SU217-19
Sentencia
SU217/19
DOBLE CONFORMIDAD JUDICIAL-Alcance/DERECHO A LA IMPUGNACION DE SENTENCIAS
CONDENATORIAS-Jurisprudencia
constitucional
ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS DE
ALTAS CORTES-Procedencia excepcional por vulneración de derechos fundamentales
La tutela contra
providencias judiciales de las altas Corporaciones es más restrictiva, en la
medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe
de manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y
límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se
configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del
juez constitucional
VIOLACION
DIRECTA DE LA CONSTITUCION COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Al inaplicar derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria
VIOLACION
DIRECTA DE LA CONSTITUCION COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Configuración
Esta vulneración directa se configuró, adicionalmente, porque
se desatendió la interpretación que de su alcance se hizo en la Sentencia C-792
de 2014, por lo que la causal de violación directa de la constitución se
encuentra íntimamente ligada con la del desconocimiento del precedente
constitucional
DESCONOCIMIENTO
DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE
JURISPRUDENCIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Formas en que puede ser desconocida la jurisprudencia
Jurisprudencia de la
Corte Constitucional puede ser desconocida de cuatro formas: (i) aplicando
disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de
constitucionalidad; (ii) aplicando disposiciones legales cuyo contenido
normativo ha sido encontrado contrario a la Constitución; (iii) contrariando
la ratio decidendi de
sentencias de constitucionalidad; y (iv) contrariando el alcance de los
derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio
decidendi de sus sentencias de tutela
RECURSOS
CONTRA LAS DECISIONES JUDICIALES EN PROCESO PENAL
DERECHO A
LA IMPUGNACION DE SENTENCIAS CONDENATORIAS-Jurisprudencia constitucional
El derecho a la
impugnación otorga la facultad a las personas condenadas en un juicio penal
controvertir el fallo incriminatorio ante una instancia judicial distinta de
quien dictó la providencia, es decir, para atacar las bases y el contenido de
la sentencia que determina su responsabilidad penal y que le atribuye la
correspondiente sanción
DERECHO A LA IMPUGNACION DE
SENTENCIAS CONDENATORIAS-Objeto
El derecho a la impugnación recae
sobre las sentencias condenatorias, es decir, sobre las decisiones judiciales
que, al resolver el objeto de un proceso penal, determinan la responsabilidad
de una persona y le imponen la correspondiente sanción. Como puede advertirse,
el objeto de la referida prerrogativa constitucional se estructura en torno a
dos elementos: por un lado, en torno al tipo de decisión que se expide dentro
del juicio penal, y por otro lado, entorno al contenido de la providencia”. Aclaró entonces que este derecho no se aplica a
decisiones que se toman en el curso del proceso, aunque sean adversas al
procesado; y tampoco se aplica a sentencias absolutorias, sino únicamente a las
condenatorias, en cuanto sus efectos sobre los derechos fundamentales son
importantes, y tienen la potencialidad de limitar la libertad personal
IMPUGNACION
DE SENTENCIA CONDENATORIA EN SEGUNDA INSTANCIA-Extensión del juicio tendría una ocurrencia
excepcional
IMPUGNACION
DE SENTENCIA CONDENATORIA EN SEGUNDA INSTANCIA-Extensión del juicio tendría una ocurrencia
excepcional
POSIBILIDAD
DE APELAR LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS PROFERIDAS POR PRIMERA VEZ EN SEGUNDA
INSTANCIA-Tipos de escenarios normativos
No es admisible sostener que el
precedente de la Sentencia C-792 de 2014 sea aplicable exclusivamente a
personas condenadas mediante el procedimiento regulado en la Ley 906 de 2004.
En primer lugar, porque resultaría violatorio del derecho a la igualdad el que
unas personas puedan ejercer la garantía constitucional de impugnar la condena
que se les imponga y otras no puedan hacerlo, por razón de la ley procesal
aplicable. En segundo lugar, la Sentencia
C-792 de 2014 es explícita en señalar que la omisión del legislador no se
limita a las hipótesis planteadas en el proceso de constitucionalidad, es
decir, a la Ley 906 de 2004, sino que la “falencia se proyecta en todo
el proceso penal”, razón por la que el exhorto
hecho al legislador en la Sentencia C-792 de 2014, se refiere a que “regule
integralmente el derecho a impugnar todas las sentencias condenatorias”
DEBER
CONSTITUCIONAL DEL LEGISLADOR DE DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN RECURSO JUDICIAL QUE
MATERIALICE EL DERECHO A LA IMPUGNACION-Reiteración del exhorto al Congreso de la República
En el resolutivo segundo de la Sentencia C-792 de 2014 se
exhortó “al Congreso de la República para que, en el
término de un año contado a partir de la notificación por edicto de esta
sentencia, regule integralmente el derecho a impugnar todas las sentencias
condenatorias. De no hacerlo, a partir del vencimiento de este término, se
entenderá que procede la impugnación de todas las sentencias condenatorias
ante el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena”. Si
bien el Congreso ha venido avanzando en la regulación del derecho constitucional
de impugnar las sentencias condenatorias, como se evidencia con la reforma
introducida a los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución mediante el Acto
Legislativo 01 de 2018, resulta indispensable que dicha tarea se complemente
con la ley que regule la competencia de la Corte Suprema de Justica consistente
en conocer del derecho de impugnación y del recurso de apelación en
materia penal, como lo prevé  el numeral 2 del artículo 235 de la
Constitución, según la reforma introducida por el artículo 3 del mencionado
Acto Legislativo 01 de 2018. Dado
que subsiste la omisión legislativa en cuanto a la regulación del
procedimiento para el ejercicio del derecho a la impugnación de las condenas,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 y 235, numerales 2 y 7, de
la Constitución, la Corte exhortará, una vez más, al Congreso de la República a
efectos de que, en ejercicio de su amplia de libertad de configuración del
derecho y dentro del marco de la Constitución, regule dicho procedimiento
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES QUE DESCONOCEN PRECEDENTE JUDICIAL DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL-Procedencia
Expedientes:
T-6.011.878 y T-6.056.177
Demandantes:
Robinson Rodríguez Oviedo y
Héctor Hincapié Escobar
Demandados: Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, Salas Penales de los Tribunales Superiores de los
Distritos Judicial de Pereira y Neiva.
Magistrado Sustanciador:
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Bogotá DC, veintiuno (21) de mayo de dos mil
diecinueve (2019)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales[1],
adopta la siguiente
SENTENCIA
En la revisión de las sentencias de tutela
proferidas por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en los
casos de la referencia, los cuales fueron seleccionados para revisión por la
Sala de Selección Número Tres de 2017, mediante autos del 16 y 30 de marzo de
2017[2] y repartidos a la Sala
Cuarta de Revisión.
El conocimiento y decisión de tales casos
fue asumido por la Sala Plena mediante Auto de abril 11 de 2018, providencia
mediante la cual igualmente se ordenó su acumulación y se suspendieron los
términos de conformidad con lo previsto en el Acuerdo 02 de 2017[3].
I.
ANTECEDENTES
1. Expediente
T-6.011.878
1.1. La
solicitud
El señor Robinson Rodríguez Oviedo, por intermedio de
apoderada judicial, presentó acción de tutela en contra de la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República y la Corte
Constitucional, por considerar que le vulneraron su derecho fundamental al
debido proceso al no permitirle apelar la sentencia condenatoria que le fue
impuesta por primera vez, en sede de segunda instancia, en el marco de un
proceso penal en su contra.
1.2.
Hechos[4]
1.2.1. En contra del
actor se adelantó un proceso penal por el delito de falsedad material e
ideológica en documento público bajo el trámite previsto en la Ley 600 de 2000,
por hechos ocurridos el 12 de junio de 2004[5], cuando
se desempeñaba como concejal del Municipio de Gigante (Huila), relacionados con
la aprobación irregular de dos proyectos de Acuerdo de iniciativa del alcalde. El
1 de noviembre de 2005, la Fiscalía Veinte Seccional de Garzón (Huila)[6]
decretó la apertura de instrucción sumarial y el 8 de julio de 2014 se dio
inicio a la audiencia pública de juzgamiento.
El 11 de septiembre de 2015, el Juzgado Primero Penal del Circuito
de Garzón (Huila), concluyó que la acción penal, en el momento en que quedó
ejecutoriada la resolución de acusación proferida por la Fiscalía, se
encontraba prescrita y, en consecuencia, declaró la extinción de la acción
penal y el archivo de las diligencias.
Lo anterior, debido a que el juez de primera instancia atribuyó la
responsabilidad penal al accionante y a otros procesados a título de cómplices,
por lo que el término de prescripción fue inferior al que se contabilizó para
otros procesados[7], quienes fueron condenados a título
de autores.
Tal providencia fue impugnada por el ente acusador y por la
defensa de tres de los procesados[8], correspondiéndole su estudio a la
Sala Cuarta Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva que,
mediante providencia del 28 de junio de 2016 modificó la decisión dictada por
el a quo y, en su lugar, lo condenó, por primera vez, en segunda instancia
como coautor del delito de falsedad ideológica en documento público, a 44.2
meses de prisión e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones
públicas por 60 meses.
1.2.3. Ante esta
situación, el 1º de agosto de 2016, dentro del término para interponer el
recurso de casación, el actor apeló el referido fallo condenatorio, con
fundamento en la Sentencia C-792 de 2014, impugnación que fue rechazada
mediante providencia del 17 de agosto de 2016 por el Tribunal Superior de
Neiva.
Contra dicha decisión, el señor Robinson Rodríguez Oviedo
interpuso recurso de reposición. El 12 de septiembre de 2016, el Tribunal
Superior de Neiva decidió no reponer el auto del 17 de agosto de 2016 y
concedió el término de 3 días para interponer el recurso de queja, de
conformidad con el artículo 196 de la Ley 600 de 2000.
La Corte Suprema de Justicia, por su parte, mediante decisión del
26 de octubre de 2016, se abstuvo de dar trámite al recurso advirtiendo que,
entre otros argumentos: “(…), no puede esta Sala asumir el conocimiento de
un recurso cuya competencia no le ha sido asignada por la ley, lo que socava
las bases mismas del debido proceso y violenta los principios de legalidad, de
reserva legal y de separación de poderes”[9].
1.2.4. Inconforme
con la anterior decisión, el señor Rodríguez acudió a la acción de tutela por
considerar que cumple los requisitos de las Sentencias C-792 de 2014 y SU-215
de 2016, debiendo permitírsele la apelación de la condena, a pesar de la
ausencia de un referente normativo que así lo materialice. En efecto, señaló
que el precedente unificado de esta Corporación contempla tres supuestos, que
en su caso se cumplen, de la siguiente manera:
i)       Se trata de una
condena impuesta por primera vez, en la segunda instancia del proceso penal.
ii)    La sentencia
ordinaria, al 24 de abril de 2016, no se encontraba ejecutoriada.
iii)  Por último, frente al tercer
supuesto que exige que el proceso penal se hubiera adelantado bajo la Ley 906
de 2004, de conformidad con lo dispuesto por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-215 de 2016, el accionante manifiesta que cumple con este
requisito, si se realiza un análisis de su caso a la luz de principios
superiores, como el de aplicación de la ley más favorable en materia penal.
Alega que, de estudiarse su solicitud de esta manera, se le podría
hacer extensiva la «garantía de la doble instancia», a pesar de que su condena
fue proferida con arreglo a la ritualidad procesal señalada en la Ley 600 de
2000.  Adicionalmente, soportó su pedimento en las disposiciones contenidas en
el artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 8º de
la Convención Americana, en el artículo 31 de la Carta Política y trajo a
colación algunos apartes de unos casos estudiados por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, a saber, Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, Herrera Ulloa
vs. Costa Rica y Mohamed vs. Argentina.
1.3. Pretensiones
Mediante la tutela el actor pretende la protección de su derecho
fundamental al debido proceso y, en consecuencia, el de apelar la providencia
que lo condenó por primera vez en segunda instancia.
1.4. Trámite de la acción de tutela
1.4.1. Escisión y reunificación del
proceso
La acción de tutela fue presentada ante la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia, órgano que, al asumir su conocimiento,
resolvió, con fundamento en el Decreto 1382 de 2000, que sólo era competente
para conocer en primera instancia de las pretensiones en contra de la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y de la Sala de
Casación Penal de esa Corporación, pero no respecto de las que se dirigían
contra el Congreso de la República y la Corte Constitucional, razón por la que
ordenó escindir la tutela y remitir una copia de la demanda a los Tribunales o
Consejos Seccionales, por considerarlos competentes para conocer, en primera
instancia, la acción dirigida contra dichas entidades.
Por error se envió una copia de la tutela tanto al Tribunal
Superior como al Tribunal Administrativo, ambos de Cundinamarca, quienes de
manera paralela sometieron a reparto la tutela en relación con el Congreso de
la República y la Corte Constitucional.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala
Penal, consideró que carecía de competencia y remitió el expediente de nuevo a
la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, a la vez propuso
conflicto de competencia ante la Corte Constitucional, el cual fue resuelto
mediante Auto ICC-2720 en el que se dispuso que el conocimiento del asunto correspondía
a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. La Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia, acatando la decisión, decidió la tutela
y envió el expediente para eventual revisión de esta Corporación. El expediente
no fue seleccionado.
Paralelamente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca avocó
conocimiento del asunto, desvinculó a la Corte Constitucional por no encontrar
fundamento para adelantar acción en su contra, y dio trámite a la tutela contra
el Congreso de la República. El 24 de enero de 2017 negó el amparo pretendido
respecto del Congreso. Adicionalmente, remitió el expediente a la Corte Suprema
de Justicia, a efecto de que esta se pronunciara sobre la tutela contra la Sala
de Casación Penal y de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Neiva[10].
La Corte Suprema de Justicia remitió el expediente a la Corte
Constitucional, cuya Sala de Selección Número Tres, mediante auto del 16 de
marzo de 2017, como ya se dijo, lo seleccionó y repartió a la Sala Cuarta de
Revisión, la cual, a su vez, mediante Auto 346 de 2017, declaró la nulidad de
todo lo actuado a partir de la providencia por medio del cual la Sala de
Casación Civil escindió el estudio de la tutela, en cuanto la misma ya había
sido fallada en cumplimiento de lo dispuesto al resolverse el conflicto de
competencia mediante el Auto ICC 2720 de 2017.
Saneada la irregularidad, la Sala de Casación Civil procedió, el 3
de octubre de 2017, a dictar un nuevo fallo, el cual fue remitido directamente
a la Sala Cuarta de Revisión con destino al Expediente T-6.011.878.
1.4.2. Pruebas que obran en el
expediente
En el expediente T-6.011.878 obran las siguientes pruebas:
i)    Copia de la
apelación presentada por el señor Robinson Rodríguez Oviedo en contra de la
decisión adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Neiva (folio 12 del cuaderno 2).
ii)    Copia de la
providencia judicial por medio de la cual, el 17 de agosto de 2016, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva rechazó la apelación (folios 13 a 34
del cuaderno 2).
iii)  Copia del oficio mediante el
cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva remitió el recurso a
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (folio 35 del
cuaderno 2).
iv)  CD que contiene: a. la
providencia dictada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia mediante la cual se abstuvo de resolver el recurso por considerarlo
improcedente, b. la Sentencia que, en primera instancia, profirió el Juzgado
Primero Penal del Circuito de Garzón, Huila, c. la providencia que dictó, en
segunda instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Neiva y, por último, d. copia del recurso de reposición y en subsidio queja que
presentó el actor contra el auto del 17 de agosto de 2016, por medio del cual
le fue rechazada la apelación presentada contra la sentencia que lo condenó en
segunda instancia (folio 36 del cuaderno 2).
1.4.3. Respuesta de las entidades
demandadas
Las entidades accionadas dieron respuesta a la demanda en los
términos que a continuación se exponen.
1.4.3.1. Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Neiva, Sala Penal
Solicitó declarar la improcedencia del amparo constitucional.
Luego de hacer un recuento de las actuaciones procesales más relevantes
manifestó que, en efecto, la sentencia de segunda instancia revocó parcialmente
la providencia proferida por el a quo y, en su lugar, condenó al señor
Rodríguez por el delito de falsedad ideológica en documento público.
Señaló que contra dicha decisión el demandante presentó el recurso
de apelación con fundamento en lo manifestado por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-792 de 2014, recurso que fue rechazado mediante Auto del 17 de
agosto de 2016, por cuanto esa providencia sólo se refería a disposiciones de
la Ley 906 de 2004, y no de la Ley 600 de 2000, razón por la que los efectos de
dicha sentencia no pueden extenderse a procesos tramitados bajo Ley 600 de
2000, como igualmente se desprende de la Sentencia SU-215 de 2016.
Ante el rechazo de la impugnación y del recurso de reposición, remitió
el expediente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a
efectos de que se surtiera el recurso de queja que presentó el accionante de
manera subsidiaria.
Por tanto, advirtió que no ha vulnerado ni amenazado los derechos
fundamentales que invocó el señor Rodríguez Oviedo, por cuanto las providencias
objeto de controversia, no son caprichosas ni arbitrarias, sino que, por el
contrario, son producto de un análisis concienzudo y en cumplimiento de los
mandatos constitucionales y legales que rigen el tema, teniendo en cuenta la
jurisprudencia vigente.
Por último, resaltó que la tutela no constituye una instancia
adicional o alternativa a los procedimientos que la ley consagra, ni tampoco
constituye un mecanismo diseñado para revivir un debate procesal agotado, en el
que se le garantizaron todas las prerrogativas al procesado.
1.4.3.2. Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Penal
Solicitó negar el amparo en lo que respecta a la Sala de Casación
Penal, teniendo en cuenta que no vulneró derecho fundamental alguno.
Recordó que, mediante providencia del 26 de octubre de 2016,
declaró improcedente el recurso de queja presentando por el señor Rodríguez
contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de
Neiva, decisión que, conforme a las normas de procedimiento consagradas en la
Ley 600 de 2000, no es susceptible del recurso de apelación.
Precisó que la Sentencia C-792 de 2014, no es aplicable al
presente asunto por cuanto: “(i) el derecho que reconoce la Corte
Constitucional es el de impugnar, que no apelar la sentencia condenatoria
proferida por primera vez en segunda instancia; (ii) ese derecho a impugnar la
condena impuesta en segunda instancia, no ha sido regulado por el Congreso
dentro del plazo concedido para ello; (iii) no puede la Sala asumir el
conocimiento de un recurso cuya competencia no le ha sido asignada por la ley,
pues ello desconoce el debido proceso, el principio de legalidad y de reserva
legal; (iv) en sentencia SU-215 de 2016 la Corte Constitucional precisó el
alcance de la sentencia de constitucionalidad, limitando su ámbito de
aplicación a los asuntos tramitados bajo la égida de la ley 906 de 2004”[11].
Con tales argumentos defendió la decisión adoptada por esa
Corporación, al considerar que examinó con suficiencia las razones de hecho y
de derecho que sustentaron la improcedencia del recurso de queja, conforme el
marco jurídico aplicable y su interpretación como máximo organismo de la
jurisdicción ordinaria en materia penal, posición que, además, fue reiterada en
los proveídos “CSJ AP, 18 de mayo de 2016, radicación 39156, CSJ AP
3280-2016 del 25 de mayo de 2016, radicación 37858; CSJ AP 48012 del 12 de
julio de 2016 y 1810 del siguiente”[12].
Reiteró que la sentencia cuestionada no incurrió en ninguno de los
defectos que hacen viable la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales.
Finalmente, en relación con el principio de favorabilidad, la Sala
indicó que su aplicación está supeditada a aquellos casos en que la sucesión de
leyes en el tiempo o coexistencia de normas de derecho reportan un beneficio
para la situación jurídica del procesado o condenado, presupuesto que no se
verificó en la hipótesis propuesta en la demanda, dado que allí lo que se
pretende no es la aplicación favorable de una norma de derecho material o
instrumental con efectos sustanciales, sino la aplicación extensiva de la
inexequibilidad del numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004 para
asuntos regulados bajo la Ley 600 de 2000.
1.4.3.3. Congreso de la República
En su respuesta analizó lo ordenado por la Corte Constitucional en
la Sentencia C-792 de 2014, en la que se declaró la inconstitucionalidad con
efectos diferidos de las normas legales entonces enjuiciadas, y se le otorgó al
Congreso un plazo de un año “contado a partir de la notificación por edicto
de esta sentencia” para regular integralmente el derecho a impugnar las
condenas.
En ese sentido y teniendo en cuenta que el edicto mediante el cual
se notificó la sentencia C-792 de 2014 se fijó el 22 de abril y se desfijó el
24 de abril, ambos de 2015, sostuvo que se entiende que el plazo dado al
Congreso para legislar sobre el tema habría vencido el 24 de abril de 2016. Por
consiguiente, sólo a partir de esa fecha procede por ministerio de la Constitución
y sin necesidad de ley, la impugnación de fallos condenatorios dictados por
primera vez en segunda instancia del proceso penal.
Afirmó que, de esta manera, la competencia para resolver la
impugnación del fallo condenatorio del accionante correspondía a la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, no obstante lo cual, en
sentencia del 26 de junio de 2016, resolvió el recurso sin referirse al
precedente de constitucionalidad comentado.
En consecuencia, consideró que es el operador judicial el que debe
valorar si el tutelante es destinatario de la figura procesal que reconoció la
Sentencia C-792 de 2014 y, por tanto, si el actor estima que se encuentra en
dicha hipótesis debe requerir su aplicación a la instancia competente y no al Congreso
de la República, pues dicha Corporación no tiene funciones judiciales indicadas
en la Constitución Política ni en el Reglamento del Congreso, salvo las
expresamente señaladas para el juzgamiento excepcional de los funcionarios del
Estado por responsabilidad política.
Por último, desestimó la vinculación del Congreso en el asunto y,
por tanto, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción por la
ausencia de causa generadora del presunto perjuicio o la falta de legitimación
en la causa por pasiva.
1.4.3.4. Corte Constitucional
Por intermedio de su presidente, la Corte Constitucional dio
respuesta a los requerimientos contenidos en la demanda de tutela y, al
respecto, manifestó que de los hechos expuestos se puede constatar que no se
plantea una actuación concreta por parte de la Corporación que comprometa
eventualmente la efectividad de los derechos fundamentales del actor.
En ese sentido, indicó que, en su momento, la Corte analizó la
constitucionalidad de los artículos 20, 32, 161, 176, 179, 179B, 194 y 481 de
la Ley 906 de 2004, por cuanto no consagraban la facultad de apelar los fallos
que, en el marco de un juicio penal, revocan una sentencia absolutoria de
primera instancia e imponen una condena por primera vez en la segunda instancia.
En desarrollo de dicho control profirió la Sentencia C-792 de
2014, de la cual transcribe textualmente lo decidido en los numerales primero y
segundo de la parte resolutiva.
“PRIMERO.- Declarar
la INCONSTITUCIONALIDAD CON EFECTOS DIFERIDOS, y en los
términos señaladas en el numeral segundo del aparte resolutivo de esta
providencia, de las expresiones demandadas contenidas en los artículos 20, 32,
161, 176, 179, 179B, 194 y 481 de la Ley 906 de 2004, en cuanto omiten la
posibilidad de impugnar todas las sentencias condenatorias, y EXEQUIBLE el
contenido positivo de estas disposiciones.
SEGUNDO. -
EXHORTAR al Congreso de la República para que,
en el término de un año contado a partir de la notificación por edicto de esta
sentencia, regule integralmente el derecho a impugnar todas las sentencias
condenatorias. De no hacerlo, a partir del vencimiento de este término, se
entenderá que procede la impugnación de todas las sentencias condenatorias ante
el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena”.
Por tanto, consideró que el control abstracto de
constitucionalidad finalizó con la expedición de la sentencia precedida, la
cual ha hecho tránsito a cosa juzgada conforme lo establece el artículo 243 de
la Constitución Política. Así las cosas, la Corte Constitucional no ha
incurrido en afectación iusfundamental alguna.
1.5. Decisión judicial que se revisa
Mediante providencia del 3 de octubre de
2017, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo
pretendido por el actor luego de analizar sus argumentos en relación con la
procedencia del recurso de apelación contra la sentencia condenatoria proferida
por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva en su
contra; y, en cuanto a la omisión de reglamentación de la impugnación de todas
las sentencias condenatorias, conforme a lo dispuesto en la Sentencia  C-792 de
2014.
1.5.1. Respeto del primer argumento, la Sala de Casación
Civil se concentró en la providencia dictada el 26 de octubre de 2016, por
medio de la cual la Sala de Casación Penal se abstuvo de resolver el recurso de
queja interpuesto por el peticionario respecto del auto del 17 de agosto de
2016, proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Neiva. Lo anterior, por cuanto esa determinación fue la que cerró el debate
que se suscitó en torno a la concesión de la alzada que formuló el actor contra
el fallo condenatorio que se profirió en su contra.
Consideró que el amparo no estaba llamado a
prosperar como quiera que dicha providencia “no luce antojadiza, caprichosa
o subjetiva, con independencia de que se comparta”, pues a pesar del
llamado que le realizó la Corte Constitucional al Congreso en la Sentencia
C-792 de 2014, con el propósito de que corrigiera el defecto legislativo en el
régimen procesal penal ante la inexistencia de un mecanismo idóneo que
garantice el derecho de impugnación, lo cierto es que el legislador no ha
procedido a ello, de modo que el mecanismo al cual acude el procesado carece
aún de referentes normativos que permitan su materialización.
1.5.2. Respecto del segundo planteamiento sostuvo que no
desconoce que el Congreso de la República no ha atendido el exhorto efectuado
por la Corte Constitucional, conforme al cual debía proceder a regular “integralmente
el derecho a impugnar todas las sentencias condenatorias.”. Sin embargo, no
encontró que dicha omisión comprometa las garantías fundamentales del
demandante en cuanto lo dispuesto en la Sentencia C-792 de 2014 es inaplicable
en su caso.
Al respecto señaló que la providencia de
constitucionalidad fue precisada en la SU-215 de 2016 en la que se dijo: “la
interpretación razonable de la sentencia C-792 de 2014 indica que allí se
pretendió algo distinto, y fue precaver una solución para las personas a las
cuales el ordenamiento legal no les dispensa un medio de impugnación integral,
contra la sentencia que por primera vez en un proceso regido por la Ley 906 de
2004, se impone una condena penal en instancia”
En consecuencia, atendiendo a que la
condena impuesta al actor se profirió en el marco de la Ley 600 de 2000, la
omisión que les atribuye a la Corte Constitucional y Congreso de la República “es
un yerro que, para este asunto concreto, resulta intrascendente”.
1.5.3. El anterior fallo no fue impugnado por las partes.
2. Antecedentes del expediente T-6.056.177
2.1. La solicitud
El señor Héctor Hincapié Escobar, en su condición de
defensor de José Noé Muñoz dentro del proceso penal ordinario, promovió acción
de tutela contra la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, y el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Penal. El accionante
considera vulnerados los derechos fundamentales a la doble instancia y al
debido proceso de su representado, quien fue condenado bajo el trámite propio
de la Ley 906 de 2004. Sostuvo que la vulneración se produjo al negársele la
posibilidad de apelar la primera sentencia condenatoria proferida en segunda
instancia. Es preciso señalar que la acción se dirigió, en particular, respecto
de la decisión de segunda instancia, proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Pereira, Sala Penal, mediante la cual se negó de manera
explícita tal recurso.
2.2. Hechos[13]
2.2.1. El señor José Noé Muñoz Martínez fue acusado por la Fiscalía General
de la Nación como presunto autor del delito de “acceso carnal abusivo con
menor de catorce años”, con ocasión de hechos ocurridos el 31 de julio de
2010[14].
El 9 de mayo del año 2011, el ente investigador le formuló imputación de cargos
y, posteriormente, el 20 de mayo del mismo año, presentó escrito de acusación
ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira[15].
2.2.2. En el desarrollo del proceso penal, el Juzgado Tercero Penal del
Circuito de Pereira profirió sentencia absolutoria el 21 de noviembre de 2014,
al encontrar que, de conformidad con las pruebas practicadas en la etapa de
juicio oral y los testimonios recogidos, se había configurado un “error de
tipo” respecto de la edad del sujeto pasivo de la conducta típica y, en
consecuencia, la ausencia de responsabilidad del acusado[16]. Ese fallo
fue objeto de apelación por parte de la Fiscalía y por el apoderado de las
víctimas, por lo que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,
Sala Penal, avocó conocimiento del proceso en segunda instancia.
2.2.3. El 28 de octubre de 2016, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Pereira, Sala Penal, decidió revocar la precitada sentencia. El Tribunal
realizó una valoración integral del acervo probatorio recaudado por el a quo[17],
con el fin de contrastar los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación[18]
contra la sentencia absolutoria, relacionados con la configuración del error
de tipo y la ausencia de responsabilidad por parte del señor Muñoz
Martínez. En su lugar, el ad quem lo declaró responsable de la comisión
del delito de “acceso carnal abusivo con menor de catorce años, tipificado
en el artículo 208 [Código Penal Colombiano]”[19], conducta
por la que la Fiscalía había formulado la acusación y, en ese orden, lo condenó
a 12 años de prisión.
2.2.4. Al apoderado del accionante no se le permitió presentar recurso de
apelación contra el fallo condenatorio de segunda instancia, dado que dentro
del cuerpo de dicha providencia condenatoria el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Pereira, Sala Penal, señaló que “[e]n lo que tiene que ver con
los eventuales recursos que procederían en contra de lo resuelto en sede de 2°
instancia, la Sala mayoritaria es de la opinión que en el presente asunto no
tendría aplicación la sentencia C-792 del 29 de octubre de 2014 de la Corte
Constitucional en la que se consignó la doctrina del recurso [de apelación] que
procedería en contra del primer fallo de condena, por lo que en contra del
presente fallo de 2° instancia, según opinión de la Sala mayoritaria, sólo
procedería [el recurso de casación], el que deberá ser interpuesto y sustentado
dentro de las oportunidades de ley”[20].
Adicionalmente, el numeral 7° de la parte resolutoria estableció: “contra de
[sic] decisión esta colegiatura declaró desierta la alzada interpuesta por la
Fiscalía procede el recurso de reposición, mientras que en contra de aquella
que desató la apelación procede el recurso de casación. Dichos recursos deberán
ser interpuestos y sustentados dentro de los términos de ley”.
Por otro lado, dentro de la sentencia comunicada en la
audiencia de lectura de fallo del 28 de octubre de 2016, uno de los magistrados
de la Sala Penal del Tribunal aclaró su voto, poniendo de presente que de
conformidad con la Sentencia C-792 de 2014 proferida por la Corte
Constitucional, procede el recurso de apelación, pues la sentencia objeto de
decisión revoca la absolución de primera instancia y, en su lugar, condena al
acusado. No obstante, por disposición de la mayoría de la Sala se determinó que
el recurso procedente es el de casación, aduciendo que la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia, en pronunciamiento del 27 de julio de 2016, indicó
que no es procedente la apelación pues en el caso de la sentencia en referencia
“no sólo asumió una competencia jamás referida por la ley, sino que creó un
recurso inexistente a partir de un trámite que, huelga anotar, tampoco comporta
soporte legal”[21].
2.2.5. Seguidamente el Tribunal, por medio de auto interlocutorio del 31 de
octubre de 2016, concedió término para que las partes pudieran recurrir la
decisión en casación[22].
2.2.6. A través de oficio No. 212804, del 14 de julio de 2017, la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia informó a esta Corte sobre el
recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado del señor José
Noé Muñoz Martínez, el cual ingresó el 03 de febrero de 2017 y estaba siendo
tramitado bajo el radicado No. 49669[23].
2.3. Pretensiones
El actor solicita que sus derechos fundamentales a la impugnación,
debido proceso, defensa, doble instancia y acceso a la administración de
justicia sean amparados, para que se le permita interponer y dar trámite al
recurso de apelación en contra de la primera sentencia condenatoria, proferida
en segunda instancia.
2.4. Trámite de la acción de tutela
El trámite de la acción de tutela correspondió a la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
2.4.1. Pruebas que obran en el expediente
En el expediente T-6.056.177 obran las siguientes pruebas:
i)    Copia de fallo del 28 de octubre de 2016, proferido, en segunda
instancia, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de
Decisión Penal (folio 14 al 51 del cuaderno 2).
ii)  Copia del acta de audiencia de lectura del fallo del 28 de octubre
de 2016, de segunda instancia, dictada por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Pereira, Sala de Decisión Penal (folio 52 y 53 del cuaderno 2).
El 28 de julio de 2017, la Sala Cuarta de Revisión, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ordenó incorporar al
expediente           T-6.056.177 las siguientes pruebas con el objeto de
verificar los supuestos de hecho que sirvieron de fundamento a la acción de
tutela:
i)    Copia del expediente contentivo del proceso penal que se adelantó
contra el señor José Noé Muñoz Martínez por el delito de acceso carnal abusivo
con menor de 14 años, identificado con el radicado No.
660016000035201003369-04.
ii)  Informe
de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Pereira sobre los siguientes puntos: i) si contra la Sentencia del 28 de
octubre de 2016 emanada de ese órgano colegiado, bajo el radicado No.
660016000035201003369-04, fue interpuesto algún recurso o fue ejercido algún
mecanismo procesal para procurar su aclaración; y (ii) la posición jurídica de
la Sala en relación con la procedencia del recurso de apelación en contra de
“la primera sentencia de condena proferida en segunda instancia”.
iii)  Copia
del poder especial otorgado por el señor José Noé Muñoz Martínez para
representar sus intereses en el presente trámite constitucional;
iv)  Informe
del abogado Héctor Hincapié Escobar sobre la decisión de la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia a la que se le atribuye la vulneración de
los derechos fundamentales a la defensa, al debido proceso, a la doble
instancia y al acceso a la administración de justicia, teniendo en
consideración que cuando se trata de acciones de tutela interpuestas contra
providencias judiciales, además de la verificación de los requisitos generales,
es necesario acreditar la existencia de alguna o algunas de las causales de
procedibilidad para hacer admisible el amparo material.
v)  Informe
de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia si contra la
sentencia del 28 de octubre de 2016 emanada de la Sala de Decisión Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, bajo el radicado No.
660016000035201003369-04, fue interpuesto el recurso de casación y, en caso
afirmativo, el estado en que se encuentra dicho medio defensivo.
2.4.2.
Respuesta de las entidades demandadas
En el trámite de la acción de tutela se corrió traslado a las
entidades involucradas, quienes dieron respuesta a la demanda en los términos
que a continuación se exponen.
2.4.2.1. Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Pereira, Sala Penal
Mediante oficio del 13 de enero de 2017, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Penal, dio respuesta a la
acción de tutela incoada por el señor Héctor Hincapié Escobar.
Relata que, de conformidad con la Ley 906 de 2004 y la
Ley 599 de 2000, se adelantó proceso penal en contra del señor José Noé Muñoz
Martínez por el delito de “acceso carnal abusivo con menor de catorce años”.
De dicho proceso conoció en segunda instancia en virtud del recurso de
apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación y el apoderado de
las víctimas en contra de la sentencia por medio de la cual el Juzgado Tercero
Penal del Circuito de Pereira absolvió al acusado. Posteriormente, la Sala
Penal mediante providencia de octubre 27 de 2016 dispuso revocar la decisión
emitida por el juez de instancia y condenar al acusado por el delito endilgado.
En relación con la acción de tutela, el Tribunal
resaltó que, en primer lugar, se podría predicar una falta de legitimación en
la causa por activa por parte del accionante, por cuanto no aportó con la
demanda poder especial otorgado por el señor José Noé Muñoz Martínez para
efectos de instaurarla a su nombre, no obstante destacó que se trata de un
sujeto procesal directamente interesado en el recurso que por esta vía se
propone y, en tal sentido, podría entenderse que actuó en nombre propio y tiene
legitimación por activa.
En cuanto al fondo del asunto señaló que, en un
principio, en criterio de esa Corporación, cuando se revocaba un fallo
absolutorio de primera instancia y, en su lugar, se declaraba la
responsabilidad penal del acusado, se debía dar aplicación al tercer inciso del
artículo 176 del Código de Procedimiento Penal en lo relativo al recurso de
apelación que eventualmente podía ser interpuesto contra esa decisión y, en
consecuencia, adelantaba el trámite previsto en el artículo 179 ibídem, modificado
por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010.
Sin embargo, en cumplimiento de lo dispuesto por la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en providencia del 12 de julio del
2016[24],
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira modificó su criterio
sobre ese tema, razón por la que, en la actualidad, sólo se concede el recurso
extraordinario de casación frente a sentencias de segunda instancia que profiere
dicha Corporación.
2.4.2.2. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia mediante Oficio No. 21804 informó que en esa Corporación se adelantaba
el proceso seguido en contra de José Noé Muñoz Martínez bajo radicado No.49669,
en virtud del recurso extraordinario de casación interpuesto por su apoderado
contra la sentencia del 28 de octubre de 2016, proferida por la Sala Penal del
Tribunal Superior de Pereira, recurso que se encuentra en turno para calificar
la demanda[25].
2.4.2.3. Fiscalía General de la Nación, Seccional 6
-Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual-Caivas
La Fiscal encargada del caso respondió la presente
acción de tutela mediante escrito del 13 de enero de 2017, señalando que la
acción es improcedente dado que la solicitud de recurso de apelación en contra
del fallo condenatorio del 28 de octubre de 2016, dictado por el Tribunal
Superior de Pereira, Sala Penal, que revocó el de primera instancia, no debía
prosperar pues dentro del trámite procesal no se le vulneraron los derechos
fundamentales alegados.
Por otro lado, señaló que, en cuanto a los requisitos
generales de procedibilidad de la acción, el caso objeto de estudio no da
cumplimiento a los mismos, ya que no se han agotado todos los medios ordinarios
y extraordinarios de defensa judicial.
2.4.3. Respuesta de las personas y entidades
vinculadas y requeridas por la Corte Constitucional mediante Auto del 28 de
junio de 2017
2.4.3.1. Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Pereira, Sala Penal
El 12 de julio de 2017, el Tribunal Superior dio
respuesta al Auto del 28 de junio del mismo año, proferido por la Sala Cuarta
de Revisión, en el sentido de que contra el fallo de segunda instancia, por
medio del cual se revocó la providencia absolutoria de primera instancia -a la
que se hace referencia en la demanda de tutela-, fue concedido el recurso
extraordinario de casación.
Luego de interpuesto el recurso, el Tribunal corrió
traslado por 30 días para la presentación de la demanda de casación, razón por
la cual el expediente del asunto en cuestión fue remitido a la Corte Suprema de
Justicia el 25 de enero de 2017.
Finalmente, a la respuesta del Tribunal se anexaron 17
folios con providencias de la Corte Suprema de Justicia, en las cuales se
rechazó el conocimiento de apelaciones dispuestas por Sala de Decisión Penal
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, y en su lugar dispuso
la devolución inmediata de los procesos a esa Corporación para que se surtiera
exclusivamente el recurso extraordinario de casación.
2.4.3.2. Héctor Hincapié Escobar
El accionante, al responder el Auto del 28 de junio de
2017, reiteró respecto de la legitimidad en la causa, lo expresado ante la Sala
Civil de Casación, indicando que su actuación en la acción de tutela lo era a
nombre propio, en “su calidad de abogado litigante al que se le ha impedido
por el H. Tribunal Superior del Distrito de Pereira, [S]ala de Decisión Penal,
y por la H. Corte Suprema de Justicia, el derecho a interponer RECURSO DE
APELACIÓN contra primera sentencia de condena emitida dentro de un proceso
penal en el cual funji[ó] como defensor de un ciudadano condenado”[26].
Para el accionante, es su derecho como defensor
ejercer los mecanismos jurisdiccionales propios del proceso penal, entre los
cuales se encuentra el de poder impugnar las decisiones de los jueces. Razón
por la cual estimó vulnerado su derecho constitucional de impugnación y debido
proceso, pues en su calidad de parte dentro de la actuación penal, tenía la
facultad de hacer uso del recurso de apelación, cuestión que en el caso en
revisión no fue posible dado que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Pereira, Sala Penal, decidió en la parte resolutiva de la sentencia “que
contra la decisión que desató el recurso sólo procede el recurso de casación”[27].
Por otra parte, el señor Hincapié Escobar consideró
que la Corte Suprema de Justicia le había vulnerado sus derechos fundamentales,
debido a que fundamentó su decisión respecto de la improcedencia del recurso de
apelación en el fallo de la Sala de Casación Penal, N° radicado 48442 del 27 de
julio de 2016, en el que dispuso que “en la Ley 906 no cabe recurso de
apelación contra la sentencia de segunda instancia”[28].
2.4.3.3. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal
El 14 de julio de 2017 la Secretaría de la Sala de
Casación Penal remitió constancia sobre el proceso que se adelanta en sede
casación en contra de la sentencia del 28 de octubre de 2016 proferida por el
Tribunal Superior de Pereira, en la que se condenó al señor José Noé Muñoz
Martínez. La Sala Penal informó que el reparto le correspondió al Magistrado
Luis Antonio Hernández Barbosa, bajo el radicado interno 496669, el cual
ingresó al despacho el 03 de febrero de 2017, con radicado interno de casación
49669, CUI 66001600003520100336901.
2.5. Decisión judicial que se revisa
El 12 de diciembre de 2016 la Sala de Casación Civil
inadmitió la tutela en estudio y concedió un término de tres días para que el
accionante subsanara lo siguiente:
i)
La legitimación por activa de modo que aportara
el poder especial que le confirió el señor Muñoz Martínez para que representara
sus intereses en el trámite constitucional.
ii)      Los reproches atribuibles, de manera
concreta, a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en
cuanto sólo si hay acciones u omisiones de dicha Corporación, la Sala de
Casación Civil tendría competencia para conocer de la acción de tutela.
El 14 de diciembre de 2016, el señor Héctor Hincapié
dio respuesta a lo anterior, señalando que en el trámite de tutela obra en
nombre propio y en calidad de abogado, pues el Tribunal Superior de Pereira,
Sala Penal, le ha impedido interponer recurso de apelación contra la sentencia
condenatoria emitida dentro del proceso penal en el cual fungió como defensor
del señor Muñoz Martínez. Por lo anterior, consideró que su derecho al debido
proceso fue vulnerado, pues en su calidad de parte dentro del proceso tenía la
facultad de impugnar las decisiones dictadas. Adicionalmente, mencionó que “el
Tribunal fundamentó la negativa del recurso de apelación con base en la
sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal de julio 27
de 2016, N° radicado 48442, que dispuso que en la Ley 906 de 2004 no cabe la
apelación contra sentencia de segunda instancia”.[29] Por
lo anterior, pidió que se le diera trámite a la acción de tutela incoada.
La Sala de Casación Civil, mediante auto de 11 de
enero de 2017, admitió la tutela objeto de análisis. Posteriormente, el 19 de
enero de 2017, resolvió negar el amparo pretendido por el señor Hincapié
Escobar, al aducir que la acción carecía de legitimación por activa, por cuanto
el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 señala que “la acción de tutela
podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o
amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a
través de representante. Los poderes se asumirán auténticos”.
Por lo anterior, la Sala determinó que el actor carece
de legitimación por activa, “ya que el mismo sólo detenta la calidad de
mandatario judicial para la causa penal a la que se ha hecho alusión, y a pesar
de que se le requirió desde el inicio del trámite para que aportara poder que
lo facultaba para actuar en representación del señor Muñoz Martínez, titular de
los derechos cuya protección se invocó, este hizo caso omiso a ello, aduciendo
actuar en nombre propio”[30].
Contra dicha decisión no hubo impugnación por parte del accionante.
3. Pruebas ordenadas por la Corte Constitucional
comunes a los expedientes acumulados
El 28 de marzo de 2019, el Magistrado Sustanciador le
solicitó a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que le
informara a esta Corporación sobre la manera en que ha venido garantizando el
derecho a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria, en
la actualidad y en la totalidad de los asuntos que le corresponde[31].
Mediante comunicación PSP 057-2019 del 30 de abril de
2019, radicada ante la Secretaría de la Corte Constitucional, la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dio respuesta a la solicitud de
información que le hizo esta Corporación frente a la forma en que la Sala de
Casación Penal ha venido garantizando el derecho a impugnar la primera
sentencia condenatoria, en la actualidad y en relación con (i) casos de
aforados constitucionales; (ii) casos de primera condena en sede de casación;
y, iii) casos en los que la primera condena la dictan los Tribunales Superiores
en segunda instancia[32].
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
1.       Competencia
Esta Corte es competente para revisar las decisiones
de tutela de los expedientes acumulados en el presente proceso, de conformidad
con lo establecido en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política, 33
a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en virtud de los Autos del 16 y 30 de marzo de
2017, proferidos por la Sala de Selección Número Tres de 2017 de esta
Corporación, mediante el cual decidió seleccionar los asuntos de la referencia
para su revisión.
2. Procedencia de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política establece
que toda persona tiene derecho de acudir a la acción de tutela para reclamar
ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales[33],
cuando considere que estos han sido vulnerados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los casos que
señale la ley[34],
siempre que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable[35].
2.1. La legitimación en la causa por activa
La precitada disposición constitucional establece que
la persona que reclama la protección de sus derechos puede hacerlo por sí misma
o por quien actúe a su nombre. El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, que
reglamenta la acción de tutela, por su parte, señala que “el amparo
constitucional puede ser solicitado directamente por la persona vulnerada o
amenazada en uno de sus derechos fundamentales o a través de
representante”[36],
y que también “se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los
mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa”, caso en el
cual deberá manifestarse tal circunstancia en la solicitud. Así mismo, que el
Defensor del Pueblo y los personeros municipales pueden ejercer la tutela.
La tutela, en consecuencia, puede ser instaurada por
el titular de los derechos fundamentales que se consideran amenazados o
vulnerados: (i) de manera directa, (ii) a través de representante, en el caso
de los menores de edad, incapaces absolutos, personas declaradas en estado de
interdicción y las personas jurídicas; (iii) a través de apoderado judicial,
caso en el cual el apoderado debe tener la calidad de abogado titulado y
acompañar al escrito de tutela el poder especial para el caso; (iv) por medio
de agente oficioso, cuando el afectado en sus derechos no está en condiciones
físicas o psicológicas de promover la acción de tutela por sus propios medios[37]
y, finalmente, (v) por el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.
2.1.1.
Expediente T-6.011.878
La apoderada judicial del señor Robinson Rodríguez
Oviedo alega que su representado sufrió una vulneración de su derecho al debido
proceso en cuanto las autoridades judiciales accionadas no le permitieron
apelar la sentencia condenatoria que le fue impuesta por primera vez, en sede de
segunda instancia, en el marco del proceso penal al que se hizo referencia, por
lo que se cumple el requisito al que alude el artículo 86 en relación con la
vulneración o amenaza de derechos fundamentales por la acción u omisión de una
autoridad pública. La apoderada acompañó a la demanda el poder que le confirió
el Sr. Rodríguez Oviedo para presentar la acción de tutela bajo examen, por lo
que se encuentra debidamente acreditada la legitimación por activa del
accionante.
2.1.2. Expediente T-6.056.177
La acción de tutela fue interpuesta por uno de los
abogados que representaba al señor Muñoz Martínez dentro del proceso penal
ordinario en el que fue condenado, sin que hubiere allegado el poder especial
conferido para instaurar la tutela, a pesar de que se le solicitó en dos
oportunidades[38]
que lo aportara. El apoderado del señor Muñoz manifestó que con tal
exigencia se le vulneraron sus derechos fundamentales al impedirle, como
abogado, presentar el recurso de apelación en la causa para la cual fue contratado.
En relación con el planteamiento del apoderado, en el
sentido de estar reclamando la violación de su propio derecho a presentar el
recurso de apelación en ejercicio de la representación para la cual fue
contratado, conviene señalar que la representación judicial, conforme a lo
dispuesto en los artículos 229 de la Constitución y 2 del Decreto 196 de 1971,
no implica para el apoderado el ejercicio del derecho de acceso a la justicia
en causa propia ni, por lo mismo, que sus actuaciones dentro del proceso para
el que hubiere sido contratado, constituya ejercicio de sus propios derechos
sino, por el contrario, la defensa de los derechos de su representado, para lo
cual requiere poder, incluso si se trata de la acción de tutela.
La jurisprudencia constitucional[39] ha precisado que la
falta de legitimación por activa se produce cuando el tutelante alega la
vulneración de los derechos de otro como motivo de la afectación de sus propios
derechos:
“Nadie puede alegar como violados sus
propios derechos con base en la supuesta vulneración de los derechos de otro u
otros, pues de una parte el interés en la defensa corresponde a ellos, y de
otra la relación de vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, que
constituye objeto de la tutela, debe ser directa y no transitiva ni por
consecuencia. Así, no es válido alegar, como motivo de la solicitud de
protección judicial, la causa de la causa, o el encadenamiento infinito entre
causas y consecuencias, ya que, de aceptarse ello, se desquiciaría la acción de
tutela y desbordaría sus linderos normativos. La violación de los derechos de
otro no vale como motivo para solicitar la propia tutela”.
Ahora bien, para efectos del ejercicio de la acción de
tutela a través de apoderado judicial, la jurisprudencia constitucional ha
identificado dos requisitos esenciales: a) el apoderado debe acreditar la
calidad de abogado titulado[40]
e inscrito[41],
y b) al formular la tutela se debe acreditar el otorgamiento del poder.
Respecto del poder, la Corte ha precisado que el poder: (i) es un acto jurídico
formal; (ii) se presume auténtico y, (iii) debe ser especial con el fin de
interponer la correspondiente acción de tutela. Ha dicho igualmente la
jurisprudencia[42]
que el poder conferido para la representación dentro de un determinado proceso no
se entiende conferido para la promoción de procesos diferentes, así los hechos
que le den fundamento tengan origen en un proceso ordinario para el
cual se le había conferido poder.
En diversos casos en los que no se demostró la
existencia de poder especial para actuar, aunque hubiere actuado como apoderado
de la misma persona en otro proceso, la Corte ha declarado improcedente la
acción de tutela, como en las Sentencias T-658 y T-531 de 2002.
En el primer caso, un abogado pretendía hacer valer el
poder que se le había otorgado para un proceso ordinario laboral dentro de la
acción tutela que promovió para el cobro de acreencias laborales. En el segundo
caso, el actor, quien pretendía el pago de mesadas adeudadas, presentó el
escrito de la acción de tutela valiéndose de una doble condición al expresar
que actuaba como apoderado judicial y como agente oficioso de unos pensionados
del Departamento de Nariño. En esa ocasión, la Sala Séptima de Revisión sostuvo
que, al no acreditar los requisitos para la existencia de la agencia oficiosa,
no se configuraba la legitimación en la causa por activa. Dentro de dicho
pronunciamiento esta Corporación fijó que:
“[s]iguiendo lo
expuesto, podemos responder al primer interrogante, es decir: ¿Si el apoderado
judicial de una causa ordinaria puede alegar un interés directo para incoar en
su propio nombre la acción de tutela, cuando los derechos fundamentales
supuestamente vulnerados corresponden al titular de la causa ordinaria que
representa judicialmente? Para dar respuesta a este cuestionamiento, es preciso
tener en cuenta que la Corte en Sentencia T-674 de 1997, expresamente determinó
que: “(...) no puede alegarse vulneración de los propios derechos con base
en los de otro (...)”, y,
en Sentencia T-575 de 1997, igualmente, sostuvo que: “(...) la calidad de
apoderado no genera ipso facto la suplantación del titular del derecho (...)” (negrillas
fuera del texto original).
A juicio de la Corporación, esto ocurre
básicamente por dos razones: “(i) El interés en la defensa de los derechos
fundamentales, como se dijo, radica en su titular y no en terceros y, por otra
parte, (ii) la relación de vulneración o amenaza de los derechos fundamentales
debe ser directa y no transitiva ni por consecuencia.”.
Así las cosas, el precedente
jurisprudencial sobre representación judicial dentro del trámite de la tutela,
indica que el apoderado debe acreditar poder especial en el que se exprese el
mandato conferido por el titular de los derechos fundamentales para el trámite
específico.
Así mismo, en la Sentencia SU-337 de 2014, en
el caso de las demandas masivas contra el Patrimonio Autónomo de Remanentes de
Telecom, la Corte observó que “[e]ntre los casos que se presentan dentro de
este proceso, […], hay unos en los cuales la tutela es interpuesta mediante
apoderado judicial, pero que actúa en virtud de un poder no otorgado
directamente por el titular de los derechos fundamentales, sino por alguien más
que dice obrar en calidad de agente oficioso de este último”. Sobre el
particular señaló que, en ciertos casos, “cuando está debidamente
justificado, esta forma de otorgar el poder judicial para actuar en procesos de
tutela es legítima y debe considerarse admisible por los jueces”[43].
En consecuencia, el apoderado judicial dentro de un
proceso ordinario no puede ejercer la acción de tutela en nombre de su
poderdante, ni siquiera, en principio, bajo la figura de la agencia oficiosa[44]
pues, en primer lugar, la fuente jurídica de la representación, para efectos de
la tutela, es el poder especial que otorga el titular del derecho, mientras que
en la agencia oficiosa tal fuente es la imposibilidad del sujeto afectado en
sus derechos para acudir a la jurisdicción constitucional. Por tanto, quien
actúa en dicha calidad debe demostrar los hechos constitutivos de tal
imposibilidad.
En ese sentido, si bien el abogado tiene
derecho a que se le permita el ejercicio libre de su profesión y, en esa tarea,
contar con la posibilidad de llevar las causas que le sean encomendadas, libre
de obstáculos, en los términos que le fueron conferidos por el poderdante. Por
tanto, no puede presumirse un mandato diferente al otorgado por el poderdante,
pues ello podría suponer, en algunos casos, el desconocimiento de sus intereses
por el riesgo de que el obrar del profesional no se acompase con la defensa que
pretende el poderdante.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el
apoderado que presenta la tutela, fue el último que representó al señor Muñoz
dentro del proceso penal ordinario, luego de que otros profesionales
renunciaran a ejercer la defensa alegando motivos personales. A lo que se suma
que antes de la presentación de la tutela, el apoderado sustituyó el 11 de
enero de 2017 el poder a efectos de que otro profesional adelantara el trámite
de casación, lo que permite suponer que se aisló de la causa judicial en la que
alegó vulneración de sus derechos.
Por lo expuesto, la Sala Plena concluye que para el expediente
T-6.056.177 no se encuentra acreditado el requisito de legitimación en la causa
por activa y, por consiguiente, la acción se declarará improcedente. En ese
sentido, la Sala se abstendrá de pronunciarse de fondo y confirmará la
providencia de instancia de tutela que declaró la improcedencia de la presente
acción.
2.2.
Legitimación en la causa por pasiva
Descartada la procedencia de la acción de tutela del
expediente T-6.056.177, en adelante, se examinará el cumplimiento de los
requisitos de procedencia únicamente frente a la tutela del expediente
T-6.011.878.
La legitimación en la causa por pasiva en la acción de
tutela es regulada por los artículos 86 de la Constitución Política y 42 del
Decreto 2591 de 1991, los cuales prevén que esta se puede promover contra todas
las autoridades y contra los particulares que estén encargados de la prestación
de un servicio público, cuya conducta afecte gravemente el interés colectivo.
Igualmente, respecto de quienes el solicitante se halle en situación de subordinación
e indefensión.
2.2.1. Los actos sobre los cuales se presenta la acción de tutela son
providencias judiciales, en particular autos dictados el 17 de agosto de 2016
por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, y el 26
de octubre de 2016 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia. Es decir, se trata de acciones de autoridades públicas, conforme a
una de las hipótesis del artículo 86 constitucional. Esta Corte ha reiterado en
extensa y pacífica jurisprudencia la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, aunque ha advertido que es de carácter excepcional,
siempre que se cumplan las condiciones exigidas para su procedencia.
2.2.2. En relación con la Corte Constitucional, que el demandante menciona
como autoridad demandada, no precisa ninguna acción u omisión que le sea
atribuible. En los hechos narrados por el accionante se alude a dos decisiones
de la Corte Constitucional, la C-792 de 2014 y la SU-215 de 2016. Sin embargo,
se trata de decisiones que no se refieren al caso concreto; la primera por
tratarse del control abstracto de constitucionalidad de una ley, y la
segunda porque si bien se trataba de un caso concreto, el actor no era parte en
el proceso y no se refería a los hechos objeto de controversia en el presente
asunto. Por tal razón, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, al evaluar la procedencia de la Tutela contra la Corte
Constitucional, encontró que no había acción u omisión que pudiera afectar o amenazar
los derechos del accionante.
2.2.3. En lo atinente a la procedencia de la acción contra el Congreso de la
República, como lo advirtió la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, tampoco se configura acción u omisión susceptible de afectar
directamente los derechos fundamentales cuya protección pretende el accionante,
como quiera que, como lo señaló en la respuesta a los requerimientos de la
demanda, la decisión dictada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-792
de 2015 previó la procedencia de la apelación. En efecto, en el numeral segundo
de dicha providencia se resolvió:
SEGUNDO.
- EXHORTAR al Congreso de la República para que,
en el término de un año contado a partir de la notificación por edicto de esta
sentencia, regule integralmente el derecho a impugnar todas las sentencias
condenatorias. De no hacerlo, a partir del vencimiento de este término, se
entenderá que procede la impugnación de todas las sentencias condenatorias ante
el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena.
Así las cosas, la no regulación del derecho a impugnar
las sentencias condenatorias por parte del Congreso, no impidió la
interposición del recurso por parte del accionante, por lo que no hay acción u
omisión atribuible directamente a dicha Corporación.
Por lo tanto, como lo advirtió en el fallo de
instancia, no hay razones para proceder al estudio de fondo de la eventual
acción u omisión del Congreso de la República.
2.3.
Procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales
En reiterada jurisprudencia[45] esta
Corporación ha señalado que, por regla general, la acción de tutela resulta
improcedente contra providencias judiciales en virtud de los principios de
autonomía judicial y seguridad jurídica. Sin embargo, ha admitido su
procedencia excepcional en los casos en que se acrediten algunos requisitos,
algunos de los cuales habilitan la admisión de la acción y deben cumplirse en
su totalidad, en tanto que otros inciden en la prosperidad de las pretensiones
y sólo se requiere la configuración de uno de ellos[46].
2.3.1.  Requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales
Los requisitos generales son[47]:
●
Relevancia
constitucional de la cuestión estudiada: sugiere que el asunto bajo estudio involucre garantías
superiores y no sea de competencia exclusiva del juez ordinario. En
consecuencia, el juez constitucional debe justificar clara y expresamente el
fundamento por el cual el asunto objeto de examen es “una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”.
●
Agotar todos los
medios de defensa judicial posibles: este presupuesto se relaciona con el carácter
subsidiario y excepcional de la acción de tutela, acorde con el cual la parte
activa debe “desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el
sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos”[48] salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar  un perjuicio irremediable[49].
●
Requisito de
inmediatez: en
virtud de este requisito la acción debe presentarse, por regla general,
en un término proporcional y razonable a partir del hecho que originó la
supuesta vulneración. Presupuesto exigido en procura del respeto de la
seguridad jurídica y la cosa juzgada pues, de lo contrario, las decisiones
judiciales estarían siempre pendientes de una eventual evaluación
constitucional.
●
Injerencia de la
irregularidad procesal en la providencia atacada: con fundamento en esta premisa, se exige
que únicamente las irregularidades violatorias de garantías fundamentales
tengan la entidad suficiente para ser alegadas por vía de tutela. Aunado a
ello, se excluyen las irregularidades subsanables no alegadas en el proceso o
subsanadas a pesar de que pudieron haberse alegado.[50]
●
Identificación
razonable de los hechos que generan la vulneración de los derechos
fundamentales: en
acatamiento de este requisito, en la acción de tutela se deben identificar
clara y razonablemente las actuaciones u omisiones que comportan la vulneración
alegada. Estos argumentos, por regla general, deben haberse planteado dentro
del proceso judicial, de haber sido posible.[51]
●
Que no se trate
de sentencias de tutela: a través de esta exigencia se busca evitar que los procesos judiciales
estén indefinidamente expuestos a un control posterior. Con mayor razón si se
tiene en cuenta que las sentencias de tutela son objeto de estudio para su
eventual selección y revisión en esta Corporación, trámite después del cual se
tornan, en principio, definitivas.[52]
Los requisitos especiales de procedencia[53],
por su parte, hace alusión a los vicios que afectan las providencias
cuestionadas, los cuales deben estar debidamente demostrados. De conformidad
con la sentencia C-590 de 2005, para la procedencia de la acción se requiere la
existencia de por lo menos uno de los siguientes defectos:
“a. Defecto orgánico,
que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia
impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto
procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente
al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico,
que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o
sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas
inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido,
que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un error inducido por
parte de terceros y ese error lo condujo a la toma de una decisión que afecta
derechos fundamentales.
g. Decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de
dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido de que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
h. Desconocimiento del
precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa
de la Constitución: “Se estructura cuando el juez ordinario adopta una
decisión que desconoce la Carta Política, ya sea porque: (i) deja de
aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto; o porque (ii)
aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución”.
2.3.2.  Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia
La Corte encuentra que en el presente caso se cumplen
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, por las siguientes
razones:
2.3.2.1.
Relevancia constitucional del asunto
planteado. La cuestión que se debate es, prima
facie, de indiscutible relevancia constitucional, puesto que persigue, por
un lado, la efectiva protección de los derechos fundamentales a la impugnación,
defensa y debido proceso, de la persona que ha sido condenada por primera vez
en segunda instancia, derechos que han sido reconocidos y protegidos por la
Corte en las Sentencias C-792 de 2014 y SU-215 de 2016. En consecuencia, se
discute adicionalmente la inaplicación por parte de los operadores jurídicos de
este precedente, bajo la argumentación de que no disponen de una norma legal
que regule su trámite.
Se trata de la aplicación
directa de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, en
particular, el derecho a la impugnación de la sentencia condenatoria, esto es,
el artículo 29 de la Constitución y los artículos 8.2.h de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos - CADH, y 14.5 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos – PIDCP. Estos últimos integrados al bloque de
constitucionalidad, en virtud del artículo 93 superior. De otra parte, se
plantea la eventual inaplicación de precedentes jurisprudenciales en el caso
concreto.
2.3.2.2.   Subsidiariedad. En el presente caso, el
juez de segunda instancia manifestó su negativa a tramitar el recurso de
apelación contra el fallo condenatorio, por considerar que la Sentencia C-792
de 2014, que reconoce el derecho a la impugnación de la primera sentencia
condenatoria, es inaplicable porque no se refiere a los procesos adelantados
con sujeción a la Ley 600 de 2000 y no existe un procedimiento que permita dar
aplicación a este derecho.
En ese sentido, la parte accionante alega la
vulneración de su derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria[54],
y no existe un recurso que le permita controvertir la decisión de las
autoridades judiciales accionadas, razón por la que se cumple el requisito de
subsidiariedad.
2.3.2.3.
Inmediatez. En el
caso sub judice se identificó un lapso de menos de 6 meses desde
que se profirió el fallo de segunda instancia que revocó la decisión
absolutoria. En el expediente se evidenció que los autos cuestionados en
sede de tutela fueron dictados el 17 de agosto de 2016 y el 26 de octubre de la
misma anualidad, y la tutela fue presentada el 18 de noviembre de 2016,
transcurriendo menos de un mes entre la última decisión y la presentación de la
acción de tutela. A partir de lo expuesto, la Sala Plena encuentra que en el
presente caso se cumple con el requisito de inmediatez.
2.3.2.4.
Efecto decisivo en la providencia que se
impugna. El actor no pudo impugnar la sentencia
condenatoria que le impuso, por primera vez, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Neiva. En consecuencia, en el caso concreto, la violación
constitucional alegada adquiere una incidencia significativa en la decisión
objeto de cuestionamiento, pues la condena se hizo definitiva.
2.3.2.5.
El peticionario identificó los hechos y los
derechos vulnerados. Dentro de la presente acción
aparecen claramente identificados por el peticionario tanto los hechos que, en
su sentir, originaron la vulneración atribuida a las autoridades judiciales
demandadas, como los derechos constitucionales fundamentales que considera
vulnerados[55].
2.3.2.6.
La decisión impugnada no es una sentencia de
tutela. Es claro que la acción no se dirige contra
un fallo de tutela, sino en contra de una decisión dentro del proceso penal
promovido en contra del señor Robinson Rodríguez Oviedo.
2.3.3. Cumplimiento
de los requisitos especiales de procedencia
En cuanto a los
requisitos especiales de procedencia[56],
como pasa a exponerse, la presente tutela plantea al menos dos causales
especiales de procedencia de tutela contra decisión judicial, que permiten dar
apertura al debate de fondo. Se trata, en primer lugar, de la eventual
violación directa de la Constitución; y, en segundo lugar, del desconocimiento
del precedente.
En cuanto a la primera causal, como se ha sostenido,
surge la duda acerca de si las decisiones impugnadas vulneraron el artículo 29
de la Constitución, y los artículos 8.2.h de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos - CADH, y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos – PIDCP. Estos últimos integrados al bloque de constitucionalidad, en
virtud del artículo 93 superior.
En cuanto a la segunda causal, se plantea un eventual
desconocimiento o inaplicación de precedentes jurisprudenciales, en particular,
de las Sentencias C-792 de 2014 y SU 215 de 2016.
En consecuencia, se procederá a declarar la
procedencia de la acción de tutela en el expediente T-6011.878 y, a
continuación, se examinará si se configuraron las dos causales señaladas.
3.
Análisis de fondo
Para abordar el estudio de fondo del asunto, en primer
lugar, se planteará el problema jurídico y el esquema de solución. En segundo
lugar, se analizará el derecho a la impugnación de la primera sentencia
condenatoria, sus antecedentes y su estado actual. En tercer y último lugar,
definido estos parámetros, se examinará el caso concreto para adoptar una
decisión de fondo.
3.1. Problemas jurídicos y esquema de solución
El demandante en el proceso de tutela plantea que la
Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Neiva y la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la impugnación de la primera sentencia
condenatoria.
Al respecto, corresponde a la Corte determinar (i)
si las entidades demandadas vulneraron el derecho fundamental alegado,
al negarle al demandante, como procesado, la impugnación de la primera sentencia
condenatoria, aunque haya sido proferida en segunda instancia, con
el argumento de que no existe una norma procesal expresa que regule el
procedimiento aplicable, aun cuando existe un precedente constitucional que
reconoce la posibilidad de impugnar la primera sentencia condenatoria; y, (ii)
si el derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria, de conformidad
con el precedente constitucional y la línea jurisprudencial de esta
Corporación, se extiende a aquellos casos tramitados bajo Ley 600 de 2000.
3.2. El derecho a la impugnación de la primera
sentencia condenatoria. Antecedentes y estado actual
En este acápite se recorrerán los antecedentes y
estado actual de la garantía de impugnación de la primera sentencia
condenatoria, en primer lugar, tal como fue reconocida en la Constitución Política
de 1991; en segundo lugar, la interpretación jurisprudencial que la Corte
Constitucional  ha sostenido, y el cambio en la comprensión de su alcance a
partir de la Sentencia C-792 de 2014; en tercer lugar, el contenido de tal
garantía en los tratados internacionales de derechos humanos incorporados al
bloque de constitucionalidad; en cuarto lugar, se revisarán las modificaciones
instrumentales introducidas al texto superior a través del Acto Legislativo 01
de 2018, y que habilitaron condiciones para avanzar en la garantía material del
mencionado derecho; y, por último, se hará referencia a la aplicación que ha
dado la Corte Suprema de Justicia a la Sentencia C-792 de 2014.
3.2.1. El derecho a la impugnación de la sentencia
condenatoria en la Constitución de 1991
El derecho a la impugnación de la sentencia
condenatoria se encuentra reconocido constitucionalmente desde la expedición
misma de la Carta Política, en 1991. El artículo 29 de la Constitución Política
reconoció el derecho fundamental al debido proceso, y entre las garantías que
lo conforman, precisó que “Quien sea sindicado tiene derecho (…) a impugnar
la sentencia condenatoria (…)”.
Los tratados internacionales de derechos humanos
también reconocen esta garantía, incluso desde antes de su consagración
constitucional. En particular, el artículo 14 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Colombia en 1969[57], establece en su
numeral 5º que “Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho
a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a
un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”. Igualmente,
el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por
Colombia en 1972[58],
establece en el numeral 2 que “Toda persona inculpada de delito tiene
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su
culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena
igualdad, a las siguientes garantías mínimas” (…) “h. derecho de
recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”. Estas normas
internacionales hacen parte del bloque de constitucionalidad, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 93 de la Constitución.
3.2.2. Naturaleza y núcleo esencial del derecho a la
impugnación de la condena penal. Reiteración jurisprudencial
La Sentencia C-792 de 2014 constituyó un hito en la
interpretación constitucional sobre el alcance de la garantía de impugnación de
la sentencia condenatoria y, al mismo tiempo, cambió el precedente que venía
sosteniendo la Corte Constitucional al respecto. La Sentencia SU-215 de 2016,
por su parte, avanzó en la aplicación de la C-792 y constituye igualmente un
precedente determinante para el análisis del presente caso.
Con anterioridad a la Sentencia C-792 de 2014, la
Corte Constitucional había centrado su atención
en el principio de la doble instancia cuya configuración específica, en cuanto
principio, correspondía al legislador, y había señalado que el derecho a la impugnación
en materia penal se garantizaba con la doble instancia y que, en el caso de los
aforados, la restricción del mencionado principio se compensaba con el hecho de
que su investigación y juzgamiento correspondía a órganos colegiados que se
encuentran a la cabeza de la jurisdicción ordinaria en materia penal[59].
Había admitido, incluso, que algunas herramientas procesales extraordinarias
como la acción de tutela contra providencias judiciales o el recurso
extraordinario de casación constituían vías procesales idóneas para el
ejercicio del derecho a la impugnación “pero sin indagar sobre el alcance de
tales dispositivos ni sobre su compatibilidad con los estándares básicos de tal
prerrogativa constitucional”[60].
En dicha providencia puso igualmente de presente la Corte que había seguido “una línea argumentativa semejante al evaluar la
validez de las normas que establecen una única instancia para los procesos
verbales sumarios[61], el proceso de pérdida de investidura[62],
los litigios sobre la custodia y cuidado personal de menores de edad y el
permiso de salida del país de los mismos[63] y algunos tipos de procesos en la jurisdicción de lo
contencioso administrativo” [64], pero que tales argumentos no podían ser
utilizados para justificar las restricciones al derecho a la impugnación por
tratarse de un derecho de naturaleza y rango constitucional.
En la precitada providencia, la Corte
delimitó el ámbito de acción del derecho a la impugnación  al
precisar que se trata del ámbito penal: “Esto se explica por la circunstancia de que es justamente en el
contexto del juicio penal en el que el Estado despliega su mayor poder
represivo, y en el que, por consiguiente, se produce una mayor potencial
afectación de los derechos fundamentales, y por tanto, una garantía reforzada
de defensa frente a los actos incriminatorios” [65].
Al definir su
contenido señaló que “El derecho a la impugnación otorga la
facultad a las personas condenadas en un juicio penal controvertir el fallo incriminatorio
ante una instancia judicial distinta de quien dictó la providencia, es decir,
para atacar las bases y el contenido de la sentencia que determina su
responsabilidad penal y que le atribuye la correspondiente sanción. Por este
motivo, el artículo 29 de la Carta Política se refiere a la posibilidad de
“impugnar”, el artículo 8.2.h. de la CADH a la facultad para “recurrir”, y el
artículo 14.5 del PIDCP, al derecho de “someter a tribunal superior” el
correspondiente fallo”[66]. Después de
referenciar algunos pronunciamientos
de organismos internacionales, la Corte definió el alcance del derecho en los
siguientes términos:
“El supuesto que subyace a
este tipo de escrutinio, es que el condenado debe poder cuestionar la decisión
judicial y todos sus elementos determinantes, y que el análisis del juez debe
versar sobre todas las bases normativas, probatorias y fácticas de la
sentencia. En este entendido, cuando la revisión recae sobre aspectos puntuales
del fallo, y no permite una nueva aproximación a la causa considerada en su
conjunto, no garantiza adecuadamente el derecho consagrado en el artículo 14.5
del PIDCP” [67].
En cuanto al objeto
del derecho a la impugnación, la Sentencia sostiene que “El
derecho a la impugnación recae sobre las sentencias condenatorias, es decir,
sobre las decisiones judiciales que, al resolver el objeto de un proceso penal,
determinan la responsabilidad de una persona y le imponen la correspondiente
sanción. Como puede advertirse, el objeto de la referida prerrogativa constitucional
se estructura en torno a dos elementos: por un lado, en torno al tipo de
decisión que se expide dentro del juicio penal, y por otro lado, en torno al
contenido de la providencia” [68].
Aclaró entonces que este derecho no se aplica a decisiones que se toman en el
curso del proceso, aunque sean adversas al procesado; y tampoco se aplica a
sentencias absolutorias, sino únicamente a las condenatorias, en cuanto sus
efectos sobre los derechos fundamentales son importantes, y tienen la
potencialidad de limitar la libertad personal.
Con respecto
a la finalidad, la Corte señaló en dicha oportunidad que “[a]
través del derecho a la impugnación se otorga, por un lado, una herramienta
específica y calificada de defensa a las personas que han sido declaradas penalmente
responsables y a las que se les ha impuesto una condena, y por otro, una
garantía de corrección judicial de la sentencia incriminatoria por medio de la
exigencia de la doble conformidad judicial” [69].
En consecuencia, se apartó de la línea
jurisprudencia que había trazado sobre el particular la Corte en las Sentencias
C-019 de 1993[70]
(aunque en esa oportunidad la Corte advirtió que “los procesos relativos a
menores infractores de la ley penal son de única instancia cuando en ellos no
se decrete una medida privativa de la libertad. En caso contrario, se estará a
lo dispuesto por la Convención de Derechos del Niño”); C-142 de 1993[71];
C-411
de 1997[72]; C-998 de 2004[73] y C-934
de 2006[74].
No
obstante tratarse de una línea jurisprudencial más o menos uniforme, en la Sentencia
C-998 de 2004 la Corte había dado un primer paso en la interpretación acogida a
partir de la C-792 de 2014, oportunidad en la cual se refirió “a
la hipótesis en la que, en el marco de un juicio penal, se profieren dos
sentencias absolutorias, de primera y de segunda instancia, y posteriormente,
el juez de casación revoca tales fallos y declara por primera vez la
responsabilidad penal. Frente a este supuesto fáctico, esta Corporación ha
establecido que el derecho a la impugnación puede ser ejercido en contra de
esta última providencia” [75].
Resulta especialmente relevante para el presente caso
destacar la diferencia que la C-792 de 2014 hace entre la garantía de impugnación
de la sentencia condenatoria (art. 29 C.P.) y la garantía de doble
instancia (art. 31 C.P.). Al respecto sostiene que “[e]l
derecho a la impugnación y la garantía de la doble instancia son estándares
constitucionales autónomos y categorías conceptuales distintas e independientes,
si bien en algunos supuestos fácticos específicos, el contenido de una y otra
es coincidente” [76]. Sobre
el particular se dijo en la citada providencia:
“(….) estos imperativos difieren en
distintos aspectos: (i) en cuanto a su fundamento
normativo, mientras el derecho a
la impugnación se encuentra consagrado en los artículos 29 del texto
constitucional, 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCP, la garantía de la doble
instancia se encuentra prevista en el artículo 31 de la Carta Política; (ii) en
cuanto al status jurídico, mientras la impugnación es un derecho
subjetivo de rango y jerarquía constitucional en cabeza de las personas
condenadas en un juicio penal, la doble instancia constituye una garantía que
hace parte del debido proceso, y que puede ser alegada por cualquiera de los
sujetos procesales; esta diferenciación tiene una repercusión importante,
puesto que la Corte ha entendido que la doble instancia, por tener la condición
de un principio general, puede ser exceptuado por vía legislativa; y como la
impugnación no solo es un principio sino un derecho que hace parte integral del
debido proceso, las excepciones al mismo se encuentran limitadas; (iii) en
cuanto al ámbito de acción,
mientras el derecho a la impugnación ha sido concebido para los juicios
penales, la garantía de la doble instancia constituye la regla general de todo
proceso judicial; (iv) en cuanto a su contenido,
mientras el derecho a la impugnación otorga la facultad para controvertir la
sentencia condenatoria, para que un mismo litigio sea resuelto en el mismo
sentido por dos jueces distintos, la garantía de la doble instancia exige que
una misma controversia jurídica sea sometida a dos instancias o faces
procesales distintas e independientes, y dirigidas por jueces distintos, pero
sin importar que los fallos resultantes sean coincidentes; (v) en cuanto a su objeto, mientras el derecho a la impugnación
recae sobre las sentencias condenatorias dictadas en el marco de un proceso
penal, de modo que la facultad se estructura en torno al tipo y al contenido de
la decisión judicial, la doble instancia se predica del proceso como tal, para
que el juicio tenga dos instancias, independientemente del contenido y alcance
de los fallos que resuelven la controversia; (vi) en cuanto a la finalidad, mientras el derecho a la impugnación
atiende a la necesidad de garantizar la defensa plena de las personas que han
sido condenadas en un proceso penal frente al acto incriminatorio, y a asegurar
que mediante la doble conformidad judicial la condena sea impuesta
correctamente, la doble instancia tiene por objeto garantizar la corrección del
fallo judicial, y en general, “la
existencia de una justicia acertada, recta y justa, en condiciones de igualdad”[77]; en el primer caso, el derecho se
estructura en beneficio de un sujeto específico, mientras que el segundo
persigue el objetivo impersonal de garantizar la corrección judicial.
Sin perjuicio de lo anterior, ambos
imperativos coinciden en la hipótesis específica en la que, (i) en el contexto
de un juicio penal, (ii) el juez de primera instancia (iii) dicta un fallo
condenatorio. En este supuesto fáctico, el ejercicio del derecho a la
impugnación activa la segunda instancia, y se convierte, entonces, en la vía
procesal que materializa el imperativo de la doble instancia judicial, y a la
inversa, con la previsión de juicios con dos instancias se permite y se asegura
el ejercicio del derecho a la impugnación.
Sin embargo, cuando no confluyen los
tres elementos del supuesto fáctico reseñado, la coincidencia desaparece, así:
(i) cuando se dicta un fallo por fuera de un juicio penal, en principio no
rigen las exigencias propias del derecho a la impugnación, mientras que, por el
contrario, sí son exigibles los requerimientos de la doble instancia; por ello,
una vez agotada la primera instancia, la controversia debe ser sometida a una
instancia adicional, bien sea de manera automática en virtud de dispositivos
como la consulta, o bien sea mediante la interposición de recursos por alguno
de los sujetos procesales; (ii) por su parte, cuando el fallo judicial se
produce en una etapa procesal distinta a la primera instancia (por ejemplo, en
la segunda instancia o en sede de casación), no tiene operancia el imperativo
de la doble instancia, porque esta garantía se predica del proceso y no de la
sentencia, y en esta hipótesis el imperativo ya ha sido satisfecho previamente;
en contraste, si el fallo se enmarca en un juicio penal, y la decisión judicial
es condenatoria, sí sería exigible el derecho a la impugnación, aunque la
sentencia incriminatoria se dicte en una etapa distinta a la primera instancia;
(iii) finalmente, si la providencia no tiene un contenido incriminatorio
tampoco rige el derecho a la impugnación, mientras que si el fallo se produce
en la primera instancia, la garantía de la doble instancia sí sería exigible,
independientemente del contenido incriminatorio de la decisión judicial” [78].
Y más adelante precisó:
“En definitiva, los
artículos 29 de la Carta Política, 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCP consagran
el derecho a controvertir las sentencias condenatorias que se dictan dentro de
un proceso penal. Aunque ninguna de estas disposiciones establece expresamente
que esta prerrogativa comprende la facultad para impugnar las sentencias que
revocan un fallo absolutorio de primera instancia, e imponen por primera vez
una condena en la segunda instancia, esta regla sí constituye un estándar
constitucional, por las siguientes razones: (i) los enunciados anteriores
tienen un contenido general y no hacen ninguna salvedad para la hipótesis
anterior, por lo cual no existe ninguna base normativa para excluirla de la
referida facultad constitucional; (ii) como la prerrogativa anterior se otorga
en función del contenido del fallo y no en razón de la etapa en la cual se
dicta la providencia, es decir, por su connotación condenatoria, y no por haber
sido expedida en la primera instancia de un juicio, no resulta admisible la
tesis de que la impugnación opera únicamente respecto del fallo absolutorio de
primera instancia, y no de la sentencia condenatoria de la segunda instancia;
(iii) dado que mediante el derecho a la impugnación se pretende brindar una
herramienta calificada y reforzada de defensa a las personas que son objeto del
poder punitivo del Estado, y dado que esta defensa sólo se puede ejercer si
existe la posibilidad de controvertir aquella decisión judicial que materializa
esta facultad sancionatoria, la prerrogativa constitucional se debe poder
ejercer, al menos, frente al primer fallo que declara la responsabilidad penal,
incluso cuando esta se dicta en la segunda instancia; (iv) de entenderse que el
derecho a la impugnación se agota con la posibilidad de controvertir la
sentencia judicial de primera instancia, se subsumiría este derecho en la
garantía de la doble instancia, en contravía del principio hermenéutico del
efecto útil; (v) esta línea hermenéutica es consistente con la de los
operadores jurídicos encargados de la interpretación y aplicación de los
instrumentos normativos que consagran el mencionado derecho, y en particular,
con la que ha acogido el Comité de Derechos Humanos y la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, (vii) por su parte, aunque hasta el momento la Corte
Constitucional no ha abordado directamente este problema jurídico, y sus reflexiones
en torno a la derecho a la impugnación se han hecho en el marco de la garantía
de la doble instancia, por lo que no existen consideraciones autónomas en este
sentido, la jurisprudencia sí reconoce el derecho a atacar las providencias que
imponen por primera vez una condena en el marco de un juicio penal”[79].
Por último, concluyó la Corte que “el
legislador tiene el deber constitucional de diseñar e implementar un recurso
que materialice el derecho a controvertir los primeros fallos condenatorios que
se dictan en un juicio penal, el cual debe otorgar amplias potestades al juez
de revisión para analizar y evaluar las cuestiones fácticas, probatorias y
normativas que inciden en el contenido de la decisión judicial objeto del
recurso” [80]. La
Sentencia C-792 de 2014 es explícita en señalar que la omisión del legislador
no se limitaba a la Ley 906 de 2004, sino que la “falencia se proyecta en
todo el proceso penal” [81].
En consecuencia, en la parte resolutiva de la decisión, se exhortó “al
Congreso de la República para que, en el término de un año contado a partir de
la notificación por edicto de esta sentencia, regule integralmente el
derecho a impugnar todas las sentencias condenatorias. De no hacerlo, a
partir del vencimiento de este término, se entenderá que procede la impugnación
de todas las sentencias condenatorias ante el superior jerárquico o
funcional de quien impuso la condena” [82] (negrillas
fuera de texto).
Finalmente,
precisó sobre el particular que la previsión de juicios penales de única
instancia no son per
se inconstitucionales
en tanto ello no implique la anulación de la facultad de impugnación.
Con posterioridad a la Sentencia C-792 de 2014, en la
Sentencia SU-215 de 2016 la Corte resolvió el caso de dos accionantes que
solicitaron la tutela del derecho a la impugnación de una condena impuesta bajo
el procedimiento de la Ley 600 del 2000, la cual fue dictada por primera vez en
sede de casación. En esta oportunidad advirtió la Corte que el deber de diseñar
instrumentos para remediar el problema de la impugnación de la primera
sentencia condenatoria corresponde al Congreso y no al juez constitucional,
toda vez que este asunto tiene una relación intrínseca con el principio de
legalidad del proceso penal y, adicionalmente, que las previsiones de la
Sentencia C-792 de 2014 no resultaban aplicables a las condenas penales impuestas por primera vez en
sede de casación, por cuanto dicha providencia no había resuelto, con fuerza
normativa vinculante y definitiva, el problema jurídico planteado en la tutela,
conclusión a la que llegó con base en las siguientes consideraciones:
“En la sentencia C-792 de 2014 esta Corte, si bien emitió un
exhorto general, solo tomó una decisión aplicable a los casos en que una
persona es condenada por primera vez en segunda instancia, en un proceso penal,
y esto supone que el derecho a impugnar las sentencias condenatorias ante el
superior jerárquico o funcional, que se activa cuando venza el plazo del
exhorto sin legislación, solo aplica a las condenas impuestas por primera vez
en segunda instancia. A esta conclusión se llega entonces porque en el
contexto del caso entonces sujeto a consideración de la Corte se observa que
(i) no se demandaron las normas sobre competencias de la Corte Suprema de
Justicia en casación, (ii) solo se cuestionaron normas referentes a las
atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto obra como autoridad
judicial de segunda instancia en los procesos penales, (iii) los cargos
ciudadanos cuestionaban las disposiciones legales, estrictamente, porque
desconocían el derecho a impugnar las condenas impuestas por primera vez en
segunda instancia, (iv) y la Corte Constitucional, de forma explícita y clara,
al delimitar los problemas jurídicos, circunscribió el primero de ellos a la
pregunta de si la normatividad acusada vulneraba la Carta, en tanto no
contemplaba medios de impugnación contra las condenas impuestas por primera vez
en segunda instancia. En este contexto, no puede decirse que la sentencia C-792
de 2014 haya resuelto, con fuerza normativa vinculante y definitiva, el
problema de la posibilidad de impugnar las condenas penales impuestas por primera
vez en casación”[83]
(negrillas fuera del texto original).
No obstante esta conclusión, precisó la Corte:
“El caso bajo examen está
gobernado por la sentencia C-998 de 2004, pero hacia futuro, y en los términos
y bajo las condiciones de la sentencia C-792 de 2014, la cosa juzgada de esa
decisión se ha de ver afectada por la Constitución viviente. En virtud de esa
interpretación viviente, el derecho a impugnar las condenas impuestas por
primera vez en un proceso penal ordinario no se limita a los fallos de primera
instancia, sino que incluye las estatuidas por primera vez en casación. Es
una garantía orientada a proveer para los procesados el mayor nivel posible de
defensa en la persecución criminal, de tal suerte que se predica también de las
condenas emitidas por primera vez luego de la primera instancia”.
3.2.3. Alcance del derecho a la impugnación de la
sentencia condenatoria en los tratados internacionales de Derechos Humanos
Como lo puso de presente la Sentencia C-792 de 2014,
los organismos competentes para supervisar el cumplimiento de los tratados de
Derechos Humanos han realizado diversos pronunciamientos a partir de los cuales
es posible establecer el alcance en el ámbito internacional del derecho a
impugnar las sentencias condenatorias en materia penal. Así, por ejemplo, en la
Observación General No. 32 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas[84], encargado de
supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (PIDCP), se precisó que “(…) el párrafo 5 del artículo 14 se
vulnera no solo si la decisión de un tribunal de primera instancia se considera
definitiva sino también si una condena impuesta por un tribunal de apelación o
un tribunal de última instancia a una persona absuelta en primera instancia no
puede ser revisada por un tribunal superior. Cuando el tribunal más alto de un
país actúa como primera y única instancia, la ausencia de todo derecho a
revisión por un tribunal superior no queda compensada por el hecho de haber
sido juzgado por el tribunal de mayor jerarquía del Estado Parte; por el
contrario, tal sistema es incompatible con el Pacto, a menos que el Estado
Parte interesado haya formulado una reserva a ese efecto”.
Adicionalmente, dicho Comité ha emitido
pronunciamientos posteriores con relevancia para el presente caso, tales como:
(i) En decisión del 25 de julio de 2018, en el caso I.
D. M. contra Colombia, el Comité de Derechos Humanos conoció de la condena de
un excongresista por parte de la Corte Suprema de Justicia, en un proceso de
única instancia. En el comunicado, el Comité concluyó que el Estado colombiano
había incurrido en una violación del artículo 14.5 del Pacto, al no ofrecer un
mecanismo idóneo que le permitiera al procesado impugnar la sentencia condenatoria
ante una autoridad diferente a la que la impuso. Al respecto, el Comité expresó
que:
“El Comité recuerda que la expresión
“conforme a lo prescrito por la ley” no tiene la intención de dejar la
existencia misma del derecho a la revisión a la discreción de los Estados
partes. Si bien la legislación de un Estado parte puede disponer en ciertas
ocasiones que una persona en razón de su cargo sea juzgada por un tribunal de
mayor jerarquía que el que naturalmente correspondería, esta circunstancia no
puede por sí sola menoscabar el derecho del acusado a la revisión de su
sentencia y condena por un tribunal. En el presente caso, el Estado parte ha
reconocido que no existía ningún recurso disponible para que el autor pueda
solicitar que el fallo condenatorio y condena fueran revisados por otro
tribunal (paras 4.3-4.4). Además, de acuerdo a información en el dominio
público, el 24 de abril de 2015 la Corte Constitucional declaró
inconstitucional varios artículos del Código de Procedimiento Penal que omitían
la posibilidad de impugnar todas las sentencias condenatorias ante el superior
jerárquico o funcional y exhortó al Congreso de la República para que, en el
término de un año, regule íntegramente el derecho a impugnar todas las
sentencias condenatorias. De lo contrario, se debía entender que procede la
impugnación contra todas las sentencias condenatorias. El 28 de abril de 2016,
la CSJ emitió una sentencia en que señalaba que la disposición de la Corte
Constitucional era aplicable respecto de sentencias que no se encontraban
ejecutoriadas para el 24 de abril de 2016. El 18 de enero de 2018, el Poder
Legislativo, mediante acto legislativo No. 001 de 2018, modificó la
Constitución (artículos 186, 234 y 235) de forma que se garantice el derecho a
la doble instancia penal para aquellas personas que gocen de aforamiento
parlamentario. Por consiguiente, el Comité concluye que el Estado parte violó
los derechos que asisten al autor en virtud del artículo 14(5) del Pacto”[85].
(ii) Posteriormente, en decisión del 27 de julio de
2018, al analizar el caso de Andrés Felipe Arias Leiva, exministro colombiano
condenado en única instancia por la Corte Suprema de Justicia, el Comité
analizó la presunta violación al artículo 14.5 del PIDCP, y concluyó sobre el
particular:
“Si bien la legislación de un Estado parte
puede disponer en ciertas ocasiones que una persona en razón de su cargo sea
juzgada por un tribunal de mayor jerarquía que el que naturalmente
correspondería, esta circunstancia no puede por sí sola menoscabar el derecho del
acusado a la revisión de su sentencia y condena por un tribunal. En el presente
caso, el Estado parte no ha señalado la existencia de un recurso disponible
para que el autor pueda solicitar que el fallo condenatorio y condena fueran
revisados por otro tribunal. Por consiguiente, el Comité concluye que el Estado
parte violó los derechos que asisten al autor en virtud del artículo 14(5) del
Pacto”
(…)
De conformidad con el artículo 2,
párrafo 3 a), del Pacto, el Estado parte tiene la obligación de
proporcionar al autor un recurso efectivo”[86].
Los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de
Naciones Unidas deben ser tenidos en cuenta en la interpretación de los
derechos constitucionales. El Comité de Derechos Humanos fue creado por el
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[87] como órgano competente
para la supervisión del cumplimiento del Pacto. Sus pronunciamientos sobre
casos individuales, son cuasi judiciales, pues se emiten bajo garantías de
imparcialidad e independencia, con el objeto de interpretar el alcance del
Pacto Internacional y “representan un pronunciamiento autorizado de un
órgano establecido en virtud del propio Pacto y encargado de la interpretación
de ese instrumento”[88].
Bajo el Derecho Internacional, los Estados están en la obligación de actuar
de buena fe en su cumplimiento[89].
La observancia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es una
obligación constitucional (art. 93 C.P.), y expresa “la obligación, según la
Carta de las Naciones Unidas, de promover el respeto universal y efectivo, así
como la observancia, de los derechos humanos y las libertades fundamentales”[90], por lo que compromete
el acatamiento del artículo 9 de la Constitución.
Al mismo tiempo, el cumplimiento del Pacto es obligatorio
de acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados[91]. En cuanto el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos hace parte del bloque de
constitucionalidad (art. 93 C.P.), estos deberes en el ámbito internacional, lo
son simultáneamente en el ordenamiento constitucional. En consecuencia, los
pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos son criterios obligatorios para
la interpretación de los derechos constitucionales reconocidos en el Pacto y en
la Constitución, y deben ser aplicados, en armonía con todo el ordenamiento
jurídico, por las autoridades del Estado, incluyendo las autoridades
judiciales. El acatamiento de los dictámenes del Comité, en cuanto compromete
el cumplimiento del Pacto, es un deber constitucional. El Estado está en la
obligación de adecuar sus normas, instituciones y procedimientos para dar
cumplimiento al Pacto[92]
como medio para garantizar los derechos fundamentales constitucionales. Así lo
ha reconocido esta Corporación[93].
Por otra parte, en el ámbito del Sistema
Interamericano de protección de derechos humanos, la historia del artículo
8.2.h, ilustra muy bien el alcance del derecho a recurrir el fallo ante el
superior. Inicialmente la consagración de dicho derecho se hizo en el
artículo 7 del Proyecto de Convención Interamericana sobre Protección de
Derechos Humanos, el cual indicaba que: “(…) [e]l proceso debido, en materia
penal, abarcará las siguientes garantías mínimas: i) Derecho de recurso ante un
tribunal superior, del fallo de primera instancia” [94]. Tal
descripción despertó el interés de los países parte de la conferencia de
formación del instrumento, por lo cual se “[acordó] nombrar un Grupo de
Trabajo compuesto por las delegaciones de Estados Unidos, Trinidad y Tobago,
Ecuador, El Salvador y Costa Rica” [95].
En dicho Grupo de Trabajo se puso a consideración el
inciso i), del artículo reseñado, frente al cual el delegado de Ecuador (Sr.
Juan Isaac Lovato) manifestó que “en relación con este inciso en algunos
países hay dos instancias, pero puede ser que en otros haya hasta tres. Por lo
tanto, sugir[ió] que se di[jera]: “Derecho a recurrir del fallo ante el
tribunal superior”, proposición que (...) [fue] sometida a votación y aprobada”[96].
Así, es claro que la finalidad propia de esta garantía convencional es que
los fallos condenatorios sean valorados por dos autoridades judiciales, sin
tomar en consideración el número de instancias nacionales.
Así las cosas, los Estados signatarios de la
Convención establecieron que el Artículo 8.2.h sobre garantías judiciales
quedaría de la siguiente forma: “Toda persona inculpada de delito tiene
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su
culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena
igualdad, a las siguientes garantías mínimas”: h) “derecho de recurrir
del fallo ante juez o tribunal superior”[97].
Como se desarrolló amplia y
pormenorizadamente en la Sentencia C-792 de 2018, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha determinado que, a pesar de que los Estados cuentan con un
amplio margen de configuración para diseñar sus leyes y el sistema recursivo
dentro del proceso penal, la vía procesal a través de la cual se ejerce y se
garantiza el derecho a la impugnación debe permitir un nuevo análisis de todos
aquellos aspectos alegados por el recurrente, tanto normativos como fácticos o
probatorios, que pueden tener repercusiones en la decisión judicial
condenatoria. Esta garantía debe ser brindada ante una autoridad diferente a la
que profirió la condena. Esto se puede constatar en los casos Castillo
Petruzzi y otros vs. Perú[98],
Herrera Ulloa vs Costa Rica [99], Barreta Leiva vs Venezuela [100], Vélez Loor vs Panamá [101],
Liakat Alí Alibux vs
Suriname[102] y Mohamed vs Argentina[103].
Las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto
decisiones vinculantes para Colombia, son de obligatoria aplicación a la hora
de definir el alcance y proteger los derechos constitucionales.
3.2.4. El Acto Legislativo 01 de 2018 “por medio
del cual se modifican los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución Política
y se implementan el derecho a la doble instancia y a impugnar la primera
sentencia condenatoria”
Mediante el Acto Legislativo 01 de 2018 se reformaron
los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución, en relación con la estructura
y las competencias de la Corte Suprema de Justicia, en orden a garantizar la
separación de la instrucción y el juzgamiento, y la doble instancia de los
aforados constitucionales y, en general, el derecho a impugnar la primera
condena. Tal reforma, de conformidad con el artículo 4 del Acto Legislativo, “rige
a partir de la fecha de su promulgación”, es decir, a partir del 18 de
enero de 2018, día de su inserción en el Diario Oficial No. 50.480 de dicha
fecha.
.
El numeral 2º del artículo 235 establece como
atribución de la Corte Suprema de Justicia “conocer del derecho de
impugnación y del recurso de apelación en materia penal conforme lo determine
la ley”[104],
encontrándose pendiente aún la expedición de la ley que regule el ejercicio de
tal atribución por parte de la Corte Suprema.
3.2.5. La materialización del derecho a la impugnación
de la primera sentencia condenatoria en la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia
No obstante, el vacío legislativo, la Corte Suprema de
Justicia, a partir de la entrada en vigencia de la precitada reforma, ha venido
garantizando progresivamente el derecho a impugnar la primera sentencia
condenatoria en los: (i) casos de aforados constitucionales; (ii) casos de
primera condena en sede de casación; y, (iii) casos en los que la primera
condena la dictan los Tribunales Superiores en segunda instancia.  En cuanto al
tercer tipo de casos, es decir aquellos en los que la primera condena la dictan
los Tribunales Superiores en segunda instancia, señaló la Corte en respuesta a
solicitud de información requerida dentro del presente proceso:
“Aunque se venía cumpliendo con la garantía
de doble conformidad judicial en el marco del recurso de casación, al punto de
que en aquellos casos donde se inadmitía la demanda de casación del defensor la
Corte ejercía de oficio el control probatorio y jurídico de la primera condena,
recientemente la Sala de Casación Penal desarrolló la jurisprudencia sobre el
tema y acordó la siguiente nueva solución.
Cuando un Tribunal Superior revoca la
absolución de la primera instancia y condena, comunica en su fallo que contra
esa decisión cabe la impugnación especial a favor del procesado y su defensor
(en desarrollo del cual se puede alegar de manera similar a como se hace en la
apelación) y el recurso extraordinario de casación respecto de los demás
sujetos procesales (obviamente bajo las reglas estrictas del mismo).
Los términos para interponer y sustentar la
impugnación y la casación son los previstos en la ley para la última. Esto
facilita el trámite simultáneo de los dos medios de contradicción. Como en el
trámite del recurso de casación, en la Ley 600 de 2000, está previsto un
término de traslado a no recurrentes de 15 días (Art. 211), este también será
el plazo para la integración del contradictorio en lo atinente a la impugnación
en los procesos gobernados por esa ley. En los casos tramitados por Ley 906 de
2004, tras el vencimiento del término para presentar la demanda de casación,
que será el mismo disponible para sustentar la impugnación, habrá un traslado
para no recurrentes por el mismo término previsto para el mismo efecto en el
recurso de apelación.
En los casos adelantados conforme a la Ley
906 de 2004, ya el caso en la Corte, después del trámite anterior, si se admite
la demanda se realiza la audiencia de sustentación oral de la demanda de
casación. Realizada ésta o después de culminado adversamente el pedido de
insistencia cuando se admite la demanda, la Sala de Casación Penal dicta una
sentencia en la cual resuelve la casación y la impugnación” [105].
En el Auto AP1263-2019 del 3 de abril de 2019, la Sala
de Casación estableció las siguientes reglas provisionales para tramitar la
apelación de primeras condenas emitidas en segunda instancia por los tribunales
superiores, las cuales fueron difundidas en el comunicado 05 del 9 de abril de
2019 de la Sala Plena de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia:
“(i) Se mantiene incólume el derecho de las
partes e intervinientes a interponer el recurso extraordinario de casación, en
los términos y con los presupuestos establecidos en la ley y desarrollados por
la jurisprudencia.
(ii) Sin embargo, el procesado condenado
por primera vez en segunda instancia por los tribunales superiores tendrá
derecho a impugnar el fallo, ya sea directamente o por conducto de apoderado,
cuya resolución corresponde a la Sala de Casación Penal.
(iii) La sustentación de esa impugnación
estará desprovista de la técnica asociada al recurso de casación, aunque
seguirá la lógica propia del recurso de apelación. Por ende, las razones del
disenso constituyen el límite de la Corte para resolver.
(iv) El tribunal, bajo esos presupuestos,
advertirá en el fallo, que, frente a la decisión que contenga la primera
condena, cabe la impugnación especial para el procesado y/o su defensor,
mientras que las demás partes e intervinientes tienen la posibilidad de
interponer recurso de casación.
(v) Los términos procesales de la casación
rigen los de la impugnación especial. De manera que el plazo para promover y
sustentar la impugnación especial será el mismo que prevé el Código de
Procedimiento Penal, según la ley que haya regido el proceso –en 600 de 2000 o
906 de 2004–, para el recurso de casación.
(vi) Si el procesado condenado por primera
vez, o su defensor, proponen impugnación especial, el tribunal, respecto de
ella, correrá el traslado a los no recurrentes para que se pronuncien, conforme
ocurre cuando se interpone el recurso de apelación contra sentencias, según los
artículos 194 y 179 de las leyes 600 y 906, respectivamente. Luego de lo cual,
remitirá el expediente a la Sala de Casación Penal.
(vii) Si además de la impugnación especial
promovida por el acusado o su defensor, otro sujeto procesal o interviniente
promovió casación, esta Sala procederá, primero, a calificar la demanda de
casación.
(viii) Si se inadmite la demanda y
–tratándose de procesos seguidos por el estatuto adjetivo penal de 2004– el
mecanismo de insistencia no se promovió o no prosperó, la Sala procederá a
resolver, en sentencia, la impugnación especial.
(ix) Si la demanda se admite, la Sala,
luego de realizada la audiencia de sustentación o de recibido el concepto de la
Procuraduría –según sea Ley 906 o Ley 600–, procederá a resolver el recurso
extraordinario y, en la misma sentencia, la impugnación especial.
(x) Puntualmente, contra la decisión que
resuelve la impugnación especial no procede casación.
Ello porque ese fallo correspondiente se
asimila a una decisión de segunda instancia y, tal como ocurre en la
actualidad, contra esas determinaciones no cabe casación (cfr., entre otros
pronunciamientos, CSJ AP6798-2017, rad. 46395; CSJ AP 15 jun. 2005, rad. 23336;
CSJ AP 10 nov. 2004, rad. 16023; CSJ AP 12 dic. 2003, rad. 19630 y CSJ AP 5
dic. 1996, rad. 9579).
(xi) Los procesos que ya arribaron a la
Corporación, con primera condena en segunda instancia, continuarán con el
trámite que para la fecha haya dispuesto el magistrado sustanciador, toda vez
que la Corte, en la determinación que adopte, garantizará el principio de doble
conformidad” [106].
3.
Análisis del caso concreto
Como se expuso en los hechos, al accionante se le negó
el recurso de apelación en contra de la sentencia del 28 de junio de 2016
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, por medio de
la cual se resolvió revocar la sentencia absolutoria de primera instancia del
11 de septiembre de 2015 y, en su lugar, condenarlo por la comisión del delito
de falsedad ideológica en documento público.
En providencia del 17 de agosto de 2016, la Sala Penal
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva rechazó la apelación
presentada dentro del término de traslado para la interposición del recurso
extraordinario de casación por el representante del condenado. Posteriormente,
el 12 de septiembre de 2016, la misma Sala negó la reposición contra la
decisión que rechazaba la apelación y dio curso al recurso de queja ante la
Corte Suprema de Justicia.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, en decisión del 26 de octubre de 2016,  negó la queja y, al referirse
a la Sentencia C-792 de 2014, sostuvo que “(…) pese a que la inconstitucionalidad diferida contempla que
surtido el plazo de un año, debe entenderse que procede la impugnación de los
fallos condenatorios ante el superior jerárquico o funcional de quien los
profirió, no puede esta Sala asumir el conocimiento de un recurso cuya
competencia no le ha sido asignada por la ley, lo que socava las bases mismas
del debido proceso y violenta los principios de legalidad, de reserva legal y
de separación de poderes”[107].
Las tres citadas decisiones, esto es: (i) el rechazo
de la apelación, el 17 de agosto de 2016, (ii) el rechazo de la reposición, el
12 de septiembre del mismo año, ambos por parte de la Sala Penal del Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Neiva; así como (iii) la decisión de la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, del 26 de octubre de 2016,
de negar la concesión de la apelación al resolver el recurso de queja;
incurrieron en violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente
constitucional, conforme a las siguientes consideraciones:
3.1. Configuración de la causal de violación directa
de la Constitución en el presente caso
El artículo 4 de la Constitución consagra el principio
de supremacía de la Constitución al disponer que “la Constitución es
norma de normas”, y que “En todo caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales”, con fundamento en el cual se ha estructurado la causal
específica de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
denominada violación directa de la Constitución[108].
La Corte Constitucional ha definido un criterio
adicional cuando se trata de acciones de tutela contra providencias proferidas
por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, en atención a que “dichos
organismos judiciales son los llamados a definir y unificar la jurisprudencia
en sus respectivas jurisdicciones”[109].
Al respecto, la sentencia SU-917 de 2010, reiterada en la SU-050 de 2017,
señaló que:
“la tutela contra providencias
judiciales de las altas Corporaciones es más restrictiva, en la medida en que
sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la
Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada
por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos
fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad,
esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa
intervención del juez constitucional (Subraya fuera de texto original).
En la Sentencia SU-336 de 2017 la Corte precisó que se
desconoce la Constitución cuando el juez: i) deja de aplicar una disposición ius
fundamental a un caso concreto; o ii) aplica la ley al margen de los dictados
de la Carta. Sobre el particular se dijo en la precitada providencia:
“En el primer evento, la Corte ha dispuesto
que procede la tutela: (i) cuando en la solución del caso se dejó de
interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente
constitucional; (ii) cuando se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata; y (iii) cuando el juez en sus resoluciones vulneró derechos
fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con
la Constitución. En el segundo, la jurisprudencia ha afirmado que el juez debe
tener en cuenta en sus fallos que la Constitución es norma de normas y, por lo
tanto, debe aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia a las
legales mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad.”
En el presente caso, las autoridades judiciales
accionadas, al proferir las providencias judiciales objeto de reproche,
incurrieron en violación directa de la Constitución al inaplicar la
garantía del derecho a la impugnación de la primera sentencia condenatoria
reconocida en el artículo 29 de la Constitución como parte integral del debido
proceso, así como en los artículos 8.2.h de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, los cuales hacen parte del bloque de constitucionalidad en los
términos del artículo 93 de la Constitución. Esta vulneración directa se
configuró, adicionalmente, porque se desatendió la interpretación que de su
alcance se hizo en la Sentencia C-792 de 2014, por lo que la causal de
violación directa de la constitución se encuentra íntimamente ligada con la del
desconocimiento del precedente constitucional, como enseguida se expondrá.
3.2.
Configuración de la causal de
desconocimiento del precedente constitucional
La jurisprudencia constitucional ha señalado que la
acción de tutela procede contra sentencias judiciales cuando la autoridad
judicial desconoce las reglas y subreglas fijadas por esta Corporación tanto en
sede de tutela como de control abstracto de constitucionalidad. En la Sentencia
T-254 de 2006 se precisó que el precedente jurisprudencial puede ser
desconocido de cuatro formas:
“(i) aplicando disposiciones legales que han sido
declaradas inexequibles por sentencias de constitucionalidad; (ii) aplicando
disposiciones legales cuyo contenido normativo ha sido encontrado contrario a
la Constitución; (iii) contrariando la ratio decidendi de sentencias de
constitucionalidad; y (iv) contrariando el alcance de los derechos
fundamentales fijados por la Corte Constitucional a través de la ratio
decidendi de sus sentencias de tutela”.
En dicha providencia la Corte identificó algunos casos
en los que se desconoció la ratio decidendi de sentencias de
constitucionalidad respecto de normas procesales penales, en relación con lo
cual advirtió que, “en los eventos en los que la resolución de un caso
concreto depende de una norma legal que no ha sido juzgada por la Corte, pero
una ratio decidendi correspondiente a una decisión contenida en otro
fallo de inexequibilidad, en el cual se excluyó del ordenamiento jurídico otra
disposición, resulta ser directa y específicamente pertinente para la
resolución del caso concreto e indica que la norma jurídica, aún no controlada
por la Corte, no puede ser aplicada en un determinado caso, ”el
juez no puede dejar de referirse a la sentencia en la cual se consignó dicha
ratio decidendi para sustentar la decisión, ni puede apartarse de la conclusión
de que determinada proposición normativa es inconstitucional” y, en
consecuencia, ”debe analizar si es necesario acudir a la
llamada excepción de inconstitucionalidad y, por ende, inaplicar la norma
legal y aplicar de manera preferente la Constitución (artículo 4° de la
Constitución)”.
Lo anterior hace necesario que el juez constitucional,
en cada juicio sobre el desconocimiento del precedente, tenga que, en primer
lugar, identificar de forma clara las reglas y subreglas fijadas por este
Tribunal, para la resolución directa del problema jurídico en cuestión, para
así, posteriormente, establecer la configuración del cargo que posibilita la
tutela contra sentencia judicial, el cual constituiría defecto sustantivo, en
los términos de la Sentencia T-360 de 2014, oportunidad en la cual señaló ésta
Corporación:
“(…) una providencia judicial adolece
de un defecto sustantivo cuando la autoridad
jurisdiccional ”(i) aplica una disposición en el caso que
perdió vigencia por cualquiera de la razones previstas por la normativa, por ejemplo,
su inexequibilidad; (ii) aplica un precepto manifiestamente
inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho del que se ocupa
no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; (iii) a
pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las
autoridades judiciales, realiza una interpretación contraevidente
-interpretación contra legem- o claramente irrazonable o
desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial
–horizontal o vertical- sin justificación suficiente; o (v) se
abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación
manifiesta de la Constitución” (negrillas fuera del
texto original).
Para la época en que se profirieron las decisiones
judiciales controvertidas, es decir, agosto, septiembre y octubre de 2016, la
C-792 de 2014 no sólo se encontraba ejecutoriada[110] sino que había
vencido el plazo del exhorto al Congreso, razón por la que sus fundamentos y
decisiones resultaban vinculantes para todos los operadores jurídicos.
Conforme a las anteriores consideraciones, resulta
evidente que, en el presente caso, las autoridades demandadas, a través de las
decisiones impugnadas y sin justificación suficiente, desconocieron el
precedente jurisprudencial fijado en la Sentencia C-792 de 2014, por las
razones que se exponen a continuación.
3.2.1.  Por desconocimiento del contenido y alcance del derecho
constitucional a la impugnación de la sentencia condenatoria
Las decisiones adoptadas en la Sentencia C-792 de 2014
se fundaron en los artículos 29 de la Constitución (en cuanto consagra el
derecho a “impugnar” la sentencia condenatoria); 8.2.h. de la Convención
Americana Sobre Derechos Humanos (en cuanto consagra como garantía judicial
mínima el derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior), y
el artículo 14.5 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en cuanto consagra que toda persona declarada
culpable de un delito tiene derecho a que el fallo condenatorio y la pena que
se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo
prescrito por la ley), a partir de los cuales la Corte precisó que el derecho a la
impugnación otorga la facultad a las personas condenadas en un juicio penal a
controvertir el fallo incriminatorio ante una instancia judicial distinta de
quien dictó la providencia, es decir, a atacar las bases y el contenido de la
sentencia que determina su responsabilidad penal y que le atribuye la
correspondiente sanción.
Se trata evidentemente de un fundamento constitucional
que resulta aplicable no sólo a las condenas impuestas mediante el
procedimiento de la Ley 906 de 2004 sino, de conformidad con el artículo 29 de
la Constitución y las disposiciones precitadas de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a todas las sentencias condenatorias proferidas
mediante cualquier régimen procesal penal.
3.2.2.  Por desconocimiento del derecho a impugnar la sentencia condenatoria
expedida por primera vez en segunda instancia
En efecto, después de distinguir entre el principio de
la doble instancia y la garantía de impugnación de la primera condena[111], la Sentencia C-792
de 2014 concluyó que esta última incluye el derecho a impugnar la sentencia
condenatoria expedida por primera vez en segunda instancia. Ese fue el problema
jurídico que formuló la Sentencia C-792 de 2014 y que resolvió en los
siguientes términos:
“En definitiva, los
artículos 29 de la Carta Política, 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCP consagran
el derecho a controvertir las sentencias condenatorias que se dictan dentro de
un proceso penal. Aunque ninguna de estas disposiciones establece expresamente
que esta prerrogativa comprende la facultad para impugnar las sentencias que
revocan un fallo absolutorio de primera instancia, e imponen por primera vez
una condena en la segunda instancia, esta regla sí constituye un estándar
constitucional, por las siguientes razones: (i) los enunciados anteriores
tienen un contenido general y no hacen ninguna salvedad para la hipótesis
anterior, por lo cual no existe ninguna base normativa para excluirla de la
referida facultad constitucional; (ii) como la prerrogativa anterior se otorga
en función del contenido del fallo y no en razón de la etapa en la cual se
dicta la providencia, es decir, por su connotación condenatoria, y no por haber
sido expedida en la primera instancia de un juicio, no resulta admisible la
tesis de que la impugnación opera únicamente respecto del fallo absolutorio de
primera instancia, y no de la sentencia condenatoria de la segunda instancia;
(iii) dado que mediante el derecho a la impugnación se pretende brindar una
herramienta calificada y reforzada de defensa a las personas que son objeto del
poder punitivo del Estado, y dado que esta defensa sólo se puede ejercer si
existe la posibilidad de controvertir aquella decisión judicial que materializa
esta facultad sancionatoria, la prerrogativa constitucional se debe poder
ejercer, al menos, frente al primer fallo que declara la responsabilidad penal,
incluso cuando esta se dicta en la segunda instancia; (iv) de entenderse que el
derecho a la impugnación se agota con la posibilidad de controvertir la
sentencia judicial de primera instancia, se subsumiría este derecho en la
garantía de la doble instancia, en contravía del principio hermenéutico del
efecto útil; (v) esta línea hermenéutica es consistente con la de los
operadores jurídicos encargados de la interpretación y aplicación de los
instrumentos normativos que consagran el mencionado derecho, y en particular,
con la que ha acogido el Comité de Derechos Humanos y la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, (vii) por su parte, aunque hasta el momento la Corte
Constitucional no ha abordado directamente este problema jurídico, y sus
reflexiones en torno a la derecho a la impugnación se han hecho en el marco de
la garantía de la doble instancia, por lo que no existen consideraciones
autónomas en este sentido, la jurisprudencia sí reconoce el derecho a atacar
las providencias que imponen por primera vez una condena en el marco de un
juicio penal”[112].
Dado que tales consideraciones se hicieron con ocasión
del control de constitucionalidad de algunas disposiciones de la Ley 906 de
2004, las autoridades judiciales accionadas concluyeron que no resultaban
aplicables a procesos penales regidos por la Ley 600 de 2000.
Esta interpretación, sin embargo, desconoce que el
derecho a impugnar la sentencia condenatoria es una garantía consagrada en la
Constitución y reconocida por los instrumentos internacionales de derechos
humanos, que debe ser garantizada por los operadores judiciales. Si bien la
jurisprudencia constitucional anterior a la Sentencia C-792 de 2014 se centró
en el principio de la doble instancia y, por lo mismo, no se ocupó del derecho
a la impugnación en materia penal, no es menos cierto que se trata de una
garantía plenamente reconocida desde 1991 en el texto constitucional.
No es admisible, en consecuencia, sostener que el
precedente de la Sentencia C-792 de 2014 sea aplicable exclusivamente a
personas condenadas mediante el procedimiento regulado en la Ley 906 de 2004.
En primer lugar, porque resultaría violatorio del derecho a la igualdad el que
unas personas puedan ejercer la garantía constitucional de impugnar la condena
que se les imponga y otras no puedan hacerlo, por razón de la ley procesal
aplicable. En segundo lugar, la Sentencia C-792
de 2014 es explícita en señalar que la omisión del legislador no se limita a
las hipótesis planteadas en el proceso de constitucionalidad, es decir, a la
Ley 906 de 2004, sino que la “falencia se proyecta en todo el proceso penal” [113],
razón por la que el exhorto hecho al legislador en la Sentencia C-792 de 2014,
se refiere a que “regule integralmente el derecho a impugnar todas las
sentencias condenatorias”.
Ahora bien, como lo entendió esta
Corporación en la Sentencia SU-215 de 2016, el deber de diseñar instrumentos para remediar el
problema de la impugnación de la primera sentencia condenatoria corresponde al
Congreso y no al juez constitucional, toda vez que este asunto tiene una
relación intrínseca con el principio de legalidad del proceso penal. Así que el
diseño de una regulación integral para garantizar el derecho a impugnar las
sentencias condenatorias en condiciones de igualdad es de competencia del
legislativo[114].
3.2.3.  Las decisiones impugnadas desatendieron lo previsto en el resolutivo
segundo de la Sentencia C-792 de 2014
En el resolutivo segundo de la Sentencia C-792 de 2014
se exhortó “al Congreso de la República
para que, en el término de un año contado a partir de la notificación por
edicto de esta sentencia, regule integralmente el derecho a impugnar todas
las sentencias condenatorias. De no hacerlo, a partir del vencimiento de
este término, se entenderá que procede la impugnación de todas las
sentencias condenatorias ante el superior jerárquico o funcional de quien
impuso la condena” (negrillas fuera de texto) [115].
El plazo para que el Congreso ejerciera su deber de
regular el asunto se venció el 25 de abril de 2016[116] sin que se hubiere
expedido la correspondiente regulación, razón por la que a partir de dicho
vencimiento procedía “la impugnación de todas las sentencias condenatorias
ante el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena”.
3.3.
Reiteración del
exhorto al Congreso de la República
Si bien el Congreso ha venido avanzando en la
regulación del derecho constitucional de impugnar las sentencias condenatorias,
como se evidencia con la reforma introducida a los artículos 186, 234 y 235 de
la Constitución mediante el Acto Legislativo 01 de 2018, resulta indispensable
que dicha tarea se complemente con la ley que regule la competencia de la Corte
Suprema de Justica consistente en conocer del derecho de impugnación y del
recurso de apelación en materia penal, como lo prevé  el numeral 2 del artículo
235 de la Constitución, según la reforma introducida por el artículo 3 del
mencionado Acto Legislativo 01 de 2018.
Dado que subsiste la omisión legislativa en cuanto a
la regulación del procedimiento para el ejercicio del derecho a la impugnación
de las condenas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 y 235,
numerales 2 y 7, de la Constitución, la Corte exhortará, una vez más, al
Congreso de la República a efectos de que, en ejercicio de su amplia de
libertad de configuración del derecho y dentro del marco de la Constitución,
regule dicho procedimiento.
Ahora bien, la Corte advierte, finalmente,
que para efectos de que la regulación sea integral y pueda dar respuesta
adecuada a todos aquellos casos en los que pueda haber una desigualdad en el
acceso a la garantía del derecho a la impugnación de la primera sentencia
condenatoria conforme a las normas constitucionales aplicables, resulta
indispensable que se cuente con un diagnóstico del impacto presupuestal y
administrativo de la implementación del precitado procedimiento, razón por la
que se exhortará también al Consejo Superior de la Judicatura y al Gobierno
Nacional para que, con participación de la Corte Suprema de Justicia, y en el
marco del principio de colaboración armónica, dispongan de lo necesario para
adelantar dicho diagnóstico y para que se cuente con los recursos
presupuestales y administrativos necesarios para la puesta en marcha del
procedimiento que se adopte.
3.4.
Conclusión
En virtud de lo expuesto, y estudiados los elementos
necesarios para dar respuesta al problema jurídico formulado, se concluye que
las autoridades accionadas incurrieron en violación directa de la Constitución
y desconocimiento del precedente constitucional, al expedir las siguientes
decisiones: (i) la providencia del 17 de agosto de 2016, de la Sala Penal del
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Neiva, que rechazó la apelación
interpuesta por el actor en contra de la sentencia condenatoria expedida por
primera vez en segunda instancia el 28 de junio de 2016; (ii) la providencia de
la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Neiva que rechazo
la reposición contra la decisión anterior el 12 de septiembre del mismo año;
así como (iii) la decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, del 26 de octubre de 2016, de negar la concesión de la apelación al
resolver el recurso de queja interpuesto contra la decisión del Tribunal.
En efecto, las entidades demandadas vulneraron los
derechos fundamentales alegados por el accionante al negarle la impugnación de
la primera sentencia condenatoria, con el argumento de que no
existe una norma procesal expresa que lo reconozca, no obstante, el precedente
constitucional que reconoce la posibilidad de impugnar la primera sentencia
condenatoria, incluso de la proferida en segunda instancia.
Por tal razón, la Sala Plena procederá a revocar la
decisión proferida en sede tutela por la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia,  mediante la cual negó la protección invocada por el
accionante y, en su lugar, concederá la protección del derecho al debido
proceso y, en particular, de impugnar la sentencia condenatoria, por
desconocimiento del procedente judicial y violación directa de la Constitución,
al señor Robinson Rodríguez Oviedo dentro del proceso penal adelantado en su
contra.
En consecuencia, se dejará sin efecto el Auto
proferido el 17 de agosto de 2016 por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Neiva dentro del proceso penal con radicado
No.41298310900120130002401, en cuanto rechazó el recurso interpuesto por el
accionante Robinson Rodríguez Oviedo. Sin necesidad de que se ordene, decaerán
las decisiones posteriores adoptadas por las autoridades judiciales demandadas.
En su lugar, se ordenará al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y
a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, dar trámite a la
impugnación que oportunamente interpuso, conforme a los considerandos de esta
decisión.
II.     DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO. LEVANTAR la suspensión de términos decretada en el expediente
T-6.011.878, mediante auto del 11 de abril de 2018 y, en el expediente
T-6.056.177, por medio de auto del 21 de julio de 2017.
SEGUNDO. REVOCAR la sentencia proferida el 3 de octubre de 2017 por la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acción de
tutela interpuesta por el señor Robinson Rodríguez Oviedo (expediente T-
6.011.878), que negó la protección de los derechos fundamentales invocados y,
en su lugar, AMPARAR su derecho fundamental a impugnar la sentencia
condenatoria, el cual forma parte del derecho al debido proceso.
TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTO el Auto
proferido el 17 de agosto de 2016 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Neiva dentro del proceso penal con radicado No.41298310900120130002401, en
cuanto rechazó el recurso interpuesto por el accionante Robinson Rodríguez
Oviedo. En su lugar, ORDENAR al Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Neiva y a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, dar trámite
a la impugnación que oportunamente interpuso, conforme a los considerandos de
esta decisión.
CUARTO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 19 de enero de 2017 por la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acción de
tutela interpuesta por el apoderado del señor José Noé Muñoz (expediente
T-6.056.177).
QUINTO. EXHORTAR, una vez más, al Congreso de la República, a que
regule el procedimiento para el ejercicio del derecho a la impugnación de la
primera sentencia condenatoria en materia penal, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 29 y 235, numerales 2 y 7, de la Constitución.
SEXTO. EXHORTAR al Consejo Superior de la Judicatura y al Gobierno
Nacional a que, con participación de la Corte Suprema de Justicia, y en el
marco del principio de colaboración armónica, dispongan de lo necesario para
adelantar el diagnóstico a que hace referencia esta providencia, así como de
los recursos presupuestales y administrativos necesarios para la puesta en
marcha del procedimiento que garantice la impugnación de la primera sentencia
condenatoria.
Comuníquese y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO
Presidenta
Con aclaración de voto
CARLOS LIBARDO BERNAL PULIDO
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con aclaración de voto
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con aclaración de voto
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado sustanciador
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
Con aclaración de voto
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO
CARLOS BERNAL PULIDO
A LA SENTENCIA SU217/19
DOBLE CONFORMIDAD-Derecho no es absoluto (Salvamento
parcial de voto)
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-No existe desconocimiento del
precedente respecto a la impugnación de sentencias condenatorias
(Salvamento parcial de voto)
POSIBILIDAD
DE APELAR LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS PROFERIDAS POR PRIMERA VEZ EN SEGUNDA
INSTANCIA-Reglas
(Salvamento
parcial de voto)
Referencia:
Expedientes T-6.011.878 y T-6.056.177
Magistrada Ponente:
José Antonio Lizarazo Ocampo
En atención a las decisiones adoptadas en este asunto
por la Sala Plena de la Corte Constitucional, el 21 de mayo de 2019, presento
Salvamento Parcial de Voto, dado mi desacuerdo con los resolutivos
correspondientes al expediente T- 6.011.878, por las siguientes razones:
1. Es errada la premisa de la cual partió la Corte para
ampliar de modo irrestricto la posibilidad de apelar las sentencias que
condenan por primera vez en segunda instancia, en el sentido de considerar que
el artículo 31 de la Constitución otorga carácter absoluto el derecho a la
doble conformidad, porque: (i) La disposición constitucional no regula de
manera exclusiva la apelación de las sentencias penales condenatorias, sino que
se refiere, en general, a las sentencias judiciales. (ii) La misma disposición
constitucional señala de modo expreso que el legislador puede establecer
excepciones a la posibilidad de apelar o consultar una sentencia. (iii) Salvo
el derecho a la vida, los demás derechos fundamentales pueden ser restringidos.
2. No existía un desconocimiento del precedente, y
tampoco se configuraba una violación directa de la Constitución, porque ni la
legislación procesal penal ni la jurisprudencia prevén que en los procesos
penales sujetos a la Ley 600 de 2000 proceda la apelación en contra de las
sentencias que condenan por primera vez en segunda instancia.
Al respecto, solo existían dos precedentes en relación
con la posibilidad de apelar esta clase de sentencias en procesos penales
regidos por la Ley 906 de 2004: (i) La Sentencia C-792 de 2014, que en modo
alguno concibió la procedencia de la impugnación de las sentencias
condenatorias con los desbordados efectos temporales hacia el pasado, que
ahora, en la sentencia de la que me aparto, se prevén y (ii) la Sentencia
SU-215 de 2016, que precisó que la Sentencia C-792 de 2014 solo es aplicable si
se reúnen tres condiciones: (i) que se trate de condenas impuestas por primera
vez en segunda instancia, (ii) en procesos penales regulados por la Ley 906 de
2004 y (iii) respecto de providencias que no estén ejecutoriadas el 24 abril de
2016.
De allí se sigue que el 25 de abril de 2016, vencido
el término que se le dio al Congreso para regular la materia, entró en vigencia
la regla jurisprudencial conforme a la cual en los procesos penales regidos por
la Ley 906 de 2004 procede la impugnación de todas las sentencias condenatorias
ante el superior de quien impuso la condena. Por su parte, en procesos regidos
por la Ley 600 de 2000, esta impugnación solo opera a partir de la entrada en vigencia
del Acto Legislativo 01 del 18 de enero de 2018.
(iii) Dado que el plazo señalado por la Corte al
Congreso en la Sentencia C-792 de 2014 se refería a la impugnación de las
condenas impuestas en procesos penales regulados por la Ley 906 de 2004,
resultaba inexplicable la utilización de este mismo criterio para habilitar
también la impugnación de las sentencias condenatorias impuestas en procesos
penales regulados por la Ley 600 de 2000, que a 24 de abril de 2016 no
estuvieran ejecutoriadas. En rigor, la Corte Constitucional entendió, en dos
precedentes jurisprudenciales distintos, que la habilitación de la garantía de
la doble conformidad, con ocasión del cumplimiento del exhorto, únicamente
aplicaba en las actuaciones surtidas en el marco del sistema penal acusatorio.
Si otra hubiese sido la subregla relevante que se buscaba establecer, de esa
manera lo habría señalado esta Corporación. La Sala mayoritaria pretende
desconocer esta realidad y ampliar, de un modo que no es razonable, el marco
temporal de la subregla, sin ofrecer una justificación plausible para ello.
(iv) Una determinación como estas exigía
una mínima ponderación en términos de seguridad jurídica y desconocimiento de
la cosa juzgada, en relación con la garantía de la doble instancia, y los
principios, correlativos, de favorabilidad penal e igualdad.
La consideración de que el derecho a la
doble conformidad es absoluto, y puede aplicarse de manera retroactiva sin
límites razonables en el tiempo, no solo restringe fuertemente la expectativa
legítima de quienes, afectados por el delito, confiaron en la justicia penal y
en la firmeza de las decisiones en las que entendieron que se habían hecho
efectivos sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, sino que
erosiona el deber estatal de perseguir y sancionar las afrentas cometidas contra
bienes jurídicos especialmente relevantes. De allí que en contextos como el del
caso resuelto por la Corte, la seguridad jurídica de las condenas penales debe
valorarse, sin duda alguna, como un principio de un peso considerable.
De otra parte, el precedente constitucional
en virtud del cual frente a las condenas no ejecutoriadas al 24 abril de 2016
la garantía de doble conformidad solo debía operar en procesos regulados por la
Ley 906 de 2004, en modo alguno suponía una afectación del debido proceso y de
las garantías judiciales en materia penal. Tanto es así que la jurisprudencia
de la la Corte Suprema de Justicia reconoció, en el recurso de casación, un
mecanismo idóneo de impugnación de la condena[117].
A lo anterior se suma que la Corte, sin explicación
alguna, dejó de reconocer la garantía de impugnación a las personas condenadas
a partir de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, bajo
las reglas de procedimiento que rigieron con anterioridad a la Ley 600 de 2000.
Por lo señalado, es necesario concluir que
la pretendida satisfacción de las garantías penales de ciudadanos condenados en
segunda instancia, que la Sala mayoritaria plantea, no justifica, en este caso
concreto, la grave intervención que ella conlleva para los principios de
seguridad jurídica y cosa juzgada, así como para los derechos de las víctimas a
la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, que
esta decisión, de la que me aparto, conduce a la incertidumbre.
Fecha ut supra,
Carlos Bernal Pulido
Magistrado
ACLARACIÓN
DE VOTO DE LA MAGISTRADA
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
A
LA SENTENCIA SU217/19
DOBLE CONFORMIDAD JUDICIAL-La impugnación de los fallos condenatorios es un verdadero derecho
subjetivo de naturaleza fundamental (Aclaración de voto)
DEBER CONSTITUCIONAL DEL
LEGISLADOR DE DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN RECURSO JUDICIAL QUE MATERIALICE EL
DERECHO A LA IMPUGNACION-Al no imponer deber alguno al Legislador, es
posible que nuevamente el exhorto no sea acatado (Aclaración de voto)
Referencia: Expedientes T-6.011.878 y
T-6.056.177 (AC).
Acción de tutela interpuesta por Robinson
Rodríguez Oviedo (Exp. T-6.011.878) y Héctor Hincapié Escobar (Exp.
T-6-056-177) contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y
las Salas Penales de los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de
Neiva y Pereira, respectivamente.
Magistrado Ponente:
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Con el acostumbrado respeto por las
providencias de la Corte Constitucional, presento a continuación las razones
que me conducen a aclarar el voto en la Sentencia SU-217 de 2019, proferida por la Sala
Plena, el 21 de mayo de ese mismo año.
1.  En la referida providencia, esta Corporación estudió
las acciones de tutela presentadas por los señores Robinson Rodríguez Oviedo
(Exp. T-6.011.878) y Héctor Hincapié Escobar (Exp. T-6.056.177) contra la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y las Salas Penales de los
Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Neiva y Pereira, respectivamente.
Los accionantes solicitaron mediante amparo, la protección de sus derechos
fundamentales a la doble instancia y al debido proceso, por considerar que
tales derechos les fueron vulnerados, al no permitírseles apelar la sentencia
penal condenatoria que les fue impuesta por primera vez en segunda instancia,
en abierto desconocimiento a lo señalado por esta Corporación en la Sentencia
C-792 de 2014[118].
En ambos casos, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en
única instancia, negó el amparo pretendido.
2.  Acorde con la tutela presentada por el señor Rodríguez
Oviedo, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia determinó
que, debido a la falta de legislación sobre el derecho a impugnar las
sentencias condenatorias que son proferidas por primera vez en segunda
instancia, el mecanismo carecía de referentes normativos suficientes que
permitieran su materialización efectiva. Lo que llevó al juez de tutela a negar
su solicitud. Además, consideró que la Sentencia C-792 de 2014 no era aplicable
en las circunstancias del caso, ya que su interpretación había sido delimitada
mediante Sentencia SU-215 de 2016[119],
providencia en la que se estipuló que la impugnación en tales circunstancias
únicamente fue prevista para procesos regidos por la Ley 906 de 2004; y en la situación puntual del actor, la condena que
le fue impuesta fue proferida bajo el marco regulatorio de la Ley 600 de 2000.
3.  En el asunto correspondiente al señor Hincapié
Escobar, la Sala de Casación Civil negó igualmente las pretensiones del
solicitante, al alegar carencia de legitimación por activa, pues a pesar de
invocar la vulneración de sus derechos fundamentales a la doble instancia y al
debido proceso, en la causa penal correspondiente, el actor fungió únicamente como
defensor del señor José Noé Martínez, y no allegó el respectivo poder que lo
facultaba para actuar en su nombre en el proceso de tutela.
4.  Ahora bien, en sede de revisión, la sentencia
en la que aclaro mi voto encontró que en lo que respecta al primer caso, esto
es, al del señor Rodríguez Oviedo, la providencia condenatoria que le fue
impuesta en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Neiva, se profirió con posterioridad al 24 de abril de 2016, fecha en la que,
según la Sentencia C-792 de 2014, las autoridades judiciales estaban en la
obligación de “dar trámite a la impugnación de todas las sentencias
condenatorias ante el superior jerárquico o funcional de quien impuso la
condena”[120],
aunque el Congreso no hubiese legislado  aún sobre el asunto. En ese sentido
consideró la Corte Constitucional que las entidades demandadas desconocieron el
derecho del accionante a la impugnación de la sentencia condenatoria proferida
por primera vez en segunda instancia, lo que motivó a conceder la tutela para
revocar dichas decisiones y a ordenar dar trámite al recurso de apelación
interpuesto por el actor, en debida forma.
La Sala Plena explicó, adicionalmente,
que en la Sentencia SU-215 de 2016 no se restringió la posibilidad de
impugnar únicamente los fallos de quienes fueren juzgados bajo la Ley 906 de
2004, en desmedro de aquellos amparados bajo el marco regulatorio de la
Ley 600 de 2000. En la medida en que se trataría de una distinción que
sería violatoria del derecho a la igualdad, ya que se le permitiría a unas
personas ejercer la garantía constitucional de impugnar la condena que se les
imponga, y a otras no, sólo en razón de la ley procesal aplicable.
No obstante lo anterior, en el caso del señor
Hincapié Escobar esta Corporación sí confirmó la falta de legitimación por
activa, lo que llevó a que la decisión de la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, que declaró improcedente la acción de tutela, fuera
ratificada.
5. Así las cosas, aunque comparto la
decisión adoptada por la Sala Plena en la  Sentencia SU-217 de 2019, por
considerar que el señor Rodríguez Oviedo sí estaba habilitado para impugnar la
sentencia condenatoria en su contra ya que el Congreso no reguló integralmente
el derecho a impugnar todas las providencias condenatorias en el término
previsto por el exhorto de la Sentencia C-792 de 2014, sostengo adicionalmente
que la decisión tomada en ese fallo, de volver a exhortar al Congreso para que
regule aquello en lo que no avanzó desde el 2014, es una decisión inane. En
efecto, mi aclaración de voto recae sobre este aspecto en particular, en la
medida en que considero que la decisión de exhortar nuevamente al Legislador
para regular integralmente la impugnación de las sentencias en segunda
instancia, cuando éstas proponen por primera vez una condena penal, es una
decisión insuficiente e ineficaz para garantizar los derechos fundamentales al
debido proceso y a la doble conformidad judicial de quienes consideran necesario
ejercer dicho mecanismo procesal. La reticencia del Legislador y la afectación
paralela e inminente de los derechos fundamentales a la que se exponen las
personas sometidas a esta situación procesal hacen del exhorto, una medida
insuficiente para asegurar una protección efectiva de su derecho al debido
proceso.
6.  Sobre el particular, la Sala Plena estableció que, si
bien desde la expedición de la Sentencia C-792 de 2014 se ha avanzado
para garantizar efectivamente el derecho a la doble conformidad de la condena
penal, subsiste la omisión legislativa, al no haberse regulado el procedimiento
legal para ejercer el derecho a la impugnación de la primera sentencia
condenatoria en materia penal. El plazo dado al Congreso para legislar venció
el 24 de abril de 2016, sin que se profiriera regulación alguna, hasta el Acto
Legislativo 01 de 2018, el cual reformó los artículos 186, 234 y 235 de la
Constitución e implementó el derecho a la doble instancia y a impugnar la
primera sentencia condenatoria.
No obstante, la Sala advirtió que si bien
dicho Acto Legislativo constituyó un avance para regular la materia, “resulta
indispensable que dicha tarea se complemente con la ley que regule la
competencia de la Corte Suprema de Justicia consistente en conocer del derecho
de impugnación y del recurso de apelación en materia penal, como lo prevé el
numeral 2 del artículo 235 de la Constitución, según la reforma introducida por
el artículo 3 del mencionado Acto Legislativo 01 de 2018”[121].
7.  Sin embargo, a la fecha no se cuenta con las
respectivas normas legales sobre el derecho a la doble conformidad, lo que
evidencia la poca efectividad del exhorto adoptado en la providencia analizada,
pues esta no obliga de forma alguna al Congreso a dictar prontamente la
normatividad requerida.
8.       Al respecto, es importante mencionar que
de acuerdo con la Sentencia C-728 de 2009[122],
el “exhorto es un requerimiento al legislador, con o sin señalamiento
de plazo, para que produzca las normas cuya expedición aparece como obligada a
la luz de la Constitución y su significado en derecho constitucional debe ser
visto como una expresión de la colaboración para la realización de los fines
del Estado, en particular para la garantía de la efectividad de los derechos de
las personas”. Al no imponer deber alguno al Legislador, es posible
que nuevamente el exhorto no sea acatado y el Congreso se abstenga nuevamente
de ejercer la función legislativa prevista en el artículo 150, numeral 3º de la
Constitución. Una ausencia de legislación que conduciría a que la Corte Suprema
de Justicia siga la línea de abstenerse o negarse a tramitar las respectivas
impugnaciones.
9.       Esta situación, a mi juicio, desconoce
que, tal y como lo afirmó esta Corporación en la referida Sentencia C-792 de
2014, la impugnación de los fallos condenatorios es un verdadero derecho
subjetivo de naturaleza fundamental[123],
el cual “integra el núcleo básico del derecho de defensa” y se
encuentra establecido en tres disposiciones del ordenamiento superior, a saber:
(i) el artículo 29 de la Constitución, según el cual “toda persona
(…) tiene derecho (…) a impugnar la sentencia condenatoria”; (ii) el
artículo 8.2. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que
dispone que “toda persona inculpada de delito tiene el (…) derecho de recurrir
del (sic) fallo ante juez o tribunal superior”; y (iii) el artículo
14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), por el
cual “toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el
fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un
tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”.
10.  Además, concede la facultad de atacar toda sentencia
penal condenatoria, sin que sea relevante el número de instancias que tenga el
proceso, mediante el cuestionamiento de cada uno de los aspectos fácticos,
probatorios y jurídicos del respectivo fallo, ya que, “independientemente
de la denominación que se le dé al recurso existente para recurrir un fallo, lo
importante es que dicho recurso garantice un examen integral de la decisión
recurrida”[124],
ante una autoridad judicial diferente de la que impuso la condena.
Al ser un derecho fundamental, su
eficacia constitucional es indudable, por lo que la falta de reglamentación no
le resta naturaleza exigible. No obstante, la regulación no solo es importante
para generar seguridad jurídica, igualdad de trato jurídico, sino también es
imperiosa para evitar una continua vulneración del acceso a la doble
conformidad por parte de los operadores judiciales, contribuyendo a la
afectación de otros derechos y principios, tales como la justicia, la libertad,
la dignidad humana y la presunción de inocencia, garantías que integran el
debido proceso y son especialmente significativas cuando se trata del proceso
penal en una democracia.
11.  En ese sentido, y en consideración a las
circunstancias descritas, exhortar nuevamente al Congreso para que regule la
impugnación de sentencias condenatorias proferidas por primera vez en segunda
instancia, parece abiertamente ineficaz, pues no materializa la garantía de los
derechos fundamentales de quienes necesitan controvertir la sentencia
condenatoria dictada en segunda instancia. Este exhorto no impone al
Legislativo la obligación de hacer eficaces las garantías constitucionales,
sino que se limita a proponer una opción, restándole efectividad al mandato
constitucional ya reconocido. Se trata de circunstancias que evidencian cómo la
omisión en la labor legislativa incide en el goce efectivo de los derechos
fundamentales de las personas, razón por la cual la sentencia debía propender
por explorar nuevas formas de asegurar la efectividad de la impugnación de la
sentencia que impone la primera condena penal o buscar mecanismos alternos de
garantía a los derechos fundamentales involucrados, más allá del exhorto.
12.  De esta manera, expongo la razón que me conduce a
aclarar el voto respecto de la Sentencia SU-217 de 2019, adoptada por la
Sala Plena de esta Corporación.
Fecha ut supra,
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] Artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución Política.
[2] En efecto, mediante Auto del 16 de marzo de
2017 se seleccionó el caso T-6.011.878 y, por medio del dictado el 30 del mismo
mes y año, se sometió a revisión de esta Corte el expediente T-6.056.177.
[3] Por medio del cual se introducen disposiciones
transitorias al Reglamento de la Corte Constitucional. El artículo 1º introdujo
un parágrafo transitorio al artículo 59 del Acuerdo 02 de 2015 que señala lo
siguiente: “El término de los procesos de tutela que cursen en la Sala Plena
desde la entrada en vigencia del presente Acuerdo hasta la conclusión de la
revisión de los actos legislativos, de las leyes y de los decretos leyes
previstos en el Acto Legislativo 01 de 2016, se extenderá por tres meses
adicionales, para hacer viable la priorización del control automático, único y
posterior de constitucionalidad previsto en el literal k) del artículo 1º y el
inciso 3º del artículo 2º del citado acto legislativo. En el marco de estos
procesos de tutela, la Sala Plena puede adoptar las medidas provisionales a que
haya lugar, con el objeto de salvaguardar los derechos fundamentales de las
partes mientras se adopta una decisión de fondo.”
[4] Los hechos de la presente acción se extraen del
escrito de tutela y las demás pruebas que obran en el expediente T.6.011.878,
cuadernos del 1 al 10.
[5] Folio 37 del cuaderno 3 del expediente
T.6.011.878, CD - tutela Robinson Rodríguez Oviedo.
[6] El municipio de Garzón – Huila es la cabecera del circuito
judicial que corresponde a Gigante-Huila.
[7]
Según la Sentencia del
11 de septiembre de 201del Juzgado Primero Penal del Circuito de Garzón (Huila)
sostuvo: “En este escenario el máximo de la pena para la complicidad se
determina en 64 meses, la cual se incrementa en un 1/3 parte equivalente a 21
meses y 10 días, quedando el máximo de la pena para efectos de la
contabilización de la prescripción de la acción penal en 85 meses 10 días,
equivalente a 7 años 1 mes y 10 días. Y como la resolución acusatoria quedó
ejecutoriada a última hora hábil del 4 de octubre de 2013 (f.246-4), a esa
fecha habían transcurrido más de 9 años, tiempo superior al indicado
anteriormente, razón por la cual la acción penal en este momento se encuentra
prescrita, con respecto a los procesados PABLO AUGUSTIN OSORIO, JORGE MARTÍNEZ
PALOMINO, MAGALY GUEVARA GONZÁLEZ, ORESTES BAHAMÓN PLAZAS, HERNEY CRUZ PERDOMO,
EDGAR FAJARDO ORDOÑES Y ROBINSON RODRÍGUEZ OVIEDO y así será declarado”
(pág. 32). Folio 37 del cuaderno 3 del expediente
T.6.011.878, CD - tutela Robinson Rodríguez Oviedo.
[8] Ibídem. La sentencia fue apelada por la
Fiscalía y por la defensa de los señores Diego Fernando Muñoz Bambague, Yeison
Ángel Montealegre, Héctor Cortés Calderón, Luis Fernando Amezquita, quienes
fueron condenados por el delito de falsedad en documento público.
[9] Ibídem.
[10] Visible a folios 110 y 111 del cuaderno 2.
[11] Folio 59 del cuaderno 2 del expediente
T-6.011.878.
[12] Ibídem.
[13] Los hechos de la presente acción se extraen del
escrito de tutela y las demás pruebas que obran en el expediente T.6.056.177,
cuadernos del 1 al 6.
[14] La imputación, acusación y juzgamiento
del señor Muñoz Martínez se basó en los hechos ocurridos el día 31 de julio de
2010, cuando el accionante contaba con 31 años de edad, y la menor implicada
tenía 12 años de edad. De acuerdo con los hechos fijados en las dos instancias,
los mencionados sostenían una relación de la cual no tenía conocimiento la
madre de la menor, y en la que se produjeron hechos de contenido
erótico-sexual, los cuales fueron objeto de conocimiento del Juzgado Tercero
Penal del Circuito y del Tribunal Superior de Distrito de Pereira (ver folio 32
del cuaderno 2 y cuaderno anexo al expediente del proceso penal de primera y
segunda instancia allegado por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal, por orden del Auto expedido por la Sala Cuarta de Revisión, el 28 de
junio de 2017).
[15] Ver. Ibíd.
[16] Cuaderno 1 del expediente del proceso
penal radicado con el número 6601500003520100336904. Folio 207 al 210.
[17] Ibídem. Folio 237.
[18] Ibíd. Folio 212 al 219.
[19] Ibíd. Folio 228 al 246.
[20] Ibíd. Folio 245.
[21] Ibíd. Folio 241.
[22] Folio 253 del cuaderno 2 del expediente
del proceso penal.
[23]A través de la consulta del proceso, se puede
constatar que el proceso fue repartido al despacho del Magistrado Luis Antonio
Hernández Barbosa y que la audiencia para la sustentación del recurso
extraordinario de casación se llevó a cabo el 3 de septiembre de 2018.
Información disponible en: https://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=xCb1nVDCxh8iXmPWj0FNW7AfR44%3d
[24] AP4428-2016, radicado No. 48012.
[25] A través de la consulta del proceso, se puede
constatar que el proceso fue repartido al despacho del Magistrado Luis Antonio
Hernández Barbosa y que la audiencia para la sustentación del recurso
extraordinario de casación se llevó a cabo el 3 de septiembre de 2018.
Información disponible en: https://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=xCb1nVDCxh8iXmPWj0FNW7AfR44%3d
[26] Folio 42 del cuaderno 1.
[27] Ibíd.
[28] Ibíd.
[29] Folio 79 del cuaderno 2.
[30] Ibídem, folio 121.
[31] Folio 81 del cuaderno principal.
[32] Folio 34 del cuaderno principal.
[33] Artículo 86, C.P, inciso 1º.
[34] Ibídem, inciso 5º.
[35] Ibíd., inciso 3º y Cfr. Corte
Constitucional Sentencia T- 244 de 2017.
[36] El Artículo 10 señala que: “Legitimidad e
interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por
cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se
presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos
cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del
Pueblo y los personeros municipales.”
[37] Lo anterior, de conformidad con lo
previsto en el artículo 86 Superior y en el artículo 10 del Decreto 2591 de
1991.
[38] Tal como lo solicitó la Sala de Casación Civil,
de manera previa a su admisión, y esta Corporación en sede de revisión.
[39] Sentencia T-674 de 1997.
[40] Según la jurisprudencia constitucional
sólo pueden intervenir como apoderados los abogados inscritos con tarjeta
profesional.
[41] Artículos 4 y 5 del Decreto Ley 196 de 1971.
[42] Ver. Sentencias Sentencia T-504 de 1996 y
T-194 de 2012.
[43] “Lo es por ejemplo cuando el titular de
los derechos invocados es un incapaz absoluto. No obstante, quien extiende el
poder judicial en calidad de agente oficioso de otra persona debe demostrar,
así sea tácitamente, como tendría que hacerlo quien interpone la tutela en
calidad de agente oficioso de otra persona, que a su agenciado le resulta
fáctica o jurídicamente imposible extender directamente el poder. No basta
entonces con que demuestre que le resulta difícil hacerlo”. Sentencia SU- 337
de 2014.
[44] “la agencia oficiosa tiene lugar (i)
cuando la persona invoque de manera expresa su utilización o ello se desprenda
claramente del relato formulado, y (ii) cuando efectivamente se acredite la
imposibilidad de acudir personalmente en procura de los derechos”. Los
pronunciamientos de esta Corporación han estado dirigidos al reconocimiento de
agencia oficiosa para la protección de menores de edad y personas mayores
adultas que n pueden valerse por sí mismas o se encuentran en condición de
discapacidad física para presentar el amparo directamente, al respecto ver
Sentencias T-320 y T-120 de 2009.
[45] Al respecto ver Sentencias T-612 de 1992,
T-015 de 1994, T-607 de 1995, T-235 de 1996, SU-624 de 1999, T-801 de 2002,
T-209 de 2005, T- 659 de 2012 y T-854 de 2014, entre otras.
[46] C-590 de 2005.
[47] Corte Constitucional, Sentencia T-429 de
2011. Los requisitos de carácter general fueron reiterados en la sentencia
T-429 de 2011, providencia en la que se revisó el caso de un ciudadano que
consideró vulnerado su derecho fundamental al debido proceso en vista de que la
Sección Tercera del Consejo de Estado en segunda instancia, no incluyó en la
parte resolutiva de un fallo el nombre del accionante como una de las personas
que debía ser indemnizada por los daños y perjuicios ocasionados por el
Ejército Nacional (a raíz de los bombardeos realizados en el año de 1990 en la
vereda La Concepción del Municipio de Yondó (Antioquia), pese a que en la parte
motiva de la sentencia se determinó que el accionante debía ser resarcido por
los perjuicios morales que le fueron causados. En este caso, la Corte realizó
un recuento jurisprudencial en el que recogió la evolución del concepto de vía
de hecho hasta convertirse en la serie de requisitos y criterios que están
vigentes hoy en día para determinar la procedibilidad de una acción de tutela
contra una providencia judicial.
[48] Corte Constitucional, Sentencia C-590 de
2005.
[49] Corte Constitucional, Sentencia T-924 de
2014.
[50] Corte Constitucional, Sentencia C-590 de
2005, ver también T-926 de 2014.
[51] Corte Constitucional, Sentencia C-590 de
2005, ver también T-926 de 2014.
[52] Corte Constitucional, Sentencia C-590 de
2005, ver también T-926 de 2014.
[53] Corte Constitucional, Sentencia C-590 de
2005, recopilada en la SU-636 de 2015 y la SU-004 de 2018.
[54] Ver. Cuaderno 1, Expediente Proceso Penal
Rad. 6601500003520100336904. Folios 207-210.
[55] A este respecto, en la Sentencia T-1222
de 2005, recordó la Corte que en las acciones de tutela contra providencias
judiciales, el accionante tiene la carga de señalar claramente “los hechos en
los cuales se fundamenta su petición y los derechos fundamentales que considera
violados. Si no lo hace y la violación no aparece de manera evidente o
manifiesta, el juez queda relevado de estudiar en detalle el expediente judicial
y puede proceder a declarar la improcedencia de la acción. Así mismo, cuando el
actor reduce el cargo a un tipo de violación – por ejemplo violación de la
Constitución por tratarse de una vía de hecho material – el juez, salvo
evidencia en otro sentido, puede contraer su estudio a dicho cargo, sin que
resulte necesario que verifique en detalle si no existe en el expediente
respectivo algún otro vicio o defecto que pueda comprometer la decisión
judicial”.
[56] Corte Constitucional, Sentencia C-590 de
2005, recopilada en la SU-636 de 2015 y la SU-004 de 2018.
[57] Ley 74 de
1968.
[58] Ley 16 de
1972.
[59] Al
respecto cfr. las sentencias C-142 de 1993 (M.P. Jorge Arango
Mejía), C-411 de 1997 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) y C-934 de 2006
(M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[60] C-792 de 2014.
[61] Sentencia
C-382 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía.
[62] Sentencia
C-254ª de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[63] Sentencia
C-718 de 2012m M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[64] Corte
Constitucional, Sentencia C-792 de 2014.
[65] Corte
Constitucional, Sentencia C-792 de 2014.
[66] Corte
Constitucional, Sentencia C-792 de 2014.
[67] Corte
Constitucional, Sentencia C-792 de 2014.
[68] Corte
Constitucional, Sentencia C-792 de 2014.
[69] Corte
Constitucional, Sentencia C-792 de 2014.
[70] En la que se analizó la
constitucionalidad de las previsiones del ya derogado Código del Menor que
establecían procesos penales de única instancia para las infracciones cometidas
por niños mayores de 12 años, y que fueron cuestionadas en su momento por la
presunta afectación del derecho a la impugnación.
[71] En la que estudió las disposiciones que
preveían procesos de única instancia en el Decreto 050 de 1987, Código de
Procedimiento Penal; del Decreto 100 de 1980, Código Penal; y el Decreto 2250
de 1988, Código Penal Militar. Al respecto, señaló la Corte en esa ocasión que
no existía una forma específica de impugnación exigida, y que contra ciertas
decisiones procedían diferentes medios de impugnación, tales como la
acción de revisión, el recurso extraordinario de casación y la solicitud de
nulidad.
[72] En la que la Corte declaró la
constitucionalidad de la palabra “única” del artículo 68.2 del Decreto
2700 de 1991, que era entonces el Código de Procedimiento Penal. En dicha
ocasión, ante un cargo por vulneración del derecho de doble instancia, la Corte
sostuvo que la doble impugnación no era un derecho absoluto, pues el artículo
31 de la Constitución permite que el legislador prevea excepciones a dicha
garantía.
[73] En la que evaluó la constitucionalidad
del precepto legal que, al fijar los lineamientos del recurso extraordinario de
casación en materia penal, tácitamente permitía que una persona absuelta en
primera y en segunda instancia, fuese condenada posteriormente en el marco del
referido recurso, sin que, en principio, tal determinación fuese susceptible de
ser controvertida mediante un recurso equiparable al de la apelación.
[74] E
En la
que se estudiaron normas de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal,
que establecen procesos de única instancia. Sostuvo que dicho “esquema
procesal no desconoce ninguna de estas garantías, pues no existe ninguna regla
específica, ni en la Carta Política ni en los instrumentos internacionales de
derechos humanos, que establezca una facultad para atacar los fallos sancionatorios
en contra de las personas que cuentan con un fuero, sino únicamente un precepto
general diseñado para los juicios penales ordinarios que son conocidos por las
instancias regulares, y no por el máximo órgano jurisdiccional en materia penal,
que además tiene la particularidad de ser un cuerpo colegiado”
[75] Corte
Constitucional, Sentencia C-792 de 2014.
[76] Corte
Constitucional, Sentencia C-792 de 2014.
[77] Sentencia
C-345 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[78] Corte
Constitucional, Sentencia C-792 de 2014.
[79] Corte
Constitucional, Sentencia C-792 de 2014.
[80] Corte
Constitucional, Sentencia C-792 de 2014.
[81] Corte
Constitucional, Sentencia C-792 de 2014.
[82] Corte
Constitucional, Sentencia C-792 de 2014.
[83] Corte
Constitucional, Sentencia SU-215 de 2016.
[84] Entre otros pronunciamientos,
tales como los adoptados en los casos Cesario Gómez Vásquez vs España, Domukovsky y otros vs Georgia, Pérez Escolar c. España, Gomaríz Valera vs España y Lumley vs Jamaica, citados en la Sentencia C-792 de 2014.
[85] Comité de Derechos Humanos. Dictamen aprobado
por el Comité a tenor del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo,
respecto de la comunicación N. 2414/2014. Doc. CCPR/C/123/D/2314/2014.
[86] Comité de Derechos Humanos. Dictamen aprobado
por el Comité a tenor del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo,
respecto de la comunicación N. 2537/2015. Doc. CCPR/C/123/D/2537/2015.
[87] Ratificado por Colombia a través de la
Ley 74 de 1968.
[88] Comité de Derechos Humanos. Observación General Nº 33. Obligaciones
de los Estados partes con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Doc. CCPR/C/GC/33, 25 de junio
de 2009, párrafo 13.
[89] “11. Aunque la función desempeñada por el
Comité de Derechos Humanos al examinar las comunicaciones individuales no es,
en sí misma, la de un órgano judicial, los dictámenes emitidos por el Comité de
conformidad con el Protocolo Facultativo presentan algunas de las principales
características de una decisión judicial. Se emiten con espíritu judicial,
concepto que incluye la imparcialidad y la independencia de los miembros del
Comité, la ponderada interpretación del lenguaje del Pacto y el carácter determinante
de las decisiones. // 12. El término empleado en el párrafo 4 del artículo 5
del Protocolo Facultativo para las decisiones del Comité es
"observaciones". En esas decisiones se exponen las constataciones del
Comité sobre las violaciones alegadas por el autor y, cuando se ha comprobado
la existencia de una violación, se señala el medio de reparar esa violación. //
13. Los dictámenes emitidos por el Comité con arreglo al Protocolo Facultativo
representan un pronunciamiento autorizado de un órgano establecido en virtud
del propio Pacto y encargado de la interpretación de ese instrumento. El
carácter y la importancia de esos dictámenes dimanan de la función integral que
incumbe al Comité con arreglo al Pacto y al Protocolo Facultativo. // (…) //
15. El carácter de los dictámenes del Comité dimana también de la obligación de
los Estados partes de actuar de buena fe, tanto cuando participan en el
procedimiento previsto en el Protocolo Facultativo como en relación con el
propio Pacto. La obligación de cooperar con el Comité resulta de la aplicación
del principio de la buena fe en el cumplimiento de todas las obligaciones
convencionales”. Comité de Derechos Humanos. Observación General Nº 33.
Obligaciones de los Estados partes con arreglo al Protocolo Facultativo del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Doc. CCPR/C/GC/33, 25 de
junio de 2009, párrafos 11-15.
[90] Comité de Derechos Humanos. Observación general No. 31. Naturaleza
de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto.
Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 de mayo de 2004, párrafo 2.
[91] Artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados, ratificada a través de la Ley 32 de 1985.
[92] Según el artículo 2.2. del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos “2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus
procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las
medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter
que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el
presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones
legislativas o de otro carácter”. Según el Comité de Derechos Humanos “14. La
obligación consignada en el párrafo 2 del artículo 2 de que se adopten medidas
para hacer efectivos los derechos reconocidos en el Pacto no admiten reservas y
es inmediata. No se puede justificar el incumplimiento de esta obligación
haciendo referencia a consideraciones de carácter político, social, cultural o
económico dentro del Estado”. Comité de Derechos Humanos. Observación general
No. 31. Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados
Partes en el Pacto. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 de mayo de 2004, párrafo
14.
[93] “4.5. A manera de conclusión, se pude señalar que: (i) las
observaciones que  emita el Comité de Derechos Humanos de la ONU deben
observarse y ejecutarse por el Estado parte de buena fe, en la medida que éste
reconoció la competencia de dicho órgano para determinar si ha habido o no,
violación del Pacto, y en virtud de los deberes de protección que impone la
Constitución; (ii) la acción de tutela es improcedente para
exigir per se el cumplimiento interno de los dictámenes u
observaciones emitidas por el Comité de Derechos Humanos; (iii) sin
embargo, el juez constitucional, en desarrollo de sus deberes
de protección, puede pronunciarse sobre la existencia de una amenaza o
violación a los derechos fundamentales cuando las circunstancias que subyacen a
las recomendaciones internacionales ameriten su intervención, en cuyo caso,
habría que constatar los presupuestos de procedibilidad del  mecanismo
constitucional; (iv) el derecho a un recurso efectivo,
se traduce dentro de nuestro ordenamiento jurídico en el derecho que tiene toda
persona de acceder a la administración de justicia para materializar sus
derechos ante las instancias judiciales competentes; (v) en
cuanto a las autoridades encargadas de dar cumplimiento a las observaciones
emanadas del Comité, esto depende de la estructura orgánica interna del Estado
y su cumplimiento se debe llevar a cabo de forma
coordinada, eficiente y de conformidad con la disposición presupuestal y
técnica que permitan su materialización efectiva”. Corte Constitucional, Sentencia SU-378 de 2014.
[94] Observaciones y enmiendas al proyecto de
la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos presentadas
por el Gobierno del Ecuador. Doc. 23, 8 noviembre 1969.
[95] Observaciones y enmiendas al proyecto de
la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos presentadas
por el Gobierno del Ecuador. Doc. 23, 8 noviembre 1969.
[96] Observaciones y enmiendas al proyecto de
la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos presentadas
por el Gobierno del Ecuador. Doc. 23, 8 noviembre 1969.
[97] Ver. Doc. 65 Rev. 1 Corr. 27 enero 1970,
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[98] Corte
IDH, caso Castillo Petruzzi y otros vs.
Perú, sentencia del 30 de mayo de 1999, serie C. No. 52.
[99] Corte
IDH, caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, sentencia del 2 de julio 2004, Serie C. Nro 107.
[100] Corte IDH,
caso Barreta Leiva vs Venezuela, sentencia del 17 de noviembre de 2009, Serie C Nro. 206.
[101] Corte IDH,
caso Vélez Loor vs Panamá, sentencia del 23 de noviembre de 2010, Serie C Nro. 218.
[102] Corte IDH,
caso Liakat Alí Alibux vs Suriname, sentencia del 30 de enero de 214, Serie C. Nro. 276.
[103] Corte IDH,
caso Mohamed vs Argentina, sentencia del 23 de noviembre de 2012, Serie C No. 225.
[104] Inciso 2º del artículo 3º del Acto Legislativo
01 de 2018, que modifica el artículo 235 de la Constitución Política.
[105] Oficio PSP 057-2019, Folio 34 del cuaderno
principal.
[106] El comunicado 05 de 2019 de la Corte Suprema de
Justicia
[107] Folio 37 del cuaderno 3 del expediente T-6-011.878
[108] Corte Constitucional,
Sentencia SU- 336 de 2017.
[109] Corte Constitucional, Sentencia SU-050 de
2017.
[110] La Sentencia C-792 de 2014 fue notificada el 25 de abril de
2015.
[111] Cfr. acápite 3.2.2. El alcance del derecho a la impugnación de la
sentencia condenatoria en los tratados internacionales de Derechos Humanos
[112] Corte
Constitucional, Sentencia C-792 de 2014.
[113] Corte
Constitucional, Sentencia C-792 de 2014.
[114] Corte Constitucional, Sentencia C-792 de 2014, ver acápite: 7. El alcance del deber constitucional
del legislador de diseñar e implementar un recurso judicial que materialice el
derecho a la impugnación
[115] Corte
Constitucional, Sentencia C-792 de 2014.
[116] La Sentencia C-792 de 2016 se notificó el 25 de abril de
2015, por lo que el año para haber ejercicio el deber de legislar se venció
para el Congreso el 25 de abril de 2016.
[117] Tan solo para
constatar el ejemplo más reciente: CSJ, Sala Penal, 27 de febrero de 2019,
radicado 54582.
[118] M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[119] M.P. María Victoria Calle Correa.
[120] Ibíd.
[121] Sentencia C-792 de 2014 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[122] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[123] En la referida providencia, se precisó sobre el derecho a la doble
conformidad, que “Esta calificación de la impugnación como un derecho
subjetivo de naturaleza constitucional y convencional tiene relevancia y
transcendencia jurídica, toda vez que esta Corporación ha entendido que las
facultades normativas del legislador difieren según el status o condición jurídica
de la institución regulada, y que mientras los principios o directrices
generales establecidas en la Carta Política eventualmente podrían ser objeto de
limitaciones, salvedades o excepciones, esta posibilidad se encuentra vedada
respecto de los derechos fundamentales. (…) Esta consideración explica, por
ejemplo, que este tribunal haya avalado el diseño legislativo de algunos
procesos judiciales de única instancia, porque aun cuando ello implica una
limitación a la garantía de la doble instancia, esta tiene el status de una
orientación general que no tiene un carácter absoluto”.
[124] Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica (2 de julio 2004, Serie C, n.º
107).