C-155-02
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-155/02
PRINCIPIO PRO ACTIONE EN DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Delimitación de pretensiones
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Indagación de pretensiones y existencia de cargos
OMISION LEGISLATIVA ABSOLUTA-Incompetencia de la Corte Constitucional
OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Competencia de la Corte Constitucional
DERECHO DISCIPLINARIO-Tipicidad
DERECHO DISCIPLINARIO-Finalidad
Esta disciplina busca la buena marcha
y el buen nombre de la administración pública y por ello sus normas se orientan
a exigir “... a los servidores públicos un determinado comportamiento en el
ejercicio de sus funciones”.
DERECHO
DISCIPLINARIO-Integración
Ha precisado la jurisprudencia, que el
derecho disciplinario “... está integrado por todas aquellas normas mediante
las cuales se exige a los servidores públicos un determinado comportamiento en
el ejercicio de sus funciones, independientemente de cual sea el órgano o la
rama a la que pertenezcan”.
REGIMEN DISCIPLINARIO-Caracterización a diferencia del penal/FALTA DISCIPLINARIA-Tipos
abiertos
Dado que en un Estado de Derecho las
autoridades sólo pueden hacer lo que les está permitido, el régimen
disciplinario se caracteriza, a diferencia del penal, porque las conductas
constitutivas de falta disciplinaria están consignadas en tipos abiertos, ante
la imposibilidad del legislador de contar con un listado detallado de
comportamientos donde se subsuman todas aquellas conductas que están prohibidas
a las autoridades o de los actos antijurídicos de los servidores públicos.
DERECHO DISCIPLINARIO-Tipos abiertos
ACTIVIDAD PUNITIVA DEL
ESTADO-Responsabilidad subjetiva/LEY
DISCIPLINARIA-Proscripción de responsabilidad objetiva
FALTA DISCIPLINARIA-Razón de ser/FALTA DISCIPLINARIA-Sanción a título de dolo o
culpa/PRINCIPIO DE CULPABILIDAD EN DERECHO DISCIPLINARIO-Aplicación
Si
la razón de ser de la falta disciplinaria es la infracción de unos deberes,
para que se configure violación por su incumplimiento, el servidor público
infractor sólo puede ser sancionado si ha procedido dolosa o culposamente, pues
el principio de la culpabilidad tiene aplicación no sólo para las conductas de
carácter delictivo sino también en las demás expresiones del derecho
sancionatorio, entre ellas el derecho disciplinario de los servidores públicos,
toda vez que “el derecho disciplinario es una modalidad de derecho
sancionatorio, por lo cual los principios de derecho penal se aplican mutatis
mutandi en este campo pues la particular consagración de garantías sustanciales
y procesales a favor de la persona investigada se realiza en aras del respeto
de los derechos fundamentales del individuo en comento, y para controlar la
potestad sancionadora del Estado”.
LEY DISCIPLINARIA-Finalidad/FALTA DISCIPLINARIA-Tipificación en tipos abiertos/SISTEMA
DE NUMERUS APERTUS EN INCRIMINACION DE FALTA DISCIPLINARIA
Teniendo
en cuenta que como mediante la ley disciplinaria se pretende la buena marcha de
la administración pública asegurando que los servidores del Estado cumplan
fielmente con sus deberes oficiales, para lo cual se tipifican las conductas
constitutivas de falta disciplinaria en tipos abiertos que suponen un amplio
margen de valoración y apreciación en cabeza del fallador, el legislador en
ejercicio de su facultad de configuración también ha adoptado un sistema amplio
y genérico de incriminación que ha sido denominado “numerus apertus”, en virtud
del cual no se señalan específicamente cuales comportamientos requieren para su
tipificación ser cometidos con culpa -como sí lo hace la ley penal-,  de modo
que en principio a toda modalidad dolosa de una falta disciplinaria le
corresponderá una de carácter culposo, salvo que sea imposible admitir que el
hecho se cometió culposamente como cuando en el tipo se utilizan expresiones
tales como “a sabiendas”, “de mala fe”, “con la intención de” etc. Por tal razón,
el sistema de numerus apertus supone igualmente que el fallador es quien debe
establecer cuales tipos disciplinarios admiten la modalidad culposa partiendo
de la estructura del tipo, del bien tutelado o del significado de la
prohibición.
OMISION LEGISLATIVA
RELATIVA-Supuestos
La
jurisprudencia constitucional ha identificado algunos  supuestos en los que se
considera que una omisión legal es relativa, a saber: cuando el legislador ha
regulado de manera insuficiente o incompleta un mandato constitucional o cuando
la insuficiencia de regulación o incompleta reglamentación genera violación del
derecho a la igualdad o el debido proceso constitucional.
OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Condiciones para declaración de inconstitucionalidad
La  Corte ha expresado que para que
pueda declararse una omisión legislativa, y por ende la inconstitucionalidad de
la norma que la contiene, es menester que se cumplan estas condiciones: a) que
exista una norma sobre la cual se predica; b) que la omisión excluya de sus
consecuencias aquellos casos que, por ser asimilables, deberían subsumirse
dentro de su presupuesto fáctico; c) que dicha exclusión no obedezca a una
razón objetiva y suficiente; d) que al carecer de una razón objetiva y
suficiente, la omisión produzca una desigualdad injustificada entre los casos
que están y los que no están sujetos a las consecuencias previstas por la norma
y; e) que la omisión implique el incumplimiento de un deber constitucional del
legislador.
OMISION LEGISLATIVA
RELATIVA-Presupuesto para pronunciamiento
Para pronunciarse sobre la omisión
legal relativa “es necesario que el silencio del Legislador comporte una regla
implícita que viole los preceptos superiores, en este caso, que llegue a
desconocer el derecho que es objeto de desarrollo legal expreso”.
OMISION LEGISLATIVA
RELATIVA EN MATERIA DISCIPLINARIA-Inexistencia
PRINCIPIO DE CULPABILIDAD
EN MATERIA DISCIPLINARIA-Proscripción de
responsabilidad objetiva
LIBERTAD DE CONFIGURACION
LEGISLATIVA EN MATERIA DISCIPLINARIA-Sistema
genérico de autoincriminación
FALTA DISCIPLINARIA-Descripciones típicas admiten en principio modalidades de
culpabilidad
SANCION DISCIPLINARIA-Determinación de responsabilidad subjetiva
Referencia: expediente D-3680
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 14 de la Ley 200 de
1995 “Por la cual se adopta el Código Disciplinario
Único”.
Actor: Carlos Mario Isaza Serrano
Magistrada Ponente:
Dra.
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil dos (2002)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y cumplidos los requisitos y trámites
establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el
ciudadano Carlos Mario Isaza Serrano demandó el artículo 14 de la Ley 200 de
1995, “por la cual se adopta el Código Disciplinario Único”.
Mediante auto del 23 de agosto de 2001, se admitió la demanda y
ordenó fijarla en lista, se dispuso correr traslado del expediente al Jefe del
Ministerio Público para lo de su competencia y se ordenó enviar las
comunicaciones respectivas al señor Presidente de la República,  a los señores
Presidentes del H. Senado de la República y H. Cámara de Representantes y al
señor Ministro de Justicia y del Derecho.
Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de esta
clase de procesos, y previo concepto del Procurador General de la Nación,
procede la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.
II.
LA NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada:
LEY 200 de 1995
(julio 28)
“Por la cual se adopta el código disciplinario único”
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
DECRETA:
ARTICULO 14.
Culpabilidad. En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de
responsabilidad objetiva y las faltas sólo son sancionables a título de dolo o
culpa.
III.
LA DEMANDA
En criterio del demandante la norma
acusada desconoce el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de
la Carta Política, por las siguientes razones:
En materia punitiva el legislador obra
con un espacio relativamente autónomo pero demarcado por las finalidades
propias de la axiología superior. Es así como a través del procedimiento
democrático de adopción de las leyes se tipifican conductas prohibidas y se
fijan las sanciones acorde con las distintas filosofías imperantes en cada momento
histórico.
Frente a la configuración y punición de
los tipos sancionatorios, el Estado tiene el deber de interpretar
restrictivamente la ley penal y en esta labor debe procurar dar los elementos
suficientes de su definición para hacer que el principio de legalidad cumpla, a
través de la tipicidad, su función principal de controlar el poder punitivo
estatal.
Así los tipos penales y disciplinarios
serán las descripciones de las conductas relevantes para el derecho punitivo y
si lo que éstos describen son acciones y éstas implican siempre un elemento
subjetivo, el tipo siempre implicará necesariamente un aspecto objetivo y otro
subjetivo.
Por lo anterior, si bien la diversidad de
formas de aparición que adoptan los comportamientos antijurídicos impone la
búsqueda de una imagen conceptual lo suficientemente abstracta para poder
englobar en ella todos los comportamientos que tengan características
esenciales comunes, siempre la definición legal de la desviación  y su
evaluación en sede de culpabilidad se debe producir no con referencia a figuras
de comportamiento empíricas  y objetivas, sino conforme a la máxima nulla
poena sine culpa y para ello el legislador debe suministrar todas las
herramientas legales para que en el escenario del proceso disciplinario esta
labor no quede al arbitrio del operador jurídico.
El artículo 14 de la Ley 200 de 1995
viola el debido proceso en cuanto respecta al principio de legalidad concretado
en la tipicidad y en la exigencia de culpabilidad, porque se limita únicamente
a proscribir en materia disciplinaria toda forma de responsabilidad objetiva y
a establecer que las faltas sólo son sancionables a título de dolo y culpa,
omitiendo consignar elementos consustanciales al principio de culpabilidad como
son las indicaciones de cuál es el género  de las consagradas en el Código
Disciplinario Único y cuál es la excepción.
Operar con la exigencia de culpabilidad
en el proceso de tipificación de las faltas disciplinarias nos sitúa en las
previsiones del artículo 18 del CDU sobre prevalencia de las normas del Código
Penal y de Procedimiento Penal, en la interpretación y aplicación de dicho
ordenamiento. Dicha norma dictamina la necesidad de acudir a las construcciones
dogmáticas que por remisión ofrece el derecho penal, en cuanto a la definición
de las conductas punibles dolosas y culposas (artículos 22 y 23 del C.P.)
El CDU no incluye norma alguna que
disponga sobre el carácter general o excepcional de las conductas culposas y su
consecuente sanción como sí lo hace el Código Penal y en este sentido habilita
al operador jurídico para que vulnerando la Carta Política considere
indistintamente la solución al problema desde la alternativa de dos formas
conductuales (el dolo y la culpa) con el agravante que hasta la formulación de
cargos el disciplinado no tendrá ninguna certeza sobre como debe defenderse.
Esta concepción legal desfasa la naturaleza falible del ser humano.
De modo, que sólo puede ajustarse a la
Carta Política la culpabilidad concebida en materia disciplinaria bajo las
pautas de una declaratoria de una constitucionalidad condicionada, que hiciera
extensiva a la ley disciplinaria el régimen excepcional de punición  para las
conductas culposas que trae el Código Penal.
Por ende, el tipo consagrará una conducta
culposa  cuando asuma la forma de negligencia, impericia, imprevisión o
imprudencia como elemento subjetivo y la exigencia de que el resultado típico
se dé por violación del deber objetivo de cuidado y por la falta de previsión
del resultado previsible o porque a pesar de haberlo previsto confió en poder
evitarlo. En los demás casos el comportamiento será doloso.
Es decir, que cuando el tipo
disciplinario admita expresamente la culpa como una de las formas conductuales
o como la única, la constitucionalidad solicitada  debe consistir en una
imputación de tipo culposo y no doloso. Se trata de reconocer un tercer estadio
que relativiza la tesis de la conducta dolosa  como regla y la culposa como
excepción para efectos de punibilidad y que se explica por el carácter neutro
que en materia de culpabilidad observa un número considerable de conductas
disciplinarias y que hace imperativo analizar su estructura fáctica para
establecer si se imputa a título de dolo o de culpa.
IV.
INTERVENCIONES
1. Ministerio de Justicia y del Derecho
El ciudadano José Camilo Guzmán Santos,
actuando en representación del Ministerio de Justicia y del Derecho, intervino
en este proceso para solicitar la declaratoria de constitucionalidad de la
disposición demandada, con fundamento en los argumentos que se exponen a
continuación:
Manifiesta que no es pretensión de la
demanda que la Corte retire del ordenamiento jurídico la disposición acusada,
sino que la complemente adicionando un contenido normativo a fin de hacer
extensivo a la ley disciplinaria el régimen excepcional de punición para las
conductas culposas que trae el Código Penal.
Se trata entonces de una demanda inepta
puesto que el actor no ataca el precepto por la eventual contradicción
normativa con las disposiciones constitucionales, sino por lo que la norma
presuntamente debería manifestar y no lo dice. En este sentido la demanda da
lugar a un fallo inhibitorio, puesto que resulta improcedente sustentar una
pretensión de inconstitucionalidad a partir de contenidos normativos
inexistentes o de prejuicios acerca de la aplicación del precepto acusado, tal
como lo ha expresado la jurisprudencia constitucional.
Sin embargo, el interviniente solicita
que en subsidio se decrete la constitucionalidad de la norma  de acuerdo con
los siguientes argumentos:
La norma acusada dispone que es principio
rector en materia disciplinaria el elemento de la culpabilidad, para significar
que el sujeto de la acción disciplinaria responde por su falta como expresión
de una específica intención, quedando así proscrita toda forma de
responsabilidad objetiva ya que las faltas sólo son sancionables a título de
dolo o culpa.
El elemento de la culpabilidad es
principio medular y núcleo esencial del derecho sancionatorio ya que en
presencia de un Estado Social de Derecho fundado en el respeto de la dignidad
humana, el derecho sancionatorio emerge excepcionalmente como una restricción
de derechos y libertades en procura de garantizar un interés general, pero
sometido a un autocontrol rígido, puesto que el valor de la dignidad humana
condiciona la legitimidad de la actuación estatal.
Así, la regla de derecho contenida en el
precepto legal acusado desarrolla cabalmente el principio constitucional según
el cual toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado
judicialmente culpable.
El titular de la acción disciplinaria no
solamente debe demostrar la adecuación típica y la antijuridicidad de la
conducta, pues ésta debe afectar o poner en peligro los fines y las funciones
del Estado, sino también le corresponde probar la culpabilidad del sujeto
pasivo manifestando razonadamente la modalidad de la culpa, para lo cual debe
someterse a las nociones del dolo y culpa, en su definición y alcance,
contenidas en el Código Penal.
Por lo anterior, la discusión acerca de
si la modalidad culposa debe ser la excepción a la regla general de la
culpabilidad es irrelevante  toda vez que en razón de los alcances del
principio de legalidad de la función pública, el ejercicio de los empleos
públicos ha de estar sometido a las funciones detalladas en la ley o reglamento
y, por ello, el Código Disciplinario Único señala los deberes, las
prohibiciones y las incompatibilidades de los servidores públicos. Cualquier
infracción a las anteriores constituye falta, que podrá ser gravísima, en los
casos descritos en el artículo 25 ibidem, y es criterio para determinar
la gravedad o levedad de la falta, el grado de culpabilidad en que incurre el
disciplinado.
Respecto de la supuesta omisión legislativa el interviniente
considera que una somera lectura de la disposición acusada y su comparación con
los artículos 29 y 124 Constitucionales  permite concluir que este fenómeno no
se presenta  toda vez que en materia de responsabilidad de los servidores
públicos el legislador goza de una discrecionalidad ampliada.
2. Departamento Administrativo de la Función Pública
El Director del Departamento
Administrativo de la Función Pública, a través de apoderado, solicita la
declaratoria de exequibilidad de la norma demandada. Los argumentos en que basa
su petición son los siguientes:
El artículo impugnado es desarrollo del derecho fundamental al
debido proceso que de conformidad con el artículo 29 superior, se aplica a toda
clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Cuando el destinatario de la ley disciplinaria ejecuta un hecho
típico sin justificación, no revela que haya realizado la comisión de una falta
disciplinaria, por cuanto es absolutamente indispensable que el sujeto a quien
se le endilga una falta se le debe probar su culpabilidad. Sólo a partir de
este momento se puede hablar de la realización de una conducta disciplinaria
siempre y cuando se demuestre por parte del operador disciplinario.
La Ley 200 de 1995 adoptó la estructura dogmática-culpabilista, para
significar que el elemento culpabilidad se constituye en moldura esencial para
edificar la sanción de las faltas a través de un juicio de valores sobre el
actuar típico y antijurídico y de la actividad intelectiva y volitiva
desarrollada por parte del investigado o disciplinado. Es la culpabilidad sin
lugar a equívocos, la motivación del actuar típico y antijurídico y el
conocimiento que se tiene por parte del destinatario de ley disciplinaria.
Concluye el interviniente que la presencia de los elementos
anteriores (conocimiento y motivación), son los que dan origen a la
culpabilidad, la cual puede establecerse en dolo o culpa. De lo contrario
conduciría a la inexistencia de la falta disciplinaria.
V.  CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador General de la Nación solicita la declaratoria de
exequibilidad de la norma demandada, con base en los siguientes razonamientos:
1. Para que se cumpla la garantía constitucional del debido proceso
previsto en el artículo 29 Superior, es evidente que debe observarse el
principio de legalidad, esto es, que el legislador señale de manera diáfana las
conductas que constituyen falta disciplinaria y fije la sanción, pero adicionalmente
para endilgar responsabilidad, es imperioso que la falta se haya cometido a
título de dolo o culpa, de conformidad con los previsto en el artículo 14 de la
Ley 200 de 1995.
2. El artículo 18 del Código Único Disciplinario determina que en la
interpretación y aplicación del régimen disciplinario prevalecerán los
principios rectores establecidos en dicho Código, la Constitución Política y
las normas de los Códigos Penales, Procedimiento Penal y Contencioso
Administrativo. Es pues incontrovertible que la teoría del derecho penal se
edifica sobre el principio de culpabilidad, según lo previsto en el artículo 12
de la Ley 599 de 2000, principio que indiscutiblemente debe ser aplicado en
materia disciplinaria.
3. Analizada la norma censurada desde la óptica del derecho
constitucional no se transgrede precepto alguno, toda vez que de una parte, el
legislador estableció la descripción de las faltas disciplinarias y sus
correlativas sanciones, en lo que se refiere al aspecto objetivo de las faltas
y, de otra, determinó el principio de culpabilidad, es decir, que proscribió de
manera perentoria todo tipo de responsabilidad objetiva.
4. La jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en exigir la
culpabilidad como elemento esencial para derivar responsabilidad, o sea que
sólo son sancionables las faltas que son cometidas a título de dolo y de culpa
para lo cual el operador jurídico debe remitirse a las previsiones del Código
Penal  y de Procedimiento Penal.
5. No resulta suficiente que se establezca la existencia o comisión
de la falta y se determine su autor, sino que se debe determinar la
culpabilidad (a titulo de dolo o culpa), para definir el grado de levedad o
gravedad de la falta (artículo 27 numeral 1 de la Ley 200 de 1995), todo ello
soportado en las pruebas debidamente decretadas, practicadas, controvertidas y
allegadas, para proteger las garantías constitucionales del derecho de defensa
y presunción de inocencia, previstos en  los artículos 29 de la Carta y 3 de la
Ley Estatutaria de la Administración de Justicia que exige que toda providencia
debe fundarse en las pruebas legalmente producidas y allegadas o aportadas al
proceso (artículo 117 de la Ley disciplinaria), respetando siempre la
presunción de inocencia contenida en la Constitución Política.
6. De ese modo no era necesario que el legislador determinara frente
a cada conducta disciplinaria, pues cada caso concreto, según las
circunstancias del mismo, el funcionario competente para imponer la sanción
determinará si la misma fue a título de dolo o culpa.
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.  Competencia
La Corte es competente para conocer del
proceso de la referencia, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 241
numeral 4 de la Constitución Política.
2. Asunto previo:
necesidad de delimitar las pretensiones de la demanda
Antes de plantear el problema jurídico que debe ser resuelto por la
Corte, se considera conveniente hacer notar que  en la demanda que suscita la
presente causa el actor incurre en una contradicción, toda vez que inicialmente
solicita la “inexequibilidad condicionada” del artículo 14 de la Ley 200
de 1995, y posteriormente cuando desarrolla su argumentación se refiere a la
necesidad de que la Corte haga una “declaratoria de constitucionalidad
condicionada”, para subsanar la supuesta omisión en que incurrió el
legislador al dictar el precepto acusado.
En principio esta situación podría generar un pronunciamiento
inhibitorio,  por cuanto si el actor no tiene claro qué es lo que pretende
cuando ejercita la acción de inconstitucionalidad, la Corte no estaría en
capacidad  de analizar el fondo del asunto y, por ende, proferir una decisión
de mérito. No obstante, la jurisprudencia constitucional ha expresado que en
aplicación del principio pro actione el examen que se haga de las
demandas de inconstitucionalidad no puede ser tan exigente que se llegue al
punto de enervar la efectividad de este derecho político[1].
De ahí que en el asunto bajo revisión deba indagarse qué pretende el
impugnante al ejercer la acción y si la demanda realmente contiene cargos de
inconstitucionalidad.
Una lectura detenida de la demanda permite colegir que allí se
plantean varias omisiones, dos de carácter absoluto, una referida a que “el
CDU no incluye norma alguna que disponga sobre el carácter general y
excepcional de las conductas culposas y su consecuente sanción como sí lo hace
el Código Penal” y otra relacionada con la falta de definición de los
conceptos de dolo y culpa; y, la de carácter relativo atinente al artículo 14
de la Ley 200 de 1995, que consiste en la falta de regulación de las
modalidades del dolo y la culpa en la misma forma como lo hace el Código Penal,
defecto que en criterio del actor debe ser subsanado mediante una sentencia de
constitucionalidad condicionada que adicione la referida disposición legal  con
los ingredientes normativos que se echan de menos.
En cuanto a las omisiones de carácter absoluto, es claro que la
Corte no puede llevar a cabo un pronunciamiento de fondo dado que según la
jurisprudencia en estos eventos carece de competencia ya que no existe un acto
que pueda ser confrontado con la Constitución Política[2], así como que tampoco
el legislador tiene el deber constitucional de definir en la ley los conceptos
de dolo y culpa.  Por ello, sobre estos aspectos no se realizará análisis
alguno.
En cambio, en relación con la omisión de carácter relativo es
procedente un examen  de fondo pues se advierte que el demandante señala el
artículo 14 del CDU como la norma que contiene la supuesta omisión legislativa,
igualmente cita como infringido el artículo 29 de la Carta Política que
consagra el debido proceso, indica las razones por las cuales la Corte
Constitucional es competente para conocer del asunto y finalmente expone una
argumentación razonable para sustentar la infracción al mencionado precepto
superior.
Para la Corte  el cargo específico de inconstitucionalidad expuesto
por el demandante consiste en que el artículo 14 del CDU viola el artículo 29
Superior,  porque se limita únicamente a proscribir en materia disciplinaria
toda forma de responsabilidad objetiva y a establecer que las faltas sólo son
sancionables a título de dolo y culpa, omitiendo disponer sobre el carácter
general o excepcional de las conductas culposas y su consecuente sanción como
sí lo hace el Código Penal en sus artículos 22 y 23, habilitando al operador
jurídico para que en contravención al debido proceso (art. 29 de la Carta
Política) adopte una solución desde la alternativa de dos formas conductuales,
el dolo y la culpa, razón por la cual se hace necesario que se profiera una
decisión de constitucionalidad condicionada que “hiciera extensiva  a la ley
disciplinaria, el régimen excepcional de punición para las conductas culposas
que trae el Código Penal.”
Todo lo anterior demuestra que la demanda, pese a las
inconsistencias advertidas, reúne los requisitos exigidos para efectuar un
análisis de mérito respecto de la alegada omisión de carácter relativo.
3. Lo que se debate
Corresponde a la Corte determinar, si como lo afirma el actor, la
norma acusada al disponer que en materia disciplinaria queda proscrita toda
forma de responsabilidad objetiva y que las faltas sólo son sancionables a
título de dolo o culpa, omitió señalar el carácter general o excepcional de las
conductas culposas y su consecuente sanción como sí lo hace el Código Penal,
habilitando al operador jurídico para que en contravención a la Carta Política
adopte una solución desde la alternativa de dos formas conductuales, el dolo y
la culpa.
Según el Ministerio de Justicia y del Derecho las pretensiones del
demandante no están sustentadas en razones de orden constitucional, sino en
contenidos normativos inexistentes y prejuicios acerca de la aplicación del
precepto impugnado. No obstante, considera que la norma atacada es
constitucional, por cuanto el artículo 14 de la Ley 200 de 1995, es trasunto
del precepto 29 de la Carta según el cual toda persona se presume inocente
mientras no se le haya declarado judicialmente culpable.
Por su parte, el Departamento Administrativo de la Función Pública
considera que el artículo censurado es desarrollo del derecho fundamental al
debido proceso consagrado en el artículo 29 superior, puesto que con arreglo a
la norma superior consagra el principio de culpabilidad en el derecho
disciplinario.
El Ministerio Público también aboga por la constitucionalidad de la
preceptiva acusada, pues considera que al regular el principio de culpabilidad
en materia disciplinaria desarrolla el debido proceso contemplado en el canon
29 Fundamental. Además, en su criterio no era necesario que el legislador
determinara frente a cada conducta disciplinaria si ella era sancionable bien a
título de dolo o culpa, pues se trata de un asunto que le compete determinar al
funcionario competente en cada caso concreto.
Con el fin de dilucidar el cuestionamiento central de la demanda, se
considera conveniente hacer referencia previamente al objeto y finalidad del
derecho disciplinario y al principio de culpabilidad en materia disciplinaria.
Abordados estos asuntos, la Corte entrará a definir si existe una omisión que
hace inconstitucional el mandato legal acusado.
4.  Objeto,  fines y tipicidad del derecho disciplinario
El derecho disciplinario es una modalidad
del derecho sancionador, cuya concepción hoy en día debe estar orientada por
los principios del Estado social y democrático de derecho previstos en el
artículo 1º de la Constitución, garantizando el respeto a las garantías
individuales pero también los fines del Estado determinados en el artículo 2º
ibídem y para los cuales han sido instituidas las autoridades públicas.
Disciplina que encuentra fundamento en la
“... relación de subordinación que existe entre el funcionario y la
administración en el ámbito de la función pública y se origina en el
incumplimiento de un deber o de una prohibición, la omisión o la
extralimitación en el ejercicio de sus funciones, la violación de régimen de
inhabilidades, incompatibilidades, etc...”[3].
Por ello el régimen disciplinario cobija a la totalidad de los servidores
públicos a quienes corresponde estar al servicio del Estado y de la comunidad
(C.P. art. 123),  dado que la función administrativa está al servicio de los
intereses generales y debe desarrollarse con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad (C.P. art. 209).
Al respecto la Corte Constitucional ha
considerado:
“Gran parte de los cometidos del Estado Social de Derecho deben ser
realizados por la administración, la cual funda su eficiencia y eficacia en
cuanto los pueda traducir en hechos y obras concretos.
“La
administración en dicho Estado ha sido instituida para servir a los altos
intereses de la comunidad, lo cual se traduce en el deber de desarrollar
actividades concretas de beneficio colectivo para satisfacer las necesidades
insatisfechas de ésta, mediante el ejercicio de los diferentes poderes de
intervención de que dispone. Ello impone la necesidad de que la actividad de
los funcionarios estatales se adecue a los imperativos de la eficacia, la
eficiencia y la moralidad administrativa. Así se asegura, el adecuado
funcionamiento de los servicios estatales, el correcto manejo y la preservación
del patrimonio público, y la buena imagen de la administración, la cual gana
legitimidad y credibilidad frente a la comunidad”[4].
Esta disciplina busca entonces la buena
marcha y el buen nombre de la administración pública y por ello sus normas se
orientan a exigir “... a los servidores públicos un determinado
comportamiento en el ejercicio de sus funciones”[5].
Así se encuentra consagrado en el artículo 17 de la Ley 200 de 1995 que
dispone que “La ley disciplinaria garantiza el cumplimiento de los fines y
funciones del Estado en relación con las conductas de los servidores públicos
que los afecten o pongan en peligro. Las sanciones disciplinarias cumplen
esencialmente los fines de prevención y garantía de la buena marcha de la
gestión pública”.
Por ello ha precisado la jurisprudencia,
que el derecho disciplinario “... está integrado por todas aquellas
normas mediante las cuales se exige a los servidores públicos un determinado
comportamiento en el ejercicio de sus funciones, independientemente de cual sea
el órgano o la rama a la que pertenezcan”[6].
El artículo 6º de la Carta dispone que
los servidores públicos no sólo son responsables por infringir la Constitución
y la ley sino también “por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus
funciones”, disposición que desarrolló el artículo 38 de la Ley 200 de 1995
al establecer que “constituye falta disciplinaria y por lo tanto da lugar a
acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los
deberes, el abuso o extralimitación de los derechos y funciones, la incursión
en prohibiciones, impedimentos, inhabilidades y conflictos de intereses”.
Sobre
este tópico esta Corporación dijo lo siguiente:
“Constituye elemento básico de la
organización estatal y de la realización efectiva de los fines esenciales del
Estado social de derecho, la potestad del mismo de desplegar un control
disciplinario sobre sus servidores, dada la especial sujeción de éstos al
Estado, en razón de la relación jurídica surgida por la atribución de una
función pública; de manera que, el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades
se efectúe dentro de una ética del servicio público y con sujeción a los
principios de moralidad, eficacia y eficiencia que caracterizan la actuación
administrativa y el cabal desarrollo de la función pública.
“En el cumplimiento de esos cometidos
estatales y durante el ejercicio de las correspondientes funciones o cargos
públicos, los servidores públicos no pueden distanciarse del objetivo principal
para el cual fueron instituidos, como es el de servir al Estado y a la
comunidad en la forma establecida en la Constitución, la ley y el reglamento;
por lo tanto, pueden verse sometidos a una responsabilidad pública de índole
disciplinaria, cuando en su desempeño vulneran el ordenamiento superior y legal
vigente, así como por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus
funciones (C.P., arts. 6o. y 123).
“Los artículos 124 y 125 de la Carta
Política, establecen que la configuración de dicha responsabilidad
disciplinaria forma parte de la órbita de competencia de las definiciones
legislativas. Su efectividad, requiere de un marco de acción en el cual el
Estado pueda ejercitar la respectiva potestad disciplinaria y la titularidad de
la acción disciplinaria, a fin de obtener la obediencia y disciplina requerida de
sus funcionarios y empleados.
“Lo anterior armoniza con la atribución
del legislador de hacer las leyes y por medio de ellas, entre otros aspectos,
regular el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios
públicos (C.P., art. 150-23); toda vez que, de ella, se deriva la facultad para
fijar las conductas violatorias del régimen disciplinario que atenten contra
los bienes jurídicos por él tutelados, como son los relativos al patrimonio
público, la moralidad, la transparencia, la eficacia y eficiencia
administrativas[7].
“Las reglas disciplinarias que así se
expidan determinarán sobre la respectiva responsabilidad del infractor y la
asignación de una sanción, por carecer los servidores públicos de la idoneidad
requerida para la prestación del servicio y de un comportamiento ajustado y
exigido en los términos previamente establecidos por el ordenamiento jurídico.”
[8]
Dado que en un Estado de Derecho las
autoridades sólo pueden hacer lo que les está permitido, el régimen
disciplinario se caracteriza, a diferencia del penal, porque las conductas
constitutivas de falta disciplinaria están consignadas en tipos abiertos,
ante la imposibilidad del legislador de contar con un listado detallado de
comportamientos donde se subsuman todas aquellas conductas que están prohibidas
a las autoridades o de los actos antijurídicos de los servidores públicos.[9]
Sobre los tipos abiertos en el derecho
disciplinario esta Corte en sentencia C- 708 de 1999, ya se había pronunciado
de la siguiente manera:
“Con base en lo anterior, es de anotar
como peculiaridad propia del derecho disciplinario, la posibilidad de que las
conductas constitutivas de faltas disciplinarias se encuadren en la forma de
tipos abiertos. A diferencia de la materia penal, en donde la descripción de
los hechos punibles es detallada, en la disciplinaria el fallador cuenta con un
mayor margen de valoración e individualización de las faltas sancionables por
la diversidad de comportamientos que pugnan contra los propósitos de la función
pública y del régimen disciplinario, por las razones que a continuación se
señalan[10]:
“La prohibición de la conducta delictiva
involucra un conjunto de patrones que establecen una precisión tipológica en la
que se describen de manera detallada los elementos conformantes del tipo, de
manera que, sujeto activo, conducta, intención, sujeto pasivo y circunstancias
llevan en el procedimiento penal a una exhaustiva delimitación legal de las
conductas; mientras que en la definición de las faltas disciplinarias, entran
en juego, elementos propios de la función pública que interesan por sobre todo
a contenidos político-institucionales, que sitúan al superior jerárquico en
condiciones de evaluar con mayor flexibilidad, y de acuerdo con criterios que
permiten un más amplio margen de apreciación, tal como lo ha entendido el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, órgano competente para interpretar y aplicar el
Convenio Europeo de Derechos Humanos.
“Las sanciones penales se dirigen, de
manera general, a la privación de la libertad física y a la  reinserción  del
delincuente a la vida social, al paso que las sanciones disciplinarias  tienen
que  ver con el servicio, con llamados de atención, suspensiones o separación
del servicio; lo que impone al acto sancionatorio un carácter independiente, de
donde surge el aceptado principio, de que la sanción disciplinaria se impone
sin perjuicio de los efectos penales  que puedan deducirse de los hechos que la
originaron.”.
5. El principio de
culpabilidad en materia disciplinaria y el sistema de  numerus apertus
en la incriminación de las faltas disciplinarias
La sujeción que debe el derecho
disciplinario a la Constitución implica que además de garantizar los fines del
Estado Social de Derecho, debe reconocer los derechos fundamentales que rigen
nuestro ordenamiento jurídico, siendo la culpabilidad uno de ellos según lo
consagrado en el artículo 29 Superior en virtud del cual “Toda persona se
presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable”.
Es decir, que en nuestro sistema jurídico
ha sido proscrita la responsabilidad objetiva y, por lo tanto, la culpabilidad
es “Supuesto ineludible y necesario de la responsabilidad y de la imposición
de la pena lo que significa que la actividad punitiva del estado tiene lugar
tan sólo sobre la base de la responsabilidad subjetiva de aquellos sobre
quienes recaiga”[11].
Principio constitucional que recoge el artículo 14 del C.D.U. acusado, al
disponer que “en materia disciplinaria queda proscrita toda forma de
responsabilidad objetiva y las faltas sólo son sancionables a título de dolo o
culpa”. Así lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corporación al
señalar que “el hecho de que el Código establezca que las faltas
disciplinarias solo son sancionables a título de dolo o culpa, implica que los
servidores públicos solamente pueden ser sancionados disciplinariamente luego
de que se haya desarrollado el correspondiente proceso – con las garantías
propias del derecho disciplinario y, en general, del debido proceso -, y que
dentro de éste se haya establecido la responsabilidad del disciplinado”[12].
Si la razón de ser de la falta disciplinaria es la infracción de
unos deberes, para que se configure violación por su incumplimiento, el
servidor público infractor sólo puede ser sancionado si ha procedido dolosa o
culposamente, pues como ya se dijo, el principio de la culpabilidad tiene
aplicación no sólo para las conductas de carácter delictivo sino también en las
demás expresiones del derecho sancionatorio, entre ellas el derecho disciplinario
de los servidores públicos, toda vez que “el derecho disciplinario es una
modalidad de derecho sancionatorio, por lo cual los principios de derecho penal
se aplican mutatis mutandi en este campo pues la particular consagración de
garantías sustanciales y procesales a favor de la persona investigada se
realiza en aras del respeto de los derechos fundamentales del individuo en
comento, y para controlar la potestad sancionadora del Estado”[13].
Ahora bien, teniendo en cuenta que como mediante la ley
disciplinaria se pretende la buena marcha de la administración pública
asegurando que los servidores del Estado cumplan fielmente con sus deberes
oficiales, para lo cual se tipifican las conductas constitutivas de falta
disciplinaria en tipos abiertos que suponen un amplio margen de valoración y
apreciación en cabeza del fallador, el legislador en ejercicio de su facultad
de configuración también ha adoptado un sistema amplio y genérico de
incriminación que ha sido denominado “numerus apertus”, en virtud del
cual no se señalan específicamente cuales comportamientos requieren para su
tipificación ser cometidos con culpa -como sí lo hace la ley penal-,  de modo
que en principio a toda modalidad dolosa de una falta disciplinaria le
corresponderá una de carácter culposo, salvo que sea imposible admitir que el
hecho se cometió culposamente como cuando en el tipo se utilizan expresiones
tales como “a sabiendas”, “de mala fe”, “con la intención de” etc. Por
tal razón, el sistema de numerus apertus supone igualmente que el
fallador es quien debe establecer cuales tipos disciplinarios admiten la
modalidad culposa partiendo de la estructura del tipo, del bien tutelado o del
significado de la prohibición.
6.  El caso concreto
Es ya doctrina aceptada por la Corte que no toda omisión del
legislador está sujeta a control constitucional, pues solamente procede fallar
sobre las denominadas omisiones legislativas relativas que se presentan cuando
al desarrollar una institución se omite una condición o un ingrediente
normativo que debió ser previsto por la ley, dando lugar de esta forma a una
violación del Ordenamiento Superior.
Al referirse a este fenómeno, la jurisprudencia constitucional ha
identificado algunos  supuestos en los que se considera que una omisión legal
es relativa, a saber: cuando el legislador ha regulado de manera insuficiente o
incompleta un mandato constitucional o cuando la insuficiencia de regulación o
incompleta reglamentación genera violación del derecho a la igualdad o el
debido proceso constitucional[14].
Así mismo, la
Corte ha expresado que para que pueda declararse una omisión legislativa, y por
ende la inconstitucionalidad de la norma que la contiene, es menester que se
cumplan estas condiciones: a) que exista una norma sobre la cual se predica; b)
que la omisión excluya de sus consecuencias aquellos casos que, por ser
asimilables, deberían subsumirse dentro de su presupuesto fáctico; c) que dicha
exclusión no obedezca a una razón objetiva y suficiente; d) que al carecer de
una razón objetiva y suficiente, la omisión produzca una desigualdad
injustificada entre los casos que están y los que no están sujetos a las
consecuencias previstas por la norma y; e) que la omisión implique el
incumplimiento de un deber constitucional del legislador[15].
Y  también ha hecho énfasis en que para
pronunciarse sobre la omisión legal relativa “es necesario que el silencio
del Legislador comporte una regla implícita que viole los preceptos superiores,
en este caso, que llegue a desconocer el derecho que es objeto de desarrollo
legal expreso”. [16]
Hechas estas observaciones, entra la Corte a determinar si
tratándose del artículo 14 de la Ley 200 de 1995 el legislador incurrió en una
omisión legislativa de carácter relativo que vulnere el Estatuto Superior.
Para la Corte es claro que si bien el actor aduce que el artículo 14
del CDU acusa una omisión consistente en el señalamiento del carácter
excepcional de la culpa, no es posible aceptar este planteamiento pues dicho
precepto incluye esos dos conceptos del principio de culpabilidad con el fin de
garantizar que los servidores públicos no sean sancionados por responsabilidad
objetiva, sino que se les demuestre su plena culpabilidad bajo cualquiera de
esas dos modalidades, principio éste que irradia  todo el régimen disciplinario
contenido e la Ley 200 de 1995 y que debe ser tenido en cuenta por el operador
jurídico.
Lo anterior en razón a que el legislador en desarrollo de su
facultad de configuración adoptó un sistema genérico de incriminación
denominado  numerus apertus, por considerar que el cumplimiento de los
fines y funciones del Estado -que es por lo que propende la ley disciplinaria
(art. 17 CDU)-, puede verse afectado tanto por conductas dolosas como culposas,
lo cual significa que las descripciones típicas admiten en principio ambas
modalidades de culpabilidad, salvo en lo casos en que no sea posible
estructurar la modalidad culposa. De ahí que corresponda al  intérprete, a
partir del sentido general de la prohibición y del valor que busca ser
protegido, deducir qué tipos disciplinarios permiten ser vulnerados con
cualquiera de los factores generadores de la culpa.
En  conclusión,  yerra el actor cuando pretende endilgarle al
artículo 14 del CDU la violación al debido proceso pues está visto que tal
disposición es trasunto del artículo 29 de la Ley Fundamental, que exige la
determinación de responsabilidad subjetiva como presupuesto para imponer una
sanción de naturaleza disciplinaria, configuración que en este punto se hizo
teniendo en cuenta el objeto y finalidad del  régimen disciplinario.
Con fundamento en las anteriores razones,
la Corte declarará la exequibilidad del artículo 14 de la Ley 200 de 1995.
VII. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE:
Declarar EXEQUIBLE el artículo 14 de
la Ley 200 de 1995 “por la cual se adopta el Código Disciplinario Único”.
Notifíquese, comuníquese, publíquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Cfr. Sentencia C-1052 de 2001.
[2] Cfr. Sentencias  C-543 de 1996. C-073 de 1996. C-540 de 1997.
C-635 de 2000, entre otras.
[3] Sent. C-244 de 1996
[4] Sent C-341 de 1996
[5] Sent. C-417 de 1993
[6]   “          “            “
[7] Ver la Sentencia C-769/98, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.
[8] C-708 de 1999 M.P. Alvaro Tafur Galvis
[9] C-404 de 2001  M.P Marco Gerardo Monroy Cabra
[10] Sentencia C-427/94, M.P. Dr. Fabio Morón Díaz.
[11] C- 626 de 1996
[12] C- 728 de 2000
[13] Cfr. Sentencias C-195 de 1993, C-280 de 1996, C-306 de 1996,
C-310 de 1997, entre otras
[14]  Sentencias C-543 de 1996 y C-1549  de
2000
[15] Cfr. Sentencia C-427 de 2000
[16] Cfr. Sentencia C-246 de 2001