T-917-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-917/11
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR DEFECTO FACTICO-Reiteración
de jurisprudencia
DEFECTO FACTICO EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL-Reiteración
de jurisprudencia
DEFECTO FACTICO-Dimensión positiva y dimensión negativa
En cuanto a las dimensiones que puede revestir el
defecto fáctico, esta Corporación ha precisado que se pueden identificar dos: La
primera corresponde a una dimensión negativa que se presenta cuando el juez
niega el decreto o la práctica de una prueba o la valora de una manera
arbitraria, irracional y caprichosa u omite su valoración y sin una razón
valedera considera que no se encuentra probado el hecho o la circunstancia que
de la misma deriva clara y objetivamente. En esta dimensión se incluyen las
omisiones en la valoración de las pruebas determinantes para identificar la
veracidad de los hechos analizados por el juez. La segunda corresponde a una
dimensión positiva que se presenta cuando el juez aprecia pruebas esenciales y
determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido
admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas y al
hacerlo se desconoce la Constitución.
DEFECTO FACTICO POR OMISION Y POR ACCION
VOCACION SUCESORAL Y PRUEBA DE LA CALIDAD DE HEREDERO DENTRO DEL
PROCESO DE SUCESION
A
efectos de intervenir en el proceso sucesorio, se hace indispensable precisar
la calidad de heredero, que es aquel status que deriva frente a la herencia y
que le otorga legitimación para actuar dentro del respectivo proceso. Al
respecto, es necesario reiterar que si bien, el estado civil y la calidad de
heredero son dos cuestiones diferentes, en el ordenamiento sucesoral, la
vocación legal hereditaria se fundamenta en el estado civil, es decir, los
nexos de parentesco son los que ligan a los herederos con el causante.
ORDEN SUCESORAL O HEREDITARIO-Características
(i)
Son grupos de personas naturales a quienes se les ha dado la vocación
hereditaria, con excepción del sexto orden que corresponde al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar; (ii) se encuentran organizados autónomamente,
es decir, son independientes entre sí y están organizados de tal manera que no
puede pasarse al orden siguiente mientras no hayan quedado vacantes los
precedentes y; (iii) conlleva una distribución equivalente a la importancia del
estado civil.
CALIDAD DE HEREDERO-Se demuestra con la prueba del respectivo
estado civil
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR DEFECTO FACTICO-Caso
en que decisiones de Tribunal y Juzgado no reconocieron al accionante como
heredero de mejor derecho frente al ICBF dentro del proceso de sucesión de su
hijo
Las
decisiones proferidas por el Juzgado y por la Sala de Familia del Tribunal,
incurrieron en una causal de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales por defecto fáctico, pues es evidente que no tuvieron
en cuenta la prueba de la calidad de heredero, dada por la sentencia de
filiación, en la cual se reconoce como padre biológico del causante. Siendo
éste, sin lugar a dudas, heredero de mejor derecho frente al Instituto
Colombiano de Bienestar familiar, quien se encuentra dentro del quinto orden
sucesoral y que obtiene vocación sucesoral tan sólo cuando los órdenes
precedentes se encuentren vacantes, condición que no se cumple en el presente
caso, pues en el segundo orden, conformado por los ascendientes del causante,
se encuentra el accionante.
Referencia: expediente T- 3.146.065
Acción de Tutela instaurada por Jorge Enrique Contreras Pinzón en
contra de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá y el Juzgado Trece
de Familia de Bogotá.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá
D.C. siete (7) de diciembre de dos mil once (2011)
La
Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada
por los Magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside, Humberto
Antonio Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, y específicamente de las previstas en
los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha pronunciado
la siguiente:
SENTENCIA
En
el proceso de revisión de la Sentencia proferida el diecisiete (17) de mayo de
dos mil once (2011) por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, la cual confirmó el fallo del siete (07) de abril de dos mil once
(2011) de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en cuanto
denegó la tutela incoada por el señor Jorge Enrique Contreras Pinzón en contra
de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá y el Juzgado Trece de
Familia de Bogotá.
1.
ANTECEDENTES
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución
Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Ocho de la
Corte Constitucional, mediante Auto del dieciocho (18) de agosto de dos mil
once escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la
referencia.
De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de
1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la Sentencia correspondiente.
SOLICITUD
El señor Jorge Enrique Contreras Pinzón solicita
al juez de tutela la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la administración de justicia y a la igualdad, presuntamente
vulnerados por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá y el
Juzgado Trece de Familia de la misma ciudad, al no reconocer su calidad de
heredero dentro de la sucesión de su hijo José María Ospina, bajo el argumento
de que dentro del proceso de filiación natural en el cual se le declaró padre
del causante no se vinculó al Instituto Colombiano de Bienestar familiar.
Sustenta su solicitud en los siguientes hechos
y argumentos de derecho:
1.1.1.
Hechos y argumentos de derecho
1.1.1.1.
Relata el accionante que el día 14 de septiembre de 2005, presentó a
través de apoderado judicial demanda de filiación natural contra los herederos
indeterminados del señor José María Ospina Contreras, correspondiendo su
conocimiento al Juzgado Décimo de Familia de Bogotá, quien mediante proveído
del 29 de marzo de 2007 reconoció al accionante como padre biológico del
fallecido José María Ospina Contreras.
1.1.1.2.
Sostiene que dentro del mencionado proceso se hizo parte el
Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF), notificándose por conducta
concluyente durante el término de ejecutoria de la sentencia de filiación. De
esta manera, el ICBF contestó la demanda y presentó excepciones, siendo
encontradas improcedentes por el juez de conocimiento al ser interpuestas
extemporáneamente.
1.1.1.3.
Contra la anterior decisión, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar interpuso recurso de reposición, obteniendo su revocatoria y en
consecuencia, su reconocimiento como parte dentro del proceso de filiación.
1.1.1.4.
Por otra parte, el ICBF había iniciado proceso de sucesión de su
hijo José María Ospina Contreras ante el Juzgado Trece de Familia de Bogotá, el
cual declaró abierto el proceso de sucesión mediante providencia del 14 de
septiembre de 2006. Proceso en el que mediante memorial del 25 de mayo de 2007
se presentó el accionante y con fundamento en la sentencia de filiación, inició
incidente con el fin de ser reconocido como heredero de mejor derecho del
causante José María Ospina Contreras.
1.1.1.5.
El Juzgado Trece de Familia de Bogotá no aceptó el incidente
presentado, pues consideró que el proceso de filiación natural había sido
fallado a espaldas del Bienestar Familiar. Específicamente señaló que
según lo dispuesto por el art. 10° de la Ley 75 de 1968, las sentencias que
declaren la paternidad sólo producen efectos patrimoniales contra quienes
fueron parte en el juicio de sucesión; y en la medida que el ICBF no fue
vinculado al juicio filiatorio, pese a que, de conformidad con el art. 83 del
C. de P. Civil, su vinculación era obligatoria, y por tanto no se le notificó
de la demanda dentro de los dos años siguientes a la muerte del señor José
María Ospina Contreras, los cuales vencieron el 29 de octubre de 2006, porque
su deceso ocurrió el 29 de octubre de 2004, no podían oponerse los efectos de
la decisión al mismo y por tanto, no podía reconocerse el derecho alegado, pues
ello sería sorprender al ICBF con un proceso definido a sus espaldas, lo cual
vulnera el derecho de contradicción, defensa y el debido proceso.
1.1.1.6.
Contra la anterior decisión se presentó recurso de apelación ante la
Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, quien confirmó la decisión sin
tener como prueba el expediente de filiación donde se le reconoció como parte
al ICBF y se le declara padre biológico de José María Ospina Contreras. En esta
oportunidad, el Tribunal Superior de Bogotá afirmó que analizadas las
circunstancias fácticas que rodean el caso concreto, a la luz de lo dispuesto
por el art. 10° de la Ley 75 de 1968 se concluye, que efectivamente al no ser
vinculado el Instituto Colombiano de Bienestar familiar, al proceso ordinario
de filiación natural, pese a que por disposición del art. 81 del C. de P. Civil
debía ser citado, la sentencia de fecha 29 de marzo de 2007 le es inoponible,
por lo que no podía en consecuencia reconocerse al señor Jorge Enrique
Contreras Pinzón como heredero de José María Contreras en calidad de padre del
mismo, por lo que la providencia apelada está llamada a ser confirmada.
1.1.1.7.
En esta misma providencia, el Tribunal refutó lo señalado por el
accionante en el sentido de que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
fue parte dentro del proceso ordinario de filiación, en la medida en que
contestó la demanda y propuso excepciones. Al respecto, sostuvo que
estudiado el trámite que se le dio al proceso de filiación se encuentra, que lo
acontecido fue que el apoderado de dicha Institución voluntariamente compareció
al proceso después de haberse proferido y notificado el fallo por el juzgado
10° de Familia de esta ciudad, situación que es completamente diferente a la
afirmada por el recurrente y de donde no puede concluirse que ese Instituto
hubiera sido legalmente vinculado al proceso, para que respecto del mismo surta
efectos patrimoniales la decisión.
1.1.1.8.
Considera el accionante que de haberse apreciado y valorado la
prueba por él aportada, se hubiera concluido que la sentencia proferida dentro
del proceso de filiación sí genera efectos patrimoniales dentro de la sucesión
de su hijo José María Ospina Contreras.
1.1.1.9.
Con fundamento en las circunstancias expuestas, solicita al juez de
tutela revocar las decisiones proferidas por los despachos judiciales
accionados dentro del proceso de sucesión de José María Ospina Contreras y, en
consecuencia, se le reconozca dentro de la sucesión referida como único y
legítimo heredero del causante.
1.2.
TRASLADO Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Recibida la solicitud de tutela, la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia procedió a admitirla y ordenó correr traslado a la Sala de
Familia del Tribunal Superior de Bogotá y al Juzgado Trece de Familia de Bogotá
y a los intervinientes dentro del proceso de sucesión que se cuestiona.
Vencido el término de traslado los despachos judiciales accionados y el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar guardaron silencio.
1.3.
PRUEBAS DOCUMENTALES
En el expediente obran como pruebas, entre otros, los siguientes
documentos:
1.3.1.
Copia de la sentencia de filiación de fecha veintinueve de marzo de
2007 proferida por el Juzgado Décimo de familia de Bogotá, cuya parte
resolutiva señala: 1. DECLARAR que JORGE ENRIQUE CONTRERAS PINZÓN, es el
padre biológico de quien en vida respondía al nombre de JOSE MARIA OSPINA
CONTRERAS nacido el 30 de enero de 1967 en Bogotá, (hoy fallecido), quien en
vida se identificaba con la C.C. No. 19.105.831 de Bogotá. 2. Como consecuencia
de lo anterior, se ordena oficiar a la Notaría 6a del Circulo Notarial de esta
ciudad o al funcionario encargado del registro civil de las personas, a fin de
que tome atenta nota de lo aquí decidido, conforme al Dcto. 1260 de 1970.
1.3.2.
Copia del Auto de fecha cinco de julio de dos mil siete proferido
por el Juzgado Décimo de familia de Bogotá, mediante el cual resolvió el
recurso de reposición interpuesto por el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, en el cual se reconoce como interesado en el proceso de filiación al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
1.3.3.
Copia del Auto del once de julio de dos mil ocho proferido por el
Juzgado Trece de Familia de Bogotá, mediante el cual se resolvió el incidente
de reconocimiento de heredero de mejor derecho que formuló el señor Jorge
Enrique Contreras Pinzón, cuyo resuelve indicó: PRIMERO: NEGAR el
reconocimiento de los efectos patrimoniales que pudieran derivarse de las
Sentencias memoradas en la motiva, a favor de JORGE ENRIQUE CONTRERAS PINZÓN,
por las razones allí expuestas. SEGUNDO: NEGAR, en consecuencia, el reconocimiento
de heredero de mejor derecho reclamado por JOSE (sic) ENRIQUE CONTRERAS PINZÓN
con relación a su difunto hijo JOSE MARIA CONTRERAS OSPINA, dentro de este
trámite incidental.
1.3.4.
Copia del Auto del dieciséis de diciembre de dos mil diez de la Sala
de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, mediante el cual se resolvió el
recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del señor Jorge
Enrique Contreras Pinzón, contra el auto proferido por el Juzgado Trece de
familia de Bogotá, en el cual se confirmó el auto apelado.
2.
DECISIONES JUDICIALES
2.1.
DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA – SALA DE CASACIÓN CIVIL DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante
Sentencia proferida el siete (07) de abril de dos mil once (2011), decidió
denegar la acción instaurada por el peticionario.
Sucintamente señaló que si bien, los hechos y pruebas aportadas al
proceso de sucesión en cuestión pueden ser susceptibles de otra interpretación,
ello no significa que de las decisiones adoptadas por los despachos judiciales
accionados se desprenda una actuación subjetiva y caprichosa que devenga en una
causal de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Finalmente, advirtió la ausencia del requisito de subsidiaridad de la
acción, puesto que el accionante guardó silencio frente a los efectos de la
decisión proferida en el proceso de filiación y tardíamente en el proceso de
sucesión y ahora en sede de tutela, alega su vocación hereditaria en relación
con los bienes de su hijo.
2.2. IMPUGNACIÓN DE LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA
El accionante impugnó la providencia reiterando los mismos argumentos
esgrimidos en el libelo de la demanda
2.3
DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA – SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante
sentencia del diecisiete (17) de mayo de dos mil diez (2011), confirmó la
sentencia de primera instancia.
Expuso cómo dicha corporación sostiene por regla general, la tesis en
virtud de la cual no procede la tutela contra providencias o sentencias
judiciales, en atención a los principios de cosa juzgada e independencia
judicial y además, por ausencia de base normativa. No obstante, resaltó que
estos valores propios del Estado de derecho deben ponderarse con la prosecución
de la eficacia de los derechos fundamentales y, en esta medida, advirtió que
existen casos concretos y excepcionales, en los que las actuaciones u omisiones
de los funcionarios judiciales resultan violatorias de los derechos
fundamentales de las personas.
Con fundamento en lo anterior, afirmó que en el caso objeto de estudio,
no se vislumbra que las autoridades judiciales accionadas hayan actuado
negligentemente ni que hayan omitido realizar un análisis de las circunstancias
fácticas y jurídicas del caso, que permita concluir la existencia de una vía de
hecho.
3.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
3.1.
COMPETENCIA Y OPORTUNIDAD
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la
Corte Constitucional, en desarrollo de las facultades conferidas en los
artículos 86 y 241, numeral 9° de la Constitución, es competente para revisar
los fallos de tutela adoptados en el proceso de esta referencia.
3.2.
PROBLEMA JURÍDICO
En el asunto de la referencia, corresponde a esta Sala de Revisión
determinar si la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá y el Juzgado
Trece de Familia de Bogotá han vulnerado los derechos fundamentales al debido
proceso, a la administración de justicia y  a la igualdad  del señor Jorge
Enrique Contreras Pinzón, por la presunta vía de hecho en que incurrieron al no
reconocer su calidad de heredero dentro del proceso de sucesión de su hijo José
María Ospina Contreras, bajo el argumento de que la sentencia de filiación
natural en la cual se le reconoció como padre biológico del causante, no
produce efectos patrimoniales por cuanto no se le notificó la demanda de
filiación al ICBF como heredero determinado.
Con el fin de solucionar el problema jurídico, esta Sala reiterará su
jurisprudencia sobre: primero, la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales; segundo, los requisitos generales y
específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, haciendo especial énfasis en el defecto fáctico; tercero, vocación
sucesoral y prueba de la calidad de heredero dentro del proceso de sucesión y; cuarto,
el caso concreto.
3.2.1.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Reiteración de jurisprudencia
La
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
es un tema que ha sido abordado por esta Corporación en múltiples ocasiones,
por lo que la Sala repasará las premisas en que se fundamenta esta posibilidad
y las reglas establecidas para el examen de  procedibilidad en un caso
concreto.
