T-522-97
Sentencia T-522/97
Sentencia
T-522/97
ACCION
DE TUTELA-Hecho superado
Referencia:
Expedientes acumulados T-122.279, T-129.391, T-130.421, T-134.869, T- 135.416 y
T-135.799.
Actor: Roberto
Ramirez Moreno Y Otros, Lotario Gonzalez Valenzuela, Alejandrína Ríos, María
Del Carmen Bolívar, Jorge Ernesto Guerrero E Isabel Cardozo Cardozo.
Magistrado Ponente:
Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz
La Sala Tercera de
Revisión  de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo
Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo, ha
pronunciado
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
la siguiente
SENTENCIA
En los procesos de
tutela números T-122.279, T-129.391, T-130.421, T-134.869, T- 135.416 y
T-135.799, promovidos por Roberto Ramírez Moreno y otros, Lotario González
Valenzuela, Alejandrina Ríos, María del Carmen Bolívar, Jorge Ernesto Guerrero
e Isabel Cardozo Cardozo contra la Fundación Hospital San Carlos.
ANTECEDENTES
Las presentes acciones de tutela se basan
en los hechos que a continuación se relacionan:
A. Expediente T-122.279
1.- El día 8 de octubre de 1.996, el señor
Roberto Ramírez Moreno, de 49 años de edad y pensionado de la Fundación
Hospital San Carlos,  interpuso acción de tutela contra ésta con el objeto de
obtener el pago de las mesadas pensionales de  los meses de mayo, junio, julio,
agosto y septiembre de 1.996, y de la mesada adicional de junio del mismo año.
Considera el actor que la conducta omisiva
de la Fundación Hospital San Carlos vulnera sus derechos fundamentales a la
seguridad social y a llevar una existencia digna, pues la pensión de jubilación
es la única fuente de ingresos con que cuenta para el sostenimiento de su
familia.
La demanda fue repartida al Juzgado Primero
Penal del Circuito de Bogotá. A este mismo despacho fue remitida otra acción de
tutela instaurada contra la Fundación, con base en los mismos hechos, por Luis
Ernesto Gómez Bernal, quien la presentó en su calidad de presidente de la
Asociación Mixta de Pensionados - A.M.P. De acuerdo con poder que le fue
conferido, la acción fue interpuesta en representación de los pensionados que a
continuación se relacionan - con anotación de su edad, según certificación
expedida por la demandada en noviembre de 1996:
1.- MARIA DEL CARMEN
BURGOS CALVO                       45 años.
2.- MARIA EVA DEL
C. RODRIGUEZ DE ALVARADO              43 años.
3.- BLANCA INES
HERNANDEZ DE GARZON                         47 años.
4.- GLORIA ELVIRA
CASTELLANOS                               43 años.
5.- GREGORIA
CALDERON DE MORALES                     46 años.
6.- ADELIA JIMENEZ
JIMENEZ                                         45 años.
7.- MARIA LEONOR
SALCEDO SABOYA                        44 años.
8.- ELVIA MARIA
GARAVITO CRUZ                               54 años.
9.- MARIA EUGENIA
VANEGAS CALDERON                          41 años.
10.- LAURA YENNY
MORALES VEGA                                     44 años.
11.- AURORA ACUÑA
DE CARRILLO                              44 años.
12.-ALBA NELLY CRUZ
DE CABEZA                              45 años.
13.- AMINTA VARGAS                                                       50
años.
14.- MARIA ELENA
GARCIA GAMBA                             60 años.
15.- MARIA ISABEL
OSORIO RIAÑO                               38 años.
16.- ANA RITA
RIVERA RAMIREZ                                  65 años.
17. MARIA DEL PILAR
GUTIERREZ CASTAÑEDA                 61 años.
18.-JULIA HERMINDA
BUITRAGO LANCHEROS                   51 años.
19.- ALICIA ARIAS
GUERRERO                                          63 años.
20.- EFRAIN ROJAS
BOHORQUEZ                                   57 años.
21.- MARIA MARLENE
RIVERA DE GARCIA                           41 años.
22.- ANA JULIA
BERNAL DE GAMBA                             40 años.
23.-NELLY TORRES DE
LOPEZ                                           45 años.
24.- CARLOS JULIO
NIÑO                                                  74 años.
25.- MARIA JOSEFINA
LOPEZ DE RODRIGUEZ             63 años.
26.- MARIA YAMILE
DELGADO BUITRAGO                           43 años.
27.- LUCILA CRUZ
PARADA                                             44 años.
