SU120-03
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia SU.120/03
VIA DE HECHO-Casos
de interpretación de normas
La jurisprudencia constitucional tiene definido que
constituyen vías de hecho las decisiones judiciales caprichosas, arbitrarias e
irrazonables, doctrina que aplicada a la labor de interpretación judicial
comporta infirmar las decisiones en las que el juez elige la norma aplicable o
determina su manera de aplicación i) contraviniendo o haciendo caso omiso de
los postulados, principios y valores constitucionales, ii) imponiendo criterios
irracionales o desproporcionados, iv) sin respetar el principio de igualdad, y
v) en desmedro de los derechos sustantivos en litigio. Entonces los jueces y
los tribunales son autónomos e independientes para elegir la norma aplicable,
para determinar como será aplicada, y para establecer la manera como habrán de
llenarse los vacíos legislativos encontrados con el fin de resolver en derecho
el asunto sometido a su consideración; pero en esta labor no les es dable
apartarse de los hechos, dejar de valorar las pruebas regular y oportunamente
aportadas, y desconocer las disposiciones constitucionales, porque la justicia
se administra en relación con los hechos debidamente probados, y los
contenidos, postulados y principios constitucionales son criterios hermenéuticos
de forzosa aplicación –artículos 6°, 29 y 230 C.P.-.  Es más, esta Corte tiene definido que en razón de la autonomía y libertad de acción que se desprende del
artículo 230 constitucional, los jueces y tribunales no pueden, por ningún
motivo, aplicar la voluntad abstracta de la ley al caso concreto desconociendo
los derechos fundamentales de las personas involucradas en sus decisiones,
porque la normativa constitucional atinente a tales derechos prevalece respecto
de la que organiza la actividad estatal y determina las distintas funciones de
las autoridades públicas.
LEY-Igualdad
y confianza legítima en su aplicación/DOCTRINA PROBABLE-Sujeción de los
jueces
Con miras a lograr una aplicación consistente del
ordenamiento jurídico, a la Corte Suprema de Justicia se le ha confiado el
deber de unificar la jurisprudencia nacional. Labor que ha sido entendida por
esta Corporación i) como una muestra fehaciente de que todas las personas son
iguales ante la ley –porque las situaciones idénticas son resueltas de la misma
manera-, ii) como un presupuesto indispensable en el ejercicio de la libertad
individual -por cuanto es la certeza de poder alcanzar una meta permite a los
hombres elaborar un proyecto de vida realizable y trabajar por conseguirlo-, y
iii) como la garantía de que las autoridades judiciales actúan de buena fe
–porque no asaltan a las partes con decisiones intempestivas, sino que, en caso
de tener que modificar un planteamiento, siempre estarán presentes los
intereses particulares en litigio-. i) Una misma autoridad judicial –individual
o colegiada- no puede introducir cambios a sus decisiones sin la debida
justificación, ii) los jueces no pueden apartarse por su sola voluntad de las
interpretaciones que sobre el mismo asunto ha hecho la Corte Suprema de
Justicia, y iii) ésta no puede renunciar a su labor de darle unidad al
ordenamiento jurídico. Es que los asociados requieren
confiar en el ordenamiento para proyectar sus actuaciones, de manera que tanto
las modificaciones legales, como las mutaciones en las interpretaciones
judiciales deben estar acompañadas de un mínimo de seguridad –artículo 58 C. P.-, en consecuencia los jueces actúan arbitrariamente y por ello incurren en vía de hecho,
cuando se apartan, sin más, de la doctrina probable al interpretar el
ordenamiento jurídico.
EQUIDAD EN MATERIA LABORAL-Aplicación en materias no previstas en la legislación
Incumbe al juez confrontar la situación concreta de las
personas que aspiran a acceder a la pensión en las condiciones anotadas y
remediar la injusticia que se deriva de la omisión legislativa anotada, obrando
en todo conforme lo habría hecho el legislador, de haber considerado la
situación específica, es decir conforme con la Constitución Política. De modo
que en su misión de determinar el referente para resolver las situaciones
planteadas por los accionantes, sobre la base salarial para liquidar la primera
mesada pensional, la accionada tenía que proceder como lo indican las normas
relativas al tema, como quiera que el legislador de haber considerado las
particularidades que los actores afrontan habría optado por la indexación del
promedio de los salarios devengados en el último año de servicios –artículo 260 C.S.T-, o por el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios o rentas sobre las cuales el
afiliado cotizó durante los 10 años anteriores al reconocimiento, según el
caso. Dado que la equidad, la jurisprudencia constitucional y los principios
generales del derecho laboral indican que los espacios dejados por el
legislador, no pueden ser llenados por el juzgador a su arbitrio, por su mera
voluntad, sino consultando los criterios auxiliares de la actividad judicial
–artículo 230 C.P.-.
DERECHOS DEL PENSIONADO A
MANTENER EL PODER ADQUISITIVO DE LA MESADA-Procedencia de su reconocimiento/INDEXACION
DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL
Al decidir sobre la procedencia de indexar la primera
mesada pensional, los jueces no pueden desconocer la necesidad de mantener el
equilibrio en las relaciones de trabajo y el valor adquisitivo de las pensiones
como lo indican los artículos 53 y 230 de la Carta Política. Y tampoco pueden
apartarse del querer legislador, para quien ha sido una preocupación constante
regular el monto y la oportunidad de los reajustes pensionales. De manera que si el juzgador no opta por lo expuesto, sino
que decide resolver sobre la indexación de la primera mesada pensional
acudiendo a soluciones que no consultan los criterios auxiliares de la
actividad judicial, hacen necesaria la intervención del Juez constitucional
para restablecer los derechos fundamentales mínimos de los trabajadores
El artículo 48 de la Constitución Política impone al legislador definir “los
medios para que los recursos destinados a la seguridad social mantengan su
valor adquisitivo constante”, y el artículo 53 del mismo ordenamiento dispone
que el “Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de
las pensiones legales”. Los artículos 14, 36 y 117 de la Ley 100 de 1993,
disponen mecanismos de actualización, tanto de las pensiones causadas, como de
los recursos que atenderán las prestaciones futuras, mediante la aplicación del
índice de precios al consumidor, según certificación expedida por el DANE. Pero
lo anterior no es todo, las entidades financieras obligadas –Bancafé y Caja
Agraria- han debido proveer, desde el retiro de cada uno de los accionantes,
año por año, el pago de la prestación a la que están obligadas utilizando la
tasa promedio de la inflación registrada por el Dane para los últimos diez
años, como lo disponen el artículo 50 del Código de Comercio, los artículos
112, 113 y 206 del Estatuto Tributario, el Decreto 2498 de 1988 y la Circular
Externa 063 de 1990 emitida por la Superintendencia Bancaria. De suerte que
compete a la Sala accionada adecuar sus decisiones de manera que los
demandantes mantengan el valor adquisitivo de su pensión, atendiendo los
dictados constitucionales y la voluntad abstracta de las leyes laborales y de
seguridad social, con miras a que los nombrados puedan disfrutar de la mesada
pensional que efectivamente les corresponde, poniendo de esta manera en
vigencia un orden político, económico y social justo, en el reconocimiento de
los derechos ciertos de los tutelantes pensionados –Preámbulo, artículos 2 y 230 C.P.-
INDEXACION DE LA PRIMERA
MESADA PENSIONAL-Adopción de una posición jurisprudencial unificada
La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia está
obligada a unificar la jurisprudencia nacional del trabajo y los jueces y
tribunales a acatar su decisión, con el objeto de evitar la anarquía en las
relaciones laborales, de infundir seguridad en éstas, y de no defraudar la
confianza que los asociados depositan en el ordenamiento jurídico y en los
jueces como artífices de su aplicación –Preámbulo artículos 2°, 6°, 13, 83, 228 a 230 C. P.-. A la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia le compete optar por
una aplicación consistente de las previsiones legales atinentes a la
conservación del valor adquisitivo de los derechos económicos mínimos de los
trabajadores, porque ha ella se le ha confiado el deber de unificar la
jurisprudencia nacional.
DOCTRINA PROBABLE-Aplicación
Tres decisiones judiciales uniformes constituyen
“doctrina probable” de forzosa aplicación, como quiera que los
jueces únicos y colegiados deben acoger su criterio, salvo un “fundamento
explicito suficiente”.
VIA DE HECHO-Decisiones
judiciales contrarias a la Constitución
Cuando los jueces no consideran los derechos
fundamentales mínimos que se encuentran garantizados en los artículos 25, 48 y
53 del ordenamiento constitucional, quebrantan los artículos 29, 228 y 230
constitucionales e incurren en vía de hecho; porque dichos derechos regulan los
derechos y prerrogativas de los trabajadores y de los pensionados e informan
todas las previsiones del ordenamiento.
PRINCIPIO DE INTERPRETACION
MAS FAVORABLE EN MATERIA LABORAL
La Sala accionada deberá considerar que el artículo 53
de la Constitución Política impone al interprete de las fuentes formales del
derecho laboral el criterio de elegir, en caso de duda, por la interpretación
que más favorezca al trabajador, y en consecuencia optar por ordenar a las
entidades financieras obligadas mantener el valor económico de la mesada
pensional de los actores, por ser ésta la solución que los beneficia y que
condice con el ordenamiento constitucional
INDEXACION DE LA PRIMERA
MESADA PENSIONAL-Amparo de derechos fundamentales
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia no podía absolver –como lo hizo- al Banco Cafetero y a la Caja de Crédito
Agrario de la obligación de cancelar a los demandantes una mesada igual al 75%
del promedio real del salario devengado. En efecto, como a lo largo de esta
providencia ha quedado explicado, las decisiones de la Sala accionada que
negaron a los actores el derecho acceder a una pensión acorde con su salario
real i) desconocen la prevalencia del derecho sustancial, en cuanto no se
sujetan a los dictados constitucionales de la igualdad, favorabilidad, y
conservación del poder adquisitivo de las pensiones y ii) no se informan en la
equidad, además de pasar por alto los principios generales del derecho laboral.
De modo que a los Jueces de Instancia les correspondía, como lo hizo la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca
en la sentencia proferida para amparar los derechos fundamentales de la señora
Lucrecia Vivas de Maya, dejar sin efecto, las sentencias proferidas por la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que negaron a los
accionantes su derecho constitucional a no ver disminuido el valor real de sus
mesadas pensionales. Porque, como lo ha sostenido insistentemente esta
Corporación, compete al Juez Constitucional desconocer la firmeza de las
decisiones judiciales que quebrantan el ordenamiento superior, como quiera que
el debido proceso indica que el principio de cosa juzgada opera para mantener
aquellas decisiones judiciales que aplican el sentido abstracto de la ley de
conformidad con los dictados de la Constitución Política.
VIA DE HECHO PROCESAL-Procedencia
Referencia: expedientes T-406257, T-453539 y T-503695
Acciones de tutela instauradas, separadamente, por
Gonzalo Humberto Pachón Guevara, Lucrecia Vivas de Maya y Carlos Hernán Romero
Perico contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá, D. C., trece (13) de febrero de dos mil tres
(2003).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio
de la competencia que le ha sido concedida por los artículos 86 y 241, numeral
9, de la Constitución Política y por el Decreto 2591 de 1991, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión de los fallos
proferidos por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá; por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca y por el Consejo Superior de la Judicatura; y por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, para decidir las acciones
instauradas por Gonzalo Humberto Pachón Guevara, Lucrecia Vivas de Maya y
Carlos Hernán Romero Perico respectivamente, contra la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia.
I.
ANTECEDENTES
1. Las demandas
1.1 Expediente T-406.257
El señor Gonzalo Humberto Pachón Guevara interpuso
acción de tutela contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al
trabajo y a la seguridad social, en razón de que la accionada no casó la
sentencia que revocó la decisión de primera instancia, que ordenaba reajustar
su mesada pensional.
Para fundamentar su pretensión, el accionante relata
los siguientes hechos:
- Que estuvo vinculado laboralmente a BANCAFÉ por espacio de
25 años, entre el 24 de marzo de 1961 y el 16 de febrero de 1986.
- Que mediante resolución número 231 de julio 12 de 1995 la
mentada entidad le reconoció su pensión de jubilación “con base en un salario promedio
de $87.122.03 pesos mensuales, desconociendo que al momento de retirarme del
cargo yo estaba devengando un salario mensual equivalente a 4.7 salarios
mínimos legales”.
- Que por lo anterior inició el trámite judicial
correspondiente para conseguir la reliquidación de la primera mesada pensional.
- Que el juzgado de primera instancia, en sentencia de
marzo 3 de 1999, condenó a BANCAFÉ a “reajustar el valor inicial de la
pensión sanción reconocida al accionante a la suma de $ 556.115 pesos con base
en la cual se deberán hacer los reajustes de ley”, y “a pagar las
diferencias que resultaron al realizar la reliquidación de las mesadas”.
- Que la anterior decisión fue revocada por la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Bogotá mediante sentencia proferida el 16 de
julio de 1999.
- Que por intermedio de apoderado interpuso contra la
sentencia en mención el recurso extraordinario de casación, pero que la
decisión no fue casada, toda vez que la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia mediante sentencia de 17 de mayo de 2000 desestimó los cargos
propuestos al considerar que no se integró la proposición jurídica completa,
por cuanto ninguna de las normas relacionadas regula el “(..) derecho que
origina su reclamación, esto es, la pensión de jubilación”. Y, por cuanto, de
acuerdo con la nueva posición de la mayoría de sus integrantes, así el recurso
se hubiese considerado no procedía acceder a sus pretensiones.
1.2 Expediente T-453.539
La señora Lucrecia Vivas de Maya interpuso acción de
tutela contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo, debido proceso,
acceso a la administración de justicia, prelación del derecho sustancial,
imperio de la ley e igualdad, debido a que la demandada, el 20 de septiembre de
2000, casó la sentencia que había sido dictada por la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá, la cual confirmaba la decisión de primera instancia que
ordenaba a BANCAFE indexar la primera mesada pensional de la actora. Para fundamentar
su demanda afirma:
- Que estuvo vinculada al Banco Cafetero, mediante
contrato de trabajo, durante más de 28 años, entre el 16 de febrero de 1963 y
el 30 de mayo de 1991.
- Que al terminar su relación de trabajo devengaba
6.77 veces el salario mínimo legal.
- Que el 16 de marzo de 1995, fecha en que cumplió 50
años de edad, la entidad mencionada le reconoció una pensión de jubilación
equivalente a 2.21 salarios mínimos vigentes.
- Que por lo anterior demandó a BANCAFE, para que
fuera conminada a indexar su primer mesada pensional.
- Que mediante sentencia proferida el 14 de mayo de 1999
el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá dictó sentencia favorable a
sus pretensiones, la que fue confirmada, pero luego casada por la accionada.
- Agrega que esta última vulneró sus derechos
fundamentales, porque al casar la decisión desconoció los artículos 21, 36, 151
y 289 de la Ley 100 de 1993, se apartó de las sentencias C-367 de 1995 y C-448
de 1996 de esta Corporación, y modificó su propio precedente.
- Relata que el 6 de julio del año 2000 la misma
Corporación, mediante decisión unánime, había ordenado al Banco Popular indexar
a favor del señor Héctor Armando Pineda Cañas su primera mesada pensional.
- Asevera, igualmente, que la acción de tutela resulta
procedente, porque se encuentran agotados los mecanismos que el ordenamiento
tiene previsto para la protección ordinaria de sus derechos fundamentales.
- Cita varias sentencias proferidas por la Corporación
accionada con el propósito de probar que ésta, al dictar la sentencia de
casación en comento, la discriminó, por cuanto la misma había beneficiado con
el pago de la indexación de la primera mesada pensional a otras personas que
estuvieron, como ella, vinculadas a Bancafé y que accedieron a la pensión de
jubilación en los años siguientes a su retiro.
1.3 Expediente T-503.695
El señor Carlos Hernán Romero Perico interpuso acción
de tutela contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo, debido
proceso, acceso a la administración de justicia, prelación del derecho
sustancial, imperio de la ley, igualdad, seguridad social y libre desarrollo de
la personalidad debido a que la accionada no casó la sentencia de segunda
instancia que revocó la providencia en que se ordenaba a la Caja de Crédito
Agrario Industrial y Minero proceder a indexarle su primera mesada pensional.
Para fundamentar sus pretensiones aduce:
- Que estuvo vinculado a la Caja Agraria, mediante
contrato de trabajo, durante más de 20 años, entre el 17 de septiembre de 1957
y el 1° de agosto de 1979.
- Que a partir del 5 de marzo de 1991 su empleador le
reconoció una pensión de jubilación equivalente al salario mínimo legal, y que
al terminar su relación laboral con la entidad devengaba una suma equivalente a
8 veces tal referente.
- Que por lo anterior demandó a la Caja de Crédito
Agrario Industrial y Minero para que la justicia ordinaria le ordenara proceder
en derecho indexándole su primera mesada pensional.
- Que la sentencia de primera instancia, proferida el 5 de
marzo de 1999, fue favorable a sus intereses, pero que el 20 de septiembre del
mismo año la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Villavicencio absolvió a la demandada, y que el 16 de mayo de 2000 la Sala de
Casación laboral de la Corte Suprema de Justicia no casó la providencia.
- Agrega que la accionada vulneró sus derechos
fundamentales a la vida, igualdad, debido proceso, trabajo y seguridad social habida
cuenta i) que la pensión que devenga no le alcanza para atender su congrua
subsistencia y la de su familia, ii) que sus compañeros de trabajo, también
pensionados, gozan de una mesada acorde con el porcentaje que representa el
salario mínimo en el último salario devengado, iii) que el cambio en la
conformación de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia no puede dar
lugar a un cambio radical de jurisprudencia en materia de indexación de la
primera mesada pensional, iv) que dicha modificación no cuenta con la
aceptación de todos los integrantes de la Sala y que por ello ésta ha tenido
que volver a su posición anterior, v) que la nueva posición de la Sala
accionada “deja de lado los principios y orientaciones del derecho laboral y
de la seguridad social”.
- Relaciona tres casos de compañeros suyos,
beneficiados con la indexación de primera mesada pensional, con el propósito de
demostrar que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha debido
resolver favorablemente su pretensión, porque, las circunstancias fácticas que
rodearon su despido y luego el reconocimiento de su pensión coinciden con las
que dieron lugar a que las pretensiones de Arnulfo de Jesús Urrego, Jaime Díaz
Niño y Benedicto Patiño hubieran sido atendidas por la justicia laboral
favorablemente.
2. Posición de los magistrados integrantes de la Sala
accionada
Los magistrados integrantes de la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia guardaron silencio con respecto de la
protección constitucional que demandan los actores.
3. Intervención del Banco Cafetero
3.1. Luego de un extenso estudio sobre los cambios
jurisprudenciales en el tema de la indexación, BANCAFE, por intermedio de
apoderada, se opuso a que se conceda la protección invocada por Gonzalo
Humberto Pachón, y mantuvo silencio respecto de la acción de tutela instaurada
por Lucrecia Vivas de Maya.
En el asunto en el cual intervino, la apoderada de
BANCAFE, entre otros argumentos, sostuvo:
“...
de ninguna manera se puede aducir que la H. Sala de Casación Laboral incurrió
en una “vía de hecho” pues la  interpretación relacionada con la indexación de
la primera mesada ha sido y continúa siendo un tema de amplia controversia y
por ello, bajo ningún aspecto, se puede sostener que una u otra tesis es el fruto
de un entendimiento manifiestamente errónea o absurda de las normas que regulan
la materia”.
“
no es de ninguna manera deseable, pero la solución no se encuentra en el
ejercicio de la acción de tutela, que como se ha demostrado claramente resulta
totalmente improcedente. Le corresponderá al legislador dictar las normas
procesales para subsanar tales eventos, pero bajo ningún aspecto puede
deferirse esto al último juez constitucional, que paradójicamente vendría a
resolver una controversia propia de la justicia ordinaria laboral acerca de la
cual ni siquiera existe unidad de criterios al interior de la Sala de Casación
Laboral.”.
3.2 La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura mediante providencia de enero 18 de 2001 decretó la
nulidad de todo lo actuado en el proceso iniciado por la señora Vivas de Maya,
por no haber sido notificado BANCAFE, en calidad de tercero interesado, y,
además, por indebida conformación de la Sala de primera instancia. En
consecuencia ordenó al a quo notificar en debida forma a la entidad
interesada, y dispuso que, una vez notificado el Banco procediera a rehacer la
actuación, como efectivamente aconteció, pero –como se dijo- la entidad
notificada no compareció al proceso.
2.3. La Caja de Crédito Agrario en liquidación, por
intermedio de apoderado, se opuso a la pretensión de amparo constitucional
invocada por el señor Carlos Hernán Romero Perico, para el efecto sostuvo:
- Que la pensión de jubilación le fue reconocida al
actor por su representada el 5 de marzo de 1991, obrando en todo conforme a la
Convención Colectiva de Trabajo vigente a la fecha de su retiro, como quiera
que el artículo 39 de la Convención 1979-1980, “(..) indica[n]
los factores fijos y variables de los que se debe tomar el 75% para obtener el
total de las mesadas (..)”.
Que por lo anterior al actor le fue reconocida “(..)
como mesada pensional para el año 1991 la suma de $51.720, reajustada para el
año de 1992 (fecha de pago) en los términos de la ley a $65.190, y para el año
2001 la mesada asciende a $309.614.”.
Que en el momento de su retiro el señor Romero Perico
había trabajado al servicio de la entidad el tiempo de servicio que le daba
derecho a la pensión convencional, pero que no contaba con la edad que lo haría
acreedor a la prestación, y que cumplió tal requisito el 5 de marzo de 1991.
Agrega que antes de dicha fecha el actor no tenía, en relación con su pensión,
un derecho sino una expectativa.
Se apoya en varias sentencias de esta Corporación, de
las que trascribe apartes, para concluir que la Salas accionadas no incurrieron
en vía de hecho al no casar la sentencia de segunda instancia, porque las
decisiones que el actor controvierte, aunque no fueron favorables a sus
intereses, se ajustaron a derecho, y la acción de tutela contra providencias
judiciales procede “cuando el juez en forma arbitraria, caprichosa, y con
fundamento en su sola voluntad actúa en absoluta desconexión con el
ordenamiento jurídico, situación que no se presenta en el caso sub examine”.
4.      Decisiones judiciales objeto de revisión
4.1 Expediente T-406.257
La protección invocada por el señor Gonzalo Pachón
Guevara fue negada por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, mediante
providencia de 8 de noviembre de 2000, al considerar que la decisión de la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en ningún momento vulneró
los derechos fundamentales del peticionario porque “no carece de fundamento
objetivo, ni obedece a una sola voluntad  o capricho, ni se profirió por fuera
del procedimiento establecido (..)”, no obstante el actor no impugnó la
decisión.
4.2 Expediente T-453.539
4.2.1. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, mediante decisión del 13 de febrero
de 2001, concedió el amparo invocado por la señora Lucrecia Vivas de Maya.
Para el efecto consideró que la Sala de Casación Laboral
de la H. Corte Suprema de Justicia quebrantó el derecho a la igualdad de la
tutelante, toda vez que, pese a que ésta se encontraba en circunstancias
similares a aquellas que dieron lugar a la indexación de la primera mesada
pensional de otros pensionados, se apartó de su propio precedente y resolvió
desfavorablemente las pretensiones de la actora. Y asimismo adujo, que no se
observa en la decisión razones que justifiquen tal distinción.
También adujo que la Corporación accionada no tuvo en
cuenta, al proferir la decisión que la actora controvierte, que se le ha
confiado la misión de unificar la jurisprudencia nacional, en los temas que se
someten a su consideración, y que está en la obligación de reparar los agravios
inferidos a las partes, amén que en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes de derecho procede aplicar el principio de
favorabilidad en beneficio del trabajador.
El siguiente es un aparte de la providencia que se
reseña.
“En
tales condiciones, y como arriba se señaló, teniendo en cuenta que la Corte
Suprema de Justicia había sentado doctrina en relación con la indexación de la
primera mesada pensional, con anterioridad a la sentencia impugnada, y continuó
haciéndolo con posterioridad y efectivamente, según lo dicho por la accionante
la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en algunas providencias se
habían pronunciado de igual manera, esta Sala considera que el irrespeto
presentado en este caso a la doctrina laboral, ha quebrantado el derecho a la
igualdad de la accionante, quien encontrándose en similares circunstancias que
los actores de los procesos que originaron las sentencias constitutivas de
doctrina laboral (terminar de prestar sus servicios al empleador con
anterioridad a la vigencia de la ley 100 de 1993, y cumplir la edad del
reconocimiento de  pensión durante su vigencia), obtuvo una decisión judicial
abiertamente discriminatoria en la que no se encuentra emitido criterio alguno
jurídicamente razonable con el fin de justificar el trato diferente que se dio
a su caso, además de ser contraria a la Constitución y a la ley como en
párrafos anteriores se expuso.”[1]
4.2.2. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia
y BANCAFE impugnaron la decisión. La primera adujo que la acción de tutela
contra sentencias es improcedente, y que el artículo 4º de la Ley 169 de 1896
no la obliga a adoptar los mismos criterios jurisprudenciales en sus decisiones[2].
A su vez Bancafé plantea que las sentencias proferidas
por la H. Corte Suprema de Justicia en materia de indexación laboral no tienen
efectos erga omnes, sino inter partes, y que esta Corporación ha
sostenido que no existen vías de hecho en materia de interpretación de la ley.
4.2.3 La Sala Jurisdiccional disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura revocó la decisión de primera instancia, mediante
sentencia proferida el 3 de abril de 2001, al considerar que los jueces no
están obligados a interpretar la ley de modo idéntico, y que si bien la
homogeneidad de las decisiones resulta importante por principio de seguridad
jurídica, ésta no puede socavar la autonomía judicial.
Además adujo que no observa vía de hecho en la
decisión judicial cuestionada, ya que la negativa de reconocer la indexación de
la primera mesada pensional no resulta de una interpretación irrazonable, ni
viola el derecho a la igualdad.
El siguiente es un aparte de la decisión:
“Así las cosas, si es criterio de la Sala de Casación
Laboral no indexar, como ocurrió con infortunio para la casacionista, por la
composición de la sala para resolver su caso, cuando quiera que se dan
idénticas circunstancias, esto es, que se trate de casos similares en cuanto a
los hechos de los cuales se pretende derivar el derecho a la indexación y en
cuanto a los magistrados que de ordinario componen la actual Sala, de afirmarse
que existe una jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia- que como ya se vio no es posible afirmarlo- en torno a la
causación de la indexación en mesadas pensionales como la de la demandante,
indudablemente esta sería la de que no es viable tal tipo de prestación; de
donde fácilmente se concluye la inmodificabilidad del fallo por no poderse
predicar de él la ocurrencia  de una vía de hecho, por violación al principio
de igualdad en la aplicación de la ley, toda vez que el fallo adverso a la
accionante en sede de casación, aunque contrario a otras decisiones de idéntica
concreción fáctica se enseña debida y  razonablemente fundado, excluyente de
argumentos arbitrarios o caprichosos o claramente discriminatorios, negativos
de las personas  por razón de sus condiciones particulares”.[3]
Además el Fallador de Segundo Grado advierte que en
materia de indexación laboral no debe aplicarse el principio de favorabilidad
de la ley laboral porque se trata de posiciones judiciales que se encuentran
completamente definidas y no están aplicando disposiciones normativas que
consagren expresa o tácitamente el derecho reclamado.
4.2.4. Los Magistrados Fernando
Coral Villota y Rubén Darío Henao Orozco, se apartaron de la anterior decisión,
porque a su juicio la Sala ha debido mantener la providencia impugnada.
Para el efecto confrontaron la
decisión tomada por la Sala accionada para resolver el derecho a la indexación
de la primera mesada pensional reclamada por la actora, con la providencia
proferida por la misma Sala para resolver igual pretensión, esta vez del
extrabajador del Banco Popular que la actora menciona en su demanda, y
concluyeron que en este último caso la Sala demandada concedió la indexación
pretendida, con fundamento en las previsiones de los artículos 21 y 36 de la
Ley 100 de 1993 y aplicó el principio de favorabilidad, pero que como se apartó
de estas consideraciones al resolver la demanda interpuesta por la actora
quebrantó sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo y a la seguridad
social.
Dijeron así los Magistrados
disidentes:
“(..) Héctor Armando Pineda Cañas versus el Banco
Popular, en donde se aduce con claridad que la ley 100 de 1993 estableció en
sus artículos 21 y 36 la indexación de ingreso base para la liquidación de las
pensiones previstas en dicha ley. Por otro lado, el argumento central de la
sentencia de Lucrecia Vivas de Maya versus BANCAFE, es de origen
jurisprudencial e interpretativo de los preceptos que regulan la indexación.
(..) es obligatorio para los jueces, en virtud
del principio de favorabilidad cuestionado acudir a los artículos de la Ley 100
en cita, más aun, cuando la norma es expresa e indica al intérprete judicial el
sentido de la misma.
(..) es indudable la violación del principio
de favorabilidad para con la aquí tutelante.
(..) En el evento sometido a consideración por esta
Sala Jurisdiccional Disciplinaria, es claro como en las decisiones del seis
(06) de julio de dos mil (2000) y del 20 de septiembre del mismo año,
proferidas por la misma Sala Laboral, se desconoció de manera tajante el
principio stare deciris, puesto que las situaciones de facto sobre las cuales
el juez pronuncia una decisión, no son distintas en los casos anteriores, tal y
como se desprende de las copias visitadas en el expediente (folios 71 a 104,
112 a 139 del cuaderno original). Por lo tanto, ante el desconocimiento del
precedente judicial, se ha violado a la demandante el derecho a la igualdad”.
4.3 Expediente T-453.539
4.3.1. La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante decisión del 21 de junio de 2001, negó
la protección invocada por el señor Carlos Hernán Romero Perico por
improcedente.
Para el efecto la Subsección en cita considera que por
regla general la acción de tutela no procede contra decisiones judiciales, y
que en el caso puesto por el actor a su consideración no se presentó ninguno de
los eventos en los que, según la jurisprudencia constitucional, puede
intervenir el juez de tutela para infirmar las decisiones judiciales, por
cuanto las providencias se fundamentaron en “(..) un entendimiento racional
y ponderado de las situaciones jurídicas que se presentaron en el proceso.”
4.3.2 El actor, por intermedio de apoderado, impugnó
la decisión. Para el efecto i) reitera los argumentos expuestos en la demanda,
ii) anota que la Corte Suprema de Justicia no tuvo en cuenta las
particularidades del caso del actor, que hacían inaplicable la jurisprudencia
que varió la que se venía aplicando en materia de indexación de la primera
mesada pensional, y iii) aduce que los fallos de la Corte Suprema de Justicia
en materia de indexación de la primera mesada pensional difieren de la doctrina
constitucional en la materia.
Los siguientes son algunos de los apartes del memorial
contentivo de la impugnación:
“ La situación específica del demandante que fue
inadvertida en forma evidente en la sentencia de casación (..) consiste
fundamentalmente en que el accionante no negoció su pensión de jubilación con
el patrono sino que él fue despedido sin justa causa y por ello ni siquiera la
posición negativa de la Corte en sus criterios jurídicos era aplicable al
litigio ventilado por el señor CARLOS HERNAN ROMERO PERICO, ante la misma
Corporación en vía de casación. He aquí la vía de hecho que se plantea en esta
tutela originada en una posición simplista y arbitraria de la Corte a no
examinar la situación fáctica concreta del trabajador ahora accionante.
(..)
Aspiro a que el Honorable Consejo de Estado y si es
del caso la Corte Constitucional, por vía de revisión estudié (sic) la
situación específica del accionante para que se le haga justicia en sus
derechos fundamentales relacionados con la pensión de jubilación, porque no es
lógico ni jurídico que criterios de orden general sometidos al vaivén de las
mayorías que conforman la Sala afecten a un trabajador al tiempo que otros
fallos de la misma índole expedidos antes o después favorezcan a otros siendo
que la ley es la misma y su aplicación debe ser la misma solo porque
inadvertidamente se toman como modelo providencias de casos similares sin que
el juzgador corporativo se esfuerce en analizar las situaciones específicas del
trabajador reclamante que es sobre o cual hago especial hincapié en este
recurso porque el Tribunal Administrativo se ha ocupado de exponer los
criterios generales existentes en materia de Tutela sobre sentencias judiciales
de las altas Corporaciones y no el particular de la acción, las cuales a pesar
de su alta jerarquía pueden en un momento dado equivocarse.”.
2.3 La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado con similares argumentos a los expuestos
por el Fallador de Primer Grado confirmó la decisión.
Para el efecto adujo que “ (..) las discrepancias
razonables de interpretación no pueden ser aducidas por las partes como vías de
hecho (..)”, como quiera que a su juicio la controversia radica en un “(..)
caso típico de discrepancia de interpretación en el que la de la Corte
Suprema de Justicia es absolutamente válida de acuerdo con las normas vigentes
y la del actor está debidamente fundamentada”.
Y, respecto de la situación fáctica, que no habría
sido tenida en cuenta por la Corte Suprema de Justicia, consideró:
“Por otra parte, no es cierto, como lo afirma el
actor, que la Corte haya ignorado los hechos aducidos por él, y que, por eso,
sea equivocada la aplicación de la tesis comentada a su caso particular, pues
de lo expuesto en la sentencia de casación se colige que su despido y la
ausencia de negociación de condiciones de retiro son hechos irrelevantes para
la aplicación de la interpretación sobre indexación de la primera mesada
pensional.”.
II.      CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
La Sala Plena de esta Corporación es competente para
revisar las anteriores decisiones, de conformidad con lo establecido en los
artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de
1991, y por selección de las Salas Dos, Cinco, Seis, Diez y Once de esta
Corporación, mediante providencias de 22 de febrero, 23 de mayo, 15 de junio, 2
de octubre y 29 de noviembre del año 2001.
2. Asunto objeto de decisión
Debe la Corte determinar si las decisiones judiciales
proferidas por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para negar la
indexación de la primera mesada pensional a los accionantes vulneran sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al trabajo y a la
seguridad social.
Para el efecto deberá determinarse, previamente, si
las acciones que se revisan son procedentes, porque los Falladores de Instancia
consideran que las discrepancias en materia de interpretación no permiten la
intervención del Juez Constitucional, en las sentencias judiciales
ejecutoriadas.
3. La vía de hecho y la intervención del juez
constitucional en las decisiones judiciales
Esta Corporación en reiterada jurisprudencia ha
considerado que, en principio, contra las decisiones judiciales no procede la
acción de tutela y que de éstas se predica su obligatoriedad incondicional,
como quiera que cuando el órgano judicial aplica la voluntad abstracta de la
ley a un caso concreto se supone que lo hace con sujeción estricta a la
Constitución Política, porque a los jueces y a los tribunales les compete
acatar la Carta, y lograr su aplicación en los hechos, las relaciones sociales
y las acciones de los poderes públicos[4].
De manera que cuando la regla del sometimiento de las
decisiones judiciales al ordenamiento constitucional se quiebra, porque la
solución que el juez resolvió imponer al asunto sometido a su consideración no
concuerda con los dictados de la Constitución Política, puede decirse que su
legalidad es solo aparente, y que el juez constitucional debe intervenir,
porque la ausencia de juridicidad impone que las sentencias no puedan ser
definitivas[5].
Lo anterior porque el
ordenamiento constitucional, entre la seguridad de las decisiones judiciales y
la realización de los derechos constitucionales de los asociados, opta por esta
última, tanto así que en el artículo 2° constitucional somete la institución
misma de los jueces, como la de las demás autoridades de la República, a la
protección de los derechos y libertades de todas las personas residentes en
Colombia. Derechos y libertades que se definen en la Constitución Política,
como norma suprema que condiciona y orienta todo el ordenamiento[6].
Ahora bien, debido al reconocimiento del principio de la
cosa juzgada judicial, no como valor absoluto sino como elemento que infunde
seguridad a la realización de la justicia[7], la jurisprudencia
constitucional creó la doctrina de las vías de hecho con el fin de restringir
la intervención del juez de tutela a aquellos asuntos que han sido definidos
por el órgano jurisdiccional sin sujetarse al imperio de la ley[8].
Así
las cosas, esta Corte recuerda como la Sala Civil de la Corte Suprema de
Justicia, en decisión del 17 de septiembre de 1992 M.P. Alberto Ospina Botero,
al considerar la acción de tutela como mecanismo de protección inmediata “a
un derecho constitucional fundamental, mediante un procedimiento preferente y
sumario, o sea sin dilaciones,” que opera “sin exigirle al actor de la
referida acción un exceso de formalismos que no se compadecen con el
instituto”, encontró pertinente distinguir las decisiones judiciales
sujetas a los cánones constitucionales de aquellas que por la inobservancia de
la Carta constituyen vías de hecho. Dijo esa Corte:
“1.-Ciertamente la acción de tutela resulta procedente
para deprecar la protección de los derechos fundamentales, dentro de los cuales
se encuentra el debido proceso, tal como, con fundamento en la Constitución, se
haya desarrollado por medio de la ley.
1.1.- Sin embargo, esta procedencia resulta
excepcional, tal como cuando, entre otras, dicha violación constituya una vía
de hecho judicial.
1.1.1.- Lo primero obedece a que se trata de un
derecho fundamental que en su propia regulación garantiza la prevención (vrg.
notificaciones, intervención de apoderados judiciales, etc.), corrección (vrg.
objeciones, recursos; etc.) y saneamientos (vrg. nulidades, convalidaciones,
etc.) de violaciones o amenazas del mencionado derecho, lo que, desde luego, al
impedir o superar las mismas, conducen, de por sí, a la impertinencia e
inutilidad de la referida acción de tutela.  De allí que, conforme a la
presunción general de legalidad y validez de las actuaciones judiciales, debe
entenderse por lo general que las actuaciones procesales, incluyendo las
sentencias, se ajustan a derecho.
Con todo, también reitera la Sala la posibilidad de la
procedencia de la acción de tutela cuando el funcionario judicial, por fuera
del marco constitucional y legal del debido proceso, realice actuaciones que
con la apariencia de sujeción al mismo ordenamiento constituyan procederes
arbitrarios, esto es, vías de hecho judiciales” –se destaca -.
De modo que la jurisprudencia constitucional tiene
definido que constituyen vías de hechos las decisiones judiciales caprichosas,
arbitrarias e irrazonables[9], doctrina que aplicada a
la labor de interpretación judicial comporta infirmar las decisiones en las que
el juez elige la norma aplicable o determina su manera de aplicación i)
contraviniendo o haciendo caso omiso de los postulados, principios y valores
constitucionales[10], ii) imponiendo
criterios irracionales o desproporcionados[11], iv) sin respetar el
principio de igualdad[12], y v) en desmedro de los
derechos sustantivos en litigio[13].
Entonces los jueces y los tribunales son autónomos e
independientes para elegir la norma aplicable, para determinar como será
aplicada, y para establecer la manera como habrán de llenarse los vacíos
legislativos encontrados con el fin de resolver en derecho el asunto sometido a
su consideración; pero en esta labor no les es dable apartarse de los hechos,
dejar de valorar las pruebas regular y oportunamente aportadas, y desconocer
las disposiciones constitucionales, porque la justicia se administra en
relación con los hechos debidamente probados, y los contenidos, postulados y
principios constitucionales son criterios hermenéuticos de forzosa aplicación[14]
–artículos 6°, 29 y 230 C.P.-.
Es más, esta Corte tiene
definido que en razón de la autonomía y libertad de acción que se desprende del
artículo 230 constitucional, los jueces y tribunales no pueden, por ningún
motivo, aplicar la voluntad abstracta de la ley al caso concreto desconociendo
los derechos fundamentales de las personas involucradas en sus decisiones,
porque la normativa constitucional atinente a tales derechos prevalece respecto
de la que organiza la actividad estatal y determina las distintas funciones de
las autoridades públicas[15].
Otro aspecto que la jurisprudencia constitucional
destaca, en aras de que la autonomía e independencia de los jueces en la
resolución de los casos particulares sometidos a su consideración sea entendida
dentro del contexto constitucional que la establece, es el papel que la
interpretación judicial cumple en el acatamiento de las normas, entre éstas de
las constitucionales, porque –sin desconocer que los asociados se encuentran
sujetos en primer término a la ley- no se puede negar que los asociados
perciben y acatan el ordenamiento desde la perspectiva en que éste es aplicado
por los jueces y los tribunales[16].
3.1 La igualdad y la confianza legítima en la
aplicación de la ley. La sujeción de los jueces a la doctrina probable
Toda aplicación de la ley, como viene a ser la misma
ley, pero para el caso concreto, debe ser general y uniforme de manera que
infunda a sus destinatarios la seguridad de que pueden actuar de la manera
prevista en la jurisprudencia, porque los asuntos por venir serán resueltos de
la misma manera, como quiera que de nada vale sostener que en aras del
principio de igualdad las leyes deban ser impersonales y generales, de
permitirse al fallador de turno aplicarlas a su arbitrio, modificando su
entendimiento en cualquier momento y sin mayor explicación –artículo 13 C.P.-.
Y resultaría imposible asegurar la convivencia
pacífica, y la vigencia de un orden justo si el órgano jurisdiccional - su
supremo garante- fuera dispensado de sujetar sus decisiones a los mandatos
constitucionales que imponen a las autoridades el deber de garantizar y
respetar los derechos fundamentales de los asociados –artículos 2°, 13, 228 y
230 C.P.-
Ahora bien, con miras a lograr una aplicación consistente
del ordenamiento jurídico, a la Corte Suprema de Justicia se le ha confiado el
deber de unificar la jurisprudencia nacional. Labor que ha sido entendida por
esta Corporación i) como una muestra fehaciente de que todas las personas son
iguales ante la ley –porque las situaciones idénticas son resueltas de la misma
manera -, ii) como un presupuesto indispensable en el ejercicio de la libertad
individual - por cuanto es la certeza de poder alcanzar una meta permite a los
hombres elaborar un proyecto de vida realizable y trabajar por conseguirlo -, y
iii) como la garantía de que las autoridades judiciales actúan de buena fe
–porque no asaltan a las partes con decisiones intempestivas, sino que, en caso
de tener que modificar un planteamiento, siempre estarán presentes los
intereses particulares en litigio-[17].
