C-238-14
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Sentencia C-238/14
ACUERDO
ENTRE COLOMBIA Y LA INDIA PARA EVITAR DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR EVASION
FISCAL EN RELACION CON EL IMPUESTO DE RENTA-Se ajusta a la Constitución
Política, tanto en su aspecto formal como en su contenido material
La Corte
estima que en todo se ajusta a los preceptos constitucionales. Ello es así por
cuanto, de una parte, se han cumplido los requisitos procedimentales exigidos
por la Constitución y la ley para integrar el ordenamiento jurídico interno; y
de otra, los objetivos y el contenido del Acuerdo sometido a control
constitucional, que como quedó dicho, busca facilitar a los ciudadanos y
empresas de los países signatarios los instrumentos que les permitan no ser
sujetos de doble imposición tributaria por parte de ambos Estados, se avienen
sin dificultad al contenido de los preceptos superiores aplicables.
CONTROL
CONSTITUCIONAL DE LEY APROBATORIA DE TRATADO-Características/CONTROL
CONSTITUCIONAL DE LEY APROBATORIA DE TRATADO-Alcance
De
conformidad con lo establecido en el artículo 241 numeral 10 de la Constitución
Política, corresponde a la Corte el examen de constitucionalidad de los
tratados internacionales y de las leyes aprobatorias de los mismos. Según la
doctrina pacíficamente sostenida por este tribunal, dicho control se caracteriza
por ser (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero
posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii)
automático, pues la ley aprobatoria debe ser enviada directamente por el
Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis (6)
días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que
la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la
ley y del tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene
fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación
del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una
función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la
Constitución, como el cumplimiento de los compromisos internacionales del
Estado colombiano. En cuanto al control por
eventuales vicios de procedimiento que la Corte ejerce sobre los tratados
internacionales y las leyes que los aprueban, según lo prescrito en el artículo
241 numeral 10 superior, éste se dirige a examinar la validez de la
representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y
celebración del instrumento y la competencia de los funcionarios en la
negociación y firma del tratado, así como el cumplimiento de las reglas
relativas al trámite legislativo durante el estudio y aprobación del
correspondiente proyecto de ley en el Congreso de la República. Dada la
naturaleza especial de las leyes aprobatorias de tratados públicos, el
legislador no puede alterar el contenido de éstos introduciendo nuevas
cláusulas, pues su función consiste en aprobar o improbar la totalidad del
tratado. Si éste es multilateral, es posible hacer declaraciones
interpretativas, y, a menos que estén expresamente prohibidas, también se
pueden introducir reservas que no afecten el objeto y fin del tratado. En cuanto al examen de fondo, este consiste en juzgar las
disposiciones del texto del tratado internacional que se revisa y el de su ley
aprobatoria, respecto de la totalidad de las disposiciones del ordenamiento
superior, para determinar si se ajustan o no a la Constitución.
ACUERDO
ENTRE COLOMBIA Y LA INDIA PARA EVITAR DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR EVASION
FISCAL EN RELACION CON EL IMPUESTO DE RENTA-Revisión formal
TRATADO
INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Remisión a la Corte Constitucional
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y
LEY APROBATORIA-Negociación y celebración
ACUERDO
ENTRE COLOMBIA Y LA INDIA PARA EVITAR DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR EVASION
FISCAL EN RELACION CON EL IMPUESTO DE RENTA-Cumplimiento de los requisitos
constitucionales aplicables al trámite legislativo
El
proyecto agotó de manera satisfactoria los requisitos generales previstos en la
Constitución y en el reglamento del Congreso para la tramitación de un acto de
esta naturaleza. En efecto, este proyecto: (i) inició su trámite en el Senado
de la República (art. 154 Const.); (ii) fue publicado previamente al inicio del
proceso legislativo; (iii) fue aprobado tanto en primero como en segundo debate
en cada una de las dos cámaras que conforman el órgano legislativo, con el
quórum y las mayorías exigidas por la Constitución y el Reglamento, mediante
votación ordinaria pero unánime, según lo autorizado por la Ley 1431 de 2011;
(iv) en cada una de esas ocasiones, el debate y votación del proyecto fue
debidamente anunciado en una sesión diferente; (v) las ponencias, tanto en
comisiones como en las plenarias, fueron publicadas antes de iniciarse los
respectivos debates; (vi) entre el primero y segundo debate realizado en cada
cámara, así como entre la aprobación del proyecto en la plenaria del Senado y
la iniciación del trámite en la Cámara de Representantes, transcurrieron los
términos mínimos previstos en el texto constitucional (art. 160); (vii) fue
sancionado por el Presidente de la República una vez concluido el trámite
legislativo; (viii) fue enviado para su revisión de constitucionalidad a
esta Corte, dentro de los seis (6) días siguientes a la sanción presidencial.
Referencia: expediente LAT 422
Revisión de la Ley 1668 de julio 16 de 2013, “por
medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo entre el Gobierno de la República de
Colombia y la República de la India para evitar la doble imposición y prevenir
la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta’ y su ‘Protocolo’”,
suscritos en Nueva Delhi en mayo 13 de 2011
Magistrado ponente:
NILSON
PINILLA PINILLA
Bogotá, D. C.,
nueve (9) de abril de dos mil catorce (2014).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En julio 19 de 2013 la Secretaría Jurídica de la
Presidencia de la República hizo llegar a este tribunal, en cumplimiento de lo
ordenado en el numeral 10° del artículo 241 de la Constitución, copia auténtica
de la Ley 1668 de julio 16 de 2013, “por medio de la cual se aprueba el
Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y la República de la
India para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación
con el impuesto sobre la renta y su protocolo”, suscritos en Nueva
Delhi en mayo 13 de 2011.
Mediante
providencia de agosto 1° de 2013, el Magistrado sustanciador asumió el
conocimiento del presente asunto y solicitó oficiar a los Secretarios Generales
del Senado de la República y de la Cámara de Representantes para que enviaran
los antecedentes legislativos correspondientes.
Así mismo, requirió
al Ministerio de Relaciones Exteriores para que certificara sobre la persona
autorizada para la negociación y suscripción de este Acuerdo, los plenos
poderes de los cuales disponía para su celebración y si sus actos fueron
confirmados por el Presidente de la República.
Cumplido lo
anterior, mediante auto de octubre 3 de 2013 se dispuso comunicar el inicio de
este proceso de control constitucional al Presidente de la República, al
Presidente del Congreso, y a los Ministros de Relaciones Exteriores, de
Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, para los efectos
legales pertinentes. En la misma providencia se dispuso que por la Secretaría
General se procediera a la fijación en lista del proceso y se surtiera el
traslado al Procurador General de la Nación, para que presentara el concepto
correspondiente.
Cumplidos los
trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991, procede esta Corte a decidir
sobre la exequibilidad del Acuerdo y su Protocolo y de la ley que los aprueba.
II. TEXTO
DE LA NORMA REVISADA
El texto del “Acuerdo
entre el Gobierno de la República de Colombia y la República de la India para
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación con el
impuesto sobre la renta” y de su “Protocolo”, suscritos en Nueva
Delhi en mayo 13 de 2011 y de la ley aprobatoria objeto de revisión, son los
siguientes, según la publicación efectuada en el Diario Oficial Nº 48.853 de
julio 16 de 2013:
“LEY
1668 DE 2013
(julio
16)
por medio
de la cual se aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia
y la República de la India para evitar la doble imposición y para prevenir la
evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta” y su “Protocolo”, suscritos en Nueva Delhi, el
13 de mayo de 2011.
EL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Visto el
texto del “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y la República
de la India para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal
en relación con el impuesto sobre la renta” y su “Protocolo”, suscritos en
Nueva Delhi, el 13 de mayo de 2011.
(Para ser
transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa en castellano del Convenio y
el Protocolo certificados por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de
Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de
Relaciones Exteriores, documento que reposa en los archivos de ese Ministerio).
ACUERDO
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA DE LA INDIA PARA
EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PARA PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN RELACIÓN CON EL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
El Gobierno
de República de Colombia y la República de la India, la deseando (sic) concluir
un acuerdo para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en
relación con el impuesto sobre la renta y con el propósito de promover la cooperación
económica entre los dos países, han acordado lo siguiente:
I. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ACUERDO.
ARTÍCULO 1. PERSONAS COMPRENDIDAS.
El presente
Acuerdo se aplica a las personas residentes de uno o de ambos Estados
Contratantes.
ARTÍCULO 2. IMPUESTOS COMPRENDIDOS.
1. El
presente Acuerdo se aplica a los impuestos sobre la renta exigibles por cada
uno de los Estados Contratantes o por sus subdivisiones políticas o entidades
locales o territoriales, cualquiera que sea el sistema de exacción.
2. Se
consideran impuestos sobre la renta los que gravan la totalidad de la renta o
cualquier parte de la misma, incluidos los impuestos sobre las ganancias
derivadas de la enajenación de bienes muebles o inmuebles, y los impuestos
sobre los importes totales de los sueldos o salarios pagados por las empresas.
3. Los
impuestos actuales a los que se aplica este Acuerdo son, en particular:
a) en
Colombia, el Impuesto sobre la Renta y Complementarios; (en adelante denominado
“Impuesto colombiano”) y
b) en la
India, el impuesto sobre la renta, incluyendo cualquier cargo sobre el mismo;
(en adelante denominado el “Impuesto indio”)
4. El
Acuerdo se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o análoga
que se establezcan con posterioridad a la fecha de la firma del mismo, y que se
añadan a los actuales o les sustituyan. Las autoridades competentes de los
Estados Contratantes se comunicarán mutuamente, las modificaciones
significativas que se hayan introducido en sus respectivas legislaciones
fiscales.
II. DEFINICIONES.
ARTÍCULO 3. DEFINICIONES GENERALES.
1. A los efectos del presente Acuerdo, a menos que de su contexto se infiera una
interpretación diferente:
a) el
término “Colombia” significa la República de Colombia y, utilizado en sentido
geográfico comprende además del territorio continental, el archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Isla de Malpelo y demás islas,
islotes, cayos, morros, y bancos que le pertenecen, así como el espacio aéreo y
el mar territorial sobre el cual tiene soberanía o derechos de soberanía o
jurisdicción, de conformidad con las leyes internas y el derecho internacional,
incluyendo los tratados internacionales aplicables;
b) el
término “India” significa el territorio de la India e incluye el mar
territorial y el espacio aéreo sobre él, así como cualquier otra zona marítima
en la cual la India tenga derechos de soberanía, otros derechos y jurisdicción,
de acuerdo con la legislación india en concordancia con el derecho
internacional, incluyendo el convenio de la ONU sobre la legislación del mar;
c) el
término “un Estado Contratante” y “el otro Estado Contratante” significan,
según lo requiera el contexto, la República de la India o la República de
Colombia;
d) el
término “persona” comprende una persona natural, una sociedad, una agrupación
de personas y cualquier otra entidad que sea tratada como una entidad gravable
conforme a la legislación fiscal vigente en los Estados Contratantes
respectivos;
e) el
término “sociedad” significa cualquier persona jurídica o cualquier entidad que
se considere persona jurídica para efectos impositivos;
f) el
término “empresa” se aplica a la explotación de cualquier actividad o negocio;
g) las
expresiones “empresa de un Estado Contratante” y “empresa del otro Estado
Contratante” significan, respectivamente, una empresa explotada por un
residente de un Estado Contratante y una empresa explotada por un residente del
otro Estado Contratante;
h) la
expresión “tráfico internacional” significa todo transporte efectuado por un
buque o aeronave explotada por una empresa de un Estado Contratante, salvo
cuando el buque o aeronave sea explotado entre puntos situados en el otro
Estado Contratante;
i) la
expresión “autoridad competente” significa:
(i) en
Colombia, el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su representante
autorizado;
(ii) en la
India: the Finance
Minister, Government of India, o
un representante autorizado;
j) el
término “nacional” significa:
(i) toda
persona natural que posea la nacionalidad de un Estado Contratante;
(ii) toda
persona jurídica, sociedad de personas -partnership- o asociación constituida
conforme a la legislación vigente en un Estado Contratante;
k) El
término “impuesto” significa el impuesto indio o colombiano, según lo requiera
el contexto, pero sin incluir cualquier monto que se pague respecto de
cualquier incumplimiento u omisión en relación con los impuestos a los cuales
aplica este Acuerdo o que represente una sanción o murta impuesta en relación
con esos impuestos;
l) el
término “ejercicio fiscal” significa:
(i) en el
caso de Colombia: el año que comienza el 1º día de enero y termina el 31 de
diciembre.
(ii) en el
caso de la India; el ejercicio financiero que comienza el 1º día de abril y
termina el 31 de marzo.
2. Para la
aplicación del Acuerdo en cualquier momento por un Estado Contratante, todo
término o expresión no definida en el mismo tendrá, a menos que de su contexto
se infiera una interpretación diferente, el significado que en ese momento le
atribuya la legislación de ese Estado relativa a los impuestos que son objeto
del convenio, prevaleciendo el significado atribuido por la legislación fiscal
sobre el que resultaría de otras ramas del derecho de ese Estado.
ARTÍCULO 4o. RESIDENTE.
1. A los efectos de este Acuerdo, la expresión “residente de un Estado Contratante”
significa toda persona que en virtud de la legislación de ese Estado, esté
sujeta a imposición en el mismo en razón de su domicilio, residencia, sede de
dirección, lugar de constitución o cualquier otro criterio de naturaleza
análoga, incluyendo también a ese Estado y a sus subdivisiones políticas o
entidades locales. Esta expresión no incluye, sin embargo, a las personas que
estén sujetas a imposición en ese Estado exclusivamente por la renta que
obtengan de fuentes situadas en el citado Estado.
2. Cuando,
en virtud de las disposiciones del apartado 1, una persona natural sea
residente de ambos Estados Contratantes, su situación se resolverá de la
siguiente manera:
a) dicha
persona será considerada residente sólo del Estado donde tenga una vivienda
permanente a su disposición; si tuviera vivienda permanente a su disposición en
ambos Estados, se considerará residente sólo del Estado con el que mantenga
relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales);
b) si no
pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene el centro de sus
intereses vitales o si no tuviera una vivienda permanente a su disposición en
ninguno de los Estados, se considerará residente sólo del Estado donde viva
habitualmente;
c) si
viviera habitualmente en ambos Estados, o no lo hiciera en ninguno de ellos, se
considerará residente solamente del Estado del que sea nacional;
d) si fuera
nacional de ambos Estados, o no lo fuera de ninguno de ellos, las autoridades
competentes de los Estados Contratantes procurarán resolver el caso de común
acuerdo.
3. Cuando
en virtud de las disposiciones del apartado 1 una persona, que no sea persona
natural, sea residente de ambos Estados Contratantes, las autoridades
competentes de los Estados Contratantes procurarán resolver la cuestión de
común acuerdo. En ausencia de acuerdo mutuo, dicha persona no se considerará
residente de ninguno de los Estados Contratantes para efectos del disfrute de
los beneficios otorgados por este Acuerdo.
ARTÍCULO 5o. ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.
1. A los efectos de este Acuerdo, la expresión “establecimiento permanente” significa un
lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su
actividad.