28.- LAURA MARIA
OLIVERO ANGARITA                     43 años.
29.- MARIA LEONOR
BECERRA FUQUENE                   46 años.
30.- LIGIA EDILMA
PEÑA ALVARADO                                     45 años.
Asimismo, el Juzgado
49 Penal del Circuito le envió al Juzgado Primero Penal del Circuito el proceso
de tutela adelantado contra la misma Fundación por el señor Heliodoro Beltrán,
de 53 años edad. La tutela fue instaurada con base en hechos similares.
2. El Juzgado Primero Penal del Circuito de
Bogotá le solicitó a la Fundación Hospital San Carlos que expusiera su posición
con respecto a las tutelas interpuestas en su contra.
En su respuesta, la Fundación expresa que
todos sus pensionados se encuentran en la misma situación y que el
incumplimiento de la obligación de cancelar las mesadas responde “a la crisis
financiera y económica que la Fundación Hospital San Carlos ha venido sufriendo
en los últimos años”. Agrega, además:
“El Gobierno
Nacional, mediante resolución número 007466 del 18 de octubre de 1994, emanada
del Ministerio de Salud, decretó la INTERVENCION de la Fundación Hospital San
Carlos en razón a su precario estado administrativo, financiero, técnico,
jurídico, de iliquidez y demás razones expuestas en esa resolución.
“El Director
Interventor designado por el Gobierno Nacional para ejercer las funciones
propias de la intervención, en ejercicio de su cargo, ha hecho un sinnúmero de
gestiones encaminadas a darle corrección y solución a los motivos que
originaron la intervención, entre otros:   pagar mesadas atrasadas a los
pensionados  a cargo de la Fundación Hospital San Carlos; pagar en su gran
mayoría todas las acreencias laborales a cargo de la Fundación ; llegar a
conciliaciones judiciales y extrajudiciales con trabajadores y extrabajadores
de la Fundación ; llegar a conciliaciones judiciales y extrajudiciales
con los proveedores y acreedores de la Fundación y conseguir por todos los
medios lícitos posibles  formas de liquidez y solvencia económica para
permitirle reiniciar con el desarrollo de su objeto social para el cual fue
creada”
Concluye que el no pago de las mesadas
pensionales se origina en fuerza mayor y que no se puede hablar de negligencia
o de mala fe de parte de la Fundación.
De otro lado, manifiesta el apoderado de la
demandada que la acción de tutela no procede en este caso, puesto que existe
otra vía judicial para obtener la vigencia de los derechos que los demandantes
consideran vulnerados. En efecto, los actores podrían exigir el pago de las
pensiones atrasadas a través de un proceso ejecutivo laboral. Anota que otras
acciones de tutela presentadas por pensionados de la Fundación, con base en las
mismas razones, han sido rechazadas por los Juzgados Penales del Circuito
números 16, 29, 35, 36 y 62.
El escrito del demandado finaliza con las
siguientes aseveraciones:
“Todos los
pensionados (...) han aceptado verbalmente un pago gradual de sus mesadas
pensionales hasta llegar a un punto de equilibrio y es la intención de la
intervención que para el mes de diciembre de 1996 se encuentre a paz y salvo
con todos sus pensionados por concepto de sus mesadas y demás prestaciones.
“(...)
“Ordenar por la
vía de la acción de tutela  a la Fundación Hospital San Carlos a que se ponga
al día en el pago de las mesadas atrasadas (...) es colocarla en una situación
de imposibilidad inmediata ya que no existen los recursos necesarios para
cumplir con esa obligación; es una persona jurídica sin ánimo de lucro y por
mandato legal es prohibido que entidades estatales le hagan aportes; devenga
sus ingresos única y exclusivamente de su propia actividad y de endeudamiento
con el sector privado y en la medida en que se obtiene un recurso económico lo
primero que se hace es pagar las mesadas a sus pensionados debido a la
prioridad que ello representa”.
3. En sentencia del día 28 de octubre de
1996, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá denegó por improcedentes
las solicitudes de tutela. El Juzgado afirma  que la Fundación Hospital San
Carlos presta el servicio público de la salud, pero es una entidad de carácter
privado. Así, puesto que la reclamación que elevan los actores se refiere al
pago de las mesadas pensionales y no a la prestación del servicio de salud, la
tutela no procede, ya que no se enmarca dentro de ninguna de las causales de
tutela contra particulares.
Asevera que para el
cobro de las mesadas atrasadas y adicionales existe otro mecanismo judicial,
cual es del proceso ejecutivo ante la jurisdicción laboral. Añade que la acción
de tutela no fue creada “para reemplazar o agilizar procesos de cuya
competencia y procedibilidad se ha encargado a otras jurisdicciones más
especializadas.”
4.- Los actores  Roberto Ramírez Moreno y
Luis Ernesto Gómez Bernal  apelaron, mediante escritos separados, el fallo de
primera instancia. El segundo reitera que obra, en su calidad de presidente de
la Asociación Mixta de Pensionados de la Fundación, en representación de los
pensionados de la misma.
Los impugnantes manifiestan que en la
realidad ellos no poseen otro medio de defensa eficaz para reclamar el pago de
sus pensiones, pues tanto el proceso ejecutivo laboral como el ordinario son
muy prolongados. Agregan que la mesada pensional es el único medio de
subsistencia con que cuentan para ellos y su familia, y que, en consecuencia, no
tienen la capacidad económica necesaria para instaurar el proceso o para
soportar la demora que implica un proceso por la  vía ordinaria. Asimismo,
aseveran que  los pensionados no tienen otras fuentes de recursos y que muchos
de ellos son de edad avanzada y están imposibilitados para trabajar. Enfatizan
que no se puede decir que la Fundación demandada no tenga recursos o se
encuentra insolvente, pues posee varios inmuebles que le producen una renta
considerable, que debería ser empleada primordialmente para el pago de las
mesadas atrasadas.
5.- El día 5 de diciembre de 1996, la Sala
Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia recurrida. Con
respecto a la demanda presentada por Luis Ernesto Gómez Bernal manifiesta que
éste no puede ejercer la representación de los miembros de la Asociación Mixta
de Pensionados -A.M.P.-, dado que no se encuentra habilitado legalmente para
ejercer la abogacía. Además, no cabe que actúe como agente oficioso de los
pensionados, puesto que tampoco demostró la incapacidad de éstos para
interponer directamente la acción de tutela. En consecuencia, confirma el fallo
de primera instancia con respecto a la acción instaurada por el señor Bernal,
con la aclaración de que lo hace por las razones anotadas, y especifica que la
demanda y su documentación deben ser retornadas al actor para que éste se ponga
en contacto con los pensionados, de manera que éstos decidan si formulan
directamente la demanda de tutela o contratan un abogado para el efecto.
Con respecto a las demandas presentadas por
Roberto Ramírez Moreno y Heliodoro Beltrán Urrego, el Tribunal expresa que
ninguno de los dos actores se encuentra en la tercera edad, caso en el cual sí
se justificaría la protección de su derecho al mínimo vital a través de la
acción de tutela, como mecanismo transitorio. Establece, además, que los
demandantes tienen la posibilidad de instaurar un proceso ejecutivo laboral
contra la Fundación Hospital San Carlos. Finalmente, con respecto al argumento
que exponen los actores acerca de que la Fundación tiene una serie de bienes
inmuebles con los que podría atender los pagos manifiesta que “no se constituye
en razón para la prosperidad de su aspiración el que la accionada deba
convertir a dinero sus activos radicados en bienes inmuebles, ya que
intervenida la Fundación Hospital San Carlos, los movimientos financieros deben
obedecer a un plan coordinado y que abarque la garantía hacia el futuro, pues
no se trata de cubrir los atrasos hasta la fecha y en seguida, privada de los
ingresos que le depara la renta de esos bienes, incumplir totalmente sus
obligaciones ante la carencia absoluta de entradas.”
6.- Luego de que el proceso en estudio
hubiera sido seleccionado para revisión, fueron presentados a esta Sala cinco
memoriales. Son sus autores, en su orden, el secretario de la Asociación Mixta
de Pensionados, Gloria Elvira Castellanos, Carlos Julio Niño, Josefina López de
Rodríguez y Laura Jenny Morales Vega. El secretario de la Asociación anexa al
proceso fotocopias de los certificados de tradición y libertad de diversos
inmuebles de propiedad de la Fundación Hospital San Carlos. Igualmente, adjunta
copias de diversas cédulas de ciudadanía de pensionados de la Fundación y una
copia de un contrato de arrendamiento suscrito, el día 29 de septiembre de
1995, entre el Instituto de los Seguros Sociales y la Fundación Hospital San
Carlos.
