SU873-14
Sentencia
SU873/14
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA-Alcance del Auto 100 de
2008/DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Competencia de
los jueces constitucionales según auto 004 de 2004 y auto 100 de 2008
En el Auto 100 de 2008, la Sala Plena de
esta Corporación estableció que los ciudadanos a quienes le fuera declarado
nulo un proceso de tutela por haberlo presentado contra una Alta Corte, podían
presentar su solicitud ante cualquier juez o radicar su
petición directamente en la Secretaría General de la Corte Constitucional, dada
la intensa restricción que el rechazo de las acciones de tutela genera en los
derechos fundamentales a la administración de justicia al ejercicio de la
acción de tutela; y a la existencia de un recurso judicial efectivo para la
protección de los derechos humanos. Específicamente, con fundamento en el Auto
004 de 2004, se explicó que lo resuelto por las diferentes Salas de Casación de la Corte
Suprema de Justicia al no admitir a trámite las acciones de tutela que
interponen las personas contra providencia judicial proferida por una Sala de
dicha Corporación, les vulnera su derecho constitucional fundamental de acceso
a la administración de justicia y a obtener la tutela judicial efectiva de sus
derechos fundamentales, de conformidad con los Tratados Internacionales, y las
Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le
corresponde por lo tanto a la Corte Constitucional, como máximo órgano de la
Jurisdicción Constitucional, impedir que continúe la violación advertida, dado
que las solicitudes de tutela en los casos en que las diferentes Salas de
Casación de la Corte Suprema de Justicia resuelven no admitir su trámite, no
pueden quedar sin solución alguna.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ Y VULNERACION DEL DERECHO A LA
SEGURIDAD SOCIAL POR NO RECONOCIMIENTO DE PENSION DE SOBREVIVIENTES-Vulneración persiste en el tiempo
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL-Fundamental
e imprescriptible
La Corte ha sostenido el carácter imprescriptible del
derecho irrenunciable a la seguridad social, según el cual las personas
beneficiarias de alguna prestación pueden reclamar su derecho en cualquier
tiempo, siempre que llenen los requisitos legales exigidos. Basta entonces
con demostrar que la vulneración es permanente en el tiempo y que la situación
desfavorable derivada del irrespeto por los derechos, continúa y es actual.
REQUISITO DE FIDELIDAD-Inaplicación
por considerarse abiertamente inconstitucional y claramente regresivo
Este Tribunal Constitucional ha sostenido que ninguna autoridad
administrativa o judicial puede, so pena de violar los postulados constitucionales, aplicar el requisito de fidelidad
contenido en los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003. El requisito de fidelidad para acceder a la pensión de
sobrevivientes debía inaplicarse en todo caso, inclusive cuando la muerte del
causante ocurrió antes de la declaratoria de inexequibilidad de la norma
mediante la sentencia C-556 de 2009.
VIOLACION
DIRECTA DE LA CONSTITUCION COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Caso en que se exige acreditar
requisito de fidelidad para acceder a pensión de sobrevivientes
Un defecto por
violación directa de la Constitución se configura, entre otros eventos, cuando
el juez ordinario toma una decisión que desconoce específicamente los
postulados de la Carta Política, en perjuicio de los derechos fundamentales de
los ciudadanos. En otras palabras, dicho defecto se produce cuando se deja de
aplicar una disposición constitucional en un caso concreto; cuando la decisión judicial se apoya en una
interpretación claramente contraria a la Constitución; o cuando el juez se
abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación
manifiesta de los postulados superiores, siempre que se solicite su declaración
por alguna de las partes en el proceso.
DEFECTO POR VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION-Se incurre en un defecto por violación directa de la Carta
Política al resolver sobre el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes
exigiendo el requisito de fidelidad
DERECHO AL DEBIDO PROCESO, AL MINIMO VITAL Y A LA SEGURIDAD
SOCIAL-Vulneración por negar reconocimiento de pensión de
sobrevivientes bajo el argumento de que esposo fallecido no acreditó el
requisito de fidelidad al sistema
DERECHO AL DEBIDO PROCESO, AL MINIMO VITAL Y A LA SEGURIDAD
SOCIAL-Orden a Colpensiones reconocer pensión de sobrevivientes
Referencia: expediente T-4324560
Acción
de tutela instaurada por Dilia del Socorro Muñoz de Gómez contra la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Medellín y la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia.
Magistrada
Ponente:
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de
dos mil catorce (2014).
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de la acción
de tutela presentada por Dilia del Socorro Muñoz de Gómez contra la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Medellín y la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, con fundamento en lo dispuesto en el Auto 100 de
2008.[1]
El expediente de la referencia fue
escogido para revisión mediante Auto del treinta (30) de abril de dos mil
catorce (2014), proferido por la Sala de Selección Número Cuatro.[2]
I.
ANTECEDENTES
Dilia
del Socorro Muñoz de Gómez, quien tiene setenta y tres (73) años de edad,[3]
presentó acción de tutela contra el Tribunal Superior de Medellín y la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia por considerar que vulneraron
sus derechos fundamentales al debido proceso y al mínimo vital, mediante los
fallos proferidos dentro del proceso ordinario laboral instaurado por ella
contra el Instituto de Seguros Sociales – ISS (hoy Colpensiones EICE).[4] Argumenta que
las autoridades judiciales incurrieron en un defecto por violación directa de
la Constitución en sus providencias al negarle el reconocimiento de una pensión
de sobrevivientes sobre la base de que no cumplía el requisito de fidelidad, pues
dicho presupuesto fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la
sentencia C-556 de 2009.[5]
1. Hechos
1.1.
El esposo de la accionante, el señor Marco Aurelio Gómez Giraldo,[6]
falleció el veintinueve (29) de febrero de dos mil cuatro (2004)[7] habiendo
cotizado al sistema general de pensiones un total de cuatrocientas setenta y
tres (473) semanas, de las cuales ciento cincuenta (150) correspondían a los
tres (3) años anteriores a su muerte.[8]
Hasta el momento del deceso, los esposos permanecieron en comunidad de vida en
forma permanente e ininterrumpida[9]
y procrearon cinco (5) hijos.[10]
1.2.
Con base en lo anterior, la actora solicitó al ISS el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge supérstite. Dicha entidad, mediante
Resolución No. 15743 de 2004, negó su petición porque el causante no llenaba el
requisito de fidelidad contenido en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993,[11]
modificado por la Ley 797 de 2003.[12]
Explicó que “el asegurado cotizó a este Instituto 150 semanas en los tres
años anteriores al fallecimiento, [pero solo] acreditó un 16.77% de
fidelidad de cotización al Sistema de Pensiones”, por lo que procedía
únicamente el reconocimiento de la indemnización sustitutiva en la suma de
$3´763.046.[13]
1.3.
Inconforme con esa decisión, la señora Dilia del Socorro Muñoz de Gómez acudió
a la justicia ordinaria laboral pretendiendo el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes. Para el momento en que presentó la demanda, la Corte
Constitucional no había declarado inexequible el requisito de fidelidad al
sistema,[14]
por lo que justificó sus pretensiones en que a su caso no debió aplicarse la
normativa vigente al momento del fallecimiento del causante (Ley 797 de 2003),
sino otra anterior (Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990)
que establece que las beneficiarios pueden acceder a dicha prestación si el
asegurado aportó al sistema –al menos- trescientas (300) semanas en cualquier
tiempo,[15]
pues la misma era más beneficiosa para sus intereses.
1.4.
En primera instancia conoció del proceso ordinario el Juzgado Dieciséis Laboral
del Circuito de Medellín, que mediante sentencia del treinta (30) de julio de
dos mil siete (2007) declaró que “a la señora Dilia del Socorro Muñoz de
Gómez le asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes por la muerte de su
cónyuge Marco Aurelio Gómez Giraldo”.[16] Dicha autoridad atendió
completamente los argumentos de la parte demandante sobre la normativa
aplicable, y señaló que el caso debía examinarse bajo el Decreto 758 de 1990 en
virtud de la condición más beneficiosa, ya que el causante cumplía con el
presupuesto de trescientas (300) semanas aportadas en cualquier tiempo. Pero
además se hizo referencia en la sentencia al requisito de fidelidad alegado por
la apoderada de la actora.
1.5.
Esa decisión fue impugnada por el ISS, y en segunda instancia correspondió su
estudio al Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral. En sentencia del nueve
(9) de febrero de dos mil nueve (2009), dicha autoridad decidió revocar en su
integridad el fallo de primera instancia y absolver a la demandada de las
pretensiones.[17]
Argumentó que en este caso debía exigirse el requisito de fidelidad al sistema
porque el esposo de la actora falleció durante la vigencia de la norma que lo
consagraba (Ley 797 de 2003) y, de las pruebas obrantes en el expediente, se
podía colegir que no cumplía con el número de semanas mínimo para satisfacerlo.
Indicó
que no podía aplicarse la norma anterior más beneficiosa, porque no se puede “pretender
ignorar las diferentes reformas pensionales que se han presentado en el país,
para encontrar la que se acomode según las circunstancias del caso concreto.”
1.6.
Contra este último fallo la peticionaria interpuso recurso extraordinario de
casación, el cual fue resuelto negativamente por la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, mediante sentencia del quince (15) de febrero de dos mil
once (2011).[18]
A pesar de que al momento de proferirse esta decisión la Corte Constitucional
ya había declarado inexequible el requisito de fidelidad en sentencia C-556 de
2009, porque transgredía injustificadamente la prohibición de regresividad en materia
de seguridad social en pensiones, la Sala de Casación Laboral insistió en su
aplicación para el caso de la accionante. Explicó que “es claro que el
causante no acreditó el porcentaje de fidelidad al sistema del tiempo
transcurrido entre la fecha en que cumplió 20 años de edad y la del deceso, lo
que significa que no cumplió con los requisitos exigidos por la normatividad
que regula la controversia, para que la demandante pudiera acceder a la pensión
de sobrevivientes, toda vez que la sentencia de la Corte Constitucional C-556
de 2009 que declaró inexequible tal exigencia no tiene efectos retroactivos”.[19]
1.7.
En este contexto la actora presentó la acción de tutela que ahora es objeto de
revisión, pretendiendo el amparo de sus derechos fundamentales a la seguridad
social y al mínimo vital y como consecuencia de ello se dejen sin efecto las
sentencias ordinarias, proferidas por el Tribunal Superior de Medellín y la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Explica que los fallos censurados
comportan una vulneración de su derecho fundamental al debido proceso,
comoquiera que incurrieron en un defecto por violación directa de la
Constitución al resolver su situación pensional exigiendo un presupuesto
declarado inexequible. Sostiene que reiterada jurisprudencia constitucional ha
establecido que el requisito de fidelidad para la pensión de sobrevivientes fue
inicialmente inaplicado por la Corte Constitucional en sede de tutela, por
considerarlo contrario a la prohibición de regresividad en materia de seguridad
social en pensiones, y posteriormente, en control abstracto, declarado
inexequible. Por tanto, a su juicio, no interesa si el fallecimiento de su
esposo sucedió antes o después de la sentencia C-556 de 2009, pues en ningún
caso puede exigirse el requisito en cuestión.
1.8.
Manifiesta que al no reconocérsele la pensión de sobrevivientes a que cree
tener derecho, está sometida a un estado de precariedad económica,
pues tiene setenta
y tres (73) años,[20]
no puede trabajar, y el salario de su cónyuge era su única fuente de ingresos.
Afirma que actualmente “vive de lo que le brinden sus hijos”, quienes
trabajan informalmente en el “rebusque”, y que “no posee bienes, no
tiene cotizaciones a pensión, no es jubilada, y se siente muy deprimida desde
que faltó su esposo, pues perdió seguridad y esto se agudiza al tener que estar
esperando lo que humildemente sus hijos con tanto esfuerzo le aportan.”[21]
1.9.
