T-434-09
Sentencia T-434/09
Sentencia
T-434/09
Referencia: expediente T-2207039
Acción de tutela instaurada por Nohora
Judith Patricia Ramírez de Bonilla, contra el Tribunal Administrativo del Tolima
y el Consejo de Estado, Sección Quinta
Procedencia: Consejo de Estado, Sección
Primera
Magistrado Ponente:
Dr. NILSON PINILLA PINILLA
Bogotá, D. C., dos (2) de julio de dos mil nueve
(2009).
La
Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Nilson Pinilla Pinilla y Humberto
Antonio Sierra Porto, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en la revisión del fallo adoptado por el Consejo de
Estado, Sección Primera, dentro de la acción de tutela instaurada por la señora
Nohora Judith Patricia Ramírez de Bonilla, contra el Tribunal Administrativo
del Tolima y la Sección Quinta del Consejo de Estado.
El expediente arribó a la Corte Constitucional por
remisión efectuada por la  Secretaría General del referido Consejo, en virtud
de lo ordenado por el inciso final del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. La
Sala Tercera de Selección de Tutelas de esta Corte eligió en marzo 19 de 2009,
para efectos de su revisión, el asunto de la referencia, no siendo aprobado el
proyecto presentado por el Magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub en julio 2
siguiente, correspondiendo entonces la ponencia al Magistrado que sigue en
turno en orden alfabético.
I. ANTECEDENTES.
Mediante apoderado, la señora Nohora Judith Patricia
Ramírez de Bonilla promovió acción de tutela en octubre 22 de 2008, contra el
Tribunal Administrativo del Tolima y la Sección Quinta del Consejo de Estado,
reclamando la protección de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la
igualdad, a la imparcialidad y al acceso efectivo a la administración de
justicia, al buen nombre y a la participación en política, según los hechos que
a continuación son resumidos.
A. Hechos y narración efectuada en la demanda.
1. Refiere el apoderado de la señora Nohora Judith
Patricia Ramírez de Bonilla, que siendo su asistida diputada de la Asamblea
Departamental del Tolima, período 2008-2011, el ciudadano Germán Eduardo Acuña
Lozada instauró acción contencioso administrativa solicitando la nulidad del
Acta General del Escrutinio Departamental, por medio de la cual se declaró la
referida elección.
En la demanda contenciosa se invocó la configuración
de la causal de inhabilidad consagrada en el numeral 5° del artículo 33 de la
Ley 617 de 2000, por haber existido entre la señora Nohora Judith Patricia
Ramírez de Bonilla y el señor Fernando Lozada Acosta, Alcalde de Armero –
Guayabal (Tolima), una unión marital de hecho durante los doce meses anteriores
a la elección de aquélla como diputada.
2. Mediante sentencia de abril 25 de 2008, el Tribunal
Administrativo del Tolima declaró la nulidad del Acta General de Escrutinio
Departamental y ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil la
exclusión del cómputo general de votos contenidos en la referida acta, respecto
de la declaratoria de elección de la señora Nohora Judith Patricia Ramírez de
Bonilla.
Por apoderado, la señora Nohora Judith Patricia
Ramírez de Bonilla interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto en
fallo de septiembre 4 de 2008, proferido por la Sección Quinta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, confirmando la decisión
impugnada.
3. El ahora apoderado de la señora Ramírez de Bonilla
interpuso la demanda que da motivo a la presente acción, donde alegó que en las
sentencias del Tribunal Administrativo del Tolima y de la Sección Quinta del
Consejo de Estado, se incurrió en defectos sustantivos, orgánicos,
procedimentales y fácticos, que hacen procedente el amparo en sede de tutela.
Indicó que las pruebas aportadas no evidencian el
cumplimiento de los presupuestos para la comprobación de una unión marital de
hecho, que estructure una causal de inhabilidad, por lo cual estima que las
decisiones se basaron en inferencias que no constituyen más que “un conjunto
de hechos aislados que de ninguna manera tienen la vocación de prueba
indiciaria”.
Planteó
entonces que en las instancias se valoraron indebidamente los documentos
allegados al proceso, habida cuenta que con aquellos elementos no podía
demostrarse la existencia de una unión marital entre la señora Ramírez de
Bonilla y Fernando Lozada Acosta. Agregó que se tuvo por cierta esa relación,
confundiéndola en lo sustancial y jurídico con circunstancias de amistad,
compañerismo y solidaridad política.
El
apoderado alegó también que se conculcó “el derecho de igualdad procesal”,
pues en las instancias no se analizó una declaración extrajudicial rendida ante
notario por la señora Alexandra Cruz Arana, quien aseveró convivir en unión
libre con el señor Fernando Lozada Acosta, desconociéndose el numeral 2° del
artículo 10° de la Ley 446 de 1998, que no exige la ratificación de los
documentos de contenido declarativo emanados de terceros, salvo cuando sea
solicitada de oficio o a instancia de parte.
Igualmente,
se adujo la vulneración de los derechos al buen nombre, honra y dignidad, y a
la intimidad personal y familiar, al endilgarle a la señora Nohora Judith
Patricia Ramírez de Bonilla hechos que no fueron demostrados dentro del proceso
y carecen de veracidad. A su vez, planteó la privación de la garantía a la
participación en política, al separarle de un cargo para el cual fue electa
popularmente, privándola del derecho a la vida política y a la representación
de la comunidad.
Con esos argumentos, solicitó la protección de los
derechos invocados y, en consecuencia, declarar nulas y sin efecto las
decisiones referidas, al igual que las actuaciones judiciales y administrativas
surtidas con posterioridad.
B. Documentos relevantes cuya copia fue allegada con
la demanda.
1. Expediente 73-001-23-00-000-2007-00713-00,
correspondiente a la acción electoral que cursó ante el Tribunal Administrativo
del Tolima, interpuesta por Germán Eduardo Acuña Lozano (fs. 40 a 122 y 263 a 379
cd. inicial).
2. Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
del Tolima, en abril 25 de 2008 (fs. 123 a 146 ib.).
3. Fallo de segunda instancia dictado por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, en septiembre 4 siguiente (fs. 212 a 249 ib.).
II. ACTUACIÓN PROCESAL.
La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante auto
de octubre 23 de 2008, admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los
Magistrados de la Sección Quinta de esa corporación y al señor Germán Eduardo
Acuña Lozano, quien guardó silencio (fs. 382 y 383 cd. inicial).
A. Respuesta de la Sección Quinta del Consejo de
Estado.
