T-301-18
Sentencia T-301/18
ACCION DE TUTELA PARA RECLAMAR
EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE DERECHOS PENSIONALES-Procedencia excepcional
SISTEMA PENSIONAL EN COLOMBIA-Evolución
PENSION
RESTRINGIDA POR RETIRO VOLUNTARIO-Marco normativo
PENSION
RESTRINGIDA POR RETIRO VOLUNTARIO-Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
PENSION
RESTRINGIDA POR RETIRO VOLUNTARIO-Jurisprudencia constitucional
COMPATIBILIDAD
ENTRE LA PENSION RESTRINGIDA POR RETIRO VOLUNTARIO Y LA PENSION DE VEJEZ-Jurisprudencia constitucional
COMPATIBILIDAD
ENTRE LA PENSION RESTRINGIDA POR RETIRO VOLUNTARIO Y LA PENSION DE VEJEZ-Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
DIFERENCIA
ENTRE COMPARTIBILIDAD Y COMPATIBILIDAD PENSIONAL-Reiteración de jurisprudencia
ACCION DE
TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION RESTRINGIDA POR RETIRO VOLUNTARIO-Corte constitucional reiteró lo señalado por la Corte Suprema
de Justicia respecto de esta prestación
Respecto de la pensión restringida por retiro voluntario,
consagrada en el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, la Corte Constitucional
reitera lo señalado por la Corte Suprema de Justicia así: (i) está a cargo
exclusivamente del empleador, (ii) se causa desde el momento en que se produce
el retiro voluntario del trabajador después de 15 años de servicio a la misma,
(iii) para su causación no interesa el tiempo laborado hasta la fecha en el que
Instituto de Seguros Sociales asumió el riesgo de vejez, (iv) no fue subrogada
por el Instituto de Seguros Sociales por cuanto su finalidad no fue la de
cubrir el riesgo de vejez sino garantizar la estabilidad del trabajador en una
empresa y, (v) el cumplimiento de la edad solo es un requisito de exigibilidad
mas no de causación.
Referencia: Expediente T-6.584.807
Acción de tutela
instaurada por Marco Antonio Aponte Rojas, Carlos Julio Pérez Molano, Jorge
Arturo Peña, Isidoro Romero Panqueva y Luis Alberto Chaparro Mateus, a través
de apoderado judicial, contra Acerías Paz del Río S.A.
Magistrada Ponente:
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Bogotá D.C.,
veinticinco (25) de julio de dos mil dieciocho (2018).
La Sala Séptima de Revisión de
tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Cristina Pardo
Schlesinger –quien la preside-, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas
Ríos, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la
Constitución Política, profiere la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de
revisión de los fallos proferidos por el Juzgado Tercero Civil Municipal en
Oralidad de Sogamoso[1], en primera instancia, y
por el Juzgado Primero Civil del Circuito en Oralidad de Sogamoso, en segunda
instancia[2].
I. ANTECEDENTES
De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política (arts. 86 y
241-9), el Decreto 2591 de 1991 (art. 33) y el Acuerdo 02 de 2015 (art. 55), la
Sala de Selección Número Dos de la Corte Constitucional escogió, para efectos
de su revisión, la acción de tutela de la referencia[3].
De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de
Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente.
1. Hechos y solicitud
El 28 de febrero de 2017, a través de apoderado, los señores Marco
Antonio Aponte Rojas, Carlos Julio Pérez Molano, Jorge Arturo Peña, Isidoro
Romero Panqueva y Luis Alberto Chaparro Mateus instauraron acción de tutela
contra Acerías Paz del Río S.A. por considerar que esta empresa vulneró sus
derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, a la seguridad social,
al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones, al negar el
reconocimiento y pago de la pensión restringida por retiro voluntario a la que
consideran tener derecho por cumplir los requisitos consagrados en el artículo
8º de la Ley 171 de 1961. Fundan su solicitud en los siguientes hechos:
1.1. Los accionantes manifiestan haber prestado sus servicios
personales como trabajadores de Acerías Paz del Río S.A. por un término mayor
de 15 años y haber renunciado voluntariamente a sus cargos. El tiempo laborado
se relaciona así:
-
Marco Antonio Aponte Pérez: del 14 de febrero de
1957 al 30 de septiembre de 1972 para un total de 15 años, 7 meses, 17 días
laborados. Cumplió 60 años el 12 de septiembre de 1997. Actualmente tiene 80
años de edad.
-
Carlos Julio Pérez Molano: del 25 de enero de
1962 al 14 de junio de 1977 para un total de 15 años, 4 meses y 21 días
laborados. Cumplió 60 años el 15 de marzo de 2002. Actualmente tiene 76 años de
edad.
-
Jorge Arturo Peña: del 23 de marzo de 1961 al 14
de junio de 1979 para un total de 18 años, 2 meses, 22 días laborados. Cumplió
60 años el 28 de octubre de 2003. Actualmente tiene 74 años de edad.
-
Isidoro Romero Panqueva: del 26 de abril de 1956
al 6 de febrero de 1972 para un total de 15 años, 9 meses, 12 días laborados.
Cumplió 60 años el 24 de mayo de 1999. Actualmente tiene 78 años de edad.
-
Luis Alberto Chaparro Mateus: del 4 de noviembre
de 1955 al 25 de diciembre de 1974 para un total de 19 años, 1 mes, 28 días
laborados. Cumplió 60 años el 27 de agosto de 1997. Actualmente tiene 80 años
de edad.
1.2. Consideran que cumplen con los requisitos consagrados en el
artículo 8º de la Ley 171 de 1961 para el reconocimiento y pago de la pensión
restringida por retiro voluntario proporcional al tiempo de servicio “teniendo
presente que por 20 años de servicio se reconoce con el 75% del promedio de lo
devengado en el último año de servicio”.
1.3. Aducen que, como se trata del reconocimiento de una pensión de
jubilación, tienen derecho a que el monto de la mesada reconocida sea indexado
desde la fecha de retiro hasta cuando cumplieron los 60 años de edad y con los
correspondientes reajustes pensionales anuales legales hasta la fecha.
1.4. Señalan que presentaron derecho de petición ante la empresa en
donde expusieron su situación y solicitaron la pensión restringida por retiro
voluntario debidamente indexada, pero la empresa respondió de manera negativa.
1.5. Comentan que en cuanto a los requisitos de procedencia de
inmediatez y subsidiariedad se cumplen en este caso ya que la vulneración del
derecho “pudo iniciar hace mucho tiempo, sin embargo, en la actualidad sigue
produciendo los efectos negativos en la calidad de vida de cada uno de los
accionantes, razón por la cual la inmediatez se ha mantenido vigente en el
tiempo y con el pasar de los años, teniendo en cuenta la edad de los
accionantes, se agrava su situación, lo cual conlleva a configurar la
inminencia de la acción de tutela”. Además, a pesar de que la situación
debería ser resuelta por el juez ordinario, los accionantes se “encuentran
cobijados dentro de la doctrina de la vida probable, la cual permite a las
personas de edad avanzada, acudir a la jurisdicción constitucional, para que
por intermedio de la acción de tutela, se dirima de manera ágil sus
pretensiones”.
1.6. Frente a la vulneración de su derecho al mínimo vital, indican
que “la falta de respuesta oportuna a sus peticiones, frente a un derecho
legal y constitucionalmente consolidado a la pensión restringida o proporcional
de jubilación ha venido generando una situación injusta respecto al mínimo
vital de los accionantes, ya que teniendo en cuenta que a medida que pasan los
años, los gastos de los adultos mayores aumentan en razón a que deben asumir
gastos médicos y adquirir medicamentos que no cubren las EPS (...) e incluso en
algunos casos el pago de terceras personas que les brinde su compañía y cuidado”.
2. Contestación
de la acción de tutela[4]
Acerías Paz del
Río S.A. solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela por
no existir una violación o amenaza de derechos fundamentales[5].
Argumenta su petición en lo siguiente:
2.1. La acción
constitucional es improcedente por cuanto (i) el debate promovido es de
naturaleza legal y no constitucional; (ii) viola flagrantemente el principio de
inmediatez; (iii) existe un abuso del derecho al presentar un grupo de
personas, sin homogeneidad, un mismo reconocimiento; (iv) la parte accionante
falta a la verdad al afirmar que todos se retiraron de manera voluntaria; y (v)
ninguno de los accionante cumple con los requisitos contenidos en el artículo
8º de la Ley 171 de 1961.
2.2. Respecto de
Carlos Julio Pérez Molano y Jorge Arturo Peña, señala que si bien renunciaron
voluntariamente, cumplieron la edad [60 años] después de la expedición de la
Ley 50 de 1990, lo que “conlleva a que la pensión de que trata el artículo [8]
de la Ley 171 de 1961, no se cause”.
2.3. En cuanto a
Luis Alberto Chaparro Mateus afirma que éste no renunció, “se desvinculó por
una causa legal, decidida unilateralmente” por la empresa. Igualmente,
cumplió la edad [60 años] con posterioridad a la expedición de la Ley 50 de
1990, por lo tanto, la prestación solicitada no se causó.
2.4. Sobre el
señor Isidoro Romero Panqueva indica que se desvinculó “pero actualmente
goza de pensión de jubilación y pensión de vejez. Lo que significa que la
petición entonces es que mi representada reconozca dos prestaciones económicas
por el mismo periodo laborado”. Igualmente cumplió la edad [60] años con
posterioridad a la expedición de la Ley 50 de 1990, que conlleva a que la
pensión de que trata el artículo [8] de la Ley 171 de 1961, no se cause.
2.5. Respecto al
señor Marco Antonio Aponte comenta que a pesar de que el señor renunció
voluntariamente, “recibió indemnización sustitutiva por parte del Seguro
Social, sin embargo, no se puede perder de vista que en respuesta a un derecho
de petición que se radicó por él y que se respondió el pasado mes de septiembre
de 2016, se le solicitó información adicional para el trámite de su solicitud.
Entonces, en este momento es reprochable que si la compañía se encuentra
buscando la información que única y exclusivamente reposa en él, no la allegue
por conducto de su solicitud y proceda a interponer acción de tutela”.
Además, como en los otros casos, cumplió [60] años después de expedida la Ley
50 de 1990.
2.6. Argumenta
que se debe tener en cuenta que los 5 accionantes cumplieron 60 años después de
expedida la Ley 50 de 1990 que modificó el artículo 267 del Código Sustantivo
del Trabajo, subrogado por el artículo 8º de la Ley 71 de 1961 así: “En
todos los demás aspectos la pensión aquí prevista se regirá por las normas
legales de la pensión vitalicia de jubilación. Estas pensiones dejarán de estar
a cargo de los empleadores cuando la pensión de vejez sea asumida por el
Instituto de Seguros Sociales, de acuerdo con la ley y dentro de los
reglamentos que dicte el mismo Instituto”. Lo que significa que “con la
afiliación a la seguridad (sic) de los accionantes, mi representada subrogó su
obligación pensional en el Instituto de Seguros Sociales”.
2.7. Aduce que
ninguno de los accionantes tuvo la misma vigencia contractual, el mismo cargo o
el mismo salario por lo que cada caso es muy diferente, de tal manera que se
debe acudir a la jurisdicción ordinaria para que sea el juez laboral quien
analice cada caso en particular frente a las leyes 171 de 1961 y 50 de 1990.
2.8.
Finalmente, en cada caso, los accionantes tienen pretensiones que superan los
20 años posteriores a su desvinculación, lo que evidencia la inexistencia de un
perjuicio de carácter inminente, o urgencia o gravedad de tomar decisiones o
medidas apremiantes.
3. Pruebas
que obran en el expediente
3.1. Copia de la
cédula de ciudadanía del señor Carlos Julio Pérez Molano donde consta que tiene
76 años[6].
3.2. Derecho de
petición de fecha 8 de agosto de 2016, suscrito por el señor Carlos Julio Pérez
Molano dirigido a el representante legal de la empresa Acerías Paz del Río S.A.,
en el que indica que al tener 74 años de edad y habiendo trabajado durante 15
años y 5 meses para la empresa y su retiro fue voluntario, tiene derecho al
reconocimiento y pago de la pensión restringida por retiro voluntario a la que
tiene derecho en los términos de la Ley 171 de 1961, debidamente indexada[7].
3.3. Oficio
93-25290 de fecha 28 de julio de 2016, suscrito por el Coordinador de Administración
de Personal de Acerías Paz del Río S.A., dirigido al señor Carlos Julio Pérez
Molano, en el que se le da respuesta a un derecho de petición presentado el 31
de mayo de 2016, y se le indica que “usted trabajó para esta Compañía desde
el 25 de enero de 1962 hasta el 14 de junio de 1977, no es ni será pensionado
de Acerías Paz del Río S.A.” También le informaron que “no se realizaron
ni se descontaron aportes de seguridad social en pensión por periodos laborados
antes de 1967, ya que la Compañía (…) se rige por normas legales que regulan
las relaciones de derecho de carácter particular y privado, los aportes
empezaron según el Acuerdo No. 224 de 1966, fecha en la cual se iniciaron a
hacer las cotizaciones obligatorias para los riesgos de IVM (pensión) al
Instituto de Seguros Sociales”. Finalmente señalan que “la cobertura del
Instituto de Seguros Sociales (…) se inició a partir del 01 de enero de 1967
motivo por el cual no existe fundamento legal que permita señalar como
empleador omiso, a un patrono que no afilió o no realizó cotizaciones por un
trabajador cuando no existía la Entidad ni la cobertura para los riesgos de IVM”[8].
3.4.
Certificación de fecha 27 de junio de 2016, expedida por Acerías Paz del Río
S.A., en donde consta que el señor Carlos Julio Pérez Molano laboró para la
compañía del 25 de enero de 1962 al 14 de junio de 1977 y se inscribió al
régimen de seguridad social en pensión al Instituto de Seguros Sociales a
partir del 01 de enero de 1967[9].
3.5. Poder
especial, amplio y suficiente conferido a Santiago Vega Samacá por parte del
señor Carlos Julio Pérez Molano, para que inicie y lleve a su culminación el
proceso de reconocimiento de la pensión sanción restringida de jubilación a que
tiene derecho, en contra de Acerías Paz del Río S.A.[10].
3.6. Derecho de
petición de fecha 27 de septiembre de 2016, suscrito por Carlos Julio Pérez
Molano y dirigido al Coordinador de Personal de Acerías Paz del Río S.A.
solicitando dar claridad al oficio 93-26709 del 21 de septiembre de 2016 en
donde se le está dando una información equivocada perjudicando sus derechos
fundamentales[11].
3.7. Oficio
93-26709 del 21 de septiembre de 2016, suscrito por el Coordinador de
Administración de Personal dirigido al señor Carlos Julio Pérez Molano, en el
que se indicó que la Oficina Asesora Jurídica en su caso conceptuó que “en
razón al tiempo de servicios que el ex trabajador llevaba para el 1º de enero
de 1967, fecha de inicio de la cobertura del ISS, esto es: 4 años, 11 meses y 6
días, término inferior a los 10 años que instituía la norma en comento, NO
TIENE derecho el peticionario (…) al reconocimiento y pago de la pensión
restringida de jubilación invocada”[12].
3.8.
Comunicación de fecha 16 de septiembre de 2016, suscrita por Muñoz Abogados
como Oficina de Asesoría Jurídica de Acerías Paz del Río S.A., dirigido al
Director Jurídico – Secretario General de Acerías Paz del Río S.A., en el que
presenta concepto sobre la petición presentada por el señor Carlos Julio Pérez
Molano de reconocimiento de la pensión restringida por retiro voluntario en la
que concluyó que el trabajador no tiene derecho a lo pedido[13].
3.9. Comprobante
de pago de prestaciones sociales No. 34598 del 24 de junio de 1977, expedida
por Acerías Paz del Río S.A. al señor Carlos Julio Pérez Molano, donde consta
un pago por $63.109.06 para quedar a paz y salvo[14].
3.10. Informe de
Personal No. 34598 de fecha 8 de junio de 1977, expedido por Acerías Paz del
Río S.A.  al señor Carlos Julio Pérez Molano donde consta que su retiro fue
voluntario[15].
3.11. Oficio No.
DAP-3469 de fecha 7 de junio de 1977, suscrito por el Director de la División
de Personal de Acerías Paz del Río S.A., dirigido al señor Carlos Julio Pérez
Molano en el que se le acepta la renuncia presentada el 15 de junio de 1977[16].
3.12. Copia de
la cédula de ciudadanía del señor Jorge Arturo Peña donde consta que tiene 74
años[17].
3.13. Derecho de
petición de fecha 9 de agosto de 2016, suscrito por el señor Jorge Arturo Peña
dirigido a el representante legal de la empresa Acerías Paz del Río S.A., en el
que indica que al tener 73 años de edad y habiendo trabajado durante 18 años y
2 meses y 14 días para la empresa y su retiro fue voluntario, tiene derecho al
reconocimiento y pago de la pensión restringida por retiro voluntario a la que
tiene derecho en los términos de la Ley 171 de 1961, debidamente indexada[18].
3.14. Oficio
93-25293 de fecha 28 de julio de 2016, suscrito por el Coordinador de
Administración de Personal de Acerías Paz del Río S.A., dirigido al señor Jorge
Arturo Peña, en el que se le da respuesta a un derecho de petición presentado
el 23 de mayo de 2016, y se le indica que “usted trabajó para esta Compañía
desde el 23 de marzo de 1961 hasta el 14 de junio de 1979, no es ni será
pensionado de Acerías Paz del Río S.A.” También le informaron que “no se
realizaron ni se descontaron aportes de seguridad social en pensión por
periodos laborados antes de 1967, ya que la Compañía (…) se rige por normas
legales que regulan las relaciones de derecho de carácter particular y privado,
los aportes empezaron según el Acuerdo No. 224 de 1966, fecha en la cual se
iniciaron a hacer las cotizaciones obligatorias para los riesgos de IVM
(pensión) al Instituto de Seguros Sociales”. Finalmente señalan que “la
cobertura del Instituto de Seguros Sociales (…) se inició a partir del 01 de
enero de 1967 motivo por el cual no existe fundamento legal que permita señalar
como empleador omiso, a un patrono que no afilió o no realizó cotizaciones por
un trabajador cuando no existía la Entidad ni la cobertura para los riesgos de
IVM”[19].
3.15.
Certificación de fecha 27 de junio de 2016, expedida por Acerías Paz del Río
S.A., en donde consta que el señor Jorge Arturo Peña laboró para la compañía
del 23 de marzo de 1961 al 14 de junio de 1979 y se inscribió al régimen de
seguridad social en pensión al Instituto de Seguros Sociales a partir del 01 de
enero de 1967[20].
3.16.
Comunicación de fecha 15 de mayo de 1979 suscrita por el señor Jorge Arturo
Peña y dirigida al Director de Subdivisión de Materiales de Acerías Paz del Río
S.A., en la que presenta renuncia a partir del 15 de junio de 1979[21].
3.17. Oficio No.
DAP-2684 de fecha 16 de mayo de 1979, suscrito por el Director de la División
de Personal de Acerías Paz del Río S.A., dirigido al señor Jorge Arturo Peña en
el que se le acepta la renuncia presentada el 14 de mayo de 1979[22].
3.18. Oficio
93-26719 de fecha 21 de septiembre de 2016, suscrito por el Coordinador de
Administración de Personal de Acerías Paz del Río S.A., dirigido al señor Jorge
Arturo Peña, en el que se indicó que la Oficina Asesora Jurídica en su caso
conceptuó que “en razón al tiempo de servicios que el ex trabajador llevaba
para el 1º de enero de 1967, fecha de inicio de la cobertura del ISS, esto es:
5 años, 9 meses y 8 días, término inferior a los 10 años que instituía la norma
en comento, NO TIENE derecho el peticionario (…) al reconocimiento y pago de la
pensión restringida de jubilación invocada”[23].
3.19.
Comunicación de fecha 16 de septiembre de 2016, suscrita por Muñoz Abogados
como Oficina de Asesoría Jurídica de Acerías Paz del Río S.A., dirigido al
Director Jurídico – Secretario General de Acerías Paz del Río S.A., en el que
presenta concepto sobre la petición presentada por el señor Jorge Arturo Peña
de reconocimiento de la pensión restringida por retiro voluntario en la que
concluyó que el trabajador no tiene derecho a lo pedido[24].
3.20. Poder
especial, amplio y suficiente conferido a Santiago Vega Samacá por parte del
señor Jorge Arturo Peña, para que inicie y lleve a su culminación el proceso de
reconocimiento de la pensión sanción restringida de jubilación a que tiene
derecho, en contra de Acerías Paz del Río S.A.[25].
3.21. Informe de
Personal No. 0107 de fecha 21 de mayo de 1979, expedido por Acerías Paz del Río
S.A.  al señor Jorge Arturo Peña donde consta que su retiro fue voluntario[26].
3.22.
Comprobante de pago de prestaciones sociales No. [33789] del 12 de junio de
1979, expedida por Acerías Paz del Río S.A. al señor Jorge Arturo Peña, donde
consta un pago por $250.355.29 para quedar a paz y salvo[27].
3.23. Oficio No.
DAP-2684 de fecha 16 de mayo de 1979, suscrito por el Director de la División
de Personal de Acerías Paz del Río S.A., dirigido al señor Jorge Arturo Peña en
el que se le acepta la renuncia presentada el 15 de junio de 1979[28].
3.24. Copia de
la cédula de ciudadanía del señor Luis Alberto Chaparro Mateus donde consta que
tiene 80 años[29].
3.25. Derecho de
petición de fecha 16 de agosto de 2016, suscrito por el señor Luis Alberto
Chaparro Mateus dirigido a el representante legal de la empresa Acerías Paz del
Río S.A., en el que indica que al tener 79 años de edad y habiendo trabajado
durante 19 años y 1 mes para la empresa y su retiro fue voluntario, tiene
derecho al reconocimiento y pago de la pensión restringida por retiro voluntario
en los términos de la Ley 171 de 1961, debidamente indexada[30].
3.26. Oficio
93-25901 de fecha 10 de agosto de 2016, suscrito por el Coordinador de
Administración de Personal de Acerías Paz del Río S.A., dirigido al señor Luis
Alberto Chaparro Mateus, en el que se le da respuesta a un derecho de petición
presentado el 17 de junio de 2016, y se le indica que “su último ingreso a
la Compañía fue del 4 de noviembre de 1955 hasta el 25 de diciembre de 1974;
igualmente, ingresó a disfrutar pensión de jubilación a partir del 1 de febrero
de 1989”. También le informaron que “no se realizaron ni se descontaron
aportes de seguridad social en pensión por periodos laborados antes de 1967, ya
que la Compañía (…) se rige por normas legales que regulan las relaciones de
derecho de carácter particular y privado, los aportes empezaron según el
Acuerdo No. 224 de 1966, fecha en la cual se iniciaron a hacer las cotizaciones
obligatorias para los riesgos de IVM (pensión) al Instituto de Seguros Sociales”.
Finalmente señalan que “la cobertura del Instituto de Seguros Sociales (…)
se inició a partir del 01 de enero de 1967 motivo por el cual no existe
fundamento legal que permita señalar como empleador omiso, a un patrono que no
afilió o no realizó cotizaciones por un trabajador cuando no existía la Entidad
ni la cobertura para los riesgos de IVM”[31].
3.27.
Certificación de fecha 1º de agosto de 2016, expedida por Acerías Paz del Río
S.A., en donde consta que el señor Luis Alberto Chaparro Mateus laboró para la
compañía del 4 de noviembre de 1955 al 25 de diciembre de 1974 y se inscribió
al régimen de seguridad social en pensión al Instituto de Seguros Sociales a
partir del 01 de enero de 1967[32].
3.28. Poder
especial, amplio y suficiente conferido a Santiago Vega Samacá por parte del
señor Luis Alberto Chaparro Mateus, para que inicie y lleve a su culminación el
proceso de reconocimiento de la pensión sanción restringida de jubilación a que
tiene derecho, en contra de Acerías Paz del Río S.A.[33].
3.29. Oficio
93-26636 del 15 de septiembre de 2016, suscrito por el Coordinador de
Administración de Personal dirigido al señor Luis Alberto Chaparro Mateus, en
el que se indicó que la Oficina Asesora Jurídica en su caso conceptuó que “esta
oficina considera que el señor LUIS ALBERTO CHAPARRO MATEUS, NO tiene derecho a
la pensión restringida de jubilación reclamada” conforme a la Ley 171 de
1961, teniendo en cuenta que el contrato de dicho trabajador fue terminado de
conformidad con la cláusula 56 de la Convención Colectiva vigente, esto es, por
una justa causa como lo es “padecer una incapacidad mínima pero permanente
del 51%, según Oficio SHI-5808 de Higiene y Seguridad del 31 -10-74”.
Aunado a esto, el señor Chaparro “recibe por parte del Instituto de Seguros
Sociales, hoy Colpensiones, pensión de vejez reconocida mediante Resolución No.
59456”[34].
3.30.
Comunicación de fecha 13 de septiembre de 2016, suscrita por Muñoz Abogados
como Oficina de Asesoría Jurídica de Acerías Paz del Río S.A., dirigido al
Director Jurídico – Secretario General de Acerías Paz del Río S.A., en el que
presenta concepto sobre la petición presentada por el señor Luis Alberto
Chaparro Mateus de reconocimiento de la pensión restringida por retiro
voluntario en la que concluyó que el trabajador no tiene derecho a lo pedido[35].
3.31. Informe de
Personal No. 0252 de fecha 11 de diciembre de 1974, expedido por Acerías Paz
del Río S.A. al señor Luis Alberto Chaparro Mateus donde consta “terminación
contrato de trabajo por padecer neumoconiosis profesional incipiente (Silicosis)
tiene una incapacidad mínima pero permanente del 51% según Of. SHI-5808 de
Higiene y Seguridad del 31-10-74. Debe pagársele 11 meses de salario para
cubrirle como prestación extralegal cláusula 56 de la Convención Colectiva
Vigente”[36].
3.32. Acta de Conciliación
No. 076 del 9 de marzo de 1989 ante el Inspector de Trabajo, entre el señor
Luis Alberto Chaparro Mateus y Acerías Paz del Río S.A. en la que frente a la
solicitud de pensión de jubilación hecha por el señor Chaparro, la empresa
señaló lo siguiente: “el reclamante (…) no reúne los requisitos de ley para
tener derecho a la pensión; sin embargo (…) reconoce al señor LUIS ALBERTO
CHAPARRO MATEUS en forma voluntaria, una suma fija y por una sola vez, de
CIENTO TREINTA MIL PESOS ($130.000.000) m/cte, y una pensión VOLUNTARIA DE
JUBILACIÓN en cuantía de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
CON 60/100 m/cte ($32.559.60) mensualmente, a partir del día primero (1º) de
febrero de mil novecientos ochenta y nueve (1989), pensión que se irá modificando
conforme a la ley. Acerías continuará cotizando para los seguros de invalidez,
vejez y muerte, hasta cuando el extrabajador y asegurado cumpla con los
requisitos exigidos por el Instituto de los Seguros Sociales para otorgar la
pensión de vejez y en ese momento el Instituto procederá a cubrir dicha
pensión, siendo de cuenta de ACERÍAS como PATRONO, únicamente el mayor valor,
si lo hubiere(…)”[37].
3.33. Resolución
No. 01049 del 22 de noviembre de 2002, expedida por el Instituto de los Seguros
Sociales, “Por medio de la cual se resuelve una solicitud de Prestaciones
Económicas en el Sistema General de Pensiones – Régimen Solidario de Prima
Media con Prestación Definida”, en la que se resolvió reconocer pensión de
vejez al señor Luis Alberto Chaparro Mateus a partir de junio 3 de 2000[38].
3.34. Derecho de
petición de fecha 4 de octubre de 2016, suscrito por el señor Isidoro Romero
Panqueva dirigido al representante legal de la empresa Acerías Paz del Río S.A.,
en el que indica que al tener 77 años de edad y habiendo trabajado durante 16
años y 2 meses para la empresa y su retiro fue voluntario, tiene derecho al
reconocimiento y pago de la pensión restringida por retiro voluntario a la que
tiene derecho en los términos de la Ley 171 de 1961, debidamente indexada[39].
3.35. Oficio
93-24560 de fecha 27 de junio de 2016, suscrito por el Coordinador de
Administración de Personal de Acerías Paz del Río S.A., dirigido al señor
Isidoro Romero Panqueva, en el que se le da respuesta a un derecho de petición
presentado el 11 de mayo de 2016, y se le indica que “su último ingreso a la
Compañía fue del 26 de abril de 1956 hasta el 6 de febrero de 1972; igualmente,
ingresó a disfrutar pensión de jubilación a partir del 1 de octubre de 1989”.
También le informaron que “no se realizaron ni se descontaron aportes de
seguridad social en pensión por periodos laborados antes de 1967, ya que la
Compañía (…) se rige por normas legales que regulan las relaciones de derecho
de carácter particular y privado, los aportes empezaron según el Acuerdo No.
224 de 1966, fecha en la cual se iniciaron a hacer las cotizaciones
obligatorias para los riesgos de IVM (pensión) al Instituto de Seguros Sociales”.
Finalmente señalan que “la cobertura del Instituto de Seguros Sociales (…)
se inició a partir del 01 de enero de 1967 motivo por el cual no existe
fundamento legal que permita señalar como empleador omiso, a un patrono que no
afilió o no realizó cotizaciones por un trabajador cuando no existía la Entidad
ni la cobertura para los riesgos de IVM”[40].
3.36.
Certificación de fecha 1º de junio de 2016, expedida por Acerías Paz del Río
S.A., en donde consta que el señor Isidoro Romero Panqueva laboró para la
compañía del 26 de abril de 1956 al 6 de febrero de 1972 y se inscribió al
régimen de seguridad social en pensión al Instituto de Seguros Sociales a
partir del 01 de enero de 1967[41].
3.37. Oficio
93-26967 del 25 de octubre de 2016, suscrito por el Coordinador de
Administración de Personal de Acerías Paz del Río S.A., dirigido al señor
Isidoro Romero Panqueva en el que se le da respuesta a un derecho de petición
presentado el 17 de octubre de 2016, y se le indica que “de acuerdo al acta
de conciliación No. 339 del 12 de diciembre de 1989, le fue reconocida pensión
voluntaria de jubilación cuando cumplió los requisitos para acceder a ésta, y
siempre se le efectuaron los incrementos legales a sus mesadas pensionales
hasta el momento que reunió los requisitos para acceder a la pensión legal de
vejez por parte del ISS hoy Colpensiones”[42].
3.38. Poder especial,
amplio y suficiente conferido a Santiago Vega Samacá por parte del señor
Isidoro Romero Panqueva, para que inicie y lleve a su culminación el proceso de
reconocimiento de la pensión sanción restringida de jubilación a que tiene
derecho, en contra de Acerías Paz del Río S.A.[43].
3.39. Copia de
la Resolución No. 047160 del 8 de octubre de 2009 expedida por el Instituto de
Seguros Sociales “Por medio de la cual se aclara una Resolución en el
Sistema General de Pensiones – Régimen de Prima media con Prestación Definida”,
en la que se resolvió negar la pensión de vejez al asegurado Isidoro Romero
Panqueva por cuanto se encuentra en la nómina de pensiones por percibir una
prestación por invalidez otorgada por la Administradora de Riesgos
Profesionales del ISS como consecuencia de un accidente de trabajo, la cual es
incompatible con la pensión de vejez de acuerdo con la Circular 569 del 4 de
noviembre de 2003[44].
3.40. Copia de
la Resolución No. 005469 de 1999 expedida por el Instituto de Seguros Sociales
“por la cual se resuelve una solicitud de prestaciones económicas en el
Sistema General de Pensiones – Régimen Solidario de Prima Media con Prestación
Definida”, en la que se resolvió negar la prestación por vejez solicitada
por Isidoro Romero Panqueva por cuanto no ha cotizado 500 semanas en los 20
años anteriores al cumplimiento de la edad, de acuerdo con el Acuerdo 049 de
1990[45].
3.41. Copia
ilegible de Acta de Conciliación No. 339 del 12 de diciembre de 1989, entre
Isidoro Romero Panqueva y Acerías Paz del Río S.A. en la que frente a la
solicitud de pensión de jubilación hecha por el señor Romero, la empresa señaló
lo siguiente: “el reclamante (…) no reúne los requisitos de ley para tener
derecho a la pensión; sin embargo (…) reconoce al señor ISIDORO ROMERO PANQUEVA
en forma voluntaria, una suma fija y por una sola vez, de CIEN MIL PESOS
($100.000.000) m/cte, y una pensión VOLUNTARIA DE JUBILACIÓN en cuantía de
TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 60/100 m/cte
($32.559.60) mensualmente, a partir del día primero (1º) de febrero de mil
novecientos ochenta y nueve (1989), pensión que se irá modificando conforme a
la ley. Acerías continuará cotizando para los seguros de invalidez, vejez y
muerte, hasta cuando el extrabajador y asegurado cumpla con los requisitos
exigidos por el Instituto de los Seguros Sociales para otorgar la pensión de
vejez y en ese momento el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de
cuenta de ACERÍAS como PATRONO, únicamente el mayor valor, si lo hubiere(…)”[46].
3.42. Resolución
No. 3257 de 1974, expedida por el Instituto Colombiano de Seguros Sociales “Por
la cual se declara definitiva una pensión”, en la que resuelve conceder
pensión por incapacidad permanente, por las mismas causas de que trata la
Resolución 1155/72, al señor Isidoro Romero Panqueva de forma definitiva[47].
3.43. Copia de
la cédula de ciudadanía del señor Marco Antonio Aponte Rojas donde consta que
tiene 80 años[48].
3.44. Derecho de
petición de fecha 5 de septiembre de 2016, suscrito por el señor Marco Antonio
Aponte Rojas dirigido al representante legal de la empresa Acerías Paz del Río
S.A., en el que indica que al tener 78 años de edad y habiendo trabajado
durante 15 años, 7 meses y 17 días para la empresa y su retiro fue voluntario,
tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión restringida por retiro
voluntario a la que tiene derecho en los términos de la Ley 171 de 1961,
debidamente indexada[49].
3.45. Oficio
93-25902 de fecha 10 de agosto de 2016, suscrito por el Coordinador de
Administración de Personal de Acerías Paz del Río S.A., dirigido al señor Marco
Antonio Aponte Rojas, en el que se le da respuesta a un derecho de petición
presentado el 27 de junio de 2016, y se le indica que “usted trabajó para
esta compañía desde el 14 de febrero de 19957 hasta el 30 de septiembre de
1972, no es ni será pensionado de Acerías Paz del Río S.A.” También le
informaron que “no se realizaron ni se descontaron aportes de seguridad
social en pensión por periodos laborados antes de 1967, ya que la Compañía (…)
se rige por normas legales que regulan las relaciones de derecho de carácter
particular y privado, los aportes empezaron según el Acuerdo No. 224 de 1966,
fecha en la cual se iniciaron a hacer las cotizaciones obligatorias para los
riesgos de IVM (pensión) al Instituto de Seguros Sociales”. Finalmente
señalan que “la cobertura del Instituto de Seguros Sociales (…) se inició a
partir del 01 de enero de 1967 motivo por el cual no existe fundamento legal
que permita señalar como empleador omiso, a un patrono que no afilió o no
realizó cotizaciones por un trabajador cuando no existía la Entidad ni la
cobertura para los riesgos de IVM”[50].
3.46.
Certificación de fecha 1º de agosto de 2016, expedida por Acerías Paz del Río
S.A., en donde consta que el señor Marco Antonio Aponte Rojas laboró para la
compañía del 14 de febrero de 1957 al 30 de septiembre de 1972 y se inscribió
al régimen de seguridad social en pensión al Instituto de Seguros Sociales a
partir del 01 de enero de 1967[51].
3.47. Oficio
93-26556 de fecha 12 de septiembre de 2016, suscrito por el Coordinador de
Administración de Personal de Acerías Paz del Río S.A. dirigido al señor Marco
Antonio Aponte Rojas, en el que se le indica que para continuar con el estudio
de su requerimiento de pensión restringida por retiro voluntario es necesario
presentar una documentación adicional: registro civil de nacimiento y fotocopia
de la cédula de ciudadanía[52].
3.48. Poder
especial, amplio y suficiente conferido a Santiago Vega Samacá por parte del
señor Marco Antonio Aponte Rojas, para que inicie y lleve a su culminación el
proceso de reconocimiento de la pensión sanción restringida de jubilación a que
tiene derecho, en contra de Acerías Paz del Río S.A.[53].
3.49. Informe de
Personal No. 216 de fecha 2 de octubre de 1972, expedido por Acerías Paz del
Río S.A. al señor Marco Antonio Aponte Rojas donde consta que su retiro fue
voluntario[54].
3.50.
Comunicación de fecha ilegible suscrita por el señor Marco Antonio Aponte Rojas
y dirigida al Jefe de Personal de Acerías Paz del Río S.A., en la que presenta
renuncia a partir de (fecha ilegible). El oficio tiene anotación en letra a
mano alzada que indica “se acepta la renuncia con fecha 1º de octubre /72”
Firma[55].
3.51.
Comprobante de pago de prestaciones sociales No. (Ilegible) del 10 de octubre
de 1972, expedida por Acerías Paz del Río S.A. al señor Marco Antonio Aponte
Rojas, donde consta un pago por $22.837.77 para quedar a paz y salvo[56].
4. Decisiones
judiciales objeto de revisión
4.1. Primera
instancia
El Juzgado Tercero
Civil Municipal en Oralidad de Sogamoso, en sentencia del 1º de septiembre de
2017, resolvió declarar improcedente el amparo por cuanto no hay argumentos
para justificar el tiempo trascurrido entre los derechos de petición
presentados, que fueron resueltos negativamente por la empresa año 2016), y la
interposición de la acción de tutela (febrero de 2017). Además, a pesar de que
son personas adultas mayores no se evidencian situaciones de pobreza o
debilidad manifiesta que los ubique en una condición de vulnerabilidad que les
impida procurarse los medios necesarios para suplir sus necesidades básicas que
hagan procedente la acción aunque existan otras vías judiciales ordinarias.
Lo que realmente
se verifica en la acción de tutela es “una completa inactividad por años
frente al derecho que a la pensión restringida aquí se alega y frente a la cual
bien pudieron hacer uso de los mecanismos ordinarios que la ley otorga para
obtener así por parte del funcionario competente un pronunciamiento de fondo”.
4.2. Impugnación[57]
El apoderado de
los accionantes presentó escrito de impugnación señalando que en el escrito
tutelar se mencionó que la afectación al mínimo vital se hacía visible en tanto
la falta de dicha prestación ha generado una situación injusta ya que a medida
que pasan los años los gastos de adultos mayores como ellos, se incrementan en
razón a que deben asumir gastos médicos y adquirir medicamentos que no cubren
las EPS. Aunado a esto, ya las altas cortes han reiterado que “las personas
de la tercera edad son de especial protección porque las resultas de un proceso
ordinario agravarían su situación, por la mora en el trámite de estos, más de
diez (10) años hasta surtir el recurso de casación”.
Finalmente, en
cuanto al requisito de inmediatez, alegó que “aun cuando la ignorancia de la
Ley no sirve de excusa, los ancianos no sabían de su derecho a la pensión
restringida, obsérvese que la propia empresa accionada hoy en día, todavía
desconoce este derecho, y rotundamente niega su reconocimiento a estos accionantes
que lo solicitaron”.
Por lo anterior,
solicita se revoque la decisión de primera instancia y se ordene el
reconocimiento y pago de la pensión deprecada, debidamente indexada.
4.3. Segunda
instancia
El Juzgado
Primero Civil del Circuito en Oralidad de Sogamoso, en fallo del 18 de octubre
de 2017 revocó la decisión de primera instancia, y en su lugar concedió el
amparo de los derechos fundamentales invocados. Por lo anterior, ordenó a la
accionada que en un término de 10 días contados a partir de la notificación de
la sentencia, reconozca y liquide la pensión restringida a la que tienen
derecho los accionantes y se les pague sus mesadas pensionales debidamente
ajustadas e indexadas con tres años de anterioridad a la fecha de presentación
del derecho de petición. Frente al señor Isidoro Romero Panqueva negó el
derecho por gozar de pensión de jubilación por parte de la empresa accionada.
Su decisión se
basó en los mismos argumentos usados por el apoderado de los accionantes en
cuanto a la procedencia de la acción así: (i) se afectó el mínimo vital por ser
personas adultas mayores cuyos gastos de manutención se acrecientan con el
trascurso de la vida y la llegada de la vejez, donde la salud está más
comprometida con el pasar de los años siendo en ocasiones necesaria la atención
de terceras personas que se encarguen de velar por el bienestar del adulto
mayor; (ii) pertenecen a la tercera edad y cobijados dentro de la doctrina de
la vida probable; (iii) la vulneración de los derechos invocados pudo iniciar
hace mucho tiempo sin embargo, en la actualidad sigue produciendo efectos
negativos en la calidad de vida de los accionantes “razón por la cual, el
requisito de inmediatez se ha mantenido vigente en el tiempo, teniendo en
cuenta que con la edad de los accionantes, se agrava su situación, lo cual
conlleva a configurar la inminencia de la acción de tutela”; (iv) y la
titularidad del derecho reclamado, se observa que “son titulares del derecho
a la seguridad social integral ya que dicho derecho realmente existe, por
cuanto están probados los requisitos de cada uno de los accionantes para
acceder al reconocimiento de la pensión restringida por ellos solicitada”;
(v) frente al grado de diligencia de los peticionarios considera que “es
aceptable, ya que por parte de los accionantes se realizaron las solicitudes
correspondientes ante la empresa accionada – Derechos de petición – los cuales
se respondieron de manera negativa y de conformidad con lo manifestado por la
Corte Constitucional, estas actuaciones son suficientes”.
Ahora bien,
frente al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión solicitada
indicó que: (i) los accionantes trabajaron con la empresa accionada por más de
15 años, (ii) su retiro se produjo voluntariamente; (iii) estos dos requisitos
son aceptados por la empresa; (iv) la demandada alega que la edad se cumplió
con posterioridad a la Ley 50 de 1990; (v) dicho argumento no es un requisito
como tal sino “una condición a cumplir para dar efectividad al derecho
causado al momento del retiro de trabajador”; (vi) los accionantes son
personas de la tercera edad, con pensiones reconocidas por Colpensiones que “no
superan ampliamente el salario mínimo legal, el cual difícilmente alcanza a
cubrir las necesidades básicas de una persona de la tercera edad”.
5. Actuaciones y pruebas recaudadas en sede de revisión
5.1. El 10 de mayo de 2018, la Magistrada
Sustanciadora profirió Auto, teniendo en cuenta que del material probatorio no
era posible desprender los suficientes elementos de juicio para adoptar una
decisión, en el cual ordenó: (i) oficiar a los
señores Marco Antonio Aponte Rojas, Carlos Julio Pérez Molano, Jorge Arturo
Peña, Isidoro Romero Panqueva y Luis Alberto Chaparro Mateus para que informaran cuál es su situación actual de
salud y económica, cuál es su núcleo familiar, si perciben algún ingreso
actualmente, si alguien colabora en sus gastos básicos, cómo después de ser
desvinculados de la empresa accionada, pudieron subsistir, y a qué se debió su
inactividad en cuanto la solicitud de la pensión restringida que hoy solicitan,
si su desvinculación ocurrió hace más de 30 años, y el cumplimiento de la edad
hace más de 15 años; (ii) vincular a Colpensiones
para que informara si alguno de los hoy accionantes es beneficiario de
alguna prestación pensional por parte de dicha administradora y con qué actos
administrativos se les otorgó o negó la pensión solicitada; y (iii) suspender por 30 días los términos para fallar en el proceso de la
referencia.
5.2. El 21 de mayo de 2018, la Secretaría General de la Corte
Constitucional allegó a este despacho, escrito de fecha 16 de mayo del presente
año suscrito por César Augusto Doncel Ballén, apoderado de Acerías Paz del Ríos
S.A., “por medio del cual solicita la revisión del proceso y autoriza a
Andrés Fabián Reyes, para conocer el auto del 10 de mayo de 2018”[58].
5.3. El 22 de mayo de 2018, la Secretaría General de la Corte
Constitucional allegó a este despacho, escrito de fecha 21 de mayo de 2018,
suscrito por el apoderado judicial de los accionantes en el cual da respuesta
al Auto de fecha 10 de mayo de 2018[59], en los siguientes
términos:
5.3.1. Respecto del señor Jorge Arturo Peña: “se encuentra
en incapacidad laboral por secuelas de errores médicos durante cirugías
practicadas desde noviembre de 2005 en SaludCoop EPS (…), en la actualidad
existe una demanda en contra” de dicha entidad. Su situación actual “es
precaria debido a que es pensionado por vejez, pensión reconocida por
Colpensiones, la cual corresponde a menos del salario mínimo, lo cual, de acuerdo
con el elevado costo de la canasta familiar y los múltiples gastos como
alimentación, vivienda, vestuario, transporte, salud, mantenimiento de su
cónyuge, entre otros, hace muy complicada su situación económica”.
Vive con su esposa “mayor de 69 años, en vivienda alquilada en
Bogotá de la cual responde económicamente”. Actualmente “devenga pensión
de vejez por la cual recibe un salario mínimo $781.525 y tiene deducciones por
valor de $333.800 por aportes a la salud y descuento de un préstamo de Colmena,
con lo cual recibe actualmente un neto de $447.725”. Afirma que
ocasionalmente recibe “por trabajos de reparación de computadores, ventas
por catálogos de ropas y varios cerca de $250.000”. Para cubrir algunos
gastos básicos “reciben ayuda de los hijos por valor cercano a $500.000 (…)”.
Comenta que después de salir de Acerías Paz del Río S.A. en el año
1979, se trasladó a Venezuela donde trabajó de 1979 a 1993. Desde ese año hasta
el 2000, “trabajó como Técnico Mecánico en empresas petroleras en Casanare.
En junio del año 2000 se trasladó nuevamente a Venezuela hasta finales de
agosto de 2002”. Regresó a Colombia y trabajó como independiente con
salarios mínimos “por la poca oferta debido a la avanzada edad”.
Colpensiones le reconoció pensión de vejez con un salario mínimo. Debido a que
el ingreso que percibe es mínimo, solicita la pensión restringida “para
menguar las dificultades y gastos de la vejez y por la incapacidad laboral de
las secuelas de los errores médicos de SaludCoop EPS, sobre la cual está la
demanda ante el Juzgado Cuarenta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá bajo el
Radicado 2010-0359, que según folio Nro. 931 se fijó la fecha del 23 de octubre
de 2018, para la Audiencia de Instrucción, Juzgamiento y Sentencia, según
artículo 373 del CGP”.
Finalmente, aduce que “el señor Peña no conocía con anterioridad
al presente proceso, su derecho a la pensión restringida, lo que imposibilitó
su reclamación en otro momento. También hay que acotar que la empresa teniendo
conocimiento del derecho en cabeza del trabajador, nunca informó del mismo,
teniendo con esto una conducta de mala fe por parte de esta entidad, respecto a
un funcionario que entregó parte de su vida al crecimiento de esta”.
5.3.2. Frente al señor Isidoro Romero Panqueva afirmó que: en
la actualidad tiene 78 años, “su salud se encuentra muy deteriorada, con
patologías como desviación septal e hipertrofia de cornetes, conjuntivitis
alérgica crónica, hipertensión arterial, lumbalgias entre otras dolencias”.
Vive con su esposa que tiene 76 años, quien depende económicamente de él y
también “tiene quebrantos de salud propios de su edad como son fx de húmero
proximal derecho y diabetes mellitus II entre otras dolencias”. Su
situación económica es precaria pues tiene demasiados gastos propios de su
edad.
En la actualidad recibe ingresos mensuales por $1.562.484
correspondientes a pensión restringida $781.242 y pensión de vejez $781.242. “Teniendo
en cuenta los gastos promedio mensuales los cuales ascienden a $1.887.000 por
concepto de salud, mercado, servicios, telefonía, transporte, medicamentos,
prendas de vestir, y la ayuda a su cónyuge (…), reciben como colaboración para
su subsistencia alrededor de $400.000 mensuales por parte de sus hijos”.
Afirma que después de desvincularse de la empresa laboró como
ayudante de sastrería para sostener a la familia.
Sobre la ausencia de solicitud de la prestación con anterioridad,
señaló lo mismo que el caso anterior: “el señor Romero no conocía con
anterioridad al presente proceso, su derecho a la pensión restringida, lo que
imposibilitó su reclamación en otro momento. También hay que acotar que la
empresa teniendo conocimiento del derecho en cabeza del trabajador, nunca
informó del mismo, teniendo con esto una conducta de mala fe por parte de esta
entidad, respecto a un funcionario que entregó parte de su vida al crecimiento
de esta”.
5.3.3. Sobre el señor Carlos Julio Pérez Molano expresó que:
su situación de salud actual “es propia de una persona de 76 años en que las
dolencias se multiplican, con patologías como obesidad e hiperlipidemia leve,
cuadro recurrente de disnea leve, dolor en el pecho y arritmia cardiaca no
especificada entre otras dolencias”.
Comenta que se encarga económicamente de su nieta y su situación
económica es precaria pues sus ingresos no le alcanzan para suplir todos los
gastos que tiene. Recibe mensualmente $781.242 correspondiente a la pensión
restringida por retiro voluntario y “esporádicamente recibe otros ingresos
al realizar su labor como conductor, con los cuales alcanza a solventar los
gastos, pero hay que acotar que cada vez le es más difícil realizar la
mencionada labor por su condición de salud”. Afirma no recibir colaboración
alguna para solventar sus gastos y expresa que “la casa en que vive está
casi en estado inhabitable”.
Una vez se desvinculó de la empresa, indica que laboró como
conductor para subsistir y, al igual que en los demás casos “el señor Pérez
no conocía con anterioridad al presente proceso, su derecho a la pensión
restringida, lo que imposibilitó su reclamación en otro momento. También hay
que acotar que la empresa teniendo conocimiento del derecho en cabeza del
trabajador, nunca informó del mismo, teniendo con esto una conducta de mala fe
por parte de esta entidad, respecto a un funcionario que entregó parte de su
vida al crecimiento de esta”.
5.3.4. En el caso del señor Marco Antonio Aponte Rojas
manifestó que: en la actualidad tiene 80 años, “su salud se encuentra muy
deteriorada con patologías como hipertensión arterial, síndrome de túnel carpiano
bilateral, radioculopatía L5-Si, diabetes mellitus tipo 2, entre otras
dolencias”.
Su situación económica es difícil pues tiene a su cargo a su
cónyuge. Tiene ingresos mensuales por $781.242 que corresponden a la pensión
restringida. Afirma que el promedio de sus gastos al mes ascienden a $1.062.900
“por concepto de salud, mercado, servicios, telefonía, transporte,
medicamentos, prendas de vestir y la ayuda a su cónyuge”, por tanto reciben
como colaboración por parte de sus hijos, alrededor de $300.000 mensuales.
Después de desvincularse de la empresa el señor Pérez trabajó como
conductor. Aunado a esto, el 7 de mayo de 1993 “presentó solicitud de
pensión, la cual es negada por parte de Acerías Paz del Río” con el
argumento que “el extrabajador no tiene el tiempo de servicios exigidos por
la ley laboral para tener derecho a la pensión ordinaria de jubilación prevista
en el artículo 260 del C.S.T., ni tiene la edad exigida por el artículo 8 de la
Ley 171 de 1961 para adquirir el derecho a pensión proporcional de jubilación”.
Así, reitera lo señalado anteriormente, “la empresa teniendo conocimiento
del derecho en cabeza del trabajador, nunca informó del mismo, teniendo con
esto una conducta de mala fe por parte de esta entidad, respecto a un
funcionario que entregó parte de su vida al crecimiento de esta, conducta que
es reiterativa en dicha empresa, atentando contra los derechos de los
extrabajadores los cuales en su mayoría cuentan con una avanzada edad”.
5.3.5. Finalmente, respecto del señor Luis Alberto Chaparro
Mateus indicó: “se intentó contactar por diferentes medios, para
corroborar lo solicitado por la Corte, pero fue imposible hacerlo (…) pero se
expresa que la situación de dicho señor no dista de la de los demás
accionantes, debido a la edad y situación socioeconómica similar”. Al
momento de establecer contacto con el señor Chaparro “enviaré el informe
respectivo”.
5.4. El 28 de mayo de 2018, la Secretaría General de la Corte
Constitucional allegó a este despacho, oficio BZ_2018_5546969-1553802 del 25 de
mayo de 2018[60], suscrito por Diego
Alejandro Urrego Escobar, Director de Acciones Constitucionales de la Gerencia
de Defensa Judicial de Colpensiones, en el que da respuesta al auto de pruebas
de fecha 10 de mayo de 2018, en los siguientes términos:
5.4.1. Marco Antonio Aponte Rojas: mediante Resolución No.
003192 del 28 de junio de 2005, el Instituto de Seguros Sociales reconoció y
ordenó el pago de una indemnización sustitutiva de pensión de vejez en cuantía
de $4.359.334, de la cual no existen reintegros, por lo tanto, el valor fue
cobrado por el asegurado.
5.4.2. Carlos Julio Pérez Molano: por Resolución GNR No.
000833 del 16 de octubre de 2012 Colpensiones reconoció y ordenó el pago de una
indemnización sustitutiva de pensión de vejez por $9.554.184 cobrada por el
asegurado.
5.4.3. Jorge Arturo Peña: a través de la Resolución No.
049023 del 26 de octubre de 2009, el Instituto de Seguros Sociales reconoció y
ordenó el pago de una pensión de vejez a su favor, en cuantía inicial de
$531.646 a partir del 1 de agosto de 2009, de conformidad con el Decreto 758 de
1990. Posteriormente, por Resolución SUB No. 66190 del 26 de mayo de 2017,
Colpensiones a solicitud del asegurado, reliquidó la pensión en $641.494 a
partir del 8 de mayo de 2014 de conformidad con el mismo Decreto. Su estado en
el aplicativo de nómina es Activo.
5.4.4. Isidoro Romero Panqueva: mediante Resolución GNR No.
261788 del 28 de agosto de 2015, Colpensiones en cumplimiento al fallo judicial
proferido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Sogamoso de fecha 2 de
septiembre de 2013, reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez a su
favor en cuantía de $515.000 a partir del 4 de abril de 2010, concediendo el
pago de un retroactivo por $79.255.567. De igual manera, reconoció y ordenó el
pago de incrementos pensionales del 14% por persona a cargo (cónyuge) sobre la
pensión mínima. Su estado en el aplicativo de nómina es Activo.
5.4.5. Luis Alberto Chaparro Mateus: por Resolución No. 01049
del 22 de noviembre de 2002, el Instituto de Seguros Sociales reconoció y
ordenó el pago de una pensión de vejez en su favor, en cuantía de $260.100 a
partir del 3 de junio de 2000, de conformidad con el Decreto 758 de 1990.
Posteriormente, mediante Resolución No. 059465 del 11 de diciembre de 2007, el
mismo Instituto, en cumplimiento del fallo  judicial proferido por el Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Sogamoso, reconoció y ordenó el pago de
incrementos pensionales del 14% por persona a cargo (cónyuge) sobre la pensión
mínima.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia y determinación de los problemas jurídicos a resolver
1.1. Competencia
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y
241, numeral 9°, de la Constitución, es competente para revisar los fallos de
tutela adoptados en los procesos de esta referencia.
1.2. Problemas jurídicos a resolver
Como primera medida, y en razón a que uno de los argumentos de la
parte accionada y el único de la autoridad de primera instancia es la
improcedencia de la acción por no cumplir con los requisitos de subsidiariedad
e inmediatez, se deberá determinar si (i) ¿la acción de tutela es procedente
como mecanismo idóneo y eficaz para garantizar los derechos fundamentales al
mínimo vital y seguridad social, de cinco personas adultos mayores con
afecciones de salud, a quienes la accionada les negó el reconocimiento y pago
de una pensión restringida por retiro voluntario? Para lo cual se hará un
examen de procedencia a la luz de la jurisprudencia reiterada de esta
Corporación.
Posteriormente, si la respuesta al anterior interrogante es
afirmativa y en consideración a los antecedentes planteados, corresponde a
la Sala de Revisión atender las siguientes problemáticas:
(ii) ¿una empresa vulnera los derechos fundamentales de sus
extrabajadores (personas adultas mayores en condición de vulnerabilidad) al
negarles el reconocimiento y pago de la pensión restringida por retiro
voluntario[61], bajo los argumentos de
que (a) cumplieron con la edad (60 años) con posterioridad a la expedición de
la Ley 50 de 1990[62] y (b) llevaban menos de
10 años de servicios al entrar en vigencia el Acuerdo No. 224 de 1966[63]?
De ser afirmativa la respuesta al problema jurídico anterior, se
debe determinar si (iii) ¿opera la figura de la compatibilidad o de la
compartibilidad entre la pensión restringida por retiro voluntario solicitada y
la pensión de vejez que a algunos de los accionantes ya les fue reconocida?
Para resolver
las cuestiones planteadas, la Sala Séptima  de Revisión de Tutelas analizará: primero,
la evolución del sistema pensional en Colombia hasta la Ley 100 de 1993; segundo,
la pensión restringida por retiro voluntario; tercero, la compatibilidad
entre la pensión restringida por retiro voluntario y la pensión de vejez; y cuarto,
se analizará el caso concreto.
2. Examen de procedencia de la acción de
tutela en los casos bajo estudio
2.1. La acción de tutela fue interpuesta por los señores Marco Antonio Aponte Rojas, Carlos Julio Pérez Molano, Jorge Arturo
Peña, Isidoro Romero Panqueva y Luis Alberto Chaparro Mateus, a través de
apoderado judicial. Lo anterior encuentra su fundamento constitucional
en el artículo 86 de la Carta,[64]
el cual establece que toda persona que considere que sus derechos fundamentales
han sido vulnerados o se encuentran amenazados, podrá interponer acción de
tutela en nombre propio o a través de un representante que actúe en su nombre.
2.2. El artículo 13 del Decreto 2591 de
1991 dispone que la acción “se dirigirá contra la autoridad pública o el
representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho
fundamental (…)”. Conforme se desprende del escrito tutelar y de la
documentación allegada al expediente, la acción de tutela fue interpuesta en
contra de Acerías Paz del Río S.A., entidad señalada como la presunta
responsable de la vulneración de los derechos fundamentales invocados, siendo
el sitio en el que laboraron los actores consolidando el derecho a la pensión
restringida por retiro voluntario.
2.3. El escrito tutelar fue radicado el día
28 de febrero de 2017 y los oficios a través de los cuales la empresa negó el
reconocimiento de la prestación solicitada son de fechas 10 de agosto de 2016
(Marco Antonio Aponte Pérez), 15 de septiembre de 2016 (Luis Alberto Chaparro
Mateus), 21 de septiembre de 2016 (Carlos Julio Pérez Molano y Jorge Arturo
Peña) y 25 de octubre de 2016 (Isidoro Romero Panqueva). Es decir, entre la
presunta vulneración y la interposición de la acción de tutela trascurrió, en el
caso más alejado, 6 meses y 18 días, y en el más cercano 4 meses y tres días,
lo cual para la Sala es un lapso de tiempo razonable. Adicionalmente, es
oportuno recordar que la prestación solicitada es de
tracto sucesivo, es decir que, la vulneración se mantiene con el paso del
tiempo, situación que no le impide a la persona
reclamar la protección de su derecho.
Ahora bien, los actores solicitan una
prestación que se configuraba cuando cumpliesen más de 15 años laborando para
la misma empresa y se retiraran de ella voluntariamente, pero se hacía exigible
al momento de cumplir 60 años. Los accionantes cumplieron 60 años el 27 de
agosto de 1997 (Luis Alberto Chaparro Mateus), 12 de septiembre de 1997 (Marco
Antonio Aponte Pérez), 24 de mayo de 1999 (Isidoro Romero Panqueva), 15 de
marzo de 2002 (Carlos Julio Pérez Molano) y 28 de octubre de 2003 (Jorge Arturo
Peña). De acuerdo con lo anterior, la acción de tutela se interpuso entre 15 y
19 años después de la exigibilidad del derecho lo cual puede ser considerado
como un extenso lapso de tiempo.
Sin embargo, con base en la jurisprudencia
constitucional[65], la Sala considera que
la acción sí es procedente cuando se demuestra que la vulneración de los
derechos es permanente y se mantiene en el tiempo, “a pesar de que el hecho
que la haya originado sea muy anterior al de la presentación de la acción,
siempre que la situación desfavorable de la accionante sea continua y actual.
En este sentido, la inmediatez no puede ser entendida como un requisito de
procedibilidad severo, máxime si se considera que se trata de derechos
relacionados con la pensión de jubilación, que es un derecho irrenunciable que
no prescribe”[66].
En el presente caso, los accionantes
solicitan el reconocimiento y pago de la pensión restringida por retiro
voluntario de parte de Acerías Paz del Río S.A., prestación económica periódica
cuya negación es considerada como una vulneración permanente y se proyecta en
el tiempo, lo que los habilita para invocar la protección de sus derechos
mientras subsista la causa de la violación.
2.4. Por otra parte, el amparo constitucional resulta procedente en aquellos eventos en
que existiendo otros mecanismos ordinarios de protección, estos se tornan
ineficaces y carecen de idoneidad para evitar un perjuicio irremediable, o
cuando recae sobre un sujeto de especial protección.
Respecto de esa última calidad, la Corte
Constitucional indicó que la categoría de sujeto de especial protección
constitucional está conformada por “aquellas personas que debido a su
condición física, psicológica o social particular, merecen una acción positiva
estatal para efectos de lograr una igualdad efectiva”[67].
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que en este grupo de especial
protección se encuentran “los niños, los adolescentes, los adultos
mayores, los disminuidos físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres
cabeza de familia, las personas desplazadas por la violencia y aquellas que se
encuentran en extrema pobreza”[68], de tal manera que
resultaría desproporcionado exigirle a este tipo de personas (en una situación
de vulnerabilidad) el “agotamiento de actuaciones administrativas o
judiciales de carácter ordinario, que por su dispendioso y lento trasegar
judicial, no surgen como el medio más adecuado e idóneo para proteger de manera
oportuna y efectiva sus derechos fundamentales”[69]
(Subrayas fuera del texto).
Así las cosas, la Corporación ha concluido
que “exigir idénticas cargas procesales [tanto a las] personas que
soportan diferencias materiales relevantes [como a las que] no se
encuentran en estado de vulnerabilidad alguno, puede resultar discriminatorio y
comportar una infracción constitucional al acceso a la administración de
justicia en igualdad de condiciones”[70] por lo que el
juez constitucional puede conceder el reconocimiento y pago de prestaciones
económicas que derivan de una pensión, de manera definitiva[71],
si del material probatorio se puede concluir que (i) el actor es sujeto de
especial protección constitucional[72], (ii) lo pretendido
constituye el único sustento del peticionario y su núcleo familiar de tal
manera que al negarlo se comprometería de manera grave su mínimo vital[73],
y (iii) los requisitos legales exigidos para el reconocimiento prestacional se
cumplen en el caso concreto[74].
En el asunto analizado están de por medio
garantías fundamentales como el derecho al mínimo vital y la seguridad social
de cinco adultos mayores (74, 76, 78 y 80 años), con padecimientos propios de
la edad y otros, que ya no tienen una vida laboral activa debido a su edad y a
sus padecimientos los cuales van empeorando día a día y a pesar de que algunos
tienen un ingreso fijo (3 accionantes tienen pensión de vejez de un salario
mínimo mensual) no es suficiente para sufragar los gastos de su subsistencia y
la de su núcleo familiar, lo que los pone en un estado de vulnerabilidad. De
tal manera que, a pesar de que no se agotó la vía ordinaria laboral, esta no
constituye un mecanismo idóneo ni eficaz por la demora generalizada en este
tipo de procesos, que pueden dilatar la garantía urgente de derechos
fundamentales como el mínimo vital, la vida digna y la seguridad social de
personas adultas mayores.
En el presente caso se evidencia que la
acción de tutela interpuesta por los señores Marco Antonio Aponte Rojas, Carlos
Julio Pérez Molano, Jorge Arturo Peña, Isidoro Romero Panqueva y Luis Alberto
Chaparro Mateus es procedente como mecanismo definitivo por cuanto:
(i) se trata de sujetos de especial
protección en tanto son adultos mayores de 74, 76, 78 y 80 (2 casos) años, con
padecimientos como: (a) Jorge Peña: “secuelas por errores médicos durante
cirugías”, (b) Isidoro Romero: “desviación septal e hipertrofia de
cornetes, conjuntivitis alérgica crónica, hipertensión arterial, lumbalgias,
entre otras”; (c) Carlos Pérez: “obesidad e hiperlipidemia leve, cuadro
recurrente de disnea leve, dolor en el pecho y arritmia cardiaca no
especificada, entre otras”; (d) Marco Aponte: “hipertensión arterial,
síndrome de túnel carpiano bilateral, radioculopatía L5-Si, diabetes Mellitus
tipo 2, entre otras”; (e) Luis Chaparro: a pesar de no poderse comunicar
con él, el apoderado judicial afirma que “la situación de dicho señor no
dista de la de los demás accionantes debido a la edad”. No tienen la
posibilidad de vincularse formalmente a un empleo dadas sus condiciones de
salud y su avanzada edad.
(ii) La prestación que están solicitando,
en algunos casos (2 accionantes) se constituye en la única manera de que los
accionantes puedan solventar sus necesidades básicas, es decir, con la negativa
de la pensión restrictiva se está comprometiendo de manera ostensible su mínimo
vital. En otros casos (3 accionantes), a pesar de que reciben una pensión por
vejez por parte de Colpensiones, deben con ellas pagar deudas adquiridas y
sufragar los gastos para su subsistencia y la de su núcleo familiar, ante lo
cual afirman, no les es suficiente un salario mínimo mensual, sin dejar de lado
que es un derecho que les corresponde.
(iii) En el expediente obran pruebas que
pueden vislumbrar una posible titularidad del derecho exigido.
3. Evolución
del sistema pensional en Colombia hasta la Ley 100 de 1993
3.1. En un comienzo, la pensión de
jubilación estaba en cabeza del empleador, por tanto, y con el fin de
reglamentar dicha prestación se expidió la Ley 6º de 1945, por la cual se dictaron
algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones
profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo. Dicha
ley, en su artículo 12[75] dispuso que mientras el
seguro social obligatorio se organizaba, el empleador tenía a su cargo cubrir
las contingencias de invalidez, vejez, muerte, enfermedades generales,
maternidad y riesgos profesionales[76]. Específicamente, sobre
la pensión de jubilación, la señalada ley indicó:
“Artículo 14: La
empresa cuyo capital exceda de un millón de pesos ($1.000.000) estará también
obligada:
(…)
c) A pagar al
trabajador que haya llegado o llegue a los cincuenta (50) años de edad después
de veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos, una pensión
vitalicia de jubilación equivalente a las dos terceras partes del promedio de
los salarios devengados, sin bajar de treinta pesos ($ 30) ni exceder de
doscientos pesos ($ 200), en cada mes. La pensión de jubilación excluye el
auxilio de cesantía, menos en cuanto a los anticipos, liquidaciones parciales,
o préstamos que se le hayan hecho lícitamente al trabajador, cuya cuantía se
irá deduciendo de la pensión de jubilación en cuotas que no excedan del 20% de
cada pensión”.
3.2. Más adelante, la Ley 90 de 1946 “Por
la cual se establece el seguro social obligatorio y se crea el Instituto
Colombiano de Seguros Sociales” reformó el sistema de seguridad social
generando ventajas respecto de la legislación anterior pues estableció, por
ejemplo, que la pensión vitalicia de jubilación ya no dependería de la
solvencia del empleador sino que esos derechos serían siempre garantizados.
Por otra parte, estableció que “los
riesgos por enfermedad, invalidez, vejez, accidente profesional y muerte (art.
1º), serían cubiertos por el sistema de triple contribución forzosa compuesta
por los asegurados, los empleadores y el Estado, es decir, estaban obligados a
cotizar periódicamente para esas prestaciones (art. 16); el obrero tenía
derecho a la pensión de vejez vitalicia cuando reuniera los requisitos de edad
y cotización (art. 47) y se hizo responsable al empleador de la omisión en el
pago de las cotizaciones descontadas al operario y las que obliguen al mismo”[77].
Esta normativa, además “estableció un
régimen de transición en el artículo 72, en el que advierte la continuidad de
los sistemas vigentes a la fecha de su expedición, hasta tanto entrara en
funcionamiento el Instituto Colombiano de Seguros Sociales”[78]:
“Artículo 72. Las
prestaciones reglamentadas en esta ley, que venían causándose en virtud de
disposiciones anteriores a cargo de los patronos, se seguirán rigiendo por
tales disposiciones hasta la fecha en que el seguro social las vaya asumiendo
por haberse cumplido el aporte previo señalado para cada caso. Desde esa fecha
empezarán a hacerse efectivos los servicios aquí establecidos, y dejarán de
aplicarse aquellas disposiciones anteriores”.
Igualmente, el artículo 76 de la Ley en
mención, señaló que la pensión de jubilación cambiaría su denominación a
pensión de vejez pues el Seguro asumiría ese riesgo “respecto de los
servicios prestados anteriormente, siempre que el empleador aportara las cuotas
proporcionales respectivas”[79]:
“Artículo 76. El
seguro de vejez a que se refiere la Sección Tercera de esta ley, reemplaza la
pensión de jubilación que ha venido figurando en la legislación anterior. Para
que el Instituto pueda asumir el riesgo de vejez en relación con servicios
prestados con anterioridad a la presente ley, el patrono deberá aportar las
cuotas proporcionales correspondientes. Las personas, entidades o empresas que
de conformidad con la legislación anterior están obligadas a reconocer
pensiones de jubilación a sus trabajadores, seguirán afectadas por esa
obligación en los términos de tales normas, respecto de los empleados y obreros
que hayan venido sirviéndoles, hasta que el Instituto convenga en subrogarlas
en el pago de esas pensiones eventuales.
En ningún caso
las condiciones del seguro de vejez para aquellos empleados y obreros que en el
momento de la subrogación lleven a lo menos diez (10) años de trabajo al
servicio de las personas, entidades o empresas que se trate de subrogar en
dicho riesgo, serán menos favorables que las establecidas para ellos por la
legislación sobre jubilación, anterior a la presente ley”.
3.3. Posteriormente, se expidió el Código
Sustantivo del Trabajo (Decretos 2663 y 3743 de 1950[80])
que instituyó la transitoriedad en el pago de la pensión de jubilación a cargo
del empleador, mientras entraba en funcionamiento el Seguro Social, en los
siguientes términos:
“Artículo 259.
Regla General. 1. Los {empleadores} o empresas que se determinan en el presente
Título deben pagar a los trabajadores, además de las prestaciones comunes, las
especiales que aquí se establecen y conforme a la reglamentación de cada una de
ellas en su respectivo capítulo.
2. Las pensiones
de jubilación, el auxilio de invalidez y el seguro de vida colectivo
obligatorio dejaran de estar a cargo de los {empleadores} cuando el riesgo
correspondiente sea asumido por el Instituto de los Seguros Sociales, de acuerdo
con la ley y dentro de los reglamentos que dicte el mismo Instituto”.
Es así como en
el artículo 260 se estableció la pensión de jubilación bajo los siguientes
presupuestos:
“Art. 260.
Derecho a la pensión. <Artículo derogado por el artículo 289 de la Ley 100
de 1993. El texto derogado continúa vigente para los trabajadores sometidos al
régimen de transición creado por el artículo 36 de la Ley 100. El texto
original es el siguiente:>
1. Todo
trabajador que preste servicios a una misma empresa de capital de ochocientos
mil pesos ($ 800.000) o superior, que llegue o haya llegado a los cincuenta y
cinco (55) años de edad, si es varón, o a los cincuenta (50) años si es mujer,
después de veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos, anteriores o
posteriores a la vigencia de este Código, tiene derecho a una pensión mensual
vitalicia de jubilación o pensión de vejez, equivalente al setenta y cinco por
ciento (75%) del promedio de los salarios devengados en el último año de
servicio.
2. El trabajador
que se retire o sea retirado del servicio sin haber cumplido la edad expresada
tiene derecho a la pensión al llegar a dicha edad, siempre que haya cumplido el
requisito de los veinte (20) años de servicio”.
3.4. La Ley 171 de 1961[81]
fue expedida en aras de responder a la necesidad de evitar que los trabajadores
del sector privado, fuesen despedidos antes de que lograran cumplir con los
requisitos de la pensión (patronal) de jubilación que se causaba, como ya se
dijo, cuando cumplieran 20 años de servicio para el mismo empleador. Así, esta
nueva normativa dispuso que aquel empleador que desvinculara de manera
injustificada a un trabajador que llevara más de 10 años a su servicio, debía
reconocer una pensión vitalicia calculada de manera proporcional a aquella a la
que tendría derecho si hubiese podido cumplir todos los años de servicio (20).
Esta es la prestación que jurisprudencialmente se conoce como pensión sanción.
En el mismo artículo 8º de la mencionada
ley, se estableció otra circunstancia que daba pie a conceder una pensión
patronal, así:
“Artículo  8o. El
trabajador que sin justa causa sea despedido del servicio de una empresa de
capital no inferior a ochocientos mil pesos ($800.000.00), después de haber
laborado para la misma o para sus sucursales o subsidiarias durante más de diez
(10) años y menos de quince (15) años, continuos o discontinuos, anteriores o
posteriores la vigencia de la presente ley, tendrá derecho a que la empresa lo
pensione desde la fecha de su despido, si para entonces tiene cumplidos sesenta
(60) años de edad, o desde la fecha en que cumpla esa edad con posterioridad al
despido.
Si el retiro se
produjere por despido sin justa causa después de quince (15) años de dichos
servicios, la pensión principiará a pagarse cuando el trabajador despedido
cumpla los cincuenta (50) años de edad o desde la fecha del despido, si ya los
hubiere cumplido. Si después del mismo tiempo el trabajador se retira
voluntariamente, tendrá derecho a la pensión pero solo cuando cumpla sesenta
(60) años de edad.
(…)” (Subraya
fuera de texto).
Es decir, aquel trabajador que después de
15 años de servicio, anteriores o posteriores a la vigencia de dicha ley, se
retirara de manera voluntaria, tenía derecho a la pensión a cargo de la empresa
pero solo sería exigible al momento de cumplir 60 años. “La pensión
reconocida en esta norma ha sido denominada por la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia como pensión restringida por retiro voluntario, y se ha
interpretado que esta pensión es compatible con la pensión de vejez reconocida
por el Instituto de Seguros Sociales”[82].
3.5. Años más tarde, el Acuerdo 224 de
1966, aprobado por el Decreto 3041 de 1966[83], teniendo en
cuenta la diferenciación entre pensión de jubilación y pensión de vejez, “fue
desarrollado de manera general el seguro social obligatorio de invalidez, vejez
y muerte, estableciendo en el artículo 11 los requisitos para la obtención de
la pensión de vejez de la siguiente manera”[84]:
“Tendrán derecho
a la pensión de vejez, salvo lo dispuesto en el artículo 57 del presente
reglamento, los asegurados que reúnan los siguiente requisitos:
a. Tener 60 años,
o más de edad si es varón y 55 o más años si es mujer;
b. Haber
acreditado un número de 500 semanas de cotización pagadas durante los últimos
20 años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un
número de un mil semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo”.
Además de lo anterior, contempló en los
artículo 59, 60 y 61, un régimen de transición que tuvo como criterio
diferenciador, el número de años laborado por el trabajador para una misma
empresa (20 años o más, 15 años o más, 10 años o más).
3.6. Ya en vigencia de la Constitución
Política de 1991 el sistema pensional se organizó de mejor manera “en tanto
no sólo se estableció el trabajo como fundamento del Estado social de derecho,
sino que en el artículo 48 se instituyó la seguridad social como un servicio
público obligatorio, ejecutado bajo el control del Estado, y, además, con
carácter de derecho fundamental irrenunciable”[85].
Es así como en la Ley 100 de 1993 se crea
el sistema de seguridad social integral con el fin de unificar la normativa
sobre el tema, acabar con la inequidad y desventajas para los trabajadores y la
desarticulación institucional[86].
4. La pensión restringida por retiro
voluntario
4.1. La pensión restringida por retiro
voluntario fue consagrada, como ya se mencionó, en el artículo 8º de la Ley 171
de 1961. Frente a esta prestación, la Corte Suprema de Justicia en su
jurisprudencia ha reconocido que aquellas personas que al momento en que el
Instituto de Seguros Sociales asumió los riesgos de vejez, invalidez y muerte,
“tuvieran menos de 10 años de servicios, y se hubiera retirado
voluntariamente luego de haber laborado durante más de 15 años, sin haber
cumplido los requisitos para obtener la pensión de vejez, tienen derecho al
reconocimiento de la pensión restringida por retiro voluntario”[87].
Esa Corporación ha señalado de manera
reiterada, constante y uniforme que:
“las pensiones
restringidas de jubilación, en sus categorías de pensión sanción y por retiro
voluntario, son prestaciones económicas cuyo deudor exclusivo es el empleador”[88].
Por otra parte,
que dichas pensiones especiales de jubilación que eran “reguladas por el
citado artículo 8° de la Ley 171 de 1961, se causan desde el mismo momento en
que el trabajador es despedido injustamente con más de 10 o 15 años de servicio
que corresponde a la <pensión sanción>, o cuando se produce el retiro
voluntario después de 15 años de servicios que atañe a la llamada <pensión
por retiro voluntario>, sin que interese cuál haya sido el tiempo laborado
hasta la fecha en que el Instituto de Seguros Sociales asumió el riesgo de
vejez, pues dichas pensiones son independientes a las que deba reconocer el ISS
y corren a cargo exclusivo del empleador”[89].
Frente a la subrogación de la pensión
restringida por el Instituto de Seguros Sociales ha concluido que:
“Vale la pena
indicar que la pensión de jubilación que se pretende, no fue subrogada por el
Instituto de Seguros Sociales por el mero hecho de la afiliación del
trabajador, puesto que las pensiones reconocidas por el I.S.S. no desplazaron
ni sustituyeron y mucho menos, derogaron aquellas que corrían a cargo de los
empleadores, al punto que las reguladas en la Ley 171 de 1961 conservaron plena
vigencia, sin que pueda afirmarse que la creación del seguro social
obligatorio, trajera como consecuencia la asunción de dicho riesgo por parte de
la acá demandada”[90].
Lo anterior, en razón de que “esta
prestación tiene un carácter subjetivo, es decir, no fue instituida
precisamente para cubrir el riesgo de vejez sino para garantizar la estabilidad
del trabajador o para castigar al empleador que despedía a sus trabajadores
después de muchos años de servicio, con cuyo proceder se enervaba el nacimiento
pleno de sus derechos pensionales”[91].
Finalmente, y en cuanto a la edad señalada
para acceder al derecho, se indicó que ésta no es un requisito de causación
para adquirir el beneficio pues “los únicos requisitos para acceder a la
prestación son, el cumplimiento del tiempo de servicio y la terminación del
contrato, por retiro voluntario o por despido, según sea el caso, siendo la
edad un requisito para su exigibilidad, como lo recordó la Corte en las
sentencias CSJ SL5705-2015 y CSJ SL4041-2017”[92].
Así las cosas, se concluye que la Corte
Suprema de Justicia, de manera reiterada ha considerado que (i) las pensiones
especiales de jubilación (sanción y retiro voluntario) están a cargo
exclusivamente del empleador, (ii) se causan desde el momento en que el
trabajador es despedido injustamente con más de 10 o 15 años de servicios
(pensión sanción) o cuando se produce el retiro voluntario después de 15 años
de servicio a la misma empresa (retiro voluntario), (iii) para su causación no
interesa el tiempo laborado hasta la fecha en el que el Instituto de Seguros
Sociales asumió el riesgo de vejez, (iv) dichas prestaciones especiales no
fueron subrogadas por el Instituto de Seguros Sociales por cuanto su finalidad
no fue la de cubrir el riesgo de vejez sino garantizar la estabilidad del
trabajador en una empresa o el castigo por su despido injustificado después de
muchos años de servicios y, (v) el cumplimiento de la edad solo es un requisito
de exigibilidad mas no de causación.
4.2. En lo que atañe a la Corte
Constitucional, en la Sentencia T-240 de 2013[93] esta
Corporación, después de verificar el cumplimiento de los requisitos legales
para acceder a la pensión restringida por retiro voluntario, amparó los
derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social de la accionante
y ordenó a la entidad pagar dicha prestación consagrada en el artículo 8º de la
Ley 171 de 1961.
En esa oportunidad se señaló que “la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que el
actual Instituto de Seguros Sociales asumió las contingencias de la invalidez,
vejez y muerte, pero no asumió las contingencias amparadas por la pensión
establecida en el artículo 8° de la Ley 171 de 1961”.
A su vez, confirmó lo señalado por la misma
Corporación indicando que “la Corte Suprema de Justicia ha reconocido que
las personas que al momento en que el Instituto de Seguros Sociales asumió los
riesgos de vejez, invalidez y muerte, tuvieran menos de 10 años de servicios, y
se hubiera retirado voluntariamente luego de haber laborado durante más de 15
años, sin haber cumplido los requisitos para obtener la pensión de vejez,
tienen derecho al reconocimiento de la pensión restringida por retiro
voluntario”.
5. La compatibilidad entre la pensión restringida
por retiro voluntario y la pensión de vejez
5.1. La Corte Constitucional, en la
Sentencia T-240 de 2013[94] indicó que la
jurisprudencia de la Corte Suprema ha interpretado que “esta pensión
[restringida de jubilación por retiro voluntario] es compatible con la
pensión de vejez reconocida por el Instituto de Seguros Sociales”. Lo
anterior atendiendo lo reiterado en diversos fallos de la Sala Laboral de dicha
Corporación en los que se ha concluido que:
“desde la
expedición del Acuerdo 224 de 1966 se estableció la incompatibilidad entre las
pensiones legales a cargo del empleador y las que debía reconocer el Instituto
de Seguros Sociales, respecto de las prestaciones destinadas a cubrir el riesgo
de vejez; sin embargo dicha disposición no incluyó la pensión consagrada en el
artículo 8.° de la Ley 171 de 1961, en sus dos modalidades, esto es, la pensión
sanción derivada del despido injusto del trabajador con más de 10 años de
servicio y menos de 15 y la pensión por retiro voluntario, dispuesta para quienes
después de 15 años de servicio y menos de 20 se hubieran retirado
voluntariamente de su empleo”[95].
5.2. Por lo tanto, se entiende que en
vigencia de la Ley 90 de 1946 y del Acuerdo 224 de 1966, “las pensiones
reguladas por el artículo 8° de la Ley 171 de 1961, son compatibles con las
pensiones de vejez concedidas por el ISS, en tanto no fueron derogadas ni
remplazadas por la de vejez que el ISS asumió conforme la citada ley,
reglamentada por el Decreto 3041 de 1966, como quiera que aquellas constituyen
obligaciones económicas cuyo deudor exclusivo es el empleador”[96].
Esto en razón a que, como ya se dijo, “esta
prestación tiene un carácter subjetivo, es decir, no fue instituida
precisamente para cubrir el riesgo de vejez sino para garantizar la estabilidad
del trabajador o para castigar al empleador que despedía a sus trabajadores
después de muchos años de servicio, con cuyo proceder se enervaba el nacimiento
pleno de sus derechos pensionales”.
5.3. En efecto, la Corte Suprema de
Justicia señaló ampliamente en la Sentencia con Radicado 45545 del 6 de
septiembre de 2011 que:
“[…] Sobre este
puntual aspecto en discusión, la Sala en sentencia del 26 de septiembre de 2007
radicado 30766, que a su vez rememoró las decisiones del 21 de septiembre de
2006 y 12 de febrero de 2007, radicación 29406 y 28733 respectivamente, fijó el
criterio mayoritario que actualmente se mantiene, en cuanto a que la
subrogación del Instituto de Seguros Sociales en vigencia del Acuerdo 224 de
1966 no opera tratándose de pensiones especiales de jubilación reguladas por el
artículo 8° de la Ley 171 de 1961, las cuales quedan a cargo exclusivo del
empleador. En esa oportunidad la Corte puntualizó:
(….) debe
advertirse desde ya que la razón está de lado del impugnante. Para el efecto, considera
la Corte suficiente traer a colación el pronunciamiento vertido en la sentencia
de casación del 12 de febrero de 2007, radicación 28733, en los siguientes
términos:
“Con las
anteriores precisiones, puntualiza la Corte que desde la expedición del Acuerdo
224 de 1966, emanado del Consejo Directivo del ISS y aprobado por el artículo
1º del Decreto 3041 del mismo año, se estableció la incompatibilidad entre las
pensiones legales reconocidas por el empleador y las de vejez que debía
reconocer el Instituto de Seguros Sociales. Desde luego, las pensiones legales
incompatibles con el nuevo esquema de seguridad social que se implementó con la
expedición del citado acuerdo, fueron aquellas instituidas precisamente para
cubrir el riesgo de vejez y no las que se establecieron para garantizar la
estabilidad del trabajador en su empleo o para reprimir al empleador que
despedía injustamente al asalariado después de una más o menos larga prestación
de servicios y por ello le impedía acceder a la pensión de jubilación.
Esas pensiones
especiales, que no quedaron comprendidas por la vigencia del acuerdo
mencionado, eran las que consagraba el artículo 8º de la Ley 171 de 1961 en sus
dos modalidades, la conocida como pensión sanción, derivada fundamentalmente
del despido injusto del trabajador con más de 10 años de servicio y menos de
15, o con más de éste último número y menos de 20 –lo cual solamente incidía
para la edad del disfrute–, y la pensión por retiro voluntario, dispuesta para
quienes después de 15 años de servicios y menos de 20 hubieran hecho dejación
voluntaria de su empleo”.[97]
5.4. En ese orden de ideas, tanto la Corte
Suprema de Justicia, como en el fallo señalado de la Corte Constitucional, se
ha aceptado que la pensión restringida por retiro voluntario y la pensión de
vejez son compatibles dado que (i) cada una fue creada con propósitos
diferentes: una garantizar la estabilidad en el trabajo y la otra asumir la
contingencia del riesgo de vejez; y (ii) el Acuerdo 224 de 1966 no derogó ni
subrogó esta pensión dado que dicha obligación económica está exclusivamente en
cabeza del empleador.
5.5. Situación diferente se presenta
respecto de las pensiones extralegales reconocidas por los empleadores a sus
trabajadores por medio de convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral
o de forma voluntaria, las cuales a partir del Decreto 2879 de 1985 debían ser
compartidas con el Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones) cuando el
trabajador acreditara los requisitos legales para acceder a la pensión de vejez,
así “el empleador quedará relevado de seguir cancelando la pensión de
jubilación si no hay un mayor valor que cancelar entre la mesada pensional
reconocida por el ISS y la que venía pagando la Empresa o Entidad”[98].
Dicha norma fue derogada por el Decreto 758
de 1990 pero en el artículo 18 de dicha norma se conservó la figura de la
compartibilidad[99].
La Corte Constitucional, en la sentencia
T-042 de 2016 indicó que la compartibilidad pensional se opone a la
compatibilidad pensional, pues en esta última, el empleador no se subrogaría el
pago de mesadas extralegales en los casos descritos por el artículo 18 del
Decreto 758 de 1990:
“La primera
hipótesis se da cuando la pensión extralegal que concurre con la legal fue
reconocida con anterioridad al 17 de octubre de 1985. Lo anterior, por
cuanto la figura de la compartibilidad fue establecida por el Decreto 2879 de
1985 que entró en vigencia el 17 de octubre del mismo año. Si bien esta
normativa fue derogada por el Decreto 758 de 1990, esta nueva disposición
precisó que el fenómeno de la compartibilidad podría afectar únicamente a las
pensiones extralegales reconocidas con posterioridad al 17 de octubre de 1985.
La segunda
situación en la que no se daría la compartibilidad, sería aquella en la que en
la convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o acuerdo entre las
partes en que se establecieron los requisitos para acceder a la extralegal, se
hubiere dispuesto expresamente que la pensión no sería compartida con aquella
eventualmente reconocida por la administradora de pensiones.” (Subraya
fuera de texto).
6. Caso concreto
6.1. Los peticionarios instauraron acción
de tutela contra Acerías Paz del Río S.A. por considerar que sus derechos
fundamentales estaban siendo vulnerados en razón de la negativa de la empresa
del reconocimiento y pago de la pensión restringida por retiro voluntario, a la
que consideran tener derecho por cumplir los requisitos consagrados en el
artículo 8º de la Ley 171 de 1961.
La empresa accionada aduce que dicha
pretensión es improcedente en tanto no todos los accionantes se retiraron de
manera voluntaria y ninguno de los actores cumple los requisitos de la
normativa mencionada pues cumplieron 60 años después de expedida la Ley 50 de
1990 que indica que con la afiliación a la seguridad social de los accionantes,
la empresa subrogó su obligación pensional en el Instituto de Seguros Sociales.
6.2. Ahora bien, como ya se dijo, la
pensión restringida por retiro voluntario (i) está a cargo exclusivamente del
empleador, (ii) se causa desde el momento en que se produce el retiro
voluntario del trabajador después de 15 años de servicio a la misma empresa,
(iii) para su causación no interesa el tiempo laborado hasta la fecha en el que
el Instituto de Seguros Sociales asumió el riesgo de vejez, (iv) no fue
subrogada por el Instituto de Seguros Sociales por cuanto su finalidad no fue
la de cubrir el riesgo de vejez sino garantizar la estabilidad del trabajador
en una empresa y, (v) el cumplimiento de la edad solo es un requisito de exigibilidad
mas no de causación.
6.3. Por tanto, se proseguirá a verificar
en cada caso el cumplimiento de las prerrogativas exigidas en el artículo 8º de
la Ley 171 de 1961, las cuales son, (i) 15 años de servicios y (ii) el retiro
voluntario del trabajador y se analizará si en cada caso hay circunstancias que
ameriten pronunciamientos adicionales o diferentes.
Se aclara que los argumentos de la empresa
para negar el reconocimiento y pago de la prestación solicitada como: (i) que a
partir del 1 de enero de 1967 la entidad realizó aportes a seguridad social y
(ii) que a la fecha de expedición de la Ley 50 de 1990 (que modificó el
artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo) que consagró la subrogación de
las pensiones en el ISS[100], no habían cumplido la
edad requerida para ser beneficiarios de la pensión restringida, de tal manera
que no les aplica el beneficio, no se tendrán en cuenta ya que, como ya se
dijo, la pensión restringida se causa al cumplir los dos requisitos legales, y
la edad es para hacer exigible el derecho, dejando de ser trascendente la
expedición de la señalada Ley ya que en todos los casos, la pensión ya estaba
causada.
6.3.1. Marco Antonio Aponte Rojas. En el expediente se encuentra probado que trabajó durante 15 años, 7
meses y 17 días para la empresa Acerías Paz del Río S.A.[101]
y su retiro fue voluntario[102].
De acuerdo con lo anterior, cumple con los
requisitos para ser beneficiario de la pensión restringida por retiro
voluntario a cargo del empleador Acerías Paz del Río S.A. Por otra parte, se
aclara que aunque Colpensiones manifestó que mediante Resolución No. 003192 del
28 de junio de 2005 se le reconoció una indemnización sustitutiva de la pensión
de vejez en cuantía de $4.359.334, esto no es óbice para el reconocimiento de
la pensión especial solicitada.
El señor Aponte Rojas cumplió 60 años el 12
de septiembre de 1997, es decir, a partir de dicho momento era exigible su
derecho. No obstante, a pesar de que ya se dijo que la presente acción de
tutela es procedente a pesar del tiempo que trascurrió después del cumplimiento
de la edad requerida, es cierto que la solicitud ante la empresa se hizo solo a
partir del derecho de petición presentado el 27 de junio de 2016[103],
fecha desde la cual la accionada estuvo enterada de la pretensión del señor
Aponte.
De tal manera, se confirmará la decisión de
segunda instancia que revocó el fallo proferido por el juez de primera
instancia, en el sentido de tutelar los derechos al mínimo vital y seguridad
social del señor Marco Antonio Aponte Rojas, ordenar el reconocimiento de la
pensión restringida a la que tiene derecho y el pago de las mesadas pensionales
debidamente reajustadas e indexadas con tres años de anterioridad a la fecha de
presentación del derecho de petición.
6.3.2. Carlos
Julio Pérez Molano. En el expediente se encuentra probado que trabajó
durante 15 años, 4 meses y 21 días para la empresa Acerías Paz del Río S.A.[104]
y su retiro fue voluntario[105].
De acuerdo con lo anterior, cumple con los
requisitos para ser beneficiario de la pensión restringida por retiro
voluntario a cargo del empleador Acerías Paz del Río S.A. Por otra parte, se
aclara que aunque Colpensiones manifestó que mediante Resolución GNR No. 000833
del 16 de octubre de 2012 se le reconoció una indemnización sustitutiva de la
pensión de vejez en cuantía de $9.554.184, esto no es óbice para el
reconocimiento de la pensión especial solicitada.
El señor Pérez Molano cumplió 60 años el 15
de marzo de 2002, es decir, a partir de dicho momento era exigible su derecho.
No obstante, a pesar de que ya se dijo que la presente acción de tutela es
procedente a pesar del tiempo que trascurrió después del cumplimiento de la
edad requerida, es cierto que la solicitud ante la empresa se hizo solo a
partir del derecho de petición presentado el 31 de mayo de 2016[106],
fecha desde la cual la accionada estuvo enterada de la pretensión del señor
Pérez.
De tal manera, se confirmará la decisión de
segunda instancia que revocó el fallo proferido por el juez de primera
instancia, en el sentido de tutelar los derechos al mínimo vital y seguridad
social del señor Carlos Julio Pérez Molano, ordenar el reconocimiento de la
pensión restringida a la que tiene derecho y el pago de las mesadas pensionales
debidamente reajustadas e indexadas con tres años de anterioridad a la fecha de
presentación del derecho de petición.
6.3.3. Jorge Arturo Peña. En el expediente se encuentra probado que trabajó durante 18 años,
2 meses y 22 días para la empresa Acerías Paz del Río S.A.[107]
y su retiro fue voluntario[108].
De acuerdo con lo anterior, cumple con los
requisitos para ser beneficiario de la pensión restringida por retiro
voluntario a cargo del empleador Acerías Paz del Río S.A. Por otra parte, se
aclara que aunque Colpensiones manifestó que (i) mediante Resolución No. 049023
del 26 de octubre de 2009 se le reconoció y ordenó el pago de una pensión de
vejez en cuantía inicial de $531.646 a partir del 1 de agosto de 2009, de
conformidad con el Decreto 758 de 1990 (Acuerdo 049 de 1990), (ii) que
posteriormente, por resolución SUB No. 66190 del 26 de mayo de 2017 se
reliquidó la mesada pensional en $641.494 a partir del 8 de mayo de 2014 de
conformidad con la misma normativa, y (iii) que actualmente su estado en la
entidad es “Activo”, esto no es óbice para el reconocimiento de la pensión
especial solicitada ya que, como ya se explicó, dichas pensiones son compatibles
en tanto la pensión restringida por retiro voluntario no fue subrogada por el
Instituto de Seguros Sociales pues su finalidad no fue la de cubrir el riesgo
de vejez sino garantizar la estabilidad del trabajador en una empresa.
El señor Jorge Peña cumplió 60 años el 28
de octubre de 2003, es decir, a partir de dicho momento era exigible su
derecho. No obstante, a pesar de que ya se dijo que la presente acción de
tutela es procedente a pesar del tiempo que trascurrió después del cumplimiento
de la edad requerida, es cierto que la solicitud ante la empresa se hizo solo a
partir del derecho de petición presentado el 23 de mayo de 2016[109],
fecha desde la cual la accionada estuvo enterada de la pretensión del señor
Pérez.
De tal manera, se confirmará la decisión de
segunda instancia que revocó el fallo proferido por el juez de primera
instancia, en el sentido de tutelar los derechos al mínimo vital y seguridad
social del señor Jorge Arturo Peña, ordenar el reconocimiento de la pensión
restringida a la que tiene derecho y el pago de las mesadas pensionales
debidamente reajustadas e indexadas con tres años de anterioridad a la fecha de
presentación del derecho de petición.
6.3.4. Isidoro Romero Panqueva. En el expediente se encuentra probado que trabajó durante 15 años,
9 meses y 12 días para la empresa Acerías Paz del Río S.A.[110]
y su retiro fue voluntario por causa legal, ya que el 29 de febrero de 1972 fue
pensionado por invalidez por el Instituto de Seguros Sociales – hoy
Colpensiones[111].
De acuerdo con lo anterior, cumple con los
requisitos para ser beneficiario de la pensión restringida por retiro
voluntario a cargo del empleador Acerías Paz del Río S.A. Por otra parte, se
aclara que en el expediente se encuentra probado que (i) el ISS mediante
Resolución No. 1155 del 29 de febrero de 1972, le reconoció pensión de
invalidez por enfermedad profesional, (ii) con la Resolución No. 3257 de 1974
se le concedió de forma definitiva la pensión reconocida con la Resolución
anterior, (iii) Colpensiones manifestó, en sede de tutela, que por Resolución
GNR No. 261788 del 28 de agosto de 2015, en cumplimiento de un fallo judicial,
se reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez en cuantía de $515.000 a
partir del 4 de abril de 2010 y un retroactivo por $79.255.567, (iv) a su vez
se le reconoció y ordenó el pago de incremento pensional del 14% por persona a
cargo (cónyuge) sobre la pensión, y (v) que actualmente su estado en la entidad
es “Activo”, esto no es óbice para el reconocimiento de la pensión
especial solicitada ya que, como ya se explicó, dichas pensiones son compatibles
en tanto la pensión restringida por retiro voluntario no fue subrogada por el
Instituto de Seguros Sociales pues su finalidad no fue la de cubrir el riesgo
de vejez sino garantizar la estabilidad del trabajador en una empresa.
No obstante, en el expediente está probado
que el señor Isidoro Romero suscribió un acta de conciliación con la empresa
Acerías Paz del Río S.A., ante el inspector de trabajo, en la cual aceptó
recibir una suma de 100.000 pesos (para la época) por una sola vez y una “pensión
voluntaria de jubilación” a cargo de la empresa en cuantía de $32.559,60
mensualmente, a partir del 1º de febrero de 1989, la cual se iría modificando
conforme la ley, a su vez Acerías continuaría haciendo aportes a seguros de
invalidez, vejez y muerte hasta cuando el trabajador cumpliera los requisitos
exigidos por el ISS para la pensión de vejez y en ese momento el Instituto
asumiría dicha pensión, siendo obligación de Acerías, únicamente el mayor
valor.
Teniendo en cuenta lo anterior, y que
voluntariamente el actor aceptó una pensión voluntaria, compartida tanto
por prescripción legal como por acuerdo entre las partes, y que Acerías pagó
dicha prestación hasta que fue subrogada por Colpensiones, no es posible
otorgar la pensión restringida por retiro voluntario dado que se estaría
ordenando un doble pago por el mismo tiempo de servicios a la misma empresa.
Así las cosas, a pesar de que el señor Romero cumplió los requisitos para
acceder a la pensión restringida por retiro voluntario, ésta no se concederá en
razón a que con la pensión voluntaria de jubilación que aceptó excluyó la
posibilidad de recibir la prestación especial hoy solicitada.
De tal manera, se confirmará la decisión de
segunda instancia que revocó el fallo proferido por el juez de primera
instancia, en el sentido de negar el amparo constitucional solicitado por el
señor Isidoro Romero Panqueva, pero por las razones expuestas en esta
providencia.
6.3.5. Luis Alberto Chaparro Mateus. En el expediente se encuentra probado que trabajó 19 años, 1 mes y
28 días para la empresa Acerías Paz del Río S.A.[112]
y su retiro fue voluntario, acordado de conformidad con el artículo 56 de la
Convención Colectiva de Trabajo vigente para el momento, que indicaba una
prestación extralegal correspondiente a 11 meses de salario por su
desvinculación al “padecer una incapacidad mínima pero permanente del 51%”,
ya que se le diagnosticó “neumoconiosis profesional incipiente (Silicosis)”[113].
De acuerdo con lo anterior, cumple con los
requisitos para ser beneficiario de la pensión restringida por retiro
voluntario a cargo del empleador Acerías Paz del Río S.A. Por otra parte, se
aclara que aunque Colpensiones manifestó que (i) mediante Resolución No. 01049
del 22 de noviembre de 2002 se le reconoció y ordenó el pago de una pensión de
vejez en cuantía de $260.100 a partir del 3 de junio de 2000, de conformidad
con el Decreto 758 de 1990 (Acuerdo 049 de 1990), y (ii) que posteriormente,
por Resolución No. 059465 del 11 de diciembre de 2007, por orden judicial, se
reconoció y ordenó el pago de incremento pensional del 14% por persona a cargo
(cónyuge) sobre la pensión mínima, esto no es óbice para el reconocimiento de
la pensión especial solicitada ya que, como ya se explicó, dichas pensiones son
compatibles en tanto la pensión restringida por retiro voluntario no fue
subrogada por el Instituto de Seguros Sociales pues su finalidad no fue la de cubrir
el riesgo de vejez sino garantizar la estabilidad del trabajador en una
empresa.
No obstante, en el expediente está probado
que el señor Luis Alberto Chaparro suscribió un acta de conciliación con la
empresa Acerías Paz del Río S.A., ante el inspector de trabajo, en la cual
aceptó recibir una suma de 130.000 pesos (para la época) por una sola vez y una
“pensión voluntaria de jubilación” a cargo de la empresa en cuantía de
$32.559,60 mensualmente, a partir del 1º de febrero de 1989, la cual se iría modificando
conforme la ley, a su vez Acerías continuaría haciendo aportes a seguros de
invalidez, vejez y muerte hasta cuando el trabajador cumpliera los requisitos
exigidos por el ISS para la pensión de vejez y en ese momento el Instituto
asumiría dicha pensión, siendo obligación de Acerías, únicamente el mayor
valor.
Teniendo en cuenta lo anterior, y que
voluntariamente el actor aceptó una pensión voluntaria, compartida tanto
por prescripción legal como por acuerdo entre las partes, y que Acerías pagó
dicha prestación hasta que fue subrogada por Colpensiones, no es posible
otorgar la pensión restringida por retiro voluntario dado que se estaría
ordenando un doble pago por el mismo tiempo de servicios a la misma empresa.
Así las cosas, a pesar de que el señor Chaparro cumplió los requisitos para
acceder a la pensión restringida por retiro voluntario, ésta no se concederá en
razón a que con la pensión voluntaria de jubilación que aceptó excluyó la
posibilidad de recibir la prestación especial hoy solicitada.
De tal manera, se revocará el fallo de
segunda instancia que había tutelado los derechos al mínimo vital y seguridad
social en lo que tiene que ver con el señor Luis Alberto Chaparro Mateus, y en
su lugar se negará el amparo constitucional solicitado por las razones
expuestas en esta providencia.
III. DECISIÓN
Respecto de la pensión restringida por
retiro voluntario, consagrada en el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, la Corte
Constitucional reitera lo señalado por la Corte Suprema de Justicia así: (i) está a cargo exclusivamente del empleador, (ii) se causa desde
el momento en que se produce el retiro voluntario del trabajador después de 15
años de servicio a la misma, (iii) para su causación no interesa el tiempo
laborado hasta la fecha en el que Instituto de Seguros Sociales asumió el
riesgo de vejez, (iv) no fue subrogada por el Instituto de Seguros Sociales por
cuanto su finalidad no fue la de cubrir el riesgo de vejez sino garantizar la
estabilidad del trabajador en una empresa y, (v) el cumplimiento de la edad
solo es un requisito de exigibilidad mas no de causación.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- LEVANTAR la
suspensión de términos ordenada en Auto del diez (10) de mayo de dos mil
dieciocho (2018).
SEGUNDO.- CONFIRMAR el fallo de tutela de segunda instancia proferido por el Juzgado
Primero Civil del Circuito en Oralidad de Sogamoso el 18 de octubre de 2017 que
revocó la declaratoria de improcedencia dictada por el Juzgado Tercero Civil
Municipal en oralidad de Sogamoso, y tuteló los derechos fundamentales
invocados por los señores Marco Antonio Aponte Rojas, Carlos Julio Pérez
Molano, y Jorge Arturo Peña, y ordenó el reconocimiento
de la pensión restringida por retiro voluntario a la que tienen derecho y el
pago de las mesadas pensionales debidamente reajustadas e indexadas con tres
años de anterioridad a la fecha de presentación del derecho de petición.
TERCERO.-
CONFIRMAR el fallo de
tutela de segunda instancia proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito
en Oralidad de Sogamoso el 18 de octubre de 2017 que revocó la declaratoria de
improcedencia dictada por el Juzgado Tercero Civil Municipal en oralidad de
Sogamoso, y negó el amparo constitucional al señor Isidoro Romero Panqueva,
pero por las razones expuestas en esta providencia.
CUARTO.-
REVOCAR el fallo de tutela de segunda instancia
proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito en Oralidad de Sogamoso el
18 de octubre de 2017 que a su vez revocó la declaratoria de improcedencia
dictada por el Juzgado Tercero Civil Municipal en oralidad de Sogamoso, y tuteló
los derechos fundamentales invocados por el señor Luis Alberto Chaparro Mateus,
y en su lugar, NEGAR el amparo constitucional de los derechos al mínimo
vital y a la seguridad social por las razones expuestas en esta providencia.
QUINTO.-
LIBRAR las comunicaciones –por la Secretaría
General de la Corte Constitucional–, así como DISPONER las
notificaciones a las partes –a través del Juez de tutela de instancia–,
previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
Con salvamento de voto
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO
DE VOTO DEL MAGISTRADO
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
A
LA SENTENCIA T-301/18
Con el debido
respeto por las decisiones de esta Corporación me permito expresar las razones
que me llevan a salvar el voto en la sentencia T-301 del 25 de julio de 2018, proferida por la Sala Cuarta de Revisión
de la Corte Constitucional.
1. En esta oportunidad, la Corte
revisó el caso de cinco ex trabajadores de la empresa Acerías Paz del Rio,
quienes solicitaron el reconocimiento y pago de la pensión restringida por
retiro voluntario proporcional al tiempo de servicio. Esta prestación era
reconocida a aquellas personas que al momento en que el ISS asumió los riesgos
de vejez, invalidez o muerte, tuvieran menos de 10 años de servicios, y se
hubieran retirado voluntariamente luego de haber laborado por más de 15 años,
sin haber cumplido los requisitos para obtener la pensión de vejez.
2. Para determinar la procedencia
de la acción de tutela, la Sala se centró únicamente en la avanzada edad de los
accionantes, sin valorar integralmente las particularidades de cada asunto,
como pasa a explicarse:
(i). En el caso particular del
señor Marco Antonio Aponte Rojas es preciso advertir que si bien cumple desde
1997 con los requisitos para acceder a la pensión por retiro voluntario, el 28
de junio de 2010 le fue asignada una indemnización sustitutiva de la pensión de
vejez por un valor de $ 4.359.000. Sumado a ello, cumplió con los requisitos
para acceder al reconocimiento de la pensión en comento desde 1997, es decir
que tuvo más de 11 años para lograr el reconocimiento prestacional a través de
la jurisdicción ordinaria.
(ii). En lo que al señor Carlos
Julio Pérez Molano respecta, es posible advertir que este recibió una
indemnización sustitutiva de la pensión vejez por $ 9.554.418 y cumplió los
requisitos para acceder a la pensión especial por retiro voluntario el 15 de
marzo de 2002, es decir hace 16 años; entonces, no se explica por qué en su
momento no acudió a la jurisdicción ordinaria laboral.
(iii). Frente a la situación
personal del señor Jorge Arturo Peña, es debido destacar que este cuenta con
una pensión de vejez desde el año 2009 por un valor de $ 641.646 y cumplió con
los requisitos para acceder a la pensión por retiro voluntario el 28 de octubre
de 2010, esto es, hace más de 8 años, motivo por el cual no resulta razonable
que no haya acudido a la jurisdicción ordinaria laboral.
(iv). En contraste, si bien al
señor Isidoro Romero Panqueva no le fue otorgada la pensión por retiro
voluntario, al momento de su retiro de la empresa recibió $100.000 pesos por
una sola vez y “una pensión voluntaria de jubilación” por $ 32.559, 60,
mensuales a partir del 1.º de febrero de 1989, la cual se iría modificando
según la ley. Sumado a ello, el accionante cuenta con una pensión de vejez
desde el año 2010 por un valor de $515.000 por lo que en la actualidad tiene
ingresos por $ 1.562.584 sumando las dos prestaciones.
(v). Por último, la situación
fáctica que rodea al señor Luis Alberto Chaparro Mateus no es distinta a la
anteriormente expuesta, dado que si bien cumple con los requisitos para acceder
a la pensión por retiro voluntario[114],
se encuentra probado en el expediente que el accionante recibió de parte de la
accionada un pago por $ 130.000 (para la época) y “una pensión voluntaria de
jubilación” en cuantía de $ 32,559,60 mensuales a partir del 1.º de febrero
de 1989, la cual se iría modificando conforme la ley. Además, al actor le fue
reconocida una pensión de vejez por $263.000 desde 2007.
3.
Teniendo en cuenta lo anterior, es debido señalar que (i) no se configura un
perjuicio irremediable para las partes accionantes y; (ii) en ninguno de los
casos se acreditan los requisitos para la procedencia de la acción de tutela
(subsidiariedad e inmediatez). En esa medida, de la sentencia no es posible
extraer una circunstancia excepcional que justifique la intervención del juez
constitucional.
Al respecto, es preciso hacer mención al artículo 121 del
Código General del Proceso, disposición procesal vigente en la cual se
establece el tiempo que debe demorar un proceso judicial:
“DURACIÓN DEL PROCESO. Salvo
interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir
un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera o única
instancia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la
demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del mismo
modo, el plazo para resolver la segunda instancia, no podrá ser superior a
seis (6) meses, contados a partir de la recepción del expediente en la
secretaría del juzgado o tribunal. (Negrita fuera del texto)
Vencido el respectivo término
previsto en el inciso anterior sin haberse dictado la providencia
correspondiente, el funcionario perderá automáticamente competencia para
conocer del proceso, por lo cual, al día siguiente, deberá informarlo a la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al
juez o magistrado que le sigue en turno, quien asumirá competencia y proferirá
la providencia dentro del término máximo de seis (6) meses. La remisión del
expediente se hará directamente, sin necesidad de reparto ni participación de
las oficinas de apoyo judicial. El juez o magistrado que recibe el proceso
deberá informar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
sobre la recepción del expediente y la emisión de la sentencia.
La Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, por razones de congestión, podrá previamente
indicar a los jueces de determinados municipios o circuitos judiciales que la
remisión de expedientes deba efectuarse al propio Consejo Superior de la
Judicatura, o a un juez determinado.
Cuando en el lugar no haya otro
juez de la misma categoría y especialidad, el proceso pasará al juez que
designe la sala de gobierno del tribunal superior respectivo.
Excepcionalmente el juez o
magistrado podrá prorrogar por una sola vez el término para resolver la instancia
respectiva, hasta por seis (6) meses más, con explicación de la necesidad de
hacerlo, mediante auto que no admite recurso.” (Resaltado fuera del
texto).
A su turno, la jurisprudencia reiterada de esta Corporación
ha señalado que la duración de un proceso ante la jurisdicción ordinaria
laboral tarda de uno a tres años en atención a la congestión judicial que
existe en la Rama Judicial[115].
Bajo ese entendido, de los casos objeto de discusión no es
posible extraer variables circunstanciales que justifiquen la omisión por parte
de los accionantes de acudir a jurisdicción encargada de dirimir las
controversias relacionadas con las prestaciones derivadas de toda relación
laboral.
Si bien no desconozco la avanzada edad de los accionantes,
no se puede pasar por alto: (i) que hace más de 10 años cumplieron los
requisitos para acceder a la prestación que hoy reclaman y; (ii) a la fecha
gozan de las prestaciones sociales derivadas de sus actividades laborales. En
esa medida, si se hubiere acudido a la jurisdicción ordinaria laboral
oportunamente, los asuntos objeto de estudio habrían sido resueltos hace más de
7 años.
En todo caso, es importante señalar que aun omitiendo la
precitada disposición procesal, los accionantes pudieron acudir hace mucho
tiempo a la jurisdicción ordinaria laboral, lo que permite concluir que en la
actualidad la controversia ya hubiera sido resuelta.
4. Así las cosas, adoptar una decisión de fondo en los casos
que nos ocupan contradice dos de los principios básicos de procedencia de la acción
de tutela, como lo son el de subsidiariedad[116]
e inmediatez. El primero de ellos, según el inciso 4.º del artículo 86 de la
Constitución, determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”
Frente a la acreditación del requisito de inmediatez,
importa destacar que si bien el Decreto Estatutario 2591 de 1991 señala que la
acción de tutela puede ser presentada en cualquier tiempo, ello debe suceder en
un plazo razonable, contado desde la ocurrencia de la vulneración causante de
la trasgresión o desde que la persona sienta amenazados sus derechos.
Al respecto, esta Corporación ha señalado que, si bien la acción
iusfundamental puede presentarse en cualquier momento, es decir, no tiene
término de caducidad[117],
su interposición debe hacerse dentro un lapso oportuno y justo[118], teniendo en cuenta que
su fundamento es la protección inmediata y urgente de los derechos
fundamentales amenazados o vulnerados.
5. Por otro lado, del expediente tampoco es posible extraer
elementos de juicio que permitan determinar que a los recurrentes se les está
causando una afectación al mínimo vital, dado que cada uno de ellos goza de
reconocimientos prestacionales, ya sea por haber alcanzado la pensión de vejez
y/o por retiro voluntario o por haber recibido una indemnización sustitutiva de
la pensión de vejez por los años cotizados al sistema pensional.
Además, el tiempo empleado por los recurrentes para acudir a
la jurisdicción constitucional con la intención de dar solución a la
controversia planteada, también desvirtúa la supuesta afectación al mínimo
vital invocada en el escrito de tutela.
6. Por lo anterior, las ordenes encaminadas a conceder o a
negar la acción de tutela en comento desbordan la actuación del juez
constitucional en tanto no se abordó integralmente el marco de procedencia del
mecanismo constitucional que de haber sido estudiado según los parámetros
fijados por esta Corporación, habría permitido concluir que la presente acción
resultaba improcedente teniendo en cuenta la condiciones particulares de los
accionantes, la tardanza para acudir a la jurisdicción constitucional y el
medio de defensa con el que contaban, según se explicó previamente.
En otras palabras, considero que la Sala de Revisión debía
acoger una posición de mayor rigurosidad en relación con el cumplimiento de los
requisitos de procedencia de la acción de tutela, analizando de manera precisa
las condiciones de cada caso concreto, con el fin de determinar si tales
características ameritaban la intervención del juez constitucional.
En los
anteriores términos dejo consignado mi salvamento de voto.
Fecha ut supra,
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
[1] Sentencia proferida
el 1 de septiembre de 2017.
[2] Sentencia proferida
el 18 de octubre de 2017.
[3] Sala de Selección
Número Dos, conformada por los magistrados Cristina Pardo Schlesinger y Antonio
José Lizarazo Ocampo. Auto de selección del 16 de febrero de 2018, notificado
el 2 de marzo de 2018.
[4] El Juzgado Tercero
Civil Municipal en Oralidad de Sogamoso, en Auto del 22 de agosto de 2017,
admitió la acción de tutela y concedió 2 días hábiles para que la accionada
conteste la solicitud. Folios 49 y 50 del cuaderno 1 del expediente.
[5] Escrito de fecha 25
de agosto de 2017, suscrito por Nelson Ricardo Arcos Moreno, actuando en
calidad de apoderado de la accionada.52 al 68, cuaderno 1 del expediente.
[6] Folio 8, cuaderno 1
del expediente.
[7] Folio 9, cuaderno 1 del
expediente.
[8] Folio 10, cuaderno 1 del
expediente.
[9] Folio 11, cuaderno 1 del
expediente.
[10] Folio 12, cuaderno 1 del
expediente.
[11] Folio 15, cuaderno 1 del
expediente.
[12] Folio 16, cuaderno 1 del
expediente.
[13] Folio 70, cuaderno 1
del expediente.
[14] Folio 89, cuaderno 1 del
expediente.
[15] Folio 90, cuaderno 1 del
expediente.
[16] Folio 91, cuaderno 1 del
expediente.
[17] Folio 20, cuaderno 1
del expediente.
[18] Folio 21, cuaderno 1 del
expediente.
[19] Folio 22, cuaderno 1 del
expediente.
[20] Folio 23, cuaderno 1 del
expediente.
[21] Folio 102, cuaderno 1 del
expediente.
[22] Folio 24, cuaderno 1 del
expediente.
[23] Folio 74, cuaderno 1 del
expediente.
[24] Folio 75, cuaderno 1
del expediente.
[25] Folio 25, cuaderno 1 del
expediente.
[26] Folio 99, cuaderno 1 del
expediente.
[27] Folio 100, cuaderno 1 del
expediente.
[28] Folio 101, cuaderno 1 del
expediente.
[29] Folio 29, cuaderno 1
del expediente.
[30] Folio 30, cuaderno 1 del
expediente.
[31] Folio 31, cuaderno 1 del
expediente.
[32] Folio 32, cuaderno 1 del
expediente.
[33] Folio 33, cuaderno 1 del
expediente.
[34] Folio 34, cuaderno 1 del
expediente.
[35] Folios 79 al 80,
cuaderno 1 del expediente.
[36] Folio 103, cuaderno 1 del
expediente.
[37] Folios 104 al 105,
cuaderno 1 del expediente.
[38] Folios 106 al 109, cuaderno 1 del
expediente.
[39] Folio 37, cuaderno 1 del
expediente.
[40] Folio 38, cuaderno 1 del
expediente.
[41] Folio 39, cuaderno 1 del
expediente.
[42] Folio 72, cuaderno 1 del
expediente.
[43] Folio 40, cuaderno 1 del
expediente.
[44] Folios 85 al 87, cuaderno 1 del
expediente.
[45] Folio 88, cuaderno 1 del expediente.
[46] Folios 93 y 94, cuaderno 1 del
expediente.
[47] Folio 95, cuaderno 1 del
expediente.
[48] Folio 43, cuaderno 1
del expediente.
[49] Folio 44, cuaderno 1 del
expediente.
[50] Folio 45, cuaderno 1 del
expediente.
[51] Folio 46, cuaderno 1 del
expediente.
[52] Folio 83, cuaderno 1 del
expediente.
[53] Folio 33, cuaderno 1 del
expediente.
[54] Folio 110, cuaderno 1 del
expediente.
[55] Folio 111, cuaderno 1 del
expediente.
[56] Folio 112, cuaderno 1 del
expediente.
[57] Escrito de fecha 7 de
septiembre de 2017, suscrito por Santiago Vega Samacá, apoderado judicial de
los accionantes. Folios 131 al 132, cuaderno 1 del expediente.
[58] Folios 22 al 23, cuaderno sede de
revisión del expediente.
[59] Folios 34 al 143, cuaderno sede
de revisión del expediente.
[60] Folios 144 al 149, cuaderno sede
de revisión del expediente.
[61] Ley 171 de 1961 “Por
la cual se reforma la Ley 77 de 1959 y se dictan otras disposiciones sobre
pensiones”. Artículo 8º “El trabajador que sin justa causa sea despedido del
servicio de una empresa de capital no inferior a ochocientos mil pesos
($800.000.00), después de haber laborado para la misma o para sus sucursales o
subsidiarias durante más de diez (10) años y menos de quince (15) años,
continuos o discontinuos, anteriores o posteriores la vigencia de la presente
ley, tendrá derecho a que la empresa lo pensione desde la fecha de su despido,
si para entonces tiene cumplidos sesenta (60) años de edad, o desde la fecha en
que cumpla esa edad con posterioridad al despido. || Si el retiro se produjere
por despido sin justa causa después de quince (15) años de dichos servicios, la
pensión principiará a pagarse cuando el trabajador despedido cumpla los
cincuenta (50) años de edad o desde la fecha del despido, si ya los hubiere
cumplido. Si después del mismo tiempo el trabajador se retira
voluntariamente, tendrá derecho a la pensión pero solo cuando cumpla sesenta
(60) años de edad. || La cuantía de la pensión será directamente
proporcional al tiempo de servicios respecto de la que le habría correspondido
al trabajador en caso de reunir todos los requisitos necesarios para gozar de
la pensión plena establecida en el artículo 260 del Código Sustantivo del
Trabajo, y se liquidará con base en el promedio de los salarios devengados en
el último año de servicios.|| En todos los demás aspectos de la pensión aquí
prevista se regirá por las normas legales de la pensión vitalicia de jubilación”.
[62] Ley 50 de 1990 “Por
la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan
otras disposiciones”.
[63] Acuerdo No. 224 de
1966 aprobado por el Decreto 3041 de 1966 “Por el cual se aprueba el
reglamento general del seguro social obligatorio de invalidez, vejez y muerte”.
[64] Constitución
Política, Artículo 86 “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar
ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente
y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública”.
[65] Ver sentencias T-584
de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-332 de 2015 (MP Alberto Rojas
Ríos), T-246 de 2015 (MP Martha Victoria Sáchica Méndez), T-462 de 2017 (MP
Alberto Rojas Ríos).
[66] Corte Constitucional,
sentencia T-462 de 2017 (MP Alberto Rojas Ríos).
[67] Corte Constitucional,
sentencia T-486 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez).
[68] Corte Constitucional,
sentencias T-719 de 2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-456 de 2004 (MP
Jaime Araújo Rentería), T-700 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-953
de 2008 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-707 de 2009 (MP Juan Carlos Henao Pérez),
T-979 de 2011 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-1000 de 2012 (MP Jorge
Iván Palacio Palacio), T-395 de 2013 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo),
entre otras.
[69] Corte Constitucional,
sentencia T-456 de 2004 (MP Jaime Araújo Rentería), reiterada recientemente en
las sentencias T-684 de 2016 (MP María Victoria Calle Correa), T-717 de 2016
(MP Jorge Iván Palacio Palacio) y T-228 de 2017 (MP María Victoria Calle
Correa).
[70] Corte Constitucional,
sentencia T-074 de 2015 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[71] Ver al respecto la
sentencia T-396 de 2009 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), la cual ha sido
reiterada, entre otras, en las sentencias T-820 de 2009 (MP Humberto Antonio
Sierra Porto), T-354 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-491 de 2013 (MP
Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-327 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa).
[72] Corte Constitucional,
sentencias T-063 de 2009 (MP Jaime Araújo Rentería), T-562 de 2010 (MP Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo), T-019 de 2016 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub),
entre otras.
[73] Corte Constitucional,
sentencia T-075 de 2015 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[74] Corte Constitucional,
sentencia T-063 de 2009 (MP Jaime Araújo Rentería).
[75] Ley 6º de 1945. Artículo 12: “Mientras
se organiza el seguro social obligatorio, corresponderán al patrono las
siguientes indemnizaciones o prestaciones para con sus trabajadores, ya sean
empleados u obreros: a) Modificado por el art. 4, Ley 64 de 1946. Las
indemnizaciones por accidentes de trabajo en proporción al daño sufrido y de
conformidad con la tabla de valuaciones que el Gobierno promulgue, hasta por el
equivalente del salario en dos años, además de la asistencia médica,
farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria a que haya lugar, y las dos terceras
partes del salario mientras tal asistencia sea obligatoria, sin pasar de seis
meses. || b) Las indemnizaciones por enfermedad profesional, en proporción al
daño sufrido y hasta por el equivalente del salario en dos años; además de la
asistencia médica, terapéutica, quirúrgica y hospitalaria, a que hubiere lugar,
y las dos terceras partes del salario mientras tal asistencia sea obligatoria,
sin pasar de seis meses. Para estos efectos, se entiende por enfermedad
profesional un estado patológico que sobreviene como consecuencia obligada de
la clase de trabajo que ha desempeñado el individuo, o del medio en que se haya
visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o
biológicos. || c) El auxilio por enfermedad no profesional, hasta por ciento
ochenta (180) días de incapacidad comprobada para trabajar, así: las dos
terceras partes del salario, durante los primeros noventa (90) días, y la mitad
del salario por el tiempo restante. || d) Los gastos indispensables del
entierro del trabajador, hasta por el equivalente del salario del último mes
anterior a la enfermedad. || e) Modificado por el art. 5, Ley 64 de 1946.
Quince días continuos de vacaciones remuneradas, por cada año de servicio que
se preste a partir del diez y seis (16) de octubre de mil novecientos cuarenta
y cuatro (1944). La época de vacaciones será señalada por el patrono, a más
tardar dentro del año subsiguiente. Queda prohibido compensar las vacaciones en
dinero antes de extinguirse el correspondiente contrato de trabajo, pero las
partes podrán convenir en acumular las vacaciones hasta por cuatro años. || f)
Un mes de salario por cada año de trabajo, y proporcionalmente por las
fracciones de año, en caso de despido que no sea originado por mala conducta o
por incumplimiento del contrato. || Cada tres años de trabajo continuo o
discontinuo, el trabajador adquiere el derecho al auxilio de cesantía
correspondiente a este período, y no lo perderá aunque en los tres años
subsiguientes se retire voluntariamente o incurra en mala conducta o en
incumplimiento del contrato que originen su despido. Si fuere despedido o se
retirare, solamente perderá el auxilio correspondiente al último lapso inferior
a tres años. (…)”.
[76] Corte Constitucional, sentencia
T-462 de 2017 (MP Alberto Rojas Ríos).
[77] Corte Constitucional,
sentencia T-194 de 2017 (MP Iván Escrucería Mayolo). || Ley 90 de 1946. Artículo 67 “El
patrono que descuente a sus asalariados el monto de sus cuotas y no las
consigne con las que le correspondan sin justa causa, dentro de un término que
no pasará de los quince (15) días subsiguientes, o no adquiera dentro del mismo
término las estampillas del caso, se le impondrá por ese solo hecho una multa
de veinte pesos ($ 20) a dos mil pesos ($2.000), sin perjuicio de pagar las
sumas retenidas, con intereses de recargo del medio por ciento (1/2) mensual.
El atraso mayor de quince (15) días en el pago de las cuotas que correspondan
al patrono o al trabajador independiente hará incurrir a estos en una multa del
dos por ciento (2%) mensual sobre el monto de las retardadas”.
[78] Corte Constitucional, sentencia
T-462 de 2017 (MP Alberto Rojas Ríos), reiterando lo señalado en la sentencia
T-770 de 2013 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[79] Corte Constitucional,
sentencia T-194 de 2017 (MP Iván Escrucería Mayolo).
[80] Adoptados como
legislación permanente por la Ley 141 de 1961.
[81] Ley 171 de 1961 “por
la cual se reforma la Ley 77 de 1959 y se dictan otras disposiciones sobre
pensiones”.
[82] Corte Constitucional, sentencia
T-240 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa).
[83] Decreto 3041 de 1966
“Por el cual se aprueba el reglamento general del seguro social obligatorio
de invalidez, vejez y muerte”.
[84] Corte Constitucional, sentencia
T-462 de 2017 (MP Alberto Rojas Ríos).
[85] Corte Constitucional, sentencia
T-194 de 2017 (MP Iván Escrucería Mayolo).
[86] Corte Constitucional, sentencia
T-770 de 2013 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[87] Corte Constitucional, sentencia
T-240 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa).
[88] Corte Suprema de Justicia,
sentencias de la  Sala Laboral del 6 de septiembre de 2011, radicación 45545,
reiterada en la sentencia con radicado 16386 de 2014, en la SL1092-2018 y en la
SL 1735 de 2018, entre otras.
[89] Corte Suprema de Justicia,
sentencia radicado 41394 del 17 de mayo de 2014, reiterada en las sentencias
SL9382-2017 y SL1735-2018, entre otras.
[90] Corte Suprema de Justicia,
sentencia SL1735-2018 reiterando lo señalado en sentencias como la SL30165-2013,
SL 7659-2016, SL6472-2014, entre otras.
[91] Corte Suprema de
Justicia, sentencia SL757-2018.
[92] Corte Suprema de Justicia,
sentencia radicado 41394 del 17 de mayo de 2014, reiterada en las sentencias
SL9382-2017 y SL1735-2018, entre otras
[93] Corte Constitucional,
sentencia T-240 de 2013 (MP
María Victoria Calle Correa).
[94] MP María Victoria Calle Correa.
[95] Corte Suprema de Justicia,
sentencia SL757-2018, reiterando lo señalado en la SL12422-2017, entre otras.
[96] Corte Suprema de
Justicia, sentencia SL757-2018. Reiterado en las sentencias 3930 del 29 de
octubre de 1990, 12760 de 7 de marzo de 2000, 29406 del 21 de septiembre de
2006, SL818-2013, SL4578-2014, entre muchos otros.
[97] Corte Suprema de
Justicia, del 6 sep. 2011, rad. 45545, reiterada en las providencias CSJ
SL818-2013, SL889-2013, SL16386-2014 y SL7659-2016 y CSJ SL21784-2017, entre
otras.
[98] Corte Constitucional, sentencia
T-438 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[99] La Corte Constitucional en la
Sentencia T-042 de 2016 se pronunció frente al alcance de dicha disposición.
[100] Ley 50 de 1990.
Artículo 37. “(…) En todos los demás aspectos la pensión aquí prevista se
regirá por las normas legales de la pensión vitalicia de jubilación. Estas
pensiones dejarán de estar a cargo de los empleadores cuando la pensión de
vejez sea asumida por el Instituto de Seguros Sociales, de acuerdo con la ley y
dentro de los reglamentos que dicte el mismo Instituto”.
[101] Como consta en el Oficio 93-25902
de fecha 10 de agosto de 2016, suscrito por el Coordinador de Administración
Personal de Acerías Paz del Río, a folio 45 del cuaderno 1 del expediente.
[102] Como consta en el Informe de
Personal No. 216 de fecha 2 de octubre de 1972, expedido por Acerías Paz del
Río, a folio 110 del cuaderno 1 del expediente.
[103] Ver a folio 45, cuaderno 1 del
expediente.
[104] Como consta en el Oficio 93-25290
de fecha 28 de julio de 2016, suscrito por el Coordinador de Administración
Personal de Acerías Paz del Río, folio 10 del cuaderno 1 del expediente; y de
la Certificación de fecha 27 de junio de 2016, expedida por Acerías Paz del
Río, en donde consta el tiempo laborado, a folio 11 del cuaderno 1 del
expediente.
[105] Como consta en el Informe de
Personal No. 34598 de fecha 8 de junio de 1977, expedido por Acerías Paz del
Río S.A., a folio 90 del cuaderno 1 del expediente.
[106] Ver a folio 10, cuaderno 1 del
expediente.
[107] Como consta en el Oficio 93-25293
de fecha 28 de julio de 2016, suscrito por el Coordinador de Administración
Personal de Acerías Paz del Río S.A., a folio 22 del cuaderno 1 del expediente.
[108] Como consta en el Informe de
Personal No. 0107 de fecha 21 de mayo de 1979, expedido por Acerías Paz del Río
S.A., a folio 99 del cuaderno 1 del expediente.
[109] Ver a folio 22, cuaderno 1 del
expediente.
[110] Como consta en el Oficio 93-24560
de fecha 27 de junio de 2016, suscrito por el Coordinador de Administración
Personal de Acerías Paz del Río S.A., a folio 38 del cuaderno 1 del expediente;
y de la Certificación de fecha 1º de junio de 2016, expedida por Acerías Paz
del Río S.A., en donde consta el tiempo laborado, a folio 39  del cuaderno 1
del expediente.
[111] Como consta en la Resolución
047160 del 8 de octubre de 2009, expedida por el Instituto de Seguros Sociales,
a folios 85 a 87 del cuaderno 1 del expediente.
[112] Como consta en el Oficio 93-25901
de fecha 10 de agosto de 2016, suscrito por el Coordinador de Administración
Personal de Acerías Paz del Río S.A., a folio 31 del cuaderno 1 del expediente.
[113] Como consta en el Informe de
Personal No. 0252 de fecha 11 de diciembre de 1974, expedido por Acerías Paz
del Río S.A., a folio 103 del cuaderno 1 del expediente.
[114] Requisitos cumplidos por el accionante el 27 de agosto de 1997
(Sentencia T-301 de 2018, folio núm. 2).
[115] La Sentencias T-186 de 2017 y 229 de 2018 estudiaron acciones de
tutela cuyos procesos ordinarios ante la jurisdicción ordinaria laboral
tardaron máximo tres años, uno de ellos del 19 de diciembre de 2008 al 15 de
junio de 2011 y el otro del 15 de diciembre de 2011 al de 30 de agosto de 2013.
[116] Al respecto consultar, entre otras, las Sentencias T-022, 038 de
2017, T-091 y 092 de 2018.
[117] Sentencia T-805 de 2012 entre otras.
[118] Sentencia T-834 de 2005, T-887 de 2009, T-022 y 038 de 2017, T-024
de 2018, entre otras.