Aclara que presentó la acción luego de tres (3) años de proferida la sentencia
de casación, porque su apoderada en el proceso ordinario laboral, solo hasta
poco antes de presentar la tutela, “[…] dijo que el proceso se había
perdido”.[22]
1.10.
El
conocimiento de la acción de tutela correspondió en primera instancia a la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual declaró improcedente el amparo
constitucional mediante sentencia del trece (13) de febrero de dos mil catorce
(2014). En su criterio, no se cumplía “con el principio de inmediatez que
rige la acción pública, [porque] la decisión cuestionada se profirió el 15 de febrero
de 2011 y solo después de tres años la accionante promovió la acción
constitucional”.
1.11. La actora impugnó la providencia
referenciada. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en segunda
instancia, decidió declarar la nulidad de todo lo actuado y no remitir las
diligencias a la Corte Constitucional, mediante providencia del diecisiete (17)
de marzo de dos mil catorce (2014). Indicó que la acción de tutela no procede
contra las providencias proferidas por las Salas de Casación del Alto Tribunal,
por lo que no era posible ni siquiera examinar el asunto.
1.12. La señora Dilia
del Socorro Muñoz de Gómez presentó el caso directamente en la Secretaría
General de la Corte Constitucional para que se surtiera su proceso de selección,
de conformidad con lo dispuesto en el Auto 100 de 2008.[23]
Una vez efectuado el respectivo trámite, la Sala de Selección Número Cuatro
escogió el proceso.
2. Respuestas de las entidades
demandadas[24]
2.1. El Juzgado Dieciséis Laboral del
Circuito de Medellín, que tramitó en primera instancia el proceso ordinario, guardó
silencio.
2.2. El Tribunal Superior de Medellín,
Sala Tercera de Decisión Laboral, solicitó que se denegara el amparo
constitucional. En su concepto, la decisión “se ajustó en su momento a las
normas sustantivas y de procedimiento sobre el tema; así como al precedente
vertical de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. […] [Por
lo que] no se aprecia vulneración o amenaza a derecho fundamental alguno.”
2.3. La Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Laboral, solicitó declarar improcedente la acción de tutela
presentada por Dilia del Socorro Muñoz de Gómez, toda vez que, a su juicio, “no
se satisface el requisito de inmediatez, dado que la decisión que se cuestiona
se emitió el 25 de febrero de 2011, es decir hace más de 3 años.” Así
mismo, manifestó que el amparo no debe prosperar porque la sentencia de
casación “se fundó en las normas aplicables al asunto en el que se discutió
la pensión de sobrevivientes, esto es, el artículo 12 de la Ley 797 de 2003,
así como en la sentencia C-556 de 2009, en la cual no se dispuso su efecto
retroactivo. // Aun cuando con posterioridad esta Sala modificó su tesis en
punto a lo aquí controvertido, a través de la providencia 35319 de 8 de mayo de
2012, atentaría contra los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que
cualquier cambio pudiese revivir procedimientos concluidos.”
2.4. Colpensiones EICE intervino en el
trámite de revisión y solicitó que se declarara improcedente la acción de
tutela, pues en su criterio no se cumplía con el presupuesto de inmediatez.
3. Actuaciones surtidas en el trámite de
revisión
Mediante auto del veintitrés (23) de julio
de dos mil catorce (2014) se ofició a la Sala Civil de la Corte Suprema de
justicia para que remitiera a esta Corporación una copia del expediente de
tutela completo. Dicha autoridad remitió las copias solicitadas el veintinueve
(29) de julio de dos mil catorce (2014).
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
La Sala es competente
para revisar el trámite referido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
86 y 241, numeral 9º, de la Constitución; 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991; y
el Auto 100 de 2008.
Competencia de la Corte Constitucional
para conocer el asunto en virtud del Auto 100 de 2008
1.1. El artículo 241 de la Constitución
Política, numeral 9º, asigna a esta Corte la función de revisar “las
decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos
constitucionales.” En este trámite se expidieron las sentencias respectivas
en la Corte Suprema de Justicia, en primera instancia, la Sala Penal declaró
improcedente la solicitud por no cumplirse con el requisito de inmediatez, y en
segunda instancia, la Sala Civil declaró la nulidad de todo lo actuado,
decidiendo además no remitir las diligencias a la Corte Constitucional.
1.2. En el Auto 100 de 2008,[25]
la Sala Plena de esta Corporación estableció que los ciudadanos a quienes le
fuera declarado nulo un proceso de tutela por haberlo presentado contra una
Alta Corte, podían presentar su solicitud ante “cualquier juez (unipersonal o colegiado)” o radicar su petición directamente en la
Secretaría General de la Corte Constitucional, dada la intensa restricción que
el rechazo de las acciones de tutela genera en los derechos fundamentales a la
administración de justicia (art. 228, CP); al ejercicio de la acción de tutela
(art. 86, CP); y a la existencia de un recurso judicial efectivo para la
protección de los derechos humanos (art. 25, CADH). Específicamente, con
fundamento en el Auto 004 de 2004,[26] se explicó que “[…]
lo resuelto por las diferentes Salas de Casación de la Corte Suprema de
Justicia al no admitir a trámite las acciones de tutela que interponen las
personas contra providencia judicial proferida por una Sala de dicha
Corporación, les vulnera su derecho constitucional fundamental de acceso a la
administración de justicia (C. N., art. 229) y a obtener la tutela judicial
efectiva de sus derechos fundamentales, de conformidad con los Tratados
Internacionales (Convención Americana de Derechos Humanos, art. 25), y las
Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (OC-11/90,
OC-16/99). // Le corresponde por lo tanto a la Corte Constitucional, como
máximo órgano de la Jurisdicción Constitucional, impedir que continúe la
violación advertida, dado que las solicitudes de tutela en los casos en que las
diferentes Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia resuelven no
admitir su trámite, no pueden quedar sin solución alguna.”[27]
1.3. En el caso de Dilia del Socorro
Muñoz de Gómez, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia declaró la
nulidad de todo lo actuado en el trámite de tutela sobre la base de que “ninguna
autoridad está facultada para alterar la condición inmutable de que están
revestidas las decisiones [de la Corte Suprema de Justicia]”, y no remitió el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión porque la
providencia proferida no definía de fondo el amparo. Luego la actora presentó
su caso directamente en la Secretaría General de la Corte Constitucional para
que se surtiera el proceso de selección.
En este asunto, la accionante no ha
recibido todavía un pronunciamiento de la administración de justicia sobre el
conflicto constitucional que plantea, pues todo el trámite relacionado con su
tutela fue declarado nulo. Por tanto, se hace necesario que esta Corte asuma el
estudio en revisión de las sentencias de instancia, pues lo contrario sería
incompatible con la vigencia plena
de los derechos al acceso a la administración de justicia, la existencia de un
recurso judicial efectivo para la protección de los derechos humanos, y al
ejercicio de la acción de tutela, consagrados en los artículos 86 y 228 de la
CP y 25 de la CADH.[28]
2. Planteamiento del caso y problema
jurídico
2.1. La accionante pretende que se dejen
sin efecto las decisiones judiciales que, en el marco de un proceso laboral
ordinario, negaron el reconocimiento de su pensión de sobrevivientes en razón de
que el causante no acreditó el requisito de fidelidad al sistema. Estima que
tales decisiones incurrieron en un defecto sustantivo porque le exigieron
cumplir un presupuesto declarado inexequible por la Corte Constitucional
mediante sentencia C-556 de 2009, en tanto violaba injustificadamente la
prohibición de regresividad en la protección de los derechos sociales y
económicos.
Por
su parte, las autoridades judiciales demandadas alegan que no vulneraron el
derecho al debido proceso de la actora. Explican que (i) al momento de emitirse
la sentencia del Tribunal todavía no se había declarado inconstitucional el
requisito de fidelidad al sistema, por lo que no era factible inaplicarlo al
caso concreto; y que (ii) si bien el fallo de casación se profirió luego de la
sentencia C-556 de 2009, el causante falleció el veintinueve (29) de febrero de
dos mil cuatro (2004),[29]
antes de que se surtieran los efectos de la inexequibilidad.[30] Además,
advierten que la acción de tutela es improcedente, toda vez que transcurrieron
cerca de tres (3) años desde que se profirió la sentencia acusada de
inconstitucional y la presentación de la tutela, y por tanto no se reúne el
requisito de inmediatez.
2.2. En este contexto, la
Sala Primera de Revisión deberá resolver el siguiente problema jurídico: ¿una
autoridad judicial vulnera los derechos fundamentales al debido proceso, la
seguridad social y al mínimo vital de una persona de la tercera edad, al
negarle el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes argumentando que el
causante no acreditó el requisito de fidelidad al sistema, a pesar de que la
Corte Constitucional lo declaró inexequible y ha sostenido consistentemente que
desde siempre fue inconstitucional y en todo caso debe inaplicarse?
2.3. Para resolver el problema jurídico,
la Sala (i) examinará si la acción de tutela es procedente para atacar las
providencias judiciales referenciadas; luego, de cumplirse los requisitos
generales de procedibilidad, (ii) verificará si efectivamente las autoridades
judiciales demandadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por la
accionante, teniendo en cuenta que este mismo problema jurídico ha sido
estudiado en numerosas ocasiones por esta Corporación.
3. Condiciones de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales
3.1. El artículo 86 de la
Carta establece que los ciudadanos pueden acudir a la acción de tutela cuando
los derechos fundamentales “resulten vulnerados o amenazados por la acción o
la omisión de cualquier autoridad pública”. En tanto los jueces son autoridades públicas y algunas de sus
acciones toman la forma de providencias, si con una de ellas
se amenazan o violan derechos fundamentales, la acción de tutela es procedente
para solicitar la protección de los mismos.
3.2. Desde la sentencia C-543 de 1992,[31]
la Corte Constitucional sostuvo que la acción de tutela procede contra
providencias judiciales si de manera excepcional se verifica que la autoridad
que la profirió incurrió en una vía de hecho.[32]
Y actualmente, tras un desarrollo jurisprudencial que decantó esta postura,
dentro del cual debe mencionarse la sentencia C-590 de 2005,[33]
se sustituyó el concepto de vía de hecho por el de causales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
3.3. Según esta doctrina, la tutela
contra providencias judiciales está llamada a prosperar siempre y cuando
satisfaga todo un haz de condiciones. En primer lugar, la acción de tutela debe
cumplir con unos requisitos de procedibilidad general, a saber: (i) si
la problemática tiene relevancia constitucional; (ii) si han sido agotados
todos los recursos ordinarios o extraordinarios de defensa de los derechos, a
menos que se trate de impedir un perjuicio irremediable o que los recursos sean
ineficaces en las circunstancias particulares del peticionario; (iii) si se
cumple el requisito de la inmediatez (si se solicita el amparo pasado un tiempo
razonable desde el hecho que originó la violación); (iv) si se trata de
irregularidades procesales, que ellas hubieran tenido incidencia en la decisión
cuestionada, salvo que de suyo afecten gravemente los derechos fundamentales;
(v) si el actor identifica debidamente los hechos que originaron la violación,
así como los derechos vulnerados y si (de haber sido posible) lo mencionó
oportunamente en las instancias del proceso ordinario o contencioso; (vi) si la
providencia impugnada no es una sentencia de tutela.[34]
3.4. Sólo después de superados los
requisitos anteriores, el juez de tutela debe verificar en segundo lugar si se
configura alguna de las condiciones de prosperidad del amparo, o causales
especiales de procedibilidad.[35]
En este plano, el juez debe evaluar si la providencia cuestionada incurrió en
alguno de los siguientes yerros: (i) defecto
orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv)
defecto material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin
motivación; (vii) desconocimiento del precedente o (viii) violación directa de la
Constitución.[36] Además, debe definir si el haber
incurrido en alguno de esos defectos supuso la violación de derechos
fundamentales.
4. La acción de tutela presentada por
Dilia del Socorro Muñoz de Gómez es procedente para censurar las providencias
judiciales referenciadas
La Sala observa que en este asunto
concurren los requisitos generales de procedibilidad mencionados, por lo que la
acción de tutela presentada por Dilia del Socorro Muñoz de Gómez es apta para
controvertir las sentencias proferidas por la Sala Laboral del Tribunal Superior
de Medellín y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
4.1. En efecto, (i) la
cuestión debatida tiene relevancia constitucional, porque debe
examinarse si las autoridades judiciales demandadas vulneraron el derecho
fundamental al debido proceso de la accionante, al negarle la pensión de
sobrevivientes bajo el entendimiento de que el causante no acreditó el
requisito de fidelidad, aun cuando el mismo fue declarado inexequible en la
sentencia C-556 de 2009. De la definición de ese punto no solo depende el
alcance del derecho reclamado y el respeto hacia la jurisprudencia
constitucional, sino también la protección de los derechos a la seguridad
social y al mínimo vital de Dilia del Socorro Muñoz de Gómez, quien es sujeto
de especial protección constitucional debido a su avanzada edad (73 años).[37]
Toda su vida ella se ocupó del cuidado de los hijos y su casa, y su esposo del
ingreso económico para el mantenimiento del hogar, por lo que la garantía de una
renta regular se torna indispensable para llevar una vida en condiciones dignas.
4.2. Igualmente, (ii)
la accionante agotó todos los recursos eficaces para la protección de
sus derechos fundamentales. Ella impetró una demanda ordinaria laboral buscando
específicamente el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes derivada de
la muerte de su esposo, la cual correspondió en primera instancia al Juzgado Dieciséis
Laboral del Circuito de Medellín, que accedió a sus pretensiones en sentencia
del treinta (30) de julio de dos mil siete (2007).[38] El
fallo fue impugnado por la parte demandada, y la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Medellín revocó la decisión de primera instancia en sentencia del
nueve (9) de febrero de dos mil nueve (2009).[39] Posteriormente, la actora
interpuso recurso extraordinario de casación ante la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, que en providencia del quince (15) de febrero de dos mil
once (2011) decidió no casar la sentencia.[40]
Cabe aclarar que el recurso
de revisión no era procedente, en tanto las causales para proponerlo son
taxativas y ninguna de ellas se presentaba en este caso.[41]
En consecuencia, la
peticionaria agotó todos los medios judiciales eficaces para la defensa de su
derecho a la pensión de sobrevivientes, y el único mecanismo existente para la
protección de sus derechos fundamentales es la acción constitucional.
4.3.
En lo referente al principio de inmediatez, (iii) la
Corte ha sostenido que dado el carácter imprescriptible e irrenunciable del
derecho a la pensión de sobrevivientes, la vulneración que se presente en
relación con el mismo es actual, si la negativa se fundamenta en un criterio
abiertamente inconstitucional y está comprometido el derecho al mínimo vital.
En la sentencia SU-407 de 2013,[42] la
Sala Plena señaló en un caso similar que una acción de tutela interpuesta dos
(2) años después de proferida la providencia censurada cumplía con el
presupuesto general de inmediatez, puesto que “[…] la
supuesta violación de los derechos a la seguridad social y al mínimo vital de
la peticionaria permanece; es decir, continúa y es actual, ya que priva a la
señora Orrego Monsalve y sus hijas de los recursos necesarios para garantizar
una subsistencia digna”.[43]
Esta
misma interpretación ha sido sostenida por diversas salas de revisión de la
Corte. Por ejemplo, en la sentencia
T-1028 de 2010,[44]
la Sala Octava de Revisión se pronunció sobre la inmediatez de la tutela
promovida por una persona contra una providencia de la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, en la que se resolvió negarle la pensión de
sobrevivientes reclamada. En esa ocasión transcurrieron dos (2) años y ocho (8)
meses entre la expedición del fallo de casación y la presentación de la tutela.
La Corte estimó que la acción debía considerarse procedente porque “a pesar del paso del tiempo, la supuesta
vulneración de sus derechos fundamentales permanece, es decir, continúa y es
actual”, precisamente porque la persona se encontraba en
una situación económica difícil que al momento de presentar el amparo no había
podido superar.[45]
Al analizar el requisito
de inmediatez, en este tipo de casos la Corte ha sostenido el carácter
imprescriptible del derecho irrenunciable a la seguridad social, según el cual
las personas beneficiarias de alguna prestación pueden reclamar su derecho en
cualquier tiempo, siempre que llenen los requisitos legales exigidos.[46] Basta entonces con demostrar que la vulneración es permanente en el tiempo y
que la situación desfavorable derivada del irrespeto por los derechos, continúa
y es actual.
En el
caso objeto de estudio se encuentra que la acción de tutela es procedente, pues
la violación a los derechos fundamentales de la actora es permanente y actual.
Hoy en día la accionante no percibe su pensión de sobrevivientes y eso le
impide llevar una vida con contenidos mínimos de dignidad, pues se sostiene con
los aportes voluntarios y esporádicos que sus hijos le hacen, aunque al igual
que ella carecen de recursos financieros. Manifiesta que la ausencia de la
prestación la tiene sometida a un estado de precariedad económica, en tanto carece
de alguna renta regular que le permita procurarse autónomamente las necesidades
básicas, como alimentación, vestido y vivienda. La ayuda que actualmente le
brindan sus hijos proviene de la buena voluntad que les asiste, pero como lo
manifiesta en su escrito de tutela, las condiciones económicas de ellos son
desfavorables por cuanto sus ingresos provienen del “rebusque” y de trabajos
esporádicos, y son muy exiguos. Pero además, el paso del tiempo tiende a
agravar su situación, pues a su avanzada edad (73 años) se suman las
dificultades propias de la vejez, que demandan mayores gastos para atender su
salud.
Adicionalmente,
para el análisis de inmediatez cabe tener en cuenta que, en este caso, solo
transcurrieron diecisiete (17) días desde que la Sala Civil de la Corte Suprema
de Justicia emitió la providencia que declaró la nulidad de todo lo actuado en
el proceso de tutela, y la presentación del expediente por parte de la actora
ante la Secretaría General de la Corte Constitucional, con fundamento en el
Auto 100 de 2008.[47] Esto demuestra que las actuaciones realizadas por la
peticionaria en la jurisdicción constitucional se llevaron a cabo dentro de un
tiempo razonable, lo que denota su interés y cuidado en la defensa de sus
derechos fundamentales.[48]
4.4. De
otra parte, la accionante argumenta que la sentencia censurada incurrió en un
defecto por violación directa de la Constitución al haberse basado la Corte
Suprema  -Sala Laboral- para decidir su caso en una norma declarada inexequible.
Además, de argumentar que dentro del proceso ordinario no podía negarse su
pensión de sobrevivientes sobre la base de que no cumplía el requisito de
fidelidad, porque eso desconocía la jurisprudencia constitucional y la
prohibición de regresividad en materia de seguridad social en pensiones. [49]
De esta forma, cumplidos los
presupuestos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, y
de conformidad con la metodología propuesta, la
Sala examinará el asunto de fondo.
5. El requisito de fidelidad para acceder a la
pensión de sobrevivientes debe inaplicarse en todo caso, inclusive cuando la
muerte del causante sucedió antes de su declaratoria de inexequibilidad.
Reiteración de jurisprudencia
5.1. Este Tribunal Constitucional ha sostenido
que ninguna autoridad administrativa o judicial puede, so
pena de violar los postulados constitucionales, aplicar el
requisito de fidelidad contenido en los literales a) y b) del artículo 12 de la
Ley 797 de 2003.[50]
Tal presupuesto establecía que para acceder a la pensión de sobrevivientes los
interesados debían acreditar que el causante tuviera un 20% o un 25% de
cotizaciones entre el momento que cumplía veinte (20) años de edad y el deceso,
dependiendo de si la muerte era causada por enfermedad o por accidente.[51]
5.2. En la sentencia C-556 de 2009,[52]
la Corte Constitucional declaró inexequibles esas disposiciones que contenían
el requisito de fidelidad para adquirir el derecho a la pensión de
sobrevivientes. La Sala Plena sostuvo que “la exigencia de fidelidad de cotización, que no estaba prevista en la
Ley 100 de 1993, es una medida regresiva en materia de seguridad social, puesto
que la modificación establece un requisito más riguroso para acceder a la
pensión de sobrevivientes”. Concretamente, se argumentó que la imposición
de ese presupuesto hacía más gravoso el acceso al beneficio pensional en
relación con las disposiciones previas, porque antes solamente se exigía que el
afiliado fallecido hubiera aportado un mínimo de semanas al momento de
producirse el deceso, y con el requisito de fidelidad se necesitaba además
cotización al sistema de al menos el 20% o el 25% del tiempo transcurrido entre
el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha del
fallecimiento. Esa medida no ofrecía un trato equitativo a los afiliados y
desconocía el deber de protección a la población más vulnerable, pues quienes
tuvieran más años de edad debían aportar un número de cotizaciones superior
para satisfacer el requisito.[53] Por tanto, al no
estar justificada la regresividad en alguna finalidad constitucional de mayor
entidad, ni contarse con mecanismos para mitigar el impacto del tránsito
legislativo, la Corte declaró inexequible las disposiciones contentivas del
requisito de fidelidad en pensión de sobrevivientes (literales a y b de la Ley
797 de 2003).
5.3. A esa
providencia no se le asignaron efectos retroactivos. Sin embargo,
esta Corporación había sostenido en reiteradas decisiones de las diferentes
salas de revisión, de manera unívoca y pacífica, que en todo caso debía
inaplicarse el requisito de fidelidad al sistema para acceder a la pensión de
sobrevivientes. Se dijo que la exigencia de ese presupuesto “desde siempre fue contraria al derecho
fundamental a la seguridad social en pensiones”,[54]
precisamente porque desde su expedición fue entendida como una medida desproporcionada
que contraría injustificadamente la prohibición de regresividad en materia de
derechos sociales, económicos y culturales.
En la
sentencia T-1036 de 2008,[55] por ejemplo, la Sala
Segunda de Revisión sostuvo que en un caso concreto no podía exigirse el
requisito de fidelidad al sistema porque esa actuación implicaba violar los
derechos fundamentales de una mujer y sus hijos, en tanto dicha disposición era
regresiva. Se estableció que aun cuando la normativa vigente requería
satisfacer el presupuesto de fidelidad para otorgar una pensión de
sobrevivientes, el mismo no podía exigirse en el caso analizado por cuanto
arrojaba un resultado desproporcionado, por lo que resultaba necesario aplicar
la excepción de inconstitucionalidad. En palabras de la Corte:
“[…] si se hubiera aplicado el artículo 46 de la
Ley 100 de 1993 en su versión original al momento del fallecimiento del señor
López Ospina, la accionante h[abrí]a tenido derecho al reconocimiento de la
pensión y, por lo tanto, respecto de ella y sus menores hijas, se presenta una
regresión en el ámbito de protección de sus derechos. Dicha regresión tiene
sobre la tutelante y sus hijas un impacto desproporcionado porque sus actuales
ingresos no superan lo equivalente a un salario mínimo, y con ellos debe
subsistir en compañía de sus hijas menores, una de las cuales tiene bronquitis
aguda y rinitis alérgica, lo cual aumenta los gastos familiares. // Así, tal
como ha procedido esta Corporación en los precedentes reseñados, esta Sala
procederá a aplicar la excepción de inconstitucionalidad del artículo 12 de la
Ley 797 de 2003 con el objetivo de proteger los derechos de la accionante y de
sus menores hijas”.[56]
5.5. Posteriormente,
cuando la Corte retiró del sistema jurídico las normas que consagraban el
requisito de fidelidad para acceder a la pensión de sobrevivientes, mediante la
sentencia C-556 de 2009, lo que hizo fue corregir una situación que desde
siempre fue inconstitucional, por lo que dicha providencia tiene un efecto
declarativo y no constitutivo. Las normas que contenían ese presupuesto no
fueron inconstitucionales desde el momento en que la sentencia las declaró
inexequibles, sino que desde su entrada en vigencia resultaban contrarias a los
postulados superiores, en tanto desconocían injustificadamente la prohibición
de regresividad en la protección de los derechos sociales, económicos y
culturales, al imponer un requisito que hacía más riguroso el acceso a la
pensión de sobrevivientes.
