T-532-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-532/11
Referencia: expediente
T-2.980.419
Acción de
Tutela instaurada por Nelson Darío Romero Leguizamón contra el Juzgado Primero
Promiscuo Municipal de Lorica y el Juzgado Civil del Circuito de Lorica.
Magistrado
Ponente:
JUAN CARLOS
HENAO PÉREZ
Colaboró:
Javier Francisco Arenas Ferro
Bogotá, D.C., seis (6) de julio
de dos mil once (2011)
La
Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO, JORGE IVÁN PALACIO PALACIO y
JUAN
CARLOS HENAO PÉREZ, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, profiere la siguiente
SENTENCIA
Dentro del trámite de revisión de
los fallos dictados por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Superior de
Montería, el veinte (20) de octubre de dos mil diez (2010), y por la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el veintiséis (26) de enero de
dos mil once (2011), en el asunto de la referencia.
I.
ANTECEDENTES
El siete (7) de octubre de dos
mil diez (2010), Nelson Romero Leguizamón –Promotor del acuerdo de
reestructuración de pasivos del Municipio de Santa Cruz de Lorica- instauró
acción de tutela contra el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica y
contra el Juzgado del Circuito de Lorica, por considerar que estas autoridades
judiciales, a través de dos decisiones adoptadas en sede de tutela, habían
transgredido su derecho fundamental al debido proceso.
1. Hechos
La acción de tutela fue admitida
por la autoridad judicial de primera instancia el ocho (8) de octubre de dos
mil diez (2010) (Cuad. 1, folio 22). Los hechos relatados por el actor en la
demanda se resumen así:
1. En el dos mil diez (2010)
fueron instauradas dos acciones de tutela con múltiples accionantes -entre
ellos Ever Martínez Ramírez- contra el Municipio de Lorica. Estas demandas fueron
acumuladas por el Juez Primero Promiscuo Municipal de Lorica, quien decidió, el
treinta y uno (31) de mayo de dos mil diez (2010), conceder el amparo a sus gestores,
ordenando el pago de acreencias laborales.
2. Expuso que el tres (3) de
agosto de dos mil diez (2010), el Juzgado Civil del Circuito de Lorica, que obró
como autoridad judicial de segunda instancia en esa causa, decidió confirmar la
decisión adoptada en el referido proceso acumulado.
3. Enfatizó que el Municipio de
Santa Cruz de Lorica se “(…) encuentra en un acuerdo de reestructuración de
pasivos de la Ley 550 de 1999 y [en consecuencia], el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público (…)” (Cuad. 1, folio 1) nombró – el tres (3) de abril de
dos mil nueve (2009) – al señor Diego López Correal como promotor.
Posteriormente, el tres (3) de agosto de dos mil diez (2010), y en reemplazo
del referido señor, él fue designado como nuevo promotor.
4. Apuntó que las partes
demandantes en las acciones de tutela acumuladas indicaron, al igual que el
ente territorial al momento de ejercer su derecho de defensa, que el Municipio
se encontraba dentro de los procedimientos regulados por la Ley 550 de 1999.
Sin embargo, en ningún momento se vinculó al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público como parte dentro del proceso. Por ello, a su parecer, se constituyó “(…)
una nulidad por no [vincularlos] según lo establece el art. 16 del decreto 2591
de 1991 y [el] artículo 5 del decreto 0306 de 2002” (Cuad. 1, folio 2).
5. Señaló que en su calidad de
Promotor, elevó un escrito ante el Juzgado Civil del Circuito de Lorica -el
nueve (9) de septiembre de dos mil diez (2010)- solicitando que se decretara la
nulidad de todo lo actuado, al faltar la vinculación del mencionado Ministerio,
que -a su juicio- integra el Litisconsorcio necesario. Sin embargo, la referida
autoridad judicial “(…) se [abstuvo] de pronunciarse (…) toda vez que el
fallo de segunda instancia se [encontraba] ejecutoriado (…)” (Cuad. 1,
folio 2).
2. Solicitud de tutela
Con fundamento en los hechos
anteriormente relatados, solicitó al juez constitucional que dejara sin efecto
los fallos proferidos en sede de tutela por el Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de Lorica y por el Juzgado Civil del Circuito de Lorica, adoptados -respectivamente-
el treinta y uno (31) de mayo, y el tres (3) de agosto de dos mil diez (2010).
Adicionalmente, pidió que se dejara sin efecto todo lo actuado desde los Autos
que admitieron las acciones de tutela acumuladas.
3. Intervención de las partes
demandadas
3.1 Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de Lorica
La autoridad judicial demandada
intervino dentro del proceso adelantado para oponerse a las pretensiones del
gestor del amparo.
Apuntó que el actor elevó la
solicitud de nulidad una vez la sentencia de tutela de segunda instancia,
proferida por el Juzgado del Circuito de Lorica, estaba en firme. Por lo mismo,
al estar ejecutoriada tal providencia, no era procesalmente viable estudiar la
referida petición.
De otro lado, y tras efectuar una
interpretación del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, mencionó que “(…)
no es necesario notificar a una persona que se crea con interés para intervenir
en un proceso (…). [E]sto tiene aún mayor sentido si se entiende que la acción
de tutela es un mecanismo de trámite preferencial y con plazos perentorios e
improrrogables. [E]s decir[,] (…) la persona que se pretende con interés
legítimo sobre la actuación[,] puede coadyuvar la actuación del accionado
principal” (Cuad. 1, folio 236). Por lo mismo, sólo era necesario notificar
a la alcaldía, pues era la entidad pública demandada en la tutela y la única
que estaba violando los derechos fundamentales de los demandantes en ese
momento.
Por lo demás, expresó que al ser
los promotores una especie de administradores, “(…) al momento de notificar
a la Alcaldía Municipal de Santa Cruz de Lorica[,] éste se debió enterar (…)”
(Cuad. 1, folio 237). Así las cosas, quién omitió su intervención fue el mismo
actor, que se tuvo por notificado al momento de hacerle conocer a la entidad
territorial demandada el inicio de la acción de tutela. Finalmente, mencionó la
sentencia T-202 de 2010, enfatizando que según tal providencia la acción de
tutela no es procedente para controvertir sentencias de la misma naturaleza.
3.2 Juzgado Civil del Circuito
de Lorica
Esta autoridad judicial guardó
silencio durante el término conferido por el juez de tutela para ejercer su
derecho de defensa.
3.3 Ever Martínez y otros
A pesar de haber sido vinculados
al proceso mediante Auto del ocho (8) de octubre de dos mil diez (2010) (Cuad.
1, folio 224), proferido por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Superior
de Montería, los señores Ever Martínez Ramírez, Eladio Altamiranda Páez,
Herling Hernández Contreras, Jaime García Vallejo, Carola Vargas Gómez, José
Domingo Doria Madera, Bella Rosa Flórez Genes, Orlando Quiñones Chimba y Darío
Madera López -representados por el señor Iván Figueroa Villadiego- guardaron
silencio. El mismo comportamiento fue adoptado por el Municipio de Lorica, que
también fue vinculado a esta causa mediante la misma providencia.
4. Pruebas relevantes
aportadas al proceso
a.     Copia
de la Resolución Número 852 de 2009, “Por la cual se resuelve la promoción
de un acuerdo de reestructuración y se designa su promotor”, con fecha tres
(3) de abril, en la que se resuelve “(…) Aceptar la solicitud de promoción
de un acuerdo de reestructuración de pasivos presentada por el Municipio de
Santa Cruz de Lorica (Córdoba), dado que ha acreditado los requisitos legales
establecidos por las Leyes 550 de 1999[,] prorrogada por las leyes 922 de 2004
y 1116 de 2006 y sus decretos reglamentarios”. (Cuad. 1, folio 10).
b.     Copia
de la acción de tutela instaurada por Ever Martínez y otros[1]
contra el Municipio de Lorica. En los hechos de la demanda se indica que “(…)
la omisión del pago de las acreencias laborales (…)” (Cuad. 1, folio 13) a
antiguos trabajadores conculca los derechos fundamentales a la igualdad y al
mínimo vital de los gestores del amparo. Se enfatiza, que la entidad se ha
abstenido de efectuar los pagos “(…) aduciendo que (…) se encuentra en
proceso de reestructuración [de la] ley 550/99 (…). [Pero] hasta la fecha, aún
no se [ha] firmado el acuerdo, pese a que ya transcurrieron los 4 meses de que
habla la precitada ley en su artículo 27 (…)” (Cuad. 1, folio 13).
Adicionalmente, se expone que a otros trabajadores de la Alcaldía sí se les han
cancelado los salarios de manera oportuna y que los demandantes ya no cuentan
con otros medios económicos para satisfacer sus necesidades vitales. Con
fundamento en tales elementos, los gestores del amparo solicitaron que se
ordenara al alcalde del municipio demandado “(…) la cancelación de las
acreencias laborales, salarios y prestaciones sociales adeudadas (…) con
indexación e intereses moratorios, así como cesantías (…)” (Cuad. 1, folio
17) (Cuad. 1, folio 13 a 18).
c.
Copia del Auto admisorio en la causa elevada por Ever Martínez Ramírez y
otros -mediante apoderado judicial- contra el Municipio de Santa Cruz de
Lorica. Esta providencia fue proferida, el once (11) de mayo de dos mil diez
(2010), por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica (Cuad. 1, folio
29).
d.     Respuesta
brindada por el Alcalde de Lorica, en la causa iniciada por Ever Martínez y
otros contra el Municipio, en la que indica que como quiera que el ente
territorial “(…) se encuentra en proceso de Ley 550 (…) los accionantes
tienen que esperar es que (sic) se firme el acuerdo de acreedores para proceder
al pago de dichas acreencias (…)” (Cuad. 1, folio 31). De otro lado,
enfatizó que la acción carece de inmediatez, pues “(…) desde el 2008 y 2009
las personas que hoy presentan la acción de tutela no tienen relación laboral
con el municipio (…)” (Cuad. 1, folio 31). Igualmente, expuso que los
actores debieron acudir a las instancias judiciales pertinentes para solventar
los problemas jurídicos que los aquejan, ya que la acción de tutela es
subsidiaria y residual. Por lo demás, también expresó que los demandantes fueron
desvinculados de la entidad por renuncia y por declaratoria de insubsistencia (Cuad.
1, folios 31 a 38).
e.
Sentencia proferida, el treinta y uno (31) de mayo de dos mil diez
(2010), por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica, en la causa
iniciada por Ever Martínez y otros contra el Municipio de Lorica. Dentro de los
puntos a destacar, es menester señalar que el mencionado juez decidió acumular
las dos acciones de tutela en razón a la identidad de objeto. Dentro del
recuento de los hechos, la autoridad judicial apuntó que la entidad demandada adujo
que era menester aclarar que “(…) los cuatro meses a los que se hace alusión
(…) se encuentran suspendidos por una objeción presentada ante la Superintendencia
de Sociedades y hasta tanto no se decida esta objeción, no se podrá firmar el
acuerdo de reestructuración (…)” (Cuad. 1, folio 93). Adicionalmente, el
juez de instancia expuso que la parte accionada indicó que un fallo anterior,
proferido por el mismo Juzgado Primero Promiscuo, fue revocado por el Juzgado
Civil del Circuito de Lorica. Como problema jurídico se estableció el siguiente
“(…) es procedente la acción de tutela para la reclamación de acreencias
laborales, máxime si la entidad se acogió a la ley 550 (…)”  (cua. 1, folio
94). Para solucionarlo, el juez señaló que el salario -cuando se relaciona con
el mínimo vital de las personas- se encuentra protegido por los Convenios de la
OIT y por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En este sentido,
enfatizó que por el término salario se hace referencia incluso a “(…) todas
las cantidades que por concepto de primas, vacaciones, cesantías, horas extras
-entre otras denominaciones-, tienen origen en la relación laboral (…)”
(Cuad. 1, folio 98). Concatenado a lo anterior, el referido juez desarrolló una
amplia argumentación en torno a la procedencia de la acción de tutela para
reclamar este tipo de prestaciones y expuso que “(…) se requiere algo que le
permita al juez deducir que el salario es el único ingreso y que el no pago
afecta gravemente al trabajador (…)” (Cuad. 1, folio 90). Adicionalmente,
enfatizó que en la jurisprudencia constitucional se ha planteado “(…) que si
el empleador argumentare dificultades de orden económico o financiero para
justificar el no pago de las obligaciones laborales contraídas con sus
trabajadores, éstas no serán de recibo, pues no son ni el trabajador ni su
familia, los que deben soportar las consecuencias negativas de las anomalías
administrativas y financieras (…)”(Cuad. 1, folio 91). Refiriéndose
expresamente a aquellos casos en los cuales la demora en la cancelación de los
salarios se debe a acuerdos de reestructuración –para lo que trajo a colación
la sentencia T-030 de 2007-, argumentó que la Corte Constitucional ha aceptado
la procedencia de la acción de tutela, a pesar de la existencia de acuerdos de
pago como los establecidos en la Ley 599, cuando se esté vulnerando un derecho
fundamental. En este orden de ideas, expuso que -conforme con la jurisprudencia
constitucional- “(…) tratándose de salarios y pensiones  (…) constituyen
gastos de administración que deben ser cancelados de preferencia (…)”. Para
el caso concreto, el juez arguyó que la parte demandante alegó que a otros
trabajadores les están pagando sus salarios a pesar de que el Municipio cuenta
con un acuerdo de reestructuración de pasivos. Como quiera que la parte
demandada no adujo nada al respecto, concluyó que se les estaba conculcando el
derecho a la igualdad, así los salarios debidos se causaran con anterioridad al
mencionado acuerdo. Por lo demás, enfatizó que se “(…) encuentra probada la
precaria situación económica que atraviesan los actores, y a su vez el
perjuicio irremediable que evidentemente se les puede ocasionar (…)” (Cuad.
