C-947-14
Sentencia C-947/14
ACUERDO DE SERVICIOS AEREOS ENTRE
COLOMBIA Y TURQUIA-Contenido y
alcance
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL
Y LEY APROBATORIA-Características
Esta
Corporación ha manifestado que el mencionado control se caracteriza por ser: i)
previo al perfeccionamiento del tratado pero posterior a la aprobación del
Congreso y a la sanción Presidencial; ii) automático, pues debe ser enviado a
la Corte Constitucional por el Presidente de la República, dentro de los 6 días
siguientes a la sanción gubernamental; iii) integral, puesto que el análisis de
constitucionalidad se realiza tanto a los aspectos formales como a los
materiales de la ley y el tratado; iv) tiene fuerza de cosa juzgada absoluta;
v) es un requisito sine qua non para la ratificación del Acuerdo; y vi) tiene
una función preventiva, en tanto que, su finalidad es garantizar la supremacía
de la Constitución y el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos
por el Estado colombiano.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL
Y LEY APROBATORIA-Reglas y subreglas
jurisprudenciales
ACUERDO DE SERVICIOS AEREOS ENTRE COLOMBIA Y TURQUIA-Derechos y
deberes en operación de servicios aéreos internacionales/CONVENCION DE
AVIACION CIVIL INTERNACIONAL O CONVENIO DE CHICAGO DE 1944-Derecho de vuelo
sobre el territorio de los Estados contratantes/LIBERTADES DEL AIRE-Alcance/LIBERTADES
DEL AIRE-Grupos/LIBERTADES DE TRANSITO O TECNICAS-Permiten a las
aeronaves de un determinado Estado sobrevolar el territorio sin aterrizar o
aterrizar con fines no comerciales sino técnicos/LIBERTADES DE TRAFICO
COMERCIAL-Beneficios con dimensión auténticamente comercial
ACUERDO DE SERVICIOS AEREOS ENTRE COLOMBIA Y TURQUIA-Designación,
autorización, revocación o suspensión de aerolíneas por las partes contratantes
LIBRE COMPETENCIA-Jurisprudencia constitucional
ACUERDO DE SERVICIOS AEREOS ENTRE COLOMBIA Y TURQUIA-Aplicación
de leyes y regulaciones nacionales
ACUERDO DE SERVICIOS AEREOS ENTRE COLOMBIA Y TURQUIA-Tarifas,
impuestos y exenciones tributarias
ACUERDO DE SERVICIOS AEREOS ENTRE COLOMBIA Y TURQUIA-Seguridad
aérea
ACUERDO DE SERVICIOS AEREOS ENTRE COLOMBIA Y TURQUIA-Solución
alternativa de controversias
ARBITRAJE-Contenido
y alcance/ARBITRAJE-Conceptos generales/ARBITRAJE-Naturaleza
jurídica/ARBITRAJE-Respeto del derecho al debido proceso/ARBITRAJE-En
su establecimiento debe garantizarse el acceso a la administración de justicia
ARBITRAJE-Características/ARBITRAMENTO-Figura procesal y
aplicación del debido proceso
Las características del
arbitraje han sido identificadas por la Corte de la siguiente manera: i) voluntariedad: porque existe un acuerdo previo libre y voluntario de las partes en
conflicto de someter sus disputas a un tribunal de arbitramento. En ese
sentido, al ser un instrumento jurídico que desplaza a la jurisdicción
ordinaria en el conocimiento de ciertos asuntos, "… tiene que partir de la
base de que es la voluntad de las partes en conflicto, potencial o actual, la
que habilita a los árbitros para actuar". En ese orden de ideas, “… es deber de las partes,
con el propósito de dotar de eficacia a sus determinaciones, establecer con
precisión los efectos que se siguen de acudir a la justicia arbitral y conocer
las consecuencias jurídicas y económicas subsiguientes a su decisión; sólo así
se puede hablar de un verdadero acuerdo.”; ii) temporalidad: el ejercicio de la función judicial atribuida a los
particulares en calidad de árbitros es transitoria y se limita a la cuestión
propuesta por las partes en conflicto. Para este Tribunal "… no es concebible que  el ejercicio de la jurisdicción,
como función estatal,  se desplace de manera permanente y general a los
árbitros y conciliadores (C.P. art 113)"; iii) excepcionalidad: el ejercicio de jurisdicción
por los particulares tiene límites materiales, como quiera que no todo asunto
puede ser resuelto en un laudo arbitral, pues existen bienes jurídicos cuya
disposición no está sujeta a una resolución arbitral particular, así se haya
estipulado voluntariamente por las partes en conflicto. En ese orden, con
fundamento en el principio de la seguridad jurídica, ciertas materias, como
aquellas relacionadas con la garantía de los derechos fundamentales, no podrán
ser objeto de arbitraje, toda vez que están reservadas a los jueces; y iv) es
una figura de naturaleza procesal: la solución de las controversias jurídicas
sometidas a los particulares investidos de jurisdicción debe realizarse en
concordancia con la Constitución y la ley. En ese sentido, el arbitraje tiene
la naturaleza de un proceso, en el que se respeten las garantías fundamentales
de defensa y contradicción de las partes enfrentadas, a través de etapas y
oportunidades para el debate argumental, la valoración de las pruebas aportadas
y la revisión de los pronunciamientos hechos por las partes.
PRINCIPIO DE
EFECTIVIDAD-Compatible con las instituciones
y mecanismos procesales que dispone la ley para asegurar la capacidad de
acierto de la justicia y a través de los cuales se articula el debido proceso
ARBITRAJE-Mecanismo heterocompositivo y alternativo para
componer conflictos
ARBITRAJE INTERNACIONAL-Contenido y alcance
ARBITRAJE-Instrumentos internacionales
ARBITRAJE
INTERNACIONAL-Reglas
jurisprudenciales
Referencia:
Expediente LAT-427
Asunto:
Revisión de constitucionalidad del “Acuerdo de Servicios Aéreos entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía”,
suscrito en Ankara el 18 de noviembre de 2011 y de su Ley aprobatoria 1689
de 17 diciembre de 2013.
Magistrada
Ponente:
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá,
D.C., 4 de diciembre de dos mil catorce (2014).
La Sala Plena
de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Luís Ernesto Vargas Silva, María Victoria Calle
Correa, Mauricio González Cuervo, Luís Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio
Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Martha
Victoria Sáchica Méndez, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales
y legales, en especial de las previstas en el numeral 10 del artículo 241 de la
Constitución Política, cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados
en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
Dentro
del proceso de revisión de constitucionalidad del “Acuerdo de Servicios
Aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República de Turquía”, suscrito en Ankara el 18 de noviembre de 2011 y de
su Ley aprobatoria 1689 de 17 de diciembre de 2013.
I.
ANTECEDENTES
Con fundamento en el numeral 10 del artículo 241 de la
Constitución Política, la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República
remitió, con oficio número OFI13-00149038/JMSC 33020, del 18 de diciembre de
2013 y radicado en la Secretaria General de esta Corporación en la misma fecha,
fotocopia autenticada de la Ley 1689 del 17 de diciembre de 2013, para efectos
de su revisión de constitucionalidad.
Por auto del 11 de febrero de 2014, la Corte
Constitucional avocó conocimiento para ejercer la revisión de
constitucionalidad del ‘Acuerdo
de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno
de la República de Turquía’, suscrito en Ankara, el 18 de noviembre de 2011” y de su Ley aprobatoria 1689 de
diciembre 17 de 2013 y ordenó la práctica de pruebas.
Vencido el periodo probatorio, el Magistrado Sustanciador,
con auto del 27 de junio de 2014, ordenó: i) fijar en lista las normas
acusadas; ii) correr traslado al Procurador General de la Nación; y iii)
informar la iniciación del proceso de constitucionalidad a los Ministros de
Relaciones Exteriores, Hacienda, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Transporte,
Comercio Industria y Turismo, al igual que a la Unidad Administrativa Especial
de Aeronáutica Civil – AEROVICIL, y a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN, para que intervinieran en el presente proceso.
Surtidos los trámites constitucionales y legales de
este proceso de revisión, procede la Corte a realizar el estudio de
constitucionalidad del instrumento internacional y de su ley aprobatoria.
II. TEXTO DE LA NORMA
La ley aprobatoria del Acuerdo cuya revisión de
constitucionalidad se realiza por la Corte Constitucional, fue publicada en el
Diario Oficial número 49007 del 17 de diciembre de 2013 y por su extensión, se
presenta como anexo de esta sentencia.
III. INTERVENCIONES RECIBIDAS EN TÉRMINOS
1. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
El apoderado especial del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible presentó intervención en la que solicitó a la Corte
declarar la EXEQUIBILIDAD del Tratado y de su ley aprobatoria, que son
objeto de revisión constitucional.
Para el representante judicial del Ministerio, la Ley
1689 de 2013 se ajusta a la Constitución y al derecho internacional, ya que
facilita la expansión de oportunidades de servicios aéreos internacionales, al
estimular el aumento de las relaciones comerciales, turísticas y de inversión,
entre Colombia y Turquía.
Finalizó su intervención manifestando que no encontró
objeciones, ni obstáculos técnicos, en relación con el componente ambiental del
Acuerdo, por lo que solicitó a la Corte declarar la constitucionalidad del
mencionado instrumento internacional.
2. Ministerio de Relaciones Exteriores
La
directora de asuntos jurídicos internacionales del Ministerio de Relaciones
Exteriores presentó intervención en la que solicitó a la Corte declarar la CONSTITUCIONALIDAD
de la Ley 1689 de 2013.
Después de realizar una breve reseña del contenido del
Acuerdo suscrito entre Colombia y Turquía, describió el impacto de la
aprobación del Convenio en la generación de oportunidades comerciales,
facilidades en la oferta, promoción y venta de servicios aéreos y el respeto
por la libre competencia.
Consideró que las disposiciones del Acuerdo garantizan
el respeto por la legislación nacional y la sujeción a instrumentos
internacionales, en materia de seguridad en la aviación civil y la protección
del ambiente. En relación con el trámite legislativo, manifestó que se respetó
el ordenamiento constitucional y legal, por lo que reiteró su solicitud a la
Corte de declarar la exequibilidad de la norma bajo estudio.
3. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
A través de apoderado judicial, la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, presentó intervención en el presente
proceso y solicitó a esta Corporación, la declaratoria de EXEQUIBILIDAD
del Acuerdo y de su ley aprobatoria, que son objeto de estudio por la Corte.
Destacó el interviniente que el Acuerdo es importante
para el país en materia de desarrollo comercial, social, económico y turístico,
al promover, en estos escenarios, entornos competitivos y de equilibrio entre
las partes que lo firman.
En materia aduanera y de gravámenes para las partes
expuso como referente jurisprudencial la sentencia C–132 de 2014, en la que
esta Corporación revisó la constitucionalidad de la Ley 1600 de 2012, “Por
medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Transporte Aéreo entre el Gobierno de
Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América.” y concluyó que el
artículo 7º que hace relación al carácter de exentos, en términos aduaneros, de
los equipos que se encuentran a bordo de las aeronaves, así como los insumos
para la operación, entre otros, son constitucionales en la medida que se
encuentran bajo la supervisión y control de las autoridades aduaneras de cada
país y se cumpla con el requisito de reciprocidad.
Para concluir, manifestó que el trámite y el contenido
del Acuerdo y de su ley aprobatoria, se ajustan a los preceptos
constitucionales.
INTERVENCIONES
EXTEMPORANEAS
Se
recibieron de forma extemporánea en la Secretaria General de esta Corporación,
las intervenciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo[1],
Ministerio de Transporte[2],
y de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – AEROCIVIL[3],
que coincidieron en solicitar a la Corte la declaratoria de exequibilidad del
Acuerdo y de su ley aprobatoria. Sin embargo, no serán tenidas en cuenta para
la adelantar la revisión de constitucionalidad de la referencia.
IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El
señor Procurador General de la Nación, en concepto número 5809 del 31 de julio
de 2014, solicitó a la Corte declarar la EXEQUIBILIDAD, sin ninguna
clase de condicionamiento, del “Acuerdo de servicios aéreos entre el
gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía”,
suscrito en Ankara el 18 de noviembre de 2011, aprobado con Ley 1689 del 17 de
diciembre de 2013.
A
tal conclusión arribó, como consecuencia del análisis formal y material de la
ley aprobatoria del Acuerdo internacional. En efecto, desde la perspectiva
formal, determinó que la etapa pre – legislativa, se surtió de acuerdo con lo
dispuesto en la Constitución y la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados,
firmada el 23 de mayo de 1969. En relación con la etapa legislativa, consideró
que el trámite surtido en el Senado de la República, se realizó con respeto a
los requisitos constitucionales y legales de publicidad, tiempo entre debates,
reglas de quorum y mayorías y del deber de anuncio previo, establecido en el
artículo 160 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 8º del
Acto Legislativo 01 de 2003.
En
el trámite legislativo surtido ante la Cámara de Representantes, el
representante del Ministerio Público advirtió la ruptura de la cadena de
anuncios en la sesión del 30 de octubre de 2013[4].
Sin embargo, ésta se reactivó en sesión del 5 de noviembre de 2013, hasta la
sesión del 19 de noviembre del mismo año, en la que se discutió y aprobó el
proyecto de ley aprobatoria del Acuerdo.
Esta
situación para la Vista Fiscal, no generó un vicio en el procedimiento toda vez
que el proyecto: i) fue discutido y aprobado en sesión previamente anunciada; y
ii) el anuncio se realizó en sesión distinta en la que se efectuó la votación.
Así las cosas, según el Ministerio Público, en reiteración de lo establecido
por esta Corporación, “… no se desconoce la exigencia constitucional cuando
a pesar de presentarse dicha ruptura (en la cadena de anuncios) fue anunciado
en la sesión inmediatamente anterior a la votación del proyecto.” [5].
El
aspecto material del Acuerdo aprobado mediante Ley 1689 de 2013, según la Vista
Fiscal, supera el juicio de constitucionalidad, ya que permite la realización
de los artículos 226 y 227 de la Constitución, en relación con la promoción de
la internacionalización de las relaciones económicas sobre bases de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional.
En
relación con la figura de la “múltiple designación”, entendida como el derecho
de cada parte contratante de elegir una o más aerolíneas, para que éstas puedan
operar los servicios aéreos de acuerdo a los términos contenidos en el
Instrumento internacional, consideró el agente del Ministerio Público que
respeta el principio de la libre competencia, ya que el artículo 15 del Acuerdo
en revisión, estableció el deber de los Estados de informarse mutuamente sobre
sus leyes, políticas y prácticas internas en materia de competencia.
En
ese orden de ideas, advirtió que el Estado colombiano, al implementar el
Acuerdo, debe garantizar el acceso en condiciones de igualdad a los procesos
internos de designación de las aerolíneas que podrán operar los servicios
aéreos, en los términos del Instrumento internacional.
V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1. Conforme a lo establecido en el numeral 10 del
artículo 241 de la Constitución Política, corresponde a la Corte Constitucional
la revisión de constitucionalidad de los tratados internacionales y de sus
leyes aprobatorias.
Esta Corporación ha manifestado que el mencionado
control se caracteriza por ser: i) previo al perfeccionamiento del tratado pero
posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción Presidencial; ii)
automático, pues debe ser enviado a la Corte Constitucional por el Presidente
de la República, dentro de los 6 días siguientes a la sanción gubernamental;
iii) integral, puesto que el análisis de constitucionalidad se realiza tanto a
los aspectos formales como a los materiales de la ley y el tratado; iv) tiene
fuerza de cosa juzgada absoluta; v) es un requisito sine qua non para la
ratificación del Acuerdo; y vi) tiene una función preventiva, en tanto que, su
finalidad es garantizar la supremacía de la Constitución y el cumplimiento de
los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano[6].
Reglas y subreglas jurisprudenciales para el ejercicio
de la revisión formal de constitucionalidad del Acuerdo internacional y su ley
aprobatoria.
2. La revisión del aspecto formal del tratado
internacional y su ley aprobatoria comprende 2 dimensiones: i) el análisis de
la representación válida del Estado colombiano en las fases de negociación,
celebración y firma del Acuerdo internacional; y ii) la plena observancia del
trámite legislativo dispuesto para su ley aprobatoria.
3. En efecto, las leyes aprobatorias de tratados
internacionales no disponen de un procedimiento legislativo especial, por lo
que el trámite que debe seguirse es el de las leyes ordinarias, salvo por 2
especiales requisitos: i) el debate debe iniciarse en el Senado de la
República, por tratarse de asuntos relativos a relaciones internacionales (art.
154 C.P.); y ii) una vez ha sido sancionada la ley por el Presidente, deberá
remitirla a la Corte Constitucional dentro de los 6 días siguientes, para
efectos de la revisión de constitucionalidad (Art. 241 – 10 C.P.)[7].
4. En ese orden de ideas, las reglas y subreglas
jurisprudenciales que guían la labor de esta Sala en el ejercicio de la
revisión formal de la constitucionalidad del tratado internacional y su ley
aprobatoria, son:
Fase previa gubernamental
a. Representación válida del Estado colombiano en las
fases de negociación, celebración y firma del tratado internacional[8].
a.1.
Parámetros de verificación
Ha señalado esta Corporación[9],
que la revisión constitucional de los tratados internacionales y de sus leyes
aprobatorias, incluye el examen de las facultades del representante del Estado
colombiano en las fases de negociación, celebración y firma del respectivo
instrumento internacional.
Tal verificación ha sido realizada por la Corte con
base en los artículos 7º a 10º de la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados de 1969, incorporada al ordenamiento interno por la Ley 32 de
1985, por remisión que hace el artículo 9º de la Carta en el sentido de que las
relaciones exteriores del Estado se fundamentan en el reconocimiento de los
principios aceptados por Colombia.
Como consecuencia de lo anterior, existe una
representación válida del Estado colombiano:
i. Cuando la persona
delegada presenta plenos poderes (7.1-a).
ii. Cuando de la práctica
del Estado o de otras circunstancias, se presume que existe la intención de
considerar a la persona que participa en la negociación como la representante
del Estado para esos efectos, se prescinde de la presentación de plenos poderes
(7.1-b).
iii. Cuando se presume a
partir de las funciones que cumple la persona delegada, que no tiene que
presentar plenos poderes (7.2). En este evento, por razón de sus funciones,
representan a su Estado para los efectos de negociar y adoptar el texto de un
tratado: i) los jefes de Estado, jefes de Gobierno y ministros de relaciones
exteriores (7.2-a); ii) el jefe de la misión diplomática ante el Estado con
el cual se va a celebrar (7.2-b) y iii) el representante acreditado por el
Estado ante una conferencia internacional o ante una organización internacional
o uno de los órganos de ésta (7.2-c)[10].
Siguiendo
con las reglas jurisprudenciales para el análisis formal de la fase previa
gubernativa, se tiene además:
b. Aprobación presidencial y orden de someterlo a
consideración del Congreso de la República (art. 189 No. 2 C.P.).
Fase
legislativa
c. Presentación del proyecto de ley aprobatoria ante el
Senado de la República por parte del Gobierno (art. 154 C.P.).
d. Publicación oficial del proyecto de ley aprobatoria
(art. 156 Ley 5ª de 1992)
e. Inicio del trámite legislativo en la comisión
correspondiente del Senado de la República (art. 154 C.P.).
f. Publicación de la ponencia para debate en comisión y
plenaria (art. 157 y 185 Ley 5ª de 1992)
g. Anuncio previo de votación (art. 160 C.P. adicionado
por el art. 8 Acto Legislativo 03 de 2003)
Subreglas jurisprudenciales.
La Corte ha definido el objetivo del anuncio previo de
los proyectos de ley, a partir de la estrecha relación con la eficacia del
principio democrático. En ese sentido, lo que se pretende con esta exigencia
constitucional es que los congresistas conozcan con la suficiente antelación el
momento en que las iniciativas se someterían a consideración de las cámaras,
sin que sean sorprendidos por votaciones inesperadas. Es una condición de
racionalidad mínima del trabajo legislativo y de trasparencia en el proceso de
creación legal[11].
Las subreglas jurisprudenciales[12]
para analizar el cumplimiento del anuncio previo como requisito son:
i. No exige
el uso de fórmulas sacramentales: No se exige el uso de expresiones lingüísticas
determinadas, lo importante es que tengan la entidad suficiente para transmitir
inequívocamente la intención de someter a votación un determinado proyecto. La
Corte ha aceptado el uso de expresiones como “anunciar”, “discutirán”
y “aprobarán”.
ii.
Determinación de la sesión futura en que tendrá lugar la votación del
proyecto, pues, de lo contrario, hace de aquél un anuncio no determinado ni
determinable que no cumple con la exigencia constitucional: si bien
la exigencia constitucional parte de que en una sesión anterior se anuncien los
proyectos que serán discutidos y votados en una sesión posterior, no es
necesario indicar la fecha exacta en que habrá de realizarse la votación
siempre que sea determinable. Esta Corporación ha avalado expresiones como: “próximo
martes”, “próxima sesión”, “próxima semana”, “siguiente
sesión” y “día de mañana”.
iii.
Continuación de la cadena de anuncios por aplazamiento de la votación. Sin
embargo ante su ruptura, no existe vicio de procedimiento cuando el proyecto
hubiere sido anunciado para debate en sesión anterior a la aprobación:
frente al aplazamiento indefinido de la votación debe continuarse la sucesión
de anuncios a fin de evitar el rompimiento de la secuencia temporal del aviso.
Sin embargo, no se desconoce la exigencia constitucional cuando a pesar de
presentarse dicha ruptura, existió claridad de que se realizaría el debate en
la sesión en que efectivamente se debatió y aprobó el proyecto de ley.
iv.
Se cumple con el requisito de anuncio previo del debate cuando a pesar de no
efectuarse la votación en la fecha prevista, finalmente ésta se realiza en la
primera ocasión en que vuelve a sesionarse, lo cual puede corroborarse atendiendo
el orden sucesivo de las actas de comisión o plenaria de cada Corporación
legislativa[13].
De esta manera, la Corte reitera las subreglas
jurisprudenciales relacionadas con la exigencia del anuncio previo de los
proyectos de ley.
i. Votación. Exigencias de quorum y mayorías (art. 145
y 146 C.P.). El quorum deliberatorio será de una cuarta parte de los miembros
del Congreso en pleno, Cámara o Comisión. El quórum decisorio exige la
asistencia de la mayoría de los integrantes de la respectiva Corporación. En
relación con la toma de decisión, se requerirá la mayoría de votos de los
asistentes, salvo que la Constitución exija expresamente una mayoría especial.
j. Requisito temporal. Que entre el primer y segundo
debate, medie un lapso no inferior a ocho días y que entre la aprobación del
proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra,
transcurran por lo menos quince días (art. 160 C.P.)
Además, el trámite del proyecto de ley aprobatoria no
podrá exceder de 2 legislaturas (art. 162 C.P.)
Fase posterior a la
legislativa
Sanción Presidencial y remisión del texto a la Corte
Constitucional dentro de los 6 días siguientes (art. 241 – 10 C.P.).
Aplicación
de las reglas jurisprudenciales para la revisión material de constitucionalidad
del Acuerdo internacional y de su ley aprobatoria, en el caso concreto.
5. La
revisión material se realiza con la confrontación de las disposiciones del
texto del acuerdo internacional y el de su ley aprobatoria, con las
disposiciones constitucionales, para determinar si se ajustan o no al
Ordenamiento Superior.
Establecido el marco
de análisis, esta Corporación asume la revisión integral del “Acuerdo de Servicios Aéreos entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía”, suscrito en Ankara el 18 de noviembre
de 2011 y de su Ley aprobatoria 1689 de 17 diciembre de 2013.
Revisión formal de constitucionalidad de la Ley 1689
de 17 de diciembre de 2013
6.
Procede la Sala a realizar la revisión formal de constitucionalidad del trámite
de expedición de la Ley 1689 de 17 de diciembre de 2013, con base en las reglas
y subreglas jurisprudenciales definidas anteriormente.
Fase
previa gubernamental.
El Acuerdo de servicios aéreos celebrado entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía,
fue suscrito en Ankara el 18 de diciembre de 2011 y la representación del
Estado colombiano fue ejercida por la doctora María Ángela Holguín Cuellar, en
función de su cargo como Ministra de Relaciones Exteriores[14].
Lo anterior permite concluir a esta Corporación que la
representación del Estado fue válida, a la luz del literal a) del numeral 2º
del artículo 7º de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de
1969, disposición que no exige que se le otorguen plenos poderes a la Ministra
de Relaciones Exteriores, dado que la celebración de tratados internacionales
se encuentra dentro sus funciones ordinarias.
Aprobación Presidencial y orden de someterlo al
Congreso de la República
7. El 10 de mayo de 2012, el Presidente de la República
aprobó el Acuerdo internacional de servicios aéreos celebrado entre Colombia y
Turquía y ordenó someterlo a consideración del Congreso de la República[15],
por lo que se cumplió con la obligación contenida en el numeral 2º del artículo
189 de la Constitución Política, que establece como una de sus funciones la
celebración de tratados internacionales y el deber de someterlos a la
aprobación del Congreso.
Fase
legislativa
Trámite
en el Senado de la República
8. Las Ministras de Relaciones Exteriores, y de
Transporte, doctoras María Ángela Holguín Cuellar y Cecilia Álvarez-Correa Glen
respectivamente, presentaron el 7 de noviembre de 2012, en la Secretaria
General del Senado de la República, el proyecto de ley aprobatoria del Acuerdo
de servicios aéreos celebrado entre Colombia y Turquía, que fue radicado bajo
el número 153/2012[16].
La publicación del proyecto de ley aprobatoria junto con su exposición
de motivos, se realizó en la Gaceta del Congreso número 776 del 8 de noviembre
de 2012[17].
De esta manera se cumplieron los requisitos de: i) iniciación del trámite en el
Senado de la República por tratarse de relaciones internacionales; y ii)
publicación del proyecto previa a la iniciación del trámite legislativo en la
Comisión Segunda de esa Corporación, que como se verá a continuación, fue
anunciado para primer debate el 5 de diciembre de 2012, según lo establecido en
los artículos 154 de la Constitución Política y 156 de la Ley 5ª de 1992.
9. La publicación de la ponencia favorable para primer
debate se realizó en la Gaceta del Congreso número 880 del 4 de diciembre de
2012[18],
en cumplimiento del artículo 157 de la Ley 5ª de 1992.
10. La cadena de anuncios previos del proyecto de ley
para su aprobación en primer debate en la Comisión Segunda del Senado, se
desarrolló de la siguiente manera:
Gaceta
Acta
Anuncio previo
Fecha de sesión del anuncio
Forma del anuncio
Próxima sesión
455 de 26 de junio de 2013
25 de 5 de diciembre de 2012
5 de diciembre de 2012
“La
Presidente, Senadora Myriam Paredes Aguirre:
Solicita al Secretario
anunciar proyectos de ley para la próxima Sesión de Comisión.
El Secretario, doctor Diego
Alejandro González González, procede con el anuncio de proyectos de ley: (…)
4. Proyecto de ley número 153 de
2012 Senado, por medio de
la cual se aprueba el Acuerdo de servicios aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía, suscrita en Ankara, el
18 de noviembre de 2012.
(…) han sido anunciados
los proyectos de ley para discutir en la próxima sesión de Comisión. (…)la
señora Presidenta, Senadora Myriam Paredes Aguirre, informa que se levanta la Sesión y se convoca para el día miércoles a partir de la 09:00
a. m”
456 de 27 de junio de 2013
26 de 2 de abril de 2013
2 de abril de 2013
“Por instrucciones de la
señora Presidenta, me permito dar lectura y anunciar los proyectos de ley
para discutir y votar en la próxima sesión: (…)
4. Proyecto de ley
número 153 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el
Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República de Turquía, suscrito en
Ankara, el 18 de noviembre de 2011. Autores: Ministerios de Relaciones
Exteriores y de Transporte.
Ponente: honorable
Senador Marco Aníbal Avirama Avirama. Publicaciones: Texto del proyecto
de ley: Gaceta del Congreso número 776 de 2012. Ponencia
Primer Debate: Gaceta del Congreso número 880 de 2012.
… han sido anunciados los proyectos de ley para
la próxima sesión. (…)
se levanta la sesión y se convoca para
mañana a partir de las 10:00 a. m.”[19]
3 de abril de 2013
456 de 27 de junio de 2013
27 de 3 de abril de 2013 (aprobación en primer
debate)
11. Observa la Corte que en el acta número 25 del 5 de
diciembre de 2012, la convocatoria para la próxima sesión se fijó para el “día
miércoles a las 9:00 a.m.”, sin embargo, la siguiente sesión se realizó
sólo hasta el 2 de abril de 2013  según consta en el acta número 26 de la misma
fecha, momento en el que se hace nuevamente el anuncio previo para debate y
aprobación para la próxima sesión convocada “… mañana a partir de las 10:00
a.m…”[20],
que se llevó a cabo el 3 de abril del mismo año[21]
y en la que finalmente se aprobó el proyecto de ley en primer debate, según
consta en el acta número 27.
Considera la Sala que el requisito del anuncio previo
del debate del proyecto de ley, según lo exige el artículo 160 de la
Constitución Política, fue cumplido en esta primera etapa. En efecto, para
anunciar con la debida antelación el debate del proyecto de ley se usó la
expresión “Próxima sesión”, que en este caso concreto, era claramente
determinable con el consecutivo de actas, sin que se verificara una ruptura en
la cadena de anuncios.
12. La aprobación del proyecto de Ley en primer debate se
realizó el 3 de abril de 2013. El quorum deliberatorio se
constituyó con 4 de los 13 integrantes de la Comisión Segunda del Senado y el quorum
decisorio con 11 parlamentarios. La forma de votación fue ordinaria por
unanimidad[22],
lo que constituye una excepción a la exigencia del voto nominal y público,
conforme lo establece el numeral 16 del inciso 3º del artículo 129 de la Ley 5ª
de 1992, modificado por el artículo 1º de la Ley 1431 de 2011.
13. La
publicación del texto de ponencia favorable para segundo debate en Plenaria de
Senado, se realizó en la Gaceta del Congreso número 196 de 10 de abril de 2013[23],
en cumplimiento de los artículos 185 y 157 de la Ley 5ª de 1992.
14. La cadena de anuncios previos del proyecto de ley
para su aprobación en segundo debate en Plenaria de Senado, se desarrolló de la
siguiente manera:
Gaceta
Acta
Anuncio previo
Fecha de sesión del anuncio
Forma del anuncio
Próxima sesión
356 de 31 de mayo de 2013
51 de 10 de abril de 2013
10 de abril de 2013
“Por
instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto
Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se
discutirán y aprobarán en la próxima sesión (…)
Proyecto de ley número 153
de 2012 Senado, por medio del cual se aprueba
el Acuerdo de servicios aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía, suscrito en Ankara, el 18 de noviembre de 2011.”
16 de abril de 2013
357 de 31 de mayo de 2013
52 de 16 de abril de 2013
16 de abril de 2013
“Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto
Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se
discutirán y aprobarán en la próxima sesión (…)
Proyecto de ley número 153 de 2012
Senado, por medio del
cual se aprueba el Acuerdo de servicios aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía, suscrito en Ankara, el
18 de noviembre de 2011”
17 de abril de 2013
389 de 7 de junio de 2013
53 de 17 de abril de 2013
17 de abril de 2013
“Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto
Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se
discutirán y aprobarán en la próxima sesión (…)
Proyecto de ley número 153 de 2012
Senado, por medio de la cual se
aprueba el Acuerdo de servicios aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía, suscrito en Ankara, el 18
de noviembre de 2011.”
23 de abril de 2013
390 de 7 de junio de 2013
54 de 23 de abril de 2013
23 de abril de 2013
“Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto
Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se
discutirán y aprobarán en la próxima sesión. Anuncios de proyectos para la
sesión plenaria del honorable Senado de la República del día 23 de
abril del 2013, para discutir y votar en esa sesión.(…)
Proyecto de ley número 153
de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de servicios aéreos
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno
de la República de Turquía, suscrito en Ankara, el 18 de noviembre
de 2011.”
24 de abril de 2013
469 de 8 de julio de 2013
55 de 24 de abril de 2013
24 de abril de 2013
“Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto
Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se
discutirán y aprobarán en la próxima sesión (…)
Proyecto de ley número 153
de 2012 Senado, por medio del cual se aprueba el Acuerdo de servicios
aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno
de la República de Turquía, suscrito en Ankara, el 18 de noviembre
de 2011.”
29 de abril de 2013
470 de 8 de julio de 2013
56 de 29 de abril de 2013
29 de abril de 2013
“Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto
Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se
discutirán y aprobarán en la próxima sesión. Anuncios para la Sesión Plenaria siguiente al 29 de abril de 2013,
proyecto para discutir y votar en la
Plenaria del Senado de la República. (…)
Proyecto de ley número 153
de 2012 Senado, por medio de la cual se
aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía, suscrito en Ankara, el
18 de noviembre de 2011.”
30 de abril de 2013
471 de 8 de julio de 2013
57 de 30 de abril de 2013
30 de abril de 2013
“Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto
Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se
discutirán y aprobarán en la próxima sesión. Anuncio
de proyectos para la sesión plenaria del Senado de la República del día martes 7 de mayo de 2013.
Proyectos para discutir y votar (…)
Proyecto de ley número
153 de 2012 Senado, por
medio de la cual se aprueba el Acuerdo de servicios aéreos entre el Gobierno
de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía, suscrito en Ankara, el
18 de noviembre de 2011.”
7 de mayo de 2013
472 de 8 de julio de 2013
58 de 7 de mayo de 2013
7 de mayo de 2013
“Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto
Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se
discutirán y aprobarán en la próxima sesión. (…)
Proyecto de ley número 153
de 2012 Senado, por medio de la
cual se aprueba el Acuerdo de servicios aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía, suscrito en Ankara, el
18 de noviembre de 2011.”
8 de mayo de 2013
507 de 22 de julio de 2013
59 de 8 de mayo de 2013
8 de mayo de 2013
“Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto
Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se
discutirán y aprobarán en la próxima sesión. Anuncios para la sesión
plenaria siguiente al 8 de mayo de 2013. Proyectos para discutir y votar en
la próxima sesión plenaria. (…)
Proyecto de ley número 153 de 2012
Senado, por medio de la cual se
aprueba el Acuerdo de servicios aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía, suscrito en Ankara, el 18 de noviembre
de 2011.”
14 de mayo de 2013
508 de 22 de julio de 2013
60 de 14 de mayo de 2013
14 de mayo de 2013
“Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto
Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se
discutirán y aprobarán en la próxima sesión. Sí señor Presidente.
Anuncios para la sesión plenaria del 15 de mayo de 2013. Proyectos para
discutir y votar en la próxima sesión plenaria del Senado de la República. (…)
Proyecto de ley número 153 de 2012
Senado, por medio de la cual se
aprueba el Acuerdo de servicios aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía, suscrito en Ankara, el
18 de noviembre de 2011.”
15 de mayo de 2013
509 de 22 de julio de 2013
61 de 15 de mayo de 2013
15 de mayo de 2013
“Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto
Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se
discutirán y aprobarán en la próxima sesión (…)
Proyecto de ley número 153 de 2012
Senado, por medio de la
cual se aprueba el Acuerdo de servicios aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía, suscrito en Ankara, el
18 de noviembre de 2011.”[24]
21 de mayo de 2013
510 de 22 de julio de 2013
62 de 21 de mayo de 2013 (aprobación en segundo
debate)
15. Conforme a lo expuesto, la Sala considera que se ha
cumplido con el requisito de anuncio previo del proyecto de ley, al verificarse
una cadena ininterrumpida de anuncios, y el uso de la expresión “próxima
sesión”, completamente determinable y verificable con el consecutivo de
actas de sesión Plenaria de Senado, hasta la sesión del 15 de mayo de 2013,
previa a la sesión del 21 de mayo del mismo año, en la que se realizó
finalmente la aprobación del proyecto de ley.
16. La
aprobación del proyecto de ley en Plenaria de Senado, como se indicó
previamente, se llevó a cabo el 21 de mayo de 2013. Es evidente que se realizó
en un término superior a 8 días, en relación con la fecha del primer
debate efectuado en la Comisión Segunda de esa misma Corporación, que tuvo
lugar el 3 de abril de 2013, en aplicación de lo establecido en el artículo 160
de la Constitución Política.
17. En materia
de quorum deliberatorio y decisorio, se cumplió esta exigencia, toda vez
que el debate y aprobación se efectuaron con la presencia de 67 senadores[25].
La votación del proyecto se realizó de forma nominal y pública, con 51 votos a
favor del proyecto de ley, y 16 en contra[26],
según certificación expedida por el Secretario General de esa Corporación de
fecha 19 de febrero de 2014[27],
dando cumplimiento al requisito de votación nominal y pública contenido en los
artículos 133 de la Constitución Política y 129 de la Ley 5ª de 1992.
Trámite en la Cámara de Representantes
18. El trámite
en la Cámara de Representantes inició con la publicación del informe de
ponencia favorable para primer debate en la Gaceta del Congreso número 536 del
25 de julio de 2013[28],
en cumplimiento con lo establecido en el artículo 157 de la Ley 5ª de 1992.
19. La cadena
de anuncios previos del proyecto de ley para su aprobación en primer debate en
la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, se desarrolló de la
siguiente manera:
Gaceta
Acta
Anuncio previo
Fecha de sesión del anuncio
Forma del anuncio
Próxima sesión
659 de 30 de agosto de 2013
2 de 30 de julio de 2013
30 de julio de 2013
“Si señor Presidente, estos anuncios serán para la
próxima sesión de comisión en donde se discutan y aprueben proyectos de ley.
(…)
Proyecto de ley número 316
de 2013 Cámara, 153 de 2012 Senado, por
medio de la cual se aprueba el Acuerdo de servicios aéreos entre el gobierno
de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía, suscrito en Ankara, el
18 de noviembre de 2011.
Ponente: honorable Representante Telésforo Pedraza Ortega.
Ponencia
primer debate Cámara, Gaceta
del Congreso número 536 de 2013.”[29]
31 de julio de 2013
659 de 30 de agosto de 2013
3 de 31 de julio de 2013
31 de julio de 2013
“… falta un anuncio del primer proyecto de Ley… del
primer proyecto que queda para la próxima sesión… (…)
Proyecto de ley 316 de 2013
Cámara, 153 de 2012 Senado, por
medio de la cual se aprueba el acuerdo de servicios aéreos entre el Gobierno
de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía suscrito en Ankara el 18
de noviembre de 2011.
Ponencia Primer Debate en
Cámara Gaceta del Congreso 536 de 2013. Para efectos del anuncios
hace para dar cumplimiento al acto legislativo número 01 de 2003 en su
artículo 8º, señor Presidente.”[30]
6 de agosto de 2013
708 de 11 de septiembre de 2013
4 de 6 de agosto de 2013 (aprobación en primer
debate)
20. En Comisión de Cámara de Representantes, el anuncio
para debate del proyecto de ley se realizó con la debida antelación, utilizando
la expresión “próxima sesión”, de manera ininterrumpida y claramente
determinable con el consecutivo de actas de sesión números 2 y 3, de 30 y 31 de
julio de 2013 respectivamente, hasta la aprobación del proyecto de ley llevada
a cabo en sesión del 6 de agosto de 2013, según acta número 4 de la misma
fecha.
En este orden de ideas, considera la Sala que se
cumplió con el requisito de anuncio previo del debate para el proyecto de ley,
sin que existiera ruptura en la cadena de anuncios previos para debate del
proyecto, tal y como lo establece el artículo 160 de la Constitución Política.
21. El inicio de la sesión del 6 de agosto de 2013, de la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes se realizó con quórum
deliberatorio[31].
La aprobación del proyecto de ley tuvo quórum decisorio y votación por
unanimidad de 14 de los 17 Representantes que integran la respectiva
Comisión, según certificación de 19 de febrero de 2014 firmada por la
Secretaría General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes[32],
en cumplimiento de los artículos 145 y 146 de la Constitución Política.
Es claro entonces que la aprobación por unanimidad se
adecua a una excepción a la regla general contemplada en el artículo 129 de la
Ley 5ª de 1992, que establece que no se requerirá votación nominal y pública
cuando en el trámite de un proyecto de ley exista unanimidad para aprobarlo en
la respectiva comisión o plenaria.
22. De igual manera, se cumplió con el término
establecido por el artículo 160 de la Constitución Política, en el sentido que
entre la aprobación del proyecto de ley por la Plenaria del Senado de la
República, efectuada el 21 de mayo de 2013, y el primer debate y aprobación por
la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, realizada el 6 de agosto de
2013, ha mediado un tiempo superior a 15 días.
23. La ponencia favorable para segundo debate en la
Plenaria del Senado de la República fue publicada en la Gaceta del Congreso
número 624 del 15 de agosto de 2013[33].
24. El proyecto de ley para su aprobación en segundo
debate surtió la siguiente cadena de anuncios previos:
Gaceta
Acta
Anuncio previo
Fecha de sesión del anuncio
Forma del anuncio
Próxima sesión
31 de 12 de febrero de 2014
239 de 9 de octubre de 2013
9 de octubre de 2013
“Proyectos
de ley para la Sesión Plenaria del día 15 de octubre de 2013 o para la
siguiente Sesión Plenaria en la cual se debatan proyectos de actos
legislativos, de acuerdo al Acto Legislativo número 1 de julio 3 de 2003, en
su artículo 8°. (…)
Proyecto de ley número 316
de 2013 Cámara, 153 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba
el Acuerdo de servicios aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia
y el Gobierno de la República de Turquía suscrito en Ankara, el 18 de
noviembre de 2011.”
15 de octubre de 2013
32 de 12 de febrero de 2014
240 de 15 de octubre de 2013
15 de octubre de 2013
“Sí señor Presidente, se anuncian los
siguientes proyectos para la sesión del día de mañana 16 de octubre del 2013
o para la siguiente sesión Plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o
acto legislativos, de acuerdo al Acto Legislativo 1 de julio 3 del 2003 en su
artículo 8°. (…)
Proyecto de ley número 316 de 2013
Cámara, 153 de 2012 Senado, por medio de la cual se
aprueba el Acuerdo de servicios aéreos entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República de Turquía,, suscrito en Ankara, el 18
de noviembre de 2011.”
16 de octubre de 2013
33 de 12 de febrero de 2014
241 de 16 de octubre de 2013
16 de octubre de 2013
“… anuncie proyectos señor
Secretario, por favor. (…)
Proyecto de ley número 316
de 2013 Cámara, 153 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el
Acuerdo de servicios aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y
el Gobierno de la República de Turquía, suscrito en Ankara, el 18 de
noviembre de 2011.
(…)
Señor Presidente han sido
anunciados los proyectos para la Sesión Plenaria del día octubre 22 del 2013
o para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o
actos legislativos de acuerdo al acto legislativo uno de julio 3 del 2013 en
su artículo octavo”
22 de octubre de 2013
1010 de 6 de diciembre de 2013
242 de 22 de octubre de 2013
22 de octubre de 2013
“Se anuncia proyectos para el día de
mañana 23 de octubre o para la siguiente sesión Plenaria en la cual se
debatan Actos Legislativos o Proyectos de ley. (…)
Proyecto de ley número 316 de 2013
Cámara, 153 de 2012 Senado, por
medio de la cual se aprueba el Acuerdo de servicios aéreos entre el Gobierno
de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía, suscrito en Ankara, el
18 de noviembre de 2011.”
23 de octubre de 2013
34 de 12 de febrero de 2014
243 de 23 de octubre de 2013
23 de octubre de 2013
“Se anuncian los siguientes proyectos
para la sesión Plenaria el día 29 de octubre del 2013 o para la siguiente
sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o acto legislativos de
acuerdo, al acto legislativo 1 de julio 3 del 2003 en su artículo 8°. (…)
Proyecto de ley número 316 de 2013
Cámara, 153 de 2012 Senado, por medio de la cual se
aprueba el Acuerdo de servicios aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno dela
República de Turquía, suscrito en Ankara, el 18
de noviembre de 2011.”
29 de octubre de 2013
1024 de 10 de diciembre de 2013
244 de 29 de octubre de 2013
29 de octubre de 2013
“señor Presidente, se anuncian proyectos
para la sesión Plenaria del día 30 de octubre o para la siguiente sesión en
la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos, de acuerdo al Acto
legislativo número 01 de julio 3 del 2003, en su artículo 8º (…)
Proyecto de ley número 316 de 2013
Cámara, 153 de 2012 Senado, por medio de la cual se
aprueba el Acuerdo de servicios aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno dela
República de Turquía, suscrito en Ankara, el 18 de noviembre de 2011.”
30 de octubre de 2013
1025 de 10 de diciembre de 2013
245 de 30 de octubre de 2013
No hubo anuncio
No hubo anuncio
No hubo anuncio
35 de 12 de febrero de 2014
246 de 5 de noviembre de 2013
5 de noviembre de 2013
“Señor Secretario, anuncio proyectos para
el día de mañana (…) Sí señor Presidente. Se anuncian proyectos para la sesión
Plenaria del día 6 de noviembre de 2013 o para la siguiente sesión Plenaria
en la cual de debatan proyectos de ley o Actos Legislativos.
Proyecto de ley número 316 de 2013
Cámara, 153 de 2012 Senado, por medio de la cual se
aprueba el Acuerdo de servicios aéreos entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República de Turquía, suscrito en Ankara, el 18
de noviembre de 2011.”
6 de noviembre de 2013
36 de 12 de febrero de 2014
247 de 6 de noviembre de 2013
6 de noviembre de 2013
“Señor Presidente, se anuncian los
siguientes proyectos de ley para el día 12 de noviembre del año 2013 o para
la siguiente sesión Plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos
legislativos de acuerdo al Acto Legislativo 01 de julio 3 del 2003, en su
artículo 8º. (…)
Proyecto de ley número 316 de 2013
Cámara, 153 de 2012 Senado, por
medio de la cual se aprueba el acuerdo servicios aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de la República de Turquía, suscrito en Ankara, el
18 de noviembre del 2011.”
12 de noviembre de 2013
37 de 12 de febrero de 2014
248 de 12 de noviembre de 2013
12 de noviembre de 2013
“Sí señor Presidente, se anuncian los
siguientes proyectos para la sesión del día de mañana, 13 de noviembre del
año 2013. (…)Proyecto de ley número 316 de 2013 Cámara, 153 de 2012 Senado, por medio de la cual se
aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República de Turquía, suscrito en Ankara, el 18 de noviembre de 2011.”
13 de noviembre de 2013
38 de 12 de febrero de 2014
249 de 13 de noviembre de 2013
13 de noviembre de 2013
“Sí señor Presidente, se anuncian los
siguientes proyectos de ley, para el próximo martes 19 de noviembre o para la
siguiente sesión Plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o Actos
Legislativos, de acuerdo al Acto Legislativo 1 de julio 3 de 2003 en su
artículo 8°(…) Proyecto de ley número 316
de 2013 Cámara, 153 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de servicios
aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República de Turquía, suscrito en Ankara, el 18 de noviembre de 2011..”[34]
19 de noviembre de 2013
54 de 20 de febrero de 2014
250 de 19 de noviembre de 2013 (Aprobado en segundo
debate)
25.
En el trámite para segundo debate en Plenaria de Senado del proyecto de ley, se
presentó una ruptura en la cadena de anuncios previos en la sesión del 30 de
octubre de 2013, ya que ni se debatió, ni se realizó el anuncio del proyecto de
ley para debate en la próxima sesión, según consta en el acta número 245 de esa
misma fecha.
No
obstante lo anterior, el anuncio previo para debate del proyecto de ley se
reactivó de manera ininterrumpida en la sesión del 5 de noviembre de 2013,
según acta número 246 de la misma fecha, hasta culminar con la aprobación del
proyecto el 19 de noviembre de 2013 (acta 250).
26.
Considera la Sala que esta situación no constituye un vicio de
constitucionalidad en el procedimiento legislativo, toda vez que no obstante
haberse presentado una ruptura en la cadena de anuncios, la aprobación del
proyecto de ley, llevada a cabo el 19 de noviembre de 2013 (acta 250 de la
misma fecha), se realizó previo anuncio del mismo, según el acta número
249 de la sesión de comisión del 13 de noviembre de 2013. Esta situación no
desconoce la exigencia constitucional del artículo 160 de la Constitución
Política, toda vez que se garantizó el principio de publicidad.
A
esa conclusión se llega con los siguientes argumentos: esta Corporación ha
reiterado[35]
que  “... el alcance del
control en lo referente a los asuntos de procedimiento. Ello ocurre, en primer
lugar, porque en la Constitución existe un gran número de disposiciones que
contienen normas que regulan el trámite de aprobación de las leyes y, en
segundo lugar, porque a dichas pautas normativas se han adicionado las
disposiciones orgánicas que reglamentan el procedimiento legislativo…”.
Para
superar estas tensiones, la Corte ha empleado, entre otros[36],
el principio de “instrumentalización de las formas” consagrado
expresamente en el artículo 228 de la Constitución Política y definido como la
necesidad de interpretar las formas procesales de forma teleológica al servicio
de un fin sustantivo. Es decir, hacia la consecución del valor material
pretendido con ellas, sin alcanzar un detrimento innecesario de las reglas
procedimentales para la formación de la ley, puesto que estas protegen “valores
sustantivos significativos”[37]
y la labor del intérprete debe guiarse además, por el principio in dubio pro
legislatoris[38].
Entre los fines que sustentan las formas del proceso legislativo se encuentran:
i) la preservación de la voluntad de las
mayorías; ii) la protección
del principio de publicidad; y iii) la salvaguarda de los derechos de
las minorías.[39]
Así
las cosas, el trámite legislativo está compuesto por una serie de exigencias de
tipo procedimental, como lo es el caso del anuncio previo para debate de los
proyectos de ley, pero no constituyen un requisito sacramental, ni un conjunto
de ritos concatenados con una finalidad en sí mismos.
Por
el contrario, el proceso de perfección de las leyes tiene como finalidad el
desarrollo del principio democrático. Para cumplir tal objetivo, las reglas
procesales establecidas deben generar en las diferentes etapas del trabajo
parlamentario, escenarios con características deliberativas, participativas,
igualitarias, transparentes y sobre todo garantizar el respeto por las minorías
políticas[40].
En
ese orden de ideas, la Corte ha establecido que no toda anomalía en el trámite
de una ley trae como consecuencia la invalidez de la ley y su declaración de
inconstitucionalidad, toda vez que puede tratarse de una irregularidad
irrelevante[41],
que dentro del contexto del caso en concreto, no tiene la entidad suficiente[42]
para afectar la validez formal del procedimiento legislativo, puesto que no
vulnera ningún principio ni valor constitucional y no afecta las etapas de
formación de la voluntad democrática de las cámaras[43].
Esta
orientación jurisprudencial, fue reiterada recientemente por esta Corporación, al
analizar una anomalía en el trámite legislativo, ocasionada entre el anuncio de
discusión del proyecto y la votación futura del mismo y concluyó que:
“… lo sucedido no tuvo la entidad suficiente para
lograr desorientar a los participantes en la deliberación.
(…)
Para el Tribunal Constitucional, el examen de las
circunstancias concretas que tuvieron lugar, en el caso en estudio, no
desvirtúan el cumplimiento de la finalidad del anuncio. En tiende la Sala que
la actuación del legislativo se ciñó a la buena fe (…)”[44]
(negrillas fuera de texto)
En
conclusión, bajo esta línea argumentativa, considera la Corte que en este
especial caso, la ruptura de la cadena de anuncios previos para debate del
proyecto de ley, si bien constituye una irregularidad, ésta no es relevante, ni
tuvo la entidad suficiente para afectar la validez del trámite legislativo, por
cuanto, no se desconoció el principio de publicidad en la formación de la
voluntad democrática de la Plenaria de la Cámara de Representantes, al haberse
informado del debate con la debida antelación a los parlamentarios en sesión
anterior y diferente a aquella en que se efectuó la aprobación del proyecto,
realizada el 19 de noviembre de 2013.
27. En la aprobación del proyecto en Plenaria de Cámara
de Representantes, realizada el 19 de noviembre de 2013, medió un término
superior a 8 días respecto al trámite de aprobación del proyecto de ley
realizado en la Comisión Segunda de esa Corporación, llevado a cabo el 6 de
agosto de 2013.
Se verificó un quórum deliberatorio y decisorio
de 151 Representantes. Aunque la forma de votación en principio, debe ser
nominal y pública, en esta oportunidad se efectuó por unanimidad, lo que
constituye una excepción a aquella regla general, conforme a lo establecido en
el numeral 16 del artículo 129 de la Ley 5ª de 1992, según se consignó en la
Gaceta del Congreso número 54 de 20 de febrero de 2014[45],
y la certificación del Secretario General de esa Corporación de 26 de febrero
de 2014[46].
De la misma manera, el trámite legislativo en su
conjunto, surtido ante el Congreso de la República, se efectuó en menos de 2
legislaturas, con lo que se dio cumplimiento a lo establecido en los
artículos 160 y 162 de la Constitución Política.
Fase posterior a la legislativa
28. El presidente de la República sancionó el 17 de
diciembre de 2013, la Ley 1689 “Por medio de la cual se aprueba el acuerdo
de servicios aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno
de la República de Turquía”, suscrito en Ankara, el 16 de noviembre de 2011
y radicó copia autenticada de la misma en la Secretaria General de la Corte
Constitucional el 18 de diciembre de 2013[47],
con lo que se dio cumplimiento al término de remisión a esta Corporación dentro
de los 6 días siguientes a la sanción, establecido en el numeral 10 del
artículo 241 de la Constitución Política.
Revisión material de la Ley aprobatoria
29. La Ley 1689 de 17 de diciembre de 2013, aprobatoria
del “Acuerdo de servicios aéreos entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República de Turquía”, suscrito en Ankara el
18 de noviembre de 2011, está compuesta por 3 artículos, el primero que
contiene la inequívoca manifestación de voluntad del órgano legislativo de
aprobar el instrumento internacional presentado a su consideración por el
ejecutivo; el segundo que reitera lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 7 de
1944, bajo el entendido de que el Acuerdo obligará al Estado colombiano, a
partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de
la misma; y iii) por último la vigencia de la Ley a partir de su promulgación.
30. Ha manifestado esta Corporación que:
“Dada la naturaleza especial de las leyes
aprobatorias de tratados públicos, el legislador no puede alterar el contenido
de éstos introduciendo nuevas cláusulas ya que su función consiste en aprobar o
improbar la totalidad del tratado. Si el tratado es multilateral, es posible
hacer declaraciones interpretativas, y, a menos que estén expresamente
prohibidas, también se pueden introducir reservas que no afecten el objeto y
fin del tratado.”[48].
Por tal razón, estima la Corte, que la Competencia del
Congreso de la República, contenida en el numeral 16 del artículo 150 de la
Constitución Política proyectada al estudio de posibles vicios de contenido
material[49],
no fue desconocida, toda vez que su labor se limitó a aprobar el Instrumento
internacional sometido a su consideración por parte del Gobierno Nacional, sin
introducir modificaciones al texto del Acuerdo.
El artículo 2 de la Ley bajo estudio, cumple con el
artículo 224 de la Constitución, puesto que, los tratados serán válidos una vez
han sido aprobados por el Congreso de la República.
Conclusión
No
encuentra la Corte reparo constitucional en el análisis formal de la Ley
aprobatoria del tratado, puesto que no encontró vicios en su procedimiento de
formación. De igual manera, este Tribunal tampoco encuentra reproche
constitucional, en relación con los aspectos materiales de la Ley 1689 de 2013,
pasa entonces a analizar la validez del Acuerdo.
Revisión material de constitucionalidad del Acuerdo
Revisión
del Acuerdo
31.
Procede la Corte a revisar la constitucionalidad del contenido material del “Acuerdo
de servicios aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno
de la República de Turquía”, celebrado en la ciudad de Ankara el 18 de
noviembre de 2011. Para  tal efecto, esta Corporación abordará el análisis del
instrumento internacional, a partir de ejes temáticos que son desarrollados por
los artículos del tratado, así: i) definiciones; ii) derechos y deberes
derivados del Acuerdo; iii) designación, autorización, revocación o suspensión
de aerolíneas designadas por las partes contratantes; iv) aplicación de leyes y
regulaciones nacionales; v) tarifas, impuestos y exenciones tributarias; vi)
seguridad aérea; vii) solución de controversias; y viii) normas instrumentales.
Definiciones[50]
Esta Corporación ha establecido que las definiciones y
precisiones contenidas en los instrumentos internacionales, contribuyen a un
mejor entendimiento de sus artículos, permiten su correcta aplicación y mayor
seguridad jurídica[51];
razón por la cual estas disposiciones no suelen vulnerar en sí mismas la
Constitución[52].
32. En tal virtud, definiciones contenidas en los
artículos 1º y 29 del Acuerdo bajo estudio, como “Autoridades aeronáuticas”,
“Servicio aéreo”, “Parte”, “Cargos a los usuarios”;  “títulos”, entre otras, no
riñen con la Constitución, pues buscan dar claridad, facilitar la labor
interpretativa y otorgar seguridad jurídica, sin que en el caso concreto,
desconozcan principios y derechos constitucionales.
Derechos y deberes derivados del Acuerdo[53]
33.
El artículo 2º del Acuerdo contiene los derechos recíprocos que las partes se
otorgan y que versan sobre la operación de servicios aéreos internacionales,
conforme a las rutas establecidas en el anexo 1 del instrumento, esto es,
desde: i) puntos en Colombia a Ankara, Estambul e Izmir; y ii) Puntos en
Turquía a Bogotá y dos puntos más, que serán especificados posteriormente por
los Estados contratantes.
Conforme
a esa norma, los derechos de las aerolíneas designadas son:
a. Sobrevolar sin aterrizar sobre el territorio de la
otra Parte contratante;
b. Realizar escalas en el territorio de la otra parte
contratante con fines no comerciales;
c. Hacer escalas en el territorio en los puntos
especificados en la ruta del anexo 1 del Acuerdo, con el propósito de embarcar
y desembarcar tráfico aéreo internacional.
d. Otros derechos especificados en el Acuerdo, como los
establecidos en el artículo 10º, relacionado con los servicios de escala permitidos,
los que se les autorizará realizar a las aerolíneas designadas, de acuerdo con
las leyes y regulaciones nacionales de ambas partes contratantes.
Dispone además el artículo 2º, que las aerolíneas de
cualquier parte contratante, que no tengan la calidad de designadas, tendrán
los derechos especificados en los numerales a. y b. mencionados anteriormente.
Sin embargo, no tendrán el derecho de embarcar, en el territorio del otro
Estado, pasajeros, equipaje, carga o correo transportado por remuneración y con
destino a otro punto del territorio no autorizado en las rutas del anexo 1.
El artículo 5º del Acuerdo hace referencia a la capacidad, entendida
así: i) en relación con la
aerolínea, la carga útil de la aeronave disponible en la ruta o sección de una
ruta; y ii) en relación con un servicio aéreo especificado, la capacidad de la
aeronave utilizada en tal servicio multiplicada por la frecuencia operada con
tal aeronave sobre un periodo dado en una ruta o sección de una ruta[54]. En ese sentido,
dispone que las aerolíneas designadas de cada parte, gozarán de oportunidades
justas y equitativas para la operación de los servicios aéreos entre los
territorios de los dos Estados contratantes.
Además, en la operación realizada por cualquier
aerolínea designada, deberán ser tenidos en cuenta sus intereses, con la
finalidad de no afectar los servicios que se suministren en todo o parte de la
ruta asignada. De la misma manera, los servicios acordados que deberán suministrarse
por las aerolíneas designadas, deberán guardar relación con las necesidades del
público para el transporte en las rutas especificadas, basadas en coeficientes
de carga razonables, capacidad suficiente para satisfacer la demanda de
transporte de pasajeros y carga (que incluye correo) entre los territorios de
las partes contratantes.
De igual manera, en el numeral 1º del artículo 9º del
Acuerdo se estableció que los aeropuertos, la seguridad de la aviación y otras
instalaciones y servicios relacionados, que se presten en el territorio de una
Parte contratante, podrán ser usados por las aerolíneas de la otra parte
contratante, en términos no menos favorables que los dispuestos para cualquier
aerolínea involucrada en servicios aéreos internacionales similares.
Las aerolíneas designadas, conforme al artículo 11 del
instrumento, también tendrán derecho a traer y mantener en el territorio de la
otra Parte contratante su propio personal administrativo, comercial, de ventas,
operacional, técnico, de acuerdo a las leyes y regulaciones de la otra parte
contratante relacionada con la entrada, residencia y empleo. En ese mismo
orden, el artículo 12 del Acuerdo, permite a las aerolíneas el derecho de: i)
vender y emitir sus propios documentos de transporte en el territorio de la
otra parte contratante, a través de sus oficinas de ventas; ii) convertir y
remitir a su país, a la tasa de cambio oficial, el excedente de los ingresos
sobre los gastos logrados provenientes de la venta de servicios de transporte
aéreos. En todo caso la conversión y transferencias será permitida sin
restricción y a la tasa de cambio aplicable a las transacciones corrientes;
iii) pagar por los gastos locales, lo que incluye la compra de combustible, en
el territorio de la otra Parte Contratante, bien en moneda local o en monedas
libremente convertibles.
Según lo establecido en el artículo 16 del Acuerdo,
las aerolíneas designadas tendrán flexibilidad operacional que se traduce en:
i) utilizar sus propias aeronaves o aquellas que hayan sido arrendadas,
fletadas o intercambiadas, siempre que ese contrato se presente a las
autoridades de ambas partes; ii) utilizar aeronaves arrendadas de otras
empresas, siempre que aquellas no ejerzan derechos de tráfico; iii) cambiar de
aeronave en el territorio de la otra parte o en cualquier punto de las rutas
especificadas; y iv) utilizar números de vuelo diferentes o idénticos, para los
sectores correspondientes a sus operaciones con cambio de aeronave.
El artículo 23 del Acuerdo dispone el deber de las aerolíneas
designadas de presentar sus horarios de vuelo, para que sean aprobados por las
autoridades aeronáuticas de la otra parte contratante. Para la operación de
servicios fuera del horario de vuelo aprobado, la aerolínea deberá solicitar
permiso previo de autoridades aeronáuticas del otro Estado, de acuerdo a sus
leyes y regulaciones.
El deber recíproco de las autoridades aeronáuticas de
las partes contratantes de suministrar estadísticas periódicas u otra
información a las autoridades, que pudieran requerir, para revisar la capacidad
ofrecida en los servicios acordados por las aerolíneas designadas, está
contenido en el artículo 25 del Acuerdo.
34. Salta a la vista que, por regla general, los deberes
impuestos y los derechos incorporados por el Acuerdo son razonables y propios
de las relaciones comerciales de esta índole y se imponen con criterios de
reciprocidad, equidad y conveniencia nacional (art. 226 Superior).
De igual forma, los derechos establecidos en el
literal a. y b. artículo 2 del Acuerdo, relacionados con los sobrevuelos sobre
el territorio de cualquiera de las partes contratantes y la posibilidad de
hacer escalas sin fines comerciales, derechos que no solamente tendrían las
“aerolíneas designadas”, sino que se extienden a aquellas que no tienen dicha
calidad. En ese mismo orden, el literal c del mencionado artículo 2º del
Acuerdo, le otorga a las “aerolíneas designadas”, la posibilidad de hacer
escalas en la rutas establecidas en el anexo 1, con el propósito de embarcar o
desembarcar tráfico internacional aéreo.
35. El artículo 2º del Acuerdo objeto de revisión
establece los derechos que se otorgan recíprocamente las partes para la “…operación
de los servicios aéreos regulares en las rutas especificadas en el anexo 1…”,
es decir, aquellos servicios aéreos internacionales sujetos a un itinerario
fijo y que tienen mayor trascendencia por los intereses comerciales y
económicos que representan[55].
Entre los derechos o libertades otorgadas por el
Acuerdo a las aerolíneas de los Estados contratantes, se encuentran la
posibilidad de: i) sobrevolar sin aterrizar en el territorio de la otra parte
contratante; y ii) realizar escalas en el territorio mencionado con fines no
comerciales.
Las concesiones que contempla el Acuerdo, deben
analizarse conforme al artículo 5 del Convenio de Chicago y las denominadas “libertades
del aire”[56],
surgidas a partir de la reglamentación de los servicios aéreos regulares, en el
marco de la Conferencia de Chicago del año 1944, en la que el establecimiento
de las cinco[57]
“libertades del aire”, suscitó gran polémica debido a las intereses
económicos tan importantes que genera la aviación comercial internacional,
razón por la cual no fueron incluidas en la Convención de Chicago y se
encuentran consignadas en el Acuerdo sobre transporte aéreo internacional y el
Acuerdo sobre el tránsito de servicios aéreos internacionales, recogidos en el
Acta Final de la Conferencia de Chicago de 1944 sobre Aviación Civil
Internacional[58].
El artículo 5 de la Convención de Chicago de 1944,
establece, en sentido amplio, el derecho de vuelo sobre el territorio de los
Estado contratantes, en los siguientes términos:
“… todas las aeronaves de los demás Estados
contratantes que no se utilicen en servicios internacionales regulares tendrán
derecho, (…) a penetrar sobre su territorio o sobrevolarlo sin escalas, y a
hacer escalas con fines no comerciales, sin necesidad de obtener permiso
previo, y a reserva del derecho del Estado sobrevolado de exigir aterrizaje,
sin embargo, cada Estado contratante se reserva, por razones de seguridad de
vuelo, el derecho de exigir que las aeronaves que deseen volar sobre regiones
inaccesibles o que no cuenten con instalaciones y servicios adecuados para la
navegación aérea, sigan las rutas u obtengan permisos especiales para tales
vuelos”
De otra parte, libertades del aire se agrupan en dos
grupos, como pasa a explicarse a continuación:
a. Libertades de tránsito o técnicas: Son aquellas que permiten a las aeronaves de un
determinado Estado:
i) Sobrevolar el territorio de un Estado sin aterrizar[59]:
consiste en el privilegio que se confiere a las aeronaves de un Estado, de
sobrevolar sin aterrizar, el territorio del Estado que ha conferido el permiso
de vuelo. En gracia de ejemplo, si una aeronave que pertenece al Estado “A”
debe aterrizar en el Estado “C”, esta libertad le permite sobrevolar el
territorio del Estado “B”[60].
ii) Aterrizar sin fines comerciales[61]:
esta libertad permite aterrizar y salir de los aeropuertos de cualquier Estado
concesionario, con fines no comerciales sino técnicos[62],
es decir, se trata de escalas técnicas para abastecimiento de combustible,
reparaciones, entre otras[63].
Este derecho no podrá exigirse respecto de los aeropuertos que se utilicen con
fines militares y de los cuales se excluya todo servicio aéreo internacional
regular.
b. Libertades de tráfico o comerciales: estas
libertades otorgan beneficios con una dimensión auténticamente comercial[64]
y permiten:
iii) Desembarcar en territorio del Estado conferente
pasajeros, correo y carga tomadas en el territorio del Estado cuya nacionalidad
posee la aeronave[65].
Este privilegio es conocido también como la “libertad de desembarque”[66]
y consiste en que una aeronave matriculada en el Estado “A” y que ha embarcado
en ese territorio, puede llegar al Estado “B” para desembarcar pasajeros,
correo y carga.
iv) Embarcar pasajeros, correo y carga destinados al
territorio del Estado cuya nacionalidad posee la aeronave[67],
es decir, una aeronave matriculada en un Estado “A” solamente podría embarcar
pasajeros correo y carga en un Estado “B” con destino al Estado “A”[68]
que es donde se encuentra matriculada.
v) Embarcar pasajeros, correo y carga destinados al
territorio de cualquiera otro Estado participante y el privilegio de
desembarcar pasajeros, correo y carga procedente de cualesquiera de dichos
territorios[69],
este privilegio le permite a una aeronave matriculada en el Estado “A” embarcar
tráfico comercial en un Estado “B” con destino a un Estado “C”[70].
36.
Tampoco puede perderse de vista, que los sobrevuelos sobre el territorio,
pueden tener origen en situaciones de emergencia aérea que constituyan caso
fortuito o fuerza mayor. Ante estos eventos, existen protocolos de seguridad
internacionales que rigen la actuación del Estado colombiano en esas
eventualidades y que se encuentran contenidas en el Reglamento Aeronáutico de
Colombia – RAC número 5 reglamento del aire.
37. El alcance de estos derechos de sobrevuelo, debe
armonizarse con las restricciones establecidas en la misma Convención de
Chicago. En efecto, el artículo 9º de la Convención
de Chicago de 1944  que establece que “Cada Estado contratante puede, por
razones de necesidad militar o de seguridad pública, restringir o prohibir
uniformemente los vuelos de las aeronaves de otros Estados sobre ciertas zonas
de su territorio…”. En el País, estas zonas están determinadas en el
Reglamento Aeronáutico de Colombia – RAC número 5, reglamento del aire[71].
De otra parte, las aerolíneas que participen en operaciones aéreas
comerciales e internacionales, deberán entrar y salir del país por los
aeródromos internacionales[72].
La Convención de Chicago al respecto estableció:
“Excepto en el caso en que, de acuerdo
con lo dispuesto en el presente Convenio o en una autorización especial, se
permita a las aeronaves cruzar el territorio de un Estado contratante sin
aterrizar, toda aeronave que penetre en el territorio de un Estado contratante
deberá, si los reglamentos de tal Estado así lo requieren, aterrizar en un
aeropuerto designado por tal Estado para fines de inspección de aduanas y otras
formalidades. Al salir del territorio de un Estado contratante, tales aeronaves
deberán partir de un aeropuerto aduanero designado de igual manera.”[73]
38. En conclusión, la Sala no encuentra reproches de
inconstitucionalidad en las disposiciones del Acuerdo analizadas, puesto que, el
alcance de los derechos de sobrevuelo otorgados recíprocamente por las partes
en el Acuerdo bajo estudio, interpretados a la luz del derecho y la práctica
internacionales, no desconocen principios constitucionales, sino que, por el
contrario, desarrolla postulados como la internacionalización económica y
social, sobre bases de equidad e igualdad.
39. En los demás aspectos relacionados con este eje
temático, la Corte no encuentra reparos constitucionales, pues desarrolla
principios de la Carta como la soberanía nacional, la autodeterminación de las
autoridades nacionales, la libre competencia, bajo criterios de reciprocidad y
conveniencia nacional.
Designación,
autorización, revocación o suspensión de aerolíneas por las partes contratantes[74]
40. El concepto de “aerolíneas designadas” contenido en
el artículo 3º del Acuerdo, hace referencia a que, cada parte contratante podrá
elegir y/o designar una o más aerolíneas para que operen los servicios aéreos
acordados, con base en las regulaciones nacionales de cada Estado. Una vez
realizada la designación, las autoridades aeronáuticas de la otra parte,
otorgarán la autorización de operación a la aerolínea.
Sin embargo, las partes se reservan el derecho de
rehusarse a otorgar las autorizaciones de operación a la aerolínea designada, o
de imponer condiciones a la misma para el ejercicio de los derechos contenidos
en el artículo 2º del Acuerdo, cuando el Estado que ha hecho tal designación,
no ha cumplido a satisfacción con los estándares de seguridad aérea (artículo
18) y seguridad de la aviación (artículo 19) del Acuerdo.
Las aerolíneas designadas y autorizadas podrán iniciar
operaciones en cualquier momento, siempre que los acuerdos de las autoridades
aeronáuticas nacionales en materia de capacidad[75]
y tarifas[76]
se encuentren vigentes.
Las partes contratantes podrán revocar la autorización
de operación o  suspender el ejercicio de los derechos especificados en el
artículo 2º del Acuerdo, de una aerolínea designada por la otra parte cuando:
i) exista incumplimiento de la aerolínea de las leyes o regulaciones del Estado
que otorgó los derechos; o ii) exista incumplimiento en la forma de operar
conforme a las condiciones previstas en el Acuerdo.
En
ese orden de ideas, el proceso de designación, autorización, suspensión o
revocación de operación de aerolíneas de cada parte, se realizará de acuerdo
con las leyes y regulaciones internas de cada Estado contratante. Actuación que
armoniza con la obligación contenida en el artículo 15 del Acuerdo, relacionada
con el deber de las partes de informarse mutuamente de leyes, políticas y
prácticas internas sobre competencia.
41.
La relevancia constitucional de esta disposición radica en la necesaria
observancia de las reglas de libre competencia, no solo en la operación de los
servicios aéreos que realicen las aerolíneas designadas entre los territorios
de las dos partes contratantes, sino además como lo advirtió el Ministerio
Público, tal principio debe ser garantizado en el proceso de selección interna
de aerolíneas realizado por el Estado Colombiano.
En
efecto, para la Vista Fiscal, el acceso de las aerolíneas a los procesos de
selección interna por parte del Estado, debe realizarse en condiciones de
igualdad, respeto por la libertad de la iniciativa privada y la libre
competencia. Aunque debe advertirse, que no obstante esta observación del
Procurador General de la Nación, su solicitud de constitucionalidad no quedó
sujeta a condición alguna sobre este aspecto.
42. Para la Sala, las disposiciones del Acuerdo que
regulan este eje temático se ajustan a la Constitución Política, por las
siguientes razones:
a. Son una expresión del artículo 226 de la Carta
Política. De la exposición de motivos del proyecto de ley aprobatoria del
tratado[77],
se observa que la finalidad del Convenio es el desarrollo del transporte aéreo
a partir del establecimiento de nuevas relaciones comerciales con países
emergentes de Europa, que generen expansión económica y social para el país,
sobre bases de equidad, reciprocidad, y cooperación internacional, razón por la
cual persiguen un fin constitucional legítimo.
b. Los mecanismos de designación, autorización,
revocación y suspensión, se realizarán con plena observancia de las normas
internas de las partes contratantes, lo que garantiza el respeto por la
legislación nacional y la libre determinación de las autoridades colombianas
con plena observancia de la soberanía nacional, conforme lo establecen los
artículos 2º, 4º y 9º de la Constitución.
c. En materia de libre competencia, esta Corporación ha
establecido en la sentencia C-624 de 1998, que la misma: “...supone la
ausencia de obstáculos entre una pluralidad de empresarios en el ejercicio de
una actividad económica lícita”[78].
En ese
sentido, la Sentencia C-815 de 2001 afirmó que:
“La libre
competencia se presenta cuando un conjunto de empresarios, en un marco
normativo de igualdad de condiciones, ponen sus esfuerzos, factores
empresariales y de producción, en la conquista de un mercado determinado, bajo
el supuesto de la ausencia de barreras de entrada o de otras prácticas
restrictivas que dificulten el ejercicio de una actividad económica lícita”[79].
En la
Sentencia C-228 de 2010, la Corte manifestó que:
“…en un
marco normativo de igualdad de condiciones, ponen sus esfuerzos, factores
empresariales y de producción, en la conquista de un mercado determinado, bajo
el supuesto de la ausencia de barreras de entrada o de otras prácticas
restrictivas que dificulten el ejercicio de una actividad económica lícita. En
ese orden de ideas, el núcleo esencial del derecho a la libre competencia
económica consiste en la posibilidad de acceso al mercado por parte de los
oferentes sin barreras injustificadas”[80].
Del texto del Acuerdo no se observa el establecimiento
de barreras injustificadas que limiten la operación de los servicios aéreos de
las aerolíneas designadas en el territorio de las partes contratantes. Por el
contrario, en desarrollo del principio de reciprocidad y de cooperación, los
Estados obligados por el instrumento internacional, tienen el deber de
informarse mutuamente sobre las leyes, políticas y prácticas internas en
materia de competencia.
Ahora bien, en relación con la observación sobre el
proceso de selección interno de aerolíneas realizada por la Vista Fiscal, se
tiene que ese aspecto supera el juicio de constitucionalidad, en tanto que el
Acuerdo no estableció barreras injustificadas para el acceso en condiciones de
igualdad a los procesos internos de selección por parte de las aerolíneas
nacionales que libremente quieran concurrir, sino que se limitó a autorizar a
los Estados, la selección de las aerolíneas que se beneficiarán con el Acuerdo.
Razón por la cual esta Sala no encuentra reproche constitucional alguno en
relación con este tema específico.
Aplicación de leyes y regulaciones nacionales
43. Conforme al artículo 8º del Acuerdo, a las aeronaves
de las aerolíneas designadas, se les aplicarán las leyes y regulaciones del
Estado parte, en el que se realicen operaciones de entrada, permanencia o
salida desde su territorio. También se aplicarán las leyes y regulaciones del
territorio de la parte, en la que se realicen operaciones aéreas de entrada,
permanencia o salida, así como en las siguientes materias: despachos de aduana,
emigración e inmigración, seguridad de la aviación, pasaportes, aduanas,
moneda, correos, salud y cuarentena, pasajeros, tripulación, equipaje, carga o
correo transportado, mientras permanezcan en el mencionado territorio.
En cumplimiento del principio de reciprocidad, cada
parte contratante por requerimiento de la otra, suministrará copias de las
leyes relevantes, regulaciones y procedimientos referidos en el Acuerdo.
No encuentra la Corte confrontación de estas
disposiciones con el texto Constitucional, ya que se sustentan sobre principios
como la soberanía nacional, libre determinación de las autoridades colombianas,
fundadas en la equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.
Tarifas, impuestos y exenciones tributarias[81]
44. El régimen de tarifas aplicadas a las aerolíneas
designadas, reguladas en el artículo 6º del Acuerdo, para el acceso a los
servicios establecidos en el instrumento bajo estudio, se fijará de acuerdo con
factores relevantes como: los intereses de los usuarios, costos de explotación,
características del servicio, un beneficio razonable, tarifas de otras
aerolíneas y en general atendiendo las leyes del mercado.
Según el mencionado artículo, la aeronave de las
aerolíneas designadas de cualquier parte contratante, su equipo regular,
repuestos, suministros de combustibles y lubricantes, provisiones a bordo,
estarán exentas de derechos aduaneros, tasas de inspección, y otros impuestos,
siempre que permanezcan a bordo de la aeronave. Al igual, quedarán exentas, las
provisiones a bordo tomadas en el territorio de cualquiera de las partes
contratantes, los repuestos y equipo regular usado para el mantenimiento de
aeronaves de aerolíneas designadas de la otra parte, ingresados al territorio
de cualquiera de las partes contratantes.
De la misma manera se prevé una exención, sobre bases
de reciprocidad, de impuestos sobre valor agregado o impuestos indirectos
similares, a los productos y servicios proporcionados a la línea aérea
designada por la otra parte y empleados para la explotación de servicios aéreos
internacionales.
45. El numeral 4º del artículo 8º del Acuerdo, establece
que estarán exentos de aduanas, tasas y cargos: el equipaje, la carga y el
correo en tránsito directo a través del territorio de una parte contratante.
46. El numeral 2º del artículo 9º del tratado bilateral,
establece que en materia de fijación, cobro de tasas y cargos impuestos en el
territorio de una parte contratante a una aerolínea de la otra Parte
Contratante, para el uso de aeropuertos, seguridad en la aviación y otras
instalaciones, se harán bajo condiciones justas y equitativas. Además de lo
anterior, la fijación de las tasas y cargos serán tasados en términos no menos
favorables disponibles para cualquier aerolínea, involucrada en servicios
aéreos internacionales similares.
47. La fijación de tarifas, tasas, cargos, impuestos y
exenciones, atiende a consideraciones de la libre competencia, que en todo
caso, contará con la intervención del Estado colombiano (que en cualquier
momento puede improbarlas), siempre bajo criterios de reciprocidad, conforme a
los artículos 333 y 334 de la Constitución.
En efecto, la intervención del representante judicial
de la DIAN, fue enfática en manifestar que, estas medidas de carácter aduanero
y tributario, van a hacer ejecutadas bajo el control y vigilancia de las
autoridades de cada una de las partes contratantes, con estrictos criterios de
reciprocidad, por lo que no se configura vicio material de constitucionalidad.
48. La Corte Constitucional, en sentencia C–132 de 2014[82],
revisó la constitucionalidad del “Acuerdo de Transporte Aéreo entre el
Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América” suscrito en
Bogotá D.C, el 10 de mayo de 2011 y de su ley aprobatoria. Al
analizar el tema de exenciones tributarias, consideró que no tenía objeción de
constitucionalidad en relación con las normas sobre gravámenes y
derechos aduaneros a cargo de las aerolíneas, los cargos a los usuarios por
parte de las autoridades y organismos fiscales de cada parte, así como los
impuestos por las líneas aéreas “… en la medida que son coherentes con los
postulados constitucionales…” al establecerse bajo criterios de
reciprocidad.
49. Así las
cosas, en este caso concreto, la Sala tampoco encuentra reproche constitucional
alguno, por cuanto, conforme al precedente jurisprudencial mencionado
anteriormente, las exenciones tributarias contenidas en el Acuerdo se hacen
bajo concesiones recíprocas, lo que armoniza con el artículo 226 de la
Constitución Política
Seguridad aérea[83]
50. El numeral 4º del artículo 8º del Acuerdo, establece
medidas de seguridad para el control de la violencia, piratería aérea,
contrabando de narcóticos y sustancias psicotrópicas, que serán aplicadas a los
pasajeros, equipaje, carga y correo en tránsito directo, conforme a las leyes y
regulaciones de la parte contratante mientras permanezcan en el área del
aeropuerto reservada para tal fin.
51. En materia de seguridad, las partes contratantes
establecieron en los artículos 18 a 22 del Acuerdo las siguientes
disposiciones: i) seguridad operacional; ii) seguridad de los documentos de
viaje; iii) prohibición de fumar; iv) la necesidad de proteger el ambiente; y
v) seguridad de la aviación, de la que deriva la obligación de las partes de
proteger la seguridad de la aviación civil, con observancia de los dispuesto en
el Convenio sobre las infracciones y otros actos cometidos a bordo de las
aeronaves, firmado en Tokio el 14 de septiembre de 1963, el Convenio para la
represión del apoderamiento ilícito de aeronaves firmado en la Haya el 16 de
diciembre de 1970, el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la
seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 23 de septiembre de 1971
y su protocolo complementario para la represión de actos ilícitos de violencia
en los aeropuertos que presten servicios a la aviación civil internacional,
firmado en Montreal el 24 de febrero de 1988 y el Convenio de Marcación de
explosivos plásticos y de detección, firmado en Montreal el 1 de marzo de 1991,
o cualquier otro convenio sobre seguridad en la aviación firmado por las partes
contratantes.
Además, las partes deberán actuar de acuerdo con las
disposiciones sobre seguridad de la aviación y prácticas recomendadas, por la
Organización de Aviación Civil Internacional – OACI.
52. Estas disposiciones no solo no desconocen los
principios y valores constitucionales, sino que desarrollan la obligación del
Estado Social de Derecho (art. 1º C.P) de proteger a los habitantes del
territorio en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades (art. 2º
C.P). De igual manera, se garantiza la protección del ambiente conforme a los
artículos 79 y siguientes de la Constitución Política.
Solución de controversias
53.
El artículo 26 del Instrumento objeto de revisión, contiene un acuerdo de
solución alternativa de controversias, integrado por distintas etapas y cuyo
objeto es la composición de las controversias relativas a la interpretación o
aplicación del instrumento. En ese orden de ideas, de surgir el conflicto entre
las partes contratantes, los Estados deberán agotar las siguientes etapas: i)
negociaciones entre las autoridades aeronáuticas de las partes contratantes.
Ante el fracaso de estos acercamientos, harán uso de los canales diplomáticos
para alcanzar una solución pacífica de los desacuerdos; y ii) en caso de
persistir la controversia, cualquiera de las partes contratantes puede, de acuerdo
con sus leyes y regulaciones relevantes, someter la controversia a un tribunal
de arbitramento compuesto por tres 3 árbitros, dos de ellos nombrados por cada
parte y un tercer arbitro en calidad de dirimente, elegido por acuerdo entre
estos dos (2) árbitros, quien no podrá ser nacional de alguno de los Estados
contratantes. En caso de no lograrse un acuerdo, cada parte contratante podrá
solicitar al Presidente del Consejo de la OACI su designación.
El Acuerdo contempla también que el tribunal de arbitramento
determinará su procedimiento y su sede, con sujeción a las disposiciones
acordadas al respecto entre las partes contratantes. En relación con sus
costos, cada parte cubrirá los gastos de su propio árbitro y los del árbitro
dirimente serán asumidos en partes iguales por los Estados contratantes.
Las decisiones de este tribunal serán definitivas y
vinculantes para las partes contratantes en conflicto. De igual manera, el
Acuerdo continuará en su ejecución por los Estados durante el juicio arbitral, salvo
se trate de terminación.
Para el análisis de este aspecto, la Corte considera
necesario hacer una breve exposición previa que contemple los conceptos
generales del arbitraje, su naturaleza jurídica, sus características, la
doctrina jurisprudencial al respecto y la práctica nacional e internacional en
materia de arbitraje. Finalizado este análisis, la Sala fijará las reglas
jurisprudenciales con la que se hacen efectivas las garantías mínimas
procesales de las partes contratantes y finalizará con el estudio de
constitucionalidad en concreto.
Conceptos generales sobre el arbitraje.
54. El arbitraje hace parte de los métodos
heterocompositivos y alternativos de solución de conflictos, en ese sentido, se
trata de una “… institución por medio de la cual un tercero soluciona un
diferendo que opone a dos o más partes, en virtud del ejercicio de una misión
jurisdiccional que le ha sido confiada por éstas”[84].
El profesor Hernando Morales Molina distinguía el compromiso
como aquel contrato por el que dos o más personas someten la decisión de una
cuestión jurídica a particulares llamados árbitros. A su vez, el arbitraje se
refiere a la jurisdicción que, con el compromiso, es conferida a los árbitros y
por último juicio arbitral como el procedimiento que se sigue ante los
árbitros a fin de llegar a la decisión de la controversia, a través del laudo
arbitral[85].
Por su parte, el artículo 1º de la Ley 1563
de 2012 define el arbitraje como  “… un mecanismo alternativo de solución de conflictos
mediante el cual las partes defieren a árbitros la solución de una controversia
relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice.”.
Para la Corte Constitucional el arbitraje
“… consiste en un mecanismo jurídico en virtud del cual las partes en
conflicto deciden someter sus diferencias a la decisión de un tercero,
aceptando anticipadamente sujetarse a lo que allí se adopte. Adicionalmente, la
doctrina constitucional lo ha definido: como aquel por medio del cual una
persona o varias a nombre del estado, en ejercicio de una competencia atribuida
por éste y consultando solo el interés superior del orden jurídico y la
justicia, definen el derecho aplicable a un evento concreto, luego de haber
comprobado los hechos y de inferir una consecuencia jurídica, cuyo rasgo
esencial es el efecto del tránsito a cosa juzgada.[86]”[87]
Según lo expuesto, la solución del conflicto la
realiza un tercero “… que lo resuelve por su voluntad y conforme a un
procedimiento predeterminado. Puede suponer un órgano público o privado,
nacional o internacional.”[88].
El
tercero encargado de dirimir el conflicto es un particular que participa en la
administración de justicia[89] puesto que “… los ciudadanos son
investidos de la función de impartir justicia de manera ocasional en calidad de
(…) árbitros.”[90]
55. Sobre la naturaleza jurídica de la institución del
arbitraje pueden distinguirse dos (2) posturas extremas y una ecléctica. La
primera extrema denominada voluntarista – contractualista: lo define
como un instrumento a través del cual se resuelve una controversia, en la que
tienen intereses dos o más personas y la someten al conocimiento de árbitros,
que encuentran el origen de su potestad en un acuerdo privado y no en las
autoridades del Estado[91].
Para Jaime Guasp, no se puede confundir los conceptos de proceso y
procedimiento, si bien el arbitraje se trata de un contrato de tracto
procedimental, no por ello debe limitarse su ejecución al mundo del proceso[92].
Para Montoya Albertí[93] la naturaleza privada
del arbitraje se debe: a. que proviene de un acuerdo de voluntades privado; b.
el vínculo entre las partes y los árbitros es privado y contractual; c. el
árbitro no tiene poder de coacción; d. la obligatoriedad del laudo es la misma
que la de los contratos; y e. la aprobación posterior del laudo, en aquellos
Estados en los que se encuentra prevista, es un acto administrativo.
La segunda postura extrema es la que le
otorga al arbitraje naturaleza de proceso, debido a que no tiene su
origen en la relación o contrato existente entre las partes y el árbitro, su
análisis parte de la función que estos últimos desarrollan. La forma en que los
árbitros resuelven la controversia reviste las características de la función
desarrollada por un juez, su decisión hace tránsito a cosa juzgada y tiene
efectos de ejecutoriedad[94].
A su turno, la teoría mixta se sitúa en el
intermedio de los voluntaristas y los procesalistas, pues se fundamenta en el
reconocimiento de que la ley es la que le otorga valor de ejecutividad al laudo
arbitral y determina el procedimiento que debe utilizarse en juicio. De otro
lado, es el acuerdo de voluntades privado de las partes en conflicto la que
habilita la solución arbitral[95].
Con cita de Silva Melero, el profesor Hernando Morales Molina identificó tres
(3) momentos del arbitraje que describen la teoría ecléctica o mixta: i) aquel
en que las partes perfeccionan el contrato privado de compromiso; ii) la
generación del vínculo entre litigantes y el árbitro que se asemeja al contrato
de mandato; y iii) el ejercicio por parte de los árbitros de la actividad pública
de juzgar[96].
56. La Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 26 de
mayo de 1969[97],
consideró el arbitraje como un proceso, puesto que se trata de “… un medio
de acción que tiene por objeto la efectividad de los derechos sustanciales,
dentro de un orden preestablecido que permite a los árbitros el cumplimiento
del encargo conferido a ellos por la partes y que facilita también a estas
últimas una amplia discusión de sus derechos.”
57. Con la expedición de la Constitución de 1991, se
estableció en su artículo 116, la posibilidad de investir a los particulares de
función jurisdiccional en calidad de árbitros, por lo que la doctrina
constitucional nacional se inclina hacia la posición mixta o ecléctica debido
al:
“… origen contractual y voluntario del
arbitraje, a la prohibición del arbitraje forzoso u obligatorio de carácter
legal y a la posibilidad que tienen las partes de escoger con plena libertad el
procedimiento para el trámite del proceso arbitral, naturalmente partiendo de
la base de que la institución conserva rasgos fundamentales de la teoría
procesalista…”[98]
58. En efecto, para la Corte:
“El artículo 116 de la
Constitución Política, señala (…) que los particulares pueden ser investidos
transitoriamente de la  función de administrar justicia en la función de
conciliadores o de árbitros, luego no desvirtúa el principio de la separación
de poderes (art. 113 de la C.N.), ni la autonomía de la Rama Judicial del poder
público (art.  228 de la C.N.), ni el debido proceso por falta de juez
competente, el traslado a tribunales de arbitramento en los que los
particulares  desarrollan la función arbitral de tipo jurisdiccional (…)”[99].
En ese orden de ideas, es claro que en el arbitraje
debe respetarse el derecho al debido proceso, puesto que para este Tribunal,
las partes al atribuir la solución de un conflicto al arbitraje deben actuar “…dentro
de los presupuestos y pautas del debido proceso con unos límites en el tiempo,
fijados -según lo dicho- por las propias partes y por la ley a falta de lo que
éstas dispongan.”[100]
Bajo esta misma línea, estableció la Corte que a la
ley le corresponde determinar: i) los asuntos y la forma en que los particulares
pueden administrar justicia en la condición de árbitros; ii) los límites y
términos en que los árbitros están habilitados para administrar justicia, y
iii) sus funciones y facultades, que son las mismas que tienen los jueces[101].
En ese sentido:
“Los
árbitros, al igual que las restantes autoridades judiciales, deben, garantizar
la efectividad de los derechos y deberes consagrados en la Constitución (C.P.,
art. 2) y administrar pronta y cumplida justicia con el objeto de asegurar la
tutela judicial de quienes la reclaman (C.P. art. 229). El deber de efectividad
no es incompatible con las instituciones y mecanismos procesales que dispone la
ley para asegurar la capacidad de acierto de la justicia y a través de los
cuales se articula el debido proceso.”[102]
El arbitraje no solamente
guarda relación con el debido proceso, sino que además en su establecimiento
debe garantizarse el acceso a la administración de justicia, razón por la cual,
están proscritos constitucionalmente acuerdos privados que prohíban de manera
absoluta acudir a la justicia ordinaria o impongan sanciones, cargas
desproporcionadas o irrealizables[103] que constituye una barrera
para su acceso. Bajo esa línea jurisprudencial:
“… el acuerdo
de voluntades del que surge la jurisdicción arbitral, tiene límites bien
definidos, puesto que tras la apariencia de un  consenso libremente
adoptado, no puede entorpecer el acceso a la justicia, el desconocimiento de
derechos irrenunciables de alguna de las partes, o la violación de principios
esenciales del orden social como la seguridad jurídica o la
igualdad de oportunidades.”[104]
59. Las características del arbitraje han sido
identificadas por la Corte de la siguiente manera[105]:
i) voluntariedad: porque existe un acuerdo previo libre y voluntario de las partes en
conflicto de someter sus disputas a un tribunal de arbitramento. En ese
sentido, al ser un instrumento jurídico que desplaza a la jurisdicción
ordinaria en el conocimiento de ciertos asuntos, "… tiene que partir de
la base de que es la voluntad de las partes en conflicto, potencial o actual,
la que habilita a los árbitros para actuar"[106].
En ese orden de ideas, “… es deber de las partes, con el propósito de dotar
de eficacia a sus determinaciones, establecer con precisión los efectos que se
siguen de acudir a la justicia arbitral y conocer las consecuencias jurídicas y
económicas subsiguientes a su decisión; sólo así se puede hablar de un
verdadero acuerdo.”[107];
ii) temporalidad: el ejercicio de la
función judicial atribuida a los particulares en calidad de árbitros es
transitoria y se limita a la cuestión propuesta por las partes en conflicto.
Para este Tribunal "…
no es concebible que  el
ejercicio de la jurisdicción, como función estatal,  se desplace de manera
permanente y general a los árbitros y conciliadores (C.P. art 113)"[108];
iii) excepcionalidad: el ejercicio de
jurisdicción por los particulares tiene límites materiales, como quiera que no
todo asunto puede ser resuelto en un laudo arbitral, pues existen bienes
jurídicos cuya disposición no está sujeta a una resolución arbitral particular,
así se haya estipulado voluntariamente por las partes en conflicto. En ese
orden, con fundamento en el principio de la seguridad jurídica, ciertas
materias, como aquellas relacionadas con la garantía de los derechos
fundamentales, no podrán ser objeto de arbitraje, toda vez que están reservadas
a los jueces[109];
y
iv) es una figura de naturaleza procesal:
la solución de las controversias jurídicas sometidas a los particulares
investidos de jurisdicción debe realizarse en concordancia con la Constitución
y la ley. En ese sentido, el arbitraje tiene la naturaleza de un proceso, en el
que se respeten las garantías fundamentales de defensa y contradicción de las
partes enfrentadas, a través de etapas y oportunidades para el debate
argumental, la valoración de las pruebas aportadas y la revisión de los
pronunciamientos hechos por las partes.
Para la Corte:
“Se trata de un mecanismo en el que han de
aplicarse con rigor las garantías del debido proceso aplicables a toda
actuación judicial, pues de nada sirve la inclusión de mecanismos de solución
de litigios, adicionales y alternativos al sistema ordinario contemplado en la
legislación, si su aplicación se traduce en el desconocimiento de derechos
constitucionales fundamentales.”[110].
Así
las cosas, esta Corporación ha establecido que sin importar la forma del
procedimiento al que acudan las partes como expresión del principio de
efectividad, la justicia que se imparta debe ser compatible “… con las
instituciones y mecanismos procesales que dispone la ley para asegurar la
capacidad de acierto de la justicia y a través de los cuales se articula el
debido proceso."[111]
60. Ahora bien, el arbitraje puede ser nacional,
doméstico o local, cuando los conflictos entre las partes que están sujetas
a una ley nacional o respecto de bienes o intereses radicados en el país de que
se trate, el cual se lleva a cabo en dicho lugar y con sujeción a su propia
legislación. El arbitraje es internacional si las personas o bienes
involucrados son de diferentes países o sujetos a legislaciones de varios
Estados, el proceso se adelanta en cualquier lugar, generalmente distinto al de
las partes en conflicto y regulado por el derecho internacional. Por último el
arbitraje extranjero o foráneo, es aquel que se realiza en un país
distinto al propio y al mismo tiempo se considera como nacional de ese país,
porque involucra a personas e intereses sujetos a la ley del país extranjero[112].
61. En conclusión, el arbitraje es un mecanismo
heterocompositivo y alternativo para componer conflictos. Existen varias
teorías que buscan explicar la naturaleza jurídica de esta institución, entre
las que se encuentran, la voluntarista, que considera que el arbitraje es una
institución de derecho privado, que se fundamenta en el acuerdo de voluntades
de las partes en conflicto. De otra parte, se encuentra la teoría procesalista,
que le otorga al arbitraje una naturaleza de proceso, regido por normas de
orden público contenidas en la ley. También se encuentra la teoría mixta o
ecléctica, que se encuentra en el intermedio de ambas y reconoce su origen a
partir del acuerdo privado de voluntades y considera como pública, la función
ejercida por los árbitros. Esta última postura ha sido adoptada por la
jurisprudencia constitucional nacional.
Ese instrumento de solución alternativa de
conflictos, guarda una íntima relación con el derecho de acceso a la
administración de justicia, el debido proceso, la igualdad de oportunidades
para las partes y la seguridad jurídica, entre otros, razón por la cual esta
proscrito constitucionalmente, cualquier acuerdo privado que menoscabe estos
intereses superiores.
Las características de este instrumento son la
voluntariedad, excepcionalidad, temporalidad y su naturaleza procesal. Dentro
de las clases de arbitraje se encuentra el nacional, el internacional y el
foráneo o extranjero, cuya diferencia radica en las partes, objeto, intereses y
normas aplicables para solucionar la controversia.
Marco normativo del arbitraje internacional
en Colombia
62.
El arbitraje internacional tiene su fundamento constitucional en el artículo
116 de la Carta Política y en las normas que buscan la internacionalización de
las relaciones económicas[113]
del Estado colombiano. De esta suerte, debe reconocerse la vigencia de
principios de derecho internacional privado que regulan la actividad comercial,
entre los que se encuentra la aceptación del arbitraje internacional para la
solución pacífica de las controversias. Es inevitable que en desarrollo de
relaciones económicas de carácter comercial e internacional, se vinculen dos o
más ordenamientos jurídicos, razón por la cual, deben establecerse mecanismos
de solución de controversias confiables, eficaces y flexibles, que sean de
fácil adaptación al tráfico internacional. Estas soluciones no tienen por qué
afectar la soberanía de los Estados, por el contrario efectivizan la seguridad
jurídica y fomentan la internacionalización de las relaciones comerciales[114].
63. En el ámbito legal nacional, la Ley 1562 de 2012[115]
consagró de manera clara, amplia y expresa como principios del arbitraje la imparcialidad, idoneidad, celeridad,
igualdad, oralidad, publicidad y contradicción[116]. En materia de
procedimiento estableció que en los arbitrajes pueden acordarse reglas de
procedimiento a seguir, directamente o por referencia a las de un centro de
arbitraje y en todo caso se deberán respetar los principios constitucionales
que integran el debido proceso, el derecho de defensa y la igualdad de las
partes[117].
64. Por su parte, la sección tercera de la Ley 1562 de
2012, regula específicamente el arbitraje internacional. En efecto, se está en
presencia del mismo cuando: i) las partes en un acuerdo de arbitraje tengan, al
momento de la celebración de ese acuerdo, sus domicilios en Estados diferentes;
o ii) el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones o
el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha,
está situado fuera del Estado en el cual las partes tienen sus domicilios; o
iii) la controversia sometida a decisión arbitral afecte los intereses del
comercio internacional[118].
Por
disposición de la mencionada ley, en la interpretación del arbitraje
internacional, se deberá tener en cuenta su especial carácter, la necesidad de
promover la uniformidad de su aplicación y la observancia de la buena fe,
además cuando las cuestiones reguladas en materia de arbitraje internacional
que no estén expresamente resueltas en ella se resolverán de conformidad con
los principios generales de derecho internacional[119]. Esta norma regula
además aspectos relacionados con el acuerdo de arbitraje[120], composición del
tribunal arbitral[121],
competencia del tribunal arbitral[122],
medidas cautelares[123],
pronunciamiento, impugnación y reconocimiento y ejecución del laudo[124].
El
arbitraje en la práctica del Estado colombiano
65. El
Estado colombiano de tiempo atrás y hasta la fecha, ha suscrito una serie de
tratados bilaterales y multilaterales, cuya finalidad es la resolución pacífica
de las controversias. A continuación, la Sala presentará los rasgos más
importantes en materia de arbitraje[125]:
a.
Convención de 1907 para la resolución pacífica de controversias
internacionales, firmada en la Haya el 18 de octubre de 1907. Entró en vigencia
en el país con la Ley 251 de 1995 y su estudio de constitucionalidad está
contenido en la sentencia C–281 de 1996. En este tratado se estableció la Corte
Permanente de Arbitraje[126],
el procedimiento que debe seguirse en el juicio arbitral[127], que en todo caso
deberá atender a los principios de derecho internacional[128], el respeto a la ley
y la obligación de someterse al laudo de buena fe[129].
Para la Corte:
“La solución de los litigios de orden internacional por medio del
arbitraje ha sido objetivo constante de Colombia y resulta claro que el
procedimiento arbitral dentro de la categoría de los medios pacíficos de
solución de controversias, tiene frente a los otros medios (los buenos oficios,
la mediación, la investigación y la conciliación internacional), la diferencia
de que se trata de un procedimiento que una vez aceptado y acordado reviste el
carácter de obligatorio, contemplando el correspondiente procedimiento
contencioso que culmina con el respectivo fallo definitivo que hace tránsito a
cosa juzgada. Las reglas que en la Convención integran el llamado proceso
arbitral, son prácticamente las mismas que se han consagrado en otros
instrumentos internacionales de los cuales Colombia es Parte, como el Tratado
General de Arbitraje Interamericano de 1929 o el Tratado Americano de
Soluciones Pacíficas o "Pacto de Bogotá" de 1948, que da preferencia
para todo tipo de controversias a la Corte Internacional de Justicia y en forma
subsidiaria admite la aplicabilidad del procedimiento arbitral que puede
culminar en la aplicación del régimen arbitral establecido en la Corte
Permanente de Arbitraje de La Haya regulado por la Convención que se estudia.”[130]
b.
Tratado de Derecho Internacional Privado entre las repúblicas de Colombia y
Ecuador de 1903. Este tratado entró en vigor con la Ley 13 de 1905 y estableció
en su artículo 47, que el laudo arbitral se reconocerá siempre que “… aunque
sean expedidos a favor de otras personas, se acredita que en el Estado donde se
verificó el juicio o el arbitraje se observa la reciprocidad.”
c. Convención de Arbitraje en el asunto del ferrocarril
de Antioquia entre Colombia y Gran Bretaña de 1896. Este Tratado entró en vigencia
por disposición de la Ley 13 de 1896 y su finalidad era la de solucionar las
controversias surgidas a raíz de la construcción de un ferrocarril que
comunicara la ciudad de Medellín con el rio Magdalena. Entre los rasgos más
importantes está el procedimiento que debe seguir el juicio arbitral[131]
, la garantía de imparcialidad de los árbitros[132]
y de los derechos de defensa y contradicción de las partes[133].
d. Convenio sobre Arbitraje suscrito entre Colombia y
Gran Bretaña de 1908, entró en vigor con la Ley 2 de 1909. Tenía como objetivo
concluir acuerdos sobre arbitraje en los casos en que se acuda a esta figura.
Se estableció que no podrán someterse a arbitraje aquellos asuntos que
comprometan intereses vitales, independencia o el honor de los Estados
contratantes y que afecten los intereses de terceras potencias[134].
Del mismo modo estableció la obligación de suscribir un compromiso especial en
el que deberán: i) fijar claramente el objeto del litigio; ii) la extensión de
los poderes de los árbitros; y iii) la forma de constitución del Tribunal
arbitral y su procedimiento[135].
e. Tratado de Arbitraje General celebrado entre la
República Argentina y la República de Colombia de 1912. Entró en vigor con la
Ley 64 de 1912, en este tratado se fijaron las pautas para el desarrollo de la
figura del arbitraje entre los dos países en el siguiente sentido: i) No podrán
someterse a arbitraje preceptos de la Constitución de uno u otro país contratante[136];
y ii) las partes deberán firmar un compromiso especial que determine el objeto
del litigio, el asiento del tribunal, el monto de la suma que cada una de las
partes debe depositar anticipadamente, la forma que debe dársele al tribunal,
los plazos para su constitución, el canje de alegatos y los documentos que las
partes pretendan hacer valer[137].
En caso de no existir compromiso, en dicho tratado se
acordó que las partes en su momento se obligaron a seguir las reglas
establecidas en la Convención para el arreglo pacífico de las cuestiones
internacionales, firmada en la Haya el 29 de julio de 1899[138].
Además de lo anterior, las partes también fijaron la forma en que debe
pronunciarse el laudo[139]
y la revisión del mismo[140],
entre otras.
f. Convención de Arbitraje suscrita entre la República
de Colombia y la República de Chile de 1914. Esta convención entró en vigencia por
Ley 14 de 1913 y tenía como finalidad solucionar amistosamente las dificultades
que pudieran surgir entre las dos naciones. De esa suerte, no podían someterse
a esta figura aquellas cuestiones que afectaran la soberanía, el honor, la
seguridad nacional, las disposiciones constitucionales de uno u otro Estado, o
los intereses de otra potencia[141].
También estableció la obligación de suscribir un
compromiso especial en el que se determine: i) el objeto del litigio; ii) la
extensión de las facultades del árbitro o del tribunal; iii) el modo de
constitución; iv) su asiento; v) el idioma que haya de usarse; vi) la cantidad
de dinero que deben depositar las partes; y vii) formalidades y plazos del
procedimiento[142].
g. Convención de Arbitraje sobre Límites celebrado entre
Colombia y los Estados Unidos de Venezuela de 1916. Esta Convención entró en
vigencia con Ley 64 de 1916 y tenía como objetivo resolver cualquier diferencia
en relación con la demarcación de la frontera común de las dos naciones, fijada
por el Laudo de la Corona de España el 16 de marzo de 1891. En este tratado, se
fijó el objeto del litigio[143];
los poderes de los árbitros[144]
y el plazo para fallar[145],
entre otros aspectos.
h. Tratado de Arbitraje entre los Estados Unidos
Mexicanos y la República de Colombia de 1928. El tratado entró en vigor con la
Ley 27 de 1930, su finalidad era someter a arbitramento todas las diferencias
que puedan suscitarse entre las partes y que no pudieran ser resueltas por vía
diplomática. En este Acuerdo internacional se estableció entre otras cosas que:
i) no podrán ser objeto de arbitraje aquellas cuestiones que comprometan la
independencia o la soberanía de ambas naciones, o el ejercicio de ellas en asuntos
internos; ii) hechos y actos autorizados por la Constitución de cada Estado; y
iii) cuestiones que puedan comprometer a un tercer Estado[146].
Al igual que en otras oportunidades, los Estados se
comprometieron a firmar un compromiso en el que determinaría: i) el objeto del
litigio; ii) la sede del tribunal; y iii) reglas y procedimientos para el
funcionamiento del mismo[147].
El artículo 5 del Tratado establece la colaboración que deben prestarse los
Estados en materia de práctica de pruebas como son citación de testigos,
peritos, inspecciones oculares entre otras. Además, la forma en que debe
proferirse el laudo y la revisión del mismo[148].
Las mismas fórmulas de compromisos especiales y
aquellas relacionadas con el procedimiento del juicio y el reconocimiento de
laudos proferidos en el exterior, se han utilizado en otros instrumentos
internacionales suscritos por Colombia como son: i) el Tratado de Arbitraje
entre la República de Colombia y el Reino de España de 1929[149];
Tratado de no agresión, conciliación, arbitraje y arreglo judicial entre
Colombia y Venezuela de 1939[150];
Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá)[151];
Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales
extranjeras de 1958[152];
Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y
nacionales de otros Estados que constituyó el Centro Internacional para el
arreglo de diferencias relativas a inversiones (CIADI) de 1965[153];
Convención Interamericana sobre arbitraje comercial internacional de 1975[154];
Convención Interamericana sobre eficacia Extraterritorial de las sentencias y
laudos arbitrales extranjeros de 1979[155];
Convenio constitutivo del organismo multilateral de garantía de inversiones de
1986[156];
y el Convenio Constitutivo del fondo multilateral de Inversiones de 1992[157],
entre otros.
i. Más recientemente en el Acuerdo de promoción y
protección de inversiones con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte de 2009, se estableció una cláusula de arbitraje en el artículo 10 que
contenía: i) notificación previa de someter la disputa al arbitraje con una antelación
no menor a 6 meses; ii) acuerdo especial sobre qué clase de tribunal y
procedimiento se aplicaría al juicio arbitral y sus límites y facultades; iii)
imposibilidad de celebrar acuerdos especiales que impidan la conciliación, la
mediación o el arreglo de la controversia por mutuo acuerdo; iv) forma de
proferir el laudo y ejecución del mismo; y v) garantías del debido proceso,
defensa y contradicción en el juicio arbitral.
Este instrumento fue sometido a control de
constitucionalidad de este Tribunal, oportunidad en la que se reiteró lo
afirmado en la sentencia C–309 de 2007, al estudiar una cláusula de arbitraje
similar[158].
Allí concluyó que era exequible bajo las siguientes consideraciones:
“… (i) crea los mecanismos procesales necesarios para la solución de
controversias relativas a la ejecución del convenio; (ii) preserva la soberanía
estatal en tanto contempla la necesidad de agotar inicialmente la vía
gubernativa; (iii) dada la naturaleza de las diferencias que pueden suscitarse
con ocasión del tipo de inversiones objeto de esta clase de convenios, puede
llegar a ser mucho más conveniente y pacífico que sea un organismo
internacional especializado a un tribunal de arbitraje quien las solucione;
(iv) la promoción de la internacionalización de las relaciones políticas,
económicas, sociales y ecológicas prevista en el artículo 226 constitucional,
no sería posible sin el recurso de acudir a los tribunales internacionales.” [159]
j. El artículo 14 del Acuerdo de Transporte Aéreo entre Colombia
y Estados Unidos de América del 2011, contiene una cláusula de arbitraje con
mínimos estándares en materia de debido proceso, defensa y contradicción, al
establecer: i) plazos para presentar la demanda, contestación de la misma y
expedición del laudo; ii) mecanismos de revisión del laudo; y iii) ejecución
del laudo arbitral. La constitucionalidad de este acuerdo fue revisada por la
Corte en sentencia C–132 de 2014, en la que se refirió a que:
“… la utilización del arbitraje como
mecanismo de solución de controversias en tratados comerciales, armoniza con la
Carta Política, por cuanto son coincidentes con la obligación estatal de
promover la internacionalización de las relaciones económicas, políticas,
sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia
nacional, asegurando el fortalecimiento de una verdadera integración y
fortaleciendo la pacífica solución de los conflictos en las relaciones
internacionales.”[160]
k. En el “Acuerdo
de promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de
América´, sus ´cartas adjuntas´ y sus ´entendimientos´” de 22 de noviembre de
2006” se estableció una
cláusula de arbitraje que contenía
“i) consultas y
negociación, ii) sometimiento de una reclamación a arbitraje, iii)
consentimiento de cada una de las partes al arbitraje, iv) condiciones y
limitaciones al consentimiento de las Partes, v) selección de los árbitros, vi)
realización del arbitraje, vii) transparencia de las actuaciones arbitrales,
viii) derecho aplicable, ix) interpretación de los anexos, x) informes de
expertos, xi) acumulación de procedimientos, xii) laudos, y xiii) entrega de
documentos.”[161]
l.
Esta Corporación al analizar el “Acuerdo para la promoción y protección de inversiones entre la
República de Colombia y la República Popular China” y su Ley aprobatoria 1462 de 2011, indicó que pactar cláusulas de arbitraje en instrumentos
internacionales, para la solución de las controversias que puedan surgir del
mismo, son mecanismos civilizados para resolver de manera pacífica y pronta los
conflictos que se presentan entre las partes contratantes y un inversionista o
viceversa[162].
El arbitraje en la práctica internacional.
66. Existen instrumentos internacionales sobre la
materia, que no rigen para Colombia[163],
pero que permiten ofrecer una visión referente de la forma en que debe surtirse
el procedimiento arbitral:
i) El Protocolo de Ginebra sobre cláusulas de arbitraje
de 1923 y el Convenio de Ginebra relativo a la ejecución de sentencias
arbitrales extranjeras de 1927. Estas han dejado de regir en los países que han
adherido a la Convención de Naciones Unidas de 1958;
ii) Convención de Derecho Internacional Privado, conocido
como código de Bustamante de 1928;
iii) Tratado de Derecho Procesal Internacional de 1940.
iv) Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial
Internacional de 1961;
v) Convención sobre la solución por vía de arbitraje de
litigios de derecho civil de 1972;
vi) Convención Interamericana sobre competencia en la
esfera internacional para la eficacia extraterritorial de las sentencias
extranjeras de 1984;
vii) Ley Modelo de la CNUDNMI sobre arbitraje comercial
internacional de 1985 (ley modelo UNCITRAL).
viii) Convención Interamericana sobre derecho aplicable a
los contratos de 1994.
67. En
conclusión, de la práctica nacional e internacional en materia de tratados de
arbitraje, se extraen tres (3) temas fundamentales que las partes se han
obligado a observar: i) etapa prearbitral, en la que se debe dejar claro el
litigio sometido al arbitramento y las materias que están excluidas del mismo;
ii) procedimiento del juicio arbitral, que en todo caso debe garantizar el
derecho al debido proceso, defensa y contradicción, del que también hacen parte
las regulaciones internacionales sobre: el régimen probatorio, los plazos, el
idioma, la forma del laudo y su revisión; y iii) el régimen de ejecución de los
laudos extranjeros por parte de los Estados contratantes.
Reglas
jurisprudenciales sobre garantías procesales mínimas en materia de arbitraje
internacional.
68. Del
estudio teórico, jurisprudencial, legal y de la práctica nacional e
internacional de la institución de arbitraje, se observa que ha sido
considerado a partir de la teoría mixta o ecléctica, pues si bien tiene su
origen en el acuerdo de voluntades de las partes que suscriben el tratado, se
le ha otorgado una naturaleza de proceso, en el que se protegen garantías
mínimas procesales de los contratantes en conflicto.
69. En
ese orden de ideas, considera la Sala que al momento de suscribir cláusulas de
solución de controversias de los instrumentos internacionales que incluyan el
arbitraje, las partes contratantes deben salvaguardar los principios de acceso
a la administración de justicia, seguridad jurídica, debido proceso y los
derechos de defensa y contradicción de los colombianos. Para tales efectos, se
tendrán en cuenta las siguientes reglas de garantías mínimas de los colombianos
y del Estado mismo, que se acojan a tribunales de arbitramento internacional:
i)
Etapa prearbitral: en la suscripción de la cláusula
deberán respetarse los límites materiales que en ningún momento podrán
obstaculizar de manera absoluta el acceso a la administración de justicia y
tampoco podrán ser llevados asuntos que no sean transigibles, como son aquellos
relacionados con la soberanía interna de los Estados parte, normas
constitucionales, seguridad nacional, afectación a terceros países, entre
otras.
ii) Procedimiento
del juicio arbitral: en el establecimiento del procedimiento arbitral
deberán garantizarse el derecho fundamental al debido proceso, defensa y
contradicción. A tal efecto, las partes contratantes deberán conocer
previamente las reglas procesales que serán usadas por el tribunal de
arbitramento, no solo en materia de constitución del mismo, poderes y límites
de los árbitros, sino también, sobre la publicidad de los actos procesales y
oportunidades para presentar alegaciones, el valor de elementos probatorios,
los plazos del ejercicio de la función arbitral, idioma de las actuaciones, la
forma en que será pronunciado el laudo y la posibilidad de su posterior
revisión.
iii)
Ejecutividad del laudo extranjero: en todo caso y con la finalidad
de garantizar el acceso a la administración de justicia y la seguridad
jurídica, las partes previamente deben conocer la forma o procedimientos para
lograr la ejecución de laudos extranjeros en los Estados que suscribieron el acuerdo
internacional.
Estudio
de constitucionalidad del artículo 26 del Convenio objeto de revisión
70. Procede
la Sala Plena al estudio de la constitucionalidad en concreto del uso del
arbitraje pactado en el Acuerdo suscrito entre Colombia y Turquía, como
mecanismo alternativo de solución pacífica de controversias.
El
uso de un compromiso de forma escalonada en el que las primeras fases son
autocompositivas, es decir, las mismas partes buscan la solución del conflicto,
bien a través de sus autoridades aeronáuticas, o mediante canales diplomáticos,
no tienen reproche constitucional alguno, pues respetan la pretensión de
internacionalización de las relaciones comerciales del país y la integración a
través de mecanismos pacíficos de solución de conflictos.
71. Ahora
bien, en materia de arbitraje, una vez han fracasado los anteriores escenarios,
se genera una duda razonable sobre la constitucionalidad de este instrumento,
razón por la cual será analizada a la luz de las reglas jurisprudenciales
fijadas anteriormente para efectos de garantizar los derechos fundamentales de
las personas y del Estado mismo, que se acojan al Acuerdo suscrito, veamos:
72. En la
etapa prearbitral, es claro que el objetivo del compromiso es superar las
diferencias relativas a la interpretación o aplicación del Acuerdo suscrito
entre Colombia y Turquía. Ese instrumento internacional tiene como finalidad:
i) facilitar la expansión de las oportunidades de los servicios aéreos
internacionales en escenarios competitivos y eficientes, que aumente el
crecimiento económico, el comercio, el turismo, la inversión, y el bienestar de
los consumidores; y ii) fortalecer la seguridad y protección en los servicios
aéreos internacionales.
Estas
materias no implican afectación de la soberanía interna del país, menoscabo de
los derechos fundamentales, seguridad nacional o afectación de intereses de
terceros países. Su formulación tampoco implica un obstáculo para el acceso a
la administración de justicia, razón por la cual se considera constitucional.
73. En relación con el procedimiento del juicio arbitral,
se observa que se estableció la forma de constitución del tribunal de
arbitramento, compuesto por tres (3) árbitros, dos (2) de ellos elegidos por
cada una de las partes y el tercero por acuerdo de los dos (2) árbitros
elegidos por estas. En caso de que las partes no logren un acuerdo, o los
árbitros no elijan al dirimente, cada parte podrá solicitar al Presidente del
Consejo de OACI, designe el árbitro dirimente o el de la parte que no lo haya
elegido. Este procedimiento de constitución del tribunal de arbitraje no
encuentra reparo constitucional alguno, pues se da la posibilidad de que las
partes nombren sus árbitros y que el tercero dirimente sea elegido por los dos
(2) árbitros o por una entidad independiente como lo es la OACI, que también
podrá designar el árbitro de la parte, lo que garantiza la independencia y
autonomía de los particulares investidos de jurisdicción.
74. Los numerales 3º y 5º del Acuerdo establecen que “…
cualquiera de las Partes Contratantes pueden de acuerdo con sus leyes y
regulaciones relevantes someter la controversia a un tribunal de arbitramento.”
y “El tribunal de arbitramento determinará sus procedimientos y el lugar del
arbitramento sujeto a las disposiciones acordadas al respecto entre las partes
contratantes”, respectivamente.
75. Una lectura integral del Acuerdo permite concluir que
las disposiciones relativas a la cláusula de arbitraje es constitucional, en
tanto, puede entenderse que: i) las partes, con fundamento en el acuerdo de
voluntades, convinieron que fuera el tribunal de arbitramento, quien
determinará su propio procedimiento y el lugar del mismo, siempre conforme lo
determinen los Estados contratantes; y ii) los Estados contratantes deberán
actuar en este procedimiento arbitral, bajo estrictos criterios de
reciprocidad, de tal manera que se garantice el derecho al debido proceso de
quienes participen de este mecanismo de solución de controversias. Por estas
razones, la Corte no encuentra reproche de inconstitucionalidad
Normas instrumentales[164]
76. El Acuerdo trae adicionalmente temas relacionados con
la forma en que se realizan las consultas, enmiendas, registros, terminación,
la forma en que entrará en vigor y finalmente las rutas contenidas en el anexo
1, así como la posibilidad de celebrar acuerdos de cooperación comercial,
conforme al anexo 2.
En la exposición de motivos se advirtió que el Acuerdo
crea un marco que regula “… las relaciones aerocomerciales entre los dos
países con la posibilidad de establecer servicios aéreos desde y hacia Turquía
a fin de lograr una efectiva integración entre los dos países en el campo del
transporte aéreo, lo cual beneficiará a los usuarios, el comercio, el turismo,
la conectividad, la industria aeronáutica y el desarrollo de nuestras
naciones.”[165]
En ese entendido, estas específicas disposiciones
regulan aspectos operativos y mecanismos de gobernabilidad del Acuerdo y
constituyen normas instrumentales, cuya relevancia constitucional radica en el
fin legítimo de desarrollar las relaciones comerciales internacionales con el
Gobierno de Turquía, sobre la base de principios como la soberanía nacional,
libre determinación de las autoridades colombianas, con generación de
escenarios de integración económica, comercial y social, fundadas en la
equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.
Bajo esa argumentación, la Corte Constitucional no
encuentra, que las mencionadas disposiciones vulneren o desconozcan principios
constitucionales.
Conclusiones
El examen integral realizado por esta Corporación al “Acuerdo
de servicios aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno
de la República de Turquía”, suscrito en Ankara el 18 de noviembre de 2011,
y su Ley aprobatoria número 1689 del 17 de diciembre de 2013, permite concluir:
77. La revisión formal de constitucionalidad del
instrumento internacional y de su ley aprobatoria, muestra que se cumplieron
las reglas y subreglas jurisprudenciales establecidas para las fases: i) previa
gubernamental: que acreditó la representación válida del Estado colombiano, por
la Ministra de Relaciones Internacionales doctora María Ángela Holguín, en la
negociación, celebración y suscripción del instrumento internacional, así como
su aprobación y remisión al Congreso de la República por parte del Presidente de
la República; ii)  legislativa: en la que se verificó el cumplimiento del
procedimiento legislativo establecido para las leyes ordinarias y en especial
la exigencia del anuncio previo, conforme al artículo 160 de la Constitución; y
iii) posterior gubernamental, que consagra el deber del Presidente de la
República de sancionar la ley y remitirla a la Corte Constitucional dentro de
los 6 días siguientes, en cumplimiento del artículo 241 No. 10 de la
Constitución Política.
78. No se configuró un vicio de forma en el trámite
legislativo del presente asunto, pues, a pesar de romperse la cadena de
anuncios previos en el trámite surtido en la Cámara de Representantes, el
proyecto de ley aprobatoria fue anunciado previamente en la sesión
inmediatamente anterior a la votación del mismo, situación que representó una
irregularidad irrelevante, en consonancia con las reglas y subreglas
jurisprudenciales establecidas por esta Corporación y los principios
democrático, de publicidad y de instrumentalización de las formas.
79. Al analizar materialmente la Ley aprobatoria 1689 de
2011, este Tribunal considera que es constitucional, pues se constató que el
Congreso de la Republica, respetó la Competencia fijada en el artículo 150 No.
16 y aprobó el Acuerdo internacional sometido a su consideración por parte del
Gobierno Nacional, sin introducir modificaciones al texto del Instrumento que
es objeto de estudio de constitucionalidad con respeto a las reglas sobre
entrada en vigor del instrumento internacional.
80. De la revisión material de constitucionalidad del
Acuerdo, la Corte encuentra la constitucionalidad pura y simple de todas las
disposiciones del tratado, pues desarrollan principios constitucionales como la
internacionalización de las relaciones económicas, sociales y ecológicas, sobre
bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República
de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero:
Declarar EXEQUIBLE la Ley 1689
del 17 de diciembre de 2013 “Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de
servicios aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de
la República de Turquía”, suscrito en Ankara el 18 de noviembre de 2011.
Segundo:
Declarar EXEQUIBLE el “Acuerdo
de servicios aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno
de la República de Turquía”, suscrito en Ankara el 18 de noviembre de 2011.
Cópiese, notifíquese, comuníquese e
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el
expediente.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Presidente
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Magistrada
ANDRÉS MUTIS VANEGAS
Secretario General (E)
[1]
Esta entidad fue puesta en conocimiento del proceso de constitucionalidad
mediante oficio No. 1837 de 2 de julio de 2014, radicado en la institución
púbica en la misma fecha. Su pronunciamiento fue radicado en
la Secretaria General de esta Corporación el 17 de julio de 2014.
[2]
Esta entidad fue puesta en conocimiento del proceso de constitucionalidad mediante
oficio No. 1836 de 2 de julio de 2014, radicado en la institución púbica en la
misma fecha. Su pronunciamiento fue radicado en la Secretaria
General de esta Corporación el 17 de julio de 2014.
[3]
Esta entidad fue puesta en conocimiento del proceso de constitucionalidad
mediante oficio No. 1838 de 2 de julio de 2014, radicado en la institución
púbica en la misma fecha. Su pronunciamiento fue radicado en
la Secretaria General de esta Corporación el 17 de julio de 2014.
[4]
Según consta en el acta 245 de 30 de octubre de 2013,
publicada en la Gaceta del Congreso número 1025 de 2013.
[5]
Sentencia C–533 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández y C–982 de 2010. M.P.
María Victoria Calle.
[6]
Sentencia C–468 de 1997 M.P. Alejandro Martínez Caballero,
reiterada en sentencias C-378 de 1996, M.P Hernando Herrera Vergara;
C-682 de 1996, M.P Fabio Morón Díaz; C-400 de 1998, M.P Alejandro Martínez
Caballero; C-924 de 2000, MP: Carlos Gaviria Díaz, C–576 de 2006 M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa, entre otras.
[7]
Sentencia C–011 de 2010 M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[8]
artículo 7 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969,
aprobada por Colombia mediante la ley 32 de 1985.
[9]
Ver Sentencias C–582 de 2002, C–933 de 2006, C–534 de 2008
todas con ponencia del doctor Rodrigo Escobar Gil, además las sentencias C–537
de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño, C–039 de 2009 y C–378 de 2009 ambas con
ponencia del doctor Humberto Sierra Porto entre otras.
[10]
Ibídem.
[11]
Auto 081 de 2008.
[12]
Sistematizadas en la sentencia C–533 de 2008 M.P. Clara Inés
Vargas Hernández, reiteradas en sentencias C–305 de 2010 M.P. Luís Ernesto
Vargas Silva, C–982 de 2010 M.P. María Victoria Calle Correa, entre otras.
[13]
Subreglas reiteradas en sentencia C–305 de 2010 M.P. Luís
Ernesto Vargas Silva
[14]
Fol. 15 cuaderno principal.
[15]
Fol. 25 cuaderno principal.
[16]
Fol. 23v cuaderno principal
[17]
Folios 108 – 113 cuaderno principal.
[18]
Folios 128v, 129, y 129v
[19]
Fol. 139 cuaderno principal. La próxima sesión según el acta
26 de comisión, fue anunciada para el día de mañana a partir de las 10
a.m.(fol. 142v)
[20]
Folio 142v cuaderno principal.
[21]
Fol. 14v y ss cuaderno principal.
[22]
Según acta número 27 del 3 de abril de 2013 que obra a folios
143-146 cuaderno principal.
[23]
Folios 92 al 96 cuaderno principal.
[24]
Fol. 98  cuaderno principal
[25]
Folios 102 – 103 cuaderno principal
[26]
Ibídem.
[27]
Fol. 75 cuaderno principal.
[28]
Folio 34 cuaderno principal.
[29]
Fol. 48v y 49 cuaderno principal. La próxima sesión fue
convocada para “mañana a las 10 de la mañana” (fol. 49).
[30]
Fol. 57v. La próxima sesión fue convocada “… para el próximo
martes a las 10:30 de la mañana.” (fol. 57v)
[31]
Fol. 58v cuaderno principal.
[32]
Fol. 33V cuaderno principal.
[33]
Fol. 69 v y ss cuaderno principal.
[34]
Fol. 181v cuaderno principal.
[35]
Sentencia C–225 de 2014 M.P. Luís Guillermo Guerrero Pérez.
[36]
También se ha recurrido al principio de principio de
corrección de las formas, que rechaza la concepción de los trámites como
condiciones sin relevancia constitucional al respecto ver sentencia C–134 de
2014 M.P. María Victoria Calle Correa.
[37] Sentencia
C–737 de 2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Consideración No. 7.
[38]
En diversas oportunidades, la Corte ha aplicado el
principio in dubio pro legislatoris, según el cual en caso de duda
razonable acerca de la ocurrencia de un vicio de procedimiento, aquélla debe
ser resulta a favor de la decisión mayoritaria adoptada por un cuerpo
deliberante, como lo es el Congreso de la República. Se trata, en pocas
palabras, de una manifestación del principio democrático. Sobre este tema se
pueden consultar, entre otras, las Sentencias C-031 de 2009, C-608 de 2010,
C-941 de 2010, C-076 de 2012, C-332 de 2012, C-367 de 2012, C-457 de 2012 y
C-786 de 2012.
[39]
Sentencia C–225 de 2014 M.P. Luís Guillermo Guerrero Pérez.
[40]
Sentencia C–134 de 2014 M.P. María Victoria Calle Correa.
[41]
Sentencia C–473 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
reiterado en sentencia C–240 de 2012 M.P. Nilson Pinilla Pinilla y C–225 de
2014 M.P. Luís Guillermo Guerrero Pérez, entre otras.
[42]
Sentencia C–225 de 2014 M.P. Luís Guillermo Guerrero Pérez.
[43]
Ibídem. Consideración 27.
[44]
Sentencia C-667 de 2014 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[45]
Folios 216v, 217, y 217v cuaderno principal.
[46]
Folio 169 cuaderno principal.
[47]
Fol. 1 cuaderno principal
[48]
Sentencia C–576 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[49] Sentencias C–546 de 1993 M.P. Carlos Gaviria Díaz, C
– 102 de 1994 M.P. Carlos Gaviria Díaz, C–039 de 1995 M.P. José Gregorio
Hernández, C–105 de 1997 M.P. Fabio Morón Díaz, C–391 de 2000 M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz, C–1161 de 2000 M.P. Alejandro Martínez Caballero, C–1252 de
2001 M.P. Clara Inés Vargas, C–551 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynnet,
entre otras.
[50]
Artículo 1 y 29 del Acuerdo.
[51]
Sentencia C–294 de 2002 M.P. Jaime Araujo Rentería
[52]
Sentencia C–132 de 2014 M.P. Mauricio González Cuervo.
[53]
Artículos 2, 5, 9 (parcial), 10, 11, 12 y 16 del Acuerdo
[54]
Artículo 1 del Acuerdo
[55]
Diez de Velasco, M. Instituciones de derecho internacional
público. Decimoséptima edición. Editorial Tecnos. España, 2009. Pág. 458.
[56]
Al respecto ver Diez de Velasco, Manuel. Ob. Cit. Pág. 458;
Monroy Cabra, M G. Derecho internacional público, Tercera Edición, Editorial
Temis, 1993. Pág. 292; Sequera Duarte, Álvaro. Derecho aeronáutico, Librería
Ediciones del Profesional Ltda. Bogotá, 2004, Pág. 129; Márquez Aponte, Plinio
Enrique. Manual de derecho aeronáutico, Librería ediciones del profesional
LTDA, Bogotá, 2003, Pág. 20. Entre otros.
[57]
Aunque la doctrina ha identificado hasta nueve libertades,
para efectos prácticos la Corte analizará sólo las cinco libertades del aire
contenidas en el Acta final de la Conferencia de Chicago de 1944.
[58]
Diez de Velasco, M. Ob. Cit. Págs. 458 – 459,
[59]
Numeral 1º, Sección 1ª, artículo1 del Acuerdo relativo al
tránsito de los servicios aéreos internacionales hecho en Chicago el 7 de
diciembre de 1944, publicado mediante orden de 26 de febrero de 1947 sobre acta
final y Convenios firmados en la Conferencia Internacional de Aviación Civil de
Chicago (gaceta de 14 de marzo de 1947)
[60]
Márquez Aponte, P E. Ob. Cit. Pág. 20
[61]
Numeral 2, Sección 1ª, artículo1 del Acuerdo relativo al
tránsito de los servicios aéreos internacionales hecho en Chicago el 7 de
diciembre de 1944, publicado mediante orden de 26 de febrero de 1947 sobre acta
final y Convenios firmados en la Conferencia Internacional de Aviación Civil de
Chicago (gaceta de 14 de marzo de 1947)
[62]
Márquez Aponte, P E. Ob. Cit. Pág. 20
[63]
Diez de Velasco, M. Ob. Cit. Pág. 459.
[64]
Ibídem.
[65]
Numeral 3, sección 1, artículo 1, Convenio sobre transporte aéreo
internacional, aprobado el 7 de diciembre de 1944 publicado en la Gaceta No.
103 del 17 de mayo de 1946.
[66]
Márquez Aponte, P E. Ob Cit. Pág. 21.
[67]
Numeral 4, sección 1, artículo
1, Convenio sobre transporte aéreo internacional, aprobado el 7 de diciembre de
1944 publicado en la Gaceta No. 103 del 17 de mayo de 1946.
[68]
Márquez Aponte, P E. Ob Cit. Pág. 21
[69]
Numeral 5, sección 1, artículo
1, Convenio sobre transporte aéreo internacional, aprobado el 7 de diciembre de
1944 publicado en la Gaceta No. 103 del 17 de mayo de 1946.
[70]
Márquez Aponte, P E. Ob Cit. Pág. 22
[71]
Documento electrónico disponible en http://www.aerocivil.gov.co/AAeronautica/Rrglamentacion/RAC/Biblioteca%20Indice%20General/RAC%20%205%20-%20Reglamento%20del%20Aire.pdf
[72]
Artículo 1788 Código de Comercio.
[73]
Artículo 10 Convención de Chicago de 1944.
[74]
Artículos 3, 4, 15 del Acuerdo
[75]
Artículo 5 del Acuerdo. Conforme al artículo 1 del Acuerdo, la
capacidad hace referencia: i) en relación con la aerolínea, “la carga útil de
la aeronave disponible en la ruta o sección de una ruta; y ii) en relación con
un servicio aéreo especificado, la capacidad de la aeronave utilizada en tal
servicio multiplicada por la frecuencia operada con tal aeronave sobre un
periodo dado en una ruta o sección de una ruta.
[76]
Artículo 6 del Acuerdo.
[77]
Folios 17 – 22 cuaderno principal.
[78]
M.P. Alejandro Martínez
Caballero
[79]
M.P. Rodrigo Escobar Gil
[80]
M.P. Luis Ernesto Vargas.
Reiterado en sentencia C–537 de 2010 M.P. Juan Carlos Henao Pérez
[81]
Artículo 6, 7, 8 (parcial), 9 (parcial) y 13 del Acuerdo.
[82]
M.P. Mauricio González Cuervo.
[83]
Artículos 8 (parcial), 18 - 22 del Acuerdo.
[84]
Oppetit, Bruno. Teoría del Arbitraje, Bogotá, Legis Editories
S.A., Paginas 30 – 31, citado por Benetti Salgar Julio. El arbitraje en el
derecho colombiano. Cámara de Comercio de Bogotá. Editorial Kimpres Ltda. 2009
pág. 46.
[85]
Morales Molina, Hernando. Curso de derecho procesal civil.
Parte general. 4ª edición. Lerner. 1960. Pág. 51.
[86]
Sentencia C-431/95, M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara.
[87]
Sentencia C–242 de 1997 M.P. Hernando Herrera Vergara.
[88]
Vescovi. Enrique. Teoría general del proceso. Temis. 1984,
Bogotá. Pág. 7.
[89]
Cfr. Artículo 116 de la Constitución Política.
[90]
Las características propias del arbitramento y el lugar que éste procedimiento
ocupa dentro del sistema de administración de justicia consagrado por el
constituyente del 91, son detalladamente expuestos en la Sentencia C-226 de
1993 (M.P. Alejandro Caballero Martínez), que constituye un claro punto de
partida jurisprudencial a la hora de precisar la intervención de los
particulares como agentes -y no meros sujetos- del proceso judicial.
[91]
Emmanuel Gaillard & Jhon Savage, EDs., Eds. Fouchard,
Gaillard, Goldman on international comercial arbitratio. Kluwer Law
International. 1999, citado en Rey Vallejo, Pablo, El arbitraje y los
ordenamientos jurídicos en Latinoamérica: un estudio sobre formalización y
judicialización, 126 Vniversitas, 2013, pág. 205.
[92]
Guasp, Jaime. El arbitraje en el derecho español: su nueva
regulación conforme a la ley de 22 de diciembre de 1953, Bosch, Barcelona,
1956, citado en Rey Vallejo, Pablo ob. Cit. Pág. 205.
[93]
Montoya Albertí, Ulises. El arbitraje comercial, Lima,
Cultural Cuzco S.A., 1998, Pág. 34.
[94]
Rey Vallejo. Ob cit. Pág. 204.
[95]
Benetti Salgar Ob. Cit. Pág. 58.
[96]
Morales H. Ob. Cit. Pág. 51-52.
[97]
Gaceta Judicial, t. CXXXVII, pág. 58, M.P. Luis Sarmiento
Buitrago
[98]
Benetti Salgar. Ob. Cit. Pág. 59.
[99] Sentencia
C – 592 de 1992. M.P. Fabio Morón Díaz. Ver también sentencia c – 226 de 1993
M.P. Alejandro Martínez Caballero en la que afirmó: “El arbitramento, por
su parte, es una de las instituciones más sólidamente establecidas en el
derecho, no sólo porque siempre se le ha considerado como una forma eficaz de
dirimir conflictos, sino porque tiene evidentes ventajas prácticas para quienes
lo utilizan y para el orden social mismo, en cuyo mantenimiento o restablecimiento
colaboran de una manera oportuna y objetiva.”
[100]
Sentencia C–426 de 1994 M.P. José Gregorio Hernández
Galindo.
[101]
Sentencia C–431 de 1995 M.P. Hernando Herrera Vergara.
[102]
Sentencia C–451 de 1995 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[103]
Sentencia C–163 de 1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[104]
Sentencia C–060 de 2001 M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[105]
Sentencia C–330 de 2000 M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[106]
Corte Constitucional Sentencia C-294 de 1995 M.P. Jorge Arango Mejía
[107]
Sentencia C–330 de 2000 M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[108]
Corte Constitucional Sentencia T-057 de 1995. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[109]
Ibídem.
[110]
Sentencia C–330 de 2000 M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[111]
Corte Constitucional Sentencia C-451 de 1995. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[112]
Benetti Salgar. Ob. Cit. Pág. 63.
[113]
Preámbulo, artículos 9, 226 y 227 de la Constitución
Política de 1991.
[114]
Salvamento de voto del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz a
la Sentencia C–347 de 1997 M.P. Jorge Arango Mejía.
[115]
Por medio de la cual se expide el estatuto de arbitraje
nacional e internacional y se dictan otras disposiciones.
[116]
Artículo 1 Ley 1562 de 2012.
[117]
Artículo 58 de la Ley 1562 de 2012.
[118]
Artículo 62 de la Ley 1562 de 2012.
[119]
Artículo 64 Ley 1562 de 2012.
[120]
Artículos 69 a 71.
[121]
Artículo 72 a 78.
[122]
Artículo 79.
[123]
Artículo 80 al 90.
[124]
Artículo 101 a 116.
[125]
La información es tomada de la página oficial del Ministerio
de Relaciones Exteriores disponible en. http://apw.cancilleria.gov.co/tratados/SitePages/BuscadorTratados.aspx?TemaId=34&Tipo=M
[126]
artículo 41.
[127]
Artículo 51 al 90
[128]
artículo 73.
[129]
Artículo 37.
[130]
Sentencia C-381 de 1996 M.P. Hernando Herrera Vergara.
[131]
Artículo 1 al 8
[132]
artículo 1.
[133]
Artículo 5 al 8.
[134]
Artículo 1.
[135]
Artículo 2.
[136]
Artículo 1.
[137]
Artículo 2.
[138]
Ibídem.
[139]
Artículo 5
[140]
artículo 6.
[141]
Artículo 1.
[142]
Artículo 2.
[143]
Artículo 1
[144]
artículo 3.
[145]
Artículo 5.
[146]
Artículo 1.
[147]
Artículo 4.
[148]
Artículo 7.
[149]
En vigencia por Ley 26 de 1929.
[150]
Aprobado por Ley 14 de 1941
[151]
Aprobado por Ley 37 de 1961. El procedimiento se encuentra
establecido en los artículos 39 al 49.
[152]
Aprobada por Ley 39 de 1990.
[153]
Aprobado por Ley 267 de 1996 cuya constitucionalidad fue
revisada en Sentencia C – 442 de 1996 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[154]
Aprobada por Ley 44 de 1986.
[155]
Aprobada por la Ley 16 de 1981.
[156]
Aprobado por Ley 149 de 1994 cuya constitucionalidad fue
revisada en sentencia C–203 de 1995 M.P. José Gregorio Hernández Galindo. El
artículo 4 del anexo II estableció el procedimiento del juicio arbitral.
[157]
Aprobado por Ley 111 de 1994, su constitucionalidad fue
revisada en sentencia C–390 de 1994. M.P. Fabio Morón Diaz. El anexo A del
Convenio de administración establece el procedimiento del juicio de arbitraje
de los artículos 1 al 5.
[158]
Contenida en el artículo 10 del“Acuerdo entre la República de Colombia y
el Reino de España para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho y firmado en Bogotá D.C., el 31 de marzo de 2005.
[159]
Sentencia C–169  de 2012 M.P Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[160]
M.P. Mauricio González Cuervo. En esta sentencia se reiteró lo
manifestado en sentencia C–864 de 2006 M.P. Rodrigo Escobar Gil;
[161]
Sentencia C–750 de 2008 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[162]
Sentencia C–199 de 2012 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[163]
Benetti Salgar. Ob. Cit. Pág. 98.
[164]
Artículo 25, 27, 28, 30, 31 del Acuerdo.
[165]
Fol. 21 cuaderno principal.