T-435-10
Sentencia T-435/10
Sentencia T-435/10
DERECHO A LA SALUD-Concepto de médico tratante no adscrito a la EPS resulta vinculante
La Corte ha indicado que el concepto de un médico
tratante puede resultar vinculante para una entidad de salud a la cual no se
encuentre adscrito. La negativa de un servicio médico por parte de una EPS no
encuentra justificación constitucional en que dicho servicio fue ordenado por
un médico no adscrito a la entidad, pues en estos casos corresponde a la
entidad promotora de salud valorar inmediatamente al paciente con los médicos y
especialistas que pertenezcan a su planta de profesionales, a fin de que el
concepto del médico ajeno a la entidad sea confirmado, descartado o modificado
bajo criterios técnicos y científicos brindados por el personal profesional
adscrito a la E.P.S. Si esto no se realiza, el concepto del médico tratante no
adscrito a la E.P.S resultará vinculante tanto para ésta como para el juez de
tutela.
TRATAMIENTO MEDICO O MEDICAMENTO EXCLUIDO DEL POS-Requisitos establecidos por la Corte Constitucional
para solicitarlo mediante acción de tutela
HECHO SUPERADO-Concepto/HECHO
SUPERADO-Alcance y contenido
ACCION DE TUTELA-Hecho superado por autorización de medicamento y tratamiento en salud
Referencia: expediente T-2553732
Acción de tutela interpuesta por Wenceslao Melo Linero
como agente oficioso de Carmen Alicia García de Melo contra Nueva E.P.S.
Magistrado Ponente:
Dr. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá,
D.C., tres (3) de junio de dos mil diez (2010).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los magistrados Luis
Ernesto Vargas Silva, María Victoria
Calle Correa, y Mauricio González Cuervo, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, profiere la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del fallo emitido por el
Juzgado Veinte Penal del Circuito de Cali - Valle, en el trámite de la acción
de tutela incoada por Wenceslao Melo
Linero como agente oficioso de Carmen Alicia García de Melo contra la Nueva
E.P.S.
I. ANTECEDENTES.
Wenceslao Melo Linero actuando en calidad de agente
oficioso de Carmen Alicia García de Melo, interpuso
acción de tutela contra la Nueva E.P.S al considerar vulnerados los derechos fundamentales a
la vida en condiciones dignas, a la salud, y a la seguridad social de su
representada.
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes:
1.
Hechos.
1.1 El día 12 de agosto de 2009, Carmen Alicia García
de Melo ingresó en estado de salud crítico a la Fundación Valle de Lilí, por
intermedio de la entidad de medicina prepagada Coomeva, y fue diagnosticada con: 1. Hemorragia Subaracnoidea Hunt-Hess V, 2. Hematoma
intracerebral derecho, 3. Aneurisma Roto de Cerebral Medio, 4. Secuelas de ACV
hemorrágico, requiriendo ser operada de urgencia.
1.2 Luego de haber superado el estado crítico en la
Unidad de Cuidados Intensivos, Carmen Alicia García de Melo fue enviada a
habitación, pasando a ser una paciente de cuidado ambulatorio cuya atención
debía ser asumido por el POS, o en su defecto, por la Nueva E.P.S.
1.3 El neurocirujano Ernesto Karl Sáenz, de la
Fundación Valle de Lilí, valoró a la paciente García de Melo y determinó que
una vez superada su etapa crítica, la paciente debía ser trasladada a su casa
para cuidados de Homecare y así evitar una infección hospitalaria,
siendo necesarias terapias y estimulación familiar para una pronta
recuperación.