1, folio 118). Así las cosas, concluyó que era necesario conceder el amparo
deprecado para que a los demandantes se les cancelaran derechos ciertos,
indiscutibles e irrenunciables. Sin embargo, desestimó las pretensiones de uno
de los actores: Rodolfo Caballero Liz (Cuad. 1, folio 88 a 127).
f.
Copia del escrito presentado por el apoderado judicial del Alcalde de
Lorica ante el Juzgado Civil del Circuito de Lorica, con fecha diez (10) de
julio de dos mil diez (2010), en el cual solicita “(…) la nulidad de todo lo
actuado hasta el fallo de primera instancia (…)”. Fundamenta su petición
señalando que la mencionada providencia, proferida el treinta y uno (31) de
mayo de dos mil diez (2010), “(…) no se ajusta a derecho[,] toda vez que al
momento de acumular en este (sic) dos acciones de tutela con hechos y
circunstancias distintas es [sic] contrario a nuestra Constitución, [pues] la
ley y el decreto 2591 de 1991 (…) no prevé[n] la acumulación de acciones de
tutela (…)” (Cuad. 1, folio 176).
g.     Copia
del recurso de apelación elevado por la Alcaldía del Municipio de Santa Cruz de
Lorica contra la sentencia proferida –el treinta y uno (31) de mayo de dos mil
diez (2010)- por el Juzgado Primero Promiscuo de Lorica. La parte accionada
reiteró los argumentos alegados al momento de ejercer su derecho de defensa.
Adicionalmente, reiteró el punto relativo a la nulidad por la acumulación de
los expedientes de tutela. En cuanto al derecho fundamental a la igualdad,
enfatizó que “(…) independientemente que sean o no trabajadores actuales del
Municipio de Lorica, en la lista de pasivos están relacionados todos los
salarios y prestaciones sociales dejados de devengar por estos, es más, de los
trabajadores que actualmente laboran con el municipio, a pesar de que se le ha
cancelado sus salarios, existen en este inventario las acreencias laborales
dejadas de percibir, antes de la fecha del acuerdo de reestructuración”
(Cuad. 1, folio 187 y 188) (Cuad. 1, folio 183 a 192).
h.     Sentencia
proferida, el tres (3) de agosto de dos mil diez (2010), por el Juzgado Civil
del Circuito de Lorica, que confirmó la decisión adoptada –el treinta y uno
(31) de mayo del mismo año- por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de
Lorica. Dentro de las consideraciones de la providencia, se apuntó que
excepcionalmente la acción de tutela resulta procedente para solicitar el pago
de acreencias laborales. Así, el juez constitucional enfatizó que “(…)
cuando existe mora en el pago de salarios que constituyen el único medio de
subsistencia del accionante, se compromete el derecho fundamental al mínimo
vital del trabajador y por tal razón, es viable la tutela” (Cuad. 1, folio
197). En cuanto a la prueba sobre la afectación al mencionado derecho
fundamental, señaló que la jurisprudencia constitucional ha contemplado que en
aplicación del artículo 83 de la Carta, tal trasgresión debe presumirse, dado
que se hace bajo juramento y que la parte demandada no logró desvirtuarla. A lo
anterior se le suma el hecho de que se ha prolongado la suspensión en el pago
de los salarios. De otro lado y frente al principio de inmediatez, apunto que “(…)
hay una vulneración continuada y efectiva de un derecho fundamental, [por ello]
no ha de aplicarse el principio (…)” (Cuad. 1, folio 198). Así las cosas,
expuso que “(…) a pesar de que desde el año 2007 y 2008 se deben los
salarios a los tutelantes (…) se demostró en el plenario que la afectación a
los derechos al mínimo vital de éstos aún persiste (…)” (Cuad. 1, folio
199) (Cuad. 1, folio 193 a 200).
i.
Oficio No. 1.117, expedido el tres (3) de agosto de dos mil diez (2010)
por el Juzgado Civil del Circuito de Lorica, en el que le informa al Alcalde
del municipio que confirmó la sentencia de primera instancia, proferida el
treinta y uno (31) de mayo de dos mil diez (2010). Este oficio fue recibido en
el despacho del burgomaestre el seis (6) de agosto de dos mil diez (2010)
(Cuad. 1, folio 204).
j.
Copia de la solicitud de nulidad, elevada por Nelson Darío Romero
Leguizamón, el nueve (9) de septiembre de dos mil diez (2010), en el cual
señala que se sustenta la petición “(…) por configurarse en el trámite la
causal novena (9) del Artículo 140 del C.P.C., en concordancia de (sic) los
artículos 13 y 16 del decreto 2591 de 1991 (…)” (Cuad. 1, folio 205).
Adicionalmente, el solicitante enfatizó que para ese momento el proceso no
había sido enviado a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Como argumento
central apuntó que no fueron vinculados como parte de la acción de tutela en
ninguna de las instancias. En este sentido, enfatizó que “Por encontrarse el
Municipio (…) en proceso de Ley 550 de 1999 es obligación legal por parte del
Juez de Primera instancia vincular al Ministerio de Hacienda y Crédito Público
en cabeza de su promotor (…)” (Cuad. 1, folio 206). Lo anterior, por cuanto
el papel del promotor es fundamental en el desarrollo y trámite del acuerdo de
reestructuración. En consecuencia, cualquier movimiento de dineros que
involucren el patrimonio del municipio debe ser de su conocimiento. Para
sustentar este punto, se refirió a algunas providencias proferidas por el
Tribunal Superior de Montería y enfatizó que hubo una indebida integración del
litisconsorcio (Cuad. 1, folio 205 a 210)
k.     Copia
de la Resolución No. 0654 del once (11) de abril de 2001, proferida por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, “Por medio de la cual se precisan
los alcances del artículo tercero del Decreto 694 de 2000 relativo a la
autorización que imparte el Ministerio de Hacienda y Crédito Público respecto
de los actos y operaciones a realizarse en un proceso de acuerdo de
reestructuración de pasivos en el marco de la Ley 550 de 1999”. Dentro de las consideraciones de la resolución se estableció “(…) que el incumplimiento
en el pago de tutelas supone, de un lado, la violación de la Constitución Política
y, del otro, la violación de la Ley 550 de 1999, ya que los fallos reconocen
precisamente la existencia de una violación de un derecho fundamental (…) [L]a
lectura integral de las normas transcritas indican que para el cumplimiento de
los fallos de tutela no es necesaria la autorización del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público (…)”. En consecuencia, en el numeral 2º se estableció que
“(…) el cumplimiento de los fallos de tutela (…) no requiere de autorización
previa y escrita del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ni del Promotor
(…)” (Cuad.3, folios 9 y 10).
II. SENTENCIAS OBJETO DE
REVISIÓN
1. Primera instancia
Conoció de la causa en primera
instancia la Sala Primera de Decisión del Tribunal Superior de Montería, que
mediante sentencia proferida el veinte (20) de octubre de dos mil diez (2010),
decidió conceder el amparo solicitado.
Consideró que debía resolver si
la acción de tutela resultaba procesalmente viable para controvertir instancias
judiciales que se decidieron con acciones de la misma naturaleza. En este
sentido, argumentó que con base en “(…) la línea jurisprudencial sentada por
la Corte Constitucional (sic) en sentencia de octubre 29 de 2008, M.P. Dr. Arturo Solarte Rodríguez (…) en principio no procede la acción de tutela contra
sentencias dictadas en procesos de la misma naturaleza. [Empero], se exceptúa
el evento en que (…) se haya desconocido el debido proceso o el derecho de
defensa (…)” (Cuad. 1, folio 242). Así, arguyó que la vinculación del
promotor del acuerdo de reestructuración de pasivos del Municipio de Lorica era
necesaria, en razón a las reglas establecidas en la Ley 550 de 1999. Por ello,
la referida excepción se configuraba.
En este orden de ideas, expuso
que al no haberse decretado la nulidad correspondiente, existió una omisión
contraria al debido proceso, y decidió dejar sin efecto las decisiones
judiciales cuestionadas.
2. Apelación
Inconforme con la decisión de
primera instancia, Iván Darío Figueroa Villadiego -apoderado judicial de las
partes demandantes en la acción de tutela que se resolvió mediante las
sentencias cuestionadas-, elevó el recurso de alzada. Sustentó su inconformidad
señalando que la acción de tutela instaurada por Nelson Darío Romero Leguizamón
debía ser declarada improcedente.
En este sentido, argumentó que la
acción de tutela no resulta procesalmente viable para cuestionar decisiones
judiciales de la misma naturaleza. Adicionalmente, apuntó que las sentencias
proferidas por las autoridades judiciales en la causa en la que él fue
representante legal de la parte actora, hicieron tránsito a cosa juzgada
constitucional, pues “(…) la H. Corte Constitucional[,] mediante auto de 22
de septiembre de 2009 (sic), sala de selección número nueve (9)[,] decidió
excluirlo[s] de revisión. Proceso T-2796315 (…)” (Cuad. 2, folio 4).
En este orden de ideas, enfatizó
que el Tribunal Superior de Montería, al haber concedido el amparo solicitado,
modificó incluso la jurisprudencia de la Corte Constitucional, causando un “(…)
fraude a la Constitución”, pues en sentencia SU-1219 de 2001 se declaró la
improcedencia de la acción de tutela para casos como el presente.
De otro lado, expuso que el fallo
de tutela que se cuestiona por esta vía no afecta al gestor del amparo, pues el
único responsable de cancelar las acreencias laborales adeudadas es el
Municipio; “(…) dicho de otro modo, el fallo de tutela tutelado, no es
oponible, ni produce efectos jurídicos frente al hoy accionante, ni frente al
Ministerio (…)” (Cuad. 2, folio 5).
Apuntó, adicionalmente, que la
misma Ley 550 de 1999 –en el artículo 58, numeral 15- contempla que una vez sea
suscrito el acuerdo, la entidad no podrá incurrir en gastos distintos a los
autorizados en él para su funcionamiento, así como aquellos necesarios para el
cumplimiento y materialización de las disposiciones constitucionales.
Por otra parte, argumentó que se
recurrió a la acción de tutela para controvertir una sentencia de tutela sin
haber solicitado a la Corte Constitucional la selección del caso para revisión
o haber peticionado a algún Magistrado de la misma Corporación o al Defensor
del Pueblo una insistencia para los mismos efectos.
3. Segunda instancia
Conoció de la causa en segunda
instancia la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que
mediante providencia del veintiséis (26) de enero de dos mil once (2011)
resolvió confirmar la decisión de primera instancia.
Para sustentar su providencia, el
ad quem enfatizó que “(…) en principio no procede una acción como la
actual contra sentencias dictadas en procesos de la misma naturaleza. [Sin
embargo,] se exceptúa el evento en que (…) se haya desconocido el debido proceso
o el derecho a la defensa (…)” (Cuad. 1, folio 119 y 120). Por ello, y en
razón a que no se notificó al señor Nelson Darío Romero Leguizamón -Promotor
del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos del Municipio de Lorica- dentro de
la acción de tutela decidida por las autoridades judiciales demandadas,
resultaba indubitable la necesidad de conceder el amparo deprecado.
III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Remitido el expediente a esta Corporación, la Sala de
Selección Número Tres, mediante Auto del diecisiete (17) de marzo de dos mil
once (2011), dispuso su revisión por la Corte Constitucional.
1. Competencia
Esta Corte es competente para conocer de la revisión de
los fallos materia de acción de tutela, de conformidad con lo establecido en
los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y demás disposiciones pertinentes, así como por la escogencia del
caso por la Sala de Selección.
2. Problema jurídico y
esquema de resolución
A partir de los elementos
probatorios obrantes dentro del expediente, así como de los hechos relatados
por las partes intervinientes, corresponde a esta Corporación analizar dos
problemas jurídicos. El primero, relativo a la procedencia de la acción de
tutela instaurada por Nelson Romero Leguizamón -Promotor del acuerdo de reestructuración
de pasivos del Municipio de Santa Cruz de Lorica- contra las sentencias de
tutela proferidas por las autoridades judiciales demandadas. El segundo,
atinente a la existencia o ausencia de una vulneración del derecho fundamental
del debido proceso dentro del trámite adelantado en la acción de tutela
instaurada por Ever Martínez y otros, contra el Municipio de Santa Cruz de
Lorica.
Para resolver ambos
interrogantes, la Sala reiterará la jurisprudencia de esta Corporación en torno
a (i) la improcedencia de la acción de tutela para controvertir sentencias
judiciales de la misma naturaleza, y (ii) el acuerdo de reestructuración de
pasivos regulado en la Ley 550 de 1999. Posteriormente, (iii) se resolverá el
asunto bajo estudio.
2.1 Improcedencia de la acción
de tutela para controvertir sentencias judiciales de la misma naturaleza.
Reiteración de jurisprudencia.
2.1.1 Como se desprende del
artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, toda persona tiene la
facultad de instaurar la acción de tutela para proteger sus derechos
fundamentales, cuando quiera que estos se encuentren amenazados o transgredidos
por cualquier autoridad pública o –en ciertos casos- por sujetos particulares.
De lo anterior, se desprende un asunto que ya ha sido desarrollado por esta
Corporación en su jurisprudencia y que atañe a la instauración de la mencionada
acción constitucional contra decisiones judiciales.
En este sentido, se ha aceptado
que las autoridades judiciales también pueden transgredir los derechos
fundamentales de las personas mediante sus providencias. Por ello, de manera
excepcional, la mentada acción puede ser instaurada para precaver vulneraciones
a tales bienes jurídicos. Así, la jurisprudencia de esta Corte ha determinado
que el juez constitucional puede pronunciarse sobre aquellos asuntos en los
cuales una sentencia judicial vulnera derechos fundamentales si – y solo si –
se satisface lo que se ha denominado las causales generales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales. Paso seguido, y
exclusivamente si tales requisitos se han cumplido en su totalidad, la autoridad
judicial en sede de tutela podría determinar si en el asunto sometido a su
conocimiento se presenta lo que se ha denominado causales específicas de
prosperidad de la acción de tutela.
2.1.2 Para los efectos de esta
sentencia, es importante enfatizar que dentro de las causales generales
referidas se exige -de manera indubitable- que la controversia no cuestione una
sentencia de tutela. En efecto, en la sentencia C-590 de 2005, se
determinaron como tales requisitos generales de procedencia los siguientes:
“a. Que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional(…). El juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones[2].
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
“b. Que se hayan agotado todos
los medios  -ordinarios y extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de
la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[3].
De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
“c. Que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[4](…).
“d. Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo
o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[5](…).
“e. Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el
proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[6]
(…).
“f. Que no se trate de
sentencias de tutela[7](…).”
(subrayas fuera del original)
2.1.3 Ahora bien, es
incuestionable la posibilidad de que los jueces -incluso al analizar la
referida acción constitucional- puedan equivocarse, pero la existencia del
último de los requisitos enunciados se debe a la diferencia que existe entre
sentencias de tutela y las demás providencias que en conflictos subjetivos entre
particulares y las autoridades públicas puedan adoptarse. En aquella se busca
la aplicación directa de los derechos fundamentales, su garantía y
consolidación. Sobre este punto, en la sentencia SU-1219 de 2001, esta
Corporación indicó que “(…) En el caso de los fallos de tutela, (…) el
objeto principal y específico es precisamente la protección de los derechos
fundamentales. En el proceso de tutela se aplica de manera directa la
Constitución al análisis de las acciones u omisiones de autoridades públicas o
de ciertos particulares. La principal característica de la acción de tutela, su
rasgo definitorio, es su especificidad: la acción de tutela es un mecanismo
cuya función esencial es asegurar el respeto y el goce efectivo de los derechos
constitucionales fundamentales y, en ese sentido, su razón de ser específica es
lograr la aplicación directa de los derechos constitucionales, no de las leyes,
sin que ello signifique que las leyes sean irrelevantes en el análisis
constitucional de cada caso concreto (…)”.
2.1.4 De hecho, y a pesar de que
el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 fue declarado inexequible en la
sentencia C-543 de 1992, vale la pena mencionar que desde un principio se había
contemplado –dentro del ordenamiento jurídico colombiano- que la acción de
tutela no fuera procesalmente viable para controvertir sentencias de la misma
naturaleza. Sobre el particular, en la sentencia de unificación referida se
indicó “(…)La intención del legislador colombiano, cuando reguló el
procedimiento de la acción de tutela en el Decreto 2591 de 1991, fue excluir
tajantemente la posibilidad de tutela contra fallos de tutela (art. 40,
parágrafo 4º del D. 2591 de 1991). Pese a la declaratoria de
inconstitucionalidad del mencionado artículo 40, por considerar la Corte que la
tutela contra providencias judiciales era contraria a la Constitución –,[8]
lo cierto es que la doctrina de la tutela por las vías de hecho contra
decisiones judiciales se ha impuesto jurisprudencialmente.[9]
Sin embargo, es pertinente recordar que la inexequibilidad del parágrafo que
prohibía la presentación de acciones de tutela contra fallos de tutela resultó
de la integración normativa que en la C-543 de 1992 efectuó la Corte. En ningún
caso hubo un estudio de fondo sobre este punto preciso ni juzgó que sí debería
proceder la tutela contra fallos de tutela”.
2.1.5 Adicionalmente, entre los
motivos que sustentan tal improcedencia, se encuentra la necesidad de que las
órdenes impartidas en sede de tutela se materialicen. Si se permitiera que
contra tales providencias se elevaran nuevas acciones de tutela, la parte
resolutiva de la sentencia difícilmente se concretaría, pues las partes podrían
continuar demandando hasta tanto ambas quedaran conformes con la decisión
adoptada por el juez constitucional. Asunto que, de contera, implicaría un
desconocimiento de la importancia de la cosa juzgada constitucional y, por lo
mismo, un atentado contra la seguridad jurídica dentro del desarrollo de una
acción constitucional que busca –precisamente- la garantía efectiva de los
derechos fundamentales.
2.1.6 Ahora bien, esto no
significa que ante las equivocaciones que ocasionalmente puedan presentarse
dentro del trámite de una acción de tutela, las personas queden inermes. Frente
a tales eventos, en primer lugar, la persona cuenta con la posibilidad de
impugnar la decisión de la autoridad judicial. Por lo mismo, el inciso segundo
del artículo 86 de la Carta Política contempla que “(…) el fallo, que será
de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente (…)”.
Adicionalmente, en segundo lugar, el Constituyente previó un medio de control
de todas las sentencias adoptadas en sede de tutela: la Revisión. Sobre este
punto, en la sentencia SU-1219 de 2001, esta Corporación indicó que “(…)El
mecanismo constitucional diseñado para controlar las sentencias de tutela de
los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones de tutela,
por decisión del propio Constituyente, es el de la revisión por parte de la
Corte Constitucional. Esta regulación, no sólo busca unificar la interpretación
constitucional en materia de derechos fundamentales sino erigir a la Corte
Constitucional como máximo tribunal de derechos constitucionales y como órgano
de cierre de las controversias sobre el alcance de los mismos. Además, excluye
la posibilidad de impugnar las sentencias de tutela mediante una nueva acción
de tutela – bajo la modalidad de presuntas vías de hecho - porque la
Constitución definió directamente las etapas básicas del procedimiento de
tutela y previó que los errores de los jueces de instancia, o inclusive sus
interpretaciones de los derechos constitucionales, siempre pudieran ser
conocidos y corregidos por un órgano creado por él – la Corte Constitucional –
y por un medio establecido también por él – la revisión”.
En este sentido, de permitirse que las personas
cuestionaran sentencias de tutela mediante nuevas acciones de tutela, se
transgredería la Constitución, pues la única autoridad pública que puede
revisar las decisiones de tutela una vez haya sido decidida la primera y
segunda instancia – si ésta fue surtida – es la Corte Constitucional. Sobre la
importancia de la revisión y su desarrollo, se apuntó en la SU-1219 de 2001 lo
siguiente: “(…) el deber de remisión de todos los fallos de tutela a la
Corte Constitucional obedece a la necesidad de que sea un órgano
centralizado[,] al cual se le confió la guarda de la integridad y supremacía de
la Constitución[,] el que finalmente determine cuáles son los fallos de tutela
que representan una aplicación adecuada de los derechos constitucionales y así
ejerza la tarea de unificación jurisprudencial en materia de derechos
fundamentales y de desarrollo judicial de la Constitución. Con esta decisión el
Constituyente ha creado el mecanismo más amplio, y a la vez eficaz, para evitar
que los derechos fundamentales no obtengan la protección que merecen como
principios medulares de la organización política colombiana. Es así como la
Corte Constitucional debe mirar la totalidad de las sentencias de tutela, bien
sea para seleccionar las sentencias que ameritan una revisión o para decretar
su no selección pero en cualquiera de estos dos eventos debe estudiar el fallo
de instancia y adoptar una decisión al respecto. Por otra parte, en el proceso
de selección, cualquier persona tiene la posibilidad de elevar una petición
ante la Corte para que una determinada sentencia sea escogida porque, a su
juicio, incurrió en un error, incluso si éste no tiene la entidad y la gravedad
para constituir una vía de hecho[10]”.
2.1.7 Así las cosas, cualquier controversia que pueda
surgir dentro del trámite de una acción de tutela debe resolverse, en primera
medida, a través de los mecanismos que el propio constituyente estableció,
asunto que incluye la solicitud de revisión ante esta Corporación. Por ello, en
su jurisprudencia, esta Corte ha indicado que la improcedencia de la acción de
tutela contra sentencias judiciales de la misma naturaleza no implica un
desconocimiento del principio existente en un Estado Constitucional, atinente a
que todas las actuaciones de las autoridades públicas se encuentran sometidas a
control.
2.1.8 Ahora bien, sin cuestionar la referida improcedencia,
es menester reiterar que a pesar de lo anterior, es posible elevar la acción de
tutela contra actuaciones adelantadas dentro del trámite de esta acción
constitucional si - y solo si - a pesar de haberse agotado todos y cada uno de
los mecanismos existentes, incluso la solicitud de selección ante esta
Corporación, el asunto no fue escogido para revisión, pero en determinado acto
se desconocieron los derechos fundamentales de manera flagrante. Un ejemplo de
esto, reiterado en la referida sentencia de unificación, se presentó en la
sentencia T-1009 de 1999, donde se analizó precisamente la ausencia de
vinculación dentro del trámite de una acción de tutela de un tercero
directamente afectado por la decisión adoptada[11].
En efecto, en la referida providencia se estableció como
problema jurídico el siguiente: “(…) Importa para el caso a resolver
determinar si cuando no se notifica a un tercero que debería ser informado de
la existencia de la tutela, en razón de que podría quedar afectado por una
decisión del Juez Constitucional, esta omisión implica violación al debido
proceso (…)”.  Como se observa, para dilucidar el asunto, esta Corporación
analizó expresamente la falta de notificación de una parte que resultaría
directamente obligada por la orden impartida por el juez constitucional.
Empero, al momento de resolver el caso concreto, la Corte, reconociendo la
existencia de la cosa juzgada constitucional[12],
indicó que no revisaría las sentencias impartidas por los jueces de tutela.
Así, en términos de la referida
sentencia, esta Corporación señaló: “(…)No se analizará si asistió o
no razón a la Corte Suprema para conceder la tutela, porque el motivo central
de la presente acción de tutela, y así lo planteó la solicitud es el de anular
lo referente a una acción de tutela ya fenecida, porque no se citó a alguien
que indudablemente tenía interés en la acción, el señor Isaac Soto Rengifo,
puesto que cualquier orden que se diera incidía en un ejecutivo en el cual es o
podría ser parte dicho señor Soto”. Sin embargo, “(…)Teniendo en cuenta
que existe una vulneración del debido proceso de un tercero que puede resultar
afectado por las decisiones de tutela, por tratarse de una nulidad saneable, se
pone en conocimiento del interesado tal situación, y, si no la sanea, se
decreta la nulidad de todo lo actuado a partir del respectivo auto admisorio.
En principio, esta determinación de poner en conocimiento la presunta nulidad
es (sic) toma dentro del expediente en donde ocurrió la omisión, para que se
diga si se sanea o no la nulidad. Pero si en las instancias no se hizo y el
expediente no fue escogido para revisión, entonces se puede validamente pedir
mediante nueva tutela que se determine que se violó el debido proceso y por
ende se dé la orden de nulidad para que se tramite la inicial tutela
debidamente”. Por ello, al constatar que existía tal vulneración, dado que
se trataba de un tercero directamente afectado, que la persona había acudido a la
Corte para que su caso fuera seleccionado, y que el asunto no había sido
escogido para revisión por la Sala correspondiente, esta Corporación, decidió
anular todo lo actuado en la tutela adelantada sin la vinculación  del actor.
2.2 Acuerdo de
reestructuración de pasivos regulado por la Ley 550 de 1999.
2.2.1 En la sentencia T-030 de
2007[13],
reiterando la jurisprudencia de esta Corporación, se indicó que “(…) el fin
de la Ley 550 de 1999 es la desjudicialización de los procesos de cobro
adelantados contra las entidades privadas y públicas, de manera que pueda
evitarse la liquidación de las mismas como consecuencia de la falta de pago de
sus obligaciones”. En este sentido, en el inciso 1º del artículo 5º de la
referida Ley, se estableció que el acuerdo de reestructuración tiene por “(…)
objeto (…) corregir deficiencias que presenten en su capacidad de operación y
[atención de] obligaciones pecuniarias, de manera que tales empresas puedan
recuperarse dentro del plazo y en las condiciones que se hayan previsto en el
mismo (…)”[14].
Ahora bien, en el artículo 3º de
la norma mencionada -inciso 3º-, el legislador estableció que el referido
acuerdo también podrá ser adelantado por entidades públicas. Los términos en
que fue contemplada esta facultad, fueron los siguientes: “(…) Esta ley se
aplicará igualmente a las entidades territoriales, de acuerdo con lo dispuesto
en el Título V de la misma (…)”[15].
Así las cosas, el mencionado instrumento es una muestra de las actuaciones que
puede adelantar el Estado para intervenir en el ámbito económico, conforme con
lo establecido en el artículo 334 de la Constitución, que contempla que “La
dirección general de la economía estará a cargo del Estado (…) [que]
intervendrá, por mandato de la Ley (…) para racionalizar[la] (…)”.
2.2.2 En este orden de ideas, el
mentado Título, que –como ya se anotó- regula la aplicación de la Ley para
entidades territoriales, expone que el fin de esta normatividad radica en “(…)
asegurar la prestación de los servicios a cargo de las mismas y el desarrollo
de las regiones, teniendo en cuenta la naturaleza y las características de
tales entidades (…)”[16].
Dentro de los efectos del acuerdo, conforme con el numeral 15 del artículo 58
de la mencionada normatividad, se encuentra la prohibición, impuesta al ente
territorial, de incurrir en gasto corriente distinto de aquél autorizado
estrictamente en el mismo para su funcionamiento u el ordenado por
disposiciones constitucionales[17].
2.2.3 Por el asunto avocado en
esta oportunidad, es menester referirse a algunas funciones que el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público está llamado a adelantar en lo relativo al
acuerdo de reestructuración de pasivos efectuado por entidades públicas. Los
incisos 1, 2 y 3 del artículo 58 de la Ley 550 de 1999 contemplan que “(…)
En el caso del sector central de las entidades territoriales[,] actuará como
promotor el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (…) [y] en el caso del
sector descentralizado la promoción le corresponderá ejercerla a la
superintendencia que ejerza la inspección, control o vigilancia sobre la
respectiva entidad. Tratándose de entidades descentralizadas que no estén
sujetas a inspección, control o vigilancia de ninguna superintendencia, la
competencia a que se refiere el presente artículo corresponderá al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público”. Adicionalmente, el numeral 9º del
mencionado artículo establece que “(…) la celebración del acuerdo de
reestructuración faculta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para girar
directamente a los beneficiarios correspondientes de conformidad con el acuerdo,
las sumas a que tenga derecho la entidad, sin perjuicio de respetar en todo
caso la destinación constitucional de los recursos”.
Empero, este tipo de actuaciones,
no se despliegan de manera descoordinada con el ente territorial. Lo anterior,
se desprende del numeral 10º del mismo artículo, que contempla que “Corresponderá
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la respectiva entidad
territorial determinar las operaciones que puede realizar la entidad
territorial a partir del inicio de la negociación [del acuerdo] y que sean
estrictamente necesarias para evitar la parálisis del servicio y puedan afectar
derechos fundamentales”. Asunto que, en última instancia, deviene de la
colaboración armónica que existe entre los diferentes órganos del Estado, que
tiene por objetivo la realización de los fines del mismo – entre los que se
encuentra la garantía de los derechos fundamentales.
2.2.4 En este orden de ideas, el
promotor del acuerdo, que para el presente caso es el mentado Ministerio, tiene
entre sus labores – contempladas en el artículo 8º de la Ley 550 de 1999 – las
siguientes: analizar el estado patrimonial del ente territorial y su desempeño
durante los últimos tres meses, administrar la información que posea,
determinar el derecho de voto de los acreedores, coordinar reuniones para las
negociaciones que se requieran, promover fórmulas de arreglo para celebrar el
acuerdo, adelantar la formalización de documentos que lo contemplen y
participar en el comité de vigilancia del acuerdo, ya sea de manera directa o a
través de personas designadas por él[18].
Como se observa, el Ministerio – por mandato de la ley – debe estar plenamente
informado de la situación de cualquier ente territorial que se encuentre dentro
del acuerdo analizado.
2.2.5 Finalmente, cabe indicar
que, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, tratándose de derechos
fundamentales amenazados, es posible modificar el orden establecido en el acuerdo
de reestructuración de pasivos. Así, por ejemplo, en la sentencia T-030 de 2007
se indicó que “(…) la Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la
acción de tutela cuando el reclamo de la acreencia correspondiente implica la
posible vulneración de un derecho fundamental, de modo que los mecanismos de
pago de los dineros adeudados sean insuficientes o poco idóneos para garantizar
la protección del derecho del tutelante, o cuando el orden de prioridad del
pago implica el recaudo dudoso de un crédito necesario para la conservación de
un derecho fundamental”.
3. Análisis del caso concreto
3.1 Como fue señalado con
anterioridad, para este caso -en principio- es menester que esta Sala de
Revisión resuelva dos problemas jurídicos. El primero, relativo a la viabilidad
procesal de la acción de tutela instaurada por Nelson Romero Leguizamón
-Promotor del acuerdo de reestructuración de pasivos del Municipio de Santa
Cruz de Lorica- contra las sentencias de tutela proferidas por las autoridades
judiciales demandadas. El segundo, que sólo deberá ser resuelto si la acción de
tutela resulta procedente, atinente a la existencia o ausencia de una
vulneración del derecho fundamental del debido proceso dentro del trámite
adelantado en la acción de tutela instaurada por Ever Martínez y otros, contra
el Municipio de Santa Cruz de Lorica.
3.2 Pues bien, a pesar de que el
referido promotor solicitó dejar sin efecto los fallos proferidos en sede de
tutela por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica y por el Juzgado
Civil del Circuito de Lorica, lo cierto es que de una lectura cuidadosa se
observa que con su pretensión estaba atacando concretamente la falta de
vinculación directa de Ministerio de Hacienda y Crédito Público dentro de tales
procesos. En otras palabras, a juicio de esta Sala, realmente no se estaba
controvirtiendo la cosa juzgada constitucional, materializada en ambas
providencias, proferidas por las referidas autoridades judiciales, sino una
actuación específica dentro del trámite de la tutela.
3.3. En este orden, cabría pensar
que la solicitud presentada por el promotor podría ser analizada de fondo por
esta Corporación, bajo los supuestos de excepcionalidad esbozados en las
consideraciones generales de esta providencia, según los términos de la
jurisprudencia de esta Corporación (fundamento jurídico 2.1.8). Sin embargo,
para este caso, la acción de tutela no está llamada a proceder, pues, a pesar
de que durante el trámite solicitó la declaratoria de nulidad por falta de
notificación (Cuad. 1, folio 205 a 210), lo cierto es que no acreditó que en el
término con que cuenta esta Corporación para revisar todos las decisiones que
se adopten en sede de tutela, haya solicitado la selección de la misma.
Adicionalmente, a juicio de esta
Sala, de acuerdo con la normatividad analizada dentro de las consideraciones
generales de esta providencia, no era necesario que las autoridades judiciales
vincularan al Promotor, pues es el mismo ente territorial, en razón a la
colaboración armónica que debe existir entre los diferentes órganos de la rama
ejecutiva, la que debió – si no lo hizo – comunicarle al promotor sobre las
acciones de tutela que se adelantaban. De hecho, resulta preocupante que sea el
mismo Ministerio, que según la Ley 550 de 1999 tiene entre sus funciones
manejar información del Municipio, el que alegue no haber sido notificado del
inicio de los proceso, pues cualquier movimiento de dineros que involucren el
patrimonio del municipio debe ser de su conocimiento.
Aunado a lo anterior, está
demostrado que desde el seis (6) de agosto de dos mil diez (2010), el Juzgado
Civil del Circuito de Lorica le había informado al Alcalde de tal municipio de la
decisión que confirmó la sentencia de primera instancia, proferida el treinta y
uno (31) de mayo de dos mil diez (2010) (Cuad. 1, folio 204). Por ello, nada
explica que solo hasta el  nueve (9) de septiembre de dos mil diez (2010) -más
de un mes después- el Promotor haya elevado la solicitud de nulidad contra las
decisiones cuestionadas (Cuad. 1, folio 205).
Por lo demás, si bien el
municipio se encuentra bajo los supuestos de la Ley 550 de 1999 (Cuad. 1, folio
10), lo cierto es que hasta este momento nada acredita que el Ministerio vaya a
hacer uso de la facultad contemplada en el numeral 9º del artículo 58 de la Ley
550 de 1999, atinente a la posibilidad de girar directamente a los
beneficiarios correspondientes las sumas a que tengan derecho. Por ello, la
carga de cancelar las acreencias laborales –reconocidas y adeudadas- recaerá
exclusivamente sobre el patrimonio del municipio; asunto éste que justifica aún
más la declaratorio de improcedencia del amparo solicitado.
3.4 Finalmente, cabe destacar que
dentro del acervo probatorio, se encuentra la Resolución No. 0654 del once (11)
de abril de dos mil uno (2001), proferida por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, que dentro de sus consideraciones destaca que “(…) el
incumplimiento en el pago de tutelas supone, de un lado, la violación de la
Constitución Política y, del otro, la violación de la Ley 550 de 1999, ya que
los fallos reconocen precisamente la existencia de una violación de un derecho
fundamental (…) [L]a lectura integral de las normas transcritas indican que
para el cumplimiento de los fallos de tutela no es necesaria la autorización
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (…)”(Cuad.3, folios 9 y 10).
En consecuencia, con los elementos aportados para este caso, mal podría
considerarse que existió transgresión alguna a los derechos fundamentales invocados.
3.5 En suma, como quiera que la
acción de tutela, para el caso bajo estudio, resultaba improcedente, y que las
autoridades judiciales -además de encontrarla procesalmente viable- ampararon
el derecho infundadamente invocado, la Sala revocará ambas decisiones
judiciales y en su lugar, además de declarar la inviabilidad procesal de la
acción constitucional para este asunto, dejará en firma ambas sentencias de
tutela cuestionadas por el Promotor del acuerdo de reestructuración de pasivos
pensiónales del municipio de Lorica.
IV DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión
de la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución
RESUELVE:
Primero. REVOCAR la
sentencia proferida, el veintiséis (26) de enero de dos mil once (2011), por la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que a su vez confirmó
la sentencia proferida, el veinte (20) de octubre de dos mil diez (2010), por la
Sala Primera de Decisión del Tribunal Superior de Montería, en la causa
iniciada por Nelson Romero Leguizamón –Promotor del acuerdo de reestructuración
de pasivos del Municipio de Santa Cruz de Lorica- contra el Juzgado Primero
Promiscuo Municipal de Lorica y contra el Juzgado del Circuito de Lorica. En su
lugar, declarar la acción constitucional IMPROCEDENTE.
Segundo. DEJAR EN FIRME la
sentencia proferida, el treinta y uno (31) de mayo de dos mil diez (2010), por
el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica, en la causa iniciada por Ever
Martínez y otros contra el Municipio de Lorica.
Tercero. LÍBRESE
por Secretaría la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
JUAN CARLOS HENAO
PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO
PALACIO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA
DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Hacen parte de los demandantes las
siguientes personas: Ever Martínez Ramírez, José Domingo Doria Madera, Eladio
Altamiranda Páez, Herling Hernández Contreras, Carola Vargas Gómez, Bella Rosa
Flores Genes y Rodolfo Caballero (Cuad. 1, folio 13).
[2]  Sentencia 173/93.
[3] Sentencia T-504/00.
[4] Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05
[5] Sentencias T-008/98 y SU-159/2000
[6] Sentencia
T-658-98
[7] Sentencias
T-088-99 y SU-1219-01
[8] Corte Constitucional C-543 de 1992.
[9] Corte Constitucional: Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993,
T-055 de 1994, T-538 de 1994, T-518 de 1995, T-401 de 1996, T-567 de 1998.
[10] Así lo hacen diariamente muchas personas, cuyos memoriales son
estudiados al momento de analizar el expediente antes de elaborar el informe
que la Unidad de Tutela le presenta a los magistrados para que estos
seleccionen los fallos que habrán de ser revisados.
[11] Como supuestos de hechos del mencionado
caso, de especial relevancia para el asunto que en esta ocasión se revisa, cabe
destacar los siguientes: una empresa inició un proceso ejecutivo contra otra.
Durante el trámite del mismo, la abogada de la parte demandante desistió de sus
pretensiones contra la empresa demandada, mas solicitó continuar con el proceso
exclusivamente en contra del representante legal de esta última. La autoridad
judicial denegó tal solicitud, pues durante todo el trámite el representante
legal de la empresa demandada no había sido vinculado como parte. Con
fundamento en estos hechos, la empresa demandante acudió a la acción de tutela,
para que se ordenara continuar el proceso ejecutivo en contra del referido
representante. Ambas instancias concedieron el amparo, pero en ningún momento
vincularon al trámite de la acción constitucional al representante legal, que
se vio afectado directamente por la decisión adoptada. Este último solicitó la
selección de su caso ante esta Corporación, pero la Sala de Selección correspondiente decidió abstenerse de revisar el asunto. Por ello, elevó
una nueva sentencia de tutela. Cabe precisar que esta Corporación, en este
caso, no admitió la posibilidad de cuestionar las sentencias de tutela
revisadas, pero analizó si la ausencia de notificación y vinculación durante el
trámite de la acción constitucional implicaba una violación al debido proceso.
[12] Ver pie de página 11.
[13] En esta sentencia, la Corte se pronunció sobre un caso en el cual una mujer, que alegaba encontrarse en condiciones
económicas, familiares y de salud graves, solicitaba por medio de la acción de
tutela que se modificara el orden establecido en el acuerdo de reestructuración
de pasivos en el que se hallaba el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de
Santa Marta, que le adeudaba sumas de dinero. Para este asunto, la Corte determinó que se cumplían las condiciones jurisprudenciales para que fuera factible
ordenar el pago de las acreencias debidas, modificando el acuerdo de
reestructuración mencionado. Por ello, concedió el amparo deprecado.
[14] El
texto completo del referido inciso es el siguiente: “Se denomina acuerdo de reestructuración la convención
que, en los términos de la presente ley, se celebre a favor de una o varias
empresas con el objeto de corregir deficiencias que presenten en su capacidad
de operación y para atender obligaciones pecuniarias, de manera que tales
empresas puedan recuperarse dentro del plazo y en las condiciones que se hayan
previsto en el mismo”.
[15] El texto completo del inciso  3º del
artículo 1º es el siguiente: “Esta ley se aplicará
igualmente a las entidades territoriales, de acuerdo con lo dispuesto en el
Título V de la misma, y a las sucursales de sociedades extranjeras que
desarrollen actividades permanentes en Colombia”
[16] Artículo 58, inciso primero, Ley 550 de
1999.
[17] El texto completo del numeral 15 del
artículo 58 es el siguiente: “(…) Una vez se suscriba
el acuerdo de reestructuración y durante la vigencia del mismo, la entidad
territorial no podrá incurrir en gasto corriente distinto del autorizado
estrictamente el acuerdo para su funcionamiento y el ordenado por disposiciones
constitucionales”.
[18] El
texto de los primeros 10 numerales del referido artículo es el siguiente: El promotor desarrollará las siguientes
funciones principales en relación con la negociación y celebración del acuerdo:
1. Analizar el estado patrimonial de la empresa y su desempeño durante
por lo menos los últimos tres (3) años. 2. Examinar y elaborar las proyecciones
de la empresa, con el objeto de suministrar a los acreedores elementos de
juicio acerca de su situación operacional, financiera, de mercado,
administrativa, legal y contable. 3. Mantener a disposición de todos los acreedores
la información que posea y sea relevante para efectos de la negociación, en
especial la correspondiente a los numerales 1 y 2 del presente artículo. 4.
Determinar los derechos de voto de los acreedores. 5. Coordinar reuniones de
negociación en la forma que estime conveniente. 6. Durante la negociación y en
la redacción del acuerdo, actuar como amigable componedor por ministerio de la
ley en los supuestos que en ella se prevén, o a solicitud de los interesados en
los demás casos. 7. Proponer fórmulas de arreglo acompañadas de la
correspondiente sustentación y evaluar la viabilidad de las que se examinen
durante la negociación. 8. Obtener la formalización del documento en el que
conste el acuerdo que llegue a celebrarse. 9. Participar en el comité de vigilancia
del acuerdo, directamente o mediante terceras personas designadas por él. 10.
Las demás funciones que le señale la presente ley.