C-664-98
Sentencia C-664/98
Sentencia
C-664/98
PATRIMONIO DE
FAMILIA-Excepciones a
inembargabilidad
Si el legislador
está facultado para establecer el patrimonio familiar, es obvio que tiene
atribución para consagrar reglas específicas sobre aspectos patrimoniales que
importan sustancialmente a la familia, como la vivienda, con el objeto de
brindarle una protección acorde con los postulados constitucionales. Y, desde
luego, puede también señalar las características y consecuencias que en el
mundo del Derecho tiene la decisión de erigir determinados inmuebles en
patrimonio de familia, así como la concreta de establecer sobre bienes
inmuebles el gravamen de su destinación a vivienda familiar. Y, por supuesto,
será igualmente la ley la que defina, en cuanto a tal patrimonio, el ámbito
jurídico y la cobertura de las notas de inalienabilidad e inembargabilidad. En
otros términos, si puede el legislador determinar o no el patrimonio familiar,
la ley goza necesariamente de autorización constitucional para disponer en qué
aspectos se entiende inalienable el patrimonio afectado y el alcance de la
inembargabilidad que de él se predica.
PATRIMONIO DE
FAMILIA-Protección
No ha sido violado el artículo 13 de la
Constitución Política, pues los dos cónyuges han sido tratados por la norma en
pie de igualdad. Lo que ocurre es que el precepto protege la propiedad elevada
a la categoría de patrimonio familiar, en sí misma, en una evidente vinculación
con el propósito constitucional de amparar a la familia en su legítimo interés
de preservar una vivienda digna, y sin referencia al hecho de si el propietario
es uno de los cónyuges o ambos, o a la circunstancia, para el efecto
intrascendente, de si la familia se ha constituido a partir de la unión libre
-tan merecedora de protección como la nacida del matrimonio-, o de si quien
constituye el gravamen es el viudo o la viuda, o la mujer cabeza de familia. La
inembargabilidad cubre al inmueble respectivo frente a cualquier acreedor, en
guarda y defensa del núcleo familiar como tal, aunque salvaguarda los derechos
del acreedor hipotecario que, al momento de registrarse la hipoteca, no sabía
que el bien iba a ser elevado a la condición de patrimonio inembargable. Salvo
la excepción, entonces, está protegida la familia en su conjunto y no uno de
los cónyuges contra el otro. La distinción al respecto es traída por los
demandantes pero no se deduce del texto legal ni se le puede imputar a la
intención del legislador, y menos todavía pretender una inconstitucionalidad de
la disposición con base en hipótesis artificialmente creadas que no se
consagran en el precepto.
PATRIMONIO DE
FAMILIA-Hipoteca anterior
debe registrarse
La Corte considera, entonces, que el
numeral 1 del artículo impugnado se ajusta a la Constitución, aunque debe
precisar que, para hacer oponible la hipoteca anterior, dando lugar al posible
el embargo de bienes afectados a vivienda familiar, aquélla debe haber sido no
sólo suscrita -elevada a escritura pública-, sino registrada en la respectiva
Oficina de instrumentos públicos y privados antes de que se produzca el acto de
afectación y en este momento el Notario debería tener a la vista el correspondiente
certificado de libertad actualizado para que, en su presencia, los
constituyentes del gravamen familiar establecieran con certeza si el inmueble
que buscan proteger contra futuros embargos está o no libre de hipotecas. No es
suficiente la sola firma de la escritura pública mediante la cual se constituye
la hipoteca, pues la deficiente publicidad de tal acto llamaría a engaño a
quien pretende constituir el patrimonio familiar y desconoce la previa
existencia del gravamen. Resulta así protegida en la actuación la buena fe de
los cónyuges o compañeros permanentes entre sí y la de terceros, así como
preservado el interés superior de la familia, en especial el de los niños.
