T-140-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-140/12
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
DEFECTO
FACTICO-Dimensión negativa de la prueba
En el defecto fáctico por
dimensión negativa, la jurisprudencia constitucional ha identificado tres
escenarios de ocurrencia que se pasan a enunciar: el primero, por ignorar o no
valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el
desenlace del proceso; el segundo, por decidir sin el apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; y,
el tercero, por no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en que el
juez esté legal y constitucionalmente obligado a hacerlo.
DEFECTO
SUSTANTIVO O MATERIAL-Casos en que se configura
Se presenta cuando se decide
con base en normas inexistentes, inconstitucionales o que claramente son
inaplicables al caso concreto. Frente a este último caso que se subraya, el
defecto sustantivo se configura (i) cuando la interpretación de la norma se
hace sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son
necesarias para efectuar una interpretación sistemática, (ii) cuando la norma
aplicable al caso concreto es desatendida y por ende inaplicada o (iii) cuando
a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se
adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó.
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR DEFECTO "ERROR INDUCIDO" O
"VIA DE HECHO POR CONSECUENCIA"
DECISION
SIN MOTIVACION COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES
DESCONOCIMIENTO
DEL PRECEDENTE COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
Para decidir sobre la
procedencia de la acción de tutela por la causal estudiada es preciso: (i)
determinar la existencia de un precedente o de un grupo de precedentes
aplicables al caso concreto y distinguir las reglas decisionales contenidas en
estos precedentes; (ii) comprobar que el fallo judicial impugnado debió tomar
en cuenta necesariamente tales precedentes pues de no hacerlo incurriría en un
desconocimiento del principio de igualdad y; (iii) verificar si el juez tuvo
razones fundadas para apartarse del precedente judicial bien por encontrar
diferencias fácticas entre el precedente y el caso analizado, bien por
considerar que la decisión debería ser adoptada de otra manera para lograr una
interpretación más armónica en relación con los principios constitucionales, y
más favorable a la vigencia y efectividad de los derechos fundamentales, de
acuerdo con el principio pro hómine.
VIOLACION
DIRECTA DE LA CONSTITUCION COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
PRINCIPIO DE
INMEDIATEZ COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Subreglas para determinar el cumplimiento a pesar
de que no exista un término de caducidad de la acción de tutela
PENSION DE
SOBREVIVIENTES DE COMPAÑERA PERMANENTE-Protección de los derechos a la
seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital
PENSION DE
SOBREVIVIENTES DE COMPAÑERA PERMANENTE-Tribunal desconoció precedente para
la aplicación retrospectiva de la ley 100 de 1993 y reconoció a favor de la
cónyuge supérstite el beneficio excluyendo a la compañera permanente
CONSTITUCION
POLITICA-Retrospectividad en caso de esposa supérstite y compañera
permanente para reclamar pensión de sobrevivientes
PRINCIPIO
DE IGUALDAD ENTRE PAREJAS CONFORMADAS POR CONYUGES O COMPAÑEROS PERMANENTES EN
MATERIA DE SUSTITUCION PENSIONAL-Caso en que la prestación se causó en
vigencia de la CP/86/APLICACION RETROSPECTIVA DE LA CONSTITUCION DE 1991-Situaciones
jurídicas que estaban en curso al momento de entrada en vigencia
En caso de conflicto
prestacional entre el cónyuge supérstite y los compañeros permanentes de un
causante que falleció regido por la normatividad prestacional en vigencia de la
Constitución de 1886, el operador jurídico debe aplicar la figura de la retrospectividad
de la Carta Política de 1991, en el sentido de garantizar la no discriminación
por razón de origen familiar y la igualdad de trato que el nuevo marco
constitucional confiere a las familias constituidas por vínculos naturales o
jurídicos. Esa interpretación comporta los compañeros permanentes del causante
sean incluidos dentro del mismo ámbito de protección que se establece para el
cónyuge supérstite del difunto pensionado.
DEBIDO
PROCESO Y SEGURIDAD SOCIAL-Orden al Tribunal dictar nueva sentencia para
reconocimiento de pensión de sobrevivientes a esposa supérstite y compañera
permanente
Referencia:
expediente T-2967913
Acción de tutela instaurada por María Libia Rodríguez contra el
Tribunal Superior de Bogotá – Sala Laboral.
Magistrado
Ponente:
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Bogotá D.C., primero (1°) de
marzo de dos mil doce (2012)
La Sala Octava de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los magistrados HUMBERTO ANTONIO SIERRA
PORTO, LUIS ERNESTO VARGAS SILVA y MARÍA VICTORIA CALLE CORREA, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en
los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto
2591 de 1991, una vez fue vencida la ponencia inicial, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de los fallos
dictados por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, el 18 de
noviembre de 2010, y la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal, el
3 de febrero de 2011, que resolvieron la acción de tutela promovida por María
Libia Rodríguez contra el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Laboral.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos y acción de
tutela interpuesta:
El 4 de noviembre de 2010, actuando por medio de
apoderada judicial, la señora María Libia Rodríguez instauró acción de tutela
contra el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Laboral, por considerar que éste
con la decisión de segunda instancia que profirió dentro del proceso ordinario
laboral que interpuso para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
que en vida disfrutaba su compañero permanente, le vulneró los derechos
constitucionales al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social,
atendiendo a los siguientes hechos:
1.1.
Narra la accionante que el señor José Ignacio Adarme Ordoñez contrajo
matrimonio católico con Trinidad Trujillo, conviviendo por un tiempo aproximado
de 15 años. Cuenta que el señor Adarme Ordoñez se separó de hecho de la señora
Trujillo, pero nunca se disolvió el vínculo matrimonial ni la sociedad
conyugal.
1.2.
José Ignacio Adarme Ordoñez estableció una unión marital de hecho con
María Libia Rodríguez, hoy accionante, con la que convivió por espacio superior
a 25 años y procreó 6 hijos. La actora lo acompañó hasta el momento de su
fallecimiento el 31 de mayo de 1988.
1.3. Al momento de su muerte, el señor Adarme
Ordoñez ostentaba la calidad de pensionado de la Texas Petroleum Company. La
citada entidad, el 14 de junio de 1989, le otorgó la pensión de sobrevivientes
a la señora Trinidad Trujillo, en un porcentaje equivalente al 50% como cónyuge
supérstite, y el porcentaje restante del otro 50% le fue reconocido a María
Cristina Adarme Rodríguez, hija de la actora, y quien en ese momento era menor
de edad.
1.4. Por conducto de apoderada judicial, el 26 de
septiembre de 2000, actora interpuso demanda ordinaria laboral contra la Texas
Petroleum Company, solicitando el reconocimiento de la pensión de sobreviviente
de la cual disfrutaba en vida su compañero permanente José Ignacio Adarme.
1.5. El Juzgado 1° Laboral del Circuito de Bogotá,
mediante sentencia del 29 de junio de 2007, reconoció el derecho pensional en
forma compartida entre las señoras María Libia Rodríguez y Trinidad Trujillo,
quien formalmente ostentaba la calidad de cónyuge supérstite, en porcentajes
del 47.82% y 52.18% respectivamente y, en proporción al tiempo vivido con el
causante, es decir, 25 años y 15 años según las pruebas. Inconformes con tal
decisión, los abogados tanto de la compañera como de la cónyuge supérstite,
apelaron el fallo.
1.6. En sentencia de segunda instancia, la Sala de
Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, mediante fallo del 31 de
marzo de 2009, revocó parcialmente la decisión del a-quo, en la parte
que le reconoció a la señora Rodríguez la pensión de sobreviviente como
compañera permanente en un 47.82% de la mesada pensional del causante. En
consecuencia, concedió la pensión íntegramente a la señora Trinidad Trujillo en
su calidad de cónyuge supérstite y condenó en costas de segunda instancia.
1.7. La Sala de Descongestión Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá fundamentó su decisión en el hecho de que al momento del
fallecimiento del causante, el 31 de mayo de 1988, la normatividad vigente
favorecía a la cónyuge supérstite, de allí que no sea posible aplicar de manera
retroactiva las normas laborales y de seguridad social que benefician a la
compañera permanente y que fueron expedidas con posterioridad a la muerte del
causante, como lo hizo el juez de primera instancia laboral en su fallo. Así
mismo, señaló que la pensión reconocida a la señora Trujillo constituye un
derecho adquirido que no puede ser modificado por normas posteriores y que, en
consecuencia, al momento del deceso del pensionado, la normatividad no
contemplaba la sustitución pensional en favor de la compañera permanente.
1.8. Debido a lo anterior, la accionante alega en
el escrito tutelar que el Tribunal accionado incurrió en los siguientes
defectos:
* Defecto sustantivo, toda vez que la
decisión cuestionada se fundamentó en la aplicación de una norma que es
contraria a la Constitución, ya que la Corte Constitucional ha reconocido la
igualdad de derechos que les asisten tanto a la cónyuge supérstite como a la
compañera permanente para efectos de la sustitución pensional, “y en el caso
de mi representada, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá dio
prelación a normas que han decaído con la vigencia de la Constitución de 1991”.
Plantea además que el Tribunal no puede desconocer la realidad de conformación
de familias de facto, máxime cuando las mismas llevan más de 25 años de
convivencia pacífica e ininterrumpida, como fue el caso de la actora.
* Defecto fáctico, relacionado con la
carencia de valoración de las pruebas legalmente recaudas en el proceso y que
tienen una incidencia directa para variar la decisión objeto de reproche
constitucional. Puntualmente, la actora señala que el Tribunal desconoció por
completo todo el acervo probatorio que acreditaba la existencia de la
convivencia que mantuvo la compañera permanente por más de 25 años con el
causante, la dependencia económica que de él tenía tanto ella como sus hijos, y
que de la pensión que devengaba se nutria su existencia diaria y la
satisfacción de las necesidades básicas.
* Desconocimiento del precedente jurisprudencial
establecido por la Corte Constitucional en materia de sustitución pensional o
pensión de sobrevivientes, porque esa Corporación en sentencias T-551 de 2010,
T-679 de 2006, T-702 de 2005 y T-190 de 1993, entre otras, ha reconocido en
forma proporcional los derechos pensionales de acuerdo con la convivencia
demostradas con el causante.
1.9. Finaliza diciendo que la actora tiene más de
60 años, no tiene oportunidades en el mercado laboral, se encuentra enferma,
sin ingresos estables ni una pensión para suplir sus propias necesidades ya que
dependía económicamente del difunto, por lo cual en la actualidad solo depende
de la buena voluntad y colaboración que le proporcionen sus hijos.
1.10.  En este orden de ideas, la accionante
solicita protección constitucional de los derechos constitucionales al debido
proceso, a la seguridad social y al mínimo vital, y que en consecuencia se
dejen sin efectos jurídicos la sentencia de segunda instancias cuestionada,
para que en su lugar, el Tribunal dicte un nuevo fallo que tenga en cuenta el
material probatorio acopiado y la convivencia que la actora tuvo durante 25
años con el causante hasta los últimos días de vida de éste.
2. Respuestas del accionado y
de los vinculados:
2.1. A pesar de estar debidamente
notificados mediante oficio CSJ/SSCL/telegrama No. 27241 del 9 de noviembre de
2010, ni el Presidente ni los Magistrados integrantes de la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá, se pronunciaron en el trámite de la acción de
tutela.
2.2. El Representante Legal para
Asuntos Laborales de la empresa Chevron Petroleum Company solicitó negar la
acción de tutela porque (i) la actora no hizo uso del recurso
extraordinario de casación que tenía su disposición para ventilar las
inconformidades que hoy generan la acción de tutela; (ii) la sentencia
que cuestiona data del 31 de marzo de 2009 y el amparo constitucional lo
solicitó en el mes de octubre de 2010, razón por la cual no cumple con el
requisito de inmediatez que habilita la procedencia excepcional de la tutela
contra providencias judiciales; y, (iii) el Tribunal no incurrió en
defecto sustantivo porque su decisión correspondió a la aplicación de las
normas que estaban vigentes al momento del deceso del causante.
3. Sentencias objeto de
revisión:
3.1. Primera Instancia:
La Corte Suprema de Justicia –
Sala de Casación Laboral, mediante sentencia del 18 de noviembre de 2010, negó
el amparo al estimar que la tutela no cumple con el requisito de inmediatez,
por cuanto la actora invocó la protección constitucional pasados un año y ocho
meses de haberse emitido la sentencia de segunda instancia laboral dictada por
el Tribunal accionado, situación que no se acompasa con la naturaleza de la
excepcional figura de la tutela contra providencias judiciales, ya que la misma
debe ser inmediata para no afectar los principios de cosa juzgada y de
seguridad jurídica. Agregó a lo anterior que la actora no agotó el recurso
extraordinario de casación contra el fallo que cuestiona, punto que también
torna improcedente el amparo constitucional.
Esa decisión contó con una
aclaración de voto del Magistrado Gustavo José Gnecco Mendoza, quien adujo que
a pesar de compartir la decisión denegatoria de amparo, en su opinión la acción
de tutela no procede contra providencias judiciales en virtud de los principios
de autonomía e independencia de los jueces.
3.2. Impugnación presentada
por la parte actora:
La abogada de la accionante
impugnó a través de un breve escrito el fallo adverso, arguyendo para tal
efecto que “según el artículo 43 de la Ley 712 de 2002, solamente son
susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de ciento
veinte (120) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuantía que este
asunto no alcanza”.
3.3. Segunda Instancia:
La Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 3 de
febrero de 2011, confirmó la denegatoria de amparo al considerar que su
interposición no cumple con el supuesto de la inmediatez, y que la actora
omitió hacer uso del recurso extraordinario de casación que era el medio
judicial idóneo para ventilar las inconformidades que plantea por vía
constitucional. Sobre éste punto, señaló que “la decisión de no haber
agotado el medio de defensa judicial mencionado, impide considerar a la parte
actora habilitada para acudir al amparo constitucional respecto de lo allí
decidido, pues este instituto de carácter residual y subsidiario no fue
establecido para suplir los medios ordinario de defensa judicial dispuestos por
el legislador al interior de las actuaciones”.
Agregó además
que “como quiera que la actora en su condición de demandante en el proceso
ordinario laboral, por intermedio de su apoderado no presentó la demanda de
casación para cuestionar la sentencia de segunda instancia proferida por el
Tribunal Superior de Bogotá en la que demeritó las razones por las cuales el
a-quo consideró que le asistía derecho al reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes de manera proporcional en calidad de compañera permanente del
causante, el juez constitucional queda relevado de efectuar cualquier
pronunciamiento de fondo respecto de las censuras que ahora expone en la
solicitud de tutela, por cuanto implicaría desplazar al juez natural y
desconocer el procedimiento previamente regulado para el trámite de los
procesos ordinarios”.
Finalizó
señalando que a pesar de que en la impugnación la parte actora indicó que no
hizo uso del recurso de casación porque su pretensión no superaba la cuantía
exigida para la interposición de ese recurso, “tal afirmación no la acreditó
por lo menos de manera sumaria en las presentes diligencias. Además, dicha
eventualidad debió ser objeto de debate y pronunciamiento en la etapa procesal
pertinente, más no ahora ante el juez constitucional, luego de transcurridos
más de diecisiete meses de culminado el proceso mediante sentencias de instancia
que hicieron tránsito a cosa juzgada”.
II. TRÁMITE
EN SEDE DE REVISIÓN:
1. Una vez el
asunto fue repartido al Magistrado Sustanciador inicial, doctor Humberto
Antonio Sierra Porto, mediante auto del 4 de mayo de 2011 dispuso oficiar a la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, para que informara la fecha en la
cual se notificó a la parte demandante la sentencia de segunda instancia
proferida por la Sala de Descongestión Laboral de ese Tribunal el 3 de marzo de
2009, dentro del proceso ordinario que se cuestiona.
En respuesta
a lo anterior, la Secretaría Judicial de aquella Sala envió fotocopia de las
sentencias de primera y segunda instancia laboral, así como un reporte
detallado de las actuaciones surtidas dentro del trámite ordinario que se ataca
por vía constitucional.
2.
El 1° de julio de 2011, el Magistrado Sustanciador inicial solicitó al
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, que fueran remitidas las copias
del proceso ordinario laboral que instauró María Libia Rodríguez contra la
Texas Petroleum Company, el cual en efecto fue allegado en fotocopia y obra
como parte del expediente de tutela.
3. El 18 de
julio de 2011, la Secretaría General de la Corte recibió un escrito del
representante legal de la empresa Cheveron Petroleum Company, en el cual
insiste en denegar el amparo constitucional porque la actora no hizo uso del
recurso de casación y porque la sentencia cuestionada no incurrió en vía hecho.
Además, informó que “dentro de esta acción de tutela no ha sido notificada,
en ningún momento, que esta empresa sepa, la señora Trinidad Trujillo de
Adarme, quien está disfrutando, repito, de la pensión de sustitución y que
podría ser afectada, en un momento dado, por la decisión de esa Honorable
Corporación y desde luego tienen un interés legítimo en su decisión”.
4. Debido a
lo anterior, el Magistrado Sustanciador inicial a través de auto del 15 de
julio de 2011, ordenó a la Secretaría General de la Corte que pusiera en
conocimiento de la señora Trinidad Trujillo el contenido del expediente
T-2967913, con el fin de que ésta pudiera ejercer el derecho de defensa y se
pronunciara sobre las pretensiones y el problema jurídico que plantea la
presente acción de tutela.
Mediante
oficio PRTB-494 del 19 de junio de 2011, la Secretaría General de la Corte
notificó el contenido de esta tutela a la señora Trinidad Trujillo, quien
guardó silencio en el trámite de revisión.
5. El
proyecto de fallo correspondiente al expediente de la referencia fue radicado
por el Magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, quien convocó el 1° de marzo
de 2012 a los demás integrantes de la Sala Octava de Revisión con el fin de
estudiar el asunto.
En razón a
que los Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva y María Victoria Calle Correa
manifestaron su desacuerdo con el proyecto presentado por el Magistrado
Sustanciador original, mediante auto del 10 de julio de 2012, el Magistrado
Humberto Antonio Sierra Porto dispuso el envío del expediente al nuevo
Magistrado Ponente en procura de sustanciar el asunto de la referencia. Luego,
la Secretaría General de la Corte, mediante informe del 12 de julio de 2012,
remitió el expediente al Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva para elaborar una
nueva ponencia que decida el asunto.
III.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
1. Competencia
Esta Corte es competente para
revisar las decisiones judiciales antes descritas, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, y 31 a 36
del Decreto 2591 de 1991, atendiendo a la selección y el reparto efectuado 25
de febrero de 2011, así como a la rotación de Magistrado Sustanciador que se
hiciera por medio de auto del 10 de julio de 2012, luego de que el proyecto
original fue derrotado por la mayoría de los integrantes de la Sala Octava de
Revisión.
2. Problema Jurídico
De
acuerdo con los hechos expuestos, en este caso se plantea el siguiente problema
jurídico a resolver: ¿Desconoce la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Bogotá, los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y
al mínimo vital que le asisten a la accionante, al excluir del reconocimiento
de la sustitución pensional a la compañera permanente del causante, quien al
parecer convivió durante varios años con él hasta el momento de su muerte, sin
contemplar la posibilidad de la pensión compartida y proporcional en procura de
garantizar el derecho a la igualdad entre la cónyuge supérstite y la compañera
permanente que impone el nuevo marco constitucional adoptado en 1991? En caso
positivo, ¿se puede dar una aplicación retrospectiva de las normas
constitucionales sobre la materia, para obtener la armonización de las leyes
anteriores a 1991 que establece esa exclusión en los casos de sustitución
pensional?
Para resolver la cuestión
planteada, estima la Sala la necesidad de ocuparse de los siguientes temas: (i)
Requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Especial profundización en los defectos
sustantivo, fáctico por dimensión negativa y desconocimiento del precedente.
Reiteración de jurisprudencia; y, seguidamente analizará (ii) el caso
concreto.
3. Requisitos generales y
específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Especial profundización en los defectos sustantivo, fáctico por
dimensión negativa y desconocimiento del precedente. Reiteración de
jurisprudencia
3.1. Esta
Corporación, actuando como guardiana de la integridad y supremacía del texto
constitucional, ha determinado unas reglas claras sobre la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Esta línea
se basa en la búsqueda de una ponderación adecuada entre dos elementos
fundamentales del orden constitucional: la primacía de los derechos
fundamentales y el respeto por los principios de autonomía e independencia
judicial[1].
Precisamente, en
desarrollo del principio de supremacía de la Constitución, todos los servidores
públicos que ejercen funciones jurisdiccionales, deben garantizar y proteger
los derechos fundamentales de los sujetos procesales que intervienen en los
diferentes procesos ordinarios. Por consiguiente, las normas de la Carta
Política y, en especial, aquellas que prevén tales derechos, constituyen
parámetros ineludibles para la decisión judicial.
La
jurisprudencia de esta Corte ha establecido dos presupuestos básicos para
determinar si una actuación judicial goza de legitimidad desde el punto de
vista constitucional, a saber: (i) que el procedimiento surtido para
adoptar una decisión haya preservado las garantías propias del debido proceso,
de las que son titulares los sujetos procesales; y, (ii) que la decisión
judicial sea compatible con el conjunto de valores, principios y derechos
previstos por la Constitución. Si se acredita con suficiencia que la decisión
judicial cuestionada incumple estos presupuestos de legitimidad, surge la
necesidad de restituir y de preservar la eficacia de los preceptos
constitucionales en el caso concreto, mediante la intervención excepcional del
juez tutelar.
De acuerdo con el estado actual
de la jurisprudencia, la acción de tutela contra sentencias judiciales es un
instrumento excepcional, dirigido a enfrentar aquellas situaciones en que la
decisión del juez incurre en graves falencias, de relevancia constitucional,
las cuales tornan la decisión incompatible con la Constitución. En este
sentido, la acción de tutela contra providencias judiciales es concebida como
un “juicio de validez” y no como un “juicio de corrección” del
fallo cuestionado[2],
lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la
discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho
legislado, que dieron origen a la controversia, más aún cuando las partes
cuentan con los recursos judiciales, tanto ordinarios como extraordinarios,
para combatir las decisiones que estiman arbitrarias o que son incompatibles
con la Carta Política. Empero, pueden subsistir casos en que agotados dichos
recursos, persiste la arbitrariedad judicial; en esos especiales casos es que
se habilita el amparo constitucional.
3.2. En desarrollo de esas
premisas, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en sentencia C-590 de 2005[3], estableció
de forma unánime un conjunto sistematizado de requisitos estrictos, de
naturaleza sustancial y procedimental, que deben ser acreditados en cada caso
concreto, como presupuestos ineludibles para la protección de los derechos
fundamentales afectados por una providencia judicial.
Ellos se dividen en dos grupos: (i)
los requisitos generales, que están relacionados con condiciones fácticas y de
procedimiento, las cuales buscan hacer compatible dicha procedencia con la
eficacia de valores de estirpe constitucional y legal, relacionados con la
seguridad jurídica, los efectos de la cosa juzgada, la independencia y
autonomía del juez, al igual que la distribución jerárquica de competencias al
interior de la rama jurisdiccional; y, (ii) los requisitos específicos, que
se refieren a la descripción de los defectos en que puede incurrir una decisión
judicial y que la hacen incompatible con la Constitución.
3.3. Así, los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales son los siguientes, siguiendo lo definido por esta Corte en la
mencionada sentencia C-590 de 2005:
3.3.1 Que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Para la Corte, el juez
constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones.[4]
3.3.2 Que se hayan agotado todos
los medios  -ordinarios y extraordinarios-,  de defensa judicial al alcance de
la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5].
3.3.3 Que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6].
3.3.4  Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo
o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora.[7]
3.3.5  Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el
proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.[8] Esta exigencia es
comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuenta al
fundamento de la afectación de derechos a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos.
3.3.6  Que no se trate de sentencias
de tutela.[9]
Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida.
3.4. Como se dijo anteriormente,
los requisitos específicos que habilitan la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra providencias judiciales, aluden a la configuración de
defectos que, por su gravedad, tornan insostenible el fallo cuestionado al ser
incompatible con los preceptos constitucionales. Estos defectos son los
siguientes:
3.4.1. Defecto orgánico,
que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia
impugnada, carecía absolutamente de competencia para hacerlo.
3.4.2. Defecto
procedimental, el cual dependiendo de las garantías procesales que
involucre puede ser de dos tipos: (i) de carácter absoluto, que
se presenta cuando el funcionario judicial se aparta del proceso legalmente
establecido, ya sea porque sigue un proceso ajeno al autorizado o porque omite
una etapa sustancial de éste, caso en el cual afecta directamente el derecho al
debido proceso[10],
o cuando escoge arbitrariamente las normas procesales aplicables a un caso
concreto[11];
y, (ii) por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando un
funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la
eficacia del derecho sustancial y por esa vía, sus actuaciones devienen en una
denegación de justicia habida cuenta que sacrifica el derecho de acceso a la
administración de justicia y las garantías sustanciales, so pretexto de
preferir el tenor literal de las formas procesales. En otras palabras, el juez
asume una ciega obediencia a la ley procesal en abierto desconocimiento de los
derechos sustanciales que le asisten a las partes en contienda[12].
3.4.3.  Defecto fáctico
surge, según precisó la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia
SU-817 de 2010 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), “cuando la valoración
probatoria realizada por el juez ordinario es arbitraria y abusiva o constituye
un ostensible desconocimiento del debido proceso, esto es, cuando el
funcionario judicial (i) deja de valorar una prueba aportada o practicada en
debida forma y que es determinante para la resolución del caso, (ii) excluye
sin razones justificadas una prueba de la misma relevancia o (iii) valora un
elemento probatorio al margen de los cauces racionales”. En esos casos, corresponde
al juez constitucional evaluar si en el marco de la sana crítica, la autoridad
judicial desconoció la realidad probatoria del proceso, lo que se traduce en
que el juez constitucional debe emitir un juicio de evidencia en procura de
determinar si el juez ordinario incurrió en un error indiscutible en el decreto
o en la apreciación de la prueba.
De acuerdo con la consideración
central de la sentencia T-310 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), el vicio
fáctico debe tener una relación intrínseca con el sentido de la decisión
judicial, de modo que, de no concurrir ese error manifiesto, la sentencia
hubiera adoptado un sentido distinto. Quiero ello decir que, el yerro debe ser
relevante, no solo en términos de protección del derecho al debido proceso,
sino también respecto a la controversia jurídica materia de la decisión
judicial.
Adicionalmente, es pertinente
resaltar que el defecto fáctico se estructura en dos dimensiones, según recogió
la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia SU-447 de 2011 (MP Mauricio
González Cuervo), las cuales se materializan así: “(i) una negativa,
que se presenta “cuando el juez niega o valora la prueba de manera
arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera
da por probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.
Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el
juez”; y, (ii) una positiva, que se configura “cuando el
juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por
ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29 C.P.) y al hacerlo el
juez desconoce la Constitución”.
Profundizando concretamente en el
defecto fáctico por dimensión negativa, la jurisprudencia constitucional[13] ha
identificado tres escenarios de ocurrencia que se pasan a enunciar: el primero,
por ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria
determinante en el desenlace del proceso; el segundo, por decidir sin el apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión; y, el tercero, por no decretar pruebas de oficio en los
procedimientos en que el juez esté legal y constitucionalmente obligado a
hacerlo.
De esta forma, la Corte ha
reconocido que la omisión en el decreto y la práctica de pruebas, la no
valoración de las pruebas que obran en el expediente, y el desconocimiento de
las reglas de la sana crítica, son los espacios donde el juez de tutela puede
intervenir en procura de garantizar la protección del derecho fundamental de
debido proceso. Salvo los casos mencionados, “no competente al juez
constitucional remplazar al juzgador de instancia en la valoración de las
pruebas desconociendo la autonomía e independencia de éste al igual que el
principio del juez natural, ni realizar un examen del material probatorio que
resulta exhaustivo, en tanto, como lo señaló esta Corporación en sentencia
T-055 de 1997, ‘tratándose del análisis del material probatorio, la
independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia”[14].
Entonces, lo anterior supone que
cuando se observe un error en la valoración probatoria, el mismo sea
ostensible, flagrante, manifiesto y que tenga incidencia directa en la
decisión, habida cuenta que el juez de tutela no puede convertirse en una
instancia revisora de la actividad de evaluación de las pruebas que cumple un
juez ordinario dentro de un asunto sometido a su conocimiento por competencia.
Es más, cuando existen diferencias de valoración en la estimación de una
prueba, la Corte ha reconocido que no constituyen errores fácticos, pues ante
interpretaciones diversas pero razonables, es al juez natural a quien
corresponde establecer cuál se ajusta al caso concreto[15].
En este orden de ideas, la Sala
concluye que el defecto fáctico se presenta por dimensión positiva o por
dimensión negativa; cuando se invoca ésta última, la mera inconformidad con la
apreciación de la prueba que haya hecho el juez dentro del ámbito de la
razonabilidad, no constituye un error que habilite el amparo constitucional, ya
que es necesario que se advierta un yerro excepcional y protuberante
relacionado con la actividad probatoria y que además tenga incidencia en la
decisión adoptada.
3.4.4. Defecto sustantivo o
material, se presenta cuando se decide con base en normas inexistentes,
inconstitucionales o que claramente son inaplicables al caso concreto. Frente a
este último caso que se subraya, el defecto sustantivo se configura (i)
cuando la interpretación de la norma se hace sin tener en cuenta otras
disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una
interpretación sistemática, (ii) cuando la norma aplicable al caso
concreto es desatendida y por ende inaplicada o (iii) cuando a pesar de
que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se adecua a la
situación fáctica a la cual se aplicó[16].
Es que, la competencia asignada a
las autoridades judiciales para interpretar y aplicar las normas jurídicas,
siguiendo el principio de autonomía e independencia judicial, no es en ningún
caso absoluta, pues se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido
y por el respeto a los derechos fundamentales de las partes en contienda. Por
ello, la jurisprudencia constitucional ha señalado que “pese a la autonomía
de los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto,
para determinar su forma de aplicación, y para establecer la manera de
interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, no les es dable en esta labor,
apartarse de las disposiciones de la Constitución o de la ley”[17], ya
que encuentran su límite en el principio procesal de la congruencia judicial,
así como en los contenidos, postulados y principios constitucionales de forzosa
aplicación, tales como la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas,
de favorabilidad, pro homine, entre otros.
Adicionalmente, al juez de tutela
le está vedado configurar el defecto sustantivo a partir de la elección
realizada por el operador judicial entre las interpretaciones
constitucionalmente admisibles, ya que los criterios de vía de hecho son
especialmente restrictivos y solo se aplican ante un actuar arbitrario y
abusivo del juez. Quiero ello decir que la mera discrepancia entre los
criterios formales de aplicación de la norma a un caso concreto y las resultas
del ejercicio dialéctico que implican los postulados de la sana crítica en
materia probatoria, no sirven de resorte para enrostrar el operador jurídico un
defecto sustantivo, pues el juez además de gozar de autonomía judicial, puede
hacer raciocinios válidos que le impliquen aplicar determinada ley.
3.4.5. Error inducido,
tradicionalmente conocido como vía de hecho por consecuencia, que se presenta
cuando el Juez o Tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese
engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales[18].
3.4.6. Sentencia sin
motivación, se presenta cuando los servidores judiciales incumplen el
deber de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones,
pues precisamente en esa motivación reposa la legitimación de su órbita
funcional[19].
Ese vicio se presenta cuando existe una ausencia de razonamientos que sustenten
lo decidido.
3.4.7. Desconocimiento del
precedente, se estructura cuando el juez desconoce la ratio
decidendi de un conjunto de sentencias previas al caso que ha de resolver,
que por su pertinencia y aplicación al problema jurídico constitucional, deben
considerarse necesariamente al momento de dictar sentencia[20].
Puntualmente, la Sala Novena de
Revisión en las sentencias T-482 de 2011, T-028 de 2012 y T-206 de 2012 (MP
Luis Ernesto Vargas Silva), al referirse a la caracterización del defecto por
desconocimiento del precedente, ha indicado que las sentencias se componen de
tres tipos de consideraciones: (i) la decisión del caso o decisum,
(ii) las razones directamente vinculadas de forma directa y necesaria
con la decisión o ratio decidendi y (iii) los argumentos
accesorios utilizados para dar forma al fallo judicial, conocidos como obiter
dicta, y aclaró que sólo la decisión y la ratio decidendi tienen
valor normativo.
Así mismo, explicó que el
precedente judicial debe entenderse como “aquel antecedente del conjunto de
sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para
la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar
necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar
sentencia” y señaló que una sentencia antecedente es relevante para la
solución cuando presenta alguno de los siguientes aspectos (o todos ellos): (i)
en la ratio decidendi de la sentencia se encuentra una regla relacionada
con el caso a resolver posteriormente; (ii) la ratio debió haber servido
de base para solucionar un problema jurídico semejante, o a una cuestión
constitucional semejante (a la que se estudia en el caso posterior); y, (iii)
los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia anterior deben ser
semejantes o plantear un punto de derecho semejante al que debe resolverse
posteriormente. En este sentido será razonable que “cuando en una situación
similar, se observe que los hechos determinantes no concuerdan con el supuesto
de hecho, el juez esté legitimado para no considerar vinculante el precedente”[21].
En relación con los
pronunciamientos o precedentes de la Corte Constitucional, esta Corporación ha
manifestado que estos se dividen en dos: (i) los fallos de
constitucionalidad que tienen carácter obligatorio debido a los efectos erga
omnes y de cosa juzgada constitucional que se desprenden de ellos, razón
por la cual la ratio decidendi de esos casos que contiene una solución
constitucional a los problemas jurídicos estudiados, debe ser atendida por las
demás autoridades judiciales para que la aplicación de la ley sea conforme a la
Constitución. Si una autoridad judicial desconoce una decisión de
inexequibilidad o una ratio decidendi de un fallo de exequibilidad, la
Corte ha dicho que incurre en defecto sustantivo pues desconoce el derecho
vigente, o lo interpreta y aplica de forma incompatible con las cláusulas constitucionales;
y, (ii) en las sentencias de revisión de tutela a pesar de dictarse con
efectos inter partes, la ratio decidendi en ellas consignadas
constituye un criterio orientador obligatorio para los jueces, por medio del
cual se busca desarrollar y hacer efectivo los principios de igualdad ante la
ley, acceso a la administración de justicia, confianza legítima y de unidad y
coherencia del ordenamiento.
A partir de los elementos
presentados como fundamento del carácter vinculante del precedente constitucional,
esta Corte ha considerado que su jurisprudencia “puede ser desconocida de
cuatro formas: (i) aplicando disposiciones legales que han sido declaradas
inexequibles por sentencias de constitucionalidad; (ii) aplicando disposiciones
legales cuyo contenido normativo ha sido encontrado contrario a la
Constitución; (iii) contrariando la ratio decidendi de sentencias de
constitucionalidad; y (iv) desconociendo el alcance de los derechos
fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi
de sus sentencias de tutela”[22].
Lo anterior no impide a los jueces que en sus fallos adopten decisiones
separadas del precedente constitucional siempre y cuando “(…) encuentre
razones debidamente fundadas que le permitan separarse de él, cumpliendo con
una carga argumentativa encaminada a mostrar que el precedente es contrario a
la Constitución, en todo o en parte”.[23]
Adicionalmente, la Corte también
ha reconocido valor vinculante al precedente judicial emitido por las Altas
Cortes de cada especialidad, en casos determinados. Así, esta Corporación en
sentencia T-181 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa) señaló que “las
autoridades judiciales y administrativas se encuentran vinculadas al precedente
establecido por las Altas Cortes y, en cada rama específica, por el superior
jerárquico del juez. Este deber se deprende directamente del principio de
igualdad, así como de los principio de confianza legítima, buena fe y seguridad
jurídica, pues el seguimiento del precedente contribuye a la unificación de la
jurisprudencia, aumentando así la posibilidad de que los ciudadanos puedan
prever el alcance que los jueces dan a las disposiciones jurídicas en un
momento histórico determinado”.
En
conclusión, para decidir sobre la procedencia de la acción de tutela por la causal
estudiada es preciso: (i) determinar la existencia de un precedente o de
un grupo de precedentes aplicables al caso concreto y distinguir las reglas
decisionales contenidas en estos precedentes; (ii) comprobar que el
fallo judicial impugnado debió tomar en cuenta necesariamente tales
precedentes pues de no hacerlo incurriría en un desconocimiento del principio
de igualdad y; (iii) verificar si el juez tuvo razones fundadas para
apartarse del precedente judicial bien por encontrar diferencias fácticas entre
el precedente y el caso analizado, bien por considerar que la decisión debería
ser adoptada de otra manera para lograr una interpretación más armónica en
relación con los principios constitucionales, y más favorable a la vigencia y
efectividad de los derechos fundamentales, de acuerdo con el principio pro
hómine.
3.4.8. Violación directa de
la Constitución, que se configura cuando el juez ordinario adopta una
decisión que desconoce, de forma específica, postulados de la Carta Política[24].
Explicados los requisitos
generales y especiales que habilitan la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judicial, la Sala centrará su estudio en la aplicación de
los mismos al caso concreto.
4. Análisis del caso
concreto:
4.1. La señora María Libia
Rodríguez solicita la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la seguridad social y al mínimo vital presuntamente vulnerados por
el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Laboral, quien al desatar el recurso de
apelación dentro del proceso ordinario laboral de sustitución pensional que
instauró aquella contra la empresa Texas Petroleum Company, concedió el derecho
pensional exclusivamente a favor de la cónyuge supérstite del causante,
desconociendo los derechos que le asisten a la actora en calidad de compañera
permanente del difunto José Ignacio Adarme Ordoñez.
La accionante centra su
inconformidad en que la sentencia de segunda instancia ordinaria laboral del 31
de marzo de 2009, incurrió en los siguientes yerros: (i) defecto sustantivo,
toda vez que la decisión cuestionada se fundamentó en la aplicación de una
norma que es contraria a la Constitución, ya que la Corte Constitucional ha
reconocido la igualdad de derechos que les asisten tanto a la cónyuge
supérstite como a la compañera permanente para efectos de la sustitución
pensional; además, indicó que el Tribunal no puede desconocer la realidad de
conformación de familias de facto, máxime cuando las mismas llevan más de 25
años de convivencia pacífica e ininterrumpida, como es el caso de la actora;
(ii) defecto fáctico, porque el Tribunal desconoció por completo
todo el acervo probatorio que acreditaba la existencia de la convivencia que
mantuvo la compañera permanente por más de 25 años con el causante, la
dependencia económica que de él tenía tanto ella como sus hijos, y que de la
pensión que devengaba se nutria su existencia diaria y la satisfacción de las
necesidades básicas. Indica que la valoración de esas pruebas es determinante y
capaz de variar el sentido de la decisión ordinaria laboral; y, (iii)
defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial establecido por
la Corte Constitucional en materia de sustitución pensional o pensión de
sobrevivientes, porque esa Corporación en sentencias T-551 de 2010, T-679 de
2006, T-702 de 2005 y T-190 de 1993, entre otras, ha reconocido en forma
compartida y proporcional los derechos pensionales tanto a la cónyuge
supérstite como a la compañera permanente, de acuerdo con la convivencia
demostradas con el causante.
Conforme se expuso en la
consideración central de esta providencia, la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, siempre y cuando exista una
vulneración de derechos fundamentales y se cumplan con los requisitos generales
y específicos que hagan viable el amparo constitucional. Siendo ello así,
corresponde a la Sala de Revisión determinar si el presente caso cumple con
tales requisitos. Veamos:
4.2. Análisis de
procedibilidad formal o del cumplimiento de los requisitos generales expuestos
en la consideración 3.3 de esta providencia:
4.2.1. Que la cuestión que se
discuta resulte de relevancia constitucional: Por tratarse de un
cuestionamiento directo a la decisión de segunda instancia que resolvió
finalmente el proceso ordinario laboral en el que se debatió el reconocimiento
y pago de la sustitución pensional en disputa entre la cónyuge supérstite y la
compañera permanente del difunto pensionado de la Texas Petroleum Company, el caso
adquiere relevancia constitucional en la medida que pone de presente que la
exclusión a la compañera permanente tuvo su origen en que para la fecha de la
muerte del pensionado, la normatividad aplicable no hacía referencia específica
a aquella como posible beneficiaria de la sustitución pensional, situación que
desconoce el nuevo marco constitucional de igualdad que impone la Carta
Política de 1991, tanto para las familias conformadas por vínculos legales como
aquellas que los son por acontecimientos de hecho.
4.2.2. Que se hayan agotado
todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de
la persona afectada: La actora dirige el cuestionamiento contra la
sentencia de segunda instancia dictada en el proceso ordinario laboral que
instauró María Libia Rodríguez contra la empresa Texas Petroleum Company, lo
cual significa que agotó el recurso ordinario de apelación que tenía a su
alcance, sin obtener una decisión favorable a sus intereses.
Ahora bien, existe el recurso
extraordinario de casación en materia laboral, el cual según el artículo 86 del
Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, modificado por el artículo
43 de la Ley 712 de 2001[25],
procede únicamente en los procesos cuya cuantía sea igual o superior a 120
smlmv, es decir, para el año 2009, la equivalente a 59’640.000, suma que con
gran dificultad podía ser alcanzada por las pretensiones de la demandante. Lo
anterior significa que la accionante no cuenta con el recurso extraordinario de
casación para ventilar su pretensión, sino que la acción de tutela resulta ser
su único medio de defensa en procura de obtener la protección de sus derechos.
Así, cumple con esta subregla jurisprudencial.
4.2.3. Que se cumpla el
requisito de inmediatez, es decir, que la tutela se hubiese interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración: Para estudiar este punto, la Sala estima prudente señalar que el
requisito de inmediatez tiene una especial connotación cuando se analiza en el
ámbito de la acción de tutela contra providencia judicial, por cuanto se valora
de forma más exigente la actualidad en la vulneración de los derechos
fundamentales, pues como consecuencia de la acción podría quedar sin efecto una
decisión judicial.
En este sentido, sobre la
verificación del cumplimiento del requisito de inmediatez en los casos en que
se aborda la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, en las sentencias T-491 de 2009 y T-581 de
2010 (ambas del MP Luis Ernesto Vargas Silva),
esta Corporación advirtió que “en tratándose de tutelas contra providencias
judiciales, la carga de la argumentación en cabeza del demandante aumenta de
manera proporcional a la distancia temporal que existe, entre la presentación
de la acción de tutela y el momento en que se considera que se vulneró un
derecho pues, en ausencia de justificación, el paso del tiempo reafirma la
legitimidad de las decisiones judiciales y consolida los efectos de las
sentencias.”
Lo anterior, considerando que el
principio de inmediatez, como claramente lo ha señalado esta Corporación, no
tiene un término objetivo y rígido ya que de acuerdo con el artículo 86
Superior, la tutela puede ser ejercida en cualquier momento. Sin embargo, en
procura de garantizar los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, este
Tribunal ha señalado que la acción de tutela procede “dentro de un término
razonable y proporcionado”[26],
contado a partir del momento en el que se produce la violación del derecho, de
forma tal que se logren satisfacer, al mismo tiempo, los intereses del titular
del derecho y los derechos fundamentales o los bienes constitucionales de
terceras personas que se encuentran comprometidos. Ello es así porque, cuando
el paso del tiempo entre la decisión que se cuestiona y la interposición de la
tutela han dado lugar a consolidar situaciones jurídicas que favorecen los
derechos fundamentales o intereses de terceros de buena fe, o bienes
constitucionalmente protegidos de igual importancia que los derechos que se
persigue amparar, la Corte ha considerado necesario aplicar el llamado
principio de inmediatez[27].
Así las cosas, la Corte ha
trazado unas subreglas jurisprudenciales[28]
en procura de determinar que no existe una tardanza injustificada o irrazonable
en cada caso al momento de acudir a la acción de tutela, a saber: (i)
que exista un motivo válido para la inactividad del accionante; (ii) que
la inactividad justificada no vulnere el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; (iii) que exista un nexo causal
entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado; y, (iv) que el fundamento de la acción de tutela surja
después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de
cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de
interposición.
Aplicando lo antedicho al
presente caso, la Sala observa que la sentencia ordinaria laboral de segunda
instancia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá data del
31 de marzo de 2009, y la accionante interpuso la acción de tutela el 4 de
noviembre de 2010, es decir que se intentó 19 meses después de la emisión de la
misma.
No obstante, analizando la
primera subregla jurisprudencial referente a que exista un motivo válido
para la inactividad de la accionante, la Sala encuentra que en el escrito
tutelar la apoderada judicial de la señora María Libia Rodríguez informó que
solo tuvieron conocimiento de la sentencia del Tribunal hasta el mes de julio
de 2010, ya que el proceso fue archivado sin que tuvieran acceso a la decisión
judicial.
Corroborada la anterior
información con el expediente del proceso ordinario laboral, se observa que la
sentencia de segunda instancia fue notificada por estrados en la audiencia de
fallo, y de una vez el Tribunal procedió a devolver el expediente al juzgado de
origen, el cual dictó el auto de archivo del proceso el 29 de septiembre de
2009. Si bien es importante reconocer que el proceso de notificación se surtió
a las partes correctamente el 31 de marzo de 2009 y que la actora dejó pasar
varios meses hasta cuando solicitó el desarchivo del proceso el 3 de mayo de
2010, para posteriormente interponer la acción de tutela el 4 de noviembre de
2010, no lo es menos que por tratarse en este caso de una decisión que
reproduce la tradición  histórica de discriminación que han sufridos las
compañeras permanentes y que, además, se encuentra en compromiso la estabilidad
económica de dos hogares derivada de una prestación de tracto sucesivo que
puede ser reconocida en cualquier momento por tratarse de un derecho pensional
imprescriptible. Son éstas especiales circunstancias las que permiten superar
la inactividad de la actora y habilitar la satisfacción el presupuesto de la
inmediatez.
De esta forma, la regla general
sobre el computo para juzgar dicho presupuesto -término transcurrido desde
la notificación de la providencia censurada y la fecha de interposición de la
tutela- se mantiene inalterada, pues en este específico caso estamos en
presencia de varias situaciones especiales para habilitar su aplicación
exceptiva, en la medida que la discriminación histórica que han sufrido las
compañeras permanentes, así como las condiciones de salud y el reconocimiento
de una prestación económica de tracto sucesivo imprescriptible, son las razones
que justifican la superación de la inactividad de la actora.
En tratándose de la segunda
subregla jurisprudencia atinente a que la inactividad justificada no vulnere
el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión,
la Sala considera que si bien el fallo de segunda instancia que se cuestiona en
sede constitucional radicó la totalidad del derecho a la sustitución pensional
en cabeza de la cónyuge supérstite del señor José Ignacio Adarme Ordoñez, no lo
es menos que ésta fue vinculada al trámite tutelar como tercera de buena fe que
puede resultar afectada con la decisión constitucional y que desde el inicio de
la demanda ordinaria laboral hacía parte de la relación procesal, posición que
le permitió en la relación jurídica sustancial conocer de la disputa
prestacional que tenía con la compañera permanente del pensionado fallecido,
quien reclamaba una porción o la totalidad de la sustitución pensional. Así, no
estamos en presencia de un derecho adquirido de forma absoluta por la cónyuge
supérstite, pues la sustitución pensional inicialmente reconocida a ésta lo fue
solo en un 50%, ya que la fracción restante fue entregada a la hija menor de la
compañera permanente, por lo que el reconocimiento absoluto del derecho se
encontraba en controversia judicial. De esta forma, queda claro que la inactividad
no vulnera el núcleo esencial de los derechos de la señora Trinidad Trujillo,
esposa del causante.
La tercera subregla exige que exista
un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los
derechos fundamentales del interesado. Al respecto, la Corte encuentra que
la sustitución pensional que se reclama es un derecho imprescriptible, de
causación periódica mensual y respecto del cual, como lo ha señalado esta
Corporación, el análisis del criterio de inmediatez obedece a las
circunstancias propias del caso, que se acentúan cuando la afectación es
continua y actual ante la ausencia o exclusión del reconocimiento de la
prestación mediante sentencia judicial, como en efecto acontece en el asunto
bajo estudio. Así, el ejercicio tardío de la acción tiene una clara relación
con la persistencia en el tiempo de la afectación de los derechos fundamentales
a la seguridad social y al mínimo vital, ya que es esa persistencia de
vulneración la que precisamente habilita el que la actora pueda ejercer aún la
acción de tutela.
Adicionalmente, cabe recordar que
el principio de la seguridad jurídica que cobija las providencias judiciales
que resuelven un conflicto laboral, no es de carácter absoluto sino relativo,
sobre todo cuando debe sopesarse con el principio de efectividad de los
derechos fundamentales, los cuales, sin duda, están comprometidos en el asunto
en comento, pues la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá reproduce la
discriminación histórica que ha afectado a las compañeras permanentes y que fue
zanjada con el nuevo marco constitucional trazado con la Carta Política de 1991
y desarrollado por esta Corporación en múltiples decisiones.
Y, entorno a la cuarta subregla
referida a que el fundamento de la acción de tutela surja después de
acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier
forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición, la Sala
observa que la actuación que genera la censura de la accionante se produjo el
31 de marzo de 2009, que ésta se enteró y tuvo conocimiento efectivo de la
vulneración el 3 de mayo de 2010 y la tutela la interpuso el 4 de noviembre de
2010 por hechos relacionados con su abierta exclusión del reconocimiento de la
sustitución pensional por parte del Tribunal accionado, es decir, por hechos
que no pudo alegar en el trámite del proceso ni cuestionar mediante los
recursos legales. Así, resulta claro que la afectación a sus derechos
fundamentales se produjo con ocasión y en forma subsiguiente al fallo de
segunda instancia ordinaria laboral.
Los anteriores argumentos dejan
entrever que, contrario a lo señalado por los jueces de instancia
constitucional, el presente caso cumple con el presupuesto de la inmediatez,
máxime si se tiene en cuenta que el derecho a la sustitución pensional presenta
una afectación real, permanente y actual que amerita el estudio de fondo de la
solicitud tutelar, más aún cuando la cónyuge supérstite del pensionado
participó en el juicio ordinario laboral y hace parte del presente trámite
constitucional no desconocería los derechos que le asisten, los cuales se
repiten, no pueden considerarse como plenos derechos adquiridos ya que estaban
precisamente en disputa judicial.
Finalmente, la Sala considera que
el precedente jurisprudencial establecido en la sentencia T-1028 de 2010[29], es
plenamente aplicable al presente caso, ya que en esa oportunidad la tutela
contra providencia judicial se intentó pasados más de dos años de haberse
proferido la decisión ordinaria laboral que había negado el reconocimiento de
la pensión de sobrevivientes a la compañera permanente del causante, y a pesar
de ello se encontró acreditado el presupuesto de la inmediatez por cuanto la
afectación a los derechos fundamentales era actual y continuaba.  Precisamente,
una situación similar aplica para el presente caso, ya que la tutela se
interpuso a los 19 meses de proferida la sentencia de segunda instancia por el
Tribunal, pero la afectación de derechos aún permanece latente y actual.
Adicionalmente, al igual que en aquella oportunidad, la accionante María Libia
Rodríguez es una persona de la tercera edad[30]
que se encuentra enferma y que carece de ingreso económico alguno para
prodigarse una digna subsistencia.
4.2.4. Que, en caso de
tratarse de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la
decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales: La acción
objeto de estudio se dirige a cuestionar irregularidades sustantivas, fácticas
y de desconocimiento del precedente judicial, que supuestamente se produjeron
en el fallo del Tribunal Superior de Bogotá – Sala Laboral. Concretamente, en
la tutela se afirma que el accionado al dar aplicación literal a la
normatividad que regir la sustitución pensional al momento del deceso del
afiliado y terminar excluyendo a la compañera permanente de éste porque la
norma no la contemplaba como beneficiaria de la prestación, desconoció el plano
de igualdad constitucional que desde 1991 rige las situaciones jurídicas que presentan
disputas entre la cónyuge supérstite y la compañera permanente. Así mismo, la
actora indicó que el Tribunal dejó de valorar el material probatorio que
demuestra la convivencia marital de más de 25 años que existió entre María
Libia Rodríguez y José Ignacio Adarme Ordoñez el cual, en caso de ser tenido en
cuenta, podía variar sustancialmente la decisión del caso concreto. Entonces,
los argumentos que expone la accionante tienen incidencia directa en el fallo
cuestionado, porque de triunfar podrían cambiar el sentido del mismo.
4.2.5.  Que la accionante
identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y que esta
haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido
posible: Sin duda, la actora ha identificado plenamente tales hechos, como
quedó reseñado en los antecedentes de esta providencia. Respecto a que las
irregularidades que indica hayan sido expuestas dentro del proceso que
cuestiona, la Sala observa que la accionante al momento de formular el recurso
de apelación contra la sentencia de Juzgado 1° Laboral del Circuito de Laboral,
expuso varios de los argumentos que ahora enrostra en sede constitucional,
razón por la cual se advierte que fueron alegados dentro del proceso sin tener
eco judicial.
4.2.6. Que el fallo
controvertido no sea una sentencia de tutela: Al respecto, basta señalar
que la sentencia judicial que se considera vulneratoria de los derechos
fundamentales se produjo en un proceso ordinario laboral con integración del
litisconsorcio necesario. Quiere ello decir que, no se controvierte una
decisión proferida en sede constitucional.
Así las cosas, acreditados los
requisitos generales o formales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, la Sala abordará el estudio de fondo, o de la
procedencia material del amparo mediante el análisis de los defectos
específicos que señala la accionante.
4.3. Análisis de
procedibilidad material o del cumplimiento de los requisitos específicos
expuestos en la consideración 3.4 de esta providencia:
4.3.1. Para comenzar, centraremos
nuestra atención en el primer cargo por defecto sustantivo que expone la
accionante en su escrito tutelar. Concretamente afirma que el Tribunal
accionado fundamentó su decisión en la aplicación de una norma anterior a la
Constitución de 1991, que excluye a la compañera permanente de la condición de
beneficiaria de la sustitución pensional cuando el difunto pensionado tiene un
vínculo matrimonial y la sociedad conyugal vigente con la esposa supérstite,
caso en el cual, la totalidad del derecho prestacional radica en cabeza de ésta
última. Así, indica que esa norma es contraria al nuevo texto constitucional y
a las interpretaciones que sobre el tema ha hecho la Corte Constitucional, en
la medida que aquél y éstas han reconocido la igualdad de derechos que les
asisten tanto a la cónyuge supérstite como a la compañera permanente para
efectos de la sustitución pensional, al punto de ordenar pagos
compartidos de la prestación. Planteó además que el Tribunal no puede
desconocer la realidad de conformación de familias de facto, máxime cuando las
mismas llevan más de 25 años de convivencia ininterrumpida, como fue el caso de
la actora.
Para abordar el estudio del tema,
la Sala en un primer momento analizará el contexto del proceso ordinario
laboral que María Libia Rodríguez formuló contra la empresa Texas Petroleum
Company, para centrar la atención en el contenido de la decisión de segunda
instancia que se cuestiona por vía constitucional. Establecido lo anterior, en un
segundo momento, establecerá si el Tribunal accionado incurrió en un defecto
sustantivo que desemboque incluso en una violación directa a la Constitución,
al excluir del reconocimiento de la sustitución pensional a la compañera
permanente del causante, sin tener en cuenta el nuevo marco constitucional que
implantó la Carta Política de 1991. Trazada así la ruta, comencemos:
4.3.1.1.  María Libia Rodríguez
demandó mediante proceso ordinario laboral a la empresa Texas Petroleum
Company, pretendiendo que se declare que la sustitución de la pensión que en
vida disfrutaba su compañero permanente José Ignacio Adarme, quien falleció el
31 de mayo de 1988, le corresponde en su totalidad y no a la señora Trinidad
Trujillo, a quien dicha empresa le reconoció la prestación, por cuanto aquella
al momento del fallecimiento del pensionado no vivía con él hace más de 20
años, mientras que la demandante procreó con él 6 hijos e hicieron vida marital
hasta el día en que murió.
La demanda correspondió al
Juzgado 1° Laboral del Circuito de Laboral el cual, previo trámite del proceso
ordinario, profirió sentencia de primera instancia el 29 de junio de 2007,
condenando a la Texas Petroleum Company a pagar a favor de María Libia
Rodríguez, en su calidad de compañera permanente del señor José Ignacio Adarme
Ordoñez, el 47.82% de la mesada pensional del causante, y a favor de Trinidad
Trujillo el restante 52.18%, en su condición de cónyuge supérstite del mismo.
Dicho juzgado fundamentó su
decisión en que del material probatorio se concluía que (i) la señora
Trinidad Trujillo convivió con el causante desde el 18 de diciembre de 1951,
fecha del matrimonio, hasta el mes de noviembre de 1963 en la cual tuvieron una
separación de cuerpos sin culpa de aquella y sin disolución ni liquidación de
la sociedad conyugal, por lo cual el vínculo se mantuvo hasta la muerte del
pensionado; (ii) que la demandante inició la convivencia marital con el
difunto en el mes de noviembre de 1963 hasta el 31 de mayo de 1988, lo que
significa que acompañó al pensionado hasta los últimos días en que estuvo con
vida, es decir, aproximadamente 25 años; (iii) que como el fallecimiento
del pensionado aconteció el 31 de mayo de 1988, la normatividad que para ese
momento regía la sustitución pensional eran las Leyes 12 de 1975 y 113 de 1985,
las cuales privilegiaban como única beneficiaria de la prestación a la cónyuge
supérstite aunque estuviera separada de cuerpos con sociedad conyugal vigente,
situación que de plano excluye a la compañera permanente del difunto; y (iv)
que las anteriores normas “obedecen a una cultura monogámica” que
desconoce la existencia de la unión de hecho del siglo XX y que se convierten
en antagonistas de la filosofía de la Constitución Política de 1991, ya que “en
el nuevo derecho, a partir del 5 de julio de 1991, el legislador y el guardián
de la Constitución han desarrollado una cultura jurídica más humana al recoger
realidades como la de este proceso, expidiendo normas como la Ley 100 de 1993 y
797 de 2003” en las cuales se permitió que las prestaciones se reconozcan
de forma compartida entre la cónyuge supérstite y la compañera permanente.
Señaló que si bien esas leyes no son aplicables al caso por cuanto la muerte
del pensionado sucedió antes de la Constitución de 1991, los aspectos teóricos
que rigen las mismas pueden ser analógicamente aplicados al asunto, en procura
de evaluar el elemento central de la convivencia efectiva con el pensionado al
momento de su deceso para otorgar de forma proporcional el reconocimiento de la
prestación. Así, teniendo en cuenta las fechas referidas, justificó la
distribución porcentual que hizo de la sustitución pensional del señor José
Ignacio Adarme.
Inconformes con el fallo de
primera instancia, tanto la demandante María Libia Rodríguez, como la
litisconsorte necesaria Trinidad Trujillo de Adarme, interpusieron recurso de
apelación que fueron resueltos el 31 de marzo de 2009, por la Sala Laboral de
Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá. Esa Sala revocó parcialmente la
sentencia laboral del a-quo y, en su lugar, reconoció la sustitución
pensional en su integridad a la señora Trinidad Trujillo de Adarme, como
cónyuge supérstite del finado.
Para llegar a esa conclusión, el
Tribunal accionado comenzó por plantear como problema jurídico el siguiente: “determinar
si a la demandante en su condición de compañera permanente le asiste o no el
derecho de acceder a la pensión de sustitución del fallecido José Ignacio
Adarme, pensionado por la empleadora demandada”, y para resolverlo
consideró que (i) como el pensionado falleció el 31 de mayo de 1998, “las
normas que deben regular la sustitución pensional reclamada deben ser las que
tenían vigencia en esa fecha en virtud del principio de la retrospectividad de
la ley laboral y también de la seguridad social teniendo en cuenta que el
ordenamiento jurídico general, y el laboral en particular, no es retroactivo”;
(ii) por consiguiente, las normas que aplicó al caso fueron las Leyes 12
de 1975 y 113 de 1985, las cuales establecen que “(…) el derecho de sustituir
que le fue reconocido a la compañera permanente es de carácter residual, esto
es, solo para el caso de ausencia de cónyuge supérstite, entendido tal como
expresamente lo dispuso el legislador en el artículo 1° de la ley 113 de 1985,
esto es, como el esposo o la esposa del fallecido siempre y cuando, a la fecha
de muerte, el vínculo matrimonial estuviere vigente”; (iii) de esta
forma, el Tribunal entendió que “(…) existiendo esposa no solo con vinculo
matrimonial sino con sociedad conyugal también vigente, tal como ocurren en el
presente caso, la compañera permanente queda relegada en forma total y completa
por aquella. Este, no otro, fue el querer expreso del legislador para la fecha
de la muerte del trabajador”.
Con ese norte, el Tribunal
accionado señaló que “(…) como la defunción del trabajador ocurrió en el año
1988, la Constitución de 1991 lejos estaba de entrar a producir efectos
jurídicos y menor aún la Ley 100 de 1993 y sus normas reformatorias, pues es de
advertir que por principio, el ordenamiento jurídico colombiano no es
retroactivo, los preceptos citados no pueden regular el caso presente en tanto
su fundamento de facto –muerte del trabajador- tuvo ocurrencia mucho antes de
su entrada en vigencia”, y finalmente concluyó que cuando entró a regir el
nuevo marco constitucional, la señora Trinidad Trujillo ya tenía un derecho
adquirido, inmodificable, indiscutible e inalterable que no puede ser
desconocido mediante sentencia judicial.
Apoyado en esos argumentos, el
Tribunal accionado estimó que al estar probado en el expediente que Trinidad
Trujillo contrajo nupcias con el pensionado y que jamás fue disuelto o la
sociedad conyugal liquidada, “esta circunstancia desplaza a la compañera
demandante de la posibilidad de sustituir al difunto en la pensión de
jubilación, sin que importe que haya demostrado que efectivamente hizo vida
marital, pues se reitera que para entonces no era valida la tesis de igualdad
de derechos entre esposa y compañera, que solo fue posible soportarla con
fundamento en la Constitución de 1991”.
4.3.1.2. Teniendo claro el
panorama decisorio que motivó la sentencia del Tribunal que se ataca por vía
constitucional, la Sala establecerá si esa autoridad judicial incurrió en
defecto sustantivo capaz de enervar la garantía de debido proceso que le asiste
a la accionante.
De entrada, el Tribunal acertó al
indicar que la muerte del señor José Ignacio Adarme aconteció el 31 de mayo de
1988 y que, por ello, la normatividad que aplica para definir el derecho a la
sustitución pensional son las Leyes 12 de 1975 y  la Ley 113 de 1985. En la
primera de ellas, “por la cual se dictan algunas disposiciones sobre régimen
de pensiones de jubilación”, el artículo 1° señala que el cónyuge
supérstite o el compañero y la compañera permanente de un trabajador particular
o de un empleado o trabajador del sector público, y sus hijos menores o
inválidos, tienen derecho a la pensión de jubilación del otro cónyuge. Así
mismo, el artículo 2° indica que el derecho a disfrutar de dicha sustitución lo
pierde el cónyuge sobreviviente cuando por su culpa no viviese unido al otro en
el momento de su fallecimiento, o cuando celebrara nuevas nupcias o hiciera
vida marital con otra persona. Y, con la segunda de ellas, es decir, la Ley 113
de 1985, se pretendió dar un alcance específico al concepto de cónyuge
supérstite que establece la Ley 12 de 1975, para lo cual el artículo 1°
instituye que “se entenderá que es cónyuge supérstite el esposo o esposa de
la persona fallecida, siempre y cuando se hallare vigente el vínculo
matrimonial según la Ley Colombiana en la fecha de la muerte”.
No obstante, la Sala observa que
dicha normatividad no contemplaba la posibilidad de controversias entre la
cónyuge supérstite y la compañera permanente por el reconocimiento de la
sustitución pensional. Es más, el tenor literal del artículo 1° de la Ley 12 de
1975, en principio lleva a concluir, como lo hizo el Tribunal accionado, que al
presentarse dicho conflicto, se privilegia a la cónyuge supérstite y se excluye
a la compañera permanente del reconocimiento de la prestación. Y decimos en
principio porque, como lo analizaremos más adelante, esa interpretación
quebranta los postulados constitucionales de familia e igualdad, así como
denota una falta de armonización con el contenido garantista que inspira la
Carta Fundamental de 1991.
Entonces, en este punto cabrían
las siguientes preguntas: ¿en caso de conflicto prestacional, la ley 12 de 1975
al reconocer la titularidad del beneficio de la sustitución pensional en cabeza
de la cónyuge supérstite y excluir consecuentemente a la compañera permanente
del mismo, viola la prohibición constitucional de no discriminación por razón
del origen familiar, y la igualdad de trato y protección que el orden superior
confiere a las familias constituidas por vínculos naturales o jurídicos? ¿Debe
el operador jurídico interpretar ese precepto normativo apoyado en el nuevo
marco constitucional que introdujo la Carta de 1991, al punto de incluir a la
compañera permanente dentro del mismo ámbito de protección que se establece
para la cónyuge supérstite del difunto pensionado?
Con el ánimo de resolver esas dos
incógnitas de alta relevancia constitucional, la Sala comenzará por señalar que
tanto la Corte Constitucional, como la Corte Suprema de Justicia y el Consejo
de Estado se han ocupado del asunto relativo a la aplicación de las normas
jurídicas cuando han ocurrido tránsitos normativos de orden legal o
constitucional.
Así, puntualmente ha distinguido
entre los fenómenos de aplicación inmediata de las disposiciones jurídicas, la
irretroactividad, la ultractividad y la retrospectividad de la ley entendida en
sentido amplio, conceptos que fueron recientemente compendiados y definidos en
la sentencia T-110 de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) en los siguientes
términos:
“La Corte
Constitucional en sentencia T-389 de 2009[31]
puntualizó que el efecto en el tiempo de las normas jurídicas es por regla
general, su aplicación inmediata y hacia el futuro, “pero con retrospectividad,
[…] siempre que la misma norma no disponga otro efecto temporal…”. De este
modo, “aquello que dispone una norma jurídica debe cumplirse de inmediato,
hacia el futuro y con la posibilidad de afectar situaciones que se han
originado en el pasado (retrospectividad), es decir, situaciones jurídicas en
curso al momento de entrada en vigencia de la norma”.
Ahora bien,
en lo atinente a la retroactividad de la ley, la jurisprudencia constitucional
ha señalado “que la ley tiene efectos retroactivos cuando se aplica a
situaciones ya definidas o consolidadas de acuerdo con leyes anteriores”[32],
mientras que la irretroactividad de la legislación es un dispositivo que se
refiere “a la imposibilidad genérica de afectar situaciones jurídicas
consolidadas, a partir de la entrada en vigencia de una disposición jurídica
nueva. El alcance de esta prohibición, consiste en que la norma no tiene per se
la virtud de regular situaciones que se han consolidado jurídicamente antes de
su promulgación. Ello sería posible sólo si la misma norma así lo estipula”[33].
A su turno,
la ultractividad puede ser definida como aquella “situación en la que una norma
sigue produciendo efectos jurídicos después de haber sido derogada. Estos
efectos se dan de manera concurrente con los efectos de la ley derogatoria,
pero sólo frente a ciertas situaciones que se consolidaron jurídicamente a
partir de lo contenido en la norma derogada mientras estuvo vigente. El efecto
ultractivo es la consecuencia de la irretroactividad, y por ello se fundamenta
también en el respeto que nuestro orden jurídico garantiza a las situaciones
jurídicas consolidadas, respecto de los efectos de normas nuevas”.
Finalmente,
el fenómeno de la retrospectividad de las normas de derecho se presenta, como
ya se anticipó, cuando las mismas se aplican a partir del momento de su
vigencia, a situaciones jurídicas y de hecho que han estado gobernadas por una
norma anterior, pero cuyos efectos jurídicos no se han consolidado al momento
de entrar a regir la nueva disposición. Este instrumento ha sido concebido por
la jurisprudencia nacional como un límite a la retroactividad, asociando su
propósito a la satisfacción de los principios de equidad e igualdad en las
relaciones jurídicas de los asociados, y a la superación de aquellas
situaciones marcadamente discriminatorias y lesivas del valor justicia que
consagra el ordenamiento jurídico colombiano, de conformidad con los cambios
sociales, políticos y culturales que se suscitan en nuestra sociedad”.
Precisamente, en la sentencia en
comento la Sala Novena de Revisión estudió el caso de la compañera permanente
de un pensionado de la Policía Nacional que falleció el 23 de marzo de 1990, a
quien esa entidad le negó en 1997 y en el 2007, el reconocimiento de la
sustitución pensional aduciendo que las normas jurídicas que estaban vigentes
para ese momento, no establecían dicho beneficio prestacional para las
compañeras permanentes de los miembros de la institución policial. La actora
formuló acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de esa
decisión, pero ante su avanzada edad y delicado estado de salud, acudió a la
tutela suplicando el amparo transitorio de sus derechos a la seguridad social y
a la igualdad.
En esa oportunidad, la Sala
Novena luego de hacer un estudio y distinción entre los fenómenos de la
irretroactividad y la retrospectividad de la norma jurídica, señaló que “(i)
por regla general las normas jurídicas se aplican de forma inmediata y hacia el
futuro, pero con retrospectividad; (ii) el postulado de irretroactividad de la
ley implica que una norma jurídica no tiene prima facie la virtud de regular
situaciones jurídicas que se han consumado con arreglo a normas anteriores;
(iii) la aplicación retrospectiva de una norma jurídica comporta la posibilidad
de afectar situaciones fácticas y jurídicas que se han originado con
anterioridad a su vigencia, pero que aun no han finalizado al momento de entrar
a regir la nueva norma, por encontrarse en curso la aludida situación jurídica
y; (iv) tratándose de leyes que se introducen en el ordenamiento jurídico con
el objeto de superar situaciones de marcada inequidad y discriminación
(tuitivas), el juzgador debe tener en cuenta, al momento de establecer su
aplicación en el tiempo, la posibilidad de afectar retrospectivamente
situaciones jurídicas en curso, en cuanto el propósito de estas disposiciones
es brindar una pronta y cumplida protección a grupos sociales marginados”. Para
llegar a esas conclusiones se apoyó en varias providencias, como lo son: la
sentencia del 31 de octubre de 1995 dictada por la Sección Quinta del Consejo
de Estado[34],
y la sentencia del 28 de octubre de 2005 proferida por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se aplicó la teoría de la
retrospectividad de la Ley 54 de 1990 para el reconocimiento de las uniones maritales
de hecho conformadas antes de entrar en vigencia dicha Ley, entre otras.
Así mismo, esa sentencia hizo un
detallado análisis sobre la teoría de la retrospectividad de la Constitución
Política de 1991, la cual consiste en que si bien el nuevo texto
constitucional aplica sus efectos de forma inmediata y hacia el futuro, no lo
es menos que extiende sus efectos a los hechos iniciados bajo el imperio del
Estatuto anterior pero afianzados con posterioridad a su derogatoria. De esta
forma, si una norma preexistente antes del 7 de julio de 1991, fecha en la cual
entró a regir la Carta Política, presenta una desarmonía manifiesta e
insuperable con ésta, deben aplicarse los efectos retrospectivos de la
Constitución de 1991 en procura de privilegiar las garantías constitucionales y
de hacer valer el postulado referente a que la Carta Política es la Norma de
normas. Por consiguiente, los mandatos materiales de la Constitución de 1991
extienden sus efectos retrospectivos a la legislación preexistente, condicionando
su vigencia y validez.
Esta teoría ha sido expuesta y
aplicada también en las sentencias C-891A de 2006[35] y T-164 de 1993[36], entre
otras. Concretamente, en la última sentencia en comento, la Corte resaltó el
criterio de actualidad de la afectación iusfundamental como el elemento
relevante que permitía otorgar efectos retrospectivos a la Carta Política de
1991, por cuanto el quebranto a derechos fundamentales seguía produciendo
efectos actuales. En ese sentido precisó: “[c]onsidera la Corte
Constitucional que debe existir una diferencia entre las situaciones que
generaron una vulneración del derecho pero que concluyeron en su momento y las
que  permanecen en el tiempo por el no desaparecimiento de su contenido
esencial. En relación con las primeras, revivirlas sería atentar contra el
principio de la seguridad jurídica; frente a las segundas, es probable que se
configure la vulneración de un derecho fundamental, con fundamento en el
principio de retrospectividad, por lo que la fecha del acto acusado no
constituye el factor determinante para establecer  la improcedencia de la
acción de tutela. Lo importante pues es que la violación al derecho sea actual,
esto es, que persista al momento de resolverse la tutela”. (subrayado en el
original)
Luego de surtir ese análisis
teórico, la sentencia T-110 de 2011 a la cual se ha venido haciendo referencia,
concluyó que “la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
señalado que las disposiciones de la Constitución Política de 1991 se aplican
retrospectivamente a aquellas situaciones jurídicas que estaban en curso al
momento de entrada en vigencia de la nueva Carta. En estos casos se debe tener
en cuenta que (i) la norma fundamental de 1991 tiene efecto general e
inmediato; (ii) se presume la subsistencia de la legislación preexistente, con
excepción de aquellas disposiciones que no armonizan con las nuevas reglas
constitucionales ya que; (iii) el contenido normativo de la Constitución de
1991 se proyecta a las normas jurídicas de inferior jerarquía que nacieron a la
vida jurídica bajo el imperio de la Carta de 1886. Finalmente, (iv) en sede de
tutela el factor relevante para establecer la aplicación retrospectiva de la
norma fundamental del 91 es la actualidad de la afectación iusfundamental”[37].
De otro lado, en esa misma
sentencia la Sala Novena de Revisión detectó un problema de relevancia
constitucional relacionado con que los cuerpos normativos anteriores a la
expedición de la Ley 100 de 1993, que consagraban el derecho a la sustitución
pensional la otorgan, por regla general, de forma exclusiva a la cónyuge supérstite,
privando a los compañeros permanentes de la referida prestación.
Así, identificó que problemas
jurídicos similares ya habían sido abordados por el Pleno de la Corte en las
sentencias C-1126 de 2004[38]
y C-121 de 2010[39],
aplicando la teoría de la retroactividad de la Carta de 1991 y disponiendo en
sus ratio decidendi que “(i) (…) toda norma jurídica que excluya a la
compañera o compañero permanente del derecho a la sustitución pensional, viola
la prohibición constitucional de no discriminación por razón del origen
familiar; y la igualdad de trato y protección que el orden superior confiere a
las familias constituidas por vínculos naturales o jurídicos; (ii) con el
objeto de corregir los efectos nocivos que estas disposiciones excluyentes
producen sobre un segmento de la población, el Tribunal Constitucional
interpretó con autoridad los artículos 5, 13 y 42 superiores, e integró el
ordenamiento jurídico superior, plasmando una regla constitucional adscrita
con efectos erga omnes, según la cual dichas normas discriminatorias deben
interpretarse en el sentido de incorporar a los compañeros permanentes dentro
su ámbito de aplicación, en los mismos términos de protección dispensados en
favor del cónyuge supérstite y; (iii) a partir del 7 de julio de 1991, las
solicitudes pensionales elevadas por los compañeros permanentes, deben
resolverse sujetándose a lo dispuesto por la Carta del 91, esto es, entendiendo
que las normas que consagran la prestación a favor de la cónyuge, comprenden
también al compañero o compañero permanente”[40]
(Negrillas nuestras).
No obstante, hasta ahí solo se
habían estudiado los casos de aplicación retroactiva de la Carta Política, pero
la sentencia T-110 de 2011 constituye un hito en la medida que hizo una
aplicación retrospectiva del texto constitucional para beneficiar a los
compañeros permanentes de los pensionados fallecidos antes del 7 de julio de
1991 y cuyas sustituciones pensionales se regían por normatividad dictada en
vigencia de la Constitución de 1886.
Concretamente, puntualizó que en
armonía con la doctrina constitucional trazada en las sentencia C-1126 de 2004
y C-121 de 2010, las situaciones jurídicas en que se encontraban aquellos
compañeros permanentes cuyas parejas fallecieron en vigencia de la Carta de
1886, que aún no gozan de la subrogación de la pensión reconocida en vida a sus
parejas, debe (i) resolverse de conformidad con la cláusula de no
discriminación en razón al origen familiar consagrada en la Constitución
Política de 1991, en la medida que (ii) los efectos de la prestación
pensional, habiéndose iniciado estando en vigor la Carta de 1886, continuaban
generando consecuencias jurídicas en vigencia de la Constitución de 1991. Es
decir, opera una aplicación retrospectiva del nuevo marco constitucional a
aquellas situaciones jurídicas que estaban en curso al momento de entrar en
vigencia la Carta de 1991[41].
Con esa orientación, la sentencia
T-110 de 2011 concluyó que “i) una entidad obligada a satisfacer el derecho
a una pensión de sobreviviente, vulnera las garantías  constitucionales a la
igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital de una persona, cuando niega
el reconocimiento de la prestación amparado en una norma jurídica que, conforme
a una interpretación literal, excluye a los compañeros permanentes del anotado
beneficio y; (ii) cuando una disposición jurídica prive a los compañeros
permanentes del derecho a una pensión de sobrevivientes, el operador
jurídico debe interpretarla en el sentido de incluir a estas personas dentro de
su ámbito de protección en los mismos términos con que se ampara al cónyuge
supérstite o, inaplicar las normas discriminatorias y en su lugar reconocer
el derecho con fundamento en disposiciones pensionales posteriores del mismo
régimen que sí incluyan el beneficio prestacional para los compañeros
permanentes, optando en todo caso por la solución más favorable al
peticionario”[42]
(Negrillas nuestras), y así determinó para el caso concreto que estudio ese
fallo, que la compañera permanente si tenía derecho a la sustitución pensional
que reclamaba.
De esta forma, podemos acotar que
la jurisprudencia constitucional ha reconocido que  la situación jurídica de
aquellos compañeros permanentes cuyas parejas fallecieron en vigencia de la
Carta de 1886, es similar en términos materiales a la posición normativa en que
se encuentran las personas beneficiarias de pensionados que murieron en
vigencia de la norma fundamental de 1991, debiendo preferirse en el caso de los
primeros una aplicación retrospectiva de la Constitución del 91 por parte del
operador jurídico. Y es que, si bien en esta consideración se trajo a colación
la sentencia hito que sobre el tema consolido la línea en el año 2011, ello no
quiere decir que el tema no haya sido estudiado con anterioridad por la Corte
Constitucional, pues desde el año 2004 ya era objeto de debate en el seno de
esta Corporación y en sede de revisión desde el año 2007.
Entonces, en este orden de ideas,
se puede afirmar que en caso de conflicto prestacional entre el cónyuge
supérstite y los compañeros permanentes de un causante que falleció regido por
la normatividad prestacional en vigencia de la Constitución de 1886, el
operador jurídico debe aplicar la figura de la retrospectividad de la Carta
Política de 1991, en el sentido de garantizar la no discriminación por razón de
origen familiar y la igualdad de trato que el nuevo marco constitucional
confiere a las familias constituidas por vínculos naturales o jurídicos. Esa
interpretación comporta los compañeros permanentes del causante sean incluidos
dentro del mismo ámbito de protección que se establece para el cónyuge
supérstite del difunto pensionado.
4.3.1.3. Aplicando lo anterior al
caso bajo estudio, la Sala observa que el Tribunal accionado en la sentencia
que profirió el 31 de marzo de 2009, incurrió en un defecto sustantivo por
indebida interpretación de las Leyes 12 de 1975 y 113 de 1985, que a su vez
desembocó en una violación directa de la Constitución de 1991 -no invocada
por la actora, pero consecuentemente hallada por esta Sala-, concretamente
a los artículos 5, 13 y 42 Superiores, habida cuenta que al excluir del
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la compañera permanente del
causante José Ignacio Adarme Ordoñez, y otorgar la prestación de forma
exclusiva a la cónyuge supérstite de éste, dejó de aplicar de manera
retrospectiva el nuevo marco constitucional que prohíbe la discriminación por
razón de origen familiar y garantiza la igualdad de trato a las familias que el
difunto pensionado constituyó con la cónyuge supérstite Trinidad Trujillo y con
la compañera permanente María Libia Rodríguez.
En ese sentido, debió armonizar
las leyes antedichas con las directrices de igualdad y familia que rigen el
nuevo texto constitucional de 1991, para así garantizar los derechos de la
accionante y contemplar la posibilidad de la pensión compartida entre ésta y la
cónyuge supérstite del finado.
Esta razón es más que suficiente
para hallar vulnerados los derechos al debido proceso y a la seguridad social
que le asisten a la actora y, en consecuencia, dejar sin efectos la sentencia
de segunda instancia dictada por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal
Superior de Bogotá el 31 de marzo de 2009, dentro del proceso ordinario laboral
que se cuestiona, y ordenarle que dicte un nuevo fallo ceñido y armonizado en
su interpretación de la ley aplicable, a la Constitución Política de 1991,
específicamente a los artículos 5, 13 y 42 Superiores.
Importa señalar que si bien la
sentencia de segunda instancia ordinaria laboral fue dictada en su momento por
la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá en
cumplimiento a lo ordenado mediante el Acuerdo PSAA09-5507 del 30 de enero de
2009, el cual establecía una medida de descongestión para esa Corporación, ante
la imposibilidad de corroborar si dicha medida continua aún vigente, la Corte
dispondrá que el nuevo fallo sea dictado por la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá, con el ánimo de brindar una pronta administración de
justicia.
4.3.2. Finalmente, por ser el
defecto evidenciado de tal envergadura, la Sala se releva del estudio de los
otros dos cargos que adujo la actora en el escrito tutelar y que se relacionan
con los presuntos defectos fáctico y por desconocimiento del precedente, en que
habría incurrido el Tribunal acusado.
4.4. En virtud de lo expuesto,
esta Corporación revocará las sentencias proferidas por la Corte Suprema de
Justicia – Sala de Casación Laboral el 18 de noviembre de 2010, y por la Corte
Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal el 3 de febrero de 2011, que
resolvieron negar el amparo y confirmar la denegatoria del mismo, dentro de la
acción de tutela que María Libia Rodríguez instauró contra la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá.
En su lugar, concederá la
protección constitucional de los derechos al debido proceso y a la seguridad
social de la actora; en consecuencia, ordenará dejar sin efectos la sentencia
dictada el 31 de marzo de 2009 por la Sala Laboral de Descongestión del
Tribunal Superior de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral que aquella
instauró contra la empresa Texas Petroleum Company, para que en su lugar, dicho
Tribunal dicte una nueva sentencia que resuelva la segunda instancia del debate
prestacional existente entre la compañera permanente y la cónyuge supérstite
del causante José Ignacio Adarme, frente a la pensión de sobrevivientes
reconocida por la empresa Texas Petroleum Company.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre
del pueblo y por  mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR las
sentencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación
Laboral el 18 de noviembre de 2010, y por la Corte Suprema de Justicia – Sala
de Casación Penal el 3 de febrero de 2011, que resolvieron negar el amparo y
confirmar la denegatoria del mismo, dentro de la acción de tutela que María
Libia Rodríguez instauró contra la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal
Superior de Bogotá. En su lugar, CONCEDER la protección constitucional
de los derechos al debido proceso y a la seguridad social que le asisten a la
actora.
Segundo.- DEJAR sin
efectos la decisión de segunda instancia dictada el 31 de marzo de 2009 por la
Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá, dentro del
proceso ordinario laboral que María Libia Rodríguez instauró contra la empresa
Texas Petroleum Company y la litisconsorte necesaria Trinidad Trujillo.
Tercero.- ORDENAR a la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, que dentro del término que
contempla la ley y contando con los suficientes elementos de juicio, proceda a
dictar una nueva sentencia que resuelva el debate prestacional existente entre
la compañera permanente y la cónyuge supérstite del causante José Ignacio
Adarme, frente a la pensión de sobrevivientes que fue reconocida por la empresa
Texas Petroleum Company. Para tal efecto, deberá tener en cuenta los argumentos
esbozados en la parte motiva de esta proveído.
Cuarto.- Por
Secretaría General, LÍBRESE la comunicación a que se refiere el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
Cúmplase.
HUMBERTO ANTONIO
SIERRA PORTO
Magistrado
Con salvamento de
voto
LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Magistrado
MARIA VICTORIA CALLE
CORREA
Magistrada
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
A LA SENTENCIA T-140/12
Referencia:
expedientes T-2.967.913
Acción de
tutela instaurada por María Libia Rodríguez contra la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá.
Magistrado
Ponente:
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Con el respeto acostumbrado, haré una exposición
de los motivos que justifican la suscripción de una aclaración de voto respecto
de la sentencia de la referencia.
i.
Contenido de la sentencia
En la sentencia T-140 de 2012 la
Sala Octava estudió el caso de la ciudadana María Libia Rodríguez, quien
interpuso acción de tutela a través de apoderado, solicitando la protección de
sus derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital y a la seguridad
social, los cuales consideraba vulnerados con la providencia emitida por la
Sala de descongestión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, que puso fin al
proceso ordinario laboral iniciado por la accionante contra la Texas Petroleum
Company, a través del cual buscaba el reconocimiento de la sustitución
pensional del señor José Ignacio Adarme Ordoñez.
La señora María Libia Rodríguez
convivió con el señor José Ignacio Adarme Ordoñez hasta el momento del
fallecimiento de este último, por espacio superior a 25 años, periodo durante
el cual procrearon 6 hijos.
A pesar de lo anterior, al
momento de la defunción del señor Adarme Ordoñez, el 31 de mayo de 1988, la
pensión de sobreviviente fue reconocida por la Texas Petroleum Company a la
señora Trinidad Trujillo, quien había contraído matrimonio con el causante
antes de que éste iniciara su convivencia con la María Libia Rodríguez. Lo
anterior, por cuanto el vínculo matrimonial existente con la señora Trujillo y
la sociedad conyugal nunca fueron disueltos.
En vista de lo anterior, la
señora María Libia Rodríguez inició, a través de apoderado, proceso ordinario
laboral de reconocimiento de sustitución pensional contra la Texas Petroleum
Company, hoy Chevron Petroleum Company. A dicho proceso fue vinculada como
litis consorte necesaria la señora Trinidad Trujillo.
En fallo de primera instancia,
proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, se resolvió condenar
a la Texas Petroleum Company a pagar a favor de la señora María Libia Rodríguez
y Trinidad Trujillo de Adarme la pensión de sustitución en porcentajes del
47.82% y 52.18% respectivamente.
Inconformes con la decisión, los
apoderados de las señoras Trinidad Trujillo y María Libia Rodríguez impugnaron
la mencionada sentencia.
La Sala de Descongestión Laboral
del Tribunal Superior de Bogotá,  en providencia de 31 de marzo de 2009, revocó
parcialmente la decisión proferida y en su lugar concedió la pensión en su
totalidad a la señora Trinidad Trujillo. El a quem fundamentó su
decisión en el hecho de que la normatividad vigente al momento de la muerte del
causante, 31 de mayo de 1988[43],
favorecía a la cónyuge supérstite y sólo ante la ausencia de ésta podría
obtener el reconocimiento la compañera permanente. Adicional a lo anterior,
señaló que la pensión reconocida a la cónyuge constituye un derecho adquirido
que no se puede desconocer por la entrada en vigencia de leyes posteriores que
reconocieron derechos a las compañeras permanentes.
De las pruebas obrantes en el
expediente, se desprende que el apoderado de la señora Trinidad Trujillo,
presentó recurso de casación, el cual fue desistido con posterioridad.[44]
La accionante María Libia
Rodríguez, interpone acción de tutela, a través apoderado, por considerar que
la providencia de 31 de marzo de 2009 vulnera sus derechos fundamentales.
Por lo expuesto, correspondió a
la Sala determinar si la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, los
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo
vital que le asisten a la accionante, al excluir del reconocimiento de la
sustitución pensional a la compañera permanente del causante. Asimismo,
establecer si se puede dar aplicación retrospectiva de las normas
constitucionales sobre la materia, para obtener la armonización de las leyes
anteriores a 1991que establece esa exclusión en los casos de sustitución
pensional.
A fin de resolver el problema
jurídico planteado la Sala abordó los siguientes temas: (i) Requisitos
generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
Al abordar el caso concreto se
concluyó que efectivamente con la providencia cuestionada se vulneraron los
derechos fundamentales de la accionante, por que concedió el amparo solicitado
y ordenó al Tribunal demandado proferir una nueva providencia que tenga en
cuenta los derechos de la peticionaria.
Motivos del salvamento
Discrepo de la decisión a la cual
arribó la Sala por lo siguiente:
Si bien, la accionante
consideraba vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo
vital y a la seguridad social, correspondía a la Sala en primer lugar, estudiar
si resultaba procedente en el caso concreto la tutela contra providencia
judicial, pues es la sentencia proferida por el juez de segunda instancia la
que presuntamente incurre en defectos de procedibilidad  que afectan los
derechos mencionados.
Sobre este punto, he de señalar
que,  la acción de tutela no procede en principio para cuestionar la decisión
proferida dentro de un proceso judicial, ni para estudiar la presunta
afectación de derechos dentro del mismo, pues para ello se han instituido una
serie de órganos y procedimientos dentro del ordenamiento a fin de controvertir
las mencionadas decisiones. A pesar de ello, esta Corporación en una línea
jurisprudencial consolidada, a la cual se hizo referencia en el fallo, ha
admitido la conducencia excepcional de la acción de tutela cuando el juez ha
vulnerado derechos fundamentales.
Así, en
diversos pronunciamientos la Corte ha planteado que para que la tutela en
contra de una decisión judicial sea procedente, y por ende, su conocimiento
pueda ser avocado por el juez constitucional se debe verificar lo siguiente:
En primer lugar, que la cuestión
que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional a la luz de la
protección de los derechos fundamentales de las partes. En este punto, es claro
que la cuestión puesta a consideración de la Sala resultaba de relevancia
constitucional, pues le correspondió determinar si las circunstancias puestas
en conocimiento por la parte actora, desconocían el debido proceso, al
incurrirse posiblemente en defecto sustancial y fáctico que acarreaban la
afectación de otros derechos como la seguridad social.
Corresponde verificar además, que
la acción de tutela se haya interpuesto en un término razonable a partir del
momento en que se produjo la vulneración o amenaza del derecho fundamental,
cumpliendo así con el requisito de inmediatez.
Encuentra al respecto que, en el
caso objeto de estudio la sentencia proferida por la Sala de Descongestión
Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, que cuestiona la parte actora, data
del 31 de marzo de 2009 y la tutela fue interpuesta el 28 de octubre 2010, es
decir 19 meses después de la emisión de la misma, lo que en principio permite
establecer que no se cumple con el principio de inmediatez, necesario para que
proceda la tutela contra providencias judiciales.
A pesar de lo anterior, en éste
caso se deben verificar los criterios señalados por esta misma Corporación, a
fin de establecer si los 19 meses transcurridos entre el momento de proferirse
la sentencia dentro del proceso ordinario y la interposición de la tutela
constituyen un término razonable.
Lo primero que se debió
establecer es si existió un motivo válido para la inactividad de la parte
actora. Sobre el particular existe en el expediente manifestación realizada por
la apoderada de la señora María Libia Rodríguez en el escrito de tutela, en el
cual señaló:
“el fallo de segunda instancia
llegó a mi oficina a mediados del mes de julio de 2010, tan pronto me enteré de
el inmediatamente le comuniqué a mi poderdante. En Bogotá teníamos una abogada
la Dra. Mecthild Corredor Carrasco, quien estaba encargada y autorizada para
revisar este proceso, e informarnos en que etapa iba, siempre la llamé a su
celular para informarme sobre la sentencia de este asunto, cada vez que la llamaba
me contestaba que había mandado a su secretaria y que la respuesta era que el
expediente estaba en el despacho del Magistrado; y así sucedió en varias
ocasiones. Al parecer la abogada se confió de la información que recogían sus
dependientes. En julio la llamé y la sorpresa fue grande cuando la Dra. Mecthil
me contestó que había ido personalmente a informarse del asunto y le
manifestaron que el expediente se encontraba archivado, y que ya había salido
la sentencia, ella me remitió esa sentencia, y fue así como le informé a la
señora María Libia Rodríguez, sentencia que fue lesiva por completo a sus
derechos fundamentales.
Además, porque desde esta
ciudad es muy distante la capital y muy costoso el viaje, por tal razón uno se
vale de terceros para que le hagan estas diligencias; además a la Dra. Mecthild
se le estaba mandando dinero para estas diligencias, de lo cual aportamos
algunos recibos. Al parecer hubo negligencia de parte de los dependientes de la
Dra. Mecthild en informarse”.
Como se desprende de lo antes
transcrito, en el caso de la accionante no se presentó un motivo de fuerza
mayor, caso fortuito, ocurrencia de un hecho completamente nuevo o incapacidad
de la accionante para interponer la acción de tutela. Por el contrario, la
razón de la demora en la presentación de la misma no es otra distinta a la
negligencia, que se manifiesta en el descuido del proceso ordinario por parte
de la apoderada de la Sra. Rodríguez, situación esta que no puede ser aceptada
como un motivo válido para la inactividad de la accionante.
En relación con el segundo de los
eventos señalados por la jurisprudencia constitucional para justificar la
demora en la interposición de la acción de tutela, consistente en que “a
pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación
desfavorable como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es
actual”, encuentra la Sala que en el caso de la señora María Libia
Rodríguez las circunstancias de hecho que dieron origen a la acción de tutela
se mantienen, es decir la afectación se podría catalogar de continua y actual,
por cuanto no cuenta con la pensión de sobrevivientes a la que afirma tener
derecho. A pesar de ello, en este caso la sola afectación continua de los
derechos fundamentales de la actora no resultaba suficiente para que el juez
constitucional entrara a estudiar el fondo del asunto al dar por cumplido el
requisito de inmediatez.
Lo anterior, por cuanto en el
caso en particular el hecho de estudiar el asunto de fondo conlleva el
desconocimiento de derechos adquiridos de terceros y atenta contra la seguridad
jurídica, ya que no se puede perder de vista que  existe una cónyuge con una
situación jurídica consolidada a quien se le viene pagando la pensión de
sobreviviente desde hace varios años.
Recuérdese que el principio de
inmediatez, como bien se señaló en la parte motiva de esta providencia, además
de garantizar que la protección de los derechos fundamentales sea efectiva y a
tiempo, busca proteger situaciones jurídicas consolidadas que se podrían ver
afectadas si se pudiera estudiar la acción de tutela en cualquier momento.
En el caso concreto ese tercero
con derechos adquiridos se ve configurado en la señora Trinidad Trujillo, a
quien desde el año 1989 se le reconoció el derecho a la sustitución pensional
por parte de la Texas Petroleum Company y, a quien además, se le ratificó tal
derecho mediante el proceso judicial que hoy se cuestiona. De allí que, entrar
a estudiar el fondo del presente asunto pasando por alto el requisito de
inmediatez implica desconocer de manera absoluta una situación jurídica
consolidada en cabeza de la señora Trujillo, quien de manera legitima adquirió
un derecho prestacional y ha disfrutado de él durante mas de veinte años.
Por lo anterior, considero que en
situaciones como la presente, al entrar a estudiar el fondo del caso concreto
obviando el requisito de inmediatez, por el hecho continuar las circunstancias
de hecho de dieron origen a la acción de tutela, además de desconocer derechos
adquiridos en cabeza de un tercero, acarrea la afectación de derechos fundamentales
como el debido proceso, la seguridad social y la confianza legitima de la
señora Trinidad Trujillo.
Adicionalmente, considero que la
interposición de la acción de tutela en un plazo razonable no resultaba una
carga desproporcionada para la parte actora que trajera como consecuencia un
trato diferenciado al exigido al resto de los ciudadanos en cumplimiento del
requisito de inmediatez.
Por lo anterior, al no darse los
presupuestos necesarios para entender que se cumplió con el requisito de
inmediatez, el cual constituye una de las causales genéricas para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias, no es posible que la
Sala entrara a estudiar la presunta configuración de los defectos material y
fáctico aludidos por la parte actora en su demanda.
Finalmente, considero necesario
señalar que la situación estudiada por la Sala Octava en esta ocasión difiere
de la revisada por la misma Sala en sentencia T-1028 de 2010, al resolver el
caso de la señora Alicia Lizcano Cotes que consideraba vulnerados sus derechos
fundamentales a la igualdad, la seguridad social y debido proceso con las
providencias judiciales que dictaron la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Santa Marta, en casación y en segunda instancia respectivamente,
dentro de un proceso ordinario laboral que se siguió contra la
Nación-Ministerio de Transporte y el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia.
Las sentencias atacadas en
aquella oportunidad le negaron a la peticionaria, , el reconocimiento de la
pensión de sobreviviente bajo el argumento de que el artículo 1 de la ley 33 de
1973, vigente al momento de la muerte de su compañero permanente -1 de
noviembre de 1981-, otorgaba el mencionado derecho solamente a la cónyuge.
En dicha ocasión, la Corte
decidió estudiar el fondo del asunto a pesar de que la acción de tutela fue
interpuesta trascurridos más de dos años desde el momento de la sentencia que
puso fin al proceso ordinario. Lo anterior, por cuanto la vulneración de los
derechos de la accionante era actual y se presentaban especiales condiciones de
salud y pobreza en cabeza de la actora que ameritaban una especial
consideración de la Sala.
Si bien, en principio tal providencia
pareciera constituir precedente para resolver el presente caso, la citada
condición es sólo aparente, pues si nos adentramos en los hechos de aquella
tutela, encontramos que en la misma no existía un tercero con derechos
adquiridos al cual se le pudieran vulnerar sus derechos fundamentales si se
omitiera dar cumplimiento al requisito de inmediatez. Ello, por cuanto en
aquella oportunidad sólo se estaba en presencia de la compañera permanente
reclamando la pensión, mientras que en esta oportunidad además se encuentra la
cónyuge, quien disfruta de tal derecho desde el año 1989, lo que implica que en
este caso se de una solución diferente.
Además, la situación personal de
la accionante en aquella ocasión, señora Alicia Lizcano Cotes, varia de la de
la tutelante en esta oportunidad, María Libia Rodríguez, pues las condiciones
económicas y salud, que permitieron una especial consideración de la Sala,
varían en este caso.
Por esto, considero que en la
parte resolutiva de esta providencia se debió declarar la improcedencia de la
acción de tutela interpuesta por la señora María Libia Rodríguez contra la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Así dejo expresados los
argumentos que me llevan a salvar el voto en esta oportunidad.
Fecha ut supra,
HUMBERTO ANTONIO
SIERRA PORTO
Magistrado
[1] Al respecto ver sentencia T-018 de 2008 (MP Jaime Córdoba
Triviño), citada en la sentencia T-757 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
Así mismo, en las sentencias T-310 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) y
T-555 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), la Corte señaló que “(…) la
procedencia de la acción de tutela contra sentencias es un asunto que comporta
un ejercicio de ponderación entre la eficacia e la mencionada acción [de
tutela] –presupuesto del Estado Social y Democrático de Derecho-, y la
vigencia de la autonomía e independencia judicial, el principio de la cosa
juzgada y la seguridad jurídica”.
[2] Al respecto, la sentencia T-310 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva) indicó: “(…) la acción de tutela contra sentencias es un juicio de
validez de la decisión judicial, basado en la supremacía de las normas
constitucionales. Esto se opone a que la acción de tutela ejerza una labor de
corrección del fallo o que sirva como nueva instancia para la discusión de los
asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho legislado que
dieron lugar al mismo. En cambio, la tutela se circunscribe a detectar aquellos
casos excepcionales en que la juridicidad de la sentencia judicial resulte
afectada, debido a que desconoció el contenido y alcances de los derechos
fundamentales”.
[3] En esta sentencia se declaró la inexequibilidad de la expresión
“ni acción”, contenida en el artículo 185 de la Ley 906 de 2004, relacionado
con la sentencia de casación penal.
[4]
Sentencia T-173 de 1993 (MP José Gregorio Hernández Galindo), cita de la sentencia
C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[5]
Sentencia T-504 de 2000 (MP Antonio Barrera Carbonell), cita de la sentencia
C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[6]
Sentencia T-315 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño), cita de la sentencia C-590
de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[7]
Sentencia T-008 de 1998 (MP Carlos Gaviria Díaz), citada de la sentencia C-590
de 2005 (MP Jaime Córdova Triviño).
[8]
Sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[9]
Sentencias T-088 de 1999 (MP José Gregorio Hernández Galindo) y SU-1219 de 2001
(MP Manuel José Cepeda Espinosa), citadas en  la sentencia C-590 de 2005 (MP
Jaime Córdoba Triviño).
[10] Sentencias T-264 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) y T-599 de 2009 (MP Juan Carlos Henao Pérez).
[11] Sentencia T-289 de 2005 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[12] Esta Corporación en sentencia T-264 de 2009 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva), a la cual se hará referencia más adelante, señaló que “a
partir del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, y de
la obligación de dar prevalencia al derechos sustancial (artículo 228 de la
Constitución), la Corte ha encontrado que puede producirse un defecto
procedimental en una sentencia cuando el funcionario judicial, por un apego
excesivo a las formas, se aparta de sus obligaciones de impartir justicia,
buscar que las sentencias se basen en una verdad judicial que se acerque lo más
posible a la verdad real, garantizar la efectividad de los derechos
constitucionales y evitar pronunciamientos inhibitorios que trunquen la
eficacia de las actuaciones de la Administración de Justicia, y de los derechos
materiales, pues los procedimientos judiciales son medios para alcanzar la
efectividad del derecho y no fines en sí mismos”.
[13] Sentencia SU-195 de 2012 (MP Jorge Iván Palacio Palacio). En ella
puntualmente la Sala Plena de esta Corporación indicó que las manifestaciones
de este defecto son:
“1.    Defecto fáctico por la omisión en el decreto y
la práctica de pruebas. Esta hipótesis se presenta cuando el funcionario
judicial omite el decreto y la práctica de pruebas, lo cual tiene como
consecuencia impedir la debida conducción al proceso de ciertos hechos que resultan
indispensables para la solución del asunto jurídico debatido.
2.
Defecto fáctico por
la no valoración del acervo probatorio. Se presenta cuando el funcionario
judicial, a pesar de que en el proceso existan elementos probatorios, omite
considerarlos, no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para
efectos de fundamentar la decisión respectiva, y en el caso concreto resulta
evidente que de haberse realizado su análisis y valoración, la solución del
asunto jurídico debatido variaría sustancialmente[13].
3.
Defecto fáctico por
valoración defectuosa del material probatorio. Tal situación se advierte cuando
el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el
asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se
abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva.”
[14] Sentencia SU-447 de 2011 (MP Mauricio González Cuervo).
[15] Sentencia T-737 de 2007 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[16] Al respecto, se puede consultar la sentencia SU-817 de 2010 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto).
[17] Sentencia T-757 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[18] Sentencia SU-014 de 2001 (MP María Victoria Sáchica Méndez).
[19] Sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[20] Sentencia SU-047 de 1999 (MP Carlos Gaviria Díaz y Alejandro
Martínez Caballero).
[21] Sentencia T- 1317 de 2001 (MP Rodrigo Uprimny
Yepes).
[22] Sentencias SU-1184 de 2001, SU-640 de 1998 y SU 168 de 1999, entre
otras, reiteradas en las sentencias T-482 de 2011,
T-028 de 2012 y T-206 de 2012 ( éstas últimas como MP Luis Ernesto Vargas
Silva).
[23] Sentencia T-292 de 2006.
[24] Al respecto, se pueden consultar las sentencias T-051 de 2009
(MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-060 de 2009 (MP Mauricio González Cuervo),
T-130 de 2009 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-310 de 2009 (MP Luis
Ernesto Vargas Silva) y T-555 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), entre
otras.
[25] Este precepto había sido modificado por el artículo 48 de la
Ley 1395 de 2010, pero éste fue declarado inexequible por la Corte
Constitucional mediante sentencia C-372 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub).
[26] Sentencia SU-961 de 1999 (MP Vladimiro Naranjo
Mesa).
[27] Sentencia T-661 de 2011 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[28] Al respecto se pueden consultar las sentencias T-684 de 2003 (MP
Eduardo Montealegre Lynnet), T-594 de 2008 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-189 de
2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-265 de 2009 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto), T-739 de 2010 (MP Mauricio González Cuervo), T-661 de 2011 (MP Jorge
Iván Palacio Palacio) y T-581 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[29] En esa
sentencia la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional concluyó que se cumplía con el requisito de inmediatez
a pesar de haber transcurrido dos años y diez meses entre la sentencia de la
Corte Suprema de Justicia que terminó el proceso ordinario y la interposición
de la acción de tutela. Esto, porque la falta de reconocimiento de la pensión
de sobreviviente generaba una vulneración actual de los derechos fundamentales
de la accionante en consideración de su avanzada edad, su deteriorado estado de
salud y sus precarias condiciones de subsistencia.
[30] De acuerdo con la fotocopia de su cédula de ciudadanía vista a folio
20 del cuaderno de la Corte, nació el 23 de noviembre de 1945, por lo cual en
la actualidad tiene 67 años de edad.
[31] En esta sentencia la Corte Constitucional se pronunció sobre los
efectos de sus fallos de constitucionalidad abstracta, y se refirió
específicamente a los efectos en el tiempo de las normas jurídicas, toda vez
que a partir de estos ha construido su jurisprudencia sobre los efectos en el
tiempo de sus sentencias de constitucionalidad. Realizada la anterior
precisión, la Sala se referirá a los apartes doctrinales en que la Corte se
pronunció sobre los referidos efectos en el tiempo de las normas jurídicas.
[32] Sentencia C-177 de 2005.
[33] Sentencia T-389 de 2009.
[34] En esa sentencia el Consejo de Estado distinguió entre los fenómenos
de la irretroactividad y la retrospectividad de la ley, indicando que “la ley tiene efectos de retroactividad cuando se aplica a situaciones
jurídicas subjetivas consolidadas antes de su vigencia. Salvo casos
excepcionales las leyes no pueden ser aplicadas en ésta modalidad. Se dice que
la ley tiene efectos retrospectivos cuando la aplicación toma en cuenta
situaciones no consolidadas antes de su vigencia. Esta aplicación si está
permitida, aunque sea más gravosa para la administración, salvo que la ley diga
lo contrario”.
[35] En esta sentencia el Pleno de la Corte analizó la exequibilidad
del artículo 8° de la Ley 171 de 1961, norma que había sido derogada por el
artículo 37 de la ley 50 de 1990,  pero que seguía produciendo efectos en
vigencia de la Constitución de 1991 y ello dio pie a que se armonizara bajo los
parámetros constitucionales de la Carta Fundamental.
[36] En esta sentencia la Sala Séptima de Revisión avocó el
conocimiento de un proceso de tutela en el cual un pensionado, en
representación de su hija mayor de edad en condición de discapacidad, interpuso
demanda de amparo constitucional contra el Instituto de Seguro Social, al
considerar que la entidad había vulnerado los derechos fundamentales de su hija
al negar, mediante oficio del 14 de noviembre de 1990, la atención en
salud que esta requería. // Al exponer los fundamentos normativos de su
decisión, la Corte Constitucional, apoyándose en la doctrina y la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, se refirió al efecto retrospectivo
de la norma superior de 1991. Precisado lo anterior, la Sala indicó que en el
caso sometido a su enjuiciamiento, se presentaba el fenómeno de la retrospectividad
de la Constitución de 1991 “ya que el acto acusado se dictó bajo la vigencia
de la anterior Constitución, pero éste continuó sus efectos hasta alcanzar la
vigencia de la nueva Carta”. Así las cosas, el Tribunal Constitucional
distinguió entre las hipótesis jurídicas consolidadas a la luz de la norma
constitucional del 86, y aquellas que habiendo iniciado su configuración en
aquella época, continuaban generando efectos en presencia de la nueva
Constitución.
[37] Fundamento jurídico 28.
[38] En la cual se declaró exequible la expresión “cónyuge”
contenida en el inciso primero y los literales a, b y c y en el parágrafo 1° de
los artículos 34 del Decreto 611 de 1977 y 49 del Decreto 2701 de 1988, en el
entendido de que las normas correspondientes comprenden también al compañero
permanente, a partir del 7 de julio de 1991.
[39] En la cual declaró la exequibilidad condicionada de diversas normas
del Decreto 613 de 1977 “por el cual se reorganiza la carrera de oficiales y
suboficiales de la Policía Nacional”, en el entendido de que la protección
que el ordenamiento legal otorga al cónyuge sobreviviente, se aplica en
términos semejantes a la compañera o compañero permanente a partir del 7 de
julio de 1991.
[40] Sentencia T-110 de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
Fundamento jurídico 45.
[41] Esta posición que consolidó la sentencia T-110 de 2011, ya
había sido aplicada en las T-1009 de 2007, T-932 de 2008, T-584
de 2009 y T-098 de 2010. En ellas la Corporación determinó que una entidad
obligada a satisfacer el derecho a una pensión de sobreviviente, vulnera las
garantías constitucionales a la igualdad, a la seguridad social y al mínimo
vital de un compañero permanente cuya pareja falleció en vigencia  de la Carta
de 1886, cuando niega el reconocimiento de la prestación amparado en una norma
jurídica que, conforme a una interpretación literal, excluye al compañero
permanente del anotado beneficio.
[42] Fundamento jurídico 51.
[43] Ley 12 de 1975 y 113 de 1985
[44] Folio 40 y 41, Cuaderno Principal.