SU499-16
Sentencia SU499/16
PRINCIPIO
DE INMEDIATEZ COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Debe
ponderarse bajo el criterio del plazo razonable y oportuno
PRINCIPIO
DE INMEDIATEZ Y VULNERACION DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL POR NO
RECONOCIMIENTO DE PENSION DE SOBREVIVIENTES-Vulneración persiste en el
tiempo
En
aquellos casos en que la acción de tutela se interponga contra una providencia
judicial, que sustentó la negación del derecho a la pensión de sobreviviente en
una norma inconstitucional, el requisito de inmediatez debe analizarse bajo el
presupuesto de que la falta de pensión puede generar una vulneración que
permanece en el tiempo de manera continua. Además, como se expuso previamente,
dada la relevancia constitucional del derecho a la pensión y su carácter
imprescriptible e irrenunciable su falta de garantía pone en riesgo el goce
efectivo de otros derechos fundamentales.
INCONSTITUCIONALIDAD
DEL REQUISITO DE FIDELIDAD CONSAGRADO EN EL ARTICULO 12 DE LA LEY 797/03-Reiteración
de jurisprudencia
REQUISITO
DE FIDELIDAD PARA PENSION DE SOBREVIVIENTES DE AFILIADO-Declaración de
inconstitucionalidad en sentencia C-556/09 por ser una medida regresiva que
desconoce la naturaleza de la prestación
En primer
lugar, la inconstitucionalidad del requisito de fidelidad se configura en la
medida que desconoce el principio de progresividad. En segundo lugar, los
operadores jurídicos tienen el deber de inaplicar medidas regresivas en materia
de derecho a la pensión de invalidez y de sobreviviente. En tercer lugar, es irrelevante
el momento en que fallece el cotizante principal, toda vez, que la norma fue
desde siempre inconstitucional.
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales
de procedibilidad
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Casos en que niega reconocimiento de
la pensión de sobrevivientes y de la pensión de invalidez, con el argumento de
no cumplir requisito de fidelidad
La Corte Constitucional ha concluido que los
casos en que la jurisdicción ordinaria negó la pensión de sobreviviente bajo el
argumento de la no satisfacción del requisito de fidelidad se configura (i) un
desconocimiento del precedente, (ii) un defecto sustantivo y (iii) una violación
directa a la Constitución.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia
por defecto sustantivo, desconocimiento del precedente constitucional y
violación directa de la Constitución, por cuanto se negó pensión de
sobrevivientes bajo el argumento de la no satisfacción del requisito de
fidelidad
La decisión de
negar el derecho a la pensión de sobreviviente se fundó en el literal ‘a’ del
artículo 12 de la Ley 797 de 2003, norma abiertamente inconstitucional por
constituir una medida regresiva y desconocer el principio de progresividad. Por
lo tanto, los jueces de instancia y la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia debían inaplicar el requisito de fidelidad, por medio de la
excepción de inconstitucionalidad.
Referencia: Expediente T-5548457
Acción de Tutela instaurada por Gloria Elena Londoño Vargas contra
la Sociedad Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, D.C., catorce
(14) de septiembre de dos mil dieciséis (2016).
La Sala Plena de
la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de
la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991, profiere la
siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los fallos de tutela adoptados
por los correspondientes juzgados de instancia, que resolvieron la acción de
tutela interpuesta, mediante apoderado, por Gloria Elena Londoño Vargas contra la Sociedad Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías
Porvenir S.A., la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
I.
ANTECEDENTES
La Corte
Constitucional decidió, mediante auto del veintisiete (27) de mayo de dos mil
dieciséis (2016) proferido por la Sala de Selección Número Cinco, revisar el
expediente T-5548457
fallado en primera instancia por la Sala de Decisión de Tutelas Nº 1 de la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia; y,
en segunda instancia por la Sala de Casación Civil de esa misma
Corporación. Enseguida se exponen los hechos relevantes y las decisiones de
instancia.
1.
De los hechos
1.1.   La
ciudadana Gloria Elena Londoño Vargas solicitó, en su condición de madre
sobreviviente, a la Sociedad Administradora de Fondo de
Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. el reconocimiento de la pensión de
sobreviviente, dado el fallecimiento de su hija Beatriz Elena Arroyave Londoño
el 4 de abril de 2003.
1.2.   El 2 de
octubre de 2003, la entidad requerida respondió negativamente, bajo el
argumento de que no se cumplía el requisito de fidelidad de cotización al
sistema general de pensiones dispuesto por la Ley 797 de 2003, de acuerdo con
el que la pensión de sobrevivientes es procedente cuando el afiliado ha
cotizado el 25% “del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte
años de edad y la fecha del fallecimiento”.
1.3.   La
ciudadana Gloria Elena Londoño Vargas interpuso, mediante apoderado, demanda
ordinaria laboral en la que expresó que dependía económicamente de su hija. El
19 de abril de 2005, el Juzgado Doce Laboral admitió la demanda y llevó a cabo
la etapa probatoria, en la que la demandante reiteró su estado de dependencia económica
en el interrogatorio de parte[1].
En este mismo sentido se pronunciaron, en calidad de testigos[2], Elsy Amparo
González Usme y José Rodrigo Ramírez Ramírez.
1.4.   El 29
de febrero de 2008, el Juzgado Quinto (5º) Laboral de Descongestión del
Circuito de Medellín profirió sentencia condenatoria. De acuerdo con dicha
decisión, la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir
S.A. tenía la obligación de reconocer y pagar la pensión de sobreviviente a
Gloria Elena Londoño Vargas. Lo anterior sustentado en el principio de la
condición jurídica más beneficiosa y fundamentado en las sentencias de la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia del 13 de agosto de 1997
con radicación Nº 9758 y del 10 de mayo de 2007 con radicación Nº 30122.
El Juzgado
Quinto (5º) Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín tuvo en cuenta
las siguientes consideraciones para llegar a esa conclusión. En primer lugar, si
bien la normatividad aplicable es la vigente al momento del fallecimiento del afiliado,
esto es para el caso concreto el artículo 12 de la Ley 797 de 2003[3],
en aplicación del principio de favorabilidad era posible reconocer la pensión
de sobreviviente, pues encontró cumplidos los requisitos establecidos en el
artículo 46 de la Ley 100 de 1993, que exigen (i) una afiliación vigente y (ii)
26 semanas de cotización al momento de la muerte. Dichos requisitos fueron
acreditados por la afiliada antes de la entrada en vigor de la Ley 797 de 2003.
En segundo lugar, señaló que la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones
y Cesantías Porvenir S.A. desconoció la sentencia C-1094 de 2003, al exigir que
se acredite el 25% para cumplir con el requisito de fidelidad, dado que conforme
a dicho precedente se debe exigir un 20%.
Finalmente, el
Juez Quinto (5º) Laboral de Descongestión del Circuito estimó que la ciudadana
Londoño Vargas acreditó la calidad de beneficiaria con dos testimonios que
afirmaron la dependencia económica de la ciudadana Gloria Elena Londoño Vargas.
Consideró que el hecho de que ella trabaje tres días a la semana haciendo aseo
en una casa, no desconoce que entre ella y la afiliada había una situación de
dependencia económica y esas labores no implicaban que fuera una persona
autosuficiente en términos económicos.
1.5.   La
Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.
interpuso recurso de apelación contra la decisión de primera instancia,
solicitando como pretensión principal que se revoque la sentencia dictada por
el Juzgado Quinto (5°) Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín; y,
como subsidiaria que sea considerada la excepción de compensación y sean
reducidas las costas.
Porvenir S.A.
sustentó su inconformidad con el fallo en la aplicación del efecto general
inmediato de una norma, previsto en el artículo 2 de la Ley 153 de 1887. Adicionalmente,
afirmó que el principio de favorabilidad es aplicable únicamente en materia
laboral, pero no en seguridad social. También indicó la existencia de una
aplicación equivocada del precedente de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, en tanto se trataba de casos diferentes al fallado.
Además, expresó que no se verificó el cumplimiento del requisito de la
dependencia económica, pues la solicitante de manera autónoma estaba en
capacidad de devengar sus propios ingresos y que el juez de primera instancia
no valoró que al momento de afiliación al fondo de pensiones la ciudadana
Beatriz Elena Arroyave no anotó a su madre como beneficiaria.
1.6.   El 21
de noviembre de 2008, la Sala Decimoséptima de Decisión Laboral del Tribunal
Superior de Medellín profirió sentencia revocando el fallo de primera instancia
e impuso costas a la parte demandante. La Sala determinó que, de acuerdo con lo
dispuesto por el literal “a” num. 2 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, el
lapso en que debe calcularse la fidelidad al sistema es entre el 20 de
septiembre de 1996 y el 4 de abril de 2003. En ese tiempo la afiliada cotizó 65
semanas, que no corresponde a la exigencia del 20%, conforme a la sentencia
C-1094 de 2003. En consecuencia, estimó que los requisitos no se encontraban
satisfechos, en tanto debía cotizar un total de 67,25 semanas.
1.7.   La
demandante, mediante apoderado, interpuso recurso de casación, argumentando que
la sentencia recurrida viola directamente los artículos 1, 4, 13, 47, 48, 53 y
230 de la Constitución, en tanto en el caso concreto se omitió aplicar del
principio de la condición más beneficiosa; es decir, el artículo 46 de la Ley
100 de 1993 sin la modificación introducida por el artículo 12 de la Ley 797 de
2003.
1.8.   El 30
de noviembre de 2010, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia decidió no casar la sentencia proferida el 21 de noviembre de 2008 por
la Sala Decimoséptima de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín. En
esta, planteó como problema jurídico la procedencia del “reconocimiento y
pago de la pensión de sobrevivientes aplicando los artículos 46 y 47 de la Ley
100 de 1993, con base al principio de la condición más beneficiosa, teniendo en
cuenta que la causante falleció en vigencia de la Ley 797 de 2003”[4].
Para la
resolución del interrogante, la Sala tuvo en cuenta que: (i) la Ley 797
de 2003 es la normatividad dado que la afiliada falleció bajo su vigencia, (ii)
no se cumplió el presupuesto de fidelidad al sistema del 20% previsto en el
artículo 12 de la Ley 797 de 2003; y, (iii) no es procedente la
aplicación del principio de la condición más beneficiosa. Para respaldar dichas
consideraciones, citó tres precedentes jurisprudenciales[5].
1.9.   El 13
de enero de 2016, la ciudadana Gloria Elena Londoño Vargas, por medio de
apoderado, presentó un derecho de petición solicitando ante la Sociedad
Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías, por segunda vez, el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. En el documento invocó la orden
que la Corte Constitucional emitió a Porvenir S.A. en la sentencia T-038 de
2013, en cuanto a que se abstenga de exigir el cumplimiento del requisito de
fidelidad, que conforme a la jurisprudencia constitucional fue contrario a la
constitución desde siempre. Bajo esta misma línea argumentativa, citó como
precedentes aplicables al caso las sentencias C-428 de 2009, C-556 de 2009,
T-221 de 2006 y T-453 de 2011.
1.10. El 15 de
febrero de 2016, la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías
de Porvenir S.A. respondió negativamente la solicitud. Sustentó su decisión en
que la ciudadana Arroyabe Londoño no cumple con el requisito de fidelidad, en
tanto no cotizó el 25%; en consecuencia, no se cumplen los requisitos legales
para el reconocimiento solicitado.
1.11.
El 4 de
marzo de 2016, la ciudadana Londoño Vargas interpuso, mediante apoderado,
acción de tutela contra la Sociedad Administradora de
Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín y la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia. En el escrito mencionó que la falta de
reconocimiento de la pensión de sobreviviente implica una continuada
vulneración de sus derechos a la igualdad, a la defensa, al debido proceso, a
la seguridad social en pensiones, al mínimo vital, al acceso a la
administración de justicia y a tener una vida en condiciones dignas. Por ello,
solicita al juez de tutela que analice el requisito de inmediatez conforme a lo
dispuesto en la sentencia T-1028 de 2010; puesto que, únicamente podría obtener
la protección solicitada por medio de la acción de tutela debido a que ya agotó
los recursos ordinarios. Además, afirmó que tiene 58 años de edad, que no es
beneficiaria de la pensión de vejez por no cumplir los requisitos, que trabaja
como empleada del servicio doméstico, se siente cansada y enferma y,
finalmente, que no tiene una fuente estable de recursos económicos.
En el
escrito de la acción de tutela se expuso que las providencias
judiciales contra las que se interpone el amparo constitucional configuran un
defecto sustantivo, dado que se aplicó una norma vulneratoria de la
Constitución, en tanto el requisito de fidelidad contrariaba el principio de no
regresividad. Desde la perspectiva de la accionante, ello también conlleva a un
desconocimiento de la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado,
corporaciones que se han pronunciado sobre el deber de los operadores jurídicos
de aplicar la excepción de inconstitucionalidad cuando adviertan que una norma
legal desconoce un mandato constitucional.
En particular,
la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia aplicó una norma que fue
declarada inexequible el 20 de agosto de 2009; es decir, antes del
pronunciamiento de la Sala. En este mismo sentido,
expresó que desconoció el precedente constitucional vigente al momento de tomar
la decisión[6].
Bajo esa misma línea argumentativa, también resaltó que hubo un cambio de
jurisprudencia en la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
con respecto a la exigencia de fidelidad al sistema. Así pues, señaló que en la
sentencia del 20 de junio de 2012 con radicado Nº 42540 aplicó la exigencia de
50 semanas en los tres años anteriores al fallecimiento del afiliado, conforme
a lo dispuesto en el Artículo 12 de la Ley 797 de 2003. Así pues, “por
derecho a la igualdad conforme el caso de la señora Nohemy Rojas procede
igualmente la protección de los derechos de mi representada, no por vía judicial
como le ocurrió a ella, pero si (sic) por vía de tutela como se implora”[7].
En cuanto a
la Sociedad Administradora de Fondo de Pensiones y
Cesantías Porvenir S.A., afirmó que continúa exigiendo una fidelidad de
afiliación del 25%, desconociendo que en sentencia C-1094 de 2003 la Corte
Constitucional declaró la exequibilidad condicionada de la norma, a que se
entendiera que sólo se debe exigir el 20% de fidelidad al sistema.
En la acción
de tutela se solicitó que: (i) se inaplique la exigencia de fidelidad
dispuesta en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, (ii) se tutele el
derecho fundamental a la seguridad social en pensiones, dado que se cumple con
el requisito de haber cotizado 65 semanas en los tres años anteriores al
fallecimiento de la afiliada, (iii) se proteja el derecho al debido
proceso desconocido por las decisiones de la Sala Laboral del Tribunal Superior
de Medellín y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que aplicaron
el requisito de fidelidad del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, contrariando
el principio de progresividad.
1.12. La
accionante adjuntó como pruebas las fotocopias de los siguientes documentos: acta
de audiencia de pruebas, sentencias de primera y segunda instancia, sentencia
de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, registro civil
de nacimiento y registro de defunción de Beatriz Elena Arroyave
Londoño, cédulas de ciudadanía de la causante y la accionante, derecho de
petición radicado el 13 de enero de 2016 en la Sociedad Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir
S.A. solicitando por segunda vez el reconocimiento de la pensión de
sobreviviente, respuesta que emitió el 19 de febrero de 2016 la Sociedad Administradora de Fondo de
Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., declaraciones extrajuicio rendidas ante
notario por la accionante y dos testigos sobre la dependencia económica respecto
de su hija.
2.
Trámite de la acción de tutela y
respuesta de la accionada
Sentencia
de primera instancia.
2.1.   La Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia admitió, mediante auto del
siete (7) de marzo de dos mil dieciséis (2016), la acción de tutela y solicitó
a los funcionarios accionados rendir informe acerca de los hechos sometidos a
su conocimiento. En esa misma providencia, ordenó vincular al Juzgado Quinto (5°)
Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín.
2.2.   La
vinculación de las autoridades judiciales que dictaron las sentencias, se llevó
a cabo mediante los oficios Nºs 5966 , 5967 , 5968 , 5969  y 5970 . De igual
manera, se notificó al representante legal de Porvenir S.A. mediante oficio N°
5971 y a la Juez 12 Laboral del Circuito de Medellín, autoridad que asumió el
conocimiento de los casos del Juzgado Quinto (5°) Laboral de Descongestión del
Circuito de Medellín , con oficio N° 5972.
2.3.   El 9 de
marzo de 2016, la Magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo, de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, solicitó negar la acción de
tutela, con base en las siguientes razones: (i) la decisión de no casar
la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín no
fue arbitraria, (ii) la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia de manera reiterada se ha
pronunciado sobre la imposibilidad de que por vía de tutela se reexaminen
procesos, en tanto se desconocen los principios de seguridad jurídica y cosa
juzgada, (iii) no se demostró la configuración de una vía de hecho, ya
que la decisión de no reconocer la pensión de sobreviviente se fundó en que no
se tuvieron por cumplidos los requisitos exigidos en la ley; y, finalmente, (iv)
no se cumple con el requisito de inmediatez, pues la acción de tutela fue
interpuesta 5 años y 3 meses después de que se emitió el fallo cuestionado.
Las otras
instancias judiciales involucradas guardaron silencio respecto al asunto.
2.4.   La
Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.,
mediante su representante legal, solicitó que se deniegue la acción de tutela
con base en los siguientes argumentos: (i) las providencias se
encuentran ejecutoriadas y esa acción no es un mecanismo para revivir
instancias ya agotadas, (ii) se presenta una inexistencia de vía de
hecho, (iii) existe autonomía funcional de los administradores de
justicia, (iv) hay un desconocimiento del carácter subsidiario de la
acción de tutela; y, por último, (v) no se configura una vulneración de
los derechos fundamentales citados.
2.5.   El
17 de marzo de 2016, la Sala de Decisión de Tutela Nº 1 de la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la acción de tutela.
Sustentó su decisión en la inexistencia de un quebrantamiento de derechos
fundamentales y señaló que “no es posible que un juez de tutela, en
cualquiera de sus instancias habilite o reabra una disputa jurídico
interpretativa cuando a las partes les asista inconformidad con la tesis
planteada por los funcionarios judiciales”[8].
Además, consideró que no se encuentra cumplido el requisito de inmediatez.
Finalmente, con respecto a los precedentes aludidos por la accionante, afirmó
que se trata de fallos posteriores a la sentencia de casación que se pone en
entredicho, la que fue dictada con fundamento en una norma que regía para el
momento del fallo, que también estaba respaldada por el precedente aplicado
para ese entonces.
Impugnación.
2.6.   La ciudadana Gloria Elena
Londoño Vargas, mediante apoderado, presentó impugnación del fallo de primera
instancia. En su escrito expuso, en primer lugar, que la declaratoria de
inexequibilidad del principio de fidelidad al sistema previsto en el artículo
12 de la Ley 797 de 2003, del 20 de mayo de 2009, tiene un carácter declarativo
y no constitutivo, en tanto, dicha norma debió inaplicarse por medio de la
excepción de inconstitucionalidad desde siempre, tal y como lo señaló la Corte
en sentencias T-730 y T-840 de 2009. En segundo lugar, argumentó que la no
aplicación de la excepción de inconstitucionalidad conllevó a la configuración
de un defecto sustantivo, en tanto se empleó una interpretación normativa
contraria a la Constitución. En tercer lugar, resaltó que debía aplicar el
precedente fijado en sede de revisión para decidir peticiones de pensión de
sobreviviente que fueron radicadas con anterioridad a la declaratoria de
inconstitucionalidad. En cuarto lugar, en cuanto a las respuestas de Porvenir,
precisó que de acuerdo con el precedente constitucional sobre el caso, la
sentencia T-453 de 2011 expresó que: “el requisito siempre fue considerado
inconstitucional y por ello fue inaplicado, pues contrariaba ostensiblemente el
principio de progresividad”. En quinto lugar, consideró con respecto al
principio de inmediatez que no se analizó en detalle el caso particular de la
accionante. Finalmente, solicitó al juez de segunda instancia que aplique el
precedente de la sentencia del 4 de mayo de 2015 con radicado Nº 39862, en la
que se protegieron los derechos de la accionante para un caso análogo al
presente.
Decisión de segunda instancia.
2.7.   El 28 de abril de 2016, la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión del
a quo, con base en las siguientes consideraciones: (i) no se
encontró satisfecho el requisito de inmediatez, ni se presentó una explicación
para la demora, (ii) no se configuró una vía de hecho, dado que la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia sustentó su decisión en el precedente vigente
al momento de emitir el fallo, (iii) no es aplicable el precedente de la
sentencia del 27 de agosto de 2015, dado que esta se refirió a un caso en que
el Tribunal no aplicó las providencias del 20 de Junio de 2012 radicado Nº
52540 y del 20 de junio de 2012 con radicado Nº 42423 de la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia “por medio de las cuales se constituyó un cambio
jurisprudencial relacionado con la no exigencia del requisito de fidelidad al
sistema de pensiones”[9].
En todo caso, reconoce que el fallo que no casó es posterior a la sentencia
C-556 de 2009 de la Corte Constitucional.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
Competencia
1.      Esta Corte es competente
para conocer de esta acción de tutela, de conformidad con lo establecido en los
artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en los artículos 31 a
36 del Decreto 2591 de 1991, y en virtud del auto del
veintisiete (27) de mayo de dos mil dieciséis (2016) proferido por la Sala de
Selección Número Cinco de esta Corporación, que decidió someter a
revisión el presente asunto.
Presentación
del caso, problemas jurídicos y estructura de la decisión
2.      En el
proceso de tutela objeto de revisión, la ciudadana Gloria
Elena Londoño Vargas solicita la protección de sus derechos fundamentales a la
igualdad, a la defensa, al debido proceso, a la seguridad social en pensiones,
al mínimo vital, al acceso a la administración de justicia y a tener una vida
en condiciones dignas. Desde su punto de vista, dicha
vulneración es consecuencia de los fallos de la jurisdicción ordinaria laboral,
en tanto las sentencias de segunda instancia y de casación negaron el
reconocimiento de la pensión de sobreviviente, con fundamento en el requisito
de fidelidad al sistema de pensiones. Lo anterior a pesar de la existencia de
un precedente constitucional previo en sede de revisión, esto es la sentencia
T-1036 de 2008, y de la sentencia C-556 de 2009 que declaró inexequible tal
requisito.
3.      En sede
de tutela se le negó el amparo. Por un lado, el juez de primera instancia declaró
improcedente la acción de tutela por considerar que no existe un
quebrantamiento de derechos fundamentales, ni se cumple con el requisito de
inmediatez. Además, señaló que no es posible por vía de tutela reabrir asuntos
ejecutoriados y que los precedentes aludidos por la accionante fueron
posteriores a la sentencia de casación que se pone en entredicho, la que fue
dictada con fundamento en una norma que regía para el momento del fallo. Por
otro lado, el juez de segunda instancia confirmó la
decisión del a quo, pues no encontró satisfecho el requisito de
inmediatez, ni se presentó una explicación para la demora. Tampoco identificó
una vía de hecho, dado que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia
sustentó su decisión en un precedente vigente. Finalmente, afirmó que no es
aplicable el precedente de la sentencia del 27 de agosto de 2015, citado por la
accionante. En todo caso, reconoció que el fallo que no casó es
posterior a la sentencia C-556 de 2009 de la Corte Constitucional.
4.      Conforme
a los antecedentes mencionados, la Sala debe resolver el siguiente problema
jurídico: ¿es procedente la acción de tutela contra providencias judiciales que
decidieron negar la pensión de sobreviviente, con fundamento en que el
fallecimiento del afiliado al sistema de pensiones ocurrió en vigencia del literal
‘a’ del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, aun cuando en jurisprudencia
constitucional sistemática y reiterada se ha afirmado la inconstitucionalidad
del requisito de fidelidad? La Corte reiterará su jurisprudencia sobre: (A) el principio de inmediatez como
requisito de procedencia de la acción de tutela, (B) la inconstitucionalidad del requisito de
fidelidad al sistema de pensiones y (C) la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales que han negado la pensión de
sobrevivientes con fundamento en el requisito de fidelidad. Finalmente, a partir del marco jurisprudencial
establecido, la Sala presentará (D)
el análisis del caso concreto.
A.   El principio de
inmediatez como requisito de procedencia de la acción de tutela. Reiteración de
jurisprudencia.
5.      La acción de tutela debe ser presentada con
cumplimiento del principio de inmediatez, so pena de ser declarada
improcedente, toda vez que la finalidad de ese amparo constitucional es brindar
una protección inmediata a los derechos amenazados o vulnerados. Lo anterior
debido a que “la acción de tutela ha
sido instituída (sic) como remedio
de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la
efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza”[10].
En todo caso, dicho principio no conlleva a la existencia de un término de
caducidad, tal y como lo afirmó esta Corporación en la sentencia C-543 de 1992,
en la que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 11[11], 12[12] y 40[13] del Decreto Ley 2591 de
1991. La razón fundamental de esa decisión fue: “la oposición entre el
establecimiento de un término de caducidad para ejercer la acción y lo
estatuido en el artículo 86 de la Constitución cuando señala que ella puede
intentarse ‘en todo momento’”[14].
6.      Ahora bien, la
inexistencia de un término de caducidad de la acción de tutela no implica que esta
pueda interponerse en cualquier momento, dado que una de las características
esenciales de este mecanismo de protección es el principio de inmediatez. Por
lo anterior, la Corte Constitucional ha sostenido, de manera reiterada y
consistente, que la solicitud de amparo constitucional debe interponerse en un
término oportuno, justo y razonable. En este sentido se ha pronunciado esta
Corporación en diversas sentencias[15],
entre esas en la SU-961 de 1999, en la que afirmó: “[s]i el elemento de la inmediatez es consustancial
a la protección que la acción brinda a los derechos de los ciudadanos, ello
implica que debe ejercerse de conformidad con tal naturaleza. Esta condiciona
su ejercicio a través de un deber correlativo: la interposición oportuna y
justa de la acción”[16].
De igual manera se pronunció en la sentencia T-043 de 2016, en la que
afirmó:
“[d]e manera reiterada, la jurisprudencia de esta Corte ha sostenido
que la acción de tutela debe interponerse dentro de un término oportuno, justo
y razonable, con el fin de que el amparo no pierda la eficacia que el
constituyente quiso otorgarle a través de lo preceptuado en el artículo 86 de
la Constitución de 1991[17].
En ese sentido, si el propósito de esta acción constitucional es el de prevenir
un daño inminente o hacer cesar un perjuicio contra los derechos fundamentales,
es claro que es deber del accionante evitar que pase un tiempo excesivo, irrazonable
o injustificado desde que se presentó el hecho que presuntamente vulneró sus
derechos fundamentales y el momento de presentación de la acción de tutela”[18].
Desde el punto de vista constitucional, las razones
que sustentan la exigencia de la inmediatez son: “[e]n primer lugar,
proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por una tutela
ejercida en un plazo irrazonable[19],
caso en el que ‘se rompe
la congruencia entre el medio de protección y la finalidad que se busca: la
protección integral y eficaz de los derechos fundamentales de las personas’[20]. En segundo
lugar, impedir que el amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica]’[21]. En tercer lugar,
evitar ‘el uso de este
mecanismo constitucional como herramienta supletiva de la propia negligencia’ en
la agencia de los derechos[22]”.[23]
7.      Con el fin de salvaguardar las razones
constitucionales que sustentan el principio de la inmediatez, esta Corporación
ha considerado que el juez de tutela debe valorar en cada caso concreto el
cumplimiento de este principio; puesto que, con ello se logra “establecer
una adecuada ponderación entre el respeto por la estabilidad jurídica, los
intereses de terceros y los derechos fundamentales presuntamente afectados. Por
ello, en el análisis de inmediatez cobran especial relevancia las condiciones
personales del actor y el tipo de asunto que se controvierte”[24].
Así pues, la autoridad judicial debe analizar para cada caso concreto el
tiempo en el que se interpone la acción de tutela, pues no cualquier tardanza
puede juzgarse como injustificada o irrazonable.
8.      De
manera que, el juez “está en la
obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable,
impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma
afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción”[25]. Por lo tanto, “en algunos casos, seis (6)
meses podrían resultar suficientes para declarar la tutela improcedente; pero,
en otros eventos, un término de 2 años se podría considerar razonable para
ejercer la acción de tutela, ya que todo dependerá de las particularidades del
caso”[26].
En seguida se exponen los criterios que han sido identificados en la jurisprudencia constitucional para valorar el
principio de inmediatez.
Criterios
para valorar el cumplimiento del principio de inmediatez. Reiteración de
jurisprudencia.
9.      Como
se expuso previamente, no basta comprobar que ha transcurrido un tiempo
considerable entre la ocurrencia de los hechos que amenazaron o vulneraron
derechos fundamentales y la interposición de la acción de tutela para concluir su
improcedencia por incumplimiento del principio de inmediatez. Por esa razón, la
Corte Constitucional ha identificado criterios no taxativos de dos tipos para
que el juez de tutela establezca si el término es razonable, oportuno y justo.
Por un lado, están los criterios generales; y, por otro lado, aquellos
criterios que permiten establecer el cumplimiento del principio de inmediatez
en casos en que la acción de tutela se interpuso después de un tiempo prolongado.
A continuación se desarrollan cada uno de estos criterios.
10.    Entre los criterios que permiten valorar si el lapso de
tiempo entre una y otra circunstancia es razonable, oportuno y justo se
cuentan: “(i) si el ejercicio inoportuno de la acción implica una
eventual violación de los derechos de terceros; (ii) cuánto tiempo trascurrió
entre la expedición de una sentencia de unificación novedosa de esta Corte
sobre una materia discutida y la presentación del amparo; (iii) cuánto tiempo
pasó entre el momento en el cual surgió el fundamento de la acción de tutela y
la interposición de esta última; o (iv) cuál ha sido el lapso que la
jurisprudencia de esta Corte ha juzgado irrazonable en casos similares al que
está por resolverse” [27].
En este mismo sentido, la sentencia T-043 de 2016 se refirió
a los siguientes criterios: “(i) si existe un motivo válido para la
inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el
núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si
existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración
de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la
acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los
derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la
fecha de interposición”[28].[29].
De igual
manera, la sentencia T-069 de 2015 señaló que le corresponde al juez de tutela
analizar el cumplimiento del principio de inmediatez “en relación con las circunstancias
que rodean el caso concreto, entre las cuales se encuentran: i) la pertenencia
del actor a un grupo vulnerable; ii) las situaciones personales o coyunturales
que le hayan impedido acudir de forma inmediata ante la jurisdicción
constitucional; iii) el aislamiento geográfico; iv) la vulnerabilidad
económica, además de la persistencia o agravación de la situación del actor; v)
la eventual vulneración de derechos de terceros; vi) la ausencia absoluta de
diligencia por parte del afectado; y vii) la posibilidad de que el amparo
represente una seria afectación a la seguridad jurídica”[30].
11.    Esta
Corporación ha considerado los siguientes criterios para valorar la admisibilidad de una acción
de tutela presentada luego de que hubiese transcurrido un largo periodo de
tiempo respecto de la vulneración o amenaza de derechos: “(i) [q]ue
se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el
hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación
de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por
sus derechos, continúa y es actual. Y (ii) que la especial situación de aquella
persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, convierte en
desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por
ejemplo el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros”[31]. Las circunstancias mencionadas previamente conllevan a que no
sea exigible de manera estricta el principio de inmediatez; puesto que, “la
acción de tutela tiene como objetivo la protección cierta y efectiva de
derechos fundamentales que se encuentran amenazados, bien por acción o bien,
por omisión de autoridad pública o particular cuando a ello hay lugar. Ese
objetivo, no se agota con el simple paso del tiempo, sino que continua vigente
mientras el bien o interés que se pretende tutelar pueda seguir siendo tutelado
para evitar que se consume un daño antijurídico de forma irreparable”[32].
12.    Los criterios anteriores han sido aplicados por las
diferentes salas de revisión, por ejemplo en las sentencias T-1110 de 2005 ,
T-692 de 2006 , T-299 de 2009 , T-835 de 2014 , T-205 de 2015 , T-644 de 2015 ,
T-740 de 2015  y T-060 de 2016 . En dichos pronunciamientos la salas de
revisión concedieron el amparo solicitado por los accionantes, pues si bien
había transcurrido un amplio periodo de tiempo, la vulneración de los derechos
era permanente y continua. Y, aplicó la causal de especial situación del
accionante en las sentencias T-526 de 2005 , T-593 de 2007 , T-345 de 2009  y
T-783 de 2009 . En algunos casos también se ha concluido que se cumplen los dos
criterios, esto es la permanencia de la vulneración de derechos y la situación
especial en la que se encuentran los accionantes, en este sentido se ha
pronunciado esta Corporación en las sentencias T-654 de 2006  y T-792 de 2007 .
13.
En síntesis, le corresponde al juez de tutela la valoración del cumplimiento
del principio de inmediatez, para lo que cuenta con diferentes criterios expuestos
en la jurisprudencia de esta Corporación. Es necesario resaltar que, tal y como
lo ha sostenido la Corte Constitucional de manera reiterada y sistemática,
dicho análisis no se suple con un cálculo cuantitativo del tiempo transcurrido
entre la vulneración o amenaza de los derechos y la interposición de la acción
de tutela; sino que, supone un análisis del caso particular conforme a los
criterios descritos previamente.
14.
Dado que el caso objeto de revisión es sobre una acción de tutela contra
providencias judiciales que decidieron sobre el derecho a la pensión de
sobrevivientes, la Sala Plena procede a referirse de manera particular al
principio de inmediatez en casos análogos.
El
principio de inmediatez en acciones de tutela que se interponen contra
providencias judiciales sobre asuntos relacionados con el derecho a la pensión
de sobrevivientes.
15.    El derecho a la pensión de sobrevivientes es
fundamental[33]
e imprescriptible[34].
Esta Corporación también ha establecido que es un asunto de relevancia
constitucional, “en la
medida en que su
resolución pueda afectar derechos fundamentales como la igualdad y la familia
entre otros”[35]. Lo anterior se debe a la
finalidad que cumple, esto es “suplir la ausencia repentina del apoyo
económico del pensionado o del afiliado a los allegados dependientes y, por
ende, evitar que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las
condiciones mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de dicha
prestación. Una decisión administrativa, que desconozca esa realidad, e
implique por consiguiente la reducción de las personas a un estado de miseria,
abandono, indigencia o desprotección, es contraria al ordenamiento jurídico por
desconocer la protección especial que la Constitución le otorgó al mínimo vital
y a la dignidad humana como derechos inalienables de la persona, y a los
principios constitucionales de solidaridad y protección de quienes se
encuentran en situación de debilidad manifiesta, como soportes esenciales del
Estado Social de Derecho”[36].
16.    Dada la relevancia constitucional y la finalidad
que cumple el derecho a la pensión, esta Corporación ha establecido que su
falta de garantía constituye una amenaza inminente que permanece afectando de
manera permanente el goce efectivo de otros derechos. En este escenario, esta
Corporación ha considerado que “no cabe aplicar de manera estricta y rígida
este criterio [el principio de inmediatez], en tanto, se trata de un
derecho imprescriptible del cual se puede solicitar su protección en cualquier
momento, además, porque la afectación del derecho fundamental a recibir las
mesadas pensionales para satisfacer sus necesidades básicas se entiende
permanente en el tiempo, lo que impide en efecto la realización del derecho
fundamental al mínimo vital”[37].
17.    Con respecto al análisis del
principio de inmediatez cuando la tutela se interpone contra providencias
judiciales, en la sentencia T-1028 de 2010 esta Corporación afirmó: “la
mayor rigurosidad en el análisis de la inmediatez no equivale a imponer un
término de caducidad o prescripción a estas solicitudes de amparo ya que ello
trasgrediría el artículo 86 de la Constitución, que prescribe que la tutela se
puede interponer en cualquier tiempo sin distinción alguna, y la sentencia
C-543 de 1992 en la cual esta Corte declaró la inexequibilidad del artículo 11
del Decreto 2591 de 1991 que establecía un término de caducidad para la tutela
contra providencias judiciales. Nótese que, como se reseñó, aún en este tipo de
acciones de amparo la Corte ha inaplicado el requisito de la inmediatez por las
particularidades del caso concreto[38].
Adicionalmente estima la Sala que el término transcurrido no resulta demasiado
prolongado de modo tal que afecte los derechos de terceros, la seguridad
jurídica o convierta la tutela en un premio a la desidia de la peticionaria
quien por varios años ha luchado por obtener el reconocimiento de su pensión
ante la justicia ordinaria”[39].
18.    En el caso particular de la pensión de
sobrevivientes, la jurisprudencia constitucional ha establecido que una
persona que es dependiente económicamente de un afiliado que falleció ve
afectado su derecho a la seguridad social y al mínimo vital, debido a que no
recibe las mesadas pensionales necesarias para garantizar el goce efectivo de
una vida en condiciones dignas. Además, si dicha decisión estuvo sustentada en
la aplicación de una norma inconstitucional, no existe respaldo en el sistema
jurídico para mantener en el tiempo los efectos de tal fallo. En este sentido
se pronunció esta Corporación respecto del principio de inmediatez, en la
sentencia SU-158 de 2013, que reiteró lo considerado en la T-1028 de 2010, en
la que expresó: “¿[p]or qué era permanente, continua y actual la
supuesta violación? Porque se le había negado una pensión de sobrevivientes
sobre la base de un criterio manifiestamente inconstitucional, y desde entonces
la persona se encontraba en una situación crítica de pobreza que al momento de
presentar el amparo no había podido superar”[40].
19.    En este mismo sentido,
esta Corporación concluyó la procedencia de la acción de tutela en la sentencia
SU-407 de 2013, “para cuestionar el fallo de la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia en tanto la supuesta violación de los derechos a
la seguridad social y al mínimo vital de la peticionaria permanece; es decir,
continúa (sic) y es actual, ya que priva a la señora Orrego Monsalve y
sus hijas de los recursos necesarios para garantizar una subsistencia digna,
situación que tiende a agravarse, pues la peticionaria es sujeto de especial
protección constitucional al ser madre cabeza de familia”[41].
Bajo esta misma línea argumentativa, se pronunció en la sentencia SU-873 de
2014, en la que afirmó: “la Corte ha sostenido que dado el carácter
imprescriptible e irrenunciable del derecho a la pensión de sobrevivientes, la
vulneración que se presente en relación con el mismo es actual, si la negativa
se fundamenta en un criterio abiertamente inconstitucional y está comprometido
el derecho al mínimo vital”[42].
20.    En la
sentencia T-115 de 2015, la Sala de Revisión resolvió el caso de una ciudadana,
quien interpuso acción de tutela contra una providencia judicial de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que no casó las sentencias
los jueces laborales de instancia. Entre el momento en que se expidió la
sentencia de casación el (20 de junio de 2012) y la presentación de la acción
de tutela (9 de junio del 2014) transcurrieron aproximadamente dos años. En
dicha providencia se encontró satisfecho el principio de inmediatez, pues a
pesar de que había pasado un tiempo considerable, se trataba de una accionante
de 80 años que carecía de fuente de ingresos y se constató que “la violación
es continua y actual, [por lo que] la Sala de Revisión considera que la
tutela es procedente”[43].
21.    En síntesis, en aquellos
casos en que la acción de tutela se interponga contra una providencia judicial,
que sustentó la negación del derecho a la pensión de sobreviviente en una norma
inconstitucional, el requisito de inmediatez debe analizarse bajo el
presupuesto de que la falta de pensión puede generar una vulneración que
permanece en el tiempo de manera continua. Además, como se expuso previamente, dada
la relevancia constitucional del derecho a la pensión y su carácter
imprescriptible e irrenunciable su falta de garantía pone en riesgo el goce
efectivo de otros derechos fundamentales. Lo anterior se evidencia en el hecho
de que para algunos ciudadanos las mesadas pensionales constituyen el único medio
para satisfacer sus necesidades básicas; de manera que, sin estas se puede ver
afectada la materialización del derecho fundamental al mínimo vital, entre
otros derechos. Así pues, si la persona depende de la pensión para sobrevivir,
su carencia tiene como consecuencia una situación en la que la vulneración de
derechos es continua y actual, pues se encuentra en una situación en la que
carece de las posibilidades para satisfacer mínimamente condiciones de
dignidad humana. Por las razones anteriores, resulta insuficiente que el
análisis del cumplimiento del principio de inmediatez se limite a un cálculo del
tiempo transcurrido entre la providencia que se cuestiona y la interposición de
la acción de tutela, puesto que al juez le corresponde analizar si la amenaza
para el goce efectivo de los derechos fundamentales a la pensión de sobreviviente
y al mínimo vital ha permanecido en ese tiempo.
B.   La
inconstitucionalidad del requisito de fidelidad al sistema. Reiteración de
jurisprudencia.
22.    La
Corte Constitucional, de manera sistemática y reiterada, ha sostenido la
inconstitucionalidad del requisito de fidelidad al sistema, consagrado en los
literales a y b del artículo 12 de la ley 797 de 2003, tanto en control
concreto como abstracto. En este sentido, ha afirmado que antes de la sentencia
C-556 de 2009, que declaró inexequible dicho requisito, los operadores
jurídicos debían inaplicarlo por medio de la excepción de inconstitucionalidad,
independientemente de la fecha en que haya fallecido el afiliado cotizante. En
seguida se presentan las consideraciones que esta Corporación ha expuesto para
fundamentar la mencionada regla jurisprudencial. En primer lugar, la
inconstitucionalidad del requisito de fidelidad se configura en la medida que desconoce
el principio de progresividad. En segundo lugar, los operadores jurídicos
tienen el deber de inaplicar medidas regresivas en materia de derecho a la
pensión de invalidez y de sobreviviente. En tercer lugar, es irrelevante el
momento en que fallece el cotizante principal, toda vez, que la norma fue desde
siempre inconstitucional.
23.    Esta Corporación concluyó que
el requisito de fidelidad, establecido en los
literales ‘a’ y ‘b’ del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, era contrario al
principio de progresividad, en la medida que constituye una medida regresiva en
materia de seguridad social. Por la razón anterior, lo declaró inconstitucional
en la sentencia C-556 de 2009. Además, “reiteró lo relacionado a la
prohibición que tiene el legislador de adoptar, dentro de sus facultades,
normas que resulten regresivas a los fines del Estado en cuanto a los
beneficios alcanzados por los asociados, ello porque al disminuir tales logros
colectivos, se violaría de manera directa la Constitución Política”[44].
Bajo esta línea argumentativa sostuvo que el principio de no
regresividad es un pilar esencial del derecho a la seguridad social[45],
que “implica,
de una parte, el deber del Estado de avanzar en la materialización del derecho
en cabeza de todas las personas, procurando el alcance de mayores beneficios
por parte de la población y, de otra, la prohibición general, en principio, de
establecer medidas regresivas, es decir, medidas que desconozcan
reconocimientos que se hayan logrado a favor de los asociados”[46].
24.    Con base en las consideraciones anteriores, la
Corte en su jurisprudencia ha establecido de manera reiterada y
sistemática la doctrina de la inconstitucionalidad
prima facie de las medidas regresivas en los derechos económicos, sociales
y culturales[47].
En cumplimiento de la mencionada doctrina, los operadores judiciales deben
inaplicar, a través de la excepción de inconstitucionalidad, las disposiciones
regresivas dado que se presumen inconstitucionales. Lo anterior debido a que
toda medida regresiva desconoce “la jurisprudencia de la Corte en materia de
progresividad de los derechos sociales, el Pacto de San José de Costa Rica y el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas” [48].
En cumplimiento de ese precedente, la Corte Constitucional ha protegido el
derecho a obtener la pensión de invalidez, inaplicando el requisito de
fidelidad consagrado en la Ley 860 de 2003, tanto en control concreto[49] como en
control abstracto[50].
25.    Los
precedentes jurisprudenciales sobre pensión de invalidez fueron el fundamento
para que en la sentencia T-1036 de 2008 se concluyera que debía inaplicarse el
requisito de fidelidad en materia de pensión de sobrevivientes. Debido a que, “como
resultado de esta modificación [contenida en los literales a y b del
artículo 12 de la Ley 797 de 2003], los requisitos para acceder a la pensión
de sobrevivientes se han hecho más estrictos debido a la creación de una nueva
exigencia –fidelidad de cotización al sistema- y al incremento del requisito
previo de las semanas de cotización –50 en vez de 26. Aunque esta disposición
es de carácter general, el juez constitucional debe atender el hecho
incontrovertible según el cual, su aplicación puede llegar a tener un impacto
desproporcionado sobre algunas madres cabeza de familia y sus hijos e hijas. Es
dicho impacto desproporcionado en cada caso que se torna relevante en sede de
tutela, donde la Corte no efectúa un control abstracto de las normas sino que
define si los derechos fundamentales de sujetos específicos han sido
desconocidos”[51]
(negrilla fuera del texto). En consecuencia, al juez de tutela le
corresponde analizar “si (i) existen razones suficientes que expliquen la
necesidad imperiosa de aplicar la norma, y (ii) si esas disposiciones resultan
razonables y proporcionadas en la situación específica que se somete a
consideración del juez de tutela”[52].
26. La regla jurisprudencial
fijada en sede de tutela fue confirmada en la sentencia C-556 de 2009, que
declaró inexequible el principio de fidelidad por desconocer el principio de
progresividad. En este sentido afirmó que “uno de los principios fundantes
del orden superior es el reconocimiento, como regla general y sin
discriminación, de la primacía de los derechos de la persona, razón por la cual
ese requisito de fidelidad aparece como una medida regresiva, que pretendiendo
proteger la viabilidad del sistema, desconoce el fin último de la pensión de
sobrevivientes, la cual, se repite, procura amparar a las personas, que
necesitan atender sus necesidades, sin mengua adicional por la contingencia de
la muerte del afiliado de quien dependían”[53].
27.    No obstante, las
reglas jurisprudenciales aplicables al reconocimiento de la pensión de
sobreviviente, los fondos de pensiones y los jueces de tutela desconocieron el
precedente aplicable para resolver estos casos, bajo el argumento de que el
fallecimiento del afiliado cotizante ocurrió cuando estaba vigente el requisito
de fidelidad. Ello motivó a que esta Corporación enfatizara en que “la sentencia de
constitucionalidad lo único que hizo fue corregir una situación que desde
siempre fue contraria al derecho fundamental a la seguridad social en pensiones
y que, por consiguiente, se limitó a reafirmar el carácter irregular de una
disposición que desde antes estaba en contra de la Constitución, por
consiguiente el pronunciamiento de la Corte tendría un carácter declarativo y
no constitutivo” [54].
Adicionalmente, afirmó que de ser constitucionalmente posible interpretar que
el requisito de fidelidad sí era exigible, “la vigencia del principio ‘pro
homine’ en nuestro orden constitucional obligaría a preferir la interpretación
más garantista para los afectados, de manera que también en este caso se
estaría ante la misma conclusión, en el sentido de exigir única y
exclusivamente los requisitos que siempre estuvieron conforme a la
Constitución, en cuanto no incurrían en limitaciones ilegítimas de los derechos
sociales fundamentales”[55].
28.
Bajo esa línea argumentativa, esta Corporación sostuvo que son “infundados los argumentos de la administradora de
pensiones al responder la acción de tutela cuando sostuvo, de un lado, que era
imposible legalmente aplicar la sentencia C-556 de 2009, debido a que la fecha
de la muerte del afiliado determina la legislación aplicable para efectos de
reconocer la pensión de sobrevivientes y, del otro, que jurídicamente era
improcedente aplicar la excepción de inconstitucionalidad, tendiente a
reconocer una pensión en condiciones más favorables a las existentes, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 393 de 1997. Ello es así, en razón a que si bien es cierto que
para el 21 de febrero de 2009, fecha de la muerte de Jorge Luis Recuero Díaz
estaban en vigencia los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 797 de
2003, también lo es que el imperativo constitucional de aplicar las
consecuencias materiales de la cosa juzgada constitucional, proscribe la
utilización de una disposición declarada inexequible a situaciones que si bien
ocurrieron durante su vigencia, sólo surtieron efectos concretos luego de la
decisión de inconstitucionalidad, como se señaló en el apartado 6.6 de esta
providencia. Además de lo indicado, recuerda la Sala que antes
de la declaratoria de inexequibilidad mediante la sentencia C-556 de 2009, esta
Corporación venía inaplicando dicha normatividad por encontrarla regresiva
frente al derecho a la seguridad social (art. 48 y 53 C.P.), como quedó
expuesto en el apartado 5.7 de esta providencia.”[56]
El anterior pronunciamiento confirma la regla según la que, independientemente
de si el cotizante falleció mientras estaba vigente el requisito de fidelidad,
debía inaplicarse el requisito de fidelidad por medio de la excepción de
inconstitucionalidad, dada la naturaleza regresiva de dicho requisito.
29.    Esta Corporación se ha
pronunciado, de manera sistemática y reiterada, sobre la viabilidad de proteger
mediante la acción de tutela el derecho a la pensión de sobreviviente cuando el
afiliado falleció bajo la vigencia del requisito de fidelidad. En este
escenario, se afirmó que: “el hecho de exigir al beneficiario de la pensión,
que acredite el cumplimiento del requisito de fidelidad del cotizante al
sistema, argumentando que estaba vigente para la fecha en que el afiliado
cotizante falleció, constituye una vulneración de los derechos fundamentales
a la seguridad social y al mínimo vital de quien depende de la pensión para
subsistir”[57]
(negrilla fuera del texto). También se ha insistido en que el efecto de la
sentencia C-556 de 2009 que declaró la inconstitucionalidad del requisito de
fidelidad implica que “todo operador jurídico debe abstenerse de exigirlos o
aplicarlos, toda vez que se estaría infringiendo una sentencia de control
abstracto”[58].
Así por ejemplo,
en la sentencia T-038 de 2013[59]
analizó si “¿[c]onfigura una violación de los derechos fundamentales
al mínimo vital, a la seguridad social, a la vida, a la dignidad humana, a la
igualdad y al debido proceso, el que a una mujer madre de dos menores de edad
que no cuenta con recursos para su subsistencia le sea negado el reconocimiento
de una pensión de sobrevivientes bajo el argumento de que al momento de la
muerte del causante se encontraba vigente el requisito de fidelidad al sistema?
En esta sentencia se tutelaron los derechos de la accionante y se consideró
que:
“lo primero
que debe señalarse es que tanto en las respuestas dadas a la señora López
Londoño en sus múltiples peticiones, como en el informe de contestación de la
acción de tutela, el argumento de fondo de la entidad accionada para negar la
pensión se basó exclusivamente en que al momento de la muerte del causante se
encontraba vigente el requisito de fidelidad contenido en la Ley 797 de 2003,
el cual, según la entidad, no se cumple en el caso concreto. Ese aspecto,
sumado a la presunción de buena fe contenida en el artículo 83 Superior, serán
elementos determinantes a la hora analizar si se concede el amparo.
Como quedó
explicado en la parte motiva de esta providencia, la exigibilidad del
cumplimiento de dicho requisito para el reconocimiento de una pensión de
sobrevivientes, ya sea respecto de hechos ocurridos antes o después de la
sentencia C-556 de 2009, resulta contrario a la Constitución. En ese sentido,
la Sala encuentra que PORVENIR actuó en contravía no solo del precedente
jurisprudencial que ha venido fijando la Corte desde antes de la declaratoria
de inexequibilidad de los literales a y b del
artículo 12 de Ley 797 de 2003, sino que además en respuesta a una solicitud
posterior a ello reprodujo el texto de una norma que fue expresamente declarara
inconstitucional y retirada del ordenamiento jurídico” [60].
Las sentencias
T-730 de 2009 , T-166 de 2010 , T-534 de 2010 , T-755 de 2010, T-995 de 2010 ,
T-576A-2011 , T-453 de 2011 , T-673 de 2011 , T-772 de 2011, T-127 de 2012 ,
T-038 de 2013 , T-118 de 2013 , T-260 de 2013  y T-538 de 2015  también se han
referido al requisito de fidelidad en la pensión de sobrevivientes.
30.    Ahora bien, es fundamental
poner de presente que actualmente la jurisprudencia de la Sala Laboral de Corte
Suprema de Justicia coincide con la de la Corte Constitucional[61]. Si bien en un primer
momento, consideró que el Juez Laboral debía aplicar el requisito de fidelidad
si la muerte del afiliado cotizante se dio antes de la sentencia C-556 de 2009[62], la Sala
Laboral cambió el precedente sobre el asunto y estableció como regla jurisprudencial
que los operadores judiciales deben inaplicar el requisito de fidelidad por ser
contrario a la Constitución, en tanto desconoce el principio de progresividad[63]. Al respecto
afirmó: “[c]omporta razonamiento falaz el considerar que si la Corte
Constitucional no otorgó efectos retroactivos a su fallo de inexequibilidad,
ello, insoslayablemente, implique, entonces, que la norma fue constitucional
hasta cuando fue excluida del ordenamiento; por el contrario, no obstante los
efectos hacia el futuro del fallo, cada caso que se presente, aún no resuelto,
podrá contrastarse, para su solución justa, con las consecuencias respectivas
en caso de aplicarse o no la norma cuestionada”[64].
31.    En este escenario, la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia del 17 de Julio de
2012 con Radicado Nº 46825, afirmó que: “no puede exigirse a la demandante
para efectos de tenerla como beneficiara de la prestación de supervivencia, el
cumplimiento por parte del causante del requisito de fidelidad de cotizaciones
al sistema del 20% del tiempo transcurrido entre en momento en que cumplió 20
años de edad y la fecha el fallecimiento, no obstante que la muerte se produjo
mientras estuvieron en vigor los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley
797 de 2003, por cuanto dichas previsiones fueron a todas luces regresivas como
lo determinó la Corte Constitucional en la sentencia C-556 de 2009”[65]. En
consecuencia, “la Sala de Casación Laboral de esta Corporación en reiterada
jurisprudencia, tanto en sede de tutela como en casación, ha señalado que el
requisito de fidelidad al sistema de pensiones consagrado en el artículo 12 de
la Ley 797 de 2003 puede ser inaplicado por vía de excepción de inconstitucionalidad,
así la muerte del causante se haya producido antes de la sentencia C-556/09 de
la Corte Constitucional que declaró inexequible tal exigencia”[66]
(negrilla fuera del texto). En sus precedentes, la Sala ha aclarado que
esta nueva regla jurisprudencial no implica “darle
efectos retroactivos a dicha decisión de inexequibilidad, sino por la patente
contradicción de ese requisito con el citado principio constitucional”[67].
32.    De lo expuesto se concluye que tanto la Corte
Constitucional, de manera reiterada y sistemática, y la jurisprudencia vigente
de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia consideran que
el principio de fidelidad no es exigible a las personas que soliciten la
pensión de sobreviviente, en tanto dicha exigencia desconocía el principio de
progresividad y no regresividad. Lo anterior independientemente de si el
cotizante principal falleció bajo la vigencia de los literales a) y b)
del artículo 12 de la Ley 797 de 2003.
33.
Esta Corporación también se ha pronunciado sobre la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales que en la jurisdicción ordinaria negaron
el derecho a la pensión de sobreviviente bajo el argumento de que el cotizante
afiliado falleció mientras estaba vigente dicho requisito. En la siguiente
sección se desarrolla en detalle la jurisprudencia al respecto.
C.   La procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales que han negado la pensión
de sobrevivientes con fundamento en el requisito de fidelidad. Reiteración de
jurisprudencia.
34.    La Corte Constitucional
ha establecido desde el inicio de su jurisprudencia[68]
que la acción de tutela procede contra providencias judiciales de manera
excepcional, siempre y cuando se encuentren cumplidos rigurosos requisitos para
su procedibilidad[69]. Lo anterior con el objetivo de lograr
“un equilibrio adecuado entre
los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial –pilares de
todo estado democrático de derecho- y la prevalencia y efectividad de los
derechos constitucionales –razón de ser primordial del estado constitucional y
democrático de derecho-”[70].
Por esa
razón, esta Corporación ha sido clara al afirmar que “la intervención del juez constitucional en asuntos
decididos por otros jueces, en sus respectivas jurisdicciones, se puede
adelantar únicamente con el fin de proteger los derechos fundamentales
vulnerados. Al respecto, se ha establecido que el juez constitucional no puede
suplantar o desplazar al juez ordinario en el estudio de un caso que, por su
naturaleza jurídica, le compete. Éste sólo puede vigilar si la providencia
conlleva la vulneración de los derechos constitucionales del tutelante, en
especial, el derecho al debido proceso y el acceso a la administración de
justicia”[71].
35.    La sentencia C-590 de
2005 estableció que, para determinar si una providencia judicial es susceptible
de control constitucional, por configurar una vulneración a los derechos
fundamentales, debe verificarse el cumplimiento de (i) los requisitos generales y de (ii)
las causales propiamente dichas.
35.1. Por un lado, los
requisitos generales son: “(a) Que el tema sujeto a discusión sea de
evidente relevancia constitucional. (b) Que se hayan agotado todos los medios
-ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, o de un sujeto de especial protección
constitucional que no fue bien representado, (c) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, (d) En el evento de hacer referencia a una irregularidad procesal,
debe haber claridad que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora, (e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y qué hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible, (f) Que no se trate de sentencias de tutela”[72].
35.2. Por otro lado, las
causales propiamente dichas se refieren a los defectos en que puede incurrir
una providencia judicial y que estructuran la violación de derechos
fundamentales de una persona. Para la procedibilidad de la acción de tutela
contra una providencia judicial se requiere que se configure al menos un
defecto. En la sentencia C-590 de 2005, esta Corporación señaló los siguientes:
orgánico[73], procedimental[74],
fáctico[75], material y sustantivo[76],
error inducido[77], decisión sin motivación[78], desconocimiento del precedente[79] y violación directa de la Constitución.
36.    La Corte Constitucional ha concluido que los
casos en que la jurisdicción ordinaria negó la pensión de sobreviviente bajo el
argumento de la no satisfacción del requisito de fidelidad se configura (i)
un desconocimiento del precedente, (ii) un defecto sustantivo y (iii)
una violación directa a la Constitución. La sentencia T-028 de 2012[80] concedió la
acción de tutela, por encontrar que los jueces de la jurisdicción ordinaria en
su decisión desconocieron el precedente establecido en las sentencias T-1036 de
2008, C-556 de 2009, T-730 de 2009, T-066 de
2010, T-534 de 2010, T-576A de 2010, T-755 de 2010, y T-586A de 2011. Al
respecto afirmó:
“[s]egún se expresó ampliamente en los fundamentos normativos de esta sentencia, existe una sólida línea
jurisprudencial del Tribunal Constitucional, en la que se ha constatado que el requisito de
fidelidad plasmado en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, resulta contrario a
la Carta, incluso desde la expedición de la ley, pues quebranta el principio de
progresividad y la prohibición de retroceso de los derechos sociales contenidos
en la Constitución.”
A pesar de ello, el Tribunal
Superior de Neiva, al analizar el recurso de apelación elevado por el apoderado
judicial de la demandante, y los argumentos de la sentencia de primera
instancia –que igualmente desconocía el precedente constitucional-, resolvió el
caso con base en un criterio a todas luces incompatible con la jurisprudencia
esta Corporación. Así, la autoridad judicial demandada estimó que (i) a la
accionante le era aplicable el requisito de fidelidad plasmado en el artículo
12 de la Ley 797 de 2003, en cuanto era la norma vigente al momento de la
defunción del esposo de la solicitante y; (ii) no era posible inaplicar el
presupuesto de fidelidad en cuanto la sentencia C-556 de 2009 que declaró su
inexequibilidad, se profirió en fecha posterior a la consolidación de la
prestación.
Las anteriores consideraciones
fueron sostenidas por el Tribunal Superior de Neiva pese a los múltiples
pronunciamientos proferidos por la Corte Constitucional en sede de revisión de
tutela, en los que se advirtió la necesidad de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad en lo relativo al requisito de fidelidad para con el
sistema de seguridad social en pensiones. De este modo, el Tribunal accionado
aplicó a la peticionaria el mencionado presupuesto, y le exigió el acatamiento
de un requisito incompatible con la Carta, desconociendo flagrantemente la
interpretación constitucional que sobre el asunto había dictado esta
Corporación, y dejando en un estado de desprotección a una persona de la
tercera edad, con fundamento en argumentos que, como se ha dicho, se advierten
inadmisibles desde la óptica constitucional”[81].
37.    En la sentencia SU-132 de 2013 se identificó un
defecto sustantivo, dado que los jueces omitieron inaplicar la norma por vía de
excepción de inconstitucionalidad[82].
Este defecto se da en la medida que “el juez competente empleó una
interpretación normativa sin tener en cuenta que ésta resultaba contraria a los
derechos y principios consagrados en la Carta Fundamental. Por lo tanto, basó
su decisión en una norma que, de acuerdo con el principio de interpretación
conforme a la Constitución, no podría existir en nuestro ordenamiento. En
consecuencia, se expide un fallo con fundamento en normas que, siendo de menor
jerarquía, van en contra de los principios y derechos establecidos en la
Constitución Política y, así, se genera un quebrantamiento de la misma” [83].
38.    Esta Corporación también ha considerado que se
configura la causal de violación directa a la constitución. En la sentencia
SU-158 de 2013 expuso: “aunque la norma vigente al momento de fallecer el
causante de la pensión reclamada era la Ley 797 de 2003, artículo 12 literales
a) y b), lo cierto es que dichas disposiciones no resultaban aplicables por ser
inconstitucionales. Así las cosas, la sentencia del Tribunal Superior de
Medellín pudo no ajustarse a la ley vigente, como lo señaló la Sala de Casación
Laboral, pero lo cierto es que en este caso eso no era censurable por cuenta de
que la ley vigente resultaba manifiestamente inconstitucional. En contraste, la
sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
incurrió en un defecto por desconocimiento directo de la Constitución ya que la
Ley que exigía aplicar resultaba inconstitucional. El defecto consistió,
puntualmente, en no haber inaplicado la Ley pese a ser contraria a la
Constitución, tal y como esta última había sido interpretada en numerosos
pronunciamientos por la Corte Constitucional, que es la Corporación que tiene
asignada la función primigenia de guardar la integridad y supremacía de la
Constitución Política (art. 241, C.P.)”[84]. Esta misma argumentación
se presentó en la sentencia SU-407 de 2013[85] y SU-873 de 2014[86].
39.    Con respecto a
las instituciones operadoras de pensiones públicas o privadas que niegan el
reconocimiento de la pensión de sobreviviente por no encontrar cumplido el
requisito de fidelidad, esta Corporación ha señalado que “no sólo están
desconociendo el carácter normativo y vinculante de la Constitución (art. 4 C.P.),
que proscribe la utilización de las normas legales expulsadas del ordenamiento
jurídico, sino que tales actos están cimentados en desconocimiento del
precedente constitucional y en consecuencia, de encontrarse acreditados los
requisitos jurisprudenciales de procedencia del amparo constitucional, el juez
constitucional está autorizado para restablecer la eficacia de los derechos
fundamentales afectados por tales actuaciones”[87].
En este escenario, en la sentencia T-038 de 2013, esta
Corporación previno a Porvenir S.A. “para que en lo sucesivo
se abstenga de exigir el cumplimiento del requisito de fidelidad al sistema,
toda vez que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional éste
ha sido desde siempre contrario a la Constitución Política, lo cual implica que
no puede ser requerido, ni siquiera en situaciones configuradas antes de la
expedición de la Sentencia C-556 de 2009”[88].
40.    En síntesis, la acción de
tutela procede contra providencias judiciales que negaron la pensión de
sobreviviente con fundamento en el incumplimiento del requisito de fidelidad,
aun cuando el fallecimiento del afiliado cotizante se haya dado bajo la
vigencia de los literales a y b del artículo 12 de la Ley 797 de 2003. Lo
anterior, por cuanto las decisiones del juez laboral incurrieron en (i) un
desconocimiento del precedente, (ii) un defecto sustantivo y (iii) una
violación directa a la Constitución.
D.   El análisis del
caso concreto.
41.    Le corresponde a esta Sala decidir si procede la acción de tutela contra la
Sociedad Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que decidieron negar la pensión de sobreviviente, con fundamento en que
el fallecimiento de la afiliada cotizante al sistema de pensiones ocurrió en
vigencia del literal ‘a’ del artículo 12 de la Ley 797 de 2003. Dado que la
acción de tutela se presenta contra providencias judiciales, se analizará si se
cumplen los requisitos generales y las causales propiamente dichas.
42.    La Sala concluye que se
cumplen los requisitos generales. En primer lugar, se trata de un asunto
relacionado con la pensión de sobrevivientes, que como se mencionó, es un
derecho fundamental e imprescriptible, que dada su estrecha relación con
derechos como el mínimo vital y la vida digna constituye un tema de relevancia
constitucional. En segundo lugar, se constata que fueron agotados los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, en tanto la ciudadana
accionante, mediante apoderado judicial, presentó su caso ante jueces laborales
y acudió ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia; además, el 13 de enero de 2016 presentó una segunda solicitud a la Sociedad
Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. En tercer lugar,
la accionante señala que la vulneración de sus derechos se debe a la aplicación
de una norma declarada inconstitucional y al desconocimiento del precedente
constitucional aplicable. En cuarto lugar, las providencias impugnadas no son
sentencias de tutela. En quinto lugar, en el caso particular no se hace referencia
a una irregularidad procesal.
42.1. Finalmente, con respecto
al principio de inmediatez vale la pena resaltar que, como se mencionó en las
consideraciones previas, le corresponde al juez de tutela analizar en el caso
concreto si se cumple o no con este requisito. En este escenario se identifica
que se trata de un caso en el que ha transcurrido un periodo prolongado de
tiempo entre la interposición de la acción de tutela y la sentencia de la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia; en consecuencia, se debe
analizar si se cumple alguno de los criterios que la jurisprudencia ha
establecido para este tipo de casos, esto es si (i) la vulneración de
los derechos es continua y actual; o, (ii) si la accionante es
una persona de especial situación.
Además, en este análisis la
Corte Constitucional debe tener en cuenta que la falta de pensión implica una
vulneración de los derechos de la accionante que permanece en el tiempo de
manera continua dado que mes a mes ha dejado de percibir la mesada pensional. En
este mismo sentido, debe considerarse que las providencias judiciales contra
las que se interpone la acción de tutela y la negativa de la Sociedad
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. justificaron la
negación del derecho a la pensión de sobreviviente en una norma
inconstitucional. Es decir que, resulta insuficiente que se calcule el
tiempo entre la providencia que se cuestiona y la interposición de la acción de
tutela. En el
caso concreto, si bien han transcurrido 5 años y
3 meses desde la
sentencia de casación, emitida el 30 de noviembre de
2010, hasta la interposición de la acción de tutela, que se realizó el 4 de
marzo de 2016, concluye la sala que se trata de un caso excepcional, en el que se
encuentra cumplido el requisito de inmediatez por las siguientes razones.
42.2. Primero, la violación de los derechos ha permanecido en el
tiempo de manera permanente, dado que la accionante no ha recibido la mesada
mensual que le permita mantener unas condiciones de subsistencia con las
garantías mínimas de vida digna, pues como quedó demostrado en la etapa
probatoria de la jurisdicción ordinaria, la ciudadana dependía económicamente
de su hija fallecida. Se trata pues de un caso en el que la satisfacción de las
necesidades básicas depende de manera exclusiva de las mesadas pensionales; y,
en consecuencia, la falta de estas amenaza el goce efectivo del derecho
fundamental al mínimo vital. En otros términos, dado que la pensión es de
tracto sucesivo, su carencia tiene como consecuencia una vulneración permanente;
es decir, es continua y actual, dado que de mes a mes la accionante se
encuentra en una situación en la que carece de las posibilidades de satisfacer,
de manera mínima, condiciones de dignidad humana y, por ende, ve afectado su
derecho al mínimo vital. En el presente caso se concluye que la accionante
depende únicamente de la pensión de sobreviviente con base en la
afirmación de la accionante, conforme con la que no tiene las condiciones
necesarias para ser autosuficiente en términos económicos, toda vez que, como
lo afirmó en el proceso ordinario y en el escrito de la acción de tutela, sus
recursos provienen de la labor que desempeña esporádicamente como empleada del
servicio doméstico. Las consideraciones anteriores, llevan concluir que la
vulneración de derechos de la accionante es continua y actual.
42.3. Segundo, es esencial valorar que la accionante se encuentra en
un estado de indefensión, dada su condición de trabajadora doméstica; en
consecuencia, la ciudadana Gloria Elena Londoño Vargas es considerada un sujeto
de especial protección constitucional. En este sentido, conforme a la
jurisprudencia de esta Corporación, forma parte de un grupo poblacional que cuenta con pocas alternativas para lograr el
reconocimiento de su derecho pensional[89]. Al respecto, la sentencia
T-343 de 2016 afirmó: “[e]n el caso
de los empleados y las empleadas de servicio doméstico existe una consideración
adicional que sustenta su estado de indefensión, esto es que han sido
calificadas por la jurisprudencia constitucional como sujetos de especial
protección ‘y, especialmente, de subordinación en relación con sus
empleadores, por el hecho de estar bajo sus órdenes, aunado a la carencia de
los medios mínimos requeridos para repeler la eventual violación o amenaza a
sus derechos fundamentales’[90]. Esta
Corporación ha concluido que existe un desconocimiento generalizado ‘por
parte de los y las trabajadoras del servicio doméstico de sus derechos mínimos,
lo cual genera la trasgresión sistemática de derechos fundamentales’[91], razón por la que ven expuestos
a “condiciones de mayor vulnerabilidad’ [92]. A lo anterior se le suma la informalidad que
ha caracterizado este tipo de contratación y que en muchas ocasiones debido a
esa razón los empleadores incumplen su obligación de realizar la afiliación al
Sistema de Seguridad Social. Así pues se trata de un grupo poblacional que
cuenta con pocas alternativas para lograr el reconocimiento de su derecho
pensional”[93].
42.4. Y, finalmente, las providencias judiciales sustentaron su fallo en una norma
abiertamente inconstitucional por contrariar el principio de progresividad; y,
con ello, desconocieron el precedente constitucional. De acuerdo con la
jurisprudencia constitucional, “el carácter imprescriptible e
irrenunciable del derecho a la pensión de sobrevivientes, la vulneración que se
presente en relación con el mismo es actual, si la negativa se fundamenta en un
criterio abiertamente inconstitucional y está comprometido el derecho al mínimo
vital”[94].
Así pues, en el caso objeto de pronunciamiento son aplicables
las consideraciones expuestas por esta Corporación en la sentencia SU-158 de
2013, en la que se afirmó la violación permanente, continua y actual de los
derechos de la accionante “[p]orque se le había negado una pensión de
sobrevivientes sobre la base de un criterio manifiestamente inconstitucional, y
desde entonces la persona se encontraba en una situación crítica de pobreza que
al momento de presentar el amparo no había podido superar”[95]. Lo anterior debido a
que la ciudadana Londoño Vargas afirma que la falta de pensión conlleva una
afectación de sus derechos al mínimo vital y a tener una vida en condiciones
dignas; puesto que, no tiene una fuente estable de recursos económicos, sus
actividades como empleada del servicio doméstico son esporádicas y alega
sentirse cansada y enferma.
En síntesis,
el cumplimiento del principio de inmediatez se justifica en la existencia
actual de un daño y en el estado de indefensión de la accionante. En todo caso,
la Sala reconoce que se trata de un caso en el que ha transcurrido un periodo
prolongado de tiempo entre la interposición de la acción de tutela y la emisión
de las providencias judiciales contra las que se interpone este mecanismo de
protección, pero dadas las condiciones particulares del caso concreto y ante la
existencia de una afectación actual concluye el cumplimiento de este requisito.
Se reitera que el análisis del cumplimiento de este requisito debe llevarse a
cabo conforme a los criterios jurisprudenciales establecidos. El análisis
expuesto sobre el asunto en este pronunciamiento no conlleva, de manera alguna,
el desconocimiento de dicha doctrina constitucional; pues se trata de un caso excepcional
que exigía una flexibilización en el análisis del requisito dada la
singularidad del caso objeto de análisis.
43.    Luego de verificar el
cumplimiento de los requisitos generales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, pasa la Sala a verificar si se cumple al
menos una de las causales propiamente dichas. En el escrito de tutela se alegó
que se configura un defecto sustantivo, en tanto se desconoció el precedente
constitucional aplicable al caso. Con base en la jurisprudencia que ha decidido
casos análogos al presente[96], esta Sala concluye que, en efecto,
las providencias judiciales incurrieron en un defecto sustantivo, en una
violación directa de la constitución y en el desconocimiento del precedente
aplicable al caso. Lo anterior debido a que la decisión de negar el derecho a
la pensión de sobreviviente se fundó en el literal ‘a’ del artículo 12 de la
Ley 797 de 2003, norma abiertamente inconstitucional por constituir una medida
regresiva y desconocer el principio de progresividad. Por lo tanto, los jueces
de instancia y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
debían inaplicar el requisito de fidelidad, por medio de la excepción de
inconstitucionalidad. Es importante resaltar que la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia emitió su sentencia el 30 de noviembre de 2010, es
decir que dicho pronunciamiento es posterior a la sentencia C-556 de 2009, que
declaró la inconstitucionalidad del requisito de fidelidad en materia de
pensión de sobrevivientes.
44.    De
manera que, tal y como se ha señalado en fallos previos para hechos análogos,
se concederá la protección de los derechos por las siguientes razones: “(i)
actualmente los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 no se encuentran
dentro del ordenamiento jurídico al haber sido declarados inexequibles por ésta
Corporación en sentencia C-556 de 2009, luego no pueden ser aplicados por
ninguna entidad prestacional; (ii) exigir el requisito de fidelidad como
argumento para negar la pensión de sobrevivientes, implica desconocer el
precedente establecido por la Corte Constitucional, según el cual éste tipo de
normas, en tanto resultan regresivas, son inconstitucionales; (iii) es cierto
que para el momento de elevarse la solicitud de pensión de sobrevivientes, la
norma declarada inexequible aún se encontraba vigente, por lo que la sentencia
de constitucionalidad no podría prima facie aplicarse al presente caso. Sin
embargo, tal como lo ha expuesto la jurisprudencia en casos similares, la
negativa de la entidad para reconocer la pensión de sobrevivientes proyecta en
el tiempo y hacia futuro los efectos de una norma declarada inconstitucional,
afectando los derechos fundamentales de los accionantes; (iv) la Sala reitera
que la sentencia de constitucionalidad lo único que hizo fue corregir una
situación que desde siempre fue contraria al derecho fundamental a la seguridad
social en pensiones y que, por consiguiente, se limitó a reafirmar el carácter
irregular de una disposición que desde antes estaba en contra de la
Constitución, por consiguiente, el pronunciamiento de la Corte tendría un
carácter declarativo y no constitutivo”[97].
45.    Así,
por una parte, la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín debía inaplicar el requisito de fidelidad por
desconocer el principio de progresividad. Por otra parte, la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que no casó la sentencia del Tribunal,
le correspondía reconocer la inexequibilidad del requisito de fidelidad
contenido en los literales ‘a’ y ‘b’ del artículo 12 de la Ley 797 de 2003; y,
por lo tanto, no estaba facultada para sustentar su decisión en una norma que
había sido declarada inconstitucional, toda vez que al momento de emitir este
fallo la Corte Constitucional ya había proferido la sentencia C-556 de 2009.
46.    Bajo
esta línea argumentativa, concluye esta Corporación que las decisiones de la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia vulneraron los derechos fundamentales
al debido proceso, la seguridad social y al mínimo vital de la ciudadana Gloria Elena Londoño Vargas. Pues como se ha afirmado, “[t]oda providencia judicial que le otorgue efectos al
requisito de fidelidad al sistema es inconstitucional, sin importar si es
proferida antes o después de la sentencia C-556 de 2009, en la que se
declararon inexequibles los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 797 de
2003, pues tal requisito siempre ha sido contrario a los postulados superiores”[98].
47.    Con
base en las consideraciones previas, la Corte revocará la providencia del 17 de
marzo de 2016 proferida por la Sala de Decisión de Tutela Nº 1 de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y del 28 de Abril de 2016
emitida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en las
que se declaró improcedente la acción de tutela por no encontrar cumplido el
principio de inmediatez. En su lugar, concederá el amparo de los derechos
fundamentales a la igualdad, a la defensa, al debido proceso,
a la seguridad social en pensiones, al mínimo vital, al acceso a la
administración de justicia y a tener una vida en condiciones dignas de
la actora. Como consecuencia del amparo otorgado, se dejará sin efecto las
sentencias del 21 de noviembre de 2008 de la Sala
Decimoséptima de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, que revocó
la sentencia de primera instancia y negó el reconocimiento del derecho a la
pensión de sobreviviente de la ciudadana accionante, y del 30 de noviembre de
2010 emitida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
que no casó la sentencia del Tribunal.
48.    La Sala Plena de la Corte Constitucional ordenará a la Sala
Decimoséptima de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín que dicte un nuevo fallo dentro del proceso ordinario
laboral promovido por Gloria Elena Londoño Vargas contra la Sociedad
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. en el que siga estrictamente el precedente
constitucional sobre fidelidad para con el sistema en materia de pensión de
sobrevivientes. En ese sentido, al proferir su sentencia el Tribunal accionado
no podrá aplicar a la accionante el mencionado requisito de fidelidad que se
encontraba consagrado en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, de acuerdo con
los fundamentos de esta providencia.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR la
providencia del 17 de marzo de 2016 proferida por la Sala de Decisión de Tutela
Nº 1 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y del 28 de
Abril de 2016 emitida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
en las que se declaró improcedente la acción de tutela por no encontrar
cumplido el principio de inmediatez. En su lugar, CONCEDER el amparo de
los derechos fundamentales a la igualdad, a la defensa, al
debido proceso, a la seguridad social en pensiones, al mínimo vital, al acceso
a la administración de justicia y a tener una vida en condiciones dignas de Gloria Elena Londoño Vargas.
Segundo.- DEJAR SIN EFECTOS (i)
la sentencia del 21 de noviembre de 2008 de la Sala
Decimoséptima de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, que revocó
la sentencia de primera instancia y negó el reconocimiento del derecho a la
pensión de sobreviviente de la ciudadana accionante, y (ii) el fallo del
30 de noviembre de 2010 emitida por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, que no casó la sentencia del Tribunal.
Tercero.- ORDENAR, por las
razones expuestas en esta providencia, a la Sala Decimoséptima
de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, que dentro de los diez (10) días siguientes a la
notificación de esta providencia, profiera una nueva sentencia dentro del
proceso ordinario laboral promovido por Gloria Elena
Londoño Vargas contra la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías
Porvenir S.A., en la que siga
estrictamente el precedente constitucional sobre fidelidad. En ese sentido, al
proferir su sentencia el Tribunal accionado no podrá aplicar a la accionante el
mencionado requisito de fidelidad que se encontraba consagrado en el artículo 12
de la Ley 797 de 2003.
Cuarto.- ADVERTIR a la Sociedad Administradora de Fondos de
Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. para que en lo sucesivo se abstenga
de exigir el cumplimiento del requisito de fidelidad al sistema, toda vez que
de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional este ha sido desde
siempre contrario a la Constitución Política, lo cual implica que no puede ser
requerido, ni siquiera en situaciones configuradas antes de la expedición de la
Sentencia C-556 de 2009.
Por la Secretaría, líbrese la
comunicación de que trata el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
María Victoria Calle Correa
Presidenta
AQUiLES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado
(E)
LUIS GULLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con
salvamento de voto
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
Con
aclaración de voto
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con
salvamento de voto
GLORIA STELLA ORTÍZ
DELