C-011-01
Sentencia C-011/01
Sentencia C-011/01
INHIBICION DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL-Formulación
aparente de cargo
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Recae
sobre texto real y no deducido o implícito
Referencia: expediente D-3068
Demanda de
inconstitucionalidad contra el  parágrafo único del artículo 21 de la Ley 14 de
1991
Actor: Camilo Calderón Rivera
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR
GALVIS
Bogotá, D.C., diecisiete
(17) de enero de dos mil uno(2001).
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de
los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido
la siguiente
SENTENCIA
I.       ANTECEDENTES
En ejercicio de la
acción pública de  inconstitucionalidad, el ciudadano Camilo Calderón Rivera
promovió demanda ante la Corte Constitucional contra el parágrafo único del
artículo 21 de la Ley 14 del 29 de enero de 1991, “Por la cual se dictan
normas sobre el servicio de televisión y radiodifusión oficial”
Cumplidos los trámites constitucionales y
legales propios de los procesos de inconstitucionalidad, la Corte
Constitucional procede a decidir acerca de la demanda en referencia.
II.      NORMA
DEMANDADA
A continuación, se
transcribe el texto de la disposición demandada, conforme a su publicación en
el Diario Oficial No. 39.651 del 30 de enero de 1991:
“LEY 14 DE 1991
(Enero 29)
“Por la cual se dictan normas sobre el
servicio de televisión y radiodifusión oficial”
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
(...)
Artículo 21.-
Ingresos para el Canal Cultural de Inravisión, para las Organizaciones
Regionales de Televisión y para la Radiodifusión Oficial. Inravisión podrá recibir aportes,
colaboraciones, auspicios y patrocinios al canal de interés público operado por
este Instituto y con destino también a la radiodifusión oficial. Las
organizaciones regionales de televisión pueden recibir el mismo beneficio con
destino exclusivo a los programas culturales.
En ningún caso
podrá incluirse propaganda comercial en la cadena tres o canal de interés
público de Inravisión o en la radiodifusora oficial, diferentes del simple
reconocimiento al auspicio, la colaboración o el patrocinio. Este es aplicable
también a los programas culturales que se difundan por las organizaciones
regionales de televisión realizados con estos recursos.
Parágrafo.- El diez por ciento (10%) de los presupuestos
publicitarios anuales de los organismos descentralizados se destinará, para los
fines del presente artículo, distribuidos en la siguiente forma: el siete por
ciento (7%) para el auspicio, colaboración o patrocinio de la cadena tres o
canal cultural de Inravisión, y el tres por ciento (3%) para distribuirlo
equitativamente entre las organizaciones regionales de televisión con destino a
su programación cultural. Para efectos del presente artículo se entiende por
organismos descentralizados los definidos en el artículo 1 del Decreto
Legislativo 1982 de 1974 o normas que lo reformen o adicionen. Estos organismos
deberán dar estricto cumplimiento a lo aquí dispuesto en la ejecución de sus
presupuestos publicitarios”.
III.    LA
DEMANDA
A
juicio del demandante la disposición acusada -y en especial su parágrafo-,
viola los artículos 13, 75, 359, 365 y 367 de la Constitución Política, con
base en las razones que a continuación se resumen:
Señala
que las empresas oficiales de servicios públicos, entre ellas TELECOM, no debe
ser sujeto pasivo de la imposición tributaria establecida en la norma acusada,
pues en su criterio, debe prevalecer la naturaleza de empresas prestadoras de
servicios públicos, con independencia de la forma y estructura jurídica que
tengan como entidades de Derecho Público.
Sostiene
que el carácter de empresa industrial y comercial del Estado, ubica a TELECOM
en pie de competitividad con otros operadores y por tanto la despoja de los
beneficios que le corresponden como ente público y por lo mismo, de las cargas
que enerven o involucren tal capacidad en el mercado de los servicios públicos
pues parte del supuesto de que, al entrar en vigencia la Ley 142 de 1994,
TELECOM redefinió su categoría jurídica -como empresa oficial prestadora del
servicio de telefonía de larga distancia del sector descentralizado (por
servicios)-, organizada bajo la forma de empresa industrial y comercial, pero
cuyo régimen esencial no es otro que el establecido en dicha normatividad para
las empresas de servicios públicos domiciliarios.
