T-682-16
Sentencia T-682/16
ACCION DE TUTELA EN CONCURSO DE MERITOS-Procedencia
excepcional cuando a pesar de existir otro medio de defensa judicial, éste no
resulta idóneo para evitar un perjuicio irremediable
En relación con los concursos de méritos para acceder a cargos de carrera, la jurisprudencia de esta
Corporación ha señalado que, en principio, la acción de tutela debe declararse
improcedente. No obstante lo anterior, el precedente de la Corte ha señalado
que los medios de control de la jurisdicción contencioso administrativa, bien sea a través
de la acción electoral, de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
o de la acción de reparación directa, no son los mecanismos idóneos y eficaces,
en razón del prolongado término de duración que este tipo de procesos pudiese
tener.
PROCESO DE SELECCION EN CONCURSO DE MERITOS-Procedencia
de la acción de tutela
PROCESO DE SELECCION EN CONCURSO DE MERITOS DE LA
RAMA JUDICIAL-Alcance del artículo 164 de la ley 270/96
La Ley 270 de 1996 señala que la carrera judicial tiene como
fundamento el carácter profesional de funcionarios y empleados, la eficacia de
su gestión, la garantía de igualdad en las posibilidades de acceso a la función
para todos los ciudadanos aptos al efecto y la consideración del mérito como
fundamento principal para el ingreso, la permanencia y la promoción en el
servicio. A efectos de ocupar los cargos de carrera en la rama judicial, se
requiere, además de los requisitos de ley, haber superado satisfactoriamente el
proceso de selección aprobado en las evaluaciones previstas en la ley y de
conformidad con los reglamentos que expida el Consejo Superior de la
Judicatura.
CONCURSO DE MERITOS DE LA RAMA JUDICIAL-Etapas
de selección y clasificación
El concurso de méritos comprende dos etapas: La selección y
clasificación. La etapa de selección tiene por objeto la escogencia de los
aspirantes que harán parte del correspondiente registro de elegibles y estará
integrada por el conjunto de pruebas que, con sentido eliminatorio, señale y reglamente
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. La etapa de
clasificación tiene por finalidad establecer el orden de registro según el
mérito de cada concursante elegible, asignándosele a cada uno un lugar dentro
del registro para cada clase de cargo y de especialidad.
CONCURSO DE MERITOS DE LA RAMA JUDICIAL-Obligación
de realizar el proceso de selección para proveer los cargos de funcionarios de
la rama judicial cada dos años, según art. 164 de la ley 270 de 1996
Considera
la Sala que el artículo 164 de la Ley 270 de 1996, establece una obligación en
cuanto a la realización del proceso de selección para proveer los cargos de
funcionarios de la rama judicial cada dos años, lo anterior, teniendo en cuenta
que este proceso de selección, busca proveer la vacante existente con la mejor
opción, sobre la base de que  la carrera judicial tiene en el principio del
mérito el fundamento principal para su ingreso. En consecuencia, con el fin de
que los servidores judiciales sean las personas
con mayor experiencia conocimiento e idoneidad, deben entonces las autoridades
administrativas judiciales cumplir con la función de procurar la vinculación de
funcionarios idóneos, lo que debe buscarse a través de los procesos de
selección establecidos en la ley para ello. Es así como el Consejo Superior de
la Judicatura está en la obligación de desplegar la gestión necesaria, no solo
para reglamentar la convocatoria de conformidad con lo dispuesto en la ley
estatutaria de justicia, sino para el cumplimiento de procesos ágiles que
permitan contar con un registro de elegibles al momento de presentarse las
vacantes, funciones que le son encomendadas conforme la normativa
constitucional y legal que regula el tema.
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO EN CONCURSO DE
MERITOS-Convocatoria como ley del concurso
La Convocatoria constituye una norma que se convierte en
obligatoria en el concurso, en consecuencia, cualquier incumplimiento de las
etapas y procedimientos consignados en ella, vulnera el derecho fundamental del
debido proceso que le asiste a los participantes, salvo que las modificaciones
realizadas en el trámite del concurso por factores exógenos sean plenamente
publicitadas a los aspirantes para que, de esta forma, conozcan las nuevas
reglas de juego que rigen la convocatoria para proveer los cargos de carrera
administrativa.
CONVOCATORIA EN CONCURSO DE MERITOS DEL REGIMEN
ESPECIAL DE LA RAMA JUDICIAL-Norma que reglamenta las condiciones y los
procedimientos que deben cumplir y respetar tanto los participantes como la
administración
La convocatoria en el concurso público de
méritos es la norma que de manera fija, precisa y concreta reglamenta las
condiciones y los procedimientos que deben cumplir y respetar tanto los
participantes como la administración. Son reglas inmodificables, que tienen un
carácter obligatorio, que imponen a la administración y a los aspirantes el
cumplimiento de principios como la igualdad y la buena fe. Las reglas del
concurso autovinculan y controlan a la administración, y se vulnera el derecho
del debido proceso cuando la entidad organizadora del concurso cambia las
reglas de juego aplicables y sorprende al concursante que se sujetó a ellas de
buena fe. Solo en casos excepcionales, y por “factores exógenos”, como señala
el precedente de la Corporación, cuando se varían las etapas o normas, dicha
modificación debe ser publicitada a los participantes. Reglas que deben ser
precisas y concretas, con el fin de que los aspirantes tengan un mínimo de
certeza frente a las etapas del proceso de selección y la duración de las
mismas, que no los someta a una espera indefinida y con dilaciones
injustificadas.
CONCURSO DE MERITOS DE LA RAMA JUDICIAL-Vigencia
de la lista de elegibles es por cuatro (4) años
CONCURSO DE MERITOS DE LA RAMA JUDICIAL-Nombramientos
de funcionarios en provisionalidad no podrá exceder de seis meses, mientras se
designa al titular por el sistema de selección
CONCURSO DE MERITOS DE LA RAMA JUDICIAL-Obligación
del Consejo Superior de la Judicatura cumplir términos previstos para realizar
los concursos en la rama judicial y conformar lista de elegibles que tendrá
vigencia de cuatro años
DEBIDO PROCESO EN CONCURSO DE MERITOS DE LA RAMA
JUDICIAL-Orden al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa,
realizar gestiones y actuaciones para iniciar una nueva convocatoria para el
concurso de méritos para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama
Judicial
Referencia:
Expediente
T-5.685.390
Demandante:
María Elena Caicedo,
José Vallejo Goyes y Melissa Andrade Ruiz
Demandados:
Consejo
Superior de la Judicatura -Sala Administrativa- Unidad de Administración de la
Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y Escuela Judicial
Rodrigo José Lara Bonilla.
Magistrado
Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá, D.C., dos (2) de
diciembre de dos mil dieciséis (2016)
La Sala Cuarta de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado y Jorge Iván Palacio Palacio, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En la revisión
del fallo dictado el 12 de mayo de 2016, por la Sección Segunda Subsección A,
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante la
cual se modificó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Nariño, Sala de Decisión del Sistema Oral[1],
en el sentido de amparar el derecho fundamental del debido proceso
administrativo, y “estarse a lo resuelto en el numeral tercero de la sentencia
de 17 de marzo de 2016, proferida en la acción de tutela
No.05001-23-33000-2015-02566-01”. En la que se ordenó: “al Presidente de la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura o a quien haga sus
veces y al Director de la Escuela Rodrigo Lara Bonilla, que dentro de los 30
días siguientes a partir de la notificación de esta sentencia se emita un cronograma
con plazos razonables para la ejecución de cada una de las etapas restantes del
concurso de méritos No. 22 señalado en el Acuerdo No. PSAA13-9939 de 25 de
junio de 2013”.
Se estableció un
término que no podrá superar un año y medio contado a partir de la celebración
del contrato o convenio para la realización del curso de formación judicial
hasta la conformación de la lista de elegibles. “El cronograma deberá ser
puesto en conocimiento del accionante y publicado en un medio de comunicación
de amplia circulación nacional, así como en la página web de la Rama Judicial.
Al culminar los 30 días señalados, el Presidente de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura o quien haga sus veces en el organismo
correspondiente, deberá remitir en un término de 5 días hábiles al Tribunal
Administrativo de Antioquía, el cumplimiento de las órdenes señaladas.”
La presente acción de tutela fue
escogida para revisión por la Sala de Selección Número Ocho, mediante auto de veintidós
(22) de agosto de dos mil dieciséis (2016), y repartida a la Sala Cuarta de
esta Corporación para su decisión.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud
María Elena
Caicedo, José Vallejo Goyes y Melissa Andrade Ruiz, presentaron acción de
tutela contra el Consejo Seccional de la Judicatura -Sala Administrativa-,
Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura y Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, con el fin de obtener la
protección de los derechos fundamentales de acceso a los cargos públicos,
igualdad, mérito, buena fe, respeto al acto propio y confianza legítima.
2. Reseña fáctica
La situación fáctica a partir de la cual se fundamenta la
invocación del amparo constitucional, es la que a continuación se expone:
2.1. Manifiestan los accionantes que
se encuentran inscritos en la Convocatoria No.22 adelantada por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para proveer los cargos de
funcionarios en la Rama Judicial, cuya norma reguladora es el Acuerdo
PSAA13-9939 del 25 de junio de 2013, proferido por dicha Corporación. Advierten
que superaron la prueba de conocimientos que es eliminatoria y con la cual se
inició el proceso para conformar la lista de elegibles.
2.2. De conformidad con lo
dispuesto en el Acuerdo No. PSAA13-9939 del 25 de junio de 2013, la
convocatoria comprende las etapas de: (i) Concurso de méritos; (ii)
Conformación del Registro Nacional de Elegibles; (iii) Elaboración de listas de
candidatos;  iv) Nombramiento y v) Confirmación. El concurso de méritos se
compone de la Fase I, la Prueba de Conocimientos y Psicotécnica y la Fase II, Curso
de Formación Judicial.
2.3. Las etapas y fases del
concurso que se encuentran finalizadas son: la prueba de conocimientos que fue
presentada el 1 de diciembre de 2014, la publicación de resultados, el 12 de
febrero de 2015, (Resolución CJRES1520 del 12 de febrero de 2015), y la etapa
de resolución de recursos de reposición contra los resultados de la prueba de
conocimientos, el 24 de septiembre de 2015 (Resolución No. CSRES15-252).
2.4. Agregan los accionantes que a
pesar de haber quedado en firme la Resolución CSRES15-252, hasta el momento, no
se ha expedido el Acuerdo Pedagógico que rige el curso de formación judicial, como
tampoco se han citado a los alumnos a su inscripción, habiendo transcurrido más
de 2 años y medio desde la expedición del Acuerdo PSAA13-9939 del 25 de junio
de 2013, más de un año desde la publicación de la prueba de conocimientos y 4
meses desde el acto administrativo que resolvió los recursos de reposición.
2.5. En vista de la situación
presentada con el concurso, se han radicado distintas solicitudes por parte de
los concursantes de todo el país respecto del “inició del VII Curso de
Formación Judicial en la Convocatoria No.22”. La Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura y la Unidad de Carrera Judicial, manifestaron
que la evolución de las correspondientes etapas del concurso dependen de
múltiples factores tales como el proceso de contratación y la resolución de
impugnaciones, razón por la cual, no es posible establecer fechas ciertas para
el cumplimiento de las fases que restan.  De igual manera, aduce que es
necesario la expedición del Acuerdo Pedagógico.
2.6. La Escuela Rodrigo Lara Bonilla
publicó, en su página web, un comunicado de fecha 22 de diciembre de 2015, en
el que se explican las razones por las cuales no se inició el VII Curso de
Formación Judicial para la Convocatoria 22 de 2015, señalando que las
dificultades para iniciar el curso se deben a: 1) retrasos y obstáculos por
parte de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a raíz de la falta
de personal en esa dependencia, esto con ocasión de la incertidumbre en la
prórroga de las medidas de descongestión y 2) el corto tiempo para adelantar
los trámites del convenio interadministrativo, que al efecto se requiere. Así
mismo, señaló que ningún proceso de contratación depende de la Escuela
Judicial, toda vez que la Escuela presta un apoyo técnico en la elaboración de
marcos lógicos y estudios de mercado, entre otras cosas. Por último, aclaró que
en el mes de enero de 2016 se reiniciaron las gestiones, que le corresponden
realizar, no obstante lo anterior, hasta el momento no se ha publicado ninguna
convocatoria para la inscripción del mencionado curso de formación judicial.
2.7. Adicionalmente, expresan los
accionantes que las listas de elegibles para los cargos a los que aspiraron en
el marco de la Convocatoria 22 perdieron su vigencia, incumpliéndose así el
mandato del artículo 163 de la Ley 270 de 1996, el cual establece que el
nombramiento en provisionalidad en caso de vacancia temporal mientras se
realiza el nombramiento por el sistema no podrá exceder de seis meses. Así
mismo, que el Acto Legislativo 002 de 2015, en su artículo 18 transitorio,
literal h), dispone que los concursos de méritos que adelanta la Unidad de
Carrera Judicial seguirán su trámite sin solución de continuidad.
2.8. En relación con los
argumentos esbozados por la Unidad de Administración de Carrera Judicial,  manifiestan
que asignaron las partidas presupuestales para la iniciación del VII Curso de
Formación Judicial inicial para Magistrados y Jueces del país (Acuerdo
PSAA15-10310 y PSAA15-15-10390), no obstante lo anterior, no se ha proferido el
Acuerdo Pedagógico, como tampoco se ha citado al proceso de inscripción al
curso concurso. Así mismo, advierten que se crearon cargos de funcionarios
permanentes en todo el país, los cuales entrarán en operación, todos en estado
de vacancia definitiva, lo anterior, por la expiración de la vigencia de las
anteriores listas de elegibles (PSAA15-10401).
2.9.  A juicio de los actores,
los derechos fundamentales de acceso a los cargos públicos y debido proceso
fueron vulnerados  por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura y la Unidad de Administración de Carrera Judicial, al no expedir el
Acuerdo Pedagógico, citar a inscripciones e iniciar el curso de formación
judicial pese a que desde el primer semestre de 2015 se encuentran las
condiciones jurídicas y presupuestales necesarias para ello.
2.10.  Los accionantes señalan
que el Consejo de Estado, mediante sentencia del 17 de agosto de 2000, (Rad.
2245), determinó que  la Unidad de Carrera Judicial no está obligada a
presentar los resultados de la Convocatoria No.22 dentro de un plazo prudente,
pues la Constitución y la ley no establecen términos para la duración de los
concursos públicos de méritos en la Rama Judicial. Frente a esta decisión se
alega que dicho razonamiento resulta equivocado pues si bien se señaló que el
Decreto Ley 052 de 1987 y la Ley 270 de 1996 no establecen un término perentorio
para la conformación de las listas de elegibles, el artículo 132 de la Ley 270
de 1996, reconoce la provisionalidad como un fenómeno temporal cuya duración es
hasta de 6 meses, y el Acto Legislativo 002 de 2015, en su artículo 18
transitorio, literal h) dispone que los concursos de méritos que adelanta la
Unidad de Carrera Judicial seguirán su trámite sin solución de continuidad, lo
que no implica que la Unidad de Carrera Judicial tenga una patente de corso
para prolongar indefinidamente los concursos de méritos sin sujeción a plazos
razonables,  lo que resulta contrario al artículo 125 de la Constitución
Nacional y al artículo 163 de la Ley 270 de 1996.  Concluyen que si existe un
vacío normativo, este no puede interpretarse como una autorización para omitir
el deber de diligencia y celeridad en las actuaciones administrativas, sino que
debe llenarse aplicando analógicamente las diversas reglas que existen en
nuestro ordenamiento jurídico y que son obligatorias para todas las autoridades
públicas, de conformidad con los términos que establece el Código Contencioso
Administrativo en materia de plazos.
2.12. Finalmente, consideran los
accionantes que en un Estado Social de Derecho, la única forma de acceso a la
carrera administrativa es a través del mérito, por consiguiente, las
actuaciones de las autoridades deben encaminarse a la consecución de los fines
establecidos en la carta política y en el contexto actual en el que las listas
anteriores perdieron vigencia se deben adoptar  conductas que no impidan el
avance razonable de los procesos. El aprobar y adelantar un concurso de méritos
en varias de sus fases da lugar al nacimiento de expectativas legítimas de
acceder al cargo público para el concursante, las cuales, no pueden verse
frustradas porque una autoridad pública decidió abstenerse de ejecutar sus
propios mandatos. Es así como existe un derecho a que las convocatorias para
proveer cargos públicos concluyan dentro de un término razonable, y por ende, a
que no se dilaten de manera indefinida, siendo la acción de tutela el único
medio idóneo. Agregan que el proceso ha sido similar en otras convocatorias,
habiendo prosperado la acción de tutela para su avance.[2]
3.  Pretensiones de la demanda
Solicitan
los actores de la presente acción de tutela que se ordene a la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, o a la entidad que haga
sus veces, adelantar las actuaciones que sean necesarias para que en el término
de 48 horas se expida el Acuerdo Pedagógico, que rija el curso de formación
judicial  previsto por el Acuerdo PSAA13-9939 del 25 de junio de 2013, en el
marco de la Convocatoria 22.  A la Unidad Administrativa de Carrera Judicial
del Consejo Superior de la Judicatura, que en el término de 48 horas publique
un cronograma en el que se indiquen las fechas razonables en las que se
agotarán los pasos que hacen falta para terminar la Convocatoria No. 22, sin
que en ningún caso la sumatoria de dichos plazos, hasta la expedición del
registro de elegibles sea superior a 12 meses. A la Escuela Rodrigo Lara
Bonilla, que dentro del término de 48 horas al Acuerdo Pedagógico cite a
inscripción al curso de formación judicial a los aspirantes que en la
Convocatoria No. 22, aprobaron la prueba de conocimientos.
4. Pruebas relevantes que
obran en el expediente
Con el escrito
contentivo de la tutela se aportaron las siguientes pruebas:
-Sentencia de tutela del 25 de agosto
de 2015, Radicado No. 2300102-04-000-2015-0146-00, proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Montería Sala Penal. (Folio 8)
-Sentencia del 1º de septiembre de 2015,
en la acción de tutela Rad. 520011102000-2015-000-517-00, proferida por el Consejo
Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria (Folio 23)
-Oficio DEJRH-9907, del 15 de diciembre
de 2015, dirigido a la Directora de la Escuela Rodrigo Lara Bonilla, en la que
se da respuesta al Oficio enviado por la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, en relación con el proyecto de Convenio Interadministrativo con la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Folio 51, y 143 a 145).
-Memorando EJM15-676 del 6 de noviembre
de 2015, referente al Marco lógico, anexo técnico  y demás especificaciones para
contratar, brindar soporte logístico y tecnológico para el desarrollo y
ejecución del VII Curso de Formación Judicial Inicial. (Folio 129).
- Oficio DEJRH-9173, del 17 de
noviembre de 2015, mediante el cual se remiten los documentos para contratar el
soporte logístico y tecnológico para el desarrollo de la ejecución civil del
VII Curso de Formación Judicial (Folio 131 a 132)
-Oficio EJOF15-3478, en el que se
contesta la comunicación  DEAJRH15-9173 del 20 de noviembre de 2015, respecto
de la inclusión de recursos, para contratar la supervisión  y apoyo, para el
VII Curso de Formación Judicial (Folio 133 a 139).
-Oficio DEAJ15-1431, del 3 de diciembre
de 2015, mediante el cual se solicita el contrato interadministrativo celebrado
con la  UNAD. (Folio 140).
- Oficio EJOF15-3666, del 10 de
diciembre de 2015, dirigido a la Dra. Celinea Oróstegui de Jiménez, Directora
Ejecutiva de Administración Judicial. (Folio 141 y 142).
-Oficio del 24 de julio de 2015,
relacionado con la autorización de vigencias futuras 2016, en Gastos de Inversión.
Incluye el anexo técnico para la realización del VII Curso de Formación
Judicial Inicial (Folio 146 a 258).
- Propuesta Integral para el Desarrollo
Tecnopedagógico del VII Curso de Formación judicial inicial para los Aspirantes
a Magistrados y Jueces de la República en todas las especialidades y
jurisdicciones de conformidad con los lineamientos y metodología establecidos
por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla  (folio 291 a 316).
5. Respuesta de la Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla
Durante el término otorgado para el
efecto, la Directora de la Escuela Rodrigo Lara Bonilla manifestó por escrito
que el Curso de Formación Judicial que le corresponde adelantar como centro de
formación inicial y continua de la Rama Judicial, constituye la Fase II del
Concurso de Méritos convocado por la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura, mediante Acuerdo PSAA13-9939, del 25 de junio de 2013,
Convocatoria No. 22, para la conformación del Registro Nacional de Elegibles,
respecto de la provisión de los cargos de Jueces y Magistrados del régimen de
carrera judicial, que se encuentran vacantes en todas las especialidades y
jurisdicciones.
De conformidad con el Acuerdo
PSAA15-10318 del 25 de marzo de 2015, la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, aprobó el plan de Formación de Inversiones
presentado el día 15 de enero del mismo año, en el cual se incluyó la
realización del VII Curso de Formación Judicial Inicial, como parte del
Programa de Ingreso.
Informó que la Unidad Administrativa de Carrera Judicial, es responsable de la
Fase I del Concurso, por consiguiente, realizó la prueba de conocimientos y
publicó sus resultados.  Fueron resueltos los recursos y mediante memorando
CJMEM15329, del 29 de septiembre de 2015, se le comunicó de forma oficial la
población objetivo del curso y el insumo básico para adelantar la planeación y
estructuración del mismo.  Señala que en tiempo record remitió a la Unidad de
Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial el marco
lógico de las especificaciones esenciales, el estudio y análisis económico, así
como el certificado de disponibilidad presupuestal y los demás soportes para la
contratación logística, académica y virtual necesaria para el desarrollo del
curso. Para ello se realizó un convenio interadministrativo con la Universidad
Nacional Abierta y a Distancia UNAD, quien, como establecimiento de educación
virtual, ofrecía la mejor alternativa en cuanto a tecnología, sede y costos.  La
celebración del convenio interadministrativo era el contrato que brindaba un
menor desgaste administrativo, teniendo en cuenta que un proceso de licitación
no se alcanzaba a culminar.
La Unidad de Recursos Humanos formuló
cinco observaciones frente a la documentación presentada para la elaboración
del Convenio, mediante Oficio EJOF15-3478 del 20 de noviembre de 2015. Asimismo,
se programó una reunión el 30 de noviembre en la que se citó a las distintas
unidades de la dirección ejecutiva y se les informó el estado actual del
proceso preparatorio de la contratación del Curso de Formación Judicial Inicial
y las dificultades que se presentaban en cuanto a celebrar el Convenio
Interadministrativo, entre las cuales se encontraba la falta de personal de la
Dirección.  Se indicó además, que debía determinarse qué servicios de carácter
académico se debían contratar con la UNAD y qué servicios logísticos se debían
contratar con otros operadores.  Por ejemplo, los tiquetes aéreos se debían
adquirir a través de una adición a los contratos que fueron suscritos para el
año 2015. Advierte que la Escuela Judicial, atendiendo las instrucciones y
disposiciones respecto de los temas de contratación realizados por la Dirección
Ejecutiva, resolvió las inquietudes presentadas.
