T-148-00
Sentencia T-148/00
Sentencia T-148/00
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional pago de acreencias
laborales
Referencia:
expediente T-252215
Acción de tutela
incoada por Pedro Antonio Franco Peña contra "Industrias TYF S.A."
Magistrado Ponente:
Dr. JOSE GREGORIO
HERNANDEZ GALINDO
Aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C.,
veintidós (22) de febrero de dos mil (2000).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la
Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso
de revisión del fallo dictado en el asunto de la referencia por el Juzgado Once
Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá.
I. ANTECEDENTES
Pedro Antonio Franco Peña, de 71 años de
edad, incoó acción tutela contra "Industrias TYF S.A.", actualmente
en liquidación, por estimar violados su derecho a la vida en condiciones
dignas, y los derechos correspondientes a las personas de la tercera edad.
Afirmó el demandante que en 1984 la
sociedad demandada le reconoció su pensión por haber laborado cerca de 38 años,
y que desde el 20 de agosto de 1998 hasta la fecha de instauración de la acción
en referencia no le han pagado sus mesadas pensionales, ni la mitad de la prima
de junio de 1998.
Aseveró que el 23 de diciembre de 1998 se
hizo parte dentro del trámite de liquidación obligatoria de la sociedad.
El actor solicitó al juez que tutelara sus
derechos de manera transitoria, y que, en consecuencia, ordenara a la demandada
cancelar las mencionadas deudas laborales.
Por su parte, el liquidador de
"Industrias TYF S.A." informó al juez de instancia que, desde la
fecha de su posesión en ese cargo, la sociedad no ha tenido ingresos, que su
iliquidez es absoluta, y que por ello no se ha cancelado ninguna obligación -la
anterior afirmación fue ratificada por quien actualmente lleva la contabilidad
de la empresa-. Expresó que actualmente se encuentra pendiente la graduación y
calificación de créditos, requisito previo para proceder al pago de
obligaciones, una vez efectuado el avalúo de los bienes. Resaltó que el único
bien para la cancelación del pasivo de la sociedad -el cual asciende a $3.900
millones- es una bodega avaluada en $1.200 millones, y que con la enajenación
de dicho bien se procederá a la cancelación de pasivos, respetando las
prelaciones establecidas en la ley.
Al proceso se aportaron las siguientes
pruebas:
-Edicto emplazatorio del 29 de diciembre de
1998, expedido por la Superintedencia de Sociedades, mediante el cual se
convocó a participar a todos los acreedores de "Industrias TYF S.A."
en el proceso liquidatorio.
-Carta del 26 de enero de 1999, suscrita
por el Liquidador de la mencionada compañía, mediante la cual aquél informó a
la Superintendencia que al actor se le adeudaba, al 15 de diciembre de 1998, la
suma de 2'067.392.00, por concepto de mesadas pensionales.
-Carta del 22 de diciembre de 1998, en la
que el demandante expresó su voluntad de hacerse parte en el proceso de
liquidación, "ratificando el escrito presentado en el proceso
concordatario".
-Informe rendido por el liquidador de la
sociedad a la Superintendencia de Sociedades acerca del manejo efectivo de la
liquidación, y certificado del contador público.
II. DECISION JUDICIAL OBJETO DE REVISION
El Juzgado Once Laboral del Circuito de
Santa Fe de Bogotá, mediante fallo del 8 de septiembre de 1999, negó la
protección solicitada, por cuanto, en su criterio, el accionante tenía otro
medio de defensa judicial para hacer valer sus derechos y no se vislumbraba la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.
La decisión no fue impugnada.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA DECISION
La omisión en el pago de mesadas
pensionales pone en peligro el mínimo vital de los pensionados y desconoce el
derecho al trabajo y el principio de igualdad
La Corte debe pronunciarse nuevamente
acerca de las implicaciones que, desde el punto de vista constitucional, tiene
la omisión de pagar las mesadas pensionales a una persona que pertenece a la
tercera edad.
Cabe recordar que esta Corporación, en
repetida y constante jurisprudencia, ha considerado que una conducta como la
descrita atenta contra los derechos de las personas de avanzada edad, quienes
en aplicación del principio de igualdad, tienen derecho a recibir un trato
preferencial, debido a sus condiciones de debilidad frente a la mayoría del
grupo social (artículos 13 y 46 de la Carta), en tanto que el paso de los años
trae consigo la pérdida de la capacidad laboral y la disminución de la salud y
de la fortaleza. Es por ello que en tales circunstancias, que son por lo
general las de los pensionados en Colombia, cuyo único ingreso para conservar
su digna subsistencia, es la pensión, se presume que la no cancelación de las
mesadas implica la afectación del mínimo vital.
Aparte de lo anterior, debe resaltarse que
la mora o la omisión en el pago de las mesadas pensionales también supone
necesariamente la vulneración del derecho al trabajo (artículos 25 y 53 C.P.),
pues se desconoce el esfuerzo de quien durante toda su etapa productiva aportó
al desarrollo de la comunidad su esfuerzo físico o mental.
En el presente caso, se tiene que la
empresa demandada, actualmente en liquidación, ha venido incumpliendo en el
pago de sus deudas laborales, lo que a la luz de los criterios precedentes
comporta el desconocimiento de los derechos fundamentales del demandante. Ahora
bien, dicha omisión ha tenido como causa la falta de liquidez de la empresa
para cubrir sus deudas, pero, como lo afirmó la Corte en reciente fallo de
unificación (SU-995 del 9 de diciembre de 1999. M.P.: Dr. Carlos Gaviria Díaz),
tal excusa no elimina la situación injusta que ha tenido que padecer el
peticionario, ni el deber que pesa sobre la sociedad en liquidación de
cancelar, con prelación sobre otras, sus deudas laborales.
Por otra parte, es necesario tener en
cuenta que el legislador ha previsto una serie de reglas y procedimientos con
miras a que los acreedores de una sociedad que ha perdido viabilidad económica
hagan valer sus derechos. Asimismo, la ley ha establecido la prelación de
créditos, que refleja la mayor o menor importancia que se le ha otorgado a unos
intereses jurídicos sobre otros, clasificación en la cual ocupan un lugar
preeminente las deudas que se derivan del contrato de trabajo, vigente o
extinguido.
En el asunto bajo examen es importante
resaltar que la situación económica del ente demandado es la de una actual
dificultad para cubrir de manera inmediata e íntegra su deuda con el
demandante, pues aparte de la iliquidez en referencia, el único activo destinado
a saldar las deudas contraídas por la empresa aún no se ha rematado, en espera
de que se surtan todas las etapas dentro del procedimiento de liquidación
obligatoria de "Industrias TYF".
En vista de lo anterior, la única orden que
puede impartir el juez constitucional para proteger eficazmente los derechos en
juego es la de disponer que la Superintendencia de Sociedades verifique el
cumplimiento estricto de los términos legales en el trámite liquidatorio, con
el fin de que no se produzcan dilaciones injustificadas que causen mayor
perjuicio a quienes, como el demandante, han resultado lesionados en sus
derechos con la crisis financiera de la sociedad en referencia. De igual forma
dicho organismo deberá velar por el atento cumplimiento de la prelación legal de
créditos.
DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR el fallo del 8 de septiembre de 1999, proferido
por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá, por medio del
cual se negó la protección solicitada. En su lugar, se concede la tutela de los
derechos invocados. En consecuencia, se ORDENA a la Superintendencia de
Sociedades que verifique el cumplimiento estricto de los términos legales en el
trámite liquidatorio así como la exacta observancia de la normatividad vigente
sobre prelación legal de los créditos laborales.
En todo caso, dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al recibo por la empresa en
liquidación de los recursos provenientes de la realización del activo del cual
dispone, deberá el liquidador pagar en su totalidad las mesadas que adeuda al
actor, y hacer las provisiones necesarias para seguirle pagando puntualmente.
Segundo.- DESE cumplimiento a lo previsto en el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado Ponente
ALEJANDRO MARTINEZ
CABALLERO                                             FABIO MORON DIAZ
Magistrado
Magistrado
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General