Referencia:
Expediente D-2075
Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 7 de la Ley 258 de 1996
Actores: Jorge Vera
Vargas y Diego Buitrago Florez
Magistrado Ponente:
Dr. JOSE GREGORIO
HERNANDEZ GALINDO
Sentencia aprobada
en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de noviembre de mil
novecientos noventa y ocho (1998).
I. ANTECEDENTES
Los ciudadanos JORGE
VERA VARGAS y DIEGO BUITRAGO FLOREZ, haciendo uso del derecho consagrado en el
artículo 241, numeral 4, de la Constitución Política, han presentado ante la
Corte una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 7 de la Ley 258 de
1996.
Cumplidos como están
los trámites y requisitos exigidos en el Decreto 2067 de 1991, se entra a
resolver.
II. TEXTO
A continuación se transcribe el texto de la
disposición objeto de proceso:
"LEY 258 DE 1996
(enero 17)
por la cual se establece la afectación a
vivienda familiar y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
CAPITULO I
Afectación a vivienda familiar
(...)
ARTICULO 7.-
Inembargabilidad. Los
bienes inmuebles bajo afectación a vivienda familiar son inembargables, salvo
en los siguientes casos:
1. Cuando sobre el
bien inmueble se hubiere constituido hipoteca con anterioridad al registro de
la afectación a vivienda familiar.
2. Cuando la
hipoteca se hubiere constituido para garantizar préstamos para la adquisición,
construcción o mejora de la vivienda".
III. LA DEMANDA
Consideran los
actores que con la norma acusada se vulneran los artículos 13, 58, inciso 2, y
158 de la Constitución Política.
Afirman que el
derecho fundamental a la igualdad resulta violado por tal disposición, ya que
ésta determina un tratamiento abiertamente discriminatorio. En su criterio,
reconoce excepciones a la inembargabilidad sólo para cierto tipo de
obligaciones garantizadas con hipoteca sobre el bien objeto de afectación,
independientemente de que se trate de obligaciones contraídas o no por el
cónyuge propietario.
Según expresan, si
el espíritu de la ley es el de proteger al cónyuge no propietario, incluso
contra los acreedores del cónyuge propietario, carece de total sentido y es
contrario al derecho a la igualdad que las excepciones a la inembargabilidad se
funden en el simple hecho de que el inmueble se encuentre gravado con hipoteca
constituida para garantizar cualquier tipo de obligaciones, incluso las
contraídas  por personas distintas a los cónyuges beneficiados con la
afectación del inmueble.
A su juicio, no
existe razón válida alguna para que el bien bajo afectación a vivienda familiar
no pueda ser embargado por una obligación que, aunque no garantizada con
hipoteca, sea contraída por ambos cónyuges.
Los demandantes
solicitan subsidiariamente a esta Corporación que declare exequible la
disposición demandada, pero en el entendido de que también son embargables los
bienes inmuebles bajo afectación a vivienda familiar cuando se trate de
obligaciones contraídas por ambos cónyuges.
Respecto del
artículo 58, inciso 2, manifiestan los impugnantes que la violación se presenta
al desconocer el precepto demandado la función social de la propiedad que
implica obligaciones, dado que estimula el incumplimiento de las obligaciones
contraídas por cualquiera de los cónyuges, incluso por el cónyuge propietario
del bien inmueble afectado y hasta las contraídas por ambos cónyuges,
obligaciones que hacen parte del derecho o prenda general de los acreedores.
Sostienen que no es
posible establecer una relación de conexidad causal, temática, sistemática o
teleológica, entre la materia regulada en la disposición acusada con la materia
dominante en la Ley 258 de 1996 que la contiene, por lo cual resulta vulnerado
el principio de la unidad de materia, consagrado en el artículo 158 de la Carta
Política.
Finalmente, destacan
que por esta razón no era procedente que la Ley 258, sobre la afectación a
vivienda familiar, concebida ésta como la protección del cónyuge no propietario
frente al propietario, se ocupara de la inembargabilidad, por parte de los
acreedores de los dos cónyuges, o de cualquiera de éstos, del bien inmueble
bajo afectación a vivienda familiar.
IV.
INTERVENCIONES
El ciudadano CAMILO
ALFONSO HERRERA URREGO, actuando a nombre del Ministerio de Desarrollo
Económico, en escrito destinado a defender la constitucionalidad de la norma
acusada, dice ante la Corte que el objetivo principal de la Ley 258 de 1996 es
la protección del patrimonio familiar, en aras de garantizar a sus miembros
bienestar y estabilidad económica. De allí que en ningún momento resulte, en
concepto del interviniente, violado el principio de la unidad de materia.
Considera que no
existe contradicción entre la disposición demandada y el derecho a la propiedad
como función social que implica obligaciones, ya que en el numeral 7 del
artículo 4 de la Ley 258 se consagra la figura del "levantamiento de la
afectación" mediante providencia judicial, lo cual implica que las
acreencias o el patrimonio de los acreedores no quedan en la incertidumbre, y
que se sigue consolidando el patrimonio "prenda general de los
acreedores"
Por último, descarta
cualquier asomo de violación del derecho a la igualdad, ya que para él la
disposición impugnada no crea privilegios inequitativos a favor de los
acreedores con garantía real, frente a los acreedores con títulos valores de
carácter singular o cualquier otro diferente a la hipoteca.
También ha
presentado escrito tendiente a justificar la constitucionalidad del precepto
demandado, la apoderada del Ministerio de Justicia y del Derecho, ciudadana
MONICA FONSECA JARAMILLO.
Afirma que no
comparte el argumento planteado por los demandantes, en relación con la
violación al derecho a la igualdad, habida cuenta que la norma acusada, en
primer lugar sólo establece una excepción a la regla general como lo es la
inembargabilidad y en segundo lugar, éstas resultan proporcionadas y
razonables.
Finaliza su defensa
la interviniente, al mencionar que tampoco resulta violado el derecho a la
propiedad, ya que el artículo acusado tiene una evidente connotación social,
como tampoco el principio de unidad de materia, ya que guarda perfecta armonía
la norma impugnada, con la finalidad y objetivo general de la Ley 258 de 1996.
V. CONCEPTO DEL
MINISTERIO PUBLICO
El Procurador
General de la Nación señala que fue intención del legislador, al expedir la Ley
de la cual hace parte el artículo impugnado, la de proteger la institución
familiar, y no, como lo sugieren los demandantes, únicamente al cónyuge no
propietario del bien destinado a la vivienda de la familia.
Afirma que no comparte los argumentos de
los actores, ya que sí existe unidad de materia, toda vez que resulta lógica e
indispensable la reglamentación del aspecto de la inembargabilidad dentro de
una ley expedida para determinar el régimen jurídico de la afectación a vivienda
familiar.
Destaca que, precisamente, la previsión
legal de la inembargabilidad protege la institución familiar en relación con el
derecho a tener una vivienda digna, en tanto se impide que se constituyan sobre
el bien destinado a este fin gravámenes para garantizar deudas de cualquier
índole.
Considera que no se evidencia la alegada
vulneración del artículo 58 de la Carta, ya que de ninguna manera la
disposición acusada permite el no pago de las deudas contraídas por los cónyuges,
pues ella se limita a excluir uno de los bienes que hacen parte del patrimonio
de la familia de la posibilidad de ser embargado a través de la afectación del
bien a vivienda familiar.
Finaliza su intervención el Jefe del
Ministerio Público afirmando que la norma no discrimina en forma negativa a los
acreedores de los cónyuges propietarios de un bien inmueble afectado a vivienda
familiar.
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
1. Competencia
Esta Corte es competente para resolver en
definitiva acerca de si el precepto atacado es o no inconstitucional, según lo
dispuesto en el artículo 241-4 de la Carta Política, ya que hace parte de una
Ley de la República.
