T-296-06
PROYECTO DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
Sentencia
T-296/06
DERECHO A LA SALUD-Criterios para
determinar cuando es fundamental
La Corte ha
desarrollado tres criterios bajo los cuales el derecho a la salud ha sido
entendido como derecho fundamental: (i) La figura de la conexidad, en virtud de
la cual si bien el derecho a la salud no fue nominado como derecho fundamental
en el texto constitucional, puede llegar a ser protegido por vía de tutela,
cuando para evitar el quebrantamiento de un derecho fundamental como la vida o
cualquier otro, sea necesario preservar el derecho a la salud. La Corte ha
definido reglas precisas en las cuales este criterio puede ser aplicado para la
protección de una vida digna. (ii) La fundamentabilidad autónoma en relación
con el contenido esencial del derecho. (iii) En el mismo sentido, esta Corte ha
sostenido que el derecho a la salud debe considerarse fundamental autónomo
cuando se está frente a sujetos de especial protección a los cuales la Carta
Política brinda este status, en razón a sus condiciones de  vulnerabilidad.
DERECHO A LA SALUD DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD-Protección
DERECHO A LA SALUD-Casos en que se debe
prescindir de los copagos y cuotas moderadoras
Para
determinar los casos en los cuales debe eximirse al afiliado del pago de las
cuotas con el fin de garantizar el derecho constitucional a la salud, esta
Corte ha desarrollado dos reglas: [1] Cuando la persona que necesita con
urgencia un servicio médico carece de la capacidad económica para asumir el
valor de la cuota moderadora, la entidad encargada de garantizar la prestación
del servicio de salud deberá asegurar el acceso del paciente a éste, asumiendo
el 100% del valor. [2] Cuando una persona requiere un servicio médico y tiene
la capacidad económica para asumirlo, pero tiene problemas para hacer la
erogación correspondiente antes de que éste sea prestado, la entidad encargada
de la prestación, exigiendo garantías adecuadas, deberá brindar oportunidades y
formas de pago de la cuota moderadora sin que su falta de pago pueda
convertirse de forma alguna en obstáculo para acceder a la prestación del
servicio. Se encuentran por fuera de esta hipótesis las personas que tienen la
capacidad económica para asumir el valor de la cuota moderadora y la capacidad
para realizar efectivamente el pago antes de recibir el servicio requerido,
puesto que en estos eventos dicha cuota no constituye un obstáculo para acceder
al servicio médico, lo que hace improcedente el amparo por vía de tutela.
DERECHO A LA SALUD-No existe para la
accionante carga desproporcionada que rompa con el principio de gastos soportables
No existe una
carga desproporcionada para la actora, que rompiera el principio de gastos
soportables por dos razones: (i) En razón a los costos de los medicamentos,
determinó que no son desproporcionados frente a la capacidad de pago de la
actora y en consecuencia, (ii) no se altera el principio de cargas soportables,
teniendo en cuenta que los ingresos de la accionante, aunque mínimos, son
suficientes para cancelar los medicamentos y exámenes requeridos sin llegar a
alterar su mínimo vital. Por estas razones no se activa el principio de
solidaridad y debe negarse el amparo.
Referencia: expediente T-1227356
Acción de tutela de Carmen Elena Sastoque de Reyes contra A.R.S.
Humanavivir S.A. y la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá, D.C.,
siete (7) de abril de dos mil seis (2006).
La Sala Cuarta
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados, Jaime
Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil y Marco Gerardo Monroy Cabra, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del
trámite de revisión del fallo dictado en el asunto de la referencia por el
Juzgado Treinta y Cuatro Penal Municipal con función de control de garantías de
Bogotá.
I.  ANTECEDENTES
La demanda.
1.
La señora Carmen Elisa Sastoque de Reyes, de 72
años de edad, clasificada en el nivel 2 del registro del Sistema de Información
de Beneficiarios de Programas Sociales – Sisben -  y afiliada al régimen
subsidiado del sistema de seguridad social por medio de la A.R.S. Humana Vivir,
interpuso acción de tutela en contra de dicha entidad y de la Secretaría
Distrital de Salud de Bogotá, por considerar que estas entidades le estaban
vulnerando su derecho constitucional a la salud.
2.
El veintiocho (28) de septiembre de dos mil
cinco (2005), el Juzgado Treinta y Cuatro Penal Municipal con función de
control de garantías, admitió la acción de tutela únicamente respecto de la
A.R.S. Humana Vivir S.A, por presunta violación al derecho a la salud en
conexidad con la vida.[1]
3.
Como sustento fáctico de su solicitud de amparo,
la accionante manifestó que en el mes de mayo de 2005, le fueron diagnosticadas
por un médico de Humana Vivir S.A. una serie de complicaciones médicas de orden
cardiaco, al igual que problemas en la tensión arterial y en las
articulaciones. Con el fin de tratar dichas complicaciones le fueron prescritos
con carácter permanente unos medicamentos. No obstante, manifiesta la
demandante que para reclamar estos medicamentos, debe pagar una cuota
moderadora que no está en capacidad de cancelar.
4.
La acción de tutela incoada pretende que se
ordene a la A.R.S. Humana Vivir S.A o a la Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá, realizar la entrega de los medicamentos prescritos sin ningún
costo, mientras dure el tratamiento. La demandante solicita además, que en lo
sucesivo estas dos entidades presten todos los servicios médicos que
eventualmente se requieran como cirugías o tratamientos más especializados para
su atención médica integral.
Intervención
de la parte demandada.
5.
El apoderado de la A.R.S Humana Vivir S.A, en
escrito dirigido al juez de conocimiento[2], se opuso a
las pretensiones de la demanda sosteniendo que, por un lado, en ningún momento
se le ha dejado de prestar el servicio médico a la demandante, y por otro, que
el cobro de la cuota moderadora está a cargo de la I.P.S que presta el
servicio, con la cual su entidad no tiene ningún vínculo.
Del
fallo de instancia
6.
El Juzgado Treinta y Cuatro Penal Municipal con
función de control de garantías de Bogotá, en providencia del siete (7) de octubre
de dos mil cinco (2005), negó el amparo de los derechos constitucionales
invocados. Consideró el juez de instancia que no ha existido pérdida de
continuidad en la prestación de los servicios de salud a la demandante y que el
cobro de las cuotas moderadoras en el presente caso, no puede equipararse a una
negación del servicio que ponga en riesgo el derecho fundamental a la salud,
máxime cuando el propio fallador, luego de realizar una llamada telefónica y
hablar con la demandante, pudo determinar que el valor de las cuotas que ésta
debía cancelar era ajustado a su nivel de ingresos.
Debida integración del contradictorio
decretada por la Sala.
7.
A partir del examen
preliminar del presente caso, la Sala advirtió que de seguir adelante con el
trámite de la revisión, sin la participación de la Secretaría Distrital de
Salud de Bogotá podría configurarse una nulidad procesal. Por lo tanto,
mediante el Auto 073 del veinticuatro (24) de febrero de dos mil seis (2006),
se dispuso que la Secretaría de la Corte Constitucional informara a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá de la existencia del presente proceso de
tutela, para que dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del
auto se pronunciara sobre los problemas suscitados, las pretensiones de la
actora y el estado actual del proceso, para lo cual se decretó la suspensión de
términos. Por medio de Auto del treinta (30) de marzo de dos mil seis (2006),
se ordenó el levantamiento de la suspensión de términos.
8.
Integrado debidamente el contradictorio, la Sala
resume lo manifestado por la autoridad requerida:
La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá por intermedio del
Director de Aseguramiento en salud de la entidad indicó que la actora al
encontrarse afiliada a la ARS HUMANA VIVIR, es ésta la encargada de garantizar
la atención si debe ser brindada por el primer nivel al igual que direccionar a
la paciente en caso de requerir atención en los niveles II y III de
complejidad.
Finalmente, agregó la Secretaría de Salud del Distrito Capital que “en
caso de requerir atención en un nivel de complejidad superior, deberá la parte
accionante asumir el copago de acuerdo a su nivel de clasificación que para el
efecto será el 10% del valor de los servicios de salud que se le brinden ya que
esta entidad a través del FFDS[3] ya le
reconoce a la IPS el 90% de los mismos”.
II.
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
Competencia.
Esta
Corte es competente para conocer del fallo materia de revisión, de conformidad
con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en
los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y demás disposiciones
pertinentes y por la selección del caso por la Sala de Selección.
a.  Problema
jurídico
Corresponde a la
Sala establecer si en el presente caso, le ha sido vulnerado el derecho
fundamental a la salud a la accionante al imponérsele la obligación de cancelar
una cuota moderadora para poder acceder a los medicamentos requeridos por su
tratamiento de salud.
b.  Solución al problema jurídico planteado
1. Fundamentabilidad del derecho a la salud. Caso del adulto mayor.
Reiteración de jurisprudencia.