2. La
expresión “establecimiento permanente” comprende, entre otros:
a) las
sedes de dirección;
b) las
sucursales;
c) las
oficinas;
d) las
fábricas;
e) los
talleres;
f) un punto
de ventas;
g) un
depósito en relación con el cual una persona presta instalaciones de
almacenamiento para otros;
h) una
granja, plantación u otro lugar donde son llevadas a cabo actividades de
agricultura, silvicultura o forestales, plantaciones o actividades relacionadas
con ellas;
i) una
mina, un pozo de petróleo o gas, una cantera o cualquier otro lugar de extracción
de recursos naturales; y
j) una
instalación o estructura utilizada para la explotación de recursos naturales
siempre y cuando las actividades continúen por más de seis meses.
3. La
expresión “establecimiento permanente” también incluye:
a) una obra
o proyecto de construcción, instalación o montaje, o las actividades de
supervisión relacionadas con ellas, sólo cuando dicha obra, proyecto o
actividad tenga una duración superior a seis meses, y
b) la
prestación de servicios por una empresa, incluidos los servicios de
consultoría, a través de empleados u otro personal encomendados por la empresa
para ese fin, pero sólo cuando las actividades de esa naturaleza (para el mismo
proyecto o un proyecto relacionado) continúen en el país durante un período o
períodos que en total sumen más de seis meses, dentro de un período cualquiera
de 12 meses
4. No
obstante las disposiciones anteriores de este artículo, se considera que la
expresión “establecimiento permanente” no incluye.
a) la
utilización de instalaciones con el único fin de almacenar o exponer bienes o
mercancías pertenecientes a la empresa;
b) el
mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa
con el único fin de almacenarlas o exponerlas;
c) el
mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa
con el único fin de que sean transformadas por otra empresa;
d) el
mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de comprar bienes o
mercancías, o de recoger información, para la empresa;
e) el
mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar para la
empresa, cualquier otra actividad de carácter auxiliar o preparatorio;
f) el
mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar
cualquier combinación de las actividades mencionadas en los subapartados a) a
e), a
condición de que el conjunto de la actividad del lugar fijo de negocios que
resulte de esa combinación conserve su carácter auxiliar o preparatorio.
5. No
obstante las disposiciones de los apartados 1 y 2, cuando una persona, distinta
de un agente que goce de un estatuto independiente, al cual se le aplica el
apartado 7, actúe en un Estado Contratante por cuenta de una empresa del otro
Estado Contratante, se considerará que esta empresa tiene un establecimiento
permanente en el Estado Contratante mencionado en primer lugar con respecto a
cualquier actividad que dicha persona realice para la empresa, si dicha
persona:
a) ostente
y ejerza habitualmente en ese Estado poderes para concluir contratos en nombre
de la empresa, a menos que las actividades de esta persona se limiten a las
mencionadas en el apartado 4 que, de haber sido ejercidas por medio de un fugar
(sic) fijo de negocios, no se hubiera considerado este lugar fija (sic)
de negocios como un establecimiento permanente, conforme a las disposiciones
de ese apartado, o
b) no
ostente dichos poderes, pero habitualmente mantenga en el Estado mencionado en
primer lugar, existencias de bienes o mercancías con las que regularmente
efectúe entregas de bienes o mercancías a nombre de la empresa;
c)
habitualmente obtenga pedidos en el Estado mencionado en primer lugar, total o
casi totalmente para la misma empresa.
6. No obstante
las disposiciones anteriores de este artículo, se considera que una empresa
aseguradora residente de un Estado Contratante tiene, salvo por lo que respecta
a los reaseguros, un establecimiento permanente en el otro Estado Contratante
si recauda primas en el territorio de este otro Estado o sí asegura riesgos
situados en él por medio de una persona distinta de un agente independiente al
que se aplique el párrafo 7.
7. No se
considera que una empresa tiene un establecimiento permanente en un Estado contratante
por el mero hecho de que realice sus actividades en ese Estado por medio de un
corredor, un comisionista general o cualquier otro agente independiente,
siempre que dichas personas actúen dentro del marco ordinario de su actividad.
No obstante, cuando ese agente realice todas o casi todas sus actividades en
nombre de tal empresa, no será considerado como agente independiente en el
sentido del presente apartado.
8. El hecho
de que una sociedad residente de un Estado Contratante controle o sea controlada
por una sociedad residente del otro Estado Contratante, o que realice
actividades empresariales en ese otro Estado (ya sea por medio de un
establecimiento permanente o de otra manera), no convierte por sí solo a
cualquiera de estas sociedades en establecimiento permanente de la otra.
III. IMPOSICIÓN A LAS RENTAS.
ARTÍCULO 6. RENTAS
DE BIENES INMUEBLES.
1. Las
rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga de bienes inmuebles
(incluidas las rentas de explotaciones agrícolas, forestales o silvícolas)
situados en el otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese
otro Estado.
2. La
expresión “bienes inmuebles” tendrá el significado que le atribuya el derecho
del Estado Contratante en que los bienes estén situados. Dicha expresión
incluye en todo caso los bienes accesorios a los bienes inmuebles, el ganado y
el equipo utilizado en explotaciones agrícolas, forestales o silvícolas, los
derechos a los que sean aplicables las disposiciones de derecho privado relativas
a los bienes raíces, el usufructo de bienes inmuebles y el derecho a percibir
pagos variables o fijos en contraprestación por la explotación o la concesión
de la explotación de yacimientos minerales, fuentes y otros recursos naturales.
Los buques o aeronaves no se considerarán bienes inmuebles.
3. Las
disposiciones del apartado 1 son aplicables a las rentas derivadas de la
utilización directa, el arrendamiento o aparcería, así como cualquier otra
forma de explotación de los bienes inmuebles.
4. Las
disposiciones de los apartados 1 y 3 se aplican igualmente a las rentas
derivadas de los bienes inmuebles de una empresa y de los bienes inmuebles
utilizados para la prestación de servicios personales independientes.
ARTÍCULO 7. UTILIDADES EMPRESARIALES.
1. Las
utilidades de una empresa de un Estado Contratante solamente pueden someterse a
imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice su actividad en e) (sic)
otro Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente situado
en él. Si la empresa realiza su actividad de dicha manera, las utilidades de la
empresa pueden someterse a imposición en el otro Estado, pero sólo en la medida
en que sean imputables a ese establecimiento permanente.
2. Sin
perjuicio de las disposiciones del apartado 3, cuando una empresa de un Estado
Contratante realice su actividad en el otro Estado Contratante por medio de un
establecimiento permanente situado en él, en cada Estado contratante se
atribuirán a dicho establecimiento permanente las utilidades que este hubiera
podido obtener de ser una empresa distinta y separada que realizase actividades
idénticas o similares, en las mismas o análogas condiciones y tratase con total
independencia con la empresa de la que es establecimiento permanente.
3. Para la
determinación de las utilidades del establecimiento permanente se permitirá la
deducción de los gastos realizados para los fines del establecimiento
permanente, incluyéndose los gastos de dirección y generales de administración
para los mismos fines, tanto si se efectúan en el Estado en que se encuentre el
establecimiento permanente como en otra parte, de acuerdo con las
disposiciones, requisitos, condiciones y limitaciones de la legislación fiscal
de ese Estado.
4. Mientras
sea usual en un Estado Contratante determinar las utilidades imputables a un
establecimiento permanente sobre la base de un reparto de las utilidades
totales de la empresa entre sus diversas partes, lo establecido en el apartado
2 no impedirá que ese Estado Contratante determine de esta manera las
utilidades imponibles; sin embargo, el método de reparto adoptado habrá de ser
tal que el resultado obtenido sea conforme a los principios contenidos en este
artículo.
5. No se
atribuirán utilidades a un establecimiento permanente por la simple compra de
bienes o mercancías para la empresa.
6. A efectos de los apartados anteriores, las utilidades imputables al establecimiento
permanente se calcularán cada año utilizando el mismo método, a no ser que
existan motivos válidos y suficientes para proceder de otra forma.
7. Cuando
las utilidades comprendan rentas reguladas separadamente en otros artículos de
este Acuerdo, las disposiciones de dichos artículos no quedarán afectadas por
las del presente artículo.
ARTÍCULO 8. TRANSPORTE MARÍTIMO Y AÉREO.
1. Las
utilidades de una empresa de un Estado Contratante procedentes de la
explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional sólo pueden
someterse a imposición en ese Estado.
2. Para los
fines de este artículo, el término “utilidades” hace referencia a aquellas que
se deriven directamente de la explotación de naves o aeronaves en tráfico
internacional, y
3. Las
utilidades obtenidas por una empresa de transporte, que es residente de un
Estado Contratante, por el uso, mantenimiento o arrendamiento de contenedores
(incluyendo remolques y otro equipo para el transporte de contenedores),
utilizados para transportar bienes o mercancías en tráfico internacional, que
es complementario o accesorio a la explotación de sus buques o aeronaves en el
tráfico internacional sólo puede someterse a imposición en ese Estado
Contratante, a menos que los contenedores sean utilizados únicamente dentro del
otro Estado Contratante
4. Para
efectos del presente Artículo, el interés sobre inversiones directamente
relacionadas con la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional
será considerado como utilidades derivadas de la explotación de dichos buques o
aeronaves, si son parte integrante de la realización de dicha actividad
empresarial, y las disposiciones del Artículo 11  no aplicarán con respecto a
dicho interés.
5. Las
disposiciones del apartado 1 son también aplicables a las utilidades
procedentes de la participación en un consorcio “pool”, en una explotación en común
o en una agencia de explotación internacional.
ARTÍCULO 9. EMPRESAS ASOCIADAS.
1. Cuando
a) una
empresa de un Estado Contratante participe directa o indirectamente en la
dirección, el control o el capital de una empresa del otro Estado Contratante,
o
b) unas
mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control
o el capital de una empresa de un Estado Contratante y de una empresa del otro
Estado Contratante, y en uno y otro caso las dos empresas estén, en sus
relaciones comerciales o financieras, unidas por condiciones aceptadas o
impuestas que difieran de las que serían acordadas por empresas independientes,
las utilidades que habrían sido obtenidas por una de las empresas de no existir
dichas condiciones, y que de hecho no se han realizado a causa de las mismas,
podrán incluirse en las utilidades de esa empresa y someterse a imposición en
consecuencia.
2. Cuando
un Estado Contratante incluya en las utilidades de una empresa de ese Estado - y,
en consecuencia, grave -, las de una empresa del otro Estado que ya han sido
gravadas por este segundo Estado, y estas utilidades así incluidas son las que
habrían sido realizadas por la empresa del Estado mencionado en primer lugar si
las condiciones convenidas entre las dos empresas hubieran sido las acordadas
entre empresas independientes, ese otro Estado practicará el ajuste
correspondiente de la cuantía del impuesto que ha percibido sobre esas
utilidades. Para determinar dicho ajuste se tendrán en cuenta las demás
disposiciones de este Acuerdo y las autoridades competentes de los Estados
Contratantes se consultarán en caso necesario.
ARTÍCULO 10. DIVIDENDOS.
1. Los
dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado Contratante a un
residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro
Estado.
2. Sin
embargo, dichos dividendos pueden también someterse también (sic) a
imposición en el Estado Contratante en que resida la sociedad que paga los
dividendos y según la legislación de este Estado, pero si el beneficiario
efectivo de los dividendos es un residente del otro Estado Contratante, el
impuesto así exigido no podrá exceder del 5% del importe bruto de los
dividendos. Este apartado no afecta a la imposición de la sociedad respecto de
las utilidades con cargo a las cuales se pagan los dividendos.
3. El
término “dividendos” en el sentido de este artículo significa las rentas de las
acciones u otros derechos, excepto los de crédito, que permitan participar en
las utilidades, así como las rentas de otras participaciones sociales sujetos
al mismo régimen tributario que las rentas de las acciones por la legislación
del Estado de residencia de la sociedad que hace la distribución.
4. Las
disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario
efectivo de los dividendos, residente de un Estado Contratante, realiza en el
otro Estado Contratante, del que es residente la sociedad que paga los
dividendos, una actividad empresarial a través de un establecimiento permanente
situado allí, o presta en ese otro Estado servicios personales independientes
por medio de una base fija situada allí, y la participación que genera los
dividendos está vinculada efectivamente a dicho establecimiento permanente o
base fija. En tal caso, son aplicables las disposiciones del artículo 7 o del artículo 14, según
proceda.
5. Cuando
una sociedad residente de un Estado Contratante obtenga utilidades o rentas
procedentes del otro Estado Contratante, ese otro Estado no podrá exigir
impuesto alguno sobre los dividendos pagados por la sociedad, salvo en la
medida en que esos dividendos se paguen a un residente de ese otro Estado o la
participación que genera los dividendos esté vinculada efectivamente a un
establecimiento permanente o a una base fija situados en ese otro Estado, ni
tampoco someter las utilidades no distribuidas de la sociedad a un impuesto
sobre las mismas, aunque los dividendos pagados o las utilidades no
distribuidas consistan, total o parcialmente, en utilidades o rentas
procedentes de ese otro Estado.
ARTÍCULO 11. INTERESES.
1. Los
intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente del
otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. Sin
embargo, dichos intereses pueden someterse también a imposición en el Estado
Contratante del que procedan y según la legislación de ese Estado, pero si el
beneficiario efectivo de los interesen (sic) es un residente del otro
Estado Contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del 10% del
importe bruto de los intereses.
3. No
obstante las disposiciones del apartado 2, los intereses procedentes de un
Estado contratante cuyo beneficiario efectivo sea:
a) el
Gobierno, una subdivisión política o una entidad local o territorial del otro
Estado contratante, o
b) (i) en
el caso de Colombia, el Banco de la República, y Bancóldex; y
(ii) en el
caso de la India, el Reserve Bank of India, y el Export-Import Bank of India; o
c)
cualquier otra institución que pueda ser acordada entre las autoridades
competentes de los Estados contratantes a través del intercambio de notas, no
serán gravados en el Estado de donde procedan los intereses.
4. El
término “intereses”, en el sentido de este artículo significa las rentas de
créditos de cualquier naturaleza, con o sin garantía hipotecaria o cláusula de
participación en las utilidades del deudor, y en particular, las rentas de
valores públicos y las rentas de bonos y obligaciones, incluidas las primas y
premios unidos a estos títulos así como las rentas que son tratadas como
intereses bajo la legislación del Estado Contratante de donde procedan estas
rentas. Las penalizaciones por mora en el pago no se consideran intereses a
efectos del presente artículo.
5. Las
disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario
efectivo de los intereses, residente de un Estado Contratante, realiza en el
otro Estado Contratante, del que proceden los intereses, una actividad
empresarial por medio de un establecimiento permanente situado allí, o presta
servicios personales independientes por medio de una base fija situada allí, y
el crédito que genera los intereses está vinculado efectivamente a dicho establecimiento
permanente o base fija. En tal caso, son aplicables las disposiciones del
artículo 7 o del artículo 14, según proceda.
6. Los
intereses se consideran procedentes de un Estado Contratante cuando el deudor
sea un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los intereses,
sea o no residente de un Estado Contratante, tenga en un Estado Contratante un
establecimiento permanente o una base fija en relación con el cual se haya
contraído la deuda por la que se pagan los intereses, y estos últimos son
soportados por el establecimiento permanente o la base fija, dichos intereses
se considerarán procedentes del Estado Contratante en que estén situados el
establecimiento permanente o la base fija.
7. Cuando
en razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el
beneficiario efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el
importe de los intereses exceda, habida cuenta del crédito por el que se
paguen, el importe que hubiera convenido el deudor y el acreedor en ausencia de
tales relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplicarán más que a
este último importe. En tal caso, la cuantía en exceso podrá someterse a
imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado Contratante, teniendo
en cuenta las demás disposiciones de este Acuerdo.
