T-317-09
[Proyecto de circulación restringida]
Sentencia
T-317/09
ACCION DE TUTELA-Informalidad
ACCION DE TUTELA-Principales obligaciones del juez de
tutela
JUEZ DE TUTELA-Debe velar por la protección real e inmediata de los
derechos constitucionales fundamentales
ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN LA
POBLACION DESPLAZADA-Elementos
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS DESPLAZADOS-Ayuda humanitaria de emergencia
DESPLAZAMIENTO FORZADO-Eliminación del término máximo
para la atención humanitaria de emergencia/DESPLAZAMIENTO FORZADO-Término
de atención humanitaria de emergencia debe ser flexible/DESPLAZAMIENTO
FORZADO-Término de atención humanitaria de emergencia será prorrogable
hasta que el afectado esté en condiciones de asumir su autosostenimiento
ACCION DE TUTELA-Obligación de la entidad accionada de
programar nuevamente la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia
Referencia: expediente T-2179539
Acción de tutela instaurada por Rafael
Bonilla Riatiga en contra de la Agencia Presidencial para la Acción Social y
Cooperación Internacional – Unidad Territorial Magdalena.
Magistrado
Ponente:
Dr.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, DC., el siete (7) de mayo de dos mil nueve
(2009).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Mauricio González Cuervo, Gabriel Mendoza Martelo
y Luis Ernesto Vargas Silva en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del trámite de revisión del fallo dictado por
el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Santa Marta el 9 de diciembre de 2008 en
el asunto de la referencia.
I.  ANTECEDENTES
De los hechos y la demanda.
Rafael Bonilla Riatiga presentó acción de
tutela en contra de la Agencia Presidencial para la Acción Social y Cooperación
Internacional – Unidad Territorial Magdalena (en adelante, Acción Social), por
considerar que esta entidad vulneró su derecho fundamental a la vida digna y el
derecho de petición, con base en los siguientes hechos:
1.
En el año 2001 el
accionante fue expulsado junto su núcleo familiar del municipio de Ciénaga
(Magdalena) y se desplazó hacia la ciudad de Santa Marta.
2.
El 19 de septiembre de
2001, fue inscrito en el Registro Único de Población Desplazada (en adelante
RUPD).
3.
El 22 de julio de 2007,
fue incluido nuevamente en el RUPD luego de ser víctima de otro evento de
desplazamiento, esta vez de carácter masivo.
4.
Sostiene el accionante
que, pese a haber elevado solicitudes verbales y escritas con este fin, no le
ha sido entregada la ayuda humanitaria de emergencia, así como tampoco se le ha
informado sobre la procedencia de la prórroga de la misma.
5.
Afirma que esta
situación vulnera su derecho a la vida digna puesto que es una persona de 69
años y tiene a cargo cinco nietos menores de edad, situaciones que le impiden
generar ingresos suficientes para que su núcleo familiar tenga las condiciones
mínimas de subsistencia.
6.
Adjunta como prueba una
comunicación de Acción Social, notificada el 9 de septiembre de 2008, en la que
se le informa que sus datos fueron incluidos en el listado de programación de
visita domiciliaria a través del operador CEDA VIDA, para “hacer un seguimiento
de su situación actual (…) de acuerdo al orden cronológico determinado por
Acción Social”. Además, enlista las entidades que ofrecen los programas del
Sistema Nacional de Atención a Población en Situación de Desplazamiento
(SNAIPD) “con el fin de avanzar hacia la estabilización socio-económica de
usted y su núcleo familiar”.
7.
La demanda de tutela fue
admitida el 19 de noviembre de 2008 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito
de Santa Marta.
Del
fallo de tutela.
1.
El Juez Segundo Penal
del Circuito de Santa Marta señaló en sentencia del 9 de diciembre de 2008, que
en el expediente no se encuentra consignado el derecho de petición dirigido a
Acción Social con el fin de que le fuera entregada la ayuda humanitaria de
emergencia o su prórroga, pero sí una respuesta de la entidad en la que se
manifiesta que el accionante se encuentra inscrito en la lista de espera para
recibir la visita domiciliaria necesaria para determinar la procedencia de la prórroga
de la ayuda humanitaria. Para el juez, esto significa que “no existe prueba
alguna que acredite las argumentaciones vertidas por el accionante, ya que no
se allegó el escrito de derecho de petición”. En consecuencia, negó el
amparo de los derechos invocados.
La providencia no fue objeto de
impugnación.
Pruebas decretadas por la Sala de Revisión.
1. Mediante auto del 27 de marzo de 2009, se solicitó tanto
al accionante como a Acción Social remitir a la Corte Constitucional el derecho
de petición que dio origen a la sentencia de tutela proferida por el Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Santa Marta el 9 de diciembre de 2008. Además, se
solicitó a Acción Social informar a la Corporación sobre el número, fecha y
estado de las ayudas humanitarias entregadas al accionante, las prórrogas de la
ayuda humanitaria, y los demás componentes de la oferta institucional ofrecida
por las entidades del Sistema Nacional de Atención Integral de Población
Desplazada de los cuales es beneficiario el accionante.
2. En respuesta recibida el 23 de abril de 2009, la Subdirectora
de Atención a la Población Desplazada de Acción Social informó:
2.1 Que el accionante, su compañera Rosario Torres
Riatiga y su núcleo familiar, se encuentran incluidos en el Registro Único de
Población Desplazada y que han recibido los componentes de ayuda que se
discriminan a continuación:
a.
Ayuda humanitaria de
emergencia por el valor de $1’095.000. Acción Social afirma que este dinero fue
consignado el 6 de junio de 2008. Sin embargo, registra que el estado actual
del mismo es “NO PAGO”.
b.
Ayuda por tres meses para
fines de alimentación y alojamiento, entregada el 18 de noviembre de 2008.
c.
Ayuda por un mes para
fines de alimentación y alojamiento, entregada el 2 de diciembre de 2008.
d.
Prórroga de la ayuda
humanitaria de emergencia por un mes, entregada el 6 de diciembre de 2008.
e.
Afiliación en el
régimen contributivo de salud, a través de la EPS Saludcoop, desde el 13 de
noviembre de 2008.
f.
Vinculación al Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA) en el programa de desplazados.
g.
Vinculación de la
compañera del accionante al programa de Titulación de Baldíos a Nivel Nacional
del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER),  al programa de
desplazados del SENA, y al programa RESA de Acción Social.
2.2 Que “por medio de la Unidad Territorial
Magdalena se le informará a la señora Rosario Torres Riatiga que debe acercarse
el 27 de abril del año en curso, a la Unidad de Atención y Orientación de Santa
Marta (…) donde la orientarán sobre el lugar en que se hará entrega de los
componentes de la prórroga de la Ayuda Humanitaria (…)”. Esto, “mientras
se practica el procedimiento [de entrevistas domiciliarias] el cual nos
permitirá evaluar las circunstancias de vulnerabilidad y las ayudas que
proceden, respetando los turnos de las personas que con anterioridad se
programaron”.
2.3 Que la Defensoría del Pueblo solicitó, mediante
comunicación del 4 de diciembre de 2008, ser informada respecto del caso del
señor Rafael Bonilla Riatiga, quien “salió beneficiado con la ayuda
humanitaria de emergencia de Servientrega de $1.095.000.oo, y lo único que le
entregaron fueron $90.000, y solicita que le entreguen el resto del dinero”.
2.4 Que la Unidad Territorial Magdalena de Acción
Social respondió la solicitud hecha por la Defensoría del Pueblo el 16 de
diciembre de 2008, indicando que el dinero consignado en junio de 2008, que
ascendía a  un millón noventa y cinco mil pesos ($1.095.000), “fue devuelto
por no ser cobrado en el término”.
3. El señor Rafael Bonilla Riatiga remitió a la Corte
Constitucional copia del derecho de petición presentado por él a la entidad
accionada. En este escrito, radicado el 12 de mayo de 2008, el accionante solicita al Coordinador de la
Unidad Territorial del Magdalena prorrogar la ayuda humanitaria, ya que no
cuenta “con un empleo para sufragar los gastos de alimentación y estabilidad
económica a mi familia, que garantice unas condiciones de vida dignas”.
4. El 29 de abril de 2009 se entabló comunicación
telefónica con el accionante, quien le informó a la Sala que no tenía
conocimiento sobre la decisión de concederle la prórroga de la ayuda
humanitaria, correspondiente a tres meses de alimentación y tres meses de
alojamiento, y que tampoco ha sido citado para recibir ninguna información por
parte de Acción Social.
Otras pruebas allegadas al proceso.
1.
Cédula de ciudadanía
del accionante.
2.
Certificación médica
del diagnóstico de optometría del accionante, expedida por la Unidad
Oftalmológica del Magdalena el 8 de abril de 2005.
3.
Certificación del 19 de
septiembre de 2001 expedida por la Red de Solidaridad Social – Unidad
Territorial Magdalena, en la cual se ordena la prestación del servicio de salud
del señor Rafael Bonilla Riatiga y su núcleo familiar.
4.
Remisión de la Red de
Solidaridad Social – Unidad Territorial Magdalena, del 8 de agosto de 2003, en
la cual se remite el caso del accionante al director de la Umata Distrital.
5.
Comunicación de la Red
de Solidaridad Social – Unidad Territorial Magdalena del 5 de abril de 2004,
por medio de la cual se informa sobre el número de mercados y de kits no
alimentarios recibidos por el accionante, como parte de la ayuda humanitaria de
emergencia requerida por el primer desplazamiento, y señalan que no cuentan con
recursos económicos para otorgar el componente de arriendo o realizar la visita
domiciliaria necesaria para obtener la ayuda humanitaria complementaria.
6.
Comunicación de la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional –
Unidad Territorial Magdalena, del 9 de septiembre de 2008.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
Competencia.
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es
competente para proferir sentencia dentro de la acción de tutela de la
referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 2 y 241 numeral 9 de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991.
Problemas jurídicos.
Conforme a las circunstancias descritas, la Sala debe
examinar, en primer lugar, si es razonable concluir que no se vulneró el
derecho del accionante a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y
obtener su pronta resolución, argumentando para ello que éste anexó como prueba
el escrito en el que se eleva la petición.
Luego de ello, deberá estudiar si es posible establecer
que Acción Social no le ha entregado al accionante la ayuda humanitaria de
emergencia y la prórroga de la misma, vulnerando de este modo su derecho a la
vida digna, o cualquier otro derecho fundamental en su condición de desplazado.
Para ello, procederá la Sala a reiterar la
jurisprudencia de la Corte en materia de los principios que rigen la actuación
del juez en el trámite de las acciones de tutela. A continuación, se referirá a
los derechos mínimos de las personas que hacen parte de la población
desplazada, y, finalmente, aplicará estos criterios al caso concreto.
1.
Deberes del juez
en el trámite de una acción de tutela puesta a su consideración. Principios de
oficiosidad e informalidad.
La jurisprudencia de la Corte ha destacado el papel
central de los jueces de tutela en la eficacia de los derechos fundamentales: son
ellos los encargados de decidir sobre las acciones que instauran las personas
con el fin de alcanzar el amparo de estos derechos (Art. 86 C.P) y, en ese
sentido, sus providencias pueden contribuir a que los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución irradien las actuaciones de las
entidades públicas, de los particulares, y del sistema jurídico en general[1].
Por esto, es de la mayor importancia que tanto el proceso como la sentencia
proferida en el trámite de una acción de tutela se realicen con pleno respeto
de la naturaleza de la acción y de los principios que la orientan. Entre estos,
la Corte ha resaltado la observancia de los principios de informalidad y
oficiosidad de la tutela.
De acuerdo con el principio de informalidad, la
acción de tutela no está sometida a requisitos especiales ni fórmulas
sacramentales que puedan implicar una prevalencia de las formas sobre la
búsqueda material de protección de los derechos de las personas que la invocan.
Así por ejemplo, la tutela puede ser solicitada de manera verbal en caso de
urgencia, o cuando el solicitante sea menor de edad, o no sepa escribir; no se
requiere de apoderado judicial; y no es necesario citar el artículo en el que
se encuentra la norma constitucional infringida, siempre que se identifique de
manera suficiente cuál es el derecho que se considera amenazado o violado, y se
narren los hechos que lo originan[2].
Pero para que estas prerrogativas no resten operatividad
ni eficacia a la protección de los derechos fundamentales –cuando a ello haya
lugar-, también es necesario que se aplique el principio de oficiosidad
por parte del juez. La Corte ha dicho que este principio:
“se traduce en el papel activo que debe
asumir el juez de tutela en la conducción del proceso, no sólo en lo que tiene
que ver con la interpretación de la solicitud de amparo, sino también, en la
búsqueda de los elementos que le permitan comprender a cabalidad cuál es la
situación que se somete a su conocimiento, para con ello tomar una decisión de
fondo que consulte la justicia, que abarque íntegramente la problemática
planteada, y de esta forma provea una solución efectiva y adecuada, de tal
manera que se protejan de manera inmediata los derechos fundamentales cuyo
amparo se solicita si hay lugar a ello”[3].
Para el ejercicio de este principio, el juez de tutela
está revestido de especiales facultades que le exigen un mayor grado de
diligencia en el cumplimiento de los siguientes deberes: (i) verificar
la legitimidad por pasiva de la acción e integrar debidamente el contradictorio,
poniendo en conocimiento de la actuación a los terceros eventualmente
perjudicados con la decisión[4]; (ii) promover
oficiosamente la actividad probatoria tendiente a establecer con claridad los
hechos y afirmaciones que sustentan la solicitud de amparo, hasta contar con
los suficientes elementos de juicio para decidir el asunto sometido a su
conocimiento[5]; (iii) instar al
accionante para que subsane la solicitud cuando, evaluados los elementos
presentados en la tutela, se observe la ausencia de los requisitos mínimos
exigidos por la ley; (iv) proteger, conforme a los hechos probados en el
proceso, todos los derechos vulnerados o amenazados, incluso aquellos que el accionante
no invocó[6]; y (v) emitir las
órdenes necesarias para garantizar el amparo de los derechos, incluyendo la
prevención a las autoridades públicas con el fin de que no vuelvan a incurrir
en las acciones u omisiones que dieron lugar a la vulneración de los derechos[7].
Atendiendo a lo anterior, puede concluirse que el juez
de tutela debe abstenerse de emitir órdenes que no conduzcan a la protección de
los derechos del accionante, negar el amparo solicitado con fundamento en
argumentos formalistas, o desestimar la tutela basándose en la ausencia de
pruebas para demostrar los hechos alegados, “cuando ha omitido su labor de
director del proceso”[8].
2.
La ayuda
humanitaria de emergencia como materialización del derecho fundamental a la
subsistencia mínima de la población desplazada.
En la sentencia T-025/04, la Corte Constitucional evidenció
que la vulneración grave y continua de los derechos fundamentales de la
población desplazada constituye un estado de cosas inconstitucional, toda vez que
tiene como causa no sólo la omisión o acción de una entidad estatal, sino la
presencia de factores estructurales, y la ausencia de capacidad institucional
para asegurar efectivamente el goce de tales derechos.
Esta declaratoria genera principalmente dos clases de consecuencias.
La primera está relacionada con la obligación de las autoridades nacionales de
adoptar un plan de acción que permita superar el estado de cosas
inconstitucional. Su vocación es el cumplimiento progresivo de acuerdo a los
plazos y criterios establecidos por la Corte. Y, la segunda, que debe ser
llevada a cabo de manera inmediata, referida a la obligación de respetar y
garantizar “en cualquier circunstancia” el núcleo esencial de los
derechos constitucionales fundamentales de los desplazados.
La Corte estableció, en la sentencia T-025/04
mencionada, que ese mínimo irreductible de los derechos fundamentales de la
población desplazada está compuesto por los siguientes derechos:
“1.  El derecho a la vida, en el sentido
que establece el artículo 11 C.P. y el Principio 10.
2. Los derechos a la dignidad y a la
integridad física, psicológica y moral (artículos 1 y 12 C.P.), tal y como se
particularizan en el Principio 11.
3. El derecho a la familia y a la unidad
familiar consagrado en los artículos 42 y 44 CP y precisado para estos casos en
el Principio, especialmente aunque sin restringirse a ellos, en los casos de
familias conformadas por sujetos de especial protección constitucional ‑niños,
personas de la tercera edad, disminuidos físicos, o mujeres cabeza de familia ‑,
quienes tienen derecho a reencontrase con sus familiares.
4. El derecho a una subsistencia mínima
como expresión del derecho fundamental al mínimo vital, según está precisado en
el Principio 18 (…)
5. El derecho a la salud (artículo 49 C.P.)
cuando la prestación del servicio correspondiente sea urgente e indispensable
para preservar la vida y la integridad de la persona ante situaciones de
enfermedad o heridas que les amenacen directamente y prevenir las enfermedades
contagiosas e infecciosas, de conformidad con el Principio 19. Ahora bien
respecto de los niños y niñas se aplicará el artículo 44 y en relación con los
menores de un año, se aplicará el artículo 50 C.P.
6. El derecho a la protección (artículo 13
C.P.) frente a prácticas discriminatorias basadas en la condición de
desplazamiento, particularmente cuando dichas prácticas afecten el ejercicio de
los derechos que se enuncian en el Principio 22.
7. Para el caso de los niños en situación
de desplazamiento, el derecho a la educación básica hasta los quince años
(artículo 67, inciso 3, C.P.) (…).
8. En relación con la provisión de apoyo
para el autosostenimiento (artículo 16 C.P.) por vía de la estabilización
socioeconómica de las personas en condiciones de desplazamiento (…) el deber
mínimo del Estado es el de identificar con la plena participación del
interesado, las circunstancias específicas de su situación individual y
familiar, su proveniencia inmediata, sus necesidades particulares, sus habilidades
y conocimientos, y las posibles alternativas de subsistencia digna y autónoma a
las que puede acceder en el corto y mediano plazo, con miras a definir sus
posibilidades concretas para poner en marcha un proyecto razonable de
estabilización económica individual, de participar en forma productiva en un
proyecto colectivo, o de vincularse al mercado laboral, así como emplear la
información que provee la población desplazada para identificar alternativas de
generación de ingresos por parte de los desplazados. (…)
9. Finalmente, en relación con el derecho
al retorno y al restablecimiento, las autoridades están obligadas a (i) no
aplicar medidas de coerción para forzar a las personas a que vuelvan a su lugar
de origen o a que se restablezcan en otro sitio; (ii) no impedir que las
personas desplazadas retornen a su lugar de residencia habitual o se
restablezcan en otro punto del territorio, precisándose que cuando existan
condiciones de orden público que hagan prever un riesgo para la seguridad del
desplazado o su familia en su lugar de retorno o restablecimiento, las
autoridades deben advertir en forma clara, precisa y oportuna sobre ese riesgo
a quienes les informen sobre su propósito de regresar o mudarse de lugar; (iii)
proveer la información necesaria sobre las condiciones de seguridad existentes
en el lugar de retorno, así como el compromiso en materia de seguridad y
asistencia socioeconómica que el Estado asumirá para garantizar un retorno
seguro y en condiciones dignas; (iv) abstenerse de promover el retorno o el
restablecimiento cuando tal decisión implique exponer a los desplazados a un
riesgo para su vida o integridad personal (…)”.
Para efectos del caso bajo estudio vale la pena
señalar que el otorgamiento por parte de las autoridades competentes de la
ayuda humanitaria de emergencia y su prórroga, cuando hay lugar a ello, hace
parte del “derecho a una subsistencia mínima”[9] que, a
su vez, es expresión directa del derecho fundamental al mínimo vital. Tiene
como fin constitucional brindarle a la población desplazada asistencia para
satisfacer sus necesidades básicas de “alimentación, salud, atención sicológica, alojamiento, transporte
de emergencia, elementos de hábitat interno y salubridad pública.”[10].
En ese orden de ideas, abarca “tanto la ayuda humanitaria de emergencia
que se presta desde el momento en que ocurre el desplazamiento, como los
componentes de asistencia mínima durante las etapas de restablecimiento
económico y de retorno”[11] contempladas en la Ley
387 de 1997 y sus decretos reglamentarios.
La Corte ha indicado que si bien su duración inicial
es de tres meses, conforme lo prescribe la normatividad aplicable, la ayuda es
susceptible de ser prorrogada cuando, luego de un estudio individual del caso,
puede concluirse que la persona no se encuentra aún en condiciones de asumir su
propio sostenimiento[12]. Dentro de este grupo
debe considerarse a quienes se encuentran en situación de urgencia
extraordinaria, y a quienes pertenecen a poblaciones de especial
vulnerabilidad, tales como los niños que no tienen acudientes, las personas de
la tercera edad que no están en la capacidad de generar ingresos, o las mujeres
cabeza de familia que deben dedicar todo su tiempo al cuidado de sus hijos o
familiares. En este sentido, la prórroga debe mantenerse hasta el momento en el
que la urgencia extraordinaria haya cesado, o cuando las personas adquieran las
condiciones para asumir su propio sustento[13].
