T-732-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-732/13
AGENCIA
OFICIOSA EN TUTELA-Requisitos
Para el ejercicio de la agencia
oficiosa, deben constatarse de manera puntual los siguientes requisitos: (i)
que el directamente afectado se encuentre imposibilitado para interponer
directamente la acción y (ii) una manifestación expresa donde conste que se
obra en calidad de agente oficioso. Solo cuando
estos dos requisitos sean satisfechos, se afirma que el agente goza de
legitimación por activa para agenciar los derechos fundamentales de su titular.
LEGITIMACION
POR ACTIVA-Agencia oficiosa en materia de población
desplazada
PRINCIPIO DE
INMEDIATEZ-Juez debe analizar si tardanza en
interposición de tutela está suficientemente justificada
PRINCIPIO DE
INMEDIATEZ FRENTE A POBLACION DESPLAZADA-Flexibilidad
PRINCIPIO DE
INMEDIATEZ FRENTE A POBLACION DESPLAZADA-Inaplicación
cuando vulneración de derechos de desplazado persiste en el tiempo
La Sala encuentra que pese a que los hechos ocurrieron
en el año 2009, la vulneración de los derechos del agenciado, ha permanecido en
el tiempo, y en tanto no se haya resuelto, la condición desfavorable del
accionante es actual. Es decir, la vulneración ha sido continua. Se viene
produciendo desde el momento de acaecimiento de los hechos generadores de la
violación. Adicionalmente, no puede olvidarse, que el juez de tutela debe ser
sensible a las condiciones especiales de vulnerabilidad, exclusión,
marginalidad y precariedad en las que se encuentran aquellas personas en
situación de desplazamiento y discapacidad a causa de la violencia. En este sentido, se trata de una población especialmente protegida
que se encuentra en una situación dramática y de continua vulneración de sus derechos
fundamentales por haber soportado cargas excepcionales y, cuya protección es
urgente para la satisfacción de sus necesidades más apremiantes.
ACCION DE
TUTELA PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACION
DESPLAZADA-Procedencia
Las
particulares condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentra el
accionante en su condición de persona víctima de la violencia, situación de
desplazamiento y discapacidad y por ende, la urgencia que existe para la
satisfacción de sus necesidades más apremiantes, permiten concluir que los
mecanismos judiciales ordinarios no son eficaces para acceder a la prestación
solicitada. Precisamente, dicha prestación, denota una naturaleza especial,
pues busca de un lado, mitigar el impacto que surge de una situación
generalizada de violencia y por otro lado, dar cumplimiento al deber
constitucional del Estado Colombiano de aminorar tal situación.
VICTIMA DE
CONFLICTO ARMADO INTERNO-Término para solicitud de ayuda humanitaria/VICTIMA DE CONFLICTO
ARMADO INTERNO-Ayuda humanitaria a partir de cese de fuerza mayor o
caso fortuito
DERECHO AL
MINIMO VITAL DE POBLACION DESPLAZADA VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO-Vulneración cuando entidad encargada niega reconocimiento de
indemnización por incapacidad permanente, argumentando extemporaneidad en la
reclamación, sin tener en cuenta que se debe a sus mismas condiciones de
vulnerabilidad
POBLACION
DESPLAZADA-Principio de favorabilidad en
interpretación de normas
Las autoridades están obligadas a interpretar y aplicar
las disposiciones de manera tal que resulte más favorable a la protección de
los grupos en extremo vulnerables y siempre valorarlas en su beneficio. Una interpretación contraria, no resultaría armoniosa con los
intereses de la población que se busca proteger para reclamar la protección
especial o reforzada que el Estado les debe otorgar. En cuanto a las víctimas de la violencia en el marco del conflicto armado
interno, esta Corporación ha determinado que
las disposiciones legales relacionadas con este grupo de personas, deben
interpretarse tomando en cuenta el principio de
favorabilidad, el principio de buena fe así como el principio de prevalencia
del derecho sustancial propio del Estado Social de Derecho.
DERECHO DE
PERSONA DESPLAZADA A RECIBIR INFORMACION-Deber del
Estado de brindar información oportuna y completa sobre beneficios y ayudas a
que tienen derecho en su condición de sujetos de especial protección
Actualmente,
persisten importantes falencias en cuanto al acceso a
la información por parte de grupos especialmente protegidos, quienes desconocen
las ayudas ofrecidas por parte del Estado, los bienes y servicios que dichas
ayudas contienen, los trámites que han de realizarse, los documentos que deben
ser aportados para acceder a éstas, el tiempo de la entrega , los criterios que
se tienen en cuenta para su asignación o rechazo, las razones por las cuales en
ocasiones éstas se niegan, y las instituciones o lo operarios responsables a
cargo de su trámite y entrega. En cabeza del Estado existe un deber de informar
y orientar de manera oportuna y completa, a quienes por sus especiales
condiciones de vulnerabilidad desconocen la manera como hacer efectiva la
protección y satisfacción oportuna de sus derechos fundamentales y los deberes
a cargo de las autoridades respecto de la especial protección que han de
recibir. La ausencia de tal información
disminuye y obstaculiza las posibilidades de superación de este grupo de
personas y conduce a una situación de desprotección en la satisfacción cierta y
efectiva de sus derechos fundamentales.
DERECHOS DE
POBLACION DESPLAZADA-Ordenar a Unión Temporal
otorgar ayuda humanitaria a la que tiene derecho como víctima del conflicto
armado
Referencia: expediente T-3862672
Acción de tutela
presentada por Clara Rocío Wilches Flórez en calidad de agente oficioso de José
Alexander Ospina Cortés contra la
Unión Temporal Nuevo FOSYGA antes FIDUFOSYGA 2005.
Magistrada
Ponente:
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de
dos mil trece (2013).
La Sala Primera de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados María
Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Luís Guillermo Guerrero
Pérez, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo
proferido, en primera instancia por el Juzgado Sesenta y Uno Civil Municipal de
Bogotá, el seis (06) de febrero de dos mil trece (2013) y en segunda instancia
por el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Bogotá, el doce (12) de marzo
del año en curso, dentro de la acción de tutela promovida por Clara Rocío Wilches
en calidad de agente oficioso de José Alexander Ospina Cortés contra la
Unión Temporal, Nuevo FOSYGA.
El expediente de la referencia fue
seleccionado para revisión por medio de Auto del veintiocho (28) de junio de
dos mil trece (2013), proferido por la Sala de Selección Número Seis.
I. ANTECEDENTES
La señora Clara Rocío Wilches en su calidad
de agente oficioso del señor José Alexander Ospina Cortés, al pertenecer a una
asociación denominada “Instituto Grupo Derechos Pensar”, encargada de
ayudar a las víctimas de las minas anti persona, presentó acción de tutela
contra la
Unión Temporal Nuevo FOSYGA, al considerar vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad de su representado, frente a la
negativa de la entidad demandada en resolver de fondo la petición por medio de
la cual se solicita la “indemnización por incapacidad permanente” a la
que cree tener derecho en su condición de víctima del conflicto armado,
aduciendo para ello la extemporaneidad en la presentación de la misma.
Expone la peticionaria, que el señor Ospina
Cortés, además de encontrarse en situación de desplazamiento por la violencia, presenta
en la actualidad una discapacidad originada en la explosión de una mina
antipersonal que implicó la pérdida funcional de su ojo derecho y que le generó
una disminución de la capacidad laboral del 20.35%; razones que se estiman como
suficientes para proceder al reconocimiento pretendido.
1. Hechos
1.1. El señor José Alexander Ospina Cortés
es una persona en situación de desplazamiento a causa de la violencia desde el
mes de agosto del año 2004. Residía en la vereda La
Floresta del municipio de Uribe, Meta.
1.2. El día tres (03) de abril de dos mil
nueve (2009), en la Vereda donde habitaba, el peticionario fue víctima de una
mina anti persona como consecuencia del conflicto armado que vive el país.
1.3. A raíz de lo ocurrido, el señor Ospina
Cortés fue diagnosticado con “perturbación funcional del globo ocular
derecho de carácter permanente” y una pérdida de la capacidad laboral del
20.35%.[1]
1.4. Expone la accionante, que tras
desconocer los beneficios y la ayuda humanitaria que ofrecía el Estado
Colombiano a aquellas personas víctimas de la violencia y atendiendo su
condición física y de desplazado, en el año 2012 inició los trámites
correspondientes para ser beneficiario de las prerrogativas estatales,
otorgadas en esa oportunidad por FIDUFOSYGA hoy Nuevo FOSYGA y por Acción
Social. [2]
1.5. Para ese momento, el peticionario ya contaba
con múltiples documentos que lo acreditaban como desplazado, entre ellos el
certificado en el que se hacía constar su condición de víctima de un artefacto
explosivo a raíz de un atentado terrorista, el dictamen emitido por el
Instituto de Medicina Legal de la ciudad de Villavicencio, Meta, donde en
efecto le diagnosticaban “atrofia permanente del globo ocular derecho a
causa del estadillo del mismo en razón de una mina antipersona (MAP)[3]
, el dictamen de incapacidad emitido por la
Junta de Calificación de Invalidez del Meta[4]
e incluso la denuncia interpuesta ante la
Seccional de Policía Judicial del Meta por los hechos acaecidos el día tres
(03) de abril de 2009.
1.6. Después de reunir la referida
documentación, el peticionario presentó ante la entidad accionada la
correspondiente solicitud de reconocimiento de la indemnización otorgada por el
Estado. No obstante, tras varios intentos de radicación de la documentación
necesaria para tal fin, la
Unión Temporal Nuevo FOSYGA, aludiendo siempre, la extemporaneidad de las
peticiones, la falta de presentación personal de la víctima o la carencia de
los documentos originales, negó de manera reiterada la pretensión del
accionante.
1.7. Frente a la renuencia de la entidad
demandada, el nueve (9) de marzo de dos mil doce (2012), el  accionante
procedió a enviar nuevamente por correo certificado la documentación requerida con
el único propósito de obtener una respuesta de fondo a su solicitud. El 18 de
abril de 2012, la
Unión Temporal Nuevo FOSYGA, negó el reconocimiento de la indemnización, fundamentando
su decisión nuevamente en la extemporaneidad de la documentación aportada. [5]
1.8. Con base en lo anterior, el accionante
por conducto de agente oficioso perteneciente a una asociación denominada “Instituto
Grupo Derechos Pensar”, encargada de ayudar a las víctimas de las minas
anti persona, presenta acción de tutela, solicitando el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad, y en consecuencia, pide se conceda
el amparo deprecado.
2. Respuesta de la entidad demandada
El señor Jhon Eduardo Mora Galindo, en su
calidad de representante legal suplente de la
Unión Temporal Nuevo FOSYGA[6],
solicitó en su escrito de contestación, se negara por improcedente la presente
acción de tutela toda vez que (i) no existe conculcación alguna de los derechos
fundamentales del accionante, (ii) la
Unión Temporal Nuevo FOSYGA cumplió con la obligación de realizar la recepción
de la solicitud presentada por el señor José Alexander Ospina Cortés y procedió
a darle respuesta al peticionario mediante comunicación DP-0256-2012 del dieciocho
(18) de abril de dos mil doce (2012), la cual incluso se anexa junto con la
copia de la guía de envió, por lo que en ningún momento se han violado los
derechos fundamentales del tutelante, (iii) aún cuando el peticionario invoca
la presunta vulneración del derecho al debido proceso por parte de la
Unión Temporal, ello no implica que se esté infringiendo el mismo, toda vez,
que es responsabilidad de la entidad hacer cumplir la normatividad que rige
para la aprobación de las reclamaciones que se presenten ante esta, con el fin
de proteger los recursos del sistema de seguridad social en salud, según lo
establece el Decreto Ley 1281 de 2002, artículo 15, (iv) en este orden de
ideas, todas las reclamaciones presentadas con cargo a los recursos de la
Subcuenta ECAT, deben cumplir los requisitos tanto formales como legales , y
solo en el caso en que estos se encuentren reunidos, la
Unión Temporal Nuevo FOSYGA efectúa la aprobación documental y posterior
auditoria externa , previa a la expedición de la respectiva ordenación de gasto
y autorización de giro por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.[7]
Frente al caso concreto, la entidad expuso
en el referido escrito que:
“El plazo
dentro del cual el señor JOSÉ ALEXANDER OSPINA CORTÉS, debía presentar la
reclamación para obtener el pago de la indemnización pretendida, estaba
comprendido entre el 03 de abril de 2009, fecha en la cual
ocurrió el evento terrorista (Mina antipersona), hasta el 03 de abril de
2010, fecha en la cual se cumplía el término establecido por la ley,
plazo que a la fecha de presentación de la solicitud el 03 de marzo de
2012, se encontraba ampliamente vencido, no obstante al revisar la
certificación de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta
aportada por el peticionario, se evidenció que ésta fue expedida el 23 de
agosto de 2011, término que de igual forma se encontraba vencido”.[8]
Con fundamento en lo anterior, finaliza
la entidad manifestando que:
“La
extemporaneidad no es subsanable y la
Unión Temporal Nuevo FOSYGA no tiene posibilidad legal de tramitar la
reclamación para el reconocimiento y pago de la indemnización por incapacidad
permanente del señor JOSÉ ALEXANDER OSPINA, toda vez que se han superado los
términos establecidos en el artículo 13 del Decreto 1281 de 2002, en
concordancia con la Circular 048 del 25 de septiembre de 2003, proferida por el
Ministerio de la Protección Social”. [9]
3. Decisiones que se revisan
3.1 Sentencia de Primera instancia
El Juzgado Sesenta y Uno Civil Municipal de
Bogotá, mediante fallo del seis (06) de febrero de dos mil trece (2013),
resolvió negar por improcedente el amparo impetrado por la señora Clara Rocío
Wilches en su calidad de agente oficioso del señor José Alexander Ospina Cortés.
El Juez de instancia manifestó que “del
acervo probatorio aportado al proceso,  tiénese (SIC) que el señor José
Alexander Ospina Cortés, le fue dada respuesta a la solicitud elevada el 9 de
marzo de 2012, como consta a folio 41 y 42 del expediente, mediante la cual se
le niega la reclamación de la indemnización  por incapacidad permanente, por
cuanto los documentos fueron presentados de manera extemporánea, conforme lo establece
el numeral 2, literal c, de la
Circular Externa 048 de 2003, mediante la cual se establece el término para
efectuar las reclamaciones por indemnizaciones por incapacidad permanente; la
cual a consideración de este estrado judicial estuvo bien denegada por la
accionada, teniendo en cuenta que no cumplió con el lleno de los requisitos
establecidos en la mencionada norma para el acceso a la indemnización.”
Finalmente el Juez de instancia sostuvo: “las
circunstancias especificas para la procedencia de la tutela en este caso, aún
como mecanismo transitorio no se configuran, pues no se vislumbra la ocurrencia
o configuración de un perjuicio irremediable cuya inminencia, urgencia o
gravedad hagan necesaria la aplicación de este mecanismo residual de manera
excepcional, teniendo en cuenta que desde la negativa de la accionada hasta la
fecha de la presentación de la tutela han transcurrido 9 meses”.
3.2 Impugnación
Dentro de la oportunidad legal, la señora
Clara Roció Wilches, en calidad de agente oficioso del señor José Alexander
Ospina Cortés, impugnó la decisión de primera instancia, solicitando como
primera medida se revocará el fallo recurrido y en su lugar se concediera el
amparo del derecho fundamental al debido proceso de su representado.
Según el accionante, el juez de instancia
incurrió en una serie de inconsistencias toda vez que (i) no tuvo en cuenta las
condiciones particulares de vulnerabilidad del señor José Alexander Ospina que
suponían un trato diferenciado y más favorable por parte de las autoridades
(ii) desconoció que la situación de salud y la condición de desplazado del
peticionario, le impidieron conocer de manera oportuna los beneficios y ayudas
otorgadas por el Estado a las personas víctimas de la violencia y (iii) los
argumentos esgrimidos para negar el amparo impetrado, se fundamentaron en
consideraciones puramente formales que desconocieron la existencia del derecho
sustancial e implicaron la imposición de cargas injustificadas.[10]
3.3. Sentencia de segunda instancia
El Juzgado Veintiuno Civil del Circuito
de Bogotá, mediante sentencia del doce (12) de marzo de dos mil trece (2013), confirmó
el fallo de instancia.
En concepto del Juez Constitucional, “no
se puede afectar la subcuenta ECAT del FOSYGA, la cual podría verse
desnaturalizada al variar los fundamentos que la sustentan, al ordenar que
conceda dicho subsidio a una persona que no elevó sus pedimentos en
oportunidad, desconociendo el derecho a la igualdad que le asiste a quienes
plantearon sus solicitudes en oportunidad.”
“ Así las cosas, en este caso, la
entidad demandada se encontraba habilitada para determinar que el señor Ospina
Cortés no podía ser beneficiario de la indemnización otorgada a quienes son
víctimas de actos terroristas, porque existe un claro fundamento normativo que
impide la concesión del mencionado subsidio. Dicho en otros términos, se está,
entonces ante una actuación legítima de una autoridad administrativa, a la cual
no se le puede imputar vulneración de derecho fundamental alguno y quien
proporcionó la respuesta en forma oportuna a la solicitud elevada por el
tutelante.”
Concluye el Despacho manifestando que (i)
la situación del actor por si sola no amerita un tratamiento diferencial
prioritario diferente al de su condición de desplazado, (ii) es deber del
ciudadano como integrante del conglomerado social, conocer las disposiciones
bajo las cuales se rige la Nación, ya que ellas son la herramienta para la
solución de conflictos que se suscitan ante el eventual desconocimiento de
derechos y (iii) no se estructura en el caso concreto, trasgresión de alguna
prerrogativa de carácter fundamental del actor.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es
competente para revisar el fallo de tutela de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 86 y 241, numeral 9º de la
Constitución, y 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991.
2. Planteamiento del caso y problema
jurídico
2.1. La señora Clara Rocío Wilches
Flórez en su calidad de agente oficioso del señor José Alexander Ospina Cortés,
presentó acción de tutela contra la
Unión Temporal Nuevo Fosyga, al considerar que la falta de reconocimiento de
la “indemnización por incapacidad permanente” a la que tiene derecho su
representado en su condición de víctima de la violencia, generó un
desconocimiento flagrante de sus derechos fundamentales a la igualdad y al
debido proceso.
Expone la peticionaria, que la entidad
accionada, además de no resolver de fondo la petición presentada, fundó su
negativa en argumentos puramente formales relacionados con la presentación
extemporánea de la documentación que se requiere para acceder a dichas
prerrogativas estatales, desconociendo de esta manera, las condiciones
especiales que rodeaban la situación fáctica del señor Ospina Cortés.
2.2. Por su parte, la
Unión Temporal Nuevo Fosyga, manifestó que es responsabilidad de la entidad
hacer cumplir la normatividad que rige para la aprobación de las reclamaciones
como las presentadas por el peticionario, frente a lo cual se exige el
cumplimiento integro de los requisitos tanto formales como legales. En este
orden de ideas, la extemporaneidad en la presentación de la documentación
requerida para tal fin no es subsanable, lo que de plano impide el
reconocimiento de lo pretendido.
2.3. En este contexto, le corresponde a la
Sala examinar el siguiente problema. ¿Vulnera el derecho fundamental al debido
proceso, una entidad pública encargada del pago de las indemnizaciones que
otorga el estado a quienes han sido víctimas del conflicto, al negarse a
reconocer dicho beneficio a una persona en condición de desplazamiento y discapacidad
originada en la violencia (explosión de una mina antipersonal que le generó la
pérdida funcional de su ojo derecho), aduciendo para ello la extemporaneidad en
la presentación de la documentación requerida para tal fin?
2.4. Para dar solución
al problema jurídico planteado, en primer lugar, la
Sala verificara (i) la legitimación por activa de la señora Clara Roció
Wilches Flórez en su calidad de agente oficioso del señor José Alexander Ospina
Cortés y (ii) el cumplimiento del requisito de inmediatez, como argumento
invocado por el juez de primera instancia para negar el amparo invocado. Posteriormente,
abordará la procedencia de la acción de tutela para
reclamar la protección de las personas en situación de desplazamiento y de las
víctimas de la violencia originada en el conflicto armado. Seguidamente se examinarán los casos en que una entidad
pública encargada de administrar y reconocer las ayudas estatales a sujetos en condiciones manifiestas de vulnerabilidad, desconoce
la especial protección a la que tienen derecho, al negar el reconocimiento de
tales prerrogativas invocando la extemporaneidad en el agotamiento de las
gestiones requeridas para tal fin. Para terminar, se entrará a resolver el caso en concreto. Se plantearán
algunas consideraciones adicionales para finalmente exponer la conclusión.
3. Legitimación
por activa de la señora Clara Roció Wilches Flórez en su calidad de agente
oficioso del señor José Alexander Ospina Cortés.
3.1. De conformidad con el inciso 1º del
artículo 86 de la
Constitución Política,  la acción de tutela puede ser instaurada por la
persona directamente afectada o por quien actúe en su nombre.[11]  De igual
manera, el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991, establece: [l]a acción de
tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por
sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También
se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra,
deberá manifestarse en la solicitud (…).” (Subraya la
Sala)
De los artículos citados, se deriva la
posibilidad de que la demanda de tutela sea instaurada por quien si bien no es
el titular de los derechos amenazados o vulnerados, si ostenta
un interés legítimo para solicitar el amparo de los derechos de otra persona. Así por ejemplo, para el ejercicio de la agencia oficiosa[12], deben constatarse de manera puntual los siguientes requisitos:
(i) que el directamente afectado se encuentre imposibilitado para interponer
directamente la acción y (ii) una manifestación expresa donde conste que se
obra en calidad de agente oficioso. Solo cuando estos
dos requisitos sean satisfechos, se afirma que el agente goza de legitimación
por activa para agenciar los derechos fundamentales de su titular.[13]
3.2.
Para el caso concreto, se cumplen los requisitos constitucionales para el
ejercicio de la agencia oficiosa. En efecto, (i) la accionante manifestó
explícitamente en su escrito de demanda que está actuando en nombre del señor
José Alexander Ospina Cortés, como miembro activo de una asociación denominada “Instituto
Grupo Derechos Pensar” que se encarga de ayudar a las víctimas de las minas
anti persona[14]
y (ii) afirma que él no puede instaurar la acción de tutela a nombre propio,
comoquiera que según se extrae del escrito de tutela, el señor Ospina Cortés es
una persona de escasos recursos, domiciliado en una vereda del municipio de
Uribe, Meta, discapacitado a causa de una mina antipersonal y desplazado desde
el año 2004, afirmaciones que ni siquiera fueron
cuestionadas por la accionada, de manera que deben tenerse por ciertas. Finalmente, el agenciado no hizo manifestación alguna de no querer
que la acción se interponga en su nombre, ni existe ninguna evidencia dentro de
las pruebas disponibles de tal ausencia de voluntad.
En
estas condiciones, la Sala reconoce el derecho que tiene la accionante de
promover la presente acción de tutela, pues tiene un interés legítimo y actual
para promover la misma en aras de buscar la protección inmediata de los
derechos fundamentales de un sujeto de especial protección constitucional. En
consecuencia, se configura en el presente caso la legitimación por activa y se torna procedente la
presente acción de tutela.
4. Inmediatez
4.1. Dentro de los argumentos esgrimidos
por el juez de primera instancia para negar la tutela, se encontraba aquel
atinente al requisito de la inmediatez. Para el Juzgado
Sesenta y Uno Civil Municipal de Bogotá, “las circunstancias específicas
para la procedencia de la tutela en este caso, aún como mecanismo transitorio
no se configuran, pues no se vislumbra la ocurrencia o configuración de un
perjuicio irremediable cuya inminencia, urgencia o gravedad hagan necesaria la
aplicación de este mecanismo residual de manera excepcional, teniendo en
cuenta que desde la negativa de la accionada hasta la fecha de la presentación
de la tutela han transcurrido 9 meses.” (Subraya la
Sala).
4.2. Así las cosas, otro de los
requisitos de procedencia de la acción de tutela derivado del artículo 86 de la
Constitución es su interposición en un lapso
razonable y proporcionado a partir del hecho que dio lugar a la vulneración
alegada.[15]
Al respecto ha dicho la Corte que con tal requisito se
pretende evitar que la acción de tutela se emplee como una “herramienta que
premia la desidia, negligencia o indiferencia de los actores, o se convierta en
un factor de inseguridad jurídica.[16]
La Corte ha
precisado que para efectos de establecer si el requisito de la inmediatez se
cumple, el juez debe constatar: “1) si existe un motivo
válido para la inactividad de los accionantes; 2) si esta inactividad
injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados
con la decisión y 3) si existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de
la acción y la vulneración de los derechos de los interesados.”[17]
4.3. En el caso concreto, debemos precisar
lo siguiente: (i) Con ocasión de la explosión de una
mina antipersona, el señor José
Alexander Ospina Cortés le fue diagnosticado una perturbación funcional del
globo ocular derecho de carácter permanente como consecuencia de la pérdida del
mismo.[18]
Además la explosión le generó otras secuelas que hicieron que tuvieran que
hospitalizarlo por un tiempo largo, (ii) es una persona en condición de
desplazamiento desde el año 2004,[19](iii)
ha presentado la solicitud de ayuda en dos oportunidades, y esta le ha sido
negada por la extemporaneidad de las peticiones. (iv) Varias son las razones que podrían
aducirse para justificar válidamente la inactividad del accionante, según la
jurisprudencia constitucional: (i) la ocurrencia de un
suceso de fuerza mayor o caso fortuito; (ii) la incapacidad del actor para
ejercer oportunamente la defensa de sus derechos; (iii) la existencia de una
amenaza grave e inminente que resulte urgente conjurar de manera inmediata
mediante la acción interpuesta; (iv) la ocurrencia de un hecho completamente
nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente las circunstancias
previas y que justifique la tardanza en el ejercicio de los derechos; (v) la
permanencia de la vulneración es constante en el tiempo, es decir, la situación
desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es
actual; y (vi) la especial situación de aquella persona
a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales (estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otras),
convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un
juez.[20]
4.4. La Sala
encuentra que pese a que los hechos ocurrieron en el año 2009, la vulneración
de los derechos del señor José Alexander Ospina Cortés, ha permanecido en el
tiempo, y en tanto no se haya resuelto, la condición desfavorable del accionante
es actual. Es decir, la vulneración ha sido continua. Se viene produciendo
desde el momento de acaecimiento de los hechos generadores de la violación.
Adicionalmente, no
puede olvidarse, que el juez de tutela debe ser sensible a
las condiciones especiales de vulnerabilidad, exclusión,
marginalidad y precariedad en las que se encuentran
aquellas personas en situación de desplazamiento y discapacidad a causa de la
violencia. En este sentido, se trata de una población
especialmente protegida que se encuentra en una situación dramática y de
continua vulneración de sus derechos fundamentales por haber soportado cargas
excepcionales y, cuya protección es urgente para la satisfacción de sus
necesidades más apremiantes.
Así
las cosas, la actuación desplegada por los jueces de tutela, resultó contraria
a los postulados de un Estado social de derecho, al abstenerse de proteger los
derechos de una persona que ha sufrido las consecuencias del conflicto aduciendo
para ello argumentos puramente formales que generaron para el peticionario una
situación de indefensión y desprotección prolongada en el tiempo. Dicha interpretación es restrictiva, incompleta y viola el principio de
favorabilidad y la preeminencia del derecho sustancial.
El juez de tutela no puede invocar circunstancias
formales, no provenientes de omisión de los afectados y ajenas a su voluntad
para negar la protección de los derechos fundamentales de las personas en
extremas condiciones de vulnerabilidad, tal como ocurre en el caso concreto.
5.
Procedencia de la acción de tutela para reclamar la protección de los derechos
fundamentales de las personas en situación de desplazamiento y de las víctimas
de la violencia originada en el conflicto armado
5.1.
La acción de tutela procede de forma principal cuando la persona no tenga a su
disposición un medio de defensa judicial de los derechos fundamentales; o
cuando lo tiene pero es inadecuado para proteger esos derechos; y en principio
de forma transitoria cuando el otro medio es adecuado pero no lo suficiente
como para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable (art. 86,
C.P.). Pues bien, según la jurisprudencia de la Corte[21], en el caso
de las personas desplazadas, y también de quienes han sido víctimas de la
violencia originada en el conflicto armado, la acción de tutela es el medio de
defensa judicial pertinente e idóneo[22]
(especialmente cuando se persigue la obtención de asistencia humanitaria)
porque dada la situación de extrema vulnerabilidad en la cual suelen
encontrarse, el amparo es el único “mecanismo que resulta idóneo y eficaz
para defender sus derechos fundamentales ante una actuación ilegítima de las
autoridades encargadas de protegerlos”.[23]
5.2.
Para el caso concreto, las
particulares condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentra el
accionante en su condición de persona víctima de la violencia, situación de
desplazamiento y discapacidad y por ende, la urgencia que existe para la
satisfacción de sus necesidades más apremiantes, permiten concluir que los
mecanismos judiciales ordinarios no son eficaces para acceder a la prestación
solicitada. Precisamente, dicha prestación, denota una naturaleza especial,
pues busca de un lado, mitigar el impacto que surge de una situación
generalizada de violencia y por otro lado, dar cumplimiento al deber
constitucional del Estado Colombiano de aminorar tal situación.
6. Una entidad pública encargada de administrar y reconocer las ayudas
estatales a sujetos en condiciones manifiestas de vulnerabilidad, desconoce la
especial protección a la que tienen derecho, cuando niega el reconocimiento de
tales prerrogativas invocando la extemporaneidad en la reclamación, aún cuando
ello se debe a sus mismas condiciones de vulnerabilidad.
6.1.
Cabe resaltar, que esta Corporación ya ha estudiado casos de personas a quienes
se les ha negado el reconocimiento de las ayudas humanitarias por no haber
realizado de manera oportuna las gestiones y actuaciones necesarias que se
requieren para tal fin, aún cuando la supuesta inactividad de los peticionarios
se encuentra justificada en sus mismas condiciones de vulnerabilidad. [24]
6.2.
La Corte Constitucional en sentencia C-047 de 2001,[25]
examinó la constitucionalidad del artículo 16 de la
Ley 418 de 1997, "Por la cual se consagran unos instrumentos para la
búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras
disposiciones”. A juicio del ciudadano demandante, el término de un año
para solicitar la ayuda humanitaria que el Estado brinda a las víctimas del
conflicto armado era inconstitucional, por cuanto desconocía que la mayoría de
las personas que podían ser beneficiarias de la disposición se encontraban
desplazadas y no tenían conocimiento de ella. Por esta razón, la caducidad de
la acción se convertía en una negación de la protección estatal, desconociendo
así el principio de solidaridad.
En
esta ocasión, la Sala Plena tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre
la forma como debía interpretarse el término para solicitar la asistencia
humanitaria que el Estado brindaba a las víctimas del conflicto armado. En un
primer acercamiento al asunto, se estableció que, en principio, el plazo
estipulado por el legislador (1 año desde el momento en que se produjo el
hecho) para reclamar las ayudas era razonable, y no desconocía ni hacía
nugatorios los derechos fundamentales de los desplazados, comoquiera que el
objetivo de la medida era atender de manera urgente las
necesidades de las víctimas del conflicto armado y facilitar la debida y
oportuna planeación de los gastos públicos teniendo en cuenta que el
presupuesto del Estado debía planificarse y ejecutarse anualmente. Sin embargo, la Corte precisó que no podía desconocerse que el conflicto armado colombiano generaba desplazamiento de campesinos
y enormes dificultades para proveer la seguridad a sectores de la población,
por lo que en ocasiones las víctimas de la confrontación armada debían
marginarse para no ser amenazadas. Así las cosas, resultaba evidente para la
Corte, que dada la complejidad e intensidad de la controversia armada que
ocurría en nuestro medio, muchos destinatarios de la ayuda humanitaria, no
podían, por razones de fuerza mayor o caso fortuito, acudir ante la autoridad
correspondiente para solicitarla. Por lo tanto, era diferente la situación de
quienes podían acceder a las autoridades y quienes no lo hacían por encontrarse
inmersos en hechos de fuerza mayor o caso fortuito, por lo que la exclusión de
dichas circunstancias como condiciones relevantes para la solicitud de la ayuda
humanitaria, era discriminatoria. Con fundamento en lo anterior, declaró: “EXEQUIBLE
la expresión "siempre que la solicitud se eleve dentro del año
siguiente a la ocurrencia del hecho", contenida en el artículo 16 de la
Ley 418 de 1997, bajo el entendido de que el término de un año fijado por el
Legislador para acceder a la ayuda humanitaria, comenzará a contarse a partir
del momento en que cese la fuerza mayor o el caso fortuito que impidieron
presentar oportunamente la solicitud”.
6.3. En la Sentencia T-136 de 2007 (MP. Jaime Córdoba
Triviño), la Corte Constitucional le ordenó a Acción Social inscribir en el
Registro Único de Población Desplazada, a una persona que declaró sobre su
situación después de haber pasado la oportunidad de un año establecida por la
ley, pues consideró que existían suficientes elementos para juzgar como fuerza
mayor las circunstancias a las cuales se vio sometida.
En aquel caso, el 23 de septiembre de 2004,
la accionante solicitó a Acción Social la entrega de la asistencia humanitaria
a la que tenía derecho por estar inscrita en el RUPD. No obstante, debido a la
falta de información de la entidad y las dificultades para obtener la
documentación requerida[26],
le fue imposible presentar la solicitud dentro del término legal. La entidad
accionada negó la solicitud presentada aduciendo para ello la extemporaneidad
en su presentación según la Ley que estipulaba el término para realizar la
solicitud de la asistencia humanitaria. A juicio de la accionante, Acción Social
vulneró su derecho fundamental al mínimo vital por no tener en cuenta su
situación de persona de especial protección, dada su condición de doble
desplazamiento, y no atender su solicitud de ayuda humanitaria en forma
oportuna.
Para
dar solución al problema jurídico planteado, la
Corte consideró que:
“Las personas en situación de desplazamiento forzado pueden verse
enfrentadas a situaciones extraordinarias que les impiden o dificultan  el
acceso a las autoridades. Si esta situación se presenta, los jueces no pueden
ser insensibles a ella a la hora de valorar el alcance de conceptos como
“fuerza mayor” o “caso fortuito”. [27]
Para
la Corte, el temor que le ocasionaba a la peticionaria
volver a su lugar de origen, implicó que esta se abstuviera de solicitar
directamente el documento que consideraba necesario para acudir a Acción
Social. De esta manera, la accionante no acudió con antelación a la entidad, pues
se encontraba a la espera de un documento que entendía era necesario para el
trámite. Así las cosas, la espera entonces no se debió a negligencia o incuria
de la actora, por ende “la interpretación de los jueces de instancia no es
sensible a estas situaciones y se limita a aplicar de forma inflexible una
disposición que si no se abre a la situación especial de la población víctima
de la violencia, puede terminar por hacer nugatorios sus derechos
fundamentales.”[28]
La Sala Tercera de Revisión, concedió el amparo invocado y le ordenó a
Acción Social dar trámite a la solicitud formulada por la actora con el fin de
establecer si en este caso la peticionaria tenía derecho a la protección y
atención especial a favor de las personas desplazadas.
6.4.
En la sentencia T-044 de 2010 (M.P Maria Victoria Calle Correa), la Corte estudió
varias acciones de tutela presentadas por personas en condiciones manifiestas
de vulnerabilidad, especialmente a causa del desplazamiento y del conflicto
armado. Allí, la Sala Primera de Revisión abordó, entre otras, una acción de
tutela, en la que el problema jurídico se relacionaba con la extemporaneidad de
la declaración de desplazamiento y la solicitud de ayuda humanitaria de las
víctimas del conflicto. En este caso, se le negó a la tutelante así como a su
núcleo familiar, las ayudas humanitarias a las que tenía derecho por su
condición. La razón fue esencialmente que las ayudas deprecadas estaban
limitadas en principio, dentro del año siguiente a la ocurrencia del hecho que
la hacía considerarse víctima, y en el caso concreto la accionante había solicitado
la ayuda mucho después de haber pasado un año, contado desde que ocurrieron los
hechos que motivaron la reclamación.
Para
dar solución al problema jurídico planteado, la
Corte realizó como primera medida, una descripción de las normas relativas al
reconocimiento de la asistencia humanitaria de quienes son víctimas de la violencia
y las diferentes consecuencias derivadas del límite temporal que estas
consagraban para su correspondiente reclamación. Sobre este último punto, la
Corporación sostuvo:
“Si bien las víctimas de la violencia originada en el conflicto
armado y del desplazamiento forzado tienen un año para iniciar los trámites
encaminados a la obtención de la ayuda humanitaria, ese término deja de correr
cuando la persona se ve sometida a una fuerza mayor. Con todo, como lo ha
señalado esta Corte, la concurrencia o no de una fuerza mayor debe ser
examinada según los principios de buena fe y favorabilidad, de modo que no se
conviertan en cargas probatorias demasiado exigentes para personas, como las
víctimas de la violencia política y los desplazados, que están en un estado de
precariedad y abandono tan altos.”
A contrario
sensu, respecto de la acción de tutela interpuesta por una de las víctimas,[29]
la Corte consideró que la narración de los hechos  indicaba de modo suficiente
que había tenido razones poderosas para no efectuar la solicitud de ayuda
humanitaria dentro del tiempo formalmente establecido. En efecto, existían indicios
de que la accionante con ocasión de la violación masiva de que había sido
víctima por seis miembros de las AUC, que incluso le rociaron ácido, la retención
ese día por las mismas personas, tortura y posterior asesinato de su hijo de 15
años, y la exigencia para tener que desplazarse  y vender su casa en el pueblo
y su parcela rural por muy poco dinero con cuatro hijos  y uno en gestación
producto de tal violación, no había conservado a plenitud sus facultades
mentales desde que ocurrieron los hechos, y durante todo este tiempo, permaneció
saliendo y entrando a hospitales, que le procuraron tratamiento psiquiátrico
básico, el que requirió  debido precisamente al conjunto de actos perpetrados
en contra suya y de los suyos. Por ello, la
Corte concluyó que durante todo este tiempo, la tutelante había estado sometida
a una fuerza irresistible, por tanto la tardanza en la solicitud de la ayuda
humanitaria estaba justificada.[30]
Por esta razón, la Corte tuteló el derecho fundamental al mínimo vital de la
peticionaria y le ordenó a la
Agencia Presidencial para la
Acción Social y la
Cooperación Internacional – Acción Social, que realizará todas las gestiones
necesarias para entregarle a la actora, la ayuda humanitaria solicitada, y la
orientara adecuadamente para que pudiera acceder a los demás programas de
atención para población víctima de la violencia y el conflicto armado.
6.5.
En consecuencia, suponer que el Estado solo puede ayudar a las personas en
condiciones manifiestas de vulnerabilidad a causa del desplazamiento o incluso
del conflicto armado, inmediatamente después de haber soportado cargas
excepcionales y no luego de que ha pasado un tiempo suficiente para que
recuperen su capacidad de afrontar la realidad, “es responder con indolencia
y apatía ante el sufrimiento atroz”, al que “el Estado debe responder
con solidaridad en casos que suponen la carga de un daño interior de inmensa
magnitud, y tolerar tiempos amplios de duelo y aceptación de lo ocurrido, pues
es natural que en esos eventos, y al menos durante un tiempo, las víctimas no
sientan la necesidad de las ayudas materiales, ni quieran tampoco rememorar
acontecimientos tan trágicos en escenarios públicos.”[31]
6.6. El establecimiento de términos para que las víctimas
del conflicto armado soliciten las ayudas otorgadas por el Estado y en general
para que las personas busquen el reconocimiento de ciertos beneficios o prerrogativas
de diferente naturaleza, encuentra respaldo constitucional en tanto con ello se
busca otorgar un alto grado de seguridad jurídica a los administrados y la efectividad
de los derechos y deberes consagrados en la
Carta (C.P. art. 2º).
7. El señor José Alexander Ospina Cortés es un sujeto de especial
protección constitucional
7.1. Es un sujeto de especial protección constitucional, en
situación de desplazamiento, discapacitado y víctima del conflicto armado,
quien presenta a través de su agente oficiosa la tutela.
7.1.1. El accionante afirma encontrarse en
situación de desplazamiento desde el año 2004.[32]
7.1.2. De igual manera, según se extrae del
informe técnico médico legal de lesiones no fatales emitido por el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el 26
de mayo de 2011 y suscrito por el Medico Forense,[33] puede
constatarse que el paciente de nombre José Alexander Ospina Cortés, de 29 años
e identificado con la cédula de ciudadanía No. 18400241 de Calarca, Quindío fue
examinado el día 26 de mayo del año 2011
a las 16:55 horas en primer reconocimiento médico legal. Al respecto, “refiere
que fue herido por mina antipersonal el 3 de abril de 2009 en la vereda la
floresta del municipio de la Uribe, Meta; fue atendido en el centro de salud
del municipio y remitido al hospital departamental de Villavicencio. PRESENTA:
atrofia de globo ocular derecho, se revisa copia de historia clínica aportada
por el examinado con diagnostico de estallido ocular derecho. CONCLUSIÓN:
MECANISMO CAUSAL: Explosivos. Incapacidad médico legal: DEFINITIVA TREINTA Y
CINCO (35) DIAS. SECUELAS MEDICO LEGALES. Deformidad física que afecta el
rostro de carácter permanente. Perturbación funcional del órgano de la visión,
de carácter permanente.”
Del anterior informe, se desprende que el
accionante ostenta la condición de víctima de la violencia a causa de una mina
antipersona.[34]
Así mismo, la
Corte en sentencia T-017 de 2010, sostuvo que:  “De esta manera y al igual
que acontece con la condición de personas víctimas del desplazamiento forzado,
la condición de víctima de la violencia política es una situación fáctica
soportada en el padecimiento de hechos como atentados terroristas, combates,
secuestros, ataques, masacres, homicidios, esto es, de una serie de actos que
en el marco del conflicto armado interno afectan derechos fundamentales como la
vida, la integridad física, la seguridad o la libertad personal.”[35]
7.1.3. Finalmente, y según puede
constatarse del Dictamen No.18400241 emitido por la
Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta, el 23 de agosto de 2011,
el señor José Alexander Ospina Cortés identificado con cédula de ciudadanía No.
18400241, presenta “ceguera de un ojo”, la cual le generó una perdida de
la capacidad laboral del 20.35%, con una incapacidad permanente parcial
proveniente de un accidente común.[36]
De esta manera, puede verificarse la
condición del peticionario de persona en situación de discapacidad y por ende la
necesidad de proceder a la aplicación de un trato
diferenciado, que se traduce en la adopción de una
serie de medidas encaminadas a enfrentar la situación de vulnerabilidad
acentuada de algunas víctimas en razón a diversos factores, entre ellos, la
discapacidad.[37]
7.1.4 Con fundamento en lo anteriormente
expuesto, las condiciones particulares del peticionario, generan su pertenencia
a una población especialmente protegida que se encuentra en una situación
crítica por haber soportado cargas excepcionales, las que ordinariamente
podrían presentarse, estando inmerso en una situación que le impide desarrollar
su vida en condiciones mínimas de dignidad. Por lo anterior, la protección a la
que tiene derecho el peticionario supone la adopción de unas medidas judiciales
efectivas y la aplicación de un trato digno, humanitario, reforzado y prioritario
por parte del Estado.[38]
7.2. En relación con las personas en
situación de desplazamiento, la Corte ha establecido que las autoridades
están obligadas a interpretar las normas que regulan la materia de manera tal
que resulte más favorable a la protección de los derechos de las víctimas. Al
respecto, se sostuvo: “Desde el momento de la recepción de la declaración,
el funcionario público debe tomar conciencia de la vulnerabilidad y estado de
indefensión en que se encuentra la persona desplazada que acude ante su oficina
para declarar. Además para determinar la condición de desplazado hay que considerar,
entre otras, estos, que la mayoría de las personas desplazadas por la violencia
provienen de ambientes donde la educación a la que tuvieron acceso es exigua
-motivo por el cual el grado de analfabetismo es alto.” [39]
En armonía con lo anterior, la
Corte Constitucional en sentencia T-853 de 2011 sostuvo que: “las personas desplazadas de su territorio constituyen un grupo
poblacional en extremo vulnerable, merecedor de un trato especial -de carácter
preferente- por parte de las autoridades, y frente al cual las cargas exigidas
al resto de la población para el ejercicio de sus derechos resultan
desproporcionadas o exorbitantes. Entre otras consecuencias de ese
reconocimiento, ha considerado la
Corporación que la acción de tutela es el único mecanismo judicial que reúne
un nivel adecuado de idoneidad, eficacia y celeridad para garantizar sus
derechos fundamentales con la urgencia debida”. [40]
Adicionalmente,
se ha dicho que para ciertos efectos precisos, la circunstancia palmaria de ser
víctima del desplazamiento forzado debe ser considerada como una fuerza mayor.
En esta hipótesis, estimó la Corte, “las personas están sometidas a una
fuerza tan irresistible, que legitima la falta de actuación de quienes
ejercerían lo que fuera necesario en aras de salvaguardar sus intereses, si
estuvieran en condiciones ideales.” [41]
En este punto, lo cierto es que la interpretación de aquello que constituye
fuerza mayor o caso fortuito debe hacerse teniendo en cuenta la especial
situación de marginalidad y debilidad en la que se encuentra la población
desplazada.[42]
7.2.1. En cuanto a las víctimas de la
violencia en el marco del conflicto armado interno, esta Corporación ha
determinado que las disposiciones legales relacionadas con
este grupo de personas, deben interpretarse tomando en cuenta el principio de favorabilidad[43],
el principio de buena fe[44]
así como el principio de prevalencia del derecho sustancial propio del Estado
Social de Derecho.[45]
Es decir que “la condición de víctima es una situación fáctica
soportada en el padecimiento, no en la certificación que lo indique, tampoco en
el censo que revela la magnitud del problema. Sin perjuicio de la utilidad que
las certificaciones y censos pudieren prestar en función de la agilidad y eficacia
de los procedimientos.”[46]
7.2.2. Finalmente y en relación con
aquellas personas que se encuentran en una circunstancia de debilidad
manifiesta en razón a su condición de discapacidad, la
Corte en sentencia T-288 de 1995 M.P Eduardo Cifuentes Muñoz)[47] estableció que:
“La
Carta Política consagra derechos fundamentales y derechos prestacionales en
favor de los discapacitados. La igualdad de oportunidades y el trato más
favorable (CP art. 13), son derechos fundamentales, de aplicación inmediata (CP
art. 85), reconocidos a los grupos discriminados o marginados y a las personas
que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias
de debilidad manifiesta.”
“La
protección estatal de las personas limitadas física o psíquicamente (CP arts.
13 y 47), debe abarcar una pluralidad de acciones de prevención y de
favorecimiento - diferenciación positiva justificada”, con miras a prevenir una omisión injustificada en el trato especial
al que tienen derecho y de esta manera evitar la exclusión de un beneficio,
ventaja u oportunidad o la eventual restricción de sus derechos y oportunidades.[48]
7.3. En conclusión, las autoridades están obligadas a interpretar y aplicar las
disposiciones de manera tal que resulte más favorable a la protección de los
grupos en extremo vulnerables y siempre valorarlas en su beneficio. Una interpretación contraria, no resultaría armoniosa con los
intereses de la población que se busca proteger para reclamar la protección
especial o reforzada que el Estado les debe otorgar.
8. La extemporaneidad en la
solicitud presentada por el señor José Alexander Ospina Cortés, se encuentra
justificada en sus condiciones manifiestas de vulnerabilidad
8.1. La agente oficiosa del señor José Alexander Ospina
Cortés, considera que las especiales condiciones de vulnerabilidad en las que
se encuentra su representado, impidieron la presentación oportuna de la
documentación necesaria para acceder a los beneficios estatales, de suerte que
la aplicación puramente formal de las normas que regulaban lo relativo a la
prestación solicitada, constituyó una carga desproporcionada e irrazonable que
desconoció su condición de sujeto de especial protección constitucional.
8.2. Por su parte, la
Unión Temporal Nuevo Fosyga, expuso, que ante la necesidad de dar cabal
cumplimiento a los requisitos formales y legales previamente establecidos para
la aprobación de las reclamaciones como las presentadas por el peticionario, la
extemporaneidad en la presentación de la documentación requerida para tal fin,
no era subsanable y de plano impedía el reconocimiento pretendido. Teniendo en
cuenta lo anterior, esta Sala realizará las siguientes
precisiones.
8.3. Al respecto, la entidad accionada, sostuvo
que “el plazo dentro del cual el señor JOSÉ
ALEXANDER OSPINA CORTÉS, debía presentar la reclamación para obtener el pago de
la indemnización pretendida, estaba comprendido entre el 03 de abril de
2009, fecha en la cual ocurrió el evento terrorista (Mina antipersona),
hasta el 03 de abril de 2010, fecha en la cual se cumplía el
término establecido por la ley, plazo que a la fecha de presentación de la
solicitud el 03 de marzo de 2012, se encontraba ampliamente
vencido, no obstante al revisar la certificación de la
Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta aportada por el
peticionario, se evidencio que ésta fue expedida el 23 de agosto de 2011,
término que de igual forma se encontraba vencido.”(Subraya la
Sala). [49]
8.4. En el caso
concreto, existe un motivo válido que justifica la inactividad del accionante
en la presentación de la solicitud y un nexo causal entre su presentación y la
vulneración de los derechos del peticionario. Como se verá más adelante, la
tardanza obedece a una situación completamente ajena a la voluntad del actor,
que escapa a su órbita de control y derivada directamente del acto perpetrado
en su contra.
8.4.1. En efecto, nótese que desde el
momento de ocurrencia del hecho generador de la reclamación, en este caso la
explosión de la mina antipersona y durante mucho tiempo, el tutelante se
recuperaba de las secuelas físicas y psíquicas que le dejó la explosión de la
mina, e incluso que le ocasionó la desfiguración permanente de su rostro.
8.4.2. Además, el accionante relató que no
tenía conocimiento alguno de los derechos y ayudas que como víctima de la
violencia le asistían, por esa razón y por las circunstancias de salud
descritas, acudió de manera tardía para lograr su reconocimiento. Sobre este
punto, vale recordar que las personas que se encuentran en condiciones de
extrema vulnerabilidad a causa de diferentes factores, entre ellos, el
desplazamiento y el conflicto armado, “suelen desconocer sus propios
derechos  y este fenómeno no puede ser evaluado por el juez en aplicación
estricta del principio general en virtud del cual el desconocimiento de la
Ley no sirve de excusa para su incumplimiento. Por el contrario, la ignorancia
de esta población sobre sus derechos, dada su extrema
vulnerabilidad,  demanda una especial atención del Estado. ” [50]
En este orden de ideas, los grupos
particularmente vulnerables de la población, suelen no conocer plenamente sus derechos ni los mecanismos diseñados para su
protección y este hecho en lugar de volverse en su contra debe servir para que
el Estado actúe con mayor atención, diligencia y prontitud.
Por ende, la tardanza no obedeció a la
desidia o negligencia del actor, sino precisamente a esa falta de información
que el accionante tenía de sus propios derechos y la manera como hacerlos
efectivos; circunstancia que encuentra plena justificación atendiendo sus
particulares condiciones conforme la jurisprudencia reseñada.
8.4.3. Adicionalmente, una lectura integral
de las normas que regulan el reconocimiento de la indemnización por
incapacidad permanente, permite concluir que estas no previeron en ninguno
de sus apartes, la consecuencia que se derivaba de no haber presentado la
documentación oportunamente por razones fundadas en una imposibilidad material,
tal como ocurre en el caso concreto.
8.4.3.1. De esta manera, resultaba
pertinente aplicar el principio de favorabilidad, el cual obligaba a las autoridades y a los operadores jurídicos a
interpretar las normas de la manera más favorable a la persona afectada y a actuar
de acuerdo con el criterio hermenéutico de la interpretación más favorable a la
protección de los derechos, conforme lo expone el artículo 53 de la
Carta Política.[51]
Así las cosas, la extemporaneidad debió ser valorada por la entidad accionada
en beneficio de los intereses y derechos del peticionario y no en contravía
directa de ellos.
8.5. Por las razones brevemente reseñadas, la Corte considera que la inactividad del accionante se
encuentra justificada y por ende el hecho de haber exigido que la documentación
requerida para acceder a la indemnización por incapacidad permanente
fuera presentada dentro de un término definido en las normas vigentes, resultó
irrazonable y desproporcionado, en atención a las razones que condujeron a la
tardanza y a la situación que dio lugar al hecho vulnerador de sus derechos
fundamentales y en la cual aún se encuentra el señor José Alexander Ospina
Cortés.
8.6. Es importante poner de presente, que
la extemporaneidad en la presentación de la solicitud, no es una razón que
implique la pérdida de los derechos que como víctima de la violencia le asisten
al peticionario. Se trata de una circunstancia que supone una carga adicional
de justificación, que se incrementa frente a la falta de elementos que prueben
la condición de especial protección de la persona.
No obstante para el presente caso, la
condición de víctima de la violencia del peticionario y la consecuente
condición de sujeto de especial protección constitucional, se encuentra plenamente
acreditada según el Informe Técnico Médico Legal de Lesiones No Fatales emitido
por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el 26 de mayo
de 2011, del cual puede extraerse fácilmente dicha circunstancia.[52]
8.7. Así las cosas, la extemporaneidad en la presentación de una reclamación, no es una razón
constitucionalmente admisible ni para negar el reconocimiento de una ayuda o un
beneficio estatal a un sujeto inmerso en condiciones especiales ni para generar
la pérdida de tales derechos, cuando dicha inactividad se encuentra justificada
en las condiciones manifiestas de vulnerabilidad de quien la solicita, tal como
ocurre en el caso concreto.
9. La
Unión Temporal Nuevo Fosyga, encargada del reconocimiento de las
indemnizaciones otorgadas por el Estado a quienes han sido víctimas de la
violencia y responsable de brindar la protección necesaria para el goce
efectivo de sus derechos, no actuó con la diligencia que ameritaban las
circunstancias especiales del peticionario, generándose de esta manera una
amenaza grave y cierta sobre sus derechos fundamentales.
9.1. Conforme la
jurisprudencia vigente de esta Corporación, la entidad accionada se limitó a
aplicar de forma inflexible una disposición normativa que al no ajustarse a su particular
situación, generó un obstáculo irrazonable para la satisfacción efectiva de sus
derechos fundamentales.
9.2. Esta Sala observa, que resultaba
imprescindible que la entidad accionada al momento de resolver la solicitud
presentada por el peticionario, además de tomar en consideración las razones
objetivas que habían conducido a la tardanza en la reclamación de lo pretendido,
debió haber tenido en cuenta el grado de vulnerabilidad que este presentaba, pues
además de encontrarse en situación de desplazamiento forzado por la violencia,
poseía una característica adicional que hacía procedente un trato diferenciado
y una protección reforzada a causa de su condición de discapacidad como consecuencia
del artefacto explosivo, que le hizo perder su visión en un ojo y deformó su
rostro.
Por ende, los funcionarios de la entidad que recibieron y
evaluaron las peticiones del accionante, tenían la obligación de intentar
verificar, si, a pesar de la extemporaneidad en la presentación de la
documentación éste sí reunía los requisitos para acceder a la pretendida
indemnización. No obstante, le ofrecieron una respuesta inadecuada, contraria a los postulados constitucionales de razonabilidad, favorabilidad,
buena fé y primacía del derecho sustancial y que implicó, una omisión en el
cumplimiento de las obligaciones por parte de la entidad accionada[53], pues
la situación concreta del actor, nunca fue resuelta de fondo.[54]
9.3. En este orden de ideas, la negativa de
la Unión Temporal Nuevo Fosyga, se fundó en una razón carente de respaldo
constitucional, al desplegar una conducta dirigida a restringir los derechos del peticionario
sin justificación objetiva y razonable. Al respecto, la
Corte sostenido que: “los derechos específicos de protección especial para grupos o
personas, a diferencia del derecho a la igualdad de oportunidades, autorizan
una "diferenciación positiva justificada” en favor de sus titulares. Esta
supone el trato más favorable para grupos discriminados o marginados y para
personas en circunstancias de debilidad manifiesta (CP art. 13).”[55]
Esta actuación, desconoció la eficacia
directa que caracteriza los derechos fundamentales, al
imponer una carga y un límite en el tiempo que resultó desproporcionado en
atención a las condiciones especiales del actor y que hizo prácticamente
imposible por no decir nugatorio el ejercicio y protección de sus derechos
fundamentales. Precisamente, esas condiciones, se
constituían en una justa causa y en una circunstancia capaz de influir en la
aceptación y aplicación de una interpretación flexible de la norma que
eventualmente desencadenara en el reconocimiento de lo pretendido.
9.4. La Corte, no puede pasar por alto que es
precisamente “deber del Estado facilitar el acceso de los accionantes a la
reparación sin imponer requisitos que impliquen una carga desproporcionada para
las víctimas, bien sea porque no puedan cumplirlos, porque su realización
desconozca la especial protección constitucional a la que tienen derecho, o
porque vulneren su dignidad,[56]
pues ello se desprende del cumplimiento
propio de sus obligaciones como garante de la efectividad de los derechos,
especialmente de los grupos más vulnerables.
Desde esta
perspectiva, a la Unión Temporal Nuevo Fosyga no le era
posible imponer barreras de acceso a los beneficios que otorga la ley a las
víctimas de la violencia en el marco del conflicto armado interno sin una razón constitucionalmente legítima que lo justificara y
excusándose en la extemporaneidad de la solicitud presentada por el actor para
desconocer sus derechos, cuya protección por parte del Estado debía ser
reforzada.
Ello trajo como resultado, la exclusión
inmediata del beneficio perseguido por el accionante, pues se descartó de
plano, el verdadero análisis que debía realizarse, encaminado a determinar la
existencia o no del derecho sustancial y material que eventualmente pudiera
tener el actor sobre el reconocimiento de la protección estatal.
9.5. Las consideraciones
precedentes permiten concluir que, en el presente caso, se cumplen
plenamente los requisitos exigidos por la jurisprudencia de esta Corporación
para proteger los derechos del demandante. Por tanto, esta Sala de revisión
procederá a revocar las providencias que en su momento no ampararon los
derechos fundamentales del tutelante y  en su lugar concederá el amparo
invocado.
En consecuencia se dará la orden a la Unión Temporal
Nuevo Fosyga, que en el término de diez (10) días siguientes a la
notificación de esta providencia, le otorgue a José Alexander Ospina Cortés, la
ayuda humanitaria a la que tiene derecho como víctima del conflicto armado en
Colombia.
10.  Consideraciones adicionales
10.1. Atendiendo las especiales condiciones de
vulnerabilidad del señor José Alexander Ospina Cortés y la gravedad de los
hechos que dieron mérito para la interposición de la presente acción de tutela,
la Sala reitera el deber de protección y celeridad a cargo de las autoridades
públicas, el cual supone la necesidad de adelantar todas las gestiones y
actuaciones necesarias encaminadas a ofrecer una solución a los problemas de
falta de información sobre el contenido de los derechos de grupos
particularmente vulnerables, a fin de que conozcan de manera clara y oportuna,
los mecanismos que aseguren el goce efectivo de sus derechos, la ruta de
atención y solución, los tiempos de espera y los funcionarios responsables.
Actualmente, persisten importantes
falencias en cuanto al acceso a la información por parte de grupos
especialmente protegidos, quienes desconocen las ayudas ofrecidas por parte del
Estado , los bienes y servicios que dichas ayudas contienen, los trámites que
han de realizarse, los documentos que deben ser aportados para acceder a éstas,
el tiempo de la entrega , los criterios que se tienen en cuenta para su
asignación o rechazo, las razones por las cuales en ocasiones éstas se niegan,
y las instituciones o lo operarios responsables a cargo de su trámite y
entrega.[57]
10.2. Con fundamento en lo
anterior, la Corte no puede olvidar, el impacto negativo que tal ausencia de
información tiene sobre el goce efectivo de los derechos fundamentales de
grupos en condiciones extremas de vulnerabilidad. En efecto dicha falencia,
disminuye y obstaculiza las posibilidades de superación de esta población y
conduce a una situación de desprotección y desamparo en la satisfacción cierta
y efectiva de sus derechos fundamentales. Al respecto, la
Corte en el Auto 008 de 2009[58],
indicó que: “la dificultad en el acceso a la información también se
convierte en un desincentivo ilegítimo para que las personas desplazadas
reclamen sus derechos y soliciten la atención dirigida a su consecución.
Adicional a ello, la Corte indicó que esta situación abre un espacio para que
personas de mala fe abusen de su conocimiento sobre el funcionamiento del
sistema en beneficio propio.”
10.3. Así las cosas, la falta de información por parte de la
Unión Temporal Nuevo Fosyga, sobre la existencia de las indemnizaciones que
otorga el Estado a quienes como el peticionario son víctimas del conflicto
armado y que desconocen por sus mismas condiciones, los derechos que les
asisten, configura una violación del derecho a la información, así como un
obstáculo para el goce efectivo de los derechos constitucionales.
En efecto, esta Corporación en sentencia
T-645 de 2003[59],
sostuvo:
“Es obligación del Estado suministrar a la persona desplazada que lo requiera, información
sobre sus derechos y cómo ponerlos en marcha, en forma clara, precisa y
oportuna.”[[Es al Estado al que le corresponde suministrar atención e
información precisa para la solución de las necesidades de las personas que
sufren el desplazamiento forzado y facilitar los procedimientos, como
reconocimiento de la dignidad humana, principio garantizado por la
Constitución.”
Del anterior aparte se concluye que en
cabeza del Estado existe un deber de informar y orientar de manera oportuna y
completa, a quienes por sus especiales condiciones de vulnerabilidad desconocen
la manera como hacer efectiva la protección y satisfacción oportuna de sus
derechos fundamentales y los deberes a cargo de las autoridades respecto de la
especial protección que han de recibir.
10.4. Por esta razón, la Sala prevendrá a la entidad
accionada para que en lo sucesivo no incurra en este tipo de conductas
contrarias a los postulados constitucionales. Dicha actuación impidió la
satisfacción oportuna de los derechos fundamentales del señor José Alexander
Ospina Cortés y perpetuó en el tiempo las secuelas y el impacto negativo de una
problemática social como lo es la guerra.
11. Conclusiones
11.1. Una entidad pública encargada de administrar y
reconocer las ayudas estatales a sujetos en
condiciones manifiestas de vulnerabilidad, desconoce la especial protección a
la que tienen derecho y contraviene los postulados de favorabilidad, buena fe y
prevalencia del derecho sustancial, cuando realiza una interpretación restrictiva
y puramente formal de las normas que consagran y desarrollan los derechos de
este grupo de personas.
11.2. La extemporaneidad en la presentación de una
reclamación, no es una razón constitucionalmente admisible para negar el
reconocimiento de una ayuda o un beneficio estatal a un sujeto inmerso en
condiciones especiales, pues precisamente dicha inactividad en la mayoría de los
casos, se encuentra justificada en las condiciones manifiestas de
vulnerabilidad de quien la solicita.[60]
Esta posición se sostuvo en la sentencia C-047 de
2001,[61]
cuando la Corte efectuó una interpretación ajustada a la
Constitución del artículo 16 de la Ley 418 de 1997.[62]
11.3. Las Instituciones del Estado, tienen la
obligación y el deber de proteger a la población civil de todas las
consecuencias adversas que se derivan de una problemática tan grave como la
guerra. Para ello, resulta indispensable la adopción de unos mecanismos activos
de participación y colaboración oportuna a quienes han sido víctimas de ella.
En este sentido, el Estado, tiene el deber
constitucional de prever el acceso oportuno a la información por parte de
grupos especialmente vulnerables, a fin de que conozcan de manera clara y
precisa los mecanismos que aseguren el goce efectivo de sus derechos, cómo
ponerlos en marcha y cuáles son los deberes a cargo de las
autoridades respecto de la especial protección que han de recibir.
La ausencia de
tal información disminuye y obstaculiza las posibilidades de superación de este
grupo de personas y conduce a una situación de desprotección en la satisfacción
cierta y efectiva de sus derechos fundamentales. Así las cosas, la “ignorancia
de esta población sobre sus derechos, dada su extrema
vulnerabilidad,  demanda una especial atención del Estado.”[63]
III.
DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por
mandato de la
Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR las
sentencias proferidas por el Juzgado Sesenta y Uno Civil Municipal de Bogotá,
el seis (06) de febrero de dos mil trece (2013) que negó por improcedente el
amparo por no existir un perjuicio irremediable y del Juzgado
Veintiuno Civil del Circuito de Bogotá, el doce (12) de marzo de dos mil trece
(2013) que confirmó tal decisión en su integridad. En su lugar CONCEDER
la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad del señor
José Alexander Ospina Cortés.
Segundo.- ORDENAR a la
Unión Temporal Nuevo Fosyga, que dentro de los diez (10) días siguientes a la
notificación de esta providencia, le otorgue a José Alexander Ospina Cortés, la
ayuda humanitaria a la que tiene derecho como víctima del conflicto armado en
Colombia.
Tercero.-
ADVERTIR a la
Unión Temporal Nuevo Fosyga, que deberá abstenerse de incurrir en las
acciones que dieron lugar a conceder esta acción de tutela. Es deber de esa
entidad, informar a las víctimas del conflicto armado colombiano, de manera inmediata, oportuna, clara y precisa cuáles son los
derechos del peticionario y asesorarlo y acompañarlo para que pueda protegerlos
de manera efectiva, es imperativo.
Cuarto.- Por Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones a que se
refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Dictamen No.18400241 emitido por la
Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta, el veintitrés (23) de
agosto de dos mil once (2011) y suscrito por el señor Marcelo Marín Rojas, Médico,
Aurora Espinel Quintero, Médico, Fredy Cortés Tique, Terapeuta Físico, y
Ricardo Martínez Solano, Abogado, por medio del cual se certifica que el señor
José Alexander Ospina Cortés identificado con cédula de ciudadanía No.
18400241, con diagnóstico “ceguera de un ojo”, presenta una pérdida de
la capacidad laboral del 20.35%, con una incapacidad permanente parcial
proveniente de un accidente común. El anterior Dictamen consta de los folios 9
al 11. En adelante, cuando se haga alusión a un folio del expediente, se
entenderá que hace parte del cuaderno principal, a menos que expresamente se
diga otra cosa.
[2] El Fondo de Solidaridad y Garantía, FOSYGA, de
conformidad con lo establecido en el artículo 218 de la
Ley 100 de 1993, es una cuenta adscrita
al Ministerio de Salud y Protección Social que se maneja por encargo
fiduciario, sin personería jurídica ni planta de personal propia, conforme lo
estipula el Estatuto General de la
Contratación de la
Administración Pública de que trata el artículo 150 de la
Constitución Política. Dicho fondo se encuentra conformado por cuatro
subcuentas denominadas: de compensación interna del régimen contributivo, de
solidaridad del régimen subsidiado en salud, de promoción de la salud, y del
seguro de riesgos catastróficos y accidentes de tránsito. Respecto de la
Subcuenta de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito- ECAT del Fondo de
Solidaridad y Garantía, se tiene que a esta le corresponde garantizar la
atención integral a las víctimas que han sufrido daño en su integridad física
como consecuencia directa entre otras cosas de eventos terroristas
ocasionados por bomba o artefacto explosivo, y proyectil de arma de fuego,
siempre y cuando ocurra dentro del conflicto armado (Subraya
la Sala). Por su parte, el Decreto 3990 de 2007, “Por
medio del cual se reglamenta la Subcuenta del Seguro de Riesgos Catastróficos y
Accidentes del Tránsito del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, se
establecen las condiciones de operación del aseguramiento de los riesgos
derivados de daños corporales causados a las personas en accidentes de
tránsito, eventos catastróficos y terroristas, las condiciones generales del
seguro de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito,
Soat, y se dictan otras disposiciones”,
prevé en su artículo 1, numeral 5 lo siguiente: “Eventos terroristas. Para efectos del presente decreto se consideran
eventos terroristas los provocados con bombas u otros artefactos explosivos,
los causados por ataques terroristas a municipios así como las masacres
terroristas, que generen a personas de la población civil, la muerte o
deterioro en su integridad personal.”
De igual manera, el referido Decreto,
señala en su artículo 1, numeral 3, que las víctimas de los eventos previamente
mencionados, tendrán derecho, entre otros a los siguientes beneficios con cargo
a la Subcuenta ECAT: “b) Indemnización por incapacidad permanente: La
víctima, como se define en el numeral 9 del presente artículo, que hubiere
perdido de manera no recuperable la función de una o unas partes del cuerpo que
disminuyan la potencialidad del individuo para desempeñarse laboralmente,
calificada como tal de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.”  (Subraya
la Sala)
[3] Informe Técnico Médico Legal de Lesiones
No Fatales emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses- Dirección Regional Oriente- Seccional Meta, Sede Villavicencio del veintiséis
(26) de mayo de dos mil once (2011) y suscrito por el señor Pablo Enrique
Rodríguez Varela, Médico Forense, por medio del cual se informa que el paciente
de nombre José Alexander Ospina Cortés, de 29 años e identificado con la cédula
de ciudadanía No. 18400241 de Calarca, Quindío fue examinado el día 26 de mayo
del año 2011 a las 16:55 horas en primer reconocimiento médico legal. Al
respecto, “refiere que fue herido por mina antipersonal el 3 de abril de
2009 en la vereda la floresta del municipio de la
Uribe, Meta; fue atendido en el centro de salud del municipio y remitido al
hospital departamental de Villavicencio. PRESENTA: atrofia de globo ocular
derecho, se revisa copia de historia clínica aportada por el examinado con
diagnóstico de estallido ocular derecho. CONCLUSIÓN: MECANISMO CAUSAL:
Explosivos. Incapacidad médico legal: DEFINITIVA TREINTA Y CINCO (35) DIAS.
SECUELAS MÉDICO LEGALES. Deformidad física que afecta el rostro de carácter
permanente. Perturbación funcional del órgano de la visión, de carácter
permanente.” El anterior informe consta en el folio 12.
[4](Folios 9 al 11).
[5] Escrito del 18 de abril de 2012, suscrito
por la señora Martha Garzón de Ávila, en su calidad de Directora Jurídica de la
Unión Temporal Nuevo FOSYGA, por medio del cual se le informa al señor José
Alexander Ospina Cortés que en respuesta a la petición de la referencia,
radicada en la Unión Temporal Nuevo FOSYGA, el 13 de marzo de 2012 , “en lo
relacionado con el término establecido para la presentación de una reclamación
con cargo a los recursos de la
Subcuenta ECAT, debe tener en cuenta lo estipulado en el numeral 2, literal c
de la circular Externa 048 de 2003.” Agrega que “de la norma en cita, se
colige que la reclamación mediante la cual se solicitará la indemnización por
incapacidad permanente debió haber sido radicada dando cumplimiento a los
parámetros establecidos en la circular 048 de 2003.”
]]” No obstante, en su caso no se dio cumplimiento a uno de los requisitos
esenciales, puesto que no es posible contar el término de seis meses a partir
de la fecha de expedición de la certificación de incapacidad permanente, toda
vez que entre esta y la fecha de ocurrencia del evento transcurrieron más de
trescientos sesenta (360) días.”]] “ Lo anterior, teniendo en cuenta que la expedición
de la certificación debió efectuarse, entre el 3 de abril de 2009, día en que
ocurrió el evento terrorista y el 3 de abril de 2010, día en el cual se cumplía
el término establecido, no obstante la certificación fue expedida el 23 de
agosto de 2011, fecha en la cual el término se encontraba ampliamente
vencido.”]] “ Por lo anterior, la
Unión Temporal Nuevo FOSYGA, no tiene la posibilidad  jurídica de tramitar ni
aprobar la reclamación por concepto de incapacidad permanente que en esta
ocasión solicita.” El anterior escrito consta de los folios 7 al 8.
[6] Actualmente, la
Unión Temporal Nuevo Fosyga, tiene a su cargo realizar la auditoria en salud,
jurídica y financiera de las reclamaciones por los beneficios con cargo a la
Subcuenta de eventos catastróficos y accidentes de tránsito ECAT y las
solicitudes de recobro por beneficios extraordinarios no incluidos en el plan
general de beneficios explícitos, ordenados por los Comités Técnico Científicos
de las EPS, las Juntas Técnicas Científicas de pares, la Superintendencia Nacional de Salud o los jueces, de acuerdo con lo establecido en la
Ley 143 de 2011, artículos 26, 27 y 126. Igualmente deberá auditar los
recobros y reclamaciones que se presenten con fundamento en disposiciones
legales anteriores aplicando las normas pertinentes para cada caso, según lo
establece el Contrato de Consultaría No. 055 de 2011 suscrito entre el Ministerio
de Salud y Protección Social y la
Unión Temporal Nuevo Fosyga. (Folio 36).
[7] La anterior respuesta consta de los folios
34 al 48.
[8] Al respecto, en lo relacionado con el
término establecido para la presentación de una reclamación con cargo  a los
recursos de la Subcuenta ECAT, debe tenerse en cuenta lo estipulado en el
numeral 2, literal c de la Circular Externa 048 de 2003, que en su tenor
literal expresa lo siguiente: “Para tales efectos, la fecha a partir de la
cual se empieza a contar el término de seis (6) meses previsto en el artículo
13 del Decreto 1281 de 2002, para tramitar el cobro o la reclamación por vía
administrativa ante el FOSYGA será: b) Indemnizaciones por incapacidad
permanente: A partir de la fecha de la certificación de incapacidad
permanente expedida por la Junta de Calificación de Invalidez de que
trata la Ley 100 de 1993; siempre y cuando entre la fecha de ocurrencia del
evento y la fecha de la certificación no haya transcurrido más de trescientos
sesenta (360) días; salvo en los casos que exista concepto médico favorable de
rehabilitación, evento en el cual el término de trescientos sesenta (360) días
iniciales podrá prorrogarse hasta por ciento ochenta (180) días más (
Subraya y negrilla fuera de texto).
[9] Expone la entidad que “el Decreto 019 de 2012, entro en vigencia el 10 de enero
del año en curso, razón por la cual las personas que fallecieron antes de esta
fecha, se les aplica el Decreto 1281 de 2002.”
[10](Folios 78 al 82).
[11] Constitución Política “Artículo
86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (…).”
[12] La  figura de la agencia oficiosa, ha adquirido un papel importante
cuando se trata de personas en situación de desplazamiento o extrema
vulnerabilidad. Así por  ejemplo, la Corte en la sentencia T-025 de 2004
(Manuel José Cepeda Espinosa) determinó
que en el caso de la población desplazada, el amparo de sus derechos amenazados
o vulnerados por vía de acción de tutela, puede ser invocado por terceras
personas con interés legítimo en la defensa de los mismos. En esta oportunidad,
la Corporación equiparó la situación de vulnerabilidad de quienes afrontan el
desplazamiento al de aquellas personas que se encuentran en incapacidad física
o mental de ejercer de forma directa la acción de tutela. La
Corte puntualmente señaló que:
“Dada la condición de extrema vulnerabilidad de la población desplazada, no
sólo por el hecho mismo del desplazamiento, sino también porque en la mayor
parte de los casos se trata de personas especialmente protegidas por la
Constitución –tales como mujeres cabeza de familia, menores de edad, minorías
étnicas y personas de la tercera edad ‑, la exigencia de presentar
directamente o a través de abogado las acciones de tutela para la protección de
sus derechos, resulta excesivamente onerosa para estas personas. ]] “Es por ello que las asociaciones de
desplazados, que se han conformado con el fin de apoyar a la población
desplazada en la defensa de sus derechos, pueden actuar como agentes oficiosos
de ellos.” Para ello,
deberán acreditar el cumplimiento de ciertos requisitos que aseguren que la
acción es presentada con el consentimiento de los afectados y con el propósito
de favorecer el goce efectivo de sus derechos.  La referida sentencia fue proferida en sede de
revisión, ante el nivel de desprotección y violación masiva y continuada de los
derechos fundamentales de la población desplazada.  La
Corte decidió declarar el “estado de cosas inconstitucional” y profirió una
serie de órdenes dirigidas a las autoridades estatales concernidas en la
protección y satisfacción de los derechos de esta colectividad, a fin de que
las mismas adoptaran decisiones y adelantaran las actividades necesarias dentro
de la órbita de sus competencias, enderezadas principalmente a superar tanto la
insuficiencia de recursos, como las falencias en la capacidad institucional. La
jurisprudencia relativa a la posibilidad de ejercicio de la agencia oficiosa
por parte de las asociaciones de desplazados para interponer acciones de tutela
en nombre de sus integrantes, ha sido reiterada, entre otras, en la sentencia
T-190 de 2009 (M.P Luís Ernesto Vargas Silva).
[13] La jurisprudencia relativa a la posibilidad de ejercicio de la agencia
oficiosa para interponer acciones de tutela, ha sido reiterada, entre otras, en
la sentencia T-190 de 2009 (M.P Luís Ernesto Vargas Silva). En esta oportunidad la
Corte concedió el amparo al debido proceso de dos personas en condición de
desplazamiento, que invocaban en el marco de la acción de tutela, el
reconocimiento de su apoderado como representante para adelantar un trámite de
reparación administrativa.
[14] “Teniendo en cuenta que el señor JOSÉ
ALEXANDER OSPINA CORTÉS  es un señor de escasos recursos, domiciliado en una
vereda del municipio de Uribe, Meta y discapacitado a causa de una mina
antipersonal dentro del marco del conflicto armado, es claro que no se
encuentra en capacidad para interponer una tutela, razón por la cual yo CLARA
ROCIÓ WILCHES del Instituto GRUPO DERECHOS PENSAR (el cual se encarga de
ayudar  las victimas de las minas anti persona) mediante el instrumento de la
agencia oficiosa interpongo la siguiente tutela”. (Folio 1).
[15] En la
Sentencia T-730 de 2003 (MP. Jaime Córdoba Triviño) la
Corte dijo: “2.  Por una parte, si la acción de tutela pudiera interponerse
varios años después de ocurrido el agravio a los derechos fundamentales,
carecería de sentido la regulación que el constituyente hizo de ella.  De esa
regulación se infiere que el suministro del amparo constitucional está ligado
al principio de inmediatez, es decir, al transcurso de un prudencial lapso
temporal entre la acción u omisión lesiva de los derechos y la interposición
del mecanismo de protección.” En el caso presente, la
Corte negó el amparo invocado por haberse interpuesto la acción de tutela, 3
años y 5 meses después.
[16] Sentencia T- 678
de 2006 (MP. Clara Inés Vargas Hernández). En esta ocasión, el peticionario presentó acción de
tutela contra la
Administración Postal Nacional, por considerar que esta le había vulnerado su
derecho fundamental de petición, al no obtener respuesta alguna frente a las
solicitudes presentadas. La Sala Novena de revisión, consideró que no se
encontraba justificado con fundamento en una razón o causa válida, la demora en
el ejercicio de la demanda de amparo constitucional presentada por el
peticionario, al no existir la menor noticia sobre la ocurrencia de un suceso
de fuerza mayor o caso fortuito o sobre la incapacidad del actor para ejercer
oportunamente la defensa de sus derechos. Por ende, no podía la
Corte adoptar una decisión distinta a la de declarar la improcedencia de las
tutelas por la inacción oportuna del actor, esto es, por el incumplimiento del
presupuesto de la inmediatez.
[17] Sentencia T-173
de 2002 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra). En esta ocasión la
Corte, concedió el amparo de una persona que invocaba la vulneración de su
derecho fundamental de petición. La razón aducida por el juez de instancia para negar
el amparo invocado, se fundó en el incumplimiento del requisito de inmediatez. La
Sala Sexta de revisión, consideró que “contrariamente a lo expuesto por el
juez de instancia, la presente tutela se interpuso en un término razonable
considerando que si bien la petición fue presentada en 1999, la vulneración del
derecho fundamental es actual en cuanto a que continuadamente se le ha venido
desconociendo el derecho a una respuesta pronta. Es más, la mayor tardanza en
la contestación hace más grave la vulneración.”
[18] Folios 9 al 11.
[19] Folio 1.
[20] Así fueron recogidos los parámetros
jurisprudenciales reseñados en la sentencia T-367 de 2010 (M.P María Victoria
Calle Correa) en la que se concedió el amparo de los derechos constitucionales
de un grupo de personas víctimas de la violencia y en situación de
desplazamiento, que invocaban la inscripción en el Sistema de Información para la
Población Desplazada, a efectos de obtener el reconocimiento y otorgamiento de
todos los beneficios legales a que tenían derecho. La
Corte, consideró que “pese
a que los hechos ocurrieron en los años 1996 y 1997, la vulneración de los
derechos de las personas en cuyo nombre se interpone la acción de tutela, han
permanecido en el tiempo, y en tanto no se haya resuelto, la condición
desfavorable de los accionantes es actual.”
[21] Sentencia T-044 de 2010 (M.P María
Victoria Calle Correa).
[22] La Corte, en la sentencia T-360 de 2012 (M.P Jorge Iván
Palacio Palacio), estableció que “existen situaciones especiales en las que
el análisis de procedencia de la acción debe desatarse de manera más amplia y
permisiva, en atención a la especial naturaleza de las personas que solicitan
la protección de sus derechos constitucionales fundamentales.” La
Corte en esta ocasión, protegió los derechos fundamentales de una persona que
se encontraba en tratamiento médico por un carcinoma de pulmón y atravesando
por una difícil situación económica. La
Sala Quinta de revisión, consideró que la tutela era el medio idóneo al
tratarse de un sujeto de especial protección constitucional vista su debilidad
manifiesta.
[23] En Sentencia T-821 de 2007 (M.P. Catalina Botero
Marino) la Corte consideró que la acción de tutela era el mecanismo idóneo para
proteger los derechos fundamentales de una mujer en condición de desplazamiento
por la violencia que reclamaba la protección de su derecho y el de su familia,
a la ayuda humanitaria de emergencia, en tanto se trataba de una persona que
requería de protección especial y prioritaria por parte del Estado. Similar
consideración fue expuesta por la
Corte Constitucional en la Sentencia T-188 de 2007 (MP Álvaro Tafur Galvis), esta
vez aplicada al caso de víctimas del conflicto armado. En esa oportunidad, la
Corporación, protegió los derechos de una ciudadana que reclamaba la
asistencia humanitaria a la que ella y su hija tenian derecho por la muerte de
su compañero y padre. La Corte, consideró que el amparo resultaba procedente en
tanto “el sistema de protección internacional de los derechos humanos
fundamentales prevé que la población civil, necesitada de ayuda humanitaria, a
causa de emergencias naturales o conflictos armados, tiene derecho a contar con
recursos apropiados a sus circunstancias de apremio y desprotección para
acceder a los obligatorios programas estatales de asistencia y reparación.” En
este mismo sentido, la  Corte en sentencia T-444 de 2008 (M.P Mauricio González
Cuervo), consideró que la tutela era el mecanismo idóneo y efectivo para
proteger los derechos fundamentales de una persona víctima del conflicto armado
que solicitaba el reconocimiento de la ayuda humanitaria.
[24] Así por ejemplo, la
Corte en sentencia T-175 de 2005 (M.P Jaime Araujo Rentería) ordenó la
inscripción de una persona desplazada en el RUPD pese a que la solicitud de
inscripción había sido realizada de manera extemporánea dado el desconocimiento
que la actora tenía de sus propios derechos. Para la
Corte, la condición de desplazada de la peticionaria se encontraba plenamente
acreditada, circunstancia que en efecto la hacia acreedora de las ayudas
estatales. Ello sumado a que la actuación de la entidad accionada, había
desconocido su situación de especial vulnerabilidad y no había consultado lo
dispuesto por esta Corporación en sentencia T-025 de 2004 (M.P Manuel José
Cepeda Espinosa), en donde se declaró el estado de cosas inconstitucional.
[25] M.P Eduardo Montealegre Lynett. En esta
oportunidad, la Corte resolvió: Primero. Declarar INEXEQUIBLE el
artículo 9º de la Ley 418 de 1997.Segundo. Declarar EXEQUIBLE la
expresión "siempre que la solicitud se eleve dentro del año siguiente a la
ocurrencia del hecho", contenida en el artículo 16 de la
Ley 418 de 1997, bajo el entendido de que el término de un año fijado por el
Legislador para acceder a la ayuda humanitaria, comenzará a contarse a partir
del momento en que cese la fuerza mayor o el caso fortuito que impidieron
presentar oportunamente la solicitud. Tercero. INHIBIRSE para
pronunciarse de fondo en relación con la expresión "y sin
intermediario", contenida en el artículo 46 de la
Ley 418 de 1997, por ineptitud de la demanda.
[26] Manifiesta la accionante, “que debido
al temor que le ocasionaba trasladarse al municipio de Génova para obtener el
certificado civil de defunción de su esposo no pudo acudir antes para solicitar
la ayuda humanitaria.”
[27] En esta oportunidad, la
Corte consideró que “la exigencia de que en todos los casos, de forma inflexible,  la persona
víctima de desplazamiento deba demostrar que solicitó la satisfacción de sus
derechos dentro del plazo estipulado, a través de un documento en el cual
expresamente conste dicha solicitud (por ejemplo, el diligenciamiento de los
formatos establecidos)”,
vulnera los principios constitucionales de este grupo de la población. Así las
cosas, “obligar a una persona desplazada a cumplir con requerimientos
especiales que desconozcan la situación en la cual ésta se encuentra, resulta a
todas luces desproporcionado, pues como lo indican los argumentos expuestos en
los fundamentos anteriores, el desplazado no conoce plenamente sus derechos ni
el sistema institucional diseñado para protegerlos y este hecho en lugar de
volverse en su contra debe servir para que el Estado actúe con mayor atención y
diligencia.”
[28] En esta ocasión, la
Corte consideró que “el relato de los hechos debe examinarse siempre
teniendo en cuenta que quién se encuentra en situación de desplazamiento goza
de una especial protección y atención constitucional. Además debe considerarse
particularmente el desconocimiento que estas personas pueden tener sobre sus
propios derechos y sobre el entramado institucional que ha sido diseñado para
protegerlos. ”
[29] La señora Ana Felisa Muñoz Cortés.
[30] Sobre este punto, la
Corte igualmente consideró que “bajo el supuesto de que conocía sus
derechos, para ella pudo no haber sido fácil acudir a una entidad a solicitar
las ayudas a que tiene derecho como víctima, en los años siguientes a la fecha
en que ocurrió su trágica experiencia. En primer lugar, por el sentimiento de
futilidad que tiene cualquier ayuda material cuando las personas han perdido
bienes inapreciables, más valiosos que la fortuna, como la vida, la libertad o
la dignidad. En segundo lugar, debido precisamente al temor de tener que
recordar, siquiera por un instante, los brutales acontecimientos de los cuales
fue víctima. Suponer que el Estado sólo puede ayudarla inmediatamente después
de que se vea sometida a semejantes vejámenes y atropellos, y no después de que
ha pasado un tiempo suficiente para que “recupere” su capacidad de afrontar las
necesidades del día a día, es responder con indolencia y apatía ante el
sufrimiento atroz de una mujer que sufrió en carne propia el maltrato injusto a
su libertad sexual, a su pudor y su dignidad, y perdió a su hijo en
circunstancias dolorosas. “
[31] Sentencia T-044 de 2010 (M.P María
Victoria Calle Correa). Ibidem.
[32] Al respecto, la
Corte en sentencia C-253A de 2012 (M.P Gabriel Eduardo Mendoza Martelo)
sostuvo que: “el principio de buena fe está encaminado a liberar a las
víctimas de la carga de probar su condición. En la medida en que se dará
especial peso a la declaración de la víctima, y se presumirá que lo que ésta
aduce es verdad, de forma que en caso de duda será el Estado quien tendrá la obligación
de demostrar lo contrario.” En esta ocasión, la
Corte estudió una demanda presentada contra algunos apartes de los artículos 3
y 75 de la Ley 1448 del 10 de junio de 2011, “Por la cual se dictan medidas
de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto
armado interno y se dictan otras disposiciones”, por vulnerar el preámbulo
de la Constitución Política y los
artículos 1, 2, 5, 13, 44, 45, 58 y 93 de la
Carta, así como diversos tratados e instrumentos internacionales. En esta
oportunidad la Corte resolvió: Primero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la
sentencia C-250 de 2012, que declaró la
EXEQUIBILIDAD de la expresión “a partir del 1º de enero de 1985”
contenida en el inciso primero del artículo 3º de la
Ley 1448 de 2011. Segundo.- Declarar la
EXEQUIBILIDAD de las expresiones “por hechos ocurridos” contenida
en el inciso primero del artículo 3º de la
Ley 1448 de 2011, “simbólica” y “como parte del conglomerado social
y sin necesidad de que sean individualizados”, contenidas en el parágrafo
4º del mismo artículo. Tercero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia
C-250 de 2012, que declaró la EXEQUIBILIDAD de la expresión “entre
el 1º de enero de 1991 y el término de vigencia de la ley” contenida en el
artículo 75 de la Ley 1448 de 2011.Cuarto.- Declarar la
EXEQUIBILIDAD del primer inciso del parágrafo segundo del
artículo 3º de la Ley 1448 de 2011.Quinto.- INHIBIRSE de hacer un
pronunciamiento de fondo en relación con las expresiones demandadas del segundo
inciso del parágrafo 2º del artículo 3º de la
Ley 1448 de 2011.Sexto.-Declarar la
EXEQUIBILIDAD del parágrafo 3º del artículo 3º de la
Ley 1448 de 2011. Salvamento parcial y Aclaración de voto del Magistrado Luís
Ernesto Vargas Silva, Salvamento parcial de voto de los Magistrados María
Victoria Calle Correo y Jorge Iván Palacio Palacio. En
este mismo sentido, la Corte en sentencia T-179 de 2010 (M.P Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub) sostuvo, a propósito del principio de la buena fe procesal
frente a los desplazados, que “Al presumirse la buena fe, se invierte la
carga de la prueba y, por ende, son las autoridades las que deben probar
plenamente que la persona respectiva no tiene la calidad de desplazado.
Por lo tanto, es a quien desea contradecir la afirmación a quien
corresponde  probar la no ocurrencia del hecho.” (Subrayas y negrillas
no son del original). En este orden de ideas, para el caso del desplazamiento
forzado, es la entidad correspondiente, quien debe por sus propios medios
controvertir las declaraciones de quien manifiesta ser víctima del
desplazamiento forzado, pues al invertirse la carga de la prueba, “sobre
ellas recae la responsabilidad exclusiva de desvirtuar cualquier afirmación que
sobre la materia el desplazado realice.”
En el presente asunto, la Corte estudio varios expedientes acumulados en los
que
la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la
Cooperación Internacional –Acción Social- se negó a reconocer las ayudas
humanitarias a que tenían derecho los tutelantes como consecuencia de su
situación de desplazamiento. La Sala observó que a la luz de los principios de
buena fe y favorabilidad, Acción Social efectivamente había vulnerado los
derechos fundamentales de los peticionarios, prolongando su precaria situación
y desconociendo que se trataba de sujetos de especial protección
constitucional, quienes por su condición de tal, merecían un trato digno frente
a la situación que venían soportando debido al desplazamiento forzado del cual
eran víctimas. Por esta razón, la Corte concedió el amparo invocado.
[33] Doctor Pablo Enrique Rodríguez Varela
(folio 12).
[34] El artículo 3 de la
Ley 1448 de 2011, “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan
otras disposiciones”, se consideran víctimas, para los efectos de esta ley “aquellas personas que
individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir
del 1º enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho
Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas
Internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado
interno”.
Gaceta del Congreso 247 de 2011.
[35] (M.P Juan Carlos Henao Pérez). En esta ocasión, la
Corte examinó el caso de una ciudadana a quien Acción Social se negó a
reconocerle la asistencia humanitaria argumentando que no se tenía certeza
sobre si la muerte de su esposo había ocurrido debido a motivos ideológicos y
políticos en la medida en la que no existía una certificación expedida por la
Fiscalía General de la Nación en la que se expusieran cuáles habían sido los
móviles del asesinato. La Sala Tercera de revisión, consideró que “la
exigencia de certificación de los móviles constituye una carga desproporcionada
para las autoridades competentes que no están inmersas en la investigación
penal de los autores de los delitos, y más aún para la víctima del ilícito. De
allí que esta Corte haya considerado como prueba válida, a fin de satisfacer el
requisito legal para acceder a la asistencia humanitaria a quienes sufran
perjuicios a causa de homicidios cometidos en el marco del conflicto armado
interno (artículo 49 de la Ley 418 de 1997[35]), la certificación por parte de una autoridad
competente, no de los móviles que inspiraron el homicidio, sino de unos hechos
que, con base en elementos objetivos, se presumen acontecieron en el marco del
conflicto armado interno.” Con
fundamento en lo anterior, la Corte concedió el amparo invocado y ordenó el
reconocimiento y pago a la accionante de la asistencia humanitaria, en los
términos de la ley 418 de 1997 y sus normas reglamentarias.
[36] (Folios 9 al 11).
[37] Sentencia C-253A de 2012 (M.P Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo). Ibídem.
[38] La
Corte Constitucional en sentencia T-367 de 2010 (M.P María Victoria Calle
Correa) estableció que “Debido a los numerosos derechos constitucionales afectados por el
desplazamiento y en consideración a las especiales circunstancias de debilidad,
vulnerabilidad e indefensión en la que se encuentran los desplazados, la
jurisprudencia constitucional les ha reconocido, con fundamento en el artículo
13 constitucional, el derecho a recibir de manera urgente un trato preferente
por parte del Estado, el cual se caracteriza por la prontitud en la atención de
sus necesidades, puesto que “de otra manera se estaría permitiendo que la
vulneración de derechos fundamentales se perpetuara, y en muchas situaciones,
se agravara.” Ibidem.
[39] Sentencia T-1094 de
2004 (M.P Manuel José Cepeda Espinosa). La
Corte concedió el amparo de una persona, a quien la
Red de Solidaridad Social se negó a inscribirla dentro del registro único de
población desplazada por haber incurrido a su juicio en sendas contradicciones
al momento de rendir la declaración juramentada. La Sala Tercera de revisión, consideró que “las
contradicciones en lo dicho por una persona desplazada no tienen
ineludiblemente como consecuencia perder la atención a la que se tiene derecho
como desplazado, a no ser que se compruebe que el sujeto no es en realidad
desplazado.” En este orden
de ideas, la Corte sostuvó que, en vista de las dudas presentes en el caso, la
Red de Solidaridad Social no podía abstenerse definitivamente de incluir en el
registro de la población desplazada a la solicitante, hasta que se concluyera
que en realidad esta no era desplazada.
[40] M.P
Luis Ernesto Vargas Silva.
[41] Sentencia T-044 de 2010 (M.P María
Victoria Calle Correa). Ibidem.
[42] Vale la pena recordar que esta Corporación ha sostenido que “la inscripción en el RUPD no
puede ser la que otorga el carácter de desplazado, toda vez que la protección
de los derechos fundamentales de aquellas personas que han tenido que abandonar
sus hogares a causa del conflicto armado, no puede condicionarse a una
certificación expedida por determinada autoridad a partir de una valoración
subjetiva de una serie de hechos que se presentan a su consideración. Una
conclusión contraria desconocería el carácter material de la
Constitución y la eficacia directa que caracteriza los derechos fundamentales.
En este contexto, el Registro Único de Población Desplazada (RUPD), no es el
que permite que un individuo adquiera el carácter de desplazado, pues, la
Sala reitera, ésta es una condición fáctica.”. Al respecto véase la
sentencia  T-563 de 2005 (M.P Marco Gerardo Monroy Cabra). En esta ocasión la
Corte protegió los derechos fundamentales de una persona desplazada a quien la
Red de Solidaridad Social se negó a inscribir en el RUPD bajo el argumento de
que no existía prueba de la declaración que el primero afirmaba haber rendido
ante el Personero Municipal de Fuentedeoro (Meta) .La
Corte, consideró que “la Red de
Solidaridad no puede trasladar los efectos de las omisiones de las autoridades
encargadas de tomar las declaraciones y de efectuar la inscripción de las
víctimas del desplazamientos en el RUPD, a estos últimos, sino que su
obligación es remediar la situación y brindar una respuesta oportuna a las
solicitudes de los desplazados.” En este sentido, sostuvo que la entidad accionada no había brindado un
trato humanitario al peticionario ni acorde con su crítica situación,
desconociéndose de esta manera el mandato de presunción de buena fe que
derivaba del artículo 83 de la Carta y que había sido desarrollado por esta
Corporación en el caso de las víctimas del desplazamiento forzado.
[43] Sobre este punto, puede consultarse la sentencia T-444 de 2008 (M.P
Mauricio González Cuervo). Ibidem.
[44] Sobre este punto, puede consultarse la sentencia T-328 de 2007 (M.P
Jaime Córdoba Triviño). Ibidem.
[45] Sentencia C-781
de 2012 (M.P. Maria Victoria Calle Correa). En esta ocasión, la
Corte en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, estudió una
demanda presentada contra el artículo 3º (parcial) de la
Ley 1448 de 2011, “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan
otras disposiciones”, por vulnerar  los
artículos 1, 2, 6, 12, 13, 29, 93 y 94 de la
Constitución Política. La Corte resolvió: Declarar EXEQUIBLE, en los
términos de la presente providencia, la expresión “ocurridas con ocasión del
conflicto armado interno” del artículo 3º de la
Ley 1448 de 2011.
[46] Sentencia T-188 de 2007(M.P Álvaro Tafur Galvis)
Ibidem.
[47] En esta oportunidad, la Corte estudió una acción de tutela presentada
por el Defensor del Pueblo de Cali, en representación de 25 personas en
condición de discapacidad contra los
Clubes Deportivo Cali y América, la
División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) y el Fondo de Vigilancia y
Seguridad del Municipio de Cali (VISECALI), tras considerar vulnerado el
derecho fundamental a la igualdad de sus representados, con ocasión de la
decisión de reubicar a los limitados físicos y trasladarlos
a un lugar donde no solamente se les dificultaba  y se les hacía más penoso su
acceso, sino donde sus vidas corrían peligro en caso de alguna emergencia. La
Corte luego de reiterar la jurisprudencia relativa a los actos
discriminatorios por omisión de un trato especial y la necesidad de brindar una
diferenciación positiva justificada a favor de grupos o personas especialmente
protegidas como los limitados físicos, consideró que para el caso concreto “la
actuación acusada configura una violación del derecho a la igualdad de
oportunidades, ya que con ellas se discrimina, sin justificación objetiva y
razonable, a los peticionarios respecto de los demás espectadores cuando se les
somete a mayores esfuerzos y riesgos para acceder al goce de un derecho
constitucional.” Por esta razón, la
Corte confirmó la decisión de primera instancia por medio de la cual se
concedió el amparo invocado.
[48] En este punto, es necesario destacar que
este Tribunal ha advertido que el juicio de procedibilidad del amparo debe ser
menos riguroso cuando se trata de sujetos de especial protección
constitucional, dentro de los que se encuentran los niños y niñas, las
personas que padecen alguna discapacidad, las mujeres embarazadas y los
ancianos. (Subraya la Sala). Al respecto véase la sentencia T-360 de 2012 (MP. Jorge
Iván Palacio Palacio). Ibídem.
[49] Al respecto, el Decreto 1281 de 2002, “Por
medio del cual se expiden las normas que regulan los flujos de caja y la
utilización oportuna y eficiente de los recursos del sector salud y su
utilización en la prestación”, reglamenta en su artículo 13, el término para la
presentación de reclamaciones con cargo a los recursos del FOSYGA. Al respecto
dispone: Artículo 13. Artículo modificado por el artículo 111 del Decreto 19 de 2012: “Las
reclamaciones o cualquier tipo de cobro que deban atenderse con cargo a los
recursos de las diferentes subcuentas del FOSYGA se deberán presentar ante el
FOSYGA en el término máximo de (1) año contado a partir de la fecha de la
generación o establecimiento de la obligación de pago o de la ocurrencia del evento,
según corresponda.” En concordancia con la norma en cita, en relación con la
reclamación por concepto de indemnización por incapacidad permanente, la
Circular No. 0048 del 25 de septiembre de 2003 proferida por el Ministerio de la
Protección Social, establece que el término previsto en el artículo 13 del
Decreto 1281 de 2002, se contará de la siguiente manera: “b)
Indemnizaciones por incapacidad permanente: A partir de la fecha de la certificación de
incapacidad permanente expedida por la Junta de Calificación de Invalidez de
que trata la Ley 100 de 1993; siempre y cuando entre la fecha de ocurrencia del
evento y la fecha de la certificación no haya transcurrido más de trescientos
sesenta (360) días; salvo en los casos que exista concepto médico favorable de
rehabilitación, evento en el cual el término de trescientos sesenta (360) días
iniciales podrá prorrogarse hasta por ciento ochenta 180 días más.” (Subraya la
Sala)
[50] Sentencia T-136 de 2007 (MP. Jaime Córdoba Triviño). Ibídem.
[51] “El Congreso expedirá el estatuto del
trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes
principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los
trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir
y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable
al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas
por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad
social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección
especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.”
(Subraya la Sala).
[52] Por medio del cual se informa que el señor
José Alexander Ospina Cortés, de 29 años, “refiere que fue herido por mina
antipersonal el 3 de abril de 2009 en la vereda la floresta del municipio de la
Uribe, Meta; fue atendido en el centro de salud del municipio y remitido al
hospital departamental de Villavicencio. PRESENTA: atrofia de globo ocular
derecho, se revisa copia de historia clínica aportada por el examinado con
diagnóstico de estallido ocular derecho. CONCLUSIÓN: MECANISMO CAUSAL:
Explosivos. Incapacidad médico legal: DEFINITIVA TREINTA Y CINCO (35) DÍAS.
SECUELAS MEDICO LEGALES. Deformidad física que afecta el rostro de carácter
permanente. Perturbación funcional del órgano de la visión, de carácter
permanente.” (Folio 12).
[53] La
Corte en sentencia T-086 de 2006 (M.P Clara Inés Vargas Hernández) estableció
que “se ha admitido que cuando quiera que en una situación de desplazamiento
forzado una entidad omita ejercer sus deberes de protección para con todos
aquellos que soporten tal condición, la tutela es un mecanismo idóneo para la
protección de los derechos conculcados”. En el presente asunto, la
Corte consideró que la tutela era el mecanismo idóneo para proteger los
derechos de una mujer desplazada por la violencia, en tanto la entidad
accionada “olvidó que era su deber, conforme a los artículos 12 y 13 de la
Constitución Política y el principio de buena fe, cotejar los hechos
denunciados, comprobar plenamente que esta persona no tenía la calidad de
desplazada y, en todo caso, dejarlo claramente consignado en las respectivas
Resoluciones.”
[54] “Tras varios intentos de radicar la petición y los documentos del señor
JOSÉ ALEXANDER OSPINA CORTÉS (tanto en la ciudad de Villavicencio como en la
ciudad de Bogotá) en los que sólo se recibió negativas por partes de los
funcionarios de las entidades accionadas aludiendo a la extemporaneidad de los
mismos, a la falta de presentación personal de la víctima, o la carencia del
original de los documentos, el pasado 9 de marzo de 2012 se procedió a enviar
por correo la documentación a dichas entidades, con el propósito de recibir una
respuesta.”]] “El día 18 de abril de 2012, el señor Alexander Ospina Cortés
recibió respuesta de la
UNIÓN TEMPORAL NUEVO FOSYGA negando la inmdenización por haber enviado los
documentos extemporáneamente”.]] (Folio 2). Sobre este punto, vale aclarar
que la Corte en sentencia T-086 de 2006 (M.P Clara Inés Vargas Hernández)
estableció que “Debe quedar
claro que, debido a la gravedad y a la extrema urgencia a la que se ven
sometidas las personas desplazadas, no se les puede someter al trámite de las
acciones judiciales para cuestionar los actos administrativos de la
Red, ni a la interposición de interminables solicitudes a la coordinadora del
Sistema. Aquello constituye la imposición de cargas inaguantables, teniendo en
cuenta las condiciones de los connacionales desplazados, y son factores que
justifican la procedencia de la acción de tutela.”]] “Es que, como se verá, por
el solo hecho de su situación, las personas sometidas a desarraigo pueden exigir
la atención del Estado, sin soportar cargas adicionales a la información de su
propia situación, como las que devienen de promover procesos dispendiosos y
aguardar su resolución.”]]Ibidem.
[55] Sentencia  T-288 de 1995 (MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz). Ibídem.
[56] Sentencia T-853 de 2011 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva). En esta ocasión, la
Corte concedió el amparo constitucional de una persona que reclamaba la ayuda
humanitaria en su condición de desplazado por la violencia. La
Sala novena de revisión, le ordenó a Acción Social que definiera las
circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se cumpliría el turno del
accionante, sin someterlo a nuevos procesos de caracterización hasta que se
concretara la etapa de auto sostenimiento. Salvamento parcial de voto del
Magistrado Mauricio González Cuervo.
[57] En el Auto 008 de 2009 (M.P Manuel José Cepeda
Espinosa), la Corte puso de presente que sigue habiendo importantes falencias
en cuanto al acceso a la información por parte de la población desplazada, en
los siguientes términos: “En las evaluaciones de la política se reporta constantemente la
incoherencia y falta de claridad acerca de (i) a qué ayudas pueden acudir las
personas desplazadas, (ii) los bienes y servicios que dichas ayudas contienen,
(iii) los trámites que han de realizarse, los documentos que deben ser
aportados para acceder a éstas, (iv) los lugares en los que deben presentarse
para tramitar o recibirlas, (v) el tiempo de la entrega, (vi) la etapa en el
trámite en la que se encuentran las solicitudes, (vii) los criterios que se
tienen en cuenta para su asignación o rechazo, (viii) las razones por las
cuales en ocasiones éstas se niegan, y (ix) las instituciones o lo operarios
responsables a cargo de su trámite y entrega.  Adicionalmente, muchas
entidades, tanto del nivel nacional como del territorial, no cuentan con un
mecanismo de registro, proceso y control de los derechos de petición presentados
por la población desplazada. Por último, los desplazados no conocen las maneras
cómo acceder a información acerca de la atención ofrecida por el Estado y,
normalmente, deben acudir a múltiples puntos de información”.
[58] (M.P. Manuel Jose Cepeda Espinosa). Además de la sentencia T-025 de 2004 (M.P
Manuel José Cepeda Espinosa), la
Corte Constitucional ha proferido numerosos autos de seguimiento respecto de
las medidas adoptadas para la superación del estado de cosas inconstitucional y
aquellas que permitan garantizar el goce efectivo de los derechos de la
población desplazada. En esta oportunidad, la
Corte constató que persistía el estado de cosas inconstitucional, a pesar de
los avances logrados  y que pese a ello, no se había logrado un avance
sistemático e integral en el goce efectivo de todos los derechos de la
población víctima de desplazamiento forzado, razón por la cual adoptó unas
medidas generales y específicas de protección.
[59] (M.P
Alfredo Beltrán Sierra). En el presente asunto, la
Corte consideró que la tutela era el medio idóneo de defensa de los derechos
fundamentales de una persona desplazada, a quien la entidad accionada había
omitido informarle con claridad y precisión sobre los derechos que en su
condición de tal le asistían.
[60] Esta posición ha sido reiterada por esta Corporación entre otras en las
sentencias T- 175 de 2005 (M.P Jaime Araujo Rentería), T- 136 de 2007 (M.P
Jaime Córdoba Triviño), T- 044 de 2010 (M.P María Victoria Calle Correa) y
C-047 de 2001 (M.P Eduardo Montealegre Lynett).
[61] MP Eduardo Montealegre Lynett.
[62] En esta oportunidad, la
Corte resolvió: Primero. Declarar INEXEQUIBLE el artículo 9º de la
Ley 418 de 1997.Segundo. Declarar EXEQUIBLE la expresión "siempre que la
solicitud se eleve dentro del año siguiente a la ocurrencia del hecho",
contenida en el artículo 16 de la Ley 418 de 1997, bajo el entendido de que el
término de un año fijado por el Legislador para acceder a la ayuda humanitaria,
comenzará a contarse a partir del momento en que cese la fuerza mayor o el caso
fortuito que impidieron presentar oportunamente la solicitud. Tercero. INHIBIRSE
para pronunciarse de fondo en relación con la expresión "y sin
intermediario", contenida en el artículo 46 de la
Ley 418 de 1997, por ineptitud de la demanda.
[63] Sentencia T-136 de 2007 (MP Jaime Córdoba Triviño). Ibídem.