En
ese orden de ideas, el actor considera que, al perder TELECOM su condición
privilegiada de ente público monopolizador de un servicio y entrar en
competencia con otros operadores, deja de ser legítimo su tratamiento como
empresa industrial y comercial del Estado, razón suficiente que a juicio del
accionante, amerita la exoneración de la carga impositiva que le señala el
parágrafo del artículo 21 de la Ley 14 de 1991, acusado de inconstitucional.
Aduce
que situación muy diferente era la que se presentaba cuando TELECOM tenía la
naturaleza jurídica de empresa industrial y comercial del Estado, ya que de
acuerdo con lo dispuesto por el Decreto Legislativo 1982 de 1974, se le imponía
la obligación de destinar a los canales culturales y regionales el 10% de su
presupuesto fijado para publicidad. Sin embargo, reitera que en esa época dicha
entidad era la única que prestaba el servicio de telefonía de larga distancia.
El
demandante además califica la imposición tributaria del artículo 21 de la Ley
14 de 1991 como una carga desproporcionada, confiscatoria, alteradora de la
capacidad económica y empresarial de TELECOM, supuesto base que no le permite
competir en condiciones de igualdad, pues manifiesta que no es justo, ni
conforme a Derecho, que la Empresa Colombiana de Telecomunicaciones, esté
sujeta a una carga pública tan solo por ser entidad de Derecho Público
organizada como empresa industrial y comercial del Estado, pero que ante todo
actúa como empresa prestadora de servicios públicos.
De
otro lado señala, que la protección de ciertos intereses legítimos como la
difusión de la cultura no justifica, ni es razón suficiente, para imponer a
TELECOM que destine el 10% de su presupuesto de publicidad para los programas
del canal cultural, ya que con esta medida se afectan varios de sus derechos
fundamentales y se debilita su capacidad para concurrir con eficiencia y
calidad frente a otros operadores de telefonía a larga distancia.
En
cuanto a la financiación de la programación cultural, afirma que las normas
jurídicas demuestran que existen otras modalidades a través de las cuales se
protegería con suficiencia la televisión cultural y no como lo señala el
parágrafo impugnado, exclusivamente mediante el aporte de la contribución
obligatoria a cargo de los organismos descentralizados.
Advierte
que la carga tributaria acusada se convierte en factor perjudicial en la
calidad y prestación del servicio, toda vez que al ostentar la calidad de
entidad oficial y pertenecer al sector descentralizado, debe recortar sus
recursos de comercialización en aras de una actividad ajena a su objeto social.
En
conclusión, considera que existe, respecto de TELECOM, una discriminación
negativa, un trato desigual, que por desproporcionado e irrazonable, atenta
contra su derecho a la igualdad de oportunidades para desempeñarse como empresa
prestadora de servicios públicos. La anterior circunstancia afirma puede llegar
a involucrar el derecho de todos a acceder en condiciones de igualdad al
espectro electromagnético, ya que la alteración de las condiciones de competitividad
puede llevar a TELECOM a la pérdida de su capacidad operativa e inclusive
sacarlo del mercado.
Finalmente,
a juicio del actor, el ingreso establecido en el parágrafo del artículo 21 de
la Ley 14 de 1991 se configura como un impuesto nacional con destinación
específica, situación que ocasiona la violación del artículo 359 de la Carta
Política, según el cual en principio, no habrá rentas nacionales de destinación
específica.
IV.    INTERVENCIONES
El
ciudadano Jorge Alirio Mancera Cortés, en su calidad de apoderado especial de
la Comisión Nacional de Televisión, solicita a la Corte que se denieguen las
pretensiones de la demanda y en su lugar, pide que se declare la exequibilidad
del artículo 21 de la Ley 14 de 1991.
Considera que la disposición demandada no viola, como lo afirma el
actor, el artículo 365 de la C.P., por el contrario manifiesta, que lo que
aquella busca es precisamente la promoción, modernización, y fortalecimiento,
del servicio público de televisión en los canales de interés publico y aduce
que la retribución económica que pagan los organismos descentralizados no pone
en peligro la prestación de los servicios públicos, pues el porcentaje del 10%
que recibe Inravisión de los presupuestos publicitarios anuales de los citados
organismos,  destinados a la promoción, modernización y fortalecimiento de los
canales de interés público, no influyen de manera significativa en el
desarrollo de sus funciones máximo, cuando no todas ellas prestan servicios
públicos.
Precisa igualmente,
que el artículo 365 de la C.P., lo que pretende es que el Estado asegure la
prestación eficiente de unos servicios públicos a “todos los habitantes del
territorio nacional”, por lo que no se infiere de forma alguna que sea
contraria a ella, la norma demandada.
Aclara así mismo que
la demanda, al busca es defender los intereses de Telecom, -lo que es ajeno a
la acción de inconstitucionalidad (art. 241-4 de la C.P.)-, hace que  la Corte
Constitucional no sea competente para resolverla.
De otro lado, señala que por el hecho de que Telecom ya no tenga el
monopolio de la prestación del servicio público telefónico para llamadas de
larga distancia, en virtud de lo dispuesto por la Ley 142 de 1994, el Decreto
1524 de 1994 y la Resolución No. 14 de 1.994, no significa que la norma
demandada se haya vuelto inconstitucional como lo pretende el actor, aduciendo
violación al principio de igualdad.
Tal afirmación no se desvirtúa porque Telecom, y los demás
concesionarios que prestan el servicio público telefónico para llamadas de
larga distancia, puedan ser oficiales privados o mixtos y no tengan un mismo
régimen, pues es más, en tales circunstancias, se está con mayor razón ante
situaciones que no son similares. Además destaca, que la norma objeto de
demanda establece una obligación a cargo de los presupuestos publicitarios
anuales de los organismos descentralizados, y en el evento de que se excluya a
Telecom de esa obligación, como lo pretende el actor, se estaría violando el
principio de igualdad frente a los demás organismos que tienen esta categoría.
Así mismo precisa, que lo dispuesto en la norma acusada es una manifestación
del poder de intervención del Estado en los servicios públicos (art. 75 y 334
de la C.P.)
De otra parte, manifiesta el interviniente, que la norma demandada
no consagra un impuesto, sino una retribución económica que por razones de
interés general, el Estado les impone a los organismos descentralizados.
Sostiene que la
promoción, normalización y fortalecimiento de los canales de interés público,
cuestan elevadísimas sumas de dinero, por lo cual, el legislador optó por crear
mecanismos para conseguir los recursos necesarios, entre otros el 10% de los
presupuestos publicitarios anuales de los organismos descentralizados, en razón
al interés general que reportan a la sociedad.
Finalmente alude en
su intervención a lo afirmado en la sentencia C- 113 del 2000, para concluir
que con la presente demanda, se pretende  dirimir un conflicto cuya resolución
corresponde es al Congreso de la República y cuya finalidad está encaminada a
defender los intereses de Telecom, con lo que se desvirtúa el objeto de la
acción pública de inconstitucionalidad y se exceden los términos de competencia
de la Corte Constitucional.
V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO
Mediante concepto
No. 2291 del 1 de septiembre del 2000, el Jefe del Ministerio Público solicitó
a la Corte declarar la constitucionalidad del artículo 21 de la Ley 14 de 1991,
con fundamento en las consideraciones que a continuación se sintetizan:
En primer lugar,
pone de presente  que en cuanto a la norma acusada, la Corte Constitucional en
Sentencia C-113 de 2000 resolvió inhibirse de proferir fallo de fondo, por lo
cual precisa que teniendo en cuenta que los argumentos que exhibe el mismo
actor, versan sobre idéntica norma, y se enfocan en esta oportunidad igualmente
en la supuesta violación del principio de igualdad, señala que respecto a este
tópico ha operado el fenómeno de la cosa juzgada en razón de que el actor
dirige nuevamente sus argumentos en defensa exclusiva de los intereses
pecuniarios de Telecom.
Expresa así mismo,
en lo relativo al cargo formulado según el cual, la destinación del 10% de
presupuesto de los organismos descentralizados, configura un impuesto nacional
con destinación especifica, que tal predicado dista mucho de lo estipulado en
los preceptos constitucionales y legales y al efecto cita la sentencia C-772 de
1998, M.P. Dr. Fabio Morón Díaz, para concluir, que dado el sentido
redistributivo del presupuesto y la determinación adoptada por el legislador en
relación con la norma demandada, resulta claro que el mismo, no se refiere a lo
previsto en el art. 150, numeral 11, sobre las rentas nacionales.
Indica que de lo que
se trata es del manejo de los recursos públicos, porque resulta ilógico, pensar
que el Estado cree un tributo cuyo sujeto pasivo sea él mismo, teniendo en
cuenta que los organismos descentralizados a que se refiere el Decreto 1982 de
1974 manejan un presupuesto estatal y aclara que los tributos se crean para el
financiamiento de los gastos e inversiones del estado, y este fin lo contempla
la Constitución como deber de la persona y el ciudadano, y no del Estado para
con él mismo.
Igualmente, pone de
presente que la autorización dada a Inravisión para que reciba ingresos por
concepto de aportes, colaboraciones, patrocinios y auspicios, con destino al
canal cultural y a la radiodifusora oficial, así como la orden impartida a los
organismos descentralizados de destinar el 10% de sus presupuestos
publicitarios a tal fin, encuentra asidero en la facultad que tiene el
legislador conforme a los artículos 150-7-23 y 210 de la C.P., de establecer el
régimen  jurídico de las entidades descentralizadas.
Precisa que la
atribución legal de crear, por iniciativa gubernamental, las instituciones y
entidades administrativas que conforman la estructura de la administración
pública nacional y fijar su régimen jurídico, conlleva necesariamente la
facultad para determinar el régimen presupuestal que le permitirá al organismo competente
cumplir con las funciones que le señala la ley, con el fin de satisfacer las
necesidades colectivas que para el caso es acceder a la cultura (art. 2,67,70 y
71 de la C.P.)
En ese orden de
ideas, señala que, el legislador se encontraba habilitado para establecer la
integración del patrimonio de Inravisión, mediante la percepción de aportes,
colaboraciones, auspicios y patrocinios de naturaleza voluntaria o por mera
liberalidad y con aportes presupuestales obligatorios, que provienen de los
entes descentralizados en el porcentaje fijado por la ley acusada de
inconstitucionalidad.
Reitera que los
aportes obligatorios de los entes descentralizados con destino a Inravisión no
son impuestos, pues la fuente de su establecimiento, no es la competencia
legislativa de imponer gravámenes fiscales (arts. 95-9, 150-12 y 338 de la
C.P.), sino, la facultad del Congreso de la República, para determinar el
régimen patrimonial de dichos organismos para el cabal cumplimiento de sus
funciones.
Manifiesta que los
presupuestos de los organismos descentralizados están compuestos por fondos de
naturaleza publica, y por ello, la autonomía administrativa y financiera que
les reconoce por ley, tiene carácter relativo, puesto que sólo pueden
utilizarse sus ingresos para atender los propósitos contemplados en la ley
(Cfr. Art. 86 de la Ley 489 de 1998).
Por último, advierte
que las prescripciones contenidas en la norma acusada son manifestaciones del
poder de intervención del Estado en la prestación del servicio público de
televisión ( art. 75 y 334 de la C.P.), ejercido con el fin, de asegurar la
difusión de la cultura a través de ese medio masivo de comunicación social.
VI.
CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
1.     Competencia
De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4o. de la Carta
Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir,
definitivamente, sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia.
2.      Fallo
inhibitorio por ineptitud sustantiva de la demanda
Como
consideración previa a la fundamentación del fallo que adoptará esta
Corporación, es de señalar que en el estudio realizado a la demanda, para
efectos de decidir sobre su admisión[1],
se estimó que la misma reunía los requisitos exigidos en el artículo 2º del
Decreto 2067 de 1991, pero en virtud de la labor de substanciación del proyecto
final de decisión constitucional se ha encontrado que la argumentación planteada
presenta una formulación apenas aparente del cargo de inconstitucionalidad de
la disposición acusada, la cual en su oportunidad fue razón suficiente para que la Corte mediante Sentencia
C- 113 del 2000, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo, se abstuviera  de
proferir fallo de mérito en un caso similar al planteado, presentado por el
mismo demandante en contra de la disposición jurídica acusada y al considerar
esta Corporación desvirtuado el sentido y el objeto de la acción pública de
inconstitucionalidad planteada, para lograr que la norma demandada fuera
declarada inexequible.
Al
respecto se indicó en la precitada Sentencia C- 113 del 2000, lo siguiente:
“En
el presente caso, la demanda, según resulta de su propio texto, se endereza de
modo exclusivo a la defensa de los intereses pecuniarios de TELECOM respecto de
la destinación periódica de recursos prevista por la norma acusada, cuando es
fácil advertir que ésta no grava con nombre propio a entidad alguna sino que,
con carácter general, cobija a todos los organismos descentralizados.
El
actor busca que la Corte Constitucional dirima un conflicto cuya resolución
corresponde exclusivamente al Congreso.
De
acuerdo con lo expuesto en la demanda, la disposición legislativa ha debido
aplicar a dicho ente una regla distinta a la consagrada para el género de los
organismos descentralizados, teniendo en consideración su naturaleza de empresa
oficial de servicios públicos. Y quiere el actor que la Corte entre a
establecer la distinción que, en su criterio, omitió el legislador, excluyendo
de modo expreso a TELECOM de la obligación impuesta a todos los organismos
descentralizados.
En
efecto, si se vuelve sobre el texto de la norma acusada, se encuentra que para
nada menciona a TELECOM. Su contenido está relacionado con los ingresos para el
canal cultural de INRAVISION y, en la parte sobre la cual el actor centra su
argumentación (el parágrafo), hay un precepto de carácter general aplicable a
los ya indicados entes públicos, en relación con los cuales se establece que el
10% de sus presupuestos publicitarios anuales se destine a los fines del
artículo. De ese porcentaje, el 7% irá para el auspicio, colaboración o
patrocinio de la Cadena Tres, y el 3% para distribuirlo equitativamente entre
las organizaciones regionales de televisión con destino a su programación
cultural.
Como
se observa, aunque el ataque del accionante se dirige contra la norma, su
propósito real es el de que se modifique el texto de la misma para sustraer a
TELECOM del conjunto de sujetos pasivos de su mandato.
Dicho
de otro modo, ya que el legislador no excluyó a esa entidad del ámbito personal
previsto en la norma, se busca que sea esta Corte la que, mediante sentencia,
plasmando distinciones que no surgen del texto examinado, disponga la exención
buscada.
Definitivamente
no coincide tal pretensión con el genuino objeto de la acción pública de
inconstitucionalidad y, por supuesto, excede los términos de la competencia de
la Corte en su tarea de salvaguarda de la integridad y supremacía de la
Constitución.
(..)
(..)
Ahora
bien, la inconstitucionalidad que alega el demandante reside en que la norma
acusada no haya excluido a TELECOM de la mencionada regla. Es decir, se deriva
la posible contradicción con la Carta de un elemento totalmente ajeno al texto
normativo examinado.
Al
respecto, debe la Corte reiterar:
"Para que la
Corte Constitucional pueda establecer, con fuerza de verdad jurídica, la
inexequibilidad que ante ella se solicita, es indispensable que la demanda
recaiga sobre un texto real y no simplemente deducido por el actor o implícito.
Es verdad que la
Corte, al efectuar el cotejo de una norma con la Constitución puede introducir
en ella distinciones, para declarar la exequibilidad condicionada, excluyendo
del ordenamiento jurídico determinado alcance del precepto objeto de su fallo.
Es decir, puede la
Corte, en ejercicio de sus atribuciones, al analizar una norma que ante ella se
demanda, o que debe revisar oficiosamente, diferenciar entre varios sentidos
posibles del precepto admitiendo aquéllos que se avienen a la Constitución y
desechando los que la contradicen.
La misma función del
control constitucional, para que sea efectiva, exige que la autoridad encargada
de ejercerla pueda condicionar en casos excepcionales la decisión de
exequibilidad, cuando de la propia disposición enjuiciada pueden surgir efectos
jurídicos diversos o equívocos, por lo cual se requiere que el juez de
constitucionalidad defina hasta dónde llega el precepto en su ajuste a la
Constitución, y donde y porqué principia a quebrantarla.
Pero esa técnica de
control difiere de aquella encaminada a establecer proposiciones inexistentes,
que no han sido suministradas por el legislador, para pretender deducir la
inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden.
Esta es la circunstancia del caso en estudio, en el cual los demandantes piden
que no se declare inexequible ninguna parte de la norma vigente sino una
hipótesis arbitrariamente inferida de ella.
No resulta posible
resolver sobre cada uno de los casos particulares hipotéticamente cobijados por
un precepto legal, introduciendo comparaciones con otros casos igualmente
particulares no previstos en él.
Para llegar a la
declaración de inexequibilidad total o parcial de una disposición de la ley es
menester definir si existe una oposición objetiva y verificable entre lo que
dispone el precepto acusado y lo que manda la Constitución". (Cfr. Corte
Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-504 del 9 de noviembre de 1995).”
De conformidad con
los argumentos anteriores cabe señalar que sin perjuicio de la posibilidad
abierta a todo ciudadano de interponer acciones públicas en defensa de la
Constitución Política (C.P., arts. 40-6, 85 y 241-4),
tal ejercicio debe reunir unos requisitos mínimos -como presupuesto esencial
para que la Corte Constitucional pueda emitir una decisión de mérito- entre los
cuales está, el señalamiento de las
disposiciones del ordenamiento superior que se consideran infringidas por las
normas legales acusadas, y las razones por las cuales dichos textos se estiman
violados (art. 2o., nums. 2o. y 3o. Decreto 2067 de 1991).
Se
deduce entonces de lo anterior, que no es suficiente la sola acusación de una
preceptiva legal por considerar que desconoce la Carta Política, sino que
resulta necesario presentar los argumentos que concreten y  justifiquen dicha
violación definiendo el ámbito
constitucional a partir de la cual se emitirán juicios de valor, sobre lo
establecido o dispuesto en el propio texto de la normatividad acusada, pues la
sola inconformidad de un ciudadano con la disposición acusada o las razones de
inconveniencia que esgrima “que pueden ser válidas y respetables”, pero no son
suficientes para hacer que operen los mecanismos de control de
constitucionalidad. Estos requieren de un elemental soporte argumentativo
expresado ante el juez contra el texto real de la disposición acusada, para que
se inicie, tramite y decida con fuerza de cosa juzgada y de modo definitivo, si
aquella se aparta de la Constitución Política.
En el
presente caso, el actor denuncia en su argumentación una controversia jurídica,
pretendiendo otorgarle consecuencias constitucionales, que no precisa la norma
demandada, pues el actor plantea un problema jurídico circunscrito a una
interpretación realizada por él, con el fin de que se fije en determinado sentido el ámbito de la norma
acusada mediante la realización de distinciones que no surgen del propio texto
demandado buscando obtener exenciones no contempladas en el texto acusado, lo
que necesariamente debe conducir a una decisión
inhibitoria, en virtud de la ineptitud que presenta la demanda por adolecer de
vicios sustantivos.
En este sentido ha
de expresarse, que si bien es cierto por la
naturaleza misma de la acción pública de inconstitucionalidad, se impone a la
Corte una actitud interpretativa amplia y flexible de las respectivas demandas,
también lo es, que no existe demanda en debida forma,
cuando el actor se limita a efectuar una formulación de los motivos de
inconstitucionalidad, sin acusar específicamente el texto de la disposición
demandada. En el presente caso la demanda no recae sobre un texto legal real
sino sobre uno deducido por el actor, lo que impide que se desarrolle la
discusión propia del juicio de constitucionalidad, ya que no expone una contradicción sustentada entre el texto legal
censurado y la Constitución; aún cuando en el escrito se citen las normas
constitucionales como transgredidas, la demanda se limita a fundamentar el
cuestionamiento con deducciones que finalmente no involucran el ordenamiento
superior pretendiendo con ello que se modifique el texto de la norma acusada
para sustraer a Telecom de su obligación como sujeto pasivo de la disposición
demandada.
Sobre el particular
la Corte[2]
ha señalado, que los cargos de inconstitucionalidad únicamente pueden llevar a
esta Corporación a revisar si un texto legal se ajusta a la Carta y no como
pretende el demandante, a que se decida sobre apartes inexistentes del texto
demandado. Los motivos de inconveniencia o las discrepancias del actor con el
sentido del precepto no son suficientes para abrir un proceso de
inconstitucionalidad.
Al respecto cabe destacar igualmente, que mediante Sentencia C-504
de 1995. M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo, esta Corporación al respecto
expresó lo siguiente:
"Para que la
Corte Constitucional pueda establecer, con fuerza de verdad jurídica, la
inexequibilidad que ante ella se solicita, es indispensable que la demanda
recaiga sobre un texto real y no simplemente deducido por el actor o implícito.
Es verdad que la
Corte, al efectuar el cotejo de una norma con la Constitución puede introducir
en ella distinciones, para declarar la exequibilidad condicionada, excluyendo
del ordenamiento jurídico determinado alcance del precepto objeto de su fallo.
Es decir, puede la
Corte, en ejercicio de sus atribuciones, al analizar una norma que ante ella se
demanda, o que debe revisar oficiosamente, diferenciar entre varios sentidos
posibles del precepto admitiendo aquéllos que se avienen a la Constitución y
desechando los que la contradicen.
La misma función del
control constitucional, para que sea efectiva, exige que la autoridad encargada
de ejercerla pueda condicionar en casos excepcionales la decisión de
exequibilidad, cuando de la propia disposición enjuiciada pueden surgir efectos
jurídicos diversos o equívocos, por lo cual se requiere que el juez de
constitucionalidad defina hasta dónde llega el precepto en su ajuste a la
Constitución, y donde y porqué principia a quebrantarla.
Pero esa técnica de
control difiere de aquella encaminada a establecer proposiciones inexistentes,
que no han sido suministradas por el legislador, para pretender deducir la
inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden.
Esta es la circunstancia del caso en estudio, en el cual los demandantes piden
que no se declare inexequible ninguna parte de la norma vigente sino una
hipótesis arbitrariamente inferida de ella.
No resulta posible
resolver sobre cada uno de los casos particulares hipotéticamente cobijados por
un precepto legal, introduciendo comparaciones con otros casos igualmente
particulares no previstos en él.
Para llegar a la
declaración de inexequibilidad total o parcial de una disposición de la ley es
menester definir si existe una oposición objetiva y verificable entre lo que
dispone el precepto acusado y lo que manda la Constitución"
En este orden de ideas, la Corte deberá declararse inhibida para
fallar de fondo en la parte resolutiva de esta providencia, en razón de la
ineptitud sustantiva que ha presentado la demanda de la referencia, por
ausencia del concepto de la violación constitucional predicada respecto de la
norma acusada como inconstitucional y como quiera  que la demanda no cumple con
lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, la
Corte se declarará inhibida para pronunciarse sobre el cargo contra el artículo
21 de la Ley 14 de 1991.
DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Por ineptitud
sustantiva de la demanda, INHIBESE de proferir fallo de fondo sobre la
disposición acusada.
FABIO MORON DIAZ
Presidente
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada (E)
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Magistrada (E)
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General (E)
[1]
Auto de fecha 18 de julio de 2000.
[2]
Sentencia C- 236 de 1997, C-504 de 1996,
C- 332 de 1999.