T-244-07
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-244/07
JUSTICIA ARBITRAL-Elementos que la caracterizan
Los principales elementos que caracterizan
la justicia arbitral son: (i) es el ejercicio de la función jurisdiccional por
particulares, (ii) el arbitraje tiene naturaleza procesal, (iii) es de carácter
transitorio o temporal, (iii) tiene origen en la voluntad de las partes del
conflicto, (iv) los fallos pueden ser proferidos en derecho o en equidad, (v)
el arbitraje se desarrolla en los términos que señala la ley, de manera que el
legislador tiene una amplia libertad de configuración de la justicia arbitral,
con el límite último de los preceptos constitucionales.
ARBITRO-Tiene funciones, facultades y poderes jurisdiccionales
La justicia arbitral tiene unas características
propias pero en todo caso lleva aparejado el ejercicio de la función
jurisdiccional por parte de los árbitros, quienes están sujetos a los mismos
deberes de los jueces, pero igualmente cuentan con las mismas facultades y
poderes procesales de los funcionarios judiciales, entre los que se destacan:
(i) el poder de decisión para resolver obligatoriamente la controversia, (ii)
el poder de coerción, para procurar el cumplimiento de su decisión, (iii) el
poder de documentación o investigación para practicar pruebas ya sea de oficio
o a petición de partes, para llegar con la valoración de ellas a una verdad
real y de esa forma poder adoptar la decisión que corresponda.
ARBITRO-Poder de decisión mediante el laudo arbitral
En virtud del poder de decisión corresponde a los
árbitros desatar la controversia presentada a su examen, potestad que ejercen
mediante la expedición del laudo arbitral, providencia que pone fin al trámite
arbitral y que tanto por su contenido formal como material corresponde a una
verdadera sentencia, y en esa medida tiene alcances y efectos similares, pues
hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito a ejecutivo.
ACCION DE TUTELA CONTRA LAUDO ARBITRAL-Procedencia excepcional por vulneración de
derechos fundamentales
La jurisprudencia constitucional ha
asimilado los laudos arbitrales con las sentencias judiciales para efectos de
la procedencia de la acción de tutela y en esa medida ha sostenido de manera
reiterada que el mecanismo de protección constitucional es procedente contra
laudos arbitrales cuando quiera que los derechos fundamentales de las partes o
de terceros resulten amenazados o conculcados. En esa medida son aplicables a
los laudos arbitrales la tipología de defectos acuñados por esta Corporación
respecto de las providencias judiciales, a saber el defecto fáctico, el
sustantivo, el procesal, el orgánico, el error inducido, la decisión sin
motivación o la violación directa de la Constitución.
ACCION DE TUTELA CONTRA LAUDO ARBITRAL-Se aplican los mismos requisitos de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales
MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL EFICAZ-Recurso de anulación contra laudo
arbitral/ACCION DE TUTELA CONTRA LAUDO ARBITRAL-Subsidiaria respecto al
recurso de anulación
El recurso de anulación es un medio de
defensa judicial idóneo para subsanar las eventuales vulneraciones de derechos
fundamentales que hayan tenido lugar con ocasión del laudo arbitral, razón por
la cual la acción de tutela sólo puede impetrarse una vez haya sido fallado el
primero por el órgano judicial competente.
LAUDO ARBITRAL-Defecto sustantivo/LAUDO ARBITRAL-Defecto fáctico
ACCION DE TUTELA CONTRA LAUDO ARBITRAL-Improcedencia por cuanto no se configuró ni
el defecto sustantivo ni el fáctico
Referencia: expediente  T-1120439
Acción de tutela instaurada por el Fondo
Rotatorio de la Armada Nacional de Colombia contra el Tribunal de Arbitraje
convocado para dirimir las controversias contractuales entre MARINSER Ltda. y
el Fondo Rotatorio de la Armada Nacional.
Magistrado Ponente:
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO.
Bogotá D.C., treinta (30) de marzo de dos mil siete
(2007).
La Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional integrada por los magistrados Clara Inés Vargas Hernández,
Álvaro Tafur Galvis y Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las
previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º, de la Constitución Política y
en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión del fallo proferido por la Sección Cuarta de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la acción de
tutela instaurada por el Fondo Rotatorio de la Armada contra el Tribunal de
Arbitraje convocado para dirimir las controversias contractuales entre MARINSER
Ltda. y la entidad estatal.
I. ANTECEDENTES.
El Fondo Rotatorio de la Armada Nacional,
por medio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el laudo
arbitral proferido el 31 de octubre de 2002 por el Tribunal de Arbitraje
convocado para dirimir las controversias surgidas entre el Fondo de la Armada
Nacional Regional Atlántico[1] y la sociedad Maritime
Internacional Services Limitada -Marinser Ltda. con ocasión de la ejecución
del Contrato 169/99. La entidad estatal argumenta que el laudo arbitral en
cuestión incurrió en defectos fácticos y sustantivos de distinta índole, los
cuales terminaron por configurar una vulneración del derecho al debido proceso
pues “los árbitros no tuvieron en cuenta ni las NORMAS LEGALES que estaban
obligados a aplicar, ni las PRUEBAS obrantes en el expediente. Profirieron una
sentencia en contra de la ley y condenaron al F. R. A. al pago de perjuicios
sin que existiera ninguna prueba que permitiera proferir dicha condena”. A
continuación se resumen los principales hechos relacionados con la celebración
y la ejecución del contrato, el proceso arbitral y el recurso de anulación
decidido por la Sección Tercera del Consejo de Estado.
1. El contrato y las estipulaciones
contractuales.
1.1.- El día tres (03) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve
(1999) se celebro el contrato de fletamento a casco desnudo de la motonave
Progreso I, Contrato 169/99, suscrito entre el F.R.A. –fletante- y la firma Maritime
International Services Ltda. –fletador-. En el acuerdo de voluntades
suscrito se pactó que las reparaciones mayores de la motonave, durante la
duración del contrato, estarían a cargo de la entidad estatal (cláusula
séptima). Igualmente se estipuló que el contrato de fletamento tendría una
duración de un año contado a partir de su firma (cláusula décima) (Cuaderno 1
folios 113-116).
1.2.- En la cláusula décimo primera se previó lo concerniente a la
interrupción del término de duración y a la cesión del contrato. Allí se
consignó que en el evento de perfeccionarse la venta de la motonave Progreso I
se interrumpiría el término de duración del contrato. Para estos efectos, “el
Fletante (F.R.A. Regional Atlántico) informará al FLETADOR –MARINSER
Ltda.- sobre la CESIÓN DE DERECHOS  a un TERCERO  quien continuará el término
pactado en la presente minuta hasta su culminación, una vez cumplido dicho
plazo, las partes decidirán sus prórrogas y /o adicionales. El FLETANTE-F.R.A.
Regional Atlántico no asumirá ningún tipo de compromisos comercial, contractual
e indemnización alguna a las que se haya allanado el FLETADOR -MARINSER LTDA.-
con la MOTONAVE PROGRESO ya que su obligación contractual culminará al
perfeccionarse  la CESIÓN DE DERECHOS  como arrendador a un tercero.” Según
el parágrafo I de la cláusula décimo primera, en el caso en que ninguna de las
partes manifestara por escrito su intención de dar por finalizado el contrato “con
una anticipación no menor a 30 días al vencimiento del plazo pactado”, el
contrato se entendería prorrogado por un término igual al inicialmente pactado.
(Cuaderno 5, folio 114).
1.3.- En la cláusula décimo sexta las partes consignaron las causales de
incumplimiento del contrato, a saber,  la falta de pago por parte del Fletador
de las utilidades previstas en el contrato; y, en general, el incumplimiento de
las obligaciones previstas en el contrato. (Cuaderno 5, a folio 115).
1.4.- En la cláusula décimo séptima las partes acordaron lo
concerniente a la cesión de derechos. En ese orden de ideas, pactaron que el
contrato podrá ser cedido por el Fletante a un tercero. El tercero, a su turno,
debía respetar todas y cada una de las condiciones previstas en el contrato así
como lo contenido en los anexos que forman parte integral del mismo. Se dice
además que “[e]n el contrato de cesión deberá consagrarse  la obligación por
parte del FLETANTE de permitir que el FLETADOR continúe con el derecho de
explotación del equipo en su condición de operador–armador del mismo, mínimo
por un año, contado a partir de la fecha de Cesión.” (Cuaderno 5, a folio
115).
1.5.- En la cláusula décimo octava establecieron las partes que el contrato
se regulará por lo establecido en “la Legislación Colombiana Civil o
Comercial más favorable para las partes.”
1.6.-  En la cláusula décimo novena las partes estipularon que en caso de
presentarse controversias sea por la interpretación del contrato o por la
ejecución del mismo, las discrepancias o conflictos serian resueltos en primer
término por amigables componedores. En caso de fracasar tal etapa, entonces se
acudiria a arbitraje “el cual se adelantará en la Cámara de Comercio de la
ciudad de Cartagena.”
2.-
Hechos relacionados con la ejecución del contrato
2.1.- El F.R.A. hizo entrega de la Motonave
Progreso I a la firma Marinser Ltda., el mismo día que el contrato fue
suscrito, esto es, el tres (3) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve
(1999). La firma contratista explotó la embarcación hasta el veintidós (22) de
agosto de dos mil (2000) sin reportar suma de dinero como utilidad a la entidad
contratante.
2.2.- Mediante la Resolución No. 060 de dieciocho (18)
de agosto de dos mil (2000) el F.R.A. adoptó la decisión de retirar la motonave
de su patrimonio fiscal y ordenó su venta mediante remate en subasta pública,
decisión que se materializo en el Acta No. 019-FRARA-JGFIADFRA-INVFISCA/00
fechada el día veinte (20) de agosto de dos mil (2000) por medio de la cual se
dio de baja definitiva a la Motonave Progreso I “que perteneció a los
inventarios fiscales del F.R.A. Regional Atlántico.”
2.3.-  Según consta en el Acta No. 01, la cual se
refiere a la conciliación de los gastos realizados por el F.R.A. y la firma
Marinser Ltda., el veintidós (22) de agosto de dos mil (2000) se reunieron los
señores Francisco Luna Ramírez, Contador del F.R.A. de la Armada Nacional
Regional Atlántico, José Vega Galván, Jefe de Control Interno F.R.A. de  la
Armada Nacional Regional Atlántico, y el señor Abel Ariza Villaseñor
representante legal de la firma Marinser Ltda., “con el objeto de realizar
la conciliación de gastos ocasionados por concepto de mantenimiento y
funcionamiento del Buque Progreso I, efectuado por parte de la firma MARINSER
LTDA., con cargo al F.R.A. en calidad de propietario de la Motonave Progreso I,
de igual modo presentar ante dicha firma los gastos que en virtud [del]l
convenio celebrado entre las partes ha realizado el F.R.A. figurando a cargo de
la firma MARINSER.” Se llevó a cabo la sumatoria de los gastos en que
habían incurrido las partes arrojando como resultado un total de
$115.157.038.00. Al establecer la participación proporcional de las partes
contratantes en los gastos realizados, se obtuvo un saldo a favor de la firma
Marinser Ltda. por el valor de $24.171.735.50 (Cuaderno 1 a folio 117).
2.3.- Una vez celebrada la conciliación de gastos, el F.R.A. continuó con el
procedimiento de remate en pública subasta, para tales efectos se ordenó el avalúo
con el propósito de determinar el precio de la Motonave y se publicó el aviso
de remate en el diario “El Espectador”, el 27 de agosto de 2000. Este aviso
también permaneció fijado en las carteleras del F.R.A. y en las dependencias de
la Fuerza Naval del Atlántico desde el día veinticinco (25) de agosto hasta el
cuatro (04) de septiembre de 2000. Finalmente el día cuatro (4) de septiembre
de 2000 se realizó la diligencia de apertura de urna ubicada en las
instalaciones de la Secretaría General del establecimiento público.  Según
consta en el Acta elevada en esa fecha se realizaron dos ofertas, una
presentada por José Alberto García Daza (Empresa Gafer Ltda.) por un monto de
$300.000.000.00  y otra presentada por Abel Ariza (Empresa Marinser Ltda.) por
un monto de $556.190.345.00. Finalizado el procedimiento de remate, por medio
de acta No. 017 de 25 de septiembre se recomendó al director de la entidad
estatal “adjudicar a la empresa Marinser Ltda. directamente por un valor de
$324.171.735.50, teniendo en cuenta la conciliación efectuada mediante acta No.
001 del 22 de agosto/00.” (Cuaderno 1 folio 119).
2.4.- Por medio de la Resolución No. 55A de 2000, de fecha seis (6) de
octubre de dos mil (2000) el Director del F.R.A. Regional Atlántico autorizó la
venta de la Motonave Progreso I a la firma Marinser Ltda. por la suma de
$324.171.735.50, teniendo en cuenta que había presentado la mejor oferta. Allí
se estipuló que dicha sociedad debía cancelar el primer abono del precio
ofrecido, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esa
resolución, para luego suscribir la correspondiente escritura pública y
proceder a la entrega de la motonave.
2.5.- El día veinte (7) de octubre de dos mil (2000), la motonave Progreso I
zarpó de Barranquilla con destino a Tumaco, debido a problemas técnicos quedó a
la deriva ese mismo día, razón por la cual fue remolcada a Cartagena donde fue
sometida a reparaciones, practicadas las cuales reemprendió su itinerario. Sin
embargo, sufrió nuevas averías y fue remolcada a Coveñas, en donde permaneció
hasta el nueve (9) de noviembre, fecha en la cual reinició su viaje, pero el
día diez (10) de noviembre quedó a la deriva frente a Santiago de Tolú, lugar
donde finalmente permaneció fondeada a partir de esa fecha y hasta el tres (3)
de junio del año dos mil uno (2001) cuando fue remolcada a Cartagena.
2.6.- Mediante acta No. 240908R FRARA, de octubre veinticuatro (24) del año
dos mil (2000), el señor William Zambrano Ordóñez, representante de la entidad
estatal, hizo entrega de la motonave Progreso I y de todos los elementos que en
ella se encontraban al capitán de corbeta Abel Ariza Villaseñor representante
de la Firma Marinser Ltda. (Cuaderno 5 a folios 121-124).
2.7.- Una vez recibida la embarcación, la sociedad Marinser Ltda. emitió una
serie de comunicaciones por medio de las cuales solicitó plazos adicionales
para el pago del valor pendiente por el concepto de remate. Se refiere en tales
comunicaciones a los problemas que había debido afrontar por causa de las
averías sufridas por la embarcación. (Ver copia de las comunicaciones en el
expediente, cuaderno 1, folios 186-188).
2.8.- Por medio de la resolución No. 008 de diecisiete (17) de abril de dos
mil uno (2001), el Director del F.R.A., Regional Atlántico, improbó el remate
de la motonave, de conformidad con el artículo 529 del C. P. C., por cuanto la
sociedad Marinser Ltda.. incumplió con las obligaciones derivadas de la oferta
presentada, al no pagar el saldo del valor de la embarcación. Como sanción
impuso, además, la pérdida del valor pagado por la firma al participar en el
remate.
2.9.- La sociedad Marinser Ltda. interpuso recurso de reposición contra la
resolución y solicitó la anulación del procedimiento de remate. Alegó no haber
sido notificada de la venta de la motonave y, en vista de ello, adujo que el
procedimiento para adelantar la venta de la motonave era nulo. En este mismo
orden de ideas, afirmó que el contrato de fletamento debía considerarse vigente
e incumplido por parte del F.R.A. El recurso de reposición fue resuelto
negativamente por la entidad estatal el día trece (13) de julio de 2001.
2.10.- El día veintitrés (23) de noviembre de dos mil uno, la sociedad
Marinser Ltda. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, ante
el Tribunal Administrativo de Bolívar, en contra de la resolución que autorizó
el proceso de remate (No. 054 A del 25 de agosto de 2000); también  en contra
de la resolución que improbó el remate ( No. 019 de 13 de julio de 2001). La
demanda fue primero inadmitida y luego rechazada, por no haber sido corregida
dentro del término fijado para tales efectos.
2.11.- El día veinte (20) de noviembre de 2001, la
sociedad MARINSER Ltda., por medio de apoderado judicial, solicitó al Centro de
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cartagena la convocatoria
de un tribunal arbitral, teniendo en cuenta que previamente había fracasado la
amigable composición debido a la actitud del Fondo de no proceder a la
designación de amigables componedores. La parte convocante solicito al tribunal
de arbitraje que hiciera las siguientes declaratorias y condenas:
“A) Que el contrato de fletamento a casco desnudo de
la Motonave Progreso I se encuentra legalmente prorrogado hasta el día dos (2)
de diciembre de 2002.
B) Que el Fondo Rotario de la Armada Nacional,
Regional Atlántico, incumplió el contrato a que se refieren los hechos de esta
demanda.
C) Que como consecuencia de dicha declaración de
incumplimiento se ordene al Fondo Rotario de la Armada Nacional, regional
Atlántico a (sic) pagar las sumar de dinero que mi poderdante dejó de percibir
como utilidades dentro de ese contrato, durante la vigencia del mismo, tal como
resulten probadas en este proceso.
D) Que así mismo se condene al Fondo Rotario de la
Armada Nacional, Regional Atlántico a pagar los daños y perjuicios ocasionados
a mi poderdante, todo conforme resulte probado en este asunto.
E) Que se condene en costas al Fondo Rotario de la
Armada Nacional Regional Atlántico”.
3. El laudo arbitral
Luego de haber adelantado el trámite
correspondiente, el día treinta y uno (31) de octubre de dos mil dos (2002) el
tribunal convocado para dirimir las controversias entre la sociedad Maritime
International Service Limitada y el F.R.A., e integrado por los árbitros
Héctor Varela Contreras, Wilson Toncel Gaviria y Virgilio J. Escamilla Arrieta,
profirió el laudo arbitral cuestionado. Debido a que el accionante alega
defectos sustanciales de la providencia, a continuación se resumen las
principales consideraciones que sirven de fundamento a la decisión (Cuaderno 5
a folios 32-104).
3.1.- Consideraciones del Tribunal de Arbitraje:
(i)
Según el Tribunal convocado el problema jurídico a resolver consistía en
determinar si se había presentado un incumplimiento en la ejecución del
contrato de fletamento suscrito entre Marinser Ltda. y el F.R.A., que diera
lugar a la indemnización de perjuicios. El Tribunal verificó la existencia del
contrato firmado por las partes y constató que a esta relación le era aplicable
lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. Se refirió a la
exposición de motivos de la Ley 80 en donde se habla de la consensualidad de
los contratos como regla general, pero en donde también se hace referencia a
que, en su otorgamiento o celebración, se requiere además la observancia de
ciertas formalidades exigidas por la ley, caso en el cual, se está frente a un
contrato “solemne”. En relación con el contrato estatal, añadió el
Tribunal, el único requisito exigido para su perfeccionamiento era el escrito
en el que debe constar el objeto del contrato y la contraprestación.
(ii) Así mismo sostuvo que en la cláusula décimo primera del contrato
se pactó su duración y se estableció, del mismo modo, que “si con
anticipación de 30 días al vencimiento del plazo pactado, ninguna de las partes
manifiesta por escrito su intención de dar por terminado el mismo se entenderá
prorrogado por un término igual al inicialmente pactado.” En la
documentación allegada, sostiene el Tribunal, no consta que se haya realizado
ninguna manifestación solemne y previa en este sentido. Fuera de eso, agrega,
el acta de conciliación de gastos suscrita por los contratantes el veintidós de
agosto de dos mil (Acta No. 01) es un acto legal, válido y eficaz pero –sin
entrar a considerar la competencia funcional de las personas que la firmaron en
representación de la entidad estatal– no puede equipararse a un acto por medio
del cual se pudiera dar por terminado el contrato. A esto, dice el Tribunal, se
añade el testimonio rendido por el señor Hugo de Jesús García de Vivero durante
el proceso arbitral, quien obraba como representante legal del F.R.A. para el
tiempo en que ocurrieron los hechos, el cual señaló que “El contrato en
mención por todos conocido creo que hasta la fecha no se ha liquidado.”
(iii) A juicio del Tribunal, tampoco podía equipararse a un acto de
terminación del contrato la intervención de la firma Marinser Ltda. en la
pública subasta en donde se remató la embarcación. En el contrato no se pactó
la prohibición de vender la embarcación, ni –continúa el Tribunal- “estaba
impedida la sociedad calificada como fletadora para acudir al trámite previo a
la venta, con todos sus efectos, incluso el de la producida adjudicación, y aún
con abonos iniciales sobre el valor total del pago, no siendo incompatible, por
tanto, conservar ambas calidades, la de fletador-tenedor y adjudicatario, calidad
de adjudicatario que posteriormente fue revocada por el F.R.A. al declarar
improbado el respectivo remate.”
(iv)
Así las cosas, concluyó el juez arbitral, Marinser Ltda. nunca tuvo la calidad
de comprador-propietario pues el contrato de fletamento no había concluido y el
contrato de compraventa no se había celebrado aún, de modo que no podía surgir
como “nuevo acto jurídico bilateral regulatorio de otras obligaciones entre
las partes”, pues para esos efectos se requería cumplir con los requisitos
establecidos por el artículo 1427 del Código de Comercio que establece lo
relacionado con las solemnidades en los contratos que tienen por objeto la
constitución de derechos reales  sobre naves mayores o sobre aeronaves  y que
exige para su perfeccionamiento la presencia de escritura pública.
(v)
En opinión del Tribunal de Arbitraje, si bien era factible que desde el punto
de vista jurídico, confluyan en cabeza de una misma persona  las calidades de
propietario y tenedor, en su parecer estas calidades nunca las tuvo Marinser
Ltda. porque no se cumplieron las solemnidades exigidas por  la ley para tales
efectos, ni se cumplió con la tradición. En consecuencia, a juicio del
Tribunal, Marinser Ltda. fue siempre tenedora de la embarcación y adjudicataria
de la misma, mientras el F.R.A. tuvo siempre  la calidad de propietario no
tenedor de la motonave.
(vi)
De otra parte, estimó que las pruebas testimoniales allegadas corroboraban que
la embarcación permaneció fondeada en el puerto de Tolú en espera de que se le
hicieran reparaciones mayores.
(vii) Puesto que en el contrato se pactó que el F.R.A. asumiría las
reparaciones mayores, la obligación en cabeza de la entidad estatal, dice el
Tribunal de Arbitraje, tenía doble característica: era una obligación de hacer y
a la vez una obligación de resultado “por cuya abstención se presume la
culpa, puesto que para comprometer la responsabilidad del deudor en ese tipo de
obligaciones basta con demostrar que no se produjo el resultado, no es una
conducta que debía suponer la demostración de culpabilidad por parte del
fletador en la producción del daño (...) aspecto que resulta irrelevante en el
estudio y para la decisión e la excepción propuesta.”  En opinión del juez
arbitral la apreciación errada del cambio de dominio, llevó al establecimiento
público a  dejar de cumplir con la obligación de asumir las reparaciones
mayores de la embarcación objeto del contrato, la cual, no obstante, “era
ineludible, de primerísimo orden inaplazable, sin condiciones.” Según el
Tribunal de Arbitraje, el F.R.A. no se podía eximir de cumplirla, ni siquiera
en el evento en que ellas se hubieren causado mediando culpa de la sociedad
Marinser Ltda., en ese sentido sostiene que: “es inconducente o inane, para
los efectos de la excepción de contrato no cumplido propuesta en este proceso
arbitral, establecer de dónde provino el daño que ameritaba reparaciones
mayores, ni establecer, para la procedencia o no de esta excepción contra quien
se debe repetir eventualmente su costo, así como la responsabilidad de las
aseguradoras en lo pertinente, porque en todo caso y por cualquier causa en el
contrato se convino, sin distinciones, que  [el fondo asumiría tales
reparaciones (...)”.
(viii) Una vez establecida la responsabilidad imputable al F.R.A. por
incumplimiento de las cláusulas contractuales, y verificada la existencia del
nexo de causalidad entre el incumplimiento y el daño alegado por la parte
convocante, el tribunal procedió a determinar el monto de los perjuicios
causados a Marinser Ltda. Como base temporal, en primer lugar fijó la duración
del contrato y entiende que éste “se celebró el día 3 de diciembre de 1999 y
comenzó a ejecutarse por el plazo inicial de un año” pero que fue prorrogado
en dos oportunidades –debido a que ninguna de las partes manifestó su voluntad
de darlo por terminado- y por lo tanto estuvo vigente hasta el dos (2) de
diciembre de 2002.   En esa medida el lapso durante el cual se produjo
el daño alegado por Marinser iría desde el día que la nave arribó a Tolú, en
recalada forzosa, esto es, el veinte de octubre de 2000, hasta el dos de
diciembre de 2002, plazo del cual descuenta quince días, pues con base en un
peritaje celebrado en el curso del proceso concluye que este era el término
indispensable para reparar la embarcación, luego de haber sufrido la avería
mayor. En esa medida los perjuicios causados corresponderían a un lapso de 24
meses y 17 días de no producción de la motonave.
(ix)
Para calcular el monto de los perjuicios el Tribunal en primer lugar examinó
las calidades de las partes contratantes así como de las características de la
motonave reparada, de lo anterior concluye que la embarcación era un bien
destinado a “… navegar operando labores que en la marina mercante generan
cuantiosas utilidades. De la quimera hubiera sido pretender esas mismas
ganancias con naves menores o con otro tipo inapropiado de artefactos navales.
Este no es el caso, la motonave PROGRESO I bien podía producir el lucro cesante
pretendido”. A continuación, hace un recuento del material probatorio que
obra en el proceso, del cual considera particularmente relevante para estos
efectos un documento aportado por la parte convocante en el cual aparece
consignada una oferta para la prestación de servicios de transporte, y las
declaraciones del capitán de la nave y de un testigo técnico. La valoración de
este conjunto probatorio lo llevó a concluir que Marinser Ltda.. tenía la
posibilidad de contratar viajes mensuales que arrojaban ingresos de ochenta mil
dólares mensuales (US $80.000). Por otra parte documentos aportados por el
representante legal de Marinser Ltda. durante un interrogatorio de parte
celebrado en el proceso  denominados “Proyecciones financieras explotación
Motonave Progreso I” y en especial el identificado como “Sumatoria de
ciclos (períodos) de la m/n Progreso I”, estimaban las posibles ganancias
que hubiera arrojado la explotación de la nave durante el período que
permaneció inactiva  en US $1.691.592,80, suma que equivalía a US $70.843.03, y
en esa medida guardaba similitud con las cifras proporcionadas por los
restantes elementos probatorios. Empero, a pesar que las citadas proyecciones
estimaban el lucro cesante sufrido por la empresa Marinser Ltda. en la suma de US
$ 845.796.40, debido a que la parte convocante en su demanda fijó sus
pretensiones en una cuantía inferior a la que arrojaban los documentos en
cuestión, pues limitó las pérdidas sufridas a la suma de US $23.995 mensuales,
el tribunal término por condenar al F.R.A. a pagar una suma inferior a la que
se desprendía del conjunto de las pruebas aportadas.
(x)
Finalmente, el Tribunal de Arbitraje consideró infundada la demanda de
reconvención y resolvió declarar también infundadas tanto la excepción de
legitimidad para convocar al Tribunal de Arbitraje como la excepción de
contrato no cumplido alegadas por el Fondo. Condenó al Fondo a pagar a la
sociedad Marinser Ltda. la suma de US $ 589.477.00 que debido al tipo de cambio
establecido para la fecha de la demanda equivalía a la suma de
$1.361.397.131,50, igualmente y condenó en costas a la entidad estatal.
4.- Trámite del recurso de anulación del laudo
arbitral
El señor Martín Bermúdez Muñoz, obrando a nombre y
representación del F.R.A., presentó, dentro del tiempo legal, recurso de
anulación contra el laudo arbitral proferido el día 31 de octubre de 2002 por
el Tribunal de Arbitraje convocado para dirimir las controversias entre el
Fondo  y la sociedad Marinser  Ltda.  El señor Bermúdez Muñoz sostuvo que con fundamento
en dicho laudo arbitral se había cometido “un grave atentado contra el
patrimonio público fraguado por la sociedad demandante al convocar el Tribunal
de Arbitraje.”  Según el señor Bermúdez, no podía estimarse que la decisión
contenida en el laudo arbitral fuera una decisión en derecho. En relación con
las causales de anulación  propiamente dichas, el señor Bermúdez  las sustenta
en extenso[2] en el escrito presentado.
En sentencia fechada el día 18 de marzo de 2004, el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera
resuelve  negar la solicitud de anulación del laudo arbitral proferido el 31 de
octubre de 2002 por el Tribunal de Arbitraje constituido para dirimir las
controversias presentadas entre el Fondo de la Armada Nacional, Regional
Atlántico y la sociedad Maritime Internacional Services Limitada, Marinser
Ltda. La Corporación esgrimió las siguientes razones:
(i) La
primera causal, esto es, que el laudo recayó sobre puntos no sujetos a la
decisión de árbitros,  no prospera.
(a)
En primer lugar consideró que no era cierto que el laudo hubiese desconocido
los efectos de actos administrativos ejecutoriados. Los árbitros realizaron un
análisis tanto del alcance que tenía el acta de conciliación de gastos como del
que tenía el acto por medio del cual se adjudica la motonave. Según el Consejo
de Estado, las resoluciones expedidas por el F.R.A. “no corresponden a actos
administrativos proferidos con ocasión del contrato de fletamento o
arrendamiento.” Estos actos tuvieron como propósito la venta de un bien
patrimonio de la entidad. No se configura por consiguiente la causal esgrimida.
(b)
No es cierto tampoco que el laudo arbitral se hubiera proferido  vencido el
término legal para tales efectos. A juicio del Consejo de Estado, no existe un
fundamento legal válido que permita llegar a esa conclusión. “Las
aclaraciones, correcciones y complementaciones que en el término previsto por
el artículo 36 del decreto ley 2279 de 1989 (art. 160 del decreto 1818 de
1998), se hagan al laudo arbitral después de vencido el término del proceso
arbitral, no tornan el mismo en extemporáneo, en tanto lo que se aclara,
corrige o complementa es el laudo (acto jurídico principal, el cual es el que
debe expedirse dentro del término establecido.”
(c)
Es inexacto que el laudo no se haya pronunciado  sobre la terminación del
contrato de fletamento y sí, en cambio, sobre los perjuicios reclamados por el
contratista. De acuerdo con lo expuesto por el Consejo de Estado, La demanda
presentada por la parte convocante no contenía una petición en este sentido. En
cambio si exigía la declaración de prórroga del contrato.
(d)
No es cierto que el laudo haya condenado a perjuicios no pedidos en la demanda.
En opinión del Consejo de Estado, si bien el laudo no especificó los conceptos
de la condena, hizo referencia a que el contrato se prorrogó hasta el dos de
diciembre de 2002. Por lo tanto, “resulta lógico que la condena se
extendiera a los perjuicios futuros por el año más de vigencia del contrato que
correría después de presentada la demanda.”
