T-327-02
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-327/02
DERECHO A LA
SALUD-Fundamental por
conexidad con la vida
INAPLICACIÓN DE
NORMAS DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD-Suministro de audífonos por EPS
DERECHO A LA
SALUD-Suministro de
audífonos por EPS/ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD-Repetición contra el Fosyga
Referencia: expediente: T-540811
Actor: Julio
Henderson Villabón Chico
Procedencia:
Tribunal Superior de Ibagué, Sala Laboral
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO
MONROY CABRA
Bogotá D.C., dos (2)
de mayo de dos mil dos (2002)
La Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados doctores,
Eduardo Montealegre Lynnet, Alvaro Tafur Galvis y Marco Gerardo Monroy Cabra,
quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales
ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
revisión de la tutela T-540811, en la acción instaurada por el señor Julio
Henderson Villabón Chico contra el Hospital Federico Lleras Acosta y respecto
de las sentencias proferidas por el Tribunal Superior de Ibagué de fecha 10 de
octubre de 2001 y en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia, Sala
Laboral, de fecha 21 de noviembre de 2001.
I. ANTECEDENTES
1.
HECHOS:
1.     El accionante se encuentra afectado por el
virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), agente causal del Síndrome de
Inmunodeficiencia adquirida (SIDA).
2.     Afirma el actor que está recibiendo
atención en el Hospital Universitario Federico Lleras Acosta y se encuentra
afiliado al SISBEN clasificado en el nivel 2.
3.     La situación actual del accionante es
precaria, se halla sin trabajo y no recibe renta de ninguna clase, por esta
razón no puede adquirir la droga que le formularon, la cual es denominada
antiretrovirales (AZT- DDI-, DDC-, D4T, 3TC, Crixivan, Saquinavir y otros), siendo
la misma urgente para su tratamiento.
Explica el actor de
la siguiente manera cómo son los antiretrovirales:
"Son
sustancias análogas parecidas a los ácidos nucleicos (los ácidos nucleicos
vienen a ser como los ladrillos en un edificio, es decir la estructura básica
molecular de la vida).
Los
antiretrovirales son sustancias sintéticas que tienen la capacidad de  bloquear
diferentes pasos de todo ciclo del virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)
agente causal del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) cuando entra
al organismo.
Como son
derivados sintéticos de ácidos nucleicos engañan a los verdaderos ácidos
nucleicos del virus y cuerpo humano y se introducen en la maquinaria genética
del desarrollo del VIH.
En conclusión, se
crearía un virus defectuoso y en el mejor de los casos se bloquearía su
reproducción.
El
antirretroviral (sustancia sintética) no mata el Virus de Inmunodeficiencia
Adquirida (VIH) pero le quita su capacidad reproductora, y por tanto
patológica.
El
antirretroviral es como un bloqueador de los pasos que sigue el VIH al entrar
al cuerpo humano y que son:
4.
Ingreso del VIH
a la célula (ya que para vivir necesita de una célula viva, por si solo no
puede subsistir, ni reproducirse).
5.
Ataca las células
CD4 que son como los "generales" del sistema inmunológico.
6.
Bloquea las
enzimas del virus que son el combustible del VIH y portan parte del material
genético donde va incluida toda la programación de todo virus, o sea la
capacidad de reproducirse, potencialidad de infectar y otras células diferentes
de las defensas (algunas células del sistema digestivo y el sistema nervioso
central)."
7.     El accionante solicita se le protejan los
derechos a la vida, igualdad, debido proceso y dignidad humana. Además, que se
prevenga al director del Hospital Universitario Federico Lleras Acosta que
presta sus servicios al SISBEN para que no se vuelva a incurrir en las acciones
que dieron mérito a iniciar esta tutela.
8.     Solicita que la entidad accionada le entregue
los medicamentos (sulfato de indivavir (crixiva y combivir), sin ningún costo y
que se le realicen los exámenes que se requieran para su enfermedad en forma
integral y oportuna.
9.     La Secretaría de Salud de la Gobernación
del Tolima fue vinculada por el Juez de primera instancia, por auto el 8 de
octubre  de 2001.
2.
CONTESTACION DE
LAS ENTIDADES DEMANDADAS
Hospital Federico
Lleras Acosta de Ibagué Tolima
Por medio de su
representante legal, Mary Yadira Garzón Rey, manifiesta que los servicios de salud
que se le prestan a las personas sisbenizadas que no estén en un régimen sea
contributivo o subsidiado, se hacen en ejecución de un contrato o convenio
suscrito con la Secretaría de Salud del Departamento, por ser el Hospital una
entidad descentralizada, no es de su competencia garantizar la atención de
servicios de salud a los vinculados, pues por disposición de la Ley 60 de 1993
esta corresponde al Estado a través de los entes territoriales, representados
para el caso de la salud en las Secretarias Departamentales del sector.