La
jurisprudencia de esta Corte ha establecido diferentes formas de determinar la
fundamentabilidad de un derecho. Para el caso del derecho a la salud la Corte
ha desarrollado tres criterios bajo los cuales el derecho a la salud ha sido
entendido como derecho fundamental:
(i) La figura de la conexidad, en virtud de la cual si
bien el derecho a la salud no fue nominado como derecho fundamental en el texto
constitucional, puede llegar a ser protegido por vía de tutela, cuando para
evitar el quebrantamiento de un derecho fundamental como la vida o cualquier
otro, sea necesario preservar el derecho a la salud. La Corte ha definido
reglas precisas en las cuales este criterio puede ser aplicado para la
protección de una vida digna[4].
(ii) La fundamentabilidad autónoma en relación con el contenido
esencial del derecho. En efecto, esta Corte ha precisado que de manera
autónoma, el derecho a recibir la atención en salud en el Plan Básico de Salud
o el Plan Obligatorio de Salud (POS) y el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado
(POS-S), adquiere naturaleza de derecho fundamental[5].
Esto implica que tratándose de la negación de un servicio médico o de un
procedimiento establecido en el POS, se está ante la violación de un derecho
fundamental. Por ello “No es necesario, en este escenario, que exista
amenaza a la vida u otro derecho fundamental, para satisfacer el primer
elemento de procedibilidad de tutela (sic): violación o amenaza a un
derecho fundamental”[6].
(iii) En el mismo sentido, en tratándose de determinados grupos
poblacionales, esta Corte ha sostenido en su jurisprudencia que el derecho a la
salud debe considerarse fundamental autónomo cuando se está frente a
sujetos de especial protección a los cuales la Carta Política brinda
este status, en razón a sus condiciones de  vulnerabilidad[7].
Dentro de estos
grupos de especial protección se encuentran las personas de la tercera edad. Tal
como esta Corte ha señalado en ocasiones anteriores[8],
la protección de sus derechos debe primar sobre cualquiera de rango legal,
máxime si se tiene en cuenta su condición de vulnerabilidad, por lo cual, la
actividad de las entidades responsables de mantener la seguridad social, están
sujetas a la exigencia específica de cubrir todos los aspectos de la salud de
los adultos mayores[9].
Consecuencia de lo anterior, es reiterada y uniforme la posición de
la jurisprudencia constitucional cuando se trata de la procedencia de la orden
de tutela para superar la vulneración del derecho a la salud y de la vida
digna, consistente en la no entrega de medicamentos y en la no realización de
exámenes y tratamientos médicos requeridos para la atención de las personas de
la tercera edad.
2. Del pago de la cuota moderadora para
la entrega de medicamentos y práctica de exámenes. Prueba de la capacidad
económica: Principios de proporcionalidad y de cargas soportables. Reiteración
de jurisprudencia.
2.1. El artículo 187 de la Ley 100 de
1993 que regula lo relativo a los pagos moderadores establece que “Los
afiliados y beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud
estarán sujetos a pagos compartidos, cuotas moderadoras y deducibles. Para los
afiliados cotizantes, estos pagos se aplicarán con el exclusivo objetivo de
racionalizar el uso de servicios del sistema. En el caso de los demás
beneficiarios, los pagos mencionados se aplicarán también para complementar la
financiación del Plan Obligatorio de Salud”. No obstante, la misma Ley
establece que “(…) En ningún caso los pagos moderadores podrán convertirse
en barreras de acceso para los más pobres.”
En ese sentido,
la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que en determinadas
circunstancias excepcionales[10], en las que los derechos
fundamentales del afiliado al sistema de seguridad social en salud se
encuentren amenazados, se debe prescindir de los copagos y cuotas para no
vulnerar tales derechos[11].
Para determinar
los casos en los cuales debe eximirse al afiliado del pago de las cuotas con el
fin de garantizar el derecho constitucional a la salud, esta Corte ha
desarrollado dos reglas: [1] Cuando la persona que necesita con urgencia un
servicio médico carece de la capacidad económica para asumir el valor de la
cuota moderadora, la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio
de salud deberá asegurar el acceso del paciente a éste, asumiendo el 100% del
valor.[12]  [2] Cuando una persona
requiere un servicio médico y tiene la capacidad económica para asumirlo, pero
tiene problemas para hacer la erogación correspondiente antes de que éste sea
prestado, la entidad encargada de la prestación, exigiendo garantías adecuadas,
deberá brindar oportunidades y formas de pago de la cuota moderadora sin que su
falta de pago pueda convertirse de forma alguna en obstáculo para acceder a la
prestación del servicio[13].
Se encuentran
por fuera de esta hipótesis las personas que tienen la capacidad económica para
asumir el valor de la cuota moderadora y la capacidad para realizar
efectivamente el pago antes de recibir el servicio requerido, puesto que en
estos eventos dicha cuota no constituye un obstáculo para acceder al servicio
médico, lo que hace improcedente el amparo por vía de tutela.
2.2
¿Cuál es la metodología para establecer cuándo estamos frente a un evento de
incapacidad económica.?
La
doctrina constitucional ha establecido una serie de reglas probatorias en torno
a la capacidad económica de quienes requieren servicios que se encuentran
excluidos del Plan Obligatorio de Salud tanto del Régimen Contributivo como del
Régimen Subsidiado. Estas reglas son aplicables al caso bajo estudio, aún más por
tratarse de una persona clasificada en el segundo nivel del SISBEN, frente a
quien existe una presunción de condiciones de precariedad socioeconómica
precisamente por el tipo de vinculación al que fue acogida en el Régimen
Subsidiado.
Estas reglas probatorias fueron
sintetizadas en la sentencia T-683 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett), de
la siguiente manera:
“(i) sin
perjuicio de las demás reglas, es aplicable la regla general en materia
probatoria, según la cual, incumbe al actor probar el supuesto de hecho que
permite obtener la consecuencia jurídica que persigue; (ii) ante la afirmación
de ausencia de recursos económicos por parte del actor (negación indefinida),
se invierte la carga de la prueba correspondiendo en ese caso a la entidad demandada
demostrar lo contrario; (iii) no existe tarifa legal para demostrar la ausencia
de recursos económicos, la misma se puede intentar mediante negaciones
indefinidas, certificados de ingresos, formularios de afiliación al sistema,
extractos bancarios, declaración de renta, balances contables, testimonios,
indicios o cualquier otro medio de prueba; (iv) corresponde al juez de
tutela ejercer activamente sus poderes inquisitivos en materia probatoria, con
el fin de establecer la verdad real en cada caso, proteger los derechos
fundamentales de las personas y garantizar la corrección del manejo de los
recursos del sistema de seguridad social en salud, haciendo prevalecer el
principio de solidaridad cuando el peticionario cuenta con recursos económicos
que le permitan sufragar el costo de las intervenciones, procedimientos o
medicamentos excluidos del POS; (v) en el caso de la afirmación indefinida
del solicitante respecto de la ausencia de recursos económicos, o de
afirmaciones semejantes, se presume su buena fe en los términos del artículo 83
de la Constitución, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que le
quepa, si se llega a establecer que tal afirmación es falsa o contraria a la
realidad”. [Subraya fuera de texto].
La Corte ha determinado en numerosos
fallos que si el costo de la prestación de salud afecta los recursos económicos
que permiten cubrir el mínimo vital del afiliado, la obligación que a él le
compete resulta desproporcionada e incompatible con el principio de cargas
soportables y los objetivos de accesibilidad del derecho a la salud[14].
Es por ello que, tal como lo ha indicado
la jurisprudencia constitucional, el juez de tutela desempeña un papel vital al
momento de determinar probatoriamente la capacidad de pago[15].
Al respecto, debe señalarse que en muchos de los casos resulta de particular
complejidad determinar la capacidad económica para efectuar el pago. Es posible
plantear, entonces, diversas hipótesis en las que se crucen las variables “capacidad
de pago” vs “costo del medicamento y/o tratamiento”, lo que explica
que el manejo de estos problemas debe ser impulsado por el juez correspondiente
en cada caso concreto, con base en las reglas desarrolladas por esta
Corporación.
Todo lo anterior, con el fin de
garantizar el respeto a la racionalidad económica del sistema de seguridad
social en salud, de tal forma que, por un lado lo haga viable, y por otro
respetuoso del principio de equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean
públicos o privados, esten al alcance de todos[16].
3. El caso en
concreto.
Atendiendo el
material obrante en el expediente, puede observarse cómo en el caso que ocupa a
la Sala, prima facie existirían razones para conceder el amparo.  En
efecto, se trata de una persona de la tercera edad, que reclama una atención
especial del Estado y de la sociedad en general en razón a sus condiciones de
vulnerabilidad y a que la prestación que se solicita compromete su integridad
física.
No obstante,
teniendo en cuenta el exiguo material probatorio existente para determinar con
claridad la situación fáctica bajo examen, y ante la ausencia de un comprobante
sobre el valor de la prestación solicitada por la actora a través de la tutela,
procedió el juez de instancia en ejercicio de sus poderes inquisitivos en
materia probatoria a efectuar algunas actividades de aproximación a la verdad.
Para ello estableció comunicación telefónica con la demandante pudiendo
constatar que el valor de las cuotas requeridas para la entrega de medicamentos
es de “cinco mil o diez mil pesos ($5.000.00 o $10.000.00) mensuales (sic)”[17].
En relación con la fuente de ingresos de la accionante, estableció que estaba
constituida por trabajos que ejecutaba ocasionalmente, con los que ha venido
financiando sus gastos médicos.
Por
consiguiente, el juez de instancia en ejercicio de su actividad probatoria,
dejó claro en el expediente que no existe una carga desproporcionada para la
actora, que rompiera el principio de gastos soportables por dos razones: (i) En
razón a los costos de los medicamentos, determinó que no son desproporcionados
frente a la capacidad de pago de la actora y en consecuencia, (ii) no se altera
el principio de cargas soportables, teniendo en cuenta que los ingresos de la
accionante, aunque mínimos, son suficientes para cancelar los medicamentos y
exámenes requeridos sin llegar a alterar su mínimo vital.
Por estas razones no se activa el
principio de solidaridad y debe negarse el amparo. Esta decisión que implica la
confirmación del fallo de instancia, responde a la necesidad de favorecer el
equilibrio financiero y promover la sostenibilidad del sistema de seguridad
social en salud, diseñado con el objetivo de asegurar el acceso de todas las
personas a la salud y sus diferentes modalidades de prestación. Con ello se
pretende garantizar que los grupos más marginados de la sociedad tengan la
posibilidad de acceder a la salud como derecho, y a los servicios médicos por
ellos requeridos, como parte de la justicia social que orienta al Estado social
de derecho.
III. DECISIÓN
Con fundamento
en las consideraciones expuestas en precedencia, la Sala Cuarta de Revisión de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. CONFIRMAR la sentencia dictada por el Juzgado Treinta y
Cuatro Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, el siete
(7) de octubre de dos mil cinco (2005), en la cual negó el amparo de los
derechos constitucionales invocados por la señora Carmen Elena Sastoque de
Reyes.
Segundo.  DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
Ponente
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
[1] Cfr. Folio
12 del expediente.
[2] Cfr. Folios
15 a 22 del expediente.
[3] La
Secretaría Distrital de Salud, se está refiriendo al Fondo Financiero Distrital
de Salud.
[4] Desde sus
primeros pronunciamientos, la jurisprudencia constitucional ha señalado que los
derechos, económicos, sociales y culturales, deben ser considerados
fundamentales en aquellos casos en que su vulneración en conexidad afecte otro
derecho fundamental: Sentencia T-406 de 1992 (MP. Ciro Angarita Barón). Esta
posición jurisprudencial fue acogida rápidamente por otras Sala de Revisión de
la Corte Constitucional especialmente para el caso del derecho a la salud
v.gr., Sentencia T-571 de 1992 (MP. Jaime Sanín Greiffenstein). Esta línea ha
sido sostenida de manera continua e ininterrumpida hasta el momento. Entre
otras, pueden consultarse las siguientes sentencias: T-062 de 2006 (MP. Jaime
Córdoba Triviño), T-060 de 2006 (MP. Álvaro Tafur Galvis), T-001 de 2006 (MP.
Rodrigo Escobar Gil), T-911 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), T-1035
de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño), T-645 de 2004 (MP. Álvaro Tafur Galvis),
T-884 de 2004 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto), T-945 de 2004 (MP. Rodrigo
Escobar Gil), T-1019 de 2004 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-138 de 2003
(MP. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-747 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy
Cabra), T-696 de 2002 (MP. Jaime Córdoba Triviño), T-755 de 2002
(MP. Manuel José Cepeda Espinosa), T-406 de 2001(MP. Rodrigo Escobar
Gil), T-489 de 2001 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), T-1176 de 2000 (MP.
Alejandro Martínez Caballero), T–839 de 2000 (MP. Alejandro Martínez
Caballero), T-076 de 1999 (MP. Alejandro Martínez Caballero),  T-231 de 1999
(MP. Alejandro Martínez Caballero), T-936 de 1999 (MP. Carlos Gaviria Díaz),
T-248 de 1998 (MP. José Gregorio Hernández Galindo), T-489 de 1998 (MP.
Vladimiro Naranjo Mesa) entre otras.
[5] Cfr .T
575 de 2005 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto), T-859 de 2003 (MP. Eduardo
Montelaegre Lynett), T-860 de 2003 (MP. Eduardo Montelaegre Lynett).
[6] Cfr. T-859
de 2003, Op. Cit. .
[7] Dentro de los
grupos que la Corte ha considerado como vulnerables por mandato constitucional
también se encuentran los menores de edad [ T-811A de 2005 (MP. Manuel
José Cepeda Espinosa), T-293 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), T-137
de 2003 (MP.  Jaime
Cordoba Triviño), T-330 de 2002 (MP. Rodrigo Escobar Gil), T-542 de 2001 (Clara
Inés Vargas Hernández), SU-225 de 1998 (MP. Eduado Cifuentes Muñoz)];  y las
personas con discapacidad [T-061 de 2006 (MP. Jaime Cordoba Triviño), T-069 de
2005 (MP. Rodrigo Escobar Gil), T-819 de 2003 (MP. Álvaro Tafur Galvis), T-1158
de 2001 (MP. Marco Gerardo Monroy)], entre otros.
[8] Sentencias
T-004 de 2006 (MP. Alfredo Beltrán Sierra), T-1153 de 2004 (MP. Alfredo Beltrán
Sierra), T - 674 de 2004 (MP. Alfredo Beltrán Sierra), T-296 de 2003 (MP. Jaime Córdoba
Trivño), T 090 de 2003 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), T-004 de 2002 (MP.
Alfredo Beltrán Sierra), T - 015 de 2002  (MP. Alfredo Beltrán Sierra), y T-036
de 1995 (MP. Carlos Gaviria Díaz), entre otras.
[9] Sentencia
T-1167 de 2003 (MP. Clara Inés Vargas Hernández)
[10] Varias Salas de Revisión de esta Corporación han
retomado el alcance de esa prescripción legal. V.gr., en la Sentencia  T-1132
de 2001 (MP. Eduardo Montealegre Lynett) se indicó que  “(…) cuando las personas
no tienen el dinero suficiente para cubrir las cuotas moderadoras, copagos, o
no han completado las semanas mínimas de cotización prescritas en la
legislación para acceder a ciertos tratamientos, y éstos se requieren con
urgencia por que de lo contrario se verían afectados derechos como la vida y la
salud en conexidad, la Corte ha dado prevalencia a los derechos fundamentales
sobre cualquier otra consideración legal, sosteniendo que ante urgencias y
patologías comprobadas no existe norma legal que ampare la negativa de prestar
un servicio de salud, porque por encima de la legalidad, está la vida como
fundamento de todo el sistema”.
[11]
Sentencia T – 908 de 2004. (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). En la misma
línea, la sentencia T-442 de 2004 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) la Corte decidió
reiterar la sentencia T-411 de 2003 y resolvió, entre otras cosas, tutelar los
derechos a la salud y la vida de la accionante y ordenar a la Secretaría
de Salud de Cundinamarca que en el término de cuarenta y ocho (48) horas,
certificara al Instituto Nacional de Cancerología que autorizaba los servicios
de salud que requiriera la accionante con ocasión del cáncer de seno izquierdo
que le fuera diagnosticado y que subsidiaría el 100% del valor de tales
servicios.
[12] En
la sentencia T-743 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa) esta Corporación
resolvió tutelar los derechos a la
vida y a la salud del accionante y en consecuencia, ordenar a la
Secretaría de Salud Departamental de Santander que adopte las medidas
necesarias para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a
partir de la notificación de la sentencia, garantice al accionante el acceso a
los servicios de salud que requiriera para el tratamiento del cáncer que le fue
diagnosticado, indicando a la IPS correspondiente que se subsidiara el 100% del
valor de tales servicios.
[13] Cfr. T – 908
de 2004. Op. Cit.
[14]
Sentencia T-1233 de 2004 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), T-884 de 2004 (MP.
Humberto Antonio Sierra Porto), T-666  de 2004 (MP. Rodrigo Uprimny Yepes),
T-714 de 2004 (MP. Rodrigo Uprimny Yepes).
[15]
Ibídem.
[16]
Observación General No 14. Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales. Párrafo 12, literal b.
[17] Cfr.
Folio 30 del expediente.