T-386-03
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-386/03
LICENCIA DE MATERNIDAD-Pago por allanamiento a la mora por EPS/ACCION
DE TUTELA-Inmediatez
En el caso
sub exámine se evidencia que la acción de tutela se interpuso el 3 de octubre
de 2002, fecha para la cual ya había expirado el tiempo de la licencia de
maternidad. Según consta en el expediente (folio 34) aquella inició el 25 de
marzo de 2002. Así las cosas, se está ante un perjuicio causado que hace
improcedente el amparo invocado. Sin embargo, ello no se opone a que el pago de
esta prestación económica se exija ante la jurisdicción laboral ordinaria, la
cual le corresponde conocer de tales casos. Lo mismo se decidirá respecto de la
solicitud de pago de la incapacidad médica generada aproximadamente un año
antes de la solicitud de amparo.
Referencia:
expediente T-690286
Asunto: Acción de tutela interpuesta por
María Cristina Blanco Becerra contra la EPS Compensar.
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL.
Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos
mil tres (2003).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Rodrigo Escobar Gil, Presidente,
Marco Gerardo Monroy Cabra y Eduardo Montealegre Lynett, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de
revisión de los fallos proferidos por los Juzgados Veinte Civil Municipal y
Tercero Civil del Circuito, ambos de Bogotá.
I.
ANTECEDENTES
1. La solicitud
La demandante solicita
la protección de sus derechos a la vida, y al mínimo vital, entre otros,
presuntamente vulnerados por la EPS Compensar por la negativa a pagarle una
incapacidad de quince días y la licencia de maternidad a la que afirma tener
derecho.
2. Hechos
2.1. La demandante el 6 de octubre de 2001
debido a su estado de embarazo (para la fecha contaba con 14 semanas de
gestación) tuvo una incapacidad inicial de ocho (8) días, la cual fue
prorrogada por siete (7) días más y cuyas constancias, según la señora  Blanco
Becerra no fueron recibidas por la entidad demandada bajo el argumento que el
empleador - Empresa Servicios de Asistencia Legal Ltda- no había pagado
oportunamente los aportes.
2.2. La Fundación Clínica David Restrepo,
expidió a la petente un certificado de incapacidad laboral por licencia de
maternidad por el término de 84 días contado a partir del 25 de marzo de 2002.
2.3. Según la demandante en el mes de
abril de 2002, presentó toda la documentación requerida para el pago de la
citada prestación, pero la EPS se negó a recibirla aduciendo que el empleador
había incurrido en mora en el pago de los aportes.
2.4. El 24 de mayo de 2002 se presentaron
nuevamente  ante la entidad accionada los documentos necesarios para el
reconocimiento y pago de la licencia de maternidad. Así mismo se informó que el
empleador efectuó oportunamente el pago de los aportes de por lo menos cuatro
(4) meses de los seis (6) meses anteriores al inicio de la licencia de
maternidad.
2.5. El 28 de mayo de 2002, la Empresa
Promotora de Salud demandada, a través de la Gerente del Área de Compensación
informó a la actora que no era posible acceder al reconocimiento y pago de la
licencia de maternidad por cuanto no se cumplieron los requisitos legales
señalados para tal fin.
2.6. Señala la demandante que se desempeña
como Asistente Judicial en la Empresa Servicios de Asistencia Legal Ltda,
devengando como salario el mínimo legal.
II. DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN
3.1. Primera Instancia
El Juzgado Veinte Civil Municipal de
Bogotá,  mediante sentencia de octubre 22 de 2002, denegó el amparo solicitado.
El a quo sustentó su decisión argumentando que las diferentes
prestaciones económicas solicitadas a la EPS Compensar, no son objeto de
conocimiento y decisión por vía de tutela pues se está ante la causal de
improcedencia consagrada en el artículo 6 numeral 1 del Decreto 2591 de 1991,
en  cuanto la accionante dispone  en este caso de otro mecanismo de defensa
judicial cual es la jurisdicción laboral. Señala, así mismo que tampoco se acredita
la existencia de un perjuicio irremediable que haga viable el amparo ni
siquiera transitoriamente.
3.2 Impugnación
La demandante impugnó la decisión de
primera instancia, considerando que la negativa de la EPS Compensar de pagarle
las incapacidades mencionadas vulnera el mínimo vital tanto de ella como de su
hija toda vez que tan sólo devenga el salario mínimo legal vigente y se
encuentra en una precaria situación económica que hace imperiosa la necesidad
de obtener esos dineros.
Afirmó que el fallo de primera instancia
desconoce la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la cual ha afirmado
reiterativamente que cuando se vulnera el derecho al mínimo vital de la
trabajadora y de su hijo con el no pago de la licencia de maternidad por parte
de la E.P.S. es viable lograr a través de la acción de tutela la protección de
esos derechos. Extrae apartes de la Sentencia T-205/99.
Así mismo, señaló que el a quo
desconoció la jurisprudencia constitucional, según la cual, la entidad
demandada no puede negarse a pagar la licencia de maternidad si se allanó a la
mora, como sucede en este caso, pues de lo contrario se estaría imponiendo al
trabajador una carga desproporcionada. Extrae apartes de la Sentencia
T-177/98
3.3. Segunda Instancia
El Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Bogotá, mediante sentencia de diciembre  4 de 2002, confirmó la decisión de
primera instancia. Para el ad quem , “ [l]a EPS COMPENSAR no le está
vulnerando a la accionante el derecho al mínimo vital, por el hecho de no
reconocerle la licencia de maternidad, en razón a que no está probado que esos
dineros constituyan el único sustento de ella y de la recién nacida; antes por
el contrario, del hecho sexto de la solicitud de tutela, se infiere que está
recibiendo un salario por estar desempeñándose como Asistente Judicial de la
Empresa Servicios de Asistencia Legal Ltda.”
III.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
1. Competencia
La Corte Constitucional es competente, a través de
esta Sala de Revisión, para revisar la sentencias proferidas dentro de los
procesos de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86 y
241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos
31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Consideraciones de la Sala
2.1 Procedencia de la acción de tutela para proteger
el mínimo vital de la madre y/o hijo durante la licencia de maternidad.
En aras de otorgar una protección efectiva para la
mujer no sólo durante la época de gestación sino después del parto,  la
Constitución Política consagró en el artículo 43,  que .... “Durante el
embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del
Estado...”.
Esta disposición constitucional es desarrollada en la
legislación laboral interna, la cual establece que la madre tiene derecho al
descanso remunerado en el periodo posterior al parto (Art. 236 C.S.T.). El
objetivo de la licencia de maternidad como también se conoce es permitirle a la
mujer su total recuperación física y la asistencia al recién nacido durante los
primeros meses de vida.
Bajo este entendido, la licencia de maternidad es una
prerrogativa de rango legal y prestacional, que permite el goce efectivo de
otros derechos, de raigambre constitucional, tales como el derecho a la salud
en conexidad con la vida,  el mínimo vital y los derechos de los niños por
ejemplo, a la integridad física, la salud, la seguridad social y  la
alimentación equilibrada.
Esta Corporación, al interpretar el
contenido y alcance del artículo 43 de la Constitución Política y con el fin de
garantizar la protección señalada en el canon mencionado, ha considerado en
forma reiterada que si bien la acción de tutela no procede para ordenar el
reconocimiento y pago de una prestación laboral, excepcionalmente es posible
exigirla en estos casos, pues con esta omisión la entidad demandada vulnera no
sólo el mínimo vital de la madre sino también el del recién nacido, por cuanto
la prestación económica de la licencia de maternidad es el único ingreso de la
mujer gestante, y por ende se deriva el sustento de ella y del menor. En caso
contrario, es decir, cuando la vulneración al mínimo vital no se acredita
dentro del trámite de la respectiva acción de tutela, el pago de la licencia se
hace solamente exigible a través de la jurisdicción laboral ordinaria[1].
En la Sentencia T-765 de 2000, la Corte
señaló los presupuestos que se requieren para que el derecho prestacional
consignado en el artículo 43 Superior adquiera naturaleza fundamental. Al
respecto se indicó:
“a) Si bien el
artículo 43 de la Carta consagra un derecho prestacional en favor de la mujer y
el recién nacido, éste puede adquirir el rango de fundamental por conexidad con
otros derechos como la vida digna, la seguridad social y la salud de la madre y
del bebe. De ahí que, en algunas ocasiones, los derechos a la especial asistencia
y protección durante y después del embarazo, adquieren categoría ius
fundamental. Sentencias T-175 de 1999, T-210 de 1999, T-362 de 1999, T-496
de 1999.
b) El derecho al pago
de la licencia de maternidad adquiere relevancia constitucional cuando su
vulneración o amenaza afectan el mínimo vital de la madre y el recién nacido. Sentencias
T-568 de 1996, T-104 de 1999, T-365 de 1999, T-458 de 1999,
c) En virtud de lo
anterior, el pago de la prestación económica debe discutirse ante la
jurisdicción ordinaria competente, salvo si existe afectación del mínimo vital,
en cuyo caso, adquiere competencia la jurisdicción constitucional. Sentencias
T-139 de 1999, T-210 de 1999.
d) En aquellos casos
en los que la licencia de maternidad constituye salario de la mujer gestante y
éste es su único medio de subsistencia y el de su hijo, la acción de tutela
procede para proteger el mínimo vital. Sentencia T-270 de 1997, T-567 de
1992 .
En esta oportunidad la Corte reitera la jurisprudencia
constitucional que establece que la acción de tutela procede para ordenar el
reconocimiento y pago de la licencia de maternidad debido a que con esta
omisión la entidad demandada vulnera no sólo el mínimo vital de la madre sino
también el del recién nacido.
2.2    Oportunidad de la acción de tutela. Perjuicio
Causado. Allanamiento a la mora.
Como se indicó anteriormente, la licencia de
maternidad tiene como finalidad la de proveer el sustento y posibilitar el
ejercicio de los derechos fundamentales de la madre y del recién nacido en el
período posterior al parto; objetivo que permite ubicar esta prestación en el
rango de las que conforman el mínimo vital de aquellos. Vencido este término la
licencia pierde tal carácter[2].
En virtud de lo anterior, la jurisprudencia
constitucional estimó que para el evento específico del pago de la licencia de
maternidad , la protección en sede de tutela se torna improcedente si la acción
se interpone después de que ha expirado su término - doce semanas según  el
artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo -. Esto es así pues, se presume
que la madre que solicita el amparo después del término de la incapacidad  no
requirió de esta prestación económica para solventar sus necesidades económicas
y las del recién nacido durante ese lapso. Por ello, el juicio de afectación
del mínimo vital tendrá que ser necesariamente negativo[3].
Así mismo, se ha indicado que si transcurre el término
señalado y no se ha cancelado el descanso remunerado respectivo, se presenta un
perjuicio causado que impide proteger los derechos a través de la acción de
tutela, al tenor del artículo 6° numeral 4 del Decreto 2591 de 1999.
Finalmente es de advertir que frente a la
justificación constante de las Entidades Promotoras de Salud para negarse a
pagar la licencia de maternidad y que tiene que ver con la mora en que incurre
el empleador en el pago de los aportes, esta Corporación ha sostenido[4] que si la entidad no se
opone al pago extemporáneo de los aportes, se allana a la mora. En
consecuencia, no puede posteriormente negarse a pagar la prestación económica
mencionada bajo este argumento.
3. Caso concreto
En el caso sub exámine se evidencia que la
acción de tutela se interpuso el 3 de octubre de 2002, fecha para la cual ya
había expirado el tiempo de la licencia de maternidad. Según consta en el
expediente (folio 34) aquella inició el 25 de marzo de 2002. Así las cosas, se
está ante un perjuicio causado que hace improcedente el amparo invocado. Sin
embargo, ello no se opone a que el pago de esta prestación económica se exija
ante la jurisdicción laboral ordinaria, la cual le corresponde conocer de tales
casos. Lo mismo se decidirá respecto de la solicitud de pago de la incapacidad
médica generada aproximadamente un año antes de la solicitud de amparo.
En virtud de lo anterior, la Sala habrá de
confirmar los  fallos proferidos por los Juzgados Veinte Civil Municipal y
Tercero Civil del Circuito, ambos de  Bogotá, que negaron la acción de tutela
interpuesta.
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional de la República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución Política
RESUELVE
PRIMERO.- CONFIRMAR las sentencias proferidas por los por los Juzgados Veinte
Civil Municipal y Tercero Civil del Circuito ambos de  Bogotá que negaron la
acción de tutela interpuesta por la Señora  María Cristina Blanco Becerra por
las razones consignadas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO.-
Por Secretaría General líbrense las comunicaciones previstas en el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
Ponente
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO
MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1] Véanse. Sentencias T-765/2000 ;  T-075, T-157, T-161, T-473,
T-572, T-736,T-1224 de 2001 ; T-996/2002 ; T-118/03
[2] Veáse. Sentencia T-029/03.
[3] Véanse. Sentencia T-075/01, T-1224/01, T-029/03, T-118/03
[4] Véanse. Sentencia T-458/99, T-513/01, T-211/02, T-885/02, T-118/03