T-271-16
[Proyecto de circulación restringida]
Sentencia T-271/16
VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER-Caso
de intento de violación
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Fenómeno que puede presentarse a
partir de dos eventos que a su vez sugieren consecuencias distintas: hecho
superado y daño consumado
CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO POR DAÑO CONSUMADO-No impide a la Corte Constitucional pronunciamiento de
fondo sobre la existencia de una violación de derechos fundamentales y futuras
violaciones
SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO-Es
un requisito para el ejercicio de la medicina y sus características lo hacen
diferente
SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO-Causales
de exoneración
FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO-Concepto como eximente de
responsabilidades jurídicas
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Definición/VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER-Modalidades
VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER-Este tipo de violencia se
origina con acciones u omisiones dirigidas intencionalmente a producir en una
persona sentimientos de desvalorización e inferioridad sobre sí misma, que le
generan baja autoestima
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Instrumentos
internacionales
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD EN
MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Deber de
asegurar la protección de derechos de las víctimas
VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER-Marco
normativo
EQUIDAD LABORAL PARA LAS MUJERES-Parámetros
normativos
MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL-Deber
de debida diligencia en prevención, atención, protección y garantía de
investigación, enjuiciamiento y sanción de responsables
En materia de administración de justicia se ha
concluido que es necesario adoptar medidas que respondan a estrategias
integrales con el objetivo de prevenir los factores de riesgo, y fortalecer las
instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos
de violencia contra la mujer. Así
mismo se ha resaltado el papel de los funcionarios judiciales en la
transformación de las representaciones discriminatorias que perpetúan los
escenarios de violencia contra la mujer. Y se ha resaltado el cumplimiento de
las obligaciones para la garantía adecuada del derecho a la administración de
justicia, con especial énfasis en el deber de debida diligencia en la
investigación y juzgamiento de los actos de violencia sexual en contra de la
mujer.
CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO POR DAÑO CONSUMADO-La accionante se vio obligada a terminar con el
servicio social del que pretendía ser exonerada
DERECHO
DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA-Vulneración por cuanto se incurrió en una indebida valoración de la
causal de exoneración del servicio social obligatorio por caso fortuito o
fuerza mayor debidamente documentada y justificada
La situación de la accionante sí encuadraba dentro de la causal de
exoneración por caso fortuito o fuerza mayor. Se evidencia que la situación de
fuerza mayor o caso fortuito fue debidamente justificada y documentada en tanto
fue certificada en la historia clínica de la accionante por un médico
psiquiatra.
DERECHO
DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA-Orden al Ministerio de Salud y Protección Social
modificar o adoptar una regulación que corrija los vacíos normativos en
relación con exoneración del servicio social obligatorio
Referencia: expediente T-5.343.816
Acción de tutela instaurada por Samay
Lili Neuta Dizu contra la Secretaría Departamental de Salud del Cauca, Comité
de Servicio Social Obligatorio del Cauca, y la E.S.E. Norte 3, punto de atención
Padilla –Cauca–.
Magistrado
Ponente:
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, DC., veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciséis
(2016).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por la magistrada María Victoria Calle Correa, y los magistrados Luis
Guillermo Guerrero Pérez y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del trámite de revisión de los fallos dictados
en primera instancia por el Juzgado Cuarto (4°) Administrativo de Popayán el
seis (6) de agosto de dos mil quince (2015), y en segunda instancia por el
Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca el dieciocho (18) de septiembre
de dos mil quince (2015), en el asunto de la referencia.
I.
ANTECEDENTES
Samay Lili Neuta Dizu presentó acción de tutela contra el
Departamento del Cauca, Secretaría de Salud, Comité de Servicio Social
Obligatorio, y la Gerencia de la E.S.E. Norte 3 –Punto de Atención Padilla–,
para que fueran amparados sus derechos fundamentales a la salud y al trabajo,
los que consideró vulnerados ante la negativa a acceder a su petición de
exonerarla de prestar su servicio social obligatorio en la E.S.E. de Padilla
–Cauca–. Lo anterior con base en los siguientes:
1.
Hechos[1]
1.1 La accionante, quien es profesional
en Medicina, inició los trámites para realizar el servicio social obligatorio
como requisito para obtener la tarjeta profesional correspondiente.
1.2 Señala que para cumplir su servicio
social obligatorio fue nombrada como “médico código 217 –grupo 02–” mediante
resolución N° 135 del 20 de noviembre de 2014, y que inició sus labores el 21
de noviembre de 2014 en la Empresa Social del Estado E.S.E. Norte 3, punto de
atención en Padilla –Cauca–.
1.3 Relata que el día 2 de mayo de 2015,
a las 2 de la mañana aproximadamente, recibió una llamada del servicio de
urgencias del punto de atención para que realizara el traslado de un paciente a
un nivel de mayor complejidad.
1.4 Indica que se vistió y alistó para
dirigirse al centro de salud. Durante el desplazamiento a su sitio de trabajo
fue abordada por 2 individuos en un auto “Chevrolet spark” negro, uno de
ellos, el conductor, se bajó del vehículo, la tomó de la mano y la ingresó en
el vehículo.
1.5 Comenta que el agresor le bajó la
blusa, le tapó la boca e inició un forcejeo con ella, quien empezó a gritar. En
ese momento, un vigilante y un policía que se encontraban cerca al centro de
salud se percataron del evento, lo que ocasionó que el agresor la dejara en la
vía y emprendiera la huida.
1.6 Señala que realizó la respectiva
notificación ante la inspección de policía de la localidad, y que comunicó el
evento a la coordinación administrativa del punto de atención para que le
ofrecieran seguridad en horas nocturnas.
1.7 Afirma que se trasladó a la Fiscalía
para informar su situación pero en la unidad de reporte inmediato de Cali
–Valle del Cauca– le indicaron que su situación debía resolverla la inspección
de policía municipal de Padilla. Aclara que ya había presentado una denuncia en
esta última dependencia.
1.8 Aduce que continuó con sus labores,
sin embargo, los eventos relatados le ocasionaron una patología psiquiatría de “estrés
postraumático, asociado con ansiedad, llanto constante y problemas
interpersonales”.
1.9 Por su condición médico-psiquiátrica fue
incapacitada, inicialmente por 15 días, con posibilidad de hospitalización y
prórroga de la incapacidad. Posteriormente, fue nuevamente valorada debido al
empeoramiento de su salud mental, razón por la que su incapacidad fue
prorrogada hasta el 1º de agosto de 2015. Una vez más fue valorada, y se
determinó que requería tratamiento farmacológico con antidepresivos y
ansiolíticos.
1.10 Debido a su situación, la accionante
señala que el 6 de julio de 2015 presentó un derecho de petición ante la Secretaría
de Salud Departamental del Cauca con el fin de que la exonerara por el tiempo
que le restaba para la terminar su servicio social –4 meses–, y que se le
otorgara el correspondiente registro médico. Enfatizó en que la permanencia en
el municipio de Padilla empeoraba su condición física y mental.
1.11 Indicó que las Resoluciones 2358 de
2014 y 1058 de 2010 del Ministerio de Salud y Protección Social señalan las
competencias y las causales para que las Direcciones Departamentales de Salud y
las Secretarías de Salud resuelvan las solicitudes de exoneración del servicio
social obligatorio.
1.12 Alega que la Secretaría
Departamental de Salud del Cauca remitió la solicitud de exoneración al Comité
de Servicio Social Obligatorio del Cauca, quien consideró que su situación
debía ser solucionada por la gerencia de la ESE Norte 3, y que no existía caso
fortuito con base en lo dispuesto en el artículo 64 del Código Civil colombiano
que regula dicha figura.
1.13 Considera que la Secretaría de Salud
y el Comité de Servicio Social pueden ampliar el concepto de caso fortuito o
fuerza mayor para incluir el evento de agresión que sufrió, así como su
situación de salud, dentro de la causal eximente del servicio social.
1.14 Finalmente, adujo que en el Departamento
de Caldas ocurrió un caso similar en el que una profesional de la salud recibió
amenazas por lo que desarrolló una patología siquiátrica, y que contaba con tan
solo 1 mes de labores y le fue otorgado el registro médico.
2. Solicitud de tutela.
2.1 Con base en los hechos descritos, la demandante
solicitó que se tutelaran sus derechos fundamentales y que, en consecuencia, se
le exonerara de continuar prestando el servicio social obligatorio.
Adicionalmente, solicitó que se compensara el tiempo laborado como trabajo
suplementario debido a las múltiples circunstancias de fuerza mayor ajenas a su
voluntad, y por las cuales había resultado afectada su salud física y
psicológica.
3. Respuesta del Comité de Servicio
Social Obligatorio del Departamento de la Secretaría Departamental de Salud del
Cauca.
El Comité de Servicio Social Obligatorio
de la Secretaría Departamental de Salud del Cauca respondió la acción de tutela
de la referencia para solicitar que se negaran las pretensiones de la
accionante. Al respecto, sostuvo que no había vulnerado los derechos
fundamentales de la accionante, pues la situación por ella planteada, era un
problema que requería un manejo especial por parte de la Gerencia de la Empresa
social del Estado Norte 3.
Señaló que la institución podía
garantizarle el trasporte desde el sitio donde hasta el centro de salud, y que
era obligación de la entidad prestar las medidas de seguridad que le brindaran
la protección adecuada a todo el personal para el cumplimiento de su objeto
misional.
Al respecto se refirió –y reiteró– los
argumentos señalados en la contestación del 6 de julio de 2015 a la petición formulada
por la accionante, en los siguientes términos: (i) la situación de la
actora es un tema administrativo de la E.S.E. Norte 3, quien debía garantizarle
el transporte hasta el centro de salud en donde trabaje; que (ii) de
encontrarse en turno en el servicio de urgencias debe permanecer en dicho
servicio mientras realiza su turno, y “[n]o puede apartarse en ningún
momento de las instalaciones”. Adicionalmente, señaló que (iii) las
agresiones que ha sufrido por parte de los pacientes en el servicio de
urgencias son una situación a la que esta sometido todo el personal de
enfermería, administrativos y vigilantes de los diferentes servicios de
urgencias del país, quienes se encuentran en riesgo de ser afectados física o
sicológicamente por los pacientes, “dado que esta situación hace parte del
comportamiento normal de los colombianos”.
De otra parte, señaló que la exoneración
solicitada por la accionante no corresponde a una razón de fuerza mayor o caso
fortuito conforme a lo establecido en el artículo 64 del Código Civil, razón
por la que en su momento decidió no acceder a la petición de exoneración.
4. Respuesta de la Empresa Social del
Estado Norte 3.
La entidad citada solicitó que se
declarara improcedente la demanda de amparo porque no existía la figura de “exoneración
de tiempo restante en la prestación del servicio obligatorio”, solicitada
por la peticionaria. Agregó que la tutela no tenía fundamento porque el
supuesto perjuicio que se quería evitar ya se materializó, a través del daño a
la salud de la accionante.
5. Fallo
de primera instancia.
5.1 En fallo del 6 de agosto de 2015, el
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Popayán concedió el amparo de los
derechos fundamentales de la accionante por considerar vulnerados sus derechos
a la salud y a la integridad física por parte de las entidades accionadas. Para
fundamentar su decisión, señaló que con base en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia era posible sostener que la
situación de la accionante se enmarcaba dentro de un caso fortuito o fuerza
mayor debidamente justificada y documentada. Explicó que estaba probado el
diagnóstico de la actora quien padecía “síndrome de estrés postraumático”
y que había sido medicada con antidepresivos y ansiolíticos.
Por lo anterior, ordenó a la Secretaría
Departamental de Salud del Cauca, a su Comité de Servicio Social Obligatorio y
a la ESE Norte 3 de Padilla que realizaran los trámites necesarios para
exonerar a la accionante de la continuación del servicio social obligatorio.
5. De
la impugnación y del fallo de segunda instancia.
5.1 La Secretaría Departamental de Salud
del Cauca impugnó la anterior decisión por considerar que la situación de la
accionante era subsanable a través de medidas administrativas por parte de la
ESE. Señaló que se le podía brindar seguridad para el desempeño de su cargo y
que la situación de agresión no constituía una circunstancia de fuerza mayor o
caso fortuito, sino que correspondían a un problema de índole social y orden
público por las que atraviesa el país, y que de aceptar lo contrario, ningún
profesional de la salud podría prestar el servicio social obligatorio en
desmedro de los derechos de la colectividad. Finalmente, señaló que en este
caso debía prevalecer el interés general sobre el particular, razón por la que
se debía revocar el fallo de primera instancia y ordenar a la accionante que
cumpliera con su servicio social obligatorio, y que se tomaran las medidas de
protección necesarias.
5.2 En sentencia del 18 de septiembre de
2015, el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca revocó la decisión de primera
instancia, pero mantuvo la tutela del derecho a la integridad física de la
accionante. Por lo anterior, ordenó al Gerente de la ESE Norte 3 punto de
atención Padilla que brindara las medidas de seguridad necesarias para la
salvaguarda de su integridad física en el traslado de su casa de habitación a
su lugar de trabajo y viceversa, en especial, en horarios nocturnos, mientras
continuara prestando su servicio social obligatorio en dicha institución.
Dentro de su argumentación, señaló que si
bien la agresión ocurrida contra la accionante había afectado su estado
emocional, tal hecho no constituía una causal para que fuera exonerada de
prestar su servicio social obligatorio, establecido en la ley como uno de los
requisitos para obtener la autorización del ejercicio de profesiones como la
medicina. Igualmente, indicó que a pesar de tratarse de un hecho externo y
ajeno a su voluntad –la agresión–, tal situación no constituía un caso fortuito
o fuerza mayor, ya que todos los ciudadanos en cualquier momento pueden estar
inmersos en una situación de violencia que inevitablemente puede afectarlos
sicológicamente. De esta manera, concluyó que lo procedente era que la ESE
Norte 3 le brindara las medidas de seguridad necesarias para garantizar su
seguridad personal, en especial en horarios nocturnos.
6. Actuaciones en sede de Revisión
6.1 Mediante auto del 19 de abril de 2016, el Magistrado
sustanciador ordenó la práctica de algunas pruebas para aclarar algunos hechos
dentro del proceso de la referencia. En dicha providencia ordenó a la
Secretaría General de la Corte Constitucional que oficiara a la accionante, a
la Dirección Seccional de Fiscalías del Cauca, a la Unidad Seccional de
Fiscalías de Corinto –Cauca–, a la Dirección Departamental de Policía del Cauca
y a la Estación de Policía de Padilla –Cauca–, para que respondieran algunas preguntas
en relación con el proceso de la referencia. En dicha providencia se dispuso:
“PRIMERO: A
través de la Secretaría General de la Corte, OFÍCIESE a la accionante,
Samay Lili Neuta Dizu, para que, en un término de cinco (5) días hábiles a
partir de la notificación del presente auto, responda a esta Corporación el
siguiente cuestionario:
1.     Informe
si cumplió el servicio social obligatorio para la obtención del registro médico
al que hizo referencia en la acción de tutela que presentó y que es objeto de
revisión por parte de la Corte Constitucional. En caso afirmativo:
a)    ¿En qué
fecha terminó el servicio social y en qué entidad?
b)    Relate a
esta Corte cuales fueron las condiciones en las que debió cumplir con dicho
servicio social con posterioridad al fallo de tutela emitido el 18 de
septiembre de 2015 por el Tribunal Administrativo del Cauca.
2.     Explique
cuáles fueron las actuaciones adelantadas por la Secretaría de Salud del Cauca,
por el Comité de Servicio Social del Cauca, y por la E.S.E. Norte 3 del punto
de atención en Padilla –Cauca– respecto al cumplimiento del fallo de tutela
emitido el 18 de septiembre de 2015 por el Tribunal Administrativo del Cauca.
3.     ¿Cuál
es su situación actual de salud, en relación con la agresión que sufrió durante
el desempeño de su servicio social en Padilla Cauca, y que dio origen a la
acción de tutela que ahora se revisa?
4.     Informe
cuáles han sido las respuestas y las actuaciones efectuadas por la Fiscalía
General de la Nación y la Policía Nacional en relación con las denuncias por
usted interpuestas respecto de la agresión sufrida durante el desempeño de su
servicio social en Padilla Cauca.
Anexe los documentos que
considere pertinentes para una mejor comprensión de la situación.
SEGUNDO: OFÍCIESE por
Secretaría General de la Corte, a la Dirección Seccional de Fiscalías
del Cauca y a la Unidad Seccional de Fiscalías de Corinto –Cauca–, para que, en
un término de cinco (5) días hábiles a partir de la notificación de este auto,
informen el trámite de las actuaciones surtidas a raíz de la denuncia
instaurada por Zamay Lili Neuta Dizú por los hechos de agresión sexual cometidos
contra ella el 2 de mayo de 2015. En caso de encontrar que es otra la
dependencia competente, las anteriores dependencias deberán remitir la
actuación a quien corresponda con la mayor brevedad posible, reiterando el
término de cinco (5) días para la respuesta.
Las dependencias señaladas
deberán anexar los documentos que consideren pertinentes para aclarar las
actuaciones adelantadas.
TERCERO: OFÍCIESE por
Secretaría General de la Corte, a la Dirección Departamental de Policía
del Cauca y a la Estación de Policía de Padilla –Cauca–, para que, en un
término de cinco (5) días hábiles a partir de la notificación de este auto,
informen el trámite de las actuaciones surtidas a raíz de la denuncia
instaurada por Zamay Lili Neuta Dizú por los hechos de agresión sexual
cometidos el 2 de mayo de 2015.
Las dependencias señaladas
deberán anexar los documentos que consideren pertinentes para aclarar las
actuaciones adelantadas.”
6.2 En escrito de fecha 6 de mayo de 2016, la accionante
allegó las respuestas al requerimiento del Magistrado sustanciador. En primer
lugar, señaló que cumplió con el servicio social obligatorio el día 15 de enero
de 2016, pero que dicho servicio fue completado en dos periodos de tiempo: (i)
por 9 meses y 20 días al servicio de la E.S.E. Norte 3, punto de atención
Padilla –Cauca–; y otro (ii) por un lapso de 2 meses y 12 días en la
Clínica Oriente de Santiago de Cali.
Al respecto, explicó que con posterioridad al fallo de
primera instancia la E.S.E Norte 3 le envió un oficio el día 12 de agosto de
2015 en el que señaló que para el cumplimiento de la tutela correspondiente, había
solicitado asesoría de la Secretaría de Salud del Cauca y le manifestaron de
manera verbal que se debía retirar de la institución.
Señaló que se comunicó por vía telefónica con la
Secretaría de Salud del Cauca y que fue atendida por la Doctora Ana Lucía
Calvo, abogada del área jurídica de la entidad, quien le informó que se daría
cumplimiento al fallo de tutela. Posteriormente, relata que fue expedida el Acta
005 del 18 de agosto de 2015 en la que la Secretaría le informa que quedaba
excluida del servicio social obligatorio (rural) y que debía iniciar los
trámites ante el Colegio Médico Colombiano. Sin embargo, también le señalaron
que el día 11 de agosto de 2011 había sido radicada la impugnación del fallo de
tutela que amparó sus derechos.
Adicionalmente, comentó que el Gerente de la E.S.E Norte 3
le expresó que al iniciar el trámite de solicitud de tarjeta profesional ya no
debía estar en la institución como médico del servicio social obligatorio,
razón por la que radicó la correspondiente carta de renuncia. No obstante,
advierte que le manifestó al gerente que debido al trámite de la tutela en
segunda instancia consideraba prudente continuar prestando el servicio social.
El directivo le respondió que debía dar cumplimiento al fallo de primera
instancia y que por tanto su contrato finalizaba el día 10 de septiembre de
2015.
La demandante relata que luego del fallo de segunda
instancia (18 de septiembre de 2015), que revocó el amparo, y estando en
trámite su solicitud de tarjeta profesional, se dirigió a la Secretaría de
Salud para que le respondieran cuál era su situación administrativa, y para
expresar su preocupación por que no se expidió su tarjeta profesional. Adicionalmente,
no contaba con una plaza para terminar su servicio social. Nuevamente fue
atendida por la abogada Ana Lucía Calvo Bonilla quien le informó que recibiría
una respuesta mediante oficio, y le comentó que debía retornar a la E.S.E Norte
3. Señala que se comunicó con esta última entidad, en donde le respondieron que
su plaza ya había sido asignada a otra persona.
Señala la accionante que nuevamente acudió a la Secretaría
de Salud en donde no hubo respuesta, y que solamente el día 23 de octubre le
fue enviada por correo electrónico el acta 010 del 28 de septiembre de 2015. También
indica que se comunicó en múltiples ocasiones con la Secretaría de Salud, en
donde inicialmente no hubo respuesta, y luego le informaron que el comité de
servicio social aún no se había reunido. Entre tanto, afirma, se comunicó con
el Colegio Médico Colombiano en donde le informaron que debido al fallo de
segunda instancia su trámite de tarjeta profesional se encontraba en espera
hasta que completara los 2 meses y 11 días que le faltaban de servicio social.
Sostuvo que por su situación, inició la búsqueda de una
plaza para servicio social por todo el país pero que ninguna entidad la quería
contratar por tan poco tiempo, por esta razón se vio obligada a inscribirse en
el sorteo programado por el Ministerio de Salud, el cual fue realizado el 16 de
octubre de 2016. En dicho sorteo consiguió una plaza en el Valle del Cauca, en
la Clínica Oriente de Cali, en donde inició labores el día 3 de noviembre de
2015 hasta finalizar su servicio el 15 de enero de 2016. Agrega que en el
tiempo de dicho servicio no recibió pago de los aportes a seguridad social en
salud y pensiones.
Respecto a su situación de salud, señaló que continuó con
su tratamiento psiquiátrico de forma particular, ya que no contaba con el
servicio por el lapso de tiempo como desempleada y porque su nuevo empleador,
la Clínica de Oriente, tampoco realizó los aportes a salud. Comenta que
continuó tomando antidepresivos y “benzodiacepina” por 3 meses para
conciliar el sueño, y en febrero de 2016 inició psicoterapia. Aclara que
actualmente ya no recibe fármacos y que únicamente recibe la psicoterapia, la que
espera culminar pronto.
Finalmente, señala que en relación con las actuaciones de
la Policía en Padilla –Cauca– nunca recibió respuesta, pues solamente tomaron
su denuncia. Comenta que luego de esto se dirigió a la sede de Fiscalías en
Cali en donde le fue informado que su caso ya tenía reporte y que no le iban a
tomar uno nuevo, pues su caso debía tramitarse en Padilla.
6.3 El día 12 de mayo de 2016, la Subdirección Seccional
de Fiscalías y Seguridad Ciudadana del Cauca, remitió a esta Corporación un
oficio en el que informó que no se había encontrado ningún registro de
investigación en el que estuviera involucrada como denunciante o víctima de
violencia sexual la accionante.
6.4 Por otra parte, mediante escrito recibido el 17 de
mayo de 2016, el Comandante del Departamental de Policía del Cauca informó que
la estación de Policía de Padilla no tenían conocimiento respecto de los hechos
que dieron origen a la denuncia instaurada por la accionante, puesto que ella
acudió ante la inspección de policía del municipio de Padilla, quien remitió el
caso a la Fiscalía del municipio de Miranda –Cauca–, razón por la que la unidad
policial de Padilla no desplegó actuaciones referentes al caso.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Competencia.
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es
competente para proferir sentencia dentro de la acción de tutela de la
referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 2 y 241 numeral 9° de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991. Así mismo, la presente acción de amparo fue
seleccionada para revisión a través del auto de 12 de febrero de 2016 proferido
por la Sala de Selección número Dos de la Corte Constitucional.
2. Presentación del caso y planteamiento del problema jurídico.
1. En la presente oportunidad, la Sala revisa la acción
tutela formulada por Samay Lili Neuta Dizu contra el Comité de Servicio Social
Obligatorio y la Gerencia de la E.S.E. Norte 3 –Punto de Atención Padilla–, por
la presunta vulneración de sus derechos a la salud y al trabajo. En el asunto,
la accionante sostiene que se encontraba desarrollando su servicio social obligatorio
como médico en la E.S.E. Norte 3 en Padilla –Cauca–, y que en una de las noches,
mientras se dirigía a prestar su servicio, fue agredida sexualmente por dos
sujetos desconocidos. Señala que intentó continuar con su trabajo pero que
dicha situación le generó secuelas psiquiátricas de “estrés
postraumático, asociado con ansiedad, llanto constante y problemas
interpersonales”, las cuales impidieron que siguiera el servicio
social que venía prestando. Por lo expuesto, solicitó la exoneración del servicio
obligatorio por considerar que se había configurado una situación de fuerza
mayor que le impedía continuar con su trabajo.
2. Entre tanto, la Secretaría Departamental de Salud del
Cauca contestó a la tutela argumentando que la situación planteada por la
demandante era un problema que requería un manejo especial por parte de la
Gerencia de la E.S.E. Norte 3, a través de medidas de seguridad. Adicionalmente,
señaló que la agresión sufrida por la accionante, si bien
había afectado su estado emocional, tal hecho no constituía una causal para que
fuera exonerada del servicio social obligatorio. Igualmente, sostuvo que la
situación no constituía un caso fortuito o fuerza mayor, ya que todos los
ciudadanos en cualquier momento pueden estar inmersos en una situación de
violencia que inevitablemente puede afectarlos sicológicamente. Por otra
parte, la E.S.E. Norte 3 se limitó a señalar que la solicitud de amparo era
improcedente debido a que el supuesto perjuicio alegado por la actora ya se
había materializado.
3. En sede de revisión, se allegó un informe presentado
por la accionante en el que señala que se vio obligada a terminar el servicio
social médico en otra institución diferente a la E.S.E. Norte 3. Por otra
parte, las demás entidades accionadas cumplieron con el requerimiento formulado
por la Corte, para señalar que no contaban con reportes de la denuncia
formulada por la demandante.
4. Con base en los elementos de juicio reseñados, la Sala
advierte que de manera preliminar, y con base en la información reportada por
la accionante durante el trámite de revisión, es necesario determinar si
respecto de la solicitud de exoneración del servicio social obligatorio se
configura la denominada carencia actual de objeto por daño consumado, debido a
que la accionante efectivamente se vio avocada a terminar el mencionado
servicio en otra institución.
5. No obstante lo anterior, la Sala encuentra que la presunta
vulneración de los derechos de la accionante se desarrolló en múltiples facetas,
que exigen un análisis de varias situaciones constitucionalmente relevantes.
Por tal motivo, en este caso resultaría necesario un pronunciamiento de la
Corte en relación con las actuaciones de las entidades accionadas, para señalar
la posible afectación de los derechos de la accionante, así como para aclarar
el alcance y el contenido de los derechos presuntamente vulnerados.
6. En estos términos, para la Sala existen varios
problemas jurídicos por resolver:
En primer lugar es necesario determinar si la negativa de
la Secretaría de Salud Departamental del Cauca, a través del Comité de Servicio
Social Obligatorio, vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, a una
vida libre de violencia, a la salud, y al trabajo de la accionante al
considerar que las condiciones psiquiátricas desarrolladas, a raíz del intento
de violación sexual del que fue víctima, no eran una razón de fuerza mayor o
caso fortuito para exonerarla del servicio social obligatorio que prestaba en
la E.S.E. Norte 3 –punto de atención en Padilla, Cauca–.
En segundo lugar, es necesario determinar si la respuesta
de las entidades accionadas en relación con la situación de salud de la
accionante, derivada del acto de violencia sexual que sufrió, se ajusta a las
obligaciones constitucionales que deben observar las autoridades
administrativas y del Estado en este tipo de casos.
Finalmente la Corte encuentra de manera conexa con los
problemas jurídicos antes señalados, que es necesario verificar si la Fiscalía
General de la Nación y la Policía Nacional han cumplido con sus obligaciones de
debida diligencia en la investigación de los actos de violencia sexual cometidos
contra la accionante.
7. Así las cosas, para abordar estos cuestionamientos, la Sala
estudiará las pautas jurisprudenciales en relación con los siguientes temas: (i)
el alcance del requisito del servicio social obligatorio para
el ejercicio de la profesión médica, con especial énfasis en el análisis de sus
causales de exoneración; (ii) la protección especial a las mujeres
víctimas de violencia sexual, en donde se desarrollarán los ámbitos normativos
de protección en materia de (ii.i) salud, (ii.ii) equidad en las relaciones
laborales, y (ii.iii) adecuada prestación de la administración de
justicia a través de la debida diligencia frente a las denuncias por actos de
violencia sexual.
8. De esta manera, una vez establecidas
las sub-reglas decisionales pertinentes y aplicables en estas materias, será
posible realizar el (iii) análisis del caso concreto para
establecer la posible vulneración de derechos de la demandante.
3. Breve reiteración de la
jurisprudencia constitucional en relación con la carencia actual de objeto por daño
consumado. Reiteración de jurisprudencia.
9. La jurisprudencia de esta Corte[2]
ha sostenido que en los procesos adelantados en materia de acción de tutela, en
los que se evidencie que ha cesado la acción u omisión que generó la
vulneración de los derechos fundamentales, se configura la denominada “carencia
actual de objeto”. Este fenómeno jurídico se presenta porque la pretensión formulada
para procurar la defensa de los derechos fundamentales (i) está siendo
debidamente satisfecha, o (ii) se ha ocasionado el daño irreparable que
se pretendía evitar con la orden del juez a quien se acudió para la salvaguarda
de dichos derechos. En estos casos, la solicitud de amparo pierde eficacia en
la medida en que desaparece el objeto jurídico sobre el que recaería una
eventual decisión del juez de tutela.
10. No obstante lo anterior, la
jurisprudencia constitucional ha reconocido que con independencia de la
existencia o no de dicha carencia de objeto, es un deber del Tribunal de
Revisión Constitucional emitir un pronunciamiento de fondo cuando del análisis
del caso se evidencie la necesidad de solucionar, con pretensión de corrección,
los problemas constitucionales del objeto de examen.[3] En este
sentido, la Corte ha explicado que según el artículo
24 del Decreto 2591 de 1991[4]
el juez constitucional puede pronunciarse sobre lo ocurrido, a pesar de que se
haya generado un perjuicio irreparable. En estos casos excepcionales, la
decisión no solo debe señalar el ámbito de protección del derecho, sino que
además debe advertir a la parte accionada y responsable, sobre el
incumplimiento de sus obligaciones constitucionales para que las cumpla en
situaciones semejantes a las que generaron la vulneración de los derechos y,
por tanto, para que no vuelvan a ocurrir.[5]
11. Ahora bien, como se señaló
inicialmente, la carencia actual de objeto se puede configurar por dos vías: (i)
la existencia de un hecho superado, o (ii) la configuración de un daño
consumado. En el primero de los casos la Corte ha advertido[6] que el hecho
superado “se presenta cuando por la acción u omisión del obligado,
desaparece la afectación del derecho cuya protección se reclama, de tal manera
que ‘carece’ de objeto el pronunciamiento del juez constitucional.”[7]
Por otra parte, el daño se considera consumado cuando ocurre una circunstancia donde se afectan de manera definitiva los
derechos del ciudadano antes de que el juez de tutela logre pronunciarse sobre
la solicitud de amparo.
12. Adicionalmente, la jurisprudencia
reciente de la Corte[8]
ha recabado en que en el caso del daño consumado es un deber pronunciarse de fondo, y exponer las razones
por las que se produjo un perjuicio al accionante, además de realizar las
advertencias respectivas, para indicar la garantía de no repetición[9].
Igualmente, ha señalado que el juez de tutela debe
determinar, en cada caso concreto, si se deben tomar o no algunas medidas de
reparación conducentes a restaurar en parte el perjuicio ocasionado.
4. El servicio social obligatorio para el ejercicio de
las profesiones en el área de la salud. Análisis de la razonabilidad y
proporcionalidad de las causales de exoneración en relación con la afectación
de derechos fundamentales a sujetos de especial protección constitucional. Reiteración
de jurisprudencia[10].
13.
El establecimiento de un servicio social obligatorio para la obtención de la
licencia de trabajo en el área de la medicina hace parte de la potestad
derivada del artículo 26 de la Constitución según la cual el Legislador debe establecer los requisitos
y títulos de idoneidad para el ejercicio de determinadas profesiones[11],
los cuales pueden ser más exigentes en aquellas carreras cuyo ejercicio se
proyecta en la eficacia o cumplimiento de los fines sociales del Estado[12].
14.
La jurisprudencia de esta Corporación[13],
ha señalado que estas exigencias (i) deben obedecer a un principio de
razón suficiente, (ii) no pueden restringir desproporcionadamente los
derechos de las personas interesadas en el ejercicio de una profesión, (iii)
encuentran su norte en la protección de la sociedad frente a los riesgos que
supone el ejercicio irresponsable de determinados oficios[14].
15. En particular, la prestación del servicio social
obligatorio, previa la obtención de la licencia para el ejercicio de la
medicina, es un requisito establecido por el legislador en la Ley 1164 de 2007,
en atención a la relación que la carrera tiene con la consecución de fines
sociales de relevancia constitucional y con derechos fundamentales como la
salud y la vida.[15]
Los aspectos concretos del desarrollo de dicho servicio, están desarrollados en
la Resolución No 1058 de 2010 y 2358 de 2014 del Ministerio de Salud y
Protección Social, quien, en el marco de la potestad reglamentaria, aplicada
con el propósito de hacer operativa la prestación del servicio, ha establecido
sus principales características. Con base en dicha reglamentación se pueden
extractar varios elementos importantes.
16. En primer lugar, el servicio social obligatorio es
un trabajo de carácter social por medio del cual el Estado pretende mejorar el
acceso a los servicios de salud de los grupos poblacionales vulnerables, ubicados
en regiones vulnerables[16].
Es ejercido por profesionales, lo que garantiza la calidad en la prestación de
los servicios, y garantiza a los egresados una remuneración adecuada y
prestaciones sociales[17].
17. En segundo lugar, el servicio social obligatorio puede
cumplirse mediante las siguientes modalidades: (i) planes de salud
pública o programas de salud y prevención de enfermedad; (ii) programas
dirigidos a poblaciones vulnerables[18];
(iii) programas de investigación en salud en instituciones avaladas por
Colciencias; y (iv) la prestación de servicios profesionales o
especializados de salud en IPS que presten servicios de salud a la poblaciones en
áreas deprimidas rurales o urbanas.[19]
18. En tercer lugar, se ha establecido[20] que la selección
de los profesionales se realiza mediante sorteo y se orienta por los principios
de transparencia e igualdad de condiciones para todos los aspirantes[21].
Adicionalmente, la regulación reciente (Resolución 2358 de 2014) ha incluido[22]
ciertas condiciones de priorización para la asignación de las plazas del
servicio social obligatorio. Así por ejemplo, en la actualidad se tienen en
cuenta de manera privilegiada a (i) las madres o padres cabeza de
familia, (ii) las mujeres en estado de embarazo o en período de
lactancia, (iii) las personas en situación de discapacidad certificada o
dictaminada, y (iv) las víctimas del conflicto armado.
19. Además de lo anterior, la normatividad en la
materia prevé unas causales de exoneración legal que se concretan en (i)
algunas formas de homologación por estudios o servicios previamente realizados[23],
y (ii) la demostración de circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito[24].
Sobre las causales de exoneración del servicio social obligatorio es necesario
detenerse en algunos aspectos resaltados por la jurisprudencia constitucional.
20. En la sentencia T-109 de 2012[25], la Corte explicó
que el análisis de la regulación del servicio social obligatorio dejaba en evidencia que no existe un medio
legal y/o reglamentario para analizar situaciones de especial relevancia
constitucional que puedan oponerse al cumplimiento del servicio social
obligatorio, como la que afecta a sujetos de especial protección
constitucional, y que no se encuadran en las casuales de exoneración previstas
en la ley y su reglamentación. En dicho fallo se determinó que las dos
hipótesis de exención contempladas por el legislador pueden resultar
insuficientes para dar respuesta a la situación de personas que, por motivos de
relevancia constitucional, argumenten la imposibilidad de prestar el servicio
social obligatorio.
Breve referencia al concepto de fuerza
mayor o caso fortuito como eximente de responsabilidades jurídicas.
21. Como se señaló con anterioridad, la Resolución No.
1058 de 2010 del Ministerio de la Protección Social en su artículo 4°, Literal “e”
regula una de las causales de exoneración del servicio social obligatorio en
los siguientes términos: “Serán exentos de la prestación del Servicio Social
Obligatorio (…): e) [l]os profesionales que, por caso fortuito o fuerza mayor
debidamente justificada y documentada soliciten la exoneración o convalidación
del servicio social obligatorio y ésta les sea autorizada por la Dirección
General de Análisis y Política de Recursos Humanos del Ministerio de la
Protección Social, previo concepto del Comité de Servicio Social Obligatorio.”
22. Las figura jurídica de la fuerza mayor y el caso
fortuito a la que hace referencia la norma, está regulada por el artículo 64
del Código Civil (subrogado por el artículo 1º de la ley 95 de 1890) el cual
dispone que: “[s]e llama fuerza mayor o caso fortuito, el
imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el
apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario
público. etc.”. Esta causal, por tanto, requiere para obrar como
justificación reunir un conjunto de características, las cuales son
básicamente: (i) que el hecho sea irresistible; (ii) que
sea imprevisible y (iii) que sea externo respecto
del obligado”.
23. Sobre las características de la fuerza mayor, vale
la pena citar la Sentencia del 20 de noviembre de 1989 de la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la que se explicó que el hecho imprevisible
es aquel “que dentro de las circunstancias normales de la vida, no sea
posible contemplar por anticipado su ocurrencia”.[26]
24. Por su parte, el hecho irresistible es
aquél “que el agente no pueda evitar su acaecimiento ni superar sus
consecuencias”. La imprevisibilidad, por tanto, hace referencia a un
hecho que no se podía establecer con anterioridad a su ocurrencia,[27]
en tanto la irresistibilidad hace referencia a una situación inevitable
que no puede exigir de la persona que la sufre un comportamiento para que no
ocurra.
25. Igualmente, la jurisprudencia en la materia[28]
ha señalado que se requiere de la concurrencia de ambas condiciones
(imprevisibilidad e irresistibilidad), razón por la que aún los ejemplos
mencionados por el Código, a saber, “un naufragio, un terremoto, el
apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario
público, etc.,” podrían no ser en determinados casos, eventos de
fuerza mayor o caso fortuito, si por ejemplo: “el deudor a sabiendas se
embarca en una nave averiada, que zozobra; si temerariamente se expone a la
acción de sus enemigos o comete faltas que lo coloquen a merced de la
autoridad; o no toma las medidas adecuadas que hubieran evitado la inundación
de su propiedad, sin embargo de que se cumple un acontecimiento por naturaleza
extraño o dominador, no configuraría un caso fortuito”.[29] Lo anterior
también implica que esta causal no hace referencia exclusivamente a hechos
de la naturaleza frente a los cuales el ser humano no puede actuar, puesto que
existen otro tipo de casos en los que también concurren los elementos propios
de la fuerza mayor o el caso fortuito.[30]
26. Adicionalmente, la fuerza mayor y el caso fortuito
requieren que el hecho sobreviniente sea externo. Por tal razón, el
afectado no puede intervenir en la situación que le imposibilitó cumplir su
deber u obligación, sino que debe estar fuera de la acción de quien no pudo
preverlo y resistirlo. Este requisito exige por tanto que el hecho no provenga
de la persona que lo presenta para eximir su responsabilidad, de forma que no
haya tenido control sobre la situación, ni injerencia en la misma. No obstante,
la jurisprudencia ha precisado que la exterioridad es una circunstancia
jurídica, pues “ha de tratarse de un suceso o acaecimiento por el cual
no tenga el deber jurídico de responder la [persona] accionada".
27. Finalmente, es necesario precisar que se debe
valorar cada caso concreto de forma independiente para verificar si de ellas se
desprende la existencia de una situación imprevisible, irresistible y externa,
pues como ha señalado la Corte Suprema de Justicia: “conviene proceder con
relativo y cierto empirismo, de modo que la imprevisibilidad e
irresistibilidad, in casu, ulteriormente se juzguen con miramiento en las
circunstancias específicas en que se presentó el hecho a calificar, no así
necesariamente a partir de un frío catálogo de eventos que, ex ante, pudiera
ser elaborado en abstracto por el legislador o por los jueces, en orden a
precisar qué hechos, irrefragablemente, pueden ser considerados como
constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito y cuáles no.”[31]
5. Estándares de protección de los derechos de las
mujeres en el ordenamiento jurídico colombiano. Énfasis en la protección
especial contra la violencia y los actos de violencia sexual. Reiteración de
jurisprudencia.
28. La jurisprudencia constitucional ha explicado[32]
que la violencia contra la mujer es un fenómeno que suele estar relacionado con
diversas causas “sociales, culturales, económicas, religiosas, étnicas,
históricas y políticas, que opera en conjunto o aisladamente en desmedro de la
dignidad humana”[33].
Así mismo, se ha señalado que la violencia contra la mujer es “una
manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre
mujeres y hombres”[34],
que conduce a “perpetuar la discriminación contra ésta y a obstaculizar
su pleno desarrollo”.[35]
29. Dentro de las múltiples dimensiones de la
violencia contra la mujer, la violencia sexual[36]
y sus consecuencias psicológicas[37]
adquieren la máxima relevancia para el desarrollo de las actividades
cotidianas, sean estas familiares, académicas o laborales. Este tipo de
violencia contra la mujer se ocasiona con acciones u omisiones dirigidas
intencionalmente a producir en una persona sentimientos de desvalorización e
inferioridad sobre sí misma, que le generan baja autoestima. Adicionalmente, esta
forma de violencia no ataca la integridad física del individuo sino su
integridad moral y psicológica, su autonomía y desarrollo personal y se
materializa a partir de constantes y sistemáticas conductas de intimidación,
desprecio, chantaje, humillación, insultos y/o amenazas de todo tipo. Se trata
de una realidad mucho más extensa y silenciosa, incluso, que la violencia
física y puede considerarse como un antecedente de ésta.[38]
30. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
sido consistente[39]
en señalar la especial protección que el ordenamiento jurídico establece en
relación con las mujeres que han sobrevivido a eventos de violencia sexual. Dicha
protección se desprende de diferentes mandatos a nivel internacional y nacional
que son vinculantes debido a que hacen parte del contenido esencial de los
derechos fundamentales a la igualdad, a una vida libre de violencia, y a la
dignidad humana de las mujeres. Debido a la relevancia constitucional de estos
mandatos a continuación se hará una breve reiteración de los principales
instrumentos internacionales en la materia.
31. Sin embargo, previamente es necesario recordar que
la jurisprudencia de la Corte[40]
ha enseñado que los diferentes instrumentos internacionales en materia de
derechos humanos debidamente ratificados por Colombia, hacen parte del “bloque
de constitucionalidad” en virtud de lo establecido en el artículo 93[41]
de la Carta. Dichas normas, a pesar de no estar formalmente incluidas en el
texto de la Constitución, se integran a ésta y son referentes a la hora de
realizar, no solo control de constitucionalidad, sino en el análisis de casos
concretos, como pautas interpretativas de las normas internas que regulan la
aplicación de los derechos fundamentales[42].
32. En este mismo sentido, la jurisprudencia ha
explicado que el bloque de constitucionalidad puede ser entendido en dos
sentidos.[43]
En un sentido estricto (strictu sensu), está compuesto por aquellas
normas y principios de rango constitucional que se integran junto con los
tratados internacionales en materia de derechos humanos cuya limitación está
prohibida incluso durante los estados de excepción (artículo 93 C.N. inciso 1º).[44]
Y de otra parte, en sentido lato o amplio (latu sensu), el bloque de
constitucionalidad hace referencia a todos aquellos instrumentos
internacionales, de diversa jerarquía, que sirven como parámetros
interpretativos para el ejercicio hermenéutico de los derechos fundamentales
(artículo 93 C.N. inciso 2º) toda vez que los desarrollan.
33. Respecto de esta última expresión del bloque, la
Corte ha señalado que tanto la jurisprudencia de las Cortes Internacionales de
Derechos Humanos[45],
como las recomendaciones de los organismos internacionales que tienen funciones
de monitoreo, seguimiento o control respecto del cumplimiento de las
obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, también tienen
fuerza vinculante al momento de interpretar el alcance de los derechos
fundamentales.[46]
34. Ahora bien, en relación con la protección contra
los actos de violencia contra las mujeres, existen varios instrumentos y pronunciamientos
internacionales. En todos se
consagran el principio de igualdad y no discriminación y, adicionalmente,
varios de ellos definen de diversa forma la violencia contra la
mujer.
Marco normativo general en relación con la
protección constitucional a las mujeres contra los actos de violencia sexual.
35. En
el plano internacional existen varios instrumentos normativos que han sido
adoptados para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Así para empezar, en el “sistema universal de derechos humanos”,
resulta imperativo consultar la Declaración sobre la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer (1967), la Convención sobre la Eliminación de
todas las formas de Discriminación contra la Mujer –CEDAW– (1981), la
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer (1993),
y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995). Todos estos
emanados de diversas dependencias de la Organización de las Naciones Unidas –ONU–.[47]
36. Dentro de estos instrumentos, es necesario destacar
la CEDAW, como uno de los principales referentes en la materia. Esta
convención, en su artículo 1°, señala que la discriminación contra la
mujer “denota[] toda distinción, exclusión o restricción basada en el
sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado
civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica,
social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.
37. Con el fin de velar por los el cumplimiento de las
obligaciones y compromisos fijados en la Convención, y los derechos en ella reconocidos,
la CEDAW (art. 21, párrafo 1) instituyó el Comité de la Convención para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Comité
CEDAW) el cual ha emitido varios directrices en relación con las obligaciones
que tienen los Estados para erradicar la violencia contra la mujer. Así por
ejemplo, en la Observación General N° 12 relativa a la violencia contra la
mujer, el Comité CEDAW señaló que los Estados en sus informes sobre el
cumplimiento de la Convención deben incluir la información correspondiente a la
legislación adoptada para proteger a las mujeres contra cualquier acto de
violencia. Así mismo, determinó que los Estados deben informar sobre los
mecanismos utilizados para evitar y eliminar dicha violencia, así como los
mecanismos administrativos y judiciales al servicio de las mujeres víctimas de
violencia. Igualmente, es una obligación señalar la frecuencia de los actos de
violencia de los que son víctimas las mujeres.
38. En la Observación General N° 19 se señaló que la
violencia contra la mujer es un método de discriminación que no permite a las
mujeres gozar de sus derechos y libertades en igualdad de condiciones que los
hombres.[48] Al respecto, indicó que los Estados
partes deben realizar las medidas
adecuadas para erradicar los “malos tratos en la familia, la violación, los
ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer (…)”, igualmente
señaló que deben velar porque se “(…) protejan de manera adecuada a todas
las mujeres y respeten su integridad y su dignidad.” Por lo tanto, es un
deber del Estado “proporcionarle a las víctimas protección y apoyo
apropiados” y “[e]s indispensable que se capacite a los funcionarios
judiciales, los agentes del orden público y otros funcionarios públicos para
que apliquen la Convención”.
39. En cuanto a la definición de violencia contra la
mujer[49],
el artículo 1° de la Declaración de la ONU sobre la Eliminación de la
Violencia (1993) señala que se trata de “todo acto de violencia basado en la
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o
sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como
las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la
libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.[50]
El artículo 2º de la misma Declaración tipifica la violencia contra la mujer y
señala que esta puede ser ejercida a través de actos como la
violencia física, sexual y psicológica. Adicionalmente, determina que
estos actos de violencia pueden ser ejercidos en distintos escenarios:
“(a) En la familia, incluidos los malos tratos, el
abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la
violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas
tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por
otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la
explotación;
(b) Dentro de la comunidad en general,
inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en
el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de
mujeres y la prostitución forzada;
(c) Que se perpetúe o tolere por el Estado,
donde quiera que ocurra.”[51]
40. Por otra parte, a nivel regional en el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, la Convenciones Americana sobre
Derechos Humanos (1969) y la “Convención de Belém do Pará” (1995) para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer,[52] proscribe todo
tipo de discriminación contra la mujer.
41. La Convención “Belém do Pará” señala que
toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia,
tanto en el ámbito público como en el privado[53]. Y precisa
que en el marco de los derechos de la mujer, su reconocimiento, goce, ejercicio
y protección implica: “a. el derecho de la mujer a ser libre de toda
forma de discriminación; b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada
libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y
culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación; c. el derecho
a la libertad y a la seguridad personales; (…)e. el derecho a que se respete la
dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; f. el derecho a
igualdad de protección ante la ley y de la ley; g. el derecho a un recurso
sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos
que violen sus derechos (…)”, entre otros.[54]
42. De igual manera, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos ha señalado cuales son los principales estándares normativos establecidos en las principales
decisiones de fondo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.[55] De esta
manera en el informe emitido en el año 2015 sobre los “Estándares Jurídicos
Vinculados a la Igualdad de Género y a los Derechos de las Mujeres en el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos” la CIDH señaló que dichos
estándares pueden resumirse de la siguiente manera[56]:
(i)
El vínculo estrecho entre
los problemas de la discriminación y la violencia contra las mujeres;
(ii)
La obligación inmediata de
los Estados de actuar con la debida diligencia requerida para prevenir,
investigar, y sancionar con celeridad y sin dilación todos los actos de
violencia contra las mujeres, cometidos tanto por actores estatales como no
estatales;
(iii)
La obligación de garantizar
la disponibilidad de mecanismos judiciales efectivos, adecuados, e imparciales
para víctimas de violencia contra las mujeres;
(iv)
La calificación jurídica de
la violencia sexual como tortura cuando es cometida por agentes estatales;
(v)
La obligación de los
Estados de implementar acciones para erradicar la discriminación contra la
mujeres y los patrones estereotipados de comportamiento que promueven su
tratamiento inferior en sus sociedades;
(vi)
La consideración de la
violencia sexual como tortura cuando es perpetrada por funcionarios estatales;
(vii)
El deber de los órganos
legislativos, ejecutivos y judiciales de analizar mediante un escrutinio
estricto todas las leyes, normas, prácticas y políticas públicas que establecen
diferencias de trato basadas en el sexo, o que puedan tener un impacto
discriminatorio en las mujeres en su aplicación;
(viii)
El deber de los Estados de
considerar en sus políticas adoptadas para avanzar la igualdad de género el
particular riesgo a violaciones de derechos humanos que pueden enfrentar las
mujeres por factores combinados con su sexo, como su edad, raza, etnia y
posición económica, entre otros.”
43. Los anteriores mandatos del bloque de
constitucionalidad se integran con las disposiciones de la Constitución de
1991, que en su conjunto han llevado a la expedición de varias normas internas encaminadas
a la protección del derecho a la mujer a una vida libre de violencia y
discriminación. Además de ello, recientes pronunciamientos de esta Corte han señalado y delimitado el
alcance del deber de respeto, garantía y protección de las autoridades en
relación con los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual[57].
44. En nuestro ordenamiento jurídico, la cláusula
constitucional de la igualdad (artículo 13 C.N.), señala que todas las personas
son libres e iguales ante la ley, por ende, susceptibles de recibir protección
y trato equitativo por parte de todas las autoridades y de gozar de los mismos
derechos, libertades y oportunidades sin ningún tipo de distinción o segregación
por motivos de sexo, raza, religión, opinión política o expresión. En
complemento de esta norma, el artículo 43 de la misma Constitución, ha señala
la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres, y establece ecuanimidad
de derechos y oportunidades, y proscribe expresamente cualquier tipo de
discriminación contra la mujer.
45. Ahora bien, específicamente a nivel legal se han
expedido varias normas que buscan eliminar la brecha histórica y cultural de
desigualdad que existe en el país entre hombres y mujeres. Dentro de los
diferentes ámbitos que se han regulados se encuentran los temas económicos[58],
laborales y de protección a la maternidad[59],
el acceso a cargos públicos[60],
igualdad de oportunidades[61],
y la lucha contra la violencia de género[62].
Por el especial interés sobre este último aspecto, a continuación se citan
algunas de las leyes en el tema.
46. La Ley 1257 de 2008[63] fue
expedida por la necesidad de adoptar medidas para garantizar a las mujeres una
vida libre de violencias, tanto en el ámbito público como privado, y facilitar
el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales establecidos para
su protección y atención. Dicha Ley establece las definiciones de violencia
contra la mujer (art. 2°[64]), las de daño
psicológico, físico, sexual y patrimonial (art. 3°[65]),
y enuncia las diferentes medidas de sensibilización y prevención que el Estado
colombiano debe adoptar (art. 9 a 15).
47. Adicionalmente, esta ley señala (art. 4º) que son
criterios de interpretación de dicha ley “los principios contenidos en
la Constitución Política, en los Tratados o Convenios Internacionales de
derechos humanos ratificados por Colombia, en especial la convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la convención
interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer, las demás leyes, la jurisprudencia referente a la materia, servirán de
guía para su interpretación y aplicación.” Y establece los principios que
rigen las actuaciones de las autoridades que conozcan de casos de violencia
contra la mujer. Dentro de estos principios de interpretación, que además han
sido reconocidos por la jurisprudencia de esta Corte[66], se encuentran
(art. 6º) los siguientes:
“1. Igualdad real y efectiva.
Corresponde al Estado diseñar, implementar y evaluar políticas públicas para
lograr el acceso de las mujeres a los servicios y el cumplimiento real de sus
derechos.
2. Derechos humanos. Los derechos de las
mujeres son Derechos Humanos.
3. Corresponsabilidad. La sociedad y la
Familia son responsables de respetar los derechos de las mujeres y de
contribuir a la eliminación de la violencia contra ellas. El Estado es responsable
de prevenir, investigar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres.
4. Integralidad. La atención a las mujeres
víctimas de violencia comprenderá información, prevención, orientación,
protección, sanción, reparación y estabilización.
5. Autonomía. El Estado reconoce y protege
la independencia de las mujeres para tomar sus propias decisiones sin
interferencias indebidas.
6. Coordinación. Todas las entidades que
tengan dentro de sus funciones la atención a las mujeres víctimas de violencia
deberán ejercer acciones coordinadas y articuladas con el fin de brindarles una
atención integral.
7. No Discriminación. Todas las mujeres con
independencia de sus circunstancias personales, sociales o económicas tales
como edad, etnia, orientación sexual, procedencia rural o urbana, religión
entre otras, tendrán garantizados los derechos establecidos en esta ley a
través una previsión de estándares mínimos en todo el territorio
nacional.
8. Atención Diferenciada. El Estado
garantizará la atención a las necesidades y circunstancias específicas de
colectivos de mujeres especialmente vulnerables o en riesgo, de tal manera que
se asegure su acceso efectivo a los derechos consagrados en la presente ley.”
48. En el año 2015 se expidió la Ley 1761 por
la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan
otras disposiciones. En esta ley se establecieron algunas medidas para la
garantía de la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por
motivos de género y discriminación (arts. 6º, 7º y 8º), así como sobre las
medidas para prevenir y erradicarlos, y las estrategias de sensibilización
encaminadas a garantizar a las mujeres una vida libre de violencias con base en
los principios de igualdad y no discriminación (arts. 9º, 10º, 11° y 12°).
49. Así por ejemplo, dentro de estas medidas se señala
(art. 9°) el deber del Estado de prestar asistencia técnica legal a las
mujeres: “[e]l Estado, a través de la Defensoría del Pueblo garantizará la
orientación, asesoría y representación jurídica a mujeres víctimas de las
violencias de género y en especial de la violencia feminicida de manera
gratuita, inmediata, especializada y prioritaria desde la perspectiva de género
y de los Derechos Humanos de las mujeres, a fin de garantizar su acceso a la
administración de justicia, a un recurso judicial efectivo y al otorgamiento de
las medidas de protección y atención consagradas en la Ley 1257 de 2008 y en
otras instancias administrativas y jurisdiccionales.”
50. Adicionalmente, es importante destacar que la ley
ordena (art. 11°) que los servidores públicos de la Rama Ejecutiva y Judicial,
en cualquiera de los órdenes, que tengan funciones o competencias en la
prevención, investigación, judicialización, sanción y reparación de todas las
formas de violencia contra las mujeres, deberán recibir formación en género,
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
51. En atención al anterior bloque normativo, la
jurisprudencia constitucional ha delineado algunos parámetros en relación
con la especial protección a las mujeres, las niñas, adolescentes y adultas
mayores víctimas y sobrevivientes de actos de violencia sexual. A continuación,
se relacionan algunos de estos parámetros, con miras a establecer los elementos
de normativos pertinentes para el análisis del presente proceso.
a.     Parámetros normativos específicos en
relación con el deber de garantía y protección del derecho a la salud de las mujeres
víctimas de actos de violencia sexual.
52. Sobre el derecho a la salud de las mujeres en
relación con actos de violencia, es necesario citar la Observación General N°
24  (referida a la Mujer y la Salud) del Comité CEDAW, que desarrolla el
artículo 12 de la Convención sobre el deber de eliminar la discriminación
contra la mujer en el acceso a la salud.”[67] En las
recomendaciones allí expuestas se señala que los Estados deben ejecutar estrategias para fomentar la
salud de la mujer, dentro de las que se incluyen las de “prevención y el
tratamiento de enfermedades y afecciones que atañen a la mujer, al igual que
respuestas a la violencia contra la mujer (…).”[68]
Adicionalmente, como recomendación particular se señala que los Estados deben “[v]elar
por que los programas de estudios para la formación de los trabajadores
sanitarios incluyan cursos amplios, obligatorios y que tengan en cuenta los
intereses de la mujer sobre su salud y sus derechos humanos, en especial la
violencia basada en el género.”[69]
53.
En el mismo sentido, el Comité CEDAW en la Observación General No. 30, sobre
las Mujeres y sus derechos en la prevención de conflictos y en situaciones de
conflicto y postconflictos, determinó que los Estados tienen el deber de
establecer y apoyar servicios destinados a las sobrevivientes de violencia
sexual que incluyan la atención en salud, servicios de apoyo por personal
especialmente capacitado[70],
y un enfoque diferencial[71].
54. Ahora bien, en cuanto a las normas internas en
Colombia referidas al derecho a la salud de las mujeres víctimas de violencia
sexual existen varios pronunciamientos por parte de éste Tribunal Constitucional.
En la Sentencia C-776 de
2010[72]
la Corte estudió una demanda contra el artículo 13 de la Ley 1257 de 2008[73],
que incluía en los servicios que se deben prestar a las mujeres sobrevivientes
de violencia, alimentación y alojamiento a cargo del sistema general de
seguridad social en salud. La Corte estableció que el concepto integral del
derecho a la salud, a la luz del principio de progresividad, permitía ampliar
la prestación de servicio de salud, a la habitación y alimentación, siempre que
tengan una relación al menos indirecta, con la salud[74].
55. Recientemente, en la sentencia C-754 de 2015
se estudió una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 23 de la
ley 1719 de 2014 que establecía los parámetros de la atención integral y
gratuita en salud para las mujeres víctimas de violencia sexual, en especial la
violencia sexual con ocasión del conflicto armado. En el caso, la Corte consideró
que la norma perpetuaba los estereotipos de género al determinar la facultad/potestad
de que las entidades de salud aplicaran un procedimiento para estandarizar la
calidad del acceso a los servicios de atención en los casos de violencia sexual.
Al respecto, explicó que la norma era inconstitucional porque la atención de
los servidores de salud se supeditaba a reglas de desconfianza, inversión del
principio de buena fe, manejo inadecuado de la confidencialidad médica y
constante re-victimización. Igualmente, advirtió que es una obligación del
Estado colombiano eliminar los estereotipos de género con base en la cláusula
de igualdad (art. 13 C.N.). Finalmente, indicó que era necesario modular los
efectos de la decisión para emitir una decisión “integradora sustitutiva”
que reemplazara el vocablo “facultad” por “obligación” de manera
que se garantizara el derecho a la igualdad de las víctimas de violencia sexual
en la atención en salud.
56. Por otra parte, la Corte ha reiterado
insistentemente que una de las principales circunstancias de agravamiento de la
violencia sexual ha sido su conexidad con el conflicto armado[75]. Así por
ejemplo, en el Auto 092 de 2008, se determinó que las mujeres sufrían un
impacto desproporcionado como consecuencia del conflicto armado, a partir del
reconocimiento de que las mujeres estaban sujetas a un riesgo diferenciado de
violencia sexual o esclavitud sexual. Además, reconoció que este riesgo era aun
mayor para las mujeres indígenas y afro descendientes. En dicha providencia, la
Corte ordenó la creación de un programa especial para la prevención de la
violencia sexual contra la mujer desplazada y de atención integral a sus
víctimas. En esa oportunidad, se acogieron lo estándares mínimos
internacionales para las víctimas de violencia sexual como criterios para
determinar las obligaciones constitucionales que se debían desarrollar en el
plan de atención a sobrevivientes de violencia sexual, dentro de los que se
destaca:
“(…) Según ha explicado la Organización
Panamericana de la Salud, los servicios requeridos por las víctimas de
violencia sexual son los siguientes: “Brindar una atención integral e
interdisciplinaria: esto incluye la atención médica, psicológica y de apoyo a
través de los grupos de apoyo autoayuda. Además, los proveedores deben conocer
los otros servicios y recursos disponibles en su comunidad para referir a la
sobreviviente a servicios de atención que no se proveen en el centro de salud o
de otros servicios, como son los legales, de apoyo económico y de protección,
entre otros (…).”
57. En esta misma línea, en el Auto 009 de 2015[76],
esta Corporación reiteró el riesgo de violencia sexual para las mujeres
como un impacto desproporcionado del conflicto armado en el marco del
desplazamiento, y a su vez constató que las fallas en la atención a las mujeres
sobrevivientes de violencia sexual persistían[77].
La Corte determinó que estas fallas comprendían, principalmente, la deficiencia
en los sistemas de atención, la falta de garantía de los servicios de salud
integral que abarcaba desde la disfuncionalidad de los sistemas de atención,
hasta los malos tratos por parte de los funcionarios públicos, y la ausencia de
capacitación de aquellos en enfoque de género.  Sobre los requisitos que
debe cumplir la atención en salud a las mujeres sobrevivientes de violencia
sexual, dijo:
“En particular, la Sala hace énfasis en el
derecho de las víctimas de violencia sexual a restablecer de manera plena su
salud sexual y reproductiva, y en la obligación del Estado de proveer
asistencia médica completa, gratuita y permanente. El Estado debe brindar a las
sobrevivientes de violencia sexual los recursos integrales en salud, tales
como: exámenes médicos completos y tratamientos de calidad, que por un lado,
diagnostiquen de manera completa las afectaciones en la salud de las
sobrevivientes, y por otro, ordenen las medidas y tratamientos necesarios para
superar estas afectaciones. De tal manera que, las instituciones competentes
deben practicar exámenes especializados para determinar detalladamente las
afectaciones a la mujer, especialmente las que lesionan la salud sexual y
reproductiva de las mujeres, y luego garantizar el tratamiento idóneo para su
recuperación.”[78]
58. Por lo tanto, el derecho fundamental a la
salud de las víctimas de violencia sexual, como sujetos de especial protección
constitucional, debe ser respetado, protegido y garantizado por parte del
Estado. Para el cumplimiento de los estándares normativos en relación con dicho
derecho el Estado debe garantizar el acceso a la atención de forma inmediata,
integral, especializada, con enfoque diferencial, de forma gratuita y durante
el tiempo necesario para superar las afectaciones físicas y psicológicas
derivadas de las agresiones. La atención en salud debe incluir la
correspondiente valoración médica, los tratamientos, procedimientos quirúrgicos
o medicación que garanticen sus derechos sexuales y reproductivos.
Adicionalmente, se debe garantizar la atención psicosocial en condiciones de
dignidad y respeto.[79]
b.     Parámetros normativos específicos en relación con el deber de protección y garantía de
la equidad laboral para las mujeres.
59. Otra de las graves consecuencias de la violencia
contra la mujer se refleja en el menoscabo o la anulación de su derecho a
acceder a condiciones justas y favorables en materia de empleo[80]. Debido a
esta situación, y con base en el marco general de protección a los derechos de
la mujer[81],
diferentes normas de rango constitucional, legal y reglamentario han señalado,
reiterado y desarrollado la obligación del Estado de prevenir, sancionar y
erradicar todas las prácticas que promuevan o reflejen un trato desigual e
injustificado entre hombres y mujeres en materia laboral.
60. Así por ejemplo, en el plano del derecho
internacional de los derechos humanos, estas obligaciones se encuentran en
diferentes instrumentos.[82]
Por ejemplo, el artículo 23 de la Declaración Universal de los derechos humanos
de las Naciones Unidas, señala que “toda persona, sin distinción de sexo,
tiene derecho a trabajar y a recibir, como contraprestación, a igual salario
por trabajo igual”[83].
En el mismo sentido, el artículo 7º del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales –DESC–, establece que “toda persona tiene
derecho “al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias”. La
CEDAW que ya ha sido referenciada en esta sentencia, en su Observación General
N° 13 señaló que las mujeres deben recibir igual remuneración por trabajo de
igual valor, e instó a los Estados para que ratificaran el Convenio N° 100 de
la OIT con el fin de eliminar la discriminación contra la mujer.
61. Por otro lado, el Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos,
sociales y culturales, señala (art. 3º) que es un deber de los Estados parte proteger
los DESC a toda la población “sin discriminación alguna por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición social”. Particularmente, dicho instrumento ordena (art. 6º) a los
Estados “adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al derecho al
trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo, a la orientación
vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional
(...)”.
62. En el ámbito del derecho laboral internacional, la
Organización Internacional del Trabajo -OIT- ha señalado varias directrices
para que los Estados miembros tomen acciones para promover la igualdad,
erradicar la discriminación y luchar contra las brechas salariales entre
hombres y mujeres. En el Convenio 100 de 1951, la OIT señaló que los Estados
debían (art. 3º) “promover la evaluación objetiva del empleo” y (art.2º)
“promover y (…) garantizar la aplicación a todos los trabajadores del
principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano
de obra femenina por un trabajo de igual valor”. Posteriormente, en el
Convenio 111 de 1964, se ordena (art. 2°) a prescribe a los Estados parte a “formular
y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las
condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato
en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier
discriminación a este respecto” y “promulgar leyes y promover programas
educativos que por su índole puedan garantizar la aceptación y cumplimiento de
esa política” (art. 3, literal b).
63. Adicionalmente, en los Convenio 003 de 1919, 103
de 1952, 183 de 2000, y en las Recomendaciones 095 de 1952 y 191 de 2000, la
OIT señaló una serie de derechos que deben ser reconocidos por los Estados
parte en relación con los derechos de las mujeres trabajadoras. Dentro de estos
se encuentran el fuero de maternidad a favor de la trabajadora en estado de
embarazo, unos estándares mínimos sobre licencia de maternidad y lactancia, la asistencia
médica y antes, durante y después del parto.[84]
64. Como se puede apreciar, los diferentes
instrumentos internacionales del derecho del trabajo, ordenan al Estado colombiano
abstenerse de incurrir en prácticas discriminatorias y violentas contra la
mujer en el campo laboral. Por tal motivo, señalan claramente la obligación de
las autoridades pública y de los empleadores particulares para evitar que
incurran en prácticas contrarias a los derechos de la mujer, y por tanto
reiteran la obligación de prevenir, erradicar y sancionar la discriminación y
la violencia contra ella ejercida, buscando garantizar el goce efectivo de su
derecho a acceder a un trabajo en condiciones de igualdad.
65. En el ordenamiento jurídico interno, ya se
mencionó el artículo 13 de nuestra Constitución establece el derecho
fundamental a la igualdad prohibiendo cualquier tipo de discriminación por sexo,
lo que incluye el ámbito laboral. En consonancia con lo anterior, el artículo 25
superior indica que el derecho fundamental al trabajo es un “principio
rector del Estado social de derecho y (...) objetivo primordial de la
organización política”. Este mandato se complementa e integra con los artículos
43 y 53 superiores, según los cuales el Estado garantiza una protección
especial a la mujer para evitar cualquier discriminación en su contra. Por las
anteriores razones, es una obligación constitucional que el Estado garantice el
goce efectivo del derecho al trabajo con un enfoque de género[85].
66. Además de lo anterior, la legislación colombiana
señala que los particulares están obligados a prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra la mujer en virtud del principio de solidaridad (o principio
de corresponsabilidad) y a colaborar, en lo posible, para lograr el goce
efectivo del derecho al trabajo en igualdad de oportunidades.[86]
67. De
manera más específica, para prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo de
discriminación, inequidad y violencia hacia las mujeres en su lugar de trabajo,
en el ordenamiento jurídico colombiano se han expedido una serie de normas que
buscan reconocer la importancia de la participación femenina en el mercado
laboral y por ende, la necesidad de brindar y garantizar su trabajo en
condiciones dignas y justas.[87]
Así por ejemplo, el Código Sustantivo del Trabajo, en sus artículos 10, 143,
238, 239, 240, 241 y 267 regula las directrices del derecho laboral en relación
con las trabajadoras colombianas. En tales artículos, se establece la igualdad
entre trabajadores y trabajadoras, se prohíben las diferenciaciones salariales,
y se regulan los descansos y demás beneficios a los que tiene derecho la mujer con
posterioridad al parto y durante su periodo de lactancia. Adicionalmente, se
prevé la estabilidad reforzada durante el embarazo y la misma protección cuando
se encuentra cerca de su pensión.
68. Con base en la preocupación por lograr una
igualdad real entre hombres y mujeres, mediante la Ley 1009 de 2006 se creó el
Observatorio de Asuntos de Género adscrito a la Presidencia de la República el
cual tiene el objetivo de investigar, documentar, sistematizar, analizar y
generar información sobre la situación de las mujeres y la equidad de género,
tanto a nivel nacional como a nivel territorial. Dicho observatorio también
realiza (art. 2° L. 1009/06) recomendaciones en materia de políticas, planes,
programas, proyectos y normas, que contribuyan a cerrar las brechas de equidad
de género en el país.
69. Otra de las normas importantes a considerar es la Ley
1010 de 2006, en la que se definen las conductas que constituyen “acoso
laboral”, incluido el que se realiza contra las mujeres, y establece los
mecanismos y las sanciones para prevenir, corregir y sancionar las diversas
formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y, en
general, todo ultraje a la dignidad de los y las trabajadoras. En este sentido,
dicha ley en su artículo 2° (Modificado por el art. 74 de la Ley 1622 de 2013)
señala que es un acto de acoso la discriminación laboral, entendida como “todo
trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o
nacional, credo religioso, preferencia política o situación social o que
carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral”. Igualmente,
se regulan las conductas, los procedimientos, las garantías y las sanciones
derivadas del acoso laboral.
70. Ahora bien, en la Ley 1257 de 2008 se dictaron ciertas
normas de sensibilización, prevención y sanción para combatir la violencia y discriminación
contra las mujeres, algunas de las cuales están relacionadas con el ámbito de
protección en el trabajo. Como ha señalado la jurisprudencia de este Tribunal[88],
uno de los objetivos de esta ley ha sido “ofrecer un trato igual a las
personas que, estando subordinados a otra, pueden ver sus derechos
fundamentales afectados a partir del grado de autoridad de la segunda”. En
dicha ley se ordenó (núm. 1°, art. 9°, L. 1257/08) al Gobierno Nacional
formular, aplicar y actualizar “estrategias, planes y programas nacionales
integrales para la prevención y la erradicación de todas las formas de
violencia contra la mujer”.
71. Estos últimos aspectos fueron reglamentado
mediante el Decreto 4463 de 2011, en el que se señaló que el Ministerio del
Trabajo, tenía el deber (art. 12°, L. 1257/08) de promover el reconocimiento
social y económico del trabajo de las mujeres e implementar mecanismos para
hacer efectivo el derecho a la igualdad salarial, desarrollar campañas para
erradicar todo acto de discriminación y violencia contra las mujeres en el
ámbito laboral y promover el ingreso de las mujeres a espacios productivos no
tradicionales para ellas. Adicionalmente, dicho decreto tiene las siguientes finalidades
(arts. 1° y 2° Dcto. 4463 de 2011): (i) definir las acciones necesarias
para promover el reconocimiento social y económico del trabajo femenino; (ii)
implementar mecanismos para hacer efectivo el derecho a la igualdad en materia
salarial; y (iii) desarrollar campañas contra todo acto de
discriminación y violencia contra la mujer en el ámbito laboral en la esfera
pública y privada.
72. Adicionalmente, se ordenó (arts. 3° Dcto. 4463 de
2011) al Ministro del Trabajo presentar, durante los próximos seis meses a la
expedición del decreto, el Programa de Equidad Laboral con Enfoque Diferencial
y de Género, con el fin de lograr, entre otros, los siguientes objetivos:
“a) Difundir y sensibilizar a
empleadores, trabajadores, personal de las áreas del talento humano de las
entidades públicas y empresas del sector privado del nivel nacional y
territorial en el conocimiento de las leyes, los convenios, tratados, acuerdos,
normas y estándares nacionales e internacionales que protegen a la mujer en
materia laboral;
(…)
e) Formar y capacitar a empleadores,
personal de las áreas de Talento Humano, sindicatos, gremios y trabajadores,
así como a funcionarios del Ministerio del Trabajo a nivel nacional y
territorial para que el enfoque diferencial y de género, sea incluido en las
políticas empresariales, el reconocimiento social y económico del trabajo de
las mujeres y el desarrollo de la responsabilidad social empresarial;
(…)
l) Incluir dentro de la categoría de
riesgo profesional el daño generado por hechos de acoso sexual y otras formas
de violencia en contra de las mujeres en el ámbito laboral (...)”.
73. El mismo Decreto, dispuso que el Ministerio tenía
la obligación de: (i) implementar el sello de compromiso social con las
mujeres para destacar el compromiso de ciertos empleadores con los derechos de
las mujeres (núm. 3° art. 3°, Dcto. 4463/11); (ii) crear una cultura de
igualdad de condiciones de trabajo, vinculación y remuneración salarial con
enfoque diferencial y de género para la mujer (núm. 4° art. 3°, Dcto. 4463/11);
(iii) adoptar indicadores de cumplimiento y adelantar investigaciones y
estudios sobre las condiciones laborales de las mujeres (núm. 5° art. 3°, Dcto.
4463/11); (iv) promover el dialogo y participación de las trabajadoras,
empleadores y representantes del Gobierno en los espacios existentes y en
aquellos que se creen (núm. 6° art. 3°, Dcto. 4463/11); (v) generar
acciones de inspección, vigilancia y control en cuanto a la vulneración de los
derechos laborales de las trabajadoras (4°, Dcto. 4463/11).
74. Lo anterior, es una muestra de la preocupación del
legislador colombiano por mejorar las condiciones de la mujer en varios
aspectos de la vida cotidiana, especialmente en relación con sus derechos
laborales. No obstante, esta Corte ha señalado que las situaciones de
discriminación contra la mujer persisten en el tiempo y en las actuaciones de
actores tanto públicos como privados[89],
lo que hace necesario desarrollar, delimitar y aclarar cuando sea necesario, el
alcance de los derechos contenidos en las normas constitucionales y en los
instrumentos internacionales, leyes y decretos antes relacionados. De esta
manera, es posible establecer el ámbito constitucional de actuación que permita
cumplir con los objetivos de igualdad real y material propios del Estado social
de derecho, y de la cláusula de igualdad, que ordenan la realización de
acciones afirmativas, para la erradicación de la discriminación.[90]
75. De esta manera, la Corte ha señalado que “el
empleo es uno de los espacios que ofrece más posibilidades para la
discriminación por razones de sexo”[91],
lo que hace que dentro de este ámbito de la vida social sea necesario luchar
contra todas las formas de discriminación con el fin de alcanzar la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres[92].
Desde sus inicios, la jurisprudencia de la Corte[93] ha defendido
una perspectiva de igualdad sustancial, con base en la prohibición de
discriminación por razones de sexo contenida en el artículo 13 superior, que permita
de manera real y efectiva terminar con la histórica situación de inferioridad
padecida por la población femenina. Con base en este fin constitucional, la
Corte ha señalado que es posible “(…)  dentro de un principio de protección,
la toma de medidas positivas, dirigidas a corregir las desigualdades de facto, para
compensar la relegación sufrida y a promover la igualdad real y efectiva de la
mujer en los órdenes económico y social.”[94]
c.      Parámetros normativos específicos en
relación con los deberes de respeto, protección, garantía y debida diligencia
en las actuaciones judiciales respecto de las denuncias por actos de violencia
sexual en contra de la mujer. Reiteración de jurisprudencia.
76. En relación con el tratamiento de las
investigaciones judiciales por actos de violencia sexual, esta Corte ha
señalado[95]
el papel axial que juega el cumplimiento de la obligación de “diligencia debida”,
consagrada en CEDAW y en la Convención de “Belem do Pará”. Dicho deber
se basa en “el compromiso internacional de adoptar todas las medidas
necesarias -administrativas, legislativas, judiciales, financieras y fiscales-
para la adopción, implementación y seguimiento de políticas públicas efectivas
y adecuadas tendientes a eliminar toda manifestación de violencia y
discriminación en razón del género”.
77. En este sentido, el Comité de la
CEDAW, en su observación N° 33 (acceso de las mujeres a la justicia) indicó que
existen diversas barreras para el acceso de la justicia de las mujeres víctimas
de actos de violencia, tales como: “la falta de disponibilidad en las
regiones rurales y remotas, el tiempo y el dinero que se necesita para acceder
a ellos, la complejidad de los procedimientos, las barreras físicas para las
mujeres con discapacidad, la falta de acceso a asesoramiento legal con visión
de género, incluida la asistencia jurídica (…)[96].”
Así mismo, señaló que para contrarrestar estas barreras existen 6 componentes
esenciales:
“Hay seis componentes
esenciales y relacionados entre sí ―justiciabilidad, disponibilidad,
accesibilidad, buena calidad, rendición de cuenta de los sistemas de justicia y
suministro de recursos a las víctimas― que son necesarios para asegurar
el acceso a la justicia. (…):
a) La justiciabilidad
requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia así como la capacidad
y el poder para reclamar sus derechos en virtud de la Convención como derechos
jurídicos;
b) La disponibilidad exige
el establecimiento de tribunales y otros órganos cuasi judiciales o de otro
tipo en todo el Estado parte, tanto en zonas urbanas como rurales y remotas, y
su mantenimiento y financiación;
c) La accesibilidad
requiere que los sistemas de justicia, tanto oficiales como cuasi judiciales,
sean seguros, se puedan costear y resulten físicamente accesibles a las
mujeres, y sean adaptados y apropiados a las necesidades de las mujeres,
incluidas las que hacen frente a formas interseccionales o compuestas de
discriminación;
d) La buena calidad de los
sistemas de justicia requiere que todos los componentes del sistema se ajusten
a las normas internacionales de competencia, eficiencia, independencia e
imparcialidad y provean, de manera oportuna, recursos apropiados y efectivos
que se ejecuten y den lugar a una resolución sostenible de la controversia que
tengan en cuenta las cuestiones de género para todas las mujeres. Requiere
también que los sistemas de justicia se enmarquen en un contexto, sean dinámicos,
de participación, abiertos a las medidas innovadoras prácticas, sensibles a las
cuestiones de género y tengan en cuenta las crecientes demandas de justicia que
plantean las mujeres;
e) La aplicación de
recursos requiere que los sistemas de justicia ofrezcan a las mujeres una
protección viable y una reparación significativa de cualquier daño que puedan
haber sufrido (…); y
f) La rendición de cuentas
de los sistemas de justicia se garantiza mediante la vigilancia de su
funcionamiento para garantizar que funcionen conforme a los principios de
justiciabilidad, disponibilidad, accesibilidad, buena calidad, y aplicación de
recursos. La rendición de cuentas de los sistemas de justicia se refiere
también a la vigilancia de las acciones de los profesionales que actúan en
ellos y su responsabilidad jurídica en caso de que violen la ley.”
78. Ahora bien, además de señalar el marco normativo
internacional, la jurisprudencia de esta Corte ha explicado[97] que el
Estado también tiene obligaciones ineludibles en torno a la investigación y
juzgamiento de cualquier tipo de discriminación o violencia ejercida contra las
mujeres por razones de sexo. En este sentido, esta Corte ha señalado[98]
que el Estado no solamente debe (i) garantizar una vida libre de
violencia y discriminación a las mujeres, y (ii) prevenir y proteger a
las mujeres y las niñas de cualquier tipo de discriminación o violencia
ejercida en su contra, sino que además debe (iii) investigar, sancionar
y reparar los actos de violencia y la discriminación estructural que contra ella
se ha ejercido. En relación
con esta última obligación, igualmente ha precisado que, en principio, se
encuentra en cabeza de la Rama Judicial del Poder Público, razón por la que son
los servidores judiciales quienes deben velar por su cumplimiento.
79. Así por ejemplo, recientemente la Corte ha emitido varios
pronunciamiento[99] en los que en los que ha
advertido la relevancia de la inclusión de la perspectiva de género en el
desarrollo de las investigaciones judiciales en relación con la denuncias por violencia
sexual, violencia física y violencia contra las mujeres relacionadas con el
conflicto armado[100].
80. En la sentencia T-967 de 2014[101],
la Sala Sexta de Revisión señaló que en la actualidad, son claros los
parámetros y estándares que deben seguir fiscales, jueces y cualquier otro funcionario
del sistema judicial cuando se enfrentan a la solución de un caso que involucra
violencia física y sexual contra la mujer. Especialmente, en relación con la
consecución, custodia y valoración de las pruebas, pues estos eventos deben
estar regidos, entre otros, por los principios de igualdad y respeto.
81. Igualmente, señaló cuál era el
papel que ejerce el Estado, a través de los jueces y magistrados, en torno a su
obligación de prevenir y propiciar a las mujeres una vida libre
de violencias. En este sentido explicó que la dinámica en relación con los casos
de mayor “gravedad”, ha llevado a que “por regla general, la
perspectiva de género en la administración de justicia, sólo se aplica en los
procesos judiciales, con sus limitaciones propias, cuando está en riesgo
grave la integridad física y/o la vida de las mujeres; es decir en materia
penal. Pero que pese a ello, esta pauta de acción no resulta suficiente, debido
a la existencia de diversos tipos de violencia, ante las cuales el Estado
debe proporcionar múltiples y coordinadas soluciones.
82. De esta manera, la Corte concluyó
que a pesar de continuar con la protección a las mujeres en materia penal, en
el caso analizado, era necesario avanzar en la protección en los ámbitos del derecho
civil y de familia. Con base en esta premisa, la Sala Sexta también concluyó
que por ejemplo, en aras de una igualdad procesal realmente efectiva, “en ningún caso los derechos del agresor
pueden ser valorados judicialmente por encima de los derechos humanos de la
mujer a su integridad física y mental y a vivir libre de cualquier tipo de
violencia”, y que al
revisar una decisión judicial sobre este tipo de temas, era necesario verificar
si el operador judicial actuaba o no desde formas estereotipadas de ver a la
familia y a la mujer, que conllevaran a normalizar e invisibilizar los actos de
violencia.
83. Al valorar la situación de las mujeres que acuden
a la administración de justicia para presentar denuncias por actos de
violencia, la Sala Sexta también recordó que usualmente estos son valorados
como asuntos privados, producto de visiones que reflejan la desigualdad
histórica y estructural contra las mujeres. Y destacó que la falta de recursos
económicos, la vergüenza, las amenazas, las intimidaciones, las distancias
físicas o geográficas, la falta de orientación, la invisibilización, y los
estereotipos de género presentes en los operadores jurídicos, -entre otras circunstancias-,
son factores que permiten concluir que bajo una perspectiva de género una
víctima de violencia en Colombia no llega en igualdad de armas procesales ante
la administración de justicia.
84. De manera más reciente, en el Auto de seguimiento A-009
de 2015 a la sentencia T-025 de 2004[102], se reiteró el
deber de “debida diligencia” que tienen las autoridades judiciales al
conocer de las denuncias por actos de violencia sexual contra las mujeres, en especial
en el marco del conflicto armado. Al respecto, la Sala Especial de Seguimiento
señaló que la inobservancia del deber de actuar con la “debida diligencia”
para la investigación de la violencia sexual asociada al conflicto armado
perpetúa la vulneración de los derechos de las víctimas, en tanto la inacción o
actuación deficiente en esta materia envía un mensaje de tolerancia de la violencia
contra la mujer y refuerza los patrones de discriminación.
85. Igualmente, la Sala de
Seguimiento recordó que el Estado debe adoptar medidas concretas para erradicar
la discriminación, de manera que se generen impactos reales y efectivos para
disminuir los factores de riesgo de la violencia de género.[103]
De manera que las obligaciones generales de prevención que se establecen en los
instrumentos internacionales se reflejen en cambios en la sociedad y en las
instituciones, a fin de transformar los imaginarios y representaciones sociales,
paradigmas, hábitos y cualquier conducta o actitud que atribuya roles de género
degradantes sobre la condición femenina, que designe concepciones
estereotipadas de la sexualidad y el cuerpo de la mujer y, en general, que
expresen discriminación de género.[104]
86. Al respecto, la Sala Especial de
Seguimiento, recordó que la Convención “Belem do Pará” señala que el
Estado es responsable de adoptar de manera progresiva “por todos los medios
apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir,
sancionar y erradicar dicha violencia (…)”[105].
Sobre la obligación de adopción de los “medios apropiados”, explicó que
esta se materializa a través de las siguientes obligaciones específicas en
materia de prevención de la violencia de género:
“(i) la transformación de
la cultura institucional estatal frente a la violencia y la discriminación
contra la mujer;
(ii) la transformación de la
cultura de la sociedad en general;
(iii) la adopción de
mecanismos administrativos y legislativos que procuren el derecho de las
mujeres a vivir una vida libre de violencia y discriminación; y
(iv) la aplicación de la
garantía de verdad, justicia y reparación a las sobrevivientes de violencia sexual,
en tanto medida preventiva por excelencia y la “primera línea de defensa”
contra este tipo de violencia.”
87. Concluyó también, que la adopción
de estas medidas no debe ser descoordinada sino que debe responder a
estrategias integrales con el objetivo de (i) prevenir los factores de
riesgo, y (ii) fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar
una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer. Finalmente, la Sala reiteró que los
esfuerzos para la eliminación de la violencia y la discriminación contra las
mujeres, desde la administración de justicia siguen siendo insuficientes, pues
resulta necesario continuar en la construcción de marcos interpretativos que
ofrezcan a los operadores jurídicos visiones más amplias y estructurales del
problema, que les permitan ofrecer soluciones judiciales integrales y que
aporten, desde su función, a la reconfiguración de los mencionados patrones
culturales discriminadores.
88. Finalmente, en la Sentencia T-012 de 2016[106]
ésta Sala de Revisión tuvo la oportunidad de explicar que incluso en la administración de justicia, los jueces,
además de reconocer derechos, también pueden confirmar patrones de desigualdad
y discriminación, razón por la que la doctrina internacional y constitucional
ha desarrollado una serie de criterios y medidas basadas en el respeto y la
diferencia de la mujer. Igualmente, reiteró los parámetros sentados en la Sentencia
T-878 de 2014 en la que se concluyó que los jueces vulneran los derechos de las
mujeres cuando sucede alguno de los siguientes eventos:
“(i) omisión de toda actividad investigativa y/o la
realización de investigaciones aparentes[107];
(ii) falta de exhaustividad en el análisis de la
prueba recogida o revictimización en la recolección de pruebas[108];
(iii) utilización de estereotipos de género para tomar
sus decisiones;
(iv) afectación de los derechos de las víctimas.”[109]
89.
Por estas razones, concluyó que es una obligación para los jueces incorporar la
perspectiva de género al solucionar sus casos, y al menos incluir los
siguientes criterios de actuación:
“(i) desplegar toda actividad investigativa en aras de
garantizar los derechos en disputa y la dignidad de las mujeres;
(ii) analizar los hechos, las pruebas y las normas con
base en interpretaciones sistemáticas de la realidad, de manera que en ese
ejercicio hermenéutico se reconozca que las mujeres han sido un grupo
tradicionalmente discriminado y como tal, se justifica un trato diferencial;
(iii) no tomar decisiones con base en estereotipos de
género;
(iv) evitar la revictimización de la mujer a la hora
de cumplir con sus funciones; reconocer las diferencias entre hombres y
mujeres;
(v) flexibilizar la carga probatoria en casos de
violencia o discriminación, privilegiando los indicios sobre las pruebas
directas, cuando estas últimas resulten insuficientes;
(vi) considerar el rol transformador o perpetuador de
las decisiones judiciales;
(vii) efectuar un análisis rígido sobre las
actuaciones de quien presuntamente comete la violencia;
(viii) evaluar las posibilidades y recursos reales de
acceso a trámites judiciales;
(ix) analizar las relaciones de poder que afectan la
dignidad y autonomía de las mujeres.”
90. Por lo tanto, en materia de
administración de justicia se ha concluido que es necesario adoptar medidas que
respondan a estrategias integrales con el objetivo de prevenir los factores de
riesgo, y fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una
respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer. Así mismo se ha resaltado el papel de los
funcionarios judiciales en la transformación de las representaciones
discriminatorias que perpetúan los escenarios de violencia contra la mujer. Y
se ha resaltado el cumplimiento de las obligaciones para la garantía adecuada
del derecho a la administración de justicia, con especial énfasis en el deber
de debida diligencia en la investigación y juzgamiento de los actos de
violencia sexual en contra de la mujer.
Conclusiones
91. Con base en las anteriores consideraciones, es
claro que los estándares internacionales y constitucionales en relación con la
proscripción de la discriminación y la violencia contra las mujeres, los cuales
han sido aplicados de manera reiterada por la jurisprudencia de esta Corte[110],
constituyen pautas de interpretación de obligatorio cumplimiento, no solo para
los funcionarios judiciales, sino también para las entidades públicas del
Ejecutivo, Legislativo y los entes de control del Estado, encargadas de velar
por el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y, en particular, de
las mujeres víctimas de violencia sexual.
92. Esta precisión es fundamental y del más alto
interés para el proceso que se revisa en esta oportunidad pues permite entender
que en el marco de la colaboración armónica entre los poderes públicos, y las
diferentes instituciones del estado, el cumplimiento de las obligaciones del
Estado colombiano en la materialización de las obligaciones de respeto,
garantía y protección de los derechos humanos, en este caso de los derechos
humanos de las mujeres, implica un conjunto de acciones, estrategias, y medidas
que deben ser desarrolladas por las diferentes autoridades que conocen de los
actos de violencia contra las mujeres.
93. Con base en la exposición del marco normativo
general referente a la protección constitucional a las mujeres contra los actos
de violencia es posible afirmar que el Estado colombiano tiene claramente
delimitadas sus obligaciones generales para el respeto, protección y garantía
de dichos derechos.
94. En materia del derecho a la salud, el Estado debe
garantizar el acceso a la atención de forma inmediata, integral, especializada,
con enfoque diferencial, de forma gratuita y durante el tiempo necesario para
superar las afectaciones físicas y psicológicas derivadas de las agresiones. Además,
la prestación del servicio de salud debe garantizar la atención psicosocial en
condiciones de dignidad y respeto, e incluir la correspondiente valoración
médica, los tratamientos, procedimientos quirúrgicos o medicación que
garanticen sus derechos sexuales y reproductivos.
95. En el ámbito laboral y del
trabajo se ha reconocido la igualdad de la mujer y su capacidad para
desarrollar cualquier actividad o profesión. Adicionalmente, se ha advertido
que es contrario a la prohibición de discriminación, e inadmisible, desde el
punto de vista constitucional, establecer cualquier tipo de distinción entre
las tareas específicamente reservadas a hombres o a mujeres con el fin de negar
el acceso o la permanencia a un espacio que supuestamente corresponde al otro.
Y se ha sostenido que ante escenarios de discriminación injustificada procede,
incluso, la adopción de medidas de “discriminación positiva” en favor de
la mujer para contrarrestar las acciones que, de manera injustificada, impidan
la igualdad material mencionada entre ambos sexos. Este tipo de acciones
afirmativas, buscan compensar los efectos negativos de la discriminación con
base en la protección especial de derechos específicos que autorizan y
justifican esa diferenciación.[111] Finalmente, se ha señalado la
necesidad de sensibilizar y concienciar a los diferentes actores económicos,
públicos, privados e incluso domésticos sobre los factores de exclusión que se
generan por la discriminación y la violencia contra la mujer.
96. Finalmente, en materia de
administración de justicia se ha concluido que es necesario adoptar medidas que
respondan a estrategias integrales con el objetivo de prevenir los factores de
riesgo, y fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una
respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer. Para el efecto, es
fundamental el ejercicio de las actuaciones de investigación y juzgamiento con
la “debida diligencia” que ordenan los estándares internacionales, así
como la adopción de medios apropiados para realizar los cambios culturales e
institucionales pertinentes. Así
mismo se ha resaltado el papel de los funcionarios judiciales en la
transformación de las representaciones discriminatorias que perpetúan los
escenarios de violencia contra la mujer.
III.
ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.
1. Síntesis del caso y metodología del análisis.
1. En esta oportunidad, la Sala revisa la acción tutela
formulada por Samay Lili Neuta Dizu contra el Comité de Servicio Social
Obligatorio de la Secretaría de Salud del Cauca y la Gerencia de la E.S.E.
Norte 3 –Punto de Atención Padilla–. La solicitud de amparo se produjo por la
negativa de la primera de las entidades accionadas frente a la solicitud de
exoneración del servicio social obligatorio presentada por la accionante, quien
estaba desarrollando dicha actividad en la segunda entidad accionada. En el
caso, y durante la prestación del servicio, la accionante fue víctima de un
intento de violación, razón por la que desarrolló “estrés
postraumático”, esta situación la llevó a solicitar que se diera por
terminado su servicio social.
2. La Secretaría Departamental de Salud del Cauca consideró
que el problema de la accionante constituía una situación de seguridad que requería
un manejo especial por parte de la Gerencia de la E.S.E. Norte 3. La entidad
sostuvo durante la impugnación, que si bien la accionante
había resultado afectada en su estado emocional, tal hecho no constituía una
causal para que fuera exonerada de prestar su servicio social obligatorio.
Sobre este punto, argumentó que la agresión no constituía un caso fortuito o
fuerza mayor, ya que todos los ciudadanos en cualquier momento pueden estar
inmersos en una situación de violencia que inevitablemente puede afectarlos
sicológicamente. Finalmente, la E.S.E. Norte 3 únicamente
adujo que la tutela era improcedente debido a que el supuesto perjuicio alegado
por la actora ya se había materializado.
3. Para el análisis concreto del proceso, la Sala se
dispone a abordar los problemas jurídicos planteados en la presentación del
caso, sin embargo, de manera preliminar, resulta necesario aclarar si debido a
las evidencias recopiladas en sede de revisión, se configura la existencia de
la posible carencia actual de objeto por daño consumado. Una vez determinadas
las consecuencias de este aspecto preliminar, la Sala procederá a analizar los
diferentes aspectos jurídicos y constitucionalmente relevantes del caso en
examen, a la luz del marco teórico-constitucional que se expuso en el acápite
de fundamentos de la decisión. El procedimiento metodológico propuesto por la
Sala llevará a que en un primer momento se analicen las actuaciones de las
entidades accionadas, para posteriormente examinar la solución que del amparo
ofrecieron los jueces de instancia en el proceso.
2. Cuestión previa: la configuración de la carencia
actual de objeto por daño consumado.
4. Como se explicó en el acápite correspondiente,
cuando un juez constitucional evidencia que en una solicitud de amparo los
efectos vulneradores de los derechos fundamentales han cesado, esto da lugar a
la declaratoria de la carencia de objeto. Esta situación se puede configurar
porque la pretensión fue satisfecha, o porque se ocasionó un daño irreparable
que debía ser evitado por el juez de tutela.
5. En el caso que ahora se revisa, la accionante
informó, en sede de revisión[112],
que con posterioridad a la emisión del fallo de segunda instancia que revocó el
amparo inicialmente concedido, se vio forzada a terminar el tiempo faltante de
su servicio social obligatorio en la Clínica Oriente de la ciudad de Santiago
de Cali. Al confrontar esta situación con la pretensión de la acción de tutela,
la Sala evidencia que esta última, tenía por objeto que la demandante fuera
exonerada de la prestación del servicio social obligatorio. Por lo tanto, sobre
este aspecto, la acción de amparo carecería actualmente de objeto.
6. Ahora bien, respecto a la forma en la que se
configura dicha carencia de objeto, la Sala encuentra que no se trató de una
debida satisfacción de las solicitudes de la peticionaria por parte de la
entidad demandada, debido a que se vio obligada a terminar con el servicio
social del que pretendía ser exonerada producto de la decisión del juez de
segunda instancia que revocó el amparo que inicialmente le había sido
concedido. Por este motivo, y como se explicará con detalle en los acápites
posteriores, lo que se configuró en este caso es la ocurrencia de un daño
consumado, pues la situación de afectación de derechos que se pretendía evitar
finalmente se materializó.
7. Esta situación llevaría, en principio, a que un
pronunciamiento de la Corte Constitucional fuera inocuo pues no existiría  una
pretensión que amparar. Sin embargo, como se expuso en la presentación del
proceso que se revisa, la Sala encuentra que la solicitud de tutela formulada
por la accionante presenta varios aspectos constitucionalmente relevantes que deben
ser analizados por este Tribunal. Adicionalmente, al analizar las implicaciones
de la configuración de la carencia actual de objeto, se determinó que con
independencia de la existencia o no de dicho fenómeno, es deber de la Corte Constitucional
emitir un pronunciamiento de fondo que permita corregir los posibles yerros en
relación con los problemas constitucionales que debieron abordar los jueces de
instancia en el proceso.
8. Por las anteriores razones, la Corte concluye que
en este caso debe emitir un pronunciamiento con miras a señalar el alcance
respecto a la vulneración de los derechos conculcados, pues con ello puede precaver
y advertir a la parte accionada y a los responsables sobre el incumplimiento de
sus obligaciones constitucionales en eventos similares. Por lo tanto, esta Sala
de Revisión estudiará la acción de tutela de la referencia, de manera que procederá
a analizar de fondo la posible vulneración de los derechos de la que fue sujeto
la accionante.
3. Análisis de la vulneración de los derechos fundamentales
de la accionante.
9. La Sala encuentra que la determinación de la
Secretaría Departamental de Salud del Cauca –Comité de Servicio Social
Obligatorio– de negar la solicitud de la exoneración del servicio social, y
considerar que se trataba de una situación de seguridad, puede llegar a ser
valorada, a priori, como una medida ajustada a la normatividad que
regula la prestación de dicho servicio, y sus causales eximentes. Como se
señaló en los fundamentos de esta sentencia el servicio social obligatorio es
un requisito establecido por el legislador a ciertos profesionales (L. 1164 de
2007), fundamentado en los importantes fines sociales y la relevancia
constitucional que guarda la profesión médica en relación con los derechos
fundamentales a la salud y la vida.
10. No obstante lo anterior, también se explicó que si
bien se trata de un requisito previsto por los órganos competentes para el
ejercicio de la medicina y que, en principio, se ajusta a la Constitución,
existen circunstancias especiales en las que la aplicación estricta de las
normas legales y reglamentarias sobre el servicio social obligatorio pueden
derivar en una restricción de derechos fundamentales de sujetos de especial
protección constitucional.[113]
Adicionalmente, también se ha precisado que le corresponde al juez de tutela determinar
si en el marco de cada caso concreto la aplicación de las normas del servicio
social puede acarrear un desconocimiento de los derechos fundamentales de una
persona.[114]
11. En el caso que ahora se analiza, la Sala considera
que las autoridades accionadas que conocieron de la solicitud de exoneración
del servicio social obligatorio vulneraron los derechos fundamentales de la demandante,
sin embargo, el análisis de dicha vulneración no fue debidamente abordado,
tanto por las autoridades administrativas que conocieron  inicialmente del
caso, como por el juez de tutela de segunda instancia, quien revocó el amparo inicialmente
concedida a la demandante. Las manifestaciones de la referida vulneración de
derechos son objeto de los apartados que se expondrán a continuación.
De la indebida valoración de la causal de
exoneración del servicio social obligatorio por caso fortuito o fuerza mayor
debidamente documentada y justificada.
12. Al examinar los elementos del caso que ocupa a la
Sala, se encontró que la accionante venía desempeñando normalmente sus
actividades laborales de servicio social, hasta que fue víctima de un intento
de violación[115].
Luego de dicho evento, la actora intentó continuar sus obligaciones labores, y fue
incapacitada por un lapso de 15 días, prorrogados por otro término igual.[116]
Pese a sus intentos por continuar sus actividades ordinarias desarrolló una
patología psiquiátrica de “estrés postraumático”[117], que la
llevó a solicitar la exoneración de su servicio social obligatorio.[118]
13. Como causal para la exoneración, la accionante
invocó[119]
la prevista en el literal “e” del parágrafo único del artículo 4º de la
Resolución 1058 de 2010[120]
del Ministerio de la Protección Social –actualmente, Ministerio de Salud y la
Protección Social–. La norma dispone:
“Artículo 4°. Profesionales objeto del
servicio social obligatorio. El Servicio Social Obligatorio se cumplirá por única
vez con posterioridad a la obtención del título profesional en medicina,
odontología, enfermería y bacteriología.
Parágrafo. Serán exentos de la prestación
del Servicio Social Obligatorio los siguientes profesionales:
(…)
e) Los profesionales que, por caso fortuito
o fuerza mayor debidamente justificada y documentada, soliciten la exoneración
o convalidación del servicio social obligatorio y esta les sea autorizada por
la Dirección General de Análisis y Política de Recursos Humanos del Ministerio
de la Protección Social, previo concepto del Comité de Servicio Social
Obligatorio.”
14. La Sala encuentra que la causal contenida en la
norma corresponde a aquel tipo de casos de exención de responsabilidad, a los
que se hizo referencia en los fundamentos de esta decisión[121], fuerza
mayor o caso fortuito. Como se explicó en el apartado correspondiente, la
fuerza mayor y el caso fortuito requieren la concurrencia de tres elementos: la
imprevisibilidad[122],
la irresistibilidad[123],
y su carácter externo con base en el cual el afectado no puede
intervenir en la situación que le imposibilitó cumplir su deber u obligación
jurídica. Además de lo anterior, la Sala observa que la norma en comento fija
un requisito complementario para acreditar la configuración de la causal, al
señalar que la situación de caso fortuito o la fuerza mayor debe estar “debidamente
justificada y documentada”.
15. De esta manera, y con base en los elementos de la
norma, la Corte encuentra que el Comité de Servicio Social debía resolver la
solicitud de la accionante en dos pasos: (i) determinar la configuración
de los requisitos de la fuerza mayor o caso fortuito, y luego, (ii)
verificar si la causal estaba debidamente justificada y documentada.
En primer lugar, frente a estas condiciones, la Sala considera
que la situación de la accionante sí encuadraba dentro de la causal de
exoneración por caso fortuito o fuerza mayor. Al analizar los requisitos
mencionados se observa que el desarrollo de una patología psiquiátrica de “estrés
postraumático” a raíz de un intento de violación sexual es una situación
que evidentemente no podía ser previsible para la accionante; que sus efectos y
consecuencias no podían ser evitados, pues fue una situación forzada y contraria
a su voluntad, razón por la que es irresistible; y que fue externa debido a que
se originó por la actuación de un tercero que generó una afectación a su salud
sicológica que imposibilitó el cumplimiento de las diferentes actividades
ordinarias de su vida personal y laboral.
En segundo lugar, se evidencia que la situación de
fuerza mayor o caso fortuito fue debidamente justificada y documentada en tanto
fue certificada en la historia clínica de la accionante por un médico
psiquiatra[124].
En este sentido, la Sala estima que es justificado que ante el
desarrollo de una patología derivada de un acto perpetrado durante la
prestación del trabajo social obligatorio, la accionante solicitara que no
fuera obligada a continuar su trabajo en el lugar en donde sufrió el acto
sexual abusivo del que fue víctima. Adicionalmente, la situación se encontraba
debidamente documentada en tanto obraba en su historia clínica, la cual
fue certificada por un profesional especialista en salud psiquiátrica.
16. En contraste con la evidencia, la Sala encuentra
que el caso no fue adecuadamente valorado por parte del Comité de Servicio
Social Obligatorio de la Secretaría de Salud del Cauca. Al respecto, en la
respuesta emitida por dicha entidad el 6 de julio de 2015 a la solicitud de
exoneración presentada por la demandante[125],
la entidad cita un concepto sobre la fuerza mayor y sus requisitos generales,
para finalmente indicar que: “[e]n el caso que nos atañe, la médica Samay
Lili Neuta Dizú, presenta solicitud de exoneración de la obligación que tiene
para culminar el año completo del servicio social obligatorio a (sic)
cual le fue asignado por el Ministerio de Salud por las razones expuestas en la
solicitud de la referencia, pero esta situación no corresponde a una razón de
fuerza mayor o caso fortuito.” Seguidamente indica: “Lo que considera
este comité, es que la gerencia de la Empresa Social del Estado Norte 3, a la
cual se encuentra adscrita el punto de atención de Padilla, Cauca, debe
garantizar las medidas necesarias que permitan un adecuado funcionamiento de
todos los servicios y procesos que día a día se llevan a cabo en las
instalaciones del punto de atención de Padilla y que permitan un desempeño
laboral dentro de condiciones aceptables de salud  ocupacional y seguridad para
todos sus funcionarios en cumplimiento del objeto misional.”[126]
17. Como se evidencia, el Comité de Servicio Social
Obligatorio no realizó el análisis de ninguno de los requisitos constitutivos
de la causal de fuerza mayor o caso fortuito y, únicamente, se limitó a
informar que consideraba que la causal no le era aplicable a la solicitante.
Dicha respuesta además de ser lesiva del derecho al debido proceso
administrativo y de petición de la accionante (arts. 29 y 23 C.N. y art. 31 del
CPACA), constituye una verdadera falta al cumplimiento de las debidas funciones
y actuaciones administrativas (art. 209 C.N. y art. 3º del CPACA) de la
entidad.
18. Adicionalmente, tampoco se estableció el
cumplimiento del requisito para determinar si la causal estaba “debidamente
justificada y documentada”, pues no se valoró la situación médica de la
peticionaria –su historia clínica–, ni tampoco se desplegó ninguna actuación
con miras a verificar o a despejar alguna duda respecto a la debida
justificación que exponía la solicitante.
Sobre esta situación, la Sala considera que si el
Comité de Servicio Social Obligatorio tenía alguna duda sobre los fundamentos
de hecho de la solicitud de la accionante, debía realizar los requerimientos
respectivos para determinar si se configuraba la causal invocada. Así por
ejemplo, se podría llegar a considerar que para acreditar, de manera
debidamente justificada y documentada, la causal de fuerza mayor o caso
fortuito, por ejemplo sería necesario contar con un dictamen médico o
sicológico que señalara la imposibilidad para continuar con las labores propias
del servicio social obligatorio. Sin embargo, ninguna actuación fue realizada
por la entidad accionada.
Sobre este último punto, el análisis cuidadoso de la
norma que regula el procedimiento de solicitud de exoneración[127] muestra que
la valoración de los elementos para determinar la configuración de la causal,
deben ser producto de un juicioso y diligente estudio por parte del Comité de
Servicio Social Obligatorio, para que posteriormente la Dirección General de
Análisis y Política de Recursos Humanos del Ministerio de Protección Social
–actualmente Ministerio de Salud y Protección Social– autoricen la exoneración.
19. Pese a dicha previsión normativa, el Comité de
Servicio Social de la Secretaría de Salud del Cauca omitió sus deberes en
relación con la debida y diligente valoración de las solicitudes de exoneración
del servicio, pues como se evidenció en los párrafos precedentes, no realizó la
adecuada evaluación de los aspectos que configuraban la causal solicitada por
la accionante.
20. Ahora bien, además de lo expuesto, la Sala
encuentra que en la respuesta emitida por la entidad accionada existen aspectos
adicionales que configuraron una vulneración de los derechos a la salud, la
igualdad laboral, a una vida libre de violencia y a la dignidad de la mujer de
la accionante. Como se explicará a continuación, la exigibilidad de la
continuación del servicio en las condiciones expresadas y a las que fue
expuesta la demandante resultó abiertamente desproporcionada e irrazonable, de
manera que implicó la violación de sus derechos fundamentales.
De la irrazonable y desproporcionada decisión
adoptada por las entidades accionadas.
21. La Sala encuentra que, además de lo antes expuesto,
la vulneración de los derechos de la accionante tuvo origen y manifestación en
otros de los aspectos de la respuestas y actuaciones de las entidades
accionadas, puesto que el Comité de Servicio Social Obligatorio del Cauca actuó
de manera negligencia, irrazonable y desproporcionada en relación con la
gravedad de la situación personal y de salud de la accionante, a raíz del
evento de intento de violación sexual que sufrió.
22. En primer lugar, la Sala encuentra que es
irrazonable que el Comité de Servicio Social Obligatorio, luego de concluir que
no se configuraba la causal por caso fortuito o fuerza mayor, no contemplara la
posibilidad de trasladar o intercambiar a la accionante del sitio de trabajo,
en donde había sido víctima del intento de violación que desencadenó la
afectación de su salud psicológica. Si en el caso se evidenciaba la posibilidad
de continuar prestando el servicio social por parte de la demandante, lo que
razonablemente se esperaría de la entidad es que ofreciera las condiciones
adecuadas para que dicho servicio fuera prestado, sin que esta situación
implicara una afectación a la integridad física y sicológica de la peticionaria.
23. Sobre esta posibilidad, por ejemplo, el artículo
18[128]
de  la ley 1257 de 2008 ordena que indistintamente del ámbito (familiar,
educativo, laboral, etc.) en el que se ejerza la violencia contra la mujer, ellas
tienen “derecho a la
protección inmediata de sus derechos, mediante medidas especiales y expeditas”, y dentro de estas medidas se prevé “(i)
[r]emitir a la víctima y a sus hijas e hijos a un sitio donde
encuentren la guarda de su vida, dignidad, e integridad y la de su grupo
familiar (…)”.
24 Sin embargo, la entidad se limitó a señalar que “la
gerencia de la Empresa Social del Estado Norte 3, a la cual se encuentra
adscrita el punto de atención de Padilla, Cauca, debe garantizar las medidas
necesarias que permitan un adecuado funcionamiento de todos los servicios y
procesos que día a día se llevan a cabo en las instalaciones del punto de
atención de Padilla y que permitan un desempeño laboral dentro de condiciones
aceptables de salud ocupacional y seguridad para todos los funcionarios en
cumplimiento del objeto misional.” Dicha respuesta es inadmisible en
términos constitucionales, puesto que subordina los derechos de la accionante a
los fines del servicio social, sin valorar la grave y desmesurada afectación
que implicó a los derechos a la salud y a una vida libre de violencia de la
accionante.
25. Adicionalmente, la Sala evidencia que algunos de
los argumentos expuestos por la el Comité de Servicio Social Obligatorio del
Cauca durante el trámite de tutela constituyen una vulneración a la dignidad de
la mujer, al normalizar las situaciones de violencia que viven las mujeres en
nuestro país. Sobre este punto, la entidad señaló en el trámite de impugnación
de la tutela que “(…) si
bien la accionante había resultado afectada en su estado emocional, tal hecho
no constituía una causal para que fuera exonerada de prestar su servicio social
obligatorio”, y explicó
que esto era así porque “la agresión no constituía un caso fortuito o fuerza
mayor, ya que todos los ciudadanos en cualquier momento pueden estar inmersos
en una situación de violencia que inevitablemente puede afectarlos
sicológicamente.”
26. Este tipo de expresiones constituyen verdaderos
actos de violencia simbólica contra la mujer que consolidan los estereotipos de
género y la discriminación de la que ellas han sido víctimas en nuestra
sociedad. Es inadmisible que las autoridades del Estado sostengan este tipo de
afirmaciones pues contrarían los postulados constitucionales de igualdad (art.
13 C.N.) y protección a la mujer, así como los mandatos y obligaciones
internacionales del Estado para el respeto, garantía y protección de la
dignidad de la mujer (CEDAW y Convención “Belem do Para”), que hacen
parte de nuestra Constitución a través del Bloque de Constitucionalidad.
27. En segundo lugar, la respuesta ofrecida es abiertamente
desproporcionada, pues le exigió a la actora permanecer y seguir trabajando en
el mismo lugar en el que fue víctima del episodio de intento de violación que
le generó graves consecuencias a su salud psicológica. Tal medida no se
compadece con los efectos y consecuencias que puede implicar para la integridad
y la salud de la accionante, y por el contrario, resultaba un grave riesgo pues
obligó a la actora a regresar al mismo sitio en el que sufrió un intento de
violación, y en el que podría estar expuesta a encontrar al agresor. Por lo
tanto, la actuación de la entidad generó una re-victimización y grave
afectación a sus derechos a la dignidad y a su salud psicológica, al tener que rememorar
los actos sexuales abusivos que fueron perpetrados en su contra.
28. Por las razones expuestas, la Sala encuentra que la
actuación del Comité de Servicio Social de la Secretaría de Salud del Cauca, nuevamente
fue lesiva de los derechos de Zamay, pues además de no verificar y valorar
adecuadamente la configuración de la causal de fuerza mayor y caso fortuito,
adoptó una decisión abiertamente irrazonable y desproporcionada que terminó por
afectar gravemente sus derechos a la salud, a una vida libre de violencia y a
su dignidad como mujer.
29. Además de lo anteriormente expuesto, la Sala encuentra
con preocupación que en relación con la regulación del servicio social
obligatorio persiste el vacío normativo detectado por la jurisprudencia de este
Tribunal Constitucional[129]
respecto de las situaciones de relevancia constitucional que puedan constituir
excepciones no previstas por el legislador para la exoneración del servicio, cuando
dichas situaciones son ponderadas en relación con los principios
constitucionales y particularmente con los mandatos de especial protección a
grupos vulnerables.
30. Como se señaló en la sentencia T-109 de 2012, en
relación con el servicio social obligatorio “no existe un medio legal y/o
reglamentario para analizar situaciones de especial relevancia constitucional
que puedan oponerse al cumplimiento del dicho servicio”. Lo anterior,
debido a que los mecanismos de exoneración actualmente previstos se fundamentan
en causales objetivas con base en las cuales no es posible privilegiar la
situación de una personas respecto de las demás. La problemática se genera
porque las causales objetivas, que en principio, parecerían respetuosas del
principio de igualdad, y en particular de la igualdad de trato al valorar con
el mismo racero la situación de todos los participantes, en realidad dejan de
lado circunstancias constitucionalmente relevantes que deben ser valoradas para
determinar si es posible exigir la continuación de un servicio social
obligatorio frente a la afectación de los derechos fundamentales de sujetos de
especial protección constitucional y personas en condición de debilidad
manifiesta.
31. Así por ejemplo, en el caso que ahora se revisa,
la Sala encuentra que este vacío en la regulación persiste, y que conlleva a
que no se permita eximir, de forma clara, del servicio social obligatorio a una
mujer que ha sido víctima de un ataque a su integridad física y sexual, situación
que le ocasionó el desarrollo de un cuadro de “estrés postraumático”, y
que por tanto la dejó en una situación de vulnerabilidad.
32. Como se señaló inicialmente, la solución planteada
por las entidades accionadas, en términos de ofrecer medidas de seguridad, prima
facie, podría llegar a ser consideradas apropiada si se confronta con la
regulación del servicio social obligatorio. Sin embargo, con base en las
particularidades del caso concreto y a la luz de los marcos normativos que
protegen los derechos a una vida libre de violencia, a la salud, y a la integridad
física y sicológica de las mujeres víctimas de actos de violencia sexual, la
Sala encuentra que las razones esgrimidas por las entidades accionadas
resultaron inadecuadas para la protección de los derechos de la accionante. Incluso,
desde la perspectiva de género de protección de los derechos de la mujer, las
actuaciones analizadas contrariaron las obligaciones de respeto, garantía y
protección de los derechos de la accionante.
33. Con base en las anteriores consideraciones, y
especialmente en desarrollo de los marcos normativos que señalan las
obligaciones del Estado y las diferentes instituciones que lo componen, la Sala
considera necesario señalarle a la entidad accionada los parámetros que debe
observar como autoridad administrativa, para que en caso de volver a conocer de
situaciones derivadas de actos de violencia sexual contra la mujer, respete los
deberes y obligaciones derivadas de los derechos y la dignidad de las mujeres.
De la misma manera, los lineamientos expuestos permitirán fijar el alcance de
los derechos que en esta oportunidad se verificaron como vulnerados, con el
objeto de amparar la garantía de no repetición de actuaciones lesivas de dichos
derechos.
La debida diligencia y las obligaciones de
las autoridades administrativas que conocen de actos de violencia sexual contra
la mujer. Deber de actuación en una perspectiva de género. Protección en ámbitos administrativos
y laborales.
34. Los mandatos contenidos en la Constitución como en
las diferentes normas internacionales que componen el bloque de
constitucionalidad señalan claramente las obligaciones del Estado, y las
autoridades que lo componen, en relación con la protección de los derecho y la
integridad de la mujer[130],
razón por la que el Estado actúa como garante en el deber de eliminar cualquier
tipo de discriminación o violencia ejercida contra las mujeres.
35. Como se expuso en los fundamentos de esta
decisión, los diferentes instrumentos en relación con los derechos de las
mujeres (especialmente la CEDAW y la Convención “Belem do Pará”)
contienen un conjunto de directrices en materia de derechos específicos de las
mujeres, medios de protección y obligaciones concretas de los Estados, que
pretenden contribuir a la corrección, mediante medidas positivas, de la
situación de discriminación histórica a que han estado sometidas las mujeres en
razón del género, y que las ha situado en una posición de desventaja social,
económica, política y cultural, respecto de la cual una de las manifestaciones
más lesivas se expresa en las distintas formas de violencia en su contra, entre
ellas, los actos de violencia sexual.[131]
36. Dichos estándares internacionales han sido
aplicados de manera reiterada por la jurisprudencia de esta Corte[132]
bajo el entendido que sus disposiciones constituyen pautas de interpretación de
obligatorio cumplimiento tanto para los funcionarios judiciales como para las
entidades públicas del Ejecutivo, Legislativo y los entes de control del
Estado, encargadas de velar por el cumplimiento de los derechos humanos de las
mujeres y, por lo tanto, de aquellas mujeres que han sido víctimas de actos de
violencia sexual.
37. Una de las principales
obligaciones de todas las autoridades del Estados derivada de los mencionados
instrumentos es el cumplimiento de sus actuaciones con base en el deber de “diligencia
debida” –o debida diligencia– frente a los actos de violencia contra la
mujer.[133]
Dicho deber se basa en “el compromiso internacional de adoptar todas las
medidas necesarias -administrativas, legislativas, judiciales, financieras y
fiscales- para la adopción, implementación y seguimiento de políticas públicas
efectivas y adecuadas tendientes a eliminar toda manifestación de violencia y
discriminación en razón del género”.[134] Con base en los mencionados estándares internacionales,
para la Corte es claro que ante una situación de violencia sexual contra una
mujer las autoridades administrativas deben cumplir con debida diligencia
sus obligaciones, muchas de ellas formalmente desarrolladas y reiteradas en
normas nacionales tanto de rango legal, como reglamentario.
38. En primer lugar, es necesario recordar que existen
unas medidas de sensibilización y prevención en relación con la violencia
contra la mujer.[135]
Así por ejemplo, dentro de estas medidas, la Ley 1258 de 2008 le ordena al
Gobierno Nacional[136]:
(i) Formular, aplicar y actualizar estrategias, planes y
programas Nacionales integrales para la prevención y la erradicación de todas
las formas de violencia contra la mujer.
(ii) Ejecutar programas de formación para los servidores
públicos que garanticen la adecuada prevención, protección y atención a las
mujeres
(iii) Implementará en los ámbitos mencionados las
recomendaciones de los organismos internacionales, en materia de Derechos
Humanos de las mujeres.
(iv) Desarrollar planes de prevención, detección y
atención de situaciones de acoso, agresión sexual o cualquiera otra forma de
violencia contra las mujeres.
(v) Implementar medidas para fomentar la sanción
social y la denuncia de las prácticas discriminatorias y la violencia
contra las mujeres.
39. Por otra parte, es responsabilidad[137]
del Gobierno a través de los Ministerios
del Trabajo, y de Salud y la Protección Social, adoptar medidas en el ámbito
laboral tales como desarrollar “campañas para erradicar todo
acto de discriminación y violencia contra las mujeres en el ámbito laboral.”[138]
Igualmente el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales son
responsables[139]
de adoptar y ejecutar las medidas de atención, en relación con la violencia de
género. Adicionalmente, deben priorizar sus actuaciones, razón por la que “tendrán
en cuenta las mujeres en situación especial de riesgo”.
40. Así mismo, las entidades administrativas deben observar
que indistintamente del ámbito (familiar, educativo, laboral, etc.) en el que
se ejerza la violencia contra la mujer, estas tienen “derecho a la protección inmediata de sus
derechos, mediante medidas especiales y expeditas, entre las que se encuentran
las siguientes”[140]:
(i) Remitir a la víctima y a sus hijas e
hijos a un sitio donde encuentren la guarda de su vida, dignidad, e integridad
y la de su grupo familiar. (…)
(ii) Cualquiera otra medida necesaria para
el cumplimiento de los propósitos de prevención y sanción de las formas de
violencia y discriminación contra las mujeres.
41. De manera especial, en el ámbito laboral, es
necesario tener en cuenta que todos los empleadores y/o contratantes del sector
público o privado, tienen ciertas obligaciones[141], los cuales
se aplican a la totalidad de las trabajadoras sin distinción de la forma de
vinculación laboral y/o forma de trabajo. Con base en esas obligaciones
el Ministerio del trabajo creó el Programa de Equidad laboral con Enfoque
Diferencial y de Género para las Mujeres, con el cual, entre otras cosas, se
busca:
(i) Difundir y sensibilizar a empleadores,
trabajadores, personal de las áreas del talento humano de las entidades
públicas y empresas del sector privado del nivel nacional y territorial en el
conocimiento de las leyes, los convenios, tratados, acuerdos, normas y
estándares nacionales e internacionales que protegen a la mujer en materia
laboral; (…)
(ii) Formar y capacitar a empleadores,
personal de las áreas de Talento Humano, sindicatos, gremios y trabajadores,
así como a funcionarios del Ministerio del Trabajo a nivel nacional y
territorial para que el enfoque diferencial y de género, sea incluido en las
políticas empresariales, el reconocimiento social y económico del trabajo de
las mujeres y el desarrollo de la responsabilidad social empresarial; (…)
(iii) Incluir dentro de la categoría de
riesgo profesional el daño generado por hechos de acoso sexual y otras formas
de violencia en contra de las mujeres en el ámbito laboral.
Del remedio judicial y las órdenes a
adoptar.
42. Con base en los anteriores consideraciones, la
Corte encuentra que para erradicar los posibles eventos de discriminación
contra la mujer, y de re-victimización en relación con actos de violencia
sexual, como los que se evidenciaron en el presente proceso, es necesario que
el Ministerio de Salud y Protección Social, realice los trámites y actuaciones
correspondientes encaminados a corregir los yerros detectados, así como para
capacitar a los administrativos, empleadores y trabajadores tanto de las
entidades prestadoras del servicio de salud, en general, como de los Comités de
Servicio Social Obligatorio, en este caso en particular. Lo anterior, con el
objeto de que en lo sucesivo no se repitan actos de vulneración de derechos
como el ahora analizado.
43. Para el efecto, y en cumplimiento de los
estándares normativos referenciados, y la reglamentación en la materia, la
Corte ordenará al Ministerio de Salud y Protección Social que: (i)
dentro del mes (1) siguiente a la notificación de esta sentencia, realice las
actuaciones correspondientes, en el marco de sus competencias reglamentarias, legales
y constitucionales, para modificar o adoptar una regulación que corrija los
vacíos normativos en relación con la prestación del servicio social obligatorio
(Resolución 1058 de 2010 y 2352 de 2014), evidenciados tanto en esta sentencia,
como en la sentencia T-109 de 2012, para que tome en cuenta la situación de
grupos y sujetos vulnerables como criterio de traslado, intercambio de cupos, o
exoneración del servicio social obligatorio.
44. Adicionalmente, el Ministerio de Salud y
Protección Social (ii) deberá realizar, solicitando la colaboración del
Ministerio del Trabajo, los trámites correspondientes para realizar las
capacitaciones necesarias (administrativos, empleadores y trabajadores), en
relación con el respeto, protección y garantía de los derechos de las mujeres,
y las medidas para la sensibilización en relación con la violencia sexual
contra la mujer. Para el efecto, empezará por realizar la primera capacitación
dentro del mes (1) siguiente a la notificación de esta sentencia, en la ESE
Norte 3 de Padilla –Cauca–, y en la Secretaría de Salud del Cauca y su Comité
de Servicio Social Obligatorio, autoridades cuya vulneración de derechos a la
accionante dio origen al presente proceso.
45. Finalmente, y como (iii) medida de
reparación frente a la consumación del daño en relación con la vulneración de
derechos de la que fue víctima la accionante Salay Lili Neuta Dizú, quien se
vio obligada a terminar su servicio social obligatorio por la negativa e
insensibilidad de las autoridades accionadas frente al acto de violencia de la
que fue víctima, se ordenará al Secretario de Salud Departamental del Cauca,
que junto con los miembros del Comité de Servicio Social Obligatorio, en una
ceremonia especial emitan excusas públicas por la situación de afectación de los
derechos como mujer y las situación que tuvo que vivir la demandante Samay Lili
Neuta Dizú, en relación con la inobservancia de las medidas adecuadas para
atender su caso.
46. Ahora bien, una vez delimitada y aclarada la
decisión en relación con la actuación de las autoridades administrativas
accionadas, la Sala procede, con pretensión de corrección, a analizar el fallo
de los jueces de tutela que conocieron del proceso de la referencia. En este
caso, la Corte espera fijar el alcance de la actuación de los jueces de tutela
quienes deben adoptar las medidas necesarias para salvaguardar los derechos de
las mujeres. Esta situación se ve reforzada en escenarios de vulnerabilidad,
como los que se evidenciaron en este caso. Con esta idea como referente,
procede la Sala a revisar los fallos de instancia, pero especialmente el fallo
de segunda instancia que revocó el amparo de los derechos de la accionante.
De la corrección del fallo de segunda
instancia. El deber judicial-constitucional de protección a las mujeres
víctimas de violencia sexual.
47. De la revisión de los fallos de instancia, la Sala
encuentra que en primera instancia el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Popayán concedió el amparo a la accionante por considerar
vulnerados sus derechos a la salud y a la integridad física por parte de las
entidades accionadas. En su decisión, señaló que con base en la jurisprudencia
en la materia se podía considerar que la situación de la actora se enmarcaba
dentro de un caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificada y
documentada, porque estaba probado el diagnóstico de la actora, quien padecía “síndrome
de estrés postraumático”, y que había sido medicada con antidepresivos y
ansiolíticos.
48. No obstante lo anterior, en segunda
instancia el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca revocó parcialmente
la anterior decisión, pues consideró que se trataba de un problema de seguridad
personal que podía ser solucionado por la gerencia de la ESE Norte 3 punto de
atención Padilla, a través de la prestación de las medidas adecuadas para el
traslado de la demandante de su casa de habitación a su lugar de trabajo, y
viceversa. Al señalar los motivos de su decisión sostuvo que si bien la
agresión ocurrida contra la accionante había afectado su estado emocional, tal
hecho no constituía una causal para que fuera exonerada de prestar su servicio
social obligatorio. Adicionalmente, indicó sobre el intento de violación, que a
pesar de tratarse de un hecho externo y ajeno a su voluntad, tal situación no
constituía un caso fortuito o fuerza mayor “ya que todos los ciudadanos en
cualquier momento pueden estar inmersos en una situación de violencia que
inevitablemente puede afectarlos sicológicamente”.
49. En relación con el fallo de primera instancia, la
Sala considera que la decisión adoptada por el Juez es correcta debido a que
realizó un ejercicio de ponderación que incluyó (i) la jurisprudencia en
relación con el servicio social obligatorio, y (ii) el entendimiento
casuístico que ha predicado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
en relación con la causal de fuerza mayor y caso fortuito como eximente de
responsabilidad, que a su vez se acompasó (iii) con los estándares de
respeto, garantía y protección de los derechos de la mujer.
En efecto, como ya señaló la Sala[142], en el sub
examine era razonable sostener que las condiciones fácticas de la
accionante se subsumían dentro de la causal prevista en el literal “e” del
parágrafo del artículo 4º de la Resolución 1058 de 2010. La razonabilidad del
fallo del juez de primera instancia se deriva de su análisis según el cual la
accionante había sido diagnosticada con “síndrome de estrés postraumático”
y que había sido medicada con antidepresivos y ansiolíticos, situación que la
había llevado a ser incapacitada de manera continua, lo que desde un análisis
objetivo la había obligado a apartarse de la prestación del servicio.
50. Adicionalmente, el juez de primera instancia valoró
dentro de su ponderación la existencia de una insuficiencia de los criterios de
exoneración para la prestación del servicio social obligatorio, al señalar que
“la decisión debía observar las especiales circunstancias de salud de la
tutelante”, que además considerara el respeto de los derechos “a la
especial protección constitucional reforzada de la mujer, como sujeto
históricamente desprotegido y marginado”. Por las anteriores razones, la
Sala encuentra que la decisión se encuentra ajustada a los estándares
constitucionales en la materia.
51. Ahora bien, en relación con la decisión del juez
de segunda instancia la Sala encuentra que el Tribunal resolvió el amparo
acogiendo, en gran parte, los argumentos de las entidades accionadas, bajo el
entendido de que la situación planteada por la demandante era un problema de
seguridad que requería un manejo especial por parte de la Gerencia de la E.S.E.
Norte 3. Por tal motivo, consideró que era posible exigirle a la demandante que
continuara prestando sus servicios siempre que la entidad le brindara las
condiciones para trasladarse de su sitio de residencia a su trabajo.
52. En este caso, la Sala encuentra que la decisión
del Tribunal Administrativo del Cauca no es adecuada, en tanto no valoró todos
los elementos de juicio que debían ser incluidos en la ponderación de derechos
que el caso planteaba. En efecto, a pesar de incluir algunos de los aspectos
relevantes de la regulación del servicio social obligatorio como una función
con fines sociales, y de las características de la fuerza mayor y el caso
fortuito como eximentes de responsabilidad en el campo civil, lo cierto es que
el Tribunal de segunda instancia no incluyó dentro de su valoración los
estándares de protección de los derechos de la mujer. Dichos estándares
establecen un conjunto claro y preciso de obligaciones para el Estado y todas
las autoridades que lo componen, relacionadas con las condiciones de salud y
trabajo de las mujeres, las cuales tienen eficacia directa sobre la valoración
de los derechos de la accionante.
53. Como se explicó al analizar la actuación de las
entidades accionadas, era irrazonable y desproporcionado exigir a la accionante
que continuara la prestación de sus servicios cerca del sitio en el que había
sido víctima de un intento de violación. Este tipo de exigencias además de
desconocer la grave afectación a la salud psicológica de la accionante,
constituye una actuación que “normaliza” los actos de violencia contra
la mujer e incentiva el fortalecimiento de los estereotipos de género y
discriminación que han debido soportar históricamente las mujeres. Por lo tanto
este tipo de exigencias contrarían abiertamente la cláusula de igualdad
estatuida en el artículo 13 de la Constitución, que constituye uno de los
mandatos esenciales del Estado social y democrático de derecho.
54. Adicionalmente, la Sala considera que la
valoración realizada por el Tribunal Administrativo de instancia fue
insuficiente, debido a que obvió otras alternativas para la salvaguarda de los
derechos de la accionante. Como también se señaló en el acápite correspondiente,
era necesario explorar la posibilidad de realizar un traslado o intercambio, en
lugar de obligar a la accionante a permanecer en el sitio en el que sufrió el
intento de violación, con lo que se generó un acto de re-victimización que es
contrario a los derechos y garantías a una vida libre de violencia de las
mujeres.
55. Como se puede apreciar, a partir de los elementos
expuestos, el Tribunal de segunda instancia debió “ponderar” si la
accionante estaba en capacidad de continuar con la prestación del servicio
social teniendo en cuenta la grave afectación que se generaría a su estado de
salud, para posteriormente determinar si a la luz de los estándares
constitucionales e internacionales en la materia, era posible considerar que
primaba el deber de prestar dicho servicio. Como ha enseñado este Tribunal, ponderar[143]
significa adoptar una decisión después de analizar todos los factores
relevantes envueltos en una situación de hecho concreta, en lugar de adoptar
esa decisión a partir de una sola razón que, prima facie, dirija al
funcionario (o a la persona) hacia una respuesta determinada. La ponderación,
como método de aplicación de principios constitucionales, permite y obliga al
juez a argumentar con base en todas las razones o factores relevantes.[144]
56. Bajo estas consideraciones para la Sala es claro
que la decisión de segunda instancia no valoró adecuadamente todos los aspectos
relevantes para resolver la controversia propuesta por la accionante, pues
omitió los deberes y obligaciones de respeto, garantía y protección de los
derechos de la mujer en relación con los actos de violencia sexual, los cuales
tienen unas claras directrices en relación con los derechos a la salud y las
condiciones laborales, que ameritaban el amparo completo e integral de sus
derechos fundamentales. Por tales razones la Sala revocará la decisión de
segunda instancia.
57. Ahora bien, además de lo anterior, preocupa a la
Sala el contenido de algunas de las razones del fallo de segunda instancia
proferido por el Tribunal Administrativo del Cauca que, al igual que la
respuesta de las entidades accionadas, expresan contenidos discriminatorios con
los que se normaliza la violencia contra la mujer. Así por ejemplo, dicho Juez
colegiado sostuvo sobre el
intento de violación, que a pesar de tratarse de un hecho externo y ajeno a la
voluntad de la demandante, tal situación no constituía un caso fortuito o
fuerza mayor “ya que todos los ciudadanos en cualquier momento pueden estar
inmersos en una situación de violencia que inevitablemente puede afectarlos
sicológicamente”.
58. Como se señaló en la sentencia T-012 de 2016[145],
incluso en la administración de justicia,
los jueces, además de reconocer derechos, también pueden confirmar patrones de
desigualdad y discriminación. Razón por la que para evitar la reiteración este tipo de situaciones como
las presentadas en el proceso que se analiza, y con el fin de dar cumplimiento
a los estándares y parámetros normativos en materia de administración de
justicia adecuada en relación con la violencia contra la mujer y la perspectiva
de género en la materia[146],
la Corte emitirá las siguientes órdenes.
59. En primer lugar, advertirá al Tribunal
Administrativo del Cauca que se abstenga de trasmitir contenidos que “normalicen”
los actos de violencia contra la mujer. Las afirmaciones sostenidas por dicho
Tribunal son inadmisibles en términos constitucionales pues los actos de
violencia contra la mujer, y en especial, los relacionados con actos sexuales
perpetrados en su contra, deben ser proscritos en cualquiera de sus
manifestaciones. Para el efecto, dicho Tribunal debe tener en cuenta que como
juez constitucional y con base en el principio de protección a la mujer, debe prevenir
y propiciar una vida libre de violencia para las mujeres. Igualmente, debe velar
por la adopción y la toma de medidas positivas, dirigidas a corregir las
desigualdades de facto, para compensar la relegación sufrida y promover la
igualdad real y efectiva de la mujer en todos los órdenes (político económico,
social y cultural). Bajo este entendido no es admisible ni aceptable ningún
tipo de violencia contra las mujeres, ni tampoco es posible esperar a la
ocurrencia de un hecho o un riesgo “grave” contra la integridad física y
mental o la vida de las mujeres para activar los mecanismos de protección de las
que ellas son titulares.
60. En segundo lugar, se instará al Consejo Superior de
la Judicatura para que en el marco de la política de justicia y género, y en
coordinación con la Comisión de Género de la Rama Judicial, desarrolle las obligaciones
internacionales[147]
(especialmente las contenidas en la CEDAW y la Convención “Belem do Pará”)
que permitan a través de los “medios apropiados” adelantar los procesos
de formación, capacitación y fortalecimiento institucional para la
consolidación de marcos interpretativos y de juzgamiento desde la perspectiva
de género que permitan la reconfiguración de los patrones culturales de
discriminación y normalización de la violencia contra la mujer, con especial
énfasis en la violencia sexual contra la mujer.
61. Como consecuencia de lo anterior, se ordenará,
adicionalmente, que dentro de un (1) mes siguiente a la notificación de la
presente sentencia se realice en el Tribunal Administrativo del Cauca una
jornada de sensibilización y capacitación a los funcionarios y empleados judiciales,
sobre los parámetros normativos de defensa de los derechos de las mujeres y
justicia en perspectiva  de género, con especial énfasis en los casos
relacionados con actos de violencia sexual contra la mujer.
Cuestión adicional y complementaria: órdenes
encaminadas a garantizar el deber de la debida diligencia en el trámite e
investigación de la denuncia de violencia sexual instaurada por la accionante.
62. Finalmente, con miras a garantizar el cumplimiento
del deber de la debida diligencia en la investigación de la denuncia por los
actos de violencia sexual que instauró la accionante ante la Policía Nacional
con sede en Padilla –Cauca–, la Sala emitirá ordenes de advertencia para que esa
autoridad con base en sus obligaciones legales y reglamentarias y de manera
efectiva y diligente, realice todas las actuaciones correspondientes
encaminadas a garantizar una efectiva justiciabilidad y administración de
justicia en el caso de la referencia.
63. Para el efecto, se ordenará a la Dirección Departamental de Policía del
Cauca que verifique y vigile las actuaciones surtidas en la Inspección de
Policía del municipio de Padilla –Cauca–, a raíz de la denuncia presentada por
Zamay Lili Neuta Dizú por los actos de violencia sexual de los que fue víctima.
64. Adicionalmente, se ordenará a la Dirección
Seccional de Fiscalías del Cauca que junto con la Unidad Seccional de Fiscalías
que tenga competencia en el municipio de Padilla –Cauca– realice las
actuaciones correspondientes para dar cabal cumplimiento a los deberes[148]
de “debida diligencia” en relación con la investigación por los actos de
violencia sexual de los que fue víctima Samay Lili Neuta Dizu. En caso de no
encontrar registro sobre actuaciones adelantadas en la entidad, deberá realizar
los requerimientos necesarios a la Dirección Departamental de Policía del
Cauca, para que informe sobre el estado de la denuncia presentada por Zamay
Lili Neuta Dizú para adelantar con la “debida diligencia” la
investigación correspondiente.
65. Finalmente, se ordenará a la Defensoría del Pueblo
–Regional del Valle del Cauca– y a la Procuraduría General de la Nación
–Regional del Valle del Cauca–[149]
para que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales[150],
realice un acompañamiento y ofrezca asistencia técnica legal a la demandante,
así como para que vigile el cumplimiento de las órdenes emitidas en esta
sentencia. Para el efecto, se remitirán los datos de la accionante para
coordinar las labores de asistencia y acompañamiento.
IV. DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE
Primero: DECLARAR la carencia actual de objeto por daño consumado, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
Segundo: REVOCAR la sentencia del dieciocho (18) de septiembre de dos
mil quince (2015), proferida por el Tribunal Contenciosos Administrativo el
Cauca, que recovó el fallo de primera instancia proferido el seis (6) de agosto
de dos mil quince (2015) por el Juzgado Cuarto (4°) Administrativo de Popayán
y, en su lugar, CONCEDER INTEGRALMENTE el amparo de los derechos
fundamentales a la salud, a la integridad física, a una vida libre de violencia
y al trabajo de Zamay Lili Neuta Dizu.
Tercero: ORDENAR al Ministerio de Salud y Protección Social que dentro
de un (1) mes siguiente a la notificación de esta sentencia, realice las
actuaciones correspondientes, en el marco de sus competencias legales y
constitucionales, para que con base en las consideraciones de este fallo
modifique o adopte una regulación que corrija los vacíos normativos en relación
con exoneración del servicio social obligatorio evidenciados en la presente
sentencia.
Cuarto: ORDENAR al Ministerio de Salud y Protección Social que adelante
los trámites correspondientes para que con la colaboración del Ministerio del
Trabajo, realice las capacitaciones necesarias encaminadas a sensibilizar a los
administrativos, empleadores y trabajadores del sistema de salud, en relación
con el respeto, protección y garantía de los derechos de las mujeres y en
relación con la violencia sexual contra la mujer. Para el efecto, empezará por
realizar la primera capacitación dentro del mes (1) siguiente a la notificación
de esta sentencia, en la ESE Norte 3 de Padilla –Cauca–, y en la Secretaría de
Salud del Cauca, y en el Comité de Servicio Social Obligatorio, autoridades
cuya vulneración de derechos a la accionante, dio origen al presente proceso.
Quinto: ORDENAR al Secretario de Salud Departamental del Cauca, que
junto con los miembros del Comité de Servicio Social Obligatorio y en las
instalaciones de la E.S.E Norte 3 de Padilla –Cauca–, realicen un acto público
en el que se emitan excusas a la demandante Samay Lili Neuta Dizú, por la
situación de inobservancia de las medidas adecuadas para atender su caso, que
conllevaron a la afectación de sus derechos y a su dignidad como mujer. Para su
celebración (fecha y hora), el acto público deberá ser previamente concertado
con la accionante.
Sexto: INSTAR al Consejo Superior de la Judicatura para que en el
marco de la política de justicia y género, en coordinación con la Comisión de
Género de la Rama Judicial, y en cumplimiento de las obligaciones
internacionales para la eliminación de la violencia y la discriminación contra
la mujer, adopte por los “medios apropiados”, los procesos de formación,
capacitación y fortalecimiento institucional desde la perspectiva de género que
permitan la reconfiguración de los patrones culturales de discriminación y
normalización de la violencia contra la mujer, con especial énfasis en la
violencia sexual contra la mujer. En consecuencia,
Séptimo: ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura que en
coordinación con la Comisión de Género de la Rama Judicial, realice en el
Tribunal Administrativo del Cauca, dentro de un (1) mes siguiente a la
notificación de la presente sentencia, una jornada de sensibilización y
capacitación a los funcionarios y empleados judiciales, sobre los parámetros
normativos de defensa de los derechos de las mujeres y justicia en perspectiva
de género, con especial énfasis en los casos relacionados con actos de
violencia sexual contra la mujer.
Octavo: ORDENAR a la Dirección Departamental de Policía del Cauca que
verifique y vigile las actuaciones surtidas en la Inspección de Policía del
municipio de Padilla –Cauca–, a raíz de la denuncia presentada por Zamay Lili
Neuta Dizú por los actos de violencia sexual de los que fue víctima.
Noveno: ORDENAR a la Dirección Seccional de Fiscalías del Cauca que
junto con la Unidad Seccional de Fiscalías que tenga competencia en el
municipio de Padilla –Cauca– realice las actuaciones correspondientes para dar
cabal cumplimiento a los deberes de “debida diligencia” en relación con
la denuncia por los actos de violencia sexual de los que fue víctima Samay Lili
Neuta Dizu. En caso de no encontrar registro sobre actuaciones adelantadas en
la entidad, deberá realizar los requerimientos necesarios a la Dirección
Departamental de Policía del Cauca, para que informe sobre el estado de la
denuncia presentada por la demandante para adelantar con la “debida
diligencia” la investigación correspondiente.
Décimo: ORDENAR a la Defensoría del Pueblo –Regional del Valle del
Cauca– y a la Procuraduría General de la Nación –Regional del Valle del Cauca–
para que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, realice actuaciones
de acompañamiento y asistencia técnica legal a Zamay Lili Neuta Dizu, así como
para que vigile el cumplimiento de las órdenes emitidas en esta sentencia. Para
el efecto, por Secretaría General de la Corte Constitucional, remítanse los datos
de contacto de la accionante para coordinar las labores de asistencia y
acompañamiento.
Decimoprimero: Por Secretaría General, líbrense las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
[1] En este apartado se relacionan tanto los
hechos descritos por la accionante en la demanda de tutela como algunos
elementos fácticos y jurídicos que obran en el expediente.
[2] Ver entre otras las
sentencias T-495 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-692
A de 2007 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T- 178 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil),
T- 975A de 2008, (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-179- de 2011 (M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo).
[3] Al respecto pueden consultarse las
sentencias T-685 de 2010 (M. P. Humberto Antonio Sierra Porto) y T-478 de 2015
(M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
[4] Decreto 2591 de 1991. Artículo 24. Prevención a la autoridad. Si
al concederse la tutela hubieren cesado los efectos del acto impugnado, o éste
se hubiera consumado en forma que no sea posible restablecer al solicitante en
el goce de su derecho conculcado, en el fallo se prevendrá a la autoridad
pública para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones
que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de modo
contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo
correspondiente de este decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades en
que ya hubiere incurrido. El juez también prevendrá a la autoridad en los demás
casos en que lo considere adecuado para evitar la repetición de la misma acción
u omisión
[5] Cfr. T-478 de 2015 (M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado).
[6] Cfr. Sentencia SU-540 de 2007 (M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto).
[7] Sentencia T- 957 de 2009.
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[8] Cfr.
Sentencia T-478 de 2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
[9] Ver entre otras, las sentencias  T-842 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-520
de 2012 (M.P. María Victoria Calle), y T-478 de
2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
[10] En particular, en este apartado se reiterarán algunos de los
argumentos relacionados con el servicio social obligatorio y que fueron
expuestos en la sentencia T-109 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa) en
su apartado: “[e]l legislador está facultado para establecer requisitos para
el ejercicio de una profesión. En el caso de la medicina, esas condiciones
pueden ser más exigentes, debido a la relación entre su ejercicio, la eficacia
de diversos derechos fundamentales, y su aptitud para cumplir fines sociales de
relevancia constitucional.” No obstante, el apartado incluye una
actualización del marco regulatorio del servicio social obligatorio.
[11] Cfr.
Sentencias C-749 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), C-740 de 2008 (M.P.
Jaime Araújo Rentería), C-109 de 2002 (Jaime Araújo Rentería), T-206 de 2004
(M.P. Manuel José Cepeda). Igualmente ver, entre otras, C-1053 de 2001 (M.P.
Álvaro Tafur Galvis) y C-1265 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
[12] Sobre las exigencias especiales para carreras  con incidencia
social, pueden consultarse las sentencias C-109 de 2002 (M.P. Jaime Araújo
Rentería), relativa a los requisitos para el ejercicio de la medicina, y C-749
de 2009 (Luis Ernesto Vargas Silva), en relación con la profesión de derecho.
[13] Cfr.
Sentencia T-109 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[14] Al respecto pueden consultarse las sentencias T-756 de 2007 (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa) y C-226 de 2004, citadas en la sentencia T-109 de
2012 (M.P. María Victoria Calle Correa), en la que se recordó que: "(…) las fronteras que demarcan el derecho de
ejercicio de una profesión son el respeto por los derechos ajenos y la
protección de los riesgos sociales. Esto explica que la
Constitución autorice formas de regulación de las profesiones y de ciertos
oficios como reconocimiento de la necesaria formación académica y riesgo de
carácter social de estas actividades. Pero el legislador no puede regular de
manera arbitraria las profesiones y oficios. En efecto, tales regulaciones sólo
son legítimas constitucionalmente si se fundamentan de manera razonable en el
control de un riesgo social, y no se traducen en una restricción
desproporcionada o inequitativa del libre ejercicio de las actividades
profesionales o laborales" || C-377 de 1994 (M.P. Jorge Arango
Mejía) "Se ha visto ya como la ilimitada
libertad de escoger profesión, encuentra, con vista a su ejercicio, la
limitación consistente en la exigencia del título de idoneidad” (…) “Ahora
bien, ¿por qué la Constitución ordena la inspección y vigilancia de las
profesiones? Sencillamente por las consecuencias sociales que tal ejercicio
tiene, por regla general (…) De tiempo atrás se ha dicho que la exigencia de
los títulos no está encaminada a librar al profesional de la competencia
desleal de quien no lo es, sino a proteger a unos posibles usuarios del
servicio, de quienes no tienen la formación académica requerida, o a la propia
persona que ejerce sin título en asuntos que sólo a ella atañen” "En
síntesis: la libertad de escoger profesión, entendida ésta como la que requiere
una formación académica, no pugna con la facultad concedida al legislador de
exigir títulos de idoneidad. En cuanto al ejercicio de tales profesiones,
corresponde a las autoridades competentes de la rama ejecutiva su inspección y
vigilancia, de conformidad con la reglamentación que expida el legislador.
Todo, con fundamento en el artículo 26  de la
Constitución, que obedece a la función social implícita en el ejercicio
profesional.".
[15] Cfr.
Sentencia T-109 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[16] Ley 1164 de 2007, Artículo 33. Del servicio social: “Créase el Servicio Social Obligatorio para los egresados de los
programas de educación superior del área de la salud, el cual debe ser prestado
en poblaciones deprimidas urbanas o rurales o de difícil acceso a los servicios
de salud, en entidades relacionadas con la prestación de servicios, la
dirección, la administración y la investigación en las áreas de la salud. El
Estado velará y promoverá que las instituciones prestadoras de servicios (IPS),
Instituciones de Protección Social, Direcciones Territoriales de Salud,
ofrezcan un número de plazas suficientes, acorde con las necesidades de la
población en su respectiva jurisdicción y con el número de egresados de los
programas de educación superior de áreas de la salud.” (…) “Parágrafo 1o. El diseño, dirección, coordinación,
organización y evaluación del Servicio Social creado mediante la presente ley,
corresponde al Ministerio de la
Protección Social. Igualmente, definirá el tipo de metodología que le permita
identificar las zonas de difícil acceso y las poblaciones deprimidas, las
entidades para la prestación del servicio social, las profesiones objeto del
mismo y los eventos de exoneración y convalidación.” En el mismo sentido,
el artículo 3º de la Resolución No. 1058 de 2010 del Ministerio de la
Protección Social define el SSO como “(…) el desempeño de una profesión con
carácter social, mediante el cual los egresados de los programas de educación
superior del área de la salud contribuyen a la solución de los problemas de
salud desde el campo de su competencia profesional, como uno de los requisitos
para obtener la autorización del ejercicio (…)”.
[17] Esta situación ha llevado a la Corte (T-109 de 2012, M.P. María
Victoria Calle Correa) a considerar que durante el servicio social obligatorio
pueden presentarse los elementos constitutivos del contrato de trabajo. Al
respecto, se pueden consultar las sentencias T-021 de 2011 (M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva) y T-105 de 2011 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), en los que la
Corte protegió la estabilidad laboral de mujeres en estado de embarazo que se
encontraban prestando el servicio social obligatorio. En esos casos, la Corte
señaló que, en la medida en que se pudo establecer que se daban los elementos
del contrato de trabajo, era posible acudir al concepto de contrato realidad y,
por lo tanto, amparar la estabilidad laboral de las afectadas.
[18] Ejemplos, de estos grupos son la población carcelaria, las
personas en situación de desplazamiento, los indígenas, los niños, niñas y
adolescentes en abandono, y los adultos mayores o de la tercera edad.
[19] Resolución No. 1058 de 2010 del Ministerio de la Protección Social,
artículos 6 y 7, en los que se establece la posibilidad de que se celebren
convenios entre las instituciones de educación superior e instituciones,
públicas o privadas, prestadoras de servicios de salud, para proveer plazas de
servicio social obligatorio, en programas dirigidos a poblaciones deprimidas
urbanas y rurales o con difícil acceso a los servicios de salud.
[20] Cfr. Artículo 13 de la Resolución No. 1058 de 2010 y
artículo 5º de la Resolución 2358 de 2014.
[21] Resolución No. 1058 de 2010 del Ministerio de la
Protección Social. “Artículo 13. Selección de profesionales. La selección
de los profesionales para proveer las plazas del Servicio Social Obligatorio,
se orientará por los principios de transparencia e igualdad de condiciones para
todos los aspirantes. A partir del 30 de julio de 2010 las plazas se asignarán
mediante sorteo, previa convocatoria pública (…) según los criterios que defina
la Dirección General de Análisis y Política de Recursos Humanos con base en
recomendación del Comité de Servicio Social Obligatorio”.
[22] Resolución No. 2358 de 2014 del
Ministerio de Salud y Protección Social.
[23] Resolución No. 1058 de 2010 del Ministerio de la
Protección Social. Artículo 4º, Parágrafo. “Serán exentos de la prestación
del Servicio Social Obligatorio (…) a) Quienes hayan cumplido el [SSO] en otra
profesión del área de la salud en Colombia; b) Aquellos nacionales o
extranjeros que hayan cumplido el servicio (…) en el exterior; c) Los
profesionales que hayan cumplido el servicio social obligatorio; d) Los
nacionales o extranjeros que hayan obtenido título de posgrado en el exterior
en áreas de especial interés para el país (…) previo concepto del Comité de
Servicio Social Obligatorio”.
[24] Resolución No. 1058 de 2010 del Ministerio de la
Protección Social. Artículo 4. Literal e) “Los profesionales que, por caso
fortuito o fuerza mayor debidamente justificada y documentada soliciten la
exoneración o convalidación del servicio social obligatorio y ésta les sea
autorizada por la Dirección General de Análisis y Política de Recursos Humanos
del Ministerio de la Protección Social, previo concepto del Comité de Servicio
Social Obligatorio.”
[25] En este caso, que constituye un
precedente importante para el presente proceso de revisión, se analizó una
tutela en la que una mujer, madre de una menor de 8 años que padecía del
síndrome de “Tay Sachs”, con “cuadriparesia espástica, microcefalia y
daño neurológico severo”. En el asunto, el Ministerio de Protección Social
y el IDSN, le habían negado una solicitud a la accionante para ser exonerada de
la prestación del SSO, o de ser ubicada en una plaza en la ciudad donde podía
ser atendida su hija. En el caso, la Sala Primera de
Revisión de tutelas encontró que la regulación del SSO no permitía eximir del
mismo a la demandante, quien era una mujer cabeza de familia que se encontraba
a cargo de una menor de edad que dependía de ella en forma absoluta por padecer
serias dificultades en funciones orgánicas básicas para llevar una existencia
digna. Frente a esta situación la Corte concluyó que la
situación fáctica evidenciaba la necesidad de mantener unido el núcleo
familiar, y asegurar que la hija de la accionante mantuviera los servicios de
salud que venía recibiendo. Lo anterior, debido a que los principios
constitucionales del caso concreto, como el interés superior del menor, el
apoyo especial a la mujer cabeza de familia, y la situación médica de la menor
–especialmente delicada– permitían entender que, si bien el SSO es un
requisito previsto por los órganos competentes para el ejercicio de la medicina
que, en principio, se ajusta a la Constitución Política, en el caso concreto y
debido a las especiales circunstancias de la peticionaria y su hija, la
aplicación estricta de las normas legales y reglamentarias sobre el SSO derivó
en una restricción de derechos fundamentales de sujetos de especial protección
constitucional.
[26] Por su parte, el Consejo de Estado ha
enseñado que “la fuerza mayor es una de las especies que conforman el
fenómeno jurídico denominado causa extraña.” Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia
del 23 de abril de 2009, C.P. Enrique Gil Botero, radicación número:
66001-23-00-001-1998-0091-00 (17.251).
[27] En la sentencia del 26 de marzo de 2008 de la Sección Tercera del
Consejo de Estado (C.P. Mauricio Fajardo Gómez) el máximo Tribunal de lo
contencioso administrativo indicó que: “la gran mayoría de eventos catalogables como causa
extraña antes de su ocurrencia, más allá de que se sostenga que la
imposibilidad de imaginar el hecho aluda a que el mismo jamás hubiera podido
pasar por la mente del demandado o a que éste deba prever la ocurrencia de las
circunstancias que resulten de más o menos probable configuración o a que se
entienda que lo imprevisible está relacionado con el conocimiento previo de un
hecho de acaecimiento cierto.”
[28] Cfr. Corte Suprema de Justicia , Sala de Casación Civil, sentencia del 20
de noviembre de 1989.
[29] Resulta igualmente importante resaltar el
caso analizado por esta Corte en la sentencia T-1331 de 2001 (M.P. Rodrigo
Uprimny Yepes), en la que se resolvió el caso de una persona que solicitaba la
designación de un parlamentario como suplente de otro, que había sido
secuestrado, en el entendido de que el secuestro del último era una
circunstancia de fuerza mayor, causal de suplencia por falta temporal del
congresista. En dicha oportunidad este Tribunal explicó que debía “recordarse,
que no es con los criterios del Código Civil como ha de interpretarse la
Constitución, norma de normas. En éste caso en concreto, escapa a los criterios
de razonabilidad el sostener que el secuestro, al ser un hecho de ‘posible
ocurrencia’ deba ser totalmente previsible. Por el contrario, partiendo del
presupuesto de que es el Estado quien debe “proteger a todas las
personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás
derechos y libertades” (art. 2 C.N) el secuestro es un fenómeno tan
irresistible como imprevisible. En el caso concreto de los senadores, el mismo
Estado brinda medidas especiales de seguridad previendo precisamente su mayor
vulnerabilidad. Cuando esas protecciones no son suficientes, el individuo se
encuentra ya en el campo de la imprevisibilidad. Una afirmación en contrario
supondría que el Estado demanda a los ciudadanos una excesiva exigencia de
autoprotección, que desborda las fronteras de la proporcionalidad”.
[30] Cfr. sentencia del 29 de abril de 2009 de la Sala de
Casación Civil, de la Corte Suprema de Justicia (M.P. Carlos Ignacio Jaramillo
Jaramillo).
[31] Cfr.
Sentencia del 29 de abril de 2009 de la Sala de
Casación Civil, de la Corte Suprema de Justicia (M.P. Carlos Ignacio Jaramillo
Jaramillo).
[32] Cfr. Sentencia C-776 de 2010 (M. P. Jorge Iván Palacio
Palacio) y T-967 de 2014 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
[33] Cfr. Sentencia C-776 de 2010 (M. P. Jorge Iván Palacio
Palacio).
[34] Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995),
párrafo 118.
[35] Cfr. Sentencia T-967 de 2014 (M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado).
[36] La violencia sexual en particular se
puede definir como “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto
sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones
para comercializar o utilizar de cualquier otro la sexualidad de una persona
mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta
con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el trabajo.” Al
respecto, consultar el Informe mundial sobre la
violencia y salud. Organización Mundial de la Salud. Washington DC. OPS 2003.
[37] En la sentencia T-967 de 2014 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado)
se sintetizaron vario de los aspectos más relevantes de la violencia
sicológica. Al respecto se señaló que la gravedad y consecuencias de la
violencia sicológica radica en que esta se ejerce a partir de pautas
sistemáticas, sutiles y, en algunas ocasiones, imperceptibles para terceros,
que amenazan la madurez psicológica de una persona y su capacidad de
autogestión y desarrollo personal. Igualmente, se resaltó que los patrones
culturales e históricos que promueven una idea de superioridad del hombre
(machismo – cultura patriarcal), hacen que la violencia psicológica sea
invisibilizada y aceptada por las mujeres como algo “normal”. Se resaltó que los
indicadores de presencia de violencia psicológica en una víctima son:
humillación, culpa, ira, ansiedad, depresión, aislamiento familiar y social,
baja autoestima, pérdida de la concentración, alteraciones en el sueño,
disfunción sexual, limitación para la toma decisiones, entre otros. Y se indicó
que la violencia psicológica a menudo se produce al interior del hogar o en
espacios íntimos, por lo cual, en la mayoría de los casos no existen más
pruebas que la declaración de la propia víctima.
[38] Cfr. Sentencia T-967 de 2014 (M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado).
[39] Cfr.
Sentencia T-254 de 2012 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-772 de 2015
(M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), C-754 de 2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado), así como los Autos, 092 de 2008, 098 de 2013, y recientemente 009 de
2015 de la Sala especial de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 (M.P. Luís
Ernesto Vargas Silva).
[40] Cfr. Sentencias C-774 de 2001, T-1319
de 2001, C-067 de 2003 y C-488 de 2009.
[41] Constitución Política de Colombia, articulo 93: Los tratados y
convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los
derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción,
prevalecen en el orden interno. // Los derechos y deberes consagrados en esta
Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre
derechos humanos ratificados por Colombia. // El Estado Colombiano puede
reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos
previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la
Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente,
ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en esta
Constitución. // La admisión de un tratamiento diferente en materias
sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías
contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito
de la materia regulada en él.
[42] Consultar entre otras las sentencias
T-1635 de 2000, T-256 de 2000, C-774 de 2001, T-268 de 2003 y  C-488 de 2009.
[43] Cfr.
Sentencias C-750 de 2008, C-941 de 2010 y C-664 de 2013.
[44] Al respecto consultar las sentencias
C-191 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), C-582 de 1999 (M.P. Alejandro
Martínez Caballero), C-774 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[45] Cfr. Sentencias  T-568 de 1999 (M.P. Carlos Gaviria Díaz),
C-010-00 (MP: Alejandro Martínez Caballero) y C-067 de 2003 (M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra).
[46] Consultar las sentencias T-568 de 1999 (MP: Carlos Gaviria Díaz)
y C-038 de 2004 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett). En la sentencia T-1319 de
2001 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes) la Corte explicó el alcance de la expresión
contenida en el artículo 93 de la constitucional, que dispone que los derechos
y los deberes consagrados en la Carta “(…) se
interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos
humanos ratificados por Colombia”. Explicó entonces: “[e]llo obliga a
indagar sobre lo que realmente se incorpora por esta vía, pues no puede
interpretarse una norma positiva de textura abierta (como las que definen
derechos constitucionales) con otra norma que reviste las mismas
características. Sólo es posible (i) fundir ambas normas (la nacional y la
internacional) y (ii), acoger la interpretación que las autoridades competentes
hacen de las normas internacionales e integrar dicha interpretación al
ejercicio hermenéutico de la Corte. Por ello esta Corte ha señalado, en varias
oportunidades, que la jurisprudencia de las instancias internacionales de
derechos humanos constituye una pauta relevante para interpretar el alcance de
esos tratados y por ende de los propios derechos constitucionales.”
[47] De manera más amplia, en el sistema
universal también se pueden consultar los siguiente instrumentos
internacionales: la Plataforma de Acción de Beijing, Convención sobre los
Derechos del Niño, Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanas y Degradantes, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Principios
Fundamentales de Justicia para las víctimas de Delitos y el Abuso de Poder, y
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
[48] Comité CEDAW, Recomendación General núm. 19: “la violencia
contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente el goce de
derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre.”
[49] Cfr. Sentencia T-967 de 2014 (M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado).
[50] Esta definición también se encuentra en el
párrafo 113 de la Cuarta Conferencia de Beijing y por los artículos 1º y 2º de
la Convención Interamericana de Belém do Pará.
[51] Cfr.
Artículo 2° de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la
mujer, Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993,
Organización de las Naciones Unidas.
[52] La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra la mujer fue aprobada mediante la Ley 248 de 1995.
[53] Artículo 3º de la Convención  Interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Belem do Para”.
[54] Artículo 4º de la Convención  Interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Belem do Para”.
[55] Al respecto consultar la sentencia T-012 de 2016 (M.P. Luís
Ernesto Vargas Silva).
[56] Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estándares
jurídicos vinculados a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres en
el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: desarrollo y aplicación.
Actualización 2011-2014. 2015. Igualmente, ver sentencia T-012 de 2016 (M.P.
Luís Ernesto Vargas Silva).
[57] Cfr.
Sentencia T-254 de 2012 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-772 de 2015
(M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), C-754 de 2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado), así como el Auto 009 de 2015 de la Sala especial de seguimiento a la
Sentencia T-025 de 2004 (M.P. Luís Ernesto Vargas Silva).
[58] Leyes 825 de 1993 y 1232 de 2008, por medio de las cuales se
protege a la Mujer Cabeza de Familia.
[59] Por ejemplo, la Ley1468 de 2011, por la cual se amplió la
licencia de maternidad de 12 a 14 semanas.
[60] Ley 581 de 2000 o “Ley de Cuotas”, por la cual se reglamenta la
adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las
diferentes ramas y órganos del poder público.
[61] Por ejemplo la Leyes 823 de 2003, Por la cual se dictan normas
sobre igualdad de oportunidades para las mujeres y Ley 731 de 2002, que tiene
por objeto mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales.
[62] Ley 1257 de 2008, por la cual se dictaron normas para la
sensibilización, prevención y sanción de todas las formas de violencia y
discriminación contra la mujer. Igualmente la Ley 1761 de 2015, por la cual se
crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras
disposiciones.
[63] Por la cual se dictaron normas para la sensibilización,
prevención y sanción de todas las formas de violencia y discriminación contra
las mujeres.
[64] Ley 1257 de 2008, Artículo 2°: “Definición de violencia contra
la mujer. Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión,
que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico
o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos,
la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente
en el ámbito público o en el privado.”
[65] Ley 1257 de 2008, artículo 3°: “Concepto de daño contra la
mujer. Para interpretar esta ley, se establecen las siguientes definiciones de
daño: // a. Daño psicológico: Consecuencia proveniente de la acción u omisión
destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y
decisiones de otras personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza,
directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que
implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el
desarrollo personal. // b. Daño o sufrimiento físico: Riesgo o disminución de
la integridad corporal de una persona. // c. Daño o sufrimiento sexual:
Consecuencias que provienen de la acción consistente en obligar a una persona a
mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras
interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción,
chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o
limite la voluntad personal. // Igualmente, se considerará daño o sufrimiento
sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la agredida a realizar
alguno de estos actos con terceras personas. // d. Daño patrimonial: Pérdida,
transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos,
instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o
económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer.”
[66] Cfr.
Sentencia T-967 de 2014 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
[67] Comité de la CEDAW, Observación General 24. “Los Estados Partes
velen porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la
violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer
protejan de manera adecuada a todas las mujeres y respeten su integridad y su
dignidad. Debe proporcionarse a las víctimas protección y apoyo apropiados. Es
indispensable que se capacite a los funcionarios judiciales, los agentes del orden
público y otros funcionarios públicos para que apliquen la Convención.”
[68] Cfr. Comité de la CEDAW, Observación General 24, recomendación 29.
[69] Cfr. Comité de la CEDAW, Observación General 24, recomendación 31-f.
[70]Comité de la CEDAW, Observación General No. 19. “Los Estados
Partes establezcan o apoyen servicios destinados a las víctimas de violencia en
el hogar, violaciones, violencia sexual y otras formas de violencia contra la
mujer, entre ellos refugios, el empleo de trabajadores sanitarios especialmente
capacitados, rehabilitación y asesoramiento.”
[71] Comité de la CEDAW, Observación General núm. 30 sobre las Mujeres
en la Prevención de Conflictos y en Situaciones de Conflicto y Posteriores a
Conflictos (CEDAW/C/GC/30). “57.El Comité recomienda que los Estados partes:
a)
Adopten las medidas preventivas necesarias para garantizar la protección frente
al desplazamiento forzado, así como la protección de los derechos humanos de
las mujeres y las niñas desplazadas, incluido el acceso a los servicios
básicos, durante la huida, el desplazamiento y en el contexto de soluciones
duraderas;
b)
Aborden los riesgos concretos y las necesidades particulares de diferentes
grupos de desplazadas internas y refugiadas que son objeto de formas diversas y
entrecruzadas de discriminación, como las mujeres con discapacidad, las mujeres
de edad, las niñas, las viudas, las mujeres cabeza de familia, las mujeres
embarazadas, las mujeres que viven con el VIH/SIDA, las mujeres rurales, las
mujeres indígenas, las mujeres pertenecientes a minorías étnicas, nacionales,
sexuales o religiosas, y las defensoras de los derechos humanos”.
[72] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[73] “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y
sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman
los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras
disposiciones".
[74] La sentencia señaló: “"El concepto amplio e integral del
derecho a la salud, aunado al principio de progresividad aplicable al mismo,
como también las circunstancias dentro de las cuales se ampara este derecho,
permiten considerar que el reconocimiento de las prestaciones de alojamiento y
alimentación para las mujeres víctimas de violencia, no significa vulneración
de lo establecido en el artículo 49 de la Carta Política, pues, como se ha
dicho, el Legislador cuenta con atribuciones para extender la protección a
estas áreas, siempre y cuando se encuentren directa e inescindiblemente ligadas
al restablecimiento de la salud de la afectada."”
[75] Auto 092 de 2008 M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa. “Como resultado de este marco
constitucional de protección reforzada del derecho a la salud de las mujeres
desplazadas, éstas tienen derecho a recibir atención diferenciada, que proteja
su integridad física y mental durante todas las fases del desplazamiento, y en
todos los diversos aspectos de su salud como mujeres, niñas o adolescentes,
incluidas sus necesidades especiales en términos sanitarios, su salud sexual y
reproductiva, y demás necesidades especiales de salud propias de su género y
afectadas por su situación de desplazamiento. En el caso de las niñas y
adolescentes desplazadas, se trata de un derecho prevaleciente y de inmediata
aplicación que debe sujetarse a lo establecido en los artículos 44 y 50 de la
Constitución.”
[76] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[77] En el Auto 009 de 2015 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) la Corte
resaltó: “Conforme a la información allegada por organismos internacionales,
organizaciones de mujeres y los organismos de control del Estado, esta Sala
Especial nota que las fallas relativas a la atención de las víctimas de
violencia sexual identificadas por esta Corte en el Auto 092 de 2008,
persisten. Dentro de estas, se puede dar cuenta de: (i) el inadecuado
funcionamiento de los sistemas de atención a las víctimas de violencia sexual,
(ii) la falta de implementación de programas de formación permanente a
funcionarios públicos en materia de enfoque de género y de las necesidades
específicas de las mujeres sobrevivientes a la violencia sexual, (iii) las
dificultades de las mujeres víctimas para acceder a los servicios básicos del
Estado, toda vez que los centros de atención suelen encontrarse
considerablemente distanciados de sus lugares de residencia, y (iv) el
desconocimiento por parte de las mujeres de la existencia de mecanismos o
procedimientos administrativos de atención. // Sin embargo, estas no son las
únicas fallas que la Sala ha notado. Las labores de seguimiento realizadas en
los últimos cinco años también han permitido detectar fallas adicionales para
la atención de las mujeres víctimas de violencia sexual, tales como: (i) las
dificultades de acceso a los servicios del Estado, dados los constantes
tránsitos entre una entidad u otra, (ii) la carencia de recursos económicos por
parte de estas mujeres para solventar las diferentes eventualidades que
demandan los procedimientos de atención, y (iii) la presencia de actores
armados en los sitios en los que se ubican los centros médicos y las entidades
públicas.”
[78] En el Auto 009 de 2015 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) la Corte
resaltó: “Las organizaciones de mujeres que acompañan casos de violencia
sexual, han documentado entre otras, las siguientes afectaciones en la salud
sexual y reproductiva de las víctimas de violencia sexual: (i) enfermedades de
trasmisión sexual, (ii) cáncer y (iii) necesidad de histerectomías. En este
punto, vale la pena mencionar que, aunque el Ministerio de Salud cuenta con la
Resolución 459 de 2012, por medio del cual se establece el protocolo de
atención para víctimas de violencia sexual, este instrumento no cuenta con unos
procedimientos específicos para casos de atención de casos de violencia sexual
relacionados con el conflicto armado interno.”
188 Ver,
entre otras, las siguientes sentencias: T-297 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas);
T-560 de 2008 (M.P. Jaime Araujo Rentería); T-868 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar
Gil); T-451 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda); T-586 de 2009 (M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub); y en relación con personas desplazadas con
discapacidad, ver sentencias: T 560 de 2008 (M.P. Jaime Araujo Rentería); T-688
de 2007 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla); T-856 de 2011 (M.P. Nilson Pinilla
Pinilla).
[79] Cfr. Sentencia C-754 de 2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado).
[80] Cfr.
Ministerio del Trabajo, Documento Programa nacional de equidad laboral con
enfoque diferencial de género, pág. 4. En igual sentido consultar la recomendación
general número 19.7.h del Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer y consideración primera del Decreto Nacional 4463, entre otros
instrumentos.
[81] Ver Supra: “Marco normativo
general en relación con la protección constitucional a las mujeres contra los
actos de violencia sexual.”
[82] Así por ejemplo: la Declaración Universal
de los derechos humanos de las Naciones Unidas (art. 23 y 25), el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (aprobado por la
Ley 74 de 1968), el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales de
1988 (aprobado por la Ley 319 de 1996), la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (aprobada mediante
la Ley 248 de 1995), la Convención para la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer (aprobada mediante la Ley 51 de 1981), la
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995, la Resolución 1325 del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (adoptada el 31 de octubre de 2000), el
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas que
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional (aprobada mediante Ley 800 de 2003), el Protocolo
Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (aprobado mediante la Ley 984 de 2005), los
Convenios 100 y 111 de la Organización Internacional del Trabajo (adoptados en
1951 y 1958 y ratificados el 7 de junio de 1963 y el 4 de marzo de 1969
respectivamente) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio elaborados por las
Naciones Unidas (integrados al CONPES Social 091 de 2005), entre otros.
[83] Cfr.
Organización de las Naciones Unidas. Declaración
Universal de los derechos humanos, artículo 23.
[84] Particularmente en el Convenio 183 de
2000 la OIT, prohíbe (art. 8°) al empleador despedir a la mujer embarazada
durante el tiempo que dure la licencia o después de haberse reintegrado al
trabajo cuando la causa del despido esté relacionada con su maternidad. Al
interpretar los contenidos de estos convenios internacionales, la Corte
Constitucional ha señalado que la OIT “insta a los Estados Parte a crear
mecanismos que otorguen las herramientas necesarias para procurar la igualdad
real y efectiva de las mujeres en edad fértil, igualdad ésta que para
conseguirse requiere de la implantación de acciones afirmativas”. Cfr. Sentencia T-160 de 2006 (M.P.
Álvaro Tafur Galvis).
[85] En la sentencia T-611 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño),
señaló que hacía parte del núcleo esencial del derecho al trabajo la protección
a la mujer de los siguientes contenidos esenciales: “salario igual a trabajo
igual, salario proporcional a la labor ejecutada, salario mínimo, estabilidad
en el lugar de trabajo, irrenunciabilidad a los derechos laborales y
prestaciones, acceso a seguridad social, acceso a servicios de capacitación y
adiestramiento, descansos proporcionales, pago oportuno e interpretación
favorable al trabajador de las normas laborales en caso de duda”.
[86] En la sentencia T-458 de 2009 (M.P. Luís
Ernesto Vargas Silva) la Corte Constitucional señaló que “todos los derechos
fundamentales, deben también ser resguardados por los particulares, y se
convierten por ello en su responsabilidad constitucional (…) (pues) la
protección a la persona humana se concreta frente a los actos u omisiones tanto
del estado como de los particulares.”
[87] Es importante precisar que en relación con la equidad de género
se pueden citar varias leyes promulgadas durante los últimos años en la
materia, de las cuales se incluyen en la presente sentencia algunas de las más
importantes y pertinentes para el tema bajo estudio. No obstante, también es
necesario remitir a otras leyes que desarrollan el mandato constitucional de la
equidad de género, y que se relacionan en este pie de página. En la Ley 731 de
2002, por ejemplo, se establecieron una serie de directrices para la protección
de las mujeres que trabajan en áreas rurales, con énfasis en aquellas con bajos
recursos, y señalando algunas medidas para la equidad de género. Así por
ejemplo, la ley establece (art. 29) que el Gobierno, el Ministro del Trabajo y
el Departamento Administrativo de la Función Pública deben “vigilar el
cumplimiento de la legislación que establece igualdad de condiciones laborales,
con especial cuidado a que se haga efectivo el principio de igual remuneración
para trabajo igual en el sector rural, con el fin de eliminar las inequidades
que al respecto se presentan entre hombres y mujeres rurales”. Así mismo,
señala que dichas autoridades deben “crear instrumentos y mecanismos capaces
de asegurar la efectiva y oportuna reclamación del derecho al trabajo en
igualdad de condiciones por parte de las mujeres rurales”. // De otro lado,
en las Leyes 823 de 2003 y 1496 de 2011, señalan las políticas y acciones por
parte del Gobierno para garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres en los ámbitos públicos y privados. Para el efecto, se
ordena (art. 3°, L. 823/03) al Gobierno a promover y garantizar el ejercicio
pleno de los derechos de las mujeres y el desarrollo de su personalidad,
aptitudes y capacidades para participar activamente en todos los campos de la
vida nacional y en el progreso de la Nación, mediante (art. 2°, L. 1496/11) la
eliminación de “cualquier tipo de distinción por razón de carácter
intelectual o material de la labor, su forma o retribución, el género o sexo
salvo las excepciones establecidas por la Ley”. // La Ley 931 de 2004
protege el derecho al trabajo en condiciones iguales y más específicamente, en
situaciones donde la edad se constituya como factor de discriminación. Así, se
prohíbe (art. 3°) que las convocatorias públicas o privadas contemplen
limitantes de edad o sexo, entre otros. // La Ley 82 de 1993, modificada por la
Ley 1232 de 2008, establece la protección especial a las mujeres cabeza de
familia, e impone (art. 2°, L. 1232/08) al Gobierno Nacional la obligación de
establecer “mecanismos eficaces para dar protección especial a la mujer
cabeza de familia, promoviendo el fortalecimiento de sus derechos económicos,
sociales y culturales, procurando establecer condiciones de vida dignas,
promoviendo la equidad y la participación social con el propósito de ampliar la
cobertura de atención en salud y salud sexual y reproductiva”. Igualmente, señala
que el gobierno debe (art. 3°, L. 82/93) facilitar y garantizar el “acceso a
servicios de bienestar, de vivienda, de acceso a la educación básica, media y
superior incrementando su cobertura, calidad y pertinencia (...) (y el) acceso
a la ciencia y la tecnología, a líneas especiales de crédito y a trabajos
dignos y estables”. Y en materia laboral, dispone (art. 8°, L. 82/93) que
el Gobierno Nacional debe ofrecer planes y programas de capacitación gratuita y
de desarrollo de proyectos emprendedores y microempresas industriales, empresas
comerciales y artesanales, familiares y de economía solidaria para mujeres
cabeza de familia.
[88] Sentencia T-247 de 2010 (M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto).
[89] Cfr. Autos
A-092 de 2008(M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), A-098 de 2012 (M.P. Luís
Ernesto Vargas Silva) y A-009 de 2015 (M.P. Luís Ernesto Vargas Silva), y la
Sentencia T-478 de 2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
[90] Cfr.
Sentencia C-371 de 2000 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).
[91] Cfr.
Sentencia C-410 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).
[92] Sentencia T-247 de 2010 (M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto).
[93] Cfr.
Sentencia C-410 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).
[94] Ibídem.
[95] Cfr. Auto A-009 de 2015 (Sala
Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, M.P. Luís Ernesto Vargas
Silva).
[96] Organización de las Naciones Unidas, Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación general núm. 33 sobre el
acceso de las mujeres a la justicia, CEDAW/C/GC/33, “II. Cuestiones
generales y recomendaciones sobre el acceso de la mujer a la justicia A.
Justiciabilidad, disponibilidad, accesibilidad, buena calidad, suministro de
recursos y rendición de cuentas de los sistemas de justicia”, pág. 6.
[97] Cfr. Auto
092 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), A-098 de 2013 (M.P. Luís
Ernesto Vargas Silva), Sentencia T-967 de 2014 (M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado), y Auto A-009 de 2015 (M.P. Luís Ernesto Vargas Silva).
[98] Cfr.
Sentencia T-967 de 2014 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
[99] Entre otras, se pueden consultar las sentencias T-234 de 2012
(M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-878 de 2014 (M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio), T-967 de 2014 (M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado), T-012 de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva), así como los Autos A-092 de 2008 y 009 de 2015 (Sala de seguimiento a
la sentencia T-025 de 2004 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva)
[100] Ver, entre otras, las sentencias C-438 de 2013 (M.P. Alberto
Rojas Ríos), C-781 de 2012 (M. P. María Victoria Calle Correa), T-677 de 2011
(M.P. Juan Carlos Henao Pérez), T-1015 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva),
A-092 de 2008 (Sala de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva).
[101] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
Reiterada en la sentencia T-012 de 2016 (M.P. Luís Ernesto Vargas Silva).
[102] Mediante la que se declaró el “estado de cosas
inconstitucional” en relación con el problema del desplazamiento forzado.
[103] Cfr. Auto
009 de 2015 (Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2015, M.P.
Luís Ernesto Vargas Silva).
[104] Cfr. Ídem.
[105] Convención de Belem do Pará. Artículos 7
y 8.
[106] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[107] Se da cuando se deja de investigar porque la mujer decide no
formular la acción penal o llega a un acuerdo de conciliación, o cuando se le
traslada la carga de la investigación a la víctima (por ejemplo, alegando que
el impulso procesal le corresponde a ella o porque se dice que no aportó las
suficientes pruebas que soporten lo dicho).
[108] Ocurre cuando se decide archivar el proceso por falta de material
probatorio, sin que se haya hecho uso de los poderes oficiosos, cuando se hace
una evaluación fragmentado o cuando no se le da alcance al contexto de la mujer
al momento de valorar el acervo allegado, desestimando la existencia de un
patrón de violencia sistemático.
[109] Las mujeres que sufren actos de violencia están predispuestas a
la revictimización, es decir, deben enfrentarse a otra clase de maltratos por
las entidades de policía, judiciales y de salud. De entrada, la mujer que se
arriesga a denunciar a su compañero sentimental debe asumir largas esperas,
interminables diligencias, recorridos por distintas oficinas, múltiples
citaciones, interrogatorios denigrantes y precaria atención médica y
psicológica. Esta situación desincentiva a la mujer a reconocer en público la
violencia padecida, y para denunciar sus sufrimientos ante la justicia.
[110] Ver entre otras, las sentencias T-496 de 2008 (M.P. Jaime Córdova
Triviño), T-234 de 2012 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), y T-967 de 2014
(M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
[111] Al respecto, consultar la sentencia C-401
de 2003 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
[112] Memorial aportado por la accionante el 6 de mayo de 2016. Folio
43 y 44 del expediente de revisión.
[113] Así por ejemplo, es importante citar el
precedente sentado en la sentencia T-109 de 2012 (M.P. María Victoria Calle
Correa) en el que la Sala Primera de la Corte estudió la tutela de una madre
cabeza de familia quien tenía a su cargo a una su hija, una niña en situación
de discapacidad. En dicho evento la Corte concluyó que el juez constitucional
debía en cada caso concreto determinar si la aplicación de las normas sobre
servicio social obligatorio y sus causales de exoneración podían acarrear un
desconocimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente
de personas puestas en una situación especial de vulnerabilidad.
[114] Ibíd. Sentencia T-109 de 2012 (M.P. María
Victoria Calle Correa).
[115] Denuncia presentada ante la Inspección de Policía del Municipio
de Padilla Cauca. Folios 7 a 10 del expediente.
[116] Historia clínica de la accionante. Folios 11 a 18 del expediente
de tutela.
[117] Historia clínica de la accionante. Folio 13 del expediente de
tutela.
[118] Petición del 6 de julio de 2015 dirigida a la Secretaría de Salud
Departamental del Cauca, Comité de Servicio Social Obligatorio. Folios 19 a 22
del expediente de tutela.
[119] Derecho de petición presentado por la
demandante a la Secretaría de Salud Departamental del Cauca el 6 de julio de
2015. Folios 19 a 22 del expediente de tutela.
[120] Por medio de la cual se reglamenta el Servicio Social Obligatorio
para los egresados de los programas de educación superior del área de la salud
y se dictan otras disposiciones.
[121] Ver Supra: “Breve referencia al concepto de fuerza
mayor o caso fortuito como eximente de responsabilidad.”
[122] El hecho imprevisible es aquel “que
dentro de las circunstancias normales de la vida, no sea posible contemplar por
anticipado su ocurrencia”. Cfr. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del
23 de abril de 2009, C.P. Enrique Gil Botero, radicación número:
66001-23-00-001-1998-0091-00 (17.251).
[123] Por su parte, el hecho irresistible es aquél “que el
agente no pueda evitar su acaecimiento ni superar sus consecuencias”. Cfr.
Sentencia del 26 de marzo de 2008 de la Sección Tercera del Consejo de Estado (C.P.
Mauricio Fajardo Gómez).
[124] Diagnóstico de “Síndrome de estrés postraumático”,
Historia clínica de la accionante, firmada por el Médico Psiquiatra Álvaro José
Montoya. Folio 13 del expediente de tutela.
[125] Folios 23 a 26 del expediente de tutela.
[126] Folio 26 del expediente de tutela.
[127] Resolución 1058 de 2010, art. 4º, parágrafo: “e) Los
profesionales que, por caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificada y
documentada, soliciten la exoneración o convalidación del servicio social
obligatorio y esta les sea autorizada por la Dirección General de Análisis y
Política de Recursos Humanos del Ministerio de la Protección Social, previo
concepto del Comité de Servicio Social Obligatorio.” Subrayado
adicionado al texto.
[128] “Medidas de protección en casos de violencia en ámbitos
diferentes al familiar”.
[129] Cfr.
Sentencia T-109 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[130] Ver Supra: “Marco normativo general en relación con la
protección constitucional a las mujeres contra los actos de violencia sexual”.
[131] Cfr. Auto A-009 de 2015 (Sala especial de seguimiento a la Sentencia T-025
de 2004, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva).
[132] Al respecto consultar las sentencias T-496 de 2008 (M.P. Jaime
Córdova Triviño), T-234 de 2012 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-967
de 2014 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), C-478 de 2015 (M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado) y A-009 de 2015 (Sala especial de seguimiento a la Sentencia
T-025 de 2004, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva).
[133] Cfr.
Comité CEDAW. Recomendación General Nº 19, La violencia contra la mujer, 29 de
enero de 1992, párr. 1-9 y 23.
[134] Al respecto se pueden consultar la Resolución
de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo de Derechos Humanos,
Acelerar los Esfuerzos para Eliminar Todas las Formas de Violencia contra la
Mujer: Garantizar la Debida Diligencia en la Prevención, A/HRC/14//L.9/Rev. 16
de Junio de 2010; el artículo 1-16 de la Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas; el párrafo
124 de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, 15 de Septiembre de
1995 de la Organización de las Naciones Unidas; el artículo 2 de la CEDAW del
18 de Diciembre de 1979 de la Organización de las Naciones Unidas; y el artículo
7 Lit. b) de la Convención de Belem do Pará. 9 de Junio de 1994 de la Organización
de los Estados Americanos.
[135] Así por ejemplo la Ley 1257 de 2008 en su
artículo 9° -reglamentado por el Decreto Nacional 4796 de 2011- establece
algunas “medidas de sensibilización y prevención”.
[136] Cfr. Ley
1257 de 2008, artículo 9° y Decreto 4796 de 2011.
[137] Artículo 12 de la Ley 1257 de 2008.
[138] Artículo 12 de la Ley 1257 de 2008.
[139] Artículo 19 de la Ley 1257 de 2008, reglamentado por los Decretos 4796 de 2011 y 2734 de 2012.
[140] Artículo  18 de la Ley 1257 de 2008.
[141] Decreto 4463 de 2011, el cual tiene por objeto (art. 1º) “desarrollar
campañas de erradicación de todo acto de discriminación y violencia contra las
mujeres en el ámbito laboral”.
[142] Ver Supra: “De la irrazonable y desproporcionada decisión adoptada por las
entidades accionadas.”
[143] Como se expuso en la sentencia T-109 de 2012 (M.P. María Victoria
Calle Correa): “[e]l problema de las decisiones
adoptadas sólo con base en una razón relevante considerada aisladamente, cuando
tales decisiones se basan en principios constitucionales e involucran la
eficacia de derechos fundamentales, es que prima facie, un derecho puede
sugerir una respuesta incompatible con aquella que sugiere otro derecho,
también considerado prima facie. Por ello, la ponderación es acogida como
método de aplicación de principios constitucionales, pues permite y obliga al
juez a argumentar con base en todas las razones o factores relevantes.” Así
mismo, la Sala Primera destacó que de acuerdo con una
concepción jurídica ampliamente difundida y utilizada por la Corte
Constitucional en diversos fallos, ponderar significa “determinar si el
grado de satisfacción de un derecho obtenido a partir de la adopción de una
medida determinada es tan alto que justifica una restricción menor de otro
derecho”; así como también reiteró que la ponderación es un método de
aplicación de principios jurídicos ampliamente utilizada por la Corte
Constitucional (Cfr. sentencias T-617 de 2010 y T-282 de 2011, M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva). En el ámbito de la teoría y la argumentación jurídica la
Sala Primera remitió al concepto de ponderación, defendido en el marco de las
elecciones morales y de conflictos entre principios, por Alexander Péczenik, según
el cual: “[u]na ponderación definitiva es correcta sólo si es una
ponderación que toma en cuenta todas las cosas, que toma en cuenta todo
enunciado valorativo y normativo prima facie relevante aplicable al caso
(hipotético o real) en cuestión. Por lo tanto, un deber definitivo es un ver
basado en la ponderación de “todas las cosas relevantes”, “un deber
teniendo en cuenta todas las cosas”. Quizá uno debería llamarlo “un
deber tomando en  cuenta una cosa relevante”. (Alexander Peczénik. Derecho
y Razón. Editorial Fontanamara, México. 2000).
[144] Cfr.
Sentencia T-109 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[145] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[146] Ver Supra: “Parámetros normativos
específicos en relación con los deberes de respeto, protección, garantía y
debida diligencia en las actuaciones judiciales respecto de las denuncias por
actos de violencia sexual. Reiteración de jurisprudencia.”
[147] Ver Supra: “Parámetros normativos
específicos en relación con los deberes de respeto, protección, garantía y
debida diligencia en las actuaciones judiciales respecto de las denuncias por
actos de violencia sexual. Reiteración de jurisprudencia.”
[148] El Decreto 4799 de 2011 –por el cual se reglamentan parcialmente
las Leyes 294 de 1996, 575 de 2000 y 1257 de 2008– señala dentro de las
competencias de las Comisarías de Familia, la Fiscalía General de la Nación,
los Juzgados Civiles y los Jueces de Control de Garantías, garantizar el
efectivo acceso de las mujeres a los mecanismos y recursos que establece la ley
para su protección, como instrumento para erradicar todas las formas de
violencia contra la mujer.
[149] La solicitud se realiza a estas
seccionales debido a que la accionante reside dentro del Departamento del Valle
del Cauca.
[150] Cfr.
Artículo 9º de la ley 1761 de 2015: “El Estado, a través de la Defensoría
del Pueblo garantizará la orientación, asesoría y representación jurídica a
mujeres víctimas de las violencias de género y en especial de la violencia
feminicida de manera gratuita, inmediata, especializada y prioritaria desde la
perspectiva de género y de los Derechos Humanos de las mujeres, a fin de
garantizar su acceso a la administración de justicia, a un recurso judicial
efectivo y al otorgamiento de las medidas de protección y atención consagradas
en la Ley 1257 de 2008 y en otras instancias administrativas y jurisdiccionales.”