SU230-15
Sentencia SU230/15
COMPETENCIA DE LAS SALAS DISCIPLINARIAS
DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA Y DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
PARA CONOCER DE ACCION DE TUTELA CONTRA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA TUTELA EFECTIVA-Es violado por una Corporación judicial cuando se niega a conocer de
fondo una acción de tutela
Según la jurisprudencia
constitucional, cuando el derecho fundamental a la tutela efectiva de una
persona es violado por una corporación judicial al negarse a conocer de fondo
una acción de tutela, el reclamo se puede presentar ante otra autoridad
judicial.
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA-Caso en que Corte
Suprema de Justicia manifiesta que la jurisdicción disciplinaria, carece de
competencia para asumir conocimiento en trámite de acción de tutela
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA-Caso en que Consejo Seccional de la
Judicatura se encontraba habilitado para conocer y fallar la tutela, en los
términos establecidos por la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Reiteración
de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
La acción de tutela contra providencias judiciales es un instrumento
excepcional, dirigido a enfrentar aquellas situaciones en que la decisión del
juez es incompatible con la Constitución. En este sentido, la acción de tutela
contra decisiones judiciales es un juicio de
validez y no un juicio
de corrección del fallo
cuestionado, lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva
instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación normativa, que dieron origen a la controversia.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
DEFECTO SUSTANTIVO COMO CAUSAL ESPECIFICA
DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
Frente a la configuración de este
defecto puede concluirse que, si bien es cierto que los jueces, dentro de
la esfera de sus competencias, cuentan con autonomía e independencia judicial
para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún
caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la función
pública de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden
jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores, principios,
derechos y garantías que identifican el Estado Social de Derecho.
PRECEDENTE HORIZONTAL Y VERTICAL-Diferencias
Esta Corporación ha diferenciado entre dos clases de
precedentes, el horizontal y el vertical, teniendo en cuenta la
jerarquía de la autoridad judicial que profiere la providencia previa. El
primero hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de
la misma jerarquía o el mismo operador judicial, y el segundo se
relaciona con los lineamientos sentados por las instancias superiores
encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a
nivel constitucional. Así, para la mayoría de asuntos, el precedente vertical
que deben seguir los funcionarios judiciales es determinado por la Corte
Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro
de su respectiva jurisdicción.
PRECEDENTE JUDICIAL Y ANTECEDENTE
JUDICIAL-Diferencias
El precedente, a diferencia de un antecedente, no es
orientador sino de obligatorio cumplimiento, más tratándose de las sentencias
emanadas por la Corte Constitucional, máximo órgano vigilante de la
Constitución Política.
SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD-Obligatoriedad/RATIO
DECIDENDI EN CONSTITUCIONALIDAD-Carácter
vinculante
En lo referente a las sentencias de control abstracto de constitucionalidad, la
obligatoriedad de la jurisprudencia se desprende de los efectos erga omnes y
de la cosa juzgada constitucional. De un lado, cualquier norma que sea
declarada inconstitucional por parte de la Corte por ser contraria a la Carta,
debe salir del ordenamiento jurídico y no puede ser aplicada por ninguna
autoridad. De otro lado, la ratio decidendi de
todas las sentencias de control abstracto de constitucional  –bien
declaren o no inexequible una disposición- debe ser también atendida por todas
las autoridades para que la aplicación de la ley sea conforme a la
Constitución.
RATIO DECIDENDI EN TUTELA-Carácter vinculante
En cuanto a los fallos de revisión de tutela, el respeto de su ratio decidendi es
necesario para lograr la concreción de los principios de igualdad en la
aplicación de la ley y de confianza legítima -que prohíbe al Estado sorprender
a los ciudadanos con decisiones o actuaciones imprevistas- y para garantizar
los mandatos constitucionales y la realización de los contenidos desarrollados
por su intérprete autorizado. Es por esto que la interpretación y alcance que
se le dé a los derechos fundamentales en los pronunciamientos realizados en los
fallos de revisión de tutela deben prevalecer sobre la interpretación llevada a
cabo por otras autoridades judiciales, aún sean altos tribunales de cierre de
las demás jurisdicciones.
JURISPRUDENCIA EN VIGOR-Concepto
La jurisprudencia en vigor se
constituye como un conjunto de sentencias que comparten una misma
interpretación judicial sobre una norma o principio que se aplica a unos hechos
similares y que resuelve un problema jurídico igual. Este concepto adquiere
importancia por las sentencias emitidas por las Salas de Revisión de Tutela de
la Corte Constitucional, las cuales deben seguir, principalmente los parámetros
establecidos por la Sala Plena, pero cuando no los hay, deben obedecer a los
criterios que están vigentes por las otras Salas respecto al tema que se
estudia, esto es, la jurisprudencia en vigor.
DESCONOCIMIENTO DE JURISPRUDENCIA
VIGENTE-Se predica de
sentencias de Sala Plena o jurisprudencia en vigor de sentencias de Salas de
Revisión
JURISPRUDENCIA EN VIGOR-Guarda relación con el concepto de
precedente
El concepto de precedente y el de
“jurisprudencia en vigor” están fuertemente relacionados en la medida en que,
éste último se conforma con una regla de interpretación judicial sucesiva y
homogénea sobre un tema particular –precedente-, que debe ser observado por las
Salas de Revisión cuando estudian casos con hechos similares en los que debe
aplicarse la regla jurisprudencial vigente. Esta posición puede ser modificada
únicamente por la Sala Plena de la Corte Constitucional como autoridad
competente para establecer una línea jurisprudencial nueva o sentar una modificación
de la jurisprudencia en vigor en determinada situación.
MONTO E INGRESO BASE DE
LIQUIDACION EN EL MARCO DEL REGIMEN DE TRANSICION-Precedente establecido
en la sentencia C-258 de 2013
La Sala Plena de la Corte
Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013 fijó
el precedente en cuanto a la interpretación otorgada sobre el monto y el
ingreso base de liquidación en el marco del régimen de transición, y por ende,
a todos los beneficiarios de regímenes especiales. La sentencia fijó unos
parámetros determinados para el régimen especial dispuesto en la Ley 4 de 1992,
pero además, estableció una interpretación sobre la aplicación del IBL a los
regímenes especiales sujetos a la transición del artículo 36 la Ley 100. En esa
medida, Sala Plena encontró que el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, en su
sentido natural y en concordancia con su configuración viviente, resultaba
contrario al ordenamiento constitucional por cuanto (i) desconocía el derecho a
la igualdad, en armonía con los principios constitucionales de universalidad,
solidaridad y eficiencia que rigen un sistema pensional equitativo, (ii)
generaba una desproporción manifiesta entre algunas pensiones reconocidas al
amparo del artículo 17 de la Ley 4 de 1992 cuando, además, (iii) existía falta
absoluta de correspondencia entre el valor de la pensión y las cotizaciones, lo
cual conduce a que dicha desproporción excesiva sea (iv) financiada con
recursos públicos mediante un subsidio muy elevado. Esto, además, (v) es
incompatible con el principio de Estado Social de Derecho, puesto que si bien
los subsidios en regímenes especiales no son per se contrarios a dicho
principio fundamental, sí lo son los subsidios carentes de relación con el
nivel de ingresos y la dedicación al servicio público del beneficiario del
elevado subsidio.
REGIMEN DE TRANSICION
PREVISTO EN EL ARTICULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993-Cambio de jurisprudencia y alcance de
la sentencia C-258 de 2013
La Sentencia C-258 de 2013,
estableció que el régimen de transición consiste en un beneficio de quienes
hacen parte de regímenes especiales que consiste en la aplicación ultractiva de
los requisitos de aquellos pero sólo los relacionados a la edad, tiempo de
servicios y tasa de reemplazo, y no el ingreso base de liquidación –IBL-. En la
sentencia, por primera vez la Sala analizó el IBL, en el sentido de que, el
modo de promediar la base de liquidación no puede ser la estipulada en la
legislación anterior, en razón a que el régimen de transición solo comprende
los conceptos de edad, monto y semanas de cotización y excluye el promedio de
liquidación. Por tanto, el IBL debe ser contemplado en el régimen general para
todos los efectos.
REGIMEN DE TRANSICION
PREVISTO EN EL ARTICULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993-Jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia
La interpretación dada por la Sala
Plena de la Corte Constitucional es acorde con la sostenida por la Corte
Suprema de Justicia, máxima autoridad judicial de la jurisdicción ordinaria
laboral.
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por cuanto no se configura defecto sustantivo
porque la decisión de Corte Suprema de Justicia no es contraria a la
interpretación fijada por la Corte Constitucional sobre sobre el alcance del
artículo 36 de la ley 100
Referencia: Expediente T- 3.558.256
Acción de tutela instaurada por el señor Salomón Cicerón Quintero Rodríguez en contra
de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y el Banco
Popular S.A.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil quince
(2015)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, en particular las contenidas en
los artículos 86 y 241, numeral 9 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991,
profiere la siguiente:
SENTENCIA
Que pone fin al proceso de revisión de los fallos
proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura, el diecinueve (19) de
junio de 2012, y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de
la Judicatura de Cundinamarca el dieciocho (18) de mayo de esa misma anualidad,
que decidieron la acción de tutela promovida por el señor Salomón Cicerón Quintero Rodríguez en contra de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia y el Banco Popular
S.A.
En virtud de
lo dispuesto en el artículo 54A del Acuerdo 05 de 1992, “por el cual se
adopta el Reglamento de la Corte Constitucional”, la Sala Plena de esta
Corporación, decidió asumir el conocimiento del proceso de la referencia.
1.     ANTECEDENTES
1.1.    SOLICITUD
El señor Salomón Cicerón Quintero Rodríguez promovió acción de tutela contra la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia y el Banco Popular S.A., al considerar que con las
actuaciones judiciales y administrativas realizadas por dichas entidades se vulneraron sus derechos
fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital, por cuanto al momento de liquidar su pensión de
jubilación no se tuvo en cuenta el salario promedio que sirvió de base a los
aportes en el último año de servicio, conforme lo establece la Ley 33 de 1985,
sino que se ordenó liquidar la prestación pensional con base en el promedio de
los aportes cotizados durante los últimos 10 años, tal como lo establece la Ley
100 de 1993.
Además, sostiene, la providencia recurrida por vía de
tutela en ningún momento justificó por qué casaba la sentencia del Tribunal en
lo atinente al reconocimiento de los intereses moratorios. Por último señaló
que en lo referente al descuento de los aportes para salud, del valor del retroactivo
que se le reconociera, procedía una demanda de reconvención y no una pretensión
dentro de las excepciones, tal como en efecto sucedió.
1.2.
HECHOS RELATADOS POR EL ACCIONANTE
1.2.1. Indicó que trabajó para el Banco Popular en el cargo
de Analista 22, desde el 19 de junio de 1974 hasta el 2 de diciembre de 1996,
es decir, por espacio de 22 años, 5 meses y 14 días, teniendo como última remuneración
un salario mensual de $ 606.019.62, equivalentes a 4.26 salarios mínimos
legales mensuales vigentes de la época.
1.2.2. Precisó que al cumplir los 55 años de edad elevó
reclamación administrativa ante la entidad crediticia con el fin de obtener la
pensión de jubilación conforme a lo estipulado en la Ley 33 de 1985.
1.2.3. Señaló que ante la negativa de la entidad a reconocer
su derecho prestacional, presentó la respectiva demanda en la jurisdicción
ordinaria, la cual correspondió por reparto al Juzgado Octavo Laboral del
Circuito de Bogotá.
1.2.4. Sostuvo que el mencionado juzgado, mediante sentencia
del 30 de octubre de 2009, condenó al Banco Popular al pago de la pensión a
partir del 28 de agosto de 2008, en cuantía de $1.539.364, conforme a lo
dispuesto en la Ley 33 de 1985 (régimen aplicable al caso) y lo absolvió de las
demás pretensiones formuladas por el demandante.
1.2.5. Adujo que al conocer del proceso en segunda instancia,
la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante proveído del 17 de septiembre de
2010, modificó la decisión del a quo, en el sentido de revocar el
numeral que absolvía a la entidad financiera de las demás pretensiones
formuladas y lo condenó al pago de los intereses moratorios consagrados en el
artículo 141 de la Ley 100 de 1993. En lo demás, confirmó la decisión apelada.
1.2.6. Argumentó que como consecuencia de lo anterior la
entidad bancaria interpuso recurso de casación ante la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, la cual, mediante fallo del 19 de octubre de 2011,
resolvió casar parcialmente la sentencia del tribunal. Dicha decisión, a juicio
del actor, iba en contra de claros mandatos legales y constitucionales.
1.2.7. Inconforme con los fallos de instancia, la entidad financiera  al
momento        de interponer el recurso de casación propuso como excepciones “la
inexistencia de la obligación, inaplicabilidad del régimen de transición,
petición
antes de tiempo, prescripción, falta de causa para pedir, cobro    de lo no
debido, buena fe, compensación, cosa juzgada, y la genérica     que se
demuestre en el proceso.”
1.2.8. En síntesis, en contra de la providencia
recurrida se propusieron cuatro          cargos: i) por cuanto se ordenó el
reconocimiento y pago de la pensión;          ii) por haberse ordenado liquidar
la prestación con el promedio de los          salarios percibidos por el
trabajador durante el último año de servicios
con la consecuente indexación de
la primera mesada pensional; iii) toda
vez que se reconoció el pago de los
intereses moratorios de los cuales
hace alusión el artículo 141 de la Ley 100 de
1993 y; iv) porqué se obvió       del descuento del retroactivo pensional el de
los aportes al sistema general de la seguridad social en salud.
1.2.9. En esa medida solicitó, se case en su
integridad la sentencia del Tribunal y en consecuencia, revoque los numerales
primero, segundo, cuarto y quinto  del fallo del a quo, para en su lugar
absolver al Banco Popular de todas las pretensiones de la demanda. De manera
subsidiaria solicitó que en la sentencia de casación se disponga que la mesada
pensional deberá ser liquidada con el 75% del salario promedio que sirvió de
base para los aportes durante el último año de servicios, sin que deba
actualizarse por cuanto las normas anteriores a la Ley 100 de 1993 no contenían
dicho mandato.
Adicionalmente, solicitó se faculte a la
entidad financiera para      descontar del retroactivo pensional, la suma
correspondiente a los
aportes obligatorios para salud, en lo que corresponde
al pensionado.
También pidió que se confirmara el numeral tercero de la
sentencia de     primer grado en el cual se le absolvió del pago de los
intereses          moratorios.
1.2.10. En lo que respecta al reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia
estimó que al estar probado en el expediente que el señor Salomón Cicerón
Quintero Rodríguez, laboró durante más de 20 años al servicio del Banco Popular,
su derecho no puede ser desconocido por el solo hecho de que la entidad haya
cambiado su naturaleza jurídica de sociedad de economía mixta a privada.
En esa medida, al ser beneficiario del
régimen de transición y al haber laborado como trabajador oficial durante más
de 20 años para el Banco Popular consolidó su derecho prestacional a los 55
años de edad, lo cual ocurrió el 27 de agosto de 2008. En este aspecto la
sentencia no fue casada.
1.2.11. En lo pertinente a la manera como el
Tribunal ordenó liquidar el monto de la pensión y a la orden dada por el
Tribunal de indexar la primera mesada pensional, la Corte Suprema se detuvo a
analizar su jurisprudencia en lo relativo a la aplicación del artículo 36,
inciso tercero, reiterando que el régimen de transición contenido en el citado
artículo conservó para sus beneficiarios, la aplicación de normativa anterior,
en lo relativo a edad, tiempo de servicios y monto de la prestación, pero no en
lo relacionado con el ingreso base de liquidación, está sometido a lo dispuesto
en el inciso 3 ibídem; es decir, que al momento de fijar el valor de la mesada
pensional, se debe tener en cuenta el promedio de los salarios devengados por
el trabajador durante los últimos 10 años de servicio.
Para ello argumentó que al ingreso base
de liquidación de la pensión se le pretendió otorgar una naturaleza propia no
vinculada al monto, porcentaje o tasa de reemplazo de la prestación, que es
otro elemento de esta, pero diferente e independiente. En virtud de lo anterior
se casó el fallo recurrido ordenando liquidar la prestación con el promedio de
los salarios devengados en los últimos 10 años.
En lo que
respecta a la indexación de la primera mesada pensional, adujo, no hubo
pronunciamiento alguno.
1.2.12. Así mismo, consideró que los intereses
moratorios concedidos por el ad quem no eran procedentes, toda vez que
la pensión reconocida al accionante no es de aquellas que están reglamentadas
por el régimen        integral de la Ley 100 de 1993, las cuales sí consagran
el pago de intereses moratorios; sino que la misma proviene de la aplicación
del régimen anterior que regía las prestaciones de los trabajadores oficiales
conforme a la Ley 33 de 1985, así su base salarial se haya actualizado en
virtud de lo previsto en la nueva Ley de Seguridad Social.
Consideró la Sala Laboral de la Corte
Suprema que los intereses moratorios no estaban llamados a prosperar y, por
tanto, también casó el fallo del Tribunal en este aspecto.
1.2.13. Por último, el máximo tribunal de la
jurisdicción ordinaria, consideró que el Tribunal se había equivocado al no
ordenar que del retroactivo pensional se descontaran las cotizaciones para el
sistema de seguridad social en salud, toda vez que dicha obligación proviene
del inciso 2º del artículo 143  de la Ley 100 de 1993 y 3º del artículo 42 del
Decreto 692 de 1994, así como de los artículos 3ºdel Decreto 510 de 2003 y 2º,
4º, 5º, 7º y 8º de la Ley 797 de este mismo año.
1.3.
ACTUACIONES
PROCESALES
En un primer momento, la acción de tutela
fue avocada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
quien falló de manera adversa a los intereses del accionante, mediante proveído
del 22 de marzo de 2012. Apelado el fallo, en segunda instancia la Sala de
Casación Civil de esa misma Corporación, mediante auto de 18 de abril de 2012,
declaró la nulidad de lo actuado desde la providencia que avocó el
conocimiento, inclusive, y decidió no “admitir a trámite la solicitud de
amparo constitucional”. Lo anterior conllevó que el señor Quintero
Rodríguez presentara una nueva acción de tutela, ante otra entidad judicial,
tal como lo dispuso la Corte Constitucional en el auto 100 de 2008.
El 7 de mayo de 2012, la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura avocó conocimiento de la
acción de tutela, ofició a las entidades accionadas para que ejercieran su
derecho de defensa y vinculó a  la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá y al Juzgado Octavo Laboral del Circuito de la
misma      ciudad[1],
por cuanto fueron las entidades judiciales que conocieron de la demanda
ordinaria laboral.
1.3.1.  Respuesta de la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de    Justicia.
La Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia solicitó declarar la nulidad de lo actuado, ya que la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca no era competente para asumir el conocimiento de la presente
acción de tutela.
Sostuvo que conforme con el artículo 235
Superior, el conocimiento del recurso de casación es atribución privativa de la
Corte Suprema de Justicia, razón por la que ningún otro órgano judicial puede
actuar como tribunal de casación ni producir decisiones en este campo.
