C-784-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-784/12
NORMAS PARA SUPRIMIR O REFORMAR
REGULACIONES, PROCEDIMIENTOS Y TRAMITES INNECESARIOS EXISTENTES EN LA
ADMINISTRACION PUBLICA-Unificación
de recaudo de derechos de autor y expedición de recibo de pago a través de una
ventanilla única
UNIFICACION DEL RECAUDO DE DERECHOS DE AUTOR Y
EXPEDICION DEL RECIBO DE PAGO A TRAVES DE UNA VENTANILLA UNICA-No desconoce
el derecho de asociación ni desprotege a los titulares individuales de tales
derechos
FACULTADES EXTRAORDINARIAS EN DECRETO DE SUPRESION DE
TRAMITES-Unificación del recaudo de
derechos de autor y expedición del recibo de pago a través de una ventanilla
única
FACULTADES EXTRAORDINARIAS-Interpretación
restrictiva
ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Aptitud del cargo para producir un pronunciamiento de
fondo/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Indicación precisa del
objeto demandado, el concepto de violación y la razón por la cual la Corte
Constitucional es competente
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y
suficientes
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Aplicación del principio por actione
FACULTADES EXTRAORDINARIAS-Límites materiales
FACULTADES EXTRAORDINARIAS EN DECRETO DE SUPRESION DE
TRAMITES-Ambito de aplicación
CLAUSULA GENERAL DE COMPETENCIA LEGISLATIVA-Jurisprudencia constitucional
FUNCION LEGISLATIVA-Traslado
temporal
OTORGAMIENTO DE FACULTADES EXTRAORDINARIAS-Cumplimiento
de requisitos formales y materiales
OTORGAMIENTO DE FACULTADES EXTRAORDINARIAS-Reglas jurisprudenciales
Se
recogen brevemente las reglas jurisprudenciales sobre el otorgamiento de
facultades extraordinarias: (i) Deben ser conferidas de manera expresa, para
expedir normas sobre determinadas materias, delimitadas con claridad en la ley
habilitante, sin que puedan otorgarse facultades implícitas o presuntas.
“Conforme a clásicos principios hermenéuticos, la interpretación del alcance
concreto de la extensión de esas facultades debe ser estricta y restrictiva,
por lo cual ellas sólo comprenden los asuntos expresamente indicados por la ley
habilitante, sin que haya lugar a extensiones ni analogías, puesto que debe
entenderse que es una habilitación excepcional y necesaria para el logro de un
fin concreto, preciso y taxativo”. (ii) Dado el mandato constitucional de precisión
en el otorgamiento de facultades extraordinarias, es necesario que la
habilitación legislativa correspondiente cumpla con tres requisitos
fundamentales: “1) indicar la materia que delimita el ámbito sustantivo de
acción del Ejecutivo; 2) señalar la finalidad a la cual debe apuntar el
Presidente de la República al ejercer las facultades; y 3) enunciar los
criterios que han de orientar las decisiones del Ejecutivo respecto de las
opciones de diseño de política pública dentro del ámbito material general de la
habilitación”. Ha explicado esta Corporación que por medio de la exigencia de
precisión, “se le impone al Congreso la obligación de definir en forma
específica, clara, cierta y delimitable, el campo normativo dentro del cual le
corresponde actuar al Gobierno, sin que le sea posible hacerlo en forma vaga,
ambigua e indeterminada, ‘puesto que ello representaría una habilitación en
blanco al Ejecutivo equivalente a una renuncia inaceptable del Congreso a
ejercer la función legislativa que el Constituyente le ha confiado’;
circunstancia que, por supuesto, conduce indefectiblemente a la declaratoria de
inconstitucionalidad de las facultades otorgadas o de las medidas que por su
intermedio fueron expedidas”. La precisión se refiere, entonces, a las materias
respecto de las cuales se imparte la habilitación legislativa, y es en relación
con dichas materias que debe verificarse si el Ejecutivo ha respetado los
límites competenciales que pesan sobre sus facultades extraordinarias. Lo vago,
ambiguo, confuso o ilimitado no ofrece un parámetro cierto para que el juez
constitucional controle el respeto del marco de la habilitación”. Sobre este
punto la Corte Constitucional expresó que para que “pueda el Gobierno legislar
amparado en una ley de la naturaleza mencionada, (…) ha de obrar dentro del
limitado y específico ámbito que tengan las autorizaciones de las que es
investido, las cuales deben ser expresas, de tal forma que, para reclamar su
constitucionalidad, las materias tratadas en los decretos que se expidan
encajen de modo exacto en el objeto señalado por el Congreso. Esto excluye las
facultades implícitas”. (iii) De dicho requisito de precisión surge que el
Presidente de la República debe respetar los límites materiales establecidos en
la ley habilitante, en la medida en que las normas que expida en ejercicio de
las facultades extraordinarias deben referirse directa y únicamente a las materias
señaladas expresamente en dicha ley. En el mismo sentido, señaló la Corte que
“aun cuando la validez del requisito de precisión depende básicamente de que el
Congreso fije a las facultades un objetivo claro y específico en torno a la
materia, a los propósitos y a los criterios orientadores de la habilitación, la
jurisprudencia constitucional, en pro de no hacer inoperante el ejercicio de
esa función constitucional extraordinaria, también ha venido sosteniendo,
incluso desde la época en que la H. Corte Suprema ejercía el control de
constitucionalidad de las leyes, que la concesión de facultades amplias y
generales por parte del Parlamento, no afecta ni se contrapone a la exigencia
de precisión, y en consecuencia, tampoco conlleva una violación de la
Constitución Política”. (iv) El requisito de precisión en el otorgamiento de
facultades extraordinarias no se opone a que tales facultades sean más o menos
amplias, según lo estime conveniente el Congreso, siempre y cuando no se
confieran en términos vagos, indeterminados o imprecisos. Sobre este punto,
dijo expresamente la Corte que “el concepto ‘precisión’ se refiere no al grado
de amplitud de la ley de facultades, sino a su nivel de claridad en cuanto a la
delimitación de la materia a la que se refiere”. En este mismo sentido la Corte
ha afirmado que “la precisión exigida por el numeral 10 del artículo 150
Superior ha de ser la indispensable para determinar, de un modo claro, la
materia que es objeto de autorización extraordinaria, pero sin que ello
signifique que en la misma ley de delegación legislativa se predeterminen los
aspectos o preceptos que constituyen el encargo otorgado al Presidente de la
República. Una interpretación diferente del aludido mandato superior haría en
verdad inútil el otorgamiento de las facultades extraordinarias para legislar
sobre determinados asuntos”. (v) No está incluido dentro del requisito de
precisión, que sea el mismo Congreso el que establezca hasta el mínimo detalle
de los asuntos específicos y puntuales que deberán ser regulados, puesto que ello
desnaturalizaría la figura de la concesión de facultades extraordinarias. (vi)
Es necesario que el Congreso haga claridad sobre los propósitos o finalidades
que animan la concesión de las facultades al Presidente, con el fin de que lo
orienten para que pueda respetar el mandato otorgado. (vii) En virtud del
mandato constitucional de precisión que rige el otorgamiento y se proyecta al
ejercicio de las facultades extraordinarias, el alcance de las mismas ha de ser
interpretado en forma restrictiva. (viii) Las facultades extraordinarias deber
ser además necesarias e indispensables para el logro de determinado.
FACULTADES EXTRAORDINARIAS-Ambito de competencia
RECAUDO DE LOS DERECHOS DE AUTOR-Modificación del procedimiento no desborda las
facultades extraordinarias
DERECHOS DE AUTOR-Protección constitucional
DESCENTRALIZACION POR COLABORACION-Características
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES-Obligaciones en materia de derechos de autor
PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-Dada la
importancia constitucional, el recaudo de los derechos de autor trasciende la
órbita privada para convertirse en un asunto de interés público
Dado la importancia constitucional de la protección de
la propiedad intelectual, esta Corporación ha reconocido que el recaudo de los
derechos de autor trasciende la órbita privada para convertirse en un asunto de
interés público: El recaudo de los derechos que corresponden a los autores por
concepto de ejecución, representación, exhibición, uso o explotación de las
obras generadas en su creatividad o concepción artística o intelectual, que
representan una forma de propiedad constitucionalmente protegida, no puede
librarse a la voluntad puramente contractual, al acuerdo o al convenio entre
quien explota el material al que se refieren aquéllos y el autor
correspondiente o quien sus derechos representa, sino que, a juicio de esta
Corte, involucra necesariamente la actividad estatal e implica la consagración
de normas de orden público no susceptibles de ser contradichas o anuladas
mediante pactos bilaterales. En efecto, se trata de derechos inalienables, de
conformidad con el artículo 61 de la Constitución, que al declarar, con
carácter imperativo, la protección de la propiedad intelectual, a cargo del
Estado, estatuye que ella tendrá lugar por el tiempo y mediante las
formalidades que establezca la ley. Aunque el legislador goza de competencia
para establecer las modalidades del amparo de los indicados derechos, lo que no
puede esquivar es la responsabilidad que la Constitución le ha confiado en la
búsqueda de instrumentos aptos para obtener que en la práctica los autores no
sean víctimas de imposiciones arbitrarias o abusivas por parte de quienes
ejecutan, representan, exhiben, usan o explotan sus obras, para desconocer lo
que constitucionalmente se les debe por tales conceptos.
UNIFICACION DEL RECAUDO DE DERECHOS DE AUTOR Y
EXPEDICION DEL RECIBO DE PAGO A TRAVES DE UNA VENTANILLA UNICA-No vulnera
el derecho de asociación
Los artículos cuestionados no vulneran el
derecho de asociación ni dejan desprotegidos los derechos de los titulares
individuales de derechos de autor. A esta conclusión se llega no sólo porque el
tenor literal del artículo 47 establece como una de las alternativas posibles
para la ventanilla única, el que se constituya una sociedad, sino porque en todo
caso, se dejan a salvo los derechos de los titulares individuales de los
derechos de autor que no se encuentren afiliados a una sociedad de gestión
colectiva, quienes tienen la potestad de vincularse al procedimiento de la
ventanilla única. La
constitución de una sociedad de recaudo no es la única alternativa posible para
el establecimiento de una ventanilla única. Como quiera que lo que busca la
norma es la implementación de un procedimiento unificado de recaudo, con
criterios y tarifas comunes para el cobro de este derecho, así como la
simplificación del procedimiento existente a través de una herramienta que le permita a los comerciantes que
pretendan comunicar públicamente obras musicales, fonogramas, realizar los
trámites necesarios para el pago de los derechos de autor y para la obtención
de la certificación sobre autorización de reproducción pública de obras
musicales y audiovisuales, así como de fonogramas e interpretaciones artísticas
en establecimientos abiertos al público, en el menor tiempo posible y con la
reducción de los trámites. Esto se puede lograr a través de otros mecanismos,
por ejemplo mediante la búsqueda de acuerdos y
concertaciones sobre los métodos y criterios para calcular el monto de los
derechos de autor y para lograr su recaudo efectivo, titulares de derechos de
autor y sociedades de gestión colectiva puedan establecer un mecanismo de
ventanilla única para el recaudo, sin que deban asociarse bajo la figura de una
sociedad recaudadora. Si bien es cierto que el artículo 47 bajo estudio, establece una
consecuencia negativa para las sociedades de gestión colectiva que no
constituyan la ventanilla única, al impedirles que puedan cobrar por la
administración de los derechos de sus socios en establecimientos de comercio,
esta disposición no cobija a los titulares de derechos de autor, ni afecta el
recaudo de tales derechos. A pesar de la deficiente redacción del inciso, la
finalidad prevista por la no constitución de la ventanilla única no es impedir
el recaudo de los derechos de autor, como afirma el demandante, sino evitar que
las sociedades de gestión colectiva cobren por la administración de los
recursos de sus asociados.
Referencia: expediente D-8975
Actor: Jorge Alonso Garrido Abad
Demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 47 y 48 del Decreto Ley 019 de 2012, “Por el cual se dictan normas para suprimir
o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública”.
Magistrada Ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de dos mil doce (2012)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus
atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el
Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad,
el ciudadano Jorge Alonso Garrido Abad, presentó demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 47 y 48 del Decreto Ley 019 de 2012, “Por el cual se dictan normas para suprimir
o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública”.
Por auto del 15 de marzo 2012, se inadmitió
la demanda, y se le dio al demandante un plazo de tres días para corregirla.
Mediante escrito del 22 de marzo de 2012, el accionante presentó corrección de la
demanda. Por auto de 12 de abril de 2012 la demanda de la referencia fue
admitida y se ordenó fijarla en lista. Así mismo, se dispuso dar traslado al
señor Procurador General de la Nación para que rindiera su concepto y comunicó
la iniciación del asunto al señor Presidente de la República, a los Ministerios
del Interior y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a la Dirección
Nacional de Derecho de Autor, a la Asociación Nacional de Medios de
Comunicación – ASOMEDIOS, a la Asociación Colombiana de Intérpretes y
Productores Fonográficos –ACINPRO, a la Sociedad de Autores y Compositores de
Colombia – SAYCO, a la Unión de Compositores Colombianos –UNICCO, a la
Asociación Nacional de Autores e Intérpretes de la Canción Colombiana –
ANAICOL, a la Asociación de Autores, Compositores e Intérpretes y Músicos
Profesionales Colombianos ‑SACIC y las facultades de derecho de la
Universidad Nacional de Colombia, de los Andes y de Jurisprudencia de la
Universidad de Nuestra Señora del Rosario, con el objeto que si lo estimaban
oportuno conceptuaran sobre la constitucionalidad de las normas demandadas.
Cumplidos los trámites constitucionales y
legales propios de los procesos de constitucionalidad, la Corte Constitucional
procede a decidir acerca de la demanda de la referencia.
II.
LA NORMA ACUSADA
El texto de los artículos demandados del Decreto Ley, tal como fueron
publicados en el Diario
Oficial No. 48.308 de 10 de enero de 2012, es el siguiente:
Decreto Ley 19 de 2012
(enero 10)
“Por el cual se dictan normas para
suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios
existentes en la Administración Pública”.
(…)
ARTÍCULO 47. VENTANILLA ÚNICA PARA LA
OBTENCIÓN UNIFICADA DE LAS LICENCIAS Y EL PAGO INTEGRADO DE LOS DERECHOS DE
AUTOR Y CONEXOS.
Para los efectos del literal c) del artículo 2 de la Ley 232 de 1995, y con la
finalidad de reducir los trámites que los propietarios o responsables de
establecimientos abiertos al público deben realizar para acreditar los
requisitos de funcionamiento, cuando almacenan digitalmente obras musicales,
fonogramas y videos musicales, y ejecutan o comunican al público obras
musicales, fonogramas, obras audiovisuales y/o interpretaciones artísticas, la
obtención unificada de las licencias y el pago integrado de los derechos de
autor y conexos se realizará a través de una ventanilla única que deberán
constituir las sociedades de gestión colectiva, a través de la cual se
realizará de manera unificada el recaudo de los derechos de autor y conexos.
Los titulares de derecho de autor o de
derechos conexos no afiliados a las sociedades de gestión colectiva, así como
las asociaciones que los representen, podrán hacer parte de la citada
ventanilla única recaudadora.
Para efectos de lo señalado en el presente
artículo se podrá constituir una sociedad cuya organización, administración y
funcionamiento serán acordadas por sus miembros en los estatutos sociales. La
elección, conformación y funcionamiento de los órganos de dirección y
administración, el régimen de votaciones y la toma de decisiones observarán el
principio de proporcionalidad con relación a la participación de sus miembros
en el recaudo.
En caso de que se constituya una sociedad
para el manejo de la ventanilla única, ésta deberá iniciar su funcionamiento a
más tardar el primero (1) de enero de 2013.
La no constitución de la ventanilla única
impedirá a las sociedades de gestión colectiva realizar recaudo por la
administración de los derechos de sus socios en establecimientos de comercio.
PARÁGRAFO 1. Mientras entre en
funcionamiento la ventanilla única recaudadora, las licencias y pagos se
obtendrán y realizaran a través de las entidades recaudadoras constituidas
conforme lo dispone el artículo 27 de la Ley 44 de 1993, las Sociedades de
Gestión Colectiva, las Asociaciones de Titulares y los Titulares Individuales,
según corresponda.
PARÁGRAFO. 2. En el evento de que se
constituya una sociedad para el manejo de la ventanilla única recaudadora
estará sujeta a la inspección y vigilancia de la Dirección Nacional de Derecho
de Autor de conformidad con los artículos 53 a 63 del Decreto 3942 del 2010.
PARÁGRAFO 3. El pago a la ventanilla única
recaudadora de que trata este artículo hará presumir que el usuario ha cumplido
integralmente con la obligación contemplada en el literal c) del artículo 2 de la
Ley 232 de 1995.
ARTÍCULO 48. LISTA DE TARIFAS. La sociedad
que se constituya para el manejo de la ventanilla única recaudadora acordará la
lista de tarifas para vigencias anuales con los gremios, las asociaciones de
usuarios legalmente constituidas o los particulares.
PARÁGRAFO. La entidad recaudadora deberá
publicar en un diario de amplia circulación nacional y en su página web, el
listado de tarifas anuales a más tardar el 1 de febrero de cada año.
III.
LA DEMANDA
En
concepto del demandante, las citadas normas violan los artículos 38 y 150,
numeral 10 de la Constitución Política. En su primer memorial, el ciudadano
manifestó que las disposiciones acusadas violaban el derecho a la libertad de
asociación “en la medida que el Estado no puede imponer a los particulares
como son esas sociedades de gestión colectiva la obligación de asociarse para
efecto de expedir un pago único de derechos de autor y derechos conexos, como
que según el artículo 38 de la Carta, asociarse para el desarrollo de las
distintas actividades que las personas realizan en sociedad, es una acto [sic]
que se libra a la voluntad de las mismas, resultando inconstitucional el
constreñirlas para que así lo hagan”.
Así mismo, el demandante expuso que el Presidente de la
República se extralimitó en el ejercicio de las facultades extraordinarias que
le fueron conferidas mediante el parágrafo 1º del artículo 75 de la Ley 1474 de
2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, ya
que la ley habilitante revistió al Presidente de precisas facultades para
expedir normas con fuerza de ley para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública,
sin embargo, las normas acusadas reformaron un trámite que no estaba
establecido en el literal c del artículo 2º de la Ley 232 de 1995 “Por medio de la cual se
dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales”,
en la que sólo se exigían los comprobantes de pago de los derechos de autor.
Mediante auto del quince (15) de marzo de dos mil doce
(2012), se inadmitió la demanda de la referencia, por encontrar que en ella no
se satisfacían los requerimientos del artículo 2°, Decreto 2067 de 1991.
Concretamente, le señaló al accionante que sus argumentos carecían de claridad,
certeza y suficiencia. En tal virtud, en el mismo auto se le
concedió al peticionario el plazo tres (3) días, contados a partir de la
notificación, “para corregir la demanda en el sentido de presentar cargos de
carácter constitucional, susceptibles de ser controvertidos en sede judicial,
mediante la acción de inconstitucionalidad contra los artículos 47 y 48 del
Decreto Ley 19 de 2012”.
Dentro del término dispuesto, el demandante presentó
memorial para corregir las deficiencias de su libelo inicial, en el sentido en
que le fueron señaladas en el auto del quince (15) de marzo del año en curso.
En esta oportunidad, el ciudadano manifiesta que la norma es equívoca y
ambigua, pues no establece cómo debe constituirse la figura de la ventanilla
única, y aunque en principio pareciera que no es obligatorio crear una sociedad
para su manejo, esa figura “exige una serie de acuerdos entre personas
jurídicas diferentes, en donde se unifiquen criterios de diversa índole a
efecto de implementar con eficacia lo que pretende la norma; acuerdos que
necesariamente implican la constitución de una asociación de segundo grado para
el recaudo unificado que pretende la disposición acusada (…). En efecto, la
constitución de un recaudo unificado de los citados derechos, a través de un
solo pago y de una sola tarifa, como pretende la norma, exige que cuatro
sociedades de distinta naturaleza y diferentes intereses, se pongan de acuerdo
respecto de una sola tarifa de pago que cubra los derechos de todas ellas; que
se pongan de acuerdo con un reglamento de funcionamiento de dicha ventanilla;
que se pongan de acuerdo con unas reglas de juego claras sobre la categoría de
los establecimientos objeto del cobro; etc., etc.; acuerdos que solo es posible
plasmar en unos Estatutos, propios de una empresa asociativa. No podría
constituirse entonces una ventanilla como ambigua y vagamente ordena la norma,
si no es porque las diversas sociedades de gestión colectiva acuerdan la forma
como se debe constituir la misma a través de formalidades que la misma ley les
obliga, como que según la jurisprudencia de esa Corporación, esas sociedades de
gestión colectiva necesitan de habilitación legal para poder gestionar los
derechos que representan y para poder crear una entidad recaudadora conjunta de
sus derechos (Sentencia C-833 de 2007).”
De otra parte, sobre el cargo relativo a la
extralimitación del Presidente de la República en las facultades otorgadas por
la ley habilitante para expedir el Decreto Ley 19 de 2012, el demandante
precisó que la obligación contenida en el literal c del artículo 2º de la Ley
232 de 1995, según la cual, a los establecimientos donde se ejecuten
públicamente obras musicales se les
exigirá los comprobantes de pago expedidos por la autoridad legalmente
reconocida, no fue suprimida por la creación de la ventanilla única, “sino
que se le articuló esa figura de recaudo unificado del derecho de autor para
facilitar el trámite de dicha obligación o requisito de funcionamiento”.
Agrega el actor, que la ley habilitante cumple con el requisito de precisión
que debe contener, en criterio pacífico de la Corte, una ley de facultades
extraordinarias, así: no solo la materia objeto de facultades, sino además la
finalidad que persigue el legislador extraordinario.
Señala que al ser ejercidas tales facultades y
demandadas las normas expedidas, por la Corte debe realizarse una interpretación
restrictiva, sin que puedan establecerse lejanas relaciones de conexidad de la disposición
(es) proferidas con la materia objeto de habilitación. En este caso, las
facultades estaban supeditadas a la supresión o reforma de procedimientos y
trámites innecesarios existentes en la administración pública. Concluye el demandante:
“entendiendo que la norma acusada no suprimió la exigencia del requisito de
pago del derecho de autor, ni la sustituyó por una ventanilla única de pago
integrado, se aprecia fácilmente la inconstitucionalidad de la misma, toda vez
que el Presidente, legisló sobre la forma en que debe expedirse un pago
unificado de derechos de autor y derechos conexos, trámite que corresponde a
unos particulares y que por tal razón, no existía en la administración
pública”.
IV.
INTERVENCIONES DE AUTORIDADES
1.     Del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
El Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones intervino mediante apoderada para solicitar
que se declarara la exequibilidad de las normas acusadas.
Afirma que los artículos 47 y 48, que se
refieren al establecimiento de la ventanilla única para el recaudo de los
derechos de autor, simplifican el trámite de recaudo de tales derechos para
realizarlo de manera unificada, así como facilitar la expedición de licencias y
comprobantes de pago, en beneficio de los autores de obras musicales,
fonogramas, interpretaciones artísticas y videos musicales cuando estos son
comunicados al público, y reduce los riesgos de evasión del pago de este tipo
de derechos, por lo que estaría dentro del ámbito de las facultades
extraordinarias otorgadas por la Ley 1474 de 2011 para suprimir o reformar
trámites innecesarios ante la Administración Pública y erradicar la corrupción
administrativa.
En cuanto a la supuesta vulneración del
derecho de asociación, resalta que el texto de la norma expresamente señala que
“se podrá constituir una sociedad”, con lo cual se está ante una potestad y no
ante una obligación, por lo que considera que no habría violación de la
libertad de asociación.
2.
Departamento Administrativo de la Función Pública
El Departamento Administrativo de la
Función Pública intervino mediante apoderado para defender la
constitucionalidad de las normas demandadas. En opinión del interviniente, el demandante
cuestiona los artículos 47 y 48 del Decreto 019 de 2012 porque 1) desbordan las
facultades extraordinarias otorgadas al ser ambiguos y generar equívocos, en la
medida en que no aclaran cómo debe constituirse la figura de la ventanilla
única para el recaudo de los derechos de autor; y 2) porque advierte que aunque
en principio no es obligatorio crear una sociedad para su manejo exige acuerdos
entre personas jurídicas diferentes que implican necesariamente la constitución
de una asociación.
En cuanto al supuesto desconocimiento de
las facultades extraordinarias, el interviniente analiza las expresiones
empleadas por el legislador para determinar su alcance. Señala que en la ley
1474 de 2011, estas fueron expresamente conferidas para “suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública,” por lo cual considera que el gobierno estaba
plenamente facultado para racionalizar y reformar el trámite de ventanilla
única para la obtención unificada de las licencias y el pago integrado de los
derechos de autor y conexos, que es una actividad legalmente regulada de
estirpe administrativa que puede cumplirse a través de instituciones de
carácter privado, como desarrollo del principio de descentralización por
colaboración.
Resalta que las normas acusadas buscan
facilitar el cumplimiento de uno de los requisitos exigidos para el
funcionamiento de los establecimientos de comercio y son una manifestación de
las formalidades a las que deben someterse para garantizar los derechos de
autor. Afirma que dado que era una competencia del legislador la regulación de
este tipo de formalidades, bien podía ser delegada en el Ejecutivo, por lo que
en su concepto las normas expedidas no desconocen los límites establecidos y
son respetuosos de las reglas constitucionales y jurisprudenciales en la
materia.
En cuanto a la supuesta obligatoriedad de
constituir una forma asociativa particular, destaca que el artículo 47 utiliza
la expresión “podrán”, que indica que no se está imponiendo el deber de
asociarse a los titulares de los derechos de autor o a sus representantes, para
el recaudo de los derechos de autor, sino que es una de las alternativas
válidas para que se pueda cumplir con esta formalidad, por lo que los
cuestionamientos del demandante serían infundados.
3.
Dirección Nacional de Derechos de Autor
La Dirección Nacional de Derechos de Autor
intervino para solicitar que las normas demandadas sean declaradas exequibles.[1]
Para sustentar su solicitud recuerda la
evolución del marco legal para la protección de los derechos de autor, y se
refiere en detalle a las diferentes formas de gestión de derechos de autor,
individual o colectiva, a nivel de asociaciones de gestión colectiva o de otras
formas de asociación.
A continuación describe el procedimiento
previsto en la Ley 232 de 1995 respecto del pago de los derechos de autor y
derechos conexos, en particular por la reproducción de obras musicales,
fonogramas, interpretaciones artísticas y videos musicales, así como la
problemática que se quiso corregir con la simplificación del trámite
originalmente previsto, dado el número de licencias y autorizaciones que deben
obtenerse para la reproducción de este tipo de obras en establecimientos
públicos o abiertos al público y que implica por lo menos 12 tipos distintos de
licencias y requisitos, según la asociación o persona jurídica que represente
los intereses de uno o varios autores.
En seguida describe cómo se simplifica el
trámite y se mejoran los controles para evitar la corrupción con la adopción de
la ventanilla única. Precisa que este trámite sólo cobija los derechos de autor
que deben pagar los establecimientos abiertos al público por la reproducción de
obras musicales, fonogramas, interpretaciones artísticas, y conciertos pero no
al que se realiza a través de los medios de comunicación (televisión y radio).
En cuanto a la supuesta violación de la
libertad de asociación, la interviniente señala que la norma establece la
posibilidad de constituir una organización como una de las fórmulas posibles
para la constitución de la ventanilla única, pero no como una obligación. En
esa medida no habría una vulneración de la libertad de asociación.
Sobre la supuesta extralimitación de las
facultades extraordinarias otorgadas al Presidente para suprimir o reformar
trámites ante la Administración, la interviniente precisa que si bien el
trámite del recaudo de los derechos de autor se hace a través de entidades
privadas, esta forma de participación de los particulares en trámites propios
de la Administración, es un desarrollo del principio de descentralización por
colaboración, que no desnaturaliza el hecho de que se trata de un trámite que
debe surtirse ante la Administración y que por lo mismo estaba dentro del
ámbito de competencia fijado por las facultades extraordinarias.
V.
Intervenciones
ciudadanas.
1. Centro Colombiano de Derechos Reprográficos
El
Centro Colombiano de Derechos Reprográficos intervino en el proceso de la
referencia para señalar que las normas cuestionadas no violan la libertad de
asociación ni desbordan las facultades extraordinarias otorgadas por el
legislador, pero resalta que tales disposiciones son contrarias al derecho a la
igualdad porque simplifican el trámite del pago y expedición de certificaciones
para las reproducciones de obras musicales, fonogramas, obras audiovisuales e
interpretaciones artísticas, pero deja por fuera los derechos de autor de las
demás tipo de obras, con lo cual en su opinión se desconoce el bloque de
constitucionalidad y el principio de buena fe. Todo su escrito se centra en
cargos diferentes a los que son objeto del presente proceso, por lo que la
Corte no se referirá a ellos.
2.
Federación Nacional de Comerciantes - Fenalco
Fenalco
intervino para solicitar un fallo inhibitorio en la medida en que el accionante
no presenta argumentos pertinentes ni suficientes para cuestionar la
constitucionalidad de los artículos 47 y 48 del Decreto 019 de 2012.
A
continuación expone razones de conveniencia sobre la obtención unificada de las
licencias y el pago integrado de los derechos de autor y conexos mediante una
ventanilla única. Relata que son frecuentes las quejas de los establecimientos
de comercio por el cobro reiterado de la misma obligación por autores individuales,
por otras formas de asociación y sociedades de gestión colectiva, sin que sea
fácil demostrar que tales obligaciones ya fueron canceladas, debido a que su
liquidación la hace cada uno de los reclamantes con base en criterios
subjetivos que no obedecían a la realidad del uso de tales obras.
3.
Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos -
ACINPRO
ACINPRO
intervino para solicitar la declaratoria de exequibilidad de los artículos
demandados.
Afirma
que las normas cuestionadas buscan dar mayor seguridad jurídica a través de un
instrumento que permita a cada uno de los titulares de derechos de autor y
derechos conexos, asegurar un efectivo ejercicio y recaudo de sus derechos
patrimoniales, dado que la gestión individual de los mismos resulta imposible
de administrar, por lo cual la Corte Constitucional ha encontrado conforme a la
Constitución que tal gestión se haga a través de formas asociativas.
En
su opinión, dada la trascendencia económica de la propiedad intelectual,
resulta necesaria la intervención estatal para promover la gestión colectiva de
los derechos de autor, por lo cual puede el Estado, con el fin de que se
proteja un interés público o colectivo, fijar procedimientos tales como el de
la ventanilla única de recaudo.
En
cuanto al supuesto desconocimiento de las facultades extraordinarias otorgadas
por la Ley 1474 de 2011, señala que las normas cuestionadas son un desarrollo
ajustado de las mismas, como quiera que mediante el mecanismo de la ventanilla
única se propende por racionalizar los trámites y asegurar el respeto de los
derechos de autor generados por la reproducción de obras musicales, fonogramas,
obras audiovisuales e interpretaciones artísticas en los diferentes
establecimientos públicos.
4.
Sociedad de Autores y Compositores de Colombia – SAYCO
SAYCO
intervino en el proceso de la referencia para defender la constitucionalidad de
las normas demandadas.
Luego
de hacer un recuento de la línea jurisprudencial a través de la cual se han
protegido los derechos de autor, en lo que tiene que ver con la gestión
colectiva de tales derechos, señala que se han constituido más de 15
asociaciones de gestión colectiva que han generado un cobro indiscriminado de
los derechos de autor, principalmente en establecimientos abiertos al público,
sin especificarle al usuario el repertorio que representan ni demostrar la
titularidad del repertorio usado por el comerciante, con lo cual se han
generado largos procesos judiciales para el reconocimiento de tales derechos
patrimoniales, se han ocasionado cobros indebidos que nunca llegan a manos del
autor de las obras, denunciándose incluso penalmente el cobro ilegal de
derechos de autor de obras representadas exclusivamente por SAYCO.
Señala
que es en ese contexto que resultaba necesario simplificar el procedimiento
existente, con el fin de asegurar un cobro unificado y de expedición de las
licencias, reducir los riesgos de corrupción y garantizar adecuadamente los
derechos de autor, para lo cual estaba expresamente facultado el Ejecutivo.
5.
Intervenciones de comerciantes
Varios
ciudadanos,[2] dueños de establecimientos
abiertos al público intervinieron para solicitar que las normas demandadas
fueran declaradas inexequibles por considerar que no corresponde al Presidente
reformar el trámite de recaudo de los derechos de autor, debido a que ese
trámite está en manos de particulares.
VI.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN.
La
Procuradora General de la Nación (E), en Concepto No. 5373 recibido el 25 de
mayo de 2012, solicita a la Corte Constitucional que declare EXEQUIBLES los
artículos 47 y 48 del Decreto Ley 019 de 2012, por los cargos analizados.
En
primer lugar precisa que pese a que el demandante cuestionó también el artículo
48 ibídem, conforme al cual la sociedad que se constituya debe publicar la
lista de tarifas anuales, no presentó cargo alguno contra éste artículo al
parecer por asumir que su inconstitucionalidad sería una consecuencia de la
declaración de la inexequibilidad del referido artículo 47.
La
representante del Ministerio Público sostiene que el artículo 47 del Decreto
Ley 019 de 2012, con el propósito de reducir los trámites que deben cumplir los
propietarios o responsables de establecimientos abiertos al público, prevé la
creación de una ventanilla única para el recaudo unificado de los derechos de
autor y conexos. Con ese fin establece la posibilidad de que los titulares de
derechos de autor o derechos conexos no afiliados a sociedades de gestión
colectiva y las asociaciones que los representen puedan hacer parte de la
ventanilla única, así como constituir una sociedad para el manejo de dicha
ventanilla, en la que participen las sociedades de gestión colectiva y los
titulares de derechos de autor que quieran asociarse, que de crearse deberá
iniciar su funcionamiento a más tardar el 1 de enero de 2013.
Resalta
la Vista Fiscal que la lectura que hace el actor surge principalmente del
parágrafo que establece que en caso de que no se constituya una única sociedad
legal, las sociedades de gestión colectiva no podrán realizar recaudo por la administración de los
derechos de sus socios en establecimientos de comercio, de lo cual deduce el
demandante que no podrán seguir cobrando derechos de autor. Para el Ministerio Público esa lectura requiere varias
precisiones: 1) las consecuencias de la no constitución de la ventanilla única
se predican sólo de las sociedades de gestión colectiva, y no de otras
personas. 2) dichas consecuencias se predican sólo del recaudo por
administración de los derechos de los socios en establecimientos de comercio,
realizada por dichas sociedades.
En
opinión de la Procuradora, dadas las particulares condiciones de las sociedades
de gestión colectiva, su actividad se inscribe en el marco de la actividad
económica, en el cual la intervención del Estado, por medio de la regulación,
es más intensa, al punto que llega a hablarse de la existencia de normas de
orden público, por lo cual se puede establecer una mayor restricción al derecho
de asociación. En este marco, concluye, las previsiones contenidas en el
artículo 47 del Decreto Ley 019 de 2012 no contrarían la Carta.
En
cuanto a las facultades conferidas por el Congreso de la República al
Presidente de la República, “para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública,”
sostiene la Procuradora encargada que las normas demandadas en nada
desconocen tal facultad, como quiera que “la existencia de una ventanilla
única para el recaudo de unos derechos, elimina una serie de trámites
innecesarios que hacen más gravosa la situación de los obligados a realizar el
pago correspondiente, e incluso de los propios encargados del recaudo y de sus
beneficiarios. Además, brinda condiciones para reducir la evasión y la elusión
del pago, y la existencia de posibles conflictos en torno a éste, al brindar
condiciones seguras y adecuadas para realizarlo.”
Por
lo anterior solicita que se declaren exequibles las normas demandadas por los
cargos analizados en la sentencia.
VII.       CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
En virtud de lo dispuesto por el artículo
241-5 Superior, la Corte Constitucional es competente para conocer de las
demandas de inconstitucionalidad contra normas de rango legal, como la que se
acusa en la demanda que se estudia.
2. Cuestión
Preliminar: Aptitud del cargo para producir un pronunciamiento de fondo
Como quiera que la Federación Nacional de Comerciantes – Fenalco -
señala que la demanda no presenta argumentos pertinentes, ni suficientes para
que se produzca un pronunciamiento de fondo por parte de la Corte
Constitucional, pasa la Sala a examinar ese punto.
De conformidad con reiterada jurisprudencia, quien ejerce la
acción pública de inconstitucionalidad contra una norma determinada, debe
referir con precisión el objeto demandado, el concepto de la
violación y la razón por la cual la Corte es competente para conocer
del asunto, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991.[3] En cuanto a las razones por las cuales los textos
normativos demandados violan la Constitución la jurisprudencia ha señalado que
las mismas han de ser (i) claras, (ii) ciertas, (iii) específicas,
(iv) pertinentes y (v) suficientes. Esto es así, pues de lo
contrario, como lo ha sostenido esta Corte previamente, se terminaría en un
fallo inhibitorio, circunstancia que frustra la expectativa legítima de los
demandantes de recibir un pronunciamiento de fondo por parte de la Corte
Constitucional.
Si bien es cierto que el demandante
inicialmente deduce que la norma obliga a la constitución de una única
sociedad, en la corrección de esa demanda señala que llega a tal conclusión
porque el parágrafo 1 de la norma trae como sanción por la no constitución de
una única sociedad la imposibilidad de continuar cobrando de manera
independiente los derechos de autor. Adicionalmente, el actor plantea un cargo
por supuesta extralimitación de las facultades extraordinarias. Si bien los
cargos y el nivel de argumentación de la demanda es básico, en aplicación del
principio pro actione, considera la Corte que la demanda sí plantea un
cargo de inconstitucionalidad, en tanto propone, que es tal la complejidad de
los acuerdos que deben lograr quienes acudan a conformar la ventanilla única,
que en últimas no queda más alternativa que conformar una sociedad. El cargo
también es pertinente y suficiente, en la medida en que a pesar
de la brevedad de los argumentos expresados por el demandante, plantea una duda
razonable sobre la competencia del Gobierno para expedir la norma cuestionada.
En esa medida, es claro que puede
iniciarse el estudio de las normas demandadas en torno a los cargos planteados.
3. Planteamiento de los problemas jurídicos
A partir de los antecedentes expuestos,
corresponde a la Sala Plena resolver los siguientes problemas jurídicos:
¿Se extralimitó el Presidente de la
República al expedir los artículos 47 y 48 del Decreto 019 de 2012, mediante
los cuales se establece la ventanilla única para el cobro de los derechos de
autor a los establecimientos abiertos al público por la reproducción de obras musicales, fonogramas, obras
audiovisuales y/o interpretaciones artísticas, toda vez que las facultades
extraordinarias fueron conferidas para suprimir o modificar trámites
innecesarios en la Administración Pública, y el recaudo de los derechos de
autor es un trámite realizado por particulares?
¿Desconocen los artículos 47 y 48 del
Decreto 019 de 2012, la libertad de asociación, al establecer el mecanismo de
la ventanilla única para el cobro unificado de los derechos de autor a los
establecimientos abiertos al público que reproduzcan obras musicales, fonogramas, obras
audiovisuales y/o interpretaciones artísticas?
Con el fin de resolver los anteriores
problemas jurídicos, en primer lugar la Corte recordará brevemente la
jurisprudencia sobre los límites materiales que deben respetarse al otorgar
facultades extraordinarias y  de las facultades del gobierno al ejercerlas,
para precisar cuál fue el ámbito de las otorgadas mediante la Ley 1474 de 2011.
Con base en esta doctrina, resolverá el primero de los problemas planteados.
A continuación hará una breve referencia a
la potestad de configuración del legislador en materia económica y los límites
que pueden imponerse a la libertad de asociación, y en particular lo que esta
Corporación ha señalado en relación con las formas asociativas en materia de
gestión colectiva de los derechos de autor y conexos, para finalmente examinar
el segundo problema planteado.
4. Los
límites materiales para el otorgamiento de
facultades extraordinarias y para su utilización. Ámbito de las facultades
extraordinarias otorgadas mediante la Ley 1474 de 2011
4.1. En reiterada jurisprudencia esta Corte[4] ha establecido que la función legislativa que corresponde
en principio y en virtud de la cláusula general de competencia ejercer al
Legislador, puede ser trasladada excepcional y temporalmente al Presidente de la
República, de conformidad con el artículo 150 numeral 10, en virtud de la
concesión de facultades extraordinarias. A este respecto ha dicho la Corte:
“De conformidad con el artículo 150, numeral 10 de la
Carta Política, la función legislativa que corresponde ejercer al Congreso de la
República, en forma permanente, puede ser objeto de traslado temporal al
Presidente de la República en virtud de la concesión de facultades
extraordinarias, lo cual guarda estrecha relación con la efectividad de los
fines y cometidos del Estado y con el principio de colaboración armónica entre
las diversas ramas del poder público que propugna la Constitución.”[5]
Este tipo de autorizaciones debe cumplir tanto requisitos formales
como materiales. En cuanto a los requisitos formales se encuentra la necesidad
de la solicitud expresa del Gobierno para su otorgamiento, la aprobación por
mayoría absoluta de los miembros de cada cámara, la habilitación legislativa solamente en aquellos casos de necesidad o
conveniencia pública, el reconocimiento de la
conservación de la competencia del legislador para regular o modificar aquellas
materias que fueron delegadas, y la concesión temporal o “pro
témpore” –máximo por seis (6) meses.
Como límites materiales para su otorgamiento, está la prohibición
de otorgar facultades para regular materias que
por su naturaleza e importancia sólo pueden ser reguladas por el Legislador: expedir códigos, leyes estatutarias, leyes orgánicas y
leyes marco, así como decretar impuestos.[6]
4.2.
Para efectos del presente caso, se recogen brevemente las reglas
jurisprudenciales sobre el otorgamiento de facultades extraordinarias:
(i)
Deben ser conferidas de manera expresa, para expedir normas sobre determinadas
materias, delimitadas con claridad en la ley habilitante, sin que puedan
otorgarse facultades implícitas o presuntas. “Conforme a clásicos principios
hermenéuticos, la interpretación del alcance concreto de la extensión de esas
facultades debe ser estricta y restrictiva, por lo cual ellas sólo comprenden
los asuntos expresamente indicados por la ley habilitante, sin que haya lugar a
extensiones ni analogías, puesto que debe entenderse que es una habilitación
excepcional y necesaria para el logro de un fin concreto, preciso y taxativo”.[7]
(ii)
Dado el mandato constitucional de precisión en el otorgamiento de facultades
extraordinarias, es necesario que la habilitación legislativa correspondiente
cumpla con tres requisitos fundamentales: “1) indicar la materia que
delimita el ámbito sustantivo de acción del Ejecutivo; 2) señalar la finalidad
a la cual debe apuntar el Presidente de la República al ejercer las facultades;
y 3) enunciar los criterios que han de orientar las decisiones del Ejecutivo
respecto de las opciones de diseño de política pública dentro del ámbito
material general de la habilitación”.[8]
Ha
explicado esta Corporación que por medio de la exigencia de precisión, “se
le impone al Congreso la obligación de definir en forma específica, clara,
cierta y delimitable, el campo normativo dentro del cual le corresponde actuar
al Gobierno, sin que le sea posible hacerlo en forma vaga, ambigua e
indeterminada, ‘puesto que ello representaría una habilitación en blanco al
Ejecutivo equivalente a una renuncia inaceptable del Congreso a ejercer la
función legislativa que el Constituyente le ha confiado’;[9] circunstancia que, por supuesto, conduce
indefectiblemente a la declaratoria de inconstitucionalidad de las facultades
otorgadas o de las medidas que por su intermedio fueron expedidas”.[10]
La
precisión se refiere, entonces, a las materias respecto de las cuales se
imparte la habilitación legislativa, y es en relación con dichas materias que
debe verificarse si el Ejecutivo ha respetado los límites competenciales que
pesan sobre sus facultades extraordinarias. Lo vago, ambiguo, confuso o ilimitado
no ofrece un parámetro cierto para que el juez constitucional controle el
respeto del marco de la habilitación”.[11] Sobre este
punto la Corte Constitucional expresó que para que “pueda el Gobierno
legislar amparado en una ley de la naturaleza mencionada, (…) ha de obrar
dentro del limitado y específico ámbito que tengan las autorizaciones de las
que es investido, las cuales deben ser expresas, de tal forma que, para
reclamar su constitucionalidad, las materias tratadas en los decretos que se
expidan encajen de modo exacto en el objeto señalado por el Congreso. Esto
excluye las facultades implícitas”.[12]
(iii)
De dicho requisito de precisión surge que el Presidente de la República debe
respetar los límites materiales establecidos en la ley habilitante, en la
medida en que las normas que expida en ejercicio de las facultades
extraordinarias deben referirse directa y únicamente a las materias señaladas
expresamente en dicha ley.[13]
En
el mismo sentido, señaló la Corte que “aun cuando la validez del requisito
de precisión depende básicamente de que el Congreso fije a las facultades un
objetivo claro y específico en torno a la materia, a los propósitos y a los
criterios orientadores de la habilitación, la jurisprudencia constitucional, en
pro de no hacer inoperante el ejercicio de esa función constitucional
extraordinaria,[14] también ha venido sosteniendo, incluso desde la época
en que la H. Corte Suprema ejercía el control de constitucionalidad de las
leyes, que la concesión de facultades amplias y generales por parte del
Parlamento, no afecta ni se contrapone a la exigencia de precisión, y en
consecuencia, tampoco conlleva una violación de la Constitución Política”.[15]
(iv)
El requisito de precisión en el otorgamiento de facultades extraordinarias no se
opone a que tales facultades sean más o menos amplias, según lo estime
conveniente el Congreso, siempre y cuando no se confieran en términos vagos,
indeterminados o imprecisos. Sobre este punto, dijo expresamente la Corte que “el
concepto ‘precisión’ se refiere no al grado de amplitud de la ley de
facultades, sino a su nivel de claridad en cuanto a la delimitación de la
materia a la que se refiere”.[16] En este
mismo sentido la Corte ha afirmado que “la precisión exigida por el numeral
10 del artículo 150 Superior ha de ser la indispensable para determinar, de un
modo claro, la materia que es objeto de autorización extraordinaria, pero sin
que ello signifique que en la misma ley de delegación legislativa se
predeterminen los aspectos o preceptos que constituyen el encargo otorgado al Presidente
de la República. Una interpretación diferente del aludido mandato superior
haría en verdad inútil el otorgamiento de las facultades extraordinarias para
legislar sobre determinados asuntos”.[17]
(v)
No está incluido dentro del requisito de precisión, que sea el mismo Congreso
el que establezca hasta el mínimo detalle de los asuntos específicos y
puntuales que deberán ser regulados, puesto que ello desnaturalizaría la figura
de la concesión de facultades extraordinarias.[18]
(vi)
Es necesario que el Congreso haga claridad sobre los propósitos o finalidades
que animan la concesión de las facultades al Presidente, con el fin de que lo
orienten para que pueda respetar el mandato otorgado.[19]
(vii)
En virtud del mandato constitucional de precisión que rige el otorgamiento y se
proyecta al ejercicio de las facultades extraordinarias, el alcance de las mismas
ha de ser interpretado en forma restrictiva.[20]
(vi)
Las facultades extraordinarias deber ser además necesarias e indispensables
para el logro de determinado.[21]
4.3. Sobre el ámbito de
competencia del Presidente, la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente en
relación con el alcance de los términos empleados en el otorgamiento de las
facultades:
“Para determinar los límites materiales
de dichas facultades se debe comenzar por precisar el alcance de las
expresiones “regulaciones, procedimientos, y trámites innecesarios existentes
en la administración pública,” que justamente la ley habilitante faculta a
“suprimir o reformar.”
La expresión “suprimir”, en cuanto hacer
cesar o desaparecer algo, se entiende jurídicamente como sinónimo de abrogar
normas o abolir un aspecto sustancial o procedimental regulado en ellas. Y la
voz “reformar”, entendida como volver a formar, rehacer, por lo general con la
intención de mejorarlo, hace referencia a modificaciones introducidas en los
supuestos fácticos o jurídicos contenidas en las reglas de derecho.
En relación con el objeto u objetos sobre
los cuales deben recaer las acciones precitadas del ejecutivo, la norma de
facultades señaló que debían dirigirse hacia tópicos existentes en la
administración pública, como “regulaciones”, esto es, reglamentos de ajuste u
ordenación de aspectos de un sistema; “procedimientos” o modo secuencial de
ejecutar algunas cosas; y “trámites” como diligencias que hay que recorrer en
determinado asunto o negocio hasta su conclusión.
Finalmente, condiciona el objeto de las
facultades extraordinarias a que se trate de regulaciones, procedimientos o
trámites innecesarios, esto es, no indispensables o que no hacen falta.
De las anteriores consideraciones podemos concluir que el
legislador extraordinario estaba facultado para dictar las normas con fuerza de
ley tendientes a eliminar o alternativamente modificar reglas, métodos de
ejecución o diligencias no indispensables en la Administración Pública”.[22]
En
ejercicio de lo que establece el artículo 150.10 Superior, el Congreso otorgó
en el parágrafo del artículo 75 de la Ley 1474 de 2011, facultades
extraordinarias al Presidente, por seis meses contados a partir del 12 de julio
2011, en los siguientes términos:
ARTÍCULO
75.- POLÍTICA ANTITRÁMITES. (…)
(…).
Parágrafo 1. De conformidad con lo dispuesto en el
numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, revístese al
Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para que en
el término de seis meses, contados a partir de la fecha de publicación de la
presente ley, expida normas con fuerza de ley para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
administración pública.
Los artículos demandados en el presente
proceso hacen parte del capítulo II sobre trámites, procedimientos y regulaciones del sector
administrativo. Según las facultades otorgadas expresamente por el Congreso al Presidente
de la República, éste podía suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y
trámites innecesarios en la Administración Pública con el fin de fortalecer los
mecanismos de prevención y sanción de los actos de corrupción y mejorar la
efectividad del control de la gestión Pública.
El actor afirma que esas facultades fueron
desbordadas por el Presidente, al establecer el mecanismo de la ventanilla
única para el recaudo de los derechos de autor y para la expedición de la
certificación de pago por la reproducción de obras musicales, fonogramas, obras audiovisuales y/o
interpretaciones artísticas
en establecimientos abiertos al público, asunto que pasa a estudiarse a
continuación.
5. El procedimiento de recaudo de
los derechos de autor previsto en los artículos 47 y 48 del Decreto 019 de 2012
mediante el cual se modificó el procedimiento consagrado en la Ley 232 de 1995,
no desborda las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 1474 de 2011
5.1. Según el accionante, las facultades
extraordinarias otorgadas mediante la Ley 1474 de 2011, fueron desbordadas al
establecer el mecanismo de la ventanilla única para el recaudo de los derechos
de autor y para la expedición de la certificación de pago por la reproducción
de obras musicales,
fonogramas, obras audiovisuales y/o interpretaciones artísticas en establecimientos abiertos al público,
por dos razones básicas: 1) porque no se trataba de un trámite innecesario existente
en la Administración Pública, ya que el recaudo de estos derechos lo hacían
personas privadas; y 2) porque el trámite no fue simplificado sino por el
contrario se hizo más complejo.
Para la Corte ninguna de las razones
alegadas se presenta con respecto a las normas objeto de estudio porque 1) el
recaudo de estos derechos de autor era un trámite existente en la
Administración Pública realizado por particulares en desarrollo del principio
de descentralización por colaboración y las facultades fueron otorgadas también
para reformar procedimientos, y 2) el establecimiento de una ventanilla única
para el recaudo y para la expedición del certificado de pago simplificó el
cumplimiento de este requisito por parte de los establecimientos abiertos al
público y garantizó una mejor protección de los derechos de autor y su recaudo.
5.2. Si bien los derechos que se negocian en el
recaudo de derechos de autor son por lo general de contenido patrimonial
privado, se trata de una actividad intensamente regulada por la ley en virtud
del interés público que protegen y de la potestad de intervención del Estado en
la economía. Así lo previó la Ley 232 de 1995 “Por medio de la
cual se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos
comerciales", que se ocupa de garantizar el
cumplimiento de las normas sobre derechos de autor y conexos en
establecimientos abiertos al público. En el literal c) de su artículo 2
establece las siguientes obligaciones que deben cumplir dichos establecimientos
en materia de derechos de autor:
c) Para aquellos establecimientos donde se ejecuten
públicamente obras musicales causante de pago por derechos de autor, se les
exigirá los comprobantes de pago expedidos por la autoridad legalmente
reconocida, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 23 de 1982 y demás normas
complementarias.
Con base en esta disposición todo establecimiento
abierto al público que ejecute públicamente obras musicales, fonogramas,
interpretaciones o ejecuciones artísticas esta obligado a pagar los derechos de
autor. Los artículos 3 y 4 de la Ley 232 de 1995 establecen las sanciones y el
procedimiento policivo para garantizar el cumplimiento de este requisito.[23]
Es cierto que la expedición de este comprobante la
hacen tanto las asociaciones de gestión colectiva, como los titulares de los
derechos de autor. No obstante, el hecho de que este trámite sea realizado por
particulares no desdibuja el hecho de que se trata de un procedimiento de
índole administrativa, adelantado por particulares,[24] en
desarrollo del principio de descentralización por colaboración.
El carácter administrativo de esta función se deriva
de la naturaleza de los derechos de autor, de su protección constitucional en
el artículo 61 de la Carta y del procedimiento policivo previsto en la Ley 232
de 1995 para asegurar que los establecimientos de comercio den pleno cumplimiento
al deber de protección de la propiedad intelectual.[25]
Si bien es cierto que el recaudo de los derechos de autor por la ejecución de obras
musicales, fonogramas, interpretaciones o ejecuciones artísticas en
establecimientos abiertos al público recae sobre recursos de carácter privado,
la función administrativa que realizan los particulares en virtud de la figura
de la descentralización por colaboración, se refiere a una función de carácter
público: la expedición de los certificados mediante la cual los establecimientos
comerciales acreditan el cumplimiento de dos requisitos para su funcionamiento:
(i) que están autorizados para ejecutar públicamente tales obras y (ii) que han
pagado los derechos de autor respectivos. El ejercicio de esta función fue
autorizada por las Leyes 23 de 1982, 44 de 1993 y 232 de 1995.
La
figura de la descentralización por colaboración, autorizada por el artículo 210 de la Carta, se caracteriza por la existencia de una relación
directa entre la función que se descentraliza y el objeto social que desarrolla
la entidad o persona de derecho privado que recibe la función administrativa. De
conformidad con el artículo 210 Superior, la ley debe señalar las condiciones
en que los particulares pueden cumplir con estas funciones, indicando de manera
clara y precisa, las condiciones de tiempo, modo y lugar en que un particular
puede ejercer excepcionalmente funciones públicas para colaborar con el Estado
y con la Administración Pública.
Esta
figura ha sido utilizada tradicionalmente para aprovechar la capacidad
organizativa instalada de los particulares y con ello garantizar la eficiencia
de la función administrativa, tal como ocurre con las Cámaras de Comercio al
administrar el Registro Único de Proponentes, con la Federación de Cafeteros al
recaudar la contribución parafiscal de los cafeteros, con las Cajas de
Compensación al cobrar la contribución parafiscal de los empleadores para la
recreación de sus empleados, o, como ocurre en el asunto bajo revisión, con las
sociedades de gestión colectiva al expedir a los establecimientos comerciales
las certificaciones de autorización de reproducción de obras musicales,
fonogramas, interpretaciones o
ejecuciones artísticas y de pago de los
respectivos derechos de autor.[26]
En
el asunto bajo revisión las condiciones para el ejercicio de esta función
fueron señaladas en las leyes 23 de 1982, 44 de 1993 y 232 de 1995 y la
Decisión Andina 351, mediante las cuales se establece que la autorización para
la realización de espectáculos musicales o para la reproducción pública de
fonogramas, interpretaciones y obras musicales en establecimientos de comercio
depende de que el responsable presente los comprobantes que demuestren que está
autorizado para reproducir tales obras y ha pagado los derechos de autor
respectivos.
De
conformidad con esas disposiciones, los
establecimientos comerciales están obligados a obtener autorización previa y
expresa del titular de las obras musicales o audiovisuales que se pretendan
reproducir públicamente, a pagar la remuneración que se acuerde con el titular,
a remunerar a los productores de fonogramas y a los artistas intérpretes o
ejecutantes, cuyos fonogramas, interpretaciones o ejecuciones artísticas sean
comunicadas públicamente, de conformidad con lo que establecen  los artículos 13[27]
y 37, literal d)[28] de la Decisión Andina
351 de 1993, así como los artículos 3,[29] 12,[30]
168[31] y 173[32]
de la Ley 23 de 1982), y a presentar a las autoridades administrativas las
certificaciones que acreditan el cumplimiento de tales requisitos (art. 2, Ley
232 de 1995).
Dado la importancia constitucional de la protección de
la propiedad intelectual, esta Corporación ha reconocido que el recaudo de los
derechos de autor trasciende la órbita privada para convertirse en un asunto de
interés público:
El recaudo de los derechos que corresponden a los
autores por concepto de ejecución, representación, exhibición, uso o
explotación de las obras generadas en su creatividad o concepción artística o
intelectual, que representan una forma de propiedad constitucionalmente
protegida, no puede librarse a la voluntad puramente contractual, al acuerdo o
al convenio entre quien explota el material al que se refieren aquéllos y el
autor correspondiente o quien sus derechos representa, sino que, a juicio de
esta Corte, involucra necesariamente la actividad estatal e implica la
consagración de normas de orden público no susceptibles de ser contradichas o
anuladas mediante pactos bilaterales.
En efecto, se trata de derechos inalienables, de
conformidad con el artículo 61 de la Constitución, que al declarar, con carácter
imperativo, la protección de la propiedad intelectual, a cargo del Estado,
estatuye que ella tendrá lugar por el tiempo y mediante las formalidades que
establezca la ley.
Aunque el legislador goza de competencia para
establecer las modalidades del amparo de los indicados derechos, lo que no
puede esquivar es la responsabilidad que la Constitución le ha confiado en la
búsqueda de instrumentos aptos para obtener que en la práctica los autores no
sean víctimas de imposiciones arbitrarias o abusivas por parte de quienes
ejecutan, representan, exhiben, usan o explotan sus obras, para desconocer lo
que constitucionalmente se les debe por tales conceptos.[33]
Al expedir los artículos cuestionados, el Presidente no
excedió las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la
República, como quiera que fueron ejercidas para regular un trámite
administrativo en el que participan particulares en desarrollo del principio de
descentralización por colaboración para la expedición de los certificados de
autorización de ejecución y de pago del recaudo de derechos de autor sobre
obras musicales difundidas en establecimientos abiertos al público.
5.3. También se le facultaba para reformar trámites y
procedimientos innecesarios en la Administración Pública. En esa medida, no
constituye una extralimitación de tales facultades que los artículos
cuestionados modificaran el procedimiento de recaudo de los derechos de autor,
para simplificarlo y unificarlo y de esta manera evitar la evasión del pago de
los derechos de autor por la reproducción pública de obras musicales,
fonogramas, interpretaciones o ejecuciones artísticas en establecimientos
abiertos al público.
5.4. Finalmente, el trámite modificado no establece
un procedimiento más complejo para el recaudo de los derechos de autor. Por el
contrario lo simplifica y unifica, asegurando un trámite más expedito,
estandarizado y transparente.
Legalmente los comerciantes que exploten o utilicen
obras musicales y audiovisuales, así como fonogramas e interpretaciones
artísticas, están obligados a:
1)
Obtener autorización previa y
expresa del titular de las obras musicales que se pretendan reproducir
públicamente, y si es del caso pagar la remuneración que se acuerde con el
titular (Art. 13[34] de la Decisión Andina
351 de 1993 y Artículos 3[35] y 12[36]
de la Ley 23 de 1982).
2)
Obtener autorización previa y
expresa del titular de las obras audiovisuales que se pretendan reproducir
públicamente, y si es del caso pagar la remuneración que se acuerde con el
titular (Art. 13 de la Decisión Andina 351 de 1993 y Artículos 3, 12 y 103[37]
de la Ley 23 de 1982).
3)
Remunerar a los productores de
fonogramas y a los artistas intérpretes o ejecutantes, cuyos fonogramas,
interpretaciones o ejecuciones artísticas sean comunicadas públicamente (Art.
37, literal d)[38] de la Decisión Andina
351 de 1993 y Artículo 173[39] de la Ley 23 de 1982).
4)
Remunerar a los artistas intérpretes
o ejecutantes, cuyas interpretaciones o ejecuciones sean comunicadas
públicamente (Art. 168[40] de la Ley 23 de 1982).
Los trámites que actualmente realizan los
establecimientos de comercio para cumplir con las exigencias establecidas en la
Ley 232 de 1995, “por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento
de los establecimientos comerciales”, en la práctica pueden
implicar para un comerciante la obtención de cerca de 12 licencias distintas
por la comunicación pública de obras y composiciones musicales. Con la
ventanilla única, el trámite se concentra y unifica, facilitando no sólo la
expedición de las certificaciones respectivas, sino el recaudo de los derechos
de autor.
Por lo tanto, los artículos demandados son una
expresión respetuosa de los límites fijados en artículo 75 de la Ley 1474 de
2011.
5.5. Contrario a lo afirmado por el demandante, las
disposiciones cuestionadas no desbordan los límites materiales fijados por la
Ley 1474 de 2011 para el ejercicio de las facultades extraordinarias al
reformar el procedimiento de recaudo de derechos de autor por la reproducción
pública de obras musicales y audiovisuales, así como fonogramas e
interpretaciones artísticas en establecimientos abiertos al público, puesto que
tal procedimiento resultaba innecesariamente engorroso y poco garantista de los
derechos de autor y, en esa medida, era más proclive a la arbitrariedad.
Pasa la Corte a examinar el segundo cargo planteado.
6.
Las disposiciones demandadas no vulneran el derecho de asociación
6.1. Según el demandante, la creación de la ventanilla
única vulnera el derecho de asociación en la medida que, a pesar del lenguaje
aparentemente potestativo, establece un procedimiento tan complejo para la
adopción del mismo que termina por obligar a la constitución de una única
sociedad.
6.2. Con el fin de examinar el cuestionamiento del
demandante, es preciso determinar el contenido de las dos disposiciones
demandadas.
Los artículos 47 y 48 hacen parte de las
disposiciones sobre trámites, procedimientos
y regulaciones del sector administrativo del interior, a que hace referencia el Capítulo II,
del Título II del Decreto 019 de 2012.
El artículo 47 se refiere expresamente a
la constitución de la ventanilla única para la obtención de las licencias y el
pago integrado de los derechos de autor y conexos, mientras que el artículo 48
establece el mecanismo para el funcionamiento de la ventanilla única, que implica
el que se acuerde una lista de tarifas para vigencias anuales con los gremios,
las asociaciones de usuarios legalmente constituidas o los particulares, para
el cobro unificado del recaudo. Tal como lo señala el parágrafo 3 del artículo
47, el pago por la ventanilla única recaudadora hará presumir que el usuario ha
cumplido integralmente con la obligación contemplada en el literal c) del
artículo 2 de la Ley 232 de 1995.
Este procedimiento de ventanilla única,
tiene como finalidad expresa “reducir los trámites que los propietarios o
responsables de establecimientos abiertos al público deben realizar para
acreditar los requisitos de funcionamiento, cuando almacenan digitalmente obras
musicales, fonogramas y videos musicales, y ejecutan o comunican al público
obras musicales, fonogramas, obras audiovisuales y/o interpretaciones
artísticas, para los efectos del literal c) del artículo 2 de la Ley 232 de 1995.” Mediante este
procedimiento se lograrán dos cosas “la obtención unificada de las
licencias” y “el pago integrado de los derechos de autor y conexos.”
Del procedimiento de ventanilla única recaudadora
también pueden hacerse parte los titulares de derechos de autor no afiliados a
las sociedades de gestión colectiva, como las asociaciones que los representan.
El artículo 47 propone para la creación de
la ventanilla única, que se constituya una sociedad en la que participen las
sociedades de gestión colectiva, los titulares de derechos de autor y las
asociaciones que los representan.
En el evento en que se constituya la
sociedad, la organización, administración y funcionamiento, así como las reglas
sobre elección, conformación de los órganos de dirección y administración, el
régimen de votaciones y la toma de decisiones de la misma serán acordados por
sus miembros en los estatutos sociales en proporción a su participación en el
recaudo. En caso de que se constituya la sociedad para el manejo de tal
ventanilla, ésta deberá iniciar su funcionamiento a más tardar el primero (1)
de enero de 2013.
De constituirse esta sociedad, el
parágrafo 2 del artículo 47 del Decreto 019 de 2012 establece que estará sujeta
a la inspección y vigilancia de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de
conformidad con los artículos 53 a 63 del Decreto 3942 del 2010.
Como puede observarse, contrario a lo
señalado por el demandante, del texto de los artículos 47 y 48 no se deduce que
la constitución de una sociedad recaudadora sea obligatoria. Sin embargo, dado
que el accionante señala que el nivel de acuerdos que deben alcanzarse para la
constitución de la ventanilla es tan complejo que obligaría a la constitución
de tal sociedad, pasa a examinar la Corte si tal como ha sido establecido, es
cierto que la norma termine por obligar a la constitución de la sociedad y por
esta vía desproteja a los titulares de derechos de autor.
Con el fin de examinar este
cuestionamiento, se recordará brevemente la jurisprudencia de la Corte, sobre
la libertad de asociación, cuando se trata de la gestión colectiva de los
derechos de autor.
6.3. De conformidad con el artículo 61 de la
Constitución, “el Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y
mediante las formalidades que establezca la ley.” Tal como lo ha señalado
esta Corporación, la disposición indica que es el legislador quien debe
reglamentar estos temas, siempre y cuando no deje desprotegidos a los autores y
establezca procedimientos razonables para el reconocimiento de los derechos de
autor y sus derechos conexos. Así lo señaló en la sentencia C-509 de 2004,[41]
en donde dijo lo siguiente:
“Esta
exigencia de razonabilidad no es un capricho, pues aunque el legislador goza de
una amplia competencia para establecer las modalidades del amparo de este tipo
de derechos, no puede esquivar la responsabilidad que la Constitución le ha
confiado en la búsqueda de instrumentos aptos para obtener que en la práctica
los autores no sean víctimas de imposiciones arbitrarias o abusivas por parte
de quienes ejecutan, representan, exhiben, usan o explotan sus obras, para
desconocer lo que constitucionalmente se les debe por tales conceptos. Admitir
trabas excesivas sería hacer nugatoria la protección, eliminar cualquier
garantía e ir en contravía de la Carta y la especial protección que ésta otorga
a la propiedad intelectual”.
En desarrollo de
este artículo, el legislador ha establecido distintos procedimientos para el
recaudo de los derechos de autor y sus derechos conexos, ya sea mediante la
gestión individual o la gestión colectiva que ha sido regulada en las leyes 23
de 1982, 44 de 1993, 232 de 1995, 599 de 2000, 603 de 2000, 1403 de 2010 y 1520
de 2012, entre otras disposiciones, con el fin de asegurar el obligatorio
reconocimiento de los derechos de autor y sus derechos conexos derivados del
artículo 61 de la Carta.
A pesar del amplio
margen de configuración del legislador en esta materia,  no puede regularlos de
tal manera que desnaturalice los derechos de autor y conexos a través de
procedimientos que impidan su goce efectivo. Por tanto, “este es un asunto
en el cual se involucra necesariamente la actividad estatal e implica la
consagración de normas de orden público no susceptibles de ser contradichas o
anuladas mediante pactos bilaterales”.[42]
En
relación con la gestión colectiva de los derechos de autor, la Corte se ha
referido al derecho de asociación y reconocido, de manera general, que este
derecho de asociación tiene una dimensión negativa que le permite a su titular
abstenerse de vincularse a una asociación determinada o bien retirarse de
cualquiera a la que pertenezca, cuando libremente lo decida (arts. 16 y 38 C.P.). Así, la Corte ha dicho que “constituye una violación del derecho de asociación y en
consecuencia una afrenta al  derecho constitucional,  forzar a las personas a
vincularse a  una determinada organización, o hacer de tal vinculación un
elemento necesario  para tener acceso a un derecho fundamental, - como el
trabajo por ejemplo-, o condicionar los beneficios que normalmente podrían
lograrse  sin tener necesariamente que asociarse[43],
a la existencia de un vínculo obligatorio en este sentido”[44].
En
este sentido, la Corte ha considerado ajustadas a la Constitución disposiciones
que han limitado el ejercicio del derecho de asociación en su aspecto negativo.
En tales oportunidades, la Corte ha sostenido que “el interés público
involucrado en el fenómeno asociativo amerita la imposición de medidas
interventoras en el derecho de asociación, de manera que los particulares
queden conminados a agruparse para desplegar actividades específicas de la vida
social.” Siempre y cuando el recorte de las garantías sea razonable y
proporcional al fin perseguido.
En
materia de gestión de derechos de autor, una de las mayores fuentes de la
complejidad para el recaudo de los derechos de autor y conexos es la creciente
masificación en la difusión de las obras protegidas, especialmente de obras
musicales que genera dos tensiones: 1) la necesidad de garantizar el interés
público en la difusión y la accesibilidad generalizada de una obra, y, 2) la
imposibilidad práctica de adelantar una gestión individual de los derechos de
autor y los derechos conexos. Esa tensión hizo imperativo que para hacer
efectivo el mandato constitucional de protección a la propiedad intelectual y lograr
conciliar los distintos intereses en juego, el legislador acudiera a medidas
regulatorias que privilegian la gestión colectiva de tales derechos.
En
cuanto a la gestión colectiva de estos derechos, en la Sentencia C-509 de 2004, la Corte puntualizó que el legislador no
puede imponer gravámenes desproporcionados a quienes opten por la gestión
individual o a través de formas asociativas distintas a las sociedades de
gestión colectiva y que, por consiguiente, la previsión del literal c) del
artículo 2º de la Ley 232 de 1995, conforme al cual a los establecimientos
donde se ejecuten públicamente obras musicales causantes de pago por derechos
de autor, se les exigirá los comprobantes de pago expedidos por la autoridad
legalmente reconocida, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 23 de 1982 y
demás normas complementarias, es constitucional en el sentido que también
deberá exigirse el comprobante de pago en aquellos casos en que los autores
acojan formas de asociación distintas a la gestión colectiva, o realicen sus
reclamaciones en forma individual.[45]
Sobre
este mismo punto, en la sentencia C-833 de 2007, la Corte dijo lo siguiente:
“Las modalidades colectivas de gestión responden no
sólo a la consideración sobre la extrema dificultad que pueden enfrentar los titulares
para hacer efectivos individualmente sus derechos, sino también a la
complejidad que implicaría para los usuarios tramitar las autorizaciones y los
pagos directa y separadamente con los titulares de los derechos respectivos, al
punto de que podrían verse, incluso, en la imposibilidad de cumplir con la
obligación de pagar la remuneración debida a los titulares de los derechos. De
este modo, los sistemas diseñados por la ley para una efectiva gestión de los
derechos de autor responden no solo a la necesidad de dar respuesta al
imperativo constitucional de proteger tales derechos, sino también al propósito
de permitir una más amplia difusión de las creaciones del talento humano, con
el reconocimiento de una remuneración equitativa a los derecho-habientes y sin
perjuicio de su derechos exclusivos”.[46]
De lo anterior surge que la promoción de
formas asociativas para la gestión colectiva de los derechos de autor, resulta
compatible con la Carta, siempre y cuando no signifique la desprotección de los
titulares individuales de derechos de autor que decidan no asociarse a alguna
de las formas asociativas de gestión previstas en la ley.
6.4. Para la Corte, contrario a lo que
afirma el demandante, los artículos cuestionados no vulneran el derecho de
asociación ni dejan desprotegidos los derechos de los titulares individuales de
derechos de autor.
A esta conclusión se llega no sólo porque
el tenor literal del artículo 47 establece como una de las alternativas
posibles para la ventanilla única, el que se constituya una sociedad, sino
porque en todo caso, se dejan a salvo los derechos de los titulares
individuales de los derechos de autor que no se encuentren afiliados a una
sociedad de gestión colectiva, quienes tienen la potestad de vincularse al
procedimiento de la ventanilla única.
La constitución de una sociedad de recaudo
no es la única alternativa posible para el establecimiento de una ventanilla
única. Como quiera que lo que busca la norma es la implementación de un
procedimiento unificado de recaudo, con criterios y tarifas comunes para el
cobro de este derecho, así como la simplificación del procedimiento existente a
través de una herramienta que le permita
a los comerciantes que pretendan comunicar públicamente obras musicales,
fonogramas, realizar los trámites necesarios para el pago de los derechos de
autor y para la obtención de la certificación sobre autorización de reproducción
pública de obras musicales y audiovisuales, así como de fonogramas e
interpretaciones artísticas en establecimientos abiertos al público, en el
menor tiempo posible y con la reducción de los trámites. Esto se puede lograr a
través de otros mecanismos, por ejemplo mediante la
búsqueda de acuerdos y concertaciones sobre los métodos y criterios para
calcular el monto de los derechos de autor y para lograr su recaudo efectivo,
titulares de derechos de autor y sociedades de gestión colectiva puedan
establecer un mecanismo de ventanilla única para el recaudo, sin que deban
asociarse bajo la figura de una sociedad recaudadora.
Si bien es cierto que el artículo 47 bajo
estudio, establece una consecuencia negativa para las sociedades de gestión
colectiva que no constituyan la ventanilla única, al impedirles que puedan
cobrar por la administración de los derechos de sus socios en establecimientos
de comercio, esta disposición no cobija a los titulares de derechos de autor,
ni afecta el recaudo de tales derechos. A pesar de la deficiente redacción del
inciso, la finalidad prevista por la no constitución de la ventanilla única no
es impedir el recaudo de los derechos de autor, como afirma el demandante, sino
evitar que las sociedades de gestión colectiva cobren por la administración de
los recursos de sus asociados.
Por lo anterior, concluye la Corte
Constitucional que los artículos 47 y 48 del Decreto 019 de 2012 no vulneran el
derecho de asociación, en cuanto no obligan a la constitución de una sociedad
de recaudo, ni impiden el ejercicio de sus derechos a los titulares de los
derechos de autor y en consecuencia serán declarados exequibles por los cargos
analizados en esta sentencia.
VIII.
DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declarar EXEQUIBLES los artículos
47 y 48 del Decreto Ley 019 de 2012 por los cargos analizados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Ausente con permiso
ALEXEI JULIO ESTRADA
Magistrado (E)
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Adicionalmente, la Dirección Nacional de Derechos de Autor en escrito del 16 de mayo de 2012, intervino para precisar que la
afirmación según la cual “casi la totalidad de las quejas” tramitadas
ante esa Dirección lo han sido por intervención del demandante no es cierta,
pues en realidad solo 15 de las 45 quejas en trámite han sido promovidas por el
señor Jorge Garrido Abad o de la Organización Garrido Abad. La Dirección anexó las 45 respuestas dadas a cada uno de los
quejosos. Folios 44 a 404 del Cuaderno 2 de pruebas.
[2] César Barrios Briñez, Blanca Emilia Cardoso,
Manuel A. Cardoso, Henry Gutiérrez, Álvaro Janit Ariza, Ruan Liufen, Israel
Moreno Cardoso,  José Ángel Ortíz, Carlos Enrique Paramo, Jesús Antonio Pérez,
Blanca Aurora Robledo, Blanca A. Vaquiro  (Folio 153). Francy S. Solorzano
Neuta (Folio 154) Doris Castro, Luz Elena López, Ricardo Martínez, Adriana
Isabel Moreno, Carlos Ospina, Martha Ospina, Jorge Ospina, Gloria Ospina,
Margarita Rincón, José Heriberto Restrepo, Carlos M. Sánchez, Víctor H.
Sánchez, Libardo Sepúlveda, Gloria Tobón, Darío Valencia, entre otros (Folio
157).
[3] Al respecto ver  sentencias C-447 de 1997 (MP. Alejandro Martínez
Caballero), C-1544 de 2000 (MP. José Gregorio Hernández Galindo), C-803 de 2006
(MP. Jaime Córdoba Triviño) y C-428 de 2008 (MP. Rodrigo Escobar Gil).
[4] Ver sentencias C-562 de 1996 (MP: Alejandro Martínez Caballero, SV.
Eduardo Cifuentes Muñoz); C-979 del 2002 (MP. Jaime Araújo Rentería, unánime);
C- 691 de 2003 (MP. Clara Inés Vargas Hernández, AV. Jaime Araújo Rentería);
C-734 de 2003 (MP. Álvaro Tafur Galvis, SV. Jaime Araújo Rentería); C-892 de
2003(MP. Álvaro Tafur Galvis, AV. Jaime Araújo Rentería); C- 228 de 2004 (MP.
Eduardo Montealegre Lynett SV. Jaime Araújo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra,
Clara Inés Vargas Hernández); C-061 de 2005 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa,
SPV. Humberto Antonio Sierra Porto); C-1152 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas
Hernández, SV. Humberto Antonio Sierra Porto);  C-244 de 2006 (MP. Humberto
Antonio Sierra Porto); C-577 de 2006 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto); C-858
de 2006 (MP. Jaime Córdoba Triviño, SPV. Jaime Araujo Rentería, SV. Humberto
Antonio Sierra Porto, AV. Álvaro Tafur Galvis); C-211 del 2007 (MP. Álvaro
Tafur Galvis, SPV. Humberto Antonio Sierra Porto); C-313 de 2007 (MP. Marco
Gerardo Monroy Cabra); C-396 de 2012 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio); C-240 de
2012 (MP: Nilson Pinilla Pinilla); C-421 de 2012 (MP. Mauricio González
Cuervo).
[5] Sentencia C-979 de 2002 (MP. Jaime Araújo Rentería).
[6] Sentencia C-211 del 2007 (MP. Álvaro Tafur Galvis)
[7] Sentencia C-1252 de 2001(MP. Clara Inés Vargas Hernández).
[8] Sentencia C-097 de 2003 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[9] Sentencia C-097 de 2003 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[10] Sentencia C-306 de 2004 (MP. Rodrigo Escobar Gil).
[11] Sentencia C-097 de 2003(MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[12] Sentencia C-039 de 1995 (MP. José Gregorio Hernández Galindo).
[13] En la sentencia C-228 de 2004 (MP. Eduardo Montealegre Lynett) se sostuvo: “el Presidente de la República, al ejercer las facultades extraordinarias que le han sido debidamente otorgadas
mediante una ley de la República, se encuentra limitado temporal y
materialmente, esto es que las normas que profiera en dicho ejercicio deben
serlo dentro del término que el Congreso ha fijado para el efecto y referidas
únicamente a las materias para las cuales ha sido habilitado (…) Así, este
Tribunal ha enfatizado en el carácter expreso y preciso de las facultades, lo
que implica la imposibilidad de que existan facultades extraordinarias
implícitas”. En términos similares ver la sentencia C-1157 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett).
[14]  Ver entre otras, las sentencias C-032 de 1999 (MP. Vladimiro Naranjo
Mesa) y C-097 de 2003 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa AV. Jaime Araújo
Rentería y Alfredo Beltrán Sierra)
[15] Sentencia C-306 de 2004 (MP. Rodrigo Escobar Gil)
[16] Sentencia C-074 de 1993 (MP. Ciro Angarita Barón).
[17] Sentencia C-1028 de 2002 (MP. Clara Inés Vargas Hernández)
[18] Sentencia C-074 de 1993 (MP. Ciro Angarita Barón). Ha dicho la Corte, en este sentido, que “cuando el Congreso predetermina completamente el contenido de
los futuros decretos con fuerza de ley, no está en realidad habilitando
transitoriamente al Ejecutivo para legislar sino ejerciendo directamente sus
competencias como titular del poder legislativo.
[19] Sentencia C-     de 2012 (MP, Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub) [está en el orden del día. Fue entreagdo el 20 de septiembre).
[20]  Sentencia C-050 de 1997 (MP. Jorge Arango Mejía).
[21]  Sentencia C-895 de 2001 (MP. Clara Inés Vargas Hernández).
[22] Sentencia C-711 de 2012 (MP. Mauricio González Cuervo).
[23] El artículo 3° de la Ley 232 de 1995 establece: “En cualquier tiempo las autoridades
policivas podrán verificar el estricto cumplimiento de los requisitos señalados
en el artículo anterior. El artículo 4° de la misma ley, dispone: “El alcalde, quien haga sus veces, o el funcionario que reciba
la delegación, siguiendo el procedimiento señalado en el libro primero del
Código Contencioso Administrativo, actuará con quien no cumpla los requisitos
previstos en el artículo 2° de esta Ley, de la siguiente manera; ǁ 1.
Requerirlo por escrito para que en un término de 30 días calendario cumpla con
los requisitos que hagan falta. ǁ 2. Imponerle multas sucesivas hasta por
la suma de 5 salarios mínimos mensuales por cada día de incumplimiento y hasta
por el término de 30 días calendarios. ǁ 3. Ordenar la suspensión de las
actividades comerciales desarrolladas en el establecimiento, por un término
hasta de 2 meses, para que cumpla con los requisitos de la ley. ǁ 4.
Ordenar el cierre definitivo del establecimiento de comercio, si transcurridos
2 meses de haber sido sancionado con las medidas de suspensión, continúa sin
observar las disposiciones contenidas en la presente Ley, o cuando el
cumplimiento del requisito sea posible”.
[24] Sobre la posibilidad del cumplimiento de
funciones administrativas por parte de particulares, esta Corte señaló lo
siguiente en la sentencia C-166 de 1995 (MP. Hernando Herrera Vergara): La
presencia de organizaciones de naturaleza privada en la realización de
actividades administrativas, de las cuales el Estado es titular originario,
doctrinariamente es concebida como una especie de la denominada
descentralización por colaboración, lo que permite afirmar sin lugar a dudas,
que la función administrativa no atañe de manera exclusiva al poder público
sino que también incumbe a personas privadas, aspecto este último que se
inscribe dentro de la perspectiva, más amplia, de la participación de los
administrados "en las decisiones que los afectan y en la vida económica,
política, administrativa y cultural de la Nación", que el artículo 2o. de la Constitución colombiana consagra como uno de los fines prevalentes del Estado.
(…) Esta directriz, que nuestro Estatuto Superior contempla, encuentra
desarrollos concretos en algunas normas constitucionales.  Para los efectos que
en esta oportunidad interesa precisar basta citar los artículos 123, 365 y
principalmente el artículo 210 de la Carta Política. De acuerdo con las voces del primero, la ley determinará el régimen aplicable a los particulares que
temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio; conforme
al artículo 365 los particulares prestan servicios públicos, y según el
artículo 210 "Los particulares pueden cumplir funciones administrativas en
las condiciones que señale la ley". (…) En la legislación anterior a la
vigencia de la Carta de 1991, el ejercicio de funciones administrativas por
particulares había encontrado específicos desarrollos en la preceptiva del
Código Contencioso Administrativo que, al definir el campo de su aplicación, en
el artículo 1o., señaló que las normas de la parte primera se aplicarían a "las
entidades privadas" cuando "cumplan funciones administrativas".
Así mismo en su artículo 82 sometió al control jurisdiccional pertinente "las
controversias y litigios administrativos originados en la actividad de personas
privadas que desempeñen funciones administrativas", criterio que volvió a
incluir en el artículo 128 (numeral 1o.) al definir la competencia del Consejo
de Estado; por lo demás, la jurisprudencia nacional hizo eco de la tendencia
examinada, reconociendo la existencia de actos administrativos originados en
entidades privadas, en reiterados pronunciamientos entre los cuales se
destacan, como antecedentes, la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia el 14 de octubre de 1970 y la posterior de 10 de febrero de 1978
emanada del Consejo de Estado.”
[25] Mediante el Decreto N° 3942 de octubre 25 de 2010, “(…) se reglamentan
las Leyes 23 de 1982, 44 de 1993 y el artículo 2 literal c) de la Ley 239 de 1995, en relación con las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de
derechos conexos y la entidad recaudadora y se dictan otras disposiciones”.
[26] Ver
entre otras, las sentencias C-414 de 2012 (MP: Mauricio González Cuervo), C-984
de 2010 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y los autos A-194 de 2008 (MP. Nilson
Pinilla Pinilla, AV. Jaime Araújo Rentería) y A-342 de 2009 (MP. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo)
[27] Decisión Andina 351 de 1993, Artículo 13.- “El autor o, en su caso,
sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o
prohibir: ║ a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; ║
b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las
palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; ║ c) La
distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta,
arrendamiento o alquiler; ║ d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de
copias hechas sin autorización del titular del derecho; ║
e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.”
[28] Decisión Andina 351 de 1993, Artículo 37.- “Los
productores de fonogramas tienen el derecho de: (…) d) Percibir una
remuneración por cada utilización del fonograma o copias del mismo con fines
comerciales, la que podrá ser compartida con los artistas intérpretes o
ejecutantes en los términos que establezcan las legislaciones internas de los
Países Miembros.”
[29] Ley
23 de 1982, Artículo 3º.- “Los
derechos de autor comprenden para sus titulares las facultades exclusivas: ǁ a. De disponer de su obra a título gratuito u
oneroso bajo las condiciones lícitas que su libre criterio les dicte. ǁ b. De aprovecharla, con fines de lucro o sin
él, por medio de la imprenta, grabado, copias, molde, fonograma, fotografía,
película cinematografía, videograma, y por la ejecución, recitación,
representación, traducción, adaptación, exhibición, transmisión, o cualquier
otro medio de reproducción, multiplicación, o difusión conocido o por conocer. ǁ c. De ejercer las prerrogativas, aseguradas
por esta Ley en defensa de su "derecho moral", como se estipula en el
Capítulo II, Sección Segunda, artículo 30 de esta Ley. ǁ d. De obtener una remuneración a la propiedad
intelectual por ejecución pública o divulgación, en donde prime el derecho de
autor sobre los demás, en una proporción no menor del sesenta por ciento (60%)
del total recaudado.”
(literal adicionado por la Ley 44 de 1993).
[30] Ley 23 de 1982, Artículo 12.- “El autor de una obra protegida tendrá el derecho exclusivo de realizar
o de autorizar uno cualquiera de los actos siguientes: ǁ a) Reproducir la obra; ǁ b)
Efectuar una traducción, una adaptación, un arreglo o cualquier otra
transformación de la obra, y ǁ c)
Comunicar la obra al público mediante representación, ejecución, radiodifusión
o por cualquier otro medio.” (La
ejecución de este artículo fue suspendida por el Artículo 13 de la Decisión 351 del tribunal Andino de la Comunidad Andina de Naciones).
[31] Ley 23 de 1982, Artículo 168.- (Modificado
por la Ley 1403 de 2010) “Desde el momento en que los artistas, intérpretes
o ejecutantes autoricen la incorporación de su interpretación o ejecución en
una fijación de imagen o de imágenes y sonidos, no tendrán aplicación las
disposiciones contenidas en los apartes b) y c) del artículo 166 y c) del
artículo 167 anteriores. ǁ Parágrafo 1°. Sin perjuicio de lo contemplado en el párrafo anterior,
los artistas intérpretes de obras y grabaciones audiovisuales conservarán, en
todo caso, el derecho a percibir una remuneración equitativa por la
comunicación pública, incluida la puesta a disposición y el alquiler comercial
al público, de las obras y grabaciones audiovisuales donde se encuentren
fijadas sus interpretaciones o ejecuciones. En ejercicio de este derecho no
podrán prohibir, alterar o suspender la producción o la normal explotación
comercial de la obra audiovisual por parte de su productor, utilizador o
causahabiente. ǁ Este
derecho de remuneración se hará efectivo a través de las sociedades de gestión
colectiva, constituidas y desarrolladas por los artistas intérpretes de obras y
grabaciones audiovisuales, conforme a las normas vigentes sobre derechos de
autor y derechos conexos. ǁ Parágrafo 2°. No se considerará comunicación pública, para los efectos
de esta ley, la que se realice con fines estrictamente educativos, dentro del
recinto o instalaciones de los institutos de educación, siempre que no se cobre
suma alguna por el derecho de entrada. Así mismo, el pago o reconocimiento de
este derecho de remuneración no le es aplicable a aquellos establecimientos abiertos
al público que utilicen la obra audiovisual para el entretenimiento de sus
trabajadores, o cuya finalidad de comunicación de la obra audiovisual no sea la
de entretener con ella al público consumidor con ánimo de lucro o de ventas,
sean ellos tiendas, bares, cantinas, supermercados, droguerías, salas de
belleza, gimnasios y otros de distribución de productos y servicios. ǁ Parágrafo 3°. Para los fines de esta ley ha de entenderse por artista
intérprete a quien interprete un papel principal, secundario o de reparto,
previsto en el correspondiente libreto de la obra audiovisual.”
[32] Ley
23 de 1982, Artículo 173.— (Modificado
por la Ley 44 de 1993) “Cuando un fonograma publicado con fines
comerciales, o una reproducción de este fonograma se utilicen directamente para
radiodifusión o para cualquier otra forma de comunicación al público, el
utilizador abonará una remuneración equitativa y única, destinada a la vez a
los artistas, intérpretes o ejecutantes y al productor del fonograma, suma que
será pagada por el utilizador a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los
productores de fonogramas, a través de las sociedades de gestión colectiva
constituidas conforme a la ley, y distribuida por partes iguales.” [Artículo
declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por los cargos analizados, mediante
Sentencia C-424-05, de 26 de abril de 2005, Magistrado Ponente Dr. Marco
Gerardo Monroy Cabra, '...condicionada a que se entienda que si los titulares
de los derechos derivados de la interpretación, ejecución o producción de
fonogramas que se ejecutan públicamente optan por no vincularse a una sociedad
colectiva de gestión, el pago se hará mediante el mecanismo se acuerde
libremente, pero dentro del marco de las normas legales vigentes]
[33] Sentencia C-519 de 1999 (MP. José Gregorio
Hernández Galindo).
[34] Decisión Andina 351 de 1993, Artículo 13.- “El autor o, en su caso,
sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o
prohibir: ║ a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; ║
b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las
palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; ║ c) La
distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta,
arrendamiento o alquiler; ║ d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de
copias hechas sin autorización del titular del derecho; ║
e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.”
[35] Ley
23 de 1982, Artículo 3º.- “Los
derechos de autor comprenden para sus titulares las facultades exclusivas: ǁ a. De disponer de su obra a título gratuito u
oneroso bajo las condiciones lícitas que su libre criterio les dicte. ǁ b. De aprovecharla, con fines de lucro o sin
él, por medio de la imprenta, grabado, copias, molde, fonograma, fotografía,
película cinematografía, videograma, y por la ejecución, recitación,
representación, traducción, adaptación, exhibición, transmisión, o cualquier
otro medio de reproducción, multiplicación, o difusión conocido o por conocer. ǁ c. De ejercer las prerrogativas, aseguradas
por esta Ley en defensa de su "derecho moral", como se estipula en el
Capítulo II, Sección Segunda, artículo 30 de esta Ley. ǁ d. De obtener una remuneración a la propiedad
intelectual por ejecución pública o divulgación, en donde prime el derecho de
autor sobre los demás, en una proporción no menor del sesenta por ciento (60%)
del total recaudado.”
(literal adicionado por la Ley 44 de 1993).
[36] Ley 23 de 1982, Artículo 12.- “El autor de una obra protegida tendrá el derecho exclusivo de realizar
o de autorizar uno cualquiera de los actos siguientes: ǁ a) Reproducir la obra; ǁ b)
Efectuar una traducción, una adaptación, un arreglo o cualquier otra
transformación de la obra, y ǁ c)
Comunicar la obra al público mediante representación, ejecución, radiodifusión
o por cualquier otro medio.” (La
ejecución de este artículo fue suspendida por el Artículo 13 de la Decisión 351 del tribunal Andino de la Comunidad Andina de Naciones).
[37] Ley
23 de 1982, Artículo 103.— “El
productor de la obra cinematográfica tendrá los siguientes derechos exclusivos:
ǁ a) Fijar y reproducir la obra cinematográfica
para distribuirla y exhibirla por cualquier medio a su alcance en salas
cinematográficas o en lugares que hagan sus veces o cualquier medio de
proyección o difusión que pueda surgir, obteniendo un beneficio económico por
ello; ǁ b) Vender o alquilar los ejemplares de la
obra cinematográfica o hacer aumentos o reducciones en su formato para su exhibición,
y ǁ c) Autorizar las traducciones y otras
adaptaciones o transformaciones cinematográficas de la obra, y explotarlas en
la medida en que se requiere para el mejor aprovechamiento económico de ella, y
perseguir ante los tribunales y jueces competentes, cualquier reproducción o
exhibición no autorizada de la obra cinematográfica, derecho que también
corresponde a los autores quienes podrán actuar aislada o conjuntamente.”
[38] Decisión Andina 351 de 1993, Artículo 37.- “Los
productores de fonogramas tienen el derecho de: (…) d) Percibir una
remuneración por cada utilización del fonograma o copias del mismo con fines
comerciales, la que podrá ser compartida con los artistas intérpretes o
ejecutantes en los términos que establezcan las legislaciones internas de los
Países Miembros.”
[39] Ley
23 de 1982, Artículo 173.— (Modificado
por la Ley 44 de 1993) “Cuando un fonograma publicado con fines
comerciales, o una reproducción de este fonograma se utilicen directamente para
radiodifusión o para cualquier otra forma de comunicación al público, el
utilizador abonará una remuneración equitativa y única, destinada a la vez a
los artistas, intérpretes o ejecutantes y al productor del fonograma, suma que
será pagada por el utilizador a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los
productores de fonogramas, a través de las sociedades de gestión colectiva
constituidas conforme a la ley, y distribuida por partes iguales.” [Artículo
declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por los cargos analizados, mediante
Sentencia C-424-05, de 26 de abril de 2005, Magistrado Ponente Dr. Marco
Gerardo Monroy Cabra, '...condicionada a que se entienda que si los titulares
de los derechos derivados de la interpretación, ejecución o producción de
fonogramas que se ejecutan públicamente optan por no vincularse a una sociedad
colectiva de gestión, el pago se hará mediante el mecanismo se acuerde
libremente, pero dentro del marco de las normas legales vigentes]
[40] Ley 23 de 1982, Artículo 168.- (Modificado
por la Ley 1403 de 2010) “Desde el momento en que los artistas, intérpretes
o ejecutantes autoricen la incorporación de su interpretación o ejecución en
una fijación de imagen o de imágenes y sonidos, no tendrán aplicación las
disposiciones contenidas en los apartes b) y c) del artículo 166 y c) del
artículo 167 anteriores. ǁ Parágrafo 1°. Sin perjuicio de lo contemplado en el párrafo anterior,
los artistas intérpretes de obras y grabaciones audiovisuales conservarán, en
todo caso, el derecho a percibir una remuneración equitativa por la
comunicación pública, incluida la puesta a disposición y el alquiler comercial
al público, de las obras y grabaciones audiovisuales donde se encuentren fijadas
sus interpretaciones o ejecuciones. En ejercicio de este derecho no podrán
prohibir, alterar o suspender la producción o la normal explotación comercial
de la obra audiovisual por parte de su productor, utilizador o causahabiente. ǁ Este derecho de remuneración se hará efectivo a través de las
sociedades de gestión colectiva, constituidas y desarrolladas por los artistas
intérpretes de obras y grabaciones audiovisuales, conforme a las normas
vigentes sobre derechos de autor y derechos conexos. ǁ Parágrafo 2°. No se considerará comunicación pública, para los efectos
de esta ley, la que se realice con fines estrictamente educativos, dentro del
recinto o instalaciones de los institutos de educación, siempre que no se cobre
suma alguna por el derecho de entrada. Así mismo, el pago o reconocimiento de
este derecho de remuneración no le es aplicable a aquellos establecimientos
abiertos al público que utilicen la obra audiovisual para el entretenimiento de
sus trabajadores, o cuya finalidad de comunicación de la obra audiovisual no
sea la de entretener con ella al público consumidor con ánimo de lucro o de
ventas, sean ellos tiendas, bares, cantinas, supermercados, droguerías, salas
de belleza, gimnasios y otros de distribución de productos y servicios. ǁ Parágrafo 3°. Para los fines de esta ley ha de entenderse por artista
intérprete a quien interprete un papel principal, secundario o de reparto,
previsto en el correspondiente libreto de la obra audiovisual.”
[41] MP. Eduardo Montealegre Lynett.
[42] Ver sentencia C-519 de 1999.
[43] Sentencia C-492 de 1996 (MP José Gregorio Hernández Galindo).
[44] Sentencia C-399 de 1999 (MP. Alejandro Martínez Caballero).
[45] Dijo la Corte entonces: “Teniendo en cuenta que la Constitución establece una protección especial
para este tipo de derechos y que la ley no limita la gestión a la colectiva o
la individual, sino que permite cualquiera de las dos opciones, es claro que
esta expresión hace una distinción inadecuada sobre la aplicación de este
procedimiento. Y es que ni siquiera si se entendiera que tal autoridad son las
sociedades de gestión colectiva se estaría siguiendo lo prescrito por el
artículo 61 de la Constitución, pues habría una restricción desproporcionada a
los titulares de derechos de autor y derechos conexos que gestionan sus
derechos de manera individual, pues ellos no podrían expedir comprobantes de
pago que tuvieran valor para que las autoridades del Estado verificaran el
pago. Es decir, las entidades del Estado encargadas de verificar la protección
de los derechos de autor nunca exigirían los comprobantes expedidos por quienes
gestionen individualmente sus derechos y la finalidad de la norma - la
protección de los derechos de autor- se vería disminuida de manera
significativa. Todo ello es consecuencia de la legislación actual en la materia. Así, las normas referidas a las sociedades de gestión colectiva que las ubican como
entidades totalmente privadas, no ofrecen garantías suficientes para agremiar a
todos los titulares de derechos de autor y conexos, pues como entidades
surgidas de la libre iniciativa particular, se mueven en el marco de la
autonomía privada de la voluntad y sólo deben cumplir algunas estipulaciones
reguladas por la ley”.
[46] C-833 de 2007 (MP. Rodrigo Escobar Gil)