T-612-99
Sentencia T-612/99
Sentencia T-612/99
DERECHO A LA
IGUALDAD-Reiteración
de doctrina constitucional
La labor de reiteración, es fundamental
para garantizar el derecho a la igualdad de personas que acuden a la acción de
tutela, con la esperanza de obtener el mismo tratamiento que los jueces de
constitucionalidad han brindado en casos semejantes, y que la jurisprudencia de
la Corte se ha encargado de unificar.
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional pago de acreencias
laborales
Como regla
general, la tutela no es el mecanismo idóneo para obtener el pago de
obligaciones originadas en la relación laboral. Sin embargo, la jurisprudencia
ha señalado concretas excepciones que guardan relación con las específicas
circunstancias de cada caso y con la afectación de derechos fundamentales.
DERECHO AL MINIMO
VITAL DEL TRABAJADOR-Pago
oportuno de salarios
La persona
requiere de un mínimo de elementos materiales para subsistir. La consagración
de derechos fundamentales en la Constitución busca garantizar las condiciones
instrumentales necesarias para la dignificación del ser humano y el libre
desarrollo de su personalidad. Una prestación económica como el salario, cuando
se constituye en el único ingreso de la persona, y de quienes de ella dependen,
contribuye a la obtención de los medios indispensables de supervivencia, y en
esa medida, se convierte en recurso vital.
EMPLEADOR-Situación económica o
presupuestal no es óbice para desconocer obligaciones laborales
PRINCIPIO DE LA
BUENA FE-Actuaciones
administrativas y judiciales
DERECHO A LA VIDA
DIGNA DEL TRABAJADOR-Pago oportuno de salarios con indexación
Reiteración de jurisprudencia
Referencia:
Expedientes T-212396, T-213693 y T-213695
Acciones de tutela
contra el Director del Hospital de Primer Nivel de Atención Empresa Social del
Estado de Guamal -Meta-, por presuntas violaciones de los derechos al trabajo
en condiciones dignas y justas, al pago oportuno de los salarios y a la salud
Actores: María del
Carmen Acosta Ayala, Cecilia Parra Sanmiguel y Trinidad Oyola López
Magistrado Ponente:
Dr. CARLOS GAVIRIA
DÍAZ.
Santafé de Bogotá,
D.C., veintitrés (23) de agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999).
La Sala Cuarta de
Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados
José Gregorio Hernández Galindo, Alvaro Tafur Galvis y Carlos Gaviria Díaz,
este último en calidad de ponente,
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION,
procede a revisar
los fallos de instancia proferidos en el trámite de los expedientes radicados
bajo los números T-212396, T-213693 y T-213695, acumulados mediante auto del
seis (6) de mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999), proferido por la
Sala de Selección Número Cinco.
I.  ANTECEDENTES
1.  Hechos
Las peticionarias,
desde hace varios años, prestan sus servicios como auxiliares de enfermería y
servicios técnicos al Hospital del Guamal. Afirman que hasta la época de
presentación de la demanda -marzo de 1999-, no se les han cancelado las
obligaciones laborales correspondientes a  la reliquidación de horas extras
dominicales, festivos y recargos nocturnos de 1997; al pago de horas extras
dominicales, festivos y recargos nocturnos de 8 meses de 1998; a la cancelación
de salarios de los meses de enero y febrero de 1999 ; y al pago de aportes
a la E.P.S. - COFREM a la que están afiliadas.
La omisión por parte
de la entidad accionada constituye un  grave atentado contra los derechos
fundamentales que garantizan el pago oportuno de los salarios, el derecho a
gozar de las condiciones mínimas que aseguren la vida digna, y la salud
(artículos 1, 2, 13, 48, 53 C.P.), pues se han visto privadas de ingresos y
atención básica que contribuyen al bienestar personal y el de sus familias.
En consecuencia,
solicitan que se conceda la tutela "como mecanismo transitorio ante un
acto injusto y agresivo que pone en peligro la seguridad familiar y frente al
estado indefenso en que nos encontramos ante el empleador", y se
ordene entonces, el pago de los dineros adeudados.
2.  Fallos de
instancia
Mediante sentencias
del 19 y el 26 de marzo de 1999 -respectivamente-, el Tribunal Administrativo
del Meta decidió NEGAR los amparos invocados con base en las siguientes
consideraciones :
a.     La tutela es un mecanismo residual para la
protección de los derechos, es decir, procede en la medida que no se disponga
de otro recurso judicial para la resolución de un conflicto. Recurriendo a la
jurisprudencia de la Corte Constitucional se afirma que :
a.     La tutela, para que proceda en casos que
involucran el cumplimiento de obligaciones laborales, o para que sirva
efectivamente como mecanismo transitorio de protección, debe involucrar la
violación de otros derechos constitucionales fundamentales, situación que no se
aprecia en los casos estudiados.
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE.
1. Competencia
Esta sala es competente para revisar los
fallos judiciales pronunciados en los casos referidos, en virtud de la
acumulación que de ellos se hiciera en la Sala de Selección y de conformidad
con las disposiciones contenidas en los artículos 86 y 231 de la Constitución
Política y en el Decreto 2591 de 1991.
2. Problema jurídico. Sobre la reiteración
de jurisprudencia
Corresponde nuevamente a la Corte
Constitucional determinar si la administración desconoce los derechos
fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas, al pago oportuno del
salario y al mínimo vital (artículos 25 y 53 C.P.), cuando repetidamente
incumple con el pago de los sueldos a los que legalmente tiene derecho el
trabajador.
Se trata, sin duda, de un tema sobre el
cual este Tribunal se ha pronunciado ya, de tal modo que en esta oportunidad la
Sala reiterará la doctrina establecida sobre el asunto. La labor de reiteración,
es fundamental para garantizar el derecho a la igualdad de personas que acuden
a la acción  de tutela, con la esperanza de obtener el mismo tratamiento que
los jueces de constitucionalidad han brindado en casos semejantes, y que la
jurisprudencia de la Corte se ha encargado de unificar[1]. La doctrina que en
esta oportunidad ha de reafirmarse en los siguientes términos:
a. Como regla
general, la tutela no es el mecanismo idóneo para obtener el pago de
obligaciones originadas en la relación laboral. Sin embargo, la jurisprudencia
ha señalado concretas excepciones que guardan relación con las específicas
circunstancias de cada caso y con la afectación de derechos fundamentales[2].
b. La persona
requiere de un mínimo de elementos materiales para subsistir. La
consagración de derechos fundamentales en la Constitución busca garantizar las
condiciones instrumentales necesarias para la dignificación del ser humano y el
libre desarrollo de su personalidad. Una prestación económica como el salario,
cuando se constituye en el único ingreso de la persona, y de quienes de ella
dependen, contribuye a la obtención de los medios indispensables de
supervivencia, y en esa medida, se convierte en recurso vital[3].
c. La escasez de
recursos económicos no es razón suficiente para justificar la falta de pago de
las obligaciones adquiridas por el Estado[4].
d. Ciertas
consecuencias derivadas de un sistema económico inflacionario, exigen
respuestas jurídicas que contribuyan a proteger derechos fundamentales
susceptibles de traducirse en términos dinerarios. En ese orden de ideas,
resulta equitativo que las frente al incumplimiento  de obligaciones que se
pactan en dinero, se establezcan mecanismos que sirvan de remedio ante la
depreciación y el paso del tiempo[5].
e. El principio de
la buena fe no es un simple postulado retórico acogido por nuestro
ordenamiento. Se trata de un concepto que tiene específicas consecuencias
prácticas y que hace parte integral de todas las actuaciones administrativas y
judiciales[6].
3. Del caso concreto
María del Carmen Acosta Ayala, Cecilia
Parra Sanmiguel y Trinidad Oyola López, de acuerdo con las pruebas que obran en
el expediente, en la actualidad se encuentran vinculadas laboralmente al
Hospital del Guamal, y aún cumplen con sus funciones, a pesar de que la
administración no les paga cumplidamente sus salarios.  Según afirmación del
representante de dicha entidad, esa omisión se debe a la difícil situación
económica por la que atraviesa el sector de la salud.  Sin embargo, como se
anotó, esa justificación no tiene validez constitucional, pues desconoce
flagrantemente el derecho a la mínima subsistencia de quienes, como en el caso
presente, no cuentan con ingresos distintos al salario para sufragar sus
necesidades básicas y las de su familia.
Por otra parte, también se encuentran
indicios de la manera irregular como se ha venido atendiendo el pago de las
cotizaciones a la E.P.S. - COFREM a la que se encuentran afiliadas las actoras,
generando una grave amenaza al derecho a la salud, pues se les ha suspendido el
servicio. No cabe duda, y así se ha reiterado en el presente fallo, que la
adecuada protección a la salud de los trabajadores es un derecho fundamental en
la medida en que se encuentra directamente relacionado con la vida, y conforma
el espectro del mínimo vital por el que deben velar los empleadores.
En lo atinente a la petición de pago de
otras acreencias laborales, distintas al salario y a las cotizaciones para la
E.P.S.-COFREM, es claro que los actores cuentan con la vía ejecutiva laboral y,
en ese sentido, la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para amparar sus
derechos.
Con base en las
anteriores consideraciones, la Corte procederá a REVOCAR las sentencias
proferidas por el Tribunal Administrativo del Meta y en su lugar ORDENAR el
pago de las sumas debidas a las peticionarias por concepto de salarios, en los
términos señalados en esta providencia, es decir, ordenando únicamente el pago
de los salarios adeudados con la respectiva indexación. También se ordenará la
cancelación de las cotizaciones adeudadas a la E.P.S. - COFREM a la que están
vinculadas las actoras, con el propósito de proteger el derecho a la
salud-mínimo vital, injustamente quebrantado por el ente demandado.
La Sala Cuarta de
Revisión de Tutelas,
RESUELVE:
Primero: REVOCAR
los fallos proferidos por el Tribunal Administrativo del Meta, proferidos en
primera instancia los días 19 y 26 de marzo de 1999, dentro de los procesos
instaurados por María del Carmen Acosta Ayala, Cecilia Parra Sanmiguel y
Trinidad Oyola López, respectivamente, y mediante los cuales se negó el amparo
solicitado.
Segundo: TUTELAR el
derecho al trabajo de las peticionarias y en consecuencia, ORDENAR al
Director del Hospital de Primer Nivel de Atención Empresa Social del Estado de
Guamal, el pago de los salarios adeudados a las peticionarias, debidamente
indexados, dentro del término de 48 horas siguientes a la notificación del
presente fallo. En caso de no existir recursos presupuestales suficientes, el
lapso se concede para que se inicien las respectivas operaciones
presupuestales, que deberán efectuarse en el término máximo de 30 días.
Tercero: TUTELAR el
derecho a la salud (mínimo vital), de las actoras y en consecuencia, ORDENAR
al Director del Hospital de Primer Nivel de Atención Empresa Social del
Estado de Guamal, el pago de las cotizaciones debidas a la E.P.S.-COFREM a la
que se encuentran afiliadas las peticionarias, dentro del término de 48 horas
siguientes a la notificación del presente fallo.
Cuarto: PREVENIR a
la autoridad demandada para que se apreste a cumplir lo señalado en este fallo,
so pena de incurrir en desacato, y  para que en lo sucesivo no repita la
omisión que dio origen a la presente acción.
Quinto: COMUNICAR
esta providencia al Juzgado Promiscuo Municipal de Buenavista para los fines
previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
CARLOS GAVIRIA
DIAZ
Magistrado
Ponente
JOSÉ GREGORIO
HERNÁNDEZ GALINDO
Magistrado
ALVARO TAFUR
GALVIS
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]
Corte Constitucional Sentencia T-133 de 1995. M.P. Fabio Morón Díaz.
[2]
Corte Constitucional Sentencias T-001 de 1997. M.P. José Gregorio Hernández
Galindo, T-075 de 1998. M.P. José Gregorio Hernández.
[3]
Corte Constitucional Sentencias T- 015 de 1995. M.P. Hernando Herrera Vergara;
T- 063 de 1995. M.P. José Gregorio Hernández; T-108 de 1998. M.P. Alejandro
Martinez Caballero.
[4]
Corte Constitucional Sentencia T-661 de 1997. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[5]
Ver, entre otras, la sentencia SU-400 de 1997. M.P. José Gregorio Hernández
Galindo.
[6]
Corte Constitucional Sentencia SU-478 de 1997. M.P. Alejandro Martinez
Caballero.