T-419-93
Sentencia No
Sentencia No.
T-419/93
MEDIO DE DEFENSA
JUDICIAL/PROCESO CONCORDATARIO/ACCION DE TUTELA-Improcedencia/PRINCIPIO DE SEGURIDAD
JURIDICA/ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/PINSKI
No es posible
dejar de lado las acciones pertinentes y reemplazarlas, a destiempo, por la
petición de tutela.  Si tal conducta fuera permitida, la acción de tutela ocuparía
el lugar de todos los medios judiciales que no se intentaron oportunamente, por
ignorancia de la ley o por desidia.  Entra aquí en juego el principio elemental
que prohíbe alegar la propia torpeza. En el caso en examen existía una
oportunidad para debatir la alegada falta de competencia del Superintendente de
Sociedades.  Habría bastado atacar el auto que declaró fracasado el trámite
concordatario, mediante el recurso de reposición ante el mismo Superintendente,
o en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
REF.: EXPEDIENTE
T-5088
PETICIONARIO:
SOCIEDAD PINSKI & ASOCIADOS S.A.
PROCEDENCIA:
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA CIVIL DE DECISION.
MAGISTRADO
PONENTE:
DR. JORGE ARANGO
MEJIA
Sentencia aprobada,
según consta en acta número diez y siete (17), correspondiente a la sesión de
la Sala Primera de Revisión, celebrada a los  seis (6) días del mes de octubre
de mil novecientos noventa y tres (1993).
Procede la Sala Primera
de Revisión  de la Corte Constitucional, integrada por  los  Magistrados  Jorge
Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz, a dictar la
sentencia que ha de reemplazar la sentencia T-120, anulada por auto de Sala
Plena, de fecha veintiseis (26) de julio del año en curso, en el proceso de
tutela iniciado por la Sociedad Pinski & Asociados S.A. en contra de
actuaciones del Superintendente de Sociedades, dentro del trámite del
concordato preventivo obligatorio de la Sociedad Pinski & Asociados S.A.
I.-
ANTECEDENTES.
1o.-  Por auto OC-CL00188 de febrero 17 de 1989,
el Superintendente de Sociedades convocó a la sociedad Pinski & Asociados
S.A. al trámite de un concordato preventivo obligatorio, de conformidad con la
solicitud presentada por la misma sociedad en la fecha indicada.
2o.-  El día 15 de agosto de 1990, el
Superintendente de Sociedades, en cumplimiento del Decreto 350 de 1989, dictó
el auto OC-CL01626, por el cual calificó y graduó los créditos presentados y
resolvió las objeciones contra los mismos.
3o.-  Mediante auto OC-CL-890 de mayo 28 de 1991,
el Superintendente de Sociedades negó la solicitud de nulidad de todo lo
actuado en el proceso concordatario a partir del 15 de agosto de 1991, fecha en
la cual se adoptaron las decisiones a que se refiere el aparte 2o.  La
solicitud de nulidad se había basado en la supuesta carencia de competencia del
Superintendente para   sobre las objeciones.
4o.-  Por auto de junio 19 de 1991, el
Superintendente de Sociedades declaró "fracasado el trámite concordatario
de la sociedad" mencionada, porque "agotada la audiencia final de
deliberaciones", "no se logró celebrar acuerdo concordatario".
En consecuencia, ordenó enviar el expediente al Juez Civil del Circuito de
Cali, para la declaración y trámite de la quiebra.
5o.-  Por considerarse competente para resolver
las objeciones a los créditos y calificar y graduar éstos, el Juez 9o. Civil
del Circuito de Cali pidió al Superintendente de Sociedades el envío del
proceso aludido, para tal fin.
Rechazada su
petición por el Superintendente de Sociedades, el Juez promovió la colisión de
competencias ante el Tribunal Disciplinario, pero éste no dirimió el conflicto,
por considerar que se presentaba entre una autoridad administrativa y otra
judicial y no entre dos de estas últimas.
6o.-  El auto de mayo 28 de 1991 que había negado
la nulidad del proceso de concordato, fue demandado ante el Consejo de Estado
por la sociedad Pinski & Asociados S.A., en ejercicio de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho.  El Consejo rechazó la demanda
por autos de veinte (20) de abril y once (11) de junio de 1992, porque se
trataba de un acto de trámite, y no de uno definitivo, que pusiera
término a la actuación administrativa.
7o.-  Considerando la Sociedad que se le había
vulnerado el derecho fundamental al debido proceso, "al expedir el auto
OC-CL-890 de 28 de mayo de 1991, mediante el cual (la Superintendencia de
Sociedades) rechazó la nulidad propuesta en el memorial del 7 de mayo
anterior, pese a encontrarse probada la incompetencia de ese funcionario",
interpuso acción de tutela.  La petición principal consistía en
que se garantizara a la Sociedad "el pleno goce de su derecho, ordenando
volver al estado anterior a la violación (momento en que se presentó la nulidad
por incompetencia del Superintendente)" el proceso concordatario.
Concretamente, que "el trámite concordatario de "Pinski &
Asociados S.A." se retrotraiga hasta el período de traslado común a las
partes para objetar los créditos  de esa sociedad concordada". (
negrilla fuera de texto)
Como consecuencia de
lo anterior, que se ordenara el envío del expediente al Juez Civil del Circuito
de Cali, "para que éste resuelva las objeciones y efectúe la graduación y
calificación de créditos a que hubiere lugar".
En síntesis: por
medio de la acción de tutela se buscaba la declaración de la misma nulidad
propuesta ante el Consejo de Estado y rechazada por éste.
8o.-  El Juez 24
Civil del Circuito de Santafé Bogotá, en primera instancia, denegó la solicitud
de tutela; y el Tribunal Superior de la misma ciudad, Sala
Civil de Decisión, confirmó esa negativa.
9o.-  Argumentos
de la sentencia de primera instancia.
Las razones del
fallo de primera instancia, de julio veintidos (22) de 1992, son las
siguientes:
1a.-  "La acción de tutela únicamente
procede cuando la persona interesada carece de otro medio de defensa o de
acción y siempre y cuando se esté en presencia de un derecho fundamental".
2a.-  "...lo que en el fondo se intenta...
es la declaratoria de nulidad parcial del proceso concordatario preventivo
obligatorio de Pinski & Asociados S.A. que se tramitó ante la
Superintendencia de Sociedades... sin que se hayan agotado todos los medios de
defensa o ejercido todas las acciones de que dispone legalmente la prenombrada
sociedad para los propósitos que busca, como podría ser la acción pertinente
ante la jurisdicción ordinaria...".
10o.-  La
sentencia de segunda instancia.
El Tribunal, en
sentencia de agosto treinta y uno (31) de 1992, también entiende que el
ejercicio de la acción de tutela se origina en la nulidad que no decretó la
Superintendencia de Sociedades en el auto de mayo 28 de 1991.
Y al analizar lo
relativo a la competencia del Superintendente, el Tribunal concluye que sí
existía en el caso concreto.  Dice así:
"Es patente que
el Decreto 350 de 1989 que es materia de controversia constituye un cuerpo
íntegro, dividido en materias cada una relativa a la especie concordataria
pertinente, con un marco legal imposible de ignorar y con la correspondiente
armonía entre cada una de sus normas.
"De allí que
cuando al tratar lo atinente al concordato potestativo y al obligatorio
disponga que el último se tramitará de conformidad con las disposiciones
referentes al primero, legalmente no esté al alcance del intérprete asumir que
haya quedado un verdadero vacío legislativo porque expresamente no se otorguen
facultades jurisdiccionales al funcionario del ramo administrativo a quien se
le concedió la facultad de tramitar y resolver todo lo pertinente al concordato
preventivo obligatorio.  El memorado artículo 52 remite, como es fácil
advertirlo, al trámite que el juez debe imprimir al potestativo, entre cuyas
facultades está, como una de las más sobresalientes, la de graduar y calificar
los créditos así como la de resolver las objeciones a éstos formuladas.
"El verdadero
sentido de la providencia de la Corte al hablar de la
"inconstitucionalidad por omisión" no puede referirse al preanotado
artículo, sino a los artículos 15, inc. 1o. y 28 de la misma normatividad
porque, como allí se lee, los problemas planteados en tales disposiciones
pertenecen exclusivamente al juez competente y no a la Superintendencia de
Sociedades.  Es por ello por lo que la Corte enfatiza que "en este
entendimiento se declarará constitucional el texto expreso de la norma
acusada".
"Esta
interpretación se afianza si se atiende al contenido del artículo 32 del
Decreto 2651 de 1991 que adscribe de una vez por todas el conocimiento de las
objeciones a la Superintendencia de Sociedades.  Este es su tenor literal:
"Los jueces que
estén conociendo de las objeciones presentadas en los concordatos preventivos
obligatorios iniciados antes de la vigencia del Decreto 350 de 1989, remitirán
el expdiente contentivo de la actuación al Superintendente de Sociedades a
efecto de que éste resuelva tales objeciones".
"De esta suerte,
y como lo anota HERNAN FABIO LOPEZ BLANCO, se concentra de manera completa en
dicha entidad "todo lo que concierne con dichos trámites, cumpliéndose así
una vieja aspiración de esa entidad de manejar integralmente los mismos y por
sobre todo acabando con el mito que tanto daño ocasionó a la administración de
justicia y concerniente a que la jurisdicción sólo la podían ejercer los
jueces, trasnochado y revaluado criterio que ha sido la causa para que se
asignen a éstos los más disímiles e innecesarios asuntos, afortunadamente hoy
por entero superado, de ahí que a nadie cause pasmo que un superintendente, un
notario o un inspector de policía desempeñe funciones que antes se consideraba
eran del sagrado e inalienable fuero de los jueces".  (Comentarios al
Decreto de Descongestión. p: 85).
"Compártase o
no este criterio, la realidad incontrovertible es que aquel Decreto, derivado
de facultades constitucionales de carácter transitorio, ostenta verdaderos
alcances de una ley, por lo que mal podría argumentarse, bajo las premisas de
una acción de tutela, que el funcionario al que se hace alusión carece de
competencia para conocer de los precisos asuntos aquí analizados.
"En conclusión,
la especial acción aquí invocada habrá de negarse.  Y en cuanto a la solución
legal al "limbo jurídico" de que se ha echado mano para fundamentar
la petición, es obvio que el paso a seguir está al alcance de uno cualquiera de
los acreedores si es que estima que debe llegarse a la quiebra de la sociedad
mercantil".
11o.-  Revisión
por la Corte Constitucional.
Llegado el proceso a
la Corte Constitucional, fue seleccionado para su revisión y repartido a la
Sala Séptima de Revisión.  Esta, por sentencia de marzo 29 de 1993, revocó las
de primera y segunda instancia y tuteló el derecho invocado.  Ordenó, por
consiguiente, al Superintendente remitir el proceso al juez competente para
"la calificación de créditos y para la resolución de objeciones y la
graduación del proceso concordatario de Pinski & Asociados S.A.".
12o.-  Nulidad de
la sentencia de la Corte Constitucional.
Propuesta la nulidad
de la sentencia últimamente mencionada, la Corte Constitucional, finalmente, la
declaró, por auto de fecha                                veintiseis (26) de
julio del presente año, por considerar que al dictarla se había desconocido la
cosa juzgada constitucional. En consecuencia, ordenó que el proceso de tutela
volviera a la Corte para dictar la sentencia que reemplazara la anulada.
La Sala Plena,
además, dispuso que la Sala Primera de Revisión dictara la sentencia
últimamente mencionada.
En consecuencia, la
Corte Constitucional procede a decidir, previas las siguientes razones.
II.-
CONSIDERACIONES
Primera.-
Competencia.
La Corte
Constitucional es competente para conocer de este asunto, según lo dispuesto
por el artículo 86 de la Constitución y las disposiciones concordantes del
Decreto Legislativo 2591 de 1991.
Segunda.-
Finalidad de la acción de tutela ejercida en este caso.
Para la Corte
Constitucional es indudable que la finalidad de esta acción de tutela, es la
declaración de nulidad de la actuación cumplida por el Superintendente de
Sociedades en el trámite concordatario, a partir del momento en que calificó y
graduó los créditos y resolvió las objeciones contra los mismos, y aun
desde antes, pues se pide ordenar que el proceso se retrotraiga "hasta
el período de traslado común a las partes para que puedan objetar los créditos
de esa Sociedad concordada" (negrillas fuera de texto).
Se pretende, en
síntesis, lo mismo que se buscó por medio de la petición presentada al
Superintendente el 7 de mayo de 1991, petición que éste denegó por auto de mayo
28 del mismo año; y lo mismo que se intentó al demandar esta última decisión
ante el Consejo de Estado, en acción de nulidad y restablecimiento del
derecho.  Todo el problema, según esto, se limita a contestar esta pregunta:  ¿ES
LA ACCION DE TUTELA EL CAMINO PARA ALCANZAR EL FIN PROPUESTO?  Para
responderla habrá que analizar algunos aspectos del negocio.
Tercera.-  Lo que
se demandó y lo que no se demandó.
a)  Cómo se vió, la sociedad demandó ante el
Consejo de Estado el auto OC-CL-890, de mayo 28 de 1991, en ejercicio de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho.  La demanda no fue admitida,
y, al resolver el recurso de súplica contra tal determinación, la Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, estimó que la demanda no era
admisible, por tratarse de un acto de trámite, que no ponía fin a la
actuación administrativa.  En auto de junio once (11) de 1992, se dijo:
"Estatuye el
artículo 60 del Decreto 350 de 1989:
"Los actos de
la Superintendencia de Sociedades en el curso del concordato preventivo
obligatorio son de trámite.  No obstante, la providencia mediante la cual se
apruebe el acuerdo celebrado entre el empresario y sus acreedores, que le pone
fin a la actuación administrativa, podrá demandarse ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo...."
"Conforme lo
manifestó esta misma Sala en providencia de 5 de junio de 1992, actor:
Instituto de Financiamiento y Desarrollo Cooperativo "Financiacoop",
del contenido del artículo transcrito, que fue declarado exequible por la Corte
Suprema de Justicia en sentencia de 31 de Agosto de 1989, el cual armoniza en
un todo con lo preceptuado en el artículo 135 del C.C.A., se infiere que sólo
es susceptible de control por la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
el acto que pone fin a la actuación administrativa, bien sea aprobando el
acuerdo concordatario o declarando fracasado el trámite del concordato.  Los
demás actos, por expresa prohibición legal, no son objeto de demanda ante esta
jurisdicción.
"Teniendo en
cuenta que el acto impugnado, esto es, el auto OC-CL-890 de 28 de Mayo de 1991,
expedido por la Superintendencia de Sociedades, no pone fin a la actuación
administrativa, como quiera que no aprueba el acuerdo concordatario ni declara
fracasado el trámite del concordato, no puede ser objeto de control por la
jurisdicción contenciosa administrativa, lo que hace que ni el Consejo de
Estado en única instancia, ni el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en
única o en primera instancia, según el caso, puedan conocer, por falta de
competencia, la acción instaurada en relación con el mismo".
Al declarar
improcedente la demanda, el Consejo no sólo aplicó el artículo 60 del Decreto
350 de 1989, sino que ratificó su jurisprudencia constante en esta materia.  En
sentencia 0671 de mayo 20 de 1991, había dicho la Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda:
"Ciertamente lo
hace notar la señora fiscal, la resolución acusada es un acto de mero trámite
dictado dentro de un procedimiento administrativo, no para poner fin a la
actuación adelantada, sino por el contrario, para hacer posible el acto
principal ulterior con el que debía culminar el disciplinario seguido contra la
actora.  Por ello, al tenor de lo dispuesto por el artículo 84 del Código
Contencioso Administrativo (D.01/84) el acto no era objeto de las acciones
contencioso administrativas"  (Extractos de Jurisprudencia, tomo XII, pág.
400).
No sobra anotar
que, aunque el Consejo no
lo dijo en su providencia, el auto de la Superintendencia se demandó cuando
ya había caducado la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pues
habían transcurrido más de cuatro (4) meses.
En conclusión: LA
SOCIEDAD INCURRIO EN ERROR AL DEMANDAR ANTE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO LO QUE NO ERA DEMANDABLE.
b)  Como se dijo, por auto de 19 de junio de
1991, el Superintendente de Sociedades declaró FRACASADO el trámite
concordatario y dispuso el envío del expediente al juez competente para la
declaratoria y trámite de la quiebra.
Este auto podía
demandarse en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.  Así lo dijo el Consejo en el auto de
junio once (11) de 1992 ya transcrito parcialmente, y lo había expresado en
providencia de cinco (5) de junio de 1992, dictada en el expediente No.1998, en
caso semejante:
"Observa la
Sala que el acto administrativo que declara fracasado el proceso concordatario,
al igual que el que aprueba el acuerdo, PONE FIN A LA ACTUACION
ADMINISTRATIVA, y por lo mismo es susceptible de control por la
jurisdicción contencioso administrativa".  Y más adelante, en el mismo
auto: "En conclusión, los actos respecto de los cuales es viable el
control por parte de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, son los
referentes a los Nos.OC-002372 (fls. 175 a 180) que declara fracasado el
trámite del proceso concordatario, y, OC-00960 (fl. 158), OC-00963 (fl. 140) y
OC-00965 (fl. 129) que resuelven los recursos de resposición interpuestos
contra dicha providencia".  (Actor, Instituto de Financiamiento y
Desarrollo Cooperativo de Colombia "Financiacoop").