5.6. Como ya se ha mencionado, el requisito de fidelidad para acceder a la pensión de
sobrevivientes debía inaplicarse en todo caso, inclusive cuando la muerte del
causante ocurrió antes de la declaratoria de inexequibilidad de la norma mediante
la sentencia C-556 de 2009.[57]
6. Las
autoridades judiciales demandadas incurrieron en un defecto por violación
directa de la Constitución en sus providencias, al exigirle a la actora
acreditar el requisito de fidelidad para acceder a la pensión de
sobrevivientes
La Sala debe establecer entonces si las
autoridades judiciales demandadas vulneraron el derecho fundamental al debido
proceso de la accionante. Ella manifiesta que, en efecto, las demandadas
incurrieron en un defecto por violación directa de la Constitución en sus
providencias por cuanto resolvieron su situación pensional exigiéndole el
requisito de fidelidad, el cual ha sido contrario a los postulados
constitucionales desde su expedición. En concepto de las demandadas, sus
providencias judiciales no vulneraron derecho fundamental alguno, porque la
muerte del causante sucedió antes de que se profiriera la sentencia C-556 de
2009 y en la misma no se dispusieron efectos retroactivos.
6.1. Un defecto por violación directa de
la Constitución se configura, entre otros eventos, cuando el juez ordinario
toma una decisión que desconoce específicamente los postulados de la
Carta Política, en perjuicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
En otras palabras, dicho defecto se produce cuando se deja de aplicar una
disposición constitucional en un caso concreto; cuando la decisión judicial se apoya en una interpretación claramente contraria
a la Constitución;[58] o cuando el juez se abstiene de
aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una
violación manifiesta de los postulados superiores, siempre que se solicite su
declaración por alguna de las partes en el proceso.[59]
Las providencias que
incurren en este tipo de defecto no sólo vulneran el derecho al debido proceso
de las partes involucradas en el trámite, sino que también desconocen la
supremacía de la Constitución Política en el ordenamiento jurídico (art, 4º.
CP), por cuanto se apartan de sus mandatos con base en argumentos
infraconstitucionales. A este respecto, cabe señalar que “el actual modelo de ordenamiento
constitucional reconoce valor normativo a los preceptos superiores, de modo tal
que contienen mandatos y previsiones de aplicación directa por las distintas
autoridades y, en determinados eventos, por los particulares. Por ende, resulta
plenamente factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través de la
acción de tutela cuando desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales
postulados”.[60]
6.2. En materia de pensión de
sobrevivientes, esta Corte ha sostenido en diferentes oportunidades que cuando
una autoridad judicial niega ese derecho argumentando que no se cumple el
requisito de fidelidad, se incurre en un defecto por violación directa de la Constitución.
Los artículos 48 y 53 superiores consagran expresamente la prohibición de
regresividad en materia de seguridad social en pensiones,[61]
y el requisito de fidelidad desconoce esa proscripción en tanto impone una
barrera adicional para el acceso a la pensión de sobrevivientes, que no se
encuentra justificada en un Estado Social de Derecho.
Por ejemplo, en la sentencia SU-132 de
2013,[62]
la Sala Plena de la Corte amparó los derechos al debido proceso y al mínimo
vital de una persona a quien, en el marco de un proceso laboral ordinario, le
negaron el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes porque no llenaba el
requisito de fidelidad al sistema, el cual consideraban aplicable porque el
causante había fallecido antes de su declaratoria de inexequibilidad. Al
respecto, se indicó que “la
actuación de los jueces competentes configuró una violación directa a la
Constitución por la aplicación de la norma contraria a la Carta”, toda vez que “no debió darse aplicación
al requisito de fidelidad al sistema, consagrado en el literal a) del artículo
12 de la ley 797 de 2003, dentro del proceso de solicitud de pensión de
sobrevivientes interpuesto por la señora Piedad del Socorro Gómez Roldán, ya
que la norma es contraria a la Constitución y debió inaplicarse mediante la
excepción de inconstitucionalidad”, pues la misma contravenía
la prohibición de regresividad en materia de seguridad social en pensiones.
De igual forma, en la sentencia SU-158
de 2013,[63]
la Sala Plena sostuvo que una sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema
de Justica incurrió en un defecto por violación directa de la Constitución, al
resolver sobre el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes aplicando el
requisito de fidelidad, el cual consideraba exigible porque aún estaba vigente
al momento de la muerte del causante. La Corte sostuvo que “[…] la sentencia de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, incurrió en un defecto por
desconocimiento directo de la Constitución ya que [el requisito de fidelidad]
que exigía aplicar resultaba inconstitucional. El defecto consistió,
puntualmente, en no haber inaplicado la Ley pese a ser contraria a la
Constitución, tal y como esta última había sido interpretada en numerosos
pronunciamientos por la Corte Constitucional, que es la Corporación que tiene
asignada la función primigenia de guardar la integridad y supremacía de la
Constitución Política (art. 241, C.P.).” Esta misma regla decisional
fue aplicada en la sentencia SU-407 de 2013,[64] a propósito
de un caso similar.
6.3. Cuando una autoridad judicial exige
el requisito de fidelidad para resolver sobre el reconocimiento de una pensión
de sobrevivientes, incurre en un defecto por violación directa de la Carta
Política, porque desconoce que ese presupuesto transgrede la prohibición
constitucional de regresividad en materia de seguridad social en pensiones y el
principio de proporcionalidad.
Esta interpretación puede extenderse a
las providencias ordinarias proferidas antes de la sentencia C-556 de 2009, en
las cuales se haya exigido el requisito de fidelidad. Los literales a) y b) del
artículo 12 de la Ley 797 de 2003 desde siempre han sido contrarios a los
principios y valores superiores estatuidos en la Constitución, y en tal sentido,
las autoridades judiciales han tenido la obligación de inaplicarlo vía
excepción de inconstitucionalidad. Incluso antes de la declaratoria de
inexequibilidad la Corte había dejado a un lado el requisito de fidelidad en
casos concretos, en tanto lo encontró contrario al mandato de progresividad y
proporcionalidad, tal como se hizo en la sentencia T-1036 de 2008,[65]
antes reseñada.
6.4. En el asunto objeto de estudio, la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Medellín, en sentencia del nueve (9) de febrero de dos mil
nueve (2009), y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en providencia
del quince (15) de febrero de dos mil once (2011), le negaron el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes a Dilia del Socorro Muñoz de Gómez porque su
esposo no acreditó el requisito de fidelidad al sistema antes de fallecer.
6.4.1. En efecto, (i) la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Medellín resolvió en segunda instancia del proceso
ordinario revocar la decisión del Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de
Medellín, que en primera instancia había concedido el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes a la accionante. Argumentó el Tribunal que no debía
prosperar la pretensión de reconocimiento pensional, porque el causante no
llenó el requisito de fidelidad al sistema, el cual
consideraba aplicable en tanto el causante falleció el veintinueve (29) de
febrero de dos mil cuatro (2004), durante la vigencia de la norma que lo
consagraba (Ley 797 de 2003). Y luego de presentado el recurso de casación
contra esa providencia, (ii) la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia
decidió no casar la sentencia del Tribunal, pues, a su juicio, era “claro
que el causante no acreditó el porcentaje de fidelidad al sistema del tiempo
transcurrido entre la fecha en que cumplió 20 años de edad y la del deceso, lo
que significa que no cumplió con los requisitos exigidos por la normatividad
que regula la controversia, para que la demandante pudiera acceder a la pensión
de sobrevivientes, toda vez que la sentencia de la Corte Constitucional C-556
de 2009 que declaró inexequible tal exigencia no tiene efectos retroactivos”.[66]
6.4.2.
Las
providencias controvertidas incurrieron en un defecto por violación directa de
la Carta Política, precisamente porque resolvieron sobre el reconocimiento de
la pensión de sobrevivientes de la accionante exigiendo el requisito de
fidelidad.
6.4.3. El artículo 48 constitucional
prevé de manera expresa que el Estado “ampliará progresivamente la cobertura
de la seguridad social”, lo cual implica que aquellas medidas regresivas en
materia pensional son en principio contrarias a dicho mandato, si es que no
están justificadas en fines superiores de mayor entidad.[67]
Como se mencionó anteriormente, “la
exigencia de fidelidad de cotización, que no estaba prevista en la Ley 100 de
1993, es una medida regresiva en materia de seguridad social, puesto que la
modificación establece un requisito más riguroso para acceder a la pensión de
sobrevivientes”,[68]
y no se encuentra una justificación poderosa en el marco de un Estado Social de
Derecho, en tanto sacrifica intensamente la protección progresiva del derecho a
la seguridad social en relación con los beneficios para la sostenibilidad
financiera del sistema mediante la cultura de la afiliación.[69]
Así lo ha establecido este Tribunal en múltiples oportunidades, como se vio en
el apartado quinto de las consideraciones de esta sentencia.
6.4.4. Exigirle a la peticionaria que
acredite fidelidad al sistema para efectos de serle reconocida la pensión de
sobrevivientes, significa imponerle el cumplimiento de un presupuesto regresivo
que no es aceptable en el marco constitucional actual. De hecho, requerirle un
20% de cotizaciones entre la fecha que su esposo cumplió veinte (20) años de
edad y la muerte, le impone una barrera infranqueable para acceder a la pensión
de sobrevivientes, pues, además de las cincuenta (50) semanas en los tres (3)
años anteriores al fallecimiento, él tendría que haber aportado adicionalmente
en ese lapso un aproximado de setecientas cuarenta (740) semanas.[70]
Esa situación es regresiva en comparación con las disposiciones de la Ley 100
de 1993, que exigían el cumplimiento de un número de semanas mínimo para
garantizar el derecho. Pero además es desproporcionada, si se tiene en cuenta
que a las personas con mayor edad les exige un número superior de aportes, a
pesar de que por el paso del tiempo han visto menguada su fuerza de trabajo.[71]
6.4.5. Las autoridades judiciales
demandadas tenían, entonces, la obligación de inaplicar al caso de Dilia del
Socorro Muñoz de Gómez el requisito de fidelidad, habida cuenta de su
contradicción con los postulados superiores. Sin embargo, omitieron ese deber
bajo el argumento de que el causante falleció el veintinueve (29) de febrero de
dos mil cuatro (2004), antes de que fuera declarada inexequible la norma
mediante la sentencia C-556 de 2009, y porque a esa decisión no se le dieron
efectos retroactivos.
Pero ese argumento no es de recibo. En
primer lugar, porque la exigencia de fidelidad “desde siempre fue contraria al derecho fundamental a la
seguridad social en pensiones”.[72] Desde su vigencia fue
una medida desproporcionada que violó injustificadamente el principio de
progresividad en materia de derechos sociales, económicos y culturales, y con antelación
a su declaratoria de inexequibilidad, la Corte había decidido inaplicarla en
casos concretos tras encontrar que sometía a las personas reclamantes a una
situación incompatible con la Constitución Política.[73]
Y en
segundo lugar, porque no se puede aceptar la posibilidad de que alguna
autoridad le otorgue efectos jurídicos a una disposición inconstitucional que
ya fue declarada inexequible. De conformidad con el artículo 243 superior, los
fallos que emite esta Corporación en ejercicio de control jurisdiccional hacen
tránsito a cosa juzgada constitucional, y “[n]inguna autoridad podrá
reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por
razones de fondo”. La sentencia C-556 de 2009 hizo tránsito a cosa juzgada
constitucional y, en consecuencia, a todas las autoridades les está vedado
reproducir el contenido material del requisito de fidelidad en pensión de
sobrevivientes y otorgarle efectos jurídicos, inclusive a la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia.
6.4.6. Por estas razones, resulta
inconstitucional la decisión de la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Medellín y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia de basar sus
decisiones en la exigencia del requisito de fidelidad en el caso de la actora,
bajo el entendimiento de que el causante falleció antes de que ese presupuesto
fuera retirado del ordenamiento jurídico, pues era necesario inaplicarlo para
garantizar el mandato de progresividad en materia de seguridad social en
pensiones y el principio constitucional de proporcionalidad.
6.4.7. Esa situación, además, genera un
grave perjuicio al mínimo vital de la peticionaria, pues la ausencia de la
pensión la tiene sometida a un estado de precariedad económica por cuanto
sobrevive con los aportes de sus hijos, quienes no cuentan con un empleo
regular.[74]
Aunado al hecho de que es una persona de la tercera edad (73 años) con pocas
posibilidades para generarse autónomamente fuentes de ingresos, por la pérdida
paulatina de su fuerza de trabajo.
6.5. En consecuencia, la
Sala Plena amparará los derechos fundamentales invocados por la accionante y
dejará sin efectos las sentencias censuradas, en tanto no accedieron a las
pretensiones de la accionante porque no cumplía el requisito de fidelidad.
7.
Conclusión y órdenes a proferir
7.1. La
Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín y la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, la
seguridad social y al mínimo vital de Dilia del Socorro Muñoz de Gómez, al
negarle el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes bajo el argumento de
que su esposo fallecido no acreditó el requisito de fidelidad al sistema. Dicho
requisito resultaba contrario al mandato superior de progresividad en materia
de seguridad social desde su expedición, por cuanto impuso a los usuarios una
obligación más gravosa a las ya existentes en el pasado para acceder a la
pensión de sobrevivientes. Incluso la Corte Constitucional lo declaró
inexequible en la sentencia C-556 de 2009. Por tanto, las demandadas incurrieron
en un defecto por violación directa de la Constitución en sus decisiones, pues en
todo caso debieron inaplicarlo.
Toda
providencia judicial que le otorgue efectos al requisito de fidelidad al
sistema es inconstitucional, sin importar si es proferida antes o después de la
sentencia C-556 de 2009, en la que se declararon inexequibles los literales a)
y b) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, pues tal requisito siempre ha sido
contrario a los postulados superiores. En consecuencia, aun cuando el fallo de
segunda instancia de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, que
revocó la decisión de conceder el derecho pensional a la actora, fue expedido
con anterioridad a la sentencia C-556 de 2009, debió inaplicarse la norma por
ser contraria al mandato constitucional de progresividad en materia de
seguridad social en pensiones. Pero además, cuando se expidió la providencia de
la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia que no casó la sentencia del
Tribunal, la Corporación fundamentó su decisión en la exigencia del requisito
de fidelidad, cuando ya para entonces la Corte Constitucional había retirado
del ordenamiento las disposiciones que contenían tal requisito y había dicho
que: “[n]inguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto
jurídico declarado inexequible por razones de fondo” (art. 243 CP).
7.2. Con base en lo anterior, la Sala
Plena de la Corte Constitucional revocará la providencia del diecisiete (17) de
marzo de dos mil catorce (2014) emitida por la Sala Civil de la Corte Suprema
de Justicia, que declaró la nulidad de todo lo actuado por tratarse de una
tutela contra un fallo de la Corte Suprema, y dejó sin efectos la sentencia de
primera instancia proferida el trece (13) de febrero de dos mil catorce (2014)
por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se declaró
improcedente el amparo por no cumplirse el requisito de inmediatez, en el
proceso de tutela presentado por Dilia del Socorro Muñoz de Gómez contra la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín y la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia. En su lugar, concederá el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y la seguridad social de la
actora.
Como se explicó en el apartado primero
de las consideraciones de esta sentencia, las autoridades judiciales no pueden
declarar la nulidad de los procesos de tutela argumentando que no procede la tutela
contra decisiones de una alta corte, y en todo caso debe remitirse el
expediente a la Corte Constitucional para que se surta el trámite de revisión.
Dicha actuación resulta contraria a
los derechos al acceso a la administración de justicia, la existencia de un
recurso judicial efectivo para la protección de los derechos humanos, y al
ejercicio de la acción de tutela, consagrados en los artículos 86 y 228 de la
CP y 25 de la CADH.[75]
7.3. Como consecuencia del amparo
otorgado, se dejará sin efecto la sentencia del quince (15) de febrero de dos
mil once (2011) proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, que no casó la sentencia del nueve (9) de febrero de dos mil nueve
(2009) emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, mediante
la cual se absolvió en segunda instancia al ISS (hoy Colpensiones) de la
pretensión de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la accionante,
porque no cumplía el requisito de fidelidad al sistema. Y se restablecerán los
efectos de la sentencia del treinta (30) de julio de dos mil siete (2007)
proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, que en
primera instancia del proceso ordinario declaró que “a la señora Dilia del
Socorro Muñoz de Gómez le asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes por
la muerte de su cónyuge Marco Aurelio Gómez Giraldo”, pero por las razones
expuestas en esta providencia.
7.4.
Así mismo, se
ordenará a Colpensiones EICE (antes ISS) que, dentro de los quince (15) días
siguientes a la notificación de esta providencia, cumpla las órdenes contenidas
en la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado Dieciséis Laboral
del Circuito de Medellín el treinta (30) de julio de dos mil siete (2007),
dentro del proceso laboral ordinario iniciado por Dilia del Socorro Muñoz de
Gómez contra el ISS. Para ello deberá tener presente los valores actualizados
de cada una de las condenas y podrá descontar lo pagado a la accionante por
concepto de indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, sin
afectar su derecho al mínimo vital.[76]
Igualmente, tendrá en cuenta la regla
general de prescripción, contenida en el artículo 488 del Código Sustantivo del
Trabajo,[77]
según la cual prescriben aquellas mesadas comprendidas dentro
de los tres (3) años anteriores desde que la respectiva obligación se haya
hecho exigible.[78]
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la
Constitución Política,
RESUELVE
Primero.- LEVANTAR la
suspensión de términos decretada por auto del dieciocho (18) de julio de dos
mil catorce (2014).
Segundo.- REVOCAR la
providencia del diecisiete (17) de marzo de dos mil catorce (2014) emitida por
la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que declaró la nulidad de todo
lo actuado por tratarse de una tutela contra un fallo de la Corte Suprema, y
dejó sin efectos la sentencia de primera instancia proferida el trece (13) de
febrero de dos mil catorce (2014) por la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia, en la cual se declaró improcedente el amparo por no cumplirse el
requisito de inmediatez, en el proceso de tutela presentado por Dilia del
Socorro Muñoz de Gómez contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín
y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En su lugar, CONCEDER el
amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y la
seguridad social de Dilia del Socorro Muñoz de Gómez.
Tercero.- DEJAR SIN EFECTOS (i)
la sentencia del nueve (9) de febrero de dos mil nueve (2009) proferida por
la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, y (ii) la sentencia del
quince (15) de febrero de dos mil once (2011) emitida por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que absolvieron al ISS (hoy
Colpensiones) de la pretensión de reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes de Dilia del Socorro Muñoz de Gómez, porque no cumplía el
requisito de fidelidad al sistema.
Cuarto.- DEJAR EN FIRME la
sentencia del treinta (30) de julio de dos mil siete (2007) proferida por el
Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, que en primera instancia en
el proceso ordinario correspondiente resolvió que “a la señora Dilia del
Socorro Muñoz de Gómez le asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes por
la muerte de su cónyuge Marco Aurelio Gómez Giraldo”, pero por las razones
expuestas en esta providencia.
Quinto.-
ORDENAR a
Colpensiones EICE (antes ISS) que, dentro de los quince (15) días siguientes a
la notificación de esta providencia, emita un nuevo acto administrativo de
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de la señora Dilia del Socorro
Muñoz de Gómez, dando cumplimiento a las órdenes contenidas en la sentencia
dictada en primera instancia por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de
Medellín el treinta (30) de julio de dos mil siete (2007), dentro del proceso
laboral ordinario iniciado por Dilia del Socorro Muñoz de Gómez contra el ISS,
teniendo presente los valores actualizados de cada una de las condenas.
Sexto.- ORDENAR al
Gerente de Colpensiones EICE que, una vez emitido y notificado el acto
administrativo de que trata el ordinal anterior, remita copia del mismo a la
Corte Constitucional, con constancia de su notificación a los interesados.
Séptimo.- AUTORIZAR a
Colpensiones EICE para que descuente lo pagado a Dilia del Socorro Muñoz de
Gómez por concepto de indemnización sustitutiva de la pensión de
sobrevivientes, sin afectar su derecho a su mínimo vital.
Octavo.- Por
Secretaría General, líbrense las comunicaciones previstas en el artículo 36 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Presidente
Ausente en comisión
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Magistrada
ANDRES MUTIS VANEGAS
Secretario General (E)
[1] La acción de tutela
fue inicialmente presentada ante la Corte Suprema de Justicia. En primera
instancia, mediante sentencia del trece (13) de febrero de dos mil catorce
(2014), la Sala Penal declaró improcedente el amparo constitucional. En segunda
instancia, en providencia del diecisiete (17) de marzo de dos mil catorce
(2014), la Sala Civil declaró la nulidad de todo lo actuado y decidió no
remitir las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
sobre la base de que no procede la tutela contra providencias de la Alta Corte.
Dada la declaratoria de nulidad, el expediente respectivo no fue enviado a este
Tribunal para que se surtiera el proceso de revisión. Frente a esta barrera
para el acceso a la justicia, la Sala Plena de la Corte Constitucional dispuso
en el Auto 100 de 2008, que cuando se declarara la nulidad de todo lo actuado
con base en esa argumentación, las personas interesadas podrían “[…] escoger alguna de las siguientes
alternativas: (i) acudir ante cualquier juez (unipersonal o colegiado),
incluyendo una Corporación de igual jerarquía a la Corte Suprema de Justicia,
para reclamar mediante una acción de tutela la protección del derecho fundamental
que consideran violado con la actuación de una Sala de Casación de dicha Corte
o (ii) solicitar a la Secretaría General de la Corte Constitucional, que
radique para selección la decisión proferida por la Corte Suprema de Justicia
en la cual se concluyó que la acción de tutela era absolutamente improcedente,
acompañada de la correspondiente acción de tutela y de la providencia objeto de
la misma, con el fin de que surta el trámite fijado en las normas
correspondientes al proceso de selección.” La señora Dilia del Socorro Muñoz de Gómez optó por la
segunda opción y presentó la tutela directamente en la Secretaría General de la
Corte Constitucional para que se surtiera su proceso de selección. Una vez
surtido el respectivo trámite, la Sala de Selección Número Cuatro escogió el
caso.
[2] El dieciséis (16) de
julio de dos mil catorce (2014), a partir de reporte presentado por la
Magistrada Ponente, la Sala Plena decidió asumir la revisión del presente
asunto.
[3] Copia de la cédula de
ciudadanía de Dilia del Socorro Muñoz de Gómez, en la cual se puede constatar
que nació el diecinueve (19) de agosto de mil novecientos cuarenta y uno (1941)
(folio 15 del cuaderno principal). En adelante, cuando se haga mención a un
folio del expediente, se entenderá que hace parte del cuaderno principal, a
menos que se diga expresamente otra cosa.
