SU298-15
Sentencia SU298/15
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración
de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
DESCONOCIMIENTO
DEL PRECEDENTE COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
El
desconocimiento del precedente es una causal específica de procedencia de
tutela contra providencias judiciales. Esta puede configurarse a través de dos
vías: (i) cuando se demuestra un defecto sustantivo o (ii) al evidenciar un
desconocimiento de precedente de forma autónoma; pues, como ha expuesto esta
Corporación, no hay un límite indivisible entre estas causales.
DEFECTO
SUSTANTIVO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
El defecto sustantivo abarca
múltiples circunstancias en las que la aplicación del elemento de derecho
genera un error en la administración de justicia. Incluye desde una
equivocación en la elección de la norma aplicada por parte de la autoridad judicial,
hasta el desconocimiento de reglas jurisprudenciales.
CARACTERIZACION
DEL DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL
Ha advertido la Corte que
se incurre en desconocimiento del precedente constitucional: (i) aplicando
disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de
constitucionalidad; (ii) aplicando disposiciones legales cuyo contenido
normativo ha sido encontrado contrario a la Constitución; (iii) contrariando la
ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad; y (iv) desconociendo el
alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a
través de la ratio decidendi de sus sentencias de tutela.
IMPRESCRIPTIBILIDAD
DEL DERECHO A LA PENSION
La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado reiteradamente
que el derecho a la pensión es imprescriptible. Con sustento en el carácter
irrenunciable del derecho a la seguridad social consignado en el artículo 48 de
la Constitución, y conforme al principio de solidaridad, a la especial
protección que debe el Estado a las personas de tercera edad y al principio de
vida digna, ha construido una sólida línea jurisprudencial que sostiene que el
derecho a la pensión no se extingue con el paso del tiempo.
DERECHO A LA RELIQUIDACION DE PENSION DE VEJEZ-Jurisprudencia de la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia
La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha cambiado su
jurisprudencia desde el año 2003. Anteriormente, sostenía que el derecho a
reclamar el reajuste de la pensión no prescribía, pero posteriormente utilizó
la diferenciación entre el derecho a la pensión y los créditos que de ella se
generan, para concluir que la reclamación de reliquidación sí prescribe. La
actual línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia sostiene que la
prescripción sí aplica para las reclamaciones que pretendían incluir nuevos
factores salariales en la liquidación de la pensión.
DERECHO A LA RELIQUIDACION DE PENSION DE VEJEZ-Es imprescriptible
Conforme a
la jurisprudencia constitucional, el derecho a reclamar la reliquidación de la
pensión está estrechamente vinculado con el derecho a la pensión en sí misma,
por lo tanto también es imprescriptible. Además, se ha determinado que resulta
desproporcionado que los afectados con una incorrecta liquidación no puedan
reclamar su derecho en cualquier tiempo.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-No se desconoció el precedente judicial por cuanto las decisiones
cuestionadas adoptaron
el precedente fijado por la Corte Suprema de Justicia en relación con la
prescripción o imprescriptibilidad de la reliquidación pensional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia por desconocimiento del precedente constitucional,
específicamente en relación con la prescripción de la acción para solicitar la
reliquidación pensional
De acuerdo
con el precedente de esta Corporación, las solicitudes de reclamación con el
fin de obtener la reliquidación de la pensión para la inclusión de factores
salariales, no prescriben, pues una interpretación contraria es violatoria del
artículo 53 de la Constitución.
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Orden de emitir un nuevo fallo en el que se aplique el
precedente de la Corte Constitucional en relación
con las solicitudes de reliquidación pensional que se presenten en cualquier
tiempo, y aplicar la prescripción sólo a las mesadas pensionales
Referencia: Expediente T-4.615.005.
Acción de tutela presentada por Roberto Guzmán contra la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Santa Marta y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Bogotá.
Procedencia: Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Jurisdiccional Disciplinaria.
Asunto: Prescripción de la acción para reclamar la
reliquidación de pensión.
Magistrada Ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO.
Bogotá, D. C.,  veintiuno (21) de mayo de dos
mil quince (2015).
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, conformada por los magistrados María Victoria Calle Correa–quien
preside–, Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio
Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Martha Victoria Sáchica Méndez y Luis
Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En revisión de la decisión proferida en segunda
instancia por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, al resolver la impugnación del accionante contra el fallo de la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Bogotá, dentro de la acción de tutela promovida por Roberto Guzmán contra la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Santa Marta y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Bogotá.
El asunto llegó a esta Corporación por remisión que
hizo el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 86 inciso 2° de la Constitución y 31 del Decreto 2591 de 1991, y fue
escogido para revisión por la Sala de Selección N° 11, el día 21 de noviembre
de 2014.
I. ANTECEDENTES
El señor Roberto Guzmán, a quien le fue reconocida una
pensión de jubilación por parte del Banco de la República, presentó una
reclamación contra esta entidad y posteriormente interpuso demanda para que se reliquidara
su pensión teniendo en cuenta como factor salarial la prima convencional de
vacaciones recibida durante el último año de servicios. Las decisiones
judiciales en primera y segunda instancia, así como aquella que resolvió el
recurso de casación, declararon probada la excepción de prescripción de la
acción para solicitar el reajuste pensional porque la solicitud administrativa se
efectuó diez años después del reconocimiento de la pensión.
El accionante interpuso acción de tutela para que se
protejan sus derechos a la seguridad social, al debido proceso, a la igualdad,
a que se le aplique la interpretación de la norma más favorable al trabajador,
y a la protección especial a las personas de tercera edad, que considera
vulnerados con las providencias judiciales que sostienen que la reclamación del
accionante está sujeta a prescripción.
A.   Hechos y pretensiones
1. En 1987, el Banco de la República le
reconoció pensión de jubilación al señor Roberto Guzmán[1].
2. El 15 de diciembre de 1997, el señor
Roberto Guzmán y otros antiguos empleados del Banco de la República que
recibieron pensión de jubilación de esta entidad en el año de 1987 o antes,
presentaron una reclamación a la gerente de la entidad para que reajustara su
pensión. En esa ocasión, solicitaron al Banco una nueva liquidación que incluyera
como factor salarial la prima convencional[2]
recibida durante el último año de servicios.[3]
En el expediente no se hace referencia a
cuál fue la respuesta del Banco ante la solicitud administrativa de
reliquidación por parte del grupo de pensionados.
3. El 13 de diciembre de 2000 el señor
Guzmán, junto con otros antiguos trabajadores del Banco de la República,
demandaron a esa entidad para que les liquidara nuevamente la pensión, incluyendo
en el cálculo el factor salarial concerniente a la prima de vacaciones que fue
pagada a los empleados el último año de servicios. Igualmente, los demandantes pidieron
que se pagaran los intereses moratorios sobre el monto de los reajustes de las mesadas
pensionales a partir del 1º de enero de 1994.
4. La demanda laboral interpuesta por el
señor Roberto Guzmán y otros trabajadores fue conocida por el Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Bogotá en primera instancia. En sentencia del 5 de
octubre de 2004, el Juzgado señaló que los demandantes reclamaron al Banco de
la República la reliquidación “diez años después, esto es para cuando ya se
encontraba prescrita la acción”[4],
por lo cual declaró probada la excepción de prescripción propuesta por el
Banco.
Al emitir el fallo, el Juzgado se fundamentó
en la sentencia del 18 de febrero de 2004 de la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia[5]
que sostiene que el derecho pensional no prescribe, sin embargo, sí lo hacen los
derechos personales o créditos que surgen de la relación laboral.
5. Contra esta decisión, el apoderado de
los demandantes presentó recurso de apelación en el cual sostuvo que la
sentencia “resultó aplicando oficiosamente una caducidad y no una
prescripción”[6].
Igualmente, consideró que el a quo incurrió en error, pues si aplicó la
prescripción, no debió haber absuelto a la entidad demandada.
6. En segunda instancia conoció del asunto
el Tribunal Superior de Santa Marta, en virtud de una medida de descongestión
del Consejo Superior de la Judicatura que le asignó la competencia para decidir
la apelación contra el fallo del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá.
En sentencia del 22 de marzo de 2007, el Tribunal señaló que, en efecto, el
derecho de pensión no está sujeto a que se reclame durante cierto tiempo, pero “la
imprescriptibilidad de las pensiones, no cobija al salario base de liquidación
de la pensión, para estos conceptos opera la prescripción en los términos de
los demás derechos derivados de la vinculación laboral (…)”[7]. Por
consiguiente, concluyó que las acciones para reclamar la inclusión de factores
salariales en la liquidación pensional prescriben tres años después del momento
en que la obligación era exigible.
En la resolución del caso concreto, el ad
quem indicó los siguientes datos del señor Roberto Guzmán y la prestación
que recibe:
Nombre
Fecha de pensión
Cuantía inicial
Promedio salarial mensual y % Liquidación
de Pensión
Valor actual de la pensión
Roberto Guzmán Galindo
3 de febrero de 1987
$111.896
$138.142,65
81%
$1.549.488
Además, el Tribunal señaló que cuando los
demandantes solicitaron a la  gerente del Banco de la República el reajuste de
la pensión, esto es, el 15 de diciembre de 1997, ya habían transcurrido más de
tres años desde su reconocimiento, que se produjo en 1987. Por lo tanto, al
respecto operó la prescripción a la que hace referencia el artículo 41 del
Decreto 3135 de 1968, así como los artículos 151 del Código del Procedimiento
del Trabajo y 488 del Código Sustantivo del Trabajo[8]. De igual
forma, consideró que cuando el grupo de antiguos trabajadores del Banco
interpuso demanda laboral en el año 2000, la acción ya había prescrito. En consecuencia,
la segunda instancia confirmó la decisión del a quo de declarar probada
la excepción de prescripción, y sólo modificó el numeral con el cual el Juzgado
Tercero Civil del Circuito absolvió al Banco de la República, pues consideró
que dado que no se analizaron los derechos involucrados, no era posible determinar
la absolución del Banco, pues a tal conclusión se llega sólo cuando se analiza el
asunto de fondo.
7. El 19 de febrero de 2008, el apoderado del señor
Roberto Guzmán y de los demás demandantes en el proceso ordinario, presentó
recurso de casación ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia contra la sentencia del 22 de marzo de 2007 proferida por la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta. En el recurso indicó que la
sentencia impugnada era violatoria, por infracción directa, del artículo 53 de
la Constitución, y por interpretación errónea, de los artículos 488 y 489 del
Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código de Procedimiento del Trabajo y
la Seguridad Social.
El abogado argumentó que, así como la
pensión de jubilación es imprescriptible, “los factores salariales que deben
tenerse en cuenta para su liquidación no se extinguen por el transcurso del
tiempo”[9]
. Precisó que la jurisprudencia del Consejo de Estado, de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional ha sido
constante en afirmar la imprescriptibilidad de la acción para reclamar la
liquidación pensional que incluya nuevos factores salariales. En relación con
las decisiones de la Corte Suprema de Justicia que estimaba omitidas, hizo
referencia a las sentencias del 23 de julio de 1998 (Rad. 10784), del 26 de
mayo de 2000 (Rad. 13475) y del 26 de septiembre de 2000 (Rad 14184); y con
respecto a las de la Corte Constitucional enfatizó en el precedente contenido
en la sentencia T-631 de 2002.
También manifestó el apoderado, que la sentencia
de la Corte Suprema de Justicia en la que se apoyó el Tribunal de Santa Marta
para aplicar la excepción de prescripción, hace una interpretación de las
normas del Código del Trabajo adversa para los intereses del trabajador. A su
juicio, el Tribunal debió haber proferido una decisión fundamentada en fallos
de la Corte Suprema de Justicia que sí resultan convenientes para que prospere
la petición del demandante, pues de acuerdo con el artículo 53 de la
Constitución, debe optarse por la interpretación más favorable a los
trabajadores.
Bajo estos argumentos, el apoderado solicitó
reajustar las pensiones de los demandantes, aunque reconoció que las mesadas
pensionales causadas con anterioridad a los últimos tres años en los que se
presentó la reclamación administrativa, ya habían prescrito. Así que su
petición consistió, principalmente, en que se hiciera la nueva reliquidación pensional
que incluyera como nuevo factor salarial la prima de vacaciones recibida en el
último año de servicios y que la prescripción aplique sólo a las mesadas “que
se hubieran causado con más de tres años de anterioridad al 15 de Diciembre de
1997, fecha en que interrumpieron la prescripción”[10].
8. En sentencia del 16 de octubre de 2013, la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia[11] decidió no
casar el fallo proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa
Marta.
Al resolver el recurso, la Sala reiteró la sentencia
del 7 de julio de 2005 (Rad. 25344) de la Corte Suprema de Justicia en la que
estaba involucrado también el Banco de la República. Dicha sentencia sostuvo que
“la jurisprudencia de esta Sala hace distinción entre los derechos de
crédito que tienen incidencia en la liquidación de la mesada pensional y el
derecho pensional en sí mismo considerado, para efectos de aplicar la
prescripción de la acción judicial de cara al primer caso (…)”. A juicio de
la Sala, la aplicación de la jurisprudencia vigente al momento de proferir la
sentencia no afecta el principio de favorabilidad, como lo señala el apoderado,
pues no había dos interpretaciones al respecto. La interpretación adoptada es el
precedente vinculante para el momento de expedición del fallo, que está acorde
con lo dispuesto en los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151
del Código de Procedimiento del Trabajo y la Seguridad Social. En consecuencia,
la Sala consideró que la acción para reclamar la reliquidación de la pensión
para inclusión de factores salariales está sujeta a la prescripción, así como las
mesadas pensionales, por lo tanto, no casó la sentencia del Tribunal Superior
de Santa Marta.
La decisión fue adoptada por la mayoría de la Sala de
Casación Laboral, sin embargo, los Magistrados Luis Gabriel Miranda Buelvas,
Carlos Ernesto Molina Monsalve y Clara Cecilia Dueñas Quevedo salvaron su voto.
La razón por la cual se apartaron de la decisión consistió, principalmente, en
que no estaban de acuerdo con considerar la prescripción sobre los derechos
alegados, dado el carácter de tracto sucesivo del derecho pensional[12].
9. Inicialmente, el 16 de diciembre de 2013[13]
el señor Roberto Guzmán presentó acción de tutela contra la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior
de Santa Marta y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, ante la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Argumentó que las
decisiones emitidas por los jueces accionados en el curso del proceso laboral
vulneraron sus derechos a la seguridad social, al debido proceso, a la
igualdad, a la aplicación de la interpretación más favorable al trabajador y a
la protección especial a las personas de la tercera edad, porque declararon
probada la excepción de prescripción con respecto a la reclamación de tener en
cuenta la última prima de vacaciones en la reliquidación de su pensión.
El accionante precisó que la prima de
vacaciones que el Banco de la República excluyó como factor salarial para
efectos de la liquidación de la pensión, constituye salario, por lo tanto,
debió haber sido incluida en el cálculo.
El actor expuso que, conforme al artículo
48 de la Constitución, su derecho a la pensión de jubilación es imprescriptible,
“así como el derecho a reclamar la reliquidación de las pensiones cuando no
se han tenido en cuenta todos los factores que integran la base para su
liquidación”[14].
Indicó que esta postura ha sido reiterada por la Corte Constitucional en la
sentencia T-762 de 2011 y la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia, expuesta en sentencia del 22 de mayo de 2013
(Rad. 37416), ésta última, decidió no casar una sentencia del Tribunal Superior
de Bogotá que reconoció que la prima de vacaciones convencional que recibía una
antigua empleada del Banco de la República constituía un factor salarial[15].
En consecuencia, estimó que las autoridades
accionadas desconocieron el precedente constitucional y el de la Sala Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, con lo cual atentaron también contra su
derecho a la igualdad. E incluso, a modo de discusión, adujo que si existiese
otro precedente que no reconoce la imprescriptibilidad del derecho, de acuerdo
con el artículo 53 de la Constitución, los jueces debieron aplicar la
interpretación más favorable, esto es, aquella que permite solicitar la
reliquidación de la pensión sin límite de tiempo.
La pretensión de la tutela es dejar sin
efecto ni validez las sentencias proferidas por la Sala de Casación Laboral el
16 de octubre de 2013, por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta
el 22 de marzo de 2007, y por el Juzgado Tercero Civil del Circuito el 5 de
octubre de 2004, que declararon prescrito su derecho a la reliquidación de la
pensión. Y, en consecuencia, se ordene al Juez Tercero Laboral del Circuito de
Bogotá que dicte nueva sentencia de acuerdo con los precedentes de la Corte
Constitucional y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
B.   Actuaciones en sede de tutela
B.1. Nulidad del primer proceso de tutela
La Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia decidió admitir la acción de tutela el 13 de enero de 2014,
y en fallo del 28 de enero del mismo año, negó las pretensiones del accionante[16].
Sin embargo, una vez el señor Guzmán interpuso la impugnación, conoció la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. El 3 de marzo de 2014, esta
Sala declaró la nulidad de lo actuado en el proceso desde el auto de admisión
de la acción de tutela. A juicio de la Sala de Casación Civil, la acción no
debió haber sido admitida porque su pretensión era reabrir el debate que fue
resuelto por la jurisdicción laboral. Además, advirtió que no remitiría la
decisión de nulidad a la Corte Constitucional para su eventual revisión, pues
no se emitió sentencia y el Decreto 2591 de 1991 dispone que se enviarán a la
Corte únicamente las sentencias emitidas en las acciones de tutelas.[17]
B.2. Presentación de la tutela ante el
Consejo Seccional de la Judicatura
Ante esta situación, el 14 de marzo de 2014,
el señor Roberto Guzmán presentó la tutela contra la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa
Marta y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, ante la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura. El accionante
acudió a dicha Corporación, con sustento en el auto del 3 de febrero de 2004 de
la Corte Constitucional según el cual, cuando la Corte Suprema de Justicia se
niegue a tramitar las tutelas, se podrá acudir a cualquier juez de igual jerarquía
para que asuma su conocimiento.[18]
B.3. Trámite adelantado por parte de la
Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá
El 18 de marzo de 2014, la Magistrada Sustanciadora
del Consejo Seccional de la Judicatura admitió la tutela interpuesta por el
señor Guzmán contra las providencias judiciales que declararon la prescripción
de la acción para reclamar la reliquidación de su pensión. El auto de admisión
dispuso vincular como accionadas a la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta, el
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, el Banco de la República, y
como tercero interesado, al FOPEP.
B.4. Respuesta de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia
El 20 de marzo de 2014, los magistrados de
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia[19] adujeron
que, de acuerdo con el artículo 235 de la Constitución, la Corte Suprema es el
máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, por lo tanto ninguna autoridad
judicial puede imponerle un criterio de interpretación. Además, el Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá no puede conocer de las acciones de tutela
contra la Corte de Suprema de Justicia porque de acuerdo con el Decreto 1382 de
2000 esta función le corresponde a la misma Corte Suprema. Indicaron también que
la Corte Constitucional no tiene la función de fijar competencias para avocar
el conocimiento de las tutelas.
B.5. Respuesta del Consorcio FOPEP
El 21 de marzo de 2014 el gerente general
del Consorcio FOPEP solicitó negar la acción de tutela y desvincular a la
entidad que representa. Con respecto a la situación del señor Roberto Guzmán,
afirmó que él no se encuentra incluido en su nómina de pensionados. Aclaró que el
FOPEP es una cuenta adscrita al Ministerio del Trabajo que sustituye en el pago
de pensiones a los fondos o cajas que el Gobierno determine y el Banco de la
República no hace parte de las entidades sustituidas.
B.6. Sentencia de primera instancia
En sentencia del 31 de marzo de 2014, la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Bogotá negó la acción de tutela ya que consideró que las decisiones judiciales
atacadas hicieron un estudio juicioso y ponderado de las normas, y tenían un
fundamento legal acertado.
B.7. Impugnación
Contra esta decisión, el accionante
presentó recurso de apelación el 22 de abril de 2014. Motivó su impugnación en
que las decisiones judiciales vulneraron su derecho a la igualdad y a la
aplicación de la interpretación más favorable al trabajador, al aplicar un
precedente jurisprudencial contrario a la jurisprudencia consolidada de la
Corte Suprema de Justicia y a la sentencia T-762 de 2011 de la Corte
Constitucional.
B. 8. Nulidad del segundo proceso de tutela
El 14 de mayo de 2014, el Consejo Superior
de la Judicatura declaró la nulidad de lo actuado en el proceso de tutela desde
el auto admisorio, por indebida integración del contradictorio, pues la
Secretaría del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá no notificó al
Banco de la República del auto admisorio de la tutela. En consecuencia, remitió
el expediente al Consejo Seccional para subsanar el error detectado y adelantar
el estudio de la tutela con el lleno de los requisitos.[20]
B.9. Nuevo trámite de tutela por parte del Consejo
Seccional de la Judicatura
En auto del 28 de julio de 2014, la Sala
Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá admitió la
acción de tutela instaurada por el señor Roberto Guzmán contra la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Santa Marta y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito. Además,
ordenó vincular al Banco de la República y al FOPEP, como terceros interesados.
Dentro de las respuestas recibidas, el
FOPEP reiteró lo señalado previamente respecto a que el señor Guzmán no hacía
parte de su nómina de pensionados. El Banco de la República expuso lo que se
explica a continuación.
B.10. Respuesta del Banco de la República
El 30 de julio de 2014, la representante del Banco de
la República solicitó negar la acción de tutela. En su criterio, el accionante
pretende revivir la controversia judicial que terminó en el proceso laboral, lo
cual resulta contrario a la naturaleza de la acción de tutela. Señaló que las
decisiones tomadas por las autoridades judiciales se fundamentaron en el cambio
de jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según la
cual el derecho a reclamar el incremento de la cuantía de la pensión prescribe
a los tres años contados desde su reconocimiento.
La respuesta de la entidad indicó que en una acción de
tutela presentada por la señora Martha Cancino Bermúdez, con hechos similares e
idénticas pretensiones a las de la tutela del señor Roberto Guzmán, en sentencia
del 9 de abril de 2014, el Consejo Superior de la Judicatura también decidió
negar las pretensiones.[21]
C.
Sentencias en
sede de tutela e impugnación
C.1. Sentencia de primera instancia
El 6 de agosto de 2014, la Sala Disciplinaria
del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá resolvió negar la acción de
tutela pues consideró que las decisiones cuestionadas no resultaban arbitrarias
ni caprichosas. Al contrario, estimó que los accionados fundamentaron sus
fallos en la sentencia de casación del 7 de julio de 2005 (Rad. 25344) y
realizaron un análisis ponderado y juicioso del caso en estudio.
C.2.Impugnación
El 15 de agosto de 2014, el accionante presentó
impugnación porque, a su juicio, los accionados desconocieron la jurisprudencia
consolidada de la Corte Constitucional y de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia que manifiesta que la acción para reclamar la
reliquidación de pensión por no incluir los factores salariales no prescribe.
C.3. Sentencia de segunda instancia
En sentencia del 17 de septiembre de 2014,
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura
confirmó el fallo de primera instancia y negó la tutela. Constató el
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial, pero negó la existencia de algún defecto. Luego, de
acuerdo con la sentencia, la Sala Laboral de la Corte Suprema hizo una
interpretación armónica del principio de favorabilidad y de legalidad, así que
no estimó vulnerado el artículo 53 de la Constitución. Agregó que las
decisiones judiciales cuestionadas tampoco desconocieron el precedente, pues se
apoyaron en la sentencia del 27 de junio de 2002 (Rad 17648).
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1. Esta Sala es competente para decidir el presente
asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
La Sala Plena de esta Corporación decidió asumir el
conocimiento del proceso de la referencia, en la sesión del quince (15) de
abril de 2015, con fundamento en el artículo 54A del Reglamento Interno, por
tratarse de una tutela contra providencia de la Corte Suprema de Justicia.
Asunto bajo revisión y problema jurídico
2. En el año 2000, el señor Roberto Guzmán
y otros trabajadores del Banco de la República demandaron ante la jurisdicción
laboral a su antiguo empleador para obtener la reliquidación de su pensión,
recibida en el año de 1987 o antes. Solicitaron que se calculara nuevamente el
monto de su pensión teniendo como factor salarial la prima de vacaciones
recibida durante el último año de servicios. Las dos instancias del proceso
laboral declararon probada la excepción de prescripción y no estudiaron de
fondo si la prima de vacaciones debía ser incluida en la liquidación de la
pensión. Para los juzgadores, la reliquidación de la pensión sólo puede
solicitarse dentro de los tres años siguientes al reconocimiento de la misma y,
en este caso, la reclamación administrativa ocurrió en el año de 1997 y la
demanda ante la jurisdicción laboral, en el año 2000; así que transcurrieron más
de tres años entre el reconocimiento de la pensión y la petición de reajuste.
El accionante solicita que con la tutela se
protejan sus derechos a la seguridad social, al debido proceso, a la igualdad,
a la aplicación de la interpretación más favorable para el trabajador, y a la
especial protección a las personas de tercera edad; que considera vulnerados
con las decisiones judiciales que declararon probada la excepción de
prescripción en el proceso laboral ordinario que promovió contra el Banco de la
República para reclamar la reliquidación de su pensión. En concreto, advierte
que las decisiones cuestionadas incurrieron en desconocimiento del precedente
de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte
Constitucional, que han sostenido que el derecho a reclamar la liquidación de
la pensión es imprescriptible.
3. Dado que la eventual vulneración de los
derechos se efectúa en decisiones judiciales que declararon la procedencia de
la excepción de prescripción, el problema jurídico consiste en determinar ¿procede
la acción de tutela para averiguar si prescriben las reclamaciones por factores
salariales no incluidos en la liquidación de la pensión y, por tanto, procede
la solicitud de reliquidación en cualquier tiempo?
Ahora bien, como la tutela se dirige contra
providencias judiciales, la Sala deberá verificar el cumplimiento de los
requisitos generales y específicos de procedencia para este tipo de acciones.
4. Para resolver el problema jurídico planteado, serán
abordados los siguientes temas: i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales; ii) los requisitos de procedibilidad de la acción en
estos casos; iii) el desconocimiento del precedente como modalidad del defecto
sustantivo y como causal específica autónoma de procedibilidad de la tutela
contra providencia judicial; iv) el precedente constitucional; v) el derecho a
la pensión y su imprescriptibilidad; vi) la jurisprudencia de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia respecto al derecho a reclamar
la reliquidación de la pensión y la excepción de prescripción; vii) la
jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el derecho a reclamar la
reliquidación de la pensión y la excepción de prescripción; y viii) el caso concreto.
Requisitos de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia
5. El artículo 86 de la Constitución señala que la
tutela procede cuando los derechos fundamentales resultan amenazados o
vulnerados “por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública”[22]. Por lo tanto, esta Corporación ha estimado que si
de una providencia judicial surge una afectación a los mencionados derechos
fundamentales, es posible acudir a la acción de tutela para solicitar su
protección. Así pues, cuando la Constitución señala que la tutela procede
contra cualquier acción de autoridad pública, allí deben incluirse las
actuaciones de los jueces en el curso de los procesos que resuelven.
6. La jurisprudencia consolidada de la Corte
Constitucional ha admitido la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales. Sin embargo, esa postura jurisprudencial es producto de
pronunciamientos de esta Corporación que han variado a lo largo de los años.
En un primer momento, no se consideraba admisible la
acción de tutela contra providencias judiciales. En la sentencia C-543 de
1992 la Corte estudió la constitucionalidad de los artículos 11, 12 y 40
del Decreto 2591 de 1991 relativos a la caducidad y competencia para conocer de
tutelas contra decisiones emitidas por los jueces. En esa oportunidad, esta Corporación
resolvió declarar inexequibles los artículos demandados porque consideró que
eran contrarios a la autonomía judicial, a la administración de justicia y a la
seguridad jurídica.[23]
Sin
embargo esa postura jurisprudencial cambió para permitir la interposición de la
acción de tutela cuando una autoridad judicial incurría en una vía de hecho y
con ello afectaba derechos fundamentales. Inicialmente, se consideraba que se
configuraba una vía de hecho cuando los jueces actuaban de forma caprichosa y
arbitraria, y posteriormente se precisó que ésta “incluye aquellos casos en
los que se aparta de los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y
cuando su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los
derechos fundamentales de los asociados (arbitrariedad)”[24].
En
ese sentido, desde un inicio, la jurisprudencia desarrolló algunas causales
respecto de las cuales era posible concluir la existencia de una vía de hecho y
las caracterizó como defectos de la decisión judicial. Algunas de ellas,
expuestas en la sentencia T-231 de 1994 eran: “Si
este comportamiento - abultadamente deformado respecto del postulado en la
norma - se traduce en la utilización de un poder concedido al juez por el
ordenamiento para un fin no previsto en la disposición (defecto sustantivo), o
en el ejercicio de la atribución por un órgano que no es su titular (defecto
orgánico), o en la aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos
determinantes del supuesto legal (defecto fáctico), o en la actuación por fuera
del procedimiento establecido (defecto procedimental) (…)”[25].
Posteriormente,
en la sentencia C-590 de 2005 la Corte Constitucional modificó su
jurisprudencia para superar la doctrina de las vías de hecho y sistematizar las
causales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial. Primero, diferenció causales generales y específicas para la
procedencia de la acción. Las primeras se ocupan de constatar el cumplimiento
de los requisitos propios de la tutela; y las segundas analizan específicamente
si hay errores del auto o la sentencia, que tienen la entidad de vulnerar
derechos fundamentales.
Actualmente las tutelas contra providencias judiciales
deben cumplir con éstos estrictos requisitos para determinar su procedencia. El
objeto de hacer ese riguroso análisis es obtener un punto medio que, por un
lado, permita a las personas solicitar la protección de los derechos
fundamentales, incluso si la afectación se desprende de la acción de un juez; y
por otro lado, sea respetuoso de la administración de justicia, la
independencia judicial y la seguridad jurídica.
7. En consecuencia, para determinar la procedencia de
la tutela es necesario verificar dos tipos de requisitos. En un primer nivel
están los requisitos generales, que “habilitan la interposición”, pues indagan por las características que
comunmente se exigen para la presentación de esta acción, sólo que se adecuan a
la situación específica de cuestionar una providencia judicial. Si se cumplen tales
requerimientos, es posible continuar con el examen de los requisitos
específicos, que están en un segundo nivel de análisis y “tocan con la procedencia misma del amparo,
una vez interpuesto”[26].
Siguiendo lo expuesto en la sentencia C-590 de 2005,
los requisitos generales son:
a). Que la cuestión discutida sea de relevancia
constitucional de forma tal que el juez constitucional pueda analizar el
asunto que se le presenta en la tutela y no interfiera en una cuestión que le
corresponde definir exclusivamente al juez del conocimiento.
b). Que se hayan agotado los recursos ordinarios y
extraordinarios para constatar que la acción es subsidiaria y no se utiliza
como mecanismo principal cuando el sistema judicial ofrece otras vías para
tramitar la reclamación. Esto con el fin de que la tutela no vacíe las
competencias de otras jurisdicciones. Vale anotar que ante la existencia de perjuicio
irremediable que no haga posible acudir a los mecanismos ordinarios, es posible
flexibilizar este principio de acuerdo con el artículo 86 superior.
c). El cumplimiento del requisito de inmediatez
tiene como objeto verificar que la acción de tutela se ejerza en un término
razonable después del hecho del cual se deriva la afectación. A través de esta
exigencia se permite que las personas puedan acceder a la acción de tutela, sin
poner en riesgo la seguridad jurídica y la cosa juzgada.
d). En caso de alegarse una irregularidad procesal,
que ésta tenga la entidad de afectar derechos fundamentales y haya sido
determinante en el sentido de la decisión judicial que se reprocha, “[n]o
obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay
lugar a la anulación del juicio”[27].
e). Que la parte actora identifique tanto los
hechos, como los derechos vulnerados, y que haya esgrimido sus argumentos
en el proceso judicial, de ser posible. Este requerimiento tiene como fin que
el accionante exponga claramente cuál es la posible afectación a sus derechos y
que, en las instancias oportunas para que los jueces consideren sus razones, lo
haya explicado, más no que la tutela se convierta en una oposición per se
a la decisión en general.
f). Que la tutela no se interponga contra un fallo
de tutela, “por cuanto los debates
sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de
manera indefinida (…)”[28]
Los requisitos específicos son aquellos que
indagan de fondo si la providencia vulneró algún derecho. Éstos son:
a). Defecto orgánico que se configura cuando el
funcionario que expide la decisión carece de competencia para ello;
b). Defecto procedimental que consiste en que el
juez actúa al margen del procedimiento legal dispuesto para el asunto puesto en
su conocimiento;
c). Defecto fáctico, relativo a la inexistencia
de material probatorio para aplicar un supuesto normativo y tomar determinada
decisión;
d). Defecto material o sustantivo, que se
presenta cuando la providencia adopta una decisión con base en normas
inexistentes, inconstitucionales o “que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión”[29];
e). Error inducido, en caso de engaño a la
autoridad judicial que resultó determinante en la toma de la decisión;
f) Decisión sin motivación que se produce cuando
la providencia omite exponer los fundamentos fácticos o jurídicos en los cuales
soporta la resolución del caso;
g). Desconocimiento de precedente en el que
incurren la decisión que limita o se aparte el precedente fijado por las Altas
Cortes. Como ha señalado esta Corporación, “(…) en estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado”[30];
h). Violación directa a la Constitución que se
presenta cuando una decisión no es respetuosa de la Carta Política y omite el
principio de supremacía constitucional.
Para considerar procedente ésta acción en contra de
una providencia judicial, se debe comprobar la existencia de todos los
requisitos generales señalados, y considerar demostrado al menos uno de los
requisitos específicos.
A continuación, la Sala explicará la causal de
desconocimiento del precedente, que a juicio del accionante se configura en el
caso concreto.
Desconocimiento
de precedente
8. El desconocimiento del precedente es una causal específica
de procedencia de tutela contra providencias judiciales. Esta puede
configurarse a través de dos vías: (i) cuando se demuestra un defecto
sustantivo o (ii) al evidenciar un desconocimiento de precedente de forma
autónoma; pues, como ha expuesto esta Corporación, no hay un límite indivisible
entre estas causales[31].
9. Para empezar, vale señalar que el defecto sustantivo
abarca múltiples circunstancias en las que la aplicación del elemento de
derecho genera un error en la administración de justicia. Incluye desde una
equivocación en la elección de la norma aplicada por parte de la autoridad
judicial, hasta el desconocimiento de reglas
jurisprudenciales. Esta Corte ha señalado que el citado defecto se presenta
cuando una autoridad judicial:
“i) aplica
una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la razones
previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica
un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto
de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del
caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución
le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretación
contraevidente -interpretación contra legem- o claramente irrazonable o
desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial –horizontal
o vertical- sin justificación suficiente; o (v) se abstiene de
aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de
la Constitución, siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de
las partes en el proceso”[32]
(Negrillas propias del
texto).
10. Este defecto sustantivo en modalidad de no
sujeción a las decisiones judiciales vinculantes se presenta cuando el
juzgador se aparta de los precedentes que determinan el contenido de la norma
aplicable. Al interpretar la norma de una forma diferente a la autorizada, o al
variar la manera en la que el mismo juez venía decidiendo los mismos problemas
jurídicos, surge un error en la aplicación uniforme de la norma.
11. Si bien la Constitución señala
que los jueces están sometidos al imperio de la ley (Artículo 230), en las
decisiones judiciales se fijan los parámetros para la interpretación y
aplicación de dicha ley. A través del estudio caso a caso, los jueces fijan
reglas que precisan y llenan de contenido las disposiciones legales, por lo
tanto, se convierten en parte de las mismas que deben ser tenidas en cuenta en casos
posteriores. Por consiguiente,
esta Corporación ha expuesto que los precedentes
no son sólo orientadores en la labor de administración de justicia, sino
también obligatorios[33].
En ese sentido, para resolver un
problema jurídico, es necesario identificar la norma aplicable y el precedente
jurisprudencial relevante. No basta con tener en cuenta la literalidad de la
norma y aplicarla según la autonomía interpretativa del operador jurídico.
La independencia y autonomía judicial están
válidamente restringidas por el deber de aplicación del precedente
jurisprudencial. Los jueces tienen la capacidad para interpretar las normas,
analizarlas con otras disposiciones legales y con los artículos de la
Constitución, pero ese ejercicio hermenéutico no carece de límites. El
precedente judicial es considerado como la mejor fórmula adoptada por los
jueces, hasta ese momento, para resolver determinado problema jurídico. Por
ello, si un asunto ha sido discutido y se ha adoptado una solución previamente,
los casos similares que se presenten con posterioridad, deben optar por la
respuesta que se ha dado a las mismas situaciones.
Vale señalar también que, retomar los precedentes y
fallar en el mismo sentido, otorga coherencia y fortaleza al sistema jurídico,
y protege los derechos de las personas que acuden a la administración de
justicia. Como expone la sentencia
T-546 de 2014, la fuerza vinculante del precedente jurisprudencial se
explica:
“(1) [E]n virtud del principio de
igualdad en la aplicación de la ley (artículo 13 C.P.), que exige tratar de
manera igual situaciones sustancialmente iguales; (2) por razones de seguridad
jurídica, ya que las decisiones judiciales deben ser “razonablemente previsibles”;
(3) en atención a los principios de buena fe y de confianza legítima (artículo
84 C.P.), que demandan respetar las expectativas generadas por las reglas
judiciales en la comunidad; y finalmente, (4) por razones de rigor judicial, en
la medida en que es necesario un mínimo de coherencia en el sistema jurídico
(dogmática jurídica).”[34]
12. Es de resaltar que la uniformidad de las
decisiones garantiza el derecho a la igualdad de las personas frente a la
administración de justicia. La ciudadanía tiene una expectativa de la forma en
la que será resuelto su caso de acuerdo a lo que ha sucedido previamente, y
tiene derecho a que sea tratada en igualdad de condiciones en el examen
jurídico en relación con otras situaciones asimilables a la suya. Esta
consonancia de los fallos protege los derechos y otorga coherencia al sistema.
13. La aplicación del precedente es entonces una de
las piezas claves para el engranaje del ordenamiento jurídico colombiano. Por
ello, su desconocimiento es también una causal autónoma de procedencia de la
tutela contra providencias judiciales.
14. Ahora bien, para definir cuáles son las decisiones
que constituyen una regla jurisprudencial a seguir, esta Corporación precisó en
la sentencia T-086 de 2007 que existe un precedente cuando:
“(i) la ratio
decidendi de la sentencia que se evalúa como precedente, presenta una regla
judicial relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) se trata de
un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante
y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia son
semejantes o plantean un punto de derecho semejante al que se debe resolver
posteriormente”[35]
Una vez reunidos los requisitos esbozados anteriormente
subsiste en el juzgador un deber de decidir en la misma línea argumentativa de
los casos anteriores. Sin embargo, la sujeción al precedente no es una regla
absoluta. En atención al carácter dinámico del derecho[36] y al
principio de razonabilidad[37],
un juez puede optar por una forma diferente de resolver, pero “construyendo
una mejor respuesta al problema jurídico”[38]. En ese sentido,
el juez o Tribunal que se aparte de una decisión que constituya precedente en
el caso que resuelve, deberá asumir una fuerte carga argumentativa, y debe:
“(i) referirse expresamente al precedente
anterior, lo que significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo
desapercibido como si nunca hubiera existido (principio de transparencia), y,
(ii) exponer la razón o razones serias y suficientes para el abandono o cambio,
si en un caso se pretende decidir en sentido contrario al anterior encontrándose
en situaciones fácticas similares (principio de razón suficiente)”[39].
15. La obligación de seguir el precedente no es completamente
rígida, pues la fuerza vinculante del mismo puede ceder cuando un juez expone
mejores razones para solucionar el caso concreto. En ese sentido, es también
cambiante y reta a la mejor argumentación jurídica. Incluso, abre la
posibilidad para que un juez construya una postura más protectora de los
derechos aun cuando las decisiones previas han manifestado reiteradamente otra
postura restrictiva.
Pero, sin duda, el precedente es una herramienta que cohesiona
el sistema judicial porque conecta las decisiones individuales a través de una
misma línea argumentativa para la resolución de los mismos asuntos. Conecta las
decisiones de un mismo nivel jerárquico con las de los funcionarios superiores. Al respecto se
distingue entonces el precedente horizontal que “supone que, en principio,
un juez –individual o colegiado- no puede separarse del precedente fijado en
sus propias sentencias”, del vertical que implica “que los jueces no se
pueden apartar del precedente establecido por las autoridades judiciales con
atribuciones superiores, particularmente por las altas cortes.”[40].
16. Finalmente, vale señalar que la creación de
precedentes está relacionada con las funciones de unificación jurisprudencial
de las altas Cortes. En ese sentido, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de
Justicia y la Corte Constitucional, quienes son órganos de cierre en su
respectiva jurisdicción, profieren decisiones que imponen la pauta sobre la
forma de decidir por parte de los jueces de inferior jerarquía.
Respecto al alcance de los precedentes de la Corte
Constitucional a continuación se precisarán algunas de sus características.
El desconocimiento del precedente constitucional
17. De acuerdo con el mandato del artículo 240 de la
Constitución, corresponde a la Corte Constitucional “la guarda de la
integridad y supremacía de la Constitución” y por ello debe resolver
demandas de constitucionalidad, revisar tutelas, y estudiar la coherencia de
proyectos de ley o leyes con la Carta Política. En cumplimiento de tales
funciones, esta Corporación hace un ejercicio hermenéutico que dota de
contenido las disposiciones constitucionales, a través de su jurisprudencia.
La Corte Constitucional como intérprete autorizada de
la Constitución se encarga de fijar el alcance de los derechos fundamentales. Al
respecto, esta Corporación ha insistido que ella “(…)es la encargada de
fijar la interpretación auténtica de los preceptos constitucionales, de manera
que tienen un aspecto subjetivo, relativo al caso concreto, y objetivo, que
implica consecuencias generales en cuanto determina el precedente judicial a
ser aplicado en casos similares o análogos.”[41]
18. Así mismo, dado que el artículo 4º superior señala
que la Constitución es norma de normas, los postulados constitucionales y la
jurisprudencia de esta Corporación que los interpreta, deben ser respetados en
todo momento. De allí que, cuando los juzgadores se apartan sin justificación
de los precedentes constitucionales también resulta procedente la tutela.
Sobre el particular, ha advertido la Corte que se
incurre en desconocimiento del precedente constitucional:
“(i) aplicando disposiciones legales que
han sido declaradas inexequibles por sentencias de constitucionalidad; (ii)
aplicando disposiciones legales cuyo contenido normativo ha sido encontrado
contrario a la Constitución; (iii) contrariando la ratio decidendi de sentencias
de constitucionalidad; y (iv) desconociendo el alcance de los derechos
fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi
de sus sentencias de tutela.”[42]
19. En relación con la fuerza vinculante de los
precedentes que provienen de sentencias de tutela en Salas de Revisión, esta
Corporación ha precisado que allí se cumple también la labor de unificación de
jurisprudencia y de desarrollo de la Constitución.[43] Como ha
insistido esta Corte, tales decisiones “constituyen precedente obligatorio
sobre los alcances y límites aplicables a los derechos fundamentales por parte
de los diferentes operadores jurídicos”[44]. Además, los
efectos de las tutelas “pueden llegar a hacerse extensivos en virtud del
alcance de la revisión constitucional, la ratio decidendi sí constituye un precedente
vinculante para las autoridades”[45].
20. Por tanto, las decisiones judiciales que sean
contrarias a la jurisprudencia emitida en Sala de Revisión de la Corte Constitucional,
pueden ser objeto de tutela contra providencia judicial por desconocimiento del
precedente constitucional.  Igualmente, ha indicado esta Corporación que una
actuación contraria a la jurisprudencia constitucional es violatoria de la Carta
Política porque atenta contra el desarrollo de un precepto superior contenido
en la sentencia, sea de constitucionalidad o de tutela.
El derecho a la pensión y su imprescriptibilidad
21. Del derecho a la seguridad social se desprende el
derecho a la pensión de jubilación, que consiste en recibir el goce efectivo de
una mesada calculada de acuerdo con los factores dispuestos por la ley para la
situación de cada persona. Se trata de un derecho fundamental que tiene como
objeto brindar las condiciones económicas para la vida digna de quienes han
trabajado por mucho tiempo.[46]
22. La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado
reiteradamente que el derecho a la pensión es imprescriptible. Con sustento en el
carácter irrenunciable del derecho a la seguridad social consignado en el
artículo 48 de la Constitución, y conforme al principio de solidaridad, a la
especial protección que debe el Estado a las personas de tercera edad y al principio
de vida digna, ha construido una sólida línea jurisprudencial que sostiene que
el derecho a la pensión no se extingue con el paso del tiempo.
Por ejemplo, la sentencia C-230 de 1998,
retomada posteriormente en múltiples pronunciamientos de la Corte
Constitucional[47],
precisó:
“(…) la pensión de jubilación, vejez e invalidez,
entre otras, no admiten una prescripción extintiva del derecho en sí mismo como
cualquier otra clase de derechos, lo cual no significa que se atente contra el
principio de seguridad jurídica; por el contrario, constituye un pleno
desarrollo de principios y valores constitucionales que garantizan la solidaridad
que debe regir en la sociedad, la protección y asistencia especial a las
personas de la tercera edad, para mantener unas condiciones de vida digna, así
como el derecho irrenunciable a la  seguridad  social  (C.P.,
arts. 1, 46 y 48), determinando a su vez una realización efectiva del valor
fundante que impone la vigencia de un orden económico y social justo, dentro de
un Estado social de derecho; consideraciones que hacen inexequible la
disposición demandada (...)”[48]
23. Ahora bien, la jurisprudencia de esta Corporación
y de la Corte Suprema de Justicia ha distinguido entre el derecho a la pensión
propiamente dicho, y los derechos crediticios que surgen de ésta. Mientras el
reconocimiento del derecho a la pensión goza de características tales como la
imprescriptibilidad, los otros están sujetos a mayores restricciones, siempre
que tales limitaciones no sean desproporcionadas.
Particularmente, en relación con la prescripción de
las acciones laborales, esta Corporación ha advertido que el derecho a la
pensión es imprescriptible, sin embargo, el Congreso puede fijar la prescripción
extintiva de los derechos que surgen en virtud de un derecho fundamental.[49]
En concreto, la jurisprudencia ha expresado que los
créditos o mesadas pensionales, deben ser reclamados durante un lapso
determinado de tres años, so pena de perder el derecho a recibirlos:
“Cabe agregar, que dada la naturaleza periódica o de
tracto sucesivo y vitalicia de las pensiones, la prescripción resulta viable, exclusivamente,
respecto de los créditos o mesadas pensionales que no se hubiesen solicitado
dentro de los tres años anteriores al momento en que se presente la reclamación
del derecho”[50]
24. En consecuencia, es posible concluir que el
derecho a la pensión tiene un carácter imprescriptible, no obstante, a los
créditos o las mesadas pensionales sí les aplica la prescripción.
La jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia con respecto a la reclamación de reliquidación pensional y
su prescripción
25. En relación con la posibilidad de reclamar la
reliquidación pensional, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha
cambiado su jurisprudencia desde el año 2003. Anteriormente, sostenía que el
derecho a reclamar el reajuste de la pensión no prescribía, pero posteriormente
utilizó la diferenciación entre el derecho a la pensión y los créditos que de
ella se generan, para concluir que la reclamación de reliquidación sí
prescribe.
Respecto a la primera postura, es ilustradora la
sentencia del 26 de mayo de 2000, M.P. Fernando Vásquez Botero (Rad. 13475). En
esta providencia, la Corte Suprema de Justicia estudió el recurso de casación
interpuesto por Ecopetrol en contra de la sentencia del Tribunal Superior del
Distrito de Cartagena que concedió el reajuste de la pensión de un trabajador a
quien, en su liquidación, no se le incluyeron todos los factores salariales.
La Corte Suprema decidió no casar la sentencia porque
consideró que el carácter imprescriptible de la pensión incluye a la
posibilidad de reclamar los reajustes a la misma. Determinó que sólo se
extingue con el paso del tiempo, la posibilidad de recibir las mesadas
pensionales no exigidas después de tres años. Y fundamentó el sentido del fallo
en lo dispuesto en la sentencia del 26 de mayo de 1986 de la Corte Suprema de
Justicia que sostuvo:
“(…), la pensión de jubilación por ser una prestación
social de tracto sucesivo y de carácter vitalicio, no prescribe en cuanto al
derecho en si mismo, sino en lo atinente a las mesadas dejadas de cobrar por
espacio de tres años, y además, trae aparejada una situación jurídica regulada
por la ley que, entre otras cosas, incluye los reajustes económicos de tal
derecho. Estos reajustes como integrantes del status pensional son
consustanciales a él y, por ende, no prescriben en cuanto tales, sino en tanto
afectan la cuantía de determinadas mesadas. De suerte que la potencialidad
del reajuste legal no desaparece por prescripción con arreglo a los artículos
488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal Laboral, sino
que se extingue la incidencia que el ajuste pudo haber tenido en ciertas
mensualidades que se percibieron sin que el acreedor hubiera objetado su
cuantía durante el término prescriptivo de tres años”[51]. (Negrilla no original).
En esa línea argumentativa, la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia sostuvo, de forma constante, que la acción para
solicitar la reliquidación pensional podía elevarse en cualquier momento, en
virtud del carácter imprescriptible del derecho a la pensión. Muestra de ello
es la sentencia del 27 de junio de 2002 de la misma Corporación.
En la citada sentencia se estudió el caso de un grupo
de antiguos trabajadores del Banco de la República que solicitaron, más de tres
años después de empezar a recibir su pensión, que se calculara nuevamente el
monto de la misma y se incluyera como parte del salario una prima de
vacaciones.  La Sala Laboral del Tribunal de Bogotá ordenó hacer el reajuste,
por lo cual, el Banco interpuso recurso de casación contra ese fallo. Al
decidirlo, la Sala Laboral retomó su jurisprudencia, de acuerdo con la cual los
hechos, tales como el estatus de pensionado, no se extinguen con el paso del
tiempo, y señaló que “la
prescripción solo se aplica a las mesadas pensionales, más no así al hecho que
generó la reliquidación del derecho, vale decir, la inclusión de la prima de
vacaciones en la base salarial.”[52]
26. Sin embargo, esa línea jurisprudencial sufrió una
modificación en la sentencia del 15 de julio de 2003, M.P. Isaura Vargas Díaz
(Rad. 19557). Al decidir el recurso de casación interpuesto por el señor Alfonso
Rodríguez contra la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla que negó la reliquidación de la pensión del recurrente. En el
estudio del caso, la Corte Suprema varió la forma en la que venía decidiendo y
no casó los fallos de instancia. Al respecto precisó que los derechos
personales o crediticos que surgen de la relación laboral sí prescriben. A
continuación se transcribe, en extenso, lo expuesto en la sentencia.
“Precisa la Corte que no es dable confundir
los hechos en que se funda la demanda de la pensión, cuya declaración judicial
de existencia resulta ser imprescriptible (Sentencia de 21 de octubre de 1985,
Radicación 10.842), con los derechos personales o créditos que surgen de la
relación laboral y que sirven de base o soporte al cálculo de su valor, los
cuales, sí prescriben en lo términos de las citadas normas laborales.
No aparece entonces
razonable afirmar la extinción de los créditos sociales del trabajador por
efectos del acaecimiento de la prescripción al haberse cumplido el plazo
trienal establecido por la ley y, a la vez, sostener su vigencia por constituir
parte de la base económica de la prestación pensional. Lo lógico y legal es que
al producirse la prescripción de la acción personal del trabajador respecto de acreencias
laborales o de algunas de ellas, los derechos que ellas comportan se extingan y
que no sea posible considerar su existencia para ningún efecto jurídico, dado
que al desaparecer del mundo jurídico entran al terreno de las obligaciones
naturales que, como es sabido, no tienen fuerza vinculante.
(…).
Y es que, se insiste,
fijado el monto de la pensión surge para el pensionado el derecho a que éste
sea reliquidado por desconocerse algunos de los componentes que constituyeron
su base, pero tal reconocimiento está sujeto a la existencia del derecho de
crédito que comporta; de tal suerte que, extinguido éste por prescripción no es
posible volver a hacerle producir efectos jurídicos.
Las razones expuestas
llevan a la Corte a modificar su jurisprudencia -- en éste aspecto puntual --
por ser claro que la prescripción extintiva contemplada en la ley,
específicamente en materia laboral, provee la certeza que es necesaria a la
relación de trabajo y a las prestaciones recíprocas que de ella se derivan y, en
tal sentido, dan claridad, seguridad y paz jurídicas a las partes, saneando
situaciones contractuales irregulares que, de otra manera, conducirían a
mantener latente indefinidamente el estado litigioso durante toda la vida de
los sujetos mientras subsistan beneficiarios de la pensión.”
En esa misma línea, decisiones posteriores han
retomado ese cambio jurisprudencial, tal como lo hizo la sentencia del 18 de
febrero de 2004, con ponencia del Magistrado Fernando Vásquez Romero (Rad.
21231). En ese caso, un grupo de pensionados del Banco de la República
reclamaba que se reliquidara su pensión, incluyendo en la fijación del salario,
la prima de vacaciones recibida durante el último año de servicios. La Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia retomó el precedente del 15 de julio de
2003 que modificó el criterio que hasta el momento se había acogido por esa
Corporación y concluyó que “la
prescripción que ello regula [artículo 488 del Código Sustantivo Laboral] sí
cobija a los factores salariales que se omitan para tasar el valor de la mesada
pensional (…)”[53].
En el mismo sentido del último fallo mencionado, la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia profirió la sentencia
del 7 de julio de 2005, que resolvió un recurso de casación interpuesto por un
antiguo trabajador del Banco de la República para que no se aplicara la
prescripción de su acción en su solicitud de reliquidación pensional.[54]
Al decidir, la Sala acogió el precedente del 15 de julio de 2003 citado in
extenso con anterioridad.
Finalmente, en una reciente sentencia del año 2014, la
Corte Suprema de Justicia decidió no casar una decisión judicial que declaraba
la prescripción de la acción para solicitar la reliquidación pensional.[55]
De acuerdo con lo anterior, la actual línea
jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia sostiene que la prescripción sí
aplica para las reclamaciones que pretendían incluir nuevos factores salariales
en la liquidación de la pensión.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el
derecho a reclamar la reliquidación de la pensión y la excepción de
prescripción
27. En relación con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional respecto al derecho a reclamar la reliquidación de la pensión,
son relevantes, en especial, dos decisiones: las sentencias T-762 de 2011 y T-456
de 2013. Estas providencias comparten con el caso que se estudia, que los
accionantes solicitaron la reliquidación de su pensión, entre una de las varias
peticiones que elevaron a diferentes despachos judiciales. La respuesta que
recibieron consistió en que su acción había prescrito, pues la reclamación no
se presentó después de tres años del reconocimiento de la pensión. Cuando la
Corte se encargó de resolver los problemas jurídicos respectivos, en la sentencia
del 2011 concluyó que resulta desproporcionado imponer un límite para solicitar
el reajuste pensional -en ese caso porque la liquidación se hizo con un régimen
diferente-; y en la sentencia del 2013 reiteró que ante una incorrecta
liquidación, subsiste el derecho a requerir, en cualquier tiempo, un cálculo
adecuado de la pensión.
La sentencia T-762 de 2011 estudió la tutela
presentada por el señor Raúl Bernal Villegas contra de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Quinta de Decisión Laboral
del Tribunal Superior de Medellín. El accionante reclamaba la reliquidación de
su pensión para que el nuevo cálculo se efectuara teniendo en cuenta otra norma
que consideraba aplicable. En el año 2001 Cajanal le reconoció su pensión, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en 2005 el
actor solicitó que para definir la cuantía de su pensión se tuviera en cuenta
el artículo 6 del Decreto 546 de 1971. Dado que no recibió respuesta de
Cajanal, interpuso demanda ordinaria laboral el 21 de abril de 2005. En 2007,
un día antes del fallo de primera instancia recibió respuesta de la entidad, la
cual aseguraba que no era posible aplicarle el régimen solicitado porque éste
tenía como destinatarios únicamente a quienes adquirieron el estatus de
pensionados antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993.
En primera instancia, el Juzgado Séptimo Laboral del
Circuito de Medellín consideró que la prestación no estaba afectada por la
prescripción, pero declaró probada la excepción de prescripción respecto a las
mesadas causadas antes de los tres últimos años. Sin embargo, la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Medellín revocó la decisión y declaró probada la
excepción de prescripción porque consideró que el actor disponía de tres años
para reclamar la reliquidación de su pensión, pero actuó después de dicho
término. El accionante interpuso recurso de casación, sin embargo, la Corte Suprema
de Justicia decidió no casar el fallo, en concordancia con el precedente de esa
Corporación (15 de julio de 2003 Rad. 19557) según el cual el derecho a la
pensión es imprescriptible, pero los derechos crediticos se extinguen si no son
reclamados en tres años.
El accionante presentó tutela contra las decisiones
que negaron sus pretensiones y fue resuelta desfavorablemente. La Sala de
Revisión constató que la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia
indica que después de tres años no pueden hacerse este tipo reclamaciones, no
obstante, consideró que esa tesis desconoce la jurisprudencia constitucional
sobre los principios de favorabilidad, irrenunciabilidad e imprescriptibilidad
de los derechos a la seguridad social de los pensionados que tiene derecho a
que se les aplique el régimen legal.
Dicho esto, la Sala precisó una regla jurisprudencial que expuso así:
“[S]í (sic) una entidad
encargada del reconocimiento de una pensión vulnera el derecho fundamental a la
correcta liquidación de la misma, el afectado no puede renunciar a reclamar lo
debido, y por tanto, no resulta razonable ni proporcionado sancionarlo con la
prescripción de la acción para hacer efectivo su goce.”[56]
En ese caso, esta Corporación decidió revocar las
sentencias de tutela y dejar sin efectos las decisiones proferidas por los
jueces del proceso ordinario. Además, ordenó a Cajanal efectuar la
reliquidación conforme a las reglas establecidas en las sentencias.
En la sentencia T-456 de 2013 esta Corte
estudió una tutela presentada por el señor Jesús María Restrepo Gutiérrez
contra el Instituto de Seguros Sociales –ISS-. De acuerdo con la citada sentencia, en 1996 el ISS reconoció
pensión de jubilación al señor Jesús María Restrepo y en 2001 él solicitó la
reliquidación de la misma.[57]
Después de agotar la vía gubernativa, el señor Restrepo presentó demanda
laboral para obtener la nueva liquidación pensional, pero el Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de Medellín declaró probada la excepción de prescripción
porque la solicitud se elevó después de tres años de habérsele reconocido la
pensión. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín confirmó el fallo.
Ante esa situación, el accionante presentó tutela para que se protegieran sus
derechos a la igualdad, a la seguridad social, y a recibir un salario (pensión)
digno y justo, los cuales estimó vulnerados por la negativa del ISS de
reliquidar su pensión. Agregó que en un caso similar al suyo, el Juzgado
Primero Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín reconoció el derecho
a solicitar el reajuste de la pensión del señor Manuel Fernando Quiroz.
Las dos instancias en sede de tutela negaron el
amparo. En el trámite de revisión ante la Corte Constitucional, esta
Corporación estudió la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia
que sostiene que el derecho a reclamar la reliquidación prescribe en tres años,
y advirtió que esa postura desconoce la jurisprudencia constitucional sobre el
carácter de los derechos a la seguridad social. La sentencia expuso:
“la
posición jurídica asumida tanto por los jueces de instancias como por los jueces
de tutela, y en su caso por el mismo ISS, en cuanto a que operó la prescripción
de la acción para reclamar la reliquidación pensional anotada, desconocen
abiertamente la jurisprudencia constitucional fijada por esta Corporación en
múltiples oportunidades, según la
cual, y en aplicación de los principios de favorabilidad, irrenunciabilidad e imprescriptibilidad que
se predica de todos los derechos de la seguridad social, las personas a quienes
se les ha reconocido una pensión tienen derecho a que dicha prestación les sea
adecuadamente liquidada según el régimen legal que les sea aplicable.”[58]
En consecuencia, la Sala de Revisión
determinó que el derecho a obtener la pensión es subjetivo, exigible y
justiciable. En consecuencia, confirmó la regla de la sentencia T-762 de 2011
según la cual, ante una incorrecta liquidación pensional, resulta desproporcionado
imponer un plazo específico para la reclamación porque el accionado no puede
renunciar a solicitar que se le pague de la forma correcta.
Finalmente,
respecto al alcance de su fallo, la Corte señaló que “la interpretación
constitucional fijada por la Corte determina el contenido y el alcance de los
preceptos de la Constitución y hace parte, a su vez, del “imperio de la ley”, por
lo tanto, “el desconocimiento de las interpretaciones realizadas por la
Corte Constitucional implica el desconocimiento de las normas sustanciales
aplicables al caso concreto, y en esa medida, constituye una infracción al
debido proceso.”[59]
Bajo ese presupuesto, la Sala decidió que negar la
solicitud de reliquidación desconoce los principios de imprescriptibilidad,
irrenunciabilidad y favorabilidad y es contrario a “la interpretación jurisprudencial que ha hecho esta Corporación, con lo
cual se estaría desconociendo el derecho al debido proceso.”[60] Pero aclaró que la no aplicación
de la prescripción para el derecho a reclamar el nuevo cálculo de la pensión no
afecta la prescripción de la que sí son objeto las mesadas dejadas de percibir
y no reclamadas después de tres años. Así pues “la materialización de este derecho
pensional, representado en las mesadas pensionales si tiene un término de
prescripción de tres (3) años para su cobro o reclamación.”[61]
28. Así las cosas, si bien las decisiones expuestas
anteriormente tienen elementos fácticos específicos, ambos fallos se encargaron
de resolver si una petición de reliquidación pensional puede elevarse máximo
tres años después de la fecha en la que se ha concedido la pensión, y
resolvieron que el derecho a reclamar el reajuste no prescribe. En la sentencia
T-762 de 2011, el accionante solicitó que se le aplicara un régimen diferente a
aquel con el cual le liquidaron la pensión, y la Corte decidió que ante el
carácter imprescriptible de la pensión, y ante las reiteradas sentencias de esta
Corporación que evidenciaban que sistemáticamente se emitían liquidaciones de
forma equivocada, no es adecuado, ni proporcionado sancionar al afectado con la
prescripción de su posibilidad de reclamar. Por su parte, la sentencia T-456 de
2013 reiteró esa regla jurisprudencial y ordenó efectuar la liquidación de la
pensión solicitada por el accionante, aunque advirtió que la prescripción
aplica para las mesadas pensionales causadas más de tres años anteriores a la
interrupción de la prescripción.
Es posible concluir entonces que, conforme a la
jurisprudencia constitucional, el derecho a reclamar la reliquidación de la
pensión está estrechamente vinculado con el derecho a la pensión en sí misma,
por lo tanto también es imprescriptible. Además, se ha determinado que resulta
desproporcionado que los afectados con una incorrecta liquidación no puedan
reclamar su derecho en cualquier tiempo.
Bajo estas consideraciones, las sentencias de tutela
de Sala de Revisión de la Corte Constitucional han dejado sin efecto decisiones
de la jurisdicción ordinaria laboral que han declarado la prescripción de la
acción a través de la cual se solicitan la reliquidación pensional.
Caso concreto
29. Para empezar, precisa la Sala que la acción de
tutela presentada por el señor Roberto Guzmán solicita que se dejen sin efecto
las decisiones del Juzgado Tercero Laboral del Circuito, de la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Santa Marta, y de la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, que declararon probada la prescripción de la acción que solicitaba liquidar
la pensión con la inclusión de un nuevo factor salarial. El actor considera que
los juzgadores accionados desconocieron la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y algunos precedentes de la Corte Suprema de Justicia, según la
cual, el derecho a reclamar la liquidación de la pensión no prescribe, y en
consecuencia, vulneraron sus derechos a la seguridad social, al debido proceso,
a la igualdad, a la aplicación de la interpretación más favorable para el
trabajador, y a la protección a las personas de tercera edad.
El problema jurídico consiste en determinar si
prescriben las reclamaciones por factores salariales no incluidos en la
liquidación de la pensión y, por tanto, procede la solicitud de reliquidación
en cualquier tiempo. Ahora bien, la procedencia de la acción de tutela exige una metodología específica
de análisis de acuerdo con los requisitos generales y específicos, expuestos
previamente.
30. A continuación la Sala revisará los requisitos
generales, y en caso de cumplirse cada uno de ellos, se abordará el estudio de
fondo sobre los requerimientos específicos.
Esta Sala encuentra que el asunto que se debate tiene
relevancia constitucional porque se refiere al alcance del derecho
fundamental a la pensión, y su posible restricción, al establecer un tiempo específico
en el cual una persona puede reclamar la liquidación pensional. Además, lo que
al respecto se resuelva, tiene una incidencia en los derechos adquiridos y la
calidad de vida de un grupo de especial protección, como son las personas de
tercera edad, quienes son las principales receptoras de las pensiones.
El requisito de inmediatez también se cumple en
el caso concreto, pues el accionante presentó la tutela en un tiempo razonable
después de la última decisión que cuestiona. El actor radicó la acción el 16 de
diciembre de 2013 en contra de varias providencias judiciales[62], siendo la
más reciente de ellas, la del 16 de octubre de 2013 de la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia que resolvió el recurso de casación interpuesto por
el señor Guzmán. Es decir, que pasaron dos meses entre la última decisión
atacada y la presentación de la acción de tutela.
Resalta la Sala que la decisión de tutela que se
revisa en esta ocasión, proferida en segunda instancia por la Sala Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura tiene fecha del 17 de septiembre de 2014,
pero el estudio de inmediatez debe hacerse teniendo en cuenta la fecha en que
el accionante presentó la acción, y no la fecha en la que se produjo la
decisión de segunda instancia. Esta aclaración es relevante porque el proceso
de tutela fue objeto de nulidad en dos ocasiones, razón por la cual el fallo
final tomó más tiempo del estipulado, sin embargo, ninguna de las causas de
anulación del mismo fue responsabilidad del accionante, por lo tanto, el paso
del tiempo en la emisión del fallo de tutela no impide el cumplimiento del
requisito de inmediatez.
El accionante también agotó todos los mecanismos de
defensa judicial posibles, tanto ordinarios como extraordinarios, pues
presentó demanda laboral, luego apeló la decisión ante el superior jerárquico y
presentó recurso extraordinario de casación ante la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia contra la sentencia de la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Santa Marta que resolvió en segunda instancia.
Así mismo, en la acción de tutela se exponen con
claridad los hechos y los derechos presuntamente vulnerados, pues el señor
Guzmán presenta cuál es su petición en los procesos laborales y por qué las
respuestas de cada una de las autoridades judiciales accionadas al declarar
probada la excepción de prescripción, afectan sus derechos fundamentales a la
seguridad social, al debido proceso y a la igualdad. Adicionalmente, teniendo
en cuenta que la tutela aduce el desconocimiento del precedente
jurisprudencial, el actor identifica claramente los precedentes
constitucionales que estima no acatados, a saber, la sentencia T-762 de 2011 de
la Corte Constitucional y la sentencia del 22 de mayo de 2013 de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Igualmente, no encuentra la Sala que la acción de la
referencia haya alegado una irregularidad procesal, por lo cual el análisis del
requisito general de procedencia no es pertinente; y se constata que no se
cuestiona una sentencia de tutela.
En consecuencia, se declaran cumplidos los requisitos
generales de la tutela contra providencia judicial, que permiten al juez
constitucional analizar si las decisiones de las autoridades accionadas
incurrieron en algún defecto. Específicamente, la Sala revisará si las
decisiones de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal
Superior de Santa Marta y del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, configuran
alguna de las causales específicas de procedencia de tutela contra providencia
judicial.
Causal específica de desconocimiento del precedente en
el caso concreto
31. Para empezar en la revisión de los requisitos
específicos, es preciso reseñar que al señor Roberto Guzmán le fue concedida
una pensión por parte del Banco de la República en 1987. Luego, en 1997
presentó una solicitud de reclamación ante esa entidad para obtener la
reliquidación pensional que tuviera en cuenta como factor salarial, la prima de
vacaciones recibida durante el último año de servicios. Posteriormente, demandó
en la jurisdicción laboral al Banco para que efectuara el reajuste.  Sin
embargo, en el proceso ordinario se declaró la prescripción de la acción porque
la reclamación se presentó diez años después del reconocimiento de la pensión.
De acuerdo con el accionante, la posibilidad de
reclamar la adecuada liquidación pensional no prescribe, pues así lo ha
resuelto la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto,
presentó una tutela en la cual afirma que las autoridades judiciales del
proceso ordinario desconocieron el precedente aplicable, y hace referencia
específicamente a que se apartó de la línea de la sentencia T-762 de 2011 de la
Corte Constitucional y a la sentencia del sentencia del 22 de mayo de 2013 (Rad. 37416).
Esta Corporación encuentra que, para definir si la
solicitud de reajuste pensional para que se calculen nuevos factores salariales
puede elevarse en cualquier tiempo, y para verificar si en las decisiones
cuestionadas se desconoció el precedente, es necesario revisar la jurisprudencia
de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la de la Corte
Constitucional al respecto.
Por un lado, en relación con el precedente de la
jurisdicción laboral sobre la prescripción o imprescriptibilidad de la reliquidación
pensional, es posible identificar dos posturas de la Corte Suprema de Justicia,
al menos, en los últimos doce años.
Como se expuso en las consideraciones de esta
sentencia, antes del año 2003 la Corte Suprema de Justicia consideraba que la
solicitud de reajuste pensional podía hacerse en cualquier momento. Muestra de
esta postura es la sentencia del 26 de mayo de 2000 (M.P. Fernando Vásquez
Botero, Rad. 13475) en la que esa Corporación conoció un proceso laboral que
adelantó un grupo de pensionados del Banco de la República y decidió que la
posibilidad de elevar las peticiones de ajuste de la pensión no estaban sujetas
a prescripción.
Sin embargo, esta línea jurisprudencial se modificó
explícitamente en la sentencia
del 15 de julio de 2003 (M.P. Isaura Vargas Díaz, Rad. 19557), en la cual se
esbozó que, si bien el derecho a la pensión en sí mismo no prescribe, los
derechos crediticios que de él se desprenden sí se extinguen con el paso del
tiempo. De acuerdo con esa decisión la reclamación de un reajuste en la
liquidación de la prestación, así como las mesadas pensionales, debe ejercerse
en un máximo de tres años después del reconocimiento de la pensión. A partir de
esta decisión, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha decidido
sistemáticamente que encuentra probada la excepción de prescripción cuando las
personas presentan la reclamación para un ajuste en su prestación después de
tres años.
32. Visto esto, la Sala advierte que las decisiones cuestionadas
por el accionante, del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá del 5 de
octubre de 2004, de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta del 22
de marzo de 2007; y de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia del 16 de octubre de 2013, adoptaron el precedente vigente al momento
de la emisión de sus fallos, fijado por el máximo tribunal en la jurisdicción
laboral. Por consiguiente, no es posible concluir desconocimiento del
precedente de la jurisdicción especializada.
Es pertinente precisar que el accionante señala que
las providencias de la jurisdicción laboral también desconocieron la sentencia
proferida el 22 de mayo de 2013 por la Sala de Casación laboral de la Corte
Suprema de Justicia (Rad.
37416), sin embargo, se advierte que tal providencia no constituye precedente
en el caso de la referencia.  En la decisión que se trae a debate[63],
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvió el recurso
de casación interpuesto por el Banco de la República contra la decisión del
Tribunal Superior de Bogotá, en la cual se reconoció a una pensionada del
Banco, que podía ejercer la acción de reliquidación en cualquier tiempo, y que
la prima convencional de vacaciones que recibió en el último año, debía ser
calculada como factor salarial.
Ahora bien, en el recurso de casación, la Sala Laboral
no se detuvo en analizar lo relativo a la prescripción de la acción. El cargo
que tangencialmente reprochó la prescripción, tenía como cuestionamiento
principal que el ad quem otorgó a la prima de vacaciones un carácter
salarial, y cuando la Corte se ocupó de estudiar el cargo, se concentró en el
reproche con respecto a la naturaleza de la prima de origen convencional y
posteriormente concluyó que el cargo estaba mal orientado, por lo cual, no
prosperó.[64]
En consecuencia, no hay consideraciones de la Sala Laboral de la Corte Suprema
de Justicia acerca de la imprescriptibilidad de la acción para reclamar la
reliquidación, que es la discusión de esta tutela.  Por lo tanto, esta
sentencia no se tendrá como precedente de la jurisdicción laboral.
33. Por otro lado, al analizar el precedente
constitucional que, a juicio del actor tampoco es tenido en cuenta en la
decisión, observa la Sala que esta Corporación ha señalado que la acción para
reclamar la adecuada liquidación de la pensión no está sujeta a un término
específico para ejercerla, en virtud de los principios de imprescriptibilidad,
irrenunciabilidad y favorabilidad, propios del derecho a la seguridad social. Al resolver casos similares
al presentado por el señor Roberto Guzmán, la Corte ha fijado una regla
jurisprudencial de acuerdo con la cual si la entidad encargada de efectuar una
liquidación no lo hace de la forma correcta, el afectado no puede renunciar al
derecho a la reclamación.
Así pues, la sentencia T-762 de 2011 señaló:
“(… ) sí (sic) una entidad encargada del reconocimiento de
una pensión vulnera el derecho fundamental a la correcta liquidación de la
misma, el afectado no puede renunciar a reclamar lo debido, y por tanto, no
resulta razonable ni proporcionado sancionarlo con la prescripción de la acción
para hacer efectivo su goce.”
Y en el mismo sentido, la sentencia T-456 de 2013
puntualizó:
“al materializarse dicho derecho subjetivo en una
prestación inadecuadamente liquidada, y negársele al beneficiario de la misma,
la posibilidad de que ésta se reajuste en los términos legales, implica de suyo
el desconocimiento de los principios constitucionales ya anotados y de paso
contrariar la interpretación jurisprudencial que ha hecho esta Corporación, con
lo cual se estaría desconociendo el derecho al debido proceso.”
Teniendo en cuenta que las decisiones emitidas por las
Salas de Revisión de la Corte Constitucional comparten elementos fácticos
claves, el problema jurídico y la regla de la decisión, con el caso concreto; y
tienen fuerza vinculante porque a través de ellas se ejerce la función de
unificación de jurisprudencia, encuentra la Sala que las sentencias señaladas
constituyen un precedente que debió haber sido tenido en cuenta en la
resolución de la tutela de la referencia. Y dado que la sentencia de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (16 de octubre de 2013) no las
tuvo en cuenta al momento de emitir la sentencia, ni expuso las razones para
apartarse de ellas, es dable concluir que esta última incurrió en un desconocimiento
del precedente constitucional.  No se constata esta causal específica en las
decisiones de primera y segunda instancia del proceso ordinario, pues se
produjeron con anterioridad a la expedición de las sentencias T-762 de 2011 y
T-456 del 15 de julio de 2013, de esta Corporación.
34. No desconoce la Sala que existen dos precedentes
que en la misma materia tienen dos posturas diferentes. Uno, el precedente de
la jurisdicción especializada; y otro, el constitucional. Ante esta situación,
la Sala recuerda que el precedente constitucional, por ser producto de la
interpretación autorizada de la Constitución, que es norma de normas,
debe irradiar la doctrina de las demás jurisdicciones.  En virtud del principio
de supremacía constitucional, los jueces y las autoridades administrativas en
su labor de aplicación del ordenamiento jurídico deben dar prevalencia a los
postulados constitucionales cuyo contenido está expuesto no sólo por la
literalidad de las normas, sino por la interpretación que de ellas hace la
Corte Constitucional.
35. Ahora bien, en el debate objeto de estudio en esta
tutela también existen razones de fondo para dar prevalencia del precedente
constitucional sobre el precedente de la jurisdicción laboral, en virtud del principio
de favorabilidad en materia laboral.
Este principio está previsto en el
artículo 53 superior y en el artículo 21 del Código Sustantivo del trabajo y de
la Seguridad Social. De conformidad con estos preceptos, constituye principio
mínimo del trabajo la situación más favorable al trabajador en caso de duda en
la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho.
El alcance de tal precepto ha
sido definido por esta Corporación, en reiterada jurisprudencia, entre la cual
se encuentra la Sentencia C-168 de 1995[65],
en la que la Corte expresó:
“(…)La "condición más
beneficiosa" para el trabajador, se encuentra plenamente garantizada
mediante la aplicación del principio de favorabilidad que se consagra en
materia laboral, no sólo a nivel constitucional sino también legal, y a quien
corresponde determinar en cada caso concreto cuál norma es más ventajosa o
benéfica para el trabajador es a quien ha de aplicarla o interpretarla. De
conformidad con este mandato, cuando una misma situación jurídica se halla
regulada en distintas fuentes formales del derecho (ley, costumbre, convención
colectiva, etc), o en una misma, es deber de quien ha de aplicar o interpretar
las normas escoger aquella que resulte más beneficiosa o favorezca al
trabajador. La favorabilidad opera, entonces, no sólo cuando existe
conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o entre dos normas de
idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite varias
interpretaciones; la norma así escogida debe ser aplicada en su integridad, ya
que no le está permitido al juez elegir de cada norma lo más ventajoso y crear
una tercera, pues se estaría convirtiendo en legislador…” (Resaltado no original)[66]
La aplicación del principio de favorabilidad en el
caso concreto implica que se aplique la interpretación más favorable al
trabajador. En este caso, las posturas que ha tenido la jurisprudencia
representan las interpretaciones para abordar el problema jurídico relativo a
si prescriben las solicitudes de reliquidación pensional. Aunque actualmente la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia sostiene que sí aplica
la prescripción[67],
esta Corporación se ha apartado de tal precedente en razón de los principios de
favorabilidad, irrenunciabilidad e imprescriptibilidad de todos los derechos a
la seguridad social.[68]
Desde una perspectiva de derechos fundamentales, se ha esbozado otra
interpretación según la cual no opera la prescripción.
36. Así las cosas, la jurisprudencia constitucional no
es producto únicamente de una postura argumentativa respecto al asunto que se
debate, sino que es aquella que aplica de forma más protectora los derechos de
los trabajadores, de acuerdo con el mandato de la Constitución, por ello debe
prevalecer.
37. En este caso, el desconocimiento de la
jurisprudencia constitucional implica una violación del artículo 53 de la Carta
Política. Los citados precedentes de esta Corporación han amparado los derechos
de los accionantes a solicitar la reliquidación de su pensión para que se
incluyan nuevos factores salariales, al aplicar el principio de favorabilidad.
Por lo tanto, es a partir del alcance del artículo 53 Superior que esta Corte
ha tomado las decisiones anteriormente expuestas. En ese sentido, cuando una
autoridad judicial se aparta de la interpretación hecha por esta Corporación, viola
las garantías de la Constitución al trabajador porque no es respetuosa del
alcance de los postulados de la Carta Política.
Así pues, en el caso concreto, una interpretación que
rechace la posibilidad de reclamar la reliquidación de la pensión para la
inclusión de nuevos factores salariales, es contraria al artículo 53 constitucional.
En consecuencia, es posible concluir que las decisiones impugnadas deben
anularse porque violaron la Constitución al no aplicar el principio de
favorabilidad al trabajador.
38. Finalmente, la Corte insta a los jueces de la
jurisdicción laboral para que en las decisiones que deban tomar en la materia
objeto de estudio, apliquen la interpretación constitucional del derecho a la
pensión y armonicen la aplicación de las normas legales con los postulados
constitucionales que prevalecen en el ordenamiento jurídico colombiano. De lo
contrario, sus decisiones no protegerían de forma adecuada los derechos a la
seguridad social y al debido proceso cuyo alcance está definido con la regla de
la jurisprudencia constitucional.
Apunta también la Sala que situaciones como la que se
presenta en la tutela objeto de revisión permiten a esta Corporación unificar
jurisprudencia y armonizar los pronunciamientos de la Altas Cortes con la
interpretación de la Constitución que resulta central en los derechos de los
que sus respectivas jurisdicciones se ocupan con más frecuencia. De allí la
importancia de la tutela contra providencia judicial para establecer un
conducto entre la doctrina de las jurisdicciones especializadas y la
jurisprudencia constitucional.
39. En consecuencia, la Sala revocará la decisiones de
tutela del 17 de septiembre de 2014 del Consejo Superior de la Judicatura; y
del 6 de agosto del mismo año proferida por el Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá.
Igualmente, se ordenará dejar sin efecto las
decisiones del 16 de octubre de 2013 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, del 22 de marzo de 2007 del Tribunal Superior de Santa Marta; y del 5
de octubre de 2004 del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, por medio de las cuales se
declaró probada la excepción de prescripción con respecto a la reclamación que
elevó el demandante para que el Banco de la República reajustara su pensión
teniendo en cuenta un nuevo factor salarial en la liquidación.
Puesto que el debate judicial que se presenta en el
proceso ordinario laboral discute el carácter de la prima de vacaciones que se
solicita que sea incluida como factor salarial, el asunto de fondo sobre el
derecho del accionante a una nueva reliquidación le corresponderá definirlo al
juez de instancia. La Corte no procede a dictar la decisión sobre el fondo de
este asunto porque la solicitud de la tutela estuvo enmarcada en la
prescripción de la acción para solicitar la reliquidación pensional para
incluir nuevos factores en el cálculo del salario. Además, porque en el
expediente no obran las pruebas correspondientes al debate respecto a la prima
de vacaciones. Por lo tanto, la Corte ordenará al Juzgado Tercero Laboral del
Circuito de Bogotá reanudar el análisis de la demanda inicial, una vez
adoptadas las consideraciones y el resuelve de esta sentencia.
El control de validez de las decisiones que profiera
el Juzgado en cumplimiento de esta sentencia podrá efectuarse en la
jurisdicción constitucional, en caso de que no se atiendan las órdenes emitidas
en este fallo. En efecto, corresponde a la autoridad de primera instancia
decidir la demanda del accionante conforme con lo dispuesto en este fallo, so
pena de que se utilicen los mecanismos establecidos en el Decreto 2591 de 1991
para asegurar que se acate la sentencia de tutela. Ahora bien, si,
eventualmente, las autoridades judiciales que intervengan en el proceso
ordinario no tienen en cuenta las consideraciones expuestas en esta decisión
para resolver la excepción de prescripción, el interesado podrá acudir a la
acción de tutela con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales
vulnerados, sin que ello configure temeridad.
Conclusión
40. De acuerdo con el precedente de esta Corporación,
las solicitudes de reclamación con el fin de obtener la reliquidación de la
pensión para la inclusión de factores salariales, no prescriben, pues una
interpretación contraria es violatoria del artículo 53 de la Constitución.
Sin embargo, vale precisar que las mesadas pensionales
sí deben ser reclamadas, máximo, tres años después de haberse causado, so pena
de perder el derecho a recibirlas. Por lo tanto, los jueces deberán acceder a
analizar las reliquidaciones pensionales para inclusión de nuevos factores a
fin de calcular el salario, pero las mesadas pensionales siguen siendo objeto
de la prescripción que estipula la ley.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- REANUDAR los términos dentro del proceso de tutela
de la referencia, los cuales fueron suspendidos en auto del 16 de abril de 2015
por la Magistrada sustanciadora, después de que la Sala Plena en sesión del 15
de abril del mismo año decidió asumir el conocimiento del asunto.
SEGUNDO.- REVOCAR el fallo proferido el 17 de septiembre
de 2014 por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en
su momento confirmó el dictado el 6 de agosto del mismo año, por la Sala Disciplinaria
del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, por el cual se había negado la
presente acción de tutela.
TERCERO.- En su lugar, TUTELAR los derechos
fundamentales al debido proceso y a la seguridad social del señor Roberto
Guzmán. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO las decisiones judiciales del 16 de octubre de 2013 de la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, del 22 de marzo de 2007 del Tribunal
Superior de Santa Marta; y del 5 de octubre de 2004 del Juzgado Tercero Laboral
del Circuito de Bogotá, por medio de las cuales se declaró probada la excepción
de prescripción con respecto a la reclamación que elevó el demandante para que
el Banco de la República reajustara su pensión teniendo en cuenta un nuevo
factor salarial en la liquidación.
CUARTO.- ORDENAR al Juzgado Tercero Laboral del
Circuito de Bogotá, que dentro de los quince (15) días siguientes a la
notificación de esta providencia, profiera un nuevo fallo en el que se tengan
en cuenta las consideraciones de esta providencia, en relación con adelantar el
análisis de fondo de las solicitudes de reliquidación pensional que se
presenten en cualquier tiempo, y aplicar la prescripción sólo a las mesadas
pensionales.
QUINTO.- Por Secretaría General, LIBRAR la comunicación
a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese e
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. Cúmplase.
MARIA VICTORIA
CALLE CORREA
Magistrada
Con aclaración de voto
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con salvamento de voto
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
Con aclaración de voto
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Ausente con excusa
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
A LA SENTENCIA SU298/15
OBLIGATORIEDAD
DEL PRECEDENTE-Carga
argumentativa que debe asumir el juez de tutela para apartarse del precedente
constitucional (Salvamento de voto)
Frente
al tema del precedente es sabido que la autonomía judicial se restringe a los
criterios unificadores de los jueces colegiados (altas corporaciones), y existe
el deber de no apartarse de la jurisprudencia. No obstante lo anterior, quien
decide separarse del precedente aplicable, debe explicar y justificar en su
providencia las razones para hacerlo. En caso de que el cambio de postura no se
justifique expresamente, se produce una violación a los derechos fundamentales
de igualdad, acceso a la administración de justicia y debido proceso.
PRECEDENTE
CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE LA PRESCRIPTIBILIDAD DE LOS FACTORES SALARIALES-No
existe una postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional (Salvamento de voto)
Frente al tema, no existe una línea
jurisprudencial clara y expresa, como tampoco una postura reiterada y uniforme
de la Corporación.
Referencia:
Expediente T-4615005
Acción de tutela
instaurada por Roberto Guzmán contra la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta y el
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá.
Magistrada Ponente
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Con el respeto que siempre profeso por
las decisiones de esta Corte, me permito discrepar de la decisión de la
mayoría, por las siguientes razones: La exégesis consignada en el fallo de la
Corporación respecto de la prescripción extintiva de la acción tendiente a la
revisión de los factores salariales que integran la base para liquidar la
pensión, atiende, conforme lo expone el proyecto, al desconocimiento del
precedente constitucional. Sin duda, las autoridades judiciales al momento de
decidir un caso no solo deben determinar cuáles son las disposiciones
aplicables, sino que, frente a situaciones análogas ya decididas por el mismo
juez, o por sus superiores, -Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado o
Corte Constitucional- deben analizar si existen reglas interpretativas
aplicables al caso concreto. Frente al tema del precedente es sabido que la
autonomía judicial se restringe a los criterios unificadores de los jueces
colegiados (altas corporaciones), y existe el deber de no apartarse de la
jurisprudencia. No obstante lo anterior, quien decide separarse del precedente
aplicable, debe explicar y justificar en su providencia las razones para
hacerlo. En caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se
produce una violación a los derechos fundamentales de igualdad, acceso a la
administración de justicia y debido proceso.
Sin más preámbulos considero que en el
caso concreto no resultaba acertado tener como precedentes obligatorios las
sentencias de tutela citadas, proferidas en Sala de Revisión, en la medida en
que, frente al tema, no existe una línea jurisprudencial clara y expresa, como
tampoco una postura reiterada y uniforme de la Corporación, de manera que tales
referentes aislados, no podían invocarse como un precedente obligatorio. Así
mismo, tampoco constituyen una jurisprudencia en vigor, entendida como
una decisión o un conjunto de decisiones de la Sala Plena, o de las Salas de
Revisión que formen por su coincidencia y uniformidad un precedente vinculante.[i]
En el ámbito judicial, la diversidad de
criterios frente al tema de la prescriptibilidad de los factores salariales
para efectos de liquidar la pensión de vejez, ha tenido un desarrollo
jurisprudencial en la que la última postura del órgano de cierre de la
jurisdicción especializada, advierte que la prescripción extintiva, no resulta
contraria a los principios que gobiernan el artículo 53 de la Constitución
Política, máxime cuando el derecho al trabajo tiene una constante evolución que
amerita una dinámica jurisprudencial, en aras de lograr la justicia en las
relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu
de coordinación económica y equilibro social. De otra parte, advierto que de
los precedentes constitucionales citados, uno es anterior al pronunciamiento de
la Sala de Casación Laboral y, adicionalmente, ninguna de las sentencias de
tutela citadas estudia el tema de la prescriptibilidad de los factores
salariales. El análisis de la prescripción se concreta a la liquidación del
ingreso base de liquidación, tomando aspectos como el monto de la pensión de
jubilación[ii] y, lo dispuesto
por la norma especial para los empleados de la rama judicial[iii], razón por la
cual estimo no podrían ser estos los precedentes vinculantes y obligatorios
para el juez natural.
El ejercicio hermenéutico del juez y su
coherencia al momento de resolver casos análogos supone el análisis y
evaluación de la jurisprudencia actual y vinculante de las altas corporaciones
y, en ese sentido, el precedente debe ser anterior a la decisión a la que se
pretende aplicar, y debe presentarse una semejanza de problemas jurídicos en
los escenarios fácticos y normativos. Es así como ante la disparidad de
posturas, inclinarse hacia la posición del órgano de cierre especializado, bajo
el entendido de que el fin del recurso de casación laboral es la unificación de
la jurisprudencia nacional del trabajo, que además tiene la finalidad de
fortalecer decisiones judiciales que brinden igualdad y seguridad jurídica, no
supone ir en contra de los postulados constitucionales, más cuando no existe
una postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional al respecto. En
fin, el amparo concedido por la razón invocada, no ha debido prosperar.
Fecha ut supra,
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
[1] De acuerdo con la sentencia del Tribunal
Superior de Santa Marta, en 1987 el Banco de la República le reconoció una
pensión legal por el valor de 111.896,00 pesos, cuyo valor al momento de
proferir el fallo de segunda instancia (21 de marzo de 2007) alcanzaba un total
de $1.549.488. Ver folio 85 del Cuaderno Anexo de Tutela.
[2] En el expediente hay un fallo que aborda una controversia legal en torno a la prima de servicios que el Banco de la República
le entregó a algunos funcionarios del Banco de la República en virtud de las
Convenciones Colectivas. Es útil traerlo a consideración para ilustrar mejor el
tipo de prima que entregaba el Banco a sus empleados. Se trata de la decisión
de la Corte Suprema de Justicia que resolvió el recurso de casación presentado
contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que
decidió la demanda de Dora Cadavid Sánchez contra el Banco de la República. En
el proceso ordinario, se solicitó la reliquidación de la pensión para que se
contara como parte del salario lo correspondiente a la prima de vacaciones
convencional recibida durante el último año de servicios. En ese caso se
explicó que el artículo 4 de la Convención Colectiva de Trabajo de 1985
dice: “Artículo 4. Para las vacaciones que se causen a partir del primero
(1º) de enero de (…) 1986, el Banco reconocerá a sus trabajadores una prima de
dinero, al momento de salir a disfrutarlas, de acuerdo con la siguiente tabla (1): Adicionalmente a
loa(sic) anterior, el Banco reglamentará la suma fija en la siguiente forma(2): (Folio 154 Cuaderno Anexo Tutela).
Años de servicio
No. de décadas
Sueldos
Suma fija
De uno a cuatro
2.5
Hasta $40.000
$4.500
De cinco a nueve
3.0
De $40.001 a $80.000
$3.600
De diez a catorce
3.5
De $80.001 y más
$3.200
[3] Este hecho no está
claramente identificado en la acción de tutela, pero sí está probado en la
sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior de Santa Marta, así: “Según
se desprende de los documentos que obran a folios 13-15, 18-20, 23-35, 28-30,
33-35, 38-40, 43-45, 48-50, 53-55, 58-60, 63-65, 68-70, 73-75, 78-80, 83-85,
88-90, 93-95, 98-100, los demandantes solicitaron a la gerente de la demandada
el reajuste de la pensión el 15 de diciembre de 1997 (…)”. Ver folio 100
del Cuaderno Anexo de Tutela.
[4] Sentencia del 5 de octubre de 2004 del Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Bogotá. Ref: Ordinario No 1282 de 2000, interpuesta
por Fermín Antonio Rengifo Ramírez y otros, contra el Banco de la República. Folio 71 Cuaderno Anexo tutela.
[5] Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral. M.P. Fernando
Vásquez Botero. Radicación No. 21231
[6] Argumentos
de la impugnación, de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Santa Marta del
22 de marzo de 2007. M.P. Luz Dary Rivera
Goyeneche. Folio 75 Cuaderno
Anexo de Tutela.
[7] Tribunal Superior de Santa Marta, Sala Laboral,
sentencia del 22 de marzo de 2007. M.P. Luz Dary Rivera Goyeneche. Folio 81 del
Cuaderno Anexo de Tutela.
[8]
El artículo 488 del Código Sustantivo
del Trabajo señala: "Las
acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en
tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho
exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el
Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto”.
[9] Recurso de casación presentado por el abogado
Francisco Yezid Triana. Folio 105 Cuaderno Anexo de Tutela.
[10]
Recurso de casación. Folio 113 del Cuaderno Anexo de Tutela.
[11] Radicación
No. 35547.
[12]
Folio 141 Cuaderno Anexo de Tutela.
[13] La
fecha del 16 de diciembre es la fecha en la que se hizo la presentación
personal ante notario de la acción de tutela. Si bien no se sabe con certeza si
esta fue la fecha en la que se presentó la acción, porque tampoco lo precisan
las sentencias de instancia, sí fue para esa fecha o alguna muy cercana, pues
el primer auto de admisión de la tutela se produjo el 13 de enero de 2014.
[14] Acción
de tutela presentada ante el Consejo Seccional de la Judicatura. Folio 2
Cuaderno original de tutela.
[15] En el caso de la referencia, la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvió el recurso de casación
interpuesto por el Banco de la República contra la decisión del Tribunal
Superior de Bogotá. La decisión atacada en el recurso señaló que la señora Dora
Cadavid Sánchez, pensionada del Banco de la República podía ejercer la acción
de reliquidación de su pensión en cualquier tiempo, y consideró que la prima
convencional de vacaciones que recibió en el último año debía ser calculada
como factor salarial. Ahora bien, en el recurso de casación, la Sala Laboral no
se detuvo en analizar lo relativo a la prescripción de la acción. El cargo
donde tangencialmente se reprochó la prescripción, tenía como cuestionamiento
principal que el ad quem otorgó a la prima de vacaciones un carácter
salarial, y cuando la Corte se ocupó de estudiar el cargo se concentró en el
reproche con respecto a la naturaleza de la prima de origen convencional y
posteriormente encontró mal orientado, por lo cual consideró que no prosperaba.
Ver: Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 22
de mayo de 2013, rad. 37416. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve.
[16] En el expediente no obra la decisión de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, pero sí se encuentra la
decisión de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia a quien correspondía
tramitar en segunda instancia la acción de tutela, y decidió anular el trámite
de la misma desde el auto admisorio. De esa providencia judicial se toma la
fecha del fallo de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[17] Auto del 3 de marzo de 2014 de la Magistrada Ruth
Marina Díaz. Radicación No.
11001-02-04-000-2013-02770-01.
[18] Corte Constitucional, Auto del 3 de febrero de 2004 de la Sala Plena.
[19] El oficio está firmado únicamente por los Magistrados
Jorge Mauricio Burgos Ruiz, Elsy del Pilar Cuello Calderón, Clara Cecilia
Dueñas Quevedo y Gustavo Hernando López Algarra.
[20] Sentencia del 14 de mayo del 2014 del Consejo
Superior de la Judicatura. M.P. Wilson Ruiz Orejuela.
[21] La representante del Banco de la República referenció el fallo de tutela
del Consejo Superior de la Judicatura en el caso de Martha Cancino Bermúdez
contra los mismos accionados de la tutela de la referencia, pero sólo anexo el
fallo de primera instancia proferido por el Consejo Seccional. En dicho fallo
de primera instancia, se negó la acción de tutela porque no hubo
desconocimiento del precedente. Ese despacho encontró que las autoridades
accionadas decidieron con fundamento en la jurisprudencia de la Sala Laboral de
la Corte Suprema de Justicia según la cual la posibilidad de solicitar la
reliquidación de la pensión prescribe a los tres años.
[22] El primer inciso del artículo 86 de la
Constitución señala: “Toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.
[23] Corte Constitucional, sentencia C-542 de
1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[24] Corte Constitucional, sentencia T-1031 de
2001. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[25] Corte Constitucional, sentencia T-231 de
2004. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[26] Corte Constitucional, sentencia C-590 de
2005. M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
[27] Corte Constitucional, sentencia C-590 de
2005. M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
[28] Íbid.
[29] Íbid.
[30] Íbid.
[31]
Corte Constitucional, sentencia
T-1112 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[32] Corte Constitucional, sentencia T-830 de 2012. M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[33] Íbid.
[34] Corte
Constitucional, sentencia T-546 de 2014 y sentencia C-816 de 2011.
[35] Corte Constitucional, sentencia T-086 de 2007. M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[36] Corte Constitucional, sentencia T-830 de 2012.
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[37]
Corte Constitucional, sentencia
T-1112 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[38] Íbid.
[39] Corte Cosntitucional, sentencia SU-400 de 2012. M.P. Adriana María
Guillén Arango.
[40] Corte Constitucional, sentencia T-446 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[41] Corte
Constitucional, sentencia C-539 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[42] Corte Constitucional, sentencia T-1092 de 2007. M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto.
[43] Corte Constitucional, sentencia T-693 de 2009. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
[44] Íbid.
[45] Corte Constitucional, sentencia SU-1219 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[46] Corte Constitucional, sentencia T-013 de 2011. M.P.
Juan Carlos Henao Pérez.
[47] Esta
sentencia ha sido retomada por los fallos: C-624 de 2003, C-298 de 2002, T-1260
de 2008 y T-896 de 2010, entre otros.
[48] Corte Constitucional, sentencia C-230 de
1998. M.P. Hernando Herrera
Vergara.
[49] Corte Constitucional, sentencia C-298 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre
Lynett.
[50] Íbid.
Tomado literalmente por la sentencia C-624 de 2003, y la idea general ha sido
retomada por los fallos T-762 de 2011, T-217 de 2013 y T-456 de 2013, entre
otros.
[51]
Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 26 de mayo de 1986.
Rad. 0052.
[52] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral.
M.P. Francisco Escobar Henríquez. Radicación No. 17648. Sentencia del 27 de
julio de 2002.
[53] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral.
M.P. Fernando Vásquez Botero. Rad. 21231. Sentencia del 18 de febrero de 2004.
[54] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral
M.P. Eduardo López Villegas. Rad. 25344. Sentencia del 7 de julio de 2005.
[55] En esta ocasión el recurso de casación era presentado
por las cónyuges de trabajadores del Banco de la República que solicitaban la
reliquidación de su pensión. Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. M.P.  Jorge Mauricio Burgos
Ruiz. Rad. 40317. Sentencia del 14 de mayo de 2014.
[56]
Íbid.
[57]
En la sentencia no se hace referencia a la razón por la cual
se solicitó la reliquidación.
[58] Corte Constitucional, sentencia T-456 de
2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub retoma lo expuesto en la sentencia
T-762 de 2011.
[59] Íbid.
[60] Íbid.
[61] Íbid.
[62] Como se explicó en la redacción de los hechos, la fecha del 16 de diciembre es la fecha
en la que se hizo la presentación personal ante notario de la acción de tutela.
Si bien no se sabe con certeza si esta fue la fecha en la que se presentó la
acción, porque tampoco lo precisan las sentencias de instancia, sí fue para esa
fecha o alguna muy cercana, pues el primer auto de admisión de la tutela se
produjo el 13 de enero de 2014.
[63]
Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia. Sentencia del 22 de mayo de 2013, rad. 37416. M.P. Carlos
Ernesto Molina Monsalve.
[64] Esta
descripción está incluida también en el pie de página No. 14 de esta sentencia.
[65] Corte
Constitucional, sentencia C-168 de 1995. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[66] Estas consideraciones fueron tomadas de la
sentencia SU- 245 de 2015.
[67] Ver también: Corte Suprema de Justicia,
Sala Laboral, sentencia del 2 de abril de 2014. M.P. Jorge Mauricio Burgos
Ruiz; sentencia del 14 de mayo de 2014. M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz;
sentencia del 23 de julio de 2014 M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve.
[68] En la sentencia
T-762 de 2011 esta Corte conceptuó que la jurisprudencia de la jurisdicción
laboral sobre prescripción de la solicitud de reliquidación porque consideró
que dichas decisiones desconocen la jurisprudencia constitucional “de acuerdo con la cual, en
aplicación de los principios de favorabilidad, irrenunciabilidad e
imprescriptibilidad que se predica de todos los derechos de la seguridad
social, los pensionados tienen derecho a que se les liquiden sus mesadas de
acuerdo con el régimen que les es aplicable. Bajo esta perspectiva, sí la
persona cumple con los requisitos previstos por la ley para obtener el derecho
a la pensión conforme a un régimen especial, ésta situación concreta no puede
ser menoscabada, en tanto la posición de quien cumple con lo exigido por la ley
“configura un auténtico derecho subjetivo exigible y justiciable.” De manera
que si la entidad encargada del reconocimiento de una pensión realiza una
incorrecta liquidación de la mesada, el afectado tiene derecho a reclamar lo
debido en cualquier tiempo, puesto que los derechos adquiridos no pueden ser
desconocidos por simples decisiones de las empresas administradoras de
pensiones, derechos que por lo demás son irrenunciables e imprescriptibles”.
[i]
T292-2006
[ii]
La tutela
456 del 15 de junio de 2013, estudia la reliquidación del monto pensional
liquidado.
[iii]
La tutela
T-762 de 2011 estudia la revisión y/o reliquidación de la pensión de jubilación
de conformidad con el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, es decir, tomando
como base el 75% de la asignación mensual más elevada percibida en el último
año de servicio.
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
A LA SENTENCIA
SU-298/15
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE COMO CAUSAL ESPECIFICA DE
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Respecto
a la imprescriptibilidad del derecho a la pensión (Aclaración de voto)
Sostener, como lo hicieron los jueces laborales en los fallos de
instancia, que una persona puede por el paso del tiempo perder o renunciar
tácitamente al derecho a la seguridad social, expresado en la garantía de una
liquidación justa de su pensión, implica contradecir directamente la
Constitución. Por lo cual, si bien comparto la decisión de dejar sin efectos
ambas providencias laborales ordinarias, considero que el sustento de esa
determinación no era una suerte de consecuencia colateral y automática de invalidar
el fallo de casación, como al parecer lo asume la Sala Plena. Si acompañé la
resolución de privar a ambos fallos de instancia de efectiva validez jurídica,
fue porque presentaban también un defecto por desconocimiento del orden
constitucional. Espero por tanto que hacia futuro la Corte rectifique entonces
la postura aquí asumida, y supedite toda decisión de privar de efectos a un
fallo ordinario de la previa constatación explícita de un defecto, causante de
una violación de derechos fundamentales.
Referencia:
Expediente T-4.615.005.
Acción
de tutela presentada por Roberto Guzmán contra la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa
Marta y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá.
Procedencia:
Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria.
Asunto:
Prescripción de la acción para reclamar la reliquidación de pensión.
Magistrada
Ponente:
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO.
Comparto esta decisión, pero aclaro el voto con el
debido respeto para exponer las razones por las cuales apoyé la determinación
de dejar sin efecto las sentencias laborales ordinarias de instancia.
1. En esta ocasión la Corte se enfrentó a la acción de
tutela instaurada por una persona contra dos sentencias laborales ordinarias de
instancia y una de casación. La Sala Plena advirtió un defecto por
desconocimiento del precedente constitucional en el fallo de casación, y por
tanto lo dejó sin efectos. No obstante, no juzgó que el mismo problema fuera
predicable de las sentencias laborales de instancia, pues estas –en palabras de
la Sala- se “produjeron con anterioridad a la
expedición de las sentencias T-762 de 2011 y T-456 del 15 de julio de 2013, de
esta Corporación”. No solo no incurrieron entonces en ese defecto,
sino que la Corte tampoco señaló que hubiesen presentado otro distinto. A pesar
de eso, la decisión que tomó la Sala fue dejarlas sin efecto, y negarles
entonces validez efectiva, como si se hubiese constatado su contradicción con
el orden constitucional. En mi concepto, sin embargo, para dejar sin efecto una
providencia judicial cuestionada mediante tutela es en principio necesario
mostrar por qué presenta un defecto y viola un derecho fundamental.
2. En el caso bajo examen, las sentencias dictadas en
primera y segunda instancia dentro del proceso laboral se expidieron antes del
precedente constitucional estricto sobre la materia, pero mientras estaba
vigente el orden constitucional. La Constitución establece el derecho a la
seguridad social, y le da de forma expresa el carácter de “irrenunciable”
(CP art 48 inc 2). Sostener, como lo hicieron los jueces laborales en los
fallos de instancia, que una persona puede por el paso del tiempo perder o
renunciar tácitamente al derecho a la seguridad social, expresado en la
garantía de una liquidación justa de su pensión, implica contradecir
directamente la Constitución. Por lo cual, si bien comparto la decisión de
dejar sin efectos ambas providencias laborales ordinarias, considero que el
sustento de esa determinación no era una suerte de consecuencia colateral y
automática de invalidar el fallo de casación, como al parecer lo asume la Sala
Plena. Si acompañé la resolución de privar a ambos fallos de instancia de
efectiva validez jurídica, fue porque presentaban también un defecto por
desconocimiento del orden constitucional. Espero por tanto que hacia futuro la
Corte rectifique entonces la postura aquí asumida, y supedite toda decisión de
privar de efectos a un fallo ordinario de la previa constatación explícita de
un defecto, causante de una violación de derechos fundamentales.
Fecha ut supra,
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Magistrada
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
A LA SENTENCIA SU-298/15
DERECHO A LA RELIQUIDACION
DE PENSION DE VEJEZ-Caso en que le correspondía a la Corte Constitucional dictar
una sentencia de reemplazo (Aclaración
de voto)
SENTENCIA DE REEMPLAZO O SUSTITUCION-Presupuestos para su procedencia (Aclaración
de voto)
Esta
Corporación en relación con la posibilidad de proferir sentencias de reemplazo
o de sustitución en sede de tutela, ha establecido tres presupuestos para su
procedencia: (i) que la Corte encuentre que la sentencia emitida en la jurisdicción
ordinaria, incurrió en un defecto que haga procedente la acción de tutela
contra providencias judiciales; (ii) que el juez de instancia se haya negado en
ocasiones previas a proferir órdenes en el sentido o con los criterios
indicados por la Corte, y (iii) que exista certeza sobre el hecho de que, de no
dictar la sentencia de reemplazo, la protección de los derechos fundamentales
perderá efectividad.
Referencia:
expediente T-4.615.005.
Acción de tutela
presentada por Roberto Guzmán contra la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta y el
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá.
Magistrada
Ponente:
Gloria
Stella Ortiz Delgado
Con el respeto acostumbrado por las
decisiones que toma esta Corporación, me permito hacer explícitas las
consideraciones que me llevaron a aclarar el voto en la sentencia SU-298 de
2015.
Correspondió en esta oportunidad resolver
a la Sala Plena la acción de tutela interpuesta por el señor Roberto Guzmán
contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, toda vez
que le fue reconocida una pensión de jubilación por parte del Banco de la
República, sobre la cual solicitó la reliquidación de la mesada pensional, sin
embargo, las autoridades judiciales accionadas declararon probada la excepción
de prescripción de la acción, porque la solicitud se efectuó 10 años después
del reconocimiento de la pensión. El desarrollo fáctico fue el siguiente:
-   En el año 2000,
el señor Guzmán y otros trabajadores demandaron al Banco de la República ante
la jurisdicción laboral con el fin de obtener la reliquidación de su pensión,
recibida en el año de 1987 o antes. Los jueces que conocieron el proceso
ordinario laboral declararon probada la excepción de prescripción y no
estudiaron de fondo su solicitud. Para las autoridades judiciales accionadas,
este derecho únicamente puede solicitarse dentro de los tres años siguientes al
reconocimiento de la pensión y, en este caso, la reclamación ocurrió en el año
de 1997, por lo que se había superado dicho margen.
-   El accionante
solicitó a través de la acción de tutela, la protección de sus derechos a la
seguridad social, al debido proceso, a la igualdad, a la aplicación de la
interpretación más favorable para el trabajador y a la especial protección a
las personas de la tercera edad, los que considera vulnerados con las
decisiones judiciales que declararon probada la excepción de prescripción en el
proceso laboral ordinario que promovió contra el Banco de la República.
En la sentencia de unificación, el pleno
de la Corte estimó que la aplicación del principio de favorabilidad en el caso
concreto conlleva a que se dé aplicación a la interpretación más favorable al
trabajador, la que en el presente asunto se refieren a que las solicitudes de
reclamación con el fin de obtener la reliquidación de la pensión para la
inclusión de factores salariales, no prescriben, debido a que una visión
contraria es violatoria del artículo 53 de la Constitución. En orden a lo
expuesto resolvió tutelar los derechos fundamentales invocados y, en
consecuencia, dejar sin efecto las decisiones adoptadas por los jueces
laborales. Finalmente ordenó al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá
proferir un nuevo fallo en el que se tengan en cuenta las consideraciones de
esta providencia.
En términos generales comparto la
decisión adoptada por la Sala Plena, no obstante, considero que en este caso al
implicar el análisis de los derechos pensiónales del actor, se debió
profundizar en la orden de protección. Específicamente correspondía a la Corte
Constitucional dictar una sentencia de reemplazo, toda vez que al disponer que
el juzgado de primera instancia en el proceso ordinario profiera una nueva
decisión, tiene por efecto inmediato la prolongación de un proceso laboral que
lleva 15 años en curso, haciendo nugatorio el derecho invocado por el
accionante.
Esta Corporación en relación con la
posibilidad de proferir sentencias de reemplazo o de sustitución en sede de
tutela, ha establecido tres presupuestos para su procedencia: (i) que la Corte
encuentre que la sentencia emitida en la jurisdicción ordinaria, incurrió en un
defecto que haga procedente la acción de tutela contra providencias judiciales;
(ii) que el juez de instancia se haya negado en ocasiones previas a proferir
órdenes en el sentido o con los criterios indicados por la Corte, y (iii) que
exista certeza sobre el hecho de que, de no dictar la sentencia de reemplazo,
la protección de los derechos fundamentales perderá efectividad. En este caso
se cumplen con estos elementos como pasa a explicarse.
i) Existencia de una casual de procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial. En la SU-298 de
2015, la Corte encontró que las sentencias anuladas desconocieron la
jurisprudencia constitucional, toda vez que los precedentes sobre la materia
han amparado los derechos de los accionantes a solicitar la reliquidación de su
pensión para que se incluyan nuevos factores salariales, al aplicar el
principio de favorabilidad, a partir del alcance del artículo 53 Superior. En
ese sentido, cuando una autoridad judicial se aparta de la interpretación hecha
por esta Corporación, viola las garantías de la Constitución al trabajador
porque no es respetuosa del alcance de los postulados de la Carta Política.
ii) El juez de
instancia se ha negado en ocasiones previas a proferir órdenes en el sentido o
con los criterios indicados por la Corte. Actualmente la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia sostiene que sí aplica
la prescripción en estos casos[iii], lo que
evidencia que en el asunto bajo examen las autoridades judiciales respetaran el
precedente vertical en la materia dispuesto por la jurisdicción ordinaria,
situación que terminaría por dejar sin efectos la decisión adoptada por este
Tribunal Constitucional.
iii)  Certeza sobre el
hecho generador de la vulneración y la efectividad de los  derechos
fundamentales. Es factible que de no dictarse la sentencia de reemplazo,
la protección de los derechos fundamentales perderá efectividad, teniendo en
cuenta que la acción de tutela es interpuesta por un adulto mayor, que viene
reclamando su derecho pensional desde el año 1997 y a la fecha no ha obtenido
una respuesta definitiva a su solicitud, lo que implica que no va a disfrutar
efectivamente de su derecho a una asignación mensual acorde con todos sus
factores salariales.
Se debe tener en cuenta que la pensión,
integralmente considerada, constituye un salario diferido del trabajador, fruto
del ahorro forzoso que realizó durante toda su vida laboral, el cual debe ser
retribuido de manera integral cuando ha perdido o ve disminuida su capacidad
laboral como efecto del envejecimiento natural. En otras palabras, el pago de
una pensión no es una dádiva del empleador, sino el simple reintegro del ahorro
constante debido al trabajador, la cual debe tener en cuenta todos los
elementos constitutivos de salario.
En tal medida, al remitir el expediente
al juez laboral, se genera una tardanza desproporcionada en la solución de este
tipo de conflictos y termina por configurar una vulneración a la confianza que
depositan los ciudadanos en el aparato judicial, causando en ellos una evidente
inseguridad jurídica respecto de sus intereses[iii].
En este sentido dejo sentadas las razones
que me llevaron a aclarar el voto en esta oportunidad.
Fecha ut supra,
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado