T-585-03
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-585/03
DERECHO A LA PENSION DE VEJEZ-Fundamental por conexidad
CUOTAS PARTES-Concepto
PENSIONES-Término de cuatro meses para decidir solicitudes
El máximo plazo para decidir o contestar
una solicitud relacionada con pensiones de vejez invalidez y sobrevivencia es
de cuatro meses según el Decreto 656 de 1994 para dar respuesta a la solicitud
en materia de pensión en las sociedades administradoras de fondos del régimen
de ahorro individual.
PENSIONES-Término de seis meses para trámite y pago/RECURSOS
SOBRE RECONOCIMIENTO DE PENSIONES-Término de quince días hábiles
La Ley 700 de 2001 en su artículo 4º
establece un término de seis meses no para decidir sobre las solicitudes en
materia de pensión, como lo hace el artículo 9º del Decreto 656 de 1994, sino
para adelantar los trámites necesarios para el reconocimiento y pago de las
mesadas; es decir, para el desembolso efectivo del monto de las mismas. Estos
dos términos aplicables con respecto al trámite de pensiones se ven
complementados con un tercero. Según la jurisprudencia de la Corte
Constitucional para la resolución de recursos interpuestos ante decisiones que
resuelven sobre el reconocimiento o no reconocimiento de una pensión “sigue
vigente y le resulta aplicable (...) el término de 15 días hábiles a que hace
referencia expresa el artículo 6 del Código Contencioso Administrativo”
DERECHO DE PETICION SOBRE ESTADO DEL
TRAMITE DE PENSION-Término
de quince días hábiles
Referencia: expediente T-734346
Actora: Luz Mary López de Orozco
Procedencia: Juzgado Primero Civil del
Circuito de Armenia
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de
dos mil tres (2003).
La Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados doctores, Eduardo Montealegre
Lynet, Alvaro Tafur Galvis y Marco Gerardo Monroy, quien la preside,  en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
En el proceso de tutela número T-734346,
promovido por la señora Luz Mary López de Orozco contra el Departamento del
Quindio. Las sentencias fueron proferidas por el Juzgado Primero Civil del
Circuito de Armenia y el Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala de
Decisión Civil - Familia de Armenia.
I. ANTECEDENTES
1.
Hechos:
- La accionante inició labores en el sector
educativo estatal como maestra de enseñanza primaria a partir del 29 de mayo de
1967 en reemplazo de una trabajadora con licencia de maternidad. Igualmente en
agosto 1º y septiembre 26 se le asignó cubrir otras licencias de maternidad.
- En enero de 1968 fue nombrada maestra de
enseñanza primaria en propiedad para el municipio de Armenia hasta el 27 de
febrero de 1976, luego le fue aceptada la renuncia y continuó como Secretaria
Administrativa de la Junta Propalacio desde el 1º de marzo de 1976.
- El 19 de agosto de 1976 fue nombrada como
Secretaria de Educación en Armenia hasta el 22 de septiembre de 1978, fecha en
que se le aceptó la renuncia.
- Fue nombrada como Directora de la Caja de
Previsión Social Departamental del Quindío, desde el 23 de octubre de 1978
hasta el 15 de enero de 1980.
- Luego laboró en Armenia, como Jefe de
Oficina Jurídica Municipal desde el 7 de septiembre de 1984 a el 1º de febrero
de 1988.
- Dice la peticionaria que completó el tiempo
(1000 semanas) y edad (60 años), requisitos exigidos para reclamar la pensión
al Instituto de Seguro Social. Y que se encontraba bajo el régimen de
transición. Sin embargo, en el expediente no hay prueba  de que hubiere
sobrepasado el tiempo requerido para la pensión.
- El 9 de agosto de 2001, la señora Luz
Mary López de Orozco solicitó al Instituto de Seguro Social se le reconociera
la pensión de jubilación.
- El Instituto de Seguros Sociales le
respondió que sólo le reconocería el valor de la pensión si ha sido expedido o
pagado el bono pensional, conforme lo establece el Decreto 1474 de 1997 y 1513
de 1998.
