T-771-06
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-771/06
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ-Factores que deben tenerse en cuenta para
determinar plazo razonable
El plazo razonable debe analizarse de acuerdo a las
circunstancias de cada caso en concreto, en el cual, siguiendo la
jurisprudencia de esta Corporación, de todas maneras deben tenerse en cuenta
algunos factores que pueden incidir en la determinación, calificación y
valoración del mismo, que se concretan en: 1) si existe un motivo válido para
la inactividad de los accionantes; 2) si esta inactividad injustificada vulnera
el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión y, 3)
si existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la
vulneración de los derechos de los interesados.
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ EN PROCESO
EJECUTIVO HIPOTECARIO-Caso
en que proceso aún no ha terminado
Para esta Sala, en principio, la sola verificación del paso del
tiempo entre la adjudicación del bien en el proceso ejecutivo y la iniciación
de la acción de tutela sin que se den ninguno de los lineamientos expuestos en
la jurisprudencia constitucional que puedan tenerse como válidos para
justificar la mora en la solicitud de protección constitucional, sería
suficiente para declarar la improcedencia de la acción de tutela por
incumplimiento del principio de inmediatez. Sin embargo, en este caso, como se
pudo verificar, después de llevarse a cabo la diligencia de remate,
adjudicación y orden de entrega del bien a la entidad ejecutante, el proceso
ejecutivo no terminó, y por el contrario, continuó la ejecución contra xx.
Proceso que para el momento de instaurarse la acción de tutela, se encontraba
vigente con la finalidad del “recaudo total de la obligación.
LEY 546/99-Doctrina constitucional sobre el artículo 42
parágrafo 3
Las diferentes Salas de Revisión de esta
Corporación han explicado de manera amplia y suficiente las razones por las
cuales, después de adoptada la sentencia C-955 de 2000 por la Sala Plena, la
interpretación conforme a la Constitución del parágrafo 3º del artículo 42 de
la Ley 546 de 1999, es aquella según la cual, tras la reliquidación del crédito
en los procesos ejecutivos que estaban en curso a 31 de diciembre de 1999,
seguidos en contra de los deudores morosos de créditos de vivienda adquiridos
en UPAC, deben darse por terminados, sin ninguna otra consideración.
VIA DE HECHO EN PROCESO EJECUTIVO
HIPOTECARIO-Defecto por
error en la interpretación de la Ley 546/99
PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Demandado debió desplegar un mínimo de
actividad tendiente a la terminación del proceso
Si del aspecto fáctico se concluye que
el demandante en la tutela acudió directamente al juez constitucional, sin que
previamente hubiera ejercido actividad tendiente a la terminación del proceso
apoyado en la ley de vivienda, no puede pretender ahora que por vía de tutela
se corrija este yerro. Si en estas condiciones se depara protección, se estaría
premiando la total inactividad del actor que no planteó dicha controversia ante
el juez de conocimiento y en el escenario natural que es el mismo proceso ejecutivo.
De la misma manera, la Corte ha declarado la improcedencia de la acción de
tutela, en aquellos casos en los cuales se ha verificado que el tutelante
asumió una conducta totalmente pasiva al interior del proceso ejecutivo o
cuando aún cuenta con recursos que no ha agotado. La inactividad del actor
puede darse por ejemplo cuando no se interponen los recursos ordinarios
existentes o se interponen extemporáneamente. Igualmente, la Corte ha
considerado improcedente la acción de tutela cuando el proceso comenzó después
de la vigencia de la ley 546 de 1999 o cuando no se cumplen los presupuestos
generales de aplicación de la  citada Ley.
VIA DE HECHO EN PROCESO EJECUTIVO
HIPOTECARIO-Caso en que el
inmueble objeto de la ejecución estaba siendo perseguido en otro proceso
Referencia: expediente T-1355833
Acción  de tutela instaurada por Nabor
Enríquez Hernández y Nabor Leonardo Enríquez Ocaña en contra del Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Pasto (Nariño), del Banco Central Hipotecario en
liquidación y de la Compañía Central de Inversiones S.A. –CISA-.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Bogotá D. C., ocho (8) de septiembre de dos
mil seis (2006).
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional,
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular las
contenidas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución y el
Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
revisión de los fallos adoptados por la Sala Civil – Familia- del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Pasto (Nariño) y la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acción de tutela incoada por Nabor
Enrique Hernández y Nabor Leonardo Enrique Ocaña, en contra del Juzgado Tercero
Civil del Circuito de Pasto (Nariño), del Banco Central Hipotecario en
liquidación y de la Compañía Central de Inversiones S.A. –CISA-.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos y acción de tutela
interpuesta.
Los señores Nabor Enríquez
Hernández y Nabor Leonardo Enríquez Ocaña, instauraron acción de tutela en
contra del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto (Nariño), del Banco
Central Hipotecario en liquidación y de la Compañía Central de Inversiones S.A.
–CISA-, invocando la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad ante la ley, de acceso a la administración de justicia y
a la vivienda digna, en razón a que a su juicio, en las decisiones adoptadas
dentro de un proceso ejecutivo hipotecario seguido en su contra, el despacho judicial
demandado desconoció el ordenamiento legal vigente sobre la terminación de
procesos ejecutivos hipotecarios iniciados antes del 31 de diciembre de 1999 y
las sentencias sobre el tema proferidas por la Corte Constitucional.
Son fundamento de la demanda, los siguientes:
En el año 1993, el Banco Central Hipotecario otorgó un
crédito por valor de $18´560.000.oo, a Nabor Enríquez Hernández y Nabor
Leonardo Enríquez Ocaña, con destino a la adquisición de una vivienda, para lo
cual suscribieron el 11 de noviembre de 1993 el pagaré No. 1 O.H. 37003894-0,
bajo la modalidad de “CRÉDITO VALOR CONSTANTE, SISTEMA XVI DE AMORTIZACIÓN”,
con plazo final a 15 años (180 cuotas mensuales), que equivalía inicialmente a
3.575.2399 unidades UPAC.
En 1997 los citados ciudadanos solicitaron otro
crédito a la misma entidad financiera por  un valor de $20´000.000.oo, razón
por la que el día 24 de noviembre de 1997 firmaron el pagaré No. 1 O.H.
03702928-1. La modalidad de esta obligación fue para “COMPRADOR EN MONEDA
CORRIENTE, CON TASA DE INTERÉS VARIABLE, SISTEMA DE AMORTIZACIÓN No. 41”, a
10 años (120 cuotas mensuales). La finalidad del crédito, según los actores era
la realización de reparaciones locativas al inmueble adquirido con el dinero
prestado inicialmente.
Según los tutelantes, debido a la crisis económica
producida en el año 1997, solamente les fue posible mantener al día la primera
obligación  hasta el 8 de agosto de 1998, y la segunda hasta el 24 de
septiembre de 1998.
Con el objeto de hacer efectivas las obligaciones
adquiridas, la entidad financiera instauró proceso ejecutivo hipotecario en
contra de los deudores y se profirió mandamiento ejecutivo  de pago por Auto
del 17 de febrero de 1999; providencia en la que además se ordenó el embargo
del bien inmueble hipotecado y se notificó en legal forma a los demandados, sin
que propusieran excepciones.
Mediante providencia del 13 de mayo de 1999, se
resolvió decretar la venta en pública subasta del inmueble dado en garantía
hipotecaria y la práctica de la liquidación de los créditos. Una vez aportada
por la parte demandante la liquidación de los mismos, se le corrió traslado a
los ejecutados el 23 de agosto de 1999 por tres días, sin que fuesen objetados.
Con fecha 28 de septiembre de 1999, la abogada de la
parte demandante, solicitó al juzgado la fijación de fecha y hora para la
realización de la diligencia de remate; previo a dar trámite a este pedimento,
el juzgado solicitó a la entidad financiera ejecutante informara si se había
dado cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia
C-383 del 27 de mayo de 1999.
A través de oficio del 19 de octubre de 1999, los
ejecutados solicitaron al juzgado que no fijara fecha y hora para la audiencia
de remate, pues debía tenerse en cuenta las disposiciones legales existentes
sobre el tema, en razón a  que la Corte Constitucional mediante sentencia C-700
de 1999 había declarado inexequibles algunas normas sobre el sistema UPAC.
Por oficio de fecha 2 de febrero de 2000, los
demandados pidieron al juzgado la suspensión y archivo del proceso acogiéndose
a lo dispuesto en la Ley 546 de 1999, afirmando anexar la solicitud que
hicieron al banco para que les hiciera conocer los valores resultantes de la
reliquidación de sus obligaciones. Solicitud que el juzgado dijo no resolver
hasta tanto se  adjuntara el oficio anunciado.
El día 21 de junio de 2002, se agregó al proceso la
liquidación de la obligación presentada por la apoderada de la demandante.
En providencia del 4 de febrero de 2004, el juzgado
resolvió reconocer como sucesora procesal de la entidad demandante a la
Compañía Central de Inversiones S.A.  (CISA).
El 15 de marzo de 2004, los ejecutados se dirigieron
al Departamento Jurídico de la Compañía Central de Inversiones S.A. -CISA- y a
su gerente, solicitando su intervención ante el Juzgado de conocimiento del
proceso ejecutivo, con el fin de que se suspendiera por 6 meses la diligencia
de remate, habida cuenta que aprovechando el apoyo de sus familiares, deseban
proponer una fórmula de arreglo. A lo pedido se respondió negativamente, pero
se instó para que se acercaran a una firma de cobranzas donde les ofrecerían
opciones de negociación, con el ánimo de que pudieran salvar su vivienda; lo
que efectivamente hicieron planteando una propuesta, pero no se les dio
respuesta.
A través de Auto del 13 de abril de 2004 se realizó la
diligencia de remate, y ante la inexistencia de postura, se declaró desierta la
misma. Previa solicitud elevada por la apoderada del ejecutante el día 19 de
abril de 2004 se le adjudicó por el valor que sirvió de base para la postura y
se ordenó el levantamiento de las medidas cautelares y la entrega del bien a la
entidad demandante para lo cual se comisionó por
Auto del día 28 de julio de 2004 al Juez Civil Municipal (Reparto)[1]
.
El  7 de  mayo de 2004, el Juzgado Tercero Civil del
Circuito ordenó actualizar la liquidación del crédito y costas para establecer
que existía un saldo pendiente por cubrir. Una vez presentada la misma por la
apoderada de la ejecutante, el 19 de mayo de ese año, se le corrió traslado a
los demandados por tres días, venciéndose en silencio.
En providencia del 23 de septiembre de 2004, se remitió
el expediente para que se incorporara al concordato de Nabor Leonardo Enríquez
que se estaba adelantando en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pasto,
actuación que se puso en conocimiento de la entidad demandante para que
decidiera si prescindía de cobrar su crédito a cargo del otro deudor. Por auto
del 3 de diciembre de 2004, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto,
expidió constancia a la apoderada del ejecutante sobre el estado del proceso y
copia auténtica de los títulos para que se hiciera parte en el concordato
aludido y se decidió continuar el proceso ejecutivo en contra de Nabor Enríquez
Hernández.
A través de escrito recepcionado el 15 de febrero de
2006 en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, los señores
Nabor Enríquez Hernández y Nabor Leonardo Enríquez Ocaña, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la
administración de justicia y vivienda digna, incoaron acción de tutela en
contra del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto (Nariño) y de la
Compañía Central de Inversiones –CISA-, pues en su sentir el juzgado accionado
al no acceder a la terminación del proceso ejecutivo que se seguía en su
contra, en aplicación de la Ley 546 de 1999 y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional sobre la materia violó los derechos invocados.
Dicha acción constitucional fue remitida por la
Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Pasto (Nariño), en razón a la calidad de los demandados,
en donde fue radicada el día 24 de febrero de 2006.
2. Intervención de las entidades demandadas.
Los argumentos esgrimidos por los despachos judiciales
y las entidades financieras demandas fueron los siguientes:
2.1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto.
El doctor Rodrigo Nelson Estupiñán Coral, en calidad
de Juez Tercero Civil del Circuito de Pasto, en comunicación fechada 2 de marzo
de 2006, respondió la acción de tutela. Después de hacer un recuento detallado
sobre el trámite que se le imprimió por el despacho a su cargo al proceso
ejecutivo, destaca que se trató de dos pagarés que soportaban obligaciones
distintas, una de ellas se pactó en UPAC, de allí que sobre ella operó la
reliquidación con base en la Ley 546 de 1999, y la otra en pesos, por cuanto se
trató de un crédito de libre inversión que no estaba sujeto a la ley de
vivienda, razón por la que sobre éste último no se hizo reliquidación de la
obligación.
Sostiene que, no existían motivos para la suspensión
del proceso o terminación del mismo, pues con la demanda ejecutiva no se
perseguía solo una obligación hipotecaria de vivienda constituida en UPAC, sino
también una obligación o crédito ordinario constituido en pesos, de libre
inversión, y las obligaciones por el valor correspondiente al pago de las
primas de seguros de los dos créditos. También se encontraba registrado un
embargo de remanente y bienes que por cualquier causa se llegaren a
desembargar, medida que fue ordenada por otro juzgado civil de Pasto.
Adujo que, el bien ya se remató y ante la inexistencia
de postura, mediante providencia, se adjudicó a la parte ejecutante por el
valor que sirvió de base para la postura, sin que esta decisión fuera objeto de
censura. Resaltó que para el momento de incoarse la tutela el proceso estaba
vigente, pues con la adjudicación del inmueble no se cubrió la totalidad de la
deuda. Además, advirtió que en otro juzgado civil del circuito se estaba
adelantando un proceso de concordato iniciado por el ejecutado, Nabor Enríquez
Hernández y que la entidad demandante en el ejecutivo, no renunció a continuar
con la ejecución en contra del otro demandado.
Finalmente, insistió en que la acción de tutela es
improcedente, máxime cuando los accionantes asumieron una actitud pasiva, esto
es, no propusieron excepciones, no formularon recursos y no iniciaron ninguna
clase de incidente. Para ello cita sentencias de la Corte Constitucional sobre
el tema, en las cuales, en su sentir, se exige una actitud diligente dentro del
proceso ejecutivo respectivo tendiente a reclamar la terminación del mismo.
Además, manifestó que en el presente caso no existió inmediatez en la solicitud
de protección, dado que la acción de tutela se presentó después de casi dos
años de haberse surtido la diligencia de remate del bien.
2.2. La Compañía Central de Inversiones
S.A.
El doctor Leonardo López Amaya,
actuando como Abogado Asesor de la Vicepresidencia Jurídica de la Compañía
Central de Inversiones S.A., en comunicación fechada 2 de marzo de 2006, dio
respuesta a la tutela. Básicamente sostuvo la improcedencia de esta acción por
los siguientes  motivos: falta de ejercicio de los mecanismos de defensa dentro
del proceso ejecutivo; por ausencia de inminencia del perjuicio, en razón a
que  entre la providencia  de remate  y la solicitud de protección han pasado
cerca de dos años, y, por la inexistencia de un pronunciamiento judicial que
niegue la terminación del proceso objeto de amparo.
Concluye manifestando que, el
proceso ejecutivo tiene por objeto no solamente el cobro de una obligación que
financió la adquisición de una vivienda, sino otro crédito de naturaleza
distinta.
3. Decisiones judiciales objeto de revisión.
3.1. Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Pasto, Sala Civil –Familia-.
La Sala Civil - Familia- del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto en fallo adiado 9 de marzo de
2006, negó la protección solicitada. Sostuvo que los actores no se percataron
del principio de inmediatez que rige las acciones de tutela, puesto que desde
la diligencia de remate y adjudicación del inmueble, hasta la iniciación de
esta acción constitucional, ha transcurrido más de año y medio, y para la fecha
pueden verse afectados derechos de terceros, teniendo en cuenta que el dominio
del bien puede estar en cabeza de otra persona.
Además de lo anterior, las
obligaciones contraídas por los actores no se refieren únicamente a créditos
cuyo fin sea la adquisición de vivienda individual a largo plazo, pues de la
segunda orden de pago se desprende una prestación de índole diferente a la
compra de vivienda o la construcción de una vivienda individual, con lo que se
concluye que no le son aplicables los beneficios consagrados en la Ley 546 de
1999. Hay que tener en cuenta también que, el bien hipotecado estaba siendo perseguido
por terceros, se encontraba embargado el remanente y los bienes que por
cualquier causa se llegaren a desembargar, lo que acarrea la consecuente
persecución a los demandados por otras obligaciones, con un alto grado de
probabilidad de que el bien trabado en la litis pudiera perderse.
Finalmente, aduce que el amparo
constitucional no procede debido a la negligencia e imprudencia de los
demandantes en el proceso ejecutivo que se les siguió, pues  no hicieron uso de
los mecanismos de defensa judicial para contrarrestar las pretensiones de la
ejecutante, bien sea, contestando la demanda, proponiendo excepciones,
instaurando incidentes, entre otros, como lo ha exigido la jurisprudencia
constitucional. Tampoco se demostró que los demandados en el proceso ejecutivo
hipotecario hubieren solicitado la terminación del proceso al interior del
mismo.
3.2. Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil.
La Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, mediante fallo del 27 de abril de 2006, confirmó la
decisión impugnada. Sustentó la improcedencia de la acción de tutela en que,
los accionantes dejaron de hacer uso de los medios de defensa judicial con los
que contaban al interior del proceso ejecutivo; el crédito objeto de recaudo
estaba destinado a libre inversión, y además el bien hipotecado se encontraba
perseguido por terceros conforme a orden de embargo procedente de otro despacho
judicial, por lo cual no era posible la terminación del proceso con fundamento
en la Ley 546 de 1999, y, no se reúne el principio de inmediatez que es propio
de la acción de tutela como mecanismo de protección inmediata y excepcional,
pues desde el momento de la adjudicación del inmueble hasta la solicitud de
protección ha transcurrido un tiempo que nos es razonable para intentar esta
acción.
4. Pruebas relevantes que obran en el
expediente de tutela.
-
Escrito de tutela
instaurada por los señores Nabor Enríquez Hernández y Nabor Leonardo Enríquez
Ocaña, en contra del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto (Nariño), del
Banco Central Hipotecario en Liquidación y de la Compañía Central del
Inversiones S.A. –CISA-. Folios 1 al 20 del cuaderno No. 1.
-
Demanda ejecutiva
instaurada por el Banco Central Hipotecario en contra de los señores Nabor
Enríquez Hernández y Nabor Leonardo Enríquez Ocaña y pagarés que soportan la
obligación. Folios 22 al 37.
-
Copia del acta de
reparto de la demanda surtido el día 11 de febrero de 1999. Folio 43.
-
Copia de la providencia
del 17 de febrero de 1999, a través de la cual el Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Pasto, profiere mandamiento ejecutivo de pago en contra de los
demandados y notificaciones de la misma. Folios 45 a 48.
-
Copia de la providencia
del 13 de mayo de 1999, por medio del cual se decretó la venta en pública subasta
del bien dado en garantía hipotecaria y se decretó el avalúo del mismo. Folios
54 y 55.
-
Copia del oficio del 13
de agosto de 1999  a través del cual la entidad financiera aporta  la
liquidación del crédito. Folios 58 al 60.
-
Copia del Auto de fecha
20 de agosto de 1999 por medio del cual se corrió traslado a los demandados de
la liquidación del crédito aportado por la entidad ejecutante y se incluyó las
costas del proceso. Folio 61.
-
Copia del oficio del 28
de septiembre de 1999, suscrito por la apoderada de la entidad demandante
solicitando la fijación de fecha y hora para la diligencia de remate y copia de
la providencia del 14 de octubre de 1999, proferida por el juzgado en el que
solicita a la ejecutante indique si se le ha dado cumplimiento a lo ordenado
por la Corte Constitucional en la sentencia C-383 de 1999. Folios 63 y 64.
-
Copia de la
comunicación de fecha 19 de octubre de 1999, suscrita por los demandados,
dirigida al juzgado de conocimiento en la que solicitaron la no fijación de fecha
y hora para remate hasta que no se verificaran las disposiciones legales
aplicables, teniendo en cuenta la sentencia C-700 de 1999 que declaró
inexequibles algunas normas del sistema UPAC, y advertencia del juzgado de que
quienes suscriben el memorial no tienen la calidad de abogados. Folios 65 y 66.
-
Copia de la solicitud
del 2 de febrero de 2000, firmada por los demandantes y dirigida al juez de
conocimiento, por medio de la cual solicitaron la suspensión y archivo del
proceso, acogiéndose a lo contemplado en la Ley 546 de 1999, en la que
afirmaron anexar una comunicación que dirigieron a la entidad ejecutante. Folio
68.
-
Copia del Auto de fecha
8 de febrero de 2000, en el que el juez de conocimiento decide no resolver lo
solicitado hasta tanto los demandantes no anexen el documento que afirmaron
aportar. Folio 69.
-
Comunicación del 14 de
septiembre de 2000, a través de la cual, la abogada de la entidad demandante
allega la liquidación de los dos créditos y solicita fijación de fecha y hora
para la diligencia de remate. Folios 70 a 72.
-
Copia del oficio de
fecha 19 de junio de 2002 dirigido el juzgado por la apoderada de la
ejecutante, en el cual manifiesta que como la entidad había concluido el
proceso de revisión de la reliquidación de los créditos adjunta los mismos para
que sean tenidos en cuenta. Folios 90 a 94 del cuaderno No. 2 que contiene el
proceso ejecutivo.
-
Oficio del 27 de enero
de 2004, por medio del cual la apoderada de la entidad ejecutante allega
documento  que acreditó la cesión del crédito a la Compañía Central de
Inversiones S.A. –CISA-, y reconocimiento sucesoral por parte del juzgado, de
fecha 9 de febrero de 2004. Folios 79 a 82 del cuaderno No. 1.
-
Copia del Auto de fecha
2 de marzo de 2004, mediante el cual se fijó para el día 13 de abril de ese año
la diligencia de remate. Folio 1 del cuaderno de medidas cautelares.
-
Copia de la solicitud
de intervención para la suspensión temporal de la diligencia de remate elevada
el 15 de marzo de 2004 por los demandados al Departamento Jurídico y al Gerente
de la Compañía Central de Inversiones S.A. –CISA- y propuesta de solución para
recuperar su vivienda. Folios 146 a 163 del cuaderno No. 1.
-
Copia de la diligencia
de remate llevada a cabo el 13 de abril de 2004, en la que después de cerrada
la diligencia, se declaró desierta por falta de postores. Folios 2 y 3 del
cuaderno de medidas cautelares.
-
Copia de la solicitud
de adjudicación del bien, elevada el día 14 de abril de 2004 por la apoderada
de la entidad demandante y copia del Auto de fecha 19 de abril de 2004, por
medio de la cual se adjudicó el inmueble, por el valor que sirvió de base para
la postura. Folios 4 a 6 del cuaderno de medidas cautelares.
-
Copia del oficio de
fecha 30 de abril de 2004 suscrito por la apoderada de la entidad ejecutante, a
través del cual allega al proceso la liquidación actualizada del crédito con el
fin de que se establezca que existía un saldo por cubrir. Folios 108 al 110 del
cuaderno No. 1 que contiene el proceso ejecutivo.
-
Copia del Auto del 18
de mayo de 2004, proferido por el juzgado de conocimiento a través del que se
corre traslado de la liquidación del crédito aludido en el punto anterior y de
la liquidación de costas, y, aprobación de las mismas por parte del juzgado por
no haber sido objetadas. Folios 112 a 114 del cuaderno No. 1.
-
Copia del Auto del 23
de septiembre de 2004 por el cual se decide remitir el proceso ejecutivo al
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pasto para que hiciera parte de un
concordato iniciado por uno de los ejecutados. Folio 115 del cuaderno No. 1.
-
Fotocopia de la
audiencia pública de fecha 18 de noviembre de 2004, por medio de la cual el
Juzgado Tercero Civil Municipal de Pasto, en cumplimiento de un despacho
comisorio hace constar que no se pudo realizar la entrega del bien, debido a
que la abogada de la parte ejecutante no se hizo presente. Folio 10 del
cuaderno de medidas cautelares.
-
Copia del Auto de fecha
3 de diciembre de 2004 a través del cual se accede a certificar a la parte
demandante sobre el estado del proceso y se expide copia auténtica de los
títulos ejecutivos para que se haga parte en el proceso concordatario y se
decidió continuar con la ejecución en contra del otro ejecutado. Folio 154 del
cuaderno No. 1 que contiene el proceso ejecutivo.
-
Auto de fecha 27 de
febrero de 2006, proferido por la Sala Civil –Familia- del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Pasto (Nariño), por medio del cual se admitió la
demanda, se ordenó al juzgado demandado rendir informe acerca de los hechos de
la demanda y se citó para que “si a bien lo tienen comparezcan a este Trámite”
al Banco Central Hipotecario en Liquidación y a la Compañía Central de
Inversiones S.A. –CISA-. Folios 6 al 10 del cuaderno No. 3 que contiene el
trámite de la tutela en primera instancia.
-
Fallo del 9 de marzo de
2006, proferido en primera instancia por la Sala Civil –Familia- del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Pasto (Nariño). Folios 29 al 41. del cuaderno
No. 3.
-
Providencia del 27 de
abril del 2006, adoptada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia a través del cual se decidió la impugnación del fallo de tutela de
primera instancia. Folios 3 al 9 del cuaderno No. 4.
5. Acumulación y Desacumulación del
expediente T-1´353.694.
Mediante providencia de fecha ocho
(8) de junio de 2006, la Sala de Selección Número Seis, resolvió seleccionar
con fines de revisión los expedientes T-1´353.694 y T-1´355.833, en los cuales
actúan como demandantes, respectivamente,  Gladys Teresa Durán Gutiérrez, Nabor
Enríquez Hernández y  Nabor Leonardo Enríquez Ocaña. Por presentar unidad de
materia, en la misma providencia se decidió acumular los aludidos expedientes
para que fueran decididos en una misma sentencia.
A través del Auto No. 234 del 28 de
agosto de 2006, esta Sala de Revisión, decidió desacumular el expediente
T-1´353.694 y declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del acto de
notificación dentro del proceso de tutela aludido, en razón a que no se había
integrado en debida forma el contradictorio en su parte pasiva y en
consecuencia, le ordenó a la Sala Civil –Familia- del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bucaramanga (Santander), que reinicie el proceso de su
conocimiento, previa notificación a la Compañía Central de Inversiones S.A.-
CISA- y a todos los legitimados para actuar en esa acción constitucional.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta
Corte es competente para conocer  los fallos materia de revisión, de
conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución
Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y demás
disposiciones pertinentes y por la escogencia del caso por la Sala de
Selección.
2. Problema jurídico.
La Sala debe determinar si el despacho judicial
demandado incurrió en vía de hecho al negarse a dar por terminado el proceso
ejecutivo hipotecario, iniciado antes del 31 de diciembre de 1999, dando aplicación
a lo señalado en el parágrafo 3º del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, una vez
aportado al proceso la reliquidación del crédito, teniendo en cuenta además que
los ejecutados habían solicitado la terminación del mismo.
Con la finalidad de resolver el problema jurídico propuesto, la Sala
recordará la doctrina constitucional sobre el artículo 42 de la Ley 546 de
1999, el sentido y alcance fijado por la Corte a lo dispuesto en el parágrafo
3º de la citada norma, y, la vía de hecho por defecto sustantivo y
procedimental en que incurre la judicatura al interpretar erradamente la citada
disposición.
No obstante lo anterior, en el proceso de
tutela que es objeto de revisión, tanto los tutelados como los despachos
judiciales de instancia, concuerdan en indicar que no se cumple el principio de
inmediatez en la solicitud de protección constitucional, pues en su
consideración, entre el momento de proferirse la providencia que ordenó el
remate del bien en pública subasta y la adjudicación del mismo por el valor de
la postura a la entidad ejecutante, y la instauración de la acción de tutela
transcurrió demasiado tiempo. Además de señalar que al interior de los procesos
ejecutivos, los demandados fueron negligentes pues no contestaron la demanda,
no propusieron excepciones, no apelaron la liquidación del crédito, no apelaron
la sentencia que ordenó el avalúo y el remate del bien, entre otros.
Por tal razón, esta Sala, como asunto
preliminar debe establecer la procedencia de la acción de tutela en el caso
concreto, y para ello deberá definir si la solicitud de amparo constitucional
fue incoada atendiendo al principio de inmediatez exigido por la jurisprudencia
de esta Corporación como requisito de procedibilidad de esta clase de acciones.
Tan sólo una vez verificado el cumplimiento
de esta exigencia para la procedencia de la acción de tutela, se abordará el
fondo del asunto con el fin de establecer si el despacho judicial accionado
incurrió en vía de hecho al negarse a dar por terminado el proceso ejecutivo
hipotecario adelantado en contra de los actores, que se había iniciado antes
del 31 de diciembre de 1999.
3.- El principio de inmediatez como
requisito sine quanon de procedibilidad de la acción de tutela.
En cumplimiento de su función
como guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución, y en especial
en el ejercicio interpretativo desplegado sobre la regulación contenida en el
artículo 86 de la Carta Fundamental[2], y
de su reglamentación a través del Decreto 2591 de 1991, esta Corporación al
referirse de manera amplia a la naturaleza y alcance de la acción de tutela, ha
señalado algunos requisitos que abren el camino para su procedencia, dentro de
los cuales se encuentra, el que este medio de defensa judicial debe utilizarse
de manera oportuna, en razón a que su finalidad es la protección “inmediata”[3] de los derechos
constitucionales fundamentales que resulten vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los
casos señalados constitucional y legalmente. Es decir, es indispensable que su
utilización tenga lugar dentro de la órbita de la ocurrencia de la amenaza o
vulneración de los derechos. De allí la explicación del por qué los principios
de preferencia y celeridad se hayan instituido como guías del proceso tutelar
cuyo principal cometido es la eficacia de los derechos fundamentales.
Entonces, la inmediatez como
requisito general de procedibilidad de la acción de tutela, exige de su
ejercicio en un término prudencial, esto es, con cierta proximidad y
consecuencia a la ocurrencia de los hechos de los que se predique la
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, pues de lo contrario la
tutela pierde su sentido y razón de ser como medio excepcional y expedito. Si
el tiempo que se ha dejado pasar, no es razonable, se desvirtúa la inminencia
de prodigar el amparo constitucional. Cuando esta circunstancia se presenta, la
consecuencia lógica es la improcedencia de la acción de tutela[4].
De esta
manera, la inmediatez como presupuesto de procedibilidad de la tutela, implica
el ejercicio de esta acción en un plazo razonable y oportuno. Con tal exigencia
se busca evitar que este medio de defensa de los derechos fundamentales sea
empleado como herramienta que premie de alguna forma, la inactividad, desidia,
negligencia o indiferencia de quienes debieron procurar la defensa de sus
derechos y no lo hicieron[5]. También el
citado principio pretende evitar que la tutela se convierta en un factor de
inseguridad jurídica[6].
Con todo, el plazo razonable debe analizarse de
acuerdo a las circunstancias de cada caso en concreto, en el cual, siguiendo la
jurisprudencia de esta Corporación, de todas maneras deben tenerse en cuenta
algunos factores que pueden incidir en la determinación, calificación y valoración
del mismo, que se concretan en: 1) si existe un motivo válido para la
inactividad de los accionantes; 2) si esta inactividad injustificada vulnera el
núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión y, 3) si
existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la
vulneración de los derechos de los interesados[7].
Una vez recordada la línea jurisprudencial sobre el
principio de inmediatez, que concibe la utilización de la tutela como una
institución jurídica de aplicación urgente que debe administrarse para
salvaguardar la efectividad concreta y actual del derecho amenazado o
vulnerado, esta Sala debe determinar enseguida si en el caso sometido a
revisión, los actores solicitaron la protección constitucional en un plazo
razonable y oportuno.
Examinadas por esta Sala las
actuaciones que se surtieron al interior del proceso ejecutivo aludido, se pudo
establecer lo siguiente: i) el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto,
profirió mandamiento de pago en contra de los actores el día 17 de febrero de
1999, y después de surtirse
las etapas propias de este proceso, el 13 de abril de 2004 se llevó a cabo la
diligencia de remate, que ante la inexistencia de postores, se declaró
desierta, y previa solicitud, el 19 de abril de 2004 se le adjudicó a la
entidad cesionaria ejecutante, se levantaron la medidas cautelares y se ordenó
la entrega del bien por Auto del 28 de julio de 2004; y,  ii) el proceso
ejecutivo continuó[8], previa
liquidación del crédito ordenado por el juez el 7 de mayo de 2004, que fue
allegada al proceso por la ejecutante el día 30 de mayo de 2004. Se liquidaron
de costas, y al no ser objetadas, como tampoco la liquidación presentada, se
les impartió aprobación por el despacho y prosiguió la ejecución en contra del
señor Nabor Enríquez Hernández, puesto que el proceso ejecutivo en contra del
otro ejecutado, Nabor Leonardo Enríquez Ocaña fue remitido al proceso
concordatario iniciado por éste y que estaba cursando en el Juzgado Cuarto
Civil del Circuito de Pasto. En el citado concordato la apoderada de la entidad
ejecutante dijo hacerse parte previa la expedición de copia auténtica de los
títulos.
De lo expuesto a la necesaria conclusión a
la que se llega es que, con el remate y adjudicación y orden de entrega del
bien a la Compañía Central de Inversiones S.A. –CISA-, no finalizó la ejecución
puesto que existía un saldo del crédito pendiente de recaudo, que fue la razón
por la cual siguió el proceso en contra de uno de los ejecutados y la entidad
financiera se hizo parte en el concordato del otro obligado con el fin de hacer
efectiva su acreencia.
Ahora bien, el 15 de febrero de 2006, los señores
Enríquez Hernández y Enríquez Ocaña, en escrito recibido en la Secretaría
General de la Corte Suprema de Justicia, instauraron acción de tutela en contra
del Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Pasto, del Banco Central Hipotecario
en liquidación y de la Compañía Central de Inversiones S.A. -CISA-, por los
motivos y las pretensiones que quedaron anotadas en precedencia. Solicitud de
protección que fue remitida al Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Pasto.
Cabe señalar entonces que,
entre la providencia surtida el 19 de abril de 2004, por medio de la cual se
accedió a la adjudicación del bien inmueble, a la entidad cesionaria del
crédito por el valor que sirvió de base para la postura y el 15 de febrero de
2006, fecha en la cual los actores acudieron a la acción de tutela, transcurrió
1 año 9 meses y 15 días.
Para esta Sala, en principio, la sola verificación del paso del
tiempo entre la adjudicación del bien en el proceso ejecutivo y la iniciación
de la acción de tutela sin que se den ninguno de los lineamientos expuestos en
la jurisprudencia constitucional que puedan tenerse como válidos para
justificar la mora en la solicitud de protección constitucional, sería
suficiente para declarar la improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento
del principio de inmediatez.
Sin embargo, en este caso, como se pudo verificar, después de
llevarse a cabo la diligencia de remate, adjudicación y orden de entrega del
bien a la entidad ejecutante, el proceso ejecutivo no terminó, y por el contrario,
continuó la ejecución contra el señor Nabor Enríquez Hernández[9].
Proceso que para el momento de instaurarse la acción de tutela, se encontraba
vigente con la finalidad del “recaudo total de la obligación[10].
De esta manera, no puede desconocerse por esta Sala que entre el
momento del remate, adjudicación y orden de entrega del bien a la entidad
ejecutante, y la iniciación de la acción de tutela por parte de los actores,
transcurrió un tiempo considerable. Empero, la actuación que se ha venido
surtiendo desde el 17 de febrero de 1999 ante el Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Pasto en el proceso ejecutivo hipotecario seguido en contra de los
tutelantes aún no ha terminado, por esta razón, no puede predicarse que los
actores al instaurar la acción de tutela no lo hicieron dentro del marco de la
ocurrencia de la amenaza o vulneración de los derechos constitucionales
fundamentales de los cuales invocaron su protección.
Por lo expuesto, esta Sala se adentrará en
el fondo del asunto con el fin de determinar si en aplicación de la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, el proceso ejecutivo hipotecario seguido
en contra de los demandantes en el amparo constitucional, debió darse por
terminado siguiendo la regulación  contendida en la Ley 546 de 1999.
Para tal cometido, como se planteó en la
solución del problema jurídico, es necesario reiterar los temas referidos a la
doctrina constitucional sobre el articulo 42 de la Ley 546 de 1999, y en
especial la interpretación conforme a la Constitución, realizada por la Corte
Constitucional del parágrafo 3º de la disposición aludida y la vía de hecho en
que pueden incurrir los jueces al interpretar erradamente el contenido de la
citada norma.
4.- Doctrina constitucional sobre el
artículo 42 de la Ley 546 de 1999 y la interpretación realizada por esta Corte
del parágrafo 3º de la citada disposición.
La regulación normativa contenida en el
artículo 42 de la Ley 546 de 1999, que previó la suspensión y terminación de
los procesos ejecutivos hipotecarios que se encontraban en curso a 31 de
diciembre de 1999, ha sido objeto de estudio por parte de esta Corporación, al
ejercer control abstracto de constitucionalidad por vía de acción, así como en
sede de revisión al verificar la constitucionalidad de las decisiones
proferidas por los jueces de instancia en materia de tutela.
Como lo manifestó la Corte Constitucional
en la sentencia C-955 de 2000, la ley marco de vivienda estableció las reglas
generales aplicables a la transición entre el anterior sistema de financiación
y el nuevo, además de los criterios tendientes a fijar la equivalencia entre la
UPAC y la UVR.
La principal meta buscada con la aludida
regulación legislativa, fue fijar las pautas, criterios y objetivos con base en
los cuales se pretendía poner fin al conflicto generado, respecto de los miles
de deudores hipotecarios por el colapso del sistema UPAC.
En la sentencia citada, la Sala Plena de la
Corte sostuvo:
“En realidad, debe reconocerse que a las
sentencias C-383, C-700 y C-747 de 1999, dictadas por esta Corte, y a la
expedición de la Ley acusada antecedieron inocultables síntomas de perturbación
social ocasionada por el aumento exagerado de las tasas de interés, por la
vinculación de la DTF al cálculo de la unidad de poder adquisitivo constante y
por la capitalización de intereses en las obligaciones contraídas con el sector
financiero.
Es un hecho públicamente conocido, que por
tanto no necesita prueba especial dentro de este proceso ni requiere ser
sustentado en cifras, el de que las deudas en UPAC se hicieron impagables en la
generalidad de los casos, en términos tales que se extendió la mora y que la
cartera hipotecaria de difícil o imposible cobro creció desmesuradamente,
conduciendo a la instauración de incontables procesos ejecutivos, de remates y
de daciones en pago, con las naturales consecuencias negativas para la economía
y para la estabilidad del crédito. A todo lo cual se agregó la pérdida o
disminución del valor de los inmuebles, como una expresión más de la recesión
que ha venido afectando al país en los últimos años.
El legislador encontró, entonces, una
situación creada, de excepcional gravedad, de cuya solución dependía no
solamente la buscada reactivación económica sino la atención inmediata de la
crisis individual y familiar causada por los aludidos factores, con inmenso
perjuicio para miles de personas.
El Estado, a través de la Ley, se anticipó
a reconocer su eventual responsabilidad, al menos parcial, en los motivos que
llevaron al colapso, y asumió voluntariamente los costos inherentes al
resarcimiento de los deudores perjudicados, quienes durante años efectuaron
pagos por conceptos que esta Corte halló después inconstitucionales, y tanto él
como las instituciones financieras se vieron enfrentados a la inminencia de un
sinnúmero de demandas legítimamente instauradas ante los jueces por los
afectados, con miras a la reliquidación de sus créditos y a la devolución o
abonos de las cifras ya canceladas en exceso.
En consecuencia, se concibió en la
normatividad una figura (la UVR) que sustituyera el sistema  UPAC, declarado
inexequible  por esta  Corte  mediante  Sentencia C-700 de 1999, y, toda vez
que seguían vigentes más de ochocientas mil deudas hipotecarias contraídas a la
luz de las normas precedentes, y estaban latentes los innumerables pleitos
ejecutivos o de reclamo de las sumas pagadas, el legislador encontró
indispensable la adecuación de tales obligaciones al esquema creado, la
conversión de la UPAC a la UVR, la reliquidación de los créditos para dar
cumplimiento a las sentencias de esta Corporación y del Consejo de Estado, los
abonos a los deudores por la diferencia que arrojase la comparación entre las
sumas que adeudaban y las que efectivamente cancelaron, la opción de
readquisición de vivienda para quienes la habían perdido y la suspensión de los
procesos ejecutivos iniciados, entre otras medidas que juzgó propicias, aunque
pudieran no plasmar un resarcimiento completo, para impedir que los efectos de
la perturbación social y económica se extendieran”.
Para la Corte, se justifica que el Estado,
motu proprio aporte algunos de los recursos necesarios para contener la
perturbación del orden social, en búsqueda de la prevalencia del bien común,
sin que sea requisito un previo fallo judicial. Esa es la justificación de la
citada norma que ordenó abonos en cabeza  de los antiguos deudores del sistema
financiero en virtud de obligaciones hipotecarias expresadas en UPAC, hoy en
UVR.
Así que, el objetivo de la ley fue el de
establecer una situación propicia para garantizar el derecho constitucional a
una vivienda en condiciones de dignidad. Para ello se dispuso de la creación de
un nuevo sistema especializado de financiación de vivienda a largo plazo y
mediante la adopción de estrategias, como se expresa en el artículo 2º,
dirigidas a: “(i) salvaguardar el patrimonio de las familias representado en
vivienda, (ii) vigilar y fomentar el ahorro destinado a la construcción y
financiación de vivienda, buscando mantener la confianza pública en los instrumentos
de captación y en los establecimientos de crédito emisores de los mismos, (iii)
proteger a los usuarios de los créditos de vivienda, (iv) propender por el
desarrollo de mecanismos eficientes de financiación de vivienda a largo plazo,
(v) velar por que el otorgamiento de los créditos y su atención consulten la
capacidad de pago de los deudores, (vi) viabilizar el acceso a la vivienda en
condiciones de equidad y transparencia, (vii) promover e impulsar la
construcción de vivienda en condiciones financieras que hagan asequible la
vivienda a un mayor número de familias, y (viii) privilegiar los programas y
soluciones de vivienda de las zonas del territorio afectadas por desastres
naturales y actos terroristas”[11].
Entonces, a juicio de la Corte, las
estrategias legislativas tendientes a la garantía del derecho a la vivienda
digna fueron plausibles, en razón a que bajo el sistema UPAC, la cuantía de las
deudas hipotecarias superó con gran amplitud la capacidad de pago de los
deudores, así como en la mayoría de los casos, el valor original de los
inmuebles hipotecados. La situación fue tan desbordada que los tomadores de los
créditos tuvieron que cancelar grandes sumas de dinero que en providencias
proferidas por esta Corporación, se reitera, se calificaron de inequitativas y
desproporcionadas teniendo como base el monto real del valor de los inmuebles y
de los créditos inicialmente otorgados. De igual forma, encontró el legislador
que por el manejo dado al sistema UPAC, quien estaba sujeto a una obligación
hipotecaria no tenía manera hábil para proyectar el pago de sus obligaciones,
pues desconocía la cuantía real de la deuda. Tampoco lo estaba para procurar
una reestructuración de su crédito en la medida de viabilizarlo a sus
condiciones económicas y así poder cumplir con el pago del mismo.
Por tal razón, el legislador dispuso el otorgamiento
de unos alivios en dinero a cargo del Estado, destinados a ser abonados a los
créditos que se encontraran vigentes al momento de expedición de la ley que
hubiesen tenido como destino el financiamiento de vivienda individual a largo
plazo, o para crear un fondo de ahorro a favor de los deudores que hubieren
entregado en dación de pago sus viviendas, con el propósito de constituir la
cuota inicial de una nueva.
La aplicación de esos alivios se extendió no sólo a
los créditos que se encontraban al día, sino también a los que presentaban mora
a 31 de diciembre de 1999, según lo señalado en el artículo 42 de la Ley 546 de
1999, que después del juicio de constitucionalidad, quedó de la siguiente
manera:
“ABONO A LOS CREDITOS QUE SE
ENCUENTREN EN MORA. Los deudores hipotecarios que estuvieren en mora al 31 de
diciembre de 1999, podrán beneficiarse de los abonos previstos en el artículo 40175, siempre que el deudor manifieste por
escrito a la entidad financiera su deseo de acogerse a la reliquidación del
crédito, dentro de los noventa (90) días siguientes a la vigencia de la ley.
Cumplido lo
anterior, la entidad financiera procederá a condonar
los intereses de mora y a reestructurar el crédito si fuere necesario.
A su turno, el Gobierno
Nacional procederá a abonar a dichas obligaciones el monto total de la
diferencia que arroje la reliquidación de la deuda, efectuada de conformidad
con lo previsto en el numeral 2 del artículo 41176 anterior, mediante la entrega al respectivo establecimiento de
crédito de los títulos a que se refiere el parágrafo cuarto del mismo artículo 41177.
PARAGRAFO 1o. Si los
beneficiarios de los abonos previstos en este artículo incurrieren en mora de
más de doce (12) meses, el saldo de la respectiva obligación se incrementará en
el valor del abono recibido. El establecimiento de crédito devolverá al
Gobierno Nacional títulos a los que se refiere el parágrafo 4o. del artículo 41178, por dicho valor. En todo caso, si el crédito
resultare impagado y la garantía se hiciere efectiva, el establecimiento de
crédito devolverá al Gobierno Nacional la parte proporcional que le corresponda
de la suma recaudada.
PARAGRAFO 2o. A las
reliquidaciones contempladas en este artículo les serán igualmente aplicables
el numeral 1 del artículo 41179 anterior,
así como lo previsto en los parágrafos 1o. y 2o. del mismo artículo.
PARAGRAFO 3o. Los deudores
cuyas obligaciones se encuentren vencidas y sobre las cuales recaigan procesos
judiciales que dentro de los noventa (90) días siguientes a la entrada
en vigencia de la presente ley decidan acogerse a la reliquidación de su
crédito hipotecario, tendrán derecho a solicitar suspensión de los
mencionados procesos. Dicha suspensión podrá otorgarse automáticamente por el
juez respectivo. En caso de que el deudor acuerde {dentro del plazo} la
reliquidación de su obligación, de conformidad con lo previsto en este artículo
el proceso se dará por terminado y se procederá a su archivo sin más trámite. Si
dentro del año siguiente a la reestructuración del crédito el deudor incurriere
nuevamente en mora, los procesos se reiniciarán a solicitud de la entidad
financiera y con la sola demostración de la mora, en la etapa en que se
encontraban al momento de la suspensión, y previa actualización de su cuantía”.
Los apartes resaltados fueron
declarados inexequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-955 de
2000. En la citada providencia se fijó también el sentido y alcance del
parágrafo 3º del artículo 42 de la ley mencionada, cuando se dijo:
“A juicio de la Corte, no hay quebranto de
mandato constitucional alguno por el hecho de prever la suspensión de los
procesos judiciales en cuanto a deudores cuyas obligaciones se encuentran
vencidas, pues resulta apenas elemental que, si la situación general objeto de
regulación no era otra que la de una extendida imposibilidad de pago, más por
el colapso del sistema que por la consciente y deliberada voluntad de los
deudores de permanecer en mora, las reliquidaciones de los créditos, así como
los abonos y las compensaciones producidos a partir de aquéllas, deben
repercutir en el trámite de los procesos, como lo dijo la Corte en la Sentencia
SU-846 del 6 de julio de 2000 (M.P.: Dr. Alfredo Beltrán Sierra).
En ese orden de ideas, la suspensión de los
procesos en curso, ya por petición del deudor, o por decisión adoptada de
oficio por el juez, tiene por objeto que se efectúe la reliquidación del
crédito y, producida ella, debe dar lugar a la terminación del proceso y a
su archivo sin más trámite, como lo ordena la norma, que en tal sentido, lejos
de vulnerar, desarrolla el postulado constitucional que propende al
establecimiento de un orden justo (Preámbulo y artículo 2 C.P.) y realiza los
principios de prevalencia del derecho sustancial (art. 228 C.P.) y de acceso a
la administración de justicia (art. 229 C.P.).
Empero, esos mismos propósitos del
legislador, y por consiguiente las normas constitucionales que los contemplan,
aparecen desvirtuados por el parágrafo que se estudia cuando supedita la
suspensión del proceso a que el deudor decida acogerse a la reliquidación de su
crédito dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigencia de la
Ley. Por una parte, ese término es inconstitucional por las razones atrás
expuestas, y de otro lado, si las condiciones objetivas que deben dar lugar a
la mencionada suspensión no dependen de haberse acogido o no a una
reliquidación a la que todos los deudores tenían derecho, se trata de un
requisito que rompe la igualdad y que injustificadamente condena a una persona,
además de no recibir oportunamente el abono que le corresponde, a no poder
efectuar la compensación entre el abono y lo que debe, y muy probablemente a
ser condenada en el proceso.
También contraviene el derecho a la
igualdad, el debido proceso y el derecho a la administración de justicia la
parte final del mismo parágrafo 3, a cuyo tenor, si dentro del año siguiente a
la reestructuración del crédito el deudor incurriere nuevamente en mora, los
procesos se reiniciarán a solicitud de la entidad financiera y con la sola
demostración de la mora, en la etapa en que se encontraban al momento de la
suspensión, y previa actualización de su cuantía.
En efecto, es evidente que se trata de
situaciones jurídicas distintas, en cuanto la nueva mora, que al tenor del
precepto se constituye en hipótesis de la reanudación del proceso, debe dar
lugar a un proceso nuevo y de ninguna manera acumularse a la que había
propiciado el anterior, terminado, según el mismo mandato legal, con las
consecuencias que tiene la terminación de todo juicio.
El acreedor goza, por supuesto, del derecho
a iniciar un nuevo proceso ejecutivo en contra de su deudor, pero mal puede
retomarse el proceso expirado, en la etapa en que se encontraba cuando se
produjo la suspensión, puesto que ello significa atribuir efectos ultra activos
a situaciones previas ya definidas, combinándolas con hechos nuevos, en contra
de una de las partes, con notorio desequilibrio en la relación procesal”.
En consideración a la hermenéutica
constitucional, los procesos ejecutivos hipotecarios que se iniciaron con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 546 de 1999, esto es, al  31 de
diciembre de ese año, una vez aportada al proceso la reliquidación de la
obligación, el paso siguiente a seguir por parte de la judicatura es proceder a
la terminación y archivo de los mismos.
No obstante la clara interpretación
realizada por la Corte Constitucional en la sentencia C-955 de 2000 sobre la
pluricitada disposición, algunos jueces de la república, se han negado a dar
por terminados los procesos ejecutivos hipotecarios que han surtido o vienen
surtiendo trámite ante sus despachos, pese a que  se adecúan a dichos
presupuestos normativos, poniendo de presente, entre otros argumentos, el que
no se solicitó suspensión del proceso pidiendo la reliquidación del crédito,
que una vez realizada la reliquidación quedaron saldos insolutos, etc.
Frente a este contexto, la Corte
Constitucional en diferentes sentencias proferidas en sede de revisión de
tutelas, se ha visto en la necesidad de referirse de manera suficiente al tema
de la terminación y archivo de los procesos ejecutivos hipotecarios iniciados
antes del 31 de diciembre de 1999, una vez aportada la reliquidación del
crédito.
En efecto, en la sentencia T-606 de 2003,
M.P. Alvaro Tafur Galvis, se sostuvo:
“En consecuencia para la Sala resulta claro
i) que el 31 de diciembre de 1999 los procesos ejecutivos, en los que una
entidad financiera cobraba un crédito concedido en Unidades de Poder
Adquisitivo Constante UPAC, para adquirir vivienda, se suspendieron a efectos
de permitir la reliquidación del crédito, de oficio o por petición del deudor;
y ii) que efectuada la reliquidación del crédito el proceso finalizó y la
actuación fue archivada. Sin perjuicio de que la acreedora, “si el deudor
incurriere nuevamente en mora”, haya iniciado otro proceso, sobre el crédito
previamente reliquidado y con documentos contentivos de una obligación que así
lo indican.
Por consiguiente, el parágrafo 3° del artículo 42 no estableció una
modalidad de terminación por pago total de la obligación, la que existía y
siempre ha existido en el ordenamiento, sino la finalización de los de los
procesos ejecutivos en curso por ministerio de la ley, sin consideración al
estado del mismo, ni la cuantía del abono especial, como tampoco de “las
gestiones” del deudor para cancelar las cuotas insolutas del crédito.
Sin perjuicio de la facultad de la acreedora de iniciar un nuevo
proceso, una vez convertido el crédito y adecuado los documentos que lo
contienen, si el deudor no se aviene a la reestructuración del crédito, e
incurre en mora.
(...) No sobra advertir, al respecto, que
la finalización de los procesos en curso, en los términos del parágrafo 3° del
artículo 42 de la Ley 546 de 1999, es una modalidad especial en cuanto da lugar
a la terminación de los procesos sin efectos de cosa juzgada material y sin
novar la obligación, por disposición expresa de la ley.
En suma, una vez concluido el trámite de la reliquidación del
crédito, los procesos iniciados antes del 31 de diciembre de 1999, iniciados
para hacer efectivas obligaciones hipotecarias convenidas en UPACS, terminaron
por ministerio de la ley, pero una vez adecuados los documentos contentivos de
la obligación dichos procesos pudieron haberse iniciado nuevamente, esta vez
para solucionar créditos convenidos en UVR(s); si el deudor no convino en la
reestructuración del crédito o incumplió la convenida, a fin de satisfacer efectivamente
al acreedor”.
En la sentencia T-535/04, M.P. Alfredo Beltrán Sierra,
se manifestó:
“En ese orden de ideas, la suspensión de los procesos en curso, ya
por petición del deudor, o por decisión adoptada de oficio por el juez, tiene
por objeto que se efectúe la reliquidación del crédito y, producida ella, debe
dar lugar a la terminación del proceso y a su archivo sin más trámite, como lo
ordena la norma, que en tal sentido, lejos de vulnerar, desarrolla el postulado
constitucional que propende al establecimiento de un orden justo”.
En la sentencia T-701 de 2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes, se dijo:
“...el argumento del Tribunal demandado, según el
cual la Ley 546 de 1999 ordenó la terminación de todos los procesos ejecutivos
hipotecarios en curso a 31 de diciembre de 1999, armoniza con el sentido de las
declaratorias de inexequibilidad de la sentencia C-955 de 2000. En efecto,
dicha providencia señala expresamente como objeto de la suspensión de los
procesos ejecutivos la realización de la reliquidación del crédito y, a su vez,
la reliquidación de los créditos es señalada como condición necesaria y
suficiente para la terminación de los procesos. El parágrafo 3º del artículo 42
de la Ley 546 de 1999 disponía, en un aparte que fue declarado inexequible, que
sólo si el deudor manifestaba por escrito a la entidad financiera el deseo de
acogerse a la reliquidación de su crédito, dentro de los tres meses siguientes
a la vigencia de la ley, habría lugar a la realización del mismo. Ahora bien,
si luego de la sentencia de control, la reliquidación debía aplicarse a todos
los créditos hipotecarios, así el deudor no se hubiera manifestado en tal
sentido, y si, además, la reliquidación era la condición de terminación de los
procesos, puede concluirse válidamente que la consecuencia ineludible de la
reliquidación es la terminación de los procesos ejecutivos hipotecarios. La
tesis de la continuidad del procesos ejecutivos en aquellos casos en los que,
luego de efectuada la reliquidación, quedaron saldos en mora y, además, no
hubiera habido acuerdo de reestructuración de la obligación, podía ser
admisible antes de la sentencia de control. Luego de proferida dicha
providencia, la tesis de la continuación de los procesos ejecutivos, aunque
tiene algún sustento en la función del proceso ejecutivo, que es lograr el pago
integral del crédito, en cambio no se adecua a la sentencia C-955 de 2000. Se
ajusta, pues la decisión del Tribunal demandado, al sentido de la norma luego
de que fuera objeto de control de constitucionalidad. Y es que la propia
sentencia C-955 de 2000 dice expresamente que la condición para dar por
terminados los procesos ejecutivos hipotecarios en trámite a 31 de diciembre de
1999 era la reliquidación de la deuda y no hace distinción alguna respecto de
la existencia de saldos insolutos o de que se hayan o no logrado acuerdos de
reestructuración”.
Se señaló además en la citada sentencia:
“... si después de la sentencia C-955 de 2000, es
claro que en todos estos procesos ejecutivos debía existir reliquidación, y que
una vez efectuada ésta, la entidad financiera debía condonar los intereses de
mora, entonces es razonable suponer que, conforme a dicha norma, el
incumplimiento cesaba por mandato de la ley, y el proceso ejecutivo perdía su objeto,
por lo cual debía también terminar. Precisamente por ello, el parágrafo señala
que una vez acordada la reliquidación por el deudor, (que es distinta a la
reestructuración), entonces el proceso ejecutivo cesa y debe ser archivado”.
En el fallo glosado, la conclusión fue la siguiente:
El análisis anterior muestra que una vez promulgada
la sentencia C-955 de 2000, todos los procesos ejecutivos con título
hipotecario basados en un crédito UPAC y que se encontraban en curso el 31 de
diciembre de 1999, cesaron, pues dicha sentencia estableció que todos estos
créditos debían ser reliquidados, y que acordada la reliquidación, el proceso
debía ser archivado. Es cierto que la regulación originaria de la Ley 546 de
1999 no establecía la terminación automática de todos esos procesos, pues
exigía que el deudor hipotecario solicitara y acordara la reliquidación en un
plazo determinado. Y por ello la ley no estableció una norma simple y
terminante que dijera que todos esos procesos cesaban, ya que su archivo dependía
de que hubiera solicitud y acuerdo de reliquidación en un término de tres
meses. Sin embargo, esa exigencia de que hubiera la solicitud y del acuerdo de
reliquidación en ese plazo fue declarada inexequible por la sentencia C-955 de
2000, que consideró que dicha reliquidación operaba por ministerio de la ley.
Por consiguiente, como el archivo de estos procesos depende de la existencia de
la reliquidación, y como en virtud de la sentencia C-955 de 2000, dicha
reliquidación es automática, una conclusión se impone: el parágrafo 3 del
artículo 42 de la Ley 546 de 1999, interpretado a la luz de la sentencia C-955
de 2000, estableció la terminación y archivo de los  procesos ejecutivos con
título hipotecario basado en un crédito UPAC y que se encontraban en curso el
31 de diciembre de 1999.
(...)  Por consiguiente, en la medida en que la
única hipótesis de continuación de los ejecutivos que habían sido suspendidos
fue declarada inexequible por la sentencia C-955 de 2000, resulta claro que el
efecto de dicha sentencia de la Corte Constitucional fue dar por terminados
todos los procesos ejecutivos con título hipotecario basados en un crédito UPAC
y que se encontraban en curso el 31 de diciembre de 1999”.
La
interpretación del parágrafo 3º del articulo 42 de la Ley 546 de 1999, ha sido
reiterada por esta Corporación en el  mismo sentido de la sentencia C-955 de
2000, entre otras, en las siguientes providencias: T-199, T-258, T-282, T-357,
T-391, T-376, T-716, T-1181 y T-1220 de 2005. Así como en los fallos: T-089,
T-144, T-258, T-372, T-515, T-591 y T-643 de 2006.
En síntesis, las diferentes Salas de
Revisión de esta Corporación han explicado de manera amplia y suficiente las
razones por las cuales, después de adoptada la sentencia C-955 de 2000 por la
Sala Plena, la interpretación conforme a la Constitución del parágrafo 3º del
artículo 42 de la Ley 546 de 1999, es aquella según la cual, tras la
reliquidación del crédito en los procesos ejecutivos que estaban en curso a 31
de diciembre de 1999, seguidos en contra de los deudores morosos de créditos de
vivienda adquiridos en UPAC, deben darse por terminados, sin ninguna otra
consideración.
5.- Vía de hecho en que incurren los jueces
al desconocer la interpretación realizada por la Corte Constitucional del
parágrafo 3º  del artículo 42 de la Ley 546 de 1999. Reiteración de
jurisprudencia.
Una vez conocido el sentido y alcance interpretativo
realizado por la Corte Constitucional al parágrafo 3º del artículo 42 de la Ley
546 de 1999 que se plasmó en sentencia de Sala Plena C-955 de 2000, esta
Corporación ha manifestado de manera reiterada, que el alejamiento
injustificado del texto de la ley y de la doctrina constitucional sobre la
misma, hace que tal decisión no sea considerada ajustada a derecho y más bien
se tenga como una vía de hecho por defecto procedimental y sustantivo.
En efecto, sobre el tema, en la sentencia T-199 de 2005, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra, se manifestó:
“La Corte ha venido explicando por qué este
alejamiento injustificado del texto de la ley y de los precedentes
jurisprudenciales en materia constitucional se erige en una decisión caprichosa
que no puede ser tenida en cuenta como ajustada a derecho, sino más bien como
una verdadera vía de hecho. Como lo dijera el magistrado disidente de la Sala
Civil del h. Tribunal Superior de Medellín, dentro del trámite del proceso
ejecutivo ha debido tenerse en cuenta lo reglado por el parágrafo 3° del
artículo 42 de la Ley 546 de 1999, así como la jurisprudencia referente a la
terminación del proceso por reliquidación del crédito que dicha norma
prescribe. Sin necesidad de entrar a establecer si dicha liquidación se
ajustaba a la ley, tan pronto la misma se produjo debió haberse ordenado la
terminación del proceso. Como no se procedió así, se incurrió en vía de hecho
por defecto sustantivo y en violación del derecho al debido proceso de los aquí
demandantes”.
En la sentencia glosada se agregó:
“El único
trámite a seguir era de archivar el proceso sin más trámite, tal y como claramente
lo dispone el artículo 42 de la Ley 546 de 1999, en su parágrafo tercero. No
obstante, esta actuación que estaba en manos del juez accionado no se cumplió
por haberse apartado éste del procedimiento que claramente estipulaba la ley ya
reseñada. Consecuencia de este comportamiento judicial, ha sido que el proceso
ejecutivo hipotecario iniciado en contra de los accionantes haya seguido su
trámite tal y como lo ordenó el juez aquí tutelado en su Auto de fecha junio 15
de 2004. En consideración a los hechos que motivaron la interposición de esta
tutela, considera la Sala de revisión que la actuación adelantada por el juez
se constituye en una vía de hecho ante la ocurrencia de un defecto
procedimental en la interpretación de la Ley 546 de 1999. El error en que
incurrió el juez correspondió a un defecto procedimental. Recordemos que un
defecto de estas características corresponde a cuando el juez se desvía por
completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas
cuestiones. Al juez argumentar criterios de orden legal que contravienen lo
dispuesto por la Corte en su jurisprudencia y desconociéndose en consecuencia
la doctrina constitucional que determinaba el verdadero alcance de las normas
ya citadas, lleva a concluir a esta Corporación que el juez incurrió en una vía
de hecho por defecto procedimental y consecuencia de ello fue la flagrante
violación de su derecho fundamental al debido proceso”.
Por su parte, en la sentencia T-282 de
2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil, se dijo:
“Aquellas decisiones judiciales que ordenen continuar con el proceso
alegando la ausencia de acuerdo entre el deudor y la entidad crediticia sobre
la reestructuración del crédito, o la existencia de un saldo insoluto luego de
aplicado el alivio, están fundadas en un entendimiento errado del citado
artículo. Ello implica que las autoridades judiciales que decidan no dar por
terminados esos procesos incurren en una vía de hecho por dos defectos
sustantivos: por error en la interpretación del artículo 42 de la Ley 546 de
1999 y por desconocimiento del precedente judicial en la materia sentado por la
Corte Constitucional. Pues la decisión judicial que se funda en una
interpretación indebida de una norma jurídica que, por lo demás, ha sido
reiteradamente aplicada por su interprete autorizado encargado de guiar a los
operadores jurídicos con su doctrina constitucional integradora, conlleva una
vía de hecho por defecto sustantivo o material. Por eso, apartarse de manera
absoluta del precedente constitucional respecto de esta materia para escoger
entre varias interpretaciones posibles del texto jurídico aquella que menos se
ajusta a la finalidad perseguida por la Ley 546 de 1999, resulta violatoria de
los derechos fundamentales al debido proceso y a la vivienda digna del deudor
hipotecario afectado”.
En la sentencia T-472 de 2005, M.P.
Humberto Sierra Porto, se señaló:
“El error en
que incurrió el juez correspondió a un defecto procedimental. Recordemos que un
defecto de estas características corresponde a cuando el juez se desvía por
completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas
cuestiones. Recuerda la Sala que la interpretación hecha por la Corte en
sentencia C-955 de 2000 respecto de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley
546 de 1999, en particular en lo indicado en el parágrafo tercero, señalaba que
el único camino a seguir luego de efectuada la reliquidación en los términos de
dicha ley, era la de proceder a la terminación o cancelación del proceso, sin
más trámite. En consecuencia, el juez argumenta criterios de orden legal que
contravienen lo dispuesto por la Corte en su jurisprudencia y desconociéndose
en consecuencia la doctrina constitucional que determinaba el verdadero alcance
de las normas ya citadas, lleva a concluir a esta Corporación que el juez
incurrió en una vía de hecho por defecto procedimental y consecuencia de ello
fue la flagrante violación de su derecho fundamental al debido proceso”.
Sobre el tema
de la vía de hecho en los procesos ejecutivos hipotecarios, también pueden
consultarse, entre otras, las siguientes sentencias: T-376, T- 357, T-495 y
T-896 de 2005. Así mismo en los fallos de tutela  T-144 y T-515 de 2006.
6.- El demandado en el proceso ejecutivo
hipotecario debió desplegar un mínimo de actividad tendiente a la terminación
del proceso, apoyado en las garantías reguladas en la Ley 546 de 1999.
Esta Sala de Revisión ha señalado que quien
acude en acción de tutela solicitando se le proteja el derecho fundamental a la
vivienda digna en conexidad con el debido proceso, en razón a la negativa de
los despachos judiciales de dar por terminados los procesos ejecutivos
hipotecarios que estaban en curso a 31 de diciembre de 1999, en aplicación del
parágrafo 3º del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, debió haber desplegado
alguna actividad al interior del proceso, buscando la terminación y archivo del
mismo.
Precisamente, esta Sala de Revisión en la
sentencia T-144 de 2006, con ponencia de quien ahora funge en tal calidad,
señaló que para la procedencia de la acción de tutela en estos casos, se deben
cumplir dos condiciones básicas:
“Primero. Que los procesos ejecutivos con titulo
hipotecario objeto del beneficio ofrecido por la ley 546 de 1999, se hubieren
iniciado antes del 31 de diciembre de 1999.
Segundo. Que la actitud del actor haya sido diligente, esto es, que haya
desplegado alguna actividad procesal ante el juez de conocimiento de proceso
ejecutivo tendiente a lograr la terminación de éste”.
Ahora bien, se agregó en la citada
providencia que, si del aspecto fáctico se concluye que el demandante en la
tutela acudió directamente al juez constitucional, sin que previamente hubiera
ejercido actividad tendiente a la terminación del proceso apoyado en la ley de
vivienda, no puede pretender ahora que por vía de tutela se corrija este yerro.
Si en estas condiciones se depara protección, se estaría premiando la total
inactividad del actor que no planteó dicha controversia ante el juez de
conocimiento y en el escenario natural que es el mismo proceso ejecutivo.
De la misma manera, la Corte ha declarado la improcedencia de la
acción de tutela, en aquellos casos en los cuales se ha verificado que el
tutelante asumió una conducta totalmente pasiva al interior del proceso ejecutivo
o cuando aún cuenta con recursos que no ha agotado. La inactividad del actor
puede darse por ejemplo cuando no se interponen los recursos ordinarios
existentes o se interponen extemporáneamente[12]. Igualmente, la
Corte ha considerado improcedente la acción de tutela cuando el proceso comenzó
después de la vigencia de la ley 546 de 1999 o cuando no se cumplen los
presupuestos generales de aplicación de la  citada Ley[13].
7.- Del caso concreto
Los señores Nabor Enríquez Hernández y Nabor Leonardo
Enríquez Ocaña, instauraron acción de tutela en contra del Juzgado Tercero
Civil del Circuito de Pasto, del Banco Central Hipotecario en liquidación y de
la Compañía Central de Inversiones S.A. –CISA-, aduciendo vulneración de los
derechos al debido proceso, igualdad y vivienda digna en razón a la negativa
del despacho judicial tutelado de terminar y archivar el proceso ejecutivo
hipotecario que se les siguió, dando aplicación a lo dispuesto en el parágrafo
3º del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional sobre la materia. Actuación que según los accionantes,
constituye vía de hecho y por tal razón, solicitan se declare la nulidad del
citado proceso desde el momento en que se aportó al mismo la reliquidación del
crédito y se ordene la terminación y archivo correspondiente.
Con la finalidad de confrontar la doctrina
constitucional sobre el tema que se ha venido exponiendo, se deben tener en
cuenta los hechos que soportan la tutela que se detallaron claramente en el
punto número uno del acápite de los antecedentes de esta providencia, así:
Dentro del proceso ejecutivo hipotecario seguido en
contra de los actores se profirió mandamiento de pago el 17 de febrero de 1999;
providencia en la que además se ordenó el embargo del inmueble objeto de la
garantía real; se notificó en legal forma la citada providencia y no fue
contestada la demanda ni se propusieron excepciones. El 13 de mayo de 1999 se
decretó la venta en pública subasta del inmueble y la práctica de la
liquidación de los créditos. Una vez aportados éstos últimos se les corrió
traslado de los mismos por tres días a los ejecutados, término que venció en
silencio. Con fecha 28 de septiembre de 1999, la abogada de la parte demandante
solicitó al juzgado de conocimiento la fijación de fecha y hora para la
diligencia de remate; antes de dar trámite a esta petición, el juez solicitó a
la entidad financiera informara si se había dado cumplimiento a lo ordenado por
la Corte en la sentencia C-383 de 1999.
A través de oficio del 19 de octubre de 1999, los
demandados pidieron al juez, no se fijara fecha y hora para diligencia de
remate, pues antes de ello debería analizarse las normas legales vigentes sobre
el tema, máxime cuando en la sentencia C-700 de 1999, proferida por la Corte
Constitucional, se habían declarado inexequibles algunas disposiciones sobre el
sistema UPAC[14]. Pedimento al
que no se accedió con el argumento de que “quienes suscriben el anterior
escrito y que corresponde a los demandados en este asunto no han demostrado la
calidad de abogados[15]”
De la misma manera, los ejecutados en comunicación de
fecha 2 de febrero de 2000 solicitaron al juez de conocimiento “la
suspensión y archivo del proceso Jurídico en nuestra contra, acogiéndonos así a
lo contemplado en la ley 546 de diciembre 23 de 1999”, para lo cual
afirmaron anexar “fotocopia de la comunicación que hemos enviado al Banco
Central Hipotecario de Pasto, solicitando se nos haga conocer los términos y
valores resultantes de la Reliquidación de nuestras obligaciones[16]”.
A lo que respondió el juez, “sin lugar a resolver la anterior petición hasta
tanto los memorialistas aporten la fotocopia que citan en su escrito y la que
no presentó al juzgado. Hecho lo anterior se dará cuenta[17]”.
El 21 de junio de 2002 se agregó al proceso la
liquidación del crédito presentada por la apoderada judicial de la entidad
demandante. El 4 de febrero de 2004, se reconoció dentro del proceso como
sucesora procesal a la Compañía Central de Inversiones S.A.- CISA-.
Con posterioridad, el 15 de marzo de 2004, los actores
acudieron al Departamento Jurídico de la Compañía Central de Inversiones S.A.,
y a su Gerente, pidiendo su intervención ante el juzgado en la suspensión
temporal de la diligencia de remate por 6 meses con la finalidad de proponer
una fórmula de arreglo definitivo, aprovechando un apoyo económico de sus
familiares[18]. A la solicitud
de intervención para suspensión, se respondió negativamente, pero se les instó
para que se acercaran a una firma de cobranzas con el ánimo de que pudieran
salvar su vivienda[19], opción que
acogieron haciendo una propuesta[20] sin que se les
hubiese dado ninguna respuesta.
El día 13 de abril de 2004 se realizó la diligencia de
remate del bien[21], que ante la
inexistencia de postores se le adjudicó el día 19 de abril de 2004 a la entidad
cesionaria ejecutante por el valor que sirvió de base para la postura, previa
solicitud al respecto[22]. La entrega del
bien se ordenó por Auto del día 28 de julio de 2004.
Con fecha  7 de mayo de 2004, el juzgado ordenó
actualizar la liquidación del crédito y costas con el fin de establecer que
existía un saldo por cubrir[23]. Una vez
cumplido lo anterior por la ejecutante, por Auto del 19 de mayo de 2004 se le
corrió traslado por tres días a los ejecutados; término que venció en silencio[24].
Por solicitud que realizó el Juzgado Cuarto Civil del
Circuito de Pasto, el expediente que contenía el proceso ejecutivo, fue
remitido a dicho despacho judicial en el que se estaba tramitando un proceso
concordatario iniciado por uno de los ejecutados (Nabor Leonardo Enríquez
Ocaña)[25]; actuación que
fue puesta en conocimiento de la entidad ejecutante para saber si prescindía de
cobrar el crédito a cargo del otro deudor. El 3 de diciembre de 2004, se le
expidió a la abogada del demandante copia auténtica de los títulos para que se
hiciera parte en el concordato citado, y se decidió continuar con el proceso
ejecutivo en contra de uno de los obligados (Nabor Enríquez Hernández)[26].
Aplicado los lineamientos de la jurisprudencia de esta
Corte sobre el tema tratado, tenemos lo siguiente:
1. En el proceso ejecutivo hipotecario seguido en
contra de los actores se profirió mandamiento de pago el día el 17 de febrero
de 1999, esto es, el citado proceso se encontraba en curso al 31 de diciembre
de 1999, y ,
2. Dentro del proceso ejecutivo hipotecario, los
demandados solicitaron la suspensión y archivo del proceso ejecutivo
hipotecario, apoyándose en la Ley 546 de 1999.  Pedimento al que el despacho
judicial dijo no tramitar hasta tanto los actores allegaran el anexo que
anunciaron. Es decir, los tutelantes, dentro del proceso ejecutivo hipotecario
ejercieron actividad tendiente a la terminación del proceso con base en la ley
de vivienda.
Ahora bien, según la Sala de Decisión Civil
–Familia- del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, que conoció de
la acción de tutela en primera instancia,  los actores no cumplieron con el
principio de inmediatez que rige las acciones de tutela y que exige acudir a
este medio de defensa judicial en un plazo razonable que esté acorde con la
época en que ocurrieron los hechos que dieron origen a la supuesta vulneración
de los derechos fundamentales reclamados, pues con el pasar del tiempo se
pueden consolidar derechos de terceros a quienes se les debe garantizar
atendiendo al principio de la buena fe. Así mismo sostuvo que los demandados en
el proceso ejecutivo no desplegaron actividad utilizando los  recursos e
incidentes dentro del proceso, como tampoco solicitaron la nulidad y/o
terminación del proceso al interior del mismo.
Por su parte, la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia confirmó la negativa del a-quo con base en
que, no se reunió el principio de inmediatez propio de la acción de tutela, así
como tampoco los tutelantes actuaron de manera diligente contestando la
demanda, proponiendo excepciones, ni impugnaron las decisiones que se emitieron
en el curso normal del proceso ejecutivo instaurado en su contra. Se señaló
además que el proceso ejecutivo hipotecario no podía darse por terminado por
cuanto el crédito objeto del recaudo se había suscrito para libre inversión y
no en UPAC.
Esta Sala de Revisión no comparte los
argumentos por las cuales los despachos judiciales de instancia negaron la
protección de los derechos invocados. Las razones son las siguientes:
Como quedó claro en el punto número tres de
las consideraciones y fundamentos, que corresponde al aparte en el que se trató
preliminarmente los argumentos de las entidades demandadas en la acción de
tutela y de los despachos judiciales que decidieron la misma, que concuerdan en
sostener que la acción de tutela no se instauró dentro de un tiempo razonable,
en el presente caso, pese a que entre el momento de la actuación que se surtió
en el proceso ejecutivo hipotecario referida a la orden de entrega del bien a
la entidad ejecutante el 28 de julio de 2004 y el momento de instauración de la
acción de tutela el 15 de febrero de 2006, transcurrió un tiempo considerable,
sin que los demandantes hayan expresado las razones por las cuales no acudieron
al amparo constitucional dentro de un tiempo prudencial, lo que en principio
traería como consecuencia la improcedencia de la acción de tutela.
Sin embargo, se encuentra demostrado en la
actuación tutelar que el expediente ejecutivo seguido en contra de los actores
no terminó con la diligencia de remate y adjudicación del bien a la entidad
ejecutante por $56´000.00.oo que fue el valor que sirvió de base para la
postura[27]. Por el
contrario el proceso continuó, previa liquidación del crédito presentado el día
30 de mayo de 2004[28] por la entidad
ejecutante por un valor de $53´000.000.oo[29], más la
liquidación aprobada de costas por $10´907.000.oo, que al no ser objetados
fueron aprobadas por el despacho[30] y prosiguió el
proceso en contra del señor Nabor Enríquez Hernández, puesto que el proceso
ejecutivo en contra del otro ejecutado Nabor Leonardo Enríquez Ocaña fue
remitido al proceso concordatario iniciado por éste y que se estaba tramitando
en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pasto; proceso en el que afirmó
hacerse parte la abogada de la entidad ejecutante previa la expedición de copia
auténtica de los títulos.
En síntesis, con la adjudicación y orden de
entrega del bien a la entidad ejecutante no terminó el proceso ejecutivo en
razón a que quedó un saldo de la obligación pendiente por cubrir, motivo por el
cual siguió el proceso en contra de uno de los ejecutados. De esta manera, no
puede oponerse el principio de inmediatez habida cuenta que los actores
solicitaron la protección constitucional dentro de la órbita de la afectación
de los derechos constitucionales fundamentales invocados.
Además, como se demostró en párrafos
anteriores, no es cierto lo manifestado por el despacho judicial de primera
instancia cuando afirmó que los actores no habían solicitado la terminación y
archivo del proceso ejecutivo en su escenario natural, pues a más de hacerlo
directamente en el proceso, acudieron al departamento jurídico y a la
Presidencia de la entidad ejecutante con la finalidad de buscar su anuencia
para que se suspendiera el proceso por 6 meses, debido a que querían proponer
una fórmula de arreglo con el fin de salvar su vivienda. A la solicitud de
intervención en la suspensión del proceso se respondió negativamente y ante la
propuesta de un acuerdo, nunca se obtuvo respuesta.
Tampoco le asiste razón a la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia al decidir la impugnación de la
acción de tutela, cuando señaló que no era posible la terminación del proceso
ejecutivo habida cuenta que el crédito objeto de recaudo estaba destinado a
libre inversión y que el bien era perseguido por terceros conforme a la orden
de embargo de otro despacho judicial.
Lo expuesto encuentra sustento en el hecho
de que el proceso ejecutivo se originó en dos obligaciones soportadas en dos
pagarés. La primera de ellas se suscribió por $18´560.000.oo, que equivalían
para esa época a 3.575.2399 Unidades de Poder Adquisitivo Constante UPAC, con
amortización a 180 cuotas mensuales (15 años), destinado a compra de vivienda.
El segundo crédito se pactó por $20´000.000.oo, para comprador en moneda
corriente con tasa de interés variable, sistema de amortización variable[31],
que se destinó según los actores a reparaciones del inmueble  adquirido.
Como se puede observar, la base del cobro
ejecutivo no solamente fue un crédito de libre inversión, sino también uno
pactado en UPAC al que se le aplica las garantías reguladas en la ley de
vivienda.
Precisamente la finalidad de la regulación
normativa contenida en la Ley 546 de 1999, la encontramos en el artículo
primero de la citada normatividad, y que fue recordada por la Corte, así: “ Esta
ley establece las normas generales y señala los criterios a los cuales debe
sujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema especializado de
financiación de vivienda individual a largo plazo, ligado al índice de
precios al consumidor y para determinar condiciones especiales para la vivienda
de interés social urbana y rural.[32]
Además de lo anotado, la Corte
Constitucional manifestó que, con la sentencia C-700 de 1999, desaparecieron,
tanto las normas relativas al sistema de financiación de vivienda que estuvo
ligado,  a la creación de las UPAC y al nacimiento de las corporaciones de
ahorro y vivienda, como a las referentes a las compras de oficinas, locales,
bienes comerciales, etc, “objetos a los que se extendió posteriormente el
sistema inicialmente concebido para vivienda, motivo por el cual lo resuelto
por la Corte en el mencionado fallo afectó todas las formas de contratación que
utilizaban esa modalidad de crédito, y también las que regulaban los créditos
con destino a constructores. Es claro que las disposiciones declaradas
inexequibles no distinguían entre los créditos por el tipo o clase de bien
inmueble que se adquiriera, pero es lo cierto que, como lo indica su título, la
Ley 546 de 1999, al menos en el enunciado general de las directrices que traza,
quiso regular únicamente la actividad de financiación en cuanto a compra
y construcción de vivienda a largo plazo, y tal escogencia por parte del
legislador sobre la materia objeto de su actividad se encuentra dentro de su
libertad de configuración, varias veces avalada por esta Corte.[33]”
Es
claro entonces que las disposiciones reguladas en la Ley 546 de 1999, y en
particular las relativas a la suspensión del proceso, reliquidación del crédito
y terminación de los procesos ejecutivos hipotecarios, solamente aplican por
voluntad del legislador, a los créditos que tienen como finalidad la
adquisición de vivienda en los términos referidos en  la citada ley.
Ahora bien, el hecho de que el inmueble
objeto de la ejecución estuviera siendo perseguido en un proceso ejecutivo
surtido en otro despacho judicial, no es argumento válido para sostener, como
lo hizo la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que no
procedía la terminación y archivo del proceso ejecutivo que fue tramitado por
el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto, pues según la regulación
contenida en el artículo 42 de la Ley 546 de 1999, el legislador quiso que una
vez aportada por la entidad financiera la reliquidación del crédito al proceso
iniciado antes del 31 de diciembre de 1999, la actuación inmediata a seguir es
la terminación y archivo del proceso, sin ninguna otra consideración adicional.
Esta es la interpretación que a juicio de
esta Sala es la que más se ajusta a la Constitución y que quedó plasmada en la
sentencia C-955 de 2000, cuando la Corte Constitucional en Sala Plena, en
cumplimiento de su especial función de guardiana de la integridad y supremacía
de la Constitución, ejerció control abstracto de constitucionalidad sobre el
parágrafo 3º del artículo 42 de la Ley 546 de 1999; posición reiterada en múltiples
ocasiones por las diferentes Salas de Revisión de esta Corporación. Una
interpretación diferente, hace que las decisiones judiciales contentivas de la
misma estén incursas en vías de hecho por defecto sustantivo y procedimental.
De lo expuesto se infiere que con la
negativa del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto de dar por terminado
el proceso ejecutivo hipotecario seguido en contra de los actores, pese a que
se dan los supuestos de la Ley 546 de 1999 y a que fue solicitado por éstos dentro
del citado proceso, incurrió en vía de hecho judicial, razón por la cual esta
Sala de Revisión, como garante de los derechos constitucionales fundamentales
está autorizada para intervenir y hacer cesar la vulneración del derecho a la
vivienda digna en conexidad con el debido proceso invocado por los actores.
Del mismo modo, no puede pasar
desapercibido esta Sala el hecho de que el inmueble que otorgaba garantía real
al crédito, fue rematado, adjudicado y ordenado su entrega a la Compañía
Central de Inversiones S.A. –CISA-. Circunstancia que así como lo recordó la
Sala Primera de Revisión en la sentencia T-591 de 2006, también ha sido
considerada por esta Corte en las sentencias T-1181 y T-495 de 2005, así como
en el fallo  T-080 de 2006. Tal situación, en todo caso, no cambia la
irregularidad constitutiva de vía de hecho por defecto procedimental y
sustantivo en que incurrió el Juez Tercero Civil del Circuito de Pasto al no
dar por terminado el proceso ejecutivo que se siguió en contra de los actores, cuando
se daban los supuestos del artículo 42 de la Ley 546 de 1999.
Aunque en el presente caso no se tiene
noticia de sí finalmente el inmueble se entregó a la entidad ejecutante y si
ello ocurrió, si ha salido del patrimonio de la misma, debe precisarse que los
derechos constitucionales a la propiedad de los terceros de buena fe,  deben
ceder para dar paso a la protección y restablecimiento de un derecho de rango
también constitucional pero fundamental, como lo es el debido proceso que le
asiste a los tutelantes. En otras palabras, cuando se presente un conflicto
entre un derecho patrimonial y uno de estirpe fundamental, siempre debe primar
la garantía de este último[34].
Lo anterior indica que si el bien está aún
en poder de CISA, debe proceder a restituirlo al deudor, previa cancelación de
los registros respectivos en la Oficina de Instrumentos Públicos. De lo
contrario, esto es, si el bien fue vendido, CISA o el BCH, deben responder a
los deudores.
Con base en lo anotado, la Sala Cuarta de
Revisión de esta Corte, revocará las decisiones de instancia que negaron la
protección invocada, tutelará el derecho a la vivienda digna en conexidad con
el debido proceso y  declarará la nulidad del proceso ejecutivo hipotecario
tramitado en contra de los actores en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Pasto (Nariño), desde el momento en que se aportó al proceso la reliquidación
de la obligación y se aplicó el alivio al crédito, basado en el pagaré a la
orden No. 1 O.H. 37003894-0 que soporta una obligación por la suma de
$18´560.000.oo, equivalente a 3.575.2399 UPAC. En consecuencia se ordenará la
terminación y archivo del citado proceso ejecutivo hipotecario que se fundó en
esta obligación.
Lo anterior, teniendo en cuenta que tanto
el mandamiento de pago dentro del proceso ejecutivo hipotecario tantas veces
referido, así como las demás providencias que se surtieron en el mismo y que
dieron como resultado el remate, adjudicación y orden de entrega del bien y la
continuación del proceso buscando recaudar la totalidad  de la acreencia, que
al momento de instaurarse la tutela estaba vigente, tuvo como fundamento, no
sólo la obligación suscrita en UPAC, sino también  el pagaré a la orden No. 1
O.H. 03702928-1 que contiene una obligación por $20´000.000.oo, adquirida por
los actores en moneda corriente con tasa de interés variable, sistema de
amortización No. 41, al cual no se le aplican las prerrogativas de la Ley 546
de 1999.
En este sentido, pese a que lo decidido en
la parte resolutiva de esta providencia afecta a todo el proceso ejecutivo
hipotecario seguido en contra de los actores, la terminación y archivo del
mismo únicamente procede respecto del crédito suscrito en UPAC, al que le son
aplicables las garantías reguladas en la Ley 546 de 1999, más no a la
obligación adquirida en moneda corriente con tasa de interés variable.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-
REVOCAR la sentencia del 9 de marzo de 2006
proferida por la Sala Civil –Familia- del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Pasto (Nariño), que negó el amparo solicitado por los señores Nabor
Enríquez Hernández y Nabor  Leonardo Enríquez Ocaña, en contra del Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Pasto, del Banco Central Hipotecario en
liquidación y de la Compañía Central de Inversiones S.A. –CISA-, y el fallo del
27 de abril de 2006 adoptado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia por medio de la cual se confirmó la sentencia del a-quo.
Segundo.-
CONCEDER a los actores el amparo de su derecho a la
vivienda digna, en conexidad con el derecho al debido proceso.
Tercero.- DECRETAR LA NULIDAD de  todo lo actuado dentro del proceso
ejecutivo hipotecario adelantado desde el 17 de febrero de 1999 por el Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Pasto, en contra de los señores  Nabor Enríquez
Hernández y Nabor  Leonardo Enríquez Ocaña, a partir de la actuación siguiente
a la reliquidación del crédito basado en el pagaré a la orden No. 1 O.H.
37003894-0 que contiene una obligación por la suma de $18´560.000.oo, equivalente
a 3.575.2399 UPAC. En consecuencia, ORDENAR la terminación y archivo del
proceso ejecutivo relacionado con la citada obligación.
Cuarto.- ORDENAR al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto, que
renueve (Art. 146 C.P.C.) el proceso ejecutivo seguido contra de los señores  Nabor
Enríquez Hernández y Nabor  Leonardo Enríquez Ocaña, referido con el cobro de
la obligación soportada en el pagaré a la orden No. 1 O.H. 03702928-1 por un
crédito adquirido por los actores en moneda corriente con tasa de interés
variable, sistema de amortización No. 41, en tanto este crédito no tuvo como
finalidad la compra de vivienda a largo plazo, y por consiguiente no le son
aplicables los beneficios contemplados en la Ley 546 de 1999.
Quinto.- Dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado Ponente
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Folio 145 del cuaderno que
contiene el proceso ejecutivo hipotecario.
[2] C-543 de 1992.
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[3] Sobre lo expuesto, en la sentencia T-012 de 1992,
M.P. José Gregorio Hernández, se dijo: “El término de diez días no admite
excepciones, pues de lo que se trata es de asegurar la inmediata protección del
derecho violado o amenazado, razón por la cual el mismo precepto superior habla
de un procedimiento preferente y sumario, a la vez que el artículo 15 del
Decreto 2591 de 1991 ordena que su trámite se surta con prelación, para lo cual
se pospondrá cualquier otro asunto, salvo el de Habeas Corpus, añadiendo que
los plazos son perentorios e improrrogables”.
[4] T-580 de 2006.
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[5] En la sentencia T-570 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas
Hernández, se citó un aparte de la sentencia C-543 de 1992, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo, así: “.  En el caso en que sea la tutela y no otro medio
de defensa el que se ha dejado de interponer a tiempo, también es aplicable el
principio establecido en la Sentencia arriba mencionada (C-543/92), según el
cual la falta de ejercicio oportuno de los medios que la ley ofrece para el
reconocimiento de sus derechos no puede alegarse para beneficio propio, máxime
en los casos en que existen derechos de terceros involucrados en la decisión”.
[6] Entre otras,
pueden consultarse las sentencia, C-543 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández
Galindo, SU-961 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-575 de 2002. M.P.
Rodrigo Escobar Gil y T-570 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[7] En la sentencia
T-570 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, se reiteró la línea
jurisprudencial, recogida en la sentencia T-1229 de 2000. M.P. Alejandro Martínez
Caballero.
[8] El
día 2 de marzo de 2006, el Juez Tercero Civil del Circuito de Pasto, al
contestar la tutela, allega al expediente una certificación en la que se dice,
“Actualmente el proceso se encuentra pendiente del recaudo total de la
obligación”. Folio 23 del cuaderno en el que obra la actuación de primera
instancia en la acción de tutela.
[9] Folio 154. Auto
del 3 de diciembre de 2004.
[10] Folio 23.
Certificación allegada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto al
contestar la tutela.
[11]  Sentencia
C-955 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo,  posición reiterada, entre
otras, en la sentencia T-495 de 2005. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[12] Cfr. T-112/03,
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-535/04, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y
T-1243/04, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. De la misma manera las siguientes
sentencias de la Sala Cuarta de Revisión, con ponencia de quien funge ahora en
tal calidad:  T-692/05, T-896/05, T-1220/05, T-089 de 2006, T-144/06, T-146/06,
T-258/06 y T-515/06.
[13] Sobre la
necesidad de cumplir los requisitos generales de aplicación de la ley 546 de
1999 pueden consultarse las sentencias T-105/05, M.P. Alfredo Beltrán Sierra  y
T-1207/04, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[14] Folios 68 y 69
del cuaderno No. 1 que contiene la actuación dentro del proceso ejecutivo que
se siguió en contra de los tutelantes.
[15] Cfr, folio 70.
[16] Cfr, folio 71.
[17] Cfr, folio 72.
[18] Cfr. Folio 146.
[19] Cfr, folio 150.
[20] Cfr, folio 151.
[21] Cfr. Folio 131.
[22] Cfr, folios 133
y 134.
[23] Cfr, folio 111.
[24] Cfr, folio 114.
[25] Cfr, folio 115.
[26] Cfr, folio 119.
[27] Folio 134 en el
que obra providencia del 19 de abril de 2004, por medio de la cual se adjudicó
el bien a la entidad ejecutante.
[28] Folio 142 del
cuaderno que contiene la actuación surtida en el proceso ejecutivo hipotecario
que se siguió en contra de los actores.
[29] Cfr, folio 144.
[30] Cfr, 148.
[31] Folios 10 al 17
del cuaderno que contiene la actuación en el proceso ejecutivo hipotecario
surtido en contra de los actores.
[32] Sentencia C-955
de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Subrayas fuera del texto
original.
[33] Sentencia C-955
de 2000. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Negrilla y subrayas fuera de
texto original.
[34] Sala Primera de
Revisión, sentencia T-591 de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería.