C-985-10
Sentencia C-985/10
Sentencia C-985/10
TERMINOS DE CADUCIDAD PREVISTOS POR EL LEGISLADOR PARA
EL EJERCICIO DE LA ACCION DE DIVORCIO-No
se ajustan a la Constitución/TERMINOS DE CADUCIDAD PARA DEMANDAR EL DIVORCIO
POR PARTE DEL CONYUGE QUE NO DIO LUGAR A CIERTAS CAUSALES-Resulta una
medida innecesaria y desproporcionada
LEGISLADOR-Libertad
de configuración en materia de términos de caducidad/CADUCIDAD-Concepto/CADUCIDAD-Finalidades/CARGA
PROCESAL-Fundamento
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA
PROCESAL-Límites
El
Legislador puede definir el tiempo de caducidad de las acciones, así como el
momento desde cuando tales términos deben ser contabilizados. Sin embargo, su
libertad de configuración debe desarrollarse de conformidad con la naturaleza
de la acción respectiva y en el marco del respeto de (i) los principios y fines
del Estado –como la justicia, (ii) los derechos fundamentales de las personas,
especialmente de los derechos al debido proceso y a la administración de
justicia, y (iii) del principio de proporcionalidad, de modo tal que no se haga
nugatorio el derecho de acción.
CADUCIDAD-Desarrollo
jurisprudencial/CADUCIDAD-Consecuencias/CADUCIDAD DE LA ACCION-Fundamento
MATRIMONIO-Definición/CONTRATO
MATRIMONIAL-Obligaciones personales y patrimoniales/FAMILIA-Protección
constitucional especial
MATRIMONIO-No se puede obligar a las personas a mantener el
vínculo
Para la Corte la dignidad humana, el principio del
libre desarrollo de la personalidad y la inalienabilidad de los derechos de la
persona de los cónyuges, constituyen criterios de interpretación suficientes
para afirmar que no se les puede obligar a mantener el vínculo matrimonial en
contra de su voluntad e interés, por las mismas razones por las cuales resulta
imposible coaccionarlos para que lo contraigan, aunadas con el imperativo
constitucional de propender por la armonía familiar, necesariamente
resquebrajada cuando un conflicto en la pareja conduce a uno de sus
integrantes, o a ambos, a invocar su disolución.
PROTECCION Y PROMOCION DE LA INSTITUCION FAMILIAR-Imperativo constitucional
Ha precisado la jurisprudencia que el imperativo
constitucional en lo que refiere a la protección y promoción de la institución
familiar no es la duración del matrimonio -como una de sus formas de
constitución-. Es lograr la estabilidad y armonía del grupo familiar, no solo
como presupuesto social, sino como condición sine qua non para permitir la
realización humana y el desarrollo integral de cada uno de sus miembros en un
clima de respeto, óptima convivencia y libre expresión de sus sentimientos y
emociones. Dichos objetivos no se garantizan ni se logran manteniendo vigente
el contrato matrimonial, en aquellos casos en los que surgen diferencias,
desavenencias o conflictos entre los cónyuges que hacen imposible o dificultan
gravemente la convivencia y que perturban la estabilidad familiar, sometiendo a
sus integrantes, entre los que se cuentan los hijos, a crecer y desarrollarse
en un ambiente hostil o que afecta sensiblemente su proceso de desarrollo y
formación.
PROMOCION DE ESTABILIDAD DE GRUPO FAMILIAR-Finalidad
La
promoción de la estabilidad del grupo familiar busca garantizar la existencia
de un ambiente propicio para el desarrollo de todas las personas, especialmente
de los niños. No obstante, el matrimonio, como forma de familia, deja de ser
ese lugar propicio cuando la convivencia se torna intolerable. En estos casos,
para los niños y cónyuges puede resultar más benéfico la separación de sus
padres y no crecer en un ambiente hostil.
DIVORCIO-Regulación
En
ejercicio de la libertad de configuración que la Constitución otorga al
Legislador para regular la institución del matrimonio y las formas de
disolución del vínculo, la Ley 25 de 1992 reguló el divorcio a la luz de la
nueva Carta Política. Esta ley se ocupó de una realidad social que era
innegable: muchos matrimonios afrontan crisis insuperables y los cónyuges
requieren de mecanismos para terminar el vínculo legal y poder reestablecer sus
vidas familiares y afectivas. Fue así como el artículo 5 de la Ley 25 de 1992
–que modificó el artículo 152 del Código Civil- dispuso que el vínculo
matrimonial se disuelve (i) por la muerte real o presunta de uno de los
cónyuges, o (ii) por divorcio. Por su parte, el artículo 6 de la misma ley –que
modificó el artículo 154 Código Civil- indicó las causales de divorcio.
CAUSALES DE DIVORCIO-Clasificación según la jurisprudencia y la doctrina/DIVORCIO-Causales
objetivas/DIVORCIO-Causales subjetivas/DIVORCIO REMEDIO-Concepto
según la doctrina/DIVORCIO SANCION-Concepto según la doctrina
Las
causales del divorcio han sido clasificadas por la jurisprudencia y la doctrina
en objetivas y subjetivas: Las causales objetivas se relacionan con la ruptura
de los lazos afectivos que motivan el matrimonio, lo que conduce al divorcio
“(…) como mejor remedio para las situaciones vividas”. Por ello al divorcio que
surge de esta causales suele denominársele “divorcio remedio”. Las causales
pueden ser invocadas en cualquier tiempo por cualquiera de los cónyuges, y el
juez que conoce de la demanda no requiere valorar la conducta alegada; debe
respetar el deseo de uno o los dos cónyuges de disolver el vínculo matrimonial.
A este grupo pertenecen las causales de los numerales 6, 8 y 9 ibídem. Por otra
parte, las causales subjetivas se relacionan con el incumplimiento de los
deberes conyugales y por ello pueden ser invocadas solamente por el cónyuge
inocente dentro del término de caducidad previsto por el artículo 156 del
Código Civil –modificado por el artículo 10 de la Ley 25 de 1992, con el fin de
obtener el divorcio a modo de censura; por estas razones el divorcio al que dan
lugar estas causales se denomina “divorcio sanción”. La ocurrencia de estas
causales debe ser demostrada ante la jurisdicción y el cónyuge en contra de
quien se invocan puede ejercer su derecho de defensa y demostrar que los hechos
alegados no ocurrieron o que no fue el gestor de la conducta. Además de la
disolución del vínculo marital, otras de las consecuencias de este tipo de
divorcio son la posibilidad (i) de que el juez imponga al cónyuge culpable la
obligación de pagar alimentos al cónyuge inocente –artículo 411-4 del Código
Civil; y (ii) de que el cónyuge inocente revoque las donaciones que con ocasión
del matrimonio haya hecho al cónyuge culpable –artículo 162 del Código Civil.
Pertenecen a esta categoría las causales descritas en los numerales 1, 2, 3, 4,
5 y 7 del artículo citado.
DIVORCIO-Decisión
dirigida a restablecer la vida afectiva y familiar del cónyuge inocente
CONFIGURACION DE LA ACCION DE DIVORCIO Y DE SUS
TERMINOS  DE CADUCIDAD-Derecho
comparado/LIBERTAD DE LAS PERSONAS EN EL MARCO DEL MATRIMONIO-Alcance
TERMINOS DE CADUCIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA ACCION
DE DIVORCIO CON FUNDAMENTO EN CAUSALES SUBJETIVAS-Desconocen los derechos de los cónyuges inocentes a la
intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad, e imponen
una restricción desproporcionada a su derecho de acción
TERMINOS DE CADUCIDAD PREVISTOS POR EL LEGISLADOR PARA
EL EJERCICIO DE LA ACCION DE DIVORCIO-Necesidad
de examinar su razonabilidad mediante la aplicación de un juicio de
proporcionalidad
JUICIO DE PROPORCIONALIDAD-Aplicación/JUICIO DE PROPORCIONALIDAD-Dimensiones
El
juicio de proporcionalidad es una herramienta argumentativa para el examen de
la justificación de actividades estatales que significan una restricción o
limitación de los derechos fundamentales de las personas. Como ha señalado esta
Corporación, “(…) pretende impedir los excesos o defectos en el ejercicio del
poder público, como una forma específica de protección o de realización de los
derechos y libertades individuales”. El examen se lleva a cabo mediante la
ponderación de los intereses y valores constitucionales involucrados en la
medida legislativa o de otra índole sujeta a control, a fin de determinar si la
relación que existe entre ellos es de equilibrio. En particular, el juicio se
realiza en las siguientes dimensiones analíticas: En primer lugar, es necesario
evaluar la finalidad de la medida bajo examen y la idoneidad de los medios
elegidos para alcanzarla. Para que una medida restrictiva de derechos
fundamentales supere esta etapa de análisis, es preciso (i) que persiga una
finalidad legítima a la luz de la Constitución y (ii) que los medios elegidos
por el Legislador u otras autoridades cuyas actuaciones estén sometidas a
control, permitan desde el punto de vista empírico alcanzar efectivamente el
fin perseguido. En segundo lugar, el juez constitucional debe examinar la necesidad de
la medida, para lo cual debe determinar si la misma finalidad podía lograrse
por medio de mecanismos menos restrictivos en términos de derechos
fundamentales y otros principios constitucionales. En tercer lugar, se debe
examinar la proporcionalidad de la medida en estricto sentido. En esta etapa
del examen se deben comparar los costos y beneficios en términos
constitucionales de la medida sometida a control; ésta se ajustará a la Carta
solamente cuando no implique un sacrificio mayor al beneficio que puede lograr.
TERMINOS DE CADUCIDAD PREVISTOS PARA EL EJERCICIO DE LA
ACCION DE DIVORCIO CON OCASION DE LAS CAUSALES SUBJETIVAS-Anula el derecho de los cónyuges inocentes a solicitar
el divorcio una vez el término de caducidad ha vencido
MATRIMONIO-Voluntad
de los contrayentes es la que debe regir su disolución/DERECHOS AL LIBRE
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD E INTIMIDAD-Garantizan la posibilidad
de tomar decisiones libres sobre asuntos personales sin injerencias del Estado
o los particulares/DIGNIDAD HUMANA-Contenido/VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Definición
TERMINOS DE CADUCIDAD PREVISTOS PARA EL EJERCICIO DE LA
ACCION DE DIVORCIO CON OCASION DE LAS CAUSALES SUBJETIVAS-Limita el derecho a elegir el estado civil y conformar
una familia
Referencia: expediente D-8134
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 10
(parcial) de la Ley 25 de 1992, modificatoria del artículo 156 del Código
Civil.
Actores: Juliana Victoria Ríos Quintero y otro.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D. C., dos (2) de
diciembre de dos mil diez (2010).
La Sala Plena
de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Mauricio
González Cuervo, -quien la preside-, María Victoria Calle Correa, Juan Carlos
Henao Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio,
Nilson Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Humberto Antonio Sierra
Porto y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en
el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia con fundamento en
los siguientes,
1.
ANTECEDENTES
En
ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos Juliana
Victoria Ríos Quintero y Diego Alejandro Arias Sierra demandaron la
constitucionalidad del artículo 10 (parcial) de la Ley 25 de 1992,
modificatoria del artículo 156 del Código Civil, por considerar que vulnera el
contenido de los artículos 1, 2, 5, 15, 16, 18 y 42 de la Constitución
Política.
1.1.
NORMA DEMANDADA
A
continuación se transcribe el texto de la disposición demandada y se subrayan
los apartes en contra de los cuales se dirige la acusación:
“ARTICULO 10. <El articulo 156 del Código Civil,
modificado por el Art. 6 de la ley primera de 1976 quedara así:>. “El
divorcio sólo podrá ser demandado por el cónyuge que no haya dado lugar a los
hechos que lo motivan y dentro del termino de un año, contado desde cuando
tuvo conocimiento de ellos respecto de las causales 1ª y 7ª o desde cuando se
sucedieron, respecto a las causales 2ª, 3ª, 4ª y 5ª, en todo caso las causales
1ª y 7ª sólo podrán alegarse dentro de los dos años siguiente a su ocurrencia”.
1.2.
ARGUMENTOS DE LA DEMANDA
Los actores afirman que los apartes demandados
desconocen los artículos 1, 2, 5, 15, 16, 18 y 42 de la Carta, por cuanto
establecen un término de caducidad o prescripción para iniciar la demanda de
divorcio. Sus argumentos se resumen a continuación:
1.2.1.
En relación con la causal
primera de divorcio, aseveran que “(…) podría suceder que el cónyuge ofendido
solo se enterara de las relaciones sexuales extramatrimoniales de su consorte
pasados dos (2) años desde su ocurrencia”, lo que sobrepasa el término
establecido por el Legislador para dar inicio a la acción de divorcio. En
consecuencia, el cónyuge inocente tiene que “(…) permanecer ligado al cónyuge
culpable aún en contra de su querer, situación que a todas luces contraría los
principios constitucionales de la dignidad humana, de la inalienabilidad de los
derechos de las personas, y los derechos constitucionales a la libertad de
conciencia, el libre desarrollo de la personalidad, la armonía familiar y la
honra” del cónyuge inocente, especialmente porque le impide a este último “(…)
intentar la reestabilización de su vida ante el deterioro de su vínculo
matrimonial”.
1.2.2.
Respecto de las causales 1°,
2°, 3°, 4°, 5° y 7° de divorcio, afirman que “(…) es muy común en el entorno
Colombiano, que el cónyuge ofendido perdone o acepte cualquiera de estas
conductas del otro, a veces por razones emocionales que tienden a generar temor
en la soledad o porque simplemente sus sentimientos hacia su consorte son tan
fuertes, que sus agravios les resultan tolerables; o en otras ocasiones, porque
existen hijos menores de por medio en el matrimonio, ante lo cual, los cónyuges
en su condición de padres de familia prefieren continuar con el vínculo
jurídico que los une, solamente para que sus hijos no resulten afectados
emocionalmente; o porque la dependencia económica por parte del cónyuge
inocente hacia el cónyuge culpable no le permite dejarlo a pesar de sus
conductas inapropiadas”. Sin embargo, al pasar del tiempo -más de dos años, los
demandantes aseguran que la situación se puede tornar intolerable para el
cónyuge inocente, quien en virtud de los apartes acusados se ve obligado a
mantener el vínculo matrimonial. Por ello, en su sentir, el instituir un
término perentorio dentro del cual se deben denunciar estas causales, le impide
al afectado valerse de una causal legítima para obtener la disolución del
vínculo y, en consecuencia, limita su derecho a “reestablecer su vida
emocional”.
En particular, en relación con la causal 1°, los
actores manifiestan que es común que “(…) el cónyuge ofendido se entere de una
manera muy superficial de la infidelidad de su consorte, es decir, sin saber
las circunstancias precisas de tiempo, modo y lugar o la identidad del tercero
partícipe de la infidelidad, y que después de expirado el término de dos (2)
años consagrado por el legislador para intentar la demanda de divorcio por esta
causa, se entere de cada detalle que abarca la falta del otro, y que por este
motivo, quiera solicitar la declaración de divorcio”.
1.2.3.
Por último, los demandantes
sostienen que las expresiones acusadas impiden al cónyuge ofendido “(…) con las
conductas inapropiadas del consorte, la oportunidad de restablecer su situación
jurídica frente a su familia y la sociedad (estado civil)”. En este sentido,
las expresiones acusadas limitan el derecho a elegir el estado civil, un
derecho íntimamente ligado a la dignidad humana, a la intimidad y al libre
desarrollo de la personalidad. A su juicio, “(…) por prohibición de nuestra
Constitución Nacional ninguna autoridad pública o privada, ni tampoco el
legislador, se encuentran facultados para imponer un estado Civil determinado a
los ciudadanos, motivo por el cual la expresión demandada debe ser excluida del
ordenamiento.”
1.3.
INTERVENCIONES
1.3.1
Universidad del Rosario
Juan Enrique Medina Pabón, docente de la facultad de
Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, intervino oportunamente con el
fin de manifestar su desacuerdo con los argumentos esgrimidos por los
demandantes. En su sentir, las expresiones acusadas fueron expedidas por el
legislador en ejercicio de la competencia amplia que le otorgó el
constituyente, que no tiene más límites que el espíritu de la Carta, el bloque
de constitucionalidad “o la consagración de un evidente abuso”. En este caso, a
juicio del interviniente, los demandantes no lograron “(…) estructurar
convincentemente fallas de tal trascendencia y, por el contrario, han fundamentado
su criterio en una visión propia de la problemática y sus soluciones, que no
por respetable y seria tiene la certeza suficiente para descalificar el
criterio del legislador, aún ante el eventual desacierto de este último en la
decisión”. Sus argumentos se resumen a continuación:
1.3.1.1.
El interviniente considera que
si el Legislador está facultado para establecer nuevas causales de divorcio o
para eliminar las vigentes, en virtud del principio de quien puede lo más
puede lo menos, también puede hacer las causales más o menos drásticas.
Además, el establecimiento de causales más rigurosas tiene fundamento en el
artículo 5 de la Carta, según el cual la familia es el núcleo básico de la
sociedad, de modo que el legislador puede “poner cortapisas a la terminación
del matrimonio” como una forma de promover la permanencia de la familia. Agrega
que no se trata de forzar a las parejas a convivir, pero sí de crear estímulos
para la permanencia de la familia que contribuyan a solucionar los problemas
conyugales y a evitar la terminación innecesaria del matrimonio.
1.3.1.2.
De otro lado, sostiene que
“(…) es clarísimo que si el acreedor o titular de cualquier otra ventaja jurídica
hace caso omiso de su derecho a reclamar el incumplimiento del otro renunció a
su derecho”. Por ello, para evitar desconocer la voluntad de las partes, las
excepciones a esta regla deben ser previstas expresamente por el legislador y
con fundamento en la necesidad de brindar una especial protección a la parte
más débil.
1.3.1.3.
También afirma que el
principio de seguridad jurídica  exige el señalamiento de una oportunidad para
el ejercicio de los derechos, bajo por ejemplo las figuras de la prescripción o
la caducidad. El establecimiento de la oportunidad para el ejercicio de los
derechos también es necesario en el ámbito del divorcio, con mayor razón si se
tiene en cuenta que la complejidad de las relaciones de pareja excede cualquier
previsión jurídica, de modo que se requiere que el uso de las acciones sea
oportuno. Además, en su sentir, no es conveniente permitir al cónyuge inocente
valerse en cualquier momento de las causales de divorcio, especialmente después
de que ha perdonado la conducta de su compañero. Al respecto, expresa: “(…) las
fallas que ya fueron perdonadas o se han soslayado por el afectado por el paso
del tiempo, no deben ser reavivadas, no sólo por razones de elemental
congruencia y lógica del manejo de las conductas, sino porque generó el derecho
del sujeto a que no le fuera ‘cobrada’ posteriormente esa falta y permitir que
el afectado pueda en cualquier momento reclamarla, son un pasaporte al
irrespeto, cuando no al abuso”.
1.3.1.4.
Asegura que los ejemplos
propuestos por los demandantes respaldan sus conclusiones, pero que cuando el
patrón fáctico es cambiado “(…) ya no parecería tan claro que deba eliminarse
el plazo de prescripción”.
1.3.1.5.
Concluye que la norma acusada
es exequible porque “(…) obedece a precisos principios jurídicos e impone un
patrón de conducta al sujeto de Derecho, congruente y serio en materia de
ejercicio de las facultades”.  Arguye que además existen “(…) suficientes
opciones para que cuando se presente una ruptura real y completa de la unión
matrimonial las partes puedan recurrir a ellas y que inequívocamente son
demostrativas de que no se trata de una decisión de coyuntura como la
separación por un término mayor de dos años”. Por último, afirma que el
legislador es el que debe determinar las reglas para la fijación del estado
civil de las personas por mandato constitucional, y que él, al consagrar la
caducidad de la acción, no excedió o abusó de su competencia.
Sin embargo, asegura que si la Corte encuentra que las
expresiones acusadas son inconstitucionales, “(…) deberá modular la decisión
para permitir la valoración de la justificación de la mora en alegar la causal
de divorcio, porque el legislador aún no ha abierto la posibilidad de retracto
y por eso no puede abrirse la puerta a este tipo de divorcio por situaciones
que ya perdieron su connotación jurídica”.
1.3.2.
Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar
Ángela María Mora Soto, Jefe de la Oficina Asesora
Jurídica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, solicitó que se
declarara la constitucionalidad de las expresiones demandadas, salvo la
expresión “en todo caso las causales 1ª y 7ª solo podrán alegarse dentro de los
dos años siguientes a su ocurrencia” por considerarla inconstitucional. Las
razones expuestas por la interviniente son las que siguen:
1.3.2.1.
Sostiene que la demanda se
basa en anécdotas e hipótesis que no afectan la constitucionalidad de la
disposición acusada.
1.3.2.2.
También señala que es función
del legislador establecer los términos de caducidad de las acciones, para lo
cual goza de amplio margen de discrecionalidad. Afirma que la fijación de un
término breve para el ejercicio de los derechos, no puede ser considerado
inconstitucional hasta tanto no se analice su razonabilidad y
proporcionalidada. En este caso, asegura que el término es razonable, pues, por
una parte, permite que los cónyuges, en ejercicio de la autonomía de la
voluntad, decidan si acuden o no a la justicia para invocar la causal de divorcio
de la que han tenido conocimiento directo; mientras, por otra parte, promueve
la estabilidad del matrimonio y de la familia.
1.3.2.3.
Indica que no es cierto que la
norma demandada perpetúe el vinculo matrimonial sin tener en cuenta la voluntad
de los cónyuges; por el contrario, precisamente uno de los propósitos que
persiguió la expedición de la Ley 25 de 1992 fue “(…) evitar que se prepetuaran
situaciones insostenibles de conflicto de pareja, con los consiguientes efectos
nocivos para la comunidad familiar y especialmente para los hijos menores de
edad”. En su criterio, el Legislador al crear un término de caducidad buscó la
solución de estas situaciones de manera ágil, “(…) tenendo en cuenta que de por
medio están los intereses de los hijos los cuales tienen derecho a tener paz y
sosiego al interior de su hogar”.
1.3.2.4.
Además, afirma que la causal
octava de divorcio –separación de hecho superior a dos años- permite a
cualquier cónyuge, sin necesidad de contar con el consentimiento del otro,
iniciar la acción de divorcio, de modo que el término de caducidad previsto por
el Legislador no es un limitante absoluto. Agrega que esta causal permite a los
cónyuges reordenar sus vidas, lo cual no era dable hasta la expedición de la
Ley 25 de 1992.
1.3.2.5.
Por último, la representante
del ICBF realiza un análisis del contenido de las causales 1ª y 7ª. Respecto de
la causal 7ª, concluye que en tanto el cónyuge afectado debe tener una
percepción directa de los hechos que la configuran, el plazo de un año de
caducidad no resulta irrazonable. Sin embargo, en la hipótesis de “personas que
estén a su cuidado y convivan bajo el mismo techo”, a su parecer es posible que
el cónyuge no tenga conocimiento de la ocurrencia de la causal pasados dos
años, por lo que la constitucionalidad del plazo debe ser declarada solamente
en el entendido de que el otro cónyuge no haya tenido conocimiento de los
hechos constitutivos de la causal y siempre que inicie la acción dentro del
plazo de un año a partir del momento en el que tuvo conocimiento.
En relación con causal 1°, en tanto se origina en las
relaciones extramatrimoniales, afirma que es posible que un cónyuge no tenga
conocimiento de ellas durante el término previsto por el Legislador y es por
ello que pide declarar la norma acusada parcialmente inconstitucional.
1.4.
CONCEPTO DEL PROCURADOR
GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador General de la Nación solicitó declarar
exequibles los apartes acusados, por las siguientes razones:
1.4.1.
En primer lugar, argumenta que
eliminar el límite temporal establecido por el Legislador para iniciar el
proceso de divorcio con motivo de agravios u ofensas cometidas por alguno de
los cónyuges, no sólo compromete la convivencia estable y pacífica de las
parejas y sus familias, sino que genera inseguridad jurídica y una
inestabilidad que es contraria a la unidad matrimonial.
1.4.2.
También considera que los
términos establecidos en la norma acusada no vulneran el derecho a la intimidad
en lo referente a la posibilidad de decidir sobre el estado civil, pues el paso
del tiempo no puede ser indiferente al Derecho, de ahí que en la tradición
jurídica sea constante la presencia de instituciones como la prescripción y la
caducidad en virtud de las cuales se adquieren o se extinguen derechos.
1.4.3.
Arguye que los demandantes
incurren en error al pretender hacer prevalecer la voluntad del cónyuge
ofendido sobre las limitaciones temporales que la norma acusada establece, más
aún al proponer que la demanda de divorcio pueda presentarse en cualquier
momento, sin perjuicio del tiempo de convivencia trascurrido desde el momento
de la ofensa. En su sentir, los demandantes no discuten la razonabilidad de los
términos previstos, sino su mera existencia.
1.4.4.
Por último, sostiene que ni el
matrimonio ni su disolución son asuntos que únicamente correspondan a la esfera
privada de las personas. Si bien el matrimonio claramente afecta la dimensión
más íntima de la persona, como ser social y ser familiar, esa dimensión tiene
claras y evidentes repercusiones sociales. Tan es así que, de acuerdo con el
texto de la Carta, la familia se constituye privilegiadamente en virtud del
vínculo matrimonial y es la institución básica de la sociedad. Recuerda que la
familia tiene un carácter ius fundamental y una dimensión ius
constitucional, y es por ello que considera justificado el término
establecido en la norma para el ejercicio de la acción, en tanto que su
finalidad es la de preservar la familia como institución fundamental en la
sociedad.
2.       CONSIDERACIONES
2.1.
COMPETENCIA
Conforme al artículo 241 ordinal 5º de la
Constitución, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad de
las expresiones demandadas, ya que se trata de expresiones normativas
contenidas en una ley y que son demandadas por varios ciudadanos en ejercicio
de la acción pública de inconstitucionalidad.
2.2.
PROBLEMA JURÍDICO
2.2.1.
El artículo 10 de la Ley 25 de
1992, que modificó el artículo 156 del Código Civil, dispone que el divorcio
solamente podrá ser solicitado por el cónyuge inocente, es decir, aquel que no
incurrió en las conductas descritas en el artículo 6 del la Ley 22 de 1995,
modificatoria del artículo 154 del Código Civil. Tal demanda, sin embargo, debe
ser interpuesta dentro de unos términos de caducidad precisos, estos son:
En primer lugar,
las demandas basadas en las causales de divorcio previstas en los numerales 1°
(relaciones sexuales extramatrimoniales) y 7° (conductas tendientes a corromper
o pervertir al otro cónyuge, un descendiente u otras personas del núcleo
familiar) del artículo 6 de la misma ley, deben ser interpuestas por el cónyuge
inocente dentro del término de un año contado a partir de cuando éste tuvo
conocimiento de su ocurrencia y, en todo caso, dentro de un término no mayor a
dos años contados desde cuando efectivamente tuvieron lugar las conductas.
En segundo lugar, las demandas fundamentadas en las causales 2° (grave incumplimiento de
los deberes conyugales que impone la ley), 3° (ultrajes, maltrato cruel y
maltratamientos de obra), 4° (embriaguez habitual) y 5° (uso habitual de
sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo prescripción médica), deben
ser alegadas ante la jurisdicción dentro del término de un año contado desde
cuando sucedieron.
2.2.2.
Los demandantes aseguran que
los términos de caducidad previstos en la disposición acusada desconocen los
artículos 1, 2, 5, 15, 16, 18 y 42 de la
Constitución. En su criterio, los tiempos fijados por el Legislador para el
ejercicio de la acción de divorcio son desproporcionados y desconocen varios
principios constitucionales, como el respeto de la dignidad humana, la
inalienabilidad de los derechos fundamentales y los derechos constitucionales a
la libertad de conciencia, al libre desarrollo de la personalidad, a elegir el
estado civil, a la armonía familiar y a la honra del cónyuge inocente.
Además, en relación con la causal 1° de
divorcio, sostienen que puede suceder que el cónyuge ofendido se entere de las
relaciones extramatrimoniales del otro esposa después de transcurridos los dos
años a los que alude la disposición acusada, y que la imposibilidad de acudir a
la jurisdicción para solicitar el divorcio limita, por tanto, su derecho a
intentar restablecer su vida ante el deterioro del vínculo matrimonial.
Respecto de las causales 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 7°,
afirman que es común que el afectado perdone o acepte las conductas del cónyuge
culpable, pero que al pasar del tiempo -más de dos años, la situación se tornen
intolerable para el cónyuge inocente, quien en virtud de los apartes acusados
se ve obligado a mantener el vínculo matrimonial. Por ello, en su sentir, el
instituir un término perentorio para el ejercicio de la acción limita el
derecho del cónyuge inocente a reestablecer su vida emocional y familiar.
2.2.3.
El representante de la
Universidad del Rosario defiende la exequibilidad de los apartes demandados,
entre otras razones, por cuanto estima que el Legislador goza de libertad de
configuración tanto para definir las causales del divorcio, como para
determinar el término dentro del cual éstas deben ser alegadas ante las
instancias judiciales. Además, sostiene que en tanto la familia es el núcleo
básico de la sociedad a la luz de la Constitución, el Legislador puede fijar
términos de caducidad de la acción de divorcio dirigidos a incentivar la unidad
familiar. Por último, afirma que los términos de caducidad –como el dispuesto
en la disposición demandada- son una garantía de seguridad jurídica.
