A330-06
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Auto 330/06
SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Improcedencia
de recursos/NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Procedencia
excepcional por vulneración del debido proceso
NULIDAD
SENTENCIA-Procedencia excepcional por afectación al
debido proceso y donde medie argumentación  de quien la alega
NULIDAD
SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Causales
INCIDENTE DE
NULIDAD-No se entiende como nueva instancia procesal sino como mecanismo
encaminado a salvaguardar el derecho al debido proceso
NULIDAD SENTENCIA
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Procedencia por demostración ostensible, probada, significativa y
trascendental al debido proceso
NULIDAD
SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR CAMBIO DE JURISPRUDENCIA-Debe ser
decidido por la Sala Plena
DESCONOCIMIENTO
DE JURISPRUDENCIA-Formas en que se presenta
La causal de
“desconocimiento de jurisprudencia” puede ser comprendida de distintas maneras:
(i) como desconocimiento de una sentencia cuya ratio decidendi coincide con el
problema jurídico sobre el que versa la sentencia cuya nulidad se solicita;
(ii) como una contradicción con cualquier sentencia anterior, bien sea en su
ratio decidendi o en su obiter dicta; (iii) como una segunda instancia de lo
decidido por la Sala de Revisión.
JUEZ
CONSTITUCIONAL-Decisiones deben seguir los postulados de fallos precedentes
más aún si tienen supuestos fácticos similares
PRECEDENTE
CONSTITUCIONAL-Reglas judiciales emanadas de la interpretación de una norma
superior para la solución de un caso concreto/JUEZ CONSTITUCIONAL-Debe
ser consistente con sus decisiones previas/CORTE CONSTITUCIONAL-Modificación
de precedente debe ser efectuado por Sala Plena y no por Salas de Revisión
El respeto a los precedentes constitucionales, entendidos
como reglas judiciales emanadas de la interpretación de una norma superior para
la solución de un caso concreto, cumple funciones esenciales en los
ordenamientos jurídicos, incluso en los sistemas de derecho legislado como el
colombiano. Por ello, tal y como esta Corte lo ha señalado, todo tribunal, y en
especial el juez constitucional, debe ser consistente con sus decisiones
previas, debido a (i) elementales consideraciones de seguridad jurídica y de
coherencia del sistema jurídico; (ii) una caprichosa variación de los criterios
de interpretación pone en riesgo la libertad individual, así como la
estabilidad de los contratos y de las transacciones económicas, pues las
personas quedan sometidas a los cambiantes criterios de los jueces, con lo cual
difícilmente pueden programar autónomamente sus actividades; y (iii) en virtud
del principio de igualdad, puesto que no es justo que casos iguales sean
resueltos de manera distinta por un mismo juez. De allí que, si bien la Sala
Plena puede, excepcionalmente, por razones de justicia material y adecuación de
sus fallos a los cambios históricos y sociales, modificar un precedente
constitucional, tal decisión le está vedada a las Salas de Revisión, so pena de
incurrir en una causal de nulidad.
SALAS DE
REVISION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Autonomía interpretativa y desarrollo
del pensamiento jurídico racional de las materias sometidas a su decisión
NULIDAD
FALLO DE TUTELA-Divergencia entre la decisión y el precedente
constitucional debe contrariar abiertamente la ratio decidendi
INCIDENTE
DE NULIDAD CONTRA FALLO
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-No
constituye segunda instanciaINCIDENTE
DE NULIDAD CONTRA FALLO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-No constituye segunda instancia/FALLO
DE TUTELA-Sala de Revisión constituye órgano de cierre de los asuntos
sometidos a su conocimiento
SOLICITUD DE
NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR CAMBIO DE JURISPRUDENCIA-Procedencia
si hay modificación sustancial de un precedente concreto y no frente a
cualquier doctrina jurisprudencial/PRINCIPIO DE AUTONOMIA JUDICIAL-Sala
Plena no puede establecer si Sala de Revisión acertó en la existencia o no de
una vía de hecho
Si se hace
alusión a la causal de cambio de jurisprudencia para motivar la solicitud de
impugnación de un fallo, será procedente sólo si el cambio consiste en la
modificación sustancial de un precedente que se refiere a un problema jurídico
concreto y no frente a cualquier doctrina contenida en la jurisprudencia. De
igual manera, le está vedado a la Sala Plena entrar a establecer, por vía del
incidente de nulidad, como si se tratase de una segunda instancia, si una
determinada Sala de Revisión acertó al momento de establecer la existencia o no
de una vía de hecho judicial, por cuanto se estaría violando el principio de
autonomía judicial.
SOLICITUD
DE NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Requisitos de
procedibilidad
SOLICITUD
DE NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Error
manifiesto al citar la sentencia T-482/04 pues en el fallo se hace referencia a
la sentencia T-487/04
SOLICITUD DE
NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Oportunidad en sentencia
T-1319/05 pues se impetró antes de la notificación de fallo de revisión
SOLICITUD DE
NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Legitimación activa en
sentencia T-1319 de 2005
SOLICITUD DE
NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Cumplimiento de carga
argumentativa señalando como causal el desconocimiento de la jurisprudencia en
sentencia T-1319/05
SOLICITUD DE
NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Actor no cita precedente
sentado por la Sala Plena sino decisiones proferidas por Salas de Revisión
SOLICITUD DE
NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-No se configura cambio de
jurisprudencia sobre caducidad del dato negativo reportado a las centrales de
riesgo por evolución jurisprudencial
CAMBIO DE
JURISPRUDENCIA-Declaración de la prescripción de la acción ejecutiva en
proceso ejecutivo
PRECEDENTE
JURISPRUDENCIAL VINCULANTE-Términos de caducidad del dato negativo de
deudor reportado a una central de riesgo
CADUCIDAD
DEL DATO NEGATIVO-Supuestos cuando prosperan las excepciones propuestas por
el demandado en proceso ejecutivo
CORTE
CONSTITUCIONAL-Sentencia unificada cobijó la prescripción de la deuda como
hipótesis de extinción del dato negativo
PRESCRIPCION
DE LA ACCION EJECUTIVA-No existe regla jurisprudencial en materia del
tiempo de caducidad del dato negativo
FALLO DE
TUTELA-Sentencia T-1319/05 siguió precedente sobre el límite temporal para
la conservación del dato negativo ante supuestos fácticos similares
SOLICITUD DE
NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-No se incurrió en causal de
nulidad de desconocimiento de la jurisprudencia en sentencia T-1319/05
Referencia: solicitud de nulidad de la sentencia
T-1319 de 2005
Acción de
tutela instaurada por Diva María Gonzáles López, Adolfo Gonzáles y Fabiola
Bedoya Vélez contra la Cooperativa de Ahorro de Inversión Social Ltda.,
“COOSERVIR en liquidación”.
Magistrado ponente:
Dr. HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá, D.C., veintidós (22) de noviembre de dos mil seis
(2006)
Procede la
Sala Plena de la Corte Constitucional a decidir sobre las solicitudes de
nulidad de la Sentencia T-1319 de 2005, proferida por la Sala Séptima de
Revisión.
I.
ANTECEDENTES
1.
Antecedentes del proceso de tutela que dio lugar a la expedición de la
Sentencia T-1319 de 2005
Los ciudadanos Diva María González López,
Adolfo González y Fabiola Bedoya Vélez, por medio de apoderado, interpusieron
acción de tutela contra la Cooperativa de Ahorro e Inversión Social Ltda.,
“COOSERVIR en liquidación”, con el objeto de que se ampararan sus derechos
fundamentales al habeas data, a la intimidad y al buen nombre, consagrados en
el artículo 15 de la Constitución Política. Manifestaron los accionantes
que la Cooperativa demandada en tutela inició proceso ejecutivo en su contra
ante el Juzgado Noveno Civil Municipal de Santiago de Cali, proceso que
finalizó con la sentencia No. 073 del 29 de julio de 2003, mediante la cual el
Juzgado declaró probada la excepción de prescripción de la acción ejecutiva.
Una vez proferido este fallo solicitaron al liquidador de “COOSERVIR en
liquidación”, la rectificación de la información crediticia que dicha entidad
había reportado a las diferentes centrales de riesgo. La entidad no accedió a
las pretensiones de los peticionarios, razón por la cual interpusieron acción
de tutela pues a su juicio una vez finalizado el proceso ejecutivo adelantado
por la entidad accionada en su contra, era obligatorio que “COOSERVIR en
liquidación” procurara la rectificación y actualización de la información
crediticia reportada a las centrales de riesgo.
El conocimiento de la tutela
correspondió en primera instancia al Juzgado Cuarto Penal Municipal de Santiago
de Cali, el cual mediante sentencia del dieciséis (16) de mayo de dos mil cinco
(2005), decidió declarar improcedente el amparo constitucional solicitado por
los ciudadanos Diva María González López, Adolfo González y Fabiola Bedoya
Vélez, por cuanto consideró le asistía razón a la entidad accionada en mantener
el reporte en la correspondiente base de datos, dado que esa era una
información veraz, correspondiente a la realidad crediticia de los
peticionarios y sólo debía ser rectificada, en caso de que se demostrara la
cancelación del crédito adeudado. Impugnado el fallo de primera instancia  fue confirmado
por el Juzgado Quince Penal del Circuito de Santiago de Cali, mediante
sentencia del cinco (5) de julio de dos mil cinco (2005).
2. La sentencia T-1319 de 2005.
Seleccionado los fallos de tutela proferidos en primera y segunda
instancia para su revisión, la Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional decidió el asunto sometido a su consideración mediante la
sentencia T-1319 de 2005. En las consideraciones del fallo de revisión
inicialmente se hizo referencia al marco jurisprudencial sobre las bases de
datos para luego abordar el tema de la caducidad del dato negativo. Sobre este
último extremo se consignó:
“Al respecto, hay que afirmar que ello –el término de caducidad del
dato negativo- infaliblemente corresponde ser reglamentado por legislador, sin
embargo, hoy es notoria la ausencia de disciplina y regulación al respecto,
razón por la cual la jurisprudencia constitucional ha determinado un término
razonable que evite el abuso del poder informático y preserve las sanas
prácticas crediticias, en aras a la prevalencia del interés general.
En dicho sentido, la Corte ha reiterado en diversas ocasiones lo
señalado por la sentencia SU-082 de 1995, que al respecto estableció tres
supuestos de hecho distintos, que correctamente fueron sintetizados en la
sentencia T-565 de 2004, estos son:
-
Pago voluntario de la obligación con mora
inferior a un año: la información financiera negativa reportada en la central
de riesgo caduca en el doble de tiempo que duró la mora.
-
Pago voluntario de la obligación con mora
superior a un año: la información financiera negativa reportada en la central
de riesgo caduca en dos años.
-
El pago dentro del proceso ejecutivo (sin que
prosperen excepciones que pongan fin al proceso – salvo prescripción – y sin
que se verifique el pago al momento de notificar el mandamiento de pago), la
información financiera negativa reportada en la central de riesgo caduca en
cinco años.
12.- Para la resolución de este caso en particular, debe prestarse
especial atención a lo señalado en el último acápite, pues si el demandado en
un proceso ejecutivo invoca excepciones que tengan como fin especifico
extinguir la obligación y estas prosperan mediante sentencia que profiera el
juez de conocimiento, el antecedente que conserve el banco de datos al respecto
debe desaparecer. Así lo señala esta Corporación, pero se exceptúa de la regla
anteriormente expuesta el caso en que la excepción que prospere dentro del
proceso ejecutivo sea la de prescripción, puesto que no ha habido pago. En este
evento específico, la obligación ha sido incumplida, pero el acreedor
quirografario no puede hacer uso de la acción de la cual era titular, pues ésta
caducó. Bajo este supuesto, dispuso esta Corporación que la inscripción en la
base de datos debe continuar vigente a pesar de haber prescrito las acciones
legales (Sentencia SU-082 de 1995).
13.- Sin embargo, es indispensable preguntarse cual sería el limite
temporal instituido para la conservación del dato negativo de aquellas personas
que no han cumplido con sus obligaciones financieras, caso en el que
indiscutiblemente se encuentran quienes en un proceso ejecutivo alegan la
prescripción del título valor que daba respaldo a la misma, pues, se reitera,
allí no se ha cancelado la obligación.
Con relación a ello, la sentencia T-487 de 2004 señaló que dado que
el término de caducidad del dato no puede ser el mismo, para aquel deudor que
cancela, en relación con aquel deudor que no ha cancelado, y ante la evidencia
del vacío legal mencionado, el juez debe llenarlo acudiendo al
razonamiento analógico, que enseña que donde existe la misma razón debe
aplicarse la misma disposición, en este caso, la regla general de la
prescripción de la acción ordinaria civil y debe señalar que el término de
almacenamiento de datos de individuos que no hayan cancelado sus obligaciones
financieras será de diez años termino similar al establecido por el Código
Civil para la prescripción de la acción ordinaria”.
Luego la Sala de Revisión abordó el estudio
del caso concreto y determinó que el problema jurídico a resolver se
centraba en decidir si, declarada probada la excepción de prescripción en el
proceso ejecutivo adelantado en contra de Diva María González López, Adolfo
González y Fabiola Bedoya Vélez, por parte de “COOSERVIR en liquidación”, el
dato crediticio reportado por esta última a las centrales de riesgo financiero
respecto de los deudores, debía permanecer, y si la respuesta es afirmativa,
por cuanto tiempo. Para solucionar este tópico se acudió al precedente sentado
en la sentencia T-487 de 2004, decisión en la cual se sostuvo que el
almacenamiento de datos de quienes no cancelaran sus obligaciones financieras
debía tener un término definido, y se señaló que en estos
casos, el término de caducidad del dato sería de diez años, el cual comenzará a
contarse desde la fecha en que la obligación se haga exigible, término que
coincide con el establecido por el Código Civil para la prescripción de la
Acción Ordinaria Civil.
Hechas las anteriores consideraciones la Sala Séptima de Revisión decidió:
PRIMERO.-  CONFIRMAR la sentencia
proferida en el proceso de la referencia por el Juzgado Quince Penal del
Circuito de Santiago de Cali, en consideración a las razones anteriormente
expuestas.
SEGUNDO.- Señalar que dentro de los
datos de los peticionarios reportados a las centrales de riesgo financiero,
debe aparecer que en el proceso ejecutivo que se llevaba en su contra se
declaró probada la excepción de prescripción.
TERCERO.- LÍBRENSE por Secretaría las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
3. La
solicitud de nulidad de la sentencia T-1319 de 2005
El treinta
(30) de marzo de dos mil seis (2006) fue recibida en la secretaría de la Corte
Constitucional la solicitud de nulidad de la sentencia T-1319 de 2005
presentada por Omar Fernando Suárez Gómez, quien afirma actuar como apoderado
judicial de los señores Diva María Gonzáles López,
Adolfo Gonzáles y Fabiola Bedoya Vélez.
El
peticionario formula su solicitud de nulidad contra las sentencias T-1319 de
2005 y T-482 de 2004 “esta última por constituir basamento argumentativo de
la primera”. Fundamenta su solicitud en que ambas decisiones constituyen un
“cambio arbitrario y tácito de precedente sentado por la Honorable Corte Constitucional
mediante sentencias T-414 de 1992 y T-022 de 1993”. Sostiene el
peticionario que en las anteriores decisiones la Corte Constitucional fijó su
postura respecto a la caducidad del dato negativo ante las centrales de
riesgos, una vez concluido el término establecido por la ley para la
prescripción, en los siguientes términos:
Por todo lo
anterior, esta Sala encuentra reprochable en grado sumo la conducta de la
Asociación Bancaria al negarse rotundamente a acceder a la solicitud que le
hiciera el peticionario en dos ocasiones en el sentido de que lo retirara de la
lista de deudores morosos. En efecto, en el expediente obra prueba de que por
sentencia debidamente ejecutoriada el Juzgado 16 Civil del  Circuito de Bogotá
había declarado prescrita la obligación del Arquitecto Argüelles desde el 27 de
Abril de 1987.
Sorprende
igualmente que dicho quejoso haya tenido que impetrar, por medio de apoderado,
la presente acción de tutela ante el Juzgado 110 de Instrucción Criminal de
Bogotá para que se le retirara de la lista de deudores morosos y se actualizara
y rectificara la información que sobre él existe en el banco de datos de la
Asociación Bancaria. Porque es lo cierto que por virtud de lo dispuesto en el
reglamento de la Central, él tenía perfecto derecho a la actualización de las
informaciones que le concernían,  en particular,  que su obligación con el
Banco de Bogotá había sido declarada prescrita por sentencia judicial desde
abril de 1987 y no tenía por qué seguir figurando en la condición de deudor
moroso de dicha entidad financiera.
Como
consecuencia de todo lo anterior, esta Sala reitera que es voluntad expresa del
Constituyente plasmada en el texto del artículo 1o. la primacía del ser humano
con sus atributos fundamentales sobre otras  categorías simplemente
accesorias,  como las de haber o tener.
Ello quiere
decir, en otros términos, que el ejercicio del derecho a la información en que,
según la Asociación Bancaria de Colombia, se fundamenta la Central de
Información que dicha entidad administra, no puede conducir en manera alguna a
la vulneración de la dignidad humana.  Tal como ha ocurrido en el caso del
señor Argüelles.  La misma limitación pesa sobre el ejercicio del derecho a la
protección del crédito como proyección del derecho de propiedad.
(…)
Los datos
tienen por su naturaleza misma una vigencia limitada en el tiempo la cual
impone a los responsables o administradores de bancos de datos la obligación
ineludible de una permanente actualización a fin de no poner en circulación
perfiles de "personas virtuales" que afecten negativamente a sus
titulares, vale decir, a las personas reales.
De otra parte,
es bien sabido que las sanciones o informaciones negativas acerca de una
persona no tienen vocación de perennidad y, en consecuencia después de algún
tiempo tales personas son titulares de un verdadero derecho al olvido.
Este derecho
le fue abiertamente negado al peticionario tanto por la Asociación Bancaria de
Colombia como por el Banco de Bogotá, con lo cual lo condenaron, sin fórmula de
juicio, a una exclusión del sistema crediticio por término indefinido. Ello
pese a que ambas entidades sabían que desde el 27 de abril de 1987 un Juez de
la República, con la autoridad que le confiere la ley declaró prescrita la
obligación contraida por el  peticionario con el Banco de Bogotá.
Por eso es a
todas luces censurable la rebeldía del banco a reconocerle efectos a esta
sentencia. Como lo es también, en mayor grado, la complicidad manifiesta con
dicha conducta por parte de una entidad llamada a velar por los mejores
intereses del gremio, como es el caso de la Asociación Bancaria de Colombia.
(…)
A manera de
conclusión general, esta Sala reitera que en el presente caso no sólo no existe
otro medio de defensa judicial, por las razones expuestas en su oportunidad,
sino que además se ha vulnerado la intimidad, la libertad personal y la
dignidad del petente mediante el abuso de la tecnología informática y del
derecho de y a la información. La vulneración de tales derechos
constitucionales fundamentales se materializa en la renuencia de la Asociación
Bancaria de Colombia a cancelar su nombre de la lista de deudores morosos y
actualizar inmediatamente la información de su banco de datos computarizado, a
sabiendas de que mediante sentencia del 27 de abril de 1987 debidamente
ejecutoriada, un Juez de la República declaró prescrita la obligación del señor
Argüelles con el Banco de Bogotá.
Cita,
finalmente algunos numerales la parte resolutiva de la anterior decisión que a
continuación se trascriben:
PRIMERO. - REVOCAR
la providencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santafé de Bogotá el día 4 de Febrero de 1992 y en su lugar, ORDENAR la
inmediata cancelación del nombre del peticionario FRANCISCO ARGÜELLES
NORAMBUENA de la lista de deudores morosos de la Central de Información,
organizada y administrada bajo la responsabilidad de la Asociación Bancaria de
Colombia.
(…)
QUINTO.-
Solicitar al Procurador General de la Nación que en uso de su facultad de
iniciativa legislativa y en desarrollo del artículo 15 de la Carta y demás
normas concordantes, considere la conveniencia de presentar a la brevedad
posible ante el Congreso de la República un proyecto de ley que proteja
eficazmente la intimidad y la libertad informática de los colombianos.
SEXTO.- En
todos aquellos casos similares al presente por sus hechos o circunstancias,
siempre que hayan ocurrido abusos o intromisiones arbitrarias o ilegales en la
recolección, almacenamiento, tratamiento, uso y divulgación no autorizada expresamente
de datos personales, por cualquier medio o tecnología, que amenacen vulnerar la
intimidad y libertad informática de la persona, la doctrina constitucional
enunciada en esta sentencia tendrá CARACTER OBLIGATORIO para las
autoridades, en los términos del artículo 23 del decreto 2067 de 1991.
Luego
afirma el peticionario que la sentencia T-022 de 1993 reiteró el anterior
precedente y cita amplios apartes de esta última decisión, los cuales se
transcriben a continuación:
E.  Derecho
al olvido: prescripción y cancelación de datos
Plenamente
consciente de la neta prevalencia de la categoría del ser sobre la del tener o
del haber y en el marco de ese hondo y genuino humanismo que debe presidir los
actos de los encargados de administrar justicia en todos los niveles del
sistema jurídico, esta Corte ha señalado que:
"Los
datos tienen por su naturaleza misma una vigencia limitada en el tiempo, la
cual impone a los responsables o administradores de bancos de datos la
obligación ineludible de una permanente actualización a fin de no poner en
circulación perfiles de "personas virtuales"  que afecten
negativamente a sus titulares, vale decir, a las personas reales.
De otra
parte, es bien sabido que las sanciones o informaciones negativas acerca de una
persona no tienen vocación de perennidad y, en consecuencia, después de algún
tiempo tales personas son titulares de un verdadero derecho al olvido[1].
Esta
Corporación observa con sorpresa que algunos jueces y tribunales inspirados en
principios y criterios de derecho privado preconstitucional consideren que para
cancelar los datos económicos personales recolectados y almacenados en bancos
de datos de entidades financieras sea indispensable acreditar previamente la
declaratoria judicial de prescripción de la deuda.
Olvidan que
aquí está en juego un claro conflicto entre el derecho patrimonial de propiedad
y el fundamental de la libertad personal que debe ser resuelto garantizando la
prevalencia del ser sobre el haber, en consonancia con los valores, principios y
preceptos de la Constitución de 1991.
De otra parte,
debe también tenerse en cuenta que desde la perspectiva de la seguridad
jurídica, la finalidad primordial de la prescripción es la de clarificar la
existencia o inexistencia de un derecho a partir de la actividad o inactividad
de su titular durante un lapso determinado.
Si esto es
así, es obvio que su esencia reside en la conducta observada por dicho titular
en el término establecido por el precepto legal, por lo cual la declaración
judicial -que la seguridad jurídica requiere en algunos casos- tiene un
carácter eminentemente declarativo.
Ubicado
justamente en el contexto de los principios constitucionales y del profundo
alcance del artículo 228 de la Carta de 1991, el conflicto real o aparente
entre propiedad y libertad debe resolverse en el sentido de que el beneficiario
de la prescripción pueda extraer de ella sus consecuencias liberatorias con la
demostración de que ha transcurrido el lapso que la ley exige para que dicho
modo extintivo o adquisitivo produzca plenos efectos. Tal como ya ocurre,  por
ejemplo, en -materia no leve y en donde está comprometido un claro interés
público y social- con la cancelación de oficio de los antecedentes relativos a
fallos condenatorios penales proferidos por la  justicia.
(…)
En estas
condiciones, es claro que cuando haya transcurrido un tiempo igual o mayor al
establecido por la ley para la prescripción de la deuda, el deudor de una
entidad financiera podrá solicitar también la cancelación de su nombre del
respectivo banco de datos.
De otra parte,
esta Corte ha tenido ocasión de señalar que una vez satisfechos los
presupuestos para solicitar su cancelación, ésta deberá ser total y definitiva.
Vale decir, la entidad financiera no podrá trasladarlos ni almacenarlos en un
archivo histórico. Tampoco limitarse a hacer una simple actualización del Banco
de datos cuando lo procedente es la exclusión total y definitiva del nombre del
peticionario favorecido con la tutela. Porque ello no sólo iría en menoscabo
del derecho al olvido sino que se constituiría en instrumento de control apto
para prolongar injerencias abusivas o indebidas en la libertad e intimidad de
su titular[2]
De las
anteriores citas jurisprudenciales deduce el peticionario que la Corte
Constitucional había sentado un precedente en materia de caducidad del dato
negativo cuando en el curso de un proceso ejecutivo se hubiera declarado
probada la excepción de prescripción de la obligación, precedente del cual se
habrían apartado las sentencias T-1319 de 2005 y T-482 de 2004.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para
conocer de la solicitud de nulidad formulada en el presente caso, según lo
dispuesto en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991.
2. La jurisprudencia respecto
a la nulidad de las sentencias de la Corte; cuestiones previas al análisis de
los cargos de la solicitud de nulidad de la sentencia T-1319 de 2005.
El artículo
49 del Decreto 2067 de 1991 prevé que “contra las sentencias de la Corte
Constitucional no procede recurso alguno” y que las nulidades de los
procesos ante la Corte sólo podrán alegarse antes de proferido el fallo, “únicamente
por violación al debido proceso”. No obstante, cuando la irregularidad
alegada nace de la misma sentencia, esta Corporación ha admitido la posibilidad
de solicitar la nulidad de una sentencia con posterioridad a su emisión.
En materia de sentencias de
tutela la jurisprudencia constitucional ha considerado, de tiempo atrás, la
posibilidad de declarar la nulidad de las sentencias proferidas por las Salas
de Revisión, en ciertos eventos realmente excepcionales, que supongan una grave
afectación al debido proceso y previo el cumplimiento de una exigente carga
argumentativa por parte de quien alega la existencia de una nulidad, en el
sentido de explicar de manera clara y expresa los preceptos constitucionales
transgredidos y su incidencia en la adopción adoptada.
En tal sentido, la Corte
Constitucional ha definido jurisprudencialmente las causales de procedencia de
peticiones de nulidad contra sentencias proferidas por las Salas de Revisión en
el siguiente sentido:
“(i) Cuando
una Sala de Revisión modifica o cambia el criterio de interpretación o la
posición jurisprudencial fijado por la Sala Plena frente a una misma situación
jurídica. En la medida en que el art. 34 del Decreto 2591 de 1991 dispone que
todo cambio de jurisprudencia debe ser decidido por la Sala Plena de la
Corporación, el cambio de jurisprudencia por parte de una Sala de Revisión desconoce
el principio del juez natural y vulnera el derecho a la igualdad.
(ii) Cuando
las decisiones no sean tomadas por las mayorías legalmente establecidas. Esto
ocurre, en los casos en que se dicta sentencia sin que haya sido aprobada por
las mayorías exigidas en el Decreto 2067 de 1991, el Acuerdo No. 05 de octubre
15 de 1992 y la Ley 270 de 1996.
(iii) Cuando
se presente una incongruencia entre la parte motiva y resolutiva del fallo,
generando incertidumbre con respecto a la decisión tomada. Esto ocurre, en los
casos en que la decisión es anfibológica o ininteligible, cuando se contradice
abiertamente o cuando carece totalmente de fundamentación en la parte motiva.
Cabe precisar que los criterios utilizados para la adecuación de la sentencia,
tanto de redacción como de argumentación, no configuran violación al debido
proceso. Al respecto, señaló la Corte que: ‘[E]l estilo de las sentencias en
cuanto puedan ser más o menos extensas en el desarrollo de la argumentación no
incide en nada para una  presunta nulidad. Además, en la tutela, la
confrontación es entre hechos y la viabilidad de la prosperidad de la acción y
nunca respecto al formalismo de la solicitud como si se tratara de una demanda
de carácter civil’.
(iv) Cuando en
la parte resolutiva se profieran órdenes a particulares que no fueron
vinculados al proceso y que no tuvieron la oportunidad procesal para intervenir
en su defensa.
(v) Cuando la
Sala de Revisión desconoce la existencia de la cosa juzgada constitucional
respecto de cierto asunto, caso en el cual lo que se presente de parte de ésta
una extralimitación en el ejercicio de las competencias que le son atribuidas
por la Constitución y la ley (...)”[3].
No cabe, entonces, entender el
incidente de nulidad como una nueva instancia procesal, en la cual se reabran
debates y discusiones culminados en relación con los hechos y la apreciación de
las pruebas, sino tan sólo como un mecanismo encaminado a salvaguardar el
derecho fundamental al debido proceso. De allí el carácter excepcional que
ofrece dicho incidente y la carga que tiene el accionante de enmarcar
adecuadamente su petición dentro de alguna de las causales reconocidas por la
jurisprudencia constitucional, pues si la solicitud de nulidad no demuestra la
existencia de al menos una de dichas causales de procedencia, la naturaleza
excepcional y extraordinaria que identifica este tipo de incidentes debe
conducir a la denegación de la solicitud impetrada.
En conclusión,
para poder decretar la nulidad en cada caso en concreto es necesario que se
cumplan las exigencias reiteradas y reconocidas por esta Corporación, es decir
que los vicios que se invoquen impliquen una verdadera afectación del debido
proceso, cuya demostración sea “ostensible, probada, significativa y
trascendental, es decir, que tenga repercusiones sustanciales y directas en la
decisión o en sus efectos”[4].
Puesto que los
recurrentes fundamentan la solicitud de nulidad en un supuesto cambio de
jurisprudencia por parte de la Sala de Revisión, es necesario detenerse en el alcance
de esta causal.
3. El alcance de la causal de
nulidad de “desconocimiento de la jurisprudencia”.
La causal de nulidad de cambio
de jurisprudencia es la única expresamente señalada por las disposiciones
que regulan los procedimientos ante la Corte Constitucional. En tal sentido, el
artículo 34 del Decreto 2591 de 1991 establece que todo cambio de
jurisprudencia debe ser decidido por la Sala Plena; en consecuencia, si una de
las Salas de Revisión se apropia de dicha función se extralimita en el ejercicio
de sus competencias con grave violación del debido proceso.
Pues bien, la
causal de “desconocimiento de jurisprudencia” puede ser comprendida de
distintas maneras: (i) como desconocimiento de una sentencia cuya ratio
decidendi coincide con el problema jurídico sobre el que versa la sentencia
cuya nulidad se solicita; (ii) como una contradicción con cualquier sentencia
anterior, bien sea en su ratio decidendi o en su obiter dicta;
(iii) como una segunda instancia de lo decidido por la Sala de Revisión.
De las
anteriores posibilidades la única que se ajusta al real sentido de la causal en
estudio es la primera, pues tanto la segunda como la tercera manera de concebir
su alcance vulneran la autonomía y la independencia judiciales de las Salas de
revisión de tutela por las razones que se exponen a continuación.
En efecto,
resulta indispensable que los jueces constitucionales, al proferir sus fallos,
los motiven conforme a las directrices jurisprudenciales previamente
establecidas, de manera tal que se genere una continuidad de los criterios
desarrollados por esta Corporación. Esto implica que sus decisiones posteriores
deben seguir los mismos postulados de los fallos precedentes y más aún si
tienen supuestos fácticos similares. Con todo, si lo que se pretende es
proceder a un cambio de interpretación jurisprudencial que obligue a una nueva
hermenéutica del sistema jurídico frente a hechos ya considerados, será la Sala
Plena quien estará legitimada para establecer esa nueva manera de
interpretación. De tal suerte que, la procedencia de la causal de cambio de
jurisprudencia está limitada a aquellos casos en los cuales se demuestre que la
Sala de Revisión modificó un precedente constitucional, creado a partir de la
resolución de un caso concreto, y no frente a cualquier doctrina contenida en
un fallo anterior proferido por la Sala Plena.
El respeto a los precedentes constitucionales, entendidos
como reglas judiciales emanadas de la interpretación de una norma superior para
la solución de un caso concreto[5], cumple funciones
esenciales en los ordenamientos jurídicos, incluso en los sistemas de derecho
legislado como el colombiano. Por ello, tal y como esta Corte lo ha señalado,
todo tribunal, y en especial el juez constitucional, debe ser consistente con
sus decisiones previas[6], debido a (i) elementales
consideraciones de seguridad jurídica y de coherencia del sistema jurídico;
(ii) una caprichosa variación de los criterios de interpretación pone en riesgo
la libertad individual, así como la estabilidad de los contratos y de las
transacciones económicas, pues las personas quedan sometidas a los cambiantes
criterios de los jueces, con lo cual difícilmente pueden programar
autónomamente sus actividades[7]; y (iii) en virtud del
principio de igualdad, puesto que no es justo que casos iguales sean resueltos
de manera distinta por un mismo juez. De allí que, si bien la Sala Plena puede,
excepcionalmente, por razones de justicia material y adecuación de sus fallos a
los cambios históricos y sociales, modificar un precedente constitucional, tal
decisión le está vedada a las Salas de Revisión, so pena de incurrir en una
causal de nulidad.
En todo caso esta Corporación ha
reconocido que cada sala de revisión puede ejercer “su autonomía
interpretativa y desarrollar su pensamiento jurídico racional”, en cada una
de las materias sometidas a su decisión. Así, por ejemplo, en Auto 276 de 2001
se manifestó:
“Es
conveniente precisar que aunque la Corte en el devenir histórico
jurisprudencial y en cumplimiento de su función  ha venido trazando pautas y
directrices acerca de los aspectos que se deben tomar en cuenta para determinar
la eficacia del medio judicial ordinario y cuándo el perjuicio tiene el
carácter de irremediable y cuándo no, lo cierto es que tales pautas y
directrices, objetivamente consideradas, no pueden constituirse en una especie
de obstáculo o “camisa de fuerza” que le impida a los jueces constitucionales
de tutela el ejercicio de su autonomía interpretativa y desarrollar su
pensamiento jurídico racional, en la medida en que esas pautas y directrices
las deben aplicar en el caso particular que en determinado momento les
corresponde resolver, el cual, en razón de su naturaleza puede presentar
matices o circunstancias ausentes en los eventos que han sido objeto de examen
por la Corte Constitucional.
(...) Enfocada de esa manera la situación, a juicio de la Corte, en
la Sentencia T-104, de 31 de enero de 2001, la Sala Séptima de Revisión de
Tutelas, en modo alguno, en términos de la peticionaria, “cambió la jurisprudencia
de la Sala Plena de la Corte Constitucional” sobre la materia. Bien puede,
entonces, respetarse el hecho de que la doctora BEATRIZ GONZALEZ REINOSO
discrepe de los argumentos expuestos en la sentencia que cuestiona e interprete
que en ese fallo la Sala Séptima de Revisión, en casos como el allí tratado,
adicionó el requisito o condición de que el accionante debe estar “desempleado”
para que el amparo prospere; empero, esos no son elementos suficientes para que
su pretensión de que se anule la providencia judicial esté llamada a tener
éxito”.
En suma,
cualquier ligera divergencia que pueda observarse entre la decisión adoptada
por una Sala de Revisión y un precedente constitucional sentado por la Sala
Plena, no constituye una causal de nulidad de un fallo de tutela; se precisa
entonces, que este último contraríe abiertamente la formulación general de un principio, regla o razón que constituyen
la base de una decisión judicial específica, más allá de las particularidades
irrelevantes del caso, es decir, la ratio decidendi.
Por las mismas razones antes expuestas el
incidente de nulidad de un fallo proferido por una sala de revisión tampoco
constituye una segunda instancia para que la Sala Plena examine la sentencia de
tutela y se pronuncie sobre la apreciación de los hechos o la interpretación de
la Constitución hechas por la sala de revisión. Tal como esta regulada la
revisión de los fallos de tutela por el Decreto 2591 de 1991 cada sala de
revisión constituye el órgano de cierre de los asuntos sometidos a su
conocimiento, de manera tal que la Sala Plena no opera como segunda instancia
de sus decisiones.
En
tal sentido en  Auto 131 de 2004, se expuso:
“[Las] Salas de
Revisión de la Corte Constitucional gozan como todo juez de la República, de
una amplia competencia para apreciar razonablemente las circunstancias que
constituyen una vía de hecho. En efecto, la función de administrar justicia
implica necesariamente la valoración de conductas, y como no todos los
comportamientos son exactamente idénticos, no pueden imponerse modelos
autómatas o de ‘igualdad ciega’ para la resolución de casos. En este orden de
ideas, la valoración judicial y las herramientas para llevarse a cabo no
constituyen per se vías de hecho, pues si se ajustan a los parámetros constitucionales
de razonabilidad y legalidad, no puede pretenderse su ineficacia”.
En conclusión,
para poder decretar la nulidad en cada caso en concreto es necesario que se
cumplan las exigencias reiteradas y reconocidas por esta Corporación, es decir
que los vicios que se invoquen impliquen una verdadera afectación del debido
proceso, cuya demostración sea “ostensible, probada, significativa y
trascendental, es decir, que tenga repercusiones sustanciales y directas en la
decisión o en sus efectos”[8]. Conforme
a lo expuesto, si se hace alusión a la causal de cambio de jurisprudencia para
motivar la solicitud de impugnación de un fallo, será procedente sólo si el
cambio consiste en la modificación sustancial de un precedente que se refiere a
un problema jurídico concreto y no frente a cualquier doctrina contenida en la
jurisprudencia. De igual manera, le está vedado a la Sala Plena entrar a
establecer, por vía del incidente de nulidad, como si se tratase de una segunda
instancia, si una determinada Sala de Revisión acertó al momento de establecer
la existencia o no de una vía de hecho judicial, por cuanto se estaría violando
el principio de autonomía judicial.
4.
Procedibilidad de la solicitud de nulidad de la sentencias de tutelas
proferidas por las salas de revisión.
Adicionalmente
a la causales de procedencia, la jurisprudencia constitucional ha definido los
requisitos de procedibilidad de la solicitudes de nulidad dirigidas contra
sentencias proferidas por las salas de revisión de tutelas. Tales requisitos
son esencialmente los siguientes:
a)     La
presentación oportuna de la solicitud constituye el primer requisito de
procedibilidad del incidente de nulidad de una sentencia de tutela proferida
por una sala de revisión. De conformidad con la jurisprudencia constitucional
el término para proponer o alegar la nulidad de cualquier sentencia proferida
por la Corte Constitucional es de tres (3) días contados a partir de la
notificación de la misma[9].
b)    El incidente
debe ser propuesto por un sujeto que cuente con  legitimación activa para
solicitar la nulidad, esto es, la solicitud debe ser presentada por quien haya
sido parte en el trámite de la acción de tutela o un tercero que resulte
afectado por la órdenes proferidas en sede de revisión.
c)     Quien
alega la existencia de una nulidad debe cumplir con una exigente carga
argumentativa, en el sentido de señalar de manera clara y expresa la causal de
nulidad invocada, los preceptos constitucionales transgredidos y su incidencia
en la adopción adoptada[10].
5. Estudio del caso concreto.
La solicitud de
nulidad presentada por el Sr. Omar Eduardo Suárez Gómez, quien actúa como
apoderado judicial de los peticionarios en el proceso de a referencia, se
fundamenta en la causal de cambio de jurisprudencia por modificar la sentencia
T-1319 de 2005 el precedente sentado en las sentencias T-414 de 1992 y T-022 de
1993, sin embargo, esta Corporación encuentra que la causal invocada no es
procedente en la medida que entre las sentencias invocados como precedente y la
sentencia T-1319 de 2005 se produjo un paulatino viraje jurisprudencial en
materia de caducidad del dato negativo, especialmente a partir de la SU-082 de
1995, tal como se expondrá a continuación.
Empero, antes de
abordar el estudio de la causal alegada es preciso verificar si se cumplen los
requisitos de procedibilidad de la solicitud de nulidad de una sentencia de
revisión señalados en el acápite anterior de esta providencia. Para dilucidar
estos extremos es preciso realizar algunas consideraciones previas. En primer
lugar, la solicitud de nulidad respecto de la sentencia T-482 de 2004 no se
abordará en el presente caso por ser claramente improcedente de acuerdo con las
reglas precisadas en el acápite anterior de esta decisión. Además el
peticionario incurre en un error manifiesto al citar las sentencias cuya
nulidad alega por servir de fundamento a la decisión que fue contraria a sus
intereses, pues en la sentencia T-1319 de 2005 se hace referencia a la
sentencia T-487 de 2004 y no a la sentencia T-482 del mismo año.
Respecto de los
requisitos de procedibilidad frente a la solicitud de nulidad de la sentencia
T-1319 de 2005 cabe señalar que esta decisión fue proferida el catorce (14) de
diciembre de dos mil cinco (2005) y comunicada al Juzgado Cuarto Penal
Municipal de Cali mediante oficio No. STB-068/2006 de fecha diecinueve (19) de
enero de dos mil seis (2006) y la solicitud de nulidad fue presentada el
treinta (30) de marzo del mismo año. Inicialmente la Secretaría General de la
Corte Constitucional dirigió al Juzgado Cuarto Penal Municipal de Cali el
Oficio STB 004/2006 con fecha treinta y uno (31) de marzo de dos mil seis
(2006) mediante el cual solicitaba se informara la fecha de notificación de la
sentencia de revisión, ante la ausencia de respuesta el despacho judicial en
cuestión fue nuevamente requerido mediante el oficio STB-009 de cinco (5) de
julio de dos mil seis (2006), ante este último requerimiento el Juzgado
respondió con el Oficio 513 de seis (6) de julio del año en curso, mediante el
cual informó que el expediente de la acción de tutela se extravió. Finalmente
el Juzgado Cuarto Penal con funciones de control de garantías de Cali notificó
la sentencia T-1319 de 2005 al apoderado de los accionantes y al Liquidador y
Representante Legal de “COOSERVIR en Liquidación” mediante oficios enviados el
día diecisiete (17) de julio de dos mil seis (2006). Se tiene entonces que el
Juzgado notificó el fallo de revisión seis meses después de haberle sido
comunicado, y que adicionalmente extravió el expediente de la acción de tutela
de la referencia, razones por la cuales se compulsarán copias a la Sala
Disciplinaria del Consejo seccional de la Judicatura del Valle para que adopte
las medidas pertinentes.
De conformidad
con los hechos relacionados anteriormente la solicitud de nulidad de la
sentencia T-1319 de 2005 fue interpuesta de manera oportuna, pues el apoderado
de los accionantes la impetró incluso antes que fuera notificado del fallo de
revisión.
Por otra parte
el Sr. Suárez Gómez cuenta con legitimación activa para solicitar la nulidad de
la sentencia T-1319 de 2005 en su condición de apoderado judicial de los Sres.
Diva María González, Adolfo Gonzáles y Fabiola Bedoya Vélez.
Finalmente el
escrito mediante el cual se solicita la nulidad del fallo de tutela proferido
por la Sala Séptima de Revisión señala claramente cual es la causal invocada, a
saber “desconocimiento de la jurisprudencia”, y cita  las decisiones
precedentes supuestamente trasgredidas por la sentencia T-1319 de 2005, cumple
por lo tanto con la carga argumentativa exigible en este tipo de incidentes.
Ahora bien
verificados los requisitos de procedibilidad se abordará la cuestión de si la
sentencia T-1319 de 2005 desconoce decisiones precedentes de esta Corporación
en la materia. En la solicitud de nulidad objeto de estudio el peticionario
cita como precedentes jurisprudenciales supuestamente desconocidos en la
sentencia T-1319 de 2005 dos fallos proferidos por la Sala Primera de Revisión
de la Corte Constitucional, las sentencias T-414 de 1992 y T-022 de 1993, en
esa medida no se trata de un precedente sentado por la Sala Plena de esta
Corporación, sino de decisiones proferidas por salas de revisión de fallos de
tutela.
No obstante, el
supuesto cambio de jurisprudencia alegado no se configura con la sentencia
T-1319 de 2005 porque esta decisión, como antes se anunció, sigue el precedente
sentado por la sentencia SU-082 de 1995, pues en materia de caducidad del dato
negativo reportado a las centrales de riesgos se ha presentado una interesante
evolución jurisprudencial, la cual desconoce deliberadamente el peticionario.
En efecto, éste
cita para fundamentar su solicitud de nulidad una sentencia del año 1992 y otra
del año 1993, ambas de la misma sala de revisión, sin embargo no hace alusión a
las decisiones posteriores adoptadas por esta Corporación sobre esta misma
materia que reflejan una nueva postura jurisprudencial.
Al respecto cabe
señalar que inicialmente sostuvo la Corte Constitucional que cuando la acción
ejecutiva prescribiera, así no se hubiera declarado la prescripción en un
proceso ejecutivo, debía cancelarse el dato del deudor del banco de datos
respectivo[11], no obstante esta línea
jurisprudencial fue modificada a partir de la Sentencia SU-228 de 1993 decisión
en la cual la Sala Plena afirmó que el juez de tutela en estos casos no podía
verificar directamente la prescripción de la acción ejecutiva, sino que la
excepción de prescripción debía declararse en un proceso ejecutivo[12].
Posteriormente
la sentencia SU-082 de 1995, decisión de Sala Plena y por lo tanto el
precedente jurisprudencial vinculante en la materia, hizo expresa alusión a los
términos de caducidad del dato negativo de un deudor reportado a una central de
riego bajo diferentes hipótesis. En lo relacionado con la caducidad del dato
negativo cuando prosperase la excepción de prescripción en un proceso ejecutivo
sostuvo:
Igualmente
debe advertirse que si el demandado en proceso ejecutivo invoca excepciones, y
éstas prosperan, y la obligación se extingue porque así lo decide la sentencia,
el dato que posea el banco de datos al respecto, debe desaparecer.  Naturalmente
se exceptúa el caso en que la excepción que prospere sea la de  prescripción,
pues si la obligación se ha extinguido por prescripción, no  ha habido pago, y,
además, el dato es público.
Hay que
aclarar que el dato en este caso es público, porque la prescripción debe ser
declarada por sentencia o providencia judicial que tenga la fuerza de ésta (…)
Se advierte
expresamente que todo lo que se ha dicho sobre el término de caducidad refleja
los criterios generales que  la Corte estima razonables a la luz de la
Constitución. Pero naturalmente, el legislador, al dictar la ley estatutaria
correspondiente, podrá, según su buen criterio, apartarse, determinando lo que
él mismo estime razonable, siempre y cuando se ajuste a la Constitución. Y
podría, por ejemplo, llegar a establecer una caducidad especial en los
casos en que la obligación se extingue por prescripción” (negrillas fuera del
texto original).
Se tiene entonces que la Sala
Plena de esta Corporación, respecto a la caducidad del dato negativo cuando
prosperan las excepciones propuestas por el demandado en el proceso ejecutivo
diferenció dos supuestos, a los cuales asignó consecuencias distintas: (i)
cuando se trata de excepciones distintas a la prescripción de la acción
ejecutiva, caso en el cual el dato negativo “debe desaparecer”, (ii) cuando se
trata de la excepción de prescripción de la acción ejecutiva, supuesto al cual
la sentencia en comento aparentemente no le asignó una consecuencia expresa,
sino que se limitó a constatar de acaecer esta hipótesis “no  ha habido
pago, y, además, el dato es público”. Sin embargo,
la estructura sintáctica de la proposición examinada permite concluir en todo
caso que en este último evento, es decir, cuando prospera la excepción de
caducidad de la acción ejecutiva el dato negativo no desaparece, a diferencia
de lo que sucede cuando se declara probada cualquier otra excepción,
precisamente“porque la prescripción debe ser declarada por
sentencia o providencia judicial que tenga la fuerza de ésta” y en esa medida es un dato público. Más
adelante se afirma en la misma decisión que el legislador podría “llegar a
establecer una caducidad especial en los casos en que la obligación se extingue
por prescripción”.
Podría
argumentarse que la sentencia SU-082 de 1995 no constituye un precedente
vinculante en la materia porque el supuesto fáctico que se examinaba en esa
oportunidad no era el de la declaratoria judicial de prescripción de una deuda,
pero esta postura carece de asidero precisamente porque esta Corporación puso
de manifiesto en la sentencia de unificación examinada su pretensión de cobijar
las distintas hipótesis de extinción del dato negativo, entre las cuales se
incluye el caso de prescripción de la deuda.
Cobra así pleno
sentido la aseveración consignada en la sentencia T-1319 de 2005, en el sentido
que no existe una regla jurisprudencial expresa en materia del tiempo de
caducidad del dato negativo cuando prospera la excepción de prescripción de la
acción ejecutiva, pero en todo caso la jurisprudencia ha previsto que bajo este
supuesto el dato no caduca de manera inmediata por ser público al haber sido
declarada la prescripción mediante una sentencia judicial.
Ahora bien,
puesto que en la sentencia SU-082 de 1995 se sostiene que en estos casos el
dato no desaparece por ser público, podría acogerse la postura que bajo esta
hipótesis el dato negativo puede ser mantenido a perpetuidad en los bancos de
datos de las centrales de riesgo. Sin embargo, esta tesis iría en contravía de
una línea jurisprudencial constante de esta Corporación en el sentido que “la
vigencia de la información, particularmente la que se refiere al incumplimiento
de las obligaciones de una persona, no puede permanecer de forma indefinida
en los bancos de datos ó centrales de riesgo”[13]
y sería además una restricción desproporcionada de los
derechos de los deudores.
Por esta razón
la Sala Séptima de Revisión decidió seguir el precedente sentado por la Sala
Primera de Revisión en la sentencia T-487 de 2004, providencia que resolvió un
supuesto fáctico similar al examinado en la sentencia T-1319 de 2005, pues se
trataba de la acción de tutela presentada por una persona reportada a una
central de riesgo que había sido demandada en un proceso ejecutivo y finalmente
había sido exonerada del pago sin haber sido satisfecha la obligación. Para
resolver el caso objeto de estudio la Sala Primera planteó el siguiente
problema jurídico:¿Con base en nuestro ordenamiento jurídico, cual
sería el límite temporal instituido para aquellas personas que no han cumplido
con sus obligaciones financieras provenientes de un proceso ejecutivo? Interrogante
al que se le dio la siguiente respuesta:
Por cuanto el término no puede ser el mismo, para aquel deudor que
cancela en relación a aquel deudor que no ha cancelado, esta corporación , ante
la evidencia del vació legal ya mencionado, el juez debe llenarlo acudiendo al
razonamiento analógico; que enseña que donde existe la misma razón debe aplicarse
la misma disposición, en este caso, la regla general de la prescripción de la
acción ordinaria civil y debe señalar que el término de almacenamiento de datos
de individuos que no hayan cancelado sus obligaciones financieras será  de diez
( 10 ) años; término similar al establecido por el Código Civil[14]
para la prescripción de la Acción Ordinaria.
Ahora bien, este término comenzará a correr desde el momento que la
obligación sea exigible. En otras palabras, una obligación “ pura y simple “
será exigible cuando para su cumplimiento no es necesario aguardar el
transcurso del tiempo o el acaecimiento de determinada circunstancia.
No obstante, cuando la obligación este circunscrita a un plazo, a
una condición, a unos requisitos, a una especial actuación del acreedor, entre
otras; el término de diez (10) años referido, comenzará a contarse desde la
ocurrencia de estas circunstancias específicas que la hagan exigible.
En resumen, el término de almacenamiento de datos de individuos que
no hayan cancelado sus obligaciones financieras será de diez (10) años. Por
consiguiente, la oportunidad jurídica de reportar en una base de datos un
deudor incumplido, comenzará a correr desde el día siguiente a aquel en el cual
se hizo exigible la obligación.
Enfrentada a
unos supuestos fácticos similares, pues en el caso que se examinaba en esa
ocasión la obligación de los accionantes se había declarado extinguida en un
proceso ejecutivo por prescripción, más no por el pago de lo adeudado, la Sala
Séptima de Revisión en la sentencia T-1319 de 2005 decidió seguir el precedente
sentado por la Sala Primera de Revisión en la sentencia antes trascrita y
sostuvo:
13.- Sin embargo, es indispensable preguntarse cual sería el limite
temporal instituido para la conservación del dato negativo de aquellas personas
que no han cumplido con sus obligaciones financieras, caso en el que
indiscutiblemente se encuentran quienes en un proceso ejecutivo alegan la
prescripción del título valor que daba respaldo a la misma, pues, se reitera,
allí no se ha cancelado la obligación.
Con relación a ello, la sentencia T-487 de 2004 señaló que dado que
el término de caducidad del dato no puede ser el mismo, para aquel deudor que
cancela, en relación con aquel deudor que no ha cancelado, y ante la evidencia
del vacío legal mencionado, el juez debe llenarlo acudiendo al
razonamiento analógico, que enseña que donde existe la misma razón debe
aplicarse la misma disposición, en este caso, la regla general de la
prescripción de la acción ordinaria civil y debe señalar que el término de
almacenamiento de datos de individuos que no hayan cancelado sus obligaciones
financieras será de diez años termino similar al establecido por el Código
Civil para la prescripción de la acción ordinaria”.
De la anterior exposición se concluye que la Sala Séptima de
Revisión en la sentencia T-1319 de 2005 no incurrió en la causal de nulidad de
desconocimiento de la jurisprudencia fijada por Sala Plena sino que, por el
contrario, siguió el precedente fijado por otra sala de revisión ante supuestos
fácticos similares.
En mérito de lo expuesto la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
Primero: DENEGAR la nulidad de la
sentencia T-1319 de 2005 proferida por la Sala Séptima de Revisión.
Segundo:
ORDENAR que, por la Secretaría General de la
Corporación, se compulsen copias de esta providencia y se remitan a la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle
para que adopte las medidas que estime pertinentes.
Tercero: Contra esta providencia no
procede recurso alguno.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA
ESPINOSA
Magistrado
CON ACLARACION DE VOTO
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY
CABRA
Magistrado
NILSON ELIAS PINILLA
PINILLA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO
SIERRA PORTO
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS
HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
ACLARACIÓN
DE VOTO DEL MAGISTRADO
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
AL AUTO 330 de 2006
Referencia:
solicitud de nulidad de la sentencia T-1319 de 2005
Acción de
tutela instaurada por Diva María Gonzáles López, Adolfo Gonzáles y Fabiola
Bedoya Vélez contra la Cooperativa de Ahorro de Inversión Social Ltda.
“COOSERVIR en liquidación)
Magistrado
Ponente:
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
En esta oportunidad me limitaré a
reiterar lo que he señalado en otras aclaraciones o salvamentos de voto, puesto
que no considero pertinente explicar en extenso mi posición sobre lo decidido
en la presente sentencia. Basta con señalarla públicamente al votar y firmar la
sentencia, y con expresar mi criterio sobre las opiniones disidentes.