Sostiene el ente
accionado, que a quien corresponde la atención de los usuarios vinculados es la
Secretaria de Salud y el hospital, hasta tanto no se lleve a cabo algún
contrato bien sea con el hospital o bien con la entidad pública o privada como
ente competente.
Aclara que de igual
forma, la entidad ha atendido al accionante en sus consultas médicas, pero que
respecto a los medicamentos es imposible entregarlos por parte de la entidad,
sin que acarree para el peticionario un costo.
Por último, solicita
la entidad demandada que no se tutele en contra suya, ya que considera que
constitucionalmente no recae ninguna competencia al no existir un contrato
entre el Departamento del Tolima (Secretaria de Salud) y ésta entidad que
obligue a atender a los pacientes vinculados.
Secretaría de
Salud de la Gobernación del Tolima
La Secretaría de
Salud, dice que dentro de los afiliados al sistema general de seguridad social
en salud, existen dos tipos de afiliados como son: Los afiliados al sistema
mediante el régimen contributivo, que son las personas vinculadas a través de
contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los
trabajadores independientes con capacidad de pago. Y los afiliados al sistema
mediante el régimen subsidiado de que trata el art. 211 de la misma ley, el
cual es para las personas sin capacidad de pago para cubrir el monto total de
la cotización.
El otro tipo que son
las persona vinculadas al sistema y que son aquellas que por motivos de
capacidad de pago y mientras logran ser beneficiarios del régimen subsidiado
tendrán derechos a los servicios de atención de salud que prestan las
instituciones públicas y aquellas privadas que tengan contrato con el Estado.
Concluye la Secretaría
de Salud diciendo que a quien le compete la realización de la intervención es a
los Hospitales de la red pública de II nivel, ya que esta entidad no es
prestadora de servicios y que la única obligación es la de contratar con las
ESEs para que de esta manera sean ellas las que se encarguen de realizar el
procedimiento requerido por el paciente. Considera que a quien le corresponde
asumir los costos es la Nación a través de FOSYGA, teniendo en cuenta que la
enfermedad que padece el accionante, es una enfermedad de alto costo.
3.
PRUEBAS
En el expediente
obran las siguientes pruebas :
-Copia certificado
expedido por el SISBEN, dentro del sistema de selección de beneficiarios para
programas sociales efectuado el 23 de febrero de 2001. Puntaje relacionado 44.
-Copia de la cédula
de ciudadanía del accionante.
-Copia de la formula
médica expedida por el médico tratante.
-Copia de
identificación y resumen de atenciones en el Sistema Nacional de Salud.
Al señor Julio
Henderson Villabón Chico, se le realizaron estos exámenes:
-Copia de la prueba
donde se le diagnostica que padece la enfermedad de inmunodeficiencia VIH/SIDA,
aplicación de anestesia, exámenes de laboratorio del Hospital Federico Lleras
Acosta, intervenciones -Procedimientos y actividades donde se ordena el examen
de Rayos X de Torax, los de laboratorio clínico especializado, con el perfil
inmunológico, subpoblación de linfocitos por citometría de flujo, de laboratorio
clínico del hospital San Francisco, examen de parcial de orina, examen de
Serologia VDRL, resultado de los análisis de sangre practicados, Cruz Roja
Colombiana, Seccional Tolima, de laboratorio Departamental de Ibagué, examen
solicitado: Título Toxoplasma IgM., cuadro hemático VSG coprologico,
inmunología, entre otros.
II. SENTENCIAS
OBJETO DE REVISION
Primera Instancia
El Tribunal
Superior, Sala Laboral emitió su fallo el 10 de octubre de 2001, tutelando los
derechos fundamentales a la vida y a la salud del accionante y ordenando que el
ente accionado coordine con la Secretaria de Salud del Departamento del Tolima
la manera para que se le realicen los exámenes y se entreguen los medicamentos
requeridos por el actor.
Impugnación
El
Secretario de Salud del Tolima, impugnó la decisión de amparo, argumentando que
en el fallo del Tribunal Superior del Tolima se omitió el Decreto Ley 111 de
1996, el que dispone en el art. 71 que "Todos los actos administrativos
que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de
disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente
para atender los gastos.
Igualmente,
estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los
recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin.
En
consecuencia ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones
inexistentes o en exceso de saldo disponible, o sin autorización previa del
Confis o por quien éste delegue, para comprometer vigencias futuras y la
adquisición de compromisos con cargo a los recursos del crédito
autorizado."
Aclara la Secretaría
de Salud que no es su razón de ser el negar el derecho que le asiste a las
personas en asuntos tan importantes y de vital trascendencia como es la
protección de la salud, pero no tiene recursos económicos que le permiten
cumplir con lo pedido por el accionante.
Afirma que el fallo
del Tribunal Superior, desconoce la imposibilidad que tiene la Secretaria de
Salud del Tolima, para adquirir los medicamentos, ya que por definición legal,
la función que le asiste como ente territorial, es cancelar, con recursos del
situado fiscal y rentas cedidas, los servicios de salud que prestan las
Empresas Sociales del Estado, a las cuales si les compete, el suministro de los
medicamentos que requieren los usuarios del servicio de salud.
Por último, solicita
al Juez, eximir de responsabilidad a esa entidad, por encontrarse
imposibilitada de dar cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado de primera instancia.
Segunda Instancia
La Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia en su fallo de fecha 21 de noviembre de
2001, revocó la sentencia impugnada y en su lugar negó la tutela, por cuanto
consideró la Sala que la infección del VIH que sufre el demandante es una
patología que está por fuera de los niveles de complejidad anotados, y por esta
razón no es de la órbita de los departamentos a través de  sus secretarías de
salud, asumir los costos que demanda el tratamiento integral de enfermedades
que como la anotada, pertenecen al nivel IV de complejidad por su condición de
ruinosas o catastróficas y por sus elevados costos.
Por último concluye
el Juez diciendo: "mientras el actor logra afiliarse al régimen
subsidiado, tiene la posibilidad de acudir a las instituciones públicas y
privadas que tiene contrato con el Estado para que le preste la atención en
salud. Y reclamar de la Nación a través del Fondo de Solidaridad y
Garantía".
III.
CONSIDERACIONES  Y FUNDAMENTOS
A. Competencia.
Esta Corte es
competente para revisar el presente fallo de tutela, de conformidad con lo
previsto en los artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional, el Decreto 2591
de 1991 y las demás disposiciones pertinentes.
B.
TEMAS JURIDICOS
1. Derecho a la
vida
En reiteradas
ocasiones ha dicho esta Corporación que el derecho a la vida:
“...es el primero
de los derechos fundamentales. Es un derecho inherente al individuo, lo que se
pone de presente en el hecho de que sólo hay que existir para ser titular del
mismo...Así, resulta la vida un presupuesto para el ejercicio de los demás
derechos.
“...el derecho a
la vida es la garantía para el individuo de que nadie pueda causarle la muerte
como un acto de expresión de la voluntad. Es el derecho a morir de muerte
natural o por efecto de enfermedad propia, no inducida. Con el crecimiento de
las obligaciones sociales del estado, el derecho a la vida aumenta su espectro
garantizador, con una lógica de reducción a la unidad (el hombre), para
comprender también la posibilidad de “vivir bien”, de suerte que, en este
sentido, la totalidad de los denominados derechos asistenciales” se orienta
justamente a asegurar esta expresión ampliada del derecho a la vida...”[1]
2. El Estado está
en la obligación de proteger el derecho a la vida en dos sentidos: en la de su
respeto y en la de su protección.
“La protección y
el respeto que el Estado debe brindar a los titulares del derecho a la vida no
puede reducirse a una simple consideración de carácter formal, por cuanto el
derecho a la vida no sólo implica para su titular el hallarse protegido contra
cualquier tipo de injusticia, sea esta de índole particular o institucional,
sino además tener la posibilidad de poseer todos aquellos medios sociales y
económicos que le permitan a la persona vivir conforme a su propia dignidad.”[2]
El sida, es hasta
ahora una enfermedad mortal que ocasiona un deterioro progresivo del paciente,
el cual requiere de cuidados y medicamentos especializados, no sólo para
mejorar su estado sino para evitarle graves y prolongados sufrimientos. Esos
cuidados, que se traducen en la necesidad de oportunos y urgentes tratamientos
médicos dada la inminencia del peligro que tiene el paciente de generar otras
patologías.[3]
3. El derecho a la salud en conexidad con el
derecho a la vida en condiciones dignas.
Esta Corporación ha
manifestado que el derecho a la vida no significa la simple posibilidad de existir sin tener en cuenta las
condiciones en que ello se haga, sino que, por el contrario, supone la garantía
de una existencia digna, que implica para el individuo la mayor posibilidad de
despliegue de sus facultades corporales y espirituales, de manera que cualquier
circunstancia que impida el desarrollo normal de la persona, siendo evitable de
alguna manera, compromete el derecho que establece el artículo 11 de la
Constitución Política[4].
Ahora bien, cuando
una persona acude a la acción de tutela para lograr el suministro de un
medicamento que puede ser el alivio de su enfermedad aunque no sea para
derrotar la enfermedad, lo hace con la finalidad de obtener la protección de
sus derechos fundamentales a la salud y a una vida en condiciones dignas.
“Esta Corte ha sido clara al señalar que el tratamiento que debe
proporcionársele al enfermo, no se reduce al que está dirigido a obtener su
curación; cuando se trata de enfermedades crónicas como la diabetes, y aún de
las terminales, la persona tiene derecho a recibir todos los cuidados médicos
dirigidos a proporcionarle el mayor bienestar posible mientras se produce la
muerte, y a paliar las afecciones inevitables de los estados morbosos crónicos,
que muchas veces son también degenerativos”.[5]
Lo expresado
anteriormente, nos lleva a concluir que la omisión  en el suministro del
tratamiento médico, puede ocasionar la vulneración de los derechos
fundamentales a la salud en conexidad con la vida y por ende a una vida en
condiciones dignas.
4. La Seguridad Social y su funcionamiento
para garantizar el derecho a la salud como derecho fundamental.
Los artículos 48 y
49 de la Constitución Política, proclaman la seguridad social como un servicio
público de carácter obligatorio que será prestado bajo la dirección,
coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad. Por ello, en desarrollo de las citadas
disposiciones se expidió la Ley 100 de 1993, mediante la cual señaló a la
Seguridad Social en Salud como un sistema destinado a prestar el servicio
público esencial de salud y a crear condiciones de acceso en los diversos
niveles de atención, que permitan garantizar a todas las personas sus derechos
a la salud y a la seguridad social, con fundamento en los principios de la
dignidad humana, de la solidaridad y de la prevalencia del interés general. Y
para su efectividad el Estado estipuló las condiciones de acceso a un plan
obligatorio de salud para todos los habitantes del territorio nacional, con
capacidad económica o sin ella, de tal manera que permita a todas las personas
el poder acceder a los servicios de salud[6].
5. El interés general
no está enfrentado con el interés particular del enfermo de sida que reclama
las prestaciones asistenciales a las que la Carta Política le reconoce derecho;
además, el juez de tutela sí está llamado a solucionar con sus órdenes esta
clase de violaciones de los derechos fundamentales.
En la sentencia
T-177/99, aparece la siguiente jurisprudencia que se reitera en el presente
caso:
"En la sentencia SU-480/97[7], esta
Corporación se pronunció sobre el tratamiento, como una de las principales
obligaciones del Estado respecto de los enfermos de sida, y sobre la afiliación
de éstos al sistema de seguridad social en salud para tener derecho al
tratamiento, en los siguientes términos:
"La Ley 100
de 1993, artìculo 154, señala que una de las facetas de la intervenciòn del
Estado es la de establecer la atención básica en salud, que se ofrecerà
en forma gratuita y obligatoria disposición que se compagina con aquella parte
del artìculo 49 de la Constituciòn que dice; ’la ley señalarà los tèrminos en
los cuales la atenciòn bàsica para todos los habitantes serà gratuita y
obligatoria’. Para ello se fijan en el artìculo 156 de la ley las
caracterìsticas bàsicas del sistema y el artìculo 165 ibìdem precisa el
concepto asì:
’ Artìculo
165. Atenciòn bàsica. El Ministerio de Salud definirà un plan de atenciòn
bàsica que complemente las acciones previstas en el Plan Obligatorio de Salud
de esta Ley y las acciones de saneamiento ambiental. Este plan estarà
constituìdo por aquellas intervenciones que se dirigen directamente a la
colectividad o aquellas que son dirigidas a los individuos pero tienen altas
externalidades, tales como la informaciòn pùblica, la educaciòn y fomento de la
salud, el control de consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas, la
complementaciòn nutricional y planificaciòn familiar, la desparasitaciòn
escolar, el control de vectores y las campañas nacionales de prevenciòn,
detecciòn precoz y control de enfermedades transmisibles como el sida, la
tuberculosis y la lepra, y de enfermedades tropicales como la malaria.
’La prestaciòn
del plan de atenciòn serà gratuita y obligatoria. La financiaciòn de este plan
serà garantizada por recursos fiscales del Gobierno Nacional, complementada con
recursos de los entes territoriales’" (subrayas fuera del texto).
De esta manera,
resulta claro que es el sistema de distribución del gasto público en materia de
política social en salud, el que se debe adecuar a la específica situación de
debilidad manifiesta de los enfermos que sufren de afecciones epidémicas como
el sida, y no éstos a la regulación administrativa. En este caso, tanto el
ordenamiento constitucional como su desarrollo legal (Ley 100 de 1993),
reconocen como beneficiario del servicio público de la seguridad social en
salud a quién, como a Y, se le diagnostica una enfermedad epidémica -o
catastrófica-, y mortal, y no es afiliado al Sistema General de Seguridad
Social por carecer de recursos económicos para contribuír, o para costear su
tratamiento. El costo de la atención de ese derecho, y las obligaciones
patrimoniales que se generan por el diagnóstico y el tratamiento de estos
enfermos, fue objeto de consideración en la sentencia SU-480/97 antes citada; y
como es evidente que dos años después de dictada ésta, se siguen violando los
derechos fundamentales de estas personas, y las autoridades responsables de
esas violaciones siguen aduciendo como justificación para haber actuado de esa
manera la misma razón reglamentaria: el artículo 9° del Acuerdo No. 77 del
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, para hacer que en este caso de
incompatibilidad entre una norma reglamentaria y la Constitución, se respete no
sólo la supremacía de la norma constitucional (art. 4), sino la de los derechos
fundamentales de todos (C.P. art. 5), se ordenará al CONPES que proceda a
revisar, dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificación de este
fallo, el sistema de selección de los beneficiarios del régimen subsidiado de
la seguridad social en salud (Ley 100/93 arts. 211-217), a fin de garantizar
que su aplicación no dé como resultado, la violación sistemática de los
derechos fundamentales de los titulares de ese derecho que, enfermos, no pueden
pagar por el diagnóstico y tratamiento de la clase de enfermedad epidémica que
sufrió Y."[8]´Subrayas fuera de texto
6. Se reitera
también la jurisprudencia consignada en la sentencia T-177 de 1999, con respecto al SIDA:
"…las
disposiciones legales vigentes contienen medidas de prevención, diagnóstico y
tratamiento, cuya difusión y acatamiento corresponde a todas las instituciones
asistenciales públicas y privadas; esas normas no pueden ser derogadas,
suspendidas o ignoradas por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud o
por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, sin violar los
artículos 1, 2, 6, 121 y 189-4 de la Carta Política. Así, el primer parámetro
frente al cual debe valorarse la regulación administrativa que sirvió de base
para negar a Y la calidad de beneficiario en salud del SISBEN, es el orden
público de la salud, sobre el cual se precisó en la sentencia T-505/92[9]:
"El SIDA
representa una amenaza actual y creciente contra la salud pública, dado su
carácter de enfermedad mortal, transmisible y sin tratamiento curativo.
Afortunadamente existe una respuesta normativa a este problema de relevancia
constitucional. Las disposiciones legales que regulan la materia cubren las
diferentes fases o etapas de desarrollo de la enfermedad y contienen medidas
preventivas, de diagnóstico y tratamiento cuyo acatamiento y difusión
corresponde a todas las instituciones médico-asistenciales, públicas o
privadas.
"El orden
público incorpora la salubridad, por lo que las autoridades deben tomar las
medidas necesarias y suficientes para su conservación (CP art. 1). La epidemia
del SIDA tiene potencialidad de afectar gravemente el orden público y por ello
el aparato estatal debe reaccionar con eficacia ante la amenaza.
"No sólo el
Presidente de la República en cumplimiento del mandato constitucional de
conservar el orden público en todo el territorio nacional (CP art. 189-4), sino
todas las instituciones médicas, centros educativos, medios de comunicación,
están en el deber de intervenir para dar una respuesta unificada y vigorosa al
grave problema del constante crecimiento de la enfermedad.
"La no
adopción de las medidas oportunas y necesarias puede desencadenar una calamidad
pública, con la consiguiente responsabilidad oficial por omisión. Recursos del
Estado deben destinarse prioritariamente al sector de la salud y, en
particular, a la lucha contra el SIDA.
"Por otra
parte, las autoridades, en ejercicio de las funciones de policía, están
facultadas para intervenir en la esfera privada con el objeto de prevenir o
controlar las causas de perturbación de la salubridad pública. El Estado cuenta
para el cumplimiento de esta misión con especiales medios de policía sanitaria
(Código Nacional de Policía artículos 2, 11, 182 y artículo 35 del Decreto 522
de 1971).
"El
carácter de orden público de las normas epidemiológicas obliga a los centros
médicos a prestar una atención integral a los infectados o enfermos del SIDA.
La prevención no será eficaz si los hospitales públicos o privados se niegan
a prestar los servicios preventivo-asistenciales a estas personas. El
costo de la atención, aunque no es irrelevante para la asignación de recursos
médicos escasos, no puede ser, en materia de lucha contra una enfermedad
transmisible y mortal, el factor determinante para la prestación del servicio.
Aunque la atención integral no es gratuita, su cobro debe subordinarse a su
prestación. La negativa a practicar los exámenes, tratamientos o
consultas, hasta tanto no se cancele su costo o se garantice jurídicamente su
pago, es contraria al objetivo de orden público buscado de prevenir y controlar
una epidemia" (subrayas
fuera de texto). Negrilla fuera de texto.
7.
Cuando las personas carecen de recursos económicos, se protegen por el SISBEN,
según la Sentencia T-1126/01[10]:
"En
casos como este, cuando las personas no tienen el dinero suficiente para cubrir
las cuotas moderadoras, copagos, o no han completado las semanas mínimas de
cotización prescritas en la legislación para acceder a ciertos tratamientos, y
éstos se requieren con urgencia por que de lo contrario se verían afectos
derechos como la vida y la salud en conexidad, la Corte ha dado prevalencia a
los derechos fundamentales sobre cualquier otra consideración legal,
sosteniendo que ante urgencias y patologías comprobadas no existe norma legal
que ampare la negativa de prestar un servicio de salud, porque por encima de la
legalidad, esta la vida como fundamento de todo el sistema.[11]
Así
pues, la circunstancia de haber dejado al accionante fuera del régimen
subsidiado del Sistema de Seguridad Social en Salud, sin tener en cuenta que
padece el síndrome de inmunodeficiencia adquirida- SIDA-, que se encuentra
desempleado y viviendo de la caridad de sus familiares, agudiza su situación y
es la causa por la cual se vio obligado a sufragar un costo dinerario para el
suministro de unos medicamentos, lo que le resulta imposible de asumir por
cuenta propia, dada su condición"
8. Implementación
del sistema para determinar las personas que tienen derecho al régimen
subsidiado
"La
regulación del SISBEN es ineficiente para detectar a las personas pobres que,
además, se encuentran en circunstancia de debilidad manifiesta debido a las
enfermedades que las aquejan, por ejemplo Y, por la simple razón de que no fue
diseñada para permitir identificarlas. Ni la estratificación socioeconómica ni
la focalización individual -que da cuenta del empleo, el ingreso y las
características de la vivienda-, fueron construídas para permitir detectar a
quienes están más expuestos a sufrir una u otra enfermedad, a quienes la
padecen sin diagnóstico, o a quienes saben que requieren tratamiento y no lo
pueden costear; de hecho, el Secretario de Salud de Cali pudo -aunque no lo
hizo-, haber practicado las encuestas a Y una y mil veces sin que el resultado
variara, mientras el evaluado pasaba de persona expuesta al riesgo de contagio,
a portador asintomático, y luego a enfermo de sida y a moribundo, porque la
estratificación socioeconómica y la focalización individual son instrumentos de
medida que sólo sirven para mensurar aquello que se tuvo en cuenta al diseñarlos,
y en la regulación del SISBEN caben entes pobres abstractos, y no personas en
situación.
(...)
La regulación del
SISBEN es ineficiente, por la misma razón por la que resulta contraria al orden
público de la salud, no sólo en materia de sida, sino en todo lo que tiene que
ver con la prestación del servicio público de atención en salud a la población
pobre: el Estado, a través del CONPES, en su afán por focalizar la política
social en proteger a aquellas personas que por su condición económica se encuentran
en circunstancia de debilidad manifiesta, ignoró otra obligación -igualmente
importante-, que debe cumplir como parte de esa política social: proteger
especialmente a aquellas personas que, a más de una condición económica
precaria, tienen una condición física o mental que, por sí sola, les pone en
innegable circunstancia de debilidad manifiesta.
La regulación del
SISBEN es ineficiente y contraria al orden público de la salud, por las mismas
razones que la hacen dar lugar a violaciones sistemáticas del derecho a la
igualdad: a) no permite recolectar los datos relevantes para diferenciar las
personas que están expuestas al riesgo de sufrir una u otra enfermedad, de las
que han sido efectivamente contagiadas o contraído la enfermedad por otra vía,
y no posibilita distinguir entre las personas que sufren un padecimiento, a las
afectadas de manera temporal de las enfermas crónicas, permanentes y
terminales; de esa manera, el funcionario departamental o municipal encargado
de decidir a quiénes se otorgará la calidad de beneficiarios del régimen
subsidiado de seguridad social en salud, no puede -aunque quiera hacerlo-,
promover "las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva",
ni adoptar "medidas a favor de grupos discriminados o marginados";
b) hace nugatorio el derecho de defensa de quienes resultan discriminados o
pertenecen a uno de los grupos que lo vienen siendo, pues para cambiar su
calificación, sólo les permite solicitar una nueva aplicación de los mismos
formularios, que no puede arrojar resultados distintos a los originales hasta
que el daño sea irremediable"
9. Acuerdos del
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, sobre el tema del SIDA. Se
amplió el listado de medicamentos
El Acuerdo 72 de
1997, expedido por Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud establece:
"ARTICULO
1.-  Contenidos del Plan Obligatorio de Salud para el Régimen Subsidiado. El Plan Obligatorio de Salud Subsidiado comprende
los servicios, procedimientos y suministros que el Sistema General de Seguridad
Social en Salud garantiza a las personas aseguradas con el propósito de
mantener y recuperar su salud.
La cobertura de
riesgos y servicios a que tienen derecho los afiliados al Régimen Subsidiado es
la siguiente:
(…)
5. Atención a enfermedades de alto costo:
Garantiza la atención en salud a todos los afiliados en los siguientes casos:
(…)
5.5  Infección
por VIH: Garantiza
la atención integral necesaria en cualquier complejidad, del portador asintomático
del virus VIH y del paciente con diagnóstico de SIDA en relación con el
síndrome y sus complicaciones:
-Incluye la
atención integral ambulatoria y hospitalaria de la complejidad necesaria, con
los insumos requeridos y el suministro de antiretrovirales e inhibidores de la
proteasa."
Nótese como la norma
se refiere expresamente al suministro de antiretrovirales, adicionando así
listados procedentes.
Posteriormente, se
expide el Acuerdo Nº 83 de 1997 del Consejo Nacional de Seguridad Social en
Salud, "Por el cual se adopta el Manual de Medicamentos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud". Dice en lo pertinente:
"ARTICULO
3.- Se entiende por
medicamento esencial aquel que reúne características de ser el más costo
efectivo en el tratamiento de una enfermedad, en razón de su eficacia y
seguridad farmacológica, por dar una respuesta más favorable a los problemas de
mayor relevancia en el perfil de morbimortalidad de una comunidad y porque su
costo se ajusta a las condiciones de la economía del país.
ARTICULO 5.- Para la operatividad del presente Acuerdo,
se establecen los siguientes listados de medicamentos:
a)    Medicamentos para Programas Especiales que
forman parte del Plan de Atención Básicas y las vacunas  contempladas por el
Programa Ampliado del Inmunizaciones P.A.I. cuya provisión será gratuita para
toda la población.
b)    Medicamentos para el manejo de patologías
crónicas, en las cuales los medicamentos son de un alto costo y exigen un
manejo especializado, cuya provisión estará sujeta a normas definidas en las
respectivas Guías de Atención Integral tales como, niveles de atención para su
uso, condiciones de elegibilidad del paciente y personal profesional autorizado
para su prescripción.
c)     Medicamentos de uso predominantemente
ambulatorio.
d)    Medicamentos de uso en pacientes sometidos
a internación.
e)     Medicamentos esenciales alternativos, cuyo
uso estará sujeto a condiciones de hipersensibilidad del paciente, de
resistencia a un medicamento esencial o cuando por razones sanitarias, de
riesgo o conveniencia para la salud pública el Ministerio de Salud así lo
definan, lo que requerirá del concepto y aprobación del Consejo Nacional de
Seguridad en Salud.
ARTICULO 8.- Para garantizar el derecho a la vida y a la
salud a las personas, podrán formularse medicamentos no incluidos en el
manual de que trata el presente Acuerdo.
Si el precio
máximo al público de estos medicamentos no incluidos en el manual, teniendo en
cuenta el valor total del tratamiento, es menor o igual al precio máximo al
público de los medicamentos que reemplazan o su similar, serán suministrados
con cargo a las EPS o ARS. Si el precio máximo excede o es superior, la
diferencia será cubierta con recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía. (negrilla y subrayas fuera de texto)
El mismo acuerdo
relaciona para el Sida, medicamentos calificados como antiretrovirales, a
saber: Didanosina, Indinavir, Lamivudina, Pentamidina isetionato, Ritonavir,
Trimetoprim + sulfametoxazol, Zidovudina.
A su vez el artículo
49 del Acuerdo Nº 77 de 1997 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud,
dijo:
"Atención a no asegurados. Las personas, sin capacidad de
pago, que no hayan podido afiliarse al régimen subsidiado por dispo­nibilidad
de recursos para subsidios a la demanda, deberán ser atendidas, en calidad de
vinculados, en las instituciones presta­doras de servicios de salud públicas o
empresas sociales del Estado o IPS privadas que ten­gan contrato con el Estado
para el efecto, con cargo a los recursos del subsidio a la oferta."
CASO CONCRETO
Están
probados los siguientes hechos: a- Que el accionante es enfermo de SIDA y el
tratamiento que requiere es urgente. En el expediente reposa el diagnóstico que dice que padece la
enfermedad de inmunodeficiencia VIH/SIDA, que se le han realizado exámenes de
laboratorio en el Hospital Federico Lleras Acosta, pruebas de anestesia,
intervenciones, procedimientos; examen de Rayos X de Torax, exámenes de
laboratorio clínico especializado, con el perfil inmunológico; subpoblación de
linfocitos por citometría de flujo, del laboratorio clínico del hospital San
Francisco examen parcial de orina, examen de serologia VDRL, resultado de los
análisis de sangre practicados en la Cruz Roja Colombiana, Seccional Tolima.
Asimismo, hay pruebas de los exámenes solicitados: Título Toxoplasma IgM.,
cuadro hemático VSG coprologico, inmunología, entre otros.
b- Que el accionante necesita el suministro de los
medicamentos recetados y el normal desenvolvimiento de su tratamiento, a fin de
enfrentar la enfermedad que padece, situación que en manera alguna puede
postergarse en el tiempo, sin vulnerar efectivamente sus derechos a la salud y
a la vida. Esto está probado con el dictamen del médico tratante que mencionó la necesidad de los
antiretrovirales.
c- También se
encuentra probado que el Hospital Federico Lleras Acosta del Tolima no tiene
contrato vigente con la Secretaría de Salud, por lo que no está en la
obligación de suministrarle atención, ni medicamentos al señor Villabón Chico
en calidad de afiliado del SISBEN.
Por consiguiente, no
hay duda de que el derecho a la vida del actor está en grave riesgo, no sólo
por ser una enfermedad de alto riesgo, sino por la negativa a suministrarle los
medicamentos y a realizarle los exámenes que necesita para sobrellevar el virus
del VIH-SIDA. Es urgente que el
accionante obtenga el suministro de los medicamentos prescritos por del médico
y a su vez el tratamiento, a fin de que se le respete el derecho a una vida
digna.
La pregunta para resolver es quién le prestará la
atención, en vista de que el hospital Federico Lleras Acosta ya no tiene
contrato vigente con la Secretaria de Salud del Tolima.
La Secretaría de
Salud del Departamento del Tolima afirma que ha suscrito contratos y convenios
con los diferentes hospitales de la Red Pública, la atención de los vinculados
y la realización de procedimientos no Poss para la atención de los
beneficiarios del SISBEN.
Considerando lo
anterior, esta Sala dará la orden a la Secretaría de Salud del Tolima para que
el señor Villabón Chico sea remitido en un término de cuarenta y ocho (48)
horas a un centro hospitalario público con el cual tenga contrato vigente el
Departamento y de esta manera pueda recibir el tratamiento y medicamentos
necesarios ya recetados o que se le receten para el mejoramiento de su salud y
para que en el futuro no se le vuelva a presentar ninguna clase de complicación
como la aquí expuesta.
Hay prueba de los
medicamentos recetados por el médico tratante. Por tanto, se suministrarán
estos o los que indique el médico. En el evento de que éstos sobrepasan el
precio de los que figuran en el listado, el Acuerdo 83 dijo: "Si el
precio máximo al público de estos medicamentos no incluidos en el manual,
teniendo en cuenta el valor total del tratamiento, es menor o igual al precio
máximo al público de los medicamentos que reemplazan o su similar, serán
suministrados con cargo a las EPS o ARS. Si el precio máximo excede o es
superior, la diferencia será cubierta con recursos del Fondo de Solidaridad y
Garantía". (negrilla y subrayas fuera de texto)
El
Hospital Público que preste la atención al señor Villabón Chico puede repetir
contra el Fondo de Solidaridad y Garantías –Fosyga- con el fin de que se le
restituya el valor que por todo concepto o la parte que reste, se le adeude con
ocasión del tratamiento médico que requiere el accionante.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE:
Primero. REVOCAR el fallo
proferido por la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral de fecha 21 de
noviembre de 2001, mediante la cual se negó la protección solicitada por el
señor Julio Henderson Villabón Chico. Y en su lugar, CONFIRMAR
el fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Superior, Sala Laboral
de Ibagué de fecha 10 de octubre 2001, en cuanto  CONCEDIÓ el amparo
de los derechos fundamentales a la vida y a la salud del accionante.
Segundo. ORDENAR a
la Secretaria de Salud del Departamento del Tolima que remita al señor Julio
Villabón Chico a un hospital público con quien tenga contrato vigente y de esta
manera sea atendido en un término de cuarenta y ocho (48) horas y se le
entregue el medicamento ordenado o el que ordene el médico tratante. Si el
precio del medicamento sobrepasa el correspondiente a los que figuran en el
listado, el hospital público que preste el servicio, repetirá
contra el FOSYGA.
Tercero. LÍBRESE por Secretaría las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGTRE LYNNET
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
[1]
Corte Constitucional, Sentencia T-452 de 1992, M.P. Fabio Morón Díaz.
[2] Corte Constitucional, Sentencia T-102 de 1993, M.P. Carlos
Gaviria Díaz.
[3]
Corte Constitucional, Sentencia SU-645/97, M.P. Fabio Morón Díaz.
[4] Corte Constitucional,  Sentencia T-499 de 1992, M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[5]
Sentencia T-926 de 1999, M. P. Carlos Gaviria Díaz
[6] Corte Constitucional, Sentencia SU-819 de 1999, M.P.
Alvaro Tafur Galvis.
[7]
M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[8]
Sentencia T-177/99, M. P.  Carlos Gaviria Díaz.
[9] Idem.
[10]
Corte Constitucional, M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[11] Sentencia SU-480 de 1997 M. P. Alejandro Martínez
Caballero y T-821 de 2001, M. P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra.