T-238-18
Sentencia T-238/18
DERECHO DE PETICION ANTE PARTICULARES Y ACCESO A LA INFORMACION
SEMIPRIVADA
DERECHO DE PETICION-Características
DERECHO DE PETICION-Peticiones respetuosas presentadas ante autoridades deben ser
resueltas de manera pronta y de fondo
ELEMENTOS ESTRUCTURALES ESENCIALES DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE
PETICION-Jurisprudencia constitucional
DERECHO DE PETICION-Respuesta debe ser de fondo, oportuna, congruente y tener
notificación efectiva
DERECHO DE PETICION-Ejercicio verbal o escrito
DERECHO DE PETICION ANTE PARTICULARES-Contenido
DERECHO AL HABEAS DATA-Alcance y contenido
El derecho fundamental al hábeas data
se encuentra consagrado en el artículo 15 Superior que dispone que todas las
personas tienen derecho a la intimidad personal, al buen nombre, a conocer,
actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ellas en los
diferentes bancos de datos y en los archivos de entidades públicas y privadas.
Adicionalmente, establece la obligación que tiene el Estado de hacer respetar
tales derechos. Asimismo, de conformidad con el artículo 152 de la Constitución
Política, corresponde al Congreso de la República regular los derechos
fundamentales de las personas, los procedimientos y recursos para su protección
a través de la expedición de leyes estatutarias. No obstante, ante el vacío
generado por la falta de regulación inicial para el ejercicio del derecho
fundamental al hábeas data, la Corte Constitucional se ocupó de caracterizarlo
y determinar su alcance mediante sentencias de revisión de tutela.
PRINCIPIO DE VERACIDAD DE LA INFORMACION
DERECHO AL HABEAS DATA DE PERSONA JURIDICA-Vinculación directa con la intimidad
y buen nombre
Las personas jurídicas también son
titulares del derecho fundamental al hábeas data, a la intimidad y al buen
nombre, toda vez que: (i) la norma Superior hace referencia a todas las
personas, sin diferenciar entre personas jurídicas y naturales y (ii) en el
último párrafo de la norma previamente citada, se hace una referencia expresa a
libros de contabilidad, lo cual es aplicable a las personas jurídicas. Lo
anterior ha sido recocido en diferentes oportunidades por la Corte
Constitucional. Un ejemplo de ello es la sentencia T-462 de 1997, en la que
señaló que las personas jurídicas son titulares del derecho fundamental al buen
nombre y, por consiguiente, al hábeas data y a la intimidad
CLASES DE INFORMACION-Pública, semiprivada, privada y reservada
INFORMACION SEMIPRIVADA-Definición
INFORMACION SEMIPRIVADA-Características
La información semiprivada tiene tres
características relevantes para el presente caso: (i) su divulgación debe estar
conforme con el principio de finalidad que rige el derecho fundamental al
hábeas data; (ii) los particulares que no son titulares de tal información solo
pueden acceder a ella a través de una orden judicial o administrativa de la
autoridad competente en el ejercicio de sus funciones; y (iii) no se rige por
las reglas del artículo 74 Superior sobre la reserva de información pública.
INFORMACION SEMIPRIVADA-Acceso por orden de autoridad judicial o administrativa
DERECHO DE PETICION ANTE PARTICULARES-No vulneración por cuanto información solicitada corresponde a
datos semiprivados
Referencia: Expediente
T-6.467.142
Acción
de tutela instaurada por Leidy Viviana Barón Martín contra Parking
International SAS.
Procedencia:
Juzgado 24 Civil del Circuito de Oralidad de Bogotá.
Asunto:
El derecho fundamental de petición contra particulares y el acceso a la
información semiprivada.
Magistrada sustanciadora:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D. C., Veintiséis (26) de junio de dos mil dieciocho (2018).
La Sala Sexta de Revisión de
Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado José Fernando Reyes Cuartas y por las Magistradas
Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado,
quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión del fallo de segunda
instancia adoptado por el Juzgado 24 Civil del Circuito
de Oralidad de Bogotá, el 1º de septiembre de 2017,
por medio del cual se revocó la sentencia proferida por el Juzgado 10º Civil
Municipal de Descongestión de Bogotá el 28 de julio de 2017, y en su lugar negó
el amparo solicitado por Leidy Viviana Barón Martín.
El asunto llegó a la Corte Constitucional, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, por remisión que efectuó
el Juzgado
24 Civil del Circuito de Oralidad de Bogotá. El
24 de noviembre de 2017, la Sala Número Once de Selección de Tutelas de esta
Corporación, escogió el presente caso para su revisión.
I. ANTECEDENTES
El 19 de julio de 2017, a través de apoderado judicial, Leidy
Viviana Barón Martín promovió acción de tutela en contra de la empresa Parking
International SAS, por considerar que vulneró su derecho fundamental de petición al
negarse a entregar información relacionada con los trámites y procedimientos
que están previstos en la empresa para situaciones en las cuales una persona
alega ser víctima de hurto en alguno de los establecimientos de la demandada,
al igual que los datos sobre las políticas de seguridad de la empresa para el
desarrollo de su objeto social y las específicas para atender contingencias
ante los posibles daños de las cámaras de seguridad[1].
A. Hechos y pretensiones
1.
La accionante manifiesta que el 4 de noviembre de 2016 utilizó los
servicios de uno de los parqueaderos de la empresa demandada, denominado Pq.
148 SANTOTO ANGELICO, el cual se encuentra ubicado en la calle 73 # 8-73, en la
ciudad de Bogotá[2].
2.
Señala que dicho servicio fue utilizado desde las 8:18AM hasta las
5:50PM del mismo día, para el vehículo con placas UTM 809, en el puesto de
parqueadero No. 5 del sótano 2 del referido establecimiento[3].
3.
Afirma que aproximadamente a las 5:50PM cuando regresó de su
trabajo retiró el automotor del parqueadero y algunos minutos después notó que
hacía falta un morral que ella había dejado en el vehículo. Posteriormente
evidenció que la chapa de la puerta del conductor había sido forzada. Manifiesta
que cuando salió del parqueadero no se dio cuenta de que la puerta había sido
maltratada porque abrió los seguros del carro con el control remoto[4].
4.
Con fundamento en lo anterior, la peticionaria regresó al
parqueadero para presentar una reclamación sobre lo que había ocurrido con su
automóvil y adicionalmente solicitó información relacionada con la seguridad
del establecimiento (grabaciones), sin embargo, afirma que no le brindaron
ninguna respuesta al respecto[5].
5.
Indica que el 15 de noviembre siguiente la accionada le envío la
respuesta sobre su reclamación en la que se indicó que después de haber
analizado su caso, no se encontró ninguna evidencia que comprometiera a la
empresa a responsabilizarse por la pérdida de una maleta de viaje y demás
objetos personales del vehículo de placa UTM 809, toda vez que nunca fueron
relacionados oportunamente para custodia de la administración y el vehículo fue
retirado de las instalaciones sin que se presentara reclamación alguna[6].
6.
A partir de la respuesta de la demandada, la actora concluye que
la empresa había realizado un estudio del caso con el análisis de las
evidencias, las cuales considera que tiene derecho a conocer, el 13 de junio de
2017 presentó una petición a Parking International SAS en la que
pidió que se le entregara la siguiente información[7]:
·
Si se realizó alguna investigación en relación con la situación
denunciada por la
señora Barón Martín, teniendo en cuenta que, en la repuesta del 15 de noviembre
de 2016, la empresa manifestó que no había encontrado ninguna evidencia que comprometiera
su responsabilidad. El objetivo era conocer el sustento fáctico para llegar a
tal conclusión.
·
Los
trámites y procedimientos previstos por la empresa en materia de seguridad para
esta clase de situaciones, así como las evidencias de su materialización, con
los respectivos soportes en caso de que se hubieran generado.
·
Las copias de video respecto de las grabaciones del sótano 2 entre
las 8:10AM y las 6:00PM, correspondientes al cupo 5 y/o la zona que lo
registra, del día 4 de noviembre de 2016.
·
Las políticas de seguridad/calidad de la empresa para el cuidado
de los vehículos, (mecanismos de seguridad implementados, periodicidad de las
rondas de los vigilantes, y todas las demás aplicadas y/o pertinentes), y si
existen, las particulares para el sótano No. 2 del establecimiento de comercio
ubicado en la Calle 73 No. 8-73 de la ciudad de Bogotá, denominado Pq. 148
SANTOTO ANGELICO.
·
Los protocolos o políticas establecidas en materia de seguridad,
cuando es conocido por la empresa que se ha presentado algún daño o
eventualidad en las cámaras de seguridad, con el fin de conocer las políticas
de contingencia que tiene la entidad en esa materia.
·
La razón social y/o datos de identificación de la empresa de
lavado de vehículos que a la fecha de los hechos tenía convenio con el
establecimiento de comercio ubicado en la Calle 73 No. 8-73 de la ciudad de
Bogotá, denominado Pq. 148 SANTOTO ANGELICO.
·
Si los videos de los ascensores del centro comercial que permiten el
acceso al parqueadero hacen parte de sistema de seguridad de la empresa y en
caso de serlo, expedir una copia de los mismos en los horarios anteriormente
mencionados.
·
Fundamentar cualquier respuesta negativa a las anteriores
peticiones de información.
7.
El 27 de junio de 2017, la empresa accionada respondió los puntos
anteriormente mencionados de la siguiente manera[8]:
·
Se realizó una investigación interna, en la que se encontró que el
vehículo de placas UTM 809 fue entregado en las mismas condiciones que la
empresa lo recibió y fue recibido a satisfacción en el momento de la
terminación del contrato de depósito.
·
“Conforme a las políticas internas esta situación presentada se escapa
del alcance de la responsabilidad presente en la atención (sic) que la misma no
se presenta durante la prestación del contrato de depósito comercial y por
tanto se encontraba fuera de la custodia de mi representada razón por la cual
no le son aplicable ningunas (sic) de las políticas internas y procedimientos
de política de materia de seguridad máxime cuando el vehículo se retiró sin
ninguna novedad y el reclamo fue presentado no durante la ejecución del
depósito si no una hora y treinta minutos después”[9].
