T-423-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-423/14
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD Y NEGATIVA DE
SUMINISTRO DE CIERTOS ELEMENTOS NO POS
SUBREGLAS JURISPRUDENCIALES QUE DETERMINAN
INAPLICACION DE REGLAS DE EXCLUSION DEL POS-Reiteración de jurisprudencia
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD-Oficiar a la Superintendencia Nacional de Salud
para que adelante las investigaciones correspondientes en cada uno de los casos
amparados, establezca responsabilidades y tome decisiones/DERECHO
FUNDAMENTAL A LA SALUD-Oficiar a la Defensoría del Pueblo para que actúe en
defensa de los derechos a la salud y a la vida digna
A
partir de la recurrente situación evidenciada una vez más por los casos
analizados en esta providencia, esta Sala de Revisión debe nuevamente advertir
a las entidades prestadoras de salud, en cualquiera de los dos regímenes, sea
éste contributivo o subsidiado, no continuar desconociendo caprichosamente y
sin razón válida, los precedentes jurisprudenciales de esta corporación en
cuanto a la aplicación de cada una de las subreglas antes expuestas, las cuales
propenden por la prestación adecuada y eficiente del servicio de salud. Por
esta razón, se les recuerda a dichas entidades el deber de acatar y aplicar
todos los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la materia, pues
no existe justificación alguna para que algunas de ellas continúen
desconociendo sus deberes, especialmente frente a personas que merecen especial
protección constitucional, como aconteció en la mayoría de los casos objeto de
estudio en esta sentencia. Ante dicho desconocimiento injustificado por parte de las mencionadas
entidades, sobre el cual urden la negativa recurrente a autorizar y suministrar
los distintos servicios, elementos, intervenciones y medicamentos necesarios
para precaver riesgos contra la salud y la vida digna, se dispondrá enviar
copia de esta providencia a la Superintendencia Nacional de Salud,
solicitándole que adelante las investigaciones correspondientes en cada uno de
los casos amparados y a la brevedad posible establezca responsabilidades y tome
las decisiones a que hubiere lugar, cuya determinación comunicará al respectivo
despacho judicial de primera instancia Igualmente, se procederá frente a la
Defensoría del Pueblo, para que con respecto a lo analizado, actúe en defensa
de los derechos a la vida digna de los habitantes del territorio nacional, como
corresponde dentro del ámbito de sus funciones, conforme a lo previsto en el
artículo 282-1 de la Constitución
Referencia: expedientes T-4227589,
T-4230015, T-4230341, T-4230708, T-4231061, T-4233799, T-4234759, T-4235572,
T-4237301, T-4237612, T-4239579, T-4244135, T-4244695, T-4247762, T-4253295,
acumulados.
Acciones de tutela instauradas por i) José
Salomón Solórzano contra Capital Salud EPS (T-4227589); ii) María Libia Amaya
de Amaya contra Cafesalud EPS (T-4230015); iii) Eneas Angelino Acosta contra
Capital Salud EPS (T-4230341); iv) Luis A. Peñuela  contra  Asmet  Salud  EPS
(T-4230708); v) Primo  Eliécer  Roa  Roa  contra  Nueva  EPS (T-4231061); vi) Luz
Adriana Cáceres Niño contra Nueva EPS (4233799); vii) Luis Carlos Barrera
Contra Capital Salud EPS (T-4234759); viii) Betty del Socorro Mendoza Herrera
contra Coomeva EPS (T-4235572); ix) Aminta Casteblanco Moreno contra Saludcoop
EPS (T-4237301); x) Jean Emanuel Reyes Trujillo contra Compensar EPS (T-
4237612); xi) Armando Valdés Bermúdez contra Saludcoop EPS (T-4239579); xii) Amparo
Ramírez   de   Solarte   contra   Comfenalco   EPS (T-4244135); xiii) Rubén
Darío González Garzón contra Sura EPS (T-4244695); xiv) Santos María Correa
Ortega contra Coosalud EPS (T-4247762); xv) Dany Yulieth Moreno Charry contra
Comfamiliar EPS (T-4253295); acumulados.
Magistrado Ponente:
ANDRÉS MUTIS VANEGAS.
Bogotá, D. C., dos (2) de julio de dos mil catorce
(2014).
La Sala Sexta de Revisión
de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Andrés Mutis Vanegas,
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Alberto Rojas Ríos, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En la revisión de los fallos dictados por i) el Juzgado 26 Penal Municipal de Bogotá (T-4227589); ii) Juzgado
7° Civil Municipal de Manizales (T-4230015); iii) Juzgado 2° Administrativo
Oral del Circuito de Villavicencio (T-4230341); iv) Tribunal Superior de
Armenia, Sala Penal (T-4230708); v) el Juzgado 42 Penal  del  Circuito  con  Funciones
de  Conocimiento de  Bogotá  (T-4231061); vi) Tribunal Superior de
Bucaramanga, Sala Civil (T-4233799); vii) Juzgado 27 Penal  Municipal  con  Función
de  Conocimiento  de  Bogotá  (T-4234759); viii) Juzgado 1° Penal Municipal de
Sincelejo (T-4235572); ix) Juzgado 1° Penal del Circuito de Pitalito, Huila
(T-4237301); x) Juzgado 3° Civil Municipal de Bogotá (T-4237612); xi) Juzgado
1° Promiscuo Municipal de Candelaria, Valle (T-4239579); xii) Juzgado 17 Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali (T-4244135); xiii) Juzgado
Promiscuo Municipal de Suesca, Cundinamarca (T-4244695); xiv) Juzgado 17 Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali (T-4247762); xv) Juzgado
2° Civil del Circuito de Neiva (T-4253295), respectivamente, dentro de las acciones de tutela incoadas por José Salomón Solórzano contra Capital Salud EPS
(T-4227589); María Libia Amaya de Amaya contra Cafesalud EPS (T-4230015); Eneas
Angelino Acosta contra Capital Salud EPS (T-4230341); Luis Antonio Peñuela
contra Asmet Salud   EPS  (T-4230708);   Primo   Eliécer   Roa   Roa   contra   Nueva
EPS (T-4231061); Luz Adriana Cáceres Niño contra Nueva EPS (4233799); Luis
Carlos Barrera Contra Capital Salud EPS (T-4234759); Betty del Socorro Mendoza
Herrera contra Coomeva EPS (T-4235572); Aminta Casteblanco Moreno contra
Saludcoop EPS (T-4237301); Jean Emanuel Reyes Trujillo contra Compesar EPS (T-
4237612); Armando Valdés Bermúdez contra Saludcoop EPS (T-4239579); Amparo
Ramírez de Solarte contra Comfenalco EPS (T-4244135); Rubén Darío González
Garzón contra Sura EPS (T-4244695); Santos María Correa Ortega contra Coosalud
EPS-S (T-4253295); Dany Yulieth Moreno Charry contra Comfamiliar EPS
(T-4253295), respectivamente.
Los
respectivos expedientes llegaron a la
Corte Constitucional por remisión que efectuaron los mencionados despachos
judiciales, en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 inciso 2° de la
Constitución y 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991.
La Sala Cuarta de Selección de la
Corte, mediante auto de febrero 25 de 2014, eligió  para  revisión   los   expedientes
T-4227589,  T-4230015,  T-4230341, T-4230708,   T-4231061,   T-4233799,   T-4234759,
T-4235572,   T-4237301, T-4237612, T-4239579, T-4244135, T-4244695, T-4247762
y T-4253295, disponiendo en el numeral 10° de dicha providencia acumularlos
para que fueran fallados conjuntamente, por presentar unidad de materia.
I. ANTECEDENTES.
José Salomón Solórzano, María Libia Amaya de Amaya,
Eneas Angelino Acosta, Luis Antonio Peñuela, Primo Eliécer Roa Roa, Luz Adriana
Cáceres Niño, Luis Carlos Barrera, Betty del Socorro Mendoza Herrera, Aminta
Casteblanco Moreno, Jean Emanuel Reyes Trujillo, Armando Valdés Bermúdez,
Amparo Ramírez de Solarte, Rubén Darío González Garzón, Santos María Correa
Ortega y Dany Yulieth Moreno Charry, instauraron sendas acciones de tutela
contra las entidades de la referencia, aduciendo violación de sus derechos
fundamentales a la vida digna y a la salud, por los hechos que a continuación
son narrados.
1.
Exp. T-4227589, José Salomón Solórzano contra Capital Salud EPS.
A.
Hechos.
1.
Karen Viviana Saldaña Solórzano, residente en Bogotá, quien actúa como agente
oficiosa de su abuelo José Salomón Solórzano, de 92 años de edad, afirmó que él
padece de hipertensión arterial sistémica y EPOC y por esta razón requiere
atención continua y permanente.
2.
Afirmó que quien se hace cargo de los cuidados que él requiere es su abuela, de
78 años de edad, quien a su vez padece de ceguera en un ojo y no cuenta con los
recursos económicos para los medicamentos y tratamientos de su esposo.
3.
Indicó que en respuesta, la EPS indicó que es a la
Secretaría Distrital de Integración Social a quien corresponde la entrega de
los insumos de aseo para personas mayores con limitaciones físicas o mentales.
4.
Por lo anterior, solicitó que se autorice y entregue a su abuelo “silla de
ruedas, servicios de enfermería 24 horas, pañales desechables diarios y
servicios médico domiciliario”.
B.
Documentos relevantes que en copia obran en el expediente respectivo.
*   Contraseña de la cédula de Karen Viviana
Saldaña Solórzano (f. 7 ib.).
*   Cédula
de ciudadanía de José Salomón Solórzano Daza (f. 8 ib.).
*   Historia clínica del agenciado
donde se lee que padece de hipertensión arterial sistémica-EPOC (fs. 10 al 13
ib.).
C.
Actuación procesal y respuesta de la entidad accionada.
Mediante
auto de octubre 24 de 2013, el Juzgado 26 Penal Municipal de Bogotá admitió la
acción de tutela y ordenó correr traslado a la entidad accionada y así mismo, vincular
a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, para que ejercieran el derecho de defensa, de conformidad con lo
establecido en el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, otorgándoles un término
de dos días para contestar.
Respuesta
de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
En
escrito de octubre 28 de 2013, la
Subdirectora de Gestión Judicial de la
Secretaría señaló que el señor José Salomón Solórzano se encuentra afiliado a la
EPS-S Capital Salud desde marzo 15 de 2012 en el nivel 1 del SISBEN.
Adujo
que los insumos solicitados deben ser suministrados por la
Secretaría Distrital de Integración Social, entidad que tiene dentro de sus
subdirecciones un programa para la atención del adulto con limitaciones físicas
o mentales.
Así
mismo, anotó que la prestación de los servicios en salud le corresponden a la
EPS Capital Salud ya que es la entidad competente por cuanto el usuario se
encuentra activo en esta entidad (f. 19 ib.).
Respuesta
de Capital Salud EPS
En
octubre 28 de 2013, el representante legal de la entidad solicitó al juez de
tutela declarar improcedente la acción, anotando que existe falta de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez, que Capital Salud EPS no es la
encargada de los temas concernientes a la atención integral a personas mayores.
Señaló
que los pañales desechables y la silla de ruedas, son considerados como
exclusiones del Plan Obligatorio de Salud serían responsabilidad de las
entidades territoriales que tengan a su cargo la prestación de servicios de
salud.
D.
Decisión objeto de revisión.
El
Juzgado 26 Penal Municipal de Bogotá, negó el amparo solicitado, aduciendo que
no es el juez de tutela el encargado de valorar el tratamiento médico a seguir
en determinado paciente, como tampoco puede obligar a una EPS a ordenar la
entrega de insumos sin haber sido previamente prescritos por el médico
respectivo.
2.
Exp. T-4230015, María Libia Amaya de Amaya contra Cafesalud EPS.
A.
Hechos.
1.
María Consuelo Amaya de Hernández, residente en Manizales, actuado como agente
oficiosa de su madre María Libia Amaya de Amaya, de 84 años de edad, afiliada
en el régimen subsidiado en salud y quien padece de “enfermedad
cardiovascular isquémico, EPOC, HTA, ERC, delirium hipoactivo” declaró que
en razón a su enfermedad, el médico tratante le prescribió “servicio de
oxígeno domiciliario por concentrador de oxígeno a 2lt/min por 24 horas y
requiere pañales”.
2.
Informó que han solicitado en varias oportunidades a la
EPS lo prescrito, pero le responden que “hay que esperar, que como se
encuentra afiliada desde Salamina, es allá donde debemos reclamar el servicios,
y que los pañales deben correr por cuenta nuestra” (f. 9 ib.).
B.
Documentos relevantes que en copia obran en el expediente respectivo.
*   Cédula de ciudadanía de María Libia Amaya de
Amaya (f. 3 ib.).
*   Historia clínica de la agenciada (fs. 4
a 6 ib.).
*   Fórmula médica de octubre 23
de 2013 donde ordenan “oxigeno domiciliario por concentrador de oxigeno a
2lt/min por 24 horas diarias” (f. 7 ib.).
*   Afiliación al sistema de seguridad social en
el régimen subsidiado (f. 8 ib.).
C.
Actuación procesal y respuesta de la entidad accionada.
Mediante
auto de noviembre 5 de 2013, el Juzgado 7° Civil Municipal de Manizales, decidió
admitir la acción de tutela, vincular a la
Dirección Territorial de Salud de Caldas y correr traslado a la
EPS accionada, para que en el término de 2 días se pronuncien sobre los hechos
de la acción.
Así
mismo, decretó medida provisional para que dicha EPS autorice y suministre
concentrador de oxígeno a 2lt/mon por 24 horas diarias a la señora María Libia
Amaya para lograr el restablecimiento de su salud y vida digna.
Respuesta
de la Dirección Territorial de Salud de Caldas
En
noviembre 12 de 2013, la subdirectora de aseguramiento de la
Dirección Territorial de Salud de Caldas solicitó al juez declarar
improcedente la acción, ya que es la
EPS Cafesalud la encargada de realizar los trámites pertinentes y llevar a
cabo la atención en salud que demanda la accionante.
D.
Decisión objeto de revisión.
El
Juzgado 7° Civil Municipal de Manizales, en noviembre 19 de 2013, concedió el
suministro de oxígeno domiciliario por concentrador de oxígeno a 2lt/min por 24
horas diarias y el tratamiento integral que requiere la agenciada, respecto de
la patología “enfermedad cardiovascular isquémico, EPOC, HTA, ERC, Delirium
Hipoactivo”.
Así
mismo, decidió no conceder el suministro de pañales ya que aún no existe orden
alguna de médico tratante que prescriba el insumo solicitado (f. 23 ib.).
3.
Exp. T-4230341, Eneas Angelino Acosta contra Capital Salid EPS y otros.
A.
Hechos.
1.
Fanny Janneth Acosta, residente en Villavicencio, presentó acción de tutela en
representación de su tío Eneas Angelino Acosta, de 74 años de edad, quien en
mayo 7 de 2009, sufrió un accidente al caerse de un tubo de acueducto en el
municipio de Yopal, que le causó “trauma raquimedular”, diagnosticándole
así “paraplejia espástica con pérdida de control de esfínteres vesical” situación
que le impide movilizarse por sí mismo.
2.
Señaló que le han sido prescritos en diferente ocasiones “silla de ruedas
con especificaciones especiales” y “300 pañales plenitud Project, 2
cajas de guantes de manejo, 180 tabletas de pregabalina y control con fisiatría
en 3 meses”, los cuales no han sido entregados y autorizados por la
EPS hasta el momento.
3.
Así mismo, solicitó que debido a la dificultad de locomoción que padece su tío
y por su difícil situación económica, se ordene a la
EPS suministrar servicio de enfermería las 24 horas.
B.
Documentos relevantes que en copia obran en el expediente respectivo.
*   Orden médica de noviembre 13
de 2012, por parte de la
IPS Rehabilitación Médica Integral donde se prescribe silla de ruedas (f. 6
ib.).
*   Formato de aprobación de
medicamentos por fuera del POS, solicitando la silla de ruedas (f. 8 ib.).
*   Copia de los servicios
prescritos por parte de la IPS Medicoop de febrero 16 de 2013, ordenando “rx
de caderas, rx de columna dorso lumbar, pregabalina 300mg, 2 cajas de guantes
de manejo, 300 pañales plenitud Project, control por fisiatría en 3 meses”.
C.
Actuación procesal y respuestas de las entidades.
Mediante
auto de agosto 26 de 2013, el Juzgado 2° Administrativo Oral del Circuito de
Villavicencio avocó conocimiento de la acción de tutela y dio traslado a los
entes accionados, para que ejercieran sus derechos de defensa y contradicción.
Declaración
juramentada de Flor Fidelina Beltrán de Acosta
En
agosto 27 de 2013, la señora Flor Fidelina acudió al Juzgado de instancia y
declaró que es esposa del señor Eneas Angelino Acosta, quien “tiene estado
de salud pésimo, porque él no puede moverse de la cama, ni ir al baño, él no
tiene movimiento de aquí de la cadera para abajo”. Indicó que viven con su hija
de 30 años, quien tiene 3 hijos menores de edad. Sobre sus ingresos económicos,
explicó que subsisten con lo que sus hijos les puedan aportar. Agregó que tiene
14 hijos, todos mayores de edad, quienes viven en diferentes lugares del país y
cuentan con lo necesario para subsistir.
Respuesta
de la Secretaría de Salud de Villavicencio
Mediante
escrito de agosto 28 de 2013, la
Secretaria Local de Salud manifestó que no se ha presentado a la fecha
petición alguna consistente en la solicitud de medicamentos, procedimientos o
insumos por parte del señor Eneas Angelino Acosta y por tal razón no ha
existido vulneración de sus derechos fundamentales y solicita que se declare la
improcedencia de la acción de tutela, toda vez que el accionante no agotó los
medios y recursos idóneos.
Respuesta
de la Secretaría de Salud del Meta
El
Secretario de la entidad vinculada expresó que por parte de esta Secretaría se
requirió a la EPS accionada, con el objetivo de que cumpla sus competencias
conforme a la ley, dado que el servicio de salud está bajo su responsabilidad.
Respuesta de Capital Salud EPS
En
agosto 29 de 2013, la gerente de la EPS accionada solicitó al juez de tutela
declarar la improcedencia de la acción, debido a que no se ha vulnerado ningún
derecho fundamental y, por el contrario, la
EPS ha cumplido todas sus obligaciones tendientes a prestar los
procedimientos, intervenciones y medicamentos incluidos en el POS, requeridos
por el paciente.
Precisó
que en torno a las solicitudes y prescripciones médicas, la agente oficiosa no
ha tramitado debidamente las órdenes ante dicha EPS y por tal motivo no se ha
dado el trámite pertinente de las mismas.
D.
Decisión objeto de revisión.
El
Juzgado 2° Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio, en septiembre 6
de 2013, negó las pretensiones al considerar que no hay medio de prueba que
afirme que la EPS tenía conocimiento de lo prescrito y por esta razón no existe
negación por parte de la entidad accionada de los elementos, tratamientos e
insumos solicitados y por el contrario a brindado toda la atención requerida.
4.
Exp. T-4230708, Luis Antonio Peñuela y Martha de Jesús Londoño de Peñuela
contra Asmet Salud EPS y la
Secretaría de Salud del Quindío.
A.
Hechos.
1.
Martha Cecilia Peñuela Londoño, quien reside en Armenia, actuando como agente
oficiosa de sus padres, de 81 y 72 años de edad, respectivamente, manifestó que
su padre Luis Antonio padece de “insuficiencia de la válvula aórtica,
pulmonar obstructiva crónica y enfermedad cerebrovascular” y su madre
Martha de Jesús padece “EPOC, neumonía y diabetes.
2.
Señaló que su padre no tiene capacidad para movilizarse y por tal razón deben
trasladarlo en taxi para que le realicen las terapias, lo que resulta lesivo
para su estado de salud.
3.
Añadió que ambos se encuentran en el nivel II del SISBEN, siendo su situación
económica precaria debido a que su única fuente de ingresos proviene de “un
hermano mío que le aporta algunos recursos producto de su labor en
construcción”.
4.
Por lo anterior, solicitó “se entreguen los medicamentos de manera oportuna,
citas con especialistas, práctica de terapias, pañales desechables, colchón
antiescaras y sillas de ruedas”. Igualmente pidió “suplementos
vitamínicos, transporte con acompañante porque son personas mayores,…atención
domiciliaria” (f.6 ib.).
B.
Documentos que obran como prueba en el expediente.
*     Cédulas
de ciudadanía de Luis Antonio Peñuela, Martha Londoño de Peñuela  y Martha
Cecilia Peñuela Londoño (fs. 8 a 10 ib.).
*     Historia
clínica de Luis Antonio Peñuela (fs. 11
a 12).
*     Historia
clínica de Martha Londoño de Peñuela (fs. 16
a 18).
C.
Actuación procesal y respuestas de las entidades accionadas.
Mediante
auto de septiembre 24 de 2013, el Juzgado 3° Penal del Circuito de Conocimiento
de Armenia admitió la acción de tutela y corrió el respectivo traslado (f. 20
ib.).
Respuesta
de la Secretaría de Salud Departamental de Quindío
En
octubre 18 de 2013, el Secretario de Salud de dicho departamento señaló que los
accionantes se encuentran afiliados a la
EPS Asmet Salud, por el régimen subsidiado, en estado activo y por tal motivo
la entidad legalmente obligada a brindarles los suministros requeridos y la
atención integral en salud es dicha EPS y no la
Secretaría Departamental de Salud (f. 29 ib).
Declaración
juramentada de Martha Cecilia Peñuela Londoño.
