia T-166 de 1994[19]
esta Corporación estudió la tutela interpuesta por dos padres de familia cuyo
hijo único había sido incorporado al Ejército Nacional para prestar el servicio
militar obligatorio, sin que se le hubiera informado de la prescripción de una
causal de exención para prestarlo. En esta ocasión se decidió tutelar los
derechos a la igualdad y al debido proceso y ordenó el desacuartelamiento del hijo,
al encontrar que éste se encontraba dentro de las causales previstas en la Ley
48 de 1993 para la exención del servicio militar obligatorio.
20. Por su parte, en la sentencia T-302 de 1994[20] se analizó
la acción de tutela interpuesta por la abuela del conscripto en representación
de su hija y de su nieto, contra el Ejército Nacional por la vulneración de sus
derechos a la unidad familiar, al debido proceso y de petición como consecuencia
de la decisión de este último de reclutar a su nieto, en razón del apoyo
económico que él provee para la manutención de la familia y por el mal estado
de salud de la madre. La Corte decidió amparar los derechos invocados y ordenó
desacuartelar al joven. Lo anterior, después de contemplar que la causal del
literal c) del artículo 28 de la Ley 48 de 1993 también aplica para el hijo
único de madre soltera, exención que encuentra fundamento en el deber de
asistencia que tiene el hijo con sus padres, como el deber correlativo que
tienen los padres para con sus hijos y de la protección integral a la familia
como núcleo esencial de la sociedad (arts. 5 y 42 CP). Sin embargo, según el
Ejército, en esta oportunidad el joven reclutado no se encontraba inmerso en la
causal de exención enunciada porque adoptó como parámetro una clase de familia específica
–el hijo único de madre soltera como sujeto
exento del servicio militar obligatorio-, pero no
aquella que tenga medios hermanos o hermanastros de la madre o padre. En virtud
de lo cual, consideró la Sala de Revisión que existía una vulneración de los
artículos 5 y 42 de la Constitución por no interpretar integralmente la
protección de la que goza la familia.
21. En la sentencia T-565 de 2003 la Corte estudió la petición
elevada por la madre de un hijo reclutado solicitando el cambio de modalidad
del servicio militar de campesino a bachiller. La Sala de Revisión analizó la
legitimidad de los padres para interponer la acción de tutela en nombre de sus
hijos reclutados y consideró que “si la persona es capaz para interponer la
acción de tutela, no es aceptable que otra persona, ni siquiera sus padres lo
hagan por ésta, pues no se estaría reflejando la autonomía de la voluntad y el
interés que tiene en hacer valer sus derechos”. La Sala argumentó entonces
que los padres del joven no probaron que su hijo, capaz y mayor de edad, estaba
imposibilitado para presentar la acción de tutela en su propio nombre. En
consecuencia, negó el amparo solicitado.
22. Por otra parte, la sentencia T-248 de 2010[21] examinó el
caso de un padre que interpuso la acción de tutela en calidad de agente
oficioso de su hijo reclutado por el Ejército. La Sala analizó si existía
legitimidad en la causa por activa, teniendo en cuenta que el joven reclutado
era mayor de edad pero se encontraba prestando el servicio militar. Decidió que
en el caso concreto no se cumplía con tal requisito de procedibilidad en la
medida en que “no basta la relación paterno-filial para ello”,
recordando la sentencia T-294 de 2000, según la cual “(…) los padres en
relación con sus hijos mayores de edad, al no tener la representación de éstos,
sólo podrán interponer la acción de tutela para la protección de los derechos
fundamentales de aquéllos, cuando el hijo se encuentre en la imposibilidad de
interponer ésta directamente. En estos casos, el padre actuará como un agente
oficioso y no como su representante”, pues ello podría desconocer el libre
albedrío y el desarrollo de la personalidad del joven.
A su vez, estimó la Sala de Revisión que en reiterada
jurisprudencia[22],
la Corte ha señalado que la prestación del servicio militar no es por sí misma
una justificación para la imposibilidad de solicitar personalmente el amparo.
