T-746-13
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-746/13
SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL-Procedencia excepcional de la tutela para sujetos
cobijados por una protección constitucional reforzada
La
subsidiariedad y la excepcionalidad de la acción de tutela, permiten reconocer
la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protección
judicial como mecanismos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los
derechos. Al existir tales mecanismos, se debe acudir a ellos preferentemente,
siempre que sean conducentes para conferir una eficaz protección constitucional
de los derechos fundamentales de los individuos. Razón por la cual, quien
invoca la transgresión de sus derechos fundamentales por esta vía, debe
agotar los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.
Esta exigencia pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada
una instancia adicional en el trámite procesal, ni un mecanismo de defensa que
remplace aquellos diseñados por el legislador.
REINTEGRO LABORAL-Improcedencia de tutela salvo que se presente protección laboral
reforzada
La acción de tutela es improcedente como mecanismo de
protección de los derechos fundamentales, cuando lo que se busca es evadir el
proceso laboral, contemplado por el ordenamiento jurídico, como la herramienta
idónea para el conocimiento de un referido asunto.  En el caso específico de la
solicitud de reintegro al cargo a través de la acción de tutela, se ha manifestado
su improcedencia como regla general, toda vez que, existen otros mecanismos de
defensa judicial a los cuales se puede acudir; tales como la jurisdicción
ordinaria laboral y la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Sin
embargo, la Corte ha establecido una excepción: Que se trate de un trabajador
que se encuentre en situación de debilidad manifiesta o en una circunstancia
que le otorgue el derecho a la estabilidad laboral reforzada como es el caso de
las personas con discapacidad. En aquellos casos en los cuales se perciba la
afectación de los derechos fundamentales de una persona en situación de
discapacidad, adulta mayor, u otras poblaciones vulnerables, la acción de
tutela se torna en el mecanismo idóneo para invocar su amparo y no puede exigírsele
previamente el agotamiento de las vías ordinarias, pues el asunto cobra
relevancia constitucional ante la posibilidad de que se trate de un acto
discriminatorio.
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA
EN CONDICION DE DISCAPACIDAD O DISMINUCION FISICA
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE TRABAJADOR
DISCAPACITADO-Carece de todo efecto
despido o terminación de contrato sin la autorización previa del Ministerio de
Trabajo
Ha sido reiterativa la Corte en su
posición de que las medidas de la estabilidad laboral reforzada consagran la
exigencia de obtener autorización de parte del Ministerio de Trabajo para poder
despedir al empleado que goce de esta protección, aun cuando se esté ante una
justa causa. Es importante enfatizar que la conservación o permanencia de un
empleo por cierto periodo de tiempo no es un derecho fundamental. No obstante,
la Constitución de 1991 quiso garantizar a algunos sujetos la especial
protección de su derecho al trabajo mediante la estabilidad laboral reforzada, la
cual consiste, como ya se dijo, en que la desvinculación de las mujeres
embarazadas, los trabajadores aforados, las personas en situación de
discapacidad y, las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad
como producto de un deterioro en su salud, no puede presentarse sin la previa
autorización de la autoridad competente.
PROTECCION CONSTITUCIONAL Y LEGAL OFRECIDA A EMPLEADOS
QUE HAN SUFRIDO ACCIDENTES DE TRABAJO O ENFERMEDADES PROFESIONALES-Alcance
Las prestaciones
asistenciales y económicas derivadas de un accidente de trabajo o de una
enfermedad profesional, son reconocidas y pagadas por la administradora en la
que se encuentre afiliado el trabajador al momento de ocurrir el accidente o
cuando estas sean requeridas. En estos eventos, la protección del trabajador se
genera cuando el percance acaecido haga mella en su estado de salud, y por
ende, en su capacidad laboral. La protección constitucional no se agota en el
reconocimiento de las indemnizaciones anteriormente señaladas, al punto de
considerarse nulas las decisiones adoptadas por el empleador donde el empleado
resulte afectado de no contar con una autorización previa por parte de la
oficina de trabajo. De tal forma que, cuando el empleador no obtenga la
correspondiente autorización por parte de la autoridad administrativa, y
despida al trabajador, aunque haya reconocido la indemnización habrá de
emplearse la figura, en virtud de la cual el operador jurídico se encuentra
llamado a presumir que la causa de despido o de terminación del contrato
consistió en el estado de invalidez del trabajador. Sobre el particular, la
Corte Constitucional se ha pronunciado en varias ocasiones respecto de la
protección reforzada de quienes sufren algún tipo de percance que haga mella en
su estado de salud y, por consiguiente, en su capacidad laboral
SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES-Protección del derecho a la seguridad social de los
trabajadores que sufren accidente de trabajo o enfermedad profesional
DERECHO A LA REUBICACION LABORAL-Deber del empleador de reubicar al trabajador que en
el transcurso de su vida laboral ha sufrido accidentes o enfermedades que
disminuyen su capacidad laboral
En aras del principio de
solidaridad, cuando el empleado padezca un accidente de trabajo o una enfermedad
profesional y aquél logre su recuperación total o parcial, esto es, que en el
último caso no haya perdido más de un 50% de su capacidad laboral, el empleador
en su condición de beneficiario de los riesgos creados en el marco de la
relación laboral, está obligado a su reintegro al cargo que venía ocupando o a
uno compatible con las incapacidades que se continúen presentando.
PRINCIPIO DE ESTABILIDAD
LABORAL REFORZADA EN CONTRATO A TERMINO FIJO O POR OBRA LABOR-Vencimiento
del término no significa necesariamente una justa causa para su terminación sin
que medie autorización del inspector de trabajo
La jurisprudencia
constitucional ha indicado que la consagración del derecho a la estabilidad
laboral reforzada supone para las personas que sufren alguna forma de
discapacidad una legítima expectativa de conservación de sus empleos hasta
tanto no se configure una causal objetiva, debidamente autorizada por parte de
la autoridad administrativa competente, que autorice la terminación de dichos
vínculos laborales. En aquellos casos en los que el juez de tutela encuentre
acreditado que la terminación del contrato de trabajo de quien ha sufrido
mengua en su estado de salud no ha sido llevada a cabo con la autorización por
parte de la autoridad administrativa, deberá dar aplicación a la presunción
antes referida en virtud de la cual se ha de asumir que la causa de dicha
desvinculación es, precisamente, la desmejora de su salud y, por consiguiente,
de la disminución de su capacidad laboral.
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-El empleador debe cumplir con el procedimiento
establecido en la ley 361 de 1997 aunque haya existido pago de indemnización
La garantía de la estabilidad laboral reforzada
implica para el empleador la observancia de un procedimiento establecido en la
Ley 361 de 1997 que protege a todos los trabajadores que se encuentran en
situación de vulnerabilidad, independientemente de la existencia del dictamen
de pérdida de capacidad laboral, pues la única circunstancia que es relevante
en estos eventos es que objetivamente se verifique la situación de
vulnerabilidad del trabajador durante o con ocasión de su trabajo y lo sitúe en
un estado de debilidad manifiesta.
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE TRABAJADOR CON
DICAPACIDAD-Reintegro por despido sin
autorización previa del Ministerio de Trabajo
Referencia: AC T-3.962.808; T-3.965.218; T-3.969.437;
y T-3.973.690
Peticionarios: Natalia Andrea Escudero Quiroz, contra Carvajal
Tecnología y Servicios S.A.S. y Empresa Temporal Sertempo Gente Activa; Luis
Gabriel Quintero Rojas, contra Construcciones Rampint S.A.S.; James Morales,
contra Equinox Ltda.; Claudia Patricia Burgos Arévalo, contra Activos S.A.
Derechos fundamentales invocados: salud, trabajo,
debido proceso, mínimo vital, integridad física, seguridad social, vida digna y
estabilidad laboral reforzada.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de
dos mil trece (2013)
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, conformada por los
magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub - quien la preside –, Alberto Rojas
Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales
y legales y, específicamente, las previstas en los artículos 86 y 241, numeral
9°, de la Constitución Política, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los fallos proferidos
por (i) el Juzgado Veintinueve Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Medellín, el 24 de abril de 2013, y el Juzgado Quince Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento, el 4 de junio de 2013, que denegaron la
acción de tutela promovida por Natalia Andrea Escudero Quiroz, contra Carvajal
Tecnología y Servicios, y Sertempo Gente Activa; (ii)
el Juzgado Primero Promiscuo Municipal, Puerto Boyacá, el 26 de abril de 2013,
y Juzgado Penal del Circuito, Puerto Boyacá, el 11 de junio de 2013, quien revocó
la  primera instancia y denegó la acción de tutela promovida por Luis
Gabriel Quintero Rojas, contra Construcciones Rampint SAS; y (iii) el Juzgado Veinte Penal Municipal con Funciones
de Control de Garantías de Cali, el 15 de febrero de 2013, y el Juzgado
Dieciséis Penal del Circuito de Cali, el 11 de abril de 2013, que denegaron la
acción de tutela promovida por James Morales, contra Equinox Ltda.; y (iv) el Juzgado Civil Municipal de Facatativá, Cundinamarca, el 2 de
abril de 2013, y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Facatativá,
Cundinamarca, el 7 de mayo de 2013, que denegaron la acción de tutela promovida
por Claudia Patricia Burgos Arévalo,
contra Activos S.A.
Mediante auto del 18 de julio de 2013, la
Sala de Selección Número Siete de la Corte Constitucional escogió para efectos
de su revisión, las presentes tutela, y decidió acumular los procesos
T-3.962.808; T-3.965.218; T-3.969.437; y
T-3.973.6, a fin de que
fueran resueltos en una sola sentencia, en razón a la unidad de materia
existente en ellos.
1.
ANTECEDENTES
1.1        EXPEDIENTE T-3.962.808
La señora Natalia Andrea Escudero
Quiroz formuló acción de tutela
contra la compañía Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. y Sertempo
Gente Activa, invocando
la protección de sus derechos fundamentales a la integridad física, a la salud,
al trabajo, al debido proceso y a la estabilidad laboral reforzada, los cuales
considera vulnerados por las entidades demandadas, al terminarle su contrato de
trabajo pese a su delicado estado de salud.
1.1.1
Hechos y
razones de la acción de tutela
1.1.1.1
La accionante de 27
años de edad, manifestó que vive en arriendo con su esposo y su hijo menor de
edad, aportando con las necesidades de su hogar.
1.1.1.2
Indicó que el 14
de febrero de 2012, a través de la empresa Carvajal
Tecnología y Servicios S.A.S. y Sertempo Gente Activa, se vinculó a la compañía
Carvajal Tecnología y Servicios en la ciudad de Medellín, mediante contrato de
obra y labor en el cargo de Auxiliar Operativa.
1.1.1.3
Aseguró, que  al
ingresar se le practicaron todos los exámenes médicos de rigor los cuales
demostraron su perfecto estado de salud.
1.1.1.4
Dijo que en el mes
de marzo del mismo año, presentó una infección urinaria lo que le generó varias
incapacidades que se prolongaron por un tiempo, para lo cual, los médicos tratantes
no han podido establecer el origen de su padecimiento.
1.1.1.5
Manifestó que en
el mes de mayo de 2012, recibió una llamada de su jefe inmediato informándole
que su contrato había terminado, razón por la cual, requirió por escrito la
decisión haciendo la salvedad de que en esos momentos se encontraba
incapacitada, por lo que su empleador le respondió que debía presentarse a
trabajar al día siguiente. Razón por la cual, se reintegró a sus labores.
1.1.1.6
Informó, que
posteriormente estuvo incapacitada desde el 3 de diciembre de 2012, hasta el 28
del mismo mes y año, cuando fue hospitalizada e intervenida quirúrgicamente el
5 de enero de 2013, por lo cual, sólo hasta el 30 de enero del mismo año y
debido a la incapacidad médica, se presentó a laborar.
1.1.1.7
Según relató, los
síntomas continuaron y por lo tanto informó de esa circunstancia a la empresa y
de los tratamientos médicos pendientes. Sin embargo, el día 13 de febrero de
2013 su jefe inmediato le hizo firmar un paz y salvo, supuestamente porque era
un requisito para salir de vacaciones. Dijo que: “… cuando realice (sic)
esto la señora Lina Arenas me solicito (sic) que le devolviera la hoja que
firme (sic) donde posterior a este escribió motivo de retiro: TERMINACIÓN DE
CONTRATO”. Consideró que fue un acto de mala fe por parte de la empresa.
1.1.2    Fundamentos y pretensiones
La accionante solicita se amparen sus derechos fundamentales, y se ordene a la compañía
Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. y
Sertempo Gente Activa,
su reintegro inmediato al cargo que venía desempeñando o uno de mayor jerarquía
teniendo presente su estado de salud. Así mismo, que se le cancelen en forma
retroactiva los salarios dejados de percibir desde el momento en que fue
despedida hasta su reintegro a la empresa.
1.1.3
Actuación
procesal
El Juzgado Veintinueve Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Medellín, al cual le correspondió por
reparto el asunto, se declaró incompetente para conocerlo teniendo en cuenta
que el domicilio principal de las empresas accionadas se localizaba en la
ciudad de Cali. Razón por la cual, fue remitido el proceso por competencia.
Por su parte, el Juzgado Treinta y Cuatro
Civil Municipal de Cali, también se abstuvo de dar trámite al asunto, debido a
que si bien las empresas accionadas tienen su domicilio principal en Cali,
éstas tienen sucursales en Medellín, lugar donde laboró la accionante, y por
consiguiente, la vulneración ocurrió en dicha ciudad, que a su juicio, es la competente
para asumir y adelantar el conocimiento de la acción de tutela.
La Corte Suprema de Justicia, Sala Plena,
mediante Auto del 20 de marzo de 2013, entró a dirimir el conflicto de
competencia y asignó el conocimiento al Juzgado Veintinueve Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Medellín.
Mediante Auto del 15 de abril de 2013, el
Juzgado Veintinueve Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Medellín, admitió la acción de tutela, y ofició a las partes para que se
pronunciaran sobre los hechos demandados.
1.1.3.1
Mediante escrito
del 13 de abril de 2013, la empresa Sertempo
Gente Activa a
través de apoderado se opuso a las pretensiones de la demanda, toda vez
que la tutela no es el escenario judicial para dirimir un conflicto de
reintegro laboral, ya que la terminación del contrato suscrito con la
trabajadora obedeció a la petición de la empresa cliente, es decir, por la empresa Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S., quien informó que la obra para
la cual había sido contratada la accionante, había terminado.
Respecto a las pretensiones del restablecimiento del
vínculo laboral, aseguró que la actora debe acudir al procedimiento laboral
ordinario para solicitar el restablecimiento de su estabilidad laboral, ya que
al momento de la desvinculación no se encontraba incapacitada ni tenía
restricciones o recomendaciones laborales vigentes; igualmente, no presentó
información sobre valoración médica de su condición, cirugías o tratamientos
pendientes por terminar.
Concluyó, que para solicitar el reintegro por la vía
constitucional no es suficiente alegar la condición de vulnerabilidad, sino
demostrar efectivamente que tenía incapacidades vigentes, recomendaciones y/o
restricciones al momento de la terminación del contrato, que indicara, así sea
sumariamente, que éste se debió en razón a su estado de salud.
Anexó copia del contrato de trabajo por ejecución de
obra o labor, copia de los comprobantes de pago, y copia del oficio donde se le
informó a la accionante la terminación del mismo[1].
1.1.3.2
Mediante escrito
del 13 de abril de 2013, la compañía Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S., a través de su representante legal, manifestó
que lo pretendido por la actora corresponde a un proceso ordinario laboral, y
solo es viable a través de la tutela si se concede como mecanismo transitorio,
para lo cual debe acreditar la existencia de un perjuicio irremediable. Pero
dentro del proceso no se prueba tal condición, por lo tanto solicita declarar
improcedente la acción formulada.
1.1.4
Decisiones
judiciales
1.1.4.1      Mediante fallo del 24 de abril de 2013, el
Juzgado Veintinueve Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Medellín, negó el amparo deprecado por improcedente, al considerar que no se
acreditó suficientemente dentro del proceso de tutela su condición de debilidad
manifiesta merecedora de la especial protección laboral. Por tanto, no fue
posible establecer que la terminación del contrato se debió a las condiciones
de salud de la actora.
El juez constitucional concluyó, que la
tutela no cumplía con los requisitos de procedibilidad, y por tanto la
accionante debía acudir a la vía ordinaria laboral para que ésta decidiera
sobre la controversia presentada.
1.1.4.2      El Juzgado Quince Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Medellín, mediante fallo del 4 de junio de 2013,
confirmó la primera instancia.
1.1.5    Pruebas documentales aportadas al proceso
En el trámite de la acción de tutela se
aportaron, entre otras, las siguientes pruebas documentales:
1.1.5.1      Copia del oficio expedido por Sertempo
Gente Activa del 13 de febrero de 2013, donde se le notifica a la accionante la
terminación de la obra o labor del contrato de trabajo (folio 6).
1.1.5.2      Copia del paz y salvo expedido por
Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S., de fecha 13 de febrero de 2013 (folio
7).
1.1.5.3      Copia del examen de laboratorio de fecha
26 de enero de 2013 (folio 8).
1.1.5.4      Copia del examen de laboratorio de fecha
14 de febrero de 2013 (folio 9 y 10).
1.1.5.5      Copia de las incapacidades expedidas por la
EPS SURA de fechas: 2 de diciembre de 2012 por 1 día; 4 de diciembre de 2012
por 3 días; 7 de diciembre de 2012 por 7 días; 14 de diciembre de 2012 por 7
días; 21 de diciembre de 2012 por 7 días; 5 de enero de 2013 hasta el 24 de
enero de 2013 por 20 días por cirugía de perinatología; 24 de enero de 2013 por
5 días; 14 de febrero por 3 días (folios del 11 al 19).
1.2        EXPEDIENTE T-3.965.218
El señor Luis Gabriel Quintero Rojas
a través de apoderado, presentó solicitud de amparo constitucional contra la empresa
Construcciones Rampint S.A.S., invocando la protección de los derechos
fundamentales al mínimo vital, a la salud, a la seguridad social, al trabajo en
condiciones dignas y a la estabilidad laboral reforzada, los cuales considera
vulnerados por la entidad demandada, al despedirlo sin la previa autorización
del Ministerio de Trabajo, encontrándose en situación de debilidad manifiesta
debido a su estado delicado de salud. Basa su solicitud en los siguientes:
1.2.1
Hechos y
razones de la tutela
1.2.1.1      El apoderado manifestó que el señor Luis
Gabriel Quintero Rojas, quien cuenta con 43 años de edad, entró a trabajar por
contrato de duración de obra o labor terminada en el cargo de albañil en la
empresa MANSAROVAR ENERGY LTDA., enviado por Construcciones Rampint S.A.S.,
desde el 13 de marzo de 2012.
1.2.1.2      Sostuvo que en el mes de agosto de 2012, sufrió un
accidente de trabajo que le afectó la columna, el cual no fue reportado por la
empresa, encargándose ésta de suministrarle los primeros auxilios, sin que se
le hubiera calmado el dolor.
1.2.1.3      Dijo que ante la omisión y negligencia de
la empresa de enviarlo a la ARP para que fuera evaluado, su esposa realizó los
trámites pertinentes en la EPS Saludcoop para que recibiera atención médica.
1.2.1.4      Aseguró que una vez realizados todos los
exámenes requeridos, fue remitido con el especialista en ortopedia quien le
ordenó una resonancia magnética, cuyo resultado ameritó una incapacidad por un
mes a partir del 21 de agosto de 2012.
1.2.1.5      Afirmó que después de cumplido el tiempo anterior,
se presentó a la empresa a trabajar, a pesar de su delicado estado de salud.
Pero que, pasados cuatro días de trabajo no resistió el dolor en la columna,
por lo que fue nuevamente incapacitado a partir del 9 de noviembre de 2012. El
médico especialista le ordenó el procedimiento quirúrgico de inmediato, el cual
fue programado para el 16 de abril de 2013.
1.2.1.6      Manifestó, que requirió a la
empresa MANSAROVAR ENERGY LTDA.,
para que reportara el accidente de trabajo, pero ésta hizo caso omiso, y por
ello la ARP Colpatria no asumió la prestación del servicio médico.
1.2.1.7      Indicó que el accionante, puso en
conocimiento de la Inspección del Trabajo y la Seguridad Social, las
irregularidades cometidas por la empresa accionada, entre ellas, la reducción
del 50% del salario en la segunda quincena de febrero y del 10% en el mes de
marzo.
1.2.1.8      Por último, señaló que la empresa Construcciones
Rampint S.A.S., el día 25 de febrero de 2013, solicitó autorización a la
Inspección de Trabajo y la Seguridad Social para dar por terminado dicho
contrato de obra, para lo cual, la empresa accionada no esperó el
pronunciamiento de esa autoridad administrativa, sino que procedió a despedirlo
mediante oficio del 5 de abril de 2013.
1.2.1.9      Adicional a ello, mediante Resolución No.
11 del 9 de abril de 2013, la Inspección del Trabajo y la Seguridad Social,
decidió abstenerse de conceder la autorización a la empresa Construcciones
Rampint S.A.S., para que se diera por terminado con justa causa el contrato de
obra del señor Luis Gabriel Quintero Rojas.
1.2.1.10 Afirmó, que la decisión de la accionada pone en grave
riesgo al accionante, puesto que al no contar con ese ingreso económico del
cual depende su familia, se vería afectado su mínimo vital.
1.2.1.11 Concluyó, que el accionante se encuentra pendiente de una
cirugía de columna ordenada por su médico tratante, y al ser desafiliado de la
seguridad social no cuenta con los recursos económicos para sufragar el costo
que ello genera, por cuanto la misma debe realizarse en Bogotá y su estadía en
esa ciudad, sería mínimo de un mes según lo señalado por la EPS.
1.2.2    Fundamentos y pretensiones
Con base en lo descrito, el
tutelante solicita el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a
la salud, a la seguridad social, al trabajo en condiciones dignas y a la
estabilidad laboral reforzada. De igual forma, solicita se le ordene a la
empresa Construcciones
Rampint S.A.S., que se le reintegre y le
cancelen la indemnización contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997,
lo anterior debido a que su condición de salud era conocida por el empleador y la Oficina de Trabajo
no autorizó su despido.
1.2.3
Actuación
procesal
1.2.3.1 El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Puerto Boyacá,
Boyacá, admitió la tutela el 11 de abril de 2013, y requirió a la empresa
Construcciones Rampint S.A.S., a la EPS Saludcoop, a la ARL Colpatria, y a la empresa MANSAROVAR ENERGY LTDA., para que respondieran
por los hechos narrados.
1.2.3.1.1   A través de oficio fechado el 17 de abril
de 2013, la empresa Construcciones Rampint S.A.S., por medio de su
representante legal manifestó que efectivamente el señor Luis Gabriel Quintero
Rojas,  suscribió con esa empresa un contrato de trabajo por duración de obra o
labor terminada en el cargo de albañil, pero que éste se realizó como
contratista independiente y nunca en misión, por cuanto esta figura se da en
las empresas temporales.
Indicó, que el contrato de trabajo aludido
estaba sujeto a la ejecución del contrato No. OLE 220-11 Construcción de Obras
y Montaje de Equipos para el Sistema Contra Incendio del Oleoducto Velásquez
celebrado entre Construcciones Rampint S.A.S. y MANSAROVAR ENERGY LTDA.
Aseguró, que el trabajador nunca manifestó
que hubiera sufrido un accidente de trabajo, más aun cuando el actor se
encontraba afiliado a la ERL Colpatria. Igualmente dijo que en el mes de agosto
de 2012, el trabajador se presentó con una orden de incapacidad expedida por la
EPS Saludcoop. Por esa razón, al reintegrarse, la empresa acogió las
recomendaciones de reubicación de labores en dos oportunidades, la primera, en
una cuadrilla de pintura de tubería, y la segunda, para realizar actividades
menores de bodega.
No obstante lo anterior, aseguró que la
empresa se encontraba adelantando las investigaciones pertinentes sobre la
enfermedad supuestamente laboral, para realizar el reporte extraordinario si a
ello hubiese lugar, motivo por el cual se están realizando reuniones con los
médicos de salud ocupacional que atendieron el caso, y de esa manera no dejar
desprotegido al trabajador.
Por último, señaló que el empleador no
comunicó la decisión de terminación del contrato, y lo que realmente se hizo
fue la notificación de la terminación de la obra que dio origen al contrato. Por
ello consideró que no existió responsabilidad de la empresa, razón por la cual,
solicitó al juez de instancia para que declarara la improcedencia de la acción
de tutela por cuanto no se demostró la vulneración efectiva de los derechos
fundamentales del actor.
1.2.3.1.2   Mediante escrito del 19 de abril de 2013,
la empresa MANSAROVAR ENERGY LTDA.,  a través de su representante legal, manifestó
que, tal y como lo indicó el actor, su relación de trabajo era con la empresa
Construcciones Rampint S.A.S.
También aseguró que efectivamente entre la
empresa Construcciones Rampint S.A.S. y MANSAROVAR ENERGY LTDA., se  suscribió el
contrato OLE-220-11 por construcción de obras y montaje de equipos para el
sistema contra incendio del oleoducto Velásquez – Galán, para el cual se
expidieron pólizas las correspondientes para amparar cualquier eventualidad
tanto en el contrato por construcción de obras como con los trabajadores, y del
cual se anexaron copias de los mismos al proceso.
Por esa razón, solicitó que se declare la
improcedencia de la tutela contra la empresa MANSAROVAR ENERGY LTDA., toda vez
que es imposible considerar que existió un acto violatorio de los derechos
fundamentales del señor Luis Gabriel Quintero Rojas, más aun cuando no existió
reporte alguno sobre la supuesta afectación laboral que alega.
1.2.3.1.3   La  ARL Colpatria respondió el 19 de abril
de 2013, que el accionante se encuentra afiliado a esa ARL desde marzo 13 de
2012, sin reporte de desafiliación de la empresa Construcciones Rampint S.A.S.,
por lo tanto, no es procedente el pronunciamiento de esa ARL frente a las
pretensiones de reintegro solicitada por el accionante.
Manifestó, que Saludcoop EPS reportó a esa
ARL, que la patología que padecía el señor Luis Gabriel Quintero Rojas era de
origen profesional, diagnosticado con una discopatía degenerativa lumbar con
hernia discal L3-L4 y L4-L5.
Por ese motivo, la ARL procedió a analizar
el reporte de salud del accionante y la documentación pertinente, la que arrojó
como resultado, que la citada patología no era de origen profesional sino
común, de acuerdo con la evaluación del origen efectuada el 16 de abril de 2013.
En ella se precisó: “Paciente con sobrepeso y tiempo de exposición
insuficiente al factor de riesgo 7 meses que explique la evolución y severidad
de su discopatía degenerativa multinivel herniaria; de otra parte a pesar del
manejo médico e incapacidad prolongada sin exposición al factor de riesgo
persiste su sintomatología, no se tiene soporte de afiliación al sistema de
riesgos profesionales anteriores al empleo actual. Se concluye que la
discopatía lumbar herniaria L3-L4 y L4-L5 y el dolor lumbar crónico son de
origen común”. Como soporte se anexó la copia de la evaluación de origen
expedida por ARL Colpatria.
Por esa razón, la ARL remitió el caso a la
Junta Regional de Calificación de Invalidez, en cumplimiento de la normatividad
vigente. Sostuvo, que el artículo 5 del Decreto 1295 de 1994 establece que los
servicios asistenciales que requieran los usuarios deben ser garantizados por
las EPS donde se encuentren afiliados sin importar que la patología sea de
origen común o profesional.
Por último señaló, que esa ARL no ha
vulnerado los derechos fundamentales del accionante y por tanto, solicitó
declarar improcedente la tutela contra ARL Colpatria.
1.2.3.1.4   Por su parte, el Gerente de Saludcoop EPS
Regional de Puerto Boyacá, mediante fax remitido el día 25 de abril de 2013 solicitó,
que se declarara improcedente la acción de tutela toda vez que el hecho que le
dio origen a ella desapareció careciendo así de objeto. Anexó la certificación
del señor Luis Gabriel Quintero Rojas, donde consta que se encuentra afiliado
como cotizante dependiente de la empresa Construcciones Rampint S.A.S., desde
el 22 de diciembre de 2009 a la fecha actual.
1.2.3.2      El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de
Puerto Boyacá, Boyacá, a través del Auto del 17 de abril de 2013, requirió a la
empresa Construcciones Rampint S.A.S., para que remitiera los exámenes médicos
de ingreso y egreso realizados al señor Luis Gabriel Quintero Rojas.
1.2.3.2.1   La empresa Construcciones Rampint S.A.S.,
remitió el 19 de abril de 2013, los exámenes médicos de ingreso y egreso del
señor Luis Gabriel Quintero Rojas realizados por la IPS Somedin, donde se registró
como apto para realizar las labores, con fecha del 9 de marzo de 2012; y los
exámenes de retiro del 10 de abril de 2013, donde se evidencia el reporte de “No
satisfactorio”.
1.2.4
Decisiones
judiciales
1.2.4.1
El  Juzgado
Primero Promiscuo Municipal de Puerto Boyacá, Boyacá, mediante fallo del 26 de abril
de 2013, amparó como mecanismo transitorio los derechos fundamentales del
accionante y ordenó a la empresa Construcciones Rampint S.A.S., para que
realizara el reintegro laboral del señor Luis Gabriel Quintero Rojas al cargo
que ocupaba o uno mejor, teniendo en cuenta su especial situación de salud. Así
mismo advirtió al actor para que en el término de cuatro meses presentara la
correspondiente demanda laboral.
Para llegar a esa decisión el juez
constitucional se basó en su estado de debilidad manifiesta como consecuencia a
los serios deterioros en su salud, los cuales ocurrieron durante el tiempo de
su relación laboral con la empresa demandada, al sufrir una disminución en su
estado físico producto de una discopatía degenerativa lumbar con hernia discal
L3-L4 y L4-L5, acarreándole incapacidades sucesivas.
De igual forma consideró, que el empleador
no cumplió con lo ordenado por el Ministerio del Trabajo quien se abstuvo de
autorizar el despido del actor.
1.2.4.2
El Juzgado Penal
del Circuito de Puerto Boyacá, Boyacá, mediante fallo del 11 de junio de 2013, revocó
la primera instancia al considerar que el empleador no transgredió los derechos
fundamentales del demandante, teniendo en cuenta que el vínculo laboral
existente entre el actor y la empresa demandada había terminado, ya que
finalizó la obra para la cual fue contratado.
Por otra parte consideró, que la empresa
accionada solo estaba obligada a respetar el contrato por el término de
ejecución de la obra contratada, y para garantizarle al empleador la seguridad
social no ha sido desvinculado de ella hasta tanto se recupere de la afección
que padece.
1.2.5    Pruebas documentales aportadas al proceso
1.2.5.1
En el trámite de
la acción de tutela se aportaron las siguientes pruebas documentales aportadas
por el accionante:
1.2.5.1.1   Copia de la información del afiliado, el
señor Luis Gabriel Quintero Rojas expedida por Saludcoop EPS (folio 2).
1.2.5.1.2   Copia de las autorizaciones de servicios
de Saludcoop EPS realizadas al señor Luis Gabriel Quintero Rojas expedida por
Saludcoop EPS (folios 3 al 11).
1.2.5.1.3   Copia del oficio del 5 de abril de 2013
dirigido al señor Luis Gabriel Quintero Rojas, expedido por la empresa
Construcciones Rampint S.A.S., donde se le comunica la terminación efectiva de
la obra por la cual fue contratado, motivo por el cual se dio por terminado su
contrato. Igualmente le informó, que pese a no tener una obligación legal se
continuará con su vinculación hasta tanto la EPS y la ARL se encarguen del caso
para lo cual se deberá realizar el respectivo examen médico de egreso para
evaluar sus condiciones de salud (folios 12 y 13).
1.2.5.1.4   Copia del certificado de trabajo de fecha
5 de abril de 2013, expedido por la empresa Construcciones Rampint S.A.S.
(folio 14).
1.2.5.1.5   Copia de la Resolución Número 11 del 9 de
abril de 2013, expedida por el Ministerio del Trabajo, donde se decide
negativamente la solicitud de autorización para dar por terminado el contrato
laboral entre la empresa Construcciones Rampint S.A.S. y el señor Luis Gabriel
Quintero Rojas (folios 15 al 21).
1.2.5.2
Durante el proceso
se aportaron, las siguientes pruebas documentales por los accionados:
1.2.5.2.1   Copia del contrato de trabajo de
terminación de obra o la naturaleza de la labor contratada, de fecha 13 de
marzo de 2012, suscrito entre la empresa Construcciones Rampint S.A.S., a
través de su representante legal, y el señor Luis Gabriel Quintero Rojas
(folios 59 y 60).
1.2.5.2.2   Copia de las planillas de nómina
canceladas al señor Luis Gabriel Quintero Rojas por parte de la empresa
Construcciones Rampint S.A.S. (folios 61 al 121).
1.2.5.2.3   Copia de la liquidación de prestaciones
sociales cancelada al señor Luis Gabriel Quintero Rojas por parte de la empresa
Construcciones Rampint S.A.S. (folio 122).