En
septiembre 27 de 2013, previo requerimiento por parte del juzgado de instancia,
la agente oficiosa declaró que el especialista le recomendó no mover a su padre
debido a su mal estado de salud, y que, como ya lo había indicado le formuló
silla de ruedas y pañales desechables, pero que no ha entregado las respectivas
órdenes a la EPS. Según explicó, solicitó verbalmente estos servicios, pero le
contestaron que nada de eso era posible y fue por esta razón que interpuso
acción de tutela.
Respecto
de su madre, manifestó que le han sido autorizados todos los servicios médicos
requeridos. Solicitó para ella “transporte y que no le cobren copagos”.
Sobre
la situación económica de ellos, indicó que “no son pensionados, que reciben
el aporte de Colombia Humanitaria cada dos meses, ningún otro familiar les
colabora” (f. 42 ib.).
Respuesta
de Asmet Salud EPS
En
escrito de septiembre 27 de 2013, el técnico jurídico departamental de la
EPS indicó que no es posible para un usuario pretender la entrega de
elementos, procedimientos, citas médicas y transporte cuando en ningún momento
los médicos tratantes se han pronunciado frente a los mismos, lo cual muestra
una carencia actual de objeto en la presente acción.
Expresó
que es a la
Secretaría Departamental de Salud del Quindío a quien corresponden los
servicios excluidos del POS, como lo son la entrega y autorización de pañales,
transporte y exoneración de copagos de conformidad con lo establecido en el
Acuerdo 029 de 2011 (fs. 69 a 70 ib).
D.
Decisión objeto de revisión.
Sentencia
de primera instancia.
El
Juzgado 3° Penal del Circuito de Conocimiento de Armenia dictó sentencia en
octubre 7 de 2013, concediendo las pretensiones de la acción de tutela, en lo
que tiene que ver con los gastos de transporte en esa ciudad y fuera de ella y
alojamiento si fuere necesario. Así mismo, ordenó la no exoneración de copagos
y cuotas moderadoras. Sin embargo, denegó la entrega de pañales desechables y
suplementos alimenticios y vitamínicos ya que no existe orden médica emitida
por médico adscrito a la EPS.
Impugnación.
La
agente oficiosa impugnó la decisión del a quo, adjuntando a su escrito
la historia clínica de su padre, Luis Antonio Peñuela, fechada el 15 de octubre
15 de 2013, en la cual se lee que el paciente “requiere de pañales
permanentes, de silla de ruedas para desplazarse, además la terapia física debe
realizarse en casa o suspenderse por dificultad en el desplazamiento del
paciente o en caso contrario debe desplazarse o ser llevado a consulta médica
en ambulancia” (f. 80 ib.). Por esta razón, solicita que sean concedidos
los elementos e insumos prescritos, así como el trasporte para movilizarse
dentro del municipio en que residen.
Sentencia
de segunda instancia.
La Sala Penal del Tribunal
Superior de Armenia, en diciembre 2 de 2013 revocó el fallo, concediendo
únicamente la entrega de pañales desechables y negando la entrega de la silla
de ruedas, toda vez que ésta debe ser prescrita por médico especialista (f. 95
ib).
5.
Exp. T-4231061, Primo Eliécer Roa Roa contra Nueva EPS.
A.
Hechos.
1.
Primo Eliécer Roa Roa indicó que tiene 70 años, le fue diagnosticado “tumor
maligno recto” y se encuentra afiliado a la
Nueva EPS en el régimen contributivo.
2.
Expuso que debido a su condición de salud, su médico tratante le ordenó de
manera urgente el suministro de pañales desechables para adulto talla L.
3.
Manifestó que el Comité Técnico Científico de la
Nueva EPS, le negó el suministro de pañales, argumentando que estos se
encuentran expresamente excluidos del POS.
4.
Por lo anterior, solicitó la entrega de pañales desechables, atención integral
que requiera para mejorar su estado de salud y la exoneración de copagos.
B.
Documentos relevantes que en copia obran en el expediente respectivo.
*     Orden
médica donde se prescriben pañales desechables 3 al día y caja de guantes para
limpieza perineal (f. 6 ib.).
*     Formato
de negación de servicios de salud por encontrarse excluidos del POS (f. 7 ib.).
*     Historia
clínica del paciente (fs. 8 a 11 ib.).
*     Cédula
de ciudadanía del señor Primo Eliécer Roa (f. 12 ib).
*     Copia
del carné de la Nueva EPS (f. 13 ib.).
C.
Actuación procesal y respuesta de la entidad accionada.
Mediante
auto de julio 16 de 2013, el Juzgado 42 Penal del Circuito de Bogotá con
Funciones de Conocimiento avocó la acción de tutela y dio traslado a las
entidades demandadas, para que en el término de un día ejercieran su derecho de
defensa y contradicción (f. 15 ib.).
Respuesta
de la Nueva EPS.
En
julio 18 de 2013, el apoderado general para tutelas de la
EPS accionada, pidió declarar improcedente la acción, al no aparecer violado
derecho alguno, pues la EPS ha cumplido sus deberes, al prestar los
procedimientos, intervenciones y medicamentos incluidos en el POS requeridos
por el paciente.
Indicó
que los pañales desechables no pueden ser autorizados por la
EPS al ser insumos NO POS de conformidad con lo señalado en el artículo 49 del
acuerdo 29 de 2012.
D.
Decisión objeto de revisión.
El
Juzgado 42 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá dictó
sentencia en julio 29 de 2013, negando el amparo impetrado por el actor, al
considerar que la orden médica data de hace mas de 15 meses. De ello dedujo que
en todo ese tiempo el actor ha contado con las posibilidades económicas para
acceder a lo solicitado por sus propios medios, pues solo hasta la fecha
recurrió a la acción de tutela, lo que además implica falta de inmediatez en la
interposición de la misma.
6.
Exp. T-4233799, Luz Adriana Cáceres Niño contra Nueva EPS.
A.
Hechos.
1.
Jorge Cáceres Vega, residente en Bucaramanga, obrando en representación de su
hija menor de 16 años, Luz Adriana Cáceres Niño quien padece desde los 3 años “displasia
paralítica de cadera, al igual que un severo retardo del desarrollo psicomotor
y cognitivo incapacidad para usar el lenguaje y distenia que consiste en
trastornos del movimiento que causan torceduras y movimientos repetitivos o
posturas anormales” interpuso tutela contra la
Nueva EPS.
2.
Indicó que en septiembre 21 de 2012 el médico tratante mediante fórmula médica
autorizó que se realicen los procedimientos “osteotomía compleja en
pelvis-ganz, osteotomía femoral varizante e injerto óseo en pelvis” en el
Hospital San Ignacio de Bogotá.
3.
Expuso que en marzo de 2013, solicitó por escrito que la cirugía se realizara
en la ciudad de Bucaramanga y no en el Hospital Universitario de San Ignacio en
Bogotá, ya que no cuenta con los recursos económicos para cubrir los gastos del
traslado.
4.
La EPS le comunicó que no cuenta con el personal idóneo y la capacidad técnica
científica en Bucaramanga para que se realice la cirugía.
5.
Por lo anterior, el accionante solicita que se realice la cirugía en la ciudad
de Bucaramanga, la entrega de pañales desechables como lo ordenó el médico
tratante, gastos de transporte dentro del municipio para la realización de las
terapias y tratamiento integral que se requiera para su recuperación.
B.
Documentos relevantes que en copia obran en el expediente respectivo.
*     Registro
de nacimiento y tarjeta de identidad de la menor Luz Adriana Cáceres Niño (f. 2
ib.).
*     Carné
de afiliación a la Nueva EPS de la menor (f. 3 ib.).
*     Cédula
de ciudadanía de Jorge Cáceres Vega (f. 4 ib.).
*     Historia
clínica con diagnostico de “displasia paralítica de caderas. POP OFVD
bilateral, inestabilidad de cadera izquierda” (f. 5 ib.).
*     Aprobación
de servicios por parte la Nueva EPS “injerto óseo en pelvis NCOC y
osteotomía valguizante o varizante de cuello de fémur con fijación interna o
externa” (f. 6 ib.).
*     Carta
dirigida a la Nueva EPS, solicitando que la cirugía sea realizada en la
Clínica Foscal de Floridablanca, debido a que no cuenta con recursos
económicos para cubrir los gastos del traslado (f. 7 ib.).
*     Respuesta
por parte de la Nueva EPS, negando la realización de la cirugía en la ciudad de
Bucaramanga por no contar con el personal idóneo (f. 8 ib.).
*     Orden
médica autorizando la entrega de pañales desechables (f. 9 ib).
C.
Actuación procesal y respuesta de la entidad accionada.
Mediante
auto de julio 11 de 2013, el Juzgado 7° de Familia de Bucaramanga admitió la
acción de tutela y ordenó dar traslado a la entidad accionada, para que
ejerciera su derecho de defensa. De igual modo, vinculó al Ministerio de Salud
y Protección Social.
Respuesta de Nueva EPS.
En
julio 23 de 2013, el representante legal de esta entidad solicitó al juez de
tutela declarar la improcedencia de la acción, debido a que no se ha vulnerado
ningún derecho fundamental de la menor. Respecto del cambio de IPS a una en el
lugar de residencia, adujo que los especialistas existentes en la
IPS FOSCAL cobran honorarios adicionales por valor de $ 5.000.000 para la
realización del procedimiento, por lo anterior no es factible el pago de dichos
honorarios.
Señaló
que la entrega de pañales desechables y del servicio de ambulancia que requiere
no se encuentran dentro del Plan Obligatorio de Salud y por tal razón no pueden
ser autorizados por la EPS.
D.
Decisión objeto de revisión.
Sentencia
de primera instancia.
El
Juzgado 7° de Familia de Bucaramanga, en julio 25 de 2013, negó las
pretensiones de la acción de tutela en lo que tiene que ver con la práctica del
procedimiento quirúrgico en la ciudad de Bucaramanga, pues este ya fue
autorizado y remitido al Hospital Universitario de San Ignacio.
Así
mismo, el Juzgado consideró que en lo relacionado con los costos de traslado,
alojamiento y alimentación del acompañante y la menor a otra ciudad para la
realización de la cirugía, serán asumidos por la entidad prestadora de salud,
autorizando el recobro al Fosyga de los gastos NO POS.
Finalmente,
se refirió a la entrega de pañales desechables, negando esta prestación al
considerar que no existe prescripción médica que ordene la entrega de estos (f.
50 ib.).
Impugnación.
El
Ministerio de Salud y Protección Social, a través de su Director Jurídico,
impugnó el fallo referido al considerar que la obligación en la prestación del
servicio recae exclusivamente en la EPS y por esta razón no le asiste derecho
alguno a ejercer recobro ante el Fosyga.
Sentencia
de segunda instancia.
El
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en septiembre 4 de
2013, modificó el fallo proferido, al considerar que la facultad de recobro
conferida a la Nueva EPS ante el Fosyga no comprende los gastos de transporte y
alojamiento, dado que éstos están incluidos en el POS. De otra parte aclaró que
este derecho sí aplica respecto de los gastos de transporte, hospedaje y
manutención de quien acompañe a la paciente, los cuales no hacen parte del POS
(f. 12 cd. 2).
7.
Exp. T-4234759, Luis Carlos Barrera contra Capital Salud EPS.
A.
Hechos.
1.
María del Carmen Barrera, de 65 años de edad y residente en Bogotá, quien tiene
diagnóstico de “hipertensión, osteoporosis, problema de mango rotador y
hernias discales”, indicó que tiene a cargo a su hijo Luis Carlos Barrera
de 35 años, quien padece de “secuelas de TCE cuadriplegia, déficit cognitivo
dependiente para actividad básica cotidiana” y se encuentra afiliado
a Capital Salud EPS, en el régimen subsidiado nivel 1.
2.
Afirmó que debido a la patología de su hijo, él es incapaz de sostenerse y no
tiene movilidad en sus piernas y brazos.
3.
Expuso que a su hijo le realizaban terapias las cuales le dejaron de
prescribir, pero su condición de salud no mejora y cada día pierde mas
movilidad.
4.
Manifestó que en septiembre 26 de 2013, el médico tratante ordenó “toxina
botolinica tipo A única IM 500 un clastridium” la cual es una inyección que
sirve como relajante muscular por la misma falta de terapias y movilidad.
5.
Indicó que desde octubre 1 de 2013 que radicó la orden médica no le han dado
respuesta, “todos los días llamo al número que me dieron y siempre me dicen
que no hay el medicamento”. Señaló que debido a la demora en la entrega del
medicamento su hijo ha empeorado en sus condiciones de salud.
6.
Así mismo, señaló que no controla esfínteres y debido a esto le ha solicitado a
los médicos en varias ocasiones que le prescriban pañales desechables,
obteniendo respuesta negativa.
7.
Por último, adujo que requiere una cama con barandas pues “se hace muy
necesaria con motivo de que en las noches y en el día siempre está el riesgo de
que se caiga de la cama por no controlar sus movimientos”.
B.
Documentos relevantes que en copia obran en el expediente respectivo.
*     Certificado
del Sisben, con puntaje 27.10%.
*     Cédula
de ciudadanía de María del Carmen Barrera Barrera (f. 8 ib.).
*     Cédula
de ciudadanía y carné de afiliación a Capital Salud EPS de Luis Carlos Barrera
(f. 9 ib.).
*     Historia
clínica de María del Carmen Barrera con diagnostico de “síndrome de manguito
rotador izquierdo, esclerosis a nivel de tuberosidad” (f. 10-14 ib.).
*     Historia
clínica de Luis Carlos Barrera (f. 16 ib.).
*     Orden
médica donde se prescribe “toxina botulinica tipo A 500 un clostridium,
aplicación por médico especialista” (f. 17 ib.).
*     Autorización
de medicamentos NO POS (f. 18 ib.).
*     Copia
del derecho de petición a Capital Salud EPS solicitando la entrega de los
medicamentos e insumos prescritos (f. 20
a 26 ib.).
C.
Actuación procesal y respuesta de las entidades accionadas.
Mediante
auto de noviembre 27 de 2013, el Juzgado 27 Penal Municipal con Funciones de
Conocimiento de Bogotá admitió la acción de tutela, ordenó dar traslado a la
EPS accionada y vinculó a la
Secretaria Distrital de Salud, para que ejercieran su derecho de defensa.
Respuesta
de Capital Salud EPS
En
escrito de diciembre 2 de 2013, la entidad accionada a través de su apoderado,
indicó que el medicamento prescrito registra en la base de datos como
autorizado sin haber sido reclamado por el usuario, lo cual hizo que se
venciera dicha autorización.
En
lo referente a la consulta médica domiciliaria y terapia física domiciliaria,
indicó que no aparecen en la base de datos de autorizaciones como servicios
solicitados por el usuario y radicados ante la
EPS, por lo cual no han sido autorizados.
Así
mismo, señaló que los pañales desechables solicitados son elementos de aseo y
no contribuyen ni al tratamiento ni a cambiar el curso de la enfermedad
presentada por el accionante.
Respuesta
de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.
En
representación del ente vinculado, en diciembre 2 de 2013, la
Subdirectora de Gestión Judicial de la
Secretaría Distrital de Salud señaló que esa entidad no ha incurrido en la violación
de ninguno de los derechos del actor. Por tanto, solicitó que se desvincule a
esa Secretaría de la presente acción de tutela (f. 50 ib.).
D.
Decisión objeto de revisión.
El
Juzgado 27 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, en sentencia
de diciembre 10 de 2013, no impugnada, concedió la entrega del medicamento “toxina
botulinica tipo A 500 un clostridium, aplicación por médico especialista”,
al tiempo que negó los demás suministros e implementos solicitados por el
accionante, esto es pañales desechables, cama con barandas, tratamiento
integral, médico domiciliario y terapias domiciliarias, por no existir orden
médica.
8.
Exp. T-4235572 Betty del Socorro Mendoza Herrera contra Coomeva EPS.
A.
Hechos.
1.
Humberto del Cristo Morales, residente en Sincelejo, actuando en representación
de Betty del Socorro Mendoza, de 72 años de edad, quien padece del mal de
Parkinson y epilepsia focal, señaló que ésta se encuentra “impedida
completamente para la marcha, para comer, sin control de esfínteres, con
neumonía recurrente dependiente”.
2.
Así mismo, señaló que no tiene a nadie quien la cuide en forma permanente “se
encuentra desprotegida y desvalida, postrada en cama, sujeta a la solidaridad
del vecindario”. No cuenta con medios económicos para contratar una
enfermera, como tampoco para comprar las medicinas y suplementos alimenticios y
demás elementos que se requieren para su cuidado.
3.
Expuso que en junio 20 de 2013, solicitó a través de un derecho de petición “acompañante
las 24 horas del día, 3 pañales diarios Tena Sleep M, 2 cajas de guantes
desechables, 2 cajas de gasa estéril, 2 bolsas de suero fisiológico, 2 cajas de
toallitas húmedas para limpiar la boca, 3 tubos de iruxol de 30
gramos, 5 ensure pequeños y visita mensual del médico domiciliario” (f. 2
ib.).
4.
Por lo anterior, el representante instauró acción de tutela, al considerar que la
EPS Coomeva vulneró los derechos fundamentales a la salud y la vida digna, al
no entregar los medicamentos e insumos que fueron ordenados por los médicos
tratantes y al no contestar la petición formulada.
B.
Documentos relevantes que en copia obran en el expediente respectivo.
*
Cédula de ciudadanía de Betty del Socorro Mendoza Herrera (f. 7 ib.).
*   Derecho de petición de junio 20 de 2013 ante
Coomeva EPS (fs. 8 a 9 ib.).
*  Historia clínica de Betty del
Socorro Mendoza con diagnóstico de mal de Parkinson y epilepsia focal (f. 11
ib.).
C.
Actuación procesal y respuesta de la entidad accionada.
Mediante
auto de octubre 30 de 2013, el Juzgado 1° Penal Municipal de Sincelejo avocó el
conocimiento de la acción de tutela y ordenó correr traslado a la
EPS accionada (f. 16 ib.).
Respuesta
de Coomeva EPS.
En
noviembre 27 de 2013, la directora de la oficina de dicha EPS, indicó que la
solicitud de suplementos nutricionales  como el Ensure no puede ser aprobado
por el CTC, ya que están excluidos del POS, además la paciente no posee ninguna
dificultad en el sistema masticatorio que impida la deglución.
En
cuanto a la solicitud de pañales desechables, señaló que son elementos
diseñados para el aseo personal, no son un tratamiento y en nada ayuda a la
recuperación del paciente.
Respecto
de la solicitud de enfermera 24 horas dijo que este tipo de servicios debe ser
ordenado por un médico tratante de acuerdo con su pertinencia, no evidenciando
ningún tipo de solicitud de este tipo ante Coomeva EPS (f. 40 ib.).
D.
Decisión objeto de revisión.
El
Juzgado Primero Penal Municipal de Sincelejo, en sentencia de noviembre 13 de
2013, que no fue recurrida, negó las pretensiones de la demanda al considerar
que no se allegó una historia clínica reciente de la paciente que permita
apreciar su actual estado de salud, y en la que se señale por parte del médico
tratante la prescripción de los medicamentos y elementos solicitados. Señaló
que ante dicha falencia, no es posible que el juez de tutela entre a suplir la
intervención del médico tratante, que es el facultado para diagnosticar y
prescribir medicamentos y tratamientos requeridos.
9.
Exp. T-4237301, Aminta Castiblanco Moreno contra Saludcoop EPS.
A.
Hechos.
1. Gloria Mercedes Cenón Castiblanco, residente en
Pitalito, quien actúa como agente oficiosa de su progenitora, de 83 años de
edad, afirmó que ella padece de “lesiones craneales probablemente
metastásicas y Parkinson”, por esta razón requiere asistencia para su
locomoción y medicación permanente, sin embargo carece de los recursos
económicos necesarios para costear los medicamentos, insumos y tratamientos que
requiere.
2. En marzo 22 de 2013, el neurólogo tratante
prescribió el suministro de una silla de ruedas y el suplemento alimenticio
ENSURE, en el formato de “solicitud y justificación de insumos y
procedimientos No POS” (f. 11 a 13 cd. inicial).
3. En respuesta, la
EPS indicó que los suministros pedidos no se encuentran incluidos en el Plan
Obligatorio de Salud, por tanto debe tramitarse ante el Comité Técnico
Científico el análisis sobre su viabilidad (f. 10 ib.).
4. Por lo anterior, instauró en noviembre 13 de 2013
acción de tutela, a fin de buscar judicialmente la protección de sus derechos
fundamentales a la vida en condiciones dignas y a la salud, que consideró
vulnerados por Saludcoop EPS y la
Secretaría de Salud del Departamento del Huila.
B.
Documentos relevantes que en copia obran en el expediente respectivo.
*     Respuesta
de Saludcoop EPS (f. 6 ib.).
*     Cédula
de ciudadanía de Aminta Castiblanco Moreno (f. 7 ib.).
*     Cédula
de ciudadanía de Gloria Mercedes Cenón Castiblanco (f. 8 ib.).
*     Carné
de afiliación a Saludcoop EPS (F. 9 ib.).
*     Registro
Sisben del núcleo familiar de Gloria Mercedes Cenón Castiblanco (f. 10 ib.).
*     Solicitud
y justificación de insumos y procedimientos no POS (f. 11 ib.).
*     Historia
clínica de Aminta Castiblanco Moreno (fs. 12
a 16 ib.).
C.
Actuación procesal y respuesta de la entidad accionada.
Mediante
auto de noviembre 14 de 2013, el Juzgado 1° Penal del Circuito de Pitalito
(Huila) admitió la acción de tutela, ordenando correr traslado a la empresa
accionada y a la Secretaría de Salud Departamental del Huila. Así mismo,
decidió ordenar a la señora Gloria Mercedes Cenón Castiblanco rendir
declaración juramentada ante dicho Juzgado[1].
Respuesta
de Secretaría de Salud Departamental del Huila.
En
noviembre 19 de 2013, un Profesional Universitario de esa entidad manifestó que
registrada la base de datos se constató que la agenciada “se encuentra
afiliada al Régimen Contributivo de Salud a través de la
EPS Saludcoop en estado activo del Sisben”, por tanto la
Secretaría no es la entidad obligada a la prestación efectiva del servicio asistencial
de salud.
Explicó
que por tratarse de suministros y elementos excluidos expresamente del POS,
según el Acuerdo 029 de 2011 de la
Comisión de Regulación en Salud, la idoneidad, necesidad y viabilidad de los
mismos deber ser evaluado por el Comité Técnico Científico, en adelante CTC.
D.
Decisión objeto de revisión.
Mediante
fallo de noviembre 27 de 2013, el Juzgado 1° Penal del Circuito de Pitalito
negó el amparo pedido a nombre de la paciente al considerar que no existía
trasgresión a sus derechos fundamentales, en la medida en que no se había
agotado el trámite ante el CTC de la
EPS. Así mismo, anotó que en la respuesta brindada por Saludcoop al derecho
de petición presentado por la accionante, se proporcionó la orientación
necesaria para acudir al CTC (f.46 ib.).
10.
Exp. T-4237612, Jean Emanuel Reyes Trujillo contra Compensar EPS y otros.
A.
Hechos.
1.
Emily Trujillo Espinosa, residente en Bogotá, agenciando los derechos de su
hijo Jean Manuel Reyes Trujillo, de 13 años de edad, señaló que el menor recibe
tratamiento especializado pues fue diagnosticado con “autismo en la niñez,
retardo global del desarrollo, paciente que presenta episodios de autoagresión
y heteroagresión, actualmente no tiene lenguaje, no tiene control de
esfínteres”
2.
De acuerdo al padecimiento, el especialista en fisiatría ordenó un tratamiento
integral de rehabilitación cognitivo-conductual por el término de 6 meses, que
comprende terapia física, ocupacional de fonoaudiología y psicología (f. 9 cd.
inicial respectivo).
3.
Sin embargo, en junio 14 de 2013, Compensar EPS informó que el CTC negó la
autorización del tratamiento porque la solicitud no cumplía los requisitos del
artículo 6° de la Resolución 3099 de 2008, del Ministerio de Salud y Protección
Social, relativo al agotamiento de posibilidades técnicas o científicas para la
rehabilitación de la enfermedad (f. 10 ib.).
4.
Por todo lo anterior, solicitó la protección de los derechos fundamentales del
menor de edad, de tal manera que se ordene el tratamiento integral de
rehabilitación cognitivo-conductual por el término de 6 meses, que comprende
terapia física, ocupacional de fonoaudiología y psicología.
B.
Documentos relevantes que en copia obran en el expediente respectivo.
*     Carné de Compensar (f. 1 ib.).
*     Tarjeta de identidad de Jean Manuel
Reyes Trujillo (f. 2 ib.).
*     Cédula de ciudadanía de Emily
Trujillo Espinosa (f. 3 ib.).
*     Orden médica de mayo veinticuatro
de 2013, sobre tratamiento integral de rehabilitación cognitivo-conductual con
terapia física, ocupacional, de fonoaudiología y psicología (f. 4 ib.).
*     Historia clínica de Jean Manuel
Reyes Trujillo (fs. 5 y 6 ib.).
*     Solicitud de autorización de
servicios médicos y prestaciones de salud No incluidos en el POS (f. 7 ib.).
*     Formato de negación de servicios de
salud de la Superintendencia Nacional de Salud (f. 8 ib.).
C.
Actuación procesal y respuesta de la entidad accionada.
Mediante
auto de octubre 30 de 2012, el Juzgado 3° Civil Municipal de Bogotá admitió la
acción de tutela y concedió un término de 2 días a la
EPS accionada para pronunciarse. Así mismo, vinculó al presente proceso a la Superintendencia Nacional de Salud y al Ministerio de Salud y Protección Social para que
dentro de los 2 días siguientes al recibo de la comunicación allegaran los
documentos que estimaran pertinente (f. 19 ib.).
Respuesta
del Ministerio de Salud y Protección Social.
En
escrito de noviembre 5 de 2013, el director jurídico del Ministerio señaló que
el Anexo 2 del Acuerdo 029 de 2011 contempla en el listado de procedimientos
que hacen parte del POS, los siguientes: consulta por primera vez por (i)
fisioterapia, terapia respiratoria, ocupacional, alternativas; (ii) consulta de
control o seguimiento por terapias alternativas; (iii) interconsulta por
terapia física, respiratoria, ocupacional; (iv) asistencia intrahospitalaria
por terapia foniatría y fonoaudiología, física, respiratoria, ocupacional (f. 24
a 27 ib.).
Por
tanto, afirmó que al encontrarse las terapias solicitadas bajo la cobertura del
POS, le corresponde a la EPS demandada garantizar el acceso efectivo a éstas en
condiciones de eficiencia y oportunidad. En consecuencia, solicitó al juez
abstenerse de emitir pronunciamiento alguno en cuanto a la facultad de la
EPS de repetir contra el Fosyga, pues dicha entidad tiene los mecanismos
legales y administrativos establecidos para tal fin.
Respuesta
de Compensar EPS.
En
noviembre 5 de 2013, el apoderado de la empresa solicitó al juez negar el
amparo solicitado, argumentando que la EPS ha proporcionado eficientemente las
terapias físicas, ocupacionales y de lenguaje, incluidas en el POS, las que son
utilizadas para el manejo médico de la enfermedad del menor de edad.
En
cuanto a la orden de programa integral de rehabilitación cognitivo conductual,
manifestó que conforme al análisis efectuado por el Comité Técnico Científico,
dicho procedimiento no tiene indicación terapéutica avalada para el manejo del
padecimiento del niño, por ende, autorizarlo desconocería el eventual riesgo a
la salud que representa someter al paciente a un tratamiento cuyos efectos no
están científicamente corroborados (fs. 29
a 35 ib.).
De
igual manera, el CTC negó la autorización del tratamiento prescrito porque este
no fue el resultado de haber agotado o descartado los procedimientos y
alternativas de rehabilitación incluidas en el POS sin que se obtuvieran
resultados clínicos satisfactorios, conforme a lo previsto en el Acuerdo 3099
de 2008[2].
En
consecuencia, corresponde al médico tratante evaluar las condiciones clínicas y
evolución del niño con el objeto de establecer qué otras alternativas dentro
del POS distintas a las que ya viene recibiendo pueden ser suministradas o en
su lugar ordenar una junta médica para el manejo de su enfermedad.
En
concepto médico allegado por la oficina de Gerencia Jurídica de la
EPS, se indicó que el tratamiento del autismo que padece el niño está basado
en el análisis conductual, el fortalecimiento de las capacidades y habilidades,
pero esto puede lograrse con las terapias físicas, ocupacionales y del lenguaje
ofertada por la EPS mediante la
Fundación Liga contra la
Epilepsia. Igualmente reafirmó que no se han demostrado científicamente los
efectos de la terapia cognitiva conductual en los pacientes con autismo.
Respuesta
de la Superintendencia Nacional de Salud.
En
oficio de noviembre 7 de 2013, la Jefe de la
Oficina de Asesoría Jurídica de la entidad señaló que existe falta de
legitimación por pasiva porque la Superintendencia Nacional de Salud es un organismo de control y vigilancia encargado de velar
por el cumplimiento de las normas legales que regulan el servicio público
esencial de salud. En ese sentido, manifestó que corrió traslado del presente
caso a la Delegada para la Protección del Usuario y la
Participación Ciudadana de ese ente, con el objeto que se adelanten las
investigaciones pertinentes (fs. 55 a 60 ib.).
D.
Decisión objeto de revisión.
El
Juzgado 3° Civil Municipal de Bogotá, en noviembre 14 de 2013, negó las
pretensiones de la demanda, al estimar que, el Comité Técnico Científico no
autorizó la prestación del servicio médico por considerarlo inadecuado para el
manejo de la enfermedad del paciente y porque se le está suministrando el
tratamiento de rehabilitación mediante las terapias cobijadas por el POS (fs. 61
a 67 ib.).
11.
Exp. T-4239579, Armando Valdés Bermúdez contra Saludcoop EPS.
A.
Hechos.
1.
Jacqueline Caicedo López, actuando como agente oficiosa de su cónyuge Armando
Valdés Bermúdez, de 58 años de edad, manifestó que en enero 10 de 2012 se le
practicó a él en Cali “cirugía craneotomía bifrontal, más resección de tumor
parasagital bifrontal parietal”. Sin embargo, un año después sufrió
convulsiones y parálisis permanente en la parte izquierda de su cuerpo (f.
1 cd. inicial respectivo).
2.
Debido a la pérdida de las funciones musculares en parte de su cuerpo, le han
ordenado procedimientos, terapias físicas, de fonoaudiología, de lenguaje y
fisioterapia, pero debido a la complejidad de su cuadro clínico, para su
cuidado, sostenimiento y recuperación integral se requieren insumos tales como
suplementos alimenticios, pañales desechables y atención domiciliaria por
enfermería (f. 41 ib.).
3.
Señaló que reside en el corregimiento de Villagorgona del municipio de
Candelaria, Valle del Cauca, aproximadamente a 40 minutos de Cali, ciudad a la
que debe trasladarse 3 días por semana para que el agenciado reciba las
terapias y servicios médicos que requiere (fs. 41
a 42 ib.).
4.
En junio 5 de 2013, la agente oficiosa radicó una petición ante la
EPS demandada, solicitando servicio de transporte para asistir a los exámenes,
terapias y demás procedimientos médicos prescritos. Así mismo, pidió el
suministro de pañales desechables y el suplemento alimenticio ENSURE, y la
atención domiciliaria para la realización de terapias físicas, de fonoaudiología
y fisioterapia (fs. 1 a 3 ib.).
5.
Saludcoop EPS le comunicó a la agente oficiosa que el transporte, los pañales y
otros suministros pedidos se encuentran excluidos del POS, razón por la cual no
pueden ser provistos por dicha entidad. En cuanto al servicio de enfermería
domiciliaria, manifestó que “no hacen parte del manejo integral de salud a
cargo del Asegurador EPS, aquellas actividades, cuidados y procedimientos de
carácter social y familiar, propios del diario vivir del individuo a cargo y
obligación del usuario y su red de apoyo familiar” (f. 5 ib.).
6.
Afirmó que su cónyuge era quien proveía el sustento del núcleo familiar,
conformado por ella, su hijo y dos adultos mayores. En razón al cuidado
permanente que necesita el agenciado, ella no puede trabajar, por tanto no
cuenta con recursos económicos para sufragar los gastos de manutención,
declarándose en incapacidad para asumir los derivados de los tratamientos
médicos y suministros que requiere el paciente.
6.
Por todo lo anterior, solicitó al juez de tutela, en noviembre 25 de 2013,
proteger los derechos fundamentales de Armando Valdés Bermúdez y ordenar
a la EPS que sufrague los gastos de transporte, le brinde las terapias de
rehabilitación domiciliaria, incluyendo el suministro de pañales y el
suplemento alimenticio ENSURE, así como la asistencia de enfermería.
B.
Documentos relevantes que en copia obran en el expediente respectivo.
§  Historia clínica (fs. 7
a 38 ib.).
§  Cédula de ciudadanía de Jacqueline Caicedo López (f.
39 ib.).
§  Cédula de ciudadanía de Armando Valdés Bermúdez (f.
40 ib.).
§  Derecho de petición de junio 5 de 2013 (fs. 1
a 3 ib.).
§  Respuesta de Saludcoop EPS de junio 24 de 2013 (fs. 4
a 6 ib.).
C.
Actuación procesal y respuestas de las entidades.
Mediante
auto de noviembre 25 de 2013, el Juzgado 1° Promiscuo Municipal de Candelaria
(Valle del Cauca) avocó conocimiento de la acción de tutela y dio traslado a
EPS demandada, para que ejerciera su derecho de defensa y contradicción. De
igual modo, decretó como prueba la declaración juramentada de la accionante y
vinculó al trámite al Fosyga.
No
obstante la EPS Saludcoop no presentó la respuesta requerida.
Respuesta
del Ministerio de Salud y Protección Social y Fosyga.
Mediante
escrito de junio 22 de 2012, el Director Jurídico del Ministerio recordó que
según el Acuerdo 029 de 2011 de la CRES, el servicio domiciliario de
enfermería, medicina general y especializado hace parte del POS, razón por lo
cual debe ser prestado por la EPS. Respecto de la solicitud de pañales y silla
de ruedas, explicó que la orden del médico tratante debe tramitarse ante el CTC
(fs. 57 a 60 ib.).
Igualmente,
en dicho Acuerdo se encuentran los servicios “consulta por primera vez por
fisioterapia, terapia ocupacional, terapias alternativas, interconsulta por
terapia ocupacional y asistencia hospitalaria por terapia foniatría y
fonoaudiología”, de manera que si el tratamiento solicitado por la
demandante corresponde a alguno de los reseñados, debe ser proporcionado por la
EPS en las condiciones y términos establecidos por el médico tratante.
En
relación a la asunción de los gastos de transporte o traslado del paciente,
sostuvo que siempre que la falta de este constituya una barrera para la
garantía de acceso al servicio de salud deberá asistirlos la
EPS.
El
representante de dicho ente vinculado solicitó al juez abstenerse de emitir
pronunciamiento alguno en cuanto a la facultad de la
EPS de repetir contra el Fosyga, pues dicha entidad tiene los mecanismos
legales y administrativos establecidos para tal fin.
D.
Decisión objeto de revisión.
El
Juzgado 1° Promiscuo Municipal de Candelaria (Valle del Cauca) en diciembre 6
de 2013, negó las pretensiones al considerar que en el presente asunto la
EPS no ha vulnerado ningún derecho del paciente, al evidenciarse que ha
autorizado los procedimientos y medicamentos ordenados por los médicos
tratantes, resaltando que los elementos solicitados no han sido aún prescritos
(fs. 61 a 69 ib.).
12.
Exp. T-4244135, Amparo Ramírez de Solarte contra Comfenalco EPS.
A.
Hechos.
1.
María del Socorro Solarte Ramírez, residente en Cali, actuando como agente
oficiosa de su madre Amparo Ramírez de Solarte, de 79 años de edad[3],
manifestó que ella se encuentra en condición de discapacidad permanente y
total, con un diagnóstico de síndrome convulsivo crónico, trastorno de
ansiedad, esquizofrenia con trastorno delirante e hipertensión arterial (f. 15
cd. inicial respectivo).
2.
Señaló que por las secuelas de la enfermedad presenta incontinencia fecal y
urinaria y episodios de agresividad, circunstancias por las que fue internada
en un centro geriátrico para su atención integral. En consecuencia, se requiere
para su rehabilitación y cuidado las terapias físicas, de fonoaudiología y respiratoria,
y la valoración médica por especialista en nutrición.
De
igual manera, necesita el suministro de “crema antipañalitis, pañitos
húmedos, crema Lubriderm, cama hospitalaria con sus respectivas barandas, un
colchón antiescaras, un suplemento vitamínico ENSURE, pañales desechables Tena
talla mediana, medicamentos que no estén dentro del POS” (f. 4 ib.).
3.
Por lo anterior, la agente oficiosa instauró acción de tutela, al considerar
que Comfenalco EPS vulneró los derechos fundamentales a la salud y la vida
digna de su progenitora, al no entregar los implementos señalados y no prestar
un servicio de medicina integral.
B.
Documentos que obran como prueba en el expediente.
*     Cédula
de ciudadanía de María del Socorro Solarte Ramírez (f. 12 ib.).
*     Cédula de ciudadanía de Amparo Ramírez de
Solarte (f. 13 ib.).
*     Historia clínica de Amparo Ramírez de
Solarte (fs. 14 a 53 ib.).
C.
Actuación procesal y respuestas de las entidades accionadas.
Mediante
auto de septiembre 26 de 2013, el Juzgado 17 Civil Penal con Funciones de
Control de Garantías de Cali admitió la acción de tutela y corrió el respectivo
traslado (f. 54 y 55 ib.).
Respuesta de Comfenalco EPS.
En
octubre 3 de 2013, la apoderada de esta EPS solicitó declarar improcedente la
acción, pues no se ha vulnerado derecho fundamental alguno y, por el contrario,
la EPS ha cumplido sus obligaciones tendientes a prestar los procedimientos,
intervenciones y medicamentos incluidos en el POS, requeridos por la paciente.
Aseguró que la petición de una cama hospitalaria, colchón antiescaras, pañales
desechables y suplemento alimenticio, no resulta procedente, debido a que no
existe al respecto orden de médico adscrito a dicha entidad (fs. 57
a 68 ib.).
En
cuanto a la crema hidratante, los pañitos húmedos y los demás suministros
pedidos señaló que son artículos de aseo razón por la que deben ser asumidos
por el usuario o su núcleo familiar, de conformidad con el principio de solidaridad.
D.
Decisión objeto de revisión.
El
Juzgado 17 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali dictó
sentencia en octubre 10 de 2013, no recurrida, negando la tutela al considerar
que la EPS accionada ha garantizado el acceso efectivo a los servicios de salud
que la agenciada ha requerido. A su vez, exhortó a la accionante a solicitar
una valoración del caso ante el Comité Técnico Científico (fs. 28
a 31 ib.)
13.
Exp. T-4244695, Rubén Darío González Garzón contra EPS Sura.
A.
Hechos.
1.
Valentín González Rojas, en representación de su hijo menor de edad Rubén
Darío González Garzón, manifestó que éste se encuentra en situación de
discapacidad, por padecer “síndrome broncobstructivo recurrente, hipoxia
hipoxemica, con antecedentes de parálisis cerebral”, por tanto necesita
terapias, controles y el suplemento alimenticio ENSURE (f. 1 cd. inicial
respectivo).
2.
Indicó que el menor de edad recibe terapias de rehabilitación tres veces por
semana en la
Clínica Universidad de la Sabana en Bogotá, pero su domicilio está en el
municipio de Suesca (Cundinamarca), de manera que para acceder efectivamente al
tratamiento el niño debe hacer largos desplazamientos junto con un acompañante.
3.
El accionante aseveró que su trabajo constituye su única fuente de ingresos y
que la asunción de los gastos de transporte supera holgadamente la capacidad
económica del núcleo familiar, afectada igualmente por una reciente trombosis
sufrida por la madre del menor, que restringe la capacidad de esta para asumir
los cuidados del niño (f. 13 ib.).
4.
Por lo anterior, instauró acción de tutela, pues considera que la
EPS Sura ha vulnerado los derechos fundamentales a la salud y la vida digna de
su hijo, al no prestarle una atención médica integral. En consecuencia,
solicitó el suministro de servicio de transporte para el menor de edad y un
acompañante, así como el suplemento alimenticio ENSURE.
B.
Documentos relevantes que en copia obran en el expediente respectivo.
*     Historia
clínica parcial (f. 3 ib.).
*     Concepto
del Comité Técnico Científico sobre la autorización del suplemento alimenticio
prescrito por el médico tratante (f. 4 ib.).
C.
Actuación procesal y respuesta de la entidad accionada.
Mediante
auto de diciembre 6 de 2013, el Juzgado Promiscuo Municipal de Suesca
(Cundinamarca) admitió la acción de tutela, dando traslado a la empresa
accionada, para que ejerciera su derecho de defensa. De igual modo, vinculó a la
Clínica Universidad de la Sabana para que se pronunciara sobre los supuestos
fácticos de la demanda (f. 18 ib.).
Respuesta de EPS Sura.
En
diciembre 18 de 2013, el representante legal de esta empresa solicitó al juez
de tutela declarar la improcedencia de la acción, debido a que no se ha
vulnerado derecho fundamental alguno del agenciado y, por el contrario, la
EPS ha cumplido todas sus obligaciones, al suministrar en forma oportuna los
procedimientos, intervenciones y medicamentos incluidos en el POS, requeridos
por el paciente Rubén Darío González Garzón.
Precisó
que el servicio de transporte y el suplemento alimenticio solicitados no son
dispositivos médicos y están excluidos del POS, según el Acuerdo 029 de 2011 de
la CRES, razón por la cual no pueden ser autorizados, menos aún cuando la
familia del actor ostenta capacidad económica para sobrellevar dicha carga (fs.
25 a 42 ib.).
Respuesta
de la
Clínica Universidad de la Sabana.
Mediante
oficio de diciembre 18 de 2013, el representante legal de esa entidad manifestó
que el menor de edad ha recibido en ese centro médico atención clínica de
manera intermitente “principalmente por el servicio de urgencias donde ha
recibido tratamiento para un cuadro respiratorio crónico que padece  (…)
solamente se encuentra una consulta con la especialidad de rehabilitación de
noviembre 17 de 2009” (f. 23 ib.).
Así
mismo, aseveró que de acuerdo a los registros médicos de la clínica el
agenciado no se encuentra inscrito en un plan regular de rehabilitación y
tampoco existen prescripciones emitidas por médicos adscritos a la entidad,
relacionadas con la necesidad del servicio de transporte o acompañamiento
permanente por enfermería (f. 24 ib.).
D.
Decisión objeto de revisión.
Sentencia
única de instancia.
El
Juzgado Promiscuo Municipal de Suesca (Cundinamarca) en diciembre 19 de 2013
negó parcialmente las pretensiones de la demanda al considerar que la
EPS no ha negado algún servicio, debido a que no hay orden médica que indique
la necesidad del servicio de transporte y enfermería (fs. 43
a 52 ib.).
Respecto
al suplemento alimenticio el Juzgado consideró que la autorización para su
suministro fue renovada mediante Acta de noviembre 22 de 2013 del Comité
Técnico Científico, por tanto no hay lugar a la suspensión injustificada del
mismo (f. 51 ib.).
14.
Exp. T-4247762, Santos María Correa Ortega contra Coosalud EPS-S.
A.
Hechos.
1.
Santos María Correa Ortega, de 83 años de edad y residente en Cali, expuso
que sufre de insuficiencia renal crónica, incontinencia urinaria e
hipertensión, razón por la cual requiere medicación permanente, controles y el
suministro de pañales desechables (f. 1 cd. inicial respectivo).
2.
Expresó que no cuenta con recursos económicos para sufragar el costo de los
pañales desechables que requiere de manera permanente, por lo cual en octubre
18 de 2013 presentó acción de tutela para solicitar que se ordene a Coosalud EPS
autorizar la entrega de los mismos.
B.
Documentos relevantes que en copia obran en el expediente respectivo.
*   Cédula de Ciudadanía de Santos María Correa Ortega (f.
4 ib.).
*   Carné
de afiliación a Coosalud EPS-S (f. 5 ib.).
*   Parte
de la historia clínica de la paciente (fs. 6
a 7 ib.).
*   Autorizaciones
de fármacos y servicios médicos (fs. 9
a 13 ib.).
C.
Actuación procesal y respuesta de la entidad accionada.
Mediante
auto de octubre 22 de 2013, el Juzgado 17 Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Cali avocó el conocimiento de la acción de tutela y dio
traslado a la EPS demandada, para que ejerciera su derecho de defensa y contradicción.
De igual modo, vinculó a la
Secretaría de Salud Departamental del Valle del Cauca y al Ministerio de Salud
y Protección Social (f. 15 ib.).
Respuesta
de la
Secretaría de Salud Departamental del Valle del Cauca.
Mediante
oficio de octubre 31 de 2013, el jefe de la oficina jurídica de la entidad
solicitó declarar improcedente la presente acción de tutela porque no obra
orden médica emitida por galeno adscrito a la
EPS o concepto científico que justifique la necesidad de los mismos (fs. 19
a 23 ib.).
Respuesta
del Ministerio de Salud y Protección Social.
En
noviembre 12 de 2013, el Director Jurídico de esta entidad pidió que se ordene
a la EPS accionada garantizar la adecuada prestación de los servicios de salud,
brindando al paciente los procedimientos, tratamientos o suministros POS o no
POS que necesite. Así mismo, explicó que no hay lugar a pronunciamiento alguno
relativo a la facultad de recobro ante el Fosyga, por cuanto la
EPS-S debe utilizar los mecanismos legales y administrativos establecidos para
tal fin (fs. 33 a 41 ib.).
Respuesta
de Coosalud EPS-S.
En
noviembre 5 de 2013, la apoderada de la
EPS-S demandada se opuso a la prosperidad de la acción argumentando que la
ausencia de orden médica no podía subsanarse mediante un criterio jurídico en
un escenario judicial, especialmente cuando la decisión de proporcionar
suministros no POS impacta los recursos del Sistema General de Seguridad Social
en Salud (fs. 51 a 66 ib.).
D.
Decisión objeto de revisión.
El
Juzgado 17 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Santiago de
Cali dictó sentencia en única de instancia en noviembre 5 de 2013, negando el
amparo impetrado por el actor, al considerar que los elementos no ordenados por
un médico, no pueden ser otorgados por el juez, menos aún si la entidad ha
prestado debidamente los servicios de salud (fs. 42
a 50 ib.).
15.
Exp. T-4253295, Dany Yulieth Moreno Charry contra Comfamiliar EPS-S y la
Secretaría de Salud Departamental del Huila.
A.
Hechos.
1.
Saira Vanessa Gordo Cuellar actuando como agente oficiosa de Dany Yulieth
Moreno Charry, de 22 años de edad, ambas residentes en Neiva, afirmó que ella
es persona en situación de discapacidad múltiple, con diagnóstico de “secuelas
de meningitis, parálisis espástica de MSIS y retraso mental severo” (f. 8
cd. inicial respectivo).
2.
Afirmó que Dany Yulieth no puede caminar ni desplazarse por sí misma y padece
de incontinencia por discapacidad secundaria, razón por la cual los médicos
tratantes adscritos a la accionada ordenaron la entrega de pañales desechables
y una silla de ruedas con adaptación especial. Con todo, pese a los
requerimientos a la EPS, aún no son autorizados esos implementos (fs. 4
a 7 ib.).
3.
Manifestó que pese al cuadro clínico de la joven la
EPS-S no ha asignado cita médica para los controles por fisiatría ni el
tratamiento de rehabilitación que necesita (f. 9 ib.).
4.
En consecuencia, en diciembre 3 de 2013 la agente oficiosa instauró acción de
tutela, al considerar que la
EPS-S Comfamiliar vulneró los derechos fundamentales a la salud y la vida
digna de Dany Yulieth Moreno Charry, al no entregar los pañales desechables y
la silla de ruedas, además de la cita médica con fisiatría y las terapias de
rehabilitación requeridas.
B.
Documentos relevantes que en copia obran en el expediente respectivo.
*     Cédula
de ciudadanía de Saira Vanessa Gordo Cuellar (f. 2 ib.).
*     Carné
de Comfamiliar EPS-S de Dany Yulieth Moreno Charry (f. 3 ib.).
*     Ordenes
médicas (fs. 4 y 7 ib.).
*     Resumen
de historia clínica de Dany Yulieth Moreno Charry (fs. 5 y 6 ib.).
C.
Actuación procesal y respuesta de la entidad accionada.
Mediante
auto de diciembre 4 de 2013, el Juzgado 2° Civil del Circuito de Neiva admitió
la acción de tutela, ordenó dar traslado a la
EPS accionada y a la Secretaría de Salud Departamental del Huila (f. 14 ib.).
Respuesta
de la Secretaría de Salud Departamental del Huila.
En
representación del ente vinculado, en diciembre 12 de 2013 se solicitó al juez
abstenerse de emitir pronunciamiento alguno sobre la responsabilidad de esa
entidad porque a quien compete la prestación efectiva del servicio médico que
requiere la paciente es a la
EPS-S Comfamiliar.
Concluyó
aseverando que registrado los archivos de la entidad no se halló solicitud de
servicios no POS, por lo tanto la
Secretaría no ha desconocido las garantías fundamentales invocadas (fs. 22
a 38 ib.).
Respuesta
de Comfamiliar EPS-S.
En
diciembre 12 de 2013, el representante legal de la seccional Huila de la
entidad solicitó al juez denegar el amparo, debido a que la
EPS no ha vulnerado los derechos fundamentales de la agenciada. Por el
contrario, indicó que la paciente está recibiendo la atención médica por medio
de la red prestadora del servicio de la
Secretaría de Salud Departamental (fs. 39
a 50 ib.).
Señaló
que si se llegare a emitir orden médica para procedimientos, intervenciones,
medicamentos o suministros excluidos del POS le correspondería a esa entidad
asumir su reconocimiento. Por último refirió que las solicitudes a nombre de la
afectada carecen de órdenes médicas, por lo cual no existe soporte que
justifique su autorización (f. 39ib.).
D.
Decisión objeto de revisión.
El
Juzgado 2° Civil del Circuito de Neiva, en sentencia de diciembre 12 de 2013,
no impugnada, concedió la protección de los derechos fundamentales a la salud,
la vida digna, pero sujetó la autorización de los suministros pedidos a la
valoración por parte del Comité Técnico Científico sobre la necesidad e
idoneidad de lo requerido (fs. 28 a 36 ib.).
Cuadro
1. Derechos invocados, peticiones y decisiones de instancia.
El
siguiente cuadro presenta un resumen acerca de las pretensiones aducidas en
cada uno de los casos antes reseñados, así como del contenido de las decisiones
de instancia  en tales trámites de tutela:
Exp.
Pacientes
Solicitud
Instancias
Primera
Segunda
1
T-4227589
José Salomón
Solórzano
Silla de ruedas, servicios de enfermería 24 horas,
pañales desechables y servicio médico domiciliario.
Negó
---
2
T-4230015
María Libia
Amaya de Amaya
Oxigeno domiciliario y pañales desechables.
Concedió oxígeno y negó los pañales desechables.
---
3
T-4230341
Eneas Angelino
Acosta
Silla de ruedas, pañales desechables, cajas de
guantes, medicamento Pregabalina, enfermera, cita con especialista en
fisiatría.
Negó
---
4
T-4230708
Luis Antonio
Peñuela y Martha de Jesús Londoño
Pañales desechables, silla de ruedas, suplementos
vitamínicos, gastos de transporte, exoneración de copagos.
Concedió gastos de transporte, exoneración de
copagos
Revoca y concede pañales.
Niega silla de ruedas y gastos de transporte.
5
T-4231061
Primo Eliécer
Roa Roa
Pañales desechables, atención integral y exoneración
de copagos
Negó
---
6
T-4233799
Luz Adriana
Cáceres Niño
Pañales desechables, transporte dentro de la ciudad,
tratamiento integral, cirugía en la ciudad de Bucaramanga.
Concedió transporte a la ciudad de Bogotá.
Negó pañales desechables.
Confirmó
7
T-4234759
Luis Carlos
Barrera
Pañales desechables, medicamento toxina butolinica,
cita con fisiatría, cama con barandas, visitas y terapias domiciliarias,
tratamiento integral.
Concedió medicamento toxina
butolinica.
Negó lo demás
---
8
T-4235572
Betty del Socorro Mendoza
Enfermera 24 horas del día, 3 pañales diarios Tena
Sleep M, 2 cajas de guantes desechables, 2 cajas de gasa estéril, 2 bolsas de
suero fisiológico, 2 cajas de toallitas húmedas, 3 tubos de Iruxol de 30
gramos, 5 Ensure.
Negó
---
9
T-4237301
Aminta Castilblanco Moreno
Silla de ruedas y suplemento alimenticio ENSURE
Negó
---
10
T-4237612
Jean Emanuel Reyes Trujillo
Tratamiento integral de rehabilitación
cognitivo-conductual (terapia física, ocupacional, de fonoaudiología y
psicología).
Negó
---
11
T-4239579
Armando Valdés Bermúdez
Transporte, terapias de rehabilitación
domiciliarias, pañales, suplemento alimenticio ENSURE y enfermería
domiciliaria.
Negó
---
12
T-4244135
Amparo Ramírez de Solarte
Terapias de rehabilitación, pañales desechables,
elementos de higiene, paños húmedos, cremas, remisión a especialista, cama
hospitalaria, colchón anti-escaras y medicamentos
Negó
---
13
T-4244695
Rubén Darío González Garzón
Transporte y suplemento alimenticio ENSURE.
Negó transporte
Concedió el suplemento alimenticio
---
14
T-4247762
Santos María Correa Ortega
Autorización de controles gastroenterología, terapia
integral, valoración fisioterapia, pañales desechables, silla de rueda.
Negó
---
15
T-4253295
Dany Yulieth Moreno Charry
Pañales desechables, silla de ruedas con adaptación
especial, terapias de rehabilitación y cita médica de fisiatría
Negó
---
II. CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL.
Primera. Competencia.
Esta corporación es competente para examinar las
actuaciones referidas, en Sala de Revisión, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 86 y 241, numeral 9º de la
Constitución, y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Segunda. El asunto objeto de análisis.
Corresponde
a esta Sala de Revisión determinar si los entes demandados vulneraron los
derechos fundamentales a la salud, la seguridad social y la vida en condiciones
dignas, alegados por los demandantes en las acciones acumuladas, como
consecuencia de la negativa del suministro de ciertos elementos no POS y de la
prestación deficiente en la atención integral, para sobrellevar sus respectivos
padecimientos.
Tercera.
Cuestión previa. Legitimación por activa y por pasiva.
3.1.
De conformidad con el artículo 10° del Decreto 2591 de 1991, “se pueden
agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones
de promover su propia defensa”[4]. En fallo T-202 de 2008 (M. P. Nilson Pinilla
Pinilla) se reiteró que la agencia oficiosa encuentra fundamento en el
principio de solidaridad, ante “la imposibilidad de defensa de la persona a
cuyo nombre se actúa”, agregando:
“El propósito de la misma consiste en evitar que, por
la sola falta de legitimación para actuar, en cuanto no se pueda acreditar un
interés directo, se sigan perpetrando los actos violatorios de los derechos
fundamentales, prosiga la omisión que los afecta, o se perfeccione la situación
amenazante que pesa sobre ellos. Se trata una vez más de asegurar la vigencia
efectiva de los derechos por encima de formalidades externas, en una
manifestación de la prevalencia del Derecho sustancial, de conformidad con lo
previsto en el artículo 228 de la Carta.
Es, por ello, una forma de lograr que opere el aparato
judicial del Estado, aún sin la actividad de quien tiene un interés directo. Se
trata de lograr la atención judicial del caso de quien actualmente no puede
hacerse oír. Es en su interés que se consagra la posibilidad de que el Estado
obre a partir de la solicitud del agente oficioso.”
3.2. Corresponde entonces al
juez de tutela verificar en cada caso si, en efecto, el titular de los derechos
cuya protección se busca por esta vía judicial no puede ejercer por sí mismo su
defensa. En los antecedentes expuestos se evidencia que en todos los casos bajo
estudio los agenciados padecen enfermedades que en la mayoría de los eventos
implican postración en cama y severas dificultades de movilización, por edad
y/o por condiciones de salud, todo lo cual muestra como verosímil la
imposibilidad física que ellos tienen para ejercer su propia defensa, la que en
varios de esos casos ejercieron personas del más cercano núcleo familiar
respectivo, dándole plena viabilidad a su ejercicio.
3.3. En el otro extremo litigioso, la mayoría de tales
demandas de tutela fueron formuladas contra entes públicos y las que lo fueron
contra particulares, involucran a entidades encargadas de prestar el servicio
público de salud, por lo que todas ellas están plenamente legitimados por
pasiva (inc. final art. 86 Const. y artículos 1° y 42.2 del Decreto 2591 de
1991).
Cuarta.
Los derechos de los sujetos de especial protección constitucional a la seguridad social, la salud y la vida
en condiciones dignas.
4.1.
En múltiples decisiones, este tribunal ha analizado la seguridad social y la salud, particularmente a
partir de lo estatuido en los artículos 48 y 49 superiores, catalogados en el
acápite de los derechos sociales, económicos y culturales, no obstante lo cual,
a la salud se le ha reconocido expresamente su carácter de derecho fundamental per
se, ubicado como un mandato propio del Estado social de derecho, hacia el
ensamblaje de un sistema conformado por entidades y procedimientos dirigidos a
procurar una cobertura general, ante las contingencias que puedan afectar el
bienestar orgánico y psíquico de los seres humanos. Este se erige y garantiza
con sujeción a los principios de eficiencia, continuidad, universalidad, buena
fe y solidaridad, para la prevención, promoción y protección de la salud y el
mejoramiento de la calidad de vida de los asociados[5].
4.2.
En  adición a lo anterior, esta Corte ha establecido que la acción de tutela es
un medio judicial procedente, eficaz e idóneo para exigir judicialmente el
respeto al derecho a la salud, especialmente frente a grupos de población que
se hallen en circunstancias de debilidad manifiesta (inciso final art. 13
Const.), entre los que están los niños y niñas, las personas de avanzada edad y
quienes se encuentren en condición de discapacidad. De tal manera ha expresado[6]:
“El
criterio anterior ha sido complementado y precisado por la propia
jurisprudencia, en el sentido de señalar que, tratándose de personas que por
sus condiciones de debilidad manifiesta son sujeto de especial protección por
parte del Estado, como es el caso de los niños, los discapacitados y los
adultos mayores (C.P. arts. 13, 46 y 47), la salud tiene el alcance de un
derecho fundamental autónomo, sin que surja la necesidad de demostrar conexidad
alguna con otros derechos de tal rango, para efectos de disponer su protección
constitucional a través de la acción de tutela.”
4.3. La especial protección constitucional para niños
y niñas, resulta fundamental y prevalente según lo dispuesto en el artículo
44 superior, como lo ha reiterado esta Corte, por ejemplo en fallo T-036 de
2013 (M. P. Jorge Iván Palacio Palacio): “… los niños y las niñas son sujetos de especial protección, (…)
su condición de debilidad no es una razón para restringir la capacidad de
ejercer sus derechos sino para protegerlos, de forma tal que se promueva su
dignidad (…) sus derechos, entre ellos la salud, tienen un carácter prevalente
en caso de que se presenten conflictos con otros intereses. Por ello, la acción
de tutela procede cuando se vislumbre su vulneración o amenaza y es deber del
juez constitucional exigir su protección inmediata y prioritaria. Los menores
de edad gozan de un régimen de protección especial en el que prevalecen sus
derechos sobre los de los demás y que cualquier vulneración a su salud exige
una actuación inmediata y prioritaria por parte del juez constitucional. Por
ende, cuando la falta de suministro del servicio médico afecta los derechos a la
salud, a la integridad física y a la vida de los niños y las niñas, se deberán
inaplicar las disposiciones que restringen el POS, teniendo en cuenta que tales
normas de rango inferior impiden el goce efectivo de sus garantías
constitucionales.”
4.4.
Respecto a la especial condición en que se encuentran las personas de edad
avanzada, la Corte ha resaltado la protección que a su favor impone el
artículo 46 constitucional, primordialmente por el vínculo que une la salud con la posibilidad de llevar
una vida digna, como se hizo constar, entre otras, en la sentencia T-1087 de 2007 (M. P. Jaime Córdoba
Triviño):“Esa relación íntima que se establece entre el derecho a la salud y
la dignidad humana de las personas de la tercera edad, ha sido también
recalcada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la
ONU (Comité DESC), en su observación general número 14 que, en su párrafo 25
establece:[1]
‘25. En lo que se refiere al ejercicio del derecho a la salud de las personas
mayores, el Comité, conforme a lo dispuesto en los párrafos 34 y 35 de la
observación general No. 6 (1995), reafirma la importancia del enfoque integrado
de la salud que abarque la prevención, la curación y la rehabilitación. Esas
medidas deben basarse en reconocimientos periódicos para ambos sexos; medidas
de rehabilitación física y psicológica destinadas a mantener la funcionalidad y
la autonomía de las personas mayores; y la prestación de atención y cuidados a
los enfermos crónicos y en fase terminal, ahorrándoles dolores evitables…’.”
4.5. También es clara la protección constitucional
para las personas con limitaciones físicas, funcionales, psíquicas y
sensoriales, según puede constatarse, entre otras, en la sentencia T-035
de 2011 (M. P. Humberto Antonio Sierra Porto): “Según el
ordenamiento constitucional e internacional, en el caso del tratamiento de una
persona con discapacidad física o psíquica merece una especial protección y su
tratamiento debe ser especializado, ya que se encuentran en una situación de
debilidad manifiesta y deben ser sujetos de atención adecuada. Así el artículo
47 de la C.P. dispone que: ‘De acuerdo con el artículo 47 de la
Constitución Política, los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos tienen
derecho a que el Estado adelante una política de previsión, rehabilitación e
integración social en su favor, y  a que se les preste la atención
especializada que requieran’.”
4.6.
Consecuencialmente, en el trascendental fallo T-760 de 2008 (M. P. Manuel José
Cepeda Espinosa) se reafirmó que “el derecho a la salud es fundamental y tutelable, en aquellos casos en
los que la persona que requiere el servicio de salud es un sujeto de especial
protección constitucional”.
Quinta. Reglas para inaplicar las normas del POS.
Reiteración de jurisprudencia.
5.1. En muchas oportunidades, esta corporación ha
resaltado que la reglamentación y aplicación del Plan Obligatorio de Salud no
puede desconocer derechos constitucionales fundamentales, lo cual ocurre cuando
una EPS, con el argumento exegético de la exclusión en el POS, interpreta de
manera restrictiva la reglamentación y evade la práctica de servicios,
procedimientos, intervenciones o el suministro de medicinas o elementos,
necesarios para preservar la vida de calidad de los pacientes y su dignidad.
5.2.
A partir del precitado fallo T-760 de 2008, se definieron subreglas precisas,
que el juez de tutela debe observar cuando frente a medicamentos, elementos,
procedimientos, intervenciones y servicios excluidos del POS, que pese a ello
resulten indispensables en la preservación o recuperación de la salud, deba
aplicar directamente la Constitución y ordenar su suministro o realización.
En la mencionada sentencia se puntualiza, sin embargo,
que “el hecho de que excepcionalmente en un caso concreto una persona
requiera un servicio de salud no incluido en el POS, y se le garantice el
acceso al mismo, no tiene como efecto modificar el POS e incluir tal servicio.
El servicio no incluido al que se haya garantizado el acceso en un caso
concreto, permanece como un servicio no incluido dentro del Plan y sólo podrá
ser autorizado, excepcionalmente, por las condiciones específicas en que se
encuentra el paciente, sin perjuicio de que la experiencia y los estudios
lleven a que el órgano regulador decida incluir dicho servicio en el plan de
beneficios”.
Así,
en dicho fallo se indicó que la acción de tutela es procedente para lograr una
orden de amparo en este ámbito, cuando concurran las siguientes condiciones:
“1. La falta del servicio, intervención, procedimiento o
medicina, vulnera o pone en riesgo los derechos a la vida y a la integridad
personal de quien lo requiere, sea porque amenaza su existencia, o deteriora o
agrava el estado de salud, con desmedro de la pervivencia en condiciones
dignas.
2. El servicio, intervención, procedimiento o medicina
no puede ser sustituido por otro que sí se encuentre incluido en el POS y supla
al excluido con el mismo nivel de calidad y efectividad.
3. El servicio, intervención, procedimiento o medicina
ha sido dispuesto por un médico adscrito a la
EPS a la que esté vinculado el paciente.
4.
La
falta de capacidad económica del peticionario para costear el servicio
requerido.”[7]
5.3.
Ahora bien, debido a diversas situaciones, especialmente frente a la necesidad
de cumplimiento adecuado de la
Constitución y protección integral del derecho a la salud de los habitantes
del territorio nacional, dichas subreglas han recibido algunas
precisiones, a fin de acompasarlas aún más al espíritu de salvaguarda constitucional.
5.4.
En tal sentido, en relación con la primera subregla atinente al
riesgo a la vida e integridad personal por la no prestación de un servicios de
salud, la Corte ha precisado que el ser humano merece conservar niveles apropiados de salud, no solo para
sobrevivir sino para desempeñarse adecuadamente, de modo que las afecciones que
pongan en peligro su dignidad deben ser superadas o paliadas. Por ello,
el paciente tiene derecho a abrigar esperanzas de recuperación y conseguir
alivio a sus dolencias, para procurar el “respeto de la dignidad”[8].
Así,
en varias oportunidades esta Corte ha reiterado que el derecho a la vida
implica también la salvaguardia de unas condiciones tolerables, que permitan
subsistir con dignidad y, por tanto, para su protección no se requiere estar
enfrentado a una situación de muerte inminente[9].
En esa línea, esta corporación se ha ocupado de
múltiples solicitudes de amparo frente a alegaciones de vulneración de los
derechos a la seguridad social, la salud y la vida en condiciones dignas,
cuando las empresas que prestan el servicio respectivo se niegan a autorizar un
procedimiento, intervención o medicamento científicamente indicado para
superar, o al menos paliar, una afección.
Recuérdese, por ejemplo, que mediante sentencia T-949
de 2004 (M. P. Alfredo Beltrán Sierra) se concedió amparo a una mujer que
requería un medicamento, negado por la EPS y por el juzgado de instancia, sobre
la base de que su falta no le estaba amenazando derechos fundamentales al
punto de poner en peligro su vida, siendo claro que lo anhelado no es la
mera garantía de pervivencia en cualquier condición, sino en dignidad y con los
menores padecimientos posibles.
5.5.
En torno a la segunda subregla, atinente a que los
medicamentos no tengan sustitutos en el POS, esta Corte ha afianzado dicha
condición, siempre y cuando se demuestre la efectividad y calidad de los medicamentos
y procedimientos incluidos, frente a los que no lo están.
En sentencia T-873 de octubre 19 de 2007 (M. P. Jaime
Córdoba Triviño) se resolvió un caso en el cual la accionante pedía a la
EPS que le suministrara un medicamento no POS, que tenía un sustituto, incluso
con mayor efectividad y menor riesgo de efectos secundarios en la paciente,
según lo indicado por el médico tratante, enfatizándose entonces que la
EPS no está obligada a entregar la medicina no POS, a fin de otorgarle al
paciente su personal prevalencia, menos aún cuando científicamente se constata
que en el POS hay opción para afrontar la enfermedad con un medicamento de
calidad y efectividad[10].
5.6.
Frente a la tercera subregla que, según la sentencia T-760 de
2008 exige la orden del médico tratante adscrito a la
EPS para que un medicamento, elemento o procedimiento excluido del plan de
beneficios, pueda otorgarse por vía de tutela, esta corporación ha efectuado
diversas precisiones.
En
primer lugar, ha enfatizado en que esa subregla debe respetarse prima
facie, debido a que es el profesional médico quien tiene la idoneidad y las
capacidades académicas y de experticia para verificar sobre la necesidad o no
de elementos, procedimientos o medicamentos solicitados, condiciones de las
cuales, por su formación, carece el juez.
Empero,
esta corporación también ha señalado que cuando dicho concepto médico no es
emitido por un galeno adscrito a la EPS, sino por uno externo, no puede la
EPS quitarle validez y negar el servicio, basada en el argumento de la no
adscripción, pues solo razones científicas pueden desvirtuar una prescripción
de igual categoría. Por ello, los conceptos de los médicos no adscritos a
las EPS también tienen validez, a fin de propiciar la protección constitucional.
Frente lo anterior, en segundo lugar, cuando los
conceptos de médicos, adscritos o no, son sometidos a escrutinio del Comité
Técnico Científico, no se puede desestimar a priori esa prescripción
basándose en argumentos de carácter procedimental, financiero o administrativo,
ya que, según esta Corte, “el CTC solamente puede negar la
autorización de un servicio NO-POS, cuando se sustenta en una opinión médica
sólida que fundamente la posición contraria a la del médico tratante. Al no ser
de esta forma, prevalecerá el criterio de éste, quien es profesional en la
materia y tiene contacto directo y cercano con la realidad clínica del
paciente”[11]. En conclusión, cuando existe discrepancia entre los
conceptos del médico tratante y el CTC, debe prevalecer, prima facie, el
del primero, debido a que
es él, quien además de tener las calidades profesionales y científicas, conoce
mejor la condición de salud del paciente[12].
Ahora
bien, como tercer punto atinente a la subregla en cuestión, ha de
manifestarse que esta Corte, de forma excepcional, ha permitido el
suministro de elementos o medicamentos, aun cuando no existe orden de un médico
tratante, siempre y cuando se pueda inferir de algún documento aportado al
proceso, bien sea la historia médica o alguna recomendación médica, la plena
necesidad de lo requerido por el accionante.
Así, en sentencia T-202 de febrero 28 de 2008 (M. P.
Nilson Pinilla Pinilla), se estudió el caso de una señora de 85 años que estaba
en “postración total”, padeciendo “Alzheimer… con apraxia para la
marcha” y pérdida de control de esfínteres, a quien se le había negado el suministro de pañales desechables por no
estar incluidos en el POS, ni haber sido formulados por un médico adscrito, no obstante lo cual se ordenó a la
EPS proveer “los paquetes mensuales de pañales desechables que
requiere la paciente”.
Se estimó que la negativa a entregar esos elementos
comprometía “aún más la
dignidad de su existencia, pues a la inhabilidad para controlar esfínteres y su
avanzada edad, se suma la imposibilidad de desplazarse y que la piel se le ha
estado ‘quemando’ o ‘pelando’, sin que la
EPS demandada haya acreditado situación económica adecuada de alguno de los
comprometidos a solventar la subsistencia de la señora para costear los
implementos reclamados”, hallándose
sin fundamento “la suposición contenida en el fallo de instancia de que los
hijos de la enferma, quien carece de pensión o renta alguna, ‘podrían
eventualmente, sufragar los gastos para el suministro de estos pañales’”.
Así mismo, la
Corte en fallo T-899 de 2002 (M. P. Alfredo Beltrán Sierra) tuteló los
derechos a la salud y a la vida digna de quien sufría incontinencia urinaria
como causa de una cirugía realizada por el ISS, y que a pesar de lo anterior,
no se le había formulado médicamente pañales. En este fallo se ordenó la
entrega de los referidos elementos, pese a que no aparecía formulación por un
médico, pues resultaba obvia la necesidad de esos implementos para preservar la
dignidad humana y la carencia de recursos para pagarlos.
5.7.
Finalmente, en torno a la cuarta subregla, referente a la
capacidad económica de los accionantes, esta Corte ha insistido en que
debido a los ya referidos principios de solidaridad y universalidad que rigen
el Sistema de Seguridad Social en Salud, el Estado, a través del Fondo de
Solidaridad y Garantías, solo puede asumir aquellas cargas que por real
incapacidad no puedan asumir los asociados.
Así,
en la ya referida sentencia T-760 de 2008, se sostiene que toda persona tiene derecho a que se le
garantice el acceso a los servicios de salud, pero “cuando el servicio que requiera
no está incluido en el plan obligatorio de salud correspondiente, debe asumir,
en principio, un costo adicional por el servicio que se recibirá. No obstante,
como se indicó, la jurisprudencia constitucional ha considerado que si carece
de la capacidad económica para asumir el costo que le corresponde, ante la
constatación de esa situación de penuria, es posible autorizar el servicio
médico requerido con necesidad”.
Por
otra parte, en cuanto a la capacidad económica para sufragar los gastos de
medicamentos, tratamientos o elementos, este tribunal ha indicado en reiteradas
oportunidades que esta no es
una cuestión “cuantitativa” sino “cualitativa”, pues ello depende
de las condiciones socioeconómicas específicas en las que el interesado se
encuentre y de las obligaciones que sobre él pesen. Al respecto en la citada
sentencia T-760 de 2008, se señaló (negrillas fuera del texto original):
“El derecho al mínimo vital ‘no sólo comprende un
elemento cuantitativo de simple subsistencia, sino también un componente
cualitativo relacionado con el respeto a la dignidad humana. Su valoración,
pues, no será abstracta y dependerá de las condiciones concretas del accionante.’[13]
Teniendo en cuenta que el mínimo vital es de carácter cualitativo, no
cuantitativo, se ha tutelado el derecho a la salud de personas con un ingreso
anual y un patrimonio no insignificante, siempre y cuando el costo del servicio
de salud requerido afecte desproporcionadamente la estabilidad económica de
la persona.”
Así, por ejemplo, se indicó también en la sentencia
T-017 de 2013 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva) (negrillas fuera del texto
original): “La idea de que los recursos del Sistema de Seguridad Social
en Salud son limitados y normalmente escasos ha llevado a un consenso sobre la
relevancia de reservarlos a asuntos prioritarios. En el ámbito de la
acción de tutela, esto significa que deben ser invertidos en la financiación de
prestaciones que no pueden ser asumidas directamente por sus destinatarios. La falta de capacidad para sufragar
los medicamentos, tratamientos, procedimientos o elementos que son ordenados
por el médico tratante pero no están incluidos en el plan de beneficios de
salud del paciente es, en efecto, y de conformidad con lo reseñado en el
acápite anterior, uno de los requisitos que deben acreditarse en orden a
obtener su autorización por esta vía excepcional. Tal exigencia ha sido asociada a la prevalencia del
interés general y, sobre todo, al principio de solidaridad, que les impone a
los particulares el deber de vincular su propio esfuerzo y actividad en
beneficio o apoyo de otros asociados o en interés colectivo. Así, la jurisprudencia constitucional ha
entendido que quienes cuentan con capacidad de pago deben contribuir al
equilibrio del sistema, sufragando los medicamentos y servicios médicos NO
POS que requieran, en lugar de trasladarle dicha carga al Estado, que se vería
limitado para hacer realidad su propósito de ampliar progresivamente la
cobertura del servicio de salud.”
5.8.
Teniendo en cuenta todas estas premisas, debe entonces examinarse en cada caso
específico, si el paciente cumple esas condiciones jurídicas y fácticas, de
acuerdo a lo estipulado normativamente y por la jurisprudencia, para que sean
amparados los derechos a la salud, la vida en condiciones dignas y la
integridad personal, así:
i) La falta del servicio, intervención, procedimiento,
medicina o elemento, vulnera o pone en riesgo los derechos a la salud, la vida
o la integridad personal de quien lo requiere, sea porque amenaza su
existencia, o deteriora o agrava o no palia el estado de salud, con desmedro de
la pervivencia en condiciones dignas.
ii) El servicio, intervención, procedimiento medicina o
elemento no puede ser sustituido por otro que sí se encuentre incluido en el
POS y supla al excluido, con el mismo nivel de calidad y efectividad.
iii) El servicio, intervención, procedimiento medicina o
elemento ha sido dispuesto por un médico, adscrito a la
EPS o no, o puede inferirse claramente de historias clínicas, recomendaciones
o conceptos médicos que el paciente lo necesita, siendo palmario que si existe
controversia entre el concepto del médico tratante y el CTC, en principio
prevalece el primero.
iv)
Se acredite o pueda colegirse la falta de capacidad económica del peticionario o
de su familia para costear el servicio requerido, dejando claro que se presumen
ciertas las afirmaciones realizadas por los accionantes, mientras no sean
válidamente desvirtuadas por las entidades prestadoras del servicio de salud.
Sexta. Casos concretos.
6.1. Procedencia de las acciones de tutela.
Según se afirmó en las consideraciones precedentes, en la medida
en que se dirijan a proteger el derecho fundamental a la salud, son procedentes
las acciones de tutela presentadas por o en representación de sujetos
merecedores de especial protección constitucional, tales como niños, niñas, personas
de avanzada edad y/o en condición de discapacidad, porción poblacional que
enfrenta específicas condiciones susceptibles de amparo bajo los postulados del
artículo 13 superior, entre otras normas.
En tal sentido, esta Sala verifica que todas las personas por
quienes fueron promovidas las 15 acciones de tutela acumuladas y a decidir en
esta sentencia, están amparadas bajo los supuestos de salvaguarda
constitucional, que conllevan que sean procedentes, teniendo en cuenta el
deber del Estado de otorgar protección especial a quienes están en
circunstancias de indefensión y debilidad, al “afrontar el deterioro
irreversible y progresivo de su salud”, sea “por el desgaste natural del
organismo”[14]
o por las enfermedades padecidas, según se compendia a continuación:
Cuadro
2. Condiciones de especial
protección.
Accionante
Legitimación por activa
Condición especial
José
Salomón Saldaña Solórzano
Agente oficioso
Avanzada edad e incapacidad física por
enfermedad.
María
Libia Amaya de Amaya
Agente oficioso
Avanzada edad e incapacidad física por
enfermedad.
Eneas
Angelino Acosta
En representación
Avanzada edad e incapacidad física por
enfermedad.
Luis
Antonio Peñuela y Martha de Jesús Londoño
Agente oficioso
Avanzada edad e incapacidad física por
enfermedad.
Primo
Eliécer Roa Roa
A nombre propio
Luz
Adriana Cáceres Niño
En representación
Incapacidad física por enfermedad.
Luis
Carlos Barrera
En representación
Incapacidad física por enfermedad.
Betty
del Socorro Mendoza
En representación
Avanzada edad y discapacidad
Aminta Castiblanco Moreno
Agente oficiosa
Avanzada edad e incapacidad física por
enfermedad
Jean Emanuel Reyes Trujillo
En representación
Menor de edad en situación de debilidad
manifiesta(autismo)
Armando Valdés Bermúdez
Agente oficiosa
Persona en situación de discapacidad
Amparo Ramírez de Solarte
Agente oficiosa
Avanzada edad y discapacidad
Rubén Darío González Garzón
En representación
Menor de edad en situación de
discapacidad
Santos María Correa Ortega
A nombre propio
Avanzada edad
Dany Yulieth Moreno Charry
Agente oficiosa
En situación de discapacidad
6.2. Estudios de fondo.
Para la evaluación de los casos concretos, en los
cuales la mayoría de peticiones van dirigidas a buscar el suministro de
elementos y procedimientos no POS, se tendrán en cuenta los postulados vistos,
preguntando en cada caso si:
6.2.1. La falta del servicio, intervención, procedimiento,
medicina o elemento, vulnera o pone en riesgo los derechos a la salud, la vida
o la integridad personal de quien lo requiere, sea porque amenace su
existencia, o deteriore o agrave su estado de salud, con desmedro de la
pervivencia en condiciones dignas.
6.2.2. El servicio, intervención, procedimiento, medicina o
elemento no puede ser sustituido por otro que sí se encuentre incluido en el
POS y supla al excluido, con el mismo nivel de calidad y efectividad.
6.2.3. El servicio, intervención, procedimiento, medicina o
elemento ha sido dispuesto por un médico, adscrito a la
EPS o no, o puede inferirse claramente de historias clínicas, recomendaciones
o conceptos que el paciente lo necesita.
6.2.4. Se evidencie la falta de capacidad económica del peticionario o
de su familia para costear el servicio requerido, dejando claro que se presumen
ciertas las afirmaciones realizadas por los accionantes, siempre y cuando no
sean controvertidas y refutadas por las entidades prestadoras del servicio de
salud, y se compruebe la imposibilidad de asumir el gasto.
1.
Exp. T-4227589, José Salomón Solórzano Daza contra Capital Salud EPS.
a)
En este caso, la acción de tutela fue interpuesta mediante agencia oficiosa,
por la nieta del señor José Salomón Solórzano Daza, de 92 años de edad, quien
ha sido diagnosticado con hipertensión arterial sistémica, EPOC y neumonía.
b)
Precisamente, en atención a sus precarias condiciones de salud, su nieta
solicitó a Capital Salud EPS, entidad a la que se encuentra afiliado, la
entrega de una silla de ruedas, pañales desechables y servicio médico
domiciliario, así como la autorización de una enfermera 24 horas.
Sin
embargo, Capital Salud EPS negó dicha solicitud por considerar que se trata de
servicios que están por fuera del POS, que no han sido ordenados por un médico
tratante, y que, en todo caso, es a la Secretaría Distrital de Salud a quien le
corresponde responder a los requerimientos del accionante.
La Secretaría en cuestión
también fue vinculada al presente asunto. En su intervención, resaltó que los
insumos requeridos deben ser suministrados por la
Secretaría Distrital de Integración Social, entidad que tiene dentro de sus
subdirecciones un programa para la atención del adulto con limitaciones físicas
o mentales.
Finalmente,
el juez que conoció de esta acción en primera instancia consideró que no se
puede obligar a una EPS a ordenar la entrega de insumos sin haber sido
previamente prescritos por el médico respectivo.
c)
En este sentido la Sala encuentra necesario verificar el cumplimiento de los
requisitos que ha establecido la jurisprudencia constitucional para establecer
si hay lugar a ordenar los insumos y servicios solicitados que se encuentran
por fuera del Plan Obligatorio de Salud.
d)
Que la falta del servicio médico vulnere
o amenace los derechos a la vida y a la integridad personal de quien lo
requiere: como ya se estableció, se trata
de una persona de la tercera edad que sufre de patologías que no solo afectan
gravemente sus condiciones físicas para movilizarse y para valerse por sí
mismo, sino también sus capacidades mentales, todo lo cual lo pone en un estado
de debilidad manifiesta. Así mismo, su nieta indicó que es su abuela quien de
manera inmediata se encarga del cuidado de su abuelo, pese a tener también
avanzada edad, padecer de ceguera parcial y no contar con los medios económicos
para costear su tratamiento.
Esta
situación demuestra de manera irrefutable que tanto los pañales desechables,
la silla de ruedas y la atención médico domiciliaria que se solicitan para
el señor Solórzano Daza resultan absolutamente necesarios para ayudar a
preservar su dignidad y calidad de vida, pues a los sufrimientos propios de sus
graves padecimientos se suma su avanzada edad.
e)
Que el servicio no pueda ser sustituido por otro que se encuentre incluido en
el plan obligatorio: los pañales desechables y la silla de ruedas no cuentan
con ningún sustituto que se encuentre incluido dentro del plan obligatorio de
salud.
f)
Que el interesado no pueda directamente costear el valor de los insumos o
acceder a ellos por otro plan distinto que lo beneficie: en lo que tiene que
ver con la situación económica del accionante y de su núcleo familiar, expuso
la agente oficiosa que su abuela quien es la que convive con el agenciado no
tiene mas personas que le auxilien o suministren recursos económicos para el
tratamiento y los servicios requeridos. De hecho, su vinculación con el sistema
de seguridad social en salud es a través del Régimen Subsidiado, dentro del
cual fue calificado en el nivel 1 del SISBEN.
g)
En este orden de ideas, en primer lugar, respecto a la silla de ruedas, los
pañales desechables y el servicio médico domiciliario, la
Corte evidencia que sí bien no existe la orden médica, los distintos padecimientos y la avanzada edad del
señor Solórzano Daza dan cuenta, por sí mismos, de la necesidad evidente frente
a la prestación de los elementos que aquí son solicitados.
En
segundo lugar, en torno al servicio de enfermera 24 horas, se trata de
una prestación que no tiene sustento en una orden médica, no pudiéndose inferir
categóricamente de la historia clínica su necesidad imperiosa. Por esta razón, la
Corte ordenará que el médico tratante determine la necesidad concreta de tal
servicio, a fin de que se pueda autorizar por la
EPS, si en realidad lo requiere.
h)
Por tanto, en este caso será revocado el fallo único de instancia dictado por
el Juzgado 26 Penal Municipal de Bogotá en noviembre 6 de 2013, que negó el amparo
solicitado. En su lugar, se tutelarán los derechos fundamentales
a la salud, la seguridad social y la vida digna de José Solórzano Daza, para lo
cual se ordenará a Capital Salud EPS, por conducto de su representante legal o
quien haga sus veces, que si aún no lo ha realizado, dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo autorice y entregue
al señor Solórzano Daza: a) pañales desechables; b) silla de ruedas y c)
servicio médico domiciliario y, de acuerdo a lo diagnosticado, autorice el
servicio de enfermera 24 horas, si fuere del caso, atendiendo las condiciones
especiales en las que se encuentra, a quien además la accionada le seguirá
prestando el tratamiento integral que requiera.
2.
Exp. T-4230015, María Libia Amaya de Amaya contra Cafesalud EPS.
a)
La señora María Consuelo Amaya de Hernández, en calidad de
agente oficiosa de su madre, la señora María Libia Amaya de Amaya, presenta acción de tutela solicitando el suministro
de oxígeno domiciliario por concentrador
de oxígeno a 2lt/min por 24 horas,
pañales desechables y tratamiento integral debido a que la agenciada es una
persona de 84 años, que padece “enfermedad
cardiovascular isquémico, EPOC, HTA, ERC, delirium hipoactivo”. Tal como se corrobora en su historia clínica, se
encuentra inscrita a la EPS-S Cafesalud en el nivel 1 del SISBEN, y no cuenta
con recursos económicos ni físicos para proveerse los elementos básicos en
procura de una vida en condiciones dignas.
b)
Según consta a folio 7 del expediente respectivo, en octubre 23 de 2013, le fue
prescrito por el médico tratante oxígeno domiciliario por concentrador de
oxígeno a 2lt/min por 24 horas.
c)
El juzgado único de instancia concedió el suministro de oxigeno domiciliario
por concentrador de oxígeno por 24 horas diarias y el tratamiento integral que
requiera la agenciada, pero únicamente respecto de la patología “enfermedad
cardiovascular isquémico, EPOC, HTA, ERC, Delirium hipoactivo”, al tiempo
que decidió no conceder el suministro de pañales ya que aún no existe orden
alguna de médico tratante que prescriba los elementos solicitados
d)
Sobre este particular, si bien es cierto que los
pañales desechables no fueron prescritos por el médico tratante, se
logra evidenciar su necesidad con la historia clínica
de la agenciada, que señala que padece de enfermedad cardiovascular
isquémico, EPOC, HTA, ERC, delirium hipoactivo e igualmente se lee en su
historia clínica que es una paciente “sin movilidad en miembros superiores y
miembros inferiores”. Por tal razón, se observa que es dependiente en todas
sus funciones y carece de control de esfínteres.
e)
Entonces está acreditado que los pañales i) son necesarios para que la paciente
sobrelleve su situación; ii) no hay elementos sustitutivos en el POS; iii) si
bien no existe orden médica, son esenciales para su digna subsistencia, y iv)
ni la paciente ni su hija tienen capacidad económica para asumir los costos.
Dicha situación no fue controvertida por la
EPS accionada, ya que a pesar de habérsele dado traslado sobre el inicio del
trámite de la acción de tutela, no se pronunció. Por tanto, los hechos
expuestos por la actora gozan de presunción de veracidad a la luz del artículo
20 del Decreto 2591 de 1991.
f)
Por tanto, será modificado el fallo de única instancia proferido en noviembre
19 de 2013 por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Manizales. En su lugar,
serán tutelados los derechos fundamentales a la salud, la seguridad social y la
vida digna de María Libia Amaya de Amaya, ordenando a Cafesalud EPS, por conducto de su
representante legal o quien haga sus veces, que si aún no lo ha realizado,
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este
fallo autorice y suministre a la accionante los pañales desechables, y continúe
proveyéndolos en la calidad, cantidad y periodicidad que indique el médico
tratante.
3.
Exp. T-4230341, Eneas Angelino Acosta contra Capital Salud EPS y otros.
a)
La señora Fanny Janneth Acosta, actuando en representación del señor Eneas
Angelino Acosta, interpone la presente acción de tutela en contra de Capital
Salud EPS a fin de solicitar la protección de sus derechos fundamentales, los
cuales estima vulnerados como consecuencia de la negativa de la entidad en la
entrega de los insumos y servicios solicitados.
b)
En el expediente se evidencian las ordenes médicas[15]
prescritas por el médico adscrito a la EPS autorizando la entrega de “silla
de ruedas con especificaciones especiales” y “300 pañales plenitud
Project, 2 cajas de guantes de manejo, 180 tabletas de pregabalina y control
con fisiatría en 3 meses”. Sin embargo, Coomeva EPS le informó que en el sistema no figura que se haya efectuado una
solicitud para la entrega de los elementos y servicios solicitados.
c)
El Juzgado único de instancia negó las pretensiones al considerar que no hay
medio de prueba que afirme que la EPS tenía conocimiento de lo prescrito y por
esta razón no existe negación por parte de la entidad accionada de los
elementos, tratamientos e insumos solicitados.
d)
En primer lugar, y en cuanto a la solicitud de que sean entregados y
autorizados la silla de ruedas con especificaciones especiales, 300 pañales
plenitud Project, 2 cajas de guantes de manejo y 180 tabletas de Pregabalina,
encuentra la Sala que, en efecto, se trata de insumos y medicamentos que están
excluidos del Plan Obligatorio de Salud. En consecuencia, es necesario entrar a
verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la jurisprudencia
constitucional para establecer si hay lugar a ordenar su suministro por esta
vía.
(i)
Debido a la situación de discapacidad del señor Eneas Angelino, se hace
necesario por su enfermedad de paraplejia espástica el suministro de tales
insumos con el fin de otorgarle un apoyo para continuar su vida y facilitar su
cuidado por parte de sus familiares lo que le generaría llevar una vida en
condiciones dignas;
(ii)
Tales elementos no pueden ser sustituidos por otros
insumos contemplados en el POS;
(iii) Se encuentra demostrado que los elementos e insumos han sido
prescritos por el médico tratante.
(iv)
En torno a la capacidad monetaria, es claro que la familia tiene legal, moral y
afectivamente la obligación económica de sobrellevar y atender cada uno de los
padecimientos, pero desde otra perspectiva, es cierto que es indispensable
recibir ayuda externa, de variada connotación, ante la afirmada y no
desvirtuada insuficiencia de recursos propios para solventar todo lo
necesitado.
e)
Ahora bien, en torno al servicio de enfermería por 6 horas es claro que
no existe sustento en una orden médica, ni puede inferirse tajantemente de las
afirmaciones efectuadas en la tutela su plena necesidad, por ello, frente a
esta solicitud, resulta necesario que el médico tratante determine la necesidad
concreta de ese servicio, a fin de que se puedan o no autorizar por la
EPS.
f)
Por tanto, será revocado el fallo de única instancia proferido por el Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio, en agosto 26 de
2013. En su lugar, serán tutelados los derechos fundamentales
a la salud, la seguridad social y la vida digna de Eneas Angelino Acosta Bejarano,
ordenando a Capital Salud EPS, por conducto de su representante legal o quien
haga sus veces, que si aún no lo ha realizado, dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de este fallo autorice y suministre al
señor Acosta Bejarano, los servicios solicitados, proveyendo éstos en la
calidad, cantidad y periodicidad que al respecto indique el médico tratante.
Así mismo, atendiendo las condiciones especiales en las que se encuentra, la
accionada le seguirá prestando el tratamiento integral que requiera.
4.
Exp. T-4230708, Luis Antonio Peñuela y Martha de Jesús Londoño de Peñuela
contra Asmet Salud EPS.
a)
La acción fue interpuesta por la señora Martha Cecilia Peñuela, en
representación de sus padres, Luis Antonio de 81 años, quien padece de
insuficiencia de la válvula aórtica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
enfermedad cerebrovascular y Martha de Jesús de 72 años, con diagnóstico de
EPOC y neumonía. Por esta razón, solicita la protección de los derechos
fundamentales de sus padres.
b)
La representante relata que los distintos padecimientos que sufre su padre le
han causado un grave y progresivo deterioro en su estado de salud al ser
trasladado en taxi para que le realicen las terapias, así mismo se lee de su
historia clínica que tiene limitación funcional y por esta razón solicita que
sea ordenado atención domiciliaria, transporte dentro y fuera de la ciudad,
silla de ruedas y pañales desechables.
c)
En este caso se estableció, mediante la declaración juramentada aportada al
proceso, que los pacientes dependen totalmente de un hijo suyo, quien es una
persona de escasos recursos que labora en construcción. El actor indicó que no
reciben ninguna pensión y el único subsidio que reciben por parte del Estado es
un aporte de Colombia Humanitaria cada dos meses. Por tal razón, solicitan la exoneración
de copagos y cuotas moderadoras.
d) La EPS accionada afirmó que la petición no resulta procedente,
debido a que no existe una orden de un médico adscrito a la
EPS que la avale.
e) El juez de primera instancia concedió las pretensiones de la acción de tutela, en lo que tiene que
ver con los gastos de transporte en esa ciudad y fuera de ella y alojamiento si
fuere necesario. Así mismo, ordenó la no exigencia de cancelar los copagos y
cuotas moderadoras. Por el contrario, denegó
la entrega de pañales desechables y suplementos alimenticios y vitamínicos ya que
no existe orden médica prescrita por el médico adscrito a la
EPS.
La
agente oficiosa, impugnó tal decisión, adjuntando al escrito de impugnación
historia clínica, donde se lee que el paciente “requiere de pañales
permanentes, de silla de ruedas… además la terapia física debe realizarse en
casa o suspenderse por dificultad en el desplazamiento del paciente o en caso
contrario debe desplazarse o ser llevado a consulta médica en ambulancia” (f.
80 ib.).
El
Tribunal Superior de Armenia, Sala Penal, revocó el fallo concediendo
únicamente la entrega de pañales desechables y negando el transporte
en esa ciudad y fuera de ella, así como la silla de ruedas, toda vez que
ésta debe ser prescrita por médico especialista.
f)
En consecuencia, es necesario entrar a verificar el cumplimiento de los
requisitos previstos en la jurisprudencia constitucional para establecer si hay
lugar a ordenar su suministro por esta vía.
(i)
Debido a la situación de discapacidad del señor Luis Antonio, se hace necesario
por su enfermedad cerebrovascular el suministro de tales insumos con el fin de
otorgarle un apoyo para continuar su vida y facilitar su cuidado por parte de
sus familiares lo que le generaría llevar una vida en condiciones dignas;
(ii)
Tales elementos no pueden ser sustituidos por otros
insumos contemplados en el POS.
(iii) Se encuentra demostrado que los elementos e insumos han sido
prescritos por el médico tratante por la dificultad en la movilidad
(iv)
En torno a la capacidad monetaria, de la declaración juramentada de su hija se
puede deducir que no cuentan con los recursos económicos suficientes para
solventar su estado de debilidad. De hecho, su vinculación con el sistema de
seguridad social en salud es a través del Régimen Subsidiado, dentro del cual
fue calificado en el nivel 2 del SISBEN.
g)
Así, está acreditado que la silla de ruedas y el transporte dentro y fuera
de la ciudad i) son necesarios para conservar la calidad de vida del
paciente; ii) no tienen elementos sustitutivos en el POS; iii) existe orden
médica que acredita su necesidad; y iv) el paciente y sus familiares carecen de
capacidad económica para asumir dicho gasto.
h)
Por estas razones se procederá a revocar la decisión proferida por el Tribunal
Superior de Armenia, Sala Penal, de diciembre 2 de 2013 que en su momento
revocó el dictado por el Juzgado 3° Penal del Circuito de Conocimiento de
Armenia, que negó el amparo a Luis Antonio Peñuela y Martha de Jesús Londoño, y
en su lugar se concederá el amparo de sus derechos fundamentales. En
consecuencia, se ordenará a la EPS accionada suministrar la silla de ruedas
requerida y autorizar el transporte dentro y fuera de la ciudad en la medida
necesaria para la realización de las terapias y tratamientos médicos, sin que
se le genere cobros por concepto de cuotas moderadoras y copagos.
5.
Exp. T-4231061, Primo Eliécer Roa Roa contra Nueva EPS.
a) El señor Primo
Eliécer Roa, de 70 años de
edad, quien padece de tumor maligno del recto y actualmente se encuentra afiliado en
calidad de cotizante al régimen contributivo de salud con la
Nueva EPS, interpone la presente acción
de tutela a fin de solicitar la protección de sus derechos fundamentales, los
cuales estima vulnerados como consecuencia de la negativa por parte de la
accionada para autorizar la entrega de los pañales desechables que
fueron prescritos por su médico tratante.
b) Esta corporación evidencia que la negativa del
suministro de pañales desechables, vulnera los derechos fundamentales a la vida
digna y a la salud del paciente, pues de su estado patológico se desprende que
padece de una enfermedad catastrófica que no le permite desplazarse
autónomamente para hacer sus necesidades fisiológicas, lo que origina una
afectación no sólo en su higiene y sanidad sino que también impedirían una
óptima calidad de vida y el pleno desarrollo de la misma.
c) Como ya se ha manifestado, los pañales
desechables no cuentan con un insumo sustituto dentro del Plan de Beneficios.
Está
acreditado que los pañales desechables i) son necesario para conservar la
calidad de vida del paciente; ii) no tienen elementos sustitutivos en el POS;
iii) si bien la orden médica es de 2012, se puede deducir que por su patología
le son necesarios para llevar una vida en condiciones dignas; y iv) se demostró
la ausencia de capacidad económica.
d)
Por tanto, será revocado el fallo único de instancia, que negó el amparo en
julio 29 de 2013, por el Juzgado 42 Penal
del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá. En su lugar, se tutelarán sus derechos fundamentales
a la salud, la seguridad social y la vida digna del demandante, ordenando a Nueva
EPS que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación
de este fallo entregue al señor Roa Roa los pañales desechables requeridos y le
proporcione la atención integral necesaria para sobrellevar su enfermedad.
6.
Exp. T-4233799, Luz Adriana Cáceres Niño contra Nueva EPS.
a)
Jorge Cáceres Vega, actuando en representación de su hija Luz Adriana, de 16
años de edad, informó que ésta padece desde los 3 años de “displacia
paralítica de cadera y retardo del desarrollo psicomotor y cognitivo,
incapacidad para usar el lenguaje y distenia que consiste en trastornos del
movimiento que causan torceduras y movimientos repetitivos o posturas
anormales”.
b)
En septiembre 21 de 2012 le fueron ordenados tres procedimientos “osteotomía
compleja en pelvis-ganz, osteotomía femoral varizante e injerto óseo en
pelvis”, en el Hospital San Ignacio de Bogotá. La menor vive en la ciudad
de Bucaramanga junto con su familia, y por esta razón, su padre solicitó que
los procedimientos fueran realizados en esa ciudad, debido a que no cuenta con
recursos económicos para cubrir los gastos de transporte y alojamiento de su
hija y un acompañante.
c)
La EPS accionada, respondió que la solicitud no puede ser aprobada ya que los
servicios requeridos por la menor deben ser garantizados en una IPS con el
personal idóneo y la capacidad técnica científica.
d)
El Juzgado de primera instancia negó las pretensiones de la acción de tutela en
lo que tiene que ver con la práctica del procedimiento quirúrgico en la ciudad
de Bucaramanga, pues éste ya fue autorizado y remitido al Hospital
Universitario de San Ignacio en Bogotá. Por ello ordenó que los costos de
traslado, alojamiento y alimentación del acompañante y la menor a esta ciudad
para la realización de la cirugía, sean asumidos por la entidad prestadora de
salud. En lo referente a la entrega de pañales desechables negó su prestación,
al considerar que no existe prescripción médica que ordene la entrega de estos.
e)
En primer lugar, en torno a los pañales desechables, son insumos que
tienen sustento en una orden médica, y se puede inferir categóricamente de la
historia clínica su necesidad imperiosa, al tratarse de una menor de edad que no puede desplazarse por si
misma debido a sus limitaciones en la cadera.
f) En cuanto a la solicitud de realización
los procedimientos prescritos en la ciudad de Bucaramanga, estos fueron autorizados en el Hospital San Ignacio de
Bogotá que pertenece a su red de servicios. El actor expuso que por razones
económicas los procedimientos le sean realizados en la ciudad de Bucaramanga en
la clínica FOSCAL pues es en esta ciudad donde tienen su domicilio y les sería
insostenible desplazarse a Bogotá y radicarse allí por el tiempo que su hija
necesite para su completa recuperación después de la cirugía que requiere.
g) Teniendo en cuenta que
el principio de la libre escogencia de IPS por parte del afiliado, como
característica del Sistema General de Seguridad Social en Salud, es un derecho
de sus usuarios, el cual debe ser protegido y garantizado por el Estado, es claro
que la Nueva EPS ha vulnerado este derecho al negarle al actor trasladarse de
IPS, teniendo en cuenta que la
Clínica FOSCAL está ubicada en el mismo municipio donde reside la menor, allí
se realiza el tratamiento prescrito para la enfermedad padecida y existe un
contrato vigente entre la accionada y la IPS en mención, tal como consta en la
contestación de la tutela.
Contando con dicha
disponibilidad, en lugar de obligar a la menor y su familia a trasladarse a
Bogotá, la demandada debe brindarles el servicio en Bucaramanga, y solo si no
hay IPS que puedan prestar los servicios en la capital de Santander, la
accionada podrá remitir a los pacientes al lugar más cercano que cuente con la
capacidad técnica y humana para atenderles, desde luego suministrándoles todos
los gastos por traslado y alojamiento de la menor y un acompañante.
h) Por lo anterior se protegerán los derechos fundamentales
invocados y se ordenará a la demandada que autorice la realización los
procedimientos solicitados en la Fundación
Oftalmológica de Santander - FOSCAL
del Municipio de Bucaramanga, IPS con la que se tiene contrato vigente y está
ubicada en el lugar de residencia del accionante. Así mismo, autorice y
suministre a la menor Luz Adriana, pañales desechables, proveyendo estos
en la calidad, cantidad y periodicidad que indique el médico tratante.
En
consecuencia, se revocará el fallo dictado en segunda instancia por el Tribunal
Superior Distrito Judicial de Bucaramanga, en septiembre 4 de 2013, que
confirmó el proferido por el Juzgado 7° de Familia de Bucaramanga, en julio 25
del mismo años, que negó las pretensiones de la acción de tutela.
7.
Exp. T-4234759, Luis Carlos Barrera contra Capital Salud EPS.
a) Como ya se indicó, la presente acción de
tutela cumple la legitimación por activa, al haber sido incoada por la señora María del Carmen Barrera, madre de Luis Carlos Barrera, de 35 años, quien se encuentra afiliado a Capital Salud
EPS-S en el régimen subsidiado, nivel 1 del SISBEN.
b) Indicó que su hijo a sus 13 años tuvo un
accidente al caerse de un caballo, lo que le generó “secuelas TCE,
cudriplegia, déficit cognitivo, dependiente para actividad básica cotidiana” que le impiden actuar por sí mismo.
c)
Manifestó que los derechos fundamentales de su hijo han sido conculcados, a
raíz de la negativa por parte de la EPS a entregar el medicamento “toxina botulínica tipo A única IM 500 un clastridium y autorizar los pañales desechables, cita con
fisiatría, cama con barandas, atención médica domiciliaria y tratamiento
integral.
d) Es continua la línea
jurisprudencial constitucional que propende por la protección de la vida en
forma integral y por la preservación de la salud como derecho fundamental per
se, buscando que la persona obtenga del Sistema General de Seguridad Social
una solución satisfactoria a quebrantos físicos y sicológicos, que afecten el
normal desarrollo humano en sociedad.
e) Ello conducía a que el despacho judicial que conoció de esta acción de
tutela la hubiere concedido, lo cual no
hizo, pues únicamente accedió a ordenar el medicamento toxina botulínica,
negando los demás insumos y servicios solicitados. En consecuencia, será
revocado su fallo de noviembre 27 de 2013, que erradamente dejó de estudiar las circunstancias
de debilidad en las que se encuentran el agenciado y su señora madre.
f)
Ahora bien, si bien no se encontró orden médica mediante la cual se hayan
prescrito los servicios y elementos pedidos a favor del señor Barrera, ello no
impide que, por la condición de sujeto de especial protección que ostenta, al
tratarse de una persona con limitaciones físicas, y a partir de la certeza
sobre los hechos verificados en la historia clínica, infiera por lo menos la
necesidad de los pañales desechables, la cita con fisiatría, cama con barandas y la atención médico domiciliaria pedidos por su madre en la demanda. Ello, en razón
g)
En consecuencia, la Corte revocará el fallo único de instancia proferido por
Juzgado 27 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, en sentencia
de diciembre 10 de 2013, no impugnada, que negó algunos de los servicios e
insumos solicitados.
En
su lugar, serán tutelados los derechos
fundamentales a la salud, la
seguridad social y la vida digna de Luis Carlos Barrera, ordenando a Capital Salud EPS,
por conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que si aún no lo
ha realizado, suministre al accionante los pañales desechables, la cita con
fisiatría, la cama con barandas y la atención médico domiciliaria requeridas.
8.
Exp. T-3867514, Lucila Rey Romero contra Coomeva EPS.
a)
De conformidad con la historia clínica de Betty del Socorro Benitez, de 72 años
de edad, se encontró que padece de la enfermedad de Parkinson y epilepsia focal
desde hace 8 años.
b)
En razón de ello, la actora necesita acompañante las 24 horas del día, 3
pañales diarios Tena Sleep M, 2 cajas de guantes desechables, 2 cajas de gasa
estéril, 2 bolsas de suero fisiológico, 2 cajas de toallitas húmedas para
limpiar la boca, 3 tubos de iruxol de 30
gramos, 5 ensure pequeños y visita mensual del médico domiciliario.
c)
El Juzgado de única instancia, negó las pretensiones de la demanda al
considerar que no se allegó para efectos de apreciar el estado de salud actual
de la accionante una historia clínica reciente en el que se señale por parte
del médico tratante la prescripción de los medicamentos y elementos
solicitados.
d)
Ahora bien, si bien no se encontró orden médica mediante la cual se hayan
prescrito los servicios y elementos pedidos a favor de la actora, ello no
impide que, por la condición de sujeto de especial protección que ostenta la
accionante, al tratarse de una adulta mayor, el Juez de tutela, a partir de la
certeza sobre los hechos verificados en la historia clínica, infiera por lo
menos la necesidad de los pañales desechables pedidos por ella en la
demanda. Ello, en razón de propender por
ir paliando sus afecciones, para hacer más llevadera su vida.
e)
En cuanto a los demás elementos solicitados, es claro que dichos
dispositivos y servicios no tienen sustento en una orden médica, sin que ello
pueda inferirse claramente de la historia clínica. Por esa razón, frente a esta
petición, la Corte ordenará que el médico tratante determine la necesidad
concreta de tales implementos y servicios, a fin de que se puedan autorizar por
la EPS, si son requeridos.
f)
Por lo tanto, será revocada la sentencia denegatoria del amparo, no recurrida,
proferida por el Juzgado Primero Penal Municipal de Sincelejo, en sentencia de
noviembre 13 de 2013. En su lugar, serán tutelados los derechos fundamentales
de
Betty del Socorro Mendoza Herrera, ordenando a Coomeva EPS que si aún no lo ha
realizado, autorice y suministre a la accionante: a) los pañales desechables,
proveyendo estos en la calidad, cantidad y periodicidad que indique el médico
tratante; y b) la valoración científica sobre lo demás solicitado y, de acuerdo
a lo diagnosticado, suministre a la
paciente o a quien la represente, incluso
lo pedido por ella, si fuere del caso, atendiendo las condiciones especiales en
las que se encuentra, y le siga prestando el tratamiento integral que según tal
diagnóstico ella requiera.
9. Exp.
T-4237301, Aminta Castilblanco Moreno contra Saludcoop EPS
a)
Se indicó en el libelo de la tutela que Aminta Castilblanco Moreno, de 83 años
de edad, padece de “lesiones craneales probablemente metastásicas y
parkinson” y que por esta razón el neurólogo tratante prescribió el
suministro de una silla de ruedas y el suplemento alimenticio ENSURE, en el
formato de “solicitud y justificación de insumos y procedimientos No POS”.
b)
En su intervención la Secretaría de Salud Departamental del Huila resaltó que
los insumos requeridos deben ser suministrados por Saludcoop EPS, y que por
tratarse de elementos excluidos expresamente del POS, según el Acuerdo 029 de
2011 de la Comisión de Regulación en Salud, su idoneidad, necesidad y
viabilidad debe ser evaluada por el Comité Técnico Científico, en adelante CTC.
c)
El juzgado de única instancia, negó las pretensiones de la demanda al
considerar que no existía trasgresión a sus derechos fundamentales, pues no se
había agotado el trámite ante el Comité Técnico Científico de la
EPS.
d)
Ahora bien, de lo expuesto en la demanda y los documentos allegados al presente
caso, la Sala concluye que las entidades demandadas no desvirtuaron lo afirmado
por la accionante en declaración juramentada acerca de su incapacidad
económica. Por tanto, los hechos expuestos por la actora gozan de presunción de
veracidad a la luz del artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
En
segundo lugar, los pañales desechables, el suplemento alimenticio ENSURE y
la silla de ruedas, son insumos que tienen sustento en una orden médica,
cuyo suministro no puede limitarse en virtud a la ausencia del concepto del
CTC, máxime si sumado a la orden emitida por el médico tratante, de la historia
clínica puede inferirse categóricamente la necesidad de tales elementos al
tratarse de una persona de la tercera que
no puede desplazarse por sí misma debido a sus limitaciones físicas.
e)
Así, está acreditado que los suministros pedidos i) son necesarios para
conservar la calidad de vida de la paciente; ii) no tienen elementos
sustitutivos en el POS; iii) existe orden médica que acredita su necesidad; y
iv) la paciente y sus familiares  carecen de capacidad económica para asumir
dicho gasto.
f).
Por lo tanto, será revocada la sentencia denegatoria del amparo, no recurrida,
proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pitalito, en sentencia
de noviembre 27 de 2013. En su lugar, serán tutelados los derechos fundamentales
de
Aminta Castilblanco Moreno, ordenando a Saludcoop EPS, que autorice y
suministre a la actora: i) los pañales desechables, en la calidad y cantidad y
con la periodicidad que indique el médico tratante; ii) la silla de ruedas; y
iii) el suplemento alimenticio ENSURE atendiendo las condiciones especiales en
las que se encuentra, a quien además la accionada le seguirá prestando el
tratamiento integral que requiera.
10.
Exp. T-4237612, Jean Emanuel Reyes Trujillo contra Compensar EPS y otros.
a)
Emily Trujillo Espinosa, progenitora de Jean Manuel Reyes Trujillo, de 13 años
de edad, manifestó que el menor recibe tratamiento especializado debido a que
fue diagnosticado con “autismo en la niñez, retardo global del desarrollo,
paciente que presenta episodios de autoagresión y heteroagresión, actualmente
no tiene lenguaje, no tiene control de esfínteres”.
b)
Frente a esos padecimientos, el especialista en fisiatría ordenó un tratamiento
integral de rehabilitación cognitivo-conductual por el término de 6 meses, que
comprende terapia física, ocupacional de fonoaudiología y psicología.
c)
La EPS demandada informó que el CTC negó la autorización del tratamiento
porque la solicitud no cumplía los requisitos del artículo 6° de la
Resolución 3099 de 2008, del Ministerio de Salud y Protección Social, relativo
al agotamiento de posibilidades técnicas o científicas para la rehabilitación
de la enfermedad, sin que se hayan obtenido resultados clínicos satisfactorios.
d)
Por su parte, en concepto médico allegado por la oficina de Gerencia Jurídica
de la EPS se indicó que el tratamiento del autismo que padece el niño está
basado en el análisis conductual, el fortalecimiento de las capacidades y
habilidades del niño, pero esto puede lograrse con las terapias físicas,
ocupacionales y del lenguaje ofertada por la
EPS mediante la Fundación Liga contra la
Epilepsia.
e)
El juzgado negó las pretensiones de la demanda, al estimar que, el CTC no
autorizó la prestación del servicio por considerarlo inadecuado para el manejo
de la enfermedad del paciente y porque se le está suministrando el tratamiento
de rehabilitación mediante las terapias cobijadas por el POS.
f)
Al respecto considera la Sala que los argumentos argüidos por la
EPS no son suficientes para desvirtuar la necesidad del tratamiento ordenado,
debido a que en primer lugar, la afirmación del CTC relativa a no haber agotado
las opciones médicas incluidas en el POS desconoce que el padecimiento del niño
venía siendo manejado mediante distintas terapias físicas y de lenguaje
cobijadas por el POS, pero que resultando insuficientes para su completa
rehabilitación fueron reemplazadas, por el especialista en fisiatría, por un
tratamiento cognitivo-conductual de carácter integral.
Es
precisamente el hecho de haber agotado las opciones previstas en el Acuerdo 029
de 2011 y demás normas complementarias, lo que sustenta la necesidad, idoneidad
y viabilidad del tratamiento de rehabilitación dispuesto por el médico
tratante, por tanto corresponde a la EPS garantizar al menor las posibilidades
científicas que permitan una mejoría en sus condiciones de vida.
g)
En este orden de ideas, esta Sala considera que el tratamiento cognitivo
conductual, i) es necesario para conservar la calidad de vida del
paciente; ii) si bien existen opciones sustitutivas en el POS estas están
detalladas de manera particular por tanto no se proporciona la integralidad en
su prestación y estas fueron agotadas previamente; y iii) el médico tratante,
especialista en fisiatría, ordenó el tratamiento integral de rehabilitación.
h)
Por lo anterior se protegerán los derechos
fundamentales invocados y se ordenará a la demandada autorice la realización
del tratamiento integral de rehabilitación cognitivo-conductual. En
consecuencia, se revocará el fallo dictado en única instancia por el Juzgado 3°
Civil Municipal de Bogotá, en noviembre 14 de 2013, para en su lugar, ordenar a
Compensar EPS que autorice la realización del
tratamiento integral de rehabilitación cognitivo-conductual por el término de 6
meses, según lo solicitado en esta acción de tutela.
11.
Exp. T-4239579, Armando Valdés Bermúdez contra Saludcoop EPS.
a)
Armando Valdés Bermúdez, de 58 años de edad, recibió cirugía craneotomía
bifrontal, más resección de tumor parasagital bifrontal parietal”,
posterior al procedimiento sufrió pérdida de las funciones musculares por
parálisis permanente en la parte izquierda de su cuerpo. Por lo anterior, debe
trasladarse, 3 veces por semana, desde su residencia en el corregimiento de
Villagorgona del municipio de Candelaria (Valle del Cauca) hasta la ciudad
Cali, para que reciba las terapias y servicios médicos que requiere
b)
Su cónyuge manifestó que para su atención y cuidado se requieren pañales
desechables, el suplemento alimenticio ENSURE, terapia física, de
fonoaudiología y fisioterapia domiciliaria, transporte y servicio de
enfermería.
c)
La actora afirmó que su cónyuge era quien proveía el sustento del núcleo
familiar, conformado por ella, su hijo y dos adultos mayores. En razón al
cuidado permanente que necesita el agenciado, ella no puede trabajar fuera de
la casa, por tanto no cuenta con recursos económicos para sufragar los gastos
de manutención, declarándose en incapacidad para asumir los derivados de los
tratamientos médicos y suministros que requiere el paciente.
d)
El Juzgado negó las pretensiones al considerar que en el presente asunto la
EPS no ha vulnerado ningún derecho del paciente, al evidenciarse que ha
autorizado los procedimientos y medicamentos ordenados por los médicos
tratantes, resaltando que los elementos solicitados no han sido aún prescritos.
c)
En cuanto a la negativa de la entidad demandada en autorizar lo solicitado por la
accionante y lo considerado por el Juzgado 1° Promiscuo Municipal de
Candelaria, Valle del Cauca, para denegar el amparo pedido, es decir, la
inexistencia de orden médica que justifique la necesidad de los distintos
servicios de salud solicitados, la Sala encuentra que dichas afirmaciones
resultan erradas porque: i) frente a quien adolece del tipo de enfermedades
antes referidas, es razonable inferir que esa persona necesita la utilización
de pañales desechables, el suministro del suplemento alimenticio ENSURE y la
realización de la terapia física, de fonoaudiología y fisioterapia domiciliaria
y el servicios de transporte, además porque ii) de la declaración realizada
por quien agencia los derechos del paciente se infiere la falta de capacidad
económica para asumir el costo de los suministros, los gastos de transporte y
demás que se requieren.
Empero,
acerca del servicio de enfermería, no puede inferirse categóricamente de
la historia clínica su necesidad imperiosa, por lo cual la
Corte ordenará que el médico tratante determine la necesidad concreta del
mismo, a fin de que se pueda autorizar por la entidad demandada, si en realidad
se requiere.
d) Frente a este caso resulta primordial tener en
cuenta el deber del Estado de otorgar protección especial a quienes están en
circunstancias de indefensión y debilidad manifiesta, por lo cual, se torna
imperativo brindar protección frente a las acciones u omisiones vulneradoras de
sus derechos.
e)
Conforme a lo analizado, en el caso objeto de revisión se cumplen
satisfactoriamente todos los presupuestos para proteger los derechos
fundamentales del paciente, en el entendido que para la
Sala se acreditó el grave estado de salud del mismo.
Frente a ello, surge apremiante
la necesidad de proveer los pañales desechables, el suplemento alimenticio
ENSURE, la terapia física, de fonoaudiología y fisioterapia domiciliaria y el
transporte para el agenciado y un acompañante, pues es ostensible que al menos paliarán algo de sus
padecimientos y harán más llevadera su situación, superando la tendencia a
limitar o negar el acceso a dicha asistencia.
f)
En consecuencia, será revocado el fallo proferido por el Juzgado 1° Promiscuo
Municipal de Candelaria (Valle del Cauca) en diciembre 6 de 2013, que negó la
acción de tutela. En su lugar, serán tutelados los derechos fundamentales
de
Armando Valdés Bermúdez, ordenando a Saludcoop EPS que autorice y suministre al
actor: i) los pañales desechables, en la calidad, cantidad y periodicidad que
indique el médico tratante; ii) la terapia física, de fonoaudiología y
fisioterapia domiciliaria; iii) el suplemento alimenticio ENSURE; iv) el
transporte para él y un acompañante; v) la valoración científica y, vi) si
fuere del caso, de acuerdo a lo diagnosticado, suministre el servicio de
enfermería, atendiendo las condiciones especiales en las que el agenciado se
encuentra, y además le seguirá prestando el tratamiento integral que requiera.
12.
Exp. T-4244135, Amparo Ramírez de Solarte contra Comfenalco EPS.
a)
Conforme a la historia clínica de Amparo Ramírez de Solarte, de 79 años de
edad, se constató que ella padece de síndrome convulsivo crónico, trastorno de
ansiedad, esquizofrenia con trastorno delirante, incontinencia fecal y
urinaria, episodios de agresividad e hipertensión arterial. Por estas razones,
requiere para su rehabilitación y cuidado terapia física, de fonoaudiología y
respiratoria, una valoración médica por especialista en nutrición, así como el
suministro de “crema antipañalitis, pañitos húmedos, crema Lubridem, cama
hospitalaria con sus respectivas barandas, un colchón anti-escaras, un
suplemento vitamínico ENSURE, pañales desechables Tena talla mediana,
medicamentos que no estén dentro del POS”.
b)
La EPS accionada manifestó que ha cumplido sus obligaciones tendientes a
prestar los procedimientos, intervenciones y medicamentos incluidos en el POS,
requeridos por la paciente. Aseguró que la petición de una cama hospitalaria,
colchón anti-escaras, pañales desechables y suplemento alimenticio no resulta
procedente, pues no existe al respecto orden de médico adscrito a dicha
entidad.
c)
Constata la Sala que en el presente caso no se hace ninguna referencia a la
capacidad económica de la accionante, siendo la única alusión cercana al tema
la relativa al pago de un centro geriátrico en el que fue internada la
agenciada, ante la incapacidad de la actora para asumir su cuidado. Sin embargo
lo anterior no permite concluir o al menos inferir la suficiencia o no de
recursos.
A
este respecto, recuérdese que la Constitución dispone
la concurrencia del Estado, la sociedad y la familia para brindar protección y asistencia
a las personas de la tercera edad, siendo esta última la primera obligada económica, moral y afectivamente
para sobrellevar y atender tales padecimientos. En este orden de ideas, la
Corte ha dicho que, solo cuando la ausencia de capacidad económica se
convierte en una barrera infranqueable para las personas, debido a que por esa
causa no pueden acceder a un requerimiento de salud y por ello se afecta la
dignidad humana, el Estado está obligado a suplir dicha falencia.
d)
En esa medida, para esta Corte, a la luz de los principios de solidaridad y
universalidad que rigen el Sistema de Seguridad Social en Salud, no es
procedente acceder a las pretensiones de la accionante, pues no logró
verificarse que los familiares no cuenten con capacidad económica suficiente
para pagar los gastos por conceptos de implementos que no cubre el POS, sin
afectar su mínimo vital, más aún, cuando el cuidado y atención de la agenciada
está a cargo de una institución geriátrica.
e)
En consecuencia, se confirmará el fallo único de instancia proferido por el
Juzgado 17 Civil Penal con Funciones de Control de Garantías de Santiago de
Cali, que negó las pretensiones de la acción de tutela.
13.
Exp. T-4244695, Rubén Darío González Garzón contra EPS Sura.
a)
Valentín González Rojas, en representación de su hijo menor de edad Rubén
Darío González Garzón, manifestó que él está en situación de discapacidad, por
padecer “síndrome broncobstructivo recurrente, hipoxia hipoxémica, con
antecedentes de parálisis cerebral”, razón por la cual necesita terapias,
controles, servicio de enfermería y el suplemento alimenticio ENSURE.
b)
Indicó que el menor de edad recibe terapias de rehabilitación tres veces por
semana en la Clínica Universidad de la
Sabana en Bogotá, pero su domicilio es en el municipio de Suesca, de manera
que para acceder a su tratamiento, el niño debe hacer largos desplazamientos
junto con un acompañante.
c)
Aseveró que su trabajo constituye su única fuente de ingresos y que la asunción
de esos gastos de transporte supera holgadamente la capacidad económica del
núcleo familiar. En consecuencia, solicitó el suministro de servicio de
transporte para el menor de edad y un acompañante, enfermería domiciliaria
y el suplemento alimenticio ENSURE.
d)
La EPS demandada precisó que el servicio de transporte y el suplemento
alimenticio solicitados, no son dispositivos médicos y están excluidos del POS,
según el Acuerdo 029 de 2011 de la CRES, razón por la cual no pueden ser
autorizados, menos aun cuando la familia del actor tiene suficiente capacidad
económica para sobrellevar dichas cargas.
e)
Por su parte la Clínica Universidad de la
Sabana manifestó que el menor ha recibido en ese centro médico atención
clínica de manera intermitente en el servicio de urgencias, pero según sus
registros médicos, no se encuentra inscrito en un plan regular de
rehabilitación y no existen prescripciones emitidas por médicos adscritos a la
entidad, relacionadas con la necesidad del servicio de transporte o
acompañamiento permanente por enfermería.
d)
En este caso concreto, se deriva de las pruebas aportadas al proceso que en la
actualidad el menor de edad no recibe terapias de rehabilitación, por lo menos
no en la clínica referida por el accionante. Lo anterior, no desconoce que el
niño tenga eventualmente que desplazarse para atender los controles y
seguimientos a su enfermedad, pero los documentos allegados al expediente son
insuficientes para constatar tal circunstancia.
e)
Por otro lado, conforme al registro de la
EPS demandada el padre del menor, Valentín González Rojas cuenta con un IBC de
$1.603.000, lo cual permite inferir cierta solvencia del grupo familiar
conformado por él, su esposa y su hijo. Sin embargo, se debe tener en cuenta
que los pagos por la salud del menor de edad con discapacidad son elevados y
que las actuales condiciones físicas de su esposa afectan la capacidad
económica del grupo familiar y las condiciones para el cuidado del agenciado.
f)
En ese orden de ideas, la Sala encuentra que en el presente asunto no resulta
dable emplear las reglas para
inaplicar las normas del POS, específicamente la que hace referencia a que ante
la ausencia de prescripción médica, pero a partir de la certeza de los hechos
corroborados en la historia clínica del paciente, el juez de tutela puede
inferir la necesidad de los procedimientos, servicios e elementos que éste
requiera. En el presente caso, solo se allegó copia de una epicrisis del año
2012, sin que se haya justificado la omisión de aportar suficiente historia
clínica. Por lo tanto, la
Sala concluye que no se satisfacen los presupuestos para decretar el amparo
pedido.
Además,
en torno al servicio de enfermera 24 horas, se trata de una prestación
que no tiene sustento en una orden médica, no pudiéndose inferir
categóricamente de la escasa historia clínica su necesidad imperiosa, por lo
cual la Corte ordenará que el médico tratante determine la necesidad concreta
de tal servicio, a fin de que se pueda autorizar por la
EPS, si en realidad lo requiere.
g)
En consecuencia, con el fin de poder proteger las garantías fundamentales del
menor de edad agenciado, resulta indispensable que se hagan las valoraciones
médicas correspondientes tendientes a definir su actual situación clínica, y
así determinar los servicios, procedimientos o elementos que requiera. Por
ello, será revocada la sentencia denegatoria del amparo, proferida en diciembre
19 de 2013 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Suesca, que no fue impugnada.
En
su lugar, serán tutelados los derechos
fundamentales de Rubén Darío
González Garzón, ordenando a Sura EPS que haga valorar científicamente al menor
de edad y, de acuerdo a lo diagnosticado, autorice los servicios a que haya
lugar. Así mismo, que le suministre los elementos necesarios, incluidos los solicitados por
él, si fuere del caso, y continúe proveyéndolos en la calidad, cantidad y
periodicidad indicada por el médico correspondiente, atendiendo las condiciones
especiales en las que se encuentra el demandante, a quien además la accionada
le seguirá prestando el tratamiento integral que requiera.
14.
Exp. T-4247762, Santos María Correa Ortega contra Coosalud EPS-S.
a)
Santos María Correa Ortega, de 83 años de edad, expuso que sufre de
insuficiencia renal crónica, incontinencia urinaria e hipertensión, razón por
la cual requiere medicación, controles y el suministro de pañales desechables.
Pero, debido a su incapacidad económica no puede sufragar el costo de los
pañales desechables que requiere de manera permanente.
b)
Sin embargo, la Secretaría de Salud Departamental del Valle del Cauca y la
EPS demandada sostuvieron que la petición de pañales no está soportada en una
orden médica ni en concepto científico que justifique la necesidad de los
mismos, por tanto no hay lugar a suministrarlos.
c)
Finalmente, el juzgado negó el amparo invocado al considerar que los elementos
no prescritos por médico adscrito a la EPS demandada no pueden ser otorgados
por vía judicial, menos aún cuando la entidad responsable ha prestado
debidamente el servicio de salud.
d)
En este sentido la Sala encuentra necesario verificar el cumplimiento de los
requisitos que ha establecido la jurisprudencia constitucional para determinar
si hay lugar a ordenar los insumos y servicios solicitados que se encuentran
por fuera del Plan Obligatorio de Salud.
e)
Que la falta del servicio médico vulnere
o amenace los derechos a la vida y a la integridad personal de quien lo
requiere: como ya se estableció se trata
de una persona de la tercera edad, que sufre de patologías que afectan
gravemente sus condiciones físicas, lo cual lo pone en un estado de debilidad
manifiesta. Así mismo, no cuenta con los medios económicos para costear su tratamiento.
Esta
situación demuestra de manera irrefutable que los pañales desechables, que
solicita resultan necesarios para ayudar a preservar la dignidad y la calidad
de vida del paciente, pues a los sufrimientos propios de sus graves
padecimientos se suma su avanzada edad.
f)
Que el servicio no pueda ser sustituido por otro que se encuentre incluido en
el plan obligatorio: los pañales desechables no cuentan con ningún sustituto
que se encuentre incluido dentro del plan obligatorio de salud.
g)
Que el interesado no pueda directamente costear el valor de los insumos o
acceder a ellos por otro plan distinto que lo beneficie: en lo que tiene que
ver con la situación económica del accionante, se expuso que no tiene más
personas que le auxilien o suministren recursos económicos para el tratamiento
y los servicios requeridos, y de hecho, su vinculación con el sistema de
seguridad social en salud es a través del Régimen Subsidiado.
h)
En este orden de ideas, en primer lugar, respecto a los pañales desechables,
la Corte evidencia que sí bien no existe la orden médica, los serios padecimientos y la avanzada edad del señor Santos
María Correa dan cuenta, por sí mismos, de la necesidad evidente en la
prestación de los elementos que aquí son solicitados.
i)
Por tanto, será revocado el fallo único de instancia dictado por el Juzgado 17
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cali, que negó el amparo
en noviembre 5 de 2013. En su lugar, serán tutelados los derechos fundamentales
a la salud, la seguridad social y la vida digna del señor Correa Ortega, para lo
cual se ordenará a Coosalud EPS-S que autorice y entregue los pañales
desechables requeridos a partir de las condiciones especiales en las que se
encuentra, y que además le siga prestando el tratamiento integral que requiera.
15.
Exp. T-4253295, Dany Yulieth Moreno Charry contra Comfamiliar EPS-S y la
Secretaría de Salud Departamental del Huila
a)
Dany Yulieth Moreno Charry, de 22 años de edad, es una joven en situación de
discapacidad múltiple, con diagnóstico de “secuelas de meningitis, parálisis
espástica de MSIS y retraso mental severo” e incontinencia por discapacidad
secundaria, por esta razón no puede caminar ni desplazarse por sí misma.
b)
Los médicos tratantes adscritos a la empresa accionada ordenaron la entrega de
pañales desechables y de una silla de ruedas con adaptación especial, sin
embargo, pese a los requerimientos que su familia ha hecho a la
EPS-S aún no son autorizados los implementos. Así mismo, pese al cuadro
clínico de Dany Moreno la EPS-S no ha asignado cita médica para los controles
por fisiatría ni el tratamiento de rehabilitación que necesita.
c)
Por su parte la EPS afirmó que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la
agenciada, pues indicó que la paciente está recibiendo la atención médica por
medio de la red prestadora del servicio de la
Secretaría de Salud Departamental. Al respecto esta Secretaría manifestó que a
quien compete la prestación efectiva del servicio médico que requiere la
paciente es a la EPS-S Comfamiliar.
d)
El juzgado concedió la protección de los derechos fundamentales a la salud y la
vida digna, pero sujetó la autorización de los suministros pedidos a la
valoración por parte del Comité Técnico Científico sobre la necesidad e idoneidad
de lo requerido.
e)
Entonces está acreditado que los pañales y la silla de ruedas i) son necesarios
para que la paciente sobrelleve su situación, ii) no hay elementos sustitutivos
en el POS, iii) existe orden médica emitida por médico adscrito a la
EPS accionada, y iv) ni la paciente ni su familia tienen capacidad económica
para asumir los costos. Dicha situación no fue controvertida por la
EPS accionada en el trámite de la acción de tutela, por tanto, los hechos
expuestos por la actora gozan de presunción de veracidad a la luz del artículo
20 del Decreto 2591 de 1991.
f)
En cuanto a la consulta médica por fisiatría y el tratamiento de
rehabilitación, si bien no se encontró orden médica mediante la cual se hayan
prescrito esos servicios a favor de la joven, ello no impide considerar que,
por la condición de sujeto de especial protección que ostenta, al tratarse de
una joven con severas limitaciones físicas, y a partir de la certeza sobre los
hechos verificados en la historia clínica, se encuentre probada la necesidad de
la cita con fisiatría y el tratamiento de rehabilitación pedidos
en la demanda. Ello, en razón de propender por ir paliando sus afecciones, para
hacer más llevadera su vida.
g)
Por tanto, será modificado el fallo de única instancia proferido en diciembre
12 de 2013 por el Juzgado 2° Civil del Circuito de Neiva. En su lugar, serán
tutelados los derechos fundamentales a la salud, la seguridad social y la
vida digna de Dany Yulieth Moreno Charry, ordenando a Comfamiliar
EPS-S que autorice y le suministre: (i) los pañales desechables, en la calidad,
cantidad y periodicidad que indique el médico tratante, (ii) la silla de ruedas
de acuerdo con las especificaciones que determine el médico tratante, (iii) la
cita médica con fisiatría, y (iv) el tratamiento de rehabilitación.
6.3. Solicitud a la Superintendencia Nacional de Salud y a la
Defensoría del Pueblo.
A
partir de la recurrente situación evidenciada una vez más por los casos
analizados en esta providencia, esta Sala de Revisión debe nuevamente advertir
a las entidades prestadoras de salud, en cualquiera de los dos regímenes, sea
éste contributivo o subsidiado, no continuar desconociendo caprichosamente y
sin razón válida, los precedentes jurisprudenciales de esta corporación en
cuanto a la aplicación de cada una de las subreglas antes expuestas, las cuales
propenden por la prestación adecuada y eficiente del servicio de salud. Por
esta razón, se les recuerda a dichas entidades el deber de acatar y aplicar
todos los lineamientos fijados por la
Corte Constitucional en la materia, pues no existe justificación alguna para
que algunas de ellas continúen desconociendo sus deberes, especialmente frente
a personas que merecen especial protección constitucional, como aconteció en la
mayoría de los casos objeto de estudio en esta sentencia.
Ante dicho desconocimiento injustificado
por parte de las mencionadas entidades, sobre el cual urden la negativa
recurrente a autorizar y suministrar los distintos servicios, elementos,
intervenciones y medicamentos necesarios para precaver riesgos contra la salud
y la vida digna, se dispondrá enviar copia de esta providencia a la Superintendencia Nacional de Salud, solicitándole que adelante las investigaciones
correspondientes en cada uno de los casos amparados y a la brevedad posible
establezca responsabilidades y tome las decisiones a que hubiere lugar, cuya
determinación comunicará al respectivo despacho judicial de primera instancia.
Igualmente, se procederá frente a la
Defensoría del Pueblo, para que con respecto a lo analizado, actúe en defensa
de los derechos a la vida digna de los habitantes del territorio nacional, como
corresponde dentro del ámbito de sus funciones, conforme a lo previsto en el
artículo 282-1 de la Constitución.
III.
DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la
Sala Sexta de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.
REVOCAR el fallo único
de instancia dictado por el Juzgado 26
Penal Municipal de Bogotá, que negó el
amparo en noviembre 6 de 2013, de la acción de tutela impetrada a nombre de José
Solórzano Daza contra Capital Salud EPS (expediente T-4227589).
En
su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a la salud, la seguridad social y la
vida digna de José Solórzano Daza, y ORDENAR a Capital Salud EPS, por conducto
de su representante legal o quien haga sus veces, que si aún no lo ha
realizado, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de este fallo autorice y entregue al señor Solórzano Daza: a)
pañales desechables; b) silla de ruedas y c) servicio médico domiciliario y, de
acuerdo a lo diagnosticado, autorice el servicio de enfermera 24 horas, si
fuere del caso, atendiendo las condiciones especiales en las que se encuentra,
a quien además la accionada le seguirá prestando el tratamiento integral que
requiera.
Segundo.
MODIFICAR el fallo de
única instancia proferido en noviembre 19 de 2013 por el Juzgado Séptimo Civil
Municipal de Manizales, que negó el amparo a María Libia Amaya de Amaya contra
Cafesalud EPS únicamente en lo referente a los pañales desechables (expediente T-4230015).
En
su lugar, se dispone TUTELAR los derechos fundamentales
a la salud, la seguridad social y la vida digna de María Libia Amaya de Amaya, y
ORDENAR a Cafesalud EPS, por conducto de su representante legal o quien
haga sus veces, que si aún no lo ha realizado, dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de este fallo autorice y suministre a
la accionante los pañales desechables, proveyendo estos en la calidad, cantidad
y periodicidad que indique el médico tratante.
Tercero.
REVOCAR el fallo de única instancia
proferido por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de
Villavicencio, en septiembre 6 de 2013, que negó los derechos fundamentales
a la salud, la seguridad social y la vida digna de Eneas Angelino Acosta Bejarano
(expediente T-4230341).
En
su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales invocados de Eneas Angelino Acosta Bejarano,
ordenando a Capital Salud EPS, por conducto de su representante legal o quien
haga sus veces, que si aún no lo ha realizado, dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de este fallo autorice y suministre al
señor Acosta Bejarano, silla de ruedas con especificaciones especiales, 300
pañales plenitud Project, 2 cajas de guantes de manejo y 180 tabletas de
pregabalina, proveyendo estos en la calidad, cantidad y periodicidad que
indique el médico tratante. Así mismo, atendiendo las condiciones especiales en
las que se encuentra, la accionada le seguirá prestando el tratamiento integral
que requiera.
Cuarto.
REVOCAR el fallo de segunda instancia
proferido el Tribunal Superior de Armenia Sala Penal de diciembre 2 de 2013 que
en su momento revocó el dictado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de
Conocimiento de Armenia, que negó el amparo a Luis Antonio Peñuela y Martha de
Jesús Londoño (expediente T-4230708).
En
su lugar, se dispone TUTELAR los derechos fundamentales reclamados, para
lo cual se ordena a la EPS accionada que, a través de su representante legal, o
quien haga sus veces, en el término cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de este fallo, suministre la silla de ruedas y autorice el
transporte dentro y fuera de la ciudad para la realización de las terapias y
tratamientos médicos, sin generar cobros por concepto de cuotas moderadoras y
copagos.
Quinto.
REVOCAR el fallo único de instancia, que negó el amparo de los
derechos fundamentales de Primo Eliécer Roa Roa proferido en julio 29 de 2013,
por el Juzgado 42 Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Bogotá
(expediente T-4231061).
En
su lugar, se dispone TUTELAR los derechos fundamentales
a la salud, la seguridad social y la vida digna del demandante, ordenando a Nueva
EPS, por conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que si aún
no lo ha realizado, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de este fallo entregue a Primo Eliecer Roa Roa los pañales
desechables y proporcione la atención integral requerida para sobrellevar su
enfermedad.
Sexto.
REVOCAR el fallo dictado en segunda
instancia por el Tribunal Superior Distrito Judicial de Bucaramanga, en
septiembre 4 de 2013, que confirmó el proferido por el Juzgado Séptimo de
Familia de Bucaramanga, en julio 25 del mismo años, que negó las pretensiones
de la menor Luz Adriana Cáceres Niño (expediente T-4233799).
En
su lugar, se dispone TUTELAR los derechos fundamentales reclamados y ordenar a Nueva EPS, por conducto de su representante
legal o quien haga sus veces que en el término
de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la
presente providencia, autorice que los servicios médicos requeridos por la
menor Luz Adriana Cáceres Niño sean prestados en
la Fundación
Oftalmológica de Santander - FOSCAL
de la ciudad de Bucaramanga. Así mismo, autorice y suministre a la menor
Luz Adriana, pañales desechables, proveyendo estos en la calidad,
cantidad y periodicidad que indique el médico tratante.
Séptimo.
REVOCAR el fallo único de instancia proferido por Juzgado 27
Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, en sentencia de
diciembre 10 de 2013, no impugnada, que negó algunos de los servicios e insumos
solicitados por Luis Carlos Barrera (expediente T-4234759).
En
su lugar, se dispone TUTELAR los derechos fundamentales
a la salud, la seguridad social y la vida digna de Luis Carlos Barrera, ordenando
a Capital Salud EPS, por conducto de su representante legal o quien haga sus
veces, que si aún no lo ha realizado, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de este fallo suministre al accionante los pañales
desechables, la cita con fisiatría, cama con barandas y la atención médico
domiciliaria.
Octavo.
REVOCAR el fallo de única instancia
proferido por el Juzgado Primero Penal
Municipal de Sincelejo, en sentencia de noviembre 13 de 2013, que negó algunos
de los servicios e insumos solicitados por Betty del Socorro Mendoza (expediente T-4235572).
En
su lugar, se dispone TUTELAR los derechos fundamentales
de
Betty del Socorro Mendoza Herrera, ordenando a Coomeva EPS, por conducto de su
representante legal o quien haga sus veces, que si aún no lo ha realizado,
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
sentencia autorice y suministre a la actora: a) los pañales desechables, en la
calidad, cantidad y periodicidad que indique el médico tratante, y b) la
valoración científica sobre lo demás solicitado y, de acuerdo a lo
diagnosticado, suministre a la paciente o
a quien la represente, incluso lo pedido
por ella, si fuere del caso, atendiendo las condiciones especiales en las que
se encuentra, a quien además la accionada le seguirá prestando el tratamiento
integral que requiera.
Noveno.
REVOCAR el fallo proferido por Juzgado Primero Penal del Circuito de Pitalito, en
sentencia de noviembre 27 de 2013, que negó algunos de los insumos solicitados
por Aminta Castilblanco Moreno (expediente T-4237301)
En
su lugar, se dispone TUTELAR los derechos fundamentales
de
Aminta Castilblanco Moreno, ordenando a Saludcoop EPS, por conducto de su
representante legal o quien haga sus veces, que si aún no lo ha realizado,
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
sentencia autorice y suministre a la señora Aminta Castilblanco Moreno, i) los
pañales desechables, proveyendo estos en la calidad, cantidad y periodicidad
que indique el médico tratante; ii) la silla de ruedas; y iii) el suplemento
alimenticio ENSURE atendiendo las condiciones especiales en las que se encuentra,
a quien además la accionada le seguirá prestando el tratamiento integral que
requiera.
Décimo.
REVOCAR el fallo de única instancia,
que negó el amparo de los derechos fundamentales de Jean Emanuel Reyes
Trujillo, proferido en noviembre 14 de 2013 por el Juzgado 3° Civil Municipal
de Bogotá (expediente T-4237612).
En
su lugar, se dispone TUTELAR los derechos fundamentales de Jean Emanuel
Reyes Trujillo, ordenando a Compensar EPS, por conducto de su representante
legal o quien haga sus veces que en el
término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de
la presente providencia, autorice la
realización del tratamiento integral de rehabilitación cognitivo-conductual en
los términos y condiciones que establezca el médico tratante.
Undécimo. REVOCAR
el fallo único de instancia, que negó el amparo de los derechos
fundamentales de Armando Valdés Bermúdez proferido en diciembre 6 de
2013, por el Juzgado 1° Promiscuo Municipal de Candelaria (Valle del Cauca) en
diciembre 6 de 2013 (expediente T-4239579).
En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales
de
Armando Valdés Bermúdez, ordenando a Saludcoop EPS, por conducto de su
representante legal o quien haga sus veces, que si aún no lo ha realizado,
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
sentencia autorice y suministre al señor Armando Valdés Bermúdez: i) los
pañales desechables, en la calidad, cantidad y periodicidad que indique el
médico tratante, ii) la terapia física, de fonoaudiología y fisioterapia
domiciliaria, iii) el suplemento alimenticio ENSURE, iv) el transporte hasta la
ciudad de Cali requerido para el agenciado y un acompañante, v) la valoración
científica y, vi) de acuerdo a lo que fuere del caso según lo diagnosticado, el
servicio de enfermería, atendiendo las condiciones especiales en las que se
encuentra, a quien además la accionada le seguirá prestando el tratamiento
integral que requiera.
Duodécimo. CONFIRMAR el fallo único de instancia proferido el 10 de octubre de 2013, por el
Juzgado 17  Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Santiago
de Cali, que negó el amparo a Amparo Ramírez de Solarte (expediente T-4244135)
Décimo tercero. REVOCAR el fallo no impugnado, proferido en diciembre 19 de
2013 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Suesca, que negó los derechos
fundamentales de Rubén Darío González Garzón (expediente T-4244695).
En
su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales de Rubén Darío González Garzón, ordenando a Sura EPS,
por conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que si aún no lo
ha realizado, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta sentencia haga valorar científicamente al menor de edad y,
de acuerdo a lo diagnosticado, autorice los servicios a que haya lugar, así
mismo, le suministre los elementos necesarios, incluidos los solicitados por
él, si fuere del caso, y continúe proveyéndolos en la calidad, cantidad y
periodicidad indicada por el médico correspondiente, atendiendo las condiciones
especiales en las que se encuentra el demandante, a quien además la accionada
le seguirá prestando el tratamiento integral que requiera.
Décimo cuarto. REVOCAR el fallo único de instancia dictado en noviembre 5 de
2013, por el Juzgado 17 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Santiago de Cali, que negó el amparo a Santos María Correa Ortega (expediente T-4247762).p
En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales
a la salud, la seguridad social y la vida digna de Santos María Correa Ortega,
ordenando a Coosalud EPS-S, por conducto de su representante legal o quien haga
sus veces, que si aún no lo ha realizado, dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de este fallo autorice y entregue al señor Correa
Ortega los pañales desechables atendiendo las condiciones especiales en las que
se encuentra, y además continúe prestándole el tratamiento integral que
requiera.
Décimo quinto. MODIFICAR el
fallo de única instancia proferido en diciembre 12 de 2013 por el Juzgado 2°
Civil del Circuito de Neiva, que negó el amparo a Dany Yulieth Moreno Charry
contra Comfamiliar EPS-S, en lo referente a los pañales desechables, la silla
de ruedas, la cita médica con fisiatría y el tratamiento de rehabilitación (expediente T-4253295).
En
su lugar, se dispone TUTELAR los derechos fundamentales
a la salud, la seguridad social y la vida digna de Dany Yulieth Moreno Charry, y
ORDENAR a Comfamiliar EPS-S, por conducto de su representante legal
o quien haga sus veces, que si aún no lo ha realizado, dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo autorice y
suministre a la actora: (i) los pañales desechables, en la calidad, cantidad y
periodicidad que indique el médico tratante, (ii) la silla de ruedas de acuerdo
con las especificaciones que determine el mismo médico, (iii) la cita médica
con fisiatría, y (iv) el tratamiento de rehabilitación requerido.
Décimo sexto. Por
Secretaría General de esta corporación ENVIAR copia de la presente
providencia a la Superintendencia Nacional de Salud, solicitándole que adelante las investigaciones que fueren
necesarias en cada uno de los casos amparados y a la brevedad posible
establezca responsabilidades y tome las decisiones a que hubiere lugar, cuya
determinación comunicará al respectivo despacho judicial de primera instancia.
Décimo séptimo.
Por Secretaría General de esta corporación ENVIAR copia de la presente
providencia a la Defensoría del
Pueblo, para que consecuencialmente actúe en defensa de los derechos a la salud
y a la vida digna, como corresponde en el ámbito de sus funciones esenciales,
de conformidad con lo previsto en el artículo 282 numeral 1° de la
Constitución.
Décimo
octavo. Por Secretaría General, LÍBRENSE
las comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
ANDRÉS MUTIS VANEGAS
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] No se recibió respuesta por parte de Saludcoop EPS.
[2]
Por el cual se reglamentan los Comités Técnico - Científicos y se
establece el procedimiento de recobro ante el Fondo de Solidaridad y Garantía,
Fosyga, por concepto de suministro de medicamentos, servicios médicos y
prestaciones de salud no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, POS,
autorizados por Comité Técnico-Científico y por fallos de tutela
[3]
Según se deduce de la cédula de ciudadanía (f. 5 cd. inicial respectivo).
[4]
Cfr. T-709 de 1998 (M. P. Vladimiro Naranjo Mesa), T-1012 de 1999 y T-294 de
2000 (en ambas M. P. Alfredo Beltrán Sierra) y T-315 de 2000 (M. P. Jaime
Córdoba Triviño) entre otras.
[5] Cfr. T-128 de 2008  y T-610 de 2013 (en ambas M. P.
Nilson Pinilla Pinilla). Así también fue manifestado en sentencia T-580 de 2007
(M. P. Humberto Antonio Sierra Porto): “... la seguridad social se erige en
nuestro ordenamiento jurídico como un derecho constitucional a cuyo
cumplimiento se compromete el Estado, según se sigue de la lectura del artículo
48 superior, el cual prescribe lo siguiente: Se garantiza a todos los
habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social.”
[6] T-420 de mayo 24
de 2007 (M. P. Rodrigo Escobar Gil).
[7]
Cfr. T-1204 de 2000 (M. P. Alejandro
Martínez Caballero), T-104 de 2010 y T-036 de 2013 (en ambas M. P. Jorge
Iván Palacio Palacio) y T-974 de 2011 (M. P. Mauricio González Cuervo), entre
muchas otras.
[8]
Artículo 1° Constitución Política.
[9]
Cfr. T-899 de 2002 y T-155 de 2006 (en ambas M. P. Alfredo Beltrán Sierra),
T-1219 de 2003 (M. P. Rodrigo Escobar Gil9), T-829 de 2006 (M. P. Manuel José
Cepeda Espinosa), entre muchas otras.
[10] Ante este problema, la sentencia precisó que “lo
anterior plantea un problema de autonomía personal en la aceptación de los
medicamentos ordenados por el médico tratante… el paciente queda en libertad de
aceptar los medicamentos o tratamientos que le son prescritos por su médico
tratante, y debe respetársele la decisión que se tome al respecto. Sin embargo,
cuando el paciente ha decidido aceptar la orden de su médico tratante, la
EPS está en la obligación de entregar los medicamentos, si… hace parte del POS
y cuando están excluidos, su entrega depende de la previa verificación de los
demás requisitos definidos por esta Corporación”.
[11] T-654 de 2010 (M. P. Jorge Iván Palacio Palacio).
[12] Cfr., entre otras, T-873 de 2011 (M. P. Mauricio González Cuervo): “El dictamen del médico tratante respecto
de un servicio de salud que requiera un determinado paciente, debe prevalecer
sobre el concepto del Comité Técnico Científico y cualquier otro miembro de la
EPS, inclusive sobre la opinión otro (sic) profesional de la salud puesto que el médico
tratante es un profesional científicamente calificado y es quien mejor conoce
la condición de salud del paciente.”
[13] “Corte Constitucional, sentencia T-391 de 2004 (MP Jaime Araújo Rentería).
En este caso la Corte dijo: ‘(…) Las exculpaciones presentadas por la demandada
no son de recibo, pues la doctrina constitucional de esta Corporación ha
señalado con palmaria claridad que el estado de liquidación de la empresa no es
excusa para que ésta deje de cumplir con obligaciones que, como las mesadas que
les debe a sus pensionados, son de primerísimo orden y merecen prioridad en su
pago. (…) Así las cosas, esta Sala considera que Aquantioquia S.A. E.S.P violó
efectivamente el derecho al mínimo vital de la señora María Edilma Cuartas
López.’”
[14] T-591 de junio 19 de 2008 (M. P. Jaime Córdoba Triviño)
[15] Folios 6 y 11 ib.