T-614-00
Sentencia T-614/00
Sentencia
T-614/00
DERECHO DE
PETICION-Pronta resolución
y decisión de fondo/DERECHO DE PETICION-Término para resolver
Referencia:
expediente T-298.976 y T-298.978 (acumulados)
Magistrado Ponente:
Dr. ALEJANDRO
MARTÍNEZ CABALLERO
Santa Fe de Bogotá,
veintinueve (29) de mayo de dos mil (2000)
La Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido Sentencia en las acciones de tutela
interpuestas, en forma separada y a través de apoderado, por Doris Edilma
Puentes Torres y Maria Luz Lara Herrera contra el Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio -Seccional Cundinamarca-.
Por tratarse de
acciones de tutela que pretenden la protección de los mismos derechos
fundamentales y se dirigen contra la misma entidad, la Sala Sexta de Revisión
decidió acumular los expedientes para que sean tramitados y fallados en esta
misma sentencia.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
- Mediante escrito
del 9 de agosto de 1999, dirigido al Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio -Seccional Cundinamarca, la señora Doris Edilma Puentes Torres,
solicitó el reconocimiento y pago de la cesantía parcial. En el mismo sentido,
la señora Maria Luz Lara Herrera se dirigió ante el accionado, el 10 de julio
de 1999.
- Pese a lo
anterior, al momento de interponer las acciones de tutela (11 de enero de
2000), la accionada no ha dado respuesta a las peticiones en comento.
2. La Solicitud
Las
accionantes consideran vulnerado su derecho constitucional de petición, por lo
que solicitan que el juez de tutela ordene a la accionada que
responda las solicitudes de reconocimiento y pago de cesantías parciales.
3. Sentencias objeto de revisión
Los procesos de la
referencia fueron fallados, en forma separada, por el Juzgado 20 Laboral del
Circuito de Santa Fe de Bogotá, quien en sentencias del 28 de enero del
presente año, decidió conceder el amparo del derecho de petición de las
actoras. En consecuencia, ordenó a la accionada que en el término de cuarenta y
ocho horas “disponga lo necesario para que se de contestación a la solicitud
elevada” por cada una de las peticionarias. Según su criterio, todas las
autoridades administrativas están obligadas a resolver de fondo las peticiones
elevadas por los particulares dentro del término que regula el artículo 6º del
Código Contencioso Administrativo. Pues bien, en razón a que el demandando no
contestó la petición dentro del término que señala la ley, vulneró el artículo
23 de la Carta.
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1.
A la luz de los antecedentes descritos en precedencia, la Sala expondrá
brevemente las razones por las que confirmará la decisión de instancia (art. 35 Decreto 2591 de 1991)
2. En lo pertinente,
la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, en relación con el
derecho de petición[1],
ha establecido lo siguiente:
a) El derecho de
petición es fundamental y puede garantizarse a través de la acción de tutela.
b) El núcleo
esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de
la cuestión planteada en la solicitud.
c) La respuesta no
implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una
respuesta escrita.
d) La respuesta debe
cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe existir resolución de
fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Debe darse a
conocer al peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una
vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.
e) Por regla
general, el término que tiene la administración para resolver las peticiones
formuladas, es el que establece el artículo 6º del Código Contencioso
Administrativo, esto es, de 15 días hábiles para resolver. De no ser posible,
antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de
dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad deberá explicar los motivos y
señalar el término en el cual se realizará la contestación. Cabe anotar que la
Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia
que ordena responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la
respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes.
f) La figura del
silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de
resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto.
3. Como se observa
en los antecedentes de esta sentencia, transcurrieron más de 5 meses y la
accionada no ha contestado las peticiones elevadas por las solicitantes. Por
consiguiente, es clara la vulneración del derecho de petición de las
accionantes, por lo que la acción de tutela es procedente, tal y como lo afirmó
el juez de instancia.
III. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE:
Primero.-
CONFIRMAR el fallo
proferido por el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá, el 28
de enero de 2000, dentro de la acción de tutela interpuesta por Doris Edilma
Puentes Torres contra el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio
-Seccional Cundinamarca-.
Segundo.
CONFIRMAR el fallo
proferido por el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá, el 28
de enero de 2000, dentro de la acción de tutela interpuesta por Maria Luz Lara
Herrera contra el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio -Seccional
Cundinamarca-.
Tercero. LÍBRESE por Secretaría la comunicación de
que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí
contemplados.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORÓN DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Pueden consultarse las sentencias T-12 de 1992, T-419
de 1992, T-172 de 1993, T-306 de 1993, T-335 de 1993, T-571 de 1993, T-279 de
1994, T-414 de 1995, T-529 de 1995, T-604 de 1995, T-614 de 1995, SU-166 de
1999, T-307 de 1999, entre muchas otras.