C-026-95
Sentencia No
Sentencia No. C-026/95
PENA-Fines
La pena, en un
sistema como el nuestro, tiene como fin asegurar la convivencia pacífica de
todos los residentes en Colombia, mediante la protección de los bienes
jurídicos de que son titulares las personas.  Por ello, se ha consagrado no
sólo para castigar al sujeto activo del delito, para procurar su readaptación,
sino también para prevenir las conductas socialmente reprochables y proteger a
la sociedad de su posible ocurrencia. Es así como el Código Penal, en su
artículo 12, señala que "La pena tiene función retributiva, preventiva,
protectora y resocializadora."
PENA-Clasificación
De acuerdo con el
Código Penal, las penas se  clasifican en principales y accesorias. Las
principales son aquéllas que se imponen en forma autónoma, como consecuencia
del hecho punible, en tanto que las accesorias complementan a las primeras y
adhieren a ellas. Entre las principales están: la de prisión, arresto y multa;
y entre las accesorias: la prohibición temporal de consumir bebidas
alcohólicas, la prohibición de ejercer una profesión, arte u oficio, la
interdicción de derechos y funciones públicas, la suspensión de la patria
potestad, la restricción domiciliaria, la pérdida de empleo público u oficial y
la expulsión del territorio nacional para los extranjeros.
PROHIBICION DE
BEBIDAS ALCOHOLICAS
En el precepto no
se penaliza el consumo de bebidas embriagantes, sino la comisión efectiva de
una acción delictual que acarrea una pena principal y una accesoria, y mediante
la conjunción de ambas busca el legislador disuadir al transgresor de que
cometa, en el futuro, actos ilícitos como ése por el que se le sanciona. No se
está, pues, en presencia de una norma inspirada en la doctrina peligrosista,
que la Corte ha repudiado. No se sanciona por lo que muy posiblemente se hará
sino por lo que ya, efectivamente, se hizo. En conclusión, la pena accesoria
consagrada en la norma demandada, no vulnera norma constitucional alguna pues,
como se ha reiterado, en ella no se castiga a la persona por encontrarse en
estado de embriaguez sino por haber cometido un delito bajo el influjo del
alcohol, y si se ha demostrado que este hecho fue determinante para su
realización, mal puede aducirse la violación del derecho al libre desarrollo de
la personalidad. Además, recuérdese que es función privativa del legislador
determinar las penas a que se hacen acreedores quienes incurran en conductas
ilícitas, siempre y cuando dentro de ellas no se incluyan las prohibidas
taxativamente en la Carta, como son: destierro, prisión perpetua y
confiscación, ni sean claramente desproporcionadas con la magnitud de la
infracción.
REF. : Expediente
No. D-653
Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 44 parcial, y 59 del decreto-ley 100
de 1980.
Actor: Alexandre Sochandamandou
Magistrado
Ponente: Dr. CARLOS
GAVIRIA DIAZ.
Acta No. 03
Santafé de Bogotá, D.C., dos (2) de febrero
de mil novecientos noventa y cinco (1995).
I. ANTECEDENTES.
El ciudadano ALEXANDRE SOCHANDAMANDOU, en
ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, solicita a la Corte que
declare inexequibles un aparte del artículo 44 y el artículo 59 del Decreto-Ley
100 de 1980.
Cumplidos los trámites estatuídos para procesos
de esta índole, procede la Corte a decidir.
II. TEXTO DE LAS NORMAS ACUSADAS.
A continuación se tanscriben las
disposiciones objeto de acusación:
DECRETO 100 DE 1980
"ARTICULO 44.
DURACION DE LA PENA. La duración máxima de la pena es la siguiente:
- Prisión, hasta
sesenta (60) años.
- Arresto, hasta
cinco (5) años.
- Restricción
domiciliaria, hasta cinco (5) años.
- Interdicción de
derechos y funciones públicas, hasta diez (10) años.
- Prohibición del
ejercicio de un arte, profesión u oficio, hasta cinco (5) años.
- Suspensión de la
patria potestad, hasta quince (15) años".
(Lo subrayado es lo
demandado)
"ARTICULO 59.
PROHIBICION RELACIONADA CON LAS BEBIDAS ALCOHOLICAS.  Cuando uno de los
factores del delito haya sido el consumo de bebidas alcohólicas, el juez
impondrá como pena accesoria y por término hasta de tres años, la prohibición
de consumir tales bebidas".
III. LA DEMANDA.
Manifiesta el actor que la parte acusada
del artículo 44 del Código Penal, quebranta los artículos 12, 28 y 34 de la
Constitución Nacional, porque imponer una pena de prisión de sesenta años, en
un país como Colombia, en el que "el promedio general de vida es de
sesenta y ocho 68 años", además de ser inhumana, se convierte en
"pena imprescriptible o cadena perpetua". Por tanto, "ninguna
persona debe poder (sic) ser condenada a pena privativa de su libertad, por
tiempo que exceda o sea igual al promedio general de vida de los
colombianos".
En relación con el artículo 59 del Decreto
100 de 1980, dice el demandante que desconoce los artículos 1, 5 y 16 de la
Carta Política, porque "el alcoholismo, al igual que la drogadicción, es una
enfermedad psicofisiológica a la cual una persona no puede sustraerse por el
simple mandato legal."
Por otra parte, señala que como las
personas gozan de plena libertad para "elegir su forma de vida mientras
ésta no interfiera con la autonomía de las otras", la norma demandada
"atenta contra la dignidad y autonomía de la persona y con su capacidad
plena para decidir (bien o mal) su propio destino y sus propios actos en los
asuntos que a ella atañen".
Finalmente, agrega que "La ley no
puede penalizar a la persona que haya delinquido bajo los efectos del alcohol
con la prohibición de consumir la sustancia de su adicción, por la mera
posibilidad de que ésta pueda inducirlo a cometer nuevos delitos. La ley
solamente puede penalizar los delitos que efectivamente se cometan, agravando
la pena, como en efecto lo hace, cuando se trata de reincidentes".
IV.  DEFENSA
Dentro del término de fijación en lista, el
doctor NESTOR HUMBERTO MARTINEZ, en su calidad de Ministro de Justicia y del
Derecho, presentó un escrito con el propósito de defender la constitucionalidad
de las normas demandadas.
En lo que respecta al artículo 44 del
Código Penal, señala que no obstante que dicho precepto fue declarado exequible
por esta Corporación, no sobra hacer algunos comentarios para abundar en su
constitucionalidad, para lo cual transcribe apartes de distintas sentencias
proferidas por la Corte que tocan el tema, para concluir que la potestad
punitiva a cargo del funcionario judicial que la ejerce al imponer la pena,
"ha de iniciarse en el mínimo previsto y a partir de él dosificar el
quántum de la pena atendiendo las circunstancias en que se haya cometido el
hecho, como consecuencia debe producirse una sanción efectiva, proporcional y
equivalente a la comisión del delito, de manera que el máximo previsto por el
legislador no constituye otra cosa que un límite a esa potestad sancionatoria.
Así se cumplen las funciones constitucionales de prevención general, prevención
especial y protección de la pena".
En tal virtud, concluye que la norma
acusada no desconoce los principios consagrados en los artículos 12, 28 y 34 de
la Constitución Nacional, pues no constituye trato cruel, ni degradante, además
de que respeta el principio de la legalidad en la medida en que para aplicar la
sanción le señala pautas al funcionario, quien debe tener en cuenta
disposiciones legales previamente establecidas en la ley.
Sobre el artículo 59 del Decreto 100 de
1980, expresa que "la sanción consistente en prohibir el consumo de
bebidas alcohólicas, cuando ello haya sido factor determinante del delito,
resulta acorde con las disposiciones constitucionales en cuanto atiende el
principio de prevalencia del interés general sobre el particular, así como la
limitación al libre desarrollo de la personalidad, y la protección de los
miembros de la colectividad, a través de la prevención de una nueva conducta
punible que atenta contra los diversos bienes jurídicos que se pretenden
tutelar".
El alcoholismo, como factor determinante en
la comisión de hechos punibles, ha contribuído a incrementar los índices de
criminalidad, y es a este tipo de conductas a las que apunta la norma acusada,
en cuanto se manifiestan como atentatorias de los derechos ajenos, pues
"según estadísticas de la Policía Nacional, el índice de homicidios
culposos ha aumentado en razón de un 11 por ciento anual; y sobre el total de
homicidios, un porcentaje cercano al 15 por ciento, corresponde a accidentes de
tránsito. En estas preocupantes cifras, la embriaguez ha sido causa generadora
de gran entidad."
De otro lado, sostiene que la norma
demandada no pretende "proscribir el consumo de bebidas embriagantes, que
en sí mismo considerado constituye respeto al libre desarrollo de la
personalidad y es un hecho facultativo de la persona. Ello no indica que
resulte imposible establecer limitaciones - que dicho sea de paso están
consagradas en la propia Carta-, que prevengan la comisión de hechos punibles y
garanticen la convivencia pacífica en sociedad". Así pues, al expedirse el
artículo 59 del Código Penal, no se excedieron los límites de la potestad
sancionatoria del Estado "en cuanto que como sanción, se está atendiendo a
sus funciones".
V. CONCEPTO FISCAL
El Procurador General de la Nación rindió
concepto mediante el oficio No. 500 del 13 de septiembre de 1994, el que
concluye solicitando a la Corte que esté a lo resuelto en la sentencia C-565 de
1993, en virtud de la cual se declaró exequible el artículo 28 de la ley 40 de
1993, que modificó el artículo 44 de la ley 100 de 1980, pues se ha operado el
fenómeno procesal de la cosa juzgada constitucional; y en cuanto atañe al
artículo 59, objeto de demanda, pide que se declare exequible con base en los
siguientes argumentos:
Como los cargos que el actor formula son
los mismos que esgrimió al impugnar la sanción contravencional del porte y
consumo de la dosis personal de marihuana y sustancias análogas, es interesante
"constatar cómo los argumentos contra la tesis del impugnante surgen con
claridad meridiana de la sentencia misma de la despenalización. En efecto, en
dicha sentencia se distingue entre conductas socialmente interferidas y
conductas autoreferenciales, así que se entiende a estas últimas como
constitutivas del ámbito puramente privado de la moral y a las primeras como
las únicas relevantes para el derecho".
En principio, el consumo del alcohol,
configura una conducta autoreferencial y jurídicamente irrelevante, pero
"en la medida en que el consumo de alcohol, pero sobre todo la embriaguez
que de él resulta se convierte en parte integrante de la estructura
motivacional de actos delincuenciales, cabe entender que dicho consumo por el
impacto mediato que produce sobre los derechos de otras personas, se torna
jurídicamente relevante y en cuanto tal, susceptible de sanción penal".
Así, concluye el jefe del Ministerio
Público que la pena subsidiaria que se consagra en la disposición acusada, a
pesar de tener una función preventiva, "la verdad es que la misma se
impone en razón del ilícito cometido y no en gracia de los posibles ilícitos
por cometer, es falso pues en tal sentido que la misma constituye un engendro
peligrosista".
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
a.- Competencia.
Esta Corporación es tribunal competente
para decidir sobre la constitucionalidad de las normas acusadas, según lo
dispuesto en el artículo 241 numeral 4o. de la Constitución Nacional.
b.- Cosa Juzgada.
El artículo 44 del decreto ley 100 de 1980,
materia de acusación parcial, fue modificado por el artículo 28 de la ley 40 de
1993, precepto éste sobre el cual la Corte ya emitió pronunciamiento, como
consta en la sentencia No. C-565 de 1993, en la que resolvió declararlo
exequible. En consecuencia, se ha presentado el fenómeno procesal de la cosa
juzgada constitucional y, por tanto, sólo resta ordenar que se esté a lo
resuelto.
c.- El artículo 59 del decreto 100 de 1980.
El artículo 1o. de nuestra Carta Política
consagra que Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de
República unitaria, democrática, participativa y pluralista, fundada
básicamente en el respeto de la dignidad humana y en la prevalencia del interés
general sobre el particular.
Y, en el artículo 2o. al señalar los fines
esenciales del Estado contempla, entre otros, el de garantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, y
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
En ejercicio de la potestad punitiva del
Estado, el legislador tiene la facultad de tipificar todas aquellas conductas
que, de acuerdo con una política criminal preestablecida, considere nocivas y
señala la correspondiente sanción a que se hacen acreedores quienes en ellas
incurran.
La pena, en un sistema como el nuestro,
tiene como fin asegurar la convivencia pacífica de todos los residentes en
Colombia, mediante la protección de los bienes jurídicos de que son titulares
las personas.  Por ello, se ha consagrado no sólo para castigar al sujeto
activo del delito, para procurar su readaptación, sino también para prevenir
las conductas socialmente reprochables y proteger a la sociedad de su posible
ocurrencia. Es así como el Código Penal, en su artículo 12, señala que "La
pena tiene función retributiva, preventiva, protectora y resocializadora."
De acuerdo con el Código Penal, las penas
se  clasifican en principales y accesorias. Las principales son aquéllas que se
imponen en forma autónoma, como consecuencia del hecho punible, en tanto que
las accesorias complementan a las primeras y adhieren a ellas. Entre las
principales están: la de prisión, arresto y multa; y entre las accesorias: la
prohibición temporal de consumir bebidas alcohólicas, la prohibición de ejercer
una profesión, arte u oficio, la interdicción de derechos y funciones públicas,
la suspensión de la patria potestad, la restricción domiciliaria, la pérdida de
empleo público u oficial y la expulsión del territorio nacional para los
extranjeros.
En nuestro ordenamiento no se establece una
pena fija para cada delito, sino que se deja al juez cierta discrecionalidad en
su determinación, dentro de un mínimo y un máximo previamente establecidos en
la ley. Tal potestad no es arbitraria, pues el juez debe sujetarse a ciertos
criterios señalados por el legislador, tales como: la gravedad del delito, el
grado de culpabilidad, las circunstancias de atenuación y agravación punitiva y
la personalidad del agente, de conformidad con lo prescrito por el artículo 61
del Código Penal.
Analizadas las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que se cometió el hecho punible, las modalidades del delito,
los daños ocasionados, etc, el juez procede a determinar la responsabilidad del
agente y establece si se trata de un inimputable o de una persona que puede ser
sujeto de punibilidad. En este último caso, fija la pena, dentro de las
estatuídas en la ley, la cual debe ser proporcionada a la gravedad del delito
cometido.
Al determinar la responsabilidad, el juez
analiza si el sujeto se encontraba en estado de ebriedad al momento de
perpetrar el ilícito, la clase de embriaguez -patológica, voluntaria,
preordenada, plena, semiplena, completa, etc-, y de ello depende la
cuantificación, para efectos de la punibilidad, la que ha de ser mayor si la
embriaguez  fue preordenada.
A tal efecto, el legislador consagró en el
artículo 59 del Código Penal, ahora demandado, como pena accesoria, la
prohibición de consumir, por un tiempo que no puede exceder de tres años,
bebidas embriagantes, cuando dicho consumo haya sido uno de los motivos
determinantes en la comisión del delito. Es decir, se establece que cuando un
sujeto incurra en una conducta socialmente reprochable a través de la cual se
vulneren bienes jurídicamente protegidos, y una de las causas determinantes de
la misma haya sido el influjo del alcohol, el juez estará en la posibilidad de,
examinadas las circunstancias a las que se ha hecho alusión, aplicar, a más de
la pena principal, la accesoria, consistente en prohibir el consumo temporal
de tales bebidas.
No otra cosa se desprende de la norma acusada
cuando señala que sólo se aplicará la pena accesoria aquí analizada,
"Cuando uno de los factores del delito haya sido el consumo de bebidas
alcohólicas". Así, al sujeto no se le sanciona, como equivocadamente lo
sostiene el demandante, por el  hecho de encontrarse embriagado, sino que se le
castiga porque ha incurrido en una figura delictiva previamente establecida en
una norma jurídica, como producto del estado de ebriedad. En consecuencia, la
embriaguez se convierte en factor determinante para cuantificar la pena, ya sea
para agravarla o para atenuarla y no es, entonces, causal autónoma para
imponerla.
La medida accesoria aquí analizada es
perfectamente admisible dentro de cualquier sistema penal, pues si es legítimo
privar de un bien de tan alta jerarquía axiológica como la libertad, a quien ha
delinquido, con mayor razón lo es prohibirle la ingestión de ciertas bebidas
cuyo efecto nocivo, en su caso, está establecido de manera cierta. Tal
prohibición viene a reforzar eficazmente el propósito preventivo y disuasivo de
la pena principal.
En lo que respecta al cargo formulado por
el actor, según el cual la norma demandada desconoce el derecho fundamental de
la libre autodeterminación, en la medida en que penaliza el consumo de bebidas
embriagantes, juzga la Corte necesario insistir en que en dicho precepto no se
penaliza el consumo de bebidas embriagantes, sino la comisión efectiva de una
acción delictual que acarrea una pena principal y una accesoria, y mediante la
conjunción de ambas busca el legislador disuadir al transgresor de que cometa,
en el futuro, actos ilícitos como ése por el que se le sanciona. No se está,
pues, en presencia de una norma inspirada en la doctrina peligrosista, que la
Corte ha repudiado. No se sanciona por lo que muy posiblemente se hará sino por
lo que ya, efectivamente, se hizo.
LLama la atención de
la Corte que el accionante no haya leído con detenimiento la sentencia C-221 de
1994, proferida por esta Corporación dentro del proceso D-429 en el que actuó
como demandante, que trata del porte y consumo de la dosis personal de
estupefacientes, pues allí se dilucidó el punto en que fundamenta ahora su
demanda.
Es claro que en dicha oportunidad la Corte
no aceptó la penalización del porte y consumo personal de estupefacientes, debido
a que ello implicaría la vulneración del derecho al libre desarrollo de la
personalidad, como tampoco lo acepta en tratándose de la ingestión de bebidas
alcohólicas "...... porque a una persona no pueden castigarla por lo que
posiblemente hará, sino por lo que efectivamente hace. A menos que el ser
drogadicto se considere en sí mismo punible, así ese comportamiento no
trascienda de la órbita más íntima del sujeto consumidor, lo que sin duda
alguna es abusivo, por tratarse de una órbita precisamene sustraída al derecho
y, a fortiori, vedada para un ordenamiento que encuentra en la libre
determinación y en la dignidad de la persona (autónoma para elegir su propio
destino) los pilares básicos de toda la superestructura jurídica. Con razón ha
dicho Thomas Szasz, crítico agudo de lo que pudiéramos llamar el totalitarismo
psiquiátrico: 'En una sociedad de hombres libres, cada uno debe ser responsable
de sus actos y sancionado como tal. Si el drogadicto comete un crimen, debe ser
castigado por ese crimen, no por ser drogadicto. Si el cleptómano roba, si el
pirómano incendia, si el regicida asesina, todos deben caer bajo el peso de la
ley y ser castigados.' (Entrevista concedida a Guy Sorman, en "Los
verdaderos pensadores de nuestro tiempo", Seix Barral, 1992)."
En conclusión, la pena accesoria consagrada
en la norma demandada, no vulnera norma constitucional alguna pues, como se ha
reiterado, en ella no se castiga a la persona por encontrarse en estado de
embriaguez sino por haber cometido un delito bajo el influjo del alcohol, y si
se ha demostrado que este hecho fue determinante para su realización, mal puede
aducirse la violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Además, recuérdese que es función privativa del legislador determinar las penas
a que se hacen acreedores quienes incurran en conductas ilícitas, siempre y
cuando dentro de ellas no se incluyan las prohibidas taxativamente en la Carta,
como son: destierro, prisión perpetua y confiscación (artículo 34), ni sean
claramente desproporcionadas con la magnitud de la infracción.
Finalmente, es conveniente aclarar al
demandante, que el libre desarrollo de la personalidad, tal como lo consagra el
artículo 16 Superior, no es absoluto, pues este puede ser limitado para que se
respeten "los derechos de los demás y el orden jurídico", siempre
que las normas limitantes no resulten violatorias de la Constitución.
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la
Constitución Nacional,
R E S U E L V E:
PRIMERO.  Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-565 de 7 de
diciembre de 1993, mediante la cual se declaró exequible el artículo 28 de la
Ley 40 de 1993, que modificó el artículo 44 del decreto 100 de 1980.
SEGUNDO.  Declarar exequible el artículo 59 del Decreto 100 de
1980.
Cópiese, notifíquese, publíquese,
comuníquese a quien corresponda, insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y archívese el expediente.
JORGE ARANGO
MEJIA
Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Aclaración de
voto a la Sentencia No. C-026/95
PROHIBICION DE
BEBIDAS ALCOHOLICAS
(Aclaración de voto)
El legislador
goza de plena competencia, a la luz de la Constitución Política, para
establecer los tipos penales y para señalar las circunstancias agravantes que
impliquen aumento en el cómputo de la pena principal o aplicación de penas o
medidas accesorias. En el caso específico de la ingestión de bebidas
alcohólicas bajo cuyo influjo se cometen delitos -que es el asunto del que se
ocupan las disposiciones examinadas-, la ley puede imponer la sanción accesoria
consistente en la prohibición de consumir tales bebidas por un término hasta de
tres años, no solamente por la consideración de que, como se dice en la
Sentencia, ya se cometió efectivamente el hecho punible, sino por cuanto la
sociedad tiene derecho a que el individuo que delinquió, merced al pernicioso
efecto que en su personalidad causó la bebida, sea obligado por la autoridad
pública -que tiene a cargo la protección de todas las personas residentes en
Colombia en su vida, honra, bienes, derechos y creencias, así como las funciones
de asegurar la convivencia pacífica y el cumplimiento de los deberes de los
particulares (Artículo 2º C.P.)- a una abstención forzada, cuando menos
temporal, para prevenir nuevas conductas delictivas y hacer así efectiva la
defensa del conglomerado.
FACULTAD
LEGISLATIVA EN MATERIA PENAL
(Aclaración de voto)
El legislador
selecciona aquellas conductas que, según su apreciación -en ello radica la
autoridad que se le otorga- afectan de manera grave a la comunidad y merecen
ser sancionadas. No hay un catálogo de delitos previamente diseñado, al cual se
acoja la ley. Esta concibe y estructura el tipo delictivo, elabora la previsión
abstracta de la conducta que busca reprimir y señala la pena. La evaluación y
medida de los componentes del tipo es de su competencia, por lo cual, si nos
acogemos al esquema de separación de las funciones esenciales de cada Rama del
Poder Público (Artículo 113 C.P.), ninguna otra autoridad puede indicarle
cuáles hechos le es dado consagrar como delictivos y cuáles no, o cuál es la
medida de las penas, a no ser que, de manera objetiva y clara, con la norma
penal se vulnere un mandato de la Constitución -como cuando se consagran penas
en ella prohibidas-, evento en el cual el precepto deberá ser retirado del
ordenamiento jurídico por decisión del juez constitucional.
Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 44, parcial, y 59 del Decreto-ley 100
de 1980.
Magistrado
Ponente:
Dr. CARLOS
GAVIRIA DIAZ
Santa Fe de Bogotá,
D.C., dos (2) de febrero de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Los suscritos
magistrados compartimos plenamente la decisión adoptada por la Corte en el
sentido de declarar exequibles las disposiciones acusadas, por cuanto la
demanda presentada no tenía, a nuestro juicio, el más mínimo fundamento.
No obstante, debemos
dejar en claro que llegamos a esa convicción por razones diferentes a las que
se consignan en la parte motiva del fallo.
Expresamos, ante
todo, que frente a las normas impugnadas, caben similares consideraciones a las
expuestas por los firmantes cuando nos apartamos diametralmente de la
providencia proferida el 5 de mayo de 1994 (Sentencia C-221), mediante la cual
esta Corporación declaró inexequibles los artículos 51 y 87 de la Ley 30 de
1986, despenalizando así el porte y consumo de la llamada dosis personal de
sustancias estupefacientes.
Consideramos que el
legislador goza de plena competencia, a la luz de la Constitución Política,
para establecer los tipos penales y para señalar las circunstancias agravantes
que impliquen aumento en el cómputo de la pena principal o aplicación de penas
o medidas accesorias.
En el caso
específico de la ingestión de bebidas alcohólicas bajo cuyo influjo se cometen
delitos -que es el asunto del que se ocupan las disposiciones examinadas-, la
ley puede imponer la sanción accesoria consistente en la prohibición de
consumir tales bebidas por un término hasta de tres años, no solamente por la
consideración de que, como se dice en la Sentencia, ya se cometió efectivamente
el hecho punible, sino por cuanto la sociedad tiene derecho a que el individuo
que delinquió, merced al pernicioso efecto que en su personalidad causó la
bebida, sea obligado por la autoridad pública -que tiene a cargo la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes,
derechos y creencias, así como las funciones de asegurar la convivencia
pacífica y el cumplimiento de los deberes de los particulares (Artículo 2º
C.P.)- a una abstención forzada, cuando menos temporal, para prevenir nuevas
conductas delictivas y hacer así efectiva la defensa del conglomerado.
Aceptar esa facultad
del legislador, que tiene sentido y justificación en el contexto de claras
obligaciones constitucionales del Estado y que se funda en el principio
fundamental de prevalencia del interés general (Artículo 1º C.P.), no implica
que se castigue a la persona por lo que no ha hecho, como parece deducirse de
la parte considerativa del Fallo, por cuanto la función preventiva de la pena
tiene, en la norma analizada, un fundamento cierto e inequívoco en hechos
reales, ya establecidos por la administración de justicia dentro de un proceso,
en el cual se probó que el influjo del alcohol sí fue, según lo expresa la
norma, "uno de los factores del delito". Ello significa que, a través
del caso concreto, fue cabalmente establecido que el consumo de la sustancia
estimulante sí causa un daño social, patente en la comisión del ilícito, lo
cual hace legítima la acción del Estado sobre tal consumo para proteger a la
sociedad.
El legislador
selecciona aquellas conductas que, según su apreciación -en ello radica la
autoridad que se le otorga- afectan de manera grave a la comunidad y merecen
ser sancionadas. No hay un catálogo de delitos previamente diseñado, al cual se
acoja la ley. Esta concibe y estructura el tipo delictivo, elabora la previsión
abstracta de la conducta que busca reprimir y señala la pena. La evaluación y
medida de los componentes del tipo es de su competencia, por lo cual, si nos
acogemos al esquema de separación de las funciones esenciales de cada Rama del
Poder Público (Artículo 113 C.P.), ninguna otra autoridad puede indicarle
cuáles hechos le es dado consagrar como delictivos y cuáles no, o cuál es la
medida de las penas, a no ser que, de manera objetiva y clara, con la norma
penal se vulnere un mandato de la Constitución -como cuando se consagran penas
en ella prohibidas-, evento en el cual el precepto deberá ser retirado del
ordenamiento jurídico por decisión del juez constitucional.
Podría, entonces,
penalizarse el consumo de alcohol si constituye una amenaza grave e inminente
para los derechos de los demás o para la pacífica convivencia, según el
criterio del legislador, sin que por ello se entendiera lesionado el derecho al
libre desarrollo de la personalidad del consumidor o invadida su esfera íntima,
pues la conducta objeto de sanción lo sería con motivo  o por razón  de sus
repercusiones  externas y -repetimos-, según la Constitución, no hay derechos
absolutos en cuanto prevalece sobre ellos el interés colectivo.
Así, por ejemplo,
nada se opondría constitucionalmente a que la ley sancionara el consumo de
alcohol en cierto lugar público o en recintos cerrados, por cuanto podría
implicar grave riesgo para la vida y la integridad de los concurrentes, y ello
sin necesidad de que ya se hubiesen cometido delitos bajo sus efectos. Se trata
justamente de evitarlos, lo cual encaja dentro de la función estatal de
proteger a los asociados.
Por eso, sin
detrimento de nuestro respeto a la cosa juzgada constitucional que cobija a la
Sentencia C-221, seguimos pensando que el legislador no había violado la Carta
cuando penalizó el consumo personal de sustancias sicotrópicas.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
Fecha, ut supra