2. La unidad normativa
Uno de los cargos formulados por los
demandantes radica en este caso en que, según su criterio, la disposición
objeto de estudio no guarda relación material con el tema central de la Ley a
la cual pertenece.
A ese respecto, la Corte debe decir que el
sentido de los artículos 158 y 169 de la Constitución, en los que se exige
unidad temática entre los distintos artículos de un proyecto de ley y
correspondencia entre su contenido general y el título dado al conjunto
normativo, consiste en impedir que sorpresivamente y sin el debido análisis
sean incluidos dentro de la preceptiva en estudio asuntos totalmente ajenos al
que ocupa la atención de los congresistas.
La conexidad que la Constitución demanda no
es de carácter puramente formal ni nominativa sino sustancial, lo cual
significa que está definida por contenidos jurídicos que entre sí sean
homogéneos o complementarios, considerando la esencia de la materia sobre la
cual recae la actividad legislativa del Congreso.
Se reitera, entonces, lo siguiente:
"...para
establecer si hay unidad temática en un determinado cuerpo legal no es
suficiente la identificación meramente formal acerca de los asuntos tratados en
él, sino que es menester verificar si entre ellos existe una concatenación
sustancial en cuya virtud el legislador los integre sistemáticamente,
excluyendo aquéllos que no guardan relación alguna con la cuestión predominante
dentro del conjunto normativo". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena.
Sentencia C-435 del 12 de septiembre de 1996. Ms. Ps. Drs. José Gregorio
Hernández Galindo y Eduardo Cifuentes Muñoz).
Si se aplica lo dicho al presente proceso,
pronto se llega a la conclusión de que el cargo carece de sustento, de
conformidad con lo estatuido por la norma demandada en relación con el título y
la materia dominante en la Ley 258 de 1996.
Según su encabezamiento, el estatuto en
cuestión busca regular, desarrollando el artículo 42 de la Constitución
Política, lo relativo a la afectación de bienes a vivienda familiar. La
globalidad de los artículos que lo componen aluden a distintos factores
referentes al patrimonio familiar inembargable y a su régimen jurídico y, en
concreto, la disposición objeto de examen dispone, para los bienes objeto de
afectación a vivienda familiar, el efecto de la inembargabilidad, señalando al
mismo tiempo los casos en los cuales dicha inembargabilidad no tiene operancia.
Como puede verse, ninguna ruptura lógica se
presenta al contemplar dentro del mismo ordenamiento los temas aludidos, pues
entre ellos se da una estrecha relación que corresponde, justamente, a la
unidad material exigida en la Constitución. Es la propia Carta Política la que
establece una concordancia entre la afectación de bienes con el objeto de
constituir patrimonio familiar y la inembargabilidad de ellos (art. 42) y, a la
vez, el tema del embargo de inmuebles hipotecados suscita la inquietud -que el
legislador debe resolver- acerca de si tales bienes, aunque hubieren sido
objeto del gravamen antes de la afectación quedan cobijados por ella, anulando
la garantía para los acreedores.
3. Constitucionalidad de la norma demandada
Según el artículo 42 de la Constitución, la
ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable.
Al respecto, esta Corte reitera:
"La
Constitución de 1991 protege de manera especial a la familia, a la que
considera "institución básica de la sociedad" (art. 5 C.P.) y
"núcleo fundamental" de la misma (art. 42 C.P.).
Toda persona tiene
derecho a una vivienda digna y la Constitución ordena al Estado que fije las
condiciones necesarias para hacerlo efectivo (art. 51 C.P.).
Pero la vivienda
destinada a la familia goza de especialísima protección constitucional, en
cuanto un mínimo espacio físico, adecuado a su preservación y desarrollo, es
absolutamente indispensable para que el conjunto de la sociedad se desenvuelva
en armonía. Desde este punto de vista, la garantía de la vivienda familiar no
es solamente un propósito deseable de los individuos sino un objetivo del más
alto y urgente interés social, particularmente en lo que toca con las personas de
menores ingresos.
El artículo 44 de la
Constitución, al consagrar los derechos fundamentales de los niños, destaca
entre ellos el de tener una familia y no ser separados de ella, a la vez que
proclama el mandato de protegerlos contra toda forma de abandono e insiste en
la obligación de la familia, la sociedad y el Estado en el sentido de
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus
derechos, nada de lo cual puede lograrse cabalmente si los menores, solos o con
los suyos, carecen de una habitación digna a la cual acogerse, o si corren el
riesgo de perderla, generalmente a causa de problemas económicos que no está en
sus manos resolver.
Por eso, de manera
expresa el Constituyente ha querido establecer a favor de la familia, y particularmente
de los niños, un patrimonio mínimo que pueda subsistir aun frente a cobros
judiciales coactivos y del cual no se pueda disponer, inclusive por quienes lo
han constituido, para fines distintos. La Carta Política autoriza al legislador
para determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable.
(...)
Para la Corte
Constitucional resulta evidente que la afectación consagrada en la ley, en
cuanto se refiere a la vivienda, goza de las mismas garantías constitucionales
enunciadas -la inembargabilidad y la inalienabilidad- puesto que, al fin y al
cabo, el legislador no ha hecho nada distinto de contemplar uno de los
componentes del patrimonio familiar, con ese carácter de protección mínima que
deja a la familia a salvo de todo riesgo judicial.
Desde ese punto de
vista, no cabe duda de que los inmuebles afectados a vivienda familiar no
pueden ser enajenados por la sola voluntad de uno de los miembros de la
familia, ni pueden ser objeto de embargo aunque existan muchas deudas a cargo
de uno de ellos. En eso consiste el especialísimo amparo que a la familia
ofrece el orden jurídico". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena.
Sentencia C-192 del 6 de mayo de 1998. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández
Galindo).
Si el legislador está facultado para establecer
el patrimonio familiar, es obvio que tiene atribución para consagrar reglas
específicas sobre aspectos patrimoniales que importan sustancialmente a la
familia, como la vivienda, con el objeto de brindarle una protección acorde con
los postulados constitucionales. Y, desde luego, puede también señalar las
características y consecuencias que en el mundo del Derecho tiene la decisión
de erigir determinados inmuebles en patrimonio de familia, así como la concreta
de establecer sobre bienes inmuebles el gravamen de su destinación a vivienda
familiar. Y, por supuesto, será igualmente la ley la que defina, en cuanto a
tal patrimonio, el ámbito jurídico y la cobertura de las notas de
inalienabilidad e inembargabilidad. En otros términos, si puede el legislador
determinar o no el patrimonio familiar, la ley goza necesariamente de
autorización constitucional para disponer en qué aspectos se entiende
inalienable el patrimonio afectado y el alcance de la inembargabilidad que de
él se predica.
En ese orden de ideas el legislador no
vulnera la Carta Política por el sólo hecho de prever, como le corresponde en
guarda de la seguridad jurídica, los efectos que habrá de tener en el tiempo el
acto por medio del cual se constituye un patrimonio como afectado a vivienda familiar.
Se precisa definir, y ello es del resorte
legislativo, si la inembargabilidad puede oponerse a situaciones jurídicas
anteriores referentes a los inmuebles objeto de afectación.
La norma legal acusada protege a los
acreedores hipotecarios que, para el momento de la afectación, ya contaban con
una garantía real a su favor y, en consecuencia, habían adquirido un derecho de
esa misma naturaleza sobre el bien que luego es gravado con patrimonio
familiar, y ese criterio, a juicio de la Corte, es compatible con lo dispuesto
en el artículo 58 de la Constitución Política, que protege la propiedad privada
"y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles",
que si no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores, tampoco
lo pueden ser por actos unilaterales de carácter individual.
La norma también se ajusta al principio
constitucional de la buena fe (art. 83 C.P.), toda vez que el acreedor
hipotecario, al aceptar la garantía, era consciente de la situación del bien en
materia de gravámenes, pues tenía conocimiento de lo que constaba en el
respectivo certificado de libertad, pero es lógico entender que únicamente
abarcaba dentro de tal información previa la referida a las situaciones
jurídicas que hasta ese momento existían, por lo cual ignoraba que en el futuro
se lo integraría a un patrimonio familiar, y mal podía la norma enjuiciada
propiciar que fuera sorprendido con un gravamen posterior que anulara su derecho.
En relación con el argumento central de la
demanda, referente a una posible vulneración de la igualdad en contra del
cónyuge no propietario -protegido por la norma frente a acreedores hipotecarios
del cónyuge propietario-, se trata en realidad, como bien lo dice el
Procurador, de un cargo por omisión legislativa, pues a juicio de los actores
el legislador ha debido prever la embargabilidad del bien afectado a vivienda
familiar cuando se trate de deudas contraidas por el cónyuge propietario,
excluyéndola en cuanto a las del cónyuge no propietario.
Para la Corte, el argumento carece de base.
No ha sido violado el artículo 13 de la Constitución Política, pues los dos
cónyuges han sido tratados por la norma en pie de igualdad. Lo que ocurre es
que el precepto protege la propiedad elevada a la categoría de patrimonio
familiar, en sí misma, en una evidente vinculación con el propósito
constitucional de amparar a la familia en su legítimo interés de preservar una
vivienda digna (arts. 5, 42 y 51 C.P.), y sin referencia al hecho de si el
propietario es uno de los cónyuges o ambos, o a la circunstancia, para el
efecto intrascendente, de si la familia se ha constituido a partir de la unión
libre -tan merecedora de protección como la nacida del matrimonio-, o de si quien
constituye el gravamen es el viudo o la viuda, o la mujer cabeza de familia.
La inembargabilidad cubre al inmueble
respectivo frente a cualquier acreedor, en guarda y defensa del núcleo familiar
como tal, aunque salvaguarda los derechos del acreedor hipotecario que, al
momento de registrarse la hipoteca, no sabía que el bien iba a ser elevado a la
condición de patrimonio inembargable.
Salvo la excepción, entonces, está
protegida la familia en su conjunto y no uno de los cónyuges contra el otro. La
distinción al respecto es traída por los demandantes pero no se deduce del
texto legal ni se le puede imputar a la intención del legislador, y menos
todavía pretender una inconstitucionalidad de la disposición con base en
hipótesis artificialmente creadas que no se consagran en el precepto.
Sobre el particular, es preciso que esta
Corte insista en lo siguiente:
"Para que la
Corte Constitucional pueda establecer, con fuerza de verdad jurídica, la
inexequibilidad que ante ella se solicita, es indispensable que la demanda
recaiga sobre un texto real y no simplemente deducido por el actor o implícito.
Es verdad que la
Corte, al efectuar el cotejo de una norma con la Constitución puede introducir
en ella distinciones, para declarar la exequibilidad condicionada, excluyendo
del ordenamiento jurídico determinado alcance del precepto objeto de su fallo.
Es decir, puede la
Corte, en ejercicio de sus atribuciones, al analizar una norma que ante ella se
demanda, o que debe revisar oficiosamente, diferenciar entre varios sentidos
posibles del precepto admitiendo aquéllos que se avienen a la Constitución y
desechando los que la contradicen.
La misma función del
control constitucional, para que sea efectiva, exige que la autoridad encargada
de ejercerla pueda condicionar en casos excepcionales la decisión de
exequibilidad, cuando de la propia disposición enjuiciada pueden surgir efectos
jurídicos diversos o equívocos, por lo cual se requiere que el juez de
constitucionalidad defina hasta dónde llega el precepto en su ajuste a la
Constitución, y donde y porqué principia a quebrantarla.
Pero esa técnica de
control difiere de aquella encaminada a establecer proposiciones inexistentes,
que no han sido suministradas por el legislador, para pretender deducir la
inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden.
Esta es la circunstancia del caso en estudio, en el cual los demandantes piden
que no se declare inexequible ninguna parte de la norma vigente sino una
hipótesis arbitrariamente inferida de ella.
No resulta posible
resolver sobre cada uno de los casos particulares hipotéticamente cobijados por
un precepto legal, introduciendo comparaciones con otros casos igualmente
particulares no previstos en él.
Para llegar a la
declaración de inexequibilidad total o parcial de una disposición de la ley es
menester definir si existe una oposición objetiva y verificable entre lo que
dispone el precepto acusado y lo que manda la Constitución". (Cfr. Corte
Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-504 del 9 de noviembre de 1995. M.P.:
Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
Obviamente, en guarda de la protección de
la familia como núcleo fundamental de la sociedad (arts. 5 y 42 C.P.), el
inmueble afectado es inalienable e inembargable. Pero tales características de
la institución no pueden configurarse ni hacerse efectivas en perjuicio de los
acreedores de buena fe a quienes con antelación se había dado la certidumbre de
que sus créditos estaban garantizados por hipoteca.
La Corte considera, entonces, que el
numeral 1 del artículo impugnado se ajusta a la Constitución, aunque debe
precisar que, para hacer oponible la hipoteca anterior, dando lugar al posible
el embargo de bienes afectados a vivienda familiar, aquélla debe haber sido no
sólo suscrita -elevada a escritura pública-, sino registrada en la respectiva
Oficina de instrumentos públicos y privados antes de que se produzca el acto de
afectación y en este momento el Notario debería tener a la vista el
correspondiente certificado de libertad actualizado para que, en su presencia,
los constituyentes del gravamen familiar establecieran con certeza si el
inmueble que buscan proteger contra futuros embargos está o no libre de
hipotecas.
No es suficiente la sola firma de la
escritura pública mediante la cual se constituye la hipoteca, pues la
deficiente publicidad de tal acto llamaría a engaño a quien pretende constituir
el patrimonio familiar y desconoce la previa existencia del gravamen.
Resulta así protegida en la actuación la
buena fe de los cónyuges o compañeros permanentes entre sí y la de terceros,
así como preservado el interés superior de la familia, en especial el de los
niños.
-En lo que respecta al segundo numeral
objeto de demanda, la hipótesis que presenta -destinación del préstamo
garantizado con hipoteca a la adquisición, construcción o mejora de la
vivienda- en nada modifica la ya indicada situación del inmueble previamente
hipotecado, y por tanto su mandato es reiterativo: el bien que fue objeto de
hipoteca anterior al registro de la afectación a vivienda familiar puede ser
embargado. No así el que se hipoteque después de registrado el gravamen
preferente en favor de la familia, pues respecto de él la persona o entidad
prestamista conoce de antemano, por la publicidad que genera el registro, que
el inmueble con el cual se respalda su crédito es inembargable.
Se aplican, pues, las mismas razones de
constitucionalidad que ya se han expuesto en relación con el primer acápite,
que resulta más comprehensivo.
Desde luego, la exequibilidad se declarará
bajo iguales condicionamientos.
DECISION
Con fundamento en
las consideraciones expuestas, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Declárase EXEQUIBLE,
en los términos de esta Sentencia, el artículo 7 de la Ley 258 de 1996, en
el entendido de que las excepciones contempladas al principio de la
inembargabilidad únicamente tienen aplicabilidad sobre el supuesto de que la
hipoteca anterior al gravamen de vivienda haya sido previamente registrada.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
cúmplase y archívese el expediente.
VLADIMIRO NARANJO MESA
Presidente
ANTONIO BARRERA
CARBONELL                         ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES
MUÑOZ                                       CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ
CABALLERO                FABIO MORON DIAZ
Magistrado
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General