Con todo, la Sala considera necesario precisar que este derecho no se ve satisfecho cuando
la entidad competente decide conceder a la persona desplazada la ayuda
humanitaria de emergencia, o su prórroga, mediante el acto administrativo
correspondiente. Su cumplimiento se verifica únicamente cuando la persona en
situación de desplazamiento adquiere conocimiento de dicha decisión y, luego de
ello, recibe efectivamente el dinero o los componentes que hacen parte de la
ayuda humanitaria concedida. Esto se explica por cuanto aunque es necesario, el
otorgamiento formal de la ayuda humanitaria de emergencia o su prórroga no
ayuda a solventar por sí mismo las necesidades mínimas de la persona en situación
de desplazamiento y, por ende, no logra frenar la amenaza o vulneración de su
derecho a la subsistencia mínima.
Sobre la comunicación efectiva al peticionario de la
respuesta a su solicitud, ya la Corte se ha pronunciado en múltiples ocasiones.
Ha sostenido que:
“[H]ace parte del núcleo esencial del
derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Carta, el hecho de que
la respuesta se ponga en conocimiento del solicitante, pues no puede tenerse
como real contestación la que sólo es conocida por la persona o entidad de
quien se solicita la información”[14].
En el caso de la población desplazada, esta exigencia
se ve robustecida por la protección reforzada que tiene el derecho de petición cuando
es ejercido por una persona o grupo que se encuentra en condiciones especiales
de vulnerabilidad y pobreza.
Respecto de la entrega efectiva de la ayuda humanitaria de emergencia o de la
prórroga, la Corte ha afirmado que es razonable que
se lleve a cabo conforme al orden cronológico establecido por Acción Social,
una vez la persona cumple con los requisitos de ley. Esto garantiza el derecho
a la igualdad entre las personas que han accedido a dicha asistencia[15].
Solamente en algunos casos excepcionales la Corte ha ordenado la cancelación
prioritaria de la ayuda cuando “resulta evidente que la persona se encuentra en una situación de
extrema urgencia que amerita que la entrega de la asistencia humanitaria tenga
prelación”[16].
No obstante, también ha enfatizado la Corte que la
regla general de respeto por el orden cronológico no es óbice para que Acción
Social informe a las personas el término en el cual la ayuda humanitaria de
emergencia les será entregada. Se hace preciso que la persona en condición de
desplazamiento conozca una fecha cierta, aunque no inmediata, en la cual se
realizará el pago. Esta fecha debe ser respetuosa de los turnos asignados, pero
debe fijarse dentro de un término razonable y oportuno.
Adicionalmente, en virtud del principio de
legalidad, una vez la ayuda humanitaria de emergencia o la prórroga ha sido
concedida a una persona registrada como desplazada, la entidad competente no
puede resistirse a su desembolso, si no existe una causal expresa en la ley que
le permita hacerlo. En la normatividad vigente no existe ninguna causal que
autorice la retención del dinero de la ayuda humanitaria de emergencia.. Por el
contrario, el Decreto 2569 de 2000 prohíbe las restricciones en la entrega de
la ayuda humanitaria para la población desplazada y establece que “[l]as
acciones culposas o dolosas de las autoridades relacionadas con la distribución
de la ayuda de emergencia serán objeto de investigación disciplinaria y
sancionadas de conformidad con la ley”[17].
Así las cosas, el derecho fundamental al mínimo vital,
expresado en el derecho de la población desplazada a una subsistencia mínima,
se ve vulnerado no sólo cuando la entidad competente omite el reconocimiento de
la ayuda humanitaria de emergencia o la prórroga a la población desplazada en los
casos en que está obligado a hacerlo, sino también cuando deja de notificar al
interesado sobre la decisión, o, cuando habiéndolo notificado, deja de hacer
entrega efectiva de los componentes de la ayuda humanitaria de emergencia o de
la prórroga de la misma, por cualquier razón que no encuentra asidero en la ley
vigente y en la Constitución[18].
3.
Del caso
concreto
En la demanda de tutela el accionante afirma que no se
le hizo entrega de la ayuda humanitaria de emergencia ni de la prórroga, pese a
haberlas solicitado a Acción Social en su condición de desplazado, y que esta situación
vulnera su derecho fundamental de petición y su derecho a la vida digna. Sin
embargo, el juez de tutela concluyó que no es posible establecer la certeza
sobre la vulneración del derecho de petición, como quiera que este no se anexó
como prueba; y tampoco sobre la vulneración de otros derechos fundamentales,
puesto que la respuesta de Acción Social al derecho de petición sí se encuentra
en el expediente y de ella es factible deducir que ya se han entregado los
componentes de la ayuda humanitaria de emergencia.
Al respecto, lo primero que advierte la Sala es que el
juez dejó de emplear la facultad oficiosa de ordenar pruebas o requerir
información adicional para comprobar la existencia de una vulneración o amenaza
a los derechos fundamentales del accionante.
Si bien el accionante no anexó a la demanda el derecho
de petición que afirma haber presentado, sí presentó una comunicación de Acción
Social relativa a la “RESPUESTA [DEL] DERECHO DE PETICIÓN”. Ello es
indicativo de que el accionante elevó una petición a Acción Social. Sin
embargo, no es suficiente para concluir que no se violó el derecho de petición
puesto que, recuerda la Sala, éste no se agota en la exigencia de dar una
respuesta al peticionario, sino que demanda una respuesta oportuna y la
contestación material, y de fondo, de las peticiones hechas.
Por supuesto, la respuesta dada por Acción Social no
permite tener conocimiento sobre cuál es el contenido de la solicitud
presentada por el accionante, el tiempo en el que ella se radicó, o los demás
elementos que encierra su presentación, y que son necesarios para examinar la
situación concreta a la luz del contenido del derecho de petición. Por lo
tanto, el principio de oficiosidad le imponía al juez de tutela el deber de solicitar
a las partes una copia del derecho de petición, o decretar las pruebas
necesarias para poder comprender suficientemente su contenido.
En el mismo sentido, observa la Sala que la mencionada
respuesta en la que se afirma que se incluyó al accionante y su núcleo familiar
dentro del listado de programación de visita domiciliaria, con el ánimo de
determinar si la ayuda humanitaria de emergencia puede ser prorrogada, y la lista
de los mecanismos principales para acceder a la oferta del Sistema, tampoco
constituyen prueba suficiente para establecer que Acción Social ha cumplido con
sus obligaciones en materia de la ayuda humanitaria de emergencia, que el
accionante reclamó de manera directa en la acción de tutela. Para llegar a una
conclusión de este tipo, también es necesario recaudar más elementos de juicio.
En ese orden de ideas, la Sala debe entrar a analizar
la situación presentada por el accionante, valorando en su conjunto el material
probatorio recaudado por ella, para determinar si Acción Social vulneró o no
los derechos fundamentales de petición y el derecho a la subsistencia mínima
del accionante quien se encuentra en situación de desplazamiento.
De un lado, la Sala observa que la petición realizada
por el accionante se dirige a solicitar la prórroga de la ayuda humanitaria de
emergencia y, en concordancia, el accionante solicita en la acción de tutela que
le sea concedida dicha prórroga. No obstante, al accionante y a su compañera -que
pertenecen al mismo núcleo familiar-, se les reconoció primero una prórroga de
un mes y, luego de ello, se le otorgaron bajo el mismo título ayudas correspondientes
a tres meses de alojamiento y tres meses de alimentación en bonos canjeables, en
los meses de noviembre y diciembre de 2008[19]. Del mismo
modo, Acción Social indicó que “se les programó la prórroga de ayuda
humanitaria (…) mientras se practica el procedimiento de la visita
domiciliaria”.
Estas circunstancias hacen que el pronunciamiento sobre
la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia carezca de objeto. Por tal
motivo habrá de declararse que el hecho de no haber recibido la prórroga de la
ayuda humanitaria, alegado como generador de la vulneración de derechos, ya ha
sido superado[20]. Sin embargo, se insta a
Acción Social para que notifique en debida forma al accionante sobre la
decisión de programar la prórroga de la ayuda humanitaria mientras se decide de
manera definitiva sobre su procedencia, puesto que de lo contrario este
pronunciamiento es insuficiente a efectos de satisfacer su derecho a la
subsistencia mínima.
Pero a juicio de la Sala no sucede lo mismo con la
entrega de la ayuda humanitaria de emergencia. En efecto, la afirmación del
accionante según la cual no le ha sido concedida la ayuda humanitaria de
emergencia, debe ser leída en concordancia con el registro aportado por Acción
Social en el que consta que dicha ayuda fue consignada el 6 de junio de 2008 por
el valor de un millón noventa y cinco mil pesos ($1.095.000) y, sin embargo, su
estado actual es “NO PAGO”. Dado que, como se indicó en párrafos precedentes,
el derecho a la mínima subsistencia de la población desplazada, que se
materializa en la ayuda humanitaria de emergencia, se agota sólo cuando se hace
entrega efectiva de los componentes de la ayuda, al accionante le asiste la
razón cuando afirma que este derecho fue vulnerado.
Más aún, por cuanto al indagar por las razones que
explican que dicha ayuda no haya sido entregada, la Sala encuentra en la
respuesta que Acción Social da a la Defensoría del Pueblo, que “este recurso
fue devuelto por no ser cobrado en el término”. La Sala considera que esta
razón no justifica la falta de entrega de la ayuda humanitaria de emergencia al
accionante, puesto que la Ley 387 de 1997 y sus decretos reglamentarios, no
contemplan que la falta de cobro por parte del desplazado conlleva a la
retención indefinida de este rubro, o a su pérdida.
Por las razones anteriores, la Corte confirmará la
sentencia del juez de instancia, en cuanto negó la solicitud de amparo hecha
por el accionante respecto del derecho de petición y la prórroga de la ayuda
humanitaria, pero ordenará a Acción Social que programe de nuevo la entrega de
la ayuda humanitaria de emergencia y así lo informe al accionante, de modo que
en un término razonable y proporcionado que no vulnere el derecho a la igualdad
de otras personas en situación de desplazamiento que están a la espera del
pago, se garantice el derecho a la subsistencia mínima del accionante que
depende de la ayuda humanitaria de emergencia.
III. DECISIÓN
Con fundamento en las consideraciones expuestas en
precedencia, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.  CONFIRMAR parcialmente la sentencia del 9 de diciembre de 2008
proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Santa Marta, en el
sentido de negar el amparo del derecho de petición y el reconocimiento de la
prórroga de la ayuda humanitaria, de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de este fallo.
Segundo. TUTELAR el derecho a la vida digna y al mínimo vital del señor
Rafael Bonilla Riatiga. En consecuencia, ORDENAR a la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional –Acción Social-
que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la
presente providencia, programe nuevamente la entrega de la ayuda humanitaria de
emergencia consignada el 6 de junio de 2008, que aún se adeuda al señor Rafael
Bonilla Riatiga, y se le notifique personalmente la fecha programada.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado Ponente
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Ver
sentencias C-483/08, C-138/02 y T-464A-06.
[2] Ver,
entre otras, sentencias T-585/05, T-227/06, C-889/02, T-594/99, T-389/97 y
T-501/92.
[3] C-483/08
[4] Cfr
sentencias T-164/03, T-308/02 y A-116A-02,
[5] Cfr,
entre otras, las sentencias T-464A-06, T-585/05, T-696/02,
T-1056/01, T-523/01y T-555/95.
[6]
Cfr, entre otras, las sentencias T-137/08, T-312/05 y T-684/01.
[7]
Art. 24 Decreto 2591 de 1991. Ver sentencia T-042/05.
[8] T-464A-06
[9] T-025/04
[10] Artículo
20 del decreto 2569/00.
[11] T-025/04
[12] Ver
sentencia C-278/07.
[13] T-025/04.
Ver también las sentencias T-312/05 y T-469/07.
[14]
T-249/01. Ver también las sentencias T-839/06, T-912/03, T-991/01, T-259/04, T-545/96,
entre otras.
[15]
Ver sentencias T-469/07, T-136/07, T-373/05, T-312/05.
[16]
T-469/07. Ver también la sentencia T-645/03.
[17]
Art. 24 Decreto 2569 de 2000.
[18] Al
respecto, ver sentencias T-191/07 y T-086/02.
[19]
Tal como consta en el registro aportado Claudia Viviana Ferro Buitrago,
Subdirectora de Atención a la Población Desplazada, en contestación del
requerimiento hecho en el auto de 27 de marzo de 2009. Fl 3
[20] En reiterada jurisprudencia, esta Corporación ha
enfatizado que en la medida que durante el trámite de la acción la vulneración
o amenaza a los derechos fundamentales desaparezca, la tutela pierde su razón
de ser, pues bajo estas condiciones no existiría una orden que impartir ni un
perjuicio que evitar.  Al respecto se pueden consultar las sentencias T-259
de 2007, T-257 de 2007, T-495 de 2006, T-306 de 2006, T- 629 de 2005, T-083 de 2004,
T-013 de 2003 y T-608
de 2002.