T-388-06
Sentencias objeto de revisión
Sentencia
T-388/06
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia excepcional/ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Evolución
jurisprudencial/ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Causales
genéricas de procedibilidad
DEBIDO PROCESO-Vulneración por defecto procedimental
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR INTERPRETACION
JUDICIAL-Procedencia excepcional
VIA DE HECHO POR DEFECTO PROCEDIMENTAL-Omisión de práctica de testimonios
decretados
La Sala anota de antemano que en el presente caso sí encuentra que
la actuación procesal controvertida en sede de tutela está viciada por una vía
de hecho consistente en un defecto procedimental, relacionada con la omisión en
la cual incurrió en Juzgado en lo atinente a la práctica de unos testimonios ya
decretados. Es necesario reiterar aquí lo ya dicho en las consideraciones
generales de esta sentencia en el sentido de que cuando el juez ha analizado la
solicitud de pruebas y accede a ellas tiene el deber procesal de cumplir con su
propia decisión, so pena de incurrir en una violación del derecho fundamental
al debido proceso por defecto procedimental.
PRUEBAS-Corresponde al juez llevar a término
el cumplimiento de lo decretado
Debe entenderse siempre que la relevancia de la prueba viene dada
del hecho mismo de su decreto, siendo indiferente quién la haya solicitado y
que, una vez definido el asunto de su relevancia, corresponde al juez, no a las
partes del proceso, llevar a término el cumplimiento de lo decretado. Esto se
traduce en que, tanto en los procesos penales como en los de cualquier otra
naturaleza, la pertinencia de la prueba se decide al momento de su decreto y
que, establecido esto, los jueces quedan obligados de manera compulsiva a lo
que ellos mismos dispusieron, no contando con alternativa diferente que
realizar todas las actuaciones tendientes a llevar a término el recaudo de las
pruebas, sin que este deber deba relegarse a quienes son sujetos dentro del
proceso.
PRUEBAS EN PROCESO PENAL-Conducencia/PRUEBAS
EN PROCESO PENAL-Como ya fueron decretadas son conducentes y deben practicarse/PRINCIPIO
DE CONDUCENCIA DE PRUEBA EN PROCESO PENAL
DEBIDO PROCESO-Vulneración de proceso penal de
médico anestesiólogo por omisión en la práctica de testimonios decretados
Referencia: expediente T-1063597
Acción de tutela instaurada por Hernán Duque Navas, contra: Juzgado
22 Penal del Circuito de Bogotá, Tribunal Superior de Bogotá- Sala Penal, Corte
Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Bogotá, D.C., veintidós ( 22 ) de mayo de dos mil seis ( 2006
).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por
los magistrados, Clara Inés Vargas Hernández, Jaime
Araújo Rentería y Alfredo Beltrán Sierra, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, profiere la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de revisión de los fallos proferidos por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca,  y por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura, en el trámite de la acción de tutela interpuesta por Hernán
Duque Navas, contra: Juzgado 22 Penal del Circuito de Bogotá, Tribunal Superior
de Bogotá- Sala Penal y Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal.
Por no haberse impartido aprobación al proyecto
presentado por la ponente inicial, la magistrada Clara Inés Vargas Hernández,
el expediente fue asignado al despacho del magistrado que sigue en turno en
orden alfabético.
I. ANTECEDENTES
Ante el Consejo Superior de la Judicatura, el médico anestesiólogo
Hernán Duque Navas, promueve acción de tutela en contra del Juzgado 22 Penal
del Circuito de Bogotá como enjuiciador de primera instancia, del Tribunal
Superior de Bogotá- Sala Penal, que actuó como ad-quem, y de la Corte Suprema
de Justicia – Sala de Casación Penal, como juez del recurso extraordinario de
Casación Excepcional por él interpuesto, al considerar que con las
determinaciones de estas instancias judiciales, se violaron sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, acceso a la justicia y el
principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, cuando no
tuvieron en cuenta para las decisiones, pruebas que descartaban su
responsabilidad penal, ya porque fueron allegadas en forma extemporánea o
porque fueron decretadas pero no practicadas en el curso del proceso penal que
se adelantó en su contra.
En
atención a que los hechos por los que se instaura esta acción, refieren
circunstancias ocurridas en la actividad de la jurisdicción penal y son
invocados en la presente actuación,  la Corte estima necesario relatar
inicialmente los hechos, actuaciones y decisiones surtidos en esa vía, incluida
la casación excepcional intentada, para hacer más comprensibles las razones por
las cuales el accionante considera que  con las decisiones judiciales se le han
violado derechos fundamentales, y  que por ello, se justifica su amparo a
través de la presente acción de tutela.
1.-
Hechos origen de la actuación penal.
Se registra en el expediente que el día 5 de julio de 1996, el
doctor Hernán Duque Navas se desempeñó como médico anestesiólogo en la cirugía
maxilofacial realizada en la Clínica Andina de Bogotá al joven Javier Alexander
Rodríguez Guevara, de 19 años de edad, después de la cuál, el paciente presentó
una dificultad respiratoria obstructiva que fue atendida debidamente por el
accionante como laringoerspasmo, quien luego se retiró de la institución para
atender otros compromisos profesionales, dejándolo en proceso de recuperación.
En ese estado, le sobrevino al paciente una complicación cardio respiratoria y
tuvo que ser trasladado a la Unidad de Cuidados intensivos de la Clínica San
Pedro Claver, donde  el día 12 de julio del mismo año se produjo su deceso, que
de acuerdo con el protocolo de necropsia tuvo como causa: “Bronconeumonía y
encefalopatía hipóxica secundarias a paro cardiorrespiratorio en
post-operatorio de cirugía maxilofacial”. Por estos hechos, se inició
investigación penal en la cual el señor Duque Navas fue condenado en primera y
segunda instancia, por el delito de homicidio culposo.
2.- Fallos
de primera y segunda instancia  en el proceso penal.
2.1.
Primera instancia.
El Juzgado 22 Penal del Circuito de Bogotá profiere en contra del
doctor Hernán Duque Navas sentencia condenatoria a dos años de prisión, mil
pesos de multa y la suspensión en el ejercicio de la profesión de médico
anestesiólogo por el término de un año, al encontrarlo responsable del delito
de homicidio culposo. Como pena accesoria, se le condena a la interdicción de
derechos y funciones públicas por un término igual al de la pena privativa de
la libertad, y se hacen otros pronunciamientos [1]. La decisión
se adopta bajo los siguientes presupuestos:
2.1.1.  Materialidad:. Representada en los siguientes medios
probatorios: (i) documentales: lo consignado en la historia clínica del
paciente, así como en los papeles de la remisión  que del mismo se hace desde la
Clínica Andina a la Clínica San Pedro Claver; álbum fotográfico tomado en la
diligencia inspección del cadáver; protocolo de necropsia y registro  civil de
defunción; (ii) periciales: dictamen pericial de patología
forense y cuestionario absuelto por un letrado en anestesiología; (iii) testimoniales:
de médicos cirujanos y anestesiólogos.
2.1.2. Subjetivos
y autoría:  Representados en la culpa por violación de las normas mínimas
de anestesiología y reglamentos que le imponían el deber de cuidado en el
manejo anestésico durante el periodo postoperatorio; se consideró que lo
desarrolló con negligencia  por abandono y descuido del paciente, lo que como
consecuencia produjo el deceso. Se determinó trasgresión a las siguientes
disposiciones impuestas por la Sociedad Colombiana de Anestesiología para el
manejo de un paciente sometido a cirugía: (i) a la norma 1.1. de
seguridad en anestesiología: porque correspondiendo al anestesiólogo, no
realizó la consulta preanestésica, ni la valoración ASA del paciente, ni el
plan de anestesia; porque si practicó la posterior visita pre-anestésica media
hora antes de la cirugía, como es su dicho, de ella no dejó constancia en la
historia clínica; (ii) al  numeral 1.3.2. de la norma II, que
dispone que el paciente que sale de cirugía debe ser trasladado a la Unidad de
Post Anestesia por el anestesiólogo que administró la anestesia, y debe recibir
de su parte monitoreo y el soporte necesario según su condición; se dice que el
implicado lo trasladó a una sala de recuperación y no le efectuó monitoreo,
pues solo lo observó por 15 minutos sin dejar constancias en la historia
clínica de sus signos vitales, recuperación plena de conciencia y estado en que
llegó a esa unidad, referido a la escala de Aldrete como era su obligación; (iii)
al numeral 1.3.3. de la norma III, que indica la necesidad de reevaluar al
paciente en la Unidad de Post Anestesia y de hacer entrega verbal y escrita del
paciente a personal calificado de la misma, (médico anestesiólogo, médico
reanimador o enfermera profesional entrenada en dicha área): porque, no efectuó
dicha entrega en las condiciones establecidas en la disposición, a personal
idóneo y, en la historia clínica solamente consignó que lo dejaba en
recuperación observándolo respirar normalmente.
2. 2
Apelación[2].
Como
argumentos para rebatir los expuestos en la  sentencia de primera
instancia, sostuvo el doctor  Duque Navas que: (i) la consulta
preanestésica la efectuó el médico cirujano Germán Herrera, idóneo para el
efecto y que personalmente realizó la visita preanestésica antes de la cirugía;
dice que la calificación ASA no se anotó porque “obviamente era un paciente
sano”, como tampoco eran necesarios premedicación ni exámenes de
laboratorio y que el manejo preanestésico obra en la historia clínica; (ii)
que la delegación del paciente la efectuó en un profesional idóneo que era el
doctor Germán Herrera, y el que no estuviese escrita, no quiere decir que no la
hubiera hecho; y que además, esas funciones de vigilancia también las tenía la
enfermera.
Alegó
que en la cirugía no intervino instrumentadora quirúrgica, sino un alumno del
cirujano; que la infraestructura de la clínica es inapropiada para  cirugías de
alto riesgo y, que hubo demora en el traslado del paciente a cuidados
intensivos de la Clínica San Pedro Claver. Que como fundamento probatorio del
fallo condenatorio solo se atendió el dictamen de medicina legal que no fue
efectuado por un anestesiólogo sino por una patóloga, que con criterios
personales  sobre los testimonios, le atribuyó responsabilidades sin observar
el comportamiento de los otros médicos, auxiliares, enfermeras de la cirugía,
condiciones deficientes de la clínica, falta de personal calificado y ausencia
de instrumentadora profesional en la cirugía.
2.3  Decisión de segunda instancia[3].
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, al desatar el
recurso de alzada, advierte que se excluirán de las consideraciones para su
decisión los argumentos de defensa presentados ante esa Corporación por fuera
de los términos legales. Con algunas modificaciones, confirma la decisión de
primera instancia avalando los fundamentos de hecho y de derecho esgrimidos en
ella y por las que se dedujo la responsabilidad del médico anestesiólogo en el
homicidio culposo, consideraciones a las cuales adiciona que: (i) aunque
la clínica no contaba con el personal calificado, por la norma 1.3.4.3., el
implicado no podía abandonar al paciente hasta tanto lo entregara y fuera
aceptado en la Unidad de Post Anestesia; que de acuerdo a lo acreditado en el
proceso, no hubo entrega del paciente sino una recomendación al doctor Germán
Herrera, a quien  le solicitó “una mirada al paciente”, lo que no
corresponde a la entrega idónea en personal apto para el cuidado; (ii) que
el numeral 1.3.5.3. de la norma V, indica que la coordinación y supervisión
médica de esa Unidad deberá estar a cargo de un anestesiólogo en todas las
instituciones de tercer nivel, y que en las de menor complejidad como la
clínica Andina, puede responsabilizarse a un médico con experiencia en
reanimación cardio cerebro pulmonar, condiciones o requisitos que no se
demostraron ni para el doctor Germán Herrera ni para la enfermera  Betty
Sánchez; (iii) que al abandonar y no entregar debidamente al paciente,
generó un riesgo, jurídicamente desaprobado, que desencadenó en su deceso, por
lo que no fueron de recibo los argumentos de que el mismo falleció por demora
en ser trasladado a cuidados intensivos y por falta de suministro de
antibióticos, calificando de  contradictorios los planteamientos del implicado
a lo largo de sus exposiciones; (iv) finalmente, se niegan unas pruebas
testimoniales solicitadas por el condenado, al estimar que la oportunidad de
aducción de pruebas terminó en el curso de la audiencia de juzgamiento y, que
para la segunda instancia no está prevista ninguna etapa probatoria.
2.4  Demanda de Casación Excepcional.
Propuesta
por el actor como recurso extraordinario, en contra de la sentencia de segunda
instancia, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en
auto del 17 de junio de 2004[4], en uso de la facultad
discrecional que le confiere el inciso tercero del artículo 205 del Código de
Procedimiento Penal, decide no acceder al estudio de la petición, argumentando
que si bien se cumple con los presupuestos de oportunidad, legitimidad e
interés, hay falencias de orden argumentativo tendientes a acreditar la
viabilidad de la admisión del extraordinario medio de impugnación, así como de
técnica casacional en la presentación y fundamentación de los reparos.
3. Demanda de tutela contra las anteriores decisiones.
Ante
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Hernán
Duque Navas instauró acción de tutela en contra de las tres dependencias
judiciales cuyos fallos se han relacionado, al considerar vulnerados  sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la primacía del derecho
sustancial.
La
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema, teniendo en cuenta que se
denunciaba que la Sala de Casación Penal había incurrido en vía de hecho en su
providencia, invocó los reiterados pronunciamientos de esa Corporación
relativos a la imposibilidad de conocer de acción de tutela contra actuaciones
de cualquiera de las Sala de la Corte Suprema, en consideración a la calidad de
órgano límite de cierre de la jurisdicción ordinaria, y decidió no admitir por
improcedente la demanda de tutela.[5]
4.  De la
acción de tutela objeto de Revisión.
4.1.
Fundamentos y Pretensiones.
Ante el Consejo Superior de la Judicatura, el anestesiólogo Hernán
Duque Navas, por los mismos hechos y en contra de los mismos accionados
nuevamente interpone acción de tutela con ocasión a las actuaciones procesales
referidas, anunciando en su libelo, que este nuevo intento obedece a la
decisión de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, antes
referida, que contraría los fundamentos expuestos por la Corte Constitucional
en auto 004 de 2004.
Busca el accionante
que le sean protegidos sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
defensa; y que en aplicación de la primacía del derecho sustancial sobre el
procesal, se ordene a los entes accionados su respeto, para que en su caso, de
acuerdo con la realidad procesal, se administre justicia de acuerdo con las
disposiciones constitucionales, legales y jurisprudenciales.
En la demanda, después de sintetizar los hechos que dieron origen a
la actuación penal, ya relacionados en estos antecedentes, y de referir
sucintamente las decisiones que los organismos judiciales han adoptado en su
contra, considera que la decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia  en que se niega a conocer del recurso extraordinario de
casación excepcional con el que buscaba que se le garantizaran sus derechos al
debido proceso y el acceso a la justicia, es constitutiva de vía de hecho,  por
contradicción entre los argumentos en que se funda, así como por la falta de
comprensión y entendimiento de lo pretendido, negando la prevalencia del
derecho sustancial sobre el rigorismo procesal.
Formula los siguientes cargos de vulneración a sus derechos
esenciales:
(i) Que hubo
violación al debido proceso consagrado por el artículo 29 de la Constitución
Política, porque el funcionario  de primera instancia quien tenía la obligación
de investigar tanto lo favorable como lo desfavorable del procesado y de
utilizar los mecanismos para lograr la realización de todos los medios
probatorios, no evacuó unas pruebas que ya había decretado y que le favorecían;
además, porque le impidió contrainterrogar a unos testigos con el argumento de
que aquellos no eran los procesados.
Manifiesta que en
su caso, no se buscó la verdad histórica, pues no se investigó el injustificado
retraso en el traslado del joven a  la unidad de cuidados intensivos ante el
estado en que se encontraba, ni el hecho de que, siendo cuatro los
profesionales los que le rodeaban, no figuraran en la historia clínica del
paciente registros médicos que mostraran fenómenos fisiológicos compatibles con
su estado de peligro de muerte, los que luego a su instancia, fueron plasmados
en el dictamen pericial.
Soporta estas
acusaciones en los siguientes hechos: a) que a pesar de haberse decretado, no
se recibieron dos testimonios de suma importancia, como eran el de la enfermera
Betty Sánchez encargada de cuidar de cerca al paciente desde la cirugía y
durante el proceso de su recuperación, y el de la recepcionista de la Clínica
donde sucedieron los hechos, Maria Gilma Ramírez. La primera, que era quien
debía avisar oportunamente cualquier cambio negativo del estado del aquejado, y
a quien correspondía aclarar lo relacionado con la vigilancia prestada al
operado por parte de los que realizaron la intervención quirúrgica, ya que el
paro cardio respiratorio ocurrió hora y media después de terminada la operación
y hora y veinte después de que él, atendiera al paciente y lo dejara en
recuperación. Y a la segunda, de quien dice, le consta que él esperó al médico
Germán Herrera y le hizo entrega  del paciente; lo que en su opinión, le libera
de responsabilidad sobre lo que pudiera ocurrir después con el enfermo; b) que
le impidió contrainterrogar a unos testigos, cuándo, de esas versiones, él
pretendía obtener la constancia de que su delegación del cuidado del paciente
había sido dada a un profesional idóneo.
Por lo anterior,
afirma que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional[6],
se erige vía de hecho por dejar de recolectar medios probatorios importantes
para el esclarecimiento de los hechos en el proceso penal y para la ilustración
del criterio del juez.
(ii) Que hay
violación al principio constitucional de primacía del derecho sustancial sobre
el rigorismo procesal. Estima que el haberse dejado de valorar pruebas que
aportó por extemporáneas, contraría el citado precepto; pues, a pesar de su
condición, se han debido tener en cuenta y no ser ignoradas,  pues no eran
inexistentes ni se justificaba su completo desconocimiento, máxime cuando con
ellas se aclaraban los hechos investigados y se permitía adjudicar
responsabilidades, especialmente porque se trataba de una actuación penal, en
la que estaban en juego intereses sublimes como son la libertad y el buen
nombre de las personas.
Las circunstancias
en que fundamenta esta acusación, aluden al hecho de que, según su criterio, el
Tribunal para decidir la apelación, tergiversó y dejó de valorar unas pruebas
de trascendental importancia para su defensa, con el argumento de que no se
aportaron dentro de la etapa probatoria; dice que la extemporaneidad ocurrió a
causa de no haberle sido posible acceder a las mismas con anterioridad. Se trataba
de: a) una certificación de la Sociedad Colombiana de Anestesiología[7],
en el sentido de que “en Colombia cualquier médico cirujano graduado es
médico reanimador”, constancia con la que dice, se desvirtúa el cargo que
para confirmar su responsabilidad, esgrimió esa Corporación, cuando recalcaba
que él no hizo entrega del paciente  a un “médico reanimador como lo exige
la lex artis que guía su especialidad” y  que por tanto el facultativo a
quien la efectuó no era idóneo para la atención del paciente. Afirma que con
esa certificación y atendiendo al hecho de que en el país no existe
especialidad que otorgue el título de “médico reanimador” , el doctor Germán
Herrera, quien recibió al convaleciente, al ser médico cirujano de la
Universidad Nacional, era competente para atender la situación. Considera por
tanto, que si bien el fundamento del Tribunal fue impropio para administrar
justicia por desconocimiento especializado en la materia, el ignorar la prueba
que le aclaraba el punto, no se compadece con la obligación social y moral que
tenía de investigar, asesorándose de verdaderos expertos; b) unas declaraciones
extrajuicio de los médicos Fernando Romero Flechas y Miguel Antonio Sánchez
Álvarez, que habían trabajado en esa Clínica y que certificaban que en esa
institución siempre había un médico encargado de la recuperación de los
pacientes; declaraciones que según él, contrariaban afirmaciones falaces de
otros deponentes que aseguraron lo contrario[8]; testimonios
que junto con los argumentos técnicos esgrimidos en su apelación,  no fueron
valorados por el Tribunal ni siquiera como pruebas documentales.
Concluye diciendo,
que en estas instancias fue condenado por responsabilidad objetiva, con
desconocimiento de los principios de unidad y comunidad de la prueba, sin una
investigación completa de los hechos, sin que se valoraran todos los medios
probatorios,  y con ello, se ha quebrantado su derecho de defensa; alegando que
se debe tener en cuenta que ante las pruebas que hoy refiere como ignoradas en
la sede judicial, el tribunal de Ética Médica de Cundinamarca y Bogotá le
precluyó la investigación disciplinaria en la cuál, le había formulado cargos
por estos hechos[9].
(iii)  En cuanto a
la determinación de la Corte Suprema de Justicia de inadmitir la actuación de
casación excepcional, también la considera constitutiva de vía de hecho por
desconocimiento al mandato constitucional de prevalencia del derecho
sustancial. A su juicio, esa Corporación le privó de la posibilidad de que el
proceso fuera estudiado en casación, con argumentos que se alejan de la
realidad; pues en su sentir, se malinterpretaron las explicaciones con que
solicitaba la revisión de fondo a su caso, que se dirigían a mostrar el
desconocimiento de derechos fundamentales, y se consideró que la finalidad de
su  recurso era el estudio del asunto como importante para el desarrollo
jurisprudencial, y así  se estimó que los argumentos de violación no estaban
suficientemente explicados, inadmitiendo por esto su acción.
5- Trámite
procesal:
Se dispuso
notificar la presente acción a los magistrados de las Salas de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia y Penal del Tribunal Superior de Bogotá, al
Juez 22 Penal del Circuito de Bogotá y a la parte civil y su apoderado dentro
del proceso penal adelantado en contra del actor[10],
orden que se cumplió comunicándole de manera individual a cada uno de los
miembros de las respectivas Corporaciones y demás personas dispuestas. En razón
a ello, se reciben las siguientes respuestas:
5.1.
Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Bogotá,  Jorge Enrique Torres Romero y Juan Iván Almanza Latorre[11]:
En escrito conjunto, niegan que en su actuación se haya incurrido en
vía de hecho y por ello se oponen a la prosperidad de la acción de tutela al
considerar que la decisión de segunda instancia proferida por la Corporación de
la cual son integrantes, se adoptó en derecho, bajo un juicio analítico,
razonable e imparcial efectuado al proceso, juicio en el que se concluyó la
responsabilidad penal del accionante.
5.2 Juez 22
Penal del Circuito de Bogotá[12].
Solicita que no se de prosperidad a la acción
impetrada, teniendo en cuenta que los argumentos esgrimidos por el accionante
en esta, se dirigen a cuestionar directamente la sentencias condenatorias
proferidas en su contra y que era en la sede jurisdiccional penal donde debió
controvertir las pruebas recaudadas e interponer los recursos que en relación a
ellas estimara convenientes, aduciendo las razones que ahora expresa para la
tutela y que no lo hizo. Sostiene que además, tratándose de la acusación contra
una sentencia, de acuerdo con lo establecido por la jurisprudencia
constitucional, por el accionante debió probarse la existencia de vía de hecho
por burla y grosera desviación en la aplicación del fallador, y que ello
tampoco ocurrió en este caso.
5.3. Parte Civil dentro del proceso penal. Nevardo Rodríguez
Buitrago y Blanca Irene Guevara[13].
Los arriba mencionados en su condición de padres del fallecido
Javier Alexander Rodríguez Guevara, como parte civil en la actuación penal,
estiman que el actor tuvo todas las oportunidades procesales para su defensa,
las que ya están vencidas, y que al no ser casable la sentencia, la tutela es
improcedente por extemporánea. Consideran que las pretensiones del actor van
encaminadas a obtener la revocatoria de la decisión condenatoria que le obliga
a resarcirles perjuicios materiales y morales y así  liberarse del pago
respectivo.
5.4. Magistrado Herman Galán Castellanos, Presidente de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia[14].
A nombre de la Corporación que preside, se opone a las pretensiones
del accionante y solicita se declare improcedente el amparo impetrado en
atención a las siguientes razones: (i) por cuanto el actor ya había
intentado acción de tutela en contra de la decisión adoptada por ese alto
tribunal, la que fue rechazada por atacar un fallo judicial que por disposición
constitucional, cuenta con un carácter de intangible e inmutable por otra
autoridad, al haber sido proferido por el órgano que está en la cúspide  de la
jurisdicción ordinaria; que por tanto, no es posible que bajo los mismo hechos
y circunstancias se intente nuevamente dicha acción, pues con ello se crearía
una interminable cadena de acciones de tutela con las que se produciría un
ostensible y grave atentado al orden jurídico, a la economía procesal y a la
seguridad jurídica; (ii) porque de acuerdo con los términos indicados
por la jurisdicción constitucional, no existió vía de hecho en la decisión de
inadmitir la casación interpuesta por el accionante, toda vez que en ella no se
ejerció la función judicial en forma contraria a la Ley; que por el contrario,
la decisión se adoptó en ejercicio de la facultad discrecional de calificar la
aptitud de la demanda frente a las exigencias procedimentales de procedibilidad[15];
(iii) porque  frente al agotamiento de la actividad
judicial de un proceso adelantado bajo la legalidad vigente, donde se tuvo la
ocasión de ejercer el derecho de postulación, el amparo constitucional invocado
no procede, habida cuenta que, “desarrollado cabalmente éste, mal puede
pretenderse adicionar al trámite ya surtido una acción de tutela, puesto que el
residual y excepcional instrumento no está previsto en la carta política para
procurar nuevas soluciones a causas perdidas, ni para revivir o renovar
situaciones jurídicas amparadas con la fuerza de cosa juzgada contenida en una
providencia judicial en firme, y  a la cual se le pretende restar eficacia por
haberle resultado adversa al accionante”.
6.- Pruebas.
Se aportaron al proceso los siguientes medios
probatorios:
6.1. Sentencia de segunda instancia proferida
en el proceso por Homicidio Culposo, seguido en contra de Hernán Duque Navas,
el 18 de noviembre de 2003, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Bogotá D.C.[16].
6.2.  Decisión de inadmisión de la Casación
excepcional, por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, fechada el 17 de junio de 2004[17].
6.3.  Decisión  proferida por la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 9 de Agosto de 2004, en que
se decide no admitir a trámite la demanda de tutela instaurada  contra los
anteriores fallos judiciales[18].
II. FALLOS
OBJETO DE REVISIÓN.
1.- Primera
instancia.
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, en sentencia proferida el 18 de
noviembre de 2004[19], luego de establecer la
competencia para conocer del asunto[20], niega la tutela
interpuesta por Hernán Duque Navas, al considerar que por los vacíos
probatorios que alega el accionante, no existió vía de hecho en los fallos
enjuiciados, así como tampoco se demostró que las providencias fueran
manifiestamente contrarias a derecho, caprichosas y arbitrarias; que éstos al
igual que la decisión de inadmisión de la Casación, fueron  actuaciones
ajustadas a derecho, fundadas en argumentos jurídicos serios y razonables, por
lo que  no existió la invocada violación a los derechos fundamentales. Sobre
estas actuaciones se señaló:
(i)
La providencia
de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que inadmitió el
recurso de Casación, no está afectada de vía de hecho, pues la accionada en
ella, se limitó a aplicar las normas  que regulan la materia, bajo el
entendido  de que al ser el recurso de admisión discrecional, a su criterio le
correspondía darle vía o no; por lo que, a través del trámite de tutela no se
puede pretender el convertir la admisión en obligatoria. Además, como el
recurso está sujeto al principio de justicia rogada, le imponía al actor
especificar en la demanda las circunstancias que echó de menos la Corte suprema
y por las cuales lo inadmitió, es decir: la manera como se debía desarrollar la
jurisprudencia, el alcance interpretativo de determinado precepto, las
disímiles posiciones que se hayan podido presentar en la Corte, la falta de
desarrollo del tema o controversia o la tesis que se debe actualizar
consultando las nuevas realidades, sin omitir el señalamiento de la incidencia
favorable que esos aspectos representan para la causa
del demandante y la utilidad del
pronunciamiento para el ejercicio de la actividad judicial. Afirma que las
razones expuestas por el accionante, fueron ajenas a ello.
(ii)
En cuanto a los
fallos en la sede penal, se estima en contra de lo alegado por el demandante,
que se atendieron los argumentos sobresalientes de la defensa en materia
probatoria, incluidos los del accionante, rebatiéndolos uno a uno, lo que hizo
que las pruebas incriminatorias no perdieran su valía para determinar la
ocurrencia del hecho delictivo, del daño, de la relación de causalidad entre
ellos y por supuesto, de su autoría y grado de responsabilidad. Que los
operadores judiciales hicieron una válida aplicación del sistema de la sana
crítica que rige la valoración probatoria en nuestro ordenamiento, en el que es
el fallador quien determina la suficiencia del acervo demostrativo recaudado
para emitir su juicio de fondo, absolutorio o condenatorio; y así, el hecho de
que algunas pruebas aunque decretadas no hubieran sido practicadas o que otras
allegadas extemporáneamente no hayan sido tenidas en cuenta, per se, no
constituye una vía de hecho; pues el juez en su autonomía se limitó a resaltar
lo relevante y a descartar lo irrelevante y no las consideró determinantes o
influyentes en el sentido de la decisión a que llegó con las demás pruebas
existentes en el proceso.
1.1.
Impugnación.
El 23 de noviembre de 2004, la anterior decisión es
impugnada por el accionante[21], insistiendo en sus
anteriores planteamientos y rebatiendo los argumentos que reconocen que hubo
una correcta la aplicación del sistema de la sana crítica y que era de su cargo
la prueba de que hubo diligencia y prudencia en su actuar. Alega al respecto,
que no puede ser el arbitrio eminentemente subjetivo del juez el que rija la
valoración probatoria para que se le permita prescindir de la práctica de
pruebas ya decretadas, pues cuando las admitió, las había considerado
trascendentales para el esclarecimiento de los hechos; como tampoco para que
ignore pruebas de descargos aportadas extemporáneamente, so pretexto de que las
condenatorias existentes, son suficientes, ya que con ello, se contrarían el
principio de unidad y comunidad de la prueba, la obligación que tiene de
investigar la realidad histórica tanto con lo favorable como lo desfavorable al
implicado y el principio de prevalencia de lo sustancial sobre el rigorismo procesal.
Igualmente, deplora la exigencia de que fuera él quien demostrara su prudente
actuar y no el Estado el que lo desvirtuara, pues estima que hay una injusta
inversión de la carga de la prueba de su culpabilidad, que atenta contra el
principio de inocencia. Insiste en la presencia de vías de hecho, arguyendo que
a pesar de que por la extensión de los fallos y aparente profundidad al
analizar los medios probatorios, se sostenga que éstos son idóneos y
suficientes para tomar la decisión y así se concluya que en ellos hay
legalidad, máxime cuando los falladores no se asesoraron técnicamente para
valorar su comportamiento médico, sino que apoyaron su decisión en el concepto
de una persona no competente en la especialidad, como lo fue la perito forense
que no era anestesióloga.
2.- Segunda
instancia.
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, en fallo del 19 de enero de 2005, confirma
íntegramente la sentencia impugnada. En esta oportunidad el fallador, luego de
evaluar la pertinencia formal en la utilización de la acción residual en el
caso concreto, por no existir para el actor otra vía con la cual intentar la
protección de los derechos que invoca, en el análisis del fondo de la
situación, rechaza la alegada existencia de vía de hecho en las actuaciones
judiciales demandadas, al considerar que no se registran en ellas las hipótesis
que la amplia jurisprudencia constitucional ha establecido para tal señalamiento[22].
Así, se estima que al no estarse frente a uno de esos supuestos, el mecanismo
tutelar de protección no puede ser utilizado como instancia alterna para variar
decisiones judiciales en firme, ni para desautorizar interpretaciones
judiciales efectuadas dentro del marco de autonomía e independencia propia del
funcionario judicial, cuando hubo aplicación razonable de la normatividad
pertinente al caso, conforme a los hechos y pruebas válidamente allegadas al
proceso.
III.
ACTUACIÓN EN LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Según consta a folio 3 del
cuaderno de “Revisión de Tutela” de la Corte Constitucional, con oficio
SJ-YC-4188 del 4 de febrero de 2005, se reciben el día 7 del mismo mes, en la
Secretaría General de esta Corporación para su eventual revisión, las
diligencias relativas a las actuaciones  atrás referidas  provenientes de la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura  en 3
cuadernos de 250, 40 y 40 folios y un proceso penal con 8 anexos de 28, 157,
25, 17, 301, 137, 293 y 301 folios.
El día 21 de febrero de 2005 el
citado Despacho[23], ante el requerimiento
del juez de primera instancia, solicita la devolución de la actuación del
proceso penal, originario del Juzgado 22 Penal del Circuito, a fin de que sea
remitido al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. A esta
solicitud se accede el 25 del mismo mes, enviando los documentos recibidos más,
un cuaderno de 4 folios correspondiente a lo actuado en la Corte[24].
Finalmente, el 10 de marzo de esta anualidad, se reciben solamente los
cuadernos originales de 1ª y 2ª instancia de la acción de tutela que es objeto
de revisión, y el de la Corporación[25].
El accionante solicita a varios
Magistrados de la Corte Constitucional la revisión de su caso[26],
y ante la insistencia presentada por dos de los miembros de la Colegiatura[27],
formulada con fundamento en la facultad que les confiere el artículo 33 del
decreto Ley 2591 de 1991, en que se invoca la necesidad de fijar reglas
jurisprudenciales aplicables a la posible tensión entre las condiciones de
admisibilidad de la casación discrecional y la protección de los derechos
fundamentales del procesado, así como la eficacia del principio de prevalencia
del derecho sustancial, es seleccionado para revisión y en reparto correspondió
la sustanciación a la Magistrada, Dra. Clara Inés Vargas Hernández.
Mediante auto del 19 de Agosto
de 2005, la Sala Novena de Revisión  al considerar necesario examinar la
totalidad del proceso penal en que se originan las acusaciones, solicitó al
juzgado de primera instancia el original del expediente, suspendiendo los
términos para fallar mientras se contaba con esa actuación, lo que se logra el
día 30 del mismo mes, cuando se allegan los 10 cuadernos que conformaron ese
expediente. [28]
IV.  CONSIDERACIONES.
1.   Competencia.
La Corte es competente para
revisar los fallos mencionados, de conformidad con lo establecido en los
artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del
Decreto 2591 de 1991 y en las demás disposiciones pertinentes.
2.
Planteamiento del caso y problema jurídico a
resolver.
El asunto que se debate por el actor en esta oportunidad, y que corresponde establecer a la Corte, es si las autoridades judiciales
accionadas, le desconocieron el derecho de defensa, de acceso a la justicia y
el debido proceso, en las decisiones con que se puso fin al proceso penal en
que el actor fue condenado  por homicidio culposo, por la omisión de la
práctica de unas pruebas decretadas, el desconocimiento del procedimiento en la
recepción de unos testimonios donde se le impidió contrainterrogar a los deponentes, la no valoración de unas pruebas
allegadas en forma extemporánea y por la inaplicación del principio de
prevalencia del derecho sustancial, según los cargos específicos que el actor
formula contra cada una de las instancias. Igualmente, si la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia desconoció derechos y principios fundamentales al
inadmitir la demanda de casación excepcional.
Con el fin de resolver el presente caso, la Sala
reiterará la  jurisprudencia de esta Corporación en relación con la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales; para luego, y en
atención a que el asunto refiere a los denominados defectos fáctico,
procedimental y de interpretación normativa como constitutivos de vía de hecho,
ahondar en los presupuestos que se exigen jurisprudencialmente para su
reconocimiento a través de esta vía. Finalmente, se decidirá el caso concreto.
3.-
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales. Reiteración de
jurisprudencia.
La Corte Constitucional en su
jurisprudencia, ha reiterado la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Así,  en Sentencias como las T-639, T-996, T-1112 de
2003, entre otras[29], la
Corporación ha reseñado los planteamientos jurisprudenciales sobre los
requisitos que deben ser tomados en cuenta para el efecto, refiriéndose al tema
en la última de las providencias citadas en los siguientes términos:
"La
jurisprudencia  de  esta  Corporación  ha sido constante en reconocer la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales,
criterio que ha permanecido inalterado desde la sentencia C-543 de 1992, en
procura de la protección efectiva de los derechos de los asociados y ante la
importancia de obtener decisiones armónicas con los parámetros constitucionales[30]
Al  respecto  conviene  recordar,  una
vez más, que aquellos conceptos de la  parte  motiva  de  una  sentencia  que
guardan  unidad  de  sentido con la parte dispositiva de la misma, esto es, la
ratio deciden di, forman parte integrante de la cosa juzgada y en consecuencia
son de obligatorio cumplimiento, si se quiere como una expresión de la figura
de la cosa juzgada implícita[31].
Ello no sólo responde a criterios de hermenéutica jurídica, sino también a la
función de la Corte como guardiana de la supremacía  e  integridad  de  la
Constitución.  Así,  la  procedencia  de  la  tutela  contra  providencias
judiciales,  más  que  un  precedente,  tiene fuerza de cosa juzgada
constitucional con efectos erga omnes, lo cual implica que no puede ser
desconocida por ninguna autoridad.[32]
Ahora  bien,  siguiendo  lo  previsto
en  el  artículo  86  de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, la Corte ha
desarrollado una extensa línea que permite determinar en qué eventos procede la
tutela contra providencias judiciales[33].
Debido  al  carácter  subsidiario  de  este  mecanismo,  su utilización resulta
en verdad excepcional y sujeta al cumplimiento de algunos requisitos, tanto de
carácter formal como de contenido material,  que la Sala reseña a continuación.
En cuanto a los requisitos formales, la
procedibilidad de la acción está condicionada a una de las siguientes
hipótesis:
a) Es necesario que la persona haya
agotado todos los mecanismos de defensa  previstos  en  el  proceso  dentro
del  cual  fue proferida la decisión que se pretende  controvertir  mediante
tutela. Con ello se pretende prevenir  la  intromisión  indebida  de  una
autoridad  distinta de la que adelanta el proceso ordinario[34], que no se alteren o
sustituyan de manera fraudulenta  los  mecanismos  de  defensa  diseñados por
el Legislador[35],
y que  los ciudadanos  observen  un  mínimo  de  diligencia  en  la  gestión de
sus asuntos[36],
pues no es ésta la forma de  enmendar  deficiencias, errores o descuidos, ni de
recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial[37].
b) Sin embargo, puede ocurrir que bajo
circunstancias especialísimas, por causas extrañas y no imputables a la
persona, ésta se haya visto privada de la posibilidad de utilizar los
mecanismos ordinarios de defensa dentro del proceso judicial, en cuyo caso la
rigidez descrita se atempera para permitir la procedencia de la acción[38].
c) Finalmente, existe la opción de acudir a la tutela contra
providencias judiciales como mecanismo transitorio a fin de evitar un perjuicio
irremediable. Dicha eventualidad se configura cuando para la época de
presentación del amparo aún está pendiente alguna  diligencia  o  no  han  sido
surtidas las correspondientes instancias, pero donde es necesaria la adopción
de alguna medida de protección, en cuyo caso el  juez  constitucional solamente
podrá intervenir de manera provisional.
De otro lado, en cuanto a los requisitos sustanciales la procedencia de
la tutela está sujeta  a  la  violación  de  un  derecho  fundamental  que,
ligado  al  acceso  efectivo  a  la  administración  de  justicia,  puede
materializarse bajo una de las siguientes hipótesis:
a) En aquellos eventos en los cuales la providencia enjuiciada
incurre en defecto orgánico, sustantivo, fáctico o procedimental, ante el
desconocimiento de las normas aplicables a un asunto específico.
De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación[39],
(i) el defecto sustantivo opera cuando la decisión cuestionada se funda en una
norma evidentemente inaplicable para el caso, ya sea porque perdió vigencia,
porque  resulta  inconstitucional,  o  porque  no  guarda  conexidad  material
con los supuestos de hecho que dieron origen a una controversia; (ii) el
defecto fáctico tiene lugar cuando el juez carece del apoyo probatorio
necesario para aplicar el supuesto normativo en el que fundamenta su decisión
ó, aunque teniéndolo,  le  resta  valor  o  le  da  un  alcance  no  previsto
en  la  ley;  (iii)  el defecto orgánico se configura cuando la autoridad que
dictó la providencia carecía, en forma absoluta,  de competencia para conocer
de un caso; y finalmente, (iv) el defecto procedimental se presenta cuando el
juez actúa por fuera  del  marco  señalado en el ordenamiento para tramitar un
determinado asunto.
A partir de los anteriores conceptos, la
Corte ha elaborado la teoría a de la vía de hecho judicial, parámetro utilizado
de manera relativamente sistemática para fijar la procedencia de la tutela
contra providencias judiciales. No obstante, como fue explicado en  reciente
providencia,  "de la evolución jurisprudencial en la materia a estas
hipótesis  vendrían a
sumarse  otras  que  han  venido  a  incorporar el nuevo listado de causales de
procedibilidad en comento"[40].
b) Cuando la providencia tiene graves
problemas ante una insuficiente sustentación o justificación de la decisión, o
por desconocimiento del precedente judicial, en particular de la Corte
Constitucional[41].
c) También son controvertibles mediante
tutela las decisiones donde la vulneración de los derechos obedece a un error
en el que fue inducida la autoridad judicial, que esta Corporación ha
denominado vía de hecho por consecuencia.[42]
d) Si la decisión del juez se adoptó
haciendo una interpretación normativa que resulta incompatible con la Carta, o
cuando la autoridad judicial no aplica la excepción de inconstitucionalidad a
pesar de ser manifiesta la incompatibilidad con aquella y haber sido solicitada
expresamente[43].
En todo caso, la Sala recuerda que la
configuración de cualquiera de los yerros anteriormente descritos no es en sí
misma motivo suficiente para concluir la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, porque para ello se requiere la vulneración de algún
derecho de naturaleza fundamental.
Así pues, contra las decisiones arbitrarias y
caprichosas de los funcionarios judiciales que sin fundamento objetivo y
razonable contradigan los parámetros constitucionales con la consecuente
vulneración de derechos fundamentales, se podrá formular el amparo de tutela
con la debida demostración del yerro en el que se incurrió en la providencia
judicial.  A la Corte le corresponderá verificar la existencia del vicio
alegado por el accionante, sin que por ello se dé lugar a una intromisión
arbitraria en la esfera de competencia del juez de conocimiento; pero no podrá
definir la cuestión litigiosa de forma concluyente.  El  examen se limitará a
constatar la existencia de situaciones irregulares desde una perspectiva
sustantiva, fáctica, orgánica o procedimental, y una vez advertidos, adoptar
las medidas que le están dadas expedir en la órbita de su competencia
constitucional.
Cuando el juez constitucional concede el
amparo contra una decisión judicial, su función está encaminada a armonizar,
con el pronunciamiento  de tutela, la providencia judicial cuestionada con el
ordenamiento constitucional vulnerado e identificando, por lo menos, uno de
los  vicios  de la vía de hecho, con el fin de que prevalezcan los derechos
fundamentales de las personas"[44].
Y en recientes pronunciamientos, se condensan las conclusiones a que
ha llegado la Corte sobre el tema, de esta manera:
“Por lo anterior, todo pronunciamiento de fondo por
parte del juez de tutela respecto de la eventual afectación de los derechos
fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional (afectación de
derechos fundamentales por providencias judiciales) es constitucionalmente
admisible, solamente, cuando el juez haya determinado de manera previa la
configuración de una de las causales de procedibilidad; es decir, una vez haya
constatado la existencia de alguno de los seis eventos suficientemente
reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto sustantivo, orgánico o
procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin
motivación, (v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la
Constitución”[45]
Los anteriores presupuestos, hacen por tanto  restrictiva la
procedencia de la acción de tutela en contra de las decisiones judiciales, a la
ocurrencia de los eventos que configuren las causales enunciadas, porque responden
a actuaciones del operador judicial contrarias al ordenamiento jurídico con las
que se vulneran derechos fundamentales a las partes en un proceso, como se
advirtiera en la sentencia T-327 de 1994[46] en los
siguientes términos:
“Pero lo que la Sala reitera  es  que  no  basta  con  aludir  a un
derecho  fundamental -porque toda irregularidad, directa o indirectamente,
afecta los derechos fundamentales-, sino que la actitud ilícita del juez debe
afectar el derecho grave e inminentemente. Se entiende que la gravedad debe
predicarse tanto de la violación del orden legal, como del daño que le causa a
la persona afectada, lo cual justifica la acción inmediata por parte del Estado
para que no continúe o se produzca tal efecto ilícito. La inminencia ha de
entenderse como la evidente probabilidad de una consecuencia negativa e ilícita
producida por la actuación judicial”
4.- Defecto Procedimental como vía de hecho. Reiteración de jurisprudencia.
Para la
Corte, hay defecto procedimental cuando el juez, en forma injustificada ,
desatiende los procedimientos fijados por la Ley para adelantar los procesos o
actuaciones judiciales, pasando por capricho a actuar de manera distinta,
comportamiento que se erige en vía de hecho con la que se vulnera el derecho
fundamental al debido proceso. Así lo ha consignado en varios de sus
pronunciamientos:
“Cuando el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por
la ley para dar trámite a determinadas cuestiones y actúa de forma arbitraria y
caprichosa, con fundamento en su sola voluntad, se configura el defecto
procedimental. El defecto procedimental se erige en una violación al debido
proceso cuando el juez da un cauce que no corresponde al asunto sometido a su
competencia, o cuando pretermite las etapas propias del juicio, como por
ejemplo, omite la notificación de un acto que requiera de esta formalidad según
la ley, o cuando pasa por alto realizar el debate probatorio, natural a
todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los
sujetos procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la
demanda o su contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones
en la decisión de fondo y la violación a los derechos fundamentales.”[47]
(Subrayas fuera de texto).
“El fallador incurre en defecto procedimental cuando sin motivo
alguno niega la solicitud o práctica de testimonios o de cualquier otro
medio probatorio, o cuando habiéndolo decretado, después, por simple capricho,
se abstiene de continuar o culminar su práctica para apresurar y tramitar
etapas posteriores, lo que conlleva la vulneración al derecho fundamental al
debido proceso”.[48](Subrayas fuera del texto).
Frente al
tema relacionado con la no practica de pruebas ya decretadas por el funcionario
competente, la Corte en sentencia SU-087 de 1999 expresó:
“El juez tiene una oportunidad procesal para definir si esas
pruebas solicitadas son pertinentes, conducentes y procedentes, y si en
realidad, considerados, evaluados y ponderados los elementos de juicio de los
que dispone, ellos contribuyen al esclarecimiento de los hechos y a la
definición acerca de la responsabilidad penal del procesado. Y, por supuesto,
le es posible negar alguna o algunas de tales pruebas, si estima fundadamente
que los requisitos legales no se cumplen o que en el proceso respectivo no
tienen lugar. Pero - se insiste - tal decisión judicial tiene que producirse en
la oportunidad procesal, que corresponde al momento en el cual el juez resuelve
si profiere o no el decreto de pruebas; si accede o no - en todo o en parte - a
lo pedido por el defensor, motivando su providencia.
Lo que no es permitido al juez, a la luz de los postulados
constitucionales, es decretar las pruebas y después, por su capricho o para interrumpir
términos legales que transcurren a favor del procesado y de su libertad,
abstenerse de continuar o culminar su práctica, para proceder a tramitar etapas
posteriores del juicio. En el evento en que así ocurra, resulta palmaria la
vulneración del derecho fundamental al debido proceso y ostensible la
arbitrariedad judicial.
Ahora bien, lo dicho parte del supuesto de que lo acontecido no sea
por culpa, descuido o negligencia del procesado o de su apoderado”
Dijo también esta misma Sala de Revisión en la sentencia T-996 de
2003 que:
“...el juez puede rechazar las pruebas que no conduzcan a establecer
la verdad de los hechos materia del proceso o que sean ineficaces. Sin
embargo, cuando el funcionario ha analizado la solicitud de pruebas y accede a
ellas tiene el deber procesal de cumplir con su propia decisión; de no hacerlo
incurre en violación al derecho de defensa y al debido proceso de la parte que
solicitó la prueba, quien confiaba en que se practicaría en beneficio de
sus intereses y que sorpresivamente, por voluntad del juzgador, no se realiza
en debida forma
5.- La acción de tutela para controvertir interpretaciones
judiciales.
La Corte ha sido
especialmente cuidadosa de no invadir la órbita de autonomía e independencia de
los jueces cuando en el ejercicio de sus funciones deben interpretar el alcance
de las normas jurídicas y por ello sobre el punto, en la sentencia T-702 de
2003, esta Sala reiteró que:
“La acción de tutela no puede convertirse en una instancia
adicional para impugnar las decisiones judiciales cuando no se compartan los
criterios acogidos por el fallador, porque para tal fin es necesario que se
trate de una interpretación irrazonable o al menos incompatible con la
Constitución. Pero existiendo un abanico de posibilidades, el operador
jurídico, como expresión de su autonomía e independencia, está autorizado para
acoger la que estime pertinente.”
Sin embargo, la
jurisprudencia ha reconocido que no cualquier tipo de hermenéutica está
protegida por el principio de autonomía funcional, pues al menos en dos eventos
es posible acudir a la tutela para cuestionar una interpretación judicial[49],
y son ellos: (i) cuando la posición del juez se refleja como arbitraria,
caprichosa o irrazonable, de manera que resulte abiertamente contradictoria con
el contenido de la norma cuyo alcance dice fijar; y (ii) cuando la
interpretación del juez a pesar de no reflejarse como caprichosa o arbitraria
resulta incompatible con la Constitución, evento donde la Corte Constitucional,
en su misión de unificar la jurisprudencia, tiene la potestad de fijar el
sentido de normas de orden legal  y señalar la hermenéutica que armoniza con
los postulados de la Carta Política[50]. Al respecto, en la
sentencia T-100 de 1998, con ponencia del Magistrado José Gregorio Hernández
Galindo, la Corporación expone los siguientes lineamientos que luego se han
reiterado en los pronunciamientos sobre la materia:
“Sólo las actuaciones judiciales que realmente contengan una
decisión arbitraria, con evidente, directa e importante repercusión en el
proceso, en perjuicio de los derechos fundamentales, pueden ser susceptibles de
ataque en sede constitucional. No así las decisiones que estén sustentadas en
un determinado criterio jurídico, que pueda ser admisible a la luz del
ordenamiento, o interpretación de las normas aplicables, pues de lo contrario
se estaría atentando contra el principio de la autonomía judicial. Debe tenerse
en consideración que el juez, al aplicar la ley, ha de fijar el alcance de la
misma, es decir, darle un sentido frente al caso. La tarea interpretativa es,
por ello, elemento propio de la actividad judicial requerida siempre, a menos que
la disposición tenga un único y exclusivo entendimiento, lo cual no solo es
infrecuente sino extraordinario.
[...]La vía de hecho -excepcional, como se ha dicho- no puede
configurarse sino a partir de una ruptura flagrante, ostensible y grave de la
normatividad constitucional o legal que rige en la materia a la que se refiere
el fallo. Por tanto, mientras se apliquen las disposiciones pertinentes,
independientemente de si otros jueces comparten o no la interpretación acogida
por el fallador, no existe la vía de hecho, sino una vía de Derecho distinta,
en sí misma respetable si no carece de razonabilidad. Esta, así como el
contenido y alcances de la sentencia proferida con ese apoyo, deben ser
escrutados por la misma jurisdicción y por los procedimientos ordinarios, a
través de los recursos que la ley establece y no, por regla general, a través
de la acción de tutela.
[...]Diferente es el caso de la ostensible aplicación indebida de
una norma, en cuya virtud se pretende lograr que los hechos quepan en ella, aun
contra toda evidencia. Allí puede darse la vía de hecho, como lo ha admitido
esta Corte, si por haberse forzado arbitrariamente el ordenamiento jurídico se
han quebrantado o se amenazan derechos constitucionales fundamentales” [51]
Con los presupuestos indicados para la procedencia de la acción de
tutela  cuando se acusa una decisión judicial de constituir vía de hecho, la
Sala reitera la conclusión que se ha referido en anteriores fallos, en el
sentido de precisar que “No toda vía de hecho reúne las características
necesarias para incoar la acción referida, porque, para que sea viable requiere
no sólo que se afecte un derecho fundamental, sino que además se presente
cierta gravedad e inminencia en la vulneración o amenaza.” [52],
requisitos que no basta con que sean alegados, sino que deben acreditarse o
evidenciarse en cada caso concreto.
6.- Caso concreto.
6.1 Alega el accionante la presencia de vías de
hecho en las actuaciones de las autoridades judiciales accionadas, por
comportamientos que les señala en forma separada a cada demandado, ocurridas en
el curso del proceso penal en que fue condenado por homicidio culposo y en la
actuación de casación que interpuso con posterioridad, instancias donde
manifiesta, le fueron vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la defensa, al acceso a la administración de justicia, y en que se desatendió
el principio de prevalencia del derecho sustancial.
Estas acusaciones se sintetizan así: (i) contra la
primera instancia, Juzgado 22 Penal del Circuito, vía de hecho por defecto
procedimental y fáctico, a) por omitir la práctica de unas pruebas
testimoniales que decretadas no se realizaron, en su sentir injustificadamente,
y b) por habérsele impedido contrainterrogar a unos testigos; (ii) contra la
segunda instancia, Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Bogotá, vía de hecho por defecto fáctico y no dar aplicación al principio
constitucional de prevalencia del derecho sustancial sobre los rigorismos
procesales, a) al no tener en cuenta para el fallo de esa instancia, unas
pruebas de exculpación, por el hecho de haberlas aportado extemporáneamente y,
b) por negarse a evacuar las pruebas omitidas por el a-quo, argumentando
inexistencia de etapa probatoria en esa instancia; (iii) en sede de Casación,
en contra de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, vía de
hecho a) por indebida interpretación del fundamento de sus peticiones y, b) por
no aplicar el principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial,
al anteponer rigorismos procesales como argumentos para inadmitir su demanda de
Casación Excepcional.
Considerando por
lo anterior, que en su caso no se evacuaron ni se tuvieron en cuenta la
totalidad de las pruebas necesarias para acercarse lo mas posible a  la verdad
histórica, pide se le tutelen los derechos fundamentales que invoca, para que
las autoridades que se los han desconocido, los respeten y se les ordene que
se realicen los testimonios no evacuados y que en aplicación a la primacía del
derecho sustancial sobre los rigorismos procesales, administren justicia
teniendo en cuenta todo el material probatorio que obra en el expediente.
Los jueces de
instancia en la acción constitucional, no encontraron demostrada irregularidad
alguna en las actuaciones demandadas y negaron el amparo solicitado.
6.2 Ahora bien, la Sala anota de antemano que en el presente caso sí
encuentra que la actuación procesal controvertida en sede de tutela está
viciada por una vía de hecho consistente en un defecto procedimental,
relacionada con la omisión en la cual incurrió en Juzgado 22 Penal del Circuito
de Bogotá en lo atinente a la práctica de unos testimonios ya decretados; por
ende deberá conceder el amparo deprecado por el actor, revocando las decisiones
de instancia. Como la vía de hecho se verifica en este punto, la Sala no
considera necesario estudiar las otras imputaciones que el actor hace contra
las actuaciones judiciales
Hace referencia la Sala a los  testimonios de la enfermera Betty
Sánchez, quien había sido llamada como testigo con el fin de  aclarar en el
proceso lo relacionado con la vigilancia efectuada al enfermo por parte de quienes
intervinieron en la cirugía y de la recepcionista de la Clínica, Maria Gilma
Ramírez, convocada al proceso con el fin de acreditar que vio al demandante
esperar al médico Germán Herrera para hacerle a éste último la entrega del
paciente, entrega que presuntamente liberaría al anestesiólogo de
responsabilidad de lo que ocurriera posteriormente.
Cabe señalar que, de acuerdo con lo que consta en el expediente, se
encuentra probado que los testimonios de las señoras Betty Sánchez y Maria
Gilma Ramírez, fueron decretados pero no se recepcionaron. Y es necesario
reiterar aquí lo ya dicho en las consideraciones generales de esta sentencia en
el sentido de que cuando el juez ha analizado la
solicitud de pruebas y accede a ellas tiene el deber procesal de cumplir con su
propia decisión, so  pena de incurrir en una violación del derecho fundamental
al debido proceso por defecto procedimental.
Debe entenderse siempre que la relevancia de la prueba viene dada
del hecho mismo de su decreto, siendo indiferente quién la haya solicitado y
que, una vez definido el asunto de su relevancia, corresponde al juez, no a las
partes del proceso, llevar a término el cumplimiento de lo decretado. Esto se
traduce en que, tanto en los procesos penales como en los de cualquier otra
naturaleza, la pertinencia de la prueba se decide al momento de su decreto y
que, establecido esto, los jueces quedan obligados de manera compulsiva a lo
que ellos mismos dispusieron, no contando con alternativa diferente que
realizar todas las actuaciones tendientes a llevar a término el recaudo de las
pruebas, sin que este deber deba relegarse a quienes son sujetos dentro del
proceso.
Alega con justicia el peticionario que de manera negligente e
injustificada, el juez de primera instancia no recibió los testimonios
referidos y consintió la renuencia de las testigos, cuando contaba con
mecanismos policivos para lograr su comparecencia. Es necesario señalar que si
las declaraciones de las señoras Betty Sánchez y María Gilma Rodríguez fueron
solicitadas primero por el apoderado de la parte civil en el proceso penal
durante la etapa instructiva del proceso –esto es el 14 de noviembre de 1997.
Empero, al iniciarse el periodo de juzgamiento, el defensor del aquí demandante
en sede de tutela manifiesta su interés en que se practiquen los testimonios,
así lo solicita en oficio remitido al juzgado de la causa el 1 de diciembre de
1999[53] y, de acuerdo con ello,
en auto de 16 de febrero de 2000[54], el
Juzgado 22 Penal del Circuito accede a la recepción de las declaraciones de las
señoras enunciadas. Llama la atención de esta Sala que en la parte motiva del
auto que decreta las pruebas, el Juez hace la siguiente afirmación:
“En cuanto a escuchar a la enfermera BETTY SÁNCHEZ, se insistirá en
especial, porque la Fiscalía en más de dos oportunidades la citó y es
importante conocer como fue la atención brindada al joven en las fases pre y
post operatorias”
Y esta no es la última consideración que el Juzgado hace en relación
con la importancia de la recepción de estos testimonios. Pero antes de reseñar
cuándo lo hace nuevamente, es importante resaltar que el decreto de estas
pruebas se comunicó a la enfermera y recepcionista en la dirección de la
Clínica Andina Mientras se adelantaba el proceso penal, la clínica había cesado
sus actividades[55] y entrado en
liquidación. De acuerdo con el expediente, dicha situación parecía ser
desconocida para el Juez de la causa, quien el 12 de abril de 2000 ordenó que
se enviara un oficio “a la Clínica Andina para que haga comparecer el día
del debate público a BETTY SACHEZ PACHON y GILMA RAMÍREZ (enfermera y
recepcionista), o indique al Despacho la dirección de las citadas  de ser
posible”[56] Dos
días después, el 14 de abril de ese mismo año, el Liquidador de la Clínica,
entre otras cosas, informa al juzgado que: “Las Stas. Betty Sánchez y Gilma
Ramírez, enfermera y recepcionista de la Clínica Andina, para la época de los
hechos, se desvincularon de la Institución antes de la suspensión de
actividades de esta, y en el momento no conocemos la dirección ni el paradero
actual, y  de los archivos de personal de esa época, solo se conserva la parte
contable”[57].
Con posterioridad, el 31 de julio de 2000, el señor Duqe Navas
imputado dentro de la causa, se dirige por escrito al juzgado en relación con
la respuesta dada por el liquidador de la Clínica y asevera que se está
tratando de ocultar el paradero de estos testigos, “ de quienes dice no
tener hojas de vida, a pesar de que es obligación de las entidades guardarlas
por espacio de cinco años después de su retiro”. Ahora, no obstante creer
que el liquidador de la Clínica actúa de mala fe, el señor Navas hace una
segunda petición en relación con la recepción de estos testimonios y requiere
al juez para que pida al mencionado liquidador, quien afirma poseer solamente
registro contable de la época de la ocurrencia de los hechos, “que envíe la
liquidación de dichas personas con el número de cheque con que se les canceló y
el número de identidad de las mismas con el fin de ubicarlas”[58].
Es cuando el Juez da respuesta a esta solicitud del actor, mediante
auto de 10 de agosto de 2000, cuando se refiere nuevamente a la relevancia de
estas pruebas:
“2º En el auto que accedió a la práctica de pruebas (F.22), se
insistió en especial, en la citación de la enfermera Betty Sánchez,  quien
atendió al paciente de marras. En consecuencia se reiterará en lo que tiene que
ver con esta persona para que Ricardo Herrera[59] proceda a
remitir copia de la liquidación de esta trabajadora, con miras a poderla citar.
De igual manera, se procederá con respecto de Gilma Ramírez...”[60]
Llama la atención  de esta Sala que, pese a que así se disponía en
el auto dictado el 10 de agosto, cuando el 14 de agosto de 2000[61]
se envió el oficio 1736 al Liquidador de la Clínica Andina, no se hizo mención
a lo dispuesto en el numeral trascrito y solamente se requirió al señor Herrera
en relación con el envío de las copias del manual de funciones de la clínica.
Por razones que se caen de su peso, al dar respuesta al juzgado el Liquidador
no remitió ninguna copia de ninguna liquidación, pero sí lo hizo del manual de
funciones[62].
Ahora bien,  el mismo día en el cual fue enviado el oficio 1736 se
inició la audiencia pública de juzgamiento en el proceso penal. Durante la larga
audiencia, se mencionó en varias oportunidades a las testigos[63],
incluso en las alegaciones finales de al delegada de la Fiscalía se hace
referencia a la presencia de la señora Betty Sánchez Pachón durante la
ocurrencia de los hechos que dieron origen al proceso penal.[64]
No obstante lo anterior, el Juzgado 22 Penal del Circuito de Bogotá, luego de
impartir la orden ya reseñada del 14 de agosto de 2000, y hasta cuando profirió
sentencia condenatoria el 7 de junio de 2002[65], no emprendió
ninguna actuación para lograr los testimonios que había decretado, cuya
importancia devenía del acto mismo de su decreto y –más aún- cuya pertinencia
estuvo presente durante todo el proceso.
6.3 Considera la Sala que la doctrina constitucional en la materia
que se examina aquí y que fue ya quedó reseñada en las consideraciones
generales de la sentencia, es muy clara: cuando una prueba ha sido decretada,
la falta de su práctica, más aún sí, como en el caso, se trata de una que tiene
interés manifiesto por parte de las diferentes partes involucradas en el proceso
penal (recuérdese que fue pedida por primera vez por la parte civil, pero que
luego la defensa y el sindicado insistieron con claridad en el) constituye una
violación del derecho del debido proceso por defecto procedimental. Además, en
la situación sub examine, de acuerdo con la descripción procesal hecha
hasta este momento, es dado afirmar que la falta de práctica de los testimonios
no  obedeció a la culpa del señor Duque Navas ni de sus defensores. Contrario a
ello, el actor incluso llegó a sugerir al juez que adelantaba la causa en su
contra una posibilidad para encontrar a las testigos (copia de la liquidación
laboral de la Clínica, para establecer el numero de cheque y de identidad de
las mismas), que por motivos que esta Sala no se explica, no fue llevada a
término por el juzgado. Ahora, pedir más del actor, por ejemplo que fuera él
quién, por todos los medios encontrara a las testigos, contraría el carácter
instructivo del proceso penal, donde es el juez quien debe practicar las
pruebas, valiéndose de sus propios medios. No sobra en este sentido recordar
que dicha naturaleza –la instructiva-, referida al trámite procesal, constituye
una garantía para los implicados en él; garantía que, al pretender que las pruebas
no se practiquen por, a manera de ejemplo, no poder el interesado la dirección
del testigo cuya declaración desea hacer valer en el proceso, se ve menoscabada
y viola de manera directa el artículo 23 de la Carta.
6.4 La Sala también considera pertinente indicar que en el proceso
penal, cuando el juez niega la práctica de una prueba, los diferentes sujetos
procesales pueden controvertir dicha negativa a través del ejercicio de
recursos. Cuando, como en el caso que se estudia, la prueba es decretada y no
practicada, ésta se está negando de hecho, sin que la persona interesada en
ella pueda ejercitar los recursos que sí puede interponer cuando ha sido negada
de acuerdo con el discernimiento del juez respecto de su pertinencia,
necesidad, etc. La situación descrita, presente en el caso que se estudia,
enfatiza el menoscabo que sufrió el demandante en su derecho fundamental del
debido proceso y refuerza las tesis de esta Sala.
6.5 Como
consecuencia de todo lo anterior esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional revocará los fallos que revisa; en su lugar, concederá el amparo
del derecho fundamental al debido proceso del actor y, en consecuencia,
declarará la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso 134 de 1999,
adelantado por el Juzgado 22 Penal del Circuito de Bogotá, a partir de la
actuación siguiente al auto de 16 de febrero de 2000, por medio del cual se
decretó la práctica de pruebas. Igualmente ordenará al Juzgado 22 Penal del
Circuito de Bogotá que rehaga la actuación penal adelantada contra el señor
Hernán Duque Navas, practicando las pruebas testimoniales, ya decretadas, de
las señoras Betty Sánchez Pachón y María Gilma Ramírez.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución Política,
RESUELVE
Primero. LEVANTAR la suspensión del
término decretada para decidir el presente asunto.
Segundo. REVOCAR la Sentencia proferida
por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura,
el 19 de enero de 2005, por la cual se confirmó la sentencia  de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca de fecha 18 de noviembre de 2004, que denegó en primera instancia
la tutela interpuesta por el doctor Hernán Duque Navas.
En su lugar, CONCEDER el amparo del derecho fundamental al
debido proceso reclamado por el señor Hernán Duque Navas en su solicitud de
tutela.
Tercero. En consecuencia, DECLARAR LA NULIDAD de todo lo actuado
dentro del proceso 134 de 1999, adelantado por el Juzgado 22 Penal del Circuito
de Bogotá, a partir de la actuación siguiente al auto de 16 de febrero de 2000,
por medio del cual se decretó la práctica de pruebas.
Cuarto. Igualmente, ORDENAR al Juzgado 22 Penal del Circuito de
Bogotá que rehaga la actuación penal adelantada contra el señor Hernán Duque
Navas, practicando las pruebas testimoniales, ya decretadas, de las señoras
Betty Sánchez Pachón y María Gilma Ramírez.
Quinto. Por Secretaría General se dé
cumplimiento a lo previsto en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y cúmplase.
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO
BELTRÁN SIERRA
Magistrado
CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
CON SALVAMENTO DE VOTO
MARTHA
VICTORIA  SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
SALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA
T-388
DE 2006
DEBIDO PROCESO-Comportamiento pasivo y
omisivo del actor en el proceso penal (Salvamento de voto)
La realidad procesal muestra que de parte del accionante hubo al
respecto un comportamiento pasivo y omisivo en la actuación penal. Como
interesado que se muestra en esas pruebas porque su suerte procesal, según
dice, dependía de estos testimonios, nunca suministró al proceso las
direcciones donde pudieran ser localizadas las deponentes una vez sabía que la
Clínica había sido cerrada, ni mucho menos sugirió al juez la conducción
policial de las citadas. Tampoco advirtió en el proceso su ausencia dentro de
la etapa procesal correspondiente, para que por la trascendencia que les
atribuye para su situación, se indicara y exigiera al juez la indispensable
recepción de esas versiones para definir el sentido de su decisión. Su
comportamiento permitió por tanto, que el fallo que ataca se adoptara con el
acervo probatorio existente a ese momento, el cual fue  considerado por el juez
como suficiente para el efecto, apreciación que comparte esta Sala como se dirá
posteriormente.
RESPONSABILIDAD
MEDICA-Culpa en el cuidado
anestésico del paciente (Salvamento de voto)
Se endilga
responsabilidad penal al accionante a título de culpa, por seis irregularidades
que se advirtieron en su comportamiento médico en el cuidado anestésico del
paciente y por las que en ese estudio, se deduce la relación de causa efecto
directa entre el paro cardiorrespiratorio sufrido por el paciente y donde ellas
fueron posibles causas y la muerte del mismo, conclusión esta sobre la que, en
la providencia del juez, se rechaza la acusación de la defensa de corresponder
a un indebido juicio de responsabilidad penal emitido por el perito, con el
argumento de que, uno de los objetivos principales de la prueba, estaba
destinado a establecer las causas probables del deceso con base en el  acervo
probatorio documental y testimonial existente  en el proceso, que en la
experticia consta haberse valorado y consultado con un especialista en anestesiología.
Por lo que, fue criterio del juez acoger completamente la prueba, al no
evidenciar aspectos irregulares o razones concretas para descartarla o restarle
validez y eficacia a esa peritación, en la que en su sentir, a pesar de haber
sido controvertida, no fueron desvirtuadas sus conclusiones.
PRINCIPIO DE INVESTIGACION INTEGRAL-No
vulneración por el comportamiento pasivo del actor en cuanto a las pruebas
(Salvamento de voto)
PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL-Apreciación
excepcional de pruebas extemporáneas (Salvamento de
voto)
Las normas
que estructuran el debido proceso, establecen que  para que sean apreciadas por
el juez, las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso
dentro de los términos y oportunidades señalados para ello. No obstante, La
Corte en aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial y con el fin de
que se administre verdadera justicia, ha avalado y admitido la presencia y
valoración de pruebas allegadas por fuera de la oportunidad procesal, pero
solamente en los casos en que la prueba extemporánea, controvierta en forma
radical los fundamentos de la decisión judicial atacada, o se constituya en
fundamento medular del sentido del fallo,  por dar la claridad necesaria sobre
los hechos y actuaciones a consideración del operador judicial.
DEBIDO PROCESO-Decisión se fundó en el
acervo probatorio allegado al proceso (Salvamento de voto)
De acuerdo
con lo obrante en el plenario, se observa que la decisión confirmatoria que en
ella se adopta, se fundamenta razonadamente en el acervo probatorio legalmente
allegado a la actuación, mediante un análisis lógico y expuesto de manera
coherente, en el que se comparten, profundizan y amplían los argumentos
fácticos y jurídicos de la decisión del a-quo que se revisaba. En consecuencia,
se concluye que ante la suficiencia e idoneidad del material probatorio con que
se adoptó la decisión atacada, se excluyen tanto la violación al debido
proceso, al derecho de defensa, al acceso a la administración de justicia del
accionante, como la inaplicación del  principio de prevalencia del derecho
sustancial en su desmedro, invocados para proponer la presente acción, y por
tanto aquella ha de permanecer incolume.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Inadmisión demanda de casación/DEMANDA DE
CASACION-No basta la acusación simple de
vulneración de derechos fundamentales, sino que se requieren elementos
argumentativos debidamente soportados (Salvamento de voto)
En la actividad casacional penal no basta como sustento para que se
exija abordar el estudio del caso en que se invoca como objetivo la garantía de
derechos fundamentales, la acusación simple de vulneración de derechos o
garantías fundamentales que haga el casacionista, pues éste debe proporcionar en
su demanda, un mínimo de elementos argumentativos que debidamente soportados,
reflejen en la actuación acusada la presencia ostensible de una vulneración a
estos derechos. De otra forma, se entendería que cualquier demanda sería
procedente para el efecto, porque en toda reclamación procesal, de cualquier
índole que esta sea, se sugiere implícitamente que hay una falla de los
operadores judiciales con la que se considera trasgredido el ordenamiento
jurídico, especialmente en el debido proceso, pero no por ello está demostrada
una vulneración a derechos fundamentales.
VIA DE HECHO-Inexistencia por cuanto
hubo suficiencia en el acervo probatorio allegado  al proceso (Salvamento de
voto)
No obstante
los vacíos probatorios que alega el accionante, hubo suficiencia en el acervo
probatorio que fue legalmente allegado al proceso y controvertido por el mismo,
para que por los juzgadores se determinara su responsabilidad penal a título de
culpa y así, en los fallos enjuiciados no hubo vía de hecho; pues, en forma
razonada y coherente se desvirtuaron los argumentos de la defensa, para
concluir que era al procesado a quien frente a las imputaciones concretas que
se le hacían con base en las pruebas existentes, correspondía demostrar que
actuó con diligencia y prudencia como anestesiólogo y no lo hizo; y las pruebas
que echa de menos, como se estableció en esta la actuación, no son relevantes
para el efecto, pues con ellas lo que buscaba acreditar, era la responsabilidad
que pudiera caber a los demás médicos que interactuaron en el caso,
circunstancia con la obviamente no podía justificarse ni rebatir los cargos
efectuados a su propio comportamiento.
Referencia:
sentencia T-388 de 2006
Expediente
T-1063597
Acción de tutela instaurada por Hernán Duque Navas, contra Juzgado
22 penal del Circuito de Bogotá y otros.
Magistrado
Ponente
Dr. JAIME
ARAUJO RENTARÍA
Con el respeto
que me merece la decisión tomada por la mayoría de los integrantes de la Sala
de Revisión, me permito transcribir, en el aparte respectivo, los argumentos
relacionados con el caso concreto, expuestos en el proyecto que se sometió a
consideración de la Sala y que no fueron aceptados, en los cuales se concluye
que las decisiones de instancia que negaron la tutela han debido confirmarse.
Alega el accionante la presencia de vías de hecho en
las actuaciones de las autoridades judiciales accionadas, por comportamientos
que les señala en forma separada a cada demandado, ocurridas en el curso del
proceso penal en que fue condenado por homicidio culposo y en la actuación de
casación que interpuso con posterioridad, instancias donde manifiesta, le
fueron vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa,
al acceso a la administración de justicia, y en que se desatendió el principio
de prevalencia del derecho sustancial. Estas acusaciones se sintetizan así: (i)
contra la primera instancia, Juzgado 22 Penal del Circuito, vía de hecho por
defecto fáctico y procedimental, a) por omitir la práctica de unas pruebas
testimoniales que decretadas no se realizaron, en su sentir injustificadamente,
y b) por habérsele impedido contrainterrogar a unos testigos; (ii) contra la
segunda instancia, Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Bogotá, vía de hecho por defecto fáctico y no dar aplicación al principio
constitucional de prevalencia del derecho sustancial sobre los rigorismos
procesales, a) al no tener en cuenta para el fallo de esa instancia, unas
pruebas de exculpación, por el hecho de haberlas aportado extemporáneamente y,
b) por negarse a evacuar las pruebas omitidas por el a-quo, argumentando
inexistencia de etapa probatoria en esa instancia; (iii) en sede de Casación,
en contra de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, vía de
hecho a) por indebida interpretación del fundamento de sus peticiones y, b) por
no aplicar el principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial,
al anteponer rigorismos procesales como argumentos para inadmitir su demanda de
Casación Excepcional.
Considerando por
lo anterior, que en su caso no se evacuaron ni se tuvieron en cuenta la
totalidad de las pruebas necesarias para acercarse lo mas posible a  la verdad
histórica, pide se le tutelen los derechos fundamentales que invoca, para que
las autoridades que se los han desconocido, los respeten y se les ordene que
se realicen los testimonios no evacuados y que en aplicación a la primacía del
derecho sustancial sobre los rigorismos procesales, administren justicia
teniendo en cuenta todo el material probatorio que obra en el expediente.
Los jueces de
instancia en la acción constitucional, no encontraron demostrada irregularidad
alguna en las actuaciones demandadas y negaron el amparo solicitado.
Para adoptar la decisión, la Sala verificará sobre el expediente del
proceso penal y en la actuación de Casación, los hechos fundamento de las
acusaciones que formula el demandante, con el objeto de establecer en cada una
de ellas si se presentan causales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, de acuerdo con los presupuestos que para el
efecto ha establecido la jurisprudencia y de los que dan cuenta las
consideraciones que preceden.
Actuación del Juez de primera Instancia, Juez 22 Penal del Circuito
de Bogotá.
1. Se le acusa por el accionante de vía
de hecho por la omisión de la práctica de dos testimonios que habían sido
decretados como pruebas y que por ello, en su contra se impidió: a) con el
testimonio de la enfermera Betty Sánchez encargada de brindar asistencia y de
cuidar de cerca al paciente durante la recuperación, aclarar en el proceso lo
relacionado con la vigilancia efectuada al enfermo por parte de quienes
intervinieron en la cirugía, ya que el paro le sobrevino después de una hora y
veinte minutos de haber reintubado al paciente y ella debía avisar a tiempo
cualquier cambio negativo y  b) con el testimonio de la recepcionista de la
Clínica, Maria Gilma Ramírez, acreditar que lo vio esperar al médico Germán
Herrera y que se dirigió hacia él para hacerle entrega del paciente, entrega
que lo libera de responsabilidad de lo que ocurriera posteriormente.
Al respecto, en la actuación penal se establece que evidentemente
los testimonios de las señoras Betty Sánchez y Maria Gilma Ramírez, fueron
decretados y que  no se recepcionaron. De acuerdo con la jurisprudencia que se
ha expuesto, este cargo hace referencia al defecto procedimental por omisión de
pruebas. Pero, la Sala considera que los presupuestos indicados en la misma
para que éste configure vía de hecho, en este caso no se satisfacen y en razón
a ello, no procede la acción de tutela interpuesta por esta causal, por las
siguientes razones:
1) - Alega el peticionario que de manera negligente e injustificada,
el juez de primera instancia no recepcionó los testimonios referidos y
consintió la renuencia de las testigos, cuando contaba con mecanismos policivos
para lograr su comparecencia. Para la Sala, esta imputación no tiene
fundamentos fácticos ni jurídicos si se tiene en cuenta que la realidad
procesal muestra que de parte del accionante hubo al respecto un comportamiento
pasivo y omisivo en la actuación penal. Como interesado que se muestra en esas
pruebas porque su suerte procesal, según dice, dependía de estos testimonios,
nunca suministró al proceso las direcciones donde pudieran ser localizadas las
deponentes una vez sabía que la Clínica había sido cerrada, ni mucho menos
sugirió al juez la conducción policial de las citadas. Tampoco advirtió en el
proceso su ausencia dentro de la etapa procesal correspondiente, para que por
la trascendencia que les atribuye para su situación, se indicara y exigiera al
juez la indispensable recepción de esas versiones para definir el sentido de su
decisión. Su comportamiento permitió por tanto, que el fallo que ataca se
adoptara con el acervo probatorio existente a ese momento, el cual fue
considerado por el juez como suficiente para el efecto, apreciación que
comparte esta Sala como se dirá posteriormente.
Como fundamento de la anterior consideración, la Sala señala del
examen efectuado al expediente penal lo siguiente: (i) por auto del 14 de
noviembre de 1997, a solicitud del apoderado de la parte civil, se dispone la
recepción del testimonio de la enfermera Betty Sánchez, siendo citada para el
efecto mediante telegrama fechado el 18 de ese mes, a la dirección de la
Clínica Andina, indicada para ello[66]; (ii) consta igualmente,
que para el 17 de marzo de 1998, aproximadamente 4 meses después, según
manifestación del mismo accionante hecha en ampliación de indagatoria, la
mencionada Clínica ya no existía, es decir no funcionaba en ese lugar[67];
y (iii) revisado el resto del expediente, no hay registro alguno de que con
posterioridad a los anteriores hechos, en la etapa investigativa, se haya
insistido por el petente o por su defensa en la práctica de estos testimonios,
así como tampoco ni en el alegato de conclusión de la defensa, folio 247, ni en
el memorial en que ésta se recurre la Resolución de Acusación proferida en
contra del procesado, se alude a la ausencia y necesidad de recaudo de esas
pruebas para la definición del proceso [68].
Posteriormente, en la etapa del juicio se solicita por el defensor del
accionante que se insista en la prueba testimonial de las personas mencionadas;
pero, a sabiendas que ya la clínica había sido cerrada, no se suministran
nuevos datos para localizarlas [69] y así, al ser decretados
los testimonios [70] y reiterada su orden de
realización[71], las citaciones se
libran a nuevamente a la misma dirección en que funcionó la Clínica[72].
En el resto de la actuación de primera instancia, incluidos la extensa
audiencia pública de juzgamiento y el memorial de alegatos de conclusión para
fallo, no se registra alusión alguna a la imperiosa necesidad de haber
recaudado los citados testimonios, como en esta acción se alega.
No entiende entonces la Corte, cómo si era tal la trascendencia de
los testimonios que extraña el accionante, no insistiera en su recepción con
todos los mecanismos de defensa procesales que para ello tenía a su favor, tal
y como sí lo hizo con  un testimonio que pidió para demostrar su incapacidad
económica para el pago de la caución, prueba que no fue practicada por el
fiscal de primera instancia y ese hecho al ser reprochado por el fiscal que
desató la apelación de la Resolución de Acusación, ocasionó que se le
mantuviera el beneficio de excarcelación. [73]
Ahora bien, para la Sala a la luz de lo dispuesto por el artículo
279 del Código de Procedimiento Penal[74], no es obligatorio que
el juez siempre disponga la conducción de los testigos que no acudan a una
citación; pues la utilización de  tal herramienta, es discrecional del funcionario que en
su independencia judicial advierta la necesidad de acudir a ella, ante la
renuencia de los citados. No obstante, nada impedía al accionante, que si lo
consideraba necesario, solicitara al juez oportunamente acudir a ese mecanismo
y no lo hizo durante todo el proceso. Estas razones hacen que la acusación de
decidia judicial que el accionante formula en este sentido en contra del juez
de instancia, no pueda ser de recibo, máxime si a ella se suma al hecho,
verificado en la actuación, de que todas las citaciones a las testigos Betty
Sánchez y Maria Gilma Ramírez fueron efectuadas a la misma dirección de la
Clínica, cuando ésta ya no funcionaba en ese lugar; lo que no permite aseverar
que las mencionadas personas hubieran tenido conocimiento de las mismas y con
ello, predicar que voluntariamente desatendieron la orden judicial, como
presupuesto legal de procedencia de la utilización de este mecanismo.
2) Para la Sala, tampoco está presente en este caso la exigencia
jurisprudencial de que la prueba no practicada tenga incidencia determinante en
el sentido del fallo, para admitir la procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales por existir una vía de hecho;  conclusión a la que se
llega al considerar que con los testimonios extrañados por el petente, no se
enervarían los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustentó la
valoración probatoria del acervo existente con que se profirió sentencia
condenatoria en su contra por parte del Juez 22
Penal del Circuito de Bogotá, los cuales además, responden a los criterios de
razonabilidad y de racionalidad,  exigidos en la aplicación de la sana crítica
para esta actividad, propia de la autonomía e independencia del juzgador.
Para la Corte,
en el fallo del juez de esa instancia se refleja que, establecida la
materialidad de la infracción, sobre la que no existe controversia alguna, las
pruebas que obraban dentro del expediente fueron suficientes para que
concluyera la responsabilidad penal del accionante en su comisión[75],
al considerar que la conducta por él desplegada en calidad de médico
anestesiólogo, fue omisiva y negligente; principalmente, se le reprochó el
abandonar  en forma inoportuna al paciente, es decir, por ser su retiro del
recinto muy próximo a la intervención quirúrgica bajo la anestesia general que
había administrado, sin que éste hubiera recobrado su plena conciencia y sin
dejar como anestesista, las constancias ciertas sobre el estado general del
paciente, todo ello en desatención al comportamiento que le exigían las normas
de conducta previstas para esta especialidad médica; imputación a la que llega
el fallador, analizando una a una las pruebas recaudadas, que estimó
pertinentes para demostrarla, y confrontándolas con los argumentos de
controversia dados por la defensa, los que consideró que no desvirtuaban las
acusaciones.
Se observa que
la decisión discutida en lo que atañe al aspecto subjetivo de la infracción,
fue soportada científicamente en la experticia del Grupo de Patología Forense
del Instituto de Medicina Legal como prueba técnica, tomándose como elemento de
juicio esencial para los cargos de acusación, y llegando luego a ser prueba
cardinal en la decisión, una vez analizada conjuntamente con las demás que se
allegaron debidamente al plenario.  Con base en ella, se endilga responsabilidad
penal al accionante a título de culpa, por seis irregularidades que se
advirtieron en su comportamiento médico en el cuidado anestésico del paciente y
por las que en ese estudio, se deduce la relación de causa efecto directa entre
el paro cardiorrespiratorio sufrido por el paciente y donde ellas fueron
posibles causas y la muerte del mismo[76], conclusión esta sobre
la que, en la providencia del juez, se rechaza la acusación de la defensa de
corresponder a un indebido juicio de responsabilidad penal emitido por el
perito, con el argumento de que, uno de los objetivos principales de la prueba,
estaba destinado a establecer las causas probables del deceso con base en el
acervo probatorio documental y testimonial existente  en el proceso, que en la
experticia consta haberse valorado y consultado con un especialista en
anestesiología. Por lo que, fue criterio del juez acoger completamente la
prueba, al no evidenciar aspectos irregulares o razones concretas para
descartarla o restarle validez y eficacia a esa peritación, en la que en su
sentir, a pesar de haber sido controvertida, no fueron desvirtuadas sus
conclusiones.
Para la Sala al
revisar la actuación, tampoco cabe reproche procesal a la forma en que se
recaudó la mencionada experticia, ni existen elementos probatorios para admitir
su descalificación por falta de idoneidad pericial, como se ha propuesto por el
accionante. Por tanto, debe respetar el valor probatorio como prueba de cargo,
dado por el juez, y que le llevó al convencimiento jurídico expuesto en sus
razonamientos.
Bajo esta premisa y por lo revelado en el plenario, la Corte no
advierte que los testimonios dejados de recaudar puedan tener incidencia para
variar el sentido de esa decisión; pues en relación con las irregularidades
imputadas que llevaron a la sentencia condenatoria, se estima que tanto las
conductas omisivas recriminadas al comportamiento del accionante  anterior y
posterior a la cirugía, tales como: (i) la falta de la valoración preanestésica
por él directamente efectuada, (ii) la no realización de la clasificación ASA
al paciente, (iii) el no monitoreo y soporte del anestesiólogo en el paciente
que no ha recobrado la conciencia después de la operación, (iv) el no registro
de la reevaluación del estado general del paciente una vez fue llevado a
recuperación, (v) la no consignación en la historia clínica del estado en que
efectuaba la entrega que dice haber hecho del paciente y las recomendaciones
necesarias de atención, (vi) así como el retiro tan inmediato de la clínica, a
pesar de que el paciente ya había sufrido un laringoespasmo post- operatorio
que finalmente se volvió a repetir y que se señala médicamente como la causa
final del paro cardio respiratorio que llevó al paciente a la muerte, son
situaciones de hecho demostradas en el proceso; no corresponden a
interpretaciones o valoraciones probatorias del juez y por tanto, no
desaparecerían ante la circunstancia hipotética de que se hubieran recibido o
se reciban esos testimonios, así como en criterio de la Sala, tampoco variaría
con ellos la calificación jurídica de conducta culpable dada a su comportamiento,
si se tiene en cuenta que con ellos el petente busca posiblemente, pues se
desconocen los resultados,  establecer nuevos aspectos relativos a la actuación
de los demás intervinientes en la cirugía o en la etapa post-operatoria, o que
él si esperó y habló con el  doctor Herrera sobre el paciente, lo que no lo
relevaría o justificaría sus propias omisiones, que como se dijo, se encuentran
plenamente establecidas y trasgreden las normas profesionales de comportamiento
en su especialidad, como concretamente se analizó en la sentencia atacada. Es
decir, el comportamiento de los demás, no lo releva de las consecuencias de su
propia conducta negligente, la que además, se considera reiterativa, pues, como
aparece acreditado en el proceso, registra como antecedente disciplinario la sanción
que le fuera impuesta por el Tribunal de Ética Médica por hechos relacionados
con la dejación inoportuna de un paciente que había anestesiado, con el fin de
atender otras actividades; este comportamiento también es repetitivo en esta
ocasión, según los testimonios de los médicos que con él intervinieron en la
operación,  en que aseguran que en el curso de la cirugía, el accionante les
acosaba por su necesidad de cumplir con el turno en otra institución[77].
Lo anterior, permite a la Sala concluir que el juez de primera
instancia de acuerdo con las disposiciones procesales, decretó e insistió en su
oportunidad en el recaudo de las pruebas testimoniales reclamadas con los
elementos que se proporcionaron al proceso para el efecto, respecto de los
cuales, se censura la pasividad observada por la misma defensa en procurar su
recaudo, al no suministrar un lugar cierto de localización de las deponentes ni
insistir, en los momentos procesales oportunos, en el recaudo de los mismos con
los argumentos de urgencia que hoy pretende hacer valer. Además, siendo tanto
para el juez como para el solicitante, según la motivación con que se pidió y
decretó la prueba[78], el escuchar una versión
más de cómo transcurrió el manejo pre y post operatorio del hoy occiso, al
llegar el juez, por las demás pruebas recogidas en el plenario a un
convencimiento razonable sobre estos hechos, no era para el operador judicial
obligatorio o indispensable seguir insistiendo en estos testimonios, pues en su
criterio, había suficiencia en el acervo probatorio para adoptar la decisión.
Ahora, en cuanto a la vulneración al principio de investigación
integral, se hacía necesario que el censor citara en concreto cuáles fueron las
pruebas que se dejaron de practicar, que indicara cuál era la aptitud
probatoria de las mismas y demostrara de manera específica la trascendencia de
esos medios probatorios para que se constituyeran en oposición a la lógica del
fallo, dándole una orientación distinta y esto no lo hizo el accionante.
En consecuencia, de acuerdo con los presupuestos  jurisprudenciales
que se han reiterado en esta providencia, no existe vía de hecho en lo que
atañe a esta acusación.
2 -  En relación con el cargo que el
accionante formula al Juez 22 Penal del Circuito de Bogotá de haberle impedido
contrainterrogar a unos testigos, se evidencia en la actuación que tal
menoscabo al derecho de defensa no tuvo ocurrencia. La Sala observa en el
expediente[79], que tanto el accionante
como su defensor en el proceso penal intervinieron en forma amplia
contrainterrogando a los testigos en todas las sesiones de la audiencia pública
y que su acusación no fue consignada en actuación procesal alguna. Estima la
Sala, que el accionante basa su cargo de limitación al derecho de defensa, en
la reconvención que el funcionario judicial en el curso de un
contrainterrogatorio, le hizo para que ajustara y concretara sus preguntas a
los hechos investigados y para que evitara insistir en preguntas ya formuladas;
y, en la constancia que un testigo dejara sobre la forma acosadora y ofensiva
de su interrogatorio con lo que le hacía sentir que él era el investigado,
advirtiendo que después de estos hechos, el actor continuó contrainterrogando.
Como no se acreditó o evidenció  irregularidad alguna, para la Sala,
este comportamiento del juez, lejos de ser arbitrario como se acusa, se ajusta
al cumplimiento de sus funciones y del ejercicio legítimo de la facultad de
dirección y adecuación de la actuación procesal, sin que por tanto, pueda ser
calificado como una vía de hecho.
Decisión del juez de segunda instancia, Sala Penal del Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Bogotá.
Los hechos por los que se le acusa y a los que en su orden se
referirá la Sala, consisten en: a) no haber tenido en cuenta para adoptar la
decisión en que confirmaba el fallo condenatorio, unas pruebas aportadas
extemporáneamente y, b) no haber recepcionado los testimonios que no se
practicaron en la primera instancia.
1.  - En relación con la primera de las
circunstancias referidas, se afirma por el accionante que el operador
judicial de segunda instancia del proceso penal a que alude esta actuación,
inaplicó el principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial
sobre los rigorismos procesales, al no considerar en su decisión de confirmar
la sentencia condenatoria en su contra, unas pruebas extemporáneas, que a pesar
de ello le eran de exculpación para los cargos centrales en que se fundamentó
la decisión adversa; se refiere a: (i) una certificación expedida por la
Sociedad Colombiana de Anestesiología en que consta que en Colombia todo médico
cirujano graduado es médico reanimador, con la que según él se desvirtuaba el
cargo de ineptitud del médico a cuyo cuidado dejó al paciente y (ii) dos
declaraciones extrajuicio de médicos que laboraron en la Clínica en que
sucedieron los hechos, con las que acreditaba que el médico Germán Herrera, a
quien dice entregó el paciente, era el encargado del cuidado de la recuperación
de los operados en esa institución.
Examinada por la Sala la actuación procesal, los presupuestos
establecidos por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la
acción de tutela en contra de decisiones judiciales por inaplicación directa de
los preceptos constitucionales, no está llamada a prosperar por las siguientes
razones de hecho y de derecho:
1) Se establece en el proceso, que la diligencia de audiencia
pública de juzgamiento, como última oportunidad probatoria procesalmente
instituida[80], culmina el día 10 de
julio de 2001 con la intervención de la defensa técnica del procesado, quien
pide en la diligencia que con base en las pruebas que  “aquí se recaudaron y
analizaron”, se dicte sentencia absolutoria a favor de su representado,
adjuntando escrito del resumen final de su intervención[81].
Se evidencia que no obstante la anterior petición, después de
transcurrido un año aproximadamente, el 3 de julio de 2002,  se aporta por la
defensa una comunicación dirigida al accionante y firmada por el Director de la
Organización Científico Gremial- SCARE, de la Sociedad Colombiana de
Anestesiología y Reanimación en que se consigna que: “el médico reanimador
es cualquier médico cirujano graduado debido a que dentro del programa de
capacitación  en medicina en nuestro país, todo médico debe encontrarse apto
para realizar maniobras de reanimación cuando se requieran”; documento en
que se está dando respuesta a una consulta que el actor elevara el 28 de junio
de 2002, aunque erróneamente ante el Comité de Seguridad de Fepasde (sic), en
la que se indicó que el objeto de la misma, era hacer claridad ante la justicia
sobre el concepto de personal calificado de que trata el punto 1.3.3. de la
Norma III, de las Normas Mínimas de Seguridad en Anestesiología[82].
También consta que mucho después, el 18 de febrero de 2003 al año y
siete meses de precluida la oportunidad probatoria en la actuación, el
condenado aporta dos declaraciones extrajuicio de los doctores Fernando Romero
Flechas y Miguel Antonio Sánchez Álvarez recepcionadas el 10 y 14 de febrero
del mismo año.[83]En la primera de estas
declaraciones, que corresponde a un anestesiólogo, se hace referencia a algunas
irregularidades administrativas de la Clínica Andina y se señala directamente
al doctor Germán Herrera como el médico  en ella responsable de la elaboración
de las historias clínicas, autorizar las salidas y junto con la auxiliar de
enfermería de servicio, encargado de la atención médica de los pacientes en la
etapa del post-operatorio; se afirma que  no era costumbre en la institución el
hacer la entrega del paciente por escrito, ya que tácitamente siempre quedaba
bajo el cuidado del médico de planta y por eso, el retiro de los anestesiólogos
se producía de manera casi inmediata a la terminación de la cirugía, situación
que así explicaban a los parientes de los pacientes que a veces con preocupación
observaban tal hecho. La segunda de las exposiciones, que es de un médico
cirujano, sin dar nombres concretos, confirma que en la mencionada Clínica,
previa valoración por el anestesiólogo, el cuidado post-operatorio de los
pacientes estaba a cargo del médico de turno y de la auxiliar de enfermería.
En la reseña anterior, se advierte la evidente inoportunidad
procesal de arribo de estas pruebas, pues como se indicó, la etapa probatoria
había concluido y  en la presente actuación para pedir que se tengan en
cuenta,  el accionante da como razón de su aporte tardío, simplemente el hecho
de no haber tenido oportunidad de acceder a ellas con anterioridad.
Ahora bien, las normas que estructuran el debido proceso, establecen
que  para que sean apreciadas por el juez, las pruebas deberán solicitarse,
practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades
señalados para ello. No obstante, La Corte en
aplicación del principio de prevalencia del
derecho sustancial y con el fin de que se administre verdadera justicia, ha
avalado y admitido la presencia y valoración de pruebas allegadas por fuera de
la oportunidad procesal, pero solamente en los casos en que la prueba
extemporánea, controvierta en forma radical los fundamentos de la decisión
judicial atacada, o se constituya en fundamento medular del sentido del fallo,
por dar la claridad necesaria sobre los hechos y actuaciones a consideración
del operador judicial. [84] La doctrina
constitucional sobre la procedencia de la acción de tutela contra sentencias
judiciales por haberse incurrido en vía de hecho en la valoración probatoria es
sumamente clara, y exige que la prueba o pruebas  sobre las que se contrae la
vía de hecho tenga tal trascendencia que sea capaz de determinar el sentido de
un fallo. [85]
En atención a lo anterior, para la Sala, En este caso no se está
frente a una situación que justifique la excepcional  inobservancia de las
disposiciones que establecen y delimitan las etapas del procedimiento, que
constitucionalmente solo en consideración de la prevalencia del derecho
sustancial es admitida; y en consecuencia, no puede a través de esta acción,
reclamarle a la Sala Penal del Tribunal de Bogotá que así hubiere actuado.
Al respecto se considera, que En efecto,  no hay justificación
racional para la extemporaneidad en el arribo de las pruebas, porque como se
advierte en la actuación, los documentos en que obran, se obtuvieron por
iniciativa del  propio accionante, la que en términos de temporalidad, fue casi
inmediata a la expedición de los mismos y por tanto, así había podido
recolectarlas y allegarlas durante la etapa probatoria en el proceso y no lo
hizo.
Por otra parte, analizado el contenido de estas pruebas, de las declaraciones
extrajuicio, se observa que antes de revelar circunstancias favorables a la
situación del accionante y tener la vocación de cambiar el sentido del fallo,
reafirman y ratifican los comportamientos omisivos que le fueron recriminados a
título de culpa, por ser contrarios a las disposiciones de las Normas Mínimas
de Seguridad en Anestesia, que por su profesión estaba obligado a observar ; lo
que con ellas pretende ahora,  es justificarlos con la desatención
generalizada  que de ese reglamento también hacen sus colegas, lo que no puede
ser admisible.
Por otra parte, analizado el contenido de estas pruebas, de las
declaraciones extrajuicio, se observa que antes de revelar circunstancias
favorables a la situación del accionante y tener la vocación de cambiar el
sentido del fallo, reafirman y ratifican los comportamientos omisivos que le
fueron recriminados a título de culpa, por ser contrarios a las disposiciones
de las Normas Mínimas de Seguridad en Anestesia, que por su profesión estaba
obligado a observar; lo que con ellas pretende ahora y ahora, lo que con ellas
pretende, es justificarlos con la desatención generalizada  que de ese
reglamento también hacen sus colegas, lo que no puede ser admisible. ...
Y, En cuanto a la certificación emitida por la Sociedad de
Anestesiología valga decir lo siguiente: si bien en ella se advierte que por
principio hay aptitud en el médico Herrera para manejar la situación extrema de
una reanimación, este es un  hecho que no le relevaba de su responsabilidad
personal de cuidado al paciente como médico anestesiólogo, con el que
precisamente se espera que el paciente no llegue a la caótica situación de
tener que ser reanimado, y esto se deduce del detalle que se ha impreso al
comportamiento del anestesiólogo en las reglas de manejo de anestesia, que de
acuerdo con lo establecido en el proceso no observó, dando paso a que su
comportamiento se calificara por los operadores judiciales de instancia como
negligente y determinante del fatal insuceso, decisión adoptada en su legítima
labor de independiente valoración del  acervo probatorio, que para esta Corte
se encuentra sustentada razonablemente y por tanto, al estar ajustada a
derecho, se torna invariable por autoridad distinta a la que procesalmente
pueda ejercer superioridad de instancia.
Cabe precisar además, y esto es fundamental en la nula incidencia de
esta prueba en  la decisión atacada, que tal certificación no acredita
específicamente al doctor Herrera como médico reanimador, ni con experiencia en
ese área, pues se limita simplemente  a recordar que del programa de
capacitación general que recibe todo estudiante de Medicina, se deriva que todo
médico graduado debe encontrarse apto para realizar maniobras de reanimación
cuando se requieran. Sin ahondar en este tópico, es obvio, que la razón de ser
de las especialidades  médicas, estriba precisamente en que para el cuidado de
la vida y de la salud, debe contarse con calidades idóneas para manejar una
situación, y que la generalidad en el conocimiento científico, cede ante la
gama de  calificaciones en un área determinada.
Lo anterior esta corroborado con el testimonio del propio Doctor
Germán Herrera, cuando ante el Tribunal de Ética Médica - instancia que
finalmente también frente a los mismos hechos le formula cargos por violación a
las normas éticas que regulan la profesión médica[86]-
deja ver que tampoco tenía tales competencias, pues  si bien le “echó la
miradita al paciente”, tal como se lo recomendó el Doctor Duque al tropezárselo
a la salida de la Clínica, nunca se responsabilizó del mismo, porque además
sólo era médico adscrito a la Clínica Andina en tanto tenía su consultorio
allí, pero no era parte del equipo de cirujanos de la institución. [87]
Es evidente entonces, que la certificación por demás extemporánea, en donde se
dice en líneas generales que todo médico debe saber reanimar, es casi ajena a
las  verdaderas competencias del  doctor Germán Herrera, y no tiene ninguna
contundencia en las resultas de los fallos acusados; por tanto, se erige en una
prueba que de haberse considerado no alteraba el sentido de lo decidido.
Se concluye entonces, que con las pruebas referidas, no se
efectiviza  para el accionante la realización de ningún derecho sustancial y
por tanto, de haberse admitido su presencia en estado de extemporaneidad
procesal en que fueron allegadas, se contravendría el principio constitucional
del debido proceso que impone el artículo 29 Superior, por lo que, en virtud de
este cargo, tampoco se erige causal de procedibilidad de la acción de tutela en
contra de decisiones judiciales.
2) Como segunda acusación al ad-quem de la actuación penal, se
señala la negativa de éste a practicar las pruebas no realizadas por el juez de
primera instancia, con las que según el accionante se demostraría su inocencia.
Argumenta el demandante que en estas circunstancias, el Tribunal para la realización
del derecho sustancial, debió acceder a su petición de recepcionar en esa sede
los testimonios de Betty Sánchez y  de Gilma Ramírez omitidos sin razón por el
juez precedente, aunque procedimentalmente no estuviera contemplada etapa
probatoria para esa instancia,  para lo cual, le sugirió acudir al  artículo 23
del Código de Procedimiento Penal como norma de remisión expresa a otros
ordenamientos, para proceder conforme a lo dispuesto sobre  la viabilidad de
realización de pruebas en segunda instancia, en el artículo 361 del Código de
Procedimiento Civil[88].
Para la Sala, es evidente que de acuerdo con la estructura del
proceso penal, en el Capítulo VIII del Código de Procedimiento Penal, que
regula el trámite en la segunda instancia, no está prevista una etapa
probatoria[89]; y encuentra, que  en
virtud de la autorización expresa de remisión a otros ordenamientos dada por el
artículo 23 ib., para que en aquellas materias que no se hallen expresamente
reguladas en ese código, sean aplicables las disposiciones del Código de
Procedimiento Civil y de otros ordenamientos procesales, mientras no se opongan
a la naturaleza del proceso penal, resultaría viable en un proceso penal [90],
por circunstancias específicas, la aplicación analógica de las normas de
realización de pruebas en la segunda instancia, bajo las condiciones dispuestas
por el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, con el fin de hacer
efectivos, entre otros, a los principios constitucionales de eficacia de la
administración de justicia y prevalencia del derecho sustancial, que informan
ese procedimiento y que por tanto satisfacen la compatibilidad exigida por la
norma citada.[91]
En este contexto
y a fin de preservar el debido proceso, se deberán atender las previsiones de
términos y demás condiciones de procedibilidad que trae la disposición legal a
aplicar, la cual, limita esta actuación a determinados eventos.  Así,  observa la
Sala que la situación del caso que nos ocupa, se encuentra específicamente
prevista  en el numeral segundo de la norma en mención, en los siguientes
términos:
“ART. 361.—Pruebas en segunda instancia. Cuando se trate de
apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que admita el
recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los
siguientes casos:[...] 2. Cuando decretadas en la primera instancia, se
dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió, pero sólo con el
fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su
perfeccionamiento”. (Subrayas fuera de texto).
Significa lo
anterior, que para que en esta vía se censure al Tribunal Superior de Bogotá
como juez de segunda instancia, el no haber accedido a la realización de los
testimonios pedidos por el accionante, además del hecho comprobado de haberse
decretado y no practicado en la primera instancia, debía concurrir el elemento
de diligencia de parte  del accionante para lograr el recaudo; es decir, que no
pudiera atribuírsele responsabilidad en la no recepción de la prueba. Pero,
como ya se ha establecido en esta providencia para  inadmitir la presencia de vía
de hecho en la actuación del a-quo por este suceso[92],
tal presupuesto no estuvo presente en su actuación, que al respecto fue
contrariamente negligente, ya que no suministró dirección de localización de
las deponentes a sabiendas de que en la aportada al proceso para el efecto, ya
no podían ser ubicadas, resultando por ello para el juez impracticables esas
pruebas, pues, agotando los recursos que tuvo a su disposición en procura de
obtener su recaudo, siempre citó a las testigos a la misma dirección indebida.
Ahora bien, ante
la improcedencia de la tutela instaurada por las acusaciones de que tratan las
anteriores consideraciones, en la lectura que  efectúa la Sala a la sentencia
de segunda instancia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de
Bogotá y de acuerdo con lo obrante en el plenario, se observa que la decisión
confirmatoria que en ella se adopta, se fundamenta razonadamente en el acervo
probatorio legalmente allegado a la actuación, mediante un análisis lógico y
expuesto de manera coherente, en el que se comparten, profundizan y amplían los
argumentos fácticos y jurídicos de la decisión del a-quo que se revisaba,
evaluando además para ello, circunstancias no referidas en la decisión anterior
como fueron el tema de las deficiencias logísticas  de la Clínica, sobre la que
expone porqué no pueden justificar el comportamiento del condenado, o lo
relativo a la antijuridicidad del riesgo por él creado con el abandono del
paciente para la que tampoco se admitió la alegada coadyuvancia de hechos
posteriores al paro cardiorrespiratorio que originaron demora en el traslado
del paciente a cuidados intensivos del Seguro Social, para soportar la relación
de causalidad que se endilgó entre su conducta y el deceso; se pusieron en
evidencia las contradicciones del sindicado  en que incurrió a través de sus
intervenciones en las distintas diligencias, que en opinión del ad-quem
debilitaron sus argumentos de  defensa; todos ellos fueron argumentos
adicionales para llegar a la misma conclusión sobre la existencia de los
presupuestos de orden jurídico para proferir en contra del accionante
sentencia condenatoria; fundamentos de decisión que  como se expuso, no ve
enervados la Corte con las revelaciones de las pruebas cuya valoración  fue
omitida por tratarse de pruebas extemporáneas.
En consecuencia,
se concluye que ante la suficiencia e idoneidad del material probatorio con que
se adoptó la decisión atacada, se excluyen tanto la violación al debido
proceso, al derecho de defensa, al acceso a la administración de justicia del
accionante,  como la inaplicación del  principio de prevalencia del derecho
sustancial en su desmedro, invocados para proponer la presente acción, y por
tanto aquella ha de permanecer incolume.
Decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, sobre la
de inadmisión de la Casación excepcional propuesta por el accionante.
La acusación a esta superioridad, también se funda en el
desconocimiento del principio constitucional  de prevalencia del derecho
sustancial, al estimar el accionante que los argumentos con que por esa
Corporación se inadmitió su actuación extraordinaria, no consultaron  la
necesidad de garantizar sus derechos fundamentales porque sus reclamaciones
fueron consideradas circunstancias alusivas a la necesidad de  desarrollo
jurisprudencial, que no eran lo central en su petición.
Para la Corte, tampoco está llamada a prosperar esta acusación,
porque para la decisión atacada no se encuentra demostrada la existencia de
ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela en contra de
decisiones judiciales, como se establecerá en las razones que a continuación se
exponen:
1) En primer lugar, es necesario recordar que en esta oportunidad,
se está frente a una actuación judicial de carácter discrecional, respecto de
la cual,  de acuerdo con las consideraciones pertinentes de esta providencia,
al no revelarse en el ejercicio de la facultad discrecional una utilización
indebida, abusiva o por fuera del ordenamiento jurídico, por parte del operador
judicial, la legalidad de su decisión se presume. La actuación objeto de
reclamación, se establece por el ordenamiento procesal penal así:
“ARTICULO. 205.—Procedencia de la casación. La casación procede
contra las sentencias proferidas en segunda instancia por los tribunales
superiores de distrito judicial y el Tribunal Penal Militar, en los procesos
que se hubieren adelantado por los delitos que tengan señalada pena privativa
de la libertad [...]
De manera excepcional, la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia, discrecionalmente, puede admitir la
demanda de casación contra sentencias de segunda instancia distintas a las
arriba mencionadas, a la solicitud de cualquiera de los sujetos procesales, cuando
lo considere necesario para el desarrollo de la jurisprudencia o la
garantía de los derechos fundamentales, siempre que reúna los demás requisitos
exigidos por la ley.”(Subrayas extra texto)
Observa la Sala que en la demanda de casación, las razones que el
apoderado del accionante esgrimió para justificar y sustentar la procedencia
del recurso, en contra de la sentencia del Tribunal, se expusieron en los
siguientes términos[93]: 1) porque hubo “Desconocimiento
por parte de la sentencia de los nuevos postulados que consagran la teoría de
la acción y omisión de que trata el artículo 25 del Código Penal”, por lo
que, “la sentencia impugnada amerita el análisis por vía de casación para
que la Honorable Corte suministre los lineamientos necesarios para que en casos
similares al juzgado en el presente evento se respeten los derechos
fundamentales de los procesados a partir del  reconocimiento mismo de la acción
penalmente relevante, así como para el desarrollo jurisprudencial de este
complejo tema”; y 2) manifiesta que si los planteamientos con que
argumenta la anterior formulación no son suficientes para conceder el recurso,
se acceda al mismo para  “Desarrollo jurisprudencial”, porque, “el
tema tiene un enorme interés jurisprudencial,... por cuanto las implicaciones
del acto médico en el área penal deben ser muy bien delimitadas
jurisprudencialmente para esclarecer unas precisas reglas que permitan
esclarecer las fuentes de la culpa médica, tema delicado, complicado y del cual
no se tiene un manejo claro a nivel judicial, de litigio e incluso doctrinario”(Subraya
la Sala).
La Corte Suprema en la decisión atacada[94],
advierte que para decidir sobre la admisión del trámite en ese tipo de
actuación, actúa en uso de la facultad discrecional que le confiere la ley para
el efecto; y por tanto, el dar curso al proceso y estudiar de fondo el caso,
dependerá de que esa Corporación encuentre justificadas y admisibles las
razones que se exponen, para los propósitos de esa excepcional modalidad de
impugnación. Bajo esta premisa, efectúa el análisis del libelo y concluye que
la demanda cuenta con los requisitos formales para interposición de la casación
excepcional, relacionados con la oportunidad, legitimidad e interés del
demandante, así como con la manifestación del objeto buscado con la casación.
Al calificar las razones y fundamentos expuestos por el petente, expuso esa
Corporación, que de acuerdo con el escrito del demandante[95],
se identifican como propósitos perseguidos con la actuación, a) el desarrollo
jurisprudencial para la fijación de pautas precisas que permitan esclarecer las
fuentes de la culpa médica y b) de manera subsidiaria, la protección de
derechos fundamentales, pasando a hacer a cada uno de ellos los reparos para su
prosperidad, con base en los que decide inadmitir la demanda, pues, consideró
que hubo “falencias de orden argumentativo tendientes a acreditar la
viabilidad de la admisión del extraordinario medio de impugnación, y de técnica
casacional en la presentación y fundamentación de los reparos” .
La inconformidad del accionante con esta decisión, radica en
considerar que la Corte malinterpretó sus peticiones al estimar que su
intención para interponer la casación, era el desarrollo jurisprudencial del
tema, cuando en realidad era para proteger sus derechos fundamentales.
Para decidir lo pertinente, la Sala pasa a estudiar los fundamentos
de este pronunciamiento, atendiendo las consideraciones de la jurisprudencia
que en forma precedente se ha expuesto, que establecen para su actividad de
revisión, especial cuidado de no invadir la órbita de autonomía e independencia
de los jueces en el ejercicio de sus funciones, si no se evidencia desafuero en
su actuación por capricho, arbitrariedad o irrazonabilidad.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resaltando el carácter
eminentemente técnico y rogado de la casación, en relación con el primer
objetivo que identificó, expuso como razón de inadmisión que  el demandante
solo manifestó que se accediera a su petición por ser el tema de “interés
jurisprudencial”; y que habida cuenta que no era la entidad quien advertía la necesidad
de ese desarrollo interpretativo, el casacionista debió cumplir con los
presupuestos jurisprudenciales que esa Corporación ha establecido para la
aceptación de tal petición y no lo hizo. Dice que el petente debía haber
indicado la utilidad inmediata de la decisión solicitada y de su proyección
sobre la jurisprudencia;  señalar los motivos por los cuales sobre el tema o
materia planteados, se hacía necesario que la Corte hiciera pública su postura,
bien porque nunca ha abordado su estudio, o porque es menester clarificar lo
que de antaño ha venido sosteniendo al respecto o, finalmente, porque los
avances de las disciplinas jurídicas exigen su actualización; y tampoco
especificó la manera como se debía ser desarrollada la jurisprudencia, para la
fijación de las pautas precisas que permitan esclarecer las fuentes de la culpa
médica, indicando el alcance interpretativo de un precepto determinado, las
disímiles posiciones que se hayan podido presentar en la Corte, la falta de
desarrollo del tema materia de controversia,  o las tesis que se deben
actualizar consultando las nuevas realidades fácticas y jurídicas; todo ello
sin omitir el señalamiento de la incidencia favorable que esos aspectos
representaban para su causa y la utilidad del pronunciamiento para el ejercicio
de la actividad judicial.
Revisada la anterior actuación, esta Sala encuentra inobjetables los
razonamientos con que la Corte Suprema de Justicia inadmitió el trámite
casacional propuesto para esa finalidad  por el accionante, pues las
conclusiones a que los mismos llevan, corresponden  enteramente a la realidad
procesal, que fue interpretada racionalmente por el órgano límite de
jurisdicción penal, en la actividad legítima de su investidura para establecer
los parámetros de procedibilidad de las actuaciones puestas en su conocimiento,
cuando ellos no han sido expresamente determinados en el ordenamiento jurídico.
Por lo anterior, para esta Corte no puede ser de recibo la acusación
de indebida interpretación del petitum que formula el accionante, máxime si se
tiene en cuenta que de la simple lectura de los términos en que la demanda fue
redactada, se desprende que el objetivo de la actuación casacional que promovía
el accionante, era el de desarrollo jurisprudencial y así de manera expresa lo
solicita, según se ha resaltado en esta providencia con la trascripción del
aparte pertinente de su demanda que en igual forma destacó en su fallo la Corte
Suprema. E interpretando esta Sala en forma sistemática todos los argumentos en
que fundamenta sus pretensiones el accionante, tanto  en esa demanda como en
los recursos que interpuso en sede penal y hoy en esta acción de tutela, ellos
apuntan es a que finalmente se reconozca por la vía interpretativa que el
incumplimiento de las normas que reglamentan la actividad de su especialidad
médica, que en su caso no logró desvirtuar dentro del proceso penal,  es una
situación objetiva que por tal, no se erige en causal subjetiva de
responsabilidad penal. Y es ésta para la Corte, la razón que por considerarla
una situación especial, lo llevó a pedir que en ese trámite  se sentaran las
reglas que permitan establecer las fuentes de responsabilidad médica penal para
que así el juez pudiera avocar certeramente el tema. De ello también surgió
para la Corte, su reclamación de haber sido condenado por esa proscrita forma
de responsabilidad, acusación que sea oportuno resaltar, para la Corporación
se encuentra  desmeritada por encontrar ajustados a derecho, los análisis
efectuados en los fallos de instancia acusados, sobre los presupuestos que en
su caso configuraron la culpa como forma de responsabilidad penal.
En este orden de ideas, los fundamentos de inadmisión de la demanda
de casación excepcional para desarrollo jurisprudencial porque no se cumplió
por el accionante con los requisitos de procedibilidad que los lineamientos de
la jurisprudencia penal han establecido para la viabilidad de esa actuación,
expuestos por la Sala Penal de Corte Suprema de Justicia, resultan
jurídicamente admisibles por corresponder a las previsiones de forma y
contenido que para el efecto ha establecido esa Corporación dentro de su legal
facultad discrecional de determinación. Así, al reconocerse la legalidad en ese
pronunciamiento, no puede la Corte Constitucional entrar a modificarlo por la
inconformidad del accionante con la decisión, pues se invadiría  en forma
abusiva el ámbito de competencia de la Corte Suprema de Justicia, trasgrediendo
en esa forma el ordenamiento jurídico.
Ahora bien, en cuanto a la finalidad de lograr protección a derechos
fundamentales a través de la actuación casacional, la Corte Constitucional ha
considerado que al ser la casación penal “un medio extraordinario de
impugnación llamado a cumplir las finalidades constitucionales de la
prevalencia del Estado Social de Derecho, el imperio de la ley, la realización
del derecho sustancial y la unificación de la jurisprudencia nacional”[96],
cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, encuentre  que el
juez de instancia sí incurrió en un error de aplicación, apreciación o
interpretación de la norma sustancial que se alega o un derecho fundamental
merecedor de protección[97], o que la sentencia acusada
atente contra garantías fundamentales[98], debe casar la sentencia
pronunciándose de fondo para garantizar el derecho, aún cuando la demanda no
cumpla con los requisitos de forma. Al respecto dijo la Corte en la Sentencia
C- 668 de 2001, con ponencia de la Magistrada Clara
Inés Vargas Hernández:
“[...]Luego, bajo este contexto la expresión demanda de casación
pone de manifiesto la necesidad de que el escrito contentivo del recurso cumpla
a satisfacción con las exigencias de ley, sin caer en los excesivos rigorismos
que antaño habían sido decantados por la  jurisprudencia y que hicieron de la
casación un verdadero rito procesal, situación que terminó por enervar los
principios de acceso a la administración de justicia y de la prevalencia del
derecho sustancial  (art. 228 de la C.P), defectos estos enhorabuena superados
por las reformas legales introducidas a través de los Decretos 2282 de 1989 y
2651 de 1991, en relación con los cuales esta Corte se pronunció en las
sentencias C-586 de 1992 y C-215 de 1994, avalando la constitucionalidad de las
medidas adoptadas.”(Subrayas fuera de
texto).
En el caso en estudio, la Corte Suprema de Justicia estimó que el
casacionista además de que debió formular como cargo principal y no subsidiario
la vulneración de derechos fundamentales, hubo de su parte una manifiesta y
ostensible parquedad argumentativa sobre la vulneración, ya que como
fundamento  de ella y para que la Corporación se pronunciara sobre el respeto
que debe darse  a los derechos fundamentales sin decir cuales; y por ello, el
planteamiento carecía del sustento indispensable que le mostrara a la Corte la
necesidad de admitir el trámite por ese motivo; además, señala que  el menoscabo
se denunció de manera indebida porque indistintamente y bajo similares
argumentos, acusó violación al debido proceso y al derecho de defensa, cuando la
Ley y esa Corporación los han diferenciado; y si bien el casacionista
medianamente enseñó las razones fácticas que lo llevaron a tal proposición, se
limitó simplemente a relacionar irregularidades, sin acreditarlas cabalmente y
sin mostrar de qué manera la instrucción y el juzgamiento se afectaron por las
mismas.
Para la Sala, es evidente que de la sola acusación de no haberse
recepcionado unos testimonios ya decretados, o no haberse valorado pruebas
extemporáneas, o no haberse investigado otros hechos como argumentos expuestos
en la demanda de casación para denunciar violación a derechos fundamentales
durante la actuación precedente del proceso penal, no se infiere tal
vulneración porque no es con la sola afirmación que tal circunstancia se
acredita; cada uno de esos planteamientos, debió haberse formulado
conjuntamente con la revelación de las circunstancias del proceso, que
denotaran la presencia de los presupuestos establecidos por la jurisprudencia
para que las actuaciones de los operadores judiciales se constituyeran en vías
de hecho con las que se vulneran derechos fundamentales, lo que no se hizo por
el accionante; y no puede reclamar que la Sala de Casación Penal en su
actividad de admisión, los hubiera establecido.
Significa lo anterior, que en la actividad casacional penal no basta
como sustento para que se exija abordar el estudio del caso en que se invoca
como objetivo la garantía de derechos fundamentales, la acusación simple de
vulneración de derechos o garantías fundamentales que haga el casacionista,
pues éste debe proporcionar en su demanda, un mínimo de elementos
argumentativos que debidamente soportados, reflejen en la actuación acusada la
presencia ostensible de una vulneración a estos derechos. De otra forma, se
entendería que cualquier demanda sería procedente para el efecto, porque en
toda reclamación procesal, de cualquier índole que esta sea, se sugiere
implícitamente que hay una falla de los operadores judiciales con la que se
considera trasgredido el ordenamiento jurídico, especialmente en el debido proceso,
pero no por ello está demostrada una vulneración a derechos fundamentales.
Por lo anterior y atendiendo a que los fundamentos fácticos
esgrimidos por el demandante en la actuación casacional para soportar la
acusación de vulneración de derechos fundamentales, corresponden a los argüidos
en la presente acción de tutela, la Sala para no ser repetitiva, se remite al
análisis que en el presente fallo efectuó sobre cada una de las situaciones de
hecho  imputadas a las actuaciones de los jueces instancia accionados, con los
que se desestimó el quebrantamiento de los derechos fundamentales por él
alegado[99]. Y con ello concluye,
que está ajustada a derecho la determinación adoptada por la Corte Suprema de
Justicia sobre la inadmisión del trámite para protección de derechos
fundamentales por ausencia de fundamentos que demostraran la ocurrencia de una
vulneración a los mismos, respetando los argumentos expuestos por esa
Corporación para el efecto, ya que sustentan razonablemente la decisión y
corresponden al ejercicio de la autónoma e independiente función de
interpretación de los hechos y planteamientos de la demanda frente al
ordenamiento jurídico, que legalmente le asiste en su actividad judicial.
Se concluye con lo anterior, que no obstante los
vacíos probatorios que alega el accionante, hubo suficiencia en el acervo
probatorio que fue legalmente allegado al proceso y controvertido por el mismo,
para que por los juzgadores se determinara su responsabilidad penal a título de
culpa y así, en los fallos enjuiciados no hubo vía de hecho; pues, en forma
razonada y coherente se desvirtuaron los argumentos de la defensa, para
concluir que era al procesado a quien frente a las imputaciones concretas que
se le hacían con base en las pruebas existentes, correspondía demostrar que
actuó con diligencia y prudencia como anestesiólogo y no lo hizo; y las pruebas
que echa de menos, como se estableció en esta la actuación, no son relevantes
para el efecto, pues con ellas lo que buscaba acreditar, era la responsabilidad
que pudiera caber a los demás médicos que interactuaron en el caso,
circunstancia con la obviamente no podía justificarse ni rebatir los cargos
efectuados a su propio comportamiento.
Así las cosas, las decisiones negativas de los jueces de tutela
encuentran pleno respaldo en la actuación sometida a su decisión y por ello,
serán confirmadas por la Corte Constitucional.
Fecha ut supra.
CLARA
INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
[1]
Folios 254 y ss. Cuaderno No. 9 del Proceso penal.
[2]
Folios  21 y ss. Cuaderno No. 10 ib.
[3]
Folio 53 y ss. Cuaderno No. 1 ib
[4]
Folio 5 cuaderno No. 8 ib.
[5]
Folio 58 cuaderno de primera instancia de la tutela que se revisa.
[6]
Invoca apartes de la sentencia T-100 de  1998, M.P. José Gregorio Hernández
Galindo.
[7]
Encargada de reglamentar el ejercicio y  la práctica anestésica en Colombia, y
de publicar las normas mínimas
de seguridad en anestesia.
[8] Asegura que por  estos
hechos  los denunció por falsedad.
[9] La Sala desde el momento
advierte, que aunque ha sido referida,  no obra en el expediente prueba alguna
de la preclusión mencionada.
[10]
Folio 99 Cuaderno original del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca.
[11]
Folio 117 ib.
[12]
Folio 154 cuaderno de tutela
[13] Folio 173 ib.
[14] Folio 190 ib.
[15] Se invocan los
artículos  205/3, 212 y 213 del Código de Procedimiento Penal.
[16]  Folio 13 cuaderno de
primera instancia de la tutela.
[17]  A folios 41  y 192
ibídem.
[18] Folio 58 ib.
[19] A folio 201 ib.
[20]
Invoca para el efecto fundamentos jurisprudenciales sobre la salvaguarda del
derecho a acceder a la administración de justicia,  de la sentencia propia del
4 de octubre de 2004, soportada en el Auto del  3 de  septiembre de 2004
emitido por la Corte Constitucional.
[21] Folio 233 cuaderno de
tutela, primera instancia.
[22] Cita las sentencias
T-567 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz ,  C-543 de 1992 M.P., José
Gregorio Hernández Galindo y  SU-960 de 1999, M.P., José Gregorio Hernández
Galindo
[23] Oficio obrante a  folio
8 del cuaderno de Revisión.
[24]
Según relación a folio 9 ib.
[25]  Folio 2 de la misma
actuación.
[26] Memoriales a folios 7,
11 y 21 ib.
[27] Folios  20 y 23 del
Cuaderno de Revisión.
[28]  Folios 26 y 34 Cuaderno
de Revisión.
[29] Cfr. en el mismo sentido
sentencias  T- 088, T- 598 y T-382 todas de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[30]
Cfr.  Sentencia  C-543  de  1992.  La  Corte  declaró  la  inexequibilidad  de
los  artículos  11,  12 y 40  del  Decreto  2591  de  1991,  y  la
exequibilidad  del  artículo  25  del  mismo  estatuto.  La importancia  de
dicha  providencia  estriba  en  la  introducción  de  la  figura  de  las  actuaciones
de  hecho como susceptibles de ser controvertidas mediante tutela.
[31] Cfr. Sentencias SU-047 de 1999, C-131 de 1993 y C-037
de 1996, entre otras.
[32] Sentencia  T- 088,  M.P.
Clara Inés Vargas Hernández
[33] Al respecto pueden consultarse las sentencias T-00l
de 1992, C-543 de  1992,  T-079  de  1993.  T-231 de 1994, T-329 de 1996, T-483 de 1997, T-008 de
1998, T-567 de 1998, T-458 de 1998.  SU-047
de 1999, T-1031 de 2001, SU-622 de 2001, SU-1299 de 2001,  SU-159  de  2002.  T-108  de 2003, T-088  de  2003, T-116 de
2003, T-201 de 2003, T-382  de  2003 y  T-441  de  2003.  entre muchas otras.
[34] Cfr. Sentencia T-001/99 MP. José Gregario Hernández
Galindo
[35] Cfr. Sentencia SU-622/01 MP. Jaime Araújo Rentería.
[36] Sentencia T-116/03 MP. Clara Inés Vargas Hemández.
[37] Cfr. Sentencias C-543/92, T-329/96, T-567/98,
T-511/01, SU-622/01, T-108/03.
[38] Cfr. Sentencia
T-440 de 2003 MP. Manuel José Cepeda. La Corte concedió la tutela porque se habían desconocido los derechos a
la intimidad y al debido proceso, al ordenar la remisión de varios documentos
que implicaban la revelación de datos privados  confiados  a  una  corporación
bancaria.  Sobre la procedencia de la tutela la Corte señaló: “(...)  En
segundo  lugar,  la Corte también desestima la consideración según la cual
existió una omisión procesal por parte de los usuarios del Banco Caja Social.
Dichas  personas  no integraban el pasivo del proceso de acción de grupo (...).
Por lo tanto,  difícilmente  podían  los  ahora  tutelantes  controvertir
providencias judiciales que no les habían sido notificadas, y que,  por demás,
habían  sido  proferidas en el transcurso de un proceso judicial de cuya
existencia no estaban enterados."  En sentido  similar  pueden
consultarse  las  Sentencias  T-329 de 1996 MP.  José Gregario Hernández
Galindo  y  T-567 de 1998 MP.  Eduardo  Cifuentes Muñoz.
[39] Cfr. Sentencias T-231 de 1994, T-008 de 1998, SU-1185
de 2001 y T-382 de 2003, entre otras.
[40] Cfr. Sentencia T-441 de 2003 MP.
Eduardo Montealegre Lynett.
[41] Cfr. Sentencias SU-640 de 1998, SU-160 de
1999, T-114 de 2002, T-462 de 2003.
[42] Cfr. Sentencias SU-014 de 2001, T-407 de 2001,
T-1180 de 2001.
[43] Cfr. Sentencias SU-1184 de 2001, T-1625 de
2000, T-522 de 2001.
[44] Al respecto ver Sentencia SU-1185 de 2001, en la cual
la Corte concedió el amparo porque el Juez de instancia - Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia -, desconoció y no le otorgó valor probatorio a 1a
convención colectiva, aplicable al caso.
[45] Sentencia T-189 de 2005 M.P., Manuel José Cepeda
Espinosa.
[46] M.P., Vladimiro Naranjo
Mesa.
[47] Sentencia T- 996 de2003,
M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[48]
En este sentido ver la sentencia SU-087 de 1999, donde la Corte consideró que
había vulneración al debido proceso porque la autoridad judicial dejó de
practicar una prueba que ya había decretado con anterioridad. Tesis reiterada ,
entre otras, en la sentencia T- 996 de2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[49] Cfr. entre
otras, las Sentencias T-702 de 2003, M.P., Clara Inés Vargas Hernández ;
SU-1185/01, T-085/01, T-555/00, T-1017/99, T-001/99, T-100/98, T-345/96,
T-204/98, T-172/95, T-193/95, T-233/95, T-118/95, T-146/95, T-240/95, T-245/94,
T-123/96.
[50] Cfr.
Sentencias T-1316/01, SU-1185/01, C-836/01, SU-327/95, T-702 de 2003, entre otras.
[51] En
sentido similar pueden consultarse las sentencias T-765 de 1998, M.P., José Gregorio Hernández Galindo;
T-555 de 2000 M.P., Fabio Morón Díaz . y T-085 de 2001 M.P., Alejandro Martinez
Caballero; T-702 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[52] Sentencia T-327 de 1994,
M.P.,Vladimiro Naranjo Mesa
[53] Folio 14, Cuaderno 9
[54] Folios 18-22, Cuaderno 9
[55] Durante marzo de 1998
[56] Folio 69 del Cuaderno 9
del Expediente.
[57] Folio 79, Cuaderno 9
[58] Folio 155, Cuaderno 9
[59] Se trata del liquidador
de la Clínica Andina
[60] Folio 158, Cuaderno 9
[61] Folio 160, Cuaderno 9
[62] Folio 172, Cuaderno 9
[63] Folio 161, 264, 274,
278, Cuaderno 9; folio 18,46,48, 71, 124, 127, 150, Cuaderno 13
[64] Folio 166, Cuaderno 13
[65] Folios 275 y ss.,
Cuaderno 13.
[66] Folios 155, 156 y 158
del cuaderno No. 7 del proceso penal.
[67] Versión a folio 217 ib.
[68] Folios 263 y 276
respectivamente.
[69] Memorial obrante a folio 14 del cuaderno marcado como
6 del expediente penal
La solicitud se hace dentro de la oportunidad procesal
determinada por el artículo 446 del C.P.P., según se advierte en la petición
recibida en el juzgado el día 19 de diciembre de 1999.
[70] Auto que obra al folio
19 de ese mismo cuaderno.
[71] En Auto obrante a folio
68 del cuaderno número 6
[72] Reposan a folio 69 ib.
[73] Cfr. Consideraciones del
Auto obrante a folio 12 del cuaderno No. 3 del proceso penal.
[74]
“ARTICULO. 279.—Efectos de la desobediencia del testigo. En caso de que el
testigo desatienda la citación, el funcionario judicial impondrá la sanción
y seguirá el trámite contemplados para la obstrucción en la práctica de la prueba; no obstante ello no lo exime de rendir el
testimonio, para lo cual le fijará nueva fecha para la realización. El
funcionario judicial podrá ordenar a la Policía la conducción del testigo
renuente”.(Subrayas fuera de texto).
[75] Presupuestos exigidos por el artículo 232 del Código
de Procedimiento Penal para proferir sentencia condenatoria: “ART. 232.—Necesidad de la prueba. Toda
providencia debe fundarse en pruebas legal, regular y oportunamente allegadas a
la actuación.
No se podrá dictar sentencia condenatoria sin que obre
en el proceso prueba que conduzca a la certeza de la conducta punible y de la
responsabilidad del procesado.”
[76] Consideraciones de la
sentencia de primera instancia obrantes a folio 291 y ss. cuaderno No. 9.
[77] Ver Folio 35 cuaderno No. 4 expediente penal. Ver
declaración fl.7 cuaderno No. 8
[78]Consta a folios 14 y 19 del cuaderno No. 6  del
proceso penal, que cuando por única vez se insiste por el defensor del
accionante en las pruebas testimoniales mencionadas,  se justifica su
procedencia así: el de la enfermera porque: “ estuvo presente durante todo
el procedimiento y según las notas de enfermería hasta el momento en que el
paciente salió de la clínica Andina para el  Seguro Social, quien no ha rendido
su versión acerca de los hechos y quien a pesar de haber sido citada en varias
oportunidades no ha comparecido para ser interrogada”; el de la
recepcionista porque “ trabajaba al momento en que se llevó a cabo la
cirugía maxilofacial al paciente...” . Igualmente que al ser decretadas las
pruebas , en relación con la de la enfermera se dice por el juez que se
considera  importante para:“conocer  cómo fue la atención brindada al joven
en las fases pre y post operatorias”.
[79] Cfr. entre otros,  folios  251, 255, 260, 270
cuaderno 6, folios 3,  6, 22 cuaderno 9. Ver declaraciones  folios  261
cuaderno No. 6 y 9 cuaderno No. 8.
[80]
El artículo 448 del Código de Procedimiento
Penal dispone:  “ART.
448.—Pruebas. Las pruebas decretadas conforme lo previsto en el artículo
anterior, se practicarán en la audiencia pública, excepto las que deban
realizarse fuera de la sede del juzgado o requieran de estudios previos, las
cuales se practicarán en el término que fije el juez, el cual no podrá exceder
de quince días hábiles.
Si de las pruebas practicadas en las
oportunidades indicadas en el inciso anterior, surgieren otras necesarias para
el esclarecimiento de los hechos deberán ser solicitadas y practicadas antes de
que finalice la audiencia pública.
De oficio, el juez podrá decretar
las pruebas que considere necesarias”.
[81] Cfr.  Folios 181 a 214
y 215 a 253 del cuaderno No. 9.
[82] Folios 85 y 86 cuaderno
No. 10.
[83] Ver folios 27,  28 y 29
cuaderno No. 1.
[84] Como precedentes en la aplicación de esta posición,
en que la Corte dando prevalencia al derecho sustancial ha dado validez a
actuaciones cuya oportunidad procesal estaba precluida, se citan, entre otros,
los siguientes fallos: 1) La sentencia 143 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz,
en que se admitió en sede de revisión una prueba de paternidad, para
reconocerle al actor el ejercicio de los derechos que como padre, le asistían
sobre  un menor cuya paternidad se discutió en la jurisdicción ordinaria y
había sido negada por falta de esa prueba. 2) En el Auto  035 de 1997, M.P.
Carlos Gaviria Díaz, la Corporación al decidir sobre un incidente de nulidad
dentro del proceso adelantado por la acción de inexequibilidad presentada
contra el artículo 326 del Código Penal, anterior, dando aplicación al
principio de prevalencia del derecho sustancial y para obtener mayor claridad
sobre los hechos y actuaciones a su consideración, tuvo en cuenta en su
pronunciamiento un memorial relativo a la fundamentación de la nulidad y a los
elementos probatorios, que fue presentado cinco días después que el magistrado
ponente avocara el conocimiento del asunto.
[85] T-442 de 1994 M. P.
Antonio Barrera Carbonell. T- 008 de 1998 M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz, entre
otras.
[86] Folio
21 cuaderno 4
[87] Folio 24  del cuaderno
número 4.
[88] Esta solución procedimental, la expresa la defensa en
la solicitud de las pruebas que eleva ante el Tribunal en el memorial de
apelación de la sentencia,  obrante a folio 80 del cuaderno No. 10; y  aunque
de manera expresa así  no se invoca la petición en la actuación de tutela, la
Sala estima procedente sintetizar de manera integral los argumentos que ha
expuesto el accionante en defensa de sus intereses. Las disposiciones citadas,
en lo pertinente,  son del siguiente tenor: “C.P.P. ART. 23.—Remisión. En
aquellas materias que no se hallen expresamente reguladas en este código son
aplicables las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y de otros
ordenamientos procesales, siempre que no se opongan a la naturaleza del proceso
penal.” “ C.P.C. ART. 361.—Pruebas en segunda instancia. Cuando se trate
de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que admita el
recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los
siguientes casos: 1.[...] 2. Cuando decretadas en la primera instancia, se
dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió, pero sólo con el fin
de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento.3[...]”.
[89] Cfr. artículos 200 a 204 del Código de Procedimiento
Penal.
[90] El artículo 8º de la Ley 153 de 1887 se refiere de la
siguiente manera a la aplicación analógica de la ley: "Cuando no haya
ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que
regulen casos o materias semejantes, y en su defecto la doctrina constitucional
y las reglas generales de derecho".
[91] En desarrollo de estos principios, el ordenamiento
procesal penal consagra principios como los siguientes: “ART. 9º—Actuación
procesal. La actuación procesal se desarrollará teniendo en cuenta el respeto a
los derechos fundamentales de los sujetos procesales y la necesidad de lograr
la eficacia de la administración de justicia en los términos de este código”.-
“ART. 16.—Finalidad del procedimiento. En la actuación procesal los
funcionarios judiciales harán prevalecer el derecho sustancial y buscarán su
efectividad”.- “ART. 20.—Investigación integral. El funcionario judicial tiene
la obligación de investigar tanto lo favorable como lo desfavorable a los
intereses del imputado”
[92] Cfr. Consideración del
numeral 2) del punto 7.1.1. del desarrollo del caso concreto en esta
providencia.
[93] Folios 99 y ss. Del
cuaderno No. 1.
[94] Folio 5 y ss. Cuaderno
No. 8.
[95] Transcribe de la demanda
el siguiente aparte: “el tema que abarca el presente proceso tiene un enorme
interés jurisprudencial por cuanto las implicaciones del acto médico en el área
penal deben ser muy bien delimitadas jurisprudencialmente para esclarecer unas
precisas reglas que permitan esclarecer las fuentes de la culpa médica, tema
delicado, complicado y del cual no se tiene un manejo claro a nivel judicial,
de litigio e incluso doctrinario”
[96] Sentencia
C-668 de 2001, M.P., Clara Inés Vargas Hernández.
[97] Sentencia T-1306 de 2001,
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[98] Sentencia
C-668 de 2001, M.P., Clara Inés Vargas Hernández
[99] Consultar los puntos 7.1
y 7.2 del desarrollo del caso concreto en esta sentencia.