- El 15 de mayo de 2002, el Instituto de
Seguro Social le solicitó al Municipio de Armenia la expedición del bono.
- Como la peticionaria había laborado en el
Departamento del Quindío ésta entidad debe consignar el valor de su cuota parte
para el bono pensional.
- Han transcurrido 17 meses desde el 9 de
octubre de 2002 hasta cuando la actora interpuso la tutela, argumentando el
Instituto de Seguro Social que el Departamento del Quindío no ha cancelado la
cuota para el bono pensional.
- El Departamento del Quindio, en
comunicación del 27 de diciembre de 2002 dijo a la peticionaria: "Conforme
a su petición, solicitando respuesta a los oficios VPBP 2002-11955 y
VPBP2002-4639 de la Vicepresidencia de Bonos pensiónales del ISS, la
Administración Departamental a través de la Dirección de Talento Humano,
atendiendo lo establecido en el artículo 6º del C.C.A. se permite dar respuesta
en los siguientes términos:
1. Conforme a lo establecido en el artículo
4º del Decreto 1314/94, los Bonos pensionales tipo B son emitidos por la última
entidad pagadora de pensiones a la cual haya pertenecido el afiliado, en este
caso la Alcaldía Municipal de Armenía. Al respecto la Corte Constitucional a
través de la Sentencia 1044 de octubre 1º de 2001, estatuyó:
"De conformidad con lo establecido en
el parágrafo 1º del artículo 17, del Decreto 1748 de 1995, el emisor deberá
comunicar a los contribuyentes, dentro de los cinco días siguientes a la fecha
en que hay recibido la solicitud de pago, tanto el valor de la cuota parte
a pagar como su fecha límite de pago y la tasa de mora aplicable en caso de
incumplimiento". (negrilla fuera de texto).
Hasta el momento, el Municipio de Armenia;
quien es la entidad encargada de emitir su bono pensional, no ha comunicado
al Departamento del Quindío el valor de la cuota parte de su bono
pensional."
- La Alcaldía de Armenia dijo en escrito
de  30 de diciembre de 2002, dirigido a la peticionaria: "2. Respecto
al primer oficio recibido, se liquidó el bono pensional y se consultó el
proyecto al ISS Bogotá- Vicepresidencia de Pensiones, pero en los 30 días
siguientes no se recibió respuesta alguna.
3. Mediante resolución 0307 de mayo 30 de
2002 se ordenó el pago por la suma de $3.349.ooo,oo y fueron consignados en la
CUENTA DE AHORROS Nº 20083330-9 de la Vicepresidencia de Pensiones.
4. En la misma liquidación le correspondió
a la Gobernación del Quindío la suma de $15.442.000,oo.
5. En lo referente al segundo oficio se nos
informó que la cuota parte del bono pensional que correspondió al Municipio de
Armenia no era por la suma arriba citada sino por $3.349.000,oo, se debía el
resto más la actualización al 31 de diciembre de 2002"
Pero, al final del escrito, la Alcaldía
plantea una situación diferente porque ya no habla de bonos pensiónales sino de
cuota parte. Expresó: "Consecuentes con el análisis anterior y al no
tratarse de Cuota Parte del Bono Pensional tipo B y con base en que la solicitante
del informe cumple con los requisitos para la prestación de pensión de vejez,
la Administración Municipal de Armenia espera del Seguro Social copia del reconocimiento
de la Cuota Parte Pensional que corresponde al Municipio."
(subraya fuera de texto).
- La Gobernación del Departamento del
Quindío dentro del Proceso de Tutela en comunicación de 11 de febrero del 2003,
dirigido al Juez Primero Civil del Circuito de Armenia, fijó su posición así: "
En síntesis, la accionante no tiene derecho a Bono Pensional, ya que al
momento de entrar en vigencia el sistema general de pensiones, 30 de junio de
1995 para las entidades territoriales, no existió ningún tipo de traslado al
régimen de prima media con prestación definida, administrado por el ISS no
ostentaba la calidad de servidor público para dicha época; no procediendo
el reconocimiento de bono pensional, sino el reconocimiento de cuota parte
pensional a la entidad que la pensione, en este caso el (ISS)."
Es decir que adopta también el mismo
criterio de la Alcaldía, o sea que es cuota parte y no bono pensional.
- La actora considera que se le esta
vulnerando el derecho de petición, igualdad, vida, trabajo, tercera edad,
seguridad social, atención en salud y dignidad humana por parte del
Departamento del Quindío al no emitir el bono pensional al Instituto de Seguro
Social, para que de esta manera se le empiece a cancelar la pensión de
jubilación a la cual tiene derecho.
2. Pruebas
- Copia del comprobante Nº 242153 para el
trámite de la solicitud con fecha 9 de agosto de 2001.
- Copia de la solicitud de pensión de
vejez, Nº de radicado 242153, con fecha 24 de junio de 2002.
- Copia de la remisión del comprobante de
consignación a la Coordinación Nacional de Bonos Pensiónales del Seguro Social,
con el fin de solicitar si procede o no el reconocimiento de la pensión e
ingreso a nómina de la actora.
- Copia del derecho de petición para que se
le informe cuál fue la respuesta dada al oficio SQ-CAP 1076 del 2 de julio de
2002.
- Copia de la solicitud de cobro del bono
pensional a nombre de la actora para su expedición o pago al Departamento del
Quindío, con fecha 31 de octubre de 2002.
- Copia de la respuesta del derecho de
petición por parte del Seguro Social a la actora, con fecha noviembre 5 de
2002. El Asesor III, Bonos Pensiónales, responde así: "A la fecha no se
registra que la Oficina de Bonos Pensiónales del Ministerio de Hacienda ni la
Gobernación del Quindío hayan expedido o pagado el Bono Pensional.
(…)
Para el reconocimiento de la prestación es
requisito indispensable que el Municipio de Armenia, la Oficina de Bonos
Pensiónales del Ministerio de Hacienda y la Gobernación del Quindío expidan o
paguen el bono pensional del afiliado …"
- Copia del derecho de petición, con fecha
diciembre 10 de 2002, para que la Secretaria Administrativa de la Alcaldía de
Armenia proceda al reconocimiento de la pensión que solicitó hace más de año y
medio y a la que no ha podido acceder por mora en el pago del Bono Pensional
por parte del Municipio de Armenia.
- Copia del derecho de petición con fecha
diciembre 10 de 2002, dirigida a la Directora de Talento Humano (E) de la
Gobernación del Quindío.
- Copia de la respuesta de la Alcaldía de
Armenia, Secretaria de Gobierno y Desarrollo Institucional, Dirección
Administrativa, con fecha 30 de diciembre de 2002. Concluye la Alcaldía que: "Consecuentes
al análisis anterior y al no tratarse de Cuota Parte de Bono Pensional tipo B y
con base en que la solicitante del informe cumple con los requisitos para la
prestación de pensión de vejez, la Administración Municipal de Armenia espera
del Seguro Social copia del reconocimiento de dicha pensión para proceder
inmediatamente a la aceptación de la cuota Parte Pensional que corresponde al
Municipio."
- Copia de la certificación laboral de la
Gobernación del Quindio de empleadores para bono pensional, expedida en la
ciudad de Armenia el 31 de julio de 2001.
- Copia de la certificación laboral del Departamento
Administrativo del Talento Humano de la Alcaldía, de empleadores para el bono
pensional, expedida en Armenia el 9 de julio de 2001.
- Copia de la constancia laboral del
Departamento de Personal de la Gobernación de Quindío, con fecha 27 de junio de
2000.
- Copia de la certificación laboral
expedida por la Secretaría General, Sección de Archivo y Jefe de Sección del
Archivo Municipal, con fecha 5 de julio de 2000.