ARTÍCULO 12. REGALÍAS Y REMUNERACIONES POR SERVICIOS TÉCNICOS.
1. Las
regadas o remuneraciones por servicios técnicos procedentes de un Estado
Contratante y pagadas a un residente del otro Estado Contratante pueden
someterse a imposición en ese otro Estado.
2. Sin
embargo, tales regalías o remuneraciones por servicios técnicos pueden también
someterse a imposición en el Estado Contratante del que procedan y de acuerdo
con la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de las
regalías o remuneraciones por servicios técnicos es residente del otro Estado
Contratante, el impuesto así exigido no puede exceder del 10% por ciento del
importe bruto de las regalías o remuneraciones por servicios técnicos
3. (a) El
término “regalías” en el sentido de este artículo significa las cantidades de
cualquier clase pagadas por el uso, o la concesión del uso, de derechos de
autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas
cinematográficas o cintas utilizadas para televisión o radiodifusión, de
patentes, marcas, diseños o modelos, planos, fórmulas o procedimientos
secretos, o por el uso o derecho al uso, de equipos industriales, comerciales o
científicos, o por informaciones relativas a experiencias industriales,
comerciales o científicas.
(b) El
término “remuneraciones por servicios técnicos”, tal como se utiliza en el
presente artículo significa los pagos de cualquier clase, distintos de los
mencionados en los artículos 14 y 15 de
este Acuerdo, como contraprestación por servicios gerenciales o servicios
técnicos o servicios de consultaría o asistencia técnica.
4. Las
disposiciones de los apartados 1 y 2, no son aplicables si el beneficiario
efectivo de las regalías o de las remuneraciones por servicios técnicos,
residente de un Estado Contratante, realiza en el Estado Contratante del que
proceden las regalías o las remuneraciones por servicios técnicos una actividad
empresarial por medio de un establecimiento permanente situado allí, o presta
servicios personales independientes por medio de una base fija situada allí, y
si el bien o el derecho por el que se pagan las regalías o las remuneraciones
por servicios técnicos está vinculado efectivamente a dicho establecimiento
permanente o base fija. En tal caso son aplicables las disposiciones del
artículo 7 o del artículo 14, según proceda.
5. (a) Las
regalías o las remuneraciones por servicios técnicos se consideran procedentes
de un Estado Contratante cuando el deudor es ese mismo Estado, una subdivisión
política o entidad local o territorial, o un residente de ese Estado. Sin
embargo, cuando el deudor de las regalías o las remuneraciones por servicios
técnicos, sea o no residente de un Estado Contratante, tenga en uno de los
Estados Contratantes un establecimiento permanente o una base fija en relación
con el cual se haya contraído la obligación de pago de las regalías o de las
remuneraciones por servicios técnicos y dicho establecimiento permanente o base
fija soporte el pago de las mismas, las regalías o las remuneraciones por
servicios técnicos se considerarán procedentes del Estado contratante donde
esté situado el establecimiento permanente o la base fija.
(b) Cuando
en virtud del subapartado (a) las regalías o remuneraciones por servicios
técnicos no provengan de uno de los Estados contratantes, y las regalías estén
relacionadas con el uso o el derecho al uso de derechos o bienes, o con remuneraciones
por servicios técnicos relacionados con servicios prestados, en uno de los
Estados contratantes, las regalías o remuneraciones por servicios técnicos se
considerarán provenientes de ese Estado contratante.
6. Cuando
por las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario
efectivo, o por las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de las
regalías o de las remuneraciones por servicios técnicos, habida cuenta del uso,
derecho o información por los que se pagan, exceda del que habrían convenido el
deudor y el beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones, las
disposiciones de este artículo no se aplicarán más que a este último importe.
En tal caso, la cuantía en exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con
la legislación de cada Estado Contratante, teniendo en cuenta las demás
disposiciones de este Acuerdo.
ARTÍCULO 13. GANANCIAS DE CAPITAL.
1. Las
ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga de la enajenación
de bienes inmuebles tal como se definen en el artículo 6 situados en el otro Estado
Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. Las
ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que formen parte del
activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado
Contratante tenga en el otro Estado Contratante, o de bienes muebles que
pertenezcan a una base fija que un residente de un Estado Contratante tenga en
el otro Estado Contratante para la prestación de servicios personales
independientes, incluyendo las ganancias derivadas de la enajenación de dicho
establecimiento permanente (sólo o con el conjunto de la empresa) o de dicha
base fija, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
3. Las
ganancias derivadas de la enajenación de buques o aeronaves explotadas en
tráfico internacional, o de bienes muebles afectos a la explotación de dichos
buques o aeronaves, sólo pueden someterse a imposición en el Estado Contratante
donde resida el enajenante.
4. Las
ganancias que un residente de un Estado contratante obtenga de la enajenación
de acciones u otras participaciones sociales representativas del capital de una
sociedad cuyo capital social consista principalmente (más del 50% del valor
total de los activos de la sociedad), directa o indirectamente, de bienes
inmuebles situados en un Estado Contratante, pueden someterse a imposición en
ese Estado.
5. Las
ganancias de la enajenación de acciones de una sociedad residente de un Estado
contratante, deferentes de las mencionadas en el apartado 4, pueden someterse a
imposición en ese Estado.
6. Las
ganancias derivadas de la enajenación de cualquier bien distinto de los
mencionados en los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 sólo pueden someterse a imposición
en el Estado Contratante en el que resida el enajenante.
ARTÍCULO 14. SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES.
1. Las
rentas que obtenga una persona natural residente de un Estado Contratante respecto
de servicios profesionales u otras actividades de carácter independiente sólo
pueden someterse a imposición en ese otro (sic) Estado Contratante
excepto en las siguientes circunstancias en las que dichas rentas también
pueden ser gravadas en el otro Estado Contratante:
a) si la
persona tiene en el otro Estado Contratante una base fija regularmente
disponible para el desempeño de sus actividades; en tal caso, únicamente puede
someterse a imposición en este otro Estado la parte de las rentas que sean
atribuibles a esa base fija;
b) si la
persona permanece en el otro Estado Contratante por un periodo o períodos que
en total sumen o que excedan de 183 días, dentro de un período cualquiera de
doce meses que comience o termine durante el año gravable considerado; en tal
caso, únicamente pueden someterse a imposición en ese otro Estado la parte de
las rentas obtenidas de las actividades desempeñadas en ese otro Estado.
2. El
término “servidos profesionales” comprende especialmente las actividades
independientes de carácter científico, literario, artístico, educativo o
pedagógico, así como las actividades independientes de médicos, abogados,
ingenieros, arquitectos, cirujanos, odontólogos y contadores.
ARTÍCULO 15. SERVICIOS PERSONALES DEPENDIENTES.
1. Sin
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 16, 18, 19, 20 y 21 los sueldos,
salarios y otras remuneraciones similares obtenidas por un residente de un
Estado Contratante en razón de un trabajo dependiente sólo pueden someterse a
imposición en ese Estado, a no ser que el empleo se desarrolla en el otro
Estado Contratante. Si el trabajo dependiente se desarrolla en este último
Estado, las remuneraciones derivadas del mismo pueden someterse a imposición en
él.
2. No
obstante lo dispuesto en el apartado 1, las remuneraciones obtenidas por un
residente de un Estado Contratante en razón de un trabajo dependiente realizado
en el otro Estado Contratante solo pueden someterse a imposición en el Estado
mencionado en primer lugar si:
a) el
perceptor permanece en el otro Estado durante un período o períodos cuya
duración no exceda en conjunto de 183 días en cualquier período de doce meses
que comience o termine en el año fiscal considerado, y
b) las
remuneraciones son pagadas por, o en nombre de un empleador que no sea
residente del otro Estado, y
c) las
remuneraciones no son soportadas por un establecimiento permanente o una base
fija que el empleador tenga en el otro Estado.
3. No
obstante las disposiciones precedentes de este artículo, las remuneraciones
obtenidas en razón de un empleo realizado a bordo de un buque o aeronave
explotados en tráfico internacional, por una empresa de un Estado contratante
podrán someterse a imposición en ese Estado.
ARTÍCULO 16. REMUNERACIONES EN CALIDAD DE CONSEJERO.
Las
remuneraciones en calidad de consejero y otras retribuciones similares que un
residente de un Estado Contratante obtenga como miembro de un directorio,
consejo de administración o de vigilancia o un órgano similar, de una sociedad
residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro
Estado.
ARTÍCULO 17. ARTISTAS Y DEPORTISTAS.
1. No
obstante lo dispuesto en los artículos 14 y 15, las rentas que un residente de
un Estado Contratante obtenga del ejercicio de sus actividades personales en el
otro Estado Contratante en calidad de artista del espectáculo, tal como actor
de teatro, cine, radio o televisión, o músico, o como deportista, pueden someterse
a imposición en ese otro Estado. Las rentas a que se refiere este apartado
incluyen las rentas que dicho residente obtenga de cualquier actividad personal
ejercida en el otro Estado Contratante relacionada con su reputación como
artista o deportista.
2. No
obstante lo depuesto en los artículos 7, 14 y 15, cuando las rentas derivadas
de las actividades personales de los artistas del espectáculo o los
deportistas, en esa calidad, se atribuyan no ya al propio artista del
espectáculo o deportista sino a otra persona, dichas rentas pueden someterse a
imposición en el Estado Contratante donde se realicen las actividades del
artista del espectáculo o del deportista.
3. Las
disposiciones de los apartados 1 y 2, no serán aplicables a las rentas
provenientes de actividades realizadas en un Estado Contratante por artistas
del espectáculo o deportistas, si las actividades se encuentran totalmente
financiadas por fondos públicos de uno o de ambos Estados Contratantes o
subdivisiones políticas o entidades locales o territoriales de los mismos. En
ese caso, la rentas solo pueden someterse a imposición en el Estado Contratante
del que sea residente el artista o deportista.
ARTÍCULO 18. PENSIONES.
Sin
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 19, las pensiones y
demás remuneraciones similares pagadas a un residente de un Estado Contratante
por un trabajo dependiente anterior sólo pueden someterse a imposición en ese
Estado.
ARTÍCULO 19. FUNCIONES
PÚBLICAS.
1. a) Los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares, excluidas las pensiones,
pagadas por un Estado Contratante o por una de sus subdivisiones políticas o
entidades locales o territoriales a una persona natural por los servicios
prestados a ese Estado o a esa subdivisión o entidad, sólo pueden someterse a
imposición en ese Estado.
b) Sin
embargo, dichos sueldos, salarios y remuneraciones sólo pueden someterse a
imposición en el otro Estado Contratante si los servicios se prestan en ese
Estado y la persona natural es un residente de ese Estado que:
(i) es
nacional de ese Estado; o
(ii) no ha
adquirido la condición de residente de ese Estado solamente para prestar los
servicios.
2. a) Cualquier pensión pagada por, o proveniente de fondos creados por un Estado
contratante o una subdivisión política o una entidad local o territorial del
mismo, a una persona natural por los servicios prestados a ese Estado o
subdivisión o entidad, sólo podrán someterse a imposición en ese Estado.
b) No
obstante, dicha pensión sólo será gravada en el otro Estado contratante si la
persona es residente y nacional de ese Estado.
3. Lo
dispuesto en los artículos 15, 16 17 y 18 se
aplica a los sueldos, salarios, pensiones, y otras remuneraciones similares,
pagados por los servicios prestados en el marco de una actividad o negocio
realizado por un Estado Contratante o por una subdivisión política o una
entidad local o territorial del mismo.
ARTÍCULO 20. PROFESORES,
MAESTROS E INVESTIGADORES ESCOLARES.
1. Un
profesor, maestro o investigador escotar que sea o haya sido residente de un
Estado Contratante inmediatamente antes de visitar el otro Estado Contratante,
con el propósito de enseñar o realizar investigaciones, o ambos, en una
universidad, colegio u otra institución similar acreditada en ese otro Estado
Contratante, no será sujeto a imposición en ese otro Estado sobre cualquier
remuneración derivada de dicha enseñanza o investigación por un periodo que no
exceda de dos años desde la fecha en que llegó por primera vez a ese otro
Estado.
2. Este
Artículo aplicará a las rentas derivadas de investigaciones únicamente si
dichas investigaciones son efectuadas por una persona natural para el interés
público y no principalmente para el beneficio de una persona o personas
privadas.
3. Para
efectos del presente Artículo, una persona natural se considerará residente de
un Estado Contratante, si es residente de ese Estado en el ejercicio fiscal en
el cual visita el otro Estado Contratante o en el ejercicio fiscal
inmediatamente anterior.
ARTÍCULO 21. ESTUDIANTES.
1. Las
cantidades que reciba para cubrir sus gastos de manutención, estudios o
capacitación un estudiante que sea, o haya sido inmediatamente antes de llegar
a un Estado Contratante residente del otro Estado Contratante y que se
encuentre en el Estado mencionado en primer lugar con el único fin de proseguir
sus estudios o capacitación, no pueden someterse a imposición en ese Estado
siempre que procedan de fuentes situadas fuera de ese Estado.
2. Los
beneficios del presente Artículo se extenderán solamente por un período de
tiempo que sea razonable o que normalmente se requiera para completar la
educación o formación, pero en ningún caso una persona natural tendrá a los
beneficios de este Artículo por más de seis años consecutivos, a partir de la
fecha de llegada por primera vez a ese otro Estado.
ARTÍCULO 22. OTRAS RENTAS.
1. Las
rentas de un residente de un Estado Contratante, cualquiera que fuese su
procedencia, no mencionadas en los artículos anteriores de este Acuerdo
únicamente estarán sujetas a imposición en ese Estado.
2. Lo
dispuesto en el apartado 1 no es aplicable a las rentas, distintas de las
derivadas de la propiedad inmobiliaria en el sentido del apartado 2 del
Artículo 6, cuando el beneficiario de dichas rentas, residente de un Estado
contratante, realice en el otro Estado contratante una actividad o un negocio
por medio de un establecimiento permanente situado en ese otro Estado, o
realiza en ese otro Estado servicios personales independientes desde una base
fija situada allí, y el derecho o bien por el que se pagan las rentas esté
vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente o base fija. En tal
caso son aplicables las disposiciones del Artículo 7 o artículo 14, según
proceda.
3. No
obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, las rentas de un residente de un
Estado contratante no mencionadas en los artículos anteriores de este Acuerdo y
que provengan del otro Estado Contratante también podrán someterse a imposición
en ese otro Estado.
IV. ELIMINACIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN.
ARTÍCULO 23. MÉTODOS PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN.
La doble
imposición se eliminará de la siguiente manera:
1. En
Colombia:
a) Cuando
un residente de Colombia obtenga rentas que, con arreglo a las disposiciones de
este Convenio puedan someterse a imposición en la India, Colombia permitirá,
dentro de las limitaciones impuestas por su legislación interna:
i)
descontar del impuesto sobre la renta de ese residente un importe igual al
impuesto sobre la renta pagado en la India.
ii) en el
caso de dividendos, un descuento del impuesto sobre la renta equivalente al
total del monto de los dividendos multiplicado por la tarifa del impuesto sobre
la renta en la India aplicada a las utilidades de las cuales dichos dividendos
son pagados. Cuando dichos dividendos son gravados en la India, el descuento se
incrementará en el monto de tal gravamen. Sin embargo, en ningún caso la
deducción podrá exceder del monto total del impuesto sobre la renta generado en
Colombia por tales dividendos.
