T-508-16
Sentencia T-508/16
PROGRAMA DEL GOBIERNO NACIONAL “SER PILO PAGA”-Consiste en un crédito
condonable, que beneficia a las personas de escasos recursos con excelencia
académica
El Crédito
Condonable “Ser Pilo Paga” es una
iniciativa del Gobierno Nacional desarrolla a través de Ministerio de Educación
Nacional, cuyo programa fue implementado en el año 2014, que busca fomentar la excelencia y la
calidad de la educación superior en estudiantes con bajos recursos económicos,
financiando el valor total de la
matrícula y brindando un apoyo de sostenimiento durante todo el periodo de
estudio. El desarrollo de esta política
pública para fomentar la educación superior, le fue asignado al ICETEX, entidad
encargada de administrar los recursos aportados por el Gobierno. Su acceso
depende del cumplimiento de los requisitos establecidos en cada convocatoria.
SUBSIDIO
DE SOSTENIMIENTO-Ayuda económica que el Gobierno Nacional aprobó con el fin de
solventar los gastos personales que le generan a un estudiante la asistencia a
clases
ICETEX-Funciones
Sus funciones están orientadas a garantizar la
accesibilidad en la educación superior a través de mecanismos financieros como los créditos
educativos.
SISBEN-Definición/SISBEN-Objeto/SISBEN-Mecanismo para selección de
beneficiarios
La jurisprudencia constitucional ha
establecido, que el Sisbén es el instrumento más importante para focalizar el
gasto social destinado a la satisfacción de las necesidades básicas de la
población más pobre y vulnerable. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación
de mantener actualizada la información del estado socioeconómico en que se
encuentran las personas, con de fin de permitir que al momento de adjudicar el
subsidio, se acceda en condiciones de igualdad y no se vulneren los derechos al
debido proceso y el habeas data.
ASIGNACION DE SUBSIDIOS-Garantía del principio de igualdad/ASIGNACION DE
SUBSIDIOS-Acceso en condiciones de igualdad
El principio de igualdad en los
procesos de asignación de subsidios, se logra a través del acceso, en
condiciones de igualdad, de todos los posibles beneficiarios, a los
procedimientos por medio de los cuales las instituciones distribuyen los
recursos.
DERECHO A LA EDUCACION-Alcance
La educación es una obligación progresiva que
debe ser garantizado y promovido por el Estado, la sociedad y la familia, sin
que resulte admisible aceptar ningún tipo de restricción o desconocimiento que
impida su ejercicio.
DERECHO A LA EDUCACION-Incidencia
en los programas asistenciales otorgados por el ICETEX
PRINCIPIO DE LA BUENA FE Y PRINCIPIO DE
CONFIANZA LEGITIMA-Objeto
PRINCIPIOS DE LA BUENA FE Y CONFIANZA
LEGITIMA-Contenido y
alcance
PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA Y LA BUENA FE
EN MATERIA DE EDUCACION SUPERIOR-Subsidio de sostenimiento en el programa “Ser Pilo Paga”
DERECHO A LA EDUCACION-Vulneración por ICETEX al negarle al
accionante el subsidio de sostenimiento, bajo el argumento de que no estaba
registrado en el Sisbén al momento de la adjudicación del crédito
DERECHO A LA EDUCACION-Orden al ICETEX pagar subsidio de
sostenimiento al accionante desde el momento en que le fue aprobado el crédito
educativo
Referencia:
expedientes T-5.495.062, T-5.502.702, T- 5.511.758, T- 5.532.720, T-5.538.707
(AC).
Acciones de tutela presentadas por (1) Diego
Alexander Pérez Pinzón; (2) Rosa Nilla Lemos Aguilar en representación de su
hijo Abraham Lemus Palacios; (3) Karen Daniela Díaz Camargo; (4) Luis Andrés
Andrade Cancimance; (5) Karen Carolina Mesa Correa, contra el Instituto
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior – ICETEX –.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS
RÍOS
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil
dieciséis (2016).
La Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por la Magistrada María Victoria Calle Correa, y los
Magistrados Luis Ernesto Vargas y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las
previstas en el artículo 241, numeral 9° de la Constitución Política y en los
artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos
proferidos en primera o en segunda instancia, por los despachos judiciales que
a continuación se mencionan:
1. Expediente: T-5.495.062: Tramitada en primera instancia por el
Juzgado Dieciocho Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, el veinte
(20) de enero de dos mil dieciséis (2016), que negó por improcedente la acción
de tutela formulada por Diego
Alexander Pérez Pinzón, contra el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y
Estudios Técnicos en el Exterior – ICETEX – .
2. Expediente: T-5.502.702: Tramitada en Primera instancia por la
Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín,
el veintitrés (23) de febrero de dos mil dieciséis (2016), el cual concedió el
amparo invocado, y en segunda instancia, por la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, el siete (7) de abril del mismo año, que revocó la
decisión, dentro de la acción de tutela interpuesta por Rosa Nilla Lemos Aguilar en
representación de su hijo Abraham Lemus Palacio, contra
el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior
– ICETEX – y el Ministerio de Educación.
3. Expediente: T-5.511.758: Tramitada en primera instancia por el
Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, el
veinticinco (25) de noviembre de dos mil quince (2015) que negó por
improcedente el amparo invocado, y en segunda instancia, por la Sala de
Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el primero
(1) de febrero de dos mil dieciséis (2016), que confirmó la decisión, dentro de
la acción de tutela presentada por Karen Daniela Díaz Camargo, contra el Instituto Colombiano de Crédito
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior – ICETEX –.
4. Expediente: T-5.532.720: Tramitada en primera instancia por el
Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Pasto, el tres (3) de
febrero de dos mil dieciséis (2016), que negó el amparo deprecado, y en segunda
instancia por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Pasto, el diecisiete (17) de marzo del mismo año, el cual confirmó
el fallo de instancia, dentro de la acción de tutela instaurada por Luis Andrés Andrade Cancimance, contra el
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior –
ICETEX –.
5. Expediente: T-5.538.707: Tramitada en primera instancia por el
Juzgado Primero Civil del Circuito de Sincelejo, el diecisiete (17) de septiembre
de dos mil quince (2015), que negó el amparo invocado, y segunda instancia por
la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Sincelejo, el nueve (9) de octubre del mismo año,  que confirmó la sentencia,
dentro de la acción de tutela instaurada por Karen Carolina Mesa Correa, contra
el Instituto Colombiano de
Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior – ICETEX –.
I. ANTECEDENTES
1. Expediente: T-5.495.062: Diego Alexander Pérez
Pinzón contra el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos
en el Exterior – ICETEX –.
1.1.   Hechos
Diego Alexander Pérez Pinzón interpuso acción
de tutela al considerar que la
entidad accionada, vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, el debido
proceso y la educación.
Manifestó que obtuvo un puntaje en el examen
de “ICFES” de “396 y 3 sobre 1000”, que le permitiría acceder al
programa Ser Pilo Paga, ofrecido por el Gobierno Nacional, al que “sin
embargo y como exigían requisitos, no fue posible aplicar para beca alguna,
pues el requisito de puntaje del SISBEN, no lo cumplían, ya que nunca había
solicitado ni siquiera la encuesta”[1].
Afirmó que el quince (15) de octubre de dos
mil catorce (2014) su núcleo familiar había sido calificado con un puntaje de
34.67 en el Sisbén, cumpliendo a cabalidad con el requisito exigido para
obtener el subsidio de sostenimiento.
Señaló que el veintiocho (28) de diciembre de dos
mil catorce (2014) solicitó un crédito educativo ante el ICETEX, el cual fue
aprobado el treinta (30) de enero de dos mil quince (2015) con el número No.
1900501603834-5 en la modalidad “ACCES”[2].
De este modo consideró el accionante, que por sus condiciones socioeconómicas y
al contar con el puntaje del Sisbén desde el mes de octubre, sería beneficiario
del subsidio. Sin embargo este no le fue otorgado, por cuanto no marcó la
opción Sisbén al momento de solicitar el crédito. Bajo estos supuesto adujo el
accionante, que en el “[f]ormulario de inscripción nunca me pidieron el
puntaje del SISBEN y como el monopolio de la información está en manos del
estado, y que el tener el puntaje SISBEN en octubre de 2014 y Yo solicitar el
crédito (que si me aprobaron) en diciembre de 2014, ya tenía un derecho
adquirido, ya que la cuota de sostenimiento que yo pido es necesaria para poder
sostenerme a lo largo de la carrera (pues vivimos en arriendo yo y mi madre) y
a ella le queda muy pesado poder apoyarme económicamente.”
Dijo finalmente el accionante, que el once
(11) de septiembre de dos mil quince (2015) solicitó al ICETEX el subsidio de
sostenimiento y condonación del crédito del 25%. En respuesta del veintinueve
(29) de septiembre del mismo año, la entidad accionada le informó que “el
subsidio solamente se otorga si al momento de la adjudicación del crédito, el
ICETEX identifica el cumplimiento de los requisitos del estudiante en la bases
de datos oficiales entregados por cada una de las entidades responsables. Ahora
bien, frente a la solicitud presentada por usted, se evidencia que no cumple
con los requisitos exigidos por el ICETEX para ser beneficiario del subsidio de
sostenimiento”.
Frente a la condonación de crédito este se
lleva acabo, una vez el beneficiario culmine con sus estudios y previo
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Acuerdo 071 de 2013, el cual
modifica el artículo 3 del Acuerdo 013 de 2011.
1.2.   Trámite procesal
Mediante
auto del catorce (14) de diciembre de dos mil quince (2015), el Juzgado Dieciocho
Penal de Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá admitió la acción de
tutela y corrió traslado a ICETEX para que ejerciera su derecho a la defensa.
1.3.   Traslado
y contestación de la demanda de amparo
1.3.1. Contestación del
ICETEX
Mediante oficio recibido por el juez de
instancia, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica (e) del ICETEX, manifestó que
no se han vulnerado los derechos alegados por el accionante, teniendo en cuenta
que el subsidio de sostenimiento se asigna previa validación del cumplimiento
de los requisitos en el proceso de adjudicación del crédito educativo y no en
etapas posteriores. Por lo tanto el accionante para la fecha de aprobación del
crédito, no se encontraba registrado en la base de datos oficial entregada por
el Departamento Nacional de Planeación –DNP-, razón por la cual no era
procedente el otorgamiento del mencionado subsidio.
1.4.   Decisiones judiciales objeto de revisión
1.4.1. Decisión de primera instancia
El Juzgado Dieciocho Penal del Circuito con Funciones
de Conocimiento de Bogotá, mediante fallo del veinte (20) de enero de dos mil
dieciséis (2016) negó por improcedente la acción de tutela, al considerar que:
i) no se vulneraron los derechos fundamentales invocados por el accionante, por
cuanto la entidad accionada garantizó la permanencia en la educación superior
al aprobar el crédito educativo en la modalidad ACCES; ii) al verificar
los requisitos para acceder al subsidio el accionante no se encontraba
registrado en la base de datos del DNP; y iii) la acción de tutela no es el
mecanismo para acceder a pretensiones de carácter económicas.
1.5.   Pruebas relevantes cuyas copias obran dentro del expediente
·
Copia cédula de ciudadanía de Diego Alexander Pérez Pinzón.[3]
·
Copia informe individual de resultado Saber 11°.[4]
·
Copia certificado de puntaje del Sisbén.[5]
·
Copia formulario de inscripción 2015 – 1 del ICETEX, “Reporte del
registro de la solicitud de crédito”. [6]
·
Copia respuesta derecho de petición por parte del ICETEX de fecha
veintitrés (23) de julio de dos mil quince (2015).[7]
·
Copia derecho de petición
presentado por Diego Alexander Pérez Pinzón ante el ICETEX de fecha diez
(10) de septiembre de dos mil quince (2015).[8]
·
Copia respuesta derecho de
petición por parte del ICETEX de fecha veintinueve (29) de septiembre de dos
mil quince.[9]
2.      Expediente T-5.502.702: Rosa Nilla Lemos
Aguilar en representación de su hijo Abraham Lemus Palacios contra el Instituto
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior – ICETEX – y
el Ministerio de Educación.
2.1.   Hechos
El once (11) de febrero de dos
mil dieciséis (2016), Rosa Nilla
Lemos Aguilar en representación de su hijo presentó acción de tutela, al
considerar que el ICETEX y el Ministerio de Educación vulneraron los derechos
fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y a la educación de su
hijo, al no conceder el crédito condonable del programa “Ser Pilo Paga 2”.
Sostuvo que al cumplir con los requisitos[10] (puntaje de
387 en las pruebas Saber 11 y un puntaje en el Sisbén de 29,14 con fecha de modificación
tres (3) de agosto de dos mil quince (2015)) para acceder al programa “Ser
Pilo Paga 2”, su hijo Abraham Lemus, mediante escrito del veintisiete (27)
de noviembre de dos mil quince (2015), envío la documentación al ICETEX para su
respectivo estudio. Esta entidad, mediante comunicación del catorce (14) de
diciembre de dos mil quince (2015), le informó que “una vez realizado el
cruce y validación correspondiente entre las bases de enviadas por el ICFES (Instituto
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior) y el SISBEN (Sistema de Identificación
y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales), se pudo establecer
que no es susceptible de ser beneficiario del programa Ser Pilo Paga 2, por
cuanto no cumple con la totalidad de los requisitos mínimos exigidos para la
presente convocatoria”.
Adujo que ante la negativa, su hijo presentó el dieciocho (18) de
diciembre de dos mil quince (2015) recurso de reposición y apelación ante la
entidad accionada, la cual el siete (7) de enero de dos mil dieciséis (2016) le
informó que “dichos recursos no son procedentes”, teniendo en cuenta que
están reglados por el derecho privado, de conformidad con el artículo 8° de la
Ley 1002 de 2005. No obstante, al realizar el correspondiente cruce de
información con el Departamento Nacional de Planeación no registraba en la base
de datos.
2.2.   Trámite procesal
Mediante
auto del doce (12) de febrero de dos mil dieciséis (2016), la Sala de Decisión
Civil del Tribunal del Distrito Judicial de Medellín admitió la acción de
tutela, corrió traslado al ICETEX y al Ministerio de Educación Nacional,
vinculó al Departamento Nacional de Planeación – DNP –  y al Municipio de Bello
(Antioquia), para que ejercieran su derecho a la defensa.
2.3.   Traslado y
contestación de la demanda de amparo
2.3.1. Contestación del ICETEX
Guardó silencio.
2.3.2. Contestación del Ministerio de Educación
La Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación, mediante
escrito del dieciséis (16) de febrero de dos mil dieciséis (2016), solicitó
declarar la improcedencia de la tutela. Afirmó que el programa “Ser Pilo
Paga 2” en su segunda versión destinó todos los recursos disponibles, razón
por la cual no existe disponibilidad de cupos para incluir a otras personas por
medio de orden judicial.
Señaló igualmente que en caso de  incluir al accionante como
beneficiario, el juez debe indicar a “cual pilo beneficiario se debe excluir
del programa, para darle cupo al amparado mediante la acción de tutela”.
Finalmente, instó a que se desvinculara al Ministerio por falta de legitimación
en la causa.
2.3.3. Contestación Departamento Nacional de
Planeación – DNP-
El diecinueve (19) de febrero de dos mil dieciséis (2016), el
Departamento Nacional de Planeación – DNP- se refirió a los hechos y
pretensiones de la acción de tutela, indicando que: “el joven ABRAHAM LEMUS
PALACIOS, si se encontraba en la base datos Sisben metodología III del 19 de
julio de 2015. Lo cual le permite cumplir con el requisito del Sisben
metodología III para acceder al programa SER PILO PAGA II cumpliendo con lo
dispuesto por el Ministerio de educación Nacional y el ICETEX.
Agregó que en el sistema se registraban dos errores en la base de
datos: (i) el número de la tarjeta de identidad No. 98120754789, la cual fue
corregida[11],
registrando el número correcto, que es 9812075485 y (ii) el apellido Lemos que
fue corregido por Lemus.
Por lo anterior, solicitó que se excluya al DNP de cualquier
responsabilidad en el caso, toda vez que la entidad realizó las tareas y actividades
propias de su competencia y no existen errores en el sistema relacionados con
el número de identificación.
2.3.4. Contestación Secretaría de Planeación –
Municipio de Bello (Antioquia)
Mediante escrito radicado el dieciséis (16) de febrero
de dos mil dieciséis (2016), el Director Administrativo de Información y
Estadística de la Secretaría de Planeación manifestó que el menor Abraham Lemus
Palacios figura en la base de datos con la ficha No. 60922, con un puntaje de
29,14 y que el tres (3) de agosto de dos mil quince (2015) se realizó una
modificación en el número de documento del menor, la cual fue reportada al Departamento
de Planeación Nacional el dieciocho (18) de agosto del mismo año.
Adicionalmente, sostuvo que “la
modificación realizada al documento del menor ABRAHAM LEMUS PALACIOS no debería
ser impedimento para su acceso al programa SER PILO PAGA, pues tal como la
señora accionante lo demuestra, el menor ha estado en la base datos desde el
03-03 del año 2011, y tal como lo reporto el enlace “PILO PAGA 2” ENUNCIADO:
si usted ha solicitado actualizaciones en el SISBEN, posteriores s (sic)
la fecha de corte el 19 de junio de 2015, UNICAMENTE en datos básicos (nombres,
apellidos, tipo de documento y numero de documento de identidad) (sic)
esto no afecta su puntaje y su inclusión en la base.”
Resaltado del texto original.
2.4.   Decisiones judiciales objeto de revisión
2.4.1. Decisión de primera instancia
Mediante sentencia del veintitrés (23) de febrero de
dos mil dieciséis (2016), la Sala Primera de Decisión Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín, concedió el amparo constitucional al
considerar que el menor Lemus Palacios se encuentra registrado en el Sisbén con
un puntaje de 29,14; situación que fue corroborada por el Departamento Nacional
de Planeación. Si bien en la base de datos el número de identificación y el
apellido eran incorrectos, estos en su momento fueron modificados. Para el
Tribunal no es válido trasladarle al joven “un equívoco o error de la
administración en el manejo de los datos, y más cuando en el documento mediante
el cual se solicitó el beneficio educativo ofrecido por el estado, se puso de
presente la modificación efectuada en el mes de agostos de 2.015 en su número
de documento de identidad.
Finalmente,
el Tribunal sostuvo que al interesado se le está limitando la “oportunidad
de acceder a beneficios dados a la personas con desventajas económicas pero de
méritos académicos, todo derivado del desconocer que efectivamente desde el año
2.011, se encuentra registrado en la base de datos del Sisbén, por lo que
superado tal punto, tal como aquí se ha evidenciado, se traduce en la
trasgresión a los derechos fundamentales invocados”.
2.4.2.
Impugnación del Fallo de tutela
El
veintinueve (29) de febrero de dos mil dieciséis (2016), el Ministerio de
Educación impugnó la decisión de primera instancia, argumentando que el acceso
a los programas gubernamentales no es un derecho fundamental, pues de acuerdo
con el principio de progresividad, los recursos dispuestos para el programa “Ser
Pilo Paga 2” fueron asignados a 12.505 pilos, sin que exista disponibilidad
de cupos para incluir a personas por orden judicial.
2.4.3.
Decisión de segunda instancia
El siete (7) de abril de dos mil dieciséis (2016) la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia revocó la decisión
inicial, expresando que: “brindar la protección suplicada supondría
privilegiar sin ninguna excusa los derechos del reclamante sobre los de aquellos
postulados que también concursaron y se les aprobó la beca, y más aún, por
encima de los que, en similares circunstancias, no pudieron recibir esa ayuda.
Es claro que, como mínimo, unos y otros merecen ser tratados con
idéntico rasero y esto sólo se garantiza con el acatamiento de los parámetros
objetivos de selección.”
Sostuvo además la Sala, que la decisión adoptada por
el ICETEX de no permitirle al joven ser beneficiario del programa, es un acto
administrativo que puede ser cuestionado mediante el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en la Ley 1437 de 2011.
2.5. Pruebas relevantes cuyas copias obran dentro del expediente
·
Copia de escrito presentado por Abraham Lemus Palacios ante el
ICETEX el veintisiete (27) de noviembre de dos mil quince (2015).[12]
·
Copia de la respuesta dada por el ICETEX el 14 de diciembre de
2015.[13]
·
Copia de listado de ficha y hogar en histórico del Sisbén (fecha
de encuestas del tres (3) de marzo de dos mil once (2011).[14]
·
Copia certificado de puntaje del Sisbén.[15]
·
Constancia de la oficina del Sisbén
de Bello (Antioquia), donde certifica que Abraham Lemus Palacios se encuentra
en la base de datos del Sisbén III.[16]
·
Copia del informe individual de resultado Saber 11º[17]
·
Copia de escrito presentado por Abrahan Lemus Palacios ante el Ministerio
de Educación Nacional y ICETEX el dieciocho (18) de diciembre de dos mil quince
(2015).[18]
·
Copia de la respuesta dada por el ICETEX el siete (7) de enero de
dos mil dieciséis (2016).[19]
3.      Expediente T-5.511.758: Karen Daniela Díaz
Camargo contra el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos
en el Exterior – ICETEX –.
3.1.   Hechos
Karen Daniela Díaz Camargo interpuso acción de
tutela el diez (10) de noviembre de
dos mil quince (2015), al
considerar que la entidad
accionada vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad y a la educación.
Manifestó que desde el veinticinco (25) de
agosto de dos mil cuatro (2004) es beneficiaria del régimen subsidiado de salud,
estando sisbenizada en el Municipio de Bucaramanga con un puntaje de 44,38.
Afirmó que el diez (10) de octubre de dos mil
catorce (2014) “realizó la actualización en el registro del SISBEN de mi
documento de identidad, de Tarjeta de identidad No. 931090810276 pasó a
registrarse la Cédula de ciudadanía No, 1.098.743.578. En relación a tal
acontecimiento, según información del asesor que realizó el trámite, el
reajuste en el sistema interno del SISBEN puede tardarse hasta 60 días, por
tanto este sería el único motivo para no figurar en el registro del SISBEN en
tal época”.
Indicó que en el mes de noviembre de dos mil
catorce (2014), realizó vía web una solicitud de crédito y el subsidio de
sostenimiento ante el ICETEX con el fin de iniciar sus estudios de pregrado en
el programa de Ingeniera Mecatrónica en la Universidad Santo Tomas de Aquino en
la ciudad de Bucaramanga. Señaló que radicó en el punto de atención de la
entidad los documentos exigidos para continuar con el estudio del crédito
educativo, entre ellos la certificación de su vinculación al Sisbén. Dicho
crédito fue aprobado, pero el subsidio fue negado, bajo el argumento de que no
estaba inscrita en el Sisbén
Señaló que mediante petición del dieciocho (18)
de junio de dos mil quince (2015) requirió la entrega del subsidio de
sostenimiento. En respuesta del trece (13) de agosto del mismo año, la entidad accionada
le informó, que “al verificar los aplicativos de consulta del ICETEX, se
pudo establecer que el crédito no fue marcado con la opción de “Sisben” a la
hora de la solicitar el crédito (…). Por lo tanto, no es posible proceder
favorablemente; ya que el crédito no fue identificado con Sisben en el
formulario de solicitud, por ende, no puede ser beneficiario del subsidio de
sostenimiento”.
Ante la negativa, la accionante elevó un
derecho de petición el veintiuno (21) de agosto de dos mil quince (2015), requiriendo
nuevamente el reconocimiento y pago del subsidio de sostenimiento. El ICETEX
reiteró su negativa de otorgarle el beneficio. Manifestó finalmente la
accionante, que la entidad desconoció sus derechos fundamentales a la igualdad
y la educación, al imponerle barreras injustificadas, pues desde hace once años
está afiliada al Sisbén y la entidad está omitiendo su deber de garantizar la
permanencia en la educación superior.
3.2.   Trámite procesal
Mediante
auto del doce (12) de noviembre de dos mil quince (2015), el Juzgado Tercero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga admitió la acción de tutela,
corrió traslado a ICETEX para que ejerciera su derecho a la defensa.
3.3. Traslado y
contestación de la demanda de amparo
3.3.1. Contestación del ICETEX
El veinte (20) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), la Oficina
Asesora Jurídica del ICETEX solicitó denegar el amparo, al considerar que no se
vulneraron los derechos fundamentales de la accionante.
Señaló que la actora es beneficiaria de un crédito de la Línea ACCES –
ALIANZA, advirtiendo que el subsidio de sostenimiento reclamado se otorga
previa validación del cumplimiento de requisitos en el proceso de adjudicación
del crédito educativo y no en etapas posteriores, y que estos no pueden ser
modificados por el beneficiario. De igual manera afirmó que para la fecha en la
que se adjudicó el crédito, la accionante no se encontraba registrada en la
base de datos del Sisbén provista por el Departamento Nacional de Planeación – DNP
–, razón por la cual no se autorizó el desembolso del subsidio de
sostenimiento.
3.4.   Decisiones judiciales objeto de revisión
3.4.1. Decisión de primera instancia
Mediante sentencia del veinticinco (25) de noviembre
de dos mil quince (2015), el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bucaramanga, negó por improcedente la acción de tutela, bajo el
argumento que se trataba de una reclamación económica y que para resolver este
tipo de conflictos, el ordenamiento jurídico consagra diferentes mecanismos de
protección judicial, afirmando que no se le están vulnerando los derechos
fundamentales a la accionante.
Señaló
el Juzgado que se “reclama es el desembolso de un dinero que la accionante
necesariamente tuvo que asumir, sin en cuenta se tiene que lo que se pretende
es el subsidio de sostenimiento de los dos semestre de 2015, beneficio que,
quienes lo obtienen, utilizan para auxiliar sus necesidades en desarrollo de
los estudios de pregrado, es decir, de haber existido en perjuicio, el mismo ya
pudiera encontrase causado”.
3.4.2.
Impugnación del Fallo de tutela
El
nueve (9) de diciembre de dos mil quince (2015) la accionante impugnó la
decisión de primera instancia, manifestó que el a quo incurrió en error:
“1).
Al imponerme cargas procedimentales absurdas, como desconocer mis condiciones
socio económicas reales, 2) Al atribuirme la responsabilidad de las consecuencias
de un trámite interno de la autoridad estatal que se encarga del registro del
SISBEN, 3). Al interpretar erradamente el amparo de derechos fundamentales
desde una óptica civil y no constitucional, y 4). Al limitar mis
pretensiones a meras peticiones de interés económico. Todo lo expuesto genera
en consecuencia un exceso ritual manifiesto que desconoce el principio
constitucional de primacía del derecho sustancial sobre las meras formas,
transgrediendo así el artículo 228 de la constitución nacional”. Sombrado
y subrayaras del texto original.
De
conformidad con lo anterior, solicitó que se revocara el fallo de instancia y que
en su lugar se procediera al amparo de sus derechos fundamentales como
mecanismo transitorio, a efectos de evitar la consumación de la violación de
sus derechos.
3.4.3.
Decisión de segunda instancia
El primero (1) de febrero de dos mil dieciséis (2016) la
Sala de Decisión Penal de Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga confirmó el fallo, al considerar que la solicitud impetrada por la
accionante se refiere a una prestación económica relacionada con la concesión de
un subsidio de sostenimiento, razón por la cual el juez constitucional
excedería sus facultades en el evento de reconocer esa clase prestaciones.
3.5. Pruebas relevantes cuyas copias obran dentro del expediente
·
Copia certificado de puntaje del Sisbén.[20]
·
Copia de registro de solicitudes, en el cual se actualiza el
documento de Karen Daniela Camargo de fecha nueve (9) de octubre de dos mil
catorce (2014).[21]
·
Copia carnet del certificado del Sisbén de Andelfo Díaz Amorocho
con fecha del veinticinco (25) de agosto de dos mil cuatro (2004) donde obra
como beneficiaria Karen Daniela Díaz Camargo.[22]
·
Copia de escrito presentado por Karen Daniela Díaz Camargo ante
el ICETEX el dieciocho (18) de junio y veintiuno (21) de agosto de dos mil
quince (2015).[23]
·
Copia de la respuesta dada por el ICETEX el trece (13) y treinta
y uno (31)  de agosto de dos mil quince (2015).[24]
4.      Expediente T-5.532.720: Luis Andrés Andrade
Cancimance contra el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior – ICETEX –.
4.1.   Hechos
Luis Andrés Andrade Cancimance, interpuso
acción de tutela el quince (15) de enero de dos mil dieciséis (2016),
por considerar que el ICETEX
vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, la educación y el libre
desarrollo de la personalidad, al no otorgarle el subsidio de sostenimiento,
teniendo en cuenta que cumple con los requisitos y cuenta con un crédito
educativo.
Manifestó que es estudiante de arquitectura en
la Institución Universitaria Centro Superior María Goretti de la ciudad de
Pasto, mediante un crédito obtenido desde el año 2014 por parte del ICETEX. El
accionante afirmó que la entidad le manifestó que debía acercarse a las
oficinas del Banco Popular a recibir la tarjeta recargable para el giro del
subsistido de sostenimiento. No obstante, en el banco le “manifestaron que
dentro de 48 horas después de entregada la tarjeta el icetex giraría el dinero
correspondiente al monto total del subsidio, pero transcurrido los días y el
icetex no giro ningún dinero ha (sic) esta cuenta, entonces me dirigí a las
oficinas del icetex en la ciudad de pasto y allí me manifestaron que no tenía
derecho a este subsidio.”
Señaló que “los requisitos para acceder al
subsidio de sostenimiento son tener un crédito con el ICETEX y tener un puntaje
del sisben bajo para la ciudad de Pasto el tope máximo del puntaje es de 54
puntos y mi puntaje es de 42.37, estoy muy por debajo del tope máximo por lo
cual aplico a este subsidio, pero no se por que (sic) motivo el icetex se niega
a entregar este auxilio al que tengo derecho, es inexplicable que me llamen
entregarme la tarjeta recargable donde supuestamente se me hiba (sic) a girar
el dinero del subsidio y de repente sin razón alguna me dicen que no tengo
derecho a este auxilio (….).
Adujo que no tiene los recursos necesarios
para continuar estudiando, debido a los gastos que genera su carrera. Por lo
anterior, solicitó la entrega del subsidio de sostenimiento causado desde el
inicio de su carrera y que se continúe con el mismo hasta finalizar sus
estudios.
4.2.   Trámite procesal
Mediante auto del veinte (20)
de enero de dos mil dieciséis (2016), el Juzgado Segundo Penal del Circuito
Especializado de Pasto admitió la acción de tutela, corrió traslado a ICETEX
para que ejerciera su derecho a la defensa.
4.3. Traslado y
contestación de la solicitud de amparo
4.3.1. Contestación del ICETEX
El dos (2) de febrero de dos mil dieciséis (2016), la Oficina Asesora
Jurídica del ICETEX solicitó al Juzgado negar la acción de tutela formulada por
Luis Andrés Andrade Cancimance, por considerar que no existe vulneración de los
derechos fundamentales invocados. Manifestó que el accionante accedió a un
crédito educativo otorgado por la entidad, del que actualmente disfruta, sin
que tenga derecho al auxilio de sostenimiento, pues al momento de verificar el
cumplimiento de los requisitos necesarios para su reconocimiento, se estableció
que a la fecha de la adjudicación del crédito No. 2335236, efectuada el catorce
(14) de febrero de dos mil catorce (2014), el actor no se encontraba registrado
en la base de datos social entregada por el Departamento Nacional de Planeación,
razón por la cual no resultaba procedente otorgar el subsidio de sostenimiento.
4.4.   Decisiones judiciales objeto de revisión
4.4.1. Decisión de primera instancia
Mediante sentencia del tres (3) de febrero de dos mil
dieciséis (2016), el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Pasto negó
la acción de tutela, al considerar que no se afectó el derecho fundamental
alegado por el accionante, pues el ICETEX aprobó el crédito solicitado y
permitió que iniciara sus estudios superiores, como efectivamente sucedió.
Señaló que “en cuanto a la oportunidad para
solicitar tal auxilio, su viabilidad debe ser evaluado previa validación del
cumplimiento de los requisitos en el proceso de adjudicación del crédito
educativo y no con posterioridad a ello, así lo disponen los Acuerdo 029 de
20017 (sic)y 013 de 2015. Según la información recopilada en esta actuación a
la fecha de concesión del crédito educativo No. 2335236 del 14 de febrero de
2014 el estudiante LUIS ANDRES ANDRADE CANCIMANCE no se encontraba
registrado en la Base de Datos oficial entregada por el DEPARTAMENTO NACIONAL
DE PLANEACIÓN y en tales términos el reclamo actual del estudiante deviene
extemporáneo”. Negrilla del texto original.
4.4.2.
Impugnación del Fallo de tutela
El
dieciséis (16) de febrero de dos mil dieciséis (2016) el actor impugnó la
decisión de primera instancia, argumentando: (i) que cumplió con los requisitos
para acceder al subsidio de sostenimiento, ya que se encontraba registrado junto
con su núcleo familiar en el Sisbén, (ii) que la entidad accionada le otorgó la
tarjeta del Banco Popular previa validación del cumplimiento de los requisitos,
(iii) y que el ICETEX en la contestación de la tutela no justificó la razón por
la cual meses después de entregarle la tarjeta, le informó que no estaba acreditado
para recibir la ayuda.
4.4.3.
Decisión de segunda instancia
El diecisiete (17) de marzo de dos mil dieciséis
(2016) la Sala de Decisión Penal de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto
confirmó el fallo, al considerar que el subsidio de sostenimiento se otorga
previa validación del cumplimientos de los requisitos al momento de la
adjudicación del crédito educativo, y que en el caso concreto el accionante no
se encontraba registrado en la base datos oficiales del Sisbén.
Igualmente sostuvo el Tribunal, que la
actuación realizada por el ICETEX al expedirle la tarjeta, generó en el actor la
expectativa de hacerse merecedor del beneficio pretendido. Sin embargo esta
acción se fundó en bases ilegales, razón por la cual la entidad accionada se vio obligado
a corregir su postura, con sujeción al debido proceso.
4.5. Pruebas relevantes cuyas copias obran dentro del expediente
·
Copia certificado de puntaje del Sisbén.[25]
·
Copia de la tarjeta débito del Banco Popular.[26]
·
Copia de la cédula de ciudadanía de Luis Andrés Andrade
Cancimance.[27]
5.      Expediente T-5.538.707: Karen Carolina Mesa
Correa contra el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos
en el Exterior – ICETEX –.
5.1    Hechos
Karen Carolina Mesa Correa interpuso acción de
tutela el ocho (8) de septiembre de
dos mil quince (2015), al
considerar que esa entidad
vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad y a la educación.
Manifestó la accionante que en el segundo
semestre del año 2012, adquirió un crédito educativo, en la modalidad “Acces”,
con el ICETEX, disponiendo la financiación de la matrícula y el otorgamiento de
un subsidio de sostenimiento.
Señaló que la entidad realizó el desembolso
respecto al valor de la matrícula, pero que no ha recibido el subsidio otorgado.
En este sentido elevó un derecho de petición solicitando el pago del beneficio,
el que le fue respondido el treinta (30) de julio de dos mil quince (2015),
informándole que el mismo “se otorga previa validación del cumplimiento de
requisitos en el proceso de adjudicación del crédito educativo más no en etapas
posteriores. Estas condiciones con que se evalúa el crédito a nivel
SISBÉN no podrán ser modificadas por el beneficiario del crédito educativo” y
que al validar la información, evidenció que no cumplía con los
requisitos exigidos para ser beneficiaria.
La accionante indicó que pertenece a la etnia
Zenú y por lo mismo es titular del fuero especial indígena, tiene una
calificación en el Sisbén de 26,67, y no cuenta los recursos económicos necesarios
para continuar con sus estudios universitarios, pues debe trasladarse de lunes
a viernes desde su lugar de residencia a la Ciudad de Sincelejo, sede de la
universidad y costear el arriendo de la vivienda cuyo valor mensual es de $210.000.
Afirmó que había solicitado la tarjeta débito vía
internet y esta le fue entregada, considerando que los requisitos habían sido
validados por la entidad y por lo tanto era la titular del beneficio. Sin
embargo a la fecha no le ha sido realizado ningún pago.
5.2    Trámite procesal
Mediante
auto del nueve (9) de septiembre de dos mil quince (2015), el Juzgado Primero
Civil del Circuito de Sincelejo admitió la acción de tutela, corriendo traslado
a ICETEX para que ejerciera su derecho a la defensa.
5.3. Traslado y
contestación de la demanda de amparo
5.3.1 Contestación del ICETEX
El catorce (14) de septiembre de dos mil quince (2015), el ICETEX a través
de la Oficina Asesora Jurídica, le solicitó al juez de instancia negar el
amparo invocado, teniendo en cuenta que la señora Karen Carolina Mesa Correa,
al momento de la adjudicación de crédito Línea ACCES (diez (10) de enero
de dos mil catorce (2014)) no se encontraba en la base de datos del Sisbén.
5.4.   Decisiones judiciales objeto de revisión
5.4.1. Decisión de primea instancia
Mediante sentencia del diecisiete (17) de septiembre
de dos mil quince (2015), el Juzgado Primero Civil del Circuito de Sincelejo negó
el amparo invocado, al considerar que la accionante no era beneficiaria del
subsidio de sostenimiento, por cuanto al momento de la solicitud del crédito,
no cumplía con los requisitos exigidos.
5.4.2.
Impugnación del Fallo de tutela
El
veinticinco (25) de septiembre de dos mil quince (2015) la accionante impugnó
la decisión, argumentando que el Juez no tuvo en cuenta que la entidad
accionada le otorgó una tarjeta débito, y que con su actuar de mala fe le está
ocasionado un perjuicio, pues no cuenta con los recursos económicos suficientes
para cubrir los gastos que genera la carrera universitaria.
5.4.3.
Decisión de segunda instancia
El nueve (9) de octubre de dos mil quince (2015) la
Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo
confirmó el fallo, reiterando que la accionante no acreditó la totalidad de los
requisitos exigidos para acceder al subsidio de sostenimiento.
Sostuvo que no se vislumbra la vulneración al derecho
a la igualdad, pues dentro del plenario no obra material probatorio que
demuestre un trato discriminatorio en contra de la actora. Concluye que “conceder
por esta vía, como lo pretende la impulsora, la validación de la ayuda por concepto
de un auxilio económico para educación superior, sin cumplir todos los requisitos
pre establecidos, equivaldría a violar los derechos adquiridos  por los demás aspirantes
que en Sucre sí calificaron, así como la garantías a la igualdad de los demás
aspirantes, inclusive respecto de aquellos que tampoco resultaron seleccionados
(…)”.
5.5. Pruebas relevantes cuyas copias obran dentro del expediente
·
Copia certificado de puntaje del Sisbén.[28]
·
Copia de la tarjeta débito del Banco Popular.[29]
·
Copia de la cédula de ciudadanía de Karen Carolina Mesa Correa.[30]
·
Copia de carta en la que certifica a Karen Carolina Mesa Correa
como indígena y se encuentra inscrita en el censo del Cabildo Loma del Tigre de
la etnia Zenú de fecha veinticuatro (24) de marzo de dos mil catorce (2014).[31]
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es
competente para conocer los fallos de tutela proferidos dentro de las acciones
de tutela de referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86,
inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con
los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991 y, en cumplimiento a lo
dispuesto en los Auto del trece (13) y veintisiete (27) de mayo del dos mil
dieciséis (2016), expedido por la Sala de Selección Número cinco.
2. Planteamiento de los casos
La totalidad de los casos aquí acumulados están
relacionados con el supuesto incumplimiento por parte del ICETEX. Cuatro de los
accionantes interpusieron acción de tutela en contra de esa entidad,
solicitando la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, la
educación y el debido proceso, presuntamente vulnerados por la entidad, en
tanto que como beneficiarios de créditos educativos otorgados por ella,
solicitaron el pago del subsidio de sostenimiento, con el fin de
sobrellevar los gastos que generan sus carreras universitarias, debido a sus
condiciones económicas. Sin embargo, las solicitudes fueron negadas, señalando
la entidad accionada, que los reclamantes no se encontraban registrados en la
base de datos del Sisbén, al momento de solicitar el crédito educativo.
El quinto caso corresponde a la señora Rosa Nilla
Lemos Aguilar, quien en representación de su hijo, demandó la salvaguarda de
los derechos fundamentales a la igualdad y al libre desarrollo de la
personalidad, alegando que la entidad accionada vulneró los derechos
fundamentales de su hijo, al negarle el otorgamiento del crédito condonable
establecido en el programa “Ser Pilo Paga 2”, fundando su decisión, en
que a la fecha de la solicitud, no se encontraba inscrito en la base de datos
del Sisbén con los puntajes de corte establecidos en la convocatoria.
El ICETEX se opuso a las solicitudes
de amparo, bajo el argumento según el cual, al momento de la adjudicación de los
créditos y de la validación de los requisitos para aplicar a la convocatoria del
programa “Ser Pilo Paga 2”, ninguno de los accionantes se encontraban
registrados en la bases de datos del Departamento de Nacional de Planeación
–DNP –, razón por la cual, no accedió en la entrega de los subsidios de
sostenimiento de los que habían solicitado el crédito educativo, ni para el
beneficiario del programa beca.
En uno de los casos el juez de primera instancia
concedió el amparo a favor de Abraham Lemus. Sin embargo, la decisión fue
revocada por la Corte Suprema de Justicia al considerar que el accionante
contaba con otros mecanismos ordinarios de defensa. Respecto de los otros expedientes,
los amparos fueron negados al considerarse que trataba de prestaciones
económicas, y que el juez de tutela no era el competente para hacer dichos
reconocimientos.
3. Problemas jurídicos
Como en todos los casos de control concreto originados en el
ejercicio de la acción de tutela, le corresponde a la Sala Octava de revisión
determinar:
i)
¿Vulneró el ICETEX los derechos fundamentales a la igualdad y
educación de Diego Alexander Pérez Pinzón, al negarle el pago del subsidio de
sostenimiento, bajo el argumento de no haber estado registrado en la base de
datos del Sisbén al momento de hacer la solicitud del crédito educativo?
ii)
¿Vulneró el ICETEX los derechos fundamentales a la igualdad y
educación de Karen Daniela Díaz Camargo, al negarle el pago del subsidio de
sostenimiento, al considerar que la accionante no marcó en la casilla la opción
Sisbén al momento de la solicitud del crédito?
iii)
¿Vulneró el ICETEX los derechos fundamentales a la igualdad y
educación de los jóvenes Luís Andrade Calcimance y Karen Carolina Mesa Correa,
al negarles el pago del subsidio de sostenimiento, bajo el argumentos de no
haber estado registrados en la base de datos del Sisbén al momento de hacer la
solicitud del crédito, aun cuando posteriormente les fuera a una tarjeta débito?
iv)
¿Vulneró
el ICETEX los derechos fundamentales a la igualdad y educación del joven Abrahan Lemus Palacio, al impedirle el acceso al programa “Ser Pilo Paga 2”,
al argumentar que no cumplía con los requisitos exigidos en la convocatoria,
aun cuando el accionante se encontraba registrado en el Sisbén desde el año
2011, pero debido a un error su información no reposaban en el sistema?
Con el fin de dar solución a los problemas
jurídicos planteados, la Sala realizará un análisis de los siguientes temas: (i)
el programa institucional “Ser Pilo Paga”, Fases I y II, y el subsidio
de sostenimiento otorgado a los beneficiarios de créditos educativos en la
línea de pregrado; (ii) aspectos generales del Instituto Colombiano de Crédito
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior –ICETEX-, objetivos, funciones y
organización; (iii) el Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas
Sociales - SISBÉN y su incidencia dentro del programa “Ser Pilo Paga” y
el subsidio de sostenimiento; (iv) la igualdad en la asignación de subsidios;
v) el derecho a la educación y los programas asistenciales en educación, como
desarrollo del derecho a la igualdad; vi) confianza legítima y buena fe, para finalmente
(vii) proceder a la solución de los casos concretos.
4. El
programa institucional “Ser Pilo Paga” fases I y II y el subsidio de
sostenimiento otorgado a los beneficiarios de créditos educativos en la línea
de pregrado
4.1.  Programa del Gobierno Nacional “Ser Pilo Paga I y II”
El Crédito Condonable “Ser Pilo Paga” es una iniciativa del
Gobierno Nacional desarrolla a través de Ministerio de Educación Nacional[32], cuyo programa fue implementado
en el año 2014, que busca fomentar la excelencia y la calidad de la educación superior
en estudiantes con bajos recursos económicos, financiando el valor
total de la matrícula y brindando un apoyo de sostenimiento durante todo el
periodo de estudio. El desarrollo de esta política pública para fomentar la educación
superior, le fue asignado al ICETEX, entidad encargada de administrar los
recursos aportados por el Gobierno.
Los requisitos para acceder a esta beca van cambiando cada año. La
Sala en esta oportunidad se referirá al programa “Ser Pilo Paga Segunda
Versión”, la cual está dirigida a: (i) jóvenes que cursaron y aprobaron el
grado 11 en el año 2015, (ii) que presentaron las pruebas Saber 11 el día 2 de
agosto de 2015 y obtuvieron un puntaje igual o superior 318, (iii) que tienen
un puntaje específico de Sisbén según ubicación geográfica con el corte
respectivo a 19 de junio de 2015, o registro en Base Censal del Ministerio del
Interior con corte a 30 de junio de 2015 en el caso de la población indígena,
(iv) que hayan sido admitidos en una Institución de Educación Superior
acreditada en Alta Calidad.
El puntaje requerido para la convocatoria es el siguiente:
No.
Área
Puntaje máximo
1
14 Ciudades Principales sin sus áreas
metropolitanas a saber: Bogotá, Medellín, Cali,
Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué, Pereira, Villavicencio,
Pasto, Montería, Manizales y Santa Marta.
57,21
2
Resto Urbano: Zona urbana
diferente a las 14 principales ciudades, los centros poblados y la zona rural
dispersa de las 14 principales ciudades
56,32
3
Área Rural
40,75
De acuerdo con lo anterior el programa “Ser Pilo Paga”
consiste en un crédito condonable, que beneficia a las personas de escasos
recursos y que cuentan con una excelencia académica. Su acceso depende del
cumplimiento de los requisitos establecidos en cada convocatoria.
4.2. El subsidio de sostenimiento
El
subsidio de sostenimiento es una ayuda económica que el Gobierno Nacional
aprobó con el fin de solventar los gastos personales que le generan a un
estudiante la asistencia a clases. Su monto equivale a $755.300 por semestre,
que irá aumentando cada año de acuerdo al índice de precios al consumidor. Este
subsidio se le entregará a cada beneficiario mediante una tarjeta débito que se
recargará semestralmente, para que el estudiante disponga de sus recursos de
manera oportuna. El uso de la tarjeta no genera cuota de manejo y el estudiante
beneficiario puede hacer hasta cinco transacciones al mes, sin costo alguno.
El mencionado subsidio se encuentra
regulado en el Acuerdo No. 013 de
2015, el cual establece
lo siguiente:
(…)
ARTÍCULO 1o. SUBSIDIO DE SOSTENIMIENTO. Los
beneficiarios de crédito educativo en la línea de pregrado cualquiera sea la
modalidad, que se encuentren en la versión III del SISBEN dentro de los puntos
de corte establecidos por el Icetex podrán acceder al beneficio.
Los beneficiarios de crédito
educativo identificado mediante un instrumento diferente al Sisbén debidamente
certificados como los integrantes de poblaciones (indígenas, desplazados,
reinsertados y red unidos), podrán acceder solo si los créditos pertenecen a la
línea ACCES modalidades ACCES o CERES, quienes se encuentren en las demás
modalidades de crédito educativo no podrán acceder a este beneficio.
ARTÍCULO 2o. BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE
SOSTENIMIENTO. Son
susceptibles de acceder al subsidio los beneficiarios de crédito educativo que
a partir del segundo semestre de 2015, cumplan los puntos de corte de Sisbén
Versión III como criterio de focalización para la adjudicación de subsidios a
beneficiarios de crédito de pregrado así:
– Beneficiarios de crédito educativo en la
línea de pregrado, cualquiera sea la modalidad a partir del primer semestre de
2011 registrados en la base de datos del Sisbén III y que cumplan con los
puntos de corte establecidos así:
No
Área
Puntaje Mínimo
Puntaje Máximo
1
14 ciudades, son las 14 principales
ciudades sin sus áreas metropolitanas, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla,
Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué, Pereira, Villavicencio, Pasto,
Montería, Manizales y Santa Marta.
0
54.00
2
Resto Urbano: es la zona urbana
diferente a las 14 principales ciudades, los centros poblados y la zona rural
dispersa de las 14 principales ciudades
0
52.72
3
Rural
0
34.79
– Beneficiarios de crédito educativo en la línea
de pregrado, modalidad ACCES y CERES, identificados mediante un instrumento
diferente al Sisbén para las poblaciones víctimas del conflicto armado en
Colombia, indígenas, Red Unidos y Reintegradas.
ARTÍCULO 3o. OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO
SOSTENIMIENTO. El
subsidio de sostenimiento se otorgará previa validación del cumplimiento de
requisitos en el proceso de adjudicación del crédito educativo. Las condiciones
con que se evalúa el crédito a nivel de Sisbén o población vulnerable NO podrán
ser modificadas por el beneficiario del crédito educativo.
El subsidio se otorgará solo si en la
adjudicación el Icetex identifica el cumplimiento de los requisitos del
estudiante en las bases de datos oficiales entregadas por cada una de las
entidades responsables de cada grupo de población.
Cabe señalar que el inciso
séptimo de la parte considerativa del mencionado acuerdo, establece que “el objeto del subsidio de sostenimiento,
quienes tienen derecho al mismo, la condición que prevalece si la persona se
encuentra en el Sisbén y es población vulnerable, los giros en lo cual se
determinó “si el usuario reclama el subsidio de sostenimiento con
posterioridad, se le reconocerá el derecho a partir del periodo académico que
corresponda, una vez sea validada la reclamación por Icetex”. Subraya fuera de texto.
Conforme a lo expuesto, la norma exige
dos requisitos para la obtención del subsidio, los cuales son: i) estar
inscrito en la base de datos del Sisbén y ii) cumplir con el puntaje
establecido.
5.
Aspectos generales del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y
Estudios Técnicos en el Exterior –ICETEX-, objetivos  funciones y organización
El artículo 69 de la Constitución establece que el Estado debe
facilitar “mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las
personas aptas a la educación superior”. Esta labor fue encargada al
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior
(ICETEX), entidad financiera de naturaleza especial, con
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculada al
Ministerio de Educación Nacional, creada por el Decreto Ley 2586 de 1950,
reorganizado por el Decreto Ley 3155 de 1968 y el Decreto 276 de 2004, y
transformado en su naturaleza jurídica por la Ley 1002 del 30 de 2005.
El ICETEX como entidad descentralizada del orden nacional está sujeta
al control político y a la dirección del órgano de la administración al cual
está vinculado, estando sometida a las reglas señaladas en la Constitución
Política, la Ley 489 de 1998, las leyes que la crearon, reorganizaron y
determinaron su estructura orgánica, así como a Ley 1002 de 2005 y sus estatutos
internos.
Mediante
la Ley 1002 de 2005 “el legislador decidió transformar el Instituto en una
entidad financiera de naturaleza especial, con autonomía administrativa y
patrimonio propio, cuyo objeto social es “el fomento social de la educación
superior”, dentro de los siguientes lineamientos: (i) la finalidad de las
actuaciones del Icetex es contribuir al fomento de la educación superior; (ii)
en sus decisiones debe dar prioridad a la inversión orientada al mérito y a la
población de escasos recursos, (iii) posibilitar el acceso y la permanencia en la
educación superior, mediante la canalización y administración de recursos,
becas, apoyos nacionales e internacionales y recursos propios o de terceros,
todo aquello, (iv) siguiendo criterios de cobertura, calidad y pertinencia
educativa, así como de equidad territorial”[33].
El
artículo 2 de la mencionada ley señala como objeto del ICETEX “el fomento
social de la educación superior, priorizando la población de bajos recursos
económicos y aquella con mérito académico en todos los estratos a través de
mecanismos financieros que hagan posible el acceso y la permanencia de las
personas a la educación superior, la canalización y administración de recursos,
becas y otros apoyos de carácter nacional e internacional, con recursos propios
o de terceros. El Icetex cumplirá su objeto con criterios de cobertura, calidad
y pertinencia educativa, en condiciones de equidad territorial. Igualmente
otorgará subsidios para el acceso y permanencia en la educación superior de los
estudiantes de estratos 1, 2 y 3.”
Entre los objetivos de la entidad se encuentran:
“1. Contribuir a cobertura en la oferta y demanda
y calidad de la educación del país.
2. Liderar y contribuir en la articulación de la política
pública.
3. Garantizar con calidad, un eficiente y efectivo
servicio al cliente.
4. Armonizar los procesos de la entidad, acordes con la
nueva estructura, enfocados en la excelencia.”
Sus funciones[34] están orientadas a garantizar la
accesibilidad en la educación superior a través de mecanismos financieros como los créditos
educativos, y entre otras, se pueden destacar:
(…)
2. Conceder crédito en todas las
líneas y modalidades aprobadas por la Junta Directiva, para la realización de
estudios de educación superior dentro del país o en el exterior, para facilitar
el acceso y la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo, de conformidad
con los reglamentos y disposiciones de crédito educativo aprobadas por la Junta
Directiva.
(…)
9. Administrar y adjudicar los
recursos que por cualquier concepto reciban las entidades del Estado, para ser
utilizados como becas, subsidios o créditos educativos acorde con las
políticas, planes y programas trazadas por el Gobierno Nacional;
Mediante el Decreto 380 de
2007 se estableció la estructura del ICETEX, conformada por un órgano de
dirección -  la Junta Directiva- y una de administración – el Presidente de la
entidad, quien es el representante legal-.
La mencionada entidad tiene el manejo de los recursos públicos
prioritarios para el gasto social y su Junta Directiva posee atribuciones en
materia de desarrollo de políticas públicas para el acceso a créditos
educativos, y a su vez garantizar los subsidios para el acceso y permanencia en
la educación superior de los estudiantes de estratos 1, 2, 3.
6. Sistema de selección de Beneficiarios para Programas Sociales -
SISBÉN y su incidencia dentro del programa “Ser Pilo Paga” y el subsidio
de sostenimiento.
La jurisprudencia de esta Corporación ha
establecido que “El SISBEN es el Sistema de Selección de Beneficiarios para
Programas Sociales y principal instrumento con el que cuentan las autoridades
de las entidades territoriales para focalizar el gasto social descentralizado.
Sirve para seleccionar a los beneficiarios de los programas sociales dirigidos
a los sectores más pobres y vulnerables de la población colombiana que son
financiados, principalmente, con los recursos provenientes de las
transferencias intergubernamentales, así como está contenido en los artículos
356 y 357 de la Carta Política y en el artículo 30 de la Ley 60 de 1993”[35]
Este instrumento tiene gran relevancia constitucional, “pues
contribuye a la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales
de los colombianos, y se erige como una herramienta esencial a disposición de
las autoridades públicas para hacer efectivo el mandato de especial protección
a los grupos discriminados o marginados y materializar así las políticas de
redistribución del ingreso”.[36]
Frente
al Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales, la Sentencia
T-307 de 1999, señaló que:
“…El SISBEN es un
programa de focalización del gasto social descentralizado, diseñado por el
Departamento Nacional de Planeación e implementado y operado por los distritos
y los municipios. Consiste, básicamente, en la recolección, a través del
mecanismo de la encuesta, de la información que se requiere para completar la
denominada ficha de clasificación socioeconómica. Dicha ficha, tras ser
procesada y sistematizada por medio de una aplicación especial creada para estos
efectos, arroja un puntaje que permite ubicar a la familia o individuo
encuestado en alguno de los seis niveles de pobreza preestablecidos.
(…)
3. De lo anterior, se desprende la importancia constitucional del
SISBEN como instrumento que contribuye, de manera fundamental, a la efectividad
de los derechos económicos, sociales y culturales consagrados en la
Constitución Política. El señalado mecanismo de focalización del gasto social
constituye el primer paso del proceso de asignación de unos recursos públicos
que tienden a subvenir las necesidades materiales más acuciantes de los
sectores más pobres y vulnerables de la población colombiana y, por tanto, se
erige en una herramienta esencial a disposición de las autoridades públicas
obligadas a hacer efectivo el mandato de especial protección a los grupos
discriminados o marginados (C.P., artículo 13). Esta constatación, ha permitido
que la Corte establezca el derecho de los ciudadanos en condiciones de pobreza
y vulnerabilidad de acceder al SISBEN de manera igualitaria y, a la vez, el
deber correlativo de las autoridades estatales encargadas de la administración
e implementación de este programa de adoptar todas aquellas medidas dirigidas a
que éste cumpla con su objetivo constitucional a cabalidad.
En la mencionada sentencia, se dijo que “el
principio de igualdad en los procesos estatales de distribución de recursos
escasos no garantiza a las personas en condiciones de recibir tales recursos un
derecho subjetivo a la prestación económica como tal, sino un acceso y
participación igualitarios en los procedimientos por medio de los cuales las
instituciones públicas efectúan el reparto”. Por tanto este mecanismo de
focalización del gasto social no constituye un derecho prestacional per se.
No obstante, el acceso a determinados subsidios están supeditados a que los beneficiarios
hayan sido encuestados por el Sisbén y clasificados en alguno de sus niveles,
motivo por el cual este mecanismo de focalización forma parte inescindible de
los procedimiento por medio de los cuales el Estado distribuye bienes escasos. “En
esta medida, aquellas falencias que impidan o menoscaben el acceso de la
ciudadanía al SISBEN constituyen una vulneración del principio de igualdad
(C.P., artículo 13) en el proceso de asignación de bienes escasos”.
De lo anterior se desprende que existe un verdadero derecho subjetivo,
de naturaleza fundamental en cuanto esencial para la realización de la igualdad
real, a que la administración, una vez se han expedido las respectivas normas
generales, adelante los procesos de focalización del gasto social, en este caso
a través del Sisbén, que a su vez se aseguren que la distribución de bienes
escasos permita a la población más pobre y vulnerable atender sus necesidades
básicas. Este se trata de un derecho complejo, en el cual se relacionan el
debido proceso y el derecho a la igualdad material. “El debido proceso, en
este caso, adquiere una dimensión más amplia, pues no se entiende en el sentido
formalista de respetar los pasos fijados en la Constitución y en la ley para
adoptar decisiones, sino que adquiere un contenido sustancial, consistente en
que el Estado tiene la obligación de adelantar ciertos procedimientos, que
benefician a grupos indeterminados, pero determinables, de personas.  Así, el
debido proceso se vincula directamente con lo sustancial, adquiriendo primacía,
según los términos del artículo 228 de la Constitución[37]”.
En Sentencia T- 1083 de 2000, esta Corporación
estableció dos tipos de asuntos en las que es admisible la intervención del
juez de tutela:
En primer lugar,
cuando la implementación de los procesos de selección de beneficiarios y
adjudicación de subsidios incurre en graves irregularidades que impiden el
acceso en condiciones de igualdad, comprometen el debido proceso sustantivo o
vulneran el habeas data aditivo de los eventuales beneficiarios. En estas
circunstancias, mientras no existan mecanismos ordinarios de defensa, el sujeto
afectado podrá solicitar la protección de sus derechos a través de la acción de
tutela (…).
En segundo término, el juez constitucional está autorizado a intervenir
en los procesos de distribución del gasto social cuando los eventuales
beneficiarios cuestionen el diseño o las reglas generales de adjudicación de
los subsidios, siempre que resulte posible constatar a simple vista que los
criterios de adjudicación vulneran de manera flagrante las disposiciones
constitucionales. En estas circunstancias, el margen de acción del juez
constitucional es fuertemente restringido, pues se limita a constatar la
existencia de una disposición cuya aplicación vulnera abiertamente los derechos
fundamentales de los posibles beneficiarios y, en consecuencia, a inaplicar la
regla correspondiente. En estos casos, no puede olvidarse que la
responsabilidad de diseñar las políticas públicas de distribución del gasto
social esta constitucionalmente adjudicada al legislador democrático y, residualmente,
a las autoridades de administrativas de gobierno (C.P. art. 356 y 357).”
Posteriormente, en Sentencia T-441 de 2006 la
Corte estableció que las falencias del sistema de selección se predican
respecto de dos asuntos claramente definidos: i) el primero de ellos, se
traduce en la imposibilidad de la encuesta Sisbén, en determinados casos, de
identificar el nivel de pobreza de una familia o individuo; situación que trae
como consecuencia la exclusión de los programas sociales de personas, que de
forma objetiva, deben ser beneficiarios de los mismos; ii) el segundo tiene que
ver con la vulneración del derecho al debido proceso administrativo, cuando las
administraciones municipales deciden la exclusión de la encuesta sin contar con
un procedimiento previo que permita al beneficiario conocer y ejercer el
derecho de defensa ante tal actuación.
A su vez en la misma sentencia, concluyó que:
“En primer lugar, el sistema de selección impide en
algunas ocasiones el acceso a programas sociales, entre ellos el régimen
subsidiado de salud, a personas que si bien no obtienen un nivel de
priorización alto de acuerdo con los parámetros para la focalización del gasto
público, están en circunstancias de debilidad manifiesta y, por tanto, son
titulares de la protección especial por parte del Estado.  En segundo
término, habida cuenta las especiales características de la población objeto de
la encuesta Sisben, es imperativo contar con servidores públicos comprometidos
con la protección de sus derechos fundamentales, en especial la igualdad
material y el acceso democrático a los bienes y servicios públicos. Este
compromiso es, en estas condiciones, incompatible con la utilización del
sistema de selección de forma tal que promueva prácticas clientelistas.
Finalmente, las actuaciones relacionadas con la modificación del nivel para la
selección de beneficiarios a programas sociales y la exclusión de individuos o
grupos familiares del régimen subsidiado de salud, deben ceñirse a los
postulados que hacen parte del contenido esencial del derecho al debido
proceso.  En ese sentido, tales actuaciones de las autoridades públicas
están sujetas a los principios de motivación y publicidad propios de los actos
administrativos”.
Mediante Sentencia T- 054 de 2008, la Corte
señaló “que las entidades territoriales están obligadas a orientar y
suministrar a la población encuestada y a los participantes vinculados los
datos que éstos necesiten para acceder a los programas sociales y a los
subsidios que ofrece el Estado, así como a modificar y corregir, a solicitud
del interesado, cualquier tipo de información que hayan recaudado, todo ello
dentro del marco de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad que rigen la función administrativa, como
quiera que sólo bajo este entendido se garantiza la efectiva realización de los
derechos fundamentales involucrados en el Sistema de Selección de Beneficiarios
de Programas Sociales.”
Dicho sistema tiene como objetivo focalizar el
gasto social y de esta forma beneficiar a la población más necesitada. En el
caso de estar desactualizada la información, acontece la afectación del derecho
fundamental al habeas data. Dentro de esta perspectiva “la Corte ha
insistido en la existencia de un derecho fundamental a solicitar la
reclasificación y el consecuente deber – por parte del Estado – de determinar
oportunamente si la persona corresponde o no a un nivel diferente en el SISBEN”.[38]
La Sentencia T- 627 de 2014 señaló que las
personas tienen derecho a que la información de las bases de datos con que
cuenta el Sisbén sea actualizada, de acuerdo con el derecho fundamental al
habeas data. “Es por eso que cuando las personas han solicitado, ante las
autoridades competentes, que su calificación dentro del SISBEN sea actualizada,
probando su especial situación, y éstas no analizan los casos en concreto, la
Corporación ha ordenado, dependiendo el caso, dos cosas: (i) cuando se trate de
un conflicto que verse sobre reclasificación en el sistema, donde el
solicitante se encuentre en situación de discapacidad y/o incapacidad
económica, y se encuentre en un nivel superior al real, la autoridad judicial
puede ordenar la reclasificación; y (ii) cuando no se reúnen los requisitos,
pero de las pruebas aportadas a la solicitud se puede evidenciar que el
solicitante puede estar clasificado en un nivel superior al que le corresponde
y que adelantó las gestiones ante la entidad responsable de la focalización de
gasto social, mas ésta no resolvió de fondo su solicitud, en aras de proteger
el derecho fundamental al habeas data, la Corte ha ordenado a la entidad
territorial competente la realización de una nueva encuesta individual que
tenga en cuenta las circunstancias bajo las cuales se encuentra la persona.”
