T-608-19
Sentencia T-608/19
PRINCIPIO
DE SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Juez debe
verificar si ante la existencia de otro medio de defensa judicial, éste es
eficaz e idóneo
ACCION
DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE VEJEZ-Reiteración
de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCESO
A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA-Alcance
La protección del derecho de acceso efectivo a la
administración de justicia tiene dos dimensiones: (i) la posibilidad de acudir
ante un juez o tribunal a presentar las pretensiones para la protección de sus
derechos o intereses y (ii) que dicho acceso a la justicia sea efectivo, al
obtener la resolución de fondo de las pretensiones presentadas y que la misma
se pueda hacer efectiva a través de su correcta ejecución. En esa medida, es
importante tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia no se
verifica únicamente con el hecho de acudir ante los jueces competentes, sino
que implica que la persona que acude obtenga una solución de fondo pronta,
cumplida y eficaz. Por ello, cuando quien concurre a la jurisdicción no obtiene
respuesta de fondo en un término razonable, por razones imputables al aparato
judicial, se puede concluir que existe vulneración del derecho de acceso
efectivo a la administración de justicia.
DERECHO
A LA SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD-Fundamental por afectación del mínimo vital
Aunque el derecho
fundamental al mínimo vital es predicable de todos los ciudadanos en
condiciones de igualdad, existen algunos sectores de la población, como el
de los pensionados, que, ‘(…) en razón de su mayor vulnerabilidad, son
susceptibles de encontrarse, con mayor facilidad, en situaciones que comprometan
la efectividad de su derecho.
PENSION
DE VEJEZ Y REGIMEN DE TRANSICION PREVISTO EN LA LEY 100/93-Reiteración de jurisprudencia
PENSION
DE VEJEZ-Requisitos del régimen de transición de la
ley 100 de 1993 y régimen de la ley 71 de 1988
PENSION
DE JUBILACION POR APORTES PREVISTA EN LEY 71 DE 1988-Requisitos
Las personas que (i) acrediten 20 años de aportes
sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de
previsión del orden nacional, departamental, municipal, intendencial,
comisarial o distrital y en el Instituto de Seguros Sociales (hoy COLPENSIONES)
y (ii) hayan cumplido 60 años o más, si es hombre, o 55 años o más, si es
mujer, pueden acceder a la pensión por aportes. Dicha prestación será
reconocida por la última entidad a la que se realizaron los aportes, siempre y
cuando se hayan efectuado cotizaciones continuas o discontinuas por un periodo
de al menos seis años. En caso contrario, la obligación pensional será
reconocida por la entidad de previsión en la que se realizaron la mayor parte
de los aportes
PAGO RETROACTIVO EN MATERIA
PENSIONAL-Reiteración de
jurisprudencia
La posibilidad de reconocer el retroactivo
de la pensión desde la fecha en la que se tiene derecho a la misma, siempre y
cuando se verifique que (i) exista certeza sobre el derecho pensional, (ii) la
afectación al mínimo vital del peticionario sea evidente, al no contar con
otros medios para su subsistencia diferentes a la pensión, y (iii) que dicha
afectación al mínimo vital ocurra por la conducta antijurídica de la entidad
demandada, al privar al accionante de los medios económicos para su
subsistencia
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DEBIDO PROCESO-Vulneración por incurrir en demora injustificada para
resolver sobre la jurisdicción competente para conocer de las pretensiones
pensionales del accionante
La Sala evidenció una vulneración del derecho de acceso a la
administración de justicia en cabeza del accionante, por cuanto las autoridades
judiciales involucradas en los procesos ordinarios laboral y
contencioso-administrativo se demoraron más de cinco años en analizar el asunto
relativo a la jurisdicción competente para conocer del asunto. Así, se comprobó
que el accionante no obtuvo una solución de fondo, pronta, cumplida y eficaz al
acudir a la jurisdicción, por cuenta de debates relativos a la competencia para
conocer sus pretensiones que corresponden a la etapa inicial del trámite
procesal, lo cual generó un retraso injustificado que le es imputable al
aparato judicial.
PENSION DE VEJEZ-Caso en que se cumplen
requisitos al aplicar el art. 7 de la Ley 71 de 1988 respecto a edad y número
de semanas cotizadas y el art 33 de la Ley 100/93 en lo referente al cómputo de
éstas
PENSION DE JUBILACION POR APORTES PREVISTA EN LEY 71 DE 1988-Reconocimiento de pensión de jubilación por aportes y pago de
retroactivo a favor del accionante por parte de la alcaldía municipal
Referencia: expediente T-7.185.421
Acción de tutela presentada por Alirio Zárate
Ariza en contra del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia.
Procedencia: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal
Asunto: Derechos a la seguridad social, al
mínimo vital y de acceso efectivo a la administración de justicia
Magistrada sustanciadora:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D.C., doce
(12) de diciembre de dos mil diecinueve (2019)
La Sala Sexta
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado José
Fernando Reyes Cuartas, y las Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella
Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión del fallo de segunda instancia adoptado
por la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia, el 17 de septiembre de 2019[1], que confirmó la decisión de primera
instancia proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, mediante sentencia del 3 de julio de 2019[2], en la que se declaró la carencia actual de objeto por hecho
superado en el proceso de tutela promovido por Alirio Zárate Ariza contra el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, Caquetá.
Inicialmente,
el asunto llegó a esta Corporación para revisión de la sentencia del 27 de
noviembre de 2018, proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia, que confirmó el fallo del 5 de septiembre de 2018, de la Sala de
Casación Laboral de esa misma Corporación, que declaró la carencia actual de
objeto por hecho superado en el trámite de la referencia. La citada Corporación
remitió el expediente en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto
2591 de 1991, y fue escogido para revisión por la Sala de Selección de Tutelas Número
Dos de la Corte Constitucional, mediante Auto del 26 de febrero de 2019[3].
El 8 de mayo
de 2019, en vista que se trataba de una asunto relacionado con el derecho
fundamental a la seguridad social del actor, la Magistrada sustanciadora vinculó
a la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante, “COLPENSIONES”), al
advertir que éste realizó aportes para pensión al Instituto de Seguro Social en
su historia laboral. En ese sentido, consideró que esta entidad podría verse
afectada por la decisión que fuese adoptada por parte de la Sala Sexta de
Revisión en el trámite de revisión de la Corte Constitucional.
En respuesta
al auto de vinculación, esta administradora de pensiones solicitó que se
declarara la nulidad del trámite constitucional, pues consideró que no se
integró en debida forma el contradictorio, al omitir la vinculación de
COLPENSIONES, entidad que tenía interés en el asunto.
En Auto 287
de 2019[4],
proferido el 6 de junio de 2019, la Sala Sexta de Revisión comprobó la
configuración de la causal de nulidad invocada, pues advirtió que COLPENSIONES
no fue notificado del auto admisorio de la demanda, a pesar de que: (i) es una
de las administradoras de pensiones en las que el accionante realizó
cotizaciones; (ii) una de las pretensiones del recurso de amparo recae en el
reconocimiento de la pensión por aportes; y (iii) puede resultar afectada con
las decisiones emitidas en el trámite constitucional.
En atención a
dicha circunstancia, se declaró la nulidad de todas las actuaciones surtidas en
el proceso de tutela, a partir del auto admisorio, excepto de las pruebas
recaudadas. Asimismo, se precisó que tan pronto se rehiciera la actuación
correspondiente, el expediente debía ser remitido al despacho de la Magistrada sustanciadora
para adelantar el trámite de revisión.
El 3 de julio
de 2019, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia profirió
sentencia en la que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.
Dicha providencia fue objeto de impugnación por el accionante mediante escrito
del 30 de julio de 2019, la cual fue resuelta en sentencia del 17 de septiembre
de 2019, por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, que confirmó lo resuelto en primera instancia.
En
consecuencia, la Sala de Casación Penal remitió el expediente a la Corte Constitucional
en cumplimiento de lo dispuesto en el Auto 287 de 2019, el cual fue recibido en
el despacho de la Magistrada sustanciadora el 27 de septiembre de 2019,
para impartir el trámite correspondiente.
Así las cosas, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión
procede a dictar la sentencia correspondiente.
I.
ANTECEDENTES
El 15 de junio
de 2018, el señor Alirio Zárate Ariza interpuso acción de tutela[5]
contra la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Florencia, por considerar que esa autoridad judicial vulneró sus derechos
fundamentales a la seguridad social, a la vida digna, al mínimo vital, al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Sustentó la
presunta vulneración en el hecho de que el Municipio de Florencia suspendió el
pago de su mesada pensional por cuenta de la decisión que profirió el Tribunal
accionado, el cual revocó la decisión del juzgado de primera instancia
que le reconocía el pago de la pensión por aportes y negó las
pretensiones de la demanda ordinaria laboral interpuesta por el actor. Lo
anterior, al considerar que la jurisdicción ordinaria laboral no era la
competente para decidir sobre las pretensiones pensionales del accionante, ya
que éste no ostentaba la calidad de trabajador oficial sino de empleado público
y, por ende, la competencia correspondía a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
Con base en
esta decisión, el accionante inició varias actuaciones ante la administración
de justicia para obtener una respuesta final y definitiva respecto de su
derecho a la pensión por aportes que, hasta la fecha, seis años después de la
decisión del Tribunal, no ha sido posible.
A.
Hechos y pretensiones[6]
1.  El
accionante, actualmente de 70 años[7],
trabajó para el Municipio de Florencia, como obrero de vivienda desde el 12 de
febrero de 1976 hasta el 28 de enero de 1981[8]
y, posteriormente, fue ascendido al cargo de conductor dependiente de la
Secretaría de Obras Públicas Municipales de dicha entidad, en el que permaneció
en el periodo comprendido entre el 28 de enero de 1981 y el 30 de octubre de
1995[9].
Durante su vinculación, cotizó para pensión de vejez, inicialmente, en la Caja
de Previsión Municipal. Posteriormente, su empleador lo afilió al Instituto de
Seguros Sociales[10]
(en adelante, “ISS”), al cual aportó durante los dos últimos meses de la
relación laboral. Así las cosas, sus aportes a pensión en el marco de la
vinculación con el Municipio de Florencia se realizaron así[11]:
Caja o
administradora de pensiones
Periodo
Tiempo cotizado
Caja de Previsión Municipal
12 de febrero de 1976 al 31 de agosto
de 1995
19 años, 6 meses y 19 días
Instituto de Seguros Sociales
1º de septiembre de 1995 al 30 de
octubre de 1995
2 meses
De acuerdo con lo anterior, el actor laboró para el Municipio por
un periodo total de 19 años, 8 meses y 19 días. No obstante, el 31 de octubre
de 1995 fue retirado de la institución, al aducir la reestructuración
administrativa, mediante la cual se suprimió la dependencia y el cargo
desempeñado por el accionante[12].
Éste asegura que la desvinculación ocurrió cuando le faltaban 3 meses y 11 días
para cumplir 20 años de servicios continuos, y que la afiliación al ISS se hizo
con el fin de eludir la responsabilidad sobre el reconocimiento pensional.
Posterior a su desvinculación del municipio, realizó aportes como
independiente al ISS, de manera intermitente, en el periodo comprendido entre
marzo de 1999 hasta diciembre de 2015, las cuales correspondieron a 196,28
semanas[13].
El actor asegura que, con la suma de los tiempos cotizados a la Caja de
Previsión Municipal y al ISS, tiene un total de 22 años, 5 meses y 18 días
de aportes para pensión, correspondientes a 1155 semanas de cotización[14].
2.
Con base en lo anterior, el 2 de octubre de
2009, el accionante acudió ante la entidad municipal para solicitar el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez desde el 6 de octubre de 2009,
fecha en la que cumplió 60 años[15].
Dicha petición fue negada por el Municipio de Florencia mediante Resolución
0011 del 27 de octubre de 2009[16]
en la cual, aunque reconoció la existencia de la relación laboral, negó la
pretensión al afirmar que el ISS tenía la obligación de realizar el
reconocimiento y pago de la pensión del accionante. Fundamentó su decisión en
lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2709 de 1994, e indicó que el ISS
era la entidad encargada de pensionarlo, ya que la Caja de Previsión Municipal
de Florencia fue liquidada en 1995.
3.
Inconforme con esta decisión, el accionante
presentó demanda ordinaria laboral ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito
de Florencia, con el propósito de que se condenara al Municipio de Florencia a
reconocer su pensión por aportes[17].
Luego, en Sentencia del 29 de noviembre de 2010[18],
ese despacho judicial condenó al municipio al pago de la pensión por aportes
del accionante, más el retroactivo correspondiente desde la fecha en la que tenía
derecho de acceder a la prestación. El Juzgado encontró acreditado que el actor
prestó sus servicios de manera continua al municipio por un periodo de 19 años
y 8 meses, y que cotizó para pensión a la Caja de Previsión Social Municipal por
la mayoría de ese tiempo, posterior a lo cual fue afiliado al ISS.
Con respecto a lo anterior, dispuso que la afiliación del actor al
ISS por parte del municipio en los meses anteriores a la terminación de la
vinculación laboral, fue con el fin de eludir el reconocimiento y pago de su
pensión. Así, el Juzgado advirtió que en el momento de la terminación del
contrato laboral, al actor le faltaban 3 meses y 11 días para cumplir los
requisitos para acceder a la pensión, bien fuera en aplicación de la Convención
Colectiva de Trabajo Única Vigente[19]
que le reconocía la prestación al cumplir 20 años de servicios continuos,
cualquier edad y el 100% del último salario promedio devengado como mesada
pensional; o bien en aplicación del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, como beneficiario
del régimen de transición.
Por todo lo anterior, condenó al Municipio de Florencia a
reconocer y pagar al accionante la pensión a partir del 6 de octubre de 2009, y
a pagar las mesadas pensionales causadas entre esa fecha y el 31 de octubre de
2010.
4.
En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Florencia, la Alcaldía de esta ciudad emitió la
Resolución 0013 del 20 de enero de 2011[20],
en la que dispuso el reconocimiento y pago de la pensión del accionante, por un
valor de $2.493.000 pesos mensuales.
5.
La sentencia de primera instancia en el
proceso ordinario laboral fue controlada por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Florencia, a través del grado jurisdiccional de consulta[21].
Así las cosas, en Sentencia del 13 de marzo de 2013[22], el Tribunal
decidió revocar la providencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Florencia y denegar las pretensiones de la demanda.
En dicha decisión, determinó que el accionante no demostró su
calidad de trabajador oficial, dado que, en aplicación del artículo 292 del
Decreto Ley 1333 de 1986, los servidores municipales son empleados públicos, a
menos que realicen labores de construcción y sostenimiento de obras públicas,
caso en el cual serían trabajadores oficiales. Indicó que el accionante no demostró
que sus funciones correspondían de manera directa o indirecta a la construcción
y sostenimiento de obras públicas, por lo que no se le podía calificar como
trabajador oficial.
En consecuencia, el Tribunal estableció que “no
es competencia de la jurisdicción laboral conocer de la demanda impetrada por
el demandante”[23].
Además, concluyó que “se impone denegar [las pretensiones de la demanda],
debiendo absolver a la entidad demandada, al no estar demostrado el contrato de
trabajo, y por consiguiente su calidad de trabajador oficial”.[24]
6.
Por cuenta de la decisión del Tribunal, el
Municipio de Florencia suspendió el pago de las mesadas pensionales del
accionante a partir del mes de abril de 2013[25].
7.
Dada esta circunstancia, el accionante acudió
nuevamente al Municipio de Florencia a solicitar la pensión de vejez por
aportes, pero esta vez en calidad de empleado público. La entidad municipal
respondió desfavorablemente a su petición, por medio de la Resolución No.
0764 del 31 de octubre de 2014[26].
8.
Como consecuencia de lo anterior, el
accionante interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra el anterior acto administrativo, la cual fue admitida por el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Florencia[27]. En Auto del
7 de febrero de 2018[28],
el Juzgado estableció que el proceso adolecía de una nulidad insaneable por
falta de jurisdicción, al considerar que el demandante estuvo vinculado al
Municipio de Florencia en calidad de trabajador oficial. En consecuencia,
decretó la nulidad de lo actuado y remitió el expediente a la jurisdicción
ordinaria laboral, para su conocimiento.
9.
Ulteriormente, el expediente fue repartido al
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Florencia, que en Auto del 27 de
febrero de 2018[29],
consideró que el actor no ostentaba la calidad de trabajador oficial. Por lo
tanto, indicó que la competencia para conocer del asunto radicaba en cabeza de
la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, en consecuencia, provocó la
colisión negativa de jurisdicciones y remitió las diligencias a la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
10.  A
este respecto, el demandante alegó que el expediente ingresó al Despacho del
Magistrado Fidalgo Javier Estupiñán el 26 de abril de 2018, sin que se
hubiese realizado actuación alguna a la fecha en que se interpuso la acción de
tutela.
11.
Con base en estos hechos, el 15 de junio de
2018, el demandante presentó recurso de amparo en contra de la Sala Única
de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia y, como
vinculados, a los Juzgados Primero y Segundo Laborales del Circuito de
Florencia y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura. Argumentó que la violación de sus derechos fundamentales a la
seguridad social, a la vida digna, al mínimo vital, al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, se dio como consecuencia de la decisión
emitida por el Tribunal Superior de Florencia en sede jurisdiccional de
consulta en el trámite del proceso ordinario laboral, lo cual desencadenó una
serie de actuaciones fallidas ante la administración de justicia que no le permiten
acceder a su derecho pensional.
En
consecuencia, solicitó al juez de tutela que ordenara la protección de sus
derechos y, particularmente, requirió “[ordenar] al Magistrado Ponente Dr. Fidalgo
Javier Estupiñán Carvajal, Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura -
Sala Jurisdiccional Disciplinaria, que en 48 horas siguientes a la
notificación, proceda a suspender la resolución del conflicto negativo de
competencias radicado N° 110010102000-2018-00720-00, propuesto por el Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Florencia y devolver a éste el respectivo
expediente. // Ordenar al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Florencia,
que una vez recibido el expediente, proceda dentro de las 48 horas siguientes a
devolverlo a la Oficina de Coordinación Administrativa, para que esta entidad
le asigne competencia de conocimiento al Juzgado Segundo Laboral del Circuito
de Florencia. // Ordenar al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Florencia,
que una vez recibido el expediente y al tenerlo procesalmente resuelto, proceda
dentro de las 48 horas siguientes a remitirlo al Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Florencia, Caquetá. // Ordenar al Tribunal Superior de Florencia,
que una vez recibido el expediente y a partir del recibo de este, proceda en el
término perentorio de un mes a proferir sentencia en derecho, para evitar de
plano continuar la violación a los derechos fundamentales protegidos”[30].
Adicionalmente,
solicitó la reincorporación en la nómina de pensionados del Municipio de
Florencia y que, en consecuencia, se le continúe pagando la pensión de jubilación
por aportes ordenada inicialmente por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito
de Florencia. A su vez, requirió que la entidad accionada le reconozca y pague
las mesadas pensionales que fueron dejadas de pagar desde abril de 2013, pues
dicho ingreso económico corresponde a su mínimo vital, el cual considera se afectó
de manera intempestiva por la decisión del Tribunal.
12.  Con
posterioridad a la interposición de la tutela, la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acta No. 53
del 20 de junio de 2018[31],
determinó que la competencia para conocer de la demanda laboral del accionante corresponde
al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Florencia, pues el actor estuvo vinculado
al Municipio en calidad de trabajador oficial.
13.
El accionante, quien tiene actualmente 70 años[32],
manifiesta que sufre de diabetes mellitus insulinodependiente, enfermedad renal
hipertensiva con insuficiencia renal y cuadro depresivo leve[33], motivo
por el cual tiene prescritos medicamentos de uso crónico. Adicional a ello, de
manera reciente, se determinó que sufre de una infección pulmonar que
corresponde a un diagnóstico de tuberculosis[34].
Así, indica que su situación de salud ha sometido a su familia a gastos
adicionales para acudir a los controles médicos requeridos y para costear los
insumos y medicinas que le son prescritas[35],
situación que se empeoró al no poder acceder a su pensión, pues no tiene otro
medio de subsistencia.
B.
Actuaciones en sede de tutela
El Auto 287 de 2019, proferido
por la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, dispuso que la
nulidad decretada en dicha providencia no afectaría las pruebas recaudadas
durante el proceso, y que éstas podrían ser valoradas por los jueces
competentes. Por ello, la Sala considera conveniente, a efectos de contar con
todos los elementos fácticos y de prueba, relacionar de manera breve las
intervenciones de los vinculados al trámite inicial de la tutela. A
continuación se presenta el resumen de los escritos que fueron allegados como
respuesta al Auto del 27 de junio de 2018[36], proferido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, en el trámite inicial del recurso de amparo.
Respuesta del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Florencia[37]
El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Florencia manifestó que
se atenía a lo dispuesto en la sentencia que profirió en primera instancia en
el proceso ordinario laboral promovido por el accionante contra el Municipio de
Florencia. A su vez, envió copia del expediente de dicho trámite.
Respuesta
del Juzgado Primero Administrativo de Florencia[38]
El Juzgado
Primero Administrativo rindió informe de las actuaciones realizadas en el marco
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el actor en
contra del Municipio de Florencia. Igualmente, aportó copia del Auto del 7 de
febrero de 2018, en la que el Juzgado declaró su falta de competencia para
conocer de la controversia laboral referida.
Respuesta
del Municipio de Florencia[39]
El Municipio
de Florencia solicitó declarar la improcedencia del amparo invocado por el
accionante, en la medida en la que no se habían agotado los medios ordinarios y
extraordinarios que dispone el ordenamiento para dirimir la controversia
referida.
Respuesta de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura[40]
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura se pronunció sobre la acción de tutela. Sobre el particular, adjuntó
copia no firmada del acta mediante la cual esa Corporación dirimió el conflicto
de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Florencia y el Juzgado Primero Laboral del Circuito de esa misma
ciudad. En dicho acto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria adscribió la
competencia del asunto de la referencia al Juzgado Primero Laboral del Circuito
de Florencia, a quien remitió el expediente del proceso.
Decisiones declaradas nulas
por esta Corporación en el Auto 287 de 2019
Una vez agotada la etapa probatoria, la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia del 5 de septiembre de
2018[41],
declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, dentro de la acción de
tutela. Encontró que la solicitud de amparo estaba encaminada a que el
Consejo Superior de la Judicatura resolviera el conflicto negativo de jurisdicciones
promovido por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Florencia y el
Juzgado Primero Laboral del Circuito de la misma ciudad; el cual ya había sido
resuelto.
Mediante
correo electrónico recibido el 16 de octubre de 2018[42], el
accionante impugnó la decisión de primera instancia. En ese sentido, manifestó
su inconformidad con la decisión e insistió en que la vulneración de sus derechos
fundamentales aún permanecía, más aun por su delicado estado de salud. Así,
indicó que la decisión de reiniciar el proceso ordinario laboral era contrario
a sus derechos, pues se le somete nuevamente a las demoras injustificadas de la
administración de justicia, sin poder acceder a su derecho a la pensión.
La Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia del 27
de noviembre de 2018[43],
confirmó la sentencia de tutela de primera instancia proferida por la
Sala de Casación Laboral, al encontrar que se configuró carencia actual de
objeto por hecho superado.
Adecuación del trámite constitucional de instancia una vez
proferido el Auto 287 de 2019
En Auto del 12 de junio de 2019[44], la Sala
de Casación Laboral la Corte Suprema de Justicia admitió nuevamente la acción
de tutela, por lo que notificó y corrió traslado a: (i) COLPENSIONES, (ii) el
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Florencia, (iii) el Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de Florencia, (iv) el Juzgado Primero Administrativo de
Florencia, (v) la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura,
(vi) al Municipio de Florencia y (vii) al Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Florencia, Sala Única de Decisión, para que se pronunciaran sobre
el recurso de amparo.
A continuación,
se resumen brevemente las intervenciones de las entidades y personas vinculadas[45]:
La Alcaldía
Municipal de Florencia[46]
descorrió el traslado del auto admisorio. Así, solicitó a la Corte Suprema de
Justicia negar las pretensiones del recurso de amparo, por considerar que la
misma era temeraria, ya que en la Corte Constitucional cursaba un proceso de
tutela con identidad fáctica, jurídica y de las pretensiones, bajo el
expediente T-7.185.421. Aportó como pruebas las mismas que se recaudaron en el
trámite inicial de tutela en instancias y en sede de revisión.
El Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Florencia[47]
realizó un breve informe de las actuaciones surtidas en el proceso ordinario
laboral que culminó con la emisión de la sentencia del 29 de noviembre de 2010.
La Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura[48] respondió
a la acción de tutela, al indicar el trámite que se surtió en esa Corporación
para efectos de resolver el conflicto negativo de jurisdicciones que se
presentó entre los Juzgados Primero Laboral del Circuito de Florencia y Primero
Administrativo del Circuito de esa misma ciudad. Asimismo, se refirió a la
decisión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de asignar la competencia para
conocer del asunto al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Florencia, según
Acta No. 53 del 20 de junio de 2018.
COLPENSIONES radicó una intervención extemporánea, el 3 de julio de 2019,
fecha en la que se profirió la sentencia de primera instancia en el trámite de
tutela de la referencia.
C.
Decisiones objeto de revisión
Sentencia de primera instancia
La Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sentencia
del 3 de julio de 2019[49],
declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, dentro de la acción
interpuesta por el actor contra el Tribunal Superior de Florencia. Dicha Sala encontró
que la solicitud de amparo estaba encaminada a que el Consejo Superior de
la Judicatura resolviera el conflicto negativo de competencia promovido por el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Florencia y el Juzgado Primero
Laboral del Circuito de la misma ciudad; el cual ya había sido resuelto por esa
Corporación.
Impugnación
Mediante escrito
presentado el 30 de julio de 2019[50]
ante la Sala de Casación Laboral, el accionante impugnó la decisión de
primera instancia. Sostuvo que el fallo ignoraba que la vulneración de sus
derechos fundamentales aún permanece, principalmente de su derecho al mínimo
vital, en la medida en la que dejó de recibir el pago de su pensión por cuenta
de la controversia laboral a la que está sometido desde hace más de seis años. A
su vez, hizo énfasis en su grave estado de salud, pues debe tratar sus
diagnósticos de diabetes, hipertensión, deficiencia renal e infección pulmonar,
que le obliga “a un tratamiento diario ambulatorio sin recursos para [su]
movilidad”[51].
Sentencia
de segunda instancia
La Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia del 17 de septiembre
de 2019[52],
confirmó la sentencia de tutela de primera instancia proferida por la Sala de
Casación Laboral. Encontró que, por la naturaleza residual y subsidiaria del
amparo, no es plausible que este mecanismo sea utilizado como instrumento
paralelo a los procedimientos ordinarios. Asimismo, aunque la Sala reconoció
que “el accionante no está obligado a permanecer en un estado de indefensión
con respecto al proceso en el que reclama sus derechos laborales” y que “además
con el actuar de las autoridades accionadas se vio en la necesidad de
tolerar una demora para resolverse su litigio” (subrayas fuera del
texto original); consideró que ello no lo faculta para imponer al juez
ordinario el fallo del asunto en contravía del orden establecido.
D.
Actuaciones en sede de revisión
El expediente fue remitido a
esta Corporación mediante Oficio número 49485 del 7 de diciembre de 2018,
emitido por la Secretaría de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia[53].
La Sala de Selección Número Dos de la Corte Constitucional, en Auto del 26
de febrero de 2019, resolvió seleccionar para su revisión el asunto de la
referencia, con base en el criterio subjetivo de “urgencia de proteger un
derecho fundamental”[54].
Dentro del
trámite de revisión de la acción de tutela, la Magistrada sustanciadora,
mediante Auto del 11 de abril de 2019[55],
ofició: (i) al accionante; (ii) a COLPENSIONES; (iii) a la Alcaldía Municipal
de Florencia; (iv) al Juzgado Primero Administrativo de Florencia, y (v) a la
Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Todo lo anterior, con
el propósito de que respondieran las preguntas planteadas por la Corte y
remitiesen la información solicitada en ese proveído.
Posteriormente,
en Auto del 2 de mayo de 2019[56],
se requirió a la Alcaldía de Florencia para que certificara cuáles fueron las
funciones desempeñadas por el accionante cuando estuvo al servicio de la
entidad accionada, dado que ésta había omitido enviar esa información en la
respuesta enviada por correo electrónico.
En
contestación a los anteriores requerimientos, las personas oficiadas por la
Corte se manifestaron en el siguiente sentido:
Respuesta
del accionante[57]
Mediante
escrito allegado el 24 de abril de 2019, el accionante respondió a la Corte
Constitucional en los siguientes términos:
Refirió que su
estado de salud ha empeorado, pues adicional a su diagnóstico de diabetes,
hipertensión e insuficiencia renal, se determinó que sufre de una infección
pulmonar que corresponde a un diagnóstico de tuberculosis[58]. En ese
sentido, indicó que su situación de salud somete a su familia a gastos
adicionales para realizar los controles médicos requeridos, y para costear los
insumos y medicinas que le son prescritas. Adicionalmente, manifestó que esta
circunstancia le generó un cuadro depresivo.
De otra parte,
afirmó que vive junto con su esposa en la casa de su hijo, quien, a su vez,
tiene dos hijos. De hecho, declaró que no cuenta con ingreso alguno ni tiene
bienes a su nombre[59],
pues se encuentra en imposibilidad de desarrollar cualquier trabajo por su edad
y su condición de salud, lo cual lo llevó a vivir de la ayuda de sus hijos y de
conocidos que realizan colectas de dinero, para cubrir sus necesidades básicas.
Además, relató que solo uno de sus hijos tiene un trabajo estable, y cuenta con
ingresos con los cuales ayuda económicamente al accionante.
Finalmente,
reiteró las condiciones en las que estuvo vinculado al Municipio de Florencia a
través de contrato laboral, inicialmente como obrero adscrito a la Secretaría
de Obras Públicas y, posteriormente, como conductor mecánico adscrito a la
misma dependencia, en el que tenía como sede de trabajo el taller municipal,
donde se concentraba la maquinaria destinada a la construcción y mantenimiento
de obras públicas municipales.
Así las cosas,
indicó que la vulneración de sus derechos fundamentales no ha cesado desde que
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia lo calificó de manera
errónea como empleado público, negó sus pretensiones de la demanda, y retiró el
pago de la pensión por aportes que le había reconocido el Municipio.
Respuesta
del Municipio de Florencia[60]
Por medio de
oficio del 24 de abril de 2019, el Asesor de la Secretaría Administrativa del
Municipio respondió a la Corte así:
La entidad
aportó los contratos laborales mediante los cuales el accionante se vinculó al
Municipio, celebrados el 12 de febrero de 1976 y el 28 de enero de 1981.
Asimismo,
indicó que, de conformidad con la decisión de primera instancia, se concedió
inicialmente la pensión por aportes al actor, la cual fue posteriormente
revocada por decisión del Tribunal Superior de Florencia.
Finalmente,
añadió que el demandante cotizó para pensión a la Caja de Previsión Social
Municipal desde el inicio de la relación laboral hasta el 30 de agosto de 1995,
fecha en la que fue afiliado al ISS. Explicó que, en esta última entidad,
cotizó desde el 1º de septiembre de 1995 hasta el 30 de octubre de 1995. Para
fundamentar lo anterior, aportó los formularios CLEBP[61], contentivos
de la historia laboral del accionante.
En dichos
formatos, se observa que el actor trabajó para el Municipio de Florencia en el
cargo de “Albañil mampostero” desde el 12 de febrero de 1976 hasta el 30
de octubre de 1995 y que sus cotizaciones se hicieron a las siguientes
entidades durante la duración del vínculo laboral:
Caja o
administradora de pensiones
Periodo
Tiempo
cotizado
Caja de Previsión Municipal
12 de febrero de 1976 al 31 de agosto
de 1995
19 años, 6 meses y 19 días
Instituto de Seguros Sociales
1º de septiembre de 1995 al 30 de
octubre de 1995
2 meses
Respuesta
de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura[62]
La Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura allegó a la
Corte el Acta No. 53 del 20 de junio de 2018, mediante la cual dirimió el
conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, en cabeza del Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Florencia, y la jurisdicción ordinaria, en cabeza del Juzgado
Primero Laboral de la misma ciudad.
Así las cosas,
el Consejo Superior dirimió el conflicto con base en el numeral 4 del artículo
105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, según el cual “[los] conflictos de carácter laboral surgidos
entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales” no son asuntos
de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En vista
de lo anterior, adscribió la competencia del asunto al Juzgado Primero Laboral
del Circuito de Florencia, a quien remitió el expediente del proceso.
Respuesta
de COLPENSIONES[63]
A través de
escrito del 30 de abril de 2019, la Directora de Asuntos Constitucionales de
COLPENSIONES presentó su respuesta a las cuestiones planteadas por la Corte.
En el escrito,
la administradora de pensiones indicó que el actor se encuentra afiliado al
régimen de prima media con prestación definida desde el 1º de septiembre de
1995 y que el estado de su afiliación es inactivo. A su vez, aportó la historia
laboral, en la que, a la fecha del requerimiento, el actor registra un total de
204,86 semanas cotizadas.
Respuesta del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Florencia
Por medio de correo del 29 de abril de 2019, el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Florencia informó acerca del
traslado de la solicitud de envío del expediente del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que se surtió ante ese despacho judicial, en el
marco de la demanda presentada por el accionante en contra del Municipio de
Florencia. Así las cosas, indicó que trasladaría el requerimiento al Juzgado
Primero Laboral del Circuito Florencia, por cuanto el expediente 2015-00479 se
encuentra en ese despacho.
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Florencia
Por medio
de oficio del 30 de abril de 2019[64],
el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Florencia remitió en calidad de
préstamo el original del expediente contentivo del proceso ordinario
laboral de primera instancia de Alirio Zárate Ariza contra el Municipio de
Florencia, expediente 2015-00479. Éste fue posteriormente devuelto por la Sala
Sexta de Revisión, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal quinto de la
parte resolutiva del Auto 287 de 2019.
Escrito del accionante del 30
de septiembre de 2019[65]
Por último, el 30 de septiembre
de 2019, durante el trámite de la revisión en esta Corporación, el accionante
envió un escrito al correo electrónico del despacho de la Magistrada
Sustanciadora. En este documento, el actor manifestó su rechazo a las
decisiones irregulares de las Salas Laboral y Penal de la Corte Suprema de
Justicia en la acción de tutela de la referencia, en las que se declaró la
carencia actual de objeto por hecho superado. Sobre este punto, el actor
consideró que no se cumplió con lo dispuesto en el Auto 287 de 2019 proferido
por la Sala Sexta de Revisión, en el cual se decretó la nulidad del trámite
constitucional del expediente de la referencia y se ordenó remitir nuevamente
el expediente al despacho de la Magistrada Sustanciadora, para retomar el
trámite de revisión de la tutela.
Lo anterior, pues según él, la
Corte Suprema de Justicia desacató esta orden. En ese sentido, solicitó a la
Sala Sexta de Revisión de Tutelas que retome la revisión del asunto y no
someta a selección los fallos de tutela desconocedores de su derecho pensional.
La nulidad
procesal decretada por la Corte Constitucional en sede de revisión
Como ya fue mencionado en el acápite introductorio de esta
providencia, la Magistrada sustanciadora vinculó a COLPENSIONES al
trámite de revisión[66],
para que esta entidad tuviese la oportunidad de expresar lo que estimara
conveniente sobre los hechos que sustentaban la solicitud de amparo. En
respuesta a dicho auto de vinculación, esa administradora de pensiones solicitó
que se declarara la nulidad del trámite constitucional, pues consideró que no
se integró en debida forma el contradictorio.
Posteriormente,
en Auto 287 de 2019[67],
proferido el 6 de junio de 2019, la Sala Sexta de Revisión comprobó la
configuración de la causal de nulidad invocada, pues advirtió que COLPENSIONES
no fue notificado del auto admisorio de la demanda, a pesar de que: (i) es una
de las administradoras de pensiones en las que el accionante realizó
cotizaciones; (ii) una de las pretensiones del recurso de amparo recae en el
reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes; y (iii) puede resultar
afectada con las decisiones emitidas en el trámite constitucional.
En atención a
dicha circunstancia, se declaró la nulidad de todas las actuaciones surtidas en
el proceso de tutela de la referencia a partir del auto admisorio, con
excepción de las pruebas recaudadas.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
1.
Con fundamento en las facultades conferidas
por los artículos 86 y 241 -numeral 9°- de la Constitución y los artículos 31 a
36 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos en el
proceso de la referencia.
Asunto
objeto de análisis y problemas jurídicos a resolver
2.  En
el caso objeto de estudio, el demandante interpuso acción de tutela contra la
Sala Única de Revisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia
y, como vinculados, a los Juzgados Primero y Segundo Laborales del Circuito de
Florencia y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura. Lo anterior, por considerar transgredidos sus derechos
fundamentales a la seguridad social, a la vida digna, al mínimo vital, al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
En criterio del actor, dicha vulneración se deriva de la sentencia
proferida por este Tribunal el 13 de marzo de 2013, en la que (i) revocó la
sentencia de primera instancia que le concedía la pensión por aportes y (ii)
negó las pretensiones de la demanda, bajo el argumento de que la jurisdicción
ordinaria laboral no era competente para conocer de la controversia. Por virtud
de esa decisión, el accionante vio suspendido el pago de las mesadas
pensionales que recibía y tuvo que iniciar nuevamente el proceso administrativo
para el reconocimiento de esta prestación. Desde entonces, el actor ha iniciado
múltiples y sucesivas actuaciones ante la administración de justicia para
la obtención de su derecho pensional, sin tener una respuesta definitiva.
En particular,
el demandante señaló que, habida cuenta de que laboró en calidad de trabajador
oficial al servicio del Municipio de Florencia por un periodo total de 19 años,
8 meses y 19 días, y que pudo realizar aportes como independiente al ISS por 196,28 semanas; él cumplió los requisitos necesarios para que se le reconociese la pensión por aportes cuyo pago le fue
suspendido por la decisión del Tribunal, y respecto de la cual ha exigido su
reconocimiento por las vías judiciales durante más de cinco años, sin que en
este tiempo se hubiese conocido el fondo de la controversia, pues solamente se
asignó la competencia definitiva para conocer el asunto el 20 de junio de 2018.
En relación
con lo anterior, si bien es cierto que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura dirimió el conflicto negativo de
jurisdicciones y asignó el conocimiento del asunto a la jurisdicción ordinaria
laboral, la Corte Constitucional no puede ignorar el hecho de que el accionante
radicó por primera vez la demanda para la obtención de su pensión el 5 de
febrero de 2010[68],
fecha desde la cual no ha obtenido una respuesta definitiva sobre su situación
pensional por parte de la administración de justicia.
Por demás, hasta
la fecha de registro de esta sentencia, no ha finalizado el trámite de la
demanda ordinaria laboral iniciada por el actor, y que fue recientemente asignada
para inicio del proceso al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Florencia, por
lo que es preciso establecer que, aún transcurridos seis años desde la decisión
del Tribunal, el accionante continúa a la espera de que se resuelva sobre su
derecho a la pensión, pues sólo hasta el 20 de junio de 2018 se asignó a la
justicia ordinaria la competencia para conocer de la demanda laboral instaurada
por el actor, cuyo proceso está en etapa inicial. Esta circunstancia tiene un
impacto negativo en su situación socioeconómica, pues la Sala pudo confirmar
que el accionante se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social
en Salud en el régimen subsidiado, al cual está registrado como cabeza de
familia,[69]
y que no tiene ingresos, ni bienes a su nombre.
3.
Al estudiar el caso, los jueces de tutela de
instancia declararon la carencia actual de objeto por hecho superado, pues
consideraron que la circunstancia vulneradora de los derechos del accionante
había cesado en el momento en que se profirió la decisión de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que dirimió
el conflicto negativo de jurisdicciones antes referido. Asimismo, la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que conoció en segunda
instancia el amparo, determinó que, a pesar de ser sometido a las demoras de la
administración de justicia, el accionante debe esperar a que la jurisdicción
laboral resuelva sobre la procedencia de su derecho pensional, pues eso le
corresponde como juez competente.
4.
Ahora, contrario a lo dispuesto por la Salas
Laboral y Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Sexta de Revisión de
la Corte Constitucional considera que no se puede dejar de un lado que, durante
un periodo de cinco años continuos, el señor Alirio Zárate inició múltiples
actuaciones ante diferentes autoridades para obtener el reconocimiento de la
pensión por aportes a la que considera que tiene derecho, sin obtener una
respuesta definitiva y, de otro, que por debates de competencia jurisdiccional,
el proceso laboral ordinario apenas comienza
Esta circunstancia exige a la Sala reconsiderar el enfoque que fue
planteado por los jueces de tutela de instancia, con respecto a las posibles
causas de la vulneración de los derechos invocados por el accionante. Así, si
bien el actor, a través del recurso de amparo, pretende que se asigne la
competencia de su demanda laboral a un determinado juzgado, lo cierto es que se
trata de la única manera de conseguir una respuesta rápida y efectiva de la justicia
en lo concerniente a su derecho pensional, con el fin de obtener su sustento
económico y mejorar sus condiciones de vida.
En ese sentido, la Sala Sexta de Revisión considera que sí es
relevante, desde el punto de vista constitucional, la manera en la que el
accionante se relaciona con el sistema judicial y el hecho de que no obtuvo una
respuesta efectiva por parte de la administración de justicia, cuyo propósito
debería ser el de lograr la materialización de derechos y la protección de
garantías constitucionales. Más aún, si se tienen en cuenta las circunstancias
socioeconómicas de vulnerabilidad y precarias condiciones de salud en las que
se encuentra el actor, las demoras de la administración de justicia pueden
generar un mayor daño sobre sus derechos al mínimo vital, la seguridad social y
la vida en condiciones dignas.
5.
En virtud de lo anterior, la Sala hará uso de
sus facultades como juez constitucional de fallar extra petita y, así, entrará
a establecer si, en primera medida, procede el recurso de amparo interpuesto
por el actor para el reconocimiento de derechos pensionales, particularmente en
lo que respecta a la subsidiariedad de este mecanismo en el caso particular.
En caso de que
proceda la acción de tutela, la Sala deberá resolver el siguiente interrogante:
¿Existe una vulneración de los derechos fundamentales a la seguridad social, al
mínimo vital y de acceso a la administración de justicia, en cabeza del señor
Alirio Zárate Ariza, por cuenta de la demora de las autoridades judiciales en dar
una solución de fondo respecto del reconocimiento de su derecho a la pensión
por aportes?
Para resolver
el problema jurídico, la Sala analizará los siguientes asuntos: (i) el alcance del
derecho de acceso efectivo a la administración de justicia; (ii) la reiteración de jurisprudencia sobre el derecho a la seguridad
social en materia pensional; (iii)
el derecho al mínimo vital y su importancia en el caso de las personas
pensionadas; (iv) el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993; (v) los requisitos para el reconocimiento de la pensión por aportes; (vi) el reconocimiento del retroactivo
pensional por vía de tutela y, finalmente, (vii) se analizará el caso concreto.
Procedencia
de la acción de tutela
Legitimación
en la causa por activa y por pasiva
6.
El artículo 86 de la Constitución establece
que toda persona tendrá derecho a interponer la acción de tutela para reclamar
ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
las autoridades públicas o de particulares, en los casos determinados por la
ley.
A su vez, el
artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que el recurso de amparo podrá
ser ejercido por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien podrá actuar (i) a nombre propio; (ii) a través de un
representante legal; (iii) por medio de apoderado judicial, o (iv) mediante un
agente oficioso.
En el caso objeto
de revisión, se puede observar que el titular de los derechos, esto es, el
señor Alirio Zárate Ariza, actúa a nombre propio en el trámite constitucional[70]. Entonces,
la Sala encuentra que el accionante está legitimado para ejercer el recurso de
amparo, por cuanto es el titular de los derechos fundamentales cuya protección
se solicita en la tutela.
7.  Por
su parte, la legitimación pasiva se refiere a la aptitud legal que tiene la
persona contra la que se dirige la acción y quien está llamada a responder por
la vulneración o amenaza del derecho fundamental, cuando ésta resulte
demostrada. Según los artículos 86 de la Constitución Política y 5° del Decreto
2591 de 1991, el recurso de amparo procede “contra toda acción
u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar
cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley”[71].
8.
En este orden de ideas, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Florencia, como entidad accionada en la presente tutela, está
legitimado como parte pasiva en el trámite constitucional, pues se le imputa,
en su condición de autoridad judicial, la presunta vulneración de los derechos
fundamentales cuyo amparo se demanda.
Asimismo,
respecto de las autoridades judiciales que participaron en el trámite de (i) la
demanda ordinaria laboral, adelantada inicialmente por el Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de Florencia y, actualmente, por el Juzgado Primero
Laboral del Circuito de la misma ciudad; (ii) el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que se inició ante el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Florencia, y (iii) el conflicto negativo de
jurisdicciones adelantado ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, como partes vinculadas al trámite del recurso de amparo,
se encuentran legitimadas por pasiva. Esto se debe a que dichos despachos
judiciales hicieron parte de los procedimientos antes mencionados, respecto de
los cuales el actor reclama una vulneración del derecho de acceso efectivo a la
administración de justicia.
En cuanto a las otras entidades vinculadas, tanto COLPENSIONES[72] como el Municipio de Florencia son
entidades públicas que, en este caso particular, podrían estar llamadas a
responder por la prestación pensional pretendida por el accionante, en la
medida en la que éste realizó aportes a estas dos instituciones durante su
historia laboral.
9.  De acuerdo con lo anterior, se tiene que las entidades
vinculadas al proceso de tutela están legitimadas por pasiva en el caso
concreto.
Inmediatez
10.  En
virtud del artículo 86 de la Constitución Política, esta Corporación ha
sostenido en reiterada jurisprudencia que la acción de tutela se puede interponer
“en todo momento y lugar” y, por ende, no tiene término de caducidad[73]. No
obstante lo anterior, si bien no existe un término de caducidad, de su
naturaleza como mecanismo para la “protección inmediata”[74] de los
derechos fundamentales, se puede establecer que su finalidad es la de dar una
solución de carácter urgente a las situaciones que tengan la potencialidad de
generar una vulneración o amenaza a derechos fundamentales.
Así, esta Corporación establece que, para que se entienda cumplido
el requisito de inmediatez en la interposición de una acción de tutela, el juez
constitucional deberá entrar a analizar las circunstancias del caso para
determinar si existe un plazo razonable entre el momento en el que se interpuso
el recurso y el momento en el que se generó el hecho u omisión que vulnera los
derechos fundamentales del accionante[75].
Sobre este particular, si bien la Corte no ha fijado un plazo
determinado que se considere razonable para la interposición de la tutela, sí
ha establecido en su jurisprudencia ciertos elementos que pueden colaborar en
el ejercicio del juez de tutela para fijar la razonabilidad del término en el
que fue propuesta la acción[76],
tales como (i) la existencia de razones válidas para la inactividad, en caso
que la hubiere; (ii) la permanencia del daño causado a los derechos
fundamentales y (iii) que la carga de interposición de la tutela en un plazo
razonable resulte desproporcionada, dada la situación de debilidad manifiesta
del accionante.
11.  En
relación con el caso bajo estudio, esta Corporación considera que, si bien en
principio la acción de tutela se dirige contra la decisión del Tribunal
Superior de Florencia proferida en el año 2013, lo cierto es que la posible
vulneración de los derechos fundamentales del actor no se deriva únicamente de
la decisión en cuestión. De hecho, la Corte entiende que, en este caso, no se
pueden ignorar las circunstancias particulares que demuestran que la violación
de las garantías constitucionales se concreta en distintos momentos posteriores
al fallo del Tribunal.
De hecho, con posterioridad al fallo del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Florencia, el actor procedió a tramitar el
reconocimiento de su pensión bajo el entendido de que él era empleado público,
siguiendo el criterio establecido por ese Tribunal en la sentencia que le negó
el acceso a la pensión. No obstante, el Municipio denegó la prestación en
calidad de empleado público, por lo que el actor acudió a la jurisdicción contencioso-administrativa
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
para demandar dicha resolución que le negaba nuevamente su pensión. Sin
embargo, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Florencia declaró su
falta de competencia para decidir sobre el asunto y remitió las actuaciones a
la jurisdicción laboral.
Fue entonces que el actor confió en que obtendría
una decisión de fondo de parte del Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Florencia, no obstante lo cual dicho despacho judicial declaró su falta de
competencia para conocer del asunto en Auto del 27 de febrero de 2018[77]. Luego, tras
provocar la colisión negativa de jurisdicciones, dicho juzgado remitió las
diligencias a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura para que dirimiera el conflicto planteado y se retuvo nuevamente la
posibilidad del accionante de obtener justicia material pues, a la fecha en que
el actor interpuso la tutela, aún no se había resuelto el conflicto
jurisdiccional.
Lo anterior demuestra grave demora por parte del
sistema judicial para determinar cuál era el juez competente en la demanda del
accionante, lo cual tuvo como resultado la postergación injustificada del
reconocimiento de su derecho pensional y la afectación de su derecho al mínimo
vital. Por demás, la Sala encuentra que la vulneración al derecho de acceso a
la administración de justicia del accionante se concreta en el momento en el
que se provoca el conflicto negativo de jurisdicciones por parte del Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Florencia, pues es en ese momento en que se
retrasa nuevamente la posibilidad del accionante de obtener una respuesta de
fondo frente a su situación, la cual, a la fecha, no ha ocurrido.
12.
Así las cosas, la Sala considera que desde (i)
la fecha en la que se produjo la decisión del Juzgado Primero Laboral del
Circuito de Florencia, momento en que se negó nuevamente la posibilidad al
actor de obtener una respuesta de fondo a su situación pensional, y (ii) la
fecha en que el actor interpuso la acción de tutela, el 15 de junio de 2018,
transcurrieron aproximadamente menos de cuatro meses. A partir de lo anterior, para la Corte resulta razonable el tiempo
transcurrido entre la última actuación fallida intentada por el actor ante la
justicia y la presentación de la acción de tutela, por lo que concluye que ésta
cumple con el requisito de inmediatez.
Subsidiariedad
13.  A
partir del artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela fue consagrada
como un mecanismo judicial subsidiario y residual[78], que
procede “cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”.
El carácter
subsidiario hace parte de la naturaleza de la tutela, pues la misma “procede
de manera excepcional para el amparo de los derechos fundamentales vulnerados,
por cuanto se parte del supuesto de que en un Estado Social de Derecho existen
mecanismos judiciales ordinarios para asegurar su protección”[79]. Lo
anterior encuentra sentido en el hecho de que este mecanismo constitucional no
fue diseñado para suplir los procesos ordinarios[80], a los
cuales deben acudir los ciudadanos para dar solución a sus controversias.
A partir de lo
anterior, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece de manera clara que
una de las causales de improcedencia de la acción de tutela ocurre “[cuando]
existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el
solicitante.” (Resaltado fuera del texto original)
En este
sentido, el juez constitucional deberá analizar las circunstancias específicas
del caso objeto de análisis para determinar si los medios o recursos de defensa
judicial existentes son idóneos para solucionar la situación del accionante.
14.  No obstante lo anterior, y de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 6 ibídem, en los casos
en que aun así existan medios principales de defensa judicial, la
jurisprudencia de esta Corporación reconoce dos excepciones a la improcedencia
del recurso de amparo por subsidiariedad. Estas salvedades tienen sus
respectivas implicaciones sobre la manera en la que se concede el amparo
constitucional, en caso de encontrarlo viable:
“i) Si bien, en abstracto, existe otro medio de defensa judicial y el
accionante cuenta con él para la defensa de sus derechos, desde la perspectiva
de la relación entre el mecanismo y el fin constitucional perseguido por el
actor, aquel no tiene la virtualidad de conjurar un perjuicio irremediable.
De tal forma, la acción de tutela procede como mecanismo transitorio,
mientras el interesado acude a la vía ordinaria para discernir el caso o esta
resuelve definitivamente el asunto y, momentáneamente resguarda sus intereses.
ii) Si bien existe otro medio de defensa judicial, éste no es eficaz
para proteger los derechos fundamentales invocados, caso en el cual la tutela
procede de manera definitiva. El análisis sobre la eficacia del medio
ordinario se encuentra determinada por el contraste entre éste y las
condiciones particulares del accionante.”[81] (Resaltado fuera
del texto original)
A
partir de lo anterior, la Corte sostiene que la acción de tutela procederá, así
existan medios ordinarios de defensa judicial que se encuentren disponibles,
cuando (i) los mecanismos ordinarios no tienen la virtualidad de conjurar el
perjuicio irremediable en el caso del accionante, para lo cual el amparo
procederá de manera transitoria y (ii) los medios de defensa judicial que
existen son ineficaces, es decir, que no tienen la capacidad de proteger de
forma efectiva e integral los derechos de la persona[82], para lo cual procederá el amparo de manera
definitiva[83]. Además, (iii) cuando la acción de tutela es promovida por personas
que requieren especial protección constitucional -como los niños,
mujeres cabeza de familia, personas de la tercera edad, población LGBTI,
personas en situación de discapacidad, entre otros-, el examen de procedencia
de la acción de tutela se hace menos estricto, a través de criterios de
análisis más amplios, pero no menos rigurosos[84].
15.  Ahora bien, por tratarse
de un mecanismo judicial residual y subsidiario, el recurso de amparo no
procede para reclamar derechos prestacionales o económicos. En ese sentido, en
principio, la acción de tutela no es el mecanismo apropiado para reclamar el
reconocimiento de la pensión por aportes, pues correspondería a la justicia
ordinaria laboral conocer este tipo de controversias, por cuanto recae sobre
prestaciones económicas que, prima facie, no corresponden al juez
constitucional.
16.  Sin embargo, la
Corte considera que la acción de tutela sí procede para reconocer derechos de
carácter prestacional de la seguridad social, si se presentan circunstancias
especiales que permitan establecer la necesidad de intervención por parte del
juez de tutela. En este sentido, esta Corporación estableció reglas jurisprudenciales
para estudiar este tipo de pretensiones por vía del amparo, que sintetizó de la
siguiente manera: “a. Que se trate de sujetos de especial protección
constitucional. b. Que la falta de pago de la prestación o su disminución,
genere un alto grado de afectación de los derechos fundamentales, en
particular del derecho al mínimo vital. c. Que el accionante haya
desplegado cierta actividad administrativa y judicial con el objetivo de que le
sea reconocida la prestación reclamada. d. Que se acredite siquiera
sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial ordinario es
ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales
presuntamente afectados”[85]. (Negrillas fuera del texto
original)
17.
A partir de las anteriores reglas jurisprudenciales,
esta Sala procederá a realizar la valoración de las circunstancias particulares
del presente caso, a efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos
para la procedencia de la acción constitucional de cara al principio de
subsidiariedad:
i)
En primer lugar, debe destacarse que,
en el caso objeto de revisión, se pretende la protección de los derechos
fundamentales de un sujeto de especial protección constitucional. En efecto, se
tiene que el accionante es un adulto mayor que
padece de diabetes mellitus insulinodependiente, enfermedad renal
hipertensiva con insuficiencia renal, cuadro depresivo leve[86] e
infección pulmonar, que corresponde a un diagnóstico de tuberculosis[87]. Además, la Sala evidenció que se encuentra en una
situación económica precaria[88],
pues no percibe ingreso alguno para su sostenimiento circunstancia que, aunada a todo lo anterior, lo ubica en una situación de
vulnerabilidad que debe ser reconocida por el juez constitucional.
ii)   En segundo lugar, debe advertirse que, prima facie,
se evidencia una posible afectación al mínimo vital del accionante, que se
presenta por la ausencia de reconocimiento de la pensión por aportes. La Sala
pudo observar, a partir de las pruebas obrantes en el expediente, que el
accionante no tiene una fuente de ingreso estable y que, en este entendido, el
retraso en obtener respuesta sobre su derecho pensional lo afecta directamente
en sus derechos fundamentales. De hecho, el actor manifestó que habita junto a
su esposa en la casa de su hijo, y que vive de la ayuda de sus hijos y de
conocidos que realizan colectas de dinero[89],
para cubrir sus necesidades básicas y los gastos para tratar sus enfermedades.
iii)
En tercer lugar, encuentra la Sala que
el accionante llevó a cabo todas las actuaciones administrativas ante el
Municipio de Florencia para el reconocimiento de su pensión por aportes. A su
vez, ante la suspensión del pago de la prestación por cuenta de la decisión del
Tribunal Superior del Distrito de Florencia, el actor puso en marcha todos los
mecanismos judiciales a su alcance, los cuales, hasta la fecha, no han generado
una respuesta definitiva acerca de su situación.
De hecho, a partir de las pruebas documentales aportadas en el
proceso, desde el año 2013 el actor presentó diferentes y sucesivas acciones
judiciales con el fin de lograr el reconocimiento y pago de la pensión por
aportes a la que considera tiene derecho, en virtud de su vinculación laboral
con el Municipio de Florencia. No obstante, a la fecha, el accionante no ha
tenido solución respecto de su situación pensional, pues se encuentra en curso la
etapa inicial del trámite ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Florencia, tras haberle sido asignada la competencia por parte de la Sala
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en junio del 2018.
Esto demuestra que el actor no sólo ha gestionado el
reconocimiento de su pensión ante su antiguo empleador, sino que desplegó las
acciones jurisdiccionales ordinarias pertinentes para obtener la acreencia pensional
solicitada, sin obtener respuestas eficaces y definitivas.
iv)
En cuarto lugar, se advierte que en el
caso concreto, la acción de tutela resulta ser el mecanismo más eficaz para
lograr la protección de las garantías constitucionales del demandante. Como se
demostró ampliamente en el expediente y en las pruebas recaudadas en sede de
revisión, los dos procesos judiciales que se adelantaron ante la justicia
ordinaria laboral y la contencioso-administrativa, no resultaron ser idóneos ni
eficaces para la protección urgente e inmediata de los derechos fundamentales
del accionante en este caso particular.
Desde la decisión proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Florencia en 2013, el sistema judicial tardó más de cinco años en
definir el juez competente para decidir sobre su demanda laboral y, en ese
entendido, en pronunciarse de manera definitiva sobre su situación pensional,
lo que contraria lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 270 de 1996, que
determina que la justicia debe “ser pronta, cumplida y eficaz en la solución
de fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento”.
18.
En conclusión, la Sala acreditó el
cumplimiento de los presupuestos de procedencia de la acción de tutela, para estudiar
la posible vulneración de los derechos fundamentales del actor. En efecto, la
Sala logró establecer que el accionante se encuentra en un nivel de
vulnerabilidad crítico, que justifica la inmediata intervención del juez
constitucional. Por lo anterior, a continuación la Sala procede a analizar si
la acción procede como mecanismo definitivo.
Procedencia de la acción como mecanismo definitivo
19.  Como
se determinó en el acápite anterior, la procedencia del amparo como mecanismo
definitivo depende de la idoneidad y la eficacia de los mecanismos ordinarios
de defensa existentes en el ordenamiento jurídico, pues su existencia no
implica, per se, que dichos instrumentos cumplan con estas
características[90].
El artículo 6º
del Decreto 2591 de 1991 dispone que, para efectos de determinar la existencia
otros recursos o medios judiciales, la misma deberá ser “apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo a las circunstancias en las que
se encuentra el solicitante”. Esta perspectiva fue recogida por la Sala
Plena de la Corte Constitucional en Sentencia SU-355 de 2015[91],
en la que se dispuso que:
“La obligación de la apreciación en concreto implica que la
conclusión acerca de la presencia de un medio judicial demanda un juicio
compuesto por un examen de aptitud abstracta e idoneidad concreta del medio.
En esa dirección, desde sus primeras decisiones esta Corporación
destacó ‘que el otro medio de defensa judicial a que alude el artículo 86 debe
poseer necesariamente, cuando menos, la misma eficacia en materia de
protección inmediata de derechos constitucionales fundamentales que, por su
naturaleza, tiene la acción de tutela (…)’[92]
dado que, de lo contrario ‘se estaría haciendo simplemente una burda y mecánica
exégesis de la norma, en abierta contradicción con los principios vigentes en
materia de efectividad de los derechos y con desconocimiento absoluto del
querer expreso del Constituyente.’[93]
Así las cosas, concluyó este Tribunal ‘que "el otro medio de defensa
judicial" a disposición de la persona que reclama ante los jueces la
protección de sus derechos fundamentales ha de tener una efectividad igual o
superior a la de la acción de tutela para lograr efectiva y concretamente que la
protección sea inmediata’[94].
La idoneidad del medio judicial puede determinarse, según la Corte lo ha
indicado, examinando el objeto de la opción judicial alternativa y el resultado
previsible de acudir a ese otro medio de defensa judicial”[95]. (Subrayas fuera del texto
original)
En ese
sentido, la aptitud del medio judicial principal debe analizarse en cada caso
particular, y se debe tener en cuenta (i) el objeto de la opción judicial
alternativa y (ii) el resultado previsible de acudir a otro medio de defensa
judicial distinto a la acción de tutela[96].
Por ello, y a partir de los dos aspectos señalados anteriormente, el juez
constitucional deberá evaluar la capacidad del mecanismo principal de proteger
de forma efectiva e integral los derechos de la persona[97]. Especialmente, el juez podría percatarse de que la acción
ordinaria no permite resolver la cuestión en una dimensión constitucional o no
permite adoptar las medidas necesarias para la protección inmediata de los
derechos fundamentales afectados[98].
20.
De manera particular, en lo relativo a la idoneidad de los medios
de defensa judicial cuando se está demandando el reconocimiento de un derecho
de carácter prestacional de la seguridad social, la Corte ha determinado que
este análisis cobra especial relevancia pues “las
prestaciones económicas como la pensión guardan estrecha relación con el
derecho al mínimo vital, pues se trata de un ingreso que está dirigido a cubrir
riesgos (i.e. vejez, muerte e invalidez) que disminuyen, e incluso en ciertos
casos, impiden, al ciudadano la posibilidad de procurarse por su propios medios
los recursos necesarios para su congrua subsistencia”[99].
En esa misma línea, la Sala
Quinta de Revisión de Tutelas, en Sentencia T-065 de 2016[100],
dispuso que “la medida de amparo será definitiva
cuando el mecanismo judicial no resulte eficaz e idóneo para la protección de
los derechos que se pretenden garantizar. Por ejemplo, cuando la persona que
intenta la acción de tutela se enfrenta a un estado de indefensión o a
circunstancias de debilidad manifiesta”[101].
Por
lo tanto, el juez de tutela debe valorar cuáles son las circunstancias
personales del accionante para determinar si las herramientas judiciales
ordinarias son idóneas y efectivas para reclamar por vía del amparo
constitucional el derecho a prestaciones pensionales, puesto que pueden verse
afectadas garantías superiores[102].
21.
En este caso, como ya fue mencionado en el
acápite anterior, el accionante i) es una persona de 70 años; ii) sufre de
diabetes mellitus insulinodependiente, enfermedad renal hipertensiva con
insuficiencia renal, tuberculosis y un cuadro depresivo leve; iii) es cabeza de
familia; iv) debido a sus condiciones de salud no está en capacidad de
trabajar; v) está afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud en el régimen
subsidiado; vi) transcurrieron más de cinco años desde la suspensión de los
pagos de la pensión por aportes y la interposición de la tutela; y vii) agotó
todos los medios administrativos y judiciales que han estado en sus manos para
lograr el reconocimiento de la prestación social, sin que haya obtenido
respuesta definitiva al respecto. Además, dicho agotamiento se hizo en el marco
de una acción inoportuna y dilatoria por parte de la administración de
justicia, lo que incide necesariamente en la conclusión sobre la ausencia de
idoneidad de los mecanismos judiciales ordinarios para el caso analizado.
Adicional a las
anteriores circunstancias que ubican al accionante como un sujeto de especial
protección constitucional, la Sala considera que la vía ordinaria no permite
abordar el caso desde una dimensión constitucional. Lo anterior, en la medida
en la que no sería posible verificar la eventual afectación del derecho de
acceso efectivo a la administración de justicia o del derecho al mínimo vital
del actor, pues el proceso ordinario laboral recaería únicamente sobre el
derecho a la prestación pensional objeto de la controversia, sin consideración
alguna respecto a sus garantías fundamentales.
Por lo tanto,
la Corte advierte que el accionante es un sujeto que se encuentra en estado de
indefensión y merece especial protección constitucional, habida cuenta de su
situación económica, por su estado de salud y por el tiempo que se ha tardado la
administración de justicia en resolver de manera definitiva su situación
pensional. Todas estas circunstancias, en conjunto, le restan idoneidad y
eficacia al mecanismo judicial ordinario para la protección de sus derechos
fundamentales, pues este no permite abordar el caso desde una perspectiva
constitucional. Por ello, se reconoce que exigirle al actor que continúe con el
proceso ante la jurisdicción ordinaria laboral sería desproporcionado y lo
llevaría a una situación más gravosa de la que actualmente padece, de manera
que en este caso la acción de tutela es procedente como mecanismo definitivo.
Derecho
de acceso a la justicia y a la tutela jurisdiccional efectiva
22.  El
artículo 229 de la Constitución consagra el derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia, el cual debe ser garantizado a todos los asociados
por parte del Estado colombiano, de conformidad con lo establecido en el
artículo 2 de la Ley 270 de 1996. Así las cosas, es responsabilidad del Estado
garantizar el funcionamiento adecuado de las vías institucionales para la
resolución de los conflictos que surgen de la vida en sociedad, con el
propósito de que los ciudadanos puedan gozar de la efectividad de sus derechos
fundamentales y se garantice la convivencia pacífica entre los asociados.
En relación con
lo anterior, este derecho ha sido definido por esta Corporación como “la
posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder
acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia,
para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección
o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia
de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes”[103].
En virtud de
ello, la administración de justicia, como función pública que fue encomendada
al Estado por parte de la Constitución[104],
es un medio para hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y
libertades consagrados en la ley y en la Carta Política en cabeza de los
ciudadanos. En esa medida, así como el artículo 229 de la Constitución
establece el derecho de todos los asociados de acceder a la administración de
justicia; dicho derecho conlleva la obligación correlativa por parte del Estado
de garantizar que dicho acceso sea real y efectivo, y no meramente nominal.
23.
Es por ello que el derecho de acceso a la
administración de justicia también se denomina “derecho a la tutela judicial
efectiva”, pues el Estado no solamente está en la obligación de garantizar el
derecho de los ciudadanos de acceder al aparato judicial a través de su
participación en los procesos establecidos para ese propósito, sino que también
implica que “a través de las actuaciones judiciales se restablezca el orden
jurídico y se protejan las garantías personales que se estiman violadas”
[105].
En este sentido, de acuerdo con la interpretación de
esta Corporación, el acceso a la justicia debe entenderse no solo como la
posibilidad de acudir a los jueces competentes para dirimir una determinada
controversia o conflicto, sino que además se debe entender como la posibilidad
de que dicho planteamiento se haga efectivo, a través de la culminación
del proceso con la determinación final del juez sobre el caso y el cumplimiento
de la sentencia. En otras palabras, de acuerdo con lo dispuesto en la Sentencia
C-037 de 1996[106]:
“(…) la función en comento [de
garantizar el acceso a la administración de justicia] no se entiende concluida
con la simple solicitud o el planteamiento de las pretensiones procesales ante
las respectivas instancias judiciales; por el contrario, el acceso a la
administración de justicia debe ser efectivo, lo cual se logra cuando,
dentro de determinadas circunstancias y con arreglo a la ley, el juez garantiza
una igualdad a las partes, analiza las pruebas, llega a un libre
convencimiento, aplica la Constitución y la ley y, si es el caso, proclama
la vigencia y la realización de los derechos amenazados o vulnerados.”[107].
(Negrillas fuera del texto original)
Esto supone que el desarrollo de dicho derecho esté
orientado a garantizar: (i) el acceso a un juez o tribunal imparcial, como
materialización del acceso a la justicia, (ii) a obtener la sentencia que
resuelva las pretensiones planteadas de conformidad con las normas vigentes, y
(iii) a que el fallo adoptado se cumpla efectivamente; siendo estos dos últimos
elementos los que permiten la materialización de la tutela judicial efectiva.[108]
En esta línea,
la Ley 270 de 1996 consagró el principio de celeridad como uno de los fundamentos
principales de la Administración de Justicia, al imponer que “[la]
administración de justicia debe ser pronta, cumplida y eficaz en la solución
de fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento. Los términos
procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los
funcionarios judiciales”[109].
(Negrillas fuera del texto original)
Lo anterior,
necesariamente, conlleva a que dentro del ámbito de protección de las garantías
constitucionales consagradas tanto en el artículo 29, como en los artículos 228
y 229 de la Constitución, se puede apreciar el derecho a obtener una respuesta
oportuna frente a las pretensiones que se formulen y el derecho a que, en el
trámite de las actuaciones judiciales, no se incurra en omisiones o dilaciones
injustificadas[110].
24.  A
partir de lo anterior, se evidencia que la protección del derecho de acceso
efectivo a la administración de justicia tiene dos dimensiones: (i) la
posibilidad de acudir ante un juez o tribunal a presentar las pretensiones para
la protección de sus derechos o intereses y (ii) que dicho acceso a la justicia
sea efectivo, al obtener la resolución de fondo de las pretensiones presentadas
y que la misma se pueda hacer efectiva a través de su correcta ejecución.
En esa medida, es importante tener en cuenta que el derecho de
acceso a la justicia no se verifica únicamente con el hecho de acudir ante los
jueces competentes, sino que implica que la persona que acude obtenga una
solución de fondo pronta, cumplida y eficaz. Por ello, cuando quien concurre
a la jurisdicción no obtiene respuesta de fondo en un término razonable, por
razones imputables al aparato judicial, se puede concluir que existe
vulneración del derecho de acceso efectivo a la administración de justicia.
El derecho
a la seguridad social en materia pensional. Reiteración de jurisprudencia
25.  El artículo 48 de la
Constitución consagra el derecho a la seguridad social en una doble dimensión.
Por un lado, se trata de un servicio público que se presta bajo
la dirección, la coordinación y el control del Estado. Por otro lado, es una
garantía de carácter irrenunciable e imprescriptible en cabeza de los
ciudadanos[111].
Así, en su
primera acepción, el servicio público de la seguridad social debe regirse por
los principios de eficiencia, solidaridad, integralidad y universalidad y es
una manifestación inherente a las finalidades sociales del Estado, consagradas
en el artículo 2º de la Constitución, “en cuanto apunta a la garantía
efectiva de los principios, derechos y deberes consagrados en el ordenamiento
superior, dentro de un marco normativo fundado en el respeto de la dignidad
humana”[112].
En cuanto a su segundo significado, la seguridad social, como
derecho, se encuentra vinculada con la garantía de protección frente a
determinadas contingencias que pueden afectar la vida de las personas. Es por
ello que su realización se enfoca en la satisfacción de derechos fundamentales
como el mínimo vital, lo que le otorga el carácter de derecho irrenunciable[113].
En este orden de ideas, y a partir de los principios consagrados
en la Carta Política, el Legislador profirió la Ley 100 de 1993, a través de la
cual reguló las
contingencias aseguradas, las instituciones que integran el sistema y los
requisitos establecidos para acceder a los derechos prestacionales.
Precisamente, el preámbulo de la ley indica que el sistema de seguridad social
fue instituido para garantizar la “cobertura integral de las contingencias,
especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los
habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar
individual y la integración de la comunidad”[114].
De hecho, una de
las contingencias aseguradas por el Sistema General de Seguridad Social es la
vejez, cuya prestación principal consiste en la pensión y, de manera
supletoria, en la indemnización sustitutiva, las cuales, en cualquier caso,
responden a dicha contingencia.
26.  Ahora
bien, con respecto al carácter fundamental del derecho a la seguridad social,
esta Corporación ha establecido lo siguiente:
“(…) una vez ha sido provista la estructura
básica sobre la cual ha de descansar el sistema de seguridad social, lo cual,
además de los elementos ya anotados –prestaciones y autoridades responsables-;
a su vez supone el establecimiento de una ecuación constante de asignación de
recursos en la cual están llamados a participar los beneficiarios del sistema y
el Estado como último responsable de su efectiva prestación; la seguridad
social adquiere el carácter de derecho fundamental, lo cual hace procedente su
exigibilidad por vía de tutela (…)”[115].
27.  Por lo tanto, el derecho a
seguridad social tiene un carácter fundamental relacionado con el derecho
al mínimo vital, más aún, cuando se trata de personas que se encuentran en estado
de indefensión, y que son destinatarias de una especial protección
constitucional.
El derecho al mínimo vital y su
importancia en el caso de las personas en edad de pensión
28. La jurisprudencia de la Corte
Constitucional reitera que el mínimo vital es un derecho fundamental ligado
estrechamente a la dignidad humana[116],
pues “constituye la porción de los ingresos del trabajador o pensionado que
están destinados a la financiación de sus necesidades básicas, como son la
alimentación, la vivienda, el vestido, el acceso a los servicios públicos
domiciliarios, la recreación, la atención en salud, prerrogativas cuya
titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la dignidad
humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional”[117].
Asimismo, esta
Corporación también dispone que el concepto de mínimo vital no se reduce a una
perspectiva cuantitativa, sino que, por el contrario, es un concepto cualitativo,
ya que su contenido depende de las condiciones particulares de cada persona[118]. Este derecho no es
necesariamente equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente, y depende
de circunstancias tales como el entorno personal y familiar de la persona. En
esa medida, cada individuo tiene un mínimo vital diferente, que en últimas depende
del estatus socioeconómico que ha alcanzado a lo largo de su vida. Sobre este
punto, en la Sentencia SU-995 de 1999[119],
esta Corporación indicó:
“[L]a valoración del mínimo vital del pensionado no es una
calificación objetiva, sino que depende de las situaciones concretas del
accionante. Por consiguiente, el concepto de mínimo vital no se identifica con
el monto de las sumas adeudadas o a ‘una valoración numérica de las necesidades
biológicas mínimas por satisfacer para subsistir, sino con la apreciación
material del valor de su trabajo’(…)”.
28.
En línea con lo anterior, este Tribunal
reconoce que existe una relación entre el derecho al mínimo vital y el acceso
al pago de la pensión de los adultos mayores. En ese sentido, en Sentencia
T-371 de 2017[120],
la Sala Séptima de Revisión estableció dicho vínculo en los siguientes
términos:
“La estrecha relación entre el derecho al mínimo vital y el derecho
a la seguridad social, ha sido reconocida por esta Corporación en el caso de
los pensionados, pues
en la mayoría de las ocasiones, su único ingreso ‘(…) consiste en la pensión
que perciben luego de su retiro de la fuerza laboral, de manera que la
afectación que se produzca sobre ella tiene, generalmente, un hondo impacto en
las condiciones del pensionado’. En este sentido, y aunque el derecho
fundamental al mínimo vital es predicable de todos los ciudadanos en
condiciones de igualdad, existen algunos sectores de la población, como el
de los pensionados, que, ‘(…) en razón de su mayor vulnerabilidad, son
susceptibles de encontrarse, con mayor facilidad, en situaciones que
comprometan la efectividad de su derecho’”.
(Negrillas fuera del texto original)
Por demás, la Corte
Constitucional determina que el cese pagos
salariales y pensionales, prolongado o indefinido en el tiempo, “hace
presumir la vulneración del mínimo vital tanto del trabajador, del pensionado y
de los que de ellos dependen”[121].
De ahí pues que le corresponde a “la entidad
encargada de pagar esta prestación, desvirtuar tal presunción”[122].
29. Con todo, el
derecho al mínimo vital está ligado a la dignidad humana, y se refiere a la
garantía de las condiciones mínimas de vida de cada persona. Así, su valoración
no se puede realizar de manera cuantitativamente objetiva, pues cada persona
tiene necesidades distintas, dependiendo de su contexto socioeconómico y
familiar. En ese entendido, la jurisprudencia constitucional vincula el derecho
a la seguridad social de los pensionados con el derecho al mínimo vital pues,
en muchos casos, el pago de la pensión es el único ingreso para su subsistencia
en condiciones dignas.
Régimen de
transición en materia pensional. Reiteración de jurisprudencia
29.  La Ley 100 de 1993 dispuso la creación del Sistema General de
Pensiones, el cual está compuesto
por dos regímenes solidarios, que son excluyentes entre si pero que coexisten:
el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida y el Régimen de
Ahorro Individual con Solidaridad[123].
No
obstante, antes de la creación de este sistema integral de pensiones, coexistían
múltiples regímenes administrados por diferentes entidades de la seguridad
social. En esa medida, a título de ejemplo, en lo relativo al sector oficial,
la administración del régimen pensional le correspondía a la extinta Caja
Nacional de Previsión o a las cajas de las entidades territoriales, dependiendo
del caso. De manera excepcional, la administración de las pensiones le
correspondía a las entidades creadas para determinados sectores de empleados,
como los miembros de la Fuerza Pública, los docentes y los congresistas, entre
otros[124].
30.  Así,
habida cuenta de que la Ley 100 de 1993 creó el régimen
general de pensiones y derogó todos aquellos sistemas existentes antes de su
entrada en vigencia[125],
el artículo 36 de la citada ley consagró un régimen de transición pensional, en
los siguientes términos:
“La edad para acceder a la
pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el
monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en
vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son
mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más
años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual
se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas
personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones
contenidas en la presente Ley”.
Dicho régimen de transición se estableció con el objeto de proteger
las expectativas legítimas de quienes aspiraban a
obtener su pensión de jubilación al cumplir con los requisitos señalados en la
norma anterior[126],
al momento de entrada en vigencia del sistema general de pensiones[127]. Por lo tanto, se
trata de un mecanismo que conlleva la aplicación
ultractiva de los regímenes a los que se encontraba afiliado el peticionario,
pero solo en lo relacionado con los requisitos de (i) edad, (ii) tiempo de
servicios o cotizaciones y (iii) tasa de reemplazo, lo cual excluye el ingreso
base de liquidación[128].
Lo anterior, siempre y cuando se cumpla uno de los siguientes requisitos
establecidos en el artículo 36 constitucional, a saber:
Edad
Tiempo cotizado
Mujeres: 35 años o más de edad
Hombres: 40 o más años de edad
Tener 15 años o más de servicios cotizados
30. No obstante,
su vigencia no es ilimitada. De hecho, el Acto Legislativo 01 de 2005 introdujo
un límite temporal para la aplicación del régimen de transición en pensiones. Así,
estableció que éste no puede extenderse más allá del 31 de julio de 2010, salvo
para aquellos trabajadores amparados por el régimen de transición que, a la
entrada en vigencia del Acto Legislativo[129],
tuvieran al menos 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de
servicios, en cuyo caso conservarían dicho régimen hasta el año 2014[130]. De ese modo, la
pensión de vejez debía causarse antes del 31 de diciembre de 2014, si la
pretensión es la de beneficiarse del régimen de transición anotado[131].
31. Con
fundamento en lo expuesto, se concluye que las personas que cumplan con la edad
o con los años de servicios cotizados, previstos en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, tienen derecho a acceder a la pensión de vejez si cumplen con los
requisitos de edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas, y monto
pensional establecidos en el régimen anterior. Esta prerrogativa subsiste hasta
el 31 de diciembre de 2014, para aquellas personas que tengan al menos 750
semanas cotizadas, o su equivalente en tiempo de servicios, al 25 de julio de
2005.
La pensión de jubilación por aportes establecida en la Ley 71 de
1988
32. Uno de los
esquemas pensionales subsistentes gracias al tránsito normativo permitido en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es el que se encuentra consagrado en la Ley
71 de 1988. Así, en el caso de los trabajadores que poseen aportes mixtos entre
el ISS y las extintas Cajas de Previsión del sector público, tendrían su
oportunidad de acceder a la pensión de jubilación en aplicación de la precitada
ley[132].
En ese sentido,
el artículo 7º de la Ley 71 de 1988 incorpora la pensión de jubilación por
aportes en los siguientes términos:
“A partir de la vigencia de la
presente ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20)
años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de
las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional,
departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el
Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación
siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y
cinco (55) años o más si es mujer.
El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el
reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes
que correspondan a las entidades involucradas.”
(Negrillas fuera del texto original)
33. Ahora bien,
en lo que respecta a la reglamentación de la pensión por aportes, la misma está
regulada en el Decreto 2709 de 1994 que, entre otras cosas, determina cuál es
la entidad encargada de reconocer dicha prestación y la manera en la que deben
concurrir las distintas cajas de previsión en su reconocimiento. De ese modo,
el artículo 10 de la norma citada dispone lo siguiente:
“La pensión de jubilación por aportes será reconocida y pagada por
la última entidad de previsión a la que se efectuaron aportes, siempre y cuando
el tiempo de aportación continuo o discontinuo en ellas haya sido mínimo de
seis (6) años. En caso contrario, la pensión de jubilación por aportes será
reconocida y pagada por la entidad de previsión a la cual se haya efectuado el
mayor tiempo de aportes.
(…)
Si las entidades de previsión obligadas al reconocimiento de la
pensión de jubilación por aportes son del orden territorial, dicha prestación,
en el evento de liquidación de las mismas, estará
a cargo de la entidad que las sustituya en el pago.” (Negrillas fuera
del texto original)
A partir de lo anterior, la norma
permite que, aun cuando la caja de previsión del orden territorial hubiese sido
liquidada, el reconocimiento pensional sea realizado por la entidad que la
sustituya en el pago.
34.  Asimismo,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 7º de la Ley 77 de 1988, la
pensión se reconoce de acuerdo con los aportes acumulados en una o varias
entidades de previsión social y el ISS, razón por la cual se dispuso que habría
lugar a cuotas partes que correspondan a las entidades
involucradas. Este asunto se encuentra regulado en el artículo 11 del Decreto
2709 de 1994, en el que se exponen las reglas de concurrencia de las distintas
entidades en la conformación del capital para la pensión por aportes:
“Cuotas partes. Todas las entidades de previsión social a las que un
empleado haya efectuado aportes para obtener esta pensión, tienen la obligación
de contribuirle a la entidad de previsión pagadora de la pensión con la
cuota parte correspondiente.
Para el efecto de las cuotas partes a cargo de las demás entidades
de previsión, la entidad pagadora notificará el proyecto de liquidación de la
pensión a los organismos concurrentes en el pago de la pensión, quienes
dispondrán del término de quince (15) días hábiles para aceptarla u objetarla,
vencido el cual, si no se ha recibido respuesta, se entenderá aceptada y se
procederá a expedir la resolución definitiva de reconocimiento de la
pensión.
La cuota parte a cargo de cada entidad de previsión será el valor de
la pensión por el tiempo aportado a esta entidad, dividido por el tiempo total
de aportación”. (Negrilla fuera del texto original)
35.  En
esa medida, las personas que (i) acrediten 20 años de aportes
sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de
previsión del orden nacional, departamental, municipal, intendencial,
comisarial o distrital y en el Instituto de Seguros Sociales (hoy COLPENSIONES)
y (ii) hayan cumplido 60 años o más, si es hombre, o 55 años o más, si es
mujer, pueden acceder a la pensión por aportes. Dicha prestación será
reconocida por la última entidad a la que se realizaron los aportes, siempre y
cuando se hayan efectuado cotizaciones continuas o discontinuas por un periodo
de al menos seis años. En caso contrario, la obligación pensional será
reconocida por la entidad de previsión en la que se realizaron la mayor parte
de los aportes. A su vez, las demás entidades de previsión en las que se haya
realizado aportes, deberán contribuir en la conformación del capital para la
pensión con la cuota parte correspondiente.
El reconocimiento retroactivo
de la pensión. Reiteración de jurisprudencia
36.  En la medida
en que una de las pretensiones del accionante es que se le reconozca y pague
las mesadas pensionales a las que tiene derecho a partir del 1º de abril de
2013, fecha en que se suspendió el pago de la pensión del actor por parte del
Municipio de Florencia; la Sala considera necesario analizar la posibilidad de ordenar
la consignación del retroactivo de la pensión, más aún si se tiene en cuenta
que, en principio, se concede el amparo como mecanismo definitivo.
37.  En
ese sentido, la Sentencia T-421 de 2011[133]
estableció que “cuando el conflicto puesto a consideración
del juez constitucional de tutela versa en torno al reconocimiento de un
derecho pensional, éste adquiere competencia para pronunciarse y amparar la
pretensión de pago retroactivo de este derecho”. Lo
anterior, siempre y cuando la Sala verifique los siguientes presupuestos[134]:
(i)
Que exista certeza sobre la configuración del
derecho pensional;
(ii)
Que la afectación al mínimo vital sea evidente,
al constatarse que la pensión es la única forma de garantizar la subsistencia
del accionante, y
(iii)
Que por una conducta antijurídica de la entidad
demandada, los medios económicos para vivir hayan estado ausentes desde el
momento en que se causó el derecho hasta la fecha de concesión definitiva del
amparo.
En ese sentido, como se puede observar con el precedente planteado
por esta Corporación, cuando convergen los requisitos expuestos anteriormente,
el conflicto sobre el reconocimiento del retroactivo que, por naturaleza, es
legal y que posee medios ordinarios para su defensa, muta en uno de índole
constitucional, en donde los medios ordinarios se tornan ineficaces para el
amparo de los derechos vulnerados o amenazados[135].
Esto se debe a que estos requisitos están relacionados con la
afectación del derecho al mínimo vital, y no con una mera prestación económica.
En ese sentido, esta Corporación realizó esta distinción, al encontrar que el
reconocimiento y pago de la pensión desde la fecha en la que se causó el
derecho en sede de revisión, precisamente obedece al estado de marginalidad al
que fue sometido el actor por parte de la entidad accionada en lo que respecta
a la afectación de su derecho al mínimo vital[136]:
“La conducta desplegada por la entidad implicó que el demandante no
contara con recursos para desarrollar su vida en condiciones dignas desde el
momento en que se declaró su discapacidad laboral. Esta circunstancia permite
diferenciar los casos en los que esta Corporación ha negado la petición de pago
retroactivo de mesadas pensionales, pues en ellos se verificó que el accionante
contó o cuenta con medios de subsistencia distintos a los pretendidos por medio
de la acción de tutela; de allí que en este tipo de procesos se haya señalado
que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para la satisfacción de una
obligación dineraria. Como se evidencia, este postulado es diferente al que
ahora convoca a la Sala, pues el actor no pretende saciar una prestación
económica sino su mínimo vital a través del pago de la pensión a la que tiene
derecho”. (Negrillas fuera del texto original)
38.
Ahora bien, en la citada Sentencia T-421 de
2011, la Sala Tercera de Revisión de la Corte dispuso el reconocimiento del
derecho a la pensión de invalidez del accionante desde el momento en que se
causó el derecho a esta prestación. Lo anterior, en la medida en que el
reconocimiento del retroactivo obedecía a la protección de su derecho al mínimo
vital, el cual se había visto afectado porque no contaba con medios económicos
para su subsistencia en condiciones dignas desde que cesó su actividad laboral.
39.
Posteriormente, en la Sentencia T-435 de
2016[137],
la Sala Quinta de Revisión reiteró los requisitos jurisprudenciales para el
reconocimiento del retroactivo pensional dispuestos en la Sentencia T-421 de
2011. En ese sentido, consideró que, habida cuenta que (i) el actor cumplía con
los requisitos para acceder a la pensión de invalidez y (ii) que la falta de
reconocimiento del retroactivo resultante de la conducta antijurídica de la
entidad accionada afectaba su derecho al mínimo vital,  dada su condición de discapacidad tan avanzada que le impedía trabajar,
la Sala debía acceder al reconocimiento del derecho al retroactivo pensional.
En ese caso, la Corte estableció:
“Así las cosas, la accionada deberá pagar al actor los retroactivos
que no hayan prescrito para su cobro, puesto que, como se ha advertido
previamente, la negativa de la entidad a otorgar el derecho reclamado y el paso
del tiempo, no se debe a la negligencia del afiliado, quien, no obstante su
condición de discapacidad y su precaria situación económica fue diligente en la
reclamación de su derecho, sino que la imposibilidad de acceder a la prestación
acaeció por el actuar antijurídico, caprichoso, desinteresado y negligente del
ISS y posteriormente de COLPENSIONES”[138].
40.
En esa misma línea, en Sentencia T-037 de 2017[139], la Sala Quinta de Revisión ordenó el pago de los
retroactivos a que había lugar, como fue solicitado en la petición de amparo.
Lo anterior, pues se constató que se cumplían los requisitos previstos en la
jurisprudencia constitucional, en la medida que: (i) existía certeza sobre el
derecho pensional, puesto que se acreditó que el accionante sí cumplía con los
requisitos necesarios para acceder a la pensión de vejez según lo establecido
en el Acuerdo 049 de 1990, (ii) que la negativa a reconocer el derecho por
parte de la entidad demandada fue claramente arbitraria, y (iii) que la falta
de pago de los retroactivos al actor afectaba su mínimo vital, por su avanzada
edad y la falta de capacidad económica.
41.
Finalmente, en la Sentencia T-090 de 2018[140],
la Sala Octava de Revisión conoció del recurso de amparo interpuesto por un
ciudadano contra de la Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla y la
Fiduciaria La Previsora S.A., al considerar que vulneraron sus derechos
fundamentales al mínimo vital, al debido proceso, a la seguridad social y a la
vida digna, por negarle el reconocimiento de la pensión de jubilación por
aportes, a pesar de haber cumplido con los requisitos para ser beneficiario del
régimen de transición estipulado en la Ley 100 de 1993.
En este caso, habida cuenta de que se acreditó la existencia del
derecho pensional y se verificó la vulneración de su derecho al mínimo vital,
la Corte dispuso “reconocer retroactivo de las mesadas pensionales que no
estén prescritas en atención a lo consagrado en los artículos 488 y 489 del
Código Sustantivo del Trabajo”[141].
42.  Con base en lo anterior, la Sala concluye que la jurisprudencia
constitucional se ha decantado por la posibilidad de reconocer el retroactivo
de la pensión desde la fecha en la que se tiene derecho a la misma, siempre y
cuando se verifique que (i) exista certeza sobre el derecho pensional, (ii) la
afectación al mínimo vital del peticionario sea evidente, al no contar con
otros medios para su subsistencia diferentes a la pensión, y (iii) que dicha
afectación al mínimo vital ocurra por la conducta antijurídica de la entidad
demandada, al privar al accionante de los medios económicos para su
subsistencia.
Cuestión
previa: sobre la temeridad de la acción de tutela
43.
Como lo consignó la Sala en el capítulo
relativo al trámite procesal de la tutela que se surtió con posterioridad al
Auto 287 de 2019 que declaró la nulidad del procedimiento constitucional, el
Municipio de Florencia intervino en respuesta al Auto del 12 de junio de 2019
proferido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
En esta
intervención, la Alcaldía de Florencia[142] descorrió
el traslado del auto admisorio y solicitó a la Corte negar las pretensiones del
recurso de amparo, por considerar que la acción de tutela era temeraria. Lo
anterior, por cuanto en la Corte Constitucional cursaba un proceso con
identidad fáctica, jurídica y de pretensiones, identificado bajo radicado No.
T-7.185.421.
44.
A este respecto, sin necesidad de realizar
amplias consideraciones, la Sala de Revisión evidencia que no existe actuación
temeraria en este caso. En efecto, la supuesta primera actuación a la que se
refirió el Municipio de Florencia en su intervención posterior al auto que
decretó la nulidad, que identificó como el expediente T-7.185.421,
corresponde a esta misma acción de tutela que resuelve la Sala Sexta de
Revisión en esta providencia.
Solución al caso concreto: las autoridades judiciales vulneraron
el derecho de acceso a la administración de justicia por incurrir en una demora
injustificada para resolver sobre la jurisdicción competente para conocer de
las pretensiones pensionales del actor. Esta demora significó una afectación de
sus derechos fundamentales a la seguridad y al mínimo vital, pues se le
sustrajo el ingreso económico para su subsistencia en condiciones dignas.
45.  Como
se observó en el planteamiento del asunto a resolver, en este caso corresponde
a la Sala determinar si la ausencia de respuesta eficaz y definitiva por parte
de la administración de justicia en lo que respecta a determinar la
jurisdicción competente para conocer de la demanda del actor, afectó sus derechos
a la seguridad social, al mínimo vital y de acceso a la administración de
justicia, habida cuenta que, desde la decisión del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Florencia proferida en el año 2013, el actor no ha accedido
a su derecho pensional ni percibe ingreso económico alguno. Lo anterior, debido
a su avanzada edad y sus condiciones de salud, que le impidieron continuar
trabajando para obtener los medios necesarios para su subsistencia en
condiciones dignas.
46.
A este respecto, contrario a lo dispuesto por
las Salas Laboral y Penal de la Corte Suprema de Justicia que decidieron el
recurso de amparo en instancias, la Corte Constitucional no circunscribe el
asunto a la simple determinación de cuál era el juez competente para conocer de
la demanda laboral del accionante. En ese sentido, para poder analizar este
conflicto desde su perspectiva constitucional, es necesario observar, como lo
hace la Sala de Revisión, que el accionante ha visto afectado su derecho de
acceso a la administración de justicia, pues puso en marcha durante más de seis
años el aparato jurisdiccional por medio del ejercicio de diferentes recursos
judiciales, tanto ante la jurisdicción ordinaria como ante la jurisdicción
contenciosa administrativa, sin que su proceso en este momento procesal se
hubiese resuelto o estuviese próximo a hacerlo; pues, por el contrario, el
proceso hasta ahora comienza. Precisamente, la Corte encontró que, en este
caso, las autoridades judiciales involucradas en los procesos que ocurrieron
con posterioridad de la sentencia del Tribunal Superior de Florencia en 2013,
incurrieron durante más de cinco años en un debate relativo a la jurisdicción
competente del asunto, lo cual corresponde a la etapa inicial del proceso.
En esa medida,
la Sala evidenció una vulneración del derecho de acceso a la administración de
justicia en cabeza del accionante, por cuanto las autoridades judiciales
involucradas en los procesos ordinarios laboral y contencioso-administrativo se
demoraron más de cinco años en analizar el asunto relativo a la jurisdicción
competente para conocer del asunto. Así, se comprobó que el accionante no
obtuvo una solución de fondo, pronta, cumplida y eficaz al acudir a la
jurisdicción, por cuenta de debates relativos a la competencia para conocer sus
pretensiones que corresponden a la etapa inicial del trámite procesal, lo cual
generó un retraso injustificado que le es imputable al aparato judicial.
47.
Esta transgresión del derecho de acceso
efectivo a la administración de justicia genera, a su vez, una vulneración
consecuencial de los derechos a la seguridad social y al mínimo vital del
actor.
En los hechos que fueron probados dentro del expediente y los documentos
aportados en el trámite de la tutela y de la revisión, se pudo evidenciar que
la decisión del Tribunal Superior de Florencia no sólo dispuso equivocadamente
que la jurisdicción ordinaria laboral no era la competente para conocer el
asunto sino que, de manera incongruente, procedió a negar de plano las
pretensiones pensionales del accionante, que fueron reconocidas en la primera
instancia. Esa sola circunstancia llevó a que el actor acudiera tanto ante el
Municipio de Florencia, como ante la jurisdicción contenciosa administrativa
para obtener el reconocimiento de su derecho a la pensión por aportes, la cual,
hasta la fecha, no ha sido reconocida por la falta de respuesta oportuna del
aparato jurisdiccional.
En ese entendido, es evidente que la suspensión de los pagos de la
mesada pensional por parte del Municipio de Florencia, que se dio como
consecuencia de la decisión del Tribunal accionado y de la ausencia de
respuesta oportuna del aparato judicial, afecta de manera prolongada e
injustificada el derecho a la seguridad social del accionante, quien no ha
podido acceder a su derecho pensional. Esto, aunado al hecho de que el
accionante no percibe ingreso alguno ni tiene bienes a su nombre, permite
concluir que esta circunstancia afectó su derecho al mínimo vital, pues el
peticionario puso de presente ante esta Sala de Revisión que no cuenta con
medios económicos para financiar sus necesidades básicas ni las de su familia.
48.
Por todo lo anterior, la Sala encuentra
acreditada la vulneración de los derechos de acceso efectivo a la
administración de justicia, a la seguridad social y al mínimo vital en cabeza
del accionante. En ese sentido, a continuación procederá a verificar (i) los
requisitos de aplicación del régimen de transición y los presupuestos para
conceder la pensión por aportes en el caso concreto. Posteriormente, procederá
a (ii) determinar si se cumplen los presupuestos jurisprudenciales para
conceder el retroactivo pensional.
Aplicación del régimen de transición en el caso concreto
49.
Como fue explicado en esta providencia, las personas que cumplan con la edad -40 años o más, en el caso de
los hombres-, o con los años de servicios cotizados -15 años de servicios-,
previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tienen derecho a acceder a la
pensión de vejez en cumplimiento de los requisitos de edad, tiempo de servicio
o número de semanas cotizadas, y monto pensional establecidos en el régimen
anterior. Lo anterior, siempre y cuando tengan al menos 750 semanas cotizadas,
o su equivalente en tiempo de servicios, al 25 de julio de 2005, circunstancia
que llevará a extender el régimen de transición hasta el 31 de diciembre de
2014.
Sobre este punto, la Sala pudo constatar que, al 1º de abril de
1994, fecha en que entró en vigencia el régimen general de pensiones instituido
por la Ley 100 de 1993, el accionante tenía 44 años de edad, habida cuenta de
que nació el 6 de octubre de 1949. Por lo tanto, cumple con uno de los
requisitos dispuestos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para la aplicación
del régimen de transición pensional.
50.
Ahora bien, respecto
de la vigencia de esta herramienta de tránsito normativo, es necesario recordar
que el Acto Legislativo 01 de 2005 dispuso que su aplicación no se extendería
más allá del 31 de diciembre de 2014, para quienes a la entrada en vigencia de
tal reforma constitucional acumularan 750 semanas cotizadas.
En el presente
asunto, el actor ya tenía acreditadas, para esa fecha, más de 19 años, 6 meses
y 19 días de aportes a la Caja de Previsión Municipal de Florencia, sumado a
las que hubiese llegado a acumular en el ISS hasta el 25 de julio de 2005. En
vista de lo anterior, se puede observar que el accionante tenía derecho a que
se le extendiera la aplicación del régimen de transición hasta el año 2014,
fecha para la cual ya se debió haber causado la prestación pensional para ser
reconocida.
Sobre este punto, si bien es cierto que el acceso a la pensión del
accionante se ha extendido más allá del año 2014, por cuenta de la prolongación
injustificada de los procesos judiciales adelantados ante la administración de
justicia; lo cierto es que la Sala encuentra que la prestación se causó desde
la fecha en la que el accionante cumplió con los requisitos establecidos en la
Ley 71 de 1988, esto es, desde la fecha en la que cumplió 60 años en octubre de
2009.
A su vez, no se puede ignorar el hecho de que el accionante
presentó de manera oportuna la solicitud de pensión ante el Municipio de Florencia
con anterioridad al 31 de diciembre de 2014, cuyo derecho fue reconocido en la
Sentencia del 29 de noviembre de 2010 por el Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Florencia, y se empezó a pagar con la Resolución 0013 del 20 de
enero de 2011 emitida por la Alcaldía de esa ciudad. No obstante, el pago de la
mesada pensional le fue suspendido por cuenta de la decisión del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Florencia proferida en 2013, lo cual obligó
al accionante a iniciar nuevamente todo el trámite administrativo y judicial
para el reconocimiento de su derecho pensional.
Entonces, la Sala considera que no se puede imponer al accionante
la pérdida del régimen de transición y exigirle el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el régimen general de pensiones instituido en la Ley
100 de 1993, con base en circunstancias que no le son imputables, pues él
acudió de manera oportuna a solicitar el reconocimiento de su derecho que, por
demás, le fue reconocido inicialmente en providencia judicial del 2010.
51.
En este mismo sentido se ha pronunciado esta
Corporación en anteriores oportunidades. Por ejemplo, en Sentencia T-150 de
2015[143],
la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la
Corte Constitucional le reconoció a una ciudadana su derecho a la pensión por
aportes con base en la Ley 71 de 1988, pues (i) había cumplido los requisitos
para acceder a esta prestación y (ii) era beneficiaria del régimen de
transición. La Sala encontró que la accionante había realizado la solicitud en
el año 2012 y que, de manera inconstitucional, COLPENSIONES le negó la
pretensión al exigirle requisitos que no estaban establecidos en la norma. La
actora, además, acudió a la jurisdicción para que se reconociese su derecho
pensional, el cual fue negado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá.
En ese caso, la Sala de Revisión concluyó que la sentencia demandada
incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial, por cuanto negó a
la accionante la pensión de jubilación por aportes bajo el argumento de que sus
cotizaciones al ISS tuvieron lugar con posterioridad a la Ley 100 de 1993, por
lo cual no le era aplicable, a su juicio, el artículo 7º de la Ley 71 de 1988.
Por ende, la Corte Constitucional reconoció la pensión en aplicación
del régimen de transición con posterioridad al 31 de diciembre de 2014, por
cuanto la actora realizó la solicitud ante COLPENSIONES con anterioridad a esa
fecha y le fue inconstitucionalmente negada por parte de esta entidad.
52.
En sentido similar, mediante Sentencia
T-039 de 2017[144],
la Sala Quinta de Revisión de esta Corporación reconoció la pensión por aportes
de que trata la Ley 71 de 1988 a una ciudadana, en la medida en que (i) cumplía
los requisitos del régimen de transición y (ii) atendía todos los requisitos
para el reconocimiento de la prestación establecidos en el artículo 7º de la
citada norma. Así, la Corte observó que, desde el 8 de
octubre de 2007, la actora había solicitado inicialmente ante el ISS, el
reconocimiento de su pensión y que, por controversias relativas a la entidad de
previsión obligada a reconocer la prestación, no había podido acceder de manera
oportuna y definitiva a la prestación a la que tenía derecho.
En ese sentido, la Corte concedió el amparo de los derechos
fundamentales de la accionante a la seguridad social y al mínimo vital, y encontró
que la entidad obligada al  reconocimiento de la pensión de jubilación por
aportes en los términos del artículo 7 de la Ley 71 de 1988 era la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (en adelante, “UGPP”). Por ello, ordenó
el pago de la pensión y dispuso que “el monto pensional reconocido deberá
corresponder al del régimen de transición en el que se encuentra la actora”,
así fuese con posterioridad al 31 de diciembre de 2014.
53.
Una vez establecido que el accionante es
beneficiario del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 y que procede la permanencia en el mismo, a continuación se
analizarán los requisitos para acceder a la pensión de jubilación por aportes
consagrada en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988.
Cumplimiento de los requisitos de reconocimiento de la pensión de
jubilación por aportes en el caso concreto
54.  Entonces,
procede la Sala Sexta de Revisión a analizar los requisitos para el
reconocimiento de la pensión de jubilación establecidos en el artículo 7º de la
Ley 71 de 1988. Dichos presupuestos consisten en: (i) haber cumplido 60 años de
edad, para los hombres, y 55 años, para las mujeres; y (ii) tener 20 años de
servicios sufragados en cualquier tiempo, en una o varias entidades de
previsión social y en el ISS.
55.
De las pruebas aportadas en el trámite de
revisión y la historia laboral del accionante, se tiene que cumple los
requisitos para acceder a la pensión de jubilación por aportes, en la medida
que:
(i)
Cumplió 60 años el 6 de octubre de 2009[145], y
(ii)
Realizó aportes a la Caja de Previsión del
Municipio de Florencia y al ISS, mientras estuvo vinculado como trabajador a la
Secretaría de Obras Públicas de la Alcaldía de ese municipio, así:
Caja o
administradora de pensiones
Periodo
Tiempo cotizado
Caja de Previsión Municipal
12 de febrero de 1976 al 31 de agosto
de 1995
19 años, 6 meses y 19 días
Instituto de Seguros Sociales
1º de septiembre de 1995 al 30 de
octubre de 1995
2 meses
Posterior a su desvinculación del municipio, el actor realizó
aportes como independiente al ISS, de manera intermitente, en el periodo
comprendido entre marzo de 1999 hasta diciembre de 2015, los cuales
correspondieron a 196,28 semanas.[146]
Por lo tanto, con la suma de los tiempos cotizados a la Caja de
Previsión Municipal y al ISS, el accionante tiene un total de 22 años, 5
meses y 18 días de aportes para pensión, correspondientes a 1155 semanas de
cotización[147].
Así las cosas,
dado que la Sala encontró acreditados los requisitos para acceder a la
prestación pensional pretendida por el actor, a continuación se procederá a
analizar cuál es la entidad de previsión pagadora, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2709 de 1994.
56.
La citada norma dispone que la prestación será
reconocida por la última entidad a la que se realizaron los aportes, siempre y
cuando se hayan efectuado cotizaciones continuas o discontinuas por un periodo
de al menos seis años. En caso contrario, la obligación pensional será
reconocida por la entidad de previsión en la que se realizaron la mayor parte
de los aportes.
En el caso concreto, a pesar de que la última entidad en la que se
realizaron los aportes fue el ISS, lo cierto es que el actor no realizó
cotizaciones continuas o discontinuas por al menos seis años ante esa
administradora de pensiones. Por ende, en principio, correspondería a la Caja
de Previsión Municipal del Municipio realizar el reconocimiento de la pensión
de jubilación por aportes, pues el actor hizo la mayor parte de sus aportes a
esta entidad de previsión.
A este respecto, es necesario tener en cuenta las pruebas aportadas
en el trámite de la tutela, entre las cuales se encuentra copia del Decreto
0243 del 18 de julio de 1995 expedido por el Alcalde de Florencia[148], por medio del cual
se liquidó la Caja de Previsión Municipal de Florencia.
No obstante, de acuerdo con el artículo 1º del Decreto 0244 del 19
de julio de 1995 expedido por esa misma autoridad, dispuso la creación del Fondo
Territorial de Pensiones, que es “una cuenta especial, sin personería
jurídica, adscrito al Municipio de Florencia”[149]. Este
mismo Decreto dispuso que una de las funciones de este fondo municipal es la de
sustituir a la Caja de Previsión Municipal “en lo relacionado con el pago de
pensiones de aquellas personas que han cumplido el tiempo de servicio, pero no
han llegado a la edad señalada para adquirir el derecho de pensión”[150].
Asimismo, el Decreto
0244 del 19 de julio de 1995, en su artículo sexto, dispuso que la
administración del Fondo Territorial de Pensiones estará a cargo de la
Tesorería Municipal, en cabeza de la Alcaldía de Florencia.
Por lo tanto, es
necesario tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2709 de
1994, que estableció que “[si] las entidades de previsión obligadas
al reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes son del orden
territorial, dicha prestación, en el evento de liquidación de las mismas,
estará a cargo de la entidad que las sustituya en el pago”. En ese
entendido, corresponde a la Alcaldía de Florencia, como administradora del
Fondo Territorial de Pensiones de Florencia que sustituyó en sus obligaciones a
la Caja de Previsión Municipal, reconocer y pagar la pensión de jubilación con
aportes con cargo a los recursos de ese fondo y de la cuota parte pensional
correspondiente a COLPENSIONES, como se verá a continuación.
Esta conclusión
a la que llega la Corte Constitucional concuerda con lo dispuesto inicialmente
por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Florencia en la Sentencia del 29
de noviembre de 2010, en la que se había concedido el derecho pensional del
actor. En efecto, con base en lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 71 de
1988 y artículo 10 del Decreto Reglamentario 2709 de 1994, normas que
permanecen vigentes actualmente, ese despacho judicial decidió “[condenar]
al Municipio de Florencia, Caquetá, a reconocer y pagar la pensión de
jubilación a la que tiene derecho ALIRIO ZÁRATE ARIZA, a partir del octubre
06/2009”[151].
57.  Por todo lo anterior, la Sala concluye que el actor tiene derecho a
que la Alcaldía de Florencia, como entidad de previsión pagadora en los
términos del Decreto 2709 de 1994, reconozca y pague la pensión de jubilación
por aportes del accionante. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
11 del Decreto 2709 de 1994, COLPENSIONES, como entidad que sustituyó al ISS,
deberá contribuir en la conformación del capital necesario para el
reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes del actor con el pago de
la correspondiente cuota parte. Lo anterior, en la medida en que el accionante
tiene un total de 204,86 semanas cotizadas a dicha
administradora.
Ahora bien, en
aplicación de los requisitos jurisprudenciales que fueron decantados en esta
providencia, la Sala procede a determinar que también se ordenará el pago del
retroactivo a que haya lugar, y que no se encuentre prescrito en los términos
de los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo.
En efecto, la
Corte Constitucional evidenció que (i) existe certeza sobre el derecho
pensional, puesto que se acreditó que el accionante sí cumple con los
requisitos necesarios para acceder a la pensión de jubilación por aportes según
lo establecido en la Ley 71 de 1988, y (ii) que la falta de pago de los
retroactivos al actor afecta su mínimo vital, pues él no ha podido percibir
otro tipo de ingresos desde el mes de abril de 2013, momento en el Municipio de
Florencia le suspendió los pagos como pensionado de esa entidad[152], por cuenta de la
decisión del Tribunal Superior de Florencia. Asimismo, (iii) esta Sala comprobó
que la ausencia de los medios económicos para la subsistencia del actor ocurrió
como consecuencia de la conducta antijurídica del Municipio de Florencia, que
negó la prestación del actor, al alegar que no podía proceder con su pago, pues
la Caja de Previsión Municipal de Florencia se encontraba liquidada. En esa
medida, la Alcaldía denegó la pretensión pensional del accionante, aún a
sabiendas de que había sustituido en sus obligaciones a dicha caja de previsión
en aplicación del Decreto 0244 del 19 de julio de 1995.
Por lo tanto, la
Sala de Revisión ordenará el pago del retroactivo de las mesadas dejadas de
percibir desde el mes de abril de 2013, fecha en la que el Municipio de
Florencia suspendió el pago de la pensión del accionante, a través del Oficio
No. ORH-468 del 23 de abril de 2013[153].
Lo anterior, sin perjuicio de la prescripción trienal de que tratan los
artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo.
Conclusiones y órdenes a proferir
De conformidad con lo expuesto en el análisis del
caso concreto, se tiene que las autoridades judiciales demandadas vulneraron
los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y de acceso a
la administración de justicia, por cuenta de las demoras injustificadas en
otorgar una respuesta de fondo a las pretensiones pensionales del actor sobre
su derecho de acceso a la pensión de jubilación por aportes de que trata el
artículo 7º de la Ley 71 de 1988.
Asimismo, por las razones expuestas en esta providencia, en el
presente caso procede formalmente la solicitud de amparo como un mecanismo
definitivo, pues se acreditó que los medios ordinarios no resultan idóneos
ni eficaces para la protección de los derechos fundamentales invocados por el
actor, quien se ha visto expuesto a demoras injustificadas por parte de la
administración de justicia para la protección de sus intereses. Esta circunstancia
afectó de manera particular su derecho al mínimo vital, razón por la cual la
Sala accederá al reconocimiento del pago del retroactivo pensional al que haya
lugar.
En consecuencia, se revocará el fallo adoptado
por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 17 de
septiembre de 2019, que confirmó la decisión de primera instancia proferida el
3 de julio de 2019 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia,  mediante la cual se declaró la carencia
actual de objeto por hecho superado en el trámite constitucional.
En su lugar, se concederá el amparo de los
derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y de acceso
efectivo a la administración de justicia del accionante. Por lo tanto, la Sala dejará
sin efectos la Resolución No. 0764 del 31 de octubre de 2014 emitida por el
Municipio de Florencia, mediante la cual se negó el reconocimiento de la
pensión de jubilación por aportes del accionante. En su lugar, se ordenará
al Municipio de Florencia que, de acuerdo con el artículo 11 del Decreto 2709
de 2011, realice el trámite administrativo para la obtención de la cuota parte
pensional de COLPENSIONES, para el reconocimiento de la pensión de jubilación
por aportes a que tiene derecho el señor Alirio Zárate Ariza, de acuerdo con
los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 71 de 1988. Dicho trámite
no podrá exceder el término máximo de dos (2) meses a partir de la notificación
de esta providencia, vencido el cual, se ordenará que el Municipio de Florencia
proceda inmediatamente con el reconocimiento y pago de la pensión del
accionante. Adicionalmente, la Sala ordenará el pago del retroactivo de las mesadas pensionales dejadas de percibir por
el actor desde el mes de abril de 2013, sin perjuicio de la prescripción
trienal de que tratan los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del
Trabajo.
IV. DECISIÓN
Con
fundamento en lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo, y por mandato de
la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida por la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 17 de septiembre de 2019,
así como la decisión adoptada en sentencia del 3 de julio de 2019 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En su lugar, CONCEDER el
amparo de los derechos fundamentales a la
seguridad social, al mínimo vital y de acceso a la administración de justicia
del señor Alirio Zárate Ariza.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTOS la Resolución No.
0764 del 31 de octubre de 2014 emitida por la ALCALDÍA DE FLORENCIA, a
través de la cual se negó la pensión de jubilación por aportes del actor.
TERCERO.-
En consecuencia, ORDENAR a la ALCALDÍA DE FLORENCIA que, dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo,
notifique a COLPENSIONES el proyecto de liquidación de la pensión a la que
tiene derecho el accionante.
De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994, COLPENSIONES
contará con el término improrrogable de quince (15) días hábiles
para aceptar u objetar la liquidación mencionada, vencido el cual, si la ALCALDÍA
DE FLORENCIA no ha recibido respuesta, se entenderá aceptada y se procederá
a expedir la resolución definitiva de reconocimiento de la pensión del
accionante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º
de la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1994. Dicho
reconocimiento deberá incluir la indexación correspondiente.
Sin embargo, la Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional aclara que el trámite del procedimiento administrativo de que
trata el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994 no podrá exceder el término total
de dos (2) meses a partir de la notificación del presente fallo, vencido el
cual, la ALCALDÍA DE FLORENCIA deberá proceder de manera inmediata con
la expedición del acto administrativo en el que reconozca el
pago de la pensión de jubilación por aportes en favor de la actor, en los
términos definidos en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988.
CUARTO.- ORDENAR
a la ALCALDÍA DE FLORENCIA que, en el acto administrativo en que se
establezca el reconocimiento a la pensión de jubilación por aportes del actor, le
reconozca y pague el retroactivo de las
mesadas pensionales dejadas de percibir desde el mes de abril de 2013, sin
perjuicio de la prescripción trienal de que tratan los artículos 488
y 489 del Código Sustantivo del Trabajo.
QUINTO.- ORDENAR que, por medio de la Secretaría General de
la Corte Constitucional, se COMUNIQUE lo decidido en esta providencia al
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Florencia,
para su conocimiento.
SEXTO.- Por
Secretaría General, LÍBRESE la comunicación a
la que alude el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Sentencia de segunda instancia en el trámite de la tutela de la referencia,
proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 17
de septiembre de 2019. Cuaderno 4. Folios 4 a 13.
[2]
Sentencia de primera instancia en el trámite de la tutela de la referencia,
proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 3
de julio de 2019. Cuaderno 2. Folios 204 a 207.
[3]
Cuaderno de Revisión. Folios 17 a 29.
[4]
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[5]
Acción de tutela interpuesta por el señor Alirio Zárate Ariza contra el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, Caquetá, radicada ante la
Secretaría de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 15
de junio de 2018. Cuaderno 1. Folios 1 a 8.
[6]
En este acápite se mantienen los elementos probatorios que fueron aportados y
recaudados en el trámite de las instancias iniciales de la acción de tutela,
así como de las actuaciones que se adelantaron en sede de revisión por parte de
la Magistrada sustanciadora y de la Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la
Constitucional. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal
primero de la parte resolutiva del Auto 287 de 2019 (M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado), que dispuso lo siguiente: “(…) La nulidad procesal
decretada tiene como consecuencia dejar sin efectos todos los actos
procedimentales posteriores a la admisión, y en particular las sentencias de
tutela proferidas el 5 de septiembre de 2018, por la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, y el 27 de noviembre de 2018, por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a través de las cuales se falló
la acción de tutela de la referencia; salvo las pruebas recaudadas durante
el proceso, las cuales podrán ser controvertidas por todas las partes en la
contestación de la tutela, para luego ser valoradas por los jueces competentes.”
(Subrayas fuera del texto original)
[7]
Copia de la cédula de ciudadanía del señor Alirio Zárate Ariza. Cuaderno de
Revisión. Folio 6.
[8]
Contrato de trabajo celebrado entre el Municipio de Florencia y Alirio Zárate
Ariza. Cuaderno de Revisión. Folios 58 (reverso) y 59.
[9]
Contrato de trabajo celebrado entre el Municipio de Florencia y Alirio Zárate
Ariza. Cuaderno de Revisión. Folios 57 (reverso) y 58.
[10]
Copia de la solicitud de vinculación al Instituto de Seguro Social del señor
Alirio Zárate Ariza. Cuaderno de Revisión. Folio 57.
[11]
La información del cuadro corresponde a aquella incluida en el Formato No. 1 de
Certificado de Información Laboral (Formatos CLEBP) aportado como prueba dentro
del proceso ordinario laboral adelantado por el señor Alirio Zárate Ariza en
contra del Municipio de Florencia, ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito
de Florencia, Caquetá. Cuaderno 2, CD-Rom (Folio 27), archivo “PROCESO
ORDINARIO RAD 2010-00043”. Folio 12.
[12]
Copia del Oficio No. 2615 del 30 de octubre de 1995 suscrito por el
Alcalde del Municipio de Florencia. Cuaderno 2, CD-Rom (Folio 27),
archivo “PROCESO ORDINARIO RAD 2010-00043”. Folio 11.
[13]
Copia del Reporte de semanas cotizadas en pensiones emitido por el Instituto de
Seguro Social. Cuaderno de Revisión. Folio 223 (reverso).
[14]
Copia de la demanda ordinaria laboral interpuesta por el señor Alirio Zárate
Ariza en contra del Municipio de Florencia, Caquetá. Cuaderno 2, CD-Rom
(Folio 27), archivo “PROCESO ORDINARIO RAD 2010-00043”. Folio 4.
[15]
Según lo afirma el Municipio de Florencia en la Resolución No. 0011 del
27 de octubre de 2009 emitida por la Alcaldía Municipal de Florencia. Cuaderno
2, CD-Rom (Folio 27), archivo “PROCESO ORDINARIO RAD 2010-00043”. Folio
65.
[16]
Copia de la Resolución No. 0011 del 27 de octubre de 2009 emitida por la
Alcaldía Municipal de Florencia.  Cuaderno 2, CD-Rom (Folio 27), archivo
“PROCESO ORDINARIO RAD 2010-00043”. Folios 65 a 69.
[17]
Copia del auto admisorio de la demanda proferido por el Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de Florencia, Caquetá, en el marco del proceso ordinario
laboral adelantado por el accionante en contra del Municipio de Florencia.
Cuaderno 2, CD-Rom (Folio 27), archivo “PROCESO ORDINARIO 2010-00043 –
TRIBUNAL”. Folio 73.
[18]
Copia de la sentencia del 29 de noviembre de 2010 proferida por el
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Florencia, Caquetá, en el marco del
proceso ordinario laboral adelantado por el accionante en contra del Municipio
de Florencia. Cuaderno 1. Folios 9 a 16.
[19]
Suscrita entre el Municipio de Florencia, Caquetá, y el Sindicato de
Trabajadores Municipales del Caquetá - “SINTRAMUNICIPALES”, para los años 1993,
1994 y 1995. Cuaderno 2, CD-Rom (Folio 27), archivo “PROCESO ORDINARIO
2010-00043 – TRIBUNAL”. Folio 35 a 39.
[20]
Copia de la Resolución No. 0013 del 20 de enero de 2011 emitida por la
Alcaldía de Florencia. Cuaderno 1. Folios 22 a 23
[21]
Oficio No. 145 del 25 de enero de 2011 emitido por el Juzgado Segundo Laboral
del Circuito de Florencia, Caquetá, mediante el cual envía el proceso ordinario
laboral de la referencia a la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Florencia, Caquetá. Cuaderno 1. Folio 17.
[22]
Sentencia del 13 de marzo de 2013 proferida por la Sala Civil Laboral
Familia de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia,
Caquetá. Cuaderno 1. Folios 48 a 62.
[23]
Ibídem. Cuaderno 1. Folio 60.
[24]
Ibídem. Cuaderno 1. Folio 61.
[25]
Oficio ORH-468 del 23 de abril de 2013 suscrito por el Jefe de Oficina de
Recursos Humanos de la Alcaldía de Florencia. Cuaderno 1. Folio 102.
[26]
Según lo dispuesto en la providencia del 7 de febrero de 2018 proferida por el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Florencia, Caquetá, en la que
decide sobre la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta
por el accionante contra el Municipio de Florencia. Cuaderno 1. Folio 116.
[27]
Admitida mediante Auto del 23 de junio 2015. Cuaderno 1. Folio 107.
[28]
Providencia del 7 de febrero de 2018 proferida por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Florencia, Caquetá, en la que decide sobre la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por el accionante
contra el Municipio de Florencia. Cuaderno 1. Folios 116 a 119.
[29]
Providencia del 27 de febrero de 2018 proferida por el Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Florencia, Caquetá. Cuaderno 1. Folios 120 a 123.
[30]
Cuaderno 1. Folio 5.
[31]
Acta No. 53 del 29 de junio de 2018 emitida por el Consejo Superior de la
Judicatura, M.P. Fidalgo Javier Estupiñán. Cuaderno de Revisión. Folios 68 a
77.
[32]
Copia de la cédula de ciudadanía del señor Alirio Zárate Ariza. Cuaderno de
Revisión. Folio 6.
[33]
Historia clínica del señor Alirio Zárate Ariza expedida por la Corporación
Médica del Caquetá, de fecha 8 de febrero de 2019. Cuaderno de Revisión. Folio
112 (reverso).
[34]
Ibídem.
[35]
Escrito de respuesta suscrito por el accionante dirigido a la Corte
Constitucional, de fecha 23 de abril de 2019. Cuaderno de Revisión. Folios 79 a
116.
[36]Auto admisorio de la acción de tutela interpuesta por el señor Alirio
Zárate Ariza en contra del Tribunal Superior de Florencia,
Caquetá. Cuaderno 2. Folio 8.
[37]
Escrito de respuesta a la acción de tutela suscrito por el Secretario del
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Florencia, Caquetá. Cuaderno 2. Folios
26 y 27.
[38]
Escrito de respuesta a la acción de tutela suscrito por la Secretaria del
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Florencia, Caquetá. Cuaderno 2.
Folios 30 a 33.
[39]
Escrito de respuesta a la acción de tutela presentado por la Alcaldía de
Florencia, Caquetá. Cuaderno 2. Folios 35 a 37.
[40]
Oficio suscrito por el Magistrado Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal, de
fecha 16 de agosto de 2018. Cuaderno 2. Folios 63 a 72.
[41]
Sentencia del 5 de septiembre de 2018 proferida por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso de tutela de la
referencia. Cuaderno 2. Folios 93 a 96.
[42]
Escrito de impugnación de fecha 16 de octubre de 2018 presentado por el
accionante en contra de la sentencia del 5 de septiembre de 2018 proferida por
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Cuaderno 2. Folios
110 a 113.
[43]
Sentencia del 27 de noviembre de 2018 proferida por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso de tutela de la
referencia. Cuaderno 3. Folios 4 a 13.
[44]
Cuaderno 2. Folio 127 y reverso.
[45]
Además de las respuestas reseñadas en este
apartado, han de tenerse como tales las comunicaciones referidas por las partes
y las personas vinculadas, en el curso de la totalidad de este trámite
constitucional, pues la declaratoria de nulidad no afectó las pruebas
recaudadas en este asunto, de conformidad con el Auto 287 de 2019.
[46]
Cuaderno 2. Folio 153 a 178.
[47]
Cuaderno 2. Folio 180.
[48]
Cuaderno 2. Folios 181 a 195.
[49]
Sentencia del 3 de julio de 2019 proferida por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso de tutela de la
referencia. Cuaderno 2. Folios 204 a 207.
[50]
Escrito de impugnación de fecha 30 de julio de 2019 presentado por el
accionante en contra de la sentencia del 3 de julio de 2019 proferida por la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Cuaderno 2. Folios
237 a 240.
[51]
Cuaderno 2. Folio 238.
[52]
Sentencia del 27 de septiembre de 2019 proferida por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso de tutela de la
referencia. Cuaderno 4. Folios 4 a 13.
[53]Cuaderno
de Revisión. Folio 1.
[54]Cuaderno
de Revisión. Folios 17 a 29.
[55]
Auto del 11 de abril de 2019 proferido por la Magistrada Gloria Stella Ortiz
Delgado, en el trámite de revisión del expediente de tutela T-7.185.421.
Cuaderno de Revisión. Folios 37 a 42.
[56]
Cuaderno de Revisión. Folios 283 a 284.
[57]
Escrito de respuesta suscrito por el accionante dirigido a la Corte
Constitucional, de fecha 23 de abril de 2019. Cuaderno de Revisión. Folios 79 a
116.
[58]
Historia
clínica
del señor Alirio Zárate Ariza expedida por la Corporación Médica del Caquetá,
de fecha 8 de febrero de 2019. Cuaderno de Revisión. Folio 112 (reverso).
[59]
Certificado expedido por la Superintendencia de Notariado y
Registro respecto al registro de bienes a nombre de Alirio Zárate Ariza.
Cuaderno de Revisión. Folio 93.
[60]
Oficio del 24 de abril de 2019, suscrito por el
Asesor de la Secretaría Administrativa del Municipio de Florencia, Julián
Armando Gómez Cabrera, en respuesta al Oficio OPT-835/2019 emitido por esta
Corporación. Cuaderno de Revisión. Folios 52 a 66.
[61]
Se trata de los formatos certificación de información laboral y de salarios,
adoptados de manera conjunta por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del
Trabajo, en cumplimiento del artículo 3º del Decreto 13 del 9 de enero de 2001.
[62]
Escrito de respuesta del Consejo Superior de la Judicatura, allegado a la
Secretaría General de la Corte Constitucional el 24 de febrero de 2019.
Cuaderno de Revisión. Folios 67 a 78.
[63]
Escrito suscrito por la Directora de Asuntos Constitucionales de COLPENSIONES,
remitido a la Corte Constitucional el 30 de abril de 2019. Cuaderno de
Revisión. Folios 121 a 127.
[64]
Cuaderno de Revisión. Folio 281.
[65]
Cuaderno de Revisión. Folios 409 a 411.
[66]
Cuaderno de Revisión. Folios 316 a 321.
[67]
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[68]
Demanda ordinaria laboral de primera instancia presentada por el apoderado
judicial del señor Alirio Zárate Ariza en contra del Municipio de Florencia, de
fecha 5 de febrero de 2010. Cuaderno 2, CD-Rom (Folio 27), archivo “PROCESO
ORDINARIO RAD 2010-00043”. Folio 3.
[69]
Se consultó la base de datos de la Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud – ADRES, como se puede observar en los
resultados de la consulta a folio 424 del Cuaderno de Revisión.
[70]
Ver firma del actor en la acción de tutela. Cuaderno de Revisión. Folio 5.
[71]
Artículo 5 del Decreto 2591 de 1991.
[72]
Según el artículo 155 de la Ley 1151 de 2007, modificado por el artículo 1º del
Decreto 4121 de 2011, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado,
organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al
Ministerio del Trabajo, cuyo objeto consiste en la administración estatal del
Régimen de Prima Media con Prestación Definida, de las prestaciones especiales
que las normas legales le asignen, y de la administración del Sistema de Ahorro
de Beneficios Económicos Periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de
2005.
[73]
Sentencia SU-961 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[74]
Artículo 86 de la Constitución Política de Colombia.
[75]
Ibidem.
[76]
Sentencia T-009 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[77]
Cuaderno 1. Folio 121.
[78]
Ver entre otras, las Sentencias T-723 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez;
T-063 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-230 de 2013, M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez y T-087 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[79]
Ver Sentencia T-723 de 2010, M.P. Juan Carlos
Henao Pérez. Reiterada en Sentencia T-063 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez.
[80]
QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando. Derecho Procesal Constitucional Colombiano.
Acciones y procesos. Bogotá: 2015. P. 212.
[81]
Sentencia T-387 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[82]
Sentencia T-087 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[83]
Sentencia T-387 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[84]
Ver Sentencias T-471 de 2017. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado y T-222 de 2018,
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[85]
Ver Sentencias: T-1069 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-315 de 2017,
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo, y T-320 de 2017, M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez; T-009 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, y T-148 de
2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[86]
Historia clínica del señor Alirio Zárate Ariza expedida por la Corporación
Médica del Caquetá, de fecha 8 de febrero de 2019. Cuaderno de Revisión. Folio
112 (reverso).
[87]
Ibídem.
[88]
La Sala verificó que el accionante se encuentra afiliado al Sistema General de
Seguridad Social en Salud en el Régimen Contributivo, de acuerdo con la base de
datos de la ADRES. Folio 424, Cuaderno de Revisión. Lo anterior, se suma a las
pruebas aportadas por el accionante, en las que se verifica que no percibe
ingreso alguno y no tiene bienes a su nombre. Ver: Respuesta del accionante al
Auto de pruebas de la Corte Constitucional, folios 227 a 270 del Cuaderno de
Revisión.
[89]
Certificado expedido por la Superintendencia de Notariado y
Registro respecto al registro de bienes a nombre de Alirio Zárate Ariza.
Cuaderno de Revisión. Folio 93.
[90]
Ver Sentencias T- 433 de 2002, M. P. Rodrigo Escobar Gil y T-702 de 2014, M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[91]
M.P. Mauricio González Cuervo.
[92]
Sentencia T-414 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón.
[93]
Ibidem.
[94]
Ibidem.
[95]
Sentencia T-580 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[96]
Ibidem.
[97]
Ver Sentencia T-065 de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Reiterada en
Sentencia T-291 de 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[98]
Sentencia T-222 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[99]
Sentencia T-087 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[100]
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[101]
Cita de la Sentencia T-702 de 2014, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, en
Sentencia T-065 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Reiterada en
Sentencia T-291 de 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[102]
Sentencia T-222 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[103]
Ver Sentencias C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-279 de 2013, M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[104]
Artículo 1º de la Ley 270 de 1996.
[105]
Sentencias C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[106]
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[107]
Sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[108]
Ibidem.
[109]
Artículo 4 de la Ley Estatutaria de Justicia.
[110]
Ver Sentencia T-441 de 2015, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[111]
Sentencia T-222 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[112]
Sentencia T-681 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[113]
Ibidem.
[114]
Preámbulo de la Ley 100 de 1993.
[115]
Sentencia T–1318 de 2005, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, reiterado en
sentencia T–468 de 2007, con ponencia del mismo Magistrado. Ver también:
Sentencias T–760 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-250 de 2015,
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[116]
Sentencia T-184 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[117]
Sentencia SU-995 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[118]
Sentencia T-184 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[119]
M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[120]
M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[121]
Sentencia T-581A de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
[122]
Sentencia T-025 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[123]
Artículo 12 de la Ley 100 de 1993.
[124]
Sentencia SU-023 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
[125]
Ver Sentencias T-194 de 2017, M.P. (e) Iván Humberto
Escrucería Mayolo y Sentencia T-090 de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[126]
Ver Sentencias SU-023 de 2018, M.P. Carlos Bernal
Pulido; T-090 de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas; T-109 de 2019, M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado y T-280 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[127]
El artículo 151 de la Ley 100 de 1993 dispuso que “[el] Sistema General de Pensiones previsto en la presente Ley,
regirá a partir del 1o. de Abril de 1.994”.
[128]
Sentencia T-109 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[129]
El artículo 2º del Acto Legislativo 01 de 2005 señala que
dicha reforma constitucional rige a partir de la fecha de su publicación, la
cual ocurrió el 25 de julio de 2005.
[130]
Sobre la interpretación de la expresión “hasta el año 2014”,
la Corte ha precisado que se trata del 31 de diciembre de 2014. De hecho, en la
Sentencia C-258 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), indicó que el
régimen de transición en pensiones terminó el 31 de julio de 2010, salvo para
las personas que, siendo beneficiarias de éste, tuvieran más de 750 semanas
cotizadas a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, a quienes
se les extendería hasta el 31 de diciembre 2014.
Asimismo,
la Sentencia C-418 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa), estableció que
la expresión “hasta 2014” contenida en el parágrafo 4° del Acto
Legislativo 01 de 2005, significa que el régimen de transición sería aplicable
hasta el 31 de diciembre de 2014 para los trabajadores que cumplieran con el
requisito de tener las 750 semanas de cotización al 31 de julio de 2005.
[131]
Sentencia T-280 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[132]
Artículo 7 de la Ley 71 de 1988.
[133]
M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[134]
Establecidos en la Sentencia T-421 de 2011, M.P. Juan Carlos
Henao Pérez, y reiterados en Sentencias T-956 de 2014, M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado y T-037 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[135]
Sentencia T-421 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[136]
Ibidem.
[137]
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[138]
Sentencia T-435 de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[139]
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[140]
M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[141]
Sentencia T-090 de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[142]
Cuaderno 2, Folio 153 a 178.
[143]
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[144]
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[145]
Cuaderno de Revisión. Folio 6.
[146]
Copia del Reporte de semanas cotizadas en pensiones emitido por el Instituto de
Seguro Social. Cuaderno de Revisión. Folio 223 (reverso).
[147]
Copia de la demanda ordinaria laboral interpuesta por el señor Alirio Zárate
Ariza en contra del Municipio de Florencia, Caquetá. Cuaderno 2, CD-Rom
(Folio 27), archivo “PROCESO ORDINARIO RAD 2010-00043”. Folio 4.
[148]
Copia de la demanda ordinaria laboral interpuesta por el señor Alirio Zárate
Ariza en contra del Municipio de Florencia, Caquetá. Cuaderno 2, CD-Rom (Folio
27), archivo “PROCESO ORDINARIO RAD 2010-00043”. Folio 25.
[149]
Artículo 1º del Decreto 0244 del 19 de julio de 1995. Copia
de la demanda ordinaria laboral interpuesta por el señor Alirio Zárate Ariza en
contra del Municipio de Florencia, Caquetá. Cuaderno 2, CD-Rom (Folio 27),
archivo “PROCESO ORDINARIO RAD 2010-00043”. Folio 26.
[150]
Copia de la demanda ordinaria laboral interpuesta por el señor Alirio Zárate
Ariza en contra del Municipio de Florencia, Caquetá. Cuaderno 2, CD-Rom (Folio
27), archivo “PROCESO ORDINARIO RAD 2010-00043”. Folio 26.
[151]
Parte resolutiva del fallo del 29 de noviembre de 2010, proferido por el
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Florencia. Cuaderno 2, CD-Rom (Folio
27), archivo “PROCESO ORDINARIO RAD 2010-00043”. Folio 137.
[152]
Oficio No. ORH-468 del 23 de abril de 2013. Cuaderno 1. Folio 102.
[153]
Ibidem.