Agregó que le fue informado, mediante
memorando DEJRH15-9907 del 15 de diciembre de 2015, que la Dirección Ejecutiva
negó la propuesta presentada, aduciendo la falta de tiempo para adelantar los
trámites respectivos. En consecuencia, se liberaron los recursos en virtud del
principio de anualidad presupuestal y que este año se iniciaron todos los
tramites presupuestales de la vigencia fiscal, y que, además,  se realizarán
las siguientes gestiones: 1) someter a consideración de la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura el Plan de Formación de la Rama Judicial
y su correspondiente Plan de Inversiones, vigencia de 2016, dentro del cual se
contempla la realización del VII Curso de Formación Judicial Inicial,
pronunciamiento que actualmente se espera y, 2) una vez se obtenga la
aprobación, se dará a conocer a través de la página web de la Escuela Judicial
de la Rama Judicial  el Acuerdo Pedagógico  y el Cronograma del Curso de
Formación judicial, en los cuales se establecerá la fecha de inscripción al
curso.
6. Unidad de Administración de
Carrera Judicial
La Directora de la Unidad de Carrera
Judicial, solicitó declarar improcedente, la presente acción de tutela puesto
que no se demostró, si quiera de manera sumaria, el perjuicio irremediable.
Informó que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la
Unidad de Carrera Judicial, han adelantado todos los trámites a su cargo y que
son necesarios para dar impulso a la Convocatoria.  Así mismo manifestó que no
existe vulneración de los derechos fundamentales invocados, puesto que la
convocatoria realizada, mediante el Acuerdo No. PSAA13-9939 de 25 de junio de
2013, constituye apenas una expectativa de quienes tienen interés de participar
en el concurso de méritos para los cargos que expresamente allí se señalan; que
la participación en el concurso no implica un derecho adquirido, lo que fue
declarado por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en sentencia del 6 de
julio de 2015 Radicado No. 11001032550002013001524-00.
7. Coadyuvancias
Durante
el trámite de la revisión, la Corte Constitucional recibió las siguientes
coadyuvancias:
Mónica
Jiménez Reyes coadyuva la acción con base en los siguientes argumentos: Estima
que la acción es procedente, puesto que no existe ninguna acción judicial que
permita al juez constitucional realizar una juicio de fondo para determinar si
existe la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, debido
proceso, y acceso a cargos públicos. Considera que la demora de la Convocatoria
No. 22 se materializa por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional, la
Administración Judicial Nacional y la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura, quienes deben realizar los trámites correspondientes para la
contratación del curso de formación judicial. Su demora vulnera los principios
axiales de la función administrativa. Advirtió que en otras convocatorias de
entidades públicas como la Procuraduría General de la Nación, los procesos son
sumamente ágiles y cuentan con cronogramas definidos en comparación con la
Convocatoria No.22. Es así como existe una excesiva mora que contradice lo señalado
en la ley estatutaria de Administración de Justicia y, actualmente, no existen
listas de elegibles vigentes, tal y como se registra en el cuadro que se
encuentra publicado en la página web de la Rama Judicial.
Inés
Lorena Varela Chamorro y Martha Liliana Arteaga Pantoja, en su intervención,
indican que se ha superado el plazo razonable de dos años, lo que vulnera el
derecho del debido proceso, sin que las entidades encargadas de direccionar el
concurso hayan ofrecido razones que justifiquen la mora, amparándose solamente
en la discrecionalidad por falta de disposición que establezca un plazo
determinado. Destacan que de acuerdo a la asignación presupuestal de la rama
judicial, desde el año 2013 se ha incrementado el mismo.
En los
anteriores términos y bajo los mismos argumentos Lucelly Adriana Morales
Morales, Mario Arciniegas Toro, Juan Pablo Apraez Muñoz, Angela María Jojoa
Velásquez, Nelson Melendez Granados, Diana Marcela Álvarez Echeverry, Fabio
Hernán Martínez Villeta, Andrés Fernando Muñoz Quintero y Jorge Daniel Torres
Torres, coadyuvaron la presente acción de tutela.
8.  Actuaciones
en sede de Revisión
La Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional,
mediante auto del 6 de octubre de 2016, decretó las siguientes pruebas para
mejor proveer en el asunto de la referencia: respecto de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura se solicitó un informe
sobre el cronograma previsto para el cumplimiento de las etapas restantes de la
Convocatoria No. 22, (Concurso de Méritos para la Provisión de los cargos
Funcionarios de la Rama Judicial) y la gestión hasta el momento realizada a
efectos de iniciar el VII Curso de Formación Judicial.
En relación
con la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, se solicitó un informe sobre si se
expidió el Acuerdo Pedagógico a efectos de iniciar el VII Curso de Formación
Judicial establecido en la Convocatoria No. 22, (Concurso de Méritos para la
Provisión de los cargos de Funcionarios de la Rama Judicial), y las gestiones
adelantadas a efectos de cumplir con el cronograma previsto para el desarrollo
de la mencionada Convocatoria.
Y a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se le solicitó un informe  respecto
de las gestiones y del proceso de contratación realizado a efectos de iniciar
el VII Curso de Formación Judicial establecido para la Convocatoria No. 22,
(Concurso de Méritos para la Provisión de los cargos Funcionarios de la Rama
Judicial).
8.1 Pruebas recolectadas por la Corte Constitucional
durante el trámite de Revisión
Oficio EJOF16-2130 del 12 de octubre de 2016, suscrito
por Myriam Ávila de Ardila, en el que consta el cronograma de la Convocatoria
No. 22. Se advierte en dicho oficio que en cumplimiento de un fallo de tutela
proferido por el Consejo de Estado se procedió nuevamente a abrir una nueva
etapa de inscripción, trámite y resolución de las peticiones de homologación de
los concursantes que producto de la recalificación, aprobaron la Fase I del
Concurso. Se informa que la publicación de resultados se encuentra programada
para el 28 de septiembre de 2016. (Folios 14 a 19).
Copia del Acuerdo PSAA16-10534 del 24 de junio de
2016, por medio del cual se adopta el Acuerdo Pedagógico  que regirá el VII
Curso de Formación judicial Inicial para Jueces y Magistrados de la República
en todas las especialidades. (Folios 20 a 44).
Resolución No. CJRES16-488 del 26 de septiembre de
2016, mediante el cual se da cumplimiento a un fallo judicial, y en el cual la
Directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura, deja sin efectos la Resolución CJRES16-355 de 25 de
julio de 2016, mediante la cual se publicaron los resultados obtenidos por los
aspirantes en la prueba de conocimientos, en desarrollo del concurso de méritos
para la conformación del Registro Nacional de Elegibles para los cargos de Funcionarios
de la Rama Judicial. (Folios 44 a 50).
Copia del Acuerdo No. PSAA16-10518 del 23 de mayo de
2016, mediante el cual se autoriza a la Escuela Rodrigo Lara Bonilla, la
tramitación y resolución de las solicitudes de homologación como etapa previa a
la iniciación del VII Curso de Formación Judicial Inicial para Jueces y
Magistrados. (Folios 51 a 53).
Oficio EAJRH16-7831,  del 11 de octubre de 2016,
mediante el cual se informa que mediante memorando EJM16 -549, del 9 de
septiembre de 2016, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla solicitó a la
Unidad de Recursos Humanos adelantar las gestiones de contratación pertinente
con las Universidad Nacional Abierta y a Distancia  UNAD, para brindar el
soporte académico, virtual, tecnológico, y aulas con ayudas audiovisuales para
la ejecución del VII Curso de Formación Judicial Inicial, para los aspirantes a
Magistrados y Jueces de la República de todas las especialidades y
jurisdicciones de acuerdo a la propuesta presentada por la UNAD.
Se informa además, que fueron solicitados todos los
soportes y documentos para la realización del contrato interadministrativo con
la Universidad Nacional Abierta UNAD, y se solicitó a la Unidad de Asistencia
Legal la elaboración del contrato.  Fue suscrito el contrato
interadministrativo el 30 de septiembre de 2016, y manifiesta que según el
cronograma elaborado por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, la UNAD, está
consolidando el registro de las inscripciones realizadas hasta el 10 de octubre
de 2016 a las 12 pm. (Folios 54 a 74).
La Escuela Rodrigo Lara Bonilla confirmó que las
accionantes Maria Elena Caicedo y Melissa Andrade Ruiz, actualmente están
inscritas en el curso de formación Judicial. En el caso de José Vallejo, este
homologo un curso anterior.[3]
9.      DECISIONES DE
INSTANCIA
9.1 Sentencia de Primera
Instancia
El Tribunal Administrativo de
Nariño, Sala de Decisión del Sistema Oral, mediante sentencia del 2 de marzo de
2016, concedió el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad y acceso a los cargos públicos, en consecuencia, ordenó a la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que en el término de 30
días siguientes a su notificación, adelante las actuaciones que sean necesarias
para continuar con la etapa del concurso previsto en el Acuerdo PSAA13-9939 de
25 de junio de 2013, en el marco de la convocatoria No. 22, para lo cual deberá
dentro de este término pronunciarse respecto del Plan de Formación de la Rama
Judicial y su correspondiente Plan de Inversiones, vigencia 2015, dentro del
cual se contempla la realización del VII Curso de Formación Judicial Inicial.
Encontró el a quo que de
conformidad con el Acuerdo PSAA15-0328 del 25 de marzo de 2015, la Sala
Administrativa aprobó un presupuesto por valor de $11’861.638.889 de los cuales
la suma de $1’753.852.092 corresponden a la vigencia de 2015 y $10.107.786.797
a la vigencia de 2016, aprobada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
el 24 de julio de 2015, adicional a lo anterior, atendiendo lo dicho por la
Escuela Rodrigo Lara Bonilla, se tuvo en cuenta el pronunciamiento de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura respecto del Plan de
Formación judicial, así como el informe correspondiente, razón por la cual
aplica la presunción de veracidad consagrada en el artículo 20 del Decreto 2591
de 1991.
Bajo los anteriores supuestos
fácticos y, teniendo en cuenta que ni la ley ni el Acuerdo que reglamenta la Convocatoria
No 22 han establecido plazos para ejecutar cada una de las etapas del concurso,
ello no implica que sean indefinidos o superen un término razonable, pues la
Ley 270 de 1996 dispuso que las convocatorias se realizarán cada dos años para
mantener vigente las listas de elegibles. Como quiera que han transcurrido más
de dos años desde la expedición del Acuerdo PSAA13-9939 que dio apertura a la
Convocatoria No. 22 y como quiera que la labor desempeñada por la Escuela
Rodrigo Lara Bonilla, quien tiene a su cargo el VII Curso de Formación
Judicial, no ha iniciado, concluye el juez de primera instancia que existe una
vulneración de los derechos fundamentales de los actores al debido proceso,
igualdad, y acceso a cargos públicos.
Mediante providencia del 4 de
marzo de 2016, se adicionó la sentencia en el sentido ordenar a la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que en el término de 30
días siguientes a su notificación, adelante las actuaciones que sean necesarias
encaminadas a continuar con la etapa siguiente  del concurso previsto en el
Acuerdo PSAA13-9939 de 25 de junio de 2013, en el marco de la Convocatoria
No.22, para lo cual deberá dentro de este término pronunciarse respecto del
Plan de Formación de la Rama Judicial y su correspondiente Plan de Inversiones,
vigencia 2016, dentro del cual se contempla la realización del VII Curso de
Formación judicial y disponga la publicación íntegra del fallo de tutela de 2
de marzo de 2016, así como de la presente providencia en la página web de la
Rama Judicial y, particularmente, en el link de la Convocatoria No. 22.
9.2 Impugnación del accionante
La decisión fue impugnada por Melissa Andrade Ruíz, quien
considera que las órdenes no son suficientes para aprobar el plan de formación
judicial y su correspondiente plan de inversiones. Manifiesta que lo que va a
suceder es lo que  aconteció en el año 2015, año en que a pesar de encontrarse
aprobado el presupuesto, se dejó de ejecutar. Por consiguiente, solicita se
suscriba el convenio administrativo y se expida el Acuerdo Pedagógico que rija
el curso de formación judicial consagrado en el Acuerdo PSAA13-9939 de 25 de
junio de 2013, y se publique el cronograma en el que se indiquen las fechas
razonables en las que se agoten los pasos.
Andrés Medina Pineda, quien coadyuva la impugnación, estima que se
vulnera su derecho al debido proceso administrativo al no contemplarse fechas
ciertas en los cronogramas del Acuerdo PSAA13-9939 de 25 de junio de 2013.
9.3 Sentencia de Segunda Instancia
La Sección Segunda- Subsección A, del Consejo de Estado, modificó
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, en
consecuencia, amparó el derecho fundamental del debido proceso administrativo y
ordenó estarse a lo resuelto en el numeral tercero de la sentencia del 17 de
marzo de 2016, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la
acción de tutela Rad. 05001-23-22-000-2015-02566-01, y en la que se dispuso:
Ordenar “al Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, o quien haga sus veces en el organismo correspondiente, al Director
de la Unidad de Administración de Carrera Judicial y al Director de la Escuela
Rodrigo Lara Bonilla, que dentro de los treinta (30) días siguientes a partir
de la notificación de ésta providencia, emitan un cronograma con plazos
razonables para la ejecución de cada una de las etapas restantes del concurso
de méritos No. 22 señalado en el Acuerdo No. PSAA13-9939 de 25 de junio de
2013, para tal efecto deberá tenerse en cuenta que el término total no podrá
superar un año y medio contado a partir de la celebración del contrato  o
convenio para la realización del curso de formación judicial, hasta la
conformación del registro de elegibles. Dicho cronograma deberá ser puesto en
conocimiento de la accionante y publicado en un medio de comunicación de amplia
circulación nacional, así como en la página web de la Rama Judicial. Al
culminar los treinta (30) días señalados, el Presidente de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura o quien haga sus veces en
el organismo correspondiente deberá remitir, en un término de cinco (5) días
hábiles, al Tribunal Administrativo de Antioquía, el informe de cumplimiento de
las órdenes señaladas”.
La decisión tuvo como fundamento el
hecho de que efectivamente el Acuerdo PSAA 13-9939 de 25 de junio de 2013, no
determinó ningún plazo exacto para la realización de las posteriores etapas del
concurso de méritos, tal circunstancia constituye una patente de corso para
dilatar injustificadamente la realización de las siguientes etapas del proceso
y entrar en contradicción con lo dispuesto en la Ley 270 de 1996, artículo 164,
numeral 2º, que señala que la convocatoria a concurso de méritos se efectuará
cada dos años de manera ordinaria por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura y sus Seccionales. Advirtió la Sección que no se
desconocen los dispendiosos trámites que se necesitan para realizar el curso de
formación judicial y obtener la lista de elegibles, sin embargo, no puede
aceptarse que se someta a los concursantes a plazos inciertos que ponen en
entredicho el debido proceso administrativo. El concurso de méritos es una
actuación administrativa que debe ceñirse a los postulados del debido proceso
constitucional, y la entidad encargada de realizarlo debe someterse a unos
parámetros ciertos para poder adelantar las etapas propias del concurso a
efectos de concluir con la elaboración de la lista de elegibles, pues se afectan
los derechos de quienes participen en las convocatorias.
El máximo Tribunal de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siguiendo el precedente por ella
establecido, consideró que el hecho de que una persona no tenga conocimiento
acerca de cuanto puede tardar un proceso de selección genera una incertidumbre
inaceptable, cuando de ello depende el cumplimiento de una condición  de acceso
al cargo, que según se ha explicado, debería estar en plena claramente definida
en la reglamentación del concurso. La creación de una expectativa de ser
considerado para el acceso de un cargo público y que posteriormente se frustra
por razones imputables a la administración y no al ciudadano, afecta la
confianza en las instituciones, lo que, además, resulta incompatible con los
principios de celeridad y eficacia que deben orientar la actividad de la
administración.[4]
II.      FUNDAMENTOS JURÍDICOS
DE LA SALA
1.      Competencia
A través de
esta Sala de Revisión, la Corte Constitucional es competente para revisar la
sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sala de lo
Contencioso Administrativo, del 12 de mayo de 2016, que modificó la sentencia
del 2 de marzo de 2016, dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala
de Decisión del Sistema Oral, que concedió el amparo solicitado, en la acción
de tutela promovida por María Elena Caicedo, José Vallejo Goyes y Melissa
Andrade Ruiz contra El Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa,
la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y la
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Y con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia
con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Presentación del caso,
problema jurídico y esquema de solución
2.1 Manifiestan los accionantes
que se encuentran inscritos en la Convocatoria No.22 adelantada por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para proveer los cargos de
funcionarios en la Rama Judicial, cuya norma reguladora es el Acuerdo
PSAA13-9939 del 25 de junio de 2013, proferido por dicha Corporación. Aducen
que superaron la prueba de conocimientos que es eliminatoria y con la cual se
inició el proceso para conformar la lista de elegibles.
2.2. Advierten que el proceso de
selección regulado por el Acuerdo No. PSAA13-9939 del 25 de junio de 2013, de
conformidad con lo establecido en el artículo 162 de la Ley 270 de 1996
comprende las siguientes etapas:1) El Concurso de méritos 2) la Conformación
del Registro Nacional de Elegibles, 3) La elaboración de listas de candidatos,
4) Nombramiento y 5) Confirmación. El concurso de méritos a su vez, se compone
de dos etapas: la selección y la clasificación. La etapa de selección tiene dos
fases, la I, que consiste en la realización de la prueba de conocimientos y
psicotécnica y la fase II, el Curso de Formación judicial, ambas tienen un
carácter eliminatorio.  La Fase II del concurso será aplicada a los aspirantes
que aprueben la prueba de conocimientos, quienes deben ser convocados a través
de la página web. Dicha función está a cargo de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla.   El concurso se integra por dos etapas o fases, la general y la
especializada. El Curso de Formación Judicial se regirá por el Acuerdo
Pedagógico que profiera la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura y constituye la norma rectora para su desarrollo.
2.3.Las etapas del concurso que
hasta ahora se han surtido lo son: (i) la inscripción al concurso, que tuvo
lugar del 2 al 12 de julio de 2013, (ii) la presentación de la prueba de
conocimientos y psicotécnica la cual se realizó el 7 de diciembre de 2014[5];
(iii) la publicación de resultados el 12 de febrero de 2015 (Resolución
CJRES15-20)[6];
(iv) el 24 de septiembre de 2015, fueron resueltos los recursos de reposición
interpuestos en contra de la Resolución CJRES15-20 de 12 de febrero de 2015.
2.4. Advierten los accionantes
que hasta el momento, no se ha expedido el Acuerdo Pedagógico que rige el curso
de formación judicial, como tampoco se ha citado a los discentes a su
inscripción, habiendo transcurrido más de 2 años y medio desde la expedición
del Acuerdo PSAA13-9939 del 25 de junio de 2013, más de un año desde la
publicación de la prueba de conocimientos y 4 meses desde que el acto
administrativo resolvió los recursos de reposición. Dicha conducta, a su juicio,
vulneró los derechos fundamentales de acceso a los cargos públicos y debido
proceso, puesto que la lista de elegibles antes conformada, perdió su vigencia.
En consecuencia, se incumplió el mandato contemplado en el artículo 164 de la
Ley 270 de 1996, que establece que el nombramiento en provisionalidad en caso
de vacancia temporal no podrá exceder de seis meses.
2.5. Manifiestan que el Acto
Legislativo 002 de 2015, en su artículo 18 transitorio, literal h), dispone que
los concursos de méritos que adelanta la Unidad de Carrera Judicial deben
seguir su trámite sin solución de continuidad, por consiguiente, y en
concordancia con el  artículo 132 de la Ley 270 de 1996, la provisionalidad es
un fenómeno temporal cuya duración no puede exceder los 6 meses.  De igual
manera, consideran que existe una vulneración del artículo 125 de la
Constitución Nacional y del artículo 163 de la Ley 270 de 1996, pues aunque
exista un vacío normativo, este no puede interpretarse como una autorización
para omitir el deber de diligencia y celeridad en las actuaciones
administrativas, y por lo tanto, existe un derecho a que las convocatorias para
proveer cargos públicos concluyan dentro de un término razonable, y no se
dilaten de manera indefinida.
2.6. En consideración a los
antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala decidir, si la ausencia de un
cronograma en la Convocatoria No. 22, adelantada por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para proveer los cargos de
funcionarios en la Rama Judicial, dilación en la expedición del Acuerdo
Pedagógico y la mora en la apertura de la inscripción del curso de Formación
Judicial I, por parte de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura y la Escuela Rodrigo Lara Bonilla, vulneran los derechos
fundamentales del debido proceso y acceso a los cargos públicos.
2.7. Los problemas jurídicos que la
presente sentencia habrá de definir son los siguientes:
(i) si existe obligación legal y constitucional, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley 270 de 1996 y, en
concordancia con el Acto Legislativo 002 de 2015, para las autoridades
administrativas judiciales de realizar  los concursos de méritos, cada dos años
y,  (ii) se estudiará si las gestiones hasta ahora adelantadas por las
entidades accionadas han sido suficientes a efectos de cumplir, en un término
razonable, con el mandato constitucional y legal de efectuar las convocatorias
en el término fijado para ello, sin dilaciones injustificadas, y que traiga
como consecuencia una espera indefinida para los aspirantes.
2.8. Con el fin de dar solución al problema jurídico
planteado, la Sala estudiará: (i) La procedencia excepcional de la acción de tutela en materia de
concursos de méritos. Reiteración de jurisprudencia, (ii) El proceso de selección en la Rama Judicial, el alcance del artículo 164 de la Ley 270 de 1996, y la
obligatoriedad de realizar los concursos de méritos en la rama judicial cada
dos años (iii) La convocatoria como ley del concurso y el derecho fundamental al
debido proceso administrativo en los concursos de méritos Reiteración
jurisprudencial. Finalmente, (iv) el
estudio del caso en concreto.
3. La procedencia excepcional de
la acción de tutela en materia de concursos de méritos. Reiteración de
jurisprudencia
3.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Carta, la acción de tutela es
un mecanismo de defensa judicial residual y subsidiario, que permite la
protección inmediata de los derechos fundamentales de una persona, vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o incluso de
los particulares, en los términos prescritos por la ley.
Procede cuando la persona no dispone de otro medio de defensa judicial o
cuando, existiendo otro medio alternativo de protección, éste no resulta idóneo
para su amparo efectivo. Asimismo, procede como mecanismo transitorio, en
aquellas circunstancias en las que, a pesar de existir un medio adecuado de
protección, se requiere evitar un perjuicio irremediable, por lo que se exige
una perentoria acción constitucional.[7]
3.2. Pues bien, la idoneidad
del medio de defensa alternativo exige una evaluación en concreto de los
mecanismos de defensa existentes, razón por la cual debe estudiarse cada caso en
particular, a efectos de determinar la eficacia del medio de defensa, si este
tiene la aptitud necesaria para brindar una solución eficaz y expedita al
quebrantamiento o amenaza del derecho fundamental que se alega vulnerado.
Vistas así las cosas, si el mecanismo es eficaz, la tutela resulta ser improcedente,
a menos que, como  quedó expresado, se demuestre la existencia de un perjuicio
irremediable que imponga la protección constitucional transitoria.
3.3.
En relación con los concursos de méritos para acceder a cargos de carrera, la jurisprudencia de esta
Corporación ha señalado que, en principio, la acción de tutela debe declararse
improcedente. No obstante lo anterior, el precedente de la Corte ha señalado
que los medios de control de la jurisdicción contencioso administrativa, bien sea a través
de la acción electoral, de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
o de la acción de reparación directa, no son los mecanismos idóneos y eficaces,
en razón del prolongado término de duración que este tipo de procesos pudiese
tener.[8]
3.4.
Específicamente, en lo que tiene que ver con la procedencia de la acción de
tutela para controvertir actos administrativos que reglamentan o ejecutan un
proceso de concurso de méritos, se ha precisado, por parte del precedente de la
Corporación, que existen dos casos en los cuales la acción de tutela se convierte
en el mecanismo idóneo: (i) “aquellos casos en los que la persona afectada
no tiene un mecanismo distinto de la acción de tutela, para defender
eficazmente sus derechos porque no está legitimada para impugnar los actos
administrativos que los vulneran o porque la cuestión debatida es eminentemente
constitucional”. (ii)”cuando, por las circunstancias excepcionales del caso
concreto, es posible afirmar que, de no producirse la orden de amparo, podrían
resultar irremediablemente afectados los derechos fundamentales de la persona
que interpone la acción. Estos casos son más complejos que los que aparecen
cobijados por la excepción anterior, pues en ellos existen cuestiones legales o
reglamentarias que, en principio, deben ser definidas por el juez contencioso
administrativo pero que, dadas las circunstancias concretas y la inminente
consumación de un  daño iusfundamental deben ser, al menos
transitoriamente, resueltas por el juez constitucional.”[9]
3.5. La
procedencia de la acción de tutela para anular los actos de las autoridades
públicas cuando desconocen los mecanismos de selección establecidos en los
concursos públicos, tiene una inescindible relación con la necesidad de
proteger los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo y debido proceso,
los cuales en la mayoría de las ocasiones, no pueden esperar el resultado de un
proceso ordinario o contencioso administrativo.
3.6.
Ahora bien, resulta importante diferenciar la procedencia de la tutela en los
casos en los cuales se controvierte un acto administrativo y los asuntos como
el que nos ocupa, en el que la acción de amparo se contrae a exigir de las
autoridades judiciales el cumplimiento de un proceso de selección en el término
establecido por la ley y, de conformidad con lo señalado en la Convocatoria y
el Acuerdo proferido por el Consejo Superior de la Judicatura que reglamenta el
mismo.
3.7. En estos
casos, en principio, sería procedente la acción de cumplimiento, bajo el
entendido de que esta acción le otorga a toda persona natural o jurídica, así
como a los servidores públicos, acudir ante las autoridades judiciales para
exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del
acto administrativo que es omitido por la autoridad o el particular, cuando
asume este carácter[10]. Sin embargo, esta acción no
procederá para la protección de derechos que puedan ser garantizados mediante
la acción de tutela[11].  Tampoco procede cuando el afectado
tenga o haya tenido otro instrumento judicial para lograr el efectivo
cumplimiento de la norma o acto administrativo, salvo que de no proceder el
juez encuentra que se configura un perjuicio irremediable.
3.8. Frente al tema, en
sentencia C-1194 de 2001, la Corporación manifestó que: “Varias son las
hipótesis de vulneración de los derechos por la inacción de la administración
que pueden presentarse al momento de definir si procede o no la acción de
cumplimiento. A saber: i) que la inacción de la administración amenace o
vulnere derechos fundamentales de rango constitucional, es decir, derechos
tutelables; ii) que la inacción de la administración amenace o vulnere derechos
de rango constitucional que no son tutelables en el caso concreto; iii) que la
inacción de la administración amenace o vulnere derechos de rango legal; iv)
que la inacción de la administración no sea correlato de un derecho, sino que
se trate del incumplimiento de un deber específico y determinado contenido en
una ley o acto administrativo.” En el primer evento lo que procede es
la acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución, a menos que, dado el carácter subsidiario de la acción de tutela,
exista otra acción judicial que resulte efectiva para la protección del derecho
en cuestión.[12] En este orden de ideas, cuando se
busca la protección directa de derechos fundamentales que pueden verse
vulnerados o amenazados, se está en el ámbito de la acción de tutela, y cuando
lo que se busca es la garantía de los derechos del orden legal o lo que se pide
es que la administración dé aplicación a un mandato contenido en la ley o en un
acto administrativo que sea específico y determinado, procede la acción de
cumplimiento. En todo caso, frente a cada caso concreto es el juez quien debe
determinar si se pretende la protección de derechos de rango constitucional o si
se trata del cumplimiento de una ley o de  actos administrativos para exigir la
realización de un deber omitido.  Por último, en los asuntos en los cuales se
presente un incumplimiento de normas administrativas, que a su vez, vulnere
derechos fundamentales constitucionales, la vía idónea y adecuada lo es la
acción de tutela.
3.9. En el caso sub examine, los accionantes pretenden que
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura realice las
gestiones necesarias para expedir el Acuerdo Pedagógico que rige el curso de
formación judicial, y lo aplique. Así mismo, solicitan se publique el
cronograma que señale las fechas en las que se desarrollarán las etapas
faltantes del concurso de méritos.  La Convocatoria 22, se encuentra regulada por el Acuerdo No. PSAA13-9939
del 25 de junio de 2013, mediante el cual se adelanta el proceso de selección y
se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos de
Funcionarios de la Rama Judicial. Lo anterior, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 162, 164, y 168 de la Ley 270 de 1996.  Por su parte, el artículo 164
de la Ley 270 de 1996, establece que la convocatoria es una norma obligatoria
que regula todo proceso de selección mediante concurso de méritos, y cada dos
años, se efectuará el mencionado proceso, de manera ordinaria, por la Sala
Administrativa de los Consejos Superior y Seccional de la Judicatura, y
extraordinariamente, cada vez que, según las circunstancias, el Registro de
Elegibles resulte insuficiente.
3.10.
En el contexto que antecede, se advierte que la acción de tutela pretende el
cumplimiento de lo señalado en la Convocatoria No. 22, regulado por el Acuerdo
del Consejo Superior de la Judicatura, en consecuencia, la solicitud se dirige
específicamente a obtener la expedición de un cronograma que permita a los
actores tener fechas ciertas en el desarrollo del concurso de méritos, así como
la realización de la fase que corresponde al inicio del Curso de Formación
Judicial, omisión que, a juicio de los accionantes, vulnera los derechos
fundamentales del debido proceso, igualdad, mérito, buena fe, respeto al
acto propio y confianza legítima.
3.11. Como quiera que con la
actuación hasta ahora desplegada por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura y la Escuela Rodrigo Lara Bonilla, se discute la
vulneración de derechos fundamentales y, en consideración a que, de conformidad
con lo señalado por el Consejo Superior de la Judicatura en la contestación de
la acción de tutela, existen fallos que lo han obligado a declarar la nulidad
de distintos actos administrativos que ya habían desarrollado gran parte de la
convocatoria, no cabe duda de que la Sala Cuarta de Revisión debe realizar un
estudio de fondo del presente asunto. Lo anterior, se fundamenta en la
situación que actualmente enfrentan quienes participan en el concurso, sometidos
a una espera desde hace más de tres años en el desarrollo de sus distintas
etapas, sin que hasta el momento las gestiones y diligencias administrativas
realizadas hayan sido lo suficientemente eficaces para finalizarla y, por
consiguiente, obtener un registro de elegibles a efectos de garantizar su
derecho del debido proceso.
3.12. En consecuencia, existen
decisiones de tutela que, en aras de proteger distintos derechos fundamentales
en el trascurso de la convocatoria, han demorado el trámite de la misma.  En
razón de lo anterior, es indudable que el presente asunto, pone en evidencia
una situación que no puede dirimirse a través de la acción de cumplimiento, en
la medida en que la decisión a la que se llegue busca la protección de
distintos derechos fundamentales no solo de los accionantes, sino de quienes se
encuentran participando en el proceso de selección.  Es así como la Sala, entiende que no se ha desconocido el
principio de subsidiariedad del mecanismo de tutela, y, por consiguiente, no hay lugar a declarar su
improcedencia.
4.
El proceso de selección en la Rama Judicial, el
alcance del artículo 164 de la Ley 270 de 1996, y la obligatoriedad de realizar
los concursos de méritos en la rama judicial cada dos años
4.1.
De conformidad con lo establecido en el artículo 125 de la Constitución la
carrera administrativa es un sistema técnico de administración de personal que
tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y que
ofrece estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el acenso al
servicio público.[13]  La finalidad de la carrera es que el Estado pueda “contar con servidores cuya experiencia, conocimiento y dedicación
garanticen, cada vez con mejores índices de resultados, su verdadera aptitud para
atender las altas responsabilidades confiadas a los entes públicos, a partir
del concepto según el cual el Estado Social de Derecho exige la aplicación de
criterios de excelencia en la administración pública.”[14]
4.2.
La Ley 270 de 1996 señala que la carrera judicial tiene como fundamento
el carácter profesional de funcionarios y empleados, la eficacia de su gestión,
la garantía de igualdad en las posibilidades de acceso a la función para todos
los ciudadanos aptos al efecto y la consideración del mérito como fundamento
principal para el ingreso, la permanencia y la promoción en el servicio.[15]
A efectos de ocupar los cargos de carrera en la rama judicial, se requiere,
además de los requisitos de ley, haber superado satisfactoriamente el proceso
de selección aprobado en las evaluaciones previstas en la ley y de conformidad
con los reglamentos que expida el Consejo Superior de la Judicatura.[16]
4.3. El concurso de méritos comprende dos etapas: La selección y
clasificación. La etapa de selección tiene por objeto la escogencia de los
aspirantes que harán parte del correspondiente registro de elegibles y estará
integrada por el conjunto de pruebas que, con sentido eliminatorio, señale y
reglamente la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. La
etapa de clasificación tiene por finalidad establecer el orden de registro
según el mérito de cada concursante elegible, asignándosele a cada uno un lugar
dentro del registro para cada clase de cargo y de especialidad.
4.4. Dentro de la primera de las etapas se encuentra el curso de formación judicial, el cual tiene por objeto formar
profesional y científicamente al aspirante para el adecuado desempeño de la
función judicial. Puede realizarse como parte del proceso de selección, caso en
el cual revestirá, con efecto eliminatorio, la modalidad de curso-concurso, o
contemplarse como requisito previo para el ingreso a la función judicial. En
este último caso, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
reglamentará los contenidos del curso y las condiciones y modalidades en las
que podrá ser ofrecido por las instituciones de educación superior.[17]
4.5. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
reglamentará de manera general el contenido y los procedimientos de cada una de
las etapas, y señalará los puntajes correspondientes a las diferentes pruebas
que conforman la primera. Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 257 de la Constitución, se concluye que: “(i) el Consejo
Superior de la Judicatura tiene potestad reglamentaria en el ámbito de la
carrera judicial; (ii) dicha potestad implica la facultad de adoptar
disposiciones que desarrollen el sentido de la ley para hacerla ejecutable, en
este caso, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia; y (iii) la
potestad en cuestión encuentra sus límites en las funciones constitucionales
asignadas al Consejo Superior, lo que implica que no puede “suplantar las atribuciones
propias del legislador”[18] Es así como “su
actividad en esta materia debe estar orientada a procurar la vinculación a la
rama judicial de los ciudadanos más idóneos, así como a garantizar las
condiciones laborales más propicias para el desempeño de las funciones propias
de cada cargo”.[19]
4.6. En complemento de lo anterior, y con sujeción a las preceptivas
citadas, frente al tema de los concurso de méritos, el precedente de la
Corporación ha establecido que  el mérito y la idoneidad constituyen los  principales supuestos
del régimen de carrera, el cual se hace efectivo a través de un proceso de selección y evaluación (artículo 160 de Ley 270 de 1996),
compuesto por diversas etapas (artículo 162), de las cuales es necesario
resaltar el concurso de méritos.  Éste, conforme al artículo 164 de la
ley, constituye el peldaño esencial a través del cual se determina la condición
de los diferentes aspirantes a
ocupar cargos en la carrera judicial toda
vez que determina su inclusión
en el Registro de Elegibles y fija
su ubicación en el mismo.[20]  Es así como entendiendo que
la carrera judicial persigue el acceso a la función de quienes son aptos para
ello en consideración al mérito, es el concurso un proceso imprescindible a través del cual se determina
la condición de los diferentes aspirantes
a ocupar cargos en la carrera judicial, toda
vez que determina su inclusión
en el Registro de Elegibles y fija
su ubicación en el mismo.[21]
4.7. Debe destacar la Sala que la jurisprudencia constitucional ha
sido enfática en señalar que en la designación mediante concurso público de
méritos, la persona más
capacitada para el ejercicio del respectivo cargo, apareja la realización de
tres principios neurálgicos del Estado Social de Derecho, tales como la
participación de los ciudadanos en condiciones de igualdad; la justicia que
impone designar al mejor de los concursantes para la tarea de servir a la
comunidad; y, la defensa del interés general, representado en la designación de
la persona más adecuada para el manejo de la cosa pública.[22]
4.8. Ahora bien, en cuanto al termino para la realización de los
concursos, el artículo 164 de la Ley Estatutaria de Justicia establece que la
convocatoria es la norma que regula todo proceso de selección en la rama
judicial y que “cada dos años se efectuará de manera ordinaria por la Sala
Administrativa de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, y
extraordinariamente cada vez que, según las circunstancias, el Registro de
Elegibles resulte insuficiente”.
4.9. En consideración a lo expuesto y atendiendo a la finalidad del
proceso de selección en la rama judicial, la Sala debe responder si el término
de dos años constituye un plazo obligatorio para la celebración de los
concursos de méritos previstos en el artículo 164 de la Ley 270 de 1996.
4.10.
Al respecto, en fallo del 19 de julio de 2012, la Sección Quinta de la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, decidió de la acción de
cumplimiento presentada contra el Consejo Superior de la Judicatura, en la cual
fue solicitado se diera cumplimiento a lo señalado en el numeral 2º del
artículo 164 de la Ley 270 de 1996, y, por consiguiente, fue exigido se
convocara al concurso de méritos para la provisión de empleos de la rama
judicial. Señaló el Máximo Tribunal de la Jurisdicción Contenciosa que la norma
invocada efectivamente dispone de un término para efectuar las convocatorias y para
proveer las vacantes que se presenten en la rama judicial, no obstante lo
anterior, se busca con dicha preceptiva que, de manera prioritaria, se provean
los cargos que se hallen vacantes, con el fin de no lesionar la continuidad y
las exigencias del servicio público en materia de administración de justicia.  Agrega
la Sección Quinta, que en el caso de que se llegasen a acoger las pretensiones
de la acción, se podrían lesionar los derechos fundamentales de las personas
que actualmente hacen parte de los registros de elegibles, quienes ya han
superado las etapas propias del concurso, con lo cual se vulneraría lo señalado
en el artículo 125 de la Constitución.
4.11.
Considera la Sala que el artículo 164 de la Ley 270 de 1996, establece una obligación
en cuanto a la realización del proceso de selección para proveer los cargos de
funcionarios de la rama judicial cada dos años, lo anterior, teniendo en cuenta
que este proceso de selección, conforme lo ya expuesto, busca proveer la
vacante existente con la mejor opción, sobre la base de que  la carrera judicial
tiene en el principio del mérito el fundamento principal para su ingreso.[23] En
consecuencia, con el fin de que los servidores judiciales sean las personas con mayor experiencia conocimiento e
idoneidad, deben entonces las autoridades administrativas judiciales cumplir
con la función de procurar la vinculación de funcionarios idóneos, lo que debe
buscarse a través de los procesos de selección establecidos en la ley para
ello. Es así como el Consejo Superior de la Judicatura está en la obligación de
desplegar la gestión necesaria, no solo para reglamentar la convocatoria de
conformidad con lo dispuesto en la ley estatutaria de justicia, sino para el
cumplimiento de procesos ágiles que permitan contar con un registro de
elegibles al momento de presentarse las vacantes, funciones que le son
encomendadas conforme la normativa constitucional y legal que regula el tema.
4.12.En ilación con lo anterior, la interpretación que debe darse a la
norma es que constituye una obligación por parte de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura y las Salas Seccionales, realizar todas las
actuaciones y gestiones que permitan dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 164 de la Ley 270 de 1996. Y es que efectivamente se impone el deber
de garantizarse la existencia de un registro de elegibles, no solo porque este
tiene un término de vencimiento[24], sino, porque se
establece la posibilidad de que, de manera extraordinaria, cuando el registro
resulte insuficiente, deba la Sala Administrativa  realizar una convocatoria.  Garantizar
la continuidad del vínculo y las exigencias de la administración de justicia no
puede ser el alcance que debe fijarse a dicha normativa. El objetivo de
establecer un término para la realización de las convocatorias en la Carrera
judicial, es precisamente garantizar la existencia de un registro de elegibles
que permita dar cumplimiento al principio del mérito.  Esta exégesis además, es
la que más se ajusta a los postulados de un Estado Social de Derecho en el cual
la excelencia en la administración de justicia y el cumplimiento de los
principios que rigen la carrera administrativa son los que deben imperar, y que
se acompasan, además, con los principios de igualdad, mérito, eficiencia en la
administración pública y estabilidad en el empleo.
5. La convocatoria como ley del concurso y el derecho fundamental al debido proceso administrativo en los concursos de
méritos. Reiteración
5.1. Como se ha
expuesto en las líneas que anteceden, el principio del mérito constituye una de
las bases del sistema de carrera, en consecuencia, es el sustento de todo
proceso de selección.  Persigue asegurar la eficiencia de la administración,
así como garantizar el acceso al desempeño de funciones y cargos
públicos de las personas que demuestren las mejores capacidades para ocupar el
cargo y, de esta forma, puedan optimizarse los resultados que se obtienen con
el ejercicio del cargo de carrera.[25]  La Ley 909 de 2009 regula el sistema de carrera
administrativa, y la define como norma reguladora de todo concurso, que obliga
tanto a la administración como a las entidades contratadas y a sus
participantes.[26]
Al respecto, ha precisado la Corporación, que: “el Estado debe respetar y
observar todas y cada una de las reglas y condiciones que se imponen en las
convocatorias, porque su desconocimiento se convertiría en una trasgresión de
principios axiales de nuestro ordenamiento constitucional, entre otros, la
transparencia, la publicidad, la imparcialidad, así como el respeto por las
legítimas expectativas de los concursantes. En consecuencia, las normas de la
convocatoria sirven de autovinculación  y autocontrol porque la administración debe “respetarlas y que su
actividad, en cuanto a la selección de los aspirantes que califiquen para
acceder al empleo o empleos correspondientes, se encuentra previamente
regulada”[27]
5.2. Conviene destacar entonces que las normas de un
concurso público de méritos fijan en forma precisa y concreta cuáles son las
condiciones que han de concurrir en los aspirantes y establecen las pautas y
procedimientos con los cuales deben regirse[28]. Se trata de reglas que son inmodificables, por cuanto se afectan
principios básicos de nuestra organización, como derechos fundamentales de los
asociados en general y de los participantes en particular.
5.3.En este orden de ideas, la Convocatoria constituye una norma que
se convierte en obligatoria en el concurso, en consecuencia, cualquier
incumplimiento de las etapas y procedimientos consignados en ella, vulnera el
derecho fundamental del debido proceso que le asiste a los participantes, salvo
que las modificaciones realizadas en el trámite del concurso por factores
exógenos sean plenamente publicitadas a los aspirantes para que, de esta forma,
conozcan las nuevas reglas de juego que rigen la convocatoria para proveer los
cargos de carrera administrativa[29].
5.4. Frente al tema, la Sala Plena de la Corporación en sentencia
SU-913 de 2009 determinó que: “(i) las
reglas señaladas para las convocatorias son las leyes del concurso y son
inmodificables, salvo que ellas sean contrarias a la Constitución, la ley o
resulten violatorias de derechos fundamentales; (ii) a través
de las reglas obligatorias del concurso, la administración se autovincula y
autocontrola, en el sentido de que debe respetarlas y que su actividad en cada
etapa se encuentra previamente regulada; (iii) se quebranta el derecho al debido
proceso y se infiere un perjuicio cuando la entidad organizadora del concurso
cambia las reglas de juego aplicables y sorprende al concursante que se sujetó
a ellas de buena fe. En este punto, esta Sala de Revisión estima que si por
factores exógenos las reglas del concurso varían levemente en alguna de sus
etapas, las modificaciones que hacen parte integral de la convocatoria inicial,
deben ser plenamente conocidas por los partícipes para que de esta forma se
satisfagan los principios de transparencia y publicidad que deben regir las
actuaciones de la administración y no se menoscabe la confianza legítima que
los participantes han depositado en los parámetros fijados para acceder a un
cargo de carrera administrativa; y, (iv) cuando existe una lista de elegibles
que surge como resultado del agotamiento de las etapas propias del concurso de
méritos, la personas que ocupa en ella el primer lugar detenta un derecho
adquirido en los términos del artículo 58 Superior, que no puede ser
desconocido.[30]
5.5. La
convocatoria en el régimen especial de la Rama Judicial
5.5.1. En el
régimen especial de la carrera judicial, el artículo 113 establece las formas
de provisión de los cargos, indicando que estos se efectuaran en propiedad siempre
y cuando se superen todas las
etapas del proceso de selección.  Además señala que, una vez producida
la vacante, la entidad
nominadora solicitará a la Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional
de la Judicatura (...) el envío de la correspondiente
lista de candidatos.
5.5.2. La Ley
Estatutaria de Justicia regula el proceso de selección en la rama judicial, el
cual consta de una etapa de selección, en la que se escogen los aspirantes que
integraran la lista de elegibles, y la de clasificación, que tiene por objeto
establecer el orden del registro.  Es así como la provisión de los cargos en la
rama judicial, tiene como fundamento el principio del mérito y la transparencia
entre quienes pretenden ingresar a la administración de justicia, lo cual debe
realizarse a través de un proceso de selección, previó un concurso público
abierto.[31]
5.5.3. De conformidad con  lo dispuesto en el artículo
132 de la Ley 270 de 1996 las formas de provisión de los cargos de la Rama
Judicial, pueden ser en propiedad,[32]
provisionalidad[33]
o en encargo,[34]
los cargos vacantes en forma definitiva deben ser ocupados en propiedad por
quienes hayan superado todas las etapas del proceso de selección.
5.5.4. En sentencia T-470 de 2007, la Corporación señaló que “el concurso
se desenvuelve como un trámite estrictamente reglado, que impone precisos límites
a las autoridades encargadas de su administración y ciertas cargas a los
participantes. De manera particular, en orden a garantizar la transparencia del
concurso y la igualdad entre los participantes, el mismo debe desenvolverse con
estricta sujeción a las normas que lo rigen y en especial, a las que se hayan
fijado en la convocatoria, que como se señala en el artículo 164 de la Ley
270 de 1996, es la ley del concurso. Quiere esto decir
que se reducen los espacios de libre apreciación por las autoridades en la
medida en que, en la aplicación rigurosa de las reglas está la garantía de
imparcialidad en la selección fundada en el mérito”.
5.5.6. La Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura como se dijo en el acápite 4 (supra 4.5 y
4.6), es la encargada de reglamentar y dictar las pautas del concurso así
como  las pruebas que integran la etapa de selección y el curso de formación
judicial.[35]A efectos de dar cumplimiento
a estas disposiciones, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura expide los Acuerdos que regulan las convocatorias que a su vez
reglamentan el concurso para proveer los cargos para los funcionarios y
empleados de la rama judicial. En este tipo de acuerdos se regulan temas como
la inscripción, las etapas del concurso, el procedimiento a seguir (citaciones,
notificaciones y recursos), atendiendo a los lineamientos generales señalados
en los artículos 162 a 164 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia.
5.5.7. En resumen, la convocatoria en el
concurso público de méritos es la norma que de manera fija, precisa y concreta
reglamenta las condiciones y los procedimientos que deben cumplir y respetar
tanto los participantes como la administración. Son reglas inmodificables, que
tienen un carácter obligatorio, que imponen a la administración y a los
aspirantes el cumplimiento de principios como la igualdad y la buena fe. Las
reglas del concurso autovinculan y controlan a la administración, y se vulnera
el derecho del debido proceso cuando la entidad organizadora del concurso
cambia las reglas de juego aplicables y sorprende al concursante que se sujetó
a ellas de buena fe. Solo en casos excepcionales, y por “factores
exógenos”, como señala el precedente de la Corporación, cuando se varían las
etapas o normas, dicha modificación debe ser publicitada a los participantes.
Reglas que deben ser precisas y concretas, con el fin de que los aspirantes
tengan un mínimo de certeza frente a las etapas del proceso de selección y la
duración de las mismas, que no los someta a una espera indefinida y con
dilaciones injustificadas.
5.5.8. Pues
bien, teniendo en cuenta los anteriores supuestos, la Sala procede a revisar en
el caso concreto los motivos expuestos por el tribunal de instancia en orden a
concluir si es necesario amparar los derechos fundamentales invocados.
6. Caso en concreto
6.1. El proceso de selección
regulado por el Acuerdo No. PSAA13-9939 del 25 de junio de 2013, que reglamenta
el concurso de méritos que debe organizar y realizar la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con lo establecido en el
artículo 162 de la Ley 270 de 1996, se compone de dos etapas: la selección y la
clasificación. La etapa de selección tiene dos fases, la etapa I, que consiste
en la realización de la prueba de conocimientos y psicotécnica y la fase II, el
Curso de Formación judicial.  Ambas tienen un carácter eliminatorio.  La Fase
II del concurso será aplicada a los aspirantes que aprueben la prueba de
conocimientos, quienes deben ser convocados a través de la página web.  De
conformidad con el cronograma que aparece publicado en la página web de la Rama
Judicial,[36]
el proceso de selección inició el 2 de julio de 2013 con la inscripción de los
aspirantes y, hasta el momento, solo se ha agotado la etapa de concurso de méritos,
la cual comprende la selección y clasificación de los aspirantes, habiéndose
practicado las pruebas de conocimientos y psicotécnicas, que corresponden a la
Fase I, y encontrándose en trámite la Fase II, que corresponde al Curso de
Formación Judicial.
6.2. A juicio de los accionantes,
este extenso lapso de tiempo vulnera los derechos fundamentales de acceso a los
cargos públicos y debido proceso, puesto que en la actualidad se encuentra
vencida la lista de elegibles conformada para el último concurso efectuado por
la rama judicial, incumpliéndose en consecuencia, el mandato contemplado en el
artículo 132 de la Ley 270 de 1996, que establece que el nombramiento en
provisionalidad en caso de vacancia temporal no podrá exceder de seis meses.
Adicional a lo anterior, se advierte que existe una obligación de realizar los
procesos de selección cada dos años, esto con fundamento en lo contemplado en el
artículo 164 de la Ley 270 de 1996 y en concordancia con lo dispuesto en el artículo
125 de la Constitución Política y el Acto Legislativo 002 de 2015, que, en su
artículo 18 transitorio, literal h), dispone que los concursos de méritos que
adelanta la Unidad de Carrera Judicial deben seguir su trámite sin solución de
continuidad, concluir en un término razonable, y no pueden dilatarse de manera
indefinida.
6.3.En consideración a los
antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala decidir, si la gestión hasta
ahora adelantada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial  del Consejo
Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, en la
Convocatoria No. 22, efectuada para proveer los cargos de funcionarios
en la Rama Judicial, vulneró los derechos fundamentales del debido proceso y
acceso a los cargos públicos de los accionantes, lo anterior teniendo en cuenta
que las convocatorias que realice la rama judicial deben efectuarse cada dos
años.
6.4.En virtud de lo expuesto, la Sala
Cuarta de Revisión (i) dará respuesta al interrogante planteado en
cuanto a si el mandato contemplado en el artículo 164 de la Ley 270 de 1996, en
concordancia con el Acto Legislativo 002 de 2015, constituye un obligación para
las autoridades administrativas judiciales en la medida en que los obliga a
realizar los concursos de méritos, cada dos años y, (ii) se estudiará si
las gestiones hasta ahora adelantadas por las entidades accionadas han
resultado suficientes a efectos de cumplir, en un término razonable, con el
mandato constitucional y legal de efectuar las convocatorias en el término
fijado para ello y sin dilaciones injustificadas.
6.5.En relación con el primero de los problemas
jurídicos señalados, en el acápite cuarto de la presente providencia se concluyó
que el artículo
164 de la Ley 270 de 1996, establece una obligación de realizar los procesos de
selección para proveer los cargos de funcionarios de la rama judicial cada dos
años, esto teniendo en cuenta que: 1) la carrera judicial tiene en el principio
del mérito el fundamento principal para su ingreso; 2) el artículo 164 de la
Ley 270 de 1996 tiene como objetivo garantizar la existencia de un registro de
elegibles, motivo por el cual se establece un término para la realización de
las convocatorias; 3) la Ley 270 de 1996 propugna por la vinculación de los
servidores más idóneos y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 160, los
aspirantes deben haber superado satisfactoriamente el proceso de selección, así
como  aprobar las evaluaciones previstas por la ley y, 4) las normas que
regulan los tipos de nombramientos en la rama judicial, establecen un término
que no podrá exceder de seis meses para la provisionalidad de sus funcionarios,
mientras se designa al titular por el sistema de selección. En resumen, todo el
diseño legislativo se inclina a proveer los cargos de la rama judicial con el
personal que ha superado los procesos de selección.
6.6. Con
sujeción a lo anterior, constituye un imperativo para el Consejo Superior de la
Judicatura cumplir los términos previstos para realizar los concursos en
la rama judicial y, por consiguiente,  dedicar sus esfuerzos a que se conforme
la lista de elegibles con quienes hayan superado las etapas de clasificación y
selección, tomando en cuenta que este registro tiene una vigencia de cuatro
años. Es así como debe reglamentar, adoptar y ejecutar todas las medidas que
considere pertinentes a efectos de cumplir lo señalado en la Ley Estatutaria de
Justicia.
6.7. Ahora bien, le corresponde a la
Sala estudiar si las gestiones hasta ahora adelantadas por las entidades
accionadas han resultado suficientes a efectos de cumplir en un término
razonable con el mandato constitucional y legal de efectuar las convocatorias
en el término fijado para ello.
6.8. De conformidad con lo dispuesto en
el Acuerdo No.PSAA13-9939, hasta el momento se han agotado las etapas de
inscripción y practicado las pruebas de conocimientos y psicotécnicas. Debe
advertirse que el presente acuerdo no establece término alguno en relación con
las fases y etapas del proceso de selección como son el curso de formación
judicial y la etapa clasificatoria.
6.9. De las respuestas enviadas por las
entidades accionadas se encuentra lo siguiente: Se informa por parte de la
Escuela Rodrigo Lara Bonilla que ya fue adoptado el Acuerdo Pedagógico[37] que regirá el VII Curso de
Formación Judicial, y que además fue publicado el Cronograma para la
Convocatoria 22 (cronograma que no fue incluido en el Acuerdo que regula el
Concurso):
Actividad
Fecha
inicial
Fecha
final
Presentación de Solicitudes de Homologación
15 de
junio de 2016
30 de
junio de 2016
Resolución homologaciones
22 de
julio de 2016
22 de
julio de 2016
Notificación del Acto Administrativo
25 de
julio de 2016
29 de
julio de 2016
Término para interposición de recursos de
reposición
1 de
agosto de 2016
12 de
agosto de 2016
Término para resolver recursos de reposición
16 de
agosto de 2016
26 de
agosto de 2016
Publicación del Acto Administrativo que
resuelve los recursos de reposición
30 de
agosto de 2016
30 de
agosto de 2016
Inscripciones del VII Curso de Formación
Judicial Inicial
3 de
octubre de 2016
10 de
octubre de 2016
Desarrollo del VII Curso de Formación
Judicial Inicial
5 de
noviembre de 2016
30 de
julio de 2017
Publicación de notas Finales del VII Curso
de Formación Judicial Inicial
14 de
agosto de 2017
14 de
agosto de 2017
Notificación del Acto Administrativo que
publica las notas finales del VII Curso de Formación Judicial Inicial
15 de
agosto de 2017
22 de
agosto de 2017
Término para interposición de recursos de
reposición contra  el Acto Administrativo que Publica las notas Finales
del VII Curso de Formación Judicial Inicial
23 de
agosto de 2017
5 de
septiembre de 2017
Término para resolver recursos de reposición
6 de
septiembre de 2017
7 de
Noviembre de 2017
Publicación la resolución que resuelve los
recursos de reposición, con las notas finales del VII Curso de Formación
Judicial Inicial
8 de
Noviembre de 2017
15 de
Noviembre de 2017
Expedición de los Registros Nacionales de
Elegibles
20 de
noviembre de 2017
20 de
noviembre de 2017
Publicación de los Registros Nacionales de
Elegibles
21 de
noviembre de 2017
27 de
noviembre de 2017
Término para interposición de recursos de
reposición
28 de
noviembre de 2017
12 de
diciembre de 2017
Resolución de recursos
13 de
diciembre de 2017
28 de
febrero de 2018
Vigencia de los Registros Nacionales de
Elegibles
8 de
marzo de 2018
7 de
marzo de 2022
6.10. Hasta el momento se encuentran resueltas y tramitadas las
solicitudes de homologación de los aspirantes[38],
actuando en cumplimiento de la acción de tutela interpuesta por Carmen Quintero
Cárdenas[39].
6.11. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, manifestaron que con el memorando
EJM16-549 del 9 de septiembre de 2016, la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla  solicitó a la Unidad de Recursos Humanos, adelantar las gestiones de
contratación pertinentes con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia
UNAD, para brindar el soporte académico y virtual. De otra parte, también fue
solicitado al Comité de Contratación de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, el estudio y aprobación de los documentos y soportes
para la realización del contrato Interadministrativo con la UNAD.[40]
6.12. El 30 de septiembre de 2016, fue suscrito contrato
interadministrativo entre el Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad
Nacional Abierta y a Distancia UNAD, para adelantar la preparación de los aspirantes
a vincularse a la carrera judicial, o ascender en el servicio judicial.[41]
6.13. De conformidad con el cronograma que aparece en la página web de la Rama
Judicial, se observa que entre el 19 y 20 de noviembre está prevista la
inducción del Acuerdo Pedagógico y Temas Transversales, del Curso de Formación
Judicial, el cual tiene un desarrollo cronológico que se extiende hasta el 24
de noviembre de 2017.[42]
6.14. De las pruebas recaudadas y efectuando un análisis de la actuación
hasta ahora realizada por las entidades accionadas en la Convocatoria 22 y que
se viene adelantando según el nuevo cronograma, se evidencia lo siguiente: el
concurso que actualmente adelanta la rama judicial, inició desde el año 2013,
habiendo transcurrido más de tres años desde que se realizó la convocatoria.
Sin duda, el proceso ha sido detenido por: (i) numerosas acciones de
tutela, cuyas órdenes, en muchas ocasiones, causan un retroceso en las etapas
que se vienen desarrollando, y (ii) la demora también obedece a una
falta de planificación en el cronograma de actividades del concurso, el cual se
regula por el Acuerdo expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, y que
no contiene plazos fijos y precisos para el desarrollo de las etapas.  Estima
la Sala que deben las entidades administrativas encontrar los mecanismos que
permitan dentro del marco de la igualdad y respeto del derecho de defensa de
los participantes, evitar retrasos en el desarrollo de la convocatoria, así
como desde el inicio, desarrollar una agenda con fechas ciertas para las etapas
del concurso.
6.15. En relación con las numerosas acciones de tutela que han retrasado
el proceso, se observa que, en principio, cada una de las distintas fechas y
modificaciones en las etapas a desarrollar han sido publicitadas en la página
web. A juicio de la Sala, esta no es la única obligación de las entidades administrativas
a efectos de no vulnerar derechos fundamentales como el debido proceso. Es
imprescindible recordar que la carrera administrativa busca el óptimo
funcionamiento del servicio público, y la preservación y vigencia de los derechos
fundamentales de las personas de acceder al desempeño de los cargos públicos, (Art. 40-7 C.P.) en condiciones
que satisfagan la igualdad de oportunidades.[43] Es así como se requiere de las
entidades administradoras un manejo diligente de las convocatorias a efectos de
cumplir, en un término perentorio, los procesos de selección. Como quiera que el
régimen de carrera especial de la Rama Judicial demanda un proceso adicional
como es el Curso de Formación Judicial, (cuya duración es aproximadamente un
año)[44], debe tenerse en cuenta dicha
situación a efectos de crear un cronograma que no se extienda indefinidamente
para los aspirantes, más cuando la normativa constitucional y legal impone que,
en lo posible, el nombramiento de los funcionarios se realice con base en una
lista de elegibles, razón por la cual se ordena realizar las convocatorias cada
dos años.
6.16. De conformidad con las precedentes manifestaciones se observa que
el Consejo Superior de la Judicatura, si bien ajustó la Convocatoria 22 a un
cronograma definido, el cual se encuentra debidamente publicado, la vulneración
del debido proceso persiste como quiera que al momento de fijar El Acuerdo PSAA13-9939
(acuerdo que rige actualmente y que regula la convocatoria), no consagró en los
aspectos antes reseñados como son el curso de formación judicial y la etapa
clasificatoria fechas definidas y ciertas para el desarrollo de las etapas del
concurso y, además, por cuanto se evidencia que conforme los artículos 162 a
164 de la Ley Estatutaria, las listas de elegibles se encuentran vencidas[45],
razón por la cual para cuando salgan las nuevas listas, se incumpliría lo
dispuesto en la Ley 270 de 1996.
6.17. La Sala Cuarta de Revisión encuentra que el Curso de Formación
Judicial inició, lo cual se acopla con un marco jurídico y teórico diseñado
para ello, a efectos de cumplir con lo dispuesto en la Ley 270 de 1996 y el
artículo 125 de la Constitución, en consecuencia, cualquier orden adicional en
este proceso en curso, se estima, podría ser gravoso para quienes ya se
encuentran en cumplimiento del nuevo cronograma, no obstante lo anterior, se
ordenará al Consejo Superior de la Judicatura que debe realizar una nueva
Convocatoria la cual debe iniciar a más tardar en marzo de 2020, o antes de ser
necesario si la lista de elegibles de la Convocatoria 22 se agota, la cual debe
contener no solo las pautas, términos y condiciones de la misma, sino que, además,
debe establecer un cronograma con fechas precisas y concretas para su
desarrollo, tomando en consideración los lapsos de tiempo necesarios que
permitan el cumplimiento de la misma, y que garanticen una nueva lista de
elegibles al momento de vencer la originada con la Convocatoria 22. Lo
anterior, por cuanto se evidencia que el derecho de acceder a los cargos
públicos deviene del cumplimiento de las normas legales y constitucionales que
prevén la realización de concursos que señalen las condiciones,  procedimientos
y plazos precisos para su realización.  Dicha regla viene siendo desconocida
por el Consejo Superior de la Judicatura cuando no realiza los concursos ni
gestiona procesos diligentes y eficaces tendientes a mantener una lista de
elegibles vigente, a efectos de nombrar los funcionarios que han superado un
proceso de selección, lo que constituye una vulneración del debido proceso.
7. CONCLUSIONES Y DECISIÓN A
ADOPTAR
De la anterior exposición se colige
que constituye un
imperativo para el Consejo Superior de la Judicatura cumplir los términos
previstos para realizar los concursos en la rama judicial y, por consiguiente,
dedicar sus esfuerzos a que se conforme la lista de elegibles con quienes hayan
superado las etapas de clasificación y selección, tomando en cuenta que este
registro tiene una vigencia de cuatro años. Es así como debe reglamentar,
adoptar y ejecutar todas las medidas que considere pertinentes a efectos de
cumplir lo señalado en la Ley Estatutaria de Justicia al respecto.
Se requiere de
las entidades administradoras un manejo diligente de las convocatorias y como
quiera que el proceso especial de la carrera judicial de la Rama demanda de un
proceso adicional como es el Curso de Formación Judicial, (cuya duración es
aproximadamente un año), debe tenerse en cuenta dicha situación a efectos de
crear un cronograma que no se extienda indefinidamente para los aspirantes, más
cuando la normativa constitucional y legal impone que, en lo posible, el
nombramiento de los funcionarios se realice con base en una lista de elegibles.
Se vulnera el derecho del debido proceso cuando las autoridades
administrativas encargadas de realizar los procesos de selección  no realizan
convocatorias que, de manera precisa, y concreta señalen las condiciones,
pautas procedimientos y presenten un cronograma definido para los aspirantes,
regla que viene siendo desconocida por el Consejo Superior de la Judicatura
cuando no realiza los concursos y no planea y ejecuta procesos diligentes y
eficaces tendientes a mantener una lista de elegibles a efectos de nombrar los
funcionarios de la carrera judicial. Esto por cuanto el derecho de acceder a
los cargos públicos deviene del cumplimiento de las normas legales y
constitucionales que prevén la realización de procesos de selección.
Con sujeción a la
precedente argumentación la acción de
tutela de la referencia está llamada a prosperar, razón por la cual esta Sala
modificará la sentencia proferida  por la Sección Segunda Subsección A,
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante la
cual se modificó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Nariño, Sala de Decisión del Sistema Oral. En Consecuencia, se ordenará al
Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, que deberá realizar todas las gestiones y actuaciones que le
permitan iniciar una nueva Convocatoria para el concurso de méritos para la
provisión de los cargos de Funcionarios de la Rama Judicial. Proceso de
Selección que debe iniciar a más tardar en marzo  de 2020, o antes de ser
necesario, el cual debe contener no solo las pautas, términos y condiciones del
mismo, sino que además debe establecer un cronograma con fechas precisas y
concretas para su desarrollo, tomando en consideración los lapsos de tiempo
necesarios que permitan el cumplimiento de la misma, y que garanticen una nueva
lista de elegibles al momento de vencer la originada con la Convocatoria 22.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- MODIFICAR la
decisión proferida por la Sección Segunda Subsección A, de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el 12 de mayo de 2016, mediante
la cual se modificó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Nariño, Sala de Decisión del Sistema Oral, el 2 de marzo de 2016, en el sentido
de ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, que debe realizar todas las gestiones y
actuaciones que le permitan iniciar una nueva Convocatoria para el concurso de
méritos para la provisión de los cargos de Funcionarios de la Rama Judicial.
Proceso de Selección que debe iniciar a más tardar en marzo  de 2020, o antes
de ser necesario, el cual debe contener no solo las pautas, términos y
condiciones del mismo, sino que además, debe establecer un cronograma con
fechas precisas y concretas para su desarrollo, tomando en consideración los
lapsos de tiempo necesarios que permitan el cumplimiento de la misma, y,
garanticen una nueva lista de elegibles al momento de vencer la originada con
la Convocatoria 22.
SEGUNDO.- Se confirma en lo restante.
TERCERO.-Por Secretaría General líbrese la
comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, cópiese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
GABRIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO
Magistrado Ponente
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
[1]
Sentencia del 2 de marzo de 2016
[2]
Convocatoria No. 20 Sentencia de tutela del 25 de agosto de 2005, proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería; Sentencia de tutela
proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura, Sala Jurisdiccional
Disciplinaria de Nariño del 27 de agosto de 2015; Sentencia de tutela del
Consejo Seccional de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria,  de
Nariño, del 1º de septiembre de 2015. Concurso de Méritos para la provisión de
cargos de empleados de Tribunales y Juzgados y Centro de Servicios Sentencia de
tutela proferida por el Tribunal Superior de Montería el 20 de agosto de 2015,
Sentencia proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, Sala
Jurisdiccional Disciplinaria el 4 de septiembre de 2015, Sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo del Caquetá el 17 de septiembre de 2015. Sentencia
de tutela proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el 29 de
septiembre de 2015.
[3]
Confirmación Teléfonica.
[4]
Consejo de Estado, Acción de tutela 2015-01960-01 (AC).
[5]
https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/citacion-a-prueba-de-conocimientos-y-psicotecnica.
[6]
https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/resultados-pruebas-de-conocimiento
[7]
T-946 de 2009.
[8]
Ver entre otras sentencias T-509 de 2011, T-748 de 2013 y T-748 de 2015.
[9]
T-315 de 1998.
[10]
Artículo 4º de la Ley 393 de 1997.
[11]
Artículo 9º de la Ley 393 de 1997 La Acción de Cumplimiento no procederá para
la protección de derechos que puedan ser garantizados mediante la Acción de
Tutela. En estos eventos, el Juez le dará a la solicitud el trámite correspondiente
al derecho de Tutela.  Tampoco procederá cuando el afectado tenga o haya tenido
otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o
Acto Administrativo, salvo, que de no proceder el Juez, se siga un perjuicio
grave e inminente para el accionante.
[12]
C-1194 de 2001.
[13]
C-049 de 2006, T-319 de 2014.
[14]
Su446 de 2011.
[15]
Artículo 156 de la Ley 270 de 1996.
[16]
Artículos 156 y 160 de la Ley 270 de 1996.
[17] Artículo 168 de la Ley
270 de 1996 Hasta tanto la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla se encuentre
en condiciones de ofrecer los cursos de formación de acuerdo con lo previsto en
este artículo, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura podrá
contratar su prestación con centros universitarios públicos o privados de
reconocida trayectoria académica.
[18]
SU539 de 2012.
[19]
Ibídem
[20]
SU-466 de 2011.
[21]
Ibídem
[22]
T-315 de 1998.
[23]
T-521 de 2006.
[24]
“La inscripción individual en el registro tendrá
una vigencia de cuatro años.” (artículo 165 de la Ley 270 de 1996).
[25]
T-090 de 2013
[26]
Artículo 31 de la Ley 909 de 2009
[27]
SU 446 de 2011
[28]
C-588 de 2009.
[29]
T-090 de 2013.
[30]
T-090 de 2013.
[31]
C-333 de 2012 y C-542 de 2013, citada en la sentencia T-319 de 2014.
[32]“Para
los empleos en vacancia definitiva, en cuanto se hayan superado todas las
etapas del proceso de selección si el cargo es de Carrera, o se trate de
traslado en los términos del artículo siguiente.”
[33]
“El nombramiento se
hará en provisionalidad en caso de vacancia definitiva, hasta tanto se pueda
hacer la designación por el sistema legalmente previsto, que no podrá exceder
de seis meses, o en caso de vacancia temporal, cuando no se haga la designación
en encargo, o la misma sea superior a un mes”.
[34]
“El nominador, cuando las necesidades del servicio lo exijan, podrá designar en
encargo hasta por un mes, prorrogable hasta por un período igual, a funcionario
o empleado que se desempeñe en propiedad. Vencido este término procederá al
nombramiento en propiedad o provisionalidad según sea el caso, de conformidad
con las normas respectivas.”
[35]
Artìculo 164 y 168 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia
[36]
https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/cronograma
[37]
Folio 20 a 43 del Cuaderno de la CC.
[38]
Resolución No. PSAA16-10518 del 23 de mayo de 2016 (folio 51 a 53).
[39]
Resolución CJRES16-488 de septiembre 28 de 2016 (por medio de la cual se da
cumplimiento a un fallo judicial, (folio 44 a 50).
[40]
Folio 54 del CC
[41]
Folio 59 a 70 del CC
[42]
https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/curso-de-formacion-judicial5
[43]
C-288 de 2014.
[44]
Según el cronograma señalado por el Consejo Superior de la Judicatura.
[45]
https://www.ramajudicial.gov.co/registros-de-elegibles