En suma i) una misma autoridad judicial –individual o
colegiada- no puede introducir cambios a sus decisiones sin la debida
justificación, ii) los jueces no pueden apartarse por su sola voluntad de las
interpretaciones que sobre el mismo asunto ha hecho la Corte Suprema de
Justicia, y iii) ésta no puede renunciar a su labor de darle unidad al
ordenamiento jurídico.
Con respecto a la sujeción de los jueces a la doctrina
probable, como unificadora de la interpretación judicial, la posibilidad de
modificar dicha doctrina, y la labor que cumple la Corte Suprema de Justicia en
su conformación, la jurisprudencia de esta Corporación tiene definido:
a) Que razones de elemental justicia, seguridad
jurídica, libertad de acción y control de la actividad judicial permiten a los
asociados exigirles a los jueces que respeten el principio de igualdad,
resolviendo los casos que así lo permitan de la misma manera.[18]
b) Que dada la intensidad y la
complejidad de las actividades sociales, propias de las comunidades
contemporáneas, “la estabilidad de la ley en el territorio del Estado y en
el tiempo no son garantías jurídicas suficientes (..) es necesario que la
estabilidad sea una garantía jurídica con la que puedan contar los
administrados y que cobije también a la interpretación y aplicación del
ordenamiento jurídico.  Sólo así se puede asegurar la vigencia de un
orden justo (C.P. art. 2º)” [19]
c) Que el estado de relativa certeza que crea el
respeto de las decisiones judiciales previas “no debe
ser sacralizado”, porque la realización de
la justicia es un valor de naturaleza superior, las normas jurídicas requieren
que los jueces adecuen sus decisiones a las situaciones cambiantes, y los
errores cometidos siempre demandan ser enmendados[20].
De ese modo no todas las decisiones de los jueces
tienen la misma fuerza normativa, y la sujeción de éstos a la doctrina probable
no implica que la interpretación de la ley deba permanecer inmutable, lo que
acontece es que en el Estado social de derecho a los asociados los debe
acompañar la certidumbre (1) que las mutaciones jurisprudenciales no serán
arbitrarias, (2) que la modificación en el entendimiento de las normas no podrá
obedecer a un hecho propio del fallador, (3) que de presentarse un cambio
intempestivo en la interpretación de las normas tendrá derecho a invocar en su
favor el principio de la confianza legítima, que lo impulsó a obrar en el
anterior sentido[21], y (4) que si su derecho
a exigir total respeto por sus garantías constitucionales llegare a ser
quebrantado por el juez ordinario, podrá invocar la protección del juez
constitucional.
Es que los asociados requieren confiar en
el ordenamiento para proyectar sus actuaciones, de manera que tanto las
modificaciones legales, como las mutaciones en las interpretaciones judiciales
deben estar acompañadas de un mínimo de seguridad –artículo 58 C. P.-, en
consecuencia los jueces actúan arbitrariamente y por ello incurren en vía de
hecho, cuando se apartan, sin más, de la doctrina probable al interpretar el
ordenamiento jurídico.
3.2 La equidad, la jurisprudencia y las
situaciones no previstas en la legislación laboral
De
conformidad con lo previsto en el artículo 53 de la Carta Política y de acuerdo
con lo reglado en el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo[22],
entre dos o más fuentes formales del derecho aplicables a una determinada
situación laboral, deberá elegirse  aquella que favorezca al trabajador, y
entre dos o más interpretaciones posibles de una misma disposición se deberá
preferir la que lo beneficie[23].
Pero no es lo único, al tenor de lo previsto en el
artículo 230 de la Carta Política, el principio pro operario es un
recurso obligado del fallador en su labor de determinar el referente normativo
para solventar asuntos del derecho del trabajo no contemplados explícitamente
en el ordenamiento[24].
El
sentido protector del derecho del trabajo se refleja, entonces, en la solución
de conflictos normativos, en la interpretación de preceptos dudosos, y en la
solución de situaciones no reguladas en beneficio de la parte débil de la
relación; porque las normas laborales tienen como fin último el equilibrio de
las relaciones del trabajo, objetivo que comporta inclinar la relación en
beneficio del estado de inferioridad económica del trabajador, por ser éste el
que genera la injusticia que se pretende corregir.
Ahora
bien, el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo i) estableció la
pensión de jubilación a cargo del patrono y a favor del trabajador, con 20 de
servicios continuos o discontinuos a la misma empresa y 50 años de edad para la
mujer o 55 para el hombre “equivalente al setenta y cinco por ciento (75%)
del promedio de los salarios devengados en el último año de servicios.”;
ii) previó que, sin distingo, el trabajador que se retire o sea retirado del
servicio sin haber cumplido la edad requerida sería pensionado al cumplirla y
iii) dispuso un monto mínimo ($60) y uno máximo ($600) para la prestación
–varias veces modificados -.
El
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por su parte, dispone que la edad para
acceder a la pensión, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y
el monto de la prestación, de las personas que al momento de entrar en vigencia
el sistema tenían treinta y cinco o más años de edad si son mujeres, o cuarenta
(40) o más años de edad si son hombres, o quince o más años de servicios
cotizados, será la establecida en el régimen anterior al que dichas personas se
encuentren afiliadas.
Sobre
el ingreso base para liquidar la pensión la norma en cita determina que para
las personas que les faltaren menos de diez años para adquirir el derecho, será
el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta, o el cotizado
durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base
en la variación del índice de precios al consumidor.
También
el artículo en mención prevé que al entrar a regir la Ley 100 quienes hubiesen
cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez,
conforme a normas favorables anteriores, sin perjuicio de no haberse hecho el
reconocimiento, tendrán derecho a que se les liquide la pensión en las
condiciones de favorabilidad vigentes al momento en que cumplieron tales
requisitos.
Se
tiene entonces que las disposiciones antes transcritas determinan con claridad
el ingreso base para liquidar la pensión de vejez de quienes se encuentran
laborando cuando cumplen la edad requerida para acceder a la pensión, pero que
tal claridad no se presenta respecto de la forma de liquidar dicho ingreso
cuando el trabajador no ha percibido asignación del mismo empleador ni cotizado
al sistema de seguridad social, en el lapso comprendido entre el cumplimiento
de los veinte años de servicio y la edad requerida para acceder a la
prestación.
Sin
embargo existen diversas disposiciones en el ordenamiento que permiten al
fallador llenar el vacío legislativo a que se hace referencia, como va a verse.
De
antemano ha de decirse que la congelación del salario para acceder a la pensión
de jubilación no se encuentra prevista en ninguna norma, es más, habida cuenta
que el artículo 261 del Código Sustantivo del Trabajo - norma que la establecía
para quienes habiendo cumplido el tiempo de servicio continuaban vinculados al
mismo empleador- fue derogado por el artículo 14 de la Ley 171 de 1961 y no ha
sido restablecido, puede afirmarse que la liquidación de la base pensional a
partir del último salario devengado, sin reajustes, no tiene asidero en el
ordenamiento.
El
artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo, tal como fue subrogado por el
artículo 37 de la Ley 50 de 1990 y por el artículo 133 de la Ley 100 de 1993,
sobre el salario base para liquidar el derecho a la pensión después de 10 y de
15 años de servicio establece:
“La cuantía de la pensión será directamente
proporcional al tiempo de servicios respecto de la que le habría correspondido
al trabajador en caso de reunir todos los requisitos para acceder a la pensión
de vejez en el régimen de prima media con prestación definida y se liquidará
con base en el promedio devengado en los últimos diez (10) años de servicios,
actualizado con base en la variación del índice de precios al consumidor
certificada por el DANE”.
Las Leyes 4ª de 1976 y 71 de 1988 dispusieron el
reajuste anual de las pensiones del sector privado, público, oficial y
semioficial, así como de las que tiene a su cargo el Instituto de Seguro
Social, con base en el aumento del salario mínimo legal. Y la última de las
nombradas dispuso que ninguna pensión podía ser inferior al salario mínimo
legal mensual, ni exceder de 15 veces dicho salario, salvo lo previsto en la
misma disposición.
El artículo 17 de la Ley 4ª de
1992, también dispuso al respecto:
“El Gobierno Nacional establecerá un régimen de
pensiones, reajustes y sustituciones de las mismas para los representantes y
senadores. Aquéllas y éstas no podrán ser inferiores al 75% del ingreso mensual
promedio que, durante el último año, y por todo concepto, perciba el
congresista. Y se aumentará en el mismo porcentaje en que se reajuste el
salario mínimo legal. Parágrafo. La liquidación de las pensiones, reajustes y
sustituciones se hará teniendo en cuenta el último ingreso mensual promedio que
por todo concepto devenguen los representantes y senadores en la fecha en que
se decreta la jubilación, el reajuste, o la sustitución respectiva”.
Y el artículo 6° del Decreto 1359 de 1993 preceptúa,
respecto de la liquidación de reajustes de pensión de los congresistas:
“ La liquidación de las pensiones, reajustes y
sustituciones a que se refiere el artículo anterior, en ningún caso ni en
ningún tiempo podrá ser inferior al 75% del ingreso mensual promedio que
durante el último año y por todo concepto devenguen los congresistas en
ejercicio; ni estará sujeta al límite de cuantía a que hace referencia el
artículo 2º de la ley 71 de 1988”.
Por su parte el artículo 1º de la Ley 445
de 1998, en consideración al sistema de reajuste pensional previsto en las
normas anteriores, que a la postre condujo a la pérdida del valor real de las
pensiones que inicialmente superaban el salario mínimo, con el objeto de
mantener el poder adquisitivo de todas las mesadas pensionales, dispone.
“Artículo
1° Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes del sector
público del orden nacional, financiadas con recursos del presupuesto nacional,
del Instituto de Seguros Sociales, así como los pensionados de las Fuerzas
Armadas Militares y de la Policía Nacional, conservando estos últimos su
régimen especial, tendrán tres (3) incrementos, los cuales se realizarán el 1º
de enero de los años 1999, 2000 y 2001. Para el año de 1999, este gobierno
incluirá en el presupuesto de dicho año, la partida correspondiente.
El
incremento total durante los tres años será igual al 75% del valor de la
diferencia positiva, al momento de la entrada en vigencia de ésta Ley, que
resulte de restar del ingreso inicial de pensión, el ingreso actual de pensión.
En
caso de que el resultado de aplicar dicho porcentaje, supere los dos (2)
salarios mínimos, el incremento total será este último monto de dos (2)
salarios mínimos, dicho incremento total en tres incrementos anuales iguales,
que se realizarán en las fechas aquí mencionadas. Si la diferencia entre el
ingreso inicial y el ingreso actual de pensión es negativa, no habrá lugar a
incremento.
Parágrafo
1º. Los incrementos especiales de que trata el presente artículo, se efectuarán
una vez aplicado el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 y para los pensionados de
la Fuerzas Armadas Militares y de la Policía Nacional, se efectuarán conservado
su régimen especial.
Parágrafo
2º. Para efectos de lo establecido en la presente Ley, se entiende por ingreso
inicial anual mensualizado, recibido por concepto legal y extralegal, en
términos de salarios mínimos de la época que percibió el servidor por concepto
de la pensión durante el año calendario inmediatamente siguiente a aquel en que
se inicio el pago de la misma. Así mismo, se entiende por ingreso actual el
ingreso anual mensualizado por concepto legal y extralegal, en términos de
salarios mínimos, que se recibe por razón de la pensión en el año calendario
inmediatamente anterior a aquel en el cual se realice el primer incremento.
Parágrafo
3º.El ingreso anual mensualizado en términos de salarios mínimos, es igual al
valor de la totalidad de las sumas pagadas al pensionado por mesadas pensiónales
durante el respectivo año calendario, dividido por doce y expresado en
equivalente a salarios mínimos legales mensuales vigentes en ese año. Para
efectos de éste cálculo se tomarán la totalidad de las mesadas pensiónales
pagadas entre enero a diciembre del mismo año.”[25].
La
Ley 100 de 1993 establece una norma general en materia de reajuste, cual es
que, a partir de su vigencia, todas las pensiones deberán ser reajustadas,
según la variación porcentual del índice de precios al consumidor certificado
por el DANE para el año inmediatamente anterior, y que las pensiones cuyo monto
mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente serán reajustadas de
oficio cada vez y en el mismo porcentaje en que el Gobierno Nacional incremente
dicho salario- artículo 14-. Y la misma normatividad, respecto del ingreso base
de liquidación preceptúa:
“ART. 21.—Ingreso base de liquidación. Se entiende por
ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de
los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si
este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia,
actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.
Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por
inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador,
resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar
por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1.250 semanas como mínimo”.
La
Corte encuentra, entonces, i) que no existe normativa que establezca con
precisión la base para liquidar la pensión de jubilación de quien se retire o
sea retirado del servicio sin cumplir la edad requerida –el inciso segundo del
artículo 260 del C.S.T no la precisa -; ii) que ninguna disposición ordena
indexar ésta base salarial expresamente; iii) que no existe precepto que
excluya o prohíba tal indexacción.
No
obstante existe un principio constitucional claro, esto es que el “Estado
garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales” –artículo 53 C.P., y suficientes disposiciones del ordenamiento
que denotan un afán permanente del legislador por compensar la pérdida del
poder adquisitivo de las pensiones.
En este orden de ideas, incumbe al juez confrontar la
situación concreta de las personas que aspiran a acceder a la pensión en las
condiciones anotadas y remediar la injusticia que se deriva de la omisión
legislativa anotada, obrando en todo conforme lo habría hecho el legislador, de
haber considerado la situación específica, es decir conforme con la
Constitución Política.
De modo que en su misión de determinar el referente
para resolver las situaciones planteadas por los accionantes, sobre la base
salarial para liquidar la primera mesada pensional, la accionada tenía que
proceder como lo indican las normas relativas al tema, como quiera que el
legislador de haber considerado las particularidades que los actores afrontan
habría optado por la indexación del promedio de los salarios devengados en el
último año de servicios –artículo 260 C.S.T-, o por el mantenimiento del poder
adquisitivo de los salarios o rentas sobre las cuales el afiliado cotizó
durante los 10 años anteriores al reconocimiento, según el caso.
Lo anterior porque i) así acontece con el trabajador
que es despedido después de diez o más años de trabajo, sin poder aspirar a una
mesada pensional, ii) ésta es la solución adoptada por la ley para liquidar las
pensiones, reajustes y sustituciones de los excongresistas, y iii) esto ocurre
con las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y
sobrevivientes del sector público del orden nacional, financiadas con recursos
del presupuesto nacional, del Instituto de Seguros Sociales, así como las de
los pensionados de las Fuerzas Armadas Militares y de la Policía Nacional.
Dado
que la equidad, la jurisprudencia constitucional y los principios generales del
derecho laboral indican que los espacios dejados por el legislador, no pueden
ser llenados por el juzgador a su arbitrio, por su mera voluntad, sino consultando
los criterios auxiliares de la actividad judicial –artículo 230 C.P.-.
a)
Sobre la necesidad de acudir a la equidad, para remediar las injusticias
derivadas de la aplicación de las fuentes formales a un caso concreto, dadas
las particularidades de la situación o en razón de no haber previsto el
ordenamiento su solución concreta, resulta pertinente traer a colación las
siguientes consideraciones:
“5.3 Lugar y función de la equidad en el derecho. Las
anteriores consideraciones de la Corte Constitucional abordan la cuestión del
lugar y la función de la equidad dentro del derecho. Básicamente, el lugar de
la equidad está en los espacios dejados por el legislador y su función es la de
evitar una injusticia como resultado de la aplicación de la ley a un caso
concreto. La injusticia puede surgir, primero, de la aplicación de la ley a un
caso cuyas particularidades fácticas no fueron previstas por el legislador,
dado que éste se funda para legislar en los casos usuales, no en los especiales
y excepcionales. La omisión legislativa consiste en no haber contemplado un
caso especial en el cual aplicar la regla general produce un efecto injusto.
Segundo, la injusticia puede surgir de la ausencia de un remedio legal, es
decir, ante la existencia de un vacío. En esta segunda hipótesis, la equidad
exige decidir como hubiera obrado el legislador. En la primera hipótesis la
equidad corrige la ley, en la segunda integra sus vacíos. Así entendida, la
equidad brinda justicia cuando de la aplicación de la ley resultaría una
injusticia.
Estos elementos generales bastan para ilustrar la
complejidad del tema. En las máximas latinas usualmente citadas está presente
esta idea de la función de la equidad. Por ejemplo, el proverbio  en el sentido
de que el derecho aplicado al extremo puede conducir a una gran injusticia
(summum ius, summa iniuria) refleja la necesidad de mitigar el rigor de la ley
en ciertos casos, es decir, no guiarse estrictamente por el criterio dura lex,
sed lex. La máxima según la cual la equidad aconseja cuando carezcamos de
derecho (aequitas suggerit, ubi iure deficiamur) indica la función integradora
de la equidad. Sin embargo, la distancia entre el derecho y la equidad no
debería ser tan grande, al tenor de otra conocida máxima: en derecho hay que
buscar siempre la equidad, pues de otro modo no sería derecho (ius semper
quaerendum est eaquabile, neque enim aliter ius esset).[26]
Las consideraciones
anteriores no apuntan a señalar hitos históricos en la evolución del concepto,
sino que son pertinentes en la medida en que indican tres rasgos
característicos de la equidad. El primero es la importancia de las
particularidades fácticas del caso a resolver. La situación en la cual se
encuentran las partes – sobre todo los hechos que le dan al contexto empírico
una connotación especial – es de suma relevancia para determinar la solución
equitativa al conflicto. El segundo es el sentido del equilibrio en la
asignación de cargas y beneficios. La equidad no exige un equilibrio perfecto.
Lo que repugna a la equidad son las cargas excesivamente onerosas o el
desentendimiento respecto de una de las partes interesadas. El tercero es la
apreciación de los efectos de una decisión en las circunstancias de las partes
en el contexto del caso. La equidad es remedial porque busca evitar las
consecuencias injustas que se derivarían de determinada decisión dadas las
particularidades de una situación. De lo anterior también se concluye que
decidir en equidad no es, de ninguna manera, decidir arbitrariamente. Al
contrario, la equidad busca evitar la arbitrariedad y la injusticia, aún la
injusticia que pueda derivar de la aplicación de una ley a una situación
particular cuyas especificidades exigen una solución distinta a la estricta y
rigurosamente deducida de la norma legal.
En efecto, la equidad ha influido en distintos
aspectos del derecho – como en sus doctrinas e instituciones – así como en las
distintas ramas del saber jurídico.
La equidad ha inspirado numerosas doctrinas jurídicas
consideradas novedosas al momento de su creación pero que hoy parecen
necesarias. La teoría de la imprevisión, la teoría sobre el equilibrio
económico de los contratos, la teoría del enriquecimiento sin causa, son tan
sólo algunos ejemplos.
Igualmente, del principio de equidad se han
derivado instituciones. En el derecho comparado, la más conocida, por supuesto,
es la jurisdicción de equidad que nació durante el medioevo en las cortes de
los cancilleres en Inglaterra en contraposición a la jurisdicción de derecho
común de los jueces, caracterizada por el rigorismo y el formalismo, así como
por la ausencia de remedios legales adecuados a algunos conflictos en el reino,
lo cual llevaba a las personas a pedirle al rey que en ejercicio de sus
prerrogativas y en virtud de su misericordia, solucionara en equidad el caso
por vía de sus cancilleres. Entre nosotros, el constituyente se preocupó
también por institucionalizar la equidad. Dentro de estas instituciones
sobresalen tres: los jueces de paz que deben decidir en equidad; el
arbitramento que puede ser en derecho o en equidad y, claro está, la acción de
tutela que busca ofrecer a las personas un remedio efectivo cuando la
jurisdicción ordinaria no se lo brinda y en la cual el juez debe ponderar, a
partir de los hechos del caso, no solo la decisión más razonable sino ante todo
la orden que tendrá el efecto práctico de garantizar el goce efectivo del
derecho constitucional fundamental amenazado o violado. La tutela, es, en
esencia, una jurisdicción de equidad constitucional en defensa de la dignidad
humana y de los derechos fundamentales.
En cuanto a la influencia del principio de equidad en
las diferentes ramas del saber jurídico, la equidad además de ser tenida como
principio general del derecho (art. 230 C.P.), en materia civil ha llevado al
desarrollo de diversas instituciones como, por ejemplo, el abuso del derecho,
el enriquecimiento sin causa, la lesión enorme, la indexación de las sentencias
por inflación; la ley de protección a la mujer cabeza de familia[27]
o la ley estatutaria de participación de las mujeres en los niveles decisorios
de las diferentes ramas y órganos del poder público, a los cargos de dirección
en la administración pública,[28] la responsabilidad
solidaria, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, que
según las normas de procedimiento civil deben atender los principios de
reparación integral y equidad,[29] el ejercicio de las
facultades de las Juntas Administradoras de las Unidades Inmobiliarias Cerradas
de imponer el pago de un canon, en condiciones de justicia y equidad[30],
etc. En materia laboral, la equidad se expresa, entre otras materias, en el
equilibrio salarial según la cantidad y calidad del trabajo, en el subsidio
familiar, en la favorabilidad para el trabajador en caso de duda, en régimen
salarial y prestacional de los servidores públicos.[31]
En materia comercial,  el arbitraje y la conciliación[32]
son dos formas en las que se expresa el principio de equidad. En materia
tributaria, la equidad tributaria justifica la progresividad de los impuestos,
las exenciones tributarias para fomentar sectores marginados o discriminados de
la población, etc. En materia penal o contravencional, la proporcionalidad
entre el daño ocasionado por el delito y la pena penal y/o civil, el
tratamiento penal especial para inimputables, las causales de disminución o
agravación de la pena, por mencionar sólo algunos temas, son manifestación
propia de la equidad o justicia del caso concreto. Finalmente, en materia económica
y de políticas públicas, la equidad es un principio central en la asignación de
recursos públicos según la Ley del Plan Nacional de Desarrollo[33],
en las medidas de atención protección, consolidación y estabilización
socioeconómica de los desplazados internos por la violencia[34]
o en los planes, programas y proyectos para la promoción de la juventud, que
tengan como finalidad, entre otras, la equidad entre géneros, el bienestar
social, la justicia, la formación integral de los jóvenes y su participación
política en los niveles[35]”. [36]
b)
Respecto del derecho constitucional de los pensionados a mantener el poder
adquisitivo de su mesada pensional, la jurisprudencia indica:
- Que el establecimiento de regímenes diferenciados en
materia pensional no discrimina per se a los trabajadores excluidos de
la previsión, salvo que de tal establecimiento se derive “un tratamiento
inequitativo y menos favorable para un grupo determinado de trabajadores,
frente al que se otorga a la generalidad del sector, y que el tratamiento
dispar no es razonable (..).”.[37]
- Que aunque “[e]l reajuste de las pensiones tiene
por objeto  proteger a las personas de la tercera edad, quienes por las
condiciones físicas derivadas de la edad o enfermedad, se encuentran en la
imposibilidad de obtener otros recursos distintos para su subsistencia y la de
su familia”; y sin desconocer que los “incrementos periódicos que
consagra la Constitución (arts. 48 y 53), permiten que las mesadas no pierdan
su capacidad adquisitiva en beneficio de los pensionados (..)”; corresponde
al legislador establecer la proporción en que las pensiones deben
incrementarse, al igual que la oportunidad y la frecuencia del incremento[38].
Con miras a lograr un uso adecuado de los recursos del sistema solidario de
seguridad social[39]
- Que tales incrementos deben consultar, “en la
medida de lo posible el equilibrio en el sistema, fundado en principios como la
solidaridad y universalidad del mismo”[40]; sin desconocer la
especial protección quienes se encuentran “por razones económicas, en
situación de debilidad manifiesta frente a los demás”[41].
- Que cuando el valor actual de la pensión y el valor
inicial de la misma arrojan una diferencia a favor del trabajador, los
obligados deben reintegrar lo dejado de pagar, para
que “quienes con el paso de los años han visto aminorar el poder adquisitivo
de su pensión (..)” logren compensar el desmedro patrimonial sufrido (..)
porque (..) el ente estatal debe permanecer vigilante de los derechos de los
pensionados, sin distingo de su capacidad económica, debido a que integran uno
de los grupos sometidos a su especial protección (..)[42]”[43].
c) En relación con la opción hermenéutica de acudir al
sentido que más favorezca al trabajador para aplicar e interpretar las
disposiciones que integran el régimen de transición, previsto en el artículo 36
de la Ley 100 de 1936, vale recordar el siguiente pronunciamiento:
“Dado que en la ley 100 de 1993 se modifican algunos
de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, se establece en el inciso
segundo del artículo 36, materia de acusación, un régimen de transición que da
derecho a obtener ese beneficio mediante el cumplimiento de los requisitos de
edad, tiempo de servicio, o semanas cotizadas estatuídas en la legislación
anterior, para las personas que a la fecha de entrar a regir el nuevo sistema
de seguridad social, tengan 35 años o más de edad si son mujeres, y 40 o más
años de edad si son hombres; o a quienes hayan cumplido 15 o más años de
servicios cotizados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas
personas para obtener tal derecho son los contenidos en las disposiciones de la
nueva ley.
(..)
Adviértase, cómo el legislador con estas disposiciones
legales va más allá de la protección de los derechos adquiridos, para
salvaguardar las expectativas de quienes están próximos por edad, tiempo de
servicios o número de semanas cotizadas a adquirir el derecho a la pensión de
vejez, lo que corresponde a una plausible política social que, en lugar de
violar la Constitución, se adecua al artículo 25 que ordena dar especial protección
al trabajo[44].”
(..)
La "condición más beneficiosa" para el
trabajador, se encuentra plenamente garantizada mediante la aplicación del
principio de favorabilidad que se consagra en materia laboral, no sólo a nivel
constitucional sino también legal, y a quien corresponde determinar en cada
caso concreto cuál norma es más ventajosa o benéfica para el trabajador es a
quien ha de aplicarla o interpretarla. De conformidad con este mandato, cuando
una misma situación jurídica se halla regulada en distintas fuentes formales
del derecho (ley, costumbre, convención colectiva, etc), o en una misma, es
deber de quien ha de aplicar o interpretar las normas escoger aquella que
resulte más beneficiosa o favorezca al trabajador. La favorabilidad opera,
entonces, no sólo cuando existe conflicto entre dos normas de distinta fuente
formal, o entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una
sola norma que admite varias interpretaciones; la norma así escogida debe ser
aplicada en su integridad, ya que no le está permitido al juez elegir de cada
norma lo más ventajoso y crear una tercera, pues se estaría convirtiendo en
legislador. “
En suma, al decidir sobre la procedencia de indexar la
primera mesada pensional, los jueces no pueden desconocer la necesidad de
mantener el equilibrio en las relaciones de trabajo y el valor adquisitivo de
las pensiones como lo indican los artículos 53 y 230 de la Carta Política. Y
tampoco pueden apartarse del querer legislador, para quien ha sido una
preocupación constante regular el monto y la oportunidad de los reajustes
pensionales.
De manera que si el juzgador no opta por
lo expuesto, sino que decide resolver sobre la indexación de la primera mesada
pensional acudiendo a soluciones que no consultan los criterios auxiliares de
la actividad judicial, hacen necesaria la intervención del Juez constitucional
para restablecer los derechos fundamentales mínimos de los trabajadores, como
lo indica la siguiente decisión:
“7.2.2 En realidad, tal y como se explicó en el punto
5 de las consideraciones de esta Sentencia, los valores y principios
constitucionales en que se funda el actual Estado Social de Derecho, que
informan la parte dogmática de la Carta y propugnan por asegurar la convivencia
pacífica y la conformación de un orden justo, imponen una restricción legítima
al ejercicio de la autonomía judicial, particularmente, en lo que toca con la
interpretación que hagan los operadores de las fuentes formales del derecho.
Así, la autonomía e independencia que la Constitución Política le reconoce a
las autoridades encargadas de impartir justicia (arts. 228 y 230), debe ser
siempre armonizada y conciliada con las garantías incorporadas en los artículos
13 y 53 del mismo ordenamiento que les reconocen a todas las personas, en
particular a los trabajadores, los derechos a “recibir la misma protección y
trato de las autoridades” y a ser favorecidos “en caso de duda en la
interpretación y aplicación de las fuentes formales del derecho”. En relación
con el punto, la Corte ha manifestado lo siguiente:
“Finalmente, debe esta Sala reiterar la prevalencia de
la parte dogmática de la Constitución, especialmente la que regula lo referente
a los derechos fundamentales respecto de aquella que determina la organización
estatal, pues son éstos los que orientan y legitiman la actividad del Estado.[45]
En virtud de esta jerarquía, y en concordancia con el argumento sobre la
interpretación literal de las normas, habida cuenta de su jerarquía dentro del
ordenamiento, la autonomía judicial y la libertad que tienen los jueces de
interpretar y aplicar la ley no puede llegar al extremo de implicar un
desconocimiento de los derechos fundamentales de las personas, ni un incumplimiento
del deber de proteger especialmente a aquellas que se encuentren en situaciones
de debilidad manifiesta, reduciendo el ámbito de aplicación y por ende la
eficacia de los mecanismos legales que desarrollen el objetivo constitucional
de la igualdad.” (Sentencia T-1072/2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
7.2.3 Conforme a lo dicho, puede afirmarse que bajo el
nuevo esquema constitucional, no es suficiente con que los trabajadores gocen
de los mismos derechos y prerrogativas reconocidos en el ordenamiento jurídico,
ni que sus conflictos de orden laboral sean conocidos y fallados por unos
mismos jueces. También es imprescindible que en la aplicación de las fuentes
formales de derecho, reciban un tratamiento igualitario y que, en caso de duda
sobre el contenido de las mismas, se opte por la interpretación que les resulte
más favorable.
7.2.4 En consecuencia, ante las posibles dudas que
pueden surgir sobre el sentido y alcance de una norma convencional, y frente a
las diversas interpretaciones que de la misma se formulen, es deber del juez
priorizar aquella que interprete en mejor medida los derechos laborales. Así,
el hecho de que la Corte Suprema de Justicia haya alterado el valor normativo
de la preceptiva convencional objeto de la litis, y sin un fundamento razonable
y válido hubiese modificado su propia jurisprudencia en contravía de los
intereses y derechos del demandante, conlleva una flagrante violación de los
principios de igualdad de trato y favorabilidad en materia laboral.
7.2.5
Si el derecho a la igualdad exige como presupuesto de aplicación material, el
que las autoridades dispensen la misma protección y trato a quienes se
encuentren bajo idéntica situación de hecho, no cabe duda que éste se
transgrede cuando un mismo órgano judicial modifica sin fundamento sólido el
sentido de sus decisiones en casos que se muestran sustancial y fácticamente
iguales. En la Sentencia C- 104 de 1993, esta Corporación dispuso que el
derecho de acceso a la administración de justicia comporta también el derecho a
recibir un trato igualitario. Al respecto, expresó que “El artículo 229 de la
Carta debe ser concordado con el artículo 13 ibídem, de tal manera que el
derecho de ‘acceder’ igualitariamente ante los jueces implica no solo la
idéntica oportunidad de ingresar a los estrados judiciales sino también el
idéntico tratamiento que tiene derecho a recibirse por parte de los jueces y
tribunales ante situaciones similares”. (M.P. Alejandro Martínez Caballero)[46].
4. Casos concretos
4.1. Decisión de la demandada respecto de la
pretensión del señor Gonzalo Humberto Pachón Guevara –T-406.257-
La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
mediante sentencia proferida el 17 de mayo de 2000, desestimó el recurso de
casación interpuesto por el accionante contra la sentencia del Tribunal
Superior que había revocado la proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del
Circuito de Bogotá el 3 de marzo de 1999, que le reconocía el derecho a la
indexación de la primera mesada pensional.
4.1.1 El a-quo fundamentó su decisión en
reiterados pronunciamientos de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia, en torno del tema de la indexación del salario que sirve de base
para calcular la primera mesada pensional, tales como las sentencias de 1º de
diciembre de 1996 y de 4 de diciembre de 1997, y para el efecto trascribió los
siguientes apartes que asegura pertenecen, en el mismo orden, a tales
decisiones:
“Esta Sala ha tenido la oportunidad de manifestarse
respecto de la procedencia de la indexación de la primera mesada de la pensión,
cuando el cálculo pertinente se base en un salario antiguo y por lo mismo
envilecido, que ha perdido su poder adquisitivo al punto que la pensión se
reduciría a la mínima legal, no obstante que el salario, en su momento superaba
varias veces ese mínimo.”
“(..) Debe la Corte observar, como lo ha hecho en
casos similares, que el reajuste que implique la indexación no hace a la deuda
más onerosa que en su origen, solo mantiene su valor económico real frente a la
progresiva devaluación; no se modifica la obligación sino que se establece  el
quantum en que ella se traduce cuando ha variado el valor de la moneda; pues no
es justo que el trabajador soporte sobre sí todo el riesgo de la depreciación
obligándole a recibir el pago con moneda que evidentemente tiene un poder
adquisitivo mucho menor.
La jurisprudencia de ésta sala de la Corte sobre la
indexación del salario que sirve de base para calcular la primera mesada de la
pensión de jubilación ha evolucionado paso a paso, hasta imponerse su
reconocimiento en los casos en los cuales ese salario hubiese sufrido
devaluación; y ello se presenta cuando a la fecha de desvinculación del
trabajador y la causación de la pensión no coinciden, sino que trascurre en
lapso dentro del cual la moneda pierde su valor adquisitivo.”
4.1.2 El apoderado de la demandada interpuso contra la
decisión que se reseña el recurso de apelación. Fundamentó así su
inconformidad:
“(..) la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia ha sostenido, con base en las expresas disposiciones legales, que
el derecho a la jubilación se adquiere al concurrir dos requisitos: la edad y
el tiempo de servicios; mientras tanto se trata de una mera expectaviva.
Que en el sub judice el derecho a la jubilación nació
a la vida jurídica cuando el demandante cumplió los requisitos legales; antes
no existía deuda alguna insatisfecha y en consecuencia, carece de fundamento
pretender corregir una obligación inexistente.”[47]
4.1.3. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá
revocó la sentencia apelada. Para fundamentar su decisión el ad quem
sostuvo que la indexación no procede en el caso planteado por el señor Pachón
Guevara, porque la obligación a cargo de la demandada de pagar la primera
mesada pensional no tiene el carácter de insoluta, acogiendo así “la tesis
planteada en casos similares por varios magistrados de la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia” - trascribió apartes de salvamentos de voto de
algunos integrantes de dicha corporación, como el que se trae a colación -:
“La indexacción no tiene alcance general.
El legislador la ha reconocido para casos particulares
y jurisprudencia de esa (sic) Sala
–y la Civil de la Corte- únicamente como el medio correctivo adecuado a las
situaciones de pago retardado de algunos créditos.
Siguiendo ese criterio, si el artículo 260 C.S.T.
estableció que el empleador debía pagar al trabajador con derecho a la pensión
un 75% del salario promedio mensual devengado durante el último año de
servicios, esa base salarial no puede ser modificada por el juez actualizando
su valor monetario, pues la norma no lo autoriza para el caso en que la pensión
empieza a disfrutarse después de la fecha de la terminación del contrato ni
cuando las dos fechas coinciden y la devaluación afecta la base salarial.” - sentencia de 18 de febrero de 1999 -expediente
10.783-.
4.1.4 El apoderado del actor interpuso contra la
anterior decisión el recurso extraordinario de casación, i) “(..) por violar
directamente en la modalidad de falta de aplicación los artículos 48 y 53 de la
Constitución Nacional; 8 de la Ley 153 de 1887; 1, 18, 19, 20 y21 del C.ST.;
14, 36 y 117 de la Ley 100 de 1993.” y ii) por violación de la ley
sustancial de manera directa “(..) a causa de interpretar erróneamente los
artículos 8º de la Ley 153 de 1887 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo.”
La Sala en cita, mediante sentencia de 17 de mayo de 2000,
con ponencia del magistrado Carlos Isaac Nader, declaró improcedente el
recurso, en cuanto consideró i) que el recurrente no integró la
proposición jurídica completa debido a que no incluyó en ésta las normas que
consagran el derecho a la pensión de jubilación, ii) que cuando lo
reclamado es la indexación de la primera mesada pensional no basta enunciar los
artículos 8 de la ley 153 de 1887 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo, toda
vez que estas disposiciones no consagran derechos sustanciales, iii) que
atendiendo a los planteamientos del tribunal ha debido formularse el cargo por
interpretación errónea, más no por falta de aplicación, en cuanto la
providencia recurrida tuvo en cuenta las disposiciones que el recurrente
señala, más no les dio el entendimiento que el recurrente pretende. E hizo
extensivo al segundo cargo las anteriores consideraciones.
No obstante los defectos señalados, la accionada estimó
pertinente reproducir, casi en su totalidad, las consideraciones que la
condujeron a plasmar, el 18 de agosto 1999, lo que viene a ser una de las tres
posiciones que adopta la Sala Laboral para resolver las pretensiones de
reajuste de la primera mesada pensional que llegan a su conocimiento. Dice la
decisión:
“2. En Colombia existe un vacío legislativo, casi
total, sobre el fenómeno de la indexación. Ello responde a la aceptación
indiscutida de que el país se halla inserto en un ordenamiento jurídico de
corte nominalista, sistema que, no obstante las dificultades que toda economía
de mercado presenta, ofrece garantía de seriedad a la inmensidad de relaciones
de orden patrimonial que a diario se suscitan en ella. A partir del descalabro
producido por la primera gran guerra del siglo XX, legisladores y jueces de
todas las latitudes se vieron en la imperiosa necesidad de morigerar el
nominalismo acendrado de sus regímenes privados, con el propósito de
restablecer el equilibrio perdido en las relaciones contractuales, de manera
imprevista y repentina, por una hiperdevaluación de sus monedas. Sin embargo,
ello no se hizo en forma generalizada. Y no se podía hacer así porque hubiera
significado la adopción de un régimen “valorista” y, por contera, un grave
retroceso hacia una sociedad de trueque ya superada, en donde la moneda carece
de todo sentido.
3. La indización o indexación siempre ha sido, sin
lugar a dudas, una medida excepcional. Es la respuesta del derecho, legislado y
jurisprudencial, al fenómeno de la “inflación”. Un mecanismo de revalorización
de ciertas obligaciones dinerarias, cuyo objetivo es poner en equilibrio
la ecuación económica gravemente desbalanceada por una fuerte pérdida del poder
adquisitivo del peso, de la cual se beneficiaría al deudor de ella ante la
consecuencial depreciación de su prestación, con claro detrimento del acreedor,
quien en últimas se vería obligado, en virtud de unas reglas jurídicas
nominalistas, a recibir un pago incompleto.
El carácter relativo de la indexación emerge de una
exigencia de la ley, a la cual el juez debe someterse en virtud del imperativo
categórico contenido en el artículo 230 de la Constitución Política. La
estructura del régimen general de las obligaciones impide que de manera
indiscriminada los jueces, amparados en el principio de equidad, procedan a
revalorizar cualquier obligación, porque ello iría en detrimento de la
seguridad jurídica en las relaciones económicas menoscabándose toda convivencia
social. El artículo 2224 del Código Civil, que no empece su ubicación
metodológica tiene alcance general, es de un claro tenor y único sentido:  “Si
se ha prestado dinero sólo se debe la suma númerica enunciada en el contrato”;
en igual dirección apunta el canon 1627 ejusdem: “El pago se hará bajo todos
respectos en conformidad al tenor de la obligación; sin perjuicio de lo que en
casos especiales dispongan las leyes” (negrillas de la Corte). Aquí subyace el basamento del
nominalismo colombiano. La ley o los contratantes mismos, empero, pueden
disponer cosa contraria; pero, de ninguna manera, se puede proferir una regla
general por vía de doctrina contra esta preceptiva del orden jurídico vigente.
No se trata, pues, de un derecho de todos los acreedores, ni deviene en forma
automática por el simple transcurso del tiempo, ni se predica de cualquier obligación,
a menos que sea una exigencia legal, por venir expresamente ordenada en una
regla de derecho vigente, verbi gratia, en asuntos de indemnización de daños
(artículo 16 de la Ley 446 de 1998).
4. Ahora bien, cierto es que el juez laboral, en tanto
operador del derecho y realizador de la justicia del trabajo, no puede ser
indiferente a lo que Bruce Ackerman
denomina el “contexto de percepción social”, o conjunto de realidades de una
comunidad determinada. A ello obedece la necesaria relectura de los textos
legales y la toma de decisiones en consonancia con los nuevos fenómenos
presentados en las intrincadas relaciones empresario-trabajador; porque un
régimen jurídico como el colombiano, nacido en las entrañas del laissez faire,
no puede servir de referente inexorable un siglo después, en presencia de una
economía intervenida y un Estado protagónico cuyo fin es asegurar el bienestar
social. Pero, este papel de la judicatura no puede llegar al extremo de
pretender igualarse al legislador, en tanto la separación de los distintos
poderes que en el Estado coexisten es presupuesto indispensable en la
construcción de una democracia constitucional como la colombiana.
A partir de éste nuevo contexto de realidades
económicas, la Corte Suprema de Justicia y
el Consejo de Estado han dado paso
bajo específicas circunstancias a la revalorización de algunas obligaciones
dinerarias. Se ha reconocido, entonces, que la pérdida de poder adquisitivo del
peso (depreciación), originada en una alza generalizada de los precios de
bienes y servicios ofertados (inflación), exige una respuesta del derecho para
compensar el desequilibrio del sinalagma contractual (indexación).