En consideración de lo expuesto puede decirse,
que la jurisprudencia constitucional ha establecido, que el Sisbén es el
instrumento más importante para focalizar el gasto social destinado a la
satisfacción de las necesidades básicas de la población más pobre y vulnerable.
Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de mantener actualizada la
información del estado socioeconómico en que se encuentran las personas, con de
fin de permitir que al momento de adjudicar el subsidio, se acceda en condiciones
de igualdad y no se vulneren los derechos al debido proceso y el habeas data.
7. El
derecho a la igualdad en asignación de subsidios. Reiteración de jurisprudencia
El artículo 13 de la Constitución establece que “todas las
personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y
trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”.
De acuerdo con la anterior disposición, en reiterada
jurisprudencia[39] constitucional, se ha
indicado que el derecho a la igualdad integra diferentes aspectos, entre ellos:
“(…) la noción de igualdad ante la ley (que garantiza un trato
igual entre iguales); la igualdad material (que permite que sean
constitucionalmente admisibles las diferenciaciones razonables y justificadas
entre diversos sujetos) y por último, el reconocimiento eventual a un
trato desigual más favorable para minorías[40].
En el Estado social de derecho, el derecho a la igualdad trasciende los
imperativos clásicos de la igualdad ante la ley y obliga al Estado a detenerse
en las diferencias que de hecho existen entre las personas. De esta
forma, la llamada igualdad material, supone un compromiso del Estado en
el diseño y ejecución de políticas[41]
destinadas a la superación de las barreras existentes para algunas personas que
por vulnerabilidad, no logran realmente integrarse en la vida social, política,
económica o cultural, en condiciones de igualdad[42].
Respecto al derecho de igualdad en la asignación de subsidio, la
Corte[43]  estableció
que “la garantía del
principio de igualdad en los procesos de asignación de subsidios, se logra a
través del acceso, en condiciones de igualdad, de todos los posibles
beneficiarios, a los procedimientos por medio de los cuales las instituciones
responsables distribuyen esos recursos. La escasez de los recursos para
programas sociales, determina que no exista un derecho público subjetivo a los
subsidios del Estado, y que la protección constitucional recaiga sobre el
respeto al procedimiento específico de distribución que cada derecho económico,
social y cultural implica”.
En este mismo sentido, la Sala Plena ha sostenido que:
“22. La realización del principio de igualdad
en la asignación de recursos escasos consiste en garantizar, a los posibles
beneficiarios, el acceso, en condiciones de igualdad, a los procedimientos por
medio de los cuales las instituciones distribuyen esos recursos. Si bien la
elección de los principios y procedimientos particulares de distribución que
cada entidad establece - con base en la ley - forman parte de su autonomía
operativa, éstos no pueden contrariar los parámetros que se derivan de los
principios y valores constitucionales: todos los posibles beneficiarios deben
tener iguales oportunidades de acceso; el procedimiento no puede favorecer a
ningún grupo de beneficiarios en particular; los mecanismos de selección no
pueden conducir a establecer discriminaciones contrarias a la Carta, etc.
(…)
(…) para que el proceso de asignación de
subsidios sea respetuoso de la Constitución, debe estar consagrado en una ley
que establezca claramente las condiciones objetivas que van a permitir la
selección de los beneficiarios en condiciones de igualdad. Adicionalmente, debe
contener garantías suficientes – claridad, publicidad, y recursos – para que
tanto su diseño como su implementación, pueda ser efectivamente controvertida
por las personas que se consideren afectadas. Esas son, nada menos, las
garantías de vivir en un Estado de derecho. De otra forma, como lo ha señalado
la Corte, la política pública podría ser fácilmente confundida con la
“dilapidadora y venal concesión de privilegios”  contraria a cualquier Estado
democrático.”[44]
En conclusión, el
principio de igualdad en los procesos de asignación de subsidios, se logra a
través del acceso, en condiciones de igualdad, de todos los posibles
beneficiarios, a los procedimientos por medio de los cuales las instituciones
distribuyen los recursos.
8. El alcance del derecho a la educación y la incidencia en los
programas asistenciales otorgados por el ICETEX
La Norma Superior en su artículo 67 contempla que “la
educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia,
a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura (…)”.
Del artículo citado, esta Corporación ha señalado que la educación
tiene doble connotación. En primera medida la educación “se constituye en la
garantía que propende por la formación de los individuos  en todas sus
potencialidades, pues a través de ésta el ser humano puede desarrollar y
fortalecer sus habilidades cognitivas, físicas, morales, culturales entre otras”,
y en segundo lugar como un servicio público, “la educación se convierte en
una obligación del Estado inherente a su finalidad social”.[45]
La Corte Constitucional, de manera reiterada ha establecido que el
derecho a la educación es “(i) es
un bien objeto de especial protección del Estado, y un derecho fundamental
susceptible de ser amparado mediante la acción de tutela[46]; (ii) un
presupuesto básico del ejercicio y goce de otros derechos fundamentales; (iii)
un servicio público cuya prestación es un fin esencial del Estado, y cuyo
núcleo esencial (iv) comprende el acceso a un sistema educativo que permita una
formación adecuada, y la permanencia en el mismo; y (v) un deber que genera
obligaciones entre los distintos actores del proceso educativo.”[47]
En lo que tiene que ver con el derecho de acceso
a la educación superior, la Corte ha dicho que se trata de un derecho de
carácter prestacional y que el Estado tiene la obligación de fomentar el acceso,
mediante la implementación de mecanismos que resulten adecuados y que estén
regidos bajo el principio de progresividad. Dentro de esta perspectiva la jurisprudencia
constitucional[48]
ha señalado que:
(…) el mandato de progresividad[49]
impone al Estado (i) la obligación inmediata de adoptar medidas positivas
(deliberadas y en un plazo razonable) para lograr una mayor realización
del derecho en cuestión, de manera que la simple actitud pasiva del Estado se
opone al principio en mención; (ii) la prohibición de discriminación y/o la
obligación de no imponer barreras injustificadas sobre determinados grupos
vulnerables; y (iii) la prohibición de adoptar medidas regresivas para la
eficacia del derecho concernido. Esta prohibición de regresividad o de
retroceso se erige en una presunción de inconstitucionalidad de la medida
legislativa o administrativa a evaluar.
El mandato de progresividad, “incorpora los principios de razonabilidad,
de acuerdo con el cual no se pueden adoptar medidas que restrinjan en alguna
medida los derechos constitucionales, si no obedecen a una razón y finalidad
constitucionalmente legítimas; y el principio de proporcionalidad, con los
subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto,
destinados a evaluar que los derechos fundamentales alcancen la mayor
efectividad posible, dentro de las posibilidades fácticas y jurídicas
existentes”[50].
En cuanto a la fundamentalidad del derecho a la educación, la
Sentencia T- 321 de 2007, la Sala conoció el caso de una persona que al obtener
el título de mejor bachiller, accedió a un crédito educativo con el ICETEX, entidad
que no desembolsó el dinero correspondiente por “falta de fondos”,
vulnerando así lo derechos fundamentales a la educación y al libre desarrollo
de la personalidad del accionante. En esta oportunidad la Corte analizó sí el
hecho de ser fundamental el derecho a la educación lo convertía en una garantía
de obligatorio cumplimiento de parte del Estado cuando se trata de educación
superior. Al respecto el Alto Tribunal expresó:
“No obstante que el Estado no tiene obligación directa en la
garantía del ejercicio del derecho de educación en niveles de estudios
superiores ni frente a personas mayores de quince años, la Constitución lo hace
responsable de la educación, conjuntamente con la familia y la sociedad, por lo
que tiene el deber de procurar el acceso progresivo de las personas a los distintos
niveles de escolaridad, mediante la adopción de diferentes medidas, dentro de
las que se destaca, por expreso mandato constitucional, la obligación de
facilitar mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las
personas aptas a la educación superior.
El cumplimiento de este deber
radicado constitucionalmente en cabeza del Estado, ha sido encomendado al
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior
“Mariano Ospina Pérez” (ICETEX), cuya importancia ha sido reconocida por esta
Corporación, como quiera que su objetivo de fomentar y promover el desarrollo
educativo de la nación, se dirige de manera directa a la realización del
individuo, de tal suerte que éste pueda integrarse de manera efectiva a la
sociedad.
De acuerdo con el artículo segundo de la Ley 1002 de 2005, el
ICETEX “tendrá por objeto el fomento social de la educación superior,
priorizando la población de bajos recursos económicos y aquella con mérito
académico en todos los estratos a través de mecanismos financieros que hagan
posible el acceso y la permanencia de las personas a la educación superior, la
canalización y administración de recursos, becas y otros apoyos de carácter
nacional e internacional, con recursos propios o de terceros. El Icetex
cumplirá su objeto con criterios de cobertura, calidad y pertinencia educativa,
en condiciones de equidad territorial. Igualmente otorgará subsidios para el
acceso y permanencia en la educación superior de los estudiantes de estratos 1,
2 y 3”.
En este sentido, la Sentencia T-845 de 2010, estudió el caso
de un joven que solicitó un crédito educativo al ICETEX, el cual fue negado
porque esta institución no tenía convenio con la Institución de Educación
Superior (IES) en la que se encontraba matriculado. En dicha oportunidad la
Corte consideró que se le vulneraron los derechos a la libertad de escoger
profesión u oficio y el derecho al acceso a la educación al accionante, por lo
que incorporó en su decisión los principios de razonabilidad y proporcionalidad
con los de idoneidad y necesidad, destinados a evaluar que los derechos
fundamentales, entre ellos el de educación, alcancen la mayor efectividad
posible. La sentencia señaló lo siguiente:
“Esta Corte, además, ha precisado las esferas positivas del
derecho, con base en  la dogmática del Comité de Derechos Económicos
Sociales y Culturales de la ONU. En tal sentido, expresó la Corporación en
sentencia T-1030 de 2006:
“Como derecho y como servicio público, la jurisprudencia
constitucional y la doctrina nacional e internacional han entendido que la
educación comprende cuatro dimensiones de contenido prestacional, a saber: (i)
la asequibilidad o disponibilidad del servicio, que puede resumirse en la
obligación del Estado de crear y financiar suficientes instituciones educativas
a disposición de todos aquellos que demandan su ingreso al sistema educativo,
abstenerse de impedir a los particulares fundar instituciones educativas e
invertir en infraestructura para la prestación del servicio, entre otras; (ii)
la accesibilidad, que implica la obligación del Estado de garantizar el acceso
de todos en condiciones de igualdad al sistema aludido, la eliminación de todo
tipo de discriminación en el mismo, y facilidades para acceder al servicio
desde el punto de vista geográfico y económico; (iii) la adaptabilidad, que se
refiere a la necesidad de que la educación se adapte a las necesidades y
demandas de los educandos y que se garantice continuidad en la prestación del
servicio, y (iv) la aceptabilidad, la cual hace alusión a la calidad de la
educación que debe impartirse.
En ese marco, la Corte ha expresado que el derecho a la educación
es “(i) es un bien objeto de especial protección del Estado, y un derecho
fundamental susceptible de ser amparado mediante la acción de tutela; (ii) un
presupuesto básico del ejercicio y goce de otros derechos fundamentales; (iii)
un servicio público cuya prestación es un fin esencial del Estado, y cuyo
núcleo esencial (iv) comprende el acceso a un sistema educativo que permita
una formación adecuada, y la permanencia en el mismo; y (v) un deber que genera obligaciones entre los
distintos actores del proceso educativo” (Subrayado en el
texto).
En razón a la similitud en uno de los casos objeto de estudio,
resulta importante traer a colación un asunto que resolvió recientemente el
Consejo de Estado[51]. En esa ocasión, la accionante en
representación de su hijo solicitó ante el juez constitucional la protección de
los derechos fundamentales a la igualdad, a la educación, al debido proceso y
al de petición, al considerar que el ICETEX bajo el argumento no estar inscrito
en la base de datos oficial del Sisbén, le niega a su hijo el acceso al
programa de crédito educativo condonable “Ser Pilo Paga 2”.
En el fallo, el Consejo de Estado estableció que: “el hecho de que el joven Sebastián Enrique Franco
Torres no haya cumplido con el requisito de estar inscrito en la base
certificada del SISBEN con corte de 19 de junio de 2015, no fue precisamente
por una actitud displicente o negligente del interesado, sino que la tardanza
en el trámite se deriva de circunstancias ajenas a su voluntad que no les
permitieron enterarse oportunamente de las fechas en que debía iniciar el
trámite, por lo que no resulta razonable que bajo este contexto se le impida
el acceso a la educación al joven Franco Torres”.
Por lo anterior, confirmó el fallo de primera instancia que
concedía la protección del derecho fundamental a la educación. A su vez, la misma sentencia estableció que:
“(…) es importante reiterar que el derecho a la educación contenido en el
artículo 67 de la Constitución Política la educación tiene una doble
connotación. En primer lugar, como derecho, la educación se constituye en la
garantía que se inclina por la formación de los individuos en todas sus
potencialidades, ya que a través de esta el ser humano puede desarrollar y
fortalecer sus habilidades físicas, morales, culturales, analíticas entre
otras, y en segundo lugar, como servicio público, la educación se convierte en
una obligación del Estado que es inherente a su finalidad social.
Teniendo en cuenta que la educación es un servicio público, como tal es
una obligación del Estado garantizar su accesibilidad en condiciones de
igualdad a todas las personas. Ello significa que las autoridades
administrativas además de garantizar el ingreso de los ciudadanos a las
instituciones educativas bajo el principio de progresividad[52], también
deben procurar los mecanismos financieros que hagan posible el acceso de las
personas a la educación superior y en esta medida les corresponde fomentar y
divulgar en todo el territorio nacional la información que le permita a los
ciudadanos tener acceso oportuno a los distintos programas sociales diseñados
para la financiación de estudios de educación superior.
Lo anterior teniendo en cuenta que la educación es el instrumento que “permite
a adultos y menores marginados económica y socialmente salir de la pobreza y
participar plenamente en sus comunidades”[53],
garantizándoles una mejor calidad de vida.
Se concluye entonces, que la educación es una obligación
progresiva que debe ser garantizado y promovido por el Estado, la sociedad y la
familia, sin que resulte admisible aceptar ningún tipo de restricción o
desconocimiento que impida su ejercicio.
9. Confianza legítima y buena fe.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que “a
partir del principio de la buena fe contemplado en el artículo 83 de la
Constitución Política, ha desarrollado la teoría de la confianza legítima, para
resolver los casos que generan un impacto general en los ciudadanos. El
principio de la buena fe tiene por objetivo erradicar las actuaciones
arbitrarias de parte de las autoridades públicas y de los particulares, ya que
el fin perseguido es que los hechos de éstos se aparten de subjetividades e
impulsos que generen arbitrariedad, y en consecuencia, se ciñan a niveles
aceptables de certeza y previsibilidad.”
En ese sentido, el principio de buena fe puede entenderse como un
mandato de “honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que
acompaña la palabra comprometida (…) permite a las partes presumir la seriedad
en los actos de los demás, dota de (…) estabilidad al tránsito jurídico y
obliga a las autoridades a mantener cierto grado de coherencia en su proceder a
través del tiempo.”[54]
Frente
a la confianza legítima establece que le está limitado a la administración modificar
las “situaciones jurídicas originadas en actuaciones precedentes que generan
expectativas justificadas (y en ese sentido legítimas) en los ciudadanos, con
base en la seriedad que -se presume- informa las actuaciones de las autoridades
públicas, en virtud del principio de buena fe y de la inadmisibilidad de
conductas arbitrarias, que caracteriza al estado constitucional de derecho”.[55]
La
Corporación ha indicado que
“el principio de la confianza legítima constituye una proyección de la buena fe
que debe gobernar la relación entre las autoridades y los particulares y
permite conciliar, en ocasiones, el interés general y los derechos de las
personas. Esa confianza legítima se fundamenta en los principios de la buena fe
consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, en la seguridad
jurídica estipulada en los artículos 1º y 4 del Ordenamiento Superior y en el
respeto al acto propio y adquiere una identidad propia en virtud de las
especiales reglas que se imponen en la relación entre administración y
administrado”.[56]
Por
tanto, le queda vedada a la Administración cambiar “situaciones jurídicas originadas
en actuaciones precedentes que generan expectativas justificadas (y en ese
sentido legítimas) en los ciudadanos, con base en la seriedad que -se presume-
informa las actuaciones de las autoridades públicas, en virtud del principio de
buena fe y de la inadmisibilidad de conductas arbitrarias, que caracteriza al
estado constitucional de derecho”[57]
Respecto
a la educación, “el principio de la confianza legítima se ha aplicado cuando
al administrado se le ha generado una expectativa seria y fundada de que las actuaciones
posteriores de la administración, y en casos excepcionales de los particulares,
serán consecuentes con sus actos precedentes, lo cual generan una convicción de
estabilidad en sus acciones”[58].
La
Corte ha revisado casos en los que se ha vulnerado el principio de buena fe y
confianza legítima en materia de educación superior. En éstos, prima la
particularidad de que una vez se genere la confianza legítima en los
particulares, ésta no puede ser defraudada, so pena de vulnerar el principio de
la buena fe que debe guiar las actuaciones de todas las personas.
En
Sentencia T- 689 de 2005, la Corte resolvió el caso de un estudiante al que el
ICETEX le aprobó un crédito educativo para estudiar en Universidad, pero
después de tres semestres de haber desembolsado el dinero, revocó el préstamo bajo
el argumento que dicha institución no se encontraba acreditada según los
requisitos exigidos por la ley, la Sala precisó que:
“no existe un derecho adquirido por el actor frente al ICETEX en
lo que se refiere al otorgamiento del crédito educativo. Esto se explica porque
la concesión de un crédito de cualquier clase exige el cumplimiento de unos
requisitos. En materia educativa, se debe cumplir con requerimientos académicos
y administrativos, de conformidad con el reglamento de crédito educativo.
Adicionalmente, el crédito está sometido a un plazo que corresponde a un
período académico determinado (normalmente un semestre académico).
Ahora
bien, el hecho de que no se creen derechos adquiridos frente al otorgamiento de
un crédito educativo, no conlleva
necesariamente a afirmar que no pueda existir una violación de derechos de
carácter fundamental cuando los particulares se han creado expectativas
legítimas frente a la actuación de la administración. En este caso, la
expectativa del actor era que la renovación de su crédito educativo se
produjera para continuar realizando sus estudios (…)”.
A su
vez, la mencionada sentencia estableció que:
“Así
las cosas, la Sala considera que en el momento en que el Municipio aprobó el
crédito al accionante para cursar una carrera completa, generó la confianza legítima de que
ello ocurriría, por lo que ésta no puede ser defraudada, toda vez que un
comportamiento en tal sentido, no sólo vulneraría el principio de buena fe que
debe irradiar las actuaciones de la administración, sino que cercenaría las
oportunidades reales del accionante, quien no obstante ser una persona de
escasos recursos y carecer de empleo, se trasladó de su municipio de origen a
Bogotá, para realizar sus estudios superiores y realizarse personal y
profesionalmente”.
En
Sentencia T-845 de 2010, la Corte estudió el caso de una joven que elevó solicitud de crédito estudiantil
ante el ICETEX a través del portal de internet de la institución, pero este fue
negado por no cumplir con un requisito que no aparecía publicado en la página
web, en esta oportunidad la Sala Revisión
concedió la protección constitucional al derecho a la educación y a la libertad
de escoger profesión u oficio, al considerar que:
“(…)
toda la información y el acompañamiento dado por el Icetex a la petición de la
accionante, si bien no le daban el derecho a acceder a un crédito educativo, sí le generaron la expectativa legítima de que su petición sería
estudiada con base en parámetros objetivos previamente establecidos y conocidos
por los asociados.(…) a juicio
de la Sala el Icetex desconoció el principio de respeto por el acto propio, al
publicar ciertas condiciones para el acceso al crédito educativo y luego,
publicar un reporte de “estado de la solicitud” contradictorio, en tanto
informa que el crédito se estudia dentro de determinados parámetros, pero lo
niega por un motivo diferente, ajeno a la voluntad y al conocimiento de la
accionante.
En ese
orden de ideas, la Sala considera que el Icetex vulneró el debido proceso e
(sic) la peticionaria al rechazar su crédito, con base en  un requisito
desconocido por ella e impuesto unilateral y sorpresivamente por la parte
accionada. Si bien la Sala no puede ordenar que se estudie la solicitud de
crédito para períodos académicos vencidos, sí considera pertinente dictar una
orden de prevención para que el Icetex no incurra en el futuro en este tipo de actuaciones,
incompatibles con el contenido normativo del principio de buena fe y lesivas
del derecho fundamental al debido proceso.
Adicionalmente, el principio de la confianza legítima tiene como
condición que el administrado tenga unas expectativas creadas por la actuación
de la administración, las cuales pueden ser modificadas cuando se hallen en
tensión con principios como el del interés general, pero que exigen de la
administración una actuación que haga menos traumática para el afectado la
modificación de sus condiciones vigentes[59].
En conclusión, “el principio de la confianza legítima es una
consecuencia del principio constitucional de la buena fe y está marcado por
estas características: (i) el Estado no puede de manera intempestiva modificar
disposiciones que regulaban sus relaciones con los particulares, sin que se les
otorgue a los mismos un período de transición para adecuar su comportamiento a
una situación jurídica distinta; (ii) con el principio de  confianza legítima
no se pretende proteger derechos adquiridos, sino tan sólo amparar unas
expectativas legítimas que los particulares se habían creado con base en
comportamientos de la administración pública (activos u omisivos), regulaciones
legales o interpretaciones de las disposiciones jurídicas; (iii)  como
cualquier otro principio, la confianza legítima exige ser ponderada en el caso
concreto, con otros principios como el de la protección del interés general”.[60]
10. Casos concretos
De acuerdo a lo expuesto en precedente,
procederá la Sala a determinar si se reúnen en los casos bajo estudio los
requisitos para la procedencia de la acción de tutela.
10.1. Estudio de procedencia excepcional de la acción de tutela
aunque existan otros mecanismos de defensa judicial
El artículo 86 de la Constitución consagra la acción de tutela
como un mecanismo de protección inmediata y efectiva de los derechos
fundamentales de las personas, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los
particulares, en los casos establecidos en la Constitución y en la ley, pero si
para la protección de la misma disponen de otros medios de defensa judicial, el
amparo constitucional se torna improcedente. La norma le imprime un carácter
subsidiario y residual, que pretende salvaguardar el principio del juez
natural, de manera que para resolver los conflictos, primero se recurra a los
mecanismos judiciales de defensa que el legislador previamente había regulado[61].
Esta
Corporación ha señalado en reiteradas[62] ocasiones, que en los casos en
que existan medios judiciales ordinarios de protección al alcance del accionante,
el amparo será procedente si el juez constitucional logra determinar que: (i)
los mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos
y eficaces para garantizar la protección de los derechos presuntamente
vulnerados o amenazados; y (ii) con el fin de evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable.
Con base en lo
anterior, la Sala debe evaluar la procedencia de las solicitudes de
amparo, en tanto que las respuestas del ICETEX que negaron los subsidios de
sostenimiento y la beca “Ser Pilo Paga 2”, consisten en actos administrativos
de contenido particular y concreto.
Así las cosas,
en principio, se trata de solicitudes improcedentes, por cuanto los accionantes
disponen de otros medios de defensa judicial para reclamar
la garantía de sus derechos constitucionales, como lo son los medios de control
establecidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que
prevén la posibilidad de solicitar la suspensión provisional de los actos. Sin
embargo, en los casos sub examine, este medio
no es eficaz, ni idóneo para evitar la ocurrencia en la lesión de sus derechos
fundamentales, por razones relacionadas con las condiciones de vulnerabilidad de
los solicitantes y el tiempo de duración de los procesos ante la jurisdicción,
lo que representa una carga que los accionantes no están en posición de
soportar, que se agrava además con el transcurso del tiempo.
En los casos sub judice, nos encontramos frente a dos
pretensiones: la primera está relacionada con el reconocimiento del subsidio de
sostenimiento establecido en el Acuerdo No. 013 de 2015 (respecto a los Expedientes T-5.495.062, T-
5.511.758, T- 5.532.720, T-5.538.707), y la segunda, con el acceso al
programa “Ser Pilo Paga 2” (Expediente T-5.502.702).
Respecto de la primera pretensión encuentra la Sala, que resulta
procedente el amparo, toda vez que no solo se pretende la ayuda económica, para
el caso, el subsidio de sostenimiento, sino que detrás de la negativa de dicho
beneficio, se ve afectado el mínimo vital de las familias de los accionantes,
pues este auxilio es una prestación que brinda el Gobierno con el fin de
proteger el derecho a la educación de las personas más vulnerables, que no
cuentan con los recursos económicos necesarios para sufragar los gastos que
genera la asistencia a clase y de esta manera garantizar su permanencia.
En lo que tiene que ver con la pretensión del accionante Abraham Lemus
Palacio y el acceso a la segunda versión de Ser Pilo Paga, advierte la
Sala que no se trata de un asunto económico, puesto que como fue advertido, este
programa lo que busca es fomentar la excelencia y la calidad de la educación superior y
favorecer a estudiantes con menos recursos económicos en el país, quienes no
tienen la posibilidad de acceder a la educación superior.
Es por lo anterior, que las acciones de tutela instauras por los
accionantes, respecto del reconocimiento subsidio de sostenimiento y el acceso
al programa “Ser Pilo Paga 2” son procedentes, en tanto que el medio
ordinario de defensa resulta ineficaz, frente al compromiso de derechos como el
mínimo vital y la educación en persona de bajos recursos económicos.
Desde los anteriores presupuestos procede la Sala al examen de fondo
de cada uno de los casos.
10.2. Análisis de la vulneración de los derechos
fundamentales de los accionantes.
Con fin de analizar los casos en concreto, se estudiara los
expedientes               T-5.495.062,
T-5.511.758, T-5.532.720 y T-5.538.707 que solicitaron el subsidio de
sostenimiento y por último la tutela T- 5.502.702 que hace referencia al programa
“Ser
Pilo Paga 2”.
10.2.1. Expedientes de tutela que solicitan el
subsidio de sostenimiento.
10.2.1.1. Expediente: T-5.495.062
Diego Alexander Pérez Pinzón solicitó la
protección de sus garantías constitucionales a la educación y la igualdad,
derechos que han sido vulnerados por ICETEX, al negarle el subsidio de
sostenimiento, bajo el argumento de que no estaba registrado en el Sisbén al
momento de la adjudicación del crédito.
El actor mediante derecho de petición[63] solicitó
al ICETEX el reconocimiento del subsidio de sostenimiento. La entidad accionada
en respuesta manifestó que al momento de la adjudicación del crédito no se
encontraba registrado en la base de datos del Departamento Nacional de
Planeación, razón por la cual no fue otorgado el beneficio. La Sala observa que
en dicha respuesta la entidad solo se limitó a informar que el joven Diego
Alexander no cumplía con los requisitos exigidos por la institución, sin sustentar
lo afirmado.
La Sala
considera necesario señalar los requisitos para acceder al subsidio de
sostenimiento: i)
estar registrado en la base de datos del Sisbén III y ii) cumplir con los
puntos de corte establecidos (en este caso se trata de una zona urbana
diferente a las 14 principales ciudades, cuyo puntaje es mínimo es cero y
máximo 52.72). De acuerdo con las pruebas aportadas al expediente y el certificado
expedido por el Sisbén, el actor se encuentra registrado desde el quince (15)
de octubre de dos mil catorce (2014)[64] y cuenta
con una puntaje de 34,67, es decir, menos del requerido. Frente a la solicitud
de crédito, esta se realizó el veintiocho (28) de diciembre de dos mil catorce
(2014)[65]. De este modo al verificar la
información, se evidencia que el accionante al momento de solicitar el crédito,
sí cumplía con los requisitos para acceder auxilio que otorga el gobierno.
En este orden de
ideas, la Sala estima que
fue establecida una barrera que le impide al actor disfrutar del beneficio al
que tiene derecho, máxime si se considera que su finalidad es la de auxiliar a
los jóvenes que se encuentra en proceso de formación universitaria, que no
cuentan con los recursos económicos necesarios para su sostenimiento y
permanencia en el sistema educativo. Por otra parte, el Estado tiene la
obligación de mantener actualizada la información del estado socioeconómico en
que se encuentran las personas, y no representarle una carga al momento de acceder
a un subsidio.
Así las cosas, se encuentra demostrado la vulneración del
derecho a la educación del actor, por lo cual, la Sala ordenará al ICETEX el
pago del subsidio de sostenimiento a Diego Alexander Pérez Pinzón desde el
momento en que le fue aprobado el crédito educativo. Por lo mismo, la Sala
procederá a revocar la sentencia del veinte (20)
de enero de dos mil dieciséis (2016), proferida por el Juzgado Dieciocho Penal
del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, para en su lugar,
conceder la tutela de los derechos invocados por el accionante.
10.2.1.2. Expediente T-5.511.758
Karen Daniela Díaz Camargo instauró acción de tutela contra el
ICETEX, con el fin de obtener el subsidio de sostenimiento, teniendo en cuenta
que desde el año 2004 es beneficiaria del Régimen Subsidiado de Salud. Para el
efecto elevó derecho de petición solicitando la entrega del auxilio, la cual
fue negada por no estar registrada en el Sisbén.
Entre las pruebas allegadas al
proceso reposan las copias del registro de solicitud de actualización del
documento tarjeta de identidad a cédula de ciudadanía de Karen Daniela Díaz
Camargo[66], y el carnet del Certificado del Sistema
de Selección de Beneficiarios Sisbén de la Alcaldía de Bucaramanga[67], en el que consta que la accionante es
beneficiaria desde el veinticinco (25) de agosto de dos mil cuatro (2004) junto
con su grupo familiar.
Para resolver el caso la Sala verificará el
cumplimiento de los requisitos para acceder al subsidio de sostenimiento. Se
tiene que el crédito fue aprobado el doce (12) de diciembre de dos mil catorce
(2014)[68];
la certificación del Sisbén de la accionante reporta fecha de modificación del
diez (10) de octubre de dos mil catorce (2014) con un puntaje de 44,83[69].
De este modo y de conformidad con la información referida, la accionante cumple
con los requisitos para ser beneficiaria del auxilio.
Al considerar la prueba obrante en el proceso, la Sala
percibe una conducta injustificada por parte del ICETEX y del Sisbén, en el
sentido de asignar cargas que no debe soportar la accionante y de erigir
barreras que le impiden el acceso a los beneficios a los que tiene derecho. En
opinión de la Sala, las autoridades públicas concernidas debieron concurrir
diligentemente a la actualización del registro del documento de identidad de la
accionante, y el ICETEX debió dar una respuesta de fondo a su solicitud,
informándole por qué no aparecía en el sistema. Como fue señalado con
anterioridad, es deber del Estado mantener actualizada la información
relacionada con el nivel de pobreza de las familias y de las personas que la
conforman.
Respecto del argumento señalado por la accionada,
según el cual la accionante no completó la casilla del Sisbén al momento de
solicitar el crédito, considera la Sala que dicha circunstancia no puede
erigirse en una barrera que impida el acceso al subsidio, máxime si se
considera, que se trata de una información que está a cargo de las autoridades
públicas. En este sentido se procederá al amparo, ordenándole al ICETEX que
efectúe el pago del subsidio de sostenimiento a Karen Daniela Díaz Camargo desde el momento en que le fue
adjudicado el crédito educativo.
De conformidad con lo expuesto, la Sala revocará la sentencia del primero
(1) de febrero de dos mil dieciséis (2016), proferida por la Sala de Decisión
Penal de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, que a su vez confirmó el
fallo del veinticinco (25) de noviembre de dos mil quince (2015) del Juzgado
Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, que negó el amparo constitucional
solicitado, y en su lugar conceder la tutela de los derechos
fundamentales invocados por la accionante.
10.2.2. Expedientes
de tutela que solicitan el subsidio de sostenimiento, a los que les fueron
adjudicadas tarjetas débito
10.2.2.1. ExpedienteT-5.538.707
Karen Carolina Meza Correa formuló acción de tutela en contra de ICETEX
por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad y a la
educación, generada por la negativa en la entrega del subsidio de
sostenimiento. La accionante accedió a un crédito educativo en la modalidad “Acces”,
el cual financia el 75% del valor de la matrícula y que a su vez otorga un
subsidio de sostenimiento. Sin embargo no recibió dicho auxilio.
Por lo anterior, radicó
a través de un aplicativo de la página web de la accionada un derecho de
petición, el que le fue resuelto de modo negativo, bajo el argumento según el
cual, la peticionaria no cumplía con los requisitos exigidos por el ICETEX para
ser beneficiaria del subsidio del sostenimiento.
Dentro de las
pruebas aportadas al proceso, obra certificación expedida por el Sisbén, que
reporta como fecha de modificación el dieciocho (18) de junio de dos mil catorce
(2014)[70],
con un puntaje de 26,67. Asimismo reposa certificación del “cuatro (11)
(sic) días del mes de marzo del año 2014”, en  la que se acreditó que la joven
Meza Contreras pertenece “a la etnia Zenú y por tanto goza del fuero
especial indígena dentro del territorio nacional y ante las organizaciones del
Estado”[71].
La Sala observa que de
acuerdo con los requisitos establecidos en el Acuerdo No. 013 de 2015[72], la calidad
de indígena debe ser acreditada mediante un instrumento distinto al Sisbén,
para el caso, la certificación expedida por una autoridad de la comunidad,
pueblo o resguardo del que hace parte. En el caso sub
examine la accionante
aportó una certificación expedida por el Capitán Menor del Resguardo Indígena
Colonial Zenú, en la cual acreditó su condición de indígena, pero está fue con
posteridad a la solicitud del crédito[73].
Es importante precisar que el artículo
3° del mencionado acuerdo, señala que el subsidio de sostenimiento “se otorgará previa
validación del cumplimiento de requisitos en el proceso de adjudicación del crédito
educativo. Las condiciones con que se evalúa el crédito a nivel de Sisbén o
población vulnerable NO podrán ser modificadas por el beneficiario del crédito
educativo”.
De conformidad con
lo expuesto, la accionante acreditó que pertenece a una comunidad indígena y
que por lo mismo, se trata un sujeto de especial protección constitucional. Pese
a lo anterior, el ICETEX afirmó que la peticionaria no cumplía con los
requisitos exigidos[74]
para acceder al subsidio. La Sala encuentra que en la información brindada por el Departamento
Nacional de Planeación no obra el día en que la peticionaria fue inscrita al
sistema, sin que sea posible verificar la realización de alguna modificación o
actualización que hayan generado cambios en el sistema.
La Sala advierte que
el Departamento Nacional de Planeación no está brindando las herramientas que
permitan identificar de forma clara, la fecha en la que los beneficiarios del
Sisbén se encuentran registrados en el sistema, carga de actualización que no
puede ser trasladada a la accionante, teniendo en cuenta que el Instituto
accionado en su respuesta solo infiere “que no cumple con los requisitos
exigidos por el ICETEX para ser beneficiario del subsidio de sostenimiento”,
sin precisar la fecha de realización de la consulta en el Sisbén.
De acuerdo con la
prueba obrante en el proceso, el ICETEX entregó a la accionante una tarjeta
débito por medio de la cual serían efectuados los pagos del subsidio[75].
Si bien la actuación desplegada puede ser atribuible a una falla en el proceso de
otorgamiento del subsidio, dicha circunstancia creó una expectativa en la accionante
quien en este caso, vio
frustrados sus anhelo de acceder a una ayuda económica que le permitiría cubrir
los gastos que genera la estadía en la ciudad de Sincelejo sede de la
universidad, pues su residencia es en el Corregimiento de Granada en el
Municipio de Sincé (Sucre), por lo que debe sufragar $210.000 mensuales por
concepto de vivienda y gastos de transporte, lo que afecta el mínimo vital de
su familia, enmarcada en situación de vulnerabilidad.
La Sala no desconoce
la vigencia de las normas que reglamentan el otorgamiento del subsidio de
sostenimiento (Acuerdo No. 013 de 2015), pero advierte  “que son preceptivas
férreas que deben ponderarse en cada caso concreto y que no contemplan
hipótesis normativas para situaciones  límites” [76] como las que
viven las personas pobres del país, quienes tan solo pueden sufragar sus gastos
con los auxilios que el Estado proporciona y que en eventualmente, acuden a la
tutela como mecanismo de protección frente a la amenaza de sus derechos.
La Sala encuentra
que se vulneró el principio de la confianza legítima, pues (i) la entrega de la
tarjeta débito condujo a la accionante a creer que era beneficiaria del
subsidio; (ii) había una razón
objetiva para confiar, pues se trata de una persona de
escasos recursos, que con su conducta no pretende aprovecharse de la ayuda económica,
pues lo que hacía falta era una certificación que reflejará su situación
socioeconómica; (iii) y procede la ponderación entre lo dispuesto en la norma
reglamentaria frente a principios como el de la protección de las
personas en condición de vulnerabilidad.
Por ello, en aras de
conceder el amparo de los derechos invocados, se inaplicaran únicamente para
este caso, las normas del reglamento que no permitieron el otorgamiento del
auxilio, por lo tanto se ordenará el pago del subsidio de sostenimiento, desde
el momento en que fue adjudicado el crédito.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala Octava de Revisión procederá a revocar la sentencia
del nueve (9) de octubre de dos
mil quince (2015), proferida por la Sala Civil, Familia, Laboral de Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, que a su vez confirmó el fallo del
diecisiete (17) de septiembre de dos mil quince (2015) del Juzgado Primero
Civil del Circuito  de la misma ciudad, que negó el amparo constitucional solicitado, y en su
lugar conceder la tutela de los derechos fundamentales invocados por la
accionante.
Por esta razón, se ordenará al ICETEX que inaplique sólo para este caso, el artículo 3° del Acuerdo No. 013 de 2015, “Por el cual se modifica la política de
otorgamiento de los subsidios de sostenimiento y se actualizan los puntos de
corte del Sisbén III para efecto de adjudicación de subsidio de crédito
educativo”. La Corte encuentra que hay lugar a aplicar la
excepción de inconstitucionalidad de conformidad con el artículo 4 de la
Constitución, toda vez que, en la actuación desplegada por el ICETEX y de la
aplicación del mencionado acuerdo, se desconoció el principio de la confianza
legítima en las actuaciones de la administración y se vulneró el derecho a la
educación de Karen Carolina Mesa Correa.
10.2.2.2.
Expediente T-5.532.720
Luis Andrés Andrade Cancimance
instauró acción de tutela
contra el ICETEX, con el propósito de obtener la entrega del subsidio de
sostenimiento otorgado por el ICETEX.
El accionante elevó una
solicitud de subsidio de sostenimiento ante el ICETEX[77], siéndole negado lo pedido, bajo el argumento de
que al validar los datos se evidenció que a la fecha de adjudicación del
crédito (el cuatro (4) de febrero dos mil catorce (2014)), no se encontraba en
la base de datos oficial entregada por el Departamento Nacional de Planeación.
De acuerdo con las pruebas aportadas,
la Sala observa que la certificación expedida por el Sisbén tiene fecha de
modificación[78] tres (3) de
julio de dos mil catorce (2014), documento que no evidencia la época en la cual
el accionante ha hecho parte del sistema de focalización, y su puntaje es del
42,37. En principio el actor no cumple con los requisitos para acceder al
subsidio. Sin embargo, la Sala considera que el Departamento de Planeación
Nacional tiene la obligación de entregar y actualizar la información de las
personas que se encuentra en situación de vulnerabilidad, de forma tal que
cuando una entidad del Estado ofrece un subsidio, pueda contar con los
instrumentos necesarios para verificar los antecedentes del usuario
relacionados con el documento de identidad, su número, los nombres del
peticionario y otros datos personales.
Por otra parte, la Sala no
puede desconocer la declaración juramentada rendida por el accionante ante el
juzgado en la que manifestó lo siguiente:
“… Yo solicité el
subsidio, tenía que hacer una carta y presentar una fotocopia del SISBEN en las
oficinas de ICETEX de aquí de pasto, me dijeron  que esperara la respuesta en
mi correo y en el 2014 me llegó la información que el subsidio estaba aprobado
y que me iban a llegar una tarjeta recargable que debía recoger en el Banco Popular.
Fui al banco y me dijeron que no había llegado nada, después de varias veces de
acercarme al ICETEX y al BANCO POPULAR casi durante 6 meses o más para que me
llegue la tarjeta, cuando me llegó decía  que en 48 horas me iba a llegar el
giro que era aproximadamente un salario mínimo por cada semestres, pasado este
tiempo fui al cajero y no llegaba nada eso fue más o menos en octubre de 2015,
fui de nuevo al ICETEX y me dijeron que yo no tenía derecho al subsidio cuando
ya me lo habían aprobado; eso lo dijo un asesor después de revisar en el
sistema y de manera verbal que porque cuando yo recién solicité el crédito no
tenía el puntaje del SISBEN porque cuando uno pide el crédito debería mandar el
puntaje, pero ese no era requisito para el crédito, porque yo lo envié con la
solicitud del subsidio, yo nunca he tenido otro puntaje….”[79]
De lo anterior, la Sala
encuentra que la entidad accionada desplegó una actuación irregular al
entregarle al actor una tarjeta débito[80]recargable
con la que se haría el desembolso del subsidio, situación que como afirmó el
accionante, se dio porque cumplía con los requisitos que establece el Acuerdo No. 013 de 2015. No obstante, el ICETEX le informó que no
era beneficiario del auxilio, corrigiendo en cierta medida su actuar.
Así las cosas, de los supuestos fácticos planteados
anteriormente, la Sala encuentra que la actuación del ICETEX fundó en el actor
la confianza legítima de que con la entrega de la tarjeta débito, se
materializaba la aprobación del subsidio. En efecto, al joven Andrade
Cancimance se le generó una expectativa legítima, en la convicción de haberle
sido reconocido el derecho al subsidio, por cumplir los requisitos exigidos por
las normas, de conformidad con las informaciones que estaban en poder de las
entidades del Estado.
La Sala advierte que la decisión a adoptar tiene
fundamento exclusivo en la actuación irregular del ICETEX, consistente en la no
entrega del subsidio de sostenimiento. La entidad demanda no valoró la
situación socioeconómica de la accionante, la que se reflejaba en el puntaje
del Sisbén, lo que condujo a la vulneración de su derecho a la educación. La
Corte aclara que este caso no constituye precedente válido que, de manera
general, justifique el cambio de las políticas públicas respecto al subsidio de
sostenimiento que otorga el Gobierno nacional a través de este Instituto, las
cuales tienen como propósito específico avanzar en el objetivo de lograr una
mayor calidad en la educación superior.
Por las anteriores razones, la Sala procederá a revocar la sentencia del diecisiete (17) de marzo de dos mil dieciséis
(2016) proferida por la Sala de Decisión Penal de Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Pasto
que a su vez confirmó el
fallo del tres
(3) de febrero de dos mil dieciséis (2016), del Juzgado Segundo Penal del
Circuito Especializado de San Juan de Pasto,
que negó el amparo
constitucional solicitado, y en su lugar conceder la tutela de los
derechos fundamentales invocados por el accionante. De conformidad con el
artículo 4 de la Constitución Política, se inaplique para el caso concreto, el artículo
3° del Acuerdo No. 013 de 2015, “Por el cual se modifica la política
de otorgamiento de los subsidios de sostenimiento y se actualizan los puntos de
corte del Sisbén III para efecto de adjudicación de subsidio de crédito
educativo”, de acuerdo con las consideraciones realizadas en esta
providencia.
En consecuencia, la Sala ordenará al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y
Estudios en el Exterior (ICETEX) que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta providencia, realice las gestiones
necesarias para que se pague el subsidio de sostenimiento.
10.2.3. Expediente de tutela que solicita el
crédito condonable “Ser Pilo Paga 2”
10.2.3.1. Expediente T- 5.502.702
Rosa Nilla Lemos Aguilar, actuando en
representación de su hijo, Abraham Lemus Palacios formuló acción de tutela contra el ICETEX y el
Ministerio de Educación Nacional, con el fin de acceder al programa “Ser
Pilo Paga II”.
De las
pruebas aportadas por el accionante, se evidencia el “Listado de ficha y
hogar en histórico” del Sisbén[81] con fecha
de encuesta tres (3) de marzo de dos mil once (2011), en el que la accionante y
su hijo cuentan con un puntaje del 29.14. Asimismo, en la contestación[82] dada por el Departamento Nacional de
Planeación –DNP – refiere que Abraham Lemus Palacios se encontraba en la base datos Sisbén
Metodología III, con el documento de identidad 98120754789, cuyo documento fue
corregido por el número 98120754785.
Para la Sala,
es evidente que este error en el manejo de datos no puede ser trasladado al
joven, más aun cuando en respuesta dada por Departamento Nacional de Planeación
– DNP-  al juez de primera instancia, manifestó que el joven LEMUS PALACIOS, sí
se encontraba en la base datos Sisbén metodología III del 19 de julio de 2015,
cumpliendo así con los requisitos exigidos para acceder al programa.
La Sala encuentra
que el caso sub examine
se está coartando la oportunidad de acceder al beneficio dado por
el Gobierno Nacional, pues el Estado es el encargado de garantizar el acceso a
la educación en igualdad de condiciones, dando prioridad a la población
económicamente vulnerable y a los estudiantes con mayores méritos académicos.
La Constitución protege el derecho fundamental a la educación como un medio
para que el individuo se integre efectiva y eficazmente a la sociedad, hace
parte de los derechos esenciales de las personas, en la medida en que el
conocimiento es inherente a la naturaleza humana. Por tanto, establecer barreras
que le impiden al joven Abraham Lemus Palacios recibir la beca, pese a cumplir a
cabalidad con los requisitos para acceder al programa “Ser Pilo Paga 2”,
desconoce su derecho fundamental a la educación y a la igualdad.
De acuerdo con lo anterior, la Sala revocará la
sentencia del siete (7) de abril de dos
mil dieciséis (2016) proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, que denegó
la solicitud de amparo formulada por Rosa Nilla lemos Aguilar actuando en
representación de su hijo, y en
su lugar confirmar el numeral primero del fallo proferido el veintitrés (23) de
febrero de dos mil dieciséis (2016), por la Sala Primera de Decisión Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, que concedió al amparo de
los derechos fundamentales a la educación e igualdad de Abraham Lemus
Palacios.
La Sala advierte que es necesario modificar el numeral
segundo de la parte resolutiva del fallo impugnado, con el fin de ordenar al
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior
-ICETEX, que dentro de los cinco
(5) días siguientes a la notificación del presente fallo, incluya a Abraham Lemus Palacios en la lista de beneficiarios
para la siguiente convocatoria “Ser Pilo Paga” y, cumplido esto,
adelante las gestiones pertinentes para la asignación de los recursos y ayudas
que contempla el programa.
11. Síntesis de la decisión
11.1. En la presente oportunidad la Corte examinó
cinco casos, relacionados con solicitudes de amparo elevadas por jóvenes
beneficiarios del programa institucional “Ser Pilo Paga”. Cuatro de ellos solicitaron
la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, la educación y el
debido proceso, presuntamente vulnerados por el ICETEX, en atención a que a
pesar de haber sido reconocidos como beneficiarios, les fue negado el pago del subsidio de sostenimiento
por no encontrarse registrados en la base de datos del Sisbén. En el quinto
caso se alegó la violación de los derechos fundamentales de un menor por parte
del ICETEX, al que le fue negado el otorgamiento
del crédito condonable establecido en el programa “Ser Pilo Paga 2”,
fundando su decisión, en que a la fecha de la solicitud, no se encontraba
inscrito en la base de datos del Sisbén con los puntajes de corte establecidos
en la convocatoria.
El ICETEX se opuso a las solicitudes
de amparo, bajo el argumento según el cual, al momento de la adjudicación de
los créditos y de la validación de los requisitos para aplicar a la
convocatoria del programa “Ser Pilo Paga 2”, ninguno de los accionantes
se encontraban registrados en la bases de datos del Departamento de Nacional de
Planeación –DNP –, razón por la cual, no accedió en la entrega de los subsidios
de sostenimiento de los que habían solicitado el crédito educativo, ni para el
beneficiario del programa beca.
11.2. A efectos de revisar los fallos de
instancia, evaluar las solicitudes de amparo y resolver los problemas jurídicos
planteados, la Sala abordó el estudio de tres cuestiones institucionales: los
elementos constitutivos del programa Ser Pilo Paga, Fases I y II, y de
los beneficios allí contemplados, entre los que se encuentra el subsidio de
sostenimiento otorgado a los beneficiarios de créditos educativos en la línea
de pregrado; el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos
en el Exterior –ICETEX-, evaluado desde sus objetivos, funciones y
organización; y el Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas
Sociales - SISBÉN y su incidencia dentro del programa “Ser Pilo Paga” y
el subsidio de sostenimiento. Presentada esa parte institucional, la Sala se
ocupó del derecho fundamental a la educación y del derecho a la igualdad, en
relación con los programas asistenciales y la entrega de subsidios derivados de
ellos, así como del principio de confianza legítima, para desde allí,  proceder
a la solución de los casos concretos.
11.3. Dentro de sus consideraciones, la Sala
Octava de Revisión analizó las reglas jurisprudenciales decantadas por la Corte
Constitucional en torno al Sisbén, dispuesto como instrumento para focalizar el
gasto social destinado a la satisfacción de las necesidades básicas de la población
más pobre y vulnerable. La Corte puso de relieve la obligación que tienen las
entidades públicas de mantener actualizada la información de la situación
socioeconómica en la que se encuentran las personas, así como el derecho que
tienen a la igualdad en la asignación de subsidios, con el fin de precisar en
cada uno de los casos sometidos a revisión, el cumplimiento de los requisitos
necesarios para ordenar la entrega del subsidio de sostenimiento y la beca
solicitada por el quinto de los accionantes.
11.4. Establecido el marco normativo y jurisprudencial de los casos, se
procedió a la caracterización de cada uno de los accionantes, evaluando los
elementos de convicción allegados a los expedientes de tutela. En este sentido
la Sala constató caso por caso, que la base de datos del SISBEN no había sido
debidamente actualizada, y que esto había generado la negativa del ICETEX a la
entrega de los subsidios y a la concesión y efectivizarían de la beca.
Adicionalmente se probó en dos de los casos, que el ICETEX había
entregado una tarjeta débito a los beneficiarios, señalándoles que les sería
efectuado el pago de los subsidios de sostenimiento y que ese iba a ser el
instrumento de pago. Si bien la actuación de la entidad accionada puede ser
atribuida a una falla administrativa en el proceso de otorgamiento del
subsidio, dicha circunstancia generó una
expectativa legítima en los beneficiarios, quienes obraron bajo la convicción
de haberles sido reconocido el derecho al subsidio, por cumplir los requisitos
exigidos por las normas, de conformidad con las informaciones que estaban en
poder de las entidades del Estado.
11.5. Desde las anteriores consideraciones la
Sala concluyó que sí había acontecido la violación de los derechos
fundamentales a la educación y la igualdad alegados por los accionantes, en la
medida en que se les había impedido el acceso a los subsidios de sostenimiento
a los que tenían derecho, y a la adjudicación de una beca, por la falta de
actualización de informaciones que las entidades del Estado tienen la
obligación de manejar y actualizar, máxime si se trata de personas que por su
condición económica se encuentran en condición de vulnerabilidad.
Bajo esta comprensión la Sala revocó los
fallos de instancia que habían negado los amparos, procediendo a tutelar los
derechos fundamentales de los accionantes, con la emisión de órdenes de pago y
de inclusión concretas.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de
Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR la sentencia del veinte
(20) de enero de dos mil dieciséis (2016), por la cual el Juzgado Dieciocho
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá negó la tutela
promovida por Diego Alexander Pérez Pinzón contra el ICETEX. En su lugar, CONCEDER
el amparo de los derechos a la igualdad y a la educación del accionante,
dentro del expediente T-5.495.062.
Segundo.- ORDENAR al Instituto
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior (ICETEX) que dentro de los cinco (5) días siguientes a
la notificación del presente fallo, realice
el pago del subsidio de sostenimiento a Diego Alexander Pérez Pinzón desde el
momento en que fue aprobado el crédito educativo.
Tercero.- REVOCAR el fallo proferido el primero (1) de febrero de dos mil dieciséis (2016) por
la Sala de Decisión Penal de Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga, que
a su vez confirmó la sentencia dictada el veinticinco (25) de noviembre de dos
mil quince (2015) por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de la misma ciudad, la
cual negó la tutela promovida por Karen Daniela Díaz Camargo contra el ICETEX.
En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos a la igualdad y a la educación de la accionante, dentro del expediente
T-5.511.758.
Cuarto.- ORDENAR al Instituto
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior (ICETEX) que dentro de los cinco (5) días siguientes a
la notificación del presente fallo, realice el pago del subsidio de sostenimiento a Karen Daniela
Díaz Camargo desde el momento en que le fue adjudicado el crédito educativo.
Quinto.- REVOCAR el fallo proferido
el diecisiete (17) de marzo de dos mil dieciséis (2016) por la Sala de Decisión
Penal de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, que a su vez confirmó la sentencia dictada el tres (3) de febrero del
mismo año por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de San Juan
de Pasto, la cual negó la
tutela promovida por Luis Andrés Andrade Cancimance contra el ICETEX. En su
lugar, CONCEDER el amparo de los derechos a la igualdad y a la educación del accionante, dentro del expediente
T-5.532.720.
Sexto.- SEGUNDO: De conformidad con el artículo 4 de la Constitución
Política, INAPLICAR para el caso concreto, el artículo 3° del Acuerdo No. 013 de 2015, “El subsidio de sostenimiento se
otorgará previa validación del cumplimiento de requisitos en el proceso de
adjudicación del crédito educativo. Las condiciones con que se evalúa el
crédito a nivel de Sisbén o población vulnerable NO podrán ser modificadas por
el beneficiario del crédito educativo”, de acuerdo con las consideraciones
realizadas en esta providencia.
Séptimo: ORDENAR al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y
Estudios en el Exterior (ICETEX) que dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del
presente fallo, realice el pago del subsidio de sostenimiento
a Luis Andrés Andrade
Cancimance desde el momento en
que fue aprobado el crédito educativo.
Octavo.- REVOCAR el fallo
proferido el nueve (9) de octubre de dos mil quince (2015),
proferida por la Sala Civil, Familia, laboral de Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Sincelejo, que a su vez confirmó la sentencia dictada el diecisiete (17) de
septiembre del mismo año por el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma
ciudad, la cual negó la
tutela promovida por Karen
Carolina Mesa Correa contra
el ICETEX. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos a la igualdad y a la
educación de la accionante,
dentro del expediente T-5.538.707.
Noveno.- SEGUNDO: De conformidad con el artículo 4 de la Constitución
Política, INAPLICAR para el caso concreto, el artículo 3° del Acuerdo No. 013 de 2015, “El subsidio de sostenimiento se
otorgará previa validación del cumplimiento de requisitos en el proceso de
adjudicación del crédito educativo. Las condiciones con que se evalúa el
crédito a nivel de Sisbén o población vulnerable NO podrán ser modificadas por
el beneficiario del crédito educativo”, de acuerdo con las consideraciones
realizadas en esta providencia.
Décimo.- ORDENAR al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y
Estudios en el Exterior (ICETEX) que dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del
presente fallo, realice el pago del subsidio de sostenimiento
a Karen Carolina Mesa Correa desde el momento en que fue aprobado el
crédito educativo.
Décimo Primero.- REVOCAR la sentencia del siete (7) de
abril de dos mil dieciséis (2016), por la cual la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia negó la
solicitud tutela promovida por Rosa Nilla lemos Aguilar actuando en
representación de su hijo. En su
lugar, CONFIRMAR el numeral primero del fallo proferido el veintitrés
(23) de febrero de dos mil dieciséis (2016), por la Sala Primera de Decisión
Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, que concedió al
amparo de los derechos fundamentales a la educación e igualdad de Abraham Lemus
Palacios, dentro del expediente
T- 5.502.702.
Décimo Segundo.- MODIFICAR el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo impugnado, con el
fin de ordenar al Instituto
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior (ICETEX), que
dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del presente fallo, incluya a Abraham Lemus Palacios en la lista
de beneficiarios para la siguiente convocatoria “Ser Pilo Paga” y,
cumplido esto, adelante las gestiones pertinentes para la asignación de los
recursos y ayudas que contempla el programa.
Décimo Tercero.- LÍBRENSE las comunicaciones previstas en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y
cúmplase.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Cuaderno
principal, folio1.
[2] “El crédito
Acceso con Calidad a la Educación Superior (ACCES), es una línea de crédito a
largo plazo para financiar programas técnicos profesionales, tecnológicos o de
ciclo complementario de escuelas normales superiores o universitarios en la que
se le presta a un estudiante para que pague un nuevo profesional.”
[3] Cuaderno
principal. Expediente T-5.495.062, Folio 10.
[4] Ibídem. Folio
11.
[5] Ibídem. Folio 12
[6] Ibídem. Folio 13
[7] Ibídem. Folio
14.
[8] Ibídem. Folios
15 y 16.
[9] Ibídem. Folio
17.
[10] Para acceder al
programa debe cumplir tres requisitos a saber: “a. haber presentado las
pruebas saber 11 y haber obtenido un resultado por encima de 318, b. tener un
corte en el SISBEN en las cabeceras municipales de 56, 3, c. pasar a una de las
39 universidades acreditadas.” Cuaderno principal, folio 1.
[11] El tres (3) de
agosto de dos mil quince (2015) re realizó la corrección en la base.
[12] Cuaderno
principal. Expediente T-5.502.702, Folio 4.
[13] Ibídem. Folio 5.
[14] Ibídem. Folios 6
y 7.
[15] Ibídem. Folio 8
[16] Ibídem. Folio 9
[17] Ibídem. Folio 10
[18] Ibídem. Folios
14 y 15
[19] Ibídem. Folios
16,17 y 18.
[20] Cuaderno
principal. Expediente T-5.511.758, Folio 5.
[21] Ibídem. Folio
6.
[22] Ibídem. Folio 7.
[23] Ibídem. Folios 8
y 11
[24] Ibídem. Folios 9
y 10 – 12 y 13.
[25] Cuaderno
principal. Expediente T-5.532.720, Folio 5.
[26] Ibídem. Folio 6.
[27] Ibídem. Folio 7.
[28] Cuaderno
principal. Expediente T-5.538.707. Folio 6.
[29] Ibídem. Folio 8.
[30] Ibídem. Folio
10.
[31] Ibídem. Folio 11.
[32] Reglamento
operativo ser pilo paga. Consultada en la página web.
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/Reglamento%20Operativo%20Ser%20Pilo%20Paga%202.pdf
[33] Sentencia
T- 845 de 2010.
[34] ACUERDO
No. 013 de 2007. ARTÍCULO 5. FUNCIONES. El ICETEX, en cumplimiento de las
funciones previstas en el Decreto Ley 3155 del 26 de diciembre de 1968, la Ley
18 del 28 5 Estatutos del ICETEX de enero de 1988, la Ley 30 del 28 de
diciembre de 1992, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero contenido en el
Decreto Ley 663 del 2 de abril de 1993, respecto de lo que le sea aplicable
acorde con su naturaleza especial de entidad financiera y en el Decreto 276 del
29 de enero de 2004 y las normas que lo modifiquen o sustituyan, sin perjuicio
de lo previsto en la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005.
[35] Véase
Sentencia T-270 de 2002.
[36] Sentencia T-949
de 2006.
[37] Sentencia
T-840 de 1999.
[38] Sentencia
T-476 de 2010.
[39] Sentencia T- 416
de 2013.
[40] Sentencia T-098
de 1994.
[41] Sentencia T-823
de 1999.
[42] Ibíd.
[43] Sentencia T-499
de 1995.
[44] Sentencia
C-507
de 2008.
[45] Sentencia T-068
de 2012.
[46] En relación
con la procedencia de la tutela para controvertir actuaciones de las
universidades que vulneren los derechos fundamentales de los estudiantes, cfr.
sentencias T-512 de 1995 y T-672 de 1998
[47] T-974 de 1999 y T-925 de 2002[47],
y, especialmente, T-933 de 2005 que se reitera en esta oportunidad.
[48] Sentencia T-845
de 2010.
[49] El contenido
del principio de progresividad en el ámbito interno ha sido desarrollado por la
jurisprudencia constitucional en un amplio número de pronunciamientos. Ver,
entre otros, C-1165 de 2000, C-1489 de 2000, C-671 de 2002, C-981 de 2004,
C-038 de 2004, T-1318 de 2005 y T-043 de 2007, entre otras. También constituye
un criterio de interpretación relevante en la materia, la Observación General
Nro. 3 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, sobre
el alcance de las obligaciones estatales en la aplicación del PIDESC.
[50] Sentencia T-845
de 2010.
[51] Radicación
número: 25000-23-42-000-2015-02194-01(AC), sentencia del veinticuatro (24) de
febrero de dos mil dieciséis (2016)
[52] El
principio de progresividad de los derechos sociales garantiza que el nivel de
cupos disponibles para el acceso al servicio se vayan ampliando y no se
reduzcan, es decir, que se prohíben la adopción de medidas regresivas para la
eficacia del derecho en mención. (Corte Constitucional Sentencia T – 715 de 16
de septiembre de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[53] Observación
General No. 13 “El derecho a la Educación”; Comité de Derechos Económicos
Sociales y Culturales (DESC).
[54] Sentencia
T-180 A de 2010.
[55] Ibíd.
[56] Sentencia
T- 850 de 2010
[57] Sentencia T-180
A de 2010
[58] Sentencia
T- 715
de 2014
[59] Sentencia T-1044
de 2010.
[60] Ibid.
[61] Sentencia
T- 323 de 2013.
[62] Ver
sentencias T-177 de 2011 y T-204 de 2014.
[63] Cuaderno
principal, folio 15, petición de fecha diez (10) de septiembre de dos mil
quince (2015).
[64]Ibíd., folio 12. Fecha de corte diecisiete
(17) de junio de dos mil quince (2015).
[65]Ibíd., folio 13.
[66] Cuaderno de
primera instancia, folio 6. La fecha de actualización es del nueve (9) de
octubre de dos mil catorce (2014)
[67] Ibid,
folio 7.
[68] Ibid,
folio 25.
[69] Ibid,
folio 5.
[70] Cuaderno
principal, folio 6.
[71] Ibid,
folio 4.
[72] Artículo
1° inciso 2°:“Los beneficiarios
de crédito educativo identificado mediante un instrumento diferente al Sisbén
debidamente certificados como los integrantes de poblaciones (indígenas,
desplazados, reinsertados y red unidos), podrán acceder solo si los créditos
pertenecen a la línea ACCES modalidades ACCES o CERES, quienes se encuentren en
las demás modalidades de crédito educativo no podrán acceder a este beneficio.”
[73] La
adjudicación del crédito fue aprobado el diez (10) de enero de dos mil catorce (2014).
[74] Estos
fueron enmarcados dentro de la versión III del Sisbén.
[75] Cuaderno
de primera instancia. Tarjeta débito No. 4241 1400 0891 59998 del Banco
Popular.
[76] Ver
Sentencia T- 1044 de 2010.
[77] En
el expediente no reposa copia de la solicitud.
[78] Cuaderno
de primera instancia, folio 5.
[79] Ibíd.,
folio 13.
[80] Ibíd.,
folio 6. Tarjeta débito No.
4241 1400 0891 5689
del Banco Popular.
[81] Cuaderno
principal, folios 6 y 7.
[82] Respuesta dada
dentro del trámite de primera instancia.