T-016-09
Sentencia T-016/09
PROCESOS JUDICIALES-Necesidad de
notificación efectiva, específicamente en la diligencia de remate
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN NOTIFICACION DE PROVIDENCIAS JUDICIALES-Especial rigorismo
DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE DEFENSA-Vulneración
por  el juez  ya que al reanudar el proceso divisorio y fijar la fecha de
remate los accionantes no se enteraron de la decisión judicial que los afectaba
AUTONOMIA JUDICIAL-Razonabilidad/AUTONOMIA
JUDICIAL-Ausencia de capricho
PROCESO DIVISORIO-El remate del inmueble
se realizó con base en una suma que no guardaba concordancia con el valor real
del bien causando detrimento patrimonial a los condueños
En el caso de
autos el argumento del Juez es que no existe una norma que permita actualizar
el avalúo del bien sujeto a remate, al aceptar que lo hizo con un avalúo que
era del año 1994, y para esta Sala de revisión ese no puede ser un argumento
para desconocer principios constitucionales. Más aún, ni siquiera la suma por
la que se remató el bien inmueble alcanza la que se determinó por la
administración de la ciudad para el pago del impuesto predial. Sin ninguna duda
la suma con base en la cual se remató el bien, no guardaba concordancia alguna
con el valor real del bien de donde surgen conculcados los derechos
fundamentales de los actores, comoquiera que al momento de la providencia del
año 2007, dictada en el proceso divisorio, les correspondió una suma ínfima con
respecto al valor real del inmueble para el año en que se hizo el remate, se
repite: en el año 2006. Y como ya se mencionó, los señores no tuvieron
conocimiento de la diligencia de remate que se iba a realizar sobre el bien
inmueble, no pudieron intervenir en el proceso y por supuesto no tuvieron
oportunidad de controvertir el avalúo hecho en el año 1994.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES- Reiteración de jurisprudencia/ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales  de
procedibilidad
PROCESO DIVISORIO Y DILIGENCIA DE REMATE-En el caso sub judice fueron actuaciones contrarias al orden
jurídico y constitucional
La diligencia
de remate y el proceso divisorio solo tienen la apariencia formal de legalidad,
pero en realidad son actuaciones contrarias al orden jurídico y constitucional
y por tanto vulneradoras de los derechos fundamentales de los actores, pues a
través de esa actuación judicial el proceso se transmutó de  método de
solución de conflictos –la división de un bien común— en uno para esquilmar a
dos de los propietarios comuneros de su bien, mediante el fácil recurso de
adelantar un remate once (11) años después del avaluó del bien por un precio
notoria y absolutamente menor al real del inmueble. Tan protuberante es la
diferencia de precio, que si no hubiera sido un remate judicial, podría
hablarse de situaciones tan graves como enriquecimiento sin causa o lesión
enorme.
DERECHO DE PROPIEDAD-Los derechos
del actual propietario son de contenido meramente económico por lo que puede
acudir a otra vía judicial y no a la acción de tutela
Los derechos
aparentemente vulnerados que dice tener el actual propietario del bien inmueble
que fue rematado en el proceso divisorio, son de contenido meramente económico,
no susceptibles de protección por acción de tutela, por cuanto el derecho de
propiedad sólo tiene el carácter de fundamental en determinados casos, como ya
lo ha señalado la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional. Él tiene
otra vía judicial, por lo que tendría que iniciar el proceso judicial contra el
vendedor, en este caso su padre.
ACCION DE TUTELA-Improcedencia para
obtener condena en perjuicios
Referencia: expediente T-2011415
Acción de tutela interpuesta por Pedro Vicente Bulla Fuentes y
Rufino Bulla Fuentes contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cúcuta
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá, D. C.,
veintitrés (23) de enero de dos mil nueve (2009).
La Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Jaime
Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil y Mauricio González Cuervo, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del
trámite de revisión de las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de
Cúcuta  - Sala Civil - Familia-  y la Corte Suprema de Justicia -Sala de
Casación Civil- que resolvieron la acción de tutela interpuesta contra el
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cúcuta por la actuación en un proceso
divisorio que cursó en ese Juzgado.
I. ANTECEDENTES
1. La tutela
instaurada
Los señores Pedro
Vicente Bulla Fuentes y Rufino Bulla Fuentes interpusieron acción de tutela
contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cúcuta por considerar que dentro
del proceso con radicado 54001-31-03004-1993-00926-00, fueron vulnerados sus
derechos al debido proceso, a la igualdad, a tener una vida digna, a la salud,
a la seguridad social, e igualmente a una remuneración mínima vital para
subsistir.
2. Hechos
De la solicitud
de tutela y del material probatorio que obra en el expediente, se extractan los
siguientes:
- Los señores
Pedro Vicente Bulla Fuentes, Rufino Bulla Fuentes, Jesús Duarte Blanco y Luis
Arnoldo Sánchez compraron a Alfonso Vanegas Naranjo “… el lote de terreno
ubicado en el barrio La Victoria del municipio de Cúcuta, sobre la autopista
que de Cúcuta conduce al Zulia sobre la Calle 5ª Nos. 15ª – 27 – 29 de la
actual nomenclatura urbana, con una superficie de 1.200 Mts cuadrados…”.
Compra Venta que consta en la Escritura No. 3.019 de 31 de diciembre de 1976 de
la Notaría Segunda de Cúcuta, que obra a  folios 6 a 7 vto del Cuaderno No. 3
del expediente.
- Igualmente,
consta en  la Escritura No. 2.775 de 8 de mayo de 1992 de la Notaría Segunda de
Cúcuta, que Luis Arnoldo Sánchez vendió a Rufino Bulla Fuentes una cuarta parte
“… del lote de terreno ubicado en el barrio La Victoria del municipio
de Cúcuta, sobre la autopista que de Cúcuta conduce al Zulia sobre (sic) la
Calle 5ª Nos. 15ª – 27 y 15ª  – 29…”. Escritura que se encuentra a folios
8, 9 y 10 Cuaderno No. 3 del expediente.
- El 25 de
octubre de 1993[1] el señor Rufino Bulla
Fuentes, mediante apoderado, presentó demanda en proceso divisorio contra Pedro
Vicente Bulla Fuentes y Jesús Duarte Blanco en la que pretendía la venta en
pública subasta del inmueble identificado con el número de matrícula inmobiliaria:
260-36739.
- Correspondió
la demanda al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cúcuta que mediante
providencia de 16 de noviembre de 1993[2] la admitió y de la cual
se corrió traslado a los demandados.
- Posteriormente,
el 9 de mayo de 1994[3] se decretó por el Juzgado
Cuarto Civil del Circuito de Cúcuta la venta en pública subasta del bien y se
ordenó el avalúo.
- El avalúo del
inmueble se hizo el 17 de junio de 1994[4] por un valor de
$37.174.000.
- El 11 de
febrero de 2000[5] el apoderado del señor
Jesús Duarte Blanco solicita al Juez Cuarto Civil del Circuito de Cúcuta, la
nulidad del proceso divisorio a partir del auto admisorio de la demanda, por
considerar que existe imposibilidad de la división material del bien.
- Por auto de 22
de marzo de 2000[6] se resolvió no declarar
la nulidad solicitada por el demandado Jesús Duarte Blanco.
- Esta
providencia fue apelada ante la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de
Cúcuta, la que fue confirmada mediante auto de 26 de julio de 2000.[7]
- El 15 de marzo
de 2006, mediante escrito presentado por la apoderada del señor Jesús Duarte
Blanco, se solicitó con fundamento en el numeral 7 del artículo 471 del Código
de Procedimiento Civil se ordenara el remate del bien en el proceso radicado
con el No. 926/93 y subsidiariamente pidió “… se de aplicación al derecho de
compra que le asiste a mi representado conforme lo estatuye el artículo 474
ibídem.”[8]
- Por auto de 23
de marzo de 2006[9] se reconoció personería a
la apoderada del demandado, y se señaló la fecha y hora para llevar a cabo la
diligencia de remate en pública subasta del inmueble objeto de división.
Posteriormente, el 27 de abril de 2006 se fijó nueva fecha, atendiendo lo
manifestado por la apoderada del señor Duarte Blanco, y quedó la diligencia
para el 12 de junio de 2006.
- Efectivamente
ese día se llevó a cabo el remate del bien inmueble[10]
con base en el avalúo hecho doce (12) años antes, de Treinta y siete millones
ciento setenta y cuatro mil pesos m/cte. ($37.174.000.00). En cuanto a las
formalidades del remate se tiene que la publicidad se hizo en la emisora “La
Nueva Radio Guaimaral” el día 4 de mayo de  2006 a las 3:45 p.m. y en el
periódico “La República” de Bogotá el mismo día. Como la única oferta
presentada fue la del señor Jesús Duarte Blanco, y no habiéndose presentado
otro postor a mejorarla, se le adjudicó el bien inmueble objeto del remate.
- El 14 de junio
de 2006 el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cúcuta aprobó el remate
celebrado el 12 de junio de 2006 a las 8 a.m.[11]
- El 27 de junio
de 2007 se profirió sentencia por el Juzgado ordenando la distribución de los
dineros producto del remate entre los demás comuneros, Rufino y Pedro Vicente
Bulla Fuentes, de acuerdo a sus derechos en el inmueble rematado. Ordenó
también a los comuneros contribuir con el pago de los gastos que se produjeron
para el remate del inmueble objeto de división; y se puso a disposición del
Juzgado Quinto Civil del Circuito el proceso de rendición de cuentas seguido
por Jesús Duarte Blanco contra Rufino y Pedro Vicente Bulla Fuentes, y los
dineros a distribuir, previo el descuento de los gastos.
- El 6 y el 13
de agosto de 2007 el señor Pedro Vicente Bulla Fuentes solicitó al Juez Cuarto
Civil del Circuito de Cúcuta expedirle copia autenticada del contenido del
proceso con radicación 926/93 y de la sentencia, por cuanto la necesitaba “para
un proceso judicial.” [12]
- El 19 de
octubre de 2007 los señores Pedro Vicente Bulla Fuentes y Rufino Bulla Fuentes
interpusieron, mediante apoderado, acción de tutela ante el Tribunal Superior
de Cúcuta contra el juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cúcuta, por la
vulneración de derechos fundamentales dentro del trámite del proceso divisorio
con radicación 926/93.
Se solicita en
la tutela anular el remate realizado sobre el bien inmueble objeto del litigio,
y se ordene la actualización del avalúo, con la intervención de peritos idóneos
para proceder a realizar el remate. Se pide igualmente, ordenar a la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos que suspenda provisionalmente cualquier transacción,
por cuanto el señor Jesús Duarte Blanco, traspasó el inmueble a uno de sus
hijos en una venta simulada, y éste sí puede hacer cualquier negociación.
Las razones
fundamentales para interponer la acción de tutela son las siguientes:
1) El remate del
inmueble se hizo con base en un avalúo del año 1994, cuando ya habían pasado
doce años, y el valor del bien había sido fijado en treinta y siete millones
ciento setenta y cuatro mil pesos ($37.174.000). En el año 2007, el avalúo
hecho al inmueble, por un perito adscrito a la Rama Judicial, fue de un valor de
quinientos once millones seiscientos setenta mil pesos ($511.670.000.00).
2) La publicidad
del remate que se iba a llevar a cabo por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito
de Cúcuta, fue en una emisora poco conocida en la ciudad, el 4 de mayo a las
3:45 p.m., y el aviso fue publicado el mismo día en el periódico “La
República”, diario que sólo circula en la ciudad de Bogotá, y muy poco en la
ciudad de Cúcuta, que es el lugar donde sucedieron los hechos. El señor Jesús
Duarte Blanco es dueño sólo del 25% del inmueble “… y en su afán de quedarse
con todo buscó todas las artimañas para que los hermanos Bulla Fuentes nunca se
enteraran de lo sucedido, para así arreglar toda la documentación necesaria y
poder dejar a su nombre toda la propiedad para luego mediante venta simulada
traspasarla a nombre de su hijo Amstrong Jesús Duarte Torres, como aparece en
el Registro de Instrumentos Públicos…”[13]
3) No se tuvo
en cuenta en la diligencia de remate del inmueble efectuada el 12 de junio de
2006, y que se hizo con base en el avalúo de 1994, por treinta y siete millones
ciento setenta y cuatro mil pesos ($37.174.000), que el recibo de impuesto
predial del año 2006  había fijado el avalúo del predio en setenta y seis
millones seiscientos cuarenta y seis mil pesos ($76.646.000) y,
4) Que los
demandantes en la tutela, los hermanos Bulla Fuentes son personas que se
encuentran en la tercera edad y que “debido a ese fracaso económico se han
visto obligados a realizar unas actividades económicas muy difíciles para
obtener el sustento propio y el de su familia.”
“… durante los últimos quince años la familia Bulla Fuentes, ha
padecido problemas económicos debido a que Jesús Duarte Blanco les impidió
recibir los ingresos del producto de los arriendos que produce el bien inmueble
en litigio, situación ésta que los llevó a dedicarse a actividades deprimentes como
es la de vender gasolina de Venezuela para el sustento de la familia, pero
agravando su salud, como es el caso del señor Pedro Vicente Bulla Fuentes que
le tocó conseguir o inscribirse en un programa de salud del municipio de Cúcuta
y así obtener el Sisben grado uno para que lo pudieran atender en el Hospital
Erasmo Meoz de Cúcuta, ya que ha venido padeciendo cáncer de próstata y cáncer
dermatológico … su salud hubiera mejorado si tuviera ingresos económicos …”. [14]
3. Pruebas
3.1 Sentencia de
25 de junio de 2008 de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia: folio 22
Cuaderno principal.
3.2 Avalúo del
bien inmueble, en el proceso divisorio 926/93, de 17 de junio de 1994: folios
17 y 18 Cuaderno No. 3
3.3 Avalúo del
bien inmueble de 24 de agosto de 2007: folios 20 a 29 Cuaderno No. 3
3.4 Certificado
de Libertad del inmueble con Matrícula No. 260-36739: folios 30 a 33 Cuaderno
No. 3
3.5 Demanda
ordinaria de Rufino Bulla Fuentes contra Jesús Duarte Blanco y Pedro Vicente
Bulla Fuentes en proceso divisorio, presentada el 25 de octubre de 1993 ante el
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cúcuta: folios 1 a 3 Cuaderno No. 5
3.6 Auto
admisorio de demanda de 16 de noviembre de 1993: folio 4 Cuaderno No. 5
3.7  Escrito
presentado el 24 de febrero de 1994 por el apoderado de Jesús Duarte Blanco al
Juez Cuarto Civil del Circuito de Cúcuta informándole “… que de acuerdo con
la dirección que registra su establecimiento de comercio denominado Industria
de Maderas EL PARDILLO, el demandado Jesús Duarte Blanco puede notificarse en la
Calle 0 No. 2 – 52 Autopista Atalaya, diagonal al Palustre”: folio 34
Cuaderno No. 8. Efectivamente, la notificación a Jesús Duarte Blanco en la
Calle 0 No. 2 – 52 de Cúcuta, se hace en esa dirección el 23 de marzo de 1994:
folio 6 Cuaderno No. 5
3.8 Providencia
del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cúcuta de 9 de mayo de 1994, en la que
se decretó la venta en pública subasta del inmueble y se ordenó el avalúo:
folio 7 Cuaderno No. 5
3.9 Memorial de
11 de febrero de 2000, dirigido al Juez Cuarto Civil del Circuito de Cúcuta
para que obre en el expediente 926/93, en el que el señor Jesús Duarte Blanco
manifiesta que reside en la Calle 0 No. 2 – 52 de Cúcuta, y que confiere poder
al abogado Rafael Fernández Rodríguez: folio 10 Cuaderno No. 5
3.10 Oficio de
11 de febrero de 2000 en el que el apoderado del señor Jesús Duarte Blanco,
solicita la nulidad del proceso 926/93, a partir del auto admisorio de la
demanda: folios 11 y 12 Cuaderno No. 5
3. 11 Auto del
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cúcuta de 22 de marzo de 2000, en que no
se accede a declarar la nulidad solicitada: folios 14 a 18 Cuaderno No. 5
3.12 Oficio No
564 de 3 de mayo de 2001 dentro del proceso No. 31618, enviado por la Fiscalía
General de la Nación, Unidad Quinta Delegada ante los Jueces Penales del
Circuito, al Juez Cuarto Civil del Circuito de Cúcuta para que informe sobre el
estado del proceso divisorio en el que las partes son Jesús Duarte Blanco,
Rufino Bulla Fuentes y Pedro Vicente Bulla Fuentes. “ … Lo anterior ordenado
dentro de las preliminares que se siguen en contra de Carlos Vianey Aguilar
Pérez, Rufino Bulla Fuentes y Pedro Vicente Bulla Fuentes por los punibles de
fraude procesal, fraude a resolución judicial e injuria y calumnia.”: folio
50 Cuaderno No. 8
3.13 Escritura
No. 3.019 de 31 de diciembre de 1976 de la Notaría Segunda de Cúcuta, por la
que Alfonso Vanegas Naranjo vendió a Jesús Duarte Blanco, Pedro Vicente Bulla
Fuentes, Rufino Bulla Fuentes y Luis Arnoldo Sánchez “… el lote de terreno
ubicado en el barrio La Victoria del municipio de Cúcuta, sobre la autopista
que de Cúcuta conduce al Zulia sobre (sic) la Calle 5ª Nos. 15ª – 27 – 29 de la
actual nomenclatura urbana, con una superficie de 1.200 Mts cuadrados…” :
folios 6 a 7 vto Cuaderno No. 3
3.14 Escritura
No. 2.775 de 8 de mayo de 1992 de la Notaría Segunda de Cúcuta, por la que Luis
Arnoldo Sánchez vende a Rufino Bulla Fuentes una cuarta parte “… del lote
de terreno ubicado en el barrio La Victoria del municipio de Cúcuta, sobre
la autopista que de Cúcuta conduce al Zulia sobre (sic) la Calle 5ª Nos. 15ª –
27 y 15ª  – 29…”: folios 8, 9 y 10 Cuaderno No. 3.
3.15 Escrituras
Nos. 2.117 de 3 de octubre de 1990 y 2.165 de 29 de julio de 1992, de la
Notaría Quinta de Cúcuta, por las que se constituyeron dos hipotecas sobre el
bien inmueble ya descrito: folios 11 a 14 Cuaderno No. 3 y 2 a 5 Cuaderno No. 8
3.16 Oficio de
13 de julio de 2004 enviado por el Secretario del Juzgado Quinto Civil del
Circuito al Juez Cuarto Civil del Circuito, solicitando copias de las
providencias de fondo que se hayan proferido en el proceso seguido por Jesús
Duarte Blanco contra Rufino y Pedro Vicente Bulla Fuentes, y certifique su
estado actual, para que obre en el proceso de rendición de cuentas, que con
radicado No. 2000-0057 acumulado con el No. 2001 – 0230, que cursa en ese
Juzgado: folio 62 Cuaderno No. 3
3.17 Memorial de
15 de marzo de 2006, presentado ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de
Cúcuta por la apoderada de Jesús Duarte Blanco, en el que solicita se ordene el
remate del bien inmueble, en el proceso materia de esta acción radicado No.
926/93. “… Subsidiariamente si el despacho lo considera pertinente, solicito
se de aplicación al derecho de compra que le asiste a mi representado…”:
folio 64 Cuaderno No. 3
3.18 Auto del
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cúcuta de 23 de marzo de 2006 por el que
se reconoce personería a la apoderada de Jesús Duarte Blanco, se fija fecha y
hora para la diligencia de remate, en pública subasta del inmueble objeto de
división: folio 65 Cuaderno No. 3
3.19
Certificación de Radio Guaimaral Ltda. en que hace constar que el Cartel de
Remate del Juzgado Cuarto Civil, proceso divisorio radicado
54001-31-03-004-1993-00926-00, seguido por Rufino Bulla Fuentes contra Jesús
Duarte Blanco y Pedro Vicente Bulla Fuentes fue leído el día 4 de mayo de 2006
a las 3:45 p.m.: folio 69 Cuaderno No. 3
3.20 Página de
judiciales del periódico “La República” del jueves 4 de mayo de 2006, en el que
se publicó el aviso de remate del bien inmueble: folio 71 Cuaderno No. 3
3.21 Diligencia
de Remate hecha por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cúcuta el 12 de
junio de 2006, en la que se le “ADJUDICA al señor JESÚS DUARTE BLANCO,
identificado con la C. C No. 5.392.385 de Cúcuta, por la suma de TREINTA Y SIETE
MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL PESOS ($37.174.000.00) el bien inmueble
objeto de este remate”: folio 79 Cuaderno No. 3
3.22 Recibo de
pago de Impuesto Predial en que el avalúo del bien inmueble objeto del remate,
para el año 2006, era de $76.646.000: folio 83 Cuaderno No. 3
3.23 Providencia
del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 14 de junio de 2006, en la que se
aprueba en todas y cada una de sus partes el remate celebrado en el proceso con
radicado No. 00926/93, se ordena la cancelación de la medida previa decretada,
se dispone la inscripción de la diligencia de remate en la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos, y su protocolización en una de las Notarías de la
ciudad, y se ordena el reconocimiento y pago del 75% del valor del impuesto
predial: folios 85 y 86 Cuaderno No. 3
3.24 Memorial de
13 de junio de 2007 de la apoderada del señor Jesús Duarte Blanco, manifestando
al Juez Cuarto Civil del Circuito de Cúcuta, que su poderdante “… desde que
se hiciera la diligencia de remate ha mantenido la posesión material, real y
efectiva de la totalidad del inmueble rematado… Solicita que se efectúen los
descuentos correspondientes por concepto de impuestos y de todos aquéllos ítems
a que haya lugar, en las proporciones que tenían los comuneros antes de la
diligencia de remate…Una vez se produzcan las deducciones respectivas, solicito
al despacho poner a disposición del Juzgado Quinto Civil del Circuito de
Cúcuta, radicado No. 0057/2000, el saldo que resultare, en razón a que en dicha
oficina se tramita PROCESO ORDINARIO DE RENDICIÓN ESPONTÁNEA DE CUENTAS
propuesto por mi poderdante contra los hermanos PEDRO VICENTE Y RUFINO BULLA
FUENTES y este Juzgado es el llamado a entregar los dineros a las partes
citadas…”: folio 89 Cuaderno No. 3
3.25 Providencia
de 27 de junio de 2007 del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cúcuta en el
proceso radicado No. 00926/93 en la que 1. Se ordena la distribución de los
dineros producto del remate entre los comuneros Rufino y Pedro Vicente Bulla
Fuentes, de acuerdo a sus derechos en el inmueble rematado…1.2 Para el señor
RUFINO BULLA FUENTES la suma de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL PESOS
(11.807.000.00). 1.3 Para el señor PEDRO VICENTE BULLA FUENTES, la suma de
CINCO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS PESOS (5.903.500.00). 2. Ordenar
a los comuneros contribuir con el pago de los gastos que se produjeron para el
remate del inmueble objeto de división…Póngase a disposición del Juzgado Quinto
Civil del Circuito, proceso de rendición de cuentas seguido por JESÚS DUARTE
BLANCO contra RUFINO Y PEDRO VICENTE BULLA FUENTES, los dineros a distribuir,
previo el descuento de los gastos…”: fls 90 a 93 Cuaderno No. 3
3.26
Certificación del Jefe de la Oficina del SISBEN de Cúcuta en relación con el
señor PEDRO VICENTE BULLA FUENTES, quien se encuentra sisbenizado en nivel 1:
fl 96 Cuaderno No. 3
3.27 A folios 97
a 121 del Cuaderno No. 3 se encuentran varios documentos relacionados con la
salud de Pedro Vicente Bulla Fuentes, atención, medicamentos, citas, pagos de
cuotas de recuperación. Particularmente se resalta el documento que obra a
folio 119, en el que se da como diagnóstico “Carcinoma Baso-Celular” de 7 de
abril de 2005, y se le programó un procedimiento de “Recesión tumor cutáneo
maligno en cara”.
3.28 A folio 122
del Cuaderno No. 3 aparece el documento expedido por la Alcaldía de Cúcuta a
nombre de Pedro Vicente Bulla Fuentes que lo acredita como “Pimpinero”.
3.29 A folios 124
a 125 se encuentran fotografías del señor Pedro Vicente Bulla Fuentes
ejerciendo su oficio de “Pimpinero”. Igualmente, a folios 126 y 127 fotocopias
de las Cédulas de Ciudadanía, en la que aparece como fecha de nacimiento  de
Pedro Vicente Bulla Fuentes el 14 de octubre de 1939, es decir que tiene
actualmente 69 años, y de Rufino Bulla Fuentes el 23 de septiembre de 1942,
quien tiene 66 años.
3.30 Recibo
original del impuesto predial del inmueble que fue objeto del remate, con un
avalúo de $76.646.000.00 y total a pagar $13.041.400.00: folio 28 Cuaderno No.
3
3.31 En el folio
129 del Cuaderno No. 3, aparece el Estado de Cuenta expedido por la Alcaldía
Municipal de Cúcuta el 14 de agosto de 2007, en el que aparece que el valor
total del impuesto predial del inmueble fue cancelado por Jesús Duarte Blanco,
así: 04-07-2006: $13.599.600.00 y 20-02-2007: $ 1.240.300
3.32 El 13 de
agosto de 2007, Pedro Vicente Bulla Fuentes, solicitó al Juez Cuarto Civil del
Circuito de Cúcuta copia de la sentencia del proceso No. 926/93, y afirma que
“la necesito para un proceso judicial”. El Juez ordena expedirla en auto de
la misma fecha: folios 100 y 100 vto Cuaderno No. 8
3.33 El 24 de
agosto de 2007, los señores Pedro Vicente Bulla Fuentes y Rufino Bulla Fuentes
confieren poder para la presentación de la acción de tutela ante el Tribunal
Superior de Cúcuta: folio 130 Cuaderno No. 3
3.34 Auto
admisorio de la acción de tutela por el Tribunal Superior de Cúcuta de 23 de
octubre de 2007: folios 134 a 135 Cuaderno No. 3
3.35 Escrito del
señor Jesús Duarte Blanco dirigido al Tribunal Superior de Cúcuta del 29 de
octubre de 2007, para que obre en el radicado No. 00158/2000-00 en la acción de
tutela interpuesta por Rufino y Pedro Vicente Bulla Fuentes.
3.36 A folios 150
a 155[15] obra la Resolución No.
231 de 14 de septiembre de 2001, en el proceso radicado con el No. 3077, en la
que se profirió decisión inhibitoria, a favor de Jesús Duarte Blanco por la
denuncia penal interpuesta por los hermanos Pedro Vicente y Rufino Bulla
Fuentes.
3.37 También, a
folios 156 a 160[16] obra la Resolución No.
0270 de 19 de julio de 2005 en que la Fiscal Quinta delegada ante los Jueces
Penales Municipales de Cúcuta, precluye la investigación a favor de Jesús
Duarte Blanco, a quien se le sindicaba del delito de “HURTO CON
CIRCUNSTANCIAS DE ATENUACIÓN PUNITIVA (HURTO ENTRE CONDUEÑOS)”.
3.38 A folios 161
a 170[17] se encuentra la
Resolución con Nos. 215 – 216, proferida por la Fiscal Cuarta ante el Tribunal
Superior de Cúcuta, el 27 de octubre de 2005, en la que se resolvió el recurso
de apelación contra la Resolución de 10 de septiembre de 2004, mediante la cual
se admitió la demanda de parte civil dentro del proceso que cursaba contra
Jesús Duarte Blanco por el delito de Hurto entre Condueños.
3.39 Aparece a
folios 171 a 182[18] la sentencia de la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, de 21 de febrero de 2006, en que
se negó por improcedente la acción de tutela interpuesta por Rufino y Pedro
Vicente Bulla Fuentes, en contra de las Fiscalías Quinta Local de Cúcuta y
Cuarta delegada ante el Tribunal Superior de la misma ciudad.
4. Respuestas
a la acción de tutela interpuesta por Pedro Vicente Bulla Fuentes y Rufino
Bulla Fuentes contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito el 19 de octubre de
2007, ante el Tribunal Superior de Cúcuta:
4.1 Del señor
Jesús Duarte Blanco:
Se encuentra a
folios 144 a 149[19], y se hará un resumen:
Realiza una petición especial y es que la tutela sea declarada improcedente,
por cuanto existen otras vías para atacar el presunto error en que se hubiera
podido incurrir en el trámite, y que los demandantes no han agotado. Considera
también, que la tutela contiene pretensiones que pertenecen a otro tipo de
acción, y que además, ésta no sirve para revivir términos judiciales ya precluídos.
Hace referencia
en general, a las múltiples situaciones que se han presentado entre él y los
hermanos Bulla Fuentes desde hace más de 15 años, y que han dado lugar a la
acción de tutela ahora interpuesta.
Afirma lo
siguiente:
“Ahora, si fuera cierto lo de las amenazas del suscrito para no
seguir adelantando el proceso divisorio, pregunto a los Honorables Magistrados:
a)
Por qué el señor RUFINO BULLA FUENTES,
demandando a los demás comuneros, y sin saber si tenía problemas con su hermano
PEDRO VICENTE, inició un PROCESO DE DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR  FUERA DE
PROCESO DIVISORIO, que cursa en el Juzgado Primero Civil del Circuito, bajo el
elemento a sabiendas (sic) que existía el proceso divisorio que cursa en el
Juzgado Cuarto Civil del Circuito.
b)
Por qué siguieron folio a folio, aunque
apelaron extemporáneamente de la sentencia, de los procesos de RENDICIÓN
ESPONTÁNEA DE CUENTAS, que presenté y se siguió ante el Juzgado Quinto Civil
del Circuito de Cúcuta y que hoy se encuentra en el superior de conocimiento de
la Dra. CONSTANZA FORERO DE RAAD, donde propusieron medios exceptivos.
c)
Por qué iniciaron cualquier cantidad de
procesos de Restitución de inmuebles contra los arrendatarios de algunos
locales comerciales y Regulación de Canon, incluido el que ocupamos el suscrito
y mi hijo Amstrong Duarte Torres.
“Procesos que se han adelantado por la actuación incisiva de los hoy
accionantes que se “amangualaron” para hacerme la vida imposible y pretender
lucrarse hoy de todas las inversiones que he hecho en el predio.”[20]
Hace luego
varias consideraciones sobre los conflictos que existieron en relación con el
inmueble, y específicamente sobre el proceso divisorio y el avalúo del bien, y
los varios procesos de rendición de cuentas adelantados.
Exactamente
sobre el tema del remate del bien y el avalúo utilizado, dice que esta
diligencia reunió todas las exigencias de ley y que “… además, el Juzgado de
oficio no podía cambiar el avaluó, como tampoco lo podía hacer ninguno de los
demandados, luego, el remate debía hacerse por el avalúo, que se le había dado,
pues no fue objetado y era ilegal que el Juez de la causa ordenara un nuevo
avalúo a motu propio, pues no existe normatividad que así lo disponga.”
Se refiere
igualmente, a que “… todas las actuaciones del Despacho surtieron el
principio de publicidad, no fueron escondidas ni mucho menos, entonces mal
pueden ahora por vía de tutela pretender revivir términos y enmendar su pereza,
desidia y desinterés en el proceso divisorio que ellos mismos iniciaron”.
En cuanto a los
dineros que no han recibido los señores demandantes, afirma que sí les
correspondieron de acuerdo al porcentaje de cuota de cada uno de los comuneros,
lógicamente haciendo los gastos de la división, “que no lo (sic) hayan
reclamado es otra cosa …”.
Pregunta el
señor Blanco Duarte al Tribunal, cuál es la norma que autoriza al Juez a
ordenar un nuevo avalúo en el proceso divisorio.
Señala:
“… no pueden los Abogados en forma temeraria y por el afán de
ganarse unos pesos, iniciar acciones tendenciosas y mal intencionadas, sin
algún respaldo jurídico para pretender obtener provecho para sí mismo, a
sabiendas que carecen de fundamentos para obtener un resultado positivo, pues
es tan notable la ausencia de profesionalismo del señor abogado de la tutela,
que no cita una sola norma de procedimiento civil que demuestre la violación de
los procedimientos seguidos dentro de la acción divisoria y lo único que hacen
es congestionar la justicia y quitar tiempo para que los jueces puedan fallar otros
procesos más importantes.”
“Los derechos fundamentales reclamados brillan por ausencia de
asidero jurídico, con excepción del debido proceso que fue respetado
íntegramente; los demás nada tienen que ver con el proceso divisorio.”
Finalmente, se
refiere a los problemas económicos que dicen tener los hermanos Bulla Fuentes,
para manifestar que no le constan, y que no atañen al proceso divisorio. Que
por qué no resuelven los problemas que han tenido con las administradoras,
puesto que ellas son las que les han causado el detrimento económico que alegan
en la tutela.
4.2 Del Juez
Cuarto Civil del Circuito de Cúcuta, doctor Heriberto Alvarez Gamboa:
Aunque el
titular del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cúcuta fue notificado
oportunamente por el Tribunal Superior de Cúcuta de la interposición de la
acción de tutela, no dio respuesta. Sólo a través del Secretario del
Juzgado, mediante oficio No. 1993 de 27 de octubre de 2007, contestó enviando
copia del proceso divisorio radicado con el No. 54001-31-03-004-1993-00926-00.[21]
(Negrillas de la Sala).
II. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
1. Primera
instancia:
Mediante
sentencia proferida el 1 de noviembre de 2007, la Sala Civil – Familia del
Tribunal Superior de Cúcuta, tuteló los derechos fundamentales del debido
proceso y a la igualdad invocados por los señores Pedro Vicente Bulla Fuentes y
Rufino Bulla Fuentes, y en consecuencia, se declaró la nulidad de todo lo
actuado a partir del auto de fecha 23 de marzo de 2006, y se ordenó rehacer la
actuación procediéndose a la actualización del avalúo del bien objeto de la
pública subasta dentro del proceso divisorio.
Las razones
fundamentales para conceder la tutela fueron las siguientes:
La acción de
tutela es un medio de defensa excepcional que tienen todas las personas contra
las acciones u omisiones de cualquier autoridad pública que vulneren o amenacen
los derechos fundamentales, cuando éstas carezcan de medios de defensa judicial
contra ellas, salvo que se utilice  como mecanismo transitorio para precaver un
perjuicio irremediable.
A su vez señala
la sentencia que el debido proceso es un derecho de obligatorio cumplimiento en
las actuaciones tanto judiciales como administrativas, para la defensa de los
derechos de los administrados. Que los ciudadanos sin distinción alguna, deben
gozar del máximo de garantías en relación con esas actuaciones.
Se citan
sentencias de la Corte Constitucional en las que se hace referencia a los temas
del debido proceso y a la procedencia de la acción de tutela contra las
decisiones arbitrarias y caprichosas de los funcionarios judiciales, que sin
fundamento objetivo y razonable contradigan los parámetros constitucionales,
con la consecuente vulneración de derechos fundamentales. Estos son casos en
que se puede presentar la tutela, demostrando el error en que se incurrió en la
providencia judicial, correspondiéndole a la Corte verificar la existencia del
vicio alegado por el accionante, y limitándose a comprobar que hay situaciones
irregulares desde una perspectiva sustantiva, fáctica, orgánica o procedimental.
Finalmente, al
revisar el proceso que se adelantó en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de
Cúcuta, se concluyó que el avalúo para proceder al remate del bien inmueble ha
debido actualizarse, pues el que había en el proceso correspondía al año 1994 y
la venta se iba a realizar en el año 2006, es decir doce (12) años después. El
Tribunal aplicó por analogía los artículos 307 del C de P. C. y el numeral 7
del artículo 2 del Decreto 422 de 2000, para determinar que el avalúo tiene
vigencia de un año, y que al no haberse actualizado se causó un gran daño a los
demandantes, y se vulneró el derecho al debido proceso por haberse incurrido en
una vía de hecho por parte del Juzgado.
2. Impugnaciones:
2.1 Del Juez
Cuarto Civil del Circuito de Cúcuta[22]:
El doctor
Heriberto Alvarez Gamboa, hizo las siguientes peticiones a la Sala Civil –
Familia del Tribunal Superior de Cúcuta:
1) Se decrete la
nulidad de lo actuado por falta de competencia para conocer y fallar la tutela
de la referencia: Señala que como el Tribunal Superior de Cúcuta conoció en
segunda instancia del proceso divisorio por un incidente de nulidad fallado el
26 de julio de 2000, la competencia no le correspondía a ese Tribunal, sino a la
Corte Suprema de Justicia.
2) Si no procede
la nulidad solicita la aclaración y adición de la sentencia de 1º de noviembre
de 2007: Afirma que la providencia hizo aplicación analógica del artículo 307
del C de P.C. para efectos de tutelar los derechos fundamentales de los
demandantes en concordancia con los artículos 241 y 187, y disponer que se
debió actualizar el avalúo realizado en el proceso divisorio. Señala luego las
normas que regulan el proceso divisorio en el C de P.C. para concluir que para
efectos del avalúo y remate de bienes, no existe norma expresa, y además, se
hace remisión al proceso ejecutivo.
Solicita que
mediante la aclaración que pide de la sentencia, se le informe al Juzgado el
por qué se aplican normas por analogía, cuando la ley prevé específicamente las
que regulan el proceso divisorio y el avalúo, al igual que el remate de bienes
en esos procesos.
También que se
adicione la sentencia señalándole “con exactitud cuál es la norma a aplicar
por el suscrito para efectos de ordenar la práctica oficiosa de un nuevo avalúo
dentro de un proceso DIVISORIO y que esté regulada dentro del Título XXVI, Capítulo
1, artículos 467 a 474 del C de P.C.”
“Manifiesto
igualmente que IMPUGNO la sentencia de fecha 1º
de noviembre del año en curso, proferida en la acción de tutela de la
referencia”.
2.2 Del señor
Jesús Duarte Blanco[23]:
El 7 de noviembre
de 2007 interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 1º de noviembre
de 2007 de la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Cúcuta, radicado
No. 00158/2000 – 00, por considerar que “adolece de claras violaciones de
una parte, a las normas adjetivas y de otra, violenta los principios fundamentales
del derecho como son la inmediatez y  publicidad”.
2.3  Del señor
Amstrong Jesús Duarte Torres[24]:
El 18 de febrero
de 2008 presentó escrito ante el Tribunal Superior Sala Civil – Familia de
Cúcuta, para manifestar que en razón al recurso de apelación que se le ha
concedido al señor Jesús Duarte Blanco contra la sentencia se adhiere a dicho
recurso.
3. Solicitud
de integración del contradictorio:
Después de
varias actuaciones judiciales, que enseguida se relacionarán, es que aparece en
este proceso el señor Amstrong Duarte Torres solicitando al Tribunal Superior
Sala Civil – Familia de Cúcuta que se le integre como litis consorte necesario
y se le reconozca su interés para actuar.[25]
Adjuntó en esa
oportunidad un Certificado de Tradición de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos, correspondiente al bien de matrícula No. 260-36739 para
probar que en la Anotación No. 22, hecha el 19 de junio de 2007, se registró la
escritura No. 988 de 14 de junio de 2007 en la Compra – Venta del bien
inmueble, hecha por Amstrong Duarte Torres a Jesús Duarte Blanco.
Se encuentra en
el expediente copia de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia Sala de
Casación Civil de 21 de enero de 2008 en que se decidió la acción de tutela
interpuesta por AMSTRONG JESÚS DUARTE TORRES contra la Sala Civil Familia del
Tribunal Superior de Cúcuta en la que aduciendo la violación de sus derechos
fundamentales al debido proceso, defensa y propiedad, pretendía:
“… que se decrete la nulidad de todo lo actuado dentro de la acción
de tutela instaurada por RUFINO Y PEDRO VICENTE BULLA FUENTES contra el Juzgado
Cuarto Civil del Circuito de Cúcuta, radicado No. 54001-2213-000-2007-00158-00
y consecuentemente se ordene integrar el contradictorio en dicha tutela con él,
por ser el propietario legal, único y exclusivo del inmueble rematado dentro
del proceso divisorio.”
Esta tutela fue
negada por la Corte Suprema de Justicia por considerarla improcedente por dos
razones fundamentales: 1) Resulta inconducente para alegar la configuración de
vías de hecho en una sentencia proferida en un proceso de igual naturaleza, por
cuanto esas decisiones son susceptibles de eventual revisión por la Corte
Constitucional, y 2) Existencia de la causal de improcedencia prevista en el inciso
3º del artículo 86 de la Constitución Política en concordancia con el numeral
1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, por cuanto la actuación que se
censura por tutela se encuentra aún en trámite ante los funcionarios acusados,
en virtud de lo dispuesto en Auto de 12 de diciembre de 2007, el cual fue
proferido a propósito de la impugnación interpuesta contra el fallo
cuestionado.
4. Segunda
Instancia:
La  Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 25 de junio de
2008, resolvió las impugnaciones presentadas por el Juzgado Cuarto Civil del
Circuito de Cúcuta y por el señor Jesús Duarte Blanco, contra la sentencia
proferida el 1º de noviembre de 2007 por la Sala Civil – Familia del Tribunal
Superior de Cúcuta, que concedió la tutela interpuesta por los señores Rufino
Bulla Fuentes y Pedro Vicente Bulla Fuentes contra el Juzgado mencionado,
confirmando la providencia del Tribunal.
Los argumentos
principales son los siguientes:
Que aunque no
comparte la argumentación esgrimida por el Tribunal en cuanto dio aplicación a
una norma sobre avalúos, el Decreto 422 de 2000, expedida para regular asuntos
distintos, sí considera que el proceso divisorio estuvo inactivo seis años, y
que cuando se reanudó, la publicidad que se le brindó a las actuaciones que
condujeron al remate del bien fue la ordinaria que establece la ley, cuando ha
debido tenerse en cuenta que al haber transcurrido un lapso de tiempo tan
grande, han debido tomarse medidas por lo menos especiales para salvaguardar
los derechos de las partes que no promovieron las actuaciones de reanudación
para impedir que sus legítimos intereses resultaran conculcados.
Señala también,
que la actuación acusada del Juzgado resultó sorpresiva para los accionantes,
quienes tenían derecho a que se les brindara un tratamiento informativo acorde
con la muy prolongada inactividad del proceso, ya fuera para que se enteraran
oportunamente de las nuevas actuaciones, no sólo a través de notificaciones por
estado, o por la actualización del avalúo del bien común, para que no se fuese
a practicar el remate con referencia al que se había hecho doce años atrás.
La autoridad
judicial no puede actuar de manera alejada de la sensatez o de la razonabilidad,
y las diligencias que se hicieron en este caso fueron no sólo sorpresivas, sino
también distantes de los principios que rigen la interpretación de las normas
procesales, teniendo en cuenta que el objeto de los procedimientos es la
efectividad de la ley sustancial y que además, se debe garantizar el debido
proceso y el respeto al derecho de defensa, por lo que el Juez debe realizar
las actuaciones que resulten indispensables para que se mantenga la igualdad de
las partes.
III. OTRAS
ACTUACIONES DESPUÉS DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. Auto de 24
de julio de 2008 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia:
Mediante este
auto[26] no se accedió a la
solicitud de aclaración del fallo de 25 de junio de 2008 pedida por el señor
Amstrong de Jesús Duarte Torres, por considerar que no se dan los supuestos
fácticos que lleven a que prospere, por cuanto el solicitante no manifestó la
presencia de duda en la providencia, sino que se limitó a expresar su
inconformidad. Además, se destaca que el peticionario de la aclaración no es
parte, ni interviniente en la tutela.
2. Insistencia
del señor Defensor del Pueblo:
Por escrito[27]
de 10 de octubre de 2008, el señor Defensor del Pueblo insistió en la
selección del expediente de tutela de la referencia en la acción de tutela
instaurada por Rufino y Pedro Vicente Bulla Fuentes, por considerar
esencialmente, que el inmueble objeto de división de comunidad, al presentarse
la tutela se encontraba en cabeza del señor Amstrong de Jesús Duarte Torres,
tercero adquirente de buena fe, quien no fue vinculado al trámite de la tutela,
por lo que no pudo ejercer el derecho de defensa.
3. Auto de 22
de octubre de 2008 de la Sala de Selección Número Diez de la Corte
Constitucional:
Se aceptó la
insistencia en la revisión, y fue seleccionado el expediente T-2.011.415.
Demandante: Pedro Vicente Bulla Fuentes y Rufino Bulla Fuentes.
4. Auto de 10
de diciembre de 2008 de la Sala Tercera de la Corte Constitucional:
Ordena a la
Secretaría General de esta Corporación que ponga en conocimiento del señor
Amstrong Jesús Duarte Torres el contenido de la solicitud de tutela del
expediente T-2011415, para que, dentro de los tres (3) días siguientes a la
notificación del Auto, se pronunciara.
5.  Respuesta
del señor Amstrong Jesús Duarte Torres:
Obra a folios 41
a 109 del Cuaderno Principal, y se resumirá a continuación:
Manifiesta que Jesús
Duarte Blanco adquirió por venta en pública subasta celebrada el día 12 de
junio de 2007 el inmueble ubicado en la Avenida 5ª No. 15ª – 27 y 15ª – 29 del
barrio La Victoria de la Ciudadela Juan Atalaya de Cúcuta.
Que mediante
escritura pública No. 988 de 14 de junio de 2007 de la Notaría Séptima de
Cúcuta adquirió el bien por compra que hizo a Jesús Duarte Blanco.
Que la
diligencia de remate del bien cumplió con todas las formalidades previstas en
la ley.
Que los señores
Rufino y Pedro Vicente Bulla Fuentes, después de 18 meses de celebrado el
remate y 12 meses después de realizada la venta buscan revivir unos términos
con la acción de tutela interpuesta contra el juzgado Cuarto Civil del Circuito,
invocando como derechos fundamentales violados el debido proceso, la igualdad,
a tener una vida digna, a la seguridad social, a tener una remuneración mínima
vital y el derecho a la vida, los que a su modo de ve nada tienen que ver con
el trámite del proceso.
Señala que la
Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Cúcuta admitió la tutela pero
omitió integrar el litis consorcio necesario por cuanto él es la persona que
figura como propietaria del inmueble según consta en el certificado de
tradición y libertad de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Que
ante esta situación formuló incidente de nulidad para que antes de continuar
con el trámite de la tutela se le integrara como litis consorte para que se le
respetara el derecho al debido proceso, pero que el incidente le fue negado,
por lo que instauró tutela ante la Corte Suprema de Justicia, pero fue negada
con el argumento que debía acudir a la acción de tutela que se estaba
tramitando ante la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Cúcuta, pero
fue negada su integración por lo que considera que el Tribunal le siguió
violando sus derechos fundamentales.
Que mediante
solicitud de 21 de noviembre de 2008, y con fundamento en el artículo 23 de la
Constitución, solicitó al Tribunal que se le informaran los fundamentos
jurídicos para: 1) Que no se le hubiere integrado como parte interesada que es
en el proceso. 2) Que se decretara la nulidad de la escritura pública por la
cual adquirió el derecho de dominio y posesión del inmueble. 3) Que se ignorara
un avalúo que las mismas partes nunca objetaron, y que se le informe a él cuál
es la norma que autoriza al Juez para que ordene uno nuevo y por último, pide
el señor Amstrong Jesús Duarte Torres, a la Magistrada Ponente en el Tribunal,
que se le den las razones jurídicas por las que se aplicó por analogía el
artículo 307 del C de P.C.
Según afirma el
interviniente, se le respondió por el Tribunal, que éste no tiene competencia
funcional para resolver sus peticiones.
Insiste en que
se le conculcó el derecho al debido proceso, y a la defensa.  Que además, se
incurre en vías de hecho, y que se le está negando el derecho de acceso a la
justicia.
Que en la
confirmación del fallo del Tribunal Superior de Cúcuta por parte de la Corte
Suprema de Justicia no se hace mención a la violación de sus derechos
fundamentales.
Finalmente,
señala que una vez visto el expediente del proceso divisorio en el Juzgado
Cuarto Civil del Circuito de Cúcuta,  ha conocido lo siguiente:
Que el proceso
divisorio es un proceso de conocimiento, que su trámite está establecido en el
C de P.C. artículos 467 y s.s. Que por ser de una clase tan especial, le son
aplicables las normas de los procesos abreviados, ejecutivos y de sucesión. Que
no se le pueden aplicar por analogía normas del proceso ordinario. Que para
iniciar una tutela contra sentencia se deben agotar los recursos ordinarios y
extraordinarios. Que por jurisprudencia se ha establecido que por el principio
de inmediatez, se le otorga a quien interpone la tutela un término de 6 meses el
cual no se tuvo en cuenta por el Tribunal Superior de Cúcuta. Que no existe
norma que indique que un avalúo prescriba o pierda vigencia con el transcurso
del tiempo. Que los medios de publicidad de las providencias son la
notificación por estado, por estrados y por edicto, y no la que “se inventó la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, como es la INVITACIÓN a
las partes para que estén pendientes del proceso, cuando a su voluntad lo han
dejado abandonado”. Y termina manifestando que la tutela no es para
reemplazar recursos, ni para revivir términos judiciales ya precluídos.
Las peticiones
específicas del señor Amstrong Jesús Duarte Torres, son:
1)
Que se revoquen las sentencias proferidas por la
Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Cúcuta y por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia.
2)
Que se declare improcedente la acción de tutela
formulada por los hermanos Rufino y Pedro Vicente Bulla Fuentes.
3)
Que por haber afectado su propiedad con una
medida cautelar improcedente incoada por los hermanos Rufino y Pedro Vicente
Bulla Fuentes, sean condenados a pagar los perjuicios causados, por cuanto le
han impedido hacer cualquier tipo de transacción con el inmueble.
A folios 45 a 50
del Cuaderno Principal se encuentra fotocopia del derecho de petición
presentado ante el Tribunal Superior de Cúcuta, Sala Civil – Familia, el 21 de
noviembre de 2008, por el señor Amstrong Jesús Duarte Torres, al que él ya se
refirió en el escrito recibido en la Corte Constitucional el 18 de diciembre de
2008. Obra también, a folios 51 a 55 del Cuaderno Principal, fotocopia de la
respuesta dada por la Dra. Gisela Buendía Sáyago, Magistrada del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cúcuta al mencionado derecho de petición.
Igualmente, a
folios 87 a 92 del Cuaderno Principal aparece un nuevo escrito del señor
Amstrong Jesús Duarte Torres, recibido en la Secretaría de la Corte
Constitucional el 13 de enero de 2009, en el que ratifica lo ya expresado en su
escrito de 18 de diciembre de 2008, y se refiere ampliamente a los temas del
principio residual y subsidiario en la acción de tutela, al principio de
inmediatez, y a los derechos fundamentales que han invocado los accionantes
como vulnerados, que él en su opinión considera que no están siendo vulnerados,
por lo que allega al expediente los siguientes documentos:
Respecto del
señor Rufino Bulla Fuentes:
1)
Certificados de libertad (folios 94 a 99 del
Cuaderno Principal) de dos inmuebles que según él manifiesta demuestran que son
de propiedad del señor Rufino Bulla Fuentes.
2)
Copia de los informes (folios 107 y 108 del
Cuaderno Principal) “donde consta el reparto de los dineros que se hacían
entre los condóminos”.
En relación con
el señor Pedro Vicente Bulla Fuentes: (Folios 102 a 105 del Cuaderno Principal)
1)
Copia del examen clínico de próstata del señor
Pedro Vicente Bulla Fuentes, aclarando que es el que obra dentro del
expediente.
2)
Carné de identificación con registro No. 857 de la
Alcaldía de Cúcuta como pimpinero.
3)
Fotografías en que se demuestra que es
pimpinero.
IV.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1.  Competencia.
Esta
Corte es competente para conocer de los fallos materia de revisión, de
conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución
Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y demás
disposiciones pertinentes y por la escogencia del caso por la Sala de
Selección.
2. Problemas
jurídicos:
Considera la
Corte Constitucional que el problema de fondo que debe
resolver consiste en determinar si en el trámite del proceso divisorio, se
incurrió en actuaciones que puedan ser catalogadas como violatorias de los
derechos fundamentales de los demandantes, Pedro Vicente Bulla Fuentes y Rufino
Bulla Fuentes, en particular del debido proceso y el derecho de defensa.
La Sala debe
analizar lo siguiente:
En primer lugar,
se debe definir si teniendo en cuenta todas la circunstancias que han rodeado
al proceso divisorio durante más de quince (15) años, ya que se inició el 25 de
octubre de 1993[28], se requería una
especial atención por parte del Juez Cuarto Civil del Circuito con el fin de
hacer una efectiva notificación de la diligencia de remate del bien inmueble a
los hermanos Rufino y Pedro Vicente Bulla Fuentes.
En segundo
lugar, se determinará si el remate del bien inmueble se podía hacer con base en
un avalúo elaborado doce (12) años antes, o era necesario actualizarlo para no
causar detrimento patrimonial a los hermanos Rufino y Pedro Vicente Bulla
Fuentes.
En tercer lugar,
se analizará si efectivamente el Juez Cuarto Civil del Circuito incurrió en una
vía de hecho y sí es procedente la tutela contra providencias judiciales por el
trámite que se le dio al proceso divisorio, hasta llegar al remate,
adjudicárselo a uno de los demandados y la posterior venta que éste hizo del
bien a uno de sus hijos.
Y finalmente, se
debe establecer si efectivamente, con el remate y posterior venta del inmueble
se vulneraron principios y derechos fundamentales.
2.1 Necesidad
de notificación efectiva de las actuaciones que se hagan en los procesos
judiciales, específicamente de la diligencia de remate:
La
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido reiterada en el sentido de
señalar que el juez debe hacer todo lo posible para notificar sus decisiones,
con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa de las
partes.
En la sentencia
C-670/04[29] se consideró:
“En efecto, la Corte ha mantenido una sólida línea
jurisprudencial, en el sentido de que la notificación, en cualquier clase de
proceso, se constituye en uno de los actos de comunicación procesal de mayor
efectividad, en cuanto garantiza el conocimiento real de las decisiones
judiciales con el fin de dar aplicación concreta al debido proceso mediante la
vinculación de aquellos a quienes concierne la decisión judicial notificada,
así como que  es un medio idóneo para lograr que el interesado ejercite el
derecho de contradicción, planteando de manera oportuna sus defensas y
excepciones. De igual manera, es un acto procesal que desarrolla el principio
de la seguridad jurídica, pues de él se deriva la certeza del conocimiento de
las decisiones judiciales. (Negrillas fuera de
texto)
De la misma
manera en la sentencia C-641/02[30] se afirmó:
“Entre las garantías mínimas objeto de protección,
el artículo 29 de la Constitución Política consagra, entre otras, (i) el
derecho de acceso a la administración de justicia con la presencia de un juez
natural; (ii) el derecho a ser informado de las actuaciones que conduzcan a
la creación, modificación o extinción de un derecho o a la imposición de una
obligación o sanción; (iii) el derecho de expresar libre y abiertamente sus
opiniones; (iv) el derecho de contradecir o debatir las pretensiones o
excepciones propuestas; (v) el derecho a que los procesos se desarrollen en un
término razonable y sin dilaciones injustificadas y, por supuesto, (vi) el
derecho a presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra.(Negrillas fuera de texto)
“…”
“El principio de publicidad en tratándose de la administración de
justicia está obviamente vinculado al derecho de defensa y al debido proceso,
pues si las decisiones judiciales no son públicas, los distintos sujetos
procesales no pueden ejercer los derechos de contradicción y de impugnación.
“…”
“La expresión notificar, en el campo del derecho, significa 'hacer
saber' o 'hacer conocer'. Por ello, la notificación más que pretender
formalizar la comunicación del inicio, desarrollo o agotamiento de una
actuación, procura asegurar la legalidad de las determinaciones adoptadas en
una instancia judicial, ya que al 'hacer conocer' se garantiza que los
distintos sujetos procesales puedan utilizar los instrumentos o medios
judiciales necesarios para la protección de sus intereses.”
Si bien en el
caso de autos se hizo la notificación como está prevista en el C de P.C.,
también es cierto que se han debido tomar medidas especiales con el fin de
hacer prevalecer el derecho sustancial sobre el procedimental, conforme lo
dispone el artículo 228 de la Constitución Política, y lo ha desarrollado la
jurisprudencia de esta Corporación[31], y permitir que los
señores Pedro Vicente y Rufino Bulla Fuentes, en su calidad de copropietarios
del bien inmueble, se enteraran de la fecha y hora de la diligencia de remate para
que pudieran participar.
Con las pruebas
que obran en el proceso se demuestra que la providencia del Juzgado Cuarto
Civil del Circuito de Cúcuta que decretó la venta en pública subasta del
inmueble y ordenó su avalúo tiene fecha de 9 de mayo de 1994[32]
y el escrito presentado por la apoderada del señor Jesús Duarte Blanco,
solicitando se ordene el remate y se le de aplicación al derecho de compra a
favor de su representado, en el proceso radicado No. 926/93 es de fecha 15
de marzo de 2006[33], es
decir que habían transcurrido once (11) años y diez (10) meses. (Negrillas de la
Sala)
No podía
pretenderse seguir adelante con el proceso divisorio después de haber
transcurrido semejante lapso de tiempo y no tomar las precauciones necesarias para
que los hermanos Bulla Fuentes se enteraran del procedimiento que seguía al
reanudarse el proceso divisorio, que fue el remate del bien con un único
postulante: el señor Jesús Duarte Blanco, a quien finalmente le fue adjudicado
el bien.
No puede
alegarse ahora por el señor Jesús Duarte Blanco que el anuncio en la emisora
Radio Guaimaral se hizo el 4 de mayo de 2006 a las 3: 45 p.m y que el aviso se
publicó en el Periódico La República, del mismo día, por cuanto la norma del
artículo 525 del C de P.C. señala en relación con el aviso de remate, y con la modificación hecha por el artículo 55 de la
Ley 794 de 2003 lo siguiente:
“Aviso y publicaciones. El remate se anunciará
al público por, aviso que expresará:
“…”
“El aviso se publicará por una vez, con
antelación no inferior a diez días a la fecha señalada para el remate, en
uno de los periódicos de más amplia circulación en el lugar y en una
radiodifusora local si la hubiere; una copia informal de la página del diario y
la constancia del administrador o funcionario de la emisora sobre su
transmisión se agregarán al expediente antes de darse inicio a la subasta. Con
la copia o la constancia de la publicación del aviso, deberá allegarse un
certificado de tradición y libertad del inmueble actualizado, expedido dentro
de los cinco (5) días anteriores a la fecha prevista para la diligencia de
remate.”
Nótese que esta
norma, antes de ser modificada por la Ley 794 de 2003 señalaba: “… en un
periódico de amplia circulación en el lugar ...”. Si se cambió por la
expresión “…más amplia …”, sin ninguna duda fue con la finalidad de asegurar que
efectivamente se de a conocer a las partes y a los interesados, en el lugar
donde la diligencia se va a realizar, y donde residen las partes procesales, en
este caso en la ciudad de Cúcuta, el remate del bien inmueble objeto del
proceso divisorio. (Negrillas de la Sala).
Hay prueba en el
expediente que la publicación sólo se hizo en el Diario La República[34],
cuya más amplia circulación es en Bogotá principalmente, y no en la
ciudad de Cúcuta.
Teniendo en
cuenta que en el proceso no había existido actuación tendiente al remate del
bien, desde hacía muchos años, es claro que se vulneró por parte del Juzgado
Cuarto Civil del Circuito de Cúcuta el debido proceso y el derecho de defensa de
los señores Pedro Vicente y Rufino Bulla Fuentes, al reanudar el proceso
divisorio y fijar la fecha de remate sin permitir que ellos se enteraran de la
decisión judicial que los afectaba en los derechos que tenían sobre el bien
inmueble.
En la T-970/06[35]
se señaló que conforme a los artículos 29 y 228 de la Constitución Política:
“… las autoridades judiciales y administrativas deben adelantar las
gestiones necesarias para que todas las personas tengan acceso a las
investigaciones y juicios que las comprometen e interesan, porque sólo
así pueden ejercer su derecho a la defensa y exigir, una vez establecida la
firmeza de las decisiones, su inmediato cumplimiento”. (Negrillas fuera de texto).
Además, el
artículo 37 del C de P.C. en relación con los Deberes del Juez, dispone en su
numeral 3º:
“Prevenir, remediar y sancionar por los medios que este Código
consagra, los actos contrarios a la dignidad de la justicia, lealtad, probidad
y buena fe que deben observarse en el proceso, lo mismo que toda tentativa de
fraude procesal”.
2.2 El
proceso de remate de un bien inmueble en un proceso divisorio y necesidad de
actualización del avalúo para no causar detrimento patrimonial a los condueños:
Como ya lo
señaló la Corte Constitucional: “Las decisiones
judiciales tienen que respetar elementos básicos de racionalidad y
razonabilidad y, en general suficiencia argumentativa. No basta que el juez apoye una interpretación determinada. La
conclusión del ejercicio hermenéutico, para que se estime válido, y sin
considerar que se apoye en tesis de únicas respuestas correctas o diversas
respuestas correctas, demanda que sea producto de un razonamiento jurídico que
respete condiciones propias de la razón práctica. En este orden de ideas deben
satisfacerse condiciones de justificación interna y externa, lo que permite
controlar la decisión judicial.”[36]
En la T-546/02[37]
se expresó:
“La razonabilidad se relaciona con la admisibilidad o corrección de
las conclusiones a las que arriba el intérprete. No se trata, simplemente, de
que tales conclusiones resulten absurdas o no, sino que las conclusiones deben
ser compatibles con el marco axiológico, deóntico y consecuencialista definido
en la Constitución y en el cuerpo normativo del cual hace parte el texto
interpretado. El capricho, por su parte, se presenta en las ocasiones en las
cuales el intérprete no sustenta o argumenta debidamente sus conclusiones.
“…”
“La prohibición de la arbitrariedad supone un reconocimiento de la
jerarquía normativa. La interpretación de un texto normativo no puede aparejar
el desconocimiento de la norma superior y, en ningún caso, llevar al
desconocimiento de los derechos constitucionales. En tal caso, además de violar
el principio de supremacía constitucional (C.P. art. 4), el intérprete desborda
sus funciones constitucionales, pues es fin esencial del Estado “garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución” (C.P. art. 2).”
En el caso de
autos el argumento del Juez Cuarto Civil de Cúcuta es que no existe una norma
que permita actualizar el avalúo del bien sujeto a remate, al aceptar que lo
hizo con un avalúo que era del año 1994, y para esta Sala de revisión ese no
puede ser un argumento para desconocer principios constitucionales.
Más aún, ni siquiera
la suma por la que se remató el bien inmueble alcanza la que se determinó por
la administración de la ciudad para el pago del impuesto predial.
En efecto, el
remate se hizo el 12 de junio de 2006[38] con base en el avalúo del
año 1994 por treinta y siete millones ciento setenta y cuatro mil pesos
($37.174.000.00), y el avalúo que obra en el proceso, hecho por peritos
adscritos a la Rama Judicial en el año 2007, es de quinientos once millones
seiscientos setenta mil pesos ($511.670.000.oo). En el recibo de pago del  impuesto
predial para el año 2006[39], fijó la administración
el avalúo del bien inmueble en setenta y seis millones seiscientos cuarenta y
seis mil pesos  ($76.646.000.oo). Sin ninguna duda la suma con base en la cual
se remató el bien, no guardaba concordancia alguna con el valor real del bien
de donde surgen conculcados los derechos fundamentales de los hermanos Bulla
Fuentes, comoquiera que al momento de la providencia[40]
del año 2007, dictada en el proceso divisorio, les correspondió una suma ínfima
con respecto al valor real del inmueble para el año en que se hizo el remate,
se repite: en el año 2006.
Y como ya se
mencionó, los señores Pedro Vicente y Rufino Bulla Fuentes no tuvieron
conocimiento de la diligencia de remate que se iba a realizar sobre el bien
inmueble, no pudieron intervenir en el proceso y por supuesto no tuvieron
oportunidad de controvertir el avalúo hecho en el año 1994.
Como bien lo
analizó la Corte Suprema de Justicia, el Decreto 422 de 2000, norma en que se
basó el Tribunal Superior de Cúcuta – Sala Civil – Familia, en la sentencia de
primera instancia de la tutela de la referencia, no era aplicable pues ese
Decreto sólo se expidió para reglamentar parcialmente el artículo 50 de la Ley 546 de 1999 y los
artículos 60, 61 y 62 de la Ley 550 de 1999, de donde surge inaplicable el
numeral 7 del artículo 2 en cuanto previó: “…La vigencia del avalúo, que no
podrá ser inferior a un año.”
2.3
Reiteración de jurisprudencia respecto de la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales[41]:
La Corte Constitucional, mediante la sentencia C-590 del año 2005,[42]
sistematizando una importante sucesión de pronunciamientos y las discusiones
más relevantes que se han presentado desde sus primeros fallos en torno al
tema, expuso de manera detallada las razones de orden constitucional que
permiten la procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales
así como los requisitos generales de procedencia de esta acción, los cuales
pasan a reseñarse:
Argumentos de la Corte en la C-590/2005 acerca de la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales
La sentencia de constitucionalidad C-590 de 2005, adoptada por la
Sala Plena de la Corporación, consolidó una nutrida línea jurisprudencial en el
sentido de que el artículo 86 de la Constitución ampara la posibilidad de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales,
al instaurarla como un medio para la protección de los derechos
constitucionales fundamentales “cuando quiera que éstos resulten vulnerados
o amenazados  por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”
Ha afirmado la Corte Constitucional que la acción de tutela, por
regla general, no procede contra decisiones judiciales fundamentalmente por
tres razones:
“en primer lugar, el hecho que las sentencias judiciales constituyen
ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales
proferidos por funcionarios profesionalmente formados para aplicar la
Constitución y la ley; en segundo lugar, el valor de cosa juzgada de las
sentencias a través de las cuales se resuelven las controversias planteadas
ante ellos y la garantía del principio de seguridad jurídica y, en tercer
lugar, la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la
estructura del poder público inherente a un régimen democrático.”[43]
(…)
“Con todo, no obstante que la improcedencia de la acción de tutela
contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos ordinarios de
reconocimiento y realización de los derechos fundamentales inherente a los
fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la
autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura
del poder público; ello no se opone a que en supuestos sumamente excepcionales
la acción de tutela proceda contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan
derechos fundamentales.”
Reiteró la Corte lo que ha venido precisando en relación con la
sentencia C-543 de 1992, en el sentido de que los argumentos que se fundan en
esta providencia para sostener que la acción de tutela no procede contra
decisiones judiciales parten de una premisa equivocada y, además, desconocen la
doctrina constitucional, razón por la cual no suministran fundamento alguno
para, contra lo que la Constitución ordena, restringir el ámbito de procedencia
de la acción de tutela.
Precisó que lo que hizo en la Sentencia C-543 de 1992 fue excluir
del ordenamiento jurídico unos preceptos normativos que afirmaban la
procedencia de ese mecanismo contra las sentencias como regla general y no como
excepción y que, por otra parte, la doctrina constitucional ha realizado una
interpretación autorizada de aquella providencia mediante la cual se ha
construido una uniforme línea jurisprudencial que desarrolla los supuestos
excepcionales de procedencia de la tutela contra decisiones judiciales.
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales
De acuerdo con
la línea jurisprudencial reafirmada en la referida sentencia C-590/05, los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
son los siguientes:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede
entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[44].
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
“b. Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y
extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable[45].  De allí
que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios
que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.  De no ser
así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en
el cumplimiento de las funciones de esta última.
“c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración[46].  De lo
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún
años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se
cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
“d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora[47].
No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay
lugar a la anulación del juicio.
“e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto
los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere
sido posible[48].  Esta
exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse
de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
“f. Que no se trate de sentencias de tutela[49].
Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para
revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.”
Adicionalmente
señaló la Corte en la referida sentencia C-590/05 que además de la concurrencia
de los requisitos generales, para que proceda una acción de
tutela contra una sentencia judicial es necesario tener plenamente demostrado
que se presenta al menos una de las causales especiales de procedibilidad,
consistentes en que la providencia atacada presenta uno de los siguientes
vicios o defectos:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.
“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión.
“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que
se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[50]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
“e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la
toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
“f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de
los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
“g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[51].
“h. Violación directa de la Constitución.”
Corresponde al juez de tutela verificar los requisitos generales de
procedencia, así como las causales especiales de procedibilidad para definir si
se configuró una vía de hecho.
En el caso concreto los señores Pedro Vicente y Rufino Bulla Fuentes
instauraron acción de tutela contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de
Cúcuta, por considerar que la decisión de señalar fecha y hora para el remate
del bien inmueble objeto del proceso divisorio mediante auto del 23 de marzo de
2006 fue violatoria de sus derechos fundamentales porque no tuvo en cuenta que
la venta en pública subasta y orden de avalúo databa del 9 de mayo de 1994 sin
que durante esos casi 12 años de lapso se haya actualizado el precio del
predio.  Adicionalmente y pese a que dentro de la actuación existía toda la
información necesaria para enterarlos de la reanudación del proceso, nunca
tuvieron acceso material a la información oportuna sobre la realización de la
diligencia de remate pues el Juzgado nunca tomó ninguna previsión para que se
enteraran real y efectivamente de su ocurrencia a pesar del extensísimo tiempo
transcurrido.
Por su parte, el
Juez Cuarto Civil del Circuito de Cúcuta considera, luego de señalar en su
escrito de impugnación[52] de la sentencia de
tutela de primera instancia las normas que regulan el proceso divisorio en el C
de P. C., que para efectos del avalúo y remate de bienes, no existe norma
expresa, y por eso se hace remisión al proceso ejecutivo.
La Corte
Constitucional tiene en este caso que estudiar si se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales:
1. Sin ninguna
duda el asunto que se debate es de relevancia constitucional, ya que se trata
de establecer si en el proceso divisorio adelantado, que terminó con el remate
del bien inmueble en el que eran condueños los demandantes Bulla Fuentes, se vulneró
el derecho al debido proceso.
2. En cuanto al
agotamiento de recursos ordinarios y extraordinarios dentro del proceso
divisorio, está probado que los señores Bulla Fuentes no tuvieron conocimiento
del remate del bien inmueble sino después de un año de haberse realizado éste[53],
y por eso presentaron la acción de tutela.
3. En relación
con el cumplimiento del requisito de inmediatez, la providencia que terminó el
proceso divisorio ordenando la distribución de los dineros producto del remate
entre los comuneros es de 22 de junio de 2007[54], y la acción
de tutela se presentó el 19 de octubre de 2007, por lo que el requisito se
encuentra acreditado.
4. El efecto
determinante de la irregularidad procesal está igualmente evidenciado. La
omisión de la autoridad judicial fue la causa impeditiva de que los demandantes
Pedro Vicente y Rufino Bulla Fuentes conocieran la realización de la diligencia
de remate el 14 de junio de 2006 pues la última actuación conocida –la venta en
pública subasta y el avalúo—  había ocurrido el 9 de mayo de 1994, es decir que
habían transcurrido más de doce (12) años, sin que, adicionalmente, se hubiera actualizado
el avalúo del bien inmueble pues la base del remate fue el precio tasado desde el
17 de junio de 1994.
5. Los
accionantes sí alegaron los hechos que generan la vulneración por cuanto se
tramitó el remate del bien inmueble sin su conocimiento. Por ello solicitaron
en la tutela la anulación del remate y la actualización del avalúo.
6. No se trata
de una sentencia de tutela. En este caso lo que se ataca es el trámite procesal
que mediante varias providencias judiciales llevó a la culminación de un
proceso divisorio iniciado el 25 de octubre de 1993 en el Juzgado Cuarto Civil
del Circuito de Cúcuta.
Como ya se han
verificado los requisitos generales de procedencia de la tutela frente a
providencias judiciales, se debe determinar si se cumple alguna de las causales
especiales de procedibilidad.
En este caso, a
juicio de la Sala, el Juez optó por hacer una interpretación de las normas
procesales en contravía de la Constitución, sin darle prevalencia al derecho
sustancial, lo que sin ninguna duda contrarió los postulados mínimos de
razonabilidad jurídica, y vulneró el derecho fundamental del debido proceso.
El
proceso como actuación, ha reiterado la jurisprudencia y la doctrina, tiene
unas reglas específicas de adelantamiento cuyas garantías mínimas están
consagradas principalmente en el artículo 29 de la Constitución Política, pero
no puede limitarse a lo señalado en ese precepto constitucional, sino que
además está incidido por las demás normas de la Carta e incluso por los
tratados y acuerdos internacionales en cuanto integren el bloque de constitucionalidad.
Esa
conceptuación elemental del proceso como actuación, conduce a que se
defina como uno de los métodos más aceptados de solución de conflictos en
cualquier sociedad civilizada y el último recurso al que las partes en
divergencia deben acudir pues resulta constitucionalmente claro que los
mecanismos extraprocesales de solución de conflictos deben tener primacía. En
tal sentido, el proceso como método de solución de conflictos –también ha dicho
la jurisprudencia— no es un fin en si mismo, sino que lo es la efectiva
resolución del conflicto que se ha sometido a él y la garantía y protección de
los derechos, fundamentales o no, involucrados en el contencioso.
Naturalmente
que la solución de ese conflicto mediante esa forma de composición que es el
proceso judicial no puede hacerse de cualquier forma y menos aún con
prescindencia de las normas y valores constitucionales que informan todo el
ordenamiento jurídico en general y la actividad judicial en particular.
En este
orden de ideas, la Corte Constitucional afirma categóricamente que el uso de un
proceso judicial con el objetivo manifiesto de defraudar a una de las partes o
a la sociedad –agrupada jurídicamente en esa forma de organización que se llama
Estado—, es una práctica constitucionalmente inadmisible en cuanto repugna los
altos valores que la Constitución define como elementos de la cohesión social
de nuestra organización nacional.
Y
precisamente esto es lo que surge demostrado –conforme se ha puesto de presente
en el cuerpo de esta decisión— al evidenciarse que no hubo ninguna actuación
destinada a notificar personalmente a los comuneros Pedro Vicente y Rufino
Bulla Fuentes de la reanudación de unas diligencias procesales que tenían más
de once (11) años paralizadas y dentro de las cuales existía la información
necesaria para enterarlos y la obligación de hacerlo por cuanto tenían un
derecho comprometido en esa actuación.
Como
tal enteramiento no se realizó de manera concreta y efectiva a los comuneros
Bulla Fuentes, sino que se prefirió el formalismo legal de la publicación de un
único aviso radial en una hora extraña y el de uno en un periódico de escasa
circulación local –se hizo en el periódico “La República” de Bogotá—, y no en
uno de Cúcuta, ciudad donde residen las partes procesales, los interesados
estuvieron materialmente impedidos de acudir a la diligencia de remate del bien
y por tanto de solicitar algo que surge de bulto elemental y razonablemente
adecuado: La actualización del valor del predio, pues su precio había sido
calculado en 1994 y la diligencia habría de realizarse en 2006, es decir más de
doce años después de iniciado el proceso divisorio.
Materialmente
impedida la participación de los comuneros Bulla Fuentes en el proceso
judicial, pues la falta de información real y efectiva sobre su reanudación fue
un verdadero obstáculo—, tampoco el Juez ordenó la actualización del avalúo,
tanto que se remató el bien inclusive por un precio muy inferior al del avalúo
catastral. Un mínimo de razonabilidad aconsejaba hacer el esfuerzo de notificar
a los hermanos Bulla Fuentes en su calidad de condueños, y ordenar nuevamente
el avalúo del bien inmueble, para que la subasta partiera de un precio real y
no de uno formalmente existente, pero materialmente irreal. Al efecto la
jurisprudencia de ésta Corporación se ha pronunciado en los siguientes términos:
En la
sentencia T- 289/05[55]consideró:
“En el ejercicio de la protección del debido proceso,
armonizada con el respeto a la autonomía judicial, la Corte considera que sólo
se constituye una vía de hecho por defecto procedimental cuando el juez ignora
completamente el procedimiento establecido, escoge arbitrariamente las
normas procesales aplicables en el caso concreto o hace caso omiso de los
principios mínimos del debido proceso contenidos en la Constitución, señalados,
principalmente, en los artículos 29 y 228 constitucionales.(Negrillas fuera de texto).
Como
bien lo afirma la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia de segunda
instancia, el objeto de los procedimientos es la efectividad de la ley
sustancial, y además, se debía garantizar el debido proceso y el derecho de
defensa, con el fin de hacer efectiva la igualdad de las partes, lo que no
sucedió en este caso.
En la
sentencia C-023/98[56] se afirmó:
“En las actuaciones de la administración de justicia,
es decir, de los jueces, "prevalecerá el derecho sustancial". Lo cual
significa esto, y solamente esto: que el proceso es un medio y que, por lo
mismo, las normas procesales deben aplicarse con un fin, fin consistente en la
realización de los derechos reconocidos en la ley sustancial”.
Corolario
de lo anterior es que la diligencia de remate y el proceso divisorio solo
tienen la apariencia formal de legalidad, pero en realidad son actuaciones
contrarias al orden jurídico y constitucional y por tanto vulneradoras de los
derechos fundamentales de los hermanos Bulla Fuentes, pues a través de esa actuación
judicial el proceso se transmutó de  método de solución de conflictos –la
división de un bien común— en uno para esquilmar a dos de los propietarios
comuneros –los hermanos Bulla Fuentes— de su bien, mediante el fácil recurso de
adelantar un remate once (11) años después del avaluó del bien por un precio
notoria y absolutamente menor al real del inmueble. Tan protuberante es la
diferencia de precio, que si no hubiera sido un remate judicial, podría
hablarse de situaciones tan graves como enriquecimiento sin causa o lesión
enorme. Nótese al efecto, tal como atrás se ha destacado, que el precio del
remate no alcanzó ni siquiera el del avalúo catastral del inmueble, de donde
surge claro que el proceso judicial en comento solo tuvo de tal la apariencia y
en realidad terminó convertido en una violación directa del artículo 2º de la
Constitución Política que le impone a las autoridades de la República, entre
otras cosas,  el deber de “facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan” y “asegurar la convivencia pacífica y la vigencia
de un orden justo”.
Esa
evidente vulneración del principio de publicidad de los procesos y del derecho
de acceso a la administración de justicia son las que imponen a esta Sala que
confirme las sentencias de instancia que consideraron que se debían proteger
los derechos fundamentales de los demandantes, que sin ninguna duda resultaron
conculcados por las actuaciones que se dieron en el proceso divisorio que cursó
en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cúcuta.
Y finalmente,
se debe mencionar que los derechos que dice tener el señor Amstrong de Jesús
Duarte Torres, quien es hijo del señor Jesús Duarte Blanco[57],
aparentemente vulnerados, por aparecer como el actual propietario del bien
inmueble que fue rematado en el proceso divisorio, son de contenido meramente
económico, no susceptibles de protección por acción de tutela, por cuanto el
derecho de propiedad sólo tiene el carácter de fundamental en determinados
casos, como ya lo ha señalado la jurisprudencia reiterada de la Corte
Constitucional[58]. Él tiene otra vía
judicial, por lo que tendría que iniciar el proceso judicial contra el
vendedor, en este caso su padre.
En
efecto, la Corte Constitucional ha sostenido que[59]:
“El derecho a la propiedad solo podrá ser protegido
y garantizado por vía de la acción de tutela, siempre y cuando de la protección
que por esta vía judicial se haga, se garantice igualmente el pleno ejercicio
de otros derechos, estos si catalogados como fundamentales. La afectación del
derecho a la propiedad tiene incidencia directa en el efectivo goce y respeto
de otros derechos que como la vivienda digna, el trabajo, el mínimo vital y la
propia vida entre otros, imponen el deber al juez constitucional de garantizar
la protección oportuna del derecho a la propiedad privada, por consolidarse que
entre éste y otros derechos de carácter fundamental existe una inescindible
conexidad. En estos eventos, la propiedad privada como derecho, adquiere la
connotación de derecho fundamental y por ello mismo merece la protección
constitucional representada en la acción de tutela, que ese caso concreto se
constituye en el mecanismo judicial óptimo.”
“…”
“Las reclamaciones que se plantean en el presente
caso tan solo corresponden a discrepancias de orden legal que involucran un
derecho de rango legal como la propiedad, cuya protección se puede reclamar por
medio de otras acciones judiciales que deberán agotarse con el pleno respeto de
los procedimientos propios cada una de estas.  De igual manera, es dable
señalar que no aparece demostrada ni probada conexidad con algún derecho
fundamental que se pueda ver vulnerado o violado de no prodigarse por esa vía
judicial la protección reclamada.” (Negrillas fuera de texto).
En cuanto al
debido proceso, es claro que ya se le dio la oportunidad de intervenir en este
proceso de tutela y por ello ha expuesto sus argumentos en los escritos ya
reseñados, y que obran en el expediente.
En lo
relacionado con el principio de inmediatez, que el señor Duarte Torres alega que
es un tema que no se estudió en los fallos de instancia, es claro para esta
Corporación que no tiene aplicación en este caso para desestimar la tutela, por
cuanto conforme ya se expresó en otra de las consideraciones de esta sentencia,
en relación con el cumplimiento de este requisito para la procedencia de la
acción de tutela frente a providencias judiciales, la sentencia que terminó el
proceso divisorio es de fecha 22 de junio de 2007 y la acción de tutela se
interpuso por los señores Pedro Vicente y Rufino Bulla Fuentes el 19 de octubre
de 2007, es decir que sólo transcurrió un lapso de tres meses y veintisiete
días.
Por último, hay
que hacer mención a que la condena en perjuicios no procede mediante la acción
de tutela, como lo solicita el señor Amstrong Jesús Duarte Duarte Torres en su
escrito de intervención. La Corte ha considerado que:
“La tutela no es el medio idóneo para obtener
una condena en perjuicios. En principio, esta jurisdicción se agota cuando se
obtiene la orden de cesar la acción o la omisión que da origen a la
controversia, y sólo se da la condena in genere cuando el afectado no dispone
de un medio ordinario para reclamarla, o cuando es necesario ordenarla para
asegurar el restablecimiento y goce de los derechos vulnerados…”[60]
Se procederá por esta Sala a confirmar las sentencias de instancia
que consideraron que se debían proteger los derechos fundamentales de los
demandantes, que sin ninguna duda resultaron conculcados por las actuaciones
que se dieron en el proceso divisorio que cursó en el Juzgado Cuarto Civil del
Circuito de Cúcuta.
V. DECISIÓN
Con base en las
expuestas consideraciones, la Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala  de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia el 25 de junio de 2008, que a su vez confirmó
la sentencia del Tribunal Superior de Cúcuta Sala Civil – Familia de 1 de
noviembre de 2007.
Segundo. El desacato a lo aquí dispuesto dará lugar a la imposición de las
sanciones previstas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
Ponente
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Ausente
con permiso
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Cfr fls 1 a 3 Cuaderno
No. 5.
[2] Cfr fls 4 y 5 Cuaderno
No. 5.
[3] Cfr fls 37 a 39 Cuaderno
No. 3.
[4] Cfr fls 17 a 19 Cuaderno
No. 3.
[5] Cfr fls 11 y 12 Cuaderno
No. 5.
[6] Cfr fls 14 a 18 Cuaderno
No. 5.
[7] Cfr fls 24 a 33 Cuaderno
No. 4.
[8] Cfr fl 50 Cuaderno N. 3.
[9] Cfr fls 51 a 53 Cuaderno
No. 3.
[10] Cfr fls 78 y 79 Cuaderno
No. 3.
[11] Cfr fls 85 y 86 Cuaderno
No. 3.
[12] Cfr fls 98 y 100
Cuaderno No. 8.
[13] Cfr fl 3 Cuaderno No. 3.
[14] Cfr fls 3 y 4 Cuaderno
No. 3.
[15] Cuaderno
No. 3.
[16] Cuaderno No. 3.
[17] Cuaderno No. 3.
[18] Cuaderno No. 3.
[19] Cuaderno No. 3.
[20] Folio
145 Cuaderno No. 3.
[21] Cfr fl 142 Cuaderno No.
3.
[22] Cfr folios 226 a 230 del
Cuaderno No. 3.
[23] Cfr fl
225 Cuaderno No. 3.
[24] Cfr
folio 320 Cuaderno No.3.
[25] Cfr
folio 273 Cuaderno No. 3.
[26] Cfr
folios 39 a 41 Cuaderno No. 2.
[27] Cfr
folios 5 a 8 Cuaderno Principal.
[28] Cfr folios 1 a 3
Cuaderno No. 5.
[29] Magistrada Ponente:
Clara Inés Vargas Hernández.
[30] Magistrado Ponente:
Rodrigo Escobar Gil.
[31] Cfr Sentencia T-1306/01.
Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra. “El procedimiento no es, en principio, ni debe llegar a
ser impedimento para la efectividad del derecho sustancial, sino que debe
tender a la realización de los derechos sustanciales al suministrar una vía
para la solución de controversias sobre los mismos. Cuando surge un conflicto
respecto de un derecho subjetivo, es el derecho procesal el que entra a servir
como pauta válida y necesaria de solución de la diferencia entre las partes. Se
debe tener siempre presente que la norma procesal se debe a la búsqueda de la
garantía del derecho sustancial. Teniendo en claro la prevalencia que en la
administración de justicia debía tener el derecho sustancial, el constituyente
de 1991 lo estableció como principio de la administración de justicia en el
artículo 228 al consagrar que en las actuaciones de la administración de
justicia “prevalecerá el derecho sustancial”. La Constitución consagra el
respeto de los derechos fundamentales, lo cual implica que esta protección debe
prevalecer sobre normas procesales que de ser aplicadas conducirían a la
negación de los mismos.
[32] Cfr fl 7 Cuaderno No. 5.
[33] Cfr fl 64 Cuaderno No.
3.
[34] Cfr
folio 71 Cuaderno No. 3.
[35] Magistrado Ponente:
Alvaro Tafur Galvis.
[36] Ver Sentencia T-688/03.
Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre Lynett.
[37] Magistrado Ponente:
Eduardo Montealegre Lynett.
[38] Cfr folio 79 Cuaderno
No. 3.
[39] Cfr folio 83 Cuaderno
No. 3.
[40]
Ver providencia del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cúcuta de 27 de junio
de 2007. Folios 90 a 93 Cuaderno No. 3.
[41]
La reiteración de jurisprudencia retoma la síntesis elaborada
por este Despacho mediante sentencia T-410 de 2007.
[42] Magistrado
Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
[43]
Sentencia C-590/05, Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
[44]
Sentencia 173/93.
[45]
Sentencia T-504/00.
[46]
Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05.
[47]
Sentencias T-008/98 y SU-159/2000.
[48]
Sentencia T-658-98.
[49]
Sentencias T-088-99 y SU-1219-01.
[50] Sentencia T-522/01.
[51] Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01;
T-1625/00 y  T-1031/01.
[52] Cfr folios 226 a 230 del
Cuaderno No. 3.
[53] Cfr folios 100 y 100 vto
Cuaderno No. 8.
[54] Cfr folios 90 a 93
Cuaderno No. 3.
[55] Magistrado
Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra.
[56] Magistrado
Ponente: Jorge Arango Mejía.
[57] Cfr con
escrito que obra a folios 144 a 149 del Cuaderno No. 3.
[58] Ver,
entre otras, las sentencias: T- 506/92. Magistrado ponente: Ciro Angarita
Barón. T-240/02 y T-791/04. Magistrado Ponente: Jaime Araújo Rentería.
C-740/03. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
[59] Cfr
sentencia T-1321/05. Magistrado Ponente: Jaime Araújo Rentería.
[60] Cfr.
Sentencia T-213/01. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz.