C-392-00
Sentencia C-392/00
Sentencia
C-392/00
JUZGADO
ESPECIALIZADO-Creación
JUEZ DE ORDEN
PUBLICO-Creación
TRIBUNAL SUPERIOR
DE ORDEN PUBLICO-Creación
JUSTICIA REGIONAL-Constitución de estructura administrativa
JUSTICIA REGIONAL-Excepciones procesales respecto de los
delitos de competencia
JUSTICIA REGIONAL-Antecedentes históricos
JURISDICCION DE
ORDEN PUBLICO-Estructura
administrativa propia y normas procesales específicas para determinados delitos
JURISDICCION DE
ORDEN PUBLICO-Especial y
transitoria
JUSTICIA REGIONAL-Adopción de instituciones propias como
legislación permanente
JUSTICIA REGIONAL-Temporalidad
LEY ESTATUTARIA Y
LEY ORDINARIA-Materias que
debe ocuparse
LEY ESTATUTARIA Y
LEY ORDINARIA-Regulación
de procedimientos legales
LEY ESTATUTARIA-Inconveniencia de permitir al legislador
regulación de aspectos propios de ley procesal
LEY ORDINARIA-Regulación de aspectos propios de ley
procesal
LEY ESTATUTARIA-No se requiere para regulación de
cuestiones de naturaleza procesal/LEY ORDINARIA-Creación de jueces y
fiscales especializados, asignación de competencias y cuestiones procesales
JURISDICCION
ESPECIAL Y JUEZ ESPECIALIZADO-Distinción
JURISDICCION-Alcance
La jurisdicción
en general consiste en la potestad que tiene el Estado para administrar
justicia en ejercicio de la soberanía de que es titular, mediante el
conocimiento y decisión de las diferentes causas (civiles, criminales,
administrativas, etc.) y, en tal virtud, es única e indivisible. Es por ello
que todos los jueces ejercen jurisdicción en nombre del Estado, pero
circunscrita al ámbito propio de la competencia que le asigna la ley.
JURISDICCION
ESPECIAL-Justificación de
existencia/JURISDICCION ESPECIAL-Diversidad no implica rompimiento de
unidad ontológica de jurisdicción del Estado
JURISDICCION
ORDINARIA Y JURISDICCION ESPECIAL-Existencia y admisión constitucional
JURISDICCION
ESPECIAL-Imposibilidad de
existencia para ejercicio de función punitiva del Estado/JURISDICCION
ORDINARIA-Competencia para juzgar conductas tipificadas como delitos/JUEZ
NATURAL-Preestablecimiento por ley/PRINCIPIO DE IGUALDAD-Acceso a
unos mismos jueces
No es posible la
existencia de una jurisdicción especial para que a través de ella se ejerza la
función punitiva del Estado, pues ello pugna con la concepción del Estado
Social Democrático de Derecho que sólo admite que el juzgamiento de las
conductas tipificadas como delitos por el juzgador han de ser juzgadas de
manera permanente por los funcionarios y órganos que integran la jurisdicción
ordinaria, con el fin de asegurar plenamente, el derecho fundamental al debido
proceso, el cual comprende la garantía del juzgamiento por el juez natural; es
decir, la existencia de órganos judiciales permanentes preestablecidos por la
ley a los cuales deben tener acceso todas las personas, y así mismo la
aplicación concreta del principio de igualdad. En virtud de este principio se
garantiza a todos los justiciables el acceso a unos mismos jueces, eliminando
toda suerte de privilegios o discriminaciones, y se excluye naturalmente el
juzgamiento de algunas personas por jueces pertenecientes a una jurisdicción
especial.
JURISDICCION
ORDINARIA-Jueces
especializados hacen parte de ella
Los jueces
especializados, no pueden ser asimilados a jueces extraordinarios
pertenecientes a una jurisdicción especial distinta a las autorizadas por la
Constitución. La existencia de dichos jueces, sólo puede admitirse bajo la idea
de que se trata de funcionarios judiciales, que hacen parte de la justicia
ordinaria y a quienes se les adscribe de manera habitual el conocimiento de
ciertas causas en razón de la especificidad o particularidad de la materia, sin
que ello implique el desconocimiento de las garantías procesales y sustanciales
básicas propias del debido proceso.
JUEZ PENAL DE
CIRCUITO ESPECIALIZADO Y FISCAL DELEGADO-Creación se justifica constitucionalmente
JUEZ DE
CONOCIMIENTO-Separación
para asignación a otro
JUEZ DE
CONOCIMIENTO-Trámite y
decisión del proceso
En casos
excepcionales, específicamente señalados por la ley, puede separarse a un
determinado juez del conocimiento de un proceso que esté en curso en su
despacho, para asignarlo a otro juez, cuando en la circunscripción territorial
del primero "existan circunstancias que puedan afectar el orden público,
la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las
garantías procesales, la publicidad del juzgamiento, la seguridad del sindicado
o su integridad personal". Pero ello no puede ocurrir de manera caprichosa
o arbitraria, ni tampoco en desmedro de la autonomía e independencia de la rama
judicial, pues no es asunto de menor importancia, sino de enorme trascendencia,
que el juez a cuyo conocimiento se encuentra la investigación y juzgamiento de
un hecho punible pueda adelantar su labor libre de interferencias extrañas y
hasta su culminación.
CAMBIO DE
RADICACION DE PROCESO PENAL-Trámite
judicial
A través de la
historia legislativa de la república, el cambio de radicación de los procesos
penales siempre ha exigido un trámite judicial, para que sea una autoridad de
esta índole la que en definitiva resuelva si es procedente o no llevar a cabo
el cambio de radicación del proceso, sin intervención de la rama ejecutiva del
poder público.
CAMBIO DE
RADICACION DE PROCESO PENAL-Encargado
de decidir
PRINCIPIO DE
AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DE RAMA JUDICIAL-Intromisión innecesaria del Ejecutivo
CAMBIO DE
RADICACION EN PROCESO DE COMPETENCIA DE JUEZ PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO-Encargado de decidir
JUICIO DE
CONSTITUCIONALIDAD-Ejercicio
diferente por cambio de circunstancia excepcional
JUEZ PENAL DE
CIRCUITO ESPECIALIZADO-Inconstitucionalidad
de reserva de identidad de funcionarios
FISCAL-Inconstitucionalidad de reserva de identidad
PROCESO-Publicidad/DEBIDO PROCESO PUBLICO-Identidad
de funcionario/PROCESO PENAL-Identidad de funcionario/JUEZ PENAL DE
CIRCUITO ESPECIALIZADO-Identidad de funcionario
El artículo 29 de
la Constitución Política establece como una de las garantías del debido
proceso, que éste ha de ser público. Este principio, conforme a la doctrina
universal, implica el conocimiento por las partes de cuál es la persona que
actúa como funcionario del Estado para instruir y para fallar el proceso, así
como cuáles son las actuaciones que se surten en éste, pues, de otra manera no
podría hacerse efectivo el derecho a la imparcialidad de los funcionarios
judiciales, ni podría tampoco ejercerse el de impugnar las providencias que se
consideren contrarias a la ley. Así, si se priva al sindicado del conocimiento
de la identidad del funcionario a cuyo cargo se encuentra la instrucción o el
juzgamiento, aún cuando existieran causales para recusarlo si no se declara
impedido, el sindicado se vería impedido para plantear siquiera la recusación
y, así, se expondría a que su causa fuera instruida por alguien que careciera
de la indispensable condición de la imparcialidad que constituye una de las
garantías mínimas a que se tiene derecho en un Estado Democrático, conquista
esta que en la historia de la humanidad constituye pilar fundamental del debido
proceso, no sólo para contener eventuales abusos en contra de los justiciables,
sino, así mismo, para que la transparencia de las actuaciones de estos gane
para las decisiones judiciales confiabilidad y respetabilidad en el marco
social en que ellas se produzcan.
DEBIDO PROCESO
PUBLICO-Reserva de
identidad de funcionario
DEBIDO PROCESO
PUBLICO-Reserva de
identidad de testigo
Es evidente que
cuando se ignora la identidad de la persona que rinde una declaración en contra
del sindicado se mengua de manera protuberante y ostensible la garantía
constitucional del debido proceso público, en la medida en que se desconoce por
completo el principio de publicidad y contradicción de la prueba, al
imposibilitarse el ejercicio pleno del derecho a tachar al testigo, cuando
existan motivos para dudar de su imparcialidad. Puede protegerse al testigo de
manera diferente a la de ocultarle al procesado quién es la persona que declara
contra él.
TESTIGO-Inconstitucionalidad de reserva de
identidad y establecimiento de protección diferente
DETENCION
PREVENTIVA POR JUEZ PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO-Constitucionalidad
DETENCION
PREVENTIVA-Determinación
de casos de procedencia compete al legislador
DETENCION
PREVENTIVA POR JUEZ PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO-Inconstitucionalidad de exclusión de beneficio de
cumplimiento en domicilio o lugar de trabajo
DETENCION
PREVENTIVA-Cumplimiento
parcial en domicilio o lugar de trabajo
IGUALDAD DE TRATO
EN DETENCION PREVENTIVA-Supresión
del beneficio de cumplimiento en domicilio o lugar de trabajo
LIBERTAD
PROVISIONAL EN PROCESO ANTE JUEZ PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO-Concesión ante presentación de recurso de
apelación
LIBERTAD DE
CONFIGURACION LEGISLATIVA EN LIBERTAD PROVISIONAL-Límites respecto de causales
PRESUNCION DE
INOCENCIA-Libertad del
sindicado por sentencia absolutoria, preclusión de la investigación o cesación
del procedimiento
PRESUNCION DE
INOCENCIA-Continuación
privación de libertad por apelación de decisión judicial/PRESUNCION DE
INOCENCIA-Prolongación indebida de privación de libertad
LIBERTAD
PROVISIONAL EN PROCESO ANTE JUEZ PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO-Duplicación de términos
MINISTERIO
PUBLICO-Funciones
especiales
PROCESO PENAL-Providencias que deben notificarse
DEBIDO PROCESO
PENAL-Supresión de
notificación de providencia que ordena traslado para alegatos de conclusión/DERECHO
DE DEFENSA DEL PROCESADO-Supresión de notificación de providencia que
ordena traslado para alegatos de conclusión
DEBIDO PROCESO
PENAL-Solicitud de pruebas
y controversia en investigación previa, instrucción y juzgamiento
INVESTIGACION
PREVIA-Término único
cuando exista imputado conocido
INDAGATORIA-A quien se recibe
PRIVACION DE
LIBERTAD DE SERVIDOR PUBLICO-Procedencia
SITUACION
JURIDICA EN PROCESO ANTE JUEZ PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO-Definición
AUDIENCIA PUBLICA
EN PROCESO PENAL-Celebración
bajo medidas de seguridad y protección necesaria
JUEZ PENAL DE
CIRCUITO ESPECIALIZADO-Permiso
hasta de setenta y dos horas
JUEZ PENAL DE
CIRCUITO ESPECIALIZADO-No
disposición de beneficios de establecimiento abierto por presentación de cierta
circunstancia
FONDO DE
SEGURIDAD DE RAMA JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO, OFICINA DE PROTECCION DE
VICTIMAS, TESTIGOS Y FUNCIONARIOS DE LA FISCALIA-Continuidad de protección
SALA
ADMINISTRATIVA DE CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y FISCAL GENERAL DE LA
NACION-Reglamentación de
custodia y conservación de providencias, actas y demás documentos reservados
JUEZ PENAL DE
CIRCUITO ESPECIALIZADO-Aplicación
trámite ordinario
DEBIDO PROCESO-Asignación de competencias a organismos de
creación futura e incierta/DEBIDO PROCESO-Preexistencia del juez
conforme a la ley/JUEZ-Preexistencia conforme a la ley
La singular
situación jurídica de asignar competencia a organismos de creación futura e
incierta, resulta violatoria, como es fácil advertirlo, de la garantía
constitucional al debido proceso, pues ella implica necesariamente la
preexistencia del juez conforme a la ley, para que el justiciable desde el
inicio mismo de la actuación tenga conocimiento de quién es el juez, lo que
impone al Estado el deber jurídico de establecer legalmente y con anterioridad
al proceso, a cuál órgano judicial con existencia real corresponde el
juzgamiento del sindicado.
COMPETENCIA DE
SALA PENAL DE TRIBUNAL SUPERIOR O TRIBUNAL SUPERIOR NACIONAL-Inconstitucionalidad de ejercicio en todo
el territorio nacional/COMPETENCIA DE ORGANISMO JUDICIAL-Ejercicio en
todo el territorio nacional por altas corporaciones
ADMINISTRACION DE
JUSTICIA-Funcionamiento
autónomo y desconcentrado
PRINCIPIO DE
DESCONCENTRACION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Alcance
COMPETENCIA
TERRITORIAL DEL JUEZ O TRIBUNAL-Distribución en sitios diversos de la República
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES EN LIBRE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Asignación por ley de totalidad de
determinada competencia a autoridades judiciales de una localidad
JUEZ PENAL DE
CIRCUITO ESPECIALIZADO-Segunda
instancia
DEBIDO PROCESO-Garantía de la segunda instancia y trámite
del recurso de revisión
JUEZ PENAL DE
CIRCUITO ESPECIALIZADO-Garantía
de la segunda instancia y trámite del recurso de revisión
CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA-Determinación
de competencia
JUEZ PENAL DE
CIRCUITO ESPECIALIZADO-Competencia
JUSTICIA REGIONAL
EN JUEZ PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO Y FISCAL DELEGADO-Incorporación en provisionalidad
JUSTICIA REGIONAL-Régimen de transición
INFORMES DE
POLICIA JUDICIAL-Negación
de valor probatorio
La disposición
se ajusta plenamente a la Constitución, en la medida en que no le asigna valor
probatorio a los mencionados informes y versiones, por tratarse de actuaciones
extraprocesales no controvertidas por las personas a las cuales se podían
oponer dentro del proceso.
PRUEBA-Admisión por legislador/PRUEBA-Determinación por legislador
de medios admisibles/PRUEBA-Disposición por legislador que determinado
instrumento no es idóneo
Si el legislador
al diseñar las reglas del debido proceso conforme a la Constitución puede
determinar cuales son los medios de prueba admisibles, igualmente esta
facultado para que en ciertos casos pueda disponer que un determinado
instrumento probatorio no es idóneo como prueba dentro de un proceso. Sin embargo,
entiende la Corte que dicha facultad no puede utilizarse en forma arbitraria,
irracional y desproporcionada, sino que debe obedecer a una finalidad
constitucional legítima.
REGIMEN
PROBATORIO-Admisión de
limitaciones legales
PRESUNCION DE
INOCENCIA-Incorporación de
pruebas que se puedan controvertir
INFORMES DE
POLICIA-En producción no
intervienen personas sindicadas afectadas
PRUEBA-Valoración de la producida regularmente en
proceso
Referencia:
expediente D-2472  Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 504 de 1999,
"Por la cual se derogan y modifican algunas disposiciones del Decreto 2700
de 1991, y de los Decretos-Leyes 2790 de 1990, 2271 de 1991, 2376 de 1991, Ley
65 de 1993, Ley 333 de 1996 y Ley 282 de 1996 y se dictan otras disposiciones".
Actores:
Pedro Pablo Camargo,
Carlos Alberto Maya Restrepo, Augusto Francisco Bernal González y Carlos Mario
Salazar Pineda
Magistrado Ponente:
Dr. ANTONIO BARRERA
CARBONELL
Santafé de Bogotá,
D.C., abril seis (6), de dos mil (2000)
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
cumplidos los requisitos y el trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES.
1. Los ciudadanos Pedro
Pablo Camargo, Carlos Alberto Maya Restrepo, Augusto Francisco Bernal González
y Carlos Mario Salazar Pineda, mediante demandas que obran a folios 1 a 22, 29
a 38, 43 a 53 y 57 a 72, en ejercicio del derecho consagrado por el artículo 40
de la Constitución y conforme a lo preceptuado por el artículo 241 de la misma,
solicitan a la Corte declarar la inconstitucionalidad de la Ley 504 de 1999 en
su integridad (expedientes D-2472, D-2481, y D-2515), así como la
inexequibilidad parcial del artículo 27 de la misma ley (expediente D-2487),
"por la cual se derogan y modifican algunas disposiciones del Decreto 2700
de 1991, y de los Decretos-Leyes 2790 de 1990, 2271 de 1991, 2376 de 1991, Ley
65 de 1993, Ley 333 de 1996 y Ley 282 de 1996, y se dictan otras disposiciones".
2. Por decisión de
la Sala Plena de la Corte Constitucional, contenida en autos de 22 de julio y 4
de agosto de 1999, esta Corporación resolvió acumular los expedientes citados
al D-2472, para que se tramitaran conjuntamente y se decida sobre las demandas
aludidas en una misma sentencia.
3. Las demandas en
mención, en acatamiento a la decisión anteriormente aludida fueron admitidas a
trámite mediante auto de 10 de agosto de 1999, en el cual se ordenó la fijación
en lista por el término de diez (10) días para permitir la intervención
ciudadana conforme a lo dispuesto por el artículo 242 numeral 1º de la
Constitución Política y 7º inciso segundo del Decreto 2067 de 1991. Así mismo,
se ordenó correr traslado de la actuación al señor Procurador General de la
Nación para que rindiera el concepto correspondiente y se dispuso además,
comunicar la iniciación del proceso al señor Presidente de la República, al
señor Presidente del Congreso de la República y al señor Ministro de la
Justicia y del Derecho.
4. Como la ponencia
original, elaborada por el Magistrado Alfredo Beltrán Sierra, no fue aprobada
por la Sala Plena de la Corte, ésta designó al Magistrado Antonio Barrera
Carbonell con el fin de que redactara la sentencia respectiva. En tal virtud,
se procederá a reproducir los apartes pertinentes del proyecto original que no
sufrieron modificaciones y se introducirán los cambios introducidos acordes con
la decisión adoptada por la Corporación.
II. TEXTO DE LA
LEY DEMANDADA.
El texto de la Ley
504 de 1999 cuya declaración de inconstitucionalidad se demanda, según aparece
en el Diario Oficial No. 43.618 de 29 de junio de 1999, es el siguiente:
"LEY 504 DE 1999
(junio 25)
"por la cual se derogan y modifican
algunas disposiciones del Decreto 2700 de 1991, y de los Decretos-leyes 2790 de
1990, 2271 de 1991, 2376 de 1991, Ley 65 de 1993, Ley 333 de 1996 y Ley 282 de
1996 y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
"Artículo
1°. Jueces Penales de Circuito Especializado. Conforme al artículo 11 de la Ley
270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, créanse los Jueces
Penales de Circuito Especializados, que tendrán competencia para conocer de los
delitos señalados en el artículo 5° de esta Ley y dentro del ámbito territorial
que señale el Consejo Superior de la Judicatura de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 85, numeral 6 de la Ley 270 de 1996.
"Artículo
2°. El artículo 66 del Decreto 2700 de 1991, quedará así:
"Artículo
66. Quiénes ejercen funciones de juzgamiento. La administración de justicia en
materia penal, durante la etapa de juicio, se ejerce de manera permanente por
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, las salas de
decisión penal de los tribunales superiores de distrito, los jueces penales de
circuito especializados, los jueces penales de circuito, los jueces promiscuos
de circuito, los jueces municipales y promiscuos municipales y los jueces de
menores. También administran justicia los Tribunales Militares y el Senado de
la República".
"Artículo
3°. El inciso segundo del artículo 67 del Decreto 2700 de 1991, quedará, así:
"Artículo
67. Quiénes ejercen funciones de instrucción. La Fiscalía General de la Nación
actuará a través del Fiscal General de la Nación, los fiscales que éste delegue
para casos especiales y los fiscales delegados ante la Corte Suprema de
Justicia, los Tribunales Superiores de Distrito, los jueces penales de circuito
especializados, penales de circuito, promiscuos de circuito, penales municipales,
los jueces promiscuos municipales y los jueces de menores."
"Artículo
4°. Los numerales 1° y 2° del artículo 70 del Decreto 2700 de 1991, quedará
así:
"Artículo
70. Competencia de los Tribunales Superiores de Distrito. Las salas penales de
decisión de los Tribunales Superiores de Distrito conocen:
"En segunda
instancia, de los recursos de apelación y de hecho, en los procesos que conocen
en primera instancia los jueces de circuito y los jueces penales de circuito
especializados.
"En primera
instancia, de los procesos que se sigan a los Jueces penales de circuito
especializados, penales de circuito, promiscuos de circuito, municipales,
promiscuos municipales, de menores, de familia, a los fiscales delegados ante
los juzgados, a los agentes del Ministerio Público por delitos que cometan por
razón de sus funciones".
"Artículo
5°. El artículo 71 del Decreto 2700 de 1991, quedará así:
"Artículo
71. Competencia de los Jueces Penales del Circuito Especializados. Los jueces
penales de circuito especializados conocen, en primera instancia de:
"1. Del
delito de tortura (artículo 4° Decreto 2266 de 1991).
"2. Del
delito de homicidio agravado según el numeral 8 del artículo 324 del Código
Penal.
"3. Lesiones
Personales con fines terroristas (artículos 31, 32, 33, 34, 35 y 36 del Decreto
180 de 1988, declarado legislación permanente por el artículo 4° del Decreto
2266 de 1991).
"4. Del
delito de secuestro extorsivo o agravado en virtud de los numerales 6, 8 y 12
del artículo 270 del Código Penal subrogado por el artículo 3° de la Ley 40 de
1993 y secuestro de aeronaves o medios de transporte colectivo (artículo 4° del
Decreto 2266 de 1991).
"5. De los
delitos de fabricación y tráfico de municiones o explosivos (artículo 1°
Decreto 2266 de 1991); fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones de
uso privativo de las fuerzas armadas (artículo 2° del Decreto 3664 de 1986
declarado legislación permanente por el artículo 1° Decreto 2266 de 1991).
"6. De los
delitos de terrorismo (artículo 4° Decreto 2266 de 1991); omisión de informes
sobre actividades terroristas (artículo 4° Decreto 2266 de 1991); instigación o
constreñimiento para el ingreso a grupos terroristas (artículo 4 Decreto 2266
de 1991); instigación al terrorismo (artículo 4° Decreto 2266 de 1991); empleo
o lanzamiento de sustancia u objetos peligrosos (artículo 4° Decreto 2266 de
1991); corrupción de alimentos y medicinas con fines terroristas (artículo 4°
Decreto 2266 de 1991); administración de recursos de organizaciones terroristas
(artículo 4° Decreto 2266 de 1991); suplantación de autoridad con fines
terroristas (artículo 4° Decreto 2266 de 1991); incitación a la comisión de
delitos militares (artículo 4° Decreto 2266 de 1991); instrucción y
entrenamiento con fines terroristas (artículo 4° Decreto 2266 de 1991),
promoción en la formación o ingreso de personas a grupos armados o
paramilitares (artículo 6° Decreto 2266 de 1991); instrucción o entrenamiento
para actividades de grupos armados o paramilitares (artículo 6° Decreto 2266 de
1991); ingreso o pertenencia a grupos armados o paramilitares (artículo 6°
Decreto 2266 de 1991); constreñimiento con fines terroristas (artículo 1l
Decreto 2266 de 1991).
"7.
Concierto para cometer delitos de terrorismo, narcotráfico, secuestro
extorsivo, extorsión o para conformar escuadrones de la muerte, grupo de
justicia privada o bandas de sicarios, lavado de activos u omisión de control
(artículo 13 de la Ley 365 de 1997), testaferrato (artículo 6° del Decreto 2266
de 1991); extorsión en cuantía superior a ciento cincuenta (150) salarios
mínimos mensuales.
"8. De los
delitos señalados en el inciso l° del artículo 32 de la Ley 30 de 1986, cuando
la cantidad de plantas exceda de ocho mil (8.000) unidades o la de semillas
sobrepase los diez mil (10.000) gramos.
"9. De los
delitos señalados en el artículo 33 de la Ley 30 de 1986, cuando la droga o
sustancia exceda de mil (1.000) kilos si se trata de marihuana, cien (100)
kilos si se trata hachís, cinco (5) kilos si se trata de metacualona, cocaína o
sustancias base de ella o cantidades equivalentes si se encontraren en otro
estado.
"10. De los
procesos por delitos descritos en el artículo 34 de la Ley 30 de 1986 cuando se
trate de laboratorios o cuando la cantidad de droga almacenada, transportada,
vendida o usada sea igual a las cantidades a que se refiere el numeral
anterior.
"11.De los
delitos descritos en los artículos 39 y 43 de la Ley 30 de 1986 y de los que se
deriven del cultivo, producción, procesamiento, conservación o venta de la
heroína en cantidad igual o superior a doscientos cincuenta (250) gramos o de
la amapola o su látex.
"12. Del
delito contenido en el artículo 64 de la Ley 30 de 1986.
"13. Hurto
de combustibles (artículo 96 Ley 418 de 1997).
"14. Lavado
de activos (artículo 247 A del Código Penal) y enriquecimiento ilícito de
particulares (artículo 10 del Decreto 2266 de 1991) cuando el incremento
patrimonial no justificado se derive en una u otra forma de las actividades
delictivas a que se refiere el presente artículo, cuya cuantía sea o exceda de
cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales".
"Artículo
6°. El artículo 78 del Decreto 2700 de 1991, quedará así:
"Artículo
78. División territorial para efectos del juzgamiento. El territorio nacional
se divide, para efectos del juzgamiento, en distritos, circuitos y municipios.
"La Corte
Suprema de Justicia tiene competencia en todo el territorio nacional.
"Los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial, en el correspondiente distrito.
"Los Jueces
penales de circuito especializados, penales de circuito y promiscuos de
circuito en su respectivo circuito.
"Los Jueces
Penales y promiscuos municipales, en el respectivo municipio".
"Artículo
7°. El artículo 17 del Decreto-ley 2790 de 1990, adoptado como legislación
permanente por el artículo 3° del Decreto 2271 de 1991 quedará así:
"Artículo
17. En los delitos a que se refiere la presente ley el Ministro de Justicia y
del Derecho oficiosamente, o a petición de parte procesal, podrá variar la
radicación del proceso cuando existan serios motivos para deducir que está en
peligro la integridad personal del juez o existan circunstancias que puedan
afectar el orden público o la administración de justicia".
"Artículo
8°. El inciso 2° del artículo 89 del Decreto 2700 de 1991, quedará así:
"Artículo
89. Competencia por razón de la conexidad y el factor subjetivo. Cuando se
trate de conexidad entre hechos punibles de competencia del juez penal de
circuito especializado y cualquier otro funcionario judicial, corresponderá el
juzgamiento a aquél".
"Artículo
9°. El inciso 2° del artículo 96 del Decreto 2700 de 1991, quedará así:
"Artículo
96. Competencia. Si se trata de procesos de competencia de jueces penales de
circuito especializados, y de otros jueces, deberá acumular los procesos el
juez de circuito especializado, aunque la resolución acusatoria se haya
ejecutoriado con posterioridad".
"Artículo
10. El artículo 126 del Decreto 2700 de 1991, quedará así:
"Articulo
126. Fiscales delegados ante los Jueces Penales de Circuito especializados.
Corresponde a los fiscales delegados ante los Jueces Penales de Circuito
Especializados: Investigar, calificar y acusar, si a ello hubiere lugar, los
delitos cuyo juzgamiento esté atribuido en primera instancia a los jueces
penales de circuito especializados".
"Artículo
11. El numeral 2° del artículo 135 del Decreto 2700 de 1991, quedará así:
"Artículo
135. Funciones Especiales del Ministerio Público.
"2.
Intervenir en las actuaciones en las que se establezca la protección de los
testigos, garantizando el cumplimiento de la ley".
"Artículo
12. Los incisos 3° y 4° del artículo 156 del Decreto 2700 de 1991, quedará así:
"Artículo
156. Utilización de medios técnicos. En los procesos de competencia de los
Jueces Penales de Circuito Especializados, podrán utilizarse los mecanismos
técnicos que se estimen eficaces para garantizar la protección y reserva de la
identidad de los testigos y fiscales, que excepcionalmente hayan sido
autorizados por la ley".
"Artículo
13. El artículo 158 del Decreto 2700 de 1991, quedará así:
"Artículo
158. Protección de la identidad de funcionarios. En los procesos por los
delitos mencionados en los numerales 4°, 6°, 9°, 10, 11 y 14 del artículo 5° de
esta ley el Fiscal General de la Nación, previo concepto del Ministerio
Público, atendidas graves circunstancias que pongan en peligro la vida o la
integridad de los fiscales, podrá reservar la identidad del fiscal
correspondiente en la etapa de investigación previa y la instrucción.
"En todo
caso, la audiencia pública durante la etapa del juicio se realizará con un
fiscal distinto a aquél que realizó la instrucción y cuya identidad no se
hubiere reservado.
"La
determinación acerca de la reserva de identidad de un fiscal será discrecional
del Fiscal General de la Nación".
"Artículo
14. El inciso primero del artículo 186 del Decreto 2700 de 1991, quedará así:
"Articulo
186. Providencias que deben notificarse. Además de las señaladas expresamente
en otras disposiciones, se notificarán las siguientes providencias: Las
providencias interlocutorias, la que pone en conocimiento de las partes la
prueba trasladada o el dictamen de peritos, el auto que ordena la práctica de
pruebas en el juicio, el que señala día y hora para la celebración de la
audiencia, la providencia que declara desierto el recurso de apelación y la que
fija fecha en segunda instancia para la sustentación del recurso, el auto que
ordena el traslado para pruebas dentro de la acción de revisión, las
providencias que deniegan los recursos de apelación y de casación, y las
sentencias".
"Artículo
15. El inciso 2° del artículo 247 del Decreto 2700 de 1991, quedará así:
"Articulo
247. Prueba para condenar. En los procesos que conocen los Jueces Penales de
Circuito Especializado no se podrá dictar sentencia condenatoria que tenga como
único fundamento uno o varios testimonios de personas cuya identidad se hubiere
reservado.
"Artículo
16. El artículo 251 del Decreto 2700 de 1991, quedará así:
"Artículo
251. Contradicción. Los sujetos procesales podrán solicitar pruebas y
controvertirlas en la investigación, previa la instrucción y el juzgamiento.
"Artículo
17. El artículo 293 del Decreto 2700 de 1991, quedará así:
"Artículo
293. Reserva de la identidad del testigo. Cuando se trate de procesos de
conocimiento de los jueces penales de circuito especializados y las
circunstancias lo aconsejen, se podrá autorizar la protección de los testigos,
de acuerdo con las normas que regulan el Programa de Protección para Víctimas y
Testigos, de la Fiscalías General de la Nación.
"Cuando
especiales circunstancias pongan en grave peligro la vida o la integridad
personal del testigo, previa evaluación del Fiscal Delegado, el Fiscal General
de la Nación, mediante resolución motivada y previo concepto del agente del
Ministerio Público, el que deberá rendirse en 48 horas, excepcionalmente podrá
autorizar que los testigos coloquen la huella dactilar en su declaración, en
lugar de su firma.
"Contra la
resolución del Fiscal General de la Nación que niegue la reserva de la
identidad del testigo, procederá el recurso de reposición por parte del agente
del Ministerio Público, que se resolverá de plano.
"En caso de
que se autorice la reserva de identidad, el Ministerio Público certificará,
junto con el fiscal que practique la diligencia, que dicha huella corresponde a
la persona que declaró. En el texto del acta, que se agregará al expediente, se
omitirá la referencia al nombre de la persona y se dejará constancia de la
reserva de la identidad del testigo y del destino que se dé a la parte
reservada del acta, en la que se señalará la identidad del declarante y todos
los elementos que sean necesarios para la crítica de la prueba. La parte
reservada del acta llevará la firma y huella digital del testigo, así como las
firmas del fiscal y del agente del Ministerio Público.
"El
funcionario judicial en presencia del Ministerio Público advertirá al testigo
que debe dar sus respuestas en forma tal que no revele su identidad. En todo
caso las repuestas se consignarán textualmente.
"Las
disposiciones precedentes se aplicarán en todo caso sin perjuicio de las reglas
sobre confrontación de testimonios contenidas en tratados públicos de derechos
humanos ratificados por Colombia, ni del derecho de contradicción de la prueba
en la investigación y en el juicio que garantiza el artículo 29 de la
Constitución Política.
"El defensor
tendrá derecho a que se practique diligencia de ampliación del testimonio y a
contrainterrogar en ella al declarante. En estos casos, el funcionario que se
encuentre conociendo del proceso se encargará de proteger la reserva del
testigo.
"La persona
que, en condición de informante ante los organismos de Policía Judicial, haya
recibido recompensa o remuneración, no podrá declarar con reserva de
identidad".
"Artículo
18. El Decreto 2700 de 1991 tendrá un artículo 293 A del siguiente tenor:
"Artículo
293 A. Levantamiento de la reserva de la identidad del testigo. La reserva de
identidad del testigo se podrá levantar a petición del mismo, caso en el cual
el funcionario competente le explicará las consecuencias de su solicitud.
"Una vez se
levante la reserva de identidad, en la misma diligencia se dejará constancia de
la clave con la cual actuaba".
"Artículo
19. El inciso l° del artículo 324 del Decreto 2700 de 1991, quedará así:
"Artículo
324. Duración de la investigación previa y derecho de defensa. La investigación
previa, cuando exista imputado conocido, se realizará en término máximo de dos
(2) meses, vencidos los cuales se dictará resolución de apertura de
investigación o resolución inhibitoria".
"Artículo
20. El artículo 352 del Decreto 2700 de 1991, quedará así:
"Artículo
352. A quién se recibe Indagatoria. El funcionario judicial recibirá
indagatoria a quien en virtud de antecedentes y circunstancias consignadas en
la actuación, o por haber sido capturado en flagrante hecho punible, considere
autor o partícipe de la infracción penal".
"Artículo
21. El inciso 2° del artículo 373 del Decreto 2700 de 1991, quedará así:
"Articulo
373. Captura en flagrancia de servidor público. Después de practicada cualquiera
de las diligencias mencionadas en el inciso anterior, será puesto
inmediatamente en libertad y se tomarán las medidas necesarias para evitar que
eluda la acción de la justicia. Cuando se trate de delitos de competencia de
los jueces penales de circuito especializados, el servidor público continuará
privado de la libertad, pero el funcionario judicial resolverá su situación
jurídica inmediatamente".
"Artículo
22. El inciso 2° del artículo 374 del Decreto 2700 de 1991, quedará así:
"Articulo
374. Privación de la libertad de servidor público. Sin embargo, si se trata de
delitos a los que se refiere el articulo 71 del presente Código se procederá en
todos los casos a la privación de la libertad".
"Artículo
23. El inciso 2° del artículo 386 del Decreto 2700 de 1991, quedará así:
"Articulo
386. Término para recibir indagatoria. Cuando un delito de competencia de los
jueces penales de circuito especializados, suceda en lugar distinto a la sede
del fiscal delegado, el fiscal del lugar al cual la unidad de Policía entregue
las diligencias, deberá avocar la investigación e indagará a los imputados
enviando las diligencias inmediatamente a la Dirección de Fiscalías
correspondiente".
"Artículo
24. El inciso 3° del articulo 387 del Decreto 2700 de 1991, quedará así:
"Articulo
387. Definición de la situación jurídica. En los delitos de competencia de los
jueces penales de circuito especializados, recibida la indagatoria, el fiscal
definirá la situación jurídica dentro de los diez (10) días siguientes, si
aquella hubiere sido recibida por un fiscal de sede distinta a la suya. Si es
necesaria la práctica de alguna prueba y el término anterior resultare
insuficiente, el término para definir la situación jurídica será de veinte (20)
días".
"Artículo
25. El numeral l del artículo 397 del Decreto 2700 de 1991, quedará así:
"Artículo
397. De la detención.
"1. Para
todos los delitos de competencia de los Jueces Penales de Circuito
Especializados".
"Artículo
26. El inciso 2° del articulo 409 del Decreto 2700 de 1991, quedara así:
"Articulo
409. Detención parcial en el lugar de trabajo o domicilio. De este beneficio
quedan excluidos en todo caso los sindicados por los delitos a los que se
refiere el artículo 71 de este Código".
"Artículo
27. El numeral 3º y el parágrafo del artículo 415 del Código de Procedimiento
Penal quedarán así:
"Artículo
415. Causales de Libertad Provisional.
"3. Cuando
se dicte en primera instancia preclusión de la investigación, cesación de
procedimiento o sentencia absolutoria.
"En los
procesos de competencia de los Jueces Penales de Circuito Especializados la
libertad provisional procederá siempre y cuando no se hubiere interpuesto
recurso de apelación por parte del Fiscal Delegado o del agente del Ministerio
Público. En el evento en que se hubiere interpuesto el recurso de apelación, la
libertad provisional sólo se concederá una vez confirmada la decisión de
primera instancia por el superior.
"En todo
caso, si el recurso no se resuelve dentro de los treinta (30) hábiles
siguientes, a partir del día en que entre al despacho del funcionario, se
concederá la libertad provisional.
"Parágrafo.
En los procesos que conocen los jueces penales de circuito especializados, para
que proceda la libertad provisional, los términos previstos en los numerales 4º
y 5º de este artículo se duplicarán. La inobservancia de los términos
establecidos en este artículo se considerará falta gravísima y se sancionará
con la destitución del cargo".
"Artículo
28. El artículo 453 del Decreto 2700 de 1991 tendrá un inciso 3º del siguiente
tenor:
"Artículo
453. Dirección de la Audiencia Pública. La audiencia pública se celebrará con
las medidas de seguridad y protección que el Juez considere necesarias. Las
autoridades atenderán oportunamente las solicitudes que se les formulen en tal
sentido.
"En caso de
requerirlo el juez deberá solicitar el apoyo de la fuerza pública en el lugar
de la audiencia pública".
"Artículo
29. El numeral 5º del artículo 147 de la Ley 65 de 1993 quedará así:
"Artículo
147. Permiso hasta de setenta y dos (72) horas.
"5º. Haber
descontado el setenta por ciento (70%) de la pena impuesta, tratándose de
condenados por los delitos de competencia de los Jueces Penales de Circuito
Especializados".
"Artículo
30. En inciso 2º del artículo 150 de la Ley 65 de 1993 quedará así:
"Artículo
150. Incumplimiento de las obligaciones. En caso de condenados que se
encuentren sindicados o condenados por hechos punibles cometidos durante el
tiempo de reclusión no podrán gozar de los beneficios de establecimiento
abierto.
"Artículo
31. El parágrafo del artículo 6º de la Ley 282 de 1996 quedará así:
"Artículo
6º. Atribuciones especiales del fiscal delegado.
"Parágrafo.
De las investigaciones preliminares en curso continuarán conociendo los
fiscales a cuyo cargo se encuentren radicados las diligencias a la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley, salvo que el Director Seccional de
Fiscalías disponga lo contrario.
"Artículo
32. Los funcionarios judiciales que venían prestando sus servicios a la
justicia regional y los testigos vinculados a programas de protección que
intervinieron en procesos sometidos a su conocimiento, tendrán prelación para
que se les preste seguridad por parte del Fondo de Seguridad de la Rama
Judicial y el Ministerio Público o de la Oficina de Protección de Víctimas,
testigos y funcionarios de la Fiscalía, cada uno de ellos dentro del ámbito de
su competencia.
"La Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la
Nación, según el caso, reglamentarán lo atinente a la custodia y conservación
de las providencias, actas y demás documentos que tengan carácter reservado.
"Artículo
33. En los procesos por los delitos de competencia de los jueces penales de
circuito especializados que a la vigencia de la presente ley se encuentren con
resolución de acusación ejecutoriada y no se hubiere vencido el término para
presentar alegatos de conclusión, el juez competente aplicará el trámite
ordinario previsto en el Título I del Libro III del Código de Procedimiento
Penal.
"Artículo
34. El inciso 2º del artículo 14 de la Ley 333 de 1996 quedará así:
"Artículo
14. De la competencia. Concederán de la extinción del dominio los
Fiscales Delegados ante los Jueces Penales de Circuito Especializados y el
supervisor de éstos en los asuntos penales de su competencia y, en los demás
casos, la Fiscalía adscrita a la Unidad Especializada, o la que determine el
Fiscal General de la Nación, así como los Jueces Penales de Circuito
Especializados o el Juez Penal del Circuito que está conociendo de la
actuación.
"Artículo
35. Adiciónese a los artículos 68 numeral 2º, 218 inciso 1º y 235 inciso 3º del
Decreto 2700 de 1991 la expresión "Tribunal Superior de Santa Fe de
Bogotá, D. C., o el Tribunal Superior que cree la ley para el conocimiento de
la segunda instancia de los procesos por los delitos de competencia de los
jueces penales de circuito especializado".
"Sustitúyase
en los artículos 78, 86, 106, 118, 121A numeral 4º y 123 numerales 4º y 5º del
Código de Procedimiento Penal la expresión "Tribunal Nacional" por la
expresión "Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá, D. C., o el Tribunal
Superior que cree la ley para el conocimiento de la segunda instancia de los
procesos por los delitos de competencia de los jueces penales de circuito
especializado".
"Sustitúyase
en los artículos 66, 67, 68 numeral 5º, 78, 118, 134, 206, 217, 339 incisos 1º
y 3º, 388 inciso 2º, 399 y 542 inciso 2º del Decreto 2700 de 1991 la expresión
"Juez Regional" por "Juez Penal de Circuito
Especializados".
"Artículo
36. Transitorio. Los documentos y demás efectos administrados por el Tribunal
Nacional, la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional y las
Direcciones Regionales de Fiscalías, pasarán a los Tribunales Superiores de
Distrito Judicial competentes conforme al artículo 35 de esta ley y a las
direcciones seccionales de Fiscalías, del cuerpo técnico de investigación y
administrativo y financiero de los distritos judiciales donde se radiquen los
respectivos procesos.
"Artículo
37. Transitorio. Adscríbase a la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Fe
de Bogotá, el conocimiento de los procesos de que actualmente conoce el
Tribunal Nacional, y de los que conozca hasta el 1º de julio de 1999. La Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura podrá crear una sala
especial de descongestión, conforme al artículo 63 de la Ley 270 de 1996, para
efectos del conocimiento de los procesos a que se refiere el artículo 5º de la
presente ley.
"Artículo
38. Transitorio. Las actuaciones procesales que viene conociendo la Unidad de
Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional en segunda instancia pasarán en el
estado en que se encuentren a la Unidad de Fiscalía Delegada ante la Sala Penal
Especial del Tribunal Superior de Bogotá, esta Fiscalía Delegada ante la Sala
de Descongestión también conocerá de las actuaciones procesales que se hubieren
iniciado antes del 1º de julio de 1999 y lleguen a trámite de segunda
instancia. Las actuaciones procesales de primera instancia que viene conociendo
la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional pasarán, en el estado
en que se encuentren, a las Unidades de Fiscalías delegadas ante los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial competentes por el factor territorial. Las
actuaciones procesales que vienen conociendo los fiscales delegados ante los
jueces regionales pasarán, en el estado en que se encuentren, a las unidades de
Fiscalía Delegadas ante los Jueces Penales de Circuito Especializados que
designe el Fiscal General de la Nación.
"Artículo
39. Transitorio. Los procesos que a la entrada en vigencia de la presente ley
estén en conocimiento de la Justicia Regional por delitos no previstos en el
artículo 5º de esta ley, se continuarán tramitando ante los Jueces Penales de
Circuito competentes por el factor territorial.
"Artículo
40. Transitorio. Los funcionarios y empleados que a la vigencia de la presente
ley se encuentran vinculados a la Justicia Regional se integrarán en
provisionalidad a los cargos correspondientes de los Jueces Penales de Circuito
Especializados y de los Fiscales Delegados ante los Jueces Penales de Circuito
Especializados. Una vez entre a regir la ley que cree el Tribunal Superior
Nacional, los funcionarios y empleados que a la vigencia de esta ley se
encuentren vinculados al Tribunal Nacional y ante la Unidad de Fiscalía
Delegada ante el Tribunal Nacional serán designados en provisionalidad para
desempeñar los cargos correspondientes del Tribunal Superior Nacional y de la
Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior Nacional, de acuerdo con
la distribución que realice la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura y el Fiscal General de la Nación conforme a las disposiciones
constitucionales y legales vigentes sobre el particular.
"Mientras
entra en vigencia la ley que crea el Tribunal Superior Nacional, los actuales
Magistrados y empleados del Tribunal Nacional y Fiscales de la Unidad Delegada
ante el Tribunal Nacional y los empleados de la misma, serán designados en
provisionalidad ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá
y ante la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santa Fe de Bogotá, D. C.
"Artículo
41. Autorízase al Gobierno Nacional para realizar los traslados y adiciones
presupuestales necesarios con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta
ley.
"Artículo
42. Transitorio. En los procesos en los que se hubieren recibido testimonios
con reserva de identidad, se mantendrá la reserva sobre la identidad del
testigo y estas pruebas se someterán a los principios generales de valoración
probatoria establecidas en el Código de Procedimiento Penal.
"Salvo los
casos de investigación penal o disciplinaria contra el funcionario
correspondiente, se mantendrá su reserva de identidad a aquellos que actuaron
en los procesos de competencia de los Jueces Regionales. No obstante, a partir
del 1º de julio de 1999, estos procesos se tramitarán sin que el funcionario
que avoque su conocimiento posea reserva de identidad, todo ello sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 158 de este Código.
"Artículo
43. Transitorio. A partir de la entrada en vigor de la Ley Estatutaria que crea
el Tribunal Superior Nacional estos funcionarios serán competentes para conocer
de los delitos contenidos en el artículo 5º de la ley y darán aplicación al
procedimiento señalado en esta ley a los procesos que se encuentran conociendo.
"Artículo
44. El artículo 441 del Decreto 2700 de 1991 tendrá un inciso adicional del
siguiente tenor:
"En los
procesos que conocen los Jueces Penales de Circuito Especializados no se podrá
dictar resolución de acusación que tenga como único fundamento uno o varios
testigos de personas cuya identidad se hubiera reservado.
"Artículo
45. El Procurador General de la Nación presentará un informe anual al Congreso
de la República evaluando el cumplimiento del debido proceso y el respeto de
los derechos humanos de los sindicados dentro de esta jurisdicción especial.
"Artículo
46. En caso de violación del debido proceso que afecte la libertad de los
imputados o violación de los términos contemplados en esa ley, el funcionario
responsable incurrirá en falta gravísima.
"Artículo
47. El artículo 124 del Código de Procedimiento Penal quedará así:
"Artículo
124. Competencia durante la instrucción. Corresponde a los Fiscales delegados
ante el Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá, D. C., o ante el Tribunal
Superior que cree la ley para el conocimiento de la segunda instancia de los
procesos por los delitos de competencia de los Jueces Penales de Circuito
Especializados:
"1. Conocer
en segunda instancia de las decisiones proferidas por los fiscales delegados
ante los Jueces Penales de Circuito Especializados.
"2. Asignar
el conocimiento de la instrucción cuando se presente conflicto entre los
fiscales delegados ante los Jueces Penales de Circuito Especializados.
"3. Decidir
sobre las recusaciones no aceptadas por los fiscales delegados ante los Jueces
Penales de Circuito Especializados.
"Artículo
48. El artículo 69 del Código de Procedimiento Penal quedará así:
"Artículo
69. Competencia durante el juicio. A los Magistrados de la Sala Penal
del Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá, D. C., o al Tribunal Superior que
cree la ley para el conocimiento de la segunda instancia de los procesos por
los delitos de competencia de los Jueces Penales de Circuito Especializados, le
corresponde conocer:
"1. En
segunda instancia, de los recursos de apelación y de hecho en los procesos que
conocen en primera instancia los Jueces Penales de Circuito Especializados.
"2. De la
acción de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los
Jueces Penales de Circuito Especializados.
"Artículo
49. Las normas incluidas en la presente ley tendrán una vigencia máxima de ocho
(8) años. A mitad de tal período, el Congreso de la República hará una revisión
de su funcionamiento y si lo considera necesario, le hará las modificaciones
que considere necesarias.
"Artículo
50. El artículo 313 del Código de Procedimiento Penal tendrá un inciso final
del siguiente tenor:
"En ningún
caso los informes de la Policía Judicial y las versiones suministradas por
informantes tendrán valor probatorio en el proceso.
"Artículo
51. Lo dispuesto en el inciso final del artículo 81 de la Ley 190 de 1995 se
aplicará a los procesos por los delitos de que trata la presente ley.
"Artículo
52. Derogatorias. La presente ley deroga todas las disposiciones que le sean
contrarias, en especial las contenidas en los artículos 214 inciso 3º, 415
parágrafo y 457 del Decreto 2700 de 1991.
"Artículo
53. Vigencia. La presente ley rige a partir del 1º de julio de 1999".
III. LAS
DEMANDAS.
1. Demanda del ciudadano Pedro Pablo
Camargo. (Expediente D-2472).
En resumen, las
acusaciones de inconstitucionalidad formuladas por el ciudadano Pedro Pablo
Camargo en relación con la Ley 504 de 1999, son las siguientes:
1.1. Afirma que la
Ley 504 de 1999, en su integridad, quebranta los artículos 152 y 153 de la
Constitución Política por cuanto las disposiciones contenidas en dicha ley
modifican el artículo 205 de la Ley 270 de 1996 -Estatutaria de la
Administración de Justicia-, norma esta en la cual se ordenó que "en todo
caso, la justicia regional dejará de funcionar a más tardar el 30 de junio de
1999", la cual fue declarada exequible por la Corte Constitucional en
Sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996.
En la argumentación
expuesta para sustentar la acusación así formulada, manifiesta el actor que el
objeto de la Ley 504 de 1999 es el de extender "por ocho (8) años más
(artículo 49) la justicia regional, denominada por la ley jurisdicción especial
(artículo 45)".
Como surge de los
debates parlamentarios y de las intervenciones que durante el trámite de la ley
realizaron ante el Congreso el Fiscal General de la Nación, el Ministro del
Interior, el Presidente del Tribunal Nacional, y el Presidente de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, para la expedición de la ley
cuya inexequibilidad se pretende, se tuvo como propósito fundamental evitar el
"colapso" de la justicia regional que conduciría, además a
excarcelaciones de numerosos procesados, es decir que se persiguió prolongar la
vigencia de la misma, "por encima de la prohibición del artículo 205
transitorio de la Ley 270 de 1996".
1.2. Tan cierto es
lo anteriormente expuesto, -prosigue el actor-, que simultáneamente con la Ley
504 de 1999, se tramitó también el proyecto de Ley Estatutaria No. 138
-Senado-1998, 144 -Cámara 1998, para modificar la Ley 270 de 1996 -Estatutaria
de la Administración de Justicia-, sujeta a revisión previa de la Corte
Constitucional.
Agrega el demandante
que, el artículo 43 de la Ley 504 de 1999 parte del supuesto de que la Corte
Constitucional encontrará ajustado a la Carta Política el referido proyecto de
Ley Estatutaria en cuanto hace a la modificación del artículo 11 de la Ley 270
de 1996 mediante el cual se pretende crear el Tribunal Superior Nacional, pues,
como se observa en el referido artículo 43 de la ley acusada, en él se dispuso
que al entrar en vigencia la nueva ley, ese Tribunal asumirá el conocimiento de
los procesos por los delitos de que trata el artículo 5º de la propia Ley 504
de 1999.
Manifiesta
igualmente el demandante que, si en cumplimiento del artículo 205 de la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia, la denominada "Justicia
Regional" expiró el 30 de junio de 1999, prolongar su vigencia "por
ocho años más", es asunto del que sólo podría ocuparse el legislador por
medio de una ley estatutaria, y no a través de una ley ordinaria como lo hizo,
pues de esta manera se quebrantan los artículos 152 y 153 de la Constitución
Política.
1.3. Asevera el
demandante que el artículo 1º de la Ley 504 de 1999 mediante el cual se crearon
los Juzgados Penales del Circuito Especializados, es igualmente inexequible por
cuanto para el efecto debió previamente modificarse el artículo 11 de la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia y, por consiguiente, es también
inexequible la asignación de competencia a los Juzgados aludidos para que ellos
conozcan de los procesos por los delitos a que se refiere el artículo 5 de la
ley demandada.
1.4. Por otra parte,
a juicio del ciudadano demandante la Ley 504 de 1999, en su artículo 45
establece una "jurisdicción especial" que entró en funcionamiento a
partir del 1º de julio de 1999, con lo cual se quebrantan los artículos 116,
246 y 247 de la Constitución Política, conforme a los cuales además de la
jurisdicción ordinaria, sólo existen como jurisdicciones especiales la indígena
y la de equidad por conducto ésta última de los jueces de paz, lo que quiere
decir que el Congreso de la República no puede establecer otra
"jurisdicción especial" para reemplazar con ese nombre a la
"justicia regional".
1.5. De la misma
manera, la Ley 504 de 1999, en cuanto prolonga la existencia de la
"justicia regional", bajo otro nombre, "justicia
especializada", quebranta los artículos 13 y 29 de la Carta Política, así
como el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(Ley 74 de 1968) y los artículos 8 y 24 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, como quiera que el juzgamiento de los delitos señalados en el
artículo 5 de la ley acusada, establece para el efecto un procedimiento
excepcional y distinto al de la justicia ordinaria, que, precisamente por ello,
desconoce el derecho a la igualdad ante la ley y las garantías mínimas para el
procesado, entre ellas la de ser juzgado por un "juez natural". En
efecto, se observa que el artículo 27 de la Ley 504 de 1999 amplía los términos
para la concesión de la libertad provisional en los delitos de conocimiento de
los jueces especializados, así como el artículo 25 de dicha ley ordena que en
tales delitos procederá siempre la detención preventiva, cuando "el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos" expresamente dispone que
dicha medida cautelar debe ser excepcional y no la regla general. (artículo 9 numeral
tercero).
1.6. En cuanto al
artículo 7 de la Ley 504 de 1999, que autoriza al Ministro de Justicia para
que, oficiosamente o a petición de parte procesal ordene el cambio de
radicación del proceso de que conozcan los Jueces Penales del Circuito Especializados
cuando existan motivos serios para temer sobre la integridad personal del juez
o cuando se presenten circunstancias de excepción que puedan afectar el orden
público o la administración de justicia, manifiesta el demandante que la norma
en cuestión inicialmente formó parte del Decreto 2790 de 1990, expedido en ese
entonces por el Presidente de la República haciendo uso de las facultades
propias del Estado de Sitio a que se refería el artículo 121 de la Constitución
anterior, y, agrega, que en un estado de derecho esa facultad de que ahora se
inviste de manera permanente al ejecutivo por conducto del Ministerio de
Justicia, resulta violatoria de los artículos 116, 152, 153 y 201 de la
Constitución Nacional vigente, pues al Gobierno, en relación con la rama
judicial, sólo le compete prestar a los funcionarios judiciales los auxilios
necesarios para hacer efectivas sus providencias, sin que pueda inmiscuirse en
asuntos internos de la administración de justicia, como el cambio de radicación
de un proceso penal.
1.7. Los artículos
12, 13, 17 y 18 de la Ley 504 de 1999, violan los artículos 29, 152, 153 y 250
de la Constitución Política así como los artículos 14 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, por cuanto, por una parte la reserva de identidad de testigos y
fiscales que formaba parte de las instituciones de la "justicia
regional", dejó de regir el 30 de junio de 1999, por expreso mandato del
artículo 205 transitorio de la Ley 270 de 1996; y, por otra parte, la facultad
que el artículo 250 de la Constitución otorga a la Fiscalía General de la
Nación para "velar por la protección de las víctimas, testigos e
intervinientes en el proceso penal", no puede interpretarse como una autorización
para desconocer el derecho a un "debido proceso público", garantizado
por el artículo 29 de la Constitución que, es precisamente lo que ocurre con
testigos cuya identidad se desconoce por el procesado, así como con fiscales
que en la fase de instrucción del proceso, por su carácter secreto, afectan el
derecho a la independencia e imparcialidad que respecto de ellos ha de mantener
siempre el procesado.
1.8. En relación con
los artículos 25, 26 y 27 de la ley demandada, afirma el actor que vulneran los
artículos 13, 152 y 153 de la Constitución, así como los artículos 9, 10 y 14
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la medida en que en
esas normas de carácter excepcional, se establece la detención preventiva como
medida cautelar en todos los delitos de competencia de los Jueces Penales del
Circuito Especializados, así como se excluye a los procesados por estos delitos
del beneficio de detención parcial en el lugar de trabajo o en su domicilio, y,
además, se duplican los términos para resolver en relación con la libertad de
los sindicados, todo lo cual pone de manifiesto un tratamiento discriminatorio
no justificado, de carácter exceptivo, en desmedro del derecho a un proceso sin
dilaciones injustificadas y con observancia de las garantías mínimas, entre las
cuales se encuentra la de la libertad como regla general y la detención como
medida cautelar y no al contrario, como se establece en la ley objeto de
acusación.
1.9. El artículo 37
transitorio de la Ley 504 de 1999 a juicio del actor, quebranta los artículos
116, 152, 153 y 257 de la Constitución, en cuanto asigna competencia a la Sala
Penal del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá en relación con los procesos
de que antes conocía el Tribunal Nacional, durante la vigencia de la justicia
regional. Ello resulta evidente, pues conforme al factor territorial de
competencia la segunda instancia de dichos procesos, al desaparecer la justicia
regional el 30 de junio de 1999, correspondía, entonces, a los Tribunales
Superiores respectivos, por lo que el citado artículo 37 de la Ley 504 de 1999
viola el artículo 116 de la Constitución.
Además, el artículo
37 de la ley acusada, que faculta a la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura para crear una sala de descongestión en el Tribunal Superior
de Santafé de Bogotá, "para efectos del conocimiento de los procesos a que
se refiere el artículo 5 de la presente ley", vulnera lo dispuesto por el
artículo 257 de la Carta Política, pues este no autoriza al Consejo Superior de
la Judicatura a crear  salas de descongestión, sino que, en armonía con el
artículo 63 de la Ley 270 de 1996, se limita a indicar que el Consejo Superior
de la Judicatura "podrá crear, con carácter transitorio, cargos de jueces
o magistrados sustanciadores o de fallo, de acuerdo con la ley de
presupuesto", razón esta por la cual, se quebrantaron entonces los
artículos 152 y 153 de la Constitución Política.
1.10. El artículo 38
transitorio de la Ley 504 de 1999, en el cual se dispone que las actuaciones procesales
que cumplía la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional en segunda
instancia "pasarán en el estado en que se encuentren a la Unidad de
Fiscalía Delegada ante la Sala Penal Especial del Tribunal Superior de
Bogotá", al decir del demandante es violatorio de los artículos 116, 152 y
153 de la Constitución Política, en primer término,  porque la Sala Penal
Especial del mencionado Tribunal, no puede ser creada sino por una ley
estatutaria, ya que el artículo 19 de la Ley 270 de 1996, no la contempla; y,
en segundo término, porque la Sala Penal Especial a que se alude, no puede
asumir la competencia que corresponde a los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial de todo el país, conforme a lo previsto por los artículos 11 y 19 de
la Ley 270 de 1996, ni siquiera de manera temporal hasta que se cree el
Tribunal Superior Nacional de que trata el proyecto de Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia que se tramitó simultáneamente con la Ley 504 de
1999, que es una ley ordinaria.
1.11. Con respecto
al artículo 40 transitorio de la  Ley 504 de 1999 en el cual se dispone que los
funcionarios y empleados que prestaban sus servicios a la "justicia
regional" cuya vigencia por mandato del artículo 205 transitorio de la Ley
270 de 1996 era temporal, es decir, hasta el 30 de junio de 1999, pasarán,
"en provisionalidad a los cargos correspondientes de los Jueces Penales
del Circuito Especializados" y de los Fiscales Delegados ante ellos,
quebranta los artículos 152 y 153 de la Constitución, pues esa disposición
forma parte de la prolongación de la justicia regional más allá del 30 de junio
de 1999, y, en consecuencia, la decisión sobre el particular sólo podía ser
objeto de una Ley Estatutaria.
Por otra parte, el
artículo 257 de la Constitución Política asigna al Consejo Superior de la
Judicatura la función de "crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en
la administración de justicia", la que no puede ser ejercida entonces por
el Congreso de la República.
Además, por
idénticas razones resulta inexequible el parágrafo del artículo 40 transitorio
de la Ley 504 de 1999, en el que se dispone que "mientras entra en
vigencia la ley que crea el Tribunal Superior Nacional, los actuales
magistrados y empleados del Tribunal Nacional y Fiscales de la Unidad Delegada
ante el Tribunal Nacional y los empleados de la misma, serán designados en
provisionalidad ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá y
ante la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santafé de Bogotá", pues, conforme al artículo 17 de la Ley
270 de 1996, a la Corte Suprema de Justicia se le asignó la función de elegir a
los magistrados del Tribunal Nacional, Tribunal que desapareció el 30 de junio
de 1999, por mandato expreso del artículo 205 transitorio de la Ley Estatutaria
de la Administración de Justicia.  Es decir, no existe norma aplicable al
respecto, así pueda llegar a existir si finalmente se expide la nueva Ley
Estatutaria a que se refiere el proyecto 138 de 1998 Senado y 144 de 1998
Cámara, actualmente sometidos a revisión previa de la Corte Constitucional.
De esta suerte, la
"integración provisional" de magistrados, jueces y empleados que
prestaron sus servicios en la "justicia regional", es contraria a la
Constitución. Resulta evidente que "no pueden ser designados en
provisionalidad, pues ningún órgano jurisdiccional tiene la facultad de
nombrarlos", ni el artículo 85 de la Ley 270 de 1996 confiere tal potestad
a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para efectuar
respecto de aquellos magistrados, jueces y empleados de la justicia regional un
"nombramiento temporal".
1.12. El artículo 42
transitorio de la ley demandada, según el ciudadano demandante quebranta los
artículos 6, 29, 116, 152 y 153 de la Constitución Política, en cuanto dicha
disposición de la Ley 504 de 1999, tiene como único propósito prolongar la
reserva de identidad tanto de los funcionarios como de los testigos secretos
que actuaron en la llamada "justicia regional" hasta el 30 de junio
de 1999, lo que no podía hacerse sino mediante una Ley Estatutaria, como quiera
que el artículo 205 transitorio de la Ley 270 de 1996, expresamente dispuso que
la llamada justicia regional dejaría de funcionar "a más tardar el 30 de
junio de 1999".  Por ello, tanto a los particulares que hubieren actuado
como testigos secretos, como a los funcionarios públicos que actuaron en la
justicia regional, se les puede exigir responsabilidad ante las autoridades por
infracción de la Constitución o de las leyes, o por omisión en el ejercicio de
sus funciones, conforme al artículo 6 de la Carta, sin que pueda ninguno
ampararse en la reserva de identidad prolongada indebidamente por el artículo
42 de la ley demandada.
1.13. Los artículos
43, 47 y 48 de la Ley 504 de 1999 que asignan competencia al Tribunal Superior
Nacional cuya creación se prevé en el proyecto de Ley Estatutaria 138 Senado
1998, 144 Cámara 1998, resultan contrarios a la Constitución, como quiera que
se refieren a un organismo judicial inexistente al momento de dictarse la ley
acusada, y, por lo mismo, violatorios de la garantía al debido proceso y al
juez natural, por lo que resulta manifiesto el quebranto del artículo 29 de la
Carta, así como de los artículos 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
1.14. El artículo 49
de la Ley 504 de 1999 que prorroga "por ocho años más" las normas de
lo que constituía la "justicia regional", es violatorio de la Carta,
no sólo por establecer una "jurisdicción especial", sino, además,
porque una decisión de esa naturaleza requeriría, a lo menos de una Ley
Estatutaria.
1.15. Por último, el ciudadano demandante expresa
que el artículo 52 de la Ley 504 de 1999 mediante el cual se derogan algunas de
las normas que conformaron la "justicia regional", es violatorio de
los artículos 152 y 153 de la Constitución, por cuanto una ley ordinaria no
puede derogar una ley estatutaria, por una parte; y, por otra, con respecto a
los artículos 214 inciso tercero, 415 parágrafo y 457 del Decreto 2700 de 1991
(Código de Procedimiento Penal), en cuanto contenían normas aplicables en la
justicia regional, dejaron de regir el 30 de junio de 1999, conforme al mandato
contenido en el artículo 205 transitorio de la Ley 270 de 1996.
2. Demanda del
ciudadano Carlos Alberto Maya Restrepo. (Expediente D-2481).
El ciudadano Carlos
Alberto Maya Restrepo, en resumen, solicita la declaración de
constitucionalidad de la Ley 504 de 1999, por las siguientes razones:
2.1. El artículo 205
transitorio de la Ley 270 de 1996, -Estatutaria de la Administración de
Justicia-, dispuso que "en todo caso, la justicia regional dejará de
funcionar a más tardar el 30 de junio de 1999".
2.2. El conjunto
normativo contenido en el articulado de la Ley 504 de 1999, constituye una
prolongación de la denominada "justicia regional", lo que significa
que fueron quebrantados entonces al expedirla los artículos 152 y 153 de la
Constitución Nacional. Así mismo, resulta quebrantado el artículo 116 de la
Carta, que establece quienes administran justicia sin incluir los organismos
que conformaron, por excepción, la "justicia regional".
2.3. Los artículos
13, 17 y 49 de la Ley 504 de 1999, mediante los cuales se establece o autoriza
la reserva de identidad de algunos funcionarios, y la de los testigos que
actúen en la ahora denominada "justicia especializada", resultan
violatorios del artículo 29 de la Carta Política que establece el derecho a un
debido proceso público. Por la misma razón, se quebrantan entonces la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (Ley 74 de 1968) y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Pacto de San José -Ley 16 de 1972), que prevalecen en el
orden interno por expreso mandato del artículo 93 de la Carta Política.
3. Demanda del ciudadano Augusto
Francisco Bernal González. (Expediente D-2487).
El ciudadano Augusto
Francisco Bernal González limita su demanda a impetrar que se declare la
inconstitucionalidad parcial del artículo 27 de la Ley 504 de 1999, en cuanto
mediante dicho artículo se introducen modificaciones al numeral tercero y al
parágrafo del artículo 415 del Código de Procedimiento Penal.
Sostiene al respecto
el ciudadano demandante de la norma citada que con la modificación introducida
por el artículo 27 de la Ley 504 de 1999 al numeral tercero y al parágrafo del
artículo 415 del Código de Procedimiento Penal, se quebrantan los artículos 13
y 29 de la Constitución Política, por cuanto al regular lo atinente a las
causales de libertad provisional, se establece como regla general que ella
procede cuando se dicte en primera instancia providencia en la que se declare
la preclusión de la investigación, la cesación del procedimiento o sentencia
absolutoria, lo cual resulta acorde con el principio universalmente aceptado de
la presunción de inocencia.
Sin embargo, a
continuación se dispone que en aquellos procesos de competencia de los Jueces
Penales del Circuito Especializados, esa libertad provisional requiere, para
ser concedida, que, además, "no se hubiere interpuesto recurso de
apelación por parte del Fiscal Delegado o de la Agente del Ministerio
Público" y que, cuando esos funcionarios interpongan tal recurso, la
libertad provisional sólo podrá concederse "una vez confirmada la decisión
de primera instancia por el superior", con la aclaración de que "si
el recurso de no resuelve dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a
partir del día en que entra al despacho del funcionario, se concederá la
libertad provisional".
Por otra parte, para
la procedencia de la libertad provisional en los procesos de que conoce los
Jueces Penales del Circuito Especializados, se duplican los términos aplicables
para los demás procesos penales.
Esas son, a juicio
del actor, discriminaciones odiosas, insostenibles e injustificadas respecto de
los procesados por delitos de que deban conocer los Jueces Penales del Circuito
Especializados o la Fiscalía Delegada ante ellos, pues cuando el funcionario competente
absuelve o desvincula en primera instancia a un procesado, si este lo es ante
la justicia especializada no puede obtener de manera inmediata la libertad
provisional como respuesta a la declaración de su inocencia, mientras los demás
procesados sí la obtienen de manera inmediata.
Así, frente a
supuestos normativos idénticos (sentencia absolutoria, preclusión, cesación de
procedimiento), las consecuencias son distintas sin razón que lo justifique.
Por esto, a juicio
del actor, se quebranta el artículo 13 de la Constitución Nacional, se
desconoce la presunción de inocencia, se limita arbitrariamente la libertad y
se vulnera el artículo 29 de la Carta "al inventar una presunción de
responsabilidad penal en el procesado y presunción de error en el criterio del
funcionario", sólo en atención a la naturaleza del delito de que conocen
los Jueces Penales del Circuito Especializados.
4. Demanda del ciudadano Carlos Mario
Salazar Pineda. (Expediente D-2515).
El ciudadano Carlos
Mario Salazar Pineda, solicita a la Corte declarar inexequible en su integridad
la Ley 504 de 1999, por cuanto considera que mediante esta ley ordinaria se
prolongó la existencia de la llamada "justicia regional" más allá del
30 de junio de 1999, fecha en la cual por haberlo dispuesto así el artículo 205
transitorio de la Ley 270 de 1996 -Estatutaria de la Administración de
Justicia, aquella justicia excepcional debería dejar de funcionar.
Siendo ello así,
fueron entonces quebrantados los artículos 152 y 153 de la Carta, pues la modificación
a lo dispuesto por el artículo 205 de la Ley Estatutaria de la Administración
de Justicia, sólo podía llevarse a efecto por el Congreso de la República, con
estricta sujeción a los preceptos constitucionales acabados de mencionar, pues,
la nueva ley tan sólo le hizo unas leves modificaciones a la "justicia
regional", "tiznadas de barniz , que en el fondo mantiene la misma
estructura y filosofía" de la "justicia regional".
IV. INTERVENCIÓN
DEL SEÑOR FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN.
El señor Fiscal General
de la Nación, en escrito que obra a folios 84 a 109, solicita a la Corte
Constitucional declarar la exequibilidad de la Ley 504 de 1999, previo análisis
de cada uno de los distintos cargos de inconstitucionalidad que contra ella
fueron formulados por los ciudadanos demandantes.
En síntesis el señor
Fiscal General de la Nación, como razones para que se declare la exequibilidad
de la ley acusada, esgrime las siguientes:
1. No es verdad,
como se afirma en las demandas que dieron origen a los procesos D-2472 y D-2481
que el trámite de la Ley 504 de 1999, por su contenido, no debiera ser el de
una ley ordinaria sino el de una ley estatutaria.
Funda esta aserción
el señor Fiscal General de la Nación en la consideración de que el artículo 152
de la Carta estatuyó que la regulación de la administración de la justicia se
tramite mediante leyes estatutarias, pero de allí no se sigue que todos los
temas judiciales deban ser objeto de leyes de esa naturaleza. A este efecto,
recuerda que ese criterio ha sido acogido por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional en Sentencia C-037 de 1996.
A continuación
expresa que al observar el artículo 1 de la Ley 504 de 1999, este remite al
artículo 11 de la Ley 270 de 1996, conforme al cual la rama judicial del poder público
está constituida entre otros, por los juzgados especializados que se creen
conforme a la ley. De esta suerte, no se requería la expedición de una Ley
Estatutaria para la creación de Juzgados Penales del Circuito Especializados,
y, en tal virtud, el artículo 1 de la Ley 504 de 1999, que así los denominó, no
resulta inexequible. Tan sólo se trata de que tales juzgados son de esa clase,
"especializados", no porque pertenezcan a una jurisdicción especial
sino porque a ellos se les atribuye una "competencia especial", que
les es asignada por el legislador para que conozcan de los procesos
relacionados con los delitos a que se refiere el artículo 5 de la Ley 504 de
1999, que modifica el artículo 71 del Código de Procedimiento Penal.
De otro lado, los
Juzgados Penales del Circuito Especializados "hacen parte de la
jurisdicción ordinaria, ya que como lo señala la ley demandada en el artículo
1, ellos fueron creados en aplicación del artículo 11 de la Ley 270, que
incluye a los Jueces Especializados dentro de la misma"; e igual cosa ha
de decirse en relación con el Tribunal Superior Nacional al que se hace mención
en el artículo 43 transitorio de la ley acusada, pues dicho Tribunal al ser
expedida la Ley Estatutaria a que se refiere el proyecto 138 Senado de 1998 y
144 de 1998 Cámara de Representantes, entrará a hacer parte de los organismos
de la Administración de Justicia.
2. La Ley 504 de
1999 no creó ninguna jurisdicción especial, como se afirma en la demanda
contenida en el expediente D-2472.
Asevera sobre el
particular el señor Fiscal General de la Nación que, si bien es verdad que el
artículo 45 de la ley acusada utiliza la expresión "jurisdicción
especial", en realidad en esa ley no se crea ninguna jurisdicción de esta
clase. En efecto, una interpretación armónica del texto de la disposición
acusada "con la Ley 270 de 1996 y aún con el proyecto de Ley Estatutaria
No. 138 de 1998 del Senado y 144 de 1998 de la Cámara", permite concluir
"que los órganos creados en la Ley 504 hacen parte de la jurisdicción
ordinaria y en ningún momento de una jurisdicción especial".
Lo que ocurre es que
tanto el demandante, como el propio el artículo 45 de la Ley 504 de 1999,
incurren en una confusión lamentable de los conceptos de jurisdicción y competencia,
hoy claramente diferenciados en el derecho procesal moderno. El objetivo claro
de la Ley 504 de 1999 es el señalamiento de unas competencias penales
especiales a los juzgados creados por dicha ley en el artículo 1,
pertenecientes a la jurisdicción ordinaria y, "en ningún momento la
prolongación de la llamada justicia regional, por lo cual no se viola ningún
precepto constitucional".
3. La Ley 504 de
1999 no viola el principio de igualdad, ni tampoco el debido proceso, como se
acusa en las demandas D-2472 y D-24487, esta última con relación al artículo 27
de la ley acusada.
Asevera el señor
Fiscal General de la Nación que a los actores no les asiste la razón en cuanto
al supuesto desconocimiento del principio a la igualdad, pues la diferencia de
trato impuesta por el legislador respecto al trámite de los procesos sujetos al
conocimiento de los Jueces Penales del Circuito Especializados, incluido lo
atinente a la concesión de la libertad provisional, tiene como explicación que
dichos delitos, a juicio del legislador, "comportan un daño social mucho
más grave y por ellos su tratamiento es diferente al de los demás
delitos", finalidad que no resulta así arbitraria y, en cambio, ha de
aceptarse como "razonable, esto es, admisible desde la perspectiva de los
valores y principios constitucionales".
Por lo que hace a la
presunta violación del debido proceso, expresa el señor Fiscal General de la
Nación que en el proceso penal, este "es un complejo sistema de garantías
constitucionales que están encaminadas a salvaguardar los derechos y libertades
de los sindicados, frente al legítimo ejercicio estatal de la función punitiva,
sin que esta pueda por razones de eficacia, violar el núcleo esencial del
debido proceso en relación con el sindicado".
En ese orden de
ideas, corresponde al legislador definir el "momento de hacer efectiva la
libertad provisional" cuando a ellas se tenga derecho por el sindicado,
por lo que decidir si a ella ha de concederse cuando se dicte la providencia
respectiva en primera instancia o al momento de quedar ejecutoriada, cuando
ella ha sido objeto de recurso por el fiscal delegado o el respectivo agente
del ministerio público, es un asunto de política criminal sobre el cual existe
libre configuración por el legislador, "sin que por ello se viole precepto
constitucional alguno", razones estas que, a su juicio, permiten concluir
que los artículos 25, 26 y 27 de la Ley 504 de 1999, se ajustan a la
Constitución.
4. Las normas
sustanciales que tipifican los delitos de que conocía la justicia regional no
desaparecieron por virtud del artículo 205 de la Ley 270 de 1996. Esta
aseveración se fundamenta en que los decretos y las leyes que crearon y
definieron los delitos de que conocía la justicia regional, no requieren ser
establecidos por una Ley Estatutaria, pues ello resultaría violatorio de los
artículos 150-2, 152-b y 158 de la Carta Política, ya que es a las normas
legales de carácter ordinario y no a las leyes estatutarias a las que
corresponde la tipificación de delitos de determinadas conductas y la
definición de las penas correspondientes, lo cual permite concluir que el
artículo 5 de la Ley 504 de 1999 no contraría en nada la Constitución.
5. Los artículos 7,
12, 13, 17 y 18 de la Ley 504 de 1999, y otras normas de contenido procesal incluidas
en ésta, no son inconstitucionales, porque corresponde a la ley ordinaria y no
a las leyes estatutarias la asignación de competencias, y el señalamiento de
los procedimientos propios de cada proceso, que fue precisamente aquello de que
se ocupó el legislador al expedir la ley objeto de acusación.
Por lo que hace al
artículo 7 de la Ley 504 de 1999, que autoriza al Ministerio de Justicia y del
Derecho para que de oficio o a petición de parte actúe para realizar el cambio
de radicación de un proceso cuyo conocimiento se asigna por la ley a Jueces
Penales del Circuito Especializados, no es contrario a la Constitución, ni
vulnera lo dispuesto en el artículo 116 de la misma, sino que se trata,
simplemente, de un mecanismo jurídico, más de carácter administrativo que
judicial, que de manera excepcional y en desarrollo de la colaboración con la
administración de justicia permite que el ministerio del ramo sea dotado de la
facultad de variar la radicación de los procesos de competencia de los jueces
aludidos, cuando existan especiales circunstancias que afecten el orden
público, la imparcialidad e independencia de la administración de justicia, las
garantías procesales, o la publicidad del juzgamiento o la seguridad del
procesado.
6. En lo referente a
la reserva de identidad de testigos y fiscales, autorizada en la Ley 504 de
1999, expresa el Fiscal General de la Nación que se trata de una "medida
excepcional", para casos "especialmente graves", que queda
sometida a la "determinación discrecional" de ese alto funcionario
del Estado, en orden a proteger derechos fundamentales del testigo o del Fiscal
correspondiente, tales como la vida y la seguridad personal, nada de lo cual
resulta violatorio de "precepto constitucional alguno"
V. INTERVENCIÓN
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO.
El Ministerio de
Justicia y del Derecho, por intermedio de la Directora General de Políticas
Jurídicas y Desarrollo Legislativo, solicita a la Corte declarar la
exequibilidad, en su integridad de la Ley 504 de 1999, por cuanto las normas en
ella contenidas no quebrantan, a su juicio, la Constitución Política.
En síntesis, la
argumentación expuesta por el Ministerio de Justicia y del Derecho para
defender la constitucionalidad de la ley acusada, puede resumirse así:
1. La Ley 504 de
1999 fue tramitada conforme a la Constitución.
Para llegar a esta
conclusión, aduce el Ministerio de Justicia y del Derecho que conforme a la
Constitución a la Ley Estatutaria le corresponde regular los asuntos básicos,
fundamentales en relación con la estructura de la administración de justicia,
pero no aquellos de índole puramente procesal, pues a ellos corresponde el
trámite propio de las leyes ordinarias y, siendo ello así, por el contenido
normativo de la Ley 504 de 1999, que se refiere a asignación de competencia a
unos jueces especializados dentro de la jurisdicción penal ordinaria, así como
a los procedimientos que han de observarse en el trámite de los procesos a
ellos asignados, es claro que dicha ley resulta ajustada a la Constitución,
pues no se requería su expedición como ley estatutaria.
2. La Ley 504 de
1999 no prorroga en el tiempo la vigencia de la justicia regional y, por
consiguiente, no viola la Constitución.
Sobre este aspecto,
manifiesta el Ministerio de Justicia y del Derecho que, efectivamente, el
artículo 205 transitorio de la Ley 270 de 1996 estableció que la justicia
regional dejaría de funcionar el 30 de junio de 1999, asunto este sobre el cual
nada dice la Ley 504 de 1999, cuyas normas "plantean sustanciales diferencias
con el régimen especial anterior, por lo que es obvio que se trata de
instituciones totalmente nuevas, aplicables como normas que adicionan el
procedimiento penal aplicable en adelante".
La justicia regional
tenía un carácter extraordinario y excepcional, como respuesta "al
creciente fenómeno de la delincuencia organizada", que llevó al estado
colombiano a expedir normas específicas para combatirla, como el "Estatuto
para la Defensa de la Democracia (Decretos 3664 de 1986, 180, 181 182 de 1988 y
1857 de 1989)", el denominado "Estatuto para la Defensa de la
Justicia (Decretos 2790, 99, 390, 1676 de 1990)", así como a establecer
normas procesales especiales, "que desembocaron luego" en la justicia
regional.
Esta justicia
específica, conocida como la "justicia regional", se caracterizó por
el establecimiento de la reserva de identidad de los funcionarios que
intervenían en el proceso penal, así como la de los testigos y demás
intervinientes, "de las pruebas e incluso de las decisiones que hacen
parte del expediente, imposibilidad de suspender la detención preventiva o la
ejecución de la pena, inexistencia de audiencias públicas, valor probatorio
pleno de los medios recaudados por la policía judicial de orden público,
decisión de las nulidades en la sentencia e improcedencia de las mismas en caso
de reemplazo del juez asignado al conocimiento del proceso", asuntos estos
que fueron adoptados como legislación permanente tras la entrada en vigencia de
la Constitución de 1991.
Si bien es cierto
que la justicia regional dejó de operar conforme a lo dispuesto por el artículo
205 de la Ley 270 de 1996, también lo es que "muchos procesos" de que
ella conocía "se encuentran en etapas intermedias", al mismo tiempo
que en algunos de ellos existen pruebas suficientes para el juzgamiento de los
sindicados.  Esa es la razón por la cual fue expedida la Ley 504 de 1999, con
la creación de Jueces Penales del Circuito Especializados, cuyo ámbito
territorial de competencia será determinado por el Consejo Superior de la Judicatura,
y cuyo juzgamiento se llevará a efecto con sujeción a normas transitorias y con
autorización, para casos excepcionales de reserva de identidad de testigos y
fiscales.
En realidad, dadas
las modalidades de las conductas delictivas, se hizo necesario la adopción de
una normatividad nueva para combatir el delito, con algunos procedimientos que,
en todo caso, no disminuyen las garantías mínimas a que tienen derecho los
procesados, pero que persiguen la eficacia de la administración de justicia
ante la gravedad de las conductas y las especiales condiciones de los autores
de las mismas.
3. La Ley 504 de
1999 no creó una "jurisdicción especial", sino asignó competencia a
unos funcionarios judiciales, por lo que no resulta contraria a la Carta.
Expresa la
interviniente que la Ley 504 de 1999 con la creación de los Juzgados Penales
del Circuito Especializados, en realidad no estableció una "jurisdicción
especial", sino que le asignó unas determinadas competencias a los mismos
para el conocimiento de unos delitos específicos, sin desconocimiento alguno
del debido proceso, el derecho a la igualdad ante los Tribunales y a ser
juzgados por juez natural. Es verdad, -prosigue, que existen algunas normas que
varían el procedimiento ordinario en materia penal cuando se trata de algunos
delitos, pero ello es asunto de carácter procesal que, en todo caso, no
contraría la Constitución.
La ampliación de
términos para resolver sobre la libertad del procesado o, en general para el
trámite del proceso, a juicio de la interviniente puede incluirse por el
legislador, cuando "sean razonables", como ocurre con la Ley 504 de
1999 que, por ese aspecto, no riñe con la Constitución.
4. El artículo 7 de
la Ley 504 de 1999, que autoriza al Ministerio de Justicia y del Derecho para ordenar
el cambio de radicación de procesos asignados al conocimiento de los Jueces
Penales del Circuito Especializados, no resulta contrario a la Constitución,
por cuanto se trata de una medida "de carácter administrativo para
salvaguardar la integridad de los jueces, es decir, no es un acto
jurisdiccional, en la medida en que el mismo no está destinado o no tiene la
virtualidad para determinar o afectar la decisión judicial que se busca
facilitar o el curso del procedimiento previo", sino que persigue la efectividad
en el ejercicio de la función judicial, sin que ello implique menoscabo de las
garantías propias del debido proceso, por lo que resulta ser así un simple
desarrollo del artículo 201 de la Constitución Política, cuyo numeral primero
asigna al ejecutivo la función de colaboración y auxilio a la administración de
justicia.
5. Tanto la creación
de una Sala Penal Especial en el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, como
la de algunos cargos judiciales, a que se refiere el artículo 38 de la Ley 504
de 1999, tienen como soporte jurídico el artículo 19 de la Ley 270 de 1996,
razón esta por la cual no puede predicarse la inconstitucionalidad de esas
normas, como lo pretenden algunos de los demandantes.
6. Por lo que hace a
la improcedencia de la libertad provisional cuando la decisión de primera
instancia hubiere sido apelada por el Fiscal Delegado o por el respectivo
Agente del Ministerio Público, no resulta inexequible el artículo 27 de la Ley
504 de 1999, porque esa norma no contraria ninguna disposición de carácter
constitucional y para establecerla el legislador puede hacer uso de su libertad
de configuración del ordenamiento legal.
7. La detención
preventiva como medida cautelar única contemplada en la Ley 504 de 1999
respecto de los procesos de conocimiento de los Jueces Penales del Circuito
Especializados, obedece al propósito de "lograr la comparecencia del
sindicado y evitar que el acervo probatorio pueda ser afectado", razón
esta por la cual si bien es verdad que ello implica un trato diferenciado con
respecto a otros delitos, en este caso ese tratamiento diverso "es
plenamente justificado", dadas las "especiales modalidades delictivas
que se buscan combatir", en desarrollo "de la política criminal que
el Estado estima necesaria para dicho propósito".
VI. CONCEPTO DEL
SEÑOR VICEPROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.
1. Impedimento
del señor Procurador General de la Nación.
En virtud de haber
sido aceptado mediante auto de 29 de septiembre de 1999 (folios 133 a 136) el
impedimento manifestado por el doctor Jaime Bernal Cuéllar, Procurador General
de la Nación, para actuar como tal en este proceso, el señor Viceprocurador
General de la Nación, de conformidad con lo previsto por el artículo 44 literal
a) de la Ley 201 de 1995, procedió entonces a emitir el concepto que
corresponde rendir al Ministerio Público en el trámite de procesos de esta
índole.
El señor
Viceprocurador General de la Nación, en concepto No. 1979, recibido en esta
Corporación el 24 de noviembre de 1999, solicita a la Corte declarar
inexequibles, por vicios de forma, en su integridad, los artículos 1, 8, 9, 10,
34, 43, 47 y 48 de la Ley 504 de 1999; y, como consecuencia de ello, declarar
igualmente inexequibles las siguientes expresiones:
Del artículo 2:
"los Jueces Penales del circuito Especializados"
Del artículo 3:
"penales del circuito especializados".
Del artículo 4:
"y los jueces penales del circuito especializados" del numeral 1., y
"penales del circuito especializados" del numeral 2.
Del artículo 5:
"penales del circuito especializados" del inciso 4º.
Del artículo 12:
"especializados".
Del artículo 15:
"especializado".
Del artículo 17:
"especializados.
Del artículo 21:
"especializados".
De los artículos 23
y 24: "especializados".
Del artículo 25: Las
expresiones "todos" y "especializados".
De los artículos 27
(inciso segundo y parágrafo) y 29: las expresiones "especializados".
Del artículo 33:
"especializados".
Del artículo 35:
"el inciso 1º en su integridad, la expresión "de Santafé de Bogotá
D.C., o el tribunal Superior que cree la ley" del inciso segundo, y
"especializado", contenida en los incisos 2º y 3º.
Del artículo 37
transitorio: la expresión "Adscríbase a la Sala Penal del Tribunal Superior
de Santafé de Bogotá, el conocimiento de los procesos de que actualmente conoce
el Tribunal Nacional, y de los que conozca hasta el 1º de julio de 1999".
Del artículo 38
transitorio: "de Bogotá" y "especializados".
Del artículo 40
transitorio: "especializados" del inciso 1º y "de Santafé de
Bogotá" del inciso 2º.
Del artículo 44
transitorio: "especializados".
Del artículo 45
transitorio: "especial".
Así mismo,
solicita declarar inconstitucionales por vicios de fondo, y en cuanto riñen con
el contenido material de la Carta Política, en su integridad el artículo 50 de
la Ley 504 de 1999, y las siguientes expresiones:
Del artículo 12:
"de competencia de los jueces penales del circuito"
Del artículo 15:
"que conocen los jueces penales del circuito".
Del artículo 17:
"se trate de procesos de conocimiento de los jueces penales del
circuito", y el inciso final de la misma norma.
Del artículo 27:
Numeral 3, inciso 2º: "En el evento en que se hubiere interpuesto el
recurso de apelación, la libertad provisional sólo se concederá una vez
confirmada la decisión de primera instancia por el superior".
Del artículo 44:
"que conocen los jueces penales del circuito".
Así mismo, solicita
"declarar CONSTITUCIONALES, por no estar afectados de vicios en su
formación, los artículos 21, 23, 24, 25, 27, 35 inciso 3º, 37 segunda parte,
38, 44 y 45 de la Ley 504 de 1999, salvo las expresiones indicadas en el
acápite anterior, pero bajo el entendido de que los delitos a los cuales se
alude allí, son los indicados en el artículo 5º de esta ley". Además,
"declarar exequibles, por no estar afectadas de vicios en su formación,
los artículos 7, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 30, 31, 32, 36, 37
(2ª. Parte) 39, 41, 42, 46, 49, 50, 51, 52 y 53 de la ley demandada. Y
"declarar CONSTITUCIONALES, los artículos 5º salvo la expresión afectada
por vicio de forma, 7, 13, 18, 25, 26, 40, 42, y 49 de la ley demandada. Así
mismo, los artículos 12, 15, 17, 27 y 44, salvo las expresiones citadas en el
acápite anterior".
Las solicitudes
anteriores con relación al pronunciamiento que ha de hacerse por la Corte en la
sentencia sobre la exequibilidad o inexequibilidad de la Ley 504 de 1999, se
fundan, en resumen, en los siguientes argumentos:
- La Ley 504 de 1999
fue expedida por el Congreso de la República como consecuencia de lo dispuesto
por el artículo 205 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley
270 de 1996), en la cual se dispuso que la "justicia regional" dejaría
de funcionar a más tardar el 30 de junio de 1999. Por ello, la ley ahora
acusada como inconstitucional no surgió para prolongar en el tiempo la
existencia y funcionamiento de la "justicia regional", "sino
ante la necesidad de determinar el procedimiento que en adelante se aplicaría a
los procesos que cursaban en los extintos juzgados y fiscalías regionales, y
los funcionarios que a partir de esa fecha se ocuparían de investigar los
delitos cuyo conocimiento se había atribuido a aquellos administradores de
justicia". Es decir, la circunstancia de la desaparición de la justicia
regional en 30 de junio de 1999, "obligó al legislador a indicar el camino
que debían seguir las investigaciones y juicios ante tal situación, mediante
normas de competencia y procedimiento, cuya regulación debe realizarse mediante
ley ordinaria", razón esta por la cual esa ley, por ese aspecto, no
resulta contraria a la Constitución.
- En cuanto hace
relación a la declaración de inconstitucionalidad que el Viceprocurador General
de la Nación solicita con respecto al artículo 1 de la Ley 504 de 1999, se
expresa en el concepto aludido, que la creación de los Juzgados Penales del
Circuito Especializados por la norma mencionada, con invocación para ello del
artículo 11 de la Ley 270 de 1996, es contraria a la Carta Política, en razón
de que "si bien es cierto, el artículo 11 de la Ley 270 de 1996 dejó
abierta la posibilidad de crear conforme a la ley juzgados especializados al
interior de la justicia ordinaria, no hay duda que los Juzgados Penales
Especializados establecidos en la norma demandada, debieron serlo mediante una
ley estatutaria y no una ordinaria como sucedió en este evento", pues, así
se precisó por la propia Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 5 de
febrero de 1996, en la revisión del proyecto de la actual Ley Estatutaria sobre
la administración de justicia, cuando esta Corporación expresó: "(...) los
artículos 234 a 238 de la Constitución no contemplan específicamente la
posibilidad de crear, por medio de ley tribunales o juzgados pertenecientes a
alguna de las mencionadas jurisdicciones. Sin embargo la habilitación de la ley
para crear tribunales y juzgados nuevos, incluyendo los administrativos, dentro
de la estructura de la rama judicial, se encuentra contenida en los artículos
116, 152-b y 257-2 de la Carta y en la cláusula general de la competencia de
que está investido el Congreso de la República".
Es decir, que la
función de crear tribunales y juzgados, cuando se realiza por el legislador, ha
de llevarse a efecto "mediante una ley estatutaria, por cuanto con ello se
está afectando directamente la estructura general de la administración de
justicia, y no es un aspecto de carácter ritual o procedimental que pueda ser
regulado mediante una ley ordinaria". Tanto es así, que cuando la Corte
Constitucional declaró la exequibilidad del proyecto de Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia -hoy Ley 270 de 1996-, declaró ajustadas a la
Constitución las normas "que se referían a los jueces regionales y al
Tribunal Nacional como órganos pertenecientes a la jurisdicción ordinaria. Si
dichas normas exigieran el trámite simple de una ley ordinaria, la Corte las
habría declarado constitucionales por esa causa, tal como ocurrió con otras
disposiciones del proyecto de ley respectivo".
- Como consecuencia
ineludible de la declaración de inexequibilidad del artículo 1 de la Ley 504 de
1999, ha de declararse también la de la expresión "especializados"
del artículo 5 de la misma, pues no puede atribuirse ninguna competencia a esos
despachos judiciales, cuya creación se encuentra contraria a la Carta Política.
No obstante ello,
nada se opone a que la competencia para conocer de los procesos por los delitos
a que se refiere el artículo 71 del Código de Procedimiento Penal, antes
radicada en los "jueces regionales", pase ahora a los Jueces Penales
del Circuito, cuya creación no es objeto de ninguna controversia. Lo que
ocurre, es que, por razones de  política criminal, el legislador establece dos
grupos de delitos cuyo juzgamiento corresponderá a los Jueces Penales del
Circuito, clasificados según su gravedad y trascendencia jurídico-social, por
los artículos 71 y 72 del Código de Procedimiento Penal.
- Del mismo modo,
deben ser declaradas inexequibles las expresiones "Jueces Penales del
Circuito Especializados", contenida en el artículo 2 de la ley acusada;
"Penales del Circuito Especializados", del artículo 3; "y los
Jueces Penales del Circuito Especializados", del numeral primero, y
"Penales del Circuito Especializados" del numeral segundo;
"Especializados" del artículo 5; "Penales del Circuito
Especializados" del inciso cuarto del artículo 6;
"Especializados" del artículo 12; "Especializado" del
artículo 15; "Especializados" del inciso primero del artículo 17, por
cuanto ha de guardarse la debida armonía con la declaración de inexequibilidad
de la creación de esos juzgados, a que se refiere el artículo 1 de la ley
acusada.
- Por sustracción de
materia, a los Juzgados Penales del Circuito Especializados, no puede,
entonces, asignárseles competencia ni determinar reglas conforme a las cuales
ellos deban actuar, y, por consiguiente, ha de declararse, en su integridad, la
inexequibilidad de los artículos 8, 9, 10 y 34 de la Ley 504 de 1999.
- Del artículo 21,
ha de declararse la inexequibilidad de la expresión "Especializados",
pero, -continúa el concepto del Viceprocurador General de la Nación,
"sobre esta disposición deberá entenderse que el servidor público
continuará privado de la libertad, pero el funcionario judicial resolverá su
situación jurídica inmediatamente, cuando se trate de la investigación por
algunos de los delitos consagrados en el artículo 71 modificado por el artículo
5 de la ley que se revisa, sin que este trámite diferencial implique violación
al principio de igualdad".
- Por lo que hace a
los artículos 23 y 24 de la ley acusada, la declaración de inexequibilidad de
la expresión "Especializados", se solicita "bajo el entendido de
que los términos allí fijados son aplicables por los fiscales respecto de los
delitos de competencia de los Jueces Penales del Circuito señalados en el
artículo 71 del Código de Procedimiento Penal".
En relación con la
expresión "Especializados" de que tratan los artículos 25, 27 inciso
segundo y parágrafo, 29, 33 y 35, cuya inexequibilidad se solicita declarar,
habrá de hacerse bajo el entendido de que los delitos a que se refieren los
artículos mencionados, son aquellos que para los Jueces Penales del Circuito
Especializados se atribuían, es decir, los contemplados en el artículo 71 del
Código de Procedimiento Penal.
La anterior
precisión se hace necesaria, según el concepto del Viceprocurador General de la
Nación, especialmente si se tiene en cuenta que "el procedimiento
ordinario, luego de la entrada en vigencia de la Ley 504 de 1999, sólo es
aplicable en relación con los delitos indicados en el artículo 5 de esta, otros
comportamientos que antes eran investigados por la justicia regional y se
hallaban con resolución de acusación ejecutoriada, sin que se encuentre vencido
el término para alegar de conclusión, deberán seguir el procedimiento anterior,
en el cual no existían etapas procesales como el de la audiencia pública. Ello
sin duda, resulta ser un trato discriminatorio en materia procesal, que vulnera
el principio de igualdad contenido en el artículo 13 de la Carta, respecto de
quienes eventualmente se encuentren investigados por los mismos delitos".
- Igualmente
solicita el señor Viceprocurador General de la Nación que se declare la
inexequibilidad de las expresiones "de Santafé de Bogotá D.C. o el
Tribunal Superior que cree la ley" del inciso segundo del artículo 35, así
como "Especializado" de los incisos segundo y tercero del mismo
artículo, por cuanto atribuye competencia "del Tribunal Nacional al
Tribunal Superior de Santafé de Bogotá", de una parte; y, por otra,
suponen la creación de un nuevo Tribunal, sin que exista todavía.
- De la misma
manera, se solicita la declaración de inexequibilidad de los artículos 35
inciso primero, en cuanto a la expresión "Santafé de Bogotá D.C," del
inciso segundo, 37 transitorio (primera parte), 38 transitorio en la expresión
"de Bogotá D.C.", 43 transitorio, 47 transitorio y 48 transitorio de
la Ley 504 de 1999, por cuanto en dichas normas se asigna competencia al
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá para conocer de
procesos respecto de los cuales era competente el Tribunal Nacional, sin tener
en cuenta que la creación de un Tribunal Superior Nacional, del que en esas
normas se habla, al momento de dictarse la ley acusada era
"incierta", como continúa haciéndolo a la fecha de rendición del
concepto por parte del Ministerio Público.
Agrégase a lo dicho
que las disposiciones citadas modifican el artículo 11 de la Ley 270 de 1996,
pues determinan unos ámbitos territoriales de competencia distintos a los allí
establecidos, lo que significa que se está introduciendo una modificación a la
Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, por una ley ordinaria, con
violación de lo establecido por la Carta Política.
Se observa además,
que las normas a que se ha hecho alusión concentran la administración de
justicia respecto de los procesos de que conocen en primera instancia los
Jueces Penales del Circuito Especializados y que antes correspondían a los
Jueces Regionales, en un solo Tribunal Superior, -el de Santafé de Bogotá-,
"cuya competencia, conforme al artículo 11 de la Ley 270 de 1996, está
limitada al correspondiente distrito judicial". Esta circunstancia,
constituye además vulneración del artículo 228 de la Constitución Política, que
establece que la administración de justicia es una función autónoma y
desconcentrada, como lo precisó la Corte en Sentencia C-593 de 21 de octubre de
1998.
- Como consecuencia
de lo anterior, resulta también inexequible, a juicio del Viceprocurador
General de la Nación, la expresión "Santafé de Bogotá D.C." incluida
en el inciso segundo del artículo 40 de la ley demandada, "relacionada con
la incorporación de funcionarios y empleados del Tribunal Nacional a la Sala
Penal del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, pues no puede desconocerse
que esta medida está encaminada a suplir la necesidad de recurso humano que
continúe adelantando los procesos que antes se encontraban a cargo de la
justicia regional.
- Con respecto al
establecimiento de un procedimiento especial para la investigación y
juzgamiento de los delitos indicados en el artículo 71 del Código de
Procedimiento Penal, modificado primero por el artículo 9 de la Ley 81 de 1993
y, ahora, por el artículo 5 de la Ley 504 de 1999, encuentra el Ministerio
Público que el legislador se encuentra facultado para establecer procedimientos
diversos, por lo que, por este aspecto, no se vulneran las normas
constitucionales.
- En cuanto al
artículo 7 de la Ley 504 de 1999, que atribuye al Ministro de Justicia y del
Derecho la facultad para ordenar cambio de radicación de los procesos a que se
refiere dicha ley, por motivos de seguridad para el juez, de orden público, o
de eficiencia de la prestación de servicio de la administración de justicia, se
expresa en el concepto del señor Viceprocurador General de la Nación, que el
ejercicio de esa función por el Ministro en mención, no implica ninguna
valoración con respecto al hecho punible que se investiga o a la autoría o a la
responsabilidad penal de las personas imputadas, por lo que no se trata de un
acto jurisdiccional, sino de una función de carácter administrativo, que no
excluye la competencia "que atribuyen los artículos 68, 70 y 83 a 86 del
Decreto 2700 de 1991, a los funcionarios judiciales (fiscales y jueces), para
que decida sobre las solicitudes de cambio de radicación", conforme a la
ley.
- Según se expresa
por la Viceprocuraduría General de la Nación en el concepto a que se viene
haciendo mención, los artículos 12, 15, 17, 18 y 44 de la Ley 504 de 1999, en
los cuales se establece y regula lo atinente a la protección de la reserva de
identidad de testigos y fiscales, no resultan contrarios a la Constitución,
siempre que se observen las garantías y requisitos necesarios para la prueba
testimonial. Pero, a juicio de la Viceprocuraduría General de la Nación, la
citada reserva de identidad de los testigos, "no debe ser de aplicación
exclusiva en determinados procesos, sino que su cobertura alcanza a las investigaciones
por cualquier delito, siempre que las circunstancias particulares aconsejen
acudir a ella, en cumplimiento del deber atribuido por el artículo 250-4 de la
Constitución Política", incluidos, también, los que colaboren en un
proceso penal "en calidad de informantes".
De la misma manera,
considera la Viceprocuraduría General de la Nación que la reserva de identidad
de los funcionarios judiciales, cuando con ellas se pretende garantizar
"una gestión más eficiente de la administración de justicia" sin
perjuicio de la imparcialidad de los funcionarios judiciales, no resulta
contraria a la Constitución.
- Los artículos 25 y
26 de la Ley 504 de 1999, conforme a los cuales a los sindicados de los delitos
señalados por el artículo 71 del Decreto 2700 de 1991, les es aplicable como
única medida de aseguramiento la detención preventiva, sin posibilidad de
cumplimiento parcial de ella en el lugar de trabajo o en el domicilio, no
vulnera la Constitución, pues el legislador se encuentra facultado, para tener
en cuenta en el ejercicio de la función punitiva del Estado la distinta
naturaleza de los delitos que puedan ser objeto de investigación y juzgamiento,
para establecer luego para ellos "tratamiento diverso que no contradice
los postulados constitucionales" sino que permiten asegurar la comparencia
de los imputados en el proceso, primero y, luego, el cumplimiento de las penas
respectivas, cuando a ellas hubiere lugar. Añade que la constitucionalidad de
las normas acusadas es más clara aún, si se observa que la Carta Política en
ninguno de sus preceptos ordena al legislador establecer medidas de
aseguramiento "homogéneas para todos los delitos".
- Por razones
similares a las expuestas en el numeral que antecede, estima la
Viceprocuraduría General de la Nación que el artículo 27 de la Ley 504 de 1999,
en cuanto a la concesión de la libertad provisional para los sindicados de
delitos señalados en el artículo 71 del Código de Procedimiento Penal,
modificado por el artículo 5 de la Ley 504 de 1999, no quebranta la Carta
Política, en cuanto hace al tratamiento diferenciado, "consistente en
otorgar un plazo mayor para que opere la libertad provisional por el no
proferimiento de determinadas decisiones, puesto que la naturaleza de estos
delitos y su frecuente comisión por personas que pertenecen a la delincuencia
organizada, dificulta más la investigación de los mismos y la obtención de
pruebas en los respectivos procesos".
Sin embargo, sí
encuentra la Viceprocuraduría General de la Nación que "es
inconstitucional que se niegue la libertad provisional respecto de quienes se
ha proferido sentencia absolutoria, cesación de procedimiento o preclusión de
la investigación en primera instancia, cuando se ha interpuesto apelación
contra dichas decisiones, por cuanto no debe olvidarse que en tales eventos la
presunción de inocencia no se encuentra disminuida, puesto que existe una
declaración del fallador, quien considera que los fundamentos que dieron lugar
a la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva se hallan
desvirtuados, y la responsabilidad del procesado es inexistente". Por tal
razón, el numeral tercero, inciso segundo del artículo 27 de la Ley 504 de
1999, resulta violatorio de la Constitución Nacional.
- El artículo 40 de
la Ley 504 de 1999, a juicio de la Viceprocuraduría General de la Nación, no es
contrario a la Carta Política pues, al disponer en él la incorporación
inmediata de funcionarios y empleados que laboraban en la justicia regional a
cargos homólogos en los organismos judiciales que les suceden, persigue la
continuidad en la prestación del servicio, sin menoscabo de las normas propias
de la carrera respectiva, puesto que dicha incorporación automática es "en
provisionalidad, por lo que mal puede indicarse que se están estableciendo beneficios
con violación del principio de igualdad, ya que la permanencia en tales cargos
dependerá de su incorporación en la carrera administrativa, previo el
agotamiento de las respectivas etapas de selección". Desde luego, esa
exequibilidad del precepto examinado "debe ser condicionada a que la
incorporación de los cargos no se entienda circunscrita a un determinado
territorio, sino a la planta de la jurisdicción penal ordinaria; y que la
distribución de tales funcionarios y empleados, corresponderá al Consejo
Superior de la Judicatura, conforme al artículo 257-2 del Estatuto
Superior".
No obstante, como ya
se dijo, la Viceprocuraduría General de la Nación solicitó la declaración de
inexequibilidad de las expresiones "Especializados" y "de
Santafé de Bogotá D.C.," contenidas en el artículo 40 de la ley demandada.
En virtud de ello, la incorporación "de los jueces regionales se debe
hacer a los cargos de jueces penales del circuito y, la de los magistrados del
Tribunal Nacional, se debe realizar en las plazas de los Tribunales Superiores
del Distrito Judicial, en las respectivas salas penales".
- En cuanto a la
validez probatoria de los informes de la Policía Judicial y de las versiones de
los informantes, que el artículo 50 de la Ley 504 de 1999 consagra para
"cualquier proceso penal", a juicio de la Viceprocuraduría General de
la Nación, resulta inexequible por cuanto desconoce el principio de unidad de
materia a que se refiere el artículo 158 de la Carta Política, pues dicha ley
dice regular "exclusivamente las situaciones relacionadas con el
desaparecimiento de la justicia regional", razón esta por la cual no podía
extenderse a procesos penales que antes no eran objeto de conocimiento de la
justicia regional, ni lo son ahora en los mecanismos que la sustituyen.
Por otra parte,
encuentra la Viceprocuraduría General de la Nación que la exclusión de valor
probatorio de los informes de policía judicial y las versiones suministradas
por los informantes, establecida en el citado artículo 50 de la Ley 504 de 1999,
carece de fundamento jurídico, en virtud de que es al juzgador al que
corresponde la libre valoración de las pruebas, por lo que la disposición
acusada "se opone a los postulados contenidos en los artículos 2, 29 y 228
de la Carta".
VII. CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS.
1. El problema
jurídico planteado.
Como se infiere de
las distintas demandas acumuladas en este proceso, así como de las
intervenciones del Ministerio de Justicia y del Derecho, la Fiscalía General de
la Nación y la Procuraduría General de la Nación, la Corte deberá abordar el
análisis de las siguientes cuestiones:
a) Habrá de
establecerse si las normas contenidas en la Ley 504 de 1999 son contrarias a la
Constitución, a partir de la consideración de que en razón de su contenido
constituyen una prolongación en el tiempo de la "justicia regional"
y, en consecuencia, debería haber sido sometida al trámite propio de una Ley
Estatutaria, en razón de que la Ley 270 de 1996 -Estatutaria de la
Administración de Justicia, dispuso en el artículo 205, parágrafo primero, que
"en todo caso, la justicia regional dejará de funcionar a más tardar el 30
de junio de 1999", o sí, por el contrario, todas las disposiciones
integrantes de la ley acusada, o al menos algunas de ellas, pueden ser objeto
de una ley ordinaria.
b) Ha de precisarse
si de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 270 de 1996 una ley ordinaria, como
lo es la acusada, puede crear Juzgados Especializados dentro de la jurisdicción
ordinaria (artículo 1 Ley 504 de 1999), o si por afectarse de esta manera la
estructura de la Administración de Justicia, ello sólo puede hacerse mediante
una Ley Estatutaria.
c) En directa
conexión con la solución planteada a la cuestión anterior, habrá de
determinarse si son exequibles o no las distintas disposiciones de la Ley 504
de 1999 que aluden a los Juzgados Penales del Circuito Especializados, tanto
para asignarles competencia como para determinar las reglas conforme a las
cuales han de ejercerla, con respecto a los delitos de que conocían los
extinguidos jueces regionales, sustituidos por los juzgados mencionados.
d) Ha de establecerse por la Corte si la asignación
de competencia al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá
-Sala Penal para conocer en segunda instancia de los procesos, respecto de los
cuales tenía competencia el Tribunal Nacional y hasta tanto sea creado un nuevo
"Tribunal Superior Nacional", se ajusta o no a la Constitución,
particularmente en lo que concierne al debido proceso y a lo dispuesto por el
artículo 11 de la Ley 270 de 1996.
e) Ha de precisarse
si la creación de Juzgados Penales del Circuito Especializados, así como la
existencia de reglas particulares para el conocimiento y trámite de los
procesos a ellos asignados, con régimen distinto al del procedimiento penal
ordinario, en cuanto a medidas cautelares, a libertad provisional y a
subrogados penales, constituye o no una "jurisdicción especial" y si
ello, en tal caso, quebranta o no la Constitución Política.
f) Ha de examinarse
si la atribución al Ministro de Justicia y del Derecho para ordenar el cambio
de radicación de los procesos cuyo conocimiento se asigna a los Juzgados
Penales del Circuito Especializados por motivos de seguridad para los
funcionarios, o de orden público, o para asegurar la eficacia de la
administración de justicia, quebranta o no la Constitución Política por
afectación de las funciones privativas de la rama judicial por el ejecutivo.
g) Debe analizarse
si la autorización de la existencia de fiscales secretos y de testigos con
reserva de identidad en los casos contemplados por la Ley 504 de 1999
(artículos 12, 15, 17, 18 y 44) viola o no la Carta Política.
h) Habrá de
considerarse si la incorporación inmediata de los funcionarios y empleados que
a la fecha de la expedición de la Ley 504 de 1999 se encontraban laborando en
la justicia regional a los cargos ahora existentes en los Juzgados Penales del
Circuito Especializados, las Fiscalías Delegadas ante ellos y en el Tribunal
Superior de Santafé de Bogotá (artículo 40), desconoce la Constitución, o si
por el contrario se adecua a ella.
i) Se
analizará, si en general, desde el punto de vista material la ley 504/99 viola
o no a la Constitución.
2. La solución al
problema.
2.1. La necesidad
de una ley estatutaria para la expedición de las normas contenidas en la ley
504 de 1999.
2.1.1. Como es fácil advertirlo, la Ley 2ª de
1984, en el propósito de dotar al Estado de nuevos instrumentos para combatir
la delincuencia, autorizó la creación de "Juzgados Especializados",
para el conocimiento exclusivo de los delitos de terrorismo, secuestro
extorsivo y extorsión, con sujeción al procedimiento en ella señalado.
Con motivo del
atentado de que fue víctima el Ministro de Justicia doctor Rodrigo Lara
Bonilla, el Gobierno Nacional mediante Decreto 1038 de 1984 declaró turbado el
orden público en todo el territorio nacional, y, con fundamento en tal
declaración, expidió luego algunos decretos que crearon nuevos juzgados,
modificaron la legislación procesal penal en cuanto a la competencia, causales
de excarcelación y términos judiciales, aumentaron las penas respecto de
algunos delitos ya existentes, y así mismo, crearon nuevos tipos penales.
El Decreto 1631 de
1987, dictado bajo el amparo del artículo 121 de la Constitución anterior, creó
los denominados "Jueces de Orden Público", para conocer de delitos
que atentaran contra la existencia y seguridad del Estado, con una remuneración
igual a la de los Jueces Especializados a que se refería la Ley 2ª de 1984,
esto es, igual a la que por entonces devengaban los Magistrados de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial, según lo dispuso el Decreto 735 de
1987.
Dado que a estos
funcionarios se les adicionó luego por Decreto 474 de 1988 la competencia para
conocer, también, de las infracciones al Estatuto de Estupefacientes, la
inmensa congestión laboral que ello ocasionó, llevó a la expedición del Decreto
1582 de 1988, que asignó dicha competencia a los Jueces Penales del Circuito
que, a la sazón, en virtud de las disposiciones especiales habían visto
notoriamente disminuida su carga laboral.
Mediante el Decreto
474 de 1988, también dictado bajo el imperio del artículo 121 de la
Constitución anterior, los entonces denominados "Jueces de Orden Público"
fueron excluidos de la justicia ordinaria, para cuyo efecto, en la organización
jerárquica de la rama judicial dejaron de ser subordinados de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial, y pasaron a tener como superior inmediato al
"Tribunal Superior de Orden Público".
Creado de esta
manera un ordenamiento judicial paralelo a la justicia ordinaria, con sus
propias normas de procedimiento, mediante Decreto 2790 de 1990 se creó la
Subdirección Nacional de Orden Público y las Seccionales y Unidades Investigativas
de Orden Público, con el fin de facilitar la ejecución de las labores propias
de la jurisdicción así creada, dotándola para ello de una infraestructura
administrativa en asuntos operativos y financieros.
De esta suerte, al
momento de ser adoptada la Constitución de 1991 el Estado colombiano tenía,
además de la justicia ordinaria, una justicia de excepción, con su propia
organización jerárquica y para los fines anotados en los numerales que
anteceden, creada y puesta en funcionamiento bajo el amparo de decretos
expedidos por el Presidente de la República conforme a las facultades emanadas
de la declaración de Estado de Sitio prevista por el artículo 121 de la
Constitución anterior.
Ello explica,
entonces, la preocupación del constituyente sobre el particular y la expedición
del artículo 8 transitorio de la nueva Carta Política, norma esta que dispuso
que los decretos expedidos en ejercicio de las facultades de Estado de Sitio
hasta la fecha de promulgación de la Constitución, "continuarán rigiendo
por un plazo máximo de noventa días, durante los cuales el Gobierno Nacional
podrá convertirlos en legislación permanente, mediante decreto, si la Comisión
Especial no los imprueba".
En efecto, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 8 transitorio de la nueva Carta Política a que
se ha hecho alusión, fueron adoptadas como legislación permanente normas
nacidas a la vida jurídica bajo el imperio del artículo 121 de la Constitución
anterior, así:
- El Decreto 2265 de
1991, adoptó como legislación permanente las disposiciones de los Decretos 303,
1303, 2047, 2372, y 3030 de 1990.
- El Decreto 2266 de
1991, incorporó como legislación permanente, las normas contenidas en los
Decretos 3664 de 1986, 1198 de 1987, 1194, 1856, 1875, 1858 y 1895 de 1989.
- El Decreto 2271 de
1991, incorporó como legislación permanente las disposiciones de los Decretos
474 de 1988, 042 de 1990, 2790 de 1990, 099 de 1991 y 1676 de 1991.
Así las cosas, los
Juzgados de Orden Público se denominaron en adelante Juzgados Regionales y el
Tribunal de Orden Público pasó a llamarse Tribunal Nacional, para constituir la
estructura administrativa de la "justicia regional" que, en los
aspectos procesales dio aplicación preferente a las disposiciones contenidas en
el Decreto 2271 de 1991 y, en los sustantivos a las normas establecidas en el
Decreto 2266 de 1991.
La Ley 81 de 1993,
que introdujo algunas reformas al Código de Procedimiento Penal, mantuvo sin
embargo excepciones procesales respecto de los delitos de competencia de la
justicia regional, entre las cuales se destacan la reserva de identidad de
testigos y de funcionarios, la consulta de providencias de transcendencia en el
trámite del proceso, la supresión de la audiencia pública en la etapa de
juzgamiento, así como disposiciones restrictivas en lo atinente a la libertad
en medidas cautelares, la concesión de la libertad provisional y los subrogados
penales.
El Congreso
de la República que por mandato constitucional tenía a su cargo la expedición
de una Ley Estatutaria sobre la Administración de Justicia (artículo 152 C.P.)
cumplió con dicho cometido al dictar la Ley 270 de 1996. Esta dispuso, en el
artículo 205 transitorio, entre otras cosas, que "en todo caso, la
justicia regional dejará de funcionar a más tardar el 30 de junio de
1999".
Ello dio lugar a que
se expidiera la Ley 504 de 1999 (junio 25), objeto de las distintas demandas a
que se refiere este proceso, ley esta cuyo trámite fue simultáneo con el de la
Ley Estatutaria de que trata el proyecto C-144 de 1998 Cámara, cuyo texto
aparece publicado en la "Gaceta del Congreso" No. 293 de 24 de
noviembre de 1998.
2.1.2. Como se desprende de los antecedentes
históricos sucintamente enunciados en el acápite anterior, la
"jurisdicción de orden público", con una estructura administrativa
propia -Jueces de Orden Público y Tribunal de Orden Público, separados e
independientes del resto de la estructura judicial, con normas procesales
específicas para conocer de determinados delitos, fue eminentemente especial y transitoria,
como quiera que nació a la vida jurídica en virtud de decretos legislativos
dictados por el Presidente de la República en virtud de haber sido declarado el
Estado de Sitio, conforme a lo previsto por el artículo 121 de la Constitución
anterior.
Derogada la
Constitución de 1886 y todas sus reformas por el artículo 380 de la
Constitución de 1991, la consecuencia ineludible de ello en relación con la
"justicia de orden público" era su desaparición inmediata y,
entonces, por una necesidad jurídico-política se prolongó la vigencia de los
decretos expedidos en ejercicio de las facultades que al Presidente confería el
artículo 121 de la Carta Política derogada, para que continuarán "rigiendo
por un plazo máximo de noventa días", vencido el cual podrían convertirse
"en legislación permanente" por decreto del Gobierno si la Comisión
Especial Legislativa no los improbaba, como efectivamente sucedió con la
expedición de los decretos 2265, 2266 y 2272 de 1991.
Con todo, la
adopción de las instituciones propias de la justicia regional como
"legislación permanente", siguió siendo temporal, por expresa
voluntad del Congreso de la República que, al expedir la Ley 270 de 1996
-Estatutaria de la Administración de Justicia- dispuso en el artículo 205 transitorio
que "en todo caso, la justicia regional dejara de funcionar a más tardar
el 30 de junio de 1999", norma esta que fue declarada exequible por la
Corte Constitucional en Sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996[1].
Es de observar que
la Corte Constitucional, en varias sentencias[2], avaló algunas veces la constitucionalidad y en otras
declaró inexequibles diferentes normas relacionadas con la llamada “justicia
regional”. Pero es necesario dejar en claro que cuando la Corte encontró
ajustada a la Constitución disposiciones relacionadas con dicha justicia lo
hizo bajo la convicción de que se trataba de una normatividad que obedecía a una
situación socio-política excepcional y que debía ser temporal y no
permanente.
2.1.3. Es cierto que, como se desprende de los
cargos formulados en las demandas acumuladas, de los antecedentes de los
debates parlamentarios y de las intervenciones del Fiscal General de la Nación,
del Ministro del Interior, del Presidente del Tribunal Nacional y del
Presidente de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ante el Congreso,
la expedición de la ley 504/99 obedeció seguramente a la necesidad de prolongar
la justicia regional por un tiempo para evitar el desmonte abrupto de ésta, con
las consecuencias que podían derivarse para la administración de justicia, el
orden público y la seguridad ciudadana, por la masiva excarcelación de
numerosos procesados, e igualmente dar la oportunidad de que se tramitara el
proyecto de ley estatutaria No. 138-Senado/98, 144-Cámara/98 tendiente a
modificar la ley 270/96, Estatutaria de la Administración de Justicia que había
dispuesto la extinción de la justicia regional, con el fin de buscar su
restablecimiento; pero a juicio de la Corte el examen de constitucionalidad mas
que a juzgar la intención del legislador debe centrarse en examinar si
objetivamente las disposiciones de la ley mencionada se ajustan o no a los
preceptos de la Constitución.
En tal virtud, en
relación con el cargo formulado, en el sentido de que las normas contenidas en
la ley 504/99 debieron ser expedidas a través de una ley estatutaria, la Corte
expresa lo siguiente:
En la sentencia
C-037/96[3], se refirió a lo que debe ser objeto de
ley estatutaria y de ley ordinaria, en los siguientes términos:
“No obstante, se
estima pertinente puntualizar que, para la Corte, una ley estatutaria encargada
de regular la administración de justicia, como lo dispone el literal b) del
artículo 152 superior, debe ocuparse esencialmente sobre la estructura general
de la administración de justicia y sobre los principios sustanciales y
procesales que deben guiar a los jueces en su función de dirimir los diferentes
conflictos o asuntos que se someten a su conocimiento”.
“De conformidad
con lo anterior, esta Corporación entiende que el legislador goza, en
principio, de la autonomía suficiente para definir cuáles aspectos del derecho
deben hacer parte de este tipo de leyes. Sin embargo, debe señalarse que esa
habilitación no incluye la facultad de consagrar asuntos o materias propias de
los códigos de procedimiento, responsabilidad esta que se debe asumir con base
en lo dispuesto en el numeral 2o del artículo 150 superior, es decir, a través
de las leyes ordinarias. Con todo, debe reconocerse que no es asunto sencillo
establecer una diferenciación clara y contundente respecto de las materias que
deben ocuparse uno y otro tipo de leyes. Así, pues, resulta claro que, al igual
que ocurre para el caso de las leyes estatutarias que regulan los derechos
fundamentales (literal A del artículo 152), no todo aspecto que de una forma u
otra se relacione con la administración de justicia debe necesariamente hacer
parte de una ley estatutaria. De ser ello así, entonces resultaría nugatoria la
atribución del numeral 2o del artículo 150 y, en consecuencia, cualquier código
que en la actualidad regule el ordenamiento jurídico, o cualquier modificación
que en la materia se realice, deberá someterse al trámite previsto en el
artículo 153 de la Carta”.
“Lo expuesto no
significa que, de manera automática, cualquier asunto que se incluya en el
presente proyecto de ley que de una forma u otra se relacione con
procedimientos legales deba retirarse del ordenamiento jurídico. Esa decisión
dependerá del análisis de cada caso en particular, esto es, de una labor de
concretización que adelantará la Corte para definir, a la luz de la
Constitución, si en cada uno de los eventos que se analicen se amerita o no que
la ley estatutaria se ocupe de regular aspectos que, en primera instancia, son
de naturaleza procesal”.
“Las
consideraciones precedentes sirven, además, de fundamento para advertir la
inconveniencia de permitir al legislador regular aspectos propios de ley
procesal en una ley estatutaria, pues es sabido que el trámite de este tipo de
normatividad reviste características especiales -aprobación en una sola
legislatura, votación mayoritaria de los miembros del Congreso, revisión previa
de la Corte Constitucional-, las cuales naturalmente no se compatibilizan con
la facultad que le asiste al legislador para expedir o modificar códigos  a
través de mecanismos eficaces -es decir, mediante el trámite ordinario-, en los
eventos en que las necesidades del país así lo ameriten. Permitir lo contrario
sería tanto como admitir la petrificación de las normas procesales y la
consecuente imposibilidad de contar con una administración de justicia seria,
responsable, eficaz y diligente”.
Conforme a lo
anterior, las disposiciones de dicha ley no requieren de una ley estatutaria,
en los términos de la letra b) del art. 152, por cuanto ellas no afectan el
núcleo esencial o básico de la estructura, la organización y el funcionamiento
de la administración de justicia, sino que regulan apenas aspectos relativos a
la creación de jueces y fiscales especializados, a la asignación de
competencias a éstos, y a cuestiones de naturaleza procesal que pueden ser
objeto de ley ordinaria, como en diferentes oportunidades lo ha señalado la
Corte[4]  aun cuando ello no implica que tales
normas,  per se, se ajusten materialmente a la Constitución, cuestión
ésta que será objeto de examen posterior.
Por lo anterior, en
relación con el cargo examinado, se declarará exequible la ley 504/99, en
cuanto las disposiciones en ella incorporadas no requerían de una ley
estatutaria.
2.2. Análisis
concreto de constitucionalidad de las normas de la ley 504/99, en razón de su
contenido material.
2.2.1. La creación
de jueces del circuito especializado y los fiscales delegados ante éstos.
La ley 504/99 crea
los jueces del circuito especializado, los cuales tendrán competencia para
conocer de ciertos delitos, dentro del ámbito territorial señalado por el
Consejo Superior de la Judicatura.
El art. 11 de la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia señala la composición de la rama
judicial del poder público, integrada por los órganos de la jurisdicción
ordinaria, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la jurisdicción
constitucional, la jurisdicción de paz, la jurisdicción de las comunidades
indígenas, y además por la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior
de la Judicatura.
De la jurisdicción
ordinaria forman parte, entre otros órganos, los “juzgados civiles, laborales,
penales, agrarios y los demás especializados y promiscuos que se creen conforme
a la ley”.
Conviene precisar,
que no debe confundirse a las denominadas jurisdicciones especiales con la
institución de los jueces especializados.
La jurisdicción en
general consiste en la potestad que tiene el Estado para administrar justicia
en ejercicio de la soberanía de que es titular, mediante el conocimiento y
decisión de las diferentes causas (civiles, criminales, administrativas, etc.)
y, en tal virtud, es única e indivisible. Es por ello que todos los jueces
ejercen jurisdicción en nombre del Estado, pero circunscrita al ámbito propio
de la competencia que le asigna la ley.
Razones de
naturaleza política, y la necesidad de asegurar la mayor eficacia de la
administración de justicia por el Estado mediante la distribución del trabajo,
justifican la existencia de jurisdicciones especiales autorizadas por la
Constitución, que forman parte de la rama judicial; pero la diversidad de
jurisdicciones especiales no implica rompimiento de la unidad ontológica de la
jurisdicción del Estado.
Conforme a lo
anterior, la Constitución sólo admite la existencia de la jurisdicción
ordinaria y de jurisdicciones especiales como la contencioso administrativa, la
constitucional, la disciplinaria, la de paz, y la de las comunidades indígenas,
como se deduce del Título VIII de la Constitución.
No es posible en
consecuencia la existencia de una jurisdicción especial para que a través de
ella se ejerza la función punitiva del Estado, pues ello pugna con la
concepción del Estado Social Democrático de Derecho que sólo admite que el
juzgamiento de las conductas tipificadas como delitos por el juzgador han de
ser juzgadas de manera permanente por los funcionarios y órganos que integran
la jurisdicción ordinaria, con el fin de asegurar plenamente, el derecho
fundamental al debido proceso, el cual comprende la garantía del juzgamiento
por el juez natural; es decir, la existencia de órganos judiciales permanentes
preestablecidos por la ley a los cuales deben tener acceso todas las personas,
en los términos de los arts. 29 y 229 de la Constitución, y asi mismo la
aplicación concreta del principio de igualdad. En virtud de este principio se
garantiza a todos los justiciables el acceso a unos mismos jueces, eliminando
toda suerte de privilegios o discriminaciones, y se excluye naturalmente el
juzgamiento de algunas personas por jueces pertenecientes a una jurisdicción
especial.
Los jueces especializados,
no pueden ser asimilados a jueces extraordinarios pertenecientes a una
jurisdicción especial distinta a las autorizadas por la Constitución. La
existencia de dichos jueces, por consiguiente, sólo puede admitirse bajo la
idea de que se trata de funcionarios judiciales, que hacen parte de la justicia
ordinaria y a quienes se les adscribe de manera habitual el conocimiento de
ciertas causas en razón de la especificidad o particularidad de la materia, sin
que ello implique el desconocimiento de las garantías procesales y sustanciales
básicas propias del debido proceso.
En las
circunstancias analizadas, la Corte entiende que se justifica
constitucionalmente la creación de unos jueces penales del circuito
especializados a quienes se les ha asignado la competencia para el juzgamiento
de determinados delitos, con observancia de las garantías propias del debido
proceso que, en general, deben reconocerse a todos los procesados, aun cuando
ello no excluye, siempre que se justifique constitucionalmente, la regulación
diferente de algunas actuaciones procesales.
Nada objeta la Corte
a la previsión contenida en el art. 1, en el sentido de que los jueces penales
del circuito especializado conozcan de los delitos a ellos asignados dentro del
ámbito territorial que señale el Consejo Superior de la Judicatura, pues ésta
es una atribución propia de este organismo según los arts. 257-1 de la
Constitución y 85-6 de la ley 270/96.
En virtud de lo
anterior, la Corte declarará exequibles los arts. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 21, 23 y
35, inciso 3 de la ley 504/99, en cuanto aluden a los jueces del circuito
especializados y materialmente no se oponen a la Constitución.
Dado que la creación
de los jueces penales del circuito especializados determinó que, a su vez, se
crearon fiscales delegados ante ellos, lo cual se ajusta a los arts. 249 y 250
de la Constitución, la Corte igualmente declarará exequibles los arts. 3, 10,
31 y 34 de la ley 504/99, que aluden a dichos funcionarios; pero en relación
con el art. 47 se hará un pronuncimiento especial posteriormente.
2.2.2. Cambio de
radicación de procesos.
El artículo 7 de la
Ley 504 de 1999, modificatorio del artículo 17 del Decreto 2790 de 1990,
autoriza al Ministro de Justicia y del Derecho para que, de oficio o a petición
de parte procesal, varíe la radicación del proceso por delitos a los que se
refiere la ley acusada, "cuando existan serios motivos para deducir que
esté en peligro la entidad personal del juez o existan circunstancias que
puedan afectar el orden público o la administración de justicia".
Como se sabe, el
proceso judicial por una necesidad lógico-jurídica requiere la existencia de un
juez que lo adelante, conforme a las reglas que para la asignación de
competencia se señalen por el legislador.
Ello implica,
entonces, que una vez que de acuerdo con "los factores de
competencia" señalados por la ley, un juez determinado asume el
conocimiento de un proceso, es a él y no a otro al que corresponde el trámite y
la decisión del asunto sometido al juzgamiento y decisión de la administración
de justicia.
Con todo, en casos
excepcionales, específicamente señalados por la ley, puede separarse a un
determinado juez del conocimiento de un proceso que esté en curso en su
despacho, para asignarlo a otro juez, cuando en la circunscripción territorial
del primero "existan circunstancias que puedan afectar el orden público,
la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las
garantías procesales, la publicidad del juzgamiento, la seguridad del sindicado
o su integridad personal". (Artículo 83 C.P.P.).
Pero ello no puede
ocurrir de manera caprichosa o arbitraria, ni tampoco en desmedro de la
autonomía e independencia de la rama judicial, pues no es asunto de menor
importancia, sino de enorme trascendencia, que el juez a cuyo conocimiento se
encuentra la investigación y juzgamiento de un hecho punible pueda adelantar su
labor libre de interferencias extrañas y hasta su culminación.
Precisamente por
tales razones, a través de la historia legislativa de la república, el cambio
de radicación de los procesos penales siempre ha exigido un trámite judicial,
para que sea una autoridad de esta índole la que en definitiva resuelva si es
procedente o no llevar a cabo el cambio de radicación del proceso, sin intervención
de la rama ejecutiva del poder público.
Así sucede, en
efecto, en el Código de Procedimiento Penal, en cuyo artículo 83 se establecen
las causales por las cuales puede operar el cambio de radicación del proceso
penal, sujeto a la regulación establecida en los artículos 84 y 85, en los
cuales se dispone que el superior jerárquico del juez que está conociendo del
proceso, cuando le fuere enviado el expediente para tal fin a instancia de
parte o por decisión de quien esté conociendo de la actuación, será el
"encargado de decidir", mediante auto que habrá de proferirse en el
muy breve término de "tres días", contra el cual, "no procede
recurso alguno".
Como puede
observarse, la atribución que por el artículo acusado se confiere al Ministro
de Justicia y del Derecho para que, aun "oficiosamente" pueda
"variar la radicación del proceso", cuando se den determinadas
circunstancias, constituye una autorización de intromisión innecesaria al
ejecutivo en asuntos propios de la jurisdicción, con vulneración ostensible del
artículo 116 de la Carta, circunstancia esta que impone su declaración de
inexequibilidad.
Es cierto que la
Corte en la sentencia C-093/93[5] admitió la posibilidad de que se le
pudiera asignar competencia al Ministerio de Justicia para variar la radicación
de los procesos de competencia de los jueces regionales, cuando dijo:
“En lo que
corresponde al artículo 17 del Decreto 2790 de 1991, se observa que en él se
establece como competencia especial del Ministerio de Justicia la facultad de
variar la radicación de los procesos de competencia de los jueces ahora
llamados regionales, en determinadas condiciones relacionadas con la afectación
del orden público, la imparcialidad e independencia de la administración de
justicia, las garantías procesales, la publicidad del juzgamiento o la
seguridad del procesado; en este sentido a juicio de la Corte Constitucional no
existe fundamento alguno para decretar su inexequibilidad en atención a que se
trata de una competencia expresa de carácter administrativo que debe
adelantarse de conformidad con las reglas que regulan las actuaciones de la
administración en su nivel superior. Adviértase que este examen se verifica con
independencia de las disposiciones contenidas en el capítulo quinto del C. de
P. P., en concordancia con el artículo 9º. del Decreto 2790 de 1991, que
establece las reglas especiales sobre la competencia de los jueces regionales”.
“Se observa
además, que se trata del cambio de radicación del proceso, lo que comprende
tanto la etapa de instrucción como la de juzgamiento, bajo el entendido de que
en esta materia existe concurrencia de competencias entre el Ministro de
Justicia y la Fiscalía General de la Nación, entidades que deben participar de
manera coherente y armoniosa a resolver las situaciones que motiven tan
delicada situación, puesto que se trata de competencias especiales para atender
unas condiciones también especiales en las que se ha colocado a la
administración de justicia dentro del marco de las acciones del crimen
organizado”.
Téngase en
cuenta, además que la competencia de la Fiscalía General en esta materia está
circunscrita exclusivamente a la etapa de instrucción.
No obstante, debe
tenerse en cuenta lo advertido anteriormente en el sentido de que la decisión
de la Corte en la aludida sentencia se justificaba por la circunstancia
excepcional y temporal de la justicia regional; pero desaparecida ésta y
creados los jueces penales del circuito especializados, como parte de la
justicia ordinaria, el juicio de constitucionalidad debe adelantarse en forma
diferente, mediante el aseguramiento de las garantías plenas del debido proceso
que se predica en relación con todos los procesados ante la justicia penal
ordinaria, en condiciones de igualdad.
2.2.3. Reserva de
identidad de funcionarios y de testigos. Utilización de medios técnicos para
preservarla.
El artículo 12
autoriza la utilización de los mecanismos técnicos que se estimen eficaces para
garantizar la protección y reserva de identidad de testigos y fiscales, que
excepcionalmente hayan sido autorizados por la ley, en aquellos procesos de
competencia de los Jueces Penales del Circuito Especializados.
El art. 13 autoriza
la reserva de identidad para los fiscales que tengan a su cargo "la etapa
de investigación previa y la instrucción" de algunos de los delitos cuyo
conocimiento la misma ley asigna para el juzgamiento a los Jueces Penales del
Circuito Especializados, reserva esta que requiere "previo concepto del
ministerio público", cuando existan graves circunstancias que así lo
justifiquen por poner en peligro la vida o la integridad personal de tales
funcionarios.
El artículo 17 de la
misma ley autoriza la reserva de identidad de los testigos en los procesos de
que conocen los jueces penales del circuito especializados, en cuyo caso ellos
podrán colocar "la huella dactilar en su declaración, en lugar de su
firma", previa evaluación del fiscal delegado de las circunstancias que lo
justifiquen, mediante resolución motivada que habrá de expedirse por el Fiscal
General de la Nación, con concepto previo del agente del ministerio público.
Los artículos 15 y
44, en su orden, prohiben dictar sentencia condenatoria que tenga como único
fundamento uno o varios testimonios rendidos por personas cuya identidad se
hubiere reservado, o dictar con fundamento en pruebas de este linaje resolución
de acusación.
El artículo 18 de la
ley acusada, introduce un artículo nuevo al Código de Procedimiento Penal, el
"293 A", que autoriza el levantamiento de reserva de identidad del
testigo a petición suya.
La Corte considera
que las normas mencionadas son inconstitucionales, por las siguientes razones:
- En cuanto
hace relación a la reserva de identidad de los funcionarios a quienes
corresponde adelantar la labor de investigación o de juzgamiento se observa:
El artículo 29 de la
Constitución Política establece como una de las garantías del debido proceso,
que éste ha de ser público. Este principio, conforme a la doctrina universal,
implica el conocimiento por las partes de cuál es la persona que actúa como
funcionario del Estado para instruir y para fallar el proceso, así como cuáles
son las actuaciones que se surten en éste, pues, de otra manera no podría
hacerse efectivo el derecho a la imparcialidad de los funcionarios judiciales,
ni podría tampoco ejercerse el de impugnar las providencias que se consideren
contrarias a la ley.
Así, si se priva al
sindicado del conocimiento de la identidad del funcionario a cuyo cargo se
encuentra la instrucción o el juzgamiento, aún cuando existieran causales para
recusarlo si no se declara impedido, el sindicado se vería impedido para
plantear siquiera la recusación y, así, se expondría a que su causa fuera
instruida por alguien que careciera de la indispensable condición de la
imparcialidad que constituye una de las garantías mínimas a que se tiene
derecho en un Estado Democrático, conquista esta que en la historia de la
humanidad constituye pilar fundamental del debido proceso, no sólo para
contener eventuales abusos en contra de los justiciables, sino, así mismo, para
que la transparencia de las actuaciones de estos gane para las decisiones judiciales
confiabilidad y respetabilidad en el marco social en que ellas se produzcan.
- En lo que
concierne a la reserva de identidad de los testigos, se anota:
Es evidente que
cuando se ignora la identidad de la persona que rinde una declaración en contra
del sindicado se mengua de manera protuberante y ostensible la garantía
constitucional del debido proceso público, en la medida en que se desconoce por
completo el principio de publicidad y contradicción de la prueba, al
imposibilitarse el ejercicio pleno del derecho a tachar al testigo, cuando
existan motivos para dudar de su imparcialidad.
Podría aducirse en
pro de la constitucionalidad de la institución cuestionada, que lo que en
definitiva importa es lo que dice el testimonio, y no quién es el testigo; y,
además, podría agregarse que conocida tal declaración, existirá la posibilidad
de interrogación posterior al testigo sobre lo declarado.
Sin embargo, tal
argumentación resulta un sofisma inaceptable a la luz de la Constitución y de
principios elementales del derecho probatorio. En efecto, para nadie es
desconocido que las condiciones personales del testigo como órgano de la
prueba, pueden ser también materia de debate en el ejercicio del derecho de
contradicción, cual sucede por ejemplo, si el testigo ciego afirma haber visto
algo, y se discute por el sindicado si aquél tiene un sentido de la vista
normal, disminuido, o carece del mismo por completo; e igual podría predicarse
de quien afirma haber oído siendo sordo; o igual sucedería cuando el testigo asevera
haber visto y oído, con explicación sobre lo que oyó y lo que vio, con profunda
convicción personal de que así en efecto ocurrió, asunto que podría ser objeto
de discusión por el sindicado que intentara la demostración de que el
declarante no faltó a la verdad, pero padece de alucinaciones visuales o
auditivas, o de ambas, en razón de padecer una esquizofrenia. Del mismo modo,
la relación personal del testigo con el sindicado, con las autoridades o con
quienes eventualmente puedan resultar afectados o beneficiados con su
declaración, puede ser objeto de confrontación y examen en la contradicción de
la prueba. Además, el contacto directo de las partes con el testigo durante la
recepción de la declaración de este, permite al procesado o a su apoderado la
percepción inmediata de la reacción anímica del deponente ante las preguntas
que se le formulan, lo cual puede resultar útil para ejercer el derecho de
preguntar o contrapreguntar en ese preciso momento algo que permita examinar lo
declarado para mayor precisión en relación con los hechos objeto de la
investigación, oportunidad que, conforme a las psicología judicial puede ser
imposible de repetir luego, lo que quiere decir que, si se ignora quién es el
testigo y si el sindicado se encuentra ausente cuando aquél declara, de esta
manera se vulnera también su derecho a la publicidad y a la contradicción de la
prueba, parte fundamental del debido proceso judicial. Lo mismo puede
predicarse de las especiales circunstancias de tiempo, de modo y de lugar de las
que afirma el declarante existieron para percibir los hechos que narra en el
proceso, las cuales pueden constituir una explicación verosímil y suficiente, o
por el contrario pueden servir para descartar tal verosimilitud y, en
consecuencia, la credibilidad del testigo.
- En cuanto a la
protección de los testigos, es de considerar que entre las funciones que la
Constitución asigna a la Fiscalía General de la Nación en su artículo 250, se
encuentra la de "velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes
en el proceso", razón por la cual no podría, en principio, sostenerse que
una norma legal dirigida a asegurar dicha protección resulte contraria a la
Constitución.
Sin embargo, nótese
bien que para el cumplimiento de dichos programas no se requiere, según las
voces de la Carta, concepto previo de la Procuraduría General de la Nación, ni
favorable ni desfavorable. Por ello, en desarrollo de tales programas, no podía
establecerse la necesidad de dicho concepto, como lo hace el artículo 17 de la
Ley 504 de 1999.
No obstante, lo
anterior no significa ni puede significar que cualquier norma referida al
programa de protección a los testigos e intervinientes en el proceso resulte
conforme a la Constitución, pues, si con ello se vulnera el debido proceso
público a que tienen derecho los justiciables conforme a lo dispuesto por el
artículo 29 de la Carta, deberá ser declarada inexequible.
Eso es lo que ocurre
con la institución que autoriza la existencia de "testigos con reserva de
identidad" en los procesos por los delitos a que se refiere el artículo 5
de la Ley 504 de 1999, como quiera que puede protegerse al testigo de manera
diferente a la de ocultarle al procesado quién es la persona que declara contra
él.
De esta suerte, ha
de concluirse entonces que la reserva de identidad de los investigadores,
juzgadores y testigos resulta violatoria del derecho a la publicidad del
proceso, a la imparcialidad de los funcionarios y a la contradicción de la
prueba y, en tal virtud, de la garantía constitucional al debido proceso
consagrada por el artículo 29 de la Carta.
Por lo anterior,
constituyendo las normas acusadas de los arts. 12, 13, 15, 17, 18 y 44 un todo
jurídico inescindible serán declaradas inexequibles. Pero advierte la Corte que
la declaración de inexequibilidad del art. 17, por las razones indicadas, no
inhibe a la Fiscalía para asegurar la protección de los testigos de acuerdo con
el art. 250-4 de la Constitución y las normas que regulan el programa de
protección para víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación.
2.2.4. Detención en
general y detención en el lugar de trabajo o domicilio.
- El art. 25
establece como medida cautelar, la detención preventiva en aquellos delitos de
competencia de los "Jueces Penales del Circuito Especializados".
Considera la Corte,
que esta norma se ajusta a la Constitución pues es de competencia del
legislador determinar los casos en que procede la detención preventiva, en
razón de la comisión de ciertos delitos, según la naturaleza y gravedad de éstos,
o en los casos de flagrancia, o atendiendo las circunstancias en que ellos
ocurrieron, o de los antecedentes del procesado, etc.
Es de anotar que la
modificación del art. 25 al numeral 1º del decreto 2700/91, en esta materia,
sólo consistió en determinar que la detención es  posible para todos los
delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializado, que
antes lo eran de los jueces regionales.
- El artículo 26 de
la ley acusada, por su parte, excluye del beneficio de cumplir la detención
preventiva en el domicilio o lugar de trabajo, a los sindicados por los delitos
que ahora son de competencia de los jueces penales del circuito especializados
y antes de los jueces regionales.
A primera vista se
observa que esta norma es un rezago del conjunto institucional de carácter
extraordinario conocido como justicia regional, que en el momento actual no se
justifica en razón de haber desaparecido dicha justicia. Por lo tanto, no
encuentra la Corte una justificación racional y razonable que apunte a la
consecución de una finalidad constitucional legítima,  para que a unos
sindicados que se encuentran objetivamente dentro de las circunstancias que
describe el inciso 1 del art. 409 del C.P.C. se les conceda el beneficio de que
la detención se cumpla parcialmente en el lugar de trabajo o en su domicilio, y
en cambio, a los sindicados de los delitos de que conocen los jueces del
circuito especializado, no se les otorgue idéntico beneficio.
Podría aducirse en
pro de la constitucionalidad de la norma mencionada,  que el legislador goza de
libertad de configuración respecto de las medidas precautorias en el proceso
penal. Sin embargo, ésta no es absoluta porque ella ha de ejercerse dentro de
los límites impuestos por la Constitución Política, uno de los cuales es el de
la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta.
La regla general que
consagra el Código de Procedimiento Penal es la de la posibilidad legal de que
la detención preventiva pueda cumplirse parcialmente en el domicilio o lugar de
trabajo, con excepciones plenamente justificadas, como la de no tener en su
contra sentencia condenatoria por delito doloso o preterintencional, que la
sindicación no lo sea por un delito cuya pena máxima exceda de seis años de
prisión y que se hubiere eludido la comparecencia al proceso.
En la norma objeto
de análisis, salta a la vista que la única explicación para suprimir el
beneficio del cumplimiento de la detención preventiva parcialmente en el
domicilio o lugar de trabajo, es la clase de delitos cuyo conocimiento se
asigna a los "Juzgados Penales del Circuito Especializados", lo que
lleva a suponer, sin justificación, que, aunque no hubieren sido condenados
antes por ningún delito, ni hayan intentado siquiera eludir la actuación procesal,
se les impone la detención física en una cárcel del Estado a diferencia de
otros sindicados, con abierto rompimiento de la igualdad de trato que surge del
artículo 13 de la Constitución.
En razón de lo
anterior se declarará exequible el art. 25 e inexequible el art. 26 de la ley
504/99.
2.2.5. Causales
de libertad provisional.
La norma del art. 27
establece que en los delitos que corresponda conocer a los Jueces Penales del
Circuito Especializados, cuando se dicte en primera instancia preclusión de la
investigación, cesación de procedimiento o sentencia absolutoria, la libertad
provisional no procede cuando se hubiere interpuesto recurso de apelación por
el fiscal delegado o el respectivo agente del ministerio público, caso en el
cual sólo será concedida "una vez confirmada la decisión de primera
instancia por el superior".
Además, allí se
dispone que si el recurso no se resuelve dentro de los treinta días hábiles
siguientes a partir de aquél en que entre al despacho del funcionario, se
"concederá la libertad provisional".
Finalmente, se
establece que los términos señalados en los numerales cuarto y quinto del
artículo 415 del Código de Procedimiento Penal, en aquellos procesos de que
conozcan los Jueces Penales del Circuito Especializados, "se duplicarán",
cuando por el vencimiento de los mismos en estos procesos se solicite la
libertad provisional.
La libertad de
configuración legislativa con respecto a las causales para la concesión de la
libertad provisional, no es absoluta sino relativa, en tanto tiene como
limitante las normas constitucionales.
En ese orden de
ideas, la norma acusada, salvo su parágrafo,  resulta contraria a la Carta
Política, por cuanto:
Conforme al artículo
29 de la Constitución, una de las garantías mínimas a que tiene derecho el
sindicado de cualquier delito, es la de la presunción de inocencia mientras
judicialmente no se le declare culpable.
En este caso, si se
produce una sentencia absolutoria, o se precluye la investigación, o se ordena
la cesación del procedimiento conforme a la ley, a la presunción de inocencia
que acompaña al sindicado, le sigue ahora una decisión judicial que la
reafirma, lo que llevaría, como consecuencia lógica, a la concesión inmediata
de la libertad.
Con todo,  pese a
ello, lo que la norma en cuestión ordena es que el sindicado permanezca privado
de la libertad si la decisión judicial fue objeto de apelación por el fiscal
delegado o por el agente del ministerio público, mientras el recurso no se
decida confirmando lo resuelto en primera instancia, lo que significa que la
presunción de inocencia desaparece para prolongar indebidamente la privación de
la libertad del procesado, lo que equivale a presumirlo culpable con ostensible
quebranto del artículo 29 de la Carta, y con  violación además, del artículo 28
de la Constitución, que instituye como regla general la libertad personal.
En cambio, considera
la Corte que el parágrafo de la disposición acusada, en cuanto duplica los
términos para efectos de la libertad provisional en los procesos de que conocen
los jueces penales del circuito especializado se ajusta a la Constitución, por
la circunstancia de que la Corte debe valorar la apreciación del legislador, en
cuanto que la naturaleza propia de los delitos asignados a dichos jueces, las
circunstancias de tiempo modo y lugar en que ello ocurre y especialmente las
dificultades para incorporar pruebas al proceso, pueden justificar una mayor
laxitud de los términos procesales, lo cual, no conlleva una violación de los
principios nucleares del debido proceso.
2.2.6. Funciones
especiales del Ministerio Público
El art. 11
modifica el numeral 2 del art. 135 del C.P.P., en el sentido de señalar como
función especial del Ministerio Público, como sujeto procesal, la de intervenir
en las actuaciones en las que se establezca la protección de los testigos
garantizando el cumplimiento de la ley.
La norma en
referencia se ajusta a la Constitución en razón de las atribuciones que tiene
el Ministerio Público, según los numerales 1, 2 y 7, y porque tal función no es
incompatible con la que corresponde a la Fiscalía conforme al art. 250-4.
2.2.7. Providencias
que deben notificarse.
El art. 14 modifica
el inciso 1 del art. 186 del C.P.P., que regula lo relativo a las providencias
que deben notificarse dentro del proceso penal.
Comparando las dos
normas la modificada y la modificatoria se establece que la razón del cambio
normativo operado obedeció a la intención del legislador de suprimir la
notificación de la providencia que ordena dar traslado para presentar alegatos
de conclusión, con lo cual, a juicio de la Corte, restringió ilegítimamente el
derecho al debido proceso, porque los referidos alegatos son esenciales para
asegurar adecuadamente el derecho de defensa del procesado, pues puede presentar
argumentos que beneficien su situación y contradecir las pruebas que obren en
su contra y, en general, ejecutar los actos procesales que el estatuto
procedimental autorice. Por lo tanto, se debe garantizar que dichos alegatos
puedan ser presentados mediante la notificación de la providencia que disponga
el mencionado traslado.
Por lo expresado, se
declarará la inexequibilidad del art. 14 de la ley 504/99.
2.2.8.
Contradicción.
El art. 16 modifica
el art. 251 del C.P.P.[6], en el sentido de que los sujetos
procesales podrán solicitar pruebas y controvertirlas en la investigación
previa, la instrucción y el juzgamiento, con lo cual se acaba con la
restricción de la norma modificada, en el sentido de que en los procesos que
conocen los jueces regionales, hoy los jueces del circuito especializado, sólo
se podían solicitar y controvertir pruebas en la instrucción y en el
juzgamiento.
Dado que la norma en
cuestión garantiza adecuadamente el debido proceso será declarada exequible.
2.2.9. Duración de
la investigación previa y derecho de defensa.
La norma del
art. 19 modifica el inciso 1 del art. 324 del C.P.P., en el sentido de eliminar
la ampliación del término de la investigación previa a cuatro meses, cuando se
trataba de los delitos de competencia de los jueces regionales, que ahora son
de competencia de los jueces especializados del circuito. De esta manera, se
establece un término único de dos meses para adelantar la investigación previa
cuando exista imputado conocido, vencidos los cuales se dictará resolución de
apertura de investigación o resolución inhibitoria, sin que interese la clase
de delitos que se investigan.
La norma acusada
será declara exequible.
2.2.10.
Indagatoria.
El art. 20
modifica el art. 352 del C.P.P., en el sentido de que el funcionario judicial
recibirá indagatoria a quien en virtud de antecedentes y circunstancias
consignadas en la indagación, o por haber sido capturado en flagrancia,
considere autor o participe de la investigación penal. Se eliminó el inciso 2
de dicha disposición, en cuanto a los poderes de que disponía el fiscal para
diferir la vinculación de algunas personas al momento de instrucción que
considerare mas oportuno, para lo cual debería librar orden de captura.
Por no oponerse
a la Constitución, la referida norma será declarada exequible.
2.2.11. Privación
de la libertad de servidor público.
El art. 22
modifica el inciso 2 del art. 374 del C.P.P. La modificación consistió en
señalar que cuando se trata de delitos, que antes eran de competencia de los
jueces regionales y hoy de los jueces especializados del circuito procederá en
todos los casos a la privación de la libertad.
La norma no se
opone a la Constitución y por ello será declarada exequible.
2.2.12. Definición
de la situación jurídica.
El art. 24
modifica el inciso 3 del art. 387 del C.P.P. en el sentido de sustituir la
expresión “jueces regionales” por “jueces del circuito especializado”, y de
determinar que cuando se trate de delitos de competencia de éstos la situación
jurídica debe definirse dentro de los 10 días siguientes al recibo de la
indagatoria, si ésta hubiere sido recepcionada por un fiscal de sede distinta a
la suya; pero si es necesaria la práctica del alguna prueba y el término
anterior resultare insuficiente, el término para definir la situación jurídica
será de veinte días.
Las mismas
razones que expuso la Corte anteriormente para justificar la ampliación de
términos, en relación con el parágrafo del art. 27, sirve para avalar la
declaración de exequibilidad de dicha disposición.
2.2.13. Dirección
de las audiencias.
El art. 28
adiciona el art. 453 con un inciso 3, que asegura que la audiencia pública
deberá celebrarse con las medidas de seguridad y protección que a juicio del
juez se consideren necesarias, para lo cual las autoridades competentes y la
fuerza pública deberán suministrar la colaboración y el apoyo necesarios.
Considera la
Corte que esta norma, en la medida en que asegura el adecuado y eficaz funcionamiento
de la administración de justicia   se aviene con la Constitución, y por ello,
será declarada exequible.
2.2.14. Permiso
hasta de 72 horas (art. 29). Incumplimiento de las obligaciones (art. 30).
Las referidas
normas, en su orden, se refieren al permiso por 72 horas que pueden obtener los
condenados por delitos de competencia de los jueces penales del circuito
especializado, cuando hayan descontado el 70% de la pena impuesta, asi como a
la circunstancia de que los condenados que se encuentren sindicados o
condenados por hechos punibles cometidos durante el tiempo de reclusión no
podrán gozar de los beneficios de establecimiento abierto.
No encuentra la
Corte contradicción alguna entre las normas mencionadas y la Constitución. En
tal virtud, serán declaradas exequibles.
2.2.15. Protección
a los funcionarios judiciales y a los testigos.
El art. 32 establece
que los funcionarios judiciales que venían prestando sus servicios a la
justicia regional y los testigos vinculados a programas de protección que
intervinieron en procesos sometidos a su conocimiento, tendrán derecho y
prelación para que se les preste seguridad por las entidades que en dicha norma
se mencionan.
De otra parte el
inciso 2 de dicha norma dispone que la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura y el Fiscal General, según el caso, reglamentarán lo atinente
a la custodia y conservación de las providencias, actas y demás documentos que
tengan carácter reservado.
Considera la Corte
que las previsiones contenidas en dicha norma atienden a una finalidad
constitucional legítima como es la de asegurar la continuidad de la protección
de los funcionarios judiciales y de los testigos intervinientes en dichos
procesos, asi como la guarda y preservación de los aludidos documentos.
Con fundamento en lo
expresado la norma mencionada será declarada exequible.
2.2.16. Aplicación
del trámite ordinario (art. 33).
Ninguna objeción de
carácter constitucional encuentra la Corte para que en los procesos por delito
de competencia de los jueces penales de circuito especializado que a la
vigencia de la presente ley se encuentren con resolución de acusación
ejecutoriada y no se hubiere vencido el término para presentar alegato de
conclusión, el juez competente aplique el trámite ordinario previsto en el
C.P.P., en la medida en que éste aparece rodeado de mayores garantías
procesales.
Por lo anterior, se
declarará exequible el art. 33.
2.2.17. Segunda
instancia de los procesos por los delitos de competencia de los jueces penales
del circuito especializados.
Mediante el artículo
35, en lo pertinente, se asigna competencia a la Sala Penal del Tribunal
Superior de Santafé de Bogotá, o al "Tribunal Superior que cree la
ley" para que conozcan en segunda instancia "de los procesos por los
delitos de competencia de los Jueces Penales del Circuito Especializados".
El artículo 37
atribuye a la Sala Penal del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá el
conocimiento de los procesos "de que actualmente conoce el Tribunal
Nacional y de los que conozca hasta el primero de julio de 1999", y,
además, faculta al Consejo Superior de la Judicatura -Sala Administrativa para
"crear una sala especial de descongestión, conforme al artículo 63 de la
Ley 270 de 1996", para conocer de los procesos por los delitos de que
trata el artículo 71 del Código de Procedimiento Penal, reformado por el
artículo 5 de la ley acusada.
Por su parte, el
artículo 38, transitorio dispone que aquellas actuaciones de que venía
conociendo la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, pasen, en
el estado en que se encuentren, "a la Unidad de Fiscalía Delegada ante la
Sala Penal Especial del Tribunal Superior de Bogotá" y que dicha Fiscalía
"ante la sala de descongestión también conocerá de las actuaciones
procesales que se hubieren iniciado antes del 1º de julio de 1999 y lleguen a
trámite de segunda instancia.
Los artículos 43, 47
y 48, por su parte asignan competencia al Tribunal Superior Nacional que se
cree conforme a una ley estatutaria próxima a expedir, o a los fiscales
delegados que habrán de actuar ante el mismo, y a los magistrados de la Sala
Penal del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá o al Tribunal Superior que
cree la ley para el conocimiento de la segunda instancia por los delitos de
competencia de los Jueces Penales del Circuito Especializados.
El artículo 11 de la
Ley 270 de 1996 -Estatutaria de la Administración de Justicia, en su parágrafo
primero establece el ámbito de competencia territorial de los Tribunales
Superiores, el cual se circunscribe al "correspondiente distrito
judicial", asunto este que, como salta a la vista, constituye aspecto
esencial de la estructura misma de la administración de justicia pues, dentro
de ésta resulta indispensable determinar dónde puede ejercerse válidamente la
jurisdicción del Estado por los distintos tribunales intermedios, como quiera
que en la propia ley y en el mismo parágrafo del citado artículo 11 se indica
que la competencia "en todo el territorio nacional" se ejerce por la
Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el
Consejo Superior de la Judicatura.
Así las cosas, el
atribuirle competencia territorial al Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá - Sala Penal, por conducto de una especial "sala de
descongestión", es abiertamente violatorio de la Constitución Nacional, en
la medida en que de esa manera se extiende la competencia de ese Tribunal fuera
del territorio de su distrito, para abarcar en adelante todo el territorio de
la república.
Adicionalmente, ha
de observarse por la Corte que, si la segunda instancia para conocer de los
procesos de los que conocen en primera instancia los Jueces Penales del
Circuito Especializados ha de cumplirse ante el "Tribunal Superior que
cree la ley" o el "Tribunal Superior Nacional" de creación por
una Ley Estatutaria de próxima expedición, ello significa que la Ley 504 de
1999 atribuye competencia a un organismo inexistente.  Es decir, si ese
Tribunal a la postre no adquiere vida jurídica, la segunda instancia en estos
procesos carecería de organismo judicial ante el cual podría surtirse.
Esta singular
situación jurídica de asignar competencia a organismos de creación futura e
incierta, resulta violatoria, como es fácil advertirlo, de la garantía
constitucional al debido proceso, pues ella implica necesariamente la
preexistencia del juez conforme a la ley, para que el justiciable desde el
inicio mismo de la actuación tenga conocimiento de quién es el juez, lo que
impone al Estado el deber jurídico de establecer legalmente y con anterioridad
al proceso, a cuál órgano judicial con existencia real corresponde el
juzgamiento del sindicado.
Precisa la
Corte, que la atribución de competencias a organismos judiciales para conocer
de la segunda instancia de los procesos de competencia de los jueces penales
del circuito especializados, que se extiendan a todo el territorio nacional,
como la asignada a la Sala Penal del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, o
a un tribunal superior nacional que llega a crearse por ley estatutaria, es
abiertamente contraria a la Constitución, porque conforme al art. 11 de la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia sólo pueden ejercer competencia en
todo el territorio nacional la Corte Suprema de Justicia, la Corte
Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura. Y además, según el art.
228 de a Constitución, el funcionamiento de la justicia debe ser no sólo
autónomo, sino desconcentrado.
En relación con el
principio de la desconcentración de la justicia dijo la Corte en la sentencia
C-594/98[7], lo siguiente:
“En principio,
salvo aquellos casos en los que el propio Constituyente ha señalado una competencia,
es el legislador el encargado de establecer por vía general los criterios
aplicables para definirla y de estatuir los ámbitos que corresponden a los
distintos órganos y funcionarios que administran justicia”.
“Considera la
Corte, sin embargo, que la atribución legislativa en la indicada materia no es
absoluta, es decir que el legislador, aunque goza de un amplio margen de
discrecionalidad para concebir los factores que inciden en la competencia y
para contemplar las esferas en las que cada juez se ocupa, no puede ser
arbitrario en el ejercicio de esa función. No le es posible desconocer
principios ni mandatos constitucionales ni consagrar reglas de competencia
irrazonables o desproporcionadas”.
“Así, de modo expreso
el artículo 228 de la Constitución estipula que el funcionamiento de la
administración de justicia será desconcentrado, lo cual supone que, a
menos que se trate de los tribunales que encabezan las jurisdicciones y cuyas
decisiones tienen por ámbito territorial el de toda la República de conformidad
con lo que la misma Carta dispone, no es dable al legislador concentrar la
totalidad de las competencias en cualquier campo en cabeza de un solo juez o
tribunal”.
“En particular,
en lo que concierne al aspecto territorial, las competencias de los jueces y
corporaciones deben ser distribuidas en sitios diversos de la República, de tal
modo que todos los habitantes, independientemente de la zona en que residan,
puedan acudir, en condiciones similares, a los estrados judiciales. Ello evita
que la sede territorial del único tribunal competente para determinado asunto
convierta el acceso a la justicia en un privilegio solamente reservado a
quienes viven en ese lugar”.
“Se asegura en
tal forma la igualdad de oportunidades en el acceso a la administración de
justicia, desechando odiosas preferencias, contrarias al concepto mismo de
justicia. Luego cuando la ley, sin motivo plausible, asigna la totalidad de una
determinada competencia a las autoridades judiciales de una sola localidad,
pese a que los conflictos que reclaman definición tienen ocurrencia en
cualquier parte del territorio, favorece injustificadamente a los residentes en
aquélla, en detrimento de quienes habitan en otros puntos de la geografía
nacional. Con ello se vulnera el derecho a la igualdad (art. 13 C.P.) y se
obstruye el libre acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.),
ocasionando inclusive costos no repartidos equitativamente entre los
asociados”.
En las circunstancias analizadas, la Corte declarará
inexequibles los arts. 35, incisos 1 y 2, 37, 43 y 48, e igualmente, por su
necesaria unidad con éstas disposiciones el art. 38.
En relación con el art. 47, que alude a la
competencia de los fiscales delegados ante el Tribunal Superior de Santafé de
Bogotá o ante el Tribunal Superior que cree la ley, la Corte se pronunciará
sobre su exequibilidad, salvo las expresiones “de Santafé de Bogotá, D.C. o
ante el tribunal superior que cree la ley para”, que se declararán
inexequibles.
Al desaparecer la competencia de la Sala Penal del
Tribunal Superior de Santafé de Bogotá para conocer de la segunda instancia en
los procesos de que conocen en primera instancia los jueces penales de circuito
especializados y de la revisión de las sentencias que estos mismos profieran,
surge el problema consistente en determinar a quien corresponde conocer en
adelante de los mencionados asuntos.
Lo primero que debe observarse es que la competencia
de los jueces penales de circuito especializados no comprende un ámbito
territorial  similar al de los jueces penales del circuito, que la ejerce
dentro de un sector de un determinado distrito, pues aquéllos tienen una
competencia mucho mas amplia que puede extenderse al territorio de uno o mas
distritos. Por lo tanto, es necesario establecer a que tribunal corresponde el
conocimiento de la segunda instancia de las providencias dictadas en los
procesos de que conocen en primera instancia los jueces penales de circuito
especializados, y de la revisión de las sentencias dictadas por éstos.
A juicio de la Corte, el problema anterior se
resuelve de la siguiente manera:
En virtud del principio contenido en el art. 29 de
la Constitución, según el cual el sindicado tiene derecho a impugnar la
sentencia condenatoria la ley ha dispuesto que la segunda instancia en los
procesos de que conocen los jueces penales del circuito corresponde a la Sala
Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial competente. Igual sucede con
el recurso de revisión que puede interponerse contra las sentencias que dicten
dichos jueces. Por lo tanto, con el fin de asegurar la igualdad de todos los
procesados, sin que interese el delito por el cual se les juzga, asi como la
vigencia del debido proceso, indudablemente debe garantizarse la segunda
instancia y el trámite del recurso de revisión en relación con los procesos
asignados a los jueces penales del circuito especializados, ante la Sala Penal
de un Tribunal Superior de Distrito Judicial, como lo prevé el art. 69 de la
ley 504/99. Pero la determinación de éste, partiendo de la base de que ya
existe una competencia en términos generales, le corresponde al Consejo
Superior de la Judicatura, en los términos de los arts. 257-1 de la
Constitución y 85-5-6 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
Para la Corte es evidente que según los preceptos
citados el Consejo Superior de la Judicatura puede crear circuitos, para
efectos del conocimiento de los procesos asignados a los jueces penales del
circuito especializados, señalar su ámbito territorial, asi no coincidan con
los distritos y, además, determinar el distrito al cual pertenecen. Es claro,
por consiguiente, que el ámbito de competencia de los jueces penales del
circuito especializados lo será el respectivo circuito, el cual puede
extenderse a varios distritos. En tal virtud, la competencia para conocer de la
segunda instancia en los procesos de conocimiento de aquéllos y de la revisión
de las sentencias que dicten, bien puede asignarse al tribunal que corresponda
a la sede del correspondiente juez penal del circuito especializado.
2.2.18. Normas transitorias de los arts. 36, 39, 40
y 42 .
La constitucionalidad de las normas transitorias en
referencia se analiza por la Corte de la siguiente manera:
a) El art. 36 señala cual es el destino que debe
dársele a los documentos y demás efectos administrados por el Tribunal
Nacional, la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, y las
Direcciones Regionales de Fiscalía.
Dado que ésta norma incluye a los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial competentes conforme al art. 35 como uno de los
organismos que deben recibir tales documentos y los incisos 1 y 2 de esta
norma, que aludían al Tribunal Superior de Santafé de Bogotá y al Tribunal
Superior que fuere creado para el conocimiento de la segunda instancia de los
procesos por los delitos de competencia de los Jueces Penales de Circuito
Especializado, se declarará exequible, salvo la expresión “competentes
conforme al art. 35 de esta ley” que se declara inexequible.
b) Según el art. 39
los procesos que a la entrada en vigencia de la ley 504/99 estén en
conocimiento de la justicia regional por delitos distintos a los previstos en
el art. 5 de la ley, esto es, aquéllos de que conocen los jueces penales del circuito
especializado, se continuarán tramitando ante los jueces penales de circuito
competente por el factor territorial.
Esta norma resulta
congruente con la creación de los jueces penales del circuito especializado y
la competencia específica que a éstos se asigna. Por consiguiente, debía el
legislador prever que órganos judiciales debían continuar conociendo de los
procesos por delitos de conocimiento de la antigua justicia regional que no
quedaban adscritos al conocimiento de aquéllos.
Se trata de una
norma eminentemente procesal que asigna una competencia; por lo tanto, será
declarada exequible.
c) El art. 40
dispone que los funcionarios y empleados que a la vigencia de la presente ley
se encuentren vinculados a la justicia regional se integraran en
provisionalidad a los cargos correspondientes de los jueces penales del
circuito especializado y de los fiscales delegados ante dichos jueces.
Igualmente dicha
norma alude a la situación laboral de dichos empleados una vez entre a regir la
futura ley que cree el Tribunal Nacional.
Es preciso observar
que la ley demandada necesariamente debía establecer un régimen de transición,
con ocasión de la desaparición de la justicia regional, que se ocupara de
definir la situación laboral de los funcionarios y empleados vinculados a ella.
Por ello, la primera parte de la norma en cuanto dispone la incorporación en
provisionalidad de dichos servidores a los referidos cargos se ajusta a la
Constitución, por realizar en concreto los mandatos constitucionales que garantizan
el trabajo en condiciones dignas y justas y la estabilidad en los empleos
(arts. 25 y 53 C.P.).
Prohíja la Corte el
aparte del concepto del señor Vicefiscal General de la Nación que aboga por la
constitucionalidad de la referida norma, en el cual se expresa: “Otro aspecto
central que fortalece la constitucionalidad del precepto acusado, es que la
norma es clara en indicar que la incorporación automática es en
provisionalidad, por lo que mal puede indicarse que se están estableciendo
beneficios con violación del principio de igualdad, ya que la permanencia en
tales cargos dependerá de su incorporación  en la carrera administrativa,
previo el agotamiento de las respectivas etapas de selección”.
Igualmente la Corte,
acorde con el concepto de dicho funcionario, interpreta la norma en el sentido
de que la incorporación del referido personal a los mencionados cargos se
entiende referida a la planta de personal de la jurisdicción penal ordinaria “y
que la distribución de tales funcionarios y empleados corresponderá al Consejo
Superior de la Judicatura, conforme al art. 257-2 del Estatuto Superior”.
En cambio, el aparte
normativo que regula la situación laboral de los empleados y funcionarios
vinculados a la justicia regional, una vez se produzca la creación del Tribunal
Superior Nacional, no se adecua a la Constitución.
Conforme a lo
anterior se declarará la inexequibilidad del art. 40, salvo la expresión “Los
funcionarios y empleados que a la vigencia de la presente ley se encuentren
vinculados  a la justicia  regional se  integrarán en provisionalidad a los
cargos correspondientes de los Jueces Penales del Circuitos Especializados”.
d) El art. 42 alude
a la situación de los procesos en que se hubiere recibido testimonio con
reserva de identidad, en el sentido de que dicha reserva se mantiene y que esta
clase de pruebas se someterán a los principios generales de valoración
probatoria establecida en el C.P.P.
Igualmente dicha
norma, salvo los casos de investigación penal o disciplinario contra el funcionario
correspondiente, mantiene su reserva de identidad, cuando hubiere actuado en
los procesos de competencia de los jueces regionales, Sin embargo, existe la
previsión en el sentido de que “a partir del 1 de julio de 1999, estos procesos
se tramitarán sin que el funcionario que avoque su conocimiento posea reserva
de identidad, todo sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 158 de este
código”.
La norma del art.
42, dado su carácter transitorio, y en cuanto tiene como finalidad asegurar la
protección de los funcionarios que actuaron en los procesos de competencia de
los jueces regionales, se ajusta a la Constitución, mas aún cuando a partir de
la fecha indicada los referidos procesos se tramitarán sin reserva de identidad
del funcionario de conocimiento.
No obstante, se
declarará inexequible la expresión “todo ello sin perjuicio de lo dispuesto
en el art. 158 de este código”, en armonía con lo expuesto antes en el
sentido de que resulta inconstitucional la reserva de identidad de los
testigos, jueces y fiscales.
2.2.19. Negación de valor probatorio a los informes
de la Policía Judicial.
El art. 50
incorpora un inciso final al art. 313 del C.P.P., en el sentido de señalar que
en ningún caso los informes de la Policía Judicial y las versiones suministradas
por informantes tendrán valor probatorio en el proceso.
La mencionada
disposición se ajusta plenamente a la Constitución, en la medida en que no le
asigna valor probatorio a los mencionados informes y versiones, por tratarse de
actuaciones extraprocesales no controvertidas por las personas a las cuales se
podían oponer dentro del proceso.
Si el legislador
al diseñar las reglas del debido proceso conforme al art. 29 de la Constitución
puede determinar cuales son los medios de prueba admisibles, igualmente esta
facultado para que en ciertos casos pueda disponer que un determinado
instrumento probatorio no es idóneo como prueba dentro de un proceso. Sin
embargo, entiende la Corte que dicha facultad no puede utilizarse en forma
arbitraria, irracional y desproporcionada, sino que debe obedecer a una
finalidad constitucional legítima.
En la sentencia
C-038/96[8],
al revisar la constitucionalidad del art. 3 de la ley 190 de 1995 halló
inadmisible la finalidad de la ley destinada a neutralizar un medio probatorio,
con el fin de precaver eventuales condenas judiciales. Dijo la Corte:
“No cabe duda de
que el régimen probatorio (práctica, valoración y apreciación de las pruebas,
medios probatorios, requisitos sustanciales y procesales aplicables a la
aportación de las pruebas etc.), en general, se libra a la voluntad del
Legislador. No obstante, el sistema que se establezca no puede desconocer la
garantía del debido proceso y el respeto y protección de los restantes bienes y
derechos constitucionales”.
“4. Una
pretensión pública subjetiva que integra el derecho al debido proceso es la de
presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en contra (C.P. art., 29).
A este respecto, las limitaciones legales relativas a la conducencia o
admisibilidad de un medio específico de prueba, sólo resultan admisibles si
persiguen un fin constitucional y las restricciones que entrañan son razonables
y proporcionadas en relación con el mismo y las consecuencias que de éste se
derivan”.
“5. La
finalidad de la ley -neutralizar un medio probatorio con el fin de precaver
eventuales condenas judiciales en los procesos laborales-, viola la
Constitución. La finalidad del Estado es la de proteger y garantizar los
derechos de las personas (C.P. art. 2) y ello no se logra ocultando la verdad
que puede judicialmente establecerse mediante el acceso a sus archivos. El
Estado y sus agentes, deben velar y defender los bienes e intereses del Estado.
Para ello, sin embargo, no es necesario obstaculizar la correcta administración
de justicia - que, por el contrario, debe ser secundada en su tarea -,
privándola por ministerio de la ley de elementos probatorios que pueden ser
útiles y relevantes a la hora de aplicar el derecho”.
En el presente
caso la finalidad buscada por el legislador es legítima, pues tiene su
fundamento en el art. 29 de la Constitución que consagra la presunción de
inocencia, la cual solamente puede ser destruida cuando se incorporan legal y
regularmente al proceso pruebas que el sindicado esta en la posibilidad de
controvertir.
Los informes de
la Policía si bien muchas veces revelan situaciones objetivas que han
verificado sus agentes, en otras, son producto de indagaciones con terceros,
muchas veces indeterminados, que estructuran conjeturas o apreciaciones que
materialmente no son idóneos para fundar una prueba; pero en todo caso en su
producción no intervienen las personas sindicadas que pueden verse afectados
por ellos.
El legislador ha
descartado el valor probatorio de dichos informes sobre la base de
conveniencias políticas, que él libremente ha apreciado, como podrían ser la
unilateralidad de éstos, y la de evitar que los funcionarios que deban juzgar
se atengan exclusivamente a éstos y no produzcan otras pruebas en el proceso,
en aras de la búsqueda de la verdad real, con desconocimiento de los derechos
de los sindicados. Por ello la Corte, en ejercicio del control constitucional,
no se encuentra en condiciones de cuestionar dichas consideraciones políticas,
pues ello corresponde a la competencia y libertad del legislador para diseñar
la norma jurídica procesal.
Sin embargo, lo
anterior no obsta para que el funcionario judicial competente pueda, a partir
de dichos informes, producir dentro del proceso la prueba que se requiera para
establecer la realidad y veracidad de los hechos que son relevantes en éste, la
cual naturalmente puede ser controvertida por el sindicado. Pero se anota que
lo que dicho funcionario puede valorar es la prueba producida regularmente en
el proceso, mas no los mencionados informes.
2.2.20. Otras
disposiciones.
Finalmente, la
Corte examina sucintamente la constitucionalidad de las disposiciones restantes
de la ley 504/99, en la siguiente forma:
a) El art. 41
será declarado exequible porque simplemente autoriza al Gobierno Nacional para
realizar los traslados y adiciones presupuestales necesarios con el fin de dar
cumplimiento a dicha ley, lo cual se encuentra dentro de las atribuciones del
legislador.
b) El art. 45,
en cuanto señala que el Procurador General de la Nación presentará un informe
anual al Congreso de la República el cumplimiento del debido proceso y el
respeto de los derechos humanos de los sindicados, será declarado exequible por
ajustarse a las previsiones del art. 277-1-2-3-8 de la Constitución. Pero será
declarada inexequible la expresión “dentro de esta jurisdicción especial” ,
pues como se ha visto no se puede establecer este tipo de jurisdicción en
sustitución de la justicia regional.
c) El art. 46,
que determina y califica como falta gravísima de los funcionarios que incurran
en violación del debido proceso que afecte la libertad de los imputados o
violación de los términos previstos en esta ley, será declarado exequible por
tener fundamento en los arts. 2, inciso 2, 6, 29 y 124 de la Constitución.
d) El art. 49,
que señala un término de vigencia de las normas de la ley 504/99 y que prevé
“una revisión de su funcionamiento” por el Congreso, con la finalidad allí
prevista, será declarado exequible, pues este tipo de regulaciones son de
competencia del legislador.
e) El art. 51
será declarado exequible, porque se limita a hacer aplicable a los procesos por
los delitos de que trata la ley acusada, lo dispuesto en el inciso final del
art. 81 de la ley 190/95, según el cual, en caso de existir imputado o
imputados conocidos, de la iniciación de la investigación, se notificará a éste
o éstos, para que ejerzan su derecho de defensa, lo cual no vulnera la
Constitución.
f) Los arts. 52
y 53 relativos a las derogatorias y a la vigencia de la ley serán declarados
exequibles, pues derogar la ley y establecer su vigencia son atribuciones
propias del legislador.
VIII. DECISIÓN.
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando
justicia en nombre del pueblo y  por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. Declarar
EXEQUIBLE la Ley 504 de 1999, en cuanto las normas en ella contenidas no
requerían de la expedición de una ley estatutaria.
Segundo. Declarar EXEQUIBLES
los arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 41, 46, 49, 50, 51, 52 y 53 de la ley 504/99.
Tercero. Declarar INEXEQUIBLES
los arts.7, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 26, 37, 38, 43 y 44 de la Ley 504/99.
Cuarto.  Declarar INEXEQUIBLE
el art. 27 de la ley 504/99, salvo su parágrafo que se declara EXEQUIBLE.
Quinto. Declarar INEXEQUIBLE
los incisos 1 y 2 del art. 35 de la ley 504/99, y EXEQUIBLE el inciso 3
del mismo,
Sexto. Declarar EXEQUIBLE
el art. 36 de la ley 504/99, salvo la expresión “competentes conforme al
art. 35 de esta ley” que se declara INEXEQUIBLE.
Septimo. Declarar INEXEQUIBLE
el art. 40 de la ley 504/99, salvo la expresión “los funcionarios y
empleados que a la vigencia de la presente ley se encuentran vinculados a la
justicia regional se integrarán en provisionalidad a los cargos correspondientes
de los jueces penales del circuito especializados y de los fiscales delegados
ante los jueces penales del circuito especializado”.
Octavo. Declarar EXEQUIBLE
el art. 42 de la ley 504/99 salvo la expresión “todo ello sin perjuicio de
lo dispuesto en el art. 158 de este Código” que se declara INEXEQUIBLE.
Noveno. Declarar EXEQUIBLE
el art. 45 de la ley 504/99, salvo la expresión “dentro de esta jurisdicción
especial”  que se declara INEXEQUIBLE.
Decimo. Declarar EXEQUIBLE
el art. 47 salvo la expresión “Santafé de Bogotá. D.C., o ante el Tribunal
que cree la ley para” que se declara INEXEQUIBLE.
Decimo Primero. Declarar
EXEQUIBLE el art. 48 de la ley 504/99, salvo la expresión “Superior
de Santafé de Bogotá, D.C. o al Tribunal Superior que cree la ley para el
conocimiento de la segunda instancia de los procesos por los delitos de
competencia de los Jueces Penales del Circuito Especializados”  que se
declara INEXEQUIBLE.
Decimo Segundo.
La presente sentencia produce efectos a partir de su comunicación al Gobierno
Nacional.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Magistrado
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Magistrado
FABIO MORÓN DÍAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
MARTHA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Aclaración de
voto a la Sentencia C-392/00
JUSTICIA REGIONAL-Temporalidad (Aclaración de voto)
JUEZ PENAL DE
CIRCUITO ESPECIALIZADO Y FISCAL DELEGADO-Observancia del debido proceso (Aclaración de voto)
ESTADO SOCIAL DE
DERECHO Y DERECHO DE DEFENSA-Desaparición
figura de fiscales o jueces sin rostro y testigos con reserva de identidad
(Aclaración de voto)
Con el acostumbrado
respeto por la decisión adoptada por la mayoría, reitero los criterios que he
venido exponiendo desde la sentencia C-093 de 1993, C-037 de 1996, C-245 de
1996. C-427 de 1996, C-449 de 1996, C-040 de 1997, C-592 de 1998, C-272 de
1999, en el sentido, de que algunas de las disposiciones adoptadas en los
decretos 2265, 2266, 2271 y otras normas jurídicas que regulan la materia de la
llamada justicia regional, se ajustaban a la Carta, y ello lo hice bajo la
convicción de que se trataba de una normatividad que obedecía a una situación
socio-política excepcional y que por lo mismo debía ser temporal y no
permanente.
En este orden de
ideas, acompaño el sentido general contenido en la providencia C-392 del 2000,
en cuanto a las circunstancias analizadas. El suscrito entiende que se
justifica constitucionalmente la creación de Los Jueces Penales del Circuito
Especializados y de los Fiscales Delegados ante estos, a quienes se les ha
asignado las competencias para el juzgamiento de determinados delitos, pero que
el adelantamiento de los procesos judiciales que a estos les corresponde, deben
desarrollarse con la observancia de las garantías propias del debido proceso y
del respeto al derecho de defensa, que, en general debe garantizarse a todos
los procesados conforme a los artículos 28 y 29 superiores. En consecuencia,
tal como se desprende de los cargos formulados en las demandas acumuladas, de
los antecedentes de los debates parlamentarios y de las intervenciones
oficiales, la expedición de las normas contenidas en la Ley 504 de 1999
obedecieron seguramente a la necesidad de prolongar la justicia especial por un
tiempo para evitar el desmonte abrupto de esta con la consecuencia que podría
derivarse para la administración de justicia, el orden público y la seguridad
ciudadana. Por lo tanto, a nuestro juicio, es necesario que las figuras de
carácter excepcional, contenidas en dichos regímenes, tales como los testigos
con reserva de identidad, y los llamados genéricamente fiscales o jueces sin
rostro desaparezcan, para dar paso a jueces y testigos que deben adelantar sus
actuaciones dentro de las reglas del Estado Social de Derecho, con acatamiento
a los principios y garantías propias de este paradigma jurídico-político, entre
los cuales se destaca el derecho de defensa dentro del marco fundamental del
debido proceso.
Fecha Ut Supra
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
Salvamento y
Aclaración de voto a la Sentencia C-392/00
JUSTICIA
ESPECIALIZADA-Permanencia
de algunas instituciones propias de la regional (Salvamento y aclaración de
voto)
LEY ESTATUTARIA-Reforma mediante ley de la misma categoría
(Salvamento de voto y aclaración de voto)
JUSTICIA REGIONAL-Normas excepcionales/LEY ORDINARIA-Improcedencia
de prórroga de vigencia de normas especiales (Salvamento de voto y Aclaración
de voto)
LEY ESTATUTARIA-Regulación de la administración de justicia
y modificación (Salvamento de voto y aclaración de voto)
JURISDICCION
ESPECIAL-Creación por la
Constitución (Salvamento de voto y aclaración de voto)
JURISDICCION
ESPECIAL-Inconstitucionalidad
de creación para ejercicio de función punitiva/JURISDICCION ORDINARIA-Ejercicio
de función punitiva (Salvamento y aclaración de voto)
JUEZ NATURAL-Legalidad del proceso (Salvamento y
aclaración de voto)
UNIDAD DE
JURISDICCION-Parte
integrante del debido proceso (Salvamento y aclaración de voto)
JUEZ NATURAL-Garantía de realización del debido proceso
y la igualdad (Salvamento y aclaración de voto)
JUEZ
ESPECIALIZADO-Inconstitucionalidad
(Salvamento y aclaración de voto)
ESTRUCTURA
GENERAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Prohibición de modificación por ley ordinaria
(Salvamento y aclaración de voto)
JUEZ PENAL DE
CIRCUITO ESPECIALIZADO-Creación
por ley estatutaria (Salvamento y aclaración de voto)
DEBIDO PROCESO-Asignación de competencia a organismos de
creación futura e incierta/DEBIDO PROCESO-Preexistencia del juez
conforme a la ley/JUEZ-Preexistencia conforme a la ley (Salvamento y
aclaración de voto)
JUEZ DE
CONOCIMIENTO-Trámite y
decisión del proceso (Salvamento y aclaración de voto)
JUEZ DE
CONOCIMIENTO-Separación
del proceso/JUEZ DE CONOCIMIENTO-Ejercicio de funciones libre de
interferencias (Salvamento y aclaración de voto)
CAMBIO DE
RADICACION DE PROCESO PENAL-Trámite
judicial (Salvamento y aclaración de voto)
CAMBIO DE
RADICACION DE PROCESO PENAL-Encargado
de decidir (Salvamento y aclaración de voto)
PRINCIPIO DE
AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DE RAMA JUDICIAL-Intromisión innecesaria del ejecutivo (Salvamento de
voto y aclaración de voto)
DEBIDO PROCESO
PUBLICO-Reserva de
identidad de testigo (Salvamento de voto y aclaración de voto)
TESTIGO-Inconstitucionalidad de reserva de
identidad y establecimiento de protección diferente (Salvamento de voto y
aclaración de voto)
FISCAL-Inconstitucionalidad de reserva de identidad
(Salvamento de voto y aclaración de voto)
DEBIDO PROCESO
PUBLICO-Identidad de
funcionario/PROCESO PENAL-Identidad de funcionario/JUEZ PENAL DE
CIRCUITO ESPECIALIZADO-Identidad de funcionario (Salvamento de voto y
aclaración de voto)
JURISDICCION
ESPECIAL-Discriminación en
tratamiento de sindicados en relación con los demás (Salvamento de voto y
aclaración de voto)
LIBERTAD DE
CONFIGURACION LEGISLATIVA-Límites
(Salvamento de voto y aclaración de voto)
PRESUNCION DE
INOCENCIA-Continuación
privación de libertad por apelación de decisión judicial/PRESUNCION DE
INOCENCIA-Prolongación indebida de privación de libertad (Salvamento de
voto y aclaración de voto)
LIBERTAD
PROVISIONAL EN PROCESO ANTE JUEZ PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO-Duplicación de términos resulta
discriminatorio (Salvamento de voto y aclaración de voto)
INFORMES DE
POLICIA JUDICIAL-Inconstitucionalidad
en cuanto a carencia de valor probatorio en todos los casos (Salvamento de voto
y aclaración de voto)
PRINCIPIO DE
UNIDAD DE MATERIA-Inexistencia
(Salvamento de voto y aclaración de voto)
JURISDICCION
ESPECIAL A LA DE JUSTICIA ORDINARIA-Inconstitucionalidad y vulneración de Pacto y
Convención Internacional (Salvamento de voto y aclaración de voto)
COMPETENCIA
TERRITORIAL DEL JUEZ-Asignación
por ley (Salvamento de voto y aclaración de voto)
Los suscritos
magistrados, con el respeto acostumbrado por las decisiones de la Corte, nos
vemos precisados en esta oportunidad a expresar las razones por las cuales en
relación con la Sentencia C-392 de 6 de abril del año 2000, salvamos y
aclaramos nuestro voto.  Ellas son:
1ª.  Tal como se
señala en la sentencia aludida, correspondió su redacción final al magistrado
Antonio Barrera Carbonell, por cuanto la ponencia original, elaborada por el
magistrado Alfredo Beltrán Sierra, no fue aprobada por la Sala Plena de la
Corte.
2ª.  En el proyecto
original, votado favorablemente por los cuatro magistrados que ahora salvamos y
aclaramos nuestro voto de la decisión finalmente adoptada por la Corte,
sostuvimos, -como efectivamente lo consideramos todavía- que la Ley 504 de
1999, en su integridad, ha debido declararse inexequible, por dos razones: la
primera, por cuanto es una ley ordinaria y la materia de que ella se ocupa
exige su expedición como ley estatutaria; y, la segunda, por cuanto la ley
acusada establece una jurisdicción especial, en forma contraria a la Carta.
Además, consideramos
que adicionalmente, por su contenido material, son igualmente inexequibles
algunos artículos de la Ley 504 de 1999, respecto de los cuales persiste la
inconstitucionalidad que afecta la integridad de la ley por las razones
mencionadas en el párrafo precedente.
3ª.  No aceptadas
por la mayoría de la Sala Plena las razones que a nuestro juicio afectan de
inconstitucionalidad la totalidad de la Ley 504 de 1999, se sometieron entonces
a votación de la Corporación, de manera individual, cada uno de los artículos
de la misma y, como resultado de ello, en la Sentencia C-392 de 6 de abril de
2000 algunas disposiciones se declararon exequibles sin nuestro voto favorable,
puesto que en nuestro criterio toda la ley es inconstitucional; y, algunos
artículos se declararon inexequibles, estos sí con nuestro voto afirmativo,
puesto que, se repite, a nuestro juicio, toda la ley acusada es contraria a la
Constitución.
Por otra parte, dado
ese contenido mixto de constitucionalidad e inconstitucionalidad que se adopta
en la decisión contenida en la Sentencia C-392 de 6 de abril de 2000, se hace
inevitable un pronunciamiento expreso por nuestra parte para poner de
manifiesto algunas consideraciones adicionales al proyecto inicial, esta vez
con respecto a la competencia de los "Jueces Penales de Circuito Especializados",
cuya creación se declaró ajustada a la Constitución.
En virtud de lo
expuesto, y bajo la consideración de que las sentencias judiciales han de
guardar unidad filosófico-jurídica, armonía y coherencia internas, para evitar
que luego surjan conflictos posteriores en la interpretación de su contenido,
estimamos oportuno e indispensable reproducir las consideraciones que conforme
al proyecto inicial que votamos afirmativamente, deberían haber permitido a la
Corte declarar la inexequibilidad de la Ley 504 de 1999, parte de las cuales se
reprodujeron total o parcialmente en la Sentencia C-392 de 6 de abril de 2000,
pese a que se declaró la constitucionalidad de algunos artículos de la ley
acusada.
Propusimos entonces
y así lo votamos afirmativamente, que el análisis sobre la constitucionalidad o
inconstitucionalidad de la Ley 504 de 1999, por razones de método y para
facilitar su entendimiento se acometiera en tres partes, para tratar por
separado los distintos aspectos atinentes al tema en cuestión, así:
"3.  Constitucionalidad
o inconstitucionalidad de las normas acusadas.
PARTE PRIMERA
"Inexequibilidad
de la Ley 504 de 1999, en su integridad, por cuanto no es una Ley Estatutaria.
"3.1.  Síntesis
histórica.
"3.1.1. Como es
fácil advertirlo, la Ley 2ª de 1984, en el propósito de dotar al Estado de
nuevos instrumentos para combatir la delincuencia, autorizó la creación de
"Juzgados Especializados", para el conocimiento exclusivo de los
delitos de terrorismo, secuestro extorsivo y extorsión, con sujeción al
procedimiento en ella señalado.
"3.1.2.  Con
motivo del atentado de que fue víctima el Ministro de Justicia doctor Rodrigo
Lara Bonilla, el Gobierno Nacional mediante Decreto 1038 de 1984 declaró
turbado el orden público en todo territorio nacional, y, con fundamento en tal
declaración, expidió luego algunos decretos que crearon nuevos juzgados,
modificaron la legislación procesal penal en cuanto a la competencia, causales
de excarcelación y términos judiciales, aumentaron las penas respecto de algunos
delitos ya existentes, y así mismo, crearon nuevos tipos penales.
"3.1.3.  El
Decreto 1631 de 1987, dictado bajo el amparo del artículo 121 de la
Constitución anterior, creó los denominados "Jueces de Orden
Público", para conocer de delitos que atentaran contra la existencia y
seguridad del Estado, con una remuneración igual a la de los Jueces
Especializados a que se refería la Ley 2ª de 1984, esto es, igual a la que por
entonces devengaban los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial, según lo dispuso el Decreto 735 de 1987.
"3.1.4. Dado
que a estos funcionarios se les adicionó luego por Decreto 474 de 1988 la
competencia para conocer, también, de las infracciones al Estatuto de
Estupefacientes, la inmensa congestión laboral que ello ocasionó, llevó a la
expedición del Decreto 1582 de 1988, que asignó dicha competencia a los Jueces
Penales del Circuito que, a la sazón, en virtud de las disposiciones especiales
habían visto notoriamente disminuida su carga laboral.
"3.1.5.
Mediante el Decreto 474 de 1988, también dictado bajo el imperio del artículo
121 de la Constitución anterior, los entonces denominados "Jueces de Orden
Público", fueron excluídos de la justicia ordinaria, para cuyo efecto, en
la organización jerárquica de la rama judicial dejaron de ser subordinados de
los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, y pasaron a tener como superior
inmediato al "Tribunal Superior de Orden Público".
"3.1.6.  Creado
de esta manera un ordenamiento judicial paralelo a la justicia ordinaria, con
sus propias normas de procedimiento, mediante Decreto 2790 de 1990 se creó la
Subdirección Nacional de Orden Públicas y las Seccionales y Unidades Investigativas
de Orden Público, con el fin de facilitar la ejecución de las labores propias
de la jurisdicción así creada, dotándola para ello de una infraestructura
administrativa en asuntos operativos y financieros.
"3.1.7. De esta
suerte, al momento de ser adoptada la Constitución de 1991, el Estado
Colombiano tenía además de la justicia ordinaria, una justicia de excepción,
con su propia organización jerárquica y para los fines anotados en los
numerales que anteceden, creada y puesta en funcionamiento bajo el amparo de
decretos expedidos por el Presidente de la República conforme a las facultades
emanadas de la declaración de Estado de Sitio prevista por el artículo 121 de
la Constitución anterior.
"Ello explica,
entonces, la preocupación del constituyente sobre el particular y la expedición
del artículo 8 transitorio de la nueva Carta Política, norma esta que dispuso
que los decretos expedidos en ejercicio de las facultades de Estado de Sitio
hasta la fecha de promulgación de la Constitución, "continuarán rigiendo por
un plazo máximo de noventa días, durante los cuales el Gobierno Nacional podrá
convertirlos en legislación permanente, mediante decreto, si la Comisión
Especial no los imprueba".
"3.1.8.  En
efecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 transitorio de la nueva
Carta Política a que se ha hecho alusión, fueron adoptadas como legislación
permanente normas nacidas a la vida jurídica bajo el imperio del artículo 121
de la Constitución anterior, así:
"- El Decreto
2265 de 1991, adoptó como legislación permanente las disposiciones de los
Decretos 303, 1303, 2047, 2372, y 3030 de 1990.
"- El Decreto
2266 de 1991, incorporó como legislación permanente, las normas contenidas en
los Decretos 3664 de 1986, 1198 de 1987, 1194, 1856, 1875, 1858 y 1895 de 1989.
"- El Decreto
2271 de 1991, incorporó como legislación permanente las disposiciones de los
Decretos 474 de 1988, 042 de 1990, 2790 de 1990, 099 de 1991 y 1676 de 1991.
"3.1.9.  Así
las cosas los Juzgados de Orden Público se denominaron en adelante Juzgados
Regionales y el Tribunal de Orden Público pasó a llamarse Tribunal Nacional,
para constituir la estructura administrativa de la "justicia
regional" que, en los aspectos procesales dio aplicación preferente a las
disposiciones contenidas en el Decreto 2271 de 1991 y, en los sustantivos a las
normas establecidas en el Decreto 2266 de 1991.
"3.1.10.  La
Ley 81 de 1993, que introdujo algunas reformas al Código de Procedimiento
Penal, mantuvo sin embargo excepciones procesales respecto de los delitos de
competencia de la justicia regional, entre las cuales se destacan la reserva de
identidad de testigos y de funcionarios, la consulta de providencias de
transcendencia en el trámite del proceso, la supresión de la audiencia pública
en la etapa de juzgamiento, así como disposiciones restrictivas en lo atinente
a la libertad en medidas cautelares, la concesión de la libertad provisional y
los subrogados penales.
"3.1.11.  El
Congreso de la República, que por mandato constitucional tenía a su cargo la
expedición de una Ley Estatutaria sobre la Administración de Justicia (artículo
152 C.P.), al dictar lo que fue la Ley 270 de 1996, para ese preciso objeto,
dispuso en el artículo 205 transitorio, entre otras cosas, que "en todo
caso, la justicia regional dejará de funcionar a más tardar el 30 de junio de
1999".
"3.1.12.  Ello
dio lugar a que se expidiera la Ley 504 de 1999 (junio 25), objeto de las
distintas demandas a que se refiere este proceso, ley esta cuyo trámite fue
simultáneo con el de la Ley Estatutaria de que trata el proyecto C-144 de 1998
Cámara, cuyo texto aparece publicado en la "Gaceta del Congreso" No.
293 de 24 de noviembre de 1998.
"3.2.  Temporalidad
y naturaleza jurídica de la justicia regional.
"3.2.1. Como se
desprende de los antecedentes históricos suscitamente enunciados en el acápite
anterior, la "jurisdicción de orden público", con una estructura
administrativa propia -Jueces de Orden Público y Tribunal de Orden Público-,
separados e independientes del resto de la estructura judicial del país, con
normas procesales específicas para conocer de determinados delitos, fue
eminentemente especial y transitoria, como quiera que nació a la vida jurídica
en virtud de decretos legislativos dictados por el Presidente de la República
en virtud de haber sido declarado el Estado de Sitio, conforme a lo previsto
por el artículo 121 de la Constitución anterior.
" 3.2.2.
Derogada la Constitución de 1886 y todas sus reformas por el artículo 380 de la
Constitución de 1991, la consecuencia ineludible de ello en relación con la
"justicia de orden público" era su desaparición inmediata y,
entonces, por una necesidad jurídico-política, se prolongó la vigencia de los
decretos expedidos en ejercicio de las facultades que al Presidente confería el
artículo 121 de la Carta Política derogada, para que continuarán "rigiendo
por un plazo máximo de noventa días", vencido el cual podrían convertirse
"en legislación permanente" por decreto del Gobierno si la Comisión
Especial Legislativa no los improbaba, como efectivamente sucedió con la
expedición de los decretos 2265, 2266 y 2272 de 1991.
"3.2.3. Con
todo, la adopción de las instituciones propias de la justicia regional como
"legislación permanente", siguió siendo temporal, por expresa
voluntad del Congreso de la República que, al expedir la Ley 270 de 1996
-Estatutaria de la Administración de Justicia- dispuso en el artículo 205
transitorio que "en todo caso, la justicia regional dejará de funcionar a
más tardar el 30 de junio de 1999", norma esta que fue declarada exequible
por la Corte Constitucional en Sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996
(Magistrado ponente, doctor Vladimiro Naranjo Mesa).
"3.3.  Permanencia
de algunas instituciones propias de la justicia regional en la Ley 504 de 1999.
"De la
comparación entre las instituciones específicas y características de la llamada
"justicia regional" con las disposiciones de la Ley 504 de 1999,
surge como conclusión la identidad y continuidad de aquellas en lo esencial.
Así:
"3.3.1.  Tanto
la llamada "justicia regional", como la ahora denominada
"especializada", tienen en común la existencia de una estructura
administrativa propia, específica, para el cumplimiento de sus funciones.  En
efecto:
"- A los
antiguos "Jueces de Orden Público", en virtud de lo dispuesto por el
Decreto 2271 de 1991, los sucedieron los "Jueces Regionales", con
sede en cinco de las principales ciudades del país.  A estos últimos, conforme
al artículo 1 de la Ley 504 de 1999, les suceden ahora los "Jueces Penales
de Circuito Especializados".
"- Los
extinguidos Juzgados de Orden Público, tenían como superior jerárquico al
Tribunal Superior de Orden Público.  Desaparecidos aquellos y este, el superior
inmediato de los "Jueces Regionales", lo fue entonces el
"Tribunal Nacional".
"- Ahora,
conforme al artículo 37 transitorio de la Ley 504 de 1999, se adscribió a la
Sala Penal del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, el conocimiento de los
procesos que antes correspondía al Tribunal Nacional y se dispuso que para ello
el Consejo Superior de la Judicatura podrá crear una Sala Especial de
Descongestión, mientras la ley crea el Tribunal Superior Nacional.
"- Además, se
agregó en el artículo 40 transitorio de la citada ley, que los funcionarios y
empleados que integraban la justicia regional, quedarían integrados en
provisionalidad en los cargos correspondientes en los Juzgados Penales de
Circuito Especializados, en las Fiscalías Delegadas ante estos, y que los
magistrados del extinguido Tribunal Nacional, los empleados del mismo y los
Fiscales de la Unidad Delegada ante dicho Tribunal y sus subalternos, serían
designados en provisionalidad ante la Sala Penal del Tribunal Superior de
Santafé de Bogotá y ante la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior del
Distrito Judicial con sede en la Capital de la República.
"3.3.2.  La
competencia asignada a los "Jueces Regionales" en primera instancia,
y la atribuida a los "Jueces Penales del Circuito Especializados",
guarda identidad.  Así:
"- El artículo
71 del Código de Procedimiento Penal, con las modificaciones introducidas por
la Ley 81 de 1993, dispuso en los numerales primero, segundo y tercero, que los
"Jueces Regionales" conocerían de algunas conductas delictivas
establecidas por la Ley 30 de 1986.
"El artículo 5
de la Ley 504 de 1999, en los numerales octavo, noveno, décimo, once y doce,
adscribió a los "Jueces Penales del Circuito Especializados", el
conocimiento de algunos de los delitos señalados por la Ley 30 de 1986.
"- El artículo
71 del Código de Procedimiento Penal, asignó a los Jueces Regionales el
conocimiento de los delitos contra la existencia y seguridad del Estado a que
se refiere el Decreto 2266 de 1991, exceptuado el porte de armas de fuego de
defensa personal, la interceptación de correspondencia oficial y los delitos
contra el sufragio; y, dispuso, además, que cuando se trate de extorsión, los
Jueces Regionales sólo tienen competencia cuando la cuantía exceda de ciento
cincuenta salarios mínimos legales mensuales.
"El artículo 5
de la Ley 504 de 1999, en sus numerales primero, tercero, cuarto, quinto,
sexto, séptimo y catorce, asignan, mencionándolos, los delitos contemplados por
el Decreto 2266 de 1991, para que de ellos conozcan los Jueces Penales del
Circuito Especializados.
"3.3.3.  Los
artículos 156 y 158 del Código de Procedimiento Penal contienen normas
específicas para la protección y reserva de identidad de los intervinientes en
los procesos ante los Juzgados Regionales, así como para la protección de
identidad de los funcionarios. Así, en el primero de los artículos citados, se
autoriza la utilización de "los mecanismos técnicos que se estimen
eficaces para garantizar la protección y reserva de la identidad de los
intervinientes. En el segundo de dichos artículos, se regula lo atinente a la
reserva de identidad de jueces y fiscales, esta última determinada en forma
"discrecional" por el Fiscal General de la Nación.
"Los artículos
12 y 13 de la Ley 504 de 1999, igualmente se refieren a la utilización de
medios técnicos para garantizar la protección y reserva de identidad de los
testigos y funcionarios de la Fiscalía, con la misma aclaración que la reserva
de identidad de un Fiscal será de carácter discrecional por parte del Fiscal
General de la Nación.
"3.3.4. El
artículo 293 del Código de Procedimiento Penal autoriza la reserva de identidad
de los testigos cuando se trate de procesos de conocimiento de los Jueces
Regionales y las circunstancias lo aconsejen.
"El artículo 17
de la Ley 504 de 1999, igualmente autoriza que, cuando las circunstancias lo
aconsejen, se pueda autorizar la reserva de identidad de los testigos, en los
procesos de conocimiento de los Jueces Penales de Circuito Especializados,
específicamente cuando se pueda poner en peligro la vida o la integridad
personal del testigo, reserva de identidad que podrá levantarse a petición del
mismo, según lo preceptúa el artículo 18 de dicha ley, que introduce para el
efecto el artículo "293 A" en el Código de Procedimiento Penal.
"3.3.5. El
artículo 247 del Código de Procedimiento Penal, en su inciso segundo preceptúa
que en los procesos de conocimiento de los Jueces Regionales, estos no podrán
dictar sentencia condenatoria teniendo como único fundamento testimonios de
personas cuya identidad se hubiere reservado.
"El artículo 15
de la Ley 504 de 1999, contiene la misma prohibición, para las sentencias que
deban proferir los Jueces Penales de Circuito Especializados.
"3.3.6. El
artículo 374 del Código de Procedimiento Penal, ordena la privación de la
libertad de los servidores públicos vinculados como sindicados a los procesos
de que conocían los fiscales y jueces regionales.
"El artículo 22
de la Ley 504 de 1999, contiene igual disposición normativa, cuando se trate de
los delitos a que se refiere el artículo 71 del Código de Procedimiento Penal,
es decir aquellos para los cuales son competentes los Jueces Penales del
Circuito Especializados.
"3.3.7. El
artículo 386 del Código de Procedimiento Penal, en su inciso segundo, dispone
que en los delitos de competencia de los Jueces Regionales sucedidos en lugar
distinto a la sede del fiscal delegado, "el fiscal del lugar al cual la
Unidad de Policía entregue las diligencias, deberá abocar la investigación e
indagará a los imputados enviando las diligencias inmediatamente a la división
de fiscalía correspondiente".
"El artículo 23
de la Ley 504 de 1999, trae idéntica disposición, con la sustitución de
"Jueces Regionales" por "Jueces Penales de Circuito
Especializados".
"3.3.8. El
artículo 387 del Código de Procedimiento Penal, dispone en su último inciso que
en los delitos de que conocen los Jueces Regionales, una vez recibida la
indagatoria el Fiscal definirá la situación jurídica dentro de los veinte días
siguientes si aquellas se hubiere recibido por un fiscal de sede distinta a la
suya.
"El artículo 24
de la Ley 504 de 1999, reduce ese término a diez días, pero agrega que si es
necesaria la práctica de una prueba y resulta insuficiente, "el término
para definir la situación jurídica será de veinte días".
"3.3.9.  El
artículo 397 del Código de Procedimiento Penal, establece que la detención
preventiva, entre otros casos, procede "para todos los delitos de
competencia de Jueces Regionales".
"El artículo 25
de la Ley 504 de 1999, establece la misma disposición pero sustituyendo la
expresión "Jueces Regionales" por "Jueces Penales de Circuito
Especializados".
"3.3.10. El
artículo 409 del Código de Procedimiento Penal, excluye del beneficio de
cumplir parcialmente en el lugar de trabajo o en su domicilio la detención
preventiva, a los "sindicados por los delitos de competencia de los Jueces
Regionales".
"El artículo 26
de la Ley 504 de 1999, dispone que quedan excluidos de tal beneficio "los
sindicados por los delitos a los que se refiere el artículo 71" del Código
de Procedimiento Penal, es decir aquellos delitos de que conocen los Jueces
Penales del Circuito Especializados.
"3.3.11. El
artículo 415 del Código de Procedimiento Penal, dispone que en aquellos delitos
cuyo conocimiento corresponda a los Jueces Regionales la libertad provisional
procede únicamente en "los casos previstos por los numerales segundo,
cuarto y quinto de este artículo". Pero, respecto de estas dos últimas
hipótesis, es decir cuando vencido el término de ciento veinte días de
privación de libertad no se hubiere calificado el mérito de la instrucción, o
ciento ochenta días, cuando sean tres o más los imputados, "los términos
para que proceda la libertad provisional se duplicarán".
"El artículo 27
de la Ley 504 de 1999, trae idéntica disposición en cuanto a la duplicación de
los términos para la procedencia de la libertad provisional si se trata de
delitos de conocimiento de los Jueces Penales del Circuito Especializados.
"Adicionalmente,
se dispone que cuando se dicte en primera instancia preclusión de la
investigación, cesación de procedimiento o sentencia absolutoria (artículo 415,
numeral tercero del Código de Procedimiento Penal), si se trata de procesos
cuya competencia corresponda a los Jueces Penales de Circuito Especializados,
la libertad provisional sólo puede concederse "una vez confirmada la
decisión de primera instancia por el superior", si la decisión se hubiere
apelado por el fiscal delegado o el agente del ministerio público, o cuando
transcurridos treinta días hábiles siguientes a partir del día en que entre al
despacho del funcionario, no se hubiere resuelto el recurso respectivo.
"En la justicia
regional, la sentencia absolutoria se encontraba sometida a consulta.
"3.3.12. El
artículo 17 del Decreto-Ley 2790 de 1990, adoptado como legislación permanente
por el artículo 3 del Decreto 2271 de 1991, con la modificación introducida por
el artículo 7 de la Ley 504 de 1999, autoriza al Ministro de Justicia y del
Derecho para que de oficio o a petición de parte, pueda "variar la radicación
del proceso cuando existan serios motivos para inferir que se encuentra en
peligro la integridad personal del juez, o por circunstancias que puedan
afectar el orden público o la administración de justicia", norma que
también existía para los procesos de conocimiento de los Jueces Regionales.
"3.4.  Los
artículos 5 transitorio del Código de Procedimiento Penal, 205 transitorio de
la Ley 270 de 1996 -Estatutaria de la Administración de Justicia- y la Ley 504
de 1999.
"3.4.1.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 5 transitorio del Código de
Procedimiento Penal, la jurisdicción de orden público se integró a la ordinaria
a partir de la vigencia del Código mencionado, norma esta en la cual se dispuso
que "los jueces de orden público se llamarán jueces regionales y el
Tribunal de orden Público se llamará Tribunal Nacional".  Además, en la
misma norma se dispuso que "la competencia de estos despachos no se
modifican, continuarán conociendo de los mismos hechos punibles que han venido
conociendo hasta ahora, de acuerdo con los decretos que no impruebe la Comisión
Especial para convertir normas expedidas en ejercicio de facultades de Estado
de Sitio en legislación permanente".
"3.4.2.  Ello
explica, entonces, que adoptadas como legislación permanente, las distintas
normas que bajo el amparo del Estado de Sitio rigieron durante la existencia de
la "justicia de orden público", sustituida por la "justicia
regional", (Decretos 2265, 2266 y 2271 de 1991), en los aspectos
procesales,  fueran incorporadas a lo largo del articulado del Código de
Procedimiento Penal, labor esta que al dictarlo mediante Decreto 2700 de 1991,
se facilitó al Gobierno Nacional.
"3.4.3.
Incorporadas dichas normas al Código de Procedimiento Penal como legislación
"permanente", su vigencia, sin embargo, no fue de carácter indefinido
como las del resto del Código en mención, sino a plazo fijo, pues, al efecto,
el artículo 205 transitorio de la Ley 270 de 1996 -Estatutaria de la
Administración de Justicia-, dispuso que "en todo caso, la justicia
regional dejará de funcionar a más tardar el 30 de junio de 1999".
"3.4.4.
Conforme a lo señalado en los párrafos inmediatamente precedentes, las
instituciones que conformaron la "justicia regional", dado que tenían
carácter excepcional y paralelo al Código de Procedimiento Penal, no podían
prolongar su vigencia en el tiempo más allá del 30 de junio de 1999, a menos
que así se ordenara lo contrario por el Congreso de la República mediante una
Ley Estatutaria, pues, si es cierto, -como lo es-, que en Derecho las
"cosas se deshacen como se hacen", brocardo este que expresa el
principio general sobre el "paralelismo de las formas jurídicas",
resulta apenas obvio que una Ley Estatutaria, en todo o en parte, sólo pueda
reformarse mediante otra ley de su misma categoría.
"3.4.5.  No
obstante, el Congreso de la República, al expedir la Ley 504 de 1999, -como ya
se demostró al cotejar sus disposiciones con las que rigieron la "justicia
regional"-, adoptó la decisión de prorrogar la vigencia de las normas especiales
de esta última que debían expirar el 30 de junio de 1999, mediante una ley
ordinaria.  Es decir, el legislador obró cual si se tratara, simplemente,  de
introducir unas reformas al Código de Procedimiento Penal (artículo 150-2 de la
Constitución Política), cuando, en realidad, las normas propias de la
"justicia regional" fueron distintas, excepcionales, no iguales a las
comunes del procedimiento penal ordinario, con jueces separados de la
estructura administrativa de la justicia ordinaria, con procedimientos
singulares aplicables al juzgamiento de unos delitos específicos, razón por la
cual ese conjunto normativo procesal dejaba de regir en la fecha aludida, salvo
que una ley también estatutaria modificara al punto lo dispuesto en el artículo
205 transitorio de la Ley 270 de 1996.
"3.4.6. Más,
como ello no sucedió así, fluye como conclusión inexorable que la expedición de
la Ley 504 de 1999, dada su naturaleza de ley ordinaria y no estatutaria,
resulta contraria a lo preceptuado por los artículos 152 y 153 de la Carta
Política en cuanto establecen que la regulación de las materias atinentes a la
administración de justicia y su modificación exigen una Ley Estatutaria, lo que
excluye para ese efecto la ley ordinaria que, por lo mismo, deviene en inconstitucional.
"PARTE SEGUNDA
"Inexequibilidad
de la Ley 504 de 1999 en cuanto establece una jurisdicción especial.
"3.5.  Como es
suficientemente conocido, la jurisdicción entendida como el ejercicio de la
soberanía del Estado aplicada a la administración de justicia entre los
habitantes del territorio nacional, desde el punto de vista ontológico es una
sola, como es única e indivisible la soberanía.  Por ello, todos los jueces
ejercen jurisdicción, pues cada uno de estos funcionarios en el ámbito propio
de la competencia que le asigne la ley administra justicia en nombre del Estado
quien se arroga, como soberano, esa potestad que ejerce de manera general,
exclusiva, obligatoria y coersitiva.
"3.6.  No
obstante, por razones de la necesaria distribución del trabajo para la mayor
eficacia de la administración de justicia por parte del Estado, por el aspecto
orgánico-funcional se admite la existencia de jurisdicciones especiales, por
ministerio de la Constitución, las cuales forman parte de la rama judicial, de
cuya regulación se ocupa el Título VIII de la Carta.
"De esta suerte
se explica la diversidad de jurisdicciones, por el aspecto orgánico funcional,
dentro de la unidad ontológica de la jurisdicción del Estado.
"3.7.
Significa entonces lo anterior que, además de la jurisdicción ordinaria, sólo
la Constitución puede crear, como en efecto creó, jurisdicciones especiales,
cual sucede con la Contencioso Administrativa, la Constitucional, la
disciplinaria, la de las pueblos indígenas y la de los jueces de paz, como
aparece en el Título VIII de la Carta.
"3.8. La
existencia de jurisdicciones especiales para que mediante ellas se ejerza la
función punitiva, pugna con la concepción propia del Estado Democrático, pues,
como resulta apenas obvio del juzgamiento de las conductas tipificadas como
delitos por el legislador, han de ocuparse de manera permanente los
funcionarios y órganos que integran la jurisdicción ordinaria.
"3.8.1. Ello
resulta como una consecuencia obligada de la garantía constitucional al debido
proceso, la cual incluye como uno de sus aspectos esenciales la garantía del
juzgamiento por el juez natural, es decir, la existencia de órganos judiciales
permanentes preestablecidos por la ley, a los cuales han de tener acceso los
habitantes del territorio nacional, como inequívocamente se desprende de los
artículos 29 y 229 de la Carta Política.  Es que, como lo sostiene la doctrina
universal, el principio del juez natural constituye una realización concreta del
de la legalidad del proceso, sin que pueda considerarse apenas como algo
secundario y formal, pues se trata de establecer, en cada caso, quien ejerce en
nombre del Estado la función jurisdicente, la que, por su hondo contenido es de
raigambre constitucional.
"3.8.2. Así
visto, al principio de la unidad de la jurisdicción como parte integrante de la
garantía al debido proceso en cuanto así se consagra el juzgamiento por el juez
natural, sólo admite como excepciones las establecidas en los fueros, como ocurre
entre nosotros con el fuero militar consagrado en el artículo 221 de la
Constitución, y con las jurisdicciones especiales a que ya se ha hecho alusión,
vale decir la Contencioso Administrativa, la Constitucional, la Disciplinaria,
la de los pueblos indígenas y la de los jueces de paz.
"3.8.3. De otro
lado, la garantía del juez natural, es también una realización concreta del
principio de igualdad, en cuanto excluye el juzgamiento de algunas personas por
jueces especiales y, al contrario, garantiza a todos los justiciables el acceso
a los mismos jueces, para eliminar de esta manera la existencia de privilegios
como ocurría antes de la revolución francesa con los innumerables fueros
personales por las más distintas causas, así como se excluye también  de esta
manera la existencia de jueces especiales de castigo y represión, como sucede
con las comisiones especiales, o con los jueces ad hoc.
"Tal la razón
por la cual, aparecen como contrarios al juez natural, por igual, los
Tribunales de la Inquisición del Santo Oficio, los especiales para combatir el
bandolerismo italiano de los siglos XVII y XVIII, los Tribunales de
Pacificación instituidos por Pablo Morillo durante la Reconquista Española como
instrumento de "Pacificación" en los años de 1815 y 1816, y los
Tribunales de Nuremberg y Tokio creados por los vencedores después de la
Segunda Guerra Mundial, pues unos y otros tienen en común el haber sido
instituidos como Tribunales Extraordinarios, rompiendo así la garantía de
juzgamiento conforme a la ley, dentro de la cual el juez natural es uno de los
pilares fundamentales. Por ello, estos últimos tribunales al decir de Niceto
Alcalá-Zamora y Castillo, resultan contrarios al debido proceso, pues
constituyen "una jurisdicción excepcional, ni más ni menos que la
del Tribunal para la Defensa del Estado ideado por Mussolini, la del Tribunal
del Pueblo montado por el nazismo o la de los Tribunales de Responsabilidades
Políticas y de persecuciones ideológicas de la España franquista"
(Enjuiciamiento de Crímenes de Guerra, en la obra Estudios de Teoría General e
Historia del Proceso (1945-1972, Tomo II, Instituto de Investigaciones
Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 1974, página 590).
"3.9.  Siendo
ello así, Jueces Especializados no pueden ser sinónimos de jueces
extraordinarios, pues esta especie de jurisdicción resulta contraria a la Carta
Política.  Sólo podrían aquellos ser admitidos constitucionalmente, si lo
especial consiste en ser un juez adscrito de manera habitual al conocimiento de
ciertos litigios en razón de la especialidad de la materia de que conocen, como
sería el Juez Civil, Agrario, Laboral, o Penal.  Pero, en ningún caso, ello
puede significar la existencia de jueces que dentro de la misma rama del
derecho formen un cuerpo singular y aparte, como sucede con los Jueces Penales
del Circuito Especializados, para conocer de unos delitos específicos, con
procedimientos excepcionales que disminuyen las garantías existentes en el
proceso ordinario, pues, en tal caso, no se trata, simplemente de unos Juzgados
Especializados por la materia misma, sino que se instituye así una verdadera
jurisdicción especial, como expresamente se denomina por la Ley 504 de 1999 a
este conjunto de instituciones establecidos en ella. En efecto, la Ley 504 de 1999,
en el artículo 45, para que no quede duda alguna al respecto de ese carácter
extraordinario, dispone que "el Procurador General de la Nación presentará
un informe anual al Congreso de la República evaluando el cumplimiento del
debido proceso y el respeto de los derechos humanos de los sindicados dentro de
esta jurisdicción especial" (subraya la Corte).
"3.10. De
manera que si la propia ley acusada denomina como "jurisdicción
especial" el conjunto de instituciones por ella reguladas, no puede el
interprete sustituir con otra la denominación legal, ni restarle alcance para
entender que sólo se refiere a "competencia", máxime si se tiene en
cuenta que en el texto citado el legislador no está distribuyendo la
jurisdicción entre distintos funcionarios judiciales de una misma rama para
asignarles el ámbito en el cual pueden ejercer sus funciones, -que es en lo que
consiste la competencia-, sino que lo que el legislador impone, en este caso es
un mandato al Procurador General de la Nación para que le rinda anualmente un
informe sobre el funcionamiento de esa "jurisdicción especial", como
conjunto determinado y específico de instituciones jurídico-penales distintas a
las de la jurisdicción penal ordinaria.
"PARTE TERCERA
"Inexequibilidad
adicional de algunos artículos de la ley acusada, por su contenido material.
"Además de la
inconstitucionalidad de la Ley 504 de 1999 en su integridad, también son
inexequibles por quebranto de la Constitución algunos de los artículos de la
ley acusada, en cuanto hace relación a su contenido material, de cuyo análisis
se ocupa ahora la Corte.
"3.11.  Creación
de los Juzgados Penales del Circuito Especializados y de los Fiscales Delegados
ante estos (artículos 1 y 3 de la  Ley 504 de 1999) y de los artículos de esta
ley relacionados con la creación de tales juzgados.
"3.11.1.  El
artículo 1 de la ley acusada, con invocación para el efecto del artículo 11 de
la Ley 270 de 1996 creó los "Jueces Penales del Circuito
Especializados" con competencia para conocer de los delitos señalados en
el artículo 5 de la misma ley, en el ámbito territorial que señale el Consejo
Superior de la Judicatura "de conformidad con lo dispuesto en el artículo
85 numeral sexto de la Ley 270 de 1996".
"3.11.2.  En armonía
con lo dispuesto por el artículo 1 sobre la creación de los Jueces Penales del
Circuito Especializados, el artículo 3 de la Ley 504 de 1999, modificó el 67
del Código de Procedimiento Penal, para incluír entre quienes ejercen funciones
de instrucción a los fiscales delegados ante aquellos.
"3.11.3.  En
relación con el establecimiento de la estructura de la administración de
justicia, es decir, de sus órganos básicos fundamentales para el ejercicio de
esta función del Estado, ha de recordarse que por su trascendental importancia
de ello se ocupaba la propia Constitución anterior en el "Título XIV"
(artículos 147 a 164), en los cuales se establecían las distintas clases de
juzgados, los requisitos para ser elegido como juez de las diferentes categorías,
se preveía la existencia de Tribunales Superiores de Distrito Judicial, los
requisitos para desempeñarse como Magistrado de los mismos, así como para ser
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
"Del mismo
modo, allí se estableció que en cada departamento habría un Tribunal
Administrativo, y las calidades que deberían reunir los Magistrados que los
integraran.
"3.11.4.  La
Constitución de 1991, a diferencia de la anterior, no se ocupó de lo atinente a
la determinación de la estructura fundamental de la administración de justicia,
sino que, conforme a lo dispuesto por el artículo 152 de la misma, dejó esa
delicada función al Congreso de la República, ordenándole su regulación
mediante una Ley Estatutaria.
"3.11.5. En ese
orden de ideas, el Titulo Segundo de la Ley 270 de 1996 se ocupa de la
"Estructura General de la Administración de Justicia", con indicación
de los órganos que integran cada una de las distintas jurisdicciones
establecidas por la Constitución Política.  Así, dentro de la jurisdicción ordinaria,
el artículo 11 de la citada ley, incluye los "juzgados civiles, laborales,
penales, agrarios, de familia y los demás especializados y promiscuos que se
creen conforme a la ley".
"3.11.6.  La
Corte Constitucional en Sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996, en la revisión
del proyecto que se convirtió en la actual Ley Estatutaria de la Administración
de Justicia, expresó que: "la habilitación de la ley para crear tribunales
y juzgados nuevos, incluyendo los administrativos, dentro de la estructura de
la rama judicial, se encuentra contenida en los artículos 116, 152-B y 257-2 de
la Carta y en la cláusula general de competencia de que está investido el
Congreso de la República". (Magistrado ponente, doctor Vladimiro Naranjo
Mesa).
"De esta
suerte, cuando el legislador en ejercicio de sus funciones decide modificar la
estructura de la administración de justicia, bien puede hacerlo.  Sin embargo,
le queda vedado utilizar para el efecto una ley ordinaria, pues, de ser así,
habría que concluir que dictada la primera vez una ley estatutaria sobre la
administración de justicia, la estructura de esta podría ser objeto de
variación en cualquier momento mediante una ley ordinaria, con lo cual quedaría
burlado el propósito del constituyente de que lo atinente a asunto de tanta
trascendencia en la organización del Estado quede reservado a leyes
estatutarias.
"3.11.7.
Acorde entonces con lo expuesto, se llega por la Corte en este punto a la misma
conclusión a que llega el señor Viceprocurador General de la Nación, en el
sentido de que la creación de Jueces Especializados sólo puede llevarse a cabo
por una Ley Estatutaria y sin violar la Constitución, como quiera que con ello
se afecta la estructura misma de la administración de justicia, conclusión que
se infiere de la jurisprudencia de esta Corporación transcrita en el numeral
inmediatamente precedente.
"3.11.8.
Siendo ello así, por sustracción de materia, sí resulta inexequible la creación
de los Jueces Penales del Circuito Especializados por el artículo 1 de la Ley
504 de 1999, es igualmente inexequible la creación por el artículo 3 de la
misma ley de fiscales delegados ante aquellos.
"3.11.9.  Del
mismo modo, los demás artículos de la Ley 504 de 1999 en los cuales se hace
referencia a los Jueces Penales del Circuito Especializados, son igualmente
inexequibles en esa expresión, cual sucede en los artículos 2, 3, 4 numerales
uno y dos, 5, 6 inciso cuarto, 12, 15, 17, 21, 23, 24, 25, 27 inciso segundo y
parágrafo, 29, 33, 35 incisos segundo y tercero, 38, 40 inciso primero y 44.
"3.12.  Inexequibilidad
parcial de los artículos 35, 37, 38, 43 transitorio, 47 transitorio y 48
transitorio de la Ley 504 de 1999.
"3.12.1.
Mediante el artículo 35 de la ley mencionada, en lo pertinente, se asigna
competencia a la Sala Penal del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, o al
"Tribunal Superior que cree la ley" para que conozcan en segunda
instancia "de los procesos por los delitos de competencia de los Jueces
Penales del Circuito Especializados".
"El artículo 37
atribuye a la Sala Penal del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá el
conocimiento de los procesos "de que actualmente conoce el Tribunal
Nacional y de los que conozca hasta el primero de julio de 1999", y, además,
faculta al Consejo Superior de la Judicatura -Sala Administrativa- para
"crear una sala especial de descongestión, conforme al artículo 63 de la
Ley 270 de 1996", para conocer de los procesos por los delitos de que
trata el artículo 71 del Código de Procedimiento Penal, reformado por el
artículo 5 de la ley acusada, como ya se dijo.
"Por su parte,
el artículo 38, transitorio dispone que aquellas actuaciones de que venía
conociendo la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, pasen, en
el estado en que se encuentren, "a la Unidad de Fiscalía Delegada ante la
Sala Penal Especial del Tribunal Superior de Bogotá" y que dicha Fiscalía
"ante la sala de descongestión también conocerá de las actuaciones
procesales que se hubiere iniciado antes del 1º de julio de 1999 y lleguen a
trámite de segunda instancia.
"Los artículos
43, 47 y 48, por su parte asignan competencia al Tribunal Superior Nacional que
se cree conforme a una Ley Estatutaria próxima a expedir, o a los fiscales
delegados que habrán de actuar ante el mismo, y a los magistrados de la Sala
Penal del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá o al Tribunal Superior que
cree la ley para el conocimiento de la segunda instancia por los delitos de
competencia de los Jueces Penales del Circuito Especializados.
"3.12.2.  El
artículo 11 de la Ley 270 de 1996 -Estatutaria de la Administración de
Justicia-, en su parágrafo primero establece el ámbito de competencia
territorial de los Tribunales Superiores, el cual se circunscribe al
"correspondiente distrito judicial", asunto este que, como salta a la
vista, constituye aspecto esencial de la estructura misma de la administración
de justicia pues, dentro de esta resulta indispensable determinar dónde puede
ejercerse válidamente la jurisdicción del Estado por los distintos tribunales
intermedios, como quiera que en la propia ley y en el mismo parágrafo del
citado artículo 11 se indica que la competencia "en todo el territorio
nacional" se ejerce por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional,
el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura.
"3.12.3.  Así
las cosas, el atribuirle competencia territorial al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá - Sala Penal -, por conducto de una especial
"sala de descongestión", es abiertamente violatorio de la
Constitución Nacional, en la medida en que de esa manera se extiende la
competencia de ese Tribunal fuera del territorio de su distrito, para abarcar
en adelante todo el territorio de la república, lo que no tiene explicación
distinta a la desaparición de la justicia regional a partir del 30 de junio de
1999, ordenada por el artículo 205 transitorio de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia.
"3.12.4.
Corolario obligado de lo expuesto, es entonces que una reforma como la así
señalada, no podía, sin violar el artículo 152-B de la Constitución, llevarse a
efecto por una ley ordinaria, pues se requería de Ley Estatutaria para
modificar al punto el artículo 11 de la ley 270 de 1996.
"3.12.5.
Adicionalmente, ha de observarse por la Corte que, si la segunda instancia para
conocer de los procesos de los que conocen en primera instancia los Jueces
Penales del Circuito Especializados ha de cumplirse ante el "Tribunal
Superior que cree la ley" o el "Tribunal Superior Nacional" de
creación por una Ley Estatutaria de próxima expedición, ellos significa que la
Ley 504 de 1999 atribuye competencia a un organismo inexistente.  Es decir, si
ese Tribunal a la postre no adquiere vida jurídica, la segunda instancia en
estos procesos carecería de organismo judicial ante el cual podría surtirse.
"3.12.6. Esta
singular situación jurídica de asignar competencia a organismos de creación
futura e incierta, resulta violatoria, como es fácil advertirlo, de la garantía
constitucional al debido proceso, pues ella implica necesariamente la
preexistencia del juez conforme a la ley, para que el justiciable desde el
inicio mismo de la actuación tenga conocimiento de quién es el juez, lo que
impone al Estado el deber jurídico de establecer legalmente y con anterioridad
al proceso, a cuál órgano judicial con existencia real corresponde el
juzgamiento del sindicado.
"3.13.  Inexequibilidad
del artículo 7 de la Ley 504 de 1999.
"3.13.1. El
artículo 7 de la Ley 504 de 1999, modificatorio del artículo 17 del Decreto
2790 de 1990, expedido en virtud de la declaración del Estado de Sitio
contemplado por el artículo 121 de la Constitución anterior, autoriza al
Ministro de Justicia y del Derecho para que, de oficio o a petición de parte
procesal, varíe la radicación del proceso por delitos a los que se refiere la
ley acusada, "cuando existan serios motivos para deducir que esté en
peligro la entidad personal del juez o existan circunstancias que puedan
afectar el orden público o la administración de justicia".
"3.13.2.  Como
se sabe, el proceso judicial por una necesidad lógico-jurídica requiere la
existencia de un juez que lo adelante, conforme a las reglas que para la
asignación de competencia se señalen por el legislador.
"Ello implica,
entonces, que una vez que de acuerdo con "los factores de
competencia" señalados por la ley, un juez determinado asume el
conocimiento de un proceso, es a él y no a otro al que corresponde el trámite y
la decisión del asunto sometido al juzgamiento y decisión de la administración
de justicia.
"3.13.3.  Con
todo, en casos excepcionales, específicamente señalados por la ley, puede
separarse a un determinado juez del conocimiento de un proceso que esté en
curso en su despacho, para asignarlo a otro juez, cuando en la circunscripción
territorial del primero "existan circunstancias que puedan afectar el
orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de
justicia, las garantías procesales, la publicidad del juzgamiento, la seguridad
del sindicado o su integridad personal". (Artículo 83 C.P.P.).
"3.13.4. Pero
ello no puede ocurrir de manera caprichosa o arbitraria, ni tampoco en desmedro
de la autonomía e independencia de la rama judicial, pues no es asunto de menor
importancia sino de enorme trascendencia que el juez a cuyo conocimiento se
encuentra la investigación y juzgamiento de un hecho punible, pueda adelantar
su labor libre de interferencia extrañas y hasta su culminación.
"3.13.5.
Precisamente por tales razones, a través de la historia legislativa de la
república, el cambio de radicación de los procesos penales siempre ha exigido
un trámite judicial, para que sea una autoridad de esta índole la que en
definitiva resuelva si es procedente o no llevar a cabo el cambio de radicación
del proceso, sin intervención de la rama ejecutiva del poder público.
"Así sucede, en
efecto, en el Código de Procedimiento Penal, en cuyo artículo 83 se establece
las causales por las cuales puede operar el cambio de radicación del proceso  penal,
sujeto a la regulación establecida en los artículos 84 y 85, en los cuales se
dispone que el superior jerárquico del juez que está conociendo del proceso,
cuando le fuere enviado el expediente para tal fin a instancia de parte o por
decisión de quien esté conociendo de la actuación, será el "encargado de
decidir", mediante auto que habrá de proferirse en el muy breve término de
"tres días", contra el cual, "no procede recurso alguno".
"3.13.6.  Como
puede observarse, la atribución que por el artículo acusado se confiere al
Ministro de Justicia y del Derecho para que, aún "oficiosamente"
pueda "variar la radicación del proceso" en aquellos de que trata la
Ley 504 de 1999, constituye una autorización de intromisión innecesaria al
ejecutivo en asuntos propios de la jurisdicción, con quebranto ostensible del
artículo 116 de la Carta, circunstancia esta que impone su declaración de
inexequibilidad.
"3.14.  Inconstitucionalidad
de los artículos 12, 15, 17, 18 y 44 de la Ley 504 de 1999.
"3.14.1.  El
artículo 12 de la Ley 504 de 1999, autoriza la utilización de los mecanismos
técnicos que se estimen eficaces para garantizar la protección y reserva de
identidad de testigos y fiscales, que excepcionalmente hayan sido autorizados
por la ley, en aquellos procesos de competencia de los Jueces Penales del
Circuito Especializados.
"El artículo 17
de la misma ley autoriza la reserva de identidad de los testigos en los
procesos de que conocen los Jueces Penales del Circuito Especializados, en cuyo
caso ellos podrán colocar "la huella dactilar en su declaración, en lugar
de su firma", previa evaluación del fiscal delegado de las circunstancias
que lo justifiquen, mediante resolución motivada que habrá de expedirse por el
Fiscal General de la Nación, con concepto previo del agente del ministerio
público.
"Por su parte
los artículos 15 y 44 de esta ley, en su orden, prohiben dictar sentencia
condenatoria que tenga como único fundamento uno o varios testimonios rendidos
por personas cuya identidad se hubiere reservado, o dictar con fundamento en
pruebas de este linaje resolución de acusación.
"El artículo 18
de la ley acusada, introduce un artículo nuevo al Código de Procedimiento
Penal, el "293 A", que autoriza el levantamiento de reserva de
identidad del testigo a petición suya.
"3.14.2. Ante
todo, ha de recordarse que entre las funciones que la Constitución asigna a la
Fiscalía General de la Nación en su artículo 250, se encuentra la de
"velar por la protección de las víctimas testigos e intervinientes en el
proceso", razón por la cual no podría, en principio, sostenerse que una
ley expedida por el Congreso de la República en virtud de lo así dispuesto por
la Carta, resulte inexequible.
"3.14.3.  Sin
embargo, nótese bien que para el cumplimiento de dichos programas no se
requiere, según las voces de la Carta, concepto previo de la Procuraduría
General de la Nación, ni favorable ni desfavorable.  Por ello, en desarrollo de
tales programas, no puede establecerse la necesidad de dicho concepto, como lo
hace el artículo 17 de la Ley 504 de 1999.
"3.14.4.  No
obstante lo anteriormente dicho, no significa ni puede significar que cualquier
programa de protección a los testigos e intervinientes en el proceso resulte
conforme a la Constitución, pues, si con ello se vulnera el debido proceso
público a que tienen derechos los justiciables conforme a lo dispuesto por el
artículo 29 de la Carta, será entonces inexequible.
"3.14.5.  Eso
es lo que ocurre con la institución que autoriza la existencia de
"testigos con reserva de identidad" en los procesos por los delitos a
que se refiere el artículo 5 de la Ley 504 de 1999, como quiera que puede
protegerse al testigo de manera diferente a la de ocultarle al procesado quién
es la persona que declara contra él.
"Es evidente
que ignorar quién rinde una declaración en contra del sindicado mengua de
manera protuberante y ostensible la garantía constitucional al debido proceso
público, imposibilita el ejercicio pleno del derecho a tachar al testigo cuando
ofrezca motivos para dudar de su imparcialidad al deponer como tal, lo que
atropella por completo el principio de publicidad y contradicción de la
prueba.
"Podría
aducirse en pro de la constitucionalidad de la institución cuestionada, que lo
que en definitiva importa es lo que dice el testimonio, y no quién es el
testigo; y, además, podría agregarse que conocida tal declaración, existirá la
posibilidad de interrogación posterior al testigo sobre lo declarado.
"Sin embargo,
tal argumentación resulta un sofisma inaceptable a la luz de la Constitución
Política y de principios elementales del Derecho Probatorio. En efecto, para
nadie es desconocido que las condiciones personales del testigo como órgano de
la prueba, pueden ser también materia de debate en el ejercicio del derecho de
contradicción, cual sucede por ejemplo, si el testigo ciego afirma haber visto
algo, y se discute por el sindicado si aquél tiene un sentido de la vista
normal, disminuido, o carece del mismo por completo; e igual podría predicarse
de quien afirma haber oído siendo sordo; o igual sucedería cuando el testigo
asevera haber visto y oído, con explicación sobre lo que oyó y lo que vio, con
profunda convicción personal de que así en efecto ocurrió, asunto que podría
ser objeto de discusión por el sindicado que intentara la demostración de que
el declarante no faltó a la verdad, pero padece de alucinaciones visuales o
auditivas, o de ambas, en razón de padecer una esquizofrenia. Del mismo modo,
la relación personal del testigo con el sindicado, con las autoridades o con
quienes eventualmente puedan resultar afectados o beneficiados con su
declaración, puede ser objeto de confrontación y examen en la contradicción de
la prueba. Además, el contacto directo de las partes con el testigo durante la
recepción de la declaración de este, permite al procesado o a su apoderado la
percepción inmediata de la reacción anímica del deponente ante las preguntas
que se le formulan, lo cual puede resultar útil para ejercer el derecho de
preguntar o contrapreguntar en ese preciso momento algo que permita examinar lo
declarado para mayor precisión en relación con los hechos objeto de la
investigación, oportunidad que, conforme a las psicología judicial puede ser
imposible de repetir luego, lo que quiere decir que, si se ignora quién es el
testigo y si el sindicado se encuentra ausente cuando aquél declara, de esta
manera se vulnera también su derecho a la publicidad y a la contradicción de la
prueba, parte fundamental del debido proceso judicial. Lo mismo puede
predicarse de las especiales circunstancias de tiempo, de modo y de lugar de
las que afirma el declarante existieron para percibir los hechos que narra en
el proceso, las cuales pueden constituir una explicación verosímil y suficiente,
o por el contrario pueden servir para descartar tal verosimilitud y, en
consecuencia, la credibilidad del testigo.
"De esta
suerte, ha de concluírse entonces que la reserva de identidad de los testigos
resulta violatoria del derecho a la publicidad y a la contradicción de la
prueba y, en tal virtud, de la garantía constitucional al debido proceso
consagrada por el artículo 29 de la Carta, por lo que las normas acusadas, que
forman un todo jurídico, son inexequibles.
"3.15.  Inconstitucionalidad
del artículo 13 de la Ley 504 de 1999.
"3.15.1.  La
disposición aludida autoriza la reserva de identidad para los fiscales que
tengan a su cargo "la etapa de investigación previa y la instrucción"
de algunos de los delitos cuyo conocimiento la misma ley asigna para el
juzgamiento a los Jueces Penales del Circuito Especializados, reserva esta que
requiere "previo concepto del ministerio público", cuando existan
graves circunstancias que así lo justifiquen por poner en peligro la vida o la
integridad personal de tales funcionarios.
"3.15.2.  El
artículo 29 de la Constitución Política establece como una de las garantías del
debido proceso, que este ha de ser público.
"Ese principio,
conforme a la doctrina universal, implica el conocimiento por las partes de cuál
es la persona que actúa como funcionario del Estado para instruír y para fallar
el proceso, así como cuáles son las actuaciones que se surten en éste, pues, de
otra manera no podría hacerse efectivo el derecho a la imparcialidad de los
funcionarios judiciales, ni podría tampoco ejercerse el de impugnar las
providencias que se consideren contrarias a la ley.
"Así, si se
priva al sindicado del conocimiento de la identidad del funcionario a cuyo
cargo se encuentra la instrucción o el juzgamiento, aún cuando existieran
causales para recusarlo si no se declara impedido, el sindicado se vería
impedido para plantear siquiera la recusación y, así, se expondría a que su
causa fuera instruída por alguien que careciera de la indispensable condición
de la imparcialidad que constituye una de las garantías mínimas a que se tiene
derecho en un Estado Democrático, conquista esta que en la historia de la
humanidad constituye pilar fundamental del debido proceso, no sólo para
contener eventuales abusos en contra de los justiciables sino, así mismo, para
que la transparencia de las actuaciones de estos gane para las decisiones
judiciales confiabilidad y respetabilidad en el marco social en que ellas se
produzcan.
"3.16.  Inconstitucionalidad
de los artículos 25 y 26 de la Ley 504 de 1999.
"3.16.1.  La
primera de las normas citadas, establece como medida cautelar, la detención
preventiva en aquellos delitos de competencia de los "Jueces Penales del
Circuito Especializados", como antes se establecía para los de competencia
de los "Jueces Regionales" sustituídos por aquellos.
"El artículo 26
de la ley acusada, por su parte, al igual que en la legislación preexistente
sobre la justicia regional, excluye del beneficio de cumplir la detención
preventiva en el domicilio o lugar de trabajo, a los sindicados por los delitos
que ahora son de competencia de los Jueces Penales del Circuito Especializados
y antes lo eran de los jueces regionales.
"3.16.2. Al
rompe se observa que estas disposiciones forman parte del conjunto institucional
de carácter extraordinario que la propia ley denomina como "jurisdicción
especial", lo que, de suyo, pone de presente una discriminación en el
tratamiento para los sindicados de estos delitos, en relación con los demás.
"Podría
aducirse en pro de la constitucionalidad de las dos normas mencionadas, que el
legislador goza de libertad de configuración respecto de las medidas
precautorias en el proceso penal.  Sin embargo, esta no es absoluta porque ella
ha de ejercerse dentro de los límites impuestos por la Constitución Política,
uno de los cuales es el de la igualdad consagrado por el artículo 13 de la
Carta.
"A este
respecto, ha de recordarse que el proceso penal no se encuentra instituído para
privar de la libertad o menoscabarla a toda costa, con razón o sin ella, sino
que la concepción moderna del mismo, es la de un conjunto de instituciones que
conforman un plexo de garantías para el sindicado entre las cuales se encuentra
la no privación innecesaria de la libertad, máxime cuando ella se decrete como
medida cautelar. Por esta razón, la regla general que consagra el Código de
Procedimiento Penal es la de la posibilidad legal de que la detención
preventiva pueda cumplirse parcialmente en el domicilio o lugar de trabajo, con
excepciones plenamente justificadas, como la de no tener en su contra sentencia
condenatoria por delito doloso o preterintencional, que la sindicación no lo
sea por un delito cuya pena máxima exceda de seis años de prisión y que se
hubiere eludido la comparecencia al proceso.
"En las normas
objeto de análisis ahora por la Corte, salta a la vista que la única
explicación para suprimir el beneficio del cumplimiento de la detención
preventiva parcialmente en el domicilio o lugar de trabajo, es la clase de
delitos cuyo conocimiento se asigna a los "Juzgados Penales del Circuito
Especializados", lo que lleva a suponer, sin justificación, que, aunque no
hubieren sido condenados antes por ningún delito, ni hayan intentado siquiera
eludir la actuación procesal, se les impone la detención física en una cárcel
del Estado a diferencia de otros sindicados, con abierto rompimiento de la
igualdad de trato que surge del artículo 13 de la Constitución.
"3.17.  Inconstitucionalidad
del artículo 27 de la Ley 504 de 1999.
"3.17.1. La
norma aludida establece que en los delitos que corresponda conocer a los Jueces
Penales del Circuito Especializados, cuando se dicte en primera instancia
preclusión de la investigación, cesación de procedimiento o sentencia
absolutoria, la libertad provisional no procede cuando se hubiere interpuesto
recurso de apelación por el fiscal delegado o el respectivo agente del
ministerio público, caso en el cual sólo será concedida "una vez
confirmada la decisión de primera instancia por el superior".
"Además, allí
se dispone que si el recurso no se resuelve dentro de los treinta días hábiles
siguientes a partir de aquél en que entre al despacho del funcionario, se
"concederá la libertad provisional".
"Finalmente, se
establece que los términos señalados en los numerales cuarto y quinto del
artículo 415 del Código de Procedimiento Penal, en aquellos procesos de que
conozcan los Jueces Penales del Circuito Especializados, "se
duplicarán", cuando por el vencimiento de los mismos en estos procesos se
solicite la libertad provisional.
"3.17.2.  De
nuevo, ha de recordarse aquí que la norma acusada forma parte integral del
conjunto de instituciones extraordinarias que constituye lo que se denomina por
el legislador como "jurisdicción especial".
"3.17.3.  Así
mismo, ha de insistirse en que la libertad de configuración legislativa con
respecto a las causales para la concesión de la libertad provisional, no es
absoluta sino relativa, en tanto tiene como limitante las normas
constitucionales.
"3.17.4.  En
ese orden de ideas, la norma acusada resulta contraria a la Carta Política, por
cuanto:
"3.17.4.1.
Conforme al artículo 29 de la Constitución, una de las garantías mínimas a que
tiene derecho el sindicado de cualquier delito, es la de la presunción de
inocencia mientras judicialmente no se le declare culpable.
"En este caso,
si se produce una sentencia absolutoria, o se precluye la investigación, o se
ordena la cesación del procedimiento conforme a la ley, a la presunción de
inocencia que acompaña al sindicado, le sigue ahora una decisión judicial que
la reafirma, lo que llevaría, como consecuencia lógica, a la concesión
inmediata de la libertad.
"Con todo,
pese a ello, lo que la norma en cuestión ordena es que el sindicado permanezca
privado de la libertad si la decisión judicial fue objeto de apelación por el
fiscal delegado o por el agente del ministerio público, mientras el recurso no
se decida confirmando lo resuelto en primera instancia, lo que significa que la
presunción de inocencia desaparece para prolongar indebidamente la privación de
la libertad del procesado, lo que equivale a presumirlo culpable con ostensible
quebranto del artículo 29 de la Carta, y con  violación además, del artículo 28
de la Constitución, que instituye como regla general la libertad personal.
"3.17.4.2. Por
otra parte, para dificultar la concesión de la libertad provisional, se utiliza
como mecanismo la duplicación de los términos en los casos en que esta procede
conforme a los numerales cuarto y quinto del artículo 415 del Código de
Procedimiento Penal, cuando se trate de aquellos delitos para cuyo conocimiento
son competentes los Jueces Penales del Circuito Especializados.
"Es claro, en
este caso, que la única razón que explicaría la desigualdad de tratamiento con
respecto a los sindicados de los demás delitos, es la índole de los que se
adscriben al conocimiento exclusivo de los jueces mencionados, lo que pone de
bulto una discriminación que no resulta ni justificada constitucionalmente, ni
razonable tampoco, pues ella es, apenas, un instrumento excepcional que, en
tales condiciones, quebranta el artículo 13 de la Carta Política.
"3.18.  Inconstitucionalidad
del artículo 40 de la Ley 504 de 1999.
"3.18.1.  El
artículo mencionado, ordena la incorporación inmediata, en provisionalidad de
los funcionarios y empleados que laboraban en la denominada justicia regional,
a cargos equivalentes en los Juzgados Penales del Circuito Especializados, las
fiscalías delegadas ante ellos, así como al Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santafé de Bogotá, -Sala Penal-.
"3.18.2. Como
una consecuencia lógica de las razones por las cuales se considera inexequible
la creación de los Jueces Penales del Circuito Especializados, la asignación de
competencia temporal al Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, para conocer,
por conducto de una "Sala de Descongestión", en segunda instancia de
los procesos de que antes conocían los "jueces regionales" y el
"Tribunal Nacional", surge la inevitable conclusión de que, desaparecido
el objeto de su labor, no puede entonces ser exequible la incorporación de
funcionarios y empleados a organismos judiciales contrarios a la Carta.
"3.19.  Inconstitucionalidad
del artículo 50 de la Ley 504 de 1999.
"3.19.1.  La
norma aludida, dispone que los informes de la Policía Judicial y las versiones
suministradas por informantes, en ningún caso tendrán valor probatorio en el
proceso, disposición con la cual se adiciona el artículo 313 del Código de
Procedimiento Penal.
"3.19.2.  El
artículo mencionado, resulta inexequible, por cuanto:
"3.19.2.1.  Si
con él se introduce, como en efecto ocurre, una modificación de carácter
permanente al Código de Procedimiento Penal, y el objeto de la Ley 504 de 1999
era el de establecer unas reglas jurídicas en relación con el juzgamiento de
algunos delitos por los Jueces Penales del Circuito Especializados de que antes
conocía los jueces regionales, es evidente que no existe, en este caso, la
necesaria unidad de materia a que deben referirse todas las disposiciones de un
mismo proyecto de ley, por lo que de esta manera resulta vulnerado el artículo
158 de la Carta.
"3.19.2.2.  Por
otra parte, si tales informes o versiones, se reciben en el proceso como
pruebas, con sujeción estricta a los principios de la publicidad y la
contradicción, su apreciación de convicción queda dentro del campo de la
autonomía que para la administración de justicia garantiza a los jueces la
Constitución Política, en cuanto dispone que ellos, en sus providencias, tan
sólo están sometidos al imperio de la ley.  Por ello, en cuanto ordena de plano
la norma acusada que dichos informes o versiones carecen en todos los casos de
valor probatorio, vulnera la Carta Política.
"PARTE CUARTA
"Violación
del artículo 93 de la Constitución.
"3.20. La
Constitución de 1991, consagra como uno de sus postulados esenciales el respeto
a los derechos humanos y, por ello, en su artículo 93 establece que "los
Tratados y Convenios Internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen
los derechos humanos y que prohiben su limitación en los Estados de Excepción,
prevalecen en el orden interno".
"3.21.  Acorde
con ello, prevalecerán entonces en el derecho colombiano el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, adoptado en el año
1966, aprobado por el Congreso de la República por la Ley 74 de 1968, así como
también la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, conocida como
Pacto de San José de Costa Rica, aprobada por la Ley 16 de 1972.
"3.22.  En ese
orden de ideas, y de acuerdo con lo expuesto, encuentra la Corte que, en la
medida en que la Ley 504 de 1999, por las razones ya expresadas en esta
providencia establece una "jurisdicción especial" en forma paralela a
la jurisdicción ordinaria, y en cuanto quebranta según el análisis precedente
en algunos de sus artículos garantías mínimas del debido proceso legal, así
como el principio de igualdad ante la ley procesal penal, resulta violatoria
del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las
Naciones Unidas de 1966 aprobado por la Ley 74 de 1968, en cuyo artículo 14,
numeral primero, se dispuso que "todas las personas son iguales ante los
Tribunales y Cortes de Justicia.  Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente
y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e
imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación
de carácter penal formulada contra ella".  Y, de igual modo, se quebranta
también el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
aprobada por la Ley 16 de 1972, pues en él se estipula que "toda persona
tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier
acusación penal contra ella".
"3.23.  Siendo
ello así, según queda demostrado a lo largo de esta providencia, fluye como
inexorable conclusión, que también resulta quebrantado el artículo 93 de la
Carta Política, por vulneración de los Pactos Internacionales sobre Derechos
Humanos acabados de mencionar, sin que puede alegarse que las normas contenidas
en la Ley 504 de 1999 fueron expedidas para la defensa del Estado o de los
administradores de justicia, pues si bien es verdad que ha de velarse por la
represión del delito y por la defensa de la sociedad, procurando garantizar el
orden público, ello no puede de ninguna manera realizarse en un Estado
democrático sino con estricta sujeción al orden jurídico porque, de lo
contrario, a pretexto del orden público se renegaría de los principios básicos
de la democracia como forma de organización política del Estado
Colombiano". (Hasta aquí las consideraciones de la ponencia inicial).
4ª.  Por otra parte,
en la Sentencia C-392 de 6 de abril de 2000 se declara exequible la creación de
Jueces Penales de Circuito Especializados a que se refiere el artículo 1º de la
Ley 504 de 1999, y, así mismo, los artículos 2, 4, 5, 6, 8, 9, 21, 23, 35
inciso tercero y 39 de la misma ley, y se expresa en la parte motiva que tales
Jueces podrán conocer "de los delitos a ellos asignados dentro del ámbito
territorial que señale el Consejo Superior de la Judicatura, pues esta es una
atribución propia de este organismo según los artículos 257-1 de la
Constitución y 85-6 de la Ley 270 de 1996" que, valga recordarlo, es la
Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
Dada la
trascendencia de los artículos citados de la Ley 504 de 1999 en cuanto hace
referencia a la garantía constitucional al debido proceso que se consagra en el
artículo 29 de la Carta, consideramos indispensable precisar que:
4.1.  El Decreto
2790 de 1990, conocido como "Estatuto para la Defensa de la
Justicia", dispuso en su artículo 2 que "a partir del 16 de enero de
1991 los Jueces de Orden Público tendrán jurisdicción en todo el territorio
nacional, pero cumplirán sus funciones ordinariamente en la sede que les señale
el Subdirector Nacional de Orden Público".
4.2.  Para ese efecto,
el país fue dividido administrativamente en cinco regiones, cuyas sedes
respectivas lo fueron las ciudades de Santafé de Bogotá, Medellín, Cali,
Barranquilla y Cúcuta, cada una de las cuales comprendía municipios de varios
distritos judiciales, situados en departamentos diferentes.
4.3. El Decreto 2271
de 1991, dictado por el Presidente de la República conforme a la autorización
que le confirió el artículo 8 transitoriio de la Constitución para adoptar como
legislación permanente algunas disposiciones expedidas en ejercicio de
facultades propias del Estado de Sitio, así lo hizo con relación al artículo 2
del Decreto 2790 de 1990, que textualmente reprodujo, junto con otras
disposiciones del mismo decreto.  Es decir, que mantuvo la norma en virtud de la
cual los Jueces de Orden Público "tendrán jurisdicción en todo el
territorio nacional".
4.4.  Ello explica,
con claridad suficiente que a jueces de jurisdicción nacional en la primera
instancia, corresponda entonces el Tribunal Nacional para conocer en segunda
instancia de los asuntos propios de la competencia de aquellos.
4.5.  Siendo ello
así, queda entonces establecido que la competencia territorial de los antiguos
Jueces de Orden Público, posteriormente denominados Jueces Regionales fue
definida, como tenía que serlo, por el legislador en obedecimiento al artículo
29 de la Carta que impone para la existencia del debido proceso que la
competencia se defina única y exclusivamente por la ley, como quiera que es
ella la que ha de señalarle al procesado cuál es la autoridad judicial que
puede juzgarlo.
4.6.  Acorde con lo
expuesto, si se declara constitucional, como en efecto así lo hizo la Sentencia
C-392 de 6 de abril de 2000 la creación de los Jueces Penales de Circuito
Especializados, y se les asigna competencia por razón de la materia en el
artículo 5 de la Ley 504 de 1999, que reforma al punto el artículo 71 del
Código de Procedimiento Penal, no puede predicarse que tales jueces tengan
competencia por el factor territorial fuera de la circunscripción del
respectivo circuito, ni mucho menos fuera del distrito judicial del que forman
parte según el lugar de su sede, pues, de manera expresa el artículo 11 de la
Ley 270 de 1996 -Estatutaria de la Administración de Justicia-, preceptúa que
los Tribunales "tienen competencia en el respectivo distrito judicial o
administrativo" y "los jueces de circuito"  la tienen "en
el respectivo circuito".
Es decir que, si
bien es verdad que el artículo 257-1 de la Constitución asigna al Consejo
Superior de la Judicatura la atribución de "administrar la carrera
judicial" y el artículo 85-6 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia le señala como función a la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura "fijar la división del territorio para efectos
judiciales, tomando en consideración para ello el mejor servicio público",
en manera alguna pueden ser interpretadas esas atribuciones en el sentido de
que el Consejo Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales en su caso
puedan arrogarse para sí la asignación de competencia por el factor territorial
a los jueces de la república, pues, se repite, ello corresponde a la ley y,
precisamente por eso, el artículo 256 de la Carta al fijar las atribuciones de
ese organismo se las señala para que las ejerza "de acuerdo a la
ley", no en sustitución de la ley, ni para que actúe como legislador
supletivo, pues ello resulta extraño por completo al ordenamiento
jurídico-constitucional imperante.
4.7.  Si se tiene
en cuenta que en sentencia de esta misma fecha sobre el proyecto de Ley
Estatutaria C-144 de 1998 - Cámara para modificar la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad
de la creación del Tribunal Nacional y encontró, nuevamente, acorde con la Constitución
Política la existencia de Tribunales Superiores y Administrativos  con
competencia en su respectivo distrito y de Jueces de Circuito, aún
Especializados circunscrita a su "respectivo circuito", surge como
consecuencia ineludible que los Jueces Penales de Circuito Especializados cuya
creación y funciones conforme lo dispuesto en la Ley 504 de 1999 se declara
constitucional en la Sentencia C-392 de 6 de abril de 2000, única y
exclusivamente tienen competencia en sus circuitos, vale decir para los de
Santafé de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cúcuta, sin que la puedan
ejercer  fuera de los mismos.  De no ser así, tendría que aceptarse la absoluta
deformación del aparato jurisdiccional en cuanto a la administración de
justicia en materia penal, con unos "Jueces Penales de Circuito
Especializados" cuya especialidad ya no lo sería sólo por el conjunto de
delitos sujetos a su conocimiento para ser juzgados, sino, también en la
extensión de su competencia no sólo más allá de su circuito sino agigantando el
circuito fuera de sus fronteras para salirse del propio distrito judicial a que
pertenece, y avanzar luego a dos, tres o más distritos judiciales, es decir
para actuar sobre regiones geográficas comprensivas de varios distritos
judiciales, todo lo cual pone de manifiesto que ello equivaldría a restablecer
a fuerza de esa interpretación la extinguida justicia regional, en forma
abiertamente contraria a la Constitución.
Fecha ut supra.
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
CARLOS GAVIRIA DÍAZ
JOSÉ GREGRIO HERNÁNDEZ GALINDO
ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Salvamento de
voto a la Sentencia C-392/00
CORTE
CONSTITUCIONAL-Sujeción de
decisiones a precisos parámetros de análisis jurídico (Salvamento de voto)
DERECHOS
CONSTITUCIONALES-No son
absolutos/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Alcance (Salvamento de voto)
La Corte
Constitucional, en numerosas oportunidades ha señalado que los derechos
constitucionales no tienen carácter absoluto, sino que éstos contienen
"estándares de actuación", de suerte que el legislador pueda
armonizar los distintos derechos y valores constitucionales. Frente a ello, el
control constitucional consiste en "controlar los virtuales excesos del
poder constituido, o, en otras palabras, las limitaciones arbitrarias, innecesarias,
inútiles o desproporcionadas de los derechos fundamentales".
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD-Criterios
de decisión que vinculan al juez (Salvamento de voto)
PRECEDENTE
JUDICIAL-Seguridad
jurídica (Salvamento de voto)
JUICIO DE
PROPORCIONALIDAD-Alcance
(Salvamento de voto)
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD-Aseguramiento
de intangibilidad del núcleo esencial de derechos constitucionales (Salvamento
de voto)
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD-Análisis
a doble columna (Salvamento de voto)
DERECHO A LA IGUALDAD-Análisis a doble columna/DEBIDO PROCESO-Existencia
de régimen especial para ciertos tipos penales no constituye vulneración
(Salvamento de voto)
JUICIO DE
CONSTITUCIONALIDAD-Análisis
a doble columna (Salvamento de voto)
NARCOTRAFICO Y
TERRORISMO-Régimen
punitivo y procedimental especial (Salvamento de voto)
CAMBIO DE
RADICACION DE PROCESO PENAL-Acto
administrativo (Salvamento de voto)
Modificar la
radicación de ciertos procesos penales no constituye una medida de carácter
jurisdiccional en cuanto no está encaminada a afectar el desarrollo de los
juicios ni a interferir en las decisiones que les corresponde adoptar a los
jueces y fiscales. Es, en realidad, un acto puramente administrativo que se
concreta en el cambio de localización del despacho judicial, buscando así
garantizar la integridad de sus funcionarios y, al mismo tiempo, mantener las
condiciones de imparcialidad e independencia que se requieren para administrar
una pronta y cumplida justicia.
CAMBIO DE RADICACION
DE PROCESO PENAL-Política
criminal (Salvamento de voto)
CAMBIO DE
RADICACION DE PROCESO PENAL-Fundamento
(Salvamento de voto)
CAMBIO DE
RADICACION DE PROCESO PENAL-Colaboración
armónica entre órganos del Estado (Salvamento de voto)
JUSTICIA REGIONAL-Reserva de identidad de jueces y testigos
(Salvamento de voto)
PRECEDENTE
JUDICIAL-Cambio/JUEZ Y
TESTIGO-Razonabilidad en mantenimiento de reserva de identidad/ADMINISTRACION
DE JUSTICIA-Independencia y seguridad (Salvamento de voto)
PRINCIPIO DE
IGUALDAD-Justificación de
tratamiento diferenciado (Salvamento de voto)
DETENCION
PREVENTIVA POR JUEZ PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO-Existencia de razón suficiente para exclusión del
beneficio de cumplimiento en domicilio o lugar de trabajo (Salvamento de voto)
PRESUNCION DE
INOCENCIA-Alcance
(Salvamento de voto)
La presunción de
inocencia, ha indicado la Corte, significa que la persona no puede ser
considerada responsable, salvo que una sentencia condenatoria así lo indique.
De ello se deriva que "el sindicado se presume inocente durante todo el
desarrollo del proceso, ya que sólo mediante sentencia condenatoria se le puede
considerar culpable", lo que excluye la posibilidad de que se prive a una
persona de su derecho a obtener la libertad provisional, sobre la base de que
su carácter de sindicado implique que va a volver a delinquir: "No puede,
en consecuencia, el ejecutivo, desvirtuar la presunción de inocencia,
interpretando la sindicación como índice de peligrosidad social y de culpabilidad
individual."
PRESUNCION DE
INOCENCIA Y DETENCION PREVENTIVA-Compatibilidad (Salvamento de voto)
PRESUNCION DE
INOCENCIA Y PRINCIPIO DE LIBERTAD EN DETENCION PREVENTIVA-Verificación de vulneración (Salvamento de
voto)
PRESUNCION DE
INOCENCIA EN DETENCION PREVENTIVA-Operancia como límite (Salvamento de voto)
LIBERTAD
PROVISIONAL EN JUSTICIA REGIONAL-Justificación de trato distinto (Salvamento de voto)
JUSTICIA REGIONAL-Régimen especial de procesados (Salvamento
de voto)
LIBERTAD
PROVISIONAL Y DETENCION PREVENTIVA-Sujeción de exequibilidad del régimen a la razonabilidad o criterios
de decisión (Salvamento de voto)
JUSTICIA PENAL
ESPECIALIZADA Y JUSTICIA PENAL ORDINARIA-No vulneración de igualdad por tratamiento
diferenciado de quienes son juzgados (Salvamento de voto)
DETENCION
PREVENTIVA-Término no
puede ser igual al de condena (Salvamento de voto)
DERECHO DE
DEFENSA-Restricciones
(Salvamento de voto)
DERECHO DE
DEFENSA EN ETAPA DE INSTRUCCION-Restricción desaparece en juzgamiento (Salvamento de voto)
ETAPA DEL JUICIO-Ausencia de notificación del traslado para
alegatos de conclusión se subsana en ésta (Salvamento de voto)
TRIBUNAL NACIONAL-Concentración de competencia en segunda
instancia (Salvamento de voto)
JUEZ PENAL DE
CIRCUITO ESPECIALIZADO-Concentración
de segunda instancia en un único Tribunal no vulnera el debido proceso
(Salvamento de voto)
Referencia:
expediente: D-2472
Demanda de
inconstitucionalidad contra la Ley 504 de 1999, "por la cual se derogan y
modifican algunas disposiciones del Decreto 2700 de 1991, y de los
Decretos-Leyes 2790 de 1990, 2271 de 1991, 2376 de 1991, Ley 65 de 1993, Ley
333 de 1996 y Ley 282 de 1996 y se dictan otras disposiciones"
Actores: Pedro Pablo
Camargo, Carlos Alberto Maya Restrepo, Augusto Francisco Bernal González y
Carlos Mario Salazar Pineda
Magistrado Ponente:
Dr. ANTONIO BARRERA
CARBONELL
Las razones por las
cuales hemos salvado el voto en el proceso de la referencia son de diversa
índole. A fin de atender cada una de los motivos, primero se hará una
consideración general sobre la estructura metodológica sobre la cual se basa la
sentencia y, luego, se analizarán cada uno de los artículos respecto de los
cuales nos apartamos de la posición mayoritaria.
Consideración
general
El ejercicio de la
función de mantener el principio de supremacía de la Constitución, confiada a
la Corte Constitucional, exige de la Corporación que sujete sus decisiones a
precisos parámetros de análisis jurídico, los cuales, en nuestro concepto,
fueron desconocidos, tanto a nivel general como al momento de analizar cada
disposición en particular.
La Corte
Constitucional, en numerosas oportunidades ha señalado que los derechos
constitucionales no tienen carácter absoluto, sino que éstos contienen
"estándares de actuación"[9], de suerte que el legislador pueda armonizar los distintos derechos y
valores constitucionales. Frente a ello, el control constitucional consiste en
"controlar los virtuales excesos del poder constituido, o, en otras
palabras, las limitaciones arbitrarias, innecesarias, inútiles o
desproporcionadas de los derechos fundamentales"[10].
Para evitar que el
control constitucional se transforme en poder omnímodo y arbitrario, se han
fijado criterios de decisión que vinculan al juez "- como sus propios
precedentes, el juicio de proporcionalidad o de razonabilidad, la aplicación
del principio de concordancia práctica o de armonización concreta, etc. - que
surgen de las fuentes del derecho y que deben ser expuestos de manera clara en
los motivos que fundamentan una determinada decisión judicial"[11].
La Corte se ha
pronunciado sobre la importancia que juegan algunos de estos "criterios de
decisión" dentro del sistema jurídico. Así, en la sentencia SU-047 de
1999, señaló que el respeto por el precedente garantiza una razonable dosis de
seguridad jurídica al sistema, en la medida en que permite al ciudadano y a las
autoridades proyectar hacia el futuro sus actuaciones sobre la base de una
postura judicial cierta, aunque no inalterable, que, además, supone un
importante control sobre la actividad judicial:
"43- El respeto
a los precedentes cumple funciones esenciales en los ordenamientos jurídicos,
incluso en los sistemas de derecho legislado como el colombiano. Por ello, tal
y como esta Corte lo ha señalado, todo tribunal, y en
especial el juez constitucional, debe ser consistente con sus decisiones
previas[12], al menos por cuatro razones
de gran importancia constitucional. En primer término, por elementales
consideraciones de seguridad jurídica y de coherencia del sistema jurídico,
pues las normas, si se quiere que gobiernen la conducta de los seres humanos, deben
tener un significado estable, por lo cual las decisiones de los jueces deben
ser razonablemente previsibles. En segundo término, y directamente ligado a lo
anterior, esta seguridad jurídica es básica para proteger la libertad ciudadana
y permitir el desarrollo económico, ya que una caprichosa variación de los
criterios de interpretación pone en riesgo la libertad individual, así como la
estabilidad de los contratos y de las transacciones económicas, pues las
personas quedan sometidas a los cambiantes criterios de los jueces, con lo cual
difícilmente pueden programar autónomamente sus actividades. En tercer término,
en virtud del principio de igualdad, puesto que no es justo que casos iguales
sean resueltos de manera distinta por un mismo juez. Y, finalmente, como un
mecanismo de control de la propia actividad judicial, pues el respeto al
precedente impone a los jueces una mínima racionalidad y universalidad, ya que
los obliga a decidir el problema que les es planteado de una manera que estarían dispuestos a aceptar en otro caso
diferente pero que presente caracteres análogos. Por todo lo anterior, es natural que en un Estado de derecho, los ciudadanos
esperen de sus jueces que sigan interpretando las normas de la misma manera,
por lo cual resulta válido exigirle un respeto por sus decisiones
previas."[13]
Por su parte, en
relación con el juicio de proporcionalidad, la Corte ha señalado que se trata
de una herramienta hemenéutica que permite al juez constitucional determinar si
una disposición restrictiva de un derecho se ajusta a la Carta[14], pues ofrece una estructura metodológica
que hace posible determinar si se está en presencia de "limitaciones
arbitrarias, innecesarias, inútiles o desproporcionadas".
De esta manera, el
control constitucional se dirige a asegurar la intangibilidad del núcleo
esencial de los derechos constitucionales:
"La doctrina
del núcleo esencial implica que el contenido del derecho viene fijado por la
propia Constitución. El núcleo esencial de los derechos fundamentales hace
posible, la distinción entre la tarea del poder constituyente, plasmada a la
manera de un límite infranqueable en la Carta y la labor confiada al legislador
que, al acometer la regulación de los derechos, está abocado a detenerse frente
a ese contenido indisponible".[15]
El derecho al debido
proceso, lo ha indicado la Corte, es "de estructura compleja que se
compone de un conjunto de reglas y principios que, articulados, garantizan que
la acción punitiva del Estado no resulte arbitraria".[16] Dada dicha estructura, existen
disposiciones constitucionales que integran el debido proceso que no permiten
ponderación, restricción o regulación alguna y, otras que, en razón de su
carácter abierto, reclaman la intervención legislativa dentro de ciertos
márgenes. Frente a tales situaciones, la Corte debe hacer acopio de los
"criterios de decisión" mencionados.
Teniendo en cuenta
tales "criterios de decisión" y la naturaleza de las disposiciones
que integran el derecho al debido proceso, la mayoría ha debido hacer un
análisis a doble columna, de suerte que, en primer lugar, considere la validez
constitucional de la existencia misma de un régimen procesal especial para
procesar las personas sindicadas por los delitos sometidos a los jueces
especiales, para luego detenerse en el análisis de cada una de las
disposiciones.
Dicho estudio
llevaría a la conclusión de que, además de no violar el derecho a la igualdad
como se reseña en la sentencia, la existencia de un régimen especial para
ciertos tipos penales no entraña violación al debido proceso, concebido como un
conjunto, puesto que claramente el régimen propuesto en la ley demandada no
conlleva, prima facie, un ejercicio arbitrario del poder punitivo del Estado.
Unicamente de esta
manera se concilia el juicio constitucional sobre las disposiciones acusadas y
los precedentes en la materia que, en numerosas ocasiones, declararon la
constitucionalidad de esquemas más restrictivos de los derechos de los
procesados. Arribar a esta conclusión resulta decisivo para garantizar la
coherencia de la jurisprudencia de la Corte, puesto que resultaría inadmisible
desde cualquier punto de vista sostener que la exequibilidad de la justicia
regional únicamente se explicaba por su transitoriedad. La plena vigencia de la
Carta y su carácter de norma suprema del ordenamiento colombiano no admite, en
punto al debido proceso, la existencia de regímenes procesales o
procedimentales violatorios de la Carta.  Solamente cabría, en dicho escenario,
diferir su permanencia por el término necesario para evitar un traumatismo al
sistema punitivo[17], lo que implicaba que se fijara un término
prudencial y razonable para modificar el régimen.
No obstante la
evidente necesidad de analizar este punto, la mayoría guardó silencio, y se
limitó a señalar que:
"Es de observar
que la Corte Constitucional, en varias sentencias avaló algunas veces la
constitucionalidad y en otras declaró inexequibles diferentes normas
relacionadas con la llamada "justicia regional".  Pero es necesario
dejar en claro que cuando la Corte encontró ajustada a la Constitución
disposiciones relacionadas con dicha justicia lo hizo bajo la convicción de que
se trataba de una normatividad que obedecía a una situación socio-política
excepcional y que debía ser temporal y no permanente"  (Negrillas
fuera del texto).
La ausencia de un
estudio general sobre el régimen adoptado por el legislador, que no busca hacer
permanente la justicia regional como lo confirma la excepcionalidad de medidas
como la protección de la identidad de los funcionarios (art. 13) y de la
reserva de los testigos (art. 17) y la prohibición de que las condenas se basen
en testimonios de personas con identidad reservada, lleva a la mayoría a juzgar
con el mismo rasero el debido proceso para la justicia penal ordinaria y la
justicia penal especializada, olvidando que su función se limita a garantizar
que, en uno y otro caso, y atendiendo a sus particularidades, el régimen
procesal no viole el núcleo esencial del debido proceso y que las medidas
legislativas no sean innecesarias, inútiles o desproporcionadas.
Por otra parte, cabe
señalar que, sin que ello sea un argumento constitucional, sino de mera conveniencia,
aún subsisten las razones objetivas que explican la necesidad del régimen
punitivo y procedimental especial, de las que se ocupa la ley demandada.
Constituye un hecho notorio que fenómenos como el narcotráfico y el terrorismo
ocurren con igual o mayor intensidad que durante la existencia de la justicia
regional. Aun persiste la zozobra generada por los hechos punibles sometidos a
régimen especial.  Estas consideraciones han debido tenerse presentes, pues las
garantías constitucionales no pueden convertirse en escudo, por efecto de una
indebida (o ausente en este caso) ponderación, para quienes conciben el delito
como medio legítimo de subsistencia.
Respecto del artículo 7°
Dicha norma facultaba al Ministerio de Justicia y
del Derecho para variar la radicación de los procesos que se adelantan por los
delitos previstos en la ley acusada, “cuando existan serios motivos para
deducir que está en peligro la integridad personal del juez o existan
circunstancias que puedan afectar el orden público o la administración de
justicia.”
El argumento en torno al cual gira la declaratoria
de inexequibilidad de la norma consiste en que, para la mayoría, la misma
preveía “una autorización de intromisión innecesaria al ejecutivo en asuntos
propios de la jurisdicción, con vulneración ostensible del artículo 116 de la
Carta”. Consideró la mayoría que si bien la Corte ya había avalado la
existencia de esa figura jurídica, tal decisión se justificó “por la
circunstancia excepcional y temporal de la justicia regional” que,
precisamente, desapareció por disposición expresa de la Ley 270 de 1996.
Para el suscrito
magistrado, es claro que el fundamento de la Sentencia no consulta el verdadero
espíritu de la medida, como tampoco el alcance que la jurisprudencia de esta Corporación
ya le había fijado en la Sentencia C-093/93.
En efecto,
contrario a lo sostenido por la mayoría, considero que modificar la radicación
de ciertos procesos penales no constituye una medida de carácter jurisdiccional
en cuanto no está encaminada a afectar el desarrollo de los juicios ni a
interferir en las decisiones que les corresponde adoptar a los jueces y
fiscales. Es, en realidad, un acto puramente administrativo que se concreta en
el cambio de localización del despacho judicial, buscando así garantizar la
integridad de sus funcionarios y, al mismo tiempo, mantener las condiciones de
imparcialidad e independencia que se requieren para administrar una pronta y
cumplida justicia.
A este respecto, la
Corte, al estudiar una norma de similar contenido prevista para los procesos
que adelantaba la extinta justicia Regional, tuvo oportunidad de precisar:
En lo que
corresponde al artículo 17 del Decreto 2790 de 1991, se observa que en él se
establece como competencia especial del Ministerio de Justicia la facultad de
variar la radicación de los procesos de competencia de los jueces ahora
llamados regionales, en determinadas condiciones relacionadas con la afectación
del orden público, la imparcialidad e independencia de la administración de
justicia, las garantías procesales, la publicidad del juzgamiento o la
seguridad del procesado; en este sentido a juicio de la Corte Constitucional no
existe fundamento alguno para decretar su inexequibilidad en atención a que se
trata de una competencia expresa de carácter administrativo que debe
adelantarse de conformidad con las reglas que regulan las actuaciones de la
administración en su nivel superior. Adviértase que este examen se verifica con
independencia de las disposiciones contenidas en el capítulo quinto del C. de
P. P., en concordancia con el artículo 9º. del Decreto 2790 de 1991, que
establece las reglas especiales sobre la competencia de los jueces regionales.
(Sentencia C-093/93, M.P. Fabio Morón Díaz).
Pero al margen del
carácter netamente administrativo que identifica la figura, es evidente que su
permanencia en el ordenamiento jurídico no está condicionado “por la
circunstancia excepcional y temporal de la justicia regional”. Esta apreciación,
esbozada en la Sentencia de la que me aparto, carece de total sentido si se
tiene en cuenta que el cambio de radicación de los procesos hace parte integral
de la política criminal que en los últimos 20 años ha venido edificando el
Estado colombiano, con el ánimo de combatir aquellas conductas delictivas que,
por razón de las graves perturbaciones que causan a la sociedad, al orden
público y a la estabilidad del país, exigen la adopción de medidas coyunturales
que le permitan a los jueces y fiscales enfrentarlas bajo ciertas condiciones
de seguridad, libres de las intimidaciones y presiones que ejercen las grandes
organizaciones criminales para promover la impunidad de sus acciones. Así lo
entendió esta Corporación en la Sentencia antes citada, al sostener que:
“Se observa
además, que se trata del cambio de radicación del proceso, lo que comprende
tanto la etapa de instrucción como la de juzgamiento, bajo el entendido de que
en esta materia existe concurrencia de competencias entre el Ministro de Justicia
y la Fiscalía General de la Nación, entidades que deben participar de manera
coherente y armoniosa a resolver las situaciones que motiven tan delicada
situación, puesto que se trata de competencias especiales para atender unas
condiciones también especiales en las que se ha colocado a la administración de
justicia dentro del marco de las acciones del crimen organizado.” (Subrayas
fuera de texto).
Se descarta,
entonces, que en la Sentencia C-093 de 1993, la Corte haya supeditado la
legitimidad del cambio de radicación de los procesos a la circunstancia de que
tal facultad fuera exclusiva de la justicia regional. Como se infiere del
precedente jurisprudencial y se reitera en este salvamento parcial, su
fundamento es consecuencia de la violencia generalizada que viene sufriendo el
país y que le impone a todos los organismos del Estado, dentro del marco de sus
funciones, comprometerse en el esfuerzo de brindar garantías a la
administración de justicia para de esta manera asegurar el cumplimiento de los fines
del Estado. Por ello, en tanto que el Estado colombiano se vea abocado a
enfrentar comportamientos delictivos derivados del narcotráfico, el terrorismo,
la tortura, el lavado de activos y la rebelión, entre otros, es imprescindible
la inclusión en el ordenamiento jurídico de figuras procesales que, respetando
las garantías propias del debido proceso, le permitan a los organismos públicos
competentes enfrentarlos y combatirlos debidamente.
Es relevante
destacar, también, que la competencia del Ministerio de Justicia y del Derecho
para variar la radicación de los procesos, encuentra fundamento constitucional
en el principio de colaboración armónica que debe existir entre los órganos del
Estado para la realización material de sus fines (C.P. art. 113) y, concretamente,
en la obligación que le corresponde cumplir al gobierno en relación con la Rama
Judicial, como es la de “Prestar a los funcionarios judiciales, con arreglo
a las leyes, los auxilios necesarios para hacer efectivas sus providencias.”
(C.P. art. 201). (Esta parte del salvamento corresponde exclusivamente al
Magistrado Vladimiro Naranjo Mesa).
Respecto de los
artículos 12, 13, 15,17, 18, 26 y 44.
Las disposiciones
señaladas autorizaban el uso de mecanismos técnicos adecuados para garantizar
la protección y reserva de identidad de testigos y fiscales que hubieren sido
autorizados por ley (art. 12). A su turno, como una medida de carácter
excepcional y restringido, preveían la reserva de identidad de tales sujetos
procesales –fiscales y testigos- (arts. 13 y 17) en los delitos de competencia
de los jueces especializados y, a su vez, se prohibía dictar sentencia
condenatoria que tuviera como único fundamento uno o varios testimonios
rendidos por personas cuya identidad se hubiere reservado (arts. 15 y 44).
Finalmente, las normas en comento autorizaban el levantamiento de reserva de
identidad del testigo a petición de éste (art. 18).
Estos preceptos
fueron declarados inexequibles por cuanto, en apariencia, “la reserva de
identidad de los investigadores, juzgadores y testigos resulta violatoria del
derecho a la publicidad del proceso, a la imparcialidad de los funcionarios y a
la contradicción de la prueba y, en tal virtud, de la garantía constitucional
al debido proceso consagrada por el artículo 29 de la Carta.”
Con gran sorpresa
registramos los suscritos el hecho de que la mayoría de los miembros de la
Sala, en forma contradictoria y sin esgrimir suficientes argumentos, hayan
decidido modificar la reiterada jurisprudencia de esta Corporación que le venía
reconociendo a la figura de la reserva de identidad de jueces, fiscales y
testigos, carácter indispensable frente a la investigación y castigo de
aquellos delitos que mayor conmoción y traumatismo causan al orden público y
social.
Amparada en la necesidad
de proteger bienes jurídicos de la mayor importancia, a su vez representados en
la prevalencia del interés general y la consecución de los fines esenciales de
la justicia, en forma sistemática y unívoca la Corporación había considerado
-con acierto- que el anonimato de los funcionarios judiciales y de los testigos
no afectaba el núcleo esencial del derecho al debido proceso, en cuanto que su
propósito se reducía a la necesidad de preservar la seguridad personal de los
sujetos procesales mencionados y de asegurar la independencia de quien
administra justicia. Ello, por supuesto, antes que interferir o anular las
garantías procesales relacionadas con el derecho a la defensa del sindicado,
permite rodear la actuación judicial de una mayor transparencia y efectividad,
máxime si la objetividad del juez no está determinada por el hecho de hacerse
pública su identidad, sino por el comportamiento probo que el funcionario tenga
durante el desarrollo del proceso. Bajo este mismo supuesto, la identidad de
los testigos tampoco es relevante para efectos de otorgar plenas garantías al
sindicado, ya que su defensa se asegura mediante la operancia de los mecanismos
procesales establecidos para controvertir los hechos y pruebas que se aducen en
su contra, las cuales deben ser evaluadas juiciosamente por los jueces y
fiscales antes de proceder a emitir las decisiones de fondo.
Estos fundamentos
jurídicos fueron expuestos por la Corte al declarar la exequibilidad de los
artículos 158 y 293 del Decreto 2700 de 1991, que consagraban la reserva de
identidad de jueces y testigos en los procesos de competencia de la justicia
regional:
“Vistas las cosas
desde esa perspectiva, es evidente que el sólo hecho de preverse el anonimato
del juez o testigo en circunstancias tan especiales como las contempladas en
los artículos subjudice no representa en modo alguno la indefensión del
sindicado ni cercena sus oportunidades de contradicción y argumentación
jurídica dentro del proceso, ni recorta ni anula las enunciadas garantías
procesales, como bien lo explica el Procurador General de la Nación al subrayar
los cuidadosos trámites que imponen las normas acusadas, cabalmente en guarda
de la transparencia del juicio y de la plena defensa del procesado.
“En efecto, el
legislador ha tenido la precaución de establecer disposiciones orientadas a
asegurar que tan sólo se usará la figura del ocultamiento del juez o testigo
ante la existencia de graves contingencias o amenazas contra su vida o su
integridad, a lo cual se añade la presencia y vigilancia a cargo del Ministerio
Público.
“Tratándose de los
jueces o fiscales, ellos en realidad suscriben la providencia aunque sea
reservada su identidad ante el público y esa previsión corresponde al propósito
de la norma, que consiste en preservar la seguridad personal y en garantizar la
independencia de quien administra justicia, consiguiéndose así la objetividad y
serenidad del juzgador como corresponde a la esencia de su tarea, sin
sacrificio de la responsabilidad que le es propia. Esta no se establece por el
conocimiento público de la identidad del juez sino a partir de una real y
cierta conducción del proceso a cargo de alguien jurídicamente determinado, de
lo cual da fe su firma en el original de las providencias que profiere.
“En el caso de los
testigos, considera la Corte que la aplicación de las aludidas normas no
comporta una disminución o pérdida de idoneidad de la prueba, pues se ha
mandado que el declarante deje estampada su huella digital al pie del documento
que recoge las declaraciones rendidas y que el Ministerio Público certifique
sobre la autenticidad de dicha huella respecto de la persona del testigo, al
paso que en acta separada se señalará la identidad del declarante, junto con
todos los documentos que puedan servir al juez o al fiscal para valorar la
credibilidad del testimonio, aquí también bajo la firma de quien obre como
agente del Ministerio Público y otra vez con inclusión de la huella y la firma
del propio testigo. A lo anterior se agrega que, por expresa disposición de la
norma, el juez y el fiscal conocerán la identidad del declarante para evaluar
la prueba, medida encaminada a otorgar una mayor garantía en favor del reo.
Debe recordarse, además, que la prueba así obtenida no definirá de modo exclusivo
la culpabilidad ni la condena, pues de conformidad con lo ordenado en el
artículo 247, inciso 2º, del Código de Procedimiento Penal, ‘en los procesos de
que conocen los jueces regionales no se podrá dictar sentencia condenatoria que
tenga como único fundamento uno o varios testimonios de personas cuya identidad
se hubiere reservado’.
“Tal disposición,
cuyo contenido y fines deben relacionarse con las demandadas para tener una
visión sistemática del ordenamiento, encaja dentro del criterio adoptado por el
moderno Derecho Procesal, que ha revaluado la tarifa legal probatoria para
sustituirla por la apreciación crítica y científica del juez. Este tiene la
responsabilidad de examinar y evaluar las pruebas en su conjunto, de tal manera
que el testimonio -como resulta de la norma transcrita- no constituye su único
elemento de juicio ni es tampoco el determinante.” (Sentencia C- 053/93, M.P.
José Gregorio Hernández Galindo).
Con idéntico
criterio, la Corporación encontró ajustado a la Constitución el artículo 4° del
Decreto 2271 de 1991, al señalar que:
En efecto, se trata
de una modalidad específica de carácter procesal predicable de las actuaciones
tanto de fiscales como de los jueces regionales que se ocupan de estas
modalidades delictivas dentro de los trámites especiales previstos por la ley,
enderezada a asegurar la reserva de la identidad de los jueces y de los
fiscales, que se vería burlada si se reconociere una tal posibilidad de
recusación; al respecto abunda la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia en la que se estima que no es necesario el conocimiento de la
identidad del juez para lograr el fin de la cabal administración de la justicia
y para garantizar el debido proceso y el derecho de defensa de las personas.
(Sentencia C-093/93, Ms. Ps. Fabio Morón Díaz y Alejandro Martínez Caballero).
En época más
reciente, manifestó,
“Cabe, por otra
parte, señalar que en el caso de la denominada “justicia sin rostro”, el
legislador, en ejercicio de la facultad otorgada por el propio artículo 228 de
la Carta, ha estimado necesario preservar de manera especial bienes jurídicos
de alto valor, que por las particulares y especialmente graves modalidades
delictivas de que conoce, puede afectar en alto grado la convivencia social y
la seguridad ciudadana. Son entonces, las actuales condiciones de grave
alteración del orden público las que justifican, como lo ha reconocido la Corte
Constitucional, la protección de la identidad de los funcionarios que conforman
la justicia regional.
“…”
“Conviene, por otra
parte, aclarar a este respecto que no es necesario identificar públicamente al
juez para lograr el fin de la labor de administrar justicia, pues la actuación
de aquél es, de todas formas, pública y debe estar debidamente fundamentada, de
manera que se pueda colegir de ella cualquier responsabilidad. Es pertinente
aclarar que para los efectos de la responsabilidad penal el llamado “juez sin
rostro” resulta plenamente identificable a través de los procedimientos
establecidos para ello. Los vicios o desviaciones en la independencia del
funcionario judicial, lo mismo que su imparcialidad técnica y científica, están
sujetos, pues, a los recursos legales y, como se anotó, eventualmente a las
responsabilidades que se deriven de su actuación ilegal.” (Sentencia C-245/96,
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
Así, resulta
evidente que mientras no se alteren las garantías y derechos procesales de los
sindicados, es pertinente que el legislador, en desarrollo de una política
criminal preconcebida, estatuya dispositivos especiales que -como la reserva de
identidad- permitan salvaguardar la integridad de los funcionarios y testigos
frente al poder desestabilizador de las organizaciones criminales, facilitando
de este modo la actividad del Estado en la labor de contrarrestar los ataques
al orden jurídico, a la paz pública y a la convivencia ciudadana. Estos
presupuestos jurídicos fueron en su momento suficientes para justificar la
constitucionalidad de gran parte de las medidas especiales que identificaron la
justicia regional, tales como: 1) la reserva total y permanente de jueces y
fiscales, 2) la reserva generalizada de testigos y demás sujetos procesales
diferentes al sindicado, 3) la imposibilidad de suspender la detención
preventiva o la ejecución de la pena y 4) la ausencia de audiencia pública en
la etapa del juicio.
Pues bien, si la
Corte consideró que la reserva de identidad de jueces y testigos no afectaba el
núcleo esencial del derecho al debido proceso, a pesar del carácter permanente
con que esta medida se aplicaba en los procesos de competencia de la justicia
regional, resulta insólito que frente al mismo supuesto legal, ahora recogido
en la Ley 504 de 1999 con un alcance excepcional y restrictivo (art. 17), la
Corporación haya variado el precedente, aduciendo un supuesto desconocimiento
del aludido derecho. Recogiendo el criterio expuesto en el punto anterior, es
necesario advertir que si bien la justicia regional desapareció del
ordenamiento jurídico por expreso mandato del artículo 205 de la Ley 270 de
1996, las causas que dieron lugar a su creación cobran ahora total vigencia
pues la delincuencia organizada y los comportamientos delictivos de gran
envergadura que ésta acomete, continúan turbando el orden público y desconociendo
la normatividad penal existente. Entonces, apartándonos del contenido de la
Sentencia, resulta razonable mantener en el ordenamiento jurídico algunas
medidas especiales que, como la reserva de identidad de jueces y testigos,
están encaminadas a asegurar la labor de administrar justicia en un clima de
independencia y seguridad.
Estos mismos
argumentos justifican el alcance del artículo 26, que también fue retirado del
ordenamiento jurídico por excluir del beneficio de cumplir la detención preventiva
en el domicilio o lugar de trabajo, a los procesados por los delitos de
competencia de los jueces especializados, sosteniéndose en la sentencia que
violaba el principio de igualdad material en cuanto no existía “una
justificación racional y razonable que apunte a la consecución de una finalidad
legítima”.
No se requieren
mayores esfuerzos para entender que por este aspecto, la decisión mayoritaria
desconoció el verdadero alcance del derecho a la igualdad el cual, atendiendo
al principio de la justicia distributiva, considera equitativo no reconocerle
el mismo derecho a las personas que se encuentran en distinta situación de
hecho. Obsérvese que si bien el artículo 13 de la Constitución proscribe toda
forma de discriminación, también autoriza y avala el trato diferente cuando el
mismo está precedido de una justificación objetiva y razonable[18]. Sobre este particular dijo la Corte que:
"...Ese
principio de la igualdad es objetivo y no formal; él se predica de la identidad
de los iguales   y  de   la   diferencia entre los desiguales. Se supera así el
concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el
concepto de la generalidad concreta, que concluye con el principio según el
cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos y
prescribe diferente normación a supuestos distintos.  Con este concepto sólo se
autoriza un trato diferente si está razonablemente justificado. Se supera
también, con la igualdad material, el igualitarismo o simple igualdad
matemática.” (Sentencia C221/92 M.P. Alejandro Martínez Caballero).
Frente a la
hipótesis prevista en el artículo 26 de la Ley 504 de 1999, que excluye a los
procesados por los delitos de competencia de los jueces especializados del
beneficio de cumplir la detención preventiva en el domicilio o lugar de
trabajo, se observa que la norma establece una clara diferencia en relación con
aquellos sindicados investigados por jueces ordinarios. Sin embargo, tal
diferencia si encuentra un principio de razón suficiente, precisamente, en la
gravedad de los delitos y en las especiales condiciones de los sindicados,
quienes por regla general forman parte de las organizaciones delictivas y
terroristas que, como se ha dicho, vienen actuando en contra del orden jurídico
causando grave perjuicio al orden público interno. En esos términos, la medida
buscaba asegurar la comparecencia al proceso de aquellos sujetos que incurren
en delitos tales como tortura, homicidio, secuestro extorsivo, terrorismo,
narcotráfico y lavado de activos (Ley 504 art. 71), los cuales, por supuesto,
causan un mayor traumatismo social frente aquellos que como el hurto simple
registran una menor trascendencia y, en consecuencia, requieren de un
tratamiento legal diferente.
Respecto del
Artículo 27
El artículo 27
acusado, establece que la libertad provisional procede cuando se dicta "en
primera instancia preclusión de la investigación, cesación de procedimiento o
sentencia absolutoria", pero, en relación con los procesos tramitados por
los jueces especializados, únicamente procede si no se hubiese interpuesto
apelación por el Fiscal o el agente del Ministerio Público, en cuyo caso se
hace efectiva cuando se confirme la decisión por el superior.
En concepto de la
mayoría, tal disposición desconoce la presunción de inocencia:
"...lo que la
norma ordena es que el sindicado permanezca privado de la libertad si la
decisión judicial fue objeto de apelación por el fiscal delegado o por el
agente del ministerio público, mientras el recurso no se decida conformado lo
resuelto en primera instancia, lo que significa que la presunción de inocencia
desaparece para prolongar indebidamente la privación de la libertad del
procesado, lo que equivale a presumirlo culpable con ostensible quebranto del
artículo 29 de la Carta, y con violación además, del artículo 28 de la
Constitución, que instituye como regla general la libertad personal".
Lo anterior, por
cuanto en su concepto a la preclusión de la investigación o a la sentencia
absolutoria debe seguirse la "concesión inmediata de la libertad".
En nuestra opinión,
la mayoría equivoca el análisis sobre esta disposición, pues parte de una
consideración errada sobre la presunción de inocencia y otorga al principio de
libertad un alcance que distinto al señalado por la Constitución y la
jurisprudencia de la Corte.  Además, no se realiza juicio alguno de
proporcionalidad.
La presunción de
inocencia, ha indicado la Corte, significa que la persona no puede ser considerada
responsable, salvo que una sentencia condenatoria así lo indique[19].  De ello se deriva que "el sindicado
se presume inocente durante todo el desarrollo del proceso, ya que sólo
mediante sentencia condenatoria se le puede considerar culpable"[20], lo que excluye la posibilidad de que se
prive a una persona de su derecho a obtener la libertad provisional, sobre la
base de que su carácter de sindicado implique que va a volver a delinquir:
"No puede, en
consecuencia, el ejecutivo, desvirtuar la presunción de inocencia,
interpretando la sindicación como índice de peligrosidad social y de
culpabilidad individual."[21]
La presunción de
inocencia, por otra parte, no es incompatible con la detención preventiva.  En
la sentencia C-689/96, la Corte sostuvo que:
"La presunción
de inocencia, en la cual descansa buena parte de las garantías mínimas que un
Estado democrático puede ofrecer a sus gobernados, no riñe, sin embargo, con la
previsión de normas constitucionales y legales que hagan posible la aplicación
de medidas preventivas, destinadas a la protección de la sociedad frente al
delito y a asegurar la comparecencia ante los jueces de aquellas personas en
relación con las cuales, según las normas legales preexistentes, existan
motivos válidos y fundados par dar curso a un proceso penal, según elementos
probatorios iniciales que hacen imperativa la actuación de las autoridades
competentes.
La detención
preventiva, que implica la privación de la libertad de una persona en forma
temporal con los indicados fines, previo el cumplimiento de los requisitos
contemplados en el artículo 28, inciso 1, de la Constitución Política, no
quebranta en sí misma la presunción de inocencia, dado su carácter precario que
no permite confundirla con la pena, pues la adopción de tal medida por la
autoridad judicial no comporta definición alguna acerca de la responsabilidad
penal del sindicado y menos todavía sobre su condena o absolución.
La persona detenida
sigue gozando de la presunción de inocencia pero permanece a disposición de la
administración de justicia en cuanto existen razones, previamente contempladas
por la ley, para mantenerla privada de su libertad mientras se adelanta el
proceso, siendo claro que precisamente la circunstancia de hallarse éste en
curso acredita que el juez competente todavía no ha llegado a concluir si
existe responsabilidad penal."
De ello se desprende
que la violación a la presunción de inocencia y el desconocimiento del
principio de libertad únicamente se verifica, en lo que respecta a la detención
preventiva, cuando existiendo la obligación legal para otorgar la libertad, la
autoridad omite hacerla efectiva:
"La detención provisional
es una simple medida preventiva, no asimilable a la condena, y de carácter
temporal. Expirado el término de su duración máxima, sin que se haya calificado
el mérito del sumario, el sindicado tiene derecho a la libertad. Si por este
sólo hecho es privado de la libertad, o, se decide mantenerlo confinado en un
centro carcelario, la actuación pública además de ser antijurídica, se torna
irrazonable. La obligada concesión de la libertad, mediando la causal legal
para el efecto, no puede convertirse por sí misma en sospecha para prevenir su
disfrute"[22]
En otras palabras,
la presunción de inocencia únicamente opera como límite para la detención
preventiva en lo que respecta a la imposibilidad constitucional de no conceder
la libertad cuando se han cumplido los requisitos legales para
concederla.
Ahora bien, en
relación con la norma declarada inconstitucional, no se observa cómo la
concesión de la libertad en las condiciones fijadas por la disposición
desconozca la presunción de inocencia en su sentido natural, esto es, que
únicamente se considere culpable a una persona cuando existe sentencia
condenatoria, cuando, precisamente, se sujeta la libertad a la firmeza de la
decisión absolutoria o preclutoria del proceso.  En otras palabras, no se
presume la culpabilidad, sino que la interrupción de la detención - detención
que en sí misma no viola la Carta - se condiciona a que exista un fallo
ejecutoriado.
La Corte, en lugar
de acudir al expediente de la presunción de inocencia, ha debido afrontar,
teniendo en cuenta los "criterios de decisión" señalados, el análisis
de la norma a fin de establecer si viola el núcleo esencial del debido proceso
y del derecho a la libertad.  Como quiera que la Corte ha puntualizado que la
detención preventiva en sí misma no viola el derecho a la libertad, resta por
establecer si ella resulta arbitraria, innecesaria, inútil o desproporcionada.
En las sentencias
C-093 de 1993, C-150 de 1993 y C-301 de 1993, la Corte analizó las distintas
disposiciones que se han expedido sobre la libertad provisional en la justicia
regional. En dichas decisiones, la Corte justificó el trato distinto al cual
estaban sometidos los procesados por los delitos de competencia de la antigua
justicia regional en la naturaleza misma de los hechos punibles objeto de
investigación y en fenómenos asociados a tales delitos, como el acoso y las
amenazas a los jueces y fiscales y la propensión a la fuga de presos:
"Estas son
medidas que también atienden a las modalidades criminales de que se ocupan
dichos jueces y que tiene en cuenta las reiteradas acciones de amenaza y de
acoso físico o moral a que se han visto abocados los funcionarios judiciales
correspondientes y, además, recoge la experiencia nacional sobre fuga de
presos.  Aquellas disposiciones no desconocen norma constitucional alguna ya
que se prevé en la ley para ser adoptada por los jueces dentro de los términos
correspondientes a las actuaciones judiciales y, aún cuando es diferente de la
tramitación ordinaria, su adopción no escapa a las naturales competencias
judiciales". (Sentencia C-150/93)
y, en la sentencia
C-090 de 1993 indicó:
"Así,
corresponde al legislador decidir sobre las competencias judiciales con carácter
de generalidad, pero bien puede distinguir en estas materias, las situaciones
delictivas en las que cabe un trato más rígido y otras en las que pueda darse
un trato flexible, atendiendo a razones de sana conveniencia y de juiciosa
consideración sobre las situaciones delictivas que afectan a la sociedad en sus
bienes jurídicos".
En las sentencias
C-093 de 1993 y C-150 de 1993 la Corte declaró la exequibilidad del régimen
especial al cual eran sometidos los procesados por delitos de competencia de la
antigua justicia regional.  Por su parte, en la sentencia C-301 de 1993, la
Corte declaró la inconstitucionalidad de la suspensión del régimen ordinario
por un término de diez años. En dicha oportunidad, la Corte encontró que el
legislador, no el régimen excepcional, violó la Carta al interpretar el
ordenamiento de manera desfavorable, contraviniendo expresa disposición
constitucional que obliga a interpretar de conformidad con el principio de
favorabilidad.  No obstante lo anterior, en punto a la duración de la detención
preventiva, la Corte señaló:
"La detención
preventiva de una persona acusada de un delito restringe su derecho a la
libertad personal. Esta limitación se justifica en aras de la persecución y la
prevención del delito confiadas a la autoridad y garantiza el juzgamiento y
penalización de las conductas tipificadas en la ley, entre otras cosas para
asegurar la comparecencia del acusado al proceso.
"Los artículos
29 de la Constitución y 9º del Pacto Internacional de Derechos Políticos y
Civiles impiden que, con base en simples indicios, se persista en la
prolongación de la detención luego de un cierto lapso que de ninguna manera
puede coincidir con el término de la pena ya que siendo ello así se
desvirtuaría la finalidad eminentemente cautelar de la detención preventiva que
terminaría convertida en un anticipado cumplimiento de la pena y se
menoscabaría el principio de presunción de inocencia. Pese a que no es posible
en abstracto traducir el concepto de detención preventiva razonable a un número
determinado de días, semanas, meses o años o a una equivalencia según la
gravedad de la ofensa, entre los múltiples factores a tener en cuenta para
determinar la razonabilidad del plazo de detención preventiva debe considerarse
el tiempo actual de detención, su duración en proporción a la ofensa, los
efectos materiales o morales sobre la persona detenida, la conducta que exhiba
el acusado durante la reclusión, las dificultades objetivas propias de la
investigación - complejidad respecto a los hechos, número de testigos o
acusados, necesidad de una evidencia concreta, etc. -, la conducta de las
autoridades judiciales competentes, el peligro de fuga, la posibilidad de
reincidencia y la capacidad de destrucción de la evidencia."
En últimas, la Corte
ha sujetado la exequibilidad del régimen sobre libertad provisional y la
detención preventiva, no a su carácter excepcional o riguroso, sino a su
"razonabilidad". Esto es, a la aplicación de los "criterios de
decisión" arriba indicados.
Descartado, como
está, que se viole la igualdad al fijar un tratamiento distinto entre quienes
son juzgados por la justicia penal especializada y la justicia penal ordinaria,
resta por establecer si la disposición afecta el núcleo esencial o si la
limitación a la libertad resulta desproporcionada. En cuanto al núcleo esencial
de la libertad, en relación con la detención preventiva, en la sentencia antes
mencionada se indicó que resulta inadmisible un término de detención que se
convierta, en la práctica, en el término de la condena. Es decir, el término de
detención no puede ser igual al término de la condena, pues de ser una medida
cautelar, la detención se convierte en la ejecución de la condena.
La norma demandada
no genera dicho efecto, pues se limita a impedir la libertad provisional cuando
existe un recurso de apelación.  El supuesto de que la detención preventiva sea
igual o superior a la de la condena, es una situación que se resuelve de
conformidad con el numeral 2° del artículo 415 del Código de Procedimiento
Penal, aplicable a la justicia especializada en virtud de lo dispuesto en el
parágrafo del artículo 27 demandado, declarado exequible en el presente
proceso.  Por lo tanto, únicamente debe analizarse si la medida resulta
desproporcionada.
En nuestro concepto,
la restricción contenida en la disposición resulta del todo proporcionada, pues
persigue un fin constitucionalmente válido (asegurar la presencia del procesado
durante el proceso), resulta útil a dicho propósito (por razones evidentes), es
necesario ante el altísimo riesgo de fugas y estrictamente proporcionado, pues
la afectación del derecho a la libertad no resulta enorme frente al valor
constitucional protegido, como lo es la efectiva lucha contra el crimen y su
castigo.
Providencias que
deben notificarse
El artículo 14 de la
ley acusada establece una lista de las providencias que deben ser notificadas.
La misma disposición señala que la lista no es taxativa, debiéndose notificar
otras exigidas en norma expresa.  La inconstitucionalidad de dicho precepto se
deriva de que, al comparar la norma acusada y la modificada, se observa que no
se exigió la notificación de la providencia que ordena dar traslado para
presentar alegatos de conclusión, en razón de que "son esenciales para
asegurar adecuadamente el derecho de defensa del procesado, pues puede
presentar argumentos que beneficien su situación y contradecir las pruebas que
obren en su contra y, en general ejecutar los actos procesales que el estatuto
procedimental autorice".
El derecho de
defensa no es un derecho absoluto[23], admitiéndose, por lo mismo, restricciones:
"El hecho de
que las normas demandadas consagren una restricción a la posibilidad de defensa
del imputado, no significa necesariamente, que esta resulte inconstitucional.
En efecto, los intereses constitucionalmente relevantes - como el debido
proceso o el derecho a la verdad - suelen restringirse unos a otros, para poder
coexistir en las sociedades democráticas. El asunto que debe estudiarse es si
la restricción anotada es desproporcionada, vale decir, si la misma tiene una
finalidad ilegítima o si limita innecesaria, inútil o injustificadamente, los
alcances del derecho de defensa"[24]
En el presente caso,
la mayoría se limita a considerar que la notificación del traslado para
presentar alegatos de conclusión implica violación al derecho de defensa, pues
los alegatos de conclusión son, en su concepto, indispensables para el
procesado.  Sin embargo, omite toda consideración sobre la proporcionalidad de
la medida.  El traslado a las partes, que no desaparece, tiene por objeto que
los sujetos procesales expresen sus consideraciones sobre el material
probatorio, a partir del cual el fiscal decide si expide resolución de
acusación o no. Sobre la naturaleza de dicha resolución y la oportunidad del
procesado para ejercer debidamente su derecho de defensa durante la etapa de
juicio, la Corte se pronunció en la sentencia C-491/96, en la que señaló que la
calificación tenía carácter meramente provisional, razón por la cual podía
variarla en la etapa de juicio, sin que ello supusiera menoscabo al derecho de
defensa.
De acuerdo con lo
anterior, resulta claro que, para la Corte Constitucional, la etapa de
juzgamiento garantiza que toda restricción al derecho de defensa prevista
durante la etapa instructiva desaparezca, en razón a las plenas facultades que
le confiere el legislador al procesado en dicha oportunidad procesal.
Este antecedente no
puede pasar desapercibido, pues la ausencia de notificación del traslado para
alegatos de conclusión, en materia punitiva, se subsana con las reglas,
evidentemente garantistas, durante la etapa de juicio.  Por lo tanto, no se
impone una carga desproporcionada al procesado.  Por el contrario, la ausencia
de la notificación genera un beneficio mayor al procesado, ya que obliga a su
defensor a estar presente y prestar toda su atención a cada una de las etapas
del proceso.
Por otra parte, cabe
señalar que, aunque ello no es de competencia de la corte por tratarse de un
asunto legal, resulta discutible que dicha providencia no se notifique, pues el
artículo 438 del Código de Procedimiento Penal, expresamente ordena que la
providencia que ordena el traslado sea notificada personalmente. Por lo tanto,
la justicia ordinaria tenía oportunidad para definir si lo dispuesto en el
artículo 438 seguía vigente ante el texto declarado inexequible, que obligaba a
notificar las providencias cuando una norma especial lo imponía.
Por último, resulta
extraño que la Corte apoye su decisión en un análisis sobre otras disposiciones
legales. En efecto, el carácter restrictivo e inconstitucional de la norma es
el resultado de considerar la norma derogada y, además, de manera parcial el
procedimiento penal. Si la mayoría consideraba necesario tener el régimen penal
vigente como parámetro de constitucionalidad, ha debido hacer un análisis de la
totalidad del procedimiento, a fin de determinar si la restricción introducida
por el legislador implicaba una arbitraria limitación del derecho de defensa.
Tribunal Superior
La declaración de
inconstitucionalidad de los artículos 35 incisos 1 y 2, 37, 38, 43 y 48, se
basa en dos argumentos. En primer lugar, que el artículo 11 de la Ley
Estatutaria de Administración de Justicia señaló que únicamente "pueden
ejercer competencia en todo el territorio nacional la Corte Suprema de
Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la
Judicatura".  De otra parte, se señala que se viola el artículo 228 de la
Carta que indica que el funcionamiento de la justicia debe ser desconcentrado,
de suerte que "a menos que se trate de los tribunales que encabezan las
jurisdicciones y cuyas decisiones tienen por ámbito territorial el de toda la
República de conformidad con lo que la misma Carta dispone, no es dable al
legislador concentrar la totalidad de las competencias en cualquier campo en
cabeza de un solo juez o tribunal"[25], ello, además, "evita que la sede territorial del único tribunal
competente para determinado asunto convierta el acceso a la justicia en un
privilegio solamente reservado para quienes viven en ese lugar".
Antes de entrar a
analizar los argumentos de la mayoría, cabe señalar que en sentencia C-037 de
1996, la Corte declaró la exequibilidad del artículo 205 transitorio de la Ley
Estatutaria de Administración de Justicia, en la cual se contemplaba la
existencia del Tribunal Nacional, que concentraba la competencia como segunda
instancia en los procesos tramitados ante los jueces regionales. En dicha
oportunidad, la Corte señaló que:
"La Corte no
encuentra necesario emitir concepto alguno respecto de los argumentos de los
intervinientes que cuestionan la constitucionalidad del Tribunal Nacional y de
los juzgados regionales, pues, de una parte, en reiteradas oportunidades -al
igual que en esta misma providencia- esta Corporación se ha pronunciado acerca
de la facultad del legislador para crear nuevos entes o despachos judiciales
dentro de las distintas jurisdicciones que hacen parte de la estructura de la
Administración de justicia (Arts. 116 y 150 C.P.); tal es el caso de la llamada
“justicia regional”, que reemplazó a la denominada “de orden público” prevista
en estatutos procedimentales anteriores[26]. Por otra parte, las acusaciones que se formulan en el presente caso
se hacen en torno al desarrollo que disposiciones diferentes a la que se revisa
han hecho de la justicia regional."
Es decir, al momento
de estudiar la ley estatutaria de justicia, la Corte no consideró que la
existencia de un tribunal con competencia sobre todo el territorio violara
disposición constitucional alguna (en particular el artículo 228) o que
resultara incongruente con la misma ley estatutaria (art. 11). Podría objetarse
que la Corte adoptó la decisión sobre la base de que se trataba de una
estructura transitoria.  Sin embargo, ello, como quedó expuesto al comienzo del
presente salvamento de voto, resulta inadmisible.
Con todo, existiría
un argumento adicional, según el cual ha dejado de existir el régimen
excepcional - justicia regional -, razón por la cual, en esta materia deben
aplicarse las disposiciones generales. Este argumento resulta insostenible,
pues, habida consideración de que la justicia especializada constituye un
régimen excepcional, no existe razón alguna por la cual se someta a un juicio
distinto al cual fue aplicado el análisis de la justicia regional, ya que en
ambos momentos las mismas normas (C.P. art. 228 de la Carta y 11 de la Ley
Estatutaria de Administración de Justicia), fueron objeto de consideración.
Por otra parte, los
integrantes de la mayoría olvidan el texto del artículo 50 de la Ley 270 de
1996, según la cual:
"ARTICULO 50.
DESCONCENTRACION Y DIVISION DEL TERRITORIO PARA EFECTOS JUDICIALES. Con el
objeto de desconcentrar el funcionamiento de la administración de justicia, y
sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales, para efectos judiciales
el territorio de la nación se divide en distritos judiciales o distritos
judiciales administrativos y éstos en circuitos. En la jurisdicción ordinaria,
los circuitos estarán integrados por jurisdicciones municipales.
La división judicial
podrá no coincidir con la división político administrativa y se hará procurando
realizar los principios de fácil acceso, proporcionalidad de cargas de trabajo,
proximidad y fácil comunicación entre los distintos despachos, cercanía del
juez con los lugares en que hubieren ocurrido los hechos, oportunidad y
celeridad del control ejercido mediante la segunda instancia y suficiencia de
recursos para atender la demanda de justicia."  (Negrillas fuera del
texto).
La Corte, al
declarar su constitucionalidad, se limitó a señalar que
"Este precepto
se limita a fijar la división del territorio nacional, con el fin de lograr una
mejor organización y una mayor efectividad en la administración de
justicia" (Negrillas fuera del texto).
De ello se desprende
que la misma ley estatutaria de administración de justicia previó la
posibilidad de que se estableciera que, respecto de cierta competencia
judicial, el territorio nacional no se dividiera en varios distritos
judiciales, por exigirlo una "mejor organización y una mayor efectividad
en la administración de justicia", de manera que pudiera establecerse un
único tribunal competente para conocer de tales asuntos.  No de otra manera
puede explicarse la expresión "sin perjuicio de lo dispuesto en normas
especiales", contenida en la disposición comentada. Esta interpretación
sin duda entraría en conflicto con la posición asumida por la Corte en la
sentencia C-594/98, decisión en la que se apoya la mayoría, razón por la cual
es menester entrar a establece qué parte de dicha decisión es vinculante, esto
es, cuál fue su ratio decidenci.
En sentencia C-037
de 1996, la Corte sostuvo, en relación con la fuerza vinculante de sus
decisiones,
“Sólo será de
obligatorio cumplimiento, esto es, únicamente hace tránsito a cosa juzgada
constitucional, la parte resolutiva de las sentencias de la Corte
Constitucional. En cuanto a la parte motiva, como lo establece la norma, esta
constituye criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de
las normas de derecho en general; sólo tendrían fuerza vinculante los conceptos
consignados en esta parte que guarden una relación estrecha, directa e
inescindible con la parte resolutiva; en otras palabras, aquella parte de la
argumentación que se considere absolutamente básica, necesaria e indispensable
para servir de soporte directo a la parte resolutiva de las sentencias y que
incida directamente en ella.”
Con posterioridad,
en sentencia SU-047 de 1999, la Corte precisó que:
"el
juez que decide el caso no puede caprichosamente atribuir el papel de ratio
decidendi a cualquier principio o regla sino que únicamente tienen tal
carácter aquellas consideraciones normativas que sean realmente la razón
necesaria para decidir el asunto"[27].
En la mencionada
decisión, la norma objeto de control constitucional disponía que únicamente los
jueces civiles de circuito especializados de Bogotá conocerían de los procesos
relacionados con la temática de la propiedad industrial, que no fueran de
competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa. Por lo tanto,
resultaba evidente que todo proceso sobre la materia debía iniciarse en la
ciudad de Bogotá, impidiéndose a los ciudadanos que defendieran sus intereses
jurídicos en otros lugares. La Corte encontró que dicha concentración de la
competencia, de 1ª instancia, en los jueces de Bogotá violaba el principio de
desconcentración judicial, consagrado en el artículo 228 de la Carta.
No obstante que el
asunto constitucional (definido por el contenido normativo del texto normativo)
se limitaba a la concentración de la competencia de los jueces de primera
instancia, la Corte extendió sus argumentos, de modo que también excluyó la
posible concentración en cabeza de tribunales.
Teniendo en cuenta
lo anterior, la Corte, en la decisión de la que nos apartamos, confunde la ratio
decidendi de la sentencia C-594/98 con su obiter dictum. En efecto,
la garantía de acceso a la justicia implica que no resulta admisible que la
primera instancia de cualquier asunto que deba tramitarse ante autoridades
judiciales se concentre en determinada sede judicial.  Ello, por obvias razones
mencionadas en la indicada decisión.  La concentración de la segunda instancia
en un único tribunal no era materia de discusión en dicha oportunidad, pues (i)
se trataba de un asunto civil, en el que la doble instancia es una mera
decisión legislativa y (ii), la existencia de la segunda instancia no hace
parte del núcleo esencial del derecho de acceso a la justicia, sino del derecho
al debido proceso en materia penal[28].
Por lo tanto, en
esta materia, ha debido analizarse si la concentración de la segunda instancia
de los procesos que se tramitan ante los jueces penales del circuito
especializados en un único tribunal, violaba el debido proceso. En nuestro
concepto no existe tal violación, pues, dada la naturaleza de los hechos
punibles sometidos a su consideración y las circunstancias que rodean el
trámite de tales asuntos, resultaba razonable[29] que el legislador dictara una norma especial (art. 50
de la Ley 270 de 1996) en la materia, a fin de asegurar el eficiente
funcionamiento de la administración de justicia.
Advertencia final
Los magistrados
Eduardo Cifuentes Muñoz y Alvaro Tafur Gálvis no salvaron el voto en relación
con el artículo 7º de la Ley 504 de 1999.  No obstante se ha incluido la
posición particular del magistrado Vladimiro Naranjo Mesa.
Fecha ut supra,
EDUARDO CIFUENTES
MUÑOZ          VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
[1] M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa.
[2] Sentencias C-093/93,
C-037/96, C-245/96, C-427/96, C-449/96, C-040/97, C-592/98, C-272/99 entre
otras
[3] idem.
[4] Sentencia C-208/93 M.P.
Hernando Herrera Vergara, C-594/98 M.P. José Gregorio Hernández
[5] M.P. Fabio Morón Diaz y
Alejandro Martínez Caballero.
[6] En la Sentencia C-150/93
se declaró inexequible la expresión “no habrá controversia probatoria pero
quien haya rendido versión preliminar y su defensor , podrán conocerlas” del
art. 251 del C.P.P.
[7] M.P. José Gregorio
Hernández Galindo
[8] M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz
[9]  Sentencia
C-475/97.
[10]  Ibid.
[11]  Ibid.
[12] Ver, por ejemplo,
entres otras, las sentencias T-13 de 1995 y  C-400 de 1998.
[13]  Sentencia
SU-047/99 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[14]  Ver entre otras,
las sentencias C-022/96, C-309/97, T-124/98, etc.
[15]  Auto 029 de 1996.
[16]  Sentencia
C-475/97.
[17]  Sobre
constitucionalidades temporales, ver Sentencia C-700 de 1999.
[18] Cfr. las Sentencias
C-221/92, C-108/94, C-665/98 y 768/98, entre otras.
[19]  Ver entre otras,
las sentencias C-412/93, T-457/94, T-471/94, C-300/94, etc.
[20]  Sentencia
C-300/94.
[21]  Ibid.
[22]  Sentencia
C-300/94.
[23]  Sentencia
C-475/97.
[24]  Ibis.
[25]  Sentencia
C-594/98.
[26]  Cfr. Corte
Constitucional. Sentencias Nos. C-076/93, C-093/93 y T-532/95, entre otras.
[27]  Fundamento
jurídico 52.
[28]  Ver sentencias
C-019/93, C-345/963, C-037/96, entre otras.
[29]  Ver sentencia
C-301/93.