En virtud de ello decidió que el padre no estaba legitimado para interponer la
acción de tutela al no haber manifestado las razones por las cuales su hijo se
encontraba imposibilitado para defender en nombre propio sus derechos
fundamentales.
23. En sentido opuesto, la sentencia T-372
de 2010[23]
concedió el amparo de los derechos a la personalidad jurídica y a la protección
especial del Estado de un joven en situación de desplazamiento reclutado por el
Ejército, cuyo padre interpuso la acción de tutela actuando como agente
oficioso. En esta ocasión, la Sala de Revisión decidió precisar el alcance de
la jurisprudencia sobre la agencia oficiosa en el caso de las personas que están
prestando servicio militar obligatorio. Para ello, diferenció dos
circunstancias. En primer lugar (i) cuando la incorporación al servicio militar
implica una vulneración o amenaza de los hijos por nacer o menores de edad, a
la vida digna, a la familia y al cuidado de sus padres. En estos casos, la
Corte consideró que se encuentran legitimados para actuar los hijos, la cónyuge
o la compañera permanente, porque la vinculación al servicio puede afectar los
derechos no solo de quien está prestando el servicio sino que igualmente de
quien actúa como agente.
En segundo lugar, la Corte se refirió a, (ii) la legitimidad para
actuar de padres y madres de familia en nombre de sus hijos mayores de edad,
vinculados a las fuerzas militares. En este escenario estimó que la evolución
jurisprudencial ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo, porque, en una
primera etapa de la jurisprudencia -sentencias de 1994- solo examinaron si se
cumplían los requisitos para la exención de prestar el servicio por ser hijos
únicos, pero no se ocuparon de en qué condición actuaban las accionantes[24]. Pero en
otra etapa, la jurisprudencia determinó que los lazos de consanguinidad de los
padres con el titular de los derechos no es una razón que justifique actuar en
nombre de ellos para interponer la acción de tutela, razón por la cual es
necesario que el accionante mencione actuar en calidad de agente oficioso,
porque el servicio militar obligatorio no se encuadra dentro de las hipótesis
de imposibilidad física, material o mental para que una persona capaz y mayor
de edad, presente por sí misma la acción de amparo[25].
En esta oportunidad se precisó que cuando los padres interponen la
acción de tutela en nombre de sus hijos mayores de edad y capaces, lo hacen en
ejercicio de la agencia oficiosa, por lo cual deben demostrar los elementos que
la configuran. Pero determinó que “carece de igual razonabilidad concluir
que la prestación del servicio militar obligatorio no imposibilita en ningún
caso a quien lo presta para instaurar por sí mismo la acción de tutela
tendiente a su desacuartelamiento”, puesto que el conscripto presta el
servicio militar obligatorio con unas normas que limitan la disposición libre del
tiempo y de su locomoción en el territorio nacional, en virtud de lo señalado
en el artículo 39 de la Ley 48 de 1993, pues el reclutado solo tiene derecho a
un permiso anual. Por esa razón, concluyó la Sala que se acredita la
legitimación por activa de los padres cuando manifiestan actuar como agentes
oficiosos, siendo necesario que se exprese o se infiera de la tutela que el
titular de los derechos está imposibilitado materialmente para ejercer su
propia defensa, al estar prestando el servicio militar obligatorio porque éste
implica condiciones de concentración y obediencia.
24. En otro sentido, en aquellas situaciones en las que se solicita el
desacuartelamiento de un ciudadano que presta el servicio militar, por parte de
quien comparece en calidad de compañera permanente al proceso, la Corte ha
reconocido que si bien a primera vista pareciese que se están agenciando los
derechos del conscripto, lo cierto es que la decisión de incorporar al
servicio militar al ciudadano puede generar la afectación de los deberes
de esa persona con su núcleo familiar y, eventualmente con sus hijos menores de
edad. Esta situación que perturba derechos fundamentales de las compañeras y de
los menores, especialmente cuando el futuro soldado vela económicamente por la
estabilidad de los suyos[26] y se le exige
al soldado, “el cumplimiento de su obligación de prestar el servicio militar a
pesar de la situación económica de la madre que no posee los medios necesarios
para el sostenimiento de sus hijos”[27].
25. En suma, de la jurisprudencia vigente en esta materia se
desprenden las siguientes reglas, están legitimados en la causa por activa (i)
los hijos, la cónyuge o compañera permanente en aquellos casos en que la
incorporación al servicio militar implica la amenaza o vulneración de los hijos
por nacer o  los menores de edad, (ii) los padres del
conscripto, siempre y cuando actúen en calidad de agentes oficiosos, lo
manifiesten así o se logre inferir de la tutela, pues (a) la jurisprudencia
constitucional ha entendido que el hecho de estar prestando el servicio
militar, imposibilita materialmente al afectado para que por sí mismo, ejerza
la defensa de sus derechos fundamentales. Igualmente, (iii) ha avalado la
legitimación para actuar de aquellas personas cuyo sostenimiento depende del
joven reclutado.
La obligación constitucional de prestar el servicio militar.
Reiteración de jurisprudencia
26. De
acuerdo al artículo 2º de la Constitución Política, uno de los fines esenciales
del Estado Social de Derecho es defender la independencia nacional, mantener la
integridad del territorio, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un
orden justo; en virtud de lo cual la Fuerza Pública cumple con la realización
de estos fines constitucionales. A su vez, en virtud del principio de
solidaridad dispuesto en el artículo 95 de la Carta y de los deberes de “respetar y apoyar a
las autoridades democráticas legítimamente constituidas para
mantener la independencia y la integridad nacional”,
aunado al artículo 216 de la Constitución, que establece “Todos los
colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas
lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas.
La Ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio
militar y las prerrogativas por la prestación del mismo;  sirven de
fundamento de la obligación de prestar el servicio militar.
27. En virtud
de aquellos mandatos constitucionales, el legislador expidió la Ley 48 de 1993
y el Decreto 2048 de 1993. En el artículo 10 de la mencionada ley se consagró
la obligación de todo varón colombiano y mayor de edad de definir su situación
militar. Asimismo, se previó el régimen de exenciones de prestación del
servicio en todo tiempo, en
cuyo caso la persona no está obligada a prestarlo ni a pagar cuota de
compensación militar. En tales supuestos se encuentran (i) los “limitados” físicos y sensoriales permanentes y (ii) los
indígenas que residan en su territorio (artículo 27
Ley 48 de 1993).
Por otro lado, el artículo 28 dispone que
están exentos de prestar el servicio militar en tiempos de paz -quienes sí
tienen la obligación de inscribirse y pagar la cuota de compensación-, aquellas
personas que se encuentren comprendidas en alguna de las siguientes causales: (i) los clérigos y religiosos de acuerdo a los convenios concordatarios
vigentes o quienes hagan sus veces en otras religiones, cultos o iglesias,
quienes se dedican permanentemente a su culto; (ii) los que hubieren sido
condenados a penas que tengan como accesorias la pérdida de los derechos
políticos mientras no obtengan su rehabilitación; (iii) el hijo único hombre o
mujer; (iv) el huérfano de padre o madre que atienda con su trabajo a la
subsistencia de sus hermanos incapaces de ganarse el sustento; (v) el hijo de
padres incapacitados para trabajar o mayores de 60 años, cuando estos carezcan
de renta, pensión o medios de subsistencia siempre que dicho hijo vele por
ellos; (vi) el hermano o hijo de quien haya muerto o adquirido una inhabilidad
absoluta y permanente en combate, en actos del servicio o como consecuencia del
mismo, durante la prestación del servicio militar obligatorio, a menos, que
siendo apto, voluntariamente quiera prestarlo; (v) los casados que hagan vida
conyugal.  Esta última hipótesis fue condicionada en la sentencia C-755 de
2008, bajo el entendido que dicha exención también cobija a quienes convivan en
unión permanente, de conformidad con la ley.
También están exentos (vi) los inhábiles
relativos y permanentes; y (vii) los hijos de oficiales, suboficiales, agentes
y civiles de la Fuerza Pública que hayan fallecido o adquirido una inhabilidad
absoluta y permanente en combate o en actos del servicio y por causas
inherentes al mismo, a menos que siendo aptos, voluntariamente quieran
prestarlo. Por último, el artículo 140 de la Ley 1448
de 2011 consagró que las víctimas del conflicto armado que estén obligadas a
prestar el servicio militar, serán eximidas de hacerlo, a pesar de que deben
inscribirse para definir su situación militar por un
lapso de cinco años contados a partir de la fecha de promulgación de dicha ley
o de la ocurrencia del hecho victimizante.
28. Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha señalado
que la Constitución previó la obligación de prestar el servicio militar
obligatorio pero también reconoció la facultad del legislador para determinar
las condiciones, prerrogativas, eximentes y sanciones relacionadas con la
prestación del servicio[28].
De igual manera, en la sentencia C-561 de 1995[29], la Corte señaló que en virtud de varias
disposiciones constitucionales, el servicio militar obligatorio es una carga
social que conlleva a beneficios para el bienestar general. En los siguientes
términos:
“La calidad de nacional no solamente implica el
ejercicio de derechos políticos sino que comporta la existencia de obligaciones
y deberes sociales a favor de la colectividad, en cabeza de quienes están
ligados por ese vínculo.
En toda sociedad los individuos tienen que aportar
algo, en los términos que señala el sistema jurídico, para contribuir a la
subsistencia de la organización política y a las necesarias garantías de la
convivencia social.
La Constitución, como estatuto básico al que se acogen
gobernantes y gobernados, es la llamada a fijar los elementos fundamentales de
la estructura estatal y el marco general de las funciones y responsabilidades
de los servidores públicos, así como los compromisos que contraen los
particulares con miras a la realización de las finalidades comunes…”
29.
Por otro lado, la jurisprudencia constitucional[30] ha señalado que si bien la prestación del
servicio militar afecta, en primer lugar, a los jóvenes conscriptos, también
puede, en ocasiones, lesionar derechos fundamentales de los miembros de su
familia, especialmente de niños a quienes se les priva de la protección y apoyo
paterno. En el mismo sentido,  los hijos tienen obligación de alimentos para
con sus padres y con su cónyuge o compañera permanente en virtud del principio
de solidaridad y según disposiciones del Código Civil (art. 411), razón por la
cual la Ley 48 de 1993 prevé causales de exención cuando se trata de hijos
únicos, de padres incapacitados para trabajar o mayores de 60 años o cuando
está casado o en unión marital de hecho, en aquellos casos que se demuestre la
necesidad del alimentario y la capacidad del alimentante (art. 250 y ss. del
Código Civil)[31].
Esta
Corporación se refirió a la fuente jurídica de la obligación alimentaria en la sentencia
C-919 de 2002[32], cuando estudió la
exequibilidad del orden de prelación de dicha obligación para los menores de
edad. De la siguiente manera abordó el tema:
"(...) por regla general el derecho de alimentos se
deriva del parentesco (...) la obligación alimentaria se fundamenta en el
principio de solidaridad, según el cual los miembros de la familia tienen la
obligación de suministrar la subsistencia a aquellos integrantes de la misma
que no están en capacidad de asegurársela por sí mismos, aunque también puede
provenir de una donación entre vivos, tal como lo establece el artículo 411 del
Código Civil. Por esta razón, se ha señalado que dicho deber se ubica en forma
primigenia en la familia, dentro de la cual cada miembro es obligado y
beneficiario recíprocamente, atendiendo a razones de equidad. Una de las
obligaciones más importantes que se generan en el seno de una familia es la
alimentaria. En síntesis cada persona debe velar por su propia subsistencia y
por la de aquellos a quienes la ley le obliga, pues el deber de asistencia del
Estado es subsidiario (,..)".
En
estas circunstancias se plantea un conflicto entre dos obligaciones de índole
constitucional, a saber, (i) la de prestar el servicio militar obligatorio y, (ii)
los deberes derivados de los artículos 42 y 44 de la Constitución hacia la
familia, pues corresponde a los padres la asistencia, sostenimiento y
protección de los niños y el derecho a tener una familia y no ser separado de
ella. A su vez, impone a la familia, a la sociedad y al Estado la obligación de
proteger el desarrollo integral de los niños. En ese orden de ideas, existiendo
un conflicto entre la obligación de prestar el servicio militar y la obligación
de alimentos y protección de los hijos menores de edad, ésta generalmente se
resuelve a favor de los derechos de los niños[33].
Sin embargo, en casos en que el conflicto se plantea con los
padres del mayor de edad incorporado, solo cuando éste está inmerso en alguna
de las causales previstas para exención de prestar el servicio militar, la
jurisprudencia constitucional ha ordenado la desincorporación del Ejército
Nacional[34].
Así lo planteó la sentencia T-412 de 2011[35],
“a la mayoría de las causales de exención de
prestación del servicio militar en tiempo de paz, subyace la intención,
por parte del legislador, de proteger a las familias de los potenciales
reclutas, cuando éstas dependen de los ingresos económicos que el eventual
prestador del servicio, obtiene. En otros casos, como la causal
relativa a los hijos únicos, o quienes estén casados o convivan en unión
permanente, no sólo está presente el elemento pecuniario, sino también
un componente emocional, pues en estos casos el legislador no supeditó la
configuración de la causal a la dependencia económica, esto es, no estableció
que el hijo único, o el casado o en unión permanente debía ser el sustento de
su padre/madre o de su esposa/compañera permanente, sólo se limitó a establecer
que estas categorías de sujetos se verían eximidas de prestar el servicio
militar obligatorio, por el solo hecho de serlo, sin requisitos adicionales”.
30. En conclusión, esta Corporación ha señalado que
excepcionalmente la acción de tutela es un mecanismo idóneo para cuestionar la
obligación de prestar el servicio militar. No obstante la orden de
desacuartelamiento procede cuando se acreditan las siguientes condiciones: “(1) el
reconocimiento de la paternidad por el soldado respecto de quien se solicita el
desacuartelamiento; (2) la demostración de la situación de desempleo o
desamparo de la madre que le impide asumir la carga del mantenimiento y cuidado
de sus hijos menores y (3) la ausencia del apoyo económico de las personas
llamadas por ley a prestar alimentos a sus familiares cercanos”[36].
Caso concreto
31. La Sala
debe determinar, en primer lugar, si en el caso concreto la señora Nancy Cortés
se encuentra legitimada en la causa por activa para interponer la acción de
tutela contra el Ejército Nacional como consecuencia de la decisión de
acuartelar a su hijo, Yerlison Fabián Castiblanco,  actuando como agente oficiosa
de su hijo solicitando el amparo de sus derechos fundamentales a la unidad familiar, al mínimo vital y a  la vida digna.
32.Tal como se mencionó en la parte considerativa de esta
providencia, la jurisprudencia constitucional ha avalado la legitimación en la
causa por activa de los padres de los conscriptos cuando actúan en calidad de
agente oficioso, para lo cual se deben demostrar los elementos que la
configuran, esto es, (i) expresar que está obrando en dicha
calidad, (ii) demostrar que el agenciado se encuentra en imposibilidad
material, física o mental de ejercer su propia defensa, condición que puede ser
acreditada de manera tácita o expresa y que, tratándose de personas reclutadas
para prestar el servicio militar, cuyo tiempo y locomoción es limitada, es
razonable concluir que se encuentran materialmente imposibilitados para ello.
Además, debe (iii) identificar la persona por quien se intercede.
33. En el caso concreto, la señora Nancy
Cortés, madre del conscripto Castiblanco, manifiesta actuar como agente
oficiosa y él al estar reclutado, se asume que está en impedido para ejercer la
defensa de sus derechos fundamentales. Empero, de acuerdo con las pruebas
solicitadas en sede de revisión entre las cuales se le solicitó a Yerlinson
Fabián Castiblanco que ratificara la acción de tutela interpuesta por su
madre como agente oficiosa, manifestó lo siguiente:
“Yo, Yerlison Fabian
Castiblanco Cortes (sic) identificado con cedula de ciudadanía N° 1.116.921.108
expedida en Doncello Caqueta. Por medio de la presente informo (…) que no es mi
deseo ratificarme en relación con la acción de tutela número (…), lo anterior
en razón en que (sic) ya llevo 8 meses prestando el servicio militar y deseo
tener tarjeta de reservista de primera clase y en razón a ello debo completar
el servicio militar y el tiempo establecido en la Ley 48 de 1993 para los
soldados regulares”[37].
En ese orden de ideas, la Sala considera que la señora Nancy
Cortés no está legitimada por activa para solicitar la protección de los
derechos fundamentales de su hijo y, por ende, requerir su desincorporación del
Batallón de Infantería. Lo anterior, teniendo en cuenta que se trata de un
mayor de edad que en pleno ejercicio de su derecho a la autonomía y en desarrollo
de su dignidad, impuso un límite para reclamar sus derechos fundamentales, a
pesar del lazo de consanguinidad. En virtud de lo expuesto, la acción de tutela
presentada por la señora Cortés como agente oficiosa, es improcedente por no
cumplir con el requisito de legitimidad por activa.
34. Ahora bien, en segundo lugar, corresponde a la Sala
establecer si la decisión del Ejército Nacional de reclutar a Yerlinson Fabián Castiblanco para que preste el servicio
militar obligatorio, vulnera los derechos fundamentales al mínimo vital y
unidad familiar de la señora Nancy Cortés. Lo anterior, teniendo en cuenta que
ella manifiesta que su hijo está incurso en una causal de exención de prestar
el servicio militar, dado que se encuentra incapacitada para trabajar, como
consecuencia de sus problemas de salud y era él quien proveía, antes de la
incorporación al Ejército, el sustento económico de su familia. En este caso,
se encuentra plenamente legitimada para actuar en causa propia pues reclama la
protección de sus derechos fundamentales.
35. Dado que la obligación de
definir la situación militar está en cabeza de todos los hombres colombianos
que cumplan la mayoría de edad,
la Ley 48 de 1993 prevé unas causales de exención de prestar el servicio
militar en ciertos eventos que son taxativos y, que de no encuadrarse en éstos,
es un deber cumplir con la obligación constitucional de prestar el servicio.
Su madre alega como causal para no prestar el servicio
militar que su “único sustento es el trabajo que se realiza en la finca que
nos dejó mi difunto compañero permanente (…) y yo y mi hija menor, dependemos
económicamente” de Yerlinson Fabián Castiblanco ; es decir que el
conscripto se encuentra inmerso en la causal prevista en el numeral e) del artículo 28 de la Ley 48 de 1993 que
establece que quedará exento de prestar el servicio militar obligatorio “El hijo de padres
incapacitados para trabajar o mayores de 60 años, cuando éstos carezcan de
renta, pensión o medios de subsistencia, siempre que dicho hijo vele por
ellos”.
Para resolver la controversia es necesario tener en
cuenta los siguientes elementos probatorios: (i) la señora Cortés
tiene  problemas de salud, que han sido efectivamente diagnosticados como celulitis en el tobillo y miomatosis uterina[38], que están siendo
tratados por su EPS del régimen subsidiado[39],
(ii) empero también consta que no está incapacitada para movilizarse, ni se
prueba que esté en incapacidad de trabajar. Además, se conoce (iii) que la
señora Cortés deriva su sustento y de la familia de una finca que tiene en el
municipio de Solano[40].
También (iv) que tiene una hija menor de edad que se encuentra estudiando y (v)
que la señora Cortés enviudo[41].
36. Ahora bien, en principio existiría una tensión entre los
derechos a la familia (art. 42 CP), el deber de solidaridad (art. 95 CP) y con
ellos las obligaciones que surgen de protección y asistencia a la familia y de
prestar alimentos a los padres (art. 411 CC), en cuyo caso la madre tendría la
facultad de reclamar al Ejército que no incorpore a sus filas al hijo que
provee su mínimo vital. A la par que el Ejército, tiene una competencia
constitucional y legal de compeler a los ciudadanos varones y mayores de edad a
prestar el servicio militar, a menos que la persona se encuentre amparada por
alguna causal de exención (art. 216 CP). A su vez, el joven Castiblanco en
ejercicio de su autonomía, de la cláusula general de libertad (preámbulo, art.
16 y art. 28 CP) y de la libertad de escoger oficio (art. 26 CP) puede decidir
si presta el servicio militar obligatorio.
37. Teniendo en cuenta que Yerlinson Castiblanco ha
manifestado que no se encuentra inmerso en causal alguna de exención de prestar
el servicio militar obligatorio, si se tiene en cuenta que en el Acta de
compromiso de soldados regulares o campesinos suscrita el 5 de septiembre de
2015, señaló que no es hijo único, no es casado, no vive en unión libre, no
tiene hijos que sostener, no es casado, su familia no depende de él, no
tiene una compañera o cónyuge embarazada, ni pertenece a ningún cabildo o grupo
indígena y, no tiene problemas familiares o personales para ingresar[42].
Igualmente, cuando se le preguntó si deseaba desincorporase de Ejército
Nacional respondió que quería permanecer en éste, para definir su situación
militar.
38. En
virtud de lo anterior y, teniendo en cuenta que la prestación del servicio
militar obligatorio tiene carácter temporal, que el joven reclutado es mayor de
edad y que no se probó que estuviera incurso en causal alguna de exención del
servicio, la Sala considera que es necesario privilegiar su voluntad de
permanecer en el Ejército, en ejercicio de su libre desarrollo de la personalidad
y libertad de oficio, y que culmine con el proceso que él decidió escoger. Así,
aunque la madre afirme una posible afectación a su mínimo vital por la decisión
del Ejército de reclutarlo, la Sala no logró comprobar que éste haya sido
amenazado o vulnerado, por lo cual confirmará la sentencia del
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Florencia, del 8 de octubre de
2015, que negó el amparo de los derechos invocados.
II.
CONCLUSIÓN
39.
Razón de la decisión. La acción de tutela es
improcedente cuando se pretenda el retiro de las filas de un ciudadano que se
encuentra prestando el servicio militar, si ésta es presentada por un agente
oficioso y el presunto agenciado se opone a la solicitud. No obstante, cuando
una madre reclama directamente la protección de sus derechos fundamentales a la
unidad familiar y al mínimo vital por la decisión del Ejército Nacional de
reclutar a su hijo, no hay vulneración de los derechos fundamentales cuando el
joven no está incurso en una causal de exención de prestar el servicio militar
obligatorio y su voluntad es permanecer en éste para definir su situación
militar (preámbulo, arts. 16, 26 y 28 CP).
III.
DECISIÓN
La Corte
Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida
por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Florencia, del 8 de octubre de 2015, que negó el amparo de los derechos invocados
por la señora Nancy Cortés en contra del Batallón de Infantería No. 35 Selva
del Ejército Nacional.
SEGUNDO.- Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Acción de tutela presentada el 2 de marzo de 2015 (Folios 1
a 23 del c. 2).
[2] Ver literal d) del artículo 65 del Decreto 2048 de 1993.
[3] En el folio 1 del cuaderno principal consta el Registro Civil de
Nacimiento de Yerlison Fabián Castiblanco Cortés.
[4] A folio 6 consta que Jessica Alejandra Chala Cortés nació el 3 de
julio de 1999.
[5] A folio 5 del cuaderno principal consta la copia de la cédula de
ciudadanía de la señora Nancy Cortés que nació el 2 de abril de 1969.
[6] Reporte de epicresis de la ESE Hospital María Inmac. (Folios 2 a 4
y 7 a 9 del c. principal.)
[7] Según consta en la respuesta a la petición, realizada por el
Batallón de Infantería de Selva No. 35. (Folio 15.)
[8] La respuesta a la acción de tutela consta en los folios 29 a 31.
[9] Folios 32 a 38.
[10] Folios 23 a 30 del c. principal.
[11] El joven Yerlison Fabián Castiblanco manifestó en escrito su
voluntad de no ratificar la acción de tutela, escrito que envió a esta
Corporación el Batallón de Infantería de Selva No. 35. (Folio 30 del c.
principal).
[12] Ver sentencia SU-355 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.
[13] Sentencia T-416 de 1997 M.P. Antonio
Barrera Carbonell, reiterada por la sentencia T-1191 de 2004 M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra y T-799 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[14] Entre otras, sentencias: T-504 de 1996
M.P. Jorge Arango Mejía, T-315 de 2000 M.P. José Gregorio Hernández, T-531 de
2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett y T-1025 de 2005 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[15] Entre otras, sentencias T-1007 de 2001
M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-630 de 2005 M.P. Manuel José Cepeda, T-843 de 2005
M.P. Manuel José Cepeda,  T-411 de 2006 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-625 de 2009
M.P. Juan Carlos Henao, T-197 de 2009 M.P. Clara Elena Reales, T-306 de 2011 M.P. Humberto Sierra Porto, T-004
de 2013 M.P. Mauricio González Cuervo.
[16] Sentencia T-947 de 2006. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[17] Artículo 86 Constitución Política.
[18] Sentencias T-248 de 2010 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, T-626 de 2013
M.P. Alberto Rojas Ríos, T-700 de 2014 M.P. Mauricio González Cuervo, entre
otras.
[19] M.P. Hernando Herrera Vergara.
[20] M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[21] M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[22] Sentencias T-711 de 2003, M. P. Rodrigo
Escobar Gil; T-565 de 2003, M. P. Alfredo Beltrán Sierra y T-542 13 de 2006, M.
P. Clara Inés Vargas Hernández, entre otras.
[23] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Reiterada en la T-932 de 2013,
T-051 de 2015 y T-087 de 2015 M.P. Jorge Ignacio Pretelt.
[24] En sentencias T-166 de 1994 M.P. Hernando
Herrera Vergara, T-302 de 1994 M.P. Alejandro Martínez
Caballero y SU-200 de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz y
José Gregorio Hernández Galindo.
[25] Sentencias T-565 de 2003 M.P. Alfredo Beltrán Sierra y T-711
de 2003 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[26] Sentencia T-132 de 1996 M.P.
Hernando Herrera Vergara.
[27] Sentencia SU-491 de 1993 M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[28] Sentencia C-511 de 1994. M.P. Fabio Morón Díaz.
[29] M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[30] Sentencias T-132 de 1996 M.P.
Hernando Herrera Vergara, T-248 de 2010 M.P. Nilson
Pinilla Pinilla, T-372 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[31] Ver sentencias C-1064 de 2000 M.P. Álvaro Tafur Galvis,
C-011 de 2002 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[32] M.P. Jaime Araujo Rentería.
[33] Sentencias SU- 491 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes, T-087 de 2015
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, entre otras.
[34] Sentencias SU-491 de 1993 M.P.
Eduardo Cifuentes, T-302 de 1994 M.P. Alejandro Martínez Caballero,  T-932 de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt, T-039 de 2014 M.P.
Mauricio González Cuervo.
[35] M.P. María Victoria Calle.
[36] Sentencia SU- 491 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[37] Folio 30 del c. principal.
[38] Folios 2 a 4 y 7 a 9 del c. principal.
[39] Según la base de datos del Fosyga, la señora Nancy Cortés se
encuentra afiliada al régimen subsidiado a través de la EPS ASOCIACIÓN MUTUAL
LA ESPERANZA - ASMET  SALUD, en estado activo. (Folio 31 del c.
principal). Al igual que consta en su reporte de epicresis que está siendo
tratada en la ESE Hospital María Inmaculada. (folios 2 a 4 del c.2).
[40] Tal como lo afirma la accionante en su escrito de tutela (Folios 16
a 20 del c. 2). Asimismo, por medio de auto del 7 de abril de 2016, se le
solicitó a la señora Cortés que allegara (i) facturas de servicios públicos,
(ii) certificado de estudios de su hija Jessica Alejandra Chala, (iii)
constancias de incapacidades médicas o atenciones médicas actuales y, (iv) una
relación de sus ingresos y gastos mensuales. Vencido el término otorgado para
aportarlas, la accionante no se pronunció.
[41] Folio 14 del c. 2
[42] Folio 29 del c. principal.