A diferencia de lo que sucede en
otros países de tradición romano-germánica, en Colombia existe una sólida y
saludable tradición de pluralismo en el ejercicio de la magistratura.[15]
Esta se refleja en tres aspectos: (i) el voto de los magistrados es conocido y
divulgado, usualmente en un comunicado oficial de la Corte, lo cual permite a
los ciudadanos conocer la posición de cada magistrado, (ii) las sentencias son
firmadas por todos los magistrados, lo cual le permite a cada uno señalar
públicamente, debajo de su rúbrica, si aclara o salva el voto, (iii) las
deliberaciones constan en un acta accesible al público inmediatamente después
de ser aprobada por el Pleno de la Corte donde se recogen los argumentos de
cada magistrado, y (iv) a la correspondiente sentencia se deben adjuntar las
opiniones disidentes de los magistrados, si las hay, o sea, los salvamentos o
aclaraciones de voto. Además, la Secretaria General puede certificar cómo voto
cada magistrado, si un interesado así lo solicita.
Estos cuatro aspectos - que
constituyen una de las fortalezas de nuestra tradición judicial - son
separables, como lo demuestra el derecho comparado.[16]
O sea que es perfectamente posible que un magistrado opte por disentir, pero
deponga su interés en criticar la sentencia correspondiente, cultivar el
individualismo, hacer gala de su conocimiento o mostrar soluciones alternativas
que considera más apropiadas. Todo en aras de contribuir a fortalecer a la
institución judicial a la cual pertenece y a que las sentencias fijen el
sentido de la Constitución con sólida autoridad.
Habrá, por supuesto, casos en que
dicha contribución se logre mejor escribiendo una opinión separada, siempre
dentro del mayor respeto por la institución. Así lo estimé necesario, por
ejemplo, en la sentencia sobre el aborto (C-355 de 2006), la cual compartí
enteramente. Escribí una aclaración de voto a dicha sentencia para agregar
algunos argumentos fundados en el derecho comparado, con el fin de dar
elementos de juicio orientados a impulsar desarrollos futuros en la materia, no
para criticar la sentencia.[17] En cambio, en la primera
sentencia en la cual participé sobre la igualdad de las parejas del mismo sexo
(SU-623 de 2001), escribí un salvamento de voto conjunto para tratar de abrir
el camino hacia evoluciones jurisprudenciales encaminadas a proteger a las
parejas del mismo sexo, como en efecto sucedió varios años después sobre bases
distintas a las que en el 2001 dividieron a la Corte.
Lo mismo hice en temas menos
“duros” pero importantes en el contexto colombiano, como la posibilidad de
subsanar algunos vicios de procedimiento (C-333 de 2005). Mi orientación
anti-formalista me conduce a declarar el vicio pero también a admitir, como lo
dice expresamente la Constitución desde 1991, que si se reúnen ciertas
condiciones la ley puede ser devuelta para que la falla en el procedimiento
pueda ser subsanada. Así sucede ahora frecuentemente con las leyes aprobatorias
de tratados públicos. Es que en nuestro contexto hay cuestiones
constitucionales de enorme relevancia sobre las cuales cabe anticipar una
evolución, lo cual es un aliciente para que la opinión disidente sea escrita,
no para atacar a la Corte, sino para sentar bases sólidas que propicien un
cambio de jurisprudencia. Ello también ocurrió, por supuesto, antes de la Carta
de 1991. Un buen ejemplo de ello es el salvamento de voto del magistrado Luis
Sarmiento Buitrago a favor del control material de los decretos declarativos de
un estado de excepción durante la vigencia de la Constitución de 1886. Si bien
la Corte Suprema de Justicia nunca dio ese paso, en la Constitución de 1991 se
plasmaron los fundamentos para que la Corte Constitucional avanzara en esa
dirección, como en efecto aconteció.
Fue este espíritu constructivo el
que me animó a abstenerme de seguir repitiendo el mismo salvamento de voto
(ver, por ejemplo, el que escribí a la T-080 de 2006) a las sentencias de
tutela que ordenaban la terminación indiscriminada de cualquier proceso
ejecutivo hipotecario denominado en UPAC[18]. Una vez que la Sala
Plena decidió asumir el conocimiento de varias tutelas acumuladas con el fin de
unificar la jurisprudencia, dejé de escribir una opinión disidente en las Salas
de Revisión en las cuales participé y tampoco lo hice en la sentencia de
unificación donde la Corte construyó un enfoque diferente sobre nuevas premisas
compartidas por casi todos los magistrados (SU- 813 de 2007).
Ahora bien, las sentencias de la
Corte cumplen una misión trascendental consistente en fijar el significado de
la Constitución. Por lo tanto, la decisión de escribir una opinión separada o
disidente también implica una responsabilidad primordial: articular una crítica
útil a la sentencia de la Corte, en especial cuando dicha sentencia puede
llegar a constituirse en un precedente. Si una opinión separada o disidente no
puede ser orientada en ese sentido, el juez que salve o aclare su voto puede
satisfacer sus convicciones jurídicas simplemente anunciado que no esta de
acuerdo con la Corte.
Así interpretó el famoso jurista
Roscoe Pound el dilema de escribir o no opiniones disidentes, en un artículo
publicado en 1953[19]. Para Roscoe Pound la
actitud de varios jueces movidos por la vanidad o el orgullo personal, que
creían que tenían que escribir una opinión individual para cualquier caso, era
contraproducente desde el punto de vista del progreso del derecho. Por eso
destacó el siguiente canon de ética judicial: “Un juez no debe ceder a la
vanidad de su opinión ni valorar de manera más alta su reputación individual
que la de la Corte a la cual le debe lealtad.” (Canon 19, parágrafo 3, ABA,
1924). De tal forma que hay una diferencia entre anunciar un desacuerdo y,
adicionalmente, escribir en extenso una crítica de la sentencia de la cual el
magistrado difiere.
Frecuentemente se pasa por alto
que inclusive en Estados Unidos donde, a diferencia de Europa, existe una larga
tradición de admitir las opiniones disidentes, varios magistrados entendieron
que, en determinadas circunstancias, tanto la certeza del derecho como la
solidez de la Corte aconsejan reducir el disenso y promover la unanimidad. Es
bien sabido, por ejemplo, que el jurista Earl Warrem trabajó
arduamente para conseguir que la sentencia Brown v. Board of  Education –
mediante la cual se puso fin a la segregación racial en los colegios públicos-
fuera unánime. Así mismo, John Marshall solo escribió nueve opiniones
disidentes en cuarenta y cuatro años de ejercicio de la magistratura, puesto
que comprendió que el nacimiento del control constitucional y la consolidación
de la Corte investida de la autoridad para decir qué dice la Constitución,
requería de una clara cohesión institucional. Por esa misma razón, Marshall
aceptó ser magistrado ponente de sentencias con las cuales estaba en
desacuerdo.[20]
Además, en este caso el ímpetu de
afinar la pluma para criticar la sentencia se ha desvanecido después de
tranquilas reflexiones en torno al sentido de las opiniones separadas o
disidentes. Estas me han llevado a darme cuenta de que aun los juristas
admirados por la claridad, elocuencia,  pertinencia y seriedad de sus opiniones
disidentes, estimaban que no tenía sentido insistir, una y otra vez, en
escribir de manera individual la posición que expresaron en las deliberaciones
y mucho menos las que habían sostenido a lo largo del tiempo. No se debe
olvidar que Oliver Wendel Holmes - denominado el gran disidente - sostenía que
cuando un magistrado escribe un salvamento o aclaración de voto debe recordar
que “esta dando su punto de vista sobre el derecho, no peleando con otro
gallo”. Esto llevó en múltiples ocasiones al magistrado Holmes a señalarles a
los colegas de la Corte con los cuales compartía una opinión disidente, que
debían modificar los términos empleados en el escrito correspondiente para
respetar el principio ético de la civilidad en el disentimiento.
No se trata de seguir una regla
de consenso, inapropiada en un contexto pluralista y en todo caso superada por
la divulgación de los votos de cada magistrado. El objetivo esencial es
contribuir a la consolidación de una institución que, como la Corte
Constitucional, adopta decisiones que definen el rumbo del país en temas que
despiertan enorme sensibilidad, tienen un impacto profundo o están sujetos de
manera recurrente a la dura prueba del litigio constitucional.
Entonces, honro esa responsabilidad
consustancial a la administración de justicia, que ha de ser tenida en cuenta
por el juez constitucional cuando - más allá de hacer pública su posición al
advertir que salva o aclara el voto - decide escribir una opinión disidente: la
voz individual del magistrado debe contribuir a esclarecer el derecho, en lugar
de confundir, y debe inscribirse en el respeto por la majestad de la justicia,
en lugar de tratar de deslegitimarla.
Fecha ut
supra,
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
[1]
Cfr. Corte Constitucional,  Sala Primera de Revisión. Sentencia T-414.
[2]
Cfr. Corte Constitucional, Sala  Primera de Revisón, Resolución N°. 001 del 20
de noviembre de 1992.
[3]
Auto 162 de 2003.
[4] Auto 031 A de 2002
[5]
E. Alonso, La interpretación de la Constitución, Madrid, Centro de Estudios
Constitucionales, 1994.
[6]
Ver, por ejemplo, entres otras, las sentencias T-193 de 1995 y  C-400 de 1998.
[7]
Sentencia SU 047 de 1999.
[8] Auto 031 A de 2002
[9]
Sobre el plazo para interponer la solicitud de
nulidad de una decisión proferida por la Corte Constitucional se afirma en el
Auto 163A de 2003:
“El artículo 31 del Decreto 2591 de 1991
señala: “Dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación el fallo
podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad
pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su
cumplimiento inmediato...”.
“La Sala considera que ante la ausencia
de norma legal expresa que indique el término dentro del cual se debe proponer
o alegar la nulidad de cualquier sentencia proferida por esta Corporación que
se origine en la misma, procede hacer uso de la aplicación analógica y aplicar
el término de los tres (3) días señalado en el artículo 31 antes citado para
proponer cualquier nulidad que se origine en la sentencia, por considerar
además que se dan los tres (3) presupuestos básicos para acudir a la aplicación
del principio de la analogía, así:
“a)              Ausencia de norma que
establezca el término procesal dentro del cual ha de presentarse la solicitud de
nulidad de las sentencias que profiera la Corte Constitucional.
“b)              Se trata de dos (2)
situaciones similares en cuanto en los dos (2) eventos se ataca la decisión o
sentencia que pone fin a una instancia o actuación; se refieren los dos (2)
casos a situaciones de orden procesal dentro de la acción de tutela, y además
se trata de actuaciones que se surten con posterioridad a la decisión de una
instancia o actuación.
“c)              La razón o fundamento de
la existencia de un término perentorio para la presentación del escrito de
impugnación del fallo es el bien jurídico fundamental y superior de la
seguridad jurídica que motiva a ésta Corporación a establecer un término
perentorio para la presentación de la solicitud de nulidad, como es, el
determinar en forma clara y precisa la oportunidad para el ejercicio de una
facultad procesal, en virtud del principio de la preclusión que orienta en
forma general la actividad procesal y en aras de salvaguardar valores del
derecho como la seguridad jurídica y la justicia.
“Dicho término deberá contarse a partir
de la fecha en que se notifique a las partes, la sentencia respectiva. Al
respecto, el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 establece que las sentencias
en que se revise una decisión de tutela deberán ser comunicadas inmediatamente
al juez o tribunal competente de primera instancia, el cual notificará la
sentencia de la Corte a las partes por el medio que éste considere más expedito
y eficaz de conformidad con lo previsto por el artículo 16 ibídem.
“En conclusión, de conformidad con el
artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 contra sentencias de la Corte
Constitucional proferidas en desarrollo de los numerales primero, segundo,
tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y décimo del artículo 241 de la
Constitución Política Colombiana, no procede recurso alguno ni solicitud de
nulidad alguna. Excepcionalmente y como única excepción procede la solicitud de
nulidad contra las sentencias que dicten las Salas de Revisión por
irregularidades cometidas en la sentencia; y la única causal de nulidad es la
violación al debido proceso; o sea del artículo 29 de la Constitución. Todas
las irregularidades cometidas antes de la sentencia no pueden ser alegadas,
después de producida la sentencia y quedan saneadas al ser proferida la misma.
“La solicitud de nulidad de las
sentencias que profieran las Salas de Revisión de esta Corporación, debe ser
presentada dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la
misma; acto de notificación que cumple el juez o tribunal que profirió el fallo
de primera instancia; debiendo dejar constancia de la fecha de la notificación
y del medio empleado y que el juez consideró más expedito y eficaz de
conformidad con lo previsto en el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991.”
[10]
Cfr. Autos 162/03, A-146A/03,  A-029A y A031A de 2002, A-256/01. Ver también
los autos 232/01, 053/01, 082/00, 050/00, 074/99, 013/99, 026ª/98, 022/98,
053/97, 033/95 y 008/93.
[11] Sentencias
T-414 de 1992 y T-022 de 1993.
[12] Sostuvo la Corte en esa
oportunidad:
.Es preciso que la Sala Plena de la Corte cambie la
jurisprudencia en este punto concreto por cuanto, de aceptarse la tesis según
la cual puede acudirse directamente a la tutela para pedir que retiren el
nombre de la persona de un banco de datos alegando prescripción de las obligaciones
que dieron lugar a su registro, el juez de tutela estaría desplazando al
ordinario competente en la definición de un derecho ajeno al asunto mismo sobre
el cual recae el amparo del artículo 86 constitucional, que consiste únicamente
en la protección del derecho fundamental consagrado en el artículo 15 Ibidem:
que se actualicen y rectifiquen las informaciones recogidas sobre el
peticionario en bancos de datos o en archivos de entidades públicas o privadas.
En otros términos, la acción de tutela -que tiene por
objeto específico según la Constitución el de proteger los derechos
constitucionales fundamentales cuando ellos sufren violación o amenaza- tendría
aplicación para ordenar que se retirara del banco de datos el nombre de una
persona que allí permanezca previa estar prescrita su obligación. Pero, desde
luego, en cuanto al juez de tutela no le consta que ello en verdad haya
ocurrido, pues no tiene a su cargo la definición de derechos que sí atañe a los
jueces ordinarios en la órbita de sus respectivas competencias, únicamente
puede asumir que ha operado el fenómeno de la prescripción si se le acredita
que así lo ha declarado el juez competente. No es, entonces, la tutela el medio
apto para declarar prescripciones. Aceptarlo implicaría prohijar la intervención
indebida del juez de tutela en el campo reservado a otra jurisdicción.
En los procesos que ahora se revisan, el peticionario
admite en todos los casos que contrajo obligaciones con las entidades
financieras contra las cuales dirige sus demandas, pero alega que tales
obligaciones están prescritas y pretende que, en consecuencia, se ordene el
retiro de su nombre de los archivos y bancos de datos correspondientes.
Considera la Corte que ello no es posible, pues en
ninguno de dichos procesos aparece acreditada en el expediente la prescripción
judicialmente declarada.
Por tanto, serán confirmadas las providencias
revisadas que negaron la tutela y revocadas aquellas que la concedieron.
[13] Sentencia
T-060 de 2003.
[14] Artículo 2536 Modificado
por la ley 791 de 2002 artículo 8.
[15]
Desde el siglo XIX los magistrados han podido salvar o aclarar el voto. Sin
remontarnos más allá de la vigencia de la Constitución de 1886, cabe resaltar
que en la primera sentencia en la cual se juzgó, en control previo, un acto del
legislador, se presentaron salvamentos de votos.
[16] En efecto, en Francia están prohibidas las opiniones
disidentes en el Consejo Constitucional, pero las actas de sus deliberaciones
son públicas, varias décadas después de su aprobación. En Estados Unidos están
permitidas las opiniones disidentes, pero no existen actas de las
deliberaciones. Mucho de la evolución del pensamiento de la Corte
estadounidense queda consignado por escrito en los memorandos y notas oficiales
que se cruzan los magistrados, los cuales son públicos también después de
varias décadas. En Alemania, después de un complejo y extenso proceso, se pasó
de la interdicción de las opiniones disidentes a su admisión. Ello sucedió a raíz del famoso caso Spiegel, resuelto
en 1966, en el cual los magistrados se dividieron 4 contra 4. Ante la ausencia
de mayoría por la inconstitucionalidad, el acto controvertido en dicho caso se
consideró convalidado. Para entonces, las opiniones disidentes no estaban
permitidas. Entonces, la Corte Constitucional alemana optó por publicar las dos
opiniones enfrentadas como parte de la sentencia misma, sin divulgar los
nombres de los magistrados. Ello suscitó un debate sobre si las opiniones
disidentes deberían ser permitidas. En 1968 se llevó a cabo un debate apasionado
al respecto en el Congreso de Derecho, organizado por la asociación de
juristas. Luego de una votación, los juristas se inclinaron a favor de permitir
las aclaraciones y salvamentos de voto, a pesar de que los magistrados que
integraban las cinco altas cortes alemanas votaron en contra (158 contra 65).
En 1970, el Parlamento modificó la Ley Orgánica de la Corte Constitucional
Federal alemana para permitir las opiniones disidentes.
[17]
Inclusive respecto de estas cuestiones tan álgidas, algunos magistrados han
preferido abstenerse de hacer públicas las razones de su posición. En Alemania,
en la primera sentencia sobre el aborto, dos magistrados escribieron sus
opiniones disidentes. Por eso, se cree que la votación fue 6 contra 2. No
obstante, en realidad fue una sentencia 5 contra 3, ya que uno de los
magistrados de la minoría decidió no escribir un salvamento de voto.
[18]
Los puntos de mi disenso se originaron en que a mi juicio la tutela no debía
ser concedida sin verificar si el interesado había solicitado la terminación
del proceso, si el inmueble estaba efectivamente destinado a vivienda, si el
deudor había aceptado la reliquidación del crédito  o si el inmueble ya había
sido adjudicado a una familia que lo adquirió de buena fe para vivir en él
[19] Roscoe Pound. Cacoethes Dissentiendi: The Heated Judicial
Dissent. 39 A.B.A.J. (1953), 794.
[20] El justicia Antonin
Scalia, un vigoroso disidente en la Corte Suprema de Justicia de los Estados
Unidos, critica esta actitud en un ensayo sobre la opinión disidente. Ver The
Dissenting Opinion. 1994 J. Sup. Ct. Hist. 33.