[4] El
Gobierno Nacional ordenó la supresión y liquidación del ISS mediante Decreto
2013 de 2012 (art. 1º). Colpensiones EICE (que asumió sus veces), tiene la
obligación de cumplir las sentencias judiciales que afecten a los fondos de
prestaciones de invalidez, vejez y muerte, o las relacionadas con la función de
administración del Régimen de Prima Media con Prestación Definida (art. 35).
[5] MP Nilson Pinilla
Pinilla.
[6] Acta del matrimonio
católico celebrado entre Marco Aurelio Gómez con Dilia del Socorro Muñoz, el
veinticinco (25) de diciembre de mil novecientos sesenta y tres (1963) (folio
13).
[7] Registro Civil de
Defunción del señor Marco Aurelio Gómez Giraldo, en el que se informa que
falleció el veintinueve (29) de febrero de dos mil cuatro (2004), en la ciudad
de Medellín, Antioquia (folio 14).
[8] Resolución No 15743
de 2004 del ISS, mediante la cual se le negó el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes a la accionante, en su calidad de cónyuge supérstite. En dicha
resolución se indicó lo siguiente sobre las semanas cotizadas por el afiliado
fallecido: “[…] el asegurado cotizó a este Instituto 150 semanas en los 3
años anteriores al momento del fallecimiento, […] así mismo acredita un total
de 473 semanas cotizadas en toda su vida laboral” (folios 56 y 57).
[9] En el expediente
obran tres declaraciones juramentadas que dan cuenta de la convivencia entre la
peticionaria y el causante, así: (i) el veintinueve (29) de enero de dos mil
catorce (2014), compareció ante el Notario 24 de Medellín la señora Dilia del Socorro
Muñoz de Gómez, y manifestó bajo la gravedad de juramento que “por espacio
de cuarenta (40) años, desde el día 25 de diciembre de 1963 hasta febrero de
2004, conviví casada con sociedad conyugal vigente, bajo el mismo techo, en
forma permanente e ininterrumpida y dependía económicamente en todo sentido de
mi esposo Marco Aurelio Gómez Giraldo […]” (folio 16); y el once (11) de
marzo de dos mil catorce (2014), comparecieron ante la Notaría 19 de Medellín
las señoras (ii) Luz Dolly Restrepo López y (iii) Luz Marina González Bedoya,
para declarar que “conocemos de vista, trato, comunicación y relación de
amistad y vecindad desde hace más de 20 años a la señora Dilia del Socorro
Muños de Gómez […]. De dicho conocimiento nos consta que estuvo casada por ritual
católico desde el año 1963 con el señor Marco Aurelio Gómez Giraldo […].
Estuvieron viviendo bajo el mismo techo familiar hasta la fecha del
fallecimiento del señor Marco Aurelio, el día 29 de febrero del año 2004” (folio
58).
[10] La accionante
manifiesta que, en efecto, tuvo cinco (5) hijos con el causante, quienes son
todos mayores de edad y se identifican con los nombres de Fabio de Jesús Gómez
Muñoz, Hernán Darío Gómez Muñoz, Nicolás Edison Gómez Muñoz, Lady Berenice
Gómez Muñoz y Freneyder Augusto Gómez Muñoz. Así mismo, indica que dos (2) de
ellos están en situación de discapacidad (Hernán Darío y Nicolás Edison) (folio
16).
[11] “Por la cual se crea
el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.”
[12] “Por la cual se
reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales
exceptuados y especiales.”
[13] Folios 56 y 57.
[14] La sentencia C-566 de
2009 (MP Nilson Pinilla Pinilla), mediante la cual se declaró inexequible el
requisito de fidelidad al sistema para acceder a la pensión de sobrevivientes,
fue proferida el veinte (20) de agosto de dos mil nueve (2009).
[15] Ciertamente, el
artículo 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990,
dispone que “[c]uando la muerte
del asegurado sea de origen no profesional, habrá derecho a pensión de
sobrevivientes en los siguientes casos: a) Cuando a la fecha del fallecimiento,
el asegurado haya reunido el número y densidad de cotizaciones que se exigen
para adquirir el derecho a la pensión de invalidez por riesgo común […].” Y para adquirir el derecho a la
pensión de invalidez por riesgo común, el literal b) del artículo 6º de ese
mismo cuerpo normativo, exige “[…] haber cotizado para el Seguro de
Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis
(6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez [muerte], o trescientas
(300) semanas, en cualquier época, con anterioridad al estado de invalidez
[muerte].”
[16] Sentencia del treinta
(30) de julio de dos mil siete (2007), proferida por el Juzgado Dieciséis
Laboral del Circuito de Medellín, con ocasión de la demanda ordinaria laboral
instaurada por la actora contra el ISS. En la parte resolutiva de esa
providencia, se decidió lo siguiente: “Primero: se declara que la
señora Dilia del Socorro Muñoz de Gómez le asiste el derecho a la pensión de
sobrevivientes por la muerte de su cónyuge Marco Aurelio Gómez Giraldo. // Segundo:
se condena al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar a favor de
la señora Dilia del Socorro Muñoz de Gómez […] la suma [correspondiente a las]
mesadas pensionales atrasadas; Tercero: se absuelve al Instituto de
Seguros Sociales [de] reconocer ni pagarle a la señora Dilia del Socorro Muñoz
de Gómez el interés solicitado; // Cuarto: Condenar al Instituto de Seguros
Sociales para que siga reconociendo a la actora […] a partir del mes de agosto
del año 2007, las mesadas pensionales de sobrevivientes.”(folios 17 al 25).
[17] Sentencia del nueve
(9) de febrero de dos mil nueve (2009), proferida por el Tribunal Superior de
Medellín, Sala Laboral, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación
contra la sentencia que examinó en primera instancia la demanda ordinaria
presentada por la actora contra el ISS (folios 26 al 34). Esta decisión contó
con el salvamento de voto del Magistrado Gildardo Valencia Hernández, en el
cual explicó que se apartó de la decisión mayoritaria porque exigir el
requisito de fidelidad rompe injustificadamente con la prohibición de
regresividad de los derechos sociales, y desconoce arbitrariamente reiterada
jurisprudencia constitucional.
[18] Sentencia del quince
(15) de febrero de dos mil once (2011), proferida por la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, en la cual se resolvió el recurso
extraordinario propuesto por la actora contra la sentencia del Tribunal
mencionada (folios 44 al 55).
[19] Ibíd.
[20] Copia de la cédula de
ciudadanía de Dilia del Socorro Muñoz de Gómez, en la cual se puede constatar
que nació el diecinueve (19) de agosto de mil novecientos cuarenta y uno (1941)
(folio 15).
[21] Folio 4.
[22] Ibíd.
[23] Auto de Sala Plena.
[24] Las entidades
demandadas fueron vinculadas al proceso por la Corte Constitucional, mediante
auto del veintitrés (23) de julio de dos mil catorce (2014). Allí se dispuso
poner “[…] en conocimiento del Juzgado 16  Laboral del Circuito de Medellín,
la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia y Colpensiones EICE el expediente de tutela T-4324560, […]
para que se pronuncien acerca de las pretensiones y del problema jurídico que
plantea la aludida sentencia.”
[25] Auto de Sala Plena.
[26] Auto de Sala Plena.
[27] Este apartado
pertenece al Auto 004 de 2004 de Sala Plena, y fue transcrito íntegramente en
el Auto 100 de 2008 para justificar la competencia de la Corte Constitucional
para examinar trámites de tutela rechazados por otras corporaciones.
[28] En múltiples
oportunidades las salas de revisión de la Corte Constitucional han asumido directamente
la competencia para conocer un trámite de tutela en virtud del Auto 100 de 2008.
Al respecto pueden observarse, entre otras, las sentencias T-013 de 2011 (MP
Juan Carlos Henao Pérez), T-859 de 2011 (MP Humberto Antonio Sierra Porto),
T-214 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-1038 de 2012 (MP Mauricio
González Cuervo), T-1095 de 2012 (MP Luis Ernesto Varas Silva), T-255 de 2013
(MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-450 de 2013 (MP Mauricio González
Cuervo), y T-362 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[29] Registro Civil de
Defunción del señor Marco Aurelio Gómez Giraldo, en el que se informa que
falleció el veintinueve (29) de febrero de dos mil cuatro (2004), en la ciudad
de Medellín, Antioquia (folio 14).
[30] La sentencia C-556 de
2009 (MP Nilson Pinilla Pinilla) fue expedida el veinte (20) de agosto de dos
mil nueve (2009).
[31] MP José Gregorio
Hernández Galindo, SV Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro
Martínez Caballero. En esa oportunidad la
Corte declaró inexequibles los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991, por
el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política. Si bien allí se declararon inexequibles las
disposiciones acusadas por considerar que vulneraban las reglas de competencia
fijadas por la Constitución Política, también se dijo en la parte motiva que la
acción de tutela podía llegar a ser procedente contra actuaciones judiciales en
circunstancias excepcionales, cuando ellas resultaran ser una vía de hecho.
[32] La misma regla ha
sido reiterada por la Sala Plena de la
Corte Constitucional, por ejemplo, en las sentencias C-037 de 1996 (MP
Vladimiro Naranjo Mesa, SPV Vladimiro Naranjo Mesa, José Gregorio Hernández
Galindo, Alejandro Martínez Caballero y Hernando Herrera Vergara, SV. José
Gregorio Hernández Galindo, AV Vladimiro Naranjo Mesa, Hernando Herrera
Vergara, José Gregorio Hernández Galindo y Eduardo Cifuentes Muñoz),  SU-159 de
2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa, SV Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar
Gil y Alfredo Beltrán Sierra) y, más adelante, en la sentencia C-590 de 2005 (MP
Jaime Córdoba Triviño).
[33] MP Jaime Córdoba
Triviño, unánime. En ella se declaró
inexequible la expresión “acción” contenida en el artículo 185 de la
Ley 906 de 2004, en tanto excluía toda posibilidad de interponer acciones de
tutela contra las sentencias de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia.
[34] Corte Constitucional,
sentencia T-282 de 2009 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). En ese fallo la
Sala Cuarta de Revisión de la Corte recordó la improcedencia de la tutela
contra tutela, y se explicaron los presupuestos generales de procedibilidad de
la misma.
[35] Véase, al respecto,
la sentencia T-231 de 1994 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) en la cual la
Sala Tercera de Revisión tipificó algunos de los defectos en que pueden
incurrir las providencias judiciales, con la virtualidad de afectar derechos
fundamentales.
[36] Sobre la
caracterización de estos defectos, puede verse, entre muchas otras, la
sentencia T-231 de 1994 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[37] Folio 15.
[38] Folios 17 al 25.
[39] Folios 26 al 43.
[40] Folios 44 al 55.
[41] El artículo 30 de la
Ley 712 del 2001 “Por la cual se reforma el Código
Procesal del Trabajo”, consagra la procedencia del recurso de
revisión en los siguientes términos: “[e]l recurso extraordinario de
revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas de la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, las salas laborales de los tribunales superiores y
los jueces laborales del circuito dictadas en procesos ordinarios”.
Igualmente, el artículo 31 de la mencionada Ley dispuso las causales para
interponer el recurso, así: “CAUSALES DE REVISIÓN: || 1. Haberse
declarado falsos por la justicia penal documentos que fueron decisivos para el
pronunciamiento de la sentencia recurrida. || 2. Haberse cimentado la
sentencia en declaraciones de personas que fueron condenadas por falsos
testimonios en razón de ellas. || 3.Cuando después de ejecutoriada la
sentencia se demuestre que la decisión fue determinada por un hecho delictivo
del juez, decidido por la justicia penal. || 4. Haber incurrido el
apoderado judicial o mandatario en el delito de infidelidad de los deberes
profesionales, en perjuicio de la parte que representó en el proceso laboral,
siempre que ello haya sido determinante en este. || PARÁGRAFO. Este
recurso también procede respecto de conciliaciones laborales en los casos
previstos en los numerales 1, 3 y 4 de este artículo. En este caso conocerán
los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.”. Las causales anteriores
fueron adicionadas por lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el
cual se refiere a la revisión de aquellas actuaciones que impongan la
obligación de reconocer sumas periódicas o pensiones de cualquier naturaleza a
cargo del tesoro público o a fondos públicos, en razón de una violación al
debido proceso. Se debe anotar que el Gobierno tiene la titularidad del recurso
de revisión con fundamento en esta causal.
[42] MP. María Victoria
Calle Correa, AV. Nilson Pinilla Pinilla. En esa oportunidad, la Sala Plena
examinó el caso de una persona que reclamaba la protección de su derecho al
debido proceso, porque mediante una sentencia de casación, la Sala Laboral de
la Corte Suprema de Justicia le había exigido acreditar el requisito de
fidelidad para acceder a la pensión de sobrevivientes de su esposo, dado que
este último había fallecido antes de la declaratoria de inexequibilidad de la
norma que lo contemplaba. La Corte amparó los derechos fundamentales de la
accionante, y ordenó el reconocimiento pensional. Explicó que la aplicación de
las normas que consagran el requisito de fidelidad comporta un desconocimiento
de la Constitución Política, sin importar el momento de causación del derecho,
pues desde siempre ha sido contraria a la prohibición de regresividad de los
derechos sociales y económicos.
[43] Ibíd. Al respecto,
puede observarse también la sentencia SU-132 de 2013 (MP. Alexei Julio Estrada,
AV. Nilson Pinilla Pinilla), mediante la cual la Sala Plena de la Corte, en un asunto
similar al estudiado en esta oportunidad, decidió declarar procedente una
acción de tutela presentada contra un fallo de la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia. Igualmente, puede verse la sentencia SU-158 de 2013 (MP
María Victoria Calle Correa, AV. Nilson Pinilla Pinilla).
[44] MP. Humberto Antonio
Sierra Porto.
[45] Igualmente, en la sentencia T-450 de 2013
(MP. Mauricio González Cuervo), la Sala Segunda de Revisión declaró procedente
una acción de tutela mediante la cual se cuestionaba una sentencia de la Corte
Suprema de Justicia, que previamente negó el reconocimiento de una pensión de
sobrevivientes por no llenarse el requisito de fidelidad. En esa oportunidad
transcurrieron ocho (8) meses entre la expedición de la sentencia demandada y
la presentación de la tutela, y aunque el tiempo era razonable, se advirtió que
cuando “la afectación al derecho fundamental se esté
dando de forma reiterada - como resulta de la negativa injustificada al
reconocimiento de un derecho pensional -  la acción de tutela será
procedente hasta tanto cese la vulneración”.
[46] La implicación
directa del carácter imprescriptible e irrenunciable del derecho a la seguridad
social, y específicamente a la pensión de sobrevivientes, es que las personas
beneficiarias pueden reclamar su titularidad en cualquier tiempo, siempre que
se llenen los requisitos legales establecidos. El derecho a determinada pensión
nace cuando una persona cumple los presupuestos legales vigentes al momento del
causarse el mismo, y ese derecho es irrenunciable. Un beneficiario puede
abstenerse de reclamar el pago efectivo de las mesadas, e inclusive le puede
ser negado el reconocimiento, pero este no podrá despojarse de la titularidad
del derecho, ni de la facultad de reclamar en el futuro el pago periódico de su
prestación. Sobre la imprescriptibilidad e irrenunciabilidad del derecho a la pensión
de sobrevivientes puede verse, entre otras, la sentencia T-479 de 2009 (MP
María Victoria Calle Correa), en la que se explicó que “[e]l carácter imprescriptible del derecho a
la pensión se deriva directamente de principios y valores constitucionales que
garantizan la solidaridad que debe regir la sociedad, y además, se constituye
en un instrumento para garantizar la especial protección que el Estado debe a
las personas de la tercera edad, con el propósito de asegurar el mantenimiento
de unas condiciones de vida digna”, por lo que en virtud de la misma “[…] la persona que se
crea con derecho a [determinada pensión], puede ejercer el derecho e insistir
en su reconocimiento cuantas veces estime necesarias, porque de lo contrario,
el derecho pensional que es imprescriptible, ya no podría ser reclamado por vía
judicial, lo cual resultaría a todas luces contradictorio y haría nugatoria la
protección del derecho.” En el mismo sentido, pueden verse las sentencias
T-164 de 2011 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-231 de 2011 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), T-427 de 2011 (MP Juan Carlos Henao Pérez),
T-072 de 2012 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-732 de 2012 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub), T-395 de 2013 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y T-521 de
2013 (MP Mauricio González Cuervo). En esas providencias, las diferentes salas
reiteraron la jurisprudencia sobre imprescriptibilidad del derecho a la pensión
de sobrevivientes, y establecieron que debido al carácter irrenunciable del
derecho a la seguridad social, acompasado con los principios de protección
especial a las personas en situación de debilidad manifiesta, esa prestación
puede reclamarse en cualquier momento.
[47] La sentencia de la
Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que declaró la nulidad de todo lo
actuado en el proceso de tutela, fue proferida el diecisiete (17) de marzo de
dos mil catorce (2014) (folio 69), y la accionante presentó el expediente en la
Secretaría General de la Corte Constitucional el tres (3) de abril de dos mil
catorce (2014) (folio 1).
[48] Sobre este punto,
vale resaltar que en la ya citada sentencia SU-132 de 2013 (MP Alexei Julio
Estrada, AV Nilson Pinilla Pinilla), respecto de un caso similar al presente,
la Sala Plena examinó el cumplimiento del requisito de inmediatez desde el
momento en que se profirió la providencia que “inadmitió la acción
constitucional sin dar la oportunidad de una revisión por parte de la Corte
Constitucional”, hasta cuando la persona interesada presentó la acción de tutela
motivo de estudio con fundamento en el Auto 100 de 2008. En ese lapso
transcurrieron solo dos (2) meses y, por tanto, la Corte halló que “las
actuaciones realizadas por la tutelante, encaminadas a la búsqueda de protección
de sus derechos, se llevaron a cabo dentro de un tiempo razonable”.
[49] En el recurso de
casación presentado ante la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, la
peticionaria alegó, igualmente, que la aplicación del requisito de fidelidad
consagrado en “el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, rompe el equilibrio y
el respeto de los principios de proporcionalidad y progresividad, consagrados
en el preámbulo y los artículos 13 y 48 de la Constitución Política”, y que
al respecto “se debió observar la sentencia C-556 de 2009, […] para resaltar
que se excluyeron del ordenamiento jurídico los literales a) y b) del artículo
12 de la Ley 797 de 2003.” (folios 48 y 49).
[50] Esta
posición ha sido reiterada por la Corte Constitucional en múltiples ocasiones.
Al respecto véanse las sentencias de unificación de jurisprudencia: SU-132 de
2013 (MP Alexei Julio Estrada, AV Nilson Pinilla Pinilla), SU-158 de 2013 (MP
María Victoria Calle Correa, AV Nilson Pinilla Pinilla) y SU-407 de 2013 (MP
María Victoria Calle Correa, AV Nilson Pinilla Pinilla). Igualmente, pueden
verse, entre otras, las siguientes sentencias de revisión: T-730 de 2009 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), T-846 de 2009 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub), T-950 de 2009 (MP Mauricio González Cuervo), T-006 de 2010 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub), T-166 de 2010 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo),
T-534 de 2010 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-755 de 2010 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio), T-925 de 2010 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-950 de
2010 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-995 de 2010 (MP Luis Ernesto Vargas Silva),
T-453 de 2011 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-576A de 2011 (MP Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo), T-586A de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-722 de 2011
(MP Juan Carlos Henao Pérez), T-772 de 2011 (MP Juan Carlos Henao Pérez), T-868
de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-028 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva), T-043 de 2012 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-127 de 2012 (MP
Luis Ernesto Vargas Silva), T-687 de 2012 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub),
T-038 de 2013 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-118 de 2013 (MP Alexei Julio
Estrada), T-260 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-779 de 2013 (MP Luis
Guillermo Guerrero Pérez), T-450 de 2013 (MP Mauricio González Cuervo), y T-886
de 2013 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez). En todas estas providencias se
sostuvo que es inconstitucional exigir el requisito de fidelidad para conceder
el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, sea que estas se hubieren
causado antes o después de la sentencia C-556 de 2009.
[51] Los literales a) y b)
de la Ley 797 de 2003 establecían: “Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes: […] Los miembros del
grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando: […] a) Muerte
causada por enfermedad: si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el
veinticinco por ciento (25%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió
veinte años de edad y la fecha del fallecimiento, b) Muerte causada por
accidente: si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el veinte por ciento
(20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de
edad y la fecha del fallecimiento”. Las
expresiones subrayadas fueron declaradas inexequibles por la Corte
Constitucional en la sentencia C-556 de 2009 (MP. Nilson Pinilla Pinilla).
[52] MP. Nilson Pinilla
Pinilla.
[53] En la sentencia C-556
de 2009 (MP. Nilson Pinilla Pinilla) se explicó que el requisito de fidelidad
creaba una barrera de acceso a los beneficiarios de aquellos afiliados que
fallecían a una edad avanzada, en el sentido de que ellos debían acreditar un
número mayor de cotizaciones para satisfacer el presupuesto si se comparaba con
otros usuarios menores. Allí se sostuvo, por ejemplo, que “si una persona al fallecer por enfermedad
tiene 40 años de edad, debe contar con un mínimo de 5 años de cotizaciones, que
correspondería al 25% del tiempo cotizado, el cual se ve incrementado en la
medida que pasen los años, pues siguiendo el mismo ejemplo si el afiliado al
fallecer cuenta ya no con 40 sino con 60 años de edad, el requisito
correspondiente al 25% del tiempo, ascendería a 10 años de cotizaciones.”
[54] Corte Constitucional,
T-730 de 2009 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto). En esa oportunidad, la Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional amparó los derechos a la seguridad social y al mínimo vital de
una persona a la cual le negaron la pensión de sobrevivientes porque el
causante no cumplía el requisito de fidelidad, el cual le era exigible porque
falleció cuando estaba vigente la Ley 797 de 2003 y antes de proferida la
sentencia C-556 de 2009. En ese contexto, la Corte dijo que tal exigencia “desde
siempre fue contraria al derecho fundamental a la seguridad social en pensiones”,
y agregó: “si en gracia de
discusión se aceptara que resultan constitucionalmente posibles tanto la
interpretación que restringe la eficacia de la protección desde el momento en
que se profirió la decisión y hacia el futuro, como la que predica su eficacia
incluso para las situaciones que se configuraron antes de proferirse la
decisión de la Corte, la vigencia del principio pro homine en nuestro orden
constitucional obligaría a preferir la interpretación más garantista para los
afectados, de manera que también en este caso se estaría ante la misma
conclusión, en el sentido de exigir única y exclusivamente los requisitos que
siempre estuvieron conforme a la Constitución, en cuanto no incurrían en
limitaciones ilegítimas de los derechos sociales fundamentales”.
[55] MP. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[56] En esta sentencia se
hizo referencia al precedente constitucional sobre la inaplicación del
requisito de fidelidad en pensión de invalidez. Aun cuando se examinaba el caso
de una persona que reclamaba una pensión de sobrevivientes, la Sala encontró
que los argumentos relativos a que dicho presupuesto era regresivo, se podían
extender también a la pensión de sobrevivientes para efectos de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad. Allí se citaron las siguientes providencias:
T-974 de 2005 (MP Jaime Araujo
Rentería), T-1291 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-221 de 2006 (MP
Rodrigo Escobar Gil), T-043 de 2007 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-699A de 2007
(MP Rodrigo Escobar Gil), T-580 de 2007 (MP Humberto Antonio Sierra Porto) y
T-628 de 2007 (MP Clara Inés Vargas Hernández).
[57] Esta interpretación ha
sido reiterada por diferentes decisiones de esta Corporación, entre las cuales
pueden verse las sentencias T-730 de 2009 (MP Humberto Antonio Sierra Porto),
T-166 de 2010 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-772 de 2011 (MP Juan
Carlos Henao Pérez), T-043 de 2012 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-687
de 2012 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y T-260 de 2013 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva). En todas ellas, la Corte tuteló el derecho a la seguridad social
de unos ciudadanos a quienes se le negó el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes por no cumplir el requisito de fidelidad, el cual era aplicable
–a juicio de las administradoras de pensiones- porque estaba vigente al momento de la muerte
del causante.
[58] Corte Constitucional. Sentencias SU-1184 de 2001 (MP.
Eduardo Montealegre Lynett); T-1625 de 2000 (MP. Martha Victoria Sáchica
Méndez) y T-1031 de 2001 (MP. Eduardo Montealegre Lynett). También la sentencia
T-047 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández). En estos casos, si bien el
juez de la causa es quien le fija el alcance a la norma que aplica, no puede
hacerlo en oposición a los valores, principios y derechos constitucionales, de
manera que, debiendo seleccionar entre dos o más entendimientos posibles, debe
forzosamente acoger aquél que se ajuste a la
Carta política.
[59] Sobre el tema pueden consultarse además, las
sentencias SU-1184 de 2001 (MP. Eduardo Montealegre Lynett); T-1625 de 2000
(MP. Martha Victoria Sáchica Méndez); T-522 de 2001 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa); T-047 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández). En la sentencia
T-522 de 2001 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), la
Corte señaló que: “es evidente que se desconocería y contraven­dría
abiertamente la Carta Política si se aplica una disposición cuyo contenido
normativo es precisamente, y solamente, impedir que se otorguen medidas de
aseguramiento a los sindicados porque los procesos se adelantan ante jueces
especializados, razón por la cual el juez, al constatar su existencia, tendría
que haber aplicado la excepción de inconstitucionalidad”.
[60] Corte Constitucional,
sentencias T-555 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva), T-1028 de 2010 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-111 de 2011 (MP
Luis Ernesto Vargas Silva) y T-178 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa).
[61] El texto de las
normas es el siguiente: Constitución Política, artículo 48 (parcial), “[e]l
Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la seguridad social que comprenderá la prestación de los servicios
en la forma que determine la ley”; artículo 53 (parcial), “[l]a ley, los
contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.”
[62] MP. Alexei Julio
Estrada, AV. Nilson Pinilla Pinilla.
[63] Ob, cit. MP. María
Victoria Calle Correa, AV. Nilson Pinilla Pinilla.
[64] MP
María Victoria Calle Correa, AV. Nilson Pinilla Pinilla. En esa sentencia, la
Sala Plena de la Corte estableció que las autoridades, bajo ningún pretexto,
pueden aplicar o exigir el cumplimiento del requisito de fidelidad al sistema,
so pena incurrir en un defecto por violación directa de la Constitución y a los
derechos fundamentales de la persona interesada. En ese caso, se dejaron sin
efecto dos providencias judiciales que habían negado el reconocimiento de una
pensión de sobrevivientes a una ciudadana por no cumplir ese requisito, el cual
consideraban exigible porque el causante falleció antes de proferida la
sentencia C-556 de 2009. Al respecto, se sostuvo lo siguiente: “[…] el
defecto [por violación directa de la Constitución] consistió en no haber
inaplicado el mencionado requisito de fidelidad consagrado en la citada norma,
a pesar de ser contrario a la Constitución, tal y como lo había interpretado en
numerosos pronunciamientos la Corte Constitucional, que es la Corporación que
tiene asignada la función de guardar la integridad y supremacía de la
Constitución Política (art. 241, C.P.). // En conclusión, cuando
una autoridad judicial aplica o exige que se apliquen las normas que
establecían el requisito de fidelidad para adquirir el derecho a una pensión de
sobrevivientes, vulnera el derecho a la seguridad social (art. 48, C.P.), dado
que esa exigencia de fidelidad desde
siempre ha sido incompatible con la Carta, por lo que debe
inaplicarse en todos los casos (art. 4, C.P.).”
[65] Ob, cit. MP. Manuel
José Cepeda Espinosa.
[66] Sentencia del quince
(15) de febrero de dos mil once (2011), proferida por la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Laboral, en la cual se resolvió el recurso extraordinario
propuesto por la actora contra la sentencia del Tribunal mencionada (folios 44
al 55).
[67] En la sentencia C-507
de 2008 (MP Jaime Córdoba Triviño), sobre el principio de progresividad en
materia de derechos sociales, la Corte explicó que “cuando una norma retrocede, por cualquier vía, el nivel de satisfacción
de un derecho social, inmediatamente debe presumirse inconstitucional. Sin
embargo, esta presunción admite, prueba en contrario. En este sentido la Corte
ha señalado que la prohibición de regresividad es apenas una prohibición prima
facie y no absoluta. Lo anterior significa que cuando el Estado ha obtenido un
mayor nivel de satisfacción de derechos sociales, la decisión política de
disminuir el alcance de la protección debe contar con una justificación
suficiente para superar la prohibición de regresividad.” Al respecto pueden observarse, también, las sentencias C-671 de 2002
(MP Eduardo Montealegre Lynnnet) y C-428 de 2009 (MP Mauricio González Cuervo).
[68] Ob, cit. Corte
Constitucional, sentencia C-556 de 2009 (MP Nilson Pinilla Pinilla).
[69] En la sentencia C-428
de 2009 (MP. Mauricio González Cuervo), la Corte declaró inexequible el
requisito de fidelidad al sistema para acceder a la pensión de invalidez, el
cual disponía que para obtener el derecho, los afiliados debían cotizar el “veinte por ciento (20%) del tiempo
transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la
fecha de la primera calificación del estado de invalidez”. Allí se explicó que ese requisito buscaba
garantizar la sostenibilidad financiera del sistema mediante la cultura
de la afiliación, pero que el medio para lograrla (el requisito de fidelidad)
implicaba un “costo social” muy alto, por lo que debía declararse
inexequible, así: “el requisito de fidelidad no logra desvirtuar la presunción de
regresividad, a diferencia del anterior caso analizado, respecto del cual la
reforma mostró matices de progresividad a pesar del aumento en el número de
semanas requeridas. A pesar de poder tener un fin constitucional legítimo, en
tanto buscaría asegurar la estabilidad financiera del sistema pensional
mediante la cultura de afiliación y disminución del fraude, la norma no es
conducente para la realización de dichos fines al imponer una carga mayor a las
personas a quienes no se les había exigido fidelidad -los afiliados de la
tercera edad. […] [Por tanto], el costo social que apareja la modificación
introducida por el requisito de fidelidad incluido en el artículo 1 de la Ley
860 de 2003 es mayor que beneficio que reportaría para la colectividad. En
efecto, como se expuso anteriormente, implica la exclusión de determinadas
situaciones previamente protegidas, a través de un requisito que no conduce
realmente a la realización de los propósitos perseguidos por la norma.”
[70] El causante falleció
a la edad de setenta y cuatro (74) años en razón de una enfermedad. Por tanto,
el veinte por ciento (20%) de cotizaciones entre el momento que cumplió veinte
(20) años de edad y la muerte corresponden 14.8 años, equivalentes
aproximadamente a setecientas cuarenta (740) semanas.
[71] Recuérdese que una de
las razones por las cuales se declaró inexequible el requisito de fidelidad en
pensión de sobrevivientes, fue que creaba una barrera de acceso a los
beneficiarios de aquellos afiliados que fallecían a una edad avanzada, en el
sentido de que ellos debían acreditar un número mayor de cotizaciones para
satisfacer el presupuesto si se comparaba con otros usuarios menores. Así por
ejemplo, como se expuso en la sentencia C-556 de 2009 (MP Nilson Pinilla
Pinilla ): “si una persona al
fallecer por enfermedad tiene 40 años de edad, debe contar con un mínimo de 5
años de cotizaciones, que correspondería al 25% del tiempo cotizado, el cual se
ve incrementado en la medida que pasen los años, pues siguiendo el mismo
ejemplo si el afiliado al fallecer cuenta ya no con 40 sino con 60 años de
edad, el requisito correspondiente al 25% del tiempo, ascendería a 10 años de
cotizaciones.”
[72] Ob, cit. Corte
Constitucional, T-730 de 2009 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
[73] Ob, cit. Corte
Constitucional, sentencia T-1036 de 2008 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[74] Folio 4.
[75] En múltiples
oportunidades las Salas de Revisión de la Corte Constitucional han asumido
directamente la competencia para conocer un trámite de tutela en virtud del
Auto 100 de 2008. Al respecto pueden observarse, entre otras, las sentencias
T-013 de 2011 (MP Juan Carlos Henao Pérez), T-859 de 2011 (MP Humberto Antonio
Sierra Porto), T-214 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-1038 de 2012 (MP
Mauricio González Cuervo), T-1095 de 2012 (MP Luis Ernesto Varas Silva), T-255
de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-450 de 2013 (MP Mauricio González
Cuervo), y T-362 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[76] En diferentes
oportunidades la Corte ha autorizado a las entidades demandadas para que
descuenten lo pagado por indemnización sustitutiva cuando reconocen algún
derecho pensional. Esto, para efectos de armonizar el mandato de incompatibilidad
de las prestaciones con el respeto a los derechos adquiridos y el carácter
irrenunciable de la seguridad social. Al respecto, puede observarse, entre
otras, la sentencia T-003 de 2014 (MP Mauricio González Cuervo), en la cual se
amparó el derecho a la seguridad social de una persona que reclamaba la pensión
de sobrevivientes, y previamente al causante le había sido reconocida una
indemnización sustitutiva. Sobre el descuento de esta última prestación se
resolvió lo siguiente: “la Sala le ordenará a
Colpensiones que revise la historia laboral de la señora Odeilda Franco García
y en caso que cumpla con el requisito de haber cotizado 50 semanas en los
últimos tres años anteriores a su fallecimiento, se ordena que le reconozca y
pague la pensión de sobrevivientes a su hijo Giovanni Jaramillo Franco. En caso
que haya reclamado la indemnización sustitutiva, la entidad accionada deberá
hacer un cálculo y descontarle esta prestación de manera periódica, sin que la
pensión de sobrevivientes sea inferior a un salario mínimo legal”. En el mismo sentido, puede observarse la sentencia
T-599 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa).
[77] Código Sustantivo del
Trabajo, artículo 488. “Las acciones
correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3)
años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho
exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en
el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto” (resaltado fuera del texto).
[78] Reiterada
jurisprudencia constitucional ha señalado que los derechos pensionales son
imprescriptibles, pero que las prestaciones periódicas o mesadas que no han
sido cobradas sí son susceptibles del vencimiento. Esto, en virtud de la
protección de los derechos adquiridos, la irrenunciabilidad del derecho a la
seguridad social (art. 48 CP). Sobre la imprescriptibilidad de la pensión de
sobrevivientes pueden observarse, entre muchas otras, las sentencias T-479 de
2009 (MP María Victoria Calle Correa), T-164 de 2011 (MP Humberto Antonio
Sierra Porto), T-231 de 2011 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-427 de 2011
(MP Juan Carlos Henao Pérez), T-072 de 2012 (MP Jorge Iván Palacio Palacio),
T-732 de 2012 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-395 de 2013 (MP Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo) y T-521 de 2013 (MP Mauricio González Cuervo).