T-653-17
Sentencia T-653/17
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA EDUCACION-Reiteración de jurisprudencia
MEDIDAS
AFIRMATIVAS PARA COMUNIDADES NEGRAS EN EL MARCO DE LA EDUCACION SUPERIOR
PRINCIPIO DE
PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE LAS FORMAS-Reiteración
de jurisprudencia
TEST DE
PROPORCIONALIDAD EN MEDIDAS JURIDICAS COACTIVAS-Aplicación
JUICIO DE
RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD-Niveles de intensidad
CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO-Fenómeno que se configura en los siguientes eventos: hecho
superado, daño consumado o situación sobreviniente
CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO POR ACAECIMIENTO DE UNA SITUACION SOBREVINIENTE-La peticionaria es beneficiaria, en la actualidad, del crédito condonable
para estudiantes de Comunidades Negras
DERECHO A LA
EDUCACION SUPERIOR Y DEBIDO PROCESO-Vulneración por ICETEX al revocar
crédito educativo condonable, por haberse diligenciado erróneamente formulario
DERECHO A LA EDUCACION SUPERIOR-Orden al ICETEX desembolsar a la
accionante los montos correspondientes del crédito solicitado para los
semestres cursados sin dicha financiación
Expediente T-6.228.347
Acción de tutela presentada por Laura Camila Luna Torres en contra
del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el
Exterior (ICETEX)
Magistrado Sustanciador:
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Bogotá, D.C.,
veinticinco (25) de octubre de dos mil diecisiete (2017)
La Sala Cuarta
de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los Magistrados Gloria
Stella Ortiz Delgado, José Fernando Reyes Cuartas y Antonio José Lizarazo
Ocampo, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, en especial de las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de
la Constitución Política, ha pronunciado la siguiente,
SENTENCIA
En la revisión
del fallo proferido el 12 de enero de 2017 por el Juzgado Primero de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Sincelejo (Sucre), a través del cual se negó
el amparo solicitado en tutela promovida por Laura Camila Luna Torres contra el
Instituto Colombiano de Crédito Educativo (ICETEX).
El proceso de la
referencia fue seleccionado para revisión por la Sala de Selección de Tutelas
Número Siete, mediante auto proferido el 11 de julio de 2017.
I.
ANTECEDENTES
1.
Solicitud
La demandante
Laura Camila Luna Torres presentó acción de tutela el 28 de diciembre de 2016
contra el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el
Exterior (ICETEX), en procura del amparo de sus derechos fundamentales a la
educación, a la igualdad, de petición y a la dignidad humana, presuntamente
vulnerados por esta entidad al impedirle continuar con el proceso de
formalización y legalización del crédito educativo condonable, que le fue
aprobado mediante la convocatoria 2016-2 del Fondo Especial de Créditos
Educativos para las Comunidades Negras. En consecuencia, la peticionaria
solicita que se le “otorgue y/o restablezca el beneficio […] adquirido
mediante el reconocimiento del crédito condonable para integrantes de
comunidades negras y por tanto [se le] permita continuar con el proceso de
formalización del crédito aprobado”.
2.
Reseña fáctica
En los términos
de la demanda, los hechos más relevantes se pueden sintetizar así:
La solicitante
es integrante de la comunidad afrodescendiente del municipio de San Onofre. Esta
información es corroborada por la Empresa Comunitaria Playas Doradas,
organización registrada en la Oficina de Asuntos Étnicos del Ministerio del
Interior y de Justicia, según Resolución No. 146 del 5 de diciembre de 2014.
En el año 2014
ingresó al programa de Comunicación Social de la Universidad Autónoma del
Caribe.
Dentro de las
fechas estipuladas por el ICETEX, se presentó como aspirante al beneficio de un
crédito condonable para integrantes de comunidades negras, otorgado por dicha
entidad. Dentro del trámite correspondiente fue una de las beneficiarias de los
incentivos becarios, por lo que la entidad le solicitó la entrega de la
documentación necesaria para la formalización de la beca asignada.
El día 15 de
noviembre del mismo año se presentó ante dicha entidad para realizar la
formalización requerida y los funcionarios encargados se negaron a recibir su
documentación debido a una inconsistencia respecto del semestre relacionado en
el formulario. Según su dicho, debía seleccionar sexto semestre y seleccionó
cuarto semestre. Sostiene que dicho error fue involuntario y que, a su
juicio, las entidades deberían tener en cuenta la buena fe de los estudiantes.
La demandante
hizo todas las gestiones necesarias para subsanar el error, sin embargo, la
entidad accionada le comunicó que dicho error “era insubsanable y por tanto,
[…] perdía la beca automáticamente”. Situación que, para la demandante,
resulta violatoria de sus derechos fundamentales a la educación, de petición, a
la igualdad y a la dignidad humana.
El ICETEX le
negó un derecho que había “adquirido” y, además, que le desconoció: (i)
el promedio que había obtenido (4.6) con anterioridad; y (ii) que se trata de
una persona de escasos recursos, quien desea continuar con su formación
académica y proyecto de vida.
La entidad
demandada desconoció que ya la había seleccionado como beneficiaria, es decir,
“ya no tenía una “mera expectativa”, sino la certeza de un derecho adquirido
que sólo faltaba protocolizar con la entrega de los documentos”. Situación
que se constata, según la demandante, con el resultado del estudio de solicitud
de crédito consultado en el portal del ICETEX “[…] en donde se
corrobora que el estado de la solicitud fue aprobado mediante el Convenio No.
120182”.
Interpuso dos
peticiones, una radicada directamente el 16 de noviembre del 2016 en las
oficinas del ICETEX –Seccional Barranquilla-, y otra enviada vía e-mail el 30
de noviembre del mismo año. Manifiesta que, para la fecha de interposición de
la acción de tutela, dicha entidad no había dado respuesta a sus solicitudes.
3.
Pretensión
La peticionaria
pretende que, por medio de la acción de tutela, le sean amparados sus derechos
fundamentales a la educación, a la igualdad, de petición y a la dignidad
humana. En consecuencia, solicita que “en un término no mayor a 48 horas [se
le] otorgue y/o restablezca el beneficio” del crédito condonable
para integrantes de comunidades negras y en este sentido, se le permita
continuar con el proceso de formalización respectivo.
4. Documentos
relevantes cuyas copias obran en el expediente
Obran en el Cuaderno 2 del expediente los siguientes
documentos:
- Copia de la
demanda presentada por la señora Laura Camila Luna Torres, el 27 de diciembre
de 2016 contra el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX)
(folios 1 al 4).
- Certificación
por parte de la presidente y representante legal de la empresa comunitaria
Playas Doradas, Oniris Díaz Contreras, del 9 de noviembre de 2016, a favor de
Laura Camila Luna, a través de la cual corrobora la pertenencia de la
accionante a la comunidad afrodescendiente del Municipio de San Onofre (Sucre)
(folio 7).
- Copia de
formulario de inscripción digital correspondiente a la convocatoria Comunidades
Negras 2016-2 9492 del ICETEX con fecha de impresión del 20 de octubre de 2010
(folios 7 y 8).
- Copia del resultado
obtenido el 21 de octubre de 2016, donde se indica que el crédito solicitado el
20 de julio de 2016 fue aprobado mediante el convenio 120182 (folios 9 al 12).
- Copia de la
certificación de estudios expedida por la Universidad Autónoma del Caribe del
27 de octubre de 2016, a favor de Laura Camila Luna Torres (folio 13).
- Copia de la
respuesta a la acción de tutela instaurada por Laura Camila Luna Torres, por
parte del ICETEX con fecha de recibido del 6 de enero de 2017 (folios 20 al
25).
- Copia de la respuesta
del ICETEX a la demandante, con número de radicado CAS-486437-S3J4G4 del 01 de
diciembre de 2016 (folio 26).
- Copia de la respuesta
del ICETEX, a la peticionaria, con número de radicado CAS-676544-L4Z4M0 del 29
de diciembre de 2016 (folio 27).
- Copia e-mail
de respuesta a solicitud presentada por Laura Camila Luna Torres, por parte del
ICETEX con fecha del 1 de diciembre de 2016 (folio 28).
- Copia simple
de la Cédula de Ciudadanía de la señora Laura Camila Luna Torres (folio 5).
- Copia de la sentencia
dictada, el 12 de enero de 2017, por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Sincelejo (folio 30 al 38).
5. Respuesta
de la entidad accionada
El Juzgado
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Sincelejo (Sucre)
mediante providencia del veintinueve (29) de diciembre de 2016 admitió la
acción de tutela y corrió traslado a la entidad demandada para que ejerciera su
derecho de defensa.
5.1.
Instituto Colombiano de Crédito Educativo (ICETEX)
El 4 de enero de
2017, el jefe de la Oficina Jurídica Asesora del Instituto Colombiano de
Crédito Educativo (ICETEX), manifestó lo siguiente:
Para el caso
estudiado no se avizora un perjuicio irremediable toda vez que, de lo allegado
en el escrito de tutela, la demandante se limita a “realizar una amenaza que
de no acceder a sus pretensiones dejará de estudiar; sin embargo, no acredita
los requisitos SINE QUA NON del perjuicio irremediable; ni de cómo el no
realizar el cambio en la línea de crédito solicitada puede afectar su derecho a
la educación, máxime cuando se encuentra acreditado que en la actualidad está
estudiando”[1].
Así mismo, la
accionante cuenta con otros mecanismos de defensa judicial para resolver su
caso y el hecho que dio origen a la demanda de tutela fue culpa de la
estudiante dado que el diligenciamiento correcto del formulario es
responsabilidad exclusiva de la aspirante y por tanto en este caso debería
aplicarse el principio según el cual nadie puede alegar a su favor su propia
culpa.
Corroboró que a
la accionante le fue aprobado el crédito, indicando que: “revisadas las
bases de datos del ICETEX, se evidenció que a la estudiante LAURA CAMILA LUNA
TORRES, le fue aprobado un crédito condonable en el Fondo Especial de Créditos
Educativos de Comunidades Negras el 21 de octubre de 2016”. Además, indicó
que le negó la posibilidad de legalizar el crédito en tanto que: “la
aspirante LAURA CAMILA LUNA TORRES, presentó la documentación para legalizar el
fondo los días 15 y 16 de noviembre de 2016, en cuyas atenciones se le
manifestó que no era procedente llevar a cabo dicho proceso, dado que la
documentación entregada no coincide con la información ingresada en el
formulario de solicitud (semestre a cursar IV, semestre ingresado en el
formulario VI)”. En consecuencia, el ICETEX anuló dicho crédito aduciendo
que: “[…] teniendo en cuenta que el crédito no fue legalizado conforme lo
establecido en la convocatoria, se procedió con la anulación del mismo. El
estado actual de la solicitud de LAURA CAMILA LUNA TORRES, identificada con
tarjeta de identidad Nº 98102371836, es ANULADO”.
Respecto de los
hechos narrados por la peticionaria en el escrito de tutela, no les consta que
pertenezca al grupo afrodescendiente, ni el monto económico que debe sufragar
toda vez que esa información es una actividad propia de la autonomía
universitaria. Tampoco le consta que pertenezca al estrato socioeconómico que
informa.
En consecuencia,
el ICETEX solicitó al juez denegar el amparo solicitado y declarar que la
acción de tutela carece de objeto – resulta improcedente- en tanto que, a su
juicio, no existe ni amenaza ni vulneración de los derechos fundamentales
señalados por la accionante.
6.
Decisiones judiciales que se revisan
6.1. Decisión
de primera instancia.
El Juzgado
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Sincelejo (Sucre),
mediante sentencia del 12 de enero de 2017 decidió negar el amparo solicitado,
argumentando que: (i) se evidencia que el error cometido al llenar el
formulario fue responsabilidad exclusiva de la peticionaria y aunque se haya
tratado de un error involuntario, es su deber ser más cuidadosa al realizar
dicha inscripción; (ii) el formulario contiene una aceptación de declaración
según la cual en caso de detectarse inconsistencias el (la) aspirante autoriza
a la entidad para tomar las medidas correspondientes eximiendo al ICETEX de
toda responsabilidad que de ello se derive; y (iii) el actuar de la accionada
fue diligente y ceñido a los parámetros y normas establecidas en el reglamento
de la entidad.
6.2. Impugnación
La demandante
impugnó la decisión de primera instancia por fuera del término legal
establecido y, en consecuencia, el recurso de impugnación fue negado.
II.
ACTUACIONES SURTIDAS EN SEDE DE REVISIÓN
1. Auto de pruebas
Con el propósito de clarificar los supuestos de hecho que
motivaron la presente acción de tutela y para mejor proveer en el presente
asunto, mediante auto del 29 de agosto de 2017, el Magistrado Sustanciador
solicitó, tanto a la demandante como a la entidad demandada, profundizar en la
información presentada sobre el caso. En ese sentido se requirió:
1.1. A Laura Camila Luna Torres, rendir informe sobre la actividad
económica de la cual deriva sus ingresos y respecto de la situación presentada
en relación con el crédito en cuestión, en los siguientes términos:
“- ¿De qué actividad económica deriva sus ingresos?
- Si tiene algún tipo de vinculación laboral señale el monto mensual
de sus ingresos.
- Si recibe ingresos por otros medios, indique cuál es la fuente.
- Señale la relación de sus gastos mensuales por todo concepto
(alimentación, educación, vestuario, salud, recreación, etc.).
- ¿De dónde provienen los recursos para cubrir los gastos de estudio
y derivados (manutención, transporte, etc. relacionados con su actividad
estudiantil)? En este sentido indique por favor si ha contado, o cuenta en la
actualidad con algún tipo de apoyo económico (estilo beca, media beca, u otro)
o ha contado o cuenta con algún tipo de financiación (crédito(s) educativo(s) u
otro) para apoyar el pago de sus estudios. En caso de ser afirmativa su
respuesta, por favor indique en detalle el monto, la forma de pago, la entidad
con quien tiene el apoyo financiero, y cualquier detalle adicional que pueda
informar sobre este aspecto.
- Si es dueña de bienes muebles o inmuebles, indique cuál es su
valor y de darse el caso, cuál es la renta que pueda derivar de ellos.
- Si tiene personas a cargo, indique quiénes (parentesco) y cuántos.
- ¿En qué régimen de seguridad social se encuentra afiliada? En caso
de estar afiliada al SISBEN, indique por favor su puntaje.
- ¿En qué fechas elevó las peticiones al ICETEX, solicitando la
revisión de su caso?
- Dado que en el punto sobre “Carácter de la Universidad” del
formulario de inscripción a la convocatoria 2016, quedó señalado que el
carácter de la universidad era: pública. Explique esta información”.
1.1.1. La demandante allegó respuesta a la Secretaría General de esta
Corporación, el 17 de septiembre de 2017, en la que señaló:
- Su única
fuente de ingresos corresponde al apoyo económico que le brindan sus padres,
quienes laboran como docentes y han acudido a préstamos de familiares y amigos
para cubrir los costos relacionados con su educación; al respecto reporta el
siguiente cuadro como referente de su relación de gastos:
GASTOS
PERIODICIDAD
MONTO
Sostenimiento
universitario (material pedagógico – fotocopias, trabajos y otros)
Mensual
$150.000
Valor
semestre universidad
Semestral
$4.968.600
Hospedaje
(Alimentación,
Mensual
$650.000
Transporte
a universidad
Mensual
$80.000
Recreación
ocasional
$30.000
Total
5.878.600
No cuenta con
bienes inmuebles ni tiene personas a su cargo. Su puntaje de Sisben es 57.58 y
su atención en salud es cubierta por la entidad Clínica Unión Temporal del
Norte.
Respecto de las
peticiones elevadas ante la entidad accionada, manifiesta haberlas entregado
personalmente en las oficinas del ICETEX, seccional Barranquilla (Atlántico)
“[e]l día 16 de noviembre de 2016 y por vía correo electrónico el 30 de
noviembre de 2016”. Respecto de la primera petición anexa un archivo en
medio digital con fecha del 16 noviembre de 2016, en el cual expone lo
siguiente:
“Con la presente me dirijo a ustedes para pedirles el siguiente
favor como es de su conocimiento hay un ítem en el formulario para participar
en las becas condonables que le preguntan al estudiante para qué semestre desea
el giro por un error involuntario yo estoy cursando el cuarto semestre y escogí
el sexto motivo por el cual me rechazaron mis documentos en las oficinas del Icetex
(sic) donde yo estudio para la cual solicito de la manera más atenta se me
tenga en cuenta este favor y me corrijan en el formulario de inscripción
inicial el semestre correcto para lo cual anexo mi constancia de estudio
original la cual puede ser sometida a verificación por su parte.
De antemano agradezco se me tenga en cuenta mi solicitud y para
poder gozar de este beneficio y pagar mis estudios profesionales”.
En cuanto a la
segunda petición, anexa un “pantallazo” del e-mail enviado a la entidad
demandada[2]
con el asunto “Beca Negritudes Derecho de Petición”. En la respuesta
allegada a esta Corporación no presenta directamente el contenido de dicha
petición pues, al parecer, fue enviada como documento adjunto y en la imagen
del pantallazo no es visible el contenido interno de la solicitud.
Finalmente,
informa que la universidad en la que está inscrita es de carácter privado.
1.2. Al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en
el Exterior -ICETEX- rendir informe sobre las fechas de respuesta a las
peticiones elevadas por la demandante, así como información respecto de la
situación en relación con el crédito en cuestión, en los siguientes términos:
“En qué fecha exacta se dio respuesta a los derechos de petición
presentados por la accionante los días 16 y 30 de noviembre de 2016. Anexe las
constancias correspondientes.
- Dado que en su contestación a la acción de tutela de la referencia
indica que la accionante cuenta con un crédito educativo a la fecha;
especifique esta información. En caso de que se trate de un crédito proveído
por el ICETEX, indique: qué tipo de crédito es (línea de crédito), en qué
condiciones, cuánto es el monto, para qué rubros, con qué vigencia y demás
elementos de información con que cuente respecto a dicho crédito.
- Explique por favor de la manera más detallada posible: i) ¿cuál o
cuáles considera que podrían ser las consecuencias más importantes que traería
para la convocatoria y para la entidad, la corrección extemporánea del número
del semestre erróneamente consignado en el formulario de inscripción por parte
de un(a) aspirante?; ii) ¿tiene ese tipo de inconsistencia en la información
(número del semestre errado) algún efecto sobre la elegibilidad de los (las)
aspirantes?; y iii) ¿genera este tipo de inconsistencia algún tipo de ventaja
en relación con los demás aspirantes?.
- Explique: i) ¿Cuál es el tipo de ayuda que brindó la entidad para
guiar a los (las) aspirantes al llenar el formulario en la convocatoria de
2016?; ii) ¿contaban con cartillas, ayudas digitales, videos explicativos, etc.
como los que se presentaron para la convocatoria de 2017?; iii) ¿existía alguna
ayuda digital concretamente para el punto del formulario que dice “Semestre
para el que desea el giro”?; y iv) ¿cómo podían acceder los (las) aspirantes a
los instructivos para seguir correctamente los pasos para participar en la
convocatoria?”
1.2.1. La entidad remitió respuesta a la Secretaría General de la Corte
Constitucional el 12 de septiembre de 2017, en la que señaló:
Según la
trazabilidad de las respuestas emitidas a la beneficiaria, la entidad respondió
la primera petición el día 1 de diciembre de 2016 indicando que no era posible
la legalización por el error ingresado en el formulario. En cuanto a la segunda
petición del 30 de noviembre de 2016, señaló que: “[a]unque la petición
tiene fecha de 30 de noviembre, la misma fue recibida el 21 de diciembre de
2016”. En su respuesta, la entidad accionada reiteró su negativa aduciendo
que la información registrada en el formulario era responsabilidad única de la
aspirante y que el hallazgo de inconsistencias daba lugar a la no legalización
del crédito.
Respecto a la
situación de la demandante en cuanto a créditos educativos, la entidad se
retracta de lo dicho en la contestación de la demanda y en su lugar manifiesta que:
“no se indicó que la accionante fuera beneficiaria de alguna modalidad de
crédito educativo que ofrezca la entidad”. Afirma que en su sistema de
control documental se encuentran tres solicitudes para acceder a créditos
educativos, a saber: las dos primeras corresponden a los años 2014 y  2015. Ambas
aparecen con resultado de “NO APROBADO”. La tercera, corresponde a la
solicitud del año 2016, la cual aparece con resultado de “ANULADO”.
Frente a las
implicaciones del error cometido por la peticionaria, informó que: (i) “[a]l
momento que el aspirante diligencie un semestre diferente al que realmente va a
estudiar, este podría quedar aprobado sin inconveniente, no obstante, los giros
que se realizarían estarían por debajo de otros beneficiarios que hayan
diligenciado la información correcta”. (ii) “Con el número del
semestre se toma como criterio de selección la Excelencia Académica y de
acuerdo con el semestre se le da un puntaje a cada aspirante. Excelencia
Académica: Aspirantes a pregrado: A partir del puntaje o puesto obtenido en las
pruebas ICFES o SABER PRO, para los aspirantes que ingresan a primer y segundo
semestre. Para los aspirantes de tercer semestre en adelante, se tendrá en cuenta
el promedio de notas certificadas por la IES del semestre inmediatamente
anterior”[3]. Y (iii) ante la pregunta de si
este tipo de error generaba alguna ventaja sobre los demás concursantes, la
entidad respondió: “Si, el puntaje final que se le daría a los aspirantes”.
Respecto a la
ayuda brindada por la entidad a los aspirantes en el diligenciamiento del
formulario indicó que en el sitio web del ICETEX se encontraba la información
de la convocatoria (requisitos, fechas, evaluación, entrega de actas de calificación,
comité de junta administradora, resultados, legalización y ejecución del giro).
Además, la entidad ofrece canales de atención al usuario para resolver
inquietudes, solicitudes o peticiones.
2. Traslado
de pruebas
De las pruebas
relacionadas se corrió traslado a las partes, con el fin de que se pronunciaran
sobre las mismas. Ninguna de las partes se pronunció al respecto.
III.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DECISIÓN
1.
Competencia
La Corte
Constitucional, por conducto de esta Sala de Revisión, es competente para
revisar la sentencia proferida dentro del proceso de la referencia, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991.
2. Problema
jurídico
Corresponde a la
Sala Cuarta de Revisión determinar si:
(i)
¿Vulneró el ICETEX los derechos de Laura Camila
Luna Torres a la educación, a la dignidad humana y a la igualdad, al revocar el
crédito educativo que previamente le había aprobado, bajo el argumento de que
el error cometido por ella en la digitación del formulario de inscripción -en
relación con el número del semestre a cursar-, constituye una inconsistencia
que da lugar a la no legalización del crédito?
(ii)
¿Vulneró el ICETEX el derecho de petición que le
asiste a la estudiante al no responderle de manera oportuna sus peticiones
-presentadas los días 16 y 30 de noviembre de 2016-, mediante las cuales
pretendía que la entidad accionada legalizara el crédito en cuestión?
Con el objetivo de resolver los problemas
jurídicos planteados, la Sala de Revisión abordará los siguientes temas: (i) Derecho
fundamental a la educación, reiteración de jurisprudencia. (ii) Acciones
afirmativas del Estado para minorías en el ámbito educativo y características
principales del Fondo Especial de Créditos Educativos para las Comunidades
Negras. (iii) Prevalencia del derecho sustancial sobre las formas o uso
excesivo de ritual manifiesto. Test de proporcionalidad. (iv) Carencia actual
de objeto. Reiteración de jurisprudencia. Y (v) resolución del caso bajo
estudio.
3. Derecho fundamental a la educación. Reiteración de jurisprudencia
De acuerdo con los artículos 67 y 68 de la Constitución, la educación constituye, por un lado, un derecho
fundamental y, por el otro, un servicio público que cumple una función social.
En reiteradas oportunidades este Tribunal ha reconocido que el
derecho a la educación tiene carácter instrumental en cuanto a su
materialización, lo que implica la garantía de la autodeterminación de la
persona, así como el desarrollo de un plan de vida de acuerdo con la enseñanza
que libremente elija[4].
La Corte ha señalado sobre el particular que este derecho, como
otros derechos consagrados en la Carta Política[5], tiene estrecha relación con la dignidad
humana, a partir de la cual es posible identificar las necesidades
esenciales del individuo en relación con el medio que lo rodea y, así mismo,
establecer un marco de protección reforzada, acorde con la norma superior y el
ordenamiento jurídico[6].
En este orden de ideas el derecho a la educación adquiere carácter
iusfundamental por ser uno de los medios que contribuyen a que la persona pueda
elegir libremente su plan de vida, en condiciones de igualdad y dentro del
respeto de su dignidad[7]. Mediante Sentencia T-202 de 2000[8]
la Sala Séptima de Revisión indicó que el núcleo esencial del derecho
fundamental a la educación propende por el desarrollo social e individual de la
persona, para que se integre de manera efectiva y eficaz a la sociedad.
En concordancia con los parámetros constitucionales y teniendo en
cuenta los criterios establecidos en la Observación General Número 13 por el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, intérprete autorizado del
Pacto (PIDESC), este Tribunal ha señalado que en materia educativa el Estado debe cumplir, al menos, con las garantías de
asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad, estos
comprenden:
“(i) la asequibilidad o disponibilidad del servicio, que puede
resumirse en la obligación del Estado de crear y financiar suficientes
instituciones educativas a disposición de todos aquellos que demandan su
ingreso al sistema educativo, abstenerse de impedir a los particulares fundar
instituciones educativas e invertir en infraestructura para la prestación del
servicio, entre otras; (ii) la accesibilidad, que implica la obligación del
Estado de garantizar el acceso de todos en condiciones de igualdad al sistema
aludido, la eliminación de todo tipo de discriminación en el mismo, y facilidades
para acceder al servicio desde el punto de vista geográfico y económico; (iii)
la adaptabilidad, que se refiere a la necesidad de que la educación se adapte a
las necesidades y demandas de los educandos y que se garantice continuidad en
la prestación del servicio, y (iv) la aceptabilidad, la cual hace alusión a la
calidad de la educación que debe impartirse” [9].
De manera que la educación: (i) es objeto de protección especial del
Estado; (ii) es un presupuesto básico de la efectividad de otros derechos
fundamentales, tales como la escogencia de una profesión u oficio, la igualdad
de oportunidades en materia educativa y de realización personal y el libre
desarrollo de la personalidad, entre otros; (iii) es uno de los fines
esenciales del Estado Social Democrático de Derecho; (iv) se comprende
por la potestad de sus titulares de reclamar el acceso y la permanencia en el
sistema educativo o a uno que permita una “adecuada formación”;  y (v) es
un derecho deber y genera obligaciones recíprocas entre todos los actores del
proceso educativo[10].
4. Acciones afirmativas en educación para Comunidades Negras.
Reiteración de jurisprudencia
De conformidad con el artículo 13 de la
Constitución, todas las personas son iguales ante la ley y, por tanto,
recibirán la misma protección y trato de las autoridades y, por consiguiente,
gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades. La norma
constitucional, así mismo, proscribe razones de discriminación fundadas en el
sexo, la raza, la nacionalidad, la lengua, la religión o la ideología.
El inciso segundo del artículo en mención establece
que el Estado, con el fin de garantizar la igualdad material a favor de grupos
históricamente marginados o discriminados[11], podrá desarrollar acciones de discriminación positiva
en su favor. En este contexto, las acciones afirmativas son medidas
constitucionales y legales orientadas a promover una igualdad real cuando una
persona o comunidad vulnerable no puede ejercer un derecho fundamental en las
mismas condiciones de las demás personas[12]. Esta noción ha sido definida por la
jurisprudencia constitucional como un conjunto de “políticas o medidas
orientadas a reducir y eliminar las desigualdades de tipo social, cultural o
económico de aquellas personas o grupos de personas que tradicionalmente han
sido discriminadas. Son pues, instrumentos diferenciales diseñados para
asegurar la satisfacción de bienes y servicios en una sociedad caracterizada
por la escasez”[13]. (Negrilla fuera del texto).
De manera
particular, y atendiendo a la población que interesa en este proveído, el Congreso de la República expidió la Ley 70
de 1993[14],
mediante la cual reconoció a las comunidades negras que habitan en nuestro país
y creó mecanismos de protección especial para dicha población. En el capítulo VI crea, en materia de educación,
diferentes mecanismos para la protección y desarrollo de la identidad cultural
de las comunidades negras, incluyendo una serie de disposiciones relativas a la
prestación del servicio educativo y el acceso a la educación superior de estas
colectividades.
En el artículo 40 se obliga al gobierno a destinar
partidas presupuestales y a crear un fondo de becas con el objeto de garantizar
el acceso de estos grupos a los diferentes niveles de formación, en los
siguientes términos:
“ARTÍCULO 40. El Gobierno destinará las
partidas presupuestales para garantizar mayores oportunidades de acceso a la
educación superior a los miembros de las comunidades negras.
Así mismo, diseñará mecanismos de fomento para
la capacitación técnica, tecnológica y superior, con destino a las comunidades
negras en los distintos niveles de capacitación. Para este efecto, se creará,
entre otros, un fondo especial de becas para educación superior, administrado
por el Icetex, destinado a estudiantes en las comunidades negras de escasos recursos
y que se destaquen por su desempeño académico”.
En desarrollo de
la anterior disposición, mediante Decreto 1627 de 1996[15]
se creó el Fondo Especial de Créditos Educativos de Comunidades Negras, que
tiene entre sus objetivos el de facilitar el acceso y permanencia de
estudiantes de las Comunidades Negras, al Sistema de Educación Superior, con
miras a garantizarles el derecho a tener igualdad de oportunidades en relación
con el resto de la sociedad colombiana (artículo 3º).
Entre los
requisitos para participar en el proceso de selección, contenidos en el
reglamento operativo de dicho Fondo y el Decreto 1627 de 1996 que lo regula, se
encuentran los siguientes: (i) pertenecer a la etnia de las Comunidades Negras;
(ii) carecer de los recursos suficientes para financiar sus estudios
superiores; (iii) que el programa de estudios a realizar o que se esté
realizando satisfaga una necesidad de formación en recursos humanos de la
región y genere beneficios para las comunidades negras; (iv) estar inscrito y/o
admitido en una Institución de Educación Superior -IES- dentro de la vigencia
para la cual solicita el crédito; (v) no tener apoyo económico de un ente
nacional o extranjero similar a este; (vi) cumplir con los requisitos dentro de
los plazos señalados en cada convocatoria; y (vii) no haber sido beneficiario
previamente por parte de este Fondo, excepto que haya sido para sufragar
estudios de carreras técnicas o tecnológicas.
Con relación a
los criterios de selección de beneficiarios, el artículo 16 del Reglamento
Operativo, fundamentado en el artículo 13 del Decreto 1627 de 1996, establece
los siguientes:
“Criterios para la Selección: De conformidad con los requisitos
establecidos en el artículo 13 del decreto 1627 de 1996, para la selección de
los beneficiarios se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1. Excelencia académica: (30%). Promedio del Bachillerato acreditado
mediante la presentación de las pruebas requeridas por el Instituto Colombiano
para el Fomento de la Educación Superior –ICFES- o por la Institución de
Educación Superior – IES- acreditado mediante el certificado de notas de la
Institución de Educación Superior – IES- para los estudiantes de tercer
semestre en adelante.
2. Bajos recursos económicos comprobados: (20%).
3. Área prioritaria para el desarrollo del país y de las Comunidades
Negras Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras: (3.5%).
4. Priorizar los programas de formación o capacitación que aporten a
la solución de problemas en la Comunidad: (3.5%).
5. Demostrar trabajo comunitario o desarrollo de identidad a través
de la organización o consejo registrado ante la Dirección para Asuntos de las
Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del
Interior: (25%).
6. Dificultad de acceso a la Educación Superior (18%).
Los aspirantes al crédito Condonable del Fondo recibirán un puntaje
de acuerdo con las variables establecidas en el Artículo 13 del Decreto 1627 de
1996, y las que se consideren necesarias por parte de la Junta Administradora,
así como su distribución. Previo a la apertura de cada convocatoria la Junta
Asesora Nacional definirá los ajustes a los criterios de selección teniendo en
cuenta del Decreto 1627 de 1996”.
En cuanto al
procedimiento para concursar en las convocatorias del Fondo, el artículo 15 del
Reglamento Operativo, establece lo siguiente:
“1. Diligenciar el correspondiente formulario, el cual podrá
descargar a través de la página web del Instituto Colombiano de Crédito
Educativo y Estudios en el Exterior- ICETEX- www.icetex.gov.co.
2. Imprimir y entregar el Formulario de solicitud de créditos del
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior- ICETEX-,
debidamente diligenciado y firmado.
3. Fotocopia a color del documento de identidad ampliada al 150%
4. Copia simple del registro civil de nacimiento y fotocopia de la
cédula de ciudadanía del padre o de la madre en el caso de que se necesite
demostrar fenotipo.
5. Constancia de inscripción a la Institución de Educación Superior
– IES – debidamente acreditada por el Estado.
6. Proyecto de Trabajo Comunitario, Social y/o Académico, el cual
deberá cumplir con todos los requisitos establecidos tanto en el Decreto 1627
de 1996, en especial lo señalado en el literal K) del artículo 10º de dicho
decreto, como en lo establecido en el presente Reglamento Operativo.
7. Certificación de la presentación del Proyecto de Trabajo
Comunitario, Social y/o Académico de acuerdo con lo señalado en el presente
reglamento.
8. Una fotografía 3x4 cm a color”.
El artículo 12
del Reglamento Operativo describe los rubros que pueden ser cubiertos por los
créditos, a saber: matrícula, sostenimiento, materiales de estudio, transporte,
y el sostenimiento de un año adicional para trabajo de grado de acuerdo con la
exigencia de la Institución de Educación Superior – IES-. Así mismo, en el
parágrafo 1º de dicho artículo, se establece que “se financiará hasta tres
(3) salarios mínimos legales mensuales vigentes igualmente para las
renovaciones”.
En cuanto a la
legalización del crédito, el artículo 18 del Reglamento Operativo establece:
“Legalización del crédito para los aspirantes seleccionados: Los
aspirantes que sean seleccionados, deberán radicar oportunamente los documentos
requeridos en cualquier oficina del ICETEX en el país o ante la respectiva
Institución de Educación Superior- IES- en la que fueron admitidos. Para el
caso de estudios en el exterior, deberán radicar los documentos en cualquier
oficina del ICETEX.
Perderán el derecho al crédito quienes no lo legalicen dentro del
plazo señalado en cada convocatoria, quienes hayan diligenciado información o
presentado documentación fraudulenta o inconsistente”.
En síntesis, la
Constitución Política, la ley y la jurisprudencia constitucional reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y que, por
tanto, deben recibir el mismo trato y la misma protección por parte de las
autoridades. En esa medida, el Estado tiene la obligación de desarrollar
acciones de discriminación positiva con el fin de garantizar no solo la
igualdad formal frente a la ley sino también la igualdad material, que sea
efectiva en favor de grupos históricamente marginados o discriminados. Como
ejemplo de una acción afirmativa, en el marco educativo para poblaciones
históricamente discriminadas, se tiene el Fondo Especial de Créditos Educativos
de Comunidades Negras, el cual pretende facilitar el acceso, la permanencia y
la graduación de estudiantes pertenecientes a este grupo poblacional.
5. Prevalencia
del derecho sustancial sobre las formas. Aplicación del test de
proporcionalidad sobre las medidas adoptadas por las autoridades.
5.1.
Principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas.
Reiteración de jurisprudencia
El artículo 228
de la Constitución Política consagra el principio de prevalencia del derecho
sustancial sobre la formalidad[16], en virtud del cual “las formas no
deben convertirse en un obstáculo para la efectividad del derecho sustancial,
sino que deben propender por su realización. Es decir, que las normas
procesales son un medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos y
no fines en sí mismas”[17].
Al respecto,
este Tribunal se ha referido al principio de la justicia material al resolver
asuntos de diferente índole dentro de la reclamación de los derechos
fundamentales a través de la tutela. Así, ha señalado que este principio “se
opone a la aplicación formal y mecánica de la ley en la definición de una determinada
situación jurídica. Por el contrario, exige una preocupación por las
consecuencias mismas de la decisión y por la persona que es su destinataria,
bajo el entendido de que aquella debe implicar y significar una efectiva
concreción de los principios, valores y derechos constitucionales”[18].
Por tanto, su aplicación es de carácter obligatorio dentro de las actuaciones y
decisiones de la administración al momento de definir situaciones jurídicas,
las cuales además de ajustarse al ordenamiento jurídico y de ser proporcionales
a los hechos que le sirven de causa, deben responder a la idea de justicia
material[19].
Según
pronunciamientos de esta Corte es importante distinguir entre lo que se
entiende por derecho sustancial, esto es, el conjunto de normativas jurídicas
que consagran derechos subjetivos en abstracto, y las denominadas formalidades
procesales las cuales establecen la manera en que es posible materializar
las prerrogativas contenidas en las normas sustanciales. De esta manera, las
normas procesales tienen una función instrumental, es decir, su existencia es
fundamental para un Estado de Derecho toda vez que fungen como garantía del
cumplimiento del principio de igualdad material ante la Ley y como un derrotero
eficaz contra la arbitrariedad[20].  De aquí que deba existir una
relación armónica entre el contenido de las normas sustanciales y los
mecanismos creados para su materialización.
No obstante,
esta Corporación también ha reconocido que las formas propias de un juicio no
deben convertirse en un obstáculo o barrera que imposibilite la materialización
del derecho sustancial. Contrario sensu, la formalidad debe constituirse
en un mecanismo que permita su realización. En ese sentido, la jurisprudencia
constitucional ha reiterado que las normas procesales deben ser entendidas como
medios que permiten efectivizar los derechos sustanciales de las personas[21].
En efecto,
nuestro Estado Social de Derecho[22] fundado, entre otras cosas, en la
dignidad intrínseca de las personas, tiene entre sus fines esenciales
garantizar la efectividad de los derechos subjetivos fundamentales de sus
asociados, en el marco de un orden social justo[23].
En este sentido para este Tribunal es evidente que también en los
procedimientos administrativos existen normas procesales que, al delimitar el
medio de acceso y reconocimiento de los derechos subjetivos de los ciudadanos,
deben ser interpretadas en igual sentido que las normas procesales propias de
los trámites jurisdiccionales, pues siguen siendo normas que reglamentan los
medios a través de los cuales es posible acceder a la materialización de un
derecho[24].
En concordancia
con lo anterior, este Tribunal también ha indicado que, según lo estipulado por
el artículo 4º de la Constitución Política, prevalecen las disposiciones
constitucionales sobre las demás normas del ordenamiento jurídico colombiano.
De esta manera, en el evento en que cualquier norma de inferior rango contraríe
dichas disposiciones o resulte violatoria de derechos fundamentales en un caso
concreto, aquella deberá inaplicarse. En Sentencia T-431 de 2009, la Sala
Octava de Revisión de la Corte concluyó:
“ii.  En un Estado social de derecho la interpretación
jurídica siempre implicará la obligatoria incorporación de los principios y
derechos constitucionales dentro de los elementos de análisis jurídico que
sirven como fundamento a la resolución de cada situación, pues sólo de esta
forma será posible llegar a soluciones acordes con el sentido de justicia
material que debe imperar en este tipo de Estado.
iii.  En los casos como el que nos ocupa, en que por las
específicas circunstancias fácticas no sea posible una interpretación de las
disposiciones legales y reglamentarias que guíe a resultados acordes con la
Constitución, las primeras deberán ceder –inaplicarse- ante la solución que se
deriva de esta última, única y exclusivamente como mecanismo para dar solución
al asunto estudiado”.
Esta Corporación
ha reconocido igualmente que la inaplicación de una norma no es solo de uso
facultativo de los jueces sino, así mismo, de las autoridades administrativas
cuando observen incompatibilidad entre la Constitución y la norma aplicable al
caso específico[25].
Por todo lo anterior,
es posible concluir que tanto la actividad administrativa como la función
judicial están supeditadas a la aplicación de los requisitos, formas y
procedimientos establecidos para la demostración de los hechos que llevan al
reconocimiento de los derechos reclamados. No obstante, en aras de la efectiva
protección de las garantías fundamentales se deben ponderar tales requisitos
con el resto de principios que conforman el ordenamiento jurídico, “para que
sus decisiones no se basen únicamente en la observancia de la ritualidad sino
en las condiciones específicas del afectado y las circunstancias particulares
del caso concreto”[26]. En concordancia con esto, tanto las
autoridades administrativas como los jueces, deberán inaplicar una norma de
rango inferior si establecen que, con la aplicación de dichas disposiciones, se
transgreden principios constitucionales o se violan derechos fundamentales.
5.2.
Aplicación del test de proporcionalidad sobre las medidas adoptadas por
autoridades
Ahora bien, en
reiterada jurisprudencia esta Corporación se ha referido a la proporcionalidad,
indicando que este es un criterio de interpretación constitucional que
busca impedir excesos o vicios en el ejercicio del poder público. También ha
dicho que es un mecanismo específico para la protección o la realización de los
derechos y libertades individuales. En este sentido, para que una restricción
de los derechos fundamentales resulte razonable debe superar el juicio de
proporcionalidad y razonabilidad. Esto es, la restricción debe, cuanto menos: “(i)
perseguir un fin constitucionalmente imperioso; (ii) constituir un medio
adecuado e idóneo para alcanzarlo; (iii) ser necesaria, por no existir otro
medio menos lesivo con igual o similar eficacia para alcanzar el fin propuesto;
y (iv) debe existir proporcionalidad entre los costos y los beneficios
constitucionales que se obtienen con la aplicación de la medida”[27].
En la misma vía, este Tribunal ha indicado que el juicio de
proporcionalidad y razonabilidad no es aplicable con la misma intensidad en
todos los casos, por lo que ha distinguido tres niveles de intensidad: leve,
intermedio y estricto. El primero exige que la medida persiga un fin legítimo o
no prohibido por la Constitución y que sea idónea para alcanzar el fin
propuesto; el segundo requiere que el fin sea legítimo y además
constitucionalmente relevante, dado que la medida promueve intereses públicos
que gozan de protección constitucional. Así mismo, el medio no sólo debe ser
adecuado sino, en efecto, consecuente para conseguir el fin perseguido y no
puede resultar desproporcionado frente al bien constitucionalmente perseguido y
el sacrificado. El tercero requiere que la finalidad de la medida sea
imperiosa. Por tanto, el medio no sólo debe ser adecuado y efectivamente
conducente, sino necesario, en otras palabras, no debe existir un medio
alternativo menos lesivo y este debe ser estrictamente proporcional respecto de
los beneficios de adoptar la medida, los cuales deben ser evidentemente
superiores a las restricciones que ella impone sobre los principios
constitucionales que se vieren afectados por la misma.
Para la Corte, el nivel de intensidad estricto se aplica: “1)
cuando está de por medio una clasificación sospechosa como las enumeradas en
forma no taxativa a manera de prohibiciones de discriminación en el inciso 1º
del artículo 13 de la Constitución; 2) cuando la medida recae principalmente en
personas en condiciones de debilidad manifiesta, grupos marginados o
discriminados, sectores sin acceso efectivo a la toma  de decisiones o minorías
insulares y discretas; 3) cuando la medida prima facie afecta el goce de un
derecho constitucional fundamental; y 4) cuando se examina una medida que crea
un privilegio”[28].
6. Carencia
actual de objeto. Reiteración de jurisprudencia
La acción de
tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de los
derechos fundamentales que son objeto de amenaza o afectación. No obstante, la
Corte ha señalado que:
“[…] ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias
que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de
estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y sustento, así como su
razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial.
En efecto, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería
la eventual decisión del juez constitucional, se tornaría inocua cualquier
determinación que se pudiera tomar para salvaguardar las garantías que se
encontraban amenazadas o vulneradas, y contradiría el objetivo que fue
especialmente previsto para esta acción”[29]
Este tipo de
eventos conduce a lo que la doctrina ha denominado carencia actual de objeto,
esto es, la imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa
para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que
le han sido encomendados.
Sobre el
particular se ha dicho que la carencia de objeto puede ser el resultado de
cualquiera de las siguientes situaciones:
(i) Daño
consumado, consiste en que, a partir de la vulneración que venía
ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de
tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar
la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez
constitucional dé una orden al respecto.[30]
El daño
consumado supone que no es posible hacer cesar la violación o impedir que se
concrete el peligro y, por ello, tan solo es procedente el resarcimiento del
daño originado por la violación del derecho. Cuando al momento de la
interposición de la acción de tutela el daño ya está consumado, por regla
general[31],
esta resulta improcedente, puesto que dicha acción tiene una finalidad
preventiva y no indemnizatoria.
(ii) Hecho
superado, comprende el supuesto de hecho en el que, entre el momento en
que se interpone la demanda de amparo y el fallo se evidencia que, como
producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a los
derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta
solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto, se superó la
afectación y resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez
de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, no
se encuentran afectados ni amenazados[32] (regulada en el artículo 26 del
decreto 2591 de 1991)[33].
(iii)  Acaecimiento
de una situación sobreviniente[34], se presenta en casos en que como
producto del acaecimiento de una situación sobreviniente cuyo origen no está en
el accionar de la parte demandada, la vulneración predicada ya no tiene lugar,
ya sea porque el actor asumió la carga que no le correspondía, porque a raíz de
dicha situación perdió interés en el resultado de la litis, o por
cualquier otro hecho que haga inútil o innecesaria la intervención del juez de
tutela.
No obstante lo
anterior, es pertinente agregar que esta Corporación ha indicado que: (i)
aunque, en principio, no resulte viable emitir la orden de protección que se
solicitaba en la acción de tutela, es perentorio un pronunciamiento de fondo
sobre el asunto, aclarando si hubo o no la vulneración que dio origen a la
presentación de la acción de tutela en concreto, en los casos en que la
consumación del daño ocurre durante el trámite de la misma (en primera
instancia, segunda instancia o en el trámite de revisión ante la Corte
Constitucional), o cuando -bajo ciertas circunstancias-, se impone la necesidad
del pronunciamiento por la proyección que pueda tener un asunto (art. 25 del
Decreto 2591 de 1991)[35], o por la necesidad de disponer
correctivos frente a personas que puedan estar en la misma situación o que
requieran de especial protección constitucional; y (ii) no es perentorio en los
casos de hecho superado o acaecimiento de una situación sobreviniente,
salvo cuando sea evidente que la providencia objeto de revisión debió haber
sido decidida de una forma diferente (pese a no tomar una decisión en concreto,
ni impartir orden alguna), “para llamar la atención sobre la falta de
conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para
condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena
de las sanciones pertinentes, si así lo considera”, tal como lo
prescribe el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991[36].
7. Análisis
del caso concreto
7.1. Recuento
fáctico
En el caso bajo
estudio la accionante interpuso acción de tutela en contra del ICETEX por
considerar que dicha entidad vulneró sus derechos a la educación, de petición,
a la igualdad, a la dignidad humana y los que contempla el artículo 44 de la
Carta Política, referidos a la protección de los derechos de los niños, al negarle
la posibilidad de continuar con el proceso de legalización del crédito
condonable correspondiente a la convocatoria del Fondo Especial de Créditos
Educativos para las Comunidades Negras 2016-2, el cual le fue aprobado. La
entidad demandada fundamentó su negativa en una inconsistencia entre la
información consignada en el formulario de inscripción y la presentada en los
documentos de legalización del crédito.
Al momento de la
legalización del crédito (paso obligatorio en el que se entregan los
documentos que soportan la información de inscripción y otros documentos
complementarios), el funcionario encargado notó que en el formulario quedó
consignado un error pues se indicaba que el crédito había sido solicitado para
el 6º semestre, cuando en realidad era para el 4º. En consecuencia, el ICETEX decidió
no legalizar el crédito y lo revocó.
La demandante
dice haber interpuesto dos derechos de petición ante el ICETEX, el 16 y el 30
de noviembre de 2016 respectivamente, solicitando a esa entidad dar continuidad
a su proceso de legalización del crédito. Manifiesta que para la fecha en la
que redactó la tutela (diciembre 27 de 2016), no había recibido respuesta
alguna por parte de la accionada.
En cuanto a la
respuesta de la demandada, se tiene que el ICETEX solicitó al juez de instancia
única “DENEGAR el amparo solicitado y declarar que la presente acción de
tutela carece de objeto al no existir ni amenaza ni vulneración de derecho
fundamental alguno por parte del ICETEX”. Así mismo manifestó que: (i)
la ciudadana cuenta con otros mecanismos de defensa judicial para resolver su
caso; y (ii) la anulación de la solicitud del crédito que previamente le había aprobado
a la accionante, se originó por culpa del error cometido por la demandante y
por tanto debería aplicarse el principio según el cual nadie puede alegar a su
favor su propia culpa. Así mismo afirmó haber dado respuesta a las peticiones
de la estudiante.
El 29 de
diciembre de 2016 fue admitida la tutela por parte del Juzgado Primero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Sincelejo que negó el amparo de
los derechos invocados, argumentando que: (i) lo acontecido fue responsabilidad
exclusiva de la peticionaria y aunque fuese producto de un error involuntario,
era deber de la aspirante tener mayor cuidado al llenar el formulario de
inscripción; y (ii) el ICETEX obró debidamente, en tanto que no vulneró ni puso
en peligro los derechos invocados por la accionante pues su actuar fue
diligente y obró según el reglamento de la institución. La demandante impugnó
la decisión de primera instancia. Sin embargo, lo hizo de manera extemporánea
(5 días después de notificarse) por lo que el recurso de impugnación le fue
rechazado.
7.2.
Procedencia de la acción de tutela en el caso sub judice
7.2.1. Legitimación activa
El artículo 86
de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo
de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección
inmediata de sus derechos fundamentales. En el mismo sentido, el artículo 10
del Decreto 2591 de 1991 contempló la posibilidad de agenciar derechos ajenos
cuando “el titular de los mismos no está en condiciones de
promover su propia defensa”. La legitimación en la causa por
activa para presentar la tutela se acredita: (i) en ejercicio directo de
la acción; (ii) por medio de representantes (caso de los menores de edad, los
incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas); (iii) a través
de apoderado judicial; y (iv) utilizando la figura jurídica de la agencia
oficiosa[37].
En esta
oportunidad, la acción de tutela fue interpuesta por Laura Camila Luna Torres,
titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados, quien la
presenta a nombre propio acorde con lo estipulado en la normatividad antes descrita.
7.2.2. Legitimación pasiva
De acuerdo con
lo establecido en el artículo 5 del Decreto 2591 de 1991[38],
“[l]a acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las
autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de
los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley”. En el caso bajo
estudio, la entidad accionada es el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior -ICETEX-,
la cual es definida en la Ley 1002 de 2005 como una “entidad financiera de
naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional”[39].
Así las cosas, el ICETEX está legitimado como parte pasiva en el proceso de
tutela bajo estudio, en la medida en que se le atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales en cuestión.
7.2.3.  Inmediatez
Este requisito
de procedibilidad impone la carga al demandante de interponer la acción de
tutela en un término prudente y razonable respecto del hecho o la conducta que
causa la vulneración de sus derechos fundamentales[40].
En el caso
concreto, se observa que el 15 de noviembre de 2016, durante la entrega de los
documentos para la legalización y formalización del crédito aprobado a la
demandante por parte del ICETEX, los funcionarios de dicha entidad no dieron
continuidad al trámite en tanto encontraron una inconsistencia en el formulario
de inscripción. Los días 16 y 30 de noviembre de la misma anualidad, la
accionante elevó ante el ICETEX derechos de petición solicitando que se le
permitiera corregir el error digitado y dar continuidad al trámite de
legalización del crédito ante lo cual la entidad negó la solicitud y en
consecuencia revocó la aprobación del crédito. El 29 de diciembre de 2016, Laura
Camila Luna interpuso la acción de tutela, es decir, transcurrieron menos de dos
meses entre uno y otro evento, término que la Sala considera prudente y
razonable para reclamar la protección de los derechos vulnerados.
7.2.4. Subsidiariedad
Del recuento
fáctico del caso sub judice se evidencia que el asunto que ocupa a la
Sala adquiere una relevancia iusfundamental que justifica la intervención del
juez de tutela, en tanto que se estudia la posible vulneración de los derechos
fundamentales a la educación, a la dignidad humana, a la igualdad y el de
petición de Laura Camila Luna Torres, quien se autoreconoce como
afrodescendiente. La peticionaria alega que el ICETEX vulneró los derechos
mencionados al no permitirle continuar con el trámite de legalización del
crédito educativo que le fue aprobado, fundamentando su accionar en la
existencia de un error de digitación cometido por la solicitante al llenar el
formulario de inscripción.
Tal como lo
señaló esta Corporación mediante Sentencia T-023 de 2017:
“La acción de tutela procede de manera directa o principal para
abordar problemáticas relacionadas con posibles restricciones del derecho a la
educación. En efecto, la jurisprudencia constitucional, al abordar el
estudio de acciones de tutela relacionadas con trámites de subsidios o créditos
educativos ante el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior (ICETEX), por regla general, ha desplegado el análisis
directo sobre el fondo de la problemática que se entabla, sin entrar a
presentar expresamente las consideraciones respecto a la procedencia de la
misma. En algunas ocasiones, ha aclarado que los mecanismos de reclamación
que dispone la jurisdicción administrativa no son idóneos para garantizar de
manera eficaz el derecho fundamental de educación, razón por la cual, a
pesar que exista la acción de nulidad y la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho, las mismas no permiten extender una protección oportuna sobre una
persona que se encuentra incursa en un proceso continuo de estudios”
(negrilla fuera del texto).
Es importante señalar que la educación es un derecho fundamental que
permite desarrollar una estrategia dirigida a alcanzar la materialización de un
plan de vida. La interrupción de los procesos educativos puede conllevar a que
se presente un estancamiento en las expectativas que tiene una persona sobre su
crecimiento académico y profesional, lo cual, a su vez, puede representar
afectaciones en otras garantías de rango constitucional que guardan estrecha
relación con la continuidad de los cursos o niveles de estudio. Por esta
razón, la acción de tutela se erige como un mecanismo idóneo para extender una
protección oportuna en eventos que involucran afectaciones o amenazas a este
derecho, ya que es la herramienta jurídica idónea que el Constituyente dispuso
para los conflictos suscitados en este contexto […]” (negrilla fuera de
texto).
En el caso bajo
estudio, la intervención del juez de tutela resulta procedente en tanto que:
(i) Para casos
como este, en los que se abordan problemáticas relacionadas con posibles
restricciones al derecho a la educación, la jurisprudencia de la Corte ha
indicado que la tutela procede de manera directa o principal.
(ii) En casos
relacionados con trámites de subsidios o créditos educativos ante el ICETEX,
por regla general, la Corte ha realizado el análisis directo sobre el fondo de
la problemática, sin profundizar expresamente las consideraciones respecto a la
procedencia de la tutela, por lo que se ha considerado que este medio resulta
ser el idóneo para resolver estos casos[41].
(iii) En principio, no existe otro medio judicial al que pueda
acudir la estudiante en aras de controvertir la decisión de la entidad
demandada, esto es, negarse a realizar la legalización del crédito, que ya le
había sido previamente aprobado, por un error en el número del semestre a
cursar. Ello se debe, entre otras cosas, a que, ni el Decreto 1627 de 1996, ni
el Reglamento Operativo del Fondo, establecen la necesidad de proferir
resolución que manifiesta la pérdida del derecho al crédito, por lo tanto, no
hay lugar a interponer recursos de reposición y/o de apelación.
(iv) Dadas las
condiciones de vulnerabilidad y la especial protección constitucional que le
asiste a la demandante, la acción de tutela resulta ser el medio de defensa
idóneo y eficaz con el fin de evitar que se configure un perjuicio irremediable
sobre su proceso educativo y en esa medida, se limite la construcción autónoma
de su propio plan de vida. Aun cuando la entidad demandada afirme que no le
consta la situación socioeconómica de la accionante, así como tampoco su
pertenencia étnica, esta Sala advierte que el ICETEX le aprobó inicialmente a
la peticionaria el crédito dirigido a estudiantes de escasos recursos,
pertenecientes a comunidades negras, sin cuestionar tales condiciones. De igual
manera, basada en el principio constitucional de la buena fe (artículo 83
Superior), en principio, esta Sala toma como ciertas las afirmaciones que hace
la accionante, en cuanto a sus condiciones socioeconómicas y su pertenencia
étnica. Al respecto, la peticionaria afirma encontrarse en dificultades para
conseguir los recursos suficientes para cubrir sus gastos universitarios que
pueden superar el millón y medio de pesos mensuales, incluyendo los gastos para
su sostenimiento. En cuanto a su pertenencia étnica, la peticionaria se
autoreconoce como perteneciente a las comunidades negras y presenta como apoyo
de esta información aval de la comunidad afrocolombiana a la cual pertenece,
esta última, certificada por el Ministerio del Interior y de Justicia. Cabe
recordar que el artículo 7º de la Constitución Política exige que el Estado
colombiano proteja y reconozca a las minorías étnicas y culturales de nuestro
país. Así mismo, atendiendo al Bloque de Constitucionalidad (artículo 93
Superior) y lo proveído por la Ley 21 de 1991 “Por medio de la cual se
aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T.,
Ginebra 1989”, las actuaciones del Estado que estén dirigidas al
reconocimiento de derechos, individuales y colectivos, de los miembros de
poblaciones étnicas, deben partir del respeto al principio de autodeterminación
que le asiste a las minorías étnicas.
Por lo expuesto,
la Sala de Revisión considera que se acredita el requisito de subsidiariedad y,
en consecuencia, pasará a examinar a fondo el asunto.
7.3. Vulneración de los derechos invocados por la accionante
Ahora bien, respecto a la vulneración de los derechos fundamentales
invocados en el caso concreto, esta Sala organizará su pronunciamiento de la
siguiente manera. En primer lugar, analizará la posible vulneración del derecho
de petición de la estudiante por parte del ICETEX; en segundo lugar, estudiará
la posible violación de los derechos a la educación, a la dignidad humana y a
la igualdad de la peticionaria; y, en tercer lugar, hará referencia a la
supuesta afectación de los derechos de los niños y niñas que la accionante, aun
cuando no los incluye en su petición de manera explícita, los menciona en su
escrito de tutela.
7.3.1. Derecho de petición
En relación con
el derecho de petición, la demandante señala que elevó dos peticiones: la
primera, personalmente en las oficinas del ICETEX (Barranquilla) el 16 de
noviembre de 2016 en la cual solicitaba se le permitiera corregir el error
cometido al llenar el formulario. Al respecto, la Sala advierte que la entidad
demandada respondió en tiempo, toda vez que allegó escrito de respuesta del día
primero (1º) de diciembre[42] del mismo año, cumpliendo así con lo
estipulado en la ley[43]; así mismo, la respuesta del ICETEX
abordó el asunto de fondo aun cuando su respuesta no fue favorable para la
peticionaria, toda vez que le indicó que no era posible la legalización por el
error ingresado en el formulario.
La segunda
petición fue elevada por la estudiante vía correo electrónico, el treinta (30)
de noviembre de 2016 y según su dicho, la entidad demandada no le respondió a
tiempo. Por su parte el ICETEX alega que recibió dicha solicitud el día
veintiuno (21) de diciembre y que la respondió el veintinueve (29) de
diciembre, término que cumpliría con lo establecido en la normativa
correspondiente. Sin embargo, la demandante allega a la Corte un documento que
contiene un pantallazo[44] del correo electrónico por medio del
cual envió su solicitud. En él se evidencia que la fecha de envío fue del día
treinta (30) de noviembre de 2016 y no el veintiuno (21) de diciembre como lo
afirma la accionada.
Si bien, en la
constancia presentada por la demandante no se avizora el contenido de la
petición, solo el pantallazo del envío, se concluye de lo manifestado por ambas
partes que la segunda solicitud fue una reiteración de la presentada el día 16
del mismo mes y año. De modo que, con la primera respuesta se entiende que fue
resuelta la solicitud de la peticionaria; cosa distinta es que esta haya estado
en desacuerdo frente a la respuesta emitida por la entidad y por ello, haya presentado
nuevamente su petición esperando una respuesta diferente a la emitida. Sin
embargo, esta situación no puede ser vista como una violación al derecho de
petición por cuanto, en este caso, la entidad respondió de forma clara y de fondo
lo pedido por la demandante y por tanto no vulneró el derecho fundamental de la
peticionaria.
7.3.2.
Derechos a la educación, a la dignidad humana y a la igualdad. Carencia actual
de objeto por hecho sobreviniente
De manera preliminar, esta Sala advierte que la accionante se
inscribió a la convocatoria para el año 2017 ofertada por ICETEX dirigida a
miembros de Comunidades Negras, con el fin de acceder al mismo tipo de crédito
sobre el cual se debate en el caso bajo estudio.  El 9 de octubre del presente
año le fue aprobado dicho crédito, pero a diferencia de lo acontecido en el año
2016, de acuerdo con la información que aparece en el sitio web del ICETEX,
esta vez la accionante sí consiguió legalizar el crédito de manera exitosa, por
lo que, en principio, es posible afirmar que en la actualidad la estudiante es
beneficiaria del crédito para apoyar sus gastos educativos.
En
concordancia con lo anterior, la tutela de la demandante tenía por objeto que
se le otorgara y/o restableciera el beneficio del crédito. De aquí que, con la
aprobación obtenida en la convocatoria de este año pasó a ser beneficiaria del
mismo y, en consecuencia, habría desaparecido el objeto de la controversia
sometida al juez constitucional. Sin embargo, esta Sala considera que este
suceso no es suficiente para declarar el hecho superado en su totalidad puesto
que la accionante, según afirmó en respuesta allegada a la Corte, tuvo que acudir
a préstamos familiares y de amigos para cubrir sus costos educativos y en ese
sentido, el hecho de no haber recibido la beca inicialmente aprobada por el
ICETEX, le ocasionó un aumento injustificado en el endeudamiento del núcleo
familiar.
Por lo anterior, la Sala considera que existe carencia actual de
objeto por hecho sobreviniente, pero no por ello dejará de pronunciarse puesto
que la entidad demanda le causó un perjuicio injustificado a la estudiante, lo
que a su vez, generó una vulneración de sus derechos a la educación y a la
dignidad humana, razón por la que la Sala indicará el tipo medida que debe
adoptarse para subsanar la mencionada vulneración.
A partir de los elementos probatorios allegados al proceso y los
hechos que fueron probados, procede esta Sala a resolver el asunto sub
examine aplicando el test de proporcionalidad referido en la parte motiva
de esta providencia, para determinar si la medida de revocar el crédito,
previamente aprobado por el ICETEX, resultó proporcional y razonable o, por el
contrario, desproporcionada y por ello vulneró los derechos fundamentales a la
educación, a la dignidad humana y a la igualdad invocados por la demandante.
Para ello, se analizará puntualmente la medida que se le aplicó a la
demandante, su finalidad y los posibles efectos de aplicarla o no, en el caso
bajo estudio.
Cabe advertir
que, para la Sala, lo que se encuentra en discusión no es si la accionante
cometió un error en el formulario, pues esto ya fue admitido por ella, ni si la
medida adoptada por la entidad se encuentra en el Reglamento Operativo del
Fondo. Lo que es objeto de debate constitucional es si con dicha actuación la
entidad demandada originó una vulneración o amenaza a los derechos
fundamentales de la peticionaria.
(i) Medida adoptada
por el ICETEX
El error de la
demandante al llenar el formulario de inscripción a la convocatoria consistió
en colocar sexto semestre en lugar de cuarto ante la pregunta sobre para cuál
semestre deseaba el crédito. En consecuencia, la entidad revocó el crédito,
siguiendo lo estipulado en el artículo 18 del Reglamento Operativo que regula
el Fondo descrito, el cual establece que:
“ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO- Legalización del crédito para los
aspirantes seleccionados: Los aspirantes que sean seleccionados, deberán
radicar oportunamente los documentos requeridos en cualquier oficina del ICETEX
en el país o ante la respectiva Institución de Educación Superior- IES- en la
que fueron admitidos. Para el caso de estudios en el exterior, deberán radicar
los documentos en cualquier oficina del ICETEX.
Perderán el derecho al crédito quienes no lo legalicen dentro del
plazo señalado en cada convocatoria, quienes hayan diligenciado información o
presentado documentación fraudulenta o inconsistente” (Negrilla fuera del texto).
(ii) Finalidad del crédito educativo y de la pérdida del derecho,
según el reglamento
Según lo establecido en el artículo 2º del Decreto 1627 de 1996, la
naturaleza del Fondo Especial de Créditos Educativos para las Comunidades
Negras es facilitar el acceso de estudiantes pertenecientes a aquellas
colectividades a la educación superior y garantizarles el derecho a tener
igualdad de oportunidades en relación con el resto de la sociedad colombiana.
El preámbulo del
Reglamento Operativo[45] que regula el Fondo descrito señala que
se deben garantizar todas las condiciones necesarias y los criterios que
definan las formas en las que, los y las aspirantes de los Créditos
condonables, puedan beneficiarse de manera transparente, con equidad e
igualdad.
En ese sentido,
es viable considerar que la finalidad de la medida de pérdida del derecho al
crédito de que trata el artículo 18 del Reglamento Operativo es prevenir que, a
causa de información fraudulenta o inconsistente consignada en el formulario,
se termine otorgando el beneficio del crédito a quien no tenga derecho y, en
consecuencia, se transgredan los principios de equidad, transparencia e
igualdad contemplados en la normativa señalada.
(iii) Efectos de la inaplicación de la medida de pérdida del
derecho, en el caso bajo estudio
Ahora bien, en auto de pruebas sustanciado por esta Sala el 29 de
agosto del presente año, se requirió del ICETEX respuesta a las siguientes
preguntas: (i) ¿cuál o cuáles considera que podrían ser las consecuencias más
importantes que traería para la convocatoria y para la entidad, la corrección
extemporánea del número del semestre erróneamente consignado en el formulario
de inscripción por parte de un(a) aspirante?; (ii) ¿tiene ese tipo de
inconsistencia en la información (número del semestre errado) algún efecto
sobre la elegibilidad de los (las) aspirantes?; y (iii) ¿genera este tipo de
inconsistencia algún tipo de ventaja en relación con los demás aspirantes?. La
entidad respondió de la siguiente manera:
a) Ante la
pregunta sobre las consecuencias más importantes de corregir el error
extemporáneamente, el ICETEX afirmó que “[a]l momento que el aspirante
diligencie un semestre diferente al que realmente va a estudiar, este podría
quedar aprobado sin inconveniente, no obstante, los giros que se realizarían
estarían por debajo de otros beneficiarios que hayan diligenciado la
información correcta”.
Si bien en la
respuesta no hay claridad sobre qué significa que “los giros que se
realizarían estarían por debajo de otros beneficiarios que hayan diligenciado
la información correcta”, lo que queda claro es que la entidad no
demuestra que exista algún efecto negativo significativo al corregir
extemporáneamente el error.
b) Ante la
pregunta sobre si este tipo de error (número de semestre errado) tiene efecto
sobre la elegibilidad de los concursantes, la entidad informó que:
“Con el número del semestre se toma como criterio de selección la
Excelencia Académica y de acuerdo con el semestre se le da un puntaje a cada
aspirante.
Excelencia Académica: Aspirantes a pregrado: A partir del puntaje o
puesto obtenido en las pruebas ICFES o SABER PRO, para los aspirantes que
ingresan a primer y segundo semestre. Para los aspirantes de tercer semestre en
adelante, se tendrá en cuenta el promedio de notas certificadas por la IES del
semestre inmediatamente anterior”[46].
De aquí que la
afectación podría medirse a partir de la separación de concursantes, en dos
grupos, a saber: (i) aspirantes a primer y segundo semestre; y (ii) aspirantes desde
tercer semestre en adelante. Para el primer grupo (semestres 1º y 2º) se mide
su excelencia académica a partir del puntaje ICFES o SABER PRO, mientras que
para el segundo grupo (de 3 semestre en adelante), se tiene en cuenta el
promedio de notas obtenido en la institución de educación superior.
El error de la
accionante consistente en colocar sexto semestre en lugar de cuarto por lo que
puede concluirse que hacía parte del segundo grupo (aspirantes a 3º semestre en
adelante), en el que se aplicaría el mismo criterio de excelencia académica
para efectos de selección de beneficiarios, esto es, el promedio de notas
obtenido en la institución de educación superior.
c) Ante la
pregunta de si este tipo de error genera alguna ventaja sobre los demás
concursantes, la entidad manifiesta que “[s]i, el puntaje final que se le
daría a los aspirantes”.
Si bien la
entidad demandada no deja claro en dónde se encuentra la ventaja sobre el
puntaje final generada por el error cometido por la estudiante, es posible
inferir, en concordancia con lo dicho en la respuesta inmediatamente anterior,
que la ventaja consiste en la ubicación en uno u otro grupo según el semestre a
cursar. Sin embargo, como se indicó, para el presente caso ello no resulta
problemático por cuanto los aspirantes a cuarto y a sexto semestre entraban a
formar parte del mismo “grupo” de elegibles y por tanto competían bajo
los mismos parámetros de selección en cuanto a la excelencia académica.
(iv) Efectos
de la aplicación de la medida de pérdida del derecho al crédito, en el caso sub
judice
Teniendo en
cuenta que:
a.
La demandante tiene dificultades económicas para
cubrir los costos de sus estudios y sostenimiento; no cuenta con créditos o
becas que reduzcan los costos de su educación; no posee bienes ni desarrolla
ningún tipo de actividad laboral; depende económicamente de sus padres, quienes
han hecho uso de préstamos personales para cubrir los costos de sus estudios[47].
b.
Se trata de una persona de especial protección,
que se autoreconoce como afrodescendiente[48].
c.
Se encuentran en juego derechos fundamentales
tales como el derecho a la educación, a la dignidad humana y la igualdad.
Se puede
concluir que la pérdida del derecho al crédito ponía en riesgo la continuidad
de sus estudios y de su proyecto autónomo de vida digna, el mejoramiento de sus
condiciones socioeconómicas y culturales, pues el ejercicio de la educación es
un medio que le permite a la persona cumplir con los objetivos profesionales y
personales que se ha trazado, en condiciones de igualdad y dentro del respeto
de su dignidad humana.
(v) Aplicación del test de proporcionalidad
La Sala procederá a realizar el juicio de proporcionalidad en el
caso sub examine, para constatar si la pérdida del derecho al
crédito condonable por causa del error de digitación en el formulario resulta
proporcionado y razonable o si, por el contrario, conlleva a un exceso o
defecto en el ejercicio del poder público por parte del ICETEX, que vulnera los
derechos fundamentales a la educación, a la dignidad humana y la igualdad de la
demandante.
En cuanto al
análisis sobre qué tan necesaria era la medida de pérdida del derecho al
crédito, se tiene que, de manera general, esta buscaba garantizar los
principios de transparencia, igualdad y equidad en la adjudicación de créditos,
por lo que en principio, pareciera ser una medida necesaria. Sin embargo, la
Sala advierte que, en caso de errores subsanables como el que aquí se presenta,
la necesidad de aplicar una medida así es cuestionable puesto que  contraría la
finalidad última del Fondo Especial para Comunidades Negras, en tanto que, deja
por fuera de la convocatoria a estudiantes como la peticionaria, que cumplen
con los requisitos materiales para ser beneficiarios del estímulo, priorizando
la mera formalidad sobre el derecho sustancial. Por tanto, la Sala concluye
que, en este caso, no se puede considerar que la finalidad de la medida
aplicada fuera ineludible, imperiosa y legítima desde el punto de vista
constitucional
Respecto del
análisis sobre si la medida adoptada era adecuada, idónea o necesaria, se tiene
que, según lo manifestado por la entidad demandada “[a]l momento que el
aspirante diligencie un semestre diferente al que realmente va a estudiar, este
podría quedar aprobado sin inconveniente”. De esta respuesta, la Sala no
evidencia que la medida fuese adecuada, idónea o necesaria, en tanto que el
error formal cometido por la actora, como se demostró, era subsanable.
Finalmente, en
cuanto a la ponderación costo-beneficio de la aplicación de la medida de
pérdida del derecho al crédito frente a los derechos fundamentales de la
accionante, se advierte que, no aplicar la medida que adoptó el ICETEX: (i)
no generaba afectación significativa al proceso de adjudicación del crédito; (ii)
no afectaba la transparencia, igualdad y equidad, debido a que el error
cometido por la demandante no influía de manera significativa en la
elegibilidad y selección de los aspirantes; y (iii) contribuía a la finalidad
última del crédito puesto que le brindaba la posibilidad a estudiantes como la
peticionaria que cumplían con los requisitos materiales para ser beneficiarios
del estímulo.
Por el
contrario, al aplicar la pérdida del derecho al crédito, se generó una
afectación gravosa a los derechos fundamentales de la estudiante a la
educación, y la dignidad humana, toda vez que se creó una barrera de carácter
formal a la posibilidad de elegir el propio plan de vida de la peticionaria y,
en este sentido, con dicha actuación el ICETEX le impuso a la accionante de
manera injustificada, una restricción a la materialización de sus derechos
fundamentales.
Por todo lo expuesto, la Sala concluye que la medida de pérdida del
derecho al crédito aplicada por parte del ICETEX resultó desproporcionada en
tanto que, como se advirtió: (i) su aplicación contraría el fin último del
Fondo al excluir de los beneficios de este a quien materialmente cumple con los
requisitos para ser considerada beneficiaria del crédito; y (ii) no era
necesaria pues el error, como se demostró, era subsanable.
Ahora bien, en este caso, se trata de una persona de especial
protección constitucional por su pertenencia a grupos históricamente marginados
hacia quienes el Estado tiene el deber de promover medidas afirmativas que
busquen proteger sus derechos fundamentales y reducir la brecha de desigualdad
con relación al resto de la sociedad colombiana. Sin embargo, es importante
señalar que, dado que el contexto en el que la estudiante perdió el derecho al
crédito es el de una convocatoria para concesión de créditos, cuyos beneficiarios
son todos miembros de comunidades negras, no puede predicarse que se presentó
un acto directo de discriminación por parte del ICETEX hacia la demandante en
razón de su pertenencia étnica, toda vez que no se evidenció ni se probó un
trato diferencial hacia ella en relación con los y las demás aspirantes al
crédito. En consecuencia, no se avizora vulneración al derecho a la igualdad de
la peticionaria por parte de la entidad demandada.
7.3.3. Ahora bien, en el escrito de tutela, la peticionaria, aunque no lo
incluye directamente en su solicitud, señala que a raíz de la actuación del
ICETEX también se le vulneraron los derechos contemplados en el artículo 44 de
la Constitución, el cual se refiere a la prevalencia de los derechos
fundamentales de los niños y las niñas frente a los derechos del resto de la
sociedad. Sin embargo, en cuanto a la edad de la demandante se tiene que para
el momento en que llenó el formulario de inscripción a la convocatoria (20 de
junio 2016) era menor de edad pues contaba con 17 años. El 21 de octubre del
mismo año el ICETEX aprobó su solicitud del crédito y, dos días después (el 23
de octubre) cumplió la mayoría de edad. Posteriormente, el 15 de noviembre, el
ICETEX no le permitió continuar con la formalización de su crédito. De modo
que, tanto para la fecha del evento que originó la vulneración de sus derechos,
como para la fecha de interposición de la tutela, ya era mayor de edad.
En ese orden de
ideas, para la Sala la accionante carece de fundamento al considerar que en el
presente caso existe conexión alguna entre la vulneración de los derechos
fundamentales de los menores de edad y la actuación del ICETEX, toda vez que el
acto que originó la solicitud de amparo fue la pérdida del derecho al crédito,
medida impuesta por la entidad a partir del 15 de noviembre de 2016, fecha en
la cual ya era mayor de edad.
IV. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
Por todo lo
anterior, la Sala concluye que el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y
Estudios Técnicos en el Exterior -ICETEX-, vulneró los derechos a la educación
y a la dignidad humana, de Laura Camila Luna Torres, al decidir negarle la
legalización del crédito educativo condonable, previamente aprobado a su
nombre, bajo el argumento de que la demandante había cometido un error al
digitar el número del semestre a cursar en el formulario de inscripción de la
convocatoria respectiva. Decisión que desconoció que se trataba de una persona
de especial protección constitucional y que, para el caso en concreto, el error
era subsanable y la medida resultaba desproporcionada y a su vez contraria a la
finalidad de la convocatoria.
Como se demostró
en la parte considerativa de esta sentencia:
-
La accionante cometió un error al digitar 6º en
vez de 4º en la pregunta relacionada con el semestre para el que solicitaba
el crédito. Ante esto la entidad le aplicó la medida de pérdida del derecho al
crédito con base en el artículo 18 del Reglamento Operativo del Fondo el cual
establece que en caso de inconsistencias en la información se pierde el derecho
al crédito.
-
La entidad no demostró que la corrección del
error cometido por la demandante en el momento de legalización del crédito
generaba algún efecto negativo significativo respecto de los fines de la
convocatoria. Tampoco demostró que dicho error tuviera incidencia alguna en la
elegibilidad, porque cualquiera de los dos semestres (sexto o cuarto) la
ubicaban en el mismo grupo, es decir, en el grupo de aspirantes a quienes se
les aplicaba como criterio de excelencia académica el promedio de notas.
Finalmente, no demostró que la equivocación le generara a la aspirante ventaja
alguna sobre los demás solicitantes, toda vez que, a partir del tercer semestre
en adelante, todos los aspirantes competían bajo los mismos parámetros.
-
La pérdida del derecho al crédito puso en riesgo
la continuidad de los estudios y proyecto de vida de la demandante.
-
Teniendo en cuenta que el fin último del Fondo
es apoyar a miembros de comunidades negras de escasos recursos en el acceso a
la educación superior, la medida adoptada por el ICETEX contraría dicho
propósito, por cuanto dejó por fuera a quien materialmente cumplía con los
requisitos para ser considerada beneficiaria del crédito.
-
No era necesaria la medida de pérdida del
derecho al crédito -otorgado previamente a la accionante por parte del ICETEX-,
en tanto que el error, como se demostró, era susceptible de ser subsanado sin
inconvenientes.
-
El efecto de legalizar el crédito era intrascendente
para el proceso de la convocatoria, mientras que el efecto de anularlo
comprometió principios constitucionales mayores.
-
La medida aplicada por la entidad demandada
resultó desproporcionada y, por tanto, desconoció la prevalencia del derecho
sustancial sobre las meras formalidades o el exceso ritual manifiesto.
-
La accionante resultó beneficiaria del mismo
tipo de crédito educativo en discusión, dentro de la convocatoria abierta por
la entidad demandada en el presente año, por lo que, en principio, pareciera
configurarse el fenómeno de la carencia actual de objeto; sin embargo, la Sala
considera que la entidad demandada debe autorizar el desembolso del monto del
crédito que no le fue otorgado a la accionante en su momento, pues solo así se
restablecerán los derechos fundamentales de la estudiante. Ello por cuanto: (i)
el error cometido era subsanable; (ii) con la pérdida del derecho al crédito la
entidad le limitó de manera injustificada su derecho fundamental a la
educación; y (iii) con dicha medida la entidad le impuso injustificadamente una
carga económica a la accionante debido a que ella y su núcleo familiar tuvieron
que endeudarse para cubrir los costos para cuya financiación había solicitado
el crédito ante el ICETEX.
-
La entidad demandada respondió oportunamente
la primera solicitud presentada por la estudiante y, aunque la segunda fue
resuelta tardíamente, por tratarse de una reiteración de lo previamente
solicitado por la accionante, no existió vulneración al derecho de petición de
la demandante.
-
Teniendo en cuenta que el contexto en el que la
estudiante perdió el derecho al crédito es el de una convocatoria para
concesión de créditos, cuyos beneficiarios son todos miembros de comunidades
negras, no se avizoran actos de discriminación por parte del ICETEX hacia la
demandante en razón de su pertenencia étnica. Tampoco, se evidenció ni se probó
un trato diferencial hacia ella en relación con los y las demás aspirantes al
crédito. Por lo tanto, no existió vulneración al derecho a la igualdad de la
peticionaria por parte de la entidad demandada.
-
Teniendo en cuenta que la vulneración de los
derechos invocados por la peticionaria se originó por medida aplicada por el
ICETEX el 15 de noviembre de 2016, época para la cual la accionante ya contaba
con la mayoría de edad, no puede predicarse una transgresión a los derechos
fundamentales de los niños y las niñas por parte de la entidad demandada.
Por lo expuesto,
la Sala se aparta parcialmente de la decisión del juez de primera instancia y,
en su lugar, dispone amparar los derechos fundamentales a la educación y a la
dignidad humana, de Laura Camila Luna Torres y, en consecuencia, ordenará al ICETEX que, bajo
las mismas condiciones del crédito condonable de la convocatoria del año 2016 y
siguiendo lo establecido en el artículo Décimo Noveno del Reglamento Operativo
del Fondo Especial de Créditos Educativos para Estudiantes de las Comunidades
Negras[49],
le desembolse a la accionante los montos correspondientes a los semestres
cursados sin el crédito del ICETEX.
En cuanto a la
condonación del monto del crédito aquí reconocido, la Sala considera que las
condiciones deberán ser pactadas entre las partes tomando como fundamento los
criterios de condonación establecidos en el reglamento de la Convocatoria respectiva.
V. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.-
REVOCAR PARCIALMENTE el fallo de sentencia de
tutela proferido, en primera instancia el 12 de enero de 2017, por el Juzgado
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Sincelejo en cuanto a que negó el amparo de los
derechos fundamentales de la accionante; para, en su
lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a la educación y a la dignidad
humana de Laura Camila Luna Torres, por los motivos expuestos en esta
providencia.
SEGUNDO.-
ORDENAR al Instituto Colombiano de Crédito
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior -ICETEX-, que en el término máximo de un (1) mes, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, le
desembolse a la accionante los montos correspondientes del crédito solicitado
para los semestres cursados sin dicha financiación como consecuencia de la
medida adoptada por la entidad, según lo establecido en el Reglamento Operativo
del Fondo Especial de Créditos Educativos para Estudiantes de las Comunidades
Negras y las consideraciones de
este proveído.
TERCERO.- DECLARAR la carencia actual de objeto respecto de la vulneración
del derecho fundamental de educación, por cuanto la peticionaria es
beneficiaria, en la actualidad, del crédito condonable para estudiantes de
Comunidades Negras.
CUARTO.- Por Secretaría, LÍBRENSE las
comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con
salvamento de voto
JOSE
FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ROCIO
LOAIZA MILIÁN
Secretaria
General (e.)
SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA T-653/17
JUEZ CONSTITUCIONAL-Ordenar
al ICETEX el desembolso de los montos correspondientes al crédito solicitado,
desborda el ámbito de las competencias del
juez constitucional (Salvamento de voto)
Referencia: Expediente
T-6.228.347
Acción de tutela presentada por Laura
Camila Luna Torres contra el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y
Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX).
Magistrado Ponente:
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte
Constitucional, a continuación, presento las razones que me conducen a salvar
el voto en la sentencia T-653 de 2017, adoptada por la Sala
Quinta de Revisión, el 25 de octubre de ese mismo año.
1.
La sentencia de la
que me aparto estudió la acción de tutela interpuesta por Laura Camila Luna Torres quién invocó la protección de sus
derechos fundamentales de petición, educación, dignidad humana e igualdad, por
la decisión del ICETEX de revocar el crédito beca que previamente le había sido
aprobado. El ICETEX no
formalizó el crédito en mención y revocó su decisión inicial, teniendo en
cuenta que la accionante
incurrió en errores en el diligenciamiento de los formularios que debía aportar
para la formalización del
crédito beca asignado. A su
vez, la joven Luna Torres alegó que la entidad mencionada no dio respuesta a
sus solicitudes de formalización del crédito.
2.
La mayoría de la Sala
Cuarta de Revisión concluyó frente a estos hechos, en primer lugar, que
no hubo desconocimiento del derecho de petición, pues el ICETEX le comunicó a
la accionante que no era posible la formalización del crédito por el error
ingresado en el formulario. En segundo lugar, respecto de los derechos a
la educación, a la dignidad humana y a la igualdad, la providencia mayoritaria
afirmó que existía carencia actual de objeto por hecho superado, teniendo
en cuenta que la accionante obtuvo finalmente la aprobación del crédito con el
ICETEX en la convocatoria del año 2017 y continuó sus estudios. De hecho, la
accionante participó en la siguiente convocatoria, obtuvo el crédito, logró su
formalización y así continuó con sus estudios. La providencia de la que me
aparto dijo lo siguiente: “la
tutela de la demandante tenía por objeto que se le otorgara y/o restableciera
el beneficio del crédito. De aquí que, con la aprobación obtenida en la
convocatoria de este año pasó a ser beneficiaria del mismo y, en consecuencia,
habría desaparecido el objeto de la controversia sometida al juez constitucional”.
3.
Con todo, a pesar de
configurarse el hecho superado y con fundamento en el artículo 24 del Decreto
2591 de 1991[50],
la Sala Cuarta examinó si el ICETEX desconoció los derechos a la educación,
dignidad humana e igualdad al negar el crédito educativo con fundamento en
errores en los formularios. Para este propósito la ponencia desplegó un test de
proporcionalidad y concluyó que la negativa del crédito en un primer momento
fue una medida desproporcionada por parte del ICETEX porque: (i) su aplicación
era contraria al objetivo del otorgamiento del crédito que buscaba que
estudiantes que cumplieran materialmente con los requisitos accedieran al
mismo; y (ii) la medida no era necesaria, pues el error en que incurrió la
accionante era subsanable. Como resultado de lo anterior, la providencia
mayoritaria decidió en todo caso ordenar al ICETEX el desembolso del crédito
solicitado en el 2016.
4.
La decisión última
tomada en la sentencia de la referencia explica mi disentimiento en esta
oportunidad. Si bien la providencia acertadamente estableció la carencia actual
de objeto respecto de la protección de los derechos a la educación, dignidad
humana e igualdad y justificadamente dijo que, pese a dicha carencia de objeto,
debía pronunciarse sobre la existencia o no de vulneración a esos derechos
(usual cuando se trata de prevenir futuras afectaciones a derechos
fundamentales), la decisión mayoritaria terminó adoptando decisiones de fondo
sin motivación suficiente y sin competencia para el efecto, de ahí que considero
que la Sala se excedió en sus objetivos constitucionales, al ordenar el
desembolso del crédito indicado.
A mi juicio, al emitir una orden de
entrega de dinero a la accionante sin que se hubiese demostrado afectación a su
mínimo vital, la providencia desborda el ámbito de las competencias del juez
constitucional. Sin duda, considero que la negativa del crédito con fundamento
en errores subsanables en el diligenciamiento de los formularios constituye una
medida desproporcionada que viola los derechos invocados por la accionante, la
decisión de ordenar el desembolso correspondiente excedió el ámbito de
valoración constitucional necesario para la protección de los derechos
fundamentales de la accionante y terminó por centrarse más en discusiones de
carácter netamente económico, como paso a explicar:
Como estaba acreditado en el proceso, a
pesar de que la entidad demandada negó el crédito beca, la accionante continúo
sus estudios, sin interrupciones o afectaciones en la accesibilidad o
continuidad de su derecho a la educación. De hecho, al año siguiente en el que
se abrió la convocatoria periódica para un nuevo crédito, la señora Luna Torres
pudo acceder a este beneficio. Era claro entonces que el desembolso
de los dineros solicitados por vía de tutela no contribuía a la garantía del
derecho a la educación, en tanto que su continuidad estaba probada. El asunto
se reducía entonces a un debate económico.
5. Además, ante el hecho superado como el
que describió la sentencia en comento, la decisión de desembolso del crédito
correspondiente al año 2016, resultó inadecuada e incongruente en relación con
los fundamentos de la providencia y con el fundamento mismo de la carencia
actual de objeto, presentada como la ratio decidendi de la sentencia.
Por esa razón, opino que la medida más coherente y cercana con la lógica
general de la ponencia y sus hallazgos, era la prevención al ICETEX para que se
abstuviera de incurrir en estas conductas en próximas convocatorias y no
adoptar una decisión de fondo que involucró el compromiso de recursos públicos.
6. Es pertinente recordar que el objeto
de la acción de tutela es la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales. Así mismo, la jurisprudencia constitucional ha
señalado que “[l]as
controversias por elementos puramente económicos, que dependen de la aplicación
al caso concreto de las normas legales - no constitucionales - reguladoras de
la materia, exceden ampliamente el campo propio de la acción de tutela”[51].
Por esta razón, la jurisdicción
constitucional debe pronunciarse no sólo sobre controversias actuales, sino
también de orden estrictamente constitucional; ello en razón del objeto ya
descrito de la acción de tutela y porque a partir del carácter residual y subsidiario
del amparo constitucional, las discusiones de índole económica son ajenas al
debate del amparo y cuentan con otros mecanismos propios para su trámite y
resolución[52].
Los únicos casos “en que
excepcionalmente la acción de tutela pueda llegar a desatar pretensiones y
conflictos [de esa
naturaleza], es porque consecuencialmente concurre la defensa de una
garantía fundamental, de manera que, para lograr su efectiva protección, el
juez de tutela debe definir aquellas controversias”[53]. Un aspecto
que al no encontrase ya en peligro en las circunstancias expuestas por la
accionante, debía darse por descartado.
7. Considero entonces que la sentencia de
la que me aparto debió abstenerse de emitir esta orden de desembolso pues, en
el evento en que la accionante haya incurrido en endeudamiento para financiar
su educación y fuere de su interés la obtención de los dineros dejados de
percibir, ella cuenta con los mecanismos judiciales principales para la
satisfacción de estas pretensiones. En consecuencia, la actuación irregular del
ICETEX no generó en la accionante afectación a su mínimo vital que amerite la
intervención del juez constitucional, pues ni ella lo demostró en su escrito de
tutela, ni se aportaron pruebas en el proceso que permitan acreditarlo y por razones
obvias tampoco estuvo justificado en la sentencia.
En definitiva, me aparto de la sentencia
en comento porque considero que ordenar al ICETEX el desembolso de los montos
correspondientes al crédito solicitado por la accionante en 2016, es una
decisión que desborda el objeto constitucional de la acción de tutela, que en
estas circunstancias estaba centrado exclusivamente en el amparo inmediato de
los derechos a la educación y a la dignidad humana, cuya presunta violación
había sido considerada como un hecho superado por la misma providencia.
En estos términos quedan expuestas las
razones que me llevaron a salvar el voto con respecto a las consideraciones
expuestas y la decisión adoptada en la  Sentencia T-653 de 2017.
Fecha ut supra,
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] Cuaderno 2. Folio 20.
[2] Solicitud enviada al correo
defensoriaicetex@ustarisabogados.com correspondiente al área de la Defensoría
del Consumidor Financiero del ICETEX.
[3] Cuaderno 1. Folio 26.
[4] Ver entre otras, Corte Constitucional,
Sentencias T-100 de 1995 y T-023 de 2017.
[5] Respecto de la
importancia de la dignidad humana en la construcción e identificación de otros
derechos fundamentales, ver entre otras, Corte Constitucional, Sentencias:
T-499 de 1992, T-406 de 1992, T-414 de 1992, T-571 de 1992, C-542 de 1993,
T-036 de 1995, C-239 de 1997, C-521 de 1998, T-881 de 2002, C-569 de 2004,
C-355 de 2006.
[6] En reiterada jurisprudencia constitucional,
esta Corporación ha concluido que la dignidad humana se desenvuelve, por lo
menos, en tres dimensiones de la persona. En sentencia T-023 de 2017, resume
estas dimensiones así:
“(i) en primer lugar, respecto de su autonomía
individual, donde se valora su libre capacidad de autodeterminación y elección
del plan de vida; (ii) en segundo lugar, respecto de sus necesidades vitales,
es decir, de las condiciones materiales que requiere para ejecutar ese plan de
vida; y (iii) en tercer lugar, respecto de sus convicciones espirituales como
elemento esencial para autodeterminarse y desarrollar su elección de vida”.
[7] Sobre el particular, la Corte ha concluido
que “el derecho a la educación goza de naturaleza fundamental por su íntima
relación con la dignidad humana en su dimensión de autonomía individual como
quiera que su ejercicio comporta la elección de un proyecto de vida, a la vez
que permite materializar otros valores, principios y derechos inherentes al ser
humano”. Corte Constitucional, Sentencia T-321 de 2007
[8] En este proveído la Corte evaluó el caso de una persona que perdió el derecho a
una beca que le permitía acceder al servicio educativo.
[9] Corte Constitucional, Sentencia
T-592 de 2015 reiterada en la Sentencia C-284 de 2017.
[10] Corte Constitucional, Sentencia T-153 de
2013.
[11] Constitución Política de
1991. Artículo 13.  Todas las
personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y
trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El
Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva
y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El
Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física
o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará
los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
[12] Ver entre otras. Corte Constitucional,
Sentencia T-023 de 2017.
[13] Corte Constitucional, sentencia C-1036 de
2003. Reiterado en Sentencia T-023 de 2017.
[14] “Por la cual se desarrolla el artículo
transitorio 55 de la Constitución Política”.
[15] “Por el cual se reglamenta el artículo 40
de la Ley 70 de 1993”.
[16] Constitución Política de 1991. Artículo 228: “La Administración de Justicia es función pública.
Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes
con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con
diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será
desconcentrado y autónomo” (Negrilla fuera de texto).
[17] Corte Constitucional, Sentencias T-268 de
2010 y T-616 de 2016.
[18] Corte Constitucional,
Sentencias T-429 de 1994 y T-719 de 2016.
[19] Corte Constitucional, Sentencia T-616 de
2016.
[20] Corte Constitucional, Sentencia T-156 de
2017.
[21] Corte Constitucional, Sentencia T-977 de
2004.
[22] Constitución Política de 1991. Preámbulo.
[23] Corte Constitucional, Sentencia C-372 de
1994.
[24] Corte Constitucional, Sentencia T-156 de
2017.
[25] Corte Constitucional, Sentencia T-051 de
2011.
[26] Corte Constitucional, Sentencia T-461 de
2016.
[27] Ver entre otras. Corte Constitucional,
Sentencia C-246 de 2017.
[28] Ver entre otras, Corte Constitucional,
Sentencia C-136 de 2016.
[29] Corte
Constitucional, Sentencia T-457 de 2017.
[30] Corte Constitucional. Sentencia T-472 de
2017.
[31] El Decreto 2591 de 1991, en el artículo 6,
indica que: “La acción de tutela no procederá: […] 4. Cuando sea evidente que
la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la
acción u omisión violatoria del derecho”.
[32] Corte Constitucional. Sentencia T-472 de
2017.
[33] El artículo 26 del Decreto 2591 de 1991
dispone que: “[s]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución,
administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación
impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización
y de costas, si fueren procedentes”.
[34] Se ha empezado a diferenciar por la
jurisprudencia una tercera modalidad de eventos en los que la protección
pretendida del juez de tutela termina por carecer por completo de objeto. Al
respecto ver las sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013, T-481
de 2016 y T-158 de 2017
[35] El Decreto 2591 de 1991, en el artículo 25,
regula la hipótesis excepcional de procedencia de la indemnización de
perjuicios en el trámite de la acción de la tutela.
[36] El artículo 24 del Decreto 2591 de 1991
dispone que: “ARTÍCULO 24. PREVENCION A LA AUTORIDAD. Si al concederse la
tutela hubieren cesado los efectos del acto impugnado […] en el fallo se
prevendrá a la autoridad pública para que en ningún caso vuelva a incurrir en
las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si
procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en
el artículo correspondiente de este Decreto, todo son perjuicio de las
responsabilidades en que ya hubiere incurrido. El juez también prevendrá a la
autoridad en los demás casos en que lo considere adecuado para evitar la
repetición de la misma acción u omisión”.
[37] Decreto 2591 de 1991, “Por el cual se reglamenta la
acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. Artículo 10. Legitimidad e interés. “La acción de tutela podrá ser
ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada
en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar
derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de
promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud. También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y
los personeros municipales. […]”. En lo referente a la figura de la Agencia
oficiosa en materia de la acción de tutela ver las sentencias: T-531 de 2002 y
T-452 de 2001.
[38] Ibídem. Artículo 5o. “Procedencia de la acción de tutela. La acción de
tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que
haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de
particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este
Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción
de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito”.
[39] Ley 1002 de 2005, “Por la cual se
transforma el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en
el Exterior, Mariano Ospina Pérez, Icetex, en una entidad financiera de
naturaleza especial y se dictan otras disposiciones” Según el artículo 2 de
esta norma, el objeto del Icetex es “el fomento social de la educación
superior, priorizando la población de bajos recursos económicos y aquella con
mérito académico en todos los estratos a través de mecanismos financieros que
hagan posible el acceso y la permanencia de las personas
a la educación superior, la canalización y administración de recursos, becas y
otros apoyos de carácter nacional e internacional, con recursos propios o de
terceros. El Icetex cumplirá su objeto con criterios de cobertura, calidad y
pertinencia educativa, en condiciones de equidad territorial. Igualmente
otorgará subsidios para el acceso y permanencia en la educación superior de los
estudiantes de estratos 1, 2 y 3. […]”.
[40] Corte Constitucional. Sentencia SU-961 de
1999.
[41] En relación con la procedencia de la acción
de tutela en asuntos que involucran al ICETEX, ver entre otras, Corte
Constitucional, Sentencia T-508 de 2016.
[42] Cuaderno 1. Folio 26.
[43] Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho fundamental
de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo”. Artículo 14 “Términos para resolver las
distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de
sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince
(15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la
resolución de las siguientes peticiones: 1. Las peticiones de documentos y de información
deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si
en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos
los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por
consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos
documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro
de los tres (3) días siguientes. 2. Las peticiones mediante las cuales se eleva
una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán
resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción”.
[44] Cuaderno 1. Folio 24.
[45] Reglamento Operativo, Fondo Especial de
Créditos Educativos para estudiantes de las Comunidades Negras. “La Junta
Asesora Nacional del FONDO ESPECIAL DE CRÉDITOS EDUCATIVOS PARA LAS COMUNIDADES
NEGRAS -FECECN, en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 16
del Decreto 1627 de 1996, expide el nuevo Reglamento Operativo del Fondo
Especial de Créditos Educativos para las Comunidades Negras, teniendo en cuenta
que: 1. Se hace necesario garantizar la inclusión al Sistema de Educación
Superior de las Comunidades Negras de las diferentes regiones del país. 2. Las
oportunidades de ingreso a la Educación Superior de las Comunidades Negras
deben ser igualmente accesibles a todos y todas, teniendo en cuenta las
condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas. 3. Es necesario
garantizar las condiciones y criterios que definan las formas en que los/las
aspirantes de los Créditos condonables puedan beneficiarse de manera
transparente, con equidad e igualdad. 4. La pertinencia y definición de este
Reglamento Operativo está ajustada a las políticas públicas de acceso a la
Educación Superior; es un instrumento operativizador y orientador tanto para
las Comunidades Negras, como para Junta Asesora Nacional del Fondo Especial de
Créditos Educativos para los miembros de las Comunidades Negras, ya que
contiene los lineamientos conceptuales y metodológicos y la ruta estratégica
para acceder sin inconvenientes al mismo”.
[46] Cuaderno 1. Folio 26.
[47] Cuaderno 1. Folio 19.
[48] Cuaderno 2. Folios 1 y 6.
[49] Reglamento Operativo del Fondo Especial de
Créditos Educativos para Estudiantes de las Comunidades Negras, (Versión
aprobada Junta Asesora Nacional 3 de agosto de 2016). “ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.
Desembolso: Una vez el ICETEZ surta el proceso de legalización, procederá a
realizar el desembolso, girando el valor del crédito de la siguiente manera:
1. A la Institución de Educación Superior – IES-: Cuando el total del
desembolso sea destinado para el pago de la matrícula.
2. Al estudiante: Cuando el beneficiario haya efectuado el pago a la
Institución de Educación Superior IES del valor de la matrícula.
3. Al estudiante: Cuando, realizado el desembolso de la matrícula a la
Institución de Educación Superior IES y haya queda un excedente, dicho
excedente será girado al estudiante para sostenimiento, materiales de estudio o
transporte”.
[50] Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991: “PREVENCION
A LA AUTORIDAD. Si al concederse la tutela hubieren cesado
los efectos del acto impugnado, o éste se hubiera consumado en forma que no sea
posible restablecer al solicitante en el goce de su derecho conculcado, en el
fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en ningún caso vuelva a
incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela,
y que, si procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo
establecido en el artículo correspondiente de este Decreto, todo sin perjuicio
de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido. // El juez también
prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo considere adecuado para
evitar la repetición de la misma acción u omisión”.
[51] Sentencias T-470 de 1998 M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa, T-606 de 2000 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-1725 de 2000
M.P. Fabio Morón Díaz, T-155 de 2010 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y T-903
de 2014 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[52] Sentencia
T-155 de 2010 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[53] Sentencias T-606 de 2000 M.P. Álvaro Tafur Galvis y T-903 de 2014
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.