Manifestó que como máximo tribunal de la
jurisdicción ordinaria las decisiones de la Corte Suprema de Justicia no pueden
ser modificadas, anuladas o desconocidas por ninguna autoridad, ya que “la
propia Constitución les da el sello de intangibilidad, de modo que son últimas
y definitivas dentro de la respectiva especialidad, dado que, adicionalmente,
no existe órgano judicial superior”.
Señaló que resulta evidente que el juez
de instancia carece de competencia para conocer de una acción de tutela
instaurada contra esa corporación, sobre todo si se tienen en cuenta las
previsiones consagradas en el Decreto 1382 de 2000 (artículo 1º, numeral 2,
inciso 1º) según el cual “lo accionado contra la Corte Suprema de Justicia,
el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Jurisdiccional Disciplinaria, será repartido a la misma corporación y se
resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Sub Sección, que corresponda de
conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 4 del presente
decreto”.
Finalmente, dijo que al existir una clara
disposición que faculta a dicha Corte el conocimiento de una acción de tutela
instaurada en su contra, la atribución de competencias efectuada por la Corte
Constitucional carece de todo efecto jurídico.
1.3.2.
Respuesta del
Banco Popular
El Banco Popular, a través de su apoderada,
pidió rechazar este amparo          constitucional al considerar que no estaba
vulnerando derecho alguno.
Estimó que la decisión tomada por la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia no vulnera derechos
fundamentales ni tampoco constituye una causal de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, por apartarse de la interpretación que
otros jueces han dado a casos similares.
Añadió que el accionante pretendía el
pago de la pensión con un mayor valor en la mesada pensional y la condena por
intereses moratorios, sin demostrar la existencia de un defecto fáctico que
pudiese constituir una causal para la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales.
Indicó que con lo resuelto por la
justicia ordinaria, con base en las pretensiones planteadas por el actor, no
puede hablarse de anomalía o presuntas vías de hecho, toda vez que los
magistrados actuaron dentro de la autonomía e independencia propia de los
jueces (conforme lo predica el artículo 228 de la Constitución), sin
transgredir derecho fundamental alguno al accionante, puesto que se fundaron en
apreciaciones razonables y coherentes, ceñidas al ordenamiento jurídico que
corresponde al ámbito de su competencia funcional.
Adicionó que la acción de tutela contra
decisiones judiciales no estaba contemplada en el artículo 86 de la Carta
Política, ni en sus decretos reglamentarios, razón por la cual el actor
pretende con la tutela que se violenten los principios de cosa juzgada y de
autonomía funcional de los jueces.
Igualmente, refirió que el accionante
incurre “en obstrucción del acceso a la administración de justicia y al
rompimiento de la estructura descentralizada y autónoma de las distintas
jurisdicciones”, lo que le lleva a concluir la improcedencia de la acción.
Por último, aclaró que los descuentos
retroactivos de salud no fueron aplicados al retroactivo pensional.
Pese a haber sido vinculados, la Sala
Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado
Octavo Laboral del Circuito de      la misma ciudad no se pronunciaron sobre el asunto.
1.4.
PRUEBAS
En el expediente
obran como pruebas, entre otros, los siguientes
documentos:
1.4.1.
Copia de la
sentencia dictada por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, de
fecha 30 de octubre de 2009 (Cuaderno
original, folio 16).
1.4.2.
Copia de la
sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, de fecha
17 de septiembre de 2010 (Cuaderno
original, folio 36).
1.4.3.
Copia de la
sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, de fecha 19 de octubre de 2011 (Cuaderno original, folio 43).
1.4.4.
Copia de la
acción de tutela presentada ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia y de la sentencia proferida por dicha Sala el 22 de marzo de 2012 (Cuaderno original, folios 59 a 76).
1.4.5.
Copia del
proveído que data del 18 de abril de 2012, proferido por la Sala     de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia (Cuaderno original, folio 93).
1.4.6.
Copia de la
sentencia del 19 de noviembre de 2009, dictada por la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso ordinario de Blanca Ortegón
Pachón contra el Banco Popular (Cuaderno
original, folio 96).
1.4.7.
Fotocopia de la
comunicación número 921-001350-2012 del 3 de abril de 2012, mediante la cual el
banco le notifica al actor sobre el reconocimiento de la prestación (Cuaderno original, folio 144).
1.4.8.
Copia de la
liquidación del retroactivo pensional, a partir de febrero de 2012 (Cuaderno original, folio 156).
1.5.
DECISIONES
JUDICIALES
1.5.1.
PRIMERA
INSTANCIA: SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA
JUDICATURA DE CUNDINAMARCA.
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, el 18 de mayo de 2012, negó
el amparo solicitado. Manifestó que la decisión de la Corte Suprema de Justicia no transgredía los
derechos fundamentales del accionante ya que la carga argumentativa fue clara,
precisa, coherente, coordinada y razonada. Sostuvo que la Corte Suprema de Justicia,
en el fallo cuestionado, logró precisar “con suficiencia los argumentos
sustanciales por los que revocó parcialmente la decisión del H. Tribunal
Superior de Bogotá, en cuanto a que éste incurrió en error al ordenar el pago
de la pensión de jubilación a cargo del actor sin autorizar a la entidad
pagadora a descontar las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud,
desde la fecha de causación de aquella”.
Destacó que el amparo constitucional
contra providencia judicial solo procede de manera excepcional, es decir,
cuando se incurre en vías de hecho, entendidas estas como “el
distanciamiento grosero de la ley, de la verdad procesal, cuando se ha decidido
sin competencia o se ha ignorado o desconocido el respectivo procedimiento, de
suerte que se imponga el capricho del juzgador despojado de cualquier grado de
objetividad”. Y en este caso se trata de un proveído que da cuenta del por
qué había lugar a la revocatoria de la decisión de segundo grado, lo que no
permite concluir que el fallo atacado califique como vía de hecho.
Finalmente, añadió que el texto de la
tutela tenía las características de un alegato de instancia, sin que se
expusieran las razones jurídicas y fácticas, lo que deslegitima la finalidad
del recurso de amparo.
1.5.2.
IMPUGNACIÓN
El actor impugnó el fallo argumentando
que el Consejo Seccional de
la Judicatura de Cundinamarca
no comprendió el problema jurídico, el cual no solo versaba sobre el descuento
por los aportes a salud, sino también respecto de las causales de procedencia
contra providencia judicial en que incurrió la Corte Suprema de Justicia, en
relación con:
(i) La condena de una pensión cuyo monto
corresponde al 75% del promedio salarial de los 10 últimos años, cuando el
artículo 1º de la Ley 33 de 1985 se refiere al 75% del promedio de los salarios
percibidos por el trabajador oficial en el último año en que prestó sus
servicios al Estado.
(ii) La revocatoria de los intereses
moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, decisión contraria a lo
ordenado por la Corte Constitucional en diferentes sentencias como las C-131 de
1993, C-252 de 2001 y C-310 de 2002, entre otras. Pronunciamientos que hicieron
tránsito a cosa juzgada constitucional, cuyo carácter es el de ser  intangibles,
inmutables, vinculantes, definitivos y de obligatorio acatamiento.
(iii) La deducción del retroactivo
pensional de los aportes con destino al sistema de salud.
Refirió que en el presente caso se
constata la afectación de principios constitucionales tales como los de
favorabilidad e inescindibilidad respecto de la Ley 33 de 1985, y la violación
del principio de irrenunciabilidad de las prestaciones establecidas en las
normas que dan contenido al derecho a la seguridad social.
1.5.3.
SEGUNDA INSTANCIA:
SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura, en sentencia del 19 de junio de 2012,
confirmó la decisión del a quo.
Consideró que la decisión cuestionada por
el actor no era arbitraria ni configuraba una causal específica de
procedibilidad de la tutela. Por el contrario, señaló, en ella se observa “un
estudio cuidadoso del asunto, a partir del análisis de las pruebas en su
conjunto, del razonamiento que sobre el tema había realizado el Tribunal
Superior de Bogotá – Sala Laboral, en contraste con la valoración hecha por el
Ad Quem y con los planteamientos del recurrente en casación, todo ello con
criterios de razonabilidad y de manera ponderada”.
Concluyó que la decisión atacada se
encontraba amparada por el ordenamiento legal, por lo que el actor contó con
todas las garantías propias del debido proceso, obteniendo a lo largo de las
instancias laborales la oportunidad de controvertir las pruebas y las
decisiones, y que estos fueron valorados junto con sus argumentos con base en
la ley.
2.
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE
2.1.   COMPETENCIA Y OPORTUNIDAD
Esta Sala es competente
para examinar el fallo materia de revisión, de conformidad con lo establecido
en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991.
2.1.1.
Asunto previo. Competencia
del Consejo Seccional y Superior de la Judicatura en materia de tutela.
La Corte Constitucional en varias
oportunidades ha tenido que conocer acciones de amparo en aquellos casos en que
se presenta una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva.
En la intervención de la Corte Suprema de
Justicia en el trámite de la presente acción de tutela, manifestó que la
jurisdicción disciplinaria carece de competencia para asumir el conocimiento de
la misma, por cuanto al actuar “como máximo tribunal de la jurisdicción
ordinaria,(…) sus decisiones no pueden ser modificadas, anuladas o desconocidas
por ninguna autoridad, ya que ‘la propia Constitución les da el sello de
intangibilidad, de modo que son últimas y definitivas dentro de la respectiva
especialidad, dado que, adicionalmente, no existe órgano judicial superior’”.
Lo anterior conlleva a reiterar que según
la jurisprudencia constitucional plasmada en la SU-198 de 2013[2], cuando el
derecho fundamental a la tutela efectiva de una persona es violado por una
corporación judicial, al negarse a conocer de fondo una acción de tutela, la
solicitud puede presentarse ante otra autoridad judicial.
Específicamente, en el Auto 04 de 2004,
la Corte Constitucional estableció la regla según la cual, cuando la Corte
Suprema de Justicia no admita a trámite una acción de tutela contra una de sus
providencias, la persona afectada puede  “presentar la acción de tutela ante
cualquier juez (unipersonal o colegiado) o incluso ante una corporación
judicial de la misma jerarquía de la Corte Suprema de Justicia”.
Posteriormente, la imposibilidad de
garantizar el acceso a la justicia mediante la aplicación de esta regla en
algunos casos, llevó a la Corte Constitucional a establecer una segunda
alternativa para garantizar el derecho a una tutela judicial efectiva y en el
Auto 100 de 2008, se estableció que la persona afectada también puede “solicitar
ante la Secretaría General de la Corte Constitucional, que radique para
selección la decisión proferida por la Corte Suprema de Justicia en la cual se
concluyó que la acción de tutela era absolutamente improcedente, con el fin de
que surta el trámite fijado en las normas correspondientes al proceso de
selección. Para este efecto, el interesado adjuntará a la acción de tutela, la
providencia donde se plasmó la decisión que la tutela era absolutamente
improcedente, así como la providencia objeto de la acción de tutela.”[3]
Estas reglas jurisprudenciales también
han sido aplicadas en casos similares, en los cuales el Consejo de Estado ha
desconocido el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de alguna
persona.[4]
En el presente asunto, la acción de
tutela fue tramitada por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.
Expresamente, en el fallo de tutela de primera instancia, la magistrada ponente
invoca como fuente de su competencia el Auto 004 del 3 de febrero de 2005, cuyo
contenido fue reiterado en la sentencia de tutela T-594 de 2009[5]. Ello, al
constatar  que mediante providencia del 18 de abril de 2012, la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, no le dio trámite a la acción
constitucional.
De manera que, contrario a lo sostenido
por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca se encontraba habilitado para conocer y fallar la tutela de la
referencia, en procura de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva,
en los términos establecidos por la jurisprudencia de este Tribunal
Constitucional.
Resuelta esta cuestión previa acerca del
trámite de la presente acción de tutela, pasa la Sala a plantear los problemas
jurídicos que deberá resolver.
2.2.
PROBLEMAS
JURÍDICOS
El señor Salomón Cicerón Quintero Rodríguez, beneficiario del régimen de
transición en materia pensional, contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, considera vulnerados sus derechos
fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital del adulto mayor
y al acceso real y efectivo a la administración de justicia, con la decisión adoptada por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la cual dispuso: (i) aplicar a la
liquidación de la pensión
del accionante el promedio de los salarios que sirvieron de base de cotización
durante los últimos 10 años, según lo establecido en el parágrafo 3° del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, y no con el promedio de los salarios devengados en
último año de servicio, tal como lo establece el artículo 1º de la Ley 33 de
1985; (ii) absolver al Banco Popular del pago de los intereses moratorios; y
(iii) condenar al accionante al pago de los aportes en salud.
Con base en los antecedentes reseñados, y
atendiendo al criterio de relevancia constitucional que el asunto bajo estudio
plantea, le corresponde a esta Corporación determinar si la decisión adoptada por la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia, al
casar parcialmente la sentencia de 2ª instancia dentro del proceso laboral
incoado por el accionante en contra del Banco Popular y al reconocerle su
pensión de jubilación, presuntamente, por un monto inferior al que legalmente
le correspondería, esto es, con base en el 75% del promedio salarial que sirvió
de base para realizar los aportes en los últimos 10 años de relación laboral,
como lo precisa el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y no
con el 75% del promedio de los salarios percibidos en último año de servicios,
como lo ordena el artículo 1° de la ley 33 de 1985, vulneró los derechos
fundamentales del accionante.
Sobre este punto, la Sala Plena se detendrá
a estudiar el problema jurídico que deviene de la aplicación del Ingreso Base
de Liquidación en materia pensional, concretamente, la jurisprudencia en vigor
de las Salas de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en relación con
el precedente establecido por la Sala Plena en la sentencia C-258 de 2013[6].
De igual manera, se debe establecer lo
concerniente al reconocimiento y pago de los intereses moratorios. Por último,
se abordará la cuestión relativa a la orden de descontar del retroactivo
pensional el valor de los aportes al sistema general de seguridad social en
salud, para determinar si la  misma vulnera derechos de estirpe fundamental.
Para ello se abordarán los siguientes tópicos: (i) procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, requisitos genéricos y específicos, reiteración
de jurisprudencia; (ii) el defecto sustantivo como requisito de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales; (iii) el precedente constitucional y la
jurisprudencia en vigor;  (iv) alcance del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
en lo que respecta al monto de la pensión de las personas beneficiarias del
régimen de transición fijado en la sentencia C-258 de 2013; y (v) la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el artículo 36 de la Ley
100 de 1993. Con base en ello, (vi) se
resolverá el caso concreto.
2.3.
PROCEDENCIA DE
LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES. REITERACIÓN DE
JURISPRUDENCIA.
2.3.1. La Corte Constitucional mediante sentencia C-543 de
1992 declaró la inexequibilidad de los artículos 11, 12 y 40 del decreto 2591
de 1991 referidos a la caducidad y competencia especial de la tutela frente a
providencias judiciales, por considerar que contrariaban principios
constitucionales de gran valía como la autonomía judicial, la desconcentración
de la administración de justicia y la seguridad jurídica.
No obstante, reconoció que las
autoridades judiciales a través de sus sentencias pueden desconocer derechos
fundamentales, por lo cual  admitió como única excepción para que procediera el
amparo tutelar, que la autoridad hubiese incurrido en lo que denominó una vía
de hecho. A partir de este precedente, la Corte comenzó a construir una línea
jurisprudencial sobre el tema, y delimitó los defectos que configuraban una vía
de hecho. Por ejemplo, en la sentencia T-231 de 1994, la Corte dijo: “Si este comportamiento - abultadamente
deformado respecto del postulado en la norma - se traduce en la utilización de
un poder concedido al juez por el ordenamiento para un fin no previsto en la
disposición (defecto sustantivo), o en el ejercicio de la atribución por un
órgano que no es su titular (defecto orgánico), o en la aplicación del derecho
sin contar con el apoyo de los hechos determinantes del supuesto legal (defecto
fáctico), o en la actuación por fuera del procedimiento establecido (defecto
procedimental), esta sustancial carencia de poder o de desviación del otorgado
por la ley, como reveladores de una manifiesta desconexión entre la voluntad
del ordenamiento y la del funcionario judicial, aparejará su descalificación
como acto judicial”[7] En casos posteriores, esta Corporación agregó otros
tipos de defectos constitutivos de vías de hecho.
En el marco de esta línea
jurisprudencial, se subrayó que todo el ordenamiento jurídico debe sujetarse a
lo dispuesto por la Constitución en razón de lo dispuesto en el artículo 4 de
la Carta Fundamental. Además, se resaltó que uno de los efectos de la categoría
Estado Social de derecho en el orden normativo es que los jueces en sus
providencias, definitivamente están obligados a respetar los derechos fundamentales.
De la misma forma, esta Corporación ha
sido enfática en señalar que las formas procesales no tienen un valor en sí
mismas sino que adquieren relevancia en la medida en que logran el cumplimiento
de un fin sustancial.
Lo anterior encuentra un claro
fundamento en la implementación por parte del Constituyente de 1991, de un
nuevo sistema de justicia constitucional basado, concretamente, “`(i)
en el carácter normativo y supremo de la Carta Política que vincula a todos los
poderes públicos; (ii) en el reconocimiento de la efectividad y primacía
de los derechos fundamentales; (iii) en la existencia de la Corte
Constitucional a quien se le atribuye la interpretación de la Constitución y la
protección de los derechos fundamentales; (iv) y en la posibilidad
reconocida a toda persona para promover acción de tutela contra cualquier
autoridad pública en defensa de sus derechos fundamentales.`[8]”[9]
2.3.2. En desarrollo de esta nueva doctrina constitucional,
en la sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, se hizo alusión a los requisitos
generales y especiales para la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Sobre los requisitos generales de
procedibilidad estableció:
“Los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones[10]. En consecuencia, el
juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios
-ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable[11].
De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[12].
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o
aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se
cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[13].
No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay
lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[14].  Esta exigencia es
comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de
tutela[15].
Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para
revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.”[16]
2.3.3. En la sentencia C-590 de 2005[17], además de
los requisitos generales, se señalaron las causales de procedencia
especiales o materiales del amparo tutelar contra las sentencias
judiciales. Estas son:
“…Ahora, además de los requisitos
generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una
sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o
causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de
los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta
cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se
origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como
son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[18]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando
el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño
lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g.  Decisión sin motivación, que implica
el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h.  Desconocimiento del precedente,
hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[19].
i.
Violación
directa de la Constitución.
Estos eventos en que procede la acción de
tutela contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de
vía de hecho y la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en
eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta,
si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.”[20]
En definitiva, como ha sido señalado en
reciente jurisprudencia, la acción de tutela contra providencias
judiciales es un instrumento excepcional, dirigido a enfrentar aquellas
situaciones en que la decisión del juez es incompatible con la Constitución. En
este sentido, la acción de tutela contra decisiones judiciales es un juicio
de validez y no un juicio de corrección[21]del fallo
cuestionado, lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva
instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación normativa, que dieron origen a la controversia.
2.4.
EL DEFECTO
SUSTANTIVO COMO CAUSAL DE PROCEDENCIA ESPECIAL CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES.
Reiteración de jurisprudencia.
