T-144-94
Sentencia No
Sentencia
No. T-144/94
CAMPAÑAS
POLITICAS-Adherentes
La
calidad de servidor público que ostenta el demandante, no es óbice para la
procedencia de la acción, pues el actor, como Representante a la Cámara, a
diferencia de los funcionarios públicos señalados en el artículo 127 de la
Constitución, puede "tomar parte en las actividades de los partidos y
movimientos y en las controversias políticas...". Teniendo en cuenta los
hechos que sirven de base a la demanda (una reunión partidista, parte de una
campaña electoral, con adhesión pública a una precandidatura presidencial,
etc.), no se encuentra irregular la asistencia del Representante a un acto
político de campaña electoral y su participación activa en él. En consecuencia,
está legitimado para reclamar, a través de la tutela, la presunta violación de
sus derechos fundamentales, resultante de haber asistido al ágape.
SUBORDINACION-Inexistencia
La
relación que existía entre la organización de la campaña del precandidato y el
demandante, estaba limitada a las manifestaciones públicas de éste último, en
el sentido de apoyar la precandidatura. Empero, según el ordenamiento jurídico
vigente, la simpatía por un candidato partidista y la voluntad de apoyar su
candidatura, así sean públicamente expresadas, no otorgan al candidato poder de
mando o autoridad sobre el simpatizante, ni imponen a éste último el deber de
obediencia. Sin embargo, la organización de la campaña samperista es una
organización particular y, entonces, libre para establecer en sus estatutos
relaciones de subordinación entre las personas que se vinculen como empleados y
los jerarcas de la campaña, siempre que no se viole la Constitución o las
leyes. Es claro que no se puede aceptar que el actor tenía una relación de
subordinación con la organización de la precandidatura, con el precandidato o
con el fiscal ético, por lo que no es procedente la acción de tutela.
INDEFENSION-Inexistencia
No
hay prueba en el expediente, así sea sumaria o meramente indiciaria, que
permita a la Corte aceptar la indefensión del actor frente a los demandados o
su organización electoral y, en consecuencia, aceptar la procedencia de esta
acción contra particulares.
Ref.:
Expediente No. 25819
Acción
de tutela en contra del juzgamiento público y la decisión del fiscal ético de
la campaña del precandidato liberal Ernesto Samper Pizano, así como la decisión
adoptada por el mismo precandidato.
Temas:
Procedibilidad
de la acción de tutela en contra de particulares.
Relación
de subordinación o indefensión.
Actividades
lícitas de los particulares.
Actor:
Rodrigo Turbay Cote.
Magistrado
Ponente:
Dr. Carlos Gaviria Díaz.
Acta
No.
En
Santafé de Bogotá, D.C., a los veintitres (23) días del mes de marzo de mil
novecientos noventa y cuatro (1994), la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas,
compuesta por los Magistrados Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández
Galindo y Hernando Herrera Vergara,
EN
NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR
MANDATO DE LA CONSTITUCIÓN,
Procede
a dictar sentencia en la revisión del fallo proferido por el Honorable Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá D.C., en el proceso de la
referencia, luego de considerar lo siguiente:
1.
ANTECEDENTES.
El
18 de septiembre de 1993 se realizó en Leticia, Amazonas, una reunión política
para el lanzamiento de la campaña de reelección a la Cámara de Representantes
del señor Melquisedec Marín.
Entre
otros, asistieron a la reunión, el Representante Rodrigo Turbay Cote -actor en
el presente proceso-, el Senador Jorge Eduardo Gechem y el Director de la Casa
Liberal de Leticia, Evaristo Porras Ardila.
A
la reunión, a las repetidas manifestaciones de adhesión a la campaña
presidencial del precandidato Ernesto Samper, a los asistentes, a la supuesta
vinculación del señor Porras Ardila con el narcotráfico y a las expresiones que
se usaron allí para exhaltarlo, se les dió gran publicidad en los medios de
comunicación hablados y escritos.
Ante
el despliegue que recibió la reunión de Leticia y la entonces reciente
expedición por parte del precandidato presidencial Samper Pizano de un código
de ética para su campaña, éste último decidió que fuera el Fiscal Etico de la
campaña de su movimiento, el Dr. Jorge Valencia Jaramillo, el que se
pronunciara, verdad sabida y buena fé guardada, sobre la permanencia en el
grupo de Congresistas que apoyan la campaña samperista, de los señores Turbay
Cote, Gechem y Marín.
Luego
de entrevistarse con los señores Turbay Cote, Gechem y Marín, y de recolectar
las pruebas que le parecieron conducentes, el señor Valencia Jaramillo decidió,
entre otras cosas, que: "La opinión pública no entiende la participación,
en el acto antes referido, del Representante Rodrigo Turbay Cote. Conocedor,
como lo es, de la situación política en esa zona del país, no podía dejarse
sorprender por las circunstancias en ningún momento. Llaman la atención,
también, de manera especial, sus palabras en el mencionado acto político, así como
sus declaraciones y explicaciones posteriores al mismo. Por todo ello, en mi
concepto, en su caso tampoco se debería aceptar su apoyo político."
El
precandidato presidencial Samper Pizano, en un pronunciamiento público que
siguió al concepto del fiscal ético de la campaña, manifestó: "2.- Acoger
el concepto del Fiscal de la Campaña, en el sentido de no aceptar el apoyo
político ofrecido por el Representante Rodrigo Turbay Cote."
2.
DEMANDA DE TUTELA.
El
15 de octubre de 1993, el señor Turbay Cote, por medio de apoderado, presentó
una demanda de tutela por la presunta violación de sus derechos fundamentales,
en contra de los particulares Drs. Jorge Valencia Jaramillo y Ernesto Samper
Pizano.
Afirma
la demanda que los demandados violaron los derechos al debido proceso, a la
intimidad, a la libertad de expresión, a la honra, a la libre asociación, a la
participación política, a afiliarse y retirarse de partidos y movimientos
políticos y al deber de participar en la vida pública de la Nación.
Solicita
el actor:
"1.
Que públicamente y a la mayor brevedad se ordene la retractación del concepto
del fiscal ético Jorge Valencia Jaramillo por ser abiertamente violatorio de la
Constitución y las Leyes.
2.
Que, consecuentemente, haya una retractación pública del pronunciamiento
emitido por el precandidato liberal Ernesto Samper Pizano aceptando el concepto
del fiscal ético." (folio 3)
3.
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA.
El
Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, Sala
Penal, conoció en primera instancia de la demanda, la admitió, recolectó las
pruebas y, con ponencia de la Magistrada Beatriz Castaño de López, decidió que
la acción de tutela era improcedente, con base en consideraciones como las
siguientes:
"Corresponde
entonces determinar si el doctor RODRIGO TURBAY COTE frente a la organización
privada de la campaña Samper se encuentra en una de las situaciones referidas
por la norma en estudio. Esto es, en situación de subordinación o de
indefensión."
"....
"Para
entrar ya en la recta final de la decisión a tomar por el Tribunal, debe
plantearse si el doctor RODRIGO TURBAY COTE tiene alguna relación de
subordinación con el grupo samperista, o si, frente a esa determinación,
ciertamente se encontraba en circunstancias de indefensión, habida cuenta que,
de la determinación de cualquiera de estas situaciones en el caso concreto, se
desprenderá la procedencia o nó de la acción incoada."
"Sentadas
las pautas anteriores, resulta imperativo señalar, que no se advierte ninguna
situación de subordinación del congresista Turbay Cote, ni respecto de la
campaña política de Samper Pizano, ni con relación a éste. Resulta claro que la
adhesión o apoyo político ofrecido por el accionante, se produjo dentro de su
propia libertad de acción. Vale decir, que el respaldo político de parte del
representante RODRIGO TURBAY COTE a la precandidatura, surgió de manera
voluntaria y espontánea de su parte, sin que hubiera mediado exigencia de
ninguna clase determinante de su seguimiento, como claramente y en forma
precisa lo señala el peticionario en su declaración, cuando informa cómo en
varias ocasiones y ante variasz personas, exteriorizó sus simpatías por la
precandidatura del señor Samper "como la opción política más clara del
partido". Es decir, que la adhesión política en mención, dista
absolutamente de ese otro fenómeno denominado subordinación, ya que, se
insiste, la relación de tipo político y por ende, el apoyo de esta índole que
pudo haber prestado el accionante a la campaña del Doctor Samper, jamás puede
endilgar dependencia entre uno y otro, máxime cuando para estas colectividades
les asiste el derecho a la libre asociación ampliamente consagrada y
garantizada por la Carta Política."
"Todo
nos indica sin duda alguna, que tanto su adhesión como su eventual retiro en el
apoyo de la precandidatura, dependía única y exclusivamente de la voluntad del
accionante. Empero, no quiere esto significar, que una vez expresado su deseo
de respaldo al movimiento, no le fueran exigibles las reglas de conducta expedidas
por la campaña, y que, sabemos, fueron patentizadas en el documento conocido
como Código de Etica, derecho que no se les puede desconocer a sus
inspiradores."
"En
efecto, como clara y ampliamente lo explican tanto los demandados como el mismo
doctor TURBAY, no fueron solamente las publicaciones periodísticas el sustento
de la decisión atacada, sino que además, con diligencia destacable, en la
medida que de conformidad con el principio que regía el juicio ético
-"verdad sabida, buena fé guardada"-, no le era exigible atender toda
suerte de formalidades, el fiscal se entrevistó con los implicados en el
asunto, para escuchar sus propias razones sobre los hechos. Con base pues, en
estos soportes, adoptó la decisión que en conciencia consideró equitativa y consecuente
con los ideales que rigen la campaña del doctor ERNESTO SAMPER PIZANO
enmarcados dentro de ese Código de Etica (rigurosa aplicación de los principios
morales y éticos, proscribiendo de manera absoluta la corrupción como práctica
política)."
"Vistas
así las cosas, no corresponde a esta Sala hacer pronunciamiento alguno en
relación con los derechos constitucionales fundamentales supuestamente
vulnerados por los demandados, en cuanto, no procede la tutela en este
específico evento, haciéndose innecesario cualquier análisis de los
mismos."
Este
fallo no fue impugnado, por lo que no se dió la segunda instancia.
4.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE.
4.1.
COMPETENCIA.
La
Corte Constitucional es competente para conocer del presente proceso, en virtud
de los artículos 86 y 241 de la Constitución. La Sala Cuarta de Revisión de
Tutelas recibió este expediente para pronunciarse sobre el fallo de instancia,
por decisión de la Sala de Selección Número Nueve, que consta en auto del
veintiuno (21) de noviembre de mil novecientos noventa y tres (1993).
4.2.
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA.
4.2.1.
INEXISTENCIA DE UNA RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN.
En
el caso que se revisa, el demandante es un servidor público y los demandados
son particulares; así, ha de examinarse el caso desde los artículos 6 y 86 de
la Constitución.
Inicialmente,
la calidad de servidor público que ostenta el demandante (art. 123 C.P.), no es
óbice para la procedencia de la acción, pues el actor, como Representante a la
Cámara, a diferencia de los funcionarios públicos señalados en el artículo 127
de la Constitución, puede "tomar parte en las actividades de los partidos
y movimientos y en las controversias políticas..." (inciso segundo). Es
decir, teniendo en cuenta los hechos que sirven de base a la demanda (una
reunión partidista, parte de una campaña electoral, con adhesión pública a una
precandidatura presidencial, etc.), no se encuentra irregular la asistencia del
Representante Turbay Cote a un acto político de campaña electoral y su
participación activa en él. En consecuencia, está legitimado para reclamar, a
través de la tutela, la presunta violación de sus derechos fundamentales,
resultante de haber asistido al ágape.
Los
demandados, en cambio, son particulares y no prestan ningún servicio público,
no violan o amenazan violar el artículo 17 de la Constitución, no son objeto de
reclamación relacionada con el habeas data, ni con el derecho a la
rectificación de publicaciones y no se impetra contra ellos la tutela del
derecho a la vida o la integridad personal, por lo que únicamente queda por
examinar si la presente acción de tutela es procedente según el numeral 4 del
artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. En síntesis, el problema a examinar se
reduce a saber si el actor tiene con los demandados o con la organización de la
campaña samperista, una relación de subordinación o indefensión.
Hasta
donde aparece probado en el expediente, la relación que existía entre la
organización de la campaña del precandidato Samper Pizano y el Representante
Turbay Cote, estaba limitada a las manifestaciones públicas de éste último, en
el sentido de apoyar la precandidatura. Empero, según el ordenamiento jurídico
vigente, la simpatía por un candidato partidista y la voluntad de apoyar su
candidatura, así sean públicamente expresadas, no otorgan al candidato poder de
mando o autoridad sobre el simpatizante, ni imponen a éste último el deber de
obediencia.
Sin
embargo, la organización de la campaña samperista es una organización
particular y, entonces, libre para establecer en sus estatutos relaciones de
subordinación entre las personas que se vinculen como empleados y los jerarcas
de la campaña, siempre que no se viole la Constitución o las leyes. Desde esta
perspectiva, las relaciones jurídicas de subordinación reconocidas por el
ordenamiento colombiano, no pueden válidamente existir entre el precandidato
presidencial de un partido, movimiento u organización social y un Representante
a la Cámara, pues se estaría violando claramente la prohibición contenida en el
numeral 1 del artículo 180 de la Constitución; pero, no es éste el caso del
actor.
Por
tanto, es claro que no se puede aceptar que el actor tenía una relación de
subordinación con la organización de la precandidatura samperista, con el precandidato
Samper Pizano o con el fiscal ético Valencia Jaramillo, por lo que no es
procedente la acción de tutela.
4.2.2.
INEXISTENCIA DE UNA RELACIÓN DE INDEFENSIÓN.
Ahora
bien: ¿estaba el Representante Turbay Cote en relación de indefensión? Consta
en el expediente que el señor Representante se defendió ante los medios de
comunicación -folios 23 a 51-, sin que el precandidato Samper, el fiscal ético
Valencia Jaramillo o la organización de la precandidatura intentaran impedirlo.
Consta
también que, dentro de la averiguación adelantada por el señor Valencia
Jaramillo, se le escuchó y se consideraron sus razones (las manifestadas al
fiscal ético y a la prensa, ver folios 16 a 19), antes de adoptar una
recomendación. Además, ni el precandidato Samper, ni el fiscal ético de la
campaña, ni la organización de la precandidatura intentaron siquiera impedir
que el señor Turbay Cote opinara libremente ante la prensa sobre su exclusión
del movimiento o que acudiera a las vías judiciales para impugnar el rechazo de
su apoyo político. Así, no hay prueba en el expediente, así sea sumaria o
meramente indiciaria, que permita a la Corte aceptar la indefensión del actor
frente a los demandados o su organización electoral y, en consecuencia, aceptar
la procedencia de esta acción contra particulares.
5.
DECISIÓN.
Con
base en las consideraciones expuestas, la Corte Constitucional, Sala Cuarta de
Revisión de Tutelas, en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.
Confirmar la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé
de Bogotá D.C., Sala Penal, fechada el veintisiete (27) de octubre de mil
novecientos noventa y tres (1993), que declaró improcedente la acción de tutela
intentada por el señor Rodrigo Turbay Cote.
SEGUNDO.
Comunicar la presente providencia al Honorable Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santafé de Bogotá D.C., para los efectos del artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Comuníquese,
notifíquese y cúmplase.
CARLOS
GAVIRIA DÍAZ
Magistrado
Ponente
JOSÉ
GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Magistrado
HERNANDO
HERRERA VERGARA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General.