Mediante
Sentencia C-543 de 1992[1],
la Corte declaró inexequibles los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991,
los cuales regulaban la procedencia de la tutela contra sentencias, por
considerar que esas disposiciones desconocían los principios de separación de
jurisdicciones y de seguridad jurídica que consagra la Constitución.  No
obstante, esa misma providencia determinó que esta acción constitucional
procede contra decisiones judiciales de forma excepcional, cuando constituyen
vías de hecho[2]
y, por ende, resultan contrarias a la Constitución.
La tesis
anterior surgió de la aplicación directa de los artículos 2º, 4º, 5º y 86 de la
Constitución, por cuatro razones principalmente: La primera, porque en
el Estado Social de Derecho la salvaguarda de los derechos fundamentales es
prevalente y obliga a todas las autoridades públicas-incluidos los jueces-,
toda vez que uno de los pilares fundantes de esta forma de Estado es la
eficacia de los derechos y deberes fundamentales.
La segunda,
porque los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada no justifican la
violación de la Constitución ni pueden amparar decisiones que resulten
contrarias a esos mismos principios. Es evidente que una vía de hecho
constituye una clara amenaza a la seguridad jurídica y a la estabilidad del
derecho, por lo que, la defensa en abstracto de ese principio, implica el rompimiento
del mismo en el caso concreto.
La tercera,
porque la autonomía judicial no puede confundirse con la arbitrariedad
judicial, es decir, el juez al adoptar sus decisiones debe hacerlo dentro de
los parámetros legales y constitucionales; la autonomía judicial no lo autoriza
para violar la Constitución.
La cuarta,
porque el principio de separación de jurisdicciones no implica el
distanciamiento de la legalidad y la constitucionalidad. Por el contrario, el
artículo 4º de la Carta es claro en señalar que la Constitución es norma de
normas y, por consiguiente, ésta debe informar todo el ordenamiento jurídico;
en especial, es exigible en la aplicación e interpretación de la ley.
De acuerdo con
lo anterior, esta Corporación desarrolló el concepto de vía de hecho. En
principio, fue entendido como la decisión arbitraria y caprichosa[3]del
juez que resuelve un asunto sometido a su consideración, por lo que la
providencia resulta manifiesta y evidentemente contraria a las normas que rigen
el caso concreto.
La Corte en la
sentencia T-231 de 1994[4]delineó
cuatro defectos que, analizado el caso concreto, permitirían estimar que en una
providencia judicial se configuró una vía de hecho, a saber: i) defecto
sustantivo, cuando la decisión se adopta en consideración a una norma
indiscutiblemente inaplicable; ii) defecto fáctico, cuando el juez falla
sin el sustento probatorio suficiente para aplicar las normas en que funda su
decisión; iii) defecto orgánico, cuando el juez profiere su decisión con
total incompetencia para ello; y, iv) defecto procedimental que se
presenta en aquellos eventos en los que se actúa desconociendo el procedimiento
o el proceso debido para cada actuación.
Por
un amplio período la Corte Constitucional decantó de tal manera el concepto de
vía de hecho. No obstante, se dio una evolución de la jurisprudencia
constitucional acerca de las situaciones que hacen viable  la acción de
tutela contra providencias judiciales. Este desarrollo  llevó a concluir que las
sentencias judiciales pueden ser atacadas mediante la acción de tutela por
causa de otros defectos adicionales, y que, dado que esos nuevos defectos no
implican que la sentencia sea necesariamente una decisión arbitraria y
caprichosa del juez, era más adecuado utilizar el concepto de causales
genéricas de procedibilidad de la acción que el de vía de hecho. Con
el fin de orientar a los jueces constitucionales y determinar unos parámetros
uniformes que permitieran establecer en qué eventos es procedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, en la Sentencia C-590 de 2005[5] y SU-913 de 2009,
sistematizó y unificó los requisitos de procedencia y las razones o motivos de
procedibilidad de la tutela contra sentencia. Actualmente no ‘(…) sólo se trata
de los casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre
el ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se aparta de los
precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad
interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los
asociados (arbitrariedad)[6].
De
esta manera, la Corte distinguió, en primer lugar, los requisitos de
carácter general[7]
orientados a asegurar el principio de subsidiariedad de la tutela -requisitos
de procedencia- y, en segundo lugar, los de carácter específico[8],
centrados en los defectos de las actuaciones judiciales en sí mismas
consideradas -requisitos de procedibilidad-.
Los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra sentencias, según lo
expuso la sentencia C-590 de 2005[9],
son:
(i)
que la cuestión planteada al juez constitucional sea de
relevancia constitucional[10];
(ii)
que se hayan agotado todos los mecanismos de defensa
judicial, previstos en el ordenamiento jurídico, a menos que se trate de un
perjuicio irremediable[11];
(iii)
que la acción de amparo constitucional, haya sido interpuesta
oportunamente, es decir que se cumpla el requisito de inmediatez[12];
(iv)
que en el evento de tratarse de una irregularidad procesal,
se indique que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la decisión
que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[13];
(v)
que la vulneración reclamada en sede de acción de tutela,
haya sido alegada en el proceso judicial respectivo, siempre y cuando hubiera
sido posible[14]
y;
(vi)
que no se trate de tutela contra tutela.
De
otro lado, los requisitos específicos de procedibilidad aluden a la
concurrencia de defectos en el fallo atacado que, en virtud de su gravedad,
hacen que el mismo sea incompatible con los preceptos constitucionales.  En el
evento de presentarse al menos uno de ellos en el caso en examen, la solicitud
de amparo debe considerarse procedente. Según lo previsto en la sentencia C-590
de 2005, estos defectos son los siguientes:
a.
Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello[15].
b. Defecto procedimental absoluto, que se
origina cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento
establecido[16].
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez
carece del apoyo probatorio que permite la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los
casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales,[17]
o en que se presenta una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos
y la decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez
o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales[18].
f. Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento del deber de los servidores judiciales de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido de que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional[19].
g. Desconocimiento del precedente[20].
h.  Violación directa de la Constitución[21].
En
resumen, como ha sido señalado en reciente jurisprudencia la acción de tutela
contra sentencias judiciales es un instrumento excepcional, dirigido a
enfrentar aquellas situaciones en que la decisión del juez incurre en graves
falencias de relevancia constitucional, las cuales tornan la decisión
incompatible con la Constitución. En este sentido, la acción de tutela contra
decisión judicial es concebida como un juicio de validez y no como un juicio
de corrección[22]del
fallo cuestionado, lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva
instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho legislado, que dieron origen a la controversia.
3.2.2.
Defecto fáctico en la jurisprudencia constitucional
De conformidad con lo establecido en el
artículo 2° de nuestra Carta Política uno de los fines esenciales del Estado
Social de Derecho es garantizar real y efectivamente los principios y derechos
fundamentales.  Postulado fundamental  cuya garantía compete a  todos los
jueces de la República dentro de las etapas de cada uno de los procesos
judiciales a su cargo.
Ahora bien, la etapa probatoria, desarrollada
de acuerdo con los parámetros constitucionales y legales, es un componente
fundamental para que el juez adquiera certeza y convicción  sobre la realidad
de los hechos que originan  una determinada controversia, con el fin  de llegar
a una solución jurídica con base en unos elementos de juicio sólidos,
enmarcada, como se dijo, dentro de la Constitución y  la ley. La Sentencia
C-1270 de 2000 [23]acotó
al respecto:
Parte esencial de dichos procedimientos lo
constituye todo lo relativo a la estructura probatoria del proceso, conformada
por los medios de prueba admisibles, las oportunidades que tienen los sujetos
procesales para pedir pruebas, las atribuciones del juez para decretarlas y
practicarlas, la facultad oficiosa para producir pruebas, y las reglas
atinentes a su valoración.