Una de las causales especiales o materiales
de procedibilidad en que puede incurrir una autoridad dentro de su providencia
judicial está referida al defecto sustantivo. Al respecto, la Sentencia SU-159
de 2002[22],
presentó las diversas actuaciones judiciales a través de las cuales se
configuraría este tipo de defecto:
“La Corte Constitucional ha señalado en su
jurisprudencia que el defecto sustantivo que convierte en vía de hecho una
sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el juez desborda el marco
de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto[23], bien sea, por ejemplo  (i.) porque ha sido derogada
y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii.) porque ella
es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad[24], (iii.) porque su aplicación al caso concreto es
inconstitucional[25], (iv.) porque ha sido declarada inexequible por la
propia Corte Constitucional[26] o, (v.) porque, a pesar de estar vigente y ser
constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó,
porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a
los expresamente señalados por el legislador.”[27]
(subraya fuera de texto)
En este mismo sentido, en la Sentencia T-1222 de 2005[28], la Corte consideró:
“Como lo ha señalado reiteradamente la Corte, no es el juez
constitucional el funcionario encargado de definir la correcta interpretación
del derecho legislado. En particular, la jurisprudencia ha reconocido que es la
Corte Suprema de Justicia la intérprete autorizada del derecho civil y
comercial.
Teniendo en cuenta lo anterior, se procederá a estudiar si se
produce alguna clase de defecto cuando en un proceso ejecutivo de ejecución de
providencia judicial, el juez de apelación revoca el mandamiento de pago, al
considerar que la entidad demandada en el proceso ordinario carecía de
capacidad para ser parte en él.
En este sentido, no sobra indicar que, en todo caso, los jueces
civiles son intérpretes autorizados de las normas que integran esta rama del
derecho y el juez constitucional no puede oponerles su propia interpretación
salvo que se trate de evitar una evidente arbitrariedad o una clara violación
de los derechos fundamentales de las partes. En este caso el juez
constitucional tiene la carga de demostrar fehacientemente la existencia de una
vulneración del derecho constitucional de los derechos fundamentales como
condición previa para poder ordenar la revocatoria de la decisión judicial
impugnada.
En suma, ante una acción de tutela interpuesta contra una decisión
judicial por presunta arbitrariedad en la interpretación del derecho legislado
-vía de hecho sustancial por interpretación arbitraria- el juez constitucional
debe limitarse exclusivamente a verificar que la interpretación y aplicación
del derecho por parte del funcionario judicial no obedezca a su simple voluntad
o capricho o que no viole los derechos fundamentales. En otras palabras, no
puede el juez de tutela, en principio, definir cual es la mejor interpretación,
la más adecuada o razonable del derecho legislado, pues su función se limita
simplemente a garantizar que no exista arbitrariedad y a proteger los derechos
fundamentales y no a definir el sentido y alcance de las normas de rango
legal.”
Frente a la configuración de este defecto
puede concluirse que, si bien es cierto que los jueces, dentro de la
esfera de sus competencias, cuentan con autonomía e independencia judicial para
interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso
absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública
de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico
preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y
garantías que identifican el Estado Social de Derecho (Sentencia T-125 de
2012 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub)
2.5.
EL PRECEDENTE
CONSTITUCIONAL Y LA JURISPRUDENCIA EN VIGOR.
En virtud de que en esta
ocasión la Corte estudia un caso en el que la Sala Plena modifica la
jurisprudencia en vigor de las Salas de Revisión respecto a la interpretación
del artículo 36 de la Ley 100 en los regímenes especiales, es de suma
importancia revisar los conceptos de “precedente” y de “jurisprudencia en
vigor” y la competencia que tiene la Sala Plena de la Corte para modificar y
sentar nuevos precedentes, aún siendo contrarios a la jurisprudencia en vigor
de las Salas de Revisión.
2.5.1.  La Corte ha analizado lo que significa el
concepto de precedente y su relación con el concepto de la jurisprudencia en
vigor, tanto en sentencias de revisión -en los casos de las acciones de tutela
contra providencias judiciales-, como en los autos de Sala Plena que resuelven
las solicitudes de nulidad de las sentencias de revisión de la Corte
Constitucional. Para ilustrarlo, pueden mencionarse las siguientes
providencias.
En la sentencia T-830 de 2012[29],
la Sala Séptima de Revisión de la Corte estudió el “desconocimiento del
precedente” como una de las causales de procedibilidad de la acción de tutela
contra decisiones judiciales. En ese orden, consideró relevante establecer la
diferencia entre los conceptos de “antecedente” y “precedente”, sobre los que
señaló que “[e]l
primero –antecedente- se refiere a una decisión de una controversia
anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el
punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos
de Derecho (e.g. conceptos, interpretaciones de preceptos legales, etc.) que
guían al juez para resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los
antecedentes tienen un carácter orientador, lo que no significa (a) que
no deban ser tenidos en cuenta por el juez a la hora de fallar, y (b) que
lo eximan del deber de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los
principios de transparencia e igualdad (…) [e]l segundo concepto –precedente-[30],
por regla general, es aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan
similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones
fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi
se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para
solucionar el nuevo caso”.
Específicamente, la Sala hizo
referencia a la sentencia T-794 de 2011[31]
en la cual se indicaron criterios a tener en cuenta para identificar el
precedente: “(i) la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa como
precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso a resolver
posteriormente; (ii) se trata de un problema jurídico semejante, o a una
cuestión constitucional semejante y (iii) los hechos del caso o las normas
juzgadas en la sentencia son semejantes o plantean un punto de derecho
semejante al que se debe resolver posteriormente”.[32]
De igual forma, esta
Corporación ha diferenciado entre dos clases de precedentes, el horizontal
y el vertical[33],
teniendo en cuenta la jerarquía de la autoridad judicial que profiere la
providencia previa. El primero hace referencia a aquellas sentencias
fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial, y el
segundo se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias
superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva
jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para la mayoría de asuntos, el
precedente vertical que deben seguir los funcionarios judiciales es determinado
por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, como órganos de
cierre dentro de su respectiva jurisdicción[34].
En los casos en los que no son susceptibles de ser revisados por las
autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer
criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores[35].
Con base en las reglas
anteriores, el precedente, a diferencia de un antecedente, no es orientador
sino de obligatorio cumplimiento, más tratándose de las sentencias emanadas por
la Corte Constitucional, máximo órgano vigilante de la Constitución Política[36].
Al respecto la Corte ha señalado las siguientes razones para establecer la
vinculatoriedad de los precedentes:
“La primera razón
de la obligatoriedad del precedente se relaciona con el artículo 230 superior.
De acuerdo con este precepto de la Constitución Política, los jueces en sus
providencias sólo están sometidos al imperio de la ley, en ese orden, tienen
una autonomía interpretativa e independencia para fallar, pero deben hacerlo
dentro de los parámetros que les presenta la ley. Particularmente, el concepto
de `ley` ha sido interpretado por la jurisprudencia de la Corte desde un
sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el legislador,
sino además comprende todas las fuentes del derecho incluidas las sentencias
que interpretan la Constitución como norma de normas, el bloque de
constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre de cada
jurisdicción[37].
La segunda razón se desprende de los principios de
igualdad, debido proceso y buena fe[38].
El precedente es una figura que tiene como objetivo principal garantizar la confianza en las decisiones
de los jueces a la luz de los principios de seguridad jurídica[39],
igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento
constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un
principio relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad[40]
en la aplicación de la ley y por otras prescripciones constitucionales[41].
En palabras de la Corte Constitucional:
´La fuerza vinculante del precedente en el
ordenamiento jurídico colombiano, se explica entonces, al menos, por cuatro
razones principales: (i) en virtud del principio de igualdad en la aplicación
de la ley (artículo 13 C.P.), que exige tratar de manera igual situaciones
sustancialmente iguales; (ii) por razones de seguridad jurídica, ya que las
decisiones judiciales debe ser ´razonablemente previsibles`; (iii) en atención
a los principios de buena fe y de confianza legítima (artículo 84
C.P.), que demandan respetar las expectativas generadas por las reglas
judiciales en la comunidad; y finalmente, (iv) por razones de rigor judicial,
en la medida en que es necesario un mínimo de coherencia en el sistema
jurídico´[42].
La tercera razón es que la respuesta del precedente es la
solución más razonable que existe hasta ese momento al problema jurídico que se
presenta, y en esa medida, si un juez, ante circunstancias similares, decide
apartarse debe tener unas mejores y más razonables razones que las que hasta
ahora han formado la solución para el mismo problema jurídico o similares. En
ese orden la doctrina ha establecido como precedente:`tratar las decisiones previas como enunciados
autoritativos del derecho que funcionan como buenas razones para
decisiones subsecuentes` y `exigir de tribunales específicos que consideren
ciertas decisiones previas, sobre todo las de las altas cortes, como una
razón vinculante`[43]
(énfasis de la Sala)”.
2.5.2.  Concretamente, sobre la relevancia de los precedentes
constitucionales, la Corte en Sentencia T-656 de 2011[44] afirmó que “(…) el deber de
acatamiento del precedente judicial se hace más estricto cuando se trata de jurisprudencia
constitucional, en la medida en que la normas de la Carta Política tienen el
máximo nivel de jerarquía dentro del sistema de fuentes del derecho, de modo
que las decisiones que determinan su alcance y contenido se tornan ineludibles
para la administración. No entenderlo así, resulta contrario a la vigencia
del principio de supremacía constitucional”.
La Sentencia T-351 de 2011[45]
explica que el sentido, alcance y fundamento normativo de obligatoriedad de los
pronunciamientos de la Corte Constitucional varía según se trate de fallos de
constitucionalidad o de revisión de tutelas. No obstante, ambos tienen en
común, que se deben acatar (i) para garantizar el carácter normativo de la
Constitución como norma de normas, en tanto la Corte Constitucional es el
intérprete autorizado de la Carta[46],
y (ii) para unificar la interpretación de los preceptos constitucionales por
razones de igualdad.
En lo referente a las sentencias de
control abstracto de constitucionalidad, la obligatoriedad de la jurisprudencia
se desprende de los efectos erga omnes y de la cosa juzgada
constitucional. De un lado, cualquier norma que sea declarada inconstitucional
por parte de la Corte por ser contraria a la Carta, debe salir del ordenamiento
jurídico y no puede ser aplicada por ninguna autoridad. De otro lado, la ratio
decidendi de todas las sentencias de control abstracto de constitucional
–bien declaren o no inexequible una disposición- debe ser también atendida por
todas las autoridades para que la aplicación de la ley sea conforme a la
Constitución.
En cuanto a los fallos de revisión de
tutela, el respeto de su ratio decidendi es necesario para lograr la
concreción de los principios de igualdad en la aplicación de la ley y de
confianza legítima -que prohíbe al Estado sorprender a los ciudadanos con
decisiones o actuaciones imprevistas- y para garantizar los mandatos
constitucionales y la realización de los contenidos desarrollados por su
intérprete autorizado. Es por esto que la interpretación y alcance que se le dé
a los derechos fundamentales en los pronunciamientos realizados en los fallos
de revisión de tutela deben prevalecer sobre la interpretación llevada a cabo
por otras autoridades judiciales, aún sean altos tribunales de cierre de las
demás jurisdicciones[47].
En este punto es importante aclarar que
en el caso de las sentencias de unificación de tutela (SU) y de control
abstracto de constitucionalidad  proferidas por la Corte Constitucional, basta
una sentencia para que exista un precedente, debido a que las primeras unifican
el alcance e interpretación de un derecho fundamental para casos que tengan un
marco fáctico similar y compartan problemas jurídicos, y las segundas,
determinan la coherencia de una norma con la Constitución Política[48].
En este
orden de ideas, se desconoce el precedente constitucional, entre otras
hipótesis, cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas
inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se contraría
la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad,
especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la
que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se omite la parte
resolutiva de una sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce
el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a
través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de
constitucionalidad o de revisión de tutela[49].
2.5.3.  Ahora bien, en lo relacionado con el
concepto de “jurisprudencia en vigor”, la Corte ha desarrollado un
catálogo de causales en cuya evidencia es posible declarar la nulidad de los
fallos de la Corporación. Una de ellas se presenta cuando una Sala de Revisión se aparta de la
jurisprudencia sentada por la Sala Plena de la Corte o la jurisprudencia en
vigor de las Salas de Revisión de Tutela frente a una situación jurídica
similar[50]. La jurisprudencia constitucional ha sostenido que si se incurre en esta causal en sede de
revisión, una sentencia de la Corte puede ser declarada nula por presentarse
una grave y ostensible afectación del debido proceso.
La Corte ha establecido que el “desconocimiento de la jurisprudencia
en vigor” como causal de nulidad está supeditado, en cualquier caso, a la
existencia de un precedente jurisprudencial “consolidado”, por ende, se
ha entendido que el concepto
de “jurisprudencia en vigor” guarda íntima relación con el concepto de
precedente al cual ya se ha hecho alusión[51]. Entonces, incurrirá en la causal de nulidad objeto de
estudio el fallo de revisión que se aparte de la “jurisprudencia en vigor”
sentada por la Corporación.
Mediante Auto No. 013 de 1997[52],
la Sala Plena de la Corte estableció que:
“El concepto de
"cambio de jurisprudencia" únicamente tiene lugar bajo el
supuesto indispensable de que, en realidad, hay jurisprudencia en
vigor, esto es, en el entendido de que las decisiones anteriores han dejado
tras de sí un sustrato de interpretación judicial que permite inferir criterios
mínimos de alguna manera reiterados por la Corte en cuanto al alcance de las
normas constitucionales aplicables y en lo relativo a la solución de
controversias planteadas en los mismos términos. Ello significa que no todo
párrafo de una sentencia aprobada por la Corte Constitucional, aun citado fuera
de contexto, se convierte de manera automática en jurisprudencia. Resulta
indispensable la continuidad de unos criterios jurídicamente relevantes, con
arreglo a los cuales se haya venido resolviendo, bajo directrices que implican
la concreción de postulados, principios o normas que se reflejan de la misma
manera en casos similares, razón por la cual el cambio de jurisprudencia se
produce cuando, al modificarse la forma de interpretar el sistema jurídico, se
resuelve en un nuevo proceso, con características iguales a las de los
precedentes, de modo contrario o diverso”.
Del mismo modo se ha referido
la Sala Plena, al señalar que “[e]l término jurisprudencia en vigor, de
acuerdo con este entendimiento, corresponde al precedente constitucional fijado
reiteradamente por la Corte, que en diversas decisiones trata problemas
jurídicos análogos con presupuestos fácticos idénticos, frente a los cuales adopta
de manera uniforme la misma regla de decisión.  Sin embargo, tal necesidad
de reiteración opera sin perjuicio del ejercicio de la autonomía interpretativa
de la que es titular la Sala Plena de la Corte, la cual está facultada para
modificar la jurisprudencia constitucional bajo la existencia de condiciones
específicas, entre ellas “(i) los cambios que el Constituyente introduzca
en la normatividad; (ii) la evolución que vayan mostrando los hechos de la vida
en sociedad y (iii) los nuevos enfoques que promueva el desarrollo del pensamiento
jurídico.”[53]
(Auto 131 de 2004).
Así pues, la jurisprudencia
en vigor se constituye como un conjunto de sentencias que comparten una misma
interpretación judicial sobre una norma o principio que se aplica a unos hechos
similares y que resuelve un problema jurídico igual. Este concepto adquiere
importancia por las sentencias emitidas por las Salas de Revisión de Tutela de
la Corte Constitucional, las cuales deben seguir, principalmente los parámetros
establecidos por la Sala Plena, pero cuando no los hay, deben obedecer a los
criterios que están vigentes por las otras Salas respecto al tema que se
estudia, esto es, la jurisprudencia en vigor.
Sin embargo, para evitar una
violación al debido proceso por el desconocimiento del precedente
constitucional e incurrir en una nulidad, las Salas de Revisión no pueden
modificar el precedente marcado en una materia, sin acudir a la Sala Plena de
esta Corporación. Esta causal tiene fundamento en la regla de competencia
prevista por el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, según la cual “los
cambios de jurisprudencia deberán ser decididos por la Sala Plena de la Corte,
previo registro del proyecto de fallo correspondiente”.
En este sentido, son de tal
importancia las sentencias que son emitidas por la Sala Plena, sean de
constitucionalidad o de tutela, que el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991,
dispone que cuando una Sala de Revisión considera oportuno
modificar la jurisprudencia y cambiar la interpretación de derechos
fundamentales que previamente se había efectuado, debe acudir a la Sala
Plena de la Corporación para efectos de unificar tesis y señalar la última
interpretación constitucional aceptada.
La
disposición citada indica dos premisas relevantes: (i) la Sala Plena es la
competente para unificar o modificar la jurisprudencia, por tanto, si una Sala
de Revisión cambia la posición hasta ahora vertida por la Corporación, debe acudir
a la Sala Plena y (ii) las decisiones emitidas por la Sala Plena, en razón de
su competencia funcional, constituyen un precedente obligatorio en relación con
las Salas de Revisión de Tutelas de la misma Corte Constitucional.
Así, la existencia de una
posición jurisprudencial definida por la Corte Constitucional vincula a las
Salas de Revisión quienes deben respetarla o someter la decisión a la Sala
Plena de la Corte si consideran que tal posición debe ser modificada. Un
proceder distinto no sólo resultaría contrario a la regla citada, sino que
también afectaría el principio de seguridad jurídica y el derecho a la igualdad
de trato ante las autoridades judiciales[54].
De manera que, por
competencia es la Sala Plena de la Corte Constitucional la única llamada a
establecer un cambio jurisprudencial, aún en los casos en los que existe la
denominada jurisprudencia en vigor. En ese sentido lo ha afirmado la Corte:
“De gran interés resulta la verificación
de la competencia para los cambios jurisprudenciales, ya que, habiéndose creado
las salas de revisión de tutela, no toda la jurisprudencia está contenida en
fallos pronunciados por la Sala Plena de la Corporación. Es ésta, por supuesto,
la señalada para modificar las tendencias doctrinarias que ella misma ha venido
estableciendo y, por expreso mandato del Decreto 2591 de 1991, también para
adoptar las decisiones que modifiquen la jurisprudencia sentada en las
sentencias sobre amparo constitucional. En efecto, si una de las salas de
revisión de la Corte modifica la jurisprudencia, asumiendo una función propia
de la Sala Plena, quebranta el debido proceso y, por tanto, debe ser anulada.
Pero la transgresión implícita en ese motivo de nulidad no puede contraerse a
diferencias accidentales entre casos aparentemente iguales, ni consiste en la
utilización de expresiones en apariencia contrarias a la doctrina establecida
pero sólo aplicable al asunto en estudio, ni tampoco en la exploración de
criterios jurídicos novedosos para dar eficaz solución a circunstancias
excepcionales. No necesariamente se cambia la jurisprudencia cuando los hechos
del proceso, aunque semejantes, tienen características sui generis, que exigen
del juez la apelación a criterios de justicia y equidad apropiados al mismo”[55]
Aunado a ello, la Sala Plena de
la Corte ha considerado que cuando se invoca la causal de desconocimiento de la
jurisprudencia, esta no tiene ninguna incidencia en la fuerza vinculante de la
obligatoriedad de los fallos de tutela emitidos por las diferentes Salas de
Revisión, toda vez que esta causal de nulidad se restringe a los precedentes
sentados por la Sala Plena principalmente. No obstante, ello no implica que las
decisiones de las distintas Salas no sean vinculantes para las partes que están
involucradas y que, como se advirtió antes, se puedan sustraer reglas de
interpretación comunes en casos concretos que compartan el mismo problema
jurídico a resolver y que conforman la posición marcada de la Corte, en sede de
tutela, en cuanto una temática en particular[56].
Por consiguiente, el Auto 234 de 2009[57] analizó si a las Salas de Revisión de la Corte les
obliga el precedente horizontal en sede de tutela o únicamente el precedente de
la Sala Plena. Sobre este interrogante, la Sala Plena afirmó que resulta
evidente que si en sede de revisión se cambia la doctrina sentada por el
plenario de este Tribunal Constitucional o modifica, desconoce o no aplica
la ratio decidendi reiterada en forma uniforme, constante y
actual por las distintas salas de revisión, que pueda calificarse como
jurisprudencia en vigor, vulnera el debido proceso.
2.5.4.
En suma, el
concepto de precedente y el de “jurisprudencia en vigor” están fuertemente
relacionados en la medida en que, éste último se conforma con una regla de interpretación
judicial sucesiva y homogénea sobre un tema particular –precedente-, que debe
ser observado por las Salas de Revisión cuando estudian casos con hechos
similares en los que debe aplicarse la regla jurisprudencial vigente. Esta
posición puede ser modificada únicamente por la Sala Plena de la Corte
Constitucional como autoridad competente para establecer una línea
jurisprudencial nueva o sentar una modificación de la jurisprudencia en vigor
en determinada situación. Es así como, para el caso concreto, a pesar de la
existencia de una jurisprudencia en vigor de las Salas de Revisión de Tutelas
de la Corte sobre el artículo 36 de la Ley 100 a la luz de la inescindibilidad
e integralidad de los regímenes especiales, la Sala Plena de esta Corporación, como
órgano competente, le es posible modificar la posición jurisprudencial vigente.
2.6.    EL PRECEDENTE ESTABLECIDO EN LA SENTENCIA
C-258 DE 2013.
2.6.1.  El régimen de transición, regulado en el
artículo 36 de la Ley 100, entre otros[58],
tiene como fundamento la protección de las expectativas y la confianza
legítima, y los derechos adquiridos en el tránsito de una legislación de
seguridad social a otra. Por ello, el mencionado artículo 36 estableció una
excepción a la aplicación universal del sistema de seguridad social en
pensiones para quienes el 1° de abril de 1994, tuvieran 35 años en el
caso de las mujeres o 40 años en el caso de los hombres, y 15 años o más de
servicios o de tiempo cotizado. A estas personas, en virtud del régimen de
transición, se les debe aplicar lo establecido en el régimen anterior a la Ley
100 al que se encontraran afiliados, en cuanto a (i) los requisitos para
el reconocimiento del derecho y (ii) la fórmula para calcular el monto
de la pensión.
El artículo 36 precisó los beneficios
otorgados y la categoría de trabajadores con acceso al régimen de transición.
Los beneficios del régimen consistieron en conservar la edad en que la persona
accedía al derecho, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas,
para adquirirlo y, el monto de la misma.
De esta suerte, la remisión al “régimen
anterior” pone en evidencia que antes de la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 existían en el ordenamiento jurídico diferentes regímenes
especiales sobre pensiones. Para el caso de los trabajadores particulares no
afiliados al ISS, el aplicable era el consagrado en el artículo 260 del Código
Sustantivo del Trabajo, que resultó derogado por el artículo 289 de la Ley 100
de 1993[59];
a los trabajadores particulares afiliados al Instituto de los Seguros Sociales
les resultaba aplicable, por lo general, el Acuerdo 049 de 1990, aprobado
mediante el Decreto 758 del mismo año.
En cuanto a los servidores públicos, tanto
del nivel nacional como del territorial, se les aplicaba la Ley 33 de 1985, que
estipulaba una pensión de jubilación a cargo de la respectiva Caja de Previsión
a la cual se encontrara afiliado el trabajador, para quien acreditara veinte
(20) años de servicios continuos o discontinuos y cincuenta y cinco (55) años
de edad (hombres y mujeres), en una cuantía equivalente al 75% del salario
promedio que sirvió de base para el cálculo de los aportes en el último año de
servicio.
Igualmente, existía la regulación especial
establecida en la Ley 71 de 1988 y sus Decretos Reglamentarios 1160 de 1989 y
2709 de 1994, para el caso de los trabajadores que cumplían veinte (20) años de
aportes sumando los cotizados al ISS como trabajador del sector privado y los
aportados a otras Cajas de Previsión del sector público. De acuerdo con dichas
normas, para adquirir el derecho a la pensión por aportes se requería que al
sumar las cotizaciones efectuadas en uno y otro sector se completaran no menos
de veinte (20) años de servicios cotizados y se acreditaran cincuenta y cinco
(55) años de edad o más para el caso de la mujer, o sesenta (60) años o más de
edad si el cotizante era hombre.
Por último, es importante señalar que
existían regímenes especiales y exceptuados de pensión dentro del sector
público, anteriores a la Ley 100 de 1993, como el del Presidente de la
República, los congresistas, los docentes oficiales, la Rama Judicial y el
Ministerio Público, entre otros.
Así que antes de que entrara a operar el
Sistema General de Pensiones existía una gran variedad de regímenes. Algunos
fueron modificados o derogados por la Ley 100 de 1993 y luego por el Acto
Legislativo 01 de 2005, pero a pesar de ello siguen produciendo efectos
jurídicos en virtud del régimen de transición que extendió sus prerrogativas a
quienes estaban próximos a cumplir los requisitos para acceder a la pensión de
jubilación o de vejez en la fecha en que entró en vigencia.
En síntesis, son tres los parámetros
aplicables al reconocimiento de las pensiones regidas por normas anteriores a
la Ley 100 de 1993, los que a su vez constituyen el régimen de transición:
(i)      La edad para consolidar el acceso al
beneficio prestacional.
(ii)
El tiempo de servicios
o el número de semanas cotizadas para el    efecto.
(iii)   El monto de la misma.
Estos son aplicables a las personas que al
1º de abril de 1994, tuvieran la edad de treinta y cinco (35) años en el caso
de las mujeres; cuarenta (40) años o más en el evento de los hombres; o quince
(15) o más años de servicios en cualquier caso.
Ahora bien, respecto de la aplicación de
los dos primeros lineamientos no ha existido ningún tipo de controversia. Sin
embargo, el tercer aspecto, esto es, la noción de “monto”, ha sido
objeto de amplios debates a nivel doctrinario y jurisprudencial.
Por su parte, la Corte Constitucional ha
indicado que cuando se trata de pensiones de regímenes especiales aplicables
por transición, como por ejemplo el de los empleados de la Rama Judicial o el
de los servidores públicos regidos por la Ley 33 de 1985, entre otros, el
concepto de monto debe comprender tanto el porcentaje aplicable como la base
reguladora señalada en dicho régimen, ya que resultaría quebrantado el principio
de inescindiblilidad de la norma si se liquidara el monto de las mesadas
pensionales de conformidad con lo consagrado en el inciso 3º del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993. Precepto este que solo resultaría aplicable en el evento en
que el régimen especial hubiese omitido fijar el método de encontrar la base
reguladora[60].
Es posible afirmar que existe una línea
jurisprudencial consolidada de las Salas de Revisión de Tutela (T-472 de 2000, T-1122 de 2000, T-235 de
2002, T-631 de 2002, T-1000 de 2002, T-169 de 2003, T-625 de 2004, T-651 de
2004, C-754 de 2004, T-830 de 2004, C-177 de 2005, T-386 de 2005, T-1160 de
2005, T-147 de 2006, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-910 de 2006, T-1087 de
2006, T-251 de 2007, T-529 de 2007, T-711 de 2007, T-1001 de 2008, T-143 de
2008, T-180 de 2008, T-248 de 2008, T-019 de 2009, T-610 de 2009) cuya ratio
decidendi precisa que se vulneran los derechos pensionales cuando no se
aplica en su integridad el régimen especial en el que se encuentra amparado el
beneficiario del régimen de transición, y en los eventos en que se desconoce
que el monto y la base de liquidación de la pensión forman una unidad
inescindible, y por tanto, debe aplicarse la totalidad de lo establecido en el
régimen especial y no lo consagrado en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley
100 de 1993.
2.6.2.  Sin embargo, la Sala Plena de la Corte
Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013[61]  fijó el
precedente que debe ser aplicado al caso que se estudia, en cuanto a la
interpretación otorgada sobre el monto y el ingreso base de liquidación en el
marco del régimen de transición, y por ende, a todos los beneficiarios de
regímenes especiales.
En esta providencia la Sala Plena de la
Corte Constitucional, conoció la demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 17 de la Ley 4 de 1992, según la cual, los ciudadanos demandantes
alegaban que (i) la mesada pensional que pueden reclamar
los beneficiarios de aquella disposición no está sujeta al tope establecido en
el Acto Legislativo 1 de 2005, (ii) no es proporcional a las
cotizaciones efectuadas al sistema durante su vida laboral, (iii) la
forma de liquidar el ingreso se toma a partir del último año de servicio y no
como lo consagra el régimen general de pensiones y (iv) el incremento
anual se hace en relación con el salario mínimo a diferencia de todas las demás
mesadas pensionales que son reajustadas de conformidad con el índice de precios
de consumidor (IPC). Con base en lo anterior, señalaron que la norma demandada
permitía a los cobijados por dicho régimen, acceder a prestaciones económicas,
bajo condiciones más favorables que el resto de la población.
La Corte realizó algunas consideraciones
generales sobre el objeto de este tipo de prestaciones en el Estado Social de
Derecho, para luego analizar el objeto concreto de la controversia.
Inició su examen de constitucionalidad
refiriéndose al alcance del control constitucional rogado de las leyes. En esta
materia, la Corte manifestó que su análisis debía limitarse a la norma acusada
y a los cargos propuestos por el demandante, razón por la cual no puede ejercer
un control oficioso de constitucionalidad. En la providencia C-258 de 2013,
advirtió que el alcance de este control, se circunscribía al régimen pensional
especial previsto en el precepto censurado, el cual es aplicable a los
Congresistas y los demás servidores señalados. De ese modo, la Corte consideró
necesario examinar el texto del artículo 17 de la Ley 4 de 1992 tanto en su
perspectiva literal como también a partir del alcance resultante del derecho
viviente, es decir, sus contenidos normativos según “la manera como la
disposición está siendo aplicada, ya sea por las autoridades administrativas o
por los jueces.”
En este orden de ideas, la Sentencia C-258
de 2013 consideró que el contenido de la norma demandada a la luz del derecho
viviente se ha configurado de conformidad con los siguientes aspectos:
“(i) son beneficiarios del
régimen especial de Congresistas y Magistrados, en virtud del régimen de
transición, no sólo aquellos que al 1 de abril de 1994, momento de entrar a
regir la Ley 100 de 1993, ostentaban tal calidad, sino también aquellos que
adquirieron con posterioridad tal dignidad (claro está con la condición que
también se encontraran en el régimen general de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993), (ii) el ingreso base de
liquidación aplicable es lo devengado durante el último año por todo
concepto, y no los diez últimos años como lo consagraba el régimen general
dispuesto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, (iii) a
pesar que la Sentencia C-608 delimitó el alcance de los factores de
liquidación, algunas autoridades judiciales continuaron tomando como referencia
todos los rubros recibidos por los Congresistas, sin tener en consideración ni
su carácter remunerativo del servicio, ni lo referido a lo recibido
específicamente por cada beneficiario del régimen, (iv) en la actualidad
las mesadas pensionales no se encuentran sometidas a un tope y (v) su
incremento anual se hace de conformidad con el aumento del salario mínimo,
y no como lo señala el sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de
1993.”
En lo atinente al parámetro de control de
constitucionalidad empleado en la sentencia, en un primer término se estableció
el contenido de los principios constitucionales implicados en la decisión: igualdad,
solidaridad, dignidad humana y trabajo. Advirtió que, en virtud de la cláusula
del Estado Social de Derecho, existe un compromiso con la igualdad material, la
garantía del mínimo vital de todas las personas, y la construcción de un orden
económico y social justo, fines para los que la distribución equitativa de los
recursos juega un papel fundamental.
Concretamente, respecto a los cargos dirigidos contra
la expresión ingreso base de liquidación (IBL) del régimen especial de
congresistas y demás servidores públicos a los que le es aplicable el artículo
17 de la Ley 4 de 1992, la Corte encontró lo siguiente:
“La interpretación de estas expresiones conlleva la
concesión de una ventaja a los beneficiarios del régimen especial cobijados por
la transición, que no fue prevista originalmente por el Legislador al expedir
la Ley 100 y que, por tanto, carece de justificación. En efecto, la Sala
recuerda que el propósito original del Legislador al introducir el artículo 36
de la Ley 100 de 1993[62],
tal como se desprende del texto de la disposición y de los antecedentes
legislativos, fue crear un régimen de transición que beneficiara a quienes
tenían una expectativa legítima de pensionarse conforme a las reglas especiales
que serían derogadas. Para estas personas, el beneficio derivado del régimen de
transición consistiría en una autorización de aplicación ultractiva de las
reglas de los regímenes a los que se encontraban afiliados, relacionadas con los
requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo. El
Ingreso Base de Liquidación no fue un aspecto sometido a transición, como se
aprecia claramente en el texto del artículo 36. Hecha esta aclaración, la
Sala considera que no hay una razón para extender un tratamiento diferenciado
ventajoso en materia de Ingreso Base de Liquidación a los beneficiarios del
régimen especial del artículo 17 de la Ley 4 de 1992; en vista de la ausencia
de justificación, este tratamiento diferenciado favorable desconoce el
principio de igualdad.
De otro lado, tal como ocurre con el tema de factores,
la regla que se viene aplicando de Ingreso Base de Liquidación conduce a la
concesión de beneficios manifiestamente desproporcionados, con desconocimiento
de los principios de solidaridad e igualdad. En efecto, el cálculo de las
pensiones en ciertos casos con base en dicha interpretación del Ingreso Base de
Liquidación condujo a pensiones de una cuantía muy elevada que sólo podían ser
financiadas con subsidios públicos más altos, en términos absolutos y
porcentuales, que los asignados a las demás pensiones reconocidas en el
sistema. El caso extremo es el de las pensiones basadas en el ingreso mensual
promedio de un periodo muy breve en comparación con toda la vida laboral del
beneficiario.
Por último, de conformidad con lo antes expuesto, la
transferencia de recursos a la que la regla de Ingreso Base de Liquidación
conduce, también impone un sacrificio claramente desproporcionado de los
principios y finalidades de la seguridad social”.
Con fundamento en estas razones, la Sala Plena de
la Corte declaró inexequible la expresión “durante el último año” y
estableció que el IBL aplicable debía ser el dispuesto en el régimen general
del artículo 36 de la Ley 100. Es necesario advertir en este punto que, a
diferencia de la jurisprudencia vigente de las Salas de Revisión de Tutela de
la Corte Constitucional sobre la aplicación inescindible de los regímenes
especiales, incluyendo las condiciones del IBL, esta providencia declara la
inexequibilidad de la norma especial y ordena remitirse al régimen general de
pensiones. Esto se encuentra suficientemente justificado en la medida en que,
para la Sala, al igual que ocurre con las reglas de Ingreso Base de
Liquidación, factores y beneficiarios, la expresión aludida (i) vulnera
el principio de igualdad en tanto conduce a la transferencia de subsidios
públicos excesivos a un grupo de personas que no sólo no están en condición de
vulnerabilidad o debilidad, sino que, por el contrario, por regla general
pertenecen a un sector en mejores condiciones socio-económicas; e (ii) impone
un sacrificio desproporcionado de los principios y finalidades de la seguridad
social.
Así pues, la sentencia C-258 de 2013[63], fijó unos
parámetros determinados para el régimen especial dispuesto en la Ley 4 de 1992,
pero además, estableció una interpretación sobre la aplicación del IBL a los
regímenes especiales sujetos a la transición del artículo 36 la Ley 100. En esa
medida, Sala Plena encontró
que el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, en su sentido natural y en concordancia
con su configuración viviente, resultaba contrario al ordenamiento constitucional
por cuanto (i) desconocía el derecho a la igualdad, en armonía con los
principios constitucionales de universalidad, solidaridad y eficiencia que
rigen un sistema pensional equitativo, (ii) generaba una desproporción
manifiesta entre algunas pensiones reconocidas al amparo del artículo 17 de la
Ley 4 de 1992 cuando, además, (iii) existía falta absoluta de correspondencia
entre el valor de la pensión y las cotizaciones, lo cual conduce a que dicha
desproporción excesiva sea (iv) financiada con recursos públicos mediante un
subsidio muy elevado. Esto, además, (v) es incompatible con el principio de
Estado Social de Derecho, puesto que si bien los subsidios en regímenes
especiales no son per se contrarios a dicho principio fundamental, sí lo son
los subsidios carentes de relación con el nivel de ingresos y la dedicación al
servicio público del beneficiario del elevado subsidio.
La Corte Constitucional decidió declarar
inexequibles las expresiones “durante el último año y por todo concepto”,
“Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo
legal”, contenidas en el primer inciso del artículo 17 de la Ley 4ª de
1992, así como la expresión “por todo concepto”, contenida en su parágrafo.
Las demás expresiones demandadas, relativas
al régimen pensional de los congresistas y de los servidores públicos a quienes
les resultara aplicable, fueron declaradas exequibles, en el entendido que: (i)
no puede extenderse el régimen pensional allí previsto, a quienes con
anterioridad al 1º de abril de 1994, no se encontraren afiliados al mismo, (ii)
como factores de liquidación de la pensión sólo podrán tomarse aquellos
ingresos que hayan sido recibidos efectivamente por el beneficiario, tengan
carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se hubieren realizado las
cotizaciones respectivas, (iii) las reglas sobre el IBL aplicables a todos los
beneficiarios de este régimen especial, son las contenidas en los artículos 21
y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso, y (iv) las mesadas
correspondientes no podrán superar los veinticinco (25) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, a partir del 1º de julio de 2013. La Sala también
decidió que, las pensiones reconocidas al amparo del artículo 17 demandado, con
abuso del derecho o con fraude a la ley, se debían revisar por los
representantes legales de las instituciones de seguridad social competentes,
quienes podrían revocarlas o reliquidarlas, según correspondiera, a más tardar
el 31 de diciembre de 2013.
2.6.3.
Alcance de la Sentencia C-258 de 2013 y cambio de
jurisprudencia sobre la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
2.6.3.1.   La solicitud
de nulidad resuelta por la Sala Plena sobre la Sentencia T-078 de 2014[64], interpretó el alcance de lo
establecido en la Sentencia C-258 de 2013.[65]
2.6.3.2.   Cabe
recordar que la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, mediante
sentencia T-078 de 2014, denegó el amparo solicitado por el ciudadano Miguel
Santos García Ramírez, quien alegó que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, así como Caprecom, incurrieron en una causal de procedencia de tutela
contra providencia judicial, al desconocer el régimen especial que se basa en
el sistema de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
por cuanto se tomó como base para liquidar la pensión, el promedio de lo
devengado en los últimos 10 años, y no el ingreso base de liquidación, que
corresponde a lo devengado en el último año de servicio, tal y como lo disponen
las normas especiales que rigen para las pensiones de los trabajadores de la
extinta Telecom.