- Copia de la liquidación de prestaciones
económicas de la Contraloría Municipal de Armenia, con fecha de abril 20 de
2001.
- Copia de la Cédula de Ciudadanía de la
accionante.
- Copia del Registro Civil de la actora.
- Copia del poder otorgado al abogado
Yobany Alberto López Quintero.
CONTESTACION DE LA ENTIDAD DEMANDADA
La Directora del Departamento
Administrativo Jurídico y de Contratación de la Gobernación del Quindío, el 11
de febrero del presente año, contestó lo siguiente: "1. Mediante oficio
VPBP-2002-11956, se recibió del Instituto de Seguros Sociales, solicitud de
cobro de Bono Pensional de la señora Luz Mary López Orozco , y que el emisor
era el "Municipio de Santander" (sic), y acorde con la información de
la liquidación el emisor es el Municipio de Armenia.
2. El emisor, Municipio de Armenia,
mediante oficio DA-1107 del 30 en diciembre de 2002, aportado por la
accionante, se le manifiesta que en el caso en particular, el trámite de la
pensión de vejez de la Dra, López de Orozco se debe hacer a través de cuota
parte mensual de la pensión no a través de Bono Pensional como lo pretende el
ISS.
(…)
En síntesis, la accionante no tiene
derecho a Bono Pensional, ya que al momento de entrar en vigencia el
sistema general de pensiones, 30 de junio de 1995 para las entidades
territoriales, no existió ningún tipo de traslado al régimen de prima media
con prestación definida, administrado por el ISS no ostentaba la calidad de
servidor público para dicha época; no procediendo el reconocimiento de bono
pensional, sino el reconocimiento de cuota parte pensional a la entidad que la
pensione, en este caso el (ISS).
En el caso concreto de la Señora López de
Orozco, a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, 30 de junio
de 1995, no hubo traslado al régimen de prima media con prestación definida,
administrado por el ISS, ni tampoco era servidor público, no siendo procedente
emitir bono pensional.
(…)
Resulta claro entonces señor Juez, que en
este caso no procede la emisión del bono pensional, y como lo establece el
inciso segundo del artículo 1º del Decreto 13/2001 y la precitada sentencia
T-235, procede la cuota parte que la Ley lo reglamenta de esta manera.
En este mismo sentido, el Municipio de
Armenia, entidad que según el ISS, sería el Emisor del Bono Pensional tipo B,
se manifestó mediante oficio DA-1107 de diciembre 30 de 1992, donde fijo la
posición en el sentido de que en el caso de la Dra. López de Orozco, no procede
la emisión de Bono Pensional Tipo B, sino la cuota parte tradicional de la
pensión.
(…)
En síntesis la dilación en el trámite y
reconocimiento de la pensión a la Dra. López de Orozco, ha sido por la negativa
del ISS en ajustarse a los requerimientos de ley."
Por último, la Directora aclara que: "en
ningún momento la Gobernación del Quindío ha eludido esta obligación, ni
ninguna otra de este tipo, y sus actuaciones se han limitado a los
procedimientos que establece la ley, y como se explicó anteriormente, una vez
se surtan los trámites de Ley, por parte del Instituto de Seguros Sociales, y
que son básicamente los establecidos en la Ley 71/88, Decreto 2709/94, el
Decreto 2921 de 1948, la Gobernación del Quindío, dentro del término de Ley,
procederá a aceptar y cancelar la cuota parte mensual de la pensión a que tenga
derecho la Dra. Luz Mary López de Orozco, acorde al tiempo servido en esta
entidad."
SENTENCIAS OBJETO DE REVISION
El Juzgado Primero Civil del Circuito
de Armenia, el 18 de febrero de 2003, declaró improcedente la acción de tutela,
porque el conflicto debe ser ventilado por los actores ante la justicia
ordinaria.
El Tribunal Superior del Distrito
Judicial, Sala de Decisión Civil - Familia de Armenia, el 31 de marzo de
2003, confirmó el fallo del a-quo. El Tribunal considera que la actora tiene en
sus manos la posibilidad de obtener el reconocimiento mencionado, aún sin que
haya sido expedido el referido bono pensional o reconocidas las cuotas partes
proporcionales a que haya lugar.
II. CONSIDERACIONES  Y FUNDAMENTOS
A. Competencia.
Esta Corte es competente para revisar los
presentes fallos de tutela, de conformidad con lo previsto en los artículos 86
y 241 de la Constitución Nacional, el Decreto 2591 de 1991 y las demás
disposiciones pertinentes. Y por la selección y acumulación decretada.
B. Temas jurídicos
La presente acción de
tutela tiene por objeto el amparo
de los derechos constitucionales al mínimo vital, seguridad social, salud en
conexidad a la vida y a la subsistencia de la señora Luz Mary López de Orozco, conculcados por el ente accionado al dilatar el
tramite y pago del Bono Pensional, necesario para el reconocimiento y pago de su pensión de jubilación.
1. La pensión de vejez
El reconocimiento del derecho a la pensión
de vejez es un derecho fundamental, porque tiene que ver con el derecho a la
subsistencia en condiciones dignas, y en muchas ocasiones está íntimamente
ligado con el derecho fundamental al mínimo vital. Es por esto que cuando una
persona solicite que se le reconozca su pensión y no se le responde, esto
constituye una flagrante violación al derecho fundamental de petición, en
posible conexión con los derechos al mínimo vital y a la subsistencia en
condiciones dignas. Al respecto señaló la Corte : "Es muy grave el
perjuicio que se le ocasiona a un aspirante a pensionado, que teniendo el
derecho para gozar de la prestación, no se le resuelve de fondo a su
pretensión. Respuestas simplemente formales, como ha ocurrido en el presente
caso, donde en muchas ocasiones se reproduce una primera contestación y no se
resuelve materialmente, no constituyen una contestación adecuada al derecho de
petición[1]."
2. En la sentencia T-235/02[2], esta
Sala Sexta de Revisión hizo la siguiente precisión:
“…las cuotas partes son soportes
financieros de un sistema de seguridad social en pensiones, cuando el
trabajador ha cotizado a diferentes entidades gestoras.
(…)
b. Las cuotas partes figuran en la normatividad anterior a la
ley 100/93. Se establecieron para  los tiempos servidos o cotizados a diversas
entidades. En dichos eventos las normas contemplaban que las demás entidades
contribuían para la mesada con cuotas partes.
Es así como el Decreto  3135 de 1968 que
reguló la pensión de jubilación para los empleados públicos y trabajadores
oficiales, dispuso en su artículo 28:
"La entidad de previsión obligada al
pago de la pensión de jubilación tendrá derecho a repetir contra los organismos
no afiliados a ella, a prorrata del tiempo que el pensionado hubiere servido en
ellos. El proyecto de liquidación será notificado a los organismos deudores,
los que dispondrán de un término de quince días para objetarlo."
A su vez, el decreto reglamentario 1848 de
1969 dispuso en el numeral 3º del artículo 75 lo siguiente:
"En los casos de acumulación de tiempo
de servicios a que se refiere el artículo 72 de este Decreto, la entidad o
empresa a cuyo cargo este el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación,
tiene derecho a repetir con las entidades y empresas oficiales obligadas al
reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del
tiempo servido a cada una de aquellas.
En este caso se procederá con sujeción al
procedimiento señalado al efecto en el Decreto 2921 de 1948 y, si transcurrido
el término de quince (15) días del traslado a que se refiere el inciso 3º del
citado decreto, la entidad obligada a la cuota pensional no ha contestado, o lo
ha hecho oponiéndose sin fundamento legal, se entenderá que acepta el proyecto
y se procederá a expedir la resolución de reconocimiento de la pensión".
3. En cuanto a la
competencia para el reconocimiento de pensiones establecidas en el Decreto 2527
de 2000 en su artículo 1º inciso 3º, la citada Sentencia T-235/02 expresa:
"… Reconocimiento a cargo de las
Cajas, Fondos o entidades públicas que reconozcan o paguen pensiones. Las
Cajas, Fondos o entidades públicas que reconozcan o paguen pensiones,
continuarán reconociéndolas o pagándolas mientras subsistan dichas entidades
respecto de quienes tuvieran el carácter de afiliados a la entrada en vigencia
del Sistema General de Pensiones, exclusivamente en los siguientes casos: 1.
Cuando los empleados públicos y trabajadores oficiales de las entidades del
orden nacional hubieren cumplido a 1° de abril de 1994, los requisitos para
obtener el derecho a la pensión y no se les haya reconocido, aunque a la fecha
de solicitud de dicha pensión estén afiliados a otra Administradora del Régimen
de Prima Media. 2. Cuando los empleados públicos y trabajadores oficiales de
las entidades del orden territorial hubieren cumplido los requisitos para
obtener el derecho a la pensión a la entrada en vigencia del sistema general de
pensiones en la entidad territorial del domicilio de la Caja, Fondo o entidad
pública y la pensión no se les haya reconocido, aunque a la fecha de solicitud
de dicha pensión estén afiliados a otra Administradora del Régimen de Prima
Media. 3. Cuando los empleados públicos y trabajadores oficiales que a la fecha
de entrada en vigencia del sistema, a nivel nacional o territorial según el
caso, hubieren cumplido veinte años de servicio o contaren con las cotizaciones
requeridas en la misma entidad, Caja o Fondo público, aunque a la fecha de
solicitud de la pensión estén o no afiliados al Sistema General de Pensiones.
También podrán hacerlo respecto de sus afiliados y en los mismos casos, las
entidades a las cuales corresponda el reconocimiento de pensiones antes de la
entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones. En estos casos no se
aplicará el literal c) del artículo 36 del Decreto 1748 de 1995 modificado por
el artículo 15 del Decreto 1513 de 1998."
4. Término para resolver
En la sentencia T- 01/03[3], se analizó el alcance
de los artículos 4º de la Ley 700 de 2001, 19 del Decreto 656 de 1994 y 6º del
Código Contencioso Administrativo, en materia de pensiones:
El máximo plazo para decidir o contestar
una solicitud relacionada con pensiones de vejez invalidez y sobrevivencia es
de cuatro meses según el Decreto 656 de 1994 para dar respuesta a la solicitud
en materia de pensión en las sociedades administradoras de fondos del régimen
de ahorro individual.
La Ley 700 de
2001 en su artículo 4º establece un término de seis meses no para decidir sobre
las solicitudes en materia de pensión, como lo hace el artículo 9º del Decreto
656 de 1994, sino para adelantar los trámites necesarios para el reconocimiento
y pago de las mesadas; es decir, para el desembolso efectivo del monto de las
mismas.
Estos dos
términos aplicables con respecto al trámite de pensiones se ven complementados
con un tercero. Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional para la
resolución de recursos interpuestos ante decisiones que resuelven sobre el
reconocimiento o no reconocimiento de una pensión “sigue vigente y le resulta
aplicable (...) el término de 15 días hábiles a que hace referencia expresa el
artículo 6 del Código Contencioso Administrativo”[4]
El término de 15 días, consagrado en el
artículo 6º del Código Contencioso Administrativo, se aplica también en caso de
que se presenten derechos de petición en los cuales se solicite, simplemente,
información acerca del estado del trámite adelantado en materia de pensión o
copias sobre documentos ya existentes dentro del expediente de la solicitud de
pensión, o reliquidación.
CASO CONCRETO
La señora Luz Mary López de Orozco,
solicitó el 9 de agosto de 2001, al Instituto de Seguros Sociales, basándose en
el derecho de petición, le fuera reconocida su pensión de jubilación, por
cuanto consideraba que a esa fecha, ella cumplía con los requisitos: edad
sesenta (60) años y las mil (1.000) semanas que la ley le exige.
Mediante la Acción de tutela solicita la
señora Luz Mary López de Orozco se le ordene al Departamento del Quindío pagar
el bono pensional, para que el Instituto de Seguro Social inicie los trámites
pertinentes para el pago de la pensión de jubilación. La tutela la instauró la
accionante en ejercicio del derecho de petición, aunque en la argumentación se
refiere al derecho a la igualdad, vida, trabajo, tercera edad, seguridad
social, dignidad y a la salud.
Lo anterior, ya que el Seguro Social
argumentó que la demora en la tramitación se debe a que: "A la fecha no
se registra que la Oficina de Bonos Pensiónales del Ministerio de Hacienda ni
la Gobernación del Quindío hayan expedido o pagado el Bono Pensional.
(…)
Para el reconocimiento de la prestación es
requisito indispensable que el Municipio de Armenia, la Oficina de Bonos
Pensiónales del Ministerio de Hacienda y la Gobernación del Quindío expidan o
paguen el Bono Pensional del afiliado (en el caso de la primera entidad la diferencia),
para lo cual dichas Entidades por encontrarse vencida la fecha de pago, deben
actualizar y capitalizar el Bono Pensional a fecha de expedición o pago.
Una vez se tenga conocimiento de la
expedición o pago total del Bono Pensional, se informará de dicha circunstancia
a la Seccional Quindío a fin de que proceda con el trámite
correspondiente."
La señora Luz Mary López de Orozco afirma
que cumple con los requisitos de tiempo y edad para obtener la pensión de
jubilación, pero dentro del expediente no obra prueba con la cual se demuestre
que cumplió con dichos requisitos, ni desde cuando estaba afiliada al Instituto
de Seguros Sociales, en el Régimen solidario de prima media con prestación
definida. Por el contrario, la misma Gobernación del Quindío en el escrito de
fecha 11 de febrero de 2003, dice que: "Una vez revisadas las
certificaciones de tiempos de servicios aportadas por la accionante, se
encuentra que:
ENTIDAD                                        DESDE                         HASTA
Departamento del Quindío               16/01/1968                    22/09/1978
Departamento del Quindío               23/10/1978                    15/01/1980
Municipio de Armenia                      07/09/1984                    3070171988
Es decir acredita un total de 5.524 días
con el Sector Público, es decir, se desprende de lo anterior que a la vigencia
del  nuevo Régimen de Seguridad Social, Ley 100 de 1993, la citada Señora no
era servidora pública ni se surtió traslado al Régimen de prima Media con
prestación Definida administrado por el ISS; requisitos estos indispensables
para el reconocimiento de bono pensional…"
La Gobernación del Quindío consideró que la
peticionaria no tiene derecho al bono pensional, ya que cuando entró en
vigencia el sistema general de pensiones no existió ningún tipo de traslado al
régimen de prima media con prestación definida administrado por el Instituto de
Seguros Sociales ni ostentaba la calidad de servidora pública, sino a cuota
parte pensional.
De los documentos que se allegaron al
expediente, no se encontró comunicación alguna en la que al Instituto de Seguro
Social, se le haya comunicado que es a esa entidad, la que le corresponde
reconocer la pensión de la actora, a través de la modalidad de cuotas partes
pensiónales. Las únicas comunicaciones que existen del Instituto de Seguro
Social, son las que hacen referencia para que se pague el bono pensional por
parte del Municipio de Armenia y la solicitud del cobro de bono pensional al
Departamento del Quindío.
Con lo anterior, se concluye que no hay
prueba que al Instituto de Seguro Social se le haya informado del nuevo
criterio adoptado por las entidades territoriales. Por consiguiente, la
explicación dada por la Gobernación del Quindío que es la entidad contra la
cual se interpuso la tutela; es una explicación que solo la conoce el Juez de
Tutela.
Hay que dejar en claro que dentro del
expediente no aparece demostrado que la actora hubiera laborado más de las 1000
semanas, pero, no compete a la Corte Constitucional determinar si la accionante
cuenta con los requisitos establecidos por las normas para obtener el
reconocimiento de la pensión de jubilación o el estudiar a cuál régimen
pertenece o estaba afiliada o a quién le corresponde el pago o no de la misma,
ya que esta labor le corresponde a los organismos encargados por el Estado.
Ante el hecho nuevo de discusión sobre el
soporte financiero, la Corte manifestó en la Sentencia T-235/02[5]: "En
el tema de los soportes financieros, se trata de un aspecto legal que no es de
competencia de la Corte sino de las autoridades competentes, según el caso. La
discusión que se ha planteado es de índole legal. El señalamiento de los
soportes financieros le corresponde precisarlo al funcionario administrativo,
de acuerdo con las normas vigentes. Cualquier determinación ilegal al respecto
es susceptible de controles contencioso administrativos e inclusive de tutela
si se comete una vía de hecho. Pero, ab-initio, no se puede, mediante la acción
de amparo, ordenarle al funcionario administrativo que escoja un determinado
procedimiento para equilibrar las cargas financieras. Al juez de tutela le interesa es que no se violen los derechos
fundamentales de las personas y la orden que se dé en el fallo debe apuntar en
tal sentido." (negrillas fuera de texto)
Considera esta Sala, que la accionante no
puede quedar perjudicada por la disposición que se pueda presentar entre
Entidades del Estado sobre si procede el bono pensional o se trata de cuota
parte. Por tanto, la orden a dar será la de que la Gobernación del Quindío
ponga en conocimiento del Instituto de Seguro Social si es que ya no lo ha
hecho, su criterio y que igualmente le comunique al Municipio de Armenia.
Asimismo, cumplido lo anterior el Instituto
de Seguro Social debe decidir a la mayor brevedad la petición de pensión a la
accionante.
Ya han transcurrido mas de 6 meses y la
tramitación de la solicitud debe urgentemente continuarse en el Instituto de
Seguro Social y para ello es indispensable que esa Institución conozca cual es
la posición de la Gobernación del Quindío.
La Corte ha manifestado en diversas
oportunidades que lo que se protege mediante tutela es el derecho a la
seguridad social en conexidad con derechos fundamentales como el derecho a la
igualdad, al debido proceso, al mínimo vital. Por lo tanto, la tutela en este caso
específico prospera en cuanto se ha afectado el derecho a la Seguridad Social
en conexidad con el derecho de petición.
III. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo
y por mandato de la Constitución
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR las sentencias objeto de revisión por las
razones expuestas en la parte motiva del presente fallo. En su lugar, CONCEDER
la tutela interpuesta por la señora LUZ MARY LOPEZ DE OROZCO por el derecho de
seguridad social en conexión con el derecho de petición.
SEGUNDO.  ORDENAR a la Gobernación del Quindío que en
el término de cuarenta y ocho (48) horas ponga en conocimiento del Instituto de
Seguro Social, si es que ya no lo ha hecho, su criterio respecto al soporte
financiero de la pensión de la señora LUZ MARY LOPEZ DE OROZCO y que igualmente
se le comunique al Municipio de Armenia. Una vez cumplido lo anterior, el
Instituto de Seguro Social decidirá la solicitud de pensión presentada por la
señora LUZ MARY LOPEZ DE OROZCO.
TERCERO. Por Secretaria, LÍBRESE la comunicación
prevista por el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Sentencia T-235 de 2002 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[2] Ibídem
[3] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[4] Ver sentencia T-1086/02, M.P. Rodrigo Escobar Gil  (En esta
ocasión la Corte tuteló el derecho de petición en materia de pensiones a una
persona que había interpuesto recurso de apelación contra la reliquidación de
su pensión de gracia sin que habiendo transcurrido cuatro meses hubiera
obtenido respuesta alguna. La Sala de Revisión señaló que tal solicitud se
debió haber respondido en 15 días.) En el mismo sentido ver la sentencia
T-795/02, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[5] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra