T-597-06
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-597/06
UPAC-Adecuación del sistema de financiación de vivienda a
largo plazo
UPAC-Nulidad resolución externa No 18 proferida por Junta
Directiva de Banco de la Republica en relación con Corporaciones de Ahorro y
Vivienda
BANCO DE LA REPUBLICA-Autonomía para establecer valor UPAC
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA
PRINCIPIO DE EQUIDAD Y CORRECCION MONETARIA
UPAC-Determinación del valor no podrá tener en cuenta tasa
de interés del mercado/DEMOCRATIZACION DEL CREDITO
INEXEQUIBILIDAD DEL SISTEMA UPAC-Efectos erga omnes
FACULTADES EXTRAORDINARIAS-Extralimitación para expedir normatividad
sobre financiación de vivienda a largo plazo
LEY MARCO-Normas en el campo financiero y de ahorro
CONGRESO-Fijación de criterios para financiación de vivienda a
largo plazo
INEXEQUIBILIDAD DEL SISTEMA UPAC-Efectos ultraactivos
CAPITALIZACION DE INTERESES-Inconstitucionalidad
DERECHO A LA ADQUISICION DE VIVIENDA DIGNA-Alcance/CREDITO PARA VIVIENDA-Condiciones/DEMOCRATIZACION
DEL CREDITO
SUPERINTENDENCIA BANCARIA-Vigilancia de relación contractual entre
institución prestamista y deudor
INTERVENCION DEL ESTADO EN ENTIDAD
FINANCIERA-Fomento y
protección del ahorro
SUPERINTENDENCIA BANCARIA-Control sobre instituciones financieras
JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPUBLICA-Función de establecer metodología para
cálculo de la UVR/JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPUBLICA-Deber de
fijar tasa máxima de interés
CREDITO PARA VIVIENDA-Tasas de interés deben ser intervenidas
por el Estado/INSTITUCION FINANCIERA-Posición dominante
JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPUBLICA-Competencia para determinar equivalencia
entre UPAC y UVR
UVR-Debe reflejar exclusivamente la inflación
JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPUBLICA-Fijación intereses moratorios
CREDITO HIPOTECARIO PARA ADQUISICION DE
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL-Fijación
de intereses
LEY MARCO DE VIVIENDA-Régimen de transición entre UPAC y UVR
LEY 546 de 1999-Doctrina constitucional sobre el
artículo 42 parágrafo 3
LEY 546 de 1999-Deber autoridades judiciales de
aplicar jurisprudencia constitucional sobre la materia
DEBIDO PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Reliquidación de obligaciones pactadas en
UPAC no depende de monto adeudado en cada caso
DEBIDO PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Ejecución de obligación no impide
reestructuración del crédito
El derecho de los deudores hipotecarios a
conocer el estado de la obligación a su cargo, con miras a exigir la
reestructuración de la misma, si las condiciones objetivas así lo permiten, no
se aminora porque la entidad acreedora adelante la ejecución de la obligación,
porque el interés legítimo del prestamista a la satisfacción del crédito no
puede desconocer el derecho de su deudor a contar con un sistema adecuado a sus
circunstancias, para mantener la solución de su problema habitacional. En este
orden de ideas, la iniciación de la ejecución del crédito hipotecario y su
curso –como se explica enseguida - no obsta para que el deudor, dentro del
mismo proceso o por fuera de él, pueda exigir el restablecimiento patrimonial
causado por el indebido traslado de recursos a la entidad acreedora, porque
mientras el derecho de ésta a la satisfacción del crédito se funda en la
exigibilidad del mismo, la fuente del restablecimiento de los daños causados
radica en el deber de respetar el derecho ajeno y no abusar del propio
–artículos 83, 95 y 230 C.P.-.
DEBIDO PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Cabe proponer excepciones en cualquier
parte del proceso
Para la Sala es claro que el artículo 43 de la Ley 546
de 1999 tiende a desarrollar el artículo 51 de la Carta Política en el sentido
de posibilitar, en cualquier estado de los procesos en que se debate el monto
de las obligaciones hipotecarias pactadas en UPAC, así medie sentencia judicial
en firme, la posibilidad de que las partes compensen lo adeudado, en razón de
los dineros recibidos de más por las entidades financieras y las sumas
entregadas a los usuarios de los créditos, en los términos del Capítulo VIII de
la misma normatividad, sin perjuicio del deber de los jueces de instancia de
garantizar el debido proceso, en todos los casos. Lo expuesto, en cuanto el
artículo 29 de la Carta Política garantiza los derechos de audiencia y
contradicción en todas las actuaciones judiciales y administrativas y el
artículo 13 constitucional prevé la igualdad ante la ley de todas las personas,
de manera que los jueces no pueden restringir las oportunidades defensivas de
los deudores, de los acreedores hipotecarios y de las entidades y autoridades
públicas, so pretexto de aplicar el artículo 43 de la Ley 546 de 1999 a cuyo
tenor las excepciones que traten de determinar el valor real de las
obligaciones hipotecarias pactadas en UPAC se pueden interponer en cualquier
estado de los procesos. Siendo así no se podría considerar indolente en su
defensa, al usuario de un crédito otorgado para adquirir vivienda a largo plazo
que no propuso excepciones, en el ámbito del proceso iniciado por su acreedor
para ejecutar la obligación insoluta liquidada en UPAC i) así el aludido haya
aguardado a la oportunidad en que se liquida el crédito para exigir que se fije
el monto real de la obligación, siguiendo para el efecto la jurisprudencia de
esta Corte y del H. Consejo de Estado en la materia; y ii) así se hubiere
promovido proceso Ordinario, con el objeto de establecer el valor del crédito,
exigir que se adecuen los documentos que contienen la obligación a las reales
exigencias del contrato y se compensen las sumas pagadas en exceso.
ESTADO-Debe crear planes específicos de vivienda para
sectores menos favorecidos de población/CREDITO PARA VIVIENDA-Protección
por el Estado
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia
excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos
generales
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos
especiales
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES QUE NEGARON TERMINACION DE PROCESO HIPOTECARIO-Procedencia
De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 86 y 93 de la Carta Política, la acción de tutela procede para
restablecer el debido proceso, vulnerado en el ámbito de los procesos
judiciales iniciados con motivo de la adecuación de los créditos liquidados en
UPAC a la UVR, como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del artículo 51 constitucional,
restablecer las garantías constitucionales y hacer imperar el alcance de las
decisiones de esta Corte en materia de derechos constitucionales, entre ellos
el de todos los colombianos de contar con sistemas adecuados de financiación a
largo plazo para disfrutar de una vivienda digna.
Referencia: expediente T-1220311
Acción de tutela instaurada por Jorge
Enrique Pineda Rodríguez y otra contra el Juzgado Sexto Civil del Circuito de
Bucaramanga y otra
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá, D.C., a los veintisiete (27) de
julio de dos mil seis (2006).
La Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Clara Inés Vargas Hernández,
Jaime Araujo Rentería y Alvaro Tafur Galvis, en ejercicio de su competencia
constitucional y legal, ha adoptado la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión de los
fallos proferidos por las Salas de Casación Civil y de Casación Laboral de la
H. Corte Suprema de Justicia, para resolver el amparo constitucional impetrado
por María Esmith Luque Reyes y Jorge Enrique Pineda Rodríguez contra el Juzgado
Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga, la Sala Civil Familia del Tribunal
Superior de la misma ciudad y el Banco Colmena S.A., hoy BSSC S.A.
I.
ANTECEDENTES
Los señores María Esmith Luque Reyes y
Jorge Enrique Pineda Rodríguez interponen acción de tutela, porque el Juzgado
Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga aprobó la liquidación del crédito
hipotecario y la Sala Civil Familia del H. Tribunal Superior de la misma ciudad
confirmó la providencia, dentro del proceso Ejecutivo Hipotecario promovido por
la Corporación Social de Ahorro y Vivienda Colmena S.A.. contra los
accionantes, vulnerando, de esta manera, sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la vivienda digna y a la propiedad.
Aducen los accionantes que han cancelado
más de dieciocho de los catorce millones de pesos del préstamo que les fuera
concedido para adquirir una vivienda de interés social, “los que no pueden
desaparecer sin EXPLICARNOS DE QUE MANERA Y MODO SE LOS APLICARON AL CREDITO
(..)”.
1.      Hechos
Las pruebas aportadas al expediente
demuestran que en razón del crédito otorgado por la Corporación Social de
Ahorro y Vivienda Colmena S.A. a los señores María Esmith Luque Reyes y Jorge
Enrique Pineda Rodríguez el 24 de mayo de 1995, para adquirir una vivienda de interés
social, se han tramitado los procesos Ejecutivo Hipotecario y Ordinario que se
relacionan a continuación:
1.1    Proceso Ejecutivo Hipotecario de la
Corporación Social de Ahorro y Vivienda Colmena S.A. contra Jorge Enrique
Pineda Rodríguez y María Esmith Luque Reyes
1.1.1 Mediante Escritura Pública 2626
otorgada el 24 de mayo de 1995, ante el Notario Séptimo de Bucaramanga y
registrada a Folio de Matrícula Inmobiliaria 300-212971 –anotación No. 4-, los
señores María Esmith Luque Reyes y Jorge Enrique Pineda Rodríguez adquirieron
una casa de habitación de dos plantas, ubicada en la Carrera 22C N. 19-20
Manzana K3 de la Urbanización el Portal Campestre, de la nomenclatura urbana
del municipio de Girón.
Indica el instrumento que el precio
acordado ascendió a la suma de 16 millones de pesos, de los cuales los
compradores cancelaron 14 millones cuatrocientos mil pesos con el producto de
un crédito, con garantía hipotecaria, otorgado por la Corporación Social de
Ahorro y Vivienda Colmena, de conformidad con el pagaré 9048.
Da cuenta el documento, además, de la
constancia dejada por las partes, referida a “que la presente compraventa
corresponde a un Programa de Interés Social”.
En los términos del Pagaré a que se hace
mención, la Corporación entregó a los deudores, a título de “mutuo comercial
con intereses la cantidad de CATORCE MILLONES CUATROSCIENTOS MIL PESOS MCTE
($14.400.000) moneda legal colombiana suma equivalente en la fecha a DOS MIL
CINCUENTA Y SEIS Unidades de poder adquisitivo constante UPAC  con DOS MIL
OCHOCIENTAS OCHENTA fracciones de UPAC (2.056.2880)  de las creadas y
reglamentadas por el Decreto 1229 de 1972 y demás normas que lo adicionan y
modifican”.
1.1.2 El 12 de diciembre de 2000, la
Corporación Social de Ahorro y Vivienda Colmena, por intermedio de apoderado,
instauró demanda Ejecutiva Hipotecaria en contra de los señores Luque Reyes y
Pineda Rodríguez, porque “los deudores se encuentran en mora de pagar a mi
mandante cada una de las cuotas individualmente cobradas en las anteriores
pretensiones, desde las fechas allí indicadas y sobre ellas se cobra el interés
de mora desde tal fecha (..)”.
Aclaró el apoderado de la demandante que el
crédito contenido en el pagaré N° 9048 fue convertido, “de pesos a Unidades
de Valor Real, nueva unidad de cuenta que refleja el poder adquisitivo de la
moneda con base exclusivamente en índice de precios al consumidor”. Dice la
demanda:
“El crédito contenido en el pagaré N° 9048
fue convertido a UVR, a 31 de Diciembre de 1999, siendo el saldo antes de la
redenominación de $29.923.030.05 y al redenominarlo en unidades de valor real
se obtuvo un saldo al 31 de Diciembre de 1999 en UVR”s de 289.604.9890 y,
adicionalmente, fueron reliquidados, con base en la ley de vivienda y en la
sentencia C-955/2000 de la Corte Constitucional. Los abonos producto de dichas
reliquidaciones ascendieron a la suma de $6.347.852,83 respectivamente y fueron
aplicados a los créditos con fecha 31 de diciembre de 1999, condonándose la
totalidad de intereses de mora generados hasta dicha fecha”.
1.1.3 Librado el mandamiento de pago, en
UVR´s -en la forma solicitada- y una vez surtida la notificación personal de
los demandados y embargado el bien, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de
Bucaramanga, mediante decisión fechada el 31 de agosto de 2001, resolvió
decretar la venta en pública subasta del inmueble ubicado en la Carrera 22C N.
19-20 del municipio de Girón y disponer que con su producto se cancele a la
entidad ejecutante el valor del crédito y las costas.
1.1.4 En este estado de la actuación, los
ejecutados, por intermedio de apoderada, solicitaron la suspensión del proceso “hasta
tanto no se haga la revisión del contrato, la reliquidación del crédito y la
devolución de las cantidades pagadas en exceso”.
El juzgado del conocimiento, por su parte,
según auto del 20 de noviembre del mismo año, resolvió acceder a la solicitud, “hasta
el momento en que la entidad ejecutante allegue la reliquidación del crédito,
teniendo en cuenta las disposiciones que rigen para los créditos pactados en
UPACS o equivalencias sustituidas por ministerio de la Ley 546 de 1999, y los
lineamientos de las sentencias C-955 y SU-846 de 2000 de la Corte
Constitucional y Circular No. 068 del 13 de septiembre de 2000 de la
Superintendencia Bancaria y adicionalmente certifique si una vez aplicado el
alivio al crédito cobrado la parte deudora quedó al día a 31 de diciembre de
1999”.
Allegadas la reliquidación ordenada y la
liquidación del crédito, por parte de la entidad ejecutante, los escritos que
habían sido previamente dejados en traslado a los demandados, conjuntamente con
la liquidación de costas realizada por la Secretaría del despacho del
conocimiento, fueron aprobados.
Esto último sin objeción por parte de los
demandados y previo pronunciamiento del Juzgado sobre las razones esgrimidas
para negar la solicitud, presentada por el abogado de la ejecutante, en el
sentido de que se adicionaran gastos a la liquidación de costas, practicada por
la Secretaría del despacho -11 de julio de 2002-.
1.1.5 El 6 de agosto de 2003, el Juzgado
Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga i) negó “la terminación del presente
proceso y suspensión del mismo para la reliquidación del crédito o por
prejudicialidad, por las razones antes expuestas”, ii) designó un perito “con
el fin de que rinda concepto técnico sobre dicha liquidación; determinando con
cuadros comparativos si hubo exceso en las tasas de interés; ofreciendo
adicionalmente saldos actualizados a la fecha del dictamen en forma
pormenorizada, tanto en UVR como su conversión en pesos; teniendo en cuenta
además la estipulación del Art. 64 de la Ley 45 de 1990, el cual dispone que la
corrección monetaria computará como interés, mostrando con cuadros ilustrativos
si esos dos ingredientes cumplen los límites de la usura y en caso de exceso
ajustar a ellos (..)”; y ii) dispuso correr traslado a los demandados del
avalúo del inmueble presentado por la parte actora.
Resolvía de esta manera, el Juzgado
accionado, las solicitudes de suspensión del proceso por “reestructuración
del crédito” y por “prejudicialidad”, la primera de las peticiones
fundado en que “no existe prueba de haberse obtenido y haber seguido pagando
cumplidamente” y la segunda en razón de que los demandados no formularon
como excepción, aquellos aspectos esgrimidos en la demanda Ordinaria, que se
tramita sobre el mismo asunto.
Señala la decisión:
“En cuanto a la suspensión por
prejudicialidad al existir proceso ordinario de revisión del contrato
adelantado ante el Juzgado Noveno Civil del Circuito de la ciudad, resulta ser
un aspecto sobre el cual el Juzgado rectifica su posición ya que a estas
alturas la Jurisprudencia ha venido reiterando la improcedencia de la
suspensión por tal causa, al haber tenido la parte demandada la oportunidad de
conducir las controversias a través de las excepciones y en tal circunstancia
no se consolidan los supuestos fácticos establecidos en el numeral 2 del art.
170 del CPC. (..)”.
1.1.6 El 12 de noviembre de 2003, el perito
financiero, designado para el efecto por el Juez del conocimiento, dictaminó
que el saldo por concepto de capital y el total del crédito adeudado por los
señores Luque Reyes y Pineda Rodríguez, el 14 de noviembre del mismo año, ascendían
a las sumas de $28.633.651.85 y $45.469.720.27 respectivamente.
1.1.7 La apoderada de los ejecutados objetó
el dictamen por error grave, fundado en el “valor referencial y abismalmente
distinto”, de los valores del experticio con las exigencias de la entidad
crediticia -“un total de $24.000.000”, 16 de diciembre de 2003-.
El apoderado de la parte ejecutante se
opuso a la objeción, porque “el objetante no señaló el error y tampoco
consignó los honorarios antes del vencimiento del traslado del escrito de
objeción como lo ordena el inciso 2 del Art. 239 del CPC (..)”.
1.1.8 Mediante providencia notificada en el
Estado del 24 de junio de 2004, el Juzgado del conocimiento, entre otros
asuntos, resolvió i) denegar “la objeción al dictamen financiero elevada por
la parte demandada”, y ii) ordenar “al perito financiero rehacer el
dictamen para aplicar las reglas que rigen para los créditos de vivienda de
interés social”.
En este estado de la actuación el apoderado
del demandado Jorge Enrique Pineda Rodríguez solicitó declarar la nulidad de
todo lo actuado “PARA QUE POR LA PARTE DEMANDANTE PROCEDA A REESTRUCTURAR EL
PAGARÉ liquidado en UPAC Y A LIQUIDAR EL CREDITO EN PESOS COMO ORDENA LA LEY
desde su mismo desembolso, POR SER INCONSTITUCIONAL SU LIQUIDACION EN UPAC Y EN
UVR O SEA INEXEQUIBLE, y ordenarle al Banco Prestamista demandante que liquide
en pesos conforme a los ofrecimientos publicitarios que están haciendo por
todos los medios de comunicación como el aviso inserto atrás, con lo que están
violando el derecho fundamental a la igualdad que consagra la Constitución
Política” –destaca el texto-.
1.1.9 Mediante providencia del 20 de
septiembre del mismo año, el Juzgado del conocimiento i) dio traslado a la
parte demandada del avalúo practicado por la entidad ejecutante, dando cuenta
de que el valor del inmueble entonces ascendía a $22.803.300; ii) requirió al
perito financiero para la presentación del dictamen ordenado y iii) dispuso
poner a la parte actora al tanto de la solicitud de nulidad, para que se
pronunciara en los tres días siguientes.
El apoderado del Banco Colmena S.A.
intervino para dar cuenta de “la intención por parte del demandado de
dilatar el proceso”, a la vez que solicitó denegar la nulidad formulada.
Expuso al respecto:
“Recordamos al demandado que la ley 546 de
1999, norma que instituyó la figura de la UNIDAD DE VALOR REAL UVR, fue
declarada exequible por la Honorable Corte Constitucional. Así mismo dicha
norma estableció un régimen de transición para los créditos tomados en UPAC  y
se ordenó a las entidades que financiaban la compra de vivienda a largo plazo,
para que reliquidaran los créditos, situación que efectivamente se verificó con
el crédito de los señores MARIA ESMITH LUQUE y JORGE ENRIQUE PINEDA” .
Por su parte, el apoderado del ejecutado
objetó el avalúo del inmueble presentado por la demandante, fundado en que este
incurre “en el grave error de incluir en el avalúo global las mejoras
necesarias y útiles que consagran los artículos 965 y 966 del C.C. ejecutadas
por el demandado DURANTE OCHO (8) AÑOS que son de propiedad del demandado por
ser poseedor de buena fe del EMBRION EN OBRA NEGRA QUE LE VENDIÓ EL DEMANDANTE
EN LA SUMA DE $16.000.000 (..)” –mayúsculas en el texto-.
1.1.10 El 20 de enero de 2001, el Juzgado
Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga se pronunció en el sentido de declarar
infundadas tanto la petición de nulidad, como la objeción al avalúo del
inmueble y requerir nuevamente al perito financiero, para la presentación del
experticio pendiente.
Sostuvo el Juzgado sobre la petición de
nulidad:
“En el caso que nos ocupa, si bien el
proponente pretende la declaración de nulidad, cierto es que la misma carece
por completo de la técnica para su proposición, en la medida en que la representación
legal del demandado JORGE ENRIQUE PINEDA somete a examen de nulidad un cúmulo
de aspectos que pertenecen más a la órbita sustancial y sin precisar una causal
de nulidad en concreto, argumento más que suficiente para declarar infundada su
petición, en concordancia con lo explicado en los dos puntos anteriores.
Por lo anterior, la petición será declarada
impróspera”.
Respecto de la objeción al dictamen el
Juzgado accionado afirmó:
“Bástenos decir en este punto que es claro
el texto del artículo 516, en su inciso 7, al decir lo siguiente:
“La contradicción del dictamen se sujetará,
en lo pertinente, a lo dispuesto en el artículo 238. Sin embargo en caso de
objeción, al escrito deberá acompañarse un avalúo como fundamento de la
misma y no serán admisibles pruebas diferentes –subrayas en el texto-.
Entonces, apreciando el escrito de
objeción, se concluye con claridad que el mismo adolece (sic) de todo soporte, puesto que no se
llenó por parte del objetante el requisito anteriormente expuesto y es por ello
que no cabrá decisión diferente en este caso que la de declarar infundada tal
petición”.
1.1.11 El 28 de enero de 2005, el perito
financiero “aclaró” el dictamen presentado el 12 de noviembre de 2003.
Dictaminó que el saldo de capital a cargo
de los señores Luque Reyes y Pineda Rodríguez no es de $28.633.651.85 -como el
mismo señalara el 14 de noviembre de 2003- sino de $16.056.695.86 -15 de enero
de 2005-. Y que el valor total del crédito a esta fecha ascendía a la suma de
$27.185.278.52 y no a $45.469.720.27 -como el mismo lo dictaminara en
experticio anterior-.
Explicó el experto el procedimiento seguido
para “aclarar” el dictamen, en los siguientes términos:
“Tabla #1
Reliquidación del Crédito en Upac y pesos
con UVR a la tasa del 5% para créditos de vivienda de interés social estipulado
en la circular externa (sic)
19 de 1991 del Banco de la República, vale la pena decir que el banco (sic)
derogó este artículo pero no dejó ningún tope establecido para créditos VIS,
dejando al libre mercado las tasas hecho que lo hace inconstitucional; a su vez
se tuvo en cuenta el artículo 17, numeral 2 de la ley 546 de 1999, se le
adicionaron tres columnas (explicadas en los sistemas de Amortización sin capitalización
de intereses) a la pro forma propuesta en la circular externa 048 de 2000 de la
SUPERINTENDENCIA BANCARIA, para que no se presente capitalización de intereses,
estas son:
Columna #12 intereses pagados.
Columna #13 intereses por pagar en periodo.
Columna #14 intereses por pagar acumulados.
Esta tabla se realizó con pagos ficticios
(las circulares 007 y 048 de 2000 obligan a realizar pagos ficticios) la
SUPERINTENDENCIA BANCARIA  ordena simular los pagos que el deudor dejó de pagar
hasta el 31 de diciembre de 1999 y al final se les descuenta del alivio el
valor total de los pagos ficticios.
Pagos ficticios: $0
El valor del alivio es de $17.367.431.77
El saldo en pesos del capital sin
capitalizar intereses es de $11.353.148.71 (es el resultado de multiplicar el
valor de la uvr (sic)
el 31 de diciembre de 1999 $103.3236, con el saldo capital en uvr de
109.879.5310.
El saldo TOTAL  del crédito a 31 de
diciembre de 1999 es de $11.417.066,93.
Tabla #2
Esta tabla saca el saldo a la fecha con el
fin de establecer el monto de la deuda, aplicando la tasa del 11% estipulado en
la ley 546 de 1999 para créditos de vivienda de interés social, con sistema de
amortización en UVRS  aplicando el numeral 3.1.1 circular externa (sic) #068 DE 2000 DE LA SUPERINTENDENCIA
Bancaria (sic) aplicando el artículo 64 de la Ley 45 de 1990, la Ley 511
de 1999 y la Ley 546 de 1999 y el Decreto 2331 de 1998”.
1.1.12 El 15 de febrero de 2005,
transcurrido en silencio el traslado común de tres días concedido a las partes
para que se pronunciaran sobre la liquidación del crédito, según providencia
anterior, el Juzgado Sexto Civil del Circuito accionado resolvió aprobar dicha
liquidación.
Dice así la providencia:
“Examinada la liquidación del crédito
presentada por la parte ejecutante y su objeción confrontada con el dictamen y
aclaración del perito designado de oficio, se observa que debe acogerse la
última en la medida que ofrece con suficiente motivación y en forma
pormenorizada la aplicación del alivio que contempla el artículo 42 y demás
reglas concordantes de la citada Ley 546 de 1999 directrices de las circulares
007 y 048 de 2000 de la Superintendencia Bancaria y en cuanto a la liquidación
del crédito, enmarca una relación de cuentas con redenominación en UVRS y su
equivalente en pesos, en materia de intereses con la integración de los
ingredientes que contempla el art. 64 de la Ley 45 de 1990; para un total de
$27.185.278,52 a 15 de enero de 2005, suma por la que se APRUEBA”.
El apoderado del demandado interpuso en contra de la
providencia antes referida el recurso de apelación, toda vez que si lo “dado
en mutuo fue de $14.400.000 de los cuales el demandado alcanzó a pagar en pesos
la suma de $18.146.391, (..) es un absurdo que continúe debiendo la suma de
$27.185.278.52 (..)”.
1.1.13 La Sala Civil Familia del H.
Tribunal Superior de Bucaramanga, mediante providencia de 31 de mayo de 2005,
confirmó la providencia apelada, i) como quiera que “los planteamientos del
apoderado de la parte apelante (..) debieron invocarse como excepciones de
fondo”; ii) toda vez que “la parte demandada no cumplió en su momento
con la carga de la prueba cuando objetó el primer dictamen pericial”; y
iii) en razón de que “la labor del experto financiero, que fue orientada de
modo condigno por la funcionaria a quo se adecua en forma íntegra, en cuanto
hace a su resultado final, a las disposiciones legales aplicables en materia de
créditos para vivienda de interés social (..)”.
Respecto al último punto, la Sala Civil
accionada expuso:
“En lo referente a lo argüido por el
mandatario que asiste a la parte ejecutada en el sentido de que los créditos
para la financiación de vivienda de interés social sólo pueden ser
desembolsados y liquidados en pesos, la Corporación se remite al precedente
jurisprudencial emanado de la Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de
Justicia, contenido en las sentencias del 28 de junio y 12 de julio de 2004,
con ponencia del Magistrado Doctor Edgardo Villamil Portilla, toda vez que la
obligación de que trata este proceso fue adquirida por los deudores el 25 de
mayo de 1995, fecha en que suscribieron el respectivo pagaré, transcribiéndose
de la primera lo siguiente: “Debe señalarse que la restricción atinente a que
los créditos de vivienda de interés social no pueden pactarse sino en moneda
legal de curso forzoso, fue eliminada por el artículo 37 de la Ley 3ª de 1991
que modificó expresamente el contenido del artículo 59 de la Ley 9ª de 1989 y
en consecuencia sólo estaban vigentes dichas normas para los créditos otorgados
hasta el 15 de enero de 1991, siempre a condición de que el bien financiado sea
vivienda de interés social”.
1.1.14 El 15 de noviembre de 2005, el
Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga adjudicó a entidad ejecutante,
por cuenta del crédito y por la cantidad de $15.962.310 pesos, el inmueble
ubicado en la carrera 22C N- 19-20 de la Urbanización Portal Campestre Norte
del municipio de Girón y, el 6 de diciembre del mismo año, el a quo
resolvió mantener la decisión y denegar “la concesión del recurso de
apelación solicitada en subsidio por no ser procedente el recurso”.
1.2    Proceso Ordinario de Jorge Enrique
Pineda Rodríguez y María Esmith Luque Reyes contra la Corporación Social de Ahorro y Vivienda
Colmena S.A.
1.2.1. Los señores Luque Reyes y Pineda
Rodríguez, por intermedio de apoderada, promueven proceso Ordinario i) con el
objeto de que se declare “que por haber ocurrido circunstancias
extraordinarias imprevisibles con posterioridad a la celebración del Contrato
de Mutuo entre JORGE ENRIQUE PINEDA RODRIGUEZ y MARIA ESMITH LUQUE REYES y LA
CORPORACION SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA (..) el 25 de mayo de 1995 (..)
SE HACE NECESARIO FIJAR UNAS NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO”; y ii) con el
fin de que, como consecuencia de la anterior declaración, se fijen nuevas
condiciones para el crédito, desde su iniciación.
Sugiere la apoderada de los demandantes,
establecer las condiciones de la acreencia atendiendo los “parámetros
fijados en las sentencias C-383 de mayo 27 de 1999, C-700 de septiembre 6 de
1999 de la Corte Constitucional y la sentencia del Consejo de Estado, que
modificaron y eliminaron las normas del sistema Upac, o siguiendo los
parámetros establecidos en el artículo 41 numero 2 de la ley 546 de 1999, sin
tomar como parámetro el D.T.F. y sin capitalizar intereses, tal como lo ha
ordenado la Corte Constitucional en las sentencias antes anotadas y en el fallo
de tutela de julio 6 de 2000”.
Además, a manera subsidiaria, los
demandantes pretenden que se declare que la Corporación Social de Ahorro y
Vivienda Colmena S.A. se enriqueció injustamente, a costa del empobrecimiento
correlativo de sus deudores y que, por consiguiente, deberá abonar los valores
recibidos de más, a título de capital, intereses y primas de seguro, como pagos
anticipados al valor adeudado del crédito.
1.2.2 Admitida la demanda -15 de agosto de
2001- y notificada la entidad demandada, el Banco Colmena S.A. se opuso a las
pretensiones, a la vez que propuso excepciones previas y de fondo.
Expuso el apoderado del Banco demandado i) “que
no se dan los supuestos legales respecto del contrato de mutuo con intereses de
que trata la demanda, celebrado con COLMENA, para que se de la revisión de este
en los términos de que trata el artículo 868 del Código de Comercio”; y ii)
que COLMENA actuó en cumplimiento de las Resoluciones expedidas por la Junta
Directiva del Banco de la República y no es, en consecuencia, responsable de
los perjuicios “si los hubo, que pudiere haber recibido la parte demandante,
por la aplicación de dichas disposiciones legales”.
Además solicitó que se declare inepta la
demanda, tanto por indebida acumulación de pretensiones como por haberse
dirigido contra la Corporación Social de Ahorro y Vivienda Colmena S.A.
1.2.3 Mediante providencia de 7 de
diciembre de 2001, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga declaró
probada la excepción previa de inepta demanda por indebida acumulación de
pretensiones se negó a declarar inexistente a la demandada, como lo solicitaba
el apoderado de la ésta y dispuso, en consecuencia, “excluir las pretensiones
de pérdida y devolución de intereses pactados, pues corresponden al tramite
verbal”.
1.2.4 Surtida la audiencia de conciliación
sin resultado y fijados los hechos, las pretensiones y las excepciones, en los
términos del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil -8 de julio de
2003-, el Juzgado del conocimiento decretó pruebas -30 de octubre de 2003- y el
7 de febrero de 2005 corrió traslado para alegar de conclusión.
1.2.5 El 17 de enero de 2006, el Juzgado
Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga, al tiempo que ordenó enviar a esta
Sala copia de todo lo actuado, en atención al Oficio STB 234/2005, librado por
la Secretaría General de esta Corporación, dispuso que el proceso debía volver “al
despacho donde se encuentra en turno para proferir sentencia”.
2.      Pruebas
En el expediente obra i) fotocopia de todo
lo actuado en los procesos Ejecutivo Hipotecario, promovido por la Corporación
de Ahorro y Vivienda Colmena S.A., más adelante Banco Colmena S.A. y hoy BCSC
S.A. en contra de Jorge Enrique Pineda Rodríguez y María Esmith Luque Reyes y
Ordinario instaurado por estos últimos en contra de aquella y ii) fotocopia de
las comunicaciones “Proyección de pagos” para los años 2001 a 2005,
dirigidos por “COLMENA BCSC” (sic) a “Pineda Rodriguez Jorge Enrique
CR 22C 19 20 MZ K3 C4 PORTAL GIRON”, sin sello postal ni constancia de
recepción.
3.      La demanda
Los señores María Esmith Luque Reyes y
Jorge Enrique Pineda Rodríguez invocan la protección constitucional de sus
derechos al debido proceso, a la vivienda digna y al derecho de propiedad,
aduciendo que la Sala Civil del H. Tribunal Superior de Bucaramanga y el
Juzgado Sexto Civil del Circuito de la misma ciudad incurrieron en vía de
hecho, al aprobar la liquidación del crédito en el ámbito del proceso Ejecutivo
Hipotecario promovido por la Corporación Social de Ahorro y Vivienda Colmena
S.A. en su contra.
Destacan los accionantes que los jueces
accionados ejecutaron la obligación a su cargo y dispusieron el remate de su
vivienda, sin considerar que en atención a las normas constitucionales y
legales que regulan los planes para que las personas menos favorecidas accedan
a un vivienda digna, la obligación tenía que reliquidarse antes de proceder a
su ejecución.
En este orden de ideas afirman que “nosotros
no entendimos y no comprendimos ni supimos la cantidad de dinero, clara
concreta y actualmente exigible para que pudiese ser ejecutada y pagada (..)”,
como quiera que “(..) no se sabe qué cantidad de dinero en concreto
se cobra y qué cantidad de dinero nosotros debíamos pagar  y que no se pagó por
ser la orden de pago incomprensible”.
Aseguran haber cancelado “la no
despreciable suma de $18.146.391.00, de pesos en billetes colombianos QUE FUE
DESPRECIADA Y NO TENIDA EN CUENTA, que nosotros pagamos en cuotas mensuales y
que tiene poder liberatorio de pago de los $14.400.000 prestado (sic)
originalmente el 14 de mayo de 1995, que subieron como espuma con intereses
capitalizados e ilegales inconstitucionales y fraudulentos en DTFS MIENTRAS
NUESTROS $18.146.391.00 que son los ahorros de la familia de toda la vida,
desaparecieron fraudulentamente, como por encanto, como por la acción de un
duende maligno, por lo que nos sentimos defraudados, robados y asustados por no
saber en que país salvaje vivimos y por eso impetramos la acción de tutela”.
Relacionan los hechos ya referidos y
consideran haber agotado los medios a su alcance “para defender mis derechos
fundamentales, al debido proceso, a la vivienda digna y al derecho de
propiedad”, sin resultado “al hacer caso omiso el señor Juez del
ejecutivo, que el ejecutivo hipotecario de vivienda a largo plazo, es un
ejecutivo ESPECIAL, no ordinario entre mercaderes del dinero
pretendiendo enriquecerse el uno a costa del otro sino especial  (..)
lo que hace que no esté simplemente sometido al simple procedimiento formal
del proceso ejecutivo ordinario privado de justicia ROGADA, sino de justicia
social de orden público, de derecho económico dirigido por el Estado, para
hacer cumplir las políticas económicas del Estado, que no son las del
enriquecimiento ilícito del sector financiero, o el juez que está obligado,
incluso a pronunciarse de oficio y reconocer el derecho del deudor hipotecario,
así el deudor lo haya pedido mal, no lo haya solicitado o solicitado fuera de
términos preclusivos (..)” –destaca el texto-.
En conclusión los accionantes solicitan,
que “se ordene al JUEZ ENTUTELADO y al Notario Unico de Girón la suspensión
del remate nuestra (sic) vivienda familiar de interés social, de que
damos cuenta en esta acción hasta que se tramite y falle definitivamente esta
acción de tutela (..)” y se restablezcan sus derechos fundamentales “a
la vivienda digna, al debido proceso y al capital de $18.146.391.00 (..)
que pagué en dinero efectivo (..), declarando la nulidad del proceso
ejecutivo a partir del auto que admitió la demanda para que se RELIQUIDE EL
CRÉDITO DESDE SU ORIGEN (..)”.
4.      Intervención pasiva
4.1    Las autoridades judiciales
accionadas
Los Magistrados de la Sala Civil Familia del
H. Tribunal Superior de Bucaramanga, doctores José Mauricio Marín Mora, Jorge
Enrique Pradilla Ardila y Omar José Amado Ariza, solicitan “comedidamente a
los señores Magistrados negar el amparo impetrado”.
Afirman que la providencia del 31 de mayo
de 2005, adoptada en el sentido de confirmar la providencia que aprobó la
liquidación del crédito, dentro del proceso Ejecutivo Hipotecario promovido por
la Corporación Social de Ahorro y Vivienda Colmena contra Jorge Enrique Pineda
y María Esmith Luque “se funda de modo razonado en la normatividad que
regula el caso, siendo el resultado de una juiciosa interpretación de la ley,
sin que por ende pueda con validez predicarse que se vulneraron derechos
fundamentales de quienes accionan por vía de tutela”.
El Juez Sexto Civil del Circuito de
Bucaramanga por su parte, interviene para destacar que “al presente proceso
se le ha dado por parte del Juzgado el trámite que por ley le corresponde, sin
que se evidencia (sic) la presencia de vías de hecho que autoricen la
utilización de la acción de tutela para la protección de los derechos
fundamentales. Sin embargo, dejo al criterio de ustedes la evaluación de los
actos procesales cuestionados”.
Respecto de la actuación adelantada destaca
cómo la condición social del crédito de vivienda “(..)  en ningún momento ha
sido desconocida por el despacho ni por el experto financiero que se designó de
oficio, en ejercicio de las facultades de los artículos 179 y 180 del C. de
P.C. para examinar la liquidación del crédito presentada por la parte
ejecutante”.
4.2    El Establecimiento de Comercio BCSC
S.A.
La Corporación Social de Ahorro y Vivienda
Colmena S.A. hoy BCSC S.A. por intermedio de apoderado, solicita se niegue la
protección i) como quiera que “en este caso no se aprecia en ningún caso el
estado de indefensión, ni la urgencia, para acudir a estas instancias para la
protección de derecho que no existe o no está radicado en cabeza del
demandante”; y ii) debido a que “Colmena Establecimiento Bancario hoy
BCSC S.A. no ha vulnerado Derecho Fundamental alguno, toda vez que a lo largo
de este escrito ha quedado el correcto proceder de la entidad”.
Para fundamentar su aserto el apoderado
refiere i) que a los accionantes les fue concedido un crédito “para la
adquisición de vivienda de interés social por la cantidad de 2.056.2880
Unidades de Poder Adquisitivo Constante UPAC que a la fecha de desembolso del
crédito, es decir 25 de mayo de 1995, equivalían a $14.000.000.oo”; ii) que
“el crédito se convirtió a UVR  bajo el nuevo sistema de amortización
denominado sistema de cuota fija en UVR´s con tasa de interés de UVR”; iii)
que “el Banco Colmena procedió a efectuar la reliquidación correspondiente a
este crédito y abonarla al mismo, teniendo en cuenta lo dispuesto para tal
efecto en la ley 546 de 1999, la Circular 007 de Enero de 2000 y el decreto 712
de 2001”; y iv) que “los titulares de dicho crédito incumplieron la
obligación incurriendo en mora”.
Afirma que la entidad financiera que
representa “trasladó a la jurisdicción ordinaria la responsabilidad de
satisfacer las pretensiones del Banco lesionado”, cumpliendo, para el
efecto, “con los trámites procesales que a su cargo le impone la ley”,
en tanto “la parte demandada no compareció al proceso, hecho este que
conllevó a que no fueran presentadas excepciones de fondo, razón por la cual
fue dictada sentencia ordenando continuar la ejecución, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 507 del estatuto Procesal Civil. Aclarando que en este
momento los demandados se encuentran representados mediante apoderado judicial
(..)”.
Respecto del planteamiento de los
tutelantes, según el cual “por estar destinado su crédito hipotecario a la
financiación de vivienda de interés social éste no podía haber sido pactado en
Unidades de Poder Adquisitivo Constante Upac”, trae a colación las
sentencias de tutela proferidas por la Sala de Casación Civil de la H. Corte
Suprema de Justicia el 25 de julio de 2003, por la Civil Familia del H.
Tribunal Superior de Bucaramanga el 18 de marzo de 2004 y la Circular No. 138
de 2001, expedida por la Superintendencia Bancaria y así concluye que la
entidad que representa no ha vulnerado derecho fundamental alguno.
Sostiene el interviniente:
“Con fundamento en las anteriores tenemos
que el artículo 37 de la ley 3ª de 1991 modificó  expresamente el
contenido del artículo 59 de la ley 9ª de 1989 desarrollado a través del
decreto 839 del mismo año, el cual como bien se mencionó arriba contenía
asuntos que paralelamente fueron objeto de regulación autónoma en el decreto
163 de 1990, eliminando por ende la limitación vigente relacionada con la
unidad en que debían pactarse los créditos de vivienda de interés social. Por
ello es factible expresar con  absoluta claridad que, solo hasta el 15 de enero
de 1991 estuvieron vigentes las normas que se disponían (sic) que los
créditos de vivienda de interés social pudieron pactarse en moneda legal.
En igual sentido, el decreto 839 de 1989 en
la medida que reglamenta el artículo 59 de licitada ley- disposición
expresamente derogada – perdió su vigencia al desaparecer del ordenamiento
jurídico la norma que desarrollaba.
Igual situación se puede predicar del
decreto 163 de 1990, pero en este caso su derogatoria es tácita y parcial, en
la media en que una ley posterior (la ley 3ª de 1991) se ocupó del tema en
estudio que el citado decreto autónomo regulaba.
Teniendo en cuenta lo anterior es factible
dar aplicación a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 27 del Código
Civil  (..) para establecer que a partir del 15 de enero de 1991 los créditos
para financiar vivienda de interés social si podían pactarse en una unidad de
cuenta diferente de la moneda legal de curso, en este caso en la Unidad de
Poder Adquisitivo Constante Upac, contrario a lo equivocadamente afirmado por
el accionante en el escrito de tutela.
Conforme a lo expuesto y reiterando lo
mencionado en este sentido a lo largo de este escrito de respuesta tenemos que
el sistema de amortización aplicado al crédito desde el momento de su
nacimiento era el permitido por la ley vigente. Por ello si el crédito se
encontraba expresado legalmente en unidades de Poder Adquisitivo Constante, era
el deber del Banco Colmena hoy BCSC dar aplicación a lo señalado en los
artículos 38 y 39 de la ley 546 de 1999, es decir proceder a la denominación de
la obligación en Unidades de Valor Real”.
5.      Las decisiones que se revisan
5.1    Medida provisional
Mediante providencia del 11 de agosto de
2005, la Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia resolvió
negar la medida provisional solicitada por los accionantes, encaminada a
suspender el remate del inmueble de su propiedad, “pues no se vislumbra la
necesidad ineludible que lo amerita”.
5.2    Sentencia de primera instancia
La Sala de Casación Civil de la H. Corte
Suprema de Justicia negó la protección por improcedente, como quiera que los
accionantes en tutela pretenden “reabrir el debate que ya fue definido por
el juez competente, así como también que se adelanten los pronunciamientos que
le corresponde efectuar al fallador del proceso ordinario (..)”.
Destaca la Sala A quo que los accionantes “tan
solo una vez proferida la correspondiente sentencia, comparecieron al proceso
para solicitar por conducto de su apoderada judicial la suspensión del proceso”
y que no se pronunciaron contra las decisiones proferidas por el Juez accionado
en materia de suspensión del proceso Ejecutivo Hipotecario por prejudicialidad,
y designación del perito financiero, para que fuera éste quien determinara el
monto final de la obligación.
5.3    Impugnación
El señor Jorge Enrique Pineda Rodríguez interpuso
recurso de apelación en contra de la sentencia antes reseñada, aduciendo que la
Corporación Social de Ahorro y Vivienda Colmena S.A. “estaba obligada
RELIQUIDARME (sic) EL CREDITO EN PESOS COLOMBIANOS, POR SER VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL Y REESTRUCTURAR EL PAGARE LIQUIDADO EN UPAC, CUYA UNIDAD FUE
DECLARADA INCONSTITUCIONAL”.
Afirma que “desde su origen, en la Ley 9ª pasando
por el Decreto de Emergencia Económica 2331 de 1998 (..), hasta llegar a la Ley
546/99 los créditos de vivienda de interés social tienen que ser reliquidados
en pesos colombianos y no en UPAC, como se le (sic) cobra en el
ejecutivo contra el que interpuse tutela (..)”.
Pone de presente su condición de “persona ignorante
del derecho y sin dinero para pagar un abogado” y destaca que sin perjuicio
de sus limitaciones “me defendido (sic) como he podido, pues se trata
de la vivienda de interés social que es el patrimonio de toda mi familia, luego
a mi no me cabe los consabidos argumentos de que no me defendí como es debido
en el proceso ejecutivo. No soy abogado sino obrero raso y el proceso ejecutivo
hipotecario de vivienda es de orden público y de interés social, por lo que los
jueces están obligados a protegerme oficiosamente (..)”.
Para concluir suplica “se tutelen mis derechos
fundamentales a la vivienda digna, a la propiedad, al debido proceso y a la
igualdad, los que se violaron en el proceso ejecutivo que ya me tienen con
fecha de remate el 14 de septiembre del corriente años (sic) el que
solicito sea suspendido y ordenado al juzgado 6 (sic) Civil del Circuito
y a la Notaria Unica de Girón para evitar UN DAÑO IRREPARABLE A TODA MI
FAMILIA”.
5.4
Sentencia de segunda instancia
La Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de
Justicia confirma la decisión, para el efecto sostiene que “las
determinaciones emitidas dentro de un proceso, ora ordinario o especial, gozan
de presunción de legalidad al igual que los actos administrativos y, por ende,
han de respetarse y acogerse por quienes de manera libre y voluntaria acuden a
la administración de justicia buscando la solución a sus conflictos”.
Finalmente afirma que “no puede esta Sala de la
Corte inmiscuirse en el trámite de un proceso que revistió todas las
formalidades de su rango, para dejar sin efecto la actuación surtida y acceder
a las demás pretensiones de los accionantes, como si la tutela fuera una
tercera instancia a la cual puedan acudir los administrados, a efectos de
obtener una solución a sus conflictos de mero rango legal, o de debatir sus
tesis jurídicas y probatorias sobre un determinado asunto que en el momento fue
sometido a los ritos propios del proceso natural”.
6.      Actuación en sede de revisión
Esta Sala, mediante providencia del 15 de
diciembre de 2005, para mejor proveer i) ordenó a los Juzgados Sexto y Noveno
Civil del Circuito de Bucaramanga la remisión de todo lo actuado en los
procesos Ejecutivo Hipotecario y Ordinario en los que se debaten la ejecución y
el monto del crédito hipotecario, otorgado a los actores por la Corporación
Social de Ahorro y Vivienda Colmena S.A., para adquirir un inmueble de interés
social; y ii) dispuso que el Establecimiento de Crédito BCSC S.A. remitiría al
presente asunto las comunicaciones dirigidas a los accionantes a partir de
enero del año 2000, con el objeto de dar cuenta del estado del crédito, con
miras a que los deudores ejercieran su derecho a reestructurar la obligación.
Además, en atención a la solicitud de los
demandantes y en ejercicio de la facultad concedida a los jueces de tutela por
el artículo 7° del Decreto 2591 de 1991, la Sala Octava ordenó al Juez Sexto
Civil del Circuito accionado suspender la diligencia de remate, dentro del proceso
Ejecutivo Hipotecario que en su despacho se adelanta contra los señores María
Esmith Luque Reyes y Jorge Enrique Pineda Rodríguez.
Remitida y analizada la documentación
solicitada, corresponde entrar a decidir lo que en derecho corresponda, no sin antes
precisar que el 20 de enero del año en curso, el Juzgado Sexto Civil del
Circuito de Bucaramanga informó a la Sala “que la DILIGENCIA DE REMATE en el
referido proceso se llevó a cabo el pasado 14 de septiembre de 2005 en la
Notaría Unica de Girón, habiendo sido declarada DESIERTA en virtud de la
ausencia de postores. Adicionalmente y ante la solicitud elevada por la parte
demandante, en auto del 15 de noviembre de 2005 se ADJUDICO  el inmueble
hipotecado”.
II.      CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
1.      Competencia
Esta Sala es competente para revisar las
anteriores decisiones, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y
241.9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y por
selección de la Sala Once de esta Corporación, mediante providencia del 3 de
noviembre del año 2005.
2.      Problema Jurídico Planteado
Corresponde a la Sala determinar si la Sala Civil del
H. Tribunal Superior de Bucaramanga y el Juzgado Sexto Civil del Circuito de la
misma ciudad, quebrantan los derechos fundamentales de los señores María Esmith
Luque Reyes y Jorge Enrique Pineda Rodríguez, dentro del proceso promovido en
su contra por la Corporación Social de Ahorro y Vivienda Colmena S.A. -hoy BSSC
S.A.-, para ejecutar el crédito otorgado a los accionantes el 24 de mayo de
1995, para hacerse a una vivienda de interés social.
Ahora bien, dado el carácter subsidiario y residual de
la acción de tutela y en consideración a que los jueces de instancia la niegan
por improcedente, corresponde a esta Sala reiterar la jurisprudencia
constitucional i) sobre los mecanismos para solución de litigios en materia de
adecuación de créditos liquidados en UPAC a UVR y ii) respecto de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias judiciales en
firme.
Lo último i) en cuanto la Sala de Casación Civil de la
H. Corte Suprema de Justicia sostiene que los señores Luque Reyes y Pineda
Rodríguez “tan solo una vez proferida la sentencia, comparecieron al proceso
[Ejecutivo] para solicitar por conducto de su apoderada judicial la suspensión
del proceso” y también afirma que los antes nombrados dejaron ejecutoriar
las decisiones adoptadas en el interior del asunto, sobre designación de un
perito financiero para que dictaminara sobre el monto de la obligación y
suspensión por prejudicialidad de la actuación; y ii) en razón de que la Sala
de Casación Laboral de la misma Corporación confirma la decisión al considerar
que los jueces de tutela no pueden “inmiscuirse en el trámite de un proceso
que revistió todas las formalidades de su rango, para dejar sin efecto la
actuación surtida y acceder a las demás pretensiones de los accionantes, como
si la tutela fuera una tercera instancia a la cual pueden acudir los
administrados (..)”.
3.      Consideraciones preliminares. Reiteración de
jurisprudencia
3.1    Adecuación del sistema de financiación de
vivienda a largo plazo a las previsiones de la Carta Política. Reliquidación de
créditos. Solución de conflictos. Planes de vivienda específicos para sectores
menos favorecidos de la población
3.1.1 Nulidad de la Resolución Externa No. 18 de 1995
En los términos de la Sentencia de 21 de mayo de 1999,
proferida en el expediente 9280, el H. Consejo de Estado declaró nulo[1]
el artículo 1° de la Resolución Externa 18 de 1995
-"por la cual se dictan medidas en relación con las corporaciones de
ahorro y vivienda"-, emanada de la Junta Directiva del Banco de
la República, “por no tener en cuenta las disposiciones de rango legal a las
que debía sujetarse para el cálculo de las UPAC”.
Preveía la disposición anulada que “[e]l Banco de
la República calculará mensualmente para cada uno de los días del mes siguiente
e informará con idéntica periodicidad a las corporaciones de ahorro y vivienda,
el valor en moneda legal de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante -UPAC-,
equivalente al setenta y cuatro por ciento (74%) del promedio móvil de la tasa
DTF efectiva de que tratan las Resoluciones 42 de 1988 de la Junta Monetaria y
Externa #17 de 1993 de la Junta Directiva de las cuatro (4) semanas anteriores
a la fecha de cálculo”.
Para fundamentar su decisión, la Sección Cuarta de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, entre otros
aspectos, expuso:
“Respecto del primer cuestionamiento, la
Sala tiene establecido que, en efecto, las funciones de la Junta Directiva del
Banco de la República, como autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, se
deben ejercer, incluso en desarrollo de las denominadas 'leyes marco' con
arreglo, entre otras disposiciones, a los artículos 372 a 373 de la
Constitución y 16 de la Ley 31 de 1992, no siendo, por ende, discrecionales
dichas funciones ni pudiendo ejercerse las mismas en un campo distinto del
delimitado por las leyes ‘marco’ y los postulados económicos y sociales del
Gobierno Nacional. (cf. sentencias de la Sala, de noviembre 10 de 1995,
expediente #5530, Consejero Ponente, Dr. Delio Gómez Leyva; y marzo 20 de 1998,
expediente #8682, Consejero Ponente, D. Julio E. Correa Restrepo). Por lo que
hace al segundo cuestionamiento, no se considera que el sistema DTF acogido por
la resolución acusada, difiera del 'promedio ponderado' que menciona el señor
apoderado de la parte demandada, pues en todo caso se está acudiendo simplemente
a tasas de interés comercial, como criterio de valoración de las UPAC y no al
IPC o a otro indicador económico. Tampoco se encuentran mayores diferencias
entre 'calcular' el valor de las UPAC y 'fijar la metodología de cálculo' de
las mismas, menos cuando el artículo 1° de la resolución acusada dispone
perentoriamente que "el Banco de la República calculará..." Por otro
aspecto, tampoco se consideran válidos los reparos que el señor apoderado del
Banco hizo al artículo 134 del Decreto 663 de 1993, porque la norma proviniera
de un decreto anterior a la Ley 31 de 1992 y a la propia Constitución de 1991,
toda vez que dicha norma hacía parte de un estatuto vigente a tiempo de
expedirse el acto censurado y por lo mismo era aplicable sin ninguna
restricción. Ahora bien, como lo resalta la señora Procuradora Séptima Delegada
en su alegato de conclusión, el literal f) del artículo 16 de la Ley 31 de
1992, al otorgar a la Junta Directiva del Banco de la República la facultad de
fijar la metodología de cálculo de la UPAC, lo hace bajo la prevención de que
se procure que "ésta (la UPAC) también refleje los movimientos de la tasa
de interés en la economía" (destacados fuera de texto). Esto significa,
como es obvio, que las tasas de interés son apenas un elemento de menor
relevancia, prácticamente ni siquiera obligatorio, pues la ley no lo impone,
sino que recomienda que se 'procure' su inclusión en proceso de cálculo de la
UPAC. Por lo mismo, resulta claro que el componente principal y prácticamente
único de dicho cálculo, no podía ser otro que el señalado por el antes citado
artículo 134 del Decreto 663 de 1993, esto es, el IPC, ya que el artículo en
cita dice que con el objeto de preservar el valor constante de los ahorros y
los préstamos, ambos se deben reajustar periódicamente, "de acuerdo con
las fluctuaciones del poder adquisitivo de la moneda en el mercado
interno". El IPC o índice de precios al consumidor, como indicador
económico, es un indicador de corrección monetaria calculada periódicamente por
el DANE y comprende diversidad de precios, principalmente los de la llamada
‘canasta familiar’. Las UPAC, como fórmula indexada, se halla naturalmente
ligada al IPC y sólo en mínima proporción a otros indicadores económicos, por
lo cual si se toman exclusivamente los DTF como factor de cálculo, en la forma
como lo dispuso la Junta Directiva del Banco en el caso, necesariamente se
desvirtúan la índole y objetivos económicos de los UPAC. En este orden de
ideas, es claro que para el cálculo de la UPAC el artículo 134 del Decreto 663
de 1993 establece que debe tenerse en cuenta el índice de precios al consumidor
IPC y no únicamente un precio, como lo sería el del dinero a que alude la DTF,
con independencia de los elementos que la conforman, pues se enfatiza, las
tasas de interés constituyen un factor, sin carácter obligatorio, dentro del
cálculo de las UPAC, por lo que el acto administrativo demando, al tomar
únicamente dicho factor para el cálculo en cuestión, vulneró la norma superior
contenida en el citado artículo 134 del Decreto 663 de 1993”[2].
Como se explica más adelante esta Corte, mediante
Sentencia SU-846 de 2000, se pronunció sobre los efectos de la decisión a que
se hace mención, en el sentido de dejar sentado que la Resolución 18 de 1995,
emitida por el Banco de la República no produce efectos, “desde el mismo día
en que ésta fue expedida”.
3.1.2 Distorsión y desequilibrio en el
señalamiento de los valores en moneda legal de la UPAC
El 27 de mayo de 1999, mediante Sentencia
C-383 de la fecha[3], esta Corte declaró
inexequible la expresión "procurando que ésta también refleje los
movimientos de la tasa de interés en la economía”, contenida en el literal
f) del artículo 16 de la Ley 31 de 1992[4], i) como quiera que a la
Junta Directiva del Banco de la República le corresponde, “con independencia
técnica diseñar y utilizar los instrumentos que para ese efecto de fijar los
valores en moneda legal de la UPAC resulten apropiados según su criterio, para
lo cual no resulta siempre que ha de atarse esa determinación a la variación de
las tasas de interés, máxime si se tiene en cuenta que podrían además influir
factores diferentes, tales como la política salarial o la política fiscal, por
ejemplo”; y ii) dado que “[l]a norma acusada viola el artículo 51 de la
Constitución y no se encuentra en armonía con la concepción del Estado Social
de Derecho”.
Expuso esta Corte, en la providencia en mención, sobre
la vulneración del derecho constitucional a la vivienda digna y el
desconocimiento del artículo 1° de la Carta Política:
“4.6.  Encuentra la Corte que el artículo
16, literal f) de la Ley 31 de 1992, en cuanto establece que corresponde a la
Junta Directiva del Banco de la República como autoridad monetaria, crediticia
y cambiaria, la atribución de "fijar la metodología para la determinación
de los valores en moneda legal de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante
UPAC, procurando que ésta también refleje los movimientos de la tasa de interés
en la economía",  implica que la corrección monetaria se realice
incluyendo en ella la variación de las tasas de interés en el mercado
financiero, lo cual conduce a que se introduzca para el efecto un nuevo factor,
el de rendimiento del dinero, es decir los réditos que este produce, que
resulta ajeno a la actualización del valor adquisitivo de la moneda, pues, como
se sabe son cosas distintas el dinero y el precio que se paga por su
utilización, el cual se determina por las tasas de interés.
4.7. Por ello, a juicio de la Corte al
incluir como factor de la actualización del valor de la deuda el de la
variación de las tasas de interés en la economía, se incurre en un
desbordamiento de la obligación inicial, pues así resulta que aquella se
aumenta no sólo para conservar el mismo poder adquisitivo, sino con un
excedente que, por ello destruye el equilibrio entre lo que se debía
inicialmente y lo que se paga efectivamente, que, precisamente por esa razón,
aparece como contrario a la equidad y la justicia como fines supremos del
Derecho, es decir opuesto a la "vigencia de un orden justo", como lo
ordena el artículo 2º de la Constitución.
4.8.  Semejante sistema para la
financiación de vivienda, no resulta a juicio de la Corte adecuado para
permitir la adquisición y conservación de la misma, como de manera expresa lo
ordena el artículo 51 de la Carta en su inciso segundo, pues ello desborda,
como es lógico la capacidad de pago de los adquirentes de vivienda sobre todo
si se tiene en cuenta que los reajustes periódicos de los ingresos de los
trabajadores y de las capas medias de la población no se realizan conforme a la
variación de las tasas de interés en la economía, sino bajo otros criterios.
4.9. Así mismo, la determinación del valor
en pesos de las Unidades de Poder Adquisitivo Constante conforme a la variación
de las tasas de interés en la economía a que se ha hecho referencia, pugna de
manera directa con la "democratización del crédito" que ordena al
Estado el artículo 335 de la Constitución como uno de los postulados básicos en
la concepción de éste como "Social de Derecho", pues, precisamente a
ello se llega, entre otras cosas cuando el crédito no se concentra solamente en
quienes abundan en dinero y en bienes, sino extendiéndolo a la mayor parte
posible de los habitantes del país, sin que ello signifique nada distinto de
procurar efectivas posibilidades de desarrollo personal y familiar en
condiciones cada día más igualitarias.
4.10. Se observa además por la Corte que el
artículo 334 de la Constitución establece que la dirección general de la
economía estará a cargo del Estado, entre otras cosas, para "racionalizar
la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de
los habitantes", asunto éste último al que no es ajeno, sino al contrario
a él contribuye la legítima aspiración y el derecho a adquirir una vivienda,
pues, como fácilmente se advierte ese es un aspecto que en la sociedad influye
y de gran manera en la calidad de vida de los colombianos.
4.11. Al margen de lo dicho,  se observa
que al incluir la variación de las tasas de interés en la economía en la
determinación del valor en pesos de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante,
se distorsiona por completo el justo mantenimiento del valor de la obligación,
se rompe el equilibrio de las prestaciones, de tal manera que ello apareja como
consecuencia un aumento patrimonial en beneficio de la entidad crediticia
prestamista y en desmedro directo y proporcional del deudor, lo que sube de
punto si a su vez a los intereses de la obligación se les capitaliza con
elevación consecuencial de la deuda liquidada de nuevo en Unidades de Poder
Adquisitivo Constante que, a su turno, devengan nuevamente intereses que se
traen, otra vez, a valor presente en UPAC para que continúen produciendo nuevos
intereses en forma indefinida”[5].
Se pronunció la Corte también, en la oportunidad que
se trae a colación, sobre la unidad inescindible de “la motivación y la
parte resolutiva del fallo” y, respecto de los efectos de la decisión, se
expresó en los términos siguientes –se destaca-:
“De esta suerte, ha de concluirse entonces
por la Corte que por las razones ya expuestas, la determinación del valor en
pesos de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante "procurando que ésta
también refleje los movimientos de la tasa de interés en la economía",
como lo establece el artículo 16, literal f) de la Ley 31 de 1992 en la parte
acusada, es inexequible por ser contraria materialmente a la Constitución,
lo que significa que no puede tener aplicación alguna, tanto en lo que
respecta a la liquidación, a partir de este fallo, de nuevas cuotas causadas
por créditos adquiridos con anterioridad y en lo que respecta a los créditos
futuros, pues esta sentencia es “de obligatorio cumplimiento para todas
las autoridades y los particulares”, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo
21 del Decreto 2067 de 1991”.
3.1.3 Créditos para adquisición de vivienda
a largo plazo. Ajuste de cuotas y de créditos futuros
Los efectos generales e inmediatos de la
Sentencia C-383 de 1999 sobre “las cuotas causadas por créditos adquiridos
con anterioridad y en lo que respecto a los créditos futuros”, fueron
refrendados por esta Corte al proferir la Sentencia C-700 del 16 de septiembre
de 1999[6], sin perjuicio de los
efectos ultraactivos de las normas que mediante la providencia en mención se
declaraban inexequibles.
Señala la decisión:
“Las normas acusadas, integrantes del
Decreto 663 de 1993, son retiradas del ordenamiento jurídico, por ser
inconstitucionales, desde la fecha de notificación de la presente Sentencia. No
obstante, en cuanto el vicio encontrado en ellas, que ha provocado la
declaración de inexequibilidad, consiste precisamente en que las reglas
generales sobre financiación de vivienda a largo plazo deben estar contenidas
en ley dictada por el Congreso y de ninguna manera en un decreto expedido con
base en facultades extraordinarias, la Corte considera indispensable dar
oportunidad para que la Rama Legislativa ejerza su atribución constitucional y
establezca las directrices necesarias para la instauración del sistema que haya
de sustituir al denominado UPAC, sin que exista un vacío inmediato, por falta
de normatividad aplicable.
Para la Corte es claro que, con miras a un
adecuado tránsito entre los dos sistemas, sin traumatismos para la economía, es
el caso de que las normas retiradas del ordenamiento jurídico puedan proyectar
sus efectos ultraactivos mientras el Congreso, en uso de sus atribuciones,
dicte las normas marco que justamente se han echado de menos, y el Ejecutivo,
por decretos ordinarios, las desarrolle en concreto.
Se estima razonable, entonces, que dicha
ultraactividad de las normas excluidas del orden jurídico se prolongue hasta el
fin de la presente legislatura, es decir, hasta el 20 de junio del año 2000.
Pero la Corte Constitucional no podría
autorizar que ese lapso de vigencia ultraactiva de las normas declaradas
inexequibles -en el que debe tener lugar el tránsito institucional hacia el
nuevo sistema de financiación de vivienda a largo plazo, una vez desaparecido
el denominado UPAC- transcurra sin que la forma de liquidar cuotas y saldos se
ajuste, como ha debido ocurrir desde la fecha de notificación, a lo dispuesto
en la Sentencia C-383 del 27 de mayo de 1999 (M.P.: Dr. Alfredo Beltrán
Sierra).
Mediante dicho Fallo, que hizo tránsito a
cosa juzgada constitucional, se resolvió la inexequibilidad de las expresiones
del literal f) del artículo 16 de la Ley 31 de 1992, según las cuales la Junta
Directiva del Banco de la República, al fijar la metodología para la
determinación de los valores en moneda legal de la UPAC, debía procurar que
ella reflejara también los movimientos de la tasa de interés en la economía.
En la Sentencia la Corte observó, además,
que "...al incluir la variación de las tasas de interés en la economía en
la determinación del valor en pesos de la Unidad de Poder Adquisitivo
Constante, se distorsiona por completo el justo mantenimiento del valor de la
obligación, se rompe el equilibrio de las prestaciones, de tal manera que ello
apareja como consecuencia un aumento patrimonial en beneficio de la entidad
crediticia prestamista y en desmedro directo y proporcional del deudor, lo
que sube de punto si a su vez a los intereses de la obligación se les
capitaliza con elevación consecuencial de la deuda liquidada de nuevo en
Unidades de Poder Adquisitivo Constante que, a su turno, devengan nuevamente
intereses que se traen, otra vez, a valor presente en UPAC para que continúen
produciendo nuevos intereses en forma indefinida". (Subraya la Corte).
Como conclusión de todo lo dicho en tal
providencia, la Corte advirtió:
(..)
Para la Corte es claro que de lo dicho ha
debido resultar una inmediata incidencia de lo resuelto en la liquidación de
las cuotas y saldos por deudas en UPAC, pues no es lo mismo multiplicar el
número de unidades de poder adquisitivo debidas por una UPAC cuyo valor se ha
liquidado con el DTF, que hacerlo -como ha debido hacerse desde la Sentencia- a
partir de una UPAC cuyo valor no incorpore -y no ha de incorporar nada, ni en
mínima parte- los movimientos de la tasa de interés en la economía.
Debe, pues, darse una adecuación de todas
las obligaciones hipotecarias en UPAC después de la fecha de notificación de la
aludida Sentencia.
Es evidente que, además de los controles a
cargo de la Superintendencia Bancaria sobre el comportamiento de las entidades
financieras al respecto, para sancionarlas con la drasticidad que se requiere
si llegan a desvirtuar en la práctica o si hacen inefectivo lo ordenado por la
Corte, los deudores afectados por haberse visto obligados a pagar más de lo que
debían, gozan de las acciones judiciales pertinentes para obtener la revisión
de sus contratos, la reliquidación de sus créditos y la devolución de lo que
hayan cancelado en exceso.
De todo lo anterior se concluye que la
postergación de los efectos de esta Sentencia queda condicionada al efectivo,
real, claro e inmediato cumplimiento de la Sentencia C-383 del 27 de mayo de
1999, dictada por la Sala Plena”.
De conformidad con lo anterior, para esta Sala es
claro que desde el 21 de mayo de 1999 las liquidaciones de créditos
hipotecarios para financiar vivienda a largo plazo y las destinadas a
establecer el monto de las cuotas para amortizar obligaciones de igual
condición no tendrían que haber incluido “como factor de la actualización
del valor de la deuda el de la variación de las tasas de interés en la
economía”.
En este orden de ideas, la Resolución Externa
No. 10 de 1999, emitida por la Junta Directiva del Banco de la República, fijó
la corrección monetaria con base en el IPC, únicamente.
Previó el artículo 1° de la Resolución en cita:
“Artículo 1. El Banco de la
República calculará mensualmente, para cada uno de los días del mes siguiente e
informará con idéntica periodicidad a las corporaciones de ahorro y vivienda,
el valor en moneda legal de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante -UPAC-.
Para tal efecto, la corrección monetaria será equivalente al promedio
aritmético de las tasas anuales de inflación, medidas con base en el Indice de
Precios al Consumidor –IPC-, de los doce (12) meses anteriores a aquel en el
cual se hace el cálculo”[7].
3.1.4 La capitalización de intereses
quebranta el artículo 51 de la Carta Política
El 6 de octubre de 1999, la Sala Plena de
esta Corte declaró inexequible el numeral tercero del artículo 121 del Decreto
Ley 0663 de 1993, al igual que la expresión "que contemplen la
capitalización de intereses”, contenida en el numeral primero de la misma
disposición, en lo concerniente a los créditos para la financiación de vivienda
a largo plazo, únicamente, con efectos diferidos al 20 de junio del año 2000[8].
Recordó la Corte cómo en la Sentencia C-700
de 1999, ya referida, quedó definido que “la regulación de lo atinente a la
financiación de vivienda a largo plazo corresponde, en primer término al
Congreso de la República mediante la expedición de una ley marco, conforme a lo
dispuesto por el artículo 150, numeral 19 literal d) de la Carta Política, en
cuyo desarrollo deberá el Presidente de la República dictar los decretos que
permitan su aplicación en las circunstancias concretas”, concluyó entonces “que
el artículo 121 del Decreto Ley 0663 de 1993, así como las demás normas que
fueron declaradas inexequibles por la Corte en la sentencia aludida, también
adolecen del mismo vicio”.
Ahora bien, en cuanto al contenido de las
disposiciones enjuiciadas, esta Corte trajo a colación las consideraciones
expuestas en la “Sentencia C-383 de 27 de mayo de 1999, (Magistrado ponente,
doctor Alfredo Beltrán Sierra)” a fin de reiterar que “cuando se trate
de créditos para la adquisición de vivienda, es evidente que la
"capitalización de intereses", sí resulta violatoria del artículo 51
de la Constitución”: Señala la decisión:
“4.1. Si bien es verdad que el artículo 121
del Decreto Ley 0663 de 1993, se encuentra ubicado en la parte general de ese
estatuto y, por ello, regula lo atinente a los sistemas de pago e intereses en
operaciones de crédito de mediano y largo plazo, es igualmente cierto que en
cuanto los créditos para la adquisición de vivienda son de esta especie,
también le serían aplicables las disposiciones contenidas en esa norma legal.
Precisamente, así lo entendió la demandante y, por lo mismo, solicita a la
Corte que se declare la inexequibilidad de la expresión "que contemplen la
capitalización de intereses" (numeral primero), e igualmente la del
numeral tercero del mismo artículo, normas cuya inexequibilidad se impetra
declarar por la Corte, en cuanto resultan, a juicio de la actora, violatorias
del artículo 51 de la Constitución Política, que ordena al Estado promover un
"sistema adecuado" de financiación de vivienda a largo plazo.
4.2. En torno a la constitucionalidad o
inconstitucionalidad de los apartes acusados del artículo 121 del Decreto Ley
0663/93, se encuentra por esta Corporación que la "capitalización de
intereses" en créditos concedidos a mediano o largo plazo, per se, no
resulta violatoria de la Constitución, por lo que no puede declararse su
inexequibilidad  de manera general y definitiva para cualquier clase de crédito
de esa especie.
4.3.  Sin embargo, cuando se trate de
créditos para la adquisición de vivienda, es evidente que la
"capitalización de intereses", sí resulta violatoria del artículo 51
de la Constitución, pues, como ya se dijo en Sentencia C-383 de 27 de mayo de
1999, (Magistrado ponente, doctor Alfredo Beltrán Sierra), y hoy se reitera como
fundamento expreso de la declaración de inexequibilidad de los apartes acusados
del artículo 121 del Decreto Ley 0663 de 1993, "la Constitución establece
el "derecho a vivienda digna" como uno de los derechos sociales y
económicos de los colombianos, el cual, desde luego, no puede por su propia
índole ser de realización inmediata sino progresiva. Por ello, el constituyente
ordena al Estado la fijación de "las condiciones necesarias para hacer
efectivo este derecho", así como el promover "planes de vivienda de
interés social", y "sistemas adecuados de financiación a largo
plazo".  Es decir, conforme a la Carta Política no puede la adquisición y
la conservación de la vivienda de las familias colombianas ser considerada como
un asunto ajeno a las preocupaciones del Estado, sino que, al contrario de lo
que sucedía bajo la concepción individualista ya superada, las autoridades
tienen por ministerio de la Constitución un mandato de carácter específico para
atender de manera favorable a la necesidad de adquisición de vivienda, y
facilitar su pago a largo plazo en condiciones adecuadas al fin que se
persigue, aún con el establecimiento de planes específicos para los sectores
menos pudientes de la población, asunto éste último que la propia Carta define
como de "interés social".
3.1.5 Sistema especializado de financiación
de vivienda a largo plazo –Ley 546 de 1999-
3.1.5.1        Unidad de Valor Real en
función de la variación del índice de precios al consumidor
El 26 de julio de 2000, mediante Sentencia
C-955 de la fecha[9], esta Corporación -entre
otras decisiones- resolvió declarar exequibles, bajo el entendimiento fijado en
la providencia, los artículos 1, 3, 17, 19, 20, 28, 38, 40 y 41 de la Ley 546
de 1999 e inexequibles algunas de las expresiones de las mismas disposiciones.[10]
Expuso la Corte al respecto “que las
entidades que otorguen créditos de vivienda deben hallarse sometidas al
control, vigilancia e intervención por el Estado, y (...) que en los
préstamos que otorguen debe garantizarse la democratización del crédito y la
efectividad del derecho a una vivienda digna mediante sistemas adecuados de
financiación a largo plazo”, al punto que “(...) las condiciones
demasiado onerosas de los préstamos, los sistemas de financiación que hacen
impagables los créditos, las altas cuotas, el cobro de intereses de usura,
exentos de control o por encima de la razonable remuneración del prestamista,
la capitalización de los mismos, entre otros aspectos, quebrantan de manera
protuberante la Constitución Política y deben ser rechazados, por lo cual
ninguna disposición de la Ley que se examina puede ser interpretada ni aplicada
de suerte que facilite estas prácticas u obstaculice el legítimo acceso de las
personas al crédito o al pago de sus obligaciones”.
En esta línea la Corporación reiteró que
las condiciones de los créditos de vivienda “están sujetas a la fijación de
topes por la Junta Directiva del Banco de la República”, y que la entidad “está
obligada a establecerlos y a impedir desbordamientos o alzas desmedidas que
rompan el equilibrio financiero y la estabilidad de los deudores en la
ejecución y cumplimiento de sus obligaciones (..) tal como lo exigen las normas
constitucionales vigentes y, aparte de este Fallo, las sentencias C-481 del 7
de julio de 1999 y 208 del 1 de marzo de 2000, proferidas por esta Corte, que
son obligatorias para el Estado y para los particulares (Decreto 2067 de 1991)”[11].
Ahora bien, esta Corte encontró acorde con
la Carta Política la “medida contable”, utilizada por el legislador para
“sostener en el tiempo el valor real de lo adeudado”, no obstante
advirtió que “las UVR habrán de reflejar el poder adquisitivo de la moneda
con base exclusivamente en la variación del índice de precios al
consumidor certificado por el DANE" (subraya la Corte), lo cual implica
que la Junta Directiva del Banco de la República -que tendrá a su cargo el
cálculo de la UVR a partir de esta Sentencia- no podrá considerar para el
efecto factor alguno distinto”. Señala la providencia:
“La Corte proclama una vez más que la
función del Banco Central y de su Junta Directiva está enmarcada por los
postulados del Estado Social de Derecho, a la luz de los cuales sólo se adecua
a la Constitución un sistema de financiación de vivienda en el que, bajo
estricta regulación e intervención estatal, se preserve el equilibrio económico
entre los contratantes, protegiendo especialmente a los deudores para que no
pierdan sus inmuebles por la imposibilidad de pagar los créditos que les han
sido otorgados.
Por otra parte, el sistema técnico de
cuantificación y actualización de las cuentas que se establecen en relación con
el préstamo debe ser suficientemente claro y específico desde el principio, en
cuanto a la modalidad de cálculo prevista y en lo relativo a la manera como se
reflejará en sus cuotas. El deudor -quien garantiza el pago mediante hipoteca
del inmueble construido o adquirido, eliminando así todo riesgo para el
acreedor- también debe contar con la seguridad acerca de la obligación que
contrae y en torno a la forma en que evolucionará, para no ser tomado de
sorpresa con alzas imprevistas o injustificadas.
La UVR, en consecuencia, únicamente es
aceptable desde el punto de vista constitucional si sirve para introducir con
exactitud y como un máximo dentro del cual la Junta Directiva del Banco de la
República debe actuar, tal como lo propone en su concepto el Procurador, el
ajuste encaminado a conservar el poder adquisitivo del dinero que se adeuda,
pero no lo es si, por complejas fórmulas matemáticas cuya comprensión está
fuera del acceso al común de las personas, y sin base en norma legal alguna,
conduce a sofisticadas modalidades que permitan el incremento ilegítimo del
capital o de las cuotas de amortización de los préstamos. De allí que la UVR no
pueda contener nada distinto, en su cuantificación, de la variación del índice
de precios al consumidor, como tope exclusivo.
En síntesis, no se considera
inconstitucional la UVR ni el artículo 3 que la contempla, siempre que refleje
verdadera y exclusivamente la inflación.
Además, como se estudiará inmediatamente,
el sistema que en esa figura se funda no es constitucional si permite que la
inflación, ya cobrada mediante ella, se vuelva a cobrar en los intereses”.
3.1.5.2        Tasas de interés aplicable a
préstamos de vivienda. Especial tratamiento en financiación de vivienda de
interés social
En materia de las directrices y pautas que
han de ser aplicadas por la Junta Directiva del Banco de la República para la
fijación de intereses remuneratorios, en los créditos que financian soluciones
de vivienda a largo plazo, en la Sentencia C-955 a que se hace referencia, esta
Corte fijó el entendimiento constitucional de las disposiciones relativas al
tema, al observar que el “legislador no cumplió el cometido señalado por la
Constitución por cuanto, en este aspecto (..) dejó consagrado un sistema falto
de toda idoneidad para hacer efectivo el derecho que garantiza el artículo 51
de la Constitución Política”.
Destacó la Corte cómo, sin el
condicionamiento fijado en la Sentencia, podía entenderse que las entidades que
financian la adquisición de vivienda a largo plazo podrían sujetar el interés
del crédito a las reglas del mercado i) rompiendo, de esta manera, “el
equilibrio mínimo entre las partes y [haciendo] imposible que el deudor cancele
la obligación contraída, tal como aconteció con el UPAC, y puede ocurrir con la
UVR si el precepto en estudio se mantiene en su tenor textual sin
interpretarlo, como lo hará la Corte, conforme a la Constitución”; ii)
permitiendo el enriquecimiento del prestamista sin justa causa con el
correlativo empobrecimiento del deudor, y iii) haciendo “[impracticable] un
sistema "adecuado" de financiación de vivienda a largo plazo (art.
51) y la democratización del crédito (art. 335 C.P.) en todas las modalidades
de los préstamos de vivienda”.
Al respecto señala la decisión:
“Como en los préstamos de vivienda en UVR,
en el sistema de la Ley examinada, el saldo del capital prestado es actualizado
al ritmo de la inflación, en dicha unidad de cuenta ya está comprendida la
inflación. Incluirla de nuevo en los intereses es cobrarla doble, lo cual, de
acuerdo con lo expuesto, es inconstitucional. Luego, para que la norma no sea
declarada inexequible, debe entenderse que la tasa remuneratoria sólo es la
tasa real, esto es, la nominal menos la inflación.
En otro aspecto, para que la norma acusada
se entienda ajustada a la Constitución, es indispensable que, según resulta de
la Sentencia C-747 de 1999, la tasa de interés remuneratorio por préstamos de
vivienda, calculada sobre los saldos insolutos, no sea compuesto sino simple, y
debe sumarse a los puntos de la inflación, no multiplicarlos, pues eso
significaría que se la cobrara doblemente.
Ahora bien, como en esta Sentencia se
define que la tasa de interés remuneratorio no puede quedar descontrolada ni
sujeta a las variables propias del mercado, y las de intermediación de vivienda
vienen siendo las más altas, deben reducirse significativamente por la Junta
Directiva del Banco de la República para hacer posible la realización del
derecho a una vivienda digna (art. 51 C.P.) y para que sea verdadera la
democratización del crédito (art. 335 C.P.). Entonces, la Junta, en su
condición de autoridad monetaria y crediticia, mediante acto motivado en que se
justifique su decisión, deberá fijar la tasa máxima de interés remuneratorio
que se puede cobrar por las entidades financieras en este tipo de créditos.
Ella, a su turno, será siempre inferior a la menor de todas las tasas reales
que se estén cobrando en el sistema financiero, según certificación de la
Superintendencia Bancaria, sin consultar factores distintos de los puntos de
dichas tasas, e independientemente del objeto de cada crédito, y a la tasa
menor se le deberá descontar la inflación para que no se cobre doblemente.
Se trata, no de porcentajes ocasionales o
eventuales cobrados en casos de excepción por ciertas entidades financieras,
sino de tasas ofrecidas en igualdad de condiciones a todas las personas y
aplicables normalmente a los créditos que otorgan en el giro habitual de sus
negocios.
Desde luego, no se entienden incorporadas
como tasas de referencia con el objeto previsto en este Fallo las que
extraordinariamente otorgue un intermediario financiero en forma especial a su
clientela, ni las que el mismo intermediario o las empresas pacten mediante
convención o acuerdo con sus trabajadores, para los créditos que les pueda
otorgar en calidad de tales.
En todo caso, las tasas aplicables a
vivienda -se repite- serán las menores del mercado”.
Puntualizó la Corte, además, en lo que
tiene que ver con la tasa de interés remuneratorio, que ésta “así fijada por
el Banco de la República, previa certificación de la Superintendencia Bancaria,
de manera inmediata a la comunicación de esta Sentencia, será obligatoria para
los futuros créditos y también para los vigentes, que si pactaron tasas
superiores, deben de inmediato reducirse a la tasa máxima que la Junta
Directiva del Banco Emisor fije, con la necesaria repercusión en el monto de
las cuotas futuras, todas las cuales estarán regidas por la norma en el sentido
de que, ya disminuida la tasa de interés, permanecerá fija durante toda la
vigencia del crédito, a no ser que las partes acuerden reducirla”; y
también se advierte en la decisión que solo los saldos insolutos pueden ser
objeto de actualización, sin perjuicio del derecho del deudor de pagar,
conjuntamente con las cuotas mensuales, si así lo plantea a tiempo de la
reestructuración del crédito, “la corrección por inflación a medida que se
cause, evitando así que se lleve al capital”.
Encontró esta Corte ajustado a la Carta
Política “que los intereses en este tipo de créditos se cobren en forma
vencida y que no puedan capitalizarse (..) lo cual significa, en términos
constitucionales, que el legislador, consciente de la ruptura del equilibrio
entre las partes y del injustificado traslado patrimonial del deudor al
acreedor si el pago anticipado de intereses fuese admitido, lo prohibió
explícitamente, y para ello goza de atribuciones constitucionales”; así
mismo declaró constitucional “la prohibición de capitalizar los intereses”,
modalidad ésta declarada inexequible para la financiación de créditos de
vivienda -como quedó explicado; y declaró acorde con el ordenamiento superior “que
la tasa de interés sea fija durante toda la vigencia del crédito de vivienda, a
menos que las partes acuerden una reducción de la misma, y que se exprese única
y exclusivamente en términos de tasa anual efectiva”.
Además, en procura del cumplimiento de las
previsiones constitucionales sobre acceso a la vivienda digna y democratización
del crédito, esta Corte, en la providencia a la que se hace referencia -sobre
la constitucionalidad de los artículos 17 y 20  de la Ley 546 de 2000-, señaló
que los deudores “podrán solicitar a los establecimientos de crédito
acreedores, durante los dos primeros meses de cada año calendario, la
reestructuración de sus créditos para ajustar el plan de amortización a su real
capacidad de pago, pudiéndose, de ser necesario, ampliar el plazo inicialmente
previsto para su cancelación total. Lo cual condicionará esta Corte, en punto
de su exequibilidad, en el sentido de que las entidades financieras no pueden
negarse a la reestructuración solicitada si se dan las condiciones objetivas
para ello”.
En materia de intereses de mora, puntualizó
la Corte que las directrices del legislador se aplicarían siguiendo en todo lo
decidido por ella misma en torno de los intereses remuneratorios, sin perjuicio
de la constitucionalidad de la previsión fijada en el artículo 19 de la Ley
546, a cuyo tenor la sanción por mora además de pactarse, no podrá “exceder
una y media veces el interés remuneratorio (..) y solamente podrá cobrarse
sobre las cuotas vencidas”.
Finalmente, en cuanto al señalamiento de
intereses en materia de financiación de viviendas de interés social, esta Corte
encontró ajustado a la Carta Política el parágrafo del artículo 28 de la Ley
546 de 1999, por cuya virtud en los créditos para financiar vivienda de interés
social la tasa de interés remuneratoria no podrá exceder de 11 puntos, durante el
año siguiente a la entrada en vigencia de la normatividad, siempre que se
entienda i) “que de la tasa prevista (11%) deberá deducirse la inflación”;
ii) “que, en lo sucesivo, cuando ya el tope señalado pierda vigencia, será
la Junta Directiva del Banco de la República, de conformidad con sus facultades
constitucionales y legales, la autoridad competente para los efectos de fijar
las condiciones de financiación de créditos de vivienda de interés social”;
iii) que estas condiciones deberán “ser las más adecuadas y favorables, a
fin de que consulten la capacidad de pago de los deudores y protejan su
patrimonio familiar” y iii) “que la tasa real de interés remuneratorio
no comprenderá la inflación y será inferior a la vigente para los demás
créditos de vivienda”.
3.1.5.3        Relaciones jurídicas en
curso. Transición de los créditos pactados en Unidad de Poder Adquisitivo
Constante –UPAC- al sistema de Unidad de Valor Real
Las disposiciones del Capítulo VIII de la
Ley 546 de 1999, “que tienen por objeto fijar las pautas, criterios y
objetivos con base en los cuales pueda tener solución el conflicto generado,
respecto de miles de deudores hipotecarios, por la crisis del sistema UPAC”,
fueron declaradas exequibles, con algunas salvedades, toda vez que esta Corte
encontró propicios los mecanismos diseñados por el legislador para impedir que
los efectos de la perturbación social y económica generada en el sistema de
financiación de vivienda a largo plazo se extendieran, así las mismas “pudieran
no plasmar un resarcimiento completo”.
Insistió esta Corte, en que entonces no
examinaba la aplicación concreta de los instrumentos diseñados por el
legislador para adecuar las obligaciones vigentes al nuevo sistema, tales como “la
conversión de la UPAC a la UVR, la reliquidación de los créditos para dar
cumplimiento a las sentencias de esta Corporación y del Consejo de Estado, los
abonos a los deudores por la diferencia que arrojase la comparación entre las
sumas que adeudaban y las que efectivamente cancelaron, la opción de readquisición
de vivienda para quienes la habían perdido y la suspensión de los procesos
ejecutivos iniciados, entre otras medidas”, sino que su pronunciamiento
considerada dichos instrumentos en abstracto, es decir, desde su objetivo
general de aliviar “los síntomas de perturbación social ocasionada por el
aumento exagerado de las tasas de interés, por la vinculación de la DTF al
cálculo de la unidad de poder adquisitivo constante y por la capitalización de
intereses en las obligaciones contraídas con el sector financiero”.
Indicó la Corte:
“Como reiterada jurisprudencia de la Corte
lo ha manifestado, a los estados de excepción solamente puede acudir el
Ejecutivo cuando la magnitud de la crisis actual o inminente hace inoperantes
los mecanismos normales de los que gozan las ramas del Poder Público para
mantener la estabilidad y el pacífico desenvolvimiento de las actividades
económicas y sociales, sin sobresaltos.
Si la exigencia constitucional consiste en
que los medios normales al alcance del Estado se agoten con antelación al uso
de los poderes extraordinarios del Jefe del Estado, el Congreso de la República
goza de atribuciones suficientes para consagrar las normas legales que ataquen
las causas de los fenómenos que podrían configurar situaciones críticas y
conducir a soluciones extraordinarias. Estas -repite la Corte- solamente se
ajustan a la Constitución en circunstancias extremas, luego la oportuna acción
legislativa encaja sin dificultad en los objetivos constitucionales enunciados
desde el Preámbulo, consistentes en asegurar valores como la vida digna de las
personas, la pacífica convivencia, la libertad y la paz, dentro de un marco
jurídico democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo.
Obsérvese que es precisamente el legislador
el encargado de desarrollar preceptos constitucionales como los contemplados en
los artículos 51 y 335 de la Constitución, y que bien puede el Estado, por su
conducto, proveer, mediante la apelación a los recursos del Tesoro Público, los
mecanismos indispensables para la solución -aunque sea parcial- de las
necesidades que se muestran como impostergables, tal como aconteció con la
materia objeto de regulación por el estatuto que se revisa.
Anota la Corte que, sin perjuicio de la
responsabilidad patrimonial del Estado, por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, la
que deberá establecerse judicialmente en cada caso, se justifica que el mismo
Estado, motu proprio, con miras a la prevalencia del bien común, aporte,
sin que sea  requisito un previo fallo judicial, algunos de los recursos
necesarios para contener la perturbación del orden social.
Es esa la justificación de las normas
legales enjuiciadas que ordenaron abonos en cabeza de los antiguos deudores del
sistema financiero en virtud de contratos hipotecarios expresados en UPAC, hoy
en UVR.
En todo caso, nada de lo que se expone en
esta Sentencia puede entenderse en el sentido de impedir que quienes estimen
haber sufrido daño en su patrimonio como consecuencia de los pagos efectuados
por conceptos que la Corte declaró inexequibles en las sentencias C-383, C-700
y C-747 de 1999, acudan, como es su derecho (art. 229 C.P.), a los jueces para
que diriman los conflictos existentes al respecto, sin perjuicio de la
competencia que a la vez tiene la Superintendencia Bancaria para atender las
quejas o reclamos que se formulen por las personas descontentas con sus
reliquidaciones o abonos, para cristalizar así los propósitos de la
Constitución y de la ley en cuanto al restablecimiento de los derechos
afectados”.
3.1.6 Solución de conflictos
3.1.6.1 Deber de las autoridades judiciales de aplicar
la jurisprudencia constitucional en los casos sometidos a su discernimiento
En los términos de la Sentencia SU-846 de
1999[12] esta Corporación
confirmó el fallo proferido el 6 de diciembre de 1999 por el Tribunal
Administrativo de Sucre[13] y revocó el amparo
concedido el 18 enero del año 2000 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca[14], dentro de sendas
acciones de tutela instauradas por deudores de créditos de vivienda liquidados
en UPAC, en procura de que el monto de las obligaciones, a la sazón en
ejecución, reflejara las sentencias de esta Corte y del H. Consejo de Estado,
en la materia.
Recordó la Corte, en la oportunidad que se
reseña, la doctrina constitucional sobre el derecho a la vivienda digna y por
consiguiente la obligación de los jueces del conocimiento, “en cada caso
concreto”, de adoptar “las  medidas que fueren pertinentes para remover
las inequidades que se hubiesen podido presentar en razón de la aplicación de
normas declaradas contrarias al ordenamiento constitucional, aun cuando éstas,
al momento de ser utilizadas, se presumieran conformes a aquél”. Señala la
decisión:
“Los jueces en desarrollo de su función, se
repite, deben hacer una interpretación de la normatividad que involucre los
principios y valores constitucionales, a efectos de dar prevalencia a los
derechos de cada uno de los asociados. Por tanto, éstos, en su labor
interpretativa, no pueden dejar de lado la doctrina constitucional, pues ella,
precisamente, plasma el sentido y orientación que, desde la órbita
constitucional, debe darse al ordenamiento jurídico. Se requiere, entonces, una
acción conjunta dentro  de la jurisdicción que imprima un sentido de unidad no
sólo en la interpretación sino en la aplicación del conjunto normativo
existente,  a la luz de los principios y valores que emanan de la Constitución,
cuya finalidad, en sí misma, ha de ser la prevalencia y eficacia de los
derechos y garantías de los asociados.
3.9. Lo anterior, llevado a los casos que
ahora ocupan  la atención de esta Sala,   ha de entenderse en el sentido que
corresponde a los jueces ordinarios y no al juez de tutela, en desarrollo de
las competencias que aquellos le son propias, garantizar los derechos de los diversos
usuarios del sistema Upac, que, en aplicación de los principios generales del
derecho,  como de las normas del Código Civil y del Código de Comercio, y de
las diferentes interpretaciones que de los mismos ha hecho la jurisprudencia y
la doctrina, hacer efectiva la doctrina constitucional contenida en las
sentencias reseñadas”.
Advirtió la Corte que entonces no comprometía su
criterio en cuanto “la vía legal a la que éstos pueden recurrir para
obtener, entre otros, la reliquidación de sus créditos. Dado que, según lo que
se pretenda, serán acciones diversas las que se puedan emplear para la
satisfacción de los derechos y pretensiones  de éstos” y a su vez destacó
las previsiones del artículo 43 de la Ley 546 al respecto.
Señala la providencia:
“Dentro de este contexto, considera la Sala
que los deudores del antiguo sistema Upac, pueden acudir ante los jueces
ordinarios con el fin de solicitar la  materialización no sólo de las
decisiones de  la  jurisdicción constitucional sino de la doctrina constitucional
contenida en ellas,  según las circunstancias que presente cada caso en
concreto.
(..)
4.2. Significa lo anterior que, con la
expedición de la ley en mención, diciembre 23 de 1999, los deudores de vivienda
a largo plazo que contrataron sus créditos bajo el sistema Upac,  además de
contar con la posibilidad de hacer uso de las vías legales para obtener, según
sea el caso, el pago de una indemnización; la revisión de los contratos de
mutuo;  el reembolso de lo que se hubiese pagado de más, e.t.c,  tienen la
opción de reclamar la reliquidación de sus créditos directamente a las
entidades con las que tienen suscrito el contrato respectivo,  para que éstas
efectúen el abono a que puedan tener derecho, en los términos de la ley 546 de
1999, e incluso obtener la suspensión del proceso que, por mora en el pago de
la obligación hipotecaria, pueda estar en curso. Suspensión que, como se
desprende de la norma transcrita, debe decretar en forma automática el juez que
esté conociendo del proceso.
Es más, el propio legislador, previendo que
el Estado y/o a las entidades podían ser demandadas por los usuarios del
sistema Upac, para que éstos reconozcan indemnizaciones, o hagan las
devoluciones de los dineros que pudieron cancelar de más por la aplicación de
normas que, principalmente, estaban desconociendo el derecho a adquirir
vivienda con sistemas adecuados de financiación a largo plazo, estipuló  en el
artículo 43 de la ley 546 de 1999, que en los procesos que lleguen a
adelantarse en contra de los establecimientos de crédito o en contra del
Estado, los mencionados abonos constituirán, dentro del proceso respectivo, una
excepción de pago parcial o total.
4.3. Dentro de este contexto, ha de
analizarse si, en los casos sometidos a revisión, existía alguna circunstancia
que hiciere procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, tal como
lo sentenciaron los jueces de instancia, pues, en principio, como se dejó
expuesto, puede afirmarse que existen medios alternos a los que los actores
podían acudir para solicitar la reliquidación de sus créditos  y la suspensión
de los procesos seguidos en su contra”.
En todo caso esta Corte consideró que los jueces
accionados tenían que considerar “como punto de partida que el juez
constitucional reconoció que el sistema de financiación de vivienda a largo
plazo que se venía empleando, era contrario a los postulados de justicia y
equidad en que se funda la Carta del 91”.
Ahora bien, en los asuntos que revisaba, en
consideración a las pretensiones de amparo constitucional de los accionantes y
de conformidad con el estado de los procesos Ejecutivos Hipotecarios en curso,
en un caso confirmó la providencia que concedía la protección y en el otro
asunto revocó la decisión emitida en igual sentido.
Para el efecto la Corte destacó cómo, en el primero de
los asuntos sometidos a revisión, no le era dable al ejecutado incoar “una
pretensión propia de ser resuelta en un proceso declarativo, por ejemplo, la
revisión del contrato de mutuo (..) [c]ircunstancia ésta que hacía urgente e
inminente la utilización de un mecanismo rápido  y eficaz que permitiese la
suspensión temporal  de esta diligencia, mientras se analizaba la
procedencia o improcedencia de la liquidación solicitada”; en tanto, en el
segundo de los casos en estudio, el actor podía acudir ante la entidad
financiera directamente y abogar dentro del proceso en curso, para que el monto
de la obligación reflejase lo realmente adeudado.
3.1.6.2 La reliquidación general de obligaciones
pactadas en UPAC, se entiende sin perjuicio del monto que se adeude en cada
caso concreto, a la luz de las sentencias dictadas por esta Corporación
Mediante Sentencia C-1140 de 2000, esta Corte -entre
otras declaraciones-[15], al estudiar los cargos
formulados contra los artículos 44 y 45 de la Ley 546 de 1999, porque al decir
de los ciudadanos accionantes vulnera el artículo 90 de la Carta Política
atribuir al Estado la responsabilidad de reliquidar las obligaciones pactadas
en UPAC, por los usuarios del Sistema y las entidades financieras que otorgaron
los créditos y se beneficiaron de su liquidación, se pronunció en el sentido de
declarar las disposiciones conformes al ordenamiento superior.
Destacó la Corte que “aunque por alguien pudiese
considerarse inconveniente”, no es inconstitucional dejar “(..) en
cabeza del Estado, al menos en su mayor parte (..) el costo de los abonos que
se efectúen o se hayan efectuado a favor de los antiguos deudores de UPAC, que
corresponden a sus derechos, según precedentes providencias de esta Corte”.
Aclara la providencia, sin embargo, que su
pronunciamiento no puede entenderse en el sentido de que la jurisprudencia
constitucional impide acceder a un restablecimiento total de los daños causados
a los damnificados por la financiación de vivienda en UPAC siempre que éstos
demuestren “que los daños causados son imputables, por acción u omisión, a
las autoridades públicas, y que exista sentencia judicial que la declare”,
al igual que acontece con los daños causados por lo pagado en exceso a las
entidades financieras individualmente consideradas “entre 1993 y 1999 (..)”.
Indica la Sentencia:
“En las demandas se invoca, como ya se
dijo, el artículo 90 de la Constitución, pero en criterio de la Corte no es a
la luz de este precepto que debe analizarse el conjunto de mandatos legales
objeto de proceso, si bien nada de lo dispuesto en la Ley ni en esta
providencia ha de interpretarse en el sentido de que resulte excluida hacia el
futuro la posibilidad que tienen los afectados para acudir a los jueces, tanto
contra el Estado, por su posible responsabilidad -por acción u omisión- en los
hechos, como contra las instituciones financieras, por lo que resulte
habérseles cancelado de más en el pago de las cuotas de amortización.
En efecto, no se descarta que las lesiones
de carácter financiero efectivamente causadas a los deudores hipotecarios del
sistema UPAC, en especial a partir de la inclusión de la DTF y la
capitalización de intereses, puedan dar lugar a responsabilidades pecuniarias
regidas por el artículo 90 de la Constitución, aunque ello no sería posible sin
los previos procesos judiciales en los que -dentro de las garantías
constitucionales y las posibilidades de defensa de los organismos y servidores
oficiales correspondientes- se los encontrara responsables y se los obligara a
pagar las indemnizaciones respectivas. Y, por supuesto, el Estado tendría que
repetir contra los funcionarios o exfuncionarios involucrados.
Tampoco queda excluido el reclamo de los
deudores a las entidades crediticias, en procesos judiciales individuales.
Pero, en la normatividad abstracta de cuyo
examen se ocupa la Corte, no se ventila un juicio de responsabilidad pecuniaria
colectiva de los entes estatales ni tampoco de las instituciones financieras,
por los daños -ciertos y cuantiosos- causados por los excesos del sistema UPAC
a los deudores hipotecarios. Todo ello queda a consideración de los jueces
competentes, si son instauradas las correspondientes demandas, con apoyo en los
precedentes jurisprudenciales trazados por esta Corte.
El objeto del proceso de constitucionalidad
consiste en el cotejo de las disposiciones acusadas con la Constitución. Y lo
que, en el curso del mismo, ha encontrado esta Corporación no es nada distinto
de la asunción de una carga voluntaria en cabeza del tesoro público por la
devolución de lo pagado por conceptos inconstitucionales a las instituciones de
carácter financiero a lo largo de varios años, anticipándose en parte el Estado
a reconocer su responsabilidad en la crisis.
(..)
Resulta entonces que el tema debe ser
ubicado, en este proceso, no exclusivamente en el campo de la responsabilidad
patrimonial al que se refiere el artículo 90 de la Constitución, sino en el de
la justicia y la equidad, quebrantadas por la ruptura del equilibrio económico
entre deudores y acreedores.
Ahora bien, las entidades financieras y sus
deudores han proseguido la ejecución de los contratos de crédito, ya que  por
definición eran de largo plazo. Por tanto, aquéllas siguen cobrando -recíbanlas
o no- las cuotas y los saldos correspondientes.
Así, pues, lo que debe darse en el curso de
tales relaciones bilaterales no es nada diferente de la compensación, para
realizar el objetivo constitucional de un orden justo. Deben cruzarse las
cuentas para saber quién finalmente le está debiendo a quién, y cuánto. Y ello
sólo se logra si se reliquidan los créditos. Lo anterior debe ocurrir aunque ya
se haya cancelado la totalidad del préstamo, para proceder a las restituciones
consiguientes, si es el caso.
Así lo indicó la Corte Constitucional en la
Sentencia C-700 de 1999, a la cual pertenecen los siguientes párrafos, que
hicieron tránsito a cosa juzgada constitucional, en cuanto se los vinculó
expresamente a la parte resolutiva (..)”.
En síntesis, a la luz de la jurisprudencia
constitucional, puede afirmarse i) que “no hay motivo válido alguno para que
sea el Estado -con el dinero de los contribuyentes- el que de manera absoluta y
exclusiva asuma la obligación de restituir en su totalidad (..) la obligación
de las entidades financieras de devolver o abonar a sus deudores las sumas que
habían recibido en exceso, y sus intereses a la misma tasa que ellas vienen
aplicando”, ii) que la carga voluntariamente asumida por el Estado de
reliquidar las obligaciones pactadas en UPAC, plasmada en la Ley 546 de 1999,
opera i)“sin perjuicio de la responsabilidad que pueda caber a sus
organismos y a sus antiguos servidores por la adopción de las medidas y por la
expedición de las normas que propiciaron el injusto traslado de fondos de los
deudores hipotecarios a las instituciones crediticias” y ii) “también
sin detrimento de los recursos que, previa sentencia judicial, corresponda
restituir a las propias instituciones crediticias”, quienes tienen a su
cargo la devolución de los dineros, con los réditos respectivos, como quiera
que “los recibieron, los usufructuaron y los invirtieron”.
Recordó la Corte, al respecto, en la Sentencia a que
se hace mención, que si “(..) la justicia consiste en "dar a cada cual
lo que le corresponde", lo que también implica que cada uno responda por
sus obligaciones y no por las de otro, a no ser que voluntaria y libremente
quiera hacerlo, las normas acusadas no podían hacer recaer esta responsabilidad
pecuniaria exclusivamente en el Estado, ya que ello implicaría que se
quebrantaran los conceptos de justicia y orden justo, plasmados
en el Preámbulo de la Constitución; el fundamento social del Estado de Derecho
(art. 1 C.P.); el principio de prevalencia del interés general -sacrificado
aquí en favor del particular representado por los entes financieros- (art. 1
C.P.); el artículo 2 Ibídem, que contempla como fines esenciales del
Estado el de garantizar la efectividad de los derechos y deberes de las
personas, y la vigencia de un orden justo, y que obliga a las autoridades a
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales de los particulares; el
artículo 333, a cuyo tenor la empresa, como base del desarrollo, tiene una
función social”.
3.1.6.3 La ejecución de la obligación no impide la
reestructuración del crédito
El inciso segundo del artículo 20 de la Ley
546 de 1999, a cuyo tenor, con base en la proyección del crédito que la entidad
financiera enviará a los deudores hipotecarios durante el primer mes de cada
año calendario, aquellos “podrán solicitar a los
establecimientos de crédito acreedores, durante los dos primeros meses de cada
año calendario, la reestructuración de sus créditos para ajustar el plan de
amortización a su real capacidad de pago, pudiéndose de ser necesario, ampliar
el plazo inicialmente previsto para su cancelación total”, fue declarado
exequible  en los términos fijados por esta Corte, en la Sentencia C-955 de
2000, ya referida.
Señala la citada providencia que existiendo
las condiciones objetivas para ello la la reestructuración “debe ser
aceptada y efectuada por la institución financiera”, y que, en caso de
controversia “sobre tales condiciones objetivas, decidirá la
Superintendencia Bancaria”, como quiera que –se advirtió- que “[b]ajo
cualquiera otra interpretación, el artículo se declara INEXEQUIBLE”.
Ahora bien, en esta misma línea la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado declaró la nulidad del numeral
5 y del literal e) de las Circulares Externas 085 y
002, emitidas por la Superintendencia Bancaria el 29 de diciembre de 2000 y el
11 de enero 11 de 2001 respectivamente, en cuanto restringían el derecho a la
reestructuración del crédito, si cursaba proceso Ejecutivo contra el deudor, a
causa de la obligación que éste pretendía reestructurar. Señala la Sentencia:
“A juicio del apoderado de la
Superintendencia, la condición prevista en el instructivo acusado se justifica
en el hecho mismo de que la reestructuración se da sobre créditos respecto de
los cuales el deudor esté efectuando los pagos, por lo que considera que un
crédito impagado, sobre el cual cursa proceso ejecutivo, no se encuentra en los
supuestos del artículo 20 de la Ley 546 de 1999, según el cual la reestructuración
se hace “para ajustar el plan de amortización” a la real capacidad de pago, lo
que supone que el crédito está siendo amortizado en cuotas de acuerdo a un plan
preestablecido. No comparte la Sala la posición de la entidad demandada, porque
de una parte la ley no condiciona el derecho, y otro, pues de acuerdo con los
términos de la norma que consagra el derecho a solicitar la reestructuración
del crédito, ella está concebida precisamente para solucionar las situaciones
que surgen cuando la real capacidad de pago del deudor no se adecua al plan de
amortización del crédito, circunstancia que puede llevar a la cesación de los
pagos y por ende a la iniciación de un proceso ejecutivo. Así, que la entidad
haya presentado demanda ejecutiva contra el deudor, no implica la pérdida del
derecho que le otorga la ley para solicitar la reestructuración de su crédito,
pues bien podría el deudor en ocasión del proceso ejecutivo solucionar la deuda
pendiente y continuar con el crédito sin perder el derecho a la reestructuración,
caso en el cual, con mayor razón el deudor requiere la reestructuración”[16].
De manera que el derecho de los deudores
hipotecarios a conocer el estado de la obligación a su cargo, con miras a
exigir la reestructuración de la misma, si las condiciones objetivas así lo
permiten, no se aminora porque la entidad acreedora adelante la ejecución de la
obligación, porque el interés legítimo del prestamista a la satisfacción del
crédito no puede desconocer el derecho de su deudor a contar con un sistema
adecuado a sus circunstancias, para mantener la solución de su problema
habitacional.
En este orden de ideas, la iniciación de
la ejecución del crédito hipotecario y su curso –como se explica enseguida - no
obsta para que el deudor, dentro del mismo proceso o por fuera de él, pueda
exigir el restablecimiento patrimonial causado por el indebido traslado de
recursos a la entidad acreedora, porque mientras el derecho de ésta a la satisfacción
del crédito se funda en la exigibilidad del mismo, la fuente del
restablecimiento de los daños causados radica en el deber de respetar el
derecho ajeno y no abusar del propio –artículos 83, 95 y 230 C.P.-.
3.2.6.4 Cabe proponer excepciones en cualquier estado
del proceso
El artículo 43 de la Ley 546 de 1999 “establece que
el valor que se abone a cada crédito hipotecario por concepto de las
reliquidaciones, así como los subsidios que entregue el Gobierno Nacional
dentro del programa de ahorro a los titulares de la opción de readquisición de
vivienda dada en pago, constituirán un pago que liberará al deudor frente al
establecimiento de crédito acreedor”[17].
También dispone la norma i) que la reliquidación de la
obligación “puede dar lugar a la excepción de pago en los procesos que se
adelanten por los deudores para reclamar devoluciones o indemnizaciones por
concepto de liquidaciones de los créditos o de los pagos efectuados para amortizarlos
o cancelarlos”; ii) que “en caso de sentencia favorable, (…) los
valores se compensen contra el fallo. De igual manera, la norma en mención
señala que esa excepción puede alegarse sobre el monto de los subsidios
otorgados por el Gobierno a los titulares de la opción de readquisición de
vivienda dada en pago, dentro del programa para completar la cuota inicial”;
y iii) que “la referida excepción puede proponerse en cualquier estado del
proceso”.
Efectivamente, la norma en comento preceptúa:
“Artículo 43. Excepción de pago. El valor que
se abone a cada crédito hipotecario por concepto de las reliquidaciones a que
se refiere esta ley, así como los subsidios que entregue el Gobierno Nacional
dentro del programa de ahorro a los titulares de la opción de readquisición de
vivienda dada en pago, constituirán un pago que como tal, liberará al deudor
frente al establecimiento de crédito acreedor. Dicho pago, a su vez,
constituirá una excepción de pago total o parcial, según sea el caso, tanto
para el establecimiento de crédito como para el Estado, en los procesos que se
adelanten por los deudores para reclamar devoluciones o indemnizaciones por
concepto de las liquidaciones de los créditos o de los pagos efectuados para
amortizarlos o cancelarlos.
En caso de sentencia favorable,
los mencionados valores se compensarán contra el fallo. La misma excepción
podrá alegarse sobre el monto de los subsidios que entregue el Gobierno
Nacional a los titulares de la opción de readquisición de vivienda dada en pago,
dentro del programa de ahorro para completar la cuota inicial.
La excepción aquí prevista
podrá proponerse en cualquier estado del proceso. Así mismo, en las sentencias
que se dicten se aplicará como mecanismo para satisfacer los correspondientes
derechos individuales, los previstos en esta ley”.
Ahora bien, en los términos de la
Sentencia C-1400 de 2000 –ya referida-, esta Corte resolvió declarar exequible, de manera condicionada,
el artículo antes trascrito.
Sostenían los ciudadanos
demandantes que, mediante una excepción de “pago total o parcial en
beneficio de los establecimientos de crédito, la norma resuelve de
antemano, “las demandas ordinarias de revisión contractual fundamentadas en
el Art. 868 del Código de Comercio, que pretenden precisamente la revisión de
los contratos de mutuo con hipoteca, para que si hay lugar a ello se hagan los
reajustes que la equidad indique”, vulnerando de esta manera el debido
proceso, el derecho de defensa y el acceso a la justicia; y preguntaban sobre
las implicaciones procesales del inciso final del artículo 43 en mención,
frente al artículo 29 de la Carta Política.
No obstante esta Corte consideró que “el precepto
legal en cuestión es exequible, pues no vulnera ningún texto constitucional y,
por el contrario, se considera que las medidas establecidas en el artículo 43
tienden a desarrollar eficazmente el derecho consagrado en el artículo 51 de la
Carta Política, y a reconocer a la compensación por mutuas deudas el efecto
judicial consiguiente”; sin embargo, con el propósito de “evitar una
situación injusta”, condicionó la decisión a fin de que se entienda que la
norma no cercena las posibilidades del deudor de “entablar nuevos reclamos
judiciales por lo que todavía considera que se le debe y que ha de ser
compensado con lo que él adeuda a la institución financiera”. Señala la
Corte:
“En efecto, considera esta Corporación que
no se puede anular toda posibilidad de reclamación judicial efectiva del deudor
contra la institución financiera, presumiendo que el pago o abono efectuado
cubre completa y satisfactoriamente lo que aquélla debía al demandante, pues
ello supondría el desconocimiento del debido proceso (artículo 29 C.P.P), el
acceso a la administración de justicia (artículo 229 ibídem), el
equilibrio entre las partes y, en general, el orden justo al que propende la
Constitución (Preámbulo).
En este orden de ideas, el artículo 43 de
la Ley 546 de 1999 se declarará exequible, pero en los términos que se acaban
de señalar en este Fallo”.
En esta línea, para la Sala es claro que el artículo
43 de la Ley 546 de 1999 tiende a desarrollar el artículo 51 de la Carta
Política en el sentido de posibilitar, en cualquier estado de los procesos en
que se debate el monto de las obligaciones hipotecarias pactadas en UPAC, así
medie sentencia judicial en firme, la posibilidad de que las partes compensen
lo adeudado, en razón de los dineros recibidos de más por las entidades
financieras y las sumas entregadas a los usuarios de los créditos, en los términos
del Capítulo VIII de la misma normatividad, sin perjuicio del deber de los
jueces de instancia de garantizar el debido proceso, en todos los casos.
Lo expuesto, en cuanto el artículo 29 de la
Carta Política garantiza los derechos de audiencia y contradicción en todas las
actuaciones judiciales y administrativas y el artículo 13 constitucional prevé
la igualdad ante la ley de todas las personas, de manera que los jueces no
pueden restringir las oportunidades defensivas de los deudores, de los acreedores
hipotecarios y de las entidades y autoridades públicas, so pretexto de aplicar
el artículo 43 de la Ley 546 de 1999 a cuyo tenor las excepciones que traten de
determinar el valor real de las obligaciones hipotecarias pactadas en UPAC se
pueden interponer en cualquier estado de los procesos.
Siendo así no se podría considerar indolente en su
defensa, al usuario de un crédito otorgado para adquirir vivienda a largo plazo
que no propuso excepciones, en el ámbito del proceso iniciado por su acreedor
para ejecutar la obligación insoluta liquidada en UPAC i) así el aludido haya
aguardado a la oportunidad en que se liquida el crédito para exigir que se fije
el monto real de la obligación, siguiendo para el efecto la jurisprudencia de
esta Corte y del H. Consejo de Estado en la materia; y ii) así se hubiere
promovido proceso Ordinario, con el objeto de establecer el valor del crédito,
exigir que se adecuen los documentos que contienen la obligación a las reales
exigencias del contrato y se compensen las sumas pagadas en exceso.
3.1.7
Planes específicos de vivienda para sectores
menos favorecidos de la población
El artículo 18 de la Ley 546 de 1999,
regula lo atinente al desembolso de los créditos de
vivienda individual, “en moneda legal o a solicitud del deudor, en bonos
hipotecarios expresados en UVR, en los términos que establezcan las
Superintendencias Bancaria y de Valores, cada una en el ámbito de sus
respectivas competencias”, y así mismo advierte que “los créditos
destinados a la financiación de vivienda de interés social tendrán que ser
desembolsados en moneda legal colombiana y podrán ser otorgados en moneda legal
colombiana”.
Previsión ésta que -como quedó
explicado- fue declarada exequible. Sostuvo la Corte al respecto:
“También es constitucional, en cuanto se
ajusta al objetivo de protección especial y consulta la naturaleza de los
créditos, que la parte final de la norma exija que los destinados a la
financiación de vivienda de interés social tengan que ser desembolsados en moneda
legal colombiana, con la autorización -que repite lo ya dicho en términos
generales por el parágrafo del artículo 17- de otorgar ese tipo de créditos en
moneda legal colombiana. Respecto de lo cual debe anotarse por la Corte que
ello no modifica la sujeción de los mismos a las disposiciones de la Ley y a
las condiciones que en relación con su exequibilidad se contemplan en la
presente Sentencia”.
3.2    Acción de tutela contra providencias judiciales
Como lo revelan los antecedentes, la Sala de Casación
Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia confirma el fallo de primera
instancia que niega la protección, en cuanto considera que las decisiones de
las autoridades judiciales, al igual que lo que acontece con los actos de la
administración, gozan de presunción de legalidad y que no es dable a los jueces
de amparo inmiscuirse en las decisiones de otro juez, como si tratase de una
tercera instancia.
Efectivamente, desde la perspectiva de la seguridad
jurídica, lo plausible tiene que ver con que los litigios se resuelvan de una
vez, de manera que ningún proceso judicial traspase lo que los jueces en
sentencia en firme resolvieron, pero como la deseable inmutabilidad de las
decisiones judiciales no puede extenderse hasta desplazar la convivencia
pacífica y la vigencia del orden justo, contra las sentencias judiciales en
principio definitivas caben recursos extraordinarios y, frente éstos y aquellas
que no los permiten, tiene cabida la acción de tutela, establecida para que
toda persona, en todo momento y lugar, pueda reclamar sobre la protección de
sus derechos fundamentales, cualquiera fuere la autoridad que los vulnere o
amenace –artículos 86 y 230 C.P.-
Así lo ha sostenido esta Corte en las oportunidades
que ha debido resolver sobre cargos de inconstitucionalidad contra las recursos
de revisión y de casación en las distintas jurisdicciones y en innumerables
pronunciamientos, con efectos relativos y generales, al revisar acciones de
amparo contra providencias judiciales en firme o decidir sobre la conformidad
con la Carta Política de disposiciones sometidas a su consideración.
Cabe recordar al respecto que, en los
términos de la Sentencia C-543 de 1992[18], al tiempo
que esta Corte declaraba inexequibles los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de
1991, en consideración a que desconocían las reglas de competencia fijadas por
la Constitución Política y afectaban el principio de seguridad jurídica[19],
advertía que “(…) nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al
juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a
su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los términos
judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta
figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las
cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando
la decisión pueda causar un perjuicio irremediable (..)”.
En esta misma línea esta Corporación, al
resolver sobre la conformidad con la Carta Política de la expresión “ni
acción”, contenida en el artículo 185 de la Ley 906 de 2004, en los
términos de la Sentencia C-590 de 2005[20], reiteró la
consistente y decantada doctrina constitucional sobre la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales en firme, “en
los casos en que esta Corporación ha establecido y con cumplimiento de los
presupuestos generales y específicos ya indicados (..) respaldada en el
artículo 86 de la Carta sino también en los artículos 2 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos incorporados a la Constitución por vía del artículo 93 de la Carta[21]”.
Consideró esta Corte, en la providencia en mención,
los distintos cuestionamientos que se formulan contra la acción de tutela
contra decisiones judiciales en firme y pudo concluir i) que la restricción
propuesta en el seno de la Asamblea Nacional constituyente, en materia de
acción de tutela contra decisiones judiciales, luego de haber sido ampliamente
debatida “resultó amplia y expresamente derrotada por la mayoría con el
argumento, claramente expuesto en el debate, según el cual impedir la tutela
contra decisiones judiciales podría crear un ámbito de impunidad constitucional
y reduciría la eficacia de los derechos fundamentales a su simple consagración
escrita[22]”; y
ii) que contrario a lo afirmado “la doctrina constitucional comparada parece
coincidir de manera unánime en que la tutela  -amparo o acción de
constitucionalidad-  contra las sentencias es un corolario lógico del modelo de
control mixto de constitucionalidad (..) necesario para garantizar,
simultáneamente, la primacía de la Constitución y de los derechos
fundamentales”. Indica la decisión:
“Los desacuerdos en la doctrina y la
jurisprudencia más especializada se producen más bien en torno al alcance de
esta figura y al tipo y grado de eficacia de los derechos fundamentales en el
ámbito judicial. No obstante, a estas alturas de la evolución de la doctrina
constitucional, parece que nadie niega la importancia de que exista un último
control de constitucionalidad de aquellas sentencias que hubieren podido
vulnerar los derechos fundamentales de las partes y, en particular, el derecho
de acceso a la administración de justicia.
No puede perderse de vista que la más
importante transformación del derecho constitucional en la segunda mitad del
siglo XX fue la consagración de la Constitución como una verdadera norma
jurídica. En otras palabras, en el nuevo Estado constitucional, las
constituciones  -y en particular los derechos fundamentales- dejaron de ser
normas formalmente prevalentes pero jurídicamente irrelevantes para convertirse
en las normas jurídicas de mayor eficacia o poder vinculante dentro del
ordenamiento. Para lograr esta transformación, los distintos sistemas jurídicos
incorporaron al texto constitucional poderosos sistemas de garantía tendientes
a asegurar la sujeción de todos los órganos del Estado a las disposiciones
constitucionales y, muy en particular, a los derechos fundamentales.
En este novedoso y potente sistema de
protección de la Constitución, la tutela contra sentencias juega un papel
fundamental: el control de constitucionalidad de las sentencias sirve para
desplegar con fuerza la eficacia normativa de los derechos fundamentales en todos
los ámbitos de aplicación del derecho. En otras palabras, de lo que se trata es
de asegurar el llamado “efecto irradiación” de los derechos fundamentales en
jurisdicciones acostumbradas a seguir fielmente los mandatos del derecho
legislado sin atender a las normas constitucionales que podrían resultar
relevantes para resolver la respectiva cuestión.
Entonces, la acción de tutela -o el llamado
recurso de amparo o recurso de constitucionalidad-  contra sentencias
constituye uno de los ejes centrales de todo el sistema de garantía de los
derechos fundamentales. Este instrumento se convierte no sólo en la última
garantía de los derechos fundamentales, cuando quiera que ellos han sido
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad judicial,
sino que sirve como instrumento para introducir la perspectiva de los derechos
fundamentales a juicios tradicionalmente tramitados y definidos,
exclusivamente, desde la perspectiva del derecho legislado. En otras palabras,
la tutela contra sentencias es el mecanismo más preciado para actualizar el
derecho y nutrirlo de los valores, principios y derechos del Estado social y
democrático de derecho.”
Otro aspecto, en el que esta Corte se detuvo, en la
Sentencia que se trae a colación, tiene que ver con la necesidad de contar con
un mecanismo de unificación de la jurisprudencia en materia de derechos
constitucionales y garantías fundamentales, como viene a ser la revisión de
esta Corte establecida en el artículo 86 superior y desarrollada en los
artículos 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991, que asegura la aplicación de un
mismo criterio e imprime seguridad en la aplicación e interpretación “del
contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales por parte
de todos los jueces de la República  -con independencia de la causa que se
encuentren juzgando-“.
Expuso la Corte, en la oportunidad a que se hace
referencia, “los casos en que procede la acción de tutela contra decisiones
judiciales”, desarrollados ampliamente “tanto en fallos de constitucionalidad,
como en fallos de tutela”:
Señala la decisión:
“24.  Los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los
siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones[23]. En consecuencia, el
juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios
-ordinarios y extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable[24].  De allí
que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios
que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.  De no ser
así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en
el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[25].
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o
aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se
cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[26].
No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar
a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[27].  Esta
exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse
de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[28].
Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para
revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
25.  Ahora, además de los requisitos
generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una
sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o
causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de
los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando
el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se
origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
c.  Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son
los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[29]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando
el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño
lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g.  Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h.  Desconocimiento del precedente,
hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[30].
i.  Violación directa de la Constitución.
Estos eventos en que procede la acción de
tutela contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de
vía de hecho y la admisión de específicos supuestos de procedebilidad en
eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta,
si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales. (..)”
Se observa entonces que, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 y 93 de la Carta Política, la acción de tutela
procede para restablecer el debido proceso, vulnerado en el ámbito de los
procesos judiciales iniciados con motivo de la adecuación de los créditos
liquidados en UPAC a la UVR, como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del artículo 51 constitucional,
restablecer las garantías constitucionales y hacer imperar el alcance de las
decisiones de esta Corte en materia de derechos constitucionales, entre ellos
el de todos los colombianos de contar con sistemas adecuados de financiación a
largo plazo para disfrutar de una vivienda digna.
4.      El caso concreto
Los señores María Esmith Luque Reyes y
Jorge Enrique Pineda Rodríguez instauran acción de tutela contra el Juzgado
Sexto Civil del Circuito, la Sala Civil Familia del H. Tribunal Superior, ambos
de Bucaramanga y la Corporación de Ahorro y Vivienda Colmena hoy BSSC S.A.,
porque el Juzgado accionado aprobó la liquidación del crédito y el ad quem
confirmó la decisión, en el ámbito del proceso promovido por la entidad
acreedora para ejecutar un crédito hipotecario, otorgado a los accionantes en
mayo de 1995, para adquirir una vivienda de interés social.
Indican los antecedentes que los señores
Luque Reyes y Pineda Rodríguez concurrieron al proceso Ejecutivo Hipotecario
con el fin de solicitar su suspensión “hasta tanto no se haga la revisión
del contrato y la devolución de las cantidades pagadas en exceso” -estando
ejecutoriada y en firme la sentencia que decreta la venta en pública subasta
del inmueble- y se conoce que el Juzgado Sexto accionado i) aceptó la petición,
ii) designó un perito para contar con un concepto técnico sobre el monto de la
obligación y iii) presentado el experticio ordenó rehacer el dictamen, con
miras a que éste reflejase “la reglas que rigen para los créditos de
vivienda de interés social”.
Ahora bien, el nuevo dictamen fue aprobado,
mediante providencia que los ejecutados impugnaron, fundados en que si lo “dado
en mutuo fue de “$14.400.000 de los cuales el demandado alcanzó a pagar en
pesos la suma de $18.146.391 (..) es un absurdo que se continúe debiendo la
suma de $27.185.278.52”.
De modo que la Sala Civil Familia del H.
Tribunal Superior de Bucaramanga no podía argüir que los planteamientos de los
accionantes, en cuanto al monto de la obligación, “debieron invocarse como
excepción de fondo y fundarse en ello para confirmar la providencia que aprobó
el dictamen pericial”, como quiera que, en los términos del artículo 43 de
la Ley 546 de 1999 conforme al entendido de la norma fijado en la Sentencia
C-1400 de 2000, las excepciones dirigidas a liberar al deudor, al igual que los
medios defensivos del establecimiento de crédito y del Estado sobre el monto de
la obligación, reliquidación y compensación, pueden formularse en cualquiera estado
del proceso, así se hubiere dictado sentencia, siempre que el contradictor,
cuente con la oportunidad de contradecir, probar y alegar en su favor.
Lo último si se considera que en los
procesos de ejecución el fallo no pone fin a la actuación, al punto que en el
caso en estudio el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga, aunque
había proferido Sentencia, ante la solicitud del deudor, adelantó un trámite no
previsto en el ordenamiento, con miras a resolver sobre el real valor de la
obligación.
No desconoce la Sala que lo deseable tiene
que ver i) con que las ejecuciones de créditos otorgados para adquirir
vivienda, así se hubieren pactados en UPAC, se inicien con base en títulos que
reflejen el monto real de la obligación y que las demandas consulten las
sentencias de esta Corte y del H. Consejo de Estado en la materia; ii) con que
los deudores cuenten, en todos los casos, antes de la iniciación del proceso y
durante el curso del mismo, con la real oportunidad de hacer exigible su
derecho a la reestructuración del crédito, previo conocimiento permanente y
cierto del monto de las condiciones del mismo -artículos 17 y 20 de la Ley 546
de 2000-; y iii) con que la sentencia indique que sobre la solución del crédito
nada debe agregarse, distinto a determinar el valor que se hace exigible.
No obstante, como lo que debería suceder no
ocurre y las oportunidades de reclamación judicial y efectiva de las partes no
pueden anularse, para la Sala es claro que el debate sobre el monto de las
obligaciones pactadas por los señores Luque Reyes y Pineda Rodriguez, en UPAC,
se podrá establecer en cualquier estado de los procesos en que se controvierte
su crédito, en los términos del artículo 43 de la Ley 546 de 1999, conforme al
entendimiento fijado por la jurisprudencia constitucional.
En consecuencia la Sala Civil del H.
Tribunal Superior de Bucaramanga incurrió en violación al debido proceso
constitucional y con ello quebrantó el derecho de los accionantes a la vivienda
digna, porque sostuvo que la controversia sobre el monto real de la obligación,
propuesta por los accionantes a tiempo de liquidar el crédito, tenía que haber
sido planteada como excepción de mérito al conformar la litis y, en
consecuencia, confirmó la providencia que aprueba el dictamen pericial, sin
estimar la defensa esgrimida por el ejecutado.
5.
Conclusión. Las
decisiones de instancia deberán revocarse
Las Salas de Casación Civil y de Casación
Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia niegan a los accionantes la
protección que reclaman, porque no es dable al juez de amparo reabrir un debate
judicial concluido, en especial cuando quienes impetran la protección
constitucional i) comparecieron al proceso que contradicen una vez definida la
litis; ii) no se pronunciaron sobre las decisiones que negaron la suspensión
de la actuación y iii) dispusieron fijar el monto de la obligación previo
dictamen de un perito financiero. Amén de que la acción de tutela contra
providencias judiciales no procede, en ningún caso.
De manera que las sentencias de instancia
habrán de revocarse, para, en su lugar, conceder la protección.
Lo anterior, porque el artículo 86 permite
a todas las personas reclamar sobre la vulneración de sus derechos
fundamentales siempre que no exista otro procedimiento de comprobada eficacia
que permita alcanzar los mismos propósitos y, como lo demuestran los
antecedentes, los señores Luque Reyes y Pineda Rodríguez impugnaron la
providencia que aprobó el dictamen pericial sin resultado, es decir que no
cuentan con medio distinto a la acción de tutela para el restablecimiento de su
derecho a la vivienda digna, quebrantado en el ámbito del proceso Ejecutivo
Hipotecario promovido en su contra.
Cabe precisar que si bien los accionantes
i) no apelaron de la providencia que negó la prejudicialidad y por ello la
suspensión del proceso; ii) nada dijeron sobre la designación del perito
financiero y iii) adelantan un proceso Ordinario para la adecuación del
crédito, lo cierto es que los mismos fundan su pretensión de amparo en la
aprobación del dictamen pericial el cual, como se conoce, contradijeron
oportunamente y nada dicen sobre la suspensión del proceso, aunado a que son
otras las autoridades judiciales que tiene a su cargo la definición de la
controversia sobre los valores a compensar, a cargo de la entidad financiera
acreedora.
Siendo así la Sala Civil Familia del H.
Tribunal Superior de Bucaramanga deberá pronunciarse, nuevamente sobre el
recurso de apelación formulado contra la providencia proferida por el Juzgado
Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga el 15 de febrero de 2005, concedido en
el efecto diferido mediante providencia del 24 de febrero de la misma
anualidad, esta vez considerando las razones de los accionantes, quienes en
materia de determinación del valor del crédito a su cargo pueden excepcionar en
cualquier estado del proceso.
Finalmente, el H. Consejo Seccional de la
Judicatura de Santander será informado, para lo de su cargo, sobre las actuaciones
adelantadas por el señor Juez Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga, dentro
del proceso Ejecutivo Hipotecario promovido por la Corporación de Ahorro y
Vivienda Colmena S,A, hoy BSSC S.A. contra Maria Esmith Luque Reyes y Jorge
Enrique Pineda Rodriguez, después del 12 de agosto de 2005, oportunidad ésta en
que el fallador conoció que el asunto se debatía en un proceso de amparo[31].
Lo anterior, si se considera que las
autoridades de la República quebrantan ostensiblemente sus deberes
constitucionales, cuando propician actuaciones que distorsionan las situaciones
fácticas que se ventilan en los procesos en curso, precipitando situaciones que
pudieren dejar sin efectos las decisiones judiciales y propiciando cadenas
ininterrumpidas de litigios y reparaciones[32].
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Levantar los términos que fueron suspendidos en el
presente proceso para mejor proveer, al igual que la medida provisional que
dispuso suspender la diligencia de remate, ordenada por el Juzgado Sexto Civil del
Circuito de Bucaramanga, en el proceso Ejecutivo Hipotecario promovido por la
Corporación de Ahorro y Vivienda Colmena S.A. contra los accionantes.
Segundo.- REVOCAR las sentencias proferidas por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 26 de septiembre de 2005 y
por la Sala de Casación Civil de la misma Corporación el 24 de agosto anterior,
para decidir la acción de tutela instaurada por María Esmith Luque Reyes y
Jorge Pineda Rodríguez contra la Sala Civil Familia del H. Tribunal Superior de
Bucaramanga, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de la misma ciudad y el Banco
Colmena S.A. hoy BSSC S.A. y, en su lugar, proteger los derechos fundamentales
de los accionantes a que se refieren los artículos 29 y 51 de la Constitución
Política.
Tercero. DECLARAR SIN EFECTO lo actuado en el proceso Ejecutivo
Hipotecario promovido por la Corporación de Ahorro y Vivienda Colmena S.A. hoy
BSSC S.A. contra los señores Luque Reyes y Pineda Rodríguez a partir de la
ejecutoria del auto que concedió a los accionantes el recurso de apelación -24
de febrero de 2005- interpuesto contra la providencia que declaró aprobada la
liquidación del crédito.
Por consiguiente i) el Juzgado Sexto
Civil del Circuito de Bucaramanga en las cuarenta y ocho (48) horas siguientes
a la notificación de esta decisión, adoptará las medidas que resulten
necesarias para adecuar el proceso Ejecutivo en mención a esta decisión y ii)
la Sala Civil Familia del H. Tribunal Superior de Bucaramanga resolverá, esta
vez con sujeción al ordenamiento constitucional, en los cinco días siguientes
contados a partir de la recepción de las copias pertinentes, la decisión que
resuelva el recurso de apelación interpuesto contra el auto proferido el 15 de
octubre de 2005, por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de la misma ciudad,
para aprobar la liquidación del crédito, dentro del proceso Ejecutivo
Hipotecario, promovido por la Corporación de Ahorro y Vivienda Colmena S.A.
contra los accionantes.
Cuarto. Poner al H. Consejo Seccional de Judicatura de
Santander al tanto de las actuaciones adelantadas por el Juzgado Sexto Civil
del Circuito de Bucaramanga en el curso del Ejecutivo Hipotecario en
referencia, después de haber sido notificado -12 de agosto de 2005- sobre la
iniciación de la presente acción. Para que se adelante la investigación
pertinente y se adopten los correctivos del caso. Ofíciese por la Secretaría
General de esta Corporación.
Quinto. Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista
en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Respecto de las acciones de Nulidad y de Nulidad y
Restablecimiento se puede consultar, entre otras decisiones la Sentencia C-426
de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[2] Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo, C.P. Daniel Manrique Guzmán 21 de mayo de 1999, radicación
1001-03-27-000-1998-0127-00 (9280).
[3] M.P. Alfredo Beltrán
Sierra. SS. VV. Magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz y Vladimiro Naranjo Mesa.
Expusieron quienes se apartaron de la decisión mayoritaria i) que
“bien podía el Legislador precisar como elemento de política económica que,
al definirse el cálculo de la UPAC, se procurara reflejar los movimientos de la
tasa de interés”; ii) y que “la mayor o menor
adecuación de un instrumento de financiación de vivienda a largo plazo, integra
un mandato que la Constitución le imparte a las autoridades competentes, que
difícilmente puede ser justiciable, pues se concede a ellas un amplio espacio
de configuración”.
[4] "Por la cual se dictan las normas a las que
deberá sujetarse el Banco de la República para el ejercicio de sus funciones,
el gobierno para señalar el régimen de cambio internacional, para la expedición
de los estatutos del banco y para el ejercicio de las funciones de inspección,
vigilancia y control del mismo, se determinan las entidades a las cuales
pasarán los fondos de Fomento que administra el banco y se dictan otras
disposiciones”..
[5] Sentencia C-383 de
1999 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[6] Mediante sentencia C-700 de 1999 M.P. José Gregorio
Hernández Galindo esta Corte, entre otros pronunciamientos resolvió declarar “INEXEQUIBLES
en su totalidad los siguientes artículos del Decreto 663 de 1993 (Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero), que estructuraban el sistema UPAC: 18, 19,
20, 21, 22, 23, 134, 135, 136, 137, 138, 139 y 140”; empero diferir hasta el 20
de junio del año 2000, los efectos de la decisión sin perjuicio de que, “en
forma inmediata, se dé estricto, completo e inmediato cumplimiento a lo
ordenado por esta Corte en Sentencia C-383 del 27 de mayo de 1999, sobre la
fijación y liquidación de los factores que inciden en el cálculo y cobro de las
unidades de poder adquisitivo constante UPAC, tal como lo dispone su parte
motiva, que es inseparable de la resolutiva y, por tanto obligatoria”.
Los
Magistrados Eduardo Cifuentes Muños, Vladimiro Naranjo Mesa y Alvaro Tafur
Galvis salvaron el voto. Los doctores Cifuentes Muñoz y Naranjo Mesa se
apartaron de la decisión i) en razón de que “[e]n la sentencia mayoritaria
no se ofrece un solo argumento para sostener que la cosa juzgada que cobija los
artículos 25 de la Ley 45 de 1990 y el segundo inciso del artículo 36 de la Ley
35 de 1993, no sea absoluta, como sin duda alguna lo es (..) en el fallo C-252
de 1994, se precisó que el presidente sí estaba autorizado legalmente para
expedir el D-L 663 de 1993 (..) [e]n suma, en 12 sentencias anteriores, la
Corte Constitucional había considerado que el ejercicio, por parte del
Gobierno, de las facultades extraordinarias conferidas a través de la ley 35 de
1993, para actualizar y renumerar el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,
resultaba constitucional, siempre que se limitara a la incorporación –que no
modificación o alteración– de las disposiciones previamente vigentes”; ii)
como quiera que “[a] diferencia de las demás normas de la Constitución, las
que se ocupan de establecer nuevos procedimientos o introducen innovaciones en
el reparto de competencias o funciones, de suyo no invalidan o derogan los
actos normativos dictados con anterioridad por los órganos que bajo el régimen
vigente tenían competencia para hacerlo (..) [r]esulta incomprensible que el
hecho de ordenar, con posterioridad a la vigencia de la Constitución, una
simple modificación de la numeración de un decreto ley pre-constitucional
signifique que éste entre en oposición automática con la Constitución y deba
ser invalidado, lo que no habría ocurrido si el Legislador hubiese dejado “las
cosas como estaban” y se hubiese abstenido de ordenar el cambio de numeración”;
y iii) dado que “[e]l papel institucional de la Corte le impide intervenir
políticamente en los avatares y accidentes históricos de un producto
financiero, por definición sujeto a las más variadas evoluciones y
transformaciones, salvo desde luego que en la ley en la que ocasionalmente se
reflejen esas vicisitudes pueda, en verdad,  descubrirse un verdadero “vicio
constitucional”. Si ha llegado la hora de eliminar un producto financiero o de
transformarlo o mejorarlo, la democracia o el mercado se encargarán de hacerlo.
Si no lo hacen, mal puede en su lugar hacerlo una sentencia de inexequibilidad,
así ello le represente a la Corte ganarse la simpatía de grupos de interesados
o de ciudadanos. El cometido de la Corte es otro y se ubica en un ámbito de
acción y de responsabilidad bien distinto (..) “[e]n ausencia de un verdadero
“vicio constitucional” - los relacionados con la competencia por lo expuesto no
podían traerse a colación y los demás no fueron tratados -, lo que se percibe
es la utilización de la jurisdicción constitucional para propósitos ajenos a su
objeto, como son los de ponerle término en estas condiciones a un producto
financiero”. El doctor Tafur Galvis, por su parte, i) consideró que “(..)
por virtud de la sentencia C-252 de 1.994 ha debido operar en el presente caso
una cosa juzgada constitucional  toda vez que, en la providencia en mención,
la Corte, luego del examen de la competencia del gobierno, y sus posibilidades
normativas en ejercicio de las atribuciones conferidas por la ley 35 de 1.993,
determinó que en la medida en que el contenido del decreto 663 de 1.993 no
constituía un Código era exequible y así lo declaró”; ii) expuso que
“(..) si las disposiciones de la ley 35 de 1.993, tienen el carácter originario
de “ley marco” debe aceptarse que  no perdieron esa calidad al ser incorporadas
al Estatuto en cumplimiento de la habilitación otorgada por el propio
legislador. Para tales efectos es claro que las normas incorporadas no mutan su
naturaleza ; así mismo, el estatuto tal como se configuró desde su
expedición no tuvo ni el carácter de Código ni de norma innovadora, mediante él
se reunieron las normas vigentes al momento de su expedición y se incorporó,
ulteriormente la ley 35 de 1.993, con su prístino contenido y alcances”; y
iii) planteó que “[a]dmitir que un proceso de inconstitucionalidad concluya
en decisiones encaminadas a protecciones específicas que deban ser cumplidas
por personas determinadas frente a terceros, puede, entonces distorsionar los
elementos y requisitos propios del proceso de inexequibilidad  y llegar a
significar, por ende, una desviación del ejercicio de la acción de
inconstitucionalidad, haciendo nugatorias sus finalidades propias”.
Los
Magistrados José Gregorio Hernández y Alfredo Beltrán Sierra aclararon
su posición en punto a los efectos diferidos de la Sentencia C-700 de 1999,
como quiera que “la inexequibilidad de las normas acusadas ha debido tener
aplicación inmediata, pues, si una ley o parte de ella, o un decreto ley, o un
decreto legislativo se encuentran contrarios a la Carta Política y, por lo
mismo, así se declara por quien tiene a su cargo la guarda de la integridad y
primacía de la Constitución (artículo 241 C.P.), riñe con la lógica jurídica
que lo que es inconstitucional  prolongue su existencia en el tiempo con
posterioridad al fallo en el que así se declara por esta Corporación”.
[7] Sobre la legalidad de la Resolución Externa No. 10 de
1999 consultar, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, C. P. María Inés Ortiz Barbosa, 22 de junio de 2001 -radicación
11001-03-27-000-2000-0061-01(10164)-.
[8] Sentencia C-747 de
1999 M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Con salvamento de voto de los Magistrados
Eduardo Cifuentes Muñoz, Vladimiro Naranjo Mesa y Alvaro Tafur Galvis y
aclaración de voto de los Magistrados Alfredo Beltrán Sierra y José Gregorio
Hernández Galindo.
[9] M.P. José Gregorio
Hernández Galindo. Con salvamento de voto de los Magistrados Eduardo Cifuentes
Muñoz y Vladimiro Naranjo Mesa y salvamento parcial de voto de los Magistrados
José Gregorio Hernández Galindo y Alvaro Tafur Galvis.
Los doctores Cifuentes Muñoz y
Naranjo Mesa salvaron el voto i) porque la Corte, “(..) sustituye al
Legislador en lo que respecta al desarrollo del derecho a la vivienda digna”, ii)
debido a “ (..) la reducida capacidad de distinción que acusa la sentencia,
que permite –aparte de la vivienda de interés social- conceder el mismo trato a
todos los estratos sociales con independencia de su nivel de ingreso (..)”;
iii) como quiera que “(..) petrifica una opción de regulación, como la única
constitucionalmente posible (..)”; iv) a causa de que la “(..) ley podía
asignarle funciones específicas al Consejo Nacional de Política Económica y
Social, lo mismo que al Consejo Superior de Vivienda y a su secretaría Técnica”;
v) en razón de que “(..) la Corte proyecta el ámbito de protección del
artículo 51 de la C.P., más allá de su objeto propio (..)”; y vi) toda vez
que la “(..) fijación legal de plazos para que los deudores morosos
soliciten la reliquidación de los créditos no viola la constitución”.
El
doctor José Gregorio Hernández , por su parte, manifestó i) que si “ya la
UVR, en si misma, dejaba a salvo a la entidad prestamista por la pérdida del
poder adquisitivo de la moneda a causa de la inflación, no ve el suscrito
Magistrado la razón para que, adicionalmente, esa corrección monetaria o
ajuste inflacionario genere, a medida que aumenta, nuevos intereses. Ni para
que esos intereses, ilimitados, vuelvan a incluir la inflación”; ii) que
“el condicionamiento aprobado por la Corte en cuanto al parágrafo del artículo
28 resulta teórico”; iii) su desacuerdo “con la exequibilidad de las
normas que establecieron discriminaciones en lo relativo a reliquidaciones de
los créditos adquiridos bajo la vigencia del desaparecido sistema UPAC (..)”
sin perjuicio de haber quedado claro en el fallo “que pueden reclamar por la
vía judicial y que los jueces competentes tienen los elementos indispensables
para reparar, ojalá con prontitud, los daños que a tales deudores se les
causó”; iv) que “(..) los afectados, independientemente del número de
créditos, por los cuales pagaron el exceso, tenían derecho a la restitución o
abono de esos dineros”; y v) que “(..) carece de sentido (..)”
atribuir a una mora posterior la posibilidad de retrotraer los efectos del
abono ya efectuado a favor del deudor.
El
doctor Alvaro Tafur Galvis, fundó su disenso con la posición mayoritaria i) en
que la Corte “ha debido limitarse a la determinación conceptual de la tasa
remuneratoria, enunciando los factores que la integran, pero no avanzar en el
establecimiento de un tope máximo y menos frente a elementos que no son
comparables en términos reales como las tasas de préstamos a corto y mediano
plazo, cuando los préstamos de vivienda conforme a la propia ley 546 de 1999 se
pactan a plazos que oscilan entre quince y treinta años”; ii) en “que
la situación de quien ha sido cumplido no es la misma de quien ha sido
incumplido (..) no puede perderse de vista que los deudores cumplidos no lo son
solamente por disponer de medios, sino por el imperativo de honrar sus
compromisos (..)”; iii) en que “(..) el reconocimiento del verdadero
carácter de esos apoyos que no es otro que el ser subsidios o auxilios -
respaldados en el propio artículo 51 de la Constitución para el cumplimiento de
los explícitos cometidos allí señalados-, en nada pugna con las disposiciones
constitucionales ni con la jurisprudencia de la Corte”, así, en los
términos de la Sentencia “[l]o relacionado con la contribución estatal a la
formación del ahorro que permita configurar la cuota inicial de los deudores
que hayan entregado en dación en pago a sus viviendas, en los términos del
artículo 46 de la Ley, no obstante la apariencia de subsidio que
presenta la redacción del artículo, obedece a la misma filosofía ya planteada y
es sólo en ese sentido que se declarará su constitucionalidad, con apoyo en los
preceptos que se desprenden del carácter social del Estado de Derecho
colombiano.”
[10] Mediante Sentencia C-955 de 1999 esta Corte declaró
inexequibles, entre otras expresiones y artículos, los apartes i) "...cuyo
valor se calculará de conformidad con la metodología que establezca el Consejo
de Política Económica y Social, Conpes. Si el Conpes llegare a modificar la
metodología de cálculo de la UVR, esta modificación no afectará los contratos
ya suscritos, ni los bonos hipotecarios o títulos emitidos en procesos de
titularización de cartera hipotecaria de vivienda ya colocados en el mercado” y
El Gobierno Nacional determinará la equivalencia entre la UVR y la Unidad de
Poder Adquisitivo Constante, UPAC, así como el régimen de transición de la UPAC
a la UVR" –artículo tercero-. ii) "a quien le corresponderá
entre sus funciones, la de calcular y divulgar el valor diario de la Unidad de
Valor Real" - inciso final artículo 6-; iii) "temporal" -numeral
7, artículo 7-; iv) "según la equivalencia que determine el Gobierno
Nacional" –articulo 38, primer inciso-; v) “Igualmente, a
elección del deudor, se podrán denominar las cuentas de ahorro y demás pasivos,
en UVR o en pesos" –artículo 38 parágrafo-; vi) "dentro de los
tres (3) meses siguientes a la vigencia de la presente Ley, y" –artículo
39 parágrafo 2-; vii) "que se encuentren al día el último día hábil
bancario del año 1999" –artículo 41, numeral 1, viii) "que
estuvieren al día el 31 de diciembre de 1999", "o en la forma que lo
determine el Gobierno Nacional" –artículo 41 numeral 3-; y ix)
"en los términos que determine el Gobierno Nacional" –artículo 41
parágrafo 1-.
[11] Mediante Sentencia C-408 de 1999 M.P. Alejandro
Martínez Caballero fueron declarados exequibles i)“el primer
inciso del artículo 2º de la Ley 31 de 1992, en el entendido de que la
actividad del Banco para mantener la capacidad adquisitiva de la moneda debe
ejercerse en coordinación con la política económica general, lo cual implica
que la Junta no puede desconocer los objetivos de desarrollo económico y social
previstos por la Carta”; y ii) el parágrafo del artículo 2º de la Ley 31 de
1992 “salvo la expresión “que deberán ser siempre menores a los últimos
resultados registrados”, que se declara INEXEQUIBLE”.
En los términos de la Sentencia C-208 de 2000 M.P. fue
declarada “INEXEQUIBLE la expresión “en situaciones
excepcionales y por períodos que sumados en el año no excedan de 120
días", contenida en el literal e) del artículo 16 de la ley 31 de 1992”, en cuanto
“resultan lesivas de
esa autonomía del Banco de la República los mandatos que desarrollan en forma puntual
y concreta las funciones cambiarias, monetarias y crediticias del Banco, o que
regulen específicamente casos particulares referidos a dichas funciones”.
[12] M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Los Magistrados Eduardo
Cifuentes Muñoz y Vladimiro Naranjo Mesa salvaron su voto i) porque “[e]l
crédito de vivienda cuyo pago se perseguía a través del proceso ejecutivo
radicado en el juzgado tercero civil del circuito de Sincelejo, denominado en
UPAC, fue liquidado con fecha 13 de octubre de 1998. La Corte estima que a esta
relación crediticia puede aplicarse retroactivamente la doctrina constitucional
plasmada en las sentencias C-383 de 1999, C-747 de 1999 y C-700 de 1999. No
obstante en las tres sentencias de la Corte Constitucional, expresamente se
descartaron los efectos retroactivos (..)”; ii) debido a que el fallo “estimula
a todos los jueces a que asuman una conducta similar (,,)”; y iii) en razón
de que “la Corte ha decidido llevarse de calle su propia doctrina sobre las
vías de hecho. No obstante que la actuación del juez ordinario se ha ceñido a
las normas sustanciales y procesales aplicables, en esta oportunidad se ha
encontrado procedente la acción de tutela”.
[13] El H. Tribunal
Administrativo de Sucre concedió el amparo, razón por la que ordenó al Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Sincelejo suspender el proceso Ejecutivo en curso
–en estado de rematar el inmueble-, al tiempo que dispuso que la entidad
financiera ejecutante debía reliquidar la obligación, en los términos señalados
por la jurisprudencia, en las cuarenta y ocho horas siguientes a la
notificación de la decisión –“queda claro conforme a los antecedentes expuestos
y a las consideraciones ya formuladas,  que una vez señalada la fecha, día y
hora para adelantar la diligencia de remate y cumplidas las formalidades
previas al mismo, el deudor demandado no tenía conforme al Código de
Procedimiento Civil, posibilidad alguna,  dentro del proceso ejecutivo, de que
se le tramitara una petición de reliquidación del crédito”-.
[14] El H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca
concedió la protección como mecanismo transitorio, en el sentido de suspender
el proceso Ejecutivo en curso –en estado de notificación al demandado- por el
término de 90 días, a efecto de que el actor solicitase a la entidad financiera
ejecutante la reliquidación del crédito –“Significa lo anterior que la
Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el caso del
actor Humberto Sanabria Delgadillo (expediente T-288.090) ha debido denegar el
amparo solicitado, indicándole a éste sí, que,  en aplicación del parágrafo
tercero del artículo 42 de  la ley 546 de 1999, tenía la opción de solicitar a
la entidad financiera la reliquidación de su crédito, alternativa que a la
fecha del fallo en revisión aún podía  ser utilizada por el actor, para
posteriormente gestionar la suspensión del proceso en la forma como lo
contempla la ley”-.
[15] M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Esta Corte
mediante Sentencia C-1140 de 2000 resolvió i) estarse a lo resuelto en la
Sentencia C-955 de 2000, en lo relacionado con la exequibilidad de los
artículos 1, 2, 3, 4, 6 -inciso final-, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 28
-parágrafo-, 38, 39, 40, 41 y 42 de la Ley 546 de 1999 y en lo referente a los
vicios de forma argüidos contra la misma normatividad; ii) declarar exequibles,
en los términos de la decisión, los artículos 43, 44 y 45 de la Ley 546 de 1999
e iii) inexequibles los artículos 35, 36 y 37 acusados, y, por unidad
normativa, la frase "o se someta el incumplimiento a la justicia arbitral
en los términos establecidos en la correspondiente cláusula compromisoria"
que hace parte del artículo 19 de la Ley 546 de 1999 -Auto 128 de 2001 M.P.
Jaime Córdoba Triviño-.
[16] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Cuarta C. P. Ligia López Díaz, 27 de noviembre de 2002
radicado 11001-03-27-000-2000-0913-01(11354)-. Acción de Nulidad contra las
Circulares Externas Nos. 007, 068 y 085 de 2000 y 002 de 2001 expedidas por la
Superintendencia Bancaria.
[17] Sentencia C-1140 de
2000 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[18] Idem.
[19] Sobre el particular
la sentencia citada señaló que “(…) nada obsta para que por la vía de la
tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la
adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con
diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales
la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al
funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos
fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio
irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela
pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es
puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez
ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto
2591 de 1991). En hipótesis como éstas no puede hablarse de atentado alguno
contra  la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer
realidad los fines que persigue la justicia.”
[20] M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
[21] Al respecto Cfr entre
otros, los autos 220A/02, 149A/03, 010/04 y la sentencia SU-1158/03.
[22] En este aparte se hace referencia a la propuesta
sustitutiva presentada por los honorables constituyentes Hernando Yepes Arcila,
Rodrigo Llorente Martínez, Carlos Rodado Noriega, Mariano Ospina Hernández y
María Garcés Lloreda. Gaceta Constitucional No. 142 p.182 en la cual se propone
restringir el ámbito de aplicación de la tutela y los debates consecuentes
hasta la votación definitiva del texto del hoy artículo 86 de la Constitución.
Dicha propuesta fue votada y negada por la Asamblea.
[23]  Sentencia 173/93.
[24] Sentencia T-504/00.
[25] Ver entre otras la
reciente Sentencia T-315/05
[26] Sentencias T-008/98
y SU-159/2000
[27] Sentencia T-658-98
[28] Sentencias T-088-99 y
SU-1219-01
[29] Sentencia T-522/01
[30] Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y
T-1031/01.
[31] La acción de tutela
presentada por Jorge Enrique Pineda y María Esmith Luque Reyes contra el
Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga y la Sala Civil del H. Tribunal
Superior de Bogotá fue remitida a la Sala Civil de la H. Corte Suprema de
Justicia el 2 de agosto de 2005 por competencia y recibida el 5 del mismo mes.
[32] Sentencia T-424 de
2004 M.P. Alvaro Tafur Galvis.