T-722-16
Sentencia
T-722/16
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
ACUMULACION DE TIEMPOS DE SERVICIOS PRESTADOS TANTO EN EL SECTOR
PRIVADO COMO EN EL SECTOR PUBLICO-Posibilidad de acumular tiempo laborado
en entidades públicas respecto de las cuales el empleador no efectuó las
cotizaciones a alguna caja o fondo de previsión social, con las aportadas al
ISS
PENSION DE VEJEZ BAJO EL
REGIMEN CONTEMPLADO EN EL ACUERDO 049 DE 1990-Posibilidad de acumular tiempos de servicios prestados
en entidades públicas cotizados en cajas o fondos de previsión social con los
aportes realizados al ISS
La jurisprudencia
constitucional ha señalado que para obtener la pensión de vejez en
virtud del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, es posible acumular tiempos de
servicios tanto del sector público cotizados a cajas o fondos de previsión
social, como del sector privado cotizados al Instituto de Seguros Sociales.
Esto, por cuanto dicha disposición no exige que las cotizaciones hayan sido
efectuadas exclusivamente al seguro social y porque la aplicación del régimen
de transición solamente se limita a tres ítems, edad, tiempo de servicios o
número de semanas cotizadas, y monto de la pensión, donde no se encuentra aquel
referente al cómputo de las semanas, requisito que debe ser determinado según
lo dispuesto en la Ley 100 de 1993. Ahora bien, qué sucede cuando dicha
acumulación se pretende sobre las semanas laboradas en el sector público pero
respecto de las cuales el empleador no efectuó ninguna cotización o no realizó
el correspondiente descuento.
ACUMULACION DE TIEMPOS DE
SERVICIOS PRESTADOS TANTO EN EL SECTOR PRIVADO COMO EN EL SECTOR PUBLICO-Caso en que el demandante es beneficiario del
régimen previsto en el Acuerdo 049 de 1990
PENSION DE VEJEZ-Orden a Colpensiones reconocer en forma
definitiva la pensión, incluyendo el pago retroactivo de las mesadas
pensionales correspondientes a los tres (3) años anteriores a la fecha de
presentación de la acción de tutela
Referencia: Expediente T-5.711.044
Demandante: Guillermo Vélez Lopera
Demandados: Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral del
Circuito de Medellín y Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta Dual de Descongestión Laboral
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá D.C., dieciséis (16) de
diciembre de dos mil dieciséis (2016)
La Sala Cuarta de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado y Jorge Iván Palacio Palacio, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de la providencia
proferida, en segunda instancia, por la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, el veintiuno (21) de julio de dos mil dieciséis (2016), que
confirmó la sentencia dictada, en primera instancia, por la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, el ocho (8) de junio de dos mil dieciséis
(2016), dentro de la acción de tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud
El veinticinco (25) de mayo de dos mil dieciséis
(2016), el señor Guillermo Vélez Lopera impetró, mediante apoderado, acción de
tutela contra el Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado Cuarto
Laboral del Circuito de Medellín y el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Medellín, Sala Cuarta Dual de Descongestión Laboral, con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso, al mínimo vital y a una vida digna, presuntamente
vulnerados por los demandados, al proferir las sentencias de 31 de agosto de
2011 y 16 de agosto de 2013 dentro del proceso ordinario laboral que promovió
en contra del Instituto de Seguros Sociales, ahora Colpensiones.
2. Reseña fáctica
2.1.
Manifiesta el accionante que el 9 de febrero de 2009, solicitó al Instituto de
Seguros Sociales el reconocimiento de su pensión de vejez, en razón a que es
beneficiario del régimen de transición y cumple con los requisitos previstos en
el Decreto 758 de 1990[1]
para adquirir dicha prestación, pues laboró 14 años como empleado público, en
varias entidades del Estado, y realizó aportes al ISS como trabajador privado.
2.2. El
30 de julio de 2009, el Instituto de Seguros Sociales, mediante Resolución
N.°022139, negó la prestación solicitada al advertir que el accionante no cumple
con los requisitos establecidos para tal fin en el artículo 9 de la Ley 797 de
2003[2],
única normatividad que permite, acumular el tiempo laborado al servicio del
Estado y no aportado a Caja de previsión alguna, tiempos aportados a cualquier
Caja o Fondo de Previsión Social y periodos cotizados al Seguro Social en
calidad de trabajador vinculado a una empresa privada. Según dicha entidad sumado
el tiempo que laboró el señor Guillermo Vélez Lopera en el sector público, que
no fue cotizado al ISS, con las semanas cotizadas al ISS a través de diferentes
empresas este tiene un total de 976,14 semanas y dicha norma exige para adquirir
la pensión de vejez, en el año 2008, fecha de la última cotización del
peticionario, 1.125 semanas.
Ahora bien, analizado el derecho
conforme a lo establecido en el Decreto 758 de 1990, el señor Vélez tampoco
cumple con los requisitos exigidos en dicha norma para adquirir el derecho a la
pensión de vejez, pues solo acredita 231 semanas cotizadas al ISS, de las
cuales 150 fueron efectuadas durante los últimos 20 años anteriores al
cumplimiento de la edad mínima requerida.
Lo
anterior, de conformidad con el resumen de semanas cotizadas
en pensiones que obra dentro de su historia laboral, según el siguiente cuadro
ilustrativo:
ENTIDAD
PERIODO
TOTAL DIAS
INTERRUPCION DIAS
SIMULTANIEDAD
DIAS
TOTAL DIAS NETOS
Universidad de
Antioquia
12/11/1969
10/02/1981
4.049
18
0
4.031
Municipio de
Medellín
13/10/1981
30/11/1981
48
0
24
24
Municipio de
Medellín
18/12/1981
13/01/1982
26
0
13
13
Municipio de
Medellín
14/11/1984
18/01/1988
1.145
0
0
1.145
Total días sector
público sin cotización al ISS
5.213
Total semanas
sector público sin cotización al ISS
744,71
ENTIDAD
PERIODO
TOTAL DIAS
INTERRUPCION DIAS
SIMULTANIEDAD
DIAS
TOTAL DIAS NETOS
Superitec Ltda
25/09/1981
29//01/1982
127
0
37
90
Prosperar
30/12/2003
30/09/2008
1.711
181
0
1.530
Total días
cotizados al ISS por el sector privado
1.620
Total semanas
cotizadas al ISS por el sector privado
231,42
2.3. Refiere que siguió cotizando al
sistema general de pensiones y en el año 2010 solicitó, nuevamente, al ISS el
reconocimiento de su pensión de vejez. No obstante, dicha entidad, mediante
Resolución N.° 17548, negó la prestación solicitada con base en los mismos
argumentos expuestos en la Resolución N.° 022139 de 2009.
2.4. En desacuerdo con lo anterior, indica
que presentó demanda ordinaria laboral contra el Instituto de Seguros Sociales con
el fin de que le fuera reconocida su pensión de vejez, la cual conoció, en
primera instancia, el Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral del
Circuito de Medellín, despacho que, mediante sentencia de 31 de agosto de 2011,
negó las pretensiones de la demanda. Lo anterior, con base en los siguientes
argumentos:
“Encuentra el Despacho que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al
resolver la negación de la pensión tuvo en cuenta el tiempo laborado en el
sector público sin cotizaciones al ISS con las semanas cotizadas a dicha
institución, en aplicación del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, señalando que
no había derecho por cuanto el demandante no cumple con las semanas exigidas en
dicha normatividad, ni en el Decreto 758 de 1990, ni en la Ley 33 de 1985.
En virtud de lo anterior, y dado que la entidad accionada al hacer
el análisis, tomó tiempos públicos sin cotizaciones al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES
con las semanas cotizadas, considera el Despacho que dicha interpretación es
correcta en aplicación a los artículos 13, 33 y 34 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, que es la única que permite
para el caso particular sumar estas semanas del sector público y del sector
privado.
Dado lo anterior, si lo que se pretende es la aplicación del Decreto
758 de 1990, para ello solo era posible tomar el tiempo cotizado por la empresa
privada, esto es 231,42 según resolución 022139 o 207,43 según resolución
017548, o en su defecto las indicadas por el demandante, 266,71, lo que es
insuficiente para otorgar el derecho, y si bien dicha normatividad admite que
de manera voluntaria, las entidades públicas cotizaran al I.S.S, ello no
ocurrió en el caso que nos ocupa, sin que se observe que el demandante cumpla
con las semanas exigidas por dicho acuerdo.
Ahora, respecto al tiempo público, debía acudirse a la ley 33 de
1985, que exige 20 años de servicios a las entidades estatales, lo cual tampoco
cumple el actor, pues solo tiene 744,71 semanas en el sector público sin
cotizaciones al ISS.
Conforme a lo anterior no resulta procedente el reconocimiento de la
pensión de vejez de conformidad con el régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de
2003 el que permite dicho beneficio para aquellas prestaciones causadas en
vigencia de esta regulación, por tanto, y con base en el artículo 288 de dicha
normatividad, no es dable tomar lo más beneficioso de una y otra norma, por
efectos de que la ley así no lo quiso y por el equilibrio del sistema de
seguridad social.”
2.5. Inconforme con la
anterior decisión, en tanto que, en su criterio, se apartó del precedente
constitucional que señala que es posible realizar la acumulación de los tiempos
cotizados o que debieron ser cotizados en cajas o fondos de previsión social
por las entidades públicas, con aquellos aportes realizados al seguro social
para el reconocimiento de la pensión de vejez de los beneficiarios del régimen
de transición, a quienes se les apliquen los requisitos contenidos en el
artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, la parte demandante interpuso el recurso
de apelación con el fin de que dicha providencia fuera revocada, y en su lugar,
se accediera a las pretensiones de la demanda.
Por su parte, el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta Dual de Descongestión Laboral,
al resolver la impugnación, en sentencia de 16 de agosto de 2013, decidió
confirmar íntegramente el pronunciamiento del a quo, al determinar que “para
efectos de reclamar el estatus de pensionado, a cargo del INSTITUTO DE SEGUROS
SOCIALES, dicho tiempo de servicios debe estar respaldado con cotizaciones al
ISS, y no con sumatoria de tiempos de servicio no cotizados directamente, así
estén respaldados con Bono Pensional.”
2.6.
Indica que contra la decisión del Tribunal instauró el recurso extraordinario
de casación, sin embargo, por consejo de su apoderado judicial desistió del mismo,
en razón de la reiterada jurisprudencia[3]
de la Corte Suprema de Justicia según la cual en su caso no se aplica la figura
de la sumatoria de tiempos en aplicación del Acuerdo 049 de 1990.
2.7. Señala que con posterioridad al proceso
ordinario, solicitó, nuevamente, la pensión de vejez al ISS, ahora
Colpensiones, sin embargo, dicha entidad, mediante Resolución N.°262700, decidió
negar la prestación. Decisión contra la cual presentó los recursos de
reposición y apelación.
2.8. El 21 de mayo de 2014, Colpensiones,
mediante Resolución N.°181038, confirmó lo decidido en la Resolución N.°262700
de 2013 con base en los mismos argumentos.
2.9. Informa que el 23 de diciembre de 2014,
Colpensiones, mediante Resolución N.° 437375, le reconoció una indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez, por un valor de $1.320.321.
3.0. Sostiene que el 16 de febrero de 2015,
Colpensiones, a través de Resolución N.°13265, resolvió el recurso de apelación
formulado contra la Resolución N.°262700 de 2013. En dicho acto administrativo
confirmó su decisión. Lo anterior, de conformidad con el
resumen de semanas cotizadas en pensiones que obra dentro de su historia
laboral, el cual se observa en el siguiente cuadro ilustrativo:
Entidad Laboro
Desde
Hasta
Novedad
Uni Ant
1969/11/12
1969/12/31
Tiempo Servicio
Uni Ant
1970/01/01
1981/12/10
Tiempo Servicio
Superintec Ltda
1981/09/25
1982/01/29
Tiempo Servicio
Uni Ant
1981/10/13
1981/11/30
Tiempo Servicio
Uni Ant
1981/12/18
1982/01/13
Tiempo Servicio
Uni Ant
1984/11/14
1988/01/18
Tiempo Servicio
Guillermo Vélez L
2004/01/01
2004/04/30
Tiempo Servicio
Guillermo Vélez L
2004/07/01
2005/03/21
Tiempo Servicio
Guillermo Vélez L
2005/04/01
2005/05/27
Tiempo Servicio
Guillermo Vélez L
2005/06/01
2005/06/28
Tiempo Servicio
Guillermo Vélez L
2005/08/01
2007/03/31
Tiempo Servicio
Guillermo Vélez L
2007/08/01
2008/02/26
Tiempo Servicio
Guillermo Vélez L
2008/06/01
2008/11/30
Tiempo Servicio
Guillermo Vélez L
2009/10/01
2010/03/31
Tiempo Servicio
Uni Ant
4 Días
Interrupción
Uni Ant
4 Días
Interrupción
Total días cotizados
7,169
Total semanas cotizadas
1,024
3.1. Afirma que el Juzgado
Segundo Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín y el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala
Cuarta Dual de Descongestión Laboral, al proferir las
providencias de 31 de agosto de 2011 y 16 de agosto de 2013, dentro del
proceso ordinario que promovió en contra del Instituto de Seguros Sociales,
ahora Colpensiones, desconocieron el precedente constitucional referente a que es
posible acumular el tiempo de servicio laborado en entidades públicas, cuando
no se hubieren efectuado los aportes a alguna caja o fondo de previsión social,
con las semanas efectivamente cotizadas al Instituto de Seguros Sociales para
el reconocimiento de la pensión de vejez con el Decreto 758 de 1990[4].
En consecuencia, ante el hecho constitutivo de lo que, a su
juicio, comporta la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la seguridad social y al mínimo vital, el demandante formuló la presente
acción de tutela, con el propósito de que se deje sin efectos el fallo proferido por el Tribunal y en su
lugar, se ordene a la dependencia judicial correspondiente dictar una nueva
sentencia que se ajuste al precedente constitucional.
3. Oposición a la demanda de
tutela
La acción de tutela objeto del
presente pronunciamiento, fue tramitada por la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Laboral, Corporación que, mediante auto de veintiséis (26) de mayo
de dos mil dieciséis (2016), admitió la demanda, vinculó a la Administradora de
Pensiones Colpensiones y corrió traslado a la entidad demandada para
efectos de que ejercieran su derecho a la defensa.
3.1. Colpensiones
Paula Marcela Cardona Ruiz, Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones
de Colpensiones solicitó al juez a quo
declarar improcedente la acción de tutela de la referencia en la medida en que no
cumple con los requisitos generales de procedibilidad contra providencias
judiciales.
4. Pruebas que obran en el
expediente
Durante el trámite de la acción
de tutela, las partes allegaron, entre otras, las siguientes:
·       Copia de la demanda que instauró el señor Guillermo
Vélez Lopera en contra del Instituto de Seguros Sociales (folios 8 a 20).
·       Copia de la cédula de ciudadanía del señor Guillermo
Vélez Lopera (folio 21).
·       Copia de la Resolución N.°022139 de 2009, proferida
por el Instituto de Seguros Sociales (folios 22 a 23).
·       Copia de la Resolución N.°017548 de 2010, proferida
por el Instituto de Seguros Sociales (folios 24 a 25).
·       Copia del reporte de semanas cotizadas por el señor
Guillermo Vélez Lopera a Colpensiones (folios 26 a 28).
·       Copia de la relación de novedades en el Sistema de Autoliquidación
de Aportes Mensual del Instituto de Seguros Sociales a nombre del señor
Guillermo Vélez Lopera (folios 29 a 33)
·       Copia de los certificados de información laboral
emitidos por la Alcaldía de Medellín y la Universidad de Antioquia a nombre del
señor Guillermo Vélez Lopera para la emisión de bonos pensionales (folios 34 a
44).
·       Copia del formulario de solicitud de corrección de
historia laboral de Colpensiones diligenciado por el señor Guillermo Vélez
Lopera (folios 46 a 47).
·       Copia de la sentencia de 31 de agosto de 2011,
proferida por el Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito
de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral adelantado por el señor
Guillermo Vélez Lopera contra el Instituto de Seguros Sociales (folios 55 a
64).
·       Copia del memorial por medio del cual el señor
Guillermo Vélez Lopera interpone el recurso de apelación contra la providencia
proferida el 31 de agosto de 2011 por el Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado
Cuarto Laboral del Circuito de Medellín (folios 66 a 69).
·       Copia del fallo de 16 de agosto de 2013, proferido por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta Dual de
Descongestión Laboral, dentro del proceso ordinario laboral adelantado por el
señor Guillermo Vélez Lopera contra el Instituto de Seguros Sociales (folios 70
a 79).
·       Copia de la Resolución N.° 13265 de 2015, proferida
por Colpensiones (folios 81 a 85).
·       Copia de la Resolución N.° 181038 de 2014, proferida
por Colpensiones (folios 22 a 23).
·       Copia de la Resolución N.° 262700 de 2013, proferida
por Colpensiones (folio 24).
·       Copia de la Resolución N.° 437375 de 2014, proferida
por Colpensiones (folio 25).
II. DECISIONES JUDICIALES
QUE SE REVISAN
1. Primera instancia
Mediante sentencia de ocho (08) de junio de dos mil dieciséis
(2016), la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, negó el amparo solicitado por considerar que la tutela no cumple con
el presupuesto de inmediatez, pues transcurrieron más de seis meses entre la
fecha en que fue proferida la providencia acusada, 16 de agosto de 2013, y la
presentación de la demanda, 25 de mayo de 2016, sin que hubiere mediado algún
acontecimiento que impidiera instaurar la acción en un término razonable.
En desacuerdo con
lo anterior, el señor Guillermo Vélez Lopera, mediante
apoderado, impugnó la decisión de primera instancia.
2.
Segunda Instancia
La Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, mediante providencia proferida el veintiuno
(21) de julio de dos mil dieciséis (2016), confirmó lo
decidido por el juez de primera instancia al advertir que en el presente caso
no se cumplen los presupuestos de subsidiariedad e inmediatez, toda vez que a
pesar de haber contado con un medio judicial de defensa, cuál era el recurso
extraordinario de casación contra la sentencia de segunda instancia proferida
por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, el accionante no lo
agotó. Así mismo, al considerar que el lapso que transcurrió entre la sentencia
reprobada y la fecha en que el demandante acudió a la acción de tutela es
irrazonable para quien pretende el restablecimiento de sus derechos.
III. Pruebas recaudadas en
sede de revisión por la Corte Constitucional
1. El 24 de octubre de 2016, el Magistrado Ponente consultó en la base de
datos de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, el trámite que
surtió el recurso extraordinario de casación que formuló el señor Guillermo
Vélez Lopera contra la sentencia que profirió el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta
Dual de Descongestión Laboral, el 16 de agosto de 2013, dentro del proceso
ordinario laboral que adelantó contra el Instituto de Seguros Sociales.
Así pues, se
advierte que el mencionado recurso fue admitido el 5 de marzo de 2014, sin
embargo, el 27 de marzo, el apoderado judicial del señor Vélez Lopera presentó
un escrito desistiendo del mismo. Dicha solicitud fue aceptada por el
Magistrado Sustanciador, el 23 de abril de 2014, la cual, a su vez, fue
notificada, mediante estado de 5 de mayo de 2014.
2. Por otra parte, el 26 de octubre de 2016, el Magistrado Ponente
consultó el número de cédula del señor Guillermo Vélez Lopera en la Base de
Datos Única de Afiliados. Mediante dicha consulta se pudo determinar que el
accionante se encuentra afiliado al régimen subsidiado en salud, es
beneficiario del programa Adulto Mayor, Fondo de Solidaridad Pensional, Subcuenta
de Subsistencia PPSAM, y no le ha sido reconocida ninguna pensión.
IV. CONSIDERACIONES DE LA
CORTE
1. Competencia
Es competente
esta Sala de la Corte Constitucional para revisar las decisiones proferidas
dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos
86 y 241 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34
y 35 del Decreto 2591 de 1991.
2. Procedibilidad de la
Acción de Tutela
2.1.
Legitimación activa
El artículo 86 de la Constitución
Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa al que
puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o
amenazados por las actuaciones u omisiones de las autoridades públicas y
de los particulares, en los casos específicamente previstos por el legislador. En esta oportunidad, el señor Guillermo Vélez Lopera, a través de apoderado, solicita el amparo de sus derechos e
intereses, razón por la cual se encuentra legitimado para actuar como
demandante.
2.2. Legitimación pasiva
El Juzgado
Segundo Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín y el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala
Cuarta Dual de Descongestión Laboral se encuentran legitimados como parte
pasiva en el presente proceso de tutela, de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 5° del Decreto 2591 de 1991, debido a que se les atribuye la
violación de los derechos fundamentales en discusión.
3. Problema
jurídico
Con fundamento en la reseña fáctica expuesta y las
decisiones de tutela adoptadas por los jueces de instancia, en esta
oportunidad, le corresponde a la Sala de Revisión
determinar, en primer lugar, si en el caso objeto de
estudio, la acción de tutela es procedente para controvertir la providencia
proferida, en segunda instancia, el 16 de agosto de 2013,
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta Dual de
Descongestión Laboral, que confirmó la providencia proferida por el Juzgado Segundo
Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, que negó las
suplicas de la demanda ordinaria laboral iniciada por el accionante contra el
Instituto de Seguros Sociales. De resultar procedente, esta Sala deberá
analizar si en dicha providencia se configuró la casual de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, referida al desconocimiento
del precedente constitucional.
A efecto de resolver la cuestión planteada,
la Sala de Revisión realizará un análisis jurisprudencial sobre (i) la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) el requisito de inmediatez en la presentación de la
acción de tutela y (iii) el reconocimiento de la pensión de vejez bajo
el régimen contemplado en el Acuerdo 049 de 1990. Posibilidad de acumular
tiempos de servicios laborados en entidades públicas cuando no hubieren sido
efectuados los aportes a alguna Caja o Fondo de Previsión Social, con las
semanas efectivamente cotizadas al Instituto de Seguros Sociales.
4. Procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia[5]
La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia[6] ha señalado que el ejercicio de la
acción de tutela contra providencias judiciales debe ser excepcional y
restrictivo, en razón de la necesidad de respetar el principio de cosa juzgada
y de preservar la seguridad jurídica, la autonomía e independencia de la
actividad jurisdiccional del Estado, así como el sometimiento general de los
conflictos a las competencias ordinarias de cada juez[7].
Así las cosas, solo será procedente la acción de
tutela contra providencias judiciales “en aquellos eventos en que se
establezca una actuación del juzgador, manifiestamente contraria al orden
jurídico y violatoria de derechos fundamentales, en especial, de los derechos
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En estos casos,
el control en sede de amparo constitucional se justifica, toda vez que los
pronunciamientos judiciales que no se ajustan a las reglas preestablecidas, y
que afectan de forma indebida los derechos fundamentales, constituyen en
realidad una desfiguración de la actividad judicial, que termina por
deslegitimar la autoridad confiada al juez para administrar justicia, y que
debe ser declarada constitucionalmente para dar primacía al derecho sustancial
y salvaguardar los derechos fundamentales de los administrados”[8].
Esta doctrina que inició con la tesis de la “vía de
hecho”, vertida en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993, fue
redefinida, entre otras, en la sentencia T-949 de 2003 y se sistematizó en la
sentencia C-590 de 2005 con los requisitos generales y causales específicas de
procedibilidad[9].
Justamente, en la última sentencia citada, se
indicó que para la revisión de una providencia judicial mediante acción de
tutela, es necesario acreditar unos requisitos generales y demostrar la
configuración de alguno de los defectos o causales específicas de
procedibilidad atribuidas a la actuación judicial. Respecto de los primeros,
denominados también requisitos formales, la Corte señaló que se trata de
aquellos presupuestos cuyo cumplimiento forzoso es condición necesaria para que
el juez constitucional pueda entrar a valorar de fondo el asunto puesto en su
conocimiento. En cuanto a los segundos, llamados requisitos materiales, señaló
que corresponden, específicamente, a los vicios o defectos presentes en el
fallo judicial y que constituyen la fuente de vulneración de los derechos
fundamentales[10].
En efecto, los requisitos generales a los que se
refiere la Sala Plena de esta Corte en la citada sentencia, son los siguientes:
(i) que la cuestión discutida resulte de evidente relevancia constitucional,
por cuanto el juez de tutela no está autorizado para inmiscuirse en asuntos que
corresponden a otras jurisdicciones; (ii) agotamiento de todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa (ante la administración y judiciales)
con los que cuenta la persona afectada, salvo cuando se pretenda evitar la
consumación de un perjuicio irremediable; (iii) a la solicitud de protección
constitucional debe acudirse dentro de un término prudencial o razonable, a
partir de la afectación de los derechos fundamentales; (iv) de atribuirse una
irregularidad procesal, se debe precisar el efecto decisivo en la sentencia que
se impugna y que afecta derechos fundamentales del actor, a no ser que tal
irregularidad que lesiona de forma grave garantías básicas, como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa
humanidad, el amparo de los derechos se genera de manera independiente a la
incidencia que tengan en el juicio y por dicha razón hay lugar a su anulación;
(v) la parte actora debe describir razonablemente, tanto los hechos como los
derechos fundamentales afectados y que hubiere alegado la vulneración en el
proceso judicial, siempre que hubiere sido posible y, (vi) que no se trate de
una tutela contra un fallo de tutela.
Por su parte, las causales específicas de
procedibilidad, se relacionan con la acreditación de cualquiera de los
siguientes defectos reprochados a la providencia judicial[11],
así: orgánico, referido a la absoluta falta de competencia del
funcionario judicial para proferir la providencia impugnada; (ii) procedimental
absoluto, que se origina cuando la autoridad judicial actúa por fuera del
margen del procedimiento establecido; (iii) fáctico, generado en la
actuación del juez sin el apoyo probatorio que permite aplicar el supuesto
legal en el que fundamenta la decisión; (iv) material o sustantivo, que
atañe a los casos en los cuales la autoridad judicial adopta la decisión con
base en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; (v) error
inducido, que surge cuando el juez fue víctima de un engaño por parte de
terceros, que conduce a que produzca una decisión que vulnera derechos
fundamentales; (vi) decisión sin motivación, atinente al incumplimiento
por parte del juez de dar cuenta de los argumentos de hecho y de derecho en los
que funda sus decisiones, que precisamente es donde reposa su legitimidad
funcional; (vii) desconocimiento del precedente, que ocurre, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional fija el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley restringiendo sustancialmente
dicho alcance y, (viii) violación directa de la Constitución.
De conformidad con lo expuesto, cabe señalar que la acción de tutela, como mecanismo de protección
inmediata de los derechos fundamentales, procede excepcionalmente para
controvertir el sentido y alcance de las decisiones judiciales, cuando en el
caso concreto: (i) se cumpla con los requisitos generales de
procedibilidad, (ii) se advierta que la providencia cuestionada incurrió
en una o varias de las causales específicas, y (iii) se determine que el
vicio o defecto es de tal trascendencia que implica la amenaza o la vulneración
de derechos fundamentales[12].
5. El requisito de inmediatez en la
presentación de la acción de tutela. Reiteración de jurisprudencia[13]
La acción de tutela fue instituida por
la Constitución de 1991, como un mecanismo judicial subsidiario para la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública, o de particulares en ciertas circunstancias, en
cuanto no tengan protección eficaz y oportuna en otra jurisdicción. “Dicho
de otro modo: el recurso de amparo constitucional fue concebido como una
institución procesal destinada a garantizar una protección efectiva y actual,
pero supletoria, de los derechos fundamentales”.
Así las cosas, aun cuando la acción de
tutela no cuenta con un término de caducidad, la interposición de este
mecanismo debe cumplir con el requisito de la inmediatez, esto es, que sea
presentada dentro de un tiempo prudente y razonable, con el objetivo de que
dicha acción cumpla la finalidad para la cual fue creada.
La jurisprudencia constitucional en
reiteradas ocasiones se ha pronunciado respecto al término prudencial que debe
existir entre el hecho considerado conculcador y la presentación de la acción
de tutela. En este sentido, la sentencia de unificación 961 de 1999, hizo un
análisis de la jurisprudencia hasta entonces existente, sintetizando:
“Teniendo en cuenta este sentido de
proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un término de
caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse
dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada
por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso
concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de
establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado,
de tal modo que no se vulneren derechos de terceros.”
De allí que, si entre la ocurrencia de
la alegada conculcación de derechos y la presentación de la acción de tutela
transcurre un lapso considerable, es entendible que se infiera una menor
gravedad de la vulneración invocada, por lo cual no es razonable brindar, ante
esos hechos, la protección que caracteriza este medio de amparo, que ya no
sería inmediato sino inoportuno.
A esta consideración la Corte
Constitucional ha añadido otras no menos importantes, como las relacionadas con
la seguridad jurídica, que reclama la pronta resolución definitiva de las
situaciones litigiosas y el interés de terceros, cuya situación podría verse
injustamente afectada por el otorgamiento tardío de la protección
constitucional al peticionario, cuando éste no la reclamó dentro de un término
razonable.
Es por ello que, en la misma
providencia citada, expresó: “Si bien el término para interponer la acción de
tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el
juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de
manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad,
que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que
desnaturalice la acción.”
Ahora, corresponde al juez evaluar
dentro de qué tiempo es razonable ejercer la acción de tutela en cada caso
concreto. Esta Corporación ha señalado que corresponde igualmente a aquél
valorar las circunstancias por las cuales el solicitante pudiera haberse
demorado para interponer la acción, de acuerdo con los hechos de que se trate.
Así, de manera excepcional, la tutela ha procedido en algunos casos en los que
ella se ha interpuesto tardíamente, cuando el servidor judicial encuentra
justificada la demora.
En este orden de ideas, surtido el
análisis de los hechos del caso concreto, el juez constitucional puede llegar a
la conclusión de que una acción de tutela, que en principio parecía carente de
inmediatez por haber sido interpuesta después de un tiempo considerable desde
la amenaza o vulneración del derecho fundamental, en realidad resulta
procedente debido a las particulares circunstancias que rodean el asunto. Así,
la jurisprudencia constitucional ha determinado algunos eventos –no taxativos-
en que esta situación se puede presentar, tales eventos fueron reseñados en la
sentencia T-1028 de 2010 de la siguiente manera:
(i) La existencia de razones válidas
para la inactividad, como podría ser, por ejemplo, la ocurrencia de un suceso
de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o imposibilidad del actor para
interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de un hecho
completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente las
circunstancias previas, entre otras.
(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo
es evidente que la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del
accionante permanece, es decir, su situación desfavorable como consecuencia de
la afectación de sus derechos continúa y es actual. Lo que adquiere sentido si se
recuerda que la finalidad de la exigencia de la inmediatez no es imponer un
término de prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de
que se trate de una amenaza o violación de derechos fundamentales que requiera,
en realidad, una protección inmediata.
(iii) Cuando la carga de la
interposición de la acción de tutela en un plazo razonable resulta
desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se
encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente autorizado por
el artículo 13 de la Constitución que ordena que “el Estado protegerá
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los
abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.
Se reitera entonces que, de acuerdo con
la jurisprudencia de esta Corte, la acción de tutela resulta improcedente
cuando se interpone de manera extemporánea, esto es, después de haber
transcurrido un lapso considerable desde la ocurrencia del hecho vulnerador,
que da lugar a la solicitud de protección, siempre que no medien razones que,
frente a las circunstancias del caso concreto, lo justifiquen.
6.
Reconocimiento de la pensión de vejez bajo régimen contemplado en el Acuerdo
049 de 1990. Posibilidad de acumular tiempos de servicios laborados en
entidades públicas cuando no hubieren sido efectuados los aportes a alguna Caja
o Fondo de Previsión Social, con las semanas efectivamente cotizadas al Instituto
de Seguros Sociales. Reiteración de jurisprudencia[14]
El
régimen de transición fue establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
con el fin de proteger la expectativa de los trabajadores de adquirir el
derecho a la pensión de vejez con los requisitos fijados en la normatividad
anterior, en tanto la nueva legislación imponía requisitos más gravosos que
podían generar una afectación de sus garantías fundamentales. Uno de los
beneficios que trajo la implementación del nuevo sistema pensional fue la
posibilidad de acumular tiempos de servicio laborados en entidades del Estado
respecto de los cuales no se efectuó aporte alguno, con aquellos que fueron
efectivamente cotizados al Instituto de Seguros Sociales.
Antes
de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 la única norma que permitía
realizar la acumulación de tiempos de los sectores público y privado, para
aquellos trabajadores que habían sido servidores públicos pero que habían
trabajado a la vez con empleadores privados, era la Ley 71 de 1988, la cual
contemplaba la posibilidad de sumar el tiempo laborado con entidades estatales
que hubiera sido aportado a alguna Caja o Fondo de Previsión Social, con las
cotizaciones realizadas al ISS, pero no contenía como prerrogativa la de sumar
las semanas laboradas y no aportadas. En otras palabras, de acuerdo con la Ley
71 de 1988 existía la posibilidad de acumular semanas aportadas a cajas de
previsión social por tiempo servido al Estado con los aportes hechos al ISS,
aunque no sucedía lo mismo tratándose de aquellos que solo habían sido
laborados con el Estado sin cotización alguna.
Ahora
bien, otro de
los regímenes existentes antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993
era el estipulado en el Acuerdo 049 del 1° de febrero de 1990, “por el cual
se expide el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez,
Vejez y Muerte”, emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales
Obligatorios y aprobado por el Decreto Reglamentario 758 del mismo año, cuyo
artículo 12 dispuso lo siguiente:
“ARTÍCULO 12. REQUISITOS DE LA PENSION POR VEJEZ. Tendrán derecho a
la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y
cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y,
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas
durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades
mínimas, o haber acreditado un número de mil (1.000) semanas de cotización
sufragadas en cualquier tiempo.”
Al
respecto, la jurisprudencia constitucional ha señalado que para obtener la pensión de
vejez en virtud del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, es posible acumular
tiempos de servicios tanto del sector público cotizados a cajas o fondos de
previsión social, como del sector privado cotizados al Instituto de Seguros
Sociales. Esto, por cuanto dicha disposición no exige que las cotizaciones
hayan sido efectuadas exclusivamente al seguro social y porque la aplicación
del régimen de transición solamente se limita a tres ítems, edad, tiempo de
servicios o número de semanas cotizadas, y monto de la pensión, donde no se
encuentra aquel referente al cómputo de las semanas, requisito que debe ser
determinado según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993. Ahora bien, qué sucede
cuando dicha acumulación se pretende sobre las semanas laboradas en el sector
público pero respecto de las cuales el empleador no efectuó ninguna cotización
o no realizó el correspondiente descuento. Sobre este tema, recientemente la
Sala Plena de la  Corporación en Sentencia SU- 769 de 2014[15] señaló:
“la circunstancia de no haberse realizado las cotizaciones no
implica que no pueda aplicarse la misma regla jurisprudencial de acumulación
antes señalada. Lo anterior, por cuanto antes de la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993, en los casos de los empleados en entidades públicas, eran
estas las que asumían la carga pensional y exoneraban a los trabajadores del
pago de las prestaciones.
En la sentencia T-518 de 2013 este Tribunal, al analizar el caso de
una ciudadana de 61 años a quien el Instituto de Seguros Sociales negó el
reconocimiento de la pensión de vejez por no cumplir con los requisitos
establecidos el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, explicó que desde la
expedición de la Ley 6 de 1945 el legislador impuso la obligación a las
entidades públicas del orden nacional (artículo 17) de hacer los
aprovisionamientos necesarios para el pago de la pensión de jubilación de los
trabajadores que cumplieran 50 años de edad y 20 años de servicios.
A su vez, dicha normatividad dispuso la creación de la Caja de
Previsión Social de los Empleados y Obreros Nacionales y de las demás cajas de
previsión del sector público a nivel territorial (artículo 23), en quienes se
encontraba a cargo el aseguramiento de los riesgos de vejez, invalidez y muerte
de dichos trabajadores. En la referida providencia la Corte mencionó que como
la introducción de esas instituciones de previsión y del seguro social sería
futuro y progresivo, en virtud de la Ley 6 de 1945 los empleadores públicos y
privados tenían el deber de realizar el aprovisionamiento de los fondos
necesarios para el pago de las pensiones de jubilación de sus trabajadores, con
el fin de que tales recursos fueran trasladados luego a las nuevas entidades
cuando asumieran el cubrimiento de los riesgos de sus trabajadores.
Más adelante, explicó que desde la Ley 6 de 1945 se permitía la
acumulación de tiempos laborados en distintas entidades de derecho público para
acceder a la pensión de jubilación, y que con la Ley 71 de 1988 fue posible
acumular semanas cotizadas a diferentes cajas de previsión y al Seguro Social.
Con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 fueron unificadas las reglas
de seguridad social en pensiones, donde se reiteró la posibilidad de acumular
tiempos laborados en los sectores público y privado. En ese sentido, esta
corporación señaló:
“Antes de 1991, las obligaciones derivadas del reconocimiento de la
pensión de jubilación correspondían al empleador, quien mantenía dicha
obligación hasta la afiliación de sus trabajadores al Instituto de Seguros
Sociales o las cajas de previsión correspondientes.
Las entidades de seguro social para los empleados públicos y
oficiales fueron las cajas de previsión social, creadas en virtud de la Ley 6
de 1945. Estas cajas asumieron las obligaciones pensionales que estaban en
principio en cabeza de las entidades estatales, quienes a partir de la Ley 6 de
1945 tenían la obligación de hacer los aprovisionamientos de capital necesarios
para el traslado de las cotizaciones a dichas entidades una vez se crearan.
Lo anterior demuestra que antes de 1991, para el sector público y
para los particulares -desde 1945 en algunos casos y desde 1946 en otros-,
existía la obligación en cabeza de los empleadores de hacer el
aprovisionamiento de las cotizaciones correspondientes al tiempo laborado por
sus trabajadores con el fin de trasladar esos recursos al Instituto de Seguros
Sociales o a las cajas de previsión correspondientes una vez éstas asumieran el
aseguramiento de los riesgos de vejez, invalidez o muerte o, excepcionalmente,
reconocer y pagar en el futuro la pensión de jubilación de sus trabajadores,
una vez reunieran los requisitos para el efecto. Se reitera que esta última
hipótesis era excepcional, pues el espíritu de las normas citadas en la sección
anterior es que todos los trabajadores –públicos y privados- estuvieran
afiliados al seguro social obligatorio, bien a través del Instituto de Seguros
Sociales o de las cajas de previsión”.
Sobre el particular resulta pertinente hacer mención además a la
sentencia del 28 de febrero de 2013 proferida por la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante la cual declaró la nulidad del artículo 5° del
Decreto 2709 de 1994, reglamentario de la Ley 71 de 1988. Esta disposición
contemplaba lo siguiente:
“ARTÍCULO 5: No se computará como tiempo para adquirir el derecho a
la pensión de jubilación por aportes, el laborado en empresas privadas no
afiliadas al Instituto de Seguros Sociales para los riesgos de invalidez, vejez
y muerte, ni el laborado en entidades oficiales de todos los órdenes cuyos
empleados no aporten al sistema de seguridad social que los protege”.
Esa corporación citó la jurisprudencia de la Corte Constitucional
donde se ha sostenido que aquellas materias vinculadas con derechos
fundamentales se encuentran sujetas a reserva de ley, por lo que su regulación
no puede quedar a manos del Ejecutivo, como sucede con el régimen pensional.
Consideró que los tiempos computables para efectos del reconocimiento de la
pensión de jubilación por aportes forman parte del contenido esencial de dicho
régimen pensional. Por ello, concluyó que el Presidente de la República había
rebasado el ámbito sustancial de una materia que merece reserva de ley.
Adicionalmente, llamó la atención sobre las distintas oportunidades en las que había
inaplicado la mentada norma que excluía el tiempo laborado con entidades
públicas que no habían sido aportados al sistema. Al respecto, citó:
“(…)En reiteradas ocasiones esta Sala ha precisado que los
nominadores tienen el deber de practicar a sus empleados y trabajadores los
descuentos parafiscales que habrán de girar luego a las respectivas cajas de
previsión a título de aportes. De suerte que la no aportación a los entes de
previsión de los valores correspondientes, en nada podrá afectar el derecho a
la pensión de jubilación. Y sencillamente, en el evento de no haberse
pagado la totalidad de los aportes de ley, la respectiva caja de previsión
deberá realizar las compensaciones a que haya lugar al momento de pagar las
mesadas correspondientes; una tesis contraria podría conducir al absurdo de que
un funcionario público tuviere que asumir las consecuencias negativas de los
yerros de la administración, cuando quiera que ésta incumpliere sus deberes
frente al pago de los mencionados aportes”. (Resaltado original).
En otra oportunidad la misma corporación inaplicó la norma en
comento con base en los siguientes argumentos:
“Tal exigencia, además de desbordar las previsiones de la Ley 71 de
1988, afecta los derechos adquiridos del trabajador a quien sólo se le debe
tener en cuenta el tiempo laborado independientemente de la entidad a la que
haya aportado pues, en los casos de las entidades públicas, eran éstas quienes
asumían la carga pensional. Por tales razones se impone su inaplicación.
No es de recibo el argumento del ISS relacionado con que  los
tiempos laborados en entidades públicas que no descontaban aportes para
pensiones sean excluidos para efectos del reconocimiento de la pensión
establecida en la Ley 71 de 1988, porque era la entidad la que exoneraba a sus
empleados de dicha carga precisamente por asumir éstas el pago de la
prestación, es decir, que la falta de aportes no es imputable al empleado.
La razón de inexistencia de aportes a Cajas de Previsión o Fondos
Públicos tampoco afecta la financiación del pago de la pensión pues, en ese
caso, es la entidad pública la que está en la obligación de asumir el pago de
los mismos por el tiempo que haya durado la vinculación laboral, ya sea a
través de bono pensional o cuota parte”. (Resaltado fuera de texto).
De lo anterior se deriva que al asumir la carga pensional era la
entidad pública la obligada a responder por los aportes para pensiones, y en
caso de no hacerlo debe entonces asumir el pago de los mismos a través del
correspondiente bono pensional. El hecho de no haberse realizado las
cotizaciones no puede convertirse en una circunstancia imputable al empleado,
ni se trata de una carga que este deba soportar, mucho menos para efectos del
reconocimiento de un derecho pensional.
Independientemente del régimen sobre el cual se hayan realizado
estos pronunciamientos, se trata de una interpretación que busca proteger los
limitantes sobre las garantías de los trabajadores y por lo mismo deben
ajustarse a cualquier régimen sobre el cual exista duda respecto a si deben
tenerse en cuenta las semanas no aportadas por la entidad pública para efectos
de los derechos pensionales.
En suma, para el reconocimiento de la pensión de vejez de los
beneficiarios del régimen de transición, a quienes se les apliquen los
requisitos contenidos en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, es posible
realizar la acumulación de los tiempos en cajas o fondos de previsión social
cotizados o que debieron ser cotizados por las entidades públicas, con aquellos
aportes realizados al seguro social. Lo anterior, porque indistintamente de
haberse realizado o no los aportes, es la entidad pública para la cual laboró
el trabajador la encargada de asumir el pago de los mismos.
9. Conclusiones.
9.1. El cómputo de las semanas cotizadas es un aspecto que quedó
consagrado en la Ley 100 de 1993 precisamente para dar solución a la
desarticulación entre los diferentes regímenes que durante un tiempo hizo
imposible acumular tiempos de servicio con diferentes empleadores, reduciendo
notablemente la posibilidad de los trabajadores para acceder a la pensión de
vejez.
De conformidad con los precedentes jurisprudenciales reseñados en
la parte considerativa de esta sentencia, para efecto del reconocimiento de
esta prestación es posible acumular los tiempos de servicios cotizados a las
cajas o fondos de previsión social, con las semanas de cotización efectuadas al
Instituto de Seguros Sociales, por cuanto la exclusividad en los aportes a esta
entidad se trata de un evento no contemplado en el Acuerdo 049 de 1990.
9.2. Por otro lado, según se decantó en esta providencia, por ser
la postura que mejor se ajusta a la Constitución y a los principios de
favorabilidad y pro homine, y que maximiza la garantía del derecho fundamental
a la seguridad social, tal acumulación es válida no solo para los casos en que
fueron acreditadas 1000 semanas en cualquier tiempo, sino también para los
eventos en los que se demostró haber reunido un total de 500 semanas dentro de
los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad requerida.
9.3. Finalmente, también es posible acumular el tiempo laborado
en entidades públicas respecto de las cuales el empleador no efectuó las
cotizaciones a alguna caja o fondo de previsión social, con las semanas
aportadas al Instituto de Seguros Sociales. Lo anterior, toda vez que se trata
de una circunstancia que puede limitar el goce efectivo del derecho a la
seguridad social, y porque el hecho de no haberse realizado las respectivas
cotizaciones o descuentos no es una conducta que deba soportar el trabajador,
más aún cuando era la entidad pública la que asumía dicha carga prestacional.”
(Subraya
fuera del texto original).
Con fundamento en las consideraciones
expuestas, la Sala de Revisión pasa al análisis del caso concreto.
7. Análisis del caso concreto
A partir de la reseña fáctica
expuesta y de las pruebas que obran dentro del expediente, la Sala de Revisión
encuentra acreditados los siguientes hechos:
·
Que el 9 de febrero de
2009, el señor Guillermo Vélez Lopera solicitó al Instituto de Seguros Sociales
el reconocimiento de su pensión de vejez, en razón a que es beneficiario del
régimen de transición y cumple con los requisitos previstos en el Decreto 758
de 1990[16]
para adquirir dicha prestación, pues laboró 14 años como empleado público, en
varias entidades del Estado, y realizó aportes al ISS como trabajador privado. (folios
22 a 23)
·
Que el 30 de julio de
2009, el Instituto de Seguros Sociales, mediante Resolución N.°022139, negó la
prestación solicitada al advertir que el accionante no cumple con los
requisitos establecidos para tal fin en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003[17],
única norma que permite, según la entidad, acumular el tiempo laborado al
servicio del Estado y no aportado a Caja de previsión alguna, tiempos aportados
a cualquier Caja o Fondo de Previsión Social y periodos cotizados al Seguro
Social en calidad de trabajador vinculado a una empresa privada, por cuanto
sumado el tiempo que laboró el señor Guillermo Vélez Lopera en el sector
público, que no fue cotizado al ISS, con las semanas cotizadas al ISS a través
de diferentes empresas este tiene un total de 976,14 semanas y dicha norma
exige para adquirir la pensión de vejez, en el año 2008, fecha de la última
cotización del peticionario, 1.125 semanas.
Ahora bien, analizado el derecho conforme a lo
establecido en el Decreto 758 de 1990, el señor Vélez tampoco cumple con los
requisitos exigidos en dicha norma para adquirir el derecho a la pensión de
vejez, pues solo acredita 231 semanas cotizadas al ISS, de las cuales 150
fueron cotizadas durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la
edad mínima requerida. (folios 22 a 23)
·
Que el señor Guillermo Vélez
Lopera siguió cotizando al sistema general de pensiones acumulando más semanas y
en el año 2010 solicitó, nuevamente, al ISS el reconocimiento de su pensión de
vejez. No obstante, dicha entidad, mediante Resolución N.° 17548, negó la
prestación solicitada con base en los mismos argumentos expuestos en la
Resolución N.° 022139 de 2009.(folios 24 a 25)
·
Que el señor Guillermo Vélez
Lopera presentó demanda ordinaria laboral contra el Instituto de Seguros
Sociales con el fin de que le fuera reconocida su pensión de vejez, la cual
conoció, en primera instancia, el Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado Cuarto
Laboral del Circuito de Medellín, despacho que, mediante sentencia de 31 de
agosto de 2011, negó las pretensiones de la demanda. Lo anterior, con base en
los siguientes argumentos:
“Encuentra el Despacho que el INSTITUTO DE SEGUROS
SOCIALES al resolver la negación de la pensión tuvo en cuenta el tiempo
laborado en el sector público sin cotizaciones al ISS con las semanas cotizadas
a dicha institución, en aplicación del artículo 9 de la Ley 797 de 2003,
señalando que no había derecho por cuanto el demandante no cumple con las
semanas exigidas en dicha normatividad, ni en el Decreto 758 de 1990, ni en la
Ley 33 de 1985.
En virtud de lo anterior, y dado que la entidad
accionada al hacer el análisis, tomó tiempos públicos sin cotizaciones al
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES con las semanas cotizadas, considera el Despacho
que dicha interpretación es correcta en aplicación a los artículos 13, 33 y 34
de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, que
es la única que permite para el caso particular sumar estas semanas del sector
público y del sector privado.
Dado lo anterior, si lo que se pretende es la
aplicación del Decreto 758 de 1990, para ello solo era posible tomar el
tiempo cotizado por la empresa privada, esto es 231,42 según resolución
022139 o 207,43 según resolución 017548, o en su defecto las indicadas por el
demandante, 266,71, lo que es insuficiente para otorgar el derecho, y si bien
dicha normatividad admite que de manera voluntaria, las entidades públicas
cotizaran al I.S.S, ello no ocurrió en el caso que nos ocupa, sin que se
observe que el demandante cumpla con las semanas exigidas por dicho acuerdo.
Ahora, respecto al tiempo público, debía acudirse a la
ley 33 de 1985, que exige 20 años de servicios a las entidades estatales, lo
cual tampoco cumple el actor, pues solo tiene 744,71 semanas en el sector público
sin cotizaciones al ISS.
Conforme a lo anterior no resulta procedente el
reconocimiento de la pensión de vejez de conformidad con el régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la ley 100 de 1993 modificado por el
artículo 9 de la Ley 797 de 2003 el que permite dicho beneficio para aquellas
prestaciones causadas en vigencia de esta regulación, por tanto, y con base en
el artículo 288 de dicha normatividad, no es dable tomar lo más beneficioso de
una y otra norma, por efectos de que la ley así no lo quiso y por el equilibrio
del sistema de seguridad social.”(Subraya
fuera del texto original) (folios 8 a 20 y 55 a 64).
·
Que inconforme con la anterior decisión, en tanto que en
su criterio la sentencia se apartó del precedente constitucional que señala que
es posible realizar la acumulación de los tiempos cotizados o que debieron ser
cotizados en cajas o fondos de previsión social por las entidades públicas, con
aquellos aportes realizados al seguro social para el reconocimiento de la
pensión de vejez de los beneficiarios del régimen de transición, a quienes se
les apliquen los requisitos contenidos en el artículo 12 del Acuerdo 049 de
1990, la parte demandante interpuso el recurso de apelación con el fin de que dicha
providencia fuera revocada, y en su lugar, se accediera a las pretensiones de
la demanda.(folios 65 a 69)
·
Que el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta Dual de Descongestión Laboral,
al resolver la impugnación, en sentencia de 16 de agosto de 2013, decidió
confirmar íntegramente el pronunciamiento del a quo, al determinar que “para
efectos de reclamar el estatus de pensionado, a cargo del INSTITUTO DE SEGUROS
SOCIALES, dicho tiempo de servicios debe estar respaldado con cotizaciones al
ISS, y no con sumatoria de tiempos de servicio no cotizados directamente,
así estén respaldados con Bono Pensional.” (Subraya fuera del texto
original) (folios 70 a 79).
·
Que contra la decisión del
Tribunal el accionante instauró el recurso extraordinario de casación[18],
sin embargo, por consejo de su apoderado judicial desistió del mismo[19],
en razón de la reiterada jurisprudencia[20] de la Corte
Suprema de Justicia en la que no se aplica la figura de la sumatoria de tiempos
para el Acuerdo 049 de 1990. (folios 1 a 6)
·
Que con posterioridad al proceso
ordinario, solicitó, nuevamente, la pensión de vejez al ISS, ahora
Colpensiones, sin embargo, dicha entidad, mediante Resolución N.°262700 decidió
negar la prestación solicitada. Contra la anterior decisión presentó los
recursos de reposición y apelación. (folio 24)
·
Que el 21 de mayo de 2014,
Colpensiones, mediante Resolución N.°181038, al resolver el mencionado recurso
de reposición, confirmó lo decidido en la Resolución N.°262700 de 2013 con base
en los mismos argumentos. (folios 22 a 23)
·
Que el 23 de diciembre de 2014,
Colpensiones, mediante Resolución N.° 437375, reconoció al señor Guillermo Vélez
Lopera una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, por un valor de
$1.320.321. (folio 25)
·
Que el 16 de febrero de 2015,
Colpensiones, a través de Resolución N.°13265, resolvió el recurso de apelación
formulado contra la Resolución N.°262700 de 2013. En dicho acto administrativo
confirmó su decisión. Lo anterior, con
base en los siguientes argumentos.( folios 26 a 27)
“Que el peticionario ha prestado los siguientes
servicios:
Entidad Laboro
Desde
Hasta
Novedad
Uni Ant
1969/11/12
1969/12/31
Tiempo Servicio
Uni Ant
1970/01/01
1981/12/10
Tiempo Servicio
Superintec Ltda
1981/09/25
1982/01/29
Tiempo Servicio
Uni Ant
1981/10/13
1981/11/30
Tiempo Servicio
Uni Ant
1981/12/18
1982/01/13
Tiempo Servicio
Uni Ant
1984/11/14
1988/01/18
Tiempo Servicio
Guillermo Vélez L
2004/01/01
2004/04/30
Tiempo Servicio
Guillermo Vélez L
2004/07/01
2005/03/21
Tiempo Servicio
Guillermo Vélez L
2005/04/01
2005/05/27
Tiempo Servicio
Guillermo Vélez L
2005/06/01
2005/06/28
Tiempo Servicio
Guillermo Vélez L
2005/08/01
2007/03/31
Tiempo Servicio
Guillermo Vélez L
2007/08/01
2008/02/26
Tiempo Servicio
Guillermo Vélez L
2008/06/01
2008/11/30
Tiempo Servicio
Guillermo Vélez L
2009/10/01
2010/03/31
Tiempo Servicio
Uni Ant
4 Días
Interrupción
Uni Ant
4 Días
Interrupción
Total días cotizados
7,169
Total semanas cotizadas
1,024
Que
conforme lo anterior, el interesado acredita un total de 7,169 días laborados,
correspondientes a 1,024 semanas (….)
Que verificada la historia laboral del señor VELEZ
LOPERA GUILLERMO, se puede evidenciar que a 1 de abril de 1994 cuenta con 15
años de servicio conservando el régimen de transición.
Razón por la cual este despacho procede a realizar el
estudio de la prestación solicitada bajo la Ley 71 de 1988, Decreto 758 de 1990
y Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003.
Así mismo revisada la Ley 71 de 1988, artículo 7°: “A partir de la vigencia de la presente
ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de
aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las
entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional,
departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el
Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación
siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y
cinco (55) años o más si es mujer.” No acredita tiempo de cotización para
acceder al reconocimiento.
Que el
Decreto 758 de 1990 en el artículo 12 establece: “Tendrán derecho a la pensión
de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos: a) Sesenta (60) o
más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si
se es mujer y, b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas
durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades
mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.0.00) semanas de cotización,
sufragadas en cualquier tiempo.”