1.4 Por esta razón, para el manejo domiciliario de su
problema de salud, a Carmen Alicia García de Melo su médico tratante le
prescribió,: (i) tres visitas médicas por mes;  (ii) diez
sesiones de terapia física por mes;  (iii) cincuenta sesiones de terapia
respiratoria por mes; (iv) visita de auxiliar de enfermería las 24 horas
del día;  (v) oxígeno domiciliario por máscara de traqueotomía
permanente; (vi) un concentrador de O2; (vii) un aspirador de
secreciones; (viii) una cánula de guendell número 8;  (ix) nutrición
por sonda, (x) servicio de ambulancia para el desplazamiento de la
paciente cuando lo requiera; (xi) valoración por nutricionista; (xii)
control neuroquirúrgico;  (xiii) caja de guantes limpios; (xiv)
jeringas de punta catéter; (xv) micropore de 2 cms.; (xvi) sondas
de succión número 12; (xvii) sondas de succión número 8; (xviii)
jeringas de 10 cc.; (xix) caja de gasas Kendall; (xx) aplicadores
asépticos; (xxi) tarros de crema almipro; (xxii) equipos
de macrogoteo; (xxiii) nutrición por Glucerna de LPC por 1500 cc.; (xxiv)
dextrosa en agua destilada 10% solución inyectable; (xxv) rollo de
iladilla; y (xxvi) pañales desechables talla XL.
1.5 Los servicios médicos fueron solicitados a la
Nueva E.P.S, entidad que negó su suministro por cuanto los mismos se derivaron
de una hospitalización que se dio por parte de la entidad de medicina prepagada
Coomeva y por tanto, en su criterio, la paciente debía asumir los costos.
1.6 Por otra parte, el accionante tuvo que acudir a
préstamos para cubrir algunos materiales quirúrgicos necesarios en el
tratamiento de su representada, los cuales ascienden a la suma de $ 2`700.000
aproximadamente.
1.7 Manifiesta el accionante que ni él ni su esposa Carmen Alicia García de Melo, cuentan con los recursos económicos
necesarios para sumir los costos de los servicios requeridos, pues ninguno de
los dos tiene trabajo o una pensión, y dependen económicamente de sus hijos
mayores.
1.7 Por lo anterior, actuando como agente oficioso de Carmen
Alicia García de Melo, Wenceslao Melo
Linero solicita la tutela de los derechos
fundamentales a la vida en condiciones dignas, a la salud, y a la seguridad
social de su representada y, en consecuencia, que se ordene a la Nueva E.P.S
garantizar la entrega permanente de todos los servicios ordenados por el médico
tratante de su cónyuge, así como disponer el reembolso de las suma de dinero
que tuvieron que asumir.
2. Posición de la entidad demandada
2.1. La Coordinadora Jurídica Regional Sur Occidente
de la Nueva E.P.S S.A., se opuso a las pretensiones de la tutela apoyándose en
los siguientes argumentos:
- La agenciada se encuentra afiliada a la Nueva E.P.S
como beneficiaria, pero decidió obtener los servicios médicos por ella
requeridos a través de una entidad de medicina prepagada y de entidades
particulares no adscritas a la Nueva E.P.S, encontrándose que nunca se
solicitaron dichos servicios a la E.P.S.
- Debido a que el cuidado domiciliario que requiere la
agenciada fue ordenado por una entidad distinta a la Nueva E.P.S, se ha
ordenado valoración de la paciente para cuidado domiciliario a través de sus
IPS adscritas.
- Frente a la solicitud de reembolso efectuada por el
accionante se resalta que la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para
dirimir conflictos de tipo económico, y además, el accionante no ha agotado los
mecanismos judiciales ordinarios para el efecto.
- Los servicios sobre los cuales se solicita el
rembolso se encuentran fuera del POS y fueron ordenados a través de un servicio
de salud complementario.
- En razón a que los servicios médicos solicitados por
el accionante no fueron ordenados por un médico adscrito a la Nueva E.P.S no se
cumplen los requisitos jurisprudenciales establecidos para inaplicar las normas
de seguridad social en salud, estos son, que el medicamento o servicio haya
sido prescrito por un médico adscrito a la E.P.S a la cual se encuentre
afiliado el demandante.
- Por lo anterior, la accionada solicita no acceder a
las pretensiones de la tutela, y subsidiariamente, en caso de que el fallo le
sea adverso, solicita “facultar a la Nueva E.P.S. S.A., para que repita
contra el Ministerio de la Protección Social con cargo a la Subcuenta
correspondiente del Fondo de Solidaridad y Garantía FOSYGA, todos los valores
que por concepto de servicios de salud, en exceso a lo contemplado en la Ley,
deba suministrar al accionante.”
3. El fallo a revisar
Mediante sentencia de
instancia única del 22 de septiembre de 2009, el Juzgado Veinte Penal del
Circuito de Cali- Valle resolvió denegar el amparo solicitado, con fundamento
en que los servicios solicitados por el accionante fueron prescritos por un
profesional no vinculado a la Nueva E.P.S, es decir, por alguien que no es el
“médico tratante” y sobre el cual la accionada no tiene ningún tipo de relación
contractual o control.
Por ello, el juez no observó
vulneración alguna por parte de la accionada, por cuanto uno de los principales
requisitos para que prospere la acción de tutela en estos eventos es que el
tratamiento que se demanda haya sido prescrito por un médico adscrito a la
E.P.S de quien está solicitando el tratamiento.
4. Las pruebas allegadas al
proceso
4.1 La parte accionante allegó
al proceso las siguientes pruebas:
- Copia de resumen de egreso
por neurocirugía. Solicitud de manejo domiciliario, con fecha 31 de agosto de
2009 de la Fundación Valle de Lilí y medicina prepagada Coomeva (fls. 9-11).
- Copia de fórmulas médicas
con fecha 31 de agosto de 2009 de la Fundación Valle de Lilí y medicina
prepagada Coomeva (fls. 12-13).
- Copia de formulario de
justificación de uso para medicamentos fuera del listado del plan obligatorio.
Medicamento: dextrosa en agua destilada 10% solución inyectable de la Fundación
Valle de Lilí y medicina prepagada Coomeva (fl. 14).
- Copia de cédula de
ciudadanía y carné de afiliación a Nueva E.P.S de la Carmen Alicia García de
Melo (fl. 17).
- Copia solicitud de servicios
para pacientes que deben continuar manejo ambulatorio y/o domiciliario de la Fundación
Valle de Lilí y medicina prepagada Coomeva (fl. 18).
- Copia de orden de terapia
respiratoria y fisiología con fecha 31 de agosto de 2009 (fls. 34-41).
- Copia de descripción
quirúrgica realizada a Carmen Alicia García de Melo, con fecha 12 de agosto de
2009 de la Fundación Valle de Lilí y medicina prepagada Coomeva. (fls. 22-24).
- Copia de factura de venta Nº
4541195 de  la Fundación Valle de Lilí a cargo de Carmen Alicia García de Melo
por un valor de $ 1`780.687 expedida por la Fundación Valle de Lilí (fl. 26).
- Copia de factura de venta Nº
4229055 de  la Fundación Valle de Lilí a cargo de Carmen Alicia García de Melo
por un valor de $ 959.595 expedida por la Fundación Valle de Lilí (fls. 27-28).
- Copia de gastrostomía
endoscópica percutánea con fecha 27 de agosto de 2009 (fl. 29).
4.2 La parte accionada allegó
al proceso las siguientes pruebas:
- Impreso del sistema de
información integral donde se observa que  la afiliación de la accionante se
encuentra activa (fl. 59).
4.3 Por su parte, esta
Corporación allegó como prueba dentro del presente proceso copia del expediente
de tutela T-2611396, instaurada por Wenceslao Melo Linero en representación de Carmen
Alicia García de Melo contra la Nueva E.P.S, sobre el cual avocó conocimiento
en primera instancia el Juzgado Quince Civil del Circuito de Cali, y en segunda
instancia el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali- Sala Civil-.
II. CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia.
1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86
y 241 de la Constitución y 33 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991, esta Sala es competente
para revisar la sentencia del 22 de septiembre de 2009, proferida por el Juzgado Veinte Penal del Circuito de Cali - Valle, mediante la cual se negó el amparo solicitado por
Wenceslao Melo Linero como agente oficioso de Carmen Alicia García de Melo.
Presentación del problema jurídico
2. De conformidad con la situación fáctica planteada,
corresponde a la Sala establecer si la Nueva E.P.S vulneró los derechos
fundamentales de Carmen Alicia García de Melo a la vida en condiciones dignas, a la salud, y a la seguridad social, consecuencia de su negativa frente a la solicitud de
autorización de la prestación de los servicios médicos requeridos por la
agenciada, bajo el argumento de que éstos fueron ordenados por un médico no
adscrito a la Nueva E.P.S.
Para resolver esta cuestión la Sala reiterará su
jurisprudencia sobre i) la vinculatoriedad del concepto de un médico tratante
no adscrito a la entidad demandada, y ii) la carencia actual de objeto por
hecho superado.
Casos en que el concepto de un médico tratante no
adscrito a la entidad de salud demandada resulta vinculante. Reiteración de
jurisprudencia
3. En abundantes pronunciamientos esta Corporación ha
establecido una línea jurisprudencial en torno a la procedencia de la acción de
tutela para ordenar medicamentos y/o tratamientos que se encuentren por fuera
del Plan Obligatorio de Salud[1]. De este modo, la Corte
ha indicado cuatro requisitos que deben ser observados por el juez de tutela al
momento de estudiar una  solicitud para ordenar un medicamento o tratamiento
que no se encuentre dentro del Plan Obligatorio de Salud:
“1- En primer término, si la falta de tratamiento o
medicamento excluidos del POS -Plan Obligatorio de Salud-, amenaza el derecho a
la vida o a la integridad personal del interesado.
2- Así mismo, que el medicamento o tratamiento no
pueda ser sustituido por uno de los incluidos en el POS -Plan Obligatorio de
Salud- o cuando, pudiendo hacerlo, el sustituto no tenga el mismo nivel de
efectividad que el paciente necesita para el mejoramiento de su salud, es
decir, como lo ha señalado esta Corporación, ‘siempre y cuando ese nivel de
efectividad sea necesario para proteger el mínimo vital del paciente[2].
3- Adicionalmente, se debe comprobar la real
incapacidad económica del paciente de sufragar los gastos del tratamiento o
medicamento que requiere y su inhabilidad de acceder a él por algún otro
sistema o plan de salud.
4- Finalmente, es necesario que el medicamento o el
tratamiento requerido por el accionante, haya sido prescrito por un médico
adscrito a la EPS -Entidad Promotora de Salud-, a la cual se encuentre afiliado
el peticionario[3]”[4].
Respecto a este último requisito, esta Corporación ha
indicado en reciente jurisprudencia que esta regla no puede ser aplicada de
manera estricta y absoluta en todos los casos. De hecho, ha reconocido que por vía de tutela los jueces de amparo deben conceder el
requerimiento de un medicamento o tratamiento médico no POS, aun cuando el
médico tratante que prescribió el servicio no se encuentre adscrito a la
entidad demandada[5].
4. En este sentido, la Corte ha indicado que el
concepto de un médico tratante puede resultar vinculante para una entidad de
salud a la cual no se encuentre adscrito “si la entidad tiene noticia de
dicha opinión médica, y no la descartó con base en información científica, teniendo
la historia clínica particular de la persona, bien sea porque se valoró
inadecuadamente a la persona o porque ni siquiera ha sido sometido a
consideración de los especialistas que sí están adscritos a la entidad de salud
en cuestión. En tales casos, el concepto médico externo vincula a la EPS,
obligándola a confirmarlo, descartarlo o modificarlo, con base en
consideraciones de carácter técnico, adoptadas en el contexto del caso
concreto. Tales consideraciones pueden ser las que se deriven del concepto de
un médico adscrito a la EPS o de la valoración que haga el Comité Técnico
Científico, según lo haya determinado cada EPS.”[6]
Por lo anterior, la negativa de un servicio médico por
parte de una EPS no encuentra justificación constitucional en que dicho
servicio fue ordenado por un médico no adscrito a la entidad, pues en estos
casos corresponde a la entidad promotora de salud valorar inmediatamente al
paciente con los médicos y especialistas que pertenezcan a su planta de
profesionales, a fin de que el concepto del médico ajeno a la entidad sea
confirmado, descartado o modificado bajo criterios técnicos y científicos
brindados por el personal profesional adscrito a la E.P.S. Si esto no se
realiza, el concepto del médico tratante no adscrito a la E.P.S resultará
vinculante tanto para ésta como para el juez de tutela.
Carencia actual de objeto por hecho superado.
Reiteración de Jurisprudencia.
5. La finalidad de la acción de tutela estriba en
garantizar la protección de los derechos fundamentales. De este modo, cuando la
amenaza a los derechos fundamentales del accionante cesa porque la situación
que propiciaba la amenaza desapareció o fue superada, esta Corporación ha
estimado que la acción de tutela pierde su razón de ser como mecanismo de
protección judicial, en la medida en que cualquier decisión que el juez de
tutela pueda adoptar frente al caso concreto carece de fundamento fáctico. En
este sentido, la Corte ha entendido que una decisión judicial bajo estas
condiciones resulta inocua y contraria al objetivo constitucionalmente previsto
para la acción de tutela[7].
Así, frente al fenómeno de la carencia actual de
objeto por hecho superado la Corte ha indicado que el mismo “se da cuando en el entre tanto de la interposición
de la demanda de tutela y el momento del fallo del juez de amparo, se repara la
amenaza o vulneración del derecho cuya protección se ha solicitado. En dicho
sentido, no es perentorio para los jueces de instancia, aunque sí para la Corte
en sede de Revisión[8], incluir en la
argumentación de su fallo el análisis sobre la vulneración de los derechos
fundamentales planteada en la demanda. Sin embargo puede hacerlo, sobre todo si
considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del
caso estudiado, incluso para llamar la atención sobre la falta de conformidad
constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia
y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones
pertinentes, si así lo considera. De otro lado, lo que sí resulta ineludible en
estos casos, es que la providencia judicial incluya la demostración de la
reparación del derecho antes del momento del fallo. Esto es, que se demuestre
el hecho superado”[9].
6. Aún cuando en sede de revisión la Corte verifique
la existencia de carencia actual de objeto por hecho superado, esto no impedirá
el análisis de fondo del caso concreto. Es decir, se deberá establecer si
existió o no vulneración de los derechos fundamentales del accionante, y si el
fallo de los jueces de instancia respondió adecuadamente a los mandatos
constitucionales y legales. Por lo anterior, la Corte ha señalado que en
aquellos casos en los que se determine que la decisión del juez de instancia
fue errada “debe procederse a revocar la providencia materia de revisión,
aunque se declare la carencia actual de objeto, porque no es viable confirmar
un fallo contrario al ordenamiento superior”[10].
Análisis del caso concreto
7. La Corte comienza por
advertir que el despacho del Magistrado Sustanciador estableció comunicación
telefónica con el señor Wenceslao Melo Linero, quien informó que una vez
proferido el fallo objeto de revisión –sentencia de tutela del 22 de septiembre
de 2009 adoptada por el Juzgado Veinte Penal del Circuito de Cali – Valle–, el
accionante solicitó la valoración de su representada por parte de los
especialistas de la Nueva E.P.S, quienes prescribieron los tratamientos que
ésta requería para la recuperación de su estado de salud.
Sin embargo, el actor señaló que
parte de los servicios médicos prescritos fueron negados por la Nueva E.P.S
bajo el argumento de que no se encontraban incluidos en el Plan Obligatorio de
Salud, razón por la cual, actuando en representación de su esposa Carmen Alicia
García de Melo interpuso una nueva acción de tutela contra esa entidad.
De conformidad con el
expediente de tutela T-2611396, mediante sentencia Nº 274 del 18 de diciembre
de 2009 el Juzgado Quince Civil del Circuito de Cali concedió el amparo
invocado por el actor en nombre de Carmen Alicia García, y ordenó a la Nueva
E.P.S prestar atención médica integral a esa afiliada, sin condicionamiento de
pago o copago (Cfr. folio 47, cuaderno 2). Esta decisión no fue modificada
en la sentencia de segunda instancia proferida el 4 de febrero de 2010 por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali- Sala Civil- (Cfr. folio 21,
cuaderno 1).
De conformidad con lo
anterior, la Corte no sólo constató la veracidad de las afirmaciones que vía
telefónica realizó el señor Wenceslao Melo Linero, sino además, que la
protección constitucional demandada por el accionante ya fue otorgada mediante
la sentencia Nº 274 del 18 de diciembre de 2009 del Juzgado Quince Civil del
Circuito de Cali.
Por esta razón, la Corte
considera que en el presente caso se configura la carencia actual de objeto por
hecho superado, en la medida en que entre el momento en que se produjo el fallo
objeto de revisión y el momento en que esta Corte avocó el conocimiento del
mismo, mediante sentencia del 18 de diciembre de 2009 el Juzgado Quince Civil
del Circuito de Cali otorgó la protección constitucional requerida por el
accionante en calidad de agente oficioso de Carmen Alicia García Melo. En este
orden de ideas, en criterio de esta Corporación, es claro que carece de sentido
ordenar la protección de los derechos fundamentales invocados, cuando éstos ya
fueron protegidos mediante el proceso judicial de tutela señalado.
8. Ahora bien, como se observó
anteriormente, el que se declare la carencia actual de objeto por hecho
superado no impide a la Corte pronunciarse sobre el fallo que se revisa. Así
pues, esta Sala resalta que en el caso concreto el amparo solicitado fue negado
por el juez de instancia bajo el argumento de que los servicios solicitados por
el accionante fueron prescritos por un profesional no vinculado a la Nueva
E.P.S, es decir, por alguien que no es el “médico tratante” y sobre el cual la
accionada no tiene ningún tipo de relación contractual o control.
Como se estableció en líneas
precedentes, la Corte ha indicado que en aquellos casos en los que a una persona
le sea ordenado un tratamiento o medicamento por un médico no adscrito a su
E.P.S, la entidad promotora de salud a la cual se encuentra afiliado el
paciente está en la obligación de ordenar de manera inmediata su valoración
médica a fin de confirmar, descartar o modificar bajo criterios técnicos y
científicos el concepto del médico ajeno a la E.P.S.
Pese a que en su respuesta la
Nueva E.P.S afirmó haber ordenado la valoración médica de la paciente para
cuidado domiciliario a través de sus IPS adscritas, de acuerdo con las pruebas
que obran en el expediente de tutela T-2553732 no se encuentra ningún elemento
que sugiera que en el caso concreto esto efectivamente fue realizado por parte
de la Nueva E.P.S. Por esta razón, al no ser analizada ni controvertida la
orden médica impartida por el médico adscrito a Coomeva, dicha orden resultaba
vinculante para la Nueva E.P.S y, por tanto, la protección constitucional que
reclamaba el accionante no podía ser negada bajo el argumento de que dicha
orden no provino de un médico adscrito a la entidad accionada.
Por lo anterior, esta
Corporación revocará el fallo proferido por el Juzgado Veinte Penal del
Circuito de Cali - Valle, mediante el cual se negó el amparo solicitado por el
señor Wenceslao Melo Linero como agente oficioso de Carmen Alicia García de
Melo y, en su lugar, se tutelará los derechos fundamentales a la salud y a la
vida de la agenciada, advirtiendo que en virtud de la carencia actual de objeto
por hecho superado no se impartirá orden alguna.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR la
carencia actual de objeto por configurarse un hecho superado en los términos
explicados en la parte considerativa de esta sentencia.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 22 de septiembre de 2009, proferida por el Juzgado Veinte Penal del Circuito de Cali- Valle, mediante la cual se negó el amparo solicitado por el
señor Wenceslao Melo Linero como agente oficioso de Carmen Alicia García de
Melo, y en su lugar, CONCEDER la protección de los derechos fundamentales
a la salud y a la vida de Carmen Alicia García de Melo.
TERCERO: Por la
Secretaría, líbrese la comunicación de que trata el  artículo 36 del decreto
2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Ponente
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
No
firma
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Ver
sentencias T-236/98, T-547/02, T-883/03, T- 349/06, T-438/09, entre muchas
otras.
[2] Sentencia T-406 de 2001, Magistrado Ponente:
Rodrigo Escobar Gil.
[3] Sentencia T-1213 de 2004. Magistrado Ponente:
Rodrigo Escobar Gil.
[4] Sentencia T 438/09.
[5] Ver Sentencias T-760/08, T 438/09.
[6] Sentencia
T-760/08.
[7] Sentencia T-308/03.
[8] Esto se debe a que la Corte Constitucional, como Juez
de máxima jerarquía de la Jurisdicción Constitucional tiene el deber de
determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya protección se
solicita.
[9] Sentencia T-170/09
[10] Sentencia
T-515/07.