T-043-20
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-043/20
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES CUANDO EXISTE UNA RELACION DE
INDEFENSION O SUBORDINACION-Jurisprudencia
constitucional sobre procedencia excepcional cuando se trata de mujer
embarazada
La vulneración de derechos fundamentales no solo puede provenir de
la conducta de autoridades públicas sino que también puede darse en ámbitos
privados, por ejemplo, cuando un particular tiene a su cargo la prestación de
servicios públicos, entre un estudiante y las directivas de una institución educativa,
así mismo, en una relación laboral. En estos casos es necesario establecer la
relación de dependencia derivada de una situación de subordinación o de
indefensión por parte de quien instaura la acción de tutela respecto de aquel
contra quien va dirigida.
MUJER EMBARAZADA EN
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-Protección constitucional
especial
DERECHO A LA
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA-Marco normativo y
jurisprudencial
El hecho de no renovar la relación laboral
de una mujer en estado de gestación puede llegar a constituirse como un acto
discriminatorio cuando se han dado manifestaciones previas indicativas de que
sí se haría, pero que, una vez se conoce el estado de gravidez de la
trabajadora, se opta por no hacerlo sin aducir ninguna causa objetiva
PARTICIPACION DE LA
MUJER EN EL CAMPO LABORAL-Beneficios para las mujeres embarazadas para disminuir la brecha
de desigualdad en razón al género
PRUEBA ELECTRONICA-Valor probatorio de las capturas de
pantalla extraídas de las aplicaciones de texto whatsapp como prueba indiciaria
Los avances tecnológicos que a nivel global
se han dado en distintos campos (ciencia, medicina, aplicativos digitales),
también han influido en el entendimiento y el ejercicio del derecho. Al efecto,
en el ámbito probatorio, por ejemplo, los operadores judiciales diariamente
deben analizar elementos extraídos de aplicaciones de mensajería instantánea,
ya sea que se cuente con metadatos que permitan realizar un mayor rastreo de la
información o solo capturas de pantallas respecto de ciertas afirmaciones o
negaciones realizadas por una de las partes en el litigio. Sobre estas últimas,
la doctrina especializada les ha concedido el valor de prueba indiciaria ante
la debilidad de dichos elementos frente a la posibilidad de realizar
alteraciones en el contenido, por lo cual deben ser valoradas de forma conjunta
con los demás medios de prueba.
ACCION DE TUTELA PARA PROTEGER EL DERECHO A
LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA O GESTANTE-Procedencia excepcional
-
DERECHO A LA
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA, AL MINIMO VITAL Y A LA NO DISCRIMINACION DE
MUJER EMBARAZADA-Orden de contratar a la accionante en una labor igual a la desempeñada en los contratos
suscritos anteriormente, respetando las condiciones pactadas en el último año
Referencia:
Expediente T-7.461.559
Acción de tutela
instaurada por la señora Dora Patricia Ramírez Monsalve en contra de la
sociedad Corporación Educa S.A.S. (Universo Mágico Kindergarten).
Magistrado
ponente:
JOSÉ FERNANDO
REYES CUARTAS
Bogotá D.C.,
diez (10) de febrero de dos mil veinte (2020)
La Sala Octava
de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Carlos Bernal Pulido, Alberto Rojas Ríos y José Fernando Reyes
Cuartas, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del
proceso de revisión de los fallos emitidos el 19 de marzo de 2019 por el
Juzgado Primero Civil Municipal de Chía, en primera instancia, y el 10 de mayo
de 2019 por el Juzgado Primero de Familia de Zipaquirá, en segunda instancia,
en la acción de tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
El 5 de marzo de 2019, la señora Dora Patricia Ramírez Monsalve
instauró acción de tutela en contra de la sociedad Corporación Educa S.A.S.
(Universo Mágico Kindergarten), al considerar que vulneró sus derechos
fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada, a la seguridad
social, al fuero de maternidad y a la “confianza legítima”. Fundamentó el amparo constitucional con base en los siguientes,
Hechos
1.  Expresó que tuvo una relación laboral con la sociedad
Corporación Educa S.A.S., al haber sido contratada para desempeñar el cargo de
docente en el grado pre-jardín en el establecimiento educativo “Jardín
Universo Mágico” con sede en el municipio de Chía (Cundinamarca).
2.  Al respecto, manifestó que suscribió dos contratos de
trabajo a término fijo menor a un año. El primero, cuyos extremos estuvieron
comprendidos entre el 6 de marzo de 2017 hasta el 30 noviembre de 2017 y, el
segundo, entre el 1º de febrero de 2018 al 18 de noviembre de 2018.
3.  Informó que el 24 de noviembre de 2018, en la reunión
de despedida organizada para los empleados, “el señor Jacinto, uno de los
propietarios del plantel, agradeció a todas las profesoras por la labor
realizada y expresó su voluntad de continuar con el mismo equipo de trabajo
para el año 2019”[1].
4.  Expresó que el 13 de diciembre de 2018 asistió a las
instalaciones del centro educativo para firmar la liquidación del contrato,
fecha en la que le preguntó a la señora Mary Luz Sánchez Cala –directora de
sede, según la narración de la actora-, si su contrato sería renovado
obteniendo por respuesta que se continuaría con el mismo personal para el 2019.
5.  La señora Dora Patricia señaló que el 15 de enero de
2019, a través del grupo interno de la institución Jardín Universo Mágico en
la aplicación WhatsApp, se le preguntó por sus tallas de vestir con el
propósito de elaborar su uniforme y calzado de dotación.
6.  Mencionó que el 18 de enero de 2019 se realizó una
prueba de embarazo casera que resultó positiva, por lo cual ese día se dirigió
a la EPS para confirmar la respuesta obtenida a través de una prueba de sangre.
En esa misma fecha, le comentó su estado de gravidez a su jefa directa, la
señora Mary Luz Sánchez, quien le solicitó informar la conclusión de los
exámenes médicos y le informó que comunicaría el suceso a la directora general,
Ingrid Romero Otelo.
7.  Indicó que al día siguiente recibió un mensaje de la
señora Mary Luz Sánchez, vía WhatsApp, en el cual le solicitó relatar cuánto
tiempo de embarazo tenía, esto, por petición de la directora general. Así
mismo, le precisó que esa situación debió haberla comentado antes de la
finalización de la relación laboral de 2018.
8.  Relató que el 23 de enero de 2019 obtuvo el resultado
de la prueba de sangre, la cual fue positiva y con fecha de última regla (FUR)
el 22 de noviembre de 2018, situación que la señora Dora Patricia Ramírez avisó
a Mary Luz Sánchez, quien le dijo que informaría a la directora general y que
posteriormente se comunicarían con ella.
9.  Adujo que el 24 de enero, a través del grupo de
WhatsApp del plantel educativo, recibió un comunicado en el que se estableció
el 26 de enero de 2019 como fecha para realizar la suscripción de los nuevos
contratos y la documentación requerida. Señaló que “[a]l leer este mensaje,
di por hecho que mi contrato sería renovado. Sin embargo, con posterioridad
recibí una llamada de la docente Mary Sánchez, donde me comunicó que por orden
de la directora general mi contrato no sería renovado”[2].
10.  Manifestó que el 25 de enero fue eliminada del grupo
de WhatsApp, no obstante, que para esa fecha seguía activa en la plataforma
digital de la institución, incluso figuraba como personal docente para el año
2019.
11.  Informó que en la calenda programada para diligenciar
los contratos, se dirigió al lugar indicado para tal labor con el propósito de
entrevistarse con la directora general, lo que no fue posible pues esta no la atendió.
La actora indicó que en esa oportunidad radicó una petición en la que solicitó
información sobre las razones por las cuales su contrato no fue renovado,
requerimiento que no ha sido resuelto.
12.  Comentó que el 18 de febrero de 2019 acudió a la
oficina del inspector de trabajo del municipio de Chía, donde le indicaron que no
le podrían conceder una entrevista hasta el mes de abril de ese año, en
atención a la agenda de usuarios por atender. A juicio de la accionante, para
ese momento habría acaecido un perjuicio irremediable, el cual pretendía evitar
mediante la presente acción de tutela. Sin embargo, mencionó que uno de los
empleados de la entidad le sugirió instaurar una acción de tutela.
13.  A juicio de la señora Dora Patricia, existió un nexo
causal entre el hecho de estar embarazada y la determinación de no haber renovado
su contrato para el año 2019. Por otro lado, mencionó que se encuentra
desafiliada del Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS-.
14.  Por consiguiente, le solicitó al juez de tutela
ordenar el reintegro, garantizar su derecho a la estabilidad laboral reforzada
y ordenar el pago de los salarios dejados de percibir. Por último, como medida
provisional pidió que se le ordenara a la accionada afiliarla al SGSSS.
Trámite procesal
15.  En auto del 6 de marzo de 2019[3],
el Juzgado Primero Civil Municipal de Cundinamarca avocó el conocimiento de la
acción, vinculó al trámite a la Inspección del Trabajo del municipio de Chía y
accedió a la medida provisional solicitada, por lo cual le ordenó a la sociedad
Corporación Educa S.A.S. afiliar a la accionante al Sistema de Seguridad Social
en Salud.
16.  Al día siguiente, la representante legal suplente de
la institución accionada[4], Magda Andrea Fonseca
Guerrero, allegó un memorial al despacho de primera instancia[5],
mediante el cual instauró los recursos de reposición y, en subsidio el de
apelación, en contra de la decisión de acceder a la medida provisional, con
base en que no se advertía la existencia de un perjuicio irremediable o la
vulneración de derechos alegada. De igual forma, solicitó que, en caso de ser
improcedentes los recursos, la autoridad judicial cesara los efectos de la
determinación censurada.
Respuesta de las entidades accionadas
17.  La Corporación Educa S.A.S., a través de su
representante legal suplente, se opuso a las pretensiones de la acción[6].
Al efecto, manifestó que en el caso de la accionante se suscribieron dos
contratos laborales “autónomos e independientes entre sí”. El primero,
con vigencia entre el 7 de marzo de 2017 al 26 de noviembre de 2017, el segundo
estuvo comprendido entre el 1º de febrero de 2018 y el 18 de noviembre de 2018,
los cuales fueron concluidos y liquidados.
Negó que la institución hiciera uso del
grupo de comunicación mencionado por la actora, haber solicitado tallas de
vestir de personal que no se hubiera contratado y citado a la accionante para que
suscribiera un nuevo contrato. De otra parte, expresó que la señora Ingrid
Romero Otero[7] no tuvo conocimiento del
embarazo de Dora Patricia Monsalve durante el desarrollo de la relación laboral
ni en los meses de enero o febrero de 2019, pues solo se enteró de esa
situación a partir de lo narrado en el escrito de tutela.
Adujo que al momento de la finalización del
contrato no se conocía el estado de la empleada, por lo cual no era necesario
tramitar la autorización ante la oficina del trabajo. En cuanto a la falta de
afiliación de la accionante al SGSSS, argumentó que esta cuenta con varias
posibilidades, por ejemplo, afiliarse como trabajadora independiente, como
beneficiara del padre de su hijo o gestionar su vinculación al régimen
subsidiado de salud.
Señaló que la decisión de no contratar los
servicios profesionales de la accionante para el año 2019 “obedeció a
motivos serios y objetivos, tales como el número total de estudiantes
matriculados, pero nunca a un estado de embarazo que no se conocía, ni a trato
discriminatorio alguno por una gravidez desconocida”. Así mismo, relató que
la última relación laboral con la accionante finiquitó en noviembre de 2018,
momento para el cual no se tenía conocimiento de su estado de embarazo.
Comentó que la presente controversia debía
resolverse a través de la jurisdicción ordinaria laboral, “[m]áxime si se
tiene en cuenta que la accionante no ha manifestado ni probado que esté
desprotegida o que esté disminuida para laborar o que sea madre cabeza de
familia. Igualmente presumimos que el padre de su hijo por nacer tiene
obligaciones al respecto y que obviamente las está cumpliendo”. En ese
sentido, afirmó que no se advertía la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Finalmente, solicitó “declarar la improcedencia de la acción impetrada y la
denegación de los amparos solicitados”.
18.   La Dirección Territorial de Cundinamarca del
Ministerio del Trabajo, a través de la Coordinación del grupo de atención
al ciudadano y trámites[8], mencionó que tras
consultar sus bases de datos no se encontró solicitud de la Corporación Educa
S.A.S. – Jardines Universo Mágico para terminar el contrato laboral de la
señora Dora Patricia Ramírez Monsalve.
19.  El 12 de marzo de 2018, el Inspector del Trabajo
del municipio de Chía[9] manifestó que la atención
que brinda la entidad a los usuarios se hace de forma personal o vía
telefónica. Respecto de la primera, adujo que mediante el uso de planillas se
asignan citas a las personas interesadas, las cuales se extienden hasta el mes
de mayo. De ahí que para el momento en que la accionante acudió a la
institución se le dijera que solo en el mes de abril habría agenda para poder
atenderla.
De otra parte indicó que la accionante no sostuvo
ninguna conversación con los dos inspectores de trabajo que laboran en esa
sede, por lo cual la sugerencia de acudir a la acción de amparo pudo proceder
de “otro funcionario de alguna de las dependencias que funcionan en [la] Casa
de Justicia”. Por último, solicitó su desvinculación.
Sentencias objeto de revisión
Primera instancia[10]
20.  El Juzgado Primero Civil Municipal de Chía, en sentencia
del 19 de marzo de 2019, concedió el amparo transitorio de los derechos
invocados por la accionante, ordenándole a la accionada reintegrarla al cargo
de docente y, a la primera, acudir a la vía ordinaria en el término máximo de 6
meses. Así mismo, desvinculó a la inspección de trabajo de Chía.
Al efecto, el juez consideró que a la señora
Dora Patricia Ramírez se le comunicó, de forma oral, la renovación de su
contrato para el 2019, situación que se reflejó en el hecho que aun figurara en
la página virtual del plantel, además de habérsele preguntado sobre su talla de
vestir para los implementos de dotación. Sin embargo, al informar sobre su
estado de gravidez, los representantes de la institución educativa decidieron
no renovar su contrato de trabajo, lo cual configuró un “trato
discriminatorio por motivos o con ocasión del embarazo”, vulnerando así su
derecho a la estabilidad laboral reforzada. De otra parte, a partir del
artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo[11], adujo que el
contrato de trabajo se renovaría para el año 2019 por el mismo término pactado
en 2018.
Impugnación
21.  La representante legal de la Corporación Educa
S.A.S. impugnó el fallo[12]. Afirmó que la empresa
realizó “en debida forma el preaviso del contrato para el año 2018”, momento
en el cual la accionante no se encontraba en embarazo, por lo que no podía
considerarse que la terminación de la relación fuera consecuencia de dicha
circunstancia. Reiteró que el contrato suscrito en el 2018 había finalizado y
liquidado. Así mismo, señaló que cuando la accionante quedó encinta no
ostentaba ninguna relación laboral con la institución educativa.
Mencionó que “[s]i la actora se lo
comentó [su estado de preñez] a alguna de sus antiguas compañeras de trabajo
(que tampoco se probó), ello pudo ocurrir antes de la contratación del año
2019, y por ese solo hecho no puede presumirse que alguno de los representantes
legales de la encartada tuviere conocimiento idóneo o precario”. Por otro
lado, reprochó que el juez a quo le hubiera otorgado valor probatorio a
las conversaciones efectuadas en la aplicación WhatsApp, pues, a su juicio, por
la forma en la que fueron presentadas no podían ser consideradas como una
prueba “idónea”, y haberse dado por sentado que la señora Mary Luz Sánchez ostentara
representación en la empresa y que hubiera comunicado a los directivos de la
institución el estado médico de la accionante.
Indicó que entre las pruebas aportadas con
el escrito de tutela no obra ningún documento con sello o firma de recibido por
parte de la accionada o por alguien con facultad para ello. Finalmente, reiteró
que el asunto debe zanjarse a través de la vía ordinaria. Con fundamento en lo
anterior, solicitó revocar la decisión adoptada en primera instancia.
22.
Mediante escrito
radicado el 8 de abril de 2019[13], la accionante se
pronunció frente a lo expuesto en la impugnación. Por una parte, adujo que su
caso era similar al estudiado en la sentencia T-169 de 2008. Por otro lado, manifestó
que, a partir de las pruebas aportadas en la acción de tutela, se advertía que
los directivos de la sociedad accionada sí conocían de su estado de embarazo,
tanto así que antes de comunicarles tal situación, estaban desarrollando
gestiones relacionadas con la continuidad de la relación laboral, lo cual
cambió cuando les dio a conocer su estado de gravidez.
Refirió que al terminar la relación laboral
de 2018 los docentes recibieron un oficio “en el cual se informaba acerca de
la finalización del contrato para ese periodo lectivo (…), pero nada se dijo en
torno a que se abstendrían de renovarlo para el periodo inmediatamente
siguiente”. Contrarió la afirmación de la parte accionada en el sentido que
la no contratación se debió a razones objetivas relacionadas con las
necesidades de la empresa, pues, según expresó, fueron contratadas tres nuevas
docentes y sus antiguas compañeras.
Para terminar, relató que la accionada no
logró desvirtuar la presunción de despido injusto, y señaló que no cuenta con
los recursos económicos suficientes para asumir la afiliación de su núcleo
familiar al sistema de seguridad social. Ello, aunado a que su esposo está
desempleado.
Segunda instancia
23.  El
Juzgado Primero de Familia de Zipaquirá, mediante sentencia del 10 de mayo de
2019, revocó el fallo y, en su lugar, negó el amparo. Consideró que la
accionante quedó en embarazo con posterioridad a la terminación del vínculo laboral,
puesto que el último contrato suscrito con la Corporación Educa S.A.S. concluyó
el 18 de noviembre de 2018; mientras que, según lo acreditado por la prueba de
embarazo, la fecha de la última regla acaeció el 22 de noviembre de 2018.
De ahí que dedujera que “la
protección especial para la mujer embarazada no la cobija, por cuanto la
jurisprudencia y la ley amparan la estabilidad laboral reforzada de la mujer
que se encuentra en estado de gestación al momento de la terminación del
vínculo laboral con independencia de que tengan las partes o no conocimiento
del estado de gravidez de la empleado (…)”. Por último, manifestó que la
interesada podía acudir a la jurisdicción ordinara para la resolución de la
controversia.
Pruebas que obran en el expediente
24.  Las
pruebas que obran en el expediente son las que a continuación se relacionan:
(i)      Copia de la cédula de ciudadanía de la
señora Dora Patricia Ramírez Monsalve[14].
(ii)   Copia del acta de grado del 1° de junio de
2015, de la señora Dora Patricia Ramírez como Licenciada en pedagogía infantil[15],
y copia del respectivo diploma[16].
(iii)  Copia de resultados de exámenes de laboratorio con
fecha del 23 de enero de 2019, realizados a la señora Dora Patricia Ramírez.
(iv)  Copia del resultado de la prueba de ecografía
obstétrica transvaginal realizada a la señora Dora Patricia Ramírez el 22 de
febrero de 2019[17].
(v)   Captura de pantalla de la plataforma
virtual “TuColegio.co”, en la que figura el nombre de la señora Patricia
Ramírez Monsalve como “Docente-2019”[18].
(vi)  Capturas de pantalla del grupo “Team Universo
Mágico” tomadas de la aplicación WhatsApp[19].
(vii)   Impresión de documento titulado “[l]ista
de documentos personal antiguo”, que fue enviado al grupo “Team Universo
Mágico”[20].
(viii)     Capturas de pantalla de algunas
comunicaciones sostenidas con el usuario denominado “Miss Mary Unimagico”, a
través de la aplicación de WhatsApp, con fechas del 19[21]
y 24 de enero de 2019[22].
(ix)  Copia de la liquidación del contrato de trabajo de la
señora Dora Patricia Ramírez Monsalve con la sociedad Corporación Educa S.A.S.,
entre el 7 de marzo de 2017 al 30 de noviembre de 2017. El documento fue
suscrito por las señoras Ramírez Monsalve e Ingrid Romero Otero en calidad de
gerente[23].
(x)   Copia de la liquidación del contrato de
trabajo de la señora Dora Patricia Ramírez Monsalve con la sociedad Corporación
Educa S.A.S. entre el 1° de febrero de 2018 al 18 de noviembre de 2018[24].
(xi)  Copia de comprobante de nómina de la señora Dora
Patricia Ramírez, correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2018.
(xii)   Copia del contrato de trabajo suscrito por
las señoras Dora Patricia Ramírez Monsalve e Ingrid Romero Otelo como
empleadora de la empresa Corporación Educa S.A.S., con extremos laborales del 7
de marzo de 2017 al 26 de noviembre de 2017[25].
(xiii)     Petición suscrita por la señora Dora
Patricia Ramírez Monsalve y dirigida a la señora Ingrid Romero Otero -en
calidad de “directora general Jardines Universo Mágico”-. El escrito
tiene sello de recibido de la institución con fecha del 26 de enero de 2019[26].
(xiv)     Un Cd contentivo del escrito de tutela y
sus anexos, además de dos audios formato “Opus”, titulados “Audio de
instrucciones para firmar contrato” y “Audio de instrucciones para
uniformes”[27]. De igual manera, otro
Cd con las actuaciones surtidas al interior del trámite de tutela tanto en
primera como segunda instancia y dos audios formato “opus”, denominados “PTT-20190115-WA0000”
y “PTT-20190124- WA0006”.
Actuaciones en sede de revisión
25.  La Sala de Selección número siete de la Corte
Constitucional[28], en auto del 30 de julio
de 2019[29], escogió para revisión
el presente asunto.
26.  En proveído
del 11 de septiembre de 2019[30], el despacho del
magistrado sustanciador decretó algunas pruebas tendientes a complementar las
razones de juicio necesarias para el estudio del caso objeto de revisión, así:
27.  A la
señora Dora Patricia Ramírez Monsalve se le solicitó informar sobre su
situación socioeconómica, estado médico y afiliación en salud. Así mismo,
expresar algunos detalles relacionados con las condiciones del servicio de
docencia prestado a la sociedad accionada, por ejemplo, el número de
estudiantes que tuvo a su cargo durante los periodos 2017 y 2018, manifestar si
había adelantado algún proceso ordinario laboral contra la sociedad Corporación
Educa S.A.S. por los hechos narrados en el escrito de tutela. Por último, indicar
si había recibido respuesta a la petición radicada el 26 de enero de 2019.
28.  Al representante
legal de la sociedad accionada, el despacho le requirió comunicar algunos
detalles relacionados con la labor llevada a cabo por la señora Dora Patricia
Ramírez Monsalve en los contratos suscritos en 2017 y 2018, verbi gratia,
establecer en cuáles grados escolares enseñó y a cuántos estudiantes.
Igualmente, se le pidió manifestar para el año 2019, cuántos estudiantes fueron
matriculados en esos grupos y si fue contratado nuevo personal para que se
hiciera a cargo de estos. De otra parte, allegar copia del documento de
“preaviso” remitido a los docentes en el 2018 y expresar si la petición
instaurada por la accionante en el mes de enero fue atendida.
29.  El
24 de septiembre de 2019, la Secretaría General de la Corte Constitucional
remitió al despacho del magistrado ponente un memorial suscrito por la señora
Dora Patricia Ramírez[31] mediante el cual dio
respuesta a los planteamientos solicitados. Al efecto, adujo que su núcleo
familiar está compuesto por su esposo, la hija de ambos, quien nació el 17 de
agosto de 2019, y la hija de su compañero sentimental, quien cuenta con 20 años
de edad y es estudiante universitaria.
Indicó que su estado de salud es estable, y
que acude a controles médicos derivados del alumbramiento. De otro lado,
mencionó que está afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud en el
régimen contributivo como beneficiaria de su cónyuge.
Señaló que no cuenta con ingresos
económicos propios desde que la sociedad accionada decidió no renovar el
contrato de trabajo y al haberse revocado el fallo de primera instancia que
amparó sus derechos. Expresó que por su estado de gravidez no le fue posible
encontrar otro empleo. De igual forma, comunicó que desde el 2 de mayo de 2019,
su esposo labora en la Rama Judicial como oficial mayor, en provisionalidad, en
un juzgado de categoría del circuito, de cuyo salario, además de los descuentos
de ley, destina el 70% al pago de créditos bancarios, entre los cuales se
encuentra el pago de la hipoteca del inmueble en el que habitan[32].
Acerca de las labores desempeñadas durante
la relación laboral con la sociedad accionada, relató que en los dos años
ejerció como docente titular del grado pre-jardín. En 2017 tuvo a su cargo diez
estudiantes y quince en 2018. Finalmente, manifestó que no ha promovido ningún
proceso laboral en  contra de su ex empleadora, pues ella y su cónyuge carecen
de los recursos suficientes para contratar la asesoría y acompañamiento
jurídico de un abogado litigante en el área laboral. Por otro lado, manifestó
que no ha recibido respuesta a la petición radicada en enero de 2019.
30.  El
24 de septiembre de 2019, se recibió una comunicación suscrita por Ingrid
Romero Otero, en representación de la Corporación Educa S.A.S[33].,
en la cual respondió que la señora Dora Patricia Ramírez se desempeñó como
docente en el grado de pre-jardín, teniendo a su cargo diez estudiantes para el
2017 y quince en 2018. Así mismo, mencionó que en 2019 disminuyó a once el
número de alumnos para ese grado escolar, mermando, en forma general, en las
otras sedes. Indicó que a la accionante la reemplazó una empleada “vinculada
con la institución desde hacía varios años”. Por último, respecto de la
petición de información radicada por la actora, adujo: “[n]o recuerdo haber
recibido ni tramitado tal escrito. No tengo a la vista el documento que fuere
aportado. En esa época no me encontraba en el jardín tampoco”[34].
II. CONSIDERACIONES
Competencia
1.  Esta Sala es competente para revisar los fallos
objeto de discusión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y
241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto Estatutario 2591 de
1991.
Planteamiento
del caso y problema jurídico
2.  La
señora Dora Patricia Ramírez Monsalve instauró acción de tutela en contra de su
ex empleadora, la Corporación Educa S.A.S., con la cual suscribió dos contratos
de trabajo en los años 2017 y 2018, para ejercer el cargo de docente en los
grados de pre-jardín. A juicio de la actora, la relación laboral no fue renovada
para el 2019 debido su estado de gravidez. Por su parte, la accionada adujo que
para el momento en el que se comunicó tal circunstancia no mediaba vínculo
laboral alguno, por lo cual no estaba en la obligación de contratarla
nuevamente.
A partir de lo
anterior, la accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales al
trabajo, estabilidad laboral reforzada, fuero de maternidad y a la seguridad
social. El juez constitucional de primera instancia concedió el amparo de
manera transitoria y, en consecuencia, le ordenó a la accionada proceder con el
reintegro y vinculación al SGSSS. La decisión fue revocada por el juez de
segunda instancia que, en su lugar, negó la protección.
3.  Con
base en lo anterior, le corresponde a la Sala Octava de Revisión determinar, en primer lugar, si la acción de tutela es procedente para verificar
la presunta vulneración de los derechos invocados por
la accionante. En caso de superar el examen de
precedibilidad, la Sala deberá resolver el siguiente problema jurídico:
4.  ¿Una
institución educativa de carácter privado desconoce el derecho a la igualdad y
el principio de no discriminación de una mujer que laboró como docente, al
manifestarle que su contrato de trabajo sería suscrito para el siguiente
periodo lectivo y, posteriormente, haber cambiado de decisión al enterarse que esta
se hallaba en estado de gestación?
5.  Con
el fin de desarrollar estos planteamientos, la Corte abordará el estudio de los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela entre particulares;
ii) protección jurídica a la mujer en estado de gestación o lactancia y
cláusula constitucional de no discriminación; iii) aproximación a la prueba
electrónica, y el valor probatorio atenuado de las capturas de pantalla o “pantallazos”
extraídos de la aplicación WhatsApp; y iv) caso concreto.
Procedencia
de la acción de tutela entre particulares
6.  La
acción de tutela como mecanismo preferente y sumario para reclamar la
protección inmediata de derechos fundamentales, al tiempo que procura
materializar las garantías constitucionales de las personas, también permite
ejercer un control ciudadano a las actuaciones del Estado, para que este, a
través de sus representantes, encause su conducta por el sendero del
ordenamiento jurídico.
7.  Así
mismo, la acción de tutela es una manifestación de la supremacía de la
Constitución, en cuanto fuerza vinculante de sus disposiciones. En este
sentido, tratándose de la relación persona/Estado, se habla de la “eficacia vertical
de los derechos”[35]. No obstante, en las
relaciones entre particulares o privados pueden darse situaciones que vulneran
o desconocen derechos fundamentales, por lo cual, el hecho de que el constituyente
de 1991 haya admitido la posibilidad de instaurar la acción de tutela en estas
condiciones permite también establecer la “eficacia horizontal de derechos” [36].
8.  El
artículo 86 de la Carta Política establece que “[t]oda persona tendrá acción
de tutela para reclamar ante los jueces (…) la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública” y, acto seguido, señala tres situaciones en las que procede contra
particulares: i) “encargados de la prestación de un servicio
público”;            ii) “cuya conducta afecte grave y directamente el interés
colectivo”; y          iii) “respecto de quienes el solicitante se halle
en estado de subordinación o indefensión”.
A tono con lo
anterior, el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, en desarrollo de la norma
constitucional, establece nueve eventos en los cuales la acción de tutela procede
contra particulares, entre ellos, “[c]uando la solicitud sea para tutelar
[los derechos de] quien se encuentre en situación de subordinación o
indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la acción. Se
presume la indefensión del menor que solicite la tutela”.
9.  La
jurisprudencia constitucional ha definido y diferenciado los términos “subordinación”
e “indefensión”. El primer concepto alude a la existencia de una relación
jurídica de dependencia; mientras que la indefensión, “si bien hace
referencia a una relación que también implica la dependencia de una persona
respecto de otra, ella no tiene su origen en la obligatoriedad derivada de un
orden jurídico o social determinado sino en situaciones de naturaleza fáctica
en cuya virtud la persona afectada en su derecho carece de defensa, entendida
ésta como posibilidad de respuesta efectiva ante la violación o amenaza de que
se trate”[37].
Respecto de la subordinación, en sentencia T-
188 de 2017, la Corte expresó que se ha entendido como “‘el acatamiento
y sometimiento a órdenes proferidas por quienes, en razón de sus calidades,
tienen la competencia para impartirlas’[38], encontrándose entre
otras, (i) las relaciones derivadas de un contrato de trabajo; (ii) las
relaciones entre estudiantes y directivas del plantel educativo; (iii) las
relaciones de patria potestad originadas entre los hijos menores y los
incapaces respecto de los padres, o (iv) las relaciones entre los residentes de
un conjunto residencial y las juntas administradoras de los mismos[39]”.
10.  A
manera de colofón, la vulneración de derechos fundamentales no solo puede
provenir de la conducta de autoridades públicas sino que también puede darse en
ámbitos privados, por ejemplo, cuando un particular tiene a su cargo la
prestación de servicios públicos, entre un estudiante y las directivas de una institución
educativa, así mismo, en una relación laboral. En estos casos es necesario establecer
la relación de dependencia derivada de una situación de subordinación o de
indefensión por parte de quien instaura la acción de tutela respecto de aquel
contra quien va dirigida.
Protección
jurídica a la mujer en estado de gestación o lactancia, y cláusula
constitucional de no discriminación
11.  La
Constitución Política de 1991 consagra una cláusula de igualdad y no discriminación
contenida en diferentes disposiciones. En ese sentido, el artículo 13 establece
que “[t]odas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones
de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea
real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o
marginados” (negrilla añadida).
12.  Tratándose
específicamente de la proscripción de discriminación en contra de la mujer, el artículo
43 señala que “[l]a mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades.
La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación”.
13.  En
el ámbito internacional de derechos humanos, también es posible identificar
compendios normativos que abogan por la eliminación de la discriminación en
contra de las mujeres. En el aspecto laboral, valga mencionar lo dispuesto en
la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer” (1979) que establece en el artículo 11 lo
siguiente:
“Artículo 11. 1.
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar
a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos, en
particular: (…)
2. A fin de
impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o
maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados
Partes tomarán medidas adecuadas para: a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el
despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en
los despidos sobre la base del estado civil; (…)” (negrilla
añadida).
Por otro lado, la
“Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer ‘convención de belém do pará’” (1994),
señala en su artículo 6:
“Artículo 6. El
derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:
a. el derecho
de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y
b. el derecho de
la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de
comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de
inferioridad o subordinación” (negrilla añadida).
14.  Por
su parte, el legislador colombiano ha promulgado diferentes leyes tendientes a
materializar la igualdad de trato y sanción de las conductas que discriminen a
la mujer. Por ejemplo, el capítulo V del Código Sustantivo del Trabajo establece
que la maternidad gozará de la protección especial del Estado (art. 235A) y prohíbe
a los empleadores despedir a una mujer en estado de embarazo o lactancia sin la
previa autorización del Ministerio del Trabajo, so pena de cancelar una
indemnización equivalente al pago de sesenta días de trabajo (art. 239), entre
otras medidas.
15.  La
Corte Constitucional en diferentes oportunidades se ha pronunciado en torno al
derecho a la igualdad y no discriminación en contra de las mujeres. En temas
laborales esta garantía se materializa con el fuero de maternidad. En la sentencia SU-075 de 2018 se adujo que la finalidad de
esa institución “es impedir la
discriminación que, a raíz del embarazo, pueda sufrir la mujer, específicamente
la terminación o la no renovación del contrato por causa o con ocasión de esa
condición o de la lactancia”. Así mismo, mencionó
que el fuero de maternidad es “una acción afirmativa destinada
a garantizar que las mujeres no sean discriminadas en el trabajo a causa de su
rol reproductivo”.
16.  En
relación con el asunto objeto de estudio, en la sentencia T-169 de 2008 la
Corporación analizó el caso de una docente quien suscribió un contrato de
trabajo en el 2002 con el plantel educativo accionado, vínculo laboral que era
renovado año tras año, hasta el 2006. No obstante, sus servicios no fueron
contratados para el 2007, a pesar que el 12 de diciembre de 2006 sus
empleadores le comunicaron que renovarían su contrato, esto debido a que al día
siguiente, la trabajadora informó sobre su estado de gestación. En dicha
oportunidad la Corte concedió el amparo y ordenó la contratación de la
accionante y el pago de los salarios y aportes a seguridad social dejados de
percibir. Al efecto, la Corte llegó a esa conclusión a establecer que:
“Así, no
aparece desvirtuada en este caso la presunción de discriminación por el
embarazo para no efectuar ‘la recontratación’ de la señora Wilches Toro, toda
vez que entre la Corporación Dios es Amor y ella se había venido renovando el
contrato laboral desde enero 21 de 2002, según se aprecia en los documentos
obrantes en el expediente, situación que evidencia que entre las partes ha
persistido una relación contractual que implica el habitual empleo de la
trabajadora, en lapsos como los acostumbrados en el sector estudiantil para
excluir las vacaciones escolares de fin de año, sin que la entidad demandada
hubiese demostrado, ni siquiera esbozado, razón alguna diferente, como sería
que a partir de la fecha de la no ‘recontratación’, dejare de requerirse la
labor que a ella usualmente se le venía encomendando”.
17.  Así
mismo, en la sentencia T-610A de 2017, este Tribunal analizó el caso de
una docente quien había suscrito distintos contratos a término fijo desde el
2005 hasta el 2006 con una institución educativa. En esta última anualidad la
accionante informó sobre su estado de embarazo razón por la cual el plantel
decidió no suscribir un nuevo contrato bajo el argumento de requerir la
acreditación de cierto título académico, el cual no había sido requerido con
anterioridad. La Corporación protegió los derechos al considerar que la
accionada no acreditó que las causas del contrato habían desaparecido o
modificado sustancialmente. De igual forma, sostuvo que el colegio no demostró
durante el proceso la existencia del supuesto plan de mejoramiento
institucional ni la necesidad de su cumplimiento. Por consiguiente, ordenó la renovación
de la relación laboral y el pago de la licencia de maternidad.
18.  En
conclusión, el texto constitucional consagra una cláusula general de igualdad y
no discriminación, la cual se extiende a la protección a favor de la mujer en
el ámbito laboral, para que sus condiciones no sean disminuidas o finalizadas de
forma arbitraria por el hecho de encontrarse en estado de gestación o lactancia.
Esta garantía también se circunscribe al mandato internacional de los derechos
humanos. Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el
hecho de no renovar la relación laboral de una mujer en estado de gestación puede
llegar a constituirse como un acto discriminatorio cuando se han dado
manifestaciones previas indicativas de que sí se haría, pero que, una vez se
conoce el estado de gravidez de la trabajadora, se opta por no hacerlo sin aducir
ninguna causa objetiva.
Aproximación a la prueba electrónica. El
valor probatorio atenuado de las capturas de pantalla o “pantallazos”
extraídos de la aplicación WhatsApp
19.  El derecho es una disciplina que evoluciona conforme
los cambios que se producen en la sociedad, variaciones que surgen en
diferentes ámbitos, ya se trate el cultural, económico o tecnológico. Por lo tanto,
el derecho puede ser considerado como un instrumento dúctil.
Es evidente el avance tecnológico en las
últimas décadas, situación que ha influido en la vida de los individuos, desde
sus relaciones interpersonales hasta su rutina diaria. Esta circunstancia no es
ajena al derecho, que debe hacer frente a los distintos retos que presentan las
exigencias de la vida en sociedad, por ejemplo, a través de regulaciones que
atiendan los fenómenos actuales o desde la propia administración de justicia.
En relación con este último punto, más allá
de la implementación de nuevas herramientas tecnológicas que favorezcan la
eficacia en el ejercicio de impartir justicia y mejorar la interrelación con el
usuario, los avances tecnológicos conllevan otro desafío para el derecho
probatorio, pues las nuevas formas de comunicación virtual en algunas ocasiones
o escenarios pueden constituir supuestos de hecho con significancia en la
deducción de determinada consecuencia jurídica. Por ello, los científicos de la
dogmática probatoria han analizado las exigencias propias de la producción,
incorporación, contradicción y valoración de elementos probatorios extraídos de
plataformas o aplicativos virtuales.
20.  En este sentido, la doctrina especializada ha hecho
referencia a las siguientes denominaciones: “prueba digital”, “prueba
informática”, “prueba tecnológica” y “prueba electrónica”. Al
efecto, un sector se ha decantado por la expresión “prueba electrónica” como la
más adecuada, partiendo de un punto de vista lingüístico, de tal forma que se
obtenga una explicación que abarque la generalidad de los pormenores que se
puedan presentar. Al respecto, valga traer a colación la siguiente cita:
“De esta manera vemos como el apelativo ‘electrónica’,
según la RAE, sería todo lo pertinente a la electrónica, ofreciendo una
acepción concreta cuando se conecta con algún dispositivo en la que ‘electrónica’
significaría máquina electrónica, analógica o digital, dotada de una memoria de
gran capacidad y de métodos de tratamiento de la información, capaz de resolver
problemas matemáticos y lógicos mediante la utilización automática de programas
informáticos.
Con ello se consideraría prueba electrónica
a cualquier prueba presentada informáticamente y que estaría compuesta por dos
elementos: uno material, que depende de un hardware, es decir la parte física
de la prueba y visible para cualquier usuario de a pie, por ejemplo la carcasa
de un Smartphone o un USB; y por otro lado un elemento intangible que es
representado por un software, consistente en metadatos y archivos electrónicos
modulados a través de unas interfaces informáticas”[40].
En este sentido, se ha aludido a los
documentos electrónicos como una especie al interior del género “prueba
electrónica”. Otras manifestaciones de esta última son el correo electrónico,
SMS (Short Message Service), y los sistemas de video conferencia aplicados a
las pruebas testimoniales. Acerca de los SMS, es fácilmente reconocible el
influjo que han tenido en la actualidad como método de comunicación y su empleo
habitual en teléfonos móviles. En este escenario es relevante hacer mención de
la aplicación WhatsApp, la cual se constituye como “un software
multiplataforma de mensajería instantánea pues, además del envío de texto,
permite la trasmisión de imágenes, video y audio, así como la localización del
usuario”[41].
21.  De otra parte, la doctrina argentina[42]
se ha referido al valor de la prueba indiciaria que se debe otorgar a las
capturas de pantallas, dada la informalidad de las mismas y las dudas que
puedan existir entorno a su autenticidad frente a la vasta oferta de
aplicaciones de diseño o edición que permiten efectuar alteraciones o
supresiones en el contenido. Al respecto se dice lo siguiente:
“Técnicamente definimos a las capturas de
pantalla como aquella imagen digital de lo que debería ser visible en un
monitor de computadora, televisión u otro dispositivo de salida visual. (…) A
través de los mismos se procura lograr un indicio sobre si un
determinado contenido fue trasmitido por la red a un determinado usuario
destinatario (caso sistemas de mensajería) o, por ejemplo, determinar la
existencia de una publicación en una red social (v.gr. Facebook o Twitter)
(…).
Las capturas
de pantalla impresas, no son prueba electrónica, sino una mera representación física
materializada en soporte papel de un hecho acaecido en el mundo virtual. (…) ||
Reiteramos, esa copia no es el documento electrónico original generado a través
de la plataforma de mensajería, sino una simple reproducción del mismo (carente
de metadatos), que por más que permite entrever la ocurrencia de aquellos
sucesos invocados, no causa per se la necesaria convicción como para tener a
estos por ocurridos. Tampoco se podrá establecer la integridad del documento
(es decir, que el mismo no fue alterado por la parte o por terceros), o
asegurar su necesaria preservación a los efectos de ser peritado con
posterioridad”[43].
Sobre el tema de la autenticidad, los
escritos especializados realzan que no puede desconocerse la posibilidad de
que, mediante un software de edición, un archivo digital impreso que contenga
texto pueda ser objeto de alteraciones o supresiones, de ahí el valor suasorio
atenuado que el juzgador debe reconocerle a estos elementos, de tal manera que
tomándolos como indicios los analice de forma conjunta con los demás medios de
prueba[44].
22.
A manera de colofón,
los avances tecnológicos que a nivel global se han dado en distintos campos
(ciencia, medicina, aplicativos digitales), también han influido en el
entendimiento y el ejercicio del derecho. Al efecto, en el ámbito probatorio,
por ejemplo, los operadores judiciales diariamente deben analizar elementos
extraídos de aplicaciones de mensajería instantánea, ya sea que se cuente con
metadatos que permitan realizar un mayor rastreo de la información o solo
capturas de pantallas respecto de ciertas afirmaciones o negaciones realizadas
por una de las partes en el litigio. Sobre estas últimas, la doctrina
especializada les ha concedido el valor de prueba indiciaria ante la debilidad
de dichos elementos frente a la posibilidad de realizar alteraciones en el
contenido, por lo cual deben ser valoradas de forma conjunta con los demás
medios de prueba.
Caso concreto
Breve
presentación del asunto
23.  La
señora Dora Patricia Ramírez Monsalve instauró acción de tutela en contra de la
Corporación Educa S.A.S al considerar que trasgredió sus derechos fundamentales
al trabajo, estabilidad laboral reforzada en razón del fuero de maternidad, a
la seguridad social y la “confianza legítima”, al no suscribir un nuevo
contrato de trabajo para el siguiente periodo lectivo, a su juicio, por
hallarse en estado de gestación. Por su parte, la accionada adujo que para el
momento en el que la actora informó sobre su gravidez, no existía entre ellas ningún
vínculo laboral y que la determinación reprochada se debió a las necesidades de
la empresa.
El juez
constitucional de primera instancia concedió el amparo de manera transitoria y,
en consecuencia, le ordenó a la accionada proceder con el reintegro y
vinculación al SGSSS. La decisión fue revocada por la autoridad judicial de
segunda instancia que, en su lugar, negó la protección.
Análisis de los
requisitos de procedencia de la acción de tutela
Antes de abordar
el fondo del asunto, la Sala analizará el cumplimiento de los presupuestos de
procedibilidad de la acción de tutela. Para ello, de forma concreta se
establecerá si se cumplen los siguientes requisitos: i) legitimación por
activa y pasiva; ii) inmediatez; y iii) subsidiariedad.
(i)
Legitimación por activa y por pasiva
24.  El
primer inciso del artículo 86 Superior expresa que “toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública (…). La ley establecerá
los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares (…)” (Negrilla
por fuera del texto original).
De la anterior
transcripción se deriva que cualquier persona que considere que sus derechos
fundamentales son vulnerados o puestos bajo amenaza podrá interponer acción de
tutela, por sí misma o a través de agente oficioso, representante legal o
judicial. Así las cosas, la legitimación por activa en el mecanismo de
amparo exige que quien lo ejerza sea el titular de los derechos conculcados o
mediante un tercero que actúe en su nombre, debidamente acreditado para tal
fin; en cambio, la legitimación por pasiva hace alusión a la autoridad o
el particular contra quien se dirige la acción de tutela, en tanto se considera
que es efectivamente el llamado a responder por la vulneración o amenaza de la
prerrogativa constitucional.
Como se
mencionó en el acápite dedicado a la procedencia de la acción de tutela contra
particulares, para que el mecanismo de amparo proceda es necesario verificar
que el particular accionado: i) tenga a su cargo la prestación de un
servicio público; ii) su conducta afecte grave y directamente el interés
colectivo; y iii) el actor se encuentre bajo una situación de
indefensión o de subordinación respecto de aquel.
25.  Al
aplicar estas premisas al caso objeto de estudio, la Sala considera que
el requisito de legitimación se cumple. Respecto de la legitimación por activa,
se observa que la señora Dora Patricia Ramírez Monsalve instauró la acción de
tutela en nombre propio al considerar transgredidos sus derechos fundamentales al trabajo, estabilidad laboral reforzada, a la seguridad social y
el fuero de maternidad y a la “confianza legítima”.
En cuanto a la
legitimación por pasiva, el mecanismo de amparo fue promovido en contra de la
Corporación Educa S.A.S (Universo Mágico Kindergarten), la cual contrató a la
accionante para que fungiera como docente del grado escolar de pre-jardín en
una de sus sedes. A partir de esta circunstancia, es posible advertir la
existencia de una relación de subordinación por parte de la señora Dora
Patricia Ramírez a favor de la sociedad accionada al haber mediado un vínculo
jurídico. Al efecto, recuérdese que, conforme lo expuesto por la jurisprudencia
constitucional, las relaciones derivadas de un contrato de trabajo son una
manifestación de situaciones en las que media un vínculo de subordinación por
parte del trabajador hacia el empleador[45].
(ii)    Inmediatez
26.  El
artículo 86 de la Constitución Política consagra que cualquier persona podrá
interponer acción de tutela “en todo momento”, al considerar vulnerados
sus derechos fundamentales, expresión que es reiterada en el artículo 1° del
Decreto 2591 de 1991. Sin embargo, pese a la informalidad que caracteriza a
este instrumento de protección de derechos, la jurisprudencia de la Corte ha
establecido que su interposición debe hacerse dentro de un plazo oportuno y
justo[46],
contado a partir del momento en que ocurre la situación transgresora o que
amenaza las garantías fundamentales.
En
consecuencia, acudir a la acción tutela después de haber transcurrido un tiempo
considerable desde la ocurrencia del hecho o actuación transgresor de derechos
fundamentales, desnaturalizaría su esencia y finalidad.
27.  Conforme
lo precedente, en criterio de la Sala este presupuesto también se cumple,
teniendo en cuenta que, conforme lo acreditado en el expediente, el 24 de
enero de 2019, la señora Mary Luz Sánchez Cala (usuario Miss Mary Unimagico
en el grupo de WhatsApp denominado “Team Universo Mágico”), a través
de una nota de voz enviada a ese medio, informó que el 26 de enero de 2019 se
suscribirían los nuevos contratos, a partir de lo cual la accionante afirmó: “[a]l leer este mensaje, di por hecho que mi contrato sería
renovado. Sin embargo, con posterioridad recibí una llamada de la docente
Mary Sánchez, donde me comunicó que por orden de la directora general mi
contrato no sería renovado”. (Resalto añadido).
A tono con lo
anterior, en el derecho de petición radicado el 26 de enero de 2019 por la
accionante, dirigido a la señora Ingrid Romero Otero, en calidad de Directora
general de la institución Jardines Universo Mágico, se registró lo siguiente: “[r]recibí
con sorpresa el día 24 de enero una llamada por parte de Miss Mary (directora
de sede) dónde (sic) me comunica que el Jardín no renovará mi contrato y el día
de ayer 25 de enero soy eliminada del grupo de WhatsApp de la sede Chía”[47].
Con base en lo
expuesto, se advierte que el 24 de enero de 2019 la accionante tuvo
conocimiento de que su contrato no sería nuevamente suscrito, y el 5 de marzo
de 2019 instauró la presente acción de tutela, después de
haber acudido a la oficina del trabajo sin obtener un acompañamiento jurídico efectivo.
Bajo este entendido, entre las dos fechas mencionadas trascurrió aproximadamente
mes y medio, tiempo que la Sala considera razonable para acudir al mecanismo de
amparo.
(iii)
Subsidiariedad
28.  Este
presupuesto demanda que la persona antes de acudir al mecanismo de tutela haya
desplegado todas las herramientas e instrumentos establecidos en el
ordenamiento legal para la resolución de la controversia jurídica. Sin embargo,
esta regla presenta dos excepciones: i) cuando se pretende el amparo
constitucional de forma transitoria mientras la jurisdicción ordinaria resuelve
el asunto, siempre y cuando se pretenda evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable; y ii) cuando se acredite que la vía ordinaria para
resolver el asunto no resulta idónea o eficaz[48] para la
protección de los derechos fundamentales.
29.  El
juez constitucional tiene el deber de analizar con juicio el cumplimiento de
los requisitos de procedibilidad del mecanismo de amparo antes de adoptar
cualquier orden judicial en sede de tutela. De otro lado, el operador judicial
debe ser más cuidadoso en casos en los que pueda acaecer un perjuicio
irremediable o que se esté frente a sujetos en condiciones de vulnerabilidad o
que sean merecedores de especial protección constitucional antes de declarar la
improcedencia de la acción.
30.  En
sentencia T-589 de 2011, la Corte recordó que el conocimiento prevalente de la
jurisdicción constitucional es excepcional, pues se activa  cuando así lo
demande el principio de igualdad frente a sujetos de especial protección
constitucional o cuando sea evidente que el asunto “posee una dimensión
constitucional que escapa al diseño fines del recurso ordinario”. En
palabras de la providencia en comento:
“(…) [E]n el
análisis de subsidiariedad de la tutela debe mantenerse presente la relevancia
que supone para la vigencia del derecho sustancial el que los conflictos
jurídicos sean resueltos en la jurisdicción adecuada para ello, mediante el
conocimiento y experticia del juez natural de cada proceso. El debate fáctico y
normativo que se da en un proceso judicial solo puede suplirse en el escenario
constitucional de manera excepcional: cuando así lo ordene el principio de
igualdad -en su faceta promocional- frente a sujetos de especial protección
constitucional, población vulnerable o personas en situación de debilidad manifiesta;
o cuando sea evidente que el asunto bajo estudio posee una dimensión
constitucional que escapa al diseño y fines del recurso ordinario.
3.3. Idéntica
perspectiva debe asumir el juez de tutela al evaluar si el caso se enmarca en
los supuestos de excepción del principio de subsidiariedad (in extenso,
ausencia de idoneidad o eficacia del medio de defensa ordinario). Solo si el
operador judicial encuentra que el medio ordinario, en las circunstancias del
caso concreto, no es un escenario apto para la protección de un derecho
constitucional estará justificada su intervención. A partir de esas
premisas, la jurisprudencia constitucional ha establecido que ello ocurre
cuando el medio judicial ordinario no está diseñado de forma adecuada para
amparar las facetas comprometidas del interés iusfundamental amenazado en el
caso concreto, o cuando no puede lograr una protección oportuna e integral
del derecho en juego. En esos eventos, el mecanismo ordinario carece de
idoneidad o eficacia.
3.4. Las
consideraciones recién expuestas explican la necesidad de que el juez tome en
consideración las circunstancias personales de los accionantes al evaluar la
procedencia de la acción, con el fin de otorgar un trato especial -de carácter
favorable- a los sujetos de especial protección constitucional o a quienes se
encuentran en condiciones de debilidad o hacen parte de grupos vulnerables, en
aplicación de los incisos 2º y 3º del artículo 13 de la Carta, o de mandatos
específicos de protección que cobijan a sujetos o colectivos vulnerables” (negrillas añadidas).
31.  En
la medida que la presente controversia es de naturaleza laboral, debe analizarse
si su resolución corresponde a la jurisdicción del trabajo, puesto que el
legislador previó que “[l]a Jurisdicción
Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de: 1.
Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el
contrato de trabajo”[49] en tanto se constituya como un
mecanismo idóneo o eficaz para la protección de derechos de cara a las particularidades
del caso.
32.  Así
las cosas, se ha establecido que el examen de procedencia de la acción de
tutela se hace menos estricto, a través de criterios de análisis más amplios,
pero no menos rigurosos, cuando quien acude a ella es sujeto de especial
protección constitucional, por ejemplo, niños, niñas, adolescentes, mujeres en
estado de gestación o lactancia, personas cabeza de familia, en situación de
discapacidad, de la tercera edad o población desplazada, entre otros[50].
33.  Por
otro lado, en sentencia SU-075 de 2018, la Corte señaló que aunque la acción de
tutela no es el mecanismo adecuado para solicitar el reintegro laboral y el
pago de acreencias derivadas de un contrato de trabajo, “en los casos en
que el accionante sea titular del derecho a la estabilidad laboral reforzada
por encontrarse en una situación de debilidad manifiesta, la acción de tutela
pierde su carácter subsidiario y se convierte en el mecanismo de protección
preferente. (…) la procedencia del amparo constitucional se justifica en la
necesidad de un mecanismo célere y expedito que permita dirimir esta clase de
conflictos, en los cuales se vea inmerso un sujeto de especial protección
constitucional, como es el caso de la madre gestante”[51]
(resalto por fuera del texto original).
34.  Este
Tribunal también ha indicado que los recién nacidos son sujetos de
especial protección. En la decisión T-468 de 2018, la Corte expresó que “[u]na
criatura que depende enteramente de su familia, la sociedad y el Estado para
desarrollar su crecimiento integral es un sujeto de especial protección
constitucional y un individuo valioso a quien se le debe garantizar el más alto
nivel de bienestar.
35.  De
los anteriores pronunciamientos jurisprudenciales se derivan las siguientes
premisas: i) las mujeres en estado de gestación o lactancia y los recién
nacidos son sujetos de especial protección del Estado, al hallarse en condición
de indefensión; y ii) cuando quien acude al mecanismo de amparo se
encuentra en situación de debilidad manifiesta, la acción de tutela se torna en
un mecanismo de protección preferente.
36.  A
partir de estos planteamientos, la Sala considera que la vía ordinaria no
resulta idónea[52] ni efectiva[53]
en el caso objeto de estudio por las siguientes razones: i) están de por
medio dos sujetos de especial protección constitucional: madre lactante y un
recién nacido (sin olvidar que al momento de instaurar la acción amparo, la
accionante se encontraba en estado de gestación); ii) el problema
jurídico a resolver gira en torno a la presunta ocurrencia de un acto
discriminatorio en contra de una mujer por el hecho de encontrarse en estado de
gestación, lo cual requiere efectuar un análisis desde el punto de vista
constitucional; y iii) en caso de hallarse que efectivamente ocurrió una
vulneración al derecho  a la igualdad y no discriminación, la acción de tutela permitiría
otorgar una protección oportuna e integral, posibilidad que disminuiría mediante
un proceso ordinario laboral, dado el natural desgaste procesal que implica,
aunado al tiempo que amerita su definición.
37.  En
conclusión, conforme a las razones expuestas, el presente caso satisface el
requisito de subsidiariedad y la eventual protección a conceder sería de manera
definitiva. Valga aclarar que si bien el juez de primera instancia concedió el
amparo de forma transitoria, ello no es viable en tanto el presupuesto para que
proceda la protección transitoria es que, en principio, la vía ordinaria sea
idónea y efectiva, pero dicha impresión inicial se desvirtúa ante la posibilidad
de evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, de ahí que se requiera la
intervención inmediata del juez de tutela[54]; sin embargo,
la Sala considera en el caso objeto de análisis que el mecanismo ordinario no
es idóneo ni efectivo, de conformidad con lo atrás expuesto.
Análisis
de fondo de la vulneración de los derechos al trabajo, igualdad y no
discriminación de la señora Dora Patricia Ramírez Monsalve
38.  A
efectos de determinar si en el presente asunto la Corporación Educa S.A.S. discriminó
en el ámbito laboral a la señora Dora Patricia Ramírez Monsalve al no suscribir
un nuevo contrato de trabajo, presuntamente, a causa de estar en estado de
gestación, la Sala deberá resolver de forma previa los siguientes
cuestionamientos: i) ¿el plantel educativo realizó actos indicativos de
que la relación laboral continuaría?; ii) ¿la ex trabajadora informó de
forma efectiva su estado de gravidez a los directivos de la institución?; y iii)
¿la determinación de no suscribir nuevamente el contrato de trabajo se
debió a esta circunstancia?
39.  Es
necesario precisar que conforme la formulación del problema jurídico y los
interrogantes planteados en el párrafo anterior, el análisis que realizará  la
Sala se centrará en establecer si la institución accionada efectuó un acto
discriminatorio sobre la señora Dora Patricia Ramírez Monsalve, y no frente a
una eventual vulneración a la garantía de la estabilidad laboral reforzada en
razón del fuero de maternidad.
40.  Una
vez efectuada esta precisión, se abordará lo relacionado con el primer
cuestionamiento, en ese sentido, la Sala analizará si le asiste razón a la
actora al argumentar que antes de informar sobre su estado de gestación, la
empleadora había realizado manifestaciones indicativas de que se suscribiría un
nuevo contrato.
41.  Al
efecto, recuérdese que la accionante mencionó que por parte de la institución
accionada se le había solicitado expresar su tallaje para la elaboración de los
implementos de dotación para el periodo lectivo de 2019. Así mismo, se le
indicó cuáles documentos debía reunir con el propósito de la nueva
contratación, incluso, se había fijado fecha y lugar para la suscripción de los
contratos para el año 2019. Para verificar los anteriores puntos, se valorarán
de forma cronológica los insumos probatorios que fueron aportados al
expediente.
42.  En
ese sentido, la actora expresó que mediante una nota de voz enviada al grupo
denominado “Team Universo Mágico”, se solicitó a sus miembros, ella
incluida, informar sobre sus tallas de vestir. Para acreditar esta afirmación,
la interesada aportó un disco compacto que contenía el respectivo audio[55].
En el registro se dice lo siguiente:
“Niñas lindas,
muy buenas tardes a todas. Espero que estén súper bien en casita, todo muy bien
con las familias, iniciando nuevo año con actitud positiva. Niñas, esta
información va para todas las que estamos en el grupo. Necesito que cada
una me haga llegar la talla de sus pantalones, la talla de sus camisas, la
talla de su número de calzado para todas, los servicios generales también, (…) necesito
ese dato finalizando la tarde porfa para mandarles a hacer sus uniformes
(…)”
La anterior
transcripción se complementa con un mensaje remitido el 15 de enero de 2019,
por la usuaria “Miss Mary Unimagico” (sic) al mentado grupo de WhatsApp,
en el cual se nombra a la accionante y sus requerimientos, así:
[15 de enero
de 2019]
“Miss Mary
Unimagico. -
Sede Chía.
Misses:
Miss Johanna (…)
Miss Tatiana (…)
Miss Patricia
Ramírez
Pantalón talla 8
Camisa talla M
Zapatos 36
Chaqueta talla M
(…)”
43.  En
relación con los documentos necesarios para suscribir los nuevos contratos, y
la fecha y lugar donde ello se llevaría a cabo, a partir de una captura de
pantalla al grupo “Team Universo Mágico”, se avizora que el 24 de enero
de 2019, “Miss Mary Unimagico” remitió un documento formato “pdf”, de
cuyo contenido se lee el título “LISTA DE DOCUMENTOS PERSONAL ANTIGUO”[56]
y a continuación una nota de voz de la misma persona. Sobre este último
elemento, la accionante allegó el respectivo audio, en el que se dice:
“Niñas, muy
buenas tardes a todas. Espero que todo esté súper bien en casita, que esté todo
súper bien con sus familias. Bueno, les acabo de enviar un archivo que es el
listado de documentación para el personal antiguo de misses. Les cuento que el
sábado 26 deben estar en la sede ‘Cedritos’ a las ocho de la mañana con una
carpeta con esa documentación, para que por favor puedan firmar de una vez sus
contratos. El sábado 26 van a hacer la contratación en Nicolás, perdónenme, en
Cedritos, sede Cedritos, (…)”.
44.  Los
anteriores elementos llevan a la conclusión de que la institución educativa
accionada, para enero de 2019, tenía entre su lista de personal a la accionante,
pues, de otro modo no le estaría solicitando informar sus tallas de vestir para
la elaboración de los implementos de dotación, ni estaría incluida en el grupo
de WhatsApp, el cual era utilizado para comunicar información útil de trabajo,
en el que, incluso, se hizo una mención expresa a su nombre. A los anteriores
elementos de juicio podría sumarse el hecho de que en la plataforma “TuColegio.co”,
para la institución Jardín Infantil Universo Mágico, figurara el nombre de Patricia
Ramírez Monsalve como “Docente-2019”[57].
45.  Al
continuar con el derrotero trazado, en segundo lugar, se pasará a
analizar si, a partir de lo probado en el expediente, es factible establecer que
la actora haya comunicado su estado de gravidez a la parte empleadora. En esos
términos, la actora anexó al escrito de tutela diferentes capturas de pantalla,
tomadas de su teléfono móvil, a algunas conversaciones o “chats” sostenidos en
el grupo denominado “Team Universo Mágico” y con la usuaria “Miss
Mary Unimagico”. En relación con la noticia del estado de gestación, se
avizora el siguiente diálogo:
“[19 de enero de 2019]
Miss Mary. - Hola Mi Patty bonita muy buenos días!!!
Te cuento que ayer hable (sic) con la jefe y me dijo: Que por favor mires
cuanto (sic) tiempo de embarazo tienes?? por que (sic) la notificación se debía
haber hecho antes de la finalización del contrato. Igual asesorate (sic) con tu
esposo (…) y me cuentas (…) Abrazos… te quieroooo (sic)
Dora Patricia Ramírez. - Hola Miss
Miss Mary. – Hola Mi Patty como (sic) estás??
Dora Patricia Ramírez. – El Lunes me hacen la otra prueba y de ahí
tengo que pedir la (sic) para que me digan cuánto tiempo tengo”.
De otra parte,
se cuenta con un diálogo desarrollado por las mismas interlocutoras, cinco días
después:
“[24 de enero de 2019]
Dora Patricia
Ramírez. – Hola Miss… qué pena molestarte!
Me gustaría que tu (sic) por favor le dijeras a Miss Ingrid que por favor me notifique
por escrito las razones además de estar embarazada por las cuáles (sic) no se
me va a renovar el contrato. No se (sic) si sea posible, pero me gustaría al
menos saber eso ya que obre (sic) de forma correcta al anunciarle de mi
embarazo  antes de firmar contrato.
Miss Mary. – Si (sic) Mi Patty ya le digo y te cuento
Dora Patricia
Ramírez. – Gracias Miss”
46.  Estas
dos conversaciones permiten establecer que antes de la firma de los contratos
de trabajo para el 2019, la accionante le informó a la señora Mariluz Sánchez
Cala[58], que se encontraba en
estado de gravidez. Igualmente, se deriva que esta última se encargaría de
comunicar dicha situación a la señora Ingrid Romero Otero, lo cual
efectivamente realizó, en tanto afirmó que la señora Romero Otero había
solicitado informar cuándo había iniciado el embarazo.
Es necesario
aclarar que la anterior conclusión alberga dos presupuestos, a saber: i)
Mariluz Sánchez Cala, al menos para el momento de los hechos, tenía poder de
representación al interior de la institución accionada; y ii) esta
persona le comunicó el estado de gestación en el que se encontraba la
accionante a la señora Ingrid Romero Otelo; los cuales surgen a partir de lo
acreditado en el expediente.
(i)      Por un lado, se cuenta con la comunicación remitida a la accionante
en el mes de octubre de 2016 suscrita por la señora Mariluz Sánchez Cala en calidad
de “Directora de sede”, situación que refleja que ostentaba un cargo
“directivo” al interior de la institución. En segundo lugar, en la
conversación del 24 de enero de 2019, realizada por la accionante y Mariluz Sánchez
en la aplicación WhatsApp, la accionante le solicita que se comunique con la
señora “Miss Ingrid” para que “notifique por escrito las
razones (…) por las cuáles (sic) no se me va a renovar el contrato”, a lo
cual la señora Sánchez responde: “Si (sic) Mi Patty ya le digo y te cuento”.
Al efecto,
recuérdese que durante el trámite surtido en primera y segunda instancia, la
accionada manifestó: “[n]o puedo saber lo que la mencionada señora [Mariluz
Sánchez Cala] (sin poder o representación alguna) le haya podido manifestar a
la accionante”[59]; sin embargo, esta
aseveración se desvirtúa a partir del anterior razonamiento.
Así mismo, es
posible deducir la existencia de un diálogo laboral en torno a temas
concernientes al plantel educativo entre las señoras Mariluz e Ingrid. Por
último, no pasa por desapercibido de la Sala el hecho de que la parte accionada
no haya acreditado los fundamentos de su argumentación, aun cuando ello estaba
a su alcance, teniendo en cuenta el debate surtido frente a temas relacionados
con cuestiones contractuales y administrativos de la sociedad (personal y
cargos ocupados, respectivamente). Ante esto, la accionada se limitó a oponerse
a las pretensiones de la actora sin allegar elementos probatorios que sustentaran
su dicho.
(ii)   De otro lado, en el expediente también obra copia de la petición
suscrita por la accionante y dirigida a la señora Ingrid Romero Otero, en
calidad de “Directora general Jardines Universo Mágico”[60],
documento que presenta constancia de recibido con fecha del 26 de enero de 2019.
A través de ella, la actora solicitó información sobre las razones para no
renovar su contrato. Acerca de su estado de embarazo, en el escrito se lee lo
siguiente:
“Recibí con
sorpresa el día 24 de enero una llamada por parte de Miss Mary (directora de
sede) dónde me comunica que el Jardín no renovará mi contrato y el día de ayer
25 de enero soy eliminada del grupo de WhatsApp de sede Chía. // A mi manera de
ver, se me está negando la oportunidad de trabajar por el simple hecho de estar
embarazada, motivo que por ética personal decidí informar a la institución (…)
Sin embargo, decidí ser honesta con la Institución (sic) e informar mi estado
antes de firmar el contrato precisamente para que después no se presentarán
inconvenientes por ocultar esta información”.
47.  Las
anteriores demostraciones son suficientes para asegurar que la accionante a
través de diferentes medios  informó su estado de gravidez a los directivos de
la institución en la que se desempañaba como docente, por lo cual no es de
recibo la afirmación de la accionada, durante el trámite de primera instancia, en
el sentido que solo conoció del estado de gestación de la señora Dora Patricia Ramírez
Monsalve a partir de lo narrado en la acción de tutela.
De igual forma,
al preguntarle a la señora Ingrid Romero Otero, por la petición que la actora
radicó en enero de 2019, esta indicó: “[n]o recuerdo haber recibido ni
tramitado tal escrito. No tengo a la vista el documento que fuere aportado. En
esa época no me encontraba en el Jardín Tampoco”[61];
no obstante, dicha solicitud fue aportada junto al escrito de tutela y presenta
constancia de recibido con el logo de la institución y fecha del 26 de enero de
2019, por consiguiente, desde el 6 de marzo de 2019, fecha de radicación del
mecanismo, la accionada tuvo acceso a tal información.
Al respecto, es
preciso señalar que la acción de tutela se caracteriza por ser un trámite
informal y sumario, por lo cual, para la Sala la accionante cumplió con su
deber de acreditar al menos “sumariamente” y conforme a sus posibilidades, los
hechos en los que soporta su alegato. En ese sentido, al aportar la petición
con un sello de recibido, el mismo que figura en la comunicación remitida el 16
de octubre de 2018 por la institución educativa, la actora obró de forma
diligente, sin que la accionada, representada por la señora Ingrid Romero,
demostrara la ilegitimidad de dicha constancia. A juicio de la Sala, lo
esperado es que el plantel accionado cuente con áreas administrativas y
jurídicas que atiendan las necesidades que requiera la empresa, y en caso de no
ser así, dicha circunstancia no puede ser utilizada en desmedro de la
accionante.
48.  Por
último, el tercer planteamiento a determinar consiste en establecer si la
decisión de no suscribir el contrato de trabajo para el periodo lectivo de 2019
se debió a que la señora Dora Patricia Ramírez Monsalve se hallara en estado de
gestación. Para este propósito es necesario analizar en conjunto las
circunstancias acreditadas en los dos puntos precedentes, a la luz del mandato constitucional.
49.  Al
efecto, recuérdese que la Constitución de 1991 consagra una cláusula de
prohibición de discriminación, que se encuentra contenida en diferentes
disposiciones. Por ejemplo, el artículo 13 prescribe que “[t]odas las
personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y
trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”. Específicamente,
tratándose de la protección a la mujer, el artículo 43 establece que “[l]a
mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá
ser sometida a ninguna clase de discriminación” (negrilla añadida). Acto
seguido, el constituyente estableció un acción afirmativa en cabeza de la mujer
gestante o lactante al referir que “durante el embarazo y después del parto
gozará de especial asistencia y protección del Estado”.
La prohibición
contenida en estas normas es clara en el sentido de proscribir cualquier tipo
de discriminación en contra de las mujeres, circunstancia que con frecuencia
ocurre en el ámbito laboral, ya sea por prejuicios propios de una tradición
machista o por un acto natural de la maternidad como lo es el estado de gestación
o lactancia. Por consiguiente, para la Sala el asunto de la referencia trasciende
de la esfera legal y ostenta relevancia constitucional, pues aunque pueda ser
cierta la afirmación de la accionada en el sentido de que “no existe norma
que obligue a contratar a una mujer en estado de embarazo”[62]
sí existe una obligación constitucional de no discriminar a una mujer
gestante o lactante, juicio que contrae la atención de la Corporación.
50.  Una vez efectuada esta
acotación, del análisis hasta ahora efectuado se desprende que i) la
institución educativa accionada realizó manifestaciones indicativas de que se
volverían a contratar los servicios de docencia de la señora Dora Patricia
Ramírez Monsalve para el periodo lectivo de 2019; y ii) la accionante
comunicó de forma efectiva a las directivas de la institución que se encontraba
en estado de gestación.
51.   Así las cosas, resta por
establecer si el cambio de parecer de la Corporación Educa S.A.S se debió al
estado de gravidez de la señora Dora Patricia. En ese sentido, recuérdese que
el plantel adujo que la decisión tuvo lugar ante la disminución de estudiante
matriculados en el grado escolar en el que ejercía la docencia la accionante.
Sin embargo, esta razón se
desvirtúa a partir de las siguientes circunstancias: i) el contrato de trabajo suscrito por las partes en el año 2017 fue
renovado para el 2018, periodos en los cuales la accionante tuvo a su cargo 10
y luego 15 estudiantes, respectivamente; y ii) según la respuesta de la
institución accionada, para el año 2019 en el grupo escolar en el que se
desempeñó la actora en los años anteriores, se matricularon 11 estudiantes.
Estas situaciones
permiten advertir para el año 2018 continuaba la necesidad del servicio en
relación con el periodo lectivo 2017, de otro modo no se hubiera renovado la
relación laboral; no obstante, causa suspicacia que una vez la docente informó su
estado de gestación no se hubiera dado el mismo trato. Igualmente, es dable
suponer que la necesidad continuaba para el 2019, pues en ese año se
matricularon 11 estudiantes, es decir, uno más de los inscritos en el 2017.
52.  Los
anteriores raciocinios demuestran que el hecho de que la accionante se
encontrara en estado de embarazo influyó en la decisión de no suscribir un
nuevo contrato para el 2019, pues antes de que diera a conocer tal
circunstancia, la accionada había emprendido actos relacionados con suscribir
un nuevo vínculo de laboral, los cuales eran contundentes y precisos, descartándose
así manifestaciones vagas y dubitativas que dieran a entender una mera
expectativa o posibilidad. En consecuencia, el haber cambiado de parecer por el
hecho de que la actora se encontrara en estado de gestación constituye un acto
excluyente e injustificado que vulneró el derecho constitucional a la  igualdad
y no discriminación.
53.  En
relación con los diferentes medios de prueba obrantes en el expediente y que
fueron valorados por la Sala, debe precisarse que si bien la accionante allegó
diferentes capturas de pantalla de conversaciones sostenidas en la aplicación
WhatsApp, las cuales presentan un valor de prueba indiciaria, conforme lo
señalado en precedencia (supra 21), estos elementos fueron analizados de
forma conjunta con los demás rudimentos probatorios, entre ellos, el derecho de
petición, el número de estudiantes matriculados en el 2018, y las razones
ofrecidas por la accionada para no contratar nuevamente a la señora Dora
Patricia Ramírez Monsalve, lo cual permitió estructurar el razonamiento
efectuado en esta providencia.
54.
De otra parte, la conducta de la
accionada también desconoció el artículo 83 de la Constitución, relacionado con
el principio de buena fe que debe existir en el seno de la sociedad.
Sobre este postulado, en sentencia C-131 de 2004, la Corte expresó:
“(…) el
mencionado principio es entendido, en términos amplios,  como una exigencia de
honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra
dada, a la cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades
públicas y de los particulares entre sí y ante éstas, la cual se
presume, y constituye un soporte esencial del sistema jurídico; de igual
manera, cada una de las normas que componen el ordenamiento jurídico debe ser
interpretada a luz del principio de la buena fe, de tal suerte que las
disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y el cumplimiento
de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más congruente
con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos
intervinientes en la misma. En pocas palabras, la buena fe incorpora el
valor ético de la confianza y significa que el hombre cree y confía que una
declaración de voluntad surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es
decir, los mismos que ordinaria y normalmente ha producido en casos análogos. De
igual manera, la buena fe orienta el ejercicio  de las facultades
discrecionales de la administración pública y ayuda a colmar las lagunas del
sistema jurídico” (negrillas añadidas).
55.
Este pronunciamiento
jurisprudencial guarda consonancia con la afirmación de la accionante de sentir
defraudada la “confianza legítima”. Valga aclarar que si bien el sentimiento
de confianza puede surgir de enlaces o percepciones subjetivas en cada persona,
en esta oportunidad la Sala determinó que la Corporación Educa S.A.S cometió un
acto discriminatorio en contra de la actora que contrarió el ordenamiento
constitucional.
56.
De otra parte, la actuación de la
accionada también trasgredió el derecho al trabajo de la accionante, en su fase
precontractual, al haberla discriminado por hallarse en estado de gestación, desconociéndose
así la importancia que reviste esta garantía en el ordenamiento constitucional
en cuanto valor fundante del Estado social de derecho (art. 1), prerrogativa que
goza de especial protección, además de constituirse como una obligación social
(art. 25).
Adicionalmente, conforme quedó establecido en el
acápite destinado a la protección jurídica de la mujer en estado de gestación o
lactancia (ver considerativa 11 y ss.), el sistema normativo colombiano contiene
disposiciones de distintos rangos, (constitucional, de derecho internacional de
derechos humanos, legal), que protegen la maternidad en el ámbito laboral y proscriben
la discriminación hacia las mujeres[63].
57.
A tono con lo anterior, con
fundamento en estudios académicos y del sector industrial, así como
estadísticas del DANE, en la sentencia SU-075 de 2018, la Corte se pronunció
frente a la situación de empleo informal y desempleo de mujeres. En ese
sentido, señaló que la mayoría
de la población desempleada pertenece al grupo de mujeres de alta fertilidad
(72%), mientras que en la empleada la mayoría de los trabajadores informales o
que recurren al autoempleo pertenecen al grupo de baja fertilidad (56% y 65%),
respectivamente[64].
Por otro lado, refirió que “una de las causas de esta brecha responde a
que los costos para el sector laboral de emplear a mujeres en edad reproductiva
son mayores que para los hombres, luego se vuelve una preferencia no emplear
mujeres en esa categoría para no tener que asumir el pago de los beneficios
establecidos para las mujeres en embarazo o exponerse a pagos adicionales con
el mismo fundamento”[65].
Por último, no puede perderse de vista que el trabajo,
entendido como fuerza laboral, ha sido considerado por la jurisprudencia de
esta Corporación como un instrumento que permite al individuo obtener los
recursos necesarios para procurarse una vida digna y, a su vez, como mecanismo
de realización personal y profesional[66].
58.
Conforme el artículo 86 superior,
el juez de tutela tiene el deber de asegurar los derechos constitucionales,
para lo cual deberá adoptar las medidas que considere pertinentes.
59.
Con el propósito de reivindicar el derecho a la igualdad y no
discriminación, garantías que le fueron vulneradas a la señora Dora Patricia
Ramírez Monsalve, la Sala
revocará el fallo de segunda instancia y, en su lugar, confirmará la sentencia
del juez a quo, en cuanto concedió la protección constitucional; sin
embargo, el amparo se concederá de manera definitiva.
60.  Así
las cosas, como medidas dirigidas a contrarrestar los efectos producidos por el
acto discriminatorio efectuado sobre la accionante y remediar las posibilidades
laborales que le fueron coartadas, la Corte ordenará a la Corporación Educa S.A.S. que en el término de diez (10) hábiles,              i)
ofrezca disculpas a la señora Dora Patricia Ramírez Monsalve, de forma escrita, reconociendo que la conducta censurada constituyó
una actuación contraria a los valores, principios y derechos fundamentales
previstos en la Constitución Política de 1991, particularmente, la prohibición
de discriminar a las mujeres que se encuentren en estado de gestación o
lactancia. Así mismo, esta manifestación deberá ser publicada en el portal
virtual de la institución por el término un (1) mes.
Adicionalmente, en el término de diez (10) hábiles, la
accionada deberá         ii) contratar a la accionante para el
periodo lectivo correspondiente al año 2020, en una labor igual a la desempeñada
en los contratos suscritos en el 2017 y 2018, respetando las condiciones
pactadas en este último año, sin perjuicio de los ajustes salariales que se
establezcan para el 2020. Esto, en caso que así lo desee la accionante.
III. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR la sentencia proferida en segunda instancia el 10 de
mayo de 2019 por el Juzgado Primero de Familia de Zipaquirá, que negó el amparo,
y, en su lugar, CONFIRMAR el fallo adoptado en primera instancia el 19
de marzo de 2019 por el Juzgado Primero Civil Municipal de Chía, en cuanto amparó
los derechos fundamentales; sin embargo, se CONCEDERÁ la protección definitiva
a los derechos al trabajo, igualdad y no discriminación de la
señora Dora Patricia Ramírez Monsalve, de conformidad con lo expuesto en esta
decisión.
Segundo.- Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Corporación
Educa S.A.S. -a través de su representante legal o quien haga sus veces-, que en
el término de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de
esta providencia, OFREZCA DISCULPAS a la señora Dora Patricia Ramírez Monsalve, de forma escrita, reconociendo que la conducta censurada constituyó
una actuación contraria a los valores, principios y derechos fundamentales
previstos en la Constitución Política de 1991, particularmente, la prohibición
de discriminar a las mujeres que se encuentren en estado de gestación o
lactancia. Este documento deberá ser publicado en el portal virtual de la
institución por el término un (1) mes.
Tercero.- ORDENAR a la Corporación Educa S.A.S, a través de su
representante legal o quien haga sus veces, que en el término de diez (10) días
hábiles contados a partir de la notificación de este proveído, realice las
gestiones pertinentes para CONTRATAR a la señora Dora Patricia Ramírez
Monsalve para el periodo lectivo correspondiente al año 2020, en una labor
igual a la desempeñada en los contratos suscritos en el 2017 y 2018, respetando
las condiciones pactadas en este último año, sin perjuicio de los ajustes
salariales que se establezcan para el 2020. Esto, en caso que así lo desee la
accionante.
Cuarto.- LÍBRENSE
por Secretaría General las comunicaciones de que
trata el artículo 36 del Decreto Estatutario 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con aclaración de voto
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO
CARLOS BERNAL PULIDO
A LA SENTENCIA T-043/20
PROHIBICION DE DISCRIMINACION DE LA MADRE GESTANTE EN EL ACCESO AL
TRABAJO-Alcance (Salvamento parcial de voto)
No era pertinente que la Sentencia T-043 de
2019 aplicara las reglas y remedios propios del fuero de maternidad en vigencia
de una relación laboral. La situación fáctica permitía analizar el alcance de
la prohibición de discriminación de la madre gestante en el acceso al trabajo
ACCION DE TUTELA DE MUJER EMBARAZADA EN
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y LIMITACION DE LA LIBERTAD CONTRACTUAL (Salvamento parcial de voto)
Una cosa es la situación de la persona que
está en un proceso de contratación y otra, la de la trabajadora que está
ejecutando el contrato. Esta desproporción restringe la posibilidad de que la
empresa seleccione la planta de personal conforme a sus necesidades
operacionales del respectivo año lectivo. La Sala debió ordenar a la accionada
que continuara con el proceso de contratación que le fue interrumpido a la
tutelante por su estado de embarazo. Terminado el proceso de contratación, la
empresa debía informar al juez de primera instancia acerca del cumplimiento de
lo ordenado y éste verificaría que la accionada no incurrió en ningún otro acto
discriminatorio en la etapa precontractual
Ref.: Expediente T-7.461.559
M.P.: JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Comparto que en el caso en concreto se acreditó
un acto de discriminación en razón del embarazo. No obstante, me aparto de la
orden impartida en el resolutivo tercero de la sentencia de la referencia, con
fundamento en las siguientes razones:
1. Al presentarse la conducta vulneradora en la
etapa precontractual no era pertinente que la Sentencia T-043 de 2019 aplicara
las reglas y remedios propios del fuero de maternidad en vigencia de una
relación laboral[67].
La situación fáctica permitía analizar el alcance de la prohibición de
discriminación de la madre gestante en el acceso al trabajo[68].
2. Ordenar a la institución educativa que
contrate -casi a modo de reintegro- a la accionante para el periodo lectivo
2020, implica una limitación desproporcionada de su libertad contractual, toda
vez, que una cosa es la situación de la persona que está en un proceso de
contratación y otra, la de la trabajadora que está ejecutando el contrato. Esta
desproporción restringe la posibilidad de que la empresa seleccione la planta
de personal conforme a sus necesidades operacionales del respectivo año
lectivo.
La Sala debió ordenar a la accionada que
continuara con el proceso de contratación que le fue interrumpido a la
tutelante por su estado de embarazo. Terminado el proceso de contratación, la
empresa debía informar al juez de primera instancia acerca del cumplimiento de
lo ordenado y éste verificaría que la accionada no incurrió en ningún otro acto
discriminatorio en la etapa precontractual.
Fecha ut supra,
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO
DEL MAGISTRADO
ALBERTO
ROJAS RIOS
A
LA SENTENCIA T-043/20
PRUEBA
ELECTRONICA-Valor
probatorio de las capturas de pantalla extraídas de las aplicaciones de texto
whatsapp no se deben calificar como prueba indiciaria (Aclaración de voto)
La
decisión a la cual llegó la Sala, debió hacerse una remisión directa hacia los
lineamientos establecidos en el Código General del Proceso y en la Ley 527 de
1999, pues resulta inadmisible y desacertado que la Corte Constitucional erosione
las reglas de valoración probatoria y califique como un simple “indicio”, una
prueba que, además de ostentar validez y fuerza obligatoria y probatoria por
mandato normativo y jurisprudencial, evidenció fehacientemente la conducta
vulneradora que desplegó la entidad accionada
Referencia:
Expediente T-7.461.559
Acción de tutela instaurada por Dora Patricia Ramírez
Monsalve en contra de la Sociedad Corporación Educa S.A.S. (Universo Mágico
Kindergarten).
Magistrado
Ponente:
José
Fernando Reyes Cuartas
Comparto
el sentido de la decisión adoptada por la Sala Octava de Revisión en el
presente asunto. Sin embargo, disiento en cuanto al fundamento de la
consideración “aproximación a la prueba electrónica, y el valor probatorio
atenuado de las capturas de pantalla o pantallazos extraídos de la aplicación
de WhatsApp.”
Considero
que calificar como simples “elementos indiciarios” a los pantallazos de
WhatsApp, que sirvieron para comprobar la conducta discriminatoria que se
ejerció sobre la accionante, una vez el empleador decidió no renovar el
contrato laboral de la misma ante su estado de gravidez, desconoce las reglas
sobre la apreciación probatoria de los mensajes de datos y sus impresiones.
En
tal sentido, debe precisarse que si bien en materia laboral, en especial en
procedimiento laboral, no existe un tratamiento especial en relación con los
mensajes de datos y su impresión, existen reglas aplicables en lo que a este
asunto concierne. Por un lado, el artículo 247[69]
del Código General del Proceso, aplicable por analogía conforme al artículo 145
C.P.T.S.S., señala que los documentos aportados en el mismo formato en que
fueron generados, deben ser catalogados como mensajes de datos; mientras que su
simple impresión debe valorarse con base en las reglas generales de los
documentos.
Por
otro lado, la Ley 527 de 1999[70]
reglamenta el acceso y el uso de los mensajes de datos, específicamente en los
artículos 10[71]
y 11[72],
en donde se establece, entre otras cosas, la validez o fuerza obligatoria y
probatoria que debe blindar este tipo de información y, a su vez, la
prohibición de negar tal carácter por el solo hecho de tratarse de un mensaje
de datos o en razón de no haber sido presentado en su forma original.
Al
respecto, esta Corporación, en sentencia C-831 de 2001, señaló que la
aplicación de la mencionada ley, no se circunscribe únicamente al ámbito
mercantil, sino al acceso y uso de datos de manera generalizada, como se expone
a continuación:
(…) ha de entenderse que la ley 527 de 1999 no se
restringe  a las operaciones comerciales sino que hace referencia en forma
genérica al acceso y uso de los mensajes de datos, lo que obliga a una
comprensión sistemática de sus disposiciones con el conjunto de normas que se
refieren  a este tema dentro de nuestro ordenamiento jurídico y en
particular con las disposiciones que como el artículo 95 de la Ley Estatutaria
de administración de Justicia se han ocupado de esta materia.  Dicha
disposición señaló en efecto que los juzgados, tribunales y corporaciones
judiciales podrán utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos,
informáticos y telemáticos, para el cumplimiento de sus funciones y que los
documentos emitidos por los citados medios, cualquiera que sea su soporte,
gozarán de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede
garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos
exigidos por las leyes procesales. Es decir que bajo el presupuesto del
cumplimiento de los requisitos aludidos un mensaje de datos goza de validez y
eficacia.”
Esta ley, también ha sido aplicada en casos recientes
por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en Auto
AL1377-2019[73]
y Sentencia SL 5246-2019[74].
Así
las cosas, y teniendo en cuenta que los mensajes de datos deben ser valorados,
como se indicó anteriormente, conforme a las reglas generales de los
documentos, cabe señalar que, si bien los pantallazos extraídos de la
aplicación WhatsApp no son un documento original, los mismos se presumen
auténticos, según lo dispone el artículo 246[75]
del Código General del Proceso. A su vez, el artículo 262[76] de la misma obra
establece que, si durante el proceso, una impresión es entregada, la parte contraria
deberá solicitar su rectificación, lo cual en este caso no sucedió.
Ante
el citado panorama, para fundamentar la decisión a la cual llegó la Sala, debió
hacerse una remisión directa hacia los lineamientos establecidos en el Código
General del Proceso y en la Ley 527 de 1999, pues resulta inadmisible y
desacertado que la Corte Constitucional erosione las reglas de valoración
probatoria y califique como un simple “indicio”, una prueba que, además
de ostentar validez y fuerza obligatoria y probatoria por mandato normativo y
jurisprudencial, evidenció fehacientemente la conducta vulneradora que desplegó
la entidad accionada en contra de la señora Dora Patricia Ramírez Monsalve,
cuyos efectos buscan ser revertidos a través del amparo constitucional
otorgado.
Con
el mayor de los respetos, dejo así consignadas las razones por las cuales
aclaro el voto en el presente asunto.
Fecha
ut supra,
ALBERTO ROJAS RIOS
Magistrado
[1]
Cuaderno de primera instancia, folio 2.
[2]
Cuaderno de primera instancia, folio 3.
[3]
Cuaderno de primera instancia, folio 37.
[4]
Conforme a lo expuesto en el Certificado de existencia y
presentación obrante en el expediente. Documento visible en folios 77 a 81 del
cuaderno de primera instancia.
[5]
Cuaderno de primera instancia, folios 82 a 86.
[6]
Cuaderno de primera instancia, folio 87 a 98.
[7]
Según el dicho de la accionante, la señora Ingrid Romero Otero es la directora
general de la institución educativa accionada, y conforme lo establecido en el
Certificado de existencia y representación de la Corporación Educa S.A.S., la
señora Romero Otero es su representante legal.
[8]
Cuaderno de primera instancia, folio 96.
[9]
Cuaderno de primera instancia, folios 97 y 98.
[10]
Cuaderno de primera instancia, folios 99 a 109.
[11]
“ARTICULO 46. CONTRATO A TERMINO FIJO. El contrato
de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no
puede ser superior a tres años, pero es renovable indefinidamente. // 1. Si antes
de la fecha del vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes
avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato, con
una antelación no inferior a treinta (30) días, éste se entenderá renovado por
un período igual al inicialmente pactado, y así sucesivamente. // 2. No
obstante, si el término fijo es inferior a un (1) año, únicamente podrá
prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por tres (3) períodos iguales o
inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser
inferior a un (1) año, y así sucesivamente. // PARAGRAFO. En los contratos a
término fijo inferior a un año, los trabajadores tendrán derecho al pago de
vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo laborado cualquiera que
éste sea”.
[12]
Cuaderno de primera instancia, folios 108 a 111.
[13]
Cuaderno de segunda instancia, folios 3 a 5.
[14]
Cuaderno de primera instancia, folio 9.
[15]
Idem, folio 10.
[16]
Idem, folio 11.
[17]
Idem, folios 12 a 14.
[18]
Idem, folio 15.
[19]
Idem, folios 16 a 22, y 24.
[20]
Idem, folio 23.
[21]
Idem, folio 25.
[22]
Idem, folio 26.
[23]
Idem, folio 27.
[24]
Idem, folio 28.
[25]
Idem, folios 31 y 32.
[26]
Idem, folios 33 y 34.
[27]
Cuaderno de primera instancia.
[28]
Integrada por las magistradas Diana Fajardo Rivera y Cristina Pardo
Schlesinger.
[29]
Cuaderno de la Corte, folios 7 a 21.
[30]
Cuaderno de la Corte, folios 25 a 31.
[31]
Idem, folios 36 a 39.
[32]
Sobre los créditos contraídos por su esposo, la accionante
hizo la siguiente acotación: “[q]uiero aclarar que estas deudas él las
adquirió y las amortizó con normalidad cuando gozaba de un salario más alto
como Abogado Asesor Grado 23 de la Sala Especializada en Restitución de Tierras
del Tribunal Superior de Bogotá (hasta diciembre de 2018) y luego como
Profesional Especializado Grado 33 de la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia (hasta febrero de 2019), cargos de los cuales fue separado por
razones ajenas a su voluntad y a su desempeño”. Cuaderno de la Corte, folio
37.
[33]
Cuaderno de la Corte, folio 49 a 51 vuelto.
[34]
Idem, folio 50.
[35]
La doctrina constitucional española emplea este término para
referirse  a las relaciones del individuo con los poderes públicos. Al
respecto, Francisco J. Bastida Freijedo y otros, refieren lo siguiente: “[a]unque
los derechos fundamentales ya no pueden caracterizarse exclusivamente como
derechos de reacción frente al Estado, lo cierto es que éstos siguen teniendo
en los poderes públicos su principal referente y, por tanto, siguen desplegando
una gran parte de su eficacia en las relaciones verticales en las que el
individuo se puede ver unilateralmente obligado por aquéllos”. Teoría general
de los derechos fundamentales en la Constitución Española de 1978”, editorial
Tecnos, 2004, pg. 172.
[36]
Sentencia T-632 de 2007.
[37]
La jurisprudencia constitucional también ha establecido que
relaciones de indefensión se pueden constituir en las siguientes situaciones: “(i)
[l]a falta, ausencia o ineficacia de medios de
defensa legales, materiales o físicos, que le permitan al particular que
instaura la acción contrarrestar los ataques o agravios, que contra sus
derechos sean inferidos por el particular contra el cual se impetra la acción;
(ii) La imposibilidad de satisfacer una necesidad básica o vital, por la forma
irracional, irrazonable y desproporcionada en la que un particular ejerce una
posición o un derecho del que es titular; (iii) La existencia de un vínculo
afectivo, moral, social o contractual, que facilite la ejecución de acciones u
omisiones que resulten lesivas de derechos fundamentales de una de las partes; (iv) En el uso de medios o recursos que buscan, por medio de la
presión social, que un particular haga o deje de hacer algo en favor de otro,
por ejemplo la publicación de la condición de deudor de una persona por parte
de su acreedor en un diario de amplia circulación, o la utilización de personas
con determinadas características para efectuar el cobro de acreencias”, sentencia     T-181 de 2017, reiterada en la sentencia T-030 de
2018.
[38] Sentencia T-233 de 1994.
[39] Sentencia T-233 de 1994.
[40]
Federico Bueno de Mata, “Prueba electrónica y proceso 2.0”, editorial
Tirant lo Blanch, primera edición, 2014, pg. 130.
[41]
Idem, pg. 165.
[42]
Sobre este tema es pertinente consultar el análisis efectuado por el Gastón
Bielli en el artículo “Prueba Electrónica: Incorporación, admisión y valoración
de capturas de pantalla en el proceso de familia”, disponible en el siguiente enlace:
https://www.pensamientocivil.com.ar/doctrina/4384-prueba-electronica-incorporacion-admision-y-valoracion-capturas
(visitado el 4 de diciembre de 2019)
[43]
Idem.
[44]
Idem.
[45]
Ver, por ejemplo, la sentencia T-188 de 2017.
[46]
Sentencias T-834 de 2005 y T-887 de 2009.
[47]
Cuaderno de primera instancia, folio 33.
[48]
En sentencia T-313 de 2017, la Corte adujo que una acción judicial
es idónea “cuando es materialmente apta para
producir el efecto protector de los derechos fundamentales” y efectiva “cuando está
diseñada para brindar una protección oportuna a los derechos amenazados o
vulnerados”. De otro lado, autores nacionales han
identificado la idoneidad como “la capacidad o aptitud del medio para
dar una respuesta a la pregunta constitucional”, situación en la que se
valora, por ejemplo, la aceptación de las posturas adoptadas por la Corte a
través de su jurisprudencia o la formalidad exigida en el mecanismo judicial.
Frente a la eficacia aducen que “los criterios claves para la
evaluación son la oportunidad e integralidad de la respuesta”, en este
punto deben ser valoradas las categorías de “sujeto de especial protección”,
“tercera edad”, “expectativa promedio de vida”, entre otras. (Luis Manuel
Castro Novoa y Cesar Humberto Carvajal Santoyo, en “Acciones
Constitucionales. Módulo I, acción de tutela” 2017).
[49]
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, artículo
2do.
[50]
Sentencia T-583 de 2017.
[51]
En similar sentido, en la decisión T-406 de 2012 se adujo que “por
regla general, la tutela no es el mecanismo idóneo para resolver conflictos
relacionados con el reintegro. Sin embargo, excepcionalmente, cuando están en
juego los derechos fundamentales de la mujer gestante y de quien está por
nacer, tales derechos pueden ser protegidos a través de esta acción, toda
vez que se trata de sujetos en condición de indefensión y por tal motivo
merecen un trato especial por parte del Estado” (resalto por fuera del
texto original).
[52]
Entendiendo esta categoría como capacidad para “producir el
efecto protector de los derechos fundamentales”, sentencia T-313 de 2017.
[53]
En tanto posibilidad de brindar una “protección
oportuna a los derechos amenazados o vulnerados”,
idem.
[54]
Ver sentencia T-662 de 2016, reiterada en la sentencia T-046 de 2019.
[55]
Inicialmente no fue posible verificar el contenido de la información aportada,
pues la misma se encontraba en formato “opus” el cual no era admitido por los
equipos de cómputo de la Corte, en consecuencia, el despacho del magistrado
ponente le solicitó a la accionante remitir nuevamente dichos audios pero esta
vez en formato Mp3.
[56]
Cuaderno de primera instancia, folio 51.
[57]
Cuaderno de primera instancia, folios 15 y 43.
[58]
La señora Mariluz Sánchez Cala para el momento de los hechos se desempeñaba
como Directora de la sede Chía de la institución educativa Universo Mágico,
conforme a la comunicación con fecha del 16 de octubre de 2018 que fue remitida
a la accionante con referencia “AVISO DE TERMINACIÓN DE CONTRATO” (Cuaderno
de la Corte, folio 40).
[59]
Cuaderno de primera instancia, folio 87.
[60]
Cuaderno de primera instancia, folio 33.
[61]
Cuaderno de la Corte, folio 50.
[62]
Cuaderno de primera instancia, folio 91.
[63]
Al respecto, pueden consultarse la Constitución (art. 43); la Convención sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 11);
y el Código Sustantivo del Trabajo (Capítulo V).
[64]
Esta información corresponde al periodo comprendido entre 2009 y 2013 y fue
tomada a partir del texto “Desempleo femenino en Colombia” de Luis
Eduardo Arango Thomas y otros. 2016.
[65] Idem.
[66]
Sentencia C-614 de 2009, reiterada en la sentencia C-539 de 2014.
[67]
Código Sustantivo del Trabajo, artículo 239. Prohibición de despido. “1.
Ninguna trabajadora podrá ser despedida por motivo de embarazo o
lactancia (…)” (negritas fuera de texto).
[68]
Al respecto, en Sentencia SU-075 de 2018, la Corte puso en evidencia que “la
mayoría de la población desempleada pertenece al grupo de mujeres de alta
fertilidad (72%), mientras que en la empleada la mayoría de los trabajadores
informales o que recurren al autoempleo pertenecen al grupo de baja fertilidad
(56% y 65%, respectivamente)”. Así mismo señaló que “una de las causas
de esta brecha responde a que los costos para el sector laboral de emplear a
mujeres en edad reproductiva son mayores (…), luego se vuelve una preferencia
no emplear mujeres en esa categoría”. Para llegar a esta conclusión, la
Corte acudió a estudios académicos y del sector industrial, así como a
estadísticas del DANE.
[69]
Articulo 247 CGP. Inciso 2. Valoración de mensajes de datos: “Serán
valorados como mensajes de datos los documentos que hayan sido aportados en el
mismo formato en que fueron generados, enviados, o recibidos, o en algún otro
formato que lo reproduzca con exactitud. La simple impresión en papel de un
mensaje de datos será valorada de conformidad con las reglas generales de
los documentos.”
[70]
“Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes
de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen
las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones”.
[71]
Artículo 10. Admisibilidad y fuerza probatoria de los
mensajes de datos: “Los mensajes de datos
serán admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en
las disposiciones del capítulo viii del título xiii, sección tercera, libro
segundo del código de procedimiento civil. En toda actuación administrativa o
judicial, no se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a
todo tipo de información en forma de un mensaje de datos, por el sólo hecho que
se trate de un mensaje de datos o en razón de no haber sido presentado en su
forma original.”
[72]
Artículo 11. Criterio para valorar probatoriamente un mensaje de datos: “Para
la valoración de la fuerza probatoria de los mensajes de datos a que se refiere
esta ley, se tendrán en cuenta las reglas de la sana crítica y demás criterios
reconocidos legalmente para la apreciación de las pruebas. Por consiguiente
habrán de tenerse en cuenta: la confiabilidad en la forma en la que se haya
generado, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad en la forma en
que se haya conservado la integridad de la información, la forma en la que se
identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente.”
[73]
“(…) Ahora, si en gracia de discusión, las circunstancias antes descritas no
generaran el suficiente grado de certeza al operador judicial, lo que le
impidiera arribar a la conclusión, de que efectivamente en el caso en concreto,
la reclamación se entiende efectuada en el municipio en el que reside la
demandante, la Sala considera oportuno rememorar lo consagrado en la Ley 527 de
1999 (…)”.
[74]
“(…) La Sala destaca, conforme a lo visto, que los
mensajes de datos, al ser admitidos como medios de prueba y otorgárseles el
mismo tratamiento de los documentos contenidos en papel, se nutren, como de
forma expresa se hace en la ley (...)”.  (Ley
527 de 1999).
[75]
Artículo 246. Valor probatorio de las copias. “Las copias tendrán el
mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea
necesaria la presentación del original o de una determinada copia (…)”
[76]
Artículo 262. Documentos declarativos emanados de terceros. “Los
documentos privados de contenido declarativo emanados de terceros se apreciarán
por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte
contraria solicite su ratificación”.