T-321-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-321/95
DEMOLICION DE
OBRAS/ACTO ADMINISTRATIVO/JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Las medidas
correctivas  de demolición de obras no son del tipo de providencias que ponen
fin a un juicio civil o penal de policía y, por consiguiente, equiparables a
decisiones jurisdiccionales. En tal virtud, los actos administrativos
contentivos de dichas medidas son susceptibles de ser demandados ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo en ejercicio de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho.
VIA DE HECHO-inobservancia de normas/PROCESO
ADMINISTRATIVO POLICIVO/DEBIDO PROCESO-Vulneración
En el presente caso, no se identifica a
ninguno de los infractores, ni a las construcciones objeto de la actuación
administrativa policiva, ni se precisan las circunstancias de tiempo, modo y
lugar sobre las cuales se estructura la respectiva contravención. De esta
manera, se incurre en una "vía de hecho" por la inobservancia de las
normas sustanciales y de las formalidades esenciales del proceso administrativo
policivo, lo cual configura la violación del debido proceso.
REFERENCIA:
Expedientes
acumulados números:
T-49597, T-50203,
T-50260, T-50330, T-50342, T-50380, T-50410, T-50492, T-50866, T-50897,
T-50939, T-51071, T-51110, T-51148, T-51165, T-51218, T-51285, T-51328,
T-51414, T-51453, T-51455, T-51645, T-51899, T-51918, T-53967.
PETICIONARIOS: Elvira Preciado Murillo; Bernarda Flórez
Granda; Vicente Chaparro Pacheco; Luis Alfredo Vargas Ruiz; Alfredo Triana
Rojas y María Zoila Quintero; María de Jesús Piza de López; Mauricio García
Bautista;  Blanca Celia Gil Molina; Luis Rafael Moreno Rodríguez; Yolanda
Caicedo y Mario Alberto Blanco Triviño; José Rubén Soler; Luis Germán Mora
Bareño y Cecilia García Bautista; Elvira Rosa Fonseca de Virguez; José Vicente
Acero Quiñonez y Rosa María Sierra;  María Inés Ramírez vda. de Herrera; Juan
Fuentes Medina; Edgar Telésforo Peña Rodríguez y María Aurora Méndez Amaya; Luz
Magola Bohórquez Sánchez; Margarita Poveda de Méndez; María Helena Ramírez
López y Edilberto Palacios Páez; Juan B. Villamil Rodríguez; Rita Jiménez
Urbina y Alirio Santamaría Olarte; Pedro María Ardila Méndez; Darío Ramírez;
Luis Humberto Ramírez Martínez.
PROCEDENCIA:
Juzgados 6o., 7o.,
11, 17, 18, 21, 22, 23, 34, 39, 40, 48, 54, 58 y 60 Civil Municipal de Santafé
de Bogotá D.C., 3o., 4o., 5o., 6o.,  7o., 8o., 11.,12, 14,16, 20, 22, 23, 24,
27, 30, 31 y 32 0Civil del Circuito de Santafé de Bogotá D.C., y Tribunal
Superior del Distrito Judicial - Sala Civil, de esta ciudad.
TEMA:
Violación del debido
proceso administrativo policivo por irregularidades en la resolución que
declara en abstracto contraventores a todos los que han construido obras en un
predio y les sanciona con la demolición de las respectivas obras. Dichas
irregularidades además de constituir vicios sustanciales que afectan la
existencia misma del acto administrativo, lo convierten en una verdadera
"vía de hecho".
MAGISTRADO
PONENTE:
ANTONIO BARRERA
CARBONELL
Aprobada en Santafé
de Bogotá D.C., a los veinticuatro (24) días del mes julio de mil novecientos
noventa y cinco (1995)
La Sala Segunda de Revisión
de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados ANTONIO BARRERA
CARBONELL, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Y CARLOS GAVIRIA DIAZ, revisa los fallos
proferidos por los juzgados 6o., 7o., 11, 17, 18, 21, 22, 23, 34, 39, 40, 48,
54, 58 y 60 Civil Municipal de Santafé de Bogotá D.C., 3o., 4o., 5o., 6o., 7o.,
8o., 11, 12, 14,16, 20, 22, 23, 24, 27, 30, 31 y 32 Civil del Circuito de
Santafé de Bogotá D. C., y Tribunal Superior del Distrito Judicial - Sala
Civil- de esta ciudad, en los procesos de tutela de la referencia.
La Sala de Selección
número once, escogió para la revisión los expedientes en cuestión y decidió su
acumulación por existir unidad de materia.
I. ANTECEDENTES.
1. La
identificación de los expedientes y los nombres de los solicitantes.
Dicha identificación
es la siguiente:
T-49597, Elvira
Preciado Murillo; T-50260, Vicente Chaparro Pacheco; T-50330, Luis Alfredo
Vargas; T-50342, Alfredo Triana Rojas y otros; T-50380, María de Jesús P. de
López; T-50410, Mauricio García Bautista; T-50492, Blanca Cecilia Gil Molina;
T- 50203, Bernardo Flórez Granda; T-50866, Luis Rafael Moreno Rodríguez;
T-50897, Yolanda Caicedo y otros; T-50939, José Rubén Soler; T-51071, Luis
Germán Mora Boreño y otros; T-51110, Elvira Rosa Fonseca Virguez; T-51165, Inés
Ramírez de Herrera; T-51148, José Acero Quiñonez y otros; T-51218, Juan Fuentes
Medina; T-51285, Edgar Telésforo Peña y otros; T-51328, Luz Magola Bohórquez
Sánchez; T-51414, Margarita Poveda de Méndez; T-51453, María Helena Ramírez y
otro; T-51455, Juan B. Villamil Rodríguez; T-51645, Rita Jiménez Urbina y
otros; T-51918, Pedro María Ardila Méndez; T-51899, Darío Ramírez; T-53967,
Luis Humberto Ramírez.
2. Las
pretensiones.
Por estimar violados
sus derechos al debido proceso, a la vivienda digna y a la propiedad las
personas antes relacionadas instauraron acción de tutela contra la actuación
del Alcalde Local Zona Once de Suba, señor Sergio Antonio Escobar Jaimes, ante
los juzgados 6o., 7o., 11, 17, 18, 21, 22, 23, 34, 39, 40, 48, 54, 58 y 60
Civil Municipal de Santafé de Bogotá D.C., 3o., 4o., 5o., 6o., 7o., 8o., 11,
12, 14,16, 20, 22, 23, 24, 27, 30, 31 y 32 Civil del Circuito de Santafé de
Bogotá D. C., y Tribunal Superior del Bogotá, respectivamente; para que se
suspenda, revoque, o se abstenga de ejecutar la medida de demolición de todas
las construcciones existentes sobre un lote de terreno denominado Santa Ana,
ubicado en jurisdicción del municipio de Suba, exactamente en el barrio el
Rincón, decretada según resolución N°006 del 25 de octubre de 1993.
3. Hechos.
Son comunes a todas
las demandas los siguientes hechos:
1. Los demandantes
adquirieron la posesión sobre un lote de terreno que hacía parte de otro de
mayor extensión denominado Santa Ana, ubicado en el barrio el Rincón del
Municipio anexado de Suba, entre las calles 129 B y 131 con la carrera 91.a sus
expensas
2. Cada demandante
procedió a adelantar, a sus expensas, la construcción de casas con el fin de
suministrar vivienda a sus familias o de destinarlas a otros propósitos.
3. Dicen los
demandantes que con posterioridad a la construcción de las edificaciones, se
enteraron de que el señor Alcalde de Suba había iniciado un procedimiento
policivo (expediente No. 251 de 1992), que culminó con la resolución
administrativa No. 006 de 1993, mediante la cual se dispuso la demolición de
todas las construcciones levantadas por los peticionarios en el predio Santa
Ana, desconociéndose algunas disposiciones que regulan esta clase de
actuaciones y, por ende, vulnerándoles los aludidos derechos fundamentales.
Además, la medida
señalada sólo era posible adoptarse una vez que los funcionarios de Planeación
Distrital, hubieren conceptuado sobre la procedencia de la demolición, en vista
de que el acuerdo 6 de 1990 permite la legalización de los barrios llamados
subnormales, como es el caso del barrio Santa Ana, en donde adquirieron sus
terrenos.
4. A juicio de los
actores, en este caso, debió tenerse en cuenta el hecho de que la ley contempla
otra clase de sanción para este tipo de infracciones, como las contempladas en
el artículo 66 de la ley 9o. de 1989, que menciona las multas para las personas
que desconozcan el régimen de construcción, o el Código de Policía de Bogotá (art.
99), en concordancia con el Código Nacional de Policía que señalan la
suspensión y el sellamiento de obras, teniendo en cuenta que la finalidad de
las autoridades es proteger los derechos de las personas (vida, honra y
bienes), aplicando aquéllas medidas que causen el menor daño posible a los
sujetos de las acciones policivas. Así, entonces, la decisión de la autoridad
acusada se torna desde todo punto de vista arbitraria, en cuanto adoptó una
decisión extrema consistente en demoler sus viviendas.
5. Finalmente
agregan los peticionarios que con base en el plano elaborado por los vendedores
de los lotes adquiridos por ellos, el Instituto de Desarrollo Urbano les hizo
cobro por concepto de valorización general.
II. LOS FALLOS
OBJETOS DE REVISION.
Primera
instancia.
En esta instancia,
algunos juzgados negaron la tutela y otros la concedieron.
1. Negaron la
tutela.
Los juzgados que
negaron la tutela, adujeron como fundamento de su decisión los siguientes
argumentos:
1.1. T- 49597,
Juzgado 54 Civil Municipal, Sentencia del 31 de agosto de 1994.
"(...) En
estas condiciones y como quiera que nos encontramos frente a la aplicación del
artículo 99 del Código de Policía de esta ciudad no es exigencia legal dictamen
alguno que sea proferido por el Departamento Administrativo de Planeación
Distrital, pues el infractor que continúe con la obra se le ordenará de plano
la demolición"
"...Que no
existe violación al debido proceso, que la accionante no puede alegar su propia
negligencia, pues su tradente se encuentra vinculado al proceso de obra
adelantado (se le impuso la suspensión de la construcción y al verificarse
testimonialmente la continuación de ésta la orden de la resolución lo cobija)
de modo que ha recibido la cosa prometida en el estado material y jurídico en
que la poseía su tradente aunque tales vicios le fueren desconocidos..."
1.2 T-50260,
Juzgado 14 Civil del Circuito, Sentencia del 2 de septiembre de 1994.
"... Esta
apreciación se basa en la errada interpretación de la norma por todas las
autoridades que han intervenido en este proceso: que los procesos por estas
infracciones no pueden ser colectivos y tal vez a ese hecho se refirió
Planeación Distrital sino iniciados y dirigidos a cada uno de los infractores porque
así lo expresan las normas aplicadas: el art. 99 dice: "A quien inicie
cualquiera de las obras.." y el art. 100 dice: A quien termine..", de
manera que toda acción por estos aspectos es de carácter individual y no puede
tener el género colectivo que le dio el señor Alcalde menor de Suba a su
decisión."
"Pero estas
posibles desviaciones del procedimiento no son susceptible de reformar por
medio de la acción de tutela porque siendo actos de la administración pública
tienen otros medios de defensa judicial y también... como es la vía de la
demanda ante el Contencioso Administrativo con la acción de nulidad con el
restablecimiento del derecho instituido en el art. 85 ibídem y el derecho a la
suspensión provisional del acto previsto en el art. 152 del mismo
Código..."
1.3. T-50203,
Juzgado 18 Civil Municipal, Sentencia de agosto 30 de 1994.
"... y como
quiera que dentro del presente asunto puede afirmarse que la  accionante tiene
o tuvo a su alcance mecanismos idóneos de defensa, así como la clara posibilidad
de solicitar la suspensión del acto administrativo del cual deriva su
fundamento la presente acción, según se desprende del informe rendido de manera
oportuna por el señor Alcalde local de la Zona de Suba...y en el que
literalmente se menciona que: "La señora BERNARDA FLOREZ G., en ningún
momento se presentó al Despacho, habiendo sido fijado avisos en el predio para
que se notificaran de los actos administrativos que se venían profiriendo tal
como aparece en el expediente, a quien se le recibieron descargos fue a las
personas sorprendidas infragantes ya que dichas construcciones se adelantaron
de forma clandestina...". Por ello es que habrá de tenerse por no
vulnerado el derecho fundamental al debido proceso".