El ICBF, de otro lado, defiende parcialmente la
constitucionalidad de la disposición. A su juicio, el término de caducidad
previsto por el Legislador no es irrazonable ni desproporcionado, pues no
extingue el derecho a ejercer la acción, solamente lo limita de manera
prudencial. No obstante, considera que la disposición es inconstitucional en
relación con la causal 7° de divorcio y cuando la conducta del cónyuge culpable
se dirige contra personas distintas al cónyuge inocente. En tal hipótesis,
–afirma el ICBF- es posible que este último llegue a tener conocimiento de la
ocurrencia de la causal después de que han transcurrido los dos años a los que
se refiere la disposición. Lo mismo ocurre en el caso de la causal primera,
pues puede suceder que el esposo inocente se entere de las relaciones
extramatrimoniales de su consorte después de dicho lapso.
2.2.4.
La Vista Fiscal solicita que
la disposición sea declarada exequible, puesto que –en su criterio - el término
de caducidad establecido promueve, de un lado, la seguridad jurídica y, de
otro, la convivencia de las parejas y la unidad matrimonial.
2.2.5.
En este orden de ideas,
corresponde a la Sala determinar si el artículo 10 de la Ley 25 de 1992 –que
modificó el artículo 156 del Código Civil- impone un término de caducidad para
el ejercicio de la acción de divorcio desproporcionado desde el punto de vista
de los derechos a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la
dignidad de los cónyuges que desean terminar el vínculo matrimonial.
Para resolver este interrogante, la Sala deberá
ocuparse de las siguientes materias: primero, los límites de la libertad
de configuración del Legislador en materia de términos procesales,
especialmente de reglas de caducidad; segundo,
las características, causales y
finalidades de la acción de divorcio, y tercero,
las tendencias globales en materia de
regulación del divorcio.
2.3.
EL LEGISLADOR GOZA DE
LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN EN MATERIA DE TÉRMINOS DE CADUCIDAD
2.3.1.
La caducidad es en una
limitación temporal del derecho de acción; se trata de un término perentorio e
inmodificable fijado por la ley dentro del cual debe ejercerse el derecho de
acción, so pena de perder la oportunidad de que la administración de justicia
se ocupe de la controversia correspondiente.[1]
Desde sus primeras decisiones, la Corte ha reconocido
que la fijación de términos de caducidad cumple importantes finalidades como la
promoción de la (i) la seguridad
jurídica, (ii) la oportuna y eficiente administración de justicia, y (iii)
la ética de colaboración con el aparato judicial. Dadas estas importantes
finalidades de orden público, la caducidad es irrenunciable y puede ser
declarada por las autoridades judiciales de oficio.[2]
En efecto, la existencia de un término de caducidad
asegura que las controversias legales terminen en algún momento –bien por la
acción o por la omisión del ejercicio de las acciones judiciales
correspondientes- y, en consecuencia, que la incertidumbre que su no resolución
genera finalice en un tiempo razonable. De lo contrario, como se afirmó en la sentencia
C-781 de 1999 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) al declarar exequible el término
de caducidad de la acción electoral, “(…) el sistema jurídico se vería avocado
a un estado de permanente latencia en donde la incertidumbre e imprecisión que
rodearían el quehacer estatal, entorpecería el desarrollo de las funciones
públicas.”
La caducidad también promueve que el trámite procesal
de las acciones judiciales se surta dentro de periodos de tiempo razonables y
sin dilaciones injustificadas.
Por último, realiza el deber de colaboración de todos
los ciudadanos con la administración de justicia –un deber constitucional a la
luz del artículo 95-7 de la Carta, pues los obliga a acudir a la justicia de
manera oportuna, so pena de perder la oportunidad de que sus reclamos sean
conocidos en esta sede.[3] Como ha indicado esta
Corporación, el ejercicio oportuno de las acciones es una carga procesal,
es decir, es una situación instituida  por la ley y que demanda “(…) una
conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del
propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias
desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e
inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso”.[4]
2.3.2.
A la luz de la cláusula
general de competencia del Congreso –artículo 150-2 superior, la Corte ha
considerado que el Legislador cuenta con un amplio margen de
discrecionalidad para configurar las clases de procesos, sus etapas, efectos y
otras instituciones vinculadas a ellos como la caducidad. En particular, el
Legislador puede definir el tiempo de caducidad de las acciones, así como el
momento desde cuando tales términos deben ser contabilizados.[5]
Sin embargo, su libertad de configuración debe desarrollarse de conformidad
con la naturaleza de la acción respectiva[6] y en el marco del
respeto de (i) los principios y fines del Estado –como la justicia, (ii) los
derechos fundamentales de las personas, especialmente de los derechos al debido
proceso y a la administración de justicia, y (iii) del principio de
proporcionalidad, de modo tal que no se haga nugatorio el derecho de acción.[7]
En consecuencia, como la Corte sostuvo en la sentencia T-323 de 1999
(M.P. José Gregorio Hernández Galindo), no se ajustan a la Constitución las disposiciones procesales “que anulan u
obstaculizan irrazonablemente el ejercicio del derecho de acción”.
2.3.3.
Por ejemplo, en el marco del
análisis de proporcionalidad de los términos de caducidad y del momento que se
toma como punto de inicio de su conteo, esta Corporación ha señalado que debe
tenerse en cuenta que la consecuencia que genera la caducidad solamente debe
ser endilgable a aquellas personas que de manera deliberada o negligente
dejan de hacer uso de su derecho de acción.[8]
Con fundamento en esta consideración, la Corte ha
declarado inexequibles disposiciones que regulan términos y otros aspectos
relacionados con la institución de la caducidad, que daban lugar a
consecuencias desproporcionadas en términos de derechos fundamentales de las
partes.
En la sentencia C-662 de 2004 (M.P. Rodrigo
Uprinmy Yepes), la Corte declaró inexequible el numeral 3º del artículo 91 del Código de Procedimiento Civil,
modificado por el artículo 11 de la Ley 794 de 2003, según el cual no había
lugar a la interrupción de la prescripción y operaba la caducidad, cuando el
proceso terminaba por haber prosperado algunas de las excepciones mencionadas
en el numeral 7 del artículo 99, estas son, falta de jurisdicción y existencia
de pacto arbitral o cláusula compromisoria. Para la Corte, aunque la imposición
de cargas procesales cumple fines constitucionalmente valiosos, en el caso
concreto resultaba desproporcionado el imponer como consecuencia jurídica la
caducidad, cuando el proceso terminaba por las excepciones de falta de
jurisdicción o compromiso. En primer lugar, la Corte encontró que la
determinación de la jurisdicción o de los asuntos que comprende una cláusula
compromisoria no siempre es una tarea sencilla, al punto de que existen
múltiples discusiones en la doctrina y la jurisprudencia. Por tanto, no es
exigible al demandante en todos los casos tomar una decisión acertada al
respecto, lo que –para la Corte- llevaba a concluir que resultaba
desproporcionado en los casos en los que la terminación del proceso no era
atribuible al demandante, hacer operar la caducidad. La Corte manifestó:
“Tal y como lo sostienen el actor y algunos de los
intervinientes en este proceso, el tema de las excepciones previas de falta de
jurisdicción y cláusula compromisoria resulta ser un asunto complejo que genera
diversas consideraciones procesales acerca de su alcance, por lo que no es
necesariamente la negligencia o el error craso del demandante lo que conduce
siempre al equívoco de concurrir a una jurisdicción incorrecta o de iniciar un
proceso ante la jurisdicción ordinaria aunque exista cláusula compromisoria
entre las partes.
(…)
(…) si el demandante ha ejercido su derecho de acción
en tiempo, el fenómeno de la incongruencia relacionada con el alcance de las
excepciones previas enunciadas, no puede serle necesariamente imputado
directamente a su conducta, por lo que la pérdida eventual de su derecho
sustancial por estas razones, -al no interrumpirse la prescripción y operar la
caducidad-, sí significa un menoscabo desproporcionado de sus derechos.”
En segundo lugar, a juicio de la Corte, la norma también era desproporcionada debido a
los lapsos que usualmente tarda el trámite de las excepciones en vista de la
magnitud de procesos en curso. La dilación impedía en muchos casos que después
de que prosperara la excepción, el demandante pudiera acudir nuevamente a la
jurisdicción y, en consecuencia, conducía a la pérdida del derecho.
Posteriormente, en la sentencia C-227 de 2009
(M.P. Luís Ernesto Vargas Silva), la Corte declaró la exequibilidad
condicionada del numeral 3° del artículo
91 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 11 de la Ley
794 de 2003, sobre la no interrupción de la prescripción y la configuración de
la caducidad en los procesos judiciales cuando se declara la nulidad del
proceso y tal decisión comprende la notificación del auto admisorio de la
demanda. La Corte observó que la disposición imponía una sanción
desproporcionada -la pérdida del derecho de acción en virtud del fenómeno de
caducidad- a los demandantes diligentes que cumplen sus deberes procesales
oportunamente, pero que incurren involuntariamente en un error al definir la
jurisdicción o la autoridad competente para conocer su caso. La Corte expresó:
“La consecuencia procesal que la norma impugnada hace
recaer sobre el demandante diligente, resulta desproporcionada cuando el error
en la selección de la competencia y/o la jurisdicción no le es imputable a él
de manera exclusiva, sino que puede ser el producto de múltiples factores, que
escapan a su control, como pueden ser las incongruencias de todo el engranaje
jurídico, o las divergencias doctrinarias y jurisprudenciales existentes en
materia de competencia y jurisdicción, y sin embargo, la carga y censura
procesal sólo se imponen a él.”
En consecuencia, la Corte declaró que la disposición
es constitucional siempre y cuando se interprete en el sentido de que la no
interrupción de la prescripción y la operancia de la caducidad solamente se
produce cuando la nulidad fundada en falta de jurisdicción o competencia se
produzca por culpa del demandante.
2.4.
EL DIVORCIO Y LOS ALCANCES
DEL PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA
2.4.1.
El artículo 113 del Código
Civil define el matrimonio como un “contrato
solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos,
de procrear y de auxiliarse mutuamente.”
En virtud de este contrato surgen para los contrayentes obligaciones
personales como la fidelidad mutua, la cohabitación, el socorro y la ayuda
mutua en todas las circunstancias de la vida –artículo 176 del Código Civil
modificado por el Decreto 2820 de 1974; y patrimoniales como la
conformación de una unidad de bienes –artículo 180 del Código Civil modificado
por el Decreto 2820 de 1974. La Constitución al proteger la familia como núcleo
esencial de la sociedad, extiende su amparo al vínculo matrimonial como una de
las posibles fuentes de la familia –artículo 42 superior.
En el marco de la protección constitucional de
familia, la promoción de la unidad y permanencia familiar son finalidades no
solamente legítimas, sino constitucionalmente importantes. Al respecto, esta
Corporación ha señalado que la familia es la organización básica de la
estructura socio-política del Estado, pues es el espacio donde los valores y
las enseñanzas cívicas, de tolerancia y respeto –principios esenciales del
Estado social de derecho- se aprenden y difunden; por ello, en tanto la
comunidad entera se beneficia de las virtudes que se cultivan al interior de la
familia, pero también se perjudica con los vicios y desórdenes que allí tienen
lugar, el Estado tiene interés en promover la convivencia y estabilidad
familiar.[9]
2.4.2.
Sin embargo, en virtud del
deber de promoción de la estabilidad familiar, el Estado no puede obligar a los
cónyuges a mantener el vinculo matrimonial. En efecto, en virtud de
derechos como al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad y a la
dignidad, especialmente en su faceta de autodeterminación[10],
la Constitución proscribe cualquier tipo de coacción que obligue a los
cónyuges a permanecer juntos o prolongar una convivencia que es contraria a sus
intereses e integridad. Además, si el fundamento del matrimonio es la
voluntad libre de un hombre y una mujer de contraerlo y si el consentimiento
libre es un requisito de existencia y validez del contrato de matrimonio
–artículo 115 del Código Civil, ni el Legislador ni ningún otro órgano estatal
puede coaccionar la permanencia del matrimonio en contra de la voluntad de los
esposos.[11] En este sentido, en la sentencia
C-660 de 2000 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), la Corte afirmó:
“Por lo demás, el reconocimiento que hace la
Constitución Nacional de la familia como fundamento de la nacionalidad por su
natural tendencia a la unidad, afinidad, coherencia y estabilidad, no permite,
antes por el contrario proscribe, la utilización de mecanismos coactivos para
imponer la permanencia de la pareja. En efecto, según los principios, reglas y
orientaciones de la Carta Política, es la estabilidad del grupo familiar, más
no la duración del matrimonio, la que permite la realización humana de sus
integrantes y por ende la que persigue el orden superior. De ahí que el propio
artículo 42 de la Constitución Política prevea que los efectos civiles de todo
matrimonio cesen ‘por divorcio, con arreglo a la ley civil’.
(…)
Para la Corte la dignidad humana, el principio del
libre desarrollo de la personalidad y la inalienabilidad de los derechos de la
persona de los cónyuges, constituyen criterios de interpretación suficientes
para afirmar que no se les puede obligar a mantener el vínculo matrimonial
en contra de su voluntad e interés, por las mismas razones por las cuales
resulta imposible coaccionarlos para que lo contraigan, aunadas con el
imperativo constitucional de propender por la armonía familiar, necesariamente
resquebrajada cuando un conflicto en la pareja conduce a uno de sus
integrantes, o a ambos, a invocar su disolución.” (negrita fuera del texto)
Posteriormente, en la sentencia C-821 de 2005
(M.P. Rodrigo Escobar Gil), la Corte agregó:
“En punto al
tema, ha precisado la jurisprudencia que el imperativo constitucional en lo que
refiere a la protección y promoción de la institución familiar no es la
duración del matrimonio -como una de sus formas de constitución-. Es lograr la
estabilidad y armonía del grupo familiar, no solo como presupuesto social, sino
como condición sine qua non para permitir la realización humana y el
desarrollo integral de cada uno de sus miembros en un clima de respeto, óptima
convivencia y libre expresión de sus sentimientos y emociones. Dichos objetivos
no se garantizan ni se logran manteniendo vigente el contrato matrimonial, en
aquellos casos en los que surgen diferencias, desavenencias o conflictos entre
los cónyuges que hacen imposible o dificultan gravemente la convivencia y que perturban
la estabilidad familiar, sometiendo a sus integrantes, entre los que se cuentan
los hijos, a crecer y desarrollarse en un ambiente hostil o que afecta
sensiblemente su proceso de desarrollo y formación.
(…)
7.3. Si no es posible coaccionar a las personas para
contraer matrimonio, pues por disposición constitucional y legal éste se
constituye y perfecciona por el libre y mutuo consentimiento de los
contrayentes, tampoco cabe obligarlas a mantener vigente el vínculo en contra
de su voluntad, aun cuando una de las finalidades del matrimonio sea
precisamente la convivencia. Interpretando el contenido del artículo 42
Superior, el libre consentimiento, consustancial al contrato
matrimonial, no solo es exigible en el acto de constitución sino también durante
su ejecución material y por el término que dure el matrimonio, por tratarse de
un derecho subjetivo radicado en cabeza de cada uno de los esposos y ser una
derivación de las garantías fundamentales a la dignidad, al libre desarrollo de
la personalidad, a la libertad, a la intimidad y a la personalidad jurídica.”
Ciertamente, como esta Corte ha reconocido, la
promoción de la estabilidad del grupo familiar busca garantizar la existencia
de un ambiente propicio para el desarrollo de todas las personas, especialmente
de los niños. No obstante, el matrimonio, como forma de familia, deja de ser
ese lugar propicio cuando la convivencia se torna intolerable. En estos casos,
para los niños y cónyuges puede resultar más benéfico la separación de sus
padres y no crecer en un ambiente hostil.[12]
2.4.3.
En virtud de estas
consideraciones, en ejercicio de la libertad de configuración que la
Constitución otorga al Legislador para regular la institución del matrimonio y
las formas de disolución del vínculo, la Ley 25 de 1992 reguló el divorcio a la
luz de la nueva Carta Política.[13] Esta ley se ocupó de una
realidad social que era innegable: muchos matrimonios afrontan crisis
insuperables y los cónyuges requieren de mecanismos para terminar el vínculo
legal y poder reestablecer sus vidas familiares y afectivas. Fue así como el
artículo 5 de la Ley 25 de 1992 –que modificó el artículo 152 del Código Civil-
dispuso que el vínculo matrimonial se disuelve (i) por la muerte real o
presunta de uno de los cónyuges, o (ii) por divorcio. Por su parte, el
artículo 6 de la misma ley –que modificó el artículo 154 Código Civil-
indicó las causales de divorcio. El texto de esta disposición es el siguiente:
“ART. 154.—Modificado. L. 1ª/76, art. 4º. Modificado.
L. 25/92, art. 6º. Son causales de divorcio:
1. Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno
de los cónyuges.
2. El grave e injustificado incumplimiento por parte
de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y
como padres.
3. Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos
de obra.
4. La embriaguez habitual de uno de los cónyuges.
5. El uso habitual de sustancias alucinógenas o
estupefacientes, salvo prescripción médica.
6. Toda enfermedad o anormalidad grave e incurable,
física o síquica, de uno de los cónyuges, que ponga en peligro la salud mental
o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial.
7. Toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a
corromper o pervertir al otro, a un descendiente, o a personas que estén a su
cuidado y convivan bajo el mismo techo.
8. La separación de cuerpos, judicial o de hecho, que
haya perdurado por más de dos (2) años.
9. El consentimiento de ambos cónyuges manifestado
ante juez competente y reconocido por éste mediante sentencia.”
2.4.4.
Las causales del divorcio han
sido clasificadas por la jurisprudencia y la doctrina en objetivas y
subjetivas: Las causales objetivas se relacionan con la ruptura de los
lazos afectivos que motivan el matrimonio, lo que conduce al divorcio “(…) como
mejor remedio para las situaciones vividas”[14]. Por ello al divorcio
que surge de esta causales suele denominársele “divorcio remedio”.[15]
Las causales pueden ser invocadas en cualquier tiempo por cualquiera de los
cónyuges, y el juez que conoce de la demanda no requiere valorar la
conducta alegada; debe respetar el deseo de uno o los dos cónyuges de disolver
el vínculo matrimonial.[16] A este grupo pertenecen
las causales de los numerales 6, 8 y 9 ibídem.
Por otra parte, las causales subjetivas se relacionan
con el incumplimiento de los deberes conyugales y por ello pueden ser
invocadas solamente por el cónyuge inocente dentro del término de
caducidad previsto por el artículo 156 del Código Civil –modificado por el
artículo 10 de la Ley 25 de 1992, con el fin de obtener el divorcio a modo de
censura; por estas razones el divorcio al que dan lugar estas causales se
denomina “divorcio sanción”.[17] La ocurrencia de estas
causales debe ser demostrada ante la jurisdicción y el cónyuge en contra de
quien se invocan puede ejercer su derecho de defensa y demostrar que los hechos
alegados no ocurrieron o que no fue el gestor de la conducta. Además de la
disolución del vínculo marital, otras de las consecuencias de este tipo
de divorcio son la posibilidad (i) de que el juez imponga al cónyuge
culpable la obligación de pagar alimentos al cónyuge inocente –artículo 411-4
del Código Civil; y (ii) de que el cónyuge inocente revoque las
donaciones que con ocasión del matrimonio haya hecho al cónyuge culpable
–artículo 162 del Código Civil. Pertenecen a esta categoría las causales
descritas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del artículo citado.
Como se indicó en la sentencia C-246 de 2002
(M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), en estos casos “(…) el criterio para la
imposición del deber de alimentos [en el divorcio sanción] es la culpa del
cónyuge que ha suscitado el divorcio, como por ejemplo cuando éste infringe los
compromisos de fidelidad o de respeto por mantener relaciones sexuales
extramatrimoniales o por ultrajar o maltratar al otro cónyuge.”
2.4.5.
También con fundamento en el
derecho de los cónyuges a terminar el vínculo matrimonial y reestablecer su
vida afectiva y familiar, la Corte ha declarado inexequibles
disposiciones que limitan desproporcionadamente la posibilidad de invocar las
causales de divorcio, especialmente las de orden subjetivo. Por ejemplo, en
la sentencia C-660 de 2000 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), la Corte declaró
inexequible la expresión “salvo que el demandante las haya consentido
facilitado o perdonado” del numeral 1° del artículo 6 de la Ley 25 de 1992,
modificatorio del numeral 1° del artículo 154 del Código Civil, que establecía
que el consentimiento o perdón del cónyuge inocente impedía que las relaciones
sexuales extramatrimoniales fueran alegadas como causal de divorcio. La Corte
concluyó que el Legislador (i) había vulnerado los derechos a la
intimidad, a la libertad de consciencia y al libre desarrollo de la
personalidad del cónyuge inocente al expedir la disposición, pues llevó a cabo
una valoración de conductas propias de la intimidad de la pareja de una forma
que no siempre coincide con la voluntad de sus miembros, y (ii) además
previó una consecuencia desproporcionada para un consentimiento meramente
presunto: la pérdida del derecho a ejercer la acción de divorcio.
En primer lugar, para la Corte el Legislador ignoró que la aceptación por un cónyuge de
conductas lesivas del otro puede ser el resultado del desconocimiento del daño
y las consecuencias que ellas causan, pero que tal conciencia puede adquirirse
con el paso de los años y tornar en intolerable lo que en otro momento se
consideró aceptable. Además, el reconocimiento del derecho a la libertad de
conciencia –artículo 18 superior- conduce al reconocimiento de que los grupos
humanos, incluidos los matrimonios, no responden a ideas absolutas sino a
convicciones individuales, complejas y cambiantes. Al respecto, la Corte
afirmó:
“(…) al atribuirle al perdón o al consentimiento que
haya prestado uno de los miembros de la pareja a las relaciones sexuales
extramatrimoniales del otro, un efecto como el que asigna la norma demandada,
el legislador se está inmiscuyendo en el fuero íntimo de los cónyuges,
en el devenir de sus emociones y sus afectos, en su esfuerzo por adecuarse en
un momento dado a las conductas de su pareja. De esa manera atribuye a estas emociones, afectos y esfuerzos propios
de una relación esencialmente mutante y vital unos efectos definitivos e ignora
que estas formas de aceptación y justificación de conductas ofensivas que en
muchos casos pueden ser admitidas por el ofendido sin que él tenga real
conciencia del daño que ha sufrido. Consciencia que puede cobrar fuerza con el
paso de los años y transformar en intolerable lo que en otro momento se
consideró aceptable o justificable.
(…).”(negrita fuera del texto)
La Corte agregó que la consecuencia que el Legislador
atribuía a la aceptación del cónyuge de las relaciones extramatrimoniales de su
pareja era desproporcionada, por cuanto (i) tal aceptación no
implica en todos los casos una decisión de mantener la convivencia de manera
indefinida, y (ii) atribuía al consentimiento de la conducta del cónyuge
a una forma de culpa, una categoría impropia para el ámbito del
matrimonio, dada la complejidad de sentimientos y situaciones que involucra. La
Corte manifestó:
“Además, de la decisión íntima de perdonar las
relaciones sexuales extramatrimoniales del otro no puede derivarse para quien
las padece, la consecuencia de perder el derecho a intentar la reestabilización
de su vida mediante la declaración de divorcio porque puede ocurrir que la
actitud de perdonar no incluya la intención de mantener la vida en común.
(…)
En concordancia con los artículos 15 y 16 de la
Constitución Nacional, el artículo 18 del mismo ordenamiento consagra la
libertad de conciencia, en virtud de la cual ‘nadie puede ser molestado por
razón de sus convicciones o creencias o compelido a revelarlas u obligado a
actuar en contra de su conciencia’. Reconoce esta disposición que los
grupos humanos, concepto que comprende a la pareja, no responden a ideas
absolutas sino a convicciones individuales, complejas, no siempre coincidentes.
De ahí que el facilitar o consentir las relaciones sexuales del otro, por
pertenecer a una realidad entrelazada con factores personales profundos y
dinámicos, impide la calificación jurídica de culpa.” (negrita fuera del
texto)
Sobre el traslado de la concepción de culpa al
matrimonio, la Corte aclaró que aunque el artículo 113 del Código Civil define
el matrimonio como un contrato solemne y otros de sus artículos indican las
obligaciones que en virtud de tal vínculo surgen para los cónyuges, la
interpretación de estas normas, así como de las que rigen la disolución del
matrimonio, no puede hacerse de la misma manera a como se interpretan las
reglas que rigen cualquier otro tipo de contrato.[18]
En efecto, la Corte afirmó que los componentes afectivos y emocionales que
involucra el matrimonio:
“(…) impiden considerar el aparente descuido de uno de
los cónyuges ante faltas que el ordenamiento legal consagre como causales de
divorcio y que cometa el otro, como un acto de negligencia asimilable a la
propia culpa como eximente de responsabilidad. Tampoco, por las mismas razones,
puede atribuirse al perdón dentro del matrimonio un efecto definitivo y fijo. E
inclusive, el aparente consentimiento de uno de los integrantes de la pareja
ante una conducta impropia del otro, no puede verse como una manifestación de
culpa o dolo que con el tiempo enerve la posibilidad del cónyuge ofendido para
solicitar el divorcio.”[19]
En concordancia con estas consideraciones, también es
necesario entender que el divorcio no es una sanción que el cónyuge inocente
impone al cónyuge que incurre en las causales subjetivas previstas en el
artículo 154 del Código Civil, sino una decisión dirigida a restablecer su
vida afectiva y familiar.
2.5.
LA CONFIGURACIÓN DE LA
ACCIÓN DE DIVORCIO Y DE SUS TÉRMINOS DE CADUCIDAD EN EL DERECHO COMPARADO
En el derecho comparado, la Sala observa la existencia
de una tendencia hacia la eliminación de las causales subjetivas de divorcio,
es decir, aquellas basadas en la culpa de uno de los esposos, y hacia la
introducción de causales objetivas junto con la figura del divorcio unilateral
en virtud del cual cualquier cónyuge, en cualquier tiempo, puede solicitar la
disolución del vínculo. Esta configuración legislativa responde al
reconocimiento de la transformación de las relaciones de pareja, de la
diferencia entre estabilidad familiar y matrimonio, y al respeto del derecho a
la libertad personal y a la autodeterminación de quienes contraen matrimonio
como una manifestación de su dignidad e igualdad.
2.5.1.
Hasta la década del 60, el divorcio
basado en la culpa de alguno de los cónyuges era la regla general en los países
que admitían la disolución del matrimonio por esta vía. Sin embargo, en esta
década movimientos liberales comenzaron a introducir la idea de divorcio
“sin culpa” por mutuo acuerdo o debido a la suspensión prolongada de la
cohabitación. Por ejemplo, en 1969, Canadá -Divorce Act of 1968- introdujo
causales objetivas de divorcio junto a las causales subjetivas, y estableció
igualdad de derechos entre hombres y mujeres en materia de obligaciones de
soporte –como los alimentos. En 1969, el estado de California en Estados Unidos
introdujo como causal de divorcio las diferencias irreconciliables entre los
cónyuges; además, a comienzos de los 70, en este país fue preparado un modelo
de código uniforme de reglas sobre el divorcio que establecía causales
objetivas y que fue implementado por un número importante de estados.
La tendencia también fue seguida en Europa. Por
ejemplo, en 1975, Portugal extendió las reglas del divorcio a los matrimonios
católicos, hizo la regulación para los divorcios por mutuo acuerdo más sencilla
e introdujo un régimen predominantemente objetivo. Reformas similares fueron
adoptadas en Holanda y el Reino Unido en 1971, en Italia en 1975, en Francia en
1976 y en Grecia en 1979.[20]
2.5.2.
Una segunda ola de reformas
también comienza a gestarse en los años 70. En esta década un grupo
importante de países abrieron la puerta al divorcio unilateral, es decir, aquel
que puede ser solicitado por cualquier cónyuge sin necesidad de demostrar el
rompimiento de los vínculos maritales o la prolongación de la separación física.
En 1971, Holanda introdujo la regla del divorcio unilateral. Esta línea fue
seguida en 1974 por Suecia, en 1975 por Bélgica, en 1977 por Portugal y
Alemania, en 1978 por Austria, en 1979 por Luxemburgo, en 1983 por Grecia, en
1988 por Finlandia, en 1989 por Dinamarca, en 1993 por Islandia y Noruega, en
1996 por el Reino Unido, en el 2000 por Suiza y en el 2005 por España.[21]
En el caso de Estados Unidos, durante esta época 34 de sus estados adoptaron el
divorcio unilateral; Utah y Dakota del Sur lo hicieron en los 80.[22]
Por ejemplo, en el caso del Reino Unido, al amparo del
Family Law Act de 1996, basta con que uno de los cónyuges manifieste que
el vínculo matrimonial ha terminado para que el juez declare el divorcio.
En España, una reforma del año 2005 -Ley 15/2005-
eliminó las causales taxativas de divorcio y abrió la posibilidad de que la
disolución del matrimonio sea solicitada por cualquier cónyuge, en cualquier
tiempo, después de transcurridos los primeros tres meses de matrimonio. En este
sentido, el artículo 5 de la Ley 15/2005 –que modifica el artículo 86 del
Código Civil- dispone que “[s]e decretará judicialmente el divorcio, cualquiera
que sea la forma de celebración del matrimonio, a petición de uno solo de los
cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro, cuando concurran
los requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 81”.[23]
Como se indica en la exposición de motivos de la ley, esta reforma buscó
fortalecer la libertad como fundamento del ordenamiento jurídico español y
garantizar que el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad
cobre mayor trascendencia en el ámbito matrimonial.[24]
2.5.3.
En el ámbito latinoamericano,
las legislaciones sobre el divorcio han sido modificadas en las últimas décadas
con el fin de introducir causales objetivas de divorcio que pueden ser
invocadas por cualquiera de los esposos en cualquier tiempo, lo que equilibra
la existencia de causales subjetivas; en todo caso, en los países donde
persisten las causales subjetivas, éstas por regla general no están sujetas a
términos de caducidad.
El primer país latinoamericano en admitir el divorcio fue Uruguay en 1907. Además, desde esta época se
admitió el divorcio por mutuo consentimiento o por la “sola voluntad de la
mujer” -artículo 187-3 del Código Civil reformado en 1913. El artículo 148 del
Código Civil uruguayo prevé causales subjetivas de divorcio, pero su
formulación ante la jurisdicción no está sometida a término alguno. En Perú, el
artículo 339 del Código Civil –modificado por la Ley 27495 de 2001- introdujo
la causal de divorcio de “imposibilidad de hacer vida común” que puede ser
invocada por cualquiera de los cónyuges mientras subsistan los hechos que la
motivan. En el caso de Argentina, mediante reforma del Código Civil de 1987 se
introdujeron causales objetivas de divorcio; de otro lado, en relación con el
divorcio con culpa, no se contempla término de caducidad alguno para el
ejercicio de la acción.
2.5.4.
Debido a la reconfiguración
del régimen legal del divorcio, las obligaciones alimentarias entre ex-esposos
también han sufrido cambios importantes en la perspectiva internacional, en
particular, el criterio de adjudicación ha pasado de ser la culpa a ser la
necesidad y el perjuicio económico que el divorcio causa.
Bajo el régimen de divorcio sanción adoptado por la
mayoría de los países durante los siglos XIX y comienzos del XX, la obligación
de alimentos que surgía del divorcio se basaba en dos criterios: (i) el
reproche a la conducta del cónyuge que incumplía sus deberes maritales, y (ii)
la desigualdad económica de las mujeres –quienes usualmente eran las
cónyuges inocentes. En algunos países la eliminación del divorcio “con culpa”
condujo también a la abolición de las obligaciones alimentarias entre cónyuges
divorciados o al menos a la disminución del monto de la obligación.[25]
Por ello nuevas reformas adoptadas por varios países buscan introducir una
nueva teoría de las obligaciones alimentarias entre cónyuges divorciados
basada, por ejemplo, en la pérdida de capacidad para adquirir ingresos que
sufre uno de los esposos debido a su retiro del mercado laboral y a su
dedicación a las labores del hogar durante el matrimonio.[26]
Por ejemplo, una reforma de 1983 introdujo en Grecia
una lista de casos en los que un cónyuge puede ser acreedor de la obligación de
alimentos después del divorcio que no están necesariamente ligados a la culpa
–artículo 1442 del Código Civil. También dispuso que la obligación de alimentos
es temporal, pero eventualmente puede prolongarse si el cónyuge que requiere el
soporte no puede acceder a trabajo remunerado apropiado (por ejemplo, debido a
su edad o estado de salud), con mayor razón si tiene a su cargo la custodia de
los hijos, o por razones de equidad. De acuerdo con la ley griega, no es
necesario que esta situación exista al momento del divorcio; puede surgir
posteriormente y el juez en ese momento podrá decretar los alimentos.[27]
En el caso español, la reforma de 2005 también
introdujo mecanismos  dirigidos a mitigar los desequilibrios económicos que el divorcio
genera. Estos mecanismos no se basan en la culpa del cónyuge que incumple los
deberes maritales, sino en criterios de necesidad.[28]
Finalmente, aunque Chile legalizó el divorcio
solamente hasta el 2004, introdujo un régimen de compensaciones que no se basa
exclusivamente en la culpa de uno de los cónyuges sino en el desmedro económico
que la disolución del vínculo causa. En este sentido, el artículo 61 de la Ley
19.947 de 2004 dispone: “Si, como consecuencia de haberse dedicado al cuidado
de los hijos o a las labores propias del hogar común, uno de los cónyuges no
pudo desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio, o
lo hizo en menor medida de lo que podía y quería, tendrá derecho a que, cuando
se produzca el divorcio o se declare la nulidad del matrimonio, se le compense
el menoscabo económico sufrido por esta causa.”[29]
2.5.5.
En suma, debido a la
reconsideración del alcance de la libertad de las personas en el marco del
matrimonio, la tendencia en un grupo significativo de países del mundo ha sido,
no solamente la introducción de causales objetivas de divorcio, sino también
-más recientemente- la creación del divorcio unilateral. De otro lado, un
importante número de estados ha eliminado las causales subjetivas de divorcio
y, donde éstas persisten, usualmente no están sometidas a términos de
caducidad. En materia de alimentos y compensaciones, la tendencia es la
creación de criterios de adjudicación distintos a la culpa y que reconocen el
detrimento económico que el divorcio pueda causar.
2.6.
ANÁLISIS DE LA
CONSTITUCIONALIDAD DE LAS EXPRESIONES DEMANDADAS
2.6.1.
El contenido normativo del
artículo 10 de la Ley 25 de 1992
2.6.1.1.
Como ya fue reseñado, el
Legislador cuenta con un amplio margen de configuración para establecer los
términos de caducidad de las acciones judiciales. Sin embargo, tal libertad
debe desarrollarse de conformidad con la
naturaleza de la acción respectiva y en el marco del respeto de (i) los
principios y fines del Estado social de derecho –como la justicia, (ii) los
derechos fundamentales de las personas, especialmente los derechos al debido
proceso y a la administración de justicia, y (iii) del principio de
proporcionalidad, de modo tal que no se haga nugatorio el derecho de acción.
2.6.1.2.
En ejercicio de su libertad de
configuración, el Legislador expidió el artículo 10 de la Ley 25 de 1992 -que
modificó el artículo 156 del Código Civil, según el cual el divorcio sanción solamente puede ser solicitado por
el cónyuge inocente, es decir, aquel
que no incurrió en las conductas descritas en los numerales  1, 2, 3, 4, 5 y 7 del artículo 154 del Código Civil
–modificado por el artículo 6 del la Ley 25 de 1992. Tal demanda, sin
embargo, debe ser interpuesta por el cónyuge inocente dentro de unos términos
precisos; estos son:
En primer lugar,
las demandas basadas en las causales de divorcio de los numerales 1°
(relaciones sexuales extramatrimoniales) y 7° (conductas tendientes a corromper
o pervertir al otro cónyuge, un descendiente u otras personas del núcleo
familiar) deben ser alegadas por el cónyuge inocente dentro del término de
un año contado a partir de cuando éste tuvo conocimiento de su ocurrencia y, en
todo caso, dentro de un término no mayor a dos años contado desde cuando
efectivamente tuvieron lugar las conductas.
En segundo lugar, las demandas fundamentadas en las causales 2° (grave incumplimiento de
los deberes conyugales que impone la ley), 3° (ultrajes, maltrato cruel y
maltratamientos de obra), 4° (embriaguez habitual) y 5° (uso habitual de
sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo prescripción médica), deben
ser interpuestas ante la jurisdicción dentro del término de un año contado
desde cuando sucedieron.
2.6.1.3.
Aunque la disposición no
indica expresamente la naturaleza de estos términos, dado que limitan en el
tiempo el ejercicio del derecho de acción en materia de divorcio, la Sala
concluye que se trata de términos de caducidad que, por tanto, se rigen
por las reglas y límites analizados en apartes previos.
2.6.1.4.
La disposición acusada tuvo
origen en la Ley 1° de 1976 que introdujo la figura del divorcio en la
legislación colombiana. El artículo 6 de esta ley, que reformó el artículo 156
del Código Civil, disponía:
“El divorcio solo podrá ser demandado por el cónyuge
que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan y dentro del término de un
año, contado desde cuando tuvo conocimiento de ellos respecto de las causas 1a
y 7a o desde cuando se sucedieron, en tratándose de las causas 2a, 3a, 4a y 5a.
En todo caso, las causas 1a y 7a sólo podrán alegarse dentro de los dos años siguientes
a su ocurrencia.
Las causas de divorcio no podrán probarse con la sola
confesión de los cónyuges.”
Como se puede observar, la diferencia con el actual
texto del artículo 10 de la Ley 25 de 1992 es la eliminación del último inciso
sobre la posibilidad de probar las causales de divorcio con la sola confesión.
2.6.2.
Los términos de caducidad
previstos por el Legislador para el ejercicio de la acción de divorcio no se
ajustan a la Constitución
En este contexto, debe ahora la Sala determinar si los
términos de caducidad previstos por el Legislador para el ejercicio de la
acción de divorcio con fundamento en causales subjetivas desconocen los
derechos de los cónyuges inocentes a la intimidad, al libre desarrollo de la
personalidad y a la dignidad, e imponen una restricción desproporcionada a su
derecho de acción. Para la Sala la respuesta es afirmativa por las razones
que a continuación se exponen:
2.6.2.1.
El juicio de
proporcionalidad que se debe aplicar
Para determinar la constitucionalidad del término de
caducidad establecido por el Legislador en la disposición acusada, es necesario
examinar su razonabilidad mediante la aplicación de un juicio de
proporcionalidad.
El juicio de proporcionalidad es una herramienta
argumentativa para el examen de la justificación de actividades estatales que
significan una restricción o limitación de los derechos fundamentales de las
personas. Como ha señalado esta Corporación, “(…) pretende impedir los
excesos o defectos en el ejercicio del poder público, como una forma
específica de protección o de realización de los derechos y libertades
individuales”[30] (negrita fuera del
texto). El examen se lleva a cabo mediante la ponderación de los intereses y
valores constitucionales involucrados en la medida legislativa o de otra índole
sujeta a control, a fin de determinar si la relación que existe entre ellos es
de equilibrio.[31] En particular, el juicio
se realiza en las siguientes dimensiones analíticas:[32]
En primer lugar,
es necesario evaluar la finalidad de la medida bajo examen y la
idoneidad de los medios elegidos para alcanzarla. Para que una medida
restrictiva de derechos fundamentales supere esta etapa de análisis, es preciso
(i) que persiga una finalidad legítima a la luz de la Constitución y (ii)
que los medios elegidos por el Legislador u otras autoridades cuyas
actuaciones estén sometidas a control, permitan desde el punto de vista
empírico alcanzar efectivamente el fin perseguido.
En segundo lugar, el juez constitucional debe examinar la necesidad de la medida,
para lo cual debe determinar si la misma finalidad podía lograrse por medio de
mecanismos menos restrictivos en términos de derechos fundamentales y otros
principios constitucionales.
En tercer lugar, se debe examinar la proporcionalidad de la medida en estricto
sentido. En esta etapa del examen se deben comparar los costos y beneficios
en términos constitucionales de la medida sometida a control; ésta se ajustará
a la Carta solamente cuando no implique un sacrificio mayor al beneficio que
puede lograr.
2.6.2.2.
Las finalidades que
persigue la medida son legítimas a la luz de la Constitución
2.6.2.2.1.
De conformidad con las
intervenciones que defienden la constitucionalidad de la disposición, el establecimiento de términos de caducidad para el
ejercicio de la acción de divorcio con fundamento en las causales subjetivas
persigue dos finalidades:
de un lado, promover la estabilidad
del matrimonio como forma de familia
y, de otro, asegurar que las sanciones
ligadas al divorcio basado en causales subjetivas se impongan dentro de un
término razonable (ver consideración
2.4.4.) en virtud del derecho de los cónyuges culpables al debido proceso y del
principio de seguridad jurídica.
2.6.2.2.2.
De acuerdo con las
consideraciones expuestas en apartes previos, la primera de estas finalidades es legítima desde el punto de vista
constitucional. En virtud del
artículo 42 superior, el Legislador debe promover la unidad y estabilidad
familiar. Este último concepto -estabilidad familiar- eventualmente puede
coincidir con la duración del matrimonio, toda vez que el matrimonio es una
forma de familia.
2.6.2.2.3.
La segunda de las finalidades
enunciadas, es decir, la imposición de
las consecuencias ligadas al divorcio sanción dentro de un término razonable,
también es legítima desde la perspectiva constitucional. Ciertamente, el debido proceso en materia
sancionatoria implica que las conductas sancionables y las sanciones no
solamente deben ser determinadas o determinables de antemano, sino que deben
ser impuestas dentro de términos razonables y predecibles.
Adicionalmente, el medio elegido para alcanzar este
fin resulta para la Sala idóneo y conducente, toda vez que crea un incentivo
para que la acción de divorcio se ejerza oportunamente y la controversia sobre
las consecuencias que genera sea resuelta por el juez correspondiente dentro de
un término razonable.
2.6.2.3.
La medida no es necesaria
desde la perspectiva constitucional
Sin embargo, aunque las finalidades analizadas en la
sección anterior son legítimas a la luz de la Carta Política, en tanto pueden lograrse mediante mecanismos menos restrictivos de los derechos fundamentales de los
cónyuges “inocentes” al libre desarrollo de la personalidad, a la dignidad en
su faceta de autonomía, a elegir el estado civil, e incluso a conformar una
nueva familia, la medida no
es necesaria, como a continuación se
analiza:
En primer término, la promoción de la estabilidad del matrimonio se puede lograr
mediante mecanismos como la educación y la sensibilización hacia el respeto, la
tolerancia y otros valores, y programas de acompañamiento y asesoría familiar,
entre otros.
En segundo término, para asegurar la imposición de las sanciones aludidas dentro de un
término razonable, no es indispensable limitar a un tiempo tan corto el derecho
a ejercer la acción de divorcio. Esta
finalidad se puede lograr, por ejemplo, mediante la definición de un término de
prescripción, o la aplicación de los términos de prescripción extintiva
supletorios previstos en el Código Civil.
2.6.2.4.
La medida no es
proporcionada en estricto sentido: anula el derecho de los cónyuges al divorcio
e interpreta su silencio de una forma que no siempre coincide con su voluntad
En sentir de la Sala, además de que la medida no es
necesaria, tampoco supera el juicio estricto de proporcionalidad, es decir, la
medida es desproporcionada en estricto sentido, pues implica una
limitación muy drástica de los derechos de los cónyuges inocentes al
libre desarrollo de la personalidad, a la dignidad en su faceta de autonomía, a
elegir el estado civil, e incluso a conformar una nueva familia, por las
siguientes razones:
2.6.2.4.1.
En primer lugar, el establecimiento de un término de caducidad para el
ejercicio de la acción de divorcio con ocasión de las causales subjetivas
definidas en el artículo 154 del Código Civil, termina por anular el derecho de los cónyuges
inocentes a solicitar el divorcio una vez el término de caducidad ha vencido.
Si bien es cierto nuestro ordenamiento prevé causales
de divorcio objetivas que pueden ser alegadas por cualquiera de los cónyuges
–no necesariamente por los dos- en cualquier tiempo ante la jurisdicción y,
adicionalmente, que a partir de la Ley 962 de 2005 también es posible que los
cónyuges soliciten el divorcio por
mutuo acuerdo ante un notario,
ninguno de estos mecanismo permite a un cónyuge de manera unilateral solicitar el divorcio cuando considera que
el vínculo marital se ha roto y no quiere permanecer unido jurídicamente al
otro consorte.
En efecto, para que un cónyuge pueda obtener el
divorcio después de que ha vencido el término de caducidad para alegar las
causales subjetivas y sin tener que contar con el consentimiento del otro
–fundamento de la causal 9° y del divorcio notarial, la única salida que tiene
es abandonar la residencia común y esperar dos años para poder solicitar el
divorcio con fundamento en la causal 8°. Mientras estos dos años transcurren,
el cónyuge se ve obligado en contra de su voluntad a mantener el vínculo
jurídico –con las consecuencias personales y patrimoniales que el matrimonio
conlleva- y en detrimento de sus derechos a restablecer su vida familiar y al
libre desarrollo de la personalidad.
2.6.4.1.
En segundo lugar, uno de los elementos esenciales del matrimonio es la
libre voluntad de los contrayentes. Por tanto, es la voluntad de los
contrayentes la que debe regir también su disolución. En consecuencia, el
obligar a una persona a permanecer casada aún en contra de su voluntad
restringe de manera drástica sus derechos fundamentales al libre desarrollo de
la personalidad, a la intimidad a la dignidad en su faceta de
autodeterminación:
Los derechos al libre desarrollo de la personalidad
e intimidad garantizan a las personas la posibilidad de tomar decisiones
libres sobre asuntos personales sin injerencias indebidas del Estado o los
particulares. Por otra parte, la Corte ha identificado a lo largo de su
jurisprudencia tres lineamientos sobre el contenido de la dignidad humana:
“(i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de
diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como
quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones
materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana
entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física
e integridad moral (vivir sin humillaciones)” (negrita fuera del texto)[33].
La norma acusada restringe la posibilidad de las personas de decidir sobre un
asunto tan íntimo como el matrimonio. Además, mediante esta disposición el
Estado suplanta al particular en la toma de decisiones al respecto, pues
atribuye al paso del tiempo los efectos de consentimiento de conductas tan
lesivas como la violencia doméstica que puede incluir hasta agresiones
sexuales. Por último, la medida limita la posibilidad de las personas de elegir
un nuevo plan de vida y restablecer sus relaciones familiares, uno de los
elementos de la dignidad en su faceta de autodeterminación. Como ha dicho la
Corte, la conformación de una familia es un elemento indispensable de la
fijación de un plan de vida.
Al igual que lo que sucedió en el caso del numeral 1°
del artículo 154 del Código Civil que previa el consentimiento del cónyuge
inocente como una causal de extinción de la acción de divorcio frente a las
relaciones sexuales extramatrimoniales del otro consorte, y que llevó a una
declaración de inexequibilidad en la sentencia
C-660 de 2000 (M.P. Álvaro Tafur
Galvis), en este caso, el Legislador
ignoró que la aceptación por un cónyuge de conductas lesivas del otro puede ser
el resultado de su desconocimiento del daño y las consecuencias que tales
conductas causan, pero que tal conciencia puede adquirirse con el paso de los
años y tornar en intolerable lo que en otro momento se consideró aceptable. Por esta vía, el Legislador invadió la esfera
privada de los cónyuges al interpretar su voluntad de manera contraria a su
querer.
La restricción del libre desarrollo de la
personalidad e intimidad de los cónyuges
que desean divorciarse después de transcurrido el término de caducidad es
aún más grave frente a causales como la 2°, 3° y 7° que envuelven conductas tan
lesivas que son consideradas tipos penales por el ordenamiento, como la
inasistencia alimentaria, la violencia doméstica, el acceso carnal violento y
la instigación al delito. En estos casos, dada la complejidad de las
situaciones, las denuncias suelen darse mucho tiempo después de que han
ocurrido los hechos, e incluso nunca son presentadas, razón por la cual la ley
penal no considera algunos de estos delitos querellables y, por tanto, pueden
ser investigados y juzgados aún en ausencia de denuncia –por ejemplo el acceso
carnal violento. Adicionalmente, frente a la gravedad de las conductas que
involucra la causal 3° -violencia doméstica- es difícil considerar la
existencia de consentimiento del cónyuge víctima.
En efecto, el numeral 2º sobre “[e]l grave e
injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes
que la ley les impone como tales y como padres”, se refiere al incumplimiento
de las obligaciones derivadas del contrato de matrimonio y que están previstas
en los artículos 176 y siguientes del Código Civil. Estas obligaciones son,
entre otras, fidelidad, socorro y ayuda mutua, y cohabitación. Como indica la
doctrina[34], en la práctica esta
causal se invoca usualmente por incumplimiento de los deberes de cohabitación y
de asistencia alimentaria respecto del otro cónyuge o los hijos; esta última
conducta es además tipificada como delito en el artículo 233 del Código Penal.[35]
Por su parte, la causal del numeral 3º, “[l]os
ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra” se relaciona con el
fenómeno de la violencia doméstica. Este fenómeno, como ha señalado la
jurisprudencia, puede entenderse como “(…) todo daño o maltrato físico,
psíquico o sexual, trato cruel, intimidatorio o degradante, amenaza, agravio,
ofensa o cualquier otra forma de agresión, producida entre miembros de una
familia, llámese cónyuge o compañero permanente, padre o madre, aunque no
convivan bajo el mismo techo, ascendientes o descendientes de éstos incluyendo
hijos adoptivos, y en general todas las personas que de manera permanente se
hallaren integrados a la unidad consiste en el
abuso que ejerce un miembro  de la familia sobre otros.”[36] La violencia puede ser física, sexual o sicológica, y
causar daños de la misma naturaleza.[37] En consecuencia, involucra no solamente
los castigos físicos –que pueden terminar hasta con la muerte[38], sino también  insultos, golpes, malos tratos,
conductas sexuales abusivas y de acceso carnal violento.
En consecuencia, la violencia doméstica significa la
violación de múltiples derechos fundamentales de los miembros de la familia
como la integridad física y sicológica, la dignidad, el libre desarrollo de la
personalidad y la autodeterminación sexual. Su gravedad ha conducido incluso a
sectores de la doctrina a afirmar que es un trato cruel e inhumano asimilable a
la tortura.[39] Por estas razones la
violencia doméstica es proscrita en nuestro ordenamiento, como a continuación
se analiza:
En primer término, el artículo 42 superior dispone que
“[c]ualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su
armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley. Posteriormente, el
Congreso expidió la Ley 294 de 1996 cuyo propósito fue precisamente prevenir,
remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. Esta ley tipificó la violencia
doméstica como un delito –artículo 23, así como el maltrato que conduce a
lesiones personales, el maltrato mediante la restricción de la libertad física
y la violencia sexual entre cónyuges. La tipificación de la violencia
intrafamiliar y del maltrato mediante la restricción de la libertad física fue
retomada por los artículos 229 y 230 de la Ley 599 de 2000, los cuales fueron
reformados por la Ley 1142 de 2007 y la Ley 1257 de 2008, respectivamente.
Además, debido a que la mayor parte de las víctimas de
violencia doméstica son mujeres, es decir, la violencia doméstica tiene un
impacto desproporcionado en términos de género, el derecho internacional de los
derechos humanos y la normativa interna han reconocido el derecho de las
mujeres a vivir sin violencia y han introducido medidas afirmativas de
protección de la mujeres frente este fenómeno.[40]
Por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer, incorporada mediante la
Ley 51 de 1981, califica la violencia doméstica contra las mujeres como una
forma de discriminación por razones de sexo[41] y obliga a los estados
partes a adoptar todo tipo de medidas para combatirla.
Por su parte, la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, incorporada a
nuestro ordenamiento por medio de la Ley 248 de 1995, prohíbe en su artículo 3
cualquier forma de violencia contra la mujer, tanto en el ámbito público como
en el privado. También obliga a los estados parte a adoptar, por todos los
medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar
y erradicar dicha violencia; en particular, a “establecer los mecanismos
judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de
violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros
medios de compensación justos y eficaces”. Estos compromisos fueron ratificados
por Colombia en el marco de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer adoptada por la Resolución 2000/45 de la Comisión de Derechos
Humanos.
En el plano nacional, el artículo 43 de nuestra
Constitución prohíbe cualquier forma de discriminación contra la mujer, lo que
incluye la violencia doméstica motivada por razones de género. Adicionalmente,
por medio de la Ley 1257 de 2008, se establecieron varias medidas para  la sensibilización,
prevención y sanción de la violencia y discriminación contra las mujeres.
El delito de violencia doméstica y otros ligados a
este fenómeno como el acceso carnal violento y el acto sexual violento, según
el artículo 83 del Código Penal en concordancia con los artículos 205, 206 y
229 ibídem, tienen términos de prescripción que van desde los 8 hasta
los 20 años. Además, según el artículo 74 del Código de Procedimiento Penal,
algunos de estos delitos no son querellables y, en consecuencia, tampoco
desistibles. En este contexto, la
previsión de los términos de caducidad demandados puede conducir al absurdo de
que una persona deba permanecer casada con quien ha sido condenado por la
comisión de una de tales conductas punibles, si por ejemplo aún no han
transcurrido dos años desde la separación de cuerpos, requisito para que se
configure la causal objetiva de numeral 8 del artículo 154 del Código Civil.
2.6.4.2.
En tercer lugar, la
disposición limita el derecho a elegir el estado civil y conformar una familia.
El estado civil, como ha señalado la
Corte, está ligado íntimamente al libre desarrollo de la personalidad, pues es
un elemento de la esfera personal. La norma impide a las personas -fuera de las
hipótesis antes señaladas- elegir su estado civil y divorciarse. Por esta vía
también impide a las personas contraer un nuevo matrimonio y conformar una
nueva familia. En este sentido es preciso recordar que conformar una familia es
un derecho que garantiza la realización personal y es supuesto para el
desarrollo de otros derechos.
2.6.4.3.
En el caso de las causales 1°
y 7°, la situación es aún más grave, ya que la disposición restringe de manera
absoluta la posibilidad de solicitar el divorcio a un lapso de dos años
contados desde cuando tuvo lugar la causal, sin tener en cuenta si el cónyuge tenía o no conocimiento de ella.
El Legislador al establecer términos de caducidad y
fijar el momento a partir de cual deben contabilizarse, debe tener en
cuenta que la consecuencia que genera la caducidad solamente puede ser
endilgable a aquellas personas que de manera deliberada o negligente dejan
de hacer uso de su derecho de acción. En este caso, la disposición acusada atribuye
una consecuencia perjudicial a una situación que escapa de las manos de
quien la sufre; en efecto, la pérdida del derecho de acción no es
necesariamente consecuencia de la omisión o negligencia del cónyuge que no
alegó la casual respectiva oportunamente, pues es posible que éste nunca haya  tenido
noticia de su existencia. Por esta razón para la Sala la expresión “en todo caso las causales 1ª y 7ª sólo podrán alegarse
dentro de los dos años siguiente a su ocurrencia” del artículo 10 de la Ley 25
de 1992 –que modificó el artículo 156 del Código Civil- introduce una
restricción aún más desproporcionada del derecho a la acción de divorcio.
2.6.5.
Conclusión
2.6.5.1.
Para la Sala el término de
caducidad para el ejercicio de la acción de divorcio previsto en la disposición
acusada es desproporcionado y, por tanto, contrario a la Constitución.
En efecto, (i) aunque persigue  finalidades legítimas a la luz de la
Carta –promover la estabilidad del matrimonio y garantizar que las sanciones
ligadas al divorcio basado en causales subjetivas se impongan en un término
razonable, (ii) no es necesaria , pues tales finalidades se pueden
alcanzar a través de otros medios menos lesivos en términos de los derechos
fundamentales del cónyuge que desea divorciarse. Además, (iii) la medida es
desproporcionada en estricto sentido, pues en ausencia de la posibilidad de
divorcio unilateral, impone un sacrificio irrazonable al cónyuge inocente en
términos de sus derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la
intimidad, a la dignidad en su faceta de autonomía, a elegir el estado civil y
a conformar una familia.
2.6.5.2.
No obstante, para garantizar
que las sanciones ligadas al divorcio basado en causales subjetivas no se
tornen imprescriptibles, es preciso adoptar una decisión de exequibilidad
condicionada de la frase “y dentro del término de un año, contado desde
cuando tuvo conocimiento de ellos respecto de las causales 1ª y 7ª o desde
cuando se sucedieron, respecto a las causales 2ª, 3ª, 4ª y 5ª”, en el sentido
de que el términos previsto en la disposición solamente operan para reclamar la
aplicación de las sanciones, no para solicitar el divorcio.
Esta decisión tiene las siguientes ventajas: en
primer término, preserva la norma
demandada en la medida de lo posible, lo que es acorde con el principio
democrático. En segundo término, excluye del
ordenamiento una consecuencia inconstitucional: la limitación en el tiempo del
derecho a ejercer la acción de divorcio con fundamento en causales subjetivas. Por
último, garantiza que las sanciones ligadas al divorcio basado en causales
subjetivas se impongan en un término razonable y predecible.
2.6.5.3.
De otro lado, la frase “en
todo caso las causales 1ª y 7ª sólo podrán alegarse dentro de los dos años
siguiente a su ocurrencia” no debe mantenerse en el ordenamiento, pues
limita aún más los derechos de los cónyuges inocentes, pues no tiene en cuenta
cuándo éstos tuvieron conocimiento de las causales, con desconocimiento de las
complejidades de la vida matrimonial. Ciertamente, el Legislador al establecer términos de caducidad y
fijar el momento a partir de cual deben contabilizarse, debe tener en
cuenta que la consecuencia que genera la caducidad solamente puede ser
endilgable a aquellas personas que de manera deliberada o negligente dejan
de hacer uso de su derecho de acción. En este caso, la disposición acusada atribuye
una consecuencia perjudicial a una situación que escapa de las manos de
quien la sufre.
3.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia, en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO:
Declarar INEXEQUIBLE
la frase “en todo caso las causales 1ª y 7ª sólo podrán alegarse dentro de los
dos años siguiente a su ocurrencia” contenida en el artículo 10 de la Ley 25 de
1992.
SEGUNDO:
Declarar EXEQUIBLE la
frase “y dentro del término de un año, contado desde cuando tuvo conocimiento
de ellos respecto de las causales 1ª y 7ª o desde cuando se sucedieron,
respecto a las causales 2ª, 3ª, 4ª y 5ª” contenida en el artículo 10 de la Ley
25 de 1992, bajo el entendido que los términos de caducidad que la disposición
prevé solamente restringe en el tiempo la posibilidad de solicitar las
sanciones ligadas a la figura del divorcio basado en causales subjetivas.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
cúmplase y archívese el expediente.
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Presidente
Con salvamento parcial de voto
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrado
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
JORGE IGNACIO PRETELT
CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
Con salvamento de voto
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO
DEL MAGISTRADO GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Sentencia C-985 de 2010
SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Desconoce  competencias constitucionalmente
reconocidas al legislador (Salvamento parcial de voto)
LEGISLADOR-Facultad
de limitar en el tiempo y de manera razonable, la posibilidad de invocar
las causales de divorcio (Salvamento parcial de voto)
SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Desconocimiento de la confianza legítima del cónyuge
culpable (Salvamento parcial de voto)
SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Decisión se asienta en lo que se denomina divorcio
unilateral (Salvamento parcial de voto)
La
decisión de mayoría se asienta en lo que denomina una tendencia universal
moderna, como lo es el denominado “divorcio unilateral”, el cual no hace parte
de nuestro ordenamiento jurídico, figura respecto de la cual, indudablemente,
cabe afirmar, que sería el legislador quien cuenta con competencia para
implantarla de cara al valor superior que le reconoce la Constitución a la
familia y, por ende, al matrimonio como forma jurídica principal para
constituirla. Pero una cosa es el “divorcio unilateral” y otra muy distinta
querer entronizarlo por vía de una interpretación del órgano de control
constitucional echando mano de una exégesis que desvirtúa lo que se entiende
propiamente como “divorcio unilateral”, el cual procede por la sola voluntad de
uno de los cónyuges, sin que medie una causa o razón específica atribuible al
otro, en tanto que el divorcio que regirá en Colombia derivado de la decisión
de mayoría sí estaría basado en una de las causas o motivos previstos en la ley
pero sin importar que esté prescrita o haya caducado pues la oportunidad para
hacerlo quedó abierta a perpetuidad.
Expediente:
D-8134
Magistrado
Ponente:
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 10
(parcial) de la Ley 25 de 1992,  modificatoria del artículo 156 del Código
Civil.
Mi discrepancia parcial con
la decisión de mayoría obedece a lo siguiente:
El
que se haya efectuado la declaratoria de inexequibilidad a que alude el punto
segundo de la parte resolutiva del fallo proferido en este proceso, a mi
juicio, desconoce flagrantemente claras competencias constitucionalmente
reconocidas al legislador, en lo que tiene que ver, específicamente, con la
regulación del concepto de familia y, en particular, de la institución
matrimonial, jurídicamente concebida como la célula básica, primaria o
fundamental de la sociedad, la cual, por lo mismo, a causa del interés general
que reviste merece ser prohijada a objeto de que en su seno se realicen los
trascendentes cometidos que le son propios.
Si
para proteger la estabilidad del matrimonio se le reconoce al legislador la
facultad de permitir su disolución, a  través del divorcio, solo o de manera
excepcional, mediante el establecimiento de específicos motivos o
circunstancias, con mayor razón,  aplicando la socorrida e inobjetable máxima
según la cual quien puede lo más, también puede lo menos, debe reconocérsele al
órgano de representación democrática la atribución de limitar en el tiempo, de
manera razonable, la posibilidad de invocar o hacer valer oportunamente las
correspondientes causales.
La
anotada declaratoria de inexequibilidad desconoce que el transcurso del tiempo,
en múltiples situaciones, se ha constituido en uno de los supuestos con  mayor
implicación jurídica para dar paso al nacimiento, la consolidación o extinción
de derechos y para habilitar el ejercicio oportuno de acciones que se promueven
ante los órganos jurisdiccionales, dentro de un amplio margen de regulación
reconocido al legislador.
La
declaratoria de inexequibilidad producida en este caso desconoce que en asuntos
tan caros o sensibles a la sociedad, como la comisión de un delito, puede no
investigarse o no aplicarse la sanción impuesta por el solo transcurso del
tiempo. Que el incumplimiento de las obligaciones civiles o comerciales o el
incurrir en actos, hechos u omisiones altamente dañosos del patrimonio o de los
derechos civiles de los demás puede dejar libre de responsabilidad al sujeto
autor de esas situaciones por el simple transcurso del tiempo.
El
efecto indeseable de la decisión de la cual discrepamos, consiste en que
convierte en imperdonables,  imprescriptibles o en irredimibles faltas
constitutivas de causal de divorcio cometidas por alguno de los cónyuges por
cuanto estas se pueden hacer valer en cualquier tiempo, 20, 30 o 50 años
después, por el consorte o la consorte que no las propició, en desconocimiento
de la confianza legítima del cónyuge culpable quien por el transcurso del
tiempo válidamente puede suponer que la ausencia de la demanda de divorcio en
su contra supuso que su falta se había condonado.
Lógica
y jurídicamente resulta inaceptable que faltas PENALES, CIVILES, FISCALES o
DISCIPLINARIAS sí sean redimibles por el solo transcurso del tiempo pero que no
lo sean las cometidas por los cónyuges entre sí, constitutivas de divorcio,
cuando la trascendencia jurídica y social de las primeras bien puede resultar
mucho mayor que la de las segundas.
En
síntesis, tratándose de faltas o conductas constitutivas de divorcio la
decisión de mayoría proscribe del ordenamiento jurídico el instrumento
pacificador del perdón y del olvido, pues por siempre, gravitará en contra de
la estabilidad de la institución matrimonial la posibilidad de que uno de los
cónyuges demande al otro por incurrir en una causal de divorcio sin importar el
tiempo transcurrido, con lo cual se da vía libre a que el móvil que pueda
provocar semejante reacción de invocar en todo momento lo pasado o lo de
antiguo llegare a ser, inclusive, que un cónyuge se niegue a complacer al otro
en servirle una taza de café.
De
idéntica  disposición se hace una sutil distinción para considerarla al mismo
tiempo constitucional e inconstitucional, por cuanto (de una misma norma se
predica que, a la vez, se aviene y no se aviene al ordenamiento jurídico
superior pues, de una parte, la decisión de mayoría reprocha la competencia del
legislador para poner límites al ejercicio de las acciones relacionadas con
causales de divorcio, no obstante que se trata de  un tema consustancial  a los
intereses de la sociedad como lo sería la estabilidad de la institución
matrimonial, pero, de otra parte,  sí se reconoce esa competencia para limitar
en el tiempo la posibilidad de que el “cónyuge ofendido” pida alimentos o
revoque donaciones desconociendo que la trascendencia jurídica de esto último
es claramente inferior  a la que reviste el matrimonio como célula primaria de
la sociedad, y lo que ello supone en materia de subsistencia, orden,
estabilidad, convivencia, adquisición de valores, respeto de principios y
demás.
En
otras palabras, se reconoce plenamente la competencia del legislador para
limitar en el tiempo el ejercicio de derechos o acciones, tornándolos
extinguibles, circunscrito dicho reconocimiento a efectos implicativos o
accesorios, de carácter económico, pero, paradójicamente  se niega dicha
atribución al Congreso de la República para regular un tema de máxima
trascendencia jurídica constitucional en el que gravita fuertemente el interés
general por referirse a un aspecto basilar o fundante de la estructura social,
desconociendo el expreso mandato superior (Art.42 de la Constitución) según el
cual, le asiste al legislador un  amplio margen de configuración, en esta
materia, que patentiza en el enunciado según el cual: “Las formas del
matrimonio, la edad y la capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de
los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley
civil”.
La
decisión de mayoría se asienta en lo que denomina una tendencia universal
moderna, como lo es el denominado “divorcio unilateral”, el cual no hace parte
de nuestro ordenamiento jurídico, figura respecto de la cual, indudablemente,
cabe afirmar, que sería el legislador quien cuenta con competencia para
implantarla de cara al valor superior que le reconoce la Constitución a la
familia y, por ende, al matrimonio como forma jurídica principal para
constituirla.
Pero
una cosa es el “divorcio unilateral” y otra muy distinta querer entronizarlo
por vía de una interpretación del órgano de control constitucional echando mano
de una exégesis que desvirtúa lo que se entiende propiamente como “divorcio
unilateral”, el cual procede por la sola voluntad de uno de los cónyuges, sin
que medie una causa o razón específica atribuible al otro, en tanto que el
divorcio que regirá en Colombia derivado de la decisión de mayoría sí estaría
basado en una de las causas o motivos previstos en la ley pero sin importar que
esté prescrita o haya caducado pues la oportunidad para hacerlo quedó abierta a
perpetuidad.
Por
último, comparto la decisión a que alude el punto primero de la parte
resolutiva de la providencia en cuanto declaró la inconstitucionalidad del
inciso final de la norma demandada a cuyo tenor, “en todo caso las causales 1 y
7 solo podrán alegarse dentro de los dos años siguientes a su ocurrencia” en
razón de que considero que el término para alegar dichas causales debe contabilizarse,
no desde cuando ocurrieron” los supuestos facticos a que ellas se refieren,
sino desde el momento en que el cónyuge ofendido, que no ha dado lugar a los
hechos”, tuvo conocimiento de ellos. La explicación de mi avenimiento con esa
decisión es muy sencilla y tiene que ver con el hecho de que las situaciones a
que aluden esas dos causales de divorcio, en su orden,  relaciones sexuales
extramatrimoniales o actos de corrupción o perversión contra familiares del
otro cónyuge o contra quienes convivan con la pareja, suelen producirse en un
entorno de extremo sigilo o ocultamiento que con frecuencia da lugar a que el
cónyuge ofendido solo se entere de que ocurrieron muchos años después,
fácilmente luego de que han transcurrido dos (2) años. De ahí que lo que
resulta apropiado para el cabal y oportuno ejercicio de las acciones tendientes
a hacer valer estas causales de divorcio es que el inicio del término de
caducidad, de un año, se de desde cuando se produce el certero enteramiento de
lo sucedido por parte del cónyuge ofendido.
Fecha ut supra,
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
SALVAMENTO
DE VOTO DEL MAGISTRADO
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
A
LA SENTENCIA C-985/10
CADUCIDAD PARA LA ACCION DE DIVORCIO-Improcedencia de sentencia condicionada (Salvamento de
voto)
Debió
proferirse un fallo de exequibilidad puro y simple respecto de las
disposiciones demandadas, pues la previsión de un término para alegar ciertos
hechos como causales de divorcio hace parte de la potestad de configuración del
legislador
EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA-Constituye un rediseño de las causales de divorcio
(Salvamento de voto)
JUICIO DE PROPORCIONALIDAD-Inadecuada aplicación (Salvamento de voto)
El juicio de
proporcionalidad propuesto parte de una premisa equivocada cual es la de
presentar una supuesta colisión entre bienes constitucionales que en la
realidad no se presentaba.
Referencia: Expediente D-8134
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 10 (parcial) de la Ley 25 de 1992, modificatoria del artículo 156 del
Código Civil.
Demandante: Juliana Victoria Ríos Quintero y otro.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT  CHALJUB
Con
el acostumbrado respeto, el suscrito Magistrado disiente de la decisión
mayoritaria que declaró inexequible la
frase “en todo caso las causales 1ª y 7ª sólo podrán alegarse dentro de los
dos años siguiente a su ocurrencia” contenida en el artículo 10 de la Ley
25 de 1992 y que declaró exequible la frase “y dentro del término de un año,
contado desde cuando tuvo conocimiento de ellos respecto de las causales 1ª y
7ª o desde cuando se sucedieron, respecto a las causales 2ª, 3ª, 4ª y 5ª”
contenida en el artículo 10 de la Ley 25 de 1992, bajo el entendido que los
términos de caducidad que la disposición prevé solamente restringe en el tiempo
la posibilidad de solicitar las sanciones ligadas a la figura del divorcio
basado en causales subjetivas.
Considero
que debió proferirse un fallo de exequiblidad puro y simple respecto de las
disposiciones demandadas pues la previsión de un término para alegar ciertos
hechos como causales de divorcio hace parte de la potestad de configuración del
legislador que le confiere el artículo 42 constitucional.
En
efecto, sostuvo la mayoría que la caducidad para el ejercicio de la acción de
divorcio prevista en la disposición acusada era desproporcionada por ser
innecesaria, pues las finalidades constitucionalmente legítimas que buscaba
podían alcanzarse por medios menos lesivos “en términos de los derechos
fundamentales del cónyuge que desea divorciarse”. De esta trascripción
resulta evidente que mediante esta sentencia se instauró la figura del divorcio
unilateral, la cual en principio era extraña a nuestra legislación.
Ahora
bien, no considero que esta última figura sea inconstitucional, sino simplemente
que es al legislador a quien, en ejercicio de su potestad de configuración y de
su amplia legitimidad democrática, le correspondía examinar la conveniencia de
introducirla en el ordenamiento jurídico colombiano.
Como
bien se señaló en la sentencia el término de caducidad establecido en la ley
perseguía un fin constitucionalmente plausible cual era la estabilidad del
vínculo matrimonial, y que la caducidad para alegar ciertas causales de
divorcio se aviene perfectamente a las competencias del legislador para
concretizar el ordenamiento jurídico, máxime cuando opera en todos los ámbitos
del derecho, inclusive dentro del derecho sancionador.
No
creo que la posibilidad de revivir las causales del divorcio, por hechos
pasados o de los cuales uno de los cónyuges no tuvo conocimiento sino con
posterioridad a su ocurrencia, tenga una finalidad protectora de los derechos
fundamentales, o al menos me parece que sólo de manera muy débil y tangencial
estarían involucrados, por lo tanto encuentro que el juicio de proporcionalidad
propuesto parte de una premisa equivocada cual es la de presentar una supuesta
colisión entre bienes constitucionales que en la realidad no se presentaba.
Adicionalmente
considero que el cónyuge que deseara disolver el vínculo matrimonial contaba
con otros medios para conseguir tal propósito, sin que fuera pertinente
rediseñar las causales de divorcio, que es en definitiva la solución adoptada
en la decisión de la cual me aparto, asunto que reitero debía ser definido por
el Congreso de la República.
Fecha ut supra.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
[1] Ver las sentencias C-832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-662 de 2004, M.P. Rodrigo Uprinmy Yepes; y C-227 de 2009, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
[2] Ver sentencias C-251 de 1994, M.P. Hernando Herrera Vergara; C-215 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica Moncaleano; C-832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-1033 de
2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis; y C-227 de 2009, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
[3] Al respecto, en la sentencia C-662 de 2004, M.P. Rodrigo Uprinmy Yepes, la Corte afirmó que en virtud del artículo 95 superior, el
ejercicio de los derechos implica responsabilidades “(…) que también se pueden
consolidar en el ámbito procesal y sustancial. Es válido entonces que en los
diversos trámites judiciales, la ley asigne a las partes, a terceros e incluso
al juez, obligaciones jurídicas, deberes de conducta o cargas para el ejercicio
de los derechos y del acceso a la administración de justicia, que sometidas a
los límites constitucionales previamente enunciados, resultan plenamente
legítimas.” Ver también la sentencia C-227 de 2009, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
[4] Cfr. Sentencia C-662 de 2004, M.P. Rodrigo Uprinmy Yepes.
[5] Ver las sentencias C- 251 de 1994, M.P. Hernando Herrera Vergara; C-781 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-215 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica Moncaleano; C-832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-1033 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis
[6] Ver la sentencia C-781 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[7] Ver las sentencias C-215 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica Moncaleano; C-832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-662 de 2004, M.P. Rodrigo Uprinmy Yepes; C-1033 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis; y C-227 de 2009, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
[8]Ver sentencia C- 351 de 1994, M.P. Hernando Herrera Vergara. En este fallo, al examinar la constitucionalidad del el inciso
segundo del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo sobre la
caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la Corte señaló que la consecuencia de pérdida del derecho de acción en virtud del cumplimiento
del término de caducidad, solamente es predicable respecto de aquellos que
deciden no actuar o no actúan por negligencia. La Corte expresó: “No puede pretenderse que la tutela constitucional de los derechos fundamentales
ampare la inacción o negligencia del titular que los pierde por no ejercerlos.
Es un hecho cierto que quien ejerce sus derechos, jamás se verá expuesto a
perderlos en virtud de la operancia de la caducidad de la acción. Abandona su
derecho quien no lo ejercita, demostrando voluntad de no conservarlo.”
[9] Ver al respecto las sentencias T-278 de 1994, M.P Hernando Herrera Vergara, y C-821 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[10] La Corte ha identificado a lo largo de su jurisprudencia tres
lineamientos sobre el contenido de la dignidad humana: “(i) La dignidad humana
entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de
determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad
humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia
(vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los
bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones).”
Cfr. Sentencia T-881 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[11] Ver las sentencia C-660 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-1495 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis; y C-821 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil, entre otras.
[12] Ver la sentencia C-660 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[13] El divorcio había sido introducido de manera más restringida por la Ley 1º de 1976 “Por la cual se establece el divorcio en el matrimonio civil y se regula la
separación de cuerpos y de bienes en el matrimonio civil y en el canónico, y se
modifican algunas disposiciones de los códigos civiles y de procedimiento civil
en materia de derecho de familia.”
[14] Cfr. sentencia C-1495 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[15] Ver GARCÍA SARMIENTO, Eduardo. Elementos del derecho de familia. Bogotá:
Editorial  Facultad de Derecho, 1999.
[16] Es preciso anotar que a partir de la Ley 962 de 2005, también posible que el divorcio por mutuo acuerdo se lleve a cabo ante una notaría mediante
escritura pública. Esta posibilidad fue reglamentada por el Decreto 4436 de
2005.
[17] Ver GARCÍA SARMIENTO, Eduardo. Elementos del derecho de familia. Bogotá:
Editorial  Facultad de Derecho, 1999.
[18] Ver la sentencia C-660 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[19] Cfr. sentencia C-660 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[20] Sin embargo, en los casos de España e Irlanda el divorcio estuvo
prohibido hasta 1981 y 1996, respectivamente. Ver
SANDERS, Shaakirrah R. “The Cyclical Nature of Divorce in the Western Legal
Tradition”. Loyola Law Review, Vol. 50, 2004. GONZÁLEZ,
Libertad y VIITANEN, Tarja K. “"The Effect of Divorce Laws on Divorce Rates in Europe,"
Economics Working Papers 986, Department
of Economics and Business, Universitat Pompeu Fabra, 2006.
[21] Ver GONZÁLEZ, Libertad y
VIITANEN, Tarja K. “"The Effect of Divorce Laws on Divorce Rates in Europe,"
Economics Working Papers 986, Department
of Economics and Business, Universitat Pompeu Fabra, 2006.
[22] Ver STEVENSON, Betsey. “The Impact of Divorce Laws on
Marriage-Specific Capital”. Working Paper 2006-43. The
Wharton School, University of Pennsylvania, 2006.
[23] El artículo 81 del Código Civil español dispone: “Se decretará
judicialmente la separación, cualquiera que sea la forma de celebración del
matrimonio:
1.º A
petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro, una vez
transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. A la demanda se
acompañará una propuesta de convenio regulador redactada conforme al artículo
90 de este Código.
2.º A
petición de uno solo de los cónyuges, una vez transcurridos tres meses desde la
celebración del matrimonio. No será preciso el transcurso de este plazo para la
interposición de la demanda cuando se acredite la existencia de un riesgo para
la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e
indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de
cualquiera de los miembros del matrimonio.
A la demanda
se acompañará propuesta fundada de las medidas que hayan de regular los efectos
derivados de la separación.”
[24] La motivación de la ley señala: “Con este propósito, se estima que el
respeto al libre desarrollo de la personalidad, garantizado por el artículo
10.1 de la Constitución, justifica reconocer mayor trascendencia a la voluntad
de la persona cuando ya no desea seguir vinculado con su cónyuge. Así, el
ejercicio de su derecho a no continuar casado no puede hacerse depender de la
demostración de la concurrencia de causa alguna, pues la causa determinante no
es más que el fin de esa voluntad expresada en su solicitud, ni, desde luego,
de una previa e ineludible situación de separación.”
[25] Sectores de los estudios feministas aseguran que la disminución del
monto de las obligaciones de alimentos se debió a la pérdida del poder de
negociación de las mujeres con la introducción del divorcio sin culpa. Por ello
recomiendan la creación de medidas de protección de las esposas con fundamento
en criterios de necesidad y teniendo en cuenta la pérdida de oportunidades
laborales que muchas mujeres enfrentan debido a su retiro del mercado laboral
durante parte o todo el matrimonio.
[26] Ver ELLMAN, Ira Mark. “The Theory of Alimony”. California Law
Review, Vol 77, 1989.
[27] Ver TSAOUSSIS-HATZIS, Aspasia. “The Greek Divorce Law Reform of
1983 and its Impact on Homemakers: a Social and Economic Analysis.”
Dissertation Submitted to the Faculty of The Law School in Candidacy for the
Degree of Doctor Of Jurisprudence. Vol. 1. The University
of Chicago, 2000.
[28] El artículo nueve de la Ley española 15/2005, que reforma el artículo
97 del Código Civil, expresa:
“El cónyuge
al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en
relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su
situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que
podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una
prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la
sentencia.
A falta de
acuerdo de los cónyuges, el Juez, en sentencia, determinará su importe teniendo
en cuenta las siguientes circunstancias:
1.
Los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges.
2.
La edad y el estado de salud.
3.
La cualificación profesional y las probabilidades
de acceso a un empleo.
4.
La dedicación pasada y futura a la familia.
5.
La colaboración con su trabajo en las actividades
mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge.
6.
La duración del matrimonio y de la convivencia
conyugal.
7.
La pérdida eventual de un derecho de pensión.
8.
El caudal y los medios económicos y las necesidades
de uno y otro cónyuge.
9.
Cualquier otra circunstancia relevante.
En la resolución judicial se fijarán las
bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad.”
[29] El artículo 62 de la misma ley señala los criterios que los cónyuges
y, en su defecto, el juez deben tener en cuenta para fijar esta compensación.
Su texto es el siguiente: “Artículo 62.- Para determinar la existencia del
menoscabo económico y la cuantía de la compensación, se considerará,
especialmente, la duración del matrimonio y de la vida en común de los
cónyuges; la situación patrimonial de ambos; la buena o mala fe; la edad y el
estado de salud del cónyuge beneficiario; su situación en materia de beneficios
previsionales y de salud; su cualificación profesional y posibilidades de acceso
al mercado laboral, y la colaboración que hubiere prestado a las actividades
lucrativas del otro cónyuge. Si se decretare el divorcio en virtud del artículo
54, el juez podrá denegar la compensación económica que habría correspondido al
cónyuge que dio lugar a la causal, o disminuir prudencialmente su monto.”
[30] Cfr. Sentencia C-799 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[31] Ver Sentencia C-799 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[32] Como fue indicado en las sentencias C-093 de 2001 (M.P.
Alejandro Martínez Caballero) y C-896 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra), entre otras, la doctrina y la jurisprudencia constitucional comparadas,
así como la propia práctica de esta Corporación, han evidenciado que existen
tres grandes enfoques para la realización de tales escrutinios: (i) Uno
de origen europeo, mejor conocido como juicio de proporcionalidad y
que será el que se empleará en la presente decisión. (ii) Otro de
origen estadounidense, que diferencia distintos niveles de intensidad
dependiendo de la materia sometida a control: por ejemplo, los asuntos
económicos son sometidos a un nivel leve de escrutinio en el que basta que una
medida sea potencialmente adecuada para lograr una finalidad que no es
prohibida por el orden constitucional. Por el contrario, controversias que
versan sobre derechos fundamentales o sobre tratos diferenciados basados en
criterios sospechosos (como sexo, raza, nacionalidad, etc.) deben someterse a un
escrutinio estricto, según el cual la medida adoptada por el Legislador debe
ser necesaria para alcanzar un fin no solamente permitido, sino imperioso a la
luz de la Carta. Las demás controversias se examinan bajo un escrutinio
intermedio que exige que el medio elegido por el legislador sea efectivamente
conducente o esté sustancialmente relacionado  con un fin que debe ser
“importante” desde la perspectiva constitucional (ver también las sentencias
C-445 de 1995 M.P. Alejandro Martínez Cabalero y C-673 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) (iii) Finalmente, la propia Corte ha propuesto un juicio
integrado -formulado por primera vez en la sentencia C-093 de 2001- que
pretende de reunir las ventajas de los dos anteriores mediante la práctica de
todos los niveles de examen del juicio de proporcionalidad, pero sometidos a
distintos niveles de rigor dependiendo de la materia bajo examen. La Corte no ha unificado su jurisprudencia en torno a cuál juicio o método de análisis debe
emplearse en sede de control de constitucionalidad. En vista de la libertad que
existe al respecto, el Magistrado Sustanciador optó por el juicio de origen
europeo en el que no es necesario identificar el nivel de escrutinio, pues el
rigor del examen es igual en todos los casos.
[33] Cfr. Sentencia T-881 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[34] Ver por ejemplo CORAL B., María Cristina y TORRES C., Franklin, Instituciones
de derecho de familia. Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley, 2002.
[35] El texto de artículo 223 del Código Penal es
el siguiente: “El que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos
legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante, adoptivo,
cónyuge o compañero o compañera permanente, incurrirá en prisión de dieciséis
(16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece punto treinta y tres
(13.33) a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La pena será de prisión de treinta y dos (32) a setenta y dos (72)
meses y multa de veinte (20) a treinta y siete punto cinco (37.5) salarios
mínimos legales mensuales vigentes cuando la inasistencia alimentaria se cometa
contra un menor.”
[36] Cfr. Sentencia C-059 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[37] Ver LEMAITRE, Julieta. Compendio Normativo y Diccionario de
Violencia Intrafamiliar. Bogotá, Política HAZ PAZ: Consejería
Presidencial para la Política Social y PNUD, volumen 1, 2002.
[38] En la sentencia C-674 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil, la Corte expresó: “(…) el fenómeno de la violencia intrafamiliar comprende todo acto de
maltrato que recaiga sobre un integrante del núcleo familiar del agresor, sin
hacer distinción en cuanto a su gravedad. De este modo conductas tipificadas de
manera general como el homicidio o las lesiones personales se integran al
ámbito de la violencia intrafamiliar cuando se cometen contra integrantes de
ese núcleo.”
[39] Al respecto, la Relatora Especial de Naciones Unidas de Violencia contra la Mujer ha afirmado que "(…) la violencia grave en el hogar
puede interpretarse como forma de tortura mientras que las formas menos graves
pueden calificarse de malos tratos en virtud del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos". Naciones Unidas. Consejo
Económico y Social. Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer. Documento E/CN.4/1996/53 Párrafo No
48. Citado en la sentencia C-408 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[40] De acuerdo con la fundación Humanas, de los
52.664 eventos de violencia doméstica registrados en Colombia durante el 2008,
el 89,1% se dirigía en contra de mujeres. Ver www.humanas.org.co/html/varios/.../Cifras.pdf La Corte Constitucional también ha reconocido el nexo entre violencia doméstica y género en
sentencias como la C-408 de 1996 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), en la que
afirmó lo siguiente al examinar la constitucionalidad de la Ley 248 de 1995 que incorporó la Convencion Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer:
“(…) Esta
violencia contra la mujer se encuentra además muy extendida. Así, diversos
documentos de Naciones Unidas han mostrado que tanto en los países
desarrollados como en las naciones en vía de desarrollo las mujeres siguen
siendo víctimas de la violencia no sólo en los ámbitos públicos y laborales
sino también dentro del hogar. Por ejemplo, en Estados Unidos  entre tres
y cuatro millones de mujeres son golpeadas cada año, de suerte que la agresión
contra la mujer representa el 25 % de los delitos violentos en ese país. En Colombia, las prácticas de violencia contra la mujer
se encuentran tanto o más extendidas, situación que la Corte Constitucional deplora y considera que debe ser corregida por las autoridades. sí, como
lo indica la exposición de motivos del Gobierno, la Encuesta Nacional de Prevalencia, Demografía y Salud de 1990 mostró la extensión de estas
formas de violencia doméstica pues concluyó que el 58% de las mujeres que han
estado alguna vez unidas, han sido objeto de violencia física o sexual por
parte de sus parejas.
(…)
(…)No se puede entonces invocar la intimidad y la
inviolabilidad de los hogares para justificar agresiones contra las mujeres en
las relaciones privadas y domésticas. Es más, esta violencia puede ser incluso
más grave que la que se ejerce abiertamente, pues su ocurrencia en estos
ámbitos íntimos la convierte en un fenómeno silencioso, tolerado, e incluso, a
veces, tácitamente legitimado.”
[41] El artículo 1º de la Convención indica: “A los efectos de la presente Convención, la
expresión ‘discriminación contra la mujer’ denotará toda distinción, exclusión
o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de
su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política,
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.”