C-089-20
Sentencia C-089/20
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Competencia
de la Corte Constitucional
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Definición y
fundamento
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Tipos
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Efectos de
la exequibilidad o inexequibilidad no son iguales
En general, los efectos de la cosa juzgada dependerán
de la decisión que se haya adoptado en el pronunciamiento anterior. Así, si la
decisión fue de inexequibilidad, la Corte deberá rechazar la demanda por
ausencia en el objeto de control, o estarse a lo resuelto en la decisión
anterior, salvo que la razón de la inexequibilidad haya sido la ocurrencia de
un vicio de carácter formal en el trámite de aprobación de la ley. En este
último caso, la Corte puede pronunciarse sobre la exequibilidad de la norma
solamente desde el punto de vista material. Si se declaró la exequibilidad,
la Corte debe analizar cuál fue el alcance de la decisión previa, con la
finalidad de establecer si el asunto que se plantea no ha sido resuelto, y por
ende, debe emitirse un nuevo pronunciamiento de fondo, o si la problemática ya
se decidió deberá estarse a lo resuelto en la decisión anterior; en los casos
de exequibilidad condicionada, la interpretación excluida del ordenamiento
jurídico no podrá ser objeto de reproducción o aplicación en otro acto
jurídico; y en los supuestos en los que la Corte ha adoptado una
sentencia aditiva, la cosa juzgada implica que no se encuentra permitido
reproducir una disposición que omita el elemento que la Corte ha juzgado
necesario adicionar
COSA
JUZGADA CONSTITUCIONAL-Excepciones
(…) la Corte
ha admitido tres escenarios de excepción a la cosa juzgada constitucional, en
presencia de los cuales es posible adelantar un nuevo examen de
constitucionalidad: (i) la modificación en el parámetro de control
constitucional, el cual se presenta cuando cambian las normas que constituyeron
el referente para juzgar la constitucionalidad de la disposición nuevamente
acusada; (ii) el cambio en el significado material de la Constitución o
“constitución viviente”, que ocurre cuando la realidad social, económica,
política o ideológica del país transforma los presupuestos que sirvieron de
sustento para declarar la exequibilidad de la norma en su momento, lo que
permite que se adelante un nuevo estudio a la luz de las nuevas realidades,
entendiendo la Constitución como un texto vivo; y (iii) la variación en el
contexto normativo, que se presenta cuando la disposición previamente examinada
se integra a un nuevo contexto normativo o el ordenamiento en que se inscribe
ha sido objeto de modificaciones. Este punto, hace alusión a la interpretación
sistemática de la norma acusada, en conjunto con todas las disposiciones que,
en la actualidad, integran el ordenamiento jurídico al que pertenece.
COSA JUZGADA FORMAL-Configuración
CONCEPTO DE VIOLACION EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes
INHIBICION
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA-Incumplimiento de requisitos de claridad, certeza, especificidad y
suficiencia
Referencia: Expediente
D-13225
Demanda de
inconstitucionalidad en contra de los artículos 90, 91
y 93 del Código Civil.
Demandante: Natalia
Bernal Cano.
Magistrado ponente:
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Bogotá, D. C., dos (2) de marzo dos mil veinte (2020)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de
sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites
establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la presente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
1.
El 30 de abril de 2019, la ciudadana Natalia
Bernal Cano presentó demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 90, 91 y 93 del Código Civil[1].
2.
El 15 de mayo de 2019, la Secretaría General de la Corte
Constitucional hizo constar que “[d]e acuerdo con el sorteo realizado
en la sesión ordinaria de la Sala Plena celebrada en la fecha, el presente
expediente fue repartido al Magistrado Alejandro Linares Cantillo”[2].
3.
El 20 de mayo de 2019, la demandante presentó escrito de
recusación en contra del magistrado ponente.
4.
El 21 de mayo de 2019, el magistrado ponente le remitió a la Sala
Plena el escrito de recusación presentado en su contra[3].
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 2067 de 1991,
dicha solicitud fue asignada al magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, siguiente en orden alfabético.
5.
Mediante
el auto 333 de 2019, la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió “RECHAZAR
por falta de pertinencia las recusaciones presentadas contra el Magistrado
Alejandro Linares Cantillo, por la abogada Natalia Bernal Cano”[4]. La Secretaría
General de la Corte hizo constar que el mencionado auto fue notificado por
medio del estado número 106 del 3 de julio de 2019, fijado a las 8AM y
desfijado a las 5PM del mismo día[5].
Asimismo, mediante oficio del 9 de julio de 2019 hizo constar que el auto tuvo
término de ejecutoria el 4, 5 y 8 de julio de 2019[6].
6.
Mediante el auto del 22 de julio de 2019[7],
el magistrado ponente (i) admitió la demanda; (ii) corrió traslado al
Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de su
competencia; (iii) ordenó comunicar de la iniciación de este proceso al
Presidente de la República, al Presidente del Congreso, al Ministerio
de Salud y Protección Social, al Ministerio de Educación Nacional, al Director
del Departamento Nacional de Planeación, al Defensor del Pueblo y al
Superintendente Nacional de Salud; (iv) invitó a participar en
este proceso a varias entidades, asociaciones y universidades del país[8];
y (v) fijó en lista el proceso de la referencia para que los ciudadanos
pudieran intervenir.
7.
Mediante escrito de fecha 27 de enero de 2020, la demandante
presentó un nuevo escrito de recusación contra el Magistrado sustanciador.
Dicho asunto fue puesto en conocimiento de la Sala Plena, por parte del
Magistrado sustanciador mediante oficio de fecha 28 de enero de 2020. Dicha
solicitud de recusación fue ampliada por la accionante, mediante escrito del 4
de febrero de 2020. El estudio de dicha solicitud fue asignado al Magistrado
Antonio José Lizarazo Ocampo, quien resolvió “RECHAZAR por falta de
pertinencia la recusación presentada contra el Magistrado Alejandro Linares
Cantillo, por la ciudadana, Natalia Bernal Cano”. Dicha decisión fue
proferida por la Sala Plena de esta corporación, mediante Auto 036 del 5 de
febrero de 2020.
8.
Una vez resuelto este asunto, la Sala Plena mediante Auto 037 del
5 de febrero de 2020 rechazó por improcedentes (i) la solicitud de medida
provisional o cautelar formulada por la demandante[9];
así como (ii) la solicitud de nulidad presentada por la demandante en la misma
fecha. Asimismo, se advirtió que no procede recurso contra dicha decisión.
9.
Mediante escrito de fecha 12 de febrero de 2020, la demandante
presentó solicitud de insistencia de la nulidad del proceso y recusación contra
los Magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo y Alejandro Linares Cantillo. La
Sala Plena mediante Auto 061 del 19 de febrero de 2020 resolvió “RECHAZAR
por falta de pertinencia la recusación presentada por la ciudadana Natalia
Bernal Cano en contra de los Magistrados Alejandro Linares Cantillo y Antonio
José Lizarazo Ocampo, dentro del expediente D-13225 y 13255”.
10.
Consideró la Sala Plena en relación con la solicitud de nulidad
elevada por la accionante el 12 de febrero de 2020 que (i) no hay argumentos
adicionales a los que soportaron la solicitud resuelta mediante Auto 037 de
2020, por lo que, (ii) rechaza en esta sentencia la solicitud de nulidad
presentada por la demandante.
A.
NORMAS DEMANDADAS
11.
A continuación, se transcriben en
su integridad la norma demandada:
“LEY 84 DE 1873
(26 de mayo),
Diario Oficial No. 2.867 de 31 de mayo de
1873
CÓDIGO CIVIL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
COLOMBIA.
[…]
Artículo 90.
Existencia legal de las personas. La existencia legal de toda persona
principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre.
La criatura que muere en el
vientre materno, o que perece antes de estar completamente separada de su
madre, o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se
reputará no haber existido jamás.
Artículo 91. La
ley protege la vida del que está por nacer. El juez, en consecuencia, tomará, a
petición de cualquiera persona, o de oficio, las providencias que le parezcan
convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de
algún modo peligra.
[…]
Artículo 93. Los derechos que se deferirían a la criatura que está en
el vientre materno, si hubiese nacido y viviese, estarán suspensos hasta que el
nacimiento se efectúe. Y si el nacimiento constituye un principio de
existencia, entrará el recién nacido en el goce de dichos derechos, como si
hubiese existido al tiempo en que se defirieron. En el caso del Inciso del
artículo 90 pasarán estos derechos a otras personas, como si la criatura no
hubiese jamás existido”.
B.
LA DEMANDA
12.
La ciudadana solicitó la
declaratoria de inexequibilidad de los artículos 90, 91 y 93 del Código Civil.
A su juicio, las normas demandadas, al limitar los derechos del que está por
nacer, desconocen que son “seres vivos inocentes capaces de sentir dolor y
que son agredidos con métodos abortivos cuando se encuentran en el vientre
materno porque no se les reconoce su condición de persona humana, titular de
derechos y obligaciones”[10].
13.
En concreto, la demandante alegó
que las normas acusadas vulneran las siguientes disposiciones constitucionales:
(i) el artículo 1, porque atentan contra la dignidad de “todos los
seres en gestación [quienes] merecen una vida digna, una vida y un
desarrollo adecuado sin soportar dolor, merecen ser respetados como miembros de
la especie humana, merecen un reconocimiento constitucional para ser titulares
de derechos y obligaciones”[11];
(ii) el artículo 2, porque “[t]odas las personas residentes en
Colombia merecen la misma protección de su vida y demás derechos y libertades”[12];
(iii) el artículo 4, en la medida en la que las disposiciones acusadas
generan “la desprotección absoluta de una parte de la población colombiana”
y “se generan (…) múltiples casos concretos en los cuales se violan de
manera masiva los derechos fundamentales de madres gestantes e hijos o hijas
por nacer que son víctimas de los procedimientos abortivos”[13];
(iv) el artículo 5, pues “[e]l solo hecho de presentar rasgos físicos
humanos y el solo hecho de tener capacidades sensoriales, extremidades
completas, signos y órganos vitales, concede al ser humano único e irrepetible,
una condición especial que lo hace titular de derechos universales”[14];
(v) el artículo 11, ya que “todo ser vivo con rasgos o
características humanas que tiene signos vitales, tiene un derecho a la vida
que es inviolable” y que “[l]as órdenes de tutela que ordenan la
práctica de abortos premeditados o inducidos en tres causales (…) son penas de
muerte para seres vivos inocentes”[15];
(vi) el artículo 13, porque le dan un trato diferenciado injustificado a
“los niños y niñas no deseados en proceso de gestación”[16];
(vii) el artículo 14, porque niegan el reconocimiento de la personalidad
de los seres humanos en gestación[17];
(viii) el artículo 42.6, porque “todos los hijos independientemente de la
forma en que son concebidos e independientemente de sus condiciones físicas o
mentales, independientemente de la salud de la madre que los concibe, tienen igualdad
de derechos y deberes”[18];
(ix) el artículo 44, al violar “el derecho a la salud del niño y la
niña por nacer”[19]
y “desconocer la personalidad del niño o la niña durante su proceso de
gestación”[20];
(x) el artículo 47, pues “[l]os niños y niñas en situación de
discapacidad con graves malformaciones determinadas por un médico o por un
juez, son personas marginadas, excluidas de la sociedad, que pueden eliminarse
con el consentimiento del Estado”[21];
(xi) el artículo 49, ya que “[e]l principal derecho del ser en
gestación es (…) su derecho a gozar de asistencia médica necesaria, sin que
otra persona u autoridad pública decida sobre su existencia o posibilidades de
recuperación”[22];
(xii) el artículo 50, porque “[t]odo niño menor de un año (…) tiene
derecho (…) a recibir protección del Estado, a recibir los beneficios de la
seguridad social [y a] “recibir cuidados médicos antes del nacimiento”[23];
(xiii) el artículo 94, pues “el carácter explícito de los derechos y
garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales
vigentes, no debe impedir el reconocimiento de otros derechos que son
inherentes a la persona humana y que no figuran de manera explícita en estas
normas supremas”[24];
y (xiv) el artículo 95, porque “[n]o hay equilibrio constitucional en la
protección de madres gestantes y niños o niñas por nacer”[25].
14.
Adicionalmente, la ciudadana
afirmó que las disposiciones demandadas vulneran (i) la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, porque
“[e]n el texto de la Convención citada, no se aprecia que pueden abortarse
los seres humanos que padecen alguna discapacidad”[26];
y (ii) la Convención de las Naciones
Unidas contra la Tortura, pues “el
aborto legal es tortura y una forma de violencia contra la mujer y contra su
hijo o hija por nacer”[27].
15.
La actora manifestó que en el
presente caso “no se presenta cosa juzgada formal, ni material ni relativa,
ni absoluta”[28]
respecto de la sentencia C-591 de 1995. Indicó que “las circunstancias
fácticas que existían al momento de la revisión constitucional han cambiado”[29].
En concreto, alegó que actualmente hay nuevas evidencias científicas y estudios
que comprueban la existencia, signos vitales, sensibilidad al dolor y los
rasgos físicos de la persona durante el proceso de gestación. En consecuencia,
le solicitó a la Corte reabrir el debate constitucional y garantizar un debido
proceso y un recurso judicial efectivo.
16.
En atención a lo anterior, la
ciudadana le solicitó a la Sala Plena “proferir una nueva sentencia
sustitutiva mediante la cual se corrija la producción legislativa (…); se
exhorte al legislador y al ministerio de salud para que organicen campañas
nacionales de prevención del aborto y campañas de información masiva de todos
los riesgos para las madres gestantes que se exponen a las prácticas legales o
clandestinas”[30].
Finalmente, la accionante en el presente
proceso radicó una serie de escritos de ciudadanos que, a su juicio, prueban
los efectos emocionales nocivos que causan los abortos[31].
C.
INTERVENCIONES
17.
Durante el trámite del presente
asunto se recibieron oportunamente catorce escritos de intervención, algunos de
los cuales plantearon pretensiones principales y subsidiarias[32].
Al revisar las pretensiones de los intervinientes: (i) diez intervenciones le
solicitaron a la Corte estarse a lo resuelto en pronunciamientos previos; (ii)
cinco le solicitaron que se inhibiera de pronunciarse fondo; (iii) dos
solicitaron la declaratoria de inexequibilidad de las disposiciones acusadas;
(iv) dos solicitaron su declaratoria de exequibilidad; y (v) una no presentó
una solicitud concreta.
18.
Solicitud de estarse a lo
resuelto en pronunciamientos
previos[33].
Varios intervinientes sostuvieron que en sentencias C-591 de 1995 y C-327 de
2016 la Corte declaró la exequibilidad de los artículos 90, 91 y 93 del Código
Civil. A su juicio, la Sala Plena determinó que fijar el inicio de la
existencia legal de las personas desde el momento de su nacimiento no es
contraria a los principios y derechos establecidos en la Constitución Política
y en la Convención Americana de Derechos Humanos. Por el contrario, el valor de
la vida es un bien constitucional y convencionalmente relevante, pero no es
absoluto y se debe proteger de forma gradual según su nivel de desarrollo. Los
intervinientes sostuvieron que “las razones expuestas por los accionantes
[en esas demandas] son las mismas que subyacen (…) en la argumentación que
esgrime la accionante en el presente proceso”[34].
En consecuencia, alegaron que en el presente caso opera el fenómeno de la cosa
juzgada constitucional y que la Corte debe estarse a los resuelto en dichas
sentencias.
19.
Solicitud de fallo inhibitorio[35]. Otros
intervinientes le solicitaron a la Corte inhibirse de pronunciarse de fondo
respecto de los cargos planteados. Sostuvieron que la demanda carece de (i) claridad,
porque “es incomprensible el concepto mismo de la violación [y]
la solicitud misma de la declaratoria de inexequibilidad”[36];
(ii) certeza, “por cuanto los aparentes problemas jurídicos
planteados no surgen del texto de la disposición acusada (…) sino del sentido
del fallo de constitucionalidad C-591 de 1995”[37];
(iii) especificidad, pues “se limita a realizar la trascripción de
algunos artículos de la Constitución Política sin explicar el fundamento por el
cual considera que la norma acusada vulnera esos preceptos”[38];
(iv) pertinencia, ya que no plantea un problema de constitucionalidad
sino que se fundamenta en las “apreciaciones personales de la demandante
sobre la [conveniencia de la] interrupción voluntaria del embarazo”[39];
y (v) suficiencia, porque no logra “suscitar una mínima duda o
controversia constitucional”[40].
20.
Solicitud de exequibilidad[41]. Algunos intervinientes solicitaron la declaratoria
de exequibilidad de las disposiciones acusadas. Indicaron que, a diferencia de
lo planteado por la demandante, no es cierto que (i) la prestación del servicio
de aborto obstruye el servicio médico y atenta contra la tranquilidad de los
médicos; (ii) el aborto constituya violencia contra la mujer o el feto; (iii)
el feto sufra dolor; (iv) practicar abortos viola el juramento hipocrático; (v)
el aborto sea en sí mismo un procedimiento riesgoso por sus complicaciones;
(vi) la mujer que aborta sufre daño moral y emocional difícil de corregir;
(vii) fetos de más de 21 semanas son equivalentes a un recién nacido pretérmino
extremo; (viii) las salas de maternidad estarían previstas para recibir a los
niños con alegría y no para atentar contra ella. Indicaron que, contrario a lo
sostenido por la demandante, las instancias internacionales recomiendan la
eliminación de todas las leyes restrictivas en materia de aborto.
21.
Solicitud de inexequibilidad[42]. Algunos intervinientes apoyaron la demanda de
inconstitucionalidad. Sostuvieron que las disposiciones acusadas desconocen que
el hijo que está por nacer “es un ser por completo distinto de su madre”[43],
y que por consiguiente es titular de derechos. Adicionalmente, alegaron que “todo
intento de distinguir entre el no nacido y el nacido (…) carece de fundamento”[44]
y desconoce los convenios internacionales que prevén que se protege la vida “desde
el mismo momento de la concepción”[45].
De esa manera concluyeron que la Corte debe eliminar toda la jurisprudencia a
favor del aborto.
D.
CONCEPTO DEL PROCURADOR
GENERAL DE LA NACIÓN
22.
Mediante el concepto de 12 de
septiembre de 2019, el Procurador General de la Nación le solicitó a esta Corte
estarse a lo resuelto en sentencias anteriores respecto de unos cargos,
e inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo respecto de otros[46].
23.
Primero, sostuvo que en el
presente caso existe cosa juzgada constitucional. Por una parte, explicó
que en la sentencia C-591 de 1995, la Sala Plena declaró la exequibilidad de
los artículos 90, 91 y 93 del Código Civil respecto de “los artículos 1, 2,
5, 11, 12, 14 y 94 de la Constitución”. En esa ocasión, para los
demandantes, “a partir de una interpretación armónica de la Constitución, se
puede inferir que el constituyente se inclina a reconocer que todo ser es
persona desde el momento mismo de su concepción”. El Procurador sostuvo que
la Corte “distinguió entre existencia natural y existencia legal” e
indicó que “no es posible inferir de la Constitución el surgimiento de la
existencia legal desde la concepción, razón por la cual carecía de fundamento
la demanda en cuestión”. Por otra parte, recordó que en la sentencia C-327
de 2016 la Corte (i) “señaló que sin lugar a dudas había operado el fenómeno
de la cosa juzgada constitucional en relación con los artículo 1, 2, 5, 11, 12,
13, 14 y 94 de la Constitución”, y (ii) concluyó que las disposiciones
acusadas no eran contrarias al artículo 4.1 de la CADH[47]
porque “la vida como valor –predicable respecto de los seres humanos en
gestación–es proporcional a la garantía de los derechos sexuales y
reproductivos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el libre desarrollo
de la personalidad y la autonomía de las mujeres”. En consecuencia, le
solicitó a la Corte estarse a lo resuelto en dichas sentencias respecto de los
cargos por desconocimiento de los artículos 1, 2, 5, 11, 12, 14 y 94 de la
Constitución y 4 de la CADH.
24.
Segundo, el Procurador le solicitó
a la Corte inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo respecto de los
cargos por violación de la Constitución en sus artículos 4, 42, 44, 47 y 95; de
la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o
Penas Crueles Inhumanos o Degradantes. A su juicio, tales cargos “no cumplen
con el requisito de especificidad, puesto que no plantean una oposición
objetiva y verificable entre las disposiciones acusadas y la Constitución”.
Señaló que “la contradicción de las normas demandadas (…) es solo aparente,
pues [la actora] parte del supuesto de protección absoluta del derecho a
la vida desde el momento de la concepción, supuesto que no se deriva de la
norma constitucional”.
25.
En suma, los escritos de
intervención y las solicitudes presentadas a la Corte en relación con la
presente demanda se resumen así:
Interviniente
Cuestionamiento
Solicitud
Procurador General de la
Nación
(i) Se configura la cosa
juzgada formal respecto de las sentencias C-591 de 1995 y C-327 de 2016, “pues
se trata del mismo objeto de control, esto es, los artículo 90, 91 y 93 del
Código Civil, y del mismo parámetro de control, en relación con los artículo
1, 2, 5, 12, 13, 14 y 94 de la Constitución”. Adicionalmente, “la
demandante no logra probar alguno de los supuestos en los que se enerva la
cosa juzgada constitucional”.
(ii) La Corte debe inhibirse
respecto de la violación de los artículos 4, 42, 44, 47 y 95 de la
Constitución, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y  la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y
otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, pues no cumplen con el
requisito de especificidad.
Estarse a lo resuelto en
sentencias C-591 de 1995 y C-327 de 2016, e inhibirse de emitir un
pronunciamiento de fondo respecto de ciertos artículos.
La Mesa Por la Vida y la
Salud de las Mujeres
(i) La demanda no es apta,
porque no cumple con los requisitos de claridad, certeza, pertinencia,
especificidad y suficiencia.
(ii) Hay cosa juzgada
constitucional respecto de las sentencias C-591 de 1995 y C-327 de 2016.
Adicionalmente, la actora no logra demostrar el cambio de circunstancias
fácticas que excepcionen dicha cosa juzgada.
Inhibirse de emitir un
pronunciamiento de fondo o, subsidiariamente, estarse a lo resuelto en
sentencias C-591 de 1995 y C-327 de 2016.
Departamento Nacional de
Planeación
(i) La demanda no cumple “con
las exigencias de precisión, suficiencia y claridad”. Por el contrario, “plantea
una serie de consideraciones o hipótesis de carácter subjetivo sin descender
a la forma en que se concreta dicha violación”.
(ii) Las normas demandadas
fueron declaradas exequibles por la Corte por los mismos cargos de esta
demanda. En sentencia C-591 de 1995, la Corte señaló que “de conformidad
con el artículo 90 del Código Civil, la existencia legal comienza en el
momento del nacimiento; y la vida en el momento de la concepción”; “que
en el artículo 91 ‘la ley protege la vida del que está por nacer”; y que
en el 93 se le “reconoce al que está por nade una personalidad condicional”.
No hay razones que justifiquen un nuevo estudio de dichas disposiciones.
Inhibirse de emitir un
pronunciamiento de fondo o, subsidiariamente, estarse a lo resuelto en
sentencias C-591 de 1995 y C-327 de 2016.
Ministerio de Justicia y del
Derecho
(i) La jurisprudencia constitucional
ha reiterado que “la existencia legal de las personas desde el momento de
su nacimiento no es contraria a los principios y derechos establecidos en la
Constitución colombiana y la CADH, ya que si bien el valor de la vida es un
bien constitucional y convencionalmente relevante, no es absoluto y se
protege de forma gradual según su nivel de desarrollo”. La Corte en
sentencias C-591 de 1995 y C-327 de 2016 declaró exequibles las normas
acusadas frente al desconocimiento de los artículos 1, 2, 5, 11, 12, 13, 14 y
94; y del artículo 4.1 de la CADH.
(ii) Los argumentos de la
demanda “se basan en la exposición de las conclusiones subjetivas que la
demandante extrae de un conjunto de estudios que no reflejan de forma leal y
completa todo el amplio panorama científico”.
Inhibirse de emitir un
pronunciamiento de fondo o, subsidiariamente, estarse a lo resuelto en
sentencias C-591 de 1995 y C-327 de 2016.
Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar
(i) “Las razones expuestas
en la demanda no superan el umbral mínimo argumentativo que sustente la
inconstitucionalidad de las normas cuestionadas”.
(ii) Hay cosa juzgada .Por una
parte, la sentencia C-591 de 1995 declaró la exequibilidad de los
artículos 90, 91 y 93 del Código Civil, porque “la Constitución no
establece que la existencia legal de la persona principie en el momento de la
concepción”. Por otra parte, la sentencia C-327 de 2016 declaró la
exequibilidad del artículo 90 del Código Civil por considerar que se ajusta
al artículo 4.1 de la CADH, pues “la vida no tiene un carácter absoluto y
su protección debe ser de forma progresiva y gradual, según el desarrollo de
la vida”.
Inhibirse de emitir un
pronunciamiento de fondo o, subsidiariamente, estarse a lo resuelto en
sentencias C-591 de 1995 y C-327 de 2016.
Grupo Médico por el Derecho
a Decidir
“Los argumentos de la
demanda no son claros (son incomprensibles) ciertos (no atacan un contenido
normativo sino una serie de sentencias que reconocen el derecho a la IVE.
Además porque no son veraces); específicos (no muestran una verdadera
vulneración a la Constitución); pertinentes (no se sustenta en argumentos
constitucionales sino en apreciaciones subjetivas y erradas) (…) y
suficientes (los cargos son incompletos y falsos y no suscitan una duda
constitucional)”.
Inhibirse o, subsidiariamente,
declarar la exequibilidad.
Carlos Fradique-Méndez
La Corte declaró exequibles las
disposiciones acusadas en sentencias C-591 de 1995 y C-355 de 2006. La
demandante no demuestra que haya razones que justifiquen volver a estudiar su
constitucionalidad.
Estarse a lo resuelto en
sentencias C-591 de 1995 y C-355 de 2006, o subsidiariamente, declarar la
exequibilidad.
Ministerio de Salud y
Protección Social
En sentencias C-355 de 2006 y
C-327 de 2016, la Corte declaró la exequibilidad de las disposiciones
acusadas sobre la base de que “la protección del valor de la vida no
impone el reconocimiento de la vida prenatal, como titular de los derechos de
las personas desde la concepción”.
Estarse a lo resuelto en
sentencias C-591 de 1995 y C-327 de 2016.
Women’s Link Worldwide
Los argumentos en los cuales la
accionante sustenta que no hay cosa juzgada “son impertinentes para un
análisis de constitucionalidad”, pues se basan “exclusivamente en
fuentes que no tienen relevancia jurídica y cuya validez científica e
imparcialidad no es clara”.
Estarse a lo resuelto en
sentencia C-591 de 1995.
Profamilia
La Corte declaró la
exequibilidad de los artículos 90, 91 y 93 del Código Civil sentencias C-591
de 1995 y C-327 de 2016. En ambos fallos, la Corte concluyó que “la
determinación de la existencia jurídica de la persona al nacer no implica un
desconocimiento del derecho a la vida”.
Estarse a lo resuelto en
sentencias C-591 de 1995 y C-327 de 2016.
Center for Reproductive
Rights
“Los cargos que sí implican
la confrontación con normas constitucionales, coinciden enteramente, es decir
i) la alegación según la cual existe una diferenciación indebida entre los
fetos y los seres humanos ya nacidos, ii) que existe una vulneración al
derecho a la vida por la falta de reconocimiento de personalidad jurídica al
feto desde la concepción y iii) que el artículo 90 del Código Civil viola la
CADH”.
Estarse a lo resuelto en
sentencias C-591 de 1995 y C-327 de 2016.
Superintendencia de Salud
La Corte declaró la
exequibilidad de las disposiciones acusadas en la sentencia C-327 de 2016.
Adicionalmente, la demandante no demostró razones que justifiquen un nuevo
pronunciamiento.
Estarse a lo resuelto en
sentencia C-327 de 2016.
Cristina Amparo Cárdenas de
Bohórquez
Las disposiciones acusadas
desconocen que el hijo que está por nacer “es un ser por completo distinto
de su madre” que es titular de derechos. En efecto, los convenios internacionales
prevén que se protege la vida “desde el mismo momento de la concepción”,
por lo que “todo intento de distinguir entre el no nacido y el nacido (…)
carece de fundamento”.
Inexequibilidad.
FUCEB
El Estado debe proteger y
garantizar la vida del que está por nacer. La Corte debe eliminar toda la
jurisprudencia a favor del aborto. Esto, pues “[d]el acto de ser personal
y su lógica interna, es deducible algo acerca del origen y de la razón de ser
en que consiste el sentido o tarea de la vida de cada ser humano, que es
propio, -y por lo tanto, un derecho-, completar a cabalidad hasta la plenitud
del acto de ser”.
Inexequibilidad.
Marco Fidel Ramírez Antonio
(i) La CADH, la CIDH, la Corte
Constitucional y el Código Civil reconocen que la vida existe desde la
concepción.
(ii) Los artículos demandados
no tienen como objeto proteger la vida, sino “regular el origen de
obligaciones unilaterales, bilaterales, el estado civil de las personas, los
atributos y acciones de proteger la propiedad, la forma de suceder”.
No presenta solicitud.
II.
CONSIDERACIONES
A.
COMPETENCIA
26.
De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 241, numeral 4 de la Constitución, la Corte es competente para
conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la
referencia.
B.
CUESTIONES PREVIAS
Cosa juzgada constitucional. Reiteración de
jurisprudencia
27.
Esta Corte ya se ha pronunciado
sobre la constitucionalidad de los artículos 90, 91 y 93 del Código Civil. En consecuencia, antes de entrar a emitir
un pronunciamiento de fondo sobre los cargos de inconstitucionalidad planteados
en el presente caso, la Sala abordará el estudio del fenómeno jurídico de la
cosa juzgada constitucional. Posteriormente revisará si se configura o no respecto de las normas
demandadas en esta ocasión.
28.
La jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha sido pacífica en señalar, que de conformidad con el artículo
243 de la Constitución Política[48],
y en aplicación a los principios de buena fe y seguridad jurídica[49],
las decisiones que adopta este tribunal en materia de control abstracto gozan
del carácter de inmutables, vinculantes y definitivas[50].
Esto quiere decir que, cuando la constitucionalidad de una norma ha sido objeto
de estudio y decisión de fondo por parte de este tribunal, surge una prohibición
para volver a conocer y decidir sobre lo ya resuelto. Dicha prohibición,
establecida para la protección de la seguridad jurídica, es lo que se conoce
como la institución jurídico procesal de la cosa juzgada constitucional.
29.
Además, la jurisprudencia
constitucional ha clasificado la tipología de la cosa juzgada constitucional,
dependiendo del objeto controlado y el alcance del pronunciamiento anterior, en
formal o material, absoluta o relativa, y aparente.
En este sentido, ha explicado que hay cosa juzgada formal cuando la
nueva demanda recae sobre el mismo texto normativo, o uno formalmente igual; material
cuando se demanda una disposición jurídica que, si bien es formalmente
distinta, presenta identidad en el contenido; absoluta cuando la primera
decisión hubiere agotado cualquier debate constitucional sobre la norma
demandada; relativa cuando fuere posible emprender un nuevo examen de
constitucionalidad de la disposición juzgada, bajo la perspectiva de nuevas
acusaciones; y aparente cuando, a pesar de haber adoptado una decisión
de exequibilidad en la parte resolutiva de un pronunciamiento anterior, ésta no
encuentra soporte en las consideraciones contenidas en la sentencia[51].
30.
En general, los efectos de la cosa
juzgada dependerán de la decisión que se haya adoptado en el pronunciamiento
anterior. Así, si la decisión fue de inexequibilidad, la Corte deberá
rechazar la demanda por ausencia en el objeto de control, o estarse a lo
resuelto en la decisión anterior, salvo que la razón de la inexequibilidad haya
sido la ocurrencia de un vicio de carácter formal en el trámite de aprobación
de la ley. En este último caso, la Corte puede pronunciarse sobre la
exequibilidad de la norma solamente desde el punto de vista material[52].
Si se declaró la exequibilidad, la Corte debe analizar cuál fue el
alcance de la decisión previa, con la finalidad de establecer si el asunto que
se plantea no ha sido resuelto, y por ende, debe emitirse un nuevo
pronunciamiento de fondo, o si la problemática ya se decidió deberá estarse a
lo resuelto en la decisión anterior[53];
en los casos de exequibilidad condicionada, la interpretación excluida
del ordenamiento jurídico no podrá ser objeto de reproducción o aplicación en
otro acto jurídico; y en los supuestos en los que la Corte ha adoptado una
sentencia aditiva, la cosa juzgada implica que no se encuentra permitido
reproducir una disposición que omita el elemento que la Corte ha juzgado
necesario adicionar[54].
31.
Finalmente, la Corte ha admitido
tres escenarios de excepción a la cosa juzgada constitucional, en presencia de
los cuales es posible adelantar un nuevo examen de constitucionalidad: (i) la modificación
en el parámetro de control constitucional, el cual se presenta cuando
cambian las normas que constituyeron el referente para juzgar la
constitucionalidad de la disposición nuevamente acusada; (ii) el cambio en
el significado material de la Constitución o “constitución viviente”, que
ocurre cuando la realidad social, económica, política o ideológica del
país transforma los presupuestos que sirvieron de sustento para declarar
la exequibilidad de la norma en su momento, lo que permite que se adelante un
nuevo estudio a la luz de las nuevas realidades, entendiendo la
Constitución como un texto vivo[55]; y (iii) la variación en el contexto normativo,
que se presenta cuando la disposición previamente examinada se integra a un
nuevo contexto normativo o el ordenamiento en que se inscribe ha sido objeto de
modificaciones. Este punto, hace alusión a la interpretación sistemática
de la norma acusada, en conjunto con todas las disposiciones que, en la
actualidad, integran el ordenamiento jurídico al que pertenece[56]. Dicho esto, la Sala procederá a analizar
el caso concreto.
Caso
concreto. Existencia de la cosa juzgada constitucional respecto del
desconocimiento de los artículos 1, 2, 5, 11, 13, 14 y 94 de la Constitución
32.
La demandante alegó que los artículos 90, 91 y 93
del Código Civil eran contrarios a los artículos 1, 2, 4, 5, 11, 13, 14, 42,
44, 47, 49, 50, 94 y 95; a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a la
Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.
33.
La Sala Plena encuentra acreditada la
configuración de la cosa juzgada formal respecto de los cargos por el
desconocimiento de los artículos 1, 2, 5, 11, 13, 14 y 94 de la Constitución, por las razones que se exponen a continuación.
34.
En sentencia C-591 de 1995, la Sala Plena
estudió una demanda que alegaba que los artículo 90, 91 y 93 del Código Civil
eran contrarios a lo dispuesto en los artículos 1, 2, 5, 11, 12, 13, 14 y 94 de la Constitución. La demanda se sustentó en que “a partir de una interpretación
armónica de la Constitución, se puede inferir que el constituyente se inclina a
reconocer que todo ser es persona desde el momento mismo de su concepción”.
La Corte resolvió que la
consagración de la existencia legal de la persona desde el nacimiento era
constitucional[57].
Determinó que durante el periodo entre la concepción y el nacimiento se debería
aplicar el principio según el cual “el concebido se tiene por nacido para
todo lo que le sea favorable”[58].
Hizo referencia a las normas legales consagradas en el Código Civil que
establecían una protección al no nacido. Dijo que para que la premisa planteada
por los demandantes fuera cierta “tendría que demostrarse que la
Constitución, por el contrario, establece que la existencia legal principia con
la concepción”[59].
Adicionalmente, precisó que el comienzo
de la existencia legal se encontraba regulada por la ley e inequívocamente se
trata de personas (artículo 42 superior)[60],
es decir, seres humanos que ya han nacido. En consecuencia, concluyó que “no
existe razón para afirmar que los artículos 90, 91 y 93 del Código Civil sean
contrarios a norma alguna de la Constitución. En consecuencia, la Corte
declarará su exequibilidad”[61].
35.
Lo anterior fue reiterado en sentencia C-327 de 2016.
En esa ocasión, la Corte estudió una demanda en contra del artículo 90 del
Código Civil. Los actores alegaron que dicho artículo era contrario al artículo
4 de la CADH al desconocer el derecho a la
vida, el cual debe protegerse desde la concepción. La Corte precisó que “es claro que existe cosa juzgada
sobre cualquier reclamo relativo a los cargos por los que la Corte
Constitucional estudió la norma. Es decir, la violación (…) de los artículos 1,
2, 5, 11, 12, 13, 14 y 94 de la Constitución, por estimar que las disposiciones
constitucionales ordenan que la existencia legal de la persona comienza con la
concepción. La revisión del artículo 90 por cualquiera de esos cargos no sería
posible, ya que, como se advirtió, en virtud del artículo 243 de la
Constitución no es posible analizar el mismo contenido normativo de una
proposición jurídica ya estudiada en una sentencia anterior por los mismos
cuestionamientos”.
Sin embargo, el tribunal advirtió que
respecto del cargo formulado por violación a la CADH no existía cosa juzgada respecto de la C-591 de 1995, por cuanto
“(i) (…) el parámetro de constitucionalidad es distinto; (ii) el demandante
formula un entendimiento del artículo 4.1 que no fue analizado en la sentencia,
desde el deber para el Estado colombiano de proteger la vida desde la
concepción a partir de la obligación convencional; y (iii) la Corte, en esa
ocasión, no estudió la violación de la Convención Americana ahora propuesta”.
Por consiguiente, la
Corte declaró la exequibilidad del artículo demandado por el cargo analizado. A
su juicio, “[l]a
determinación de la existencia legal de la persona desde el nacimiento no viola
el deber de protección de la vida desde la concepción, establecido en el
artículo 4.1. de la Convención Americana”.
36.
Con fundamento en lo anterior, en el presente
caso –al igual que en la demanda que dio origen a la sentencia C-591 de 1995–
la ciudadana fundamentó sus cargos de inconstitucionalidad en que los artículos
90, 91 y 93 del Código Civil desconocen los derechos del que está por nacer y
estima que las disposiciones constitucionales ordenan que la existencia legal
de la persona comienza con la concepción. Adicionalmente, en ambos casos se
alegó el desconocimiento de los artículos 1, 2, 5, 11, 13, 14 y 94 de la
Constitución.
37.
Segundo, no hay razones que justifiquen
excepcionar la cosa juzgada constitucional. Esta Corte ha señalado que de
manera excepcional, resulta posible que el juez constitucional se pronuncie de
fondo sobre normas que habían sido objeto de decisión de exequibilidad previa.
Esto ocurre cuando hay “(i) una modificación del parámetro de control, (ii)
un cambio en la significación material de la Constitución y (iii) una variación
del contexto normativo del objeto de control”[62].
La demandante sostuvo que, en este caso se justificaba un nuevo pronunciamiento
de la Corte porque “las circunstancias
fácticas que existían al momento de la revisión constitucional han cambiado”[63].
En concreto, alegó que actualmente hay nuevas evidencias científicas y estudios
que comprueban la existencia, signos vitales, sensibilidad al dolor y los
rasgos físicos de la persona durante el proceso de gestación. Sin embargo, tales afirmaciones no demuestran un cambio que debilite
los efectos de la cosa juzgada, aunado a las intervenciones recibidas en el
trámite de constitucionalidad en las cuales se objeta la veracidad de las
evidencias científicas aportadas por la demandante. Por consiguiente, señala
la Corte que tales estudios no afectan las reglas utilizadas en sentencias
C-591 de 1995 y C-327 de 2016, en virtud de las cuales, (i) la Constitución no
“establece que
la existencia legal principia con la concepción”; y (ii) el comienzo de la existencia legal se encuentra regulada
por la ley e inequívocamente se trata de personas nacidas.
38.
En consecuencia, la Sala Plena concluye que la
revisión de los cargos formulados contra los artículos 90, 91 y 93 del Código
Civil, por el desconocimiento de los artículos 1, 2, 5, 11, 13, 14 y 94 de la
Constitución no es posible, ya que, como se advirtió, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 243 superior no es posible analizar el mismo contenido normativo
de una proposición jurídica ya estudiada en una sentencia anterior por los
mismos cuestionamientos. Por lo anterior, procederá a estarse a lo
resuelto en las sentencia C-591 de 1995.
Aptitud sustantiva de la demanda
39.
Varios intervinientes le
solicitaron a la Corte inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo en
atención a que la demanda no cumple con los requisitos mínimos de
procedibilidad.
40.
La Sala Plena de esta Corte es
competente para analizar la procedibilidad de la demanda de
inconstitucionalidad. En sentencia C-623 de 2008, la Corte precisó que “[a]un
cuando en principio, es en el auto admisorio donde se define si la demanda
cumple o no con los requisitos mínimos de procedibilidad, ese primer análisis
responde a una valoración apenas sumaria de la acción, llevada a cabo
únicamente por cuenta del Magistrado Ponente, razón por la cual, la misma no
compromete ni define la competencia del Pleno de la Corte, que es en quien
reside la función constitucional de decidir de fondo sobre las demandas de
inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes y los
decretos con fuerza de ley”[64].
41.
Adicionalmente, ha señalado la
Corte que toda demanda de inconstitucionalidad debe ser analizada a la luz del
principio pro actione, habida cuenta de la naturaleza pública de esta
acción. Sin embargo, la demanda de inconstitucionalidad debe reunir ciertas
condiciones mínimas que permitan guiar la labor del juez constitucional y
orientar el debate de los intervinientes en el proceso de constitucionalidad.
42.
El artículo 2 del Decreto 2067 de
1991 dispone que la demanda debe contener: (i) el señalamiento de las normas
acusadas como inconstitucionales, trascribiéndolas literalmente por cualquier
medio o aportando un ejemplar de la publicación oficial; (ii) el señalamiento
de las normas constitucionales infringidas; (iii) las razones que sustentan la
acusación, comúnmente denominadas concepto de violación; (iv) el señalamiento
del trámite legislativo impuesto por la Constitución para la expedición del
acto demandado, cuando fuere el caso, y (v) la razón por la cual la Corte es
competente.
43.
De conformidad con la
jurisprudencia constitucional, el concepto de la violación se formula debidamente cuando
(i) se identifican las normas constitucionales vulneradas; (ii) se expone el
contenido normativo de las disposiciones acusadas –lo cual implica señalar
aquellos elementos materiales que se estiman violados–, y (iii) se expresan las
razones por las cuales los textos demandados violan la Constitución.
44.
Como lo señaló esta Corte en la
sentencia C-1052 de 2001, toda demanda de inconstitucionalidad debe, como
mínimo, fundarse en razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y
suficientes. A partir de dicha sentencia, la Corte Constitucional ha
reiterado, de manera uniforme, que las razones de inconstitucionalidad deben
ser “(i) claras, es decir, seguir un curso de exposición comprensible y
presentar un razonamiento inteligible sobre la presunta inconformidad entre la
ley y la Constitución; (ii) ciertas, lo que significa que no deben basarse en
interpretaciones puramente subjetivas, caprichosas o irrazonables de los textos
demandados, sino exponer un contenido normativo que razonablemente pueda
atribuírseles; (iii) específicas, lo que excluye argumentos genéricos o
excesivamente vagos; (iv) pertinentes, de manera que planteen un problema de
constitucionalidad y no de conveniencia o corrección de las decisiones
legislativas, observadas desde parámetros diversos a los mandatos del Texto
Superior; y (v) suficientes; esto es, capaces de generar una duda inicial sobre
la constitucionalidad del enunciado o disposición demandada”[65]. En consecuencia, esta Sala pasará a estudiar si los
cargos propuestos por la demanda –sobre los cuales no recayó la cosa juzgada
(ver supra, numeral 38)– cumplen con
los mencionados requisitos.
Caso concreto: Inaptitud sustantiva de la demanda
45.
Esta Corte encuentra que los cargos formulados por la ciudadana por presunto
desconocimiento de (i) la Constitución en sus artículos 4, 42, 44, 47, 49, 50 y 95,
(ii) de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y (iii) de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Tortura
no cumplen con los requisitos de claridad, certeza, especificidad,
pertinencia y suficiencia exigidos por la jurisprudencia
constitucional.
46.
Primero, el cargo por desconocimiento del
artículo 4 no es cierto, específico ni pertinente. La demandante
sostuvo que las disposiciones acusadas “producen
con sus efectos la desprotección absoluta de una parte de la población
colombiana” y en que “se generan (…) múltiples casos concretos en los
cuales se violan de manera masiva los derechos fundamentales de madres
gestantes e hijos o hijas por nacer que son víctimas de los procedimientos
abortivos”[66]. Tales argumentos genéricos y excesivamente vagos
impiden hacer un juicio de constitucionalidad de por qué se desconoce la
supremacía constitucional. Adicionalmente, se trata de una interpretación
puramente subjetiva que hace la demandante que no se fundamenta en el texto
demandado. Por último, se trata la hipotética aplicación de las disposiciones
legales, lo cual escapa del control abstracto de constitucionalidad.
47.
Segundo, el cargo por desconocimiento del
artículo 42 carece de especificidad. La ciudadana sostuvo que “todos los hijos independientemente de la forma en que
son concebidos e independientemente de sus condiciones físicas o mentales,
independientemente de la salud de la madre que los concibe, tienen igualdad de
derechos y deberes”[67]. Nuevamente ella deja de proponer al menos una
acusación concreta que permita verificar de qué manera las
disposiciones acusadas se oponen a la Constitución.
48.
Tercero, el cargo por desconocimiento del
artículo 44 tampoco es específico. La demandante alega que las normas
acusadas violan “el derecho a la salud
del niño y la niña por nacer”[68] y “desconocen la personalidad del niño o la niña
durante su proceso de gestación”[69]. En esos términos, no
logra explicar, con razones concretas, por qué es contrario a los derechos de
los niños y adolescentes el hecho de que el legislador haya previsto que “la
existencia legal de toda persona principia al nacer”, proteja su vida y
difiera sus derechos a su nacimiento. De esa manera, no se evidencia una
verdadera acusación de inconstitucionalidad.
49.
Cuarto, el cargo por desconocimiento del artículo
47 no es cierto ni pertinente. La ciudadana señaló que “[l]os niños y niñas en situación de discapacidad
con graves malformaciones determinadas por un médico o por un juez, son
personas marginadas, excluidas de la sociedad, que pueden eliminarse con el
consentimiento del Estado”[70]. Esa conclusión no se desprende objetivamente de las
disposiciones acusadas sino que es deducido por la actora. En efecto, de una
lectura objetiva de las normas acusadas no se prevé que se excluyan a las
personas en situación de discapacidad o con graves malformaciones.
Adicionalmente, las razones de la ciudadana no son de tipo constitucional, sino que se basa en supuestas consecuencias que se
derivarían de aplicar las normas acusadas, por lo cual no se puede estructura
un cargo de constitucionalidad.
50.
Quinto, el cargo por desconocimiento del artículo
49 tampoco es pertinente. La demandante consideró que “[e]l principal derecho del ser en gestación es (…)
su derecho a gozar de asistencia médica necesaria, sin que otra persona u
autoridad pública decida sobre su existencia o posibilidades de recuperación”[71]. Nuevamente, la ciudadana no se
basa en razones de tipo constitucional, sino en supuestas consecuencias que se
derivarían de aplicar las normas acusadas, razón por la cual es impertinente
para estructurar un cargo de constitucionalidad.
51.
Sexto, el cargo por desconocimiento del artículo
50 no es cierto. La ciudadana alegó que “[t]odo
niño menor de un año (…) tiene derecho (…) a recibir protección del Estado, a
recibir los beneficios de la seguridad social [y a] “recibir cuidados
médicos antes del nacimiento”[72]. Sin embargo, del texto de las disposiciones acusadas
no se desprende que se desconozca el derecho a la seguridad social o a la
atención en salud. Ellas se refieren a la existencia de la persona y a los
derechos del que está por nacer. Por lo cual, el cargo carece de certeza y no
ofrece un reproche de constitucionalidad.
52.
Séptimo, el cargo por desconocimiento del
artículo 95 no es claro, cierto, específico ni pertinente.
La demandante alegó que “[n]o hay
equilibrio constitucional en la protección de madres gestantes y niños o niñas
por nacer”[73]. El artículo 95 de la Constitución se refiere a los
deberes y obligaciones de los colombianos. Por ello no se entiende con claridad
el sentido y alcance de la relación con la protección de las mujeres gestantes ni
del que esta por nacer.
53.
Octavo, el cargo por desconocimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad no es específico ni suficiente. La
demandante se limita a señalar que “[e]n el texto de la Convención citada,
no se aprecia que pueden abortarse los seres humanos que padecen alguna
discapacidad”[74]. Lo anterior no permite estudiar un cargo por
inconstitucionalidad ni lograr despertar una duda inicial acerca de la
constitucionalidad de las expresiones demandadas, dado el carácter
excesivamente abstracto, vago y subjetivo de los argumentos expuestos por la
demandante.
54.
Por último, el cargo por desconocimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura
tampoco es cierto, específico ni suficiente. Nuevamente la
actora se limita a afirmar que “el aborto legal es tortura y una forma de
violencia contra la mujer y contra su hijo o hija por nacer”[75]. En esos términos, no cumple con los requisitos
mínimos para estructurar un cargo de constitucionalidad, dada la vaguedad y
subjetividad de los argumentos expuestos por la demandante.
55.
De acuerdo con lo anterior, las
razones de la demanda no logran despertar una duda inicial acerca de la
constitucionalidad de las disposiciones demandadas que haga necesario un pronunciamiento
por parte de la Corte Constitucional, en relación con una potencial vulneración
a los artículos 4, 42, 44, 47, 49, 50 y 95, de la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Tortura. En conclusión, habida
cuenta de que no cumple con los requisitos mínimos exigidos por la
jurisprudencia constitucional, esta Corte se inhibirá de emitir un
pronunciamiento de fondo.
C.
SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
56.
La ciudadana Natalia Bernal Cano demandó la constitucionalidad de
los artículos 90, 91 y 93 del Código Civil. A su juicio, limitar los derechos
del que está por nacer, desconoce que ellos son “seres vivos inocentes
capaces de sentir dolor y que son agredidos con métodos abortivos cuando se
encuentran en el vientre materno porque no se les reconoce su condición de
persona humana, titular de derechos y obligaciones”[76]. En consecuencia,
sostuvo que las disposiciones demandadas vulneran lo dispuesto en la
Constitución en sus artículos 1, 2, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 42, 44, 47, 49, 50,
94 y 95; la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.
57.
La Corte concluyó que respecto de los cargos por desconocimiento
de los artículos 1, 2, 5, 11, 12, 13, 14 y 94 de la Constitución, operó el
fenómeno de la cosa juzgada constitucional por lo resuelto en la sentencia
C-591 de 1995, reiterada en la sentencia C-327 de 2016. En efecto, encontró que
en esa ocasión la Corte se pronunció respecto de la constitucionalidad de las
mismas disposiciones legales, por las mismas razones expuestas en la presente
demanda. Adicionalmente, aclaró que las razones expuestas por la demandante no
son suficientes para debilitar la existencia de la cosa juzgada constitucional.
Por lo cual, se estuvo a lo resuelto en dicha sentencia.
58.
Por otra parte, la Corte determinó que los
cargos por el desconocimiento de la Constitución en sus artículos 4, 42,
44, 47, 49, 50 y 95, de la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Tortura no cumplían con los requisitos mínimos exigidos por la jurisprudencia
constitucional. En concreto, sostuvo que no reúnen los requisitos de certeza,
claridad, especificidad y suficiencia, razón por la cual se declaró inhibida
para emitir un pronunciamiento de fondo.
III.      DECISIÓN
La Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- ESTARSE A LO
RESUELTO en la sentencia C-591 de 1995 mediante la cual se decidió “Decláranse
EXEQUIBLES los artículos 90, 91 y 93 del Código Civil”, respecto de los
cargos por desconocimiento de los artículos 1, 2, 5, 11, 12, 13, 14 y 94 de la
Constitución.
SEGUNDO.- DECLARARSE INHIBIDA de emitir un pronunciamiento de fondo, por ineptitud
sustantiva de la demanda, respecto de los cargos formulados
en contra de los artículos 90, 91 y 93 del Código Civil (por violación de los
artículos 4, 42, 44, 47, 49, 50 y 95 de la Carta Política, así como de
lo dispuesto en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura).
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Presidente
CARLOS
BERNAL PULIDO
Magistrado
Con
salvamento de voto
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Magistrada
Con
salvamento de voto
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO
DE VOTO (PROCESO D-13225) Y
ACLARACIÓN
DE VOTO (PROCESO D-13255)
DEL
MAGISTRADO CARLOS BERNAL PULIDO
A LA
SENTENCIA C-089/20
SENTENCIA
ADITIVA-Aplicación (Salvamento de voto)
DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA-Vulneración
(Salvamento de voto)/DERECHOS FUNDAMENTALES-Exigencia de máxima realización posible o prohibición de protección
deficiente (Salvamento de voto)
COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL-Relativización por cambio del contexto epistemológico
(Salvamento de voto)
INHIBICION
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA-Incumplimiento de requisitos de claridad, certeza, especificidad y
suficiencia (Aclaración de voto)
Expedientes:
D-13225 Demanda
de inconstitucionalidad contra los artículos 90, 91 y 93 del Código Civil
M.P. Alejandro
Linares Cantillo
D-13255 Demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 122 de la Ley 599 de 2000
M.P. Antonio
José Lizarazo Ocampo
Con mi acostumbrado respeto a las
decisiones de la Sala Plena, me permito presentar aclaración de voto en
relación con la decisión adoptada en el marco del expediente D-13255 y
salvamento de voto con respecto a la del expediente D-13225. En atención a la conexidad
entre las dos decisiones, a continuación presento de forma conjunta mis
argumentos:
I.
Salvamento de voto en
relación con el Expediente D-13225
Disiento de la decisión adoptada
por la sala plena en el expediente D-13225, consistente en estarse a lo
resuelto en la Sentencia C-591 de 1995. Dicha Sentencia había declarado la
exequibilidad del artículo 90 del Código Civil. Según este artículo: “La
existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse
completamente de su madre”.
En mi sentir, la Corte
Constitucional ha debido: (i) Dictar una sentencia aditiva y de inexequibilidad
parcial, en el sentido de declarar inexequible la expresión “al nacer, esto es,
al separarse completamente de su madre” y adicionar al texto demandado la expresión
“desde la concepción”. De esta manera, este enunciado ha debido quedar así: “La
existencia legal de toda persona principia desde la concepción”. En este
sentido, además, la Corte ha debido (ii) relativizar la cosa juzgada de la
Sentencia C-591 de 1995 por cambio en el contexto epistemológico.
En cuanto a lo primero,
la Corte Constitucional ha debido reconocer que el Legislador preconstitucional
vulneró el principio de respeto a la dignidad humana y la prohibición de
protección deficiente de los derechos fundamentales a la vida, a la integridad
física, a no ser sometido a tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, y
a la salud y a la igualdad de los niños y niñas en gestación, al no
reconocerles la titularidad de estos y otros derechos desde la concepción. Esta
vulneración deriva del uso legislativo, en la disposición demandada, de la
ficción, según la cual, solo se es persona a partir del nacimiento. Como todas,
esta ficción es arbitraria. No existen razones que hoy la fundamenten. Por tanto,
el mantenimiento de tal ficción es también incompatible con la prohibición de
arbitrariedad.
Desde la
expedición del artículo 90 del Código Civil en 1887 hasta nuestros días han
surgido nuevos conocimientos científicos, de los que hay evidencia suficiente
en el expediente, y que prueban los siguientes hechos.
(1) Desde la
concepción los niños y niñas en gestación están dotados del genoma humano. Esto
es prueba de su pertencencia a la especie humana. De ello se sigue que son
merecedores del trato que deriva del principio de la dignidad humana (artículo
1 de la Constitución Política). Este trato implica necesariamente la atribución
de personalidad jurídica a todo ser humano desde la concepción.
(2) Desde la
concepción los niños y niñas en gestación tienen vida y deben ser reconocidos
como titulares del derecho fundamental a la vida. Es manifiestamente
irrazonable no conceder la titularidad del derecho fundamental a la vida a
seres que durante su proceso de gestación ya tienen vida humana. No existe ninguna
razón constitucional que legitime que todos, durante una etapa de la vida
humana, carezcamos de protección de derecho fundamental. Esto es contrario a la
inviolabilidad de la vida, instituida por el artículo 11 de la Constitución
Política.
(3) Desde la
concepción los niños y niñas en gestación tienen rasgos físicos y desarrollo de
componentes anatómicos dignos de la protección que deriva de los derechos
fundamentales a la integridad física y a la salud. Así lo ha reconocido la
Corte Constitucional en sentencias en las que ha protegido derechos de niños y
niñas en gestación[77].
(4) Desde las
primeras semanas de gestación los niños y niñas en gestación sienten dolor.
Estudios médicos, que constan en el expediente, se refieren a la semana 7, 12 o
18 como aquella en la que ya hay certeza de sensibilidad del dolor[78].
Esta capacidad hace titulares a los niños y niñas en gestación de los derechos
fundamentales a la integridad física y aquél correlativo a las prohibiciones de
tortura y de sometimiento a tratos inhumanos, crueles o degradantes.
(5) Aún
durante la gestación los niños y niñas son titulares del derecho fundamental a
la salud. Este derecho los protege en procedimientos, inventados durante las
últimas décadas, en los cuales son sujetos de intervenciones quirúrgicas, reciben
asistencia médica independiente de la madre, son sujetos de donación de órganos
y tejidos, son considerados pacientes e incluso se afilian y cotizan a sistemas
de salud.
(6) Los niños
y niñas en gestación son sujetos de especial protección constitucional, como
todos los niños, niñas y adolescentes. Sus derechos son prevalentes (artículo
44 de la Constitución Política).
(7) Los niños
y niñas en gestación son titulares del derecho fundamental a la igualdad. No
pueden ser discriminados, en comparación con los niños y niñas nacidos. Asimismo,
los niños y niñas en gestación, que están en condición de discapacidad, también
son titulares del derecho fundamental a la igualdad. Además del derecho a no
ser discriminados, también tienen derecho a una especial protección
constitucional de la que deriva su derecho específico a que se les proporcione
las acomodaciones razonables que sean idóneas para el pleno ejercicio de todos
sus derechos (de acuerdo con el artículo 47 de la Constitución Política y con
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad).
La evidencia
científica de estos hechos no estaba disponible en el momento en el que la
Corte Constitucional adoptó la Sentencia C-591 de 1995. Este cambio en el
contexto epistemológico ha debido motivar la flexibilización de la cosa juzgada
de dicha sentencia y a la adopción de una decisión aditiva y de
inexequibilidad, en el sentido antes señalado.
II.
Aclaración de voto en
relación con el Expediente D-13255
Si bien comparto el resolutivo de
inhibición en relación con el expediente D-13255, me separo de algunas
consideraciones de la parte motiva de la Sentencia y encuentro que, a pesar del
déficit de la demanda, la accionante aportó al proceso evidencias y argumentos
que alteran el resultado de la ponderación a la que la Corte Constitucional
llegó en la Sentencia C-355 de 2006.
Tales evidencias y
argumentos se refieren a los siguientes apectos.
(1) Tal como
antes se explicó, la titularidad de los niños y niñas en gestación en relación
con los derechos fundamentales a la vida, integridad física, salud, igualdad y
a los correlativos las prohibiciones de tortura y de sometimiento a los tratos
inhumanos, crueles y degradantes.
(2) Debido a
la prioridad prima facie de los derechos fundamentales sobre otros bienes y
principios constitucionales, el reconocimiento de la titularidad de derechos
fundamentales a los niños y niñas en gestación debe conducir a un ajuste del
resultado de la ponderación que la Corte Constitucional llevó a cabo en la
Sentencia C-355 de 2006. La nueva ponderación debe ajustarse para fortalecer la
protección de los derechos fundamentales de los niños y niñas en gestación.
(3) La nueva
ponderación debe fijar un término temporal claro durante la gestación, a la
inmunidad que deriva de las causales previstas por la Sentencia C-355 de 2006.
Esto es así por los incuestionables hallazgos científicos según los cuales un
niño o niña de 24 semanas de gestación se considera bebé pretérmino y la
capacidad de sentir dolor se desarrolla entre la semana 7 y 18 de gestación[79].
(4)  No existe
un derecho fundamental a abortar, ni un derecho fundamental a la interrupción
voluntaria del embarazo, ni a decidir con libertad acerca de la práctica del
aborto. No hay ninguna disposición constitucional ni del bloque de
constitucionalidad que instituya un derecho semejante. Lo único que existe es
una inmunidad, creada por la sentencia C-355 de 2006, en los tres supuestos
excepcionales en los que destipificó el aborto. Esa inmunidad lleva a que en
tales supuestos excepcionalísimos la conducta de aborto no sea típica. De ello
no se sigue ni la existencia de una libertad de derecho fundamental a abortar,
ni mucho menos la existencia de un derecho fundamental de promoción o
protección en relación con el aborto, que, por ejemplo, fundamente el discurso
de la desaparición de barreras jurídicas, administrativas o prácticas en
relación con el aborto.
(5) Existe un
déficit de protección de la libertad de información de la mujer que planea
llevar a cabo un aborto. Para subsanar este déficit, además de exigir un
consentimiento informado, el Estado debería advertir a la mujer que quiera
abortar, de los daños que se causan al niño o niña en gestación y los riesgos
para la salud física y sicológica de la propia madre. Asimismo, este déficit de
información podría subsanarse mediante reglas que obliguen la práctica de una
ecografía, el suministro a la mujer de la información sobre apoyos a la
maternidad y la oferta de alternativas distintas al aborto.
(6) Existe un
déficit de protección del derecho a la salud mental de la mujer. Para
subsanarlo, el Estado debe asegurarse de proporcionar un acompañamiento
psicológico pleno a las mujeres que planeen llevar a cabo un aborto.
(7) Existe un
déficit de protección de los derechos de los hombres que son padres de un niño
o niña en gestación cuya madre quiera llevar a cabo un aborto. Para subsanarlo,
el Estado debe definir la manera en que el padre debe participar, acompañar o
consentir el procedimiento.
(8) Mediante
la sentencia C-355 de 2006, la Corte Constitucional destipificó el aborto
cuando “exista grave malformación del feto que haga inviable su vida,
certificada por un médico”. Al respecto, debe precisarse que el aborto que
está destipificado es aquel que se practica en caso de una malformación que
hace inviable la vida en el sentido estricto de que el niño o niña en
gestión no podrá tener vida propia. Esto implica, necesariamente, la
reafirmación de que al aborto está prohibido cuando el niño o niña en gestión
presenta una discapacidad. Además de violar el derecho a la vida, cuando el
aborto se practica a los niños o niñas en situación de discapacidad es
abiertamente discriminatorio y está prohibido por la Constitución y el bloque
de constitucionalidad. En este aspecto, debe incrementarse el umbral de evidencia
de la inviabilidad. La C-355 de 2006 solo exigió la certificación de un médico.
Sin embargo, un diagnóstico semejante excede la competencia del médico general.
La existencia de una malformación del feto que haga inviable su vida
extrauterina debe ser diagnosticada por una junta médica, a fin de respetar la
prohibición de protección deficiente de los derechos fundamentales de los niños
y niñas adolecentes.
(9) Asimismo,
en la Sentencia C-355 de 2006, la Corte destipificó el aborto “cuando la continuación
del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer,
certificada por un médico”. En virtud de la prohibición de protección
deficiente, debe: (a) aumentarse el umbral de evidencia para acreditar
cuándo existe peligro para la vida o la salud de la mujer; (b)
reforzarse el evento de extraordinaria gravedad en el cual desembarazar es
indispensable para garantizar la vida de la madre -sobre todo cuando se aduce
que se está en presencia de una amenaza letal a la salud mental de la madre-;
(c) que no basta la mera certificación de un médico para dar probada esta
causal.
(10) En una
democracia deliberativa es al Legislador a quien corresponde llevar a cabo la
ponderación de todos estos elementos, en una regulación que luego debe ser sometida
al control de la Corte Constitucional.
Con el acostumbrado respeto,
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
SALVAMENTO DE VOTO DE LA
MAGISTRADA
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
A LA SENTENCIA C-089/20
Referencia: expediente D-13.225
Ref.: Expediente D-13225. Demanda de
inconstitucionalidad en contra de los artículos 90, 91 y 93 del Código Civil.
Magistrado ponente:
Alejandro Linares Cantillo
Con el
acostumbrado respeto a las decisiones adoptadas por la Sala Plena de esta
Corporación presento mi salvamento de voto frente a la sentencia de la
referencia por cuanto considero que la Sentencia C-591 de 1995, en la que se
declararon exequibles los artículos 90, 91 y 93 del Código Civil, por los
cuales se hace referencia a la existencia legal de las personas a partir de su
nacimiento, se produjo en un contexto normativo y jurisprudencial diferente al
actual, por lo que, en virtud de la doctrina del derecho viviente, era
procedente continuar con el examen de constitucionalidad de las normas
acusadas.
En efecto, la
jurisprudencia constitucional reiterada se ha ocupado la cosa juzgada material
cuando la decisión previa ha sido de exequibilidad y de la necesidad de
considerar tal providencia como un precedente relevante del cual, sin embargo,
es posible separarse. Sobre el tipo de razones que podrían justificar esa
separación, se ha pronunciado la Corte en varias oportunidades. Recientemente
indicó recogiendo la doctrina consolidada de este Tribunal:
“En el segundo escenario, esto es, cuando esta Corporación se
pronuncia sobre una disposición con idéntico contenido normativo al de otra que
por razones de fondo fue previamente declarada exequible o exequible de forma
condicionada (…), la decisión de la Corte no puede ser distinta a estarse a lo
resuelto en la sentencia previa, a menos que se presenten circunstancias
excepcionales que enerven los efectos de la cosa juzgada, como ocurre, por
ejemplo, (i) cuando se presentan reformas constitucionales que varían los
parámetros de comparación (…); (ii) cuando así lo demanda el carácter dinámico
del Texto Superior (…); (iii) o cuando se presenta la necesidad de realizar una
nueva ponderación de valores o principios constitucionales a partir del cambio
de contexto en el que se inscribe la disposición acusada (…).”[80]
La
jurisprudencia de esta Corte ha señalado que puede ocurrir que el ordenamiento
en el que se inscribe una norma previamente examinada haya sufrido modificaciones.
En estos casos un nuevo examen se impone con la finalidad de establecer si se
requiere o no emprender una valoración constitucional diferente a la luz del
nuevo contexto. Esta Corporación ha sostenido, refiriéndose a este supuesto,
que “una disposición jurídica no puede ser analizada aisladamente sino que
debe ser interpretada de manera sistemática, tomando en consideración el
conjunto normativo del cual forma parte.”[81]
Pues bien,
teniendo en cuenta que el significado material de los artículos demandados
dependen de su contexto es necesario tener en cuenta que en Colombia, “desde
los primeros Códigos Penales Colombianos, el aborto siempre ha sido considerado
un delito, entendido –legalmente- como la interrupción violenta y voluntaria
del proceso de gestación.”[82]
Así, en los
Códigos Penales de 1837 y 1890 –este último que simplemente reprodujo a su
antecesor- se establecían penas de 1 a 3 años de presidio para quien mediante
violencia (empleando bebidas, alimentos, golpes o cualquier otro medio)
procurara que una mujer embarazada abortara sin su consentimiento (art. 638 CP
1890), incrementando esta pena de 5 a 10 años cuando efectivamente se
presentara el aborto (art. 639 CP 1890). En estos mismos estatutos, se disponía
que la pena para la mujer en el aborto consentido era de 1 a 3 años de
reclusión cuando el aborto se causare, y 6 meses a 1 año, cuando el mismo no
resultaba, pena que se reducía para el aborto honoris causa de 3 a 6 meses de
prisión cuando no se verificara el aborto, y de 5 a 10 meses si se consumaba
(art. 642 CP 1890).[83]
El Código Penal
de 1936, vigente hasta 1980, criminalizó el delito de aborto consentido (Art.
386 CP 1936) cuando la mujer causaba su aborto o permitía que otro lo causara,
con pena de 1 a 4 años de prisión y el aborto no consentido (art. 387 CP 1936)
con pena de 1 a 6 años.[84]
Desde este Código desaparece la regulación específica sobre el denominado
aborto terapéutico- el que se causa para salvar la vida de la mujer- en el
entendido que se trata de un evento de estado de necesidad, que excluye la
ilicitud del comportamiento.
El Código Penal
de 1980 mantuvo la penalización de la conducta y la clasificación entre aborto
consentido (Art. 343 CP 1980) con pena de 1 a 3 años de prisión, y aborto no
consentido (Art. 344 CP 1980) con pena de prisión de 3 a 10 años.
En este contexto
normativo se analizaron los artículos 90, 91 y 93 del Código Civil y la Corte
emitió la Sentencia C-591 de 1995. En ese año el contexto normativo en que se
inscribían los artículos del Código Civil era el de la protección del derecho a
la vida del nasciturus a través de la plena penalización del aborto, por lo que era evidente que las normas estudiadas hacían
referencia a la activación de la personalidad jurídica para efectos de derechos
civiles, y de los atributos que le son propios, mas no para el reconocimiento
de derechos fundamentales, incluida la vida, que según la Constitución Política
de 1991, en su artículo 94, son inherentes a la naturaleza humana.
Así continuó la
perspectiva normativa con el Código Penal de 2000, que mantiene (hasta hoy) la
clasificación entre aborto consentido (Art. 122 CP 2000) con pena de prisión de
16 a 54 meses de prisión y no consentido (Art. 123 CP 2000) con pena de prisión
de 64 a 180 meses de prisión.
Sin embargo, en
la Sentencia C-355 de 2006 la Corte Constitucional varió su jurisprudencia para
sostener que la vida humana en formación, esto es, la vida del que está por
nacer, es tan solo un “valor constitucionalmente relevante” y desconoció
no sólo el hecho biológico de la vida humana naciente, sino que se trata de un
derecho fundamental en cabeza del nasciturus.
En dicha
decisión esta Corte cambió radicalmente el abordaje de la protección
constitucional de la vida del nasciturus y decidió reducir la vida humana, o
por lo menos la vida humana en gestación, a la categoría de valor o bien
abstracto, despojándola de su verdadera naturaleza: la de constituir para el
ser humano viviente su mismo ser. Así pues, si la vida ya no es para el
viviente su mismo ser, el titular de la misma, en este caso el nasciturus,
queda reducido al mundo de las cosas, y por lo tanto, su protección
constitucional se ve reducida frente a la de los demás sujetos titulares de
cualquier otro derecho, considerados, éstos sí, como seres humanos vivientes.
La
jurisprudencia que reitera los criterios de dicha sentencia lo hace a partir de
una diferenciación entre las nociones de persona humana y vida humana, con el
objetivo de dar una pretendida fundamentación teórica a la desprotección
jurídica de la vida del no nacido, y a la supuesta prevalencia de los derechos
en cabeza de terceros. Para ello, hacen uso del criterio de la personalidad
jurídica como sí de él dependiera la existencia misma de la persona humana y de
los derechos que le son inherentes, a fin de abordar la vida en gestación sólo
como un “bien” o “cosa” que puede entonces ser objeto de disposición por parte
de otros.
A esta variación
jurisprudencial, que cambia radicalmente el contexto normativo en que se
profirió la Sentencia C-591 de 1995 se debe sumar otra, y es aquella generada
por la Sentencia SU-096 de 2018, en el que esta Corte no solamente reitera las
causales de despenalización del aborto sin límites temporales y su confusión
entre persona humana y personalidad jurídica, sino que se cataloga el acceso al
procedimiento abortivo como un derecho fundamental, en detrimento de toda
posibilidad de protección de la vida del nasciturus en esas circunstancias.
Todo ello
implica un marco normativo diametralmente diferente a aquel en que se realizó
el análisis que dio lugar a la Sentencia C-591 de 1995 y por lo tanto, resultaba, a la luz de la reiterada
jurisprudencia de esta Corporación, totalmente justificable un nuevo análisis
de los artículos 91, 91 y 93 del Código Civil.
En los
anteriores términos dejo expresadas las razones de mi discrepancia
Fecha ut supra,
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
[1]
Ver cuaderno principal, folios 1-111.
[2]
Ver cuaderno principal, folio 113.
[3]
Ver cuaderno principal, folio 124.
[4]
Ver cuaderno principal, folios 136-145.
[5]
Ver cuaderno principal, folio 140.
[6]
Ver cuaderno principal, folio 141.
[7]
Ver cuaderno principal, folios 142-144.
[8]
Por Secretaría General se invitó a Profamilia, al Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, a la Academia Nacional de Medicina, Fundación ProBono
por Colombia, el Centro de Derechos Reproductivos, Organización PARCES ONG, la
Meda por la Vida y la Salud de las Mujeres, Fundación PAIIS, a los abogados y
expertos Hector Elí Abel Torrado y Carlos Fradique-Mendez, y a
los Decanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, de
la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, de la Facultad
de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana, de la Facultad de Derecho de
la Universidad Nacional de Colombia, de la Escuela de Derecho de la Universidad
Sergio Arboleda, de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Colombia,
de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás sede Tunja, de la
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Cartagena, EAFIT
de Medellín, del Valle y Nariño y de la Facultad de Jurisprudencia de la
Universidad del Rosario.
[9] Dicha solicitud de medida cautelar, también fue
presentada mediante memorial remitido vía correo electrónico el día 15 de enero
de 2020 (ver cuaderno quinto, folios 1251 – 1253).
[10]
Ver cuaderno principal, folio 20.
[11]
Ibídem.
[12]
Ver cuaderno principal, folio 19.
[13]
Ver cuaderno principal, folio 45.
[14]
Ver cuaderno principal, folio 22.
[15]
Ver cuaderno principal, folio 24.
[16]
Ver cuaderno principal, folio 16.
[17]
Ver cuaderno principal, folio 20.
[18]
Ver cuaderno principal, folio 27.
[19]
Ver cuaderno principal, folio 36.
[20]
Ibídem.
[21]
Ver cuaderno principal, folio 28.
[22]
Ibídem.
[23]
Ibídem.
[24]
Ver cuaderno principal, folio 15.
[25]
Ibídem.
[26]
Ver cuaderno principal, folio 31.
[27]
Ibídem.
[28]
Ver cuaderno principal, folio 48.
[29]
Ver cuaderno principal, folio 15.
[30]
Ver cuaderno principal, folio 47.
[31]
Ver cuaderno principal, folios 179-206; cuaderno 2, folios 207-283; 298-305 y
347-368; cuaderno tres, folios 449-459 y 469-679.
[32]
En la Secretaría General de la Corte Constitucional presentaron sus escritos
las siguientes personas: (i) Grupo Médico por el derecho a decidir
(cuaderno 2, folios 306-316); (ii) Carlos Fradique Méndez (cuaderno 2,
folios 317-346); (iii) Departamento Nacional de Planeación (cuaderno 2,
folios 370-375); (iv) el Ministerio de Salud y Protección Social
(cuaderno 2, folios 377-381); (v) el Ministerio de Justicia y del
Derecho (cuaderno 2, folios 387-391); (vi) el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar -ICBF (cuaderno 2, folios 396-401); (vii) Women’s
Link Worldwide (cuaderno 2, folios 402-406); (viii) Profamilia
(cuaderno 2, folios 407-411); (ix) Center for reproductive rights
(cuaderno 2, folios 412-419); (x) La Mesa por la Vida y la Salud de las
Mujeres (cuaderno 2, folios 420-447); (xi) Cristina Amparo Cárdenas de
Bohórquez (cuaderno 2, folios 460-465); (xii) Marco Fidel Ramírez
Antonio (cuaderno 2, folios 466 a 468); (xiii) Superintendencia Nacional
de Salud (cuaderno 4, folios 681-682); (xiv) Fundación Colombiana de
Ética y Bioética (FUCEB) (cuaderno 4, folios 684-692).
[33]
La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, el Departamento Nacional de
Planeación, el Ministerio de Justicia, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, Carlos Fradique-Méndez, el Ministerio de Salud y Protección Social, Women’s
Link Worldwide, Profamilia, Center for Reproductive Rights y la
Superintendencia Nacional de Salud.
[34]
Ministerio de Justicia y del Derecho.
[35]
La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, el Departamento Nacional de
Planeación, el Ministerio de Justicia, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y el Grupo Médico por el derecho a decidir.
[36]
La mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres.
[37]
La mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres.
[38]
Departamento Nacional de Planeación.
[39]
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
[40]
La mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres.
[41]
Grupo Médico por el Derecho a Decidir y Carlos Fradique-Méndez.
[42]
Cristina Amparo Cárdenas de Bohórquez y la Fundación Colombiana de Ética y
Bioética (FUCEB).
[43]
Cristina Amparo Cárdenas de Bohórquez.
[44]
Ibídem.
[45]
Ibídem.
[46]
Ver cuaderno 4, folios 750-754.
[47]
Convención Americana de Derechos Humanos.
[48]
Constitución Política de Colombia, artículo 243: “Los fallos que la Corte
dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional.
Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico
declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las
disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma
ordinaria y la Constitución.”
[49]
Corte Constitucional, sentencia C-007 de 2016.
[50]
Corte Constitucional, entre otras, sentencias C-774 de 2001, C-468 de 2011 y
C-007 de 2016.
[51]
Corte Constitucional, sentencias C-744 de 2015, C-007 de 2016 y C-540 de 2019.
[52] En
este sentido, cuando se analiza una norma que ha sido objeto de análisis por
parte de la Corte, con base en un cargo por vicio de forma/procedimiento, se
genera una cosa juzgada aparente respecto del contenido material de la
disposición. Así, es viable un pronunciamiento de este tribunal sobre su
compatibilidad material con la Constitución, sobre todo: (i) para garantizar
con ello la supremacía constitucional, dispuesta en el Art. 4 de la Carta; (ii)
y porque la razón de la inexequibilidad anterior se basó exclusivamente en
asuntos de forma y no en una contrastación material de la norma demandada con
la Constitución.
[53]
Corte Constitucional, sentencia C-200 de 2019.
[54] Corte Constitucional, sentencia C-474 de 2016.
[55] Al
respecto, en la sentencia C-283 de 2011, la Corte estudió nuevamente la validez
de algunas disposiciones del Código Civil sobre porción conyugal que habían
sido declaradas exequibles en la sentencia C-174 de 1996. Lo anterior, debido a
que desde el año 1996, la jurisprudencia constitucional y la civil extendieron
derechos a los compañeros y compañeras permanentes. Asimismo, en la sentencia
C-029 de 2009, el tribunal decidió evaluar de fondo los apartes de los
artículos 14 y 15 de la Ley Estatutaria 971 de 2005, por cuanto, las
disposiciones permitían un trato diferenciado entre parejas homosexuales y
heterosexuales, y debido al cambio jurisprudencial en el referente
constitucional relacionado con el tratamiento de parejas homosexuales, se hacia
necesario pronunciarse sobre las normas ante las nuevas realidades. En el mismo
sentido, en la sentencia C-075 de 2007, la Corte analizó de nuevo los artículos
1 y 2 de la Ley 54 de 1990, considerando que el contexto normativo sobre el que
se propone el ejercicio del control de constitucionalidad era formal y materialmente
distinto de aquel que fue objeto de consideración por la Corte en el año 1996.
[56]
Corte Constitucional, sentencia C-200 de 2019.
[57]
“A juicio de la Corte, la Constitución no establece que la existencia legal
de la persona principie en el momento de la concepción. No existe una sola
norma de la cual pueda sacarse tal conclusión.  Posiblemente por esto, la
demanda se funda en la supuesta violación de normas que no se refieren ni
siquiera indirectamente al tema: el preámbulo, el artículo 1o., el 2o., el 5o.,
el 11, el 12, el 13, el 14, el 94”. Corte Constitucional, sentencia C-591
de 1995.
[58]
Corte Constitucional, sentencia C-591 de 1995.
[59]
Ibidem.
[60]
A partir del mandato del artículo 42 constitucional, precisó que el comienzo de
la existencia legal se encontraba regulada por la ley al establecer que ésta
regularía lo “relativo al estado civil de las personas y los consiguientes
derechos y deberes” e inequívocamente se trata de personas, es decir, seres
humanos que ya han nacido.
[61]
Ibid.
[62]
Corte Constitucional, sentencia C-007 de 2016.
[63]
Ver cuaderno principal, folio 15.
[64]
Corte Constitucional, sentencias C-894 de 2009, C-055 y C-281 de 2013.
[65]
Corte Constitucional, sentencia C-330 de 2013.
[66]
Ver cuaderno principal, folio 45.
[67]
Ver cuaderno principal, folio 27.
[68]
Ver cuaderno principal, folio 36.
[69]
Ibídem.
[70]
Ver cuaderno principal, folio 28.
[71]
Ibídem.
[72]
Ibídem.
[73]
Ibídem.
[74]
Ver cuaderno principal, folio 31.
[75]
Ibídem.
[76]
Ver cuaderno principal, folio 20.
[77]
Al respecto, ver, entre otras, la Sentencia T-223 de 1998. “Para esta Sala
de Revisión, la interpretación de la norma en el sentido de que el nacimiento
es un hecho posterior a la muerte que impide la modificación de la partida de
subsidio familiar no es un argumento de recibo, pues de lo que ha sido
expuesto, incluso a riesgo de incurrir en molesta reiteración, se
concluye que el hecho genitivo de esa prestación no es el alumbramiento sino la
concepción” (negritas fuera de texto).
[78]
Concepto rendido por Marcela Fama, M.D. Pediatra y Presidente Sociedad
Colombiana de Pediatría; Oscar Ovalle, M.D. Pediatra, Neonatólogo y Presidente
Asociación Colombiana de Neonatología; Susana Niño, M.D. Pediatra Neonatóloga y
Especialista en Bioética; Natalia Mejía, Pediatra Nefróloga y Profesora
asociada Universidad de los Andes; Juan Gabriel Piñeros, M.D. Pediatra
Neonatólogo y Jefe Departamento de Pediatría, Fundación Santa Fe de Bogotá,
Jefe Postgrado de Pediatría Universidad de los Andes; Paula Prieto M.D.
Magister en Bioética, Jefe servicio de Humanismo y Bioética Fundación Santa Fe
de Bogotá; Claudia Devia M.D. Pediatra Neonatóloga Hospital Universitario de
San Ignacio y Clara Galvis M.D. Pediatra y Neonatóloga.
[79]
Gaceta del Congreso 480 del 12 de julio de 2016. Intervención del neurocirujano
pediatra, Kemel Ahmed Ghotme en el proyecto de ley 209 de 2016 por medio del
cual se modifica el artículo 122 del Código Penal. “En la semana siete toda
esa vía periférica que va desde la piel hasta el cordón espinal ya está formada
y esa información luego va a ir hacia los centros superiores pero también hacia
un nervio motor que permite accionar el reflejo frente al dolor, de modo que en
la semana siete este ser ya no solamente siente, sino que puede reaccionar al
dolor y la vía autonómica además permite que haya una respuesta vegetativa a
ese dolor, como es hipertensión, taquicardia y reflejos autonómicos de
respuesta al stress y al dolor, estamos hablando de la semana siete. La vía
espinotalámica o sea que va del cordón espinal hacia el tálamo termina de
finalizar en la semana 16 ya el sistema nervioso central en el centro superior
que es el encéfalo está percibiendo esa información y hace diferentes acciones
con ella”.
[80]
Sentencia C-007 de 2016.
[81]
Corte Constitucional, Sentencia C-1046 de 2001
[82]
BERNATE, F. Universidad del Rosario, A propósito de una nueva reforma del
aborto. Febrero de 2016.
[83]
Ibidem.
[84]
El Código Penal de 1936 establece una disminución punitiva para el denominado
aborto honoris causa (Art. 390 CP 1936), fundamentada en el derecho penal
español.