·
No es posible entregar los videos sin una orden judicial, en
consideración a las políticas internas de la empresa y la protección de los
datos personales de los demás usuarios del parqueadero.
·
No es posible acceder a ninguna de las peticiones en las que se
solicita información sobre los protocolos y políticas de seguridad de la
empresa, teniendo en cuenta las exigencias internas de Parking
International SAS y las calidades y condiciones de los demás clientes, no
obstante, las condiciones de calidad se pueden consultar en la página www.parking.net.co.
·
La
razón social de la empresa encargada del lavado de los vehículos es LavaMovil
Auto Spa, NIT: 900841881.
8.
La accionante afirma que la demandada omitió responder varios
puntos de su petición. En particular, considera que no se dio ninguna respuesta
relacionada con: los trámites y procedimientos que están previstos en la
empresa para evaluar situaciones similares a la ocurrida a la señora Barón
Martín y las políticas de seguridad de la empresa para el desarrollo de su
objeto social y las específicas para atender contingencias ante los posibles
daños de las cámaras de seguridad[10].
9.
En consideración a lo anterior, la actora solicita el amparo de su
derecho fundamental de petición, en consecuencia, se ordene a la accionada dar
una respuesta asertiva, certera, completa y de fondo sobre los puntos
anteriormente mencionados[11].
B. Actuaciones en sede de
tutela
Por medio de auto del 21 de julio de 2017[12], el
Juzgado 10º Civil Municipal de Descongestión de Bogotá avocó el conocimiento de
la acción de tutela, corrió traslado de la demanda a Parking
International SAS, con el fin de que se pronunciara sobre los hechos que dieron
origen a la acción de tutela.
Mediante escrito del 25 de julio de 2017[13], la
demandada señaló que no es procedente que la empresa le indique a un tercero
que realiza una acusación temeraria[14] la
forma en la que funcionan los esquemas de seguridad, ya que estaría exponiendo
la seguridad de los demás clientes y empleados de la empresa. Además, afirmó
que dicha información goza de reserva legal y no hace parte del dominio
público.
Adicionalmente, manifestó
que los servicios de dicho parqueadero son utilizados por diferentes figuras
públicas como Senadores, Magistrados y Jueces, quienes resultarían vulnerables
si terceros conocen los esquemas de seguridad del establecimiento.
C. Decisión objeto de
revisión
Fallo de primera instancia
Por medio de fallo proferido
el 28 de julio de 2017[15], el Juzgado 10º Civil
Municipal de Descongestión de Bogotá amparó el derecho
fundamental de petición de la accionante, por considerar que la respuesta de la
empresa demandada no fue efectiva ni coherente con lo solicitado[16]. En consecuencia, ordenó a Parking International SAS, responder
la solicitud presentada por la accionante, de fondo, de manera coherente, de
tal forma que se motive la respuesta en caso de que sea negativa y, en su
defecto, remitir a la entidad que estime competente, previa notificación a la
peticionaria.
Impugnación
El 3 de agosto de 2017[17],
la empresa demandada impugnó el fallo del a quo. En particular, señaló
que la petición con la que se solicitaba la información no fue presentada por
la accionante sino por el señor Miguel Arango Leal y en esa medida la
accionante no tenía legitimación por activa para presentar la acción de tutela.
Adicionalmente, señaló que el juez de primera instancia omitió
analizar los argumentos presentados por la demandada respecto de los casos de
reserva de información conforme lo establecido en el artículo 24 de la Ley 1755
de 2015.
Consideró que tampoco tomó en cuenta que la empresa respondió toda
la información solicitada por el señor Arango Leal y que, de acuerdo con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, el hecho de que no se atienda
favorablemente una solicitud no significa que no se haya resuelto de fondo.
Fallo de Segunda Instancia
Por medio de sentencia del 1º de septiembre
de 2017[18], el Juzgado 24 Civil del Circuito de
Oralidad de Bogotá revocó la decisión del juez de primera instancia y en su
lugar, negó el amparo del derecho fundamental de petición de la accionante. En efecto,
consideró que la respuesta de la empresa demandada resolvía de fondo cada una
de las peticiones de la accionante. Particularmente, señaló que la empresa
justificó las razones por las cuales no podía brindar información sobre sus
protocolos y políticas de seguridad. Adicionalmente, resaltó que la Corte
Constitucional ha señalado en diferentes oportunidades que la respuesta de
fondo no implica acceder a lo solicitado, sino hacer un estudio sustentado de
la solicitud, tal y como ocurrió en esta oportunidad.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
Corresponde a la Corte Constitucional analizar, en Sala de
Revisión, las sentencias proferidas dentro de la acción de tutela de la
referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución y 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Asunto objeto de revisión y problema
jurídico
1.  Como
se indicó en el acápite de hechos, Leidy Viviana Barón Martín presentó acción de tutela por considerar que Parking
International SAS vulneró su derecho fundamental de petición al negarse a entregar
información relacionada con los trámites y procedimientos que están previstos
en la empresa para situaciones en las que los clientes alegan ser víctimas de
hurto en alguno de los establecimientos de la demandada, las políticas
generales de seguridad de la empresa para el desarrollo de su objeto social y
las específicas para atender contingencias ante los posibles daños de las
cámaras de seguridad[19].
2.  Con
fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional deberá resolver el siguiente
problema jurídico: ¿Parking International SAS
vulneró el derecho fundamental de petición, al negarse a entregar información relacionada con los trámites y
procedimientos que están previstos en la empresa para situaciones de hurto en
establecimientos de custodia de vehículos como un parqueadero, bajo el
argumento de que esa información es de carácter reservado?
3.
Para resolver la cuestión planteada, es necesario analizar la
procedencia formal y material de la acción de tutela, para lo cual se
examinarán los siguientes temas: (i) la legitimación por activa y por pasiva;
(ii) la inmediatez, (iii) la subsidiariedad como presupuesto de procedencia de
la acción de tutela; (iv) el derecho fundamental de petición; (v) el ejercicio
del derecho de petición contra particulares; (vi) el derecho fundamental al
habeas data; (vii) el derecho al habeas data de personas jurídicas; (viii) la
información semiprivada y (ix) el análisis del caso concreto.
Examen
de procedencia de la acción de tutela
Legitimación por activa
4.
El inciso primero del artículo 86 Constitucional establece el
derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por si misma o por
quien actué a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales
cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento
preferente y sumario. Igualmente, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991
establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí mismo, a través de agente
oficioso, por representante, o como en el caso que nos ocupa, por medio de
apoderado judicial.
Con fundamento en lo anterior, en la sentencia T-004 de 2013[20], este Tribunal indicó que existen diferentes formas de configurar
la legitimación por activa, dentro de las que se encuentran la interposición de la acción de tutela a través
de abogado.
En relación con la legitimación por activa
mediante apoderado, en la sentencia T- 366 de 2015[21], la Corte afirmó que el representante se encuentra
legitimado para solicitar el amparo constitucional, cuando se acredita que se
encuentra expresamente autorizado para ello.
5.  De
acuerdo con los fundamentos jurisprudenciales anteriormente señalados, la Sala
encuentra que en el caso objeto de estudio, se acredita la legitimación por
activa del abogado, como representante judicial de Leidy Viviana
Barón Martín,
toda vez que en el expediente se encuentra el poder mediante el cual se le
autorizó de forma expresa a presentar la acción de tutela en nombre de la
accionante[22].
Legitimación
pasiva
6.  La legitimación
pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la entidad
contra quien se dirige la acción, de ser la llamada a responder por la
vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de que la transgresión
del derecho alegado resulte demostrada[23].
Sobre el
particular, el artículo 86 de la Constitución establece que la tutela procede
contra particulares respecto de quienes el solicitante se halle en estado de
subordinación o indefensión. Del mismo modo, el artículo 42 -numeral 4º-
del Decreto 2591 de 1991 determina que esta acción procede contra particulares
cuando estos sean quienes tengan control sobre la acción que presuntamente
vulnere derechos fundamentales, o se beneficien de la situación que motivó la
acción, “siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación
o indefensión con tal organización”.
7.  La presente
tutela se interpone contra Parking International SAS, una empresa de derecho
privado. La Sala advierte que la accionante está en una situación de
indefensión respecto de la demandada, pues tal y como se evidencia de las
pruebas allegadas al proceso, la empresa en la única que puede entregar la
información solicitada por la peticionaria.
Inmediatez
8.
Este Tribunal ha definido el principio de inmediatez como una de
las características esenciales de la acción de tutela, debido a que este
recurso es un mecanismo de aplicación urgente, para la protección de los
derechos amenazados o vulnerados[24].
En particular, en la Sentencia T-282
de 2011[25]
reiterada en la sentencia T-118 de 2015[26], la
Corte sostuvo que en todos los casos, la acción de tutela debe interponerse
dentro de un término oportuno, justo y razonable, el cual deberá ser
evaluado por el juez de tutela en cada caso concreto.
9.  En el
asunto objeto de estudio la presunta vulneración de derechos fundamentales se
deriva de la negativa de la demandada de entregar la información relacionada
con los trámites y procedimientos que están previstos en la empresa para
situaciones en las cuales una persona alega ser víctima de hurto en alguno de sus
establecimientos, y sus políticas de seguridad para el desarrollo de su objeto
social y las específicas para atender contingencias ante los posibles daños de
las cámaras de seguridad.
De la
revisión de las pruebas se evidencia que la acción de tutela se presentó 23
días después de la respuesta de Parking International SAS., en la que se negó a
entregar la información solicitada, lo que evidencia que se interpuso en un tiempo
razonable.
Subsidiariedad
10.
El
inciso 4º del artículo 86 de la Constitución Política establece el principio de
subsidiariedad como requisito de procedencia de la acción de tutela y determina
que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. (Resaltado fuera del
texto original).
Del
texto de la norma se evidencia que, si existen otros mecanismos de defensa judicial
que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos
que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a ellos y no a la
tutela. Sobre el particular, en la sentencia T-373 de 2016[27], la
Corte Constitucional reiteró que, cuando una persona acude a la administración
de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos fundamentales, no
puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento
jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las
del funcionario que debe conocer dentro del marco estructural de la
administración de justicia, de un determinado asunto radicado bajo su
competencia.
No
obstante, en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 Superior y 6º del Decreto
2591 de 1991, aunque exista un mecanismo ordinario que permita la protección de
los derechos que se consideran vulnerados, la tutela es procedente si se
acredita (i) que el mecanismo no es idóneo ni eficaz, o (ii) que “siendo
apto para conseguir la protección, en razón a la inminencia de un perjuicio
irremediable, pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados
constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia excepcional de
la tutela”[28].
Ahora bien tal perjuicio se caracteriza: “(i) por ser inminente,
es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente;(ii)por
ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber
jurídico de la persona sea de gran intensidad;(iii)porque las medidas que
se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y(iv)porque
la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para
restablecer el orden social justo en toda su integridad”[29].
11.
De los hechos del expediente se evidencia que no existe ningún
recurso judicial que le permita a la peticionaria controvertir la negativa de
la empresa demandada de entregarle la información relacionada con los trámites y
procedimientos que están previstos en la empresa para situaciones similares a
la ocurrida a la señora Barón Martín, las políticas de seguridad de la empresa
para el desarrollo de su objeto social y las específicas para atender
contingencias ante los posibles daños de las cámaras de seguridad. Cabe precisar que el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015 consagra
la posibilidad de insistir dicha negativa ante una autoridad judicial, sin
embargo, como se indicó anteriormente, dicho recurso solo es procedente cuando
se trata de autoridades públicas, no de particulares.
Adicionalmente, la Sala debe evaluar si
la accionante tiene algún otro mecanismo para solicitar la entrega de la
información a la entidad demandada. De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 7º del artículo 18 y el numeral 10º del artículo
20 del Código General del Proceso, los jueces civiles municipales y los de
circuito en única instancia tienen competencia para conocer los asuntos
relacionados con las peticiones sobre pruebas extraprocesales, sin
consideración de la persona interesada, ni de la autoridad en la que se
pretendan aducir.
Esta Corporación se ha
pronunciado sobre la materia. En efecto, en la sentencia C-830 de 2002[30],
precisó que la finalidad de la práctica de la prueba anticipada es asegurar
que por el paso del tiempo y el cambio de hechos y situaciones haga imposible
obtenerla más adelante. En esa medida garantizan el derecho fundamental de
acceso a la justicia, el debido proceso y de defensa y contradicción porque
facultan a las partes a acudir a la jurisdicción con los elementos suficientes.
Más adelante, en la sentencia
C-798 de 2003[31], precisó lo siguiente:
“La prueba anticipada constituye
un apoyo para el futuro demandante, porque puede ofrecerle certeza acerca de
sus pretensiones y definir la estrategia que empleará en su demanda.
También podrá indicarle que no hay fundamentos para iniciar un proceso o que el
resultado obtenido en ella no será usado en su demanda. Así mismo, la prueba
anticipada permite a la futura contraparte preparar oportunamente su defensa,
al conocer la prueba que eventualmente podrá ser usada en su contra; también
permite dar a conocer a terceros interesados sobre la posible iniciación de un
proceso que les puede afectar y así alistar su participación en él. La prueba
anticipada igualmente aporta al desarrollo del proceso y a la resolución justa
del conflicto, puesto que hay pruebas que desaparecen o se transforman
sustancialmente con el transcurso del tiempo”. (Negrilla
fuera del texto original).
De lo anterior, se evidencia
que la práctica anticipada de pruebas tiene el objetivo fundamental de brindar
al futuro demandante los elementos suficientes para determinar la viabilidad de
un asunto en particular y con fundamento en ello, determinar si inicia el
proceso o no. En esta medida se evidencia que se protege el derecho de acceder
a una información particular exclusivamente para fines judiciales.
12.  En el asunto objeto de
estudio la actora solicitó información relacionada con los trámites y
procedimientos que están previstos en la empresa para situaciones de hurto
ocurridas en uno de sus parqueaderos y los protocolos de seguridad para el
desarrollo de su objeto social, en consideración a que, de acuerdo con la
respuesta otorgada por la demandada a la reclamación presentada por la señora
Barón, la empresa realizó un estudio su caso y llegó a la conclusión de que la
accionada no tenía ningún tipo de responsabilidad en la situación del hurto de
la maleta. Por su parte, la peticionaria afirma que tiene derecho a conocer tal
información en consideración a que “se efectuó un estudio del caso, como
quiera que se manifiesta el análisis de las evidencias, las cuales consideramos
tenemos plena legitimidad para conocerlas en nuestra calidad de consumidores de
sus servicios y afectados con la situación mencionada”[32].
13.  De lo anterior, se evidencia que la
actora no hace ninguna referencia a que la información solicitada tenga la
finalidad de verificar la viabilidad de una demanda en contra de la accionada
por el hurto de la maleta, sino que quiere conocer el contenido de los
protocolos de seguridad para saber los procedimientos por los cuales la empresa
determinó que no tenía responsabilidad por los hechos ocurridos en uno de sus
parqueaderos.
14.  Así las cosas, no es exigible a la
accionante acudir al procedimiento consagrado en el Código General del Proceso
para la práctica de pruebas extraprocesales, pues dicha acción resulta ineficaz
para los intereses de la señora Barón en la medida en que de las pruebas no se
evidencia que la solicitud de la información tiene la finalidad de iniciar un
proceso judicial en contra de Parking International SAS, sino conocer la verdad
de los hechos relacionados con el robo de una maleta en uno de los parqueaderos
de la empresa accionada. En este sentido exigir el agotamiento de tal mecanismo
para este caso genera un desgaste inoficioso de la administración de justicia.
En consecuencia, la Corte concluye que en el presente caso la
acción de tutela es procedente para solicitar la información relacionada con
los trámites y procedimientos que están previstos en la empresa para
situaciones de hurto en alguno de los parqueaderos de la demandada, sus
políticas de seguridad para el desarrollo de su objeto social y los específicos
para atender contingencias ante los posibles daños de las cámaras de seguridad.
Derecho fundamental
de petición
15.
El
derecho fundamental de petición se encuentra establecido en el artículo 23 de
la Constitución Política: “[t]oda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a
las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones
privadas para garantizar los derechos fundamentales”.
En
relación con lo anterior, en la sentencia T-012 de 1992[33],
la Corte Constitucional indicó:
“Se trata de uno de los derechos fundamentales cuya
efectividad resulta indispensable para el logro de los fines esenciales del
Estado, particularmente el servicio a la comunidad, la promoción de la
prosperidad general, la garantía de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución y la participación de todos en las decisiones
que los afectan, así como para asegurar que las autoridades cumplan las
funciones para las cuales han sido instituídas (artículo 2o. Constitución
Política)”.
16.  En
el año 2015 se expidió la Ley 1755, por medio de la cual se reguló el derecho
fundamental de petición y se sustituyó el Título II del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA) en su
versión original, que anteriormente lo regulaba.
En
dicha normativa se establece la garantía que tienen las personas de presentar
peticiones para solicitar el reconocimiento de un derecho particular, la
intervención de una entidad o funcionario en un asunto determinado, la
prestación de un servicio, la definición de una situación jurídica pendiente de
resolverse, denunciar, reclamar, solicitar información, consultar, examinar
y pedir documentos[34].
17.  En
diferentes oportunidades esta Corporación se ha pronunciado sobre la
importancia que tiene el derecho de petición y su relación con otros derechos
fundamentales. En efecto, desde la sentencia T-605 de 1996[35],
la Corte se pronunció sobre la relación que existe entre una solicitud
respetuosa y el derecho fundamental de acceso a la información, consagrado en
el artículo 74 Superior. Particularmente, determinó que el derecho de petición
es el género y el acceso a determinada información es la especie.
Lo
anterior fue reiterado de manera más reciente en la sentencia C-274 de 2013[36],
en la que adicionalmente se indicó que el ejercicio del derecho de petición
constituye el mecanismo mediante el cual el acceso a la información se hace
efectivo.
18.  Adicionalmente,
en la sentencia C-951 de 2014[37], este Tribunal resaltó la
relación del derecho de petición y el acceso a la información a nivel
internacional, por ejemplo, con el artículo 13 de la Convención Americana Sobre
Derechos Humanos que consagra la libertad de pensamiento y de expresión y el
artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que
establece el derecho a la libertad de expresión. Esta última garantiza a las
personas la posibilidad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de
cualquier índole.
19.  Por
otra parte, en la sentencia T-574 de 2009[38],
esta Corporación destacó la relación que existe entre el derecho a la intimidad,
dispuesto en el artículo 15 de la Constitución Política, y el de petición, en
la medida en que el primero limita el contenido de las peticiones que presentan
los ciudadanos si solicitan información que pueda afectar la dignidad humana o
intimidad de otra persona.
20.  En
desarrollo de todo lo anterior, en sentencia C-748 de 2011[39],
la Corte señaló que el derecho de petición tiene un carácter instrumental que
asegura la protección de otros derechos fundamentales, pues es el medio para
que los ciudadanos pueden acercarse a la administración o a los privados que
ostentan una posición de privilegio por las actividades que desarrollan. De ahí
la importancia que tiene la obligación del Estado de establecer una herramienta
que los obligue a responder las solicitudes que se pueden generar en desarrollo
de su actividad. Esta tesis fue reiterada en la sentencia T-167 de 2013[40],
que señaló que el derecho de petición constituye un vehículo para el ejercicio
de otros derechos y una garantía esencial de participación ciudadana propia de
un Estado de democracia participativa.
Características
del derecho fundamental de petición
21.  Esta
Corporación en su jurisprudencia ha establecido los componentes del núcleo
esencial del derecho fundamental de petición. En particular, en las sentencias
T-814 de 2005[41] reiterada en la C-951
de 2014[42], entre otras[43],
indicó que el núcleo esencial de dicho derecho se circunscribe a:
21.1.
La formulación de la petición
El
derecho de petición protege la posibilidad real y efectiva que tienen los
ciudadanos de presentar solicitudes respetuosas a las autoridades y a los particulares
sin que éstos se nieguen a recibirlas o tramitarlas.
21.2.
Pronta solución
Tanto
los particulares como las autoridades tienen la obligación de responder las
peticiones presentadas por las personas en el menor tiempo posible, sin que en
ningún caso excedan el término dispuesto por la ley para ello.
De
conformidad con lo establecido en el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015[44],
en general, toda petición deberá resolverse dentro de los 15 días siguientes a
su recepción. No obstante, cuando se trate de una solicitud de documentos o de
información, deberá resolverse dentro de los 10 días siguientes de la fecha en
la que fue recibida. Asimismo, cuando se presente una consulta a una autoridad relacionada
con las materias a su cargo, deberá responderla dentro de los 30 días
siguientes a la fecha en la que fue recibida.
Adicionalmente,
el parágrafo de la norma precitada establece que, en los casos en los que no
sea posible resolver una solicitud en esos plazos, se debe indicar al
peticionario los motivos de la demora y un término estimado de la fecha en la
que se responderá la solicitud de fondo. En todo caso, la respuesta no puede
tardarse más del doble del tiempo inicialmente previsto.
21.3.    Respuesta
de fondo
Las
autoridades o particulares requeridos mediante el ejercicio del derecho de
petición deben responder de forma: (i) clara, es decir que la resolución
sea de fácil comprensión; (ii) precisa,de tal forma que la respuesta se
enfoque en lo solicitado, sin incurrir en evasivas; (iii) congruente, que
se resuelva la solicitud conforme a lo solicitado y no se aborde un tema
distinto y (iv) consecuente con el trámite dentro de la cual se presenta,
de manera que, si la solicitud se eleva dentro de un proceso del cual tiene
conocimiento la autoridad requerida, debe contestar teniendo en
consideración dicha situación y no como una petición aislada.
21.4.    Notificación
de la decisión
La
autoridad o particular encargado de resolver el asunto debe tomar las medidas
para que el peticionario conozca la respuesta correspondiente. Por ello, tienen
la carga probatoria de demostrar que notificaron la respuesta al solicitante.
Elementos
que conforman el derecho fundamental de petición
22.  Esta
Corporación se ha pronunciado sobre los elementos estructurales que componen el
derecho de petición. Particularmente, en la sentencia C-818 de 2011[45],
reiterada por la C-951 de 2014[46], se refirió a los siguientes
elementos:
19.1
Toda persona tiene derecho a presentar peticiones a las
autoridades por motivos de interés general
Tanto las personas naturales como las jurídicas son titulares
del derecho fundamental de petición[47].
19.2.
La petición puede ser verbal o escrita
La Corte ha señalado que el artículo 23 de la Norma Superior
no hace ninguna diferenciación entre las peticiones presentadas de forma verbal
y las escritas, en esa medida los dos tipos de solicitudes se encuentran
amparadas por el derecho fundamental de petición[48].
19.3.
Las peticiones deben ser formuladas de manera respetuosa
Este Tribunal ha establecido que las solicitudes solo tienen
el amparo constitucional cuando son presentadas en términos respetuosos. Particularmente
la sentencia T-353 de 2000[49], resaltó el deber de respeto a
la autoridad ante la cual se presenta la petición, pues de lo contrario la
obligación de responder no nace a la vida jurídica. En este sentido, de
forma excepcional es posible rechazar una solicitud que se considere
irrespetuosa, sin embargo, esta interpretación es restrictiva, en consideración
a que no toda petición puede tacharse de esa manera para sustraerse de la
obligación de dar una respuesta de fondo.
19.4.
La informalidad de la petición
La
Corte ha insistido en diferentes oportunidades que el derecho de petición se
ejerce a pesar de que las personas no lo digan de forma expresa. En este
sentido, si una autoridad exige que se diga específicamente que se presenta una
solicitud de petición en ejercicio de este derecho, impone al ciudadano una carga
que no se encuentra prevista en la ley ni en la Constitución Política[50].
El derecho de petición ante los particulares
20.
El artículo 23 de la Carta Política establece que se puede
ejercer el derecho de petición frente a particulares. Lo anterior, en consideración
a que existen situaciones en las que los individuos se encuentran en
condiciones asimétricas o de desigualdad entre ellos, lo que significa que es
necesario crear mecanismos de protección de derechos de los que están en
desventaja, ya sea a nivel político, social o económico. Uno de esos
instrumentos en el derecho fundamental de petición[51].
21.
Ahora bien, a pesar de que el Legislador no había regulado el
ejercicio del derecho de petición contra particulares, por vía interpretativa
la Corte Constitucional trató de llenar ese vacío, pues en diferentes
oportunidades[52] señaló que existían situaciones
en las que era procedente, en especial cuando: (i) el particular presta un
servicio público o desempeña funciones públicas; (ii) el derecho de petición constituye
un mecanismo para lograr la consecución de otros derechos fundamentales; (iii)
entre el peticionario y el particular existe una relación de poder reglado o de
facto, que puede ser generado por una relación de subordinación, indefensión y/o
posición dominante.
22.
En la actualidad el ejercicio del derecho de petición ante
particulares se encuentra regulado en el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015[53]
de la siguiente manera:
“Derecho de petición ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales. Toda persona podrá ejercer el derecho de
petición para garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones
privadas con o sin personería jurídica, tales como sociedades, corporaciones,
fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas,
instituciones financieras o clubes.
<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Salvo
norma legal especial, el trámite y resolución de estas peticiones estarán
sometidos a los principios y reglas establecidos en el Capítulo I de este título.
Las organizaciones privadas solo
podrán invocar la reserva de la información solicitada en los casos
expresamente establecidos en la Constitución Política y la ley”.
(Negrilla fuera del texto original).
(…)
El condicionamiento referido en la cita se estableció en la sentencia
C-951 de 2014, que declaró exequible tal norma, en el entendido de que
serían aplicables las disposiciones del Capítulo I que sean compatibles con la
naturaleza de las funciones que ejerce el respectivo particular.
De lo anterior, se evidencia que en la actualidad el derecho
de petición ante privados procede, no por disposición jurisprudencial en casos
concretos, sino porque el Legislador estableció de forma expresa los sujetos
frente a los cuales se podría ejercer el referido derecho, es decir: ante
organizaciones privadas con o sin personería jurídica, tales como sociedades,
corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas,
cooperativas, instituciones financieras o clubes, independientemente de las
relaciones de poder o de las funciones que éstos cumplan.
El derecho al hábeas data y su alcance
23.
El
derecho fundamental al hábeas data se encuentra consagrado en el artículo 15
Superior que dispone que todas las personas tienen derecho a la intimidad
personal, al buen nombre, a conocer, actualizar y rectificar la información que
se haya recogido sobre ellas en los diferentes bancos de datos y en los
archivos de entidades públicas y privadas. Adicionalmente, establece la
obligación que tiene el Estado de hacer respetar tales derechos.
Asimismo, de conformidad con el artículo 152 de la
Constitución Política, corresponde al Congreso de la República regular los
derechos fundamentales de las personas, los procedimientos y recursos para su
protección a través de la expedición de leyes estatutarias. No obstante, ante
el vacío generado por la falta de regulación inicial para el ejercicio del
derecho fundamental al hábeas data, la Corte Constitucional se ocupó de
caracterizarlo y determinar su alcance mediante sentencias de revisión de
tutela.
24.
Específicamente,
en la sentencia T-414 de 1992[54],
esta Corporación se pronunció sobre el derecho a la protección de los datos
personales y determinó que éste se encuentra directamente relacionado con la
eficacia del derecho a la intimidad, toda vez que, el individuo es quien tiene
la potestad de divulgar la información de su vida privada.
Al respecto, estableció que toda persona, “(…) es
titular a priori de este derecho y el único legitimado para permitir la
divulgación de datos concernientes a su vida privada. Su finalidad es la de
asegurar la protección de intereses morales; su titular no puede renunciar
total o definitivamente a la intimidad pues dicho acto estaría viciado de
nulidad absoluta.”
Asimismo, en las sentencias T-444 de 1992[55], T-525 de
1992[56] y T-022 de 1993[57]
la Corte Constitucional consideró que la intimidad personal comprende varias
dimensiones, dentro de las cuales se encuentra el hábeas data, que comporta el
derecho de las personas a obtener información personal que se encuentre en
archivos o bases de datos, la posibilidad de ser informado acerca de los datos
registrados sobre sí mismo, la facultad de corregirlos, la divulgación de
datos ciertos y la proscripción de manejar tal información cuando existe
una prohibición para hacerlo. En este orden de ideas, la Corte estimó que “(…)
tanto el hábeas data como la intimidad encuentran su razón de ser y su
fundamento último en el ámbito de autodeterminación y libertad que el
ordenamiento jurídico reconoce al sujeto como condición indispensable para el
libre desarrollo de su personalidad y en homenaje justiciero a su dignidad”[58].
25.
Posteriormente, en la sentencia SU-082 de 1995[59], este Tribunal diferenció los derechos a
la intimidad y al hábeas data y, en particular, distinguió tres derechos
fundamentales derivados del artículo 15 Superior, a saber: la intimidad, el
buen nombre y el hábeas data. En aquella oportunidad, determinó que el hábeas
data es un derecho fundamental autónomo que comprende tres facultades
concretas: (i) el derecho a conocer las informaciones que a su titular se
refieren; (ii) el derecho a actualizar tales informaciones; y (iii) el derecho
a rectificar las informaciones que no correspondan a la verdad.
De
otra parte, en la sentencia T-527 de 2000[60], esta Corporación reconoció
que el titular de la información que obra en una base de datos cuenta con dos
mecanismos de protección: (i) la rectificación, que implica la
concordancia del dato con la realidad, y (ii) la actualización, que hace
referencia a la vigencia del dato, de tal manera que no se muestren situaciones
que no corresponde a una situación actual.
26.
Posteriormente,
en la sentencia T-729 de 2002[61],
este Tribunal definió el derecho al hábeas data como la facultad que tiene el
titular de información personal de exigir a las administradoras de bases de
datos el acceso, la inclusión, la exclusión, la corrección, la adición, la
actualización, la certificación de la información y la posibilidad de limitar
su divulgación, publicación o cesión.
Adicionalmente, la Corte estableció que el ámbito de
aplicación del derecho fundamental al hábeas data depende del entorno en el
cual se desarrollan los procesos de administración de bases de datos
personales. En consecuencia, el contexto material de dicho derecho, está integrado
por “el objeto o la actividad de las entidades administradoras de bases de
datos, las regulaciones internas, los mecanismos técnicos para la recopilación,
procesamiento, almacenamiento, seguridad y divulgación de los datos personales
y la reglamentación sobre usuarios de los servicios de las administradoras de
las bases de datos”.
Además, en la providencia mencionada esta Corporación
sintetizó los principios que la jurisprudencia había desarrollado al conocer de
tutelas relacionadas con el derecho al hábeas data. En particular, determinó
que el proceso de administración de los datos personales se basa en los
principios de libertad, necesidad, veracidad, integridad,
incorporación, finalidad, utilidad, circulación
restringida, caducidad e individualidad.
27.
En
cumplimiento del deber de regular el derecho fundamental al hábeas data a cargo
del Congreso, se expidió la Ley Estatuaria 1266 de 2008 “[p]or la
cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el
manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la
financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros
países y se dictan otras disposiciones.”.
Esta normativa constituye una regulación parcial del
derecho al hábeas data porque se circunscribe al dato financiero. En la sentencia
C-1011 de 2008[62]
la Corte efectuó el análisis de constitucionalidad previo del proyecto de ley y
determinó que esta norma tiene carácter sectorial, pues solo está dirigido a la
regulación de la administración de datos personales de contenido comercial,
financiero y crediticio.
No obstante su carácter parcial, la Ley 1266 de 2008
reiteró los principios fijados por la jurisprudencia de esta Corporación que
rigen el derecho al hábeas data en general. Específicamente, la ley estableció
que las actividades de recolección, procesamiento y circulación de datos
personales contenidos en bases de datos de carácter financiero, deben regirse
por los siguientes principios: veracidad, temporalidad, integridad, seguridad,
confidencialidad, circulación restringida y finalidad.
28.  Posteriormente, el
Legislador expidió la Ley Estatutaria 1581 de 2012, “por la cual se dictan disposiciones generales para la
protección de datos personales”, luego de que su validez hubiera sido estudiada por
este Tribunal en la sentencia C-748 de 2011[63].
Se trata de una ley general que establece los principios a los que está sujeto
cualquier tipo de tratamiento de datos en Colombia.
29.
Al
igual que la Ley 1266 de 2008, tal normativa hace un ejercicio de compilación
de los criterios y principios desarrollados en el precedente constitucional.
Así,
el artículo 4º de la disposición en comento establece 8 principios para el tratamiento
de datos personales:
29.1
Principio de veracidad o calidad de los registros o datos
El
principio de veracidad o calidad tiene dos funciones, la primera es exigir que
la información contenida en los bancos de datos regidos por la Ley 1266 de
2008, sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.
El segundo objetivo, es prohibir el registro y divulgación de datos
parciales, incompletos, fraccionados o que conduzcan a error[64].
29.2.
Principio de temporalidad de la
información
La
temporalidad del dato hace referencia a que la información registrada debe
dejar de ser suministrada a los usuarios, cuando deje de servir para la
finalidad del banco de datos[65].
29.3.
Principio de interpretación integral de
los derechos constitucionales
La
interpretación integral de los derechos constitucionales establece que la norma
estatutaria, debe ser interpretada en el sentido de que se dé la máxima
eficacia posible a los derechos constitucionales, en particular, al hábeas
data, el buen nombre, la honra, la intimidad y de acceso a la información.
Asimismo, dispone que los derechos de los titulares de los datos personales se
deben interpretar conforme lo establecido en el artículo 20[66] de
la Constitución[67].
29.4.
Principio de seguridad
El
principio de seguridad hace referencia a la obligación que tienen los
administradores de las bases de datos de incorporar las medidas técnicas
necesarias para garantizar la seguridad de la información al momento de
transmitirla, a fin de evitar su adulteración, pérdida, consulta o usos no
autorizados[68].
29.5.
Principio de confidencialidad
La
confidencialidad se refiere a la obligación que tienen todas las personas
naturales o jurídicas que intervengan en la administración de datos personales
que no sean públicos, de garantizar la reserva de la información, incluso
después de que ha terminado su labor en la cadena de administración de datos y
limitándose a suministrar o comunicar la información cuando se relacione con el
desarrollo de las actividades autorizadas en la ley[69].
29.6.
Principio de circulación restringida
La
circulación restringida de la información busca ceñir la administración de los
datos personales a los límites que se deriven de su naturaleza, de la norma
estatutaria, de los principios propios que le son aplicables a dicha actividad,
en particular la temporalidad de la información y la finalidad del banco de
datos. Con fundamento en lo anterior, se prohíbe acceder a datos personales por
internet o por otros medios de divulgación de información masiva, excepto que
sea información pública, o que los datos tengan un acceso técnicamente
controlable para brindar un conocimiento restringido, limitándose a los
titulares o usuarios autorizados para tener dicho acceso[70].
29.7.
Principio de finalidad
Este
principio establece que la administración y divulgación de datos personales debe
tener una finalidad legítima conforme a la Constitución Política y la ley.
Adicionalmente, dispone que el objetivo de registrar un dato debe ser informado
al titular del mismo, antes o durante el otorgamiento de la autorización para
su uso, en los casos en que esta fuera necesaria[71] y
en general cuando el titular solicita información al respecto[72].
El derecho al hábeas data de las personas jurídicas
30.
Esta Corporación se ha pronunciado en diferentes
oportunidades sobre la condición de las personas jurídicas como sujetos con
capacidad de tener voluntad racional y autónoma, y por ende, ser titulares de
obligaciones y derechos fundamentales[73]. En efecto, desde la sentencia
T-396 de 1993[74], la Corte señaló que:
“La persona jurídica es apta para la titularidad de
derechos y deberes por su racionalidad y por su autonomía. La aptitud es la
adecuada disposición para dar o recibir, para hacer o soportar algo, y la
persona jurídica puede (tiene la dimensión jurídica de la facultad) y también
debe (soporta el deber frente a sus miembros y frente a otras personas
jurídicas o naturales); por tanto tiene adecuada disposición para que se le
otorguen o reconozcan derechos y deberes.
La racionalidad y la autonomía hacen que la persona jurídica
sea apta para el mundo de los derechos, de los deberes y de las relaciones
jurídicas  según un principio de igualdad, aunque no de identidad absoluta.
Este tipo de entidad al ser racional y autónoma es por sí
(per se), no por otro, es decir, es persona (personare), De alguna manera es
substancial; y todo lo substancial  es un supuesto, y el  supuesto  es  sujeto,
y si éste es racional y autónomo, sin duda alguna tiene que ser sujeto de
derechos y deberes. Luego la persona jurídica es una entidad que se expresa
jurídicamente como sujeto de derechos y deberes”. (Negrilla
fuera del texto original).
Particularmente, sobre el derecho al hábeas data, el artículo
15 de la Constitución consagra que:
ARTÍCULO 15. Todas las personas tienen derecho a su
intimidad personal y familiar y a su  buen nombre, y el Estado debe
respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer,
actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en
bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.
(…)
Para efectos tributarios o
judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado
podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos
privados, en los términos que señale la ley. (Negrilla
fuera del texto original).
De conformidad con lo anterior, se evidencia que las personas
jurídicas también son titulares del derecho fundamental al hábeas data, a la
intimidad y al buen nombre, toda vez que: (i) la norma Superior hace referencia
a todas las personas, sin diferenciar entre personas jurídicas y naturales
y (ii) en el último párrafo de la norma previamente citada, se hace una
referencia expresa a libros de contabilidad, lo cual es aplicable a las
personas jurídicas.
Lo anterior ha sido recocido en diferentes oportunidades por
la Corte Constitucional. Un ejemplo de ello es la sentencia T-462 de 1997[75],
en la que señaló que las personas jurídicas son titulares del derecho
fundamental al buen nombre y, por consiguiente, al hábeas data y a la intimidad.
En el mismo sentido, en la sentencia SU-182 de 1998[76],
reiterada en la T-385 de 2013[77], este Tribunal indicó que
existen algunos derechos fundamentales tales y como el debido proceso, la
igualdad, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de asociación, la
inviolabilidad de documentos y papeles privados, el derecho a la información,
el hábeas data y el derecho al buen nombre, que pueden ser exigidos por las
personas jurídicas en el Estado Social de Derecho y que deben ser respetados
por las autoridades correspondientes, y garantizados por el sistema jurídico.
Igualmente, la sentencia C-1011 de 2008[78]
reiterada por la C-748 de 2011[79], sostuvo que “la aplicación
del derecho al hábeas data se predica a favor todo sujeto jurídico
que esté en capacidad de producir información susceptible de ser objeto de los
actos de recolección, tratamiento y circulación a que refiere el artículo 15
C.P.”. (Negrilla fuera del texto original). En virtud de lo
anterior, concluye que las personas jurídicas también son titulares del derecho
al hábeas data.
Con fundamento en las anteriores consideraciones,
esta Sala reitera que de conformidad con el artículo 15 de la Carta Política y
la jurisprudencia constitucional, todas las personas incluidas las jurídicas,
tienen derecho a la protección de sus derechos fundamentales al hábeas data, a
la intimidad personal, al buen nombre, a conocer, actualizar y rectificar la
información que se haya recogido sobre ellas.
Adicionalmente, se reitera que uno de los
principios fundamentales del derecho al hábeas data es el de finalidad, según
el cual la administración y divulgación de datos personales debe tener una
finalidad legítima conforme a la Constitución y a la ley.
Clasificación de los tipos de información
31.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional y las Leyes
Estatutarias 1266 de 2008 y 1581 de 2012 han caracterizado los diferentes tipos
de información con el fin de regular las limitaciones del derecho fundamental
de acceso a la información.
Una primera tipología distingue entre la información
personal y la impersonal. De conformidad con el literal c) del artículo
3º de la Ley 1581 de 2012, el dato personal es “[c]ualquier información
vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas
o determinables;
Además, existe una segunda tipología, dirigida a
clasificar la información desde un punto de vista cualitativo, en función de su
publicidad y la posibilidad legal de acceder a la misma, a saber, (i) pública o
de dominio público, (ii) semiprivada, (iii) privada, y (iv) reservada o
secreta. La anterior caracterización permite delimitar la información que se
puede divulgar en desarrollo de los derechos fundamentales a la información y
el de petición, y aquella que, por mandato constitucional, no puede ser
revelada, porque de hacerlo se transgredirían los derechos a la intimidad y al hábeas
data.
32.
A
continuación se describirán los tipos de información anteriormente mencionada,
con énfasis en la información semiprivada, por las especificidades del presente
caso:
32.2.
La información privada es aquella que
por versar sobre información personal y por encontrarse en un ámbito privado,
sólo puede ser obtenida y ofrecida por orden de autoridad judicial en el
cumplimiento de sus funciones. Es el caso de los libros de los comerciantes,
los documentos privados, las historias clínicas y la información extraída a
partir de la inspección del domicilio.
32.3.
La información reservada versa sobre
información personal y guarda estrecha relación con los derechos fundamentales
del titular a la dignidad, a la intimidad y a la libertad, motivo por el cual
se encuentra reservada a su órbita exclusiva y “(…) no puede siquiera ser
obtenida ni ofrecida por autoridad judicial en el cumplimiento de sus
funciones. Cabría mencionar aquí la información genética, y los llamados
"datos sensibles"  o relacionados con la ideología, la inclinación
sexual, los hábitos  de la persona, etc.”[80]
32.4.
La información pública es aquella que,
según los mandatos de la ley o de la Constitución, puede ser obtenida y
ofrecida sin reserva alguna y sin importar si se trata de información general,
privada o personal. Se trata por ejemplo de los documentos públicos, las
providencias judiciales debidamente ejecutoriadas, los datos sobre el estado
civil de las personas o sobre la conformación de la familia. Este tipo de
información se puede solicitar por cualquier persona de manera directa y no
existe el deber de satisfacer algún requisito para obtenerla.
32.5.
La información semiprivada. Esta
Corporación se ha pronunciado sobre los datos que pueden constituir información
semiprivada. En efecto, desde la sentencia T-729 de 2002[81]
reiterada por la sentencia C-337 de 2007[82],
la Corte señaló que ésta se refiere “a los datos que versan sobre
información personal o impersonal que no está comprendida en la regla general
anterior, porque para su acceso y conocimiento presenta un grado mínimo de
limitación, de tal forma que sólo puede ser obtenida y ofrecida por orden
de autoridad administrativa o judicial en el cumplimiento de sus funciones o en
el marco de los principios de la administración de datos personales” (negrilla
fuera del texto original).
Los temas en los que la jurisprudencia ha
clasificado la información como semiprivada generalmente se refieren a datos
relativos a las relaciones con las entidades de la seguridad social, al
comportamiento financiero de las personas o sus condiciones médicas. No
obstante, este Tribunal ha estudiado otros casos en los que ha tenido que
establecer qué tipo de información puede ser considerada semiprivada. Lo
anterior teniendo en cuenta que como autoridad judicial, la Corte está en la
obligación de, en caso de ser necesario, determinar el tipo de información de
la que se trata, teniendo en cuenta los principios de: veracidad o calidad de
los registros o datos, temporalidad de la información, interpretación integral
de los derechos constitucionales, seguridad, confidencialidad, circulación
restringida y finalidad.
En efecto, en la sentencia C-692 de 2003[83],
al estudiar la exequibilidad de la norma que imponía la obligación de registrar
la propiedad de los perros de razas potencialmente peligrosas y ciertos datos
acerca de su posesión en las alcaldías, la Corte consideró que dicho registro se
trataba de información semiprivada, teniendo en cuenta que según la ley, podía
ser solicitada por las autoridades para garantizar el interés superior de la
seguridad pública. Particularmente señaló lo siguiente:
“El carácter semi privado de
la información contenida en el registro se define por la naturaleza del hecho
que debe ser puesto en conocimiento de las alcaldías y por su familiaridad con
los datos relativos al comportamiento financiero de las personas –información
utilizada por la jurisprudencia para ejemplificar dicha tipología-, ya que,
como en éstos, el registro de animales potencialmente peligrosos está orientado
a prevenir un riesgo social. Los datos vinculados con la posesión de animales
peligrosos permiten a las autoridades adoptar medidas de precaución para evitar
la propagación del riesgo implícito al ejercicio de dicha tenencia, pero
también la identificación de la responsabilidad en caso de daño, tal como
sucede con los datos relativos al comportamiento financiero de las personas,
que buscan proteger al sistema financiero de deudores incumplidos. La
tenencia de perros peligrosos deriva en riesgo social y el legislador está
autorizado para obligar al particular a ceder dicha información en beneficio de
la seguridad pública, sin que por ese hecho se deduzca una intromisión
ilegítima en su círculo íntimo.
(…)
Ciertamente, contrario a los
sostenido por el demandante,  el propietario de un perro de alta peligrosidad
no está en la obligación de suministrar información concerniente a su vida
privada diferente a aquella que tiene que ver con la posesión o tenencia de un
elemento que implica riesgo social. En los términos de la tipología adoptada
por la Corte, la ley no le exige al dueño del perro divulgar información
privada o reservada. El sacrificio del derecho a la intimidad se ve
justificado, en este caso, por la necesidad de satisfacer un interés de orden
superior”. (Negrilla fuera del texto original).
Asimismo, al realizar la revisión de constitucionalidad del
Proyecto de Ley Estatutaria 1266 de 2008[84], este Tribunal reiteró la
definición de información semiprivada y adicionalmente la amplió en el sentido
de indicar que dicha información puede constituir cualquier dato de carácter
personal o impersonal, que no pertenezca a la categoría de información pública,
y en consecuencia requiere de un grado de limitación para acceder a ella, ya
sea a partir de una orden de una autoridad judicial o administrativa, en
ejercicio de sus funciones o en cumplimiento de los principios de
administración de datos personales.
Lo anterior guarda estrecha relación con la definición de dato
semiprivado consagrada en el literal g) del artículo 3º de la norma
anteriormente mencionada, a saber:
“g) Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene
naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación
puede interesar no sólo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o
a la sociedad en general, como el dato financiero y crediticio de actividad
comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley”.
Posteriormente,
en sede de revisión de tutela, específicamente en la sentencia T-414 de 2010[85], la
Corte Constitucional analizó un caso en el que el accionante consideraba que la
Universidad de Manizales vulneró sus derechos fundamentales de petición, de
acceso a la información y de acceso a la administración de justicia porque se
negó a entregarle una copia de las actas de las reuniones del consejo de la
facultad realizadas durante el 2008, bajo el argumento de que dicha información
era de carácter reservado. El peticionario manifestó que necesitaba tales
documentos para que su abogado pudiera determinar la viabilidad de una demanda
laboral que pretendía instaurar en contra de la mencionada entidad educativa.
En esa
oportunidad, esta Corporación advirtió que las reuniones de los consejos
universitarios tratan asuntos relativos al funcionamiento de las facultades
tales y como estrategias de planeación, solicitudes de los estudiantes,
presupuesto, decisiones administrativas, disciplinarias y académica. En
consecuencia, resaltó que las actas de tales reuniones podían contener
información de carácter personal (por ejemplo las sanciones disciplinarias a un
estudiante) o impersonal (como la determinación de un cronograma).
Por
lo anterior, determinó que las actas de los consejos de facultad debían
clasificarse como información semiprivada, en consideración a que su contenido
concierne a la comunidad educativa, lo que evidencia un interés de la comunidad
en general, como un interés en particular de ciertos individuos cuya
información es de carácter privado. En este sentido determinó que solo se puede
acceder a su contenido “cuando medie un interés acreditado del integrante de
la comunidad educativa o el particular y, generalmente, no sobre la totalidad
del acta sino de la parte que le afecta”.
Así
las cosas, la Corte estableció que la solicitud de información presentada por
el accionante en ejercicio de su derecho fundamental de petición, se encontraba
relacionada con información semiprivada, en esa medida no eran aplicables las
reglas del artículo 74 de la Constitución Política relacionadas con la negativa
de entregar información pública, sin indicar la norma en la que se ampara la
reserva.
Por
consiguiente, concluyó que el peticionario carecía de legitimidad para acceder
a la totalidad de las actas del consejo de la facultad, debido a que la información
solicitada era de carácter semiprivado, a la cual los particulares solo tienen
acceso salvo orden judicial o administrativa de la autoridad competente.
Esta
Corporación ha sido constante en la protección de la información privada y
semiprivada. En efecto, en la sentencia T-161 de 2011[86],
al revisar un caso en el que un ciudadano que en ejercicio de su derecho
fundamental de petición planteó algunas preguntas al director de un
establecimiento penitenciario de mediana seguridad, con el fin de que le
informaran los motivos por los cuales en uno de los patios se había clausurado
la biblioteca. En esa oportunidad la Corte
estableció
que el derecho de acceso a documentos públicos que contengan información
personal privada y semiprivada se ejerce de manera indirecta, por conducto de
las autoridades administrativas o judiciales y dentro de los procedimientos
respectivos, y sólo los documentos públicos que contengan información
personal pública pueden ser objeto de libre acceso.
Posteriormente, en la sentencia T-020 de 2014[87],
esta Corporación analizó un caso en el que la accionante presentó una acción de
tutela en contra de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, porque la página
web de dicha autoridad judicial registraba información alusiva al proceso penal
llevado en su contra. En esa oportunidad, este Tribunal enfatizó en que la
divulgación o entrega de información semiprivada debe cumplir con el principio
de finalidad del hábeas data, pues el fin por el cual se solicita la
información debe ser legítimo de acuerdo con la ley y con la Constitución. Ello
constituye una herramienta importante para controlar cualquier tipo de
arbitrariedades en el manejo de la información por parte de quien solicita el
dato.
33.
Con fundamento en lo anterior, esta Sala reitera las reglas
jurisprudenciales en las que se establece que:
a)
Existe una clasificación de los diferentes tipos de información
según su capacidad de divulgación: (i) pública; (ii) privada; (iii) reservada y
(iv) semiprivada.
b)
La información semiprivada es aquella que se refiere a información
personal o impersonal que no pertenezca a la categoría de pública, sobre la
cual, cierto sector, grupo de personas o a la sociedad en general pueda tener
un interés legítimo. En este sentido, su acceso y conocimiento puede ser
limitado, por lo que sólo se puede acceder a ella a partir de una orden de una
autoridad judicial o administrativa.
c)
Las reglas del artículo 74 de la Constitución relacionadas con la
negativa de entregar una información pública no son aplicables en casos en los
que se solicita el acceso a información semiprivada.
d)
La divulgación o entrega de información semiprivada debe cumplir
con el principio de finalidad del hábeas data, pues el fin por el cual se
solicita la información debe ser legítimo.
La empresa accionada no incurrió en ninguna acción u omisión
que comporte la vulneración del derecho fundamental de petición de la
accionante
34.
A través de apoderado judicial, Leidy Viviana
Barón Martín promovió acción de tutela en contra la empresa Parking
International SAS, por considerar que vulneró su derecho fundamental de petición al
negarse a entregar información relacionada con los trámites y procedimientos
que están previstos en la empresa para situaciones de hurto en establecimientos
de custodia de vehículos como un parqueadero, las políticas de seguridad de la
empresa para el desarrollo de su objeto social y las específicas para atender
contingencias ante los posibles daños de las cámaras de seguridad[88].
En el trámite de la tutela, la empresa accionada
señaló que la información solicitada por la peticionaria era de carácter
reservado de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1755 de
2015, y en consecuencia, no podía ser facilitada al accionante.
35.  En primer lugar, de las reglas
jurisprudenciales reiteradas en esta providencia y de las pruebas que obran en
el expediente, la Sala encuentra que  el presente asunto no se trata de información pública de carácter
reservado, sino de información semiprivada. En efecto, se evidencia que la información
relacionada con
los trámites y procedimientos que están previstos en la empresa para casos en
los que las personas alegan ser víctimas de hurto, constituyen información
semiprivada, teniendo en cuenta que la demandada es la titular de la información
relacionada con sus protocolos de seguridad y pertenece a su ámbito privado,
sin embargo hay un tercero que puede tener un interés en conocer su contenido,
que en este caso es la accionante, debido a que alega que fue víctima de hurto
en uno de los parqueaderos operados por la empresa.
36.  Asimismo, se encuentra que la información
solicitada tiene una relación directa con el desarrollo del objeto social de la
empresa demandada, que hace parte del núcleo esencial del negocio, pues si una
empresa encargada de prestar el servicio de estacionamiento de vehículos revela
sus protocolos sin una justificación que asegure su divulgación de forma
discrecional, sus parqueaderos dejan de ser seguros. Además, esta clase de datos no son generalmente
conocidos, ni siquiera por quienes se encuentran en los mismos círculos del
negocio que normalmente manejan ese tipo de información, pues cada una de esas
empresas tiene la obligación de tener sus respectivos mecanismos de seguridad,
que en principio, constituyen formulas únicas, lo que fortalece su carácter
semiprivado, pues tiene un mínimo de protección para ser divulgada.
37.  Ahora bien, como se indicó
anteriormente, los datos semiprivados tiene tres características relevantes que
representan su nivel de protección: (i) su divulgación debe estar conforme
con el principio de finalidad que rige el derecho fundamental al hábeas data;
(ii) los particulares que no son titulares de tal información solo pueden
acceder a ella a través de una orden judicial o administrativa de la autoridad
competente en el ejercicio de sus funciones; y (iii) no se rige por las reglas
del artículo 74 Superior sobre la reserva de información pública.
38.  En el asunto objeto de
estudio la actora solicitó información relacionada con los trámites y procedimientos
que están previstos en la empresa para situaciones de hurto en uno de sus
parqueaderos, en consideración a que, de acuerdo con la respuesta otorgada por
la demandada a la reclamación presentada por la señora Barón, la empresa realizó
un estudio del caso y llegó a la conclusión de que la accionada no tenía ningún
tipo de responsabilidad respecto del robo de la maleta. No obstante, la
peticionaria afirma que tiene derecho a conocer tal información en
consideración a que “se efectuó un estudio del caso, como quiera que se
manifiesta el análisis de las evidencias, las cuales consideramos tenemos plena
legitimidad para conocerlas en nuestra calidad de consumidores de sus servicios
y afectados con la situación mencionada”[89].
39.  Esta Corporación considera que
conocer el análisis de los protocolos de seguridad de la empresa en el estudio
de un caso particular no constituye una finalidad legítima protegida por la ley
o por la Norma Superior para divulgar información cuyo acceso es limitado por
ser de carácter semiprivado. Lo anterior, teniendo en cuenta que, de la
motivación de la peticionaria no se evidencia por sí misma la vulneración de un
derecho fundamental que tenga mayor peso constitucional que el derecho de la
empresa de proteger sus protocolos de seguridad, los cuales hacen parte del
desarrollo de su objeto social y del núcleo esencial del negocio.
Así pues, no se advierte que la demandada haya incurrido en
alguna acción u omisión que comporte la transgresión del derecho fundamental de
petición de la demandante, pues de la motivación presentada en la solicitud no
se deriva una finalidad que la legitime para conocer la información solicitada.
Conclusiones
y decisión a adoptar
40.
Del
análisis del caso planteado, se derivan las siguientes conclusiones:
a)
En
esta oportunidad se satisface el presupuesto de subsidiariedad, pues la
acción de tutela es el mecanismo judicial idóneo para discutir la vulneración
de del derecho fundamental de la actora, debido a que no existe ningún
mecanismo para solicitar la información relacionada con los
trámites y procedimientos que están previstos en la empresa para situaciones en
las que los clientes alegan ser víctimas de hurto en alguno de los
establecimientos de la demandada, las políticas generales de seguridad de la
empresa para el desarrollo de su objeto social y las específicas para atender
contingencias ante los posibles daños de las cámaras de seguridad.
b)
La
información semiprivada tiene tres características relevantes para el presente
caso: (i) su divulgación debe estar conforme con el principio de finalidad que
rige el derecho fundamental al hábeas data; (ii) los particulares que no son
titulares de tal información solo pueden acceder a ella a través de una orden
judicial o administrativa de la autoridad competente en el ejercicio de sus
funciones; y (iii) no se rige por las reglas del artículo 74 Superior sobre la
reserva de información pública.
c)
En
el presente asunto la demandada no incurrió en alguna acción u omisión que
constituya la transgresión del derecho fundamental de petición de la
demandante, pues la peticionaria no está legitimada para conocer la información
solicitada.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO. CONFIRMAR el
fallo de segunda instancia emitido por el Juzgado 24 Civil del Circuito de
Oralidad de Bogotá, el 1º de septiembre de 2017, el cual revocó la sentencia
proferida por el Juzgado 10º Civil Municipal de Descongestión de Bogotá el 28
de julio de 2017, y en su lugar negó el amparo del derecho fundamental de
petición solicitado por Leidy Viviana Barón Martín.
SEGUNDO. Por
Secretaría General líbrese las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN
DE VOTO DEL MAGISTRADO
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
A LA
SENTENCIA T-238/18
Con
el respeto acostumbrado por las decisiones que toma esta Corporación, me permito expresar las razones que
me llevaron a aclarar el voto en el asunto de la referencia.
1. En esta oportunidad le correspondió a
la Sala Sexta de Revisión de Tutela resolver si la sociedad Parking
International SAS vulneró el derecho de petición de la señora Leidy Viviana
Barón Martín, al negarse a entregar la información relacionada con los trámites
y procedimientos que están previstos en la empresa para situaciones en las
cuales una persona alega ser víctima de hurto en alguno de sus
establecimientos.
En efecto, refirió la señora Barón
Martín que el 4 de noviembre de 2016 utilizó los servicios de uno de los
parqueaderos de la empresa Parking International SAS, ubicado en la ciudad de
Bogotá, y que minutos después de haber retirado el automotor del parqueadero
notó que no se encontraba dentro del vehículo un morral que había dejado, así
mismo, evidenció que la chapa de la puerta del conductor había sido forzada.
Manifestó que el 13 de junio de 2017
presentó una petición mediante la cual requirió la entrega de la  información
concerniente a las políticas o protocolos establecidos en materia de seguridad.
Además, manifestó que si bien recibió contestación, la entidad accionada omitió
referirse a varios puntos de su petición. En particular, consideró que no se
dio ninguna respuesta relacionada con: i) los trámites y procedimientos que
están previstos en la empresa para evaluar situaciones similares a la ocurrida
y ii) las políticas de seguridad de la empresa para el desarrollo de su objeto
social y para atender contingencias ante los posibles daños de las cámaras de
seguridad. Por lo anterior, solicitó la protección de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, se ordene a la accionada dar una
respuesta asertiva, certera, completa y de fondo sobre los puntos mencionados.
El 28 de julio
de 2017, el Juzgado Décimo Civil Municipal de Bogotá amparó el derecho
fundamental de petición de la accionante, por considerar que la respuesta de la
empresa demandada no fue efectiva ni coherente con lo solicitado; decisión que
fue revocada el 1º de septiembre de 2017 por el Juzgado Veinticuatro  Civil de
Circuito de Oralidad de Bogotá, al exponer que la empresa demandada sí contestó
de fondo cada una de las peticiones de la accionante, pues justificó las
razones por las cuáles no podía dar información sobre sus protocolos internos y
políticas de seguridad.
Mediante
la sentencia T-238 de 2018, la Sala resolvió confirmar el fallo de segunda
instancia, al determinar que  la entidad accionada no había incurrido en
ninguna acción u omisión que comportara la vulneración de los derechos
fundamentales de la accionante.
En
efecto, expuso la Sala que la información requerida por la peticionaria tiene
el carácter de semiprivada, pues está relacionada con los trámites y
procedimientos previstos en la empresa para los casos en que las personas
alegan ser víctimas de hurto. Igualmente, refirió que dicha información se
encuentra relacionada directamente con el desarrollo del objeto social de la
empresa, que hace parte del núcleo esencial del negocio y, si una empresa
revela sus protocolos sin una justificación que asegure su divulgación de forma
discrecional, sus parqueaderos dejan de ser seguros.
De
ahí que, la Sala consideró que "conocer el análisis de los protocolos
de seguridad de la empresa en el estudio de un caso particular no constituye
una finalidad protegida por la ley o por la norma superior para divulgar
información cuyo acceso es limitado por ser de carácter semiprivado, lo
anterior, teniendo en cuenta que, de la motivación de la peticionaria no se
evidencia por sí misma la vulneración de un derecho fundamental que tenga mayor
peso constitucional que el derecho de la empresa de proteger sus protocolos de
seguridad, los cuales hacen parte del desarrollo de su objeto social y del
núcleo esencial del negocio”.
Ahora bien,
aunque comparto la decisión adoptada por la Sala en cuanto a la ausencia de
vulneración del derecho de petición de la accionante y el carácter semiprivado
de la información que requirió; considero que también era necesario que la Sala
compulsara copias con destino a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada, así como a la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de
determinar la presunta contravención que se pudo haber presentado tanto a los
deberes de vigilancia y seguridad que tiene el parqueadero accionado como al
Estatuto del Consumidor.
Efectivamente, de los supuestos fácticos
expuestos en la ponencia es posible apreciar que más allá de la vulneración del
derecho de petición de la señora Barón Martín, puede existir una situación
trasgresora de los derechos que ostenta como consumidora
del servicio prestado por el parqueadero, específicamente, el derecho a obtener
un servicio que reuniera los requisitos de calidad e idoneidad
para satisfacer sus necesidades.
Así mismo, era pertinente
que la respectiva autoridad de vigilancia y control estableciera si hubo
responsabilidad por parte del parqueadero respecto al incumplimiento de las
normas de seguridad privada y la falta de vigilancia de sus instalaciones, con
la consecuente pérdida del equipaje de la accionante.
Por lo anterior, estimo que
la Sala debió poner en conocimiento de las entidades competentes las
circunstancias conocidas mediante la presente acción de tutela, para que estas
determinaran la necesidad de iniciar el proceso o investigación respecto de
la(s) presunta(s) infracción(es) en que pudo haber incurrido la sociedad
accionada, por la sustracción de los elementos que se encontraban en el
automotor de la peticionaria.
En este sentido
aclaro mi voto.
Fecha ut supra,
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
[1]Escrito de tutela, folios 19-28, cuaderno
primera instancia.
[2]Escrito de tutela, folios 19-28, cuaderno
primera instancia.
[3]Escrito de tutela, folios 19-28, cuaderno
primera instancia.
[4]Escrito de tutela, folios 19-28, cuaderno
primera instancia.
[5]Escrito de tutela, folios 19-28, cuaderno
primera instancia.
[6]Escrito de tutela, folios 19-28, cuaderno
primera instancia.
[7]Escrito de tutela, folios 19-28, cuaderno
primera instancia.
[8]Escrito de tutela, folios 19-28, cuaderno
primera instancia.
[9]Escrito de tutela, folio 9, cuaderno primera
instancia.
[10]Escrito de tutela, folios 19-28, cuaderno
primera instancia.
[11]Escrito de tutela, folios 19-28, cuaderno
primera instancia.
[12]Folio 31, cuaderno primera instancia.
[13]Folios 76-79, cuaderno primera instancia.
[14]Expresión utilizada en el escrito de contestación de la
acción de tutela, Folio 77,
cuaderno primera instancia.
[15] Folios
91-93, cuaderno primera instancia.
[16]Folios 84-89, cuaderno primera instancia.
[17] Folios
91-93, cuaderno primera instancia.
[18]Folios 4-7, cuaderno segunda instancia.
[19]Escrito de tutela, folios 19-28, cuaderno
primera instancia.
[20]M.P.
Mauricio González Cuervo.
[21]M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[22] Folio 34,
cuaderno primera instancia.
[23] Ver
sentencias T-1015 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis y T-780 de 2011, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[24] Ver
Sentencia C-543 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández
Galindo.
[25].M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[26].M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado.
[27] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. En sentencia T-313 de
2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño, se estableció: “En efecto, la Constitución
y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos
judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los
derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás
fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de
subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en
consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan
los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada
una de las jurisdicciones.”
[28] Sentencia T-705 de 2012, M.P. Jorge Ignácio Pretelt Chaljub.
[29]Sentencia T-896 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[30] M.P. Jaime
Araujo Rentería.
[31] M.P. Jaime
Córdoba Triviño.
[32] Copia de
la solicitud de información a la empresa demandada, folio 5, cuaderno primera
instancia.
[33] M.P.
Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz.
[34]Ley 1755
de 2015, ARTÍCULO 1o. Sustitúyase el Título II, Derecho de Petición, Capítulo
I, Derecho de Petición ante las autoridades-Reglas Generales, Capítulo II
Derecho de petición ante autoridades-Reglas Especiales y Capítulo III Derecho
de Petición ante organizaciones e instituciones privadas, artículos 13 a 33, de
la Parte Primera de la Ley 1437 de 2011, por el siguiente: TÍTULO II DERECHO
PETICIÓN CAPÍTULO I Derecho de petición ante autoridades reglas generales:
Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades.
<Artículo CONDICIONALMENTE exequible> Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados
en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta
resolución completa y de fondo sobre la misma. Toda actuación que inicie
cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de
petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea
necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar:
el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario,
la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir
información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular
consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. El ejercicio del
derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de
representación a través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de
menores en relación a las entidades dedicadas a su protección o formación.
[35] M.P. Jorge Arango Mejía.
[36] M.P. María
Victoria Calle Correa.
[37] M.P. Martha
Victoria Sáchica Méndez.
[38] M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[39] M.P. Jorge Ignácio Pretelt Chaljub.
[40] M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[41] M.P. Jaime
Araújo Rentería.
[42] M.P.
Martha Victoria Sáchica Méndez.
[43] Al
respecto consultar sentencia T-147 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,
T-610 de 2008 M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-760 de 2009 M.P. Juan Carlos Henao
Pérez.
[44]Por medio de la cual se sustituyó el artículo 14 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
[45] M.P. Jorge Ignácio Pretelt Chaljub.
[46] M.P.
Martha Victoria Sáchica Méndez.
[47]Al respecto
consultar la Sentencia T-415 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
[48] Al
respecto consultar las sentencias T-098 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y
T-510 de 2010 M.P. Mauricio González Cuervo.
[49] M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[50] Sentencia T-166 de 1996 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y T-047 de 2013
M.P. Jorge Ignácio Pretelt Chaljub.
[51] Sentencias T-534 de 2007 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y T-251
de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[52] SU-166 de 1999 M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-118 de 1998
M.P. Hernando Herrera Vergara; T-707 de 2008 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa;
T-146 de 2012 M.P. Jorge Ignácio Pretelt Chaljub; entre otras.
[53] Por medio
de la cual se sustituyó el artículo 32 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
[54] M.P. Ciro Angarita Barón. El
accionante solicitaba ser eliminado de la Central de Información de la
Asociación Bancaria de Colombia en la que figuraba como deudor moroso del Banco
de Bogotá, a pesar de que un juzgado civil había declarado prescrita la
obligación. La Corte consideró que se había vulnerado los derechos a la
intimidad, a la libertad personal y a la dignidad del demandante, con el abuso
de la tecnología informática y del derecho a la información en razón a la
renuencia de la accionada para cancelar su nombre de la lista de deudores
morosos, a pesar de conocer la sentencia proferida por el juez civil.
[55]
M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[56]
M.P. Ciro Angarita Barón.
[57]M.P. Ciro Angarita Barón.
[58] Sentencia T-022 de 1993.
[59] M.P. Jorge Arango Mejía.
[60]
M.P. Fabio morón Díaz.
[61] M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[62] M.P. Jaime
Córdoba Triviño.
[63] M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[64] Ver:
Ley 1266 de 2008, artículo 4º literal a; Sentencia C-1011 de 2008 M.P. Jaime
Córdoba Triviño; Sentencia T-164 de 2010; M.P. Jorge Iván Palacio;
Sentencia T-847 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; Sentencia T-658
de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; Sentencia SU-458 de 2012 M.P.
Adriana María Guillén Arango y Sentencia T-419 de 2013, M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[65] Ver:
Ley 1266 de 2008, artículo 4º literal d; Ibídem.
[66] Constitución
Política, Articulo 20 Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y
difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz
e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y
tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en
condiciones de equidad. No habrá censura.
[67] Ver:
Ley 1266 de 2008, artículo 4º literal e; Sentencia C-1011 de 2008 M.P. Jaime
Córdoba Triviño; Sentencia T-164 de 2010; M.P. Jorge Iván Palacio;
Sentencia T-847 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; Sentencia T-658
de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; Sentencia SU-458 de 2012 M.P.
Adriana María Guillén Arango y Sentencia T-419 de 2013, M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[68] Ver:
Ley 1266 de 2008, artículo 4º literal e, ibídem.
[69] Ver:
Ley 1266 de 2008, artículo 4º literal f; ibídem.
[70] Ver:
Ley 1266 de 2008, artículo 4º literal d; ibídem.
[71]  En
la Sentencia C-1011 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño, la Corte Constitucional
estableció que la divulgación de información pública no requería autorización
previa del titular del dato.
[72] Ver:
Ley 1266 de 2008, artículo 4º literal b; ibídem.
[73] T-462 de
1997, M.P.  Vladimiro Naranjo Mesa.
[74] M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa.
[75] M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa.
[76]
Magistrados ponentes Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo.
[77] M.P.María
Victoria Calle Correa.
[78] M.P. Jaime
Córdoba Triviño.
[79] M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[80] Sentencia T-729 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[81] M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[82] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[83] M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[84] “Por la
cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el
manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la
financiera, crediticia, comercial, de servicios y la Proveniente De Terceros
Países Y Se Dictan Otras Disposiciones”
[85] Luis
Ernesto Vargas Silva.
[86] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto., vulneraba los derechos de
petición y acceso a la información pública del accionante.
[87] M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
[88]Escrito de tutela, folios 19-28, cuaderno
primera instancia.
[89] Copia de
la solicitud de información a la empresa demandada, folio 5, cuaderno primera
instancia.