La Consejera María Nohemí Hernández Pinzón, mediante
escrito de noviembre 11 de 2008 (fs. 388 a 392 ib), solicitó rechazar por
improcedente la acción, argumentando que cuando este mecanismo es utilizado
para controvertir providencias judiciales, el proceso dentro del cual fueron
proferidas constituye el medio de defensa idóneo y eficaz para la protección de
los derechos.
Igualmente, planteó que las razones esbozadas por el
apoderado de la accionante no constituyen ninguna de las causales genéricas de
procedencia de la tutela. Así, refirió que la señora Nohora Judith Patricia
Ramírez de Bonilla acudió a la tutela como una instancia adicional para que
sean nuevamente valorados los medios probatorios, desconociendo que se trata de
un mecanismo excepcional.
Indicó además que en la sentencia proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado no se ignoró ninguna de las pruebas relevantes,
asignándoles el mérito probatorio que acorde con la sana crítica les
correspondía. La apreciación probatoria estableció la configuración de la
causal de inhabilidad imputada y no hay base sólida para afirmar que fue
desconocido el sentido y alcance de una prueba.
Tratándose de la censura que elevó el apoderado de la
señora Nohora Judith Patricia Ramírez de Bonilla, según la cual la declaración
extraproceso es un documento declarativo proveniente de un tercero, la
Magistrada puntualizó que su naturaleza es la de un documento público y no
privado, frente al cual no se cumplió el “debido proceso probatorio”, de
modo que no había lugar a su apreciación por el funcionario judicial.
Finalmente, frente al presunto desconocimiento de
precedentes jurisprudenciales acerca de la unión marital de hecho, advirtió que
en la sentencia del Consejo de Estado fueron analizados los presupuestos que la
conforman y con fundamento en las pruebas obrantes en el proceso, se demostraba
esa vínculo entre la señora Nohora Judith Patricia Ramírez de Bonilla y el
señor Fernando Lozada Acosta.
B. Fallo único de instancia.
La Sección Primera del Consejo de Estado,
mediante sentencia de noviembre 26 de 2008 que no fue impugnada, resolvió: “NIÉGASE,
por improcedente” la tutela, argumentando que esta acción no procede contra
decisiones judiciales proferidas en procesos judiciales dentro de los cuales
las partes han tenido plena posibilidad de hacer valer todos los derechos que
les asisten.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Primera. Competencia.
Esta corporación es competente para
examinar, en Sala de Revisión, el asunto que ha llegado a su conocimiento, al
tenor de lo dispuesto en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución y
31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Segunda. El asunto objeto de discusión.
Corresponde a esta Sala de
Revisión determinar si los derechos invocados por el apoderado de la señora Nohora Judith Patricia Ramírez de Bonilla, fueron vulnerados por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, al proferir una sentencia que confirmó un fallo del Tribunal
Administrativo del Tolima, que anuló el Acta General de Escrutinio
Departamental que la declaró diputada de ese departamento, al encontrar
demostrada una causal de inhabilidad.
Para resolver la situación planteada, la
Sala se referirá primero al supuesto excepcionalísimo bajo el cual procede el
amparo constitucional contra decisiones judiciales que pongan fin a un proceso.
Acto seguido examinará si en el presente asunto concurre tan rigurosa
excepción; únicamente de ser así, abordará el estudio de las glosas planteadas
por el demandante y, a partir de ello, resolverá lo que en derecho corresponda.
Tercera.
Por regla general, la acción de tutela no procede contra decisiones judiciales.
Como es bien sabido, mediante sentencia C-543 de
octubre 1° de 1992, M. P. José Gregorio Hernández Galindo, la Corte declaró la
inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 (también, desde otro
enfoque, fueron entonces excluidos del ordenamiento jurídico los artículos 11 y
12 ibídem), norma que establecía reglas relacionadas con el trámite de
acciones de tutela contra determinaciones judiciales que pongan fin a un
proceso, cuya inconstitucionalidad derivó de afirmarse la improcedencia del
amparo contra tal clase de providencias, salvo si se trata de una ostensible y
grave “actuación de hecho”, perpetrada por el propio funcionario
judicial.
Entre otras razones, se estimó inviable el especial
amparo constitucional ante diligenciamientos reglados dentro de los cuales
están previstos, al interior del respectivo proceso, mecanismos de protección
de garantías fundamentales.
Al respecto, al estudiar el asunto frente al tema del “principio
democrático de la autonomía funcional del juez”, reconocido expresamente en
la Constitución Política, esta corporación determinó que el juez de tutela no
puede extender su decisión para resolver la cuestión litigiosa, obstaculizar el
ejercicio de diligencias ordenadas por el juez ordinario, ni modificar sus
providencias, o cambiar las formas propias de cada juicio, lo cual sí violaría gravemente
los principios constitucionales del debido proceso.
En el referido pronunciamiento se expuso (en el texto
original sólo está en negrilla “de hecho”, del primer párrafo que se
cita):
“Ahora bien, de conformidad con el concepto
constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen
esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus
resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado.
En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u
omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no
significa que proceda dicha acción contra sus providencias. Así, por
ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha
incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que
proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni
riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones
de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o
amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar
un perjuicio irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada
la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la
Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo
por el juez ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º
del Decreto 2591 de 1991). En hipótesis como éstas no puede hablarse de
atentado alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se
trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia.
Pero, en cambio, no está dentro de las atribuciones
del juez de tutela la de inmiscuirse en el trámite de un proceso judicial en
curso, adoptando decisiones paralelas a las que cumple, en ejercicio de su
función, quien lo conduce, ya que tal posibilidad está excluida de plano en los
conceptos de autonomía e independencia funcionales (artículos 228 y 230 de la
Carta), a los cuales ya se ha hecho referencia.
De ningún modo es admisible, entonces, que quien
resuelve sobre la tutela extienda su poder de decisión hasta el extremo de
resolver sobre la cuestión litigiosa que se debate en un proceso, o en relación
con el derecho que allí se controvierte.
No puede, por tanto, proferir resoluciones o mandatos
que interfieran u obstaculicen diligencias judiciales ya ordenadas por el juez
de conocimiento, ni modificar providencias por él dictadas, no solamente por
cuanto ello representaría una invasión en la órbita autónoma del juzgador y en
la independencia y desconcentración que caracterizan a la administración de
justicia (artículo 228 C.N.), sino porque, al cambiar inopinadamente las reglas
predeterminadas por la ley en cuanto a las formas propias de cada juicio
(artículo 29 C.N.), quebrantaría abierta y gravemente los principios
constitucionales del debido proceso. Lo anterior sin tener en cuenta la ostensible
falta de competencia que podría acarrear la nulidad de los actos y
diligencias producidos como consecuencia de la decisión con los consiguientes
perjuicios para las partes, la indebida prolongación de los procesos y la
congestión que, de extenderse, ocasionaría esta práctica en los despachos
judiciales.
De las razones anteriores concluye la Corte que no
procede la acción de tutela contra ninguna providencia judicial, con la única
salvedad del perjuicio irremediable, desde luego aplicada en este evento como
mecanismo transitorio supeditado a la decisión definitiva que adopte el juez
competente.”
Las razones tenidas en cuenta para apoyar esta
posición jurisprudencial están consolidadas, con la fortaleza inamovible
erigida por lo dispuesto en el inciso 1º del artículo 243 superior, a partir de la declaratoria de inexequibilidad de
los removidos artículos del Decreto 2591 de 1991, como quiera que la parte
resolutiva de dicha sentencia está protegida por la garantía de la cosa juzgada
constitucional, luego es de obligatoria observancia.
En sustento de esa decisión, entre
otras consideraciones convergentemente definitorias, además se plasmó lo
siguiente (sólo están en negrilla en el texto original las expresiones “alternativo”,
“último” y “único”):
“La acción de tutela no es, por
tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar
el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance
del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de
protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos
que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena
protección de sus derechos esenciales.
Se comprende, en consecuencia,
que cuando se ha tenido al alcance un medio judicial ordinario y, más aún,
cuando ese medio se ha agotado y se ha adelantado un proceso, no puede
pretenderse adicional al trámite ya surtido una acción de tutela, pues al tenor del artículo 86
de la Constitución, dicho mecanismo es improcedente por la sola existencia de
otra posibilidad judicial de protección, aún sin que ella haya culminado en un
pronunciamiento definitorio del derecho. Bien puede afirmarse que,
tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el
medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus
remotos orígenes.”
En relación con el mismo asunto,
y particularmente sobre el cumplimiento por parte del proceso de una “función
garantizadora del derecho”, agregó (no está en negrilla en el texto
original):
“Así, pues, no corresponde a las reglas de
hermenéutica ni se compadece con los principios de la lógica asumir que el
Constituyente de 1991 consagró la acción de tutela como medio  de defensa contra
los resultados de los procesos que él mismo hizo indispensables en el artículo
29 de la Constitución para asegurar los derechos de todas las personas.
Debe entenderse, por el contrario, como lo ha entendido desde su instauración
el constitucionalismo, que los procesos han sido instituidos en guarda de la
justicia y la equidad, con el propósito de asegurar a los gobernados que el
Estado únicamente resolverá las controversias que entre ellos se susciten
dentro de límites clara y anticipadamente establecidos por la ley, con el
objeto de evitar los atropellos y las resoluciones arbitrarias, desde luego
dentro de la razonable concepción, hoy acogida en el artículo 228 de la Carta,
sobre prevalencia del derecho sustancial, cuyo sentido no consiste en eliminar
los procesos sino en impedir que el exagerado culto a las ritualidades
desconozca el contenido esencial y la teleología de las instituciones
jurídicas.
Así concebido, el proceso cumple una función
garantizadora del Derecho y no al contrario, razón por la cual no puede
afirmarse que su efectiva aplicación ni la firmeza de las decisiones que con
base en él se adoptan tengan menor importancia para la protección de los
derechos constitucionales fundamentales que el instituto previsto en el
artículo 86 de la Constitución.”
De la misma providencia C-543 de 1992, refréndase que “si
la tutela es un mecanismo subsidiario o supletorio, según queda demostrado, es
clara su improcedencia cuando ya se han producido no sólo un proceso, en el
cual se encuentran comprendidos todos los recursos y medios judiciales que
autoriza la ley, sino también una providencia definitiva que puso fin al mismo”.
Igualmente, con fundamento en que el constituyente
estableció jurisdicciones autónomas y separadas cuyo funcionamiento ha de ser
desconcentrado, esa sentencia puntualizó que “no encaja dentro de la
preceptiva fundamental un sistema que haga posible al juez, bajo el pretexto de
actuar en ejercicio de la jurisdicción Constitucional, penetrar en el ámbito
que la propia Carta ha reservado a jurisdicciones como la ordinaria o la
contencioso administrativa a  fin de resolver puntos de derecho que están o
estuvieron al cuidado de estas”.
Sin embargo, a partir de algunas manifestaciones que
la propia Corte incluyó dentro de esa providencia, entre ellas que los jueces
de la República tienen el carácter de autoridades públicas, y pueden incurrir
en “actuaciones” de hecho, fue dándose origen a la doctrina de la vía
de hecho, a partir de la cual, de forma muy excepcional, se permite el uso
de la acción de tutela para cuestionar aquellas “decisiones” que por
contrariar de manera grave, flagrante y grosera el ordenamiento constitucional,
no puedan en realidad reputarse como verdaderos pronunciamientos judiciales.
Así, siendo claro e indiscutible que también los
administradores de justicia deben respeto a la Constitución y a las leyes, más
aún en el ejercicio de sus competencias, ello implica que las decisiones
judiciales han de ser adoptadas con estricto apego al ordenamiento jurídico, en
el cual la primacía de los derechos fundamentales ocupa un lugar significativo.
En ese sentido, el proceso ordinario constituye el espacio idóneo para lograr
la eventual corrección de las actuaciones que constituyan afectaciones a esas
garantías que resulten comprometidas.
En la jurisprudencia de esta corporación se ha venido
desarrollando así, desde 1993 hasta sus más recientes pronunciamientos, la
noción de la vía de hecho[1], al igual que, especialmente
en los últimos años, la concepción de algunos requisitos generales de
procedencia y, sobre todo, causales especiales de procedibilidad.
Con todo, es preciso tener en cuenta que la acción de tutela se encuentra
reservada para aquellos eventos en los cuales se presente una verdadera
conculcación de un derecho fundamental, lo cual suele traducirse en actuaciones
arbitrarias, ostensiblemente opuestas al ordenamiento jurídico, al punto de
requerirse la intervención del juez de tutela como única vía para su
restablecimiento, pues de otra forma el instrumento de amparo consignado en el
artículo 86 superior habría de convertirse en un mecanismo especial de enmienda
de las decisiones judiciales, interpretación que resulta por completo ajena a
la especial naturaleza con la cual ha sido concebida la acción de tutela.
En esta misma línea, la Corte ha realzado que la
circunstancia de que el juez de tutela pueda, por rigurosa excepción, revisar
una decisión judicial tildada de arbitraria, no lo convierte en juez de
instancia, ni puede llevarle a sustituir a quien lo es. En efecto, el amparo
constitucional constituye una confrontación de la actuación judicial con el texto
superior, para la estricta verificación del cumplimiento y garantía de los
derechos fundamentales, que no puede conducir a que se imponga una
interpretación de la ley o una particular forma de apreciación probatoria, que
se considere más acertada a la razonadamente expuesta en el proceso y en la
sentencia respectiva[2].
A su vez, es importante considerar que si bien la
jurisprudencia constitucional ha paulatinamente admitido la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por la claridad y el efecto de
cosa juzgada (art. 243 Const.) inmanente a las decisiones contenidas en la
referida C-543 de 1992, no sería menos pertinente ni valedero tomar en cuenta
también los parámetros de racionalidad dentro de los cuales el legislador
extraordinario de 1991 quiso enmarcar la procedencia de esta acción.
En este sentido, es oportuno añorar el contenido del
inciso final del parágrafo 1° del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que por
esa decisión fue declarado inexequible: “La tutela no procederá por errónea
interpretación judicial de la ley ni para controvertir pruebas.”
De otra parte, la sentencia C-590 de junio 8 de 2005, M.
P. Jaime Córdoba Triviño, circunscrita al estudio y declaración de inexequibilidad
de un segmento normativo del artículo 185 de la Ley 906 de 2004, que conducía a
la proscripción de la acción de tutela contra sentencias de casación penal,
contiene también importantes reflexiones, muy pertinentes al propósito de fijar
el ámbito estrictamente excepcional dentro del cual es constitucionalmente
admisible la tutela contra decisiones judiciales.
Sobre el tema expuso en esa ocasión esta corporación
que “no puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del
derecho legislado ni suplantar al juez natural en su función esencial como juez
de instancia” (no está en negrilla en el texto original).
En esa misma providencia se expone previamente lo siguiente
(tampoco está en negrilla en el texto original):
“21. A pesar de que la Carta Política indica
expresamente que la acción de tutela procede ‘por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública’ susceptible de vulnerar o amenazar derechos
fundamentales, en algunos ámbitos se ha cuestionado su procedencia contra
sentencias, no obstante tratarse de actos emanados de jueces y tribunales en
tanto autoridades públicas y la consecuente posibilidad, aunque sumamente
excepcional, de que a través de tales actos se vulneren o amenacen derechos
fundamentales.
Sin embargo, el panorama es claro ya que como regla
general la acción de tutela no procede contra decisiones judiciales y esto
por varios motivos. Entre ellos, en primer lugar, el hecho que las
sentencias judiciales constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y
realización de los derechos fundamentales proferidos por funcionarios
profesionalmente formados para aplicar la Constitución y la ley; en segundo
lugar, el valor de cosa juzgada de las sentencias a través de las cuales se
resuelven las controversias planteadas ante ellos y la garantía del principio
de seguridad jurídica y, en tercer lugar, la autonomía e independencia
que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público inherente
a un régimen democrático.
En cuanto a lo primero, no puede desconocerse que la
administración de justicia, en general, es una instancia estatal de
aplicación del derecho, que en cumplimiento de su rol debe atenerse a la
Constitución y a la ley y que todo su obrar debe dirigirse, entre otras cosas,
a garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitución, incluidos, obviamente, los derechos fundamentales. Si
esto es así, lo obvio es que las sentencias judiciales se asuman como
supuestos específicos de aplicación del derecho y que se reconozca su
legitimidad en tanto ámbitos de realización de fines estatales y, en
particular, de la garantía de los derechos constitucionales.
En cuanto a lo segundo, no debe perderse de vista que
el derecho, desde la modernidad política, es la alternativa de legitimación del
poder público y que tal carácter se mantiene a condición de que resulte un
instrumento idóneo para decidir, de manera definitiva, las controversias
que lleguen a suscitarse pues sólo de esa forma es posible definir el alcance
de los derechos y crear las condiciones necesarias para su adecuado disfrute. De
allí el valor de cosa juzgada de que se rodean las sentencias judiciales y la
inmutabilidad e intangibilidad inherentes a tales pronunciamientos, pues de no
ser así, esto es, de generarse una situación de permanente incertidumbre en
cuanto a la forma como se han de decidir las controversias, nadie sabría el
alcance de sus derechos y de sus obligaciones correlativas y todos los
conflictos serían susceptibles de dilatarse indefinidamente. Es decir, el
cuestionamiento de la validez de cualquier sentencia judicial resquebrajaría el
principio de seguridad jurídica y desnudaría la insuficiencia del derecho como
instrumento de civilidad.
Y en cuanto a lo tercero, no debe olvidarse que una
cara conquista de las democracias contemporáneas viene dada por la autonomía e
independencia de sus jueces. Estas aseguran que la capacidad racionalizadora
del derecho se despliegue a partir de las normas de derecho positivo y no de
injerencias de otros jueces y tribunales o de otros ámbitos del poder público.
De allí que la sujeción del juez a la ley constituya una garantía para los
asociados, pues estos saben, gracias a ello, que sus derechos y deberes serán
definidos a partir de la sola consideración de la ley y no por razones
políticas o de conveniencia.
22. Con todo, no obstante que la improcedencia de la
acción de tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos
ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales
inherente a los fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las
sentencias y con la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción
en la estructura del poder público; ello no se opone a que en supuestos sumamente
excepcionales la acción de tutela proceda contra aquellas decisiones que
vulneran o amenazan derechos fundamentales.”
Empero, luego de esos categóricos raciocinios, en la
citada providencia fueron compilados los denominados “requisitos generales
de procedencia” y las “causales generales de procedibilidad”, siendo
catalogados los primeros de la siguiente manera:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede
entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[3].
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[4].
De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[5].
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o
aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora[6].
No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay
lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable
tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y
que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible[7]. Esta exigencia es
comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[8].
Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para
revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.”
Adicionalmente se indicó que, “para que
proceda una acción de tutela
contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de
requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar
plenamente demostradas”, siendo agrupadas de la siguiente forma:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente,
de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina
cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece
del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos
en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[9]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de
un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado[10].
i. Violación directa de la Constitución.”
Recapitulando esos desarrollos jurisprudenciales,
merece también especial atención el planteamiento de la Corte Constitucional en
cuanto a la labor específica del juez de tutela, en punto a que no puede
desconocer “los conceptos y principios de autonomía, independencia de los
jueces, acceso a la administración de justicia, seguridad jurídica y vigencia
del Estado social de derecho”[11].
Es entonces desde las rigurosas perspectivas expuestas
en precedencia, donde además converge el deber impostergable de ofrecer amparo
efectivo a los derechos fundamentales y el compromiso de acatar los principios
que acaban de ser enunciados, que el juez constitucional
debe avocar el análisis cuando quiera que se plantee por parte de quienes
acudieron a un proceso judicial ordinario, la supuesta vulneración de sus
garantías fundamentales como resultado de providencias entonces proferidas.
Cuarta. La valoración probatoria en
materia contencioso administrativa.
4.1. Desde el preámbulo y en
los artículos 2º, 29, 228, 229 y 250 de la Carta, se reclama asegurar a los
integrantes de la Nación, entre otras garantías, la justicia, y se indica como
una de las finalidades esenciales del Estado precaver no sólo la efectividad de
los principios, derechos y deberes, sino la vigencia de un orden justo, dentro
del cual se encuentra el acceso a la administración de justicia[12],
que debe ser debida, oportuna y acertadamente impartida.
En desarrollo de esos
principios y finalidades, en el artículo 29 superior se ha consagrado que el
debido proceso debe aplicarse tanto a las actuaciones judiciales como a las
administrativas, garantía dentro de la cual se encuentra, no sólo en el ámbito
del ius puniendi, la materialización de los derechos de defensa y
contradicción, con la potestad reglada de presentar pruebas y controvertir
aquéllas que se alleguen en contra de cualquier persona.
La referida facultad o potestad del
interesado dentro de un proceso judicial o una
actuación administrativa, además de permitirle presentar las pruebas que
considere necesarias para demostrar los supuestos fácticos de las normas que
desea sean aplicadas o no a una situación en particular, también envuelve la
garantía de que el funcionario judicial o administrativo, según el caso, les
brinde el valor probatorio correspondiente, pues como se indica en los
instrumentos internacionales reseñados en la nota 12 de pie de esta página,
dentro de las denominadas garantías judiciales se cuenta con el derecho a ser
oído por el juez o tribunal competente, en igualdad y total imparcialidad.
4.2.
Por orientación del artículo 168 del Código Contencioso Administrativo, en los
procesos que se tramiten ante esa jurisdicción, en materia probatoria se
aplicarán en aquellos aspectos que resulten compatibles las disposiciones del procedimiento
civil relacionadas con la admisibilidad de los medios de prueba, la forma de
practicarlos y los criterios de valoración. Esa remisión conlleva que en
materia contencioso administrativa se puedan aplicar normas como las contenidas
en el estatuto procesal civil, en las cuales se regulen los temas referidos con
antelación, siempre que no resulte contrario a la Constitución y a los
preceptos del Código Contencioso Administrativo.
Igualmente,
el artículo 267 ibídem consagra el principio de integración normativa,
según el cual en los aspectos no contemplados en dicho Código, se seguirá lo
pertinente del Código de Procedimiento Civil “en lo que sea compatible con
la naturaleza de los proceso y actuaciones que correspondan a la jurisdicción
contencioso administrativa”.
Resultan
así aplicables en materia de necesidad de la prueba, entre otros, el artículo
174 CPC, según el cual toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas
regular y oportunamente allegadas al proceso, pudiéndose rechazar in limine,
sólo las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos
notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas (art. 178).
Tratándose de la valoración de las pruebas (art. 187
ib.) se estipula que deben ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las
reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades contenidas en la
ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos, imponiéndosele
además al juez la obligación de exponer razonadamente el mérito que le asigne a
cada prueba.
Entonces,
por remisión expresa de la norma procesal, también en los procedimientos ante
la jurisdicción contencioso administrativa al juez le corresponde apreciar las
pruebas en conjunto bajo los postulados de la sana crítica, esto es, el
prudente juicio al momento de la valoración probatoria con fundamento en la
lógica, la ciencia y la experiencia, que se materializa en el fallo, garantizándole
a las partes la utilización y análisis de los instrumentos o medios conducentes
para la protección de sus intereses.
Por
resultar pertinente, recuérdese que la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia en sentencia de junio 6 de 1995, M. P. Javier Tamayo
Jaramillo, entre muchas otras, ha reiterado que acorde con el principio de
apreciación en conjunto las pruebas no pueden ser evaluadas aisladamente,
sino cotejadas sistemáticamente, con los demás medios allegados al proceso.
Al
respecto, en la referida providencia se indicó:
“En tal orden de ideas,
viene al caso señalar que, como lo ha expresado esta Corporación: ‘El principio
de la apreciación en conjunto de las pruebas instituido en el artículo 187 del
C. de P.C., halla su origen en el de la comunidad de las mismas. Por virtud de
este último, una vez practicadas, las pruebas pertenecen al proceso y no a
quien las solicitó. De modo que al pasar a corresponder al proceso, y, por
ende, a servirle a todas las partes que en él intervienen, aparece como lógico
señalar que su apreciación no se puede cumplir de manera aislada; que, por el
contrario, esa labor, para que sea cabal, tiene que realizarse a partir de la
comparación recíproca de los distintos medios, con el propósito fundamental de
averiguar por sus puntos de convergencia o de divergencia respecto de las
varias hipótesis que en torno a lo que es materia del debate puedan suscitarse.
Establecidos los aspectos en los cuales las pruebas concuerdan, o se
contradicen, el juzgador se podrá dirigir a concretar aquellos hechos que, en
su sentir, hubieren quedado demostrados como fruto de la combinación o
agrupación de los medios, si es que en estos nota la suficiente fuerza de
convicción para ese propósito.
‘De ahí que se halla dicho,
con razón, que la cuestión concerniente al mérito de las pruebas debe ser
examinada desde un doble punto de vista pues ha de serlo no sólo en cuanto al
medio en sí, sino también con base en su cotejo con los restantes y siempre en
función de la visión sistemática que arroje el material probatorio. Por eso es
posible que medios que, considerados en sí mismos, no sean susceptibles de
reproche, no obstante, al tratar de conectarlos con las otras piezas
probatorias, pierdan toda importancia; pero, también es posible que cuando se
les contempla de una manera aislada no se les halla mayor significación, al
unirlos o interrelacionarlos con otras pruebas, aflore todo su grado de
persuasión para la elaboración del trazado fáctico del proceso.
‘Este principio de la
apreciación en conjunto de las pruebas es un complemento natural del método
adoptado por el Código en el mismo artículo 187 para la estimación de aquellas:
si, con las conocidas excepciones legales, el análisis de las pruebas no se
encuentra predeterminado por normas legales que señalen el valor que les atañe,
sino que debe ser abordado con un criterio eminentemente lógico y científico, claramente
comprensible resulta que la susodicha tarea no se puede adelantar dejando de
relacionar los medios en pos de una visión amalgamada o coherente de los hechos
porque, pensando de otro modo, ello conduciría a que de estos se dé una
figuración errática, fragmentaria o descoordinada’. (Casación Civil, marzo 4 de
1991).”
4.3. En cuanto a posibles
manifestaciones de “vía de hecho”, en casos específicos, puede
recordarse que en materia probatoria la Corte ha puntualizado que acaece un
quebranto de tal magnitud, cuando el juez de manera arbitraria, omite apreciar
aquellas pruebas que ostensiblemente inciden de manera determinante contra la
decisión adoptada[13].
Esa clase de desatinos, además
de tener tal incidencia directa en la decisión, deben ser patentes, flagrantes
y manifiestos, toda vez que el juez constitucional no puede convertirse en una
instancia para revisar las decisiones de los funcionarios judiciales[14].
De esta forma, cuando al
efectuar la valoración en conjunto de los elementos probatorios el operador
judicial omite considerar alguno que sea determinante para la decisión objeto
del litigio, siempre que haya sido allegado legal y oportunamente al proceso y
no se motive razonablemente el origen de la exclusión, se afectan las garantías
de acopio probatorio, contradicción y defensa, al igual que, por ende, el
derecho a ser oído del sujeto procesal a cuyo favor opere concluyentemente la
prueba y el debido proceso.
La falta de apreciación puede quebrantar
además el acceso a la administración de justicia (art. 229 Const.), y
eventualmente el derecho a la igualdad entre las partes, habida cuenta que
imposibilita dirimir adecuadamente el conflicto, toda vez que coloca en
desventaja a uno de los contradictores.
Quinta. La libertad
probatoria es predicable para demostrar la existencia de relaciones parentales
en materia civil y contencioso administrativa, en particular cuando se trate de
situaciones generadoras de inhabilidades o incompatibilidades.
5.1. La Ley 54 de 1990 que
define las uniones maritales de hecho y el régimen patrimonial entre compañeros
permanentes, fue modificada parcialmente por la Ley 979 de 2005, que estableció
“unos mecanismos ágiles para demostrar” esas relaciones y sus efectos
patrimoniales.
Tratándose de la demostración
de la ocurrencia de la referida figura, el artículo 4° original de la Ley 54 de
1990 establecía: “La existencia de la unión marital de hecho se establecerá
por los medios ordinarios de prueba, consagrados en el Código de Procedimiento
Civil y será de conocimiento de los jueces de familia, en primera instancia”.
Empero, luego de las
modificaciones efectuadas por la Ley 979 de 2005, el texto es el siguiente:
“ARTÍCULO 2°. El artículo 4°.
de la Ley 54 de 1990, quedará así:
Artículo 4°. La existencia
de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes, se declarará por
cualquiera de los siguientes mecanismos:
1. Por escritura pública
ante Notario por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes.
2. Por Acta de Conciliación
suscrita por los compañeros permanentes, en centro legalmente constituido.
3. Por sentencia judicial,
mediante los medios ordinarios de prueba consagrados en el Código de
Procedimiento Civil, con conocimiento de los Jueces de Familia de Primera
Instancia.”
El legislador del 2005
reemplazó la específica disposición relacionada con los medios de prueba que
permiten establecer la existencia de la unión marital, para en su lugar reseñar
los mecanismos para ser declarada. Empero, la reseñada modificación
legislativa no puede dar cabida a interpretaciones encaminadas a considerar la
inexistencia de normas a las que se pueda acudir, para establecer los medios de
prueba que permitan acreditar la existencia de una unión marital.
Por el contrario, aunque fue
suprimida la puntual remisión contenida en el original artículo 4° de la Ley 54
de 1990, según la cual la existencia de la unión marital de hecho se establecía
con cualquiera de los medios de prueba consagrados en el Código de
Procedimiento Civil, el artículo 175 ibídem preceptúa que sirven como
pruebas[15] “la
declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen
pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera
otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez”,
al tiempo que da cabida a la práctica de las allí no previstas, “de acuerdo
con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio”.
Así, como quedo referido con
antelación, para efectos de acreditar la existencia de una unión marital de
hecho serán aplicables disposiciones referidas, no sólo para efectos del
procedimiento civil y de familia, sino también en asuntos contencioso
administrativos por integración acorde con los artículos 168 y 267 del Código
Contencioso Administrativo.
5.2. La interpretación que
ahora se realiza concuerda con la efectuada por la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que en sentencia de
agosto 24 de 2006, con ponencia del Consejero Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta
(exp. 01477-01), concluyó que para demostrar el parentesco, como generador de
inhabilidades o incompatibilidades, donde no se controvierta el estado civil,
debe aplicarse el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil.
En el referido pronunciamiento
se indicó que para verificar la ocurrencia de un vínculo generador de
inhabilidad, como el del parentesco en el cual está incluida la relación entre
compañero o compañera permanente, debe tenerse en cuenta que aquél corresponde “al
ámbito de las relaciones familiares, que es un supuesto distinto al del estado
civil, aunque ambos constituyen los dos aspectos básicos de la estructura
jurídica familiar, los cuales se deben distinguir en este caso debido a que el
régimen de la prueba de uno y otro es diferente en nuestro ordenamiento
jurídico”.
A renglón seguido, se explicó
(no está en negrilla en el texto original):
“Lo anterior obedece a
diferencias fácticas entre dichos fenómenos, de allí que si bien la mayoría de
los estados civiles se funda en una relación de parentesco, v. gr. el estado
civil de hijo, la ley también reconoce relaciones familiares que no generan
estados civiles propiamente dichos, que es el caso de las relaciones familiares
de afinidad (cuñado, suegra, etc.) y las de compañero o compañera permanente; así como igualmente prevé estados
civiles que no surgen del parentesco, como ocurre con el estado civil de
cónyuge (artículos 5, 44, 67 y concordantes del Decreto 1260 de 1970). Quiere
ello decir que, no son dos aspectos inescindibles o inseparables, sino que
pueden darse el uno sin el otro. Puede haber relación de parentesco sin que
se produzca un correspondiente estado civil o, contrario sensu, un estado civil
determinado sin una relación de parentesco que lo hubiera originado.
Esa diferencia
probatoria también está determinada por el fin que se persigue con la
invocación del estado civil o de la relación familiar. Es así que cuando el estado civil se
aduce como fuente de ‘derechos’ y de ‘obligaciones’ (artículo 1º del Decreto
1260 de 1970 ) es necesario acudir a su régimen probatorio, establecido en los
artículos 101 y ss del Decreto 1260 de 1970, tal como se explica adelante;
mientras que cuando se aduce ‘una relación parental’ o ‘parentesco’ para
deducir consecuencias jurídicas distintas de las antes mencionadas, como las
concernientes a inhabilidades o incompatibilidades electorales, el parentesco
de que se trate puede demostrarse con la prueba del estado civil
correspondiente, si lo hay, o mediante cualquiera de los demás medios
probatorios legales, previstos en el artículo 175 del C. de P.C.
… … …
3.2.2. En cuanto al ‘parentesco
como generador de inhabilidades o incompatibilidades, sin que implique una
controversia sobre el estado civil, es procedente acudir a todos los medios
probatorios legales posibles previstos en el derecho procesal, más
específicamente en el artículo 175 del C. de P.C., dentro de los cuales
resultan más pertinentes los supletorios del estado civil surgido entre 1938 y
1970, en virtud de que si tienen la fuerza demostrativa de éstos, con mayor
razón la tienen respecto del parentesco que suele sustentarlo, tal como sucede
con los documentos auténticos, la posesión notoria, las declaraciones de
testigos, etc.
3.2.3. Como en el sub
lite la relación de parentesco que se aduce no es como fuente de derechos y de
obligaciones, sino como generadora de inhabilidad electoral, es procedente
acudir a la prueba del estado civil y, en su defecto, a cualquier medio
probatorio de los previstos en el artículo 175 del C. de P.C. o de las
llamadas pruebas supletorias atrás comentadas.”
Sexta. Análisis del caso concreto.
6.1. Corresponde a esta Sala
de Revisión decidir si fue conculcado el debido proceso, con afectación de
intereses de la señora Nohora Judith
Patricia Ramírez de Bonilla, con la providencia de la
Sección Quinta del Consejo de Estado, que confirmó el fallo de primera
instancia, dentro del proceso en el cual esa jurisdicción consideró probada una
causal de inhabilidad, en la elección de Diputada de la Asamblea del Tolima, al
haber existido una unión marital entre ella y quien dentro de los doce meses
anteriores a su elección ejerció autoridad como alcalde de Armero – Guayabal,
en ese departamento.
6.2. Como se indicó en
precedencia, la acción de tutela, por regla general, no procede contra
decisiones judiciales que ponen fin a un proceso, salvo en aquellos eventos en
los cuales el funcionario judicial contravino de manera flagrante el
ordenamiento jurídico, incurriendo en indiscutible arbitrariedad, que es lo que
en este caso se reprocha a la Sección Quinta del Consejo de Estado. Así,
deviene necesario estudiar de fondo el asunto, para igualmente dilucidar si lo
pretendido es imponer, a través de otra instancia una particular forma de
interpretación de las normas, u otra apreciación probatoria, o reemplazar al
juez ordinario en esas tareas.
Tampoco corresponde al juez de
tutela cambiar las formas propias de esos juicios o modificar las providencias
allí proferidas, por cuanto el amparo no puede emplearse como último recurso al
alcance de las partes para atacar los procedimientos o el fondo del asunto,
pues ello sí comportaría quebrantar abierta y gravemente el debido proceso.
6.3. El Tribunal
Administrativo del Tolima, mediante sentencia de abril 25 de 2008, entre otras
determinaciones, anuló el Acta General de Escrutinio Departamental que declaró
electa a la señora Ramírez de Bonilla como Diputada de la Asamblea
Departamental del Tolima. Se arribó a esa decisión al encontrar probada, con
los documentos públicos y privados aportados en copia auténtica y de acuerdo
con los “principios de la sana crítica”, la configuración de una causal
de inhabilidad, al mediar una unión marital de hecho entre la interesada y el
señor Fernando Lozada Acosta, dentro de los doce meses anteriores a la elección
de aquélla (fs. 140 y 141 cd. inicial).
Como quiera que la referida
providencia fue apelada por el entonces apoderado de la señora Nohora Judith Patricia Ramírez de Bonilla, la Sección
Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia de septiembre 4 de 2008,
resolvió confirmar el fallo del a quo, al encontrar probada la unión alegada,
configurándose entonces la causal de inhabilidad del numeral 5° del artículo 33
de la Ley 617 de 2000.
Cabe recordar que en el fallo
dictado por la Sección Quinta, en aplicación del principio de integración
normativa ya referido, se puntualizó que la “libertad de medios probatorios
sigue operando para demostrar la existencia de una unión marital de hecho o
unión permanente” (f. 238 ib.). Así, a instancia de las partes o de manera
oficiosa, puede acudirse a cualquiera de los medios probatorios señalados en el
artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de las
solemnidades establecidas en la ley sustancial para la existencia o validez de
ciertos actos, ni de la obligación que se le asigna al juez de exponer siempre
razonadamente el mérito que le asigne a cada una (art. 187 ib.).
Bajo esos parámetros, en el
pronunciamiento de la Sección Quinta fueron reseñados y estudiados los
principales documentos cuyas copias auténticas fueron allegadas al proceso
electoral, los cuales permitieron reiterar el análisis efectuado por el
Tribunal Administrativo del Tolima, que dio por probada la existencia de una
unión permanente entre la señora Nohora
Judith Patricia Ramírez de Bonilla y el señor Fernando Lozada Acosta.
Igualmente, tratándose de la declaración
extraproceso rendida por la señora Alexandra Cruz Aldana, en la sentencia del
Tribunal Administrativo del Tolima se indicó que no goza de la misma
credibilidad otorgada a los documentos aportados. Si bien en un primer momento
se aseveró que de esa declaración “no se solicitó su ratificación en el
proceso”, el Tribunal estimó que la deponente “puede señalarse como
persona interesada en cuanto no solo afirma hechos que contradicen la realidad
probatoria sino carecer de recursos y depender económicamente, así como tener
una hija en común con el señor Fernando Lozada Acosta, por lo cual no resulta
atendible su dicho, y eventualmente podría ser objeto de la compulsa de copias
para que se le investigara penalmente por el presunto delito de falso
testimonio” (f. 137 ib.).
El acierto de tales planteamientos fue
corroborado por la Sección Quinta del Consejo de Estado, al resolver la
apelación (f. 247 ib.).
Encuentra esta Sala de
Revisión de Tutelas que la parte demandante pretende imponer, ahora por vía de
amparo, su personal forma de apreciación probatoria, buscando así que el juez
de tutela la acoja, por encima de la realizada por la autoridad judicial
competente, que para el caso es el máximo tribunal de la jurisdicción
contencioso administrativa.
Así, contrario a lo expuesto por el
apoderado de la señora Ramírez de Bonilla, quien aseguró que ese medio
probatorio no fue analizado, se observa que el Tribunal sí lo examinó, pero su
nivel suasorio se diluyó ante los demás elementos de comprobación y la
dependencia económica y existencia de una hija en común entre la deponente y el
señor Fernando Lozada Acosta, nacida el 16 de diciembre de 1996 (f. 64 cd.
inicial).
Esa interpretación se ajusta además a lo
preceptuado en el artículo 217 del Código de Procedimiento Civil, según el cual
serán considerados sospechosos para rendir una declaración quienes en concepto
del juez se encuentren en circunstancias que afectan su credibilidad o
imparcialidad, “en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés
con relación a las partes o sus apoderados, antecedentes personales y otras
causas”.
La Corte Constitucional encuentra entonces
que los órganos judiciales competentes sí expresaron las razones que les
llevaron a adoptar las decisiones impugnadas, tal como lo impone el artículo
170 del Código Contencioso Administrativo, según el cual las sentencias deben
ser motivadas, analizando los hechos en que se funda la controversia, las
pruebas, las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las
excepciones, con el objeto de resolver todas las peticiones, concluyendo, sin
nada que siquiera insinúe la consumación de una vía de hecho, que la señora Nohora
Judith Patricia Ramírez de Bonilla estaba incursa en una causal de inhabilidad
para ser diputada del Tolima.
6.4. De ese modo, el
contenido de las providencias impugnadas en sede de tutela se mantiene
incólume, con la intangibilidad reconocida por esta corporación, al tratarse de
decisiones razonadas, con fundamento en una interpretación válida de la
legislación y la aplicación de la sana critica en la apreciación de las
pruebas, connatural también para los asuntos que se debaten ante la jurisdicción
contencioso administrativa.
Así, no existe la “vía de hecho”
demandada, sino la aplicación razonada de normas jurídicas y la libre
apreciación probatoria, debidamente sustentada por el juez contencioso al
desarrollar su función judicial.
En síntesis, la actuación de la Sección Quinta del
Consejo de Estado al confirmar el fallo del a quo dentro del
diligenciamiento que cursó ante esa jurisdicción, no afectó el debido proceso,
ni las demás garantías invocadas en la tutela, sino que estrictamente fueron
acatadas las formas procesales y el derecho a presentar pruebas, que sí
recibieron valoración, luego de que la señora Nohora Judith Patricia Ramírez de
Bonilla, a través de apoderado, desplegó los mecanismos idóneos en defensa de
sus intereses; simplemente, la valoración dada a los mismos no fue la deseada
por la interesada, sin que ello comporte una arbitrariedad en la apreciación
judicial.
No puede entonces pretender la
parte demandante, que un asunto resuelto en derecho por las autoridades
constitucionalmente competentes, con razonado fundamento en la normatividad
respectiva y observando las reglas de la sana crítica en la apreciación
probatoria, sea modificado por el juez de tutela.
Con fundamento en todo lo anterior, se confirmará el
fallo de la Sección Primera del Consejo de Estado, que consideró improcedente
la acción de tutela instaurada por la señora Nohora Judith Patricia Ramírez de Bonilla.
IV.- DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- CONFIRMAR la sentencia de noviembre 26 de
2008, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, por medio de la
cual declaró improcedente la acción de tutela instaurada por la señora Nohora
Judith Patricia Ramírez de Bonilla, contra el Tribunal Administrativo del
Tolima y la Sección Quinta del Consejo de Estado.
Segundo.- Por Secretaría General, LÍBRESE la comunicación
a que alude el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese e
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. Cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT
CHALJUB
Magistrado
Salvamento de voto
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA
PORTO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE
MONCALEANO
Secretaria General
[1]
La Corte Constitucional ha abordado el tema de la tutela contra
providencias judiciales en un gran número de pronunciamientos, pudiendo
destacarse entre muchas otras las sentencias T-079 y T-173 de 1993, T-231 de
1994, T-492 y T-518 de 1995, T-008 de 1998, T-260 de 1999, T-1072 de 2000,
T-1009 y SU-1184 de 2001, SU-132 y SU-159 de 2002; T-481, C-590 y SU-881 de
2005; T-088, T-196, T-332, T-539, T-590, T-591, T-643, T-780 y T-840 de 2006;
T-001, T-147, T-247, T-364, T-502A, T-680, T-794, T-987 y T-1066 de 2007;
T-012, T-240, T-350, T-402, T-417, T-436, T-831, T-871, T-891, T-925, T-945,
T-1029 y T-1263 de 2008; T-093, T-095, T-199 y T-249 de 2009.
[2] Cfr., sobre este tema, entre muchas otras, las
sentencias T-008 de enero 22 de 1998, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-357 de
abril 8 de 2005, M. P. Jaime Araújo Rentería y T-952 de noviembre 16 de 2006,
M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
[3] “Sentencia T-173/93”.
[4] “Sentencia T-504/00.”
[5] “Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05.”
[6] “Sentencias T-008/98 y SU-159/2000”
[7] “Sentencia T-658-98”
[8] “Sentencias T-088-99 y SU-1219-01”
[9] "Sentencia T-522/01"
[10] “Cfr. Sentencias T-462/03;
SU-1184/01; T-1625/00 y T-1031/01”
[11]
T-518 de noviembre 15 de 1995, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa, citada a su vez en
la T-1036 de noviembre 28 de 2002, M. P. Eduardo Montealegre Lynett.
[12] Según el
preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, además de la
libertad, la justicia y la paz en el mundo “tienen por base el
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e
inalienables de todos los miembros de la familia humana”. Así, se consagra
el derecho de toda persona a contar con un recurso efectivo, ante los
tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley (art. 8).
Igualmente, la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre estipula que toda persona puede
acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos (art. XVIII). El Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.1.), refiere que todas
las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia, al tiempo
que tendrán derecho a ser oídas públicamente y con las debidas garantías por un
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la
substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada en su contra
o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.
En la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (art. 8.1.), dentro de las denominadas garantías
judiciales, se reitera que toda persona tiene derecho a ser oída, con las
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley,
en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para
la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal
o de cualquier otro carácter.
[13] Cfr. T-442 de
octubre 11 de 1994, M. P. Antonio Barrera Carbonell; T-329 de julio 25 de 1996,
M. P. José Gregorio Hernández Galindo; SU-477 de septiembre 25 de 1997, M. P.
Jorge Arango Mejía, entre otras.
[14] T-204 de mayo 13
de 1998, M. P. Hernando Herrera Vergara.
[15]
Igualmente, el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil refiere la
admisibilidad de pruebas trasladadas.