En aquella decisión, la Sala de Revisión
realizó un análisis sobre la interpretación constitucional que se ha hecho del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Al respecto concluyó que la Sala Plena de la
Corte en la Sentencia C-258 de 2013, estableció que el régimen de transición
consiste en un beneficio de quienes hacen parte de regímenes especiales que
consiste en la aplicación ultractiva de los requisitos de aquellos pero sólo
los relacionados a la edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo, y no el
ingreso base de liquidación –IBL-. En palabras de la Sala Segunda de Revisión:
“4.3.3. En la
sentencia C-258 de 2013, respecto de la interpretación del artículo 36 de la
Ley 100/93, la Corte determinó que el cálculo del ingreso base de liquidación
bajo las reglas previstas en las normas especiales que anteceden al régimen de
transición, constituye la concesión de una ventaja que no previó el legislador
al expedir la Ley 100, en la medida que el beneficio otorgado, como se señaló
en un principio, consiste en la aplicación ultractiva de los regímenes a los
que se encontraba afiliado el peticionario,  pero solo en lo relacionado
con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de
reemplazo. Situación distinta se presenta respecto del ingreso base de
liquidación, puesto que este no fue un aspecto sometido a transición, como
se deriva del tenor literal del artículo 36 de la ley mencionada[66].
4.3.5. De lo
anterior, se puede colegir que esta Corporación al estudiar la
constitucionalidad de la norma demandada en esa oportunidad (art. 17 Ley 4 de
1992), fijó unos parámetros de interpretación para la aplicación del régimen de
transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100/93, especialmente en lo relacionado
en su inciso 3°, que establece el modo de calcular el ingreso base de
liquidación para aquellos beneficiarios del tránsito normativo; interpretación
constitucional que no resulta ajena al presente caso, más aun, cuando el
conflicto versa sobre la aplicación integral del régimen especial del que era
beneficiario el accionante, y del régimen de transición mencionado”.
Con base en
las anteriores consideraciones, la Sala comprobó que el actor era beneficiario
del régimen de transición, y por ende, debía aplicarse los requisitos del
régimen especial al cual pertenecía antes de la ley 100. No obstante, afirmó
que el ingreso base de liquidación debía ser el dispuesto en el régimen
general. De ese modo, la Sala de Revisión resaltó el hecho de que la Sala Plena
de esta Corporación fijó un parámetro de interpretación del artículo 36 de la
Ley 100, a través de la Sentencia C-258 que era relevante para el caso
concreto, especialmente, en lo relacionado con la aplicación de la norma
pertinente para establecer el ingreso base de liquidación de la pensión de
vejez. Por consiguiente, resolvió que “no se estructuró el defecto
sustantivo alegado, por cuanto, la decisión de la Corte Suprema de Justicia
–Sala de Casación Laboral- adoptada dentro del proceso laboral promovido por el
actor en contra de Caprecom, no es contraria a la interpretación fijada por la
jurisprudencia constitucional en lo relacionado con la norma que se debe tener
en cuenta para establecer el ingreso base de liquidación, pues el alto tribunal
de la jurisdicción ordinaria laboral reconoció que los requisitos de edad,
cotizaciones y monto de la pensión se deben regir por la norma especial que
estaba vigente a la entrada en vigencia del régimen de transición, en tanto, el
ingreso base de liquidación será el determinado en el inciso 3 del artículo 36
de la Ley 100/93”.
2.6.3.3.   Como
consecuencia de esta decisión, el señor Santos García, quien promovió el
anterior amparo, presentó ante la Sala Plena solicitud de nulidad de la
sentencia T-078, invocando la vulneración del derecho al debido proceso por
desconocimiento del precedente constitucional. El solicitante señaló que la
Sala de Revisión había cambiado la jurisprudencia constitucional en vigor en lo
relacionado con la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 en materia de
la aplicación integral de los regímenes especiales y de transición, y conforme
a ello, había desconocido el principio de favorabilidad e inescindibilidad de
la norma pensional.
La Sala
Plena al conocer dicha solicitud, mediante Auto 326 de 2014[67]
decidió denegar la petición de nulidad, por cuanto consideró que no se
configuraba el desconocimiento del precedente toda vez que no existía, antes de
la Sentencia C-258 de 2013, un pronunciamiento de constitucionalidad expreso de
Sala Plena sobre la interpretación del monto y el ingreso base de liquidación
en el marco del régimen de transición. En efecto advirtió que al no existir
esta interpretación, se entendía que estaba permitida aquella que a la luz de
la Constitución y la ley, acogiera cualquiera de las Salas de Revisión en forma
razonada y suficientemente justificada. Aclaró que de las sentencias emitidas
por la Sala Plena sobre el tema (C-168 de 1995, C-1056 de 2003, C-754 de 2004)
ninguna se había referido a las disposiciones de monto y base de liquidación
dentro del régimen de transición, y en ese orden, el precedente fijado por la
Sala Plena en este aspecto, debía ser el formulado en la Sentencia C-258 de
2013.
Con base en
ello, la Sala Plena citó apartes de la sentencia referida y al resolver la
solicitud de nulidad, concluyó lo siguiente:
“3.2.2.5.
Como se acaba de ver, es importante destacar que el parámetro de interpretación
fijado por la Corte en la materia, a pesar de que no se encuentra situado de
forma expresa en la parte resolutiva de dicha providencia, fundamenta la ratio
decidendi que dio lugar a una de las decisiones adoptadas en la Sentencia C-258
de 2013 y, por tanto, constituye un precedente interpretativo de acatamiento
obligatorio que no puede ser desconocido en forma alguna.
3.2.2.6. A
partir de las anteriores razones, la Sala Plena considera que la solicitud de
nulidad no está llamada a prosperar, por cuanto la Sala Segunda de Revisión de
Tutelas no cambió la jurisprudencia constitucional en vigor, relativa a la
interpretación del inciso 2º y 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en lo
atinente a la forma de liquidar el monto y el ingreso base de liquidación, sino
que, por el contrario, siguió en estricto rigor la interpretación fijada por la
Sala Plena en la Sentencia C-258 de 2013, que ha hecho tránsito a cosa juzgada
constitucional y que establece, preciso es reiterarlo, que el monto y el
ingreso base de liquidación se calculan bajo presupuestos diferentes, el primer
concepto, bajo el régimen especial del que fuese beneficiario el afiliado antes
de la entrada en vigencia del tránsito normativo, y el segundo, siguiendo lo
previsto en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100/93”
2.6.4.
De esa forma, la Sala Plena mediante el estudio de la
solicitud de la nulidad de la tutela T-078, reafirmó la interpretación sobre el
artículo 36 de la Ley 100 establecida en la sentencia C-258 de 2013, fallo en
el que por primera vez la Sala analizó el IBL, en el sentido de que, el modo de
promediar la base de liquidación no puede ser la estipulada en la legislación
anterior, en razón a que el régimen de transición solo comprende los conceptos
de edad, monto y semanas de cotización y excluye el promedio de liquidación.
Por tanto, el IBL debe ser contemplado en el régimen general para todos los
efectos.
2.7.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SOBRE EL
ARTÍCULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993.
Como se verá a
continuación, la interpretación dada por la Sala Plena de la Corte
Constitucional es acorde con la sostenida por la Corte Suprema de Justicia,
máxima autoridad judicial de la jurisdicción ordinaria laboral.
2.7.1.
Cabe aclarar que
son tres los parámetros aplicables al reconocimiento de las pensiones regidas
por normas anteriores a la Ley 100 de 1993, los que a su vez constituyen el
régimen de transición: (i) la edad para consolidar el acceso al beneficio
prestacional; (ii) el tiempo de servicios o el número de semanas cotizadas para
el  efecto; y (iii) el monto de la misma.
Estos son aplicables a las personas que al
1º de abril de 1994, tuvieran la edad de treinta y cinco (35) años en el caso
de las mujeres; cuarenta (40) años o más en el evento de los hombres; o quince
(15) o más años de servicios en cualquier caso.
Ahora bien, respecto de la aplicación de
los dos primeros lineamientos no ha existido ningún tipo de controversia. Sin
embargo, el tercer aspecto, esto es, la noción de “monto”, ha sido
objeto de amplios debates a nivel doctrinario y jurisprudencial.
2.7.2.
Para la Corte
Suprema de Justicia el “monto” de la pensión sólo hace referencia al
porcentaje (75%); pero el ingreso base de liquidación que se debe tener en
cuenta es el que consagra el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993; es decir, el promedio de los salarios devengados que sirvieron de base
para los aportes durante los últimos 10 años.
En reiterados pronunciamientos este
tribunal de la jurisdicción ordinaria, ha sosteniendo que el régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 conservó para sus
beneficiarios la aplicación de la normativa anterior en lo relativo a edad,
tiempo de servicios y “monto” de la prestación, pero no en lo
relacionado con el “ingreso base de liquidación”, el cual está sometido
a la definición consagrada en el inciso 3º del artículo 36 de la citada ley.
Para esa corporación el “monto” solo se refiere al porcentaje de la base
salarial, sin que esta haga parte integrante de aquel, por lo menos en lo que
al régimen de transición se refiere, razón por la cual han precisado que se
trata de dos nociones distintas e independientes.
De lo anterior se desprende que para la
Corte Suprema de Justicia el régimen anterior no se aplica de manera integral,
ya que el monto de la pensión, en lo que atañe al porcentaje, es el señalado en
el régimen anterior, pero la base salarial al que se aplica dicho porcentaje se
tasa con fundamento en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Al
respeto ha sostenido lo siguiente:
“Por otra parte, como quiera que el fondo del cargo
toca el aspecto de cuál es el verdadero monto de la pensión del demandante
quien se desvinculó en el mes de octubre de 1994, bajo la vigencia de la Ley
100 de 1993, debe decirse que esta normatividad en su artículo 36, al regular
el régimen de transición de la pensión de vejez en el régimen de prima media
con prestación definida, mantuvo los requisitos de pensionamiento en materia de
edad, tiempo de servicios o el número de semanas cotizadas y monto, para
quienes al momento de entrar en vigencia el nuevo sistema tenían más de 35 años
de edad (mujeres) o más de 40 (hombres), o más quince años de servicios
cotizados. Empero, respecto de las demás condiciones y requisitos para acceder
a dicha pensión, aplicables a los beneficiarios del régimen de transición,
prescribió que se regirían por las disposiciones contenidas en la nueva Ley.
Es por eso que, en principio, lo atinente
al ingreso base para liquidar la pensión por vejez quedó gobernado por el nuevo
régimen, salvo para quienes a la fecha en que éste entró en vigor (1º de abril
de 1994), les faltaren menos de 10 años para cumplir los requisitos de edad y
tiempo de servicios o de cotizaciones, según el caso.
(…)
Lo anterior permite colegir que, con
prescindencia de la naturaleza jurídica del vínculo laboral que los unió con su
empleador, el Ingreso Base de Liquidación de la pensión por vejez de quienes al
primero de abril de 1994 (fecha de vigencia del sistema general de pensiones)
les faltare menos de diez años para adquirir el derecho, así este sea inferior
a dos años, “será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios
al consumidor”, con lo que se preserva la igualdad de regímenes resultantes de
la sentencia de inconstitucionalidad”[68].
Así las cosas se tiene que para la Corte
Suprema de Justicia se trata de dos conceptos distintos y por ende separables,
puesto que la noción de monto se refiere solo al porcentaje pero no al ingreso
base de liquidación sobre el cual se aplica. Sobre este aspecto ha reiterado:
“Este régimen –la transición- solamente
mantuvo, de las normas anteriores al Sistema General de Pensiones, tres aspectos
concretos: edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto de la pensión;
de tal modo que el tema de la base salarial de liquidación de la pensión no se
rige por las disposiciones legales precedentes, sino que pasó a ser regido, en
principio, y para quienes les hacía falta menos de diez años para adquirir el
derecho, por el inciso 3º del artículo 36 citado”[69].
Para dicho tribunal, el régimen anterior no
se aplica en su totalidad, toda vez que la noción de monto solo comprende el
porcentaje, más no la base salarial que, según ese tribunal, se fija con fundamento
en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993[70].
A continuación, esta Sala analizará el
caso concreto a la luz de las premisas expuestas.
3.
ESTUDIO
DEL CASO CONCRETO
3.1.
PRESENTACIÓN
DEL CASO
3.1.1.
El accionante
interpuso acción de tutela en contra de la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, al considerar que dicha entidad vulneró sus derechos fundamentales a
la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital, al ordenar
que la liquidación de su mesada pensional debe realizarse con base en el promedio
de los salarios devengados durante los últimos 10 años (Ley 100 de 1993,
artículo 36), y no teniendo en cuenta el promedio de los salarios devengados en
el último año (artículo 1° Ley 33 de 1985), como en efecto le correspondía.
3.1.2.
Para iniciar, es
importante referir que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia estudió la acción de tutela presentada por el actor,  cuya decisión
fue negar el amparo invocado por el actor[71].
En sede de impugnación, la Sala de Casación Civil declaró la nulidad de todo lo
actuado y, a continuación, la inadmitió sin remitirla a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
3.1.3.
En virtud de lo
anterior, el actor acudió ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, corporación que decidió admitir y
avocar conocimiento de la solicitud de tutela[72].
Lo mismo hizo la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura al resolver la impugnación, mediante sentencia del 19 de junio de
2012[73].
3.1.4.
La Sala encuentra
que estas dos últimas corporaciones son competentes para conocer y gestionar
dicho amparo en vista de que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia anuló lo actuado e inadmitió el trámite de tutela, negando el envío
del expediente a esta Corporación para su eventual revisión.
3.1.5.
En tales
circunstancias, el señor Quintero Rodríguez tenía la posibilidad de acudir ante
cualquier juez (unipersonal o colegiado) para solicitar a través de una acción
de amparo, la protección de los derechos fundamentales que estimó transgredidos
con la decisión proferida por la Sala de Casación Laboral de Corte Suprema de
Justicia[74],
en el sentido de reconocer la pensión de vejez en un monto inferior al que
legal y constitucionalmente le corresponde.
3.1.6.
La sentencia de
casación cuestionada a través de tutela argumentó, en lo atinente al régimen
pensional aplicable, que el cambio de la naturaleza jurídica del Banco Popular
de sociedad de economía mixta a privada, no podía afectar la calidad jurídica
del nexo de quienes le prestaron sus servicios, a pesar de que sólo con
posterioridad a dicho cambio, cumplieran la edad para pensionarse, puesto que
si el accionante durante más de 20 años de servicio ostentó la calidad de
trabajador oficial, no era posible desconocerle ese carácter, por lo que
consideró que el cargo no prosperaba y, en consecuencia, se ordenó a la entidad
financiera el reconocimiento y pago de la pensión. En este aspecto no existió
transgresión alguna a un derecho fundamental.
3.1.7.
En particular,
acerca de la aplicación indebida del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 incisos
2º y 3º, el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, 1º de la Ley 62 de 1985, artículo
27 del Decreto 3135 de 1968, y artículos 68 y 75 del Decreto 1848 de 1969, esto
es, que la pensión sea liquidada teniendo en cuenta el 75% del salario promedio
que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio en el que
se incluyan todos los factores salariales, precisó que el régimen de transición
del artículo 36 de la Ley 100 conservó para sus beneficiarios la aplicación de
la norma anterior, en lo relativo a edad, tiempo de servicios y monto de la
prestación, pero no en lo relacionado con el ingreso base de liquidación.
3.1.8.
Ahora bien, como
la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial, es necesario analizar
si concurren los requisitos generales de procedibilidad y al menos una de las causales
específicas de procedencia, para luego entrar a examinar el caso concreto.
3.2.
EXAMEN DE LA
PROCEDENCIA
Como se anotó en líneas
anteriores, la Corte Constitucional ha establecido como regla general la
improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Sin
embargo, ha establecido causales genéricas y especiales de procedibilidad
contra providencias judiciales como mecanismo excepcional de procedencia de la
acción de tutela, en aras de salvaguardar principios constitucionales de gran
valor como la autonomía judicial y la seguridad jurídica.
3.2.1.
Análisis de
los requisitos de procedibilidad genéricos contra providencias judiciales.
En el presente caso, la Sala
observa que se hallan acreditados todos los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales que ha establecido la
jurisprudencia constitucional.
En primer lugar, el asunto que se debate es de
evidente relevancia constitucional, pues, conforme con los hechos expuestos, el
accionante estima que la decisión proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 19 de octubre de 2011,
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social y al mínimo
vital, por cuanto ordenó la liquidación
de su pensión de jubilación con el promedio de los salarios devengados en los
últimos 10 años de relación laboral y no con el promedio del salario percibido
durante el último año de servicios, tal como lo estipula la Ley 33 de 1985. Se tiene entonces, que al tratarse de derechos consagrados en la Carta Política, de los
mismos se deriva la relevancia constitucional del asunto, toda vez que lo que
se pretende es la protección respecto a una actuación presuntamente contraria
al ordenamiento jurídico y que, incluso, puede llegar a afectar el mínimo vital
y la calidad de vida del accionante.
En segundo lugar, frente al agotamiento de los
recursos legales ordinarios y extraordinarios, se pudo constatar que el accionante agotó la vía ordinaria de defensa con la que contaba para la
protección de los derechos fundamentales presuntamente transgredidos, y también
ejerció el recurso extraordinario de casación. En consecuencia, se entiende
cumplido este requisito.
En tercer lugar, frente al principio de inmediatez
es importante realizar las siguientes precisiones:
En relación con este parámetro se observa
en el expediente que el accionante interpuso el amparo constitucional el 13 de
marzo de 2012[75],
contra la decisión tomada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia el 19 de octubre de 2011, de la cual conoció en primera instancia la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia, el 22 de marzo de 2012.
En segunda instancia, mediante
providencia de 18 de abril de 2012, la Sala de Casación Civil decidió:
1.  “Declarar la nulidad de la actuación
desde el auto que avocó el conocimiento de la acción de tutela.”
2.  “No admitir a trámite la solicitud de
amparo constitucional presentada por el señor Salomón Cicerón Quintero
Rodríguez, con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.”
El 7 de mayo de 2012 el señor Quintero
Rodríguez presentó nuevamente la acción de tutela con el fin de que se le protegieran los derechos
fundamentales invocados.
De lo expuesto se evidencia que desde la
primera presentación de la acción de tutela transcurrieron menos de cinco meses
después de emitida la decisión judicial que se cuestiona, término que se
considera razonable teniendo en cuenta la complejidad del asunto y la carga
argumentativa adicional exigida en este tipo de casos.
En cuarto lugar, el señor Salomón
Cicerón Rodríguez, identificó razonablemente los hechos que originaron
la presentación de la acción de tutela, como también alegó los hechos materia
de vulneración en la providencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia. Estos son (i) que la liquidación de su pensión se realizó con base en
el promedio de los diez últimos años, a pesar de que el artículo 1 de la Ley 33
de 1985, dispone que dicho cálculo debe realizarse teniendo en cuenta el
promedio del último año; (ii) que se revocó la orden en virtud de la cual le
reconocían el pago de los intereses moratorios; y (iii) que se le condenó a
pagar al Banco, los aportes en salud.
Para terminar, la protección constitucional deprecada no
está dirigida contra una sentencia de tutela, pues, la acción se dirige
contra la providencia del 19 de octubre de 2011 emitida por la Sala Laboral de
la Corte Suprema de Justicia que casó parcialmente el fallo emitido por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 17 de septiembre de 2010,
en el proceso ordinario promovido por el accionante contra el Banco Popular
S.A.
3.2.2.
En este caso
no se configuró el defecto sustantivo alegado.
3.2.2.1.
Es importante
recordar que el propósito original del legislador al introducir el artículo 36
de la Ley 100 de 1993 fue crear un régimen de transición que beneficiara a las
personas que tenían una expectativa legítima de pensionarse bajo la normativa
que sería derogada con la entrada en vigencia de la ley 100. En concreto, en la
Sentencia C-258 de 2013[76]
se señaló que, el beneficio derivado de pertenecer al régimen de transición se
traduce en la aplicación posterior de las reglas derogadas en cuanto a los requisitos
de (i) edad, tiempo de servicios o cotizaciones y (iii) tasa de reemplazo. Sin
embargo, frente al ingreso base de liquidación (IBL) la Corte sostuvo que no
era un aspecto a tener en cuenta en dicho régimen.
Dicha voluntad del legislador, afirmó la Corte, puede
evidenciarse del mismo texto del inciso tercero del artículo 36 de la ley 100.
Agregó que entender lo contrario, en el caso particular del régimen especial
derivado del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, desconocía el derecho a la
igualdad.
Así, este Tribunal declaró inexequible la expresión “durante
el último año” señalando que el IBL debía calcularse de conformidad con lo
dispuesto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Como se evidencia, la Corte, en sede de control abstracto
de constitucionalidad, adoptó una interpretación sobre la aplicación integral
del régimen especial de los beneficiarios del régimen de transición e
interpretó la regla a seguir sobre el IBL, estableciendo que este no era un
aspecto sujeto a transición y, por tanto, existe sujeción sobre esta materia a
lo dispuesto en el artículo 36 de la ley 100.
Tal como fue advertido por la Sala Plena mediante
Auto  No. 326 de 2014, esta Corporación no se había pronunciado de manera
expresa acerca de la interpretación que debía otorgarse a las disposiciones que
contemplaban lo atinente al monto y al ingreso base de liquidación en el
régimen de transición. En este respecto, expuso:
“En efecto, en un primer momento, en la
Sentencia C-168 de 1995 se declaró inexequible un aparte del inciso tercero del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por el cargo de igualdad frente al tiempo
inferior a dos años para los trabajadores del sector privado y un año para el
público, pero no se hizo pronunciamiento alguno sobre si el monto estaba o no
ligado al concepto de base de liquidación[77]; en un
segundo momento, en la Sentencia C-1056 de 2003, se declaró inexequible la
modificación introducida por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003 al inciso
segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y, en la Sentencia C-754 de
2004, se declaró inexequible el artículo 4° de
la Ley 860 de 2003, mediante el cual se hizo
un segundo intento de modificación a la norma de la ley 100 antes referida,
sin que se abordara lo referente a la interpretación de las disposiciones de
monto y base de liquidación dentro del régimen de transición. Así, pues, sobre
el contenido literal de la Ley 100 de 1993, que hace referencia expresa a que
en lo atinente a las demás condiciones y requisitos pensionales que no estén
regulados por ése artículo, se regirán por las normas contenidas en la ley del
sistema general de pensiones, la Sala Plena de este tribunal no había hecho una
interpretación antes de la Sentencia C-258 de 2013[78]”.[79]
3.2.2.2.   Aunque la interpretación de las reglas del
IBL establecidas en la Sentencia C-258 de 2013[80]
se enmarcan en el análisis del régimen especial consagrado en el artículo 17 de
la Ley 4 de 1992, con fundamento (i) en que dicho
régimen vulneraba el derecho a la igualdad al conceder privilegios a una de las
clases más favorecidas de la sociedad y (ii) en la medida en que el
régimen especial de congresistas y magistrados contiene ventajas
desproporcionadas frente a los demás regímenes especiales, ello no excluye la
interpretación en abstracto que se realizó sobre el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 en el sentido de establecer que el IBL no es un aspecto de la
transición y, por tanto, son las reglas contenidas en este las que deben
observarse para determinar el monto pensional con independencia del régimen
especial al que se pertenezca.
3.2.2.3.   En este sentido, en la Sentencia T-078 de
2014[81]
se denegó el amparo al debido proceso invocado por un ciudadano, quien alegaba
dicha vulneración, aduciendo que la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia y Caprecom habían desconocido el régimen especial que lo cobijaba
porque su pensión se liquidó con base en el promedio de lo devengado en los
diez últimos años y no en el último año como lo establecía la normativa
derogada a la cual se encontraba sujeto para efectos del reconocimiento de su
prestación económica.
Al respecto, afirmó la Sala Segunda de
Revisión que la Sala Plena de esta Corporación mediante Sentencia C-258 de 2013[82]
estableció que la aplicación ultractiva de los beneficios del régimen de
transición solo se refería a la edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo,
pero no al IBL.
Por eso, concluyó, existe un precedente a
seguir en la materia, en particular cuando el conflicto versa sobre la
aplicación integral del régimen especial que invoca el actor y el alcance que
la Corte le otorgó al régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993 en
el sentido de que el IBL no forma parte de este.
En consecuencia, indicó, no se configuró
el defecto sustantivo alegado porque la decisión de la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia no es contraria a la interpretación fijada por la Corte
Constitucional sobre el punto en discusión.
3.2.2.4.
Contra el
anterior fallo, el ciudadano presentó solicitud de nulidad por considerar que
la Sala de Revisión no aplicó la jurisprudencia en vigor sobre el alcance del
artículo 36 de la ley 100 y, con ello, desconoció el principio de integralidad
del régimen especial.
Frente a la anterior petición, la Sala
Plena de la Corte Constitucional, señaló que, en efecto, la interpretación
fijada por la Corte sobre la exclusión del IBL como un aspecto del régimen de
transición “constituye un precedente interpretativo de acatamiento
obligatorio que no puede ser desconocido en forma alguna”[83].
Agregó que la interpretación que realizó
la Sala Segunda de Revisión de Tutelas sobre el alcance de los incisos segundo
y tercero del artículo 36 al que se viene haciendo referencia se enmarca en el
seguimiento -en estricto rigor- de la interpretación fijada por la Corte en Sentencia
C-258 de 2013[84].
De este modo, puede concluirse que aunque
existía una línea jurisprudencial reiterada por las distintas Salas de Revisión
de Tutelas en el sentido de que debía aplicarse el principio de integralidad
del régimen especial que incluía el IBL, también lo es que no existía un
pronunciamiento en sede de control abstracto de constitucionalidad que
definiera la interpretación de esta disposición.
En este punto, cabe anotar que de acuerdo
con la jurisprudencia constitucional los pronunciamientos de la Corte, en particular,
los que se emiten en sede de control abstracto, son obligatorios en razón a sus
efectos erga omnes y de cosa juzgada constitucional y que basta tan solo una
sentencia para que exista un precedente a seguir.
Ahondando en lo anterior, una de las formas
de desconocer el precedente constitucional se da cuando “se contraría la
ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente
la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe
acogerse a la luz del texto superior.”[85]
Como lo ha expuesto esta Corporación, la
jurisprudencia en vigor entendida como el precedente constitucional establecido
de forma permanente para resolver problemas jurídicos con identidad fáctica no
obsta para que la Sala Plena de la Corte, en ejercicio de su facultad
interpretativa la modifique. Además, constituye un precedente obligatorio para
las Salas de Revisión, quienes no tienen la facultad de variarlo en la
aplicación concreta de los asuntos sometidos a su consideración.[86][87]
3.2.2.5.
Teniendo en cuenta
lo expuesto, esta Sala evidencia que en el caso del actor no existe vulneración
de su derecho al debido proceso, específicamente, no se estructuró el defecto
sustantivo alegado, en razón a que si bien existía un precedente
jurisprudencial que seguían las salas de revisión para resolver problemas
jurídicos como el que ahora el actor pone a consideración de la Corte, lo
cierto es que dicho precedente cambió a partir de los recientes
pronunciamientos de la Sala Plena, en donde fijan un precedente interpretativo
sobre el alcance de los incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Sobre este punto, la sentencia de la Sala Laboral de
la Corte Suprema de Justicia objeto de reproche, realiza el siguiente análisis:
“Precisamente con el régimen de
transición pensional consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no
quiso el legislador mantener para los beneficiarios la aplicación en su
totalidad de la normatividad que gobernaba sus derechos pensionales, sino
solamente una parte de ella. Esta Sala de la Corte ha consolidado, por
reiterado y  pacífico, el criterio de que dicho régimen comporta para sus
beneficiarios la aplicación de las normas legales anteriores a la vigencia del
Sistema General de Pensiones, en tres puntuales aspectos: edad, tiempo de
servicios o semanas cotizadas y monto de la pensión. Y que el tema de la base
salarial de liquidación de la pensión no se rige por tales disposiciones
legales, sino que pasa a ser regido, en principio, y para quienes les hacía
falta menos de diez años para adquirir el derecho por el inciso 3º del artículo
36 citado”[88].
Como se observa esta interpretación de la
Sala Laboral del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria no contraría la
reciente interpretación que fijó la Sala Plena de la Corte Constitucional
acerca del IBL en el régimen de transición y, por eso, no se estructura el
defecto sustantivo alegado.
3.2.2.6.   En cuanto a la pretensión referida a la
indexación de la primera mesada pensional, cabe señalar que la misma fue
reconocida desde el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Octavo
Laboral del Circuito y dicho reconocimiento no fue objeto de revocatoria por el
Tribunal, en la sentencia de segunda instancia, ni casado por la Corte Suprema
de Justicia, como pasará a explicarse.
En la Sentencia proferida por el Juzgado
Octavo Laboral del Circuito de Bogotá del 30 de octubre de 2009, la providencia
dijo de forma expresa que:
“en cuanto a la petición de indexación de
la primera mesada, deben tenerse en cuenta los pronunciamientos, tanto de la
Corte Constitucional como de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia
(…) Debe tenerse en cuenta además, que como lo estableció la Sentencia de
Unificación SU-783-03, la jurisprudencia de la Corte Constitucional produce
efectos inter pares, es decir, que surte efectos respecto de todos los procesos
semejantes para asegurar la efectividad del principio de supremacía
constitucional, y en virtud de este efecto, los jueces de la República tienen
el deber de acatar la jurisprudencia que esta Corporación profiera en relación
con un tema específico para situaciones similares. Por tal razón, en
acatamiento de lo dispuesto por el Supremo Intérprete Constitucional, en la
Sentencia SU-120 de 2003, antes mencionada, que como se dijo es de obligatoria
aplicación, por cuanto el asunto que nos ocupa es similar al debatido en dicho
pronunciamiento constitucional, dado que ambos se refieren a la procedencia de
la indexación de la mesada pensional en aquellos eventos en que el trabajador
se retira de la entidad empleadora antes de adquirir el derecho a la pensión
(…)”
Por lo anterior concluyó que “la mesada
pensional equivalente al 75% del último salario promedio del actor ascendió a
la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS CON
SETENTA Y UN CENTAVOS, dicho valor debe indexarse desde la fecha de retiro del
actor 2 de diciembre de 1996 hasta la fecha en que cumplió 55 años de edad,
esto es, el 27 de agosto de 2008”.
Posteriormente, en segunda instancia, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, en
providencia, del 17 de septiembre de 2010, confirma la sentencia del juez de
primera instancia y revoca sólo lo referido al pago de los intereses
moratorios, para concederlos. Sobre el particular, ordena:
“PRIMERO. REVOCAR EL NUMERAL TERCERO de la
parte resolutiva de la sentencia apelada y, en su lugar, CONDENAR a la
demandada al pago de los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de
la Ley 100 de 1993, a partir del 27 de agosto de 2008.
SEGUNDO:
CONFIRMAR en lo demás, la sentencia apelada.”
Finalmente, la Sentencia de la Corte
Suprema de Justicia, Sala Laboral del 19 de octubre de 2011, tampoco casa lo
referente a la indexación. Sobre el particular, reza “CASA PARCIALMENTE la
sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el
17 de septiembre de 2010, en el proceso ordinario de SALOMÓN CICERÒN QUITERIO
RODRÍGUEZ contra el BANCO POPULAR S.A., en cuanto determinó que el monto de la pensión
sería el 75% de salario promedio devengado durante el último año de servicio,
revocó la decisión absolutoria del a quo, en punto a los intereses moratorios y
con respecto a no autorizar el descuento del retroactivo pensional de las sumas
que correspondan a los aportes obligatorios por salud a cargo del pensionado.
NO LA CASA en lo demás”.
En consecuencia, como puede observarse, lo
atinente al reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional, se
encuentra en firme, al no haber sido objeto de revocatoria en ninguna
instancia.
3.2.2.7.   Ahora bien, en lo que respecta al reconocimiento y pago de los
intereses moratorios, se debe precisar que este Tribunal Constitucional desde
la sentencia C-601 de 2000, fijó el alcance y contenido en la interpretación
del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, estableciendo que los mismos proceden
para todo tipo de pensión, sin importar la ley o el régimen  mediante los
cuales se causaron.
De esta manera, la interpretación que
hace la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a que los
intereses moratorios solo se aplican a aquellas pensiones que hayan sido
reconocidas íntegramente bajo los parámetros de la Ley 100 de 1993, y que para
los regímenes anteriores a dicha preceptiva no proceden, desconoce el alcance
fijado a un derecho por la jurisprudencia de esta Corte, la cual cuando
proviene de decisiones en sede de control abstracto, tiene efectos erga
omnes.
De acuerdo con reiterada jurisprudencia
de esta Corporación, todas las personas que acreditan el cumplimiento de los
requisitos para acceder al pago de la prestación económica de vejez o de
jubilación, sin diferenciar entre quienes consolidaron dicho derecho antes o
con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, pueden exigir
el pago de los intereses moratorios.
Sin embargo, es importante anotar que
dichos intereses se deben desde que la obligación es exigible. En este orden de
ideas sólo a partir del momento en el que la obligación es reconocida y no
existe controversia sobre la cuantía del pago de la misma tiene el carácter de
exigible. Es decir, la condena por intereses procede una vez se determina en
forma definitiva la obligación de reconocer la pensión.[89]
3.2.2.8.
Por último, como
el accionante indicó que en la sentencia de casación se había resuelto que del
pago del retroactivo pensional se descontara lo equivalente al valor de las
cotizaciones para el sistema de seguridad social en salud, debe precisarse que
tal orden tienen un sustento legal y constitucional que obliga a todos los
pensionados a realizar los respectivos aportes al sistema, aún cuando no se
haya recibido un servicio específico por parte del mismo, toda vez dentro de
los principios rectores de la ley de seguridad social se encuentra el de
solidaridad.
Adicionalmente, el aporte del 12% del
valor de la mesada pensional no se convierte en una carga excesiva y
desproporcionada para el pensionado, pero sí representa un valioso aporte para
los regímenes subsidiados y contributivos en salud.
3.3.
CONCLUSIONES
3.3.1.  Si bien existía un precedente reiterado por las
distintas Salas de Revisión en cuanto a la aplicación del principio de
integralidad del régimen especial, en el sentido de que el monto de la pensión
incluía el IBL como un aspecto a tener en cuenta en el régimen de transición,
también lo es que esta Corporación no se había pronunciado en sede de
constitucionalidad acerca de la interpretación que debe otorgarse al inciso
tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, señalando que el IBL no es un
elemento del régimen de transición.
3.3.2.  En ese sentido, como la Sala Plena tiene competencia
para establecer un cambio de jurisprudencia, aún en aquéllos casos en que
existe la denominada jurisprudencia en vigor, el anterior precedente
interpretativo es de obligatoria observancia.
3.3.3.
En lo relativo a
los intereses moratorios, esta Sala observa que no es una petición procedente
por cuanto, sólo después de determinarse de manera definitiva la obligación de
pagar una pensión, podrá fundamentarse que la entidad demandada incurrió en
mora de otorgar la prestación. En otras palabras, en la medida en que la
prestación y su monto estaban en litigio hasta la presente providencia, no
puede declararse la mora de la obligación.
3.3.4.  El descuento equivalente al 12% sobre el valor de las
cotizaciones para el Sistema de Seguridad Social en Salud, se encuentra
conforme con los postulados legales y constitucionales, en especial, el
principio de solidaridad. Además, no constituye una carga excesiva ni
desproporcionada para los pensionados.
4.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato
de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia, la sentencia
proferida el 19 de junio de 2012, por la Sala Dual de Decisión No. 1
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que confirmó
a su vez la sentencia del 18 de mayo de 2012 por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, en cuanto
NEGÓ la acción de tutela invocada por el señor Salomón Cicerón
Quintero Rodríguez contra la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y
el Banco Popular.
Por Secretaría, líbrense las comunicaciones de que
trata el  artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta (E)
Con salvamento de voto
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
LUIS GUILLERMO GUERRERO
PÉREZ
Magistrado
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO
Magistrado
Con aclaración de voto
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Con salvamento de voto
JORGE IGNACIO PRETELT
CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrada
(E)
Impedimento
aceptado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con salvamento de voto
ANDRÉS MUTIS VANEGAS
Secretario General (E)
SALVAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
A LA SENTENCIA SU230/15
BENEFICIARIOS DEL
REGIMEN DE TRANSICION-El ingreso base de liquidación aplicable a los beneficiarios
del régimen de transición debe ser el previsto en el régimen anterior al cual
estuvieran afiliados los cotizantes, dentro de los conceptos de sostenibilidad
financiera, solidaridad, equidad y justicia del sistema de pensiones
(Salvamento de voto)
En vista de que en el presente caso
no estábamos ante un beneficiario de un régimen de privilegios, ni había
evidencias de ventajas desproporcionadas, no encuentro razones para controlar
esta situación por la sentencia C-258 de 2013. Este no era el caso de una
persona privilegiada por el sistema de pensiones. El tutelante devengaba una
remuneración mensual equivalente a 4.26 salarios mínimos legales cuando adquirió
su derecho a la pensión, y había laborado por espacio de 22 años en calidad de
trabajador oficial en el Banco Popular. Reclamaba una pensión de jubilación
liquidada conforme lo dispone el artículo 1º de la Ley 33 de 1985; es decir, “equivalente
al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base
para los aportes durante el último año de servicio”. La mayoría de la Sala
Plena le niega esta posibilidad, argumentando que a su caso es aplicable la
sentencia C-258 de 2013, en la cual sin embargo se examinó una norma referente
al régimen pensional especial de los Congresistas.
Referencia: Expediente T-3.558.256
Acción de tutela instaurada por el señor
Salomón Cicerón Quintero Rodríguezen contra de la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y el Banco Popular
S.A.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Lo que no es igual
se trata como si lo fuera,
y lo que sí lo es
recibe un trato distinto
Con el debido respeto, salvamos el voto.
1. Este no era el caso de una persona privilegiada por
el sistema de pensiones. El tutelante devengaba una remuneración mensual
equivalente a 4.26 salarios mínimos legales cuando adquirió su derecho a la
pensión, y había laborado por espacio de 22 años en calidad de trabajador
oficial en el Banco Popular. Reclamaba una pensión de jubilación liquidada
conforme lo dispone el artículo 1º de la Ley 33 de 1985; es decir, “equivalente al setenta y cinco por ciento
(75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el
último año de servicio”.
La mayoría de la Sala Plena le niega esta posibilidad, argumentando que a su
caso es aplicable la sentencia C-258 de 2013, en la cual sin embargo se examinó
una norma referente al régimen pensional especial de los Congresistas. En esa ocasión, la Corte Constitucional señaló que el régimen especial de
Congresistas, contenido en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, resultaba
inconstitucional por cuanto (i) “vulneraba el derecho a la igualdad al conceder privilegios
a una de las clases más favorecidas de la sociedad” y (ii) “en la medida
en que el régimen especial de congresistas y magistrados contiene ventajas
desproporcionadas frente a los demás regímenes especiales”. En vista
de que en el presente caso no estábamos ante un beneficiario de un régimen de
privilegios, ni había evidencias de ventajas desproporcionadas, no encuentro
razones para controlar esta situación por la sentencia C-258 de 2013.
2. No perdemos de vista que, de acuerdo con la
Constitución, para liquidar las pensiones de vejez o jubilación solo se deben
tener en cuenta los factores sobre los cuales cada persona efectuó las
cotizaciones (CP art 48). Sin embargo, no veo por qué esto se contradice con
las pretensiones del actor, quien ha solicitado la aplicación de la Ley 33 de
1985, la cual justamente sujeta la liquidación pensional al “salario promedio que sirvió de base para
los aportes durante el último año de servicio”. Por tanto, ese no
era un argumento para negarle al actor su solicitud. Además, aunque el indicado
en la Ley 33 de 1985 es en principio un ingreso base de liquidación distinto
del previsto en el régimen ordinario de la Ley 100, no se demostró que esa
diferencia fuera por sí misma contraria a la igualdad, o a la sostenibilidad
financiera del sistema de pensiones, pues no concede al actor una pensión que
él mismo no hubiera financiado. Como quiera que el demandante laboró durante 22
años como trabajador oficial, para sostener que su liquidación conforme a la
Ley 33 de 1985 era contraria a la igualdad o desproporcionada, resultaba
necesario demostrar que objetivamente él mismo no financió con sus aportes la
pensión mensual de jubilación que reclama. No obstante, eso no se demostró
siquiera indiciariamente en el presente proceso. Por todo lo cual, no puede
decirse entonces que esta sentencia esté motivada por el propósito de evitar
ventajas o privilegios inconstitucionales. En contraste, esta decisión sí
cambia la jurisprudencia constitucional, en la cual se ha señalado que, fuera
de los privilegios y ventajas desproporcionadas consideradas inconstitucionales
en la sentencia C-258 de 2013, el ingreso base de liquidación aplicable a los
beneficiarios del régimen de transición es el previsto en el régimen anterior
al cual estuvieran afiliados los solicitantes.
3. Por tanto, esta decisión introduce una desigualdad
por dos vías. En primer lugar, aplica la postura establecida en la sentencia
C-258 de 2013 a un caso que tiene diferencias ostensibles, trascendentales y
significativas con el que allí se resolvió. Lo que es diferente se trata
entonces como si fuera igual. Al mismo tiempo, en segundo lugar, se cambia de
forma expresa y directa una postura jurisprudencial consistente, consolidada y
relevante, que si bien considera inconstitucionales los regímenes que otorgan
privilegios excesivos y ventajas desproporcionadas, sostiene en general que, en
aras de proteger la confianza legítima (CP art 83), la favorabilidad en la
interpretación de las normas pensionales (CP art 53) y de garantizar los
principios de universalidad y progresividad del sistema de seguridad social (CP
art 48), el ingreso base de liquidación aplicable a los beneficiarios del
régimen de transición debe ser el previsto en el régimen anterior al cual
estuvieran afiliados los cotizantes, dentro de los conceptos de sostenibilidad
financiera, solidaridad, equidad y justicia del sistema de pensiones (CP art
48). Debido a que este caso se subsumía justamente en esa jurisprudencia,
haberla cambiado sin justificación suficiente significa una violación del
derecho a la igualdad del actor. Con lo cual, entonces, lo que sí es igual es
tratado sin justificación de un modo distinto.
4. Por no compartir esta enigmática concepción del
derecho a la igualdad, ni mucho menos sus implicaciones, decidimos salvar el
voto.
Fecha ut supra,
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
SALVAMENTO
DE VOTO DEL MAGISTRADO
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
A
LA SENTENCIA SU230/15
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Caso en que decisión adoptada por la mayoría, se fundamentó
en una interpretación incorrecta (Salvamento de voto)
Me permito
salvar el voto por considerar que la decisión adoptada se fundamentó en una
interpretación incorrecta del alcance de la sentencia C-258 de 2013. Considero
que la Sala asumió que dicha sentencia había sentado un precedente aplicable a
todos los regímenes especiales de pensión cuando, en realidad, sus efectos
estaban limitados a algunos regímenes en específico, entre los que no se cuenta
aquél en el que se encuentra el accionante. La Sala no debió haber
decidido que la mencionada sentencia C-258 de 2013 era precedente aplicable al
caso del accionante, pues los hechos que dieron lugar a la acción de tutela no
guardan relación con los supuestos estudiados en la sentencia de
constitucionalidad. En otras palabras, dado que el accionante nunca fue
congresista y en vista de que el régimen pensional que le era aplicable había
sido exceptuado de manera explícita en esa misma sentencia, no podían aplicarse
para su caso las reglas contenidas en ésta.
Con el acostumbrado respeto por las
decisiones de la Corte, en esta oportunidad me permito salvar el voto por
considerar que la decisión adoptada se fundamentó en una interpretación
incorrecta del alcance de la sentencia C-258 de 2013. Como argumentaré a
continuación, considero que la Sala asumió que dicha sentencia había sentado un
precedente aplicable a todos los regímenes especiales de pensión cuando, en
realidad, sus efectos estaban limitados a algunos regímenes en específico,
entre los que no se cuenta aquél en el que se encuentra el accionante.
En primer lugar, cabe recordar que la
sentencia C-258 de 2013 estudió la constitucionalidad del artículo 17 de la Ley
4 de 1992, que en su formulación original decía así:
“ARTÍCULO 17.  El
Gobierno Nacional establecerá un régimen de pensiones, reajustes y
sustituciones de las mismas para los Representantes y Senadores. Aquéllas y
éstas no podrán ser inferiores al 75% del ingreso mensual promedio que, durante
el último año, y por todo concepto, perciba el Congresista. Y se aumentarán en
el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal.
PARÁGRAFO. La liquidación de las
pensiones, reajustes y sustituciones se hará teniendo en cuenta el último
ingreso mensual promedio que por todo concepto devenguen los Representantes y
Senadores en la fecha en que se decrete la jubilación, el reajuste, o la
sustitución respectiva.”
Como puede observarse, el artículo
demandado se refería específicamente al régimen de pensiones especial del que
gozan los senadores y representantes y no se hace mención alguna a los demás
regímenes pensionales de los que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En
ese sentido, la interpretación acerca de la constitucionalidad del citado
artículo se circunscribió a la norma contenida en él y, por tanto, no puede
afirmarse que aplique a todos los regímenes excepcionales de pensiones, lo cual
fue reconocido en la misma sentencia C-258 cuando indicó en su página 176 que:
“En
este orden de ideas, el análisis de constitucionalidad que se llevará a cabo en
esta providencia se circunscribe al régimen pensional especial previsto en el
precepto censurado, el cual es aplicable a los Congresistas y los demás
servidores ya señalados. Por tanto, en este fallo no se abordará la
constitucionalidad de otros regímenes pensionales especiales o exceptuados, creados
y regulados en otras normas, como por ejemplo, los regímenes del
Magisterio, de la Rama Ejecutiva, de la Rama Judicial y Ministerio Público, de
la Defensoría del Pueblo, del Departamento Administrativo de Seguridad, de las
profesiones de alto riesgo, de los aviadores civiles, de los trabajadores
oficiales, del Banco de la República, de los servidores de las universidades
públicas, de Ecopetrol, del Instituto Nacional Penitenciario, o los dispuestos
por convenciones colectivas, entre otros. En consecuencia, lo que esta
Corporación señale en esta decisión no podrá ser trasladado en forma automática
a otros regímenes especiales o exceptuados”.
Del mismo modo, cabe resaltar que
dicho apartado cuenta con un pie de página señalado luego de la expresión “…entre
otros”. En esta anotación al margen, se especifica que  los regímenes
especiales para los que no aplicaría lo dispuesto en la sentencia en
comento serían aquellos que “se encuentran, entre otras disposiciones, en la Ley 32 de 1961, el
Decreto 69 de 1973, los decretos 1282 y 1302 de 1994, la Ley 33 de 1985,
el Decreto 1045 de 1975, el Decreto Ley 2661 de 1960, la Ley 6 de 1945, la Ley
22 de 1942, el Decreto 902 de 1969, el Decreto 546 de 1971 y el Decreto 1660 de
1978”. (Negrilla fuera
del original). Cabe resaltar que la Ley 33 de 1985 contiene el régimen
pensional del accionante en la acción de tutela que dio origen a la sentencia
SU-230 de 2015.
Al
respecto, cabe recordar lo establecido en el texto de ésta última providencia,
donde se afirma que “el concepto de precedente y el de “jurisprudencia
en vigor” están fuertemente relacionados en la medida en que éste último se
conforma con una regla de interpretación judicial sucesiva y homogénea sobre un
tema particular – precedente-, que debe ser observado por las Salas de Revisión
cuando estudian casos con hechos similares en los que debe aplicarse la regla
jurisprudencial vigente”. Si lo anterior es cierto, entonces la Sala no
debió haber decidido que la mencionada sentencia C-258 de 2013 era precedente aplicable
al caso del señor Quintero Rodríguez, pues los hechos que dieron lugar a la
acción de tutela no guardan relación con los supuestos estudiados en la
sentencia de constitucionalidad. En otras palabras, dado que el señor Quintero
nunca fue congresista y en vista de que el régimen pensional que le era
aplicable había sido exceptuado de manera explícita en esa misma sentencia, no
podían aplicarse para su caso las reglas contenidas en ésta.
En
lugar de aceptar ésta realidad jurídica, la mayoría en Sala Plena optó por una
tesis exótica e incompatible con el texto de la sentencia de constitucionalidad
mencionada, indicando que “la sentencia C-258 de 2013 fijó unos parámetros
determinados para el régimen especial dispuesto en la Ley 4 de 1992, pero
además estableció una interpretación sobre la aplicación del IBL a los
regímenes especiales sujetos a la transición del artículo 36 de la Ley 100”.
Como puede notarse, esta interpretación no encuentra asidero en el
pronunciamiento sobre la constitucionalidad del artículo 17 de la Ley 4 de
1992, por cuanto el examen que se adelantó en la C-258 de 2013 se redujo
exclusivamente al artículo demandado, excluyendo los otros regímenes, como ya
se dijo. Con lo anterior, a mi modo de ver, la Sala Pena extendió los efectos
de la sentencia C-258 de 2013 mediante un ejercicio hermenéutico que no se
corresponde con la competencia de las Salas de Revisión.
Finalmente,
quisiera señalar que la adopción de una interpretación como la señalada por la
sentencia de la que respetuosamente me aparto, puede llevar a contradecir los
mismos principios que llevaron a determinar la inexequibilidad de las pensiones
especiales para los senadores y representantes. En efecto, la Corte decidió que
el artículo 17 de la Ley 4 de 1992 vulneraba los principios constitucionales de
igualdad, solidaridad, dignidad humana y trabajo, al establecer una prestación
desproporcionada a favor de senados y representantes, otorgándoles una “ventaja
injustificada” en detrimento de la igualdad material. Esto pudo determinarse
porque se estudió específicamente el caso de las pensiones otorgadas en virtud
del artículo demandado, pero nunca se dijo que todos los valores de las
mesadas conseguidas en virtud de regímenes exceptuados o de transición debían
ser considerados contrarios a los principios constitucionales, dejando abierta
la posibilidad de que algunos de ellos no impliquen una “ventaja injustificada”
sino que estén acordes con los postulados constitucionales y deban, por tanto,
ser reconocidos.
Por
lo anterior, la Sentencia SU-230 de 2015, al extender gratuitamente los efectos
de la sentencia C-258 de 2013 a todos los regímenes especiales de pensión,
midió bajo el mismo rasero a todos estos regímenes (incluso aquellos que habían
sido excluidos del estudio de constitucionalidad de manera explícita), sin
tener en cuenta que con esto podían verse afectados negativamente los derechos
pensionales y, más específicamente, las mesadas de personas cuyo monto dista
mucho de poder ser considerado como una “ventaja injustificada” y que, por el
contrario, sirve precisamente como medio para alcanzar la igualdad material que
esta Corte pretendió defender con el estudio de constitucionalidad realizado
sobre el artículo 17 de la Ley 4 de 1992.
Fecha ut supra,
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
A LA SENTENCIA SU230/15
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Caso en que se desconoce lo señalado en el Acto Legislativo
01 de 2005, en cuanto a proteger los derechos adquiridos (Aclaración de voto)
Referencia:
T-3.558.256
Acción de Tutela instaurada por Salomón
Cicerón Quintero Rodríguez en contra de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, y el Banco Popular S.A.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Aun cuando estoy de acuerdo con la decisión adoptada en el asunto bajo
examen, pues acoge lo establecido en la sentencia C-258 de 2013, y reafirma la
exégesis  según la cual el modo de promediar el ingreso base de liquidación, no
puede ser el estipulado en la legislación anterior, en razón de que el régimen
de transición solo comprende los conceptos de edad, monto y semanas de
cotización (pero excluye el ingreso base de liquidación), estimo pertinente
aclarar que siendo congruente con la posición expresada en el Salvamento de
Voto presentado en dicha sentencia, el citado precedente no aborda la
constitucionalidad de otros regímenes pensionales o exceptuados, creados y
regulados en otras normas.[90]
Asimismo, advierto que se desconoce lo señalado en el Acto Legislativo 01 de
2005, en cuanto a proteger los derechos adquiridos, lo anterior, teniendo en
cuenta que ordena la reducción de las mesadas de los congresistas a un tope de
25 salarios mínimos mensuales, a pesar de que, de conformidad con el artículo
1º del artículo 48 de la Constitución  dicho tope solo es aplicable a las
pensiones que se causen a partir del 31 de julio de 2010. El
constituyente de 2005 avaló, y constitucionalizó la existencia de regímenes
especiales o de privilegio, impuso algunos límites para causar las prestaciones
económicas en algunos de ellos, mientras que otros perviven, inclusive, después
de julio de 2005, como es el caso de los Presidentes,  militares, los que
tienen un derecho adquirido, las personas que gozan de pensiones ya
reconocidas, y los beneficiarios del régimen de transición que cumplen los
requisitos establecidos por el Acto Legislativo 01 de 2005.
En este orden de ideas, en el caso sub examine, se cumplen todos
los supuestos que imponen la liquidación del ingreso base de liquidación de
conformidad con lo señalado en la Ley 100 de 1993, motivo por el cual comparto
la decisión de mayoría, no obstante lo anterior, las excepciones señaladas en
las líneas que anteceden, a mi juicio, establecen  parámetros de interpretación
que deben ser tenidos en cuenta, y que corresponden a la correcta estimación de
los supuestos normativos contemplados en el Acto Legislativo 01 de 2005.
Fecha ut supra,
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
[1] Cuaderno original, folio 137.
[2] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[3] Corte Constitucional, Sala Plena, Auto 100 de 2008. En este caso,
la Corte resolvió, en el caso concreto, que “la providencia proferida por la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia fechada el catorce de
diciembre de 2007, mediante la cual decidió “MANTENER intacta
la determinación adoptada mediante auto del 11 de octubre de 2006, sin
consideración a los efectos que le suprimió la
Corte Constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia”, sea enviada a la
Secretaría General de la
Corte Constitucional, con el fin de que surta el trámite fijado en las normas
correspondientes al proceso de selección.” Además, resolvió que “para
otros casos en que exista la misma situación de vulneración de los derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial
efectiva, por la no admisión a trámite de una acción de tutela instaurada
contra providencia de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 los ciudadanos tienen el derecho a escoger
alguna” de las reglas citadas.
[4] En la sentencia T-1029 de 2008 (MP Mauricio González Cuervo) se
estudió una acción de tutela contra la Sub sección A de la
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, que había sido rechazada de plano por la
Sección Cuarta de la misma Corporación, en calidad de juez de tutela. Tal
decisión se adoptó con base en lo resuelto por la
Sala Plena de la Corte Constitucional en el Auto 100 de 2008 y en el hecho de
que el Consejo de Estado no surtió el trámite propio de instancias de la acción
de tutela. El trámite dado en ese caso fue el siguiente: “3.1. La
Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado mediante providencia del 5 de febrero de 2008 rechazó la solicitud de
amparo por considerar que ‘al haberse instaurado esta acción por el mismo
actor en contra de esta Corporación, por los mismos hechos e idénticas
pretensiones que la anterior, debe la
Sección Cuarta rechazarla de plano’.  ||  3.2. Inconforme con la decisión
adoptada el demandante la impugnó.  ||  3.3. En providencia del 6 de marzo de
2008 la  Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado confirmó la decisión adoptada el 5 de febrero de 2008, acogiendo los
lineamientos allí planteados.”  En sentido similar ver, entre otras, la
sentencia T-051 de 2009 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[5] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[6] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[7] Corte Constitucional, sentencia T-231 del
13 de mayo de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[8] Sentencia T-078 de 2010,
M.P. Luis Ernesto Vargas.
[9] Corte Constitucional, sentencia T-774 del
13 de agosto de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
“[10]  Sentencia 173/93”
“[11] Sentencia T-504/00”
“[12] Ver entre otras la reciente
Sentencia T-315/05”
“[13] Sentencias T-008/98 y
SU-159/2000”
“[14] Sentencia
T-658-98”
“[15] Sentencias
T-088-99 y SU-1219-01”
[16] Corte Constitucional, sentencia C-590 del
8 de junio de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[17] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
´´[18]
Sentencia T-522/01´´
“[19]
Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y  T-1031/01.”
[20] Corte Constitucional, sentencia C-590 del
8 de junio de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[21] Sentencia T-555 del 19 de agosto de 2009,
M.P. Luis Ernesto Vargas.
[22] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
“[23]
Sobre el particular, además de la ya citada sentencia C-231 de 1994, pueden
consultarse, entre varias, las sentencias T-008 de 1998
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-984 de 1999
M.P. Alfredo Beltrán Sierra.”
“[24] Cfr. sentencia T-522 de 2001
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Para la
Corte ´es evidente que se desconocería y contraven­dría abiertamente la
Carta Política si se aplica una disposición cuyo contenido normativo es
precisamente, y solamente, impedir que se otorguen medi­das de aseguramiento a
los sindicados porque los procesos se adelantan ante jueces especializados´,
razón por la cual el juez, al constatar su existencia, tendría que haber
aplicado la excepción de inconstitucionalidad.”
“[25]
Cfr. sentencia SU-1722 de 2000 M.P. Jairo Charry Rivas Tal es el caso por
ejemplo de todas las decisiones judiciales en las que se viola el principio de
´no reformatio in pejus´.”
“[26] Cfr., por ejemplo, las
sentencias T-804 de 1999 M.P. Antonio Barrera Carbonell y C-984 de 1999
M.P. Alfredo Beltrán Sierra.”
[27] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[28] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[29] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[30] Según el doctrinante Pierluigi Chiassoni
en su libro “Desencanto para abogados realistas”, el precedente judicial puede
ser entendido en cuatro acepciones; (i) precedente-sentencia, (ii)
precedente-ratio, (iii) precedente-ratio autoritativo y (iv) precedente-
ratio decidendi consolidada o precedente orientación. Este último hace
referencia a “es la ratio decidenci por hipótesis común  a –y repetida en-
una serie (considerada) significativa de sentencias pronunciadas en un arco de
tiempo anterior  (…) cuya ratio tienen que ver con la decisión sobre hechos y
cuestiones del mismo, o similar tipo , con hechos y cuestiones sobre las cuales
se trata decidir  ahora,(…)”. Esta acepción es el precedente entendido en
el sentido más restringido según el autor. Las demás acepciones hacen
referencia similar al concepto propuesto por la Corte Constitucional en el
sentido en que debe ser una sentencia anterior que trata de hechos cuestiones y
elemento muy similares al caso que se pretende resolver.
[31] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio
[32] Cfr. sentencia T-794 de 2011
M.P. Jorge Iván Palacio. Ver también las sentencias T-1317
de 2001. M.P. Rodrigo Uprimny Yepes y T-292 de 2006.
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[33] Ver entre otras, sentencias T-794 de 2011
M.P. Jorge Iván Palacio, T-082 de 2011
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-209 de 2011
M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[34] Ver entre otras, T-123 de 1995,
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-766 de 2008
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-794 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio.
[35] Ver, entre otras, las sentencias T-211 de
2008 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-161 de 2010
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y T-082 de 2011
M.P, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[36] “La supremacía del precedente constitucional se cimienta en el
artículo 241 de la Constitución Política, el cual asigna a la Corte
Constitucional la función de salvaguardar la Carta como norma de normas
–principio de supremacía constitucional-[36].
En efecto, esta Corporación ha establecido que, como intérprete de la
Constitución, las decisiones de la Corte Constitucional son obligatorias tanto
en su parte resolutiva, como en su ratio decidendi, es decir, la regla que
sirve para resolver la controversia[36].
Por esta razón, si se desconoce el alcance de los fallos constitucionales
vinculantes, se “(…) genera en el ordenamiento jurídico colombiano una
evidente falta de coherencia  y de conexión concreta con la Constitución,
que finalmente se traduce en contradicciones ilógicas entre la normatividad y
la Carta,  que  dificultan  la unidad intrínseca del sistema, y
afectan la seguridad jurídica. Con ello se perturba además la eficiencia y
eficacia institucional en su conjunto, en la medida en que se multiplica
innecesariamente la gestión de las autoridades judiciales, más aún cuando en
definitiva, la Constitución tiene una fuerza constitucional preeminente que no
puede ser negada en nuestra actual organización jurídica.” Cfr. Sentencias
SU-168 de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-292 de 2006.
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[37] En palabras de la Corte Constitucional: “La misma Corte
Suprema de Justicia también ha señalado que la adopción de la Constitución de
1991 produjo un cambio en la percepción del derecho y particularmente del
sentido de la expresión “ley”, pues la Constitución se convierte en una
verdadera norma jurídica que debe servir como parámetro de control de validez
de las decisiones judiciales y como guía de interpretación de las normas de
inferior jerarquía”. Cfr. Sentencia C-372 de 2011
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[38]En este sentido, entre muchas otras, pueden verse las sentencias
SU-049 de 1999 M.P José Gregorio Hernández Galindo, SU-1720 de 2000
M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-468 de 2003
M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-292 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,
C-820 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-162 de 2009
M.P. Mauricio González Cuervo.
[39] Sobre este principio, es posible
afirmar que el respeto del precedente se funda, principalmente, en el deber de
un juez de fallar casos que presenten elementos fácticos y puntos en derecho
similares, de manera igual, y no sorprender a los ciudadanos que acuden a la
justicia, en virtud del respeto del principio de igualdad y la coherencia y
estabilidad en el ordenamiento jurídico. Por ello, un juez, en el caso en que
lo encuentre necesario, si se aparta de una decisión anterior aplicable al caso
que tiene bajo conocimiento, debe justificar la nueva postura y descalificar las
otras consideraciones que han sido base de anteriores decisiones.
[40] La sentencia C-104 de 1993 con ponencia
del Magistrado Alejandro Martínez Caballero, estableció el punto de partida
jurisprudencial en relación con el derecho a la igualdad y las decisiones
judiciales en los siguientes términos: “El artículo 229 de la Carta debe ser
considerado con el artículo 13 idem, de tal manera que el derecho a “acceder”
igualitariamente ante los jueces implica no sólo la idéntica oportunidad de
ingresar a los estrados judiciales sino también el idéntico tratamiento que
tiene derecho a recibirse por parte de los jueces y tribunales en situaciones
similares”.
[41] Ver sentencia T-683 de 2006
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. “La
actividad judicial supone la interpretación permanente de las disposiciones
jurídicas, aspecto que implica que el funcionario determine en cada proceso la
norma que se aplicará al caso concreto. En ese sentido los diversos jueces pueden
tener comprensiones diferentes del contenido de una misma prescripción jurídica
y derivar de ella, por esta razón, efectos distintos”.
[42] Cfr. Sentencia T-049 de 2007
M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Entre otras, sentencias T-086 de 2007
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-161 de 2010
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[43] Ver J. Bell. “Sources of Law”, en P. Birks (ed.) English Private
Law, 1, Oxford University Press, pp. 1-29 (2000). Citado
por Bernal Pulido, Carlos. “El precedente en Colombia”. Revista de derecho del
Estado. Universidad Externado de Colombia, páginas 81-94 (2008).  Ver en el
mismo sentido, “American Law In a Global Context. The
Basics”. Sheppard, Steve. Fletcher, George P. Pg. 80-83. (2005) “Casos que establecen una regla en la interpretación de
una norma o situación concreta. Esto se identifica con los hechos, el problema
jurídico, las consideraciones que sustentan y son relevantes para la decisión,
y la solución que se declara para el caso. Para identificar un caso como
precedente: stare decisis (casos previos que vinculan como precedente), ratio
decidendi (la razón de ser de la decisión), obiter dicta (argumentos por decir
que no son la razón de ser de la decisión ni son vinculantes para decisiones
posteriores)” (traducción libre).“American Law In
a Global Context. The Basics”. Sheppard, Steve.
Fletcher, George P. Pg. 80-83. (2005)
[44] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[45] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En este caso el ICFES interpuso acción de tutela en contra del
Juzgado Quinto Administrativo de Popayán y del Tribunal Administrativo del
Cauca, por considerar que dichas autoridades judiciales desconocieron los
derechos de la entidad, al emitir sentencias dentro de un proceso de reparación
directa en las cuales declararon su responsabilidad, condenándolos al pago de
perjuicios morales a favor del demandante. A juicio del actor, las providencias
controvertidas adolecen de defectos de carácter fáctico y sustantivo, además de
desconocer el precedente del Consejo de Estado en materia de determinación y
tasación de perjuicios morales. La Sala concede el amparo al debido proceso de
la demandante, por considerar que las sentencias controvertidas adolecen de una
motivación en materia de tasación de perjuicios morales, lo que impide el
control legal y constitucional del fallo, amenaza el principio de igualdad de
trato por parte de las autoridades judiciales para todos los ciudadanos y puede
llegar a un grave detrimento del erario público. La Corte concede el amparo
invocado y deja sin efecto la sentencia de segunda instancia en lo referente a
la tasación de perjuicios morales, ordenando a la respectiva autoridad judicial
dictar sentencia de reemplazo.
[46] Ver además sentencias T-468 de 2003
M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-292 de 2006
M.P. Manuel José Cepeda Espinoza.
[47] En palabras de la Corte: “En síntesis, la Corte ha considerado que la obligatoriedad de la
ratio decidendi de los fallos de tutela se desprende del principio de igualdad
y del acceso a la administración de justicia pues (de no ser así) la aplicación
de la ley y la Constitución dependería del capricho de cada juez - y se habla
de capricho precisamente para referirse a los casos en los que los jueces no
justifican por qué se apartan de la jurisprudencia de unificación -, de manera
tal que casos idénticos o similares podrían ser fallados en forma absolutamente
diferente por distintos jueces e incluso por el mismo juez” y al acceso a la
administración de justicia porque “…las decisiones de la Corte y su
interpretación de la Constitución serían ignoradas por los jueces, en contra
del derecho de los asociados a que exista una cierta seguridad jurídica acerca
de la interpretación de las normas.” Cfr.
Sentencia T-566 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, reiterado en la sentencia
T-292 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras posteriores.
[48] De la misma forma las sentencias de
unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado pueden constituir precedente
según el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 estudiado por la Corte
Constitucional en sentencia C-634 de 2011
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Cfr. Sentencia T-830
de 2012 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[49] Ver sentenciaS
T-1092 de 2007 M.P. Humberto Sierra Porto, T-656 de 2011
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y T-830 de 2012 M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[50] Ver autos 178
de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y 344A de 2008,
M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[51] Así lo considera la Sala Plena en el Auto 208 de 2006 M.P. Jaime
Córdoba Triviño: “Como punto de partida, resulta indispensable que los
jueces constitucionales, al proferir sus fallos, los motiven conforme a las
directrices jurisprudenciales previamente establecidas, de manera tal que se
genere una continuidad de los criterios desarrollados por esta Corporación.
Esto implica que sus decisiones posteriores deben seguir los mismos postulados
de los fallos precedentes y más aún si tienen supuestos fácticos similares. En
esa medida, si lo que se pretende es proceder a un cambio de interpretación
jurisprudencial que obligue a una nueva hermenéutica del sistema jurídico
frente a hechos ya considerados, será la Sala Plena quien estará legitimada
para establecer esa nueva manera de interpretación. De tal suerte que, la
procedencia de la causal de cambio de jurisprudencia está limitada a aquellos
casos en los cuales se demuestre que la Sala de Revisión modificó un precedente
constitucional, creado a partir de la resolución de un caso concreto, y no
frente a cualquier doctrina contenida en un fallo anterior proferido por la
Sala Plena”.
[52] M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[53] Cfr. Auto 131 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil y Auto 208 de 2006
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[54] Ver entre otros, Auto 013 de 1997 M.P.
Jose Gregorio Hernández Galindo,  Auto 208 de 2006 M.P. Jaime Córdoba Triviño,
Auto 178 de 2007 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, Auto 234 de 2009 M.P.
Jorge Ignacio Pretelt.
[55] Cfr. Auto 013 de 1997 M.P. Jose Gregorio
Hernández Galindo. Ver entre otros, Auto 208 de 2006 M.P. Jaime Córdoba Triviño,
Auto 149 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[56] Auto 022 de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva: “La
existencia de jurisprudencia en vigor, derivada de la sucesiva interpretación
homogénea acerca del contenido y alcance de determinados derechos
constitucionales en un asunto específico, no se opone al carácter igualmente
vinculante, de las sentencias que se adoptan en ejercicio del control abstracto
de constitucionalidad. Esto debido a que esas decisiones cobran su carácter
obligatorio y vinculante en los efectos de la cosa juzgada constitucional,
previstos en el artículo 243 C.P. Sin duda alguna, estas decisiones son un
referente obligatorio para las salas de revisión de la Corte, quienes no están
facultadas para variar el precedente que fijen en la definición del contenido y
alcance de los derechos”. Ver al respecto lo
sostenido en el Auto 149 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[57] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[58] El régimen de transición también se encuentra regulado en los
decretos reglamentarios 813 de 1994, 1160 de 1994, 2143 de 1995, 2527 de 2000 y
artículos 259 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo.
[59] “Artículo
260. Derecho a la pensión. Artículo derogado por el artículo 289 de la
Ley 100 de 1993. Todo trabajador que preste servicios a una misma empresa de
capital de ochocientos mil pesos ($ 800.000) o superior, que llegue o haya
llegado a los cincuenta y cinco (55) años de edad, si es varón, o a los
cincuenta (50) años si es mujer, después de veinte (20) años de servicios
continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este
Código, tiene derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación o pensión
de vejez, equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios
devengados en el último año de servicio.
El trabajador que se retire o sea retirado del
servicio sin haber cumplido la edad expresada tiene derecho a la pensión al
llegar a dicha edad, siempre que haya cumplido el requisito de los veinte (20)
años de servicio”.
[60] Sentencia T-386 de 2005. M.P.
Rodrigo Escobar Gil
[61] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chlajub.
[62] El artículo 36 indica: “ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la
pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y
sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se
incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para
los hombres. || La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de
servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez
de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y
cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad
si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la
establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás
condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión
de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley. || El
ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas
en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el
derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta
para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor,
según certificación que expida el DANE” (negrilla
fuera del texto).
[63] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[64] M.P. Mauricio González Cuervo
[65] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[66] “La Corte
Constitucional en la sentencia C-258 de 2013, al estudiar la constitucionalidad
de la expresión durante el último año contenida en el artículo 17
de la Ley 4 de 1992, fijó una interpretación clara de la aplicabilidad del
artículo 36 de la Ley 100/93, en lo relacionado con el cálculo del ingreso base
de liquidación de las pensiones de las personas que fueran beneficiarias del
régimen de transición, a saber: “En efecto, la Sala recuerda que el
propósito original del Legislador al introducir el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, tal como se desprende del texto de la disposición y de los antecedentes
legislativos, fue crear un régimen de transición que beneficiara a quienes tenían
una expectativa legítima de pensionarse conforme a las reglas especiales que
serían derogadas. Para estas personas, el beneficio derivado del régimen de
transición consistiría en una autorización de aplicación ultractiva de las
reglas de los regímenes a los que se encontraban afiliados, relacionadas
con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa
de reemplazo.  Ingreso Base de Liquidación no fue un aspecto sometido
a transición, como se aprecia claramente en el texto del artículo 36. Hecha
esta aclaración, la Sala considera que no hay una razón para extender un
tratamiento diferenciado ventajoso en materia de Ingreso Base de Liquidación a
los beneficiarios del régimen especial del artículo 17 de la Ley 4 de 1992; en
vista de la ausencia de justificación, este tratamiento diferenciado favorable
desconoce el principio de igualdad.”
En ese orden de ideas,  la
Corte resolvió declarar inexequible la expresión cuestionada, condicionado el
resto del precepto normativo, de conformidad con las siguientes conclusiones:
“[e]n vista de que (i) no permitir la aplicación ultractiva de las reglas de
IBL de los regímenes pensionales vigentes antes de la Ley 100 fue el propósito
original del Legislador; (ii) por medio del artículo 21 y del inciso 3° del
artículo 36 de la Ley 100, el Legislador buscó unificar las reglas de IBL en el
régimen de prima media; (iii) ese propósito de unificación coincide con los
objetivos perseguidos por el Acto Legislativo 01 de 2005, específicamente con
los de crear reglas uniformes que eliminen privilegios injustificados y
permitan diseñar mecanismos que aseguren la sostenibilidad del sistema -de ahí
que la reforma mencione expresamente el artículo 36 de la Ley 100- la Sala
considera que en este caso el vacío que dejará la declaración de
inexequibilidad de la expresión “durante el último año” debe ser llenado
acudiendo a las reglas generales previstas en las dos disposiciones de la Ley
100 referidas.”
[67] M.P. Mauricio González Cuervo
[68] Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, sentencia del 27 de marzo de 1998 Radicación Núm.
10440.
[69]Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, sentencia del 16 de diciembre de 2009
Radicación Núm. 34863.
[70]Pensiones del sector público: la
transición continúa. Jurisprudencia de las Altas Cortes, Álvaro Quintero
Sepúlveda. Segunda edición. Editorial Librería Jurídica, Sánchez R. Ltda.,
2010.
[71] Cuaderno
original, folio 76.
[72] Ídem, folio 137.
[73] Cuaderno 2,
folio 4.
[74] La Sala Plena
en sentencia SU-158 de 2013, al estudiar la competencia
de los Consejos Seccionales y del Consejo de Superior de la Judicatura para
conocer la acciones de tutela contra providencias de la Corte Suprema de
Justicia, sostuvo que cuando esta última
corporación no dé trámite a una tutela contra los fallos de una de sus Salas de
Casación, el demandante está facultado para promoverla de otro modo. Así, puede (i) instaurar el amparo ante cualquier juez
–unipersonal o colegiado-, o (ii) presentarlo ante la Secretaría General de
la Corte Constitucional, con el fin de que se radiquen las diligencias como un
proceso de tutela adicional y surtan el trámite de revisión eventual que lleva
a cabo esta Corte. En igual sentido, se pronunció este tribunal en sentencias
SU-195 de 2012, T-370 de 2010 y T-1028 de 2010, entre otras.
[75] Cuaderno original, folio 59.
[76] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
“[77]
`El aparte final del inciso tercero del artículo 36,
objeto de impugnación, en el que sí se consagra una discriminación, que la
Corte encuentra irrazonable e injustificada, para efectos de la liquidación de
la pensión de vejez entre los trabajadores del sector privado, y los del sector
público, pues mientras para los primeros se toma como base el promedio de lo
devengado en los dos (2) últimos años de servicios, para los segundos, tal promedio
se calcula solamente sobre lo devengado en el último año, desigualdad que
contraría el artículo 13 del Estatuto Superior.`”
“[78]
En el Auto 144 de 2012, por medio del cual se declaró
la nulidad de la Sentencia T-022 de 2010,  el magistrado Mauricio González
Cuervo salvo su voto al considerar que no existía hasta ese momento un pronunciamiento de
constitucionalidad expreso sobre la interpretación del monto pensional y, que la jurisprudencia de las Salas de Revisión no había
sido uniforme en lo que respecta a la interpretación de los incisos 2 y 3 del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 -referentes al monto-. De esta manera, señaló
que la sentencia declarada nula, acogió válidamente una de las tesis trazadas
por la jurisprudencia; lo cual, no la vicia de nulidad en tanto que al no
existir un pronunciamiento específico por parte de la Sala Plena, le era
posible escoger alguna de las posturas abordadas en sede de revisión respecto
de cada caso en concreto”.
[79] M.P. Mauricio González Cuervo
[80] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[81] M.P. Mauricio González Cuervo
[82] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[83] Auto 326 de 2014. M.P. Mauricio González
Cuervo
[84] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[85] T-1092 de 2007. M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto y T-656 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[86] Auto 022 de 2013. M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[87] Artículo 34 del Decreto 2591 de 1991:
“Los cambios de jurisprudencia deberán ser
decididos por la Sala Plena de la Corte”.
[88] Ver folio 53 del cuaderno principal
[89] Folios 54 y 55 del cuaderno principal,
sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
[90] Magisterio, Rama Ejecutiva, Rama
Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Banco de la República
entre otros.