1.2.5.2.4   Copia de los oficios que la empresa
Construcciones Rampint S.A.S. remitió al Inspector de Trabajo de Puerto Boyacá,
Santander, los días 20 de febrero y 2 de abril de 2013, donde le informó que el
30 de enero de 2013 finalizaron los trabajos relacionados con el contrato No.
OLE-220-11 para el cual se contrató, entre otros, al señor Luis Gabriel
Quintero Rojas, y solicitó que éste se encontraba incapacitado se expidiera la
autorización correspondiente para dar por terminado el contrato. Para ello
aportó las siguientes pruebas: (1) copia del contrato suscrito por
Construcciones Rampint S.A.S. y el señor Luis Gabriel Quintero Rojas; (2) acta
de finalización de obra; (3) acta de liquidación y terminación de contrato; (4)
Cámara de Comercio de Construcciones Rampint S.A.S. (folios del 123 al 137).
1.2.5.2.5   Copia del certificado de la Cámara de
Comercio de la empresa MANSAROVAR ENERGY LTDA. (folios del 147 al 151).
1.2.5.2.6   Copia del contrato OLE-220-11 suscrito
entre la empresa Construcciones Rampint S.A.S. y MANSAROVAR ENERGY LTDA., por
construcción de obras y montaje de equipos para el sistema contra incendio de
oleoducto Velásquez – Galán (folios 153 al 177).
1.2.5.2.7   Copia de la Póliza de seguro de
cumplimiento en favor de entidades particulares con vigencia del 19 de abril de
2012 hasta el 13 de noviembre de 2015, expedida por la Compañía Mundial de
Seguros S.A. (folios 178 al 185).
1.2.5.2.8   Copia de la Póliza de seguro de
Responsabilidad Civil Extracontractual con vigencia del 19 de abril de 2012
hasta el 13 de febrero de 2013, expedida por la Compañía Mundial de Seguros
S.A. (folios 186 al 196).
1.3       EXPEDIENTE T-3.969.437
El señor James Morales presentó solicitud de amparo
constitucional contra la empresa EQUINOX LTDA., invocando la protección de sus
derechos fundamentales a la salud, a la vida digna, a la estabilidad laboral
reforzada, al trabajo, al mínimo vital y a la seguridad social, los cuales
considera vulnerados por la entidad demandada, por los siguientes:
1.3.1
Hechos y
razones de la tutela
1.3.1.1
El señor James
Morales indicó que ingresó a laborar a la firma  EQUINOX LTDA., en el cargo de operario a partir
del 1 de junio de 2008, mediante contrato a término fijo inferior a un año, el
cual se ha renovado por períodos iguales hasta el 21 de diciembre de 2012, en
la ciudad de Cali, Valle.
1.3.1.2
Aseguró
que su jornada laboral comprendía desde las 07:30 A.M. hasta las 17:30 P.M. de
lunes a viernes, y ocasionalmente los sábados de 07:30 A.M. a las 17:00 P.M.,
con un salario de $860.450 pesos moneda legal, el cual se pagaba
quincenalmente.
1.3.1.3
Manifestó
que el día 9 de julio de 2010, en cumplimiento de sus funciones dentro de las
instalaciones de la empresa, al operar una máquina dobladora presentó un fuerte
dolor en la espalda, el cual fue reportado a sus superiores, sin embargo
culminó la jornada de trabajo sin que se le diera la atención del caso.
1.3.1.4
Indicó el
accionante que el dolor continuó al punto de limitar su movilidad, por lo que
se vio obligado a recurrir a consulta por urgencia a la IPS Clínica Cali Norte
adscrita a la EPS Coomeva, donde fue hospitalizado de inmediato hasta el 12 de
julio de 2010.
1.3.1.5
Señaló que
por lo anterior, le ordenaron 10 sesiones de terapias físicas y controles
médicos, además de una incapacidad por quince días, la cual fue prorrogada
hasta el 7 de agosto de 2010.
1.3.1.6
Igualmente
dijo, que el 5 de agosto de 2010, le fue diagnosticado “hernia de disco
L5-S1 más lumbalgia asociada”, razón por la cual, medicina laboral remitió
a su empleador las recomendaciones y restricciones correspondientes en su sitio
de trabajo.
1.3.1.7
Afirmó
que el 4 de diciembre de 2011, le fue diagnosticado por su médico tratante la
afección de “osteofito anterior de cuerpo vertebral de L4-L5 y ligera
disminución del espacio L5-S1”.
1.3.1.8
Sostuvo
que el 12 de enero de 2012, la Junta Regional de Calificación de Invalidez lo
calificó con el 17,55% de pérdida de capacidad laboral, con fecha de
estructuración del 10 de octubre de 2010.
1.3.1.9
Como
consecuencia del dolor lumbar, aseguró que comenzó a padecer dolores en ambas
rodillas, por lo que fue necesario someterse a una cirugía de rodilla derecha
el día 7 de mayo de 2012, hecho que le generó una incapacidad hasta el 17 de
septiembre del mismo año.
1.3.1.10    Adujo que por motivos de la afección en su
salud ha comenzado a padecer de episodios depresivos graves sin síntomas
psicóticos, como lo asegura el diagnóstico presentado por su médico tratante,
por lo que actualmente se encuentra en tratamiento Psiquiátrico y Psicológico, lo
que igualmente le ha generado varias incapacidades.
1.3.1.11    Por último señaló que el día 29 de enero
de 2013, se presentó a su sitio de trabajo a reiniciar sus labores, puesto si
bien el contrato debía vencerse en diciembre del año anterior, éste fue
prorrogado ya que se encontraba en incapacidad médica. Sin embargo, ese mismo
día le entregaron su liquidación por lo que su empleador le informó, que por el
momento no tenía un puesto de trabajo para ubicarlo.
1.3.1.12    Manifestó que a raíz de lo
anterior, fue desvinculado de la EPS quedando desprotegido de los servicios de
salud que requiere para su recuperación. Insistió que no cuenta con los
recursos económicos para el mantenimiento de su familia debido a que su trabajo
es la única fuente de ingresos económicos que posee, afectando su mínimo vital.
1.3.2    Fundamentos y pretensiones
El accionante solicita que le
sean amparados los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna, a la
estabilidad laboral reforzada, al trabajo, al mínimo vital y a la seguridad
social, y en consecuencia, se ordene a la accionada a: (i) reconocer y pagar la
indemnización por despido sin el cumplimiento de los requisitos legales
contemplados en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997; (ii) se le reintegre al
trabajo en igual o mejores condiciones al que tenía; y, (iii) se le cancelen
los salarios dejados de percibir durante el tiempo de su desvinculación.
1.3.3
Actuación
procesal
1.3.3.1
El Juzgado Veinte
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali, admitió la
tutela el 4 de febrero de 2013, y requirió a la firma  EQUINOX LTDA., para que se pronunciara sobre los hechos
expuestos por el accionante.
1.3.3.1.1
Mediante escrito No.
068 del 8 de febrero de 2013, la firma  EQUINOX LTDA., a través de su representante legal manifestó:
En primer lugar, que la carga laboral alegada
por el actor, y que manifestó a los médicos dentro del tratamiento
psiquiátrico, no es cierta, y por el contrario, en muchas ocasiones el
trabajador solicitaba se le programaran horas extras para mejorar sus ingresos,
situación a la que no se accedía por considerarlo riesgoso para la salud del
señor James Morales.
Por ello, una vez que se reportó el
incidente de trabajo la compañía tomó las medidas legales y de salud para
proteger la integridad del actor, y se acogieron las recomendaciones y
restricciones laborales, que según los médicos especialistas se debían adoptar
para mejorar la salud y bienestar del trabajador.
En segundo lugar, respecto a que la
prórroga automática del contrato, aseguró que no es cierto, porque como el
mismo accionante manifestó, su contrato había vencido para diciembre de 2012.
Dijo que el trabajador se presentó a su oficina, no para reiniciar sus labores
sino para informarle su intención de querer vincularse a la empresa para la
vigencia de 2013, por lo que se le comentó que no se requerían más operarios
debido a la baja producción de la empresa.
Aclara, que el accionante admitió que a
esa fecha se le liquidaron y cancelaron todas sus acreencias laborales por los
servicios prestados, desde la fecha de iniciación del contrato hasta la fecha
final del mismo. Así mismo, aseguró que la desvinculación del trabajador de la
seguridad social se hizo por la terminación del contrato de trabajo.
Por último, manifiesta que no se solicitó
la autorización al Ministerio del Trabajo para el despido del señor James
Morales, por cuanto no se configuró un despido sino la terminación de un
contrato de trabajo. Y por tanto, solicitó que se desestimaran las pretensiones
del accionante.
1.3.4    Decisiones judiciales
1.3.3.2
El Juzgado Veinte
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali, mediante fallo
del 15 de febrero de 2013, declaró improcedente la acción impetrada, al
considerar que “… no es factible afirmar con suficiente convicción, que se
presenta una estabilidad laboral reforzada dada la condición física que
presenta el señor JAMES MORALES, pues si bien se determinó un 17.55% de pérdida
de la capacidad laboral, tal como lo estableció la Junta Regional de
Calificación de invalidez del Valle del Cauca …” se le diagnosticó ‘lumbago
no especificado’. Por lo tanto, no existió una limitación que acreditara la
condición de especial protección laboral. El Juzgado fundamentó su decisión en la
terminación de una relación laboral por vencimiento del contrato de trabajo.
1.3.3.3
El Juzgado Dieciséis
Penal del Circuito de Cali, Mediante fallo del 11 de abril de 2013, confirmó la
sentencia de primera instancia, bajo los siguientes argumentos: “… considera
que el amparo solicitado en la tutela de la referencia no es procedente, toda
vez que no cumple con los requisitos establecidos jurisprudencialmente para el
efecto, pues como se anotó, no se evidencia un perjuicio irremediable y,
adicionalmente, el demandado cuenta con la posibilidad de actuar dentro de un
proceso ordinario laboral.”
1.3.4    Pruebas documentales
En el trámite de la acción de tutela se
aportaron, entre otras, las siguientes pruebas documentales:
1.3.4.1
Copia de la cédula
de ciudadanía donde consta que el accionante cuenta actualmente con 52 años de
edad (folio 5).
1.3.4.2
Certificado de la
Cámara de Comercio de la firma EQUINOX LTDA. (folios 6 y 7).
1.3.4.3
Copia del informe
del accidente de trabajo de fecha 13 de julio de 2010, expedida por la EPS Cruz
Blanca S.A. y la ARP Positiva Compañía de Seguros S.A. (folios 8 al 12).
1.3.4.4
Copias de los
certificados de licencia o incapacidades concedidas al señor James Morales por la
EPS Cruz Blanca S.A. desde el 11 de julio de 2010 (folios 13 al 16).
1.3.4.5
Examen de columna
realizado al señor James Morales (folio 17).
1.3.4.6
Oficio del 2 de
noviembre de 2010, expedido por la EPS Saludcoop, donde señaló las
recomendaciones ocupacionales que se debían tener en cuenta por parte de la
firma EQUINOX LTDA. para con el trabajador James Morales (folios 19 y 20).
1.3.4.7
Oficio del 2 de
diciembre de 2011 de la ARP Positiva Compañía de Seguros S.A., donde expone las
recomendaciones médico ocupacionales que debe tener en cuenta la firma EQUINOX
LTDA. para con el trabajador James Morales (folio 18).
1.3.4.8
Copia de la
evaluación realizada al señor James Morales por la Junta Regional de
Calificación de Invalidez del Valle del Cauca de fecha 12 de enero de 2012,
donde fue calificado con el 17.55% de perdida de capacidad laboral (folios 21
al 25).
1.3.4.9
Copia del formato
de Epicrisis de fecha 21 de noviembre de 2012, donde consta que fue
hospitalizado hasta el 29 de noviembre del mismo mes y año, por presentar un
cuadro depresivo como consecuencia, según el accionante, de las presiones
existentes en la empresa. También se encuentra reseñado que expresa temor ante
un posible despido, y tristeza por ser descalificado y tratado como estorbo en
la empresa. Reconoce que teme no cumplir con sus obligaciones económicas en el
hogar, y manifiesta, que si bien se ha equivocado en los trabajos,  también es
cierto que se le está exigiendo más de lo que puede hacer (folio 30).
1.3.4.10      Copia de la fórmula médica expedida al
señor James Morales del 29 de noviembre de 2012, donde se le formuló el medicamento
de Pregabalina 75 mg por tres meses debido a los episodios depresivos que
padece (folio 28).
1.3.4.11      Copia del formato de justificación de
medicamentos NO POS donde solicitó autorización para el suministro del
medicamento de Pregabalina 75 mg (folio 29).
1.3.4.12      Copia del formato de Epicrisis de fecha 11
de enero de 2013 donde asistió a consulta por estado depresivo donde consta los
temores a que no lo llamen de la empresa para renovar su contrato. En el
documento manifestó, que laboró hasta el 21 de diciembre de 2012, y a la fecha
no lo han llamado para su renovación, a pesar de que a sus compañeros sí los
han llamado (folio 31).
1.3.4.13      Copia del resultado de la consulta médica
del 15 de enero de 2015 realizada por el señor James Morales debido a la
persistencia del dolor lumbar (folios 26 y 27).
1.3.4.14      Copia del carné de la firma EQUINOX LTDA. (folio
32).
1.3.4.15      Copias de las autorizaciones de servicio
realizadas por la EPS Cruz Blanca S.A. (folios 34 al 36).
1.3.4.16      Copias de asistencia al Centro de
Rehabilitación Integral S.A.S. desde el 24 de diciembre de 2012 hasta el 27 de
enero de 2013 (folios 37 y 38).
1.3.4.17      Copia de las constancias laborales
expedida por la firma EQUINOX LTDA., al señor James Morales (folios 39 y 40).
1.4       EXPEDIENTE T-3.973.690
La señora Claudia Patricia Burgos
Arévalo instauró acción de tutela contra la empresa Activos S.A., para que
se le protejan sus derechos fundamentales al trabajo, a la salud, a la
igualdad, al debido proceso, al mínimo vital y a la igualdad, los cuales considera vulnerados
por la entidad demandada, al despedirla encontrándose en incapacidad. Basa su
solicitud en lo siguiente:
1.4.1
Hechos y
razones de la tutela
1.4.1.1
La señora Claudia
Patricia Burgos Arévalo manifestó que se vinculó en la empresa Activos S.A.
mediante un contrato a término de obra y/o labor, el día 2 de enero de 2013,
para desempeñar el cargo de ayudante de operación en comisión en la empresa
Flores de Ipanema LTDA., con un salario promedio de $589.500.oo.
1.4.1.2
La accionante,
quien padece de tendinitis en ambos brazos, dijo que fue incapacitada en varias
oportunidades: el 26 de enero de 2013 por 3 días; el 1 de febrero por 5 días;
el 6 de febrero por 3 días; el 14 de febrero por un día; y por último, el 16 de
febrero por 3 días, terminando la incapacidad el 18 de febrero de 2013.
1.4.1.3
Indicó, que la
accionada le remitió un oficio el 18 de febrero de 2013, donde le informó que
su contrato había finalizado a partir de la fecha, y por lo tanto debía pasar
por su liquidación y demás acreencias laborales, pero no tuvo en cuenta que
para esa fecha se encontraba incapacitada.
1.4.1.4
Dijo además,
que la ARL no realizó estudio de su puesto de trabajo, y que la accionada no
solicitó autorización al Ministerio del Trabajo para su despido.
1.4.1.5
Aseguró
que el 22 de febrero de 2013, la EPS consideró su enfermedad “Sin
clasificación”, razón por la cual, el día 11 de marzo de 2013 remitió a la
empresa Activos S.A., unas recomendaciones de cambio de labor y evitar
movimientos repetitivos.
1.4.1.6
Indicó,
que padece de graves problemas de salud que requieren procedimientos y
tratamientos médicos en forma oportuna, los cuales se han visto afectados por
la desafiliación al sistema de seguridad social en salud, sumado al hecho, de
que su despido le ha generado depresión reactiva.
1.4.1.7
Por
último, manifestó que la empresa accionada hace una liquidación irregular de
sus prestaciones sociales debido a que le descontaron los días que estuvo en
incapacidad médica.
1.4.1.8
Concluyó,
que no cuenta con los recursos económicos para su subsistencia y la de su
familia, y además no tiene la capacidad física para conseguir un nuevo empleo.
1.4.2    Fundamentos y pretensiones
La accionante solicita el amparo
de sus derechos fundamentales al
trabajo, a la salud, a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital y a la
igualdad. En
consecuencia, se ordene a la accionada que la reintegre a un trabajo en igual o
mejores condiciones al que tenía, así como también, se le cancelen los salarios
dejados de percibir durante el tiempo de su desvinculación, y hasta cuando sea
reintegrada efectivamente a sus labores. De igual forma pide que se ordene su
afiliación inmediata a la seguridad social.
1.4.3
Actuación
procesal
El Juzgado Civil Municipal de Facatativá,
Cundinamarca, admitió la tutela el 14 de marzo de 2013, y requirió a la empresa
Activos S.A., para que se pronunciara sobre los hechos
expuestos por la accionante.
Mediante escrito No. 2013-0104 del 19 de
marzo de 2013, la empresa Activos S.A., a
través de su representante legal manifestó:
En primer lugar, la señora Claudia
Patricia Burgos Arévalo fue vinculada por la Empresa de Servicios Temporales
Activos S.A.,  mediante un contrato de trabajo por el término de duración de la
obra y/o labor, que tuvo vigencia del 2 de enero al 18 de febrero de 2013, para
lo cual fue asignada como trabajadora en misión a la empresa Flores de Ipanema
LTDA., conforme a lo establecido en los artículos 71 y ss. de la Ley 50 de 1990
y el Decreto 4369 de 2006.
En segundo lugar, dicha contratación se
debió a un aumento de producción que se derivo de la temporada de flores, y
cuando ésta terminó, finalizó la relación laboral con la accionante, hecho que
era conocido por ella desde su vinculación, tal como consta en la cláusula
segunda del contrato suscrito entre las partes.
En tercer lugar, precisó que la actora no
se encontraba incapacitada al momento de su desvinculación, y no sufría de
discapacidad o limitación física alguna, o recomendaciones médicas vigentes u
órdenes de reubicación, y por lo tanto, es infundada la afirmación que su
terminación del contrato obedeció a esas circunstancias.
Aclaró, que en las mismas circunstancias
estuvieron otros 18 trabajadores más, como consta de los oficios que se anexan,
los cuales finalizaron su relación laboral por terminación de la misión de obra
o labor para la cual habían sido contratados, por lo que en estricto sentido no
operó un despido.
Por último manifestó que la accionante
pretende una perpetuidad del vínculo laboral a través de la acción de tutela,
para lo cual existen otros medios de defensa, como es el proceso ordinario
laboral, por tanto solicita se rechacen las pretensiones contra la empresa
Activos S.A.
1.4.4
Decisiones
judiciales
1.4.4.1
El Juzgado Civil
Municipal de Facatativá, Cundinamarca, mediante fallo del 2 de abril de 2013, negó
por improcedente la acción impetrada, al considerar que de los exámenes médicos
de egreso se determinó una sospecha de enfermedad no profesional que se presume
que fue adquirida con anterioridad a la ejecución del contrato. Hecho que
demostró que su retiro no se debió a su estado de salud.
Por otro lado señaló el a-quo, que
al momento de la terminación del contrato no existían ni las recomendaciones
médicas vigentes u órdenes de reubicación, ni se advirtió que la patología que presentó
la accionante revestía de gravedad, de forma que la limitara en su salud
física.
1.4.4.2
El Juzgado Segundo
Civil del Circuito de Facatativá, Cundinamarca, mediante fallo del 7 de mayo de
2013, confirmó la sentencia de primera instancia, al considerar que no reunía
los requisitos de procedibilidad establecidos por la jurisprudencia para
conceder el amparo deprecado. Razón por la cual, la accionante podría recurrir
a la vía ordinaria laboral para hacer valer sus derechos.
1.4.5    Pruebas documentales
1.4.5.1
En el trámite de
la acción de tutela la señora Claudia Patricia Burgos Arévalo presentó las
siguientes pruebas documentales:
1.4.5.1.1
Copia del contrato
individual de trabajo por el término que dure la obra, suscrito entre la señora
Claudia Patricia Burgos Arévalo y la Empresa de Servicios Temporales Activos
S.A. (folio 1).
1.4.5.1.2
Copia del oficio
de fecha 18 de febrero de 2013, donde se le informa la terminación y
liquidación del contrato a partir de la fecha (folio 2).
1.4.5.1.3
Certificado de la
Cámara de Comercio de la Empresa de Servicios Temporales Activos S.A. (folios 3
al 5).
1.4.5.1.4
Certificado médico
ocupacional de fecha 22 de febrero de 2013 (folio 6).
1.4.5.1.5
Copia de la cédula
de ciudadanía donde consta que la accionante cuenta actualmente con 51 años de
edad (folio 7).
1.4.5.1.6
Copias de las
incapacidades médicas expedidas por la Clínica Santa Ana (folios 8 al 12).
1.4.5.1.7
Copia de la
historia clínica de la señora Claudia Patricia Burgos Arévalo expedida por la
Clínica Santa Ana (folios 13 y 14).
1.4.5.1.8
Copias de las
liquidaciones y pagos efectuados a la señora Claudia Patricia Burgos Arévalo
por la Empresa de Servicios Temporales Activos S.A. (folios 15 al 18).
1.4.5.2
En el trámite de
la acción de tutela la Empresa de Servicios Temporales Activos S.A., presentó
las siguientes pruebas documentales:
1.4.5.2.1
Certificado de la
Cámara de Comercio de la Empresa de Servicios Temporales Activos S.A. (folios 41
al 44).
1.4.5.2.2
Copia del contrato
individual de trabajo por el término que dure la obra, suscrito entre la señora
Claudia Patricia Burgos Arévalo y la Empresa de Servicios Temporales Activos
S.A. (folio 45).
1.4.5.2.3
Certificado médico
ocupacional de fecha 22 de febrero de 2013 (folio 46).
1.4.5.2.4
Copia del
formulario de afiliación a la EPS (folio 47).
1.4.5.2.5
Copia de
afiliación a Pensiones Colpensiones (folio 48).
1.4.5.2.6
Copia del
formulario de afiliación a la ARP Colpatria (folio 49).
1.4.5.2.7
Copia de la
notificación de retiro de fecha 18 de febrero de 2013, donde se le informa la
terminación y liquidación del contrato a partir de la fecha (folio 50).
1.4.5.2.8
Copias de las
liquidaciones y pagos efectuados a la señora Claudia Patricia Burgos Arévalo
por la Empresa de Servicios Temporales Activos S.A. (folios 51 al 53).
1.4.5.2.9
Copia de otros
retiros y liquidaciones a personal por la terminación del contrato de obras
(folios 55 al 112).
2     CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
2.1
COMPETENCIA
Esta Corte es competente, de conformidad con los artículos
86 y 241 de la Constitución Política, y con el Decreto 2591 de 1991, para
revisar el presente fallo de tutela.
2.2
PROBLEMAS JURÍDICOS
Visto lo anterior, la Sala Séptima de Revisión procederá
al análisis de los hechos planteados, en los cuales le corresponde establecer
si las empresas demandadas vulneraron los
derechos fundamentales a la seguridad social, al trabajo, al mínimo vital y a
la estabilidad laboral reforzada, de los empleados que buscan obtener mediante
la acción de tutela, el reintegro al empleo del cual fueron separados con
posterioridad al acaecimiento de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional,
a pesar de que el motivo que fue alegado por sus empleadores para dar por
terminada la relación laboral consistió en la culminación de la obra para la
cual fueron contratados o el fin de un contrato a término fijo.
Dado que los problemas jurídicos que se plantean ya
han sido objeto de otros pronunciamientos por parte de esta Corporación, esta
Sala para analizar y resolverlos, reiterará lo dis­pues­to por la jurisprudencia teniendo
en cuenta las siguientes consideraciones:
(i) la procedencia excepcional de la acción de tutela cuando se ponen en
riesgo los derechos fundamentales de los sujetos de especial protección; (ii)
la estabilidad laboral reforzada de las
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad; (iii) la
protección constitucional y legal de los empleados que han sufrido accidentes
de trabajo o enfermedades profesionales; (iv) el principio de la
estabilidad laboral en los contratos de trabajo a término fijo y por obra o
labor contratada; (v) las obligaciones del Ministerio de Trabajo en
cuanto a la autorización para despedir aquellas personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad; y (vi) la aplicación de lo anterior a los
casos concretos.
2.2.1    La procedencia excepcional de la acción de tutela
cuando se ponen en riesgo los derechos fundamentales de los sujetos de especial
protección. Reiteración de la jurisprudencia
La acción de tutela se encuentra
consagrada en el artículo 86 de la Constitución, y se caracteriza por ser
preferente, sumaria y subsidiaria, es decir, que tal y como lo ha reiterado la
Corte Constitucional, ésta puede ser utilizada ante la vulneración o amenaza de
derechos fundamentales cuando: i) no exista otro medio judicial a través del
cual se pueda resolver un conflicto relacionado con la vulneración de un
derecho fundamental, ii) existiendo otras acciones, éstas no resultan eficaces
o idóneas para la protección del derecho de que se trate, o, iii) existiendo
acciones ordinarias, resulte necesaria la intervención del juez de tutela para
evitar que ocurra un perjuicio irremediable.[2]
En este sentido, la subsidiariedad y la
excepcionalidad de la acción de tutela, permiten reconocer la validez y
viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protección judicial como
mecanismos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos. Al
existir tales mecanismos, se debe acudir a ellos preferentemente, siempre que
sean conducentes para conferir una eficaz protección constitucional de los
derechos fundamentales de los individuos. Razón por la cual, quien invoca la
transgresión de sus derechos fundamentales por esta vía, debe  agotar los
medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.[3] Esta exigencia pretende
asegurar que una acción tan expedita no sea considerada una instancia adicional
en el trámite procesal, ni un mecanismo de defensa que remplace aquellos
diseñados por el legislador[4].
Al respecto, la Corte Constitucional en
Sentencia T-262 de 1998[5],
señaló:
“…la acción de tutela no ha sido concebida como un
instrumento para sustituir los demás medios de defensa judicial, sino como un
mecanismo que complementa los otros recursos y acciones, en la medida en que
cubre aquellos espacios que éstos no abarcan o lo hacen deficientemente. Aceptar lo contrario sería admitir que el juez
constitucional tomará el lugar de las otras jurisdicciones, resultado que iría en contra del fin de la
jurisdicción constitucional, cual es el de velar por la guarda e integridad de la
Constitución, tarea que comprende también la de asegurar las competencias de
las otras jurisdicciones. (...)”. (Subrayado fuera del
texto).
De esta forma, el agotamiento de los mecanismos
ordinarios de defensa judicial constituye un requisito ineludible para la
procedencia de la acción de tutela como mecanismo extraordinario, salvo que por
razones extraordinarias, el Juez Constitucional compruebe que los otros medios
judiciales no son eficaces para la protección de las garantías invocadas.
En la Sentencia T-161 de 2005[6], una vez más esta
Corporación enfatizó lo aludido sobre el tema estudiado, pues sostuvo que:
“la tutela no fue creada para sustituir los mecanismos
de defensa ordinarios. Para el Tribunal, la acción del artículo 86 de la
Carta tiene carácter excepcional en la medida en que únicamente responde a las
deficiencias de los medios de defensa judiciales, sin desplazarlos ni
sustituirlos. De allí que la Corte haya afirmado que dicha acción
constituye un instrumento democrático con que cuentan los ciudadanos para
reclamar ante los jueces dicha protección de sus derechos constitucionales,
pero de la cual, en razón a su excepcionalidad, no puede abusarse ni hacerse
uso cuando existan otros medios judiciales idóneos para la definición del
conflicto asignado a los jueces ordinarios con el propósito reiterado de
obtener, entre otras consideraciones, un pronunciamiento más ágil y expedito”.
(Subrayado fuera del texto)
Siguiendo el mismo lineamiento de la sentencia
señalada anteriormente, esta Corporación en la Sentencia T- 742 de 2011[7] manifestó:
“la sola existencia de un medio alternativo de
defensa judicial, no implica automáticamente la improcedencia de la acción de tutela,
porque como se dijo, el medio judicial debe ser idóneo y eficaz para la defensa
de los derechos fundamentales. En ese orden de ideas, si el juez constitucional
constata que el otro medio de defensa no resulta conducente para la protección
efectiva de los derechos invocados, - al no asegurar, por ejemplo, la eficacia
necesaria para su defensa real -, el fallador puede válidamente garantizar la
protección preminente y efectiva de los derechos fundamentales, admitiendo la
procedencia en estas circunstancias, de la acción de tutela”.
En efecto, la
acción de tutela es improcedente como mecanismo de protección de los derechos
fundamentales, cuando lo que se busca es evadir el proceso laboral, contemplado
por el ordenamiento jurídico, como la herramienta idónea para el conocimiento
de un referido asunto.
En el caso específico de la solicitud de reintegro al
cargo a través de la acción de tutela, se ha manifestado su improcedencia como
regla general, toda vez que, existen otros mecanismos de defensa judicial a los
cuales se puede acudir; tales como la jurisdicción ordinaria laboral y la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. Sin embargo, la Corte ha
establecido una excepción: Que se trate de un trabajador que se encuentre en
situación de debilidad manifiesta o en una circunstancia que le otorgue el
derecho a la estabilidad laboral reforzada como es el caso de las personas con
discapacidad. [8]
En estos casos, la acción de tutela es el mecanismo
idóneo y eficaz, para la protección laboral reforzada, cuya finalidad es
expandir el postulado de la igualdad real y efectiva, y de esta forma,
garantizarles a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad
el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales.[9] Es decir, que aunque
no existe un derecho a permanecer en el empleo, la desvinculación laboral de
estas personas sólo podrá efectuarse con la previa autorización del Ministerio
de Trabajo.
Por lo tanto, esta Corporación no sólo considera que
en estos eventos la acción de tutela es procedente, sino que además es el
mecanismo apropiado para solicitar el reintegro laboral. Además, su procedencia
también se predica frente a las personas que se encuentran en una situación de
debilidad manifiesta, caso en el cual podrá concederse de manera transitoria
mientras las autoridades competentes deciden lo pertinente.[10] En este último caso, la
procedencia de la acción de tutela busca evitar la configuración de un
perjuicio irremediable y no releva al trabajador de acudir a las vías
ordinarias judiciales.
En resumen, en aquellos casos en los cuales se perciba
la afectación de los derechos fundamentales de una persona en situación de
discapacidad, adulta mayor, u otras poblaciones vulnerables, la acción de
tutela se torna en el mecanismo idóneo para invocar su amparo y no puede
exigírsele previamente el agotamiento de las vías ordinarias, pues el asunto
cobra relevancia constitucional ante la posibilidad de que se
trate de un acto discriminatorio.
2.2.2    La estabilidad laboral reforzada de las personas que
se encuentran en situación de vulnerabilidad
Es necesario señalar que el derecho al trabajo está
ligado a unos principios mínimos fundamentales consagrados en el artículo 23 de
la Constitución Política. Uno de estos, consiste en que, cuando el trabajador
es una persona en situación de vulnerabilidad, tiene derecho a la estabilidad
laboral reforzada, es decir, que luego de
presentar una disminución o limitación sensorial, física o sicológica, cuenta
con la posibilidad de permanencia en el empleo como medida de protección a su
especial condición, lo que significa que goza de cierta seguridad en la
continuidad de la relación laboral.[11]
Lo anterior se evidencia en la imposibilidad de ser
despedido mientras que no se presente una de las causales que la ley ha
contemplado como justa causa de despido y con la previa autorización del
Ministerio de Trabajo.[12]
Ha sido reiterativa la Corte en
su posición de que las medidas de la estabilidad laboral reforzada consagran la
exigencia de obtener autorización de parte del Ministerio de Trabajo para poder
despedir al empleado que goce de esta protección, aun cuando se esté ante una
justa causa. Este planteamiento fue desarrollado en  la Sentencia T-1040 de
2001[13],
en la que se conoció el caso de una trabajadora que en el desempeño de sus
funciones presentó encogimiento del músculo de su pierna derecha, evento
que comunicó a su jefe inmediato, sin ningún efecto respecto de la asignación
de funciones. Ésta fue sometida a una cirugía, por lo que su médico tratante
expidió una orden en la que afirmaba su capacidad para seguir trabajando, pero
formulaba quietud. La accionante presentó nuevamente esta orden a su jefe
inmediato, sin embargo, éste le continúo asignando funciones que deterioraban
su situación médica. Al reiterarle su petición, la trabajadora fue despedida
sin justa causa y con el pago de una indemnización. En este caso, la Corte
determinó que:
“El legislador ha dispuesto una garantía de
estabilidad laboral reforzada para las personas con discapacidades, disponiendo
que, para despedirlas, el empleador requiere un permiso previo del Ministerio
del Trabajo. Así se garantiza que el sistema jurídico no avale
indiscriminadamente el despido de una persona por su discapacidad, impidiéndole
a estas personas desarrollar el resto de sus facultades físicas y mentales.
En concordancia con lo anterior, esta Corporación en la
Sentencia T-554 de 2009[14],
indicó:
“(…) [E]n
aplicación del derecho a la estabilidad laboral reforzada, todo trabajador que
se encuentre en una situación de debilidad manifiesta como resultado de la
grave afectación de su estado de salud, tiene derecho a permanecer en su lugar
de trabajo hasta que se configure una causal objetiva que amerite la
desvinculación laboral, causal que, en todo caso, deber ser  previamente
verificada por el inspector de trabajo o la autoridad que haga sus veces. En
este sentido, se reitera que el derecho a la estabilidad laboral reforzada es
una consecuencia de la grave afectación del estado de salud del trabajador,
afectación que no necesariamente se deriva del estado de invalidez o
discapacidad declarado así por la autoridad competente.
Siguiendo con la línea jurisprudencial, la Corte
Constitucional en Sentencia T- 415 de 2011[15],
estudió el caso de una persona a quien pese a habérsele dictaminado pérdida de
capacidad laboral parcial permanente inferior al 50%, fue desvinculada de su
trabajo sin la autorización previa del Ministerio de la Protección Social,
sostuvo que los trabajadores que tengan una afectación en la salud, están en
circunstancia de debilidad manifiesta, y por tanto, tienen derecho a la
estabilidad laboral reforzada.  En esta ocasión indicó:
“La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
señalado que los trabajadores que puedan catalogarse como (i) inválidos, (ii)
discapacitados, (iii) disminuidos físicos, síquicos o sensoriales, y (iv) en
general todos aquellos que (a) tengan una afectación en su salud;
(b) esa circunstancia les “impida[a] o dificult[e] sustancialmente el desempeño
de sus labores en las condiciones regulares”, y (c) se tema que, en esas
condiciones particulares, pueden ser discriminados por ese solo hecho, están en
circunstancias de debilidad manifiesta y, por tanto, tienen derecho a la
“estabilidad laboral reforzada.
Pues bien, quienes sean titulares del derecho a la
estabilidad laboral reforzada se benefician de dos normas de carácter
fundamental, vinculadas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional a las
garantías de la Carta: en primer lugar, de la prohibición que pesa sobre
el empleador de despedir o terminarle su contrato a una “persona limitada, por
razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo”;
y, en segundo lugar, de la obligación del juez de presumir el despido
discriminatorio, cuando una persona en circunstancias de debilidad manifiesta
es desvinculada del empleo sin autorización de la oficina del trabajo.
En consecuencia, cuando se comprueba que el empleador
(a) desvinculó a un sujeto titular del derecho a la estabilidad laboral
reforzada sin solicitar la autorización de la oficina del trabajo, y (b) que no
logró desvirtuar la presunción de despido discriminatorio, entonces el juez que
conoce del asunto tiene el deber prima facie de reconocer a favor del
trabajador: (i) en primer lugar, la ineficacia de la terminación del despido
laboral (con la consiguiente causación del derecho prima facie del demandante a
recibir todos los salarios y prestaciones sociales dejadas de recibir en el
interregno); (ii) en segundo lugar, el derecho a ser reintegrado a un cargo que
ofrezca condiciones iguales o similares que las del cargo desempeñado por él
hasta su desvinculación, y en el cual no sufra el riesgo de empeorar su estado
de salud, sino que esté acorde con sus condiciones; (iii) en tercer lugar, el
derecho a recibir capacitación para cumplir con las tareas de su nuevo cargo,
si es el caso (art. 54, C.P.); (iv) en cuarto lugar, el derecho a recibir “una
indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de
las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el
Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen,
complementen o aclaren” (art. 26, inc. 2°, Ley 361 de 1997)”.
Por otro lado, es importante enfatizar que la
conservación o permanencia de un empleo por cierto periodo de tiempo no es un
derecho fundamental. No obstante, la Constitución de 1991 quiso garantizar a
algunos sujetos la especial protección de su derecho al trabajo mediante la
estabilidad laboral reforzada, la cual consiste, como ya se dijo, en que la
desvinculación de las mujeres embarazadas, los trabajadores aforados, las
personas en situación de discapacidad y, las personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad como producto de un deterioro en su salud, no puede
presentarse sin la previa autorización de la autoridad competente.
Ahora bien, se debe tener en cuenta que el ordenamiento jurídico colombiano distingue a los
trabajadores en situación de discapacidad, de los trabajadores que sufren una
disminución en su condición física durante la ejecución del contrato de
trabajo, dándoles en cada caso un alcance y unos mecanismos legales de
protección distintos. En la Sentencia T- 125 de 2009[16], en la que se estudió el
caso de una persona que se desempeñó como maestro de obra mediante contrato de
trabajo a término indefinido celebrado con EJM Ingenieros Arquitectos Sociedad
Limitada, y que interpuso acción de tutela al considerar que dicha empresa
vulneró sus derechos fundamentales al dar por terminado el contrato suscrito
sin la previa autorización del Ministerio de la Protección Social,
desconociendo la incapacidad física causada por la enfermedad de “ESPOLON
CALCANEO”, sufrida durante la vigencia de su relación laboral, la
Corte señaló que:
“La protección laboral de los trabajadores que se
encuentran en condiciones de debilidad manifiesta no depende de una
calificación previa que acredite su condición de discapacitados, sino de la
prueba de las condiciones de salud que impidan o dificulten el desempeño
regular de sus labores”.
De igual manera, esta Corporación en Sentencia T-019
de 2011[17]
señaló:
“en algunos eventos, la reubicación laboral como
consecuencia del estado de salud del trabajador, implica no solamente el simple
cambio de labores, sino que comporta la proporcionalidad entre las tareas y los
cargos previamente desempeñados y los nuevos asignados, así como el deber del
empleador de brindar la capacitación necesaria para que las nuevas funciones
sean desarrolladas adecuadamente”
Conforme a lo anterior, la Sala concluye que el
derecho a la estabilidad laboral reforzada de los trabajadores que se
encuentren en situación de debilidad manifiesta, por causa de una disminución
de la capacidad física, síquica o sensorial-sin importar si existe o no
calificación de la pérdida de capacidad- conlleva el derecho a mantenerse en el
empleo o a ser reubicado conforme a unas funciones congruentes con su estado de
salud, lo cual debe incluir la capacitación para el adecuado cumplimiento del
nuevo cargo y, una indemnización
equivalente a ciento ochenta días del salario en caso de haber sido separado de
su cargo, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que
hubiere lugar.
2.2.3    Alcance
de la protección constitucional y legal de los empleados que han sufrido
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales
La
Constitución Política de Colombia da fe de la importancia que tiene el derecho
al trabajo, no solo en la economía sino como garantía encaminada a asegurar la
realización del ser humano como ciudadano. De tal forma, en el artículo 25
consagra dicha garantía en los siguientes términos: “El trabajo es un
derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la
especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en
condiciones dignas y justas”[18]
En ese
sentido, esta Corporación ha señalado que: “… el cubrimiento de las
contingencias que alteren el estado de salud y la capacidad laboral de los
trabajadores como consecuencia de la ocurrencia de accidentes de trabajo o
enfermedades de origen profesional adquiere especial importancia pues dichos
eventos comprometen no sólo los derechos a la salud y al trabajo de quien los
padece, sino adicionalmente el derecho a la seguridad social, garantía que ha
sido catalogada por el artículo 48 superior como “derecho irrenunciable””[19]
Sobre el
particular, el Sistema de Seguridad Social, a través de la Ley 100 de 1993,
materializó los postulados contenidos en los artículos 48 y 53 del texto
constitucional, y para la atención de estas eventualidades se creó el Sistema General
de Riesgos Profesionales[20]
para los trabajadores.
De acuerdo
con el criterio de la Corte Constitucional en sentencia C-453 de 2002[21], “… el
sistema de riesgos profesionales se apoya en un régimen objetivo de
responsabilidad[22]
en virtud del cual, con prescindencia de consideraciones de orden subjetivo,
los empleadores se encuentran llamados a indemnizar y atender las dolencias
padecidas por sus trabajadores cuando quiera que aquellos sufran un accidente
de trabajo o una enfermedad profesional. El fundamento de dicho arreglo
consiste en que los empleados ofrecen al empresario su fuerza de trabajo en
condiciones de subordinación que reportan beneficios para ambas partes. No
obstante, en atención a que tales rendimientos resultan particularmente
provechosos para el empleador, como mecanismo para menguar los efectos que se
siguen de las condiciones de subordinación en las que se encuentran los
trabajadores, el ordenamiento ha ofrecido una especial protección a favor de
éstos, la cual adquiere contornos particulares en el caso de los riesgos
profesionales.”[23]
En efecto, la
Ley 776 de 2002 “Por la cual se dictan normas sobre la organización,
administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales”,
crea un régimen propio para las entidades Administradoras de Riesgos
Profesionales, por lo cual esta responsabilidad fue trasladada a estas últimas
por parte de los empleadores con fundamento en la cotización al sistema de
seguridad social. En consecuencia, las prestaciones asistenciales y económicas
derivadas de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, son
reconocidas y pagadas por la administradora en la que se encuentre afiliado el
trabajador al momento de ocurrir el accidente o cuando estas sean requeridas.
En estos
eventos, la protección del trabajador se genera cuando el percance acaecido
haga mella en su estado de salud, y por ende, en su capacidad laboral. Al
respecto, los artículos 2° y 3° de la citada ley establecen que en estos
eventos, las administradoras de riesgo  tienen la obligación de la asistencia
hospitalaria, y el pago de una “incapacidad temporal” que habrá de
ascender al 100% del salario base de cotización hasta el momento en que se
logre su rehabilitación o en que sea declarada su incapacidad permanente parcial,
invalidez o su muerte. Esto con el fin de asegurar al trabajador y al núcleo
familiar la estabilidad económica tendiente a la satisfacción de los derechos
fundamentales al mínimo vital, a la salud y, en determinadas ocasiones, a la
vida de los sujetos involucrados.
De
conformidad con la norma en comento, el reconocimiento de esta prestación se
extiende hasta un término de 180 días, el cual puede ser prorrogado cuando así
lo imponga la necesidad de culminar el tratamiento o la rehabilitación del
afiliado, por períodos adicionales que en ningún caso pueden superar un período
igual al anterior.
Cabe resaltar
que, de acuerdo con el artículo 4° de la Ley 776 de 2002, una vez ha culminado
el período de incapacidad temporal “los empleadores están obligados, si el
trabajador recupera su capacidad de trabajo, a ubicarlo en el cargo que
desempeñaba, o a reubicarlo en cualquier otro para el cual esté capacitado, de
la misma categoría”.
Sobre el
particular, esta Corporación en sentencia T-062 de 2007[24], manifestó lo siguiente:
“Esta
obligación que pesa sobre el empleador tiene un claro propósito de brindar un
cierto mínimo de justicia retributiva a las relaciones laborales, pues en el
caso de los accidentes de trabajo es claro que la causa del padecimiento que
afecta al trabajador está vinculada a la prestación del servicio, por lo que no
sería aceptable que en estos eventos éste fuera dejado a su suerte sin que el
empleador asumiera algún tipo de compromiso. Así pues, retomando el principio
objetivo de responsabilidad sobre el cual descansa el sistema de riesgos
profesionales, dado que el empleador es quien obtiene en mayor medida el
provecho del riesgo que ha sido efectivamente materializado, debe ubicar al
empleado en un cargo de acuerdo con lo establecido por la disposición.”
Ahora bien,
en los eventos en los cuales una vez ha concluido el período establecido para
el pago de las incapacidades temporales y no se ha logrado la recuperación
total del empleado, de acuerdo con el artículo 3° de la Ley 776 de 2002, se
debe realizar un procedimiento encaminado a determinar el estado de incapacidad
permanente parcial o de invalidez del trabajador. Sin embargo, para garantizar
los derechos fundamentales al mínimo vital del trabajador y de su grupo
familiar, la ley dispone que hasta tanto no sea emitido dicho dictamen, la
correspondiente ARP continuará desembolsando el subsidio por incapacidad
temporal.
En esa
medida, la protección constitucional es reiterada en el artículo 8° de la
citada norma que consagra el deber de reubicación en los siguientes
términos: “Los empleadores están obligados a ubicar al trabajador
incapacitado parcialmente en el cargo que desempeñaba o a proporcionarle un
trabajo compatible con sus capacidades y aptitudes, para lo cual deberán
efectuar los movimientos de personal que sean necesarios”. Lo anterior, al
considerar que a pesar de sus limitaciones conservan un porcentaje considerable
de su aptitud para laborar.
También la
norma ha regulado dos posibilidades que se presentan cuando la rehabilitación
del trabajador no haya sido posible, en cuyo caso, previa verificación de ello,
se acentúa el deber de protección que favorece al empleado.
En primer
lugar, cuando el trabajador que padezca una pérdida definitiva de su
capacidad laboral que no alcance un porcentaje equivalente o superior al 50%
-situación que es conocida en el sistema de seguridad social como incapacidad
permanente parcial- recibirá una indemnización proporcional al daño sufrido
que habrá de oscilar entre 2 y 24 salarios base de liquidación, la cual será
sufragada por la Administradora de Riesgos Profesionales a la que se encuentre
afiliado.
En segundo
lugar, en aquellos casos en los cuales la pérdida de la capacidad laboral
del afiliado sea igual o superior al 50%, habrá lugar al reconocimiento de la pensión
de invalidez, cuyo monto varía de acuerdo con los parámetros establecidos en el
artículo 10 de la Ley 776 de 2002.
Respecto a la
primera modalidad, con el fin de evitar de que sean víctimas de discriminación,
la Ley 361 de 1997 “Por la cual se establecen mecanismos de integración
social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”
desarrolla la protección laboral contenida en los artículos 13, 47, 54 y 68 del
texto constitucional, que dan cuenta de la obligación del Estado y la Sociedad,
en promover las condiciones necesarias para que aquellas personas que sufren
alguna forma de discapacidad o invalidez, sean incluidas socialmente,
garantizando su derecho fundamental a la igualdad.
En efecto, el
artículo 26 de la citada ley[25]
establece que la limitación de una persona en ningún caso podrá ser empleada
como argumento para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha
condición sea claramente acreditada como incompatible e insuperable en el cargo
a desempeñar.
Adicionalmente,
el inciso 2° del mismo artículo consagra una indemnización equivalente a 180
días de salario a favor de los trabajadores que hayan sido despedidos o cuyo
contrato haya sido terminado por razón de su especial condición, la cual ha de
ser sufragada sin perjuicio de las demás indemnizaciones que resultaren
procedentes de acuerdo con la ley laboral.
Este último
aparte fue declarado exequible de manera condicionada por esta Corporación en
sentencia C-531 de 2000[26],
teniendo en cuenta la aplicación de los principios de respeto a la dignidad
humana, solidaridad e igualdad, que “carece de todo efecto jurídico el
despido o la terminación del contrato de una persona por razón de su limitación
sin que exista autorización previa de la oficina de Trabajo que constate la
configuración de la existencia de una justa causa para el despido o terminación
del respectivo contrato”.
Por lo tanto,
la protección constitucional no se agota en el reconocimiento de las
indemnizaciones anteriormente señaladas, al punto de considerarse nulas las
decisiones adoptadas por el empleador donde el empleado resulte afectado de no
contar con una autorización previa por parte de la oficina de trabajo. De tal
forma que, cuando el empleador no obtenga la correspondiente autorización por
parte de la autoridad administrativa, y despida al trabajador, aunque haya
reconocido la indemnización habrá de emplearse la figura, en virtud de la cual
el operador jurídico se encuentra llamado a presumir que la causa de despido o
de terminación del contrato consistió en el estado de invalidez del trabajador.
Sobre el
particular, la Corte Constitucional se ha pronunciado en varias ocasiones respecto
de la protección reforzada de quienes sufren algún tipo de percance que haga
mella en su estado de salud y, por consiguiente, en su capacidad laboral.[27]
Como ya se
había dicho en acápite anterior, en la sentencia T-351 de 2003[28], esta Corporación ha
extendido el amparo al caso de los trabajadores que se encuentran en “circunstancias
de debilidad manifiesta”, en cuyo caso la protección laboral “no depende
de una calificación previa que acredite su condición de discapacitados, sino de
la prueba de las condiciones de salud que impidan o dificulten el desempeño
regular de sus labores”.
Así las cosas, esta Corte en sentencias como la T-198
de 2006[29],
reiteró la extensión de la protección a las personas que en ejercicio de sus
funciones sufren un deterioro en su salud. En esta ocasión estudió el caso de
una persona que había sido desvinculada de la empresa en la que trabajaba, pese
a encontrarse en situación de debilidad
manifiesta y sin haber sido calificado su grado de invalidez, precisó:
(…) La jurisprudencia ha extendido el beneficio de la
protección laboral reforzada establecida en la Ley 361 de 1997, a favor, no sólo de los trabajadores discapacitados calificados como tales, sino aquellos que
sufren deterioros de salud en el desarrollo de sus funciones (…).
Aquellos trabajadores que sufren una disminución en su
estado de salud durante el transcurso del contrato laboral, deben ser
considerados como personas que se encuentran en situación de debilidad
manifiesta, razón por la cual frente a ellas también procede la llamada
estabilidad laboral reforzada, por la aplicación inmediata de la Constitución. La protección legal opera por el sólo hecho de
encontrarse la persona dentro de la categoría protegida, consagrando las
medidas de defensa previstas en la ley. Por su parte, el amparo constitucional
de las personas en circunstancia de debilidad manifiesta permite al juez de
tutela identificar y ponderar un conjunto más o menos amplio y variado de
elementos fácticos para deducir la ocurrencia de tal circunstancia y le da un
amplio margen de decisión para proteger el derecho fundamental amenazado o
restablecerlo cuando hubiera sido vulnerado. En materia laboral, la protección
especial de quienes por su condición física están en circunstancia de debilidad
manifiesta se extiende también a las personas respecto de las cuales esté
probado que su situación de salud les impide o dificulta sustancialmente el
desempeño de sus labores en las condiciones regulares, sin necesidad de que
exista una calificación previa que acredite su condición de discapacitados o de
invalidez (…)”. (Negrilla fuera del
texto)
De tal
suerte, se concluye que en aras del principio de solidaridad, cuando el
empleado padezca un accidente de trabajo o una enfermedad profesional y aquél
logre su recuperación total o parcial, esto es, que en el último caso no haya
perdido más de un 50% de su capacidad laboral, el empleador en su condición de
beneficiario de los riesgos creados en el marco de la relación laboral, está
obligado a su reintegro al cargo que venía ocupando o a uno compatible con las
incapacidades que se continúen presentando.
Una vez ha
sido expuesto el alcance de la protección constitucional y laboral ofrecida a
los trabajadores en el marco del sistema de riesgos profesionales, procede la
Sala a realizar una breve reiteración jurisprudencial a propósito de la
estabilidad laboral en los contratos a término fijo y por obra o labor
contratada.
2.2.4    Reiteración
jurisprudencial del principio de la estabilidad laboral de contratos de trabajo
a término fijo y/o labor contratada
La Corte
Constitucional[30]
en varias oportunidades ha reiterado la garantía a los trabajadores que padecen
alguna forma de discapacidad en el marco específico de las relaciones de
trabajo, las cuales se encuentran protegidas bajo la figura de la “estabilidad
laboral reforzada”. Igualmente ha dicho, que dentro de esta protección se
encuentran: (i) la necesidad de obtener una autorización por parte del
inspector de trabajo para dar por terminado un contrato de trabajo; (ii) el
establecimiento de una indemnización correspondiente a 180 días de salario
compatible con las demás indemnizaciones dispuestas por la ley laboral; (iii) la
nulidad del despido que no cuente con la aprobación de la autoridad
administrativa; (iv) la presunción de despido o terminación del contrato por
razón de la discapacidad, no se agota en el caso de los contratos de trabajo
suscritos a término indefinido.
Así las
cosas, la jurisprudencia de esta Corporación[31]
ha enfatizado en que la protección de la estabilidad laboral reforzada otorgada
a los trabajadores en situación de discapacidad sea aplicable aún en los casos
en los que el contrato de trabajo por el cual fue iniciado el vínculo laboral
haya sido suscrito por un término definido o por obra específica. Lo anterior,
por cuanto la protección surge exclusivamente de la constatación de las
condiciones de debilidad manifiesta en que se encuentra el trabajador en
condición de discapacidad y no de las distintas formas contractuales en virtud
de las cuales el empleado presta sus servicios.
En esas
circunstancias, la sentencia T-1083 de 2007[32]
sostuvo que es igualmente aplicable la exigencia oponible al empleador, mediante
la cual, éste puede solicitar y obtener una autorización del inspector de
trabajo cuando desee dar por terminada la relación laboral con fundamento en terminación
del contrato en la fecha originalmente acordada o en la culminación de la obra
para la cual el trabajador fue contratado.
Pero también
en la citada sentencia, esta Corporación indicó que si bien los contratos
celebrados para la ejecución de una obra no tienen en principio un término fijo
para su terminación, ocurre con frecuencia que tal modalidad contractual es
empleada para evadir la aplicación de la legislación ordinaria establecida para
los contratos a término indefinido, razón por la que, a pesar del acuerdo de
voluntades entre el  empleador y el trabajador contenidos en ellos, aquél se
encuentra llamado a obtener la correspondiente autorización del inspector de
trabajo para dar por terminada la relación laboral. Textualmente, en la sentencia
en comento la Corte indicó lo siguiente:
“Al respecto, es importante tener en cuenta que este
tipo de relaciones laborales se constituyen con el objeto de adelantar una
específica tarea que debe ser cuidadosamente determinada al momento del
surgimiento del vínculo y que una vez concluida tendrá como consecuencia la
finalización del mismo. Por tal razón, la aspiración de continuidad es en
principio extraña a este tipo de  contratos, lo cual no obsta para que, en
los casos en los cuales la realidad de la relación permita advertir que el
objeto del contrato no es el desempeño de una obra o labor determinada sino una
prestación continuada, y que por ende, la denominación del mismo constituye más
bien una forma de evadir la estabilidad del mismo, el empleador estará obligado
a requerir de la Oficina del Trabajo la correspondiente autorización para dar
por terminado el contrato de un sujeto de especial protección, como podría
serlo una persona que sufre discapacidad.” (Negrilla fuera del texto original).
Sin embargo, la
Corte Constitucional en la sentencia T-484 de 2009[33] precisó en que:
“… en esta
hipótesis, si bien el vencimiento de dicho lapso y la terminación de la obra
contratada han de ser considerados como modos de terminación del vínculo
laboral que operan ipso jure, siempre y cuando se de el respectivo preaviso, no
es menos cierto que dada la situación en la que se encuentra el empleado, la
correspondiente autorización por parte de la oficina de trabajo permite hacer
valer la expectativa de estabilidad del trabajo en cabeza del empleado
(artículo 53 C. N.), al mismo tiempo que evita que estos argumentos sean
utilizados para separar de su cargo a los trabajadores discapacitados a pesar
de la continuación del objeto social de la empresa y de la necesidad de
conservar dicho empleo para el desarrollo de su objeto social. Lo anterior no
obsta para que en cualquier momento en que el incapacitado o el inválido
incurra en una justa causa de terminación unilateral del contrato, pueda el
empleador tramitar la aludida autorización de despido ante el respectivo
inspector, por cuanto la protección con que cuenta es relativa y no absoluta.
En estos
términos, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la consagración del
derecho a la estabilidad laboral reforzada supone para las personas que sufren
alguna forma de discapacidad una legítima expectativa de conservación de sus
empleos hasta tanto no se configure una causal objetiva, debidamente autorizada
por parte de la autoridad administrativa competente, que autorice la
terminación de dichos vínculos laborales.
En esta
dirección, en sentencia T-263 de 2009[34]
la Corte manifestó lo siguiente:
[L]a
jurisprudencia constitucional ha señalado que cuando la relación laboral
depende de un contrato de trabajo a término fijo o de obra o labor contratada,
el vencimiento del término de dicho contrato o la culminación de la obra, no
significan necesariamente una justa causa para su terminación[35].
De este modo, en todos aquellos casos en que (i) subsistan las causas que
dieron origen a la relación laboral y (ii) se tenga que el trabajador ha
cumplido de manera adecuada sus funciones, el trabajador tiene el derecho de
conservar su trabajo aunque el término del contrato haya expirado o la labor
haya finiquitado[36]
(Énfasis fuera del texto original).
En resumen,
en aquellos casos en los que el juez de tutela encuentre acreditado que la
terminación del contrato de trabajo de quien ha sufrido mengua en su estado de
salud no ha sido llevada a cabo con la autorización por parte de la autoridad
administrativa, deberá dar aplicación a la presunción antes referida en virtud
de la cual se ha de asumir que la causa de dicha desvinculación es,
precisamente, la desmejora de su salud y, por consiguiente, de la disminución
de su capacidad laboral[37].
2.2.5
La obligación de los
empleadores de solicitar la autorización ante el Ministerio del Trabajo para
despedir aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad
La Constitución Política contiene normas que disponen
un tratamiento preferencial para las personas que se encuentran en una
situación mayor de vulnerabilidad, como manifestación del principio de igualdad
material. En efecto, el artículo 13, en los incisos 2 y 3, señala:
“El Estado promoverá las condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos
discriminados o marginados… El Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que
contra ellas se cometan.”
De igual forma, el artículo 47 de la Carta establece
que:
“… el Estado adelantará una política de previsión,
rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y
psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que
requieran”.
En desarrollo de las normas constitucionales la Ley 361
de 1997, señala una protección especial para las personas que se encuentren en
situación de vulnerabilidad, y señala por tanto que su desvinculación laboral
debe ser autorizada por el Ministerio de Trabajo, quien tiene la obligación de
autorizar o no el despido, sin que dicho requisito pueda ser omitido por el
empleador.
En efecto, el artículo 26 de la citada norma señala lo
siguiente:
“En
ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar
una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada
como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna
persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su
limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo.
No obstante,
quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación,
sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán
derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin
perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de
acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen,
adicionen, complementen o aclaren.” (Negrilla y
subrayado fuera del texto)
Por su parte, esta
Corporación en sentencia T- 484 de 2009[38] señaló
que
“… esta obligación no
constituye una mera formalidad sin sentido, por lo cual no es dable que el
Ministerio incumpla con este deber absteniéndose de emitir pronunciamiento
alguno, pues éste tiene la obligación de analizar el caso y emitir su concepto
favorable o no respecto del tema cuestionado. De igual manera, en los casos en
los cuales se alegue una justa causa por parte del empleador, el Ministerio del
Trabajo debe verificar si existe o no la misma, esto en razón a la especial
protección que tienen las personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad por lo que, se debe verificar si en realidad el despido se debe
a la justa causa alegada o es en razón de la condición de vulnerabilidad del
trabajador.”
Siguiendo con esa línea, la sentencia T-467 de 2010[39] precisó la
importancia de proteger a las personas que se encuentran en circunstancias de
indefensión debido a una disminución en su estado de salud. En ella señaló:
“Las personas que han sufrido un
accidente de trabajo y como consecuencia tienen una mengua en su estado de
salud, tienen derecho a la estabilidad laboral reforzada, aun cuando no tengan
una calificación porcentual de invalidez. Este presupuesto es la base para
determinar que su despido no puede obedecer a argumentos netamente legales,
como el despido sin justa causa, pues su condición de salud los convierte en
sujetos de especial protección constitucional y, en consecuencia, deben
buscarse alternativas de inclusión y continuidad en el empleo, mediante la
reubicación y respectiva orientación y capacitación en el nuevo lugar de
trabajo y de no ser posible por factores objetivos es imperativo solicitar
previa autorización al Ministerio de la Protección Social y al pago de
indemnización.”
De esa
manera, la citada sentencia estimó que “… la posibilidad de
despedir a una persona en situación de vulnerabilidad, sin previa autorización
de la Oficina de Trabajo, debiendo el patrono asumir el pago de una
indemnización, (…) no configura una salvaguarda de sus derechos y un
desarrollo del principio de protección especial de la cual son destinatarios,
por razón de su debilidad manifiesta, toda vez que la protección de esta forma
establecida es insuficiente respecto del principio de estabilidad laboral
reforzada que se impone para la garantía de su derecho al trabajo, de la
igualdad y del respeto a su dignidad humana.”[40]
De lo anterior se
establece, que los empleadores bajo ningún pretexto pueden omitir dicha
exigencia para la desvinculación de una persona que se encuentra en situación
de vulnerabilidad, ni aun pagando la indemnización, puesto que el despido sin
la previa autorización del Ministerio de Trabajo, es considerado como ineficaz,
y por lo tanto, la indemnización no lo faculta para realizarlo, sino que es una
consecuencia de éste. Por otro lado, el Ministerio tiene el deber de
pronunciarse respecto de la solicitud de autorización del despido de una
persona en situación de vulnerabilidad, esto debido a la especial protección
constitucional de la que gozan los mencionados.
Con fundamento en las consideraciones
hasta ahora desarrolladas, esta Sala de Revisión procede a resolver la
pretensión de amparo interpuesta por los accionantes.
2.
LOS CASOS CONCRETOS
De acuerdo con las consideraciones expuestas, la Sala
reiterará la jurisprudencia  referente a que  la acción de tutela es el
mecanismo idóneo y eficaz, para la protección laboral reforzada, cuando
lo que se busca es garantizarles a las personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales.[41] De esta
manera y de acuerdo con lo preceptuado en la parte motiva, aunque no existe un
derecho absoluto a permanecer en el empleo, la desvinculación laboral de estas
personas sólo podrá efectuarse con la previa autorización del Ministerio de
Trabajo.
Así lo que se busca, es proteger a las personas que
como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad, han sufrido un
deterioro en su salud durante el desarrollo de sus funciones.
Hecha esta aclaración, pasa la sala en un primer lugar
a realizar un análisis de la procedencia de la acción de tutela en todos los
casos objeto de estudio.
2.1.
PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES
DE TUTELA
La Corte Constitucional ha establecido en
reiteradas ocasiones la improcedencia de la acción de tutela para solicitar
reintegros laborales, puesto que existen otros medios de defensa judicial a los
cuales el actor puede acudir para lograr lo pretendido; no obstante,
excepcionalmente es aceptada la viabilidad del amparo, cuando se establece que
aquellos mecanismos de defensa no son idóneos o  se requiere la urgente
intervención del juez de tutela para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable.
De igual manera, esta Corporación ha establecido como
excepción a la regla general de improcedencia, que se trate de un trabajador
que se encuentre en situación de debilidad manifiesta o en circunstancia que le
otorgue el derecho a permanecer en su empleo, es decir, en una circunstancia
que le otorgue el derecho a la estabilidad laboral reforzada como es el caso de
las personas que han sufrido un deterioro en su salud durante el desarrollo de
sus funciones.
En  estos casos, la acción de tutela es el medio
idóneo y preferente, en razón a  la protección laboral reforzada que
consagra explícitamente el texto constitucional a favor de las personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad. Lo anterior no significa que siempre
que las personas se encuentren en situación de vulnerabilidad deben permanecer
en su cargo, sino que su desvinculación laboral solo podrá efectuarse con
previa autorización del Ministerio de Trabajo.
Analizados los
antecedentes y teniendo en cuenta las consideraciones ya expuestas sobre la
procedencia excepcional de la acción de tutela para obtener el reintegro laboral,
puede verificarse en todos los casos objeto de estudio que: (i) los
accionantes son sujetos de especial protección constitucional, debido a que
como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad han sufrido un
deterioro en su salud, razón por la cual se encuentran en situación de
vulnerabilidad. Además, no cuentan con medios económicos para procurar su
subsistencia ni la de su núcleo familiar pues su crítico estado de salud les
impide acceder por el momento al campo laboral y, (ii) fueron retirados
de sus cargos sin la previa autorización del Ministerio de Trabajo, razón por
la cual el despido carece de validez.
En lo
concerniente al requisito de inmediatez, observa la Sala que en las acciones
objeto de estudio, se cumplen por cuanto fueron presentadas en un término
razonable desde el momento de su desvinculación. Sumado al hecho de que el
perjuicio persiste, toda vez que los accionantes se encuentran sin empleo y en
situación de vulnerabilidad.
Por otro lado,
constituye una conducta legítima de los accionantes ejercitar la acción de
tutela, pues se trata de sujetos de especial protección constitucional quienes,
ante los diferentes despidos y terminación de sus contratos laborales, no
tienen otro mecanismo más eficaz para solicitar la defensa de sus derechos
fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital y a la
seguridad social.
2.2
ESTUDIO DE LA PRESUNTA
VULNERACIÓN
2.2.1
EXPEDIENTE T-3.962.808
Establecida la situación fáctica que dio origen a la
presente acción de tutela, la Sala procede a establecer si la empresa Carvajal
Tecnología y Servicios S.A.S., y Sertempo Gente Activa, vulneraron los derechos
fundamentales a la integridad física, a la salud, al trabajo, al debido proceso
y a la estabilidad laboral reforzada de la señora Natalia Andrea Escudero
Quiroz, al despedirla de su cargo sin tener en cuenta su situación de
vulnerabilidad y, sin la previa autorización del Ministerio de Trabajo.
De los hechos narrados por la accionante,
se encuentra acreditado que entró a laborar en Carvajal Tecnología y Servicios
S.A.S. a través de la empresa de Servicios Temporales Sertempo Gente Activa,
desde el 14 de febrero de 2012, para lo cual le realizaron los exámenes médicos
de ingreso, encontrándose en buen estado de salud.
Igualmente, de las pruebas aportadas al
proceso se tiene que en el mes de marzo de ese mismo año, presentó fuertes
dolores como consecuencia de una infección urinaria, según lo determinado por
los exámenes de laboratorio. Dicha enfermedad le ocasionó varias incapacidades,
incluida una intervención quirúrgica en el mes de diciembre del mismo año,
reiniciando sus labores el 30 de enero de 2013.
Como resultado de lo anterior, la empresa Sertempo
Gente Activa, terminó su contrato el 13 de febrero de 2013, sin justificación
alguna y sin previa autorización del Ministerio de Trabajo, esto sin tener en
cuenta que la accionante se encontraba en situación de vulnerabilidad y por
tanto gozaba de especial protección constitucional.
De lo anterior se evidencia, que dicho
despido carece de validez ya que no obra autorización del ente encargado de
ello. Además, su padecimiento la ha dejado en situación de vulnerabilidad,
razón por la cual necesita de su trabajo para aportar económicamente en su
hogar y poder vivir con su familia en condiciones dignas, puesto que debido a
su padecimiento le es más complicado en estos momentos, ser contratada por otra
entidad.
De igual forma, no consta dentro del
plenario que el empleador haya acudido al Ministerio de la Protección Social
para solicitar la autorización de despido de la accionante. Recuérdese que la
garantía de la estabilidad laboral reforzada implica para el empleador la
observancia de un procedimiento establecido en la Ley 361 de 1997 que cobija a
los trabajadores en situación de vulnerabilidad, independientemente de la
existencia del dictamen de pérdida de capacidad laboral, pues la única
circunstancia que es relevante en estos eventos es que objetivamente se
verifique su especial estado de salud durante o con ocasión de su trabajo y lo
sitúe en un estado de debilidad manifiesta.
Como se afirmó en líneas anteriores, el empleador
puede despedir a un trabajador en esa situación pero observando un debido
proceso, esto es, acudir a la autoridad competente para que verifique la causal
objetiva que dará lugar al despido o terminación del contrato, pues en caso
contrario la garantía de la estabilidad laboral reforzada quedaría sin
contenido. Lo anterior, busca evitar conductas reprochables como aquella que
pretende encubrir actos discriminatorios a través de argumentos que prima facie
se encuentran ajustados a derecho.
La consecuencia jurídica y constitucional de la
inobservancia de la solicitud de dicho permiso ante el Ministerio de la
Protección Social, da lugar a presumir que el despido o la terminación del
contrato tuvo como origen el deterioro en la salud del trabajador.
Esta situación no es acorde con los principios y
criterios constitucionales establecidos por la jurisprudencia de esta
Corporación, en virtud de los cuales las personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad, son sujetos de especial protección constitucional
y no pueden ser despedidos sin que obre autorización proferida por la oficina
de trabajo.
En resumen: (i) no procede el despido de una persona
en situación de vulnerabilidad sin que exista autorización del Ministerio de
Trabajo, (ii) cuando el empleador alega justa causa, el Ministerio debe
verificar si la causal alegada es justa o no, esto con la finalidad de proteger
al trabajador que se encuentra en situación de vulnerabilidad, y (iii) aun
existiendo indemnización, no procede el despido sin previa autorización.
Para la Sala es
evidente que la accionante al momento del despido se encontraba en situación de
vulnerabilidad, debido a que se encontraba aún en tratamiento médico como
consecuencia de padecimiento de salud, razón por la cual la empresa Sertempo
Gente Activa, debió acudir al Ministerio de Trabajo para que expidiera la
correspondiente autorización a fin de legalizar su desvinculación. Por esa
razón, esta Sala de Revisión revocará los fallos de instancia proferidos por el
Juzgado Veintinueve Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Medellín, el 24 de abril de 2013, y del Juzgado Quince Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Medellín, el 4 de junio de 2013, quienes negaron
las pretensiones de la actora. En su lugar, se ampararán los derechos fundamentales
de la señora Natalia Andrea Escudero Quiroz, a la estabilidad laboral, al
mínimo vital  y a la vida en condiciones dignas.
En consecuencia, la Sala ordenará a la empresa
Sertempo Gente Activa, que reintegre a la señora Natalia Andrea Escudero Quiroz
a un cargo en el que pueda desempeñar sus funciones de acuerdo con la
enfermedad que padece, y la cancelación de todos los salarios y prestaciones
sociales dejados de percibir desde su desvinculación hasta el momento en que
efectivamente sea vinculada sin que medie solución de continuidad. Además, debe
tener en cuenta las observaciones del médico laboral para realizar dicho
reintegro, y si es preciso, deberá brindarle una inducción previa al desarrollo
de su nueva actividad laboral.
Por último, se advierte al empleador que la
terminación del contrato con la accionante sólo podrá efectuarse con previa
autorización del Ministerio de Trabajo.
2.2.2
EXPEDIENTE T-3. 965.218
En el caso presente, se estudia la
situación del señor Luis Gabriel
Quintero Rojas, quien a pesar de haber sufrido secuelas parciales
permanentes como consecuencia de un accidente de trabajo, fue despedido sin la
autorización del Ministerio de Trabajo.
De acuerdo con lo aportado al proceso, el accionante ingresó
a laborar por contrato de duración por obra como albañil en la empresa
MANSAROVAR ENERGY LTDA., enviado en comisión por la firma  Construcciones
Rampint S.A.S. desde el mes de marzo de 2012.
En el caso objeto de estudio, se observa que el
tutelante mientras se encontraba cumpliendo con una de sus labores en la
empresa demandada, sufrió un accidente de trabajo que le afectó la columna,
ocasionándole fuertes dolores.
Dentro de las pruebas aportadas, se encuentra
acreditado que el accidente no fue reportado por la empresa accionada por lo
que el trabajador tuvo que recurrir a la EPS de su esposa para que le atendiera
por urgencias, debido a los fuertes dolores que le generaba el trauma de
columna. El médico tratante especialista en ortopedia le ordenó una resonancia
magnética, la cual arrojó serios resultados que le ocasionaron una incapacidad
inicial de un mes a partir del 21 de agosto de 2012.
En el expediente se
encuentra además acreditado, que a raíz de una nueva incapacidad generada a
partir del 9 de noviembre de 2012, su médico tratante le ordenó un
procedimiento quirúrgico de inmediato, el cual fue programado para el 16 de
abril de 2013.
De igual forma, se
evidencia que la empresa accionada tenía pleno conocimiento de la situación de
vulnerabilidad en la que se encontraba el actor, ya que en varias ocasiones, éste
había solicitado que se reportara el accidente de trabajo a fin de que fuera
atendido por la ARP y se hicieran las recomendaciones del caso. Razón por la
cual, en vista de la negativa de la empresa de reportar el hecho, puso en
conocimiento de la Inspección del Trabajo las irregularidades señaladas, y
entre otras, la reducción de su mesada hasta en un 50%.
Así mismo, aseguró el
accionante que no cuenta con otros ingresos para el sustento de su núcleo
familiar, lo cual lo coloca en grave riesgo de afectación a su mínimo vital,
así como no podría sufragar el costo de la cirugía que tiene pendiente
programada por su médico tratante, la cual se programó en la ciudad de Bogotá.
Afirmación que no fue desvirtuada y, por tanto, debe ser tomada como cierta.
De otro lado, consta dentro del
expediente que el empleador acudió al Ministerio del Trabajo para solicitar la
autorización de despido del actor, y sin esperar la respuesta de la autoridad
competente, procedió a dar por terminado el contrato de trabajo con el señor
Luis Gabriel Quintero Rojas, el día 5 de abril de 2013.
Finalmente, el Ministerio del Trabajo,
respondió el 9 de abril de 2013, negando la autorización a la empresa Construcciones
Rampint S.A.S., de dar por terminado con justa causa el contrato de trabajo de
duración por obra  que tenía con el accionante.
Es importante recordar, que la garantía
de la estabilidad laboral reforzada implica para el empleador la observancia de
un procedimiento establecido en la Ley 361 de 1997 que protege a todos los trabajadores
que se encuentran en situación de vulnerabilidad, independientemente de la
existencia del dictamen de pérdida de capacidad laboral, pues la única
circunstancia que es relevante en estos eventos es que objetivamente se
verifique la situación de vulnerabilidad del trabajador durante o con ocasión
de su trabajo y lo sitúe en un estado de debilidad manifiesta.
En conclusión, para la Sala es claro que
el trabajador se encontraba en situación de vulnerabilidad cuando fue retirado
de su trabajo, debido al accidente sufrido por éste dentro de las instalaciones
de la empresa donde laboraba, y, para que su despido se hiciera  efectivo, se
requería la autorización de la entidad correspondiente para que verificara la
causal objetiva del despido o terminación del contrato, pues en caso contrario
la garantía de la estabilidad laboral reforzada quedaría sin contenido. Lo
anterior, busca evitar conductas reprochables como aquella que pretende
encubrir actos discriminatorios a través de argumentos que prima facie se
encuentran ajustados a derecho.
En el presente caso, el empleador no esperó una
respuesta de la Inspección del Trabajo para dar por terminada la relación
laboral, que en último caso, fue negativa para la accionada. Esta consecuencia
jurídica y constitucional de la inobservancia por parte del empleador, da lugar
a presumir que el despido o la terminación del contrato tuvo como origen la
situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el trabajador.
Como quiera que están
acreditados todos los requisitos para que proceda la protección de los derechos
fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a la seguridad social, y al
mínimo vital, la Sala ordenará revocar los fallos de instancia proferidos por
el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Puerto Boyacá, el 26 de abril de
2013, y del Juzgado Penal del Circuito de Puerto Boyacá, el 11 de junio de
2013, quienes negaron las pretensiones del actor. En su lugar, se ampararán los
derechos fundamentales del señor Luis Gabriel Quintero Rojas, a la estabilidad
laboral, al mínimo vital  y a la vida en condiciones dignas.
En consecuencia, la Sala ordenará a la empresa
Construcciones Rampint S.A.S., que reintegre de inmediato al señor Luis Gabriel
Quintero Rojas, a un cargo en el que pueda desempeñar sus funciones de acuerdo
con las limitaciones que presenta, y la cancelación de todos los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir desde su desvinculación hasta el
momento en que efectivamente sea vinculado sin que medie solución de
continuidad. Además, debe tener en cuenta las observaciones del médico laboral
para realizar dicho reintegro y si es preciso deberá brindarle una inducción
previa al desarrollo de su nueva actividad laboral.
Se advierte al empleador que la terminación del
contrato con el accionante sólo podrá efectuarse con previa autorización del
Ministerio de Trabajo.
2.2.3
EXPEDIENTE T-3. 969.437
Analizada la situación
fáctica, le corresponde a la Sala definir si la firma EQUINOX LTDA., vulneró
los derechos fundamentales invocados por  el señor James Morales, al
terminar unilateralmente el contrato de trabajo a término fijo inferior a un
año en el cargo de operario, el cual había sido renovado por períodos iguales
desde junio de 2008.
De acuerdo con las pruebas que se anexan al
expediente, se encuentra acreditado que el día 9 de julio de 2010, en
cumplimiento de sus funciones, el accionante sufrió un accidente de trabajo que
le produjo un fuerte dolor en la espalda sin que se le diera atención por parte
de la empresa.
También se encuentra acreditado, que reporta varias
entradas a urgencia en la IPS Clínica Cali Norte adscrita a la EPS Coomeva, así
como una hospitalización el día 12 de julio de 2010. Por ello, el médico
tratante le ordenó varias terapias y le diagnosticó ‘afección de osteofito
anterior de cuerpo vertebral de L4-L5 y ligera disminución del espacio L5-S1’
lo que limitó su movilidad, razón por la cual la Junta Regional de Invalidez lo
calificó con el 17,55% de pérdida de capacidad laboral, con fecha de
estructuración del 10 de octubre de 2010.
De igual forma, como consecuencia de su afección fue
intervenido quirúrgicamente de la rodilla derecha, situación que le generó una
incapacidad desde el 7 de mayo de 2012 hasta el 17 de septiembre del mismo año.
Además, presentó episodios depresivos que lo incapacitaron en varias
oportunidades, incluyendo el mes de diciembre de 2012, fecha en la cual se
vencía su contrato de obra, y del cual no fue notificado sino hasta el mes de
enero de 2013, fecha en que terminó su incapacidad y se presentó laborar en la
empresa accionada.
La Sala observa, que en este caso el empleador tenía
pleno conocimiento de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba el
tutelante, y, pese a ello terminó su contrato laboral sin solicitar la previa
autorización del Ministerio de Trabajo.
En un principio para emprender el
estudio de lo planteado, es necesario reiterar que esta Corporación ha indicado
que estabilidad laboral reforzada es un derecho fundamental de aplicación
inmediata del cual hacen parte integral una serie de garantías, como lo son la
debida protección y el restablecimiento de derechos e intereses de los
individuos que se encuentran en estado de debilidad manifiesta debidamente
probada, tal como ocurre en el presente caso, donde el  accionante, pese a
padecer una enfermedad laboral, fue desvinculado de su trabajo sin justa causa
y, sin previa autorización de la entidad competente para ello.
De igual forma la
jurisprudencia constitucional ha indicado que esta garantía, a su vez, implica
(i) el derecho a conservar su trabajo; (ii) a no ser despedido en razón de la
situación de vulnerabilidad; (iii) a permanecer en el empleo hasta que se
requiera y siempre que no se configure una causal objetiva que conlleve la
desvinculación del mismo y; (iv) a que la autoridad laboral competente autorice
el despido, con la previa verificación de la estructuración de la causal
objetiva, no relacionada con la situación de vulnerabilidad del trabajador, que
se aduce para dar por terminado el contrato laboral, so pena que, de no
establecerse, el despido sea declarado ineficaz.
Como se menciono con anterioridad, el empleador puede
despedir a un trabajador en situación de vulnerabilidad, pero observando un
debido proceso, esto es, acudiendo a la oficina de trabajo para que sea esta entidad
quien verifique la causal objetiva que dará lugar al despido o terminación del
contrato, pues en caso contrario la garantía de la estabilidad laboral
reforzada quedaría sin contenido y se desconocería lo dispuesto por esta
Corporación en reiteradas ocasiones sobre la especial protección constitucional
que tienen las personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta.
Siguiendo con la misma línea argumentativa, frente a
las personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta, esta
Corte  ha reiterado la obligación de protegerlas y de mantenerlas en el cargo
hasta tanto se configure una causal justa que amerite su despido, al respecto
en la sentencia T – 554 de 2009[42],
indicó:
“(…) [E]n
aplicación del derecho a la estabilidad laboral reforzada, todo trabajador que
se encuentre en una situación de debilidad manifiesta como resultado de la
grave afectación de su estado de salud, tiene derecho a permanecer en su lugar
de trabajo hasta que se configure una causal objetiva que amerite la
desvinculación laboral, causal que, en todo caso, deber ser  previamente
verificada por el inspector de trabajo o la autoridad que haga sus veces. En
este sentido, se reitera que el derecho a la estabilidad laboral reforzada es
una consecuencia de la grave afectación del estado de salud del trabajador,
afectación que no necesariamente se deriva del estado de invalidez o
discapacidad declarado así por la autoridad competente.
Por lo expuesto se puede concluir que en el caso
objeto de estudio, el despido carece de eficacia jurídica ya que el accionante
es sujeto de especial protección constitucional debido a la situación de
vulnerabilidad en la que se encontraba al momento de su retiro, y por no
existir autorización del Ministerio de Trabajo para que este se efectuara.
En este caso en
concreto, la Sala encontró acreditados todos los requisitos para que proceda la
protección de los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a
la seguridad social, a la salud, al trabajo, a la igualdad y al mínimo vital
del accionante, razón por la cual, procederá a revocar los fallos de instancia
proferidos por el Juzgado Veinte Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Cali, el 15 de febrero de 2013, y del Juzgado Dieciséis Penal del
Circuito de Cali, el 11 de abril de 2013, quienes negaron las pretensiones del
actor. En su lugar, se ampararán los derechos fundamentales del señor James
Morales, a la estabilidad laboral, al mínimo vital  y a la vida en condiciones
dignas.
En consecuencia, esta Sala procederá a ordenar el
reintegro del señor James Morales, a su puesto de trabajo teniendo en cuenta
las observaciones realizadas por su medico tratante, y a la cancelación de todos
los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde su
desvinculación hasta el momento en que efectivamente sea vinculado sin que
medie solución de continuidad.
Se advierte al empleador que la terminación del contrato
con el accionante sólo podrá efectuarse con previa autorización del Ministerio
de Trabajo.
2.2.4
EXPEDIENTE T-3. 973.690
Se estudia la situación de la señora Claudia
Patricia Burgos Arévalo, quien a pesar de haber sufrido una enfermedad
laboral, fue despedida de la empresa Activos S.A., sin tener en cuenta su
situación de vulnerabilidad  y, sin previa autorización del Ministerio de
Trabajo.
Situación ésta que no se encuentra acorde con los
criterios establecidos por esta Corporación, toda vez que reiteradamente se ha
dicho que las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad porque
han sufrido une merma en su salud como consecuencia del desarrollo de sus labores, son sujetos de especial
protección constitucional y no pueden ser despedidos sin que obre autorización
proferida por la oficina de trabajo.
En el caso objeto de estudio se encuentra probado que la
accionante se vinculó a la empresa accionada a través de un contrato de obra o
labor desde el 2 de enero de 2013, para desempeñar el cargo de ayudante de
operación en la empresa Flores Ipanema LTDA.
Igualmente se tiene, que el empleador tenía pleno
conocimiento de la situación en la que se encontraba la accionante, toda vez
que fue incapacitada en varias ocasiones como consecuencia de una tendinitis en
ambos brazos, hecho que no fue desvirtuado por la empresa Activos LTDA. Además,
el 18 de febrero de 2013, la accionada le envío oficio informando la terminación
del contrato a sabiendas de la situación de vulnerabilidad en la que se
encontraba la accionante, por cuanto para esa fecha se encontraba incapacitada,
como se observa de la prueba obrante a folio 12 del expediente, y su despido no
contó con la autorización del Ministerio de Trabajo.
Esta conducta constituye una falta al deber de
solidaridad y desconoce la estabilidad laboral reforzada que esta Corte que ha
establecido para aquellos trabajadores que se encuentran en situación de
debilidad manifiesta como es el caso de la peticionaria.
Por lo mencionado con anterioridad, esta Sala
encuentra probado que al momento del despido de la accionante ésta se
encontraba en estado de vulnerabilidad, siendo conocida esta situación por la
empresa accionada toda vez que la EPS le remitió una serie de recomendaciones
sobre cambio de labor donde se evitara los movimientos repetitivos. Razón que
lleva a ésta Sala a concluir, que la razón del retiro de la señora Claudia
Patricia Burgos se debió a que se encontraba disminuida como producto del
deterioro de su salud. Por lo tanto, la decisión del trabajador carece de
eficacia jurídica por no existir autorización previa del Ministerio de Trabajo.
En el caso objeto de estudio la Sala encontró
acreditados todos los requisitos para que proceda la protección de los derechos
fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo, a la vida digna,
a la igualdad, a la salud, a la seguridad social y al mínimo vital de la accionante,
y por tanto revocará los fallos de instancia proferidos por el Juzgado Civil
Municipal de Facatativá, Cundinamarca, el 2 de abril de 2013, y del Juzgado
Segundo Civil del Circuito Facatativá, Cundinamarca, el 7 de mayo de 2013,
quienes negaron las pretensiones de la actora.
En consecuencia, la Sala ordenará a la empresa Activos
LTDA., reintegrar a la señora Claudia Patricia Burgos Arévalo a un cargo en el
que pueda desempeñar sus funciones de acuerdo con su situación de salud, y a la
cancelación de todos los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir
desde su desvinculación hasta el momento en que efectivamente sea vinculada sin
que medie solución de continuidad. Además, debe tener en cuenta las
observaciones del médico laboral para realizar dicho reintegro y si es preciso
deberá brindarle una inducción previa al desarrollo de su nueva actividad
laboral.
Se advierte al empleador que la terminación del
contrato con la accionante sólo podrá efectuarse con la previa autorización del
Ministerio del Trabajo.
3.
DECISIÓN
En mérito
de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO: En el expediente T-3.962.808 REVOCAR los
fallos de instancia proferidos por el Juzgado Veintinueve Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Medellín, el veinticuatro (24) de abril de dos
mil trece (2013), y del Juzgado Quince Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Medellín, el cuatro (4) de junio de dos mil trece (2013), quienes
negaron las pretensiones dentro del trámite de la acción de tutela instaurada
por la señora Natalia Andrea Escudero Quiroz, contra la empresa Sertempo
Gente Activa. En su lugar CONCEDER la tutela de los derechos
fundamentales de la señora Natalia Andrea Escudero Quiroz, a la estabilidad
laboral, al mínimo vital  y a la vida en condiciones dignas, por las razones
expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.
SEGUNDO: En consecuencia, ORDENAR  a la empresa
Sertempo Gente Activa, para que en el término máximo de cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, reintegre
a la señora Natalia Andrea Escudero Quiroz a un cargo en el que pueda
desempeñar sus funciones de acuerdo con la enfermedad que padece, y a la
cancelación de todos los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir
desde su desvinculación hasta el momento en que efectivamente sea vinculada sin
que medie solución de continuidad, y efectuar, a favor de la actora, la
indemnización prevista en la Ley 361 de 1997 (Art. 26), equivalente a ciento
ochenta (180) días de salario. Además, debe tener en cuenta las observaciones
del médico laboral para realizar dicho reintegro, y si es preciso, deberá
brindarle una inducción previa al desarrollo de su nueva actividad laboral.
TERCERO: ADVERTIR a
la empresa Sertempo Gente Activa, que la terminación del contrato con la señora
Natalia Andrea Escudero Quiroz sólo podrá efectuarse con previa
autorización del Ministerio de Trabajo.
CUARTO: En el Expediente T-3.965.218, REVOCAR los fallos de instancia proferidos
por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Puerto Boyacá, el veintiséis (26)
de abril de dos mil trece (2013) que concedió la tutela como mecanismo
transitorio, y del Juzgado Penal del Circuito de Puerto Boyacá, el once (11) de
junio de dos mil trece (2013), quien revocó la sentencia anterior y negó las pretensiones
dentro del trámite de la acción de tutela instaurada por el señor Luis
Gabriel Quintero Rojas, contra la empresa Construcciones Rampint S.A.S. En
su lugar, CONCEDER la tutela de los derechos fundamentales del señor
Luis Gabriel Quintero Rojas, a la estabilidad laboral, al mínimo vital  y a la
vida en condiciones dignas, por las razones expuestas en la parte considerativa
de esta sentencia.
QUINTO:
ORDENAR a la empresa Construcciones
Rampint S.A.S., para que en el término máximo de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la notificación de esta providencia, reintegre de
inmediato al señor Luis Gabriel Quintero Rojas, a un cargo en el que
pueda desempeñar sus funciones de acuerdo con las limitaciones que presenta, y
a la cancelación de todos los salarios y prestaciones sociales dejados de
percibir desde su desvinculación hasta el momento en que efectivamente sea
vinculado sin que medie solución de continuidad, y efectuar, a favor del actor,
la indemnización prevista en la Ley 361 de 1997 (Art. 26), equivalente a ciento
ochenta (180) días de salario. Además, debe tener en cuenta las observaciones
del médico laboral para realizar dicho reintegro y si es preciso deberá
brindarle una inducción previa al desarrollo de su nueva actividad laboral.
SEXTO:
ADVERTIR a la empresa Construcciones Rampint S.A.S., que la
terminación del contrato con el señor Luis Gabriel Quintero Rojas sólo
podrá efectuarse con previa autorización del Ministerio de Trabajo.
SÉPTIMO: En el expediente T-3.969.437, REVOCAR los fallos de instancia proferidos por el Juzgado
Veinte Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali, el quince
(15) de febrero de dos mil trece (2013), y del Juzgado Dieciséis Penal del
Circuito de Cali, el once (11) de abril de dos mil trece (2013), que declararon
improcedente la acción de tutela instaurada por el señor James Morales, contra
la empresa EQUINOX LTDA. En su lugar, CONCEDER la protección de los
derechos fundamentales del señor James Morales, a la estabilidad
laboral, al mínimo vital  y a la vida en condiciones dignas, por las razones
expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.
OCTAVO:
En consecuencia, ORDENAR a la
firma EQUINOX LTDA., PARA que en el término máximo de cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, reintegre
al señor James Morales a un cargo en el que pueda desempeñar sus
funciones de acuerdo con sus limitaciones, y a la cancelación de todos los
salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde su desvinculación
hasta el momento en que efectivamente sea vinculado sin que medie solución de
continuidad, y efectuar, a favor del actor, la indemnización prevista en la Ley
361 de 1997 (Art. 26), equivalente a ciento ochenta (180) días de salario.
Además, debe tener en cuenta las observaciones del médico laboral para realizar
dicho reintegro y si es preciso deberá brindarle una inducción previa al
desarrollo de su nueva actividad laboral.
NOVENO:
ADVERTIR a la
firma EQUINOX LTDA., que la terminación del contrato con al señor James
Morales sólo podrá efectuarse con previa autorización del Ministerio de
Trabajo.
DÉCIMO:
En el expediente T-3.973.690,
REVOCAR los fallos de instancia
proferidos por el Juzgado Civil Municipal de Facatativá, Cundinamarca, el dos (2)
de abril de dos mil trece (2013), y del Juzgado Segundo Civil del Circuito
Facatativá, Cundinamarca, el siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), que
declararon improcedente la acción de tutela instaurada por la señora Claudia
Patricia Burgos Arévalo, contra la empresa Activos S.A. En su lugar, CONCEDER
la protección de los derechos fundamentales a la estabilidad laboral
reforzada, a la seguridad social, a la salud, al trabajo, a la igualdad y al
mínimo vital de la señora Claudia Patricia Burgos Arévalo, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
DÉCIMO
PRIMERO: En consecuencia, ORDENAR
a la empresa Activos S.A., que en el término máximo de cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, reintegre
a la señora Claudia Patricia Burgos Arévalo a un cargo en el que pueda
desempeñar sus funciones de acuerdo con sus limitaciones, y a la cancelación de
todos los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde su
desvinculación hasta el momento en que efectivamente sea vinculado sin que
medie solución de continuidad, y efectuar, a favor de la actora, la
indemnización prevista en la Ley 361 de 1997 (Art. 26), equivalente a ciento
ochenta (180) días de salario. Además, debe tener en cuenta las observaciones
del médico laboral para realizar dicho reintegro y si es preciso deberá
brindarle una inducción previa al desarrollo de su nueva actividad laboral.
DÉCIMO
SEGUNDO: ADVERTIR a la
empresa Activos S.A., que la terminación del contrato con la señora Claudia
Patricia Burgos Arévalo sólo podrá efectuarse con previa autorización del
Ministerio de Trabajo.
DÉCIMO TERCERO: Para los efectos del artículo 36 del decreto 2591 de
1991, el juzgado de origen hará las notificaciones y tomará las medidas
conducentes para el cumplimiento de esta sentencia.
DÉCIMO
CUARTO: El desacato a lo aquí
dispuesto se sancionará en la forma prevista por el artículo 52 del Decreto
2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Se encuentra firmado por dos testigos que dieron fe de ésta no se
quiso notificar por voluntad propia.
[2] Sentencia  T-1015 de 2008 MP. Jaime Córdoba Triviño.
[3] Sentencia T- 417 de 2010 MP. María Victoria Calle Correa.
[4] Ibídem.
[5] MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[6] MP. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[7] MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[8]  Sentencia T-777 de 2011 MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Ver
entre otras, las sentencias T-742 de 2011 y  T-677 de 2009.
[9] Ibídem.
[10] Sentencia T-125 de 2009 MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
[11] Sentencia T- 742 de 2011 MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[12] Ibídem.
[13]MP. Rodrigo Escobar Gil.
[14] MP. Luís Ernesto Vargas Silva.
[15]MP.
María Victoria Calle Correa.
[16] MP.  Humberto Antonio Sierra Porto.
[17] MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[18] El artículo 53 de la Constitución Política establece: “El Congreso expedirá el estatuto
del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los
siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los
trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir
y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al
trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas
por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la
capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a
la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al
reajuste periódico de las pensiones legales.
Los convenios internacionales del trabajo debidamente
ratificados, hacen parte de la legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo,
no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los
trabajadores.”
[19] Sentencia T-484 de 2009 MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
[20] La Ley 1562 del 11 de julio de 2012, que actualizó el
Decreto Ley1295 de 1994 y la Ley 776 de 2002, le sustituyó la denominación de
Administradora de Riesgos Profesionales ARP por la actual, Administradora de
Riesgos Laborales ARL, así como redefine o precisa conceptos fundamentales.
[21] MP. Álvaro Tafur Gálvis.
[22] Sentencia C-453 de 2002: “El
Legislador acoge en esta materia [relativa al
Sistema de riesgos profesionales]  la teoría del riesgo creado  en la que no
se toma en cuenta la culpa del empleador  sino que se establece una
responsabilidad objetiva  por cuya virtud resulta obligado a reparar los
perjuicios  que sufre el trabajador  al desarrollar su labor en actividades  de
las que  el empresario obtiene un beneficio”
[23] Sentencia T- T-484 de 2009 MP. Humberto
Antonio Sierra Porto.
[24] MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
[25] Modificado por el art. 137,
Decreto Nacional 019 de 2012. “En ningún caso la limitación
de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a
menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e
insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona
limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su
limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo.”
[26] MP. Álvaro Tafur Galvis.
[27] Sentencia T-263 de 2009 MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
[28] MP. Rodrigo Escobar Gil.
[29]MP.
Marco Gerardo Monroy Cabra. Ver entre otras, las Sentencias T-039 de 2010 MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T- 467 de 2010 MP. Jorge Iván Palacio
Palacio.
[30] Sentencia T-449 de 2008 MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
[31] Sentencia T-484 de 2008 MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
[32] MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
[33] MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
[34] MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
[35] Sentencia T-1083 de 2007. En esta oportunidad, esta Corporación
precisó: “La Sala
considera pertinente esbozar algunas consideraciones respecto del tipo de
contratos de trabajo frente a los cuales opera la estabilidad laboral
reforzada consagrada a favor de los discapacitados. Al respecto, cabe
destacar que dicha protección no se aplica exclusivamente a los contratos de
trabajo celebrados por un término indefinido, puesto que la jurisprudencia
constitucional ha encontrado necesario hacer extensiva la exigencia de
autorización de la Oficina del Trabajo a las hipótesis de no renovación de los
contratos a término fijo. En tal sentido, se ha
señalado que el vencimiento del plazo inicialmente pactado o de una de las
prórrogas, no constituye razón suficiente para darlo por terminado,
especialmente cuando el trabajador es sujeto de especial protección
constitucional. Para dar por terminado un contrato de trabajo que involucra
a un sujeto de especial protección y que, pese a haber sido celebrado por un
plazo determinado, de conformidad con el principio de primacía de la realidad
sobre las formas, envuelve una relación laboral cuyo objeto aún no ha cesado,
no basta el cumplimiento del plazo, sino que deberá acreditarse además, el
incumplimiento por parte del trabajador de las obligaciones que le eran exigibles.
Y es que, en última instancia, lo que determina la posibilidad de dar por
terminada la relación laboral en la que es parte uno de estos sujetos es la
autorización que para tal efecto confiera la Oficina del Trabajo, entidad que para el efecto examinará, a la luz del principio antes mencionado, si la decisión
del empleador se funda en razones del servicio y no en motivos
discriminatorios, sin atender a la calificación que formalmente se le halla
dado al vínculo laboral.” (Negrilla fuera del
texto original).
[36] Sobre el particular, en la sentencia C-016 de 1998, mediante la cual
la Corte analizó la constitucionalidad de los artículos 46 y 61 del Código
Sustantivo del Trabajo, esta Corporación precisó: "[E]l sólo
vencimiento del plazo inicialmente pactado, producto del acuerdo de voluntades,
no basta para legitimar la decisión del patrono de no renovar el contrato,
sólo así se garantizará, de una parte la efectividad del principio de
estabilidad, en cuanto “expectativa cierta y fundada” del trabajador de
mantener su empleo, si de su parte ha observado las condiciones fijadas por el
contrato y la ley, y de otra la realización del principio, también consagrado
en el artículo 53 de la Carta Política, que señala la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral.”
(Negrilla fuera del texto original).
[37]
En la sentencia T-1083 de 2007 la Corte manifestó lo siguiente: “3.5 En virtud de lo anterior, si el
juez constitucional logra establecer que el despido o la terminación del
contrato de trabajo de una persona cuya salud se encuentra afectada seriamente
se produjo sin la autorización de la autoridad del trabajo, deberá presumir que
la causa de desvinculación laboral es la circunstancia de debilidad e indefensión
del trabajador y, por tanto concluir, que se causó una grave afectación de los
derechos fundamentales del accionante. Así, el juez deberá conceder el amparo
invocado, declarar la ineficacia del despido y ordenar su reintegro a un cargo
acorde con su situación especial”.
[38] MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
[39] MP. Jorge Iván Palacio Palacio.
[40] Sentencia T-484 de 2009 MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
[41] Ibidem
[42] MP. Luis Ernesto Vargas Silva.