T-486-04
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-486/04
TRASLADO DE DOCENTE-Presupuestos para que proceda
En este orden de ideas, la jurisprudencia de esta
Corporación ha establecido que cuando los docentes, sus hijos, o algún otro
miembro de la familia padecen quebrantos de salud, ya sea a nivel físico o
mental, que evidencien la necesidad de un cambio de sede o de jornada, no sólo
para lograr la recuperación del docente, sino también para alcanzar la mejoría
física y emocional que demanden quienes dependen del docente, es deber de la
administración, y llegado el caso del juez de tutela, dar un trato diferencial
positivo, garantizando con ello los derechos al trabajo en condiciones dignas y
justas, y la salud en conexidad con la vida. Esta jurisprudencia ha tenido en
cuenta ciertos condicionamientos operativos y presupuestales de la
administración pública, como la ausencia de vacantes o la carencia de recursos.
En estos casos, a menos que se demuestre fehacientemente la impostergabilidad
del traslado o la reubicación, la medida consistirá en una orden de atención
prioritaria a la persona, una vez exista la vacante o se apropien recursos para
el efecto.
Reiteración de Jurisprudencia
Referencia: expediente T-841313
Acción de tutela instaurada por María
Nautila Perdomo Lince contra la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Bogotá, D. C., veinte (20) de mayo de dos
mil cuatro (2004).
La Sala
Primera de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, en particular las contenidas en los
artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del
proceso de revisión de los fallos proferidos por el Juzgado Veintitrés Civil
del Circuito y por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, en el trámite
de la acción de tutela iniciada por María Nautila Perdomo Lince contra la
Secretaría de Educación de Bogotá D.C..
I. ANTECEDENTES.
María Nautila Perdomo Lince instauró acción de tutela
contra la Secretaría de Educación de Bogotá por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales a la salud y al trabajo, en razón de que la demandada se
niega a concederle un traslado a una institución educativa cercana a su
residencia y en la jornada de la mañana, solicitud que elevó en razón de su
estado de salud y su situación familiar.
Los hechos en
los cuales fundamentó sus pretensiones son los siguientes:
Es docente oficial de la Secretaría de Educación de
Bogotá en el nivel de preescolar y actualmente se encuentra ubicada en la
localidad 19 de C.E.D. Arborizadora Alta en la jornada de la tarde. Afirma que
desde el año 2001 ha venido solicitando su traslado por motivos de salud,
siguiendo con los trámites pertinentes, sin que hasta la fecha de interposición
de la presente acción de tutela (14 de octubre de 2003) le haya sido decidido
nada a su favor.
Afirma que los médicos especialistas de Compensar y
Redsalud han recomendado su traslado debido a su grave estado de salud, el cual
se  empeora cada día más debido a que para llegar a su sitio de trabajo debe
subir numerosas escaleras. Agregó que es madre cabeza de familia, que tiene a
su cargo un hijo discapacitado que requiere de cuidados especiales y de
atención permanente, por lo que considera que sus circunstancias deben ser
prioritarias. Agregó que frente a casos como el suyo, la Secretaría de
Educación se comprometió a dar prevalencia a las reubicaciones.
Solicita, en consecuencia, se ordene a la Secretaría
de Salud Distrital que le conceda el traslado que insistentemente ha venido
solicitando por razones de salud y de carácter familiar.
II. INTERVENCION DE LA DEMANDADA
La Secretaría de Educación de Bogotá, en oficio
dirigido al Juez de primera instancia solicitó desestimar las pretensiones de
la demandante, consideró que esa dependencia ha resuelto todas las peticiones
de la señora Perdomo Lince, por lo que carece de sentido la iniciación de la
presente acción, pues si está en desacuerdo con las decisiones tomadas por la
Administración, puede instaurar las acciones pertinentes para controvertirlas.
Con respecto a la vulneración de su derecho a la salud indicó que “…el
concepto de medicina laboral presentado, cuya fecha corresponde al 04 de
diciembre de 2001, recomienda mejor clima laboral en su sitio de trabajo, como
de medicina interna y control por psiquiatría, tres factores que dependen de la
accionante y no de un traslado a otro establecimiento educativo…”
III. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE
REVISIÓN.
El Juzgado Veintitrés Civil del Circuito de
Bogotá, en sentencia de octubre 27 de 2003 denegó la tutela interpuesta por la
señora Perdomo Lince, considerando que: “…la solicitud presentada por la
accionante sí le fue contestada en tiempo, es decir , tanto la primera
solicitud (21 de agosto de 2002, como la segunda y última (10 de febrero de
2003), lo que impone necesariamente y sin ningún reato de conciencia negar el
amparo solicitado, en el entendido de que la Administración tiene el deber
Constitucional de resolver la petición que les formule un ciudadano, sobre la
base de que el sentido de ésta dependerá de las circunstancias de cada caso y,
en esa medida, podrá ser positiva o negativa, con la salvedad de que la
obligación del Estado no es acceder a la petición sino resolverla”
Impugnada la anterior decisión, la Sala
Civil del Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia de diciembre 4 de 2003
confirmó el fallo recurrido, por las mismas consideraciones del a quo.
Agregó que si lo que pretende la demandante es que el juez de tutela examine la
legalidad de las motivaciones que negaron sus peticiones de traslado, debe
recordar que para esos propósitos existen recursos administrativos y judiciales
a los que debe acudir.
IV. PRUEBAS RELEVANTES ALLEGADAS AL EXPEDIENTE
-
A folios 1 al 9 del
cuaderno de primera instancia, copia de apartes de la historia clínica de la
demandante en la que se lee que debe evitar bajar y subir escaleras y mejorar
su ambiente laboral.
-
A folios 10 al 18 del
cuaderno de primera instancia, copia de las peticiones elevadas por la
demandante a la Secretaría Distrital de Educación.
-
A folio 21 del cuaderno
de primera instancia, constancia expedida por la Fundación Abriendo Caminos a
la Diferencia, que indica que la demandante es integrante de esa entidad por
ser madre del joven Mario Alberto Martínez Perdomo, quien padece de
esquizofrenia paranoide, por lo que es una persona discapacitada que requiere
acompañamiento permanente.
-
A folios 22 al 24,
copia de apartes de la historia clínica de Mario Alberto Martínez Perdomo, hijo
de la demandante, en la que se lee que padece de esquizofrenia.
V. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA
CORTE
1. Competencia.
Esta Corte es competente para conocer de
los fallos materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos
86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991, y demás disposiciones pertinentes, y por la escogencia del caso
por la Sala de Selección.
2. Procedencia de la acción de tutela para ordenar el
traslado de docentes cuando éste obedece a razones de salud debidamente
acreditadas. Reiteración de jurisprudencia.
En reiterada jurisprudencia esta Corporación ha
indicado que el juez de tutela puede ordenar el traslado de docentes del Estado
o disponer que se agoten los trámites pertinentes en caso de no existir
vacantes, para salvaguardar sus derechos al trabajo en condiciones dignas y
justas y a la salud en conexidad con la vida y la integridad física, los
cuales  son desconocidos cuando por razón de la distancia, del difícil acceso a
los lugares de trabajo y de las particulares condiciones de salud de los
docentes o sus familiares, tienen que arriesgar su integridad física y hasta su
vida, para asistir al empleo y cumplir con su deber.[1]
En reciente pronunciamiento T-815 de 2003[2]- la
Corte hizo un recuento de  la jurisprudencia sobre la materia y destacó los
casos en los cuales la misma ordenó el traslado de docentes al servicio del
Estado por diferentes motivos:
“Entre otros pronunciamientos[3]
sobre la materia, están las siguientes sentencias:
1.
T-670 de 1999 M.P. Alejandro Martínez Caballero, en el caso de una docente que
con el viaje permanentemente a su trabajo y a algunas veredas, alejadas del
sitio donde habitaba, agravaba su problema de desprendimiento de retina.
2. La sentencia T-694 de 1998,( Antonio Barrera
Carbonell) analizó las circunstancias de una docente que padecía de una lesión
lumbar y debía recorrer largas distancias hasta su lugar de trabajo.
3. La sentencia T-485 de 1998 (M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa) en donde se trató el caso de un docente a quien se le dificultaba caminar
30 kilómetros de su casa  a la escuela donde laboraba, por padecer de atrofia
muscular y pérdida de la fuerza muscular.
4. La sentencia T-704 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra), en el caso de una profesora que debía realizar largos desplazamientos
en vehículo por una carretera en mal estado para acudir a su sitio de trabajo,
con lo cual se agravaba su delicado estado de salud, pues presentaba problemas
de artrosis.[4]
5. Igualmente se ha dispuesto la reubicación de docentes
cuando se demuestra que existen amenazas contra sus vidas, motivados por la
grave  situación de orden público que vive el país. (T-1026 de 2002 M.P.
Rodrigo Escobar Gil).”
En todos los casos arriba relacionados, la procedencia
de la acción de tutela se supeditó a la demostración de la existencia de
situaciones de hecho que permitieran establecer una clara conexidad entre la
necesidad del traslado y las situaciones que se alegan como vulneradoras de los
derechos a la salud o a la vida.
En este orden de ideas, la jurisprudencia de esta
Corporación ha establecido que cuando los docentes, sus hijos, o algún otro
miembro de la familia padecen quebrantos de salud, ya sea a nivel físico o
mental, que evidencien la necesidad de un cambio de sede o de jornada, no sólo
para lograr la recuperación del docente, sino también para alcanzar la mejoría
física y emocional que demanden quienes dependen del docente, es deber de la
administración, y llegado el caso del juez de tutela, dar un trato diferencial
positivo, garantizando con ello los derechos al trabajo en condiciones dignas y
justas, y la salud en conexidad con la vida. Esta jurisprudencia ha tenido en
cuenta ciertos condicionamientos operativos y presupuestales de la
administración pública, como la ausencia de vacantes o la carencia de recursos.
En estos casos, a menos que se demuestre fehacientemente la impostergabilidad
del traslado o la reubicación, la medida consistirá en una orden de atención
prioritaria a la persona, una vez exista la vacante o se  apropien recursos
para el efecto.
Caso concreto
En el presente caso se trata de una profesora al
servicio de la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá, D.C., quien
considera que debe ser trasladada a otra institución educativa, cercana a su
lugar de residencia y en la jornada de la mañana, pues, por una parte, de
continuar en el centro educativo donde labora, su salud correría un grave
riesgo, como en efecto lo demuestran las órdenes médicas allegadas al
expediente, y, por otra, requiere las horas de la tarde para atender a su hijo
Mario Alberto Martínez Perdomo, de 24 años de edad, quien padece una enfermedad
psiquiátrica, situaciones que a su juicio son suficientes para que le sea
autorizado su traslado.
En efecto, aparece probado en el expediente de tutela
que el estado de salud de la señora Perdomo Lince se encuentra afectado por su
estancia en el C.E.D Arborizadora Alta, no sólo por los trastornos depresivos y
de ansiedad que ha padecido[5],
sino también porque debido a sus dolencias en las piernas, desde octubre 8 de
2003 le fue recomendado por su E.P.S. no subir y bajar escaleras, cosa
totalmente imposible si se tiene en cuenta que las vías de acceso al sector
donde labora en Ciudad Bolívar así como la institución Arborizadora Alta son
escaleras, debido a la topografía del terreno.
Por otra parte, el estado de salud de su hijo se
encuentra documentado en el expediente de tutela; en efecto a folios 22, 23 y
24 del cuaderno de primera instancia aparecen apartes de su historia clínica en
los que se lee que Mario Alberto Martínez Perdomo padece de ezquizofrenia
paranoide y que requiere tratamiento permanente, por lo que es apenas lógico
que su madre, la señora Perdomo Lince, pretenda conseguir su traslado a una
institución cercana a su lugar de residencia (Ciudad Salitre) y en la jornada
de la mañana, condiciones éstas que lógicamente le permitirían pasar más tiempo
y dispensar mayores cuidados a su hijo.
Sin mayores consideraciones, se impone en el presente
caso la protección de los derechos de la señora María Nautilia Perdomo Lince y
de su Hijo Mario Alberto Martínez Perdomo, pues sería lesivo para aquella
continuar laborando indefinidamente en el C.E.D Arborizadora Alta debido a su
estado de salud, y también lo sería para su hijo, que a pesar de no ser menor
de edad depende de la demandante y de la atención que ésta le pueda ofrecer. En
un pronunciamiento anterior de la Corte Constitucional, en el caso de una
docente que solicitaba el traslado a otra ciudad para que su hija pudiera
recibir atención médica, amparó los derechos de los niños a la salud y la
unidad familiar y sostuvo:
“Esta Corporación considera que no puede abstenerse
de tutelar los derechos prevalentes de la menor Heliana Chavarro Herrera
porque, como se ha explicado, encuentra justificadas las razones expuestas por
la peticionaria, en relación con los derechos a la salud y a la unidad familiar
invocados por ella, y juzga necesario proteger en su integridad el estatuto
jurídico de la niña. Al ordenar a la Secretaría de Educación de Cundinamarca,
que en la medida de lo posible proceda a efectuar el traslado de sus padres a
un lugar más adecuado para la prestación de los servicios médicos que su hija
requiere, no pretende la Sala sentar un precedente general, sino que por vía
excepcional, habida cuenta de las delicadas circunstancias en que se encuentra
la niña, este pronunciamiento tiene vigencia sólo respecto del caso concreto y
no puede considerarse extendible a situaciones genéricas.” (Sentencia       T-447 de 1994 M. P.
Vladimiro Naranjo Mesa).
Por lo anterior, se ordenará a la
Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, que cuando exista la primera
vacante en el nivel docente correspondiente a la peticionaria, en la jornada de
la mañana, en una institución cercana al sector de Ciudad Salitre del mismo
distrito, traslade con carácter preferencial a aquella, por las razones que
aquí se expusieron.
De no existir una vacante antes
de la terminación del año lectivo Enero -Noviembre de 2004, se ordenará
igualmente a la Secretaría de Educación que disponga lo necesario para que el
traslado de la señora Perdomo Lince se haga efectivo al iniciarse el año
lectivo Enero - Noviembre de 2005, en las condiciones aquí descritas.
Con la finalidad indicada, la
citada entidad deberá aplicar alternativamente la figura de los traslados
recíprocos o permuta de cargos, si fuere posible, en las mismas condiciones.
VI. DECISIÓN.
En mérito de
lo expuesto, esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero: REVOCAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal
Superior de Bogotá el 4 de diciembre de 2003, dentro de la acción de tutela
instaurada por María Nautilia Perdomo Lince, y en su lugar CONCEDER la
protección de su derecho al trabajo en condiciones dignas y justas y del
derecho a la salud en conexidad con la vida tanto de la misma como de su hijo
enfermo Mario Alberto Martínez Perdomo.
Segundo. ORDENAR a la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá, D.C.,
que cuando exista la primera vacante
en el nivel docente correspondiente a la peticionaria, en la jornada de la
mañana, en una institución cercana al sector de Ciudad Salitre del mismo
distrito, traslade con carácter preferencial a aquella.
Con la finalidad indicada, la
citada entidad deberá aplicar alternativamente la figura de los traslados
recíprocos o permuta de cargos, si fuere posible, en las mismas condiciones.
De no existir una vacante antes
de la terminación del año lectivo Enero - Noviembre de 2004, se ordena
igualmente a la Secretaría de Educación que disponga lo necesario para que el
traslado de la señora Perdomo Lince se haga efectivo al iniciarse el año
lectivo Enero - Noviembre de 2005, en las condiciones aquí descritas.
Tercero. Por Secretaría, líbrese la comunicación
prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado Ponente
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Secretario General (e)
[1] Sentencias T-514 de
1996 y T-002 de 1997 entre otras.
[2] M.P. Rodrigo
Escobar Gil
[3] Sentencias T-208 de
1998, T-516 de 1997, T-455 de 1997 y T-002 de 1997.
[4] La orden en este
caso, consistió precisamente, en disponer la provisión del cargo en otro lugar
y, en caso de no existir vacantes, preferirla cuando hubiere dicha posibilidad.
[5] A folios 8 y 9 del
cuaderno de primera instancia aparecen conceptos de medicina laboral que
recomiendan control por siquiatría y mejorar el clima laboral en su sitio de
trabajo.