5. Mas, existen aspectos puntuales sobre esta materia
que en esta oportunidad la Sala de Casación Laboral precisa, a fin de
rectificar los criterios que en ocasiones anteriores se han esbozado:
a) Huelga resaltar, en principio, que no se indexan
las obligaciones contractuales, en tanto acreedor y deudor han tenido la
oportunidad de pactar mecanismos de protección contra el proceso
inflacionario.  El juez no puede interferir en el libre juego de las voluntades
de los contratantes, quienes, en presencia de un hecho notorio como la
inflación, deciden celebrar una negociación y mantener incólumes el valor de
sus prestaciones exigibles en un mediano o largo plazo. Teniendo los
contratantes la posibilidad de prever un fenómeno absolutamente notorio para
cualquier hombre de mediana capacidad que entra en la esfera negocial, deben
actuar ellas con diligencia y cuidado (nemo auditur propiam turpitudinem
alegans).
Ahora bien, esta primera tesis es válida mientras se
cumpla la obligación en la oportunidad convenida. Porque no satisfecha en
tiempo, si del incumplimiento se deriva una significativa depreciación de la
misma, entonces puede solicitarse su indexación como un componente del daño
emergente ocasionado al acreedor.
b) Se indexan las obligaciones puras y simples, vale
decir, existentes y exigibles, cuya fuente es directamente la ley, cuando ésta
no previó ningún mecanismo para que al acreedor se le entregara la prestación a
que realmente tiene derecho. Se propende con ello restablecer el equilibrio
perdido en la relación jurídica emanada de la norma, por no haber precavido los
alcances de su tendencia nominalista. El presupuesto es, se reitera, la
presencia de una obligación cierta, respecto de la cual existe una situación
jurídica constituida y cuyos efectos se surtieron o se están surtiendo. Ilustra
lo afirmado en este punto, el caso de las prestaciones sociales, respecto de
las cuales ha dispuesto el legislador, de manera expresa, la sanción moratoria
del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, de manera que siendo ésta,
por definición del precepto en cita, una “indemnización”, no desvirtuada la
mala fe y condenándose a ella, tórnase improcedente la indexación por haberse
previsto una fórmula indemnizatoria propia.
c) No se indexan, pues, en primer lugar las
obligaciones condicionales suspensivas, es decir, las pendientes “de un
acontecimiento futuro, que puede suceder o no”, según las voces del artículo
1530 del Código Civil, en tanto enerva la adquisición del derecho mientras él
no se cumpla (art. 1536 ib.). En segundo término, tampoco se revalorizan los
derechos eventuales. Estos, conforme a la teoría de las obligaciones, son los
que emanan de un acto, hecho o negocio jurídico en formación (in nuce), o
incompleto o imperfecto, como los que han reunido uno o varios de los elementos
necesarios para su existencia, pero les falta otro u otros de ocurrencia futura.
Mucho menos, no está demás decirlo, pueden ser valorizadas las meras
expectativas de derechos, respecto de las cuales no cabe hablar, siquiera, de
obligación.
6. Lo antes expresado conduce a la Corte a rectificar su doctrina expuesta
en fallos de mayoría, citados por el juzgador ad quem, para dejar por sentado
que no es posible, jurídicamente hablando, indexar la primera mesada pensional
cuando el derecho se reconoce en la oportunidad indicada en la ley y el
empleador, obligado a su pago por no haberla sustituido en ninguna entidad
encargada del riesgo, no ha retardado su cancelación. Lo dicho se funda en las
siguientes razones:
a) Porque el derecho a reclamar la pensión sólo surge
respecto de su acreedor a partir de la concurrencia de dos elementos esenciales
para su existencia: 1) el cumplimiento de una cantidad pre-establecida de
cotizaciones o de un determinado número de años de labores, según se estuviera,
o no, cubierto por el régimen de la seguridad social; y 2) el advenimiento de
la edad señalada en la ley para obtenerla. Quien, como en el caso del actor, ha
satisfecho uno solo de los dos factores esenciales para alcanzar la pensión (el
tiempo de servicio fijado en la ley o pactado en la convención) tiene, a no
dudarlo, un derecho eventual, apenas en ciernes, en tanto falta el otro de los
componentes imprescindibles para que se pueda consolidar, con un titular del
derecho, de una parte, y un obligado a su satisfacción, por la otra.
Sostienen algunos que en el caso antes referido hay
más bien un derecho sometido a condición suspensiva; pero, en rigor jurídico,
se trata de un derecho in nuce, por cuanto en la relación jurídica condicionada
el derecho se encuentra perfeccionado, sólo que sus efectos se hallan en estado
de latencia por estar pendientes de un hecho futuro e incierto, ajeno a su
esencia y no requerido para su constitución. El derecho eventual y su
obligación correlativa, en cambio, nacen a la vida jurídica en el momento en
que se completan los requisitos exigidos en la ley o en el contrato; tal es el
caso de los derechos del nasciturus, o el del asignatario (Código Civil, art.
1215), o el de los esposos (art. 1771 y ss, ib.), los del constituyente de una
hipoteca (art. 2441, ib.), y, en materia laboral,  entre otros,  los del
trabajador con derecho  a la pensión de   invalidez  (art. 39 ley 100/93),  de
vejez (art. 33 ibídem), de  jubilación (art. 260  C S T), por aportes (art. 7º
ley 71/88), de sobrevivientes, para no citar más.
Muchos doctrinantes van más allá, pues consideran que
en el caso de que sólo se haya satisfecho uno de los componentes vitales para
la existencia del derecho a obtener la pensión, lo que hay es una mera
expectativa. Esto implica, por supuesto, la posibilidad de negociación y
renuncia de parte del trabajador de su esperanza de adquirir un derecho fundado
en una norma  vigente, e incluso de modificación o extinción mediante ley de lo
que hasta entonces no era un derecho por falta de los presupuestos  materiales
o de hecho.
En cambio, en tanto derecho eventual, el empleador o
la entidad de previsión, deudor futuro de la pensión que se le reclamaría en
caso de completarse  los elementos requeridos para su existencia, sabe  que
hay  una “expectativa de derecho”  y no una  “mera expectativa”,  expresiones
que no se deben confundir, como no lo hace la doctrina ni la ley, en la medida
en que la primera comprende los derechos condicionales y los eventuales, que
por su especial naturaleza confieren al futuro titular (de cumplirse la
condición suspensiva, en los primeros, o  completarse los elementos faltantes,
en los segundos) posibilidades jurídicas de administración, conservación y
disposición (artículos 575,  1215 y 1547 a 1549 del Código Civil).
b) Así pues, integrados los requisitos necesarios para
la consolidación del derecho en cabeza de su titular, nace la obligación de
pagar la mesada que la ley impone, conforme a los parámetros en ella señalados,
y el derecho correlativo de quien adquiere la pensión. Antes no, porque mientras
el derecho eventual se perfeccionaba había apenas una expectativa de derecho, o
mejor, un derecho en perspectiva, esto es, en vías de adquirirse; pero, jamás,
un derecho adquirido.
c) La obligación surgida a la luz del derecho es la
indicada en la ley, esto es, la mesada pensional, para cuyo cálculo el
legislador dispuso, de manera expresa, factores matemáticos precisos. No
existe, pues, vacío legal alguno al respecto y, por lo mismo, no le cabe al
juzgador apartarse de lo preceptuado en las normas vigentes, según cada caso,
por cuanto sería asumir una conducta contraria a su claro tenor literal, so
pretexto de decidir en equidad que, valga decirlo, sigue siendo criterio
auxiliar en la resolución de los conflictos. No existe, en consecuencia, laguna
legal que llenar con los principios generales del derecho, y tanto es ello así,
que  desde la década del sesenta se dispusieron mecanismos para conjurar el
deterioro real de las pensiones, hasta llegarse a la actualización anual con
base en el salario mínimo legal, en la Ley 71 de 1988, mejorada con la fórmula
consagrada en la Ley 100 de 1993.
d) Puede reclamarse el reconocimiento de la pensión,
de acuerdo con lo antes dicho, desde cuando se constituye el derecho, esto es,
se completan los elementos requeridos para su existencia. Y sólo entonces se
podrá exigir la mesada reconocida, entendiéndose, desde luego, que el acreedor
de ella deberá estar retirado del servicio, en la medida en que esta sí es una
condición de la cual pende la exigibildad de su pago.
7. Las conclusiones expuestas constituyen la nueva
doctrina de la Sala Laboral de la Corte sobre esta temática, para lo cual se
tuvo en cuenta, además, que la tesis estricta de la  “indexación de la primera
mesada pensional” conduciría al extremo  de  tener que actualizar, con base en
el costo de la vida, no solo los derechos exigibles, sino las bases salariales
de su establecimiento, principio que aplicado a otras situaciones iguales
aparejaría  fatalmente una  indexación general de los salarios  y de las bases
de liquidación  de todas las prestaciones con sus perturbadoras consecuencias
jurídicas y económicas;  así las cosas, los acuerdos celebrados en el contrato
de trabajo o en las convenciones colectivas perderían su validez, en tanto
tendrían que quedar sujetos a la  referida  actualización. De igual modo,
aplicados esos criterios aún después de la vigencia de la ley 100 de 1993, se
aniquilarían los efectos del  inciso 3º de su artículo 36, que sí estableció,
por primera vez, la corrección monetaria del  ingreso base  de liquidación de
pensión de  vejez o jubilación, pues lo concebido en los fallos anteriores al
presente sobre el punto contraría el  texto de la nueva ley,  si en cuenta se
tiene que ésta  actualiza la base de las cotizaciones de los años indicados en
el precepto, y no la primera mesada.
Finalmente no puede  desconocerse que la equidad
también  está consultada por la ley 100 de 1993, dado que a partir de enero  de
1994, en caso de mora  en el  pago de las mesadas  pensionales, además  de
éstas, debe cancelar el deudor a tasa máxima de interés moratorio vigente en el
momento en que se cancele la obligación.
8. Síguese como corolario de las consideraciones
anteriores que el recurso está llamado a prosperar, porque si bien el Tribunal Superior
siguió la doctrina mayoritaria de la Corte,
vigente hasta hoy, no por ello se dejó de incurrir en la interpretación errónea
de los artículos 1 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo y 8º de la Ley 153 de
1887 que el cargo le endilga. Se impone, entonces, la quiebra del fallo acusado
y, en sede de instancia, la revocatoria de la sentencia proferida por el
Juzgado Quinto Laboral de Santafé de Bogotá, para, en su lugar, disponer la
absolución a la parte demandada de todas las súplicas de la demanda. No se
condenará al pago de costas en las instancias, por cuanto el resultado adverso
al demandante se origina en un cambio de jurisprudencia.”.[48]
4.1.5 Los Magistrados Francisco Escobar Henríquez y
Luis Gonzalo Toro Correa se apartaron de la anterior decisión reproduciendo la
que fuera, entre el 5 de agosto de 1996[49] y el 18 del mismo mes de
1999, la posición mayoritaria y única de la accionada en torno al tema,
consideraciones que dada su trascendencia se reproducen en integridad:
“Ha sido posición reiterada de esta Sala de la Corte
la de reconocer la aplicabilidad de la teoría de la indexación como paliativo
del fenómeno de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, aduciendo para
ello razones de justicia y equidad o porque se produce el retardo en el
cumplimiento de una obligación. Pero también, con un criterio más general,
antes de la unificación de la Sala Laboral, la Sección Primera admitió la
indexación de la primera mesada pensional en dos asuntos referentes a sendas
pensiones proporcionales de jubilación.
Así se razonó en el primero de ellos:
“Pero es cierto también que el reconocimiento que ha
hecho la Sala de la teoría de la reevaluación judicial o indexación de los
derechos laborales, lo ha sido hasta ahora siempre en el supuesto de que exista
ya la obligación con el carácter de insoluta por un tiempo más o menos
prolongado a través del cual el fenómeno económico anotado haya producido el
efecto de disminuir el valor real de la deuda, de suerte que la moneda del pago
en la cantidad en que se concreta el débito no tiene, al momento del pago, el
mismo valor intrínseco que tenía cuando debió ser solucionada la obligación.
Así, en efecto, se expresó esta Sección de la Sala en la sentencia del 13 de
noviembre de 1991:‘.El reajuste no implica la variación de la moneda con que
debe ser cubierta la correspondiente obligación, sino la actualización de su
valor en forma tal que con la cantidad de signos monetarios colombianos de hoy
se satisfagan las necesidades del acreedor en los mismos términos que cuando
debió pagársele la deuda.’
“De suerte, pues, que en la órbita de lo resuelto
hasta el presente por la jurisprudencia de esta Sala de la Corte, el
reconocimiento de la indexación ha supuesto la existencia de la deuda, ya
exigible e impagada, a la cual, con los elementos de prueba que se alleguen
durante la actuación, por iniciativa de las partes u oficiosamente por el
juzgador, pueda concretársele el monto de la corrección monetaria, en
proporción a la pérdida de su poder adquisitivo.
“No ha tenido la Sala, hasta ahora, la oportunidad de
referirse a un caso como el que concentra su atención, referente a una
obligación que, determinada en su cuantía con acomodo a una pauta legalmente
establecida, aún no sea exigible, pero a la cual se proyectan indudablemente
los efectos negativos de la inflación, pues ciertamente, como lo pone de
relieve la censura, el valor real del salario con referencia al cual se
determina el monto de la pensión en proporción al tiempo servido en comparación
con el que tenía cuando se produjo el retiro del trabajador, será muy inferior
al momento de hacerse exigible la obligación pensional.
“Si se aplican las pautas generales de la doctrina
jurisprudencial de esta Corporación en punto al tema que se examina, es claro
concluir que las razones de justicia y equidad que han determinado la
elaboración y aplicación concreta de la teoría de la indexación o actualización
monetaria, militarían para reconocer su operatividad en el caso que se
examina...”[50]
Si bien es cierto en dicha sentencia no se produjo
condena porque hubo de declararse la excepción de petición antes de tiempo, sí
se anuló parcialmente el fallo acusado en cuanto absolvió por la corrección
monetaria, admitiendo la operatividad de la indexación al momento de concretar
el salario que se toma como base para calcular el valor inicial de la pensión.
En el segundo caso, en cambio, la extinguida Sección
Primera sí produjo condena en concreto, basándose esencialmente en el
pronunciamiento trascrito, (sentencias, de casación, del 8 de febrero de 1996 y
de instancia, del 7 de marzo siguiente. Radicación No. 7996).
Se presenta ahora la oportunidad para que la Sala
Plena exprese en su criterio unificado en punto al tema en referencia.
Para ello vale la pena rememorar el basamento que ha
tenido la jurisprudencia de la Corporación al aceptar el mecanismo de la
indexación. Sobre el particular se expresó en sentencia del 13 de noviembre de
1991, Radicación No. 4486[51]:
“Con apoyo en tal preceptiva (el artículo 8 de la Ley
153 de 1887 y el 19 del Código Sustantivo del Trabajo, se aclara), la
jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte, desde la referida sentencia del
18 de agosto de 1982, ha venido sosteniendo la posibilidad de aplicar a los
créditos de origen laboral, la corrección o actualización de la moneda. El
soporte de esta doctrina han sido varios: los principios del derecho del
trabajo, en cuanto criterios de valoración inmanentes a esta rama del derecho,
portadora, por antonomasia, de una intención cautelar y defensora de los
precarios intereses del trabajador, en consideración a que es un sujeto que
normalmente no cuenta sino con su fuerza de trabajo para subsistir,
enajenándola al empleador; la jurisprudencia, principalmente de la Sala Civil
de esta Corporación, que desde un tiempo un poco anterior, enfrentó el análisis
de la incidencia de la inflación en las obligaciones diferidas de carácter
civil; en los principios de equidad y justicia, comunes, a no dudarlo, a todas
las ramas del derecho y en particular a la laboral; en la consagración positiva
de la corrección monetaria, en variados campos de la actividad civil en nuestro
país; en la doctrina y la jurisprudencia extranjeras, así como también en la
escasa producción doctrinaria nacional al respecto; en las normas reguladoras
del pago, también indudablemente comunes al derecho ordinario y al del trabajo,
en cuanto dicho monto de extinguir las obligaciones tiene que ver con todo tipo
de éstas, cualquiera sea su origen; y, en fin, en los principios del
enriquecimiento injusto y el equilibrio contractual, fundantes de la doctrina
elaborada sobre el tema por la jurisprudencia civil, pero en ningún modo ajenos
a los criterios estimativos del derecho laboral. Y, ahora, según los principios
constitucionales atrás destacados es pertinente e imperativo tener en cuenta
los lineamientos que el constituyente mismo estableció a este respecto y en la
materia específica del derecho laboral, expectante de concretos y futuros
desarrollos legislativos”.
El panorama jurídico ahora brinda nuevos y mayores
elementos para aceptar la aplicación del correctivo de la indexación. Pues
ciertamente en punto de las pensiones, se expidió la Ley 100 de 1993 por la
cual se crea el sistema de seguridad social integral, que en varias de sus
disposiciones desarrolla los principios constitucionales en cuanto consagran la
previsión de crear mecanismos adecuados para que las pensiones mantengan su
poder adquisitivo constante, como arbitrio eficaz para garantizar la congrua
subsistencia de amplísimos sectores salariales (artículos 48 y 53 de la Carta
Política). Dicha ley establece mecanismos de actualización no solo de las
pensiones causadas (artículo 14) sino de los recursos recaudados para el pago
de pensiones futuras, mediante la aplicación del índice de precios al
consumidor, según certificación expedida por el DANE (artículos 36 y 117).
Si bien para el caso de autos, en el que se solicita
la indexación de la primera mesada pensional causada en 1987, no es aplicable
el criterio de la analogía legal de una norma expedida en 1993, si es
iluminante del criterio judicial el que tal sistema se hubiera establecido por
el legislador, pues ello demuestra la necesidad imperiosa de ponerle coto a
situaciones de flagrante injusticia, y la pertinencia del remedio aplicado por
la doctrina jurisprudencial.
Por ello, para resolver el tema bajo examen, siguen
sirviendo como soporte de la decisión los destacados en el aparte de la
sentencia transcrita del 13 de noviembre de 1991 y, fundamentalmente la
orientación legal y doctrinal que impide el enriquecimiento sin causa. Que no
otra cosa significaría el que se pudiera solucionar una deuda, respetando un
monto nominal que dista enormemente - en el momento del pago- del valor real
que tenía la deuda cuando fue contraída. Pues, en efecto, como se desprende del
recuento de la actuación hecha en los antecedentes de este proveído, el
trabajador demandante devengaba, cuando se retiró de la sociedad demandada,
$6.407,00 mensuales, suma equivalente a 7.11 salarios mínimos mensuales (el
salario mínimo más alto de 1974 era de $900,00 mensuales - Decreto 2680 de
1973-); y esa misma cantidad en el momento de empezar a pagársele la pensión, o
sea el 15 de marzo de 1987, ya representaba solamente el 31.24% del salario
mínimo de entonces (de $20.509,80 mensuales - Decreto 3732 de 1986-).
No es superfluo advertir, de otra parte, que el caso
de autos muestra evidente similitud con los dos antecedentes referidos, puesto
que la pensión cuya indexación aquí se debate, constituía un derecho cierto del
actor, derivado de la conciliación que habían celebrado las partes, pendiente
de que aquél cumpliera los 60 años de edad.
Recapitulando, entonces, se puede anotar que si bien
en los no pocos pronunciamientos que ha hecho la Corte en Sala de Casación
Laboral sobre el tema de la indexación, ha esgrimido como fundamento jurídico
de la misma, en unos casos, razones de justicia y equidad consagradas en los
Artículos 8o de la Ley 153 de 1887 y 19 del C. S. T., y, en otros, una
modalidad del daño emergente entendido como el perjuicio que sufre el
trabajador a raíz del retardo o mora del empleador en pagar un crédito laboral,
estima la mayoría de la Corporación que el asunto materia de controversia, por
los motivos ya precisados, debe desatarse a la luz del primero de los
planteamientos expuestos en sustento de la naturaleza jurídica de la
reevaluación judicial.
Igualmente hay que dejar en claro que la solución
aquí adoptada en ningún momento implica desconocimiento de la autonomía de la
voluntad plasmada en el acuerdo conciliatorio en el que se convino el pago de
la pensión de jubilación a reajustarse y, por ende, la vulneración del efecto
de cosa juzgada que al mismo le otorga el artículo 78 del Código Procesal del
Trabajo, porque, como también lo ha dicho la Corte, independientemente del
criterio jurídico aducido para explicar la naturaleza jurídica de la
indexación, ella no implica un incremento de la obligación original, no la hace
más onerosa, sino que mantiene el valor económico real de la moneda frente a la
notoria pérdida de su poder adquisitivo; dicho en otras palabras, aplicándose
la revaluación a los $4.479 que se fijó sería el valor de la pensión cuando el
demandante cumpliera 60 años de edad, o sea, el 15 de marzo de 1987 (cdno. 1a.
y 2a. instancia, flo. 45), la cuantía que arroje tal operación, así
numéricamente sea mayor, equivale para esa fecha al valor citado.
Asimismo, se impone puntualizar que lo que
posibilita acoger la pretensión del actor es que las partes en la conciliación
se hubiesen puesto de acuerdo en el derecho del trabajador a gozar de una
pensión de jubilación cuando cumpliera 60 años de edad y fijar su cuantía, o sea,
como se precisó anteriormente, en cabeza de éste quedó radicado un derecho
cierto e indiscutible, sólo pendiente que cumpliera 60 años de edad[52].
Y,
los Magistrados disidentes agregaron:
“(..) desde el año de 1996, en sentencia del 5 de
agosto de esa anualidad, radicación N. 8616, esta Sala de la Corte, por
mayoría, que ahora queda en minoría, aceptó la procedencia de la actualización
judicial de la base salarial que de acuerdo con la ley debe tenerse en cuenta
para liquidar la pensión de jubilación, que es lo que tradicionalmente se le ha
dado la denominación de “indexación de la primera mesada pensional” (..) y para
ello nos remitimos a lo expresado en el fallo del 10 de diciembre de 1998,
radicación 10939, así:
“(..) la indexación es aplicable en el derecho del
trabajo y, específicamente en casos como el que se trata, con el objeto de
paliar los efectos que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda tiene
sobre la cuantía de créditos laborales, como la pensión de jubilación que le
fue reconocida al demandante. “Y es por lo anterior que con fundamento en los
artículos 8 de la ley 153 de 1887 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo se ha
admitido la posibilidad de aplicar en asuntos del trabajo la corrección o
actualización monetaria (..) (..) y los desarrollos que en materia de seguridad
social pensional introdujo la ley 100 de 1993.
(..)
“De otra parte, reiterando el debido respeto que nos
merece el fallo del que nos separamos, a los argumentos que se exponen en la
providencia antes transcrita para sostener la pertinencia de la indexación
pretendida y discutida a través de este proceso, agregamos lo siguiente: 1. Si
se analiza, desde el año de 1982 y hasta la fecha, el desarrollo
jurisprudencial de esta Sala de la Corte en materia de indexación de las
obligaciones laborales en general, se impone llegar a la conclusión que al
acogerse la revaluación de la base salarial para la pensión de jubilación, no
se pretendió, como lo afirma la mayoría, reemplazar un “ordenamiento jurídico
de corte nominalista” por un “régimen valorista”, sino buscar una solución a un
desequilibrio económico que tiene profundas repercusiones en las relaciones que
regulan el derecho laboral, por lo que representa lo que se recibe como
contraprestación directa o indirecta, independientemente de su denominación
jurídica. Y ello en virtud, en primer lugar, de lo que es la inflación y su
incidencia en algo tan vital para quien por su edad ve limitada su capacidad y
oportunidad de trabajo, ya que basta citar la siguiente explicación más que
gráfica de lo que es ese fenómeno económico: “inflación es cuando en vez de no
tener plata, usted tiene el doble, pero no le alcanza para comprar lo que
hubiera comprado con lo que no tenía”. Y en segundo lugar, por lo que se
expresa en la sentencia de la que nos apartamos: “En Colombia existe un vacío
legislativo, casi total, sobre el fenómeno de la indexación (...)”.
2. Es por lo anterior que en nuestro sentir no se
puede invocar el artículo 230 de la Constitución Nacional, y menos los
artículos 2224 y 1627 del Código Civil, para negar la posibilidad legal de
indexar la base salarial con referencia a la cual se debe liquidar la pensión
de jubilación. Y esto porque la primera norma también remite a la “equidad”
para la solución de conflicto de derecho y, las otras, como bien se sabe, pese
a su tenor literal, ya se han superado por la jurisprudencia para disponer, en
no pocos casos, la indexación en asuntos regulados por el Código Civil, a pesar
que dicho estatuto está fundado en un criterio eminentemente nominalista o
monetarista. Y es por ello que estimamos pertinente traer a colación apartes
del salvamento de voto del doctor Fernando Hinestroza Forero a la sentencia de
la Sala de Casación Civil del 21 de marzo de 1995, Magistrado Ponente Pedro
Laffont Pianeta, expediente 3328, a saber:
“La obligación de pagar una suma de dinero puede ser
tal desde el momento mismo en que surgió la relación, o ser el resultado de la
conversión a dinero de una obligación de otra índole, que se perceptúa en el
subrogado pecuniario de la prestación original (art. 1731 1 C.C.). En esta segunda
hipótesis están de más las consideraciones y disquisiciones sobre el efecto
perverso de la inflación sobre el acreedor de obligación pecuniaria, como
quiera que la deuda llegó apenas ahora a ser de dinero, mediante la apreciación
de la prestación correspondiente (o del perjuicio) en su valor actual, o sea
que allí hay un valor presente real y justo.
“Como quiera que la cancelación del contrato, cada
contratante deviene acreedor de lo que dio y deudor de lo recibido, aquel que
recibió dinero de su contraparte debe restituírselo. Es esa una obligación de
“valuta” o pecuniaria propiamente dicha, o pecuniaria primaria, porque la
obligación del deudor consiste originariamente en pagar una suma de dinero
cierta y precisa. Hipótesis delante de la cual, habida cuenta del fenómeno
inflacionario o de depreciación del dinero, surge la necesidad de determinar si
lo que el deudor debe es simplemente una cantidad de unidades monetarias, la
misma original, o si, debe actualizar, corregir, el monto pecuniario para que su
pago sea completo, y el acreedor no resulte sacrificado inopinada e
injustamente en provecho suyo. “Es bien sabido que los pronunciamientos
terminantes en favor del nominalismo y, consiguientemente, del poder
liberatorio universal y absoluto de la moneda de curso legal o forzoso, han ido
cediendo el paso paulatinamente a consideraciones y razonamientos de lógica y
equidad irrebatibles, que resaltando la pérdida continua y acelerada del poder
adquisitivo de la moneda y observando los contrastes abismales que se presentan
al cabo del tiempo entre el valor nominal y el valor real del dinero, tienden a
introducir por vía pretoriana, atenuantes a aquel rigor del dictado político de
la soberanía monetaria del Estado, y paliativos a sus efectos inicuos.
“Apenas hay para qué anotar que la doctrina y la
jurisprudencia nacionales han evolucionado, habiéndose inclinado ésta en los
últimos quince años decididamente por la corrección o actualización monetaria,
con orientación y ritmo variados y oscilaciones del todo naturales en materia
de suyo delicada y conflictiva y de proyecciones no sólo jurídicas, sino sobre
la economía, la individual, obviamente, pero también sobre la macroeconomía y
la política económica del Estado. De ahí su encarecimiento de proceder con las
mayores cautela y prudencia.
“Distintas son las explicaciones o justificaciones que
doctrina y jurisprudencia han buscado y dado a su permisión del reajuste
monetario, que van desde el concepto de resarcimiento del daño hasta el de
enriquecimiento injusto, pasando por la exigencia de plenitud del pago. No
todas esas presentaciones convienen a las distintas hipótesis, por lo cual su
aplicación particularizada, a más de impedir una concepción general y unitaria,
desemboca en inconsistencias y es propicia a contradicciones.
En efecto, si se toma como explicación general la de
un criterio indemnizatorio, ¿Cómo justificar la corrección monetaria en la
hipótesis de nulidad ajena a cualquier incorrección? Es claro que en el caso
del acreedor de restitución de dinero por sentencia resolutoria del contrato
debida a incumplimiento del deudor, resulta sencillo, cómodo, y aún afectista,
respaldar la orden de reajuste monetario diciendo que al acreedor le asiste
derecho a indemnización del perjuicio consistente en la depreciación monetaria.
Pero esa justificación estimula la tesis de que cuando el incumplido no es el
contratante ahora deudor del dinero, sino el otro, no hay lugar a corrección
monetaria, que no es propiamente un correlato lógico y equitativo de aquella. Y,
ciertamente, en las demás eventualidades donde no se puede hablar ni de
incumplimiento, ni de incorrección del deudor de obligación de restituir
dinero, esa explicación no funciona. “(...)
“Observo en la sentencia de 21 de septiembre de 1992
una contradicción interna, como quiera que a tiempo que pregona el imperio de
la igualdad y la equidad y se resiente frente al desequilibrio de las
obligaciones restitutorias cuando una de ellas es de devolver dinero, sin
discriminaciones y reafirmando doctrina de la Sala que la llevó conjurar dicha
injusticia procediendo de oficio; tal desequilibrio inocultable, objetivamente
inicuo, se esfuma o, le resulta, más que indiferente, plausible, cuando el
acreedor del dinero depreciado es el contratante cuyo incumplimiento dio lugar
a la resolución. Y sin una explicación aceptable de tal asimetría.
“Tampoco encuentro sostenible el argumento de que
disponer en tal situación el reajuste monetario, ‘equivaldría’ a prohijar el
‘incumplimiento’, como si la corrección monetaria –o sea el equilibrio, la
equidad y la justicia— pudieran tomarse de manera de recompensa a la buena
conducta o ‘beneficio’, sólo asignable en razón de ella, y su denegación, cual
un castigo, ante cuya amenaza los deudores habrían de cuidarse más de ser cumplidos,
es decir, como factor disuasivo.
“(...) “Es obvio que al juzgador le es forzoso
someterse a la ley; pero también, que no le es menos imperativo interpretarla y
aplicarla teniendo en cuenta la justicia y la equidad. Ciertamente ningún
precepto de código dispone la corrección monetaria, de manera que el reajuste
es, sin más, creación doctrinaria y jurisprudencial; así, la pregunta
pertinente no podría ser la de si para este o aquel caso la ley la ‘permite’ o
‘autoriza’; sino si la ‘prohíbe’ o ‘excluye’. En todas las circunstancias en
que la Corte, con curia de la justicia y la equidad ha ‘aceptado’ la corrección
monetaria, ha pronunciado jurisprudencia creadora de derecho, sin aguardar a la
intervención del legislador. Sin embargo, para el caso de las prestaciones
mutuas entre vendedor y comprador por causa de resolución del contrato, debida
a incumplimiento de este, la deniega arguyendo que el art. 1932, no sólo no se
lo autoriza, sino que se lo impide. “(...)
“Es elemental la consideración de que toda
restitución del precio por parte del contratante que lo recibió, al declararse
o decretarse la disolución del contrato, se limita a la parte que él haya
pagado; de suerte que, del hecho de que el art. 1932 haya reiterado esa regla
para el evento de resolución de compraventa por incumplimiento del comprador,
precisamente para poner de relieve que su incumplimiento no acarrea la pérdida
de la parte del precio por él satisfecha, no se puede deducir una prohibición
legislativa del reajuste monetario, pese a la iniquidad que llevaría consigo la
congelación del monto de esa obligación restitutoria. Y menos puede sostenerse
que dicho desconocimiento de la realidad y de la justicia ‘guarda armonía con
el principio de los riesgos de la cosa debida y con el tratamiento equitativo
del contrato de compraventa resuelto’. Los riesgos del cuerpo cierto están
regulados en el art. 1932 3 conforme a los principios generales, sin concesión
a favor del comprador, que autorice imaginar compensaciones con el deterioro de
la moneda, y el tratamiento equitativo que merecen las partes es muy otro del
de la rutina del comprador.
¿Dónde está, entonces, ‘la distorsión del contenido
legalmente vigente’? La corrección monetaria no es un privilegio o una ventaja
para el acreedor, es simplemente reconocimiento de la realidad económica y
freno a una injusticia sin causa alguna; es una medida que no exige orden
expresa o implícita del legislador, pues su aplicación dimana de los principios
o reglas generales del derecho”
3. Es indudable que si en el derecho laboral se
estudia la indexación, y si se trata de explicar su razón de ser, desde la
óptica de la Teoría General de las Obligaciones, necesariamente como lo hace la
mayoría, habría que llegar a la deducción que si no hay obligación o crédito en
mora, no es posible indexar, ya que ello haría parte de la indemnización de
perjuicios. Como para quienes salvamos el voto, con la indexación en materia
laboral se busca no sancionar una mora sino restablecer un equilibrio
económico, producido por un fenómeno de la misma índole, y que repercute sobre
el poder adquisitivo de la moneda, independientemente que haya una obligación
sujeta o no a una modalidad, es por lo que aceptamos la pertinencia y legalidad
de la reevaluación judicial de la base salarial para tasar la pensión de
jubilación. Y para llegar a ella se acude a mecanismos constitucionales y
legales, como lo son la equidad y la analogía.”
4. Aunque parezca contradictorio se impone destacar y
aplaudir un avance en lo que era la posición de minoría, ya que antes se
sostenía que mientras no se cumplieran los dos requisitos para configurar el
derecho a la pensión de jubilación: edad y tiempo de servicio, solamente había
una expectativa que ninguna protección legal tenía o merecía. En cambio en la
sentencia se da a entender que quien cumple uno de esos dos supuestos es
titular ya de un “derecho eventual”, y aunque sea “eventual” se le otorga el
calificativo de “derecho”, ello es el avance, pues, por esa circunstancia, es
innegable que es susceptible de cierta protección, así se puntualice que
configurado el mismo solo tiene efectos hacia el futuro, y la forma de
protegerlo es aceptando su indexación, sin que ello implique hacer más gravosa
la situación del que lo deba satisfacer, pues como se ha explicado no obstante
así el resultado de la operación numéricamente sea mayor, ello no representa
cumplir con una obligación dineraria superior a la inicialmente pactada.
La circunstancia que transcurrieron más de 14 años
después de que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se
pronunció por primera vez sobre la indexación de las obligaciones laborales,
para finalmente admitir la posibilidad de revaluar la base salarial a tener en
cuenta para liquidar la pensión de jubilación, es claramente indicativa que el
criterio de la jurisprudencia, como lo ha venido haciendo, es estudiar en cada
caso su procedencia, y no como lo sostiene la mayoría que en virtud de esto
último se ha de llegar “fatalmente a una indexación general de los salarios y
de las bases de liquidación de todas las prestaciones con sus perturbadoras
consecuencias jurídicas y económicas (...)”.
“Asimismo, estimamos equivocado aducir la ley 100 de
1993 como argumento para restarle soporte al criterio que hoy queda de minoría.
Y esto porque, por el contrario, nos atrevemos a afirmar que al introducir ese
estatuto en sus artículos 21 y 36 el concepto de “actualización” con referencia
a la variación del índice de precios al consumidor, no hace otra cosa que
reconocer que la inflación afecta aquel presupuesto a tener en cuenta para
tasar la pensión de vejez. Además, tampoco sobra recordar que en los fallos
proferidos hasta ahora con fundamento en el criterio jurisprudencial que deja
de ser mayoritario, siempre el obligado a pagar la pensión era el empleador.” –comillas en el texto -.
4.2. Decisión de la accionada en el caso de la señora
Lucrecia Vivas de Maya –T-453.539-
4.2.1. El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá,
en decisión proferida el 14 de mayo de 1999, condenó a BANCAFE i) a indexar la
primera mesada pensional, que le fuera reconocida a la actora mediante
resolución 0297 de 1995, ii) a reajustar las mesadas adicionales, y iii) a
pagarle a la actora los reajustes de ley, sobre la mesada indexada, desde marzo
de 1995.
Para el efecto el a quo consideró:
“(..) es un hecho notorio que para el momento en que
la demandante comenzó a disfrutar la pensión por haber cumplido los 50 años, es
decir el 16 de marzo de 1985 (sic),
el poder adquisitivo de ese monto nominal se había reducido lo cual es
corroborado con la certificación expedida por el BANCO DE LA REPUBLICA visible
a los folios 208 y ss dentro del plenario.
(..)
Si se aplican las pautas generales de la doctrina
jurisprudencial de esta Corporación en punto al tema que se examina, es claro
concluir que las razones de justicia y equidad han determinado la elaboración y
aplicación concreta de la teoría de la indexación o actualización monetaria,
militarían para reconocer su operatividad en el caso que se examina -S. de
septiembre 15 de 1992, Rad. 5221 -
nota 50-. Este mismo basamento sirvió para que la Corte Suprema de Justicia
en sede de instancia, condenara la indexación de la primera mesada pensional en
sentencia de agosto 15 de 1996. Rad. 8616.”-notas 49 y 52-.
Los
apoderados de ambas partes recurrieron la anterior decisión. El apoderado de la
actora aduciendo que se ha debido condenar a la demandada al pago de intereses
moratorios sobre las sumas que la empleadora debía reajustar, y el apoderado de
esta última fundado en que el Juez de Primera Instancia ha debido declarar
probada las excepciones propuestas –inexistencia de la obligación, cobro de lo
no debido y prescripción-.
4.2.2. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá
confirmó la decisión de primera instancia.  Para el efecto sostuvo:
“Con respecto al fenómeno económico citado, ha sido
reiterada la jurisprudencia de la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de
Justicia, en reconocer la aplicación de la indexación o corrección monetaria
por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda aduciendo entre otras
razones, la de justicia y equidad o porque se produce el retardo en el
cumplimiento de la obligación. El que exista la obligación con el carácter de
insoluta por un tiempo más o menos prolongado a través del cual el fenómeno
económico anotado haya producido el efecto de disminuir el valor real de la
deuda, hace indispensable aplicar la indexación de los derechos laborales, pues
la moneda del pago en la cantidad en que se concretó la obligación, no tiene en
el momento del pago, el mismo valor que tenía cuando se causó.”
Además, trascribió apartes de la
sentencia 8616, de la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, de fecha
5 de agosto de 1996 –notas 49 y 52-. Y negó la pretensión de la actora relativa
a la condena al pago de intereses moratorios, debido a que consideró que la
indexación corregía la inequidad existente.
El apoderado de la demandada
interpuso contra la anterior decisión el recurso de casación, invocando “la
causal primera de casación y, por la vía directa, acusa la interpretación
errónea de los artículos 19 y 20 del Código Sustantivo del Trabajo y 8º de la
Ley 153 de 1887, entre otras normas de los códigos civil, de comercio, (sic)
Contencioso Administrativo y Procesal del Trabajo.”.
4.2.3 La Sala demandada, mediante sentencia de 2 de
septiembre de 2000 M.P. Carlos Isaac Nader, casó la decisión de segunda
instancia, para en su lugar absolver a la parte demandada, como quiera que
consideró improcedente “acudir en este caso a la equidad como justificación
para modificar la base salarial con la cual fue liquidada la primera mesada
pensional del demandante, ni mucho menos revalorizar esta, pues la Caja Agraria
se atuvo a la normatividad vigente y aplicable en el momento en que procedió a
reconocer la aludida prestación.”
Además, reprodujo, casi en su totalidad las
consideraciones tenidas en cuenta al proferir la sentencia 11.818 el 18 de
agosto de 1999, la misma que fundamentó su decisión en el caso del accionante
Pachón Guevara, reproducida en esta misma providencia –nota 48-.
4.3. Decisión de la accionada en el asunto del señor
Carlos Hernán Romero Perico –T-503.695-
4.3.1. El 5 de mayo de 1999 el Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Villavicencio condenó a la Caja de Crédito Agrario Industrial y
Minero a reajustar el valor de la mesada pensional del actor, pero declaró
parcialmente probadas las excepciones de prescripción y pago, como quiera que
sostuvo:
“El artículo 151 del C.P.L.
enseña que las acciones emanadas de las leyes sociales prescribirán en tres
años (..)
Teniendo en cuenta que el
derecho reclamado se hizo exigible el 5 de marzo de 1991 y la primera
reclamación elevada por el actor fue el 09 de septiembre de 1996 (..)
Como quiera que el actor
acepta que la entidad demandada le ha cancelado oportunamente el valor de sus
mesadas pensionales con base en el salario mínimo legal vigente para cada año
(..)
(..) el cumplimiento de esa
obligación (condicional) se encontraba suspendida a la verificación de los
requisitos legales para el efecto, y éstos se dieron el 05 de marzo de 1991,
considera el Despacho que la primera mesada pensional debió reajustarse de
acuerdo a los incrementos legales (cada año) decretados por el ejecutivo, y no
simplemente ajustando en 1991 la cifra ya citada ($22.298.oo) al salario mínimo
legal ordenado para ese año, pues el haberla tomado como base sin efectuar su
actualización y reliquidación, va en detrimento del pecunio (sic) de la
parte actora, toda vez que la entidad accionada no tuvo en cuenta la
depreciación que ha sufrido el peso colombiano (..).
” Al respecto es válido traer
a colación el aparte pertinente de la sentencia proferida por la H. CSJ. Sala
Laboral del 5 de agosto de 1996, Rad. 8616 así (..) –notas 49 y 52 de esta
providencia-.
Los apoderados de las partes
impugnaron la decisión.
El apoderado de la demandada
consideró i) que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, traída a
colación por la Jueza de Primer Grado no era aplicable al asunto debatido, ii)
que la decisión de reajustar la primera mesada “(..) de los pensionados a
nivel nacional produciría un desequilibrio total a la empresa y al Estado
(..) y iii) “ (..) que la Caja Agraria no reajustó la pensión de la parte
actora entre 1979 y 1991 en detrimento del pecunio (sic) del pensionado,
sino en cumplimiento a lo ordenado por la ley.”.
Y
el representante del accionante, sostuvo i) que “(..) lo que prescribe son
las mesadas más no el derecho ni las incidencias de los reajustes y en caso de
presentarse tal fenómeno, es necesario realizar las operaciones para determinar
qué mesadas prescribieron y cuales no (..), y ii) que para determinar la
cuantía del reajuste se ha debido tomar el I.P.C. certificado por el Dane entre
agosto de 1979 y marzo de 1991.