(e) El
argumento  con arreglo al cual el laudo arbitral no podía pronunciarse sobre
perjuicios causados con posterioridad a la expiración del contrato tampoco
prosperó por improcedente. El Consejo de Estado advierte que fundamentar la
causal de nulidad en una interpretación de las estipulaciones contractuales
conlleva a que se realice una revisión de fondo. En el centro está el tema de
la prorroga del contrato. El recurrente pretende alegar que el contrato terminó
el dos de diciembre de 2000, esto, según el Consejo de Estado, es un asunto de
fondo que no es posible examinar mediante el recurso de anulación.
(f)
Frente al argumento en relación con el cual el laudo arbitral no podía
pronunciarse sobre un contrato estatal en el que no se constituyó ni se mantuvo
vigente la Garantía Única de Cumplimiento, es  preciso afirmar que el
recurrente  lo formuló con base en lo determinado sobre este punto en el
salvamento de voto. “Para la Sala, las objeciones de orden sobre los
requisitos de celebración y ejecución que pudieran hacerse al contrato de
fletamento No. 169/99, no fueron objeto del debate arbitral ni de
pronunciamiento del laudo, mal pueden invocarse por la vía del recurso de
anulación, ya que se trata de un aspecto no previsto en el numeral 4 del art.
72 de la ley 80 de 1993.”
(ii) La segunda causal, esto es, que el laudo no se pronunció sobre todas
las cuestiones sujetas a arbitramento, tampoco prosperó.
(a)
Según lo expresado por el Consejo de Estado, frente al argumento de conformidad
con el cual el Tribunal no se pronunció sobre las excepciones propuestas por el
F.R.A. era necesario aclarar, que fueron dos las excepciones alegadas por el
Fondo. En primer lugar, la excepción de contrato no cumplido. En segundo lugar,
la excepción de ilegitimidad para convocar el Tribunal de Arbitraje, y sobre
ambas se pronunció el juez arbitral.
(b) En
relación con la tesis expuesta por el recurrente acerca de que el Tribunal no
se pronunció sobre las pretensiones de la Demanda de Reconvención presentada
por el F.R.A., sostuvo el Consejo de Estado,  que  en el momento en que los
árbitros entendieron que el contrato se había prorrogado el 2 de diciembre de
2002 negaron de manera implícita la pretensión primera de la Demanda de
Reconvención orientada a alegar la terminación del contrato de Fletamento.
Opina el Consejo de Estado, que las  omisiones a las que alude el recurrente
son aparentes.
(iii) La
tercera causal según la cual el laudo arbitral contiene un fallo en conciencia
y no en derecho tampoco prospera por improcedente. A juicio del Consejo de
Estado, el laudo arbitral proferido por el Tribunal de Arbitraje convocado para
resolver los conflictos suscitados entre el F.R.A. y la Sociedad Marinser
Ltda.  en relación con el contrato de Fletamento, se ajustó a la normatividad
jurídica y al material probatorio que se aportó y practicó en el proceso
arbitral. Cosa muy distinta, afirmó el Consejo de Estado, es que el recurrente
no comparta la decisión emitida como culminación de dicho trámite.
5. Pretensiones  formuladas en la
solicitud de tutela
El señor Martín Bermúdez Muñoz obrando a
nombre del F.R.A. de la Armada Nacional solicita se deje sin efectos el laudo
arbitral proferido el treinta y uno (31) de octubre de dos mil dos (2002) por
el tribunal de arbitraje constituido para dirimir las controversias entre la
sociedad MARINSER Ltda. y el F.R.A.  por constituir una vía de hecho sustantiva
pues desconoce la normatividad vigente y fáctica al contener una condena en
perjuicios contra la entidad estatal carente de fundamento probatorio.
Afirma  que el laudo condenó al F.R.A. sin
que existiera prueba del daño ni de la cuantía del mismo y sin haberle ofrecido
el derecho a controvertir los documentos presentados por la sociedad Marinser
Ltda., a los cuales el tribunal les confirió carácter de plena prueba. Asevera
que no existe otro mecanismo judicial distinto de la acción de tutela que
permita dejar sin efectos el laudo arbitral controvertido, pues ya fue agotado
el recurso extraordinario de anulación el Consejo de Estado, mecanismo que se
demostró inoperante en el caso concreto debido a que no eran aplicables las
causales taxativas enumeradas en el artículo 188 del Código Contencioso
Administrativo (modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998). Asegura
que en el presente asunto “los árbitros no tuvieron en cuenta ni las NORMAS
LEGALES que estaban obligados a aplicar, ni las PRUEBAS obrantes en el
expediente. Profirieron una sentencia en contra de la ley y condenaron al F. R.
A. al pago de perjuicios sin que existiera ninguna prueba que permitiera
proferir dicha condena.”
6. Pruebas relevantes que obran en el
expediente
Obran en el expediente de tutela las
siguientes pruebas
o   Copia del laudo arbitral emitido por el
tribunal de srbitraje constituido para resolver el conflicto entre la firma
Marinser Ltda. y el F.R.A. el 31 de octubre de 2002. (Cuaderno 5 folios 32 a
105).
o   Copia del salvamento de voto de la anterior
decisión suscrito por el árbitro Wilson Toncel Gaviria (Cuaderno 5, folios 106
a 112).
o   Copia del Contrato de Fletamento No. 169/99
celebrado entre el F.R.A. y la firma Marinser Ltda. (Cuaderno 5, folios
113-116).
o   Copia del Acta No. 1 de conciliación
definitiva de gastos suscrita por las partes el 22 de agosto de 2000. (Cuaderno
5, folio 117).
o   Copia del oficio No. 003296 DFRARA-ASFRA
del 28 de septiembre de 2000 en la cual se acepta la propuesta de Marinser
Ltda. para la compra de la embarcación y la cual señala asimismo  que el Acta
no. 1 fue suscrita por las partes “con el objeto de finiquitar el contrato
de fletamento”. (Cuaderno 5, folio 118).
o   Copia de la Resolución No. 55A fechada el 6
de octubre de 2000 por medio de la cual se autoriza la venta de la embarcación
a la firma Marinser Ltda. (Cuaderno 5, folios 119-120).
o   Copia del acta No. 240908R FRARA- fechada
en octubre 24 de 2000 en donde consta la entrega de la embarcación en
cumplimiento de la Resolución No. 55A fechada el 6 de octubre de 2000.
(Cuaderno 5, folios 121-124).
o   Copia del acta No. 21 que contiene la
audiencia de instrucción del proceso arbitral en la que se recibió el
interrogatorio de parte al señor José Abel Ariza Villaseñor y copia del
documento – de liquidación de perjuicios aportado n dicha diligencia por el
demandante. (cuaderno 5, folios125-161).
7.  Intervención de los demandados.
En escrito presentado ante el Juzgado Civil de
Circuito de Cartagena el señor Héctor Varela Contreras, miembro del Tribunal de
arbitraje convocado para dirimir las controversias contractuales entre el
F.R.A. de la Armada y Marinser Ltda., se opone a la acción impetrada y sostiene
lo siguiente:
(i)
El laudo arbitral proferido no infringió el debido proceso del F.R.A. pues en
todo momento se respetó su derecho a controvertir, a ser oído y a asistir a las
audiencias. El trámite arbitral se agotó “tal como está regulado por el
bloque de legalidad, respetando los períodos probatorios”, y  el tribunal
arbitraje fundamentó las decisiones adoptadas en análisis sistemáticos
de las pruebas y en la aplicación del derecho sustancial vigente.
(ii)
Según el árbitro Varela Contreras, la presunta vía de hecho alegada en la
demanda de tutela no se presentó, y añade "a ese respecto vale la pena
aclarar al Juez de tutela que la determinación de los perjuicios se estableció
con todo el acervo probatorio que se encuentra en el expediente, en el que se
cuentan los testigos, que entre [otras] cosas reúnen las características de los
denominados testigos técnicos, por ser conocedores de la actividad comercial y
naval, lo que puede ser constatado en cada una de las declaraciones (...) La
prueba pericial no es la única prueba que permite la prueba de los perjuicios,
nuestro sistema de derecho procesal se funda como una regla general de la sana
y libre tasación de la prueba, es decir, no se determinan tarifas para realizar
la prueba de los hechos.”  A continuación, para confirmar su aserto cita
apartes de jurisprudencia sobre el tema.
8.  Intervención de la sociedad Marinser Ltda.
El señor José Abel Ariza Villaseñor, representante
legal de la sociedad Marinser Ltda. respondió a la solicitud de tutela de la
siguiente manera:
(i)
Los hechos presentados en la solicitud de tutela constituyen una distorsión de
la realidad plasmada en el laudo arbitral, pues “han sido tergiversados por
el accionante para acomodarlos y consignar de esa manera a los ojos del
juzgador una situación diametralmente opuesta a las conclusiones a que llegaron
mayoritariamente los árbitros en su decisión.”
(ii)
Es preciso examinar de manera detenida los elementos probatorios contenidos en
el expediente y no sólo las pruebas aportadas por  el accionante (“los
escritos presentados por los árbitros Héctor Varela Contreras y Virgilio
Escamilla Arrieta, el escrito presentado por el señor Procurador 21 delegado
ante el Tribunal Administrativo de Bolívar; (...) las providencias mediante las
cuales la Sección Tercera del Consejo de Estado rechazó el recurso de
anulación, la contestación que en su momento presenté ante el Juzgado Octavo
Civil de Circuito.”)
(iii) Como petición especial solicita citar a los Consejeros de Estado
Ricardo Hoyos Duque y Nora Gómez Martínez “por haber tenido el mismo
protagonismo que los árbitros que profirieron el Laudo Arbitral cuya nulidad se
depreca con esta acción.”
(iv)
Alega que el Fondo ha iniciado varios procesos con el fin de  dilatar el pago
de sus obligaciones incurriendo “en actitudes que fácilmente se pueden
encuadrar en las conductas de FRAUDE PROCESAL Y FRAUDE A RESOLUCIÓN JUDICIAL
contenidas en el código penal, hechos por los cuales se formuló denuncia penal”,
entonces no es cierto que la entidad estatal no cuente con otros medios
judiciales para su defensa (Subrayas dentro del texto).
(v) Según
lo expresado por el representante de la entidad demandada, el Fondo ha
recurrido a las siguientes instancias judiciales para eludir el pago del laudo
arbitral: (a) Recurso de reposición contra el auto que no admitió la solicitud
de suspensión de los efectos del laudo. (Resuelto de manera desfavorable al
Fondo) (b) Aclaración de la providencia que rechazó por improcedente el recurso
de anulación (Resuelto de manera desfavorable al Fondo). (c) Recurso de
reposición presentado en el curso del proceso ejecutivo contra el mandamiento
de pago. (d) Acción popular mediante la cual un tercero pretende la nulidad del
laudo arbitral.
(vi) Como
se ve, dice el representante de la entidad demandada, el Fondo cuenta con
suficientes mecanismos de defensa judicial de sus derechos y la tutela es por
tal motivo improcedente.
(vii) A juicio del representante de la entidad demandada, el apoderado del
Fondo se contradice pues afirma, de una parte, que con el laudo arbitral el
tribunal de Arbitraje incurrió en vía de hecho “al desconocer la vocación
probatoria de los documentos, oficios y testimonios en que se basa el laudo
arbitral” y manifiesta, de otra, “que no acudió al recurso de revisión,
por cuanto el laudo arbitral no encajaba en ninguna de las causales del
artículo 188 del C.C.A.”
(viii) En relación con la supuesta vía de hecho que alega el Fondo, afirma el
representante de la entidad demandada, es preciso subrayar que el laudo
arbitral se dictó con base en las pruebas legalmente aportadas al proceso y en
las que se practicaron durante el mismo. El ente estatal tuvo la oportunidad de
controvertir tales pruebas y de objetarlas. Pudo, además, aportar aquellas
pruebas que pudieran favorecerlo. Dado que de conformidad con el artículo 10 de
la Ley 446 de 1998 los documentos que conformaban el acervo probatorio no
fueron objetados ni tachados por el Fondo, se tienen como plena prueba. Los
árbitros emitieron el laudo arbitral de condena al Fondo “con base en las
pruebas documentales y testimoniales aportadas y practicadas en el proceso (que
abundaron en testimonios de verdaderos expertos en la materia) y en ejercicio
de los principios de la sana crítica que reviste nuestro sistema probatorio,
emitieron los árbitros el laudo de condena.” Mediante la solicitud de
tutela, el actor pretende distorsionar la exposición de las consideraciones y
resoluciones del laudo arbitral con la intención de inducir a error a este
juzgado.
(ix)
Según lo expuesto por el representante de la entidad demandada, las actuaciones
dilatorias realizadas por el Fondo han traído como resultado una serie de
consecuencias pecuniarias onerosas con lo cual se “seguirá ocasionando  un
altísimo detrimento a las arcas estatales, situación que no dudamos, dará lugar
a la aplicación de las acciones de repetición por parte de los organismo de
control pertinentes.”
(x) A
juicio del representante de la entidad demandada, las actuaciones realizadas
por los funcionarios del F.R.A. de la Armada Nacional fundadas en falsedades
ostensibles tendrán las respectivas consecuencias tanto en el orden penal como
en el disciplinario.
II. FALLOS DE TUTELA OBJETO DE REVISIÓN
1.-
Decisión del Juzgado Octavo Civil de Circuito de Cartagena
En providencia fechada el 4 de octubre de 2004 el
Juzgado Octavo Civil de Circuito de Cartagena declara improcedente la solicitud
de amparo constitucional porque “el accionante no hizo uso de los
instrumentos o recursos que el concede el legislador para debatir las
decisiones de quienes administran justicia” pues no había interpuesto
recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida por la Sección
Tercera de la Sala de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado que
denegó la solicitud de anulación del laudo arbitral proferido por el tribunal
de arbitraje convocado para dirimir las controversias contractuales entre el
F.R.A. y Marinser Ltda.
Impugnada la decisión del Juzgado Octavo Civil de
Circuito de Cartagena, ese despacho, mediante Oficio número 1357 fechado el día
15 de octubre de 2004, remitió el proceso a la Oficina de Apoyo Judicial para
efectos de que se resolviera el recurso de apelación.
2.-
Trámite ante el Tribunal de Distrito Judicial de Cartagena. Sala Civil de
Familia
El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena
se declaró incompetente para conocer del recurso incoado[3];
declaró la nulidad de todo lo actuado debido a que se trataba de una tutela
interpuesta contra particulares (los árbitros que habían proferido el laudo
arbitral)[4] y ordenó la remisión del
expediente a la Oficina Judicial de Cartagena a fin de que procediera el
reparto a un juzgado municipal.
3.- Trámite ante el Juzgado Cuarto Civil
Municipal de Cartagena
En providencia fechada el día 29 de noviembre de 2004,
el Juzgado Cuarto Civil Municipal admitió la solicitud de tutela propuesta por
el F.R.A. de la Armada Nacional. Notificados de nuevo los accionados, así como
el representante legal de la sociedad Marinser Ltda., el Juzgado Cuarto Civil
Municipal de Cartagena continúo con el trámite de la acción de tutela contra el
laudo arbitral.
No obstante, por medio de auto fechado el día once de
enero de 2005, el Juzgado Cuarto Civil Municipal resolvió declararse
incompetente para continuar el trámite de la acción y poner en conocimiento de
la misma a la Sección Tercera, Sala de lo contencioso administrativo del
Consejo de Estado. El Juzgado adujo las siguientes razones para fundar su
decisión:
(i)
Hecho el estudio “del voluminoso expediente” (...) [e]n casos como el
que nos ocupa, el Juez constitucional se limitará a evaluar la conducta asumida
por el funcionario que administra justicia y determinar si la misma ha sido
abusiva, arbitraria, o contraria al orden jurídico. Pues bien, contra el laudo
arbitral se interpuso recurso de anulación, en el cual se puede observar claro,
que el pronunciamiento del Consejo de Estado, confirma los conceptos Jurídicos
del Tribunal de Arbitramento en la decisión tomada el 31 de octubre de 2002 y
manifiesta de forma expresa que 'En el laudo censurado se advierte que el
Tribunal de arbitramento convocado para dirimir las diferencias suscitadas
entre el F.R.A. de la Armada Nacional, Regional Atlántico y la sociedad Marinser
Ltda."
(ii)
El Consejo de Estado encontró ajustado al ordenamiento jurídico el trámite
realizado por el Tribunal de Arbitraje de modo que "cualquier
pronunciamiento en ese aspecto por vía de tutela afectaría indirectamente la
decisión de la Sección Tercera, Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, por lo cual se hace necesario convocar a este Trámite a los
Honorables Magistrados Ramiro Saavedra Becerra, Ricardo Hoyos Duque, María
Helena Giraldo Gómez y Alier Eduardo Hernández E., quienes conforman la
mencionada sección."
(iii) Según lo dispuesto en el artículo 1º  del Decreto 1382 de 2000, el
Juzgado pierde de manera automática competencia en este asunto, pues tal como
lo indica el artículo 1º  del citado Decreto "cuando la Tutela sea
dirigida contra las autoridades que sean de diferente nivel, el reparto lo hará
el Juez de Mayor Jerarquía, y según el numeral 2 de ese mismo artículo le
correspondería su conocimiento a la misma Corporación en la sección o
subsección que corresponda."
(iv)
Aún cuando la tutela no fue dirigida directamente contra el Consejo de Estado “al
vincularse este como interesado en el fallo a proferir, la competencia ya no le
correspondería a este Despacho (...) Por tanto, no obstante que están a punto
de vencer los términos, se hace necesario enderezar la actuación de tal manera
que con ello no se incurra en futuras nulidades por economía procesal, se
dispondrá en este auto vincular al Consejo de Estado de inmediatamente
declararse incompetente para seguir el trámite de este asunto, toda vez que el
concepto que presente esta Corporación deberá ser analizado por el Juez
Constitucional competente para emitir fallo de tutela.”
4.- Trámite
ante la Sección Cuarta, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado
Por medio de auto de once (11) de febrero de dos mil
cinco (2005) la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado con ponencia de la Consejera  Ligia Lopez Díaz decide avocar
conocimiento de la acción de tutela impetrada por el F.R.A. contra al tribunal
de arbitraje conformado para la resolución del conflicto suscitado entre la
entidad estatal y la sociedad Marinser Ltda.
En providencia fechada el día ocho (8) de marzo de
2005, la magistrado sustanciadora constató que el laudo arbitral emitido el
treinta y uno (31) de octubre de dos mil dos (2002) por el Tribunal de
Arbitraje convocado para resolver las discrepancias entre el F.R.A. y la
sociedad Maritime International Service Ltda. había sido ya objeto de recurso
de anulación ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, recurso que había sido denegado, por tal
razón consideró pertinente a fin de cumplir con la aplicación de los principios
de economía procesal y de eficacia así como  de garantizar los derechos
fundamentales de los involucrados, "vincular a la SECCIÓN TERCERA DE LA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO, toda vez que la decisión
que se adopte dentro de la presente acción puede afectar el fallo proferido por
dicha Sección."
El día trece (13) de abril de 2005 la
Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado profiere fallo mediante el cual resuelve rechazar por improcedente la
tutela impetrada por el F.R.A. La Corporación apoya su decisión en las
siguientes consideraciones:
(i) Según
la Sección Cuarta del Consejo de Estado, la tutela como mecanismo de protección
de los derechos fundamentales es, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Constitución Política, una acción subsidiaria. Sostiene que
si bien "[e]sta Corporación en algunos casos tuvo en cuenta los
lineamientos que en Sentencia Unificada expuso la Corte Constitucional sobre la
tutela contra providencias judiciales. Sin embargo, frente a la inseguridad
jurídica que ello ha generado, la Sala debe rectificar la posición anterior,
interpretando sistemáticamente los mandatos constitucionales y confiriendo
eficacia a la cosa juzgada - material y formal -. Así las cosas no existe
tutela contra providencia judicial (…)”, conclusión última que extrae del
estudio de los antecedentes del artículo 86 constitucional en los debates de la
Asamblea Nacional Constituyente.
(ii) Esta postura fue confirmada, según la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, por medio de la sentencia C-543 de 1992, la cual, con ponencia del
Magistrado José Gregorio Hernández, declaró inexequibles los artículos 11, 12 y
40 del Decreto 2591 de 1991.  En aquella ocasión, agrega la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, la Corte Constitucional expuso de manera suficiente las
razones por las cuales consideraba que la tutela no procedía contra sentencias
judiciales. No obstante lo anterior, añade, "el criterio posterior de
la propia Corte Constitucional plasmado en la Sentencia Unificadora No 960 de
1o de diciembre de 1999, le abrió camino a esa vía para los casos en que en
la providencia se configurara una vía de hecho, esto es, 'una
determinación arbitraria adoptada por el juez, o una omisión del mismo
carácter, en virtud de la cual se atropella el debido proceso, se desconocen
garantías constitucionales o se lesionan derechos básicos de las personas en
razón de una  flagrante desobediencia a lo prescrito por la Constitución y la
ley."
(iii) Como se puede ver, añade la Sección Cuarta del Consejo de Estado, la
mencionada sentencia es contraria a la decisión del Constituyente e infringe,
del mismo modo, lo afirmado en la sentencia C-543 de 1992 proferida por la
Corte Constitucional, la cual tiene carácter vinculante. Agrega que en fecha
reciente la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
se pronunció en el mismo sentido y sostuvo que “Si, pues los artículos 11,
12 y 40 del decreto 2591 de 1991, que abrían el espacio para que la tutela
pudiera instaurarse contra los pronunciamientos de los jueces, fueron
declarados inexequibles en su totalidad y por ende desaparecieron del orden
jurídico, tal como quedó explicado en los apartes del fallo C-543 de 1992 que
se transcribieron antes, resulta inadmisible, por constituir enorme
desaguisado, que con tozudez se siga permitiendo la tutela contra providencias
judiciales con en inconsistente argumento de la infalibilidad de la Corte
Constitucional” [5].
5.- Pruebas solicitadas por la Corte Constitucional.
Mediante autos de nueve (9) de septiembre de 2005, de
once (11) de mayo de 2006, de siete (7) de julio de 2006, de dieciocho (18) de
julio de 2006, de diecinueve (19) de septiembre de 2006 y de doce (12) de
octubre de 2006 el Magistrado sustanciador ofició, por intermedió de la
Secretaría General de esta Corporación, al F.R.A., a la Cámara de Comercio de
Cartagena y a la Sección Tercera de la Sala de contencioso administrativo del
Consejo de Estado con el objeto de recabar diversos elementos probatorios
necesarios para decidir el caso sometido a examen, especialmente la copia del
expediente del proceso arbitral adelantado para dirimir las controversias
contractuales entre Marinser Ltda. y el F.R.A. Finalmente, mediante oficio de
diecinueve (19) de octubre de 2006 fue remitida por la Secretaria de la Sección
tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado la
copia del expediente en cuestión, en el que obraban, entre otras, las
siguientes pruebas:
1.
Copia de comunicación
suscrita por el Gerente de Asemarp Ltda.. dirigida a Marinser Ltda.. (folio 199
Cuaderno 4).
2.
Declaración con fines
extraprocesales rendida ante en la Notaría primera del Círculo de Cartagena por
Henry Lozano Arboleda (folio 41 Cuaderno 3).
3.
Factura cambiaria de
compraventa No.001/2000 de Monómeros Venezolanos S. A. a Marinar Ltda. (folio
53 Cuaderno 3)
4.
Factura cambiaria de
compraventa No.013/2000 de Monómeros Venezolanos S. A. a Marinar Ltda. (folio
55 Cuaderno 3)
5.
Declaración de Nelson
de Jesús Zapata ante el Tribunal de Arbitraje promovido por Marinser Ltda.
contra el F.R.A. de la Armada Nacional (folio 163 y s.s. Cuaderno 3).
6.
Declaración de Henry
Lozano Arboleda ante el Tribunal de Arbitraje promovido por Marinser Ltda.
contra el F.R.A. de la Armada Nacional (folio 186 y s.s. Cuaderno 3).
7.
Declaración de Rufo
Esteban Muñetón Ruiz ante el Tribunal de Arbitraje promovido por Marinser Ltda.
contra el F.R.A. de la Armada Nacional (folio 145 y s.s. Cuaderno 3).
8.
Proyecciones
Financieras de la Motonave Progreso I (folio 94 cuaderno 2)
III. CONSIDERACIONES
1.- Competencia
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y
241-9 de la Constitución Política, en armonía con los artículos 33, 34 y 35 del
Decreto Ley 2591 de 1991, la Sala es competente para revisar la sentencia de la
referencia.
2.- El asunto objeto de examen.
Dado que los antecedentes del caso examinado son
extensos y se han abordado de manera exhaustiva en los acápites precedentes,
aquí se hará tan solo una breve síntesis de los puntos más relevantes del
asunto en cuestión.
El señor Martín Bermúdez Muñoz, obrando a nombre del
F. R. A.,  solicita la protección del derecho fundamental al debido proceso de
la entidad estatal, supuestamente vulnerado con ocasión del laudo arbitral
emitido por el tribunal de arbitraje convocado para dirimir las controversias
contractuales entre Marinser Ltda. y el F. R. A. Sostiene el actor que la
providencia emitida por los árbitros incurrió en defectos fácticos y
sustantivos; los primeros radican en que los perjuicios por lucro cesante, a
cuyo pago fue condenado el  Fondo, fueron exagerados y calculados sobre supuestos
ficticios con base en un acervo probatorio exiguo y evaluado de manera poco
rigurosa y arbitraria. Respecto de los supuestos defectos sustantivos señala
que el tribunal de arbitraje incurrió en errores al interpretar las
disposiciones contractuales y legales que sirvieron de fundamento para declarar
la responsabilidad de la entidad estatal por el incumplimiento del Contrato
169/99.
En esa medida, la cuestión que debe resolver esta sala
de revisión es si el laudo arbitral proferido por el Tribunal de Arbitraje
convocado para dirimir las controversias contractuales entre Marinser Ltda. y
el F.R.A. de la Armada presenta defectos fácticos o sustanciales que redunden
en una vulneración de los derechos fundamentales de la entidad estatal
condenada. Adicionalmente debido a que la Sección Cuarta de la sala de lo
contencioso administrativo del Consejo de Estado sostuvo en el fallo de tutela
que el amparo constitucional era improcedente contra providencias judiciales,
esta Corporación debe pronunciarse también sobre procedibilidad de tutela
contra providencias judiciales y específicamente contra laudos arbitrales.
3. Breves consideraciones sobre la
naturaleza constitucional de la justicia arbitral y sus rasgos más
sobresalientes.
Según lo dispuesto por el último inciso del
artículo 116 de la Constitución Política “los particulares pueden ser
investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la
condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para
proferir fallos en derecho o en equidad en los términos que determine la ley”. Este
precepto constituye entonces el fundamento constitucional de la justicia
arbitral y define los principales elementos que la caracterizan: (i) es el
ejercicio de la función jurisdiccional por particulares, (ii) el arbitraje
tiene naturaleza procesal, (iii) es de carácter transitorio o temporal, (iii)
tiene origen en la voluntad de las partes del conflicto, (iv) los fallos pueden
ser proferidos en derecho o en equidad, (v) el arbitraje se desarrolla en los
términos que señala la ley, de manera que el legislador tiene una amplia
libertad de configuración de la justicia arbitral, con el límite último de los
preceptos constitucionales.
Tales elementos han sido reseñados
profusamente por la jurisprudencia de esta Corporación. Así, por ejemplo,
respecto de la naturaleza jurisdiccional de la función que realizan los
árbitros afirma la sentencia C-242 de 1997:
El arbitramento es una institución que implica el
ejercicio de una actividad jurisdiccional con carácter de función pública y se
concreta en la expedición de fallos en derecho y en equidad.
Sobre la naturaleza procesal del arbitraje
consigna la sentencia C-330 de 2000:
Cuando la Constitución defiere a los particulares la
función de administrar justicia en calidad de árbitros, les confía, como a
todos los demás jueces, la solución de contenciones jurídicas entre las partes
en concordancia con la Constitución y las leyes. De ahí que la institución
arbitral en nuestro ordenamiento tenga el carácter de un proceso, que garantiza
los derechos de las partes enfrentadas disponiendo de una serie de etapas y
oportunidades para la discusión de los argumentos, la valoración de las pruebas
aportadas y, aun, la propia revisión de los pronunciamientos hechos por los
árbitros.
El carácter temporal del arbitramento fue
puesto de relieve en la misma decisión en los siguientes términos:
No es posible pensar que las atribuciones judiciales
que se confieren a particulares en calidad de árbitros, puedan ejercerse de
manera indefinida, pues de la naturaleza del arbitramento se deriva la
existencia de una jurisdicción meramente transitoria, limitada en el tiempo, a
la resolución del conflicto específico que las partes deciden llevar ante el
tribunal.  De no ser así, se crearía una jurisdicción paralela a la ordinaria
que, con grave perjuicio del orden público, debilitaría la estructura
estatal y menoscabaría la función pública de administrar justicia.
A la voluntariedad del arbitraje también ha
hecho alusión la jurisprudencia constitucional, en el entendido que la
competencia de los árbitros surge por medio del convenio o pacto arbitral.
Sobre este extremo consigna la sentencia C-242 de 1997:
La realización de funciones jurisdiccionales por los
árbitros requiere por exigencia constitucional de la habilitación por las
partes en conflicto para que puedan proferir, en cada caso en concreto, los
fallos en derecho o en equidad en los términos legalmente establecidos; lo que
indica que para que sea procedente al utilización de este mecanismo en la
misión esencial de administrar justicia por particulares investidos
transitoriamente de dicha facultad, se requiere indefectiblemente del
consentimiento o la habilitación por parte de aquellos que han optado por someter
sus conflictos a la decisión arbitral. Debe darse a través de un acuerdo
interpartes de escoger el mecanismo del arbitramento como el instrumento
adecuado y competente para resolver sus diferencias, a causa de la espontánea y
libre voluntad de someterse al proceso arbitral, a cambio del conocimiento de
las mismas por la jurisdicción ordinaria. Disponer por vía legal y genérica, a
manera de mandato obligatorio, que el instrumento que debe utilizarse para
resolver las diferencias surgidas entre los asociados o con la sociedad, con
motivo del contrato social, sea el del procedimiento arbitral, desconoce el
mandato de la Constitución Política, según el cual "son las partes"
las únicas que pueden investir transitoriamente y en cada caso específico a los
particulares, a fin de que sirvan de árbitros para que decidan en derecho o en
equidad, en los términos que determine la ley.
En la sentencia SU-837 de 2002 se ocupó
esta Corporación del arbitraje en equidad y al respecto sostuvo:
En el caso de la decisión en equidad, es claro que las
razones de respaldo no requieren ser normativas, a diferencia de lo que sucede
con la decisión en derecho. Aún cuando el marco mínimo en el que se adopta la
decisión en equidad esté fijado en la Constitución y la ley – los árbitros en
equidad deben decidir respetando los derechos y facultades constitucionales,
legales y convencionales de las partes –, el referente para justificar la
decisión es otro, diferente a las normas jurídicas. La decisión en equidad
ausculta las circunstancias concretas del conflicto y propugna por la justicia
del caso, sin necesidad de basarse en referentes normativos positivos. En
cuanto a su justificación, la decisión en equidad debe entonces presentar
razones para entenderse motivada. Cuando no existen razones que sustenten la
decisión en equidad, ésta no puede ser tenida como ejercicio legítimo de una
función pública, al tornarse incontestable y sinónimo de un acto inexpugnable y
arbitrario.
Finalmente, también se ha referido a la
libertad de configuración legislativa del proceso arbitral, tal como ilustra la
sentencia C-330 de 2000:
En síntesis es posible afirmar que el legislador goza
de plena autonomía para dictar disposiciones tendientes a desarrollar el
ejercicio de funciones judiciales por parte de particulares a través de la
institución del arbitramento y, de esta forma, regular un procedimiento
reconocido desde la propia Constitución como una forma alternativa de resolver
conflictos jurídicos –también los originados en la relación de trabajo-
(Artículo 116 C.P.).  Sin embargo, este poder de configuración que se reconoce
a la rama legislativa no es ilimitado, pues debe concordar con los principios y
derechos consagrados en la Constitución en materia laboral.
Ahora bien, el Legislador colombiano ha desarrollado
lo concerniente a la justicia arbitral reconocida de modo expreso en el
artículo 116 superior en numerosas disposiciones. En primer lugar, la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia hace referencia al arbitraje en
sus artículos 8 cuando hace referencia a los mecanismos alternativos de
solución de conflictos y en el numeral 3 del artículo 13, el cual señala
textualmente:
Los particulares actuando como
conciliadores o árbitros habilitados por las partes, en asuntos susceptibles de
transacción, de conformidad con los procedimientos señalados en la ley.
Tratándose de arbitraje las leyes especiales de cada materia establecerán las
reglas del proceso, sin perjuicio de que los particulares puedan acordarlas.
Los árbitros, según lo determine la ley, podrán proferir sus fallos en derecho
o en equidad.
Esta disposición delimita las materias que puede ser
examinadas por la justicia arbitral, al hacer alusión que deben ser asuntos
susceptibles de transacción, y así mismo confía al legislador el señalamiento
de las reglas procesales que regulen el arbitraje, sin embargo también prevé
que éstas puedan ser acordadas por particulares. El Decreto 1818 de 1998
compiló las diversas disposiciones que regulan los mecanismos alternativos de
solución de conflictos, y en su parte segunda se ocupa de manera específica del
arbitramento, en esa medida tuvo un carácter unificador de la legislación
existente hasta el momento[6].
El artículo 115 del citado decreto, el cual compila el
artículo 111 de la Ley 446 de 1998, define el arbitraje en los siguientes
términos:
El arbitraje es un mecanismo por medio del
cual las partes involucradas en un conflicto de carácter transigible, difieren
su solución a un tribunal arbitral, el cual queda transitoriamente investido de
la facultad de administrar justicia, profiriendo una decisión llamada laudo
arbitral.
Las disposiciones siguientes del Título I de la Parte
segunda del Decreto 1818 compilan los preceptos relacionados con los aspectos
generales de la justicia arbitral, tales como las modalidades de arbitraje, el
pacto arbitral, y los árbitros, el Título II contiene las regulaciones
relacionadas con el proceso arbitral; el Título III reúne las normas especiales
y la Parte Cuarta del citado decreto recopila las disposiciones de la Ley 80 de
1993 relacionadas con la solución de controversias contractuales en materia de
contratación estatal.
Como antes se hizo alusión, la Corte
Constitucional se ha pronunciado también de manera reiterada respecto de la
naturaleza y límites de la justicia arbitral, y ha hecho énfasis en la
naturaleza pública de la función desempeñada por los árbitros y su
correspondiente deber de protección de los derechos fundamentales de las partes
en conflicto. Baste aquí citar la sentencia C-1038 de 2002[7]
en la cual señaló la Corte respecto de éstos extremos:
"El arbitramento es un verdadero procedimiento
judicial -en sentido material- y, como tal, está sometido en todas sus etapas a
la estricta aplicación de las normas que regulan este tipo de actuaciones tanto
desde el punto de vista formal como material.  Se trata de un mecanismo en el
que han de aplicarse con rigor las garantías del debido proceso aplicables a
toda actuación judicial, pues de nada sirve la inclusión de mecanismos de
solución de litigios, adicionales y alternativos al sistema ordinario
contemplado en la legislación, si su aplicación se traduce en el
desconocimiento de derechos constitucionales fundamentales"
Como se ve, la justicia arbitral tiene unas
características propias pero en todo caso lleva aparejado el ejercicio de la
función jurisdiccional por parte de los árbitros, como lo establecen las
disposiciones vigentes y lo han reconocido anteriores pronunciamientos de esta
Corporación, en los cuales se sostuvo que el arbitramento es “un acto
eminentemente jurisdiccional, en cuanto expresa el ejercicio de una función
pública esencial del estado, que excepcionalmente permite a los particulares
(…) impartir justicia cuando las partes quieren poner término a sus diferencias
en forma personal y amigable”[8], pues “el
arbitramento como mecanismo alterno de solución de conflictos, implica la
derogación que hacen las partes de la jurisdicción que en cabeza de los jueces
ejerce el estado, para que frente a un conflicto determinado o precaviendo uno
futuro, sean terceros distintos de los jueces, quienes con carácter definitivo
resuelvan la controversia suscitada, mediante una decisión –fallo arbitral- que
al igual que las decisiones de los jueces de la República, haga tránsito a cosa
juzgada”[9].
En esa medida, la jurisprudencia constitucional ha
destacado que de conformidad con el ordenamiento legal los árbitros están
sujetos a los mismos deberes de los jueces, pero igualmente cuentan con las
mismas facultades y poderes procesales de los funcionarios judiciales, entre
los que se destacan: (i) el poder de decisión para resolver obligatoriamente la
controversia, (ii) el poder de coerción, para procurar el cumplimiento de su
decisión, (iii) el poder de documentación o investigación para practicar
pruebas ya sea de oficio o a petición de partes, para llegar con la valoración
de ellas a una verdad real y de esa forma poder adoptar la decisión que corresponda[10].
Precisamente en virtud del poder de decisión al que se
hizo alusión corresponde a los árbitros desatar la controversia presentada a su
examen, potestad que ejercen mediante la expedición del laudo arbitral,
providencia que pone fin al trámite arbitral y que tanto por su contenido
formal como material corresponde a una verdadera sentencia, y en esa medida
tiene alcances y efectos similares, pues hace tránsito a cosa juzgada y presta
mérito a ejecutivo.
Incluso la jurisprudencia constitucional ha aseverado
que el laudo arbitral equivale a una providencia judicial, tal como se sostuvo
en la sentencia C-242 de 1997:
Adicionalmente, la decisión arbitral concretada en
un laudo arbitral, bien sea en derecho o en equidad, es eminentemente
jurisdiccional y equivale a una providencia judicial, en cuanto resuelve el
litigio suscitado entre las partes, pronunciándose sobre los hechos,
resolviendo sobre las pretensiones, valorando las pruebas y declarando el
derecho a la luz de los mandatos constitucionales y legales o atendiendo a los
principios de equidad. Claro está, que la ejecución y control de ese laudo
corresponde a la jurisdicción ordinaria permanente (negrillas fuera del texto).
En síntesis, el proceso arbitral es materialmente
un proceso judicial, y el laudo arbitral es el equivalente a una sentencia
judicial en la medida que pone fin al proceso y desata de manera definitiva la
cuestión examinada, adicionalmente los árbitros son investidos de manera
transitoria de la función pública de administrar justicia, la cual además
legalmente ha sido calificada como un servicio público, por tal razón no cabe
duda que en sus actuaciones y en las decisiones que adopten los tribunales
arbitrales están vinculados por los derechos fundamentales, y que la tutela es
procedente cuando estos sean vulnerados o amenazados con ocasión de un proceso
arbitral. Así lo ha recocido la jurisprudencia constitucional, como se
examinará en el acápite siguiente de la presente decisión.
4. La procedencia de la tutela contra laudos
arbitrales.
En numerosos fallos de tutela se ha ocupado esta
Corporación de la justicia arbitral, en algunas ocasiones no se examinaba de
manera específica la procedencia de la tutela contra laudos arbitrales, pues la
infracción iusfundamental alegada tenía origen en aspectos del procedimiento
seguido por  ciertos tribunales arbitrales o en decisiones adoptadas por
funcionarios judiciales en relación con procesos arbitrales[11].
De manera específica la Corte Constitucional abordó el
tema de la procedencia de la acción de tutela contra laudos arbitrales en las
sentencias en las sentencias T-608 de 1998, SU-837 de 2002, SU-058 de 2003,
T-1228 de 2003 y T-920 de 2004, las cuáles se examinarán a continuación:
En la sentencia T-608 de 1998[12]
la Sala Novena de Revisión al examinar por primera vez la procedencia de la
acción de tutela contra laudos arbitrales, los equiparó plenamente para tales
efectos con una providencia judicial. Sostuvo la Corporación en esa
oportunidad:
En efecto, la jurisprudencia constitucional ha
reconocido la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
cuando se ha incurrido en una vía de hecho que afecte derechos constitucionales
fundamentales, pero siempre que se observen los demás requisitos de procedibilidad
de la citada acción. Así, atendiendo al carácter subsidiario y residual del
recurso de amparo (art. 86 C. P.), éste sólo procede contra una vía de hecho
judicial cuando el ordenamiento jurídico no tiene previstos otros mecanismos de
defensa que puedan invocarse, o cuando, existiendo, se utiliza la tutela como
mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable,
caso en el cual la orden de protección permanece únicamente hasta que resuelva
de fondo la autoridad competente (art. 8° del Decreto 2591 de 1991).
(…)
Ha de concluirse entonces, que la acción de tutela es
un instrumento jurídico de naturaleza residual, que si bien le brinda a las
personas la posibilidad de acudir a la justicia de manera informal para
promover la protección directa de sus derechos constitucionales fundamentales,
exige, como requisito de procedibilidad, que el afectado no disponga de
otros medios judiciales de defensa o que el daño alegado en esta sede revista
la característica de irremediable, entendiendo como tal, aquella situación de
riesgo que de no ser controlada oportunamente, conllevaría un daño o deterioro
irreversible a los derechos presuntamente afectados.
Al examinar el caso concreto desestimó la procedencia
de la acción de tutela debido a que al accionante había interpuesto un recurso
extraordinario de anulación contra el laudo arbitral, con fundamento en los
mismos argumentos consignados en la acción de tutela, el cual estaba siendo
conocido en ese momento por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Bogotá. En esa medida, debido al carácter residual de la acción de tutela, no
podía ser promovida simultáneamente “… con otros recursos legales que, como
ocurre con el de anulación, han sido dispuestos en el ordenamiento jurídico
para proteger el debido proceso y el derecho de defensa de quienes son parte en
una actuación judicial”. Consideró que tampoco era procedente como
mecanismo transitorio, mientras se fallaba de manera definitiva el recurso
extraordinario interpuesto, debido a que el accionante no había demostrado la
existencia de un perjuicio irremediable.
Posteriormente, en la sentencia SU-837[13]
de 2002 la Corte Constitucional examinó la acción de tutela impetrada contra un
laudo arbitral y contra la sentencia mediante la cual la Corte Suprema de
Justicia resolvía el recurso de homologación presentado contra dicho laudo.
Sobre la procedencia de la acción de tutela sostuvo en esa ocasión la Sala
Plena de esta Corporación:
7.1 Como se ha afirmado anteriormente, la acción de
tutela procede en dos modalidades: como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable en el proceso arbitral, y como mecanismo principal por
vías de hecho; pero, en esta última hipótesis, la acción de tutela procede
contra el laudo arbitral y la sentencia de homologación por vías de hecho, ya
que ambos conforman una unidad inescindible.
Si bien la acción de tutela por vías de hecho procede
contra el laudo y la sentencia que lo homologa, los defectos predicables de uno
y otro acto son diferentes. Esto porque los árbitros deciden en equidad,
mientras que los jueces fallan en derecho. Es así que los defectos de las
decisiones judiciales – sustantivos, fácticos, orgánicos o procedimentales[14]
– no se aplican, en su integridad ni en el mismo sentido, a los laudos
arbitrales en equidad y a las providencias judiciales. Por ejemplo, un laudo no
puede ser objeto de acusación por haber incurrido en un defecto sustantivo al
no estar sustentado en normas legales. Aunque la equidad impone límites
sustanciales a los árbitros y a la manera como deben decidir, estos límites son
diferentes a los que se derivan de las reglas legales para los jueces que
deciden en derecho una determinada controversia. Es así como las causales de
las vías de hecho se restringen y adquieren un significado diferente en materia
de tutela contra laudos.
Por su parte, el laudo arbitral presenta un defecto
grave y manifiesto cuando carece de motivación material o es manifiestamente
irrazonable. Se trata de un defecto por falta de motivación material o evidente
irrazonabilidad que torna arbitraria la decisión arbitral. La sentencia de
homologación que pasa por alto la falta de motivación o la evidente
irrazonabilidad del laudo cae bajo la hipótesis del defecto sustantivo. Ello
porque por mandato legal la justicia laboral está obligada a surtir un control
de legalidad a la vez que de constitucionalidad sobre el laudo arbitral, sin
que sea aceptable limitarse a realizar un mero control formal del trámite, sin
examinar si el laudo desconoce los derechos y facultades constitucionales de
las partes.
7.3 Para determinar la ocurrencia de vías de hecho en
el laudo arbitral y en la sentencia de homologación objeto del presente proceso
de tutela es necesario examinar si se configuran los defectos en que pueden
incurrir cada una de estas decisiones, lo que procede a realizar la Corte a
continuación de cara a la situación planteada por los accionantes.
En el caso concreto la Sala Plena no concedió el
amparo solicitado pues estimó que el  laudo arbitral no había incurrido en los
defectos alegados por los demandantes, porque contenía una motivación material
mínima y en consecuencia no había vulnerado el derecho al debido proceso de las
partes. En esa medida la sentencia de homologación del laudo arbitral proferida
por la Corte Suprema de Justicia tampoco había incurrido en una vía de hecho.
Nuevamente se ocupó la Corte Constitucional de la
procedencia de la acción de tutela contra laudos arbitrales en la sentencia
SU-058 de 2003[15]. En esta decisión la
Corte realiza un detallado recuento de la evolución jurisprudencial en torno a
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, del cual
concluye:
No sobra mencionar que la Corte ha admitido esta
posibilidad [la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales] frente a sentencias dictadas por autoridades estatales –jueces,
tribunales y altas corporaciones, así como autoridades administrativas investidas
de funciones judiciales-, sino que ha admitido la tutela contra sentencias
judiciales que constituyan vía de hecho cuando la decisión de carácter judicial
es dictada por particulares que ejercen jurisdicción.
Más adelante se ocupa de los alcances del examen que
realiza el juez de tutela respecto de acciones interpuestas contra sentencias
judiciales y laudos arbitrales y afirma:
Por definición, la acción de tutela únicamente procede
si existe amenaza o vulneración de los derechos fundamentales de la parte
demandante (C.P. art. 86). Esta constituye la primera restricción al juez de
tutela, pues únicamente le compete analizar la violación de los derechos
fundamentales producida con ocasión, en este caso, de dictar una sentencia
judicial.
Por otra parte, el principio de autonomía judicial
impone una segunda y fuerte restricción a la competencia del juez
constitucional. En virtud de dicho principio, el juez constitucional no puede
invalidar las actuaciones judiciales e invadir la órbita funcional del juez
(derecho al juez natural), más que cuando (i) el juez desconozca (o se aparte
sin justificar debida y suficientemente) el precedente judicial aplicable al
caso; (ii) el juez interprete el ordenamiento jurídico de manera incompatible
con la Constitución; (iii) incurra en vía de hecho (defecto sustantivo,
fáctico, orgánico o procedimental); y, finalmente, (iv) la protección efectiva
del derecho fundamental violado demande del juez constitucional que resuelva el
problema de fondo.
De lo anterior se desprende que (i) el juez
constitucional tiene facultades limitadas para estudiar el proceso y la
sentencia judicial sometida a su control; (ii) únicamente podrá cuestionar
aquellos aspectos del trámite del proceso y la sentencia que, de suyo,
conlleven a la violación de un derecho fundamental. Así las cosas, frente al
caso que ocupa a la Corte, salvo que resulte claro que la interpretación que
hizo el juez natural (tribunal de arbitramento) del contrato y las obligaciones
de las partes, viole un derecho fundamental, no le corresponde al juez de
tutela invalidar o desconocer la postura del juez natural.
Para finalmente concluir que en el caso sub examine el
laudo arbitral atacado no había incurrido en defectos fácticos que hubieran
ocasionado una vulneración del derecho al debido proceso, ni en defectos
sustanciales en cuanto a la interpretación que había hecho el tribunal
convocado de las estipulaciones contractuales objeto de controversia.
En la sentencia T-1228 de 2003[16]
la Sala de Revisión Séptima examinó una tutela interpuesta contra un laudo
arbitral y sostuvo:
La acción de tutela ha sido establecida para el
restablecimiento de los derechos fundamentales quebrantados por la acción u
omisión de cualquier autoridad pública, cuando el afectado no dispone de otro
medio de defensa judicial, salvo que el mecanismo se utilice de manera
transitoria, para evitar un perjuicio irremediable y grave.
Lo anterior, al tenor de lo reglado en el artículo 86
de la Carta Política, permite descartar la procedencia de la acción de tutela
cuando los intervinientes no hacen uso de las oportunidades con que cuenta el
ordenamiento, para que las partes contradigan las actuaciones y decisiones de
los jueces.
Al examinar el caso concreto estimó el juez
constitucional que el apoderado del Ministerio no había hecho uso de las
oportunidades establecidas en el Decreto 1818 de 1998 para controvertir las
decisiones adoptadas en el curso del proceso arbitral y por tal razón denegó el
amparo solicitado.
Finalmente, en la sentencia T-920 de 2004[17]
la Sala Sexta de Revisión se pronunció sobre la procedencia de la tutela contra
laudos arbitrales en los siguientes términos:
Tanto jueces como árbitros pueden llegar a incurrir en
vías de hecho en su labor de administrar justicia. Es necesario para estar
incurso en tal figura haber actuado arbitrariamente. La arbitrariedad en la
actividad de los jueces de la República se ha encuadrado dentro de las
siguientes tipos de defectos: orgánico, sustancia, procedimental y fáctico. La
Corte ha aclarado que tratándose de arbitramentos en equidad si bien se puede
incurrir en conductas arbitrarias, éstas no serían encuadradas dentro de los
posibles efectos de un fallo en derecho. Así las cosas, los posibles defectos
serían: falta de motivación material o evidente irrazonabilidad. No obstante,
si el arbitraje es en derecho los tipos de defecto bajo los cuales se
analizaría la conducta serían los mismos en los que podría incurrir un juez de
la República.
La Sala de Revisión concluyó que no se
había configurado una vía de hecho por defecto sustantivo, puesto que la
interpretación del contrato realizada por los árbitros había sido razonable y
que no se había configurado una vía de hecho procedimental en relación con un
dictamen pericial objetado por una de las partes por error grave y por esa
razón desestimado por el tribunal, pues a pesar que tal actuación en principio
era contraria al artículo 238 numeral 4º del C. P. C., consideró el juez
constitucional que “… teniendo en cuenta que de no haberse incurrido en este
error de tipo procedimental el Tribunal habría tenido que valorar, dentro de la
sana crítica, la prueba pericial de manera conjunta con las demás pruebas que
constaban en el expediente, la Sala -atendiendo a que no todo error implica vía
de hecho- encuentra que el mencionado defecto no conlleva la pérdida de efectos
del Laudo Arbitral cuestionado”.
Del anterior recuento se desprende
claramente que la jurisprudencia constitucional ha asimilado los laudos
arbitrales con las sentencias judiciales para efectos de la procedencia de la
acción de tutela y en esa medida ha sostenido de manera reiterada que el
mecanismo de protección constitucional es procedente contra laudos arbitrales
cuando quiera que los derechos fundamentales de las partes o de terceros
resulten amenazados o conculcados. En esa medida son aplicables a los laudos
arbitrales la tipología de defectos acuñados por esta Corporación respecto de
las providencias judiciales, a saber el defecto fáctico, el sustantivo, el
procesal, el orgánico, el error inducido, la decisión sin motivación o la
violación directa de la Constitución[18].
Del mismo modo, la jurisprudencia
constitucional ha entendido que debido al carácter residual y subsidiario de la
acción de tutela, ésta no es procedente contra laudos arbitrales cuando las
partes no hayan hecho uso del derecho de defensa dentro del trámite arbitral o
cuando los afectados por la decisión no hayan empleado los recursos ordinarios
o extraordinarios a su alcance salvo que acudan al amparo constitucional como
mecanismo transitorio en aras de evitar un perjuicio irremediable.
En conclusión, cuando se trata de laudos
arbitrales también son aplicables mutatis mutandis los mismos requisitos
de procedibilidad señalados en la jurisprudencia respecto a la tutela contra
providencias judiciales, los cuales son:
1.
Que el asunto objeto de
debate sea de evidente relevancia constitucional.
2.
Que se haya hecho uso
de todos los mecanismos de defensa judicial -ordinarios y extraordinarios- a
disposición del afectado, salvo que se trate de evitar un perjuicio iusfundamental
irremediable.
3.
Que se cumpla el
requisito de la inmediatez. Así, la tutela debe haber sido interpuesta en un
término razonable y proporcionado desde el momento de ocurrencia de la
vulneración del derecho fundamental.
4.
Cuando se trate de una
irregularidad procesal, que ésta tenga un efecto decisivo en la sentencia
objeto de controversia y afecte los derechos fundamentales de la parte actora.
5.
En la solicitud del
amparo tutelar se deben identificar los hechos que generaron la vulneración y
los derechos afectados y que se hubiere alegado tal vulneración dentro del
trámite arbitral, siempre que ello hubiere sido posible.
Ahora bien, respecto del segundo requisito
de procedibilidad aquí cabe señalar  que los laudos arbitrales –y en eso se
diferencian claramente de las sentencias judiciales- no son susceptibles de
recursos ordinarios que permitan  su revisión por la jurisdicción ordinaria o
de la jurisdicción contencioso administrativa, pues precisamente debido a las
peculiares características de esta modalidad de justicia, a las que se hizo
alusión en acápites anteriores de la presente decisión, el ordenamiento
jurídico sólo ha previsto recursos extraordinarios con causales de procedencia
taxativamente señaladas[19].
Dado el carácter extraordinario del recurso
de anulación y el alcance restringido de sus causales de procedencia, podría
argumentarse que ciertos defectos en los que pueden incurrir los laudos
arbitrales no están sujetos al control de la jurisdicción y en esa medida, en
algunos eventos, el mecanismo judicial previsto por el ordenamiento se revela
ineficaces para la protección de los derechos fundamentales de las partes o de
terceros en el proceso arbitral[20].
No obstante, la mayoría de las acciones de
tutela contra laudos arbitrales de las cuales ha conocido esta Corporación en
sede de revisión, hasta la fecha, han sido interpuestas una vez fallado el
recurso de anulación por el tribunal competente[21],
y en una oportunidad en la cual la tutela había sido impetrada mientras estaba
siendo tramitado el recurso, la Corte Constitucional encontró que la tutela era
improcedente debido precisamente al carácter residual del mecanismo de
protección de los derechos fundamentales. Sostuvo en esa ocasión este Tribunal:
Así, ha de reiterarse entonces, que la acción de
tutela es una institución procesal de naturaleza residual que no le otorga al
presunto afectado la posibilidad de acceder a ella de manera discrecional,
promoviendo su ejercicio en forma simultánea y concurrente con otros recursos
legales que, como ocurre con el de anulación, han sido dispuestos en el
ordenamiento jurídico para proteger el debido proceso y el derecho de defensa
de quienes son parte en una actuación judicial[22].
En esa medida esta Corporación ha
considerado que el recurso de anulación es un medio de defensa judicial idóneo
para subsanar las eventuales vulneraciones de derechos fundamentales que hayan
tenido lugar con ocasión del laudo arbitral, razón por la cual la acción de
tutela sólo puede impetrarse una vez haya sido fallado el primero por el órgano
judicial competente.
Como corolario de lo anterior se deduce que
el juez competente para conocer de la acción de tutela contra un laudo arbitral
será el juez competente para conocer de la acción de tutela contra la sentencia
mediante la cual se resuelve el recurso de anulación, porque como se sostuvo en
la sentencia SU-837 de 2002 “[e]n caso de que la sentencia de homologación
convalide el laudo arbitral pese a constituir éste una vía de hecho violatoria
de los derechos fundamentales, el vicio de inconstitucionalidad se comunica a
la sentencia de homologación”.
Una vez realizado el anterior recuento
sobre la procedencia de la acción de tutela contra laudos arbitrales, es
preciso detenerse brevemente sobre las características de los defectos fáctico
y sustantivo, pues en el caso objeto de examen el apoderado del F.R.A. alega
que el laudo arbitral proferido por el tribunal  convocado para dirimir las
controversias contractuales entre la entidad estatal y Marinser Ltda. incurre
en este tipo de defectos.
5.  El defecto sustantivo y el defecto fáctico en la
jurisprudencia constitucional.
En diferentes pronunciamientos, esta Corporación ha
delimitado el campo de aplicación del defecto sustantivo en las providencias
judiciales, al señalar que se presenta, entre otras razones, (i) cuando la
decisión cuestionada se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable al
caso concreto, es decir, por ejemplo, la norma empleada no se ajusta al caso o
es claramente impertinente[23], o no se encuentra
vigente por haber sido derogada[24], o por haber sido
declarada inconstitucional[25], (ii) cuando a pesar del
amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales, la interpretación o aplicación que se hace de la norma en el caso
concreto, desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido
su alcance[26], (iii) cuando la
interpretación de la norma se hace sin tener en cuenta otras disposiciones
aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación
sistemática[27], (iv) cuando la norma
aplicable al caso concreto es desatendida y por ende inaplicada[28],
o (v) porque a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es
constitucional, no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque
a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los
expresamente señalados por el legislador[29].
En materia de laudos arbitrales la Corte
Constitucional ha afirmado que además de las causales antes señaladas se
configura un defecto sustantivo cuando éste carece de motivación material o la
motivación es manifiestamente irrazonable[30].
Adicionalmente se ha aseverado que los árbitros cuentan con un margen razonable
de interpretación no sólo de las disposiciones legales sino también de las
cláusulas contractuales y que en esa medida sólo se produciría una vulneración
iusfundamental susceptible de ser subsanada en sede de tutela ante
interpretaciones manifiestamente arbitrarias, caprichosas o equivocadas por
parte del tribunal[31].
En cuanto al defecto fáctico ha sostenido esta
Corporación que tiene lugar “cuando resulta evidente que el apoyo probatorio
en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente
inadecuado...”[32]. Y ha  aseverado de
igual manera, que la acción de tutela únicamente procede cuando se hace
manifiestamente irrazonable la valoración probatoria hecha por el juez en su
providencia. Así, ha indicado que “el error en el juicio valorativo de la
prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el
mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela
no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas
generales de competencia...”[33].
La Corte ha identificado dos dimensiones en las que se
presentan defectos fácticos: Una dimensión negativa que ocurre cuando el juez
niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa[34]
u omite su valoración[35] y sin razón valedera da
por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente[36]. Esta dimensión
comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para
identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez[37].
Y una dimensión positiva, que se presenta generalmente cuando el juez aprecia
pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada
que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente
recaudadas (artículo 29 C. P.) o cuando da por establecidas circunstancias sin
que exista material probatorio que respalde su decisión, y de esta manera
vulnere la Constitución.[38]
También ha habido pronunciamientos específicos sobre
el defecto fáctico en materia de laudos arbitrales así, por ejemplo, de la
lectura de la sentencia SU-837 de 2002 es posible colegir que un laudo arbitral
que carezca de respaldo probatorio incurriría en un defecto de esta naturaleza,
y en la sentencia SU-038 de 2003,  respecto a la prueba del cumplimiento o
incumplimiento de las obligaciones contractuales, se sostuvo:
“La existencia de un defecto fáctico, en relación con
la prueba del cumplimiento o incumplimiento de una obligación contractual,
supone que (i) existen pruebas decisivas sobre el cumplimiento o incumplimiento
y que (ii) existen problemas de valoración probatoria: el juez no las tomó en
consideración o que a partir de ellas arribó a conclusiones que lógicamente no
se derivan de las mismas. Es decir, que se dio como probado el cumplimiento o
el incumplimiento, cuando no lo estaban, o viceversa. Obsérvese, en todo caso,
que las pruebas pertinentes son aquellas que apuntan a probar o improbar el
cumplimiento o no de la obligación”.
De conformidad con las consideraciones expuestas, pasa
esta Sala de Revisión a analizar el caso bajo estudio.
6. El caso objeto de estudio
Como se expuso en acápites anteriores de esta
decisión, en el caso concreto el apoderado de la entidad estatal alega que el
laudo arbitral emitido por el tribunal de arbitraje convocado para resolver las
controversias contractuales entre Marinser Ltda. y el F.R.A., incurrió en
defectos fácticos y sustantivos. Los primeros porque los perjuicios por lucro
cesante, a cuyo pago fue condenada la entidad estatal, fueron exagerados y
calculados sobre supuestos ficticios con base en un acervo probatorio exiguo y
evaluado de manera poco rigurosa y arbitraria. Adicionalmente señala que el
tribunal de arbitraje incurrió en errores sustantivos al interpretar las
disposiciones contractuales y legales que sirvieron como fundamento para
señalar la responsabilidad del F.R.A. por el incumplimiento del Contrato
169/99.
Antes de entrar a estudiar el fondo del asunto, es
decir, de manera previa a un pronunciamiento sobre los defectos alegados por el
demandante, es preciso verificar si están presentes los requisitos de
procedibilidad de la acción tutela contra providencias judiciales señalados por
la jurisprudencia constitucional, pues como su denominación lo índica de no
estar presentes el mecanismo constitucional de protección se tornaría
improcedente en el caso concreto y no habría lugar a estudiar de fondo el
amparo solicitado.
En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una
cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que
la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia,
ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que
origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho
fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe
fundarse en un asunto de naturaleza constitucional, que trascienda de la
discusión de meras cuestiones legales[39].
Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que esta
Corporación ha sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los antecedentes
originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la
existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero que emerge
de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se
denomina simplemente debido proceso[40].
En palabras de la Corte, el debido proceso
constitucional - art. 29 CN -, aboga por la protección de las garantías esenciales
o básicas de cualquier proceso. Tales garantías esenciales son el derecho al
juez natural[41]; el derecho a presentar
y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho a la
defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de
legalidad; el derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. En una decisión posterior la Corte
Constitucional precisó el alcance del debido proceso constitucional es el
siguiente sentido:
De ello se sigue que, salvo desvíos
absolutamente caprichosos y arbitrarios –inobservancia de precedentes o
decisiones carentes de justificación o motivación jurídica-, sólo serán objeto
de revisión aquellas decisiones judiciales que no consulten los elementos del
debido proceso constitucional y, en particular, que conduzcan a la inexistencia
de defensa y contradicción dentro del proceso. Es decir, aquellas decisiones
que anulen o restrinjan, de manera grave, el equilibrio procesal entre las
partes; lo anterior equivale a decir que el juez de tutela debe proteger a la
parte procesal que ha quedado indefensa frente a los excesos del juez
ordinario (negrillas dentro del texto)[42]
Se concluye, entonces, que sólo aquellas vulneraciones
comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegido de este derecho
podrán ser examinadas en sede de tutela.
En el caso concreto el accionante afirma que la
providencia impugnada constituye una vulneración del derecho al debido proceso.
Si bien una decisión definitiva sobre la supuesta vulneración sólo podrá
adoptarse luego de estudiar el fondo del asunto planteado, esta Sala de
revisión considera, a priori, que la cuestión propuesta reviste sin duda
relevancia desde la perspectiva constitucional del derecho fundamental
supuestamente vulnerado porque se acusa al laudo arbitral de distintos defectos
que, considerados de manera conjunta, se traducirían en una ruptura del
equilibrio procesal entre las partes porque el F.R.A.  habría quedado indefenso
frente a los excesos interpretativos y probatorios en los cuales supuestamente
incurrió el tribunal de arbitraje.
Los restantes requisitos de procedibilidad señalados
por la jurisprudencia constitucional concurren en este caso concreto. Así, (i)
contra el laudo arbitral proferido por el tribunal arbitral el apoderado del
F.R.A. de la Armada interpuso el recurso de anulación,; (ii) del mismo modo la
tutela fue interpuesta en un término razonable a partir del momento en que fue
fallado el recurso de anulación; (iii) en la solicitud del amparo tutelar se
identificaron los hechos que generaron la vulneración y los derechos afectados,
los cuales fueron alegados dentro del trámite arbitral.
Una vez constatado que la acción impetrada reúne los
requisitos de procedibilidad se pasará a examinar los defectos alegados por el
actor.
Respecto del defecto fáctico alegado, consistente en
la carencia de respaldo probatorio de los perjuicios a los cuales fue condenado
el F.R.A. de la Armada, esta Sala de Revisión encuentra que, a diferencia de lo
que sostiene el accionante, la decisión arbitral en este extremo cuenta con
respaldo probatorio. En efecto, una vez examinado el expediente del proceso
arbitral es posible constatar que en éste obran las siguientes pruebas
dirigidas a demostrar la existencia de los perjuicios sufridos por Marinser
Ltda..
1.
Declaración con fines
extraprocesales rendida ante en la Notaría primera del Círculo de Cartagena por
Henry Lozano Arboleda (folio 41 Cuaderno 3).
2.
Factura cambiaria de
compraventa No.001/2000 de Monómeros Venezolanos S. A. a Marinar Ltda. (folio
53 Cuaderno 3)
3.
Factura cambiaria de
compraventa No.013/2000 de Monómeros Venezolanos S. A. a Marinar Ltda. (folio
55 Cuaderno 3)
4.
Declaración de Nelson
de Jesús Zapata ante el Tribunal de Arbitraje promovido por Marinser Ltda.
contra el F.R.A. de la Armada Nacional (folio 163 y s.s. Cuaderno 3).
5.
Declaración de Henry
Lozano Arboleda ante el Tribunal de Arbitraje promovido por Marinser Ltda.
contra el F.R.A. de la Armada Nacional (folio 186 y s.s. Cuaderno 3).
6.
Declaración de Ruffo
Esteban Muñetón Ruiz ante el Tribunal de Arbitraje promovido por Marinser Ltda.
contra el F.R.A. de la Armada Nacional (folio 145 y s.s. Cuaderno 3).
7.
Proyecciones
Financieras de la Motonave Progreso I (folio 94 cuaderno 2)
Todas las anteriores pruebas fueron relacionadas en el
laudo arbitral para fundamentar la condena en perjuicios por lucro cesante. No
es cierto, por lo tanto, que la condena en perjuicios carezca absolutamente de
respaldo probatorio, por el contrario, existen en el expediente numerosos
elementos que apuntan a la existencia de los mencionados perjuicios.
Los perjuicios en cuestión fueron calculados a partir
de la Proyección Financiera de la Motonave Progreso I hechas por la parte
convocante del tribunal de arbitraje, sin embargo, tal cálculo -como se
sostiene en el laudo- guarda relación con los ingresos promedios mensuales a
los cuales apuntan los restantes medios a probatorios, en esa medida no se
ajusta a la realidad la afirmación del apoderado del F. R. A. en el sentido que
la condena en perjuicios tiene como fundamento exclusivamente la proyección de
ingresos presentada por Marinser Ltda.
Si bien esta Sala de Revisión admite que en el caso
concreto puede haber lugar a discusión sobre la cuantía exacta de los
perjuicios y sobre si éstos corresponde realmente al concepto de lucro cesante
o más bien se trataría realmente de la indemnización de la perdida de chance
o de oportunidad por parte del contratista, en definitiva, tales extremos no
pueden ser objeto de debate en sede de tutela porque el mecanismo de protección
de los derechos fundamentales no ha sido concebido como una nueva instancia de
las decisiones judiciales o arbitrales, en la cual pueda ser examinada a
plenitud la providencia impugnada, sino que su procedencia es excepcional y con
la única finalidad de corregir graves vulneraciones de los derechos
fundamentales.
Por las razones anteriormente expuestas encuentra está
Sala de Revisión que en el caso objeto de examen el laudo arbitral emitido por
el tribunal de arbitraje convocado para dirimir las controversias contractuales
entre el F.R.A. de la Armada y Marinser Ltda.. no incurrió en una vía de hecho
por defecto fáctico consistente en la carencia de respaldo probatorio de los
perjuicios por lucro cesante a los cuales fue condenado el Fondo.
Por otra parte el apoderado de la entidad estatal
sostiene que el laudo arbitral adolece de otros defectos debido a que no tuvo
en cuenta que el contrato de fletamento celebrado entre Marinser Ltda. y el
F.R.A. de la Armada había terminado a partir de la suscripción del acta de
conciliación entre fletante y fletador el veintidós (22) de agosto de 2000 y
debido a que Marinser Ltda. mudó su condición de fletador a la de adjudicatario
de la Motonave Progreso I en virtud de la Resolución 55A del seis (6) de
octubre de 2000 del F.R.A. Adicionalmente se configuraría otro defecto
consistente en que el tribunal consideró que el contrato de fletamento se había
prorrogado durante dos períodos consecutivos pese a que en realidad sólo se
ejecutó durante nueve meses.
En general los anteriores defectos hacen alusión a una
errada interpretación del tribunal de arbitraje tanto de los hechos que
ocurrieron durante la ejecución del Contrato 169/99 como de las disposiciones
del Código del Comercio en materia de transmisión de la propiedad de motonaves
y de las cláusulas contractuales que regían las relaciones entre fletante y
fletador.
Si bien la jurisprudencia constitucional no se ha
referido a la interpretación errada de los hechos como una modalidad específica
de defecto en que puede incurrir una providencia judicial, esta Sala de
revisión encuentra que en este tipo de irregularidades pueden combinarse
elementos sustanciales y fácticos que podrían dar lugar a vulneraciones
iusfundamentales de entidad suficiente para hacer prosperar el amparo
constitucional, sin embargo ello no ocurre en el caso objeto de examen.
En efecto, respecto a si la finalidad del acta de conciliación
celebrada entre Marinser Ltda. y el F.R.A., el veintidós (22) de agosto de
2000, era dar por terminado el Contrato 169/99, encuentra esta Sala que se
trata nuevamente de una discusión de naturaleza fáctica que se refiere a si el
tribunal valoró de manera adecuada el citado documento. Se trata entonces de
una debate sobre un supuesto defecto fáctico por indebida valoración de una
prueba, sobre el cual se ha dicho –ver el acápite 5 de esta providencia- que
sólo es procedente en presencia de un error en el juicio valorativo ostensible,
flagrante y manifiesto, condiciones que no se cumplen en el presente caso.
Pues la citada acta es susceptible de diversas interpretaciones y valoraciones
probatorias, sin que aquella acogida por el juez arbitral en el caso concreto
suponga un error de las características antes anotadas, que permita configurar
una vulneración de los derechos fundamentales del F.R.A.
Respecto a la supuesta mutación de Marinser Ltda.. de
su calidad inicial de fletador a la de adjudicatario (poseedor) de la motonave
y de las consecuencias que tal mutación tendría en la vigencia del contrato,
encuentra esta Corporación que aquí la discusión envuelve tanto elementos
fácticos  como sustanciales. Por una parte el accionante acusa al tribunal de arbitraje
de no valorar adecuadamente los cambios sobrevivientes en las relaciones entre
Marinser y el F.R.A., pero también sostiene que el tribunal desconoce el
ordenamiento jurídico al sostener que puede coexistir temporalmente de fletador
y adjudicatario de una motonave.
Sobre tal extremo encuentra la Sala de Revisión que
las irregularidades alegadas no configuran un defecto de la entidad suficiente
para hacer prosperar la acción impetrada porque el tribunal de arbitraje ni
incurre en una apreciación manifiestamente arbitraria de los hechos, ni
interpreta de manera irrazonable el ordenamiento jurídico vigente. A partir de
la consideración que la transmisión de la propiedad de la motonave Progreso I
nunca se perfeccionó porque no se cumplieron las solemnidades previstas por el
Código de Comercio, concluye que las relaciones entre Marinser y el F.R.A. no
variaron en el curso del tiempo y que el Contrato 169/99 continuó vigente,
interpretación del ordenamiento y de las circunstancias fácticas que de ningún modo
se revela irrazonable, ni manifiestamente arbitraria.
Finalmente, algo similar ocurre con la supuesta
prórroga del Contrato 169/99, aquí en principio el apoderado del F.R.A. alega
un defecto sustantivo por indebida interpretación de las cláusulas contractuales
y de las disposiciones de la  Ley 80 de 1993 que rigen la materia. Al respecto
cabe señalar que si bien la interpretación que hizo el juez arbitral resulta
discutible, tampoco carece absolutamente de respaldo normativo ni es
irrazonable, por lo cual tampoco ha de prosperar en este extremo el amparo
constitucional solicitado.
En definitiva, en el caso concreto existían diversas
opciones valorativas e interpretativas tanto de los hechos como de las pruebas
y de las disposiciones normativas que se debatieron en el trámite arbitral.
Ahora bien, de las diversas opciones interpretativas y valorativas la mayoría
de los miembros del tribunal arbitral acogieron aquellas que eran contrarias a
los intereses del F.R.A. y que favorecían las pretensiones de la parte
convocante, sin embargo, ninguna de las posturas acogidas en el laudo arbitral
configura un defecto de entidad suficiente para que prospere el amparo
constitucional solicitado.
Se reitera que la tutela en materia de providencias
judiciales, dentro de las cuales se incluye los laudos arbitrales, no tiene la
naturaleza de un recurso ordinario ni el juez de protección de los derechos
fundamentales actúa en estos casos como una instancia superior del órgano que
profirió la decisión examinada, facultado para realizar nuevas valoraciones
probatorias o para reemplazar la interpretación fáctica y normativa que hizo el
juez competente en el caso concreto.
IV. DECISIÓN.
Con fundamento en las consideraciones expuestas en
precedencia, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE,
PRIMERO: LEVANTAR la suspensión del término del trámite
de revisión decretada mediante auto de 10 de septiembre de 2005.
SEGUNDO: REVOCAR la
sentencia proferida por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado el día 13 de abril de 2005 que declaró
improcedente la acción de tutela presentada por  el apoderado judicial del
F.R.A. de la Armada Nacional Regional Atlántico.
TERCERO: En su lugar DENEGAR
el amparo solicitado por las razones expuestas en la presente providencia.
CUARTO.- LÍBRENSE por Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] En adelante F.R.A.
[2] Ver la detallada sustentación de cada una de las
causales en el cuaderno 5, folios, 162-308,  mencionados.
[3] En el cuaderno 2 a folio 42 aparece una Constancia
Secretarial fechada el 2 de noviembre de 2004 por medio de la cual el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Cartagena Sala Civil Familia hace constar que “El
presidente de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena,
mediante Resolución No. 001 de dos de noviembre de 2004, teniendo en cuenta el
Acuerdo No. 019 de fecha 11 de octubre del presente año, emanado de la Sala
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, que determinó el cierre
extraordinario para la sistematización, información, estadísticas de los
despachos judiciales, ordenó las suspensión de los términos en el
trámite de los procesos de la Sala Civil Familia de ésta Corporación, durante
el lapso que transcurre del 2 de noviembre al 5 del mismo mes del año en
curso.” (Énfasis dentro del texto).
[4] En el cuaderno 2 a folios 159-160 aparece la
fotocopia de una providencia emitida por el Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Cartagena Sala Civil Familia por medio de la cual se declara
incompetente para conocer del recurso incoado pues “se observa que la acción
de tutela se dirige contra una entidad del sector privado de función pública,
descentralizada por colaboración o funciones de la administración a
particulares, su conocimiento corresponde en primera instancia, a los Jueces
Civiles Municipales o con categoría de tales, de conformidad con lo normado en
el inciso segundo del numeral 3º del artículo 1º del Decreto 1382 del 2000.”
Con fundamento en lo anterior, el Tribunal resuelve decretar la nulidad de toda
la actuación “de esta instancia a partir del auto admisorio de fecha 22 de
Septiembre de 2004, del Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena y la
surtida en esta instancia inclusive.” El Tribunal se abstiene de emitir
cualquier pronunciamiento de fondo en este asunto y ordena la remisión de todo
lo actuado a la Oficina Judicial de Cartagena a fin de que proceda a repartirlo
entre los Jueces Municipales o con categoría de tales en la localidad.
[5]
Auto del 29 de junio de 2004, Expediente AC-10203, M. P. Nicolás Pájaro
Peñaranda.
[6] En el ordenamiento jurídico colombiano numerosas
disposiciones hacen alusiones a la justicia arbitral, tales como el Decreto
2279 de 1989, La Ley 23 de 1991, la Ley 80 de 1993, y la ley 446 de 1998. El
Decreto Ley 1818 de 1998 “por medio del cual se expide el estatuto de los
mecanismos alternativos de solución de conflictos” compiló tales
disposiciones en un solo cuerpo normativo, sin embargo, como es lógico no
incluyó preceptos posteriores a su expedición, tales como la Ley 546 de 1999.
[7] En aquella ocasión la Corte Constitucional se
pronunció sobre  la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 13 del
Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162
de la Ley 446 de 1998; contra el artículo 15 del Decreto 2651 de 1991, adoptado
como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, y cuyos
numerales 3º y 4º fueron modificados por el artículo 119 de la Ley 446 de 1998;
y contra los artículos 119, 121 y 122 de la Ley 446 de 1998. El problema
jurídico que examinó la Corte en aquella oportunidad fue si las disposiciones
acusadas desconocían lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Nacional
- esto es, la naturaleza excepcional de la justicia arbitral ejercida por los
particulares o por autoridades no judiciales - al atribuir funciones arbitrales
a los centros de arbitraje y a su director en la llamada fase prearbitral.
[8]
Sentencia C-431 de 1995.
[9]
Sentencia C-1436 de 2000.
[10]
Sentencias C-431 de 1995.
[11] Ver sentencias T-570 de 1994, T-057 de 1995, T-299 de 1996, SU-600 de
1999, T-121 de 2002, T-1089 de 2002, T-136 de 2003, T-192 de 2004, T-800 de
2004 y T-839 de 2005.
[12]
Se trataba de una acción interpuesta contra un laudo arbitral por el apoderado
de una de las partes del proceso, quien consideraba que en dicha decisión se
había incurrido en una vía de hecho al haber interpretado el tribunal arbitral
el acuerdo que existía entre las partes en conflicto como un contrato de
agencia comercial, dando un alcance a la figura de “actuación por cuenta de
otro” que, en su criterio, era distinto al que consagraba la ley.
Simultáneamente el apoderado había interpuesto recurso de anulación ante el
Tribunal Superior de Distrito Judicial competente pero argumentaba, en sede de
tutela, que el recurso interpuesto no era idóneo para resolver errores in
iudicando como el que se imputaba en el laudo, a pesar que en recurso de
anulación argumentaba lo contrario.
[13]
La Fundación Clínica Shaio y algunos de sus pacientes interpusieron acción de
tutela contra el laudo proferido en equidad por un tribunal arbitral
obligatorio convocado como consecuencia del fracaso de la etapa de arreglo
directo en un conflicto laboral colectivo suscitado entre la Fundación Clínica
Shaio y sus trabajadores sindicalizados. Alegaban los solicitantes que el laudo
arbitral y la sentencia de homologación incurrían en un defecto fáctico al no
haber apreciado las pruebas que indicaban la crítica situación económica de la
Clínica y la necesidad de reducir la carga laboral y en un defecto sustantivo
por no haberse motivado debidamente el laudo-. Adicionalmente sostenían que el
cierre eventual de la Clínica como consecuencia del laudo llevaría a desconocer
derechos fundamentales de sus pacientes.
[14]
[Cita sentencia SU-837 de 2002] Cabe aquí recordar brevemente la doctrina
constitucional de la tutela por vías de hecho: “(L)a acción de tutela (contra
providencias judiciales por vías de hecho) sí es procedente cuando se
configuran claros presupuestos que evidencian la presencia de defectos de orden
sustantivo, fáctico, orgánico y procedimental, en alguna de estas hipótesis:
(1) presente un grave defecto sustantivo, es decir, cuando se encuentre basada
en una norma claramente inaplicable al caso concreto; (2) presente un flagrante
defecto fáctico, esto es, cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en
que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente
inadecuado; (3) presente un defecto orgánico protuberante, el cual se produce cuando
el fallador carece por completo de competencia para resolver el asunto de que
se trate; y, (4) presente un evidente defecto procedimental, es decir, cuando
el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar
trámite a determinadas cuestiones”, Sentencia T-555 de 2000, , que recoge la
sentencia T-231 de 1994, en la cual se sistematizan  los defectos que, de
presentarse en grado sumo, pueden justificar la interposición de una acción de
tutela contra una providencia judicial por vías de hecho.
[15] Se examinaban los fallos proferidos en el trámite de
la acción de tutela interpuesta por CARBOANDES en contra del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio
de Valledupar, el Tribunal de Arbitramento conformado para resolver las
demandas presentadas por SORIA y CARBOANDES y la Sala Civil-Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, a fin de que se dejara
sin efectos el laudo arbitral del proferido por el tribunal convocado debido a
que éste incurrió en vía de hecho por defecto fáctico, pues desconoció pruebas
que demostraban que SORIA había incumplido con sus obligaciones contractuales,
en particular su obligación de mantener vigentes los permisos administrativos
(ambientales) para ejecutar el contrato.
[16] Se trataba de una acción de tutela interpuesta contra
un laudo arbitral que condenaba a la Nación –Ministerio de agricultura y
desarrollo rural a pagar los perjuicios ocasionados a dos sociedades
comerciales por el  incumplimiento de obligaciones contractuales. Alegaba el
apoderado del Ministerio que el laudo arbitral era nulo, dado que los
funcionarios que acordaron convocar al Tribunal actuaron por fuera de su
competencia, y en razón de las violaciones del debido proceso en que habría
incurrido el fallador.
[17] Una empresa de servicios públicos domiciliarios
interpuso de tutela contra el tribunal arbitral convocado para dirimir las
controversias contractuales suscitadas en la ejecución de un contrato suscrito
para levantar la cartografía de los departamentos de Córdoba y Sucre y el censo
de los usuarios a los cuales Electrocosta le prestaba el servicio de energía
eléctrica en tales departamentos.  Alegaba el solicitante que el laudo arbitral
y su posterior aclaración incurrían en defecto sustantivo y en defecto fáctico.
El presunto error sustantivo se presentó, toda vez que interpretó de manera
irrazonable las cláusulas del contrato en cuestión y los términos del acta de
liquidación del mismo. Por su parte, el presunto error fáctico se presentó, porque
el Tribunal no valoró las pruebas que demostraban plenamente el incumplimiento
del contrato por parte de Electrocosta y el desequilibrio económico del
contrato que esto implicaba, en virtud de los mayores tiempos en la ejecución
del contrato que se habían generado.
[18]
Tales defectos fueron expuestos brevemente en la sentencia C-590 de 2005 en los
siguientes términos:
“25.  Ahora, además de los requisitos generales
mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia
judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En
este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra
una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o
defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente,
de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina
cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece
del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos
en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g.  Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h.  Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i.  Violación directa de la Constitución.”
[19] Contra todo laudo arbitral nacional que verse sobre
materias civiles, comerciales o referentes a contratos estatales procede el
recurso extraordinario de anulación, respecto de los laudos proferidos por los
tribunales convocados para dirimir un conflicto laboral está consagrado el
recurso de homologación (art. 143 del C. S. T. compilado por el artículo195 del
decreto 1818 de 1998). Las causales que pueden ser invocadas para interponer el
recurso varían de acuerdo a la materia del asunto examinado por la justicia
arbitral. Respecto de los laudos proferidos por tribunales arbitrales
convocados para dirimir controversias originadas en contratos estatales las
causales aplicables son las previstas en el artículo 72 de la Ley 80 de 1993
(compiladas en el artículo 230 del Decreto 1818 de 1998), en las restantes
materias las causales de anulación aplicables son las previstas en el artículo
38 del Decreto 1279 de 1989 (compiladas en el artículo 163 del Decreto 1818 de
1998). Los motivos de impugnación previstos en estas disposiciones son de
naturaleza esencialmente formal (falta de competencia del tribunal, fallos ultra
y extrapetita, etc.) y prima facie vedan a la justicia estatal el examen
de los argumentos formulados para adoptar la decisión. Ahora bien, las causales
enunciadas en el artículo 72 de la Ley 80 de 1993 con relación a los laudos que
versen sobre controversias en materia de contratación estatal son aún más
limitadas que aquellas previstas por el artículo 38 del Decreto 1279 de 1989
respecto de los laudos arbitrales en asuntos civiles y comerciales porque no
están contemplados como motivos para interponer el recurso de anulación la
nulidad absoluta del pacto arbitral proveniente de objeto o causa ilícita, ni
los demás motivos de nulidad absoluta o relativa del pacto arbitral alegados en
el proceso arbitral y no saneados o convalidados en el transcurso del mismo, ni
el haberse proferido el laudo después del vencimiento del término fijado para
el proceso arbitral o su prórroga entre otras. Sin embargo, la Sección Tercera
de la Sala de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado, al conocer
de los recursos de anulación interpuestos contra laudos arbitrales mediante los
cuales se resolvían controversias originadas en contratos estatales, ha
sostenido que es competente para declarar nulidad del pacto arbitral en el
evento en que constate la ocurrencia de cualquiera de las causales de nulidad
absoluta del mismo y se cumplan los requisitos señalados en el inciso 3 del
artículo 87 del C. C. A., esto es, que la causal de nulidad haya sido
plenamente demostrada en el proceso y que en el éste hayan intervenido las
partes contratantes o sus causahabientes (Ver sentencia de junio 8 de 2000,
Radicación 16973 M. P. Alier Hernández Enríquez). Del mismo modo ha
interpretado la causal prevista en el numeral 4 del artículo 230 del Decreto
1818 de 1998 (haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de
los árbitros) en un sentido amplio, pues entiende que cobija tanto los asuntos
que las partes decidieron excluir de la competencia del tribunal, como aquellos
que la ley previó excluir de su conocimiento, como por ejemplo el haber
proferido el laudo después del vencimiento del término fijado para el proceso
arbitral o su prórroga (Ver sentencia de 23 de agosto de 2001, Radicación 19090
C. P. Jesús María Carrillo Ballesteros reiterada, entre otras, en la sentencia
proferida el 4 de julio de 2002, expediente 21217).
[20] En el ámbito de la doctrina existen muy diversas
aproximaciones frente a la naturaleza y alcance de la justicia arbitral. Casi
todas las distintas perspectivas coinciden, no obstante, en que los rasgos más
notables de la justicia arbitral son, de un lado, el principio de autonomía del
pacto arbitral y, de otro, el principio denominado de competencia (llamado en
lengua alemana Kompetenz-Kompetenz). El objetivo de estos dos principios
consiste en garantizar que la justicia arbitral habrá de poder efectuarse de
modo autónomo e independiente frente a la justicia estatal.
Ahora
bien, los distintos puntos de vista comienzan a distanciarse cuando se trata de
fijar los alcances de esta justicia con respecto a las posibles interferencias
por parte de la justicia estatal. Así, existe una perspectiva que se podría
denominar radical y sostiene la entera inmunidad de la justicia arbitral
respecto de la justicia estatal. Consecuencia del principio de autonomía, según
esta perspectiva radical, es permitir a los árbitros resolver las controversias
relativas a la existencia o a la validez del contrato principal que contiene el
pacto arbitral  o al que se relaciona con él. Otra parte de la doctrina, no
obstante, estima que cuando se trata de problemas jurídicos tales como la
inexistencia del consentimiento y de la transmisión del pacto arbitral, el
principio de autonomía no debería ser aplicado.
El
segundo principio denominado por la doctrina con la expresión de origen alemán Kompetenz-Kompetenz,
implica que los árbitros son los únicos que pueden dirimir todo conflicto en
relación con su propia competencia. Este principio tan radical, ha sido también
matizado. Se ha abandonado el sentido tajante de la expresión y además se le ha
dado una nueva denominación. Se reemplazó la expresión alemana por una que la
doctrina ha llamado franco-inglesa competence-competence. De conformidad
con esta nueva aproximación, a la justicia arbitral le corresponde una
prioridad en el tiempo respecto de la justicia estatal. Para ponerlo en otros
términos: si bien los árbitros no son los únicos autorizados para resolver las
controversias al respecto de la competencia arbitral, tienen la prioridad en el
tiempo, esto es, ellos deciden primero lo relativo a las controversias que se
puedan presentar y únicamente después puede actuar la justicia estatal.
Esta
interpretación de la expresión competence-competence implica dos asuntos:
por una parte, que cualquier controversia que se presente sobre la existencia,
validez o alcance de la cláusula compromisoria o compromiso dentro del proceso
arbitral no apareja como consecuencia la necesidad de recurrir a la justicia
estatal para resolverla. Por otra parte, implica que una vez ha actuado la
justicia arbitral puede eventualmente actuar la justicia estatal.
De conformidad con lo
anterior, ha dicho la doctrina, los dos principios característicos de la
justicia arbitral se complementan. El principio de autonomía se orienta a
conferirle a los árbitros la competencia de pronunciarse sobre las
controversias al respecto de la validez o existencia del contrato principal; el
principio de competence-competence, entretanto, le permite a los
árbitros pronunciarse sobre la validez o existencia de la cláusula arbitral. La
existencia de estos dos principios es justamente la que, a juicio de la
doctrina, le da sentido y razón de ser al arbitramento. Al
respecto consultar el artículo escrito por Eduardo Silva Romero “Breves
observaciones sobre el principio Kompetenz-Kompetenz” en: El Contrato de
Arbitraje, autores varios, Universidad del Rosario y Legis, Bogotá, 2005,
p.p. 579-787
[21] Salvo
el caso examinado en la sentencia T-920 de 2004.
[22] Sentencia T-608 de 1998.
[23] Sentencias T-008 de 1998 y T-189 de 2005.
[24] Ver sentencia T-205 de 2004.
[25] Al respecto, consultar sentencias T-804 de 1999 y
T-522 de 2001.
[26] Esta Corporación, mediante la sentencia T-1244 de
2004 manifestó que la autoridad judicial (juez laboral) había incurrido en una
causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
por defecto sustantivo, al negar la indexación de la primera mesada pensional,
al argumentar que la norma aplicable no lo permitía, a pesar de que la
interpretación que había hecho la Corte Constitucional en varias sentencias de
constitucionalidad señalaban el sentido de la norma y la obligación de indexar.
Ver también, sentencia T-462 de 2003.
[27] Consultar sentencias T-694 de 2000 y T-807 de 2004.
[28] Corte constitucional, Sentencia T-056 de 2005.
[29] Sentencia SU-159 de 2002.
[30] Sentencia
SU-837 de 2002.
[31] En al sentencia SU-038 de 2003 sostuvo esta
Corporación: “De lo anterior se desprende que (i) el juez constitucional tiene
facultades limitadas para estudiar el proceso y la sentencia judicial sometida
a su control; (ii) únicamente podrá cuestionar aquellos aspectos del trámite
del proceso y la sentencia que, de suyo, conlleven a la violación de un derecho
fundamental. Así las cosas, frente al caso que ocupa a la Corte, salvo que
resulte claro que la interpretación que hizo el juez natural (tribunal de
arbitramento) del contrato y las obligaciones de las partes, viole un derecho
fundamental, no le corresponde al juez de tutela invalidar o desconocer la
postura del juez natural.”.
En
el mismo sentido se afirma en la sentencia T-920 de 2004:
“De
aceptarse vía de hecho frente a interpretaciones razonables se estaría llegando
a afirmar que sería procedente dejar sin efectos una providencia judicial
simplemente porque el criterio del juez de tutela no coincide con el del
fallador accionado.
No
obstante, cuando se evidencia que el alcance dado por el juez o el particular
que administre justicia a la norma aplicable al caso es totalmente
caprichoso, arbitrario o equivocado sí es dable hablar de vía de hecho”
(negrillas en el texto).
[32] Ver sentencia T-567 de 1998.
[33] Sentencia Ibídem.
[34] Ibídem.
[35] Cfr. sentencia T-239 de 1996. Para la Corte es claro
que, “cuando un juez omite apreciar y evaluar pruebas que inciden de manera
determinante en su decisión y profiere resolución judicial sin tenerlas en
cuenta, incurre en vía de hecho y, por tanto, contra la providencia dictada
procede la acción de tutela. La vía de hecho consiste en ese caso en la ruptura
deliberada del equilibrio procesal, haciendo que, contra lo dispuesto en la
Constitución y en los pertinentes ordenamientos legales, una de las partes
quede en absoluta indefensión frente a las determinaciones que haya de adoptar
el juez, en cuanto, aun existiendo pruebas a su favor que bien podrían resultar
esenciales para su causa, son excluidas de antemano y la decisión judicial las
ignora, fortaleciendo injustificadamente la posición contraria”.
[36] Ver Sentencia T-576 de 1993.
[37] Ver, por ejemplo, la ya citada sentencia T-442 de 1994.
[38] Ver Sentencia T-538 de 1994.
[39]
Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.
[40]
Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.
[41]
Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de
2001.
[42]
Sentencia T-685 de 2003.