Que el
asegurado no acredita 500 semanas cotizadas dentro de los 20 años anteriores al
cumplimiento de la edad, ni mil semanas cotizadas en cualquier tiempo, EXCLUSIVAMENTE
AL ISS, razón por la cual no es procedente el reconocimiento de la pensión
de vejez en virtud del Decreto 758 de 1990.  (…)
El asegurado
NO cumple con el requisito de las semanas requeridas conforme al artículo 9 de
la Ley 797 de 2003, por lo tanto, se procede a negar la prestación pretendida.
Finalmente,
se puede evidenciar en la nómina de pensionados que para el periodo enero de
2015 se giró y se pagó el valor de $ 1.320.321 en la entidad bancaria POPULAR
CP 2DA QUINCENA MEDELLIN TR 39 B CIRCULAR 4-06 por concepto de reconocimiento
de la indemnización Sustitutiva de la Pensión de Vejez.” (Subraya
fuera del texto original)
·       Que el señor Guillermo Vélez Lopera nació el 1 de mayo
de 1945, es decir que actualmente tiene 71 años de edad. Así mismo, está afiliado al régimen subsidiado en salud,
es beneficiario del programa Adulto Mayor, Fondo de Solidaridad Pensional,
Subcuenta de Subsistencia PPSAM, y no le ha sido reconocida ninguna pensión.
(folios 48 y 12 a 14).
En el caso objeto de estudio, se advierte que el
señor Guillermo Vélez Lopera acude a la acción de tutela con el fin de que se
deje sin efectos el fallo proferido el 16 de agosto de 2013, por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta Dual de Descongestión
Laboral, que confirmó la providencia dictada por el Juzgado
Segundo Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, el 31 de
agosto de 2011, que negó las suplicas de la demanda, dentro
del proceso ordinario laboral que promovió contra el Instituto de Seguros
Sociales, pues considera que con dicha decisión se vulneran
sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad
social, toda vez que desconoce el precedente constitucional referente a
que sí es posible acumular el tiempo de servicio laborado en entidades públicas,
cuando no se hubieren efectuado los aportes a alguna caja o fondo de previsión
social, con las semanas efectivamente cotizadas al Instituto de Seguros
Sociales para el reconocimiento de la pensión de vejez bajo el régimen del
Acuerdo 049 de 1990[21].
En ese orden de ideas, corresponde a la Sala de
Revisión determinar, en primer lugar, si en el caso concreto
la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad para
controvertir el sentido y alcance de la decisión judicial. En caso de que así
sea, entrará a examinar el fondo del asunto.
7.1. Verificación del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la tutela contra
providencia judicial
·       Que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional
En efecto, se observa que la cuestión
que se discute resulta de indudable relevancia constitucional, toda vez que
persigue el amparo de los
derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad
social, presuntamente trasgredidos como consecuencia de decisiones judiciales
que han cobrado firmeza.
·
Que el demandante describa razonablemente, tanto los hechos como
los derechos fundamentales afectados y que hubiere alegado la vulneración en el
proceso judicial, siempre que hubiere sido posible.
Del mismo modo, considera la Sala que el demandante identificó
claramente los hechos que, a su juicio, generaron la vulneración alegada y los
derechos fundamentales presuntamente infringidos. Así mismo, se advierte que alegó
el desconocimiento del precedente constitucional dentro del proceso ordinario.
·
Que no se trate de una
tutela contra un fallo de tutela.
Advierte la Sala que las providencias acusadas se profirieron dentro del
proceso ordinario laboral que instauró el señor Guillermo Vélez Lopera contra el Instituto de Seguros Sociales por
lo que es patente que las sentencias objeto de discusión no corresponden a
fallos de tutela.
·       Que
haya presentado la acción en un término oportuno y razonable
La Sala advierte que el señor Guillermo
Vélez Lopera acude a la acción de amparo, el 25 de mayo de 2016, a cuestionar
la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín, Sala Cuarta Dual de Descongestión Laboral, el 16 de agosto de 2013, dentro del proceso ordinario laboral instaurado contra el
Instituto de Seguros Sociales. Así las cosas, se tiene que el demandante
solicita la protección de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados
por la autoridad judicial 2 años y 9 meses después de que se hubiere proferido
la providencia acusada sin que dentro del expediente se encuentre prueba alguna
que acredite una situación que haya impedido el ejercicio de la acción de forma
oportuna.
Ahora, si
bien en un principio, el señor Guillermo Vélez Lopera presentó el recurso
extraordinario de casación contra la sentencia acusada, finalmente, este
desistió del mismo, el 27 de marzo de 2014. Dicha
solicitud fue aceptada por el Magistrado Sustanciador, el 23 de abril de 2014 y
notificada, mediante estado de 5 de mayo. Así pues, si en gracia de discusión,
se tomara esta última fecha para contabilizar el término, esta Sala observa que,
en todo caso, transcurrieron 2 años para que el señor Guillermo Vélez Lopera
acudiera a la acción de tutela.
Recuerda la Sala que, aunque no se ha
establecido un término preciso en el que debe ser interpuesta una acción de
tutela contra providencias judiciales, la jurisprudencia constitucional evalúa
que se trate de un término razonable para pedir la protección extraordinaria de
derechos fundamentales que son objeto de la acción de tutela. Esto, por cuanto
se parte de la presunción según la cual si se está ante una vulneración de
derechos fundamentales que requiere medidas urgentes, inaplazables e
inmediatas, el titular del derecho afectado debe procurar su protección lo
antes posible; contrario sensu, la demora excesiva e injustificada para
controvertir una decisión judicial, pone en tela de juicio la urgente necesidad
de la protección constitucional que se puede obtener vía acción de tutela y,
eventualmente, afectaría el derecho a la seguridad jurídica en caso de existir
un derecho reconocido a una contraparte procesal.
En suma, la Corte ha entendido que la
tutela contra una decisión judicial debe ser entendida, no como un recurso
último o final, sino como un remedio urgente para evitar la violación inminente
de derechos fundamentales. En esta medida, recae sobre la parte interesada el
deber de interponer, con la mayor diligencia, la acción en cuestión, pues si no
fuera así, la firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera
de la controversia constitucional que en cualquier momento, sin límite de
tiempo, pudiera iniciar cualquiera de las partes. En un escenario de esta
naturaleza nadie podría estar seguro sobre cuáles son sus derechos y cuál el
alcance de estos, con lo cual se produciría una violación del derecho de acceso
a la administración de justicia – que incluye el derecho a la firmeza y
ejecución de las decisiones judiciales – y un clima de enorme inestabilidad
jurídica. En consecuencia, la tensión que existe entre el derecho a cuestionar
las decisiones judiciales mediante la acción de tutela y el derecho a la
firmeza de las sentencias y a la seguridad jurídica, se ha resuelto
estableciendo, como condición de procedibilidad de la tutela, que la misma sea
interpuesta, en principio, dentro de un plazo razonable y proporcionado.
A este respecto no sobra reiterar que,
de no exigirse un tiempo razonable dentro del cual se deba interponer la
acción, la inactividad del actor podría correr en favor de su propio beneficio
y, sin embargo, tener desproporcionados efectos negativos en contra de la parte
accionada o de terceros de buena fe. Así las cosas, para evitar un efecto
negativo sobre la confianza de las personas en la firmeza de los fallos
judiciales, proteger derechos de terceros de buena fe o incluso afectaciones
desproporcionadas sobre la parte accionada y finalmente, para evitar el
ejercicio abusivo del derecho de contradicción de los fallos judiciales,
resulta necesario aplicar el principio de inmediatez en virtud del cual la
tutela contra sentencias solo procede, en principio, si se ha interpuesto
dentro de un plazo prudente y razonable.
Así las cosas,
advierte la Sala que en el presente caso la acción de tutela no cumple con el
presupuesto de inmediatez, pues no fue presentada en un término razonable y
oportuno.
·       Que
el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios,
antes de acudir a la acción de tutela, salvo que se trate de evitar un
perjuicio irremediable.
Para la Sala, en el presente caso, tampoco se cumple con el requisito
de subsidiariedad, pues a pesar de que el señor Guillermo Vélez Lopera contó
con un medio judicial de defensa, cuál era el recurso extraordinario de
casación contra la sentencia de segunda instancia proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta Dual de
Descongestión Laboral, este no lo agotó.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala de Revisión concluye que,
para el caso concreto, la acción de tutela resulta improcedente para controvertir el sentido y alcance de la decisión judicial proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín, Sala Cuarta Dual de Descongestión Laboral, el 16 de agosto de 2013,
que confirmó la providencia dictada por el Juzgado Segundo
Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, el 31 de agosto de
2011, que negó las suplicas de la demanda, dentro
del proceso ordinario laboral que promovió el señor Guillermo Vélez Lopera
contra el Instituto de Seguros Sociales.
No obstante lo anterior, para la Sala
persiste la vulneración de los derechos fundamentales a la seguridad social y
al mínimo vital del accionante en la medida en que continúa sin disfrutar de la
pensión de vejez que reclama y a la que podría tener derecho, por lo que surge
la necesidad de dilucidar el fondo del asunto, en vista del carácter vitalicio
y de la imprescriptibilidad del derecho pensional, en sí mismo considerado,
respecto del cual, según lo tiene sentado la jurisprudencia, solo se afectan
las mesadas causadas y no reclamadas oportunamente. Por lo tanto, en atención a
las facultades ultra petita y extra petita del juez
constitucional[22],
este Tribunal analizará si dentro del ordenamiento jurídico existe alguna
interpretación normativa, a la luz de los principios consagrados en la Carta,
que permita proteger dichas prerrogativas.
En efecto, la Sala de Revisión deberá
establecer si el ordenamiento jurídico colombiano permite garantizar el derecho
a la seguridad social, con el fin de evitar la consumación de un perjuicio
irremediable en los derechos fundamentales del señor Guillermo Vélez Lopera,
quien no cuenta con una fuente propia de ingresos que le permita subsistir
autónomamente; no obstante que, al parecer, cumple con los requisitos legales y
constitucionales para el reconocimiento y pago de la pensión de vejez que
reclama.
Así
pues, con el fin de determinar si el accionante tiene derecho al reconocimiento
de la pensión de vejez, la Sala analizará, en primer lugar, si este es
beneficiario del régimen de transición, de conformidad con lo solicitado y
puesto en conocimiento en el escrito de la tutela.
En
caso de ser beneficiario, se examinará si es posible para el accionante invocar
el mencionado régimen de transición, de conformidad con el desmonte definitivo
establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005.
A
continuación se expone el análisis realizado por la Corte para el caso
concreto:
Régimen
de transición: de conformidad con lo establecido en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se debe acreditar uno de estos requisitos
para ser beneficiario de dicho régimen: (i) que al momento de entrar en
vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres
o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres; o (ii) quince (15) o más
años de servicios cotizados.
De
acuerdo con las pruebas que obran en el expediente la Corte observa que, en
principio, el accionante es
beneficiario del régimen de transición, por cuanto a 1° de abril de 1994 tenía
49 años edad. Así mismo, contaba con 15 años de servicios.
Ahora
bien, para determinar si el
demandante puede invocar la aplicación del régimen de transición es preciso, de
manera previa, determinar la fecha en que cumplió plenamente con los requisitos
de edad y tiempo exigidos en el régimen anterior que le es aplicable.
Según
el parágrafo transitorio 4º del Acto Legislativo 01 de 2005, el régimen de
transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen
dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto
para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al
menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en
vigencia del Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen
hasta el año 2014.
Conforme
lo anterior, es preciso establecer si el accionante cumple con los requisitos
para acceder a la pensión de vejez antes del 31 de julio de 2010. En caso de no
cumplirlos, la Sala deberá verificar si para la entrada en vigencia del Acto
Legislativo 01 de 2005 contaba con 750 semanas de cotización.
En ese
orden de ideas es preciso advertir que uno de los regímenes existentes antes de la entrada en vigencia de
la Ley 100 de 1993, aplicable a los trabajadores particulares que se
encontraban afiliados al ISS, era el estipulado en el Acuerdo 049 del 1° de
febrero de 1990, “por
el cual se expide el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de
Invalidez, Vejez y Muerte”, emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios y
aprobado por el Decreto Reglamentario 758 del mismo año, cuyo artículo 12
dispuso lo siguiente:
“ARTÍCULO 12.
REQUISITOS DE LA PENSION POR VEJEZ. Tendrán derecho a la pensión de vejez las
personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Sesenta (60) o
más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si
se es mujer y,
b) Un mínimo de
quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20)
años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un
número de mil (1.000) semanas de cotización sufragadas en cualquier tiempo.”
Según
esta disposición, para acceder a la pensión de vejez se requiere acreditar: (i)
60 o más años de edad
si se es varón, o 55 o más años de edad si se es mujer; y (ii) un mínimo de 500
semanas de cotización durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de
la edad mínima, o haber acreditado 1000 semanas de cotización en cualquier
tiempo.
Cabe señalar que de conformidad con los precedentes
jurisprudenciales reseñados en la parte considerativa de esta sentencia, para
efecto del reconocimiento de esta prestación es posible acumular los tiempos de
servicios cotizados a las cajas o fondos de previsión social, con las semanas
de cotización efectuadas al Instituto de Seguros Sociales, por cuanto la
exclusividad en los aportes a esta entidad se trata de un evento no contemplado
en el Acuerdo 049 de 1990. Tal acumulación es válida no solo para los casos en
que fueron acreditadas 1000 semanas en cualquier tiempo, sino también para los
eventos en los que se demostró haber reunido un total de 500 semanas dentro de
los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad requerida.
De igual manera, bajo dicho régimen es
posible acumular el tiempo laborado en entidades públicas respecto de las
cuales el empleador no efectuó las cotizaciones a alguna caja o fondo de
previsión social, con las semanas aportadas al Instituto de Seguros Sociales,
por cuanto el hecho de no haberse realizado las respectivas cotizaciones o
descuentos no es una conducta que deba soportar el trabajador, más aún cuando
era la entidad pública la que asumía dicha carga prestacional.
Así pues, advierte la Sala que el accionante, para el 31 de julio
de 2010, contaba con 65 años de edad, con lo cual acredita el primero de los
requisitos mencionados. Ahora bien, sobre el cumplimiento del número de semanas
cotizadas, la Sala encuentra demostrado que, de acuerdo con lo señalado por
Colpensiones en la Resolución N.° 13265, de 16 de febrero de 2015, “el
interesado acredita un total de 7,169 días laborados, correspondientes a 1,024
semanas”, hasta el 31 de marzo de 2010, fecha de la última cotización del
demandante. Así mismo que “el asegurado no acredita 500 semanas cotizadas
dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, ni mil semanas
cotizadas en cualquier tiempo, EXCLUSIVAMENTE AL ISS, razón por la cual
no es procedente el reconocimiento de la pensión de vejez en virtud del Decreto
758 de 1990.” En ese orden de ideas, observa la Sala que acumulando el
tiempo laborado en entidades públicas por el señor Guillermo Vélez Lopera, que
no fue cotizado por el empleador a alguna caja o fondo de previsión social, con
las semanas aportadas al Instituto de Seguros Sociales, el accionante sí cumple
con el segundo de los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión
de vejez, bajo el régimen del Acuerdo 049 de 1990, correspondiente a acreditar un número de mil (1.000) semanas
de cotización sufragadas en cualquier tiempo.
Cabe señalar que aunque Colpensiones, el 23 de
diciembre de 2014, mediante Resolución N.° 437375, reconoció al señor
Guillermo Vélez Lopera una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, por
un valor de $1.320.321 esto no constituye una barrera para que le sea
reconocida la pensión de vejez, pues por ser la indemnización sustitutiva una
prestación excepcional, su recepción no impide que judicialmente se dilucide si
lo que procedía era ese reconocimiento o en su lugar la prestación vitalicia de
vejez[23].
Para la Corte, un eventual otorgamiento de la pensión de invalidez o de vejez a
un afiliado que ha recibido una indemnización sustitutiva por alguno de las dos
contingencias, no afecta la sostenibilidad financiera del sistema, pues existen
mecanismos para que pueda deducirse de las mesadas lo pagado por concepto de
indemnización sustitutiva, y así asegurar que los aportes del asegurado
financien solamente una prestación. De esta forma, se cumple con el objetivo
del mandato de incompatibilidad de las prestaciones y con el respeto a los
derechos adquiridos y el carácter irrenunciable de la seguridad social.[24]
En virtud de lo expuesto, esta Sala
de Revisión confirmara la sentencia de tutela proferida por la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal, el 21 de julio de 2016, que confirmó la
providencia dictada por la Sala de Casación Laboral, el 8 de junio de 2016, que
a su vez declaró improcedente el amparo solicitado por el señor Guillermo Vélez
Lopera, por no cumplir con los requisitos generales de procedibilidad contra
providencias judiciales referentes a la subsidiariedad e inmediatez.
No obstante lo anterior, esta Sala de
Revisión, en virtud de las facultades ultra petita
y extra petita del juez constitucional, concederá el amparo de los
derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital del señor
Guillermo Vélez Lopera vulnerados por Colpensiones. En consecuencia, dejara sin
efectos la Resoluciones N.° 262700 de 18 de octubre de 2013; N.°181038
de 21 de mayo de 2014 y N.°13265 de 16 de febrero de 2015, por
medio de las cuales Colpensiones negó el reconocimiento y pago de la pensión de
vejez solicitada por el Señor Guillermo Vélez Lopera y resolvió los recursos de
reposición y apelación que fueron presentados contra dicha decisión.
Cabe aclarar, que si bien el derecho a la pensión
no prescribe por cuanto es un componente fundamental que integra el concepto y
la figura de seguridad social y de conformidad con lo indicado en el artículo
48 Superior, esta es de índole imprescriptible, lo cierto es que en abundante
jurisprudencia de esta Corporación[25],
se ha reafirmado que dicha imprescriptibilidad se predica del derecho en sí
mismo, más no de las prestaciones periódicas o mesadas que de él se deriven y
que no hayan sido cobradas, pues en tal caso, las acreencias laborales se
encuentran sometidas a la regla general de 3 años de prescripción, consagrada
en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo[26].
En efecto, la imprescriptibilidad de la pensión se
deriva de todos aquellos postulados y principios constitucionales previstos por
el constituyente en la Carta de 1991, según los cuales se debe garantizar la
solidaridad por parte de la sociedad y del Estado, en quien recae
principalmente la necesidad de asegurarle a sus ciudadanos alguna fuente
financiera que les permita su sustento cuando debido a las distintas
contingencias que afrontan, tales como la invalidez, vejez, viudez, etc.,
pueden versen expuestos a un daño o afectación irremediable de sus garantías
constitucionales. Sin embargo, ello no obsta que el legislador, sin que afecte
el contenido esencial del derecho constitucional de la pensión, establezca un
límite temporal para reclamar sus mesadas. Frente al particular, la Sentencia
C-198 de 1999[27],
indicó:
El Legislador puede entonces consagrar la prescripción extintiva de
derechos patrimoniales que surgen del ejercicio de un derecho constitucional,
incluso si este es fundamental, siempre y cuando el término sea proporcionado y
no afecte el contenido esencial mismo del derecho constitucional. Aplicando
estos criterios, esta Corte concluyó que la ley no podía consagrar la
prescripción del derecho a la pensión como tal, aunque sí podía establecer un
término temporal para la reclamación de las distintas mesadas.
Por consiguiente, esta Sala de
Revisión ordenara a Colpensiones que, en un lapso no superior a diez (10) días,
contados desde la notificación de esta providencia, emita un nuevo acto
administrativo de reconocimiento vitalicio de la pensión de vejez a favor del
señor Guillermo Vélez Lopera, incluyendo el pago retroactivo -únicamente- de
las mesadas pensionales correspondientes a los tres (3) años anteriores a la fecha
de presentación de la presente acción de tutela, 25 de mayo de 2016.
Finalmente, ordenara al Gerente de
COLPENSIONES que, una vez emitido y notificado el anterior acto administrativo,
remita copia del mismo a la Corte Constitucional, dentro de los treinta (30)
días siguientes a la notificación de esta providencia, con constancia de su
notificación al interesado.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- CONFIRMAR el fallo de tutela del 21 de julio de
2016, proferido por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, que,
a su vez, confirmó el dictado, el 8 de junio de 2016, por la Sala de Casación
Laboral, que declaró improcedente el amparo solicitado por el señor Guillermo
Vélez Lopera, por no cumplir con los requisitos generales de procedibilidad
contra providencias judiciales referentes a la subsidiariedad e inmediatez.
SEGUNDO.- CONCEDER el amparo de los derechos
fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital del señor Guillermo Vélez
Lopera vulnerados por Colpensiones. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS las Resoluciones N.° 262700 de 18 de octubre de 2013; N.°181038
de 21 de mayo de 2014 y N.°13265 de 16 de febrero de 2015, por
medio de las cuales Colpensiones negó el reconocimiento y pago de la pensión de
vejez solicitada por el Señor Guillermo Vélez Lopera y resolvió los recursos de
reposición y apelación que fueron presentados contra dicha decisión.
TERCERO.- ORDENAR a Colpensiones que, en un lapso no superior
a diez (10) días, contados desde la notificación de esta providencia, emita un
nuevo acto administrativo de reconocimiento vitalicio de la pensión de vejez a
favor del señor Guillermo Vélez Lopera, incluyendo el pago retroactivo
-únicamente- de las mesadas pensionales correspondientes a los tres (3) años
anteriores a la fecha de presentación de la presente acción de tutela, 25 de
mayo de 2016.
CUARTO.- AUTORIZAR
a Colpensiones para que, si es del caso, compense las mesadas causadas y
dejadas de pagar con lo que haya recibido el demandante por concepto de
indemnización sustitutiva, en caso de que haya efectuado algún desembolso con
cargo a dicha prestación.
QUINTO.- ORDENAR al
Gerente de COLPENSIONES que, una vez emitido y notificado el acto
administrativo de que trata el ordinal anterior, remita copia del mismo a la
Corte Constitucional, dentro de los treinta (30) días siguientes a la
notificación de esta providencia, con constancia de su notificación al
interesado.
SEXTO.- LÍBRESE
por Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
Con aclaración de
voto
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
ACLARACIÓN DE
VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
A LA SENTENCIA
T-722/16
PENSION DE VEJEZ-Se debió ordenar pago retroactivo de la
pensión, a partir del momento en que se cumplen los requisitos (Aclaración de
voto)
Respecto del pago del retroactivo
considero que no debe aplicarse el límite de tres años que se planteó en la
ponencia sino que se paguen los emolumentos a que haya lugar desde el momento
en que se reconoció la pensión de vejez, como he sostenido ya en múltiples
oportunidades. Al respecto, es preciso reiterar que el fundamento
constitucional para ordenar el pago retroactivo de la pensión de vejez, radica
en que la Corte Constitucional debe reconocer los derechos a partir del momento
exacto en que se cumplen los presupuestos fácticos y jurídicos que dan lugar a
su configuración. "Por lo tanto, la
Corte cuando ordena el pago retroactivo ha verificado que el supuesto de hecho
de la disposición jurídica se ha consumado y, de esa manera, queda autorizada a
realizar la calificación jurídica que tal disposición enuncia. Luego se colige
que la Corte declara el derecho desde el instante preciso en que dicha
prestación existe en el ámbito del derecho”.
Referencia: Expediente T-5.71
E044
Acción de tutela
instaurada por Guillermo Vélez Lopera contra el Juzgado Segundo Adjunto al
Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín y Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta Dual de Descongestión Laboral.
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Con el respeto que merecen las decisiones
de esta Corporación, me permito manifestar mi aclaración de voto en relación
con lo decidido por la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas en el asunto de la
referencia.
Una vez estudiada la ponencia de la
referencia considero que está bien resuelto el caso concreto. Sin embargo,
quisiera plantear las siguientes inquietudes respecto de dos asuntos que creo
debieron precisarse.
1.- En el asunto
que en esta oportunidad ocupa a la Corte, la Sala Cuarta de Revisión estudió el
caso de Guillermo Vélez Lopera, quien acudió a la acción de tutela con el fin
de que se dejara sin efectos el fallo del 16 de agosto de 2013, por el Tribunal
Superior de Medellín -Sala Cuarta de Descongestión Laboral-, que a su vez
confirmó el del Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral de Medellín,
dentro del proceso ordinario laboral que promovió contra el Instituto de
Seguros Sociales -hoy Colpensiones-.
Lo anterior, en la medida en que
consideró que en la decisión demandada se vulneraron sus derechos fundamentales
al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social, al desconocerse el
precedente constitucional que ha sostenido que sí es posible acumular el tiempo
de servicio laborado en entidades públicas, cuando no se hubieren efectuado
aportes a alguna caja o fondo de previsión social, con las semanas
efectivamente cotizadas al ISS para el reconocimiento de la pensión de vejez
bajo el régimen del Acuerdo 049 de 1990.
2.- En primer lugar
considero que debió precisarse con mayor rigor la parte de la ponencia que se
refiere a los requisitos generales de procedibilidad (subsidiariedad e
inmediatez) porque en todo caso se entró a estudiar el caso de fondo y no queda
muy clara cuál es la razón para que la Corte lo haya hecho y decidido conceder
la pensión y el pago del retroactivo al demandante, a pesar de haber agotado
todos los recursos ante la jurisdicción ordinaria laboral.
3.- En segundo lugar, respecto del
numeral tercero de la parte resolutiva estoy de acuerdo con que se conceda la
pensión de vejez de forma definitiva al demandante, pero respecto del pago del
retroactivo considero que no debe aplicarse el límite de tres años que se
planteó en la ponencia sino que se paguen los emolumentos a que haya lugar
desde el momento en que se reconoció la pensión de vejez, como he sostenido ya
en múltiples oportunidades.
Al respecto, es preciso reiterar que el
fundamento constitucional para ordenar el pago retroactivo de la pensión de
vejez, radica en que la Corte Constitucional debe reconocer los derechos a
partir del momento exacto en que se cumplen los presupuestos fácticos y
jurídicos que dan lugar a su configuración. "Por lo
tanto, la Corte cuando ordena el pago retroactivo ha verificado que el supuesto
de hecho de la disposición jurídica se ha consumado y, de esa manera, queda
autorizada a realizar la calificación jurídica que tal disposición enuncia.
Luego se colige que la Corte declara el derecho desde el instante preciso en
que dicha prestación existe en el ámbito del derecho”[28]
Fecha ut supra,
JORGE
IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
[1] “ARTÍCULO 12. REQUISITOS DE LA PENSION POR VEJEZ. Tendrán derecho a
la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Sesenta
(60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de
edad, si se es mujer y,
b) Un
mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos
veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber
acreditado un número de un mil (1.0.00) semanas de cotización, sufragadas en
cualquier tiempo.”
[2] “ARTÍCULO 9o. El artículo 33 de la Ley 100 de 1993 quedará así:
Artículo
33. Requisitos para obtener la Pensión de Vejez. Para tener el derecho a la
Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:
1. Haber
cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si
es hombre.
A partir
del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57)
años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.
2. Haber
cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.
A partir
del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a
partir  del 1o.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a
1.300 semanas en el año 2015.
PARÁGRAFO
1o. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente
artículo, se tendrá en cuenta:
a) El
número de semanas cotizadas en cualquiera de los dos regímenes del sistema
general de pensiones;
b) El
tiempo de servicio como servidores públicos remunerados, incluyendo los tiempos
servidos en regímenes exceptuados;
c) El
tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que antes de la
vigencia de la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la
pensión, siempre y cuando la vinculación laboral se encontrara vigente o se
haya iniciado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.
d) El
tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos empleadores que
por omisión no hubieren afiliado al trabajador.
e) El
número de semanas cotizadas a cajas previsionales del sector privado que antes
de la Ley 100 de 1993 tuviesen a su cargo el reconocimiento y pago de la
pensión.
En los
casos previstos en los literales b), c), d) y e), el cómputo será procedente
siempre y cuando el empleador o la caja, según el caso, trasladen, con base en
el cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a
satisfacción de la entidad administradora, el cual estará representado por un
bono o título pensional. (…)”
[3] Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Rad N.° 30694; N.° 43767.
[4] SU-769
de 2014.
[5]
T-047 de 2014.
[6] Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias C-543 de
1992, C-590 de 2005, C-591 de 2005, T-343 de 2010, T-462 de 2003.
[7] T-018 de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[8] Ver Sentencia T-217 del 23 de marzo de 2010, M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
[9] Sentencias T-786 de 211 y T-112 de 2012.
[10] Sobre el particular, consultar, entre otras,
las Sentencias C-590 de 2005, T-789 de 2008, T-217 de 2010 y T-285 de 2010.
[11]
Sentencia C-590 de 2005, reiterada en las sentencia T-786 de 2011 y T-112 de
2012.
[12] Sentencia T-018 de 2011 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza.
[13]
T-047 de 2014.
[14]
SU-769 de 2014.
[15]
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[16] “ARTÍCULO 12. REQUISITOS DE LA PENSION POR VEJEZ. Tendrán derecho a
la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Sesenta
(60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de
edad, si se es mujer y,
b) Un
mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos
veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber
acreditado un número de un mil (1.0.00) semanas de cotización, sufragadas en
cualquier tiempo.”
[17] “ARTÍCULO 9o. El artículo 33 de la Ley 100 de 1993 quedará así:
Artículo
33. Requisitos para obtener la Pensión de Vejez. Para tener el derecho a la
Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:
1. Haber
cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si
es hombre.
A partir
del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57)
años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.
2. Haber
cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.
A partir
del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a
partir  del 1o.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a
1.300 semanas en el año 2015.
PARÁGRAFO
1o. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente
artículo, se tendrá en cuenta:
a) El
número de semanas cotizadas en cualquiera de los dos regímenes del sistema
general de pensiones;
b) El
tiempo de servicio como servidores públicos remunerados, incluyendo los tiempos
servidos en regímenes exceptuados;
c) El
tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que antes de la
vigencia de la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la
pensión, siempre y cuando la vinculación laboral se encontrara vigente o se
haya iniciado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.
d) El
tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos empleadores que
por omisión no hubieren afiliado al trabajador.
e) El
número de semanas cotizadas a cajas previsionales del sector privado que antes
de la Ley 100 de 1993 tuviesen a su cargo el reconocimiento y pago de la
pensión.
En los
casos previstos en los literales b), c), d) y e), el cómputo será procedente
siempre y cuando el empleador o la caja, según el caso, trasladen, con base en
el cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a
satisfacción de la entidad administradora, el cual estará representado por un
bono o título pensional. (…)”
[18]
Dicho recurso fue admitido, el 5 de marzo de 2014.
[19] Presento escrito desistiendo
del recurso de casación, el 27 de marzo de 2014. Dicha solicitud fue aceptada
por el Magistrado Sustanciador, el 23 de abril de 2014, la cual a su vez fue
notificada, mediante estado de 5 de mayo de 2014.
[20]Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, Rad N.° 30694; N.° 43767.
[21] SU-769
de 2014.
[22] Este Tribunal ha considerado que al
ser la acción de amparo un mecanismo de protección de los derechos
fundamentales “(…) reviste al juez que conoce de ella de una serie de facultades
que, en ejercicio de la jurisdicción ordinaria, no posee. La principal de
ellas, consiste en fallar más allá de lo solicitado por quien hace uso de este
mecanismo, fallos ultra o extra petita. Prerrogativa que permite al juez de
tutela pronunciarse sobre aspectos que, sin ser expuestos como fundamento del
amparo solicitado, deben ser objeto de pronunciamiento, por estar vulnerando o
impidiendo la efectividad de derechos de rango constitucional fundamental.” Sentencia T-886 de
2000 (MP Alejandro Martínez Caballero). En ese mismo sentido, pueden
consultarse, entre otros, los fallos T-310 de 1995 (MP Vladimiro Naranjo Mesa), T-553 de 2008 (MP Nilson
Pinilla Pinilla) y T-464 de 2012 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[23] Sentencia de 7 de julio de 2009, rad. N° 35896.
[24] Al respecto, puede observarse, entre otras, la sentencia T-003
de 2014 (MP Mauricio González Cuervo), en la cual se amparó el derecho a la
seguridad social de una persona que reclamaba la pensión de sobrevivientes, y
previamente al causante le había sido reconocida una indemnización sustitutiva.
Sobre el descuento de esta última prestación se resolvió lo siguiente: “la Sala le ordenará a Colpensiones que revise
la historia laboral de la señora Odeilda Franco García y en caso que cumpla con
el requisito de haber cotizado 50 semanas en los últimos tres años anteriores a
su fallecimiento, se ordena que le reconozca y pague la pensión de
sobrevivientes a su hijo Giovanni Jaramillo Franco. En caso que haya reclamado
la indemnización sustitutiva, la entidad accionada deberá hacer un cálculo y
descontarle esta prestación de manera periódica, sin que la pensión de
sobrevivientes sea inferior a un salario mínimo legal”. En el mismo sentido, puede observarse la
sentencia T-599 de 2012 (MP. María Victoria Calle Correa).
[25] Al respecto, ver entre otras, las Sentencias
C-198 de 1999. MP Alejandro Martínez Caballero, T-932 de 2008. MP Rodrigo
Escobar Gil y T-681 de 2011. MP Nilson Elías Pinilla Pinilla.
[26] Código Sustantivo de Trabajo.
Prescripción de
las Acciones. Artículo 488: “Regla General. Las acciones correspondientes a
los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se
cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los
casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del
Trabajo o en el presente estatuto.”
[27] MP Alejandro Martínez Caballero.
[28] Corte Constitucional, sentencia T-722 de 2012.