4.3.2 La Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Villavicencio revocó la decisión de primer grado.
Para el efecto la Sala en cita reprodujo apartes de la
sentencia 11.818 de la Sala accionada –nota 48-, y concluyó que el actor no
tenía derecho a demandar el reajuste de su primera mesada pensional porque la
entidad demandada “(..) en cumplimiento de un mandato legal reconoció la
pensión de jubilación y ha venido reajustando de manera lícita anualmente la
misma a su extrabajador (..)”.
Contra la anterior decisión el apoderado del
accionante interpuso el recurso de casación.
Para el efecto, y con el objeto de demostrar los
cargos formulados contra la sentencia ya reseñada, el apoderado del señor
Romero Perico i) reprodujo apartes de las sentencias 5221 –nota 50- y 9083[53],
proferidas el 15 de septiembre de 1992 y el 11 de diciembre de 1996
respectivamente por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, ii) expuso las razones por las que a su juicio la Sala en cita no
debía reiterar las consideraciones expuestas en la sentencia 11.818 –nota 48- y
iii) transcribió apartes de las sentencias T-459 de 1994, T-102 de 1995 y C-448
de 1996 de ésta Corporación.
Ahora bien, para fundamentar la petición relativa a
que la Sala accionada volviera por su posición anterior en la materia, el
profesional en mención adujo i) que no es dable situar el debate sobre la
pensión de jubilación en el régimen de las obligaciones civiles, como quiera
que el derecho laboral tiene sus propios principios, ii) que al trabajador no
se le puede exigir que pacte con el patrono mecanismos de protección de sus
prestaciones, porque su situación de inferioridad negocial ha sido compensada
con el establecimiento constitucional de los principios de favorabilidad,
irrenunciabilidad, derechos adquiridos y seguridad social integral, iii) que el
derecho a devengar la pensión de jubilación, así el extrabajador no haya
alcanzado la edad no puede ser calificado de in nuce, porque el
cumplimiento de la edad es un hecho cierto y, si el trabajador llegare a
fallecer antes de lograrlo, la prestación puede ser reclamada por quienes le
sobreviven, y iv) que no se puede aducir que el trabajador no tiene derecho al
reajuste de la primera mesada pensional porque no hay disposición que lo
ordene, como quiera que los vacíos legales se llenan con los principios
generales del derecho –para el caso la equidad- y las Leyes 71 de 1988 y 100 de
1993, contienen mecanismos efectivos destinados “(..) a conjurar el
deterioro real de las pensiones (..)”.
La Sala de Casación accionada decidió no casar el
fallo de segunda instancia, reiterando para el efecto las consideraciones
aducidas en la sentencia 11.818, varias veces mencionada –nota 48-.
5. La adopción de una posición jurisprudencial
unificada en materia de indexación de la primera mesada pensional
La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia está
obligada a unificar la jurisprudencia nacional del trabajo y los jueces y
tribunales a acatar su decisión, con el objeto de evitar la anarquía en las relaciones
laborales, de infundir seguridad en éstas, y de no defraudar la confianza que
los asociados depositan en el ordenamiento jurídico y en los jueces como
artífices de su aplicación –Preámbulo artículos 2°, 6°, 13, 83, 228 a 230 C.
P.-.
No obstante la accionada arguye que una decisión suya,
aunque reiterada en más de tres ocasiones, puede ser desconocida por ella
misma, porque tan solo constituye “la doctrina legal más probable”,
en los términos del artículo 4° de la Ley 69 de 1896, lo que equivaldría
sostener que en la jurisdicción laboral los jueces únicos y colegiados no están
obligados a resolver los casos concretos aplicando la ley conforme el
significado abstracto fijado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, porque esta no conforma doctrina probable.
Pero lo dicho no es de recibo, porque tres decisiones
judiciales uniformes constituyen “doctrina probable” de forzosa
aplicación, como quiera que los jueces únicos y colegiados deben acoger
su criterio, salvo un “fundamento explicito suficiente”, tal como lo
explica con detenimiento la siguiente decisión:
“16.    La sujeción del juez
al ordenamiento jurídico le impone el deber de tratar explícitamente casos
iguales de la misma manera, y los casos diferentes de manera distinta, y
caracteriza su función dentro del Estado social de derecho como creador de
principios jurídicos que permitan que el derecho responda adecuadamente a las
necesidades sociales.  Esta doble finalidad constitucional de la actividad
judicial determina cuándo puede el juez apartarse de la jurisprudencia del
máximo órgano de la respectiva jurisdicción.  A su vez, la obligación de
fundamentar expresamente sus decisiones a partir de la jurisprudencia determina
la forma como los jueces deben manifestar la decisión de apartarse de las
decisiones de la Corte Suprema como juez de casación.
17.       En principio, un
cambio en la legislación motivaría un cambio de jurisprudencia, pues de no ser
así, se estaría contraviniendo la voluntad del legislador, y por supuesto, ello
implicaría una contradicción con el principio de colaboración armónica entre
las ramas del poder (artículo 113) y vulneraría el principio democrático de
soberanía popular (artículos 1º y 3º).
18.       Por otra parte, cuando no ha habido un tránsito
legislativo relevante, los jueces están obligados a seguir explícitamente la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en todos los casos en que el
principio o regla jurisprudencial, sigan teniendo aplicación.  Con todo, la
aplicabilidad de los principios y reglas jurisprudenciales depende de su
capacidad para responder adecuadamente a una realidad social cambiante.  En esa
medida, un cambio en la situación social, política o económica podría llevar a
que la ponderación e interpretación del ordenamiento tal como lo venía haciendo
la Corte Suprema, no resulten adecuadas para responder a las exigencias
sociales.  Esto impone la necesidad de formular nuevos principios o doctrinas
jurídicas, modificando la jurisprudencia existente, tal como ocurrió en el
siglo pasado, cuando la Corte Suprema y el Consejo de Estado establecieron las
teorías de la imprevisión y de la responsabilidad patrimonial del Estado.  En
estos casos se justifica un replanteamiento de la jurisprudencia.  Sin embargo,
ello no significa que los jueces puedan cambiar arbitrariamente su
jurisprudencia aduciendo, sin más, que sus decisiones anteriores fueron tomadas
bajo una situación social, económica o política diferente.  Es necesario que
tal transformación tenga injerencia sobre la manera como se había formulado
inicialmente el principio jurídico que fundamentó cada aspecto de la decisión,
y que el cambio en la jurisprudencia esté razonablemente justificado conforme a
una ponderación de los bienes jurídicos involucrados en el caso particular.”[54]
En consecuencia, como la unicidad interpretativa en
materia laboral depende de la labor de unificación que cumpla al respecto la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, corresponde examinar
si en la materia a la que se refieren las sentencias que fueron proferidas en
los asuntos sub examine, la accionada está infundiendo a las relaciones
del trabajo la seguridad que requieren. Y si al apartarse de sus propias decisiones
lo ha hecho con el fundamento explicito suficiente.
5.1 El 8 de agosto de 1982, la Sección Primera de la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en materia de “(..) indexación,
o sea el de la posible corrección monetaria de las obligaciones pecuniarias en
materia laboral (..)” consideró:
“I) Principios generales
El fenómeno económico de la inflación, cuyo efecto más
importante es la depreciación o pérdida del poder adquisitivo de la moneda, ha
planteado serios problemas económicos y sociales, a los cuales no puede de
ningún modo ser ajeno el derecho. El envilecimiento de la moneda, que perjudica
injustamente al deudor valutario, es materia de atenta consideración por los
modernos tratadistas de la teoría de las obligaciones.
Los principios clásicos del llamado nominalismo
monetario o monetarista como teoría del Derecho Privado acerca de la extensión
de las obligaciones dinerarias (C.C art. 2224) son puestos cada vez más en duda
en frente al extendido y creciente flagelo de la inflación. El nominalismo - se
dice- frente a una depreciación desatada, constituye un dogma economicista (sic) absoleto (sic) una ficción injusta que
afecta el fundamento mismo de los contratos, el necesario equilibrio entre las
partes, el principio de la buena fe, y que propicia el enriquecimiento injusto
o incausado. Cobra fuerza así el principio del valorismo o realismo, según el
cual la obligación dineraria está determinada por el poder adquisitivo de la
unidad monetaria, el cual la condiciona.
La lucha del derecho para preservar la equidad frente
al fenómeno económico de la creciente inflación debe darse a nivel legislativo,
principalmente, pero también resulta posible y urgente hacerlo en el campo
judicial, con base en la evidente inequidad y en los principios generales del
derecho que deben ser aplicados a los nuevos hechos. Entre nosotros merece
citarse la novedosa institución económica de las Unidades de Poder Adquisitivo
Constante  (UPACS), de alcance limitado, y en el campo judicial, las recientes
sentencias de la Sala de Casación Civil de la Corte de 9 de julio y 19 de
noviembre de 1979, que constituyen una valiosa aproximación jurisprudencial a
tan importante tema. En el campo del derecho laboral debe recordarse como
precioso antecedente la Ley 17 de 1959, sobre la prima móvil al salario que
nunca se aplicó y que contempla aumentos generales en la remuneración de los
trabajadores dependientes según el aumento de los índices promedio del costo de
vida (arts. 7°, 8°, y 9°).
ii) La indexación laboral
El derecho laboral es sin duda alguna uno de los
campos jurídicos en los cuales adquiere primordial importancia la consideración
de los problemas de equidad, humanos y sociales, que surgen de la inflación
galopante. No puede olvidarse que del trabajo depende la subsistencia y la
realización de los seres humanos, y que el derecho laboral tiene un contenido
específicamente económico, en cuanto regula jurídicamente las relaciones de los
principales factores de producción –el trabajo, el capital y la empresa -,
afectados directamente por la inflación. Sin embargo, justo es confesar que la
estimulación de este grave problema, por la ley por la doctrina y por la
jurisprudencia de Colombia ha sido mínima por no decir inexistente o nula. Se
reduciría al hecho de que, en la práctica el salario mínimo se reajusta
periódicamente, como es de elemental justicia, teniendo en cuenta el alza en el
costo de la vida, aunque no de manera obligatoria, proporcionada o automática.
Y a que, como es sabido, las pensiones de jubilación o de vejez, de invalidez y
de sobrevivientes, se reajustan por mandato de la ley teniendo en cuenta esos
aumentos en el salario mínimo (Leyes 10 de 1972 y 4° de 1976).
En el derecho comparado un ejemplo importante de la
indexación laboral por ley los constituye en la Argentina el artículo 276 de la
Ley de Régimen de Contrato de Trabajo (Decreto 390 de 1976), que dispone (..)
(..)
La indexación sin ley, más propiamente llamada
“revaluación judicial” (Hirscheberg), muy discutida jurídicamente se impuso sin
embargo en Alemania y en el Uruguay, y ha tenido relativo éxito en la
Argentina. En Uruguay, por ejemplo los jueces laborales han considerado que la
depreciación monetaria hace parte de los perjuicios a que debe atender el
deudor de daños y perjuicios (..)”[55].
5.2 Mediante sentencia del 8 de abril de 1991, la
Sección Segunda de la Corporación en cita precisó que los artículos 8° de la
Ley 153 de 1887 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo “señalan las pautas
para que frente a una situación concreta y objetiva y ante la ausencia de norma
exacta aplicable, se pueda acudir a otras disposiciones que regulen materias
semejantes y a falta de ella a las reglas generales del derecho”, pero así
mismo reiteró que la actualización de las prestaciones económicas en materia
laboral están previstas “(..) en los casos en que se ha venido actualizando
a través del reajuste periódico (..) las pensiones de jubilación,
invalidez, vejez y sobrevinientes de todos los sectores ( Art. 2° de la Ley
10 de 1972 y 1° de la Ley 4° de 1976) (..).”[56].
5.3 El 13 de noviembre de 1991,
la Sección Primera de la misma Corporación Judicial sostuvo que las
obligaciones dinerarias insolutas debían ser actualizadas para que el
trabajador pudiera satisfacer sus necesidades, como si la obligación hubiere
sido pagada a tiempo. Así mismo determinó que el soporte de la corrección
monetaria en las relaciones laborales se encuentra no solamente en el artículo
8° de la Ley 153 de 1887 y en la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte
Suprema de Justicia, sino también en los principios del derecho del trabajo
encargados de tutelar los precarios intereses del trabajador, y, a su vez,
resaltó la concordancia de dicha doctrina con los lineamientos de la
Constitución Política. Dice así un aparte de la decisión:
“Más aún, en la
misma Constitución Política del país, recientemente promulgada, se
establecieron disposiciones que reflejan la consideración de aquél fenómeno,
como el artículo 53, en el cual, entre los “principios mínimos fundamentales”
que deben observarse por el Congreso cuando cumpla el deber de expedir el
“estatuto del trabajo” se señaló el de que la remuneración del trabajador debe
consagrarse con carácter de “vital y móvil”; además de que en el inciso
3° se garantizó “el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las
pensiones legales.” Y el artículo 48, referente a la seguridad social, defirió
a la ley la definición de “los medios para que los recursos destinados a
pensiones mantengan su poder adquisitivo constante.”
Se trata,
entonces, de un problema que, no obstante haber traído la atención del
legislador en varios campos, aún no ha recibido consagración positiva
especifica para el derecho al trabajo, fuera de los importantes principios
constitucionales destacados. Sin embargo, ello lejos de ser un obstáculo para
recibir un correctivo, por lo menos en el caso concreto, es un acicate para la búsqueda
de la solución que requiere, pues “el derecho laboral es sin duda alguna  uno
de los campos jurídicos en los cuales adquiere primordial importancia la
consideración de los problemas de equidad, humanos y sociales, que surgen de la
inflación galopante” [57] –subrayado y comillas en el texto
original -.
5.4 En sentencia de 15 de septiembre de 1992 la
Sección Primera de la Sala accionada resolvió ir más allá, en cuanto al
reconocimiento de la corrección monetaria en las relaciones del trabajo, por
cuanto, aclarando que hasta aquella oportunidad no había tenido que conocer del
asunto, determinó que las razones de justicia y equidad, hasta el momento
reconocidas a favor de obligaciones laborales exigibles insolutas, debían
aplicarse para ordenar la actualización de la primera mesada pensional, cuando
entre la terminación del contrato de trabajo y la exigibilidad de la pensión
transcurría un tiempo que hacía imposible, por las razones anotadas, que el
último salario pudiese ser la base de la prestación jubilatoria, como quiera
que sobre aquel “se proyectan indudablemente los efectos negativos de la
inflación (..)” –nota 50-.
Esta orientación, conocida como
“indexación de la primera mesada pensional”, fue acogida por la Sala única de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como doctrina probable hasta
el 18 de abril de 1999; con los siguientes planteamientos generales:
a) Inicialmente la Sala dispuso
la indexación de obligaciones laborales insolutas, como ella misma lo indica,
porque no había tenido la oportunidad de considerar lo “(..) referente a una
obligación que, determinada en su cuantía con acomodo a una pauta legalmente
establecida, aún no sea exigible, pero a la cual se proyectan indudablemente
los efectos negativos de la inflación.”.
b) Las razones “(..) de justicia y equidad que han
determinado la elaboración y aplicación concreta de la teoría de la indexación
o actualización monetaria (..)” son igualmente validas para determinar
“(..) la procedencia de la indexación de la primera mesada de la pensión,
cuando el cálculo pertinente se basa en un salario antiguo y por lo mismo
envilecido, que ha perdido su poder adquisitivo (..)”.
Tal como lo demuestran los
apartes de decisión que a continuación la Corte trae a colación:
“Pero es cierto también que el reconocimiento que ha
hecho la Sala de la teoría de la revaluación judicial o indexación de los
derechos laborales, lo ha sido hasta ahora siempre en el supuesto de que exista
ya la obligación con el carácter de insoluta por un tiempo más o menos
prolongado a través del cual el fenómeno económico anotado haya producido el
efecto de disminuir el valor real de la deuda, de suerte que la moneda del pago
en la cantidad en que se concreta el débito no tiene, al momento del pago, el
mismo valor intrínseco que tenía cuando debió ser solucionada la obligación.
Así, en efecto, se expresó esta Sección de la Sala en la sentencia del 13 de
noviembre de 1991:‘.El reajuste no implica la variación de la moneda con que
debe ser cubierta la correspondiente obligación, sino la actualización de su
valor en forma tal que con la cantidad de signos monetarios colombianos de hoy
se satisfagan las necesidades del acreedor en los mismos términos que cuando
debió pagársele la deuda.’
“De suerte, pues, que en la órbita de lo resuelto
hasta el presente por la jurisprudencia de esta Sala de la Corte, el
reconocimiento de la indexación ha supuesto la existencia de la deuda, ya
exigible e impagada, a la cual, con los elementos de prueba que se alleguen
durante la actuación, por iniciativa de las partes u oficiosamente por el juzgador,
pueda concretársele el monto de la corrección monetaria, en proporción a la
pérdida de su poder adquisitivo.
“No ha tenido la Sala, hasta ahora, la oportunidad de
referirse a un caso como el que concentra su atención, referente a una
obligación que, determinada en su cuantía con acomodo a una pauta legalmente
establecida, aún no sea exigible, pero a la cual se proyectan indudablemente
los efectos negativos de la inflación, pues ciertamente, como lo pone de
relieve la censura, el valor real del salario con referencia al cual se
determina el monto de la pensión en proporción al tiempo servido en comparación
con el que tenía cuando se produjo el retiro del trabajador, será muy inferior
al momento de hacerse exigible la obligación pensional.
“Si se aplican las pautas generales de la doctrina
jurisprudencial de esta Corporación en punto al tema que se examina, es claro
concluir que las razones de justicia y equidad que han determinado la
elaboración y aplicación concreta de la teoría de la indexación o actualización
monetaria, militarían para reconocer su operatividad en el caso que se
examina...”
“Esta Sala de la Corte ha tenido la oportunidad de
manifestarse respecto de la procedencia de la indexación de la primera mesada
de la pensión, cuando el cálculo pertinente se basa en un salario antiguo y por
lo mismo envilecido, que ha perdido su poder adquisitivo al punto de que la
pensión se reduciría a la mínima legal, no obstante que el salario, en su
momento, superaba en varias veces ese mínimo.
Pero en las ocasiones anteriores, se trataba de
mesadas que, como la de la pensión - sanción y la originada en el acuerdo
conciliatorio, constituían derechos adquiridos desde la época de vigencia del
salario cuestionado, y sujetos solamente a la condición del cumplimiento de la
edad correspondiente. Entonces dijo la Corte:
“En punto al tema de la indexación de la primera
mesada de la pensión de jubilación, la Corte tuvo oportunidad de pronunciarse
en sentencia del 15 de septiembre de 1992 en un proceso similar al presente,
con radicación No. 5221 –nota 24-,
y no obstante que en aquella ocasión se declaró la excepción de petición antes
de tiempo por lo que la prosperidad del cargo no condujo propiamente a la
producción de una decisión de condena, sí se anuló la sentencia absolutoria
acusada, dando lugar al citado medio exceptivo pero admitiendo la operatividad
de la indexación al momento de concretar una obligación cuyo valor se calcula
con base en un salario antiguo. Expuso la Corte:
“Pero es cierto también que el reconocimiento que ha
hecho la Sala de la teoría de la revaluación judicial o indexación de los
derechos laborales, lo ha sido hasta ahora siempre en el supuesto de que exista
ya la obligación con el carácter de insoluta por un tiempo más o menos prolongado
a través del cual el fenómeno económico anotado haya producido el efecto de
disminuir el valor real de la deuda, de suerte que la moneda del pago en la
cantidad en que se concrete el débito no tiene, al momento del pago, el mismo
valor intrínseco que tenía cuando debió ser solucionada la obligación. Así, en
efecto, se expresó ésta Sección de la Sala en la sentencia del 13 de noviembre
de 1991: ‘... El reajuste no implica la variación de la moneda con que debe ser
cubierta la correspondiente obligación, sino, como se ha dicho y repetido en el
curso de ésta sentencia, la actualización de su valor, en forma tal que con la
cantidad de signos monetarios colombianos de hoy se satisfagan las necesidades
del acreedor en los mismos términos que cuando debió pagársele la deuda.’
“De suerte, pues, que en la órbita de lo resuelto
hasta el presente por la jurisprudencia de esta Sala de la Corte, el
reconocimiento de la indexación ha supuesto la existencia de la deuda, ya
exigible e impagada, a la cual, con los elementos de prueba que se alleguen
durante la actuación, por iniciativa de las partes u oficiosamente por el
juzgador, pueda concretársele el monto de la corrección monetaria, en
proporción a la pérdida de su poder adquisitivo.
(..)
“Conforme razonó la Sala en la oportunidad memorada,
es obvio que en el presente caso le asiste al promotor del juicio el derecho a
que, para la primera mesada de su pensión de jubilación, se tenga en cuenta la
corrección monetaria de la cifra que traduce el salario devengado en el último
año de servicios, desde la fecha de su retiro de la empresa hasta la fecha de
exigibilidad de la prestación social en referencia...” (Sentencia del 8 de
febrero de 1996, Radicación No. 7996).[58]
5.5 No obstante lo anterior, mediante sentencia del 18
de agosto de 1999, providencia que sirvió de fundamento a las decisiones objeto
de controversia, - nota 48-, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, resolvió adoptar una nueva posición en la materia, sin que se hubiera
presentado “un tránsito legislativo relevante (..) o un cambio en la
situación política, social o económica (..) que tenga injerencia sobre la
manera como se había formulado inicialmente el principio que fundamentó cada
aspecto de la decisión”. Y sin ponderar los bienes jurídicos involucrados
en el caso concreto –notas 14, 16 y 54-. Los fundamentos invocados en esta
ocasión fueron:
1. En el ordenamiento existe un vacío legislativo “casi
total sobre el fenómeno de la indexación”, pero tal vacío no se presenta
respecto de la primera mesada pensional, como quiera que el artículo 260 del
Código Sustantivo del Trabajo “dispuso de manera expresa factores económicos
precisos” para calcularla.
2. La indexación es una medida excepcional, en
cuanto consiste en un mecanismo de “revalorización de ciertas obligaciones
dinerarias”.
3. No se indexan las obligaciones contractuales - en
tanto acreedor y deudor han tenido oportunidad de pactar mecanismos de
protección contra el proceso inflacionario- (1); no se indexan las obligaciones
cuyo nacimiento se sujeta a un acontecimiento futuro e incierto, como quiera
que no se indexan los derechos eventuales, incompletos e imperfectos - entre
los que se cuenta el derecho del trabajador a demandar el pago de la pensión de
jubilación, cuando su relación laboral concluye antes de cumplir la edad
requerida para acceder a la prestación-(2).
4. Se indexan las obligaciones puras y simples,
existentes y exigibles, cuya fuente es la ley, siempre que ésta no haya
previsto ningún mecanismo para que el acreedor incumplido logre restablecer el
equilibrio económico generado por el incumplimiento.
Cabe precisar que la posición en comento más adelante
fue adicionada por la misma Sala en el sentido de determinar:
1. “(..) [L]as normas reguladoras de la pensión de
jubilación de los sectores particular y público establecieron que ésta equivale
al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de
servicios (art. 260 C.S.T) o del salario promedio que sirvió de base para los
aportes en dicho lapso (art. 1° Ley 33 de 1985)”.
2. “(..) [L]a única base de liquidación pensional,
la introdujo la Ley 100 de 1993 que para éstos efectos rige desde el primero de
abril de 1994, sin que pueda aplicarse en forma retroactiva (..).
3. “(..) [P]ara actualizar la base de la
liquidación pensional (..) es indispensable tener en cuenta, no el salario
del último año de servicios, sino el “Ingreso Base de Liquidación”,
conformado por el “promedio de salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado
el afiliado durante diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión
actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE””[59].
5.6 Empero, en decisión más reciente –21 de abril de
2001-[60], además de haber
reiterado la jurisprudencia relativa a la procedencia de la indexación de las
prestaciones económicas en el derecho laboral, con fundamento en la equidad, la
Sala de Casación Laboral preciso que sólo se indexan las prestaciones
económicas a cargo del patrono, como quiera que la “(..) desigualdad que
caracterizó las relaciones entre quienes estuvieron vinculados por un contrato
de trabajo no desaparece por la circunstancia de quien fuera trabajador se
jubile y deba por ello hacerse acreedor a una pensión, máxime en un caso que
por las particulares circunstancias del mismo la pensión de jubilación no está
a cargo de la seguridad social sino [del empleador] (..)”. Dice así la
decisión:
“En cambio, en cuanto a la corrección del valor de las
sumas cuya devolución se dispone, no resulta igualmente clara la procedencia de
dicha condena, pues respecto de este punto de derecho debe recordarse que el
fundamento de la revaluación judicial de las condenas no es otro diferente a la
equidad, por haberse considerado jurisprudencialmente que no se ajustaba a ella
mantener el principio del nominalismo monetario, que permitía tener por
solucionada una obligación cuando su pago se hacía mediante una moneda que como
el peso colombiano pierde día a día su poder adquisitivo. Pérdida de poder
adquisitivo de la moneda que finalmente tenía como consecuencia para el
acreedor la de recibir una cantidad de pesos que si bien igual nominalmente a
la que en su momento debió pagársele, en la realidad económica se traducía en
una innegable disminución del valor que ingresaba a su patrimonio. Por esta
razón pagar con tardanza le significa una ganancia al deudor.
Que fue la equidad primordialmente la razón que movió
a aceptar la “indexación laboral” a fin de ajustar la obligación de pagar una
suma de dinero al real poder adquisitivo del peso colombiano, se comprueba con
sólo  efectuar una somera revisión de los diferentes fallos en que el tema se
ha estudiado, empezando, como es obvio por el primero de ellos. En esta sentencia de 18 de agosto de 1982, la
extinguida Sección Primera de la Sala de Casación Laboral se ocupó del tema, y
al respecto dijo lo siguiente:  -ver
nota 55-
(..)
En fallos posteriores, o en salvamentos de voto, se
reprodujo esta primera sentencia sin agregar argumentos adicionales, o se
desarrolló esta misma línea argumental, buscando en algunos de ellos vanamente
encontrar apoyo a la “indexación laboral” en los viejos preceptos del Código
Civil, pero leídos ahora de una manera totalmente ajena a su letra y espíritu,
para de todos modos terminar afianzándola reevaluación judicial en la equidad,
bien fuera de manera explícita o implícitamente.
Y, cuando por fin se aceptó por mayoría de la Sala de
Casación Laboral la corrección monetaria se puso siempre de presente que la
reevaluación judicial de la obligación dineraria no procedía cuando operaba
cualquier otro mecanismo mediante el cual se lograra compensar esta pérdida del
poder adquisitivo del peso y el consiguiente perjuicio del acreedor. No huelga
recordar que por regla general el acreedor en los asuntos laborales es el
trabajador, quien además también es, por obvias razones y salvo rarísimas
excepciones, la parte débil de la relación de trabajo, y por este motivo la
equidad imponía un correctivo al rigor de la ley.
Por ello cuando el promotor del pleito no es el
trabajador, o quien tuvo esta condición, sino que quien demandó (..) fue la
empleadora (..) y es la obligada a pagar la pensión de jubilación, las
consideraciones fundadas en la equidad como correctivo del rigor de la ley no
parecen igualmente plausibles, por cuanto como es sabido, la relación jurídica
que surge entre el patrono y el trabajador por la ejecución del contrato de
trabajo – o en razón de la simple ejecución de un trabajo pero siempre que
constituya por sí mismo una actividad lícita, no se da entre iguales, sino
entre quienes por su posición económica se encuentran situados en la realidad
en planos sociales diferentes. Es por esto que la cuestión del equilibrio
contractual o la atinente a la equivalencia de las prestaciones recíprocas debe
ser estudiada con un óptica distinta y siempre estar inspirada la solución del
conflicto en la protección de la parte más débil de dicha relación jurídica.
Ello por constituir verdad averiguada que dicha actividad humana libre que es
ejecutada conscientemente por alguien en servicio de otro debe caracterizarse por
la continua dependencia o subordinación de quien presta el servicio frente a
quien lo recibe y debe remunerarlo.
(..)
Esa desigualdad que caracterizó las relaciones entre
quienes estuvieron vinculados por un contrato de trabajo no desaparece por la
circunstancia de quien fuera trabajador se jubile y deba por ello hacerse
acreedor a una pensión, máxime en un caso que por las particulares
circunstancias del mismo la pensión de jubilación no está a cargo de la seguridad
social sino [del empleador],
como patrono que fue de (..).
Se sigue de lo anterior que al no ser en este caso
aplicable la construcción jurisprudencial que ha permitido reconocer la
procedencia de la reevaluación judicial de las obligaciones y no existir un
expreso fundamento legal que sustente la pretensión de la persona jurídica
demandante, resulta forzoso desestimarla.” –negrilla
fuera del texto original-[61].
5.7
Entre el de 6 de julio de 2000[62] y el 25 de julio de 2002[63], son varias las decisiones en las que la Sala accionada
acogiendo la pretensión de extrabajadores ha condenado a las empresas obligadas
a indexar la primera mesada pensional, ya sea i) porque “habiéndose cumplido
el requisito de la edad de los 55 años, en vigencia de la Ley 100 de 1993, por
disposición de la misma ley, era procedente el reajuste del valor inicial de la
pensión reconocida al demandante” –sentencias 13.153, 15.836 y 17.569,
entre otras -; o ii) debido a que “lo que aquí se debate si bien distinto a
otros casos en los que el reconocimiento de la pensión fue en vigencia de la
Ley 100 de 1993, pero similar a otros tantos en que se ha accedido a la
indexación tienen pleno respaldo en lo previsto en los artículos 19 del CST y
8° de la Ley 153 de 1887” –sentencias 13.905 y 17.739-[64].
Respecto de la actualización de la primera mesada pensional,
cuando el trabajador adquiere el derecho a devengar la prestación en vigencia
de la Ley 100 de 1993, se puede consultar esta decisión:
“Ahora
bien, con relación al tema que se trata, es conveniente anotar que para la Sala
a partir de la fecha en que empezó a regir la ley 100 de 1993, los criterios
jurisprudenciales que se exponían con respecto de lo que se denominó la
indexación de la primera mesada pensional, que en estricto rigor jurídico lo
era de la base salarial para rasar esa mesada,  perdieron vigencia en cuanto
hace a pensiones legales causadas dentro de la misma. Y esto porque de acuerdo
con el artículo 36 antes trascrito, al igual que con el artículo 21 de tal
normatividad ya no hay que acudir a la analogía ni  a la equidad para ordenar
esa indexación, ni tampoco puede aseverarse, como lo pregona la orientación
jurisprudencial a la que se viene acudiendo para resolver esa clase de
peticiones que no existe en materia laboral disposición legal que autorice la
aplicación de aquella para el reconocimiento de la pensión de jubilación o vejez”.[65]
En igual sentido este pronunciamiento:
“El Tribunal para conceder la
actualización de la primera mesada pensional, se apoyó en lo dispuesto por esta
Sala de la Corte en sentencia del 5 de agosto de 1996.
En dicho fallo se tuvieron en cuenta los
artículos 19 del Código Sustantivo del Trabajo y 8° de la Ley 153 de 1987 (sic)
y aún otros de la Ley 100 de 1993, pero los supuestos de hecho en aquel fueron
distintos a éste, en la medida en que el pensionado demandante de la indexación
de su primera mesada pensional se había retirado de laborar el 30 de enero de
1974 y se le había concedido la pensión a partir del 15 de marzo de 1987, ante
de la vigencia de la Ley 100 de 1993.
En el asunto que aquí se ventila, no hay
controversia alguna en cuanto a que el actor laboró para el Banco Popular entre
el 4 de enero de 1957 y el 24 de septiembre de 1982 y que le fue reconocida su
pensión a partir del 26 de octubre de 1995.
Lo anterior significa que la pensión de
jubilación se concedió al demandante, estando en vigencia la Ley 100 de 1993,
luego entonces, mal puede predicarse falta de disposición legislativa para
negar el reconocimiento de la actualización monetaria de la base salarial de la
pensión, pues tal normatividad vino a llenar ese supuesto vacío, alegado por
quienes así lo consideran[66].
Sobre la indexación de la primera mesada
pensional, con fundamento en las previsiones de los artículos 8° de la Ley 153
de 1887 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo, ha dicho la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia:
“Y precisamente una situación inequitativa semejante
es la que se presenta en un asunto como el que se estudia, pues no siendo
objeto de discusión, al tenor de la documental de folio 81 a 88, que a la fecha
de terminación del vínculo, el 31 de marzo de 1977, el actor devengaba de la
demandada un salario promedio mensual de $41.385.oo, varias veces superior al
salario mínimo legal entonces vigente, no consulta el criterio de coordinación
económica y de equilibrio social con el que se deben  aplicar las normas
laborales (art. 1º CST), que cuando el seis ( 6 ) de marzo de 1986, algo más de
ocho (8) años después, la demandada le reconoció al ex trabajador su pensión de
jubilación,  hubiera tasado su monto con estricta referencia al valor nominal
de aquella  remuneración, para obtener una obligación pensional a su cargo de $31.038,98
(fls 89 a 96), escasamente superior al valor del salario mínimo legal vigente
en este último año, lo cual denota la evidente depreciación del signo monetario
colombiano.
La aludida circunstancia evidencia un fenómeno
económico  del que no puede sustraerse el derecho del trabajo y de la seguridad
social, ni pasar por alto la jurisprudencia, pues hacerlo implica olvidar que
las normas del derecho social, al tenor del artículo 1º del CST, se deben
aplicar con criterio de coordinación económica y equilibrio social, que impone,
con fundamento en el artículo 8º de la ley 153 de 1887 y 19 del CST, el
reconocimiento de la indexación,  porque de no hacerlo se vulnera tal mandato,
ya  que es indiscutible que el hecho notorio de la inflación terminaría perjudicando,
contra la equidad,  a una sola de las partes de la relación contractual: el
trabajador, que no es el llamado a soportar las negativas consecuencias de ese
fenómeno económico, toda vez que él no tiene la posibilidad de tomar las
medidas para protegerse del mismo  en razón de que su aporte  en el contrato es
su trabajo; situación que no puede predicarse con respecto al empleador, porque
éste si tiene o debe tener el control financiero, así sea relativo, de la
actividad donde aquel presta el servicio, motivo por el cual es dable afirmar
que es a él a quien corresponde prever y asumir las consecuencias de las
fluctuaciones económicas, debido a que está en capacidad de tomar las medidas
de orden financiero  necesarias para resguardarse de la pérdida del poder
adquisitivo de la moneda, y una de ellas sería el reconocimiento de una pensión
de jubilación actualizando  el valor del salario que años atrás devengó el
trabajador. Así razonó la Corte en su sentencia de casación del 10 de diciembre
de 1998, radicación 10939[67].
Ahora bien, con relación a las razones que
le han permitido para fallar en uno o en otro sentido, en los asuntos en los
que ha tenido que pronunciarse sobre la indexación de la primera mesada
pensional, ante la petición elevada por el apoderado de una de las partes, en
el asunto resuelto mediante sentencia 15.697 M.P. Luis Gonzalo Toro, 17 de octubre
de 2001, con miras a que “(..) la Corte defina jurisprudencialmente el tema (..)
por la seguridad jurídica de los conciudadanos y por la economía del país, de
la empresa y de los trabajadores (..) para que el país sepa de una vez por
todas cual (sic) es la jurisprudencia de esa Honorable Corporación y en
estos términos la puedan acoger los Tribunales y los Jueces Laborales de
Colombia. Es deber de la Corte Suprema de Justicia ofrecer y dar seguridad
jurídica a los ciudadanos, por cuanto en materia de indexación esta Corte ha
producido sentencias, en que han intervenido conjueces[68], en unos casos a favor de trabajadores, y
en otros en contra (..)”; la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia respondió:
“(..) quiere la Sala puntualizar que
aunque es cierto que en algunas ocasiones se han proferido decisiones en las que
ha salido avante la tesis de la indexación para aplicarla al reajuste de la
base salarial de un pensión, y no en otras, no lo es menos que en cada una de
ellas se han explicado con suficiente solidez las razones para ello. Además, es
obvio, y así siempre ocurrirá que los supuestos de hecho de una demanda varíen
respecto de otra, pese a que en algunas oportunidades se presenta identidad en
el demandado.
De
suerte que nunca se puede pretender, como lo sugiere la réplica, que se dicte
una única sentencia, como si el derecho fuera posible encasillarlo o acomodarlo
a una sola circunstancia, dejando de lado los hechos, las pruebas y los
escritos de las partes. Por ello es que no puede confundirse al juez, llámese
juzgado, Tribunal o Corte, como un fabricante de piezas en serie.
De otro lado y en lo que tiene que ver con
la figura de los conjueces, - lo que en ocasiones puede llevar a la expedición
de decisiones distintas según quien intervenga como tal- es una creación
legislativa surgida frente a la necesidad de reemplazar al juzgador cuando por
una u otra razón legal se ve impedido o inhabilitado para dictar un fallo. Y ni
la ley ni los Magistrados podrán garantizar jamás, que el pensamiento de los
conjueces sea siempre el mismo respecto de un determinado punto de derecho.
Frente a ésta consideración humana, elemental por demás, aparece apenas obvia
la imposibilidad de garantizar la unidad jurisprudencial cuando actúa uno u
otro conjuez.”
Y para concluir, consideró:
“Para fijar el monto pensional, dado que
el actor fue desvinculado a partir del 15 de septiembre de 1982, se tendrá en
cuenta la normatividad vigente en dicha época, esto es, los artículos 68 y 73
del Decreto 1848 de 1969, así como también el 36 de la Ley 100 de 1993.
Conforme lo anterior y con el querer
contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, cual es de actualizar la
pensión hasta el momento en que se entre a disfrutar de la misma, resulta
apropiado actualizar la base salarial, teniendo en cuenta la variación anual
del Indice de Devaluación de Precios al consumidor entre la fecha en que el
demandante fue desvinculado y la del momento en que le fue concedido el derecho
pensional, así como el promedio de lo devengado en el último año de servicios.”[69]
–negrilla fuera del
original, comillas en el texto -.
5.8 Tal y como lo denotan los antecedentes referidos
en el punto anterior, la Sala accionada resolvió volver al criterio expuesto en
la sentencia 11.818 –nota 48- para resolver las pretensiones de los accionantes
en tutela, atinentes a que sus empleadores fueran condenados a actualizar su
mesada pensional, puesto que consideró:
1. “(..)[El] alcance dado por el Tribunal a las
normas indicadas en el recurso está en consonancia con el otorgado por ésta
Corporación a dichas disposiciones a partir del fallo del 18 de agosto de 1999
(expediente 11.818) - –T-406.257 [70].
2. “(..)  [L]a nueva postura jurisprudencial de la
Corte en nada afecta las pensiones de los trabajadores de bajos ingresos, pues
por  disposición legal expresa, incluso anterior a la ley 100 de 1993, ninguna
de ellas podrá ser inferior al salario mínimo vigente, lo cual indica que
quienes se retiran con un ingreso de tal cuantía, si la base salarial llegare a
sufrir alguna merma por efectos de la inflación, la pensión a la que tendrá
derecho siempre equivaldrá al 100% de la remuneración devengada al momento del
retiro -T-453.539-”[71].
3. “El actual criterio mayoritario reafirma
que en el sistema legal colombiano no existe una regla general que preceptúe
que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda sea una carga económica que
debe asumir el deudor, con mayor razón tratándose de pensiones de jubilación,
las que por su alto contenido económico, se han convertido en uno de los
factores que más ha contribuido a afectar la capacidad económica de las
empresas, la que indiscutiblemente se traduce en últimas en la imposibilidad de
ofrecer más y mejores fuentes de trabajo.”–T-503.695-[72].
Pero, nada dijo la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia sobre la aplicación de la Ley 100 de 1993, para
resolver las pretensiones del señor Pachón Guevara y de la señora Vivas de
Maya, quienes accedieron a la prestación después del 1° de abril de 1994,
circunstancia ésta que en otras ocasiones fue considerada suficiente para
ordenarles a las obligadas mantener el poder adquisitivo de la mesada de sus
pensionados -Exps 13.153, 13.293,
13.336, 14.740, 15.908, 15654, 15836, 17.053, 17.569, 17739-.
6. Las consideraciones de los Jueces de Instancia
Tal como quedó explicado la Sala de Familia del H.
Tribunal Superior de Bogotá, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura les negaron a los accionantes el amparo
impetrado, como quiera que consideraron que la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia no quebrantó sus derechos fundamentales a la
igualdad, favorabilidad, debido proceso, y seguridad social, porque:
a) Las decisiones judiciales fundadas en un criterio
admisible a la luz del ordenamiento jurídico no constituyen vías de hecho
–T-406.257-.
b) Los principios de igualdad y favorabilidad no se
vulneran cuando media una interpretación razonable, y el fallador se encuentra
ante un caso que “no tiene regulación normativa” –T-453.539-.
c) “Las discrepancias razonables de interpretación
no pueden ser aducidas por las partes como vías de hecho” –T-503.695-.
Ahora bien, esta Corporación ha sostenido, reiteradamente,
que a fin de lograr la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo,
los principios y valores constitucionales, entre éstos la igualdad, la
favorabilidad, el debido proceso y el derecho a la seguridad social “imponen
una restricción legítima al ejercicio de la autonomía judicial,
particularmente, en lo que toca con la interpretación que hagan los operadores
de las fuentes formales del derecho” [73].
De modo que, una vez establecido que la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia se fundamenta en varias “interpretaciones
razonables”, cuando le corresponde resolver el mismo asunto de derecho,
como es la indexación de la primera mesada pensional, debe esta Corte precisar
cuál de tales interpretaciones resulta prevalente, de conformidad con el
principio de la interpretación que más favorezca al trabajador, y con el
derecho de los pensionados a conservar el poder adquisitivo de su pensión,
previstos en los artículo 53 y 48 de la Carta.
Empero, previamente deberán precisarse si los presupuestos
fácticos que han conducido a la Sala accionada a ordenar la actualización de la
mesada de algunos pensionados, coinciden con aquellos en que los accionantes en
tutela fundamentan su pretensión.
6.1. Los Jueces de tutela no consideraron que la Sala
accionada vulneró el derecho a la igualdad. Los casos objeto de estudio,
diferencias y similitudes
6.1.1. La señora Vivas de Maya y los señores
Romero Perico y Pachón Guevara, si bien conformaron con sus respectivos
empleadores sendas relaciones laborales, desempeñaron diversos oficios y
devengaron distinto salario, prestaron sus servicios, en cada caso, al mismo
empleador (i), lo hicieron por más de veinte años (ii), terminaron su
vinculación antes de haber alcanzado la edad requerida para acceder a la
pensión de jubilación (iii), les fue reconocida una mesada pensional
inferior al promedio del 75% del salario real que devengaban a tiempo de su
retiro (iv), y tienen más de 55 años de edad (v).
Además, tanto el señor Pachón Guevara, como la señora
Vivas de Maya estuvieron vinculados al Banco Cafetero y  alcanzaron la
edad requerida para acceder a la pensión en vigencia de la Ley 100 de 1993.
Circunstancias
que coinciden con las que dieron lugar a que la accionada condenara a los
empleadores de los señores Salustino Reyes Ruiz -13.153-, Héctor Armando Pineda
Cañas –13.336-, José Eduardo Briceño -13.293-, José Nicolás Lemus
–13.426-, Rómulo Augusto Rodríguez Vidal -14.740-, Luis Eduardo Castro Sierra –15.098-,
Belisario Nicolás Aponte Aroca –15.654-, Alfonso
Puentes Martínez -15.836-,
Mario Cabrera Morales –17.053- y, José Alberto Arango Uribe -17.569-, entre
otros, a actualizar la primera mesada pensional de los nombrados.
Es
más, en algunos de los casos relacionados la persona del empleador es la misma,
y la época durante la cual los trabajadores le prestaron el servicio coincide,
porque i) al igual que los señores Gonzalo Humberto Pachón Guevara y Lucrecia
Vivas de Maya, los pensionados Enrique Durán, Rómulo Augusto Rodríguez Vidal,
Luis Eduardo Castro Sierra, Belisario Nicolás Aponte Aroca, Mario Cabrera
Morales, José Alberto Arango Uribe y Luis Arnulfo Navarro Acevedo estuvieron
vinculados a Bancafé, y ii) la relación jurídico laboral de los antes nombrados
con la entidad bancaria mencionada aconteció, como la de los primeros, entre el
12 de febrero de 1957 y el 19 de enero de 1992.
La Caja de Crédito Agrario, por su parte, también por
orden de la jurisdicción laboral, se vio obligada a indexar la primera mesada
pensional de los trabajadores Arnulfo de Jesús Urrego[74]-,
Jaime Díaz Niño[75]- y Benedicto Patiño[76],
pero la misma entidad fue absuelta por la Sala accionada de su obligación de
actualizar la mesada pensional del señor Romero Perico, sin reparar en que
todos los nombrados le prestaron sus servicios al mismo empleador, entre 17 de
septiembre de 1957 y el 13 de noviembre de 1991.
Ahora bien, la Corte observa, cómo la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en todas las decisiones atinentes a la
indexación de la primera mesada pensional, considera los mismos presupuestos de
hecho para negar o conceder la prestación, a saber: el tiempo de servicio
prestado por el trabajador, la vinculación al mismo empleador, la edad
alcanzada por aquel al término de la relación laboral, y el monto de la primera
mesada reconocida por el obligado.
Y resulta claro que establecidos los requisitos antes
relacionados, la accionada acude a la normatividad vigente a tiempo del
reconocimiento, para determinar si concede o niega la pretensión, como lo
indican las siguientes decisiones:
Sostuvo la Sala accionada que el señor Héctor Armando
Pineda Cañas:
“(..) laboró mediante contrato de trabajo en el Banco
Popular, desde el 16 de septiembre de 1958 hasta el 10 de septiembre de 1989;
que su último salario mensual integrado fue de $262.323.40; que se retiró en
forma voluntaria 7 años antes de cumplir la edad para adquirir el derecho a la
pensión de jubilación.
Agrega que la entidad mediante resolución 135 de 8 de
octubre de 1996, le concedió la pensión de jubilación, pero ignorando en su
liquidación el mandato contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Lo anterior significa que la pensión de jubilación se
concedió al demandante, estando en vigencia la Ley 100 de 1993, luego entonces,
mal puede predicarse  falta de disposición legislativa para negar el
reconocimiento de la actualización monetaria de la base salarial de la pensión,
pues tal normatividad vino a llenar ese supuesto vacío, alegado por quienes así
lo consideraban
(..)
De suerte que frente al imperativo legal antes
expuesto, no hay motivo válido  que pueda ahora aducirse por el juez laboral
para sustraerse a la actualización de la base salarial de la pensión, ya que si
antes se alegaba carencia de un basamento legal, hoy no puede hacerse, cuando,
además, el Sistema de Seguridad Social que creó la comentada ley responde a
postulados constitucionales establecidos en los artículos 48 y 53, el primero
de ellos en cuanto en su inciso final ordenó que “La ley definirá los medios
para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo
constante” y el segundo citado en su inciso tercero, respecto a que el “Estado
garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales”.[77]
Afirma la Sala accionada,
respecto de los hechos que fundamentaron la pretensión instaurada por el señor
José Alberto Arango:
“(..) prestó sus servicios al demandado entre el 21 de
diciembre de 1961  y el 15 de septiembre de 1988, cuando el contrato terminó
por mutuo acuerdo;  2)  Fue pensionado a partir del 9 de diciembre de 1991,
mediante Resolución del 26 de febrero de 1992;   3) Para la liquidación de
dicha prestación el Banco tomó en cuenta el último salario devengado en 1988,
desconociendo el monto de la indexación causada desde ese momento hasta cuando
se reconoció la pensión.
De entrada se advierte la equivocación en que incurrió
el Tribunal, al negar la indexación de la primera mesada pensional, pues la
actualización resulta viable frente a la necesidad de traer a valor presente
una suma de dinero que, de negarse, implicaría una disminución del poder
adquisitivo de la misma, y con mayor razón cuando tal valor corresponde al pago
de una prestación como lo es la pensión.
La Corte no puede ser ajena y con ello desconocer que
países en vía de desarrollo como el nuestro, padecen del fenómeno inflacionario
en proporciones alarmantes y que la actualización de una suma de dinero, como
aquí se pretende, de alguna forma constituye un paliativo ante la difícil la
situación del pensionado frente al mencionado fenómeno.
Lo que aquí se debate, si bien distinto a otros casos
en los que el reconocimiento de la pensión fue en vigencia de la Ley 100 de
1993, pero similar a otros tantos en que se ha accedido a la indexación, tiene
pleno respaldo en lo previsto por los artículos 19 del CST y 8º de la Ley 153
de 1887. Así se dijo por ejemplo en la sentencia recordada por la censura, del
1º de agosto de 2000, radicación 13905, en juicio adelantado contra la misma
entidad demandada y bajo supuestos fácticos similares, cuyos apartes
pertinentes a continuación se transcriben (..)[78]:
E indica la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia, sobre las circunstancias fácticas en que la señora Vivas de Maya
fundamentó su pretensión:
“1. Pretendió la demandante la
reliquidación del valor inicial de su pensión de jubilación, reconocida por la
empresa accionada el 16 de marzo de 1995 por haber cumplido en esta fecha 50
años de edad y laborado en el Banco Cafetero, hoy Bancafé, entre el 16 de
febrero de 1963 y el 30 de mayo de 1991. También reclamó el pago de intereses
bancarios e indemnización por daño moral. Adujo que entre 1991 y 1995 el peso
colombiano sufrió los efectos de la devaluación frente al dólar americano; por
lo mismo, el ingreso con el cual se liquidó en 1995 su pensión no era el mismo
devengado en 1991, con relación al salario mínimo legal de ese entonces.
2. En su labor de intérprete de la ley, la Corte ha dado un giro en su posición
respecto de la indexación, y específicamente sobre la revalorización de la
primera mesada pensional, cambiando la jurisprudencia que hasta el 18 de agosto
de 1999 se mantuvo vigente.
(..)
Actuando como Tribunal de Instancia, la Corte procederá a revocar el fallo del a
quo, para, en su lugar, disponer la absolución a la parte demandada de las
súplicas de la demanda. Para tal efecto, y con el propósito de no redundar, la
Sala sólo agrega a las motivaciones antes expuestas como Tribunal de Casación,
que no era procedente acudir en este caso a la equidad como justificación para
modificar la base salarial con la cual fue liquidada la primera mesada
pensional del demandante, ni mucho menos revalorizar esta, pues la Caja Agraria
(sic) se atuvo a la normatividad vigente y aplicable en el momento en que
procedió a reconocer la aludida prestación”[79].
Establecidos
los presupuestos de hecho, que la Sala accionada ha considerado para reconocer
o negar el derecho a la actualización de la primera mesada pensional, en los
casos analizados, se tiene:
1. En cuanto a la duración de la prestación personal
del servicio:
- El señor Gonzalo Humberto Pachón Guevara prestó sus
servicios al mismo empleador por más de veinte años –entre el 24 de marzo de
1961 y el 16 de febrero de 1986- (i); otro tanto ocurrió con la señora Lucrecia
Vivas de Maya, quien laboró entre el 16 de febrero de 1963 y el 30 de mayo de
1991 (ii); y lo mismo aconteció con la vinculación del señor Carlos Hernán
Romero Perico, como quiera que el nombrado estuvo vinculado a la Caja Agraria
entre el 17 de septiembre de 1957 y el 1° de agosto de 1979 (iii).
Y
las decisiones examinadas indican que los extrabajadores beneficiados con la
actualización de su primera mesada pensional estuvieron vinculados al mismo
empleador durante un término mayor de veinte años, ya que i) el señor Salustio
Reyes Ruiz laboró entre el 16 de septiembre de 1958 y el 10 de septiembre de
1989; ii) el señor José Eduardo Briceño Vargas lo hizo entre el 4 de enero de
1957 y el 24 de septiembre de 1982; iii) el extrabajador Héctor Armando Pineda
Cañas estuvo vinculado entre el 5 de diciembre de 1958 y el 31 de enero de
1991; iv) el señor José Nicolás Lemus inició su relación laboral el 13 de marzo
de 1969 y la culminó el 3 de junio de 1990; v) el pensionado Enrique Duran
Buenahora prestó sus servicios entre el 12 de febrero de 1957 y el 31 de marzo
de 1977; vi) el señor Rómulo Augusto Rodríguez Vidal lo hizo entre el 2 de
marzo de 1965 y el 1 de enero de 1989; vii) Luis Eduardo Castro Sierra trabajó
entre el 9 de abril de 1969 y el 19 de enero de 1992; viii) Belisario Nicolás
Aponte Aroca estuvo vinculado al mismo patrono entre el 2 de marzo de 1965 y el
1° de enero de 1989; ix) Alfonso Fuentes
Martínez. “laboró por espacio de 22 años, 5 meses y 13 días”; x) Mario
Cabrera Morales, prestó sus servicios entre el 7 de junio de 1971 y el 1º de
julio de 1991; xi) José Alberto Arango Uribe lo hizo entre el 3 de abril
de 1961 y el 15 de agosto de 1988; y xii) Luis Arnulfo Navarro Acevedo trabajó
entre el 21 de diciembre de 1961 y el 15 de septiembre de 1988.
3.
Con relación a la edad alcanzada, a tiempo de la terminación de la relación
laboral, cabe precisar:
-
Que los contratos de trabajo de los señores Pachón Guevara, Vivas de Maya y
Romero Perico terminaron el 12 de julio de 1995, el 16 de marzo de 1995, y el 5
de marzo de 1991 respectivamente, antes de que los tutelantes hubieran
alcanzado la edad requerida para acceder a la prestación pensional.
Y otro tanto ocurrió con los trabajadores Salustio
Reyes Ruiz –8 de octubre de 1966-, José Eduardo Briceño Vargas –11 de diciembre
de 1995- Héctor Armando Pineda Cañas  –29 de diciembre de 1997-, José Nicolás
Lemus -25 de junio de 1994-, Enrique Durán Buenahora –31 de julio de 1986-;
Rómulo Augusto Rodríguez Vidal –12 de enero de 1997-; Belisario Nicolás Aponte
Aroca –12 de enero de 1997-; Alfonso
Fuentes Martínez –9 de diciembre de 1997- Mario Cabrera Morales –3 de diciembre
de 1995-, José Alberto Arango Uribe –27 de agosto de 1993-, y
Luis Arnulfo Navarro Acevedo –9 de diciembre de 1991-; porque, en todos los
casos, la relación laboral de los nombrados con el mismo empleador terminó
antes de que el trabajador alcanzara la edad necesaria para exigir al patrono
la pensión, que por el tiempo de prestación del servicio ya le correspondía.
4.
Respecto del monto de la primera mesada pensional y el referente del salario
devengado en el último año de servicios:
-
Es asunto pacífico que las empresas obligadas les reconocieron a los señores
Pachón Guevara, Vivas de Maya y Romero Perico, al alcanzar la edad requerida,
una pensión que no equivale al 75% del valor real del último salario devengado,
como quiera que:
a) Mediante resolución 231 de julio 12 de 1995 Bancafé
le reconoció al señor Pachón Guevara su pensión de jubilación “con base en
un salario promedio de $87.122.03 pesos mensuales, desconociendo que al momento
de retirarme del cargo yo estaba devengando un salario mensual equivalente a
4.7 salarios mínimos legales”.
b) Al terminar su relación laboral con Bancafé la
señora Lucrecia Vivas de Maya devengaba 6.77 veces el salario mínimo legal, y a
partir del 16 de marzo de 1991, la entidad le reconoció una pensión de
jubilación equivalente a 2.21 salarios mínimos legales.
c) El 5 de marzo de 1991 la Caja de Crédito Agrario le
reconoció al señor Romero Perico una pensión equivalente a un salario mínimo
legal, cuando, a tiempo de su retiro, el nombrado devengaba 8 veces tal
referente.
Determinación también adoptada por los empleadores de
los señores Salustio Reyes Ruiz, José Eduardo Briceño Vargas, Héctor Armando
Pineda Cañas, José Nicolás Lemus, Enrique Durán Buenahora, Rómulo Augusto
Rodríguez Vidal, Luis Eduardo Castro Sierra, Belisario Nicolás Aponte Aroca, Alfonso Fuentes Martínez, Mario Cabrera Morales, José
Alberto Arango Uribe, y Luis Arnulfo Navarro Acevedo, y que dio lugar a que los
patronos de los nombrados fueran conminados, por la Sala accionada, a
reajustarles a sus extrabajadores el valor de su primera mesada pensional, como
lo indican las siguientes decisiones:
“(..) la entidad mediante resolución 135 de 8 de
octubre de 1996, le concedió la pensión de jubilación, pero ignorando en su
liquidación el mandato contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.” –Salustino Reyes contra Banco Popular, sentencia
13.153-.
“En sustento de sus pretensiones afirma que prestó
servicios para la entidad demandada entre el 4 de enero de 1957 y el 24 de
septiembre de 1982, fecha en que le fue cancelado su contrato de trabajo sin
existir justa causa; por ello,  el Banco fue condenado  judicialmente a pagarle
la indemnización legal; que por haber laborado más de 20 años, el 11 de
diciembre de 1995 la entidad le reconoció la pensión de jubilación plena a
partir del 26 de octubre de 1995, la cual le fue liquidada con un promedio
mensual de $60.100.oo razón por la que se le aumentó al mínimo legal de la
época, no obstante que al retirarse del Banco el promedio de lo devengado
equivalía a 6.1 salarios mínimos legales, demostrándose así una desmejora en un
84%.” –José Eduardo Briceño contra
Banco de Bogotá, sentencia 13.293-.
“Para fundamentar esas pretensiones el accionante
manifestó que trabajó al servicio del BANCO CAFETERO desde el 12 de febrero de
1957 hasta el 31 de marzo de 1977; que devengó durante su último año de
servicio un salario promedio mensual equivalente a $41.385.oo; que la entidad
financiera demandada le reconoció mediante Resolución N° 091 de fecha 6 de
Marzo de 1986, una pensión de jubilación, a partir del 31 de Julio de 1985, en
cuantía mensual de $31.038.00; que al último salario promedio que devengó,
tomado como base de liquidación de la anterior prestación, no se le aplicó  la
devaluación sufrida por el peso colombiano entre la fecha de terminación de su
contrato de trabajo y la fecha a partir de la cual se le otorgó la pensión de
jubilación; y, que de haberse aplicado a esa remuneración dicha devaluación, el
monto de su pensión hubiera sido de $3´565.564.7” –Enrique Durán Buenahora contra Bancafé - sentencia
13.905-.
“(..) reliquidación del valor inicial de la pensión
que le reconoció el Banco Cafetero desde el 12 de enero de 1997 al cumplir los
55 años de edad y después de haber prestado sus servicios por el período
comprendido entre el 2 de marzo de 1965 y el 1 de enero de 1989. El reajuste se
pretendió puesto que la mesada inicial de la pensión de jubilación se reconoció
por el valor del salario mínimo legal, no obstante que el actor devengaba el
equivalente a 7.1 de tales salarios, sin tener en cuenta la devaluación del
peso colombiano.” –Rómulo Augusto
Rodríguez Vidal contra Bancafé, sentencia 14.740-.
“El apoderado del Banco admitió los
extremos del vínculo laboral que existió entre las partes (9 de abril de 1969 a
19 de enero de 1992) y el salario promedio aducido en la demanda inicial.
Señaló que la liquidación del derecho pensional se hizo de conformidad con la
Ley 33 de 1985 y el Dec. 1848 de 1969, y se reconoció a partir del cumplimiento
de los 55 años de edad, en su oportunidad, lo cual descarta según la
jurisprudencia laboral la indexación pues ella solo procede cuando no se hace
el pago en tiempo.” – Luis Eduardo
Castro Sierra contra Bancafé, sentencia 15.098-.
“Para los fines del recurso de casación interesa
anotar que, con fundamento en las leyes 4 de 1976, 71 de 1988 y 100 de 1993 el
demandante solicitó la reliquidación del valor inicial de la pensión que le
reconoció el Banco Cafetero desde el 12 de enero de 1997 al cumplir los 55 años
de edad y después de haber prestado sus servicios por el período comprendido
entre el 2 de marzo de 1965 y el 1 de enero de 1989.  El reajuste se pretendió
puesto que la mesada inicial de la pensión de jubilación se reconoció por el
valor del salario mínimo legal, no obstante que el actor devengaba el
equivalente a 7.1 de tales salarios, sin tener en cuenta la devaluación del
peso colombiano.” –Belisario Nicolás
Aponte contra Bancafé y Cajanal E.P.S., sentencia 15.654-.
“Aseveró además, que le fue
reconocida de manera directa por la Electrificadora, el 9 de diciembre de 1997
fecha de cumplimiento de la edad, la pensión de jubilación, en los términos de
la Ley 33 de 1985, en cuantía de $172.005,00, posteriormente fue reajustada a
$203.826,00, pero que en su reconocimiento hubo omisión al no aplicar lo
preceptuado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y su Decreto reglamentario
2143 de 1995, “al no indexar su ingreso base de liquidación, sino que aplicó el
salario mínimo legal vigente para 1997” (folio 46), no obstante encontrarse
dentro del régimen de transición previsto en dichas normas. Por lo que hizo
reclamación, con resultados negativos de la empresa, cuando “debió aplicar la
INDEXACION, - observando al efecto el IPC certificado por el DANE-, al salario
promedio que percibía el demandante en enero de 1984, cuando se dio término a
la relación laboral, con un salario promedio de $49.704.91, y hasta el 9 de
diciembre de 1997” (folio 5), cuando adquirió su estatus de pensionado.” - Alfonso Puentes contra Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., sentencia 15.836-.
“En sustento de sus pretensiones afirma que estuvo
vinculado al Banco Cafetero (hoy Bancafé) desde el 3 de abril de 1961 hasta el
15 de agosto de 1988; que mediante Resolución No. 251 del 23 de diciembre de
1993 el Banco le reconoció la pensión vitalicia de jubilación, con
retroactividad al 27 de agosto de 1993, fecha en la cual cumplió la edad
requerida; el monto inicial de la mesada pensional fue de $176.433.41,
equivalente al 75% de $235.244.55; que entre la fecha del retiro y la del
reconocimiento de la pensión el último salario devengado sufrió una notable
desvalorización; que la suma sobre la cual se calculó el monto inicial de la
pensión equivalía a 9.17 veces el salario mínimo en 1988, pero solamente a 2.88
veces el salario mínimo de 1993, puesto que la base salarial no fue indexada;
que agotó la vía gubernativa.” José
Alberto Arango contra Bancafé, sentencia 17.569-.
“1) Que prestó sus servicios al demandado entre el 21
de diciembre de 1961  y el 15 de septiembre de 1988, cuando el contrato terminó
por mutuo acuerdo;  2)  Fue pensionado a partir del 9 de diciembre de 1991,
mediante Resolución del 26 de febrero de 1992;   3) Para la liquidación de
dicha prestación el Banco tomó en cuenta el último salario devengado en 1988,
desconociendo el monto de la indexación causada desde ese momento hasta cuando
se reconoció la pensión.” – Luis
Arnulfo Toro contra Bancafé, sentencia  17.739-.
No
resulta superfluo advertir, que, en todos los casos analizados, la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en los términos del
artículo 260 del Código sustantivo del Trabajo, i) consideró a las empresas demandadas
sujetos pasivos de la pensión de jubilación de carácter patronal, ii) hizo el
reconocimiento a favor de trabajadores con 20 años o más de servicio y 50 o 55
años de edad, según fueron mujer u hombre respectivamente, y iii) reconoció a
favor de los pensionados una mesada pensional “equivalente al setenta y
cinco (75%) del promedio de los salarios devengados en el último año de
servicios”.
En
consecuencia, para efecto del reconocimiento de la pensión de jubilación
patronal, al igual que para su negativa, no ha contado para la Sala accionada
el origen de la vinculación –ley, contrato, convención, conciliación,
resolución, laudo etc.-, como tampoco la modalidad que dio lugar a la
desvinculación del trabajador –renuncia, justa o injusta, destitución o despido
-, aspectos éstos no considerados por la norma en comento.
Por
ello el señor Luis Arnulfo Navarro y el Banco Cafetero –sentencia 17.739- y la
misma entidad y el señor José Eduardo Briceño –17.293- terminaron, en el primer
caso, por mutuo acuerdo y, en el segundo, sin justa causa su relación laboral,
pero, en ambos casos, la Sala en cita debió condenador al empleador a proyectar
el poder adquisitivo del salario de los extrabajadores en su mesada pensional.
De
modo que la evidente similitud mostrada en los casos referidos en esta
providencia conduce a esta Corte a sostener que la Sala accionada estaba en la
obligación de aplicar en todos ellos la misma interpretación razonable, esto
es, el criterio que le ha permitido conceder a los extrabajadores la
actualización de su mesada pensional con fundamento en las previsiones de la
Ley 100 de 1993, o atendiendo los dictados de los artículos 19 del Código
Sustantivo del Trabajo y 8° de la Ley 153 de 1887, según la edad requerida para
acceder a la prestación, haya sido alcanzada antes o después del 1° de abril de
1994, porque:
- Habiendo prestado sus servicios
al mismo empleador durante más de veinte años, el derecho de las mujeres
mayores de 50 años y de los hombres mayores de 55 años constituye, en todos los
casos un derecho cierto de los trabajadores - sentencia 8616, artículos 13 y 48
C.P.-.
- Las razones de justicia y
equidad previstas en los artículos 8o de la Ley 153 de 1887 y 19 del Código
Sustantivo del Trabajo, tienen que resultar aplicables, para que todos los
pensionados conserven el poder adquisitivo de su mesada –sentencia 4486,
–artículos 13, 48, 53 y 230 C.P.-.
- Todos los pensionados, y no
sólo algunos, tienen derecho a restablecer el equilibrio de su mesada
pensional, frente a la notoria pérdida del poder adquisitivo de su pensión
–sentencia 9083, artículos 13, 48, 53, 58, 230 y 333 C.P.-
No
obstante, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia les negó
a los señores Pachón Guevara, Vivas de Maya y Romero Perico el derecho a
actualizar su primera mesada pensional:
-
En razón de que, en los casos señalados, consideró que no se indexan las
obligaciones contractuales, ni los derechos eventuales, como el que ostenta el
trabajador cuando su relación laboral concluye antes de cumplir la edad
requerida para acceder a la prestación.
-
Toda vez, que para resolver la pretensión de los actores, afirmó que no hay
lugar a recurrir a la equidad, porque el artículo 260 del Código Sustantivo del
Trabajo determina los elementos que permiten establecer el monto de la primera
mesada pensional, y que no existe disposición que imponga al empleador la
obligación de asumir el desequilibrio en las relaciones económicas derivadas
del contrato de trabajo.
6.1.2 Vale precisar, frente de las diversas posiciones de
la Sala accionada, que la situación del accionante Hernán Romero Perico, puede
diferir, en relación con la legislación aplicable, respecto de la que ostentan
los señores Vivas de Maya y Pachón Guevara, toda vez que la Caja Agraria debió
reconocerle al primero de los nombrados la pensión de jubilación antes de que
la Ley 100 de 1993 entrara a regir.
No obstante –como se ha visto -, cumplir la edad
requerida para acceder a la pensión de jubilación antes del 1° de abril de 1994
no ha sido óbice para que la accionada ordene a las empresas obligadas indexar
la primera mesada pensional, entre otros, de los extrabajadores, Germán Parra
Martínez, Raúl Marín Baena, Enrique Durán Buenahora y Luis Arnulfo Navarro
Acevedo, quienes alcanzaron la edad requerida para acceder a la prestación
entre el 6 de marzo de 1986 y el 9 de diciembre de 1991 –Exps 8616, 9083,
13.905 y 17.739 - notas 49, 53 y 64-.
Para la Corte está claro, entonces, i) que en agosto
de 1982 la Sala accionada elaboró una posición seria y estable[80] en materia de
indexación de las obligaciones laborales, con apoyo en la justicia y en la
equidad, en los principios del derecho del trabajo, en la analogía, en la
jurisprudencia de la Sala Civil, y en la doctrina nacional y extranjera[81],
ii) que la Sala en cita mantuvo ésta interpretación incólume hasta el 18 de
agosto de 1999, iii) que veinte años más tarde la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia resolvió apartarse de la justicia y la equidad
previstas en los artículos 19 del Código Sustantivo del Trabajo y 8° de la Ley
153 de 1887, como principios rectores de las relaciones laborales, en sus
decisiones atinentes a la indexación de las condenas laborales, y iv) que a
partir de junio de 2000 la Sala accionada remota su posición inicial, en
algunos casos.
Ahora bien, esta Corte no desconoce lo complejo que
para las diversas Salas de la Corte Suprema de Justicia resulta conformar la
doctrina probable, toda vez que en tal misión esa Corporación, además de
respetar el principio constitucional de la igualdad real de los ciudadanos ante
la ley, debe dar respuesta adecuada a las cambiantes realidades sociales.
Lo que ocurre es que, a juicio de esta Corte,
garantizarles a los asociados una unidad interpretativa en torno del tema del
equilibrio patrimonial de las prestaciones laborales en general y de sus
mesadas pensionales en particular, no presenta mayor problema, como quiera que
los principios que le permitieron a la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia resolver las pretensiones de los trabajadores utilizando para
el efecto una sola doctrina probable, basada en la justicia, la equidad y los
principios rectores del derecho laboral, continúan en el ordenamiento, y han
tenido un amplio desarrollo constitucional, legislativo y jurisprudencial, como
más adelante se verá.
Sea menester añadir que el mandato de aplicar la ley de
manera general y uniforme –artículo 13 C. P.- está dirigido a todos los jueces
y magistrados, singulares y colegiados, de manera que los cambios de
jurisprudencia, además de objetivos y razonables, deben sopesar los efectos que
sus modificaciones ocasionan en los intereses en litigio.
Porque mientras para la accionada fallar en uno o en
otro sentido puede no tener trascendencia, siempre que ambos sentidos se
encuentren explicados, para el pensionado hacerse acreedor a una o otra
decisión significa la cabal efectividad de sus derechos sociales. De manera que
no puede entender por qué, estando en las mismas circunstancias que las suyas,
otro pensionado, en tanto él no, podrá mantener el poder adquisitivo de su
pensión.
6.2 Las consideraciones de los Jueces de
tutela y los derechos mínimos que la Constitución Política les reconoce a los
actores
Como quedó explicado los Jueces de Instancia en tutela
negaron a los accionantes el amparo constitucional invocado, con fundamento en
que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en cada caso,
expuso las razones que la condujeron a negarles a los actores su pretensión.
Ante todo, es preciso aclarar que lo manifestado por
los Jueces de instancia no admite duda, porque en cada una de las decisiones
examinadas la accionada explica la teoría que resuelve acoger para negar la
indexación reclamada, pero, es cierto también que ninguna de las explicaciones
de la accionada se apoya en un cambio normativo relevante, o en el advenimiento
de circunstancias políticas, económicas y sociales diversas, y que tampoco
ponderan los bienes jurídicos que protegen, en contraposición con los que se
dejó de tutelar, tal como lo ha exigido la jurisprudencia constitucional –nota
54-.
Al punto que las consideraciones de la accionada, como
va a verse, pueden tomarse como juicios individuales de las normas que
interpretan, e incluso como concepciones personales de política jurídica en
torno al problema pensional, pero no justifican el trato diferenciado que
comportan.
1. La interpretación del numeral 2° del artículo 260
del Código Sustantivo del Trabajo, por la que opta la accionada, cuando
resuelve negar a los pensionados –como en los asuntos en estudio- el derecho a
la indexación de la primera mesada pensional, cual es que la norma en cita “dispuso
de manera expresa factores económicos precisos” para calcular la asignación
pensional, no es de recibo, como quiera que la disposición –tal como la
accionada en otras oportunidades lo reconoce- no prevé el factor económico que
debe tenerse en cuenta para liquidar la primera mesada pensional, cuando el
trabajador se retira o es retirado del servicio sin haber cumplido la edad.
Dice la disposición:
“2. El trabajador que se retire o sea retirado del
servicio sin haber cumplido la edad expresada, tiene derecho a la pensión al
llegar a dicha edad, siempre que haya cumplido el requisito de los veinte (20)
años de servicio”.
Por
ello la Sala accionada, ha debido considerar que en éste caso para determinar
el salario base para calcular el valor inicial de la pensión[82],
el interprete debe acudir a las “(..) las razones de justicia y equidad que
han determinado la elaboración y aplicación concreta de la teoría de la
indexación o actualización monetaria (..) –nota 50-[83],
pero también afirma que “son las partes las llamadas a pactar mecanismos de
protección contra el proceso inflacionario” –nota 48-.
Ahora
bien, el inciso primero del artículo a que se hace referencia prevé el factor
que se debe tener en cuenta para liquidar la primera mesada pensional, cuando
el trabajador alcanza la edad requerida y los años de servicio estando
vinculado al mismo empleador, puesto que la disposición preceptúa:
“Todo trabajador que preste sus servicios a un misma
empresa de capital de ochocientos mil pesos ($800.000) o superior que llegue o
haya llegado a los cincuenta y cinco (55) años si es varón, o a los cincuenta
(50) años si es mujer, después de veinte (20) años de servicios continuos o
discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este Código, tiene
derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación o pensión de vejez,
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios
devengados en el último año de servicio” –artículo 260 C.S.T.-
De
ahí que la jurisprudencia laboral –desde sus inicios- haya entendido “para
los efectos de liquidar la pensión de jubilación (..) cuando cumplidos los
veinte años de servicios la edad la cumple el trabajador posteriormente,
como último año “el vigésimo que corresponde al hecho generador de la
prestación y no el último servido en la empresa”[84].
Como
lo indica el aparte de la siguiente decisión:
“Ahora bien, la prueba del capital de la empresa o
patrono, que por mandato legal es de su cargo, cuando el derecho a la pensión
de jubilación se adquiere por el trabajador durante el desempeño de las
labores, o en otras palabras, durante la vigencia del contrato y se retira de
inmediato de su cargo, es la correspondiente al año próximo anterior a la
terminación de la relación laboral. Mas no ocurre lo mismo cuando cumplidos
los veinte años de servicios la edad la cumple el trabajador posteriormente,
terminado ya el contrato de trabajo, pues hasta entonces en relación con la
pensión no se han cumplido todos los requisitos de ley, caso en el cual la
prueba es la del año inmediatamente anterior a aquél en el cual con la edad
requerida, adquirió el derecho a la prestación. Y es que en verdad es en el
momento en que nace el derecho cuando interesa conocer si el patrono tiene la
capacidad económica que la ley señala para asumir la correlativa obligación al
mismo derecho, de reconocer y pagar la pensión jubilatoria. Así, pues, el
capital de la empresa que corresponde tener en cuenta, es el existente en el
momento mismo en que el trabajador ha completado las dos condiciones exigidas
por el artículo 260 tantas veces citado para poder reclamar su pensión y no el
poseído por la empresa o patrono cuando en el patrimonio del trabajador no
existía el derecho a reclamar tal prestación” (Casación de octubre 30 de 1970)”[85]
–se destaca.
De
tal modo que el tiempo de prestación del servicio continuo o discontinuo al
mismo empleador, y la calidad empresarial de éste, son factores que no demandan
interpretación, cuando se trata de establecer el reconocimiento de la pensión
de jubilación prevista en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo,
pero se requiere acudir a los criterios auxiliares de la actividad judicial,
establecidos en el artículos 48, 53 y 230 de la Carta, a fin de determinar cuál
año define, tanto el capital declarado de la empresa obligada a la prestación
como el monto de la misma, porque estos factores no los prevé la norma “cuando
el trabajador se retire o sea retirado de la empresa sin haber cumplido la edad
expresada”.
Porque
con relación a los derechos de los trabajadores la autonomía judicial es
relativa, y se restringe mucho más cuando se trata de resolver sobre “los
principios mínimos fundamentales”, que conforman el estatuto del
trabajo, en los términos del artículo 53 de la Carta, como lo indica la Corte
en esta decisión:
“Es forzoso que el fallador entienda la norma de
manera que la opción escogida sea la que beneficie en mejor forma y de manera
más amplia al trabajador, por lo cual, de acuerdo con la Constitución, es su
deber rechazar los sentidos que para el trabajador resulten desfavorables u
odiosos. El juez no puede escoger con libertad entre las diversas opciones por
cuanto ya la Constitución lo ha hecho por él y de manera imperativa y
prevalente. No vacila la Corte en afirmar que toda trasgresión a esta regla
superior en el curso de un proceso judicial constituye vía de hecho e implica
desconocimiento flagrante de los derechos fundamentales del trabajador, en
especial el del debido proceso”[86].
Sin
que pueda argüirse que el trabajador no pactó los reajustes, porque el sentido
protector que orienta el derecho del trabajo impone el principio de la
irrenunciabilidad de los derechos mínimos de los trabajadores sobre el de la
autonomía de la voluntad, la que no opera cuando una de las partes se encuentra,
necesariamente, como el trabajador, en estado de debilidad manifiesta.
Se
tiene entonces que la decisión de instancia que negó el amparo constitucional
invocado por el señor Hernán Romero Perico debe revocarse, porque la
interpretación del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, que condujo
a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia a negar la pretensión del
nombrado, quebranta el Preámbulo y los artículos 2°, 13, 29, 48, 53, 58 y 333
de la Constitución Política, en cuanto desconoce “la esencia del mínimo de
justicia material que debe imperar en el orden político, económico y social
justo” [87].
2.
Similares consideraciones conducen a la Corte a revocar las sentencias de
instancia que les negaron a los señores Gustavo Pachón Guevara y Lucrecia Vivas
de Maya la protección constitucional invocada, porque las razones expuestas por
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, para negarles a
éstos el derecho a la actualización de su primera mesada pensional no se
sujetan a la normatividad vigente, ni ponderan los bienes jurídicos que
protegen, en contraposición con los derechos fundamentales que dejan de
tutelar. Como quiera que los artículos 21 y 288 de la Ley 100 de 1993 disponen:
“Se entiende por ingreso base para liquidar las
pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los
cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al
reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para
el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente
con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE
Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por
inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador,
resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar
por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1.250 semanas como mínimo” –artículo 21-.
“Todo trabajador privado u oficial, funcionario
público, empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la
presente ley le sea aplicable cualquier norma en ella contenida que estime
favorable ante el cotejo con lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma
materia, siempre que se someta a la totalidad de las disposiciones de esta ley”
–artículo 288-.
En
consecuencia, como el 1° de abril de 1994 a los señores Pachón Guevara y Vivas
de Maya les faltaban menos de 10 años para alcanzar la edad que los hacia
acreedores a exigir el pago de su primera mesada pensional, en los términos del
artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, los nombrados tienen derecho a
exigir que el monto de su prestación equivalga al promedio de lo “devengado”,
en el tiempo que les hacía falta para acceder a ella, o al equivalente cotizado
durante todo el tiempo, si éste fuere superior, actualizado anualmente con base
en el índice de precios al consumidor, según certificación expedida por el
DANE.
6.3 Los Jueces de tutela no consideraron el
quebrantamiento de las normas constitucionales, como causal de casación
(T-406.257)
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia desestimó los cargos formulados por el apoderado del señor Gonzalo
Humberto Pachón Guevara contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá el 16 de julio de 1999, mediante la cual revocó la
sentencia de primera instancia, favorable a las pretensiones del actor, porque
(..) el recurrente pecó al integrar la proposición jurídica pues no incluyó
en ella ninguna de las normas consagratorias del derecho que origina su
reclamación, esto es, la pensión de jubilación (..)”.
No obstante el señor Pachón –tal como lo reconoce la
misma providencia- i) acusó “(..) el fallo recurrido de violar directamente
la ley en la modalidad de falta de aplicación de los artículos 48 y 53 de la
constitución Nacional; 8° de la Ley 153 de 1887, 1, 18, 19, 20 y 21 del C.S.T.;
14, 36 y 117 de la Ley 100 de 1993”, y ii) le endilgó a la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá “(..) violar la ley sustancial de manera directa
a causa de interpretar erróneamente los artículos 8° de la Ley 153 de 1887 y 19
del Código Sustantivo del Trabajo (..)”.
Cargo éste, por interpretación
errónea, que resultó suficiente para que el recurso de casación interpuesto por
el apoderado de Bancafé -“Invoca la causal primera de casación y, por la vía
directa, acusa la interpretación errónea de los artículos 19 y 20 del Código
Sustantivo del Trabajo y 8º de la Ley 153 de 1887, entre otras normas de los
códigos civil, de comercio, Contencioso Administrativo y Procesal del
Trabajo.”-4.2.2.- fuera considerado por la Sala accionada, y haya dado
lugar a la revocatoria de la sentencia que confirmaba la indexación, reconocida
a la señora Vivas por el Juez Noveno Laboral de Bogotá, como quedó explicado.
Ahora bien, el artículo 162 de la Ley 446 de 1998,
dispone que el recurso de casación procede cuando el recurrente señala
cualquiera de las normas de derecho sustancial que estima violadas, ya sea
porque éstas constituyen la base del fallo o en razón de que han debido
constituirlo; asimismo la norma en mención dispone que las Salas de Casación
deben separar los cargos y las acusaciones, o proceder a integrarlos, porque es
de su incumbencia hacer que la acusación se adecúe a la sentencia[88].
Lo anterior con el objeto de garantizar el derecho
sustancial en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 228 constitucional,
porque no puede admitirse que la Corte Suprema de Justicia se abstenga de
considerar la violación de la ley sustantiva planteada en un recurso de
casación, por cuestiones formales que la misma está en capacidad de solventar[89].
La jurisprudencia constitucional tiene definido que a
los jueces ordinarios les compete sujetar sus decisiones en primer término a la
Constitución Política[90], de tal suerte que como
el apoderado del recurrente Pachón Guevara señaló entre los artículos
desconocidos por el ad quem el artículo 53 de la Carta,
conforme al cual el derecho al reajuste periódico de las pensiones es un
principio mínimo fundamental de los trabajadores, la accionada no podía
desestimar el recurso, por omisión en el señalamiento de una norma sustancial "consagratoria”
del derecho en litigio[91].
Es más, la Sala accionada parece contradecirse al
afirmar que el actor (..) ha debido denunciar es la interpretación errónea
de los mencionados preceptos, más no su falta de aplicación, en tanto es
evidente que el Tribunal si los tuvo en cuenta, más no le dio el entendimiento
que el recurrente pretende (..)”; porque así mismo –como se observa en la
trascripción- reconoce que el actor censuró la interpretación dada por el Juez
de Segunda Instancia a los artículos 8° de la Ley 153 de 1887 y 19 del Código
Sustantivo del Trabajo, de manera que, por ésta razón, tampoco resultaba posible
desestimar el recurso.
Y, vale recordar que desde el 8 de agosto de 1982
–nota 55- la Sala accionada, cuando resuelve que las relaciones económicas
laborales deben conservar el equilibrio propio de una situación equitativa y
justa, acude a los artículos que el apoderado del señor Pachón Guevara echó de
menos al sustentar el recurso, porque los artículos 8° de la Ley 153 de 1887 y
19 del Código Sustantivo del Trabajo “señalan las pautas para que frente a
una situación concreta y objetiva ante la ausencia de norma aplicable, se pueda
acudir a otras disposiciones que regulen materias semejantes y a falta de ella
a las reglas generales del derecho”[92].
En consecuencia, también por éste aspecto debe
revocarse la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior
de Bogotá, el 8 de noviembre de 2000, porque al Juez Constitucional le
correspondía considerar que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia discriminó al señor Pachón Guevara, le negó sus derechos mínimos
fundamentales atinentes a su calidad de pensionado, y quebrantó su derecho
fundamental al debido proceso.
6.4 Las decisiones judiciales contrarias al
ordenamiento constitucional constituyen vías de hecho
Los Falladores de instancia no podían considerar, como
lo hicieron, que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
al negar a los accionantes su derecho a la indexación de su primera mesada
pensional no incurrió en vía de hecho, porque, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 228 de la Constitución Política, los jueces deben resolver los
asuntos que les han sido confiados buscando la efectiva realización de los
derechos fundamentales en conflicto.
Para el efecto vale recordar que esta Corporación se
ha pronunciado repetidamente sobre la prelación de los derechos sustanciales, y
entre estos los constitucionales, como “una nueva percepción del derecho
procesal pues le ha impreso unos fundamentos políticos y constitucionales
vinculantes y, al reconocerles a las garantías procesales la naturaleza de
derechos fundamentales, ha permitido su aplicación directa e inmediata; ha
generado espacios interpretativos que se atienen a lo dispuesto en los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos; ha tornado viable su protección por los
jueces de tutela y ha abierto el espacio para que el juez constitucional, en
cumplimiento de su labor de defensa de los derechos fundamentales, promueva la
estricta observancia de esas garantías, vincule a ella a los poderes públicos y
penetre así en ámbitos que antes se asumían como de estricta configuración
legal[93]”.
Ahora bien, la anterior concepción del derecho procesal,
permite a la Corte afirmar que cuando los jueces no consideran los derechos
fundamentales mínimos que se encuentran garantizados en los artículos 25, 48 y
53 del ordenamiento constitucional, quebrantan los artículos 29, 228 y 230
constitucionales e incurren en vía de hecho; porque dichos derechos regulan los
derechos y prerrogativas de los trabajadores y de los pensionados e informan
todas las previsiones del ordenamiento.
7. Conclusiones
7.1 El derecho constitucional a la igualdad, y la
conformación de una doctrina probable única
Las orientaciones de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, en materia de indexación de las obligaciones
laborales, dejan al descubierto la existencia de una profunda divergencia
interpretativa en torno del tema, como quiera que sus planteamientos pueden condensarse de la siguiente manera:
1. Si bien considera que elementales
razones de justicia y equidad - artículos 19 del CST y 8° de la Ley 153 de
1887- imponen la indexación de la primera mesada pensional como medida para
contrarrestar los efectos de la inflación en el patrimonio del trabajador
–Exps. 8616, 9083, 13.905, 14.710 y 17.739-,
en algunos casos, como en los planteados por los accionantes, niega a los
extrabajadores el beneficio, porque no existe norma que así lo ordene –Exps.
13.449, 13.609 y 13.652-.
2. Aduce que el derecho a la actualización de las
prestaciones económicas no puede variar cuando el
trabajador deja de estar al servicio del empleador, máxime cuando la pensión
está a cargo de este último –Exp.14.710-; pero también afirma que
no existe ninguna disposición que imponga al empleador asumir el deterioro de
la pérdida del poder adquisitivo de la moneda –Exps 13.652-.
3. Sostiene que si el
extrabajador alcanzó la edad requerida para acceder a la pensión de jubilación
en vigencia la Ley 100 de 1993, no puede predicarse falta de disposición
legislativa para negarle el derecho a la actualización de su mesada pensional –Exps
13.153, 13.293, 13.336, 14.740,
15.908, 15654, 15836, 17.053, 17.569, 17739-, pero también arguye que el
artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo fija la cuantía de la prestación
sin considerar la aludida indexación –Exp. 13.449 y 13.605 -.
4. Reitera que “[l]a lucha del derecho para
preservar la equidad frente al fenómeno económico de la creciente
inflación, debe darse a nivel legislativo”, y también en “el campo
judicial, con base en la evidente equidad y en los principios generales
del derecho”- G.J. Tomo CLXIX, Pág. 830- –Exp. 14.710, 4486, 9083, 13.905,
17.739-, no obstante, sin negar los efectos que la inflación produce en los
patrimonios de los trabajadores, también sostiene que “(..) el papel de la
judicatura no puede llegar al extremo de igualarse al legislador (..)
–Exps. 11.818, 13.449, 13.609 y 13.653-.
5. Afirma que la equidad se impone en las relaciones
de trabajo con el objeto de corregir los desequilibrios que causa la inflación
en los ingresos del trabajador, en cuanto de éstos depende su subsistencia y la
de su familia –Exps 8616, 9083 y 14.710-, y así mismo reitera –Exp.11.818- que
de proceder la indexación de “las bases salariales” se presentarían “perturbadoras
consecuencias jurídicas y económicas” –Exp. 13.449, 13.605, 13.653-.
6. Arguye que “(..) la relación jurídica que surge
entre patrono y trabajador en la ejecución de un contrato de trabajo (..) no
se da entre iguales, sino entre quienes por su posición económica se encuentran
situados en la realidad en planos sociales diferentes.” –Exp.14.710-, pero
a su vez sostiene que no se indexan las obligaciones nacidas de un contrato,
cuando las partes no pactaron sobre las consecuencias de los efectos negativos
de la inflación, –Exps. 13.449, 13.605, 13.653-.
7. Expone que la corrección monetaria solo puede
ordenarse para corregir el daño emergente causado por el incumplimiento de
obligaciones laborales exigibles ––Exps. 13.449, 13.605, 13.653-; pero también
afirma que, desde la entrada en vigencia de los artículos 14 y 36 de la Ley 100
de 1993, no existe razón válida para negar a los pensionados la indexación de
su primera mesada ––Exps. 13.449, 13.605, 13.653-.
El anterior recuento permite a esta Corte arribar a la
conclusión de que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en lo
atinente al equilibrio de las prestaciones económicas recíprocas derivadas del
contrato de trabajo no exhibe una posición uniforme, ya que i) en algunas
ocasiones acepta que, en ausencia de disposición legal, el juez debe preservar
el derecho del trabajador a mantener tal equilibrio, dada su condición de parte
débil del contrato, incluso cuando el trabajador ostenta la condición de
pensionado, y ii) en otras se niega a indexar la prestación, aduciendo que su intervención
sería una interferencia en la labor del legislador.
Es más, en cuanto a la apreciación sobre las
disposiciones de la Ley 100 de 1993, atinentes a la materia, en algunas
ocasiones afirma que esta normatividad resulta suficiente para ordenar la indexación
de las pensiones causadas durante su vigencia -Exps 13.153, 13.293, 13.336, 14.740, 15.908, 15654,
15836, 17.053, 17.569, 17739-, y en otras sostiene que en aplicación de dicha
ley únicamente pueden ser indexadas obligaciones insolutas -Exps. 13.449,
13.605, 13.653-.
En esas circunstancias a la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia le compete optar por una aplicación consistente de
las previsiones legales atinentes a la conservación del valor adquisitivo de
los derechos económicos mínimos de los trabajadores, porque ha ella se le ha
confiado el deber de unificar la jurisprudencia nacional.
Y del cumplimiento de esta labor depende que los asociados
pueden percibir que su igualdad ante la ley es real, porque sus relaciones
jurídicas se rigen por las mismas normas y, cuando se fundan en los mismos
presupuestos fácticos, son resueltas por los jueces de igual manera.
7.2 La unificación de la jurisprudencia en materia de
indexación de la primera mesada pensional, y los dictados constitucionales
Los principios constitucionales que informan la seguridad
social y que establecen los criterios de interpretación de las normas laborales
permiten unificar las interpretaciones judiciales en torno de la indexación de
la primera mesada pensional.
1. El artículo 48 de la Constitución Política impone
al legislador definir “los medios para que los recursos destinados a la
seguridad social mantengan su valor adquisitivo constante”, y el artículo
53 del mismo ordenamiento dispone que el “Estado garantiza el derecho al
pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales”.
Sobre este particular, los artículos 14, 36 y 117 de
la Ley 100 de 1993, disponen mecanismos de actualización, tanto de las
pensiones causadas, como de los recursos que atenderán las prestaciones
futuras, mediante la aplicación del índice de precios al consumidor, según
certificación expedida por el DANE[94].
Pero lo anterior no es todo, las entidades financieras
obligadas –Bancafé y Caja Agraria- han debido proveer, desde el retiro de cada
uno de los accionantes, año por año, el pago de la prestación a la que están
obligadas utilizando la tasa promedio de la inflación registrada por el Dane
para los últimos diez años, como lo disponen el artículo 50 del Código de
Comercio, los artículos 112, 113 y 206 del Estatuto Tributario, el Decreto 2498
de 1988 y la Circular Externa 063 de 1990 emitida por la Superintendencia Bancaria[95].
De suerte que compete a la Sala accionada adecuar sus
decisiones de manera que los señores Pachón Guevara, Vivas de Maya y Romero
Perico mantengan el valor adquisitivo de su pensión, atendiendo los dictados
constitucionales y la voluntad abstracta de las leyes laborales y de seguridad
social, con miras a que los nombrados puedan disfrutar de la mesada pensional
que efectivamente les corresponde[96], poniendo de esta manera
en vigencia un orden político, económico y social justo, en el reconocimiento
de los derechos ciertos de los tutelantes pensionados –Preámbulo, artículos 2 y
230 C.P.- [97].
2. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, i) desde 1982 ha venido sosteniendo que la indexación de las
prestaciones económicas debe ordenarse a favor del trabajador por razones de
justicia y equidad, ii) en reciente decisión sostuvo que dichas razones no
desaparecen cuando los trabajadores adquieren la calidad de pensionados, así no
estén subordinados, y iii) en varias ocasiones ha considerado que no existe
razón válida para negar la indexación de la primera mesada pensional a quienes
adquieren el derecho a la pensión en vigencia de la Ley 100 de 1993[98].
Empero en las sentencias 13.609,13.652 y 13.449, resolvió
apartarse de las anteriores consideraciones, entre otros planteamientos, porque
el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo no acoge en éstos casos la “reevaluación monetaria de las
obligaciones” [99].
De manera que la Sala accionada deberá considerar que el
artículo 53 de la Constitución Política impone al interprete de las fuentes
formales del derecho laboral el criterio de elegir, en caso de duda, por la
interpretación que más favorezca al trabajador[100],
y en consecuencia optar por ordenar a las entidades financieras obligadas
mantener el valor económico de la mesada pensional de los actores, por ser ésta
la solución que los beneficia y que condice con el ordenamiento constitucional,
como lo precisó esta Corte en la siguiente decisión:
“Entre tales derechos se encuentra el que surge de la
aplicación del principio de favorabilidad que la Constitución entiende
como “... situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho... ”.
Siendo la ley una de esas fuentes, su interpretación,
cuando se presenta la hipótesis de la cual parte la norma - la duda -, no puede
ser ninguna diferente de la que más favorezca al trabajador. Ella es
obligatoria, preeminente e ineludible para el juez.
Allí la autonomía judicial para interpretar los
mandatos legales pasa a ser muy relativa: el juez puede interpretar la ley que
aplica, pero no le es dable hacerlo en contra del trabajador, esto es,
seleccionando entre dos o más entendimientos posibles aquel que ostensiblemente
lo desfavorece o perjudica. Es forzoso que el fallador entienda la norma de
manera que la opción escogida sea la que beneficie en mejor forma y de manera
más amplia al trabajador, por lo cual, de acuerdo con la Constitución, es su
deber rechazar los sentidos que para el trabajador resulten desfavorables u
odiosos. El juez no puede escoger con libertad entre las diversas opciones por
cuanto ya la Constitución lo ha hecho por él y de manera imperativa y
prevalente. No vacila la Corte en afirmar que toda trasgresión a esta regla
superior en el curso de un proceso judicial constituye vía de hecho e implica
desconocimiento flagrante de los derechos fundamentales del trabajador, en
especial el del debido proceso.” (subrayas
fuera del texto)[101].
7.3 Las decisiones de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia que negaron a los accionantes el reajuste de su
primera mesada pensional, quebrantan los artículos 29, 228 y 230 de la Carta
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia no podía absolver –como lo hizo- al Banco Cafetero y a la Caja de
Crédito Agrario de la obligación de cancelar a los señores Pachón Guevara,
Vivas de Maya y Romero Perico una mesada igual al 75% del promedio real del
salario devengado.
En efecto, como a lo largo de esta providencia ha
quedado explicado, las decisiones de la Sala accionada que negaron a los
actores el derecho acceder a una pensión acorde con su salario real i)
desconocen la prevalencia del derecho sustancial, en cuanto no se sujetan a los
dictados constitucionales de la igualdad, favorabilidad, y conservación del
poder adquisitivo de las pensiones[102] y ii) no se informan en
la equidad, además de pasar por alto los principios generales del derecho
laboral -artículos 13, 48 y 53 C.P.-.
De modo que a los Jueces de Instancia les correspondía,
como lo hizo la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca en la sentencia proferida para amparar los derechos
fundamentales de la señora Lucrecia Vivas de Maya, dejar sin efecto, las
sentencias proferidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, que negaron a los accionantes su derecho constitucional a no ver
disminuido el valor real de sus mesadas pensionales.
Porque, como lo ha sostenido insistentemente esta
Corporación, compete al Juez Constitucional desconocer la firmeza de las
decisiones judiciales que quebrantan el ordenamiento superior, como quiera que
el debido proceso indica que el principio de cosa juzgada opera para mantener
aquellas decisiones judiciales que aplican el sentido abstracto de la ley de
conformidad con los dictados de la Constitución Política.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. REVOCAR las sentencias proferidas por la Sala de Familia del Tribunal Superior
de Bogotá el 8 de Noviembre de 2000 -T-406.257-, por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el 3 de
abril de 2001-T-453.539- y por la Sección Tercera de la Sala de lo
Contenciosos Administrativo del Consejo de Estado el 18 de agosto de 2001 T-453539-,
para decidir las acciones de tutela instauradas en su orden por Gonzalo
Humberto Pachón Guevara, Lucrecia Vivas de Maya y Hernán Romero Perico contra
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Y, en su lugar, proteger los derechos fundamentales de
los accionantes a que se refieren los artículos 13, 29, 48 y 53 de la
Constitución Política.
Segundo. DEJAR SIN EFECTO los fallos proferidos los días 16 (expediente 13652),
17 de mayo (expediente 13609), y 20 de septiembre (expediente 13449) del año
2000, proferidos por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia.
Tercero. En
consecuencia ORDENAR a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia que dentro de los 30 días siguientes a la notificación de esta
sentencia, decida los recursos de casación instaurados en los expedientes
mencionados en el anterior numeral, con sujeción a lo preceptuado en los
artículos 13, 29 y 48 y al principio de favorabilidad consagrado en el artículo
53 de la Carta Política
Cuarto. Por
Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
Salvamento de voto a
la Sentencia SU.120/03
INDEXACION DE LA PRIMERA
MESADA PENSIONAL-La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha
elaborado doctrina (Salvamento de voto)
La Sala Laboral de la Corte
Suprema en su función unificadora de la jurisprudencia, ha desarrollado una
doctrina sobre la actualización monetaria de la base salarial para liquidar la
primera mesada pensional, que ha sido modificada previa la justificación
correspondiente, y que no ha sido adoptada de manera unánime, para lo cual se
han dejado plasmados, tanto en las providencias como en los respectivos
salvamentos de voto extensos y sólidos fundamentos jurídicos. Por lo tanto, los
casos resueltos en virtud del recurso de casación, no lo han sido de manera
arbitraria o caprichosa sino que su resolución ha correspondido al criterio
mayoritario imperante en un momento determinado y excepcionalmente de manera
diversa por la integración de la sala con un conjuez dado el estrecho margen
que conformó la mayoría que adoptó la doctrina respecto a la procedencia de la
indexación referida.
VIA DE HECHO EN PROCESO LABORAL-Improcedencia (Salvamento de voto)
No procedía la tutela por vía de
hecho y tampoco le estaba permitido a esta Corporación indicar el sentido en
que una u otras disposiciones del ordenamiento jurídico deben ser
interpretadas, como se hizo en varios apartes de la sentencia de la cual me
aparto. Considero además, que no siempre que la legislación se abstiene de
consagrar expresamente determinados asuntos, puede hablarse de un vacío
legislativo que permite al juez automáticamente llenarlo, pues en muchos casos,
el silencio del legislador se traduce para el juez en la posibilidad de fallar
con la norma positiva existente tal y como se encuentra consagrada sin otra
consideración. También considero, que determinado por el fallador el vacío
legislativo existente para resolver un caso particular, si se acude por este a
la integración normativa de manera directa con fundamento en los principios de
equidad y favorabilidad, este último que justamente presupone la existencia de
una o varias fuentes formales de derecho, sobre las cuales exista duda en su
aplicación o interpretación, pues al decir de la norma este principio significa
aplicar la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, debe indicarse
de manera clara y precisa, cuales son las fuentes formales que para el caso
presentan duda en su aplicación o interpretación, lo que no se hizo en la
sentencia de la que me aparto. Y, en relación con la equidad, es importante
aplicarla como criterio auxiliar dado que los jueces siempre deben fallar en
derecho y no con fundamento exclusivo en la equidad.
INDEXACION DE LA PRIMERA
MESADA PENSIONAL-A cada caso había que darle tratamiento diferente
(Salvamento de voto)
Considero que los tres casos
merecían una resolución  en tutela de manera independiente, pues todos
presentaban connotaciones y características que lo hacían diferentes, aunque
cada uno considerado de manera particular finalmente imponía la negativa a la
tutela solicitada. Es así como en uno, la demanda fue rechazada por técnica y
la tutela no se interpuso por dicha circunstancia. Además, en unos casos se
trata de una pensión de carácter legal y en otro de carácter convencional, lo
que impedía darles un tratamiento igualitario, aún si se aceptara en gracia de
discusión la consagración como derecho fundamental de la indexación de la
primera mesada pensional, pues el artículo 53 consagra solo el caso de la
actualización de las pensiones legales.
Referencia: expedientes T-406257, T-453539 y
T-503695
Magistrado Ponente:
Dr. ÁLVARO TAFUR GALVIS
De manera respetuosa,
presento las razones que me apartan de la decisión mayoritaria de la Sala
Plena, que revocó las sentencias proferidas por la Sala de Familia del Tribunal
Superior de Bogotá, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura y la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, para en su lugar acceder a la tutela
solicitada por Gonzalo Humberto Pachón Guevara, Lucrecia Vivas de Maya y Hernán
Romero Perico contra la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia
Ha sido  constante y reiterada la jurisprudencia de
esta Corte en determinar la procedencia excepcional  de la acción de tutela en
contra de decisiones judiciales,  cuando configuran una vía de hecho. En
Sentencia C-543 de octubre 1o. de 1992, mediante la cual se declararon
inexequibles los artículos 11, 12 y 25 del Decreto 2591 de 1991, esta
Corporación restringió el alcance de la acción de tutela para que únicamente
procediera contra determinada clase de actuaciones de las autoridades públicas;
es decir, únicamente la admitió contra determinadas actuaciones u omisiones de
los jueces que constituyan una vía de hecho, es decir, cuando ellas son el
producto del capricho, la arbitrariedad o la irrazonabilidad, o cuando violen o
amenacen derechos fundamentales. En la citada providencia se dijo:
“(…)
nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido
en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a
resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los
preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de
hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o
amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar
un perjuicio irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada
la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de
la Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo
por el juez ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º
del Decreto 2591 de 1991).   En hipótesis como éstas no puede hablarse de
atentado alguno contra  la seguridad jurídica de los asociados, sino que se
trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia.”
También
ha reiterado esta Corporación, que la acción de tutela contra sentencias
judiciales no constituye una instancia adicional al proceso judicial, sino que
es un instrumento de control constitucional de la actividad del juez, a fin de
garantizar la protección de un derecho fundamental directamente vulnerado o
amenazado por la providencia impugnada. Por consiguiente, la acción de tutela
no puede interponerse para controvertir la razonable interpretación de una
norma legal o reglamentaria, en razón de que los jueces y fiscales son
autónomos para escoger entre diversas interpretaciones de una disposición
legal, la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico. El juez de
tutela no puede controvertir la interpretación que de las situaciones de hecho
o de derecho realice el juez de la causa en el respectivo proceso, salvo que
esta hermenéutica sea arbitraria e irrazonable y, por ende, vulnere los
derechos fundamentales de la persona que acude a la acción de tutela.
Deben
tenerse en cuenta además, los criterios expuesto por esta Corporación en la
sentencia C-083 de 1995, en cuanto armonizó lo dispuesto por el artículo 230 de
la Constitución y lo establecido en el artículo 8º de la Ley 153 de 1887.
El
artículo 230 de la Constitución consagra que, los jueces en sus providencias
solo están sometidos al imperio de la ley; la equidad, la jurisprudencia, los
principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares  de la
actividad judicial. Por su parte, el artículo 8º de la Ley 153 de 1887
dispone que cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido,
se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su
defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho.
En
la citada sentencia se determinó el ámbito de aplicación de las fuentes
directas y de los criterios auxiliares. Al efecto consideró, que el artículo 8º
de la Ley 153 de 1887 además de enunciar a la ley como fuente formal de
derecho, consagra la analogía, la doctrina constitucional y los principios
generales del derecho. Respecto de  la analogía consideró que, la analogía que
es la aplicación de la ley a situaciones no contempladas expresamente
en ella, pero que sólo difieren de las que sí lo están en aspectos
jurídicamente irrelevantes, es decir, ajenos a aquellos que explican y
fundamentan la ratio juris o razón de ser de la norma, concluyó que no
constituye una fuente autónoma, diferente de la legislación. El juez que acude
a ella no hace nada distinto de atenerse al imperio de la ley. Su consagración
en la disposición que se examina resulta, pues, a tono con el artículo 230 de
la Constitución. Respecto de la doctrina constitucional considera que se
refiere a las normas constitucionales, como una modalidad de derecho
legislado, para que sirva como fundamento inmediato de la sentencia, cuando el
caso sub judice no esta previsto en la ley. La cualificación adicional de que
si las normas que van a aplicarse han sido interpretadas por la Corte
Constitucional, de ese modo deben aplicarse, constituye, se repite, una
razonable exigencia en guarda de la seguridad jurídica, siendo necesario
distinguir su función integradora de la interpretativa no obligatoria que le
atribuye el artículo 4º de la Ley 153 de 1887.Y, en relación con los
principios generales consideró que tratándose de la analogía juris se abstrae
una regla implícita en las disposiciones confrontadas, a partir de la cual se
resuelve el caso sometido a evaluación, por lo que entonces, de las
disposiciones del ordenamiento colombiano, es posible inducir la regla “nemo
auditur...” que, como tal, hace parte de nuestro derecho positivo y, específicamente,
de nuestro derecho legislado. Por tanto el juez que la aplica no hace otra cosa
que actuar, al caso singular, un producto de la primera y principal fuente del
derecho en Colombia: la legislación.
En
cuanto a los criterios auxiliares de la actividad judicial, especialmente los
principios generales del derecho, la equidad y la jurisprudencia, en la misma
providencia citada, la Corte Concluyó que, cuando se trata no de integrar el
ordenamiento sino de optar por una entre varias interpretaciones posibles de
una norma que se juzga aplicable, entran a jugar un importante rol las fuentes
jurídicas permisivas (en el sentido de que no es obligatorio para el juez
observar las pautas que de ellas se desprenden) tales como las enunciadas por
el artículo 230 Superior como “criterios auxiliares de la actividad judicial.
En
las tutelas acumuladas en el presente proceso los accionantes aducen vía de
hecho en las sentencias de casación proferidas por la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia al no acceder a la pretensión de los actores para que se
ordenara la indexación de la primera mesada de la pensión que ya se les venía
cancelando.
En
el caso del señor Gonzalo Humberto Pachón Guevara, propuesto el recurso de
casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que negó la
referida indexación, la Corte Suprema, en sentencia del 17 de mayo de 2000,
negó el recurso al considerar que no se integró la proposición jurídica
completa. Respecto de la señora Lucrecia Vivas de Maya, la Corte Suprema, en sentencia
del 20 de septiembre de 2000, casó la del mismo Tribunal que había accedido a
dicha pretensión. En relación con el señor Carlos Hernán Romero Perico, la
Corte Suprema, en providencia del 16 de mayo de 2000, no casó la sentencia del
Tribunal Superior que había negado dicha indexación.
En
relación con el tema propuesto en las tutelas objeto de revisión, basta con
observar las mismas sentencias acusadas, así como el cúmulo de muchas otras que
sobre el mismo ha proferido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y
que se aportaron como prueba al proceso, para concluir que en torno al asunto
han surgido diversas interpretaciones al interior de dicha Sala, y que por lo
mismo no ha sido fácil para ella desarrollar una doctrina que concilie su criterio
de manera unánime sino por una mayoría simple[103].
Además, se aprecia que dicha Sala ha decantado una doctrina probable al
respecto, que ha sido modificada previa una motivación justificativa, y que en
varios asuntos el fallo se ha proferido con la intervención de un conjuez dada
la manifestación de impedimento de uno de sus integrantes.
Además,
es importante anotar la evolución que ha tenido el tema en dicha Corporación. A
partir de la década del ochenta se trata por primera vez sobre la indexación,
aceptándose su procedencia solo para el caso de la indemnización por despido
dado que par otros casos la ley tenía previsto una indemnización moratoria que
suplía el ajuste monetario. A partir de 1996, se admitió la actualización
monetaria de la base salarial con la cual se liquida una pensión. En 1999, esta
doctrina se modificó por aquella que negaba dicha actualización. A partir del
año 2000, y posiblemente por cuanto en esta época comienzan a llegar a esa Sala
los procesos relacionados con las pensiones reconocidas con fundamento en la
Ley 100 de 1993, se rectifica la doctrina para aceptar que procede la
indexación pero solo  para las pensiones legales, mas no para las
convencionales, reconocidas con fundamento en lo previsto en dicha ley,
aduciéndose que en ésta el legislador había previsto la forma de proceder para
tal actualización por lo tanto dicha actualización debía realizarse en la forma
prevista por el legislador.
Puede
decirse entonces, que la Sala Laboral de Corte Suprema, en su función
unificadora de la jurisprudencia, ha desarrollado una doctrina sobre la
actualización monetaria de la base salarial para liquidar la primera mesada
pensional, que ha sido modificada previa la justificación correspondiente, y
que no ha sido adoptada de manera unánime, para lo cual se han dejado
plasmados, tanto en las providencias como en los respectivos salvamentos de
voto extensos y sólidos fundamentos jurídicos. Por lo tanto, los casos
resueltos en virtud del recurso de casación, no lo han sido de manera
arbitraria o caprichosa sino que su resolución ha correspondido al criterio mayoritario
imperante en un momento determinado y excepcionalmente de manera diversa por la
integración de la sala con un conjuez dado el estrecho margen que conformó la
mayoría que adoptó la doctrina respecto a la procedencia de la indexación
referida.
No
sobra recordar, que la doctrina adoptada para negar la actualización monetaria,
se fundamentó en que respecto del pago de la pensión, la obligación surgida
a la luz del derecho es la indicada  en la ley, esto es, la mesada pensional,
para cuyo calculo el legislador dispuso, de manera expresa, factores
matemáticos precisos. No existe, pues, vacío legal alguno al respecto y, por lo
mismo, no le cabe al juzgador apartarse de lo preceptuado en las normas
vigentes, según cada caso, por cuanto sería asumir una conducta contraria a su
claro tenor literal, so pretexto de decidir en equidad que, valga decirlo,
sigue siendo criterio auxiliar en la resolución de conflictos[104],
claro está para las pensiones legales causadas con anterioridad a la Ley
100 de 1993.
Es
evidente entonces, que existen diversas interpretaciones respecto de la
actualización monetaria de la base salarial para liquidar la primera mesada
pensional, al punto que, para esta Corporación, contrario a lo encontrado por
la Corte Suprema, existe un vacío legal que debe ser llenado por el fallador
acudiendo a la equidad y al principio de favorabilidad. Punto de interpretación
que así fue aceptado en la sentencia según se aprecia al decir expresamente que
Las orientaciones de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, en materia de indexación de las obligaciones laborales, dejan al
descubierto la existencia de una profunda divergencia interpretativa en torno del
tema.[105]
Así
las cosas, no procedía la tutela por vía de hecho y tampoco le estaba permitido
a esta Corporación indicar el sentido en que una u otras disposiciones del
ordenamiento jurídico deben ser interpretadas, como se hizo en varios apartes
de la sentencia de la cual me aparto.
Considero
además, que no siempre que la legislación se abstiene de consagrar expresamente
determinados asuntos, puede hablarse de un vacío legislativo que permite al
juez automáticamente llenarlo, pues en muchos casos, el silencio del legislador
se traduce para el juez en la posibilidad de fallar con la norma positiva
existente tal y como se encuentra consagrada sin otra consideración. También
considero, que determinado por el fallador el vacío legislativo existente para
resolver un caso particular, si se acude por este a la integración normativa de
manera directa con fundamento en los principios de equidad y favorabilidad,
este último que justamente presupone la existencia de una o varias fuentes
formales de derecho, sobre las cuales exista duda en su aplicación o
interpretación, pues al decir de la norma este principio significa aplicar la
situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho, debe indicarse de manera
clara y precisa, cuales son las fuentes formales que para el caso  presentan
duda en su aplicación o interpretación, lo que no se hizo en la sentencia de la
que me aparto. Y, en relación con la equidad, es importante aplicarla como
criterio auxiliar dado que los jueces siempre deben fallar en derecho y no con
fundamento exclusivo en la equidad.
Además,
de manera no clara, para disponer la procedencia de la actualización monetaria,
la sentencia pareció fundamentarse lo previsto en el artículo 53 de la
Constitución que establece que, El Estado garantiza el pago oportuno y al
reajuste periódico de las pensiones legales, norma constitucional que no
tiene el alcance que se le pretendió dar sin claridad alguna, pues allí no se
consagra como derecho fundamental el reajuste de la base salarial para efectos
del reconocimiento de la pensión, sino que lo allí establecido sin duda es el
reajuste de las pensiones legales, más no convencionales, ya reconocidas y
liquidadas.
Nótese
como, la sentencia acepta que respecto del derecho de los pensionados a
mantener el poder adquisitivo de la mesada pensional, corresponde al legislador
establecer la proporción en que las pensiones deben incrementarse, al igual que
la oportunidad y la frecuencia del incremento, tal y como así lo ha dejado
establecido en sentencias de constitucionalidad[106],
con miras a lograr un uso adecuado de los recursos del sistema solidario de
seguridad social; y que, tales incrementos deben consultar, en la medida de lo
posible, el equilibrio en el sistema, fundado en los principios de solidaridad
y universalidad. Entonces, si lo anterior es cierto, no parecería coherente la
sentencia de la que me aparto, que sin más, acepta una indexación monetaria de
la base salarial para liquidar la primera mesada pensional, para los casos no
previstos expresamente por el legislador, sin que se hubieren hecho en
correspondencia los aportes por el tiempo trascurrido entre el último salario
percibido y la fecha en que se cumplió la edad y se solicita la pensión,
provocando de esta manera el desequilibrio del sistema de seguridad social.
Precisamente,
en las decisiones de la Sala Laboral de la Corte Suprema, se acepta la
indexación referida, una vez el legislador ha tomado esa decisión y ha indicado
la forma de hacerlo en la Ley 100 de 1993.
Merece
especial atención, el motivo por el cual en el año de 1999 la Corte Suprema de
Justicia modifica su jurisprudencia en torno a la materia ahora analizada, y que
se relaciona justamente con el cambio de magistrados de esa Corporación, así
como el de los casos fallados con la intervención de un conjuez, pues una vez
ello ocurrió, las providencias resultaron debidamente motivadas y justificadas
y no arbitrarias por las circunstancias mencionadas y que constituyen
suficiente justificación, pues dada la autonomía del juez no es posible
obligar, ni siquiera en los casos de juez plural, a emitir un voto en uno u
otro sentido, o impedírsele expresar su criterio interpretativo en torno a un
asunto, así difiera de los demás, pues es justamente por ello que las
decisiones en las Corporaciones no se imponen por unanimidad sino por
mayoría.
Además
de lo anterior, considero que los tres casos merecían una resolución  en tutela
de manera independiente, pues todos presentaban connotaciones y características
que lo hacían diferentes, aunque cada uno considerado de manera particular
finalmente imponía la negativa a la tutela solicitada.
Es
así como en uno, la demanda fue rechazada por técnica y la tutela no se
interpuso por dicha circunstancia. Además, en unos casos se trata de una
pensión de carácter legal y en otro de carácter convencional, lo que impedía
darles un tratamiento igualitario, aún si se aceptara en gracia de discusión la
consagración como derecho fundamental de la indexación de la primera mesada
pensional, pues el artículo 53 consagra solo el caso de la actualización de las
pensiones legales.
Por lo anterior considero que las tutelas no procedían
y en consecuencia han debido confirmarse las decisiones de instancia.
Fecha ut supra
CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
Salvamento de voto a la Sentencia SU120/03
PRECEDENTE JUDICIAL-No es obligatorio (Salvamento de voto)
El sistema jurídico colombiano es
diverso a los sistemas de precedente o del Common Law, que algunos magistrados
quisieron extrapolar a nuestro sistema jurídico; que por mandato constitucional
nuestros jueces son independientes y que sólo están atados a la ley y no al precedente
judicial; que el precedente sólo tiene un criterio auxiliar de la actividad
judicial, pero que jamás es obligatorio y que por mandato legal aún cuando la
jurisprudencia se haya constituido en fuente del derecho, porque existen tres
decisiones uniformes sólo constituye doctrina probable y que tampoco es cierto,
desde el punto de vista práctico, que de no ser obligatoria la jurisprudencia
se esté creando un caos jurídico.
PRECEDENTE JUDICIAL-Intervención de Conjuez en Corporación Plural (Salvamento de voto)
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Existencia de un principio implícito (Salvamento de
voto)
Existe un principio implícito que permite fundamentar
la indexación de la base pensional o primera mesada pensional y que este
constituye un derecho fundamental no sólo de las tres personas que tutelaron
sino que también de los pensionados anteriores y de los futuros pensionados de
Colombia. Existiendo este derecho fundamental y por ser derecho fundamental es
que se explica que la Corte la haya tutelado (pues si fuera de rango meramente
legal no la hubiera protegido).  Sin embargo, definir un derecho como
fundamental implica ser consecuentes con esa definición y la primera
consecuencia es que todo derecho fundamental lleva a que deben disfrutar de él
todos los sujetos que están ubicados dentro de esa misma categoría; por
ejemplo, no podemos aceptar que el derecho a la vida es fundamental y que sólo
los blancos tienen derecho a la vida y a contrario sensu, que no lo tienen los
negros o los miembros de la raza amarilla; si el derecho es fundamental su
consecuencia es que todas las personas tienen derecho a la vida sin exclusión.
Si existe un derecho fundamental a la indexación de la primera mesada
pensional, tienen derecho a el todos los pensionados de Colombia, los que ya
existen o existirán en un futuro y así debió declararlo expresamente la Corte
Constitucional y esa fue la pregunta que hice y a la que nunca se dio
respuesta, lo que genera confusión no sólo para los pensionados sino también
para los jueces y otros aplicadores del derecho, como confusa es la sentencia
que ahora suscribo, en las páginas 80 y 81 que en su numeral 7.3 afirma que se
quebrantan los artículos 29, 228 y 230 de la Constitución Nacional y cuando se
lee ese aparte no se explica de que manera son violadas esas normas por la
Honorable Corte Suprema de Justicia.
Referencia: expedientes T-406257, T-453539 y T-503695.
Acciones de tutela instauradas, separadamente, por
Gonzalo Humberto Pachón, Lucrecia Vivas de Maya y Carlos Hernán Romero Perico
contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de la Corte
Constitucional, me permito disentir de la opinión mayoritaria por las
siguientes razones:
Para explicar mi desacuerdo es necesario mencionar los
temas centrales que tienen incidencia en la decisión que se analiza.
A. La situación de hecho que se presenta cuando interviene
un conjuez en una Corporación Plural.
B. El valor del precedente judicial.
C. La igualdad.
Comenzare el estudio por el segundo de estos elementos:
El valor del precedente judicial
1.
En mi sentir se mezclan temas que
deben mantenerse separados como son: a) respeto de las Supremas Cortes a su
propio precedente judicial, del respeto del precedente por los jueces que se
encuentran funcionalmente (no jerárquicamente) por debajo de los máximos
órganos judiciales.
2.
En relación con el tema de si las
Cortes Supremas quedan o no ligadas por su precedente judicial es claro que en
nuestro sistema jurídico las Cortes se pueden separar de su precedente.  No
sobra recordar que nuestro sistema de derecho no es un sistema de precedentes,
como el sistema norteamericano o el sistema inglés, sino de derecho legislado.
Ni siquiera en esos dos sistemas jurídicos (inglés y americano), las Cortes
Supremas quedan ligadas a su propio precedente, pues no son obligatorios para
el Tribunal Supremo de Estados Unidos ni del Reino Unido; en el caso de los
Estados Unidos la Corte Suprema Federal, ha declarado en muchas oportunidades
que no está obligada a seguir sus propios precedentes y en el caso del Reino
Unido, el máximo tribunal judicial de ese país, que es la Cámara de los Lores,
si bien declaró en 1898 que ella estaba obligada a respetar sus propios
precedentes, el día 26 de julio de 1966 declaró que de ahí en adelante no
quedaría sujeta a sus propios precedentes, por lo que se volvió a la situación
existente antes de 1898.
Como se puede observar ni siquiera en los sistemas
jurídicos de precedentes, cuyos dos paradigmas son la Cámara de los Lores del
Reino Unido y la Corte Suprema Federal de Estados Unidos, están hoy en día
atados a sus propios precedentes y si esto sucede en esos sistemas jurídicos,
con mayor razón nuestras Supremas Cortes pueden apartarse de sus propios
fallos.
3.
El problema de los fallos de las
Supremas Cortes y cuándo éstos deben ser seguidos o no por los jueces en casos
análogos, debe distinguirse claramente del anterior y plantea el problema de la
jurisprudencia como fuente del derecho y su valor para los jueces.
La existencia de la jurisprudencia trae una serie de
interrogantes cuyos principales aspectos son los siguientes:
a.
Si la jurisprudencia es o no
fuente del derecho.
b.
Si es creadora o no del derecho
c.
Su importancia respecto de otras
fuentes jurídicas
d.
La obligatoriedad de la
jurisprudencia
e.
El cambio de la jurisprudencia
f.
La unificación de la
jurisprudencia
a.
Si la jurisprudencia es o
no fuente del derecho.  Más
exactamente, si es o no fuente general del derecho.  Sobre este tema hay por lo
menos tres posiciones: las que sostienen que la jurisprudencia nunca es fuente
del derecho, según esta concepción el juez se limita a la aplicación de la ley
(ley en sentido amplio) y en consecuencia la fuente del derecho es siempre la
ley; la segunda posición es la de quienes sostienen que la jurisprudencia es
siempre fuente general del derecho, y la tercera la de quienes sostienen que la
jurisprudencia es a veces fuente general del derecho.
Quienes acogen esta última posición distinguen entre
los casos previstos por la ley y los casos no previstos por ella, para concluir
que en el primer evento no es fuente y en el segundo si, pues al no existir ley
que lo regule y existiendo, por otro lado, el deber que tiene el juez de
fallar, el juez crea la norma y la jurisprudencia es fuente de derecho.
b.
Si es creadora o no del
derecho. La jurisprudencia crea o
declara el derecho. Este problema está íntimamente ligado al anterior y
respecto de él existen por lo menos los siguientes criterios: El primero, que
sostiene que la jurisprudencia y más exactamente la sentencia es siempre
declarativa, ya que el juez no hace más que declarar en el fallo lo que ya está
en la ley; la segunda, que sostiene que la jurisprudencia es siempre creadora
del derecho, pues siempre aporta elementos nuevos a los ya establecidos en la ley
y en el peor de los casos creará cuando menos la cosa juzgada, que no contenía
la ley; y la tercera posición que sostiene que la jurisprudencia es creadora,
sólo cuando el juez llena una laguna de la legislación.
c.
Su importancia respecto de
otras fuentes jurídicas. El tercer
problema está íntimamente ligado a la diferencia entre los regímenes jurídicos
predominantemente legislados y los regímenes de precedente (o Common Law). En
los primeros, la ley (en sentido amplio, incluida la constitución) es la
principal fuente del derecho y la jurisprudencia es una fuente subordinada a la
ley; en los sistemas de precedente la jurisprudencia es fuente general del
derecho.
d.
La obligatoriedad de la
jurisprudencia. El problema a
resolver es si la jurisprudencia de los altos tribunales es obligatoria para
los jueces cuando les toque fallar casos análogos.
Para resolver este interrogante hay que referirlo a
una época y un país determinado, ya que puede variar de un país a otro, e
incluso dentro de un mismo Estado, en épocas diversas.
Sobre este tema se pueden presentar dos soluciones:
que el precedente judicial no sea obligatorio, cuando se trate de resolver
casos similares; o segundo, que sea obligatorio; bien porque lo establezca la
ley, o porque haya surgido de una verdadera costumbre judicial, como sucede en
el Common Law. Es importante señalar que cada sistema jurídico determina cuando
la jurisprudencia es fuente del derecho y si es obligatoria o no.
En ciertos sistemas jurídicos se requiere, para que
haya jurisprudencia, que haya más de una decisión sobre el mismo punto del
derecho; por ejemplo, en el caso de Colombia, por lo menos 3 decisiones (en el
caso de México se requieren cinco decisiones); de tal manera que una decisión o
dos decisiones no hacen a la jurisprudencia fuente del derecho.  En algunos
sistemas jurídicos, como el mexicano, no basta cualquier decisión, exígese
además que se adopten por una cierta mayoría, de modo que las decisiones que no
tengan esa mayoría no pueden contarse dentro de las cinco que constituyen fuente
del derecho.
Es importante señalar que, habiéndose producido el
número suficiente de decisiones que le dan el valor de fuente del derecho, es
posible que la jurisprudencia deje de ser fuente del derecho y esto sucede
cuando se producen decisiones distintas o contrarias a la jurisprudencia
anterior. En ese caso, la jurisprudencia deja de ser obligatoria, aun en los
sistemas donde la jurisprudencia es obligatoria, de manera tal que los jueces
de inferior jerarquía ya no están obligados a seguir la jurisprudencia
anterior.  El efecto de una sola jurisprudencia contraria es que deroga la
jurisprudencia anterior y extingue su obligatoriedad general y para restablecer
la jurisprudencia anterior se requieren las mismas condiciones que para
establecer una misma jurisprudencia.
Tema íntimamente ligado con el anterior, es el de la
modificación de la jurisprudencia, ya que una decisión en contra produce el
efecto de derogar la jurisprudencia anterior y de quitarle su obligatoriedad,
pero no crea necesariamente una nueva jurisprudencia, ya que para que exista la
nueva jurisprudencia como fuente del derecho se necesita observar las mismas
reglas establecidas por la ley para su formación, y en el ejemplo de Colombia
se necesitarían por lo menos otras dos decisiones en el mismo sentido, para
tener tres decisiones como mínimo que la constituyan en fuente del derecho (la
primera decisión que interrumpió la jurisprudencia anterior y otras dos
idénticas sobre el mismo punto del derecho).
Según la teoría pura del derecho de Kelsen, las normas
jurídicas tienen más de una interpretación, ya que en realidad siempre hay un
marco interpretativo, con más de una posibilidad y todas ellas tienen el mismo
valor jurídico; el juez puede dentro de la misma ley y sin salirse de ella acoger
una interpretación distinta a la que venía acogiendo; puede elegir otra de las
posibilidades de la ley y de esta forma modificar la jurisprudencia. Con esto
queda resuelto el problema planteado del cambio de la jurisprudencia.
El otro interrogante es de si la jurisprudencia es
obligatoria o no. Ya hemos visto cómo aun en los casos en que lo es, su
obligatoriedad puede interrumpirse por una decisión en contrario. En el caso de
Colombia es claro que el legislador no la hizo obligatoria, ya que expresamente
le da el carácter de doctrina probable y señala que los jueces podrán o no
aplicarla en casos análogos.
No sobra recordar que por mandato constitucional, en
nuestro país los jueces, para dictar sus providencias, sólo están sometidos al
imperio de la ley (artículo 230 de la Constitución). Esto no es más que la
consagración positiva del principio fundamental del estado de derecho de la
independencia de los jueces. "Esta independencia es producto histórico de
la lucha entre la nobleza y el monarca. La nobleza quería que el Rey registrase
las leyes que expedía ante los jueces y de esa manera tener seguridad en sus
derechos. Poco a poco los jueces se van independizando del monarca, llegando
incluso a proferir fallos contra las decisiones de éste.
La función legislativa es el desarrollo inmediato de
la Constitución.  La función ejecutiva y jurisdiccional son desarrollo mediato
de la Constitución e inmediato de la Ley, ejecución de la Ley. Lo que
diferencia estas dos formas de ejecución de la ley, es que en la rama
ejecutiva, el órgano de superior jerarquía puede darle órdenes al de menor
jerarquía (la administración pública es jerarquizada), en cambio, en la rama
jurisdiccional lo típico es precisamente lo contrario: que el órgano de
superior jerarquía (el juez superior), no puede dar órdenes al inferior, no
puede decirle que aplique la ley de tal o cual manera. El juez sólo está atado
a la ley: en el Estado de derecho el juez es independiente en un doble sentido:
en el sentido de que la rama jurisdiccional no está bajo las órdenes de otra
rama del poder público y de que el juez al fallar sólo está atado a la
ley."[107] Como se ve, por mandato
constitucional en nuestro sistema jurídico los jueces de inferior jerarquía no
están sometidos a la jurisprudencia de los jueces de superior jerarquía. ¿Cuál
es entonces el valor de la jurisprudencia en nuestro sistema jurídico? El
propio artículo 230 de la Constitución da la respuesta al señalar que la
jurisprudencia no es más que un criterio auxiliar de la actividad judicial, de
modo que el juez de inferior jerarquía al momento de fallar estudiará esta
jurisprudencia y la acogerá si la encuentra razonable, pero podrá separarse de
ella si la encuentra irracional, ya que no está obligado a seguirla.
Desde el punto de vista práctico, no es cierto que
cuando la jurisprudencia de las altas cortes no es obligatoria, se presente una
situación de anarquía jurídica, de desigualdad o de inseguridad jurídica, como
paso a demostrarlo:
a)
Porque a pesar de no ser
obligatoria la jurisprudencia, los jueces pueden seguirla voluntariamente;
b)
Porque hay una tendencia
psicológica a hacer lo más fácil, y lo más fácil es seguir la jurisprudencia de
los tribunales superiores; mucho más difícil es la de tener que pensar o
reflexionar para apartarse del precedente;
c)
Porque el sistema judicial está
organizado en instancias y existiendo tribunales de apelación, el juez de
apelación puede revocar la decisión que se ha apartado del precedente y
ajustarla al precedente, y finalmente porque existen ciertos procedimientos que
buscan unificar la jurisprudencia, como es el recurso de casación y con este
último absolvemos también el punto final que habíamos planteado.
En síntesis podemos afirmar que el sistema jurídico
colombiano es diverso a los sistemas de precedente o del Common Law, que
algunos magistrados quisieron extrapolar a nuestro sistema jurídico; que por
mandato constitucional nuestros jueces son independientes y que sólo están
atados a la ley y no al precedente judicial; que el precedente sólo tiene un
criterio auxiliar de la actividad judicial, pero que jamás es obligatorio y que
por mandato legal aún cuando la jurisprudencia se haya constituido en fuente
del derecho, porque existen tres decisiones uniformes sólo constituye doctrina
probable y que tampoco es cierto, desde el punto de vista práctico, que de no
ser obligatoria la jurisprudencia se esté creando un caos jurídico.
La situación de hecho que se presenta cuando interviene
un Conjuez en una Corporación Plural.
El tema del precedente judicial y del respeto de los
máximos órganos judiciales a su propio precedente, se complica mucho más cuando
el cambio jurisprudencial se presenta por la intervención de un Conjuez, con
cuyo voto varía la jurisprudencia.
Lo primero que hay que defender es la libertad de
conciencia del Conjuez, para proferir su voto con entera libertad, ya que sería
un absurdo pretender que el Conjuez no puede votar libremente, sino que debe
votar de manera idéntica a como vota el Magistrado a quien el remplazó.
En segundo lugar no es cierto que la jurisprudencia cambie
por el voto del Conjuez, ya que el Conjuez sólo tiene un voto; cambia porque
los votos de los otros Magistrados sumados a los del Conjuez constituyen una
mayoría que conllevan al cambio de la jurisprudencia.  Adicionalmente, debemos
resaltar que los miembros de una organización plural lo que hacen es prestar su
concurso para que la Corporación exprese su voluntad, de manera que el cambio
de jurisprudencia es de la Corporación, en este caso, de la Corte Suprema de
Justicia Sala Laboral y no de los Magistrados en particular y mucho menos del
Conjuez.  Por lo anterior, es que considero que el Conjuez tiene el mismo
derecho a la independencia consagrada en el artículo 230 de la Constitución,
que tienen los jueces permanentes.
La igualdad.
El tema de la igualdad, que es uno de los temas más
difíciles del derecho constitucional y de la técnica que utiliza el Tribunal
Constitucional al momento de hacer el control de constitucionalidad, y que es
la base del juicio de razonabilidad o proporcionalidad con que los Tribunales
Constitucionales cotejan la ley frente a la Constitución para declararla
exequible o inexequible (técnica a la cual no puedo referirme ahora y que he
hecho referencia en varios salvamentos de voto: C-673 de 2001, C-810 de 2001,
C-1026 de 2001, C-810 de 2002 y C-888 de 2002), tiene aspectos relevantes que
es necesario estudiar y que no han sido suficientemente analizados en nuestro
contexto jurídico, sobre todo frente al cambio de la legislación.
Para que existiera una igualdad perfecta, absoluta y
aplicable a todas las personas tendríamos que partir del supuesto metodológico
de un sistema jurídico inmutable, que no cambia, pues cada vez que se cambia la
ley y el orden jurídico a si sea en la más mínima medida, el trato es diferente
y la aplicación del derecho también diferente, ya que a quienes se les aplica
la nueva ley se les aplica de una manera distinta, a como se hacen con la ley
anterior.  A nadie se le ocurriría, en aras de un trato igual, sostener la
tesis de que la Constitución y las leyes no deben cambiar, pues si cambian el
derecho se estaría aplicando de una manera diversa a como se estaba aplicando
con anterioridad.  No hay Constituciones ni leyes perpetuas, por la sencilla
razón de que el derecho es un reflejo de la sociedad y como la sociedad cambia
el derecho que es su reflejo también debe cambiar.
Establecido que la ley debe cambiar y que ese cambio
implica una regulación jurídica diversa y una aplicación del derecho diversa,
se hace necesario dilucidar qué es lo que deben esperar los ciudadanos de los
jueces en la aplicación de la ley, cuando aún la ley no ha cambiado?.  Lo primero
que hay que afirmar es que frente a la Constitución no hay una única ley
correcta, ya que hay varias posibilidades de leyes “correctas” (o ajustadas a
la Constitución) y esto es lo que explica que la ley modificada puede estar
ajustada a la Constitución y estarlo también la ley que lo modifica, de modo
que es constitucional la ley anterior, como lo es también la nueva ley.
Así como no hay una sola ley ajustada a la Constitución,
tampoco existe una sola sentencia judicial ajustada a la ley, ya que puede existir
frente a la  misma ley más de una posibilidad de sentencia judicial.  Esta es
una consecuencia de la diferencia existente en la filosofía del derecho entre
norma y sentidos normativos, ya que una norma puede tener más de un sentido
normativo.  Este concepto filosófico coincide con la posición de Hans Kelsen
que concibe la interpretación jurídica, como un marco donde cabe más de una
interpretación de la norma jurídica siendo todas las interpretaciones
existentes dentro de ese marco del mismo valor jurídico.  Puede entonces el
juez dentro de ese marco dictar distintas sentencias igualmente correctas desde
el punto de vista jurídico; lo único que no puede hacer el juez es salirse de
ese marco, pero todas las decisiones que adopte dentro del marco están ajustadas
a derecho.
Teniendo claro ese supuesto metodológico de que no existe
una única sentencia judicial correcta, lo que los ciudadanos pueden exigir de
los jueces es que no se salgan de ese marco, pero lo que no pueden es impedir
que el juez se mueva dentro del marco.  El concepto de decisión judicial
probable y de predicibilidad de las decisiones judiciales, hay que analizarlo
dentro de este contexto, de modo que lo predecible no es una sentencia única
sino las posibilidades de sentencia que existen dentro del marco.  A los jueces
lo único que se les puede exigir en sus sentencias es que se mantengan dentro
del marco, pero a lo que no se les puede obligar es que a dentro del marco
tengan una única solución, ya que eso choca contra la realidad de que las
normas tienen más de un sentido normativo.
Teniendo claro los fundamentos expuestos, es que podemos
entender que aunque la ley no cambie puede cambiar la interpretación de los
jueces, ya que ahora la norma se aplica en otro de sus sentidos normativos; el
nuevo sentido que el juez encuentra en ese momento y en esas circunstancias
acorde con la norma que aplica y cuando esto sucede los jueces no han violado
la ley ni la Constitución y su sentencia no constituye ninguna vía de hecho ni
se ha violado la igualdad.
SINTESIS
Como quiera que en nuestro sistema jurídico no existe un
sistema constitucional de precedentes judiciales; como quiera que los conjueces
son autónomos, como quiera que la igualdad no impide cambiar la Constitución y
la ley y, como quiera que en el derecho no hay ni una única ley constitucional
ni una única sentencia “correcta” que nos separamos de la decisión mayoritaria.
Caso concreto
La sentencia se fundamenta especialmente en el artículo 48
de la Constitución Nacional, que establece en su inciso final: “La ley definirá
los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder
adquisitivo constante”. Como se puede observar de la norma transcrita, la
Constitución se refiere expresamente a la indexación de las pensiones ya
reconocidas, ya definidas; en cambio, la controversia que ha surgido en este
caso se refiere es a la base que se tiene en cuenta para reconocer la pensión;
principio que no está expresamente reconocido en la Constitución.
En la filosofía del derecho es claro que el orden jurídico
tiene unos principios explícitos y otros principios implícitos, que son
deducibles del propio sistema jurídico y en este caso, considero como lo
manifesté en la Sala Plena, que existe un principio implícito que permite
fundamentar la indexación de la base pensional o primera mesada pensional y que
este constituye un derecho fundamental no sólo de las tres personas que
tutelaron sino que también de los pensionados anteriores y de los futuros
pensionados de Colombia.  Existiendo este derecho fundamental y por ser derecho
fundamental es que se explica que la Corte la haya tutelado (pues si fuera de
rango meramente legal no la hubiera protegido).  Sin embargo, definir un
derecho como fundamental implica ser consecuentes con esa definición y la
primera consecuencia es que todo derecho fundamental lleva a que deben
disfrutar de él todos los sujetos que están ubicados dentro de esa misma
categoría; por ejemplo, no podemos aceptar que el derecho a la vida es fundamental
y que sólo los blancos tienen derecho a la vida y a contrario sensu, que no lo
tienen los negros o los miembros de la raza amarilla; si el derecho es
fundamental su consecuencia es que todas las personas tienen derecho a la vida
sin exclusión.  Si existe un derecho fundamental a la indexación de la primera
mesada pensional, tienen derecho a el todos los pensionados de Colombia, los
que ya existen o existirán en un futuro y así debió declararlo expresamente la
Corte Constitucional y esa fue la pregunta que hice y a la que nunca se dio
respuesta, lo que genera confusión no sólo para los pensionados sino también
para los jueces y otros aplicadores del derecho, como confusa es la sentencia
que ahora suscribo, en las páginas 80 y 81 que en su numeral 7.3 afirma que se
quebrantan los artículos 29, 228 y 230 de la Constitución Nacional y cuando se
lee ese aparte no se explica de que manera son violadas esas normas por la
Honorable Corte Suprema de Justicia.
Por las razones expuestas con anterioridad es que me
aparto de la decisión mayoritaria.
Fecha ut supra.
JAIME ARAUJO
RENTERIA
Magistrado
Auto
106/03
Referencia: expedientes T-406257, T-453539 y T-503695
Acciones de tutela
instauradas, separadamente, por Gonzalo Humberto Pachón Guevara, Lucrecia Vivas
de Maya y Carlos Hernán Romero Perico contra la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de mayo de dos mil tres
(2003).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en uso de
sus competencias constitucionales y legales y
CONSIDERANDO
1.      Que revisada la Sentencia SU-120 de 2003, que puso
fin al trámite de revisión de las acciones de la referencia, se advierte i) que
en el numeral 4.3 de los antecedentes se relaciona el proceso T-406.257 donde
debe figurar el asunto T-503.695, y ii) que el mismo error mecanográfico
aparece en el punto primero de la decisión.
2.      Que el artículo 310 del C.P.C. permite
corregir los errores que se cometan por la omisión o cambio de palabras o
alteraciones de éstas.
RESUELVE
Corregir algunas expresiones de la Sentencia SU-120 de 2003, como se
explica a continuación:
1.      En el punto 4.3 de los antecedentes en donde
figura “Expediente T-453.539”, debe aparecer “Expediente
T-503.695”.
2.      En el numeral primero de la parte resolutiva
de la Sentencia, en lugar de “y por la Sección Tercera de la Sala de lo
Contenciosos Administrativo del Consejo de Estado el 18 de agosto de 2001 T-453539-”,
debe figurar “y por la Sección Tercera de la Sala de lo Contenciosos
Administrativo del Consejo de Estado el 18 de agosto de 2001 -T-503.695-”.
Notifíquese,
cópiese, publíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional, a continuación de la providencia que corrige.
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
Aclaración de voto
al Auto 106/03
Referencia: expedientes T-406257, T- 453539 T-503695
Magistrado Ponente:
Dr. ÁLVARO TAFUR GALVIS
Comparto
la decisión de la Sala de aclarar algunas expresiones de la sentencia SU-120 de
2003, pero aclarando que salve voto en relación con lo decidido en dicha
sentencia.
Fecha ut supra
CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
Salvamento de voto al Auto 106/03
Referencia: expedientes T-406257, T-453539 y T-503695
Acciones de tutela
instauradas, separadamente, por Gonzalo Humberto Pachón Guevara, Lucrecia Vivas
de Maya y Carlos Hernán Romero Perico contra la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Como quiera que en la sentencia SU.120 del 13 de febrero de 2003 salvé el
voto, providencia a la cual se corrigen por medio de Auto de Sala Plena de
fecha 23 de mayo de 2003 algunas expresiones, en el punto 4.3 de los
antecedentes y en el numeral primero de la parte resolutiva, los argumentos
allí expuestos también son aplicables en esta oportunidad y a ellos me remito.
Fecha ut supra,
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
Auto 214/03
Referencia: Sentencia SU120/03, expedientes T-406257,
T-453539 y T-503695
Acciones de tutela instauradas, separadamente, por
Gonzalo Humberto Pachón Guevara, Lucrecia Vivas de Maya y Carlos Hernán Romero
Perico contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá, D. C., veinte (20) de noviembre de dos mil
tres (2003).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio
de la competencia asignada por los artículos 86 y 241, numeral 9, de la
Constitución Política y por el Decreto 2591 de 1991, y
C O N S I D E R A
N D O
1. Que
mediante sentencia SU-120 proferida el Trece (13) de febrero del año en
curso, esta Corte resolvió “REVOCAR las sentencias proferidas por la
Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá el 8 de Noviembre de 2000 -T-406.257-,
por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura,
el 3 de abril de 2001-T-453.539- y por la Sección Tercera de la Sala de
lo Contenciosos Administrativo del Consejo de Estado el 18 de agosto de 2001 T-453539-,
para decidir las acciones de tutela instauradas en su orden por Gonzalo
Humberto Pachón Guevara, Lucrecia Vivas de Maya y Hernán Romero Perico contra
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Y, en su lugar,
proteger los derechos fundamentales de los accionantes a que se refieren los
artículos 13, 29, 48 y 53 de la Constitución Política”.
2. Que en
consecuencia esta Corporación dejó sin efecto “los fallos
proferidos los días 16 (expediente 13652), 17 de mayo (expediente 13609), y 20
de septiembre (expediente 13449) del año 2000, proferidos por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (..) y asimismo dispuso
que “la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que dentro
de los 30 días siguientes a la notificación de esta sentencia, decida los
recursos de casación instaurados en los expedientes mencionados en el anterior
numeral, con sujeción a lo preceptuado en los artículos 13, 29 y 48 y al
principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Carta Política”.
3.
Que no obstante estar vinculadas a
las acciones de la referencia las entidades responsables del reconocimiento y
pago de la indexacción de la primera mesada pensional, a que tienen derecho los
señores Pachón Guevara, Vivas de Maya y Romero Perico, esta Corte no emitió las
órdenes dirigidas a que éstas entidades den inmediato cumplimiento a tal
reconocimiento y pago, y tampoco se previno de manera general sobre el
acatamiento de la decisión.
4.
Que el Magistrado Mauricio Martínez
Sánchez de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura de Cundinamarca, y la señora Lucrecia Vivas de Maya, en sendas
peticiones y escritos dirigidos a esta Corporación, solicitan la intervención
de esta Corte, para lograr el real y efectivo restablecimiento de los derechos
fundamentales de los accionantes.
5.
Que la Directora Nacional de Recursos
y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo, en reiteradas peticiones
dirigidas a esta Corporación, solicita información sobre el estado del
cumplimiento de la sentencia SU-120 de 2003, en atención a las solicitudes que
ha recibido al respecto, por lo de su cargo.
6.
Que son principios de la acción de
tutela, según el artículo 3° del Decreto 2591 de 1991, la publicidad, la
prevalencia del derecho sustancial, la economía y la  celeridad del trámite, y
la eficacia de las decisiones.
7.
Que los artículos 309 a 311 del Código de Procedimiento Civil disponen que
cuando el juez no resuelve todos los asuntos sometidos a su consideración, o no
se pronuncia sobre todos los aspectos que debía, puede, de oficio o a petición
de parte, adicionar las providencias, sin modificar lo ya resuelto, mediante un
auto o sentencia complementaria.
8. Que el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 dispone
que el Juez Constitucional mantiene la competencia “hasta que esté
completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza”.
Que
se hace necesario adicionar la sentencia SU-120 de 2003, a fin de emitir las
órdenes para su real y efectivo cumplimiento,
RESUELVE
Primero. ORDENAR a la Sala de Familia del Tribunal Superior de
Bogotá remitir a esta Corporación, de manera inmediata, el expediente relativo
a la acción de tutela instaurada por Gonzalo Humberto Pachón Guevara contra la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia –T-406.257-. Ofíciese.
Segundo. ORDENAR a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca remitir a esta Corporación, de
manera inmediata, el expediente relativo a la acción de tutela instaurada por
Lucrecia Vivas de Maya contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia –T-453.539-. Ofíciese.
Tercero.- ORDENAR a la Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, remitir a esta Corporación, de manera
inmediata, el expediente relativo a la acción de tutela instaurada por Carlos
Hernán Romero Perico contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia –T-503.695-. Ofíciese.
Cuarto.
ORDENAR a la Secretaría General de
esta Corporación poner a disposición de la Sala Plena de esta Corte los
expedientes tan pronto como sean remitidos de los juzgados de origen, para
proceder en consecuencia.
Notifíquese, comuníquese, publíquese a continuación de la
Sentencia SU-120 de 2003 y cúmplase.
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Presidenta
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretaria General (e)
Auto 141B/04
SENTENCIA DE TUTELA-Garantía del cumplimiento
SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Medidas a tomar en caso de incumplimiento/SENTENCIA
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Frente a incumplimiento se puede dictar
sentencia de reemplazo o decisión complementaria
Cuando la Corte tiene conocimiento en relación con el
incumplimiento de la sentencia, “puede solicitar nuevamente el expediente o los
expedientes que contienen las sentencias de tutela que la Corporación haya
proferido, para hacer cumplir su fallo, tomando determinaciones que cobijan
inclusive a intervinientes que han citado dentro del expediente de tutela a fin
de que no se quede escrita la protección al derecho fundamental”.Y dentro de
las medidas a adoptar en estos casos, se cuentan la de proceder a dictar una
sentencia de reemplazo si no existe otra forma de hacer cumplir lo ordenado, o en
su defecto, la de tomar una decisión complementaria al fallo incumplido que
haga cesar la violación de los derechos fundamentales, como puede ser, sin
modificar lo ya resuelto, la de dejar en firme la decisión judicial que fue
revocada por la alta Corporación de justicia en ejercicio de su competencia
funcional, cuando a juicio de la Corte Constitucional aquella interprete en
debida forma el criterio sentado en la respectiva sentencia de Revisión y
garantice la protección de los derechos conculcados por la alta Corporación.
CORTE CONSTITUCIONAL-Orden de cumplimiento de sentencia SU.120 de 2003
Referencia: Sentencia SU-120/03, expedientes
T-406.257, T-453.539 y T- 503.695
Solicitud de cumplimiento de la decisión adoptada para
resolver las acciones de tutela instauradas, separadamente, por Gonzalo
Humberto Pachón Guevara, Lucrecia Vivas de Maya y Carlos Hernán Romero Perico
contra la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil
cuatro (2004).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio
de la competencia asignada por los artículos 86 y 241, numeral 9, de la
Constitución Política y por el Decreto 2591 de 1991, en atención a las solicitudes
formuladas por los accionantes, resuelve sobre el cumplimiento de la sentencia
SU-120 de 2003.
I.       ANTECEDENTES
1.
Mediante sentencia proferida el 13 de febrero de 2003, esta Corte concedió a
los señores Gonzalo Humberto Pachón Guevara, Lucrecia Vivas de Maya y Carlos
Hernán Romero Perico la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad,
al debido proceso, a la seguridad social y a la favorabilidad.
En
consecuencia resolvió dejar sin efecto “los fallos proferidos
los días 16 (expediente 13652), 17 de mayo (expediente 13609), y 20 de
septiembre (expediente 13449) del año 2000, proferidos por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia (..)”, y ordenó a la accionada
adoptar, dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la sentencia, el
fallo que debía resolver los recursos de casación instaurados en los
expedientes mencionados, con sujeción a lo preceptuado en los artículos 13, 29,
48 y 53 de la Carta Política.
2.
El 20 de noviembre siguiente, atendiendo las peticiones formuladas por la
Defensoría del Pueblo, por los accionantes y por el Magistrado Sustanciador de
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca, juez de primera instancia en la acción de tutela T-453.539, la
Sala Plena de esta Corporación, por providencia de la fecha solicitó a los
falladores de primera instancia los expedientes relativos a las acciones de
tutela instauradas, separadamente, por Gonzalo Humberto Pachón Guevara
–T-406.257-, Lucrecia Vivas de Maya –T-453.539-, y Carlos Hernán Romero Perico
–T-503.695-, contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, para adicionar la decisión.
3. Las Secretarías de las Salas de Familia del H. Tribunal
Superior de Bogotá y Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca –T-406.257 y T-453.539- remitieron los expedientes en la forma
ordenada, no así la Subsección B de la Sección Segunda del H. Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, pues la Oficial Mayor, en respuesta al
requerimiento de 28 de enero de 2004, informó que el expediente contentivo de
la Acción de Tutela instaurada por el señor Carlos Hernán Romero Perico
–T-503.695- se encuentra en la Comisión de Investigación y Acusación de la H.
Cámara de Representantes.
4. Mediante providencia del 9 de marzo del año en curso el
Magistrado Sustanciador solicitó la remisión del expediente, y, en razón de que
no obtuvo respuesta por parte de la Comisión de Investigación y Acusación,
ordenó practicar una diligencia de Inspección Judicial, la cual fue adelantada
el 10 de junio del presente año, a partir de las 9 a.m.
5.
Examinadas las actuaciones adelantadas por los jueces de instancia para dar
cumplimiento a la sentencia SU-120 de 2003 se observa que la Sala de Familia
del Tribunal Superior de Bogotá, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y la Subsección B de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo del mismo departamento i) ordenaron
obedecer y cumplir el fallo, y ii) dispusieron la notificación de la
providencia a los accionantes, a la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de
Justicia, a BANCAFE S.A. –T.406.257 y 453.539- y a la Caja de Crédito Agrario
Industrial y Minero en Liquidación –T-503.695-.
6. La Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de
Justicia, por su parte, mediante providencias de similar contenido, se
pronunció para manifestar que mantendría las sentencias que esta Corporación
dejó sin efecto, a su decir “en defensa de la Constitución Política y de la
Ley”; en cuanto las sentencias de 16 y 17 de mayo y 20 de septiembre de
2000, que resolvieron los recursos de casación instaurados dentro de los
expedientes 13.652, 13.609, y 13.449 respectivamente, no constituyen vía
de hecho, y en razón de que la sentencia SU-120 de 2003 recoge “la
particular opinión de varios de sus Magistrados” en “asuntos de su
exclusiva incumbencia”. Señala la Sala accionada:
“No puede decirse, con razón de peso, que la no
aplicación de la indexación a la primera mesada pensional, sustentada en
argumentos, opuestos a su viabilidad, discernidos en el campo de las pensiones
durante ya cerca de dos décadas, tanto en un sector de los estrados judiciales
como de la academia, sea caprichosa y como tal vaya en contravía de lo
dispuesto en los artículos 13, 29, 48 y 53 de la Carta Política, pues ese
juicio, al igual que el contrario, está sustentado en criterios sopesados
durante un tiempo bastante considerable, que hasta hoy al propio interior de la
Sala de Casación Laboral no ha encontrado uniformidad entre sus miembros.
Aunque sin trascendencia para la decisión que habrá de
tomarse, conviene anotar que la discusión jurídica decidida en la sentencia de
casación cuestionada no infringió derecho fundamental alguno de la demandante,
pues versó sobre un aspecto de orden legal. Si bien es cierto que en la
Constitución Nacional se prevé que la Seguridad Social es un servicio público
de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control
del Estado, también lo es que ella misma remite a la ley la regulación de la
cobertura de esos riesgos (Art. 48); luego habiéndose tratado de un aspecto
tendiente a determinar acerca de la viabilidad de la corrección monetaria de la
primera mesada pensional, obviamente dentro del régimen legal aplicable al
caso, fácilmente se comprende que en rigor, no hubo pronunciamiento respecto de
ningún derecho fundamental, en tanto la Sala de Casación Laboral obrando dentro
del marco de su competencia constitucional, resolvió simplemente una
controversia jurídica, en su esencia de estirpe legal.
Resulta inadmisible, por lo tanto, que a la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en asuntos de su exclusiva
incumbencia, se pretenda imponer por la Corte Constitucional, la particular
opinión de varios de sus Magistrados, asumiendo una competencia que no tiene y
con ello desconociendo la autoridad que la Constitución le otorga a la Sala de
Casación Laboral en las materias tratadas, con apoyo descuidado en la
desatención de un criterio que guste o no es más que respetable”.[108]
Esa situación incomprensible y caprichosa de la Corte
Constitucional no puede pasar desapercibida por la Corte Suprema de Justicia y,
precisamente con la única finalidad de proteger la propia Carta Política,
concretamente el artículo 218, se dirá que la única sentencia válida en este
asunto, es la del 17 de mayo de 2000, con lo cual se garantiza el principio de
autonomía e independencia de los Jueces tan necesario en los tiempos actuales,
cuyo postulado viene reafirmado en el artículo 5° de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia al precisar que “Ningún superior jerárquico en el
orden administrativo o jurisdiccional podrá insinuar, exigir, determinar o
aconsejar a un funcionario judicial para imponerle las decisiones o criterios
que deba adoptar en sus providencias”. Prohibición que con mayor razón debe
entenderse tratándose de la Corte Suprema de Justicia, habida consideración que
carece de superior.
7.
BANCAFE S.A., por intermedio de apoderado general, manifestó a la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura
–T-453.539-, su oposición a las peticiones de cumplimiento de la sentencia
SU-120 de 2003, elevadas por la señora Vivas de Maya, entre otras razones, i)
porque “la orden de dicha acción se impartió única y exclusivamente para la
H. Corte Suprema de Justicia, razón por la cual Bancafé debía sujetarse a la
nueva decisión que profiera esa Corporación” y ii) en razón de que “a
nuestro juicio, la H. Corte Suprema de Justicia ha dado estricto cumplimiento a
la orden impartida en el fallo de tutela (..)”.
8. Los jueces de instancia pusieron al tanto de la
renuencia de la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia a la Comisión
de Investigación y Acusación de la H. Cámara de Representantes, para lo de su
cargo.
II.      CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
a) El artículo 86 de la Constitución Política confiere
al Juez constitucional la competencia que demanda el restablecimiento real y
efectivo de los derechos fundamentales de los asociados, quebrantados por
acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares -en los
casos que la norma señala-, y el Decreto 2591 de 1991 enuncia algunas de las
medidas que pueden tomarse “para garantizar al agraviado el pleno goce de su
derecho”, y a su vez sancionar a quien se abstiene de cumplir con las
órdenes de restablecimiento.
Por ello en reiterada jurisprudencia esta Corporación
ha distinguido[109] las medidas destinadas
a restablecer los derechos conculcados, mediante acciones dirigidas a que cesen
efectivamente los actos o actuaciones que dan lugar a la conculcación, de las
indemnizaciones costas y sanciones, así que “resulta perfectamente posible y
válido que se adopten las medidas indispensables para garantizar el
cumplimiento efectivo de una sentencia de tutela, sin entrar a analizar si es
predicable responsabilidad subjetiva de la autoridad que presuntamente incumple
una orden tendiente a la protección de los derechos fundamentales”[110].
Dentro del anterior contexto, sin perjuicio de las competencias
de otras autoridades para aplicar las medidas sancionatorias previstas en el
Decreto 2591 de 1991 y resolver sobre responsabilidades, indemnizaciones y
costas, esta Corporación se ha concentrado, en los casos de incumplimiento de
sus decisiones, en las medidas que hacen cesar la conculcación, y ha reiterado
que éstas pueden tomarse “hasta que esté completamente restablecido el
derecho o eliminadas las causas de la amenaza” –artículo 27-.
Ahora bien, son varias las alternativas que se
desprenden de las facultades de restablecimiento que confieren al juez de
tutela el artículo 86 de la Carta y el Decreto 2591 de 1991, entre ellas la
adición de la decisión inicial, a fin de darle pleno efecto a la vinculación de
quienes no quedaron expresamente incursos en las consecuencias que acarrea el
incumplimiento, estando comprometidos con la conculcación y por ende con el
acatamiento irrestricto e incondicional de las órdenes emitidas,.
En esta línea esta Corporación, previo el análisis de
las diferentes opciones, en un caso similar al que ahora la ocupa, resolvió dar
pleno efecto a la decisión judicial sobre el asunto, que lo resolvió con
sujeción a la Carta Política[111]. Expuso la Corte:
“2.3.8. Siguiendo la línea de interpretación fijada
por la doctrina constitucional[112], cuando la Corte
tiene conocimiento en relación con el incumplimiento de la sentencia, “puede
solicitar nuevamente el expediente o los expedientes que contienen las
sentencias de tutela que la Corporación haya proferido, para hacer cumplir su
fallo, tomando determinaciones que cobijan inclusive a intervinientes que han
citado dentro del expediente de tutela a fin de que no se quede escrita la
protección al derecho fundamental”[113].Y dentro de las
medidas a adoptar en estos casos, se cuentan la de proceder a dictar una
sentencia de reemplazo si no existe otra forma de hacer cumplir lo ordenado[114],
o en su defecto, la de tomar una decisión complementaria al fallo incumplido
que haga cesar la violación de los derechos fundamentales, como puede ser, sin
modificar lo ya resuelto, la de dejar en firme la decisión judicial que fue revocada
por la alta Corporación de justicia en ejercicio de su competencia funcional,
cuando a juicio de la Corte Constitucional aquella interprete en debida forma
el criterio sentado en la respectiva sentencia de Revisión y garantice la
protección de los derechos conculcados por la alta Corporación.
Esta última opción encuentra antecedentes específicos
en el derecho comparado y concretamente en el derecho español. Ciertamente, con
ocasión del recurso de amparo constitucional promovido contra una sentencia del
Tribunal Supremo que puso fin a un proceso de filiación y pruebas biológicas,
el Tribunal Constitucional Español, en la Sentencia del 7 de enero de 1994,
resolvió anular la decisión de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y dejar
en firme la sentencia proferida por su inferior jerárquico, la Audiencia
Provincial. En el fundamento jurídico octavo de la citada providencia, luego de
advertir la violación por parte de la providencia del Tribunal Supremo, sostuvo
el órgano de control constitucional que una manera de garantizar el derecho de
la demandante a un proceso sin dilaciones indebidas, era perfilar el fallo de
amparo de tal manera que sólo se anularan aquellas decisiones judiciales que
directa e inequívocamente habían infringido el derecho fundamental reclamado,
restableciendo los efectos de aquella que garantizaba su ejercicio. En cuanto
llegó a la conclusión que ello ocurría solo en el caso de la sentencia del
Tribunal Supremo, tomó la decisión advertida: anular el fallo del máximo órgano
de la jurisdicción ordinaria y dejar en firme el que había sido revocado por
éste. La aludida decisión es del siguiente tenor literal:
“Estimar el recurso de amparo y, en consecuencia:
1. Reconocer el derecho de la demandante a la tutela
judicial efectiva sin indefensión.
2. Anular la sentencia de la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo de 30 de abril de 1992 (rollo núm. 1126/1990), con la
consiguiente firmeza de la sentencia de la Audiencia Provincial (Sección
décima) de 26 de febrero de 1990 (rollo núm. 873/1998).”
Al margen de lo anterior, en procura de hacer realidad
la orden de protección incumplida por una alta corporación de justicia, también
en nuestro derecho interno se ha acudido al expediente de reestablecer la
vigencia de la decisión reemplazada con la providencia declarada nula en vía de
tutela. Recientemente, a propósito del incumplimiento de la Sentencia T-1306 de
2001, que dejó sin efectos un fallo de la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia y le ordenó a ésta dictar sentencia de reemplazo, la Sala
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de Cundinamarca, en su
condición de juez de tutela de primera instancia, mediante proveído del 22 de
mayo de 2002, decidió “DECLARAR VIGENTE formal y materialmente la sentencia del
juzgado 6° Laboral del Circuito de la ciudad de Bogotá, del 10 de febrero de
1999...”; en el entendido que ésta interpretaba en debida forma el contenido de
la sentencia de amparo desacatada.
Invocándose una presunta vía de hecho, contra la
decisión del Consejo Seccional se formuló acción de tutela, la cual fue
finalmente denegada por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-1158 de 2003
(M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), al considerar que esa autoridad judicial se
limitó cumplir con su deber constitucional de hacer efectiva la orden dada por
el máximo órgano de la jurisdicción constitucional. Sobre este particular, dijo
la Corte en uno de los apartes de la citada providencia:
“El Consejo seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, al comprobar, como lo hizo, que se incumplió con
una orden de tutela, hizo lo que correspondía y era su deber: hacerla cumplir.
Interpretando las normas y las sentencias dictadas en el caso concreto, determinó
razonablemente que el reconocimiento de la pensión del señor Florentino Méndez
era el camino a tomar y por eso le dio validez a la sentencia del Juzgado 6°
Laboral de Bogotá. Ese proceder no es una vía de hecho y así lo reconoció la
Magistrada de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, doctora Marina
Pulido de Barón, al salvar el voto. La Corte Constitucional considera que lo
decidido en el auto de 22 de mayo de 2002 no violó el debido proceso del Banco
Popular...”[115]
b) El
Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Bogotá, en audiencia pública de
juzgamiento adelantada el 3 de marzo de 1999, condenó al Banco Cafetero BANCAFE
S.A. a reajustar el valor inicial de la pensión reconocida al señor Gonzalo
Pachón Guevara a la suma de $556.115, a realizar los ajustes de ley sobre este
último valor y a pagar las diferencias que resultaren a favor del pensionado,
fundamentó así su decisión el juzgador:
“Han
sido reiterados los pronunciamientos de la H. Corte Suprema de Justicia, sobre
la teoría de la indexación, la cual se ha entendido como un mecanismo de
solución a un fenómeno ajeno a los trabajadores y pensionados, como es el de la
pérdida del valor adquisitivo de la moneda.
En
verdad, por sencillas razones de justicia y equidad, debe aplicarse la
indexación en las condenas laborales, pues es esta rama del derecho en donde
existe una parte contratante débil protegida con un mínimo de derechos y
garantías, que al no abarcar aspectos o fenómenos como el de la depreciación,
debe buscar en razones o criterios de equidad los paliativos del caso.
Con
el desarrollo jurisprudencial del tema, se ha venido aplicando la indexación de
condenas en civil administrativo y también en laboral, y no solo de condenas
por sumas ciertas y determinadas sino de los derechos causados y exigidos
posteriormente.” [116]
El 14
de mayo de 1999, el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá, en audiencia
de juzgamiento adelantada dentro del proceso Ordinario promovido por Lucrecia
Vivas de Maya contra BANCAFE S.A., condenó al demandado i) a indexar a la suma
$595.595 la primera mesada pensional reconocida a la actora desde el 16 de
marzo de 1995, ii) a aplicarle a este valor los reajustes de ley, y iii) a
reconocerle a la actora la diferencia que resulte a su favor. Y absolvió al
demandado de las pretensiones sobre condena al pago de intereses y perjuicios,
con apoyo en la jurisprudencia de la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de
Justicia, de la que reprodujo apartes.
La Sala
Laboral del H. Tribunal Superior de Bogotá, en audiencia adelantada el 30 de
junio de 1999, desató el recurso de apelación interpuesto por las dos partes,
en el asunto que se reseña, confirmando la decisión. Expuso la Sala:
“Con
respecto al fenómeno económico citado ha sido reiterada la jurisprudencia de la
Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, en reconocer la aplicación de
la indexación o corrección monetaria por la pérdida del poder adquisitivo de la
moneda aduciendo entre otras razones, la de justicia y equidad o porque se
produce el retardo en el cumplimiento de una obligación. El que exista la
obligación con el carácter de insoluta por un tiempo más o menos prolongado a
través del cual el fenómeno económico anotado haya producido el efecto de
disminuir el valor real de la deuda, hace indispensable aplicar la indexación
de los derechos laborales, pues la moneda del pago en la cantidad en que se
concretó la obligación no tiene en el momento del pago el mismo valor que tenía
cuando se causó.
Esta
situación lleva a la Sala a aplicar la corrección monetaria tomando en cuenta
el certificado de folios 256 a 258 y la sentencia de la Sala Laboral de la H.
Corte Suprema de Justicia de fecha 5 de agosto de 1996 (..)”.[117]
El 5 de mayo del mismo año, el
Juzgado Segundo Laboral de Villavicencio condenó a la Caja de Crédito Agrario
Industrial y Minero a reajustar el valor de la primera mesada pensional
reconocida al señor Carlos Hernán Romero Perico, y declaró parcialmente
probadas las excepciones de prescripción y pago, esto último teniendo en cuenta
i) que el derecho del actor se hizo exigible el 5 de marzo de 1991, y éste
reclamó el 9 de septiembre de 1996; y ii) que el señor Romero Perico reconoció
haber recibido oportunamente el valor de las mesadas pensionales, conforme con
el valor previamente reconocido. Indicó el Juzgado sobre el derecho del actor a
la indexación de la primera mesada pensional:
“(..) el cumplimiento de esa
obligación (condicional) se encontraba suspendida a la verificación de los
requisitos legales para el efecto, y éstos se dieron el 05 de marzo de 1991,
considera el Despacho que la primera mesada pensional debió reajustarse de
acuerdo a los incrementos legales (cada año) decretados por el ejecutivo, y no
simplemente ajustando en 1991 la cifra ya citada ($22.298.oo) al salario mínimo
legal ordenado para ese año, pues el haberla tomado como base sin efectuar su
actualización y reliquidación, va en detrimento del pecunio (sic) de la parte
actora, toda vez que la entidad accionada no tuvo en cuenta la depreciación que
ha sufrido el peso colombiano (..)”.
c) Como quedó explicado, la Sala Laboral de la H.
Corte Suprema de Justicia manifestó a los jueces de instancia que no cumplirá
la sentencia SU-120 de 2003, y éstos, aunque comunicaron a la Comisión de
Investigación y de la H. Cámara de Representantes lo resuelto por la accionada,
no han adoptado las medidas tendientes a restablecer efectivamente los derechos
conculcados; de manera que corresponde a esta Corte darle plenos efectos a las
sentencias de los Jueces Noveno y Diecinueve Laboral del Circuito de Bogotá y
Segundo Laboral del Circuito de Villavicencio, y al fallo de la Sala Laboral
del H. Tribunal Superior de Bogotá, en uno de los asuntos, y ordenar a BANCAFÉ
S.A. y a la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en Liquidación su
inmediato cumplimiento.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de su
competencia constitucional y legal
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR
EJECUTORIADOS i) la sentencia proferida por el Juzgado
Diecinueve Laboral del Circuito de Bogotá, el 3 de marzo de 1999, para resolver
el proceso Ordinario promovido por Gonzalo Humberto Pachón Guevara contra el
Banco Cafetero BANCAFE S.A.; ii) los fallos adoptados el 14 de mayo y el 30 de
junio de 1999 por el Juzgado Noveno Laboral de Bogotá y por la Sala Laboral del
H. Tribunal Superior de Bogotá respectivamente, dentro del proceso Ordinario
promovido por Lucrecia Vivas de Maya contra BANCAFE S.A.; y iii) la decisión
del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Villavicencio, adoptada el 5 de
mayo del mismo año, para resolver la demanda Ordinaria instaurada por Carlos
Hernán Romero Perico contra la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en
Liquidación.
SEGUNDO. ORDENAR al Banco Cafetero BANCAFE S.A. y a la Caja de Crédito Agrario
Industrial y Minero en Liquidación que den cumplimiento a la sentencias antes
relacionadas, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta
providencia.
TERCERO. Por
la Secretaría General de esta Corporación, comuníquese esta decisión a los
accionantes, a la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia,
a BANCAFE S.A., y a la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en
Liquidación.
CUARTO. Disponer
la remisión de los expedientes contentivas de las dos primeras actuaciones a la
Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá –406.257- y a la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de Judicatura de
Cundinamarca –453.539-, y ordenar que por Secretaría General se envíe copia de
la sentencia SU-120 de 2003, de esta providencia, y de la diligencia de
inspección judicial adelantada en la Comisión de Investigación y Acusación de
la H. Cámara de Representantes, sobre el expediente T-503.695 a la Subsección B
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a fin de que
adopten en forma inmediata las medidas pertinentes.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional a
continuación de la sentencia SU-120 de 2003, cúmplase y archívese el
expediente.
JAIME ARAUJO RENTERIA
Presidente
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
HUMBERTO SIERRA PORTO
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INES VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Folio 477 del segundo cuaderno
T-453539.
[2]  “Tres decisiones uniformes
dadas por las Corte Suprema como tribunal de casación, sobre un mismo punto de
derecho, constituyen doctrina probable, y los jueces podrán aplicarla en casos
análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que
juzgue erróneas las decisiones anteriores”.  Mediante sentencia C-836 de
agosto 9 de 2001 fue declarada constitucional esta disposición con el siguiente
condicionamiento “(..) siempre y cuando se entienda que la Corte Suprema de
Justicia, como juez de casación, y los demás jueces que conforman la
jurisdicción ordinaria, al apartarse de la doctrina probable dictada por
aquella, están obligados a exponer clara y razonablemente los fundamentos
jurídicos que justifican su decisión, en los términos 14 a 24 de esta sentencia”.
[3] Folio 210 del cuaderno
principal, T-453539.
[4] El control constitucional de los
jueces se puede consultar, entre otras, en la sentencia C-739 de 2001 M.P.
Alvaro Tafur Galvis.
[5] Sobre la competencia del juez
constitucional para infirmar decisiones judiciales que se encuentran
ejecutoriadas se pueden consultar, entre otras, las sentencias T-001, T-260 y
T-1017 de 1999, T-1072 de 2000, C-739, T-799, T-842, SU-1300 y T-1306 de 2001 y
T-021 de 2002.
[6] Sobre la supremacía del
ordenamiento constitucional y de las decisiones de ésta Corporación como
interprete único y autorizado del ordenamiento constitucional se pueden
consultar las sentencias C-083 de 1995 y C-739 de 2001.
[7] En defensa del principio de cosa
juzgada judicial esta Corte declaró inexequible la procedencia general de la
acción de tutela contra las decisiones judiciales ejecutoriadas, para el efecto
determinó la existencia del principio implícito de cosa juzgada constitucional
en el artículo 29 constitucional –sentencia C-543 de 1992. en el mismo sentido
se pueden consultar las sentencias 097 y 131 de 1993.
[8] La jurisprudencia constitucional
ha definido que las decisiones judiciales constituyen vías de hecho cuando i) se fundamentan en normas
derogadas, o declaradas inexequibles, ii) aplican disposiciones
constitucionales apartándose para el efecto de la doctrina constitucional iii)
dan a la norma que aplican un sentido o entendimiento contrario a aquel impuesto
por la jurisprudencia constitucional, iv) carecen de sustento
probatorio, v) desconocen las reglas sobre competencia, o pretermiten el
trámite previsto, vi) se apartan injustificadamente del precedente
jurisprudencial adoptado en la materia, vii) cuando es protuberante la
disconformidad entre lo pedido, lo debatido, lo probado y lo concedido -sentencias
C-542 de 1992, C-131 y T-576 de 1993, T-442, C-473 y 496 de 1994, C-083 de
1995, C-036 y T-329 de 1996, SU-477de 1997, T-068, T-450, T-522, C-739 y T-842
de 2001.
[9] Entre otras SU 692 de 1999,
T-324,  T-382 y T-1031 de 2001.
[10] Sobre la posibilidad de
controvertir interpretaciones judiciales que resulten contrarias a la
Constitución, y con relación a la procedencia de la acción de tutela en los
casos en que la interpretación que el juez hace de una norma contraría un
criterio hermenéutico establecido por esta Corporación ver sentencias T-001 de
1999, T-522 y T-842 de 2001.
[11] La Corte se ha referido a los
casos en que la interpretación judicial resulte contra evidente o irracional,
ver sentencias T-1017 de 1999, y T-1072 de 2000.
[12] Sobre las decisiones proferidas
en contravención del principio de igualdad se pueden consultar, entre otras,
las sentencias T-123 de 1995, T- 008 y T-321 de 1998, T-068, SU-1300 y T-1306
de 2001.
[13] La jurisprudencia constitucional
tiene definido que el derecho procesal no puede ser un obstáculo para la
efectiva realización del derecho sustantivo, entre otras sentencias C-596 de
2000 y T-1306 de 2001.
[14] El sometimiento de los jueces y
de los tribunales a la doctrina constitucional se puede consultar, entre otras,
en las sentencias C-083 de 1995 y C-739 de 2001
[15] Sobre la prevalencia de los
derechos fundamentales se pueden consultar, entre otras, las sentencias T-474
de 1992, SU-327 de 1995, T-1017 de 1999 y T-1072/00.
[16] Al respecto se puede consultar la sentencia C-836
de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil –nota 2 -.
[17] Idem
[18] En la sentencia SU-047 de 1999
M(s) P(s) Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero, esta Corporación
señaló cuatro razones que hacen imperativo el respeto del precedente judicial:
la seguridad y la coherencia que reclama todo sistema jurídico, el respeto por
las libertades ciudadanas y la necesidad de favorecer el desarrollo económico,
la sujeción de los jueces al principio de igualdad, y la necesidad de controlar
el desempeño de los administradores de justicia.
[19] Sobre la función estabilizadora
del derecho en las comunidades contemporáneas se puede consultar la sentencia
C-836 de 2001, Rodrígo Esobar Gil.
[20] En la sentencia SU-047 de 1999,
ya citada la Corte expuso que, aunque esencial en el Estado de derecho, el
respeto por el precedente se supedita a la realización de la justicia material,
que demanda cada caso concreto, a la necesidad de enmendar las equivocaciones
del pasado, y al imperativo de adecuar las decisiones al contexto histórico en
el que se profieren.
[21] Sobre la confianza legítima como
principio protector de los administrados contra las modificaciones bruscas e
intempestivas de las autoridades jurisdiccionales se pueden consultar las
sentencias T-538 de 1994, T-321 y C-321 de 1998.
[22] "En caso de conflicto o
duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más
favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su
integridad.
[23] Consultar entre otras, la
sentencia C-168 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[24] Respecto de la analogía, legis o
juris, según se acuda a una norma, o a principios extraídos de diversas
disposiciones, para resolver un supuesto no previsto expresamente en ninguna de
las fuentes formales utilizadas, se puede consultar la sentencia C-083 de 1995
M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[25] Sentencias C-067 de 1999 M.P. María Victoria
Sáchica Méndez y C-1336 de 2000 M. P. Alvaro Tafur Galvis.
[26] Jaime M. Mans Pigarnan. Los
principios generales del derecho. Busch, Barcelona, 1947 (Equidad).
[27]
Ley 82 de 1993.
[28] Ley 581 de 2000.
[29] Ley 446 de 1998, art. 16.
[30] Ley 428 de 1998, art. 24.
[31] Ley 4 de 1993.
[32] Ley 23 de 1991, art. 73; Ley
640, art. 3.
[33] Ley 508 de 1999, art. 1º.
[34] Ley 387 de 1997, art. 2º num.
9º.
[35] Ley 375 de 1997, art. 15.
[36] Sentencia SU-837 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda
[37]Sentencia C-173/96. M.P. Carlos
Gaviria Díaz.
[38] Sentencia C-067 de 1999 M.P. María Victoria Sáchica
Méndez.
[39] Sentencia C-155/97 M.P. Fabio
Morón Díaz.
[40] Sentencia C- 067 de 1999, en el
mismo sentido C-529 de 1996 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[41]Sentencia C-387/94 M.P. Carlos
Gaviria Díaz),
[42] C-546 de 1992 M.P. Ciro Angarita
Barón y Alejandro Martínez Caballero.
[43] C-1336 de 2000 M.P. Alvaro Tafur
Galvis.
[44] Sentencia C-168 de 1995 M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[45] Ver, entre otras, Sentencias
T-474 de 1992, SU-327 de 1995 y, refiriéndose en particular a la prevalencia de
los derechos fundamentales respecto de la autonomía judicial, ver T-1017 de
1999.
[46] Sentencia SU-1185 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[47] Acta de audiencia de juzgamiento
celebrada en el proceso Ordinario de Gonzalo Humberto Pachón Guevara contra
Bancafé el 16 de julio de 1999 en la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Bogotá, M.P. Reinaldo Valderrama Mesa, expediente 651900159 B.
[48] La sentencia en cita resume así los hechos en que el actor fundamentó
su pretensión “1) Que prestó sus servicios a la demandada entre el 4 de
diciembre de 1970 y el 15 de noviembre de 1991, fecha ésta en la que se retiró
voluntariamente en virtud de la conciliación celebrada ante el Juez Laboral de
Pamplona (Santander), el día 6 de octubre de 1991, y en la que se pactó
reconocer “el derecho a la pensión cuando cumpliera los 47 años de edad, de
acuerdo con la Convención Colectiva 1990-1992 en su artículo 42”; 2) el 8 de
junio  de 1995 cumplió la edad referida y a partir de tal fecha la entidad le
reconoció la pensión; 3) dicha prestación le fue liquidada, con base en la
convención colectiva 1990-1992, sobre un ingreso promedio mensual de
$255.627.56; 4) el valor de la mesada reconocida fue de $191.720.67, suma
equivalente al 75% de aquella, pero realmente inferior a lo que en derecho le
correspondía, porque al momento de su retiro devengaba el equivalente a 3.7
salarios mínimos legales de 1991, mientras que la mesada reconocida era igual a
1.61 salarios mínimos de 1995, produciéndose una desmejora de su pensión en un
57%” – Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral sentencia 11.818
de 18 de agosto de 1999, M. P. Carlos Isaac Nader-.
[49] “Germán Parra Martínez llamó a
juicio a la empresa AT & T Global information Solutions de Colombia S.A.
para obtener la reliquidación del valor inicial de la pensión de jubilación
mediante la aplicación, al salario promedio devengado durante el último año de
servicios, del valor de la devaluación monetaria que afectó al peso colombiano
entre la fecha de la terminación de su contrato hasta el día en que empezó a
disfrutar de la pensión; y demandó, igualmente, el consecuencial reajuste anual
de la pensión desde el año 1988. Como presupuesto de las aludidas pretensiones
afirmó que trabajó para la sociedad demandada desde el 18 de junio de 1956
hasta el 26 de agosto de 1960 y desde el 31 de julio de 1961 hasta el 30 de
enero de 1974; que durante el último año de servicios devengó un promedio
mensual de $6.407,00; que el día 6 de febrero de 1974 celebró conciliación con
la sociedad demandada mediante la cual la empresa se comprometió a pagar la
pensión de jubilación a partir de la fecha en que cumpliera los 60 años de
edad, lo que ocurrió el 15 de marzo de 1987; que, como consecuencia de la
pérdida del poder adquisitivo de la moneda, la pensión resultó notoriamente
inferior al 75% de su valor real, teniendo en cuenta el salario devengado
durante el último año de servicios; que por haber tomado una base salarial
inferior, la sociedad demandada reajustó la pensión de los años 1989 y
siguientes pero en sumas menores a las debidas, según lo que propone en la
demanda”. Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral  Sentencia 8616 de 5 de agosto de
1996, M.P. Fernando Vásquez Botero.
[50]Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Laboral, Sección  Primera sentencia del 15 de septiembre de 1992,
M.P. Jorge Iván Palacio P., radicación 5221.
[51]Idem, 13 de noviembre de 1991,
radicación 4486.
[52] Corte Suprema de Justicia, 5 de agosto de 1996, expediente 8616, M.P.
Fernando Vásquez Botero –nota 49- Dice así un aparte de la decisión: “Ha
sido posición reiterada de esta Sala de la Corte la de reconocer la
aplicabilidad de la teoría de la indexación como paliativo del fenómeno de la
pérdida del poder adquisitivo de la moneda, aduciendo para ello razones de
justicia y equidad o porque se produce el retardo en el cumplimiento de una
obligación. Pero también, con un criterio más general, antes de la unificación
de la Sala Laboral, la Sección Primera admitió la indexación de la primera
mesada pensional en dos asuntos referentes a sendas pensiones proporcionales de
jubilación”.
.
[53] “La Sala no ve diferencia, en cuanto a las consecuencias del
fenómeno de la devaluación, entre el asunto presente y el que se examinó en el
fallo trascrito del 5 de agosto de 1996, pues los efectos negativos de la
inflación afectan, en uno y otro, de igual modo, el factor que sirve de
fundamento al quantum de la misma prestación social; existiendo por tanto
idénticas razones de justicia y equidad para recurrir a la revaluación
judicial.
Se impone, por tanto, la actualización de la base salarial, para
restablecer el equilibrio de la prestación, sin que ello signifique que ésta
sea más onerosa ni que la obligación se modifique, sino que mantiene el valor
económico que efectivamente le corresponde frente al progresivo envilecimiento
de la moneda.
Conforme a lo anterior, resulta equivocada la
interpretación del Tribunal de que la indexación opera únicamente como
indemnización de perjuicios, cuando el empleador incurre en mora para
satisfacer una determinada prestación. Es innegable que cuando la
jurisprudencia nacional comenzó a introducir la noción de la corrección
monetaria, lo hizo con un carácter resarcitorio, ante la exigencia elemental de
justicia conmutativa, dada la depreciación monetaria ocurrida desde el momento
en que la obligación era exigible hasta el del pago efectivo. Pero no debe
olvidarse que la evolución de ésta doctrina, ha implicado para ésta Sala de la
Corte, prestar atención a la injusticia que produce en las relaciones laborales
el proceso de depreciación monetaria cuando permanece congelada la cifra
correspondiente al salario devengado por el trabajador, destinada a servir de
base al cálculo de la primera mesada de la pensión de jubilación. Y fue así
como, debido a las peculiaridades de las obligaciones y derechos que establece
y consagra la legislación laboral, hubo de apartarse del concepto que da a la
aplicación de la reevaluación un carácter puramente resarcitorio, para hacerla
valer siempre que el fenómeno de la depreciación monetaria, disminuya el valor
real de las prestaciones sociales que corresponden al trabajador.” Corte Suprema de Justicia, Sala
Laboral de Casación, sentencia de 11 de diciembre 1996, radicación 9083, M. P.
Jorge Iván Palacio P.
[54] Sentencia C-836 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil
–notas 14 y 16-.
[55] Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Laboral, Sección Primera, sentencia de 8 de agosto de 1982, M.P.
Fernando Uribe Restrepo –en igual sentido sentencia de mayo 19 de 1988-.
[56] El accionante había demandado a
su empleadora para que fuera condenada a pagar indemnización convencional por
despido injustificado, debidamente actualizada, salarios insolutos, cesantías
consolidadas, reajuste de cesantías e indemnización por mora en el pago.
Sección Primera, Sala de Casación Laboral, Corte Suprema de Justicia, abril 8
de 1991 M.P. Ernesto Jiménez Díaz.
En igual sentido sentencia del 11 de abril de 1987
de la misma Sección, radicado 12.
[57] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral, Sección Primera, sentencia del 13 de noviembre de 1991, M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio, radicación 4486, nota 51.
[58] Sala Laboral, Corte Suprema de Justicia, radicación No. 9083, 11 de
diciembre de 1996, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio –nota 53-. En igual sentido,
entre otras, sentencias 10.393 de 10 de diciembre de 1998, 10.797 de octubre 22
de 1998, 10.939 de diciembre 10 de 1998, y 11.785 de mayo 11 de 1999.
[59] Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Laboral, sentencia de 22 de febrero de 2000, M.P. José Roberto
Herrera, expediente 12.872. En igual sentido, entre otras, sentencias 13.329 de
27 de enero de 2000, 12.895 y 13.166 de 2 de febrero de 2000, 12.725 y 13.251de
9 de febrero de 2000, 13.360 de 23 de febrero de 2000, y 13.591 de 29 de marzo
de 2000, 13.744 de 16 de mayo de 2000.
[60] Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral de
Casación, radicación 14.710 acta 21, 21 de abril de 2001, M(s). P(s). Carlos
Isaac Nader y Rafael Méndez Arango –con Salvamento de Voto del primero-.
[61] Idem.
También la Jurisdicción en lo contencioso administrativo ha acogido la
doctrina de la indexación de las obligaciones dinerarias en las relaciones
laborales, como un principio de elemental justicia, como lo demuestra la
siguiente decisión:
“El ajuste de valor autorizado por la
ley, obedece al reconocimiento del hecho notorio de la constante y permanente
devaluación de la moneda de nuestro país, que tratándose de servicios del
Estado, fustiga y disminuye en forma continua el poder adquisitivo de sus
ingresos.
Por lo anterior, en casos como
el presente la indexación, no es sólo una decisión ajustada a la ley, sino un
acto de elemental equidad, cuya aplicación por parte del juez tiene al mas alto
nivel de nuestro ordenamiento jurídico, como lo consagra expresamente la Carta
en su artículo 230, en armonía con aquellos preceptos de la constitución que,
como atrás se dijo, le asignan a las autoridades la función de asegurar el
cumplimiento de los fines sociales del Estado, el respeto a la dignidad humana
y al trabajo, dentro de la vigencia de un orden justo (..)” -Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, 15 de noviembre de 1995, C.P.
Joaquín Barreto Ruiz, radicación 7760-.
[62] “Héctor Armando Pineda Cañas demandó al Banco Popular, para que,
previos los trámites de un Proceso Ordinario Laboral de Primera Instancia, se
le condene al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a la que tiene
derecho, a partir del 29 de diciembre de 1997 en la cuantía establecida en la
ley, con su correspondiente corrección monetaria,  las primas adicionales y
reajustes de cada anualidad. (..) se vinculó al servicio del Banco demandado el
5 de diciembre de 1958, (..) laboró desde dicha fecha en forma permanente y sin
solución de continuidad hasta el 31 de enero de 1991, que cumplió los 55 años
de edad el 29 de diciembre de 1997, que en el mes de septiembre de 1997 le
reclamó al Banco Popular el reconocimiento de su pensión, a lo que se le
respondió que no tenía derecho a la pensión de jubilación referida en la ley 33
de 1985, sino a la de vejez  cuando cumpla los 60 años de edad (..)” -Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, M. P. Fernando Vásquez Botero.
[63] “El señor Luis Arnulfo Navarro, “prestó sus servicios al demandado
entre el 21 de diciembre de 1961  y el 15 de septiembre de 1988, cuando el
contrato terminó por mutuo acuerdo;  2)  Fue pensionado a partir del 9 de
diciembre de 1991, mediante Resolución del 26 de febrero de 1992;   3) Para la
liquidación de dicha prestación el Banco tomó en cuenta el último salario
devengado en 1988, desconociendo el monto de la indexación causada desde ese
momento hasta cuando se reconoció la pensión” –Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 25 de julio de 2002
M.P. Luis Gonzalo Toro..
[64] En los siguientes pronunciamientos puede ser estudiada la posición de
la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, adoptada desde julio de 2000
-en algunas ocasiones-, que ha permitido a algunos extrabajadores, que
alcanzaron la edad requerida para acceder a la pensión de jubilación, después
de terminar su relación laboral con el obligado, mantener el nivel adquisitivo
de su ingreso. Cabe precisar que en dos de los casos en comento, la Sala
accionada se basó en lo dispuesto en los artículos 19 del CST y  8° de la Ley
153 de 1887 para reconocer la pretensión; y en los otros, dado que el
trabajador alcanzó la edad en vigencia de la Ley 100 de 1993, aplicó esta
normatividad: Sentencias  13.153 M. P. Luis
Gonzalo Toro, 26 de septiembre de 2000, Salustino Reyes contra Banco
Popular; 13.293 M P Luis Gonzalo Toro 26
de septiembre de 2000 José Eduardo Briceño contra Banco de Bogota; 13.426, M.P.
Luis Gonzalo Toro, agosto 8 de 2000, José Nicolás Lemus contra Banco Popular;
13.905, M. P. Fernando Vásquez Botero, 1º de agosto de 2000 Enrique Durán
contra Bancafé;14.740 M.P. Francisco Escobar Henriquez, enero 17 de 2001,
Rómulo Augusto Rodríguez Vidal contra Bancafé; 15.908, M P. Francisco Escobar
Henríquez, febrero 12 de 2001 Luis Eduardo Castro Sierra contra la
Bancafé; 15654. M. P. Francisco Escobar Henríquez, mayo 31 de 2001, Belisario
Nicolás Aponte contra Bancafé y Cajanal; 15836 M.P. Isaura Vargas Díaz, 28 de agosto de 2001, Alfonso Puentes contra
Electrificadora de Santander S.A. E.S.P; 15.696 julio 27 de 2001; 15.697 M.P. Luis Gonzalo
Toro, 17 de octubre de 2001, Gustavo Pabón Rangel contra Bancafé; 17.053, marzo
20 de 2002, M.P: Isaura Vargas Días, Mario Cabrera Morales contra Bancafé;
17.569, M.P Luis Gonzalo Toro, 11 de julio de 2002, José Alberto Arango contra
Bancafé; 17.739 M. P. Luis Gonzalo Toro, 25 de julio de 2002, Luis Arnulfo Toro
contra Bancafé.
[65] Idem, sentencia de 6 de
julio de 2000, M.P. Fernando Vásquez Botero, radicación 13.336.
[66] Sala de Casación Laboral, 26 de septiembre de 2000, M.P. Luis Gonzalo
Toro Correa, radicación 13.293, en el mismo sentido, entre otras sentencias
13.426 y 14.740. Cabe precisar que en esta última decisión la accionada dijo
acoger “ (..) lo que en aclaraciones de voto ha
venido exponiendo el magistrado José Roberto Herrera Vergara para sostener que
las diversas situaciones que emergen de la temática de la corrección monetaria
de mesadas pensionales no pueden tratarse bajo el mismo rasero normativo,
después de la vigencia de la ley 100 de 1993 y  porque desde la entrada en
vigor de esa flamante normatividad no existe razón valedera para negar su
aplicación a pensiones por ella regulada y con el alcance que la propia ley 100
otorga  en su clara normatividad.”.
[67] Sentencia 13.905 M.P. Fernando
Vásquez Botero, 1 de agosto de 2000; en igual sentido sentencia 17.739 M.P.
Luis Gonzalo Toro 25 de julio de 2002.
[68] En las sentencias 13.652 y
13.449 que negaron a los accionantes la prestación invocada, actuaron como
Conjueces los señores Hernán Guillermo Aldana y Arturo Linares Ortega; en tanto
en las decisiones examinadas, en las que han intervenido en tal calidad los
señores Enrique Arrázola Arrázola –13.905 y 15.654-, Benjamín Ochoa Moreno
–14.740, 17.569, y 17739-, y Manuel Enrique Daza Alvarez –15.098-, la
indexación fue concedida.
[69] Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Laboral, sentencia 15.697 M.P. Luis
Gonzalo Toro, 17 de octubre de 2001.
[70] Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Laboral, de 17 de mayo de 2000, M.P. Carlos Isaac Nader, expediente
13.609.
[71] Idem, sentencia de
septiembre 2 de 2000, expediente 13.449.
[72] Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Laboral, sentencia de 1 de mayo de 2000, M.P. Germán Valdés
Sánchez, expediente 13.652.
[73] Sentencia SU-1185 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[74] La Caja de Crédito Agrario fue condenada a actualizar la primera
mesada pensional reconocida al señor Arnulfo de Jesús Urrego, por decisión del
Juzgado Veinte Civil del Circuito de Bogotá –decisión confirmada por la Sala
Laboral del Tribunal y no casada por defectos en la formulación del recurso-
fundada en que el trabajador “trabajó para la accionada desde el 26 de Abril
de 1971 hasta el 13 de Noviembre de 1991, que su último salario mensual fue de
$ 225.679,85 que equivalía a 4.363 salarios mínimos de la época, que fue
pensionado por su empleadora desde el 5 de Septiembre de 1995 con una mesada de
$ 169.259,89 que es inferior a lo que ha debido tomarse, pues a la fecha de la
demanda 4.363 salarios mínimos suponen una suma de $ 465.068,52.”
–sentencia 11.756-.
[75] Para condenar a la Caja Agraria a actualizar la primera mesada
pensional del señor Jaime Díaz Niño el Juzgado Tercero Laboral de Bogotá
–decisión confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá y no
casada por vicios de forma en la formulación del recurso- consideró “que prestó
sus servicios a la empresa demandada entre el 12 de Septiembre de 1968 y el 15
de Noviembre de 1991; que mediante Acta de Conciliación suscrita con la empresa
demandada se acordó que esta le pagaría su pensión de jubilación cuando
cumpliera 47 años de edad; que en consonancia con el anterior compromiso la
accionada mediante Resolución N° 0142 del 19 de Julio de 1996 le reconoció su
pensión de jubilación, a partir del 21 de Mayo del mismo año, sobre un promedio
mensual  de $210.021,25; que la suma por la cual se le otorgó tal prestación -
$157.515,94 – resultó notoriamente inferior al 75% de su valor real, por lo que
la  misma se debe reajustar de acuerdo con la verdadera” –sentencia 11.776-.
[76] Para conceder el derecho a la
actualización de su primera mesada pensional el Juzgado del conocimiento
–decisión confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá y no
casada por defectos formales en la formulación de los cargos- consideró que el
señor Benedicto Patiño–“laboró al servicio de la entidad demandada desde el
22 de junio de 1971 hasta el 9 de noviembre de 1991; que mediante acta de
conciliación suscrita entre las partes, la demandada se comprometió a
reconocerle la pensión de jubilación a partir de la fecha en que cumpliera 47
años de edad; que la Caja accionada le reconoció y ordenó pagar las mesadas pensionales
a partir del 21 de marzo de 1996, en cuantía de $204.401.98 mensuales; que como
consecuencia del poder adquisitivo de la moneda en consideración a la
devaluación de la misma, su pensión de jubilación resulta notoriamente inferior
al 75% del valor real del salario devengado durante el último año de servicios”
–sentencia 13.123-.
[77] Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Laboral, sentencia 13.153, 26 de septiembre de 2000, M.P. Luis
Gonzalo Toro Correa.
[78] Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Laboral, sentencia 17.739, M.P. Luis Gonzalo Toro Correa, 25 de
julio de 2002.
[79] Corte Suprema de Justicia, Sala
Laboral, sentencia de 20 de septiembre de 2000, M.P. Carlos Isaac Nader,
Lucrecia Vivas de Maya contra Bancafé, radicación 13.449.
[80] Sobre la unidad en los criterios
jurisprudenciales, como presupuesto de seriedad y estabilidad de las decisiones
judiciales consultar Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
Sección Primera, 5 de febrero de 1990 M.P. Manuel Enrique Daza Alvarez. Gaceta
Judicial Tomo CCII- número 2421 página 115.
[81] Sobre la teoría de la indexación
de las obligaciones laborales en materia contencioso administrativa, ver nota
61, de esta misma providencia.
[82] Sentencia 8616 –nota 49-.
[83] Sentencia 5221, en igual
sentido, entre otras sentencias 9949 de diciembre 4 de 1997, y 9359 de 10 de
noviembre de 1997.
[84] Sentencia de 16 de diciembre de
1953, en igual sentido sentencias de 11 de agosto de 1954, 22 de marzo de 1955,
5 y 12 de mayo de 1955, Revista Derecho del Trabajo, volúmenes XIX, XX y XXII.
[85] Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Laboral, Sección Segunda M. P. Hernán Guillermo Aldana Duque,
radicación 2435, 21 de septiembre de 1988.
[86] Sentencia T-001 de 1999 M.P.
José Gregorio Hernández Galindo.
[87] Sentencia T-1133 de 2000 M.P.
Carlos Gaviria Díaz.
[88] El artículo 162 de la Ley 446 de
1998 adoptó como legislación permanente el artículo 51 del Decreto 2651 de
1991. Sobre la exequibilidad de éste último se puede consultar la sentencia
C-586 de 1992 M.P. Fabio Morón Díaz.
[89] Sobre la formalidad judicial
excesiva en casación se puede consultar la sentencia T-1306 de 2001 M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[90] Sobre la sujeción de los jueces
a la Constitución Política como fuente primigenia de la ley se pueden consultar
entre otras C-083 de 1995 y C-739 de 2001.
[91] Sobre la violación de las normas
constitucionales como causal de casación se pueden consultar las sentencias
C-83 de1995 y C-739 de 2201, y C-596 de 2000.
[92] Sección Primera, Sala de Casación Laboral  abril 8
de 1991.
[93] “Ya en varios pronunciamientos la Corte ha destacado la importancia
que el derecho procesal asume en el constitucionalismo. Así, en la Sentencia
C-029-95, M. P. Jorge Arango Mejía, al declarar la exequibilidad del artículo
4° del Código de Procedimiento Civil expuso: “Las normas procesales tienen una
función instrumental. Pero es un error pensar que esta circunstancia les reste
importancia o pueda llevar a descuidar su aplicación. Por el contrario, el
derecho procesal es la mejor garantía del cumplimiento del principio de la
igualdad ante la ley. Es, además, un freno eficaz contra la arbitrariedad.
Yerra, en consecuencia, quien pretenda que en un Estado de derecho se puede
administrar justicia con olvido de las formas procesales. Pretensión que sólo
tendría cabida en un concepto paternalista de la organización social,
incompatible con el Estado de derecho” –sentencia C
131/02 Jaime Córdoba Triviño, en igual sentido T-631 de 2002.
[94]“Reajuste
de Pensiones. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de
invalidez y de sustitución o sobrevivientes, en cualquiera de los dos regímenes
del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se
reajustarán anualmente de oficio, el 1o. de enero de cada año, según la
variación porcentual del Indice de Precios al Consumidor, certificado por el
DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto
mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de
oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario
por el Gobierno –artículo 14 Ley 100 de 1993..
“(..)
El
ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el
inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el
derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta
para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el
tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada
en vigencia de la presente Ley. el ingreso base para liquidar la pensión será
el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores
del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.
(..)” –artículo 36 Ley
100 de 1993-.
“Valor de
los Bonos Pensionales. Para determinar el valor de los bonos, se establecerá
una pensión de vejez de referencia para cada afiliado, que se calculará así:
a) Se calcula el salario que
el afiliado tendría a los sesenta (60) años si es mujer o sesenta y dos (62) si
es hombre, como el resultado de multiplicar la base de cotización del afiliado
a 30 de junio de 1992, o en su defecto, el último salario devengado antes de
dicha fecha si para la misma se encontrase cesante, actualizado a la fecha de
su ingreso al Sistema según la variación porcentual del índice de precios al
consumidor del DANE, por la relación que exista entre el salario medio nacional
a los sesenta (60) años si es mujer o sesenta y dos (62) si es hombre, y el
salario medio nacional a la edad que hubiere tenido el afiliado en dicha fecha.
Dichos salarios medios nacionales serán establecidos por el DANE.
(..)” –artículo 117 Ley 100 de 1993-.
[95]Decreto 2498 de 1988, Artículo
primero: “A partir del año gravable de 1988, en los cálculos actuariales del
que tratan los artículos 52 del Decreto 2053 de 1974, 7° del Decreto 2348 de
1974 y 78 del Decreto 2247 de 1974, se deberán seguir las siguientes bases
técnicas:
1.Incorporar explícitamente los futuros incrementos
de salarios y pensiones, utilizando para ello una tasa igual a la tasa promedio
de inflación registrada por el Departamento Nacional de Estadística DANE para
los últimos 10 años, calculada al 1° de enero del año gravable en que se debe
realizar el cálculo.”
[96] Sobre la aplicación de la ley a la luz del principio de equidad puede
consultarse entre otras, la Sentencia T-518 de 1998. Dice así un aparte de la
providencia en mención: “(...)12. Pues bien, en una situación como la que se
ha descrito no cabe hacer una aplicación estricta de la ley, sin vulnerar el
principio de equidad que gobierna también la actuación judicial (C.P., art.
230). De acuerdo con este principio, cuando el juez está en la tarea de aplicar
la norma legal al caso concreto debe tener en cuenta las circunstancias propias
del mismo, de manera que la voluntad del legislador se adecue a los distintos
matices que se presentan en la vida real.
La tarea del legislador y la del juez son complementarias. El Congreso
dicta normas de carácter general y abstracto, orientadas hacia la consecución
de ciertos fines. Estas normas, por bien elaboradas que sean, no pueden en
ningún momento incorporar en su texto los más distintos elementos que se
conjugan en la vida práctica, para configurar los litigios concretos. Así,
ellas no pueden establecer o comprender las diferenciaciones que deben
introducirse en el momento de solucionar los conflictos concretos, con el
objeto de que la resolución de los mismos tenga en cuenta las particularidades
de los hechos y de las personas que intervienen en ellos. Esa función le
corresponde precisamente al juez, quien es el que puede conocer de cerca el
conflicto y la situación de las partes involucradas. Por eso, el juez está
llamado a afinar la aplicación de la norma legal a la situación bajo examen,
con el objeto de lograr que el espíritu de la ley, que el propósito del
legislador, no se desvirtúe en el momento de la aplicación, por causa de las
particularidades propias de cada caso.
Lo anterior no implica que el juez desatienda la
norma legal, se aparte de la voluntad del legislador, sino que la module al
caso concreto, evitando inequidades manifiestas o despropósitos, resultados que
en todo caso también habría impedido el legislador si los hubiera podido
prever. Es decir, de lo que se trata es de poner en vigencia el principio de
colaboración entre las distintas ramas del poder público, lo cual implica que
el juez colabore en el desarrollo de la norma dictada por el legislador, al
adaptarla al caso concreto.”
[97] Gonzalo Humberto Pachón Guevara
fue pensionado por el Banco Cafetero con un salario mínimo, atendiendo a la circunstancia
de que no podía devengar una suma inferior, pero en 1986, cuando terminó su
vinculación laboral, devengaba 4.7 salarios mínimos. Lucrecia Vivas de Maya, a
tiempo de su retiro –1991- devengaba 6.77 salarios mínimos legales en promedio
y le fue reconocida una mesada pensional de 2.21 salarios. Carlos Hernán Romero
Perico devengaba en promedio 8.62 salarios mínimos legales mensuales en
promedio en 1979 y fue pensionado con un salario mínimo, con el objeto de no
infringir la ley que dispone que no se pagan mesadas pensionales inferiores al
salario mínimo legal.
[98] Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, sentencia
de julio 27 de 2001, M.P. Francisco Escobar Henríquez, expediente 15.696.
[99]
Idem, sentencia de 16 de mayo de
2000, M.P. Germán Valdés Sánchez, expediente 13.652.
[100] La Corte ha
definido que “aquella providencia que, de manera flagrante, vulnera el
principio de favorabilidad queda de inmediato revestida de un defecto
sustantivo de tal magnitud que origina una vía de hecho” –T- 567 de 1998.
[101] Sentencia T-01 de 1999, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[102] “Dentro de cualquier proceso
que se surta ante la administración de justicia, la valoración de daños
irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación
integral y equidad y observara los criterios técnicos actuariales.”
–artículo 16 Ley 446 de 1998-.
[103]
De las pruebas obrantes en el expediente se observa que de los siete
integrantes de la sala, las decisiones son adoptadas solo con cuatro votos pues
los tres restantes salvan su voto.
[104]
Sentencia 11.818 de 18 de agosto de 1999 M.P. Carlos Isaac Nader
[105]
Pag. 76 sentencia
[106]
Sentencias C-067 de 1999 y C-155 de1997
[107]
Jaime Araújo Rentería, Teoría de la Constitución, Editorial Ecoe, Pag. 113.
[108]
Sala de Casación Laboral, Corte Suprema de Justicia 12 de agosto de 2003, M.P.
Carlos Isaac Nader –T-406.257-, en igual sentido providencias de 6 y 20 de
agosto del mismo año –T-453.539 y T-503.695- M(s) P(s) Carlos Isaac Nader y
Germán Valdés Sánchez.
[109]
Sobre la distinción entre cumplimiento de las órdenes de tutela y las sanciones
a las autoridades y particulares renuentes se pueden consultar, entre otras,
las sentencias T-744 y  T-458 de 2003. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[110]
Auto 1459 A-03, 6 de agosto de 2003, M. P. Jaime Araujo Rentería, solicitud de
cumplimiento de la sentencia T-658 de 1998.
[111] Mediante la Sentencia SU-1185 del 13 de noviembre de 2001, la Sala
Plena de esta Corte decidió la acción de tutela instaurada por un extrabajador
que tenía derecho a una pensión convencional que la Sala Laboral de la H. Corte
Suprema de Justicia desconoció, quebrantando sus derechos fundamentales a la
igualdad de trato y al debido proceso. Resolvió esta Corte dejar sin valor ni
efecto la providencia proferida por ésta última, que casó la sentencia de
segunda instancia, sin perjuicio de que esta última“recoge en debida forma
el criterio de interpretación constitucional fijado por esta Corporación en la
Sentencia SU-1185 de 2001, cual fue el de reconocerle valor jurídico autónomo a
la Convención Colectiva de trabajo de 1973, suscrita entre el Banco de la
República y la Asociación Nacional de Empleados del Banco de la República, y
con base en ello, concluir que, en virtud del numeral 3° del artículo 8° de
dicha convención, el señor Cadena Antolinez - beneficiario de la misma- sí
tenía pleno derecho a recibir del Banco su pensión mensual vitalicia a partir
del día siguiente al de su despido injusto, sin consideración a la edad y en un
porcentaje igual al 65% del salario recibido” -M.P. Rodrigo Escobar Gil-.
“[112]
Sentencia Ibídem, Auto del 6 de agosto de 2003, Sala Primera de Revisión.
[113]
Sentencia SU-1158 de 2003.
[114]
La opción de dictar una sentencia de reemplazo fue utilizada por la Corte Constitucional
en la Sentencia T-951 de 2003 (M.P. Alvaro Tafur Galvis), al declarar la
nulidad de un fallo de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá y otro
de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a través de los
cuales, por razones de fondo y forma, se había negado el derecho a la pensión
de invalidez a un discapacitado. En esa oportunidad, la Corte consideró que el
actor sí tenía derecho a la prestación y ordenó directamente al I.S.S.
concederle la pensión por invalidez de origen no profesional”.
[115]
Corte Constitucional, Sala Plena, Auto 010 de 17 de febrero de 2004, solicitud
de cumplimiento de la sentencia SU-1185 de 2001, T-373.655, M.P. Rodrigo Escoba
Gil.
[116]
La Sala Laboral del H. Tribunal Superior de Bogotá, en audiencia de juzgamiento
adelantada el 16 de julio de 1999 revocó la decisión del Juzgado Diecinueve
Laboral fundada en que “la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha
establecido que la aplicación de la indexación procede únicamente como solución
jurídica para el pago actualizado de las obligaciones monetarias, en aquellos
casos que la ley laboral no se haya ocupado de reconocer la compensación de
perjuicios causados por la mora en su solución jurídica para el pago
actualizado de las obligaciones monetarias (..)” -M.P. Reinaldo Valderrama
Mesa-.
[117]
Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, M.P. Auristella Daza Fernández,
expediente 970925654 A.