(…) Aun cuando el artículo 29 de la
Constitución confiere al legislador la facultad de diseñar las reglas del
debido proceso y, por consiguiente, la estructura probatoria de los procesos,
no es menos cierto que dicha norma impone a aquel la necesidad de observar y
regular ciertas garantías mínimas en materia probatoria. En efecto, como algo
consustancial al derecho de defensa, debe el legislador prever que en los
procesos judiciales se reconozcan a las partes los siguientes derechos: i) el
derecho para presentarlas y solicitarlas; ii) el derecho para controvertir las
pruebas que se presenten en su contra; iii) el derecho a la publicidad de la
prueba, pues de esta manera se asegura el derecho de contradicción; iv) el
derecho a la regularidad de la prueba, esto es, observando las reglas del
debido proceso, siendo nula de pleno derecho la obtenida con violación de éste;
v) el derecho a que de oficio se practiquen las pruebas que resulten necesarias
para asegurar el principio de realización y efectividad de los derechos (arts.
2 y 228); y vi) el derecho a que se evalúen por el juzgador las pruebas
incorporadas al proceso.
(…) Siendo el proceso un conjunto sucesivo
y coordinado de actuaciones en virtud del cual se pretende, hacer efectivo el
derecho objetivo, restablecer los bienes jurídicos que han sido lesionados o
puestos en peligro y garantizar los derechos fundamentales de las personas,
resulta razonable que el legislador haya determinado unas oportunidades dentro
del proceso en donde las partes puedan presentar y solicitar pruebas, y el
juez, pronunciarse sobre su admisibilidad y procedencia, e incluso para
ordenarlas oficiosamente y, además, valorarlas.”
De conformidad con lo anterior, debe
entenderse que el desarrollo del despliegue probatorio debe atender a los
parámetros relativos al debido proceso, puesto que de contravenirse este
derecho se incurriría en un defecto fáctico, que ha sido entendido por esta
Corte como una anomalía protuberante y excepcional que puede presentarse en
cualquier proceso judicial y se configura cuando “el apoyo probatorio en
que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente
inadecuado.[24]
El análisis del concepto de vía de hecho por
defecto fáctico fue ampliamente desarrollado, entre otras, en la sentencia
T-902 de 2005 en la que se estudió el caso de una accionante que solicitaba que
se dejara sin efecto una providencia judicial de la justicia administrativa,
porque dentro del análisis probatorio se omitió el estudio de dos pruebas
fundamentales que de haber sido examinadas, habrían dado otro sentido al fallo.
En dicha oportunidad, y acudiendo a la Sentencia de Unificación SU-157 de 2002,
esta Corporación manifestó que a pesar de que los jueces tienen un amplio
margen para valorar el material probatorio en el cual se debe fundar su
decisión y formar libremente su convicción “inspirándose en los principios
científicos de la sana crítica (Arts. 187 CPC y 61 CPL)[25],
dicho poder jamás puede ejercerse de manera arbitraria.
Igualmente la jurisprudencia constitucional recalca que la afectación a este derecho constitucional
fundamental al debido proceso debe ser ostensible, probada, significativa
y trascendental, es decir, que tenga repercusiones sustanciales y
directas en la decisión, porque la valoración probatoria implica
para el juez: la adopción de criterios objetivos[26], no
simplemente supuestos por el juez, racionales[27], es
decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas
allegadas, y rigurosos[28],
esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se les
encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente
recaudadas.[29]
Ahora, en cuanto a las dimensiones que puede
revestir el defecto fáctico, esta Corporación ha precisado que se pueden
identificar dos:
1.
La primera corresponde a una dimensión negativa que se
presenta cuando el juez niega el decreto o la práctica de una prueba o la
valora de una manera arbitraria, irracional y caprichosa u omite su valoración[30]
y sin una razón valedera considera que no se encuentra probado el hecho o la
circunstancia que de la misma deriva clara y objetivamente[31]. En
esta dimensión se incluyen las omisiones en la valoración de las pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el
juez.
2.
La segunda corresponde a una dimensión positiva que se
presenta cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto
en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por
ejemplo, fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo se desconoce la
Constitución.
3.2.3.
Defecto fáctico por omisión y por acción
Con fundamento en las situaciones anteriores, la Sentencia T-902 de
2005 [32]realizó
el análisis jurisprudencial de los casos que antecedieron al mismo y
estableció algunos eventos que darían lugar a la interposición de acciones de
tutela contra providencias judiciales por configurarse una vía de hecho por
defecto fáctico. Dichos eventos son[33]:
El primero, por omisión: sucede cuando sin
razón justificada el juez se niega a dar por probado un hecho que aparece
claramente en el proceso. Nótese que esta deficiencia probatoria no sólo se
presenta cuando el funcionario sustanciador: i) niega, ignora o no valora
arbitrariamente las pruebas debida y oportunamente solicitadas por las partes,
sino también cuando, ii) a pesar de que la ley le confiere la facultad o el
deber de decretar la prueba, él no lo hace por razones que no resultan
justificadas. De hecho, no debe olvidarse que aún en los procesos con tendencia
dispositiva, la ley ha autorizado al juez a decretar pruebas de oficio[34]
cuando existen aspectos oscuros o dudas razonables que le impiden adoptar una
decisión definitiva. Pero, incluso, existen ocasiones en las que la ley le
impone al juez el deber de practicar determinadas pruebas como instrumento
válido para percibir la real ocurrencia de un hecho.
A título de ejemplo, “en la sentencia
T-949 de 2003, en la cual se encontró que el juez de la causa decidió un asunto
penal sin identificar correctamente a la persona sometida al proceso penal, y
que además había sido suplantada. La Sala Séptima de Revisión concluyó que
correspondía al juez decretar las pruebas pertinentes para identificar al
sujeto activo del delito investigado y la falta de ellas constituía un claro
defecto fáctico que autorizaba a ordenar al juez competente la modificación de
la decisión judicial. En el mismo sentido, la sentencia T-554 de 2003, dejó sin
efectos la decisión de un fiscal que dispuso la preclusión de una investigación
penal sin la práctica de un dictamen de Medicina Legal que se requería para
determinar si una menor había sido víctima del delito sexual que se le imputaba
al sindicado. Igualmente, en sentencia T-713 de 2005, la Sala Quinta de
Revisión declaró la nulidad de una sentencia de segunda instancia porque el
juez no se pronunció respecto de la solicitud de práctica de pruebas que el
actor había formulado en ese momento procesal.
Ahora bien, en el mismo pronunciamiento también se explicó
que  el defecto fáctico por acción se presenta cuando a pesar de que las
pruebas reposan en el proceso hay: i) una errada interpretación de ellas, ya
sea porque se da por probado un hecho que no aparece en el proceso, o porque se
examinan de manera incompleta, o ii) cuando las valoró a pesar de que eran ilegales
o ineptas, o iii) fueron indebidamente practicadas o recaudadas, de tal forma
que se vulneró el debido proceso y el derecho de defensa de la contraparte.[35]
A
este tipo de defectos se refieren sentencias como la T-808 de 2006, por
medio de la cual la Sala Tercera de Revisión dejó sin efectos un fallo
proferido por un juzgado de familia que otorgó permiso de salida del país a una
menor, porque valoró de manera incompleta y parcial pruebas determinantes para
adoptar la decisión. De igual forma, la sentencia T-1103 de 2004, declaró la
nulidad de un auto que admitió la demanda de interdicción judicial por demencia
sin el certificado médico que lo acredite que es la prueba insustituible para
el efecto, pero con la valoración de otras pruebas (testimonios y un historial
de tratamientos de hospitalización de varios años atrás) que no son relevantes
en ese momento procesal.[36]
Las citas anteriores reflejan la manera como la Corte entiende el
defecto fáctico y, en consecuencia,  corresponderá a los jueces
constitucionales examinar, en cada caso concreto, si el error en el juicio de
valoración de la prueba posee tal alcance para que sea ostensible, flagrante
y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues
el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la
actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia.[37]
3.2.4.
Vocación sucesoral y prueba de la calidad de heredero dentro del
proceso de sucesión.
En
nuestra Legislación Civil la sucesión por causa de muerte tiene un carácter
eminentemente patrimonial. De este modo, el artículo 673 del Código Civil la
señala como uno de los modos de adquirir el dominio. Así, en el momento en que
fallece una persona, su patrimonio no se extingue sino que se transmite a sus
herederos quienes adquieren por tanto, en la medida que la ley o el testamento
les asignen, el derecho de suceder al causante en su universalidad jurídica
patrimonial.
Como
regla general, para suceder al causante, se requiere la capacidad para suceder.
De esta manera, el artículo 1019 y siguientes del Código Civil establecen que
dicha capacidad corresponde a toda persona que exista o cuya existencia se
espera, como lo prevén el artículo 90 y 91 del Código Civil. Tal capacidad se
extiende inclusive a personas jurídicas que pueden ser instituidas como
legatarios en el caso de la sucesión testamentaria.
Igualmente,
se requiere tener vocación sucesoral, entendida como la situación jurídica que
adquiere un sujeto en la relación sucesoria de un difunto determinado,
permitiéndole ser su sucesor por causa de muerte[38]. La
fuente de la vocación sucesoral corresponde a la ley o al testamento,
presentándose algunas diferencias conceptuales y aplicativas entre la una y la
otra.
Sin
embargo, en esta oportunidad, la Sala de Revisión para efectos de resolver el
problema jurídico anteriormente planteado, hará especial énfasis en la vocación
sucesoral proveniente de la ley. En este orden, se tiene que la vocación legal
hereditaria toma como presupuesto básico el parentesco, el cual se demostrará
con la prueba del estado civil correspondiente. Adicionalmente, se encuentra
forzosamente organizada por medio de los órdenes sucesorales o hereditarios
(artículos 1045 y siguientes del Código Civil), los cuales presentan, entre
otras, las siguientes características: (i) son grupos de personas
naturales a quienes se les ha dado la vocación hereditaria, con excepción del
sexto orden que corresponde al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; (ii)
se encuentran organizados autónomamente, es decir, son independientes entre sí
y están organizados de tal manera que no puede pasarse al orden siguiente
mientras no hayan quedado vacantes los precedentes y; (iii) conlleva una
distribución equivalente a la importancia del estado civil.
En
este contexto, a efectos de intervenir en el proceso sucesorio, se hace
indispensable precisar la calidad de heredero, que es aquel status que deriva
frente a la herencia y que le otorga legitimación para actuar dentro del
respectivo proceso.
Al
respecto, es necesario reiterar que si bien, el estado civil y la calidad de
heredero son dos cuestiones diferentes, en el ordenamiento sucesoral, la
vocación legal hereditaria se fundamenta en el estado civil, es decir, los
nexos de parentesco son los que ligan a los herederos con el causante.
En relación con la prueba de la calidad de heredero, la jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia ha precisado:
(…) debe, pues, quien invoca el título de heredero, aportar copia
del testamento, debidamente registrada, en que se le instituyo asignatario, o
copia de las actas del estado civil que demuestran su parentesco con el
difunto, vínculo que se deriva su derecho sucesorio, pues como lo estatuye el
artículo 1298 del Código Civil, la herencia queda aceptada expresamente por
quien toma el título de heredero. También puede demostrarse esta calidad, con
copia del auto dictado dentro del respectivo proceso sucesorio, en que se haya
declarado que se le reconoce esta calidad a la persona que la invoca.[39]
5. CASO CONCRETO
En
el caso objeto de estudio, el accionante estima vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración
de justicia por las decisiones adoptadas por el Juzgado Trece de Familia de
Bogotá y la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, en el sentido de
negar su reconocimiento como heredero de mejor derecho dentro de la sucesión de
su hijo José María Contreras Ospina, bajo el argumento de que la sentencia de
filiación que reconoció su calidad de padre del causante, no produce efectos
patrimoniales por cuanto la demanda de filiación no fue notificada al Instituto
Colombiano de Bienestar familiar.
Sostiene
el peticionario que las decisiones atacadas en sede de tutela, son infractoras
de sus derechos fundamentales, toda vez que no tuvieron en cuenta las pruebas
por él aportadas, esto es, el expediente de filiación en el cual se encuentra
la sentencia que lo reconoce como padre biológico del causante, así como un
recurso de reposición interpuesto por el Instituto Colombiano de Bienestar
familiar, en el que el Juzgado Décimo de Familia de Bogotá, quien fungió como
juez de conocimiento reconoce a dicha Institución como parte interesada en el
proceso.
Ahora
bien,  antes de abordar la cuestión de fondo planteada, la Sala Séptima de
Revisión debe examinar si en este caso se cumplen los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales señalados
en la parte motiva de esta providencia.
3.3.
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales
(i)
El asunto debatido reviste relevancia constitucional.
Las
cuestiones que el tutelante discute son de evidente relevancia constitucional,
en la medida que la controversia versa sobre la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la administración de
justicia.
(ii) El
tutelante agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance
Advierte
la sala que el accionante interpuso recurso de apelación contra la decisión del
Juzgado Trece de familia de Bogotá, alzada que fue resuelta adversamente a sus
pretensiones. Y en la medida en que se encuentra en curso el proceso de
sucesión de su hijo José María Ospina Contreras, y se le ha negado su derecho
de ser parte dentro del mismo, es procedente la acción de tutela.
En
consecuencia, el demandante no dispone de otros mecanismos judiciales de
defensa de sus derechos fundamentales, más idóneos y eficaces que la acción de
tutela para controvertir las decisiones adoptadas por el Juzgado Trece de
Familia de Bogotá y la Sala de Familia del Tribunal Superior de la misma
ciudad.
(iii)
Existió inmediatez entre los hechos y el ejercicio de la acción
de tutela.
La
Sala observa que la acción de tutela fue interpuesta dentro de un término
razonable, pues la decisión proferida por la Sala de Familia del Tribunal
Superior de Bogotá que confirmó la decisión del Juzgado Trece de Familia de
Bogotá, fue proferida el dieciséis (16) de diciembre de dos mil diez (2010), y
la demanda de tutela fue presentada el quince (15) de marzo de dos mil once
(2011), esto es, tres meses después. Por lo tanto, se cumple el requisito de
inmediatez.
(iv)
La tutela no se dirige contra una sentencia de tutela
La
acción de tutela se dirige contra un auto proferido por la Sala de Familia del
Tribunal Superior de Bogotá, el cual resolvió el recurso de apelación
interpuesto contra un auto proferido por el Juzgado Trece de Familia de Bogotá
en el cual se negó el incidente presentado por el accionante en el curso de un
proceso sucesorio, y no contra un fallo de tutela.
3.4.
Análisis de los requisitos especiales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales
A
continuación, procede la Sala a examinar el cargo formulado por la demandante,
a la luz de las precisas reglas que ha establecido la jurisprudencia para el
efecto.
El
Juzgado Trece de Familia de Bogotá y la Sala de Familia del Tribunal Superior
de Bogotá incurrieron en un defecto fáctico por omisión al no valorar
adecuadamente las pruebas aportadas por el accionante y en consecuencia,
negaron el reconocimiento de su calidad de heredero de mejor derecho dentro de
la sucesión de su hijo, haciendo nugatoria su legitimidad para actuar dentro
del referido proceso.
Tal
como se expuso precedentemente, el defecto fáctico por omisión se presenta,
entre otras circunstancias, cuando sin razón
justificada el juez se niega a dar por probado un hecho que aparece claramente
demostrado en el proceso.
En
el sub examine, el demandante considera que los despachos judiciales
accionados incurrieron en un defecto fáctico en sus decisiones, al no reconocer
su condición de heredero de mejor derecho dentro de la sucesión de su hijo José
María Ospina Contreras, argumentando para ello que el proceso de filiación
extramatrimonial se realizó sin la participación del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, quien debió haber sido vinculado como heredero
determinado.
En
sentir de esta Sala de Revisión, el Juzgado Trece de Familia de Bogotá y la
Sala de familia del Tribunal Superior de la misma ciudad incurrieron en un defecto
fáctico al no reconocer al accionante como heredero de mejor derecho dentro
de la sucesión de su hijo, por las razones que a continuación se explican:
En
primer lugar, y tal como se expuso en la parte motiva de esta providencia, las
condiciones para suceder por causa de muerte son la capacidad y la vocación
sucesoral, las cuales le dan a un sujeto determinado la calidad de heredero,
calidad que se encuentra estrechamente ligada al parentesco o estado civil. De
esta manera, se encuentra demostrado que el accionante posee la calidad de
heredero requerida en el proceso de sucesión puesto que a través de proceso de
filiación extramatrimonial se le reconoció como padre biológico del señor José
María Ospina Contreras.
En
este punto, es necesario precisar que la sentencia que declara la paternidad o
maternidad produce efectos personales y efectos patrimoniales.
De
conformidad con la 75 de 1968, por medio de la cual se dictan normas sobre
filiación y se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la
sentencia de filiación tiene efectos personales relativos al parentesco, en
cuanto declara un estado civil.
En
este orden de ideas, y bajo el presupuesto de que la calidad de heredero se
demuestra con la prueba del respectivo estado civil, es claro que el
peticionario tiene legitimación para actuar dentro del proceso de sucesión de
su hijo y, ello es así, toda vez que mediante proveído del 29 de marzo de 2007,
el Juzgado Décimo de Familia de Bogotá declaró su estado civil de padre del
señor José María Ospina Contreras.
Ahora
bien, en lo que respecta a los efectos patrimoniales de la sentencia de
filiación, el artículo 10 de la ley 75 de 1968 establece que la sentencia que
declare la paternidad no producirá efectos patrimoniales sino a favor o en
contra de quienes hayan sido parte en el juicio, y únicamente cuando la demanda
se notifique dentro de los dos años siguientes a la defunción. Con fundamento
en esta norma, los despachos judiciales accionados niegan el reconocimiento de
la calidad de heredero del accionante dentro del mencionado proceso de
sucesión, pues consideran que la sentencia de filiación es inoponible al ICBF,
quien realizó la apertura de la sucesión,  en tanto no estuvo vinculado al
proceso de filiación.
Difiere
la Sala de lo argumentado por el juzgado y por el tribunal, con fundamento en
lo siguiente:
Por
una parte, se observa en el expediente que el Juzgado Décimo de Familia de
Bogotá al resolver el recurso de reposición interpuesto por el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar contra el auto del 9 de mayo de 2007 proferido
por este mismo despacho judicial, reconoció como parte interesada dentro del
proceso de filiación al ICBF.
En
un primer plano, encuentra la Sala que la intervención del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar dentro del proceso de filiación,  se produjo durante el
término de la ejecutoria de la sentencia, estadio en el cual no era procedente
la presentación de excepciones previas sino la solicitud de nulidad por indebida
notificación.
En
este orden, advierte la Sala que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
se equivocó en su intervención dentro del proceso, toda vez que lo indicado era
alegar la nulidad prevista en el numeral 8 del artículo 140 del Código de
Procedimiento Civil. En efecto, de
acuerdo con esa disposición, el proceso es nulo, en todo o en parte, cuando no
se practica en legal forma la notificación al demandado o a su representante.
Por su parte, el artículo 143 del Código de Procedimiento Civil dispone
que  la parte que alegue una nulidad deberá expresar su interés para
proponerla, la causal invocada y los hechos en que se fundamenta, y que la
nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en
legal forma, sólo podrá alegarse por la persona afectada.
En
esta medida, el Juzgado Décimo de Familia de Bogotá no podía decretar de oficio
la mencionada nulidad, por lo que actuando congruentemente con lo pretendido y
ante la circunstancia de no encontrarse ejecutoriada la providencia, reconoció
al ICBF como parte dentro del referido proceso, quien bajo esa condición pudo
haber interpuesto los recursos de ley en contra de la decisión de filiación.
En
este contexto, si bien la demanda de filiación no se dirigió en contra del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como heredero determinado, la
eventual nulidad que esto generaría por no practicarse en legal forma la
notificación al demandado o a su representante legal, se subsanó, de
conformidad con lo establecido por el numeral tercero del artículo 144 del
Código de Procedimiento Civil, ya que la persona indebidamente representada,
citada o emplazada, en este caso, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, actuó en el proceso sin alegar la nulidad correspondiente durante la
oportunidad pertinente.
A
propósito del saneamiento de las nulidades procesales, esta Corporación ha
señalado:
(…) si bien es cierto que la omisión de notificar constituyó
una irregularidad, ésta quedó saneada en virtud de lo que al respecto dispone
la ley. Según el numeral primero del artículo 144 del Código de Procedimiento
Civil, la nulidad quedará saneada cuando la parte que podía alegarla no lo hizo
oportunamente. Dicha oportunidad es, o antes de dictarse la sentencia, o
durante la actuación posterior a ésta si las causales ocurrieron en ella, según
el inciso primero del artículo 142 del mismo Código. [40]
Para
esta Sala es evidente entonces, que el proceso de filiación se llevó a cabo con
la participación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien incluso
presentó excepciones dentro del mencionado proceso. Por lo tanto, mal podría
concluirse, cómo así lo hicieron los despachos judiciales accionados, que el
proceso de filiación se realizó a espaldas del ICBF.
Lo
anterior, muestra palmariamente que las decisiones proferidas por el Juzgado
Trece de Familia de Bogotá y por la Sala de Familia del Tribunal Superior de
Bogotá, incurrieron en una causal de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales por defecto fáctico, pues es evidente que no tuvieron
en cuenta la prueba de la calidad de heredero, dada por la sentencia de
filiación, en la cual se reconoce como padre biológico del causante al señor
Jorge Enrique Contreras Pinzón. Siendo éste, sin lugar a dudas, heredero de
mejor derecho frente al Instituto Colombiano de Bienestar familiar, quien se
encuentra dentro del quinto orden sucesoral y que obtiene vocación sucesoral
tan sólo cuando los órdenes precedentes se encuentren vacantes, condición que
no se cumple en el presente caso, pues en el segundo orden, conformado por los
ascendientes del causante, se encuentra el accionante.
Con
fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala concluye que negar la
calidad de heredero y, por consiguiente, no permitir la participación del
accionante dentro del proceso de sucesión de su hijo, es una evidente
vulneración a sus derechos fundamentales y, por ende, en causal de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales por defecto fáctico.
En
virtud de lo expuesto, la sala revocará la sentencia de tutela proferida el
diecisiete (17) de mayo de dos mil once (2011) por la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, la cual confirmó la decisión del siete (7) de
abril del dos mil once (2011) proferida por la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia y, en su lugar, concederá el amparo del derecho
fundamental al debido proceso del señor Jorge Enrique Contreras Pinzón. En
consecuencia, dejará sin efectos el auto del 16 de diciembre de 2010, proferido
por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá el cual resolvió el
recurso de apelación interpuesto por el accionante en contra del auto del 11 de
julio de 2008 del Juzgado Trece de Familia de Bogotá, confirmándolo en todas
sus partes.
4.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE
PRIMERO.-
REVOCAR, por las razones expuestas en esta providencia la Sentencia proferida
el diecisiete (17) de mayo de dos mil once (2011) por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la cual confirmó la decisión del siete
(7) de abril del dos mil once (2011) proferida por la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia, en cuanto denegó la tutela impetrada y, en su
lugar, CONCEDER el amparo del derecho fundamental al debido proceso del
señor Jorge Enrique Contreras Pinzón.
SEGUNDO.-
DEJAR SIN EFECTOS, con base en las consideraciones esgrimidas en esta
providencia, el Auto del dieciséis (16) de diciembre de dos mil diez (2010)
proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá por medio del
cual se resolvió el recurso de apelación  interpuesto por el accionante contra
el Auto de fecha once (11) de julio de dos mil ocho (2008) proferido por el
Juzgado Trece de Familia de Bogotá, en cuanto confirmó la decisión de no
reconocer al accionante como heredero de mejor derecho dentro de la sucesión de
José María Ospina Contreras.
TERCERO.-
ORDENAR a la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá que en el
término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
providencia, decida nuevamente el auto por medio del cual se resuelve el
recurso de apelación interpuesto contra el Auto del once (11) de julio de dos
mil ocho (2008) proferido por el Juzgado Trece de Familia de Bogotá, de
conformidad con las consideraciones expuestas en esta providencia.
CUARTO.-
LÍBRESE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
Con salvamento de voto
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL
MAGISTRADO
HUMBERTO ANTONIO SIERRA
PORTO
A LA SENTENCIA T-917/11
Referencia: expediente T-3.146.065
Acción de tutela instaurada por Jorge Enrique
Contreras Pinzón en contra de la sala de Familia del Tribunal Superior de
Bogotá y el Juzgado Trece de Familia de Bogotá.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Con el respeto acostumbrado, haré una exposición
de los motivos que justifican la suscripción de un salvamento de voto respecto
de la sentencia de la referencia.
i.
Contenido de la sentencia
Mediante el fallo en cuestión se abordó el estudio del
caso del señor Jorge Enrique Contreras Pinzón, quien consideraba vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y a la igualdad por las siguientes razones:
En proceso de
filiación natural, el Juzgado Décimo de Familia de Bogotá reconoció al
accionante como padre biológico del señor José María Ospina Contreras. En dicho
proceso se hizo parte el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad
que se notificó mediante conducta concluyente al presentar, durante el término
de ejecutoria de la sentencia, contestación de la demanda y excepciones de
merito.
Por otro
parte, el ICBF había iniciado proceso de sucesión del señor José María Ospina
Conteras ante el Juzgado Trece de Familia de Bogotá. El accionante al haber
obtenido dentro del proceso de filiación antes mencionado el reconocimiento
como padre biológico del causante, presentó incidente a fin de ser reconocido
como heredero de mejor derecho.
La pretensión
del actor dentro del proceso de sucesión fue negada, puesto que el fallador
consideró que había existido un error en el proceso de filiación, pues el mismo
fue fallado a espaldas del ICBF y por ello la sentencia no producía efectos
frente a tal entidad. La anterior determinación fue confirmada por la Sala de
Familia del Tribunal Superior de Bogotá.
Contra la
providencia que negó el reconocimiento de heredero con mejor derecho, el actor
interpuso acción de tutela pues considera que la misma desconoció la decisión
adoptada de forma legítima dentro del proceso de filiación.
Por lo anterior, correspondió determinar a la Sala
Séptima de revisión si la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá y el
Juzgado Trece de Familia de Bogotá incurrieron en vía de hecho al no reconocer
al accionante la calidad de heredero dentro del proceso de sucesión de su hijo
por las razones mencionadas anteriormente. Para resolver este problema jurídico
se estudió lo referente a: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales; (ii) los requisitos generales y específicos de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, haciendo
especial énfasis en el defecto fáctico y; (iii) la vocación sucesoral y prueba
de la calidad de heredero dentro del proceso de sucesión.
Al resolver el caso concreto se concedió el amparo de
los derechos fundamentales solicitados por el actor y en consecuencia se ordenó
a la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá que en el término de
cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de la providencia, decidiera
nuevamente el auto por medio del cual se resolvió el recurso de apelación
interpuesto contra el Auto del once de julio de dos mil ocho proferido por el
Juzgado Trece de Familia de Bogotá.
ii Motivos del Salvamento de Voto
No comparto la decisión final a la cual llegó la Sala
Séptima de Revisión en la sentencia T-917-2011 por las siguientes razones:
Considero que en el caso en particular no se cumplen
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en especial el referente a las relevancia
constitucional que debe revestir al caso para que se haga necesaria la
intervención del juez constitucional, tal como fuera señalado en la sentencia
C-590 de 2005 y en fallos posteriores que la reiteran.
El hecho de que la cuestión planteada revista
relevancia constitucional se constituye en presupuesto primordial para la
intervención del juez de tutela, pues de lo contrario éste último se estaría
entrometiendo en la esfera propia de otras jurisdicciones y se extralimitaría
en sus funciones.
Para el caso concreto no se ve el cumplimiento de este
requisito, pues los hechos materia del mismo son competencia de la jurisdicción
ordinaria, ya que temas como los aquí tratados, filiación y sucesión, deben ser
estudiados por el juez Civil y de Familia al ser quien posee la preparación y
los conocimientos pertinentes para resolverlo.
Por lo anterior, considero que en el caso concreto se
debió declarar la improcedencia de la acción de tutela, al no cumplirse con el
total de los requisitos generales para que proceda dicha acción contra
providencias judiciales.
Así dejo expresados los argumentos que me llevan a Salvar el voto en
esta oportunidad.
Fecha ut supra,
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
[1]Sentencia del 1 de octubre de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[2]se afirmó en ese fallo, “Así, por ejemplo, nada
obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en
dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a
resolver o  que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los
preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de
hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o
amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar
un perjuicio irremediable, para lo cual sí  está constitucionalmente autorizada
la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez
ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto 2591 de 1991).   En hipótesis como estas no puede
hablarse de atentado alguno contra  la seguridad jurídica de los asociados,
sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia.
[3]  Sentencia T-079 del 26 de febrero de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz: Una actuación de la autoridad pública se torna en una vía de
hecho susceptible del control constitucional de la acción de tutela cuando la
conducta del agente carece de fundamento objetivo, obedece a su sola voluntad o
capricho y tiene como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales
de la persona. En el mismo sentido, sentencia T-158 del 26 de abril de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[4]
Sentencia del 13 de mayo de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[5]
Sentencia del 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[6]Sentencia
T-774 de 2004, MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[7] Sentencia
SU-813 de 2007: Los criterios generales de procedibilidad son
requisitos de carácter procedimental encaminados a garantizar que no exista
abuso en el ejercicio de la acción de tutela dentro de un proceso judicial
donde existían mecanismos aptos y suficientes para hacer valer el derecho al
debido proceso. A juicio de esta Corporación, la razón detrás de estos
criterios estriba en que “en estos casos la acción se interpone contra una
decisión judicial que es fruto de un debate procesal y que en principio, por su
naturaleza y origen, debe entenderse ajustada a la Constitución.”
[8] Sentencia
T-1240 de 2008: los criterios específicos o defectos
aluden a los errores o yerros que contiene la decisión judicial cuestionada,
los cuales son de la entidad suficiente para irrespetar los derechos
fundamentales del reclamante.
[9]
Sentencia del 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[10]El
juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de
tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que
entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes (C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño).
[11]De
allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última” (C-590
de 2005).
[12] Es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después
de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos” (C-590 de 2005).
[13] Si
la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay
lugar a la anulación del juicio” (C-590 de 2005).
[14] Si
la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay
lugar a la anulación del juicio” (C-590 de 2005).
[15] Sentencia T-324 del 24 de julio de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz:.… sólo en aquellos casos en los cuales el acto que adscribe la
competencia resulte ostensiblemente contrario a derecho, -bien por la notoria y
evidente falta de idoneidad del funcionario que lo expidió, ora porque su
contenido sea abiertamente antijurídico-, el juez constitucional puede
trasladar el vicio del acto habilitante al acto que se produce en ejercicio de
la atribución ilegalmente otorgada. Sólo en las condiciones descritas puede el
juez constitucional afirmar que la facultad para proferir la decisión judicial
cuestionada no entra dentro de la órbita de competencia del funcionario que la
profirió y, por lo tanto, constituye una vía de hecho por defecto orgánico.
[16] Sentencia T-996 del 24 de octubre de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández: …el juez se desvía por completo del procedimiento fijado
por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones y actúa de forma
arbitraria y caprichosa, con fundamento en su sola voluntad, se configura el
defecto procedimental. El defecto procedimental se erige en una violación al
debido proceso cuando el juez da un cauce que no corresponde al asunto sometido
a su competencia, o cuando pretermite las etapas propias del juicio, como por
ejemplo, omite la notificación de un acto que requiera de esta formalidad según
la ley, o cuando pasa por alto realizar el debate probatorio, natural a todo
proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los sujetos
procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o
su contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión
de fondo y la violación a los derechos fundamentales.
[17] Sentencia T-522del 18 de mayo de 2001, M.P. Manuel José Cepeda.
[18] Sentencia SU-014 del 17 de enero de 2001, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. Es posible distinguir la sentencia violatoria de
derechos fundamentales por defectos propios del aparato judicial - presupuesto
de la vía de hecho -, de aquellas providencias judiciales que aunque no
desconocen de manera directa la Constitución, comportan un perjuicio
iusfundamental como consecuencia del incumplimiento por parte de distintos
órganos estatales de la orden constitucional de colaborar armónicamente con la
administración de justicia con el objeto de garantizar la plena eficacia de los
derechos constitucionales.  Se trata de una suerte de vía de hecho por
consecuencia, en la que el juez, a pesar de haber desplegado los medios a su
alcance para ubicar al procesado, actuó confiado en la recta actuación estatal,
cuando en realidad ésta se ha realizado con vulneración de derechos
constitucionales, al inducirlo en error.  En tales casos - vía de hecho por
consecuencia - se presenta una violación del debido proceso, no atribuible al
funcionario judicial, en la medida en que no lo puede apreciar, como
consecuencia de la actuación inconstitucional de otros órganos estatales.
[19]Idem. Esta causal se estructura a partir de la
divergencia entre la motivación de la sentencia y su parte resolutiva. Una
exigencia de racionalidad mínima de toda actuación judicial es que exprese los
argumentos que hacen deducir la decisión correspondiente. Cuando este
ineludible presupuesto no puede verificarse, la sentencia contradice aspectos
que hacen parte del núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso.
[20]Hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado. Al Respecto ver entre muchas
sentencias: T-462 del 5 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, SU-1184 del 13 de noviembre de 2001,  M.P. Eduardo Montealegre Lynett, T-1625 del
23 de noviembre de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica, y  T-1031 del 27 de
septiembre de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[21]El estudio jurisprudencial permite advertir que el
asunto de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales se
muestra complejo, puesto que la adecuada protección de los principios y valores
constitucionales implica un ejercicio de ponderación entre la eficacia de la
mencionada acción -presupuesto del Estado Social y Democrático de Derecho-, y
la vigencia de la autonomía e independencia judicial, el principio de cosa
juzgada y la seguridad jurídica.
[22]
Sentencia T-555 del 19 de agosto de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas.
[23]
Sentencia C-1270-2000, M. P. Antonio Barrera Carbonel.
[24] En
cuanto a las vías de hecho por defecto fáctico, hoy causales especiales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales por
defecto fáctico, se pueden consultar las siguientes sentencias de esta Corte ,
a saber: T-231 de 1994, T-567 de 1998, T-260 de 1999, M. P., T-488 de 1999, T-814 de 1999, SU-159 de 2002, T-408 de 2002, T-550 y T-901 de 2002,
T-054 de 2003, T-359 de 2003, T-382 de 2003, T-509 de 2003, T-554 de 2003,
T-589 de 2003, T-923 de 2004, T-902 de 2005, T-1285 de 2005, T-171 de 2006,
T-458 de 2007, T-916 de 2008, entre otras.
[25]
Corte Constitucional, Sentencia T-949 de 2003. M. P. Eduardo Montealegre Lynett
[26] Cfr. sentencia SU-1300 de 2001, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, en la cual la Corte encontró perfectamente razonable la
valoración de las pruebas que hizo el Juez Regional en la sentencia anticipada.
El Juez no omitió ni ignoró prueba alguna, ni dio por probado un hecho sin
fundamento objetivo. “El hecho de que el incremento patrimonial no justificado
del procesado, se derivó de actividades delictivas se probó a través de la
confesión de {varios testigos}, y de un conjunto concurrente de indicios, entre
los cuales sobresale el hecho de que las cuentas en las cuales se consignaron
la mayoría de los 23 cheques recibidos por el peticionario, fueron abiertas por
él usando información falsa y las fotocopias de las cédulas de sus empleados
que aparecían en los archivos de las empresas constructoras de la familia”.
[27] Cfr. sentencia T-442 de 1994. M. P. Antonio Barrera Carbonel.
[28] Cfr. sentencia T-538 de 1994.M. P. Eduardo Cifuentes
Muñoz. En esa oportunidad se le concedió la tutela al peticionario por la
indebida apreciación que hace el juez de la conducta asumida por una de las
partes, que se atuvo a la interpretación que de unos términos hizo el
secretario del juzgado, que le lleva a negarle la interposición de un recurso
del que depende la suerte del proceso penal.
[29] Cfr. Sentencia SU-159-2002, M. P. Manuel José Cepeda.
[30] Cfr.
sentencia T-239 de 1996.M. P. Vladimiro Naranjo Mesa Para la Corte es claro que, “cuando un juez omite apreciar y evaluar pruebas que inciden de manera
determinante en su decisión y profiere resolución judicial sin tenerlas en
cuenta, incurre en vía de hecho y, por tanto, contra la providencia dictada
procede la acción de tutela.  La vía de hecho consiste en ese caso en la
ruptura deliberada del equilibrio procesal, haciendo que, contra lo dispuesto
en la Constitución y en los pertinentes ordenamientos legales, una de las
partes quede en absoluta indefensión frente a las determinaciones que haya de
adoptar el juez, en cuanto, aun existiendo pruebas a su favor que bien podrían
resultar esenciales para su causa, son excluidas de antemano y la decisión
judicial las ignora, fortaleciendo injustificadamente la posición contraria”.
[31]
Cfr. sentencia T-576 de 1993. M. P. Jorge Arango Mejía.
[32]
Sentencia T-902, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto
[33] Corte
Constitucional, Sentencia T-417 de 2008, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Adicionalmente, estos eventos también fueron citados de manera resumida en la Sentencia T-916 de 2008 de esta Corte al estudiar el caso de un accionante que manifestó la
vulneración al debido proceso y la existencia de una vía de hecho por defecto
fáctico ocurrido en un proceso de cesación de los efectos civiles del
matrimonio católico, por efecto de haber tenido como prueba unos correo
electrónicos que le fueron presentados en un interrogatorio de parte sin que se
hubiese recaudado la prueba en forma legal. En esa oportunidad, la Corte ordenó revocar los fallos de instancia y excluir del análisis probatorio del proceso
los correos electrónicos que se tenían como prueba, porque el recaudo de esas
pruebas vulneraron los derechos fundamentales del actor a la intimidad, debido
proceso y acceso efectivo a la administración de justicia. En esa oportunidad
también se que la Acción de tutela era procedente para atacar las decisiones
judiciales porque se había incurrido en un defecto fáctico.
[34] Los
artículos 180 del Código de Procedimiento Civil, 54 del Código Procesal del
Trabajo y 169 del Código Contencioso Administrativo autorizan la práctica de
pruebas de oficio. Obviamente esta facultad dependerá de la autorización legal
para el efecto, pues en el caso, por ejemplo, de lo dispuesto en el artículo
361 de la Ley 906 de 2004, según el cual el juez penal de conocimiento no puede
decretar pruebas de oficio en la etapa de juzgamiento, no es posible exigirle
al juez algo distinto a lo expresamente permitido. En este aspecto, puede verse
la sentencia C-396 de 2007. M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[35]
Ibídem.
[36]
Ibídem
[37] Corte
Constitucional, Sentencia T-442 de 1994.
[38]
LAFONT Pianetta Pedro, Derecho de Sucesiones, Tomo I
[39] Ver
Sentencias: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, M.P. Carlos
Esteban Jaramillo Schloss, Sentencia de Mayo 13 de 1998, Exp 4841; Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo
Jaramillo, Sentencia de Octubre 13 de 2004, Exp 7470.
[40]
Sentencia T-652 del 27 de noviembre de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz