C-581-99
Sentencia C-581/99
Sentencia
C-581/99
SENTENCIA
INHIBITORIA-Carencia de
objeto
Referencia:
Expediente D-2302
Normas Acusadas:
Demanda De Inconstitucionalidad Contra
Los Artículos 15 Y16 Del Decreto 1888 De 1989.
Demandante:
Jorge Luis Pabón
Apicella.
Magistrado Ponente:
Dr. ANTONIO BARRERA
CARBONELL
Santafé de Bogotá,
D.C., agosto once (11) de mil novecientos noventa y nueve (1999).
I. ANTECEDENTES.
Cumplidos los trámites
constitucionales y legales propios del proceso a que da lugar la acción pública
de inconstitucionalidad, procede la Corte a proferir la sentencia
correspondiente en relación con la demanda presentada por el ciudadano Jorge
Luis Pabón Apicella contra los artículos 15 y 16 del Decreto 1888 de 1989, con
fundamento en la competencia que le asigna el art. 241-5 de la Constitución.
II. NORMAS
ACUSADAS:
A continuación se
transcribe el texto de las disposiciones demandadas del Decreto 1888 de 1989:
DECRETO 1888 DE 1989
(agosto 23)
por el cual se modifica el régimen disciplinario de
los funcionarios y empleados de la Rama judicial.
Artículo 15.- La
sanción disciplinaria será impuesta por la autoridad competente, con arreglo al
procedimiento, teniendo en cuenta la naturaleza, efectos y modalidades de la
infracción, las circunstancias agravantes y atenuantes, y la personalidad del
sindicado.
Artículo 16.- La vigilancia judicial tiene por objeto
velar porque la justicia se suministre oportuna y eficazmente, e implica tanto
el cuidado normal desempeño de las labores de funcionarios  y empleados como el
examen de su conducta.
II. LA DEMANDA.
El demandante
considera que los  artículos 15 y 16 del Decreto 1888 de 1993 quebrantan los
artículos 2, 6, 13, 90, 121, 122 de la Constitución e igualmente el artículo 71
de la ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia. El
concepto de la violación se puede resumir de la siguiente manera:
Las normas que se
demandan no precisan y omiten la culpa grave consagrada por el artículo 90 de
la constitución, como factor para determinar la responsabilidad en los procesos
disciplinarios que se adelantan contra los funcionarios y empleados de la rama
jurisdiccional. En efecto:
El Constituyente, al
consagrar en el inciso segundo del artículo 90 constitucional la acción de
repetición en favor del Estado, cuando éste resultaré condenado a resarcir
patrimonialmente un daño antijurídico, la condicionó a la circunstancia de que
la conducta del agente que lo hubiere ocasionado, fuere dolosa o gravemente
culposa.
En este sentido,
resulta claro afirmar que lo preceptuado en la referida disposición
constitucional, obra no sólo en materia de responsabilidad patrimonial del
Estado, sino que adicionalmente, sus efectos se hacen extensivos a la
responsabilidad disciplinaria, por cuanto los empleados y funcionarios
judiciales deben responder por sus actuaciones y omisiones a título de dolo o
culpa grave.
Para los efectos de
la acción de repetición a que alude el art. 90 de la Constitución, el art. 71
de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia determinó las conductas
en las cuales se presume el dolo o la culpa grave. Por consiguiente, las reglas
previstas en dicha norma deben tenerse en cuenta cuando se investiga y se juzga
una falta disciplinaria.
Sin embargo, se
puede observar, que en los procesos disciplinarios adelantados por el Consejo
Superior de la Judicatura, sólo procede la sanción cuando dentro de éstos se
acredita que la conducta disciplinado sea dolosa, lo cual conlleva a dejar
impune y no sancionar a los funcionarios y empleados de la rama judicial cuando
han actuado a título de culpa grave, lo cual no se compadece con la prevención
de las faltas disciplinarias y la buena marcha de la administración pública.
"La ley debe
ser clara y congruente. Ello permite que los asociados conduzcan los derechos
concedidos a su favor y los derechos impuestos, precisando también a las
autoridades públicas hasta donde llegan sus atribuciones (principio de
legalidad // competencia), qué deben hacer para no incurrir en omisión de
funciones, asi como para respetar y garantizar los derechos de los residentes
en Colombia (art. 2 C.N.), cuándo deben abstenerse de actuar para no configurar
extralimitación en su ejercicio; todo ello también en relación con los arts. 6,
121, 122, 123 de la C.N. y en aras de cumplir sus postulados. Además, esa
claridad y congruencia de la ley hacen parte de la defensa de los asociados
contra el abuso de poder del Estado y de su derecho a la imparcialidad e
igualdad, a la decisión justa y equilibrada (art. 13 C.N.), pues señala y
limita las atribuciones y propósitos de las autoridades y evita su
desmandamiento, las cuales sólo pueden hacer aquello que les ha sido
precisamente permitido (arts. 6, 121, 122, 123 C.N.)".
III. CONCEPTO DEL
PROCURADOR GENERAL DE LA NACION.
El Procurador
General de la Nación rindió su concepto y solicitó a la Corte declarar
exequible las  normas acusadas, con fundamento en los siguientes argumentos:
El artículo 29 constitucional
consagra de manera expresa el derecho al debido proceso, el cual debe ser
aplicado a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Esta
garantía constitucional permite en un Estado de Derecho legitimar el poder
punitivo del Estado, el cual ha de ser ejercido dentro de los límites
constitucionales y respetando los derechos fundamentales de las personas.
Las normas acusadas
no contravienen la Constitución, por cuanto se adecuan al debido proceso,
garantía que puede ser regulada por el legislador, en ejercicio de la
competencia asignada por e artículo 150-2 de la Carta.
Según las voces del
artículo 124 constitucional, el legislador tiene competencia para regular la
responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva.
En ejercicio de esta
función, el Congreso de la República expidió la ley 200 de 1995, donde se
establece como principio rector de la ley disciplinaria, que los investigados
solamente son responsables a título de dolo o culpa, quedando proscrita toda
forma de responsabilidad objetiva.
De acuerdo con lo
anterior y por expresa remisión del artículo 18 del Estatuto Disciplinario, las
formas de culpabilidad se encuentran presentes a efectos de declarar
responsable al funcionario o empleado de la rama judicial.
Finalmente, durante
el trámite del proceso disciplinario corresponde al investigador y el juzgador
establecer el grado de culpabilidad del funcionario o empleado de la rama
judicial. En este sentido, la graduación y dosificación de la sanción a imponer,
dependerá del análisis y evaluación de la responsabilidad como consecuencia del
acto que se imputa.
IV.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE.
1. El problema
jurídico planteado.
No obstante la falta
de técnica de que adolece la demanda, entiende la Corte que la censura contra
las normas acusadas se contrae a considerar que ellas son inconstitucionales,
porque a juicio del demandante, el legislador incurrió en una omisión
legislativa, al no incluir expresamente en su contenido normativo la culpa
grave como forma de culpabilidad, cuando se investiga y juzga la conducta
disciplinaria de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.
Debe la Corte
determinar, antes de entrar a analizar la constitucionalidad de las normas
acusadas, si éstas se encuentran vigentes, o si estando derogadas se encuentran
produciendo efectos jurídicos. En el evento en que las normas no se encuentren
vigentes y  no estén produciendo efectos jurídicos el fallo será inhibitorio, por
carencia actual de objeto sobre el cual decidir, pues en el evento en que estén
produciendo efectos será necesario entrar a considerar el fondo del asunto,
siempre que existan cargos de constitucionalidad formulados con un mínimo de
técnica.
2. Derogación de
las normas acusadas y su carencia de efectos jurídicos.
2.1. La Corte
en diferentes pronunciamientos en asuntos de constitucionalidad y de tutela ha
sostenido reiteradamente que la ley 200/95,por la cual se adoptó el Código
Unico Disciplinario, en razón de su finalidad unificadora de todos los
regímenes disciplinarios, derogó todos aquellos estatutos especiales existentes
en materia disciplinaria, salvo aquéllos que cobijan a los miembros de la
Fuerza Pública de acuerdo con lo establecido en el art. 175 de dicho código, y
a los altos funcionarios del Estado con fuero especial.
A la anterior
conclusión llegó la Corte luego de analizar los perentorios términos del art.
177 de dicho código, según el cual, el régimen disciplinario que en el se regula,
se aplica "a todos los servidores sin excepción alguna y deroga las
disposiciones generales o especiales que regulan materia disciplinaria a nivel
nacional, departamental, distrital o municipal, o que le sean
contrarias……"
2.2. Es asi como en
la sentencia C-280/96[1],
en la cual la Corte se pronunció sobre la demanda de inconstitucionalidad
interpuesta contra algunos apartes normativos del artículo 177 de la ley 200 de
1995, expuso en relación con la derogación de los regímenes disciplinarios
especiales anteriores lo siguiente:
"Esta
finalidad unificadora del CDU explica que el artículo 177 del mismo establezca
que sus normas se aplican a  "todos los servidores públicos sin excepción
alguna y derogan las disposiciones generales o especiales que regulen materias
disciplinarias a nivel nacional, Departamental, Distrital, Municipales, o que
le sean contrarias, salvo los regímenes especiales de la fuerza pública, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 175 de este código." En efecto,
si el Legislador pretendía por medio del CDU unificar el derecho disciplinario,
es perfectamente razonable que sus artículos se apliquen a todos los servidores
públicos y deroguen los regímenes especiales, como es obvio, con las excepciones
establecidas por la propia Constitución. Tal es el caso de aquellos altos
dignatarios que tienen fuero disciplinario autónomo, pues sólo pueden ser
investigados por la Cámara de Representantes (CP art. 178) o de los miembros de
la Fuerza Pública, pues en este caso la propia Carta establece que ellos están
sujetos a un régimen disciplinario especial (CP arts 217 y 218), debido a las
particularidades de la función que ejercen. En relación con los funcionarios de
la rama judicial que carecen de fuero, esta Corporación ya ha establecido que
no vulnera la Carta el ejercicio del poder disciplinario preferente de la
Procuraduría, siempre y cuando "dicha competencia no haya sido asumida a
prevención por parte del Consejo Superior de la Judicatura"[2].
2.3. Posteriormente
la Corte, en la sentencia SU-637 de 1996, expresamente admitió que el Decreto
1888 de 1989, del cual hacen parte las disposiciones normativas demandadas, se
encontraba derogado por el artículo 177 de la ley 200 de 1995. Dijo la Corte:
"8. La
consideración anterior ofrece la respuesta a otra objeción presentada por el
Consejo, en el sentido de que el CDU es una norma general, mientras que el
Decreto 1888 de 1989 es la norma especial, lo que conduce a plantear la
prevalencia de esta última. Al respecto cabe recalcar que, como ya se afirmó en
el punto 4 de estos fundamentos, en el artículo 177 del CDU se impuso la
derogatoria de todos los regímenes especiales existentes hasta el momento, lo
cual apareja de manera inequívoca la pérdida de vigencia del Decreto 1888 de
1989. Pero incluso si la decisión del legislador hubiese sido otra y el
referido Decreto 1888 de 1989 estuviese vigente, la relación entre el CDU y
este decreto sería diferente a la planteada por el Consejo Superior de la
Judicatura. En ese hipotético caso, dado que el CDU sienta las bases generales
del régimen disciplinario aplicable a todos los servidores públicos, los
regímenes especiales deberían construirse e interpretarse sobre esos
fundamentos comunes, de manera tal que, en lugar de sostenerse que la
existencia de un régimen disciplinario especial autorizaría el desacato del
régimen general, habría de deducirse que dicho régimen especial es
complementario del general".
2.4. Por lo demás la
materia regulada en la norma del art. 16 del decreto 1888/89 se encuentra
desarrollada en diferentes normas de la ley 270/96 Estatutaria de la
Administración de Justicia.
2.5. En las
circunstancias anotadas, es evidente que las normas acusadas se encuentran
derogadas y no están produciendo efectos jurídicos. Por consiguiente, el fallo
será inhibitorio por carencia actual de objeto sobre el cual decidir.
V. DECISION.
Con fundamento en
las precedentes consideraciones, la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandado de la Constitución,
RESUELVE:
Declararse INHIBIDA
para pronunciarse en relación con la constitucionalidad de los artículos 15
y 16 del Decreto ley 1888 de 1989, por carencia actual de objeto sobre el cual
decidir.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y archívese el expediente.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[2] Sentencia C-244/96. MP Carlos Gaviria
Díaz, Consideración Jurídica f. En el mismo sentido, sentencia C-417/93.