T-811-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-811/13
ACCION DE TUTELA DE PERSONAS AFECTADAS
POR DESASTRES NATURALES-Inaplicación
del requisito de inmediatez por cuanto no ha cesado el impacto generado por ola
invernal en las condiciones de vida de damnificados
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ COMO REQUISITO DE
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Debe ponderarse bajo el criterio del plazo razonable y
oportuno
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ-Factores que deben tenerse en cuenta para
determinar plazo razonable
Esta Corporación ha
enunciado como criterios para evaluar la razonabilidad del plazo: i) Que existan razones válidas para la inactividad,
como la fuerza mayor, el caso fortuito, la incapacidad o imposibilidad para
interponer la tutela en un término razonable; ii) La permanencia en la
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales; iii) La situación de
debilidad manifiesta del actor, que hace desproporcionada la carga de
razonabilidad del plazo para intentar la acción.
ACCION DE TUTELA DE PERSONAS AFECTADAS
POR DESASTRES NATURALES-Procedencia
para proteger mínimo vital afectado por el no pago del subsidio otorgado por el
Gobierno a damnificados de ola invernal
DEBERES SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA SOCIEDAD FRENTE A LAS VICTIMAS DE DESASTRES NATURALES-Reiteración de jurisprudencia
El artículo 1º de la Constitución establece que la dignidad y la solidaridad son fundamentos del Estado Social de
Derecho, en coherencia con lo cual el artículo 2 de la misma normativa
establece que las autoridades de la República están instituidas para proteger la vida, bienes y demás derechos y libertades y asegurar el cumplimiento de
los deberes sociales del Estado y de los particulares. Para la consecución de
tales fines y la materialización del principio de solidaridad, el artículo 95,
numeral 2, de la Constitución señala que uno de los deberes de la persona y del ciudadano es “Obrar
conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones
humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las
personas”. Con la misma finalidad, la Constitución establece reglas especiales para afrontar situaciones excepcionales en las cuales se encuentre en riesgo y/o
se afecten los derechos de los residentes en el país.
SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES-Objetivos
a) Definir las responsabilidades y funciones
de todos los organismos y entidades públicas, privadas y comunitarias, en las
fases de prevención, manejo, rehabilitación, reconstrucción y desarrollo a que
dan lugar las situaciones de desastre o de calamidad; b) Integrar los esfuerzos
públicos y privados para la adecuada prevención y atención de las situaciones
de desastre o de calamidad; c) Garantizar un manejo oportuno y eficiente de
todos los recursos humanos, técnicos, administrativos, y económicos que sean
indispensables para la prevención y atención de las situaciones de desastre o
calamidad”.
REGISTRO UNICO DE DAMNIFICADOS-Personas afectas por ola invernal del
“fenómeno de la niña”
DERECHOS DE PERSONAS AFECTADAS POR
DESASTRES NATURALES-Damnificados
de ola invernal no pueden afectarse por negligencia de la administración
pública
DERECHOS DE PERSONAS AFECTADAS POR
DESASTRES NATURALES-Vulneración
del mínimo vital y vivienda digna por Municipio por irregularidades en el
procedimiento administrativo para la entrega de apoyo económico a damnificados
de ola invernal
DERECHOS DE PERSONAS AFECTADAS POR
DESASTRES NATURALES Y DEBIDO PROCESO-Orden a Alcaldía proceda a revisar y enviar listado de
quienes reúnan las condiciones de damnificados directos de ola invernal
Referencia: Expedientes T-3.958.690,
T-3.960.497 y T-3.972.091
Acciones de tutela presentadas por Marberis Barrios
Salgado y otros contra el Municipio de Sincelejo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia de la República y la Gobernación de Sucre, por Mercedes Tautiva Vargas contra la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia de la República y el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias –FOPAE- y por
Blanca Becerra Ardila y otros contra la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y República y el Municipio de la Jagua de Ibirico.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá, D.C., doce (12) de Noviembre de dos mil trece
(2013).
La Sala Octava de Revisión
de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados María Victoria Calle Correa, Luís Ernesto
Vargas Silva y Alberto Rojas Ríos, quien
la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos proferidos
por: (i) el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes de
Sincelejo y el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes de Sincelejo,
en el trámite de la acción de tutela formulada por Marberis Barrios Salgado y
otros contra el municipio de Sincelejo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia de la República y la Gobernación de Sucre; (ii) La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial y el juzgado Sexto Penal del Circuito
con Función de Conocimiento de Bogotá en el trámite de la acción de tutela
presentada por Mercedes Tautiva Vargas contra el Fondo de Prevención y Atención
de Emergencias –FOPAE- y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia de la República y; (iii) el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguaná – Cesar en el trámite de la acción de tutela
iniciada por Blanca Becerra Ardila y otros contra la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia de la República y el Municipio de la Jagua de Ibirico, Cesar.
Los procesos
radicados bajo los números T-3.958.690, T-3.960.497 y T-3.972.091, fueron
seleccionados y acumulados por presentar unidad de materia en el Auto de la Sala de Selección Número Siete de la Corte Constitucional del dieciocho (18) de julio de dos
mil trece (2013), notificado el  nueve (09) de agosto de dos mil trece (2013),
para ser fallados en una sola sentencia.
En consecuencia, la Sala procede a exponer los antecedentes, las pruebas y la decisión judicial de cada uno de
los expedientes:
I. ANTECEDENTES
1.
EXPEDIENTE
T-3.958.690
Marberis Barrios Salgado y otros 356 ciudadanos,
mediante apoderada judicial, presentaron acción de tutela contra el Municipio
de Sincelejo y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia de la República,
por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad y a la vida en condiciones dignas y justas, con base en los siguientes
1.1. Hechos
1.1.1
Aduce la apoderada de los
accionantes, que ellos, quienes están registrados en el Sistema de información
Sisben, fueron víctimas de la segunda temporada de lluvias de 2011 y sufrieron
daños materiales en sus viviendas localizadas en los barrios Puerto Arturo,
Villa María, Nueva Esperanza, Villa Mady, El Poblado, La Victoria, Antonio Nariño, Normandía, Divino Niño, Uribe Uribe, La Paz, La Gran Colombia, Esmeralda, Trinidad, las Delicias, Barlovento y Gaviotas.
1.1.2
Por lo anterior, indica la
representante judicial, sus poderdantes tienen derecho a la entrega del
subsidio económico de $1.500.000, al cumplir los requisitos para su
reconocimiento establecidos en la Resolución 074 de 2011.
1.1.3
Añade, que el Alcalde Municipal de
Sincelejo no incluyó a los tutelantes en la planilla de apoyo económico a
damnificados directos que debía ser enviada a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, omisión que desconoce el derecho al
debido proceso de sus representados y genera un perjuicio grave y actual para
ellos.
1.1.4
La anterior situación, señalan los
accionantes, conlleva a la violación del derecho a la igualdad porque a la Señora Ana Eufemia Navarro, quien se encuentra en las mismas condiciones de ellos sí le fue
entregada la referida ayuda económica.
1.1.5
El requisito de inmediatez se
cumple, a juicio de los ciudadanos tutelantes, por cuanto, a pesar de haber
transcurrido un tiempo considerable desde los hechos, los daños materiales a
sus viviendas persisten y por ello la vulneración de los derechos subsiste.
1.2 Traslado y contestación de la demanda
El Juzgado Segundo Penal
Municipal para Adolescentes de Sincelejo con Función de Control de Garantías,
por auto de 8 de marzo de 2013 admitió la demanda y ordenó correr traslado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y La Alcaldía del Municipio de Sincelejo, para que en
el término de 48 horas contestaren la acción de tutela en ejercicio del derecho
de contradicción y defensa. Posteriormente, el 11 de marzo de 2013, el mismo
despacho judicial ordenó vincular a la Gobernación de Sucre, a quien le dio el mismo término para pronunciarse sobre los hechos informados por los accionantes.
La Jefe de la Oficina Jurídica del Departamento de Sucre informó que ni el Municipio de Sincelejo ni el
Comité Municipal de Gestión del Riesgo del mismo ente territorial, radicaron
solicitud para el pago de la ayuda económica regulada en la Resolución 074 de 2011 a favor de los accionantes, tampoco en sus bases de datos aparecen
registrados como postulantes al mencionado subsidio, razón por la cual solicita
declarar la improcedencia de la tutela en relación con dicho ente territorial.
El representante de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia de la República, indicó que el apoyo económico por un millón quinientos mil pesos no se estableció con ocasión del fenómeno
de la niña del cual dicen ser damnificados los accionantes, sino para
beneficiar a los damnificados directos de la segunda temporada de lluvias de
2011 y en éste orden no sería posible reconocerles el apoyo económico
reclamado.
Precisa que la UNGRD es ajena a que los accionantes no hayan sido incluidos en el listado de beneficiarios
de la ayuda económica porque esta decisión correspondió a las autoridades
municipales quienes debían establecer si concurrían las condiciones para ser
parte del listado, por lo cual ninguna responsabilidad le cabe a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, razón por la cual plantea la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva. De otra parte indica que la fotocopia de
la cédula y de la consulta en el Sisben no acreditan los requisitos para elevar
la reclamación del apoyo económico y añade que la acción es improcedente
porque en este caso no se cumple con el
requisito de inmediatez por cuanto la omisión en la realización del censo data
de diciembre de 2011.
El Jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía del Municipio de Sincelejo, solicita negar por improcedente
la acción al considerar que los accionantes pretenden revivir términos para
obtener su pretensión económica. Indica que los ciudadanos tutelantes debían
haber manifestado ante los miembros que conforman el CLOPAD su inconformidad
por no haber sido incluidos en el censo de damnificados, expresando las razones
por las cuales si debían estar registrados. Refiere que a los miembros del
CLOPAD se les presenta un censo y ellos evalúan la información y lo aprueban
para ser remitido a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres que es la competente para desembolsar las ayudas económicas.
Además, es esta Unidad la encargada de fijar las condiciones para que los
damnificados por la ola invernal accedan a la asistencia económica y no el
Municipio de Sincelejo.
Agrega que frente a acciones de tutela
similares, los Juzgados Tercero y Cuarto Civil Municipal han declarado la
improcedencia del amparo por no atender al principio de subsidiaridad, pues los
ciudadanos debían primero agotar el mecanismo ordinario que es acudir ante la Alcaldía Municipal, entidad que nunca se ha negado a darle trámite a sus solicitudes. Tampoco
se concluyó la vía gubernativa ni acudió a la acción de nulidad y
restablecimiento ante la jurisdicción contencioso administrativa.
A juicio de la entidad municipal
accionada, la solicitud de amparo tampoco atiende al requisito de inmediatez y
por último manifiesta que no está demostrada la vulneración de los derechos
fundamentales invocados toda vez que si los accionantes no fueron incluidos en
el registro de damnificados directos es porque no lo son.
1.3
Pruebas
A continuación se
relacionan las pruebas documentales que obran en el expediente:
1.3.1
Copia de los
documentos de identidad de los accionantes.
1.3.2
Copia de las fichas
del Sisben de algunos accionantes y de facturas de servicios públicos
domiciliarios.
1.3.3
Copia de la Resolución 074 de 2011 y copia de la  Resolución 002  del 2 de enero de 2012, expedidas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres- folio 1499-.
1.3.4
Copia de la sentencia
de 15 de mayo de 2012, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A. – folio 1484-
1.3.5
Registro fotográfico
– folios 1503 y 1504-.
1.3.6
Copia de la petición
firmada por los ciudadanos Farid Rodríguez y Adalberto Salas Sabaye, dirigida
al Alcalde del Municipio de Sincelejo y radicada el 19 de junio de 2012, en la
cual solicitan “se emprendan las acciones necesarias orientadas al mejoramiento
de las estructuras físicas de nuestras humildes viviendas o futura reubicación
de las mismas. Se facilite las listas o censos oficiales de quienes somos damnificados
reales” – folio 1537-
1.3.7
Copia de la circular
del 10 de noviembre de 2012 del Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia de la República – folio 1541-
1.3.8
Copia de la circular
del 16 de diciembre de 2011 del Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia de la República – folio 1574-
1.3.9
Decreto 597 del 9 de septiembre de
2012 del Alcalde Municipal de Sincelejo, “Por el cual se conforma y organiza el
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de
Sincelejo, para : El conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo, el
manejo de desastres y se dictan otras disposiciones” – folio 1589-
1.3.10
Oficio del 23 de agosto de 2011
del Comandante del Cuerpo de Bomberos, mediantelacual remite al CLOPAD la
relación de las familias visitadas y certificado por el fenómeno de la niña. –
folios 1608 a 1620-
1.3.11
Oficio del 26 de agosto de 2011,
mediante el cual el Gerente del Fondo Municipal de Vivienda de Interés Social y
Reforma Urbana de Sincelejo remite listado a la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, de “familias afectadas por el fenómeno de la
niña, las cuales han sufrido graves  deterioros en sus viviendas por la pasada
Ola Invernal 2010-2011 en el Municipio de Sincelejo” – folios 1621 a 1630-
1.4. Sentencia de Primera Instancia
El Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes
con Función de Control de Garantías de Sincelejo, mediante sentencia del 21 de
marzo de 2013 negó por improcedente el amparo solicitado porque los accionantes
no pidieron a las autoridades respectivas su inclusión en el censo realizado
por el CLOPAD o la Alcaldía Municipal de Sincelejo, una vez advirtieron que no
estaban registrados, de tal forma que no agotaron los mecanismos ordinarios de
defensa como la vía gubernativa y las acciones contenciosas, incumpliendo con
ello el requisito de subsidiaridad. Considera el fallo que como no se acreditó
la ocurrencia de perjuicios irremediables y ha transcurrido más de un año desde
el momento en que se produjo el fenómeno invernal, se infiere que la situación
de calamidad ha sido superada. Por último indica el Juzgado que dentro del
expediente no se demostró que los accionantes cumplieran con los requisitos
para obtener la ayuda económica previstos en la Resolución 074 de 2011, razón por la cual la controversia debe ser resuelta por las
autoridades administrativas y la jurisdicción contencioso administrativa y no
por el juez de tutela.
En relación con el derecho a la igualdad indica la
sentencia que no se establecieron las razones por las cuales los accionantes
estarían en las mismas condiciones de la ciudadana citada en el escrito de
tutela como beneficiaria de la ayuda económica. – folio   1631-
1.5 Impugnación
La apoderada de los ciudadanos tutelantes al recibir
la notificación del fallo expresó que impugnaba la decisión sin expresar
razones como fundamento de su decisión. – folio 1652-
1.6 Sentencia de Segunda Instancia
El Juzgado Primero Penal del Circuito para
Adolescentes, en decisión del 2 de mayo de 2013 confirmó la sentencia del a
quo, al considerar que con base en los medios probatorios allegados a la
actuación no es posible determinar la condición de damnificados directos de los
accionantes, máxime cuando el cuerpo de bomberos de Sincelejo y el CLOPAD
realizaron el censo correspondiente de las familias afectadas con la segunda
temporada invernal de 2011, en el cual no aparecen registrados los accionantes.
Indica el Juzgado que tampoco se atiende al principio de inmediatez, dado que la
acción de tutela se interpone en marzo de 2013 por hechos sucedidos en el
segundo semestre de 2011  - folio 8 Cdo. segunda instancia-
2.
EXPEDIENTE
T-3.960.497
La señora Mercedes Tautiva Vargas, presentó acción de tutela contra la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia de la República y el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias –FOPAE-,
con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad
y el respeto a la dignidad humana, con base en los siguientes:
2.1
Hechos
2.1.1
Informa la accionante que con
ocasión de la segunda temporada invernal del año 2011, su vivienda resultó
inundada por aguas residuales.
2.1.2
El 11 de diciembre de 2011 la
señora Mercedes Tautiva fue censada por la Secretaría Distrital de Integración Social, que luego de constatar las condiciones de la
vivienda, le expidió la titilla N°20265 en la que se le identifica como
residente del barrio Villas de Vizcaya y afectada por la temporada invernal.
2.1.3
Con este documento reclamó un bono
por $131.808 en Carrefour, un Kit de aseo y un auxilio para arrendamiento.
2.1.4
Con base en el Decreto 4579 de
2010, mediante la Resolución 074 del 15 de diciembre de 2011 la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres estableció la entrega de un auxilio
económico para las familias afectadas por la Segunda Temporada de Lluvias de 2011 y fijó como plazo
para la entrega de la información de las personas censadas hasta el 30 de
diciembre de 2011, término ampliado por la misma entidad hasta el 30 de enero
de 2012, mediante Resolución 002 del 2 de enero de 2012.
2.1.5
El 16 de diciembre de 2011 la
citada entidad ordenó el no pago del auxilio económico a varias familias. En
virtud de lo anterior, indica la accionante que a pesar de encontrarse
registrada en el censo de afectados por la temporada invernal al acercarse a
reclamar la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres le informó que
el pago había sido suspendido, por cuanto hacía parte de un grupo de
solicitantes que presentaba inconsistencias y debía verificarse la información,
pero el proceso de revisión nunca se concluyó.
2.1.6
Manifiesta la accionante que el 17
de enero de 2012 la Secretaría Distrital de Integración Social publicó un
listado de afectados por la temporada invernal del cual hace parte, por lo cual
luego se acercó a reclamar la ayuda monetaria al Banco Agrario Sucursal
Chapinero, pero allí le indicaron que no hacía parte de los beneficiarios.
2.1.7
El 10 de febrero de 2012 el FOPAE
certifica que, de acuerdo con los registros de afectación, la señora Mercedes
Cautiva Vargas resultó afectada a causa de la inundación ocurrida en la
localidad de Bosa el 6 de diciembre de 2011.
2.1.8
Sostiene la accionante que en el
mismo sector le han entregado a otras personas el subsidio por $1.500.000,
establecido por el Gobierno Nacional.
2.1.9
Igualmente informa que, como
afectada por las inundaciones, fue beneficiaria del descuento en el impuesto
predial establecido por la Alcaldía Mayor de Bogotá mediante el Acuerdo 26 de
1998.
2.1.10
El 22 de mayo de 2012, la
administradora y representante legal del la Agrupación Residencial Villas de Vizcaya 1, presentó un derecho de petición, a la entidad
accionada, solicitando la ayuda económica, el cual fue avalado por algunos copropietarios
y residentes del Conjunto.
2.1.11
Mediante oficio 021712 de junio de
2012 la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres respondió dicha
solicitud indicando que “Atendiendo a que ustedes no fueron reportados
dentro de la oportunidad establecida como beneficiarios de la ayuda, no es
procedente atender favorablemente su petición”.
2.1.12
Con base en los anteriores hechos
la señora Mercedes Tautiva Vargas presentó acción de tutela al estimar
vulnerados sus derechos a la igualdad y a la dignidad humana, pues a otros
damnificados residentes en la misma unidad residencial si se lo entregaron.
2.1.13
Hasta la fecha, de acuerdo con el
material probatorio existente, no se ha entregado el subsidio económico a la
acciónate
2.2 Traslado y contestación de las entidades accionadas.
El Juzgado Sexto Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá por auto del 12 de diciembre
de 2012 admitió la demanda y ordenó correr traslado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia de la República y el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias –FOPAE- para que en el término de 48 horas
contestaren la acción de tutela en ejercicio del derecho de contradicción y
defensa.
El representante de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia de la República, indicó que en el listado de beneficiarios de la ayuda económica prevista en la Resolución 074 de 2011 remitido por el FOPAE no fue incluida la accionante. Y, si bien del
certificado de afectación y la tirilla indican que existió una afectación por
la segunda temporada de lluvias de 2011, ello no indica que el afectado sea beneficiario
directo en los términos de la resolución mencionada.
Aduce que no hay
vulneración del derecho a al igualdad por la entidad accionanda, por cuanto la
resolución 074 de 2011 estableció el otorgamiento de la ayuda económica a todos
los habitantes del territorio nacional que se encontraran en las condiciones y
cumplieran los requisitos allí indicados. Precisa que la Unidad es ajena a que la tutelante no haya sido incluida en el listado de beneficiarios de la
ayuda económica porque esta decisión correspondió a las autoridades distritales
quienes debían establecer si concurrían las condiciones para ser parte del
listado. Por lo anterior ninguna responsabilidad le cabe a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, configurándose así la excepción de falta de legitimación por
pasiva.
Añade que en este caso no está
comprometido ningún derecho fundamental pues el reclamo se encamina a obtener
una reclamación dineraria.
Por su parte el
representante del Fondo de Prevención y
Atención de Emergencias –FOPAE-,
indicó que ciertamente la accionante se encuentra en los registros de personas
afectadas por la inundación ocurrida en Bosa el 6 de diciembre de 2011, como lo
acredita el correspondiente certificado, también recibió las ayudas
humanitarias de bono alimentario y Kit de aseo, y fue beneficiaria de la
entrega de ayuda de carácter económico por parte de esa entidad, por la suma de
$442.000, de acuerdo a las resoluciones 587 y 671 de 2011, como damnificada de
la emergencia invernal del año 2011. Indicó que para el FOPAE las 27.196
familias incluidas en los registros son damnificados directos para efectos de la Resolución 074 de 2011, porque presentaron algún tipo de afectación directa con ocasión de
las inundaciones en las localidades de Bosa y Kennedy, y en particular la
señora Mercedes Cautiva Vargas es damnificada directa.
De acuerdo con lo anterior,
solicita desestimar las pretensiones por falta de legitimación en la causa por
pasiva pues el FOPAE no tiene ninguna ingerencia en la distribución y entrega
de la ayuda económica establecida en la resolución 074 de 2011. y, “la obligación
por parte del FOPAE, limitada a suministrar a la UNGRD los registros de los damnificados directos, fue cumplida al enviar el consolidado
definitivo, dentro del cual se incluyó a el señor MERCEDES TAUTIVA VASRGAS
(Sic), por lo que ostenta la calidad de damnificado directo.” - folio 52 vto-
Por último, estima que la
acción de tutela es improcedente dado que hace más de ocho meses que se superó
la emergencia ocasionada por la temporada invernal de 2011 y la accionante no
se encuentra ante un perjuicio irremediable.
2.3       Pruebas
A continuación se
relacionan las pruebas documentales que obran en el expediente:
2.3.1
Copia del documento
de identidad de la señora Mercedes
Tautiva Vargas – folio 8-
2.3.2
Copia de la tirilla
N°20265 F-05 Registro de población damnificada en la cual aparece como persona
cabeza de hogar la señora MERCEDES TAUTIVA VARGAS, del barrio Villas de Vizcaya
y con fecha de diligenciamiento 11 de diciembre de 2011. - folio 6-
2.3.3
Copia del certificado
de afectación expedido  por el Subdirector de emergencias del Fondo de
Prevención y Atención de Emergencias – FOPAE-, en el cual se indica que de
acuerdo con el registro de afectación realizado por la Secretaría Dis trital de Integración Social, se constató que la accionante “resultó
afectada a causa de la inundación ocurridas en la localidad de Bosa, a los días
6 (sic) de diciembre de 2011 y siguientes” y se identificó como inmueble
afectado el ubicado en la carrera 103 N°75-55 sur, casa 35 (Vizcaya 1)-folio
7-
2.3.4
Copia del recibo de
Impuesto predial unificado del inmueble localizado en la carrera 103 N°75-55
sur, casa 35 (Vizcaya 1)-folio 9-.
2.3.5
Copia del Decreto 186
del 23 de abril de 2012 de la Alcaldía mayor de Bogotá, “Por medio del cual se
establecen las condiciones para la aplicación de las exenciones de impuesto
predial unificado para los damnificados de la emergencia invernal de los
sectores de Bosa y Kennedy, de conformidad con lo previsto en el artículo 13
del Acuerdo 26 de 1998” – folio 10-
2.3.6
Copia de la consulta
del censo Bosa y Kennedy – folio 11-
2.3.7
Copia de la Resolución 074 de 2011 y copia de la  Resolución 002 del 2 de enero de 2012, expedidas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – folio 45-
2.3.8
Copia del Acta de reunión
del 16 de diciembre de 2011  entre la FOPAE, la Secretaría Distrital de Integración y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en la cual quedó
consignado que “En el marco de las acciones propuestas por los funcionarios
presentes para continuar con el proceso de entrega de los auxilios se presentó
como propuesta continuar con el pago de 4667 registros, los cuales están
verificados y suspender el pago de 6.577 mientras se verifica en un 100% la
información por parte  de las entidades del distrito participantes en este
proceso. El FOPAE a su vez, se compromete a remitir, vía correo electrónico y
físico, la base de registro de población afectada debidamente verificada para
que la UNGRD realice los trámites subsecuentes al pago de auxilio, de igual
forma, el FOPAE remitirá la base de datos con los registros que presentan
inconsistencias a la fecha para que la UNGRD proceda a realizar las acciones
pertinentes.”– folios 12 y 40 –
2.3.9
Copia de la circular del 16 de
diciembre de 2011 de la Dirección General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. – folio 42-
2.3.10
Copia de la Resolución 002 del 2 de enero de 2012, mediante el cual amplía el plazo hasta el 30 de enero
de 2012, de entrega de información a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en los mismos términos y
cumplimientos de requisitos referidos en al resolución N°074 de 2011. – folio
44-
2.3.11
Copia del oficio del 16 de
diciembre de 2012 del Subdirector de Emergencias del FOPAE dirigidos al
director de la Unidad Nacional Para la Gestión de Riesgo de Desastres, en el cual envía base de datos de 4.723 registros de la población afectada por la
segunda temporada de lluvias 2011 de la localidad de Bosa. Sector el Recreo,
con corte a la fecha y “se aclara que la información suministrada corresponde
no a la totalidad de los registros de la emergencia, sino a la información
levantada entre el 6 y el 10 de diciembre en el sector y la emergencia
referenciados. La información faltante será suministrada en los próximos días
cuando la SDIS remita el consolidado final” – folio 39 vto.-
2.3.12
Copia del oficio del 23 de
diciembre de 2011 del FOPAER dirigido a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con el cual se envía en archivo
adjunto “base de datos de damnificados por la segunda temporada de lluvias 2011
de la localidad de Bosa y Kennedy de Bogotá Distrito Capital”, en cumplimiento
de la circular del 16 de diciembre de 2011. y se añade que en Bosa aparecen
identificados con daños materiales directos 6373, según información del FOPAE,
y según información de la SDIS, 10.610 que sufrieron afectación general en
primeros pisos y cabezas de hogar. – folio 38- .
2.3.13
Copia del oficio del 31 de enero
de 2012 del Subdirector de Emergencias del FOPAE al director de la Unidad Nacional Para la Gestión de Riesgo de Desastres, en el cual envía base de datos de 1872
damnificados damnificados por la segunda temporada de lluvias 2011 de la
localidad de Bosa.
2.3.14
Copia del oficio del 29 de febrero
de 2012 del Director del FOPAE al Director de la Unidad Nacional Para la Gestión de Riesgo de Desastres, en el cual indica que el 16 y 23 de
diciembre envió las bases de datos de un total de 16574 familias, de las cuales
1346 quedaron pendientes de verificación. Y añade que la administración
distrital, en atención a las inconsistencias denunciadas, realizaron un proceso
de revisión y verificación, el cual arroja un consolidado a 10 de febrero de
2012 de 18.607 familias en Bosa y 8.589en Kennedy. Precisa que “En el comité
Distrital para la Prevención y Atención de Emergencias de fecha 10 de febrero
de 2012 se aprobó el censo de los damnificados elaborado por la secretaría de
Integración social. En consecuencia, el Comité Distrital considera que las
27.196 familias son damnificadas directas en los términos establecidos en la Resolución 074 del 15 de diciembre de 2011 expedida por la Unidad Nacional Para la Gestión de Riesgo de Desastres , dado que presentaron algún tipo de
afectación directa o indirecta de acuerdo la clasificación establecida por el
FOPAE siendo por ello, susceptibles de ser beneficiarias del apoyo económico
señalado en la citada Resolución” – folio 41-
2.3.15
Copia del oficio 2632 del Director
de la Unidad Nacional Para la Gestión de Riesgo de Desastres al Director del
FOPAE, en el cual indica que lo que se registre por fuera del plazo fijado en la Resolución 002 de 2012 es extemporáneo. “Por lo que no es procedente analizar ni recibir el
censo elaborado por la Secretaría de Integración Social y aprobado por el
Comité Distrital para la Prevención y Atención de Emergencias de fecha 10 de
febrero de 2012, por encontrarse fuera de los términos establecidos por las
Resoluciones N°074 de 2011 y 02 de 2012. En consideración de lo anteriormente
expuesto, la unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres no
encuentra procedente el pago de apoyos económicos no reportados debidamente en
las fechas establecidas para tal fin” – folio 48-
2.3.16
Copia del derecho de petición
presentado por la señora DORIS PALOMINO, representante legal de la Agrupación Villas de Vizcaya Agrupación 1, dirigido a la Unidad Nacional Para la Gestión de Riesgo de Desastres.  – folio 13-
2.3.17
Copia del Oficio N°021712, de
junio de 2012, del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad Nacional Para la Gestión de Riesgo de Desastres. mediante el cual se da respuesta a la
petición de la señora DORIS PALOMINO, y allí se indica que “Dados lo
limitado de los recursos del Fondo, la necesidad de ser priorizados hacia otras
acciones de acuerdo con su finalidad, la ayuda tenía que ser determinada
respecto del monto, su vigencia (inmediatez respecto de la emerge4ncia) y el
tipo de beneficiarios, (las familias que realmente sufrieron daños al interior
de sus viviendas o en sus muebles y enceres) como en efecto ocurrió. Atendiendo
a que ustedes no fueron reportados dentro de la oportunidad establecida como
beneficiarios de la ayuda, no es procedente atender favorablemente su petición”.
- folio 16-
2.3.18
Copia de la planilla de auxilio
económico, en el cual aparece el pago realizado a Jorge Enrique Marín Caza y
Buendía Martínez Gustavo -folios 18 y 19 –
2.3.19
Copia de la planilla de auxilio
económico de la UNGRD, en el cual se indica que no se encontraron resultados
asociados al número de cédula de la accionante.
2.4 Sentencia de Primera Instancia
El Juzgado Sexto Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Bogotá mediante
fallo del 20 de diciembre de 2012, declaró improcedente el amparo por ausencia
del requisito de inmediatez, dado que la acción se interpuso un año después del
momento en que se aduce se presentó la vulneración. Indica que la acción de
tutela no es el mecanismo para obtener la entrega de ayuda humanitaria porque
no hay inminencia ni gravedad en la afectación de derechos fundamentales.
Sostiene que la accionante cuenta con otro medio de defensa de sus derechos
como es la acción popular para amparar el derecho colectivo a la vivienda
digna, al cual puede acudir porque no se está ante un perjuicio irremediable.
2.5. Impugnación
La señora Mercedes Cautiva Vargas solicitó revocar la
sentencia de primera instancia y conceder el amparo solicitado por cuanto el
paso del tiempo no puede interpretarse en su contra pues la declaratoria de
desastre nacional no establece ningún límite temporal para prestar asistencia
humanitaria y entregar los incentivos a las familias afectadas, quienes tienen
derecho en razón de la calidad de damnificados. Afirma que por errores
administrativos y falta de coordinación interinstitucional no se puede
desconocer que tiene el derecho adquirido a recibir  el beneficio otorgado a
los damnificados por la temporada invernal. Sostiene que la decisión de las
accionadas no consulta el principio de igualdad pues a otros damnificados si se
les entregó la ayuda económica que a ella le niegan, a pesar de ser parte del
censo de afectados dado a conocer por la Secretaría Distrital de Integración Social el 17 de enero de 2012, antes del vencimiento del
plazo fijado por la Unidad Nacional Para la Gestión de Riesgo de Desastres.
2.6. Sentencia de Segunda Instancia
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
Sala de Decisión Penal, en sentencia del 10 de abril de 2013, confirma la
decisión impugnada al considerar que no procede el amparo de los derechos a la
igualdad y a la dignidad humana pues “es evidente que lo pretendido desborda
el ámbito de competencia del Tribunal que no está facultado para decidir sobre
los asuntos que aquí se discuten, que implican un debate legal, para los que
existe un escenario natural ante la jurisdicción contencioso administrativa, lo
que torna improcedente el amparo, por la no acreditación del requisito de
subsidiaridad” y en este evento no se acreditó la existencia de un
perjuicio irremediable que haga viable la acción como mecanismo transitorio.
Añade que en este caso tampoco se cumple con el requisito de inmediatez pues la
accionante presentó la solicitud de amparo un año después de los hechos, sin
que esté demostrada una justificación para ello.
3. EXPEDIENTE T-3.972.091
Blanca Becerra Ardila, Samira Rangel Guerrero, Marta
Cecilia Torrado Tarazona, Agripina Galeano Ascano, Carmen Esther Villegas
Guerrero, Luis José Barbosa Quintero, Ana María Santiago Julio, Víctor
Celestino Medina Montero, Alonso Casariego Morales, Nibia  Dolores Montero
Araujo, Ricardo Rodríguez Ascanio, Blanca Avendaño Padilla, Diomar Antonio
Rincón Mora, José David Picón Clavijo, Adalberto Zambrano Noriega, Atilio
Rincón Pérez, Carmen María Chogo Trillos, Miriam Rosa Pérez Rincón, Dina Luz
Rodríguez Díaz, Judith Josefa Mendoza Gutiérrez, Caro Gil de los Reyes, José
Celiar Arévalo Pineda, Alides Martínez Fuentes, Víctor Manuel Duran Pacheco,
Aure Smir Miranda Estrada, Daniel Enrique Estrada Carrillo, Israel Vega
Arévalo, Estelia Cañizares Vaca, Laudelina Téllez Guerrero, Yuleima Becerra
Bastos, Luis Alfonso Martínez Ledesma, María Mejía Atencia, Carlos Arturo
Montes Vargas, Wilfredo Pianeta Quintero, José Trinidad Lobo Sereno, Yaniris
Lobo Bautista, Adaluz de la Hoz Berrio, María del Rosario Navarro Arrieta,
Adaluz Sarabia Rangel, Belkis Viviana Trujillo Vega, Pastora Quintero
Hernández, Edith Trillos de Barón, Gerardo Trillos Donado, Digna María Sierra
García, Jorge Rangel, Diego Alejandro Arias Ramírez, Henry Coronado Sandoval,
Ramón Eliécer Trillos Miranda, Luis Antonio Arenas Vaca, Evelio Malvaceda
Neira, residentes del corregimiento la Victoria de San Isidro, del municipio de la Jagua de Ibirico, Cesar, solicitan que en amparo de sus derechos
fundamentales a la igualdad y a la dignidad humana, mínimo vital, a la vivienda
digna, a la salud y a la vida se ordene a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia de la Republica, Fiduciaria la Previsora S.A. y el Fondo Nacional del Riesgo de
Desastres, entreguen a cada uno de los tutelantes la ayuda humanitaria de
carácter económico, el subsidio de arrendamiento por doscientos mil pesos, y el
paquete de mercado y de aseo que les corresponde como afectados por la ola
invernal de los años 2010 y 2011, con base en los siguientes:
3.1
Hechos
3.1.1
Informan los accionantes, mediante
apoderado, que fueron damnificados de las inundaciones causadas por el fenómeno
de la Niña durante los años 2010 y 2011, que afectaron sus viviendas, cultivos,
animales de cría y vías.
3.1.2
La situación generada por las
inundaciones no ha podido ser superada porque el gobierno nacional no ha
entregado las ayudas humanitarias que les permita recuperarse y estabilizarse
económicamente.
3.1.3
La Unidad para la Prevención y Atención de Desastres del
municipio de la Jagua de Ibirico, Cesar, realizó un censo de damnificados, del
cual hacen parte los tutelantes.
3.1.4
Indica el apoderado de los ciudadanos,
que después de la emergencia ellos quedaron en condiciones desfavorables y sus
viviendas muy deterioradas y hasta el momento no les ha sido entregada la ayuda
económica que les perita superar esta calamidad.
3.2 Traslado y contestación de las entidades accionadas.
El Juzgado Civil del
Circuito de Chiriguaná (Cesar) por auto del 13 de marzo de 2013 admitió la
demanda y ordenó correr traslado al representante legal de  la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y de la Alcaldía de la Jagua de Ibirico para que contestaren la acción de tutela en ejercicio del derecho de contradicción y
defensa. - folio 199-
El representante de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia de la República, que para obtener la ayuda económica establecida en la Resolución 074 de 2011 debe acreditarse ser
damnificado directo de los eventos hidrometereológicos de la segunda temporada
invernal comprendido entre el 1 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011 y
encontrarse incluido en el registro emitido por los Comités Locales y
Regionales de  Atención y Prevención de Desastres, requisitos que los
accionantes no acreditaron, quienes aportan prueba de ser parte del registro en
la base de datos REUNIDOS, la cual incluye a los afectados y damnificados por
la primera temporada, quienes no están cobijados por el beneficio económico en
comento, razón por la cual no puede afirmarse que los tutelantes tengan el
derecho al pago del mismo. Igualmente señala que la acción de tutela es
improcedente dado que si los accionantes estiman que por omisión de alguna
autoridad se les ha negado el pago del apoyo, deben acudir a la jurisdicción
contenciosa administrativa. Como excepciones, la Unidad Nacional para al Gestión del Riesgo de Desastres plantea la falta de legitimación por
pasiva, pues la omisión en el registro de damnificados beneficiarios del apoyo
económico previsto en la resolución 074 de 2011 no le es atribuible a esa
entidad. A su juicio el reclamo tampoco atiende al presupuesto de inmediatez
por cuanto pasaron diez meses entre el vencimiento del plazo para enviar la
información de los damnificados y la interposición de la tutela, sin que los
accionantes aduzcan algún motivo que les impidiera hacerlo antes –folio 228-.
La Alcaldía de la Jagua de Ibirico manifiesta que la acción de
tutela es improcedente por ausencia del requisito de inmediatez.
3.3 Pruebas
A continuación se
relacionan las pruebas documentales que obran en el expediente:
3.3.1
Copia de los
documentos de identidad de los 50 accionantes
3.3.2
Copia de la
inscripción en el Registro Único de damnificados por la emergencia invernal Red
Unidos 2010-2011.
3.3.3
Copia de la Resolución 074 de 2011 y copia de la  Resolución 002  del 2 de enero de 2012, expedidas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – folio 205-
3.3.4
Copia del directiva
presidencial 03 del 13 de enero de 2011 – folio 211-
3.3.5
Copia de la circular
de 10 de noviembre de 2012, del Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – folio 213-
3.4. Sentencia de Primera Instancia
El Juzgado Civil del Circuito de
Chiriguaná -Cesar- mediante fallo del 11
de abril de 2013, declaró improcedente el amparo por cuanto los accionantes no
aparecen registrados en la base de datos de la segunda temporada invernal de
2011, tampoco aparecen reportados en el censo de damnificados ni en las
planillas de apoyo económico de tal manera que no acreditaron  la condición de
beneficiarios directos, requisitos necesarios para acceder a la ayuda económica
que reclaman. Advierte que el juez constitucional no puede reemplazar a las
autoridades del orden ejecutivo para determinar la calidad de damnificado de la
ola invernal. Por último advierte la falta de inmediatez en la acción por
cuanto han transcurrido más de 18 meses desde la ocurrencia del hecho
generador, lo cual igualmente hace improcedente la acción.
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
4.1
Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela proferido dentro del trámite
de referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso 3°,
y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
4.2 Problema Jurídico
Corresponde establecer si en los casos expuestos
procede el amparo de los derechos fundamentales a la vivienda digna, igualdad,
dignidad y al debido proceso que a  juicio de los tutelantes han sido
vulnerados por la negativa de las entidades accionadas en reconocer y pagar la
ayuda económica que estableció el Gobierno Nacional a través de la Resolución N° 074 de 2011 expedida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia de la República, para los damnificados directos de los eventos hidrometereológicos de la segunda temporada invernal
comprendida entre el 1° de septiembre y el 10 de diciembre de 2011.
Antes de ocuparse de los casos concretos,
es preciso establecer a la luz de la jurisprudencia constitucional: (i) Requisito de inmediatez cuando se debate ayuda a
damnificados de eventos hidrometereológicos; (ii) Las obligaciones del Estado y derechos de
personas afectadas por desastres naturales; y (iii) Apoyo económico a los damnificados directos de la segunda
temporada de lluvias presentada entre el 1 de septiembre y el 10 de diciembre
de 2011.
4.2.1    Requisito de inmediatez cuando se debate ayuda a
damnificados de eventos hidrometereológicos
Como quiera que un argumento recurrente en
las intervenciones de las entidades accionadas en las tres acciones de tutela a
decidir en el presente fallo se refiere a la ausencia del requisito de
inmediatez, es necesario fijar el alcance del mismo cuando se trata de resolver
la viabilidad de acudir a la acción de tutela para obtener el reconocimiento y
pago de la ayuda económica  otorgada a los damnificados de desastres naturales.
La inmediatez, ha señalado la
jurisprudencia de esta Corte, constituye un requisito de procedibilidad de la
acción de tutela que permite cumplir con el propósito de la protección
inmediata y por tanto efectiva de los derechos fundamentales, cuando estos
resulten afectados por la acción u omisión de autoridades públicas o de los
particulares en los eventos establecidos en la ley. Igualmente ha sido
consistente la jurisprudencia constitucional en advertir que no cualquier tardanza en la presentación de las
acciones de tutela acarrea su improcedencia, sino sólo aquella que pueda
juzgarse como injustificada o irrazonable, atendiendo a las circunstancias
particulares de cada caso, pues en algunos un año puede ser muy amplio y en
otros eventos puede ser un plazo razonable.[1]
Esta Corporación ha enunciado
como criterios para evaluar la razonabilidad del plazo: i) Que existan razones válidas para la inactividad, como la fuerza
mayor, el caso fortuito, la incapacidad o imposibilidad para interponer la
tutela en un término razonable; ii) La permanencia en la vulneración o amenaza
de los derechos fundamentales; iii) La situación de debilidad manifiesta del
actor, que hace desproporcionada la carga de razonabilidad del plazo para
intentar la acción.
Frente al tema en particular de las acciones
interpuestas en procura de obtener la ayuda ofrecida por el Estado en
situaciones de desastre, la jurisprudencia de la Corporación ha sido consistente en señalar que cuando los efectos de las pérdidas y daños
ocasionados como efecto del fenómeno natural subsisten y no ha sido posible
para el ciudadano recuperarse de la calamidad sufrida, el requisito de
inmediatez se cumple, en cuanto la vulneración de los derechos invocados continúa y es actual. Con lo cual, cabe afirmar que en el caso que nos
ocupa, si tales perjuicios se proyectan aún después de las fechas determinadas
para la entrega del listado de beneficiarios de las ayudas y de los desembolsos
conforme al cronograma de pagos fijado para las ayudas económicas previstas en la Resolución 074 de 2011, y las acciones se han interpuesto dentro de un término razonable,
habrá de concluirse que se cumple con el referido requisito de procedibilidad
de la acción, lo cual sólo se determinará al examinar los casos concretos.
Al efecto, esta Corporación en sentencia C-295 de 2013, al conceder el amparo a
varios damnificados de la segunda temporada invernal de 2011 en el Municipio de
Córdoba, Bolívar, señaló “La
intervención de los jueces de tutela se requiere, por lo tanto, con urgencia,
pues de lo que se trata es de perseguir que las instituciones estatales
adelanten todas las actuaciones necesarias, en orden a evitar que se prolongue
innecesariamente la crítica situación en la cual se encuentran las personas
damnificadas por la temporada de lluvias presentada en el segundo semestre del
año 2011.”,
siguiendo con ello el criterio ya expresado por la Corporación en la Sentencia T- 1075 de 2007, en la cual se
advirtió que no se puede ignorar la situación de vulnerabilidad de las personas
victimas de un desastre natural, pues:
“…el desconocimiento de las situaciones de vulnerabilidad,
ignorando tanto el evento del desastre como sus consecuencias en el entorno
social, económico, ambiental y familiar, implica una vulneración contra
derechos fundamentales de los damnificados, por lo cual se hace exigible la
cesación de las causas contrarias a la especial protección debida a la
población vulnerable, o las acciones tendientes a la efectividad de la misma.”
4.2.2    Las obligaciones del Estado y derechos
de personas afectadas por desastres naturales. Marco normativo y
jurisprudencial.
4.2.2.1 Principio de
Solidaridad y deberes del Estado.
El artículo 1º de la Constitución establece que la dignidad y la solidaridad son fundamentos del Estado Social de
Derecho, en coherencia con lo cual el artículo 2 de la misma normativa
establece que las autoridades de la República están instituidas para proteger la vida, bienes y demás derechos y libertades y asegurar el cumplimiento de
los deberes sociales del Estado y de los particulares.
Para la consecución de tales fines y
la materialización del principio de solidaridad, el artículo 95, numeral 2, de la Constitución señala que uno de los deberes de
la persona y del ciudadano es “Obrar conforme al principio de solidaridad
social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en
peligro la vida o la salud de las personas”.
Con la misma finalidad, la Constitución establece reglas especiales para afrontar situaciones excepcionales en las
cuales se encuentre en riesgo y/o se afecten los derechos de los residentes en
el país. Es así como el artículo 215 consagra la facultad del Gobierno Nacional
para declarar
el estado de emergencia económica, social y ecológica, en los siguientes
términos:
“Cuando sobrevengan hechos distintos de los
previstos en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en
forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que
constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de todos
los ministros, declarar el Estado de Emergencia por períodos hasta de treinta
días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario.
Mediante tal declaración, que
deberá ser motivada, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros,
dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la
crisis y a impedir la extensión de sus efectos.”
Y el artículo transitorio 46 de la Constitución Política, prevé que “El Gobierno Nacional pondrá en funcionamiento, por un
periodo de cinco años, un fondo de solidaridad y emergencia social, adscrito a la Presidencia de la República. Este fondo financiará proyectos de apoyo a los sectores más
vulnerables de la población colombiana”.
De otra parte, cuando se
presentan fenómenos naturales que afectan la vivienda, la vida, la salud y
otros derechos, es claro que las personas afectadas se encuentran en situación
de vulnerabilidad y son por tanto sujetos de especial protección. En estos
eventos, ha dicho la Corte Constitucional, “el
principio de solidaridad cobra una dimensión concreta que hace que el derecho a
una vida digna se relacione directamente con la salud, con la seguridad
alimentaria y con la protección mínima de seguridad ante los peligros de la
intemperie entre otros aspectos. Por esta razón tanto el Estado, como la
sociedad y la familia deben concurrir a la protección de este bien jurídico”.[2]
En el mismo sentido, en la
sentencia T-  1125 de 2003[3], resaltó:
“En materia de atención y prevención de desastres, la especial
atención constitucional se brinda para la protección de la población afectada
que ostenta una calidad de vulnerabilidad y debilidad evidente, y en esta
medida para el aseguramiento de sus derechos fundamentales a la vida, a la
subsistencia, a la dignidad, y a la salud, entre otros. Además, el principio
general de solidaridad impide que la sociedad sea indiferente al sufrimiento
evidente de las personas o insensible ante la situación de desamparo o de
extrema necesidad en que éstas se encuentren.
En esta medida, todos los agentes sociales deben asumir
responsablemente el cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, de
forma que se haga posible la cooperación social. Ello implica que en
cumplimiento de los deberes sociales de apoyo, atención, protección y promoción
de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, se llegue en muchas
ocasiones a que la sociedad deba soportar ciertas cargas públicas.”
Frente a ese deber estatal de actuar
conforme al principio de solidaridad e intervenir para la superación de las
situaciones de desastre, en sentencia T- 530 de 2011[4], dijo la Corte:
“Al respecto, esta Corte ha señalado que
“el preámbulo y el artículo 95 de la Constitución Política establecen como uno de los parámetros fundamentales de nuestra sociedad
la solidaridad, el cual se desenvuelve como pauta de protección de las personas
que se encuentren en estado de debilidad. En esta medida, en el caso de
personas que se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta, debido a su
estado de vulnerabilidad a causa del acaecimiento de un desastre, el principio
de solidaridad cobra una dimensión concreta que hace que el derecho a una vida
digna se relacione directamente con la salud, con la seguridad alimentaria y
con la protección mínima de seguridad ante los peligros de la intemperie entre
otros aspectos. Por esta razón tanto el Estado, como la sociedad y la familia
deben concurrir a la protección de este bien jurídico”[5].
Este deber de solidaridad se fundamenta,
además, en que “Colombia es un Estado Social de Derecho y como República se
funda en la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y en la prevalencia del
interés general sobre el particular (artículo 1° de la Constitución). Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás
derechos y libertades, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales
del Estado y de los particulares (artículo 2° inciso 2º de la Constitución). Dentro de los fines esenciales del Estado está garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política (artículo 2° inciso 1º). También reconoce y garantiza los derechos a la
vida (artículo 11), y a la vivienda digna (artículo 51). Frente a personas que
por su condición económica se encuentren en circunstancias de debilidad
manifiesta tiene, además, el deber de protegerlas especialmente (artículo 13
inciso 3°)”[6].
En este orden de ideas, “se trata de un
deber del Estado de rango constitucional, no meramente moral, que a su vez
involucra los deberes sociales de los particulares (artículo 95 numeral 9°), si
se tiene en cuenta que será con las contribuciones de éstos destinadas a cubrir
los gastos e inversiones del Estado” [7].
Una de las manifestaciones de este deber
de solidaridad es el relativo a la reubicación de las personas que, en virtud
del desastre natural, han quedado sin vivienda.
Es por ello que, en el marco de la
emergencia económica, social y ecológica declarada en todo el país mediante el
decreto 4580 de 2010 a causa del denominado “Fenómeno de la Niña”, se expidió el decreto legislativo 4821 de 2010 con el objetivo de facilitar los
proyectos de construcción de vivienda y la reubicación de asentamientos humanos
afectados por esta ola invernal[8].
…el decreto 4821 de 2010 crea y regula
detalladamente los proyectos integrales de desarrollo urbano (PIDU), los cuales
permitirán llevar a cabo los proyectos de reubicación y reasentamiento
garantizando (i) su localización en zonas seguras que no presenten riesgos para
las personas, (ii) el cumplimiento de estándares de calidad ambiental y
urbanística con las infraestructuras viales y de servicios públicos y (iii) la
localización de equipamiento principalmente de educación y salud. Esto mediante
un trabajo coordinado entre el Gobierno Nacional y los municipios y/o
distritos. [...]”
Y, recientemente, en la sentencia T- 295
de 2013, al amparar los derechos de un grupo de ciudadanos que reclamaba el
pago del apoyo económico dispuesto para beneficiar a los damnificados directos
de la segunda temporada de lluvias del año 2011, indicó la Corte:
“Ante
la ocurrencia de un desastre natural, es claro que las personas que se ven
afectadas suelen quedar en condiciones de extrema dificultad ante la pérdida o
destrucción de sus medios de subsistencia, sus enseres y la propia vivienda,
por lo que, en virtud del principio de solidaridad, resulta imperiosa una
respuesta adecuada y oportuna por parte de las autoridades públicas tendiente a
remediar esta situación calamitosa y evitar que se pongan en peligro o se
vulneren los derechos fundamentales de las personas afectadas, tales como la
vida, la vivienda digna o el mínimo vital. En consecuencia, en situaciones de
desastre la solidaridad se concreta como una pauta de comportamiento conforme a
la cual deben obrar tanto el Estado como la sociedad.”
4.2.2.2 Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres –hoy  Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.-
La conformación de un Sistema que se encargue de la
prevención y atención de desastres, en aplicación del principio de solidaridad
y de la obligación de las autoridades de garantizar la vida, bienes y demás
derechos y libertades de los habitantes del territorio nacional, antecede a la Constitución de 1991, pues fue con la Ley 46 del 2 de noviembre de 1988 que se organizó el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres –SNPAD- , que luego se estructuró a través del Decreto
Extraordinario 919 del 1° de Mayo de 1989, como un sistema en el cual
participan entidades públicas y privadas a nivel nacional y territorial “que realizan planes, programas, proyectos y
acciones específicas, para alcanzar los siguientes objetivos: a) Definir las
responsabilidades y funciones de todos los organismos y entidades públicas,
privadas y comunitarias, en las fases de prevención, manejo, rehabilitación,
reconstrucción y desarrollo a que dan lugar las situaciones de desastre o de
calamidad; b) Integrar los esfuerzos públicos y privados para la adecuada
prevención y atención de las situaciones de desastre o de calamidad; c)
Garantizar un manejo oportuno y eficiente de todos los recursos humanos,
técnicos, administrativos, y económicos que sean indispensables para la
prevención y atención de las situaciones de desastre o calamidad”[9].
El Decreto 919 de 1989[10], igualmente creó los
Comités Regionales y Locales para la Atención y Prevención de Desastres, presidido éste por el Alcalde del Municipio correspondiente, y en el artículo 61
se le asignó, entre otras, las siguientes funciones:
“3.
En relación con las situaciones de desastre:
b) Asumir la dirección y coordinación de todas
las actividades necesarias para atender una situación de desastre regional o
local declarada, con la colaboración de las entidades públicas y privadas que
deban participar, de acuerdo con las pautas trazadas por la Oficina Nacional para la Atención de Desastres;
c) Ejecutar los planes de contingencia y de
orientación para la atención inmediata de desastres que hayan sido aprobados
por el Comité Nacional para la Atención y Prevención de Desastres, bajo la
coordinación y con el apoyo de la Oficina Nacional para la Atención de Desastres;
(…)
h) Velar por el cumplimiento de las funciones
y los procedimientos por parte de las entidades públicas y privadas que
participan en la prevención y atención de desastres, en armonía con el Comité
Nacional para la Atención y Prevención de Desastres y la Oficina Nacional para la Atención de Desastres; ...
j) Garantizar una respuesta rápida y eficaz
para el pronto retorno a la normalidad;
4. En relación con los planes de acción
específicos: ...
b) Atender las situaciones de desastre
regional o local, incluidas las fases de rehabilitación, recuperación y los
componentes de prevención en los procesos de desarrollo.
c) Contribuir a la elaboración y ejecución de
los planes de acción específicos para situaciones de desastre de carácter
nacional.”
La actuación de este sistema se enmarca dentro del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres diseñado a
partir del Decreto
93 de 1998 en el cual se establecen como
parámetros de las
políticas, acciones y programas mediante los cuales el Estado interviene en la
prevención del riesgo y el manejo de los desastres[11],
entre otros: (i) la asignación de competencias, ubicando en el nivel
central las medidas de planeación y en los niveles territoriales
(particularmente el municipio) las de ejecución de las medidas y elaboración de
planes concretos de acción frente a desastres; con sujeción al principio de descentralización[12];
(ii) la conjugación del enfoque de atención de desastre con el de prevención
del riesgo como orientaciones esenciales para el manejo del riesgo, y la
articulación de las fases de prevención, atención inmediata, reconstrucción y
desarrollo en relación con los diferentes tipos de desastres y calamidades
públicas[13];
y (iii) La intervención de todas las entidades que integran el Sistema a
nivel nacional, regional y local debe observar el ámbito de competencias y
actuar conforme a los criterios de concurrencia, complementariedad y
subsidiariedad, de manera coordenada y garantizando el derecho a la
participación ciudadana.[14]
Para efectos de resolver los casos
concretos que plantean las acciones de tutelas en revisión, cabe destacar que
dentro de los objetivos del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, se encuentra dar una respuesta efectiva en caso de
desastre, y procurar la pronta recuperación de zonas afectadas.
En efecto, establece el artículo 3 del
Decreto 93 de 1998 que son objetivos del Plan:
“2. La respuesta efectiva en caso de
desastre. El fortalecimiento de la capacidad de acción y la organización
institucional es el eje para la respuesta efectiva en caso de desastre. Este
paso se debe dar en dos niveles, a nivel nacional mediante el trabajo concertado
de las entidades técnicas y operativas del sistema y a nivel local con el apoyo
a la gestión a través de programas de capacitación técnica y articulación de
acciones con la debida orientación de las entidades nacionales responsables....
Así mismo, se busca apoyar técnica y
financieramente la atención en situaciones de desastre, manteniendo una reserva
permanente de recursos financieros del Fondo Nacional de Calamidades y de otras
entidades del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, SNPAD, a fin de atender a la comunidad afectada por los impactos de los eventos
catastróficos que ocurran y apoyar el retorno a la normatividad, mediante obras
de emergencia, operativos de emergencia para la respuesta inmediata, apoyo
alimentario, menaje básico, vivienda temporal, combustibles y transporte, entre
otras.
3.     La recuperación rápida de zonas
afectadas. Con el fin de superar las situaciones de desastres, se debe
fortalecer la capacidad técnica, administrativa y financiera necesaria para
agilizar los procesos de recuperación rápida de las zonas afectadas. Esto
demanda de una gran coordinación interinstitucional que evite la duplicidad de
funciones y disminuya los tiempos transcurridos entre la formulación de
proyectos, su estudio y aprobación y finalmente su ejecución para la
rehabilitación y reconstrucción... ”.
En relación con el ámbito de
competencias, es preciso recordar que la Ley 715 de 2001[15], prescribió
en su artículo 76 que compete a los Municipios prevenir y atender los desastres
que ocurran en su jurisdicción.
El 24 de abril de 2012
el legislador expidió la Ley 1523, “Por la cual se adopta la política
nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”, que
definió en su artículo 1º la gestión de riesgo de desastres como “un proceso
social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de
políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas
y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el
manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad,
el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible”.
La gestión del riesgo
involucra a todas las autoridades y habitantes del territorio colombiano, lo
cual implica que: “En
cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y
comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo,
entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de
desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su
jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres. Por su parte, los habitantes del territorio nacional,
corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad,
autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo
dispuesto por las autoridades”.[16]
De acuerdo con el
artículo 6º de la Ley 1523 de 2012, uno de los objetivos específicos del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, es:
“Desarrollar, mantener y garantizar el
proceso de manejo de desastres mediante acciones como:
a). Preparación para la respuesta frente
a desastres mediante organización, sistemas de alerta, capacitación,
equipamiento y entrenamiento, entre otros.
b). Preparación para la recuperación,
llámese: rehabilitación y reconstrucción.
c). Respuesta frente a desastres con
acciones dirigidas a atender la población afectada y restituir los servicios esenciales
afectados.
d). Recuperación, llámese: rehabilitación y reconstrucción de las
condiciones socioeconómicas, ambientales y físicas, bajo criterios de seguridad
y desarrollo sostenible, evitando reproducir situaciones de riesgo y generando
mejores condiciones de vida”.
En este orden, conforme al principio
constitucional de solidaridad y el deber del Estado de preservar la vida,
integridad y bienes de los habitantes del territorio nacional, y al desarrollo
legal que estos presupuestos constitucionales han tenido en materia de
prevención y atención de desastres, es claro que el Estado debe responder de
manera oportuna a las necesidades humanitarias, proteger los derechos y brindar
la atención necesaria para favorecer la recuperación y evitar mayores daños a
todas las personas damnificadas como consecuencia de un desastre natural, en
cuanto son sujetos de especial protección constitucional al encontrarse en
condición de debilidad manifiesta como consecuencia de la situación generada
por el desastre.
Por ello, frente al fenómeno
hidrometereológico ocurrido entre el 1 de septiembre y el 10 de diciembre de
2011 que alteró de manera ostensible y desfavorable las condiciones de vida de
los damnificados, en virtud del principio de solidaridad, las autoridades públicas
que hacen parte del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres tienen el
deber de adelantar acciones encaminadas a la mitigación de los efectos del
desastre[17]
y dotar a los damnificados de herramientas que les permitan superar la
situación de calamidad.
4.2.3 Apoyo
económico a los damnificados directos de la segunda temporada de lluvias
presentada entre el 1 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011
El Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres[18],
mediante Resolución No. 074 del 15 de diciembre de 2011, “Por la cual se
destinan recursos para atender a las familias damnificadas directas por la
segunda temporada de lluvias en el periodo comprendido entre el 01 de
septiembre y el 10 de diciembre de 2011”, estableció el pago de hasta un millón quinientos mil pesos ($1.500.000) como apoyo económico.
Este apoyo se caracteriza por: (i) ser
una subvención única, (ii) otorgada a cada damnificado directo, esto es, la
“Familia residente en la unidad de vivienda afectada al momento del evento que
ha sufrido daño directo en el inmueble y bienes muebles al interior del mismo”[19],
de tal forma que no pueden ser otorgado el auxilio a más de un integrante de la
misma familia residente en la unidad habitacional y (iii) los beneficiarios son
los damnificados directos de la segunda temporada de lluvias en el periodo
comprendido entre el 01 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011 en el
territorio nacional.
De acuerdo al artículo 1º de la Resolución 074 de 2011, para ser beneficiario de la subvención de hasta la suma de UN MILLON
QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000) ML/CTE se requiere ser damnificado directo
por los eventos hidrometereológicos de la segunda temporada de lluvias en el
período comprendido entre el 01 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011 en
el territorio nacional; sin embargo, para ordenar el pago de la citada suma, a
partir de la misma resolución se estableció el siguiente procedimiento
administrativo, como quiera que sólo es posible efectuar el pago a quien se
encuentre registrado como damnificado directo en el listado emitido por los
Comités Locales y Regionales de Atención y Prevención de Desastres:
a)
La obligación de
realizar este registro, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de
la misma resolución[20],
es de los municipios afectados por la segunda temporada de lluvias del 2011y
para el efecto la citada norma radica en los Comités Locales para la Prevención y Atención de Desastres - CLOPAD-, en cabeza del Alcalde Municipal, la obligación
de diligenciar la planilla de apoyo económico de los damnificados directos,
información que debía ser reportada a la UNGRD en el periodo de tiempo del 1º de septiembre al 10 de diciembre de 2011, término que se prorrogó en virtud
de la Resolución 002 de 2012 hasta el 31 de enero de ese año. Esta planilla
debía estar refrendada con las rubricas mínimo del alcalde municipal y el
coordinador CLOPAD, junto con la respectiva Acta del CLOPAD, de acuerdo con las
directrices dadas por la UNGRD.
b)
Igualmente estipuló la Resolución 074 de 2011 en el artículo 5º que
los Comités Locales para la Prevención y Atención de Desastres, en cabeza del
respectivo alcalde, son la única instancia responsable para el
diligenciamiento veraz de las planillas, inclusión total de damnificados y entrega
de éstas en los términos señalados, como del seguimiento y acompañamiento en el
proceso de pago a los beneficiarios.
Lo anterior en atención del principio de la
descentralización del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastre y considerando que la administración municipal es quien
conoce qué viviendas resultaron afectadas por la segunda temporada de lluvias 2011, puede constatar y
dar fe de la veracidad del cumplimiento de las condiciones fijadas por la UNGRD para ser beneficiarios de quienes se
encuentran en el registro de damnificados directos.
c)
Una vez remitido el
listado de los damnificados directos, corresponde a la UNGRD, como ordenador del gasto[21],
disponer el pago del apoyo económico a la persona reportada en los registros
suministrados por el CLOPAD como cabeza de familia, con base en la información
enviada por la administración municipal y refrendada por acta del comité, pues
no le está permitido incluir o excluir grupos familiares como damnificados
directos.
d)
Posteriormente el
Fondo Nacional de Calamidades mediante el Banco Agrario de Colombia entrega el
valor asignado como apoyo económico a los damnificados reportados por el
CLOPAD.
En relación con los presupuestos para
acceder a la asistencia económica, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, mediante Circular del 16 de diciembre de 2011,
dirigida a los Gobernadores, Alcaldes, Entidades
Técnicas y Operativas del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, CREPAD Y CLOPAD, indicó que:
“Para acceder a la asistencia económica es
necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Ser cabeza de hogar damnificado por la
segunda temporada de lluvias, periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el
10 de diciembre de 2011.
2. Habitar el primer piso de la vivienda
afectada.
3. Estar registrado en la Planilla correspondiente, avalada por los CLOPAD y CREPAD.
4. Presentación de la cédula de ciudadanía
amarilla con holograma.
5. Cada jefe de hogar deberá registrarse una
sola vez en la planilla.”
Finalmente es preciso señalar que los
registros contenidos en la base de datos REUNIDOS o Registro Único de
Damnificados por la emergencia invernal 2010-2011, generada por el Fenómeno de La Niña, difieren del registro de damnificados directos en listados en las planillas de Apoyo
económico por los Comités Locales y Regionales de Atención y Prevención de
Desastres, en cumplimiento de la Resolución 074 de 2011.
REUNIDOS, se estableció por el Gobierno Nacional
dentro de las medidas definidas para superar la situación de desastre y
emergencia, social, económica y ecológica, declarada mediante el Decreto 4580
de 2010 para afrontar el fenómeno hidrometereológico de la Niña[22]. Este
sistema de información fue realizado inicialmente por el DANE en coordinación
con otras entidades y su administración en virtud de la Directiva Presidencial Nro. 03 del 13 de enero de 2011, está a cargo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
En esta base de datos los Alcaldes iniciaron el
proceso de recolección de la información en febrero de 2011 y debía contener la
información de los afectados damnificadas y los bienes inmuebles, agrícolas y
pecuarios afectados por la emergencia invernal 2010-2011 generada por el
Fenómeno de La Niña, a través de una operación estadística tipo registro, como
lo reseña la Circular Presidencial del 29 de junio de 2012.
Este Registro fue realizado para responder por la
emergencia generada por la temporada invernal 2010-2011 y comprende eventos
como inundaciones, deslizamientos, vendavales, avalanchas y tormentas
eléctricas sucedidas a partir del 6 de abril de 2010. Los responsables del
suministro de la información a Reunidos fueron las Alcaldías con el apoyo de
personal contratado por parte de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y/o entidades sociales territoriales que sean capacitados por el
DANE.
Este Registro Único de Damnificados –REUNIDOS– se
proyectó realizar en dos etapas: la primera hasta el 15 de marzo de 2011,
efectuada con base en el VISOR de la DGR, al 28 de enero de 2011; y la segunda
etapa a desarrollarse entre el 8 de marzo y el 20 de abril de 2011, con la
información adicional recopilada entre el 28 de enero y el 7 de marzo de 2011.[23]
Posteriormente fue ampliado el término para ingresar formularios de los
afectados de esa temporada invernal asociada al fenómeno de la Niña hasta el 5 de diciembre de 2011[24],
luego se extendió hasta el 15 del mismo mes; sin embargo, el aplicativo web de
esta base de datos fue utilizada por un breve lapso para recaudar la
información proveniente de las planillas de apoyo económico mediante las cuales
se registraban los damnificados directos de la Segunda Temporada Invernal de 2011, pues debido a la posibilidad de hacer modificaciones a la
base de datos, se suspendió el uso para efectos de consolidación de información
sobre damnificados directos de la segunda temporada invernal.
Finalmente, entre el 21 de marzo y el 27 de julio de
2012, nuevamente se habilitó el uso de la plataforma  REUNIDOS, para culminar
el proceso de actualización de los afectados por el Fenómeno de la Niña 2010-2011. [25]
Conforme con lo expuesto, las personas
registradas por el DANE en el registro Único de Damnificados REUNIDOS,
corresponden a las personas afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010-primer semestre de 2011.
4.
LOS CASOS CONCRETOS
5.1 EXPEDIENTE T-3.958.690
Marberis
Barrios Salgado y otros 356 ciudadanos, mediante apoderada judicial,
presentaron acción de tutela contra el Municipio de Sincelejo y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia de la República, acción a la
cual fue vinculada la Gobernación de Sucre.
Aducen los accionantes que le han sido
desconocidos los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y a la vida
en condiciones dignas y justas, pues aun que fueron afectados por la segunda temporada de lluvias de 2011 y sufrieron daños
materiales en sus viviendas localizadas en los barrios Puerto Arturo, Villa
María, Nueva Esperanza, Villa Mady, El Poblado, La Victoria, Antonio Nariño, Normandía, Divino Niño, Uribe Uribe, La Paz, La Gran Colombia, Esmeralda, Trinidad, las Delicias, Barlovento y Gaviotas del municipio
de Sincelejo, no les fue otorgado el apoyo económico por $1.500.000. Indican
los tutelantes que el Alcalde Municipal de Sincelejo no los incluyó en la
planilla de apoyo económico a damnificados directos que debía ser enviada a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, omisión que desconoce el derecho al
debido proceso y genera un perjuicio grave y actual para ellos, pues los daños
en sus viviendas subsisten.
De acuerdo con las pruebas allegas al expediente, se
advierte que los accionantes para los meses de julio a octubre de 2012 residían
en viviendas localizadas en los barrios Puerto Arturo, Villa María, Nueva
Esperanza, Villa Mady, El Poblado, La Victoria, Antonio Nariño, Normandía, Divino Niño, Uribe Uribe, La Paz, La Gran Colombia, Esmeralda, Trinidad, las Delicias, Barlovento y Gaviotas del municipio de Sincelejo, aseveración respaldada
por los recibos de pago de servicios públicos domiciliarios que adjuntaron como
medio de prueba; sin embargo, haber demostrado que para 2012 habitaban
viviendas de éstos sectores, no permite afirmar a esta Sala de Revisión que los
ciudadanos tutelantes habitaban los mismos inmuebles cuando se presentó el
evento hidrometereológico entre el 1º de septiembre y el 10 de diciembre de
2011 y que dejó afectadas a numerosas familias a nivel nacional y varias de
ellas del Municipio de Sincelejo, y tampoco permite concluir que cumplen las
condiciones para ser considerados damnificados directos.
Los recibos de pago de servicios públicos
domiciliarios y las certificaciones de calificación del Sisben aportados como
prueba, tampoco permiten concluir que cada uno de los 357 accionantes es cabeza
de hogar de una “familia
residente en la unidad de vivienda afectada al momento del evento que ha
sufrido daño directo en el inmueble y bienes muebles al interior del mismo”[26],
y en este orden tienen la aptitud de ser beneficiarios y receptores del valor
señalado como subvención económica.
Ante las anteriores circunstancias la Corte Constitucional no puede ordenar, por medio de un fallo de tutela, el pago del apoyo
económico de $1’500.000, a todos y cada uno de los accionantes cuya condición
de damnificados directos debe verificarse por el CLOPAD del Municipio de
Sincelejo, en cuanto es la autoridad competente y responsable, de acuerdo con
los artículos 3 y 5 de la Resolución 074 de 2011, en mención, para recaudar la
información sobre los afectados por la segunda temporada de lluvias del año
2011, validarla y  realizar el registro en la planilla de damnificados directos
que debe enviarse al ordenador el gasto, que para el efecto es la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, para que disponga el desembolso a favor
de la familia damnificada.
Al efecto cabe recordar que conforme al
artículo 5 de la Resolución 074 de 2011 “Los Comités Locales para la Prevención y Atención de Desastres –CLOPAD´S-, en cabeza del respectivo alcalde, son la única
instancia responsable para el diligenciamiento veraz de las planillas,
inclusión total de damnificados y entrega de éstas en los términos
señalados, como del acompañamiento en el proceso de pago a los beneficiarios” y
“son responsables en todo orden de la veracidad, cumplimiento del suministro de
la información en los términos señalados en la presente resolución, así mismo
el seguimiento y acompañamiento de la entrega del apoyo económico al
beneficiario”. (resaltado fuera del texto)
Indica la apoderada de los accionantes
que la administración municipal omitió incluir a sus representados en el censo
por lo cual no fueron incorporados entre los beneficiarios del apoyo económico.
Al respecto, que los ciudadanos tutelantes no se encuentren dentro de los
registros de damnificados directos entregados a la UNGRD para el pago del auxilio económico y que la administración municipal aduzca que eran
éstos quienes debían solicitar la corrección de los listados y su inclusión en
los registros a efectos de poder obtener la mencionada ayuda, permite afirmar
que en efecto hubo un desconocimiento por parte del Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres de Sincelejo, en cabeza del Alcalde Municipal, de las
reglas previstas para adelantar el procedimiento administrativo de recaudo,
validación y envío de información a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de quienes tienen la condición de damnificados
directos de la segunda temporada de lluvias del año 2011.
Es claro que, conforme se expuso en
precedencia, son los Comités Locales para la Prevención y Atención de Desastres, los responsables de recaudar de manera integral la
información y validarla, proceso en el que debe garantizarse el debido proceso,
el cual implica conocer por parte de los ciudadanos a quienes se les negó la
inclusión en las planillas por considerar que carecían de la condición de
damnificados directos, las razones por las cuales fueron excluidos, a efectos
de garantizar la publicidad de los actos de la administración[27], el control
ciudadano y el ejercicio de derechos de contradicción por parte de los
ciudadanos que consideren que si reúnen las condiciones para obtener el apoyo
económico.
Entonces, no hay fundamento normativo
para exigir a los ciudadanos solicitar la inscripción en las planillas de
registro de los damnificados directos, sino que era deber de los Comités
Locales para la Atención y Prevención de Desastres recaudar de manera íntegra
la información, validarla, consolidarla y enviarla dentro de los plazos fijados
a la UNGRD, y al no hacerlo vulneró el derecho al debido proceso.
Por lo anterior se determinará, en protección del
derecho al debido proceso que el Comité Local para la Atención y Prevención de Desastres, en cabeza del Alcalde del Municipio de Sincelejo,
dentro del término de quince (15) días proceda a validar la información de cada
uno de los accionantes deT-3.958.690, y dentro del mismo término, enviar el
listado de quienes reúnan las condiciones de damnificados directos de la
temporada de lluvias ocurrida entre el 1º de septiembre y el 10 de diciembre
del año 2011 a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, quien una vez recibidas las planillas de
apoyo económico que debe remitir el Municipio de Sincelejo, en un
lapso de diez (10) días deberá realizar los trámites necesarios para otorgar el apoyo
económico establecido en la resolución Nº
074 de 2011 a los accionantes que resulten beneficiarios del mismo.
No debe pasarse por alto que el 19 de junio de 2012 fue radicada una
petición suscrita por los ciudadanos Farid Rodríguez y Adalberto Salas Sabaye,
dirigida al Alcalde del Municipio de Sincelejo, en la cual solicitan “se
emprendan las acciones necesarias orientadas al mejoramiento de las estructuras
físicas de nuestras humildes viviendas o futura reubicación de las mismas. Se
facilite las listas o censos oficiales de quienes somos damnificados reales” –
folio 1537-, requerimiento al que,
conforme a lo acreditado en el expediente no se le ha dado respuesta, razón
para que proceda el amparo del derecho de petición y se disponga que en el
término de diez (10) días la citada entidad, en cabeza del Alcalde Municipal de
Sincelejo, de respuesta a la solicitud ciudadana.
Por último, y frente al requisito de inmediatez, cabe
señalar que de acuerdo con lo manifestado en el escrito de la acción de tutela
no ha cesado el impacto generado
por la segunda temporada de lluvias en el país en las condiciones de vida de
los ciudadanos tutelantes, además tampoco se ha surtido el trámite
administrativo correspondiente a efecto de verificar por parte del CLOPAD su
condición de damnificados directos, en los términos definidos por la UNGRD, mediante la Resolución 074 de 2001 y al Circular del  Director Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia de la República, del 16 de diciembre de 2011, por lo cual los hechos que determinan la procedencia del amparo subsisten.
5.2
EXPEDIENTE
T-3.960.497
La señora Mercedes Tautiva Vargas, presentó acción de tutela contra la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia de la República y el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias –FOPAE-,
con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad
y el respeto a la dignidad humana, los que estima vulnerados porque a pesar de
que en la segunda temporada invernal del
año 2011, su vivienda resultó inundada por aguas residuales, y fue incluida en
el censo por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social, no le hicieron entrega del apoyo económico fijado por el Gobierno en la resolución
074 de 2011 de la UNGRD.
De acuerdo con la prueba documental allegada al
expediente se logra establecer que la señora Mercedes Tautiva Vargas, fue
registrada en el censo de afectados por la temporada de lluvias el 11 de
diciembre de 2011 por la Secretaría Distrital de Integración Social, quien le entregó la titilla N°20265 en la que se le identifica como residente del
barrio Villas de Vizcaya y afectada por la temporada invernal. Igualmente está
acreditado que la accionante aparece en el listado de afectados de la segunda
temporada invernal, publicado por la Secretaría Distrital de Integración Social el 17 de enero de 2012, e igualmente en el
registro del FOPAE, por cuanto el
Subdirector de emergencias del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias -FOPAE, certificó el 10 de febrero de 2012 que de
acuerdo con los registros de afectación, la señora Mercedes Cautiva Vargas
resultó afectada a causa de la inundación ocurrida en la localidad de Bosa el 6
de diciembre de 2011.
No obstante lo anterior, la accionante no ha recibido
el apoyo económico establecido por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres mediante Resolución 074 de 2011, según
respuesta dada por ésta Unidad mediante oficio Nº 021712 de junio de 2012
porque no fue reportada como beneficiaria de la ayuda en la oportunidad
establecida.
De igual forma, con base en el recibo del impuesto
predial del inmueble ubicado
en la carrera 103 N°75-55 sur, casa 35 (Vizcaya 1), también se logra establecer
que la casa afectada con las inundaciones es propiedad de la accionante
Así mismo, la copia del Acta de reunión
del 16 de diciembre de 2011 entre la FOPAE, la Secretaría Distrital de Integración y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, quedó acreditado que en
esa fecha se dispuso suspender el pago de 6.577 damnificados registrados
mientras se verifica en un 100% la información por parte de las entidades del
distrito participantes en este proceso. En la misma fecha el FOPAE entregó a al
UNGRD una base de datos de 4.723 registros de la población afectada por la
segunda temporada de lluvias 2011 de la localidad de Bosa. Sector el Recreo,
con corte a la fecha y en el cual se clara que “la información suministrada
corresponde no a la totalidad de los registros de la emergencia, sino a la información
levantada entre el 6 y el 10 de diciembre en el sector y la emergencia
referenciados. La información faltante será suministrada en los próximos días
cuando la SDIS remita el consolidado final”
Según la prueba documental, en concordancia con lo
anterior, el 23 de diciembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2012 el FOPAE
envía nuevas bases de datos de damnificados por la segunda temporada de lluvias
2011 de la localidad de Bosa y Kennedy de Bogotá Distrito Capital, haciendo la precisión
en las inconsistencias entre los registros del FOPAE y los realizados por la Secretaría Distrital de Integración Social. Posteriormente, el 29 de febrero de 2012 del
Director del FOPAE informa al Director de la Unidad Nacional Para la Gestión de Riesgo de Desastres, que de las familias enviadas en los
registros 1346 quedaron pendientes de verificación. Y añade que la
administración distrital, en atención a las inconsistencias denunciadas,
realizaron un proceso de revisión y verificación, el cual arroja un consolidado
a 10 de febrero de 2012 de 18.607 familias en Bosa y 8.589 en Kennedy. Por lo
anterior, “En el Comité Distrital para la Prevención y Atención de Emergencias de fecha 10 de febrero de 2012 se aprobó el censo de los damnificados elaborado
por la secretaría de Integración social… En consecuencia, el Comité
Distrital considera que las 27.196 familias son damnificadas directas en los
términos establecidos en la Resolución 074 del 15 de diciembre de 2011 expedida
por la Unidad Nacional Para la Gestión de Riesgo de Desastres, dado que
presentaron algún tipo de afectación directa o indirecta de acuerdo la
clasificación establecida por el FOPAE siendo por ello, susceptibles de ser
beneficiarias del apoyo económico señalado en la citada Resolución”
Conforme con lo expuesto, para la Sala Octava de Revisión no hay duda que la accionante tiene la condición y en su caso se
cumplió con los requisitos para ser beneficiaria del apoyo económico antes
mencionado, el cual hasta la fecha no le ha sido entregado, pese a que el FOPAE
mediante comunicación del 29 de febrero de 2012 indicó a la UNGRD que el Comité Distrital considera que las 27.196 familias incorporadas en los registros
por la Secretaría Distrital de Integración Social son damnificadas directas en
los términos establecidos en la Resolución 074 del 15 de diciembre de 2011
expedida por la Unidad Nacional Para la Gestión de Riesgo de Desastres y por tanto beneficiarias de la subvención económica fijada en el precitado acto
administrativo.
Otro aspecto a resaltar es que a las familias cuya
condición de beneficiarios del auxilio se encontraba en entredicho por la falta
de verificación advertida inicialmente en comunicación del 16 de diciembre de
2011, según lo expresado en el oficio dirigido a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo el 29 de febrero de 2012 también se les reconoce la
condición de damnificados directos por el FOPAE, de tal manera que la UNGRD no podía negarse a realizar el pago a la accionante argumentando extemporaneidad,
cuando, como se indicó en precedencia la accionante desde el 11 de diciembre de
2011 se encontraba en los registros de la Secretaría Distrital de Integración Social –SDIS- luego adoptados por el FOPAE y remitidos a la UNGRD y esta entidad carece de la facultad de excluir como damnificados a cualquiera de los
reportados como tales por el Comité
Distrital para la Prevención y Atención de Emergencias o por el Fondo de
Prevención y Atención de Emergencias -FOPAE,
para el caso de Bogotá[28],
incurriendo por tanto en una omisión que desborda el procedimiento
administrativo fijado para el otorgamiento del apoyo económico y vulnera el
derecho al debido proceso administrativo en cuanto dicha Unidad carecía de la
potestad de negarse a efectuar el pago de algún núcleo familiar identificado
como damnificado directo por el FOPAE, así fuere argumentando mora en la
entrega de la información por parte de la autoridad distrital encargada de los
registros.
Y no fue otro el motivo por el cual la accionante hasta la fecha no ha
obtenido el apoyo económico, pues así lo expresó el Director de la Unidad Nacional Para la Gestión de Riesgo de Desastres al Director del FOPAE en oficio 2632,
en el cual indica que “no es procedente analizar ni recibir el censo elaborado
por la Secretaría de Integración Social y aprobado por el Comité Distrital para
la Prevención y Atención de Emergencias de fecha 10 de febrero de 2012, por
encontrarse fuera de los términos establecidos por las Resoluciones N°074 de
2011 y 02 de 2012” y que por tanto tampoco encuentra procedente el pago de
apoyos económicos no reportados dentro de las fechas establecidas para tal fin.
En este sentido, cabe recordar lo dicho por esta
Corporación en la sentencia T- 295 de 2013, al amparar los derechos de los
accionantes incluidos en un censo que no fue enviado a la UNGRD:
“La
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido de manera general que
las
consecuencias de la desorganización administrativa no se pueden trasladar a los
particulares, ya que si la Administración está obligada a desarrollar
determinada actividad y por falta de planificación o negligencia termina
vulnerando los derechos fundamentales de los administrados, en ella, y no en
éstos, recaen las consecuencias negativas de tal actuación. En efecto, el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio de los
intereses generales, por lo que la administración pública debe desplegar las
actuaciones necesarias y eficaces orientadas a cumplir tal fin, surgiendo de
igual manera el derecho de los administrados a reclamar de ésta resultados
coherentes con ese compromiso.[29]
(...)
Conforme a los precedentes citados y los
antecedentes fácticos del caso en estudio, es factible concluir que no resulta
acorde con el ordenamiento constitucional que los particulares, además de
sufrir las trágicas consecuencias de un desastre natural, tengan que soportar
la actuación desordenada, ineficaz o negligente de la administración pública,
que trae como consecuencia la vulneración de derechos fundamentales como el
mínimo vital o la vivienda digna, ya que las causas que originaron el problema
administrativo no les son imputables a aquellos, pues recaen precisamente en
omisiones de las autoridades administrativas.”[30]
A lo expuesto cabe agregar que ninguna de las
disposiciones que regulan el mencionado apoyo económico señala como causal de
pérdida del beneficio la mora en el reporte de los damnificados por los comités
territoriales de prevención y atención de desastres, tampoco establece el
reporte de damnificados directos en un periodo determinado como condición para
otorgar la subvención, por lo cual no era viable aplicar una norma prescriptiva
de esta naturaleza a la  señora Mercedes Tautiva Vargas para negarle el
otorgamiento de un auxilio económico implementado con el fin de ayudar a los
damnificados como ella en la superación de las condiciones de vulnerabilidad y
los daños padecidos como consecuencia del fenómeno hidrometereológico. La
fijación de un plazo máximo para la entrega de la información a la Unidad Nacional para al Gestión del Riesgo de Desastres, tiene la finalidad de imprimir
celeridad a la conformación de las bases de datos de los listados de
beneficiarios del auxilio y vincula a los Comités CLOPAD Y CREPAD en cuanto
impone la obligación de cumplir una función en un determinado plazo, pero
ninguna naturaleza prescriptiva frente a los damnificados le otorga el acto
administrativo que estableció el mencionado auxilio económico, por lo cual,
atendiendo al debido proceso administrativo no es admisible darle a la mora un
efecto más allá de los eventuales efectos disciplinarios que pueda tener en
relación con los Comités responsables - CLOPAD, CREPAD O FOPAE- cuando la mora
en el envío del total de la información verificada a la UNGRD resulte injustificada.
De otra parte, es preciso llamar la atención sobre el
argumento esbozado por el juez constitucional de primera instancia para negar
el amparo, pues no es viable argumentar que la accionante cuenta con otro medio
de defensa de sus derechos como es la acción popular para amparar el derecho
colectivo a la vivienda digna, al cual puede acudir porque no se está ante un perjuicio
irremediable, pues tal consideración desconoce abiertamente el desarrollo
jurisprudencial que sobre la vivienda digna como derecho fundamental ha
construido esta corporación, pero además, ignora la esencia de la acción
popular, la cual, como lo contempla el artículo 88 de la Constitución y lo replica el artículo 2 de la Ley 472 de 1998, es un mecanismo de protección
de derechos e intereses colectivos, no de salvaguarda de derechos fundamentales
como el debido proceso, la igualdad, mínimo vital o  vivienda digna. El
análisis realizado por los jueces de instancia preocupa a esta Sala de
Revisión, en cuanto desatiende el desarrollo jurisprudencial que han tenido los
derechos fundamentales que también tienen una dimensión prestacional, ésta sí
objeto de debate mediante una acción popular, pero sobre la cual no versan los
cuestionamientos de la ciudadana tutelante.
En efecto, lo que en este evento solicita la
accionante es la protección de los derechos fundamentales vulnerados, en
primera instancia por el FOPAE, quien incurrió en mora en el trámite
administrativo encaminado al otorgamiento del auxilio económico establecido en la Resolución 074 de 2011, desbordando los términos indicados en dicho acto administrativo y
ampliados por la resolución 002 de 2012 hasta el 30 de enero de 2012, y por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, entidad que se negó a dar trámite al desembolso por la
mora en que incurrió el FOPAE. Lo anterior obliga a llamar la atención de los
despachos judiciales de instancia para que se adelante el estudio de las
acciones de tutela sometidas a su decisión a la luz de las disposiciones
Constitucionales y teniendo en cuenta la Jurisprudencia de esta Corporación sobre el desarrollo y alcance de los derechos contenidos
en la constitución política, de tal forma que no se asuma con ligereza la
decisión de asuntos que tocan con los derechos de un grupo poblacional
vulnerable y que requiere de especial protección como con las personas que
resultan damnificadas por fenómenos naturales.
Como consideración final, es preciso señalar que la acción atiende al
requisito de inmediatez, por cuanto, de una parte no se ha desvirtuado que las
condiciones de vulnerabilidad y los hechos generadores de la violación a los
derechos fundamentales hayan cesado y de las pruebas allegadas al plenario se
advierte que mediante la gestión de la representante
legal de la Agrupación Villas de Vizcaya Agrupación 1, en donde se encuentra
localizado el inmueble de la accionante, se adelantaron gestiones ante la Unidad Nacional Para la Gestión de Riesgo de Desastres, encaminadas a obtener el pago del
apoyo económico, las cuales tuvieron como respuesta el Oficio N°021712, de
junio de 2012, del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad Nacional Para la Gestión de Riesgo de Desastres. Mediante se informa que “Atendiendo
a que ustedes no fueron reportados dentro de la oportunidad establecida como
beneficiarios de la ayuda, no es procedente atender favorablemente su petición”.
Habiéndose determinado que la señora Mercedes Tautiva
Vargas es damnificada directa de la segunda temporada de lluvias, por las
inundaciones ocurridas el 6 de diciembre en su vivienda localizada en la carrera 103 N°75-55 sur, casa 35
(Agrupación Villas de Vizcaya 1), y que por irregularidades en el procedimiento
administrativo para la entrega de los apoyos económicos no le ha sido pagado el
subsidio establecido por la Resolución 074 de 2011, se ordenará a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres que
en el término máximo de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta
providencia, proceda a cancelar la ayuda
económica  a que tiene derecho la señora Mercedes Tautiva Vargas, por
ser damnificada directa de la segunda temporada de lluvias 2011 y encontrarse
inscrita dentro del censo de damnificados de la localidad de Bosa, Bogotá, que
realizó el FOPAE.
5.3. EXPEDIENTE  T-3.972.091
Blanca Becerra Ardila, Samira Rangel Guerrero, Marta
Cecilia Torrado Tarazona, Agripina Galeano Ascano, Carmen Esther Villegas
Guerrero, Luis José Barbosa Quintero, Ana María Santiago Julio, Victor
Celestino Medina Montero, Alonso Casariego Morales, Nibia  Dolores Montero
Araujo, Ricardo Rodríguez Ascanio, Blanca Avendaño Padilla, Diomar Antonio
Rincón Mora, José David Picon Clavijo, Adalberto Zambrano Noriega, Atilio
Rincón Pérez, Carmen María Chogo Trillos, Miriam Rosa Pérez Rincón, Dina Luz
Rodríguez Díaz, Judith Josefa Mendoza Gutiérrez, Caro Gil de los Reyes, José
Celiar Arévalo Pineda, Alides Martínez Fuentes, Víctor Manuel Duran Pacheco,
Aure Smir Miranda Estrada, Daniel Enrique Estrada Carrillo, Israel Vega
Arévalo, Estelia Cañizares Vaca, Laudelina Téllez Guerrero, Yuleima Becerra
Bastos, Luis Alfonso Martínez Ledesma, María Mejía Atencia, Carlos Arturo
Montes Vargas, Wilfredo Pianeta Quintero, José Trinidad Lobo Sereno, Yaniris
Lobo Bautista, Adaluz de la Hoz Berrio, María del Rosario Navarro Arrieta,
Adaluz Sarabia Rangel, Belkis Viviana Trujillo Vega, Pastora Quintero
Hernández, Edith Trillos de Barón, Gerardo Trillos Donado, Digna María Sierra
García, Jorge Rangel, Diego Alejandro Arias Ramírez, Henry Coronado Sandoval,
Ramón Eliécer Trillos Miranda, Luis Antonio Arenas Vaca, Evelio Malvaceda
Neira, residentes del corregimiento la Victoria de San Isidro, del municipio de la Jagua de Ibirico, Cesar, solicitan que en amparo de sus derechos
fundamentales a la igualdad y a la dignidad humana, mínimo vital, a la vivienda
digna, a la salud y a la vida se ordene a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia de la Republica, Fiduciaria la Previsora S.A. y el Fondo Nacional del Riesgo de
Desastres, entreguen a cada uno de los tutelantes la ayuda humanitaria de
carácter económico, el subsidio de arrendamiento por doscientos mil pesos, y el
paquete de mercado y de aseo que les corresponde como afectados por las
inundaciones generadas por el fenómeno de la Niña durante los años 2010 y 2011, que afectaron sus viviendas, cultivos, animales de cría y vías.
Indica el apoderado de los demandantes que el Comité
local para la Prevención y Atención de Desastres del Municipio de la Jagua de Ibirico, Cesar, realizó un censo de damnificados, del cual hacen parte los
tutelantes, pero hasta la fecha no han recibido ni la ayuda humanitaria ni el
apoyo económico previsto por la Resolución 074 de 2011, y agrega que la
situación generada por las inundaciones no ha podido ser superada porque el
gobierno nacional no ha entregado las ayudas humanitarias que les permita
recuperarse y estabilizarse económicamente.
De las pruebas allegadas al expediente se
encuentra acreditado que los accionantes fueron registrados en la base de datos
RE UNIDOS, la cual se implementó, como ya se indicó, a partir de la Circular 03 de enero de 2011, para responder ante la emergencia generada por la temporada
invernal 2010-2011 por el Fenómeno de la Niña y comprende eventos como inundaciones, deslizamientos, vendavales, avalanchas y tormentas eléctricas
sucedidas a partir del 6 de abril de 2010.[31]
Indica lo anterior, que los accionantes no son destinatarios de la subvención
denominada  apoyo económico establecido por el Gobierno Nacional a
través de la Resolución 074 de 2011 expedida por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, por cuanto según el artículo primero de la mencionada
resolución  el pago de hasta $1.500.000 como apoyo económico es otorgado a cada
damnificado directo de los eventos hidrometereológicos de la segunda
temporada de lluvias ocurrida entre el 1º de septiembre y el 10 de diciembre de
2011,en el territorio nacional.
Siendo así, no es posible
afirmar que hubo omisión de parte de los Comités locales de Prevención y
Atención de Desastres, de la Unidad nacional de Gestión del Riesgo ni de las
entidades territoriales en la no inclusión de los accionantes como damnificados
directos y beneficiarios del apoyo económico en mención, hecho que descarta la
procedibilidad de la acción de tutela, para ordenar la verificación de las
condiciones o el pago de la referida subvención a los ciudadanos tutelantes.
También se advierte que los
ciudadanos igualmente reclaman la entrega de  la ayuda humanitaria de carácter económico, el subsidio de
arrendamiento por doscientos mil pesos, y el paquete de mercado y de aseo que
les corresponde como afectados por las inundaciones generadas por el fenómeno
de la Niña durante los años 2010 y 2011, frente a estas pretensiones la acción
de tutela tampoco está llamada a prosperar por cuanto la ayuda reclamada hace
parte de las medidas de asistencia humanitaria, cuya asignación tiene por
finalidad auxiliar con prontitud a los afectados por las lluvias ante la
necesidad inmediata de procurarse alimento, menaje de cocina, elementos de
aseo, y un lugar donde habitar provisionalmente mientras las viviendas
recuperan su habitabilidad, inmediatamente después de producirse la afectación.
No se descarta que en sede de tutela
pueda reclamarse la entrega de elementos de asistencia humanitaria en la medida
que constituyen recursos esenciales para soportar dignamente la situación de
calamidad que se afronta, y están comprometidos el derecho a una vida digna, a la salud, la seguridad
alimentaria, a la protección mínima de seguridad ante los peligros de la
intemperie y a la asistencia humanitaria que como tal hace parte de los derechos de solidaridad, sin embargo, es evidente que transcurridos más de dos años desde
que se presentó el fenómeno de la niña que causó las inundaciones que afectaron
a los accionantes, el amparo encaminado a dotar de tales bienes a los
tutelantes resulta improcedente en cuanto no se cumple con el principio de
inmediatez.
En este
orden, procede confirmar la sentencia proferida el 11 de abril de 2013 por el
Juzgado Civil del Circuito de Chiriguana – Cesar mediante la cual negó por
improcedente el amparo solicitado por Blanca Becerra Ardila y otros
contra la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia de la República y el Municipio de la Jagua de Ibirico, Cesar, pero por las
razones anteriormente expuestas.
III. DECISIÓN
En mérito
de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.
REVOCAR, en el expediente T- 3.958.690 la sentencia proferida el nueve
(09) de octubre de dos mil doce (2012), por  la Sala Civil del Tribunal Superior Bogotá, en el trámite de la acción de tutela incoada por Marberis
Barrios Salgado y otros en contra de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Alcaldía municipal de Sincelejo. En su lugar, CONCEDER la protección del derecho al
debido proceso de Marberis Barrios Salgado y otros, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. En
consecuencia, ORDENAR que el Comité Local para la Atención y Prevención de Desastres, en cabeza del
Alcalde del Municipio de Sincelejo, dentro del término de quince (15) días
siguientes a la notificación de la presente sentencia, proceda revisar cada uno de los casos en
particular de los 357 accionantes del expediente 3.958.690 y
dentro del mismo término, enviar el listado de quienes reúnan las condiciones
de damnificados directos de la temporada de lluvias ocurrida entre el 1º de
septiembre y el 10 de diciembre del año 2011 a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, y ORDENAR a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres que una vez recibidas las planillas de apoyo económico remitidas por el Municipio de Sincelejo, en un lapso de diez (10) días realice los trámites necesarios para otorgar el
apoyo económico establecido en la Resolución Nº 074 de 2011 a los accionantes que resulten beneficiarios del mismo.
TERCERO. ORDENAR que en el
término de diez (10) días contados a partir de la notificación de la presente
sentencia la Alcaldía Municipal de Sincelejo, de respuesta a la petición de los
ciudadanos Farid Rodríguez y
Adalberto Salas Sabaye, radicada el 19 de
junio de 2012.
CUARTO. REVOCAR,
en el expediente T- 3.960.497, la
sentencia de tutela proferida el Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala
Penal, y el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de
Bogotá, en el trámite de la acción de tutela interpuesta por Mercedes
Cautiva Vargas contra la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá-
FOPAE. En su lugar, CONCEDER la protección de los derechos fundamentales
al debido proceso, igualdad, dignidad y vivienda digna de Mercedes Cautiva
Vargas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO. En
consecuencia, ORDENAR a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que en el término
máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de
esta providencia, proceda a cancelar la
ayuda humanitaria a que tiene derecho la señora Mercedes Tautiva Vargas,
por ser damnificada directa de la segunda temporada de lluvias 2011 y
encontrarse inscrita dentro del censo de damnificados de la localidad de Bosa,
Bogotá, que realizó el FOPAE.
SEXTO.
CONFIRMAR, en el expediente T- 3.972.091, la sentencia proferida el
11 de abril de 2013 por el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguaná – Cesar en
el trámite de la acción de tutela iniciada por Blanca Becerra Ardila y otros
contra la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia de la República y el Municipio de la Jagua de Ibirico, Cesar, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SÉPTIMO:
Compulsar copias ante la Procuraduría General de la Nación para que se investigue disciplinariamente la conducta de las autoridades de la Administración Municipal de Sincelejo Sucre, y las autoridades de la Administración Distrital de Bogotá encargadas de adelantar el proceso de verificación y envío
de la información a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de los
damnificados de la segunda temporada invernal ocurrida entre el 1° de
septiembre y el 10 de diciembre de 2011.
OCTAVO: Para los efectos del artículo 36 del Decreto 2591 de
1991, los juzgados de origen harán las notificaciones y tomarán las medidas
conducentes para el cumplimiento de esta sentencia.
NOVENO: El
desacato a lo aquí dispuesto se sancionará en la forma prevista por el artículo
52 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
ALBERTO ROJAS
RÍOS
Magistrado
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Magistrada
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Magistrado
Con
salvamento parcial de voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
A LA SENTENCIAT-811/13
ACCION DE TUTELA DE PERSONAS AFECTADAS
POR DESASTRES NATURALES-Se
debió distinguir si los accionantes no habían sido censados o con que, tras el
censo, no hubieran sido incluidos en las planillas de apoyo económico a
damnificados directos, para determinar medidas idóneas para remediar perjuicios
causados (Salvamento parcial de voto)
ACCION DE TUTELA DE PERSONAS AFECTADAS
POR DESASTRES NATURALES-Se
debió verificar situación actual de los accionantes y adoptar medidas para
proteger derechos fundamentales (Salvamento parcial de voto)
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de la Sala, presento salvamento parcial de voto en esta oportunidad, pues, aunque comparto lo
decidido frente al expediente T-3960497,
estimo que la solución de las controversias planteadas en los expedientes
T-3972091 y T-3958690 exigía
un despliegue probatorio más riguroso que el que se efectuó durante el trámite
de revisión. A mi juicio, el fallo se apoya en conclusiones imprecisas sobre
las circunstancias que dieron lugar a las solicitudes de tutela. A
continuación, explico mis objeciones respecto de cada uno de los casos objeto
de revisión:
Expediente
T-3958690
La acción de tutela que le dio origen a este
expediente fue promovida por 357 habitantes de Sincelejo que se identificaron
como damnificados de la segunda temporada de lluvias de 2011. Los accionantes
reclamaron el pago del subsidio de 1.500.000 pesos contemplado en la Resolución 074 de 2011, el cual, según dijeron, no fue reconocido porque la alcaldía no los
incluyó “en la planilla de apoyo económico a damnificados directos que debía
enviarse a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre”.[32]
La Sentencia T-811 de 2013 concluyó que no había suficientes pruebas
para considerar a los peticionarios como damnificados directos de la ola
invernal de 2011 y, por eso, descartó la posibilidad de ordenar, por esta vía
excepcional, el pago de las sumas reclamadas.
Estoy de
acuerdo con esa conclusión. Lo que no comparto es que la Sala haya concedido el amparo del debido proceso, sin identificar plenamente si dicha
infracción constitucional tuvo que ver con que los accionantes no hubieran sido
censados o con que, tras el censo, no hubieran sido incluidos en las planillas
de apoyo económico a damnificados directos que debían enviarse a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Atención de Desastres para efectos del pago del
subsidio.
El fallo, en efecto, alude indistintamente a ambas
situaciones como si fueran equivalentes[33],
pese a que las consecuencias que se derivan de cada una de ellas son
completamente distintas. Por eso era importante distinguir cuál hipótesis fue
la que suscitó la infracción constitucional denunciada, para, entonces sí,
determinar cuáles eran las medidas idóneas para remediar los perjuicios
causados a los accionantes.
Si los peticionarios no fueron censados, la
vulneración de su debido proceso administrativo habría tenido que verificarse
en el marco de la jurisprudencia constitucional que, frente a casos similares,
ha concluido que los ciudadanos no tienen por qué soportar las cargas derivadas
de los errores de la administración en la debida realización de los censos[34].
En la segunda hipótesis, esto es, si los accionantes fueron incluidos en el
censo, pero no fueron calificados como damnificados directos, habría que
indagar por las razones que condujeron a que el Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres de Sincelejo no les hubiera reconocido dicha condición.
Lejos de realizar dicho análisis, la Sala resolvió el caso sobre la base de que dicho comité tenía el deber de recaudar, validar,
consolidar y enviar la información de los damnificados directos de la temporada
de lluvias ocurrida en el segundo semestre de 2011. Así, ordenó “revisar cada uno de los casos
en particular de los 357 accionantes del Expediente T-3.958.690” y enviar el listado de damnificados directos a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Atención de Desastres dentro de un término de
15 días.
En su momento, advertí que el hecho de que no se
hubiera establecido con claridad si los accionantes fueron censados o no podría
obstaculizar el cumplimiento eficaz de la orden impartida, sobre todo,
considerando el plazo concedido para el efecto. Por eso, insistí en identificar plenamente la conducta objeto
de reproche para establecer, sobre esa base, cuál era la responsabilidad
concreta del Comité Local de Prevención y Atención de Desastres de Sincelejo,
evaluar la viabilidad de los juicios que sobre su responsabilidad hizo la
sentencia, y establecer la fórmula más adecuada para proteger efectivamente el
derecho al debido proceso de los accionantes. Tales precisiones no se realizaron. Por esas razones, me
separo de lo resuelto por la mayoría.
Expediente T-3972091
En este caso, la tutela fue promovida por 50
habitantes de La Jagua de Ibirico, Cesar, víctimas de las inundaciones causadas
por el fenómeno de la niña entre 2010 y 2011, que aunque fueron incluidos en el
listado de damnificados que reportó el municipio, no recibieron la ayuda
económica que requerían para superar los perjuicios que sufrieron por cuenta de
la ola invernal.
La Sentencia T-811 de 2013 consideró que los accionantes no eran
destinatarios del apoyo económico previsto en la Resolución 074 de 2011, porque esta beneficia a los damnificados directos de la segunda ola
invernal y no a los de la del 2010, que fue la que los afectó.
Comparto tal conclusión. Sin embargo, me preocupa que
el fallo no haya indagado por la situación actual de los solicitantes, quienes
denunciaron no haber recibido las ayudas humanitarias de emergencia que les
habrían permitido recuperarse y estabilizarse económicamente.
Aunque la Sala reconoció que los elementos de
asistencia humanitaria contribuyen a soportar dignamente las calamidades que
afrontan los damnificados de la ola invernal, sostuvo que “transcurridos más
de dos años desde que se presentó el fenómeno de la niña que causó las
inundaciones que afectaron a los accionantes, el amparo encaminado a dotarlos
de tales bienes resulta improcedente en cuanto no se cumple el requisito de
inmediatez”.[35]
En efecto, han transcurrido dos años entre la fecha en
que ocurrió el desastre invernal que afectó a los peticionarios y la de la
interposición de la tutela. Pese a esto, estimo que las condiciones de
vulnerabilidad que podrían estar soportando los accionantes justificaba
impartir alguna orden destinada a proteger sus derechos fundamentales.
El hecho de que no se haya
practicado ninguna prueba para verificar la situación actual de estar personas
o para constatar las actuaciones que habría llevado a cabo la alcaldía de la Jagua de Ibirico para solucionar su problemática obstaculiza esa tarea. Dado que he sido
partidario de que el juez constitucional agote los mecanismos judiciales a su
alcance para verificar la situación real de los tutelantes y adoptar medidas
que contribuyan de manera efectiva a la salvaguarda de sus derechos
fundamentales, me separo, también en este punto, de lo que decidió la mayoría.
Fecha ut
supra.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
[1] En Sentencia T-328 de 2010, dijo la Corte: “Así, es deber del
juez constitucional analizar, en cada caso particular, si la solicitud de
amparo fue presentada dentro de un término que revista dichas características.
En algunos casos, seis (6) meses podrían resultar suficientes para declarar la
tutela improcedente; pero, en otros eventos, un término de 2 años se podría
considerar razonable para ejercer la acción de tutela, ya que todo dependerá de
las particularidades del caso.”
[2] Sentencia
T-1125 de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[3] MP, Dr.  Marco Gerardo Monroy Cabra
[4] MP, Dr. Humberto Antonio Sierra Porto
[5] Sentencia T-743 de 2006. En el mismo sentido la sentencia T-1125
de 2003.
[6] Ibídem.
[7] Ibídem.
[8] El control de constitucionalidad de este decreto legislativo se
efectuó mediante la sentencia C-299 de 2011 cuya en cuya parte resolutiva se
resolvió lo siguiente: “Primero.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 1º del Decreto Legislativo
4821 de 2010, en el entendido que sólo podrán adoptarse Proyectos Integrales de
Desarrollo Urbano PIDU hasta el año 2014.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLES los artículos
2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13 y 14 del Decreto Legislativo 4821 de
2010.
Tercero.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 7º
del Decreto Legislativo 4821 de 2010, en el entendido que lo allí establecido
sólo se mantendrá hasta el año 2014.
[9] Artículo 1ª.
[10] Derogado a partir del 24 de abril de 2012,
por el artículo 96 de la Ley 1523 de 2012.
[11] Decreto 93 de 1998, Artículo 1.  “El Plan
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, que se expide por medio
del presente decreto, tiene como objeto orientar las acciones del Estado y de
la sociedad civil para la prevención y mitigación de riesgos, los preparativos
para la atención y recuperación en caso de desastre, contribuyendo a reducir
el riesgo y al desarrollo sostenible de las comunidades vulnerables ante los
eventos naturales y antrópicos”.
[12] Ibídem. Artículo 5: “Los principios generales
que orientan la acción de las entidades nacionales y territoriales en relación
con la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres son:.. DESCENTRALIZACIÓN: La Nación y las entidades territoriales ejercerán libremente y autónomamente sus funciones en
materia de prevención y atención de desastres, con estricta sujeción a las
atribuciones que a cada una de ellas se le haya específicamente asignado en la Constitución y la Ley, así como en las disposiciones contenidas en el Decreto – Ley 919 de
1989. La aplicación del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres debe contribuir al fortalecimiento del proceso de
descentralización a través del cual los municipios y regiones puedan asumir
autónomamente sus responsabilidades, reservando al nivel nacional las labores
de definición de marcos de política y coordinación de acciones.”
[13] Cfr. DC 93 de 1983, considerando 3º.
[14] Decreto 93 de 1998, Artículo 5: “EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS: En
las actividades para la prevención y atención de desastres tendrán en cuenta,
para efectos del ejercicio de las respectivas  competencias, la observancia de
los criterios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad. ||...LA COORDINACIÓN: Las entidades del orden nacional, regional y local deberán garantizar que
exista la debida armonía, consistencia, coherencia y continuidad en las
actividades a su interior en relación con las demás instancias sectoriales y
territoriales, para efectos de la prevención y atención de desastres. || LA PARTICIPACIÓN: Durante las actividades para la prevención y atención de desastres, las
entidades competentes velarán porque se hagan efectivos los procedimientos de
participación ciudadana previstos por la ley” .
[15] “Por la cual se dictan normas
orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los
servicios de educación y salud, entre otros”
Artículo 76...
76.9. En prevención y atención de
desastres
Los municipios con la cofinanciación de la Nación y los departamentos podrán:
76.9.1. Prevenir y atender los desastres
en su jurisdicción.
76.9.2. Adecuar las áreas urbanas y
rurales en zonas de alto riesgo y reubicación de asentamientos.
[16] Ley 1523 de 2012. Artículo 2°. De la responsabilidad. “La gestión
del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del
territorio colombiano.
[17] El artículo 2 de la Ley 46 de 1988 definió como desastre: “el daño grave o la alteración grave de las condiciones normales de vida
en un área geográfica determinada, causada por fenómenos naturales y por
efectos catastróficos de la acción del hombre en forma accidental, que requiera
por ello de la especial atención de los organismos del Estado y de otras
Entidades de carácter humanitario o de servicio social.”, y en el mismo sentido el artículo 18 del Decreto 919 de 1989. Por su parte,  el artículo 4,
numeral 8, de la Ley 1523 de 2012, lo define como: “el resultado que se
desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o
antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de
vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de
subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa
daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una
alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de
funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del sistema nacional
ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y
reconstrucción”..
[18] La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, fue creada mediante el
Decreto 4147 de 3 de noviembre de 2011, con personería jurídica, autonomía
administrativa y financiera, patrimonio propio y adscrita al Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República.
[19] Artículo 1º parágrafo. De la resolución 074 de 2011.
[20] ARTICULO TERCERO: Para el
cumplimiento de lo anterior en los municipios donde ocurrieron las
afectaciones, reportadas oportunamente por los CLOPAD a la UNGRD; los Comités Locales para la Prevención y Atención de Desastres, en cabeza del Alcalde
Municipal, deberán diligenciar la planilla de apoyo económico de los
damnificados directos, información que debe ser reportada a la UNGRD en el periodo de tiempo del 01 de septiembre al 10 de diciembre de 2011, la cual deberá
estar refrendada con las rubricas mínimo del alcalde municipal y el coordinador
CLOPAD, junto con la respectiva Acta del CLOPAD, de acuerdo con las directrices
dadas por la UNGRD.
[21] Artículo 11, numeral 3, del Decreto 4147 de 2011
[22] Directiva Presidencial número 003 del 13 de enero de 2011 “Considerando que el parágrafo 2° del artículo 57 del
Decreto 4702 de 2010, modificado por el artículo 3° del Decreto 4830 de 2010,
dispuso que para superar la situación de desastre y emergencia económica,
social y ecológica declarada mediante el Decreto 4580 de 2010, el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en coordinación con las entidades
y organismos que determine el Gobierno Nacional, realizará el registro único de
damnificados por emergencia invernal.”
[23] Directiva Presidencial 010 de Marzo 2 de
2011.
[24] Mediante Circular del 18 de noviembre de
2011 de la UNGRD
[25] Circular del 29 de junio de 2012 de la UNGRD
[26] Artículo 1º parágrafo. De la resolución 074 de 2011.
[27] Constitución Política, Articulo 209. La función
administrativa está al servicio de los intereses generales
y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
[28] Resolución 074 de 2011, artículo tercero,
parágrafo: “Para el caso del Distrito Capital, los registros de los
damnificados directos, serán allegados por el Comité Distrital para la Prevención y Atención de Emergencias o por el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias
-FOPAE.
[29] Ver, por
ejemplo, sentencias T-431 de 1994, T-575 de 1994, T-115 de 1995 (M.P. José
Gregorio Hernández Galindo) y T-308 de 2012 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
[30] En esta sentencia, la Corte Constitucional reitera la jurisprudencia sentada, entre otras, en la sentencia T-1075
de 2007.
[31] Decreto 4579 DE 2010, artículo 5°: “Para los efectos del presente decreto se
entenderán como personas damnificadas o afectadas por el desastre, aquellas que
se encuentren en los Censos de afectados elaborados por los Comités Locales de
los municipios afectados, con el aval del respectivo Comité Regional y de una
entidad operativa del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres”.
[32] Acápite de Hechos (1.1.3.).
[33] En el acápite de antecedentes, el fallo
indica que los peticionarios “no fueron incluidos en la planilla de apoyo
económico a los damnificados directos” y, luego, en el caso concreto, señala
-citando a la apoderada de los accionantes- que la administración municipal
omitió incluirlos en el censo, por lo cual no fueron incorporados entre los
beneficiarios del apoyo económico.
[34] Cfr. Sentencia T-163 de 2013 (M.P. Jorge Pretelt) “los tutelantes no tienen la obligación de
soportar los errores de las entidades encargadas de suministrar las ayudas
humanitarias, es decir, que si dichas entidades no realizaron debidamente los
censos, no es responsabilidad de los damnificados por la ola invernal y, no
tienen la obligación de soportar dicha carga. Razón por la cual, es preciso
amparar el derecho fundamental al debido proceso administrativo de los
accionantes y ordenar a las entidades autorizadas para ello, que de manera
coordinada estudien la situación específica de cada accionante,  para que conforme a las
normas que reglamentaron las ayudas económicas y lo censado, determinen si son
o no beneficiarios de las mismas”.
[35] Páginas 49 y 50 de la sentencia.