Sobre el contrato de arrendamiento interesa
destacar que versa sobre el inmueble denominado “edificio bloque principal” y
el mobiliario y los equipos hospitalarios que se relacionan en varias actas. El
convenio tiene una vigencia de diez años - contados a partir de la legalización
del contrato -, y su plazo inicial de ejecución es de 36 meses, debiendo ser
prorrogado automáticamente cada año, luego de cumplirse con los trámites
presupuestales correspondientes. En la cláusula cuarta se anota que el canon de
arrendamiento total por los primeros treinta y seis meses será de Seis Mil
Ochocientos Setenta y Cuatro Millones Seiscientos Cuarenta Mil Seiscientos
Cuarenta Pesos Moneda Corriente ($6.874’640.640). Luego de transcurridos los
primeros treinta y seis meses, el canon se incrementará en un porcentaje igual
al aumento del índice de precios al consumidor, de acuerdo con la certificación
que expida el DANE para el efecto.
Más adelante, en la cláusula sexta, se
expresa que el 50% del precio del arrendamiento por los primeros 36 meses será
pagado dentro de los veinte días hábiles siguientes a la firma del contrato, a
título de anticipo. Importa añadir que en el parágrafo segundo de esta misma
cláusula se advierte que “la Fundación se compromete a utilizar la suma que se
cancela como anticipo atendiendo el pasivo laboral de sus empleados en primer
orden y el saldo en las diferentes obligaciones que tiene pendientes”. En los
18 meses restantes del plazo inicial de ejecución, los pagos se harán
bimestralmente, en forma anticipada, siendo el canon mensual de Ciento Noventa
Millones Novecientos Sesenta y Dos Mil Doscientos Cuarenta pesos
($190.962.240).
B. EXPEDIENTE T-134.869
7. El día 23 de abril de 1.997, el señor
Lotario Gonzalez Valenzuela,  de 76 años de edad y pensionado de la Fundación
Hospital San Carlos, interpone, ante el Juzgado 15 Civil del Circuito de
Bogotá, acción de tutela contra la Fundación, con el objeto de obtener el pago
de las mesadas pensionales que desde septiembre de 1.996 le adeuda dicha
entidad. Considera el actor que la falta de pago de las mesadas pensionales
lesiona sus derechos a la salud, a la seguridad social y a la protección y
asistencia a las personas de la tercera edad, pues la pensión es la única
fuente de ingresos con que cuenta.
8. El Juzgado 15 Civil del Circuito de
Bogotá solicitó a la Fundación Hospital San Carlos que le informara sobre la
situación del actor. En su respuesta, la Fundación indica que el demandante es
pensionado de la entidad, y que se le adeudan las mesadas pensionales desde el
mes de octubre de 1996, las cuales se le han pagado en la medida de lo posible,
pues la entidad se encuentra en una crisis financiera que la llevó a ser
intervenida por el Ministerio de Salud.  También afirma en su informe que el
actor cuenta con el servicio de salud, porque la entidad está al día en sus
aportes o pagos al ISS.
9. En sentencia del 8 de mayo de 1.997, el
Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogotá concede la tutela interpuesta y ordena
al Hospital que, en el término de 48 horas siguientes a la notificación del
fallo, pague las mesadas atrasadas. El juzgado sostiene que la omisión en el
pago oportuno de las mesadas pensionales por parte la entidad accionada vulnera
el artículo 53 de la Constitución Política - que garantiza el pago oportuno y
el reajuste periódico de las pensiones legales - y los derechos íntimamente relacionados
con él, contemplados en los artículos 46 y 48 de la Carta.
El 19 de mayo, la directora interventora
del Hospital envía carta al juzgado, en la que informa sobre el cumplimiento de
la sentencia y expresa que la Fundación quedaba a paz y salvo con el actor
hasta el 30 de abril de 1997.
C. EXPEDIENTE T- 129.391
10. El día 11 de marzo de 1.997, la señora
Alejandrina Ríos viuda de López interpuso acción de tutela contra la Fundación
Hospital San Carlos para obtener el pago de las mesadas pensionales que se le
adeudaban desde agosto de 1.996. La actora expresa que la omisión de la
Fundación vulneraba sus derechos fundamentales.
11. Mediante sentencia del primero de abril
de 1.997, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá deniega la acción
incoada por la actora, porque considera que ésta cuenta con otro medio de
defensa judicial para ejercer su reclamo.
D. EXPEDIENTE T- 130.421
12. La señora María del Carmen Bolívar
interpuso, el día 13 de marzo de 1997, acción de tutela contra la Fundación
Hospital San Carlos, con el objeto de exigir el pago de las mesadas pensionales
de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 1.996, y enero y
febrero de 1.997, además de la prima de navidad.  Expresa la actora que cuenta
con 68 años de edad y que la mesada pensional es su único medio de
subsistencia.
13. El Juzgado Setenta y Dos (72) Penal del
Circuito de Bogotá conoció de la acción de tutela y solicitó al interventor del
Hospital informar sobre la situación de la actora y de la Fundación.
El apoderado de la Fundación reconoce que
se encuentra en mora en el pago de las mesadas pensionales. Adjunta varios
documentos para demostrar la crisis financiera y económica por la que atraviesa
dicha institución. Igualmente, aporta los balances generales de la entidad de
los últimos años para probar cómo ésta se ha ido recuperando de la crisis y
señala que el interventor director ha realizado varias gestiones encaminadas a
darle solución a las causas que originaron la intervención. Para el efecto,
adjunta una copia del informe de interventoría de julio 15 de 1996 y diversos
documentos acerca de la actividad desarrollada.
Sostiene que la dilación en el pago de las
mesadas obedece a fuerza mayor y que dicha mora “no se parece para nada a la
que existía antes de empezar el período de intervención”. Manifiesta el asesor
jurídico de la Fundación que ésta no ha desprotegido a los pensionados ya que
“mes a mes se les ha venido cancelando una mesada, aunque en verdad, no
corresponda cronológicamente al período pagado pero sí ha tenido el dinero de
su pensión de jubilación para suplir sus necesidades a una subsistencia digna”.
Finalmente, sostiene que los ingresos de la  Fundación Hospital San Carlos se
limitan “a unos cánones de arrendamiento y a la venta de servicios, dineros que
son insuficientes para cubrir sus erogaciones y por este motivo es necesario
acudir a los créditos de la banca y cooperativismo privados, proceso que se
encuentra bastante adelantado”.
14. En sentencia del día 4 de abril de 1.997,
el Juzgado Setenta y Dos (72) Penal del Circuito de Bogotá deniega la solicitud
de tutela de la actora. Reconoce que si bien en este caso la seguridad social
es un derecho fundamental por tratarse de la subsistencia de una mujer de casi
setenta años, que tiene agotada su capacidad laboral y depende exclusivamente
de su pensión de jubilación, no se puede desconocer la situación actual de la
Fundación.  Al respecto el juzgado expresa que:
“ (…) aunque
parezca contradictorio, también debe analizarse cuál es el motivo por el cual
no se le ha pagado cumplidamente su mesada pensional - que es un asunto de
carácter laboral -, y entonces nos encontramos con que la fundación demandada
ha entrado en una etapa de grave crisis económica y que como consecuencia el Ministerio
de Salud le ha intervenido y el interventor quien ha tomado las riendas del
asunto……
“(...) Lo
anterior pone de manifiesto que en este caso particular y a pesar de las
reiteradas sentencias de la Corte Constitucional sobre el punto, una cosa
diferente es que no se reconozca el derecho a la seguridad social y otra, que
por razones bien establecidas dentro del informativo, se encuentre retrasada la
Fundación demandada en el pago de algunas mesadas pensionales.”
Señala que de
imponerse la obligación de pagar las mesadas pensionales a los 180 pensionados
a los que se les adeuda, se estaría “haciendo imperativo un esfuerzo económico
importantísimo que forzaría la desatención de otros frentes planificados en la
acción de restablecimiento que se adelanta, y seguramente se precipitaría la
liquidación irreversible de la fundación”. Sostiene que la Fundación ha venido
pagando las mesadas para que los pensionados “aunque con las dificultades
propias de la tardanza, puedan atender mínimamente a esa subsistencia que
califica la seguridad social como derecho fundamental para el caso concreto”.
Adicionalmente,
manifiesta que existen otros mecanismos de defensa judicial como la vía
ejecutiva laboral y que además no está presente la inminencia del perjuicio
irremediable frente al derecho fundamental como para acudir a la tutela como
mecanismo transitorio.
Finalmente,
recomienda al interventor de la Fundación “que siendo las prestaciones
laborales prioritarias en todo proceso de intervención y liquidación, se
redoblen esfuerzos en su gestión, para que esos pagos que se vienen haciendo se
realicen en períodos estrictos de manera que aun cuando se prorroguen las
cancelaciones de lo atrasado por el término necesario, no falte a la señora
demandante ese medio de subsistencia, mes a mes."
E. EXPEDIENTE  T -135.416
15. El día 8 de abril de 1.997, el señor
Jorge Ernesto Guerrero, de 50 años de edad, interpuso acción de tutela contra
la Fundación, para obtener de ella el pago de la mesadas pensionales que le
adeudaba  desde septiembre de 1.996.  Afirma el actor que la mesada pensional
constituye la única fuente de ingresos para él y su familia, y que la falta de
pago de la misma le ha generado graves dificultades económicas.
16. El Juzgado 46 Penal del Circuito de
Bogotá admitió la tutela y solicitó al director interventor de la Fundación que
se expresara sobre los hechos objeto de la demanda. La Fundación admite el
retraso en el pago de las mesadas. Reitera que el Hospital se encuentra en una
crisis económica. Anexa una serie de documentos que dan fe de la situación de
la Fundación.
17. El Juzgado 46 Penal del Circuito de
Bogotá denegó el amparo impetrado.  Estima el juez que la tutela no es el
mecanismo apropiado para reclamar el pago de las mesadas pensionales, ya que
existen otras vías judiciales para ello.  Además, expresa que no concurren las
circunstancias para que sea viable la tutela como mecanismo transitorio, pues
el actor no cumple las condiciones necesarias para la aplicación de la cláusula
del mínimo vital.
18. El actor impugna el fallo de primera
instancia, bajo la consideración de  que el otro medio de defensa judicial al
que alude la sentencia no es eficaz, en razón del tiempo prolongado que demanda.
19. La Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá revocó el fallo de primera instancia. En
consecuencia, tuteló los derechos constitucionales fundamentales invocados por
el actor y ordenó que, en un término de 48 horas a partir de la notificación de
la sentencia, se cancelaran las mesadas pensionales atrasadas al señor Jorge
Ernesto Guerrero.
La Sala expresa que, de acuerdo con la
jurisprudencia, el no pago oportuno de los salarios y las pensiones de los
trabajadores vulnera el derecho fundamental a la seguridad social. Sostiene que
la vía de la jurisdicción laboral, que propone el juez de primera instancia, no
es tan eficaz como la tutela para proteger los  derechos del accionante.
F. EXPEDIENTE
T-135.799
20. El día 2 de abril de 1.997, la señora
Isabel Cardozo Cardozo, de 60 años de edad, interpuso acción de tutela contra
la Fundación Hospital San Carlos para obtener de esta institución el pago de
las mesadas pensionales causadas desde agosto de 1.996.  Afirma la actora que
la mesada pensional es su único medio de subsistencia y que la falta de pago de
la misma le ha generado graves dificultades económicas.
21. El Juzgado 9 Penal del Circuito de
Bogotá solicitó al director interventor del Hospital que se manifestara acerca
de la demanda. El director acepta que la Fundación le adeudaba a la actora el
pago de varias mesadas pensionales. Reitera que la mora en el pago se debe a la
crisis en que se debatía el Hospital y acompaña una serie de documentos
referentes a la situación de la Fundación.
22. El Juzgado 9 Penal del Circuito de
Bogotá denegó la tutela interpuesta.  Expone que la actora puede acudir a otras
vías judiciales, como el proceso ejecutivo laboral. Sostiene que la tutela no
es viable como mecanismo transitorio por cuanto la actora no cumple ninguno de
los requisitos para merecer dicha protección.
23. La actora impugna el fallo de primera
instancia. Expresa que los otros recursos judiciales no son eficaces. Señala,
además, que el Hospital no se encuentra en una situación de insolvencia, ya que
es propietario de varios inmuebles.
24. La Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, en fallo del 28 de mayo de 1997, revoca la
decisión de primera instancia. Por consiguiente, tutela los derechos a la
seguridad social, a la subsistencia y al trabajo, y ordena que en un término de
5 días, contados a partir de la notificación de la sentencia, se cancelen las
mesadas pensionales atrasadas a la señora Isabel Cardozo Cardozo.
En opinión de la Sala, la decisión de
primera instancia desestimó tanto la situación de crisis por la que atraviesa
la actora, como la dificultad que le acarrea  su edad para obtener otra fuente
de ingreso. Al respecto señaló que, según la jurisprudencia, la tutela es viable
para reclamar el pago oportuno de los salarios y las pensiones de los
trabajadores. Además, expresa que el otro mecanismo de defensa que propone el
juez de instancia no tiene la misma eficacia que la tutela para lograr que se
le cancelen las mesadas pensionales a la actora.
25. El 16 de junio de 1997, la directora
interventora del Hospital envía carta al Tribunal informando sobre el
cumplimiento de lo ordenado por la sentencia.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
1. Los actores - todos pensionados de la
Fundación Hospital San Carlos - manifiestan que la Fundación ha incumplido,
desde hace varios meses, con el pago de sus mesadas pensionales. Afirman que la
conducta omisiva de la Fundación constituye una violación de sus derechos a la
seguridad social, a la  vida digna y a la protección y asistencia que se debe a
las personas de la tercera edad.
2. El Director Interventor de la Fundación
Hospital San Carlos manifiesta que ella se encuentra intervenida por el
Ministerio de Salud desde 1994, en razón de los problemas administrativos,
financieros y económicos que presentaba. Agrega que todos los pensionados de la
Fundación se encuentran en la misma situación y que el no pago de las mesadas
se debe a la falta de recursos de la institución.
3. Salvo en un caso, todas las solicitudes
de tutela fueron rechazadas en primera instancia, con el argumento de que para
el cobro de las mesadas pensionales existían otros medios judiciales. En uno de
estos procesos se manifestó que la crisis económica en que se encontraba la
Fundación hacía imposible ordenar la cancelación de las mesadas, si bien se
aceptó que se había configurado la vulneración del derecho a la seguridad
social.
Cinco actores apelaron las decisiones. En
dos fallos se decidió revocar las sentencias de instancia y conceder la tutela.
En los otros tres se confirmó el fallo denegatorio: en dos casos, por cuanto
los actores no eran personas de la tercera edad, merecedoras de  la aplicación
del derecho al mínimo vital, y, en el tercero, porque se consideró que el demandante
no estaba legitimado para  representar a sus mandatarios.
Problema Jurídico
4. Se trata de establecer si la acción de
tutela es procedente para obtener la cancelación de las mesadas pensionales a
cargo de una institución privada que se encuentra intervenida por el Ministerio
de Salud, a causa de la crisis económica en que se debate.
5. El magistrado ponente formuló un
cuestionario escrito a la dirección de la Fundación Hospital San Carlos, con
miras a esclarecer diversos hechos a los que se hace alusión en las distintas
demandas. En su respuesta, del 29 de septiembre de 1997, el representante legal
de la Fundación manifestó:
a) Que la intervención del
Ministerio de Salud sobre la Fundación Hospital San Carlos - iniciada el 18 de
octubre de 1994 -  había culminado el día 25 de julio de 1997 ;
b) Que la Fundación Hospital San
Carlos había recuperado su viabilidad económica gracias a  una serie de
reformas y contratos que se habían realizado. Al respecto se manifiesta: “la
Fundación podrá, en el término de dos años, recuperar parte de su esplendor
financiero, ya que saneará todas las deudas adquiridas antes de la intervención
ministerial. Sin embargo, para que esto se cumpla, el Hospital debe ser
productivo y mantener su punto de equilibrio (operaciones sin pérdidas), para
lo cual estamos trabajando.”
c) Que se había concretado el contrato de
arrendamiento del edificio central de la Fundación al Instituto de los Seguros
Sociales;
d) Que se habían
realizado las diligencias necesarias para indagar acerca de la posibilidad de
realizar una conmutación pensional con el Instituto de los Seguros Sociales. Al
respecto se expresa : “[e]stamos adelantando acciones tendientes a que
esta EPS asuma las pensiones garantizando los derechos adquiridos una vez
tengamos los recursos financieros para ello, ya que dicho costo ascendería a
más de SEIS MIL MILLONES DE PESOS”.
e) Que la
Fundación Hospital San Carlos se había puesto al día en el pago de las mesadas
pensionales en el mes de agosto de 1997.
6. El objeto de las demandas de tutela que
constituyen el presente proceso era el de lograr el pago de las mesadas
pensionales adeudadas a los actores por la Fundación Hospital San Carlos. Esta
había manifestado que no podía cancelar cumplidamente esas obligaciones en
razón de la crisis económica y financiera por la que atravesaba - situación que
había llevado a su intervención por parte del Ministerio de Salud -  y que
esperaba poder recuperarse para poder reanudar la cumplida cancelación de las
mesadas pensionales.
Como se desprende de la contestación al
cuestionario remitido a los directivos de la Fundación, la situación económica
del Hospital ha mejorado. En consecuencia, la Fundación Hospital San Carlos se
ha puesto al día con sus pensionados en lo que se refiere a las mesadas
pensionales. Por lo tanto, el objeto de este proceso se ha extinguido,
encontrándose esta Sala ante un hecho superado, tal como lo ha definido la
jurisprudencia de la Corte.
En los casos en los que los hechos que
dieron lugar a la acción de tutela han desaparecido al momento de entrar a
dictarse la sentencia, esta Corporación ha manifestado que la acción de tutela
pierde su razón de ser. En efecto, en estas situaciones sólo cabe negar la
petición de amparo por sustracción de materia, pues no existe un objeto
jurídico tutelable, en razón de la extinción de la alegada amenaza o
vulneración del derecho fundamental[1].
Así habrá de decidirse en el presente proceso y, por lo tanto, se confirmarán
las sentencias que negaron el amparo y se revocarán aquellas que lo
concedieron.
DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera
de Revisión,
RESUELVE
Primero :
CONFIRMAR, por la razón expuesta, la sentencia proferida por la Sala
Penal del Tribunal Superior de Bogotá, el día 5 de diciembre de 1996, por medio
de la cual se negó la solicitud de tutela interpuesta contra la Fundación
Hospital San Carlos, a causa del no pago de sus mesadas pensionales, por
Roberto Ramírez Moreno, Heliodoro Beltrán y Luis Ernesto Gómez Bernal - éste
último actuando en representación de los señores María del Carmen Burgos
Calvo,  María Eva del C. Rodríguez de Alvarado, Blanca Inés Hernández de
Garzón,  Gloria Elvira Castellanos, Gregoria Calderón de Morales, Adelia
Jiménez Jiménez, María Leonor Salcedo Saboyá, Elvia María Garavito Cruz, María
Eugenia Vanegas Calderón, Laura Yenny Morales Vega, Aurora Acuña de Carrillo,
Alba Nelly Cruz de Cabeza, Aminta Vargas, María Elena García Gamba,  María
Isabel Osorio Riaño,  Ana Rita Rivera Ramírez,  María del Pilar Gutiérrez
Castañeda, Julia Herminda Buitrago Lancheros, Alicia Arias Guerrero, Efraín
Rojas Bohórquez,  María Marlene Rivera de García, Ana Julia Bernal de Gamba,
Nelly Torres de López, Carlos Julio Niño, María Josefina López de Rodríguez,
María Yamile Delgado Buitrago, Lucila Cruz Parada, Laura María Olivero
Angarita,  María Leonor Becerra Fúquene y Ligia Edilma Peña Alvarado.
Segundo: REVOCAR,
por la razón expuesta, la sentencia proferida por el Juzgado 15 Civil del
Circuito de Bogotá, el día 8 de mayo de 1997, por medio de la cual se concedió
la solicitud de tutela interpuesta por el señor Lotario González Valenzuela
contra la Fundación Hospital San Carlos, a causa del no pago de sus mesadas
pensionales.
Tercero: CONFIRMAR,
por la razón expuesta, la sentencia proferida por el Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de Bogotá, el 1° de abril de 1997, por medio de la cual se
negó la solicitud de tutela interpuesta por la señora  Alejandrina Ríos
viuda de López contra la Fundación Hospital San Carlos, a causa del no pago de
sus mesadas pensionales.
Cuarto: CONFIRMAR,
por la razón expuesta, la sentencia proferida por el Juzgado Setenta y
Dos Penal del Circuito de Bogotá, el día 4 de abril  de 1997, por medio de la
cual se negó la solicitud de tutela interpuesta por la señora María de Carmen
Bolívar contra la Fundación Hospital San Carlos, a causa del no pago de sus
mesadas pensionales.
Quinto: REVOCAR,
por la razón expuesta, la sentencia proferida por la Sala Penal del
Tribunal Superior de Bogotá, el día  14 de mayo de 1997, por medio de la cual
se concedió la solicitud de tutela interpuesta por Jorge Ernesto Guerrero
contra la Fundación Hospital San Carlos, a causa del no pago de sus mesadas
pensionales.
Sexto: REVOCAR,
por la razón expuesta, la sentencia proferida por la Sala Penal del
Tribunal Superior de Bogotá, el día 28 de mayo de 1997, por medio de la cual se
concedió la solicitud de tutela interpuesta por  Isabel Cardozo Cardozo
contra la Fundación Hospital San Carlos, a causa del no pago de sus mesadas
pensionales.
Septimo: Líbrense por Secretaría las
comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, y
todas las demás comunicaciones que sean necesarias para dar efectivo
cumplimiento a este fallo.
Copiese,
Notifiquese, Comuniquese, Insertese En La Gaceta De La Corte Constitucional Y
Cumplase.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado Ponente
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
(Sentencia aprobada por la Sala Tercera
de Revisión, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., a los quince (15) días
del mes de octubre de mil novecientos noventa y siete (1997).
[1] [1] Ver sobre este tema, entre otras, las sentencias T-515 de 1992,
T-338 de 1993, T-494 de 1993, T-100 de 1995 y  T-469 de 1996.