"...en lo
que respecta al derecho fundamental a la propiedad privada y a la vivienda
digna, resulta innegable su carácter de fundamental y, por ende susceptible de
amparo a través de la acción de tutela; pero igualmente claro es que dichos
derechos deben ser ejercidos acorde con las disposiciones normativas vigentes
que como para el caso presente se refieren a lo reglamentado sobre obras y
urbanismo para el Distrito Capital. Siendo así como se puede concluir que la
acción de tutela aquí promovida es improcedente".
1.4. T-50330,
Juzgado 11 Civil Municipal, Sentencia de septiembre 5 de 1994.
"... Los
actos administrativos casi siempre son producto de una voluntad del Estado, son
expedidos conforme a la regulación legal y sobre ellos recaen mecanismos de
control interno, por parte de la administración por la vía gubernativa y si no
opera ya esta vía se debe acudir al control jurisdiccional Contencioso
Administrativo, ante la cual incluso el interesado puede alegar la ilegalidad
del acto".
"... De la
decisión tomada por el señor Alcalde menor de la zona de Suba este juzgado solo
esta obligado a tomar decisión frente al predio del accionante, es decir, al
lote No. 10 de la manzana H negando la protección invocada y como en efecto se
hará recomendando al accionante acudir a la revocatoria directa del acto por
parte del funcionario o por el superior según lo estime conveniente y
pertinente ya que por esta vía de tutela no se puede atacar la resolución No.
006 de 1993, por tanto no se accederá a la suspensión del acto indefinidamente
y se ordenará la no vigencia de la medida tomada por este despacho en auto de
fecha agosto 30 del presente año".
1.5. T-50342,
Juzgado 30 Civil del Circuito, Sentencia de septiembre 2 de 1994.
"... En
casos como este, en tratándose de un acto administrativo, y que además puede
proponer conjuntamente como mecanismo transitorio la acción de tutela, háse
(sic) dicho por la Corte Suprema de Justicia... "En estas condiciones no
parece lógico que un juez diferente al contencioso administrativo conozca de la
acción de tutela dirigida contra un acto u omisión administrativos, al tiempo
que éste necesariamente sea el que deba conocer de la acción de nulidad o de
las "demás procedentes" contra ese acto u omisión de la autoridad
pública..."
"... En
resumen, es suficiente lo narrado a renglón precedente para concluir que este
Despacho judicial no es competente para conocer de la presente acción como
mecanismo transitorio, por referirse a un acto administrativo, quien pude
estimar si existen recursos o medios de defensa judicial teniendo en cuenta las
circunstancias en que se encuentran los solicitantes".
1.6. T-50380,
Juzgado 27 Civil del Circuito, Sentencia de septiembre 2 de 1994.
"De todo lo
anterior es consciente la peticionaria, pues a lo largo de la causa petendi
anuncia que conocía el trámite de la acción policiva, de las visitas que
efectuaba el funcionario, y aún de la intervención de varios de los vecinos,
que se encontraban en la misma situación que ella".
"Además,
dentro de la actuación policiva existe constancia de publicidad de las órdenes
impartidas, de la citación de todos los que fueron ocupantes, propietarios, o
poseedores del predio inspeccionado, de lo cual también debía ser consciente la
petente".
"... y
realmente la falta de intervención se debió a su propia voluntad, pues debió
apersonarse de la situación, a sabienda de las consecuencias que podría tener
para su propiedad".
"...no se
avizora ninguna de las violaciones supuestas que plantea la accionante..."
1.7. T-50410,
Juzgado Once Civil del Circuito, Sentencia de agosto 26 de 1994.
"Compete a
las autoridades de policía, velar porque se observen y cumplan las normas
reguladas en su propio estatuto y entre ellas aparejando con el caso sub-judice
sucumben la de urbanismo y construcción de obras, que al ser violadas, faculta
a los encargados para imponer las sanciones y correctivos del caso ..."
"Existen
otros medios de defensa judicial, tan efectivo como el de la tutela" (Jurisdicción Contenciosa Administrativa).
"De autos se
desprenden que en éste caso no se ha violado el derecho al debido proceso ni a
la propiedad privada, ni a la vivienda..."
1.8. T-50492,
Juzgado Cuarenta Civil Municipal, Sentencia de agosto 30 de 1994.
"... Nótese
que se cumplió a cabalidad con los pasos procesales establecidos para el
efecto, además de que gozó en todas las mismas, del principio general del
derecho de la publicidad y contradicción, éste último ejercido incluso, por un
profesional del Derecho..., que a todos los ocupantes del predio Santa Ana se
les envió un aviso ( fl. 351) citándolos a la Alcaldía a fin de surtirse la
notificación de la resolución 006 de 1993, el cual se fijó en dicho predio,
pues existe constancia de la persona que lo hizo en noviembre 10/93...contra
dicha decisión se interpuso recurso de reposición...".
"... es
inaceptable la tesis aducida por la accionante en tutela, de que se le están
violando sus derechos fundamentales, señalados en la respectiva petición, como
principales y subsidiarios..."
"...Es bueno
dejar en claro, que no compete a este despacho judicial entrar a analizar, si
tal acto administrativo gozó o no de toda la legalidad que la ley solicita para
el efecto, ya que esta circunstancia debe ser juzgada por las autoridades de lo
contencioso administrativo..."
19. T-50866,
Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito, Sentencia de septiembre 1o. de 1994.
"...
Conforme al Código Contencioso Administrativo contra tal acto cabe la acción de
nulidad (art. 14 Dto. 2304/89), con petición de suspensión provisional, en ese
orden de ideas acontece que la acción de tutela aquí planteada cae dentro de la
causal primera de improcedencia del art. 6o. del Dto. 2591 por existir otro
medio de defensa judicial y, dentro de esa acción ante lo contencioso
igualmente y a través del mecanismo de la suspensión del acto se posibilita el
detener la orden de demolición..."
"...Específicamente
en punto al derecho a la vivienda se pronunció la H. Corte Constitucional así:
"El derecho a la vivienda sólo puede obtenerse al igual que todos los
derechos, de conformidad con la ley, y no desconociendo derechos de los
coasociados, como se ha pretendido, al convertir a los invasores en titulares
reclamantes del derecho a la vivienda establecido en la Constitución Política.
Se trata de un derecho asistencial, que debe ser promovido por el Estado, de
acuerdo con la ley, para ser prestado directamente por éste o a través de entes
asociativos e igualmente regulado jurídicamente, tal como se ha expresado. De
suerte que no es un" derecho fundamental" sobre el cual pueda caber
la acción de tutela aquí considerada. (Sent. No. 8/92)".
1.10. T-50897,
Juzgado 60 Civil Municipal, Sentencia de septiembre 5 de 1994.
"... Ahora
bien desde este punto de vista, el derecho a la propiedad privada y a la
vivienda digna, son fundamentales y protegidos por la Carta Magna, pero como se
observa que en la actuación policiva el funcionario que dictó la providencia,
objeto de tutela observó la ritualidad al efecto, sin que menguara derecho
alguno de los poseedores, por cuanto la decisión policiva se hizo en
consideración a la violación de los requisitos que tenían que reunir los
tutelantes para poder efectuar las obras o construcciones reglamentarias por
Planeación Distrital y Urbanismo y que no lo hicieron".
"Igualmente
en cuanto al debido proceso téngase en cuenta que no fue vulnerado dicho
proceso por cuanto la solicitante señora Yolanda Caicedo R, atendió la
diligencia de inspección, así mismo les fue notificada la decisión y no aparece
dentro del expediente peticiones por parte de los solicitantes".
1.11. T-50939,
Juzgado 8o. Civil del Circuito, Sentencia de septiembre 5 de 1994.
"...
Pretende el accionante a través de ésta acción, atacar la Resolución No. 006 de
1993 proferida por el Alcalde Local de Suba, situación que no es procedente a través
de la acción de tutela, en virtud de existir otro mecanismo de defensa judicial
como es la acción administrativa respecto de la nulidad del acto, el cual
conlleva a su vez la posibilidad de solicitar la suspensión provisional del
mismo...".
1.12. T-51071,
Juzgado 17 Civil Municipal, Sentencia de septiembre 5 de 1994.
"... Contra
el acto proferido por el señor Alcalde de Suba, como lo fue la mencionada
resolución No. 006/93, existe, como así mismo lo piensan los accionantes, un
medio de defensa judicial ante el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
de conformidad con el art. 18 del Dcto. 2288/89, medio de defensa, cual es la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el art. 85 del C.
C. A..."
1.13. T-51110,
Juzgado 39 Civil Municipal, Sentencia de agosto 29 de 1994.
"... la
accionante tiene a su alcance mecanismos idóneos de defensa de sus derechos e
intereses, para obtener la nulidad del acto administrativo que acusa y el
restablecimiento de su derecho, contando con la facultad de solicitar la
suspensión del mismo en la forma y términos del art. 152 del C. C. A..."
1.14. T-51148,
Juzgado 22 Civil Municipal, Sentencia de agosto 31 de 1994.
"... En el
presente caso, el derecho al debido proceso no ha sido violado, toda vez que no
se trata de una omisión del Alcalde Local de Suba, sino antes por el contrario
se ha hecho en cumplimiento a una queja elevada por uno de los propietarios del
predio Santa Ana, en donde se dieron las garantías procesales".
"...el
derecho a la propiedad privada y a la vivienda digna, son fundamentales y
protegidos por la Constitución Política; pero como se observa que dentro de la
actuación policiva el funcionario que dictó la providencia y que es objeto de
tutela observó la ritualidad al efecto, sin que se menguara derecho alguno de
los poseedores, por cuanto la decisión policiva se hizo en consideración a la
violación de los requisitos que tenían que reunir los poseedores para poder efectuar
las obras o construcciones reglamentadas por Planeación Distrital y Urbanismo y
no lo hicieron".
1.15. T-51165,
Juzgado 48 Civil Municipal, Sentencia de septiembre 5 de 1994.
"... Es de
anotar que la Sra. RAMIREZ VDA. DE HERRERA, cuenta con las acciones
administrativas que consagra el C.C.A., donde se regula claramente en los
artículos 154 y 158 lo referente a la suspensión del acto administrativo que se
ataque".
"Ahora bien,
al no hallarse conculcado el derecho al debido proceso, tenemos que los
derechos fundamentales que de él se hacían propender, indefectiblemente tampoco
lo están...".
1.16. T-51218,
Juzgado 4o. Civil del Circuito, Sentencia de agosto 23 de 1994.
"... En el
presente caso, el accionante cuenta con otro medio de defensa judicial distinto
a la tutela a quien recurrir para solicitar la protección de los derechos aquí
reclamados, este medio de defensa, es recurrir al campo de lo contencioso administrativo
y demandar la resolución que ordenó la demolición, por lo tanto en este aspecto
es improcedente...".
"...Por otro
lado, no se puede olvidar que, al tenor del art. 152 y S.S., del C. C. A., en
las acciones ordinarias que se adelantan en esa jurisdicción, se pude solicitar
como medida preventiva la suspensión provisional del acto que se
demanda..."
1.17. T-51328,
Juzgado 21. Civil Municipal, Sentencia de 30 de agosto de 1994.
"... En el
asunto que se atiende, mediante un proceso judicial de naturaleza contenciosa
administrativa le es dable a la actora acudir al Estado para que, si tiene de
su parte el derecho, así se declare y se salvaguarde el mismo... sobre la
legalidad del acto administrativo acusado, la resolución # 006 del 25 de
octubre de 1993..."
1.18. T-51414,
Juzgado 11 Civil Municipal, Sentencia de septiembre 2 de 1994.
"... De la
decisión tomada por el señor Alcalde Menor de la zona este juzgado solo está
obligado a fallar sobre el predio del accionante es decir, del lote No. 20 de
la manzana B, negando las pretensiones a la protección de los derechos
invocados y como en efecto se hará se recomendará a la petente acudir a la
revocatoria directa del acto de ser procedente a acudir a la justicia ordinaria
en caso que lo considere necesario frente a la negociación del predio..."
1.19. T-51453,
Juzgado 34 Civil Municipal, Sentencia de agosto 31 de 1994.
"... La
Resolución No. 006 de 1993 es un acto administrativo regulado por el Código
Nacional de Policía que podía ser controvertido judicialmente si existían
inconformidad o reparos contra su legalidad, ante la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa, una vez agotada la vía gubernamental con los recursos
correspondientes, como en el caso de marras aconteció, al presentarse y
resolverse recurso de reposición formulado por el Dr. Daniel Barón Castañeda el
día 3 de diciembre de 1993, el cual fue negado mediante resolución No. 001 de
1994."
"... Así las
cosas la petición ha debido presentarse ante la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa, haciendo uso de las vías que garantizan la nulidad del acto y
el restablecimiento del derecho, en caso de perjuicio."
"... que los
peticionarios reclaman para obtener la protección de su derecho de
"posesión" y de "propiedad", los cuales no tienen la
calidad de "fundamentales" sino de aquellos descritos en la
Constitución Política, como "derechos sociales, económicos y
culturales", que no pueden ser tutelados por los jueces a través de la
acción de tutela. Tales derechos, como el de propiedad y posesión, sólo pueden
reclamarse ante los jueces competentes y a través de las acciones ordinarias
consagradas en la legislación civil".
1.20. T-51455,
Juzgado 58 Civil Municipal, Sentencia de septiembre 1o. de 1994
"...esta
falladora siempre ha considerado que no le es dable en este trámite preferente
y sumario suspender actos administrativos que gozan de presunción de legalidad
no obstante lo normado en el artículo 7o. del Decreto 2651 de 1991, que al
presunto afectado la ley le otorga un medio de defensa judicial en contra del
acto administrativo cuya ilegalidad sostiene... esto es incoar la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho donde en la misma demanda se puede
solicitar la suspensión de los mismos..."
1.21. T-51645,
Juzgado 23 Civil Municipal, Sentencia de septiembre 5 de 1994.
"... Para
obtener la protección de los derechos cuya violación se alega, se ha contado
con medios judiciales adecuados tendientes a atacar la orden de demolición, no
sólo dentro del trámite del proceso de obras sino después, una vez proferida la
resolución No. 006 de 1993 con la que se culminó el mismo...".
"El
ordenamiento jurídico tiene establecidas acciones judiciales tendientes a hacer
valer los derechos reconocidos, los cuales, no tampoco ser sustituida por la
acción de tutela ni siquiera de manera transitoria, pues bien es sabido que de
conformidad a lo previsto en el Artículo 67 de la ley 9o. de 1989, los actos de
los alcaldes que ordenan la demolición de una construcción son susceptibles de
las acciones contenciosas-administrativas...".
1.22. T-51899,
Juzgado 7o. Civil Municipal, Sentencia de septiembre 2 de 1994.
"... Señalar
que el Alcalde de Suba al no encontrar que los levantamientos o construcciones
del predio Santa Ana, entre ellos el del accionante en tutela, no llegan a
obtener o a clasificar como dotados de los requisitos mínimos para la seguridad
o la comodidad de los habitantes, no puede señalarse que aténte contra la vida
digna, sino por el contrario, como garante de que la dignidad se va
cumplir".
"... Tampoco
podría pensarse que atenta contra derechos de menores o de familia, puesto que
tales derechos en general lo que se pretenden es que la unidad familiar y el
crecimiento de los menores no sea atentatorio contra su salud física y mental y
la dignidad de las habitaciones que se construyan sin el lleno de los
requisitos mínimos..., es facultad que debe imprimir el Alcalde Zonal de Suba,
no permitiendo barrios construidos en forma subnormal...,
"...en
cuanto al DEBIDO PROCESO..., es evidente que el ciudadano accionante si tuvo
conocimiento de que su construcción no llenaba los requisitos de ley para ser
levantadas...así lo manifiesta en sus escritos, mal podría ampararse a un
ciudadno que oculta y subrepticiamente inicia una construcción a sabiendas de
su ilegalidad, so pretexto de que no se le lleva un debido proceso... la
autoridad no es la que viola el debido proceso, sino el ciudadano que no cumple
con las exigencias que se debe cumplir y que conoce, que de no cumplirlas, será
sancionado severamente con la demolición...".
"Debe
entonces el accionante hacer uso de los medios legales para obtener las
correspondientes licencias y hacer normal su construcción, so pena de que se
cumpla la orden de demolición".
1.23. T-51918,
Juzgado 18 Civil Municipal, Sentencia de agosto 30 de 1994.
"... como
quiera que dentro del presente asunto puede afirmarse que el accionante tiene o
tuvo a su alcance mecanismos idóneos de defensa, así como la clara posibilidad
de solicitar la suspensión del acto administrativo del cual deriva su
fundamento la presente acción... habrá de tenerse por no vulnerado el derecho
al debido proceso".
"...en lo
que respecta al derecho fundamental a la propiedad privada y a la vivienda
digna, es innegable que si bien son susceptibles de amparo a través de la
acción de tutela, no es menos cierto, que su ejercicio no puede escindirse de
la normatividad vigente en lo que respecta a obras y urbanismo para el Distrito
Capital".
2. Concedieron la
tutela.
En los procesos que
enseguida se relacionan, se concedieron las tutelas demandadas:
2.1. T-51285,
Juzgado 6o. Civil Municipal, sentencia septiembre 5 de 1994.
"... Los
accionantes Edgar Telésforo Peña Rodríguez y María Aurora Méndez Amaya, no
fueron citados al proceso. Esto es que no se les oyó previamente a la sanción,
no se les dio oportunidad de solicitar o aportar pruebas y por ende tampoco les
fueron analizadas en la resolución No. 006 de 1993".
"No se
establecieron los hechos base de la acusación respecto a Peña Rodríguez y
Méndez Amaya, en el punto de la comprobación sumaria a que hace referencia el
Art. 99 del Acuerdo 18 de 1989. Tampoco se optó por la medida correctiva de
suspensión de la obra y la consiguiente prestación de caución, previa al
ordenamiento de demolición, pues no puede optarse por la sanción del art. 100,
ya que no está probado que ellos de manera exclusiva ejecuten obras de
urbanismo de todas aquellas que conforman hoy el predio Santa Ana".
"... Si bien
la resolución No. 006 de 1993, como es obvio no hace alusión a Peña Rodríguez y
Méndez Amaya, si contempla la decisión de demoler todas las construcciones
realizadas en el predio Santa Ana...área dentro del cual está la de
ellos...".
"La
Resolución No. 006/93, fue notificada a los afectados por Edicto fijado en la
Asesoría Jurídica de la Alcaldía, luego frente a Peña Rodríguez y Méndez Amaya
no surte efectos la misma, pues en ningún momento hicieron parte del exp.
251".
"Conlleva lo
anterior, a que al no observarse el procedimiento mínimo para imponer la medida
correctiva consistente en la demolición de obras, que afecta necesariamente a
los aquí accionantes, se le está violando el derecho fundamental al debido
proceso contemplado en el artículo 29 de la C. P.".
"...que
frente a la situación planteada los accionantes gozan de otros medios de
defensa judiciales, por establecer así el art., 67 de la ley 09/89, esto es la
acción contenciosa administrativa prevista en el C. C. A.... la cual haría
improcedente la acción de tutela... pero como se ha intentado como mecanismo
transitorio... y se está en presencia de la causación de un perjuicio
irremediable cual es  ejecutar una resolución que dispone la demolición de su
vivienda... ella se hace pertinente".
2.2. T-53967,
Juzgado 12 Civil del Circuito, sentencia septiembre 6 de 1994.
"...
Examinado el expediente cuya fotocopia fue aportada por el funcionario arriba
mencionado ( Alcalde Local de Suba), se pudo constatar que el ciudadano LUIS
HUMBERTO RAMÍREZ MARTINEZ ni siquiera es mencionado en el informativo, mucho
menos vinculado al proceso, mediante la correspondiente diligencia de
descargos, como tampoco aparece que específicamente el predio de mayor
extensión conocido como Santa Ana, haya sido objeto de inspección ocular o por
lo menos de dictamen pericial en donde se determine claramente las
construcciones realizadas por el tutelante. Es más si se observa con cuidado la
parte motiva de la Resolución 006 de 1993, no aparece el nombre del tutelante
para, luego, declararlo contraventor en la parte resolutiva del acto
administrativo en comento".
"...es
evidente que uno de los requisitos esenciales de los procesos que tienen como
finalidad la aplicación de una sanción, como en este caso, es el de oír a las
personas que va a ser objeto de la misma y obviamente determinarla concreta y
claramente en el acto sancionatorio respectivo, pues no es posible aplicar
sanciones concretas a personas indeterminadas, ni mucho menos por hechos
indefinidos, supuestos o no probados conforme a la normatividad vigente. Una
resolución así proferida, salvo mejor concepto, es a todas luces
arbitraria".
"...el
citado acto no lo afecta, porque en sentido estricto, el ciudadano tutelante es
un Tercero, totalmente ajeno a la controversia".
"Sin
embargo, dado que, en el presente caso, la Resolución puede ser atacada ante la
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por tratarse de un proceso
administrativo y no Civil o Penal de Policía, la acción de tutela únicamente
procede como mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio irremediable, como
sería la demolición de la humilde vivienda del tutelante, porque solamente
podría ser reparado mediante una indemnización...".
Segunda
instancia.
1. Las sentencias
correspondientes a los expedientes de tutela radicados bajo los números T-
50330, (Juzgado Civil del Circuito, sentencia octubre 10 de 1994), T-50380
(Tribunal Superior- Sala Civil, sentencia octubre 6/94), T-50492 (Juzgado 5o.
Civil del Circuito, sentencia septiembre 30/94), T-51110 (Juzgado 7o. Civil del
Circuito, sentencia octubre 4/94), T-51148 (Juzgado 23 Civil del Circuito,
sentencia octubre 10/94), T-51165 (Juzgado 23 Civil del Circuito, sentencia
octubre 11/94), T-51414 (Juzgado 20 Civil del Circuito, sentencia octubre
14/94), T-51455 (Juzgado 8o. Civil del Circuito, sentencia octubre 6/94) y
T-51918 (Juzgado 4o. Civil del Circuito, sentencia octubre 3/94), fueron
confirmadas por las mismas razones señaladas en las providencias de primera
instancia.
2. Las sentencias
correspondientes a los expedientes de tutela registrados bajo los números que a
continuación se relacionan, fueron igualmente confirmadas, aunque por
diferentes razones o por razones adicionales:
2.1 T-50260,
Tribunal Superior- Sala Civil, Sentencia Octubre 6 de 1994.
"...
Acorde con lo decidido por los juzgados 60 y 39 Civiles Municipales y Séptimo
del Circuito, en el mes de agosto del año que cursa, por estar solicitada la
medida provisional...según se observa en el auto de fecha 24 de agosto de 1994,
proferido y notificado por la Alcaldía Local de Suba, no es el caso de acceder
a la misma medida de protección de los derechos vulnerados o amenazados del
accionante, pues lo que procede simplemente en el asunto que se estudia es la
abstención de aplicar lo dispuesto en el art. 7o. del Decreto 2591, como medida
provisional, por sustracción de materia".
2.2. T-50342, Tribunal Superior
del Distrito Judicial Santafé de Bogotá- Sala Civil, Sentencia octubre 6 de
1994.
"...
Al estar suspendida la Resolución por la cual se ordenó la demolición de las
obras a que se refieren los accionantes en tutela, por el mismo funcionario que
la expidió, por sustracción de materia la acción de tutela que nos ocupa deja
de tener sentido jurídico y en consecuencia inane sería hacer un
pronunciamiento de mérito...".
2.3. T-50866, Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá- Sala Civil, sentencia octubre
12/94.
"...
de acuerdo con el resultado oficioso de la prueba sometida por el tribunal, se
tiene que la resolución No. 006, con la cual se ordenó la demolición fue
suspendida; carece, por tanto de objeto la acción de tutela, porque el acto
atacado mediante la presente tutela no tiene vigencia y por ende no afecta
ningún derecho fundamental".
2.4. T-50897, Juzgado Tercero
Civil del Circuito, Sentencia octubre 12 de 1994.
"...se
considera que los accionantes cuentan con otro mecanismo de defensa judicial
distinto a la acción de tutela para solicitar la protección de los derechos
reclamados, donde se puede solicitar la protección de los derechos en forma
inmediata mediante la solicitud de suspensión provisional del acto atacado el
impetrar la nulidad y el restablecimiento del derecho, por lo que no se dan los
presupuestos del mecanismo transitorio".
2.5. T-50939, Tribunal Superior
del Distrito Judicial Santafé de Bogotá- Sala Civil, Sentencia octubre 11 de
1994.
"...
Ese acto administrativo no es susceptible de ser atacado ante la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo, al tenor de lo dispuesto en el art. 82 del C.
C. A. (subrogado por el art. 12 del decreto 2304 de 1989), pues se trata de un
juicio de carácter policivo, mediante el cual se investigó una contravención y
se impuso una medida de policía (demolición de obra). Lo anterior implica que
el accionante en el hipotético caso de existir una vulneración a un derecho
fundamental no tiene a su alcance otro medio de defensa judicial".
"...mediante
providencia de agosto 24 de 1994, se dispuso suspender la ejecución de la
Resolución No.006 de 1993, hasta tanto los jueces resuelvan lo pertinente. La
situación antes descrita se adecua al precepto contenido en el art. 26 del
Decreto 2591 de 1991. En consecuencia la presente acción de tutela por razón de
la cesación del acto atacado perdió su objeto..."
2.6. T-51071, Juzgado 27 Civil
del Circuito, Sentencia octubre 11 de 1994
"...es
consciente la peticionaria pues a lo largo de la causa petendi anuncia que
conocía...de las visitas que efectuaba el funcionario y aún de la intervención
de varios vecinos, que se encontraban en la misma situación que ella".
"Además,
dentro de la actuación policiva existe constancia de la publicidad de las
órdenes impartidas, de la citación de todos los que fueron ocupantes, o
poseedores del predio inspeccionado...".
"...y
realmente la falta de intervención se debió a su propia voluntad, pues debió
apersonarse de la situación, a sabienda de las consecuencias que podría tener
para su propiedad".
"Si
no lo hizo, tal cosa no puede enmarcarse en violación del debido proceso, o de
falta de defensa...".
2.7. T-51899, Juzgado 4o. Civil
del Circuito, Sentencia octubre 3 de 1994.
"El
aquí accionante tuvo suficiente tiempo para instaurar ante la jurisdicción
Contenciosa Administrativa la correspondiente acción con miras a obtener la
suspensión provisional y posteriormente definitiva de la resolución mediante la
cual se ordena la demolición de su vivienda por haber sido construida sin
licencia previa...".
"El
aspecto de la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio
tiene cabida si esta se utiliza por el afectado como único mecanismo disponible
para repeler la vulneración del derecho Constitucional Fundamental, pero no
para remediar descuidos ni la negligencia y pasividad del presunto
afectado,...A lo anterior hay que agregarle que para el día de hoy si se
hubiera cumplido la Resolución..., ya se habría consumado, pues esta estaba
programada para el 31 de agosto del corriente año, y el funcionario optó por
suspender la ejecución de tal acto (demolición) hasta que se decida por las
autoridades competentes al respecto".
2.8. T-51453, Juzgado 24 Civil
del Circuito, Sentencia Octubre 5 de 1994.
"...
En la copia del expediente administrativo No. 251-92, adelantado por la
Alcaldía Local de Suba... no aparece prueba alguna de que el señor EDILBERTO
PALACIOS PAEZ , tenga algún derecho de propietario o poseedor material sobre
algún lote de terreno y/o de mejoras que hagan parte del mencionado predio
(Santa Ana), ni en el curso del trámite de la acción de tutela se adujo prueba
relacionada con tal situación".
"Entonces,...no
está legitimado para reclamar protección por medio de la acción de tutela del
derecho fundamental al debido proceso, precisamente por que no se conoce
siquiera sumariamente si aquél está comprendido dentro del mencionado proceso
policivo de demolición...".
"...La
señora Ramírez López sí fue citada y escuchada en descargos dentro del ya
mencionado expediente administrativo, que culminó con la resolución No. 006 de
25 de octubre de 1993, como aparece descrito en las diligencias de inspección
ocular de 18 de septiembre de 1992, y diligencia de descargos de 24 de ese
mismo mes y año...lo mismo que notificada por edicto de tal resolución.
Entonces aquella quedó legal y reglamentariamente vinculada al proceso policivo
civil de demolición de obra, con todas las garantías de controvertir y de
impugnar la decisión correspondiente, sin que se vislumbre violación alguna en
su contra del derecho constitucional fundamental al debido proceso...".
3. Las
sentencias proferidas en los procesos de tutela radicados bajo los números que
seguidamente se concretan, fueron revocadas, con fundamento en los argumentos
siguientes:
3.1. T-49597, Juzgado Sexto Civil
del Circuito, Sentencia  octubre 3 de 1994.
"...
Ahora, del artículo 332 del C. P. C., aplicable a la acción de tutela, surge el
concepto de la causahabiencia, que puede entenderse como el efecto, sustancial
y procesal, que afecta a determinadas personas por hechos realizados por su
antecesor en el derecho. En este orden de ideas, si la señora Ramírez de
Caicedo hubiera sido la vendedora de la accionante, los descargos que la
primera rindió y la declaración de que es contraventora, afectarían a ELVIRA
PRECIADO MURILLO porque ésta sería causahabiente de la contraventora".
"Empero,
nótese que los descargos los rindió el 18 de septiembre de 1992, y que la
accionante adquirió la posesión del lote en que edificó la construcción el 29
de enero de 1994. Pero el vendedor del lote y las mejoras que adquirió la
solicitante no fue CARMEN ROSA RAMÍREZ DE CAICEDO sino MARIO BLANCO TRIVIÑO.
Así, la accionante es causahabiente del último, y el mismo no fue vinculado al
proceso policivo en forma legal; de suerte que a la causahabiente se le
desconoció el derecho al debido proceso, debido a que ni a ella ni a su
antecesor en el derecho, el nombrado Mario Blanco Triviño, se les escuchó en
descargos, y por lo tanto, se les privó del derecho de defensa". "No
es válido el argumento de que a los propietarios se les notificó por medio del
aviso visible en copia al folio 351, ya que la citación no de los propietarios
en general sino de cada propietario de las construcciones en particular, debía
realizarse antes del pronunciamiento de la resolución 006 de 1993, y no
después".
"La
tutela que prospera determina la suspensión de la orden de demolición, pero
como el proceso policivo terminó con la resolución antes citada, es
improcedente ordenarle al Alcalde de Suba que ordene la vinculación de la
accionante, y tampoco puede ordenarle el juez de tutela al Alcalde que permita
la legalización del barrio SANTA ANA".
3.2. T-50203, Juzgado 16 Civil
del Circuito, Sentencia  Octubre 4 de 1994.
"Si
embargo, teniendo en cuenta que al impugnar el fallo de primera instancia,
BERNARDA FLOREZ GRANDAS, solicita se le conceda la tutela para evitar los
graves perjuicios que sufrirá con la demolición de su vivienda y sólo mientras
adelanta las acciones judiciales contenciosa administrativas, debe el despacho
concederle la oportunidad que solicita para que la autoridad competente se
pronuncie al efecto, en los términos previstos en el artículo 8o. del decreto
2591 de 1991".
3.3. T-50410, Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá. Sala Civil-, Sentencia de octubre 4
de 1994.
"Una
vez proferida la sentencia de primera instancia, a folio 33 del expediente obra
el oficio número 720-1372-94 mediante el cual, el Asesor de Mejoramiento Urbano
del Departamento Administrativo de Planeación Distrital emite concepto sobre el
Desarrollo Santa Ana de la Zona 11 de Suba, y en el se manifiesta que el citado
desarrollo se encuentra en la actualidad sometido a proceso administrativo de
legalización bajo los parámetros normativos del Acuerdo 6 de 1990, para cuyo
efecto se requiere la orden de legalización mediante Decreto del Señor Alcalde
Mayor.".
"Obsérvese
con facilidad del tenor descrito que no está el concepto requerido por una de
las dos entidades (Secretaría de Obras Públicas y Departamento Administrativo
de Planeación Distrital) que señala la norma, para que proceda el decreto de
demolición que produjo el Alcalde ... Lo anterior pone de manifiesto la
violación del debido proceso administrativo ordenado por el Código de Policía
de Santafé de Bogotá, toda vez que el indispensable concepto favorable no se
obtuvo, siendo el que actúa en el expediente, es el precisamente contrario,
cual es la legalización de una situación de hecho"
3.4. T-51218, Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, Sentencia  de octubre 14 de 1994.
"En
oficio No. 18765 de 25 de agosto de 1994, emanado del Departamento
Administrativo de Planeación y que en original obra a folio 15 del cuaderno
principal que contiene la tutela, se afirma que dicho establecimiento "no
ha emitido concepto alguno respecto de demoliciones en el citado
desarrollo...(se refiere a las construcciones levantadas en el sector de Santa
Ana)"; tampoco se llevó al expediente policivo dictamen de la Secretaría
de Obras, luego se pretermitió una etapa del proceso, situación que pone de
manifiesto la violación al derecho a un debido proceso en el trámite policivo
que culminó con la resolución No. 006 de 25 de octubre de 1993 por vulneración
de las formas propias de cada juicio...".
3.5. T-51285, Juzgado 22 Civil
del Circuito, Sentencia octubre 10 de 1994.
"...al
estar suspendida la resolución por medio de la cual se ordenó la demolición de
las obras a que se refieren los accionantes en tutela, por sustracción de
materia, ha debido el juez del conocimiento abstenerse de aplicar el artículño
7 del decreto 2591 de 1991, y hacer dicho pronunciamiento"
"...
No obra en el plenario que se haya COMUNICADO la existencia de la investigación
al presunto "CONTRAVENTOR" pues si bien aparece se fijó un aviso, no
es menos cierto que el infractor no es uno solo sobre un solo biene con puerta
de acceso donde se fijó aquél, sino VARIOS INFRACTORES sobre bienes distintos,
donde cada uno tiene derecho a sus propios descargos y a contraprobar; de
consiguiente lo correcto hubiera sido como mínimo intentar la notificación
personal de cada uno de los presuntos infractores en sus respectivos bienes, y
de no lograrse al menos, habérseles fijado aviso en la puerta de acceso de sus
respectivos bienes, y de no lograrse al menos, habérseles fijado aviso en la
puerta de acceso de sus respectivos inmuebles, pues ha de recordarse que sólo
puede presumirse "CONOCIMIENTO" de un acto en los casos que
expresamente regula el legislador...".
"Si
bien no se contraría ningún normativo, pueden recibir los descargos en la
diligencia de "INSPECCIÓN OCULAR" que se decretó y que entre otras
cosas era necesaria para determinar el estado de las obras pues ha de
recordarse que las sanciones varían de acuerdo a ello - esto sobre lo que se
anotará más adelante, no es menos cierto que si aquello no se indicó en la
citación o aviso, que a cada uno de los presuntos infractores se les debió
hacer, (vale decir indicar en el aviso que allí se les recibirá descargos) mal
podrían éstos rendirlos, como tampoco tener la oportunidad de contra probar, o
derivarse efectos de su no concurrencia; esto es, se presenta una clara
violación a su DERECHO DE DEFENSA y, por aplicación del artículo 228 del Código
Nacional de Policía, AL DEBIDO PROCESO".
"También
acaece, en concepto de éste Despacho, violación del DEBIDO PROCESO al no obrar
en el plenario el CONCEPTO o DICTAMEN que por imperativo exige el artículo 100
del Código de policía de Bogotá...siendo prudente anotar que en el oficio 88
Fte de este expediente emanado del Departamento Administrativo de Planeación
Distrital, no se dice que las construcciones no cuentan con la licencia
respectiva, amen de que no obra ningún concepto de la Secretaría de Obras
Públicas, de éste Distrito".
"Desde
otro punto de vista, si bien la decisión para cada uno de los infractores puede
tomarse en una MISMA RESOLUCIÓN- legalmente nada lo impide, no puede perderse
de vista que siendo los sancionados varias personas y no una sola, como tampoco
un bien común sino parte del bien con derechos INDIVIDUALES, debió MOTIVARSE en
forma tal que DETERMINADO "INFRACTOR" pueda saber el por qué de la
sanción y con base en que prueba, pues de otra manera y en
"abstracto" mal puede impugnarla; pruebas acá aludidas que, siendo
las sanciones de carácter INDIVIDUAL, necesariamente debió ser la verificación
de cada una de las obras...,señalando en el acta respectiva el estado de (sic)
cada una de ellas se encontraba, pues ha de recordarse además que si se trata
de iniciación de obra la sanción es SUSPENSIÓN de la misma y caución, y si es
TERMINACIÓN de obra o no acatarse la orden de suspensión, ahí si la
DEMOLICIÓN".
"Todo
lo anterior lleva a concluir que si hubo violación al DERECHO FUNDAMENTAL DE
DEFENSA, por falta de notificación a cada uno de los presuntos infractores, por
no oírseles en descargos ni habérseles brindado, la oportunidad de contraprobar
los que en tales circunstancias se les formularon y a la incongruencia de la
motivación de la resolución que ordenó la demolición".
3.7. T-51645, Juzgado 6o. Civil
del Circuito, Sentencia Octubre 20 de 1994.
"...
No hay duda, por lo tanto de que al contraventor de las normas sobre construcción
debe oírlo la autoridad administrativa; por lo cual, si lo sanciona sin oírlo
le vulnera ostensiblemente el derecho al debido proceso".
"Por
otra parte, debe anotarse que las sanciones administrativas son individuales, o
sea que deben imponerse, cuando sea el caso de hacerlo, a la persona
determinada que haya incurrido en transgresión a las disposiciones que regulan
la construcción de inmuebles. No hay violaciones colectivas sino personales, y
en tales circunstancias, no puede sancionarse como lo hizo en el caso sub-lite
el Alcalde local de Suba en la Resolución 006 de 1993, a un grupo de personas,
sin mencionarles por sus nombres".
"Además
los descargos del contraventor deben escucharse antes de la resolución, y por
ello el aviso posterior al acto administrativo colocado en cada uno de los
inmuebles en que se levantaron las construcciones sin licencia, para que los
contraventores concurrieran a la Alcaldía a notificarse, no subsana la
violación del debido proceso".
"...en
el caso de marras encuentra el juzgado que fueron escuchadas en descargos 22
personas, cuyos nombres no es necesario citar; pero en ellas no se encuentra la
impugnante RITA JIMENEZ URBINA. En consecuencia se les desconoció el derecho al
debido proceso por lo cual debe amparársele...".
II. COMPETENCIA.
La Corte
Constitucional es competente para conocer de la revisión de las citadas
sentencias en virtud de lo dispuesto por los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución Política, en concordancia con  los artículos 33, 34 y 35 del
Decreto 2591 de 1991.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA.
1. Diligencia de
inspección judicial practicada durante la etapa de revisión ante la Corte
Constitucional.
Mediante auto de
fecha dieciséis (16) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995) la
Sala, con el fin de clarificar la situación materia de controversia, ordenó la
práctica de una diligencia de inspección judicial en el predio Santa Ana y
sobre los documentos en donde constan las actuaciones de la Alcaldía de Suba
-Oficina de Obras- y de la Inspección 11A Especial de Policía de Urbanismo y
Construcción de Obras. Igualmente se dispuso allegar al proceso la información
necesaria para establecer la realidad de los hechos que sirven de sustento a
las pretensiones de los demandantes.
La referida diligencia
arrojó los siguientes resultados:
- Oficina de
Obras Alcaldía de Suba:
Confrontado el
expediente original 251-92 de la oficina de obras, con el anexo común a las
tutelas en revisión, se encontraron en dicha Alcaldía  los folios 434 al 501
que no aparecen en el mencionado anexo, correspondientes a impugnaciones de
fallos de tutelas, actas de visitas administrativas realizadas por las
Personerías Distrital y Local de Suba en la Oficina de Obras, oficios y otros
documentos que no aportan nada nuevo al proceso.
- Versión del señor
Miguel Angel Suárez Monsalve, secretario de la Oficina de Obras de la Alcaldía
de Suba y exfuncionario de la extinguida Inspección 11A Especial de Policía de
Urbanismo y Construcción de Obras, en la cual se inició el proceso 251-92,
relativo a las construcciones en el predio Santa Ana quien, en lo pertinente,
expresa:
"El  proceso
se inició en la antigua Inspección 11 A Especial de Policía de Urbanismo y
Construcción de Obras en Agosto 25 de 1992 por unas construcciones que se
adelantaban en dicho predio, practicándose diligencia de Inspección Ocular al
mismo  el  18  de  septiembre de 1992.  Para esa  fecha  que  se practicó  la
diligencia existían aproximadamente  nueve  casetas, practicándose  ese  día
cinco inspecciones oculares  obrantes  a folio 48 al 58,  en las cuales se
ordenó la suspensión de la obra y  se impuso la respectiva caución;
posteriormente   se  tomaron declaraciones  de  descargos de las personas que
se  encontraban allí y de los detenidos que la policía dejaba al Despacho  por
estar  allí  levantando  trabajos  de  construcción;....Después de cierto
tiempo, fue que  se  volvió a practicar inspecciones  oculares  al  predio,
aclarando  que  cuando salió la Doctora  PAULINA  XIMENA  NAVARRO PASCUALI,  fue
encargado de la Inspección el Doctor GERMAN RUEDA MENESES,  quien,   en
virtud  de la gravedad de los hechos y  las reiteradas  peticiones de la
abogada apoderada de  los  presuntos propietarios  del  predio  procedió  a
fijar  una  fecha  para inspección ocular la cual se llevó a cabo a los once
días del mes de mayo de 1993, donde se ordenó el sellamiento de los diferentes
inmuebles y se escucharon en descargos a diferentes personas".
(...)
"Durante las
administraciones del Doctor SERGIO ANTONIO ESCOBAR JAIMES, LUIS CARLOS PEÑA y
JORGE ALBERTO ARAMBULA, que yo tenga conocimiento, no se practicaron
diligencias al predio, pero si ordenó emitir la Resolución número 006 de 1993,
de octubre 25 del mismo año fue el doctor SERGIO ANTONIO ESCOBAR JAIMES,
resolución que fue sustanciada por el doctor MIGUEL MORALES CASTELLANOS y el
suscrito..."
(...)
"Como quiera
que no se tenía conocimiento de que personas residían en ese predio, no se
encontraban allí y al preguntarse por los mismos nadie daba razón, motivo por
el cual era imposible notificar persona por persona, dado que los presuntos
propietarios o poseedores levantaban las construcciones los fines de semana o
de noche; en el predio solo se encontraban, en su mayoría, vendedores y, en
algunas ocasiones, a los presuntos propietarios o poseedores; esto ocurrió en
el año 92; para la época que se trató de notificar fue imposible, primero, no
existía nomenclatura urbana de ninguna clase; los presuntos infractores de las
normas urbanísticas con las construcciones que estaban realizando y que
inicialmente eran 9 caseticas, unas eran en bloques muy provisionales, y otras,
las cuales apenas se estaba iniciando la construcción, lo que hacía imposible
hacer una notificación personalmente, y por lo tanto se procedió a dar
aplicación al artículo 427 de Código de Policía de Bogotá, (Acuerdo
18/89)...".
"No se
escuchó en diligencia de descargos al directo infractor de la norma
urbanística, a varios de los que allí se encontraban construyendo porque en el
momento de la inspección ocular no se encontraban allí y cuando dejaban a
disposición del despacho a personas que estaban adelantando obras en el predio,
en muchas de sus declaraciones manifestaban ser trabajadores y no conocieron al
presunto propietario o el responsable de la infracción urbanística; en las
inspecciones oculares que practicamos, procedimos a dejar boletas de comparendo
con el abogado DANIEL BARON CASTAÑEDA, quien manifestaba que les haría llegar
dicha citación para que comparecieran al despacho a fin de ser oídos en
diligencia de descargos, algunos comparecieron, otros no. Como puede
observarse, existen dentro del expediente los avisos en los folio número 44, el
segundo a folio 118, el tercero obrante a folio 151, el cuarto a folio 202,
fueron colocados dentro del predio por no existir nomenclatura urbana y no
tener conocimiento de los propietarios, lo que imposibilita hacer la
notificación personal..."
(...)
"Que yo
tenga conocimiento, a ninguno de los posibles propietarios que se encuentran en
el predio SANTA ANA no se les hizo efectiva ninguna caución o multa y lo único
que hizo la Oficina de Obras a través de su asesor, Doctor MIGUEL MORALES, que
se encontraba para esa época, fue dictar la medida administrativa de demolición
de obras de todas las construcciones que se encuentran allá dentro de dicho
predio denominado Santa Ana..."
-Predio Santa
Ana Barrio el Rincón de Suba:
En la inspección
judicial realizada al predio Santa Ana, ubicado en el Barrio el Rincón de Suba
se constató lo siguiente:
"Al  NORTE
se encuentra la calle 131A o vía que conduce a Aures, y en el se puede apreciar
que existen numerosas construcciones en material de cemento, bloque, arena,
concreto y hierro, muchas de dos o mas pisos, en donde funcionan varios
establecimientos comerciales tales como lavandería, talleres de ornamentación y
muebles, venta de chance, cafetería, depósito de materiales de construcción,
tienda, droguería, torno, supermercado, venta de comidas rápidas, prendería,
venta de tejas y puerta; AL SUR este limita con la calle 130, teniendo una
entrada hacia la calle 129B, en donde se encontraron ocho construcciones en los
mismos materiales de cemento, arena, bloque, concreto y hierro, habitadas, y en
una de ellas funciona un taller de mecánica, habiendo varios lotes sin
construir; en el costado ORIENTAL se encontró que colinda con la transversal 91
o Avenida que de Suba conduce al barrio El Rincón, donde se puede apreciar que
está construida  casi en su totalidad, y funcionan diversos negocios, dentro de
los cuales se destaca una industria troquel-mecánica que ocupa un área
construida de aproximadamente 300 metros; igualmente funciona una compraventa
de material de demolición, expendio de comestibles al por mayor, alquiler de
formaleta, club de tejo, taller de electricidad automotriz, taller de
reparación de bicicletas y piqueteadero; por el costado OCCIDENTAL se hallaron
numerosas construcciones que colindan con la culata de casas del barrio Costa
Rica y construidas sobre la carrera 93A, estas construcciones se realizaron en
materiales de cemento, ladrillo, bloque, arena, concreto y hierro, y en una de
ellas funciona una tienda y en otra un taller de mecánica. Por el CENTRO del
predio se pudo constatar que está densamente construido, en los mismos
materiales, y en la actualidad se adelantan obras en aproximadamente
veinticinco inmuebles.."
Dentro de la
inspección se hizo presente la abogada Myriam Rodríguez Montoya, apoderada de
algunos de los presuntos propietarios del predio Santa Ana y manifestó:
"El predio
fue adquirido por el señor JOSÉ MANUEL TORO ECHEVERRY y su esposa la señora
LETICIA ALVAREZ DE TORO. Los señores HERNAN ESCOBAR VELASQUEZ y NESTOR
GUILLERMO RODRIGUEZ, asociándose para delinquir, mediante la escritura pública
N° 379 de 1987, falsificando la firma de la señora LETICIA ALVAREZ DE TORO a
través de un poder vendieron los derechos que a ella correspondían en el citado
predio, esto es una sexta parte. Frente a tal conducta delictuosa la señora LETICIA
ALVAREZ DE TORO inició un proceso en el entonces Juzgado Cuarenta y Uno de
Instrucción Criminal de Bogotá; dicho Juzgado sin ser del ámbito de su acción
hizo entrega del predio al señor HERNANDO VALBUENA, quien alegaba tener la
posesión; posteriormente el Tribunal Superior revocó dicha decisión y ordena la
entrega del predio a sus propietarios quienes venían detentando la posesión
diligencia efectuada por el Juzgado Cuarenta y Dos Penal del Circuito de esta
ciudad, el día veinticinco (25) de mayo de mil novecientos noventa y dos (1992)
siendo recibido el predio por el señor HERNAN CABRERA MUÑOZ y en la sentencia
condena a los señores HERNAN ESCOBAR VELASQUEZ y NESTOR GUILLERMO RODRIGUEZ,
por el delito de FALSEDAD, igualmente ordena la anulación de la mencionada
escritura 379 de 1987 y 64 escrituras mas, providencia esta que fue confirmada
por el Honorable Tribunal Superior de Justicia, Sala Penal mediante providencia
de fecha diez y siete (17) de mayo de mil novecientos noventa y cinco
(1995)".
"...desde la
fecha en que se hizo entrega del inmueble al señor CABRERA, a pesar del
servicio de vigilancia y letreros de propiedad privada colocados en el, las
personas a las cuales se les efectuó las falsas escrituras penetraron
violentamente en el y empezaron a efectuar sus construcciones en las horas de
la noche, por lo cual se hizo necesario iniciar las acciones policivas
pertinentes ante la Inspección de Obras y un lanzamiento por ocupación de
hecho. En lo que hace referencia a la construcción de obras sin la licencia
respectiva se efectuó una primera diligencia de reconocimiento y sellamiento de
las obras encontrando un número muy reducido de construcciones, creo que eran
siete, posteriormente se realizó una segunda diligencia encontrando doce obras
en construcción, siendo nuevamente selladas y ordenando la vigilancia policiva.
Las obras realmente no fueron suspendidas, así lo demuestran las diferentes
diligencias en las cuales se conminaba y se imponía sanción a quienes se
encontraban construyendo, sanciones que nunca se hicieron efectivas. Sin
explicación lógica alguna, la protección fue levantada por orden de la
Inspectora de Obras, lo que permitió el ingreso masivo de personas al lote y
sus construcciones..."
Igualmente, se hizo
presente en la inspección el abogado Daniel Barón Castañeda, apoderado de
algunos de los peticionarios y expresó lo siguiente:
"Se adecuó
el trámite según la normatividad contenida en el artículo 99 de Acuerdo 18 de
1989 o Código de Policía de Bogotá, es decir, se procedió a fijar fecha para
practicar inspección ocular sobre las construcciones iniciadas, conducente a la
vinculación, mediante descargos del presunto infractor, y si existiere mérito,
decretar la suspensión de la obra. En una primera inspección ocular se vincularon
a algunos de los poseedores que construyeron, tales como MANUEL ANTONIO RAMIREZ
CLAVIJO, CARMEN ROSA RAMIREZ, CARLOS HERNAN FORERO Y MARIA HELENA RAMIREZ
LOPEZ. No obstante estar vinculados, la Inspección de Obras únicamente profirió
y notificó resolución de suspensión de obra con respecto a MARIA HELENA RAMIREZ
LOPEZ".
"En cuanto a
estas personas que fueron vinculadas, lo mandado por la norma es que le
notifique de manera legal la resolución de suspensión de obra y en la cual se
debe imponer una caución para asegurar el cumplimiento. A partir de la
resolución, y si se continúa con la obra suspendida, previa verificación por
parte del funcionario competente, se ordenará la demolición de lo construido
(no la totalidad de la obra, SOLO LO CONSTRUIDO EN CONTRAVENCION A LA
SUSPENSION). en proceso que adelantó la Inspección 11A y posteriormente la
Alcaldía de Suba, en ningún momento se notificaron otras resoluciones de
suspensión, y NUNCA  se verificó si las obras supuestamente suspendidas se
continuaron, siendo este requisito sine-qua-non, exigido por la norma. Estas
personas quedaron vinculadas a la Resolución 006/93 en la que se ordenó la
demolición del barrio SANTA ANA. Con relación a estas personas debo acotar la
falta de técnica jurídica con que se procedió, pues sólo basta con observar las
diligencias adelantadas y en ellas se vinculan a unos predios para sancionar a
los responsables, pero no se identificó ni alinderó el predio sobre el cual
estaba la construcción.... Desde este momento en adelante, el trámite del
expediente 251/92 fue muy etéreo; en el mes de mayo de 1993 se realizó una
inspección ocular sobre el predio SANTA ANA, el Inspector 11 A de Obras, sin
oír en descargos a ninguno de los presuntos responsables  (las personas a
quienes se oyó eran trabajadores) y sin mediar ninguna resolución o acto
administrativo que ordenara la suspensión, selló doce construcciones, sin
determinarlas, ni alinderarlas dentro de las actas (lo cual hace imposible su
posterior reconocimiento). Este sellamiento de obras es, desde el punto de
vista legal, absolutamente improcedente, sin mediar acto administrativo de
suspensión".
"Aparte de
las personas inicialmente vinculadas (5 personas), ningún otro poseedor o
constructor fue legalmente vinculado al proceso, ni se practicó inspección
ocular  sobre las obras, ni se suspendieron las mismas. El trámite se
circunscribió a la retención ocasional, por parte de la policía de algunos
trabajadores, a quienes se les puso a disposición de la Alcaldía y se les tomó
declaración, más nunca se citó a responsable alguno de las obras. A raíz de la
expedición del Estatuto del Distrito Capital, la competencia en materia de
infracciones de obras pasó a las alcaldías locales, y la de Suba, al avocar el
conocimiento de este proceso, la primera actuación que produjo fue la
Resolución 006/93, mediante la cual se declararon contraventores de obras a
todas las personas que tuvieran construcciones en SANTA ANA y se ordenó la
demolición de todas las obras existentes en el predio SANTA ANA".
"Llama
poderosamente la atención varios hechos que rodean esta comentada Resolución
006 : en primer lugar, la resolución se dicta de manera general contra todos
los constructores de obras en el predio SANTA ANA; esto es absurdo, porque la
contravención, de suyo implica la vinculación de un infractor individual frente
al Estado, y no se trata de un proceso colectivo; fácilmente se observa que la
intención es lograr a través de un proceso de obras, los mismos resultados que
comportaría un lanzamiento por ocupación de hecho, en donde si se da la
vinculación de un globo de terreno frente a una actuación policiva. En segundo
lugar, esta resolución es producto de un proceso que adelantó sin comparecencia
de las personas declaradas contraventoras; esto equivale a decir, que todas
ellas fueron condenadas sin haber sido oídas y vencidas en juicio, es decir, no
se rodeó el proceso de todas las ritualidades y formalidades prescritas en la
ley; la regulación de la sanción de demolición de obras está contenida,
básicamente, en el artículo 100 del Acuerdo 18/89 y en los artículos 66 y 67 de
la Ley 9 de 1989, o de reforma urbana. Según lo prescriben estas normas, para
poder proferir orden de demolición en contra de una obra, se debe tratar de
vivienda terminada, lo cual nunca ha sido verificado dentro del proceso, pues
en caso contrario ha debido suspenderse la obra según el artículo 99 del
Acuerdo 18/89".
"...debo
aclarar que la aplicación de las dos normas comentadas (artículos 99 y 100 del
Acuerdo 18/89) es bien diferente. El artículo 99 es de aplicación cuando se ha
INICIADO obras en contravención al régimen de planeación, caso en el cual se
debe proceder a ordenar la suspensión de la obra, con caución y, sólo en el
caso de haberse continuado la obra suspendida, se puede proceder sin concepto
previo de ninguna entidad, a demoler lo construido en infracción a la
suspensión; no es el caso de la Resolución 006 de marras, pues en ella se dicta
una orden directa de demolición sin mediar previa orden de suspensión. La
demolición como sanción principal, se aplica de conformidad con el artículo 100
citada, norma que si exige concepto previo de los funcionarios de planeación
distrital; este sentir es compartido por los funcionarios de la Personería
Distrital, según conceptos que se encuentran anexos al expediente 251/92".
·        Censo
de población y vivienda:
El censo de
población y vivienda que se efectuó en el predio Santa Ana permitió establecer
lo siguiente:
-Viviendas
totalmente construidas: 112, cuentan con energía eléctrica, acueducto y
alcantarillado, y sólo 4 viviendas tienen teléfono particular.
-Viviendas en
construcción: 35.
- Lotes sin
construir: 87.
- Habitantes
censados: 552. Quedaron por censar 11 viviendas, porque los poseedores  no se
encontraban presentes al momento del censo.
·   Fotografías:
Aparecen
incorporadas al expediente fotografías de las calles y construcciones del
predio Santa Ana.
Los demandantes
aportaron a las diligencias una carpeta donde aparecen: escrituras públicas
sobre venta y posesión de lotes, recibos de pagos al Distrito por concepto de
servicios de acueducto y alcantarillado, impuesto predial y valorización.
Con dichos
documentos se estableció:
Que los señores
Edilberto Palacio Paéz y María Helena Ramírez López, a través de la escritura
1493 del 22 de febrero de 1993, le compraron al señor Jorge Enrique Pérez
Caicedo, lotes del 1 al 24 de la manzana J, que cuentan con un área aproximada
de 1440 mts, según el plano del terreno protocolizado por escritura pública No.
12.777 de septiembre 30 de 1992.
Que por Escritura
Pública No. 16132 de noviembre 5 de 1993, dichos compradores, vendieron un lote
a la señora Blanca Celia Gil Molina, con un área de 72. 00 mts. 2 que
corresponde el lote 20 de la manzana J, ubicado en la Carrera 91 No. 130B- 23
del predio Santa Ana.
Los abogados antes
citados, quienes actúan como apoderados de algunos de los interesados,
aportaron, entre otros, los siguientes documentos:
- Plano del Predio Santa Ana del año de 1975.
- Plancha E- 60 del
Distrito Capital donde aparece el inmueble del predio Santa Ana.
- Plancha 11 del
Distrito Capital donde aparece el predio Santa Ana.
- Plano del predio
Santa Ana barrio Rincón de Suba, en trámite de legalización por el Departamento
Administrativo de Planeación Distrital Unidad de Mejoramiento y Coordinación de
Barrios.- Fotocopia de la providencia de abril 17 de 1995 del H. Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Penal-, que confirma el fallo
proferido por el Juzgado 42 Penal del Circuito (condenó a los señores Nestor
Guillermo Rodríguez y Hernán Escobar Velásquez por los delitos de Falsedad
Material en Documento Público y Estafa, referente al predio Santa Ana).
2. Situación establecida dentro
de los procesos de tutela objeto de acumulación.
2.1. Luego de una
revisión minuciosa, tanto de las actuaciones cumplidas por la Inspección 11A
Distrital de Obras y Construciones, la Alcaldía Local de Suba, y de las pruebas
practicadas y allegadas en la etapa de revisión, se establece en cuanto a la
identificación de los peticionarios de la tutela y las personas comprometidas
en el proceso administrativo policivo lo siguiente:
- Por auto de
fecha 8 de 1992 la Inspección 11A de Policía de Urbanismo y Construcción de
Obras de Suba, señaló para la práctica de la primera inspección ocular el 18 de
septiembre de 1992. Dicha decisión se notificó a través de la fijación de
avisos en distintos lugares (sitios de acceso general al predio Santa Ana,
postes y paredes de algunas construcciones).
El día 17 del
mismo mes y año, se escucharon en descargos a las siguientes personas que
dijeron ser propietarios de algunos de los lotes en construcción:
Carlos Hernán
Forero Corredor (lote No. 15), Manuel Antonio Ramírez Clavijo (lotes No. 1 y 2,
manzana N), Carmen Rosa Ramírez de Caicedo (lote No. 10, manzana M), a quienes
se les declaró contraventores, se les suspendió la obra y se les fijó una
caución. A María Elena Ramírez López (lote No. 5, manzana D), no se le declaró
contraventora, pero se le advirtió que si continuaba la construcción se
ordenaría de plano la demolición.
Alfredo Triana
Rojas fue aprehendido y puesto a disposición de la Inspección el 21 de
septiembre de 1992 por encontrarse construyendo. Se le recepcionaron los
respectivos descargos, pero no se dejó constancia de la identificación del lote
sobre el cual estaba erigiendo la construcción.
- Por auto de
octubre 15 de 1992 se señaló la fecha del 30 de octubre de 1992 para la
práctica de una segunda inspección ocular en el referido predio. Dicha auto se
notificó en la misma forma antes indicada.
En esta
oportunidad se escuchó en descargos al señor Jorge Enrique Pérez Caicedo (lotes
No. 2, manzana Y y No. 12, manzana D) por intermedio de su apoderado Daniel
Barón Castañeda.
En la
inspección se identificaron los siguientes lotes: No. 11 de la manzana G cuyo
poseedor es Nestor Romero Nimisca, No. 9 de la misma manzana, poseedor Gustavo
Pérez, No. 15 de la manzana F, poseedor Leonardo Castellano. No se oyeron en
descargos a los citados, pues no se encontraron en el sitio respectivo al
momento de la inspección. Por ello, se les dejó la respectiva boleta de
citación para que comparecieran posteriormente a la inspección a rendir dichos
descargos.
El día 13 de
noviembre de 1992, el señor Gustavo Pérez Agudelo acudió a la Inspección 11A,
rindió los respectivos descargos y se le advirtió que debía abstenerse de
seguir construyendo.
- En el auto
de noviembre 5 de 1992 se señaló el día 27 de noviembre de 1992 para continuar
la inspección ocular mencionada. Se fijaron los avisos noticiando esta
diligencia en la forma ya expresada. En ella se escucharon en descargos a las
siguientes personas:
Yolanda
Caicedo Ramírez, respecto a la cual no se identificó el lote y sólo se le
advirtió que debía de abstenerse de seguir construyendo; Alba Azucena Sáenz
(lote No. 4, manzana J), a quien se le advirtió no seguir construyendo.
-Mediante auto
de febrero 12 de 1993, se fijo el día 15 del mismo mes y año, para la practica
de una tercera inspección ocular, la cual fue aplazada y llevada a cabo el día
13 de abril de 1993. Es de anotar, que no aparece prueba alguna de que se
hubiera realizado la notificación de dicha diligencia a los restantes presuntos
infractores. No obstante, se escucharon en descargos a las siguientes personas:
Manuel Antonio
Ramírez (no se identificó el lote) a quien se le advierte que no debe seguir
construyendo; José Alejo Matamoros Acosta (no se identificó el lote); Luis
Enrique Timbambre (lote 3, carrera 92 No. 130A-17) a quien se le advierte que
no debe seguir construyendo; Claudia Patricia Caicedo (Calle 130 C No. 92-42) a
quien se le advierte que no debe seguir construyendo, y María Inés Ramírez Vda.
de Herrera (Carrera 92 No. 130B-11).
- Según auto
del 3 de mayo 1993 se dispuso la realización de una cuarta diligencia de
inspección ocular, la cual tendría lugar el día 11 del mismo mes y año. En
dicha diligencia se verificó el sellamiento de las construcciones de 13
inmuebles, de conformidad con el literal A del Art. 66 de la ley 9a. de 1989.
Es de anotar que no se encontró a ninguno de sus propietarios; por tal razón se
les dejó boletas de comparendo para que se hicieran presentes a rendir los
respectivos descargos.
En esta misma
diligencia, al señor Benjamín Rojas Medina (bodega identificada con el No.
92A-06 de la Calle 130), se le declaró contraventor y se le ordenó la
suspensión de la obra; igualmente se le fijó caución y se le advirtió que si
continuaba la obra se ordenaría de plano su demolición.
Se procedió a
la identificación del lote No. 6 de la manzana H, demarcado con el No. 92-21 de
la calle 132, cuya poseedora es la señora Bernarda Flórez, quien no se
encontraba al momento de la inspección. Por este motivo, se le dejó una boleta
de citación con la persona encargada de la levantar la construcción
- El día 12 de
mayo de 1993, se realizaron inspecciones a ocho (8) lotes, que no se
identificaron. No se encontraron a los poseedores de los lotes y obras que se
habían sellado, pero si se estableció que se continuó con la construcción.
- El día 14 de mayo
de 1993, comparecieron a la Inspección 11A y se les recibieron descargos, a las
siguientes personas: Luis Alfredo Jiménez Urbina (lote de la manzana H); José
Cándido Romero Sánchez (lote No. 20, Calle 131 A No. 92-23) a quien se le
advierte que debe abstenerse de seguir construyendo.
·   Conclusiones
sobre lo establecido en las referidas diligencias de inspección.
Del examen de
las diligencias mencionadas se establece claramente lo siguiente:
a) Se
recibieron descargos como presuntos contraventores de las normas de urbanismo a
los siguientes peticionarios de tutela:
Alfredo Triana
Rojas, Yolanda Caicedo, María Inés Ramírez viuda de Herrera y María Elena
Ramírez López.
No obstante se
observa que a los citados, con excepción de la señora María Elena Ramírez
López, no se les declaró como contraventores, ni se les ordenó la suspensión de
las obras, ni se les ordenó prestar caución para garantizar la no continuación
de las construcciones.
b) Entre los
peticionarios de tutela, que no intervinieron en el proceso administrativo
policivo y, por consiguiente, no se les oyó en descargos ni se les dio
oportunidad de solicitar o aportar pruebas, se encuentran los siguientes:
Elvira
Preciado Murillo, Vicente Chaparro Pacheco, Luis Alfredo Vargas Ruiz, María
Zoila Quintero, María de Jesús Piza de López, Mauricio García Bautista, Blanca
Celia Gil Molina, Luis Rafael Moreno Rodríguez, José Rubén Soler, Luis Germán
Mora Bareño, Cecilia García Bautista, Elvira Rosa Fonseca de Virguez, José
Vicente Acero Quiñonez, Rosa María Sierra, Juan Fuentes Medina, Edgar Telésforo
Peña Rodríguez, María Aurora Méndez Amaya, Luz Magola Bohórquez Sánchez,
Margarita Poveda de Méndez, Edilberto Palacios Páez, Juan B. Villamil
Rodríguez, Rita Jiménez Urbina, Alirio Santamaria Olarte, Pedro María Ardila
Méndez, Darío Ramírez y Luis Humberto Ramírez Martínez y Bernarda Flórez
Granda.
2.2. En cuanto
hace referencia al aviso de notificación para la realización de la inspección
ocular llevada a cabo el 11 de mayo de 1992, se pudo determinar lo siguiente:
- A folio 202
de los anexos, aparece que la Inspección 11A de Urbanismo y Construcción de
Obras de Suba de acuerdo con el art. 427 del Código de Policía de Santafé de
Bogotá fijó en el predio Santa Ana el siguiente aviso:
"A los
señores, Propietarios de los Inmuebles del Predio denominado Santa Ana, Carrera
91 con calle 131, Exp. No. 251-92. Que por auto proferido dentro de las
presentes diligencias se procedió a fijar para diligencia de inspección ocular
la CUAL SE LLEVARA a cabo el día 11 del mes de mayo del año en
curso a la hora de las 9 a.m. en el sitio antes relacionado dentro de la
contravención de la referencia dando aplicación al art. 427 y S.S. del Código
de Policía de Bogotá se expide el presente aviso a los diez días del mes de
mayo de mil novecientos noventa y tres... SE FIJA EL PRESENTE AVISO HOY 10
DE MAYO DE 1993 A LA HORA DE LAS 2: 30 P.M."
Observa la
Sala, que la referida notificación no se ajustó a la preceptiva que rige este
tipo de actuaciones, porque el aviso no se fijó con 24 horas hábiles de
anticipación a la fecha de la práctica de la diligencia; por consiguiente, las
actuaciones cumplidas en desarrollo de la misma carecen de valor y no producen
efectos jurídicos frente a las personas ante quienes se les oponen.
2.3. En la
resolución 006 del octubre 25 de 1993, la Alcaldía Local de Suba decidió, en lo
pertinente:
"PRIMERO:
Declarar contraventor de obras, a todas las personas que han adelantado
construcciones en el predio denominado "SANTA ANA"  de la jurisdicción
de Suba, ubicado en la carrera 91 con calle 13 de esta ciudad".
"SEGUNDO:
Imponer las medidas correctivas de DEMOLICION DE OBRA, a todas las personas
declaradas  contraventoras en el numeral anterior".
"TERCERO:
Conceder un plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir la ejecutoria de
la presente resolución para que los contraventores ejecuten la demolición
ordenada, con la advertencia de que en el lapso de tiempo señalado  o la
realizaren la misma, ésta ejecutorá por parte de funcionarios de la Secretaría
de Obras Públicas del Distrito Capital y el costo de la misma, será a cargo de
los contraventores".
"CUARTO:
Compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, a efecto que se investigue
la presunta actuación dolosa del doctor Dani Barón Castañeda, como profesional
del derecho, quien autorizare la continuación de las obras en el predio
"SANTA ANA" después de haber sido aquellas suspendidas y selladas por
orden de la INSPECCION ONCE "A" ESPECIAL DE POLICIA DE URBANISMO Y CONSTRUCCION
DE OBRAS DE SUBA".
En la parte
motiva de la resolución 006 del 25 de octubre de 1993 se hace un relato escueto
y cronológico de las actuaciones cumplidas dentro del informativo levantado por
la antigua Inspección 11A Especial de Policía de Urbanismo y Construcción de
Obras de Suba, y luego de la cita de las disposiciones legales pertinentes, se
considera contraventores de éstas a todas las personas que han levantado
construcciones en el referido predio.
Dicha
resolución se notificó por edicto que fue fijado el 22 de noviembre de 1993, y
fue impugnada mediante recurso de reposición por el apoderado del señor Jorge
Enrique Pérez Caicedo, quien aparece como vendedor de las posesiones de los
lotes.
El referido
recurso fue resuelto negativamente por la Alcaldía, con los siguientes
argumentos:
"..si
bien es cierto no existe localización de cada predio, no es cierto que es
imposible de determinar predio por predio por cuanto el lote de Santa Ana
carece de la nomenclatura urbana definida para cada predio sólo existe una localización
general en la carrera 91 con calle 131, siendo imposible establecer la
ubicación de cada edificación". "Igualmente al carecer la
urbanización Santa Ana de la respectiva licencia de la superintendencia de
sociedades para la venta de lotes, como de su respectivo plano de loteo
expedido por el D. A. P. D., es imposible la identificación de cada inmueble
allí localizado".
"Tampoco
es cierto que no se haya escuchado en descargos a las personas que dicen ser
propietarios, por cuanto que en cada diligencia judicial se oyó a quien atendió
la diligencia y en otros casos se dejó boleta de comparendo, de lo cual es
testigo el propio Doctor BARON CASTAÑEDA, quien en algunos casos recibió las
boletas de comparendo, sin embargo los citados no comparecieron como tampoco
allegaron las respectivas pólizas sobre las sanciones allí impuestas".
"... que
en varias diligencias que obran se amonestó a no seguir construyendo de lo cual
reposa constancia y a pesar de esto se continuaron las obras".
2.4. La Personería
Distrital, a través de un agente especial destacado al efecto, conceptuó que la
orden de sellamiento de las obras dispuesta por el Inspector de obra, conforme
el art. 66 de la ley 9/89, en relación con 13 inmuebles del predio de Santa
Ana, fue aplicada de manera incompleta, como quiera que ésta debe imponerse
junto con multas sucesivas y suspensión de obra.
Además señaló
que la resolución No. 006/93 incluye a todos los constructores, sin hacer
diferencia con respecto a aquéllos que ya ostentaban una sanción de suspensión
de obra y sellamiento, para los cuales la demolición se aplicaría como
subsidiaria o resultado del incumplimiento de dicha sanción, pues si la
demolición se aplica como sanción principal, se debe contar con el concepto de
Planeación Distrital, el cual no se obtuvo.
3. Aspectos sustanciales y
procesales de las actuaciones policivas, relacionadas con la demolición de
obras en Santafé de Bogotá D.C.
En los
términos del art. 63 de la ley 9 de 1989, la ejecución de obras de construcción,
ampliación, modificación, adecuación y reparación, demolición de edificaciones
o de urbanización y parcelación para construcción de inmuebles, de terrenos en
las áreas urbanas, suburbanas, y rurales de los municipios, requiere permiso o
licencia, expedido por la autoridad competente.
La violación o
el incumplimiento de las referidas normas da lugar a la imposición de
sanciones, graduables según la gravedad de la infracción, así:
"a)
multas sucesivas que oscilan entre medio salario mínimo legal mensual y 200
salarios legales mensuales cada una, para quienes parcelen, urbanicen o
construyan sin licencia. b) multas sucesivas que oscilarán entre medio salario
mínimo legal mensual y 200 salarios mínimos legales mensuales cada una para
quienes usen o destinen un inmueble a fin distinto al previsto en la respectiva
licencia o patente. c) la demolición total o parcial del inmueble construido
sin licencia y en contravención a las normas urbanísticas, y la demolición de
la parte del inmueble no autorizada...." (art. 66, Ley 9 de 1989).
Con
anterioridad el Código Nacional de Policía había previsto la medida correctiva
de demolición de obra como una contravención administrativa de policía (arts.
186-14, 198, 215, 216 y 220).
El Código de
Policía de Bogotá, con el fin de controlar el desarrollo urbano y estético de
la ciudad condiciona la ejecución de obras a su adecuación con los planes de
desarrollo urbano y al otorgamiento de la autorización respectiva mediante
licencia de la autoridad competente (arts. 97 y 98).
La infracción
a las normas atinentes a la construcción de obras, constituye una contravención
común sancionable con la suspensión o demolición de la obra (numerales 13 y 14
del art. 16 del Código de Policía de Bogotá). Guarda armonía con estas normas
el art. 100 del mismo código que dice:
"A quien
termine obra de urbanismo, edificación o modificación sin licencia o sin
ajustarse a sus condiciones o a los planos aprobados, se le impondrá demolición
o adecuación de obra, según el caso, si lo construido no se ajusta en todo o en
parte a los requisitos preestablecidos por la Secretaría de Obras Públicas o el
Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Funcionarios de estas
dependencias deberán dictaminar al respecto".
"Parágrafo:
Las medidas correctivas aquí señaladas se garantizarán con caución suficiente,
de acuerdo con el monto de la obra, sin perjuicio que la demolición o
adecuación se realice por la Administración a costa del contraventor. Si éste
no paga en el término que se le señale, el reembolso se perseguirá por la vía
coactiva".
Como puede
apreciarse, diferentes normas de los estatutos antes mencionados regulan tanto
el aspecto sustancial como el procedimiento para el juzgamiento de las
contravenciones comunes relativas a obras que, aun cuando sumario, garantiza
plenamente el derecho de defensa. En efecto:
El
contraventor debe ser previamente oído y para este fin se le debe citar para
que rinda descargos y solicite o aporte las pruebas correspondientes, mediante
notificación personal o en su defecto por aviso. Dichos descargos los puede
rendir en la misma diligencia de inspección ocular que se practique en el
respectivo inmueble o en acto posterior.
Establecida la
infracción y determinada su gravedad, se procede a la inmediata suspensión de
la obra y se le exige al infractor el otorgamiento de una caución suficiente
para garantizar que no continuará con el adelantamiento de la obra, pues si lo
hace el funcionario competente previa comprobación sumaria del hecho hace
efectiva la caución e impone la sanción correspondiente, según la gravedad de
la infracción (multa o demolición de la obra ejecutada), mediante resolución
escrita que debe ser motivada. Pero se anota que si la obra está terminada, ya
se trate de construcción o modificación, lo procedente es la imposición al
contraventor de la sanción de demolición o de adecuación de la obra, según el
caso.
4. Naturaleza jurídica de las
providencias que ordenan la suspensión o  demolición de una obra.
El inciso 3
del art. 82 del Código Contencioso Administrativo dice:
"La
jurisdicción en lo contencioso- administrativo no juzgará las providencias
dictadas en juicio de policía de carácter penal o civil".
Considera la
Sala que por tratarse de una norma excepcional, en cuanto excluye del control
jurisdiccional actos dictados por autoridades que pertenecen a la
administración, como son los funcionarios de policía, debe interpretarse en su
sentido estricto. Por lo tanto, solamente las providencias dictadas en juicios
de policía de carácter penal o civil, como resultado de las llamadas
contravenciones civiles, o penales de policía (contravenciones especiales de
policía, reguladas por el Título IV del Código Nacional de Policía, Ley 30 de
1986, Código Nacional de Tránsito Terrestre, Ley 23 de 1991) están excluidas
del control de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, según lo
resolvió el H. Consejo de Estado en las sentencias de la Sección Primera del 12
de septiembre de 1975, actor Santiago Marroquin, expediente 2258, y de agosto
20 de 1976, actor Rafael Latorre y otros, expediente 2248, de las cuales fue
ponente el Magistrado Humberto Mora Osejo.
Se concluye,
en consecuencia, que las medidas correctivas  de demolición de obras no son del
tipo de providencias que ponen fin a un juicio civil o penal de policía y, por
consiguiente, equiparables a decisiones jurisdiccionales. En tal virtud, los
actos administrativos contentivos de dichas medidas son susceptibles de ser
demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en ejercicio
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
5. Los casos concretos que se
analizan.
En razón a que
todos los demandantes alegan como vulnerado el  derecho fundamental al debido
proceso, procede la Sala a determinar si se observó el procedimiento
administrativo policivo en el trámite adelantado por la Inspección 11A Especial
de Policía de Urbanismo y Construcción de Obras, el cual culminó con la providencia
proferida por el Alcalde Local de Suba que es objeto de cuestionamiento.
Al respecto observa
la Sala:
- Como quedó
precisado antes, con excepción de los peticionarios Alfredo Triana Rojas,
Yolanda Caicedo, María Inés Ramírez viuda de Herrera y María Elena Ramírez
López, a los demás no se les oyó en descargos ni se les dio la oportunidad de
solicitar y aportar pruebas ni de controvertir la actuación administrativa.
- A las personas que
iniciaron construcciones sin licencia, escuchadas en descargos, y a quienes se
les impuso la medida de suspensión de obra, garantizada con caución, pero no
obstante ello prosiguieron con el desarrollo de la misma o la terminaron, no se
les hizo efectiva la caución respectiva y no se les decretó en el momento
oportuno la demolición de la construcción ejecutada, como lo prescribe el
artículo 99 del Código de Policía de Bogotá.
- La inspección
ocular del día 11 de mayo de 1993 se realizó en forma irregular, con la
consecuencia de que lo actuado carece de eficacia jurídica y por lo tanto
resulta inoponible a sus destinatarios, como quedó advertido anteriormente.
- En algunas
diligencias de inspección que se practicaron, se vincularon al proceso algunos
de los presuntos poseedores, pero no se les identificó ni se alinderó el predio
sobre el cual estaba erigida la construcción considerada como ilegal.
- En cuanto hace
relación con la resolución 006 de 1993, la violación del debido proceso se
aprecia por la presencia de irregularidades protuberantes que, por constituir vicios
sustanciales, afectan no sólo la validez, sino la existencia misma de dicho
acto y lo convierten en una verdadera "vía de hecho", según la
precisión que sobre el particular ha hecho la jurisprudencia constante de la
Corte. En efecto:
La resolución declara
en abstracto contraventores a todos los que han construido obras en el predio
Santa Ana y se les sanciona con la medida correctiva de demolición de las
respectivas obras.
Una decisión
concebida en los términos anteriores, puede ser fuente de arbitrariedades
porque la administración no queda limitada por su propia decisión, sino que
eventualmente le permite discrecionalmente y sin control alguno, incorporar
nuevos infractores, según su conveniencia.
Siendo las
sancionadas un número plural de personas, con bienes individualizados, la
motivación y la parte dispositiva de dicho acto, necesariamente han debido
identificar o concretar específicamente a las personas que presuntamente
transgredieron las disposiciones urbanísticas, e igualmente, a los inmuebles
sobre los cuales se edificaron las construcciones pues, a juicio de la Sala, la
contravención y la persona del contraventor deben estar establecidos e
identificados plenamente.
Un elemento
esencial del acto administrativo, que hace parte de la determinación del
objeto, lo constituye la identificación precisa del sujeto pasivo al cual se
aplica la decisión de la administración, e igualmente la delimitación de los
contornos fácticos y jurídicos que permiten estructurarla. Por consiguiente, si
se omiten tales requisitos, indudablemente se afecta la existencia misma del
acto, porque no se podría saber con certeza con respecto a quien o a quienes,
en concreto, se puede demandar y aplicar la consecuencia jurídica que se deduce
de lo ordenado o mandado en el acto. En otras palabras, en este evento
estaríamos en presencia de un acto carente de un elemento esencial para su
existencia y validez como es el objeto, pues la precisión de éste determina el
contenido de la decisión de la administración.
En el presente
caso, en el acto mencionado, no se identifica a ninguno de los infractores, ni
a las construcciones objeto de la actuación administrativa policiva, ni se
precisan las circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre las cuales se
estructura la respectiva contravención. De esta manera, se incurre en una
"vía de hecho" por la inobservancia de las normas sustanciales y de
las formalidades esenciales del proceso administrativo policivo, lo cual
configura la violación del debido proceso (art. 29 de la C.P.).
Así las cosas,
la resolución de la Alcaldía Local de Suba sólo puede ser considerada como un
simple hecho y por lo tanto no puede ser ejecutada.
Habiendo
quedado establecida la violación del debido proceso es procedente la tutela
impetrada por los actores, para que con respecto a cada uno de los presuntos
infractores de obras y urbanismo que se encuentran en el predio Santa Ana se
cumpla, en todo su rigor, el procedimiento señalado en las normas
correspondientes. Ello implica que se revocarán los fallos que negaron las
tutelas y se confirmarán aquellos otros que concedieron el amparo solicitado.
Consecuente con lo
expuesto, la Alcaldía Local de Suba debe dejar sin efecto la resolución No. 006
del 25 de octubre de 1993 y rehacer la actuación viciada, para que de esta
forma pueda emitir, si fuere del caso, el respectivo acto administrativo de
conformidad con la ley.
IV. DECISION.
Por las
razones señaladas, la Corte Constitucional en Sala Segunda de Revisión,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR las sentencias de segunda instancia
respecto de los siguientes expedientes: T-50330, ( Juzgado Civil del Circuito,
sentencia octubre 10 de 1994), T-50380 (Tribunal Superior del Distrito Judicial
Santafé de Bogotá- Sala Civil , sentencia octubre 6/94) Santafé de Bogotá- Sala
Civil, sentencia octubre 6/94), T-50492 (Juzgado 5o. Civil del Circuito,
sentencia septiembre 30/94), T-51110 (Juzgado 7o. Civil del Circuito,
sentencia  octubre 4/94), T-51148 (Juzgado 23 Civil del Circuito, sentencia
octubre 10/94), T-51165 (Juzgado 23 Civil del Circuito, sentencia octubre
11/94), T-51453 (Juzgado 24 Civil del Circuito, sentencia octubre 25/94),
T-51455 (Juzgado 8o. Civil del Circuito, sentencia octubre 6/94), T-51918
(Juzgado 4o. Civil del Circuito, sentencia octubre 3/94), T-50260 (Tribunal
Superior- Sala Civil Judicial Santafé, sentencia octubre 6/94), T-50342
(Tribunal Superior del Distrito Judicial Santafé de Bogotá- Sala Civil,
sentencia octubre 6/94), T-50866 (Tribunal Superior del Distrito Judicial
Santafé de Bogotá- Sala Civil, sentencia octubre 12/94), T-50897 (Juzgado
Tercero Civil del Circuito, sentencia octubre 12/94), T-50939 (Tribunal
Superior del Distrito Judicial Santafé de Bogotá- Sala Civil, sentencia octubre
11/94), T-51071 (Juzgado 27 Civil del Circuito, sentencia octubre 11/94),
T-51899 (Juzgado 4o. Civil del Circuito, sentencia octubre 3/94), que
confirmaron los fallos de primera instancia y denegaron las tutelas impetradas y,
en su lugar, CONCEDESE a los peticionarios la tutela del derecho al
debido proceso.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de segunda instancia de
octubre 10 de 1994 proferida por el juzgado 22 Civil del Circuito de esta
ciudad, dictada en el proceso T-51285, y confírmase la sentencia del Juzgado
6o. Civil Municipal de septiembre 5/94, que concedió la tutela, pero por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO:
CONFIRMAR la sentencia de
septiembre 6/94, del juzgado 12 Civil del Circuito, correspondiente a la
T-53967, que concedió la tutela, por las razones y en los términos aquí
expuestos.
CUARTO: CONFIRMAR las sentencias de segunda instancia
respecto de los siguientes expedientes: T-49597 (Juzgado sexto Civil del
Circuito, sentencia octubre 3/94), T- 0203 (Juzgado 16 Civil del Circuito,
sentencia octubre 4/94), T-50410 (Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santafé de Bogotá, sentencia octubre 4/94) T-51218 (Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, sentencia octubre /94), T-51328
(Juzgado 32 Civil del Circuito, sentencia octubre 12/94) y T-51645 (Juzgado 6o.
Civil del Circuito, sentencia octubre 20/94), que revocaron las decisiones de
primera instancia y concedieron la tutela impetrada en cada caso.
QUINTO: ORDENASE la suspensión de la ejecución de la
resolución No. 006 del 25 de octubre de 1993, proferida por la Alcaldía Zonal
de Suba, mediante la cual se dispuso la demolición de las construcciones
erigidas en el predio Santa Ana de dicha jurisdicción.
La Alcaldía Local de
Suba ORDENARA dejar sin efectos la aludida resolución y procederá a rehacer la
actuación viciada, para que de esta forma pueda emitir, si fuere el caso, el
respectivo acto administrativo de conformidad con la ley.
SEXTO: ORDENASE librar las comunicaciones a que se refiere el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991, para los fines allí previstos.
Notifíquese,
cópiese, publíquese, e insértese en la Gaceta Constitucional.
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado Ponente
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General