Si se hubiera
demandado el auto que declaró fracasado el trámite concordatario, habría podido
debatirse el tema de la supuesta incompetencia del Superintendente, pues esa es
la oportunidad para demostrar los vicios en que se haya incurrido en la tramitación.  Al respecto dijo el mismo Consejo de
Estado:
"El concepto
entonces del Departamento Nacional de Planeación es un acto preparatorio en el
sentido obvio de que en primer lugar ha de rendirse y de manera favorable
respecto de las circunstancias del artículo 16 precitado, y en segundo término,
será el instrumento a manera de asesoría técnica que ha de servir a los
Diputados como elemento de juicio, para formarse su opinión y adoptar la
decisión a que hubiere lugar.
"Siendo ello
así, no procede la acción de nulidad contra el concepto ahora cuestionado de
Planeación Nacional, de conformidad con el artículo 84 inciso 3o. del C.C.A.,
tal como se resolvió en el auto recurrido.  Los yerros que pudieran haberse
cometido en relación con las exigencias legales del artículo 16 del Decreto
1333 de 1986 para la creación del municipio o todavía más, con la formación y
expedición de la Ordenanza respectiva pueden alegarse pero ya dentro del
contexto de dirigir la acción de nulidad contra el acto definitivo, esto es, la
ordenanza creadora del municipio".  (Auto 1546 de noviembre 16 de 1989.
Expediente No.1305, Extractos de Jurisprudencia, tomo VI, pág. 144).
También en relación
con el auto de junio diez y nueve (19) de mil novecientos noventa y uno (1991),
caducó la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pues no se ejerció
dentro de los cuatro  (4) meses siguientes .
No se demandó, pues,
lo que si era susceptible de demanda.
c)  En resumen, SE DEMANDO LO QUE NO ERA
SUSCEPTIBLE DE DEMANDA; Y NO SE DEMANDO LO QUE SI LO ERA.
Hay aquí un
obstáculo insalvable para la acción de tutela.  Pues la sociedad actora sí tuvo
medios judiciales de defensa, pero no hizo uso de ellos.  La acción de tutela,
se ha dicho y se repite, no está establecida para enmendar los errores en que
haya incurrido quien acude a ella.  En particular, no es posible dejar de lado
las acciones pertinentes y reemplazarlas, a destiempo, por la petición de
tutela.  Si tal conducta fuera permitida, la acción de tutela ocuparía el lugar
de todos los medios judiciales que no se intentaron oportunamente, por
ignorancia de la ley o por desidia.  Entra aquí en juego el principio elemental
que prohíbe alegar la propia torpeza.
Lo dicho hasta ahora
permite afirmar, para contestar la pregunta inicial, que LA ACCION DE TUTELA
NO ES EL CAMINO SEÑALADO POR LA LEY PARA ALCANZAR EL FIN PERSEGUIDO POR LA
PARTE ACTORA.
Cuarta.-  El
motivo que indujo a demandar la nulidad ante el Consejo de Estado.
Al parecer la
demanda ante el Consejo de Estado en contra del auto del Superintendente que no
decretó la nulidad parcial del proceso concordatario, obedeció a una razón
diferente a la sola incompetencia del funcionario.  En efecto, según la
transcripción de la demanda que se hace en el auto en que el Consejo de Estado
niega su admisión, en ella se afirmó:
"C)  Quien
representaba en esa fecha (se refiere al 15 de agosto de 1990, según se
desprende del literal anterior, anota esta Sala Unitaria) a la Sociedad Pinski
& Asociados S.A. no objetó los créditos presentados por los
acreedores, siendo muchos de ellos objetables.  En cuanto a su cuantía,
existencia, etc. Hoy, (sic) que el Dr. Ezequiel Pinski ha recobrado la
representación y control de la sociedad, ha advertido sobre el enorme perjuicio
que representaría para la misma y para sus accionistas el tener que pagar
créditos inexistentes o en cuantía superior a las reales, entre muchos
aspectos...".
Admitiendo que quien
"no objetó los créditos presentados por los acreedores"
ejercía la representación de la sociedad, pues de lo contrario se habría
alegado como causal de nulidad la indebida representación, el supuesto
perjuicio no aparece claro.  Pues lo cierto es que fracasado el trámite
concordatario, en un hipotético proceso de quiebra habría lugar a objetar los
créditos que no lo fueron en el trámite del concordato.  Lo cual, en cierta
forma, satisfaría las pretensiones de la actora, pues, como se vio, su
aspiración era la de obtener la declaración de nulidad no sólo de la actuación
cumplida por el Superintendente al resolver las objeciones y calificar y
graduar los créditos, actuación para la cual se decía que no era competente; sino
de la anterior, PARA QUE FUERA POSIBLE OBJETAR LOS CREDITOS.  Esto,
pese a haberse afirmado en la demanda ante el Consejo, que "El trámite
concordatario cumplió normalmente con sus etapas de emplazamiento a los
acreedores, presentación de créditos y traslado para efectuar objeciones a los
que fueron presentados". (Negrilla fuera de texto).
Quinta.-  Algunas
consideraciones sobre la seguridad jurídica.
Uno de los fines del
derecho objetivo, es la seguridad jurídica, la certeza.  Esta exige que los
procesos terminen, no sólo por haberse ejercido y fallado las acciones y los
recursos previstos en la ley, sino por no haberse intentado unas y otros en
tiempo oportuno.  Lo contrario implicaría una situación de interminable
desorden, negación de la esencia del derecho.
¿Qué ocurrió en
este caso? Existía una oportunidad para debatir la alegada falta de competencia
del Superintendente de Sociedades.  Habría bastado atacar el auto del 19 de
junio de 1991, que declaró fracasado el trámite concordatario, mediante el
recurso de reposición ante el mismo Superintendente, o en ejercicio de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.  Como así no se hizo, quedó cerrada la puerta para
debatir ese tema. Porque absurdo sería que en casos como éste pudiera
indefinidamente controvertirse lo que no se debatió en su momento.
Es más: en relación
con el auto que declaró fracasado el trámite concordatario, ya no procede la
acción de nulidad prevista por el artículo 84 del C.C.A.  Al respecto ha dicho
el Consejo de Estado:
"Es de vital
importancia anotar en favor de lo aquí sostenido que si la facultad de los
ciudadanos de atacar jurisdiccionalmente actos administrativos de contenido
objetivo no tuviera limitación alguna y la acción del artículo 84 se pudiera
emplear indiscriminadamente, no solo contra los actos generales o
reglamentarios, sino contra todos aquellos creadores de situaciones
particulares, derechos o relaciones de esta naturaleza, sin excepción alguna, carecería
totalmente de sentido que la ley hubiera establecido expresamente las acciones
de nulidad en los casos arriba listados y en otros que, seguramente, la
sabiduría del legislador dispondrá en su oportunidad.  En tal supuesto
bastaría la simple acción de nulidad de que habla el artículo 84 del C.C.A.
para gobernar todas las hipótesis en que se impugnaran actos particulares por
cualquier persona.
"Lo contrario
es dejar al garete, a la deriva y sin gobierno los derechos individuales y
quitarle a los actos administrativos particulares la virtud de ser
ejecutorios.  Es sencillamente, acabar con el principio básico de la seguridad
de las relaciones jurídicas que vertebra el derecho colombiano y le hace
indispensable en el mantenimiento del sistema político.  La misma
administración, al perder el privilegio de la ejecutoriedad, se encontraría en
incapacidad de hacer cumplir lo dispuesto en sus providencias expuestas al
ataque generalizado de cualquier persona.  Es evidente que en tales
circunstancias el desquiciamiento del orden jurídico sería inminente".
(Consejo de Estado auto de fecha agosto 2 de 1990,  Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente, doctor Pablo Cáceres
Corrales, Jurisprudencia y Doctrina, tomo XIX, No. 226, pág. 831).
A lo cual cabría
agregar en relación con la acción de tutela, que ésta se estableció para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, y no para revivir
procesos judiciales o administrativos legalmente terminados. Sostener lo
contrario implicaría darle a esta acción un poder destructor de todas las
situaciones jurídicas concretas, lo que no estuvo en la mente del Constituyente
ni se plasmó en la norma.  Con mayor razón cuando, como aquí ocurre, se
intenta reabrir un proceso legalmente concluído antes de la vigencia de la
actual Constitución.
Sexta.         La
competencia del Superintendente de Sociedades.
Ya se ha dicho que
la oportunidad  para debatir en torno de la  competencia del Superintendente,
habría sido el proceso originado en la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, no éste. Sin embargo, son pertinentes algunas reflexiones sobre esta
materia.
En el auto de julio
veintiseis (26) de mil novecientos noventa y tres (1993)    que anuló la
sentencia de marzo 29 de 1993, en relación con la supuesta incompetencia del Superintendente
de Sociedades, se dijo :
"De otro lado,
hay que tener en cuenta que cuando se dictó la sentencia  T- 120 de 1993, el
Superintendente de Sociedades, según el artículo 32 del decreto 2651 de 1991, y
el decreto 350 de  1989, era competente, sin lugar a dudas, para resolver sobre
las objeciones. Competencia de la cual carecía y carece aún hoy el juez.
"En síntesis: por
medio de la acción de tutela se anuló una actuación cumplida en un proceso,
antes de  la vigencia de la Constitución de 1991; y se ordenó enviar el proceso
a otro funcionario para que cumpliera una actuación para la cual no era ni es
competente.
"No sobra
advertir lo siguiente:
"Según consta
en el segundo de los HECHOS de la sentencia T-120, " El Superintendente de
Sociedades, mediante auto del 17 de febrero de 1989, convocó a la peticionaria (Pinsky
& Asociados S.A.) al trámite del concordato preventivo
obligatorio." (el paréntesis no es del texto). Esto indica que el
concordato se inició antes de la vigencia  del decreto 350 de 1989, pues según
el artículo 61 del mismo éste regiría a partir del día primero (1o) de mayo de
1989. En estas condiciones, hay, en cuanto a la competencia del Superintendente
para conocer de las objeciones a los créditos en el referido concordato, dos opciones:
"a). Considerar
que  al proceso,  iniciado con anterioridad a la vigencia del decreto 350, le
era aplicable el artículo 62 del mismo, por ser posteriores las objeciones al
día en que entró a regir tal decreto, como ya se explicó. Esta fue la solución
adoptada por el Superintendente.
"b). Estimar
que la competencia del Superintendente se basaba en el artículo 32 del decreto
legislativo 2651  de 1991, por haberse iniciado el concordato antes de la
vigencia del decreto 350 de 1989.
"Por cualquiera
de estos dos caminos se llegaba a la misma solución: la competencia del
Superintendente de Sociedades, reconocida por la Corte Constitucional en la
sentencia C- 592,  de diciembre 7 de 1992 y negada en la sentencia T-120 del 29
de marzo de 1993".
Pero si el
Superintendente es competente, el Juez Civil del Circuito de Cali, por el
contrario, no lo es.  A la luz del artículo 116 de la Constitución que permite
"atribuír función jurisdiccional en materias precisas a determinadas
autoridades administrativas",  no hay base para ninguna controversia al
respecto. Por manera que si el artículo 52 del Decreto 350 de 1989, declarado
exequible por la Corte Suprema de Justicia en vigencia de la anterior
Constitución, fuera nuevamente demandado invocando la misma razón, tendría su
respaldo en el mencionado artículo 116, como ya lo definió la Corte
Constitucional en la sentencia C-592 de diciembre 7 de 1992, al declarar
exequible el artículo 32 del Decreto 2651 de 1991.
En síntesis: nada
autoriza ordenar que se envíe al Juez Civil del Circuito el expediente de un trámite
concordatario que ya terminó, para que realice una actuación para la
cual carece de competencia. Hacerlo supondría inaplicar normas que han sido
declaradas exequibles por esta misma Corte, como el citado artículo 32 del
Decreto 2651 de 1991.
Séptima.
Situación actual de la Sociedad.
Se dice en el
escrito de impugnación de la sentencia de primera instancia, que "al
declararse fracasado el trámite concordatario por el Superintendente de
Sociedades y al negarse la declaratoria de quiebra por los jueces civiles del
Circuito de Cali, la sociedad que represento no se encuentra en concordato ni
en quiebra, lo cual carece de toda lógica y razonabilidad jurídica". Por
análoga razón se había afirmado en la demanda de tutela que "la sociedad
que represento se encuentra hoy en un verdadero limbo jurídico . . ."
En relación con
estas afirmaciones, se dijo en la sentencia de segunda instancia que se revisa:
"Y en cuanto a la solución legal al "limbo jurídico"  de que se
ha echado mano para fundamentar la petición, es obvio que el paso a seguir está
al alcance de uno cualquiera de los acreedores si es que estima que debe
llegarse a la quiebra de la sociedad mercantil".
La Corte
Constitucional comparte esta afirmación.  Pero no sobra agregar que el fracaso
del trámite concordatario, supone necesariamente la tramitación del proceso de
quiebra, como lo dispone el inciso 3o. del artículo 33 del Decreto 350 de 1989,
en su parte final : " Si no fuere posible el acuerdo así lo dispondrá y
declarará iniciado el  trámite del proceso de quiebra". Esta norma del
concordato preventivo potestativo, es aplicable al concordato preventivo
obligatorio en virtud de lo dispuesto en el artículo 52 del decreto citado.
En cuanto a la razón
esgrimida por el Juez Once (11) Civil el Circuito de Cali para abstenerse de
tramitar el proceso de quiebra, cabe decir lo siguiente:
Dijo el Juez que la
no celebración de una segunda audiencia, después de no haber  acuerdo en la
primera, dejaba sin piso el auto que declaró fracasado el trámite. La no
celebración por el Superintendente de otra audiencia antes de aplicar el
artículo 33 del decreto 350 de 1989, en cuanto éste dispone la tramitación de
la quiebra, era, en principio, otro motivo, que tenía la Sociedad para intentar
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Sin que sobre advertir que
contra el auto que declaró fracasado el trámite concordatario podría haberse
interpuesto el recurso de reposición ante el mismo Superintendente. Al no
interponerse éste, y no demandarse ante la Jurisdicción Contenciosa, quedó
en firme la providencia del Superintendente y no correspondía al juez
controvertirla.
Finalmente, es
evidente que si la Empresa no está en concordato ni en quiebra, su situación,
en abstracto, es mejor que la de aquella que si lo está. El problema en este
caso surge para los acreedores y no para el deudor. Pero ellos, a su turno,
podrán intentar los correspondientes procesos ejecutivos singulares.
Como se ve, el supuesto
limbo jurídico no existe en realidad.
Octava.
Conclusiones.
Lo expuesto lleva a
estas conclusiones:
1a.- El auto que
declaró fracasado el trámite concordatario, quedó definitivamente en firme al
no ejercerse contra él la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en
el plazo fijado por la ley;
2a.-  La petición relativa al envío del
expediente al Juez Civil del Circuito de Cali para que éste califique y gradúe
los créditos y resuelva las objeciones contra los mismos, es improcedente por
estos motivos:
a)        Está  terminado legalmente el trámite
concordatario;
b) No es competente el Juez Civil del Circuito
de Cali para tal actuación, que compete exclusivamente al Superintendente de
Sociedades;
3a.- De conformidad con la ley, lo que sigue al
fracaso del trámite del concordato preventivo obligatorio, es el proceso de
quiebra.
III.-  DECISION
En virtud de las
anteriores consideraciones, la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-
CONFIRMASE por las razones
expuestas, la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Decisión
Civil, que a su vez confirmara la decisión del Juez 24 Civil del Circuito de
Bogotá, que denegó la tutela pedida por la sociedad "Pinski y Asociados
S.A." en contra del Superintendente de Sociedades.
Segundo.-  Expresamente se advierte que no tiene valor
cualquier actuación realizada en cumplimiento de la sentencia T-120 de marzo 29
de 1993, declarada nula y a la cual ésta reemplaza.
Tercero.-  Comuníquese al Juez 24 Civil del Circuito
de Bogotá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Comuníquese,
publíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES
MUÑOZ
Magistrado
Con aclaración de voto
HERNAN ALEJANDRO OLANO GARCIA
Secretario General (E)
Aclaración de
voto a la Sentencia No. T-419/93
Ref: EXPEDIENTE
Nº T-5088
Peticionario:
Sociedad Pinski & Asociados S.A
Magistrado
Ponente: Dr. JORGE ARANGO MEJIA
Si bien me aparté de
la declaratoria de nulidad pronunciada por la Sala Plena el día 26 de julio del
año en curso, recaída en la sentencia T-120, por las razones consignadas en el
respectivo salvamento de voto, adoptada ya esa decisión, como miembro de la
Sala de Revisión a la que compete dictar la sentencia de reemplazo debo
suscribirla, además, porque dirimido el asunto de la nulidad, coincido
integralmente con la ponencia presentada.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado