C-672-05
PROYECTO DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
Sentencia C-672/05
ACTO LEGISLATIVO QUE IMPLEMENTO EL SISTEMA
PENAL ACUSATORIO-Modificaciones que introdujo en el
sistema procesal penal
ACTO LEGISLATIVO QUE IMPLEMENTO EL SISTEMA
PENAL ACUSATORIO-Funciones de la Fiscalía General
de la Nación
ACTO LEGISLATIVO QUE IMPLEMENTO EL SISTEMA
PENAL ACUSATORIO-Características de la habilitación
del Presidente de la  República para expedir normas
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE DECRETO
ESTATUTARIO-Parámetros
DECRETO QUE DESARROLLA ACTO LEGISLATIVO
QUE IMPLEMENTO EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Desbordamiento
de la competencia del Presidente de la República/DECRETO ESTATUTARIO-Inexequibilidad
por consecuencia
Si bien la Corte advierte que respecto del Decreto 2637 de 2004 se
respetó el límite temporal fijado por el legislador, también aprecia que el
Presidente de la República desbordó, de manera flagrante, la competencia
excepcional que le fue atribuida.  Ello fue así en cuanto ese decreto no se
orienta a desarrollar las normas legales requeridas para la puesta en
funcionamiento de la nueva estructura básica de acusación y juzgamiento, sino
que, lejos de ello, modifica múltiples disposiciones de la ley estatutaria de
la administración de justicia que nada tienen que ver con ese nuevo modelo de
justicia penal. De este modo, existen diferentes posiciones en relación con la
índole del control de constitucionalidad de que son objeto los decretos de este
tipo, lo que sí observa la Corte es que concurre un vicio protuberante en
cuanto el Decreto 2637 de 2004 se expidió con violación flagrante de la
competencia que el constituyente derivado le atribuyó al Presidente de la
República en el artículo 4º transitorio del Acto Legislativo 03 de 2002. En
estas condiciones, como el Decreto 2637 de 2004 fue el que dio lugar a la
expedición del Decreto 2697 y como aquél será declarado inexequible, se produce
la inexequibilidad por consecuencia de este último y por ello será también
retirado del sistema jurídico.
Referencia: expediente  P. E. 022
Revisión de constitucionalidad de los
Decretos 2637 y 2697 de 2004
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá, D.C., treinta  (30)  de junio de dos mil cinco  (2005).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y cumplidos todos los trámites y requisitos
contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.  ANTECEDENTES
1.  En la Corte se recibieron varias demandas contra los Decretos
2637 y 2697 de 2004, así:
a. El 29 de septiembre de 2004 el ciudadano Luis Fernando Otálvaro
Calle presentó demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 2697 de 2004,
“por el cual se corrigen yerros tipográficos del Decreto 2637 del 19 de
agosto de 2004 por el cual se desarrolla el Acto Legislativo número 03 de 2002”.
El 15 de octubre de 2004 el Magistrado Jaime Córdoba Triviño consideró que la
Corte no tenía competencia para conocer de la demanda de inconstitucionalidad
presentada por el actor.  No obstante, teniendo en cuenta que el decreto
demandado y el decreto a través de él corregido podían tener contenido
estatutario, ya que modificaban disposiciones de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia, el citado Magistrado rechazó la demanda, le
solicitó al Presidente de la República que en el término de diez días enviara a
esta Corporación copia auténtica de tales decretos para efectos de realizar el
control integral de constitucionalidad y dispuso que una vez recibidos se los
sometiera a reparto.  Además se resolvió que la demanda instaurada se tuviera
como intervención ciudadana en el proceso de control automático de los aludidos
decretos.
b.  El 23 de septiembre de 2004 el ciudadano Pedro Pablo Camargo
presentó demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 2637 de 2004,  “Por
el cual se desarrolla el Acto Legislativo Número 03 de 2002 para la
implementación del sistema penal acusatorio”.  El 21 de octubre la
Magistrada Clara Inés Vargas Hernández rechazó la demanda, le solicitó al
Presidente de la República que en el término de diez días enviara a esta
Corporación copia auténtica de tales decretos para efectos de realizar el control
integral de constitucionalidad y dispuso que la demanda instaurada se tuviera
como intervención ciudadana en el proceso de control automático de ese decreto.
c.  El 29 de septiembre de 2004 el ciudadano Luis Fernando Otálvaro
Calle presentó demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3º, 4º, 9º,
10º y 13 del Decreto 2637 de 2004 y contra el Decreto 2697 de 2004.  El 22 de
octubre de 2004 el Magistrado Álvaro Tafur Galvis rechazó la demanda y ordenó
incorporarla como intervención ciudadana al proceso de control automático de
tales decretos.
d.  El 14 de octubre de 2004 el ciudadano Jaime Torrado Llaín, en
ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, presentó demanda contra
el Decreto 2637 de 2004 por infringir el Acto Legislativo 03 de 2002 y la Ley
906 de 2004.  El 29 de octubre de 2004 el Magistrado Jaime Araújo Rentería
rechazó la demanda y ordenó incorporarla como intervención ciudadana al proceso
de control automático de tales decretos.
e.  El 23 de septiembre de 2004 el ciudadano Pedro Julio González
Alba presentó demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 9 del Decreto
2637 de 2004.  El 5 de noviembre de 2004 el Magistrado Álvaro Tafur Galvis
rechazó la demanda y ordenó incorporarla como intervención ciudadana al proceso
de control automático de tal decreto.
2.  El 16 de noviembre de 2004 se realizó el reparto del proceso de
control automático de constitucionalidad de los Decretos 2637 y 2697 de 2004,
correspondiéndole a este Despacho.
3.  El 29 de noviembre de 2004 se asumió el conocimiento del
proceso, se ordenó el traslado al Procurador General y la fijación en lista del
proceso para que cualquier ciudadano impugne o defienda los citados decretos.
Habiéndose cumplido los trámites inherentes a este proceso de
constitucionalidad, corresponde a esta Corporación proferir la sentencia
correspondiente.
II.  TEXTO DE LAS NORMAS ACUSADAS
El texto de los decretos sobre los cuales la Corte ejercerá control
automático de constitucionalidad son los siguientes:
DIARIO OFICIAL. AÑO CXL. N. 45645. 19, AGOSTO, 2004. PAG. 23.
DECRETO
NUMERO 2637 DE 2004
(Agosto 19)
por el cual se desarrolla el Acto Legislativo número 03 de 2002.
El Presidente de la República de Colombia, en
ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las
extraordinarias que le confieren el inciso 2° del artículo 4° transitorio del
Acto Legislativo 03 del 19 de diciembre de 2002, por el cual se reforma la
Constitución Nacional,
DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 7° de la Ley 270 de
1996 quedará así:
Artículo 7°. Eficiencia. La administración de justicia debe ser eficiente. Los funcionarios
y empleados judiciales deben ser diligentes en la sustanciación de los asuntos
a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir
conforme a la competencia que les fije la ley.
No obstante la perentoriedad y cumplimiento
de los términos procesales de que trata el artículo cuarto, cuando existan
procesos en curso en que puedan verse afectados el orden o el patrimonio
público, la seguridad nacional, o la de establecimientos de reclusión, o cuando
involucren hechos, causas y fallos similares reiterados por la jurisprudencia,
el juez, el magistrado o la respectiva corporación competente podrá disponer la
alteración de los turnos de forma que se permita la pronta y ágil solución de
tales causas.
Igualmente, la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura podrá reasignar funcionarios o empleados
judiciales, y crear cargos, juzgados y tribunales de descongestión, liquidación
o depuración con competencia material específica, territorial o nacional.
Artículo 2°. El parágrafo 1° del artículo 11
de la Ley 270 de 1996 quedará así:
La Corte Suprema de Justicia, la Corte
Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura,
tienen competencia en todo el territorio nacional.
Los tribunales superiores, los Tribunales
Administrativos y los Consejos Seccionales de la Judicatura, tienen competencia
en el correspondiente Distrito Judicial o Administrativo. Los jueces del
circuito tienen competencia en el respectivo circuito y los jueces municipales
en el respectivo municipio o en la unidad judicial municipal.
Las salas de tribunales superiores y los
jueces de descongestión, depuración y/o liquidación especialmente creados por
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, tendrán la
competencia territorial y material específica que se les señale en el acto de
su creación.
Artículo 3°. El artículo 15 de la Ley 270 de
1996 tendrá un nuevo inciso así:
Transitoriamente la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura podrá crear salas o despachos de
descongestión, liquidación y/o depuración cuyos magistrados deberán tener las
mismas calidades que la Constitución exige para los titulares y podrán tener un
régimen salarial y prestacional diferente. Su designación se hará de las listas
que envíe la Sala Administrativa.
Artículo 4°. El inciso 1° del artículo 16 de
la Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 16. Salas. La Corte Suprema de Justicia cumplirá sus funciones por medio de
cinco salas, integradas así: La Sala Plena, por todos los Magistrados de la
Corporación; la Sala de Gobierno, integrada por el Presidente, el
Vicepresidente y los Presidentes de cada una de las Salas especializadas; la
Sala de Casación Civil y Agraria, integrada por siete Magistrados, la Sala de
Casación Laboral, integrada por siete Magistrados y la Sala de Casación Penal,
integrada por nueve Magistrados. Las distintas salas se organizarán en salas de
decisión integradas por tres magistrados. Transitoriamente podrán estar
integradas adicionalmente por los magistrados de descongestión que para el
efecto cree la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Artículo 5°. El inciso 1° del artículo 19 de
la Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 19. Jurisdicción. Los Tribunales Superiores son creados
por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para el
cumplimiento de las funciones que determine la ley procesal en cada distrito
judicial, o en todo el territorio nacional cuando se creen transitoriamente
tribunales especiales de descongestión, depuración y/o liquidación de
conformidad con el reglamento que expida la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura y tendrán el número de Magistrados que esta determine
que, en todo caso, no será menor de tres.
Artículo 6°. El inciso 1° del artículo 22 de
la Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 22. Régimen. Los Juzgados Civiles, Penales, de Familia, Laborales y de Ejecución
de Penas que de conformidad con las necesidades de la administración de
justicia determine la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
para el cumplimiento de las funciones que prevea la ley procesal en cada
circuito o municipio, integran la jurisdicción ordinaria, sin perjuicio de que,
por acuerdo de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura se
creen juzgados de descongestión, depuración y/o liquidación que tengan
competencia en todo el territorio nacional. Su competencia material específica
dentro de la ley procesal, características, denominación y número serán
establecidos por esa misma Corporación, de conformidad con lo previsto en la presente
ley.
Artículo 7°. El inciso 3° del artículo 54 de
la Ley 270 de 1996 quedará así:
El reglamento interno de la respectiva
corporación señalará los días y horas de cada semana en que ella, sus salas y
sus secciones celebrarán reuniones para la deliberación de los asuntos
jurisdiccionales de su competencia, sin perjuicio de que cada sala decida
sesionar con mayor frecuencia para imprimir celeridad y eficiencia a sus
actuaciones.
Artículo 8°. El artículo 58 de la Ley 270 de
1996 tendrá un numeral 4 así:
4. Cuando se presentan escritos o recursos
manifiestamente improcedentes o con fines dilatorios, como en los casos de
recursos inexistentes, o de asuntos ya resueltos en la causa o proceso, o de
aquellos que de conformidad con la jurisprudencia reiterada del superior son
material o procesalmente improcedentes. La decisión se adoptará mediante
resolución motivada contra la cual solamente procede el re curso de reposición.
Artículo 9°. El artículo 61 de la Ley 270 de
1996 tendrá un parágrafo así:
Parágrafo. Los procesos judiciales que deban
conocer las corporaciones judiciales en donde actúen como partes o terceros
intervinientes funcionarios o empleados de la Rama Judicial, serán siempre
dirimidos por salas de conjueces adscritas a las respectivas corporaciones
integradas de la siguiente manera: Un conjuez designado por el Procurador
General de la Nación; un conjuez designado por el Contralor General de la
República; un tercer conjuez que será designado de común acuerdo por los dos
conjueces designados en la forma descrita. Estos conjueces deberán reunir las
mismas condiciones que para ser magistrado de la respectiva corporación y
estarán sometidos al mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades
previsto para los funcionarios judiciales.
Artículo 10. El
artículo 63 de la Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 63. Descongestión,
depuración y liquidación de causas, procesos e inventarios. La
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en los eventos
previstos en el artículo 7° de la presente ley, así como en los casos de
congestión y/o atraso de los juzgados o tribunales, podrá redistribuir los
asuntos que se tengan para fallo entre aquellas corporaciones y despachos cuya
carga laboral, a juicio de la misma Sala, lo permita. Asimismo, podrá
seleccionar y redistribuir los procesos cuyas pruebas, incluso inspecciones y
demás diligencias, puedan ser practicadas mediante comisión conferida por el
juez de conocimiento, y determinar los jueces que deban encargarse de su
evacuación ya sea que correspondan o no a la misma sede, especialidad o
jurisdicción.
Igualmente podrá crear, con carácter
transitorio, cargos de empleados, jueces o magistrados que tramiten,
sustancien, fallen y/o asuman íntegramente el conocimiento de procesos, quienes
podrán tener un régimen salarial y prestacional especial o ad honorem.
Las actuaciones necesarias para la ejecución
material de las decisiones proferidas por quienes administran justicia, podrán
ser atendidas por los empleados judiciales de los despachos, salas y secciones,
de conformidad con el reglamento que expida la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura.
La Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura también podrá crear, con carácter transitorio cargos de jueces
o magistrados de trámite o sustanciación, de fallo o que cumplan ambas
funciones, y salas y jueces de plena competencia y/o itinerantes de
descongestión, descongestión y/o depuración para la práctica de pruebas y,
eventualmente, trámite y fallo de los procesos, de acuerdo con la ley de
presupuesto. Los nominadores harán los nombramientos con base en los Registros
de Elegibles vigentes para los cargos transitorios a proveer y no podrán
designarse funcionarios o empleados que estén ocupando en propiedad otros destinos
en la Rama Judicial, salvo que formen parte del respectivo Registro de
Elegibles.
Artículo 11. El artículo 82 de la Ley 270 de
1996 tendrá un nuevo inciso así:
Atendiendo a la carga de trabajo de los
Consejos Seccionales, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura podrá reasignar temporalmente a sus Magistrados a los Tribunales
Superiores de la misma o de otra jurisdicción, o en salas especiales de
descongestión.
Artículo 12. El numeral 26 del artículo 85 de
la Ley 270 de 1996, se adicionará con el siguiente inciso:
La Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura reglamentará los turnos, jornadas y horarios para garantizar
el ejercicio permanente de la función de control de garantías. En este sentido
no podrá alterar el régimen salarial y prestación vigente en la Rama Judicial.
Artículo 13. El artículo 91 de la Ley 270 de
1996 tendrá un parágrafo así:
Parágrafo. Podrán crearse, para los efectos
previstos en los artículos 7° y 63 de la presente ley, jueces, salas de
tribunales o tribunales especiales de descongestión, depuración y/o liquidación
de causas, procesos e inventarios con las competencias que determine la ley y
para el conocimiento de los especiales asuntos, que dentro de esas competencias
les asigne la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, cuando
sea necesario a su juicio o por solicitud motivada de alguna de las Altas
Cortes, del Fiscal General de la Nación, del Procurador General de la Nación o
del Gobierno Nacional, por conducto del Ministro del Interior y de Justicia,
sin que se sea necesario modificar el monto de las apropiaciones del
presupuesto general de la Nación.
Artículo 14. El presente decreto rige a
partir de la fecha de su promulgación.
DIARIO OFICIAL. AÑO CXL. N. 45651. 25, AGOSTO, 2004. PAG. 21.
DECRETO
NUMERO 2697 DE 2004
(Agosto 24)
por el cual se corrigen yerros tipográficos del Decreto 2637 del 19
de agosto de 2004
por el cual se desarrolla el Acto Legislativo número 03 de 2002.
El Presidente de la República de Colombia, en
ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las
conferidas por el artículo 189 numeral 10 de la Constitución Política y el
artículo 45 de la Ley 4ª de 1913,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913,
Código de Régimen Político y Municipal, prevé que "1os yerros caligráficos
o tipográficos en las citas o referencias de unas leyes a otras no
perjudicarán, y deberán ser modificados por los respectivos funcionarios,
cuando no quede duda en cuanto a la voluntad del legislador";
Que el Acto Legislativo número 3 del 19 de
diciembre de 2002, artículo 4° transitorio, inciso segundo, concedió facultades
extraordinarias al Presidente de la República para proferir las normas legales
necesarias al nuevo sistema acusatorio, en el supuesto de que el Congreso de la
República no lo hiciere dentro del plazo señalado en el mismo Acto Legislativo;
Que el Presidente de la República, en
ejercicio de la anterior atribución constitucional, expidió el Decreto 2637 del
19 de agosto de 2004, por el cual se desarrolla el Acto Legislativo número 03
de 2002;
Que en el título del citado decreto, por
yerro de transcripción, se omitió la expresión final- "para la
implementación del sistema penal acusatorio", y en el encabezado, relativo
a las facultades constitucionales y legales que fundamentan su expedición, se
inadvirtió la expresión "para proferir las normas legales necesarias al
nuevo sistema" prevista en el inciso 2° del artículo 4° del Acto
Legislativo 3 de 2002, por lo cual se considera que deben ser incluidas;
Que el artículo 4° del Decreto 2637 de 2004
modificó el inciso primero del artículo 16 de la Ley 270 de 1996 y dispuso que
las distintas Salas de la Corte Suprema de Justicia se organizarán en salas de
decisión integradas por tres magistrados;
Que existió un yerro tipográfico al omitir la
expresión "cuando lo consideren conveniente"; que alteró el sentido
real de la modificación contenida en el citado artículo 4° del Decreto 2637 de
2004, el cual no refleja la verdadera voluntad del Presidente de la República;
Que la intención del Presidente de la
República, al modificar el artículo 16 de la Ley 270 de 1996, fue la de
disponer que las Salas de la Corte Suprema de Justicia, cuando lo consideren
conveniente, se organizarán en salas de decisión integradas por tres
magistrados;
Que teniendo en cuenta las consideraciones
anteriores es procedente introducir la expresión omitida;
Que el artículo 9° del Decreto 2637 de 2004
adicionó un parágrafo al artículo 61 de la Ley 270 de 1996, estableciendo que
los procesos judiciales que deban conocer las corporaciones judiciales en donde
actúen como partes o terceros intervinientes funcionarios o empleados de la
Rama Judicial, sean dirimidos por salas de conjueces adscritas a las respectivas
corporaciones;
Que existió un yerro tipográfico al
establecer que la designación de uno de los conjueces está a cargo del
Contralor General de la República, lo cual no refleja la verdadera intención
del Presidente de la República;
Que la voluntad del Presidente de la
República fue que la designación del conjuez estuviera a cargo de la Corte
Suprema de Justicia, acorde con lo dispuesto en el reglamento interno de la
misma;
Que d e acuerdo con lo anterior es procedente
corregir la expresión referida;
Que como quiera que la publicación del
Decreto 2637 de 2004, efectuada en el Diario Oficial número
45.645 del 19 de agosto de 2004 no refleja el contenido fidedigno del decreto
expedido, en tanto adolece de los yerros arriba citados, se hace necesario
realizar una nueva publicación del decreto fiel a la intención del Presidente
de la República,
DECRETA:
Artículo 1°. Corríjanse el título y el
encabezado del Decreto 2637 de 2004 en el sentido de que su tenor literal es el
siguiente:
"Por el cual se desarrolla el Acto
Legislativo número 03 de 2002 para la implementación del sistema penal
acusatorio"
"El Presidente de la República de
Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en
especial las extraordinarias que le confieren el inciso 2° del artículo 4°
transitorio del Acto Legislativo 03 del 19 de diciembre de 2002, por el cual se
reforma la Constitución Nacional, para proferir las normas legales necesarias
al nuevo sistema".
Artículo 2°. Corríjase el artículo 4° del
Decreto 2637 de 2004 en el sentido de que su tenor literal es el siguiente:
"Artículo 4°. El inciso 1° del artículo
16 de la Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 16.
Salas. La Corte Suprema de Justicia cumplirá sus funciones por medio de cinco
salas, integradas así: La Sala Plena, por todos los Magistrados de la
Corporación; la Sala de Gobierno, integrada por el Presidente, el
Vicepresidente y los Presidentes de cada una de las Salas especializadas; la
Sala de Casación Civil y Agraria, integrada por siete Magistrados; la Sala de
Casación Laboral, integrada por siete Magistrados y la Sala de Casación Penal,
integrada por nueve Magistrados. Las distintas salas, cuando lo consideren
conveniente, se organizarán en salas de decisión integradas por tres Magistrados.
Transitoriamente podrán estar integradas adicionalmente por los Magistrados de
descongestión que para el efecto designe la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura".
Artículo 3°. Corríjase el artículo 9° del
Decreto 2637 de 2004 en el sentido de que su tenor literal es el siguiente:
Artículo 9°.
El artículo 61 de la Ley 270 de 1996 tendrá un parágrafo así:
Parágrafo. Los procesos judiciales que deban
conocer las corporaciones judiciales en donde actúen como partes o terceros
intervinientes funcionarios o empleados de la Rama Judicial, serán siempre
dirimidos por salas de conjueces adscritas a las respectivas corporaciones
integradas de la siguiente manera: Un conjuez designado por el Procurador
General de la Nación; un conjuez designado por la Corte Suprema de Justicia; un
tercer conjuez que será designado de común acuerdo por los dos conjueces
designados en la forma descrita. Estos conjueces deberán reunir las mismas
condiciones que para ser magistrado de la respectiva corporación y estarán
sometidos al mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto para
los funcionarios judiciales.
Artículo 4°. Publíquese en el Diario Oficial
el Decreto 2637 de 2004 con la corrección que se establece en el presente decreto.
Artículo 5°. El presente decreto rige a
partir de la fecha de su promulgación.
III.  INTERVENCIONES
A. Del ciudadano Luis Fernando
Otálvaro Calle
Este ciudadano le solicita a la Corte que declare inexequibles los
artículos 3º, 4º, 9º, 10 y 13 del Decreto 2637 de 2004 por violación del
artículo 4º del Acto Legislativo 03 de 2002 y de los artículos 13, 25, 53, 116,
275 y 277 de la Carta Política.  Afirma que las disposiciones  demandadas no
guardan conexidad con la norma constitucional de facultades pues poco o nada
tienen que ver con el sistema procesal acusatorio adoptado mediante el Acto
Legislativo 03 de 2002 aspectos como la creación de jueces y tribunales de
descongestión con competencia en todo el territorio nacional, o la
implementación de regímenes salariales diferenciados para los servidores
judiciales o la creación de una instancia conformada por conjueces de extraña
procedencia para que resuelvan los asuntos en los que intervienen tales
servidores.
El citado ciudadano le solicita también a la Corte que declare
inexequible el Decreto 2697 de 2004 pues fue expedido cuatro días después de
expirar el término de vigencia de las precisas y extraordinarias facultades
constitucionales conferidas al Presidente de la República por el artículo 4 del
Acto Legislativo 03 de 2002 y, además, no corresponde al objeto anunciado ya
que lejos de realizar simples correcciones al Decreto 2637 de 2004, realiza
modificaciones sustanciales.
B.  Del ciudadano Pedro Pablo Camargo
Este ciudadano le solicita a la Corte que declare inexequible el
Decreto 2637 de 2004 porque el Presidente de la República no podía ser
facultado para emitir un decreto con fuerza de ley sobre una materia que como
la administración de justicia tiene reserva de ley estatutaria, porque el ejecutivo
omitió el control constitucional automático inherente a ese tipo de leyes y
porque los artículos 1º, 2º, 5º y 6º de ese decreto reproducen normas jurídicas
que habían sido declaradas inexequibles en las Sentencias C-392 y C-393 de
2000.
Aparte de esos vicios de procedimiento, el ciudadano considera que
el Decreto 2637 de 2004 es inexequible también por vicios de fondo pues
advierte que existe manifiesta contrariedad entre los artículos 29, 86, 116,
152, 153, 228, 229, 230, 243, 246, 247, 250 y 257 de la Carta Política y las
determinaciones tomadas en ese decreto, como la alteración de los turnos de los
procesos que se encuentran para decisión, la atribución a la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de facultades para crear
tribunales y jueces de descongestión con competencia en todo el territorio
nacional, la atribución de facultades a las autoridades judiciales para que
tomen decisiones mediante resoluciones inimpugnables respecto de recursos
inexistentes, improcedentes o presentados con fines dilatorios y la facultad de
practicar pruebas a través de jueces comisionados con violación del principio
de inmediación y de crear jueces de instrucción y de fallo.
C.  Del ciudadano Jaime Torrado Llaín
Este ciudadano le solicita a la Corte declarar la nulidad absoluta
del Decreto 2637 de 2005 por vulnerar múltiples disposiciones de la Carta
Política y del Código de Procedimiento Penal en lo relacionado con
instituciones como la competencia territorial y funcional, la conexidad procesal
o material, el principio de doble instancia, los recursos y el cambio de
radicación de los procesos.  Afirma el interviniente que el decreto fue dictado
cuando el ejecutivo no tenía ya facultades para hacerlo dado que el Congreso de
la República había expedido el Código de Procedimiento Penal, que da prioridad
a ciertos procesos para su estudio y decisión, que desconoce el principio de
inmediación y que ignora las limitadas facultades de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura.
D.  Del ciudadano Pedro Julio González Alba
Este ciudadano le solicita a la Corte declarar inexequible el
artículo 9 del Decreto 2637 de 2004 por extralimitación de las facultades
conferidas al ejecutivo por el artículo 4º del Acto Legislativo 03 de 2002,
desconocimiento de la reserva de ley para la expedición de códigos, vulneración
del principio de unidad de materia, quebrantamiento del principio del juez
natural y violación del principio de confianza legítima.
E.  Del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República
Esta entidad le solicita a la Corte declarar exequibles los Decretos
sometidos a control.  Para ello se apoya en los siguientes argumentos:
1.  A través de los decretos en cuestión, el Gobierno Nacional se
limitó a ejercer las facultades conferidas por el artículo 4º transitorio del
Acto Legislativo 03 de 2002.
2.  Las medidas que se tomaron en esos decretos se apoyaron en el
informe rendido por la Contraloría General de la República  “Aproximación a un
análisis sistémico de la justicia colombiana”, correspondiente al año 2004, y
en el cual se estableció, entre otras cosas, que la eficacia de la rama
judicial es apenas del 25% y que el trámite de los procesos supera más de tres
veces el tiempo normativo.
3.  La implantación del sistema acusatorio requería la expedición de
normas relacionadas con la descongestión de los despachos judiciales y la
celeridad y la eficacia de la administración de justicia pues de lo contrario
el rendimiento de ese sistema sería nugatorio.
4.  Como la congestión no se presenta sólo en el subsistema penal
sino en todos los ámbitos de la administración de justicia, las medidas no
debían limitarse únicamente a aquél sino que debían extenderse a toda esta pues
de no haber procedido así se hubiesen vulnerado los derechos al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia que les asiste a todos los
ciudadanos.
F.  Del Ministerio del Interior y de Justicia
Este Ministerio le solicita a la Corte declarar la exequibilidad de
los decretos sometidos a control pues el Presidente de la República se limitó a
ejercer la habilitación legislativa consagrada en el artículo 4º del Acto
Legislativo 03 de 2002 y, además, todas las materias reguladas en esos decretos
guardan una relación directa con la implementación del sistema acusatorio.  Si
el cambio del sistema procesal penal obedeció al propósito de volver más eficaz
la administración de justicia penal, es claro que el contenido material de los
decretos en cuestión apunta también en esa dirección, motivo por el cual deben
ser declarados exequibles.
G.  De la Comisión Colombiana de Juristas
Esta entidad le solicita a la Corte que declare inexequibles los
Decretos 2637 y 2697 de 2004 pues no cumplen con el objetivo para el cual el
Congreso otorgó facultades extraordinarias al Presidente de la República.
Fueron expedidos en respuesta a un interés distinto del Ejecutivo y en razón
del cual promueve actualmente una reforma a la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia en el Congreso de la República, pero nada tiene que
ver con la vigencia del sistema acusatorio.  Por esta razón el primero de tales
decretos es inconstitucional.  El segundo, además de ese vicio, fue expedido de
manera ilegal pues no se limita a corregir yerros sino a modificar normas de
tal ley estatutaria.
De manera subsidiaria, esa Comisión le solicita a la Corte declarar
inexequibles el tercer párrafo del artículo 1º del Decreto 2637, la expresión
“igualmente”  contenida en el cuarto párrafo del mismo artículo y el artículo
8, pues son normas violatorias del derecho a la igualdad, al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia.
IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador General de la Nación conceptúa de la siguiente manera
en el proceso que ocupa la atención de la Corte:
1.  Las facultades que a través del Acto Legislativo 03 de 2002 se
le confirieron al Presidente de la República estaban limitadas en cuanto a la
materia pues fueron concedidas única y exclusivamente para la implementación y
desarrollo del sistema penal introducido por el mencionado acto legislativo.
Además, esas facultades tenían un carácter eminentemente transitorio ya que
sólo fueron otorgadas por el término de dos meses.
2.  Bajo ese contexto, es claro que el Presidente de la República
estaba habilitado para introducir modificaciones a la Ley 270 de 1996, pero
tales modificaciones debían adoptarse mediante normas que debían dictarse antes
de que se cumplieran los dos meses de habilitación legislativa, es decir, antes
del 21 de agosto de 2004, y su contenido debía estar relacionado con la
instauración e implementación del nuevo sistema procesal penal.
3.  Del análisis del Decreto 2637 de 2004 se concluye que si bien
fue expedido dentro del término de los dos meses señalado en el acto
legislativo habilitante, su contenido en nada se relaciona con la
implementación del nuevo sistema, salvo los aspectos marginales regulados en
los artículos 1 y 12.  Más bien se trata de un decreto de descongestión para el
cual el Presidente no había sido facultado pues no se estaba ante una
habilitación abierta para que el Presidente afectara en forma integral la ley
estatutaria de la administración de justicia o los otros cuerpos normativos a
que se refiere el acto legislativo.  Por lo tanto, se está ante un exceso en el
ejercicio de las facultades otorgadas por el constituyente.
4.  El Decreto 2697 de 2004, además de haber sido expedido por fuera
del plazo de dos meses fijado por el Acto Legislativo 03 de 2002 para que el
Presidente de la República profiera las normas legales necesarias al nuevo
sistema, no corrige yerros tipográficos del Decreto 2637, tal y como lo señala
su título, sino que, por el contrario, modifica aspectos sustanciales del mismo,
aspectos que lo hacen contrario a las facultades concedidas mediante ese acto.
En tal sentido, por ejemplo, el Decreto 2697 agrega una nueva frase al título
del decreto supuestamente corregido y desdibuja un mandato imperativo dirigido
a la Corte Suprema de Justicia para trastocarlo en una simple facultad, que
puede o no ejercerse, a discreción de esa Corporación.
Con base en ello el Procurador General de la Nación le solicita a la
Corte declarar inexequible el Decreto 2637 de 2004, salvo los artículos 1 y 12,
que son exequibles, el primero siempre y cuando se entienda que sólo se aplica
a la jurisdicción penal, pues de lo contrario resultaría inconstitucional.
Además, le solicita declarar inexequible el Decreto 2697 por falta de
competencia del Presidente de la República para su expedición.
V. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
A.  Competencia de la Corte
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 153 inciso segundo
y 241 numeral 8º de la Constitución Política, esta Corporación es competente
para decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los Decretos 2637 y 2697
de 2004 expedidos por el Gobierno Nacional con fundamento en una habilitación
constitucional, tanto por su contenido material como por vicios de
procedimiento en su formación.
B. Consideraciones
La modificación de la estructura básica del proceso penal colombiano
1.  Por medio del Acto Legislativo 03 de 2002 se modificaron los
artículos 116, 250 y 251 de la Constitución Política.  En virtud de las
modificaciones introducidas a esas disposiciones superiores se varió la
estructura básica del proceso penal colombiano y se lo hizo con el fin de
adoptar un sistema procesal penal de tendencia acusatoria.
De este modo, en virtud de esa reforma, se variaron las funciones
constitucionales de la Fiscalía General de tal manera que se mantuvieron en
ella las facultades de investigar y acusar a los presuntos responsables de
conductas punibles, pero se la despojó de la atribución con que contaba para
imponer medidas de aseguramiento y precluir las investigaciones.  No obstante,
de manera excepcional se le permite que adopte algunas medidas restrictivas de
la libertad y también la aplicación del principio de oportunidad, aunque el
ejercicio de estas facultades queda sometido a control judicial.
Aparte de ello, las funciones judiciales se concentraron en los
jueces  -tanto de control de garantías como de conocimiento-  y en los
tribunales, con la particularidad de que ahora se hace énfasis en el juicio, el
que deberá practicarse con sujeción a los principios de publicidad, oralidad,
inmediación, contradicción y concentración.
Como se lo expuso en la Sentencia C-873-03, M. P. Manuel José Cepeda
Espinosa, los aspectos centrales de la reforma fueron los siguientes:
En relación con el artículo 116:
3.4.1.1. La principal modificación que se
introdujo a este artículo consistió en admitir la posibilidad de que los
particulares actúen como “jurados en las causas criminales”, ejerciendo así, en
forma transitoria, la función de administrar justicia.
3.4.1.2. Salvo por lo anterior, se mantuvo
intacta la enumeración de los organismos que administran justicia, tanto en
forma permanente como excepcional; es de especial interés, en este sentido, que
la Fiscalía General de la Nación, como órgano del Estado, continúe incluida en
dicha enumeración.
En relación con
el artículo 250:
El examen de las modificaciones introducidas
a este artículo constitucional indica lo siguiente:
3.4.2.1. La formulación general de las
funciones atribuidas a la Fiscalía General de la Nación es sustancialmente
distinta en el encabezado de uno y otro texto. Así, bajo el sistema original de
1991, la función de la Fiscalía era la de investigar y acusar ante los jueces
competentes las posibles violaciones de la ley penal, salvo aquellas cobijadas
por el fuero penal militar y otros fueros constitucionales; se precisaba,
además, que la iniciación de la investigación podía llevarse a cabo de oficio,
en virtud de denuncia o por querella.
Después de la reforma aprobada mediante el
Acto Legislativo No. 3 de 2003, la función de la Fiscalía es la de adelantar
el ejercicio de la acción penal e investigar los hechos que tengan
las características de una violación de la ley penal, siempre y cuando existan
motivos y circunstancias fácticas suficientes que indiquen la posible comisión
de una tal violación; precisa el texto constitucional que éste cometido general
es una obligación de la Fiscalía, la cual no podrá en consecuencia
suspender, interrumpir ni renunciar a la persecución penal, excepto en
los casos previstos para la aplicación del principio de oportunidad –el
cual deberá haberse regulado en el marco de la política criminal del Estado
colombiano, y tendrá control de legalidad por el juez de control de garantías
-. Se señala, además, que los hechos objeto de investigación por parte de la
Fiscalía pueden ser puestos en su conocimiento por denuncia, petición especial,
querella o de oficio; y que quedan excluidos de su conocimiento, tal como
sucedía bajo el esquema de 1991, los delitos cobijados por el fuero penal
militar y otros fueros constitucionales.
De esta manera, el Acto Legislativo que se
estudia supone una modificación considerable en la enunciación de las funciones
propias de la Fiscalía General de la Nación. Resalta la Corte, además, que este
primer párrafo del nuevo artículo 250 Superior hace uso de diferentes
categorías jurídicas cuyo alcance precisará el Legislador; entre ellas, son
especialmente relevantes las siguientes nociones constitucionales: (i) ejercicio
de la acción penal, (ii) investigación de los hechos que revistan las
características de un delito, (iii) persecución penal, (iv) suspensión
de la persecución penal, (v) interrupción de la persecución penal,
(vi) renuncia a la persecución penal, (vii) principio de oportunidad,
(viii) control de legalidad, y (ix) control de garantías.
3.4.2.2. La enumeración precisa de las
funciones adscritas a la Fiscalía también es sustancialmente diferente en uno y
otro texto constitucional. Se mantienen iguales, en lo esencial, algunas de
ellas, pero con un significado que habrá de determinarse en el nuevo contexto;
tal sucede con las funciones descritas en los numerales 3 y 4 del artículo 250
en su formulación inicial de 1991, que quedaron redactadas de manera similar en
los numerales 8 y 7, respectivamente, del artículo 250 reformado; pero las
atribuciones que contemplaban los numerales 1 y 2 ibídem, así como lo
dispuesto en el último inciso del texto original de 1991, fueron objeto de
varias reformas, que se indican a continuación:
(a) Ya no corresponde a la Fiscalía, por
regla general, asegurar la comparecencia al proceso de los presuntos
infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento necesarias;
ahora únicamente puede solicitar la adopción de dichas medidas al juez
que ejerza las funciones de control de garantías, con la misma finalidad de
asegurar la comparecencia de los imputados, así como para garantizar la
conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en particular de las
víctimas. Se trata, así, de una atribución que ha sido trasladada por el
constituyente a un funcionario judicial independiente. Respecto de éste
último, precisa el nuevo texto constitucional que debe ser distinto al juez de
conocimiento del proceso penal correspondiente.
A pesar de lo anterior, el mismo numeral 1
del nuevo artículo 250 permite que la Fiscalía, si es expresamente autorizada
para ello por el legislador, imponga directamente, en forma excepcional,
un tipo específico de medida restrictiva de la libertad orientada a garantizar
la comparecencia de los imputados al proceso penal: la captura, que deberá
llevarse a cabo respetando los límites y eventos de procedencia establecidos en
la ley. Ahora bien, por tratarse de una medida restrictiva de los derechos del
procesado, esta actuación excepcional de la Fiscalía está sujeta a control
judicial por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías,
dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes. Sin embargo, se reitera que
esta es una excepción a la regla general según la cual éste tipo de medidas
deben ser impuestas por decisión del juez de control de garantías, a solicitud
de la Fiscalía General de la Nación.
(b) El numeral 2 del artículo 250, con
posterioridad a la reforma, permite a la Fiscalía General de la Nación imponer,
en el curso de las investigaciones que realice, las medidas de registro,
allanamiento, incautación e interceptación de comunicaciones. No se requiere,
en el nuevo texto constitucional, autorización judicial previa para ello; pero
sí se someten a un control judicial posterior automático, por parte del juez
que cumpla la función de control de garantías, dentro de las treinta y seis
(36) horas siguientes.
(c) El numeral 3 del nuevo artículo 250
constitucional asigna una función específica a la Fiscalía que no estaba
prevista expresamente en el texto de 1991, a saber, la de “asegurar los
elementos materiales probatorios”, para lo cual deberá garantizar la
cadena de custodia mientras se ejerce la contradicción de tales pruebas.
Asimismo, establece una regla general no prevista en el esquema de funciones
original de 1991: en caso de requerirse medidas adicionales para asegurar tales
elementos materiales probatorios, que impliquen afectación de derechos
fundamentales, se deberá contar con autorización judicial por parte del juez
que ejerza la función de control de garantías.
(d) Con posterioridad a la reforma, en el
numeral 4 del artículo 250 Superior se mantiene la función de la Fiscalía de
acusar a los presuntos infractores del ordenamiento penal ante el juez de
conocimiento de la causa respectiva, atribución que estaba prevista en el texto
original de 1991; pero se precisa que una vez se presente el escrito de
acusación por parte de la Fiscalía, se puede dar inicio a un “juicio
público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y
con todas las garantías” – acusación que no es vinculante para el juez.
(e) El numeral 5º, tal como fue modificado
por el Acto Legislativo, despoja a la Fiscalía General de la Nación de la
función de declarar precluídas las investigaciones penales en los casos en que
no exista mérito para formular una acusación, atribución que le había sido
asignada por el numeral 2 del artículo 250 original, en virtud del cual era la
Fiscalía la encargada de “calificar y declarar precluídas” dichas
investigaciones. Ahora, la función de decidir sobre la preclusión corresponde
al juez de conocimiento de la causa correspondiente, por regla general a
petición de la Fiscalía; la reforma constitucional también deja en claro que la
decisión de declarar la preclusión de una investigación penal únicamente podrá
adoptarse de conformidad con lo dispuesto en la ley.
(f) El numeral 6 del artículo 250 reformado
también constituye una modificación importante del texto original de este
artículo, puesto que corresponde al juez de conocimiento de cada proceso
adoptar las medidas judiciales necesarias para asistir a las víctimas
del delito, disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a
los afectados, a solicitud de la Fiscalía. El texto original adoptado por el
Constituyente de 1991 asignaba a la Fiscalía la función de adoptar directamente
“las medidas necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho
y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito”.
(g) En el numeral 7 del artículo 250
enmendado se mantiene en cabeza de la Fiscalía General de la Nación la función
de velar por la protección de las víctimas, los testigos y las demás personas
que intervienen en el proceso penal, pero se adiciona a esta lista a los jurados,
que ahora intervendrán en la función de administrar justicia en el ámbito
criminal. Debe ser el Congreso quien precise cuál es la diferencia entre esta
atribución de la Fiscalía, y la que consagra el numeral 6 del mismo artículo
reformado, según se reseñó en el literal precedente. Asimismo, dispuso
expresamente el Constituyente que es el Legislador quien está llamado a (i)
fijar los términos en los cuales las víctimas de los delitos podrán intervenir
en el curso del proceso, y (ii) diseñar los mecanismos de justicia restaurativa
a los que haya lugar.
En relación con
el artículo 251:
3.4.3.1. Se observa, en primer lugar, que los
numerales 1 y 2 del artículo 251 quedaron, en lo esencial, idénticos, salvo que
la expresión “funcionarios” del numeral 1, así como la expresión “empleados”
del numeral 2, fueron sustituidas en ambos casos por el término “servidores”.
3.4.3.2. Así mismo, los numerales 3, 4 y 5
del texto original de 1991 se mantuvieron iguales en los numerales 4, 5 y 6,
respectivamente, del artículo 251 reformado.
3.4.3.3. La modificación más significativa
del artículo 251 radica en la introducción del nuevo numeral 3, en virtud del
cual el Fiscal General de la Nación cuenta con la potestad constitucional de
(i) asumir directamente la conducción de investigaciones y procesos penales, sea
cual fuere la etapa procesal en la cual se encuentren, (ii) asignar y desplazar
libremente a sus servidores en las investigaciones y procesos penales que éstos
lleven, y (iii) determinar, en aplicación de los principios institucionales de
unidad de gestión y jerarquía - ahora aplicables por mandato constitucional al
interior de la Fiscalía -, el criterio y la posición de la Fiscalía. Ello,
precisa la norma constitucional, “sin perjuicio de la autonomía de los
fiscales delegados en los términos y condiciones fijados por la ley”.
Los artículos 4º y 5º del Acto Legislativo 03 de 2002
2. Ahora bien, aparte de las modificaciones introducidas a los
artículos 116, 250 y 251 de la Constitución Política, el Acto Legislativo 03 de
2002 contiene dos artículos adicionales. El artículo 4º de carácter transitorio
y el artículo 5º.  El texto de estas disposiciones es el siguiente:
Artículo 4°. Transitorio. Confórmase
una comisión integrada por el Ministro de Justicia y del Derecho, el Fiscal
General de la Nación, quien la presidirá, el Procurador General de la Nación,
el Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprem a de Justicia, el Defensor
del Pueblo, el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, o los
delegados que ellos designen, tres Representantes a la Cámara y tres Senadores
de las Comisiones Primeras, y tres miembros de la Academia designados de común
acuerdo por el Gobierno y el Fiscal General, para que, por conducto de este
último, presente a consideración del Congreso de la República a más tardar el
20 de julio de 2003, los proyectos de ley pertinentes para adoptar el nuevo
sistema y adelante el seguimiento de la implementación gradual del sistema.
El Congreso de la República dispondrá hasta
el 20 de junio de 2004 para expedir las leyes correspondientes. Si no lo
hiciere dentro de este plazo, se reviste al Presidente de la República de
facultades extraordinarias, por el término de dos meses para que profiera las
normas legales necesarias al nuevo sistema. Para este fin podrá expedir, modificar
o adicionar los cuerpos normativos correspondientes incluidos en la ley
estatutaria de la administración de justicia, la ley estatutaria de habeas
corpus, los Código Penal, de Procedimiento Penal y Penitenciario y el Estatuto
Orgánico de la Fiscalía.
Con el fin de conseguir la transición hacia
el sistema acusatorio previsto en el presente Acto Legislativo, la ley tomará
las previsiones para garantizar la presencia de los servidores públicos
necesarios para el adecuado funcionamiento del nuevo en particular, el traslado
de cargos entre la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial, la
Defensoría del Pueblo, y los organismos que cumplen funciones de policía
judicial. El Gobierno Nacional garantizará los recursos para la implementación
gradual del sistema acusatorio y para la consolidación de un Sistema Nacional
de Defensoría Pública.
Artículo 5°. Vigencia. El presente Acto
Legislativo rige a partir de su aprobación, pero se aplicará de acuerdo con la
gradualidad que determine la ley y únicamente a los delitos cometidos con
posterioridad a la vigencia que en ella se establezca. La aplicación del nuevo
sistema se iniciará en los distritos judiciales a partir del 1° de enero de
2005 de manera gradual y sucesiva. El nuevo sistema deberá entrar en plena vigencia
a más tardar el 31 de diciembre del 2008.
Parágrafo transitorio. Para que el nuevo
sistema previsto en este Acto Legislativo pueda aplicarse en el respectivo
distrito judicial, deberán estar garantizados los recursos suficientes para su
adecuada implementación, en especial la de la Defensoría Pública. Para estos
efectos, la comisión de seguimiento de la reforma creada por el artículo 4°
transitorio, velará por su cumplimiento.
Como se advierte, la primera disposición conformó una comisión para
que presente a consideración del Congreso de la República, a más tardar el 20
de julio de 2003, los proyectos de ley pertinentes para adoptar el nuevo
sistema y para que adelante el seguimiento de su implementación gradual;
habilitó al Presidente de la República para proferir las normas legales
necesarias al nuevo régimen en caso de no haber sido expedidas por el Congreso
de la República en un plazo determinado y habilitó a la ley para tomar las
previsiones para garantizar la presencia de los servidores públicos necesarios
para el adecuado funcionamiento del sistema.
La segunda disposición dispuso que el acto legislativo de que hace
parte rige a partir de su promulgación, que se aplicará con la gradualidad que
determine la ley y únicamente a los delitos cometidos con posterioridad a la
vigencia que en ella se establezca y señaló la fecha en que debía iniciarse la
aplicación del nuevo sistema y la fecha en la que debía entrar en plena
vigencia.  El parágrafo de este artículo dispuso que para su aplicación en cada
distrito judicial, deberán estar garantizados los recursos suficientes para su
adecuada implementación, en especial la de la Defensoría Pública.
Alcance de la habilitación constitucional al Presidente de la
República dispuesta por el artículo 4º transitorio del Acto Legislativo 03 de
2002
3.  En ese marco debe comprenderse la habilitación constitucional al
Presidente de la República para que profiera las normas legales necesarias al
nuevo sistema en caso de no haber sido expedidas por el Congreso de la República
en un plazo determinado.  De acuerdo con ello, las características de esta
habilitación son las siguientes:
a.  Se trata de una habilitación constitucional que está sometida a
una condición suspensiva.  Ello es así por cuanto el Congreso de la República
disponía hasta el 20 de junio de 2004 para expedir las leyes necesarias para
adoptar el nuevo sistema procesal.  Es decir, si se tiene en cuenta que el Acto
Legislativo 03 de 2002 fue expedido el 19 de diciembre de 2002, el Congreso
contaba con un plazo de dieciocho meses para tramitar y aprobar las leyes
necesarias para adoptar tal sistema.  Ahora, sólo en el caso de que el Congreso
no hubiere tramitado y aprobado tales leyes hasta el día 20 de junio de 2004,
el Presidente de la República quedaba habilitado para proferir esas normas.  Es
decir, éste quedaría habilitado sólo si se cumplía esa condición fijada por el
constituyente.  Caso contrario, esto es, si el Congreso tramitaba y aprobaba
tales leyes, no había lugar a ejercer tal habilitación constitucional.
b.  Se trata de una habilitación constitucional de carácter
transitorio.  En efecto, si bien el Presidente de la República fue habilitado
para expedir esas normas legales, con sujeción a la condición suspensiva ya
indicada, las facultades así conferidas sólo podían ejercerse en el lapso de
dos meses.  De acuerdo con esto, si el Congreso de la República estaba
facultado para expedir esas normas hasta el día 20 de junio de 2004, a partir
del día siguiente, 21 de junio, y por ese lapso, es decir, hasta el 20 de
agosto de 2004, el Presidente de la República podía expedirlas.  Vencido ese
plazo, no había lugar a ejercer tal habilitación pues para entonces resultaba
extemporánea.
c.  La habilitación constitucional tenía una materia definida pues
tenía por finalidad el proferimiento de las normas necesarias para el nuevo
sistema procesal penal.  En razón de ello el Presidente de la República no
quedaba facultado para proferir cualquier normatividad sino únicamente aquella
pertinente para la implementación del sistema procesal penal adoptado mediante
el Acto Legislativo 03 de 2002.  Es más, la norma constitucional habilitante
dispuso que el Presidente de la República para ese fin  “podrá expedir,
modificar o adicionar los cuerpos normativos correspondientes incluidos en la
ley estatutaria de la administración de justicia, la ley estatutaria de habeas
corpus, los Códigos Penal, de Procedimiento Penal y Penitenciario y el Estatuto
Orgánico de la Fiscalía”.  De esta manera, se definieron de manera precisa las
materias en torno a las cuales le estaba permitido al Ejecutivo ejercer la
habilitación constitucional ya indicada.
Naturaleza de los Decretos 2637 y 2697 de 2004
4.  Ahora bien, al examen de los decretos sometidos a control de
constitucionalidad en este proceso se aprecia lo siguiente:
a.  El Decreto 2637 de 2004,  “por el cual se desarrolla el Acto
Legislativo número 03 de 2002”,  fue expedido el 19 de agosto de 2004 por “El
Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, en especial las extraordinarias que le confieren el
inciso 2º del artículo 4º transitorio del Acto Legislativo 03 del 19 de
diciembre de 2002, por el cual se reforma la Constitución Nacional”.
Por medio de este decreto se modificaron o adicionaron los artículos
7, 11, 15, 16, 19, 22, 54, 58, 61, 63, 82, 85 y 91 de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia.
b.  El Decreto 2697 de 2004, “por el cual se corrigen yerros
tipográficos del Decreto 2637 del 19 de agosto de 2004 por el cual se
desarrolla el Acto Legislativo número 03 de 2002” fue expedido por  “El
Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 189
numeral 10 de la Constitución Política y el artículo 45 de la Ley 4ª de 1993”.
Por medio de este decreto se hizo lo siguiente:
- Al título del Decreto 2637 se le agregó la
expresión  “para la implementación del sistema penal acusatorio”.
- Al encabezado del Decreto 2637 se le agregó
la expresión  “para proferir las normas necesarias para el nuevo sistema”.
-  Al artículo 4º del Decreto 2637 se le
agregó la expresión  “cuando lo consideren conveniente”.
-  Por último, al artículo 9 se le sustituyó
la expresión  “Contralor General de la República”  por la expresión  “Corte
Suprema de Justicia”.
5.  De acuerdo con lo expuesto, entonces, puede concluirse que el
Decreto 2637 de 2004  fue expedido con base en la habilitación constitucional
conferida por el Artículo 4º del Acto Legislativo 03 de 2002 para, entre otras
cosas, expedir, modificar o adicionar la Ley Estatutaria de la Administración
de Justicia.  Ello es así al punto que los artículos 1 a 13, salvo el artículo
12, indican expresamente que modifican o adicionan artículos de la Ley 270 de
1996, en tanto que el artículo 14 dispone simplemente que el decreto de que
hace parte rige a partir de la fecha de su promulgación.
La situación del Decreto 2697 es distinta pues en él se indica que
se corrigen yerros tipográficos del Decreto 2637 y que se dicta con base en las
facultades conferidas por el Artículo 189-10 de la Constitución y por el
artículo 45 de la Ley 4ª de 1913.  No obstante, del contenido material del
decreto se infiere que a través de él no se corrige yerro tipográfico alguno
sino que, cosa bien distinta, se introducen modificaciones sustanciales al
Decreto 2637 y ello es así al punto que, como pasa a verse, se alteran el
título, el encabezado y dos de las reglas de derecho consagradas en los
artículos 4 y 9 de ese decreto.
6.  Por una parte, el título del Decreto 2637 de 2004, en virtud de
la corrección realizada, varió ostensiblemente, pues ya no se trata de un
decreto  “por el cual se desarrolla el Acto Legislativo número 03 de 2002”,
sino de un decreto  “por el cual se desarrolla el Acto Legislativo número 03 de
2002 para la implementación del sistema acusatorio”.  Nótese como en
virtud de la corrección realizada se le imprimió una finalidad específica al
decreto, la que no era evidente en la formulación original del título del
Decreto 2637.
Otro tanto ocurre con el encabezado, pues inicialmente se indicó:
El Presidente de la República de Colombia, en
ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las
extraordinarias que le confieren el inciso 2° del artículo 4° transitorio del
Acto Legislativo 03 del 19 de diciembre de 2002, por el cual se reforma la
Constitución Nacional
Después, en virtud de la corrección realizada, el texto definitivo
de ese encabezado quedó formulado de la siguiente manera:
El Presidente de la República de Colombia, en
ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las
extraordinarias que le confieren el inciso 2° del artículo 4° transitorio del
Acto Legislativo 03 del 19 de diciembre de 2002, por el cual se reforma la
Constitución Nacional para proferir las normas necesarias para el nuevo
sistema”.
También en este caso es claro que no se trató de una corrección sino
de una modificación pues se circunscribió la expedición del decreto a un ámbito
no especificado inicialmente.
7.  Por otro lado, el artículo 4º del Decreto 2637 de 2004 dispuso
inicialmente lo siguiente:
Artículo 4°. El inciso 1° del artículo 16 de
la Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 16. Salas. La Corte Suprema de Justicia cumplirá sus funciones por medio de
cinco salas, integradas así: La Sala Plena, por todos los Magistrados de la
Corporación; la Sala de Gobierno, integrada por el Presidente, el
Vicepresidente y los Presidentes de cada una de las Salas especializadas; la
Sala de Casación Civil y Agraria, integrada por siete Magistrados, la Sala de
Casación Laboral, integrada por siete Magistrados y la Sala de Casación Penal,
integrada por nueve Magistrados. Las distintas salas se organizarán en salas de
decisión integradas por tres magistrados. Transitoriamente podrán estar
integradas adicionalmente por los magistrados de descongestión que para el
efecto cree la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Pero luego fue corregido por el artículo 2º del Decreto 2697 para
agregarle la expresión  “cuando lo consideren conveniente”. De este modo, el
texto de la disposición luego de esa corrección fue el siguiente:
Artículo 4°. El inciso 1° del artículo 16 de
la Ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 16. Salas. La Corte Suprema de Justicia cumplirá sus funciones por medio de
cinco salas, integradas así: La Sala Plena, por todos los Magistrados de la
Corporación; la Sala de Gobierno, integrada por el Presidente, el
Vicepresidente y los Presidentes de cada una de las Salas especializadas; la
Sala de Casación Civil y Agraria, integrada por siete Magistrados, la Sala de
Casación Laboral, integrada por siete Magistrados y la Sala de Casación Penal,
integrada por nueve Magistrados. Las distintas salas, cuando lo consideren
conveniente, se organizarán en salas de decisión integradas por tres
magistrados. Transitoriamente podrán estar integradas adicionalmente por los
magistrados de descongestión que para el efecto cree la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura.
Nótese que, como lo resalta el Procurador General de la Nación, en
virtud de la corrección realizada se altera completamente el sentido de una de
las reglas de derecho contenidas en el artículo 16 de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia.  Esto es así ya que mientras inicialmente se
formulaba un mandato dirigido a las distintas salas de la Corte Suprema de
Justicia para que se integren en salas de decisión integradas por tres
magistrados, posteriormente ese mandato se convirtió en una facultad
potestativa de tales salas.  De este modo, lo que inicialmente debía cumplirse
por disposición de la ley, luego se realiza sólo si esa es la voluntad de los
destinatarios de la norma.
8.  Por último, el texto inicial del artículo 9 del Decreto 2637 de
2004 era el siguiente:
Artículo 9°. El artículo 61 de la Ley 270 de
1996 tendrá un parágrafo así:
Parágrafo. Los procesos judiciales que deban
conocer las corporaciones judiciales en donde actúen como partes o terceros
intervinientes funcionarios o empleados de la Rama Judicial, serán siempre
dirimidos por salas de conjueces adscritas a las respectivas corporaciones
integradas de la siguiente manera: Un conjuez designado por el Procurador
General de la Nación; un conjuez designado por el Contralor General de la
República; un tercer conjuez que será designado de común acuerdo por los dos
conjueces designados en la forma descrita. Estos conjueces deberán reunir las
mismas condiciones que para ser magistrado de la respectiva corporación y
estarán sometidos al mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades
previsto para los funcionarios judiciales.
Esta disposición fue luego corregida por el artículo 3º del Decreto
2697 para sustituir la expresión  “el Contralor General de la República” por la
expresión  “la Corte Suprema de Justicia”.  De este modo, el texto de la
disposición, luego de esa corrección, es el siguiente:
Artículo 9°. El artículo 61 de la Ley 270 de
1996 tendrá un parágrafo así:
Parágrafo. Los procesos judiciales que deban
conocer las corporaciones judiciales en donde actúen como partes o terceros
intervinientes funcionarios o empleados de la Rama Judicial, serán siempre
dirimidos por salas de conjueces adscritas a las respectivas corporaciones
integradas de la siguiente manera: Un conjuez designado por el Procurador
General de la Nación; un conjuez designado por la Corte Suprema de Justicia;
un tercer conjuez que será designado de común acuerdo por los dos conjueces designados
en la forma descrita. Estos conjueces deberán reunir las mismas condiciones que
para ser magistrado de la respectiva corporación y estarán sometidos al mismo
régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto para los funcionarios
judiciales.
Adviértase que en virtud de esta disposición, los procesos conocidos
por corporaciones judiciales en los que actuaban servidores judiciales como
partes o terceros deben ser dirimidos por salas de conjueces.  Estas salas se
integraban por un conjuez designado por el Procurador General, otro designado
por el Contralor General y un tercer conjuez designado de común acuerdo por
ellos.  No obstante, en razón de la corrección realizada al texto original de
la norma, la integración de la sala de conjueces ya no se hace de esa manera
sino de otra que evidencia una sustancial diferencia: El segundo conjuez ya no
es nombrado por el Contralor General de la República sino por la Corte Suprema
de Justicia.
9.  De este modo, es claro para la Corte que el Gobierno Nacional, a
través del Decreto 2697 de 2004 no se limitó a corregir yerros tipográficos
advertidos en el Decreto 2637 de ese año, sino que, lejos de ello, le introdujo
modificaciones y adiciones que variaron sustancialmente el alcance del título,
del encabezado y de dos de las reglas de derecho contenidas en éste último.
Parámetros de control de los decretos leyes que desarrollan materias
estatutarias
10. De acuerdo con lo que se ha expuesto hasta este momento y con lo
que indicó la Corte en las Sentencias C-590-05 y C-591-05, se tiene que por
medio del Acto Legislativo 03 de 2002 se modificó la estructura constitucional
del proceso penal y se lo hizo de tal manera que se adoptó un sistema de tendencia
acusatoria, cuya ámbito de validez está determinado por la Carta Política como
sistema normativo y por el bloque de constitucionalidad y el que  -si bien
muestra características propias de varios modelos procesales comparados-
cuenta con particularidades que terminan por dotarlo de identidad propia.
Con todo, debe tenerse en cuenta que el poder constituyente derivado
no sólo se limitó a modificar los artículos 116, 250 y 251 de la Carta
Política, sino que también tomó decisiones orientadas a facilitar el diseño, la
implementación y el control de las políticas públicas necesarias para el cambio
del sistema procesal penal.
En esa dirección, una de las decisiones más relevantes fue la de
conformar una comisión que tendría la función de presentar ante el Congreso de
la República los proyectos de ley necesarios para adoptar ese nuevo sistema y
para adelantar el seguimiento de su implementación gradual.  Para el
cumplimiento de esa tarea, el constituyente fijó un plazo preclusivo que vencía
el 20 de julio de 2003.
Aparte de ello, el constituyente le impuso un término también
preclusivo al Congreso de la República para que expidiera esas leyes.  Este
término vencía el 20 de junio de 2004.
Adicionalmente, el constituyente  -admitiendo la eventualidad de que
la comisión ya indicada no presentara oportunamente los proyectos de ley ya
aludidos o que ellos, pese a haber sido presentados, no fueran tramitados de
tal manera que se expidieran las leyes respectivas-  optó por revestir al
Presidente de la República de facultades extraordinarias, por el término de dos
meses para que profiriera las normas legales al nuevo sistema.  Nótese que se
trata de facultades extraordinarias directamente conferidas por el
constituyente derivado, que tales facultades tenían un límite temporal definido
y, además, que existía también una limitación material de la competencia
asignada.
Desde luego, el Presidente de la República, al hacer uso de esa
habilitación constitucional, tiene el deber de ceñirse a esos límites
temporales y materiales.  Por ello, esta Corporación ha indicado que cuando se
trata de un decreto que versa sobre una materia estatutaria y que se ha
expedido con base en una norma constitucional habilitante, el control de
constitucionalidad se extiende al cumplimiento del límite temporal indicado por
el constituyente y al cumplimiento de los límites materiales por él indicados[1].
Control de los límites temporales fijados para la expedición del
Decreto 2637 de 2004
11.  En relación con el cumplimiento de los límites temporales, la
Corte encuentra que el Congreso de la República estaba facultado hasta el día
20 de junio de 2004 para expedir las normas legales necesarias para la
implantación del sistema acusatorio y que a partir del día siguiente, 21 de
junio, y hasta el 20 de agosto de 2004, el Presidente de la República quedaba
habilitado para expedir tales normas legales.
En ese lapso, el Congreso de la República, si bien modificó el Código
Penal a través de la Ley 890 de 2004 y expidió un nuevo Código de Procedimiento
Penal a través de la Ley 906 de 2004,  no modificó ni adicionó la Ley 270 de
1996 y por ello, al cumplirse la condición fijada por el constituyente en el
artículo 4º transitorio, se hizo efectiva la habilitación al Presidente de la
República para que profiriera las normas legales necesarias al sistema
acusatorio no expedidas por el Congreso de la República y entre ellas las que
adicionaran o modificaran la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
En ese contexto, se tiene que el Decreto 2637 de 2004,  “por el
cual se desarrolla el Acto Legislativo número 03 de 2002”,  fue expedido
por el Presidente de la República el 19 de agosto de 2004.  Entonces, el
Gobierno Nacional hizo uso de las facultades conferidas por el constituyente de
manera oportuna pues en tanto que el término de habilitación vencía el día 20
de agosto, el citado decreto se expidió el día anterior.  En tal virtud, en lo
relacionado con ese decreto se han observado los límites temporales
establecidos en la norma habilitante.
Violación flagrante de la competencia del Presidente de la República
para emitir los Decretos 2637 y 2697 de 2004
12.  La norma constitucional habilitante fue muy clara al disponer
que las facultades extraordinarias y temporales que se conferían al Presidente
de la República eran  “para que profiera las normas legales necesarias al nuevo
sistema”.  El constituyente fue tan preciso al delinear la competencia que
atribuía al ejecutivo, que no sólo se limitó a hacer esa genérica afirmación
sino que, además, indicó, en concreto, qué podía hacer aquél en ejercicio de
las facultades que se le habían concedido.
En efecto, en el artículo 4º transitorio del Acto Legislativo 03 de
2002 se indicó que el Presidente de la República, para proferir las normas
legales necesarias al nuevo sistema,  “podrá expedir, modificar o adicionar los
cuerpos normativos correspondientes incluidos en la ley estatutaria de la
administración de justicia, la ley estatutaria de habeas corpus, los Códigos
Penal, de Procedimiento Penal y Penitenciario y el Estatuto Orgánico de la
Fiscalía”.
Es decir, para el constituyente era claro que las competencias que
se atribuían al ejecutivo eran extraordinarias, temporales y precisas.  No se
trataba de atribuciones ordinariamente reconocidas al ejecutivo sino de
facultades excepcionales, explicables en razón de la voluntad del constituyente
de aplicar el sistema acusatorio en el plazo por él mismo indicado, con la
consecuente necesidad de que en ese término se profieran, ordinaria o
extraordinariamente, las normas de desarrollo legal de ese sistema.  Por otra
parte, se trataba de facultades que debían ejercerse dentro de un espacio
temporal definido pues por fuera de él el ejecutivo no contaba ya con
competencia constitucional alguna para hacerlo.  Finalmente, se trataba de
facultades que se circunscribían únicamente a la implementación del nuevo
sistema procesal; es decir, la competencia excepcionalmente atribuida era para
ese efecto y no para otro u otros.
13. En estas condiciones, si bien la Corte advierte que respecto del
Decreto 2637 de 2004 se respetó el límite temporal fijado por el legislador,
también aprecia que el Presidente de la República desbordó, de manera
flagrante, la competencia excepcional que le fue atribuida.  Ello fue así en
cuanto ese decreto no se orienta a desarrollar las normas legales requeridas
para la puesta en funcionamiento de la nueva estructura básica de acusación y
juzgamiento, sino que, lejos de ello, modifica múltiples disposiciones de la
ley estatutaria de la administración de justicia que nada tienen que ver con
ese nuevo modelo de justicia penal.
De ese modo, las modificaciones que el Decreto 2637 de 2004 hizo a
los artículos 7º, 11, 15, 16, 19, 22, 54, 58, 61, 63, 82 y 91 de la Ley 270 de
1996 no se orientan, en manera alguna, al desarrollo legal del sistema
acusatorio sino que tocan una multiplicidad de situaciones generales de la
administración de justicia y de quienes la administran, como pasa a indicarse:
-  La modificación introducida al artículo 7º permite la alteración
de los turnos de los procesos que se hallan para decisión y faculta a la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para reasignar
funcionarios o empleados judiciales y crear cargos, juzgados y tribunales de
descongestión, liquidación o depuración con competencia específica.
-  La modificación realizada al artículo 11 extiende la competencia
de los jueces municipales a la unidad judicial municipal y fija la competencia
de los juzgados y tribunales de descongestión, liquidación o depuración.
-  La modificación introducida al artículo 15 permite la creación de
salas o despachos de descongestión, liquidación o depuración en la Corte
Suprema de Justicia, con un régimen prestacional y salarial diferente al de los
magistrados titulares.
- La modificación realizada al artículo 16 dispone que las Salas de
Casación de la Corte Suprema se organicen en Salas de Decisión integradas por
tres magistrados y permite que ellas puedan estar integradas por magistrados de
descongestión.
- La modificación introducida al artículo 19 dispone que los
tribunales superiores cuenten con salas de descongestión, depuración o
liquidación con  competencia en todo el territorio nacional.
- La modificación realizada al artículo 22 permite la creación de
juzgados de descongestión, depuración o liquidación con competencia en todo el
territorio nacional.
- La modificación introducida al artículo 54 permite que las salas
de las distintas corporaciones sesionen con mayor frecuencia que la indicada en
el reglamento interno con el fin de imprimir celeridad y eficiencia a sus
actuaciones.
-  La modificación realizada al artículo 58 incorpora, como nueva
causal para la imposición de medidas correccionales, la presentación de
escritos o recursos manifiestamente improcedentes o con fines dilatorios.
- La modificación realizada al artículo 61 permite la creación de
salas de conjueces para que conozcan de los procesos en los que actúen como
partes o terceros funcionarios o empleados de la rama judicial.  Tales salas
estarán integradas por un conjuez designado por el Contralor General de la
República, un conjuez designado por el Procurador General de la Nación y un
tercer conjuez designado por los dos conjueces anteriores.
-  La modificación realizada al artículo 63 varía el régimen de la
descongestión, depuración, liquidación de causas, procesos e inventarios.
- La modificación realizada al artículo 82 permite la reasignación
de los magistrados de los Consejos Seccionales a los Tribunales Superiores.
-  La modificación introducida al artículo 91 permite la creación de
jueces, salas de tribunales o tribunales especiales de descongestión cuando así
lo soliciten las Altas Cortes, el Fiscal General de la Nación, el Procurador
General de la Nación o el Gobierno Nacional.
De este modo, no obstante que al interior de esta Corporación
existen diferentes posiciones en relación con la índole del control de
constitucionalidad de que son objeto los decretos de este tipo[2], lo que sí observa la
Corte es que concurre un vicio protuberante en cuanto el Decreto 2637 de 2004
se expidió con violación flagrante de la competencia que el constituyente
derivado le atribuyó al Presidente de la República en el artículo 4º
transitorio del Acto Legislativo 03 de 2002.  Por ello, como su inexequibilidad
es manifiesta, ese decreto será expulsado del ordenamiento jurídico.
Inexequibilidad por consecuencia del Decreto 2697 de 2004
Como se indicó en precedencia, el Decreto 2697 de 2004 toca aspectos
sustanciales del Decreto 2637 de 2004 y de la Ley 270 de 1996.  De allí que
entre el primer decreto y el segundo exista una relación inescindible.
En este entendido, la existencia del Decreto 2697 de 2004 supone la
existencia del Decreto 2637 pues el ámbito de aplicación de éste tiene como
referente necesario e ineludible a aquél.
En estas condiciones, como el Decreto 2637 de 2004 fue el que dio
lugar a la expedición del Decreto 2697 y como aquél será declarado inexequible,
se produce la inexequibilidad por consecuencia de este último y por ello será
también retirado del sistema jurídico.
Ello es así por cuanto el último decreto supone la existencia del
primero y como se ha establecido que aquél fue proferido por el Presidente de
la República con manifiesto desconocimiento de la competencia que le había sido
atribuida por el constituyente colombiano y por ese motivo será declarado
inexequible, aquél pierde su razón de ser.  Mucho más si se trata de un decreto
que introduce modificaciones sustanciales al decreto inicialmente proferido,
situación que evidencia en él el mismo vicio advertido en este último.
VI. DECISIÓN
Con fundamento en las precedentes motivaciones, la Sala Plena de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.  Declarar INEXEQUIBLE el
Decreto 2637 de 2004.
SEGUNDO.  Declarar INEXEQUIBLE el
Decreto 2697 de 2004.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese
en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Presidente
JAIME
ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO
BELTRÁN SIERRA
Magistrado
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
CON SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
HUMBERTO
SIERRA PORTO
Magistrado
CON ACLARACION DE VOTO
ALVARO
TAFUR GALVIS
Magistrado
CON ACLARACION DE VOTO
CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
CON ACLARACION DE VOTO
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO A LA
SENTENCIA C-672 de 2005
DECRETO QUE DESARROLLA ACTO LEGISLATIVO
QUE IMPLEMENTO EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Inconstitucional
porque se omitió  control previo  e integral de constitucionalidad (Aclaración
de voto)
Referencia:
expediente P.E. 022
Tema:
- Control de constitucionalidad de
decretos-leyes dictados con fundamento en normas constitucionales transitorias.
(Acto Legislativo 3 de 2002).
- Trascendencia constitucional del control
previo de las leyes que regulen materias estatutarias y de las leyes
estatutarias.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
1.-
Con el acostumbrado respeto por la postura mayoritaria de la Sala, el suscrito
Magistrado procede a sustentar la aclaración de voto que fue manifestada en la
Sala Plena del día 30 de junio de 2005, respecto de la sentencia C-672 de 2005.
2.- En dicha providencia, la Corte resolvió declarar inexequibles
los decretos 2637 y 2697 de 2004. Los mencionados decretos fueron dictados por
el Presidente de la República en desarrollo de las facultades constitucionales
contempladas en el inciso segundo del artículo 4º transitorio del Acto
Legislativo 03 de 2002. Allí se estipula que si el Congreso de la República no
expide las leyes correspondientes para la implementación del nuevo sistema de
procedimiento penal antes del 29 de junio de 2004, “…se reviste al
Presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de dos
meses para que profiera las normas legales necesarias al nuevo sistema”.
3.- La Corte sustentó la inexequibilidad en los siguientes
argumentos: (i) que los decretos en comento determinaban la modificación de
disposiciones de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia (L.270/96),
es decir, que éstos regulaban materias estatutarias por lo que eran objeto de
control de constitucionalidad oficioso e integral de que habla el numeral 8º
del artículo 241 constitucional. (ii) Que “[l]a habilitación
constitucional tenía una materia definida pues tenía por finalidad el
proferimiento de las normas necesarias para el nuevo sistema procesal penal”. Esto
es, “…se definieron de manera precisa las materias en torno a las cuales le
estaba permitido al Ejecutivo ejercer la habilitación constitucional indicada”.
(iii) Que los decretos “…no se orienta[n] a las normas legales
requeridas para la puesta en funcionamiento de la nueva estructura básica de
acusación y juzgamiento, sino que, lejos de ello, modifica múltiples
disposiciones de la ley estatutaria de la administración de justicia que nada
tienen que ver con ese nuevo modelo de justicia penal”. Por lo que “…el
Presidente de la República desbordó, de manera flagrante, la competencia
excepcional atribuida” (Subrayas mías).
La Corte acudiendo a la lógica propia de la delegación legislativa
prevista en el art. 150.10 fundamenta la inconstitucionalidad de los decretos
2637 y 2697 de 2004 en una extralimitación de las competencias constitucionales
por parte del Presidente de la República. Se desbordan las competencias
previstas en el acto legislativo  3 de 2002.
4.-
Si bien comparto plenamente que la extralimitación de las competencias
constitucionales es un motivo suficiente para declarar la inconstitucionalidad
de los Decretos 2637 y 2697 de 2004, considero que esta ratio no es única. La
inconstitucionalidad se explica igualmente en los argumentos de la decisión
tomada recientemente en la sentencia C-523 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas
Hernández. El decreto 2637 de 2004 regulaba materias reservadas a leyes
estatutarias y este hecho determina la existencia de un vicio de
inconstitucionalidad porque este decreto “Estatutario” no fue sometido a un
control de constitucionalidad previo e integral en los términos del artículo
241 num. 8.
5.
Los decretos-leyes expedido por el Presidente de la República con fundamento en
normas transitorias de la Constitución, son normas que tienen rango, valor y
fuerza de ley, de manera tal que para todos los efectos se asimilan en su
régimen de control constitucional al de las leyes producidas por el Congreso de
la República.
6.
El estudio de constitucionalidad de estos Decretos-leyes es sui generis,
y como tal, las reglas para que la Corte realice su control de validez son
establecidos por vía jurisprudencial utilizando criterios analógicos de las
otras categorías legales expresa e integralmente reguladas en la Constitución.
Esencialmente se aplican las reglas propias del control de las leyes
estatutarias y de los Decretos-ley expedido con base en el art. 150.10 de la
Constitución.
Que
no haya plena identidad en el objeto (Decreto-ley excepcional con leyes
estatutarias, o con los Decretos ley del artículo 150.10) hace necesario que se
utilicen criterios analógicos para determinar el control de constitucionalidad
que se debe adelantar, pero esta ausencia de identidad entre formas jurídicas
determina igualmente que la utilización del régimen de control no sea exacto, o
idéntico que se utiliza para leyes estatutarias o decretos leyes que concretan
las delegaciones legislativas.
La
sentencia C-523 de 2005, debe ubicarse  en este contexto se trata de una
construcción jurisprudencial de los criterios y reglas de control de
constitucionalidad que tienen estos  Decretos leyes atípicos.
7.
El Decreto 2637 de 2004 estaba compuesto por disposiciones que tenían una
vigencia indefinida en el tiempo y que versaban sobre temas propios de ley
estatutaria, relativas a las competencias y el funcionamiento de la rama
judicial. Estas materias son objeto de reserva a la ley estatutaria en los
términos del art. 152 literal b.
8.
Los temas propios de ley estatutaria son aspectos esenciales para la existencia
misma del modelo de Constitución y de sociedad. Se trata de una norma que desde
una perspectiva material puede calificarse como de naturaleza “cuasi
constitucional”: Las leyes estatutarias son normas que en la doctrina se
explican como una extensión o prolongación del debate constituyente. Se trata
de ciertos temas de la mayor importancia, de impacto general y determinante en
una sociedad que es dirigida por el texto constitucional, pero que al no
existir un acuerdo, o al no poder llegar a un consenso, sobre estos temas se
toma por el poder constituyente la decisión de entregar al Congreso de la
República como poder constituido la competencia para decidir, pero
condicionando su aplicación a una serie de requisitos que permiten de una parte
extender el pacto constituyente (esencialmente con la exigencia de mayorías
calificadas propias de la reforma Constitucional) y de otra evitar que se
utilice esta norma para modificar los equilibrios políticos en los que se funda
el pacto constituyente. (lo que se logra con el control de constitucionalidad
material previo).
Las
materias reservadas a ley estatutaria tienen que respetar las exigencias de
mayor rigidez y de control de constitucionalidad previstos en la Constitución
para de esta forma garantizar que el pacto constituyente, o que las reglas de
juego, en que consiste la Constitución no se vea alterado de manera tal que se
produzcan alteraciones sustanciales en desmedro de minorías políticas, étnicas
o culturales.
9.
La existencia de un control de constitucionalidad diferente y con reglas
especificas para las leyes estatutarias y para los decretos-leyes o cualquier
otra “forma” o categoría normativa que regule estos temas tiene su razón de ser
en la necesidad de evitar “hechos cumplidos”, esto es, que se impongan
decisiones, se elaboren regulaciones normativas que en caso de que no respeten
el procedimiento agravado, o los límites materiales previstos en la
Constitución, produzcan efectos que no pueden ser enervados por las decisiones
judiciales.
El
control previo, integral y definitivo de la leyes estatutarias o en este caso
de los Decretos-leyes que versen sobre materias estatutarias pretende evitar
que existan normas que modifiquen las “reglas de juego” o elementos básicos del
consenso democrático que subyace y sobre el que se fundamenta el ordenamiento
constitucional.
Asi
por ejemplo, una ley que modifica o introduce mecanismos electorales, o que
contiene disposiciones sobre derechos de la oposición, en caso de que pudieren
entrar en vigencia directamente, podrían inmediatamente ser fundamento de
elecciones, escrutinios, o derechos de partidos que podrían modificar
sustancialmente el equilibrio político del país. Podrían determinarse mayorías
parlamentarias, o hechos políticos con incidencia en las elecciones. En caso de
que  estas disposiciones fueran inconstitucionales, por el simple hecho de
estar vigentes y produciendo efectos, un control de constitucionalidad
ordinario (esto es, aquél que tiene como objeto leyes vigentes, no proyectos y
con una duración de 6 meses aproximadamente podría ser incapaz de enervar sus
efectos político-jurídico y por ser tema de una trascendencia cuasi
constitucional el legislador, en este caso el Presidente, podría transformar
aspectos esenciales del pacto constituyente sin control jurídico efectivo.
10.
El control previo de leyes estatutarias o de Decreto-leyes que versan o tienen
contenido estatutario pretende garantizar que las pautas de conductas que
regulen ese tema solo serán puestas en prácticas, solo serán vigentes si hay un
control que garantice la validez de esas disposiciones, de esta forma se prevé
que reformas de entidad cuasi constitucional entren a regir no obstante un
juicio de constitucionalidad negativo.
En
efecto, no obstante que la Corte puede establecer y disponer de los efectos en
el tiempo de las sentencias de constitucionalidad, es un hecho cierto que
pueden producirse al amparo de leyes, hechos, relaciones y situaciones
inconstitucionales que tienen efecto inmediato y para los cuales la declaración
de inconstitucionalidad es ineficaz. Bien sea por el efecto ultractivo de leyes
inconstitucionales cuando el efecto de la sentencia es hacia el futuro ex nunc,
o bien porque no obstante se trate de sentencias con efecto hacia el pasado, ex
tunc, se trate de leyes que mientras estuvieron vigentes sirvieron de
fundamento a hechos que facticamente son inmodificables e incluso,
inmodificables jurídicamente (como podrían ser normas sancionatorias que en
virtud del principio de favorabilidad serán inmodificables).
Dicho
de forma breve, en el presente proceso el decreto 2637 de 2004 “Por el cual se
desarrolla el acto legislativo número 3 de 2002” es inconstitucional, además
del cargo de extralimitación explicado en la Sentencia, porque se omitió el
control previo integral y definitivo propio y consustancial a las materias
estatutarias.
11.
En el presente caso los decretos leyes estudiados pretendían modificar de
manera inconstitucional las competencias y el funcionamiento de la rama
judicial, lo cual podría producir situaciones o decisiones cuyo impacto
trascendencia o efectos facticos o jurídicos, no podrían ser separados mediante
la declaratoria de inexequibilidad posterior a su entrada en vigencia.
Es
este, en mi entender el alcance de la sentencia C-523 de 2005 cuando afirma:
“[E]l
establecimiento de un procedimiento especial y cualificado para la expedición
de las leyes estatutarias, asegura que temas esenciales para la vida social[3], surtan
un amplio debate en las cámaras legislativas, con un control previo sobre la
exequibilidad del proyecto como parte inherente al régimen de este tipo de
leyes, a fin de evitar que entren en vigencia sin la plena garantía de sujeción
a la Constitución, dada la importancia que para la comunidad representan los
temas que regula.
Por lo tanto,
consideró el constituyente de 1991, que no era suficiente para las leyes
estatutarias su entrada en vigencia con la sola presunción de
constitucionalidad que ampara a todas las leyes, sino que, respecto de aquellas
era necesario garantizar con mucha más fuerza[4]
su sujeción a la Carta Política, promoviendo que al entrar en vigencia, sus
textos normativos ya estuvieran sujetos al principio de supremacía
constitucional y por supuesto al de seguridad jurídica”.
12.
Los decretos leyes atípicos fundamentados en normas transitorias de la
Constitución, son categorías normativas que tienen una vigencia temporal
condicionada a la realización del control de constitucionalidad previo por
parte de la Corte Constitucional. Si el Gobierno pone en vigencia decretos
leyes sobre materias estatutarias sin someter a control de constitucionalidad dichos
decretos infringe la Constitución.
13.
Las anteriores consideraciones son elementos adicionales que fundamentan la
inconstitucionalidad de los decretos 2637 de 2004 y 2697 de 2004.
En
estos términos aclaro mi voto en la presente sentencia.
Fecha ut supra,
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
Salvamento parcial de voto a la Sentencia C-672 de
2005
DECRETO ADMINISTRATIVO-Incompetencia de la Corte Constitucional (Salvamento parcial de
voto)
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Falta de competencia sobre decreto (Salvamento parcial de voto)
Magistrado
Ponente:
Dr. JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO.
Expediente:
PE-022
Revisión de
constitucionalidad de los Decretos 2637 y 2697 de 2004.
1. Con el acostumbrado respeto, manifiesto mi disentimiento parcial
con la posición mayoritaria adoptada por la Corte Constitucional en la
sentencia de la referencia, en relación con la declaratoria de inexequibilidad
del Decreto 2697 de 2004, en razón a que la Corporación debió haberse declarado
inhibida para adelantar el juicio de constitucionalidad, toda vez que se trata
de un decreto reglamentario expedido por el Gobierno Nacional en uso de sus
competencias ordinarias.
2. La Carta Política limitó el alcance del control de
constitucionalidad que ejerce la Corte Constitucional a los actos y por los
motivos señalados expresamente en el artículo 241, pues su competencia debe ser
ejercida “(...) en los estrictos y precisos términos de este artículo (...)”.
Según esta disposición, la Corte tiene competencia para pronunciarse sobre la
constitucionalidad de dos tipos de decretos: i) aquellos con fuerza de ley
dictados por el Gobierno en uso de las facultades extraordinarias conferidas
por el Congreso de la República con fundamento en los artículos 150 numeral 10
y 341 Superiores (numeral 5º del artículo 241 de la Constitución)[5]; y ii) los decretos
legislativos dictados por el Gobierno con fundamento en los artículos 212, 213
y 214 Superiores relativos a los estados de excepción (numeral 7º del artículo
241 de la Constitución).
Por su parte, la competencia residual para
revisar la constitucionalidad de los demás decretos fue atribuida a la
jurisdicción contencioso administrativa atendiendo la forma, el contenido y la
naturaleza de quien los profiere. En efecto, por virtud del numeral 2º del
artículo 237 Superior, los decretos de carácter general expedidos por el
Gobierno Nacional son conocidos por la Sala Plena del Consejo de Estado a
través de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad. La competencia del
tribunal supremo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo comprende,
entonces, todos aquellos decretos dictados por el Gobierno Nacional que no
hayan sido proferidos en ejercicio de facultades extraordinarias otorgadas por
el Congreso mediante un acto legislativo o una ley, ni como consecuencia de los
estados de excepción. Esta competencia es residual y, por lo tanto, no hay una
enunciación de las distintas modalidades de decretos contra los cuales procede
dicha acción de nulidad por inconstitucionalidad.[6]
Por ello, la realidad es que la competencia
de la Corte Constitucional se encuentra circunscrita a los decretos
expresamente señalados en los numerales 5 y 7 del artículo 241 Superior,
debiendo adelantarse el juicio de constitucionalidad de los demás decretos ante
la jurisdicción contenciosa administrativa, bien sea a través de la acción de
nulidad por inconstitucionalidad o de nulidad simple, según sea el caso.
3. Ahora bien, la Corte Constitucional asumió de oficio el control
de constitucionalidad de los Decretos 2637 y 2697 de 2004 argumentando que
ambos fueron expedidos por el Presidente de la República como consecuencia de
la habilitación constitucional para expedir, modificar o adicionar la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia.
Sin embargo, mientras que el primero de ellos fue expedido en ejercicio
de las facultades extraordinarias conferidas por el inciso segundo del artículo
4º transitorio del Acto Legislativo 03 del 19 de diciembre de 2002, el Decreto
2697 de 2004 no tiene el mismo fundamento jurídico pues fue expedido con base
en las facultades señaladas en el artículo 189 numeral 10 de la Constitución,
es decir, de su competencia para “promulgar las leyes, obedecerlas y velar por
su estricto cumplimiento”. El Presidente de la República señaló como fundamento
jurídico del Decreto 2697 de 2004, que al corregir los yerros tipográficos del
Decreto 2637 del 19 de agosto de 2004 estaba ejerciendo una competencia
ordinaria, por lo tanto, se deduce fácilmente que su actuación está por fuera
del término de la habilitación otorgada por el artículo 4º transitorio del Acto
Legislativo 03 de 2002.
En consecuencia, por tratarse de un decreto administrativo la Corte
debió haberse inhibido para decidir de fondo sobre su constitucionalidad toda
vez que era el Consejo de Estado la autoridad judicial asignada por la
Constitución para pronunciarse sobre ella.
4. En razón a las consideraciones anteriores, salvo parcialmente mi
voto al estimar que la Corte Constitucional carecía de competencia para
declarar inexequible el Decreto 2697 de 2004.
Fecha
ut Supra,
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
ACLARACION
DE VOTO DE LA MAGISTRADA
CLARA
INES VARGAS HERNANDEZ A LA SENTENCIA C-672 DE 2005
DECRETO ESTATUTARIO-Debe surtir el control previo e integral de constitucionalidad
(Salvamento de voto)
Referencia: expediente  P. E. 022
Revisión de constitucionalidad de los
Decretos 2637 y 2697 de 2004
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Aunque comparto la decisión final a la que llegó esta Corporación en
la Sentencia C-672 de 2005, que declaró la inexequibilidad de los Decretos 2637
y 2697 de 2004, aclaro mi voto para señalar que se presentaba otro vicio que
hacía inexequibles también los decretos expedidos por el Gobierno Nacional.
En efecto, en la Sentencia que nos ocupa, se declaró la inexequibilidad
de los decretos 2637 y 2697 de 2004, los cuales fueron expedidos por el
Presidente de la República, en ejercicio de las facultades que le confirió el
inciso 2, del artículo 4 transitorio, del Acto Legislativo 03 de 2002, el cual
prevé: “El Congreso de la República dispondrá hasta el 20 de junio de 2004
para expedir las leyes correspondientes. Si no lo hiciere dentro de este plazo,
se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias, por el
término de dos meses para que profiera las normas legales necesarias al nuevo
sistema. Para este fin podrá expedir, modificar o adicionar los cuerpos
normativos correspondientes incluidos en la ley estatutaria de la
administración de justicia, la ley estatutaria de habeas corpus, los Código
Penal, de Procedimiento Penal y Penitenciario y el Estatuto Orgánico de la
Fiscalía”.
Los fundamentos para que la Corte declarará la inexequibilidad de
estos decretos fueron que i) el Presidente de la República desbordó
flagrantemente la competencia excepcional que le fue atribuida en la medida que
el Decreto 2637 no se orienta a desarrollar las normas legales requeridas para
la puesta en marcha de la nueva estructura básica de acusación y juzgamiento
sino que entró a modificar distintas disposiciones de la ley estatutaria de la
administración de justicia que en nada refieren con el nuevo sistema de
justicia penal, ii) con ello incurrió en un vicio protuberante al expedirse
dicho decreto violando la competencia que el Constituyente derivado le confirió
al Presidente de la República, y iii) como el Decreto 2697 toca aspectos
sustanciales del 2637 y de la Ley 270 de 1996, que permite establecer una
relación inescindible, se produce entonces la inexequibilidad por consecuencia
del mismo.
Si bien comparto esta decisión, también resultaban inexequibles los
decretos expedidos por el Ejecutivo en la medida que las materias reguladas en
éstos son propias de ley estatutaria y, por ende, han debido sujetarse al
control previo e integral de constitucionalidad, que ordena el numeral 8 del
artículo 241 de la Constitución. Lo anterior, por cuanto los decretos expedidos
no pierden su calidad de leyes en sentido material, su contenido resulta ser
estatutario y está sujeto a un régimen especial.
Así, lo había recordado reciente esta Corte en la Sentencia C-523 de
2005, de la cual fui ponente. En dicha Sentencia la Corte declaró inexequible
el Decreto ley 2207 de 2003, por no haber surtido el control previo de
constitucionalidad, y que fue expedido en virtud del artículo 3 del Acto
Legislativo 01 de 2003. En efecto, en dicha decisión se señaló:
“Ahora bien, cuando regulaciones propias
de ley estatutaria no sean expedidas por el Congreso de la República, sino que
para ello se habilite excepcionalmente por la Constitución al Gobierno
Nacional, considera la Corte que igualmente es necesario que tal normatividad
surta el control previo de constitucionalidad, pues si bien se trata de una
situación particular, en cuanto una normatividad ingresa al sistema jurídico
sin haber agotado previamente el proceso legislativo cualificado establecido
por la Constitución para ellas, es decir, sin haber surtido el exigente proceso
deliberativo reservado para aquellas materias esenciales a la vida social, no
por dicha circunstancia los decretos así expedidos dejan de ser leyes en
sentido material, de contenido estatutario, y con régimen esencial propio”.
Por lo anterior, dejó sentado los argumentos de mi aclaración de
voto.
Fecha ut supra,
CLARA
INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO ALVARO TAFUR
GALVIS A LA SENTENCIA  C-672 DE 2005
DECRETO DE CORRECCION DE YERROS-Reguló aspectos que correspondían a una normatividad estatutaria
(Aclaración de voto)
DECRETO ADMINISTRATIVO-Incompetencia de la Corte Constitucional (Aclaración de voto)
Referencia: expediente P.E. 022
Revisión de constitucionalidad de los
Decretos 2637 y 2697 de 2004
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
En relación con la sentencia de la referencia, con todo
comedimiento  manifiesto a continuación las consideraciones específicas que me
llevan a aclarar mi voto, acorde con la decisión de declarar inexequibles los
Decretos 2637 y 2697 de 2004.
La aclaración la estimo necesaria en relación solamente con el
numeral Segundo de la parte resolutiva de la sentencia, específicamente
referida al Decreto 2697 de 2004.
Como bien se explica en la sentencia, página 26, en este caso y
respecto del decreto en mención es pertinente que la Corte haya dispuesto la
inexequibilidad por consecuencia, habida cuenta de la relación inescindible
que cabe predicar de éste frente al  2637 del mismo año.
En efecto, en el presente caso se está ante un decreto que guarda
una relación de inescindibilidad frente al que es objeto de la declaración de
inexequibilidad en el numeral Primero de la parte resolutiva, sino que se está
ante una  normatividad  que so pretexto de corregir unos yerros en que
presuntamente se incurrió en aquel, realmente lo que se hace es regular
aspectos que indudablemente corresponden de manera exclusiva al legislador y
que éste  debe plasmar exclusivamente a través de una normatividad de jerarquía
estatutaria.
Por lo anterior, es necesario tener en cuenta que en el presente
caso no resultaban aplicables los antecedentes jurisprudenciales respecto del
juez competente para conocer de los decretos que expida el Gobierno con
invocación del artículo 150 numeral 10, sobre los cuales la Corporación ha
reconocido el carácter de actos propios de la función administrativa, lo que de
ordinario lleva  a que el juez competente para juzgar su validez sea el Consejo
de Estado  (Sentencia C-500 de 2001) M.P. Álvaro Tafur Galvis).
Fecha ut supra
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
[1] Sentencia
C-972-04, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[2] Estas diversas posturas se advierten en la Sentencia
C-523-2005, M. P. Clara Inés Vargas Hernández, por medio de la cual se declaró
inexequible el Decreto Ley 2207 de 2003  “Por medio del cual se desarrolla el
artículo 3 del Acto Legislativo 01 de julio 3 de 2003, en lo concerniente a las
elecciones departamentales y municipales”.  Esta decisión tuvo como fundamento
la omisión del control previo de constitucionalidad inherente a las leyes estatutarias.
Los magistrados Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo
Monroy Cabra y Álvaro Tafur Galvis salvaron su voto por considerar que el
requisito de control previo de las normas de naturaleza estatutaria no era
predicable en esa ocasión
[3][Cita
de la Sentencia transcrita] Sentencia C-261 de 2001, M.P. Alfredo Beltrán
Sierra.
[4]
[Cita de la Sentencia transcrita] Sentencia C-162 de 2003 M.P.
Jaime Córdoba Triviño
[5] El control de constitucionalidad por parte de esta
Corporación se extiende también a los decretos con fuerza de ley dictados por el
Presidente de la República en ejercicio de facultades extraordinarias
conferidas por el poder de reforma constitucional, como se señala en las
sentencias C-970 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y C-971 de 2004 (M.P.
Manuel José Cepeda).
[6] En la Sentencia C-037 de 1996 esta Corporación
declaró inexequible una lista que contenía el artículo 49 de la Ley Estatutaria
de la Administración de Justicia y que pretendía definir de manera taxativa los
decretos que podían ser demandados mediante esta vía.