C-241-05
REVISIÓN DE TRATADOS Y SUS LEYES APROBATORIAS
Sentencia C-241/05
TRATADO INTERNACIONAL-Confirmación presidencial subsana vicio de
representación del Estado
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Particularidades en su trámite
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Inclusión integral de exposición de
motivos del proyecto y del contenido de otra ley
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Regularidad del procedimiento de
aprobación/LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Incorporación de
elementos extraños al acto normativo
UNIDAD DE MATERIA Y LEY APROBATORIA DE
TRATADO INTERNACIONAL-Irregularidad
que no constituye vicio de procedimiento
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Elementos extraños carecen de vocación normativa
propia
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Orden de los contenidos ajenos a los
artículos aprobatorios
La Corte reitera los criterios y
concluye, que no obstante la Ley 897 de 2004 no adolece de vicios de
procedimiento en su formación, las leyes aprobatorias de tratados
internacionales deberían ser más claras y menos profusas en los elementos que
introduce antes de los artículos aprobatorios. Esta Corporación considera que
el Congreso de la República debe desarrollar un orden de presentación en el
contenido de la publicación de las leyes aprobatorias, que corresponda con el
orden de las actuaciones surtidas en el trámite.
ACUERDO DE COPRODUCCION AUDIOVISUAL ENTRE
LOS GOBIERNOS DE COLOMBIA Y CANADA-Descripción de su contenido
ACUERDOS COMPLEMENTARIOS DE TRATADO
INTERNACIONAL-Alcance
ACUERDOS SIMPLIFICADOS DE TRATADO
INTERNACIONAL-Requisitos
para que se entiendan ajustados a la Constitución
COPRODUCCION-Competencia del Ministerio de Cultura para coordinar
su realización
ACUERDO DE COPRODUCCION AUDIOVISUAL ENTRE
LOS GOBIERNOS DE COLOMBIA Y CANADA-Trámite para la adopción de medidas tendientes a
establecer el equilibrio general por parte de  la Comisión Mixta
Encuentra la Corte que el numeral 3 del artículo
XVIII, cuando establece que “[l]a Comisión Mixta determinará si se ha logrado
el equilibrio general y, en caso contrario, determinará las medidas necesarias
para establecerlo”, manifiesta la posibilidad de que las medidas que adopte la
Comisión Mixta consistan en introducir las modificaciones que haga falta para
conservar o lograr el mencionado equilibrio. Frente a lo anterior hay que
aclarar que, tal como lo hace ver el Procurador respecto del numeral 1 del
artículo I, si se trata de una nueva incorporación que no está en el “Acuerdo“
original, ésta deberá agotar el trámite previsto en el ordenamiento
constitucional para modificaciones y adiciones a los tratados.
Referencia: expediente LAT-270
Revisión de constitucionalidad del "Acuerdo
de Coproducción Audiovisual entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de Canadá, hecho y firmado en la ciudad de Bogotá, D. C., a los diez
(10) días del mes de julio de dos mil dos (2002)” y de la Ley 897 de 2004,
por medio de la cual se aprueba dicho acuerdo.
Magistrado Ponente:
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá D.C, quince (15) de marzo de dos mil
cinco (2005).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
De conformidad con lo dispuesto por el numeral 10 del
Artículo 241 de la Constitución de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de
la República, a la Corte se anexan mediante Oficio del 26 de julio de 2004 los
siguientes documentos:
a)
Copia auténtica del
articulado del “Acuerdo de la producción Audiovisual entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de Canadá”, suscrito a nombre de Colombia
por la Doctora ARACELI MORALES LOPEZ, Ministra de Cultura, el 10 de julio de
2002.
b)
Copia auténtica del
Proyecto de Ley presentado por el Gobierno, por intermedio de la Ministra de
Relaciones Exteriores, para la aprobación del mencionado “Acuerdo de la
producción Audiovisual entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de Canadá”
c)
Copia auténtica de la
Exposición de Motivos expresada por el Gobierno Nacional para la presentación
del Proyecto de Ley en mención.
d)
Copia auténtica de la
Ley 424 de 1998, de conformidad con lo exigido por el artículo 3º de la misma
Ley[1].
e)
Copia auténtica de la
aprobación del Proyecto de Ley por el Honorable Congreso de la República.
Lo anterior con el objeto de que la Corte Constitucional
haga la revisión de constitucionalidad del “Acuerdo de la producción
Audiovisual entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de
Canadá” y de su respectiva Ley aprobatoria atendiendo al Artículo 241 arriba
mencionado.
II. TEXTO DE LAS NORMAS OBJETO DE LA REVISIÓN.
A continuación se transcribe el texto sometido al
control de la Corte y que se encuentra publicado en el Diario Oficial No.
45.618 de 23 de julio de 2004, así:
LEY 897 DE 2004
(julio 21)
Diario Oficial No. 45.618, de 23 de julio de 2004
PODER PÚBLICO - RAMA LEGISLATIVA
Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de
Coproducción Audiovisual entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de Canadá, hecho y firmado en la ciudad de Bogotá, D. C., a los diez
(10) días del mes de julio de dos mil dos (2002).
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Visto el texto del "Acuerdo de Coproducción
Audiovisual entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de
Canadá", hecho y firmado en la ciudad de Bogotá, D. C., a los diez (10)
días del mes de julio de dos mil dos (2002).
PROYECTO DE LEY 38 DE 2003 SENADO
Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de
Coproducción Audiovisual entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de Canadá, hecho y firmado en la ciudad de Bogotá, D. C., a los diez
(10) días del mes de julio de dos mil dos (2002).
ACUERDO DE COPRODUCCION AUDIOVISUAL ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE CANADA
El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno
de Canadá (en adelante denominados las "Partes"),
Considerando que es deseable establecer un marco para
el desarrollo de sus relaciones en el área de lo audiovisual y, en particular,
en lo referente a las coproducciones de cine, televisión y vídeo;
Conscientes de la contribución que las coproducciones
de calidad pueden aportar a la expansión de sus industrias de producción y
distribución cinematográficas, televisuales y de vídeo, así como al desarrollo
de sus intercambios culturales y económicos;
Convencidos de que esos intercambios contribuirán a
estrechar las relaciones entre los dos países;
HAN ACORDADO LO SIGUIENTE:
ARTÍCULO I.
1. A los fines del presente Acuerdo, el término
"coproducción audiovisual" designa un proyecto de cualquier duración,
incluyendo obras de animación y documentales producidos en película, videocinta
o videodisco, o en cualquier otro soporte hasta ahora desconocido, destinadas a
ser exhibidas en salas de cine, en televisión, videocasete, videodisco o por
cualquier otro modo de difusión. Las nuevas formas de producción y difusión
audiovisual serán incluidas en el presente Acuerdo mediante intercambio de
notas.
2. Las coproducciones que se realicen en virtud del
presente Acuerdo deberán ser aprobadas por las siguientes autoridades (en
adelante denominadas las "Autoridades Competentes"):
En Colombia: el Ministerio de Cultura
En Canadá: el Ministerio de Patrimonio Canadiense;
3. Todas las coproducciones que se propongan en virtud
del presente Acuerdo serán producidas y distribuidas de conformidad con la
legislación y regulaciones nacionales vigentes en Colombia y Canadá.
4. Todas las coproducciones que se realicen en virtud
del presente Acuerdo se considerarán a todos los Fines como producciones
nacionales en y por cada uno de los dos países. Por consiguiente, tales
coproducciones disfrutarán de pleno derecho de todas las ventajas que resulten
de las disposiciones relativas a las industrias del cine y el vídeo que estén
en vigor o que pudieran promulgarse en cada país. Esas ventajas se otorgarán
solamente al productor del país que las conceda.
ARTÍCULO II.
Las ventajas que deriven del presente Acuerdo se
aplicarán solamente a las coproducciones emprendidas por productores que
cuenten con una buena organización técnica, sólido apoyo financiero y una
experiencia profesional reconocida.
ARTÍCULO III.
1. La proporción de los aportes respectivos de los
coproductores de las Partes podrá variar de veinte por ciento (20%) a ochenta
por ciento (80%) del presupuesto de cada coproducción.
2. Cada coproductor deberá aportar una contribución
técnica y artística real. En principio, la contribución de cada uno deberá ser
proporcional a su inversión.
ARTÍCULO IV.
1. Los productores, escritores y directores de las
coproducciones, así como los técnicos, actores y demás miembros del personal
que participen en la coproducción, deberán ser ciudadanos o residentes
permanentes de Colombia o Canadá.
2. En caso de que la coproducción así lo requiera, se
podrá permitir la participación de actores distintos de los indicados en el
párrafo 1, con sujeción a la aprobación de las Autoridades Competentes de ambos
países.
ARTÍCULO V.
1. Los rodajes de acción en vivo y los trabajos de
animación tales como tarjetas de guión (storyboards), diagramación, animaciones
clave, intermedios y grabación de voces deberán, en principio, desarrollarse en
forma alterna en Colombia y Canadá.
2. El rodaje en decorados naturales, tanto exteriores
como interiores, en un país que no participe en la coproducción, se podrá
autorizar si el guión o la acción así lo requiere y si intervienen en el rodaje
técnicos colombianos y canadienses.
3. El trabajo de laboratorio será realizado ya sea en
Colombia o en Canadá, a menos que resulte técnicamente imposible, en cuyo caso
las Autoridades Competentes de ambos países podrán autorizar que se realice en
un país que no participe en la coproducción.
ARTÍCULO VI.
1. Las Autoridades Competentes de ambos países también
considerarán favorablemente la realización de coproducciones entre Colombia,
Canadá y cualquier otro país al cual Colombia o Canadá estén ligados por un
acuerdo oficial de coproducción.
2. La proporción de cualquier participación
minoritaria en una coproducción multipartita no podrá ser inferior al veinte
por ciento (20%) del presupuesto.
3. Cada uno de los coproductores minoritarios estará
obligado a realizar una contribución técnica y artística real.
ARTÍCULO VII.
1. La banda de sonido original de cada producción será
realizada en inglés, francés o español. Está permitido el rodaje en una
combinación de dos o todos esos idiomas. Si el guión así lo exige, se podrán
incluir en la coproducción diálogos en otros idiomas.
2. Cada coproducción se doblará o subtitulará en
inglés, francés o español en Colombia o Canadá, según el caso. Cualquier
desviación de este principio deberá ser aprobada por las Autoridades
Competentes de ambos países.
ARTÍCULO VIII.
A los fines del presente Acuerdo, las producciones
realizadas en el marco de un hermanamiento podrán considerarse, con la
aprobación de las Autoridades Competentes, como coproducciones y disfrutar de
las mismas ventajas. Por derogación de las disposiciones del Artículo III, en el caso de un hermanamiento, la
participación recíproca de los productores de los dos países podrá limitarse a
una simple contribución financiera, sin que ello necesariamente implique la
exclusión de cualquier contribución artística o técnica.
2. Para ser aprobadas por las Autoridades Competentes,
esas producciones deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) Comportar una inversión recíproca y respetar el
equilibrio general a nivel de las condiciones de reparto de los ingresos de los
coproductores en las producciones que se beneficien del hermanamiento;
b) Las producciones hermanadas deberán distribuirse en
Colombia y en Canadá bajo condiciones comparables;
c) Las producciones hermanadas podrán realizarse, bien
sea simultánea o consecutivamente, en el entendido de que, en el último caso,
el lapso entre la culminación de la primera producción y el inicio de la
segunda no excederá de un (1) año.
ARTÍCULO IX.
1. Salvo en los casos previstos en el párrafo
siguiente, no podrán hacerse menos de dos copias del material final de
resguardo y reproducción empleado en la producción de todas las coproducciones.
Cada coproductor será propietario de una copia de ese material y tendrá derecho
a utilizarla, de conformidad con los términos y condiciones acordados entre los
coproductores, para hacer las reproducciones necesarias. Además, cada
coproductor tendrá derecho de acceso al material de la producción original, de
conformidad con dichos términos y condiciones.
2. A petición de ambos coproductores y sujeto a la
aprobación de las Autoridades Competentes de ambos países, sólo se hará una
copia del material final de resguardo y reproducción en el caso de las obras
calificadas de producciones de bajo presupuesto por las Autoridades
Competentes. En esos casos, el material será conservado en el país del
coproductor mayoritario. El coproductor minoritario tendrá acceso permanente a
ese material para realizar las reproducciones necesarias, de conformidad con
los términos y condiciones acordados entre los coproductores.
ARTÍCULO X.
Con sujeción a la legislación y regulaciones vigentes,
cada Parte deberá:
a) Facilitar la entrada y la residencia temporal en su
respectivo territorio al personal técnico y artístico, y a los actores
contratados por el coproductor del otro país para los fines de la coproducción,
y
b) Permitir el ingreso temporal y la reexportación de
cualquier equipo que se requiera a los efectos de la coproducción.
ARTÍCULO XI.
El reparto de los ingresos entre los coproductores
deberá ser, en principio, proporcional a la participación financiera de cada
uno y someterse a la aprobación de las Autoridades Competentes de ambos países.
ARTÍCULO XII.
La aprobación de un proyecto de coproducción por parte
de las Autoridades Competentes de ambos países no compromete a ninguna de ellas
a garantizar a los coproductores el otorgamiento de un permiso para la
proyección de la coproducción realizada.
ARTÍCULO XIII.
1. Cuando una coproducción se exporte a un país donde
la importación de tales obras esté sometida a un régimen de cupos, la
coproducción se incluirá en el cupo de la Parte:
a) Cuya participación sea mayoritaria;
b) Que tenga las mejores posibilidades de exportación,
si las contribuciones de los dos países son iguales;
c) De la cual el director sea ciudadano, si la
aplicación de los literales a) y b) que anteceden presenta dificultades.
2. No obstante el párrafo 1o que antecede, si uno de
los países coproductores puede hacer entrar libremente sus películas en el país
importador, las coproducciones realizadas en virtud del presente Acuerdo
disfrutarán de pleno derecho de esa posibilidad, al mismo título que las otras
producciones nacionales del país coproductor en cuestión, siempre y cuando este
último acuerde su consentimiento.
ARTÍCULO XIV.
1. Las coproducciones deberán ser presentadas con la
mención "Coproducción Colombia-Canadá" o "Coproducción
Canadá-Colombia", según el país cuya participación sea mayoritaria o como
lo acuerden los coproductores.
2. Esa mención deberá figurar en los créditos, en toda
publicidad comercial y material promocional, y durante su presentación, y
recibir un tratamiento idéntico de las dos Partes.
ARTÍCULO XV.
En el caso de presentaciones en festivales
internacionales de cine, a menos que los coproductores acuerden lo contrario,
la coproducción será inscrita por el país del coproductor mayoritario o, si los
coproductores tuviesen la misma participación financiera, por el país del cual
sea ciudadano el director.
ARTÍCULO XVI.
Las autoridades competentes de los dos países han
fijado conjuntamente las normas de procedimiento para las coproducciones,
tomando en cuenta la legislación y regulaciones vigentes en Colombia y Canadá.
Esas normas de procedimiento se anexan al presente Acuerdo.
ARTÍCULO XVII.
No se impondrán restricciones a la importación,
distribución y exhibición de producciones de cine, televisión y vídeo
canadienses en Colombia, y de producciones de cine, televisión y vídeo
colombianas en Canadá, que no sean las dispuestas en la legislación y regulaciones
vigentes en cada uno de estos dos países.
ARTÍCULO XVIII.
1. Durante la vigencia del presente Acuerdo, se
procurará lograr un equilibrio general con respecto a la contribución
financiera, la participación del personal artístico, técnicos y actores y la
infraestructura (estudios y laboratorios), tomando en cuenta las
características de cada país.
2. Las Autoridades Competentes de los dos países
examinarán según sea necesario las condiciones de implementación de este
acuerdo a fin de resolver cualquier dificultad que surja de su aplicación.
Según sea necesario, recomendarán las modificaciones que convenga adoptar con
miras a desarrollar la cooperación en el campo del cine y el vídeo en el mejor
interés de ambos países.
3. Se establece una Comisión Mixta para supervisar la
implementación de este Acuerdo. La Comisión Mixta determinará si se ha logrado
el equilibrio general y, en caso contrario, determinará las medidas necesarias
para establecerlo. Las reuniones de la Comisión Mixta se celebrarán en
principio una vez cada dos años, en forma alterna en cada uno de los dos
países. No obstante, se podrán convocar reuniones extraordinarias a solicitud
de la Autoridad Competente de uno de los países o de ambos, particularmente en
el caso de modificaciones importantes de la legislación o regulaciones que
rigen la industria del cine, televisión y vídeo en cualquiera de los dos
países, o cuando la aplicación de este Acuerdo presente serias dificultades. La
Comisión Mixta se reunirá dentro de los seis (6) meses siguientes a la
convocatoria efectuada por una de las Partes.
ARTÍCULO IXX.
1. El presente Acuerdo entrará en vigencia cuando cada
Parte haya informado a la otra que ha completado su proceso de ratificación
interno.
2. Este Acuerdo tendrá una duración de cinco (5) años
a partir de su entrada en vigencia y será renovado tácitamente por períodos
iguales a menos que cualquiera de las Partes notifique por escrito su intención
de rescindirlo seis (6) meses antes de la fecha de su expiración.
3. Las coproducciones que hayan sido aprobadas por las
Autoridades Competentes y estén en curso en el momento en que una de las Partes
notifique su intención de rescindir el Acuerdo, continuarán disfrutando de
todas las ventajas del mismo hasta que su realización esté terminada. Después
de la expiración o rescisión de este Acuerdo, continuarán aplicándose sus
condiciones en todo lo relativo a la liquidación de los ingresos de las obras
coproducidas.
EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente
autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado este Acuerdo.
HECHO en dos (2) ejemplares de un mismo tenor en la
ciudad de Bogotá, D. C., a los diez (10) días del mes de julio de dos mil dos
(2002).
Por el Gobierno de Canadá,
Firma ilegible.
Por el Gobierno de Colombia,
Firma ilegible.
ANEXO
REGLAS DE PROCEDIMIENTO
Las solicitudes de admisión a las ventajas del
presente Acuerdo para toda coproducción se dirigirán simultáneamente a las dos
administraciones, por lo menos treinta (30) días antes del comienzo del rodaje.
La documentación que se presente en apoyo de cualquier
solicitud comprenderá los elementos siguientes, redactados en francés o inglés
para Canadá, y en idioma español para Colombia.
I.
El guión definitivo.
II.
La sinopsis.
III.
Los documentos que permitan establecer que la propiedad de los derechos de
autor de la coproducción ha sido adquirida legalmente.
IV.
Un contrato de coproducción, firmado por los dos coproductores. Ese contrato
comportará:
1. El título de la coproducción.
2. El nombre del guionista o del adaptador, si se trata
de un tema inspirado en una obra literaria.
3. El presupuesto.
4. El plan de financiación.
5. Una cláusula que estipule la repartición de las
entradas en efectivo, de los mercados, de los medios de difusión, o de una
combinación de esos elementos.
6. Una cláusula que determine la participación de cada
coproductor en los sobrecostos o las posibles economías.
7. Una cláusula que precise que la admisión a las
ventajas que deriven del Acuerdo no comprometerá a las autoridades
gubernamentales de los dos países a otorgar un permiso de exhibición de la
coproducción.
8. Una cláusula que precise las disposiciones previstas:
a) En el caso en que, después de examinar el expediente,
las autoridades competentes de uno de los dos países no concedieran la admisión
solicitada;
b) En el caso en que las autoridades competentes no
autorizaran la exhibición de la coproducción en su país o su exportación a un
tercer país;
c) En el caso en que uno de los dos coproductores no
respetara sus compromisos.
9. Una cláusula que precise que la producción estará
cubierta por una póliza de seguros que cubra por lo menos "todos los
riesgos para la producción" y "todos los riesgos para el
negativo".
10. Una cláusula que estipule la repartición de la
propiedad de los derechos de autor en proporción al aporte de cada uno de los
coproductores.
V.
Las cartas, contratos y otros documentos financieros para todos los
participantes presentes en la estructura financiera.
VI.
La lista del personal artístico y técnico con indicación de su nacionalidad y
los papeles atribuidos a los actores.
VII.
El calendario de producción.
VIII. El presupuesto detallado en que se precisen los gastos que deberá
hacer cada coproductor, así como los gastos en un tercer país, si corresponde.
Las dos administraciones competentes de las partes
contratantes podrán asimismo solicitar todos los documentos y todas las
precisiones adicionales que juzguen necesarias.
Las dos administraciones competentes de las Partes
Contratantes podrán asimismo solicitar todos los documentos y todas las
precisiones adicionales que juzguen necesarias.
En principio, la repartición creativa y técnica deberá
presentarse a los administradores competentes antes de comenzar el rodaje.
Se podrán hacer modificaciones al contrato original,
incluyendo el reemplazo de un coproductor. Sin embargo, dichas modificaciones
deberán someterse a aprobación de las administraciones competentes de las
Partes Contratantes antes de la finalización de la coproducción. El reemplazo
de un coproductor sólo se podrá admitir en circunstancias excepcionales y por
motivos cuya validez sea reconocida por las dos administraciones competentes.
Las administraciones competentes se informarán
mutuamente de sus decisiones.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Bogotá, D. C., 28 de mayo de 2003
Aprobado. Sométase a la consideración del honorable
Congreso Nacional para los efectos constitucionales (firmado)
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores (firmado),
CAROLINA BARCO ISAKSON.
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Apruébese el "Acuerdo de Coproducción
Audiovisual entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de
Canadá", hecho y firmado en la ciudad de Bogotá, D. C., a los diez (10)
días del mes de julio de dos mil dos (2002).
ARTÍCULO 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de
la Ley 7ª de 1944, el "Acuerdo de Coproducción Audiovisual entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Canadá", hecho y
firmado en la ciudad de Bogotá, D. C., a los diez (10) días del mes de julio de
dos mil dos (2002), que por el artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al
país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional
respecto del mismo.
ARTÍCULO 3o. La presente ley rige a partir de la fecha de su
publicación.
Presentado al honorable Congreso de la República por
las suscritas Ministra de Relaciones Exteriores y Ministra de Cultura.
La Ministra de Relaciones Exteriores,
CAROLINA BARCO ISAKSON.
La Ministra de Cultura,
MARÍA CONSUELO ARAÚJO CASTRO.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Honorables Senadores y Representantes:
En nombre del Gobierno Nacional y en cumplimiento de
los artículos 150 numeral 16 y 189 numeral 2 de la Constitución Política de
Colombia, presentamos a consideración del Honorable Congreso de la República el
proyecto de ley por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Coproducción
Audiovisual entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de
Canadá, hecho y firmado en la ciudad de Bogotá, D. C., a los diez (10) días del
mes de julio de dos mil dos (2002).
I.
Consideraciones previas
El artículo 70 de
la Constitución Política de 1991 establece que la cultura en sus distintas
manifestaciones es fundamento de la nacionalidad y define como deber del Estado
promover el desarrollo y la difusión de los valores culturales. Por su parte,
el artículo 71 de la Carta Política
señala que el Estado incentivará las personas e instituciones que fomenten las
manifestaciones culturales.
En este sentido, aún en medio de las dificultades
económicas por las que atraviesa el país, el Gobierno Nacional ha venido
desarrollando una política de apoyo a todos los sectores y las actividades culturales,
entre ellas la actividad cinematográfica, buscando permitir a nuestros
creadores concretar sus obras y proyectos. Dicha política de apoyo no se limita
al aspecto meramente financiero sino que además procura expandir los campos
donde los creadores pueden adquirir recursos y acceder a distintas fuentes de
ayuda, tanto profesional como técnica.
Ejemplo de lo anterior es la iniciativa presentada por
el Ministerio de Cultura al honorable Congreso de la República con el fin de
aprobar un proyecto de ley encaminado a fortalecer y estimular la industria
cinematográfica colombiana y que representa un importante avance para el sector
en términos de incentivos y sostenibilidad.
Vale agregar que Colombia ha sido un puntal importante
en el funcionamiento de algunos organismos internacionales cuyos objetivos
están relacionados con la producción cinematográfica, tales como la Conferencia
de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica, CACI, y el Fondo Iberoamericano
de Ayuda Ibermedia, un programa que se origina en una decisión de la Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en el año de 1997 en
Margarita, Venezuela, y cuya continuidad fue ratificada por la Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Lima, Perú, en
2001. Nuestro país ha sido parte de ambas entidades desde la creación de las
mismas.
Es pertinente destacar el hecho de que Canadá ha
firmado tratados de coproducción con más de 52 países y por consiguiente, tiene
en la coproducción un componente fundamental de la realización de cine y
televisión. Es precisamente ese esquema de coproducción el que facilita
compartir los altos costos que conlleva la producción de obras de alta calidad
y con significado cultural.
II.
Análisis e importancia del acuerdo
El acuerdo consta de un preámbulo, 19 artículos y un
"Anexo sobre Reglas de Procedimiento".
En el preámbulo se consignan los motivos que inducen a
los dos Gobiernos para la suscripción del Acuerdo; resaltando que las
coproducciones de calidad pueden aportar a la expansión de sus industrias de
producción y distribución cinematográficas, televisuales y de vídeo, así como
al desarrollo de sus intercambios culturales y económicos.
A continuación se señalan los artículos cuyas
disposiciones se consideran de mayor importancia.
Se resalta el artículo I,
toda vez que allí se define qué se entiende por "coproducción
audiovisual", se determinan las autoridades de cada país competentes para
aprobar las coproducciones que se realicen en virtud del mismo, se señala que
las coproducciones que se propongan, su producción y distribución se hará de
conformidad con las legislaciones vigentes en Colombia y Canadá, y que tales
producciones se considerarán a todos los fines como producciones nacionales en
y por cada uno de los dos países.
Merece destacar el artículo IV, por cuanto prevé que los productores, escritores y
directores de las Coproducciones, así como los técnicos, actores y demás
miembros del personal que participen en la producción deberán ser ciudadanos o
residentes permanentes de Colombia o Canadá; y que la participación de actores
distintos estará sujeta a la aprobación de las Autoridades Competentes.
Los artículos V a
IX se refieren al desarrollo alternado
en Colombia y Canadá de los rodajes en vivo, de los trabajos de animación y la
diagramación, entre otros; la posibilidad de realizar coproducciones con otro
país al cual Colombia o Canadá estén ligados por un acuerdo de coproducción; a
los idiomas en que será realizada la producción; a los aportes de la inversión
y el reparto de los ingresos de los coproductores, al régimen de las copias de
cada producción y su conservación.
El artículo X hace
referencia a las facilidades de ingreso que las Partes en el Acuerdo otorgarán
al personal técnico y artístico y a los actores contratados por el productor,
así como al ingreso temporal de cualquier equipo que se requiera para los
efectos de la producción.
Por el artículo XIII se
regula lo relativo a las exportaciones de las obras o producciones, en el XIV lo relativo a la mención "Coproducción,
Colombia­Canadá" o "Canadá-Colombia" cada vez que sean
presentadas y que dicha mención deberá figurar en los créditos y en toda
publicidad comercial y material promocional durante su presentación.
Por otro lado, el artículo XVII
se ocupa del equilibrio general con respecto a la contribución
financiera, la participación del personal artístico, técnicos y actores y de
infraestructura; de las facultades de las autoridades competentes para resolver
cualquier dificultad que surja de la aplicación del Acuerdo y de recomendar las
modificaciones al mismo; también crea una Comisión Mixta para supervisar la
implementación del Acuerdo.
De otra parte, por el artículo XIX se fija la forma y fecha de entrada en vigor
del Acuerdo, el término de duración y las condiciones a que están sometidas las
producciones en curso en el evento en que se dé por terminado el Acuerdo.
El Acuerdo contiene un Anexo denominado "Reglas
de Procedimiento" para las solicitudes de admisión a las ventajas del
mismo.
III.
Conclusiones finales
Este Acuerdo permite la formación de un marco
institucional que regule las relaciones de cooperación dentro del campo
cinematográfico entre Canadá y Colombia y contribuye a fortalecer el intercambio
cultural y la solidaridad interamericana.
El objetivo central de este Acuerdo es permitir a los
productores colombianos de cine y televisión compartir con sus colegas en
Canadá sus recursos financieros, creativos, técnicos y artísticos, para producir
películas y programas de televisión que tengan la condición de producto
nacional en cada uno de los dos países. Todas las obras que se realicen
acogiéndose a este Acuerdo estarán sujetas a aprobación por parte de las
autoridades competentes de cada país.
Es, en el contexto de búsqueda de mayores horizontes
para nuestro cine, lo que hace necesario cumplir con el trámite constitucional
interno del Acuerdo, para luego perfeccionar el vínculo internacional que ligue
a nuestro país respecto del mismo y así aprovechar los beneficios que de él se
derivan.
Puesto en vigor el presente instrumento internacional,
ambas naciones contarán con un importante mecanismo que les permitirá articular
las industrias audiovisuales de los dos países con el fin de estimular la
realización de obras de manera conjunta y así mismo generar beneficios
culturales, artísticos y de integración.
Del mismo modo, el instrumento dará luz verde a la
realización de un premio de cine documental colombo-canadiense que se está
concertando entre el Ministerio de Cultura de Colombia y la Embajada de Canadá
en el marco de la celebración de los 50 años de relaciones diplomáticas entre
los dos países.
Teniendo en cuenta las razones expuestas, el Gobierno
Nacional, a través de la Ministra de Relaciones Exteriores y la Ministra de
Cultura, solicita al honorable Congreso Nacional, aprobar el Acuerdo de
Coproducción Audiovisual entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de Canadá, hecho y firmado en la ciudad de Bogotá, D. C., a los diez
(10) días del mes de julio de dos mil dos (2002).
De los honorables Senadores y Representantes,
La Ministra de Relaciones Exteriores,
CAROLINA BARCO ISAKSON.
La Ministra de Cultura,
MARÍA CONSUELO ARAÚJO CASTRO.
LEY 424 DE 1998
(enero 13)
Por la cual se ordena el seguimiento a los convenios
internacionales suscritos por Colombia.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. El Gobierno Nacional a través de la Cancillería
presentará anualmente a las Comisiones Segundas de Relaciones Exteriores de
Senado y Cámara, y dentro de los primeros treinta días calendario posteriores
al período legislativo que se inicia cada 20 de julio, un informe pormenorizado
acerca de cómo se están cumpliendo y desarrollando los Convenios
Internacionales vigentes suscritos por Colombia con otros Estados.
ARTÍCULO 2o. Cada dependencia del Gobierno Nacional encargada de
ejecutar los Tratados Internacionales de su competencia y requerir la
reciprocidad en los mismos, trasladará la información pertinente al Ministerio
de Relaciones Exteriores y este, a las Comisiones Segundas.
ARTÍCULO 3o. El texto completo de la presente ley se incorporará
como anexo a todos y cada uno de los Convenios Internacionales que el
Ministerio de Relaciones Exteriores presente a consideración del Congreso.
ARTÍCULO 4o. La presente ley rige a partir de su promulgación.
El Presidente del honorable Senado de la República.
AMYLKAR ACOSTA MEDINA.
El Secretario General del honorable Senado de la
República,
PEDRO PUMAREJO VEGA.
El Presidente de la honorable Cámara de
Representantes,
CARLOS ARDILA BALLESTEROS.
El Secretario General de la honorable Cámara de
Representantes,
DIEGO VIVAS TAFUR.
REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
PUBLÍQUESE Y EJECÚTESE.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 13 de enero de
1998.
ERNESTO SAMPER PIZANO
La Ministra de Relaciones Exteriores,
MARÍA EMMA MEJÍA VÉLEZ.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Bogotá, D. C., 28 de mayo de 2003
Aprobado. Sométase a la consideración del honorable
Congreso Nacional para los efectos constitucionales
(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,
CAROLINA BARCO ISAKSON.
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Apruébase el "Acuerdo de Coproducción Audiovisual
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Canadá",
hecho y firmado en la ciudad de Bogotá, D. C., a los diez (10) días del mes de
julio de dos mil dos (2002).
ARTÍCULO 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de
la Ley 7ª de 1944, el "Acuerdo de Coproducción Audiovisual entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Canadá", hecho y
firmado en la ciudad de Bogotá, D. C., a los diez (10) días del mes de julio de
dos mil dos (2002), que por el artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al
país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional
respecto del mismo.
ARTÍCULO 3o. La presente ley rige a partir de la fecha de su
publicación.
El Presidente del honorable Senado de la República,
GERMÁN VARGAS LLERAS.
El Secretario General del honorable Senado de la
República,
EMILIO RAMÓN OTERO DAJUD.
El Presidente de la honorable Cámara de
Representantes,
ALONSO ACOSTA OSIO.
El Secretario General de la honorable Cámara de
Representantes,
ANGELINO LIZCANO RIVERA.
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional,
conforme al artículo 241-10 de la
Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., 21 de julio de 2004.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,
CAROLINA BARCO ISAKSON.
La Ministra de Cultura,
MARÍA CONSUELO ARAÚJO CASTRO.
III.
INTERVENCIONES
Intervención del Ministerio de Cultura
El Ministerio de Cultura envía escrito en
el que solicita que se declare la constitucionalidad del “Acuerdo” y de la ley
aprobatoria objeto de revisión. Plantea que dentro del Plan de Gobierno, se
encuentra el apoyo a todos los sectores y actividades culturales, entre los que
se cuenta el sector cinematográfico. El alcance de esta política no solo aboga
– continúa la intervención - por el acceso a recursos en esta materia, sino que
busca también facilitar el acceso a ayuda profesional, técnica y de
distribución de trabajos audiovisuales. Dentro del anterior marco, explica el
interviniente, el Acuerdo de Coproducción Audiovisual entre el Gobierno de
Canadá y el Gobierno de la República de Colombia, resulta un instrumento “...orientado
a articular las industrias audiovisuales de los dos países para fomentar la
realización de obras en conjunto”.
A partir de lo anterior, según su
parecer, el fin primordial del mencionado “Acuerdo” es “...permitir a los
productores colombianos de cine y televisión compartir con sus colegas en
Canadá recursos financieros, creativos, técnicos y artísticos, para producir
películas y programas de televisión que tengan condición de producto nacional
en cada uno de los dos países”.
Por último, se recalca en el escrito de
la intervención que en la Constitución colombiana se determina tanto la cultura
(art 70 C.P) como su fomento (art 71 C.P),  como un deber del Estado y un valor
de los habitantes del país. Por ello, herramientas como el “Acuerdo” objeto de
estudio contribuyen especialmente a esto y de manera muy concreta “...al
cumplimiento de las tareas propias de Ministerio de Cultura, en materia de
promoción, difusión, divulgación, fomento de la Cinematografía colombiana
(...)”.
Intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores
Este Ministerio expone en su escrito de
intervención que tanto desde el punto de vista formal como desde el punto de
vista material el “Acuerdo” en comento y la ley que lo aprueba se ajustan a la
Constitución, por lo que deben ser declarados exequibles. Respecto del trámite
de suscripción del “Acuerdo” y del trámite legislativo de la ley aprobatoria,
el interviniente considera que se cumplieron cabalmente los artículos 150-6,
224 y 189-2 de la Constitución y el artículo 157 de la misma, respectivamente.
Respecto del contenido material del Acuerdo, considera
el Ministerio de Relaciones que mediante la suscripción del “Acuerdo” las
partes se comprometen únicamente a prestarse colaboración mutua para realizar
coproducciones audiovisuales de diversa naturaleza. En ese sentido, el
articulado del “Acuerdo” debe respetar la soberanía nacional y procurar la
internacionalización de las relaciones económicas, sociales y culturales entre
otras. Lo anterior con el fin de que la búsqueda del desarrollo del derecho a la
cultura, también como fin esencial del Estado, se de dentro de un marco
constitucional que además complemente los derechos y fines constitucionales de
la educación y el desarrollo científico y técnico. En este orden, encuentra
entonces el interviniente que el “Acuerdo”, en efecto, atiende a dichos fines y
complementa otros, que confluyen en crear las condiciones para el
reconocimiento eficaz del derecho de las personas a participar en la vida
cultural y a beneficiarse de los progresos de la ciencia y sus aplicaciones,
así como para el deber correlativo de los estados de tomar las medidas
necesarias  para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y
la cultura; tal como lo establece el artículo 15 del Pacto Internacional de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966.
Concepto rendido por la Dirección Nacional de Derechos
de Autor del Ministerio del Interior y Justicia.
En desarrollo del análisis del articulado del acuerdo,
el Magistrado Sustanciador consideró pertinente solicitar a la Dirección
Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior y de Justicia, que
rindiera concepto en relación con algunos artículos del mencionado Acuerdo. Lo
anterior debido a que en éstos se regulan cuestiones relativas a ventajas para
los productores de cada país, así como la protección de los autores, reglas
generales de distribución y reproducción del material cinematográfico, entre
otros. De igual manera, se remitió copia del concepto en comento al Procurador
General de la nación para que lo tuviera en cuenta a la hora de rendir su
concepto. Esta Dirección, en concepto recibido en la Secretaría de esta
Corporación el 1º de marzo de 2005, expone la conformidad de los artículos
analizados a los principios constitucionales que inspiran los derechos de
Propiedad Intelectual.
Los artículos sobre los que versa la reflexión de la
Dirección Nacional de Derechos de Autor contemplan que cada país otorgará las
ventajas respectivas a la industria del cine solo al productor nacional (num. 4
del art. I), que del material final de resguardo y reproducción no podrán
hacerse menos de dos copias (art. IX), que las coproducciones deberán ser
presentadas como conjuntas, figurando esto en los créditos (art. XIV) y que
cada contrato de coproducción deberá contener una cláusula que estipule la
repartición de los derechos de propiedad en proporción a la participación de
cada coproductor (num. 10 del punto IV del Anexo Reglas de Procedimiento).
Sobre el primero, encuentra la Dirección que para el caso de este Acuerdo y del
artículo en mención, resulta aplicable el principio de “trato nacional”
contemplado tanto en el artículo 2º de la Decisión Andina 351 de 1993, como en
el artículo 5º del Convenio de Berna, según el cual los titulares extranjeros
de un derecho de Propiedad Intelectual no pueden recibir un nivel de protección
inferior al de los nacionales en un determinado país, respecto de este tipo de
derechos. En atención a esto no se asume que las ventajas de que habla el
numeral 4 que analiza, sean de orden jurídico respecto de los derechos de
autor. Pues el principio de “trato nacional” “...no condiciona el
reconocimiento y protección de las obras extranjeras a la existencia de normas
que permitan una protección recíproca de las obras nacionales.” Por ello
los derechos de Propiedad Intelectual de un extranjero no se encuentran
sometidos a que la legislación local los beneficie o no. De plano se reconocen
los mismos derechos que al nacional.
Respecto del artículo IX y la obligación de hacer
mínimo dos copias del materia final de las Coproducciones, salvo que de mutuo
acuerdo se convenga en hacer una, explica la Dirección que el punto de partida
para el análisis es la presunción que el productor es el titular de los
derechos patrimoniales de las obras audiovisuales, dentro de los cuales se
encuentran todas las formas de reproducción. En virtud de ello la obligación de
las dos copias obra como la manifestación necesaria para que cada productor
esté en condiciones de hacer uso pleno de este derecho de reproducción, en las
condiciones que previamente se hayan acordado.
Respecto del artículo XIV y la obligación de la
mención en los créditos del carácter conjunto de las coproducciones, en el
escrito del concepto se advierte que los derechos morales sobre las obras
artísticas y literarias (y sobre todas las obras en general) son inalienables.
Así, si la obligación de que se reconozca a las coproducciones que se hagan en
virtud del tratado, la mención de “conjunta” en los créditos, no excluye
expresamente el reconocimiento de la autoría y/o paternidad sobre la obra, por
lo que no existe reparo alguno frente a la Constitución.
Finalmente, respecto de la obligación de incluir en
los contratos de coproducción, que se celebren en virtud del Acuerdo, una
cláusula que regule lo relativo a la repartición de los derechos de Propiedad
Intelectual en proporción al aporte de cada uno de los coproductores (num. 10
del punto IV del Anexo Reglas de Procedimiento), considera la Dirección  “[a]l
ser el derecho de autor una especie sui generis de propiedad privada , los
titulares de los derechos están en libertad de disponer de sus prerrogativas,
de acuerdo a la autonomía de su voluntad”. (...) Lo anterior implica que
la disponibilidad de los derechos patrimoniales de autor no se afecta, por
cuanto los titulares de derechos mantienen su libertad contractual”. Por
ello lo encuentra igualmente ajustado a la Carta.
IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.
El Procurador General de la Nación, en
concepto No. 3770 recibido en Secretaria de esta Corporación el 4 de marzo de
2005, solicita a la Corte Constitucional que se declare la exequibilidad de la
Ley 897 de 2004, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo objeto de la
presente sentencia, así como del Acuerdo mismo siempre y cuando se verifique,
por un lado que en el trámite de aprobación de ésta se cumplió con lo previsto
en los artículos 145 y 146 de la Constitución (regla general de votación para
aprobación de leyes), en la votación de aprobación del proyecto de ley en la
Comisión Segunda del Senado de la República. Y por otro, que se dio cabal
cumplimiento al requisito de anunciar la votación en sesión previa a la
realización de la misma (art 8 Acto Legislativo 01 de 2003). De igual manera
solicita que se declare exequible el aparte del artículo I según el cual “[l]as
nuevas formas de producción y difusión audiovisual serán incluidas en el
presente Acuerdo mediante intercambio de notas”, bajo el entendido que
previo el intercambio de notas en mención debe darse el agotamiento del trámite
interno previsto en el ordenamiento constitucional para las modificaciones a
adiciones de los tratados internacionales.
Para Vista Fiscal se hace necesario
verificar lo relacionado con el número de asistentes al debate de la Comisión
Segunda del Senado en que se votó y aprobó el proyecto para determinar si la
unanimidad cumplió con la regla general de los artículos 145 y 146 de la Carta,
la cual se puede expresar como que, salvo que la Constitución diga lo contrario
ninguna ley podrá ser aprobada si no se da una votación mínima correspondiente
a una mayoría simple dentro de un quórum decisorio. Así mismo, encuentra
necesario discriminar las constancias respectivas que respalden el hecho de que
las votaciones en cada uno de los debates fueron anunciadas en sesión previa a
éstas (art 8 Acto Legislativo 01 de 2003). Por lo demás encuentra ajustado a la
Constitución el trámite seguido tanto en la suscripción del Acuerdo como en la
aprobación de la ley aprobatoria del mismo.
De otro lado, en referencia al contenido
material del articulado del Acuerdo, analiza el Ministerio Público que se da
curso al fomento de la cultura y de las relaciones internacionales, atendiendo
lo dispuesto en los artículos 9 y 10 constitucionales. Igualmente, el Acuerdo
proporciona un incentivo a la iniciativa cultural nacional (arts. 70 y 71 C.P).
Contribuye con el escenario cinematográfico nacional para hacerlo más
competitivo. Brinda oportunidades de progreso no solo cultural sino también
industrial y científico en relación con las artes audiovisuales y crea fuentes
de trabajo en dichas áreas. En este orden, no solo lo encuentra concorde con la
Constitución, sino que también realza valores y principios que nuestro orden
constitucional privilegia y protege reiteradamente.
Ahora bien, respecto del aparte del
artículo I que contempla que “[l]as nuevas formas de producción y
difusión audiovisual serán incluidas en el presente Acuerdo mediante
intercambio de notas”, explica el Procurador, tal como se anticipó, que “...las
adiciones que posteriormente se hagan respecto de las nuevas formas de
producción y difusión audiovisual se sujeten al trámite interno previsto en el
ordenamiento constitucional colombiano para las modificaciones y adiciones a
los tratados, es decir, que deberán ser aprobadas por el gobierno, rectificadas
por el Congreso y revisadas por la Corte Constitucional.”
V.      CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE.
Competencia
1.- De conformidad con lo previsto en el numeral 10º
del artículo 241 de la Carta, la Corte es competente para ejercer un control
constitucional de manera integral, previo y automático sobre los tratados
internacionales y las leyes que los aprueben. Tal es el caso del "Acuerdo
de Coproducción Audiovisual entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de Canadá, hecho y firmado en la ciudad de Bogotá, D. C., a los diez
(10) días del mes de julio de dos mil dos (2002)” y de la Ley 897 de 2004.
Comenzará pues la Corte con la revisión del trámite general del mencionado
acuerdo y de la ley que lo aprueba para luego examinar su contenido.
Suscripción del "Acuerdo de
Coproducción Audiovisual entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de Canadá”
2.- El 10 de julio de 2002, el entonces Presidente de
la República de Colombia, Doctor Andrés Pastrana Arango, confirió plenos
poderes a la Doctora ARACELI MORALES LOPEZ, en esos momentos Ministra de
Cultura para que a nombre del Gobierno suscribiera el “Acuerdo de Coproducción
Audiovisual entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de
Canadá”, tal como consta en el folio 190 del expediente.
Posteriormente, el Presidente de la
República, Dr. Alvaro Urbe Velez, dio su aprobación ejecutiva al instrumento
bajo examen, el día 28 de mayo de 2003[2].
Al respecto, tal y como lo ha señalado esta Corporación en diversas
oportunidades[3],
“...la confirmación presidencial subsana cualquier
eventual vicio de representación del Estado, acorde al derecho de los tratados,
especialmente de conformidad con la Convención de Viena de 1969, artículo 8º,
en la medida en que conforme con el artículo 9º de la Carta, las relaciones
internacionales del Estado se fundamentan, entre otros, en los principios del
derecho internacional aceptados por Colombia. Además, teniendo en cuenta que
conforme al artículo 189 numeral 2 de la Carta corresponde al Presidente de la
República, como Jefe de Estado, dirigir las relaciones internacionales y
celebrar convenios con otros Estados, es razonable que la confirmación
presidencial subsane los vicios de representación, si estos se suscitan,
durante el trámite de suscripción del tratado. En ese orden de ideas, estima la
Corte, con fundamento en las anteriores consideraciones, que no hubo
irregularidades en la suscripción del mencionado tratado por parte del Estado
colombiano.” (C- 912 de 2004)
Trámite general
de la Ley Aprobatoria 897 de 2004.
3.- De
conformidad con los lineamientos del artículo 150 numeral 16 de la Carta,
corresponde al Congreso aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre
con otros Estados o con entidades de derecho internacional. Estos instrumentos
para su validez, requieren entonces de  la aprobación del Congreso, según el
artículo 224 de la Constitución.
Ahora bien,
tal y como lo ha señalado esta Corporación en múltiples oportunidades, las
leyes aprobatorias de tratados internacionales, en atención a los artículos
157, 158 y 160 de la Constitución, tienen en general el mismo trámite de
cualquier ley ordinaria salvo dos aspectos específicos: a) El artículo 154 de
la carta exige, por tratarse de un asunto referido a las relaciones
internacionales, que su trámite se inicie en el Senado de la República y, b) el
Gobierno, en atención al artículo 241 numeral 10 de la Carta, debe remitir a la
Corte Constitucional el tratado y la ley que lo aprueba, dentro de los seis
días siguientes a la sanción presidencial, para que ésta efectúe su revisión
constitucional.
4.- En ese orden de ideas y de conformidad con las
pruebas que obran en el expediente, el trámite que se dio al proyecto, hoy Ley
897 de 2004, fue el siguiente:
a)
En cumplimiento de lo
establecido en el inciso 3º del artículo 154 de la Carta, el Proyecto de Ley
038 de 2003 del Senado (hoy Ley 897 de 2004), inició su trámite en el Senado,
tal como consta en el folio 46 del expediente y en la página 17 de la Gaceta
del Congreso 358 del 28 de julio de 2003.
b)
En cumplimiento del
inciso 1º del artículo 156 de la Constitución la publicación del Proyecto en
Gaceta del Congreso 358 del 28 de julio de 2004 (folio 42 y página 13 de la
Gaceta del Congreso 358 de 2004), fue previa a la iniciación de su trámite en
la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado el 14 de octubre de
2004, según consta a folios 96, 142 y 159 del expediente.
c)
En cumplimiento de los
artículos 149 y 150 de la Ley 5ª de 1992, para el debate en Comisión Segunda
del Senado se surtió la radicación del Proyecto en la Secretaría de dicha
Comisión (folio 164) y se designó como Ponente al Honorable Senador Jimmy
Chamorro Cruz (folio 163). En el mismo sentido, para el debate en Comisión
Segunda de la Cámara, la radicación del Proyecto y la designación al Honorable
Representante Juan Hurtado Cano obran en los folios 139 y 138 del expediente
respectivamente.
De igual manera, atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 185 de la
Ley 5ª de 1992, para debate en Plenaria del Senado se efectuó la radicación del
Proyecto (folio 146) y se designó como Ponente al Honorable Senador Jimmy
Chamorro Cruz (folio 159). En el mismo sentido, para debate en Plenaria de la
Cámara la radicación del Proyecto consta a folio 122 y la designación como
Ponente al Honorable Representante Juan Hurtado se encuentra en el folio 128.
d)
En cumplimiento del
inciso 1º. del artículo 156 de la Ley 5ª. de 1992, se presentó el informe del
Proyecto de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado a la que
se repartió el 24 de julio de 2003, publicándose en la Gaceta del Congreso Nº
466 del 11 de septiembre del mismo año, tal como consta en la página 17 de la
misma Gaceta y en folio 147 del expediente. En el mismo sentido, se presentó
informe del Proyecto a la Comisión Segunda Cámara el 19 de diciembre de 2003
(folio 133) y se publicó el mismo en la página 5 de la Gaceta del Congreso Nº
38 el 20 de febrero de 2004 (folio ibídem).
e)
En cumplimiento del
inciso 5º. del artículo 160 de la Constitución tal como fue adicionado por el
artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, para surtir el trámite del primer
Debate en Cámara del Senado se convocó para votación (7 de octubre de 2003) en
sesión previa a la realización de la misma (14 de octubre de 2003) como consta
en la página 7 de la Gaceta del Congreso Nº 543 del 16 de septiembre de 2004.
En el mismo sentido, en sesión del 28 de octubre de 2003 se convocó la votación
del Proyecto en Plenaria del Senado para el 11 de noviembre de 2003, tal como
aparece en la página 20 de la Gaceta del Congreso 586 de 2003. De igual manera,
en sesión del 17 de marzo de 2004, se convocó la votación del proyecto en
mención en Comisión de la Cámara para el 24 de marzo del mismo año tal como lo
certifica el Secretario General de la Comisión Segunda (folio 29); y en el
mismo sentido el 8 de junio de 2004, se citó para votar el Proyecto en Plenaria
de la Cámara el 9 de junio de 2004 tal como lo certifica el Secretario General
de la Cámara (folio 195 y folio 7 de la Gaceta 365 de 2004). Con lo anterior
queda subsanada la observación del Ministerio Público en el sentido de
verificar el cumplimiento del artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003.
f)
En cumplimiento de los
numerales 2 y 3 del artículo 157 de la Constitución, en sesión del 14 de
octubre de 2003 en Comisión del Senado fue aprobado por unanimidad el Proyecto
de Ley No.38/03 del Senado (hoy Ley 897 de 2004, folio 159). En el mismo
sentido la Plenaria del Senado lo aprobó el 11 de noviembre de 2003 por 95
votos, con la asistencia de 95 Honorables Senadores de 102 que conforman la
Plenaria de dicha Cámara (folios 95 y 142). De igual manera en sesión del 24 de
marzo de 2004, la Comisión Segunda Constitucional Permanente aprobó el Proyecto
No.038/03 del Senado, 169/03 de la Cámara (hoy Ley 897 de 2004) por 17 votos,
con la asistencia de 17 Honorables Representantes de 19 que conforman dicha
Comisión (folio 137). En este mismo sentido, en sesión del 9 de junio de 2004
dicho proyecto fue aprobado en Plenaria de la Cámara de Representantes por 160
votos, con asistencia de 160 Honorables Representantes de 163 que conforman
dicha Plenaria (folio 195).
g)
El quórum que la Corte
verifica en el anterior literal, corresponde a lo establecido en el artículo
145 de la Constitución y la votación mínima que comprueba en dicho quórum
corresponde a lo establecido en el artículo 146 de la misma, así como a lo
contenido en el inciso 1º del numeral 2º del artículo 116 de la Ley 5ª de 1992
y en el numeral 1º del artículo 117 de la misma Ley, atendiendo a que “…las
decisiones se tomarán por la mayoría de los votos de los asistentes, salvo que
la Constitución exija expresamente una mayoría especial”. A este
respecto, el Ministerio Público hizo la salvedad que en el caso de la
aprobación en la Comisión del Senado, la certificación respectiva (folio 159)
solo hacía mención a que dicha aprobación se había dado por unanimidad, sin
hacer referencia al número de asistentes a la votación.
Referente a lo anterior, considera esta Corte que de conformidad con
los artículos 145 y 146 de la Constitución y el numeral 2º del artículo 116 de
la Ley 5ª de 1992 se concluye que, salvo que la Constitución establezca otra
cosa, las decisiones en plenarias y comisiones solo podrán tomarse cuando haya
una asistencia mínima de la mitad mas uno de los integrantes de la corporación
(quórum decisorio ordinario, art. 145 C.P y num 2º art, 116 Ley 5ª/92), y
dentro de dicho quórum una votación mínima de la mitad mas uno (mayoría
simple). Es decir que de los artículos en mención se deriva la regla general
del quórum y votaciones para la aprobación de los proyectos de ley. Esta es:
mayoría simple dentro de un quórum decisorio ordinario.
Ahora bien, el señalamiento de una aprobación por unanimidad
presupone la regla general de la aprobación de proyectos ley arriba expuesta.
Pues la unanimidad es decisoria. La cualidad que adiciona este señalamiento es
que todos los que asistieron a la votación, votaron igual. Así, la
certificación de la aprobación por unanimidad, en principio supone que en un
quórum decisorio ordinario todos los votos se dieron en un mismo sentido. Por
esto, considera la Corte que la certificación del Secretario General de la
Comisión Segunda del Senado en el sentido de señalar que la aprobación del
proyecto bajo estudio, se dio por unanimidad, supone que los asistentes a dicha
votación sumaron una cantidad no inferior a la mitad mas uno de los integrantes
de la comisión.
h)
De conformidad con el siguiente calendario, al
que se sometió el trámite del proyecto de la Ley objeto de estudio, la Corte
entra a analizar el cumplimiento del inciso 1º del articulo 160 de la
Constitución, del inciso 1º del artículo 168 de la Ley 5ª de 1992 y del inciso
2º del Artículo 183 de la misma Ley:
·
Entre el Primer Debate
y aprobación en Comisión del Senado del 14 de octubre de 2003 (folio 159) y
Segundo Debate y aprobación en Plenaria de la misma cámara el 11 de noviembre
de 2003, existe “un lapso no inferior a ocho (8) días” (Artículo 160 de la
Constitución y Artículo 168 de la Ley 5ª de 1992).
·
Entre los debates y la
aprobación en Plenaria del Senado el 11 de noviembre de 2003 y el inicio del
Debate en Cámara de Representantes, el 24 de marzo de 2004 transcurrieron por
lo menos “quince días” (Artículo 160 de la Constitución).
·
Entre el primer debate
y aprobación en Comisión de la Cámara de Representantes, el 24 de marzo de 2004
y el Segundo Debate en Plenaria de la misma Cámara, el 9 de junio de 2004,
existe “un lapso no inferior a ocho (8) días” (Artículo 160 de la Constitución
y Artículo 168 de la Ley 5ª. de 1992).
i)
En cumplimiento del
numeral 4º del artículo 157 de la Constitución, la sanción presidencial se dio
el 21 de julio de 2004, por parte del Presidente, Dr. Álvaro Urbe Vélez, tal
como consta en el folio 20 (reverso) y en el Diario Oficial No. 45.618, de 23
de julio de 2004.
j)
De conformidad con lo
establecido en el numeral 10 del Artículo 241 Constitucional, habiéndose
sancionado la Ley 897 el 21 de julio de 2004 (folio 20 reverso), se envía a
esta Corporación para el respectivo estudio el 26 de julio de 2004, dentro de
los seis días siguientes.
5.- Por lo anterior, de conformidad con
las pruebas que obran en el expediente y con las observaciones que la Vista
Fiscal expuso, subsanadas tal como aparece en los literales e) y g) de la
presente sentencia, esta Sala encuentra que el procedimiento seguido, tanto
para la suscripción del "Acuerdo de Coproducción Audiovisual entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Canadá, hecho y firmado
en la ciudad de Bogotá, D. C., a los diez (10) días del mes de julio de dos mil
dos (2002)”, como para el trámite de aprobación y sanción de la Ley 897 de
2004 que lo aprueba, se han cumplido todos los rituales procesales establecidos
en la Constitución y en la Ley Orgánica “por la cual se expide el Reglamento
del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes” (Ley 5ª de 1992).
Por lo cual el “Acuerdo” y la Ley 897 en comento resultan constitucionales
desde el punto de vista formal.
Las inconsistencias del texto aprobado
6.- No obstante, encuentra esta Corte que, como lo
muestra la transcripción de la Ley 897 de 2004, el texto formalmente aprobado
por el Congreso, contiene en principio elementos extraños a una ley de esta
naturaleza, como es la inclusión integral de la exposición de motivos del
proyecto y del contenido de otra ley, a saber la Ley 424 de 1998, que ordena el
seguimiento de los convenios internacionales suscritos por Colombia.
La presente ley tiene entonces, varios encabezados,
varios articulados sobre distintas materias, y contiene textos justificatorios
del tratado (la exposición de motivos) de discutible fuerza normativa. En
primer término la ley indica en tres oportunidades que el Congreso de la
República va a tomar una decisión legislativa. Así, al inicio de la ley misma,
más adelante cuando incluye nuevamente el proyecto de ley originario y,
finalmente cuando incorpora el texto de la Ley 424 de 1998, que tiene su propia
parte resolutiva.
De otro lado, la Ley 897 de 2004 contiene
aparentemente tres articulados, en parte coincidentes, pero en parte diversos.
Así, luego de la transcripción del tratado, aparecen los artículos 1º, 2º y 3º
que aprueban la Convención; esos mismos contenidos normativos aparecen al final
de la ley; finalmente, al incorporarse la Ley 424 de 1998, aparecen cuatro
artículos de contenido muy diverso, pues estos ordenan al Gobierno que presente
en cada legislatura un informe pormenorizado de la manera como se están
cumpliendo los convenios internacionales suscritos por Colombia.
Finalmente, entre los artículos del proyecto y
aquellos de la Ley 424 de 1998 aparece la exposición de motivos del proyecto,
que terminó siendo incorporada a la ley, y que carece propiamente de un
lenguaje normativo, pues no indica que es lo ordena, prohibe o permite.
7.- Lo anterior puede crear una perplejidad normativa,
pues no es claro qué fue lo que aprobó el Congreso. Además, podría considerarse
que esta situación afecta la regla de unidad de materia (artículo 158 C.P) y
desconoce las peculiaridades propias de las leyes aprobatorias de tratados, por
cuanto la ley contiene elementos extraños a una ley de este tipo. Podría
incluso considerarse que ese hecho expresa una inatención del Congreso en el
trámite de la ley, que podría indicar la existencia de un vicio del
consentimiento. Sin embargo, lo cierto es que esos problemas ya fueron
analizados por la C-315 de 2004. En aquella sentencia la Corte consideró que
este tipo de defectos no son de trascendencia suficiente para considerar un
vicio de procedimiento. Dijo entonces esta Corporación:
“A pesar de lo anterior, la Corte considera que la
anterior irregularidad, aunque expresa una inadvertencia del Congreso en la
aprobación de la presente ley, no configura realmente un vicio de procedimiento
por las siguientes dos razones: en primer término, un análisis literal,
sistemático e histórico permite concluir que la Ley 824 de 2003 tiene no sólo
un tema dominante sino una finalidad clara, que es la aprobación de la
Convención sobre Misiones Especiales. En efecto, así lo dice con claridad el
título de la ley. Además, la ley transcribe la totalidad del mencionado tratado
y los artículos aprobados, con la excepción de aquellos que hacen parte de la
reproducción del texto de la Ley 424 de 1998, establecen la aprobación de ese
instrumento internacional por parte del Congreso. Finalmente, la revisión de
las discusiones en el Congreso, especialmente de la exposición de motivos y de
las ponencias para los debates en comisiones y plenarias, muestran con claridad
que la intención del Congreso era aprobar esa convención. Por todo lo anterior,
la Corte concluye que la Ley 824 de 2003 tiene un tema dominante y éste es la
aprobación del mencionado tratado.
De otro lado, el mismo análisis literal,
histórico y sistemático permite determinar que los elementos extraños que
aparecen en la Ley 824 de 2003 no tienen realmente vocación normativa propia.
Así, la incorporación de la Ley 424 de 1998 únicamente se explica por cuanto el
artículo 3º de esa ley dice que el texto completo de la misma deberá
incorporarse “como anexo a todos y cada uno de los Convenios Internacionales
que el Ministerio de Relaciones Exteriores presente a consideración del Congreso”,
y por ello el Congreso y el Gobierno lo incorporaron a la ley 824 de 2003, en
el entendido de que se trataba de un anexo, que no tiene fuerza normativa
propia, sino que únicamente recuerda los mandatos de esa ley 424 de 1998.
Igualmente, la exposición de motivos no
contiene tampoco un lenguaje normativo autónomo ya que simplemente explica el
contenido del tratado y justifica su incorporación al ordenamiento jurídico
interno.
Por ende, como los apartes que podrían ser
considerados extraños al contenido dominante de la Ley 824 de 2003 carecen en
realidad de verdadera fuerza normativa, la Corte concluye que la irregularidad
consistente en incorporarlos en la Ley 824 de 2003 resulta irrelevante, y en
esa medida no configura un vicio de procedimiento. Y por ello la Corte no
encuentra razón para cuestionar la constitucionalidad de la presente ley por
ese aspecto, como no lo hizo tampoco en el pasado cuando tuvo que estudiar
leyes aprobatorias de tratados que tenían aparentemente un problema semejante[4].”
8.- La Corte reitera los anteriores
criterios y concluye entonces, que no obstante la Ley 897 de 2004 no adolece de
vicios de procedimiento en su formación, las leyes aprobatorias de tratados
internacionales deberían ser mas claras y menos profusas en los elementos que
introduce antes de los artículos aprobatorios. Esta Corporación considera que
el Congreso de la República debe desarrollar un orden de presentación en el
contenido de la publicación de las leyes aprobatorias, que corresponda con el
orden de las actuaciones surtidas en el trámite. De esta manera, los contenidos
ajenos a los articulados aprobados (tratado) y aprobatorio (ley) no prestarán
confusión en el sentido explicado más arriba.
Hecha la anterior aclaración, a
continuación entra la Corte a analizar la constitucionalidad del contenido del
tratado aprobado por dicha ley.
El contenido General del "Acuerdo de Coproducción
Audiovisual entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de
Canadá”.
9.- El artículo I del “Acuerdo” establece
en su primer numeral el uso del término “coproducción audiovisual” y su alcance
lo extiende a formas de producción y difusión audiovisual que en el presente no
existan, pero que se desarrollen en el futuro. El numeral segundo establece un
requisito para la realización de las coproducciones audiovisuales de que habla
el “Acuerdo” consistente en que dichas coproducciones deberán ser autorizadas
por las “Autoridades Competentes” de cada país, que para el caso de Colombia es
el Ministerio de Cultura. El numeral tercero determina que la legislación bajo
la que se regulará la producción y distribución de las coproducciones estará
conformada por las normas nacionales vigentes de cada país. Y, por último el
numeral cuarto prescribe que las mencionadas coproducciones se considerarán
como nacionales por cada país, para cualquier fin. Además, establece que de lo
anterior se deriva que estas coproducciones sean beneficiarias de las ventajas
que en cada país se otorguen a las producciones nacionales. Finalmente se
contempla que estas ventajas están únicamente en cabeza del productor del país
que las otorgue.
Los artículos II, III, IV, V, VI y VII
determinan requisitos para los productores basados en la experiencia y
acreditación, así como también requisitos de las coproducciones mismas
consistentes en el cumplimiento de un mínimo de componentes técnicos. De igual
manera estos artículos exponen reglas de participación presupuestal de cada
país en los proyectos que se emprendan. Estos requisitos contemplados en las
normas citadas del “Acuerdo” prescriben también que se privilegie la
participación de nacionales de ambos países en las coproducciones y de igual
manera, que se de prerrogativa tanto a las locaciones ubicadas en cada uno de
sus territorios como a los idiomas de éstos. Por último establecen reglas de
participación de otros países, de orden técnico y presupuestal.
El artículo VIII establece los requisitos
que deberán cumplir las producciones audiovisuales que se den en virtud de un
hermanamiento para que sean consideradas en el marco del “Acuerdo”. El artículo
IX determina los parámetros para el reconocimiento de los derechos de acceso,
reproducción y uso del material final de la coproducción. El artículo X dispone
reglas generales de colaboración mutua en cuanto al ingreso y permanencia de
personal o de equipos en ambos países.
Los artículos XI, XII, XIII, XIV y XV
constituyen reglas generales bajo las cuales se regulará el reparto de los
ingresos que produzca la coproducción, la proyección del material en cada país,
la exportación del material y la mención y representación con la que deberán
ser presentadas las coproducciones tanto a nivel general como en festivales
internacionales.
El artículo XVI remite a un anexo en
donde se plasman las reglas de procedimiento para acceder a la realización de
una coproducción en el marco del “Acuerdo”. El artículo XVII establece que la
legislación aplicable en materia de importación, distribución y exhibición de
producciones de cine de cada país, será la única fuente de restricciones en
estos temas. El artículo XVIII determina un mecanismo de arreglo de
controversias y de búsqueda de un equilibrio general respecto de la
participación presupuestal, de personal y técnica, mediante la creación de una
Comisión Mixta cuyo fin será ajustar el “Acuerdo” de tal manera que éste
responda a lo anteriormente expuesto. El artículo XIX dispone las condiciones
para la vigencia, la rescisión y renovación del “Acuerdo” y contempla la
salvedad de la culminación de las coproducciones que estén en curso en el caso
de la rescisión.
Por último, el contenido del anexo
denominado “Reglas de Procedimiento” se conforma de la descripción de los
documentos que se deben anexar por parte de los productores para hacer
solicitudes de participación en una coproducción en el marco del “Acuerdo”, así
como de la descripción del clausulado mínimo de un contrato de coproducción.
Análisis de constitucionalidad del
"Acuerdo de Coproducción Audiovisual entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de Canadá”
10.- Respecto del contenido del primer
numeral del artículo I la Corte encuentra que se refiere a un definición
normativa que establece los casos a los que se aplicará el término
“coproducción audiovisual”. En este orden de ideas, y tal como se ha explicado
en otros pronunciamientos[5],
las definiciones en sí mismas no son susceptibles de vulnerar la Constitución.
No obstante pueden existir normas que contengan estas definiciones y les
impriman consecuencias jurídicas las cuales pueden conllevar situaciones
inconstitucionales. Empero, la definición en comento pretende únicamente hacer
claridad en cuanto al alcance técnico y descriptivo con que se debe entender
ésta en el marco del “Acuerdo”. No encuentra entonces esta Corte reparo
constitucional alguno en este numeral.
11.- Con todo, como lo advierte el
Ministerio Público, la frase final de este numeral, cuando establece que “[l]as
nuevas formas de producción y difusión audiovisual serán incluidas en el
presente Acuerdo mediante intercambio de notas”, supone la posibilidad de
introducir elementos nuevos al “Acuerdo” y en tal evento se contraviene la
Constitución, si dichas adiciones no siguen el trámite de los acuerdos
complementarios o simplificados que la Corte ha definido en los siguientes
términos:
“Esos
acuerdos complementarios o de desarrollo de tratados ya incorporados a la
legislación colombiana corresponden a una de las clases de los llamados
procedimientos simplificados que  como se ha dicho y surge del texto de
Convenio sujeto a análisis son instrumentos que buscan dar cumplimiento a las
cláusulas sustantivas de un tratado vigente y que no dan origen a obligaciones
nuevas ni puede exceder las ya contraídas por el Estado colombiano; la otra
clase de procedimientos simplificados se integra por aquellos acuerdos
relativos a materias que son de la órbita exclusiva del Presidente de la
República, directamente o por delegación, como director de las relaciones
internacionales.”[6] (Negrilla fuera de texto)
En complemento de lo anterior, esta
Corporación dispuso[7]
que pueden entenderse ajustados a la Constitución estos acuerdos simplificados
o de desarrollo cuando: “...este Tratado es constitucional condicionadamente
en la medida que los Acuerdos Complementarios previstos en este Convenio: a) No
contengan nuevas obligaciones distintas a las pactadas en el mismo; b) Se
enmarquen dentro de los propósitos y objetivos del Convenio, que pretende
“desarrollar el conjunto de las relaciones  científicas entre los dos países”,
con base en el respeto de los principios de igualdad de ventajas mutuas como lo
dice el Preámbulo; y c) No se modifique el convenio, ni se refieran dichos
Acuerdos a aspectos diferentes ...”.[8]
En consecuencia, este numeral será
declarado exequible bajo el entendido que en el caso en que las modificaciones
introducidas por virtud de éste “...impliquen la asunción de nuevas
obligaciones o la modificación de las convenidas en virtud del Acuerdo
original, deberán ser sometidos a aprobación interna, según los trámites
establecidos en la Constitución Política...”[9]
12.- El numeral segundo del mismo
artículo reconoce al Ministerio de Cultura como la Autoridad Competente para
autorizar la realización de una coproducción. En la estructura administrativa
del Estado colombiano, el Ministerio de Cultura forma parte de la rama
ejecutiva del poder público y el Ministro es una autoridad administrativa (arts
113 y s.s C.P). Ahora bien, su competencia, como la de todos los ministerios,
se entiende por su función y se desarrolla como actividades tendientes a implementar
políticas del gobierno dentro de uno o varios temas específicos. No obstante,
dentro del contexto del “Acuerdo” objeto de revisión, desde el punto de vista
de la otra parte firmante, el Ministerio en mención obra como una entidad
coordinadora y a la vez con entidad suficiente para desplegar el tema
audiovisual y cultural, que es en últimas el interés primordial del esfuerzo y
el compromiso binacional. Por ello, este Tribunal considera que el
reconocimiento del Ministerio de Cultura como la “Autoridad Competente” por
parte de Colombia en el “Acuerdo”, en primera instancia no afecta ni
contraviene en manera alguna la organización y estructura del Estado colombiano
prevista en la Constitución. Y en segundo término cumple con el cometido de
reconocer una cabeza visible que facilite las labores de coordinación de la
implementación de las coproducciones.
13.- Los numerales tercero y cuarto del
artículo I atienden al respeto por la vigencia de las leyes nacionales de cada
país sobre el tema, dependiendo de si el material audiovisual se desarrolla o
se distribuye en uno u otro. No encuentra la Corte reparo alguno de
constitucionalidad, por el contrario considera su contenido esencial para la
garantía de la soberanía nacional (arts 1 y 2 C.P). Con todo, el numeral cuarto
establece que las leyes nacionales que otorguen ventajas a las actividades
audiovisuales nacionales solo las brindarán al coproductor nacional. De lo
anterior, conceptuó la Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio
del Interior y de Justicia, considerando que esta salvedad no afectaba el goce
de los derechos patrimoniales sobre las obras, pues en virtud del principio de
“trato nacional”[10],
ningún titular extranjero de derechos de propiedad intelectual puede recibir un
grado inferior de protección frente a estos derechos, que el titular nacional.
Por ello, las ventajas que otorguen a estas actividades las leyes nacionales
pueden versar sobre comercialización, mercadeo, presupuesto, etc., y no sobre
el goce de derechos de propiedad intelectual.
14.- Los artículos II a VII establecen
requisitos de orden técnico y reglas generales de participación, tal como se
describen en el aparte de esta sentencia que hace referencia a lo contenido
general del “Acuerdo”. Desde la óptica constitucional no existe por parte de
este Tribunal censura alguna. Los pormenores y consensos de estos artículos
obedecen exclusivamente a intereses comunes en el área de la realización de
audiovisuales.
15.- El artículo VIII abre la posibilidad
para que otras coproducciones entre Colombia y Canadá, que inicialmente no se
originen en el marco del “Acuerdo” puedan ser acogidas por éste. Esta Corte
encuentra perfectamente ajustado al orden constitucional tanto que se permita
que otras realizaciones se beneficien del cobijo del “Acuerdo”, como que se
establezcan condiciones para ello.
16.- El artículo IX contiene reglas
generales sobre el uso del material audiovisual. Esta Corporación estima que
estas reglas generales se amparan en las regulaciones vigentes y reconocidas
por Colombia en materia de derechos de autor. Tal como lo hace ver la Dirección
Nacional de Derechos de Autor en su concepto, el productor es el titular de los
derechos patrimoniales de las obras audiovisuales, por lo que lo estipulado en
el artículo en mención tan solo provee las condiciones para hacer uso pleno de
los derechos de reproducción, acceso y uso del material final.
17.- El artículo X describe parámetros
que faciliten el ingreso y la permanencia de personal y equipos en los países
firmantes. Al determinar este artículo, simplemente la obligación de facilitar
el ingreso y permanencia descritos con sujeción a las leyes internas, no
implica traba constitucional alguna,  y la Corte lo ve viable a la luz de la
Carta.
18.- Los artículos XI a XV disponen
anuencias respecto del tráfico mercantil de que puede ser objeto el material
audiovisual, incluyendo los dividendos que produzca. En lo constitucional, y
siguiendo la apreciación del Ministerio Público, a este tipo de medidas
subyacen necesidades de impulso de las artes audiovisuales como expresión
cultural. A su turno, las condiciones de competitividad son presupuesto para
lograr resultados satisfactorios en la mencionada actividad cultural, que como
ninguna otra requiere de un soporte a nivel de industria. Así como se esbozó
anteriormente, el contenido de los artículos 70 y 71 constitucionales se
complementa con herramientas y consensos como los que establece el “Acuerdo”
que aquí se estudia. La Corte lo encuentra no solo ajustado a la Constitución
sino también necesario para la promoción de la cultura audiovisual colombiana.
Por otro lado, los artículos XIV y XV en
particular, establecen el reconocimiento irrestricto de los derechos morales de
los autores de las realizaciones. Explicó la Dirección Nacional de Derechos de
Autor, que siendo estos derechos inalienables, si el artículo en comento no
excluye expresamente el reconocimiento de la autoría y/o paternidad sobre la
obra, no existe reparo alguno frente a la Constitución.  La Corte asiente a
este juicio y no atisba reparos.
19.- El artículo XVI remite a un anexo de
reglas de procedimiento, indispensables para hacer manejable el acceso de los
productores de ambos países a los beneficios del “Acuerdo”. El artículo XVII,
al igual que los artículos XI a XV considerados en el fundamento jurídico
número 15 de este pronunciamiento, procuran la viabilidad y la claridad
mercantil en el tema de la comercialización y promoción del material que se
realice en virtud del “Acuerdo”. El artículo XVIII posibilita el arreglo ágil,
a través de una Comisión Mixta, de las controversias que rompan el equilibrio
que se busca en el “Acuerdo”, con el fin de que la participación y la
satisfacción derivadas de las realizaciones sea razonablemente equilibrada en
todo momento.
No obstante lo anterior, encuentra la
Corte que el numeral 3 del artículo XVIII, cuando establece que “[l]a Comisión
Mixta determinará si se ha logrado el equilibrio general y, en caso contrario,
determinará las medidas necesarias para establecerlo”, manifiesta la
posibilidad de que las medidas que adopte la Comisión Mixta consistan en
introducir las modificaciones que haga falta para conservar o lograr el
mencionado equilibrio. Frente a lo anterior hay que aclarar que, tal como lo
hace ver el Procurador respecto del numeral 1 del artículo I, si se trata de
una nueva incorporación que no está en el “Acuerdo“ original, ésta deberá
agotar el trámite previsto en el ordenamiento constitucional para
modificaciones y adiciones a los tratados. A esto resultan igualmente
aplicables los precedentes jurisprudenciales que respecto del numeral 1 en
mención se hicieron (fundamento jurídico 11 de esta sentencia). Por esto, y tal
como se aclaró respecto de aquel artículo, la Corte Constitucional lo declarará
exequible bajo la condición allí expuesta.
20.- Por último, el artículo XIX
determina lo relativo a la vigencia,  rescisión y renovación del “Acuerdo” en
términos que no transgreden el orden constitucional. El anexo de reglas de
procedimiento, como se expresó mas arriba, se conforma de pautas necesarias
para que las condiciones de implementación sean claras y en la medida de lo posible
preestablecidas. Sobre el punto 10 de este anexo dijo la Dirección Nacional de
Derechos de Autor, que se ajustaba correctamente a la libertad de disposición
de los derechos patrimoniales sobre obras artísticas, luego no desatendía ni la
Constitución ni las leyes.
21.- Por todo lo anterior, la Corte
declarará exequible tanto el "Acuerdo de Coproducción Audiovisual entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Canadá, hecho y firmado
en la ciudad de Bogotá, D. C., a los diez (10) días del mes de julio de dos mil
dos (2002)”, como la Ley 897 de 2004, por medio de la cual se aprueba. Esta
declaratoria de exequibilidad se condicionará en el artículo I numeral 4 y el
artículo XVIII numeral 3 (ambos del mencionado “Acuerdo”), en el sentido que en
todo caso en que se introduzcan nuevas modalidades de producción o coproducción
audiovisual (art. I num. 1), o bien las medidas que tome la Comisión Mixta
consistan en introducir modificaciones al “Acuerdo” (art. XVIII num. 3) en las
condiciones descritas en el fundamento jurídico número 11 de esta sentencia, lo
adicionado se someterá al trámite interno previsto en el ordenamiento
constitucional colombiano para las modificaciones y adiciones a los tratados,
es decir, que deberá ser aprobado por el gobierno, ratificado por el Congreso y
revisado por la Corte Constitucional. En consecuencia, cuando el Gobierno
manifieste su conformidad con dicho acuerdo, deberá formular una declaración
interpretativa en los términos que aquí se determinan.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
R E S U E L V E :
Primero:
DECLARAR EXEQUIBLE el "Acuerdo de Coproducción Audiovisual entre
el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Canadá, hecho y
firmado en la ciudad de Bogotá, D. C., a los diez (10) días del mes de julio de
dos mil dos (2002)”, así como la Ley 897 de 2004 que lo aprueba.
Segundo. ORDENAR al Presidente de la República que al prestar
consentimiento al "Acuerdo de Coproducción Audiovisual entre el Gobierno
de la República de Colombia y el Gobierno de Canadá, hecho y firmado en la
ciudad de Bogotá, D. C., a los diez (10) días del mes de julio de dos mil dos
(2002)”, respecto del numeral 1 del artículo I declare la correspondiente
declaración interpretativa, según la cual ninguna modificación al mencionado
“Acuerdo”, puede exceder los términos del mismo.
Tercero.- ORDENAR al Presidente de la República que al prestar consentimiento al
"Acuerdo de Coproducción Audiovisual entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de Canadá, hecho y firmado en la ciudad de Bogotá, D.
C., a los diez (10) días del mes de julio de dos mil dos (2002)”, respecto del
numeral 3 del artículo XVIII declare la correspondiente declaración
interpretativa, según la cual ninguna modificación al mencionado “Acuerdo”,
puede exceder los términos del mismo.
Cópiese, notifíquese, comuníquese al
Presidente de la República, al Presidente del Congreso y al Ministerio de
Relaciones Exteriores, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Presidente
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria  General
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
HACE CONSTAR:
Que
el H. Magistrado doctor MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA, no firma la presente
sentencia por encontrarse en comisión de servicios debidamente autorizada por
la Sala Plena.
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
SECRETARIA GENERAL
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
HACE CONSTAR:
El
Honorable Magistrado doctor ALVARO TAFUR GALVIS, no firma la presente sentencia
por encontrarse en incapacidad médica debidamente certificada.
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] El mencionado Artículo de la Ley 424 de 1998 establece: “El
texto completo de la presente Ley se incorporará como anexo a todo y cada uno
de los Convenios Internacionales que el Ministerio de Relaciones Exteriores
presente a consideración del Congreso”.
[2] Folio 13 del expediente.
[3] Ver, entre otras, las sentencias C-225 de 1995 y C-400 de 1998
[4]
Sentencias C-315 de 2004 Fundamentos Jurídicos 9 y 10.
[5] Ver entre otras la Sentencia C-507 de 2004 Fundamento Jurídico
numero 2
[6] Sentencia C-363 de 2000
[7] Sentencias C-363 de 2000 y C-154 de 2005
[8] C-363  Ibídem.
[9] C-154  Ibídem.
[10] Artículo 2º de la Decisión Andina 351 de
1993, y artículo 5º del Convenio de Berna.