Sin
embargo, dicho descuento no podrá exceder de la parte del impuesto sobre la
renta, calculado antes del descuento, correspondiente a las rentas que puedan
someterse a imposición en la India,
b) Cuando
con arreglo a cualquier disposición de este Acuerdo las rentas obtenidas por un
residente de Colombia estén exentas de impuestos en Colombia, Colombia podrá,
sin embargo, tomar en consideración las rentas exentas para calcular el
impuesto sobre el resto de las rentas de ese residente.
2. En la
India:
a) Cuando
un residente de la India obtenga rentas que, de conformidad con las
disposiciones de este Acuerdo, puedan sujetarse a imposición en Colombia, la
India permitirá una deducción del impuesto sobre la renta de ese residente por
un monto igual al impuesto pagado en Colombia.
Sin
embargo, dicha deducción no excederá el monto del impuesto calculado antes de
que se otorgue la deducción atribuible a la renta que sea gravada en Colombia,
según sea el caso.
b) Cuando,
de acuerdo con cualquiera de las disposiciones de este Acuerdo, las rentas
obtenidas por un residente de la India estén exentas de impuestos en la India, la
India, sin embargo, podrá, en el cálculo de la cuantía del impuesto sobre el
resto de las rentas de esos residentes, tener en cuenta las rentas exentas.
V. DISPOSICIONES ESPECIALES.
ARTÍCULO 24. NO
DISCRIMINACIÓN.
1. Los
nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos en el otro Estado
Contratante a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exijan o
que sean más gravosos que aquellos a los que estén o puedan estar sometidos los
nacionales de ese otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones, en
particular con respecto a la residencia. No obstante las disposiciones del
Artículo 1°, la
presente disposición es también aplicable a las personas que no sean residentes
de uno o de ninguno de los estados Contratantes.
2. Los
establecimientos permanentes que una empresa de un Estado Contratante tenga en
el otro Estado Contratante no serán sometidos a imposición en ese Estado de
manera menos favorable que las empresas de ese otro Estado que realicen las
mismas actividades. Estas disposiciones no deberán interpretarse en el sentido
de obligar a un Estado Contratante a conceder a los residentes del otro Estado
Contratante las deducciones personales, desgravaciones y reducciones
impositivas que otorgue a sus propios residentes en consideración a su estado
civil o cargas familiares. Esta disposición no puede interpretarse en el
sentido de impedir a un Estado Contratante gravar las utilidades de un
establecimiento permanente que una sociedad del otro Estado Contratante tenga en
el Estado mencionado en primer lugar a una tarifa fiscal que sea mayor a la
impuesta sobre las utilidades de una sociedad similar del Estado Contratante
mencionado en primer lugar, ni en conflicto con las disposiciones del apartado
3 del Artículo 7.
3. A menos que se apliquen las disposiciones del apartado 1 del Artículo 9°, del apartado 7 del
Artículo 11 o del
apartado 6 de) Artículo 12, los intereses, las regaifas (sic) o demás
gastos pagados por una empresa de un Estado Contratante a un residente del otro
Estado Contratante son deducibles, para determinar las utilidades sujetas a
imposición de dicha empresa, en las mismas condiciones que si hubieran sido
pagados a un residente del Estado mencionado en primer lugar.
4. Las empresas
que sean residentes de un Estado Contratante cuyo capital esté, total o
parcialmente, poseído o controlado, directa o indirectamente, por uno o vanos
residentes del otro Estado Contratante, no se someterán en el Estado mencionado
en primer lugar a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se
exijan o que sean más gravosos que aquellos a los que estén o puedan estar
sometidas otras sociedades similares del Estado mencionado en primer lugar.
5. Las
disposiciones de este artículo aplicarán a los impuestos referidos en el
artículo 2.
ARTÍCULO 25. PROCEDIMIENTO DE ACUERDO MUTUO.
1. Cuando
una persona considere que las medidas adoptadas por uno o por ambos Estados
Contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no esté
conforme con las disposiciones de este Convenio, con independencia de los
recursos previstos por el derecho interno de esos Estados, podrá someter su
caso a la autoridad competente del Estado Contratante del que sea residente o,
si fuera aplicable el apartado 1 del artículo 24, a la del Estado
Contratante del que sea nacional. El caso deberá ser presentado dentro de los
tres años siguientes a la primera notificación de la medida que implique una
imposición que no se ajuste a las disposiciones del Acuerdo.
2. La
autoridad competente, si la reclamación le parece fundada y si no puede por sí
misma encontrar una solución satisfactoria, hará lo posible por resolver la
cuestión por medio de un acuerdo mutuo con la autoridad competente del otro
Estado Contratante, a fin de evitar una imposición que no se ajuste a este
Acuerdo. El acuerdo será aplicable independientemente de los plazos previstos
por el derecho interno de los Estados contratantes.
3. Las
autoridades competentes de los Estados Contratantes harán lo posible por
resolver las dificultades o las dudas que plantee la interpretación o
aplicación del Acuerdo mediante un procedimiento de acuerdo mutuo. También
podrán ponerse de acuerdo para tratar de eliminar la doble imposición en los
casos no previstos en el Acuerdo.
4. Las
autoridades competentes de los Estados Contratantes podrán comunicarse
directamente a fin de llegar a un acuerdo en el sentido de los apartados
anteriores.
ARTÍCULO 26. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN.
1. Las
autoridades competentes de los Estados Contratantes intercambiarán la
información (incluyendo documentos o copias certificadas de documentos cuando
así se requiera) que previsiblemente pueda resultar de interés para aplicar lo
dispuesto en el presente Acuerdo, o para administrar o exigir lo dispuesto en
la legislación interna de los Estados Contratantes relativa a los impuestos de
toda dase y naturaleza percibidos por los Estados Contratantes, sus
subdivisiones políticas o locales o entidades territoriales, en la medida en
que la imposición prevista en el mismo no sea contraria al Acuerdo. El
intercambio de información no está limitado por los artículos 1 y 2.
2. La
información recibida por un Estado Contratante en virtud del apartado 1 será
mantenida secreta de la misma forma que la información obtenida en virtud del
Derecho interno de este Estado y sólo se comunicará a las personas o
autoridades (incluidos los tribunales y órganos administrativos) encargadas de
la liquidación o recaudación de los impuestos a los que hace referencia el
apartado 1, de su aplicación efectiva o de la persecución del incumplimiento
relativo a los mismos, de la resolución de los recursos en relación con los
mismos o de la supervisión de las funciones anteriores. Estas personas o
autoridades sólo utilizarán esta información para dichos fines. Podrán revelar
la información en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias
judiciales. No obstante lo anterior, la información recibida por un Estado
Contratante puede ser utilizada para otros propósitos cuando dicha información,
en virtud de la legislación de ambos Estados pueda ser usada para otros
propósitos y las autoridades competentes del Estado proveedor autoricen tal
uso.
3. En
ningún caso las disposiciones de los apartados 1 y 2 podrán interpretarse en el
sentido de obligar a un Estado Contratante a:
a) adoptar
medidas administrativas contrarias a su legislación o práctica administrativa,
o a las del otro Estado Contratante;
b)
suministrar información (incluyendo documentos y copias certificadas de
documentos cuando así se requiera) que no se pueda obtener sobre la base de su
propia legislación o en el ejercicio de su práctica administrativa normal, o de
las del otro Estado Contratante;
c)
suministrar información que revele secretos comerciales, gerenciales,
industriales o profesionales, procedimientos comerciales o informaciones cuya
comunicación sea contraria al orden público.
4. Si un
Estado contratante solicita información conforme al presente Artículo, el otro
Estado contratante utilizará las medidas paca recabar información de que
disponga con el fin de obtener la información solicitada, aun cuando “se (sic)
otro Estado pueda no necesitar dicha información para sus propios fines
tributarios. La obligación precedente está limitada por lo dispuesto en el
apartado 3 siempre y cuando este apartado no sea interpretado para impedir a un
Estado contratante proporcionar información exclusivamente por la ausencia de
interés nacional en la misma.
5. En
ningún caso, las disposiciones del apartado 3 se interpretaran en el sentido de
permitir a un Estado Contratante negarse a proporcionar información únicamente
porque esta obre en poder de bancos, otras instituciones financieras, o de
cualquier persona que actúe en calidad representativa o fiduciaria, o porque
esa información haga referencia a la participación en la titularidad de una
persona.
ARTÍCULO 27. ASISTENCIA EN LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS.
1. Los
Estados contratantes se prestarán asistencia mutua en la recaudación de sus
créditos tributarios. Esta asistencia no está limitada por los artículos 1 y 2.
Las autoridades competentes de los Estados Contratantes podrán establecer de
mutuo acuerdo el modo de aplicación de este artículo.
2. La
expresión “crédito tributario” en el sentido de este artículo, significa todo
importe debido en concepto de impuestos de toda clase y naturaleza exigibles
por los Estados contratantes, sus subdivisiones políticas o sus entidades
locales, en la medida en que esta imposición no sea contraria al presente
Acuerdo o a cualquier otro instrumento del que los Estados contratantes sean
parte; la expresión comprende igualmente los intereses, sanciones
administrativas y costes de recaudación o de establecimiento de medidas
cautelares relacionados con dicho importe.
3. Cuando
un crédito tributario de un Estado contratante sea exigible en virtud del
Derecho de ese Estado y el deudor sea una persona que conforme al Derecho de
ese Estado no pueda impedir en ese momento su recaudación, las autoridades
competentes del otro Estado Contratante, a petición de las autoridades competentes
del primer Estado, aceptarán dicho crédito tributario para los fines de su
recaudación por ese otro Estado. Dicho otro Estado recaudará el crédito
tributario de acuerdo con lo dispuesto en su legislación relativa a la
aplicación y recaudación de sus propios impuestos como si se tratara de un
crédito tributario propio.
4. Cuando
un crédito tributario de un Estado Contratante sea de naturaleza tal que ese
Estado pueda, en virtud de su Derecho interno, adoptar medidas cautelares que
aseguren su recaudación, las autoridades competentes del otro Estado
Contratante, a petición de las autoridades competentes del primer Estado,
aceptarán dicho crédito tributario para los fines de adoptar tales medidas
cautelares. Ese otro Estado adoptará las medidas cautelares de acuerdo con lo
dispuesto en su legislación como si se tratara de un crédito tributario propio,
aun cuando en el momento de aplicación de dichas medidas el crédito tributario
no fuera exigible en el Estado mencionado en primer lugar o su deudor Ajera (sic)
una persona con derecho a impedir su recaudación.
5. No
obstante lo dispuesto en los apartados 3 y 4, un crédito tributario aceptado
por un Estado contratante a los efectos de dichos apartados, no estará sujeto
en ese Estado a la prescripción o prelación aplicables a los créditos
tributarios conforme a su derecho interno por razón de su naturaleza de crédito
tributario. Asimismo, un crédito tributario aceptado por un Estado Contratante
a los efectos de los apartados 3 o 4 no disfrutará en ese Estado de las
prelaciones aplicables a los créditos tributarios en virtud del derecho del
otro Estado Contratante.
6. Los
procedimientos relativos a la existencia, validez o cuantía del crédito
tributario de un Estado Contratante, únicamente podrán incoarse ante los
tribunales u órganos administrativos de ese Estado. Nada de lo dispuesto en el
presente Artículo deberá interpretarse en el sentido de crear u otorgar algún
derecho a presentar dichas acciones ante cualquier tribunal o cuerpo
administrativo del otro Estado Contratante.
7. Cuando
en un momento posterior a la solicitud de recaudación realizada por un Estado
contratante en virtud de los apartados 3 o 4, y previo a su recaudación y
remisión por el otro Estado contratante, el crédito tributario dejara de ser:
a) en el
caso de una solicitud presentada en virtud del apartado 3, un crédito exigible
conforme al Derecho interno del Estado mencionado en primer lugar y cuyo deudor
fuera una persona que en ese momento y según el derecho de ese Estado no
pudiera impedir su recaudación, o
b) en el
caso de una solicitud presentada en virtud del apartado 4, un crédito con
respecto al cual, conforme al derecho interno del Estado mencionado en primer
lugar, pudieran adoptarse medidas cautelares para asegurar su recaudación las
autoridades competentes del Estado mencionado en primer lugar notificarán sin
dilación a las autoridades competentes del otro Estado ese hecho y, según
decida ese otro Estado, el Estado mencionado en primer lugar suspenderá o
retirará su solicitud.
8. En
ningún caso las disposiciones de este artículo se interpretarán en el sentido
de obligar a un Estado Contratante a:
a) adoptar
medidas administrativas contrarias a su legislación o práctica administrativa o
a las del otro Estado contratante;
b) adoptar
medidas contrarias al orden público;
c)
suministrar asistencia cuando el otro Estado contratante no haya aplicado todas
las medidas cautelares razonables o para la recaudación, según sea el caso, de
que disponga conforme a su legislación o práctica administrativa;
d)
suministrar asistencia en aquellos casos en que la carga administrativa para
ese Estado esté claramente desproporcionada con respecto al beneficio que vaya
a obtener el otro Estado contratante.
ARTÍCULO 28. LIMITACIÓN DE BENEFICIOS.
1. Las
disposiciones del presente Acuerdo en ningún caso impedirán a un Estado
Contratante aplicar las disposiciones de su legislación interna y las medidas
relacionadas con la efusión (sic) y evasión de impuestos, descritas o no
como tales.
2. Una
empresa de un Estado Contratante no tendrá derecho a los beneficios de este
Acuerdo si el principal propósito de la creación de dicha empresa fue la de
obtenerlos (sic) beneficios de este Acuerdo que de otra forma no
estarían disponibles.
3. En el caso
de personas jurídicas que no realicen actividades o negocios de buena fe, se
tendrán en cuenta para efecto de las disposiciones de este artículo.
ARTÍCULO 29. MIEMBROS DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y DE OFICINAS CONSULARES.
Las
disposiciones del presente Acuerdo no afectarán a los privilegios fiscales de
que disfruten los miembros de las misiones diplomáticas o de las oficinas
consulares de acuerdo con los principios generales del derecho internacional o
en virtud de las disposiciones de acuerdos especiales.
ARTÍCULO 30. ENTRADA EN VIGOR.
1. Los
Estados Contratantes se notificarán el uno al otro por escrito, a través de la
vía diplomática, el cumplimiento de los procedimientos exigidos por su
legislación para la entrada en vigor de este Acuerdo.
2. Este
Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última notificación referida en el
apartado 1 del presente artículo.
3. Las
disposiciones de este Acuerdo tendrán efecto:
a) en
Colombia,
(i)
respecto al impuesto sobre la renta que se obtenga y a las cantidades que se
paguen, abonen en cuenta o se contabilicen como gasto, a partir del primer día
de enero del año calendario inmediatamente siguiente a aquel en que el Convenio
entre en vigor;
(ii) en
todos los demás casos, a partir de la fecha en la cual el Acuerdo entra en
vigor.
b) en
India:
(i)
respecto de las rentas obtenidas en cualquier año fiscal que comience durante o
después del primer día de abril del año calendario inmediatamente siguiente a
aquel en el cual el Acuerdo entra en vigor; y
(ii) en
todos las demás casos, a partir de la fecha en la cual el Acuerdo entra en
vigor.
ARTÍCULO 31. DENUNCIA.
1. Este
Acuerdo permanecerá en vigor indefinidamente, mientras no se denuncie por un
Estado contratante.
Cualquiera
de los Estados Contratantes podrá denunciar el Acuerdo a través de la vía
diplomática, presentando el aviso de denuncia con al menos seis meses de
antelación a la terminación de cualquier año calendario que comience después de
transcurridos cinco años desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo. En
este caso, el Acuerdo dejará de surtir efecto:
a) en
Colombia,
(i)
respecto al impuesto sobre la renta que se obtenga y a las cantidades que se
paguen, abonen en cuenta o se contabilicen como gasto, a partir del primer día
de enero del año calendario inmediatamente siguiente a aquel en que se presentó
el aviso;
(ii) en
todos los demás casos, a partir de la fecha en la cual se presenta el aviso.
b) en la
India, con respecto a la renta obtenida en cualquier año fiscal durante o
después del primer día de abril del año calendario siguiente a aquel en el cual
se presentó el aviso de denuncia;
EN FE DE LO
CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados al efecto, han firmado este
Acuerdo.
HECHO en
Nueva Delhi el día 13 del mes de mayo de 2011, cada uno en Inglés, Español e
Hindi, siendo los textos igualmente auténticos. En caso de divergencia de
interpretación, el texto en inglés prevalecerá.
Por el
Gobierno de la República de Colombia
(Fdo.) JUAN
ALFREDO PINTO SAAVEDRA
EMBAJADOR
DE COLOMBIA EN INDIA
Por el
Gobierno de la República de India
(Fdo.)SUDHIR
CHANDRA
PRESIDENTE
CONSEJO DE IMPUESTOS DIRECTOS –CBDT-
PROTOCOLO
En el
momento de la firma del Acuerdo celebrado el día de hoy entre el Gobierno de la
República de la India y la República de Colombia para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal con respecto al impuesto sobre la
renta, los abajo firmantes han acordado las siguientes disposiciones, que serán
parte integrante del Acuerdo:
1. Con
referencia al apartado 3 del Artículo 5, se entiende que para efectos del
cálculo de los límites de tiempo a los que se hace referencia en ese apartado,
dichas actividades desarrolladas por una empresa relacionada con otra empresa
en el sentido del artículo 9 se
sumaran al período durante el cual la empresa desarrolle las actividades,
siempre y cuando las actividades de ambas empresas sean idénticas o
sustancialmente análogas para el mismo proyecto o uno relacionado.
2. En el
caso de Colombia, no obstante las disposiciones del apartado 2 del Artículo 10,
cuando una sociedad residente en Colombia no ha pagado el impuesto sobre la
renta sobre las utilidades distribuidas a los accionistas (socios o
accionistas), a causa de exenciones o porque las utilidades superan el límite
máximo no gravado contenido en el artículo 49 y en el parágrafo 1° del
artículo 245 del
Estatuto Tributario de Colombia, el dividendo distribuido podrá someterse a
imposición en Colombia a una tasa no superior al 15% por ciento, si el
beneficiario efectivo de los dividendos es un accionista (socio o accionista)
residente en la India.
3. En el
caso de la India, con referencia al apartado 3(b) del Artículo 12 se entiende que el término “remuneraciones
por servicios técnicos” incluye pagos en contraprestación por la provisión de
servicios técnicos u otros servicios personales de acuerdo a las disposiciones
de la section 9 del income-tax Act. 1961.
4. Se
entiende que si la legislación interna de un Estado contratante es más
beneficiosa para un residente del otro Estado contratante que las disposiciones
del presente Acuerdo, las disposiciones de la legislación interna del Estado
mencionado en primer lugar se aplicarán en la medida en que son más
beneficiosas para este residente.
EN FE DE LO
CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados al efecto, han firmado este
Protocolo.
HECHO en
Nueva Delhi el día 13 del mes de mayo de 2011, cada uno en Inglés, Español e
Hindi, siendo los textos igualmente auténticos. En caso de divergencia de
interpretación, el texto en inglés prevalecerá.
Por el
Gobierno de la República de Colombia
(Fdo.)JUAN
ALFREDO PINTO SAAVEDRA
EMBAJADOR
DE COLOMBIA EN INDIA
Por el
Gobierno de la República de India
(Fdo.)SUDHIR
CHANDRA
PRESIDENTE
CONSEJO DE IMPUESTOS DIRECTOS –CBDT-
RAMA
EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D.
C., 2 de mayo de 2012
Autorizado.
Sométanse a la consideración del honorable Congreso de la República para los
efectos constitucionales.
(Fdo.)
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra
de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) María Ángela Holguín Cuéllar.
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Apruébase el “Acuerdo entre
el Gobierno de la República de Colombia y la República de la India para evitar
la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el
impuesto sobre la renta” y su “Protocolo”, suscritos en Nueva Delhi, el 13 de
mayo de 2011.
ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo entre el Gobierno
de la República de Colombia y la República de la India para evitar la doble
imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre
la renta” y su “Protocolo”, suscritos en Nueva Delhi, el 13 de mayo de 2011,
que por el artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al Estado colombiano a
partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de
la misma.
ARTÍCULO TERCERO: La presente ley rige a
partir de la fecha de su publicación.
El Presidente del honorable
Senado de la República,
(Fdo.)
Roy Barreras Montealegre.
El Secretario General del
honorable Senado de la República,
(Fdo.)
Gregorio Eljach Pacheco.
El Presidente de la honorable
Cámara de Representantes,
(Fdo.)
Augusto Posada Sánchez.
El
Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
(Fdo.)
Jorge Humberto Mantilla Serrano.
REPÚBLICA
DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese
y cúmplase.
Ejecútese,
previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la
Constitución Política.
Dada en
Bogotá, D. C., a 16 de julio de 2013.
JUAN MANUEL
SANTOS CALDERÓN
La Ministra
de Relaciones Exteriores,
MARÍA
ÁNGELA HOLGUÍN CUÉLLAR.
El Ministro
de Hacienda y Crédito Público,
MAURICIO
CÁRDENAS SANTAMARÍA.”
III. INTERVENCIONES
1. De la
Dirección de Impuestos y de Aduanas Nacionales DIAN
En la oportunidad correspondiente
y mediante apoderado especial, la Unidad Administrativa Especial de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante DIAN) intervino para
solicitar a la Corte declarar exequible la Ley 1668 de julio 16 de 2013, que
aprobó el acuerdo de la referencia.
En su escrito, el interviniente
señaló la importancia de este tipo de acuerdos dentro del marco de la economía
globalizada actualmente imperante, así como la conveniencia de establecer
medidas específicas que eviten la doble tributación y faciliten la inversión de
recursos originarios de un país en las actividades productivas de otro(s).
Así mismo, resaltó que acuerdos como
el que ahora se revisa hacen parte de las acciones que el Estado colombiano
desarrolla para dar cumplimiento a los principios contenidos en los artículos 9°,
226 y 227 de la Constitución Política, que se refieren a la obligación que el
Estado tiene de promover la integración económica, social y política con las
demás naciones, mediante la celebración de tratados sobre bases de equidad,
igualdad, reciprocidad y conveniencia nacional.
También explicó que Colombia ha
celebrado varios acuerdos de este tipo con diversos países, entre ellos Brasil,
España y Chile, casos en los que la Corte, en sus sentencias de revisión de las
leyes aprobatorias, ha destacado la importancia de los efectos fiscales que
acarrean los mismos, haciendo énfasis en el principio de reciprocidad que
predican los modelos de acuerdos contra la doble imposición, tanto de la ONU
como de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), dado
que eliminar la sobre-imposición a nivel mundial permite a su vez combatir la
evasión fiscal internacional.
Finalmente, indicó que en el
presente caso se cumplieron a plenitud los requisitos formales que de conformidad
con lo establecido en la Constitución Política son aplicables a la negociación
y la suscripción de un convenio de este tipo y a su posterior aprobación
mediante ley expedida por el Congreso de la República, a partir de lo cual
solicitó a esta Corte declarar la exequibilidad del Acuerdo en cuestión y de su
ley aprobatoria.
2. Del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Mediante apoderado especial, el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo intervino oportunamente para
solicitar la exequibilidad de la Ley 1668 de 2013, aprobatoria del Acuerdo
suscrito entre Colombia e India que se revisa, toda vez que el mismo se tramitó
conforme a las reglas de derecho interno e internacional atinentes, surtiendo
todas las formalidades legales y constitucionales exigidas.
Así mismo, precisó sucintamente
que el acuerdo se expide en el marco de las correspondientes negociaciones
entre los países contratantes, a fin de acompasar el poder tributario del
Estado a las exigencias que en el ámbito internacional comercial, lo sujetan a
principios de obligatoria observancia como la legalidad, la igualdad, la
generalidad y la no confiscación, razones de conveniencia suficientes para
sustentar su exequibilidad.
3. Del Ministerio
de Relaciones Exteriores
La Directora de Asuntos Jurídicos
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante escrito
presentado en octubre 22 de 2013, expuso las razones por la cuales solicita a
esta corporación declarar la exequibilidad de la Ley 1668 de 2013.
Comenzó reseñando el objetivo del
Acuerdo y de su Protocolo, indicando que aquellos buscan evitar los efectos
nocivos que, para la inversión extranjera y el desarrollo económico, genera el
riesgo de doble imposición. Explicó que con este tipo de acuerdos se pretende
establecer mecanismos que propicien que las condiciones tributarias acordadas
entre las partes, pervivan de forma estable, garantizando la seguridad jurídica
para los contribuyentes de ambas naciones. De otra parte, señaló que la
República de India se ha convertido en un socio estratégico prioritario en la
política exterior de Colombia, especialmente, para efectos de la atracción de
inversiones, por lo cual la firma y ratificación del Acuerdo que se revisa
supone la continuación de un proceso de profundización de las relaciones entre
los Estados.
Seguidamente, esta interviniente
efectuó un resumen del trámite surtido por este tratado, señalando que el
Acuerdo y su Protocolo fueron suscritos en Nueva Delhi en mayo 13 de 2011, por
el embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia ante el Gobierno de la
India, quien fuera previa y expresamente facultado para ello por el Presidente
de la República. Según informó también, posteriormente se expidió la
autorización ejecutiva para que estos documentos fueran sometidos al trámite de
aprobación legislativa ante el Congreso de la República, a partir de lo cual se
adelantaron los respectivos debates en Senado y Cámara de Representantes, al
término de los cuales fue debidamente expedida la Ley 1668 en julio 16 de 2013.
Como colofón de lo anterior, la
representante del Ministerio manifiesta que el Acuerdo, el Protocolo y su Ley
aprobatoria cumplieron todos los requisitos formales previstos en la
Constitución para su suscripción y aprobación, y que el contenido de los mismos
consulta los principios y postulados que rigen la política exterior del Estado
colombiano.
4. Del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público
En la
oportunidad correspondiente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante
apoderado, intervino en el presente proceso para solicitar a la Corte que
declare la exequibilidad de la Ley 1668 de 2013, aprobatoria del Acuerdo de la
referencia suscrito entre Colombia e India y de su Protocolo, toda vez que,
según afirma, éstos respetan íntegramente los postulados constitucionales
relativos a las relaciones internacionales y, en particular, responden
adecuadamente a lo establecido en el artículo 226 de la carta política.
Manifestó que
en el Convenio se recogen, adicionalmente, los planteamientos efectuados por
esta corporación respecto de los instrumentos internacionales ratificados por
Colombia tendientes a evitar la doble imposición, pues no solo apunta a
solucionar la problemática que dicha figura conlleva, sino que además incluye
cláusulas destinadas a combatir la evasión fiscal, sirviendo como instrumento
de lucha contra el fraude.
Finalmente,
precisa que este Acuerdo se acompasa con el nuevo marco normativo introducido
en Colombia mediante la Ley 1607 de 2012 (Reforma Tributaria) y se suma a la suscripción
de varios otros convenios con el mismo objeto, ya vigentes en Colombia con
Chile, España, Suiza, Canadá y México.
5. De las
ciudadanas Stephanie Flechas Rodríguez y Luisa Chavarro Moncada
Semanas
después de agotado el término de fijación en lista, estas ciudadanas, obrando
en su propio nombre y en ejercicio de sus derechos políticos, intervinieron en
el presente proceso para pronunciarse, únicamente respecto del numeral 1° del artículo
2° del Acuerdo que se revisa, el cual solicitaron a la Corte declarar
inexequible, debido a su incompatibilidad con el artículo 294 del texto
superior. Pese a la extemporaneidad de este escrito, la Sala efectuará una
breve referencia a su argumento, en razón a su importancia y novedad.
Las
intervinientes manifestaron que en cuanto esta cláusula establece que el
Acuerdo se refiere a “…los impuestos sobre la renta exigibles por cada uno
de los Estados Contratantes o por sus subdivisiones políticas o entidades territoriales,
cualquiera que sea el sistema de exacción”, será potencialmente aplicable a
“todos los impuestos que graven la totalidad o las partes de la renta, sean
estos nacionales o territoriales, e independientemente que sean actuales
o futuros” (no está en negrilla en el texto original). Por ello consideran que
en caso de aprobarse el tratado incluyendo esta estipulación, se estaría desatendiendo
una de las instituciones esenciales de la Constitución de 1991, como es la
descentralización administrativa en materia tributaria, estatuida en nuestro
ordenamiento superior a partir de los artículos 67, 209, 294 y 365.
Estas ciudadanas
precisaron que si bien en la actualidad “no existe un impuesto sobre la
renta de carácter territorial”, los mismos sí podrían ser creados por las
asambleas departamentales o los concejos municipales (arts. 150, 300, 313 y 338
Const.), siendo los correspondientes recaudos de propiedad de las respectivas entidades
territoriales. En esa medida, consideran que el artículo 2° del Acuerdo estaría
estableciendo exenciones o tratos preferenciales sobre tales rentas, así sean
futuras, lo que infringiría la expresa prohibición contenida en el artículo 294
de la Constitución, según la cual “La ley no podrá conceder exenciones ni
tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las
entidades territoriales”.
IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
En concepto número 5676, recibido
en esta corporación el 19 de noviembre de 2013, el Procurador General de la
Nación solicitó a la Corte Constitucional declarar exequibles el Acuerdo entre
las Repúblicas de Colombia y de la India para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y su
Protocolo, así como la Ley 1668 de julio 16 de 2013, por medio de la cual fueron
aprobados.
Inicialmente, la vista fiscal
analizó exhaustivamente el trámite que se dio ante el citado Acuerdo y precisó
cada etapa surtida para que fuese aprobado como Ley de la República,
concluyendo que en “el proceso de formación de la Ley 1668 de 2013 … el Jefe
del Ministerio Público no advierte vicio alguno”.
Posteriormente, efectuó el examen
de los contenidos del Acuerdo en sus 31 artículos, resaltando el propósito de
evitar la doble tributación sobre las rentas. El Procurador expresó que este
instrumento internacional hace parte de una serie de tratados de la misma
naturaleza, que viene impulsando el Estado colombiano a fin de eliminar los
conflictos positivos de tributación, algunos de los cuales ya han sido
revisados y aprobados por esta corporación. Manifestó también que este Acuerdo
se constituye en un importante mecanismo para impulsar y consolidar las
relaciones binacionales en materia económica y comercial, en consonancia con
los artículos 9°, 226 y 227 de la Constitución, que se refieren a la necesidad
de efectuar dicha internacionalización sobre bases de equidad, reciprocidad y
conveniencia nacional, con el debido respeto por la soberanía nacional y el
principio de autodeterminación de los pueblos. Resaltó el impacto que en los
campos económico y social tiene la aprobación de este Acuerdo y de su Protocolo,
puesto que en adición a lo reseñado, contribuye a hacer efectivo el mandato
contenido en el artículo 363 superior, referente al principio de la eficiencia
del sistema tributario.
El Jefe del Ministerio Público
efectuó una breve referencia en torno a la definición de la expresión “establecimiento
permanente” consagrada en el artículo 5° del Convenio sub examine,
para destacar que la misma no merece reparo constitucional alguno, pues esta
Corte en sentencia C-295 de 2012, al analizar igual expresión, contenida en el
Acuerdo de la misma naturaleza celebrado con Canadá, explicó que “la
indefinición por parte del Estado colombiano de la figura de establecimiento
permanente no es argumento suficiente para declarar la inconstitucionalidad de
la disposición en estudio”.
De igual forma, precisó que el
artículo 6° de este Acuerdo, que regula las rentas de bienes inmuebles,
incluidas las provenientes de las explotaciones agrícolas, forestales o
silvícolas, situadas en el otro Estado contratante, debe ser considerado exequible
en el sentido propuesto en la sentencia C-577 de 2009, que indicó que “debe
entenderse que las rentas inmobiliarias son tributables por el Estado de la fuente,
sean o no imputables al establecimiento permanente en él situado”. También
efectuó algunas consideraciones breves en torno a los artículos 18 y 25 del
Acuerdo, destacando su constitucionalidad.
Por último, encontró la vista
fiscal que las cláusulas relativas a la entrada en vigor del Acuerdo y su posible
denuncia se adecuan a la Constitución, por tratarse de previsiones conforme a
la práctica de los Estados en materia de instrumentos internacionales.
V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia de
la Corte Constitucional en materia de tratados y de leyes aprobatorias de
tratados
De
conformidad con lo establecido en el artículo 241 numeral 10 de la Constitución
Política, corresponde a la Corte el examen de constitucionalidad de los
tratados internacionales y de las leyes aprobatorias de los mismos.
Según
la doctrina pacíficamente sostenida por este tribunal[1], dicho control se caracteriza por ser (i) previo al
perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a
la sanción gubernamental; (ii) automático, pues la ley aprobatoria debe ser
enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte
Constitucional dentro de los seis (6) días siguientes a la sanción
gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto
los aspectos formales como los materiales de la ley y del tratado,
confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa
juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del
correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función
preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la
Constitución, como el cumplimiento de los compromisos internacionales del
Estado colombiano.
En
cuanto al control por eventuales vicios de procedimiento que la Corte ejerce
sobre los tratados internacionales y las leyes que los aprueban, según lo
prescrito en el artículo 241 numeral 10 superior, éste se dirige a examinar la
validez de la representación del Estado colombiano en los procesos de
negociación y celebración del instrumento y la competencia de los funcionarios
en la negociación y firma del tratado, así como el cumplimiento de las reglas
relativas al trámite legislativo durante el estudio y aprobación del
correspondiente proyecto de ley en el Congreso de la República.
Dada la naturaleza especial de
las leyes aprobatorias de tratados públicos, el legislador no puede alterar el
contenido de éstos introduciendo nuevas cláusulas, pues su función consiste en
aprobar o improbar la totalidad del tratado[2].
Si éste es multilateral, es posible hacer declaraciones interpretativas, y, a
menos que estén expresamente prohibidas, también se pueden introducir reservas
que no afecten el objeto y fin del tratado.[3]
En cuanto al examen de fondo, este consiste en juzgar
las disposiciones del texto del tratado internacional que se revisa y el de su
ley aprobatoria, respecto de la totalidad de las disposiciones del ordenamiento
superior, para determinar si se ajustan o no a la Constitución.
Precisado el alcance del control
constitucional, pasa la Corte a examinar la ley aprobatoria y el acuerdo de la
referencia.
2. La revisión
formal de la Ley aprobatoria
2.1. Remisión de la ley aprobatoria y del
tratado por parte del Gobierno Nacional
El Gobierno Nacional por conducto de la Secretaría
Jurídica de la Presidencia de la República, remitió a esta corporación en julio
19 de 2013, copia de la Ley 1668 del 16 de julio de ese mismo año, “Por
medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo entre el Gobierno de la República de
Colombia y la República de la India para evitar la doble imposición y prevenir
la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta’ y su ‘Protocolo’”,
para su control constitucional, de conformidad con el artículo 241 numeral 10
de la Carta, dentro del término de los seis (6) días siguientes a su sanción,
previsto en la citada disposición superior.
2.2. Negociación y celebración del
acuerdo
De manera
reiterada la Corte Constitucional ha señalado que el trámite de revisión de los
tratados internacionales y de sus leyes aprobatorias incluye el examen de las
facultades del Ejecutivo, respecto de la negociación y firma del instrumento internacional
respectivo.
En el presente caso, este
instrumento fue suscrito en Nueva Delhi el 13 de mayo de 2011 por el embajador
extraordinario y plenipotenciario de Colombia ante el Gobierno de la India, Juan
Alfredo Pinto Saavedra, quien tenía plenos poderes para el efecto, otorgados
por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, y refrendados
por la Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín Cuellar, todo lo
cual se acompasa con lo dispuesto en el artículo 7°, numeral 1°, literal a) de la
Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados[4],
incorporada a la legislación del Estado colombiano mediante Ley 32 de 1985.
2.3. Aprobación presidencial
El 2 de mayo de 2012 el
Presidente de la República le impartió su aprobación ejecutiva al “‘Acuerdo entre
el Gobierno de la República de Colombia y la República de la India para evitar
la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto
sobre la renta’ y su ‘Protocolo”, firmados en Nueva Delhi y ordenó
someterlos a consideración del Congreso de la República, para su aprobación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 150, numeral 16 de la Constitución
Política.
2.4. Trámite realizado en el Congreso de la
República para la formación de la Ley 1668 de 2013.
Salvo por la
exigencia de iniciar el trámite de los proyectos de leyes aprobatorias de
tratados internacionales en el Senado de la República (art. 154), la
Constitución no estableció un procedimiento especial para la expedición de este
tipo de leyes, por lo cual les corresponde el proceso de formación previsto
para las leyes ordinarias, regulado por los artículos 157 a 165 de la Carta, entre otros. Tampoco el reglamento del Congreso, contenido en la Ley 5ª de
1992, prevé reglas especiales, salvo las contenidas en su artículo 217. A continuación la Corte se refiere detalladamente a cada etapa surtida en el Congreso.
2.4.1. Trámite en el Senado del proyecto de Ley 038
de 2012:
El Proyecto de Ley número 038 de
2013 fue presentado al Senado de la República por el Gobierno Nacional, a
través de la Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín Cuellar y
el entonces Ministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Carlos Echeverri
Garzón, en julio 26 de 2012.
El texto original del Acuerdo y
su Protocolo, junto con la respectiva exposición de motivos, aparece publicado
en la Gaceta del Congreso Nº 470 del 26 de julio de 2012, páginas 24 a 40. De esta manera, se cumplió con los requisitos de iniciación del trámite en el Senado de la
República previsto en el artículo 154 constitucional, y de publicación previa a
la iniciación del trámite legislativo en la comisión respectiva, conforme al
artículo 157, numeral 1° ibídem.
2.4.1.1. Trámite ante la
Comisión Segunda Constitucional del Senado:
La ponencia para primer debate,
fue presentada por el Senador Roy Barreras Montealegre, el 11 de septiembre de
2012 y fue publicada en la Gaceta del Congreso Nº 607 del día 12 del mismo mes
y año, páginas 18 a 32.
En lo tocante al anuncio previo
del proyecto, se advierte que en este caso hubo varios avisos sucesivos, que no
son traídos a colación en cuanto ninguno de ellos antecedió a la efectiva discusión
y votación del Acuerdo. Así, interesa a este trámite solo el último de ellos,
al cual se refiere la certificación expedida en agosto 12 de 2013 por el
Secretario de la General de la Comisión Segunda del Senado, en la que se
informa que “el proyecto de ley fue anunciado en sesión del día 30 de
octubre de 2012, según consta en el Acta Nº 14 de esa fecha, publicada en la
Gaceta Nº 395 del 07 de junio de 2013 la cual se adjunta”.
Respecto de
los términos de ese anuncio, la citada acta permite observar que el mismo se
efectuó en la siguiente forma: “Por instrucciones de la señora Presidenta de
la Comisión Segunda del Senado de la República, se anuncia la discusión y
votación de proyectos de ley para la próxima sesión. (Artículo 8° del
Acto Legislativo número 01 de 2003):…”, después de lo cual se leyó un  listado
de cinco proyectos, dentro de los cuales está el número 38 de 2012 Senado. Más
adelante se decidió levantar la sesión y se convocó “para el día de
mañana, a partir de las 10:00 a. m.”, lo que clarificaba cuándo tendría
ocurrencia esa próxima sesión[5].
El acta precisó además que en esa sesión se debatirían aquellos proyectos que
en la reunión próxima a concluir habían sido anunciados, como efectivamente
ocurrió.
Ahora bien, la misma
certificación antes referida da cuenta de que este proyecto fue discutido y
aprobado en primer debate el 31 de octubre de 2012 y que el quórum
deliberatorio y decisorio estuvo integrado por los 13 senadores[6]
que conforman dicha célula legislativa, según consta en el Acta Nº 15 de la
Sesión Ordinaria de la Comisión Segunda del Senado de ese día, publicada en la
Gaceta del Congreso Nº 396 de junio 7 de 2013 (páginas 1 a 5).
De otro lado, esta certificación
menciona que el proyecto se aprobó conforme a lo previsto en el artículo 129
del Reglamento del Congreso[7],
alusión a través de la cual se informa que dicha aprobación se produjo mediante
votación ordinaria pero unánime, que es una de las excepciones válidas al
mandato actualmente contenido en el artículo 133 superior sobre votación
pública y nominal de los proyectos de ley. De esta manera, se tiene entonces
que el proyecto antecedente fue válidamente tramitado por la correspondiente
comisión legislativa.
2.4.1.2. Trámite ante la
Plenaria del Senado de la República:
La ponencia para segundo debate,
fue presentada por el mismo Senador Barreras Montealegre en noviembre 23 de
2012 y fue publicada en la Gaceta del Congreso Nº 862 de noviembre 29 del mismo
año, en las páginas 1 a 17.
En relación con el anuncio previo
del proyecto, la certificación de agosto 22 de 2013, suscrita por el Secretario
General del Senado de la República, informa que éste se produjo el 11 de
diciembre de 2012, según consta en el Acta Nº 38 de esa fecha, publicada en la
Gaceta Nº 90 de marzo 13 de 2013.
Consultada
la referida acta[8],
se observa que el punto II se ocupó del anuncio de proyectos en los siguientes
términos: “Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad
con el Acto Legislativo número 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los
proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión:…”[9],
(página 13 de la Gaceta 90), dentro de los cuales se encontraba el que en este
caso ocupa la atención de la Sala, en el puesto 13 de un total de 37 proyectos
de ley.
Al concluir
esa sesión, y entre otros anuncios, se informó que “se convoca para el
día miércoles 12 de diciembre de 2012, a las
10:00 a. m.”, (página 116 de la Gaceta referida), con lo cual
quedó aclarada la fecha en que se produciría el debate y votación de los
proyectos anunciados (ninguna de las subrayas es del texto original).
La Corte
resalta entonces que por las condiciones en que se produjo el aviso, este
cumplió adecuadamente el propósito de alertar a los Senadores y a la opinión
pública sobre el debate y votación del proyecto de ley en cuestión.
Ahora bien, según consta en la
misma certificación y en el Acta Nº 39, publicada en la Gaceta Nº  93 de marzo
15 de 2013, este proyecto fue discutido y aprobado, a través de votación
ordinaria, en segundo debate por la plenaria del Senado el 12 de diciembre de
2012 y que el quórum deliberatorio y decisorio estuvo integrado por 93 de los
99 Senadores que conforman dicha corporación.
También en este caso se hizo
referencia a que la votación se cumplió bajo el modo previsto en el artículo
129 del Reglamento del Congreso, es decir votación ordinaria pero unánime, que
suple la necesidad de votación pública y nominal, circunstancia que igualmente
puede constatarse en la respectiva acta, la cual no contiene constancias
relativas a votos negativos.
2.4.2.1. Trámite ante la
Comisión Segunda Constitucional de la Cámara de Representantes:
La ponencia para primer debate,
fue presentada el 8 de abril de 2013 por el Representante Albeiro Vanegas
Osorio, a quien fue repartido este proyecto, ponencia que fue publicada en la
Gaceta del Congreso Nº 214 de abril 19 de 2013, en las páginas 9 a 20.
La certificación de agosto 21 de
2013, suscrita por la Secretaria General de la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes informa que el anuncio de votación de este proyecto tuvo lugar
el 24 de abril de 2013, según consta en la página 28 del Acta Nº 01 de esa
fecha, publicada en la Gaceta Nº 454 de junio 27 de 2013. El mismo documento da
cuenta de que este proyecto fue aprobado en primer debate el día 30 abril de
2013 en votación ordinaria y por unanimidad de los presentes, de acuerdo a lo
previsto en la Ley 1431 de 2011, y que el quórum decisorio estuvo integrado por
17 de los 19 representantes que conforman esa célula legislativa, según consta
en el Acta Nº 29 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 626
de agosto 16 de 2013, páginas 13 a 17.
También en
este caso, encuentra la Sala que el anuncio efectuado tuvo las características
necesarias para amparar válidamente la votación realizada el martes 30 del
mismo mes y año. Ello por cuanto, de una parte, aquél se hizo en términos
suficientemente claros y explícitos al hablar de “Anuncio de proyectos de
ley”, así como del propósito de “dar cumplimiento al artículo 8° del
Acto Legislativo número 01 de 2003”, proyectos que serían discutidos
y votados en la próxima sesión de la Comisión:…”, enunciándose en
segundo lugar el proyecto de ley aprobatoria que aquí se analiza, lo que debió
permitir a los asistentes entender claramente que se trataba de dar
cumplimiento al requisito establecido en el último inciso del artículo 160
superior. Y de otra, porque al haberse hecho referencia a la próxima sesión, y
haberse citado al concluir la reunión para “el próximo martes 30 de abril a
las 10:00 a. m.” se permitió a los escuchas enterarse claramente cuando
tendría lugar el debate y votación anunciados (página 28 de la Gaceta referida,
ninguna de las subrayas es del texto original).
Por todo lo anterior, concluye la
Corte que tanto el anuncio como la votación realizados durante esta etapa del
proceso legislativo fueron válidos y cumplieron a plenitud los objetivos
constitucionales por los cuales se establecieron.
2.4.2.2. Trámite ante la
Plenaria de la Cámara de Representantes:
La ponencia para segundo debate
fue presentada, también por el Representante Vanegas Osorio, y fue publicada en
la Gaceta del Congreso Nº 296 de mayo 13 de 2013, en las páginas 5 a 15.
En relación con el anuncio del
proyecto previo a esta última votación, la certificación de agosto 21 de 2013,
suscrita por el Secretario General de la Cámara de Representantes, informa que
éste se produjo el día 18 de junio de 2013, según consta en el Acta Nº 215 de
la fecha, publicada en la Gaceta Nº 751 de septiembre 20 de 2013, páginas 121 y
122.
En lo
atinente a los términos del anuncio, en esa acta se observa (págs. 121-122) que
la Subsecretaria General de la Cámara expresó: “Señor Presidente, se
anuncian los siguientes proyectos para la sesión del día 19 de junio del 2013”, y que a continuación, dentro de la lista de proyectos relacionados se encontraba el “Proyecto
229 de 2012 Cámara, 038 de 2012 Senado”. También, que al concluir la sesión
en la cual se efectuó el anuncio, expresó la Presidencia “…simplemente para
reconfirmar el anuncio de todos los proyectos. Se cita entonces para el día de
mañana 19 de junio a las 8 de la mañana”, con lo que en concordancia con el
anuncio antes efectuado, se precisó cuándo se realizaría la sesión en que se
debatirían y votarían esos proyectos, tal como en efecto ocurrió, al cumplirse
la sesión del miércoles 19 de junio de 2013.  Por todo ello, observa la Corte
que en este paso se dio exacto y cabal cumplimiento al requisito establecido en
el inciso final del artículo 160 de la carta política.
De otra parte, de acuerdo con la
misma certificación y con el contenido del Acta Nº 216 de la Cámara de
Representantes, publicada en la Gaceta Nº 757 de 23 de septiembre de 2013
(páginas 139 y 140), este proyecto fue discutido y aprobado en segundo debate
por los asistentes a la sesión del día 19 de junio de 2013, en la cual se
hicieron presentes 159 representantes.
Con todo, la referida acta deja
constancia de que en esta aprobación se registró un total de 99 votos, al tiempo
que omite cualquier alusión a la presencia de votos negativos. En tales
circunstancias entiende la Corte que, a la avanzada hora en que se produjo la
votación de este proyecto, se había reducido el quórum inicialmente alcanzado,
en todo caso sin que esa disminución llevara a aquél a un nivel inferior al
requerido para la validez de tal votación (84 representantes). Como también que
esa votación habría tenido carácter unánime, lo que así mismo permite
encuadrarla en la ya mencionada hipótesis del artículo 129 del Reglamento del
Congreso, como excepción al deber constitucional de que la votación de
proyectos sea pública y nominal.
2.5.
Conclusión sobre el cumplimiento de los requisitos constitucionales aplicables
al trámite legislativo surtido por este proyecto:
Frente al
trámite cumplido en las cámaras legislativas por el proyecto de ley 038 de 2012
– Senado / 229 de 2012 Cámara, que vino a convertirse en Ley 1668 de 2013, se
observa lo siguiente:
El proyecto
agotó de manera satisfactoria los requisitos generales previstos en la
Constitución y en el reglamento del Congreso para la tramitación de un acto de
esta naturaleza. En efecto, este proyecto: (i) inició su trámite en el Senado
de la República (art. 154 Const.); (ii) fue publicado previamente al inicio del
proceso legislativo; (iii) fue aprobado tanto en primero como en segundo debate
en cada una de las dos cámaras que conforman el órgano legislativo, con el
quórum y las mayorías exigidas por la Constitución y el Reglamento, mediante
votación ordinaria pero unánime, según lo autorizado por la Ley 1431 de 2011;
(iv) en cada una de esas ocasiones, el debate y votación del proyecto fue
debidamente anunciado en una sesión diferente; (v) las ponencias, tanto en
comisiones como en las plenarias, fueron publicadas antes de iniciarse los
respectivos debates; (vi) entre el primero y segundo debate realizado en cada
cámara, así como entre la aprobación del proyecto en la plenaria del Senado y
la iniciación del trámite en la Cámara de Representantes, transcurrieron los
términos mínimos previstos en el texto constitucional (art. 160); (vii) fue
sancionado por el Presidente de la República una vez concluido el trámite
legislativo; (viii) fue enviado para su revisión de constitucionalidad a esta
Corte, dentro de los seis (6) días siguientes a la sanción presidencial.
En
consecuencia, bajo todos estos respectos, la Ley 1668 de 2013 debe ser
considerada exequible, en lo que se refiere a la validez de su trámite
legislativo.
3.
Análisis material sobre el contenido del Acuerdo aprobado mediante Ley 1668 de
2013:
3.1.
Objetivo y aspectos generales
De acuerdo
con el contenido de su título, el “Acuerdo entre el Gobierno de la República
de Colombia y la República de la India para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta”, incorporado
mediante Ley 1668 de 2013, persigue dos propósitos fundamentales: El primero de
ellos es prevenir de manera efectiva, para el caso de los países allí
indicados, la doble tributación que usualmente afecta a las personas que
simultáneamente mantienen vínculos personales, laborales o de otro tipo con dos
distintos Estados. El otro es reforzar la mutua colaboración entre las
autoridades tributarias de ambos países con el fin de asegurar el cumplimiento
de las obligaciones tributarias por parte de sus ciudadanos, el cual suele
dificultarse si no existe comunicación efectiva entre sus autoridades, más aún
como resultado de la existencia de ventajas como las que este mismo acuerdo
busca fortalecer (garantía de que no habrá doble tributación).
De esta
manera los Estados firmantes buscan ofrecer condiciones más favorables para el
tráfico jurídico y de inversiones y negocios entre los dos países, que se
espera redunden en el crecimiento de ambas economías, al tiempo que a través de
la mutua cooperación, previenen que tales condiciones puedan generar perjuicios
a la efectiva recaudación de las rentas tributarias legalmente debidas a cada
uno de ellos.
Con estos
propósitos, diversos entes internacionales como la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE, la International Fiscal
Association IFA y el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, entre
otros, han unido esfuerzos para promocionar la concertación de acuerdos
bilaterales o multilaterales de este tipo (comúnmente llamados ADT), a fin de
buscar armonizar las legislaciones de los distintos Estados en torno a la
unificación de principios generales sobre tributación en materia de comercio
internacional y de políticas uniformes para evitar la evasión fiscal.
En esta línea, Colombia ratificó la Decisión 578 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena, vigente desde mayo de 2004 y contentiva del “Régimen
para evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal”. De igual
manera pueden destacarse los acuerdos que con este mismo objetivo se han
firmado con diversos países, cuyas leyes aprobatorias han sido todas revisadas y
declaradas exequibles por este tribunal. Así, se encuentran hoy vigentes en el
ordenamiento nacional Acuerdos para evitar la Doble Imposición (ADT) con Brasil
(Ley 71 de 1993, sentencia C-249 de 1994), España (Ley 1082 de 2006, sentencia
C-383 de 2009), Chile (Ley 1261 de 2008, sentencia C-577 de 2009), Suiza (Ley
1344 de 2009, sentencia C-460 de 2010), Canadá (Ley 1459 de 2011, sentencia C-295
de 2012) y México (Ley 1568 de 2012, sentencia C-221 de 2013).
Desde esta
perspectiva, reitera la Corte que el tratado cuya constitucionalidad se revisa
es un mecanismo válido para el cumplimiento de los fines del Estado colombiano
y se enmarca sin dificultad dentro de los objetivos que el texto superior le
asigna al manejo de las relaciones internacionales y a la suscripción de
tratados con otros Estados y/o organismos de derecho internacional (cfr.
artículos 9°, 150 num. 16°, 189 num. 2°, 224 y 226 de la Constitución
Política).
En relación
con el objetivo del Acuerdo es del caso precisar que no resulta contrario a
ninguna de las disposiciones constitucionales relevantes en relación con el
tema tributario, como son principalmente los artículos 338, 345 y 363. Por lo
demás, es claro que las disposiciones de este Acuerdo no entrañan, en manera
alguna la creación de nuevas obligaciones o cargas tributarias para los
ciudadanos colombianos o las personas residentes en Colombia, sino por el
contrario, la posibilidad de racionalizar tales cargas frente a las ya anotadas
circunstancias de eventual doble imposición.
De otra
parte, frente a la restricción contenida en el artículo 294 constitucional de
conformidad con la cual “La ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos
preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades
territoriales” es pertinente señalar que, en general este tratado se ocupa
del “impuesto sobre la renta y complementarios”, que en el derecho
colombiano ha sido tradicionalmente un impuesto de propiedad de la Nación[10].
Sin embargo, más adelante se efectuará una consideración especial frente al
contenido del numeral 1° del artículo 2° del Acuerdo, en cuanto la expresión “o
por sus subdivisiones políticas o entidades locales o territoriales”, pues,
prima facie, podría existir oposición frente al citado artículo 294
constitucional.
También es
pertinente resaltar que si bien la evitación de la doble imposición puede
implicar el reconocimiento como descuento o deducción por parte de las autoridades
tributarias colombianas de lo cancelado por iguales conceptos a las autoridades
de la República de la India, lo que en ciertos casos puede traducirse en
menores recaudos totales para el tesoro colombiano, esta posibilidad ha sido
incorporada al derecho interno mediante una norma de carácter legal como lo es la
Ley 1668 de 2013. Por ello es del caso concluir que ha sido adoptada por el
órgano competente (art. 338), habiendo además sido estudiada por iniciativa del
Gobierno Nacional (art. 154 ibídem), todo lo cual cumple, de manera simultánea,
con las prescripciones constitucionales pertinentes, tanto en materia
tributaria, como en lo relativo a su carácter de tratado internacional.
Finalmente,
reforzando con ello la viabilidad constitucional de este tipo de estipulaciones
internacionales, es claro que dicha ventaja no se concede de manera unilateral,
sino por el contrario, dentro de un marco de reciprocidad, por cuanto de la
misma manera podrá hacerse valer como descuento o deducción ante las
autoridades tributarias hindúes, dentro del marco de este convenio, lo que
hubiere sido pagado en Colombia por tales conceptos.
3.2.
Contenido particular del tratado que se revisa
El Acuerdo
objeto de revisión consta de 31 artículos distribuidos en cinco apartes o
capítulos (aunque no se usa esta denominación), a saber: I. Ámbito de
aplicación del Acuerdo (artículos 1° y 2°); II. Definiciones (artículos 3° a
5°); III. Imposición de las rentas (arts. 6° a 22), IV. Eliminación de la doble
imposición (art. 23), y V. Disposiciones especiales (arts. 24 a 31). Por su parte, el Protocolo anexo al final, contiene en total cuatro estipulaciones de
carácter interpretativo que hacen precisiones frente a varias de las cláusulas
del Acuerdo.
Del análisis
individual de las estipulaciones contenidas en este instrumento internacional y
en su protocolo, de manera general observa esta corporación que ninguna de
ellas resulta violatoria de algún precepto constitucional. Por el contrario,
entiende que todas esas reglas constituyen mecanismos idóneos para el logro de
los objetivos antes señalados, además de lo cual, como se indicará en el lugar
correspondiente, contienen salvaguardas que preservan la vigencia de
importantes principios del derecho colombiano, varios de ellos contenidos en la
Constitución Política. A continuación la Corte realiza el estudio particular de
cada una de estas disposiciones.
3.3. La
exequibilidad de las disposiciones de este tratado
Los artículos
1° a 5° de este Acuerdo, que a continuación se analizan, se ocupan de
determinar y delimitar el campo de aplicación del mismo. Las disposiciones
iniciales de este Acuerdo tienen el siguiente contenido:
El artículo
1° establece que este Acuerdo se aplicará a las personas residentes en uno
o ambos de los Estados contratantes, lo que se ve complementado con el
contenido del artículo 4° en el que se establecen reglas claras y
precisas para determinar quiénes deben considerarse residentes de uno u otro
Estado.
De manera
concordante, el artículo 2° explica y detalla a cuáles de los impuestos
existentes en la legislación tributaria de los Estados signatarios se aplicará
el Acuerdo, que son aquellos que en la terminología aplicable en ambos países
se conocen de manera genérica como impuestos sobre la renta. La norma agrega en
su parte final que este Acuerdo se aplicará también a los nuevos impuestos de
naturaleza idéntica o análoga que se establezcan con posterioridad a la fecha
del mismo en cada Estado signatario.
El artículo
3° contiene las definiciones de términos o expresiones de uso corriente a
lo largo del texto contractual, tales como Colombia, India, Estado contratante,
persona, sociedad, empresa, empresa de un Estado contratante, tráfico
internacional, autoridad competente, nacional, impuesto y ejercicio fiscal, y
establece que toda expresión o término no identificado expresamente en este
artículo, tendrá el significado atribuido, preferentemente, por la legislación
fiscal del estado relativa a los impuestos que son objeto del tratado.
Por su parte,
el artículo 5° define y establece detalladas reglas en torno al término establecimiento
permanente, que es análogo aunque más amplio, que el de establecimiento
de comercio, de uso corriente y larga tradición en el derecho colombiano[11].
Este término junto con el de residente, son usados de manera recurrente a lo
largo del texto de este Acuerdo para construir las distintas reglas sobre su
aplicación, especialmente lo relativo a en qué lugar deben cumplirse de manera
preferente las obligaciones tributarias que un determinado negocio genere y que
en principio se refieran a ambos Estados.
En relación
con todas estas normas (artículos 1° a 5° del Acuerdo), además de resaltar su
necesidad y pertinencia, se observa que ninguna de ellas, ni las definiciones
allí contenidas incluye elementos que contraríen de manera alguna la preceptiva
constitucional colombiana. Por ello, puede decirse desde ya que esta corporación
considera exequibles las disposiciones de los apartes I y II del referido Acuerdo.
El aparte III
sobre Imposición de las Rentas, contiene prolijas y detalladas reglas en
relación con el territorio y la forma en que serán gravados los beneficios
provenientes de cada uno de los siguientes temas: rentas de bienes inmuebles (art.
6°), utilidades empresariales (art. 7°), transporte marítimo y aéreo
(art. 8°), empresas asociadas (art. 9°), dividendos (art. 10),
intereses (art. 11), regalías y remuneraciones por servicios técnicos (art.
12), ganancias de capital (art. 13), servicios personales
independientes (art. 14), servicios personales dependientes (art. 15),
remuneración devengada en calidad de consejero (art. 16), artistas y
deportistas (art. 17), pensiones (art. 18), funciones públicas (art.
19), profesores, maestros e investigadores escolares (art. 20),
estudiantes (art. 21) y otras rentas (art. 22).
Algunas de
estas disposiciones incluyen, en los casos en que se consideró necesario,
definiciones complementarias sobre el alcance de los términos que delimitan el
campo de acción de cada una de ellas, tales como bienes inmuebles, utilidades,
dividendos, intereses, regalías, remuneraciones por servicios técnicos y
servicios profesionales.
Además de
ello, frente a los artículos 10 y 12, el Protocolo inserto al final del Acuerdo
contiene dos notas aclaratorias: la primera, que es la número 2 de aquel texto,
está relacionada con el artículo 10 y estipula que, en el caso de Colombia,
según los artículos 49 y 245 (parágrafo 1°) del Estatuto Tributario, cuando una
sociedad residente en el país no ha pagado el impuesto de renta sobre las
utilidades distribuidas a los accionistas, a causa de exenciones o porque las
utilidades superan el límite máximo no gravable, el dividendo distribuido podrá
someterse a imposición en Colombia a una tasa no superior al 15%, si el
beneficiario efectivo de los dividendos es un accionista residente en la India.
La segunda,
relacionada con el artículo 12 e identificada como la estipulación número 3 del
Protocolo precisa que, en el caso de la India, el término “remuneraciones
por servicios técnicos”, incluye pagos en contraprestación por la provisión
de servicios técnicos u otros servicios personales de acuerdo a las
disposiciones de la “section 9 Income-tax Act, 1961”.
Así, en lo
que respecta a la exequibilidad de estas reglas (arts. 6° a 22 del Acuerdo y
las estipulaciones número 2 y 3 del Protocolo), habiéndose determinado
previamente que el propósito de este tratado internacional se ajusta a la
Constitución, la Corte tampoco tiene reparo alguno en relación con ellas.
Esto es
consecuencia de su carácter instrumental en relación con el Acuerdo examinado,
en cuanto tales disposiciones se limitan a describir las distintas hipótesis a
partir de las cuales pueden presentarse situaciones de eventual doble
tributación, y a establecer las reglas conforme a las cuales se determinará
ante cuál de los Estados signatarios deberán cumplirse las respectivas
obligaciones tributarias. Por lo demás, se trata de reglas claras, explícitas y
suficientemente comprehensivas, todo lo cual facilitará la efectiva aplicación
de este tratado.
La parte IV
sobre la Eliminación de la Doble Imposición contiene únicamente el artículo
23 del Acuerdo, que trata precisamente sobre los métodos a partir de los
cuales podrá evitarse la doble tributación, propósito central de este Acuerdo.
Estas reglas resultan claras y pertinentes, y en cuanto hacen posible el logro
de una finalidad que como se ha visto, es acorde con nuestro ordenamiento
constitucional, deben considerarse igualmente exequibles.
La parte V
sobre Disposiciones Especiales incorpora reglas relacionadas con la no
discriminación frente a los contribuyentes que sean residentes del otro Estado
(art. 24), el procedimiento a adoptar frente a los desacuerdos que
puedan surgir en la aplicación de este convenio (art. 25), el
intercambio de información entre las autoridades de los Estados contratantes (art.
26), la asistencia en la recaudación tributaria (art. 27), la
limitación de beneficios para aquellos que pretendan aprovecharse de las
cláusulas de este Acuerdo a efectos de elusión o evasión de impuestos (art.
28), el régimen especial aplicable a los miembros de misiones diplomáticas
y consulares (art. 29), normas frente a la entrada en vigor del Convenio
(art. 30) y a la posibilidad de efectuar su denuncia por parte de
cualquiera de los Estados contratantes (art. 31).
La cláusula
contenida en el artículo 24 establece un conjunto de reglas de carácter
bilateral, conforme a las cuales, las autoridades competentes en uno y otro
país dispensarán a los nacionales del otro Estado que deban tributar ante
ellas, un tratamiento semejante al que darían a sus propios nacionales.
Por su parte,
el artículo 25 establece las facilidades necesarias para que los Estados
suscriptores procuren lograr acuerdos amistosos cuando quiera que un residente
de uno de ellos considere que el otro Estado no aplica correctamente las
cláusulas de este Convenio, caso en el cual, las autoridades del Estado del que
sea residente el inconforme le colaborarán en buscar ante sus homólogas del
otro país la solución al caso planteado.
El mismo
artículo prevé también la posibilidad de buscar un entendimiento en cuanto a la
forma como debe interpretarse una disposición de este convenio o la manera como
puede resolverse una situación que no se encuentre expresamente contemplada en
él, y en general, de comunicarse de manera permanente, a fin de llegar a
acuerdos sobre todos estos aspectos.
El artículo
26 establece los mecanismos necesarios para el intercambio entre las
autoridades de los Estados suscriptores de la información que pueda resultar de
interés para la mejor aplicación de este convenio. Lo anterior se complementa
con el mutuo compromiso de utilizar la información así intercambiada únicamente
para los efectos relacionados con este convenio, manteniendo además su
confidencialidad con respecto a terceros, excepto cuando se trate de tribunales
o autoridades administrativas que la requieran en ejercicio de sus funciones, o
de otros usos autorizados por las leyes del respectivo país. Este artículo
contiene también disposiciones complementarias relativas a las formas de
reserva usualmente reconocidas por el Derecho Internacional y/o por el derecho
interno de los países signatarios, lo que garantiza, en lo pertinente los
derechos a la intimidad, al buen nombre y a la reserva documental de que trata
el artículo 15 de la Constitución Política.
El artículo
27 contiene los mecanismos a partir de los cuales los Estados firmantes de
este convenio se comprometen a prestarse mutua colaboración en el cobro o
recaudo de los créditos tributarios a su favor, compromiso que no se limita a
los temas y/o los sujetos a que se refieren sus artículos 1° y 2°, sino que
podrá extenderse a todas las materias tributarias.
Este artículo
contiene las reglas necesarias para la correcta aplicación de dichos mecanismos
de colaboración, así como las advertencias sobre los límites y excepciones
aplicables en relación con ellos, dentro de los cuales se destaca el relativo a
la manifiesta desproporción entre el costo administrativo de dicha gestión de
cobro y el beneficio que el otro Estado puede obtener por ella. En lo que atañe
a los compromisos que en desarrollo de esta cláusula asume Colombia, considera
la Corte que tales exclusiones consultan de manera adecuada los criterios
inspiradores de la función administrativa contenidos en el artículo 209
constitucional, así como las demás normas superiores aplicables.
En el artículo
28 se precisa que las disposiciones del Acuerdo en ningún caso impedirán a
un Estado contratante aplicar la legislación interna y las medidas relacionadas
con la elusión y evasión de impuestos, a fin de evitar posibles abusos de mala
fe de las cláusulas contenidas en el instrumento internacional, estableciendo
que se limitarán los beneficios de este Acuerdo cuando ello se compruebe.
El artículo
29 advierte que las disposiciones de este Acuerdo no afectan los
privilegios fiscales que con anterioridad a él y en virtud del Derecho
Internacional disfrutaran los miembros de las misiones diplomáticas y
consulares de los Estados signatarios.
Finalmente,
los artículos 30 y 31 regulan de manera clara los temas de entrada en
vigor del convenio y de su eventual terminación o denuncia, de acuerdo con los
principios del Derecho Internacional Público, especialmente la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados, aprobada  mediante Ley 32 de 1985.
Examinadas
las anteriores normas, la Corte estima que todas ellas resultan razonables
dentro de un Acuerdo de esta naturaleza y son conducentes a la adecuada
ejecución y cumplimiento del mismo. Por lo demás, ninguna de estas
disposiciones contiene renuncias a los derechos de los ciudadanos ni de las
autoridades colombianas, ni tampoco confiere a los ciudadanos y autoridades de la
República de la India privilegios o prerrogativas especiales que resulten
contrarias a la Constitución Nacional.
Por el
contrario, todas ellas se basan en el principio de reciprocidad, por lo que los
ciudadanos de uno y otro Estado gozarán de los mismos privilegios, ventajas y
facilidades, particularmente las conducentes a evitar la doble tributación con
ocasión de las actividades económicas que ellos adelanten y de las cuales pueda
resultar su eventual sujeción a imposición tributaria en ambos Estados.
Así mismo,
las autoridades de ambos países tendrán iguales obligaciones, ventajas y
prerrogativas para facilitar a sus ciudadanos el ejercicio de los derechos que
este tratado les confiere, así como para luchar de manera efectiva contra la
evasión fiscal en sus respectivos territorios. Por todo lo anterior, considera
esta Corte que el estudio material de la normatividad del Acuerdo resulta
inclinado hacia la exequibilidad del mismo.
3.4. La
exequibilidad del numeral 1° del artículo 2°
Como se
anunció en precedencia, el contenido del numeral 1° del artículo 2° del
presente Acuerdo merece una consideración particular, debido a que como lo
advirtieron algunas de las intervinientes[12],
al menos prima facie, su contenido podría resultar problemático al confrontarlo
con el artículo 294 superior, que establece una prohibición expresa frente a la
posibilidad de que la ley conceda exenciones o privilegios en relación con los
tributos de propiedad de las entidades territoriales.
El contenido
preciso del mencionado numeral, que apenas excepcionalmente aparece en este
tipo de tratados internacionales[13],
indica que “el presente Acuerdo se aplica a los impuestos sobre la renta
exigibles por cada uno de los Estados Contratantes o por sus subdivisiones
políticas o entidades locales o territoriales, cualquiera que sea el sistema de
exacción”.
En la medida
en que, de acuerdo con el texto del pacto bilateral, ambos Estados se
comprometen a ceder parte de su potestad impositiva en materia tributaria, permitiendo
ciertas exenciones o privilegios para quienes cumplan los requisitos previstos,
se debe examinar si ello plantearía una indebida afectación de los tributos de
propiedad de las entidades territoriales por parte de la Nación.
A este
respecto, observa la Sala Plena que en la actualidad la aplicación del Acuerdo
entre las Repúblicas de la India y Colombia se circunscribe[14],
en lo que a esta última concierne, al impuesto sobre la renta y complementarios[15],
el cual ha tenido siempre como titular del recaudo a la Nación. Por ello, resulta
diáfano que la aplicación de este Acuerdo dentro de ese específico marco no
infringe el artículo 294 de la carta política, por lo cual este numeral resulta
exequible.
Ahora bien, es
cierto que del texto del numeral 4° del prenombrado artículo 2°, se desprende
que este pacto “se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza
idéntica o análoga que se establezcan con posterioridad a la fecha de la firma
del mismo”. Esta previsión plantea entonces la fortuita posibilidad de que
si en el futuro, y durante la vigencia de este Acuerdo, el Congreso de la
República faculta mediante ley a las asambleas departamentales y/o a los concejos
municipales a crear un impuesto sobre la renta de carácter local, lo que dentro
del marco del texto superior vigente podría suceder[16],
los respectivos entes territoriales podrían resultar afectados, en cuanto el impuesto
que a su favor deba liquidarse pudiere verse reducido al contabilizar, dentro
del marco de este Acuerdo, lo pagado a las autoridades homólogas de la India.
Con todo, existen
al menos dos importantes razones que sin duda abonan la exequibilidad de esta estipulación.
De una parte, que esa eventualidad, si bien conceptualmente factible, parece en
realidad remota, al recordar que se trata de una regulación que en casi un
siglo de vigencia nunca ha presentado cambios en lo relacionado con el nivel territorial
al que corresponde la titularidad del tributo, que en todo momento ha sido la
Nación. De otra, que tampoco resulta claro que la eventual afectación de los impuestos
locales que en tal escenario podría configurarse, pudiere en realidad considerarse
como exención o tratamiento preferencial que afecte la integridad de los ingresos
de que son titulares las entidades territoriales, que son las situaciones que
de manera excepcional prohíbe el artículo 294 superior.
Bajo las
anteriores consideraciones, también esta cláusula se declarará ajustada a la
Constitución, razón por la cual no se hará salvedad alguna en lo relacionado
con la exequibilidad de las
disposiciones que conforman este Acuerdo.
4.
Conclusión
Realizado el
análisis de este convenio, tanto en su aspecto formal como material, estima la
Corte que en todo se ajusta a los preceptos constitucionales. Ello es así por
cuanto, de una parte, se han cumplido los requisitos procedimentales exigidos
por la Constitución y la ley para integrar el ordenamiento jurídico interno; y
de otra, los objetivos y el contenido del Acuerdo sometido a control
constitucional, que como quedó dicho, busca facilitar a los ciudadanos y
empresas de los países signatarios los instrumentos que les permitan no ser
sujetos de doble imposición tributaria por parte de ambos Estados, se avienen
sin dificultad al contenido de los preceptos superiores aplicables.
VI.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto,
la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- DECLARAR exequible el “Acuerdo
entre el Gobierno de la República de Colombia y la República de la India para
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación con el
impuesto sobre la renta” y su “Protocolo”, suscritos en Nueva Delhi
en mayo 13 de 2011.
Segundo.- DECLARAR exequible la Ley 1668 de
julio 16 de 2013, “por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre el
Gobierno de la República de Colombia y la República de la India para evitar la
doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre
la renta y su protocolo”, suscritos en Nueva Delhi en mayo 13 de
2011.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA     MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrada                                                  Magistrado
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Magistrado
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO                 NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
Magistrado
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB               ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Magistrado
MARÍA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1]
Ver sentencia C-468 de 1997 (M. P. Alejandro Martínez Caballero). Esta doctrina
ha sido ampliamente reiterada por esta corporación, entre otras en las
sentencias C-682 de 1996 (M. P. Fabio Morón Díaz), C-924 de 2000 (M. P. Carlos
Gaviria Díaz) y C-718 de 2007 (M. P. Nilson Pinilla Pinilla).
[2] Según lo dispuesto en el artículo 204 del Reglamento del
Congreso, los proyectos de ley aprobatorios de tratados internacionales se
tramitan por el procedimiento legislativo ordinario o común, con las
especificidades establecidas en la Carta (sobre la iniciación del trámite de la
ley en el Senado de la República, artículo 154, Const.) y en el reglamento
sobre la posibilidad del presentar propuestas de no aprobación, de aplazamiento
o de reserva respecto de Tratados y Convenios Internacionales (art. 217 de la Ley 5ª de 1992).
[3]
Ver artículo 19 de la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los
Tratados.
[4] “7. Plenos poderes. 1. Para la
adopción la autenticación del texto de un tratado, para manifestar el
consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerará que una
persona representa a un Estado:
a) si se presentan los adecuados plenos
poderes, o…”
[5] La Corte ha resaltado que la fecha para la cual se hace el anuncio debe ser determinada, pero ha
aceptado que ésta sea determinable. Cfr. sobre este aspecto, entre
otras, las sentencias C-644 de 2004 (M. P. Rodrigo Escobar Gil), C-780 de 2004
(M. P. Jaime Córdoba Triviño); C-1040 de 2005 (Ms. Ps. Cepeda Espinosa, Escobar
Gil, Monroy Cabra, Sierra Porto, Tafur Galvis y Vargas Hernández); C-576, C-649
y C-863 de 2006 (las tres últimas M. P. Manuel José Cepeda Espinosa), y los
autos A-089 de 2005 (M. P. Manuel José Cepeda E.), A-311 de 2006 (M. P. Marco
Gerardo Monroy Cabra) y A-013 de 2007 (M. P. Álvaro Tafur Galvis).
[6] La
certificación indica: “En relación al quórum se informa que este quedó
integrado por los trece (13) Senadores que conforman la Comisión Segunda del Senado, algunos de los cuales contestaron a lista al iniciar la sesión y
otros que se hicieron presentes durante el transcurso de la misma…”.
[7] Cuyo texto vigente corresponde al artículo 1° de la Ley 1431 de 2011.
[8] Gaceta 90 del 13 de marzo de 2013.
[9] Página 13 de la referida Gaceta 90.
[10] De manera ininterrumpida desde la Ley 56 de 1918 “Por la cual se establece el impuesto sobre la renta”.
[11] Artículo 515 del Código de Comercio (Decreto 410 de 1971).
[12] Ver el punto 5 en las páginas 34 y 35 de esta providencia.
[13]
Entre los tratados bilaterales celebrados por Colombia en años recientes, a los
cuales se hizo referencia en el punto 3.1. de estas consideraciones, solamente
los suscritos con el Reino de España y con la Confederación Suiza, aprobados mediante Leyes 1082 de 2006 y 1344 de 2009 respectivamente,
contiene una cláusula análoga, en ambos casos precisamente en el numeral 1° del
artículo 2°.
[14] Según
el literal a) del numeral 3° del artículo 2° del Acuerdo que se revisa.
[15] Regulado
por el artículo 5° y siguientes del Estatuto Tributario colombiano.
[16] Cfr. artículos 300 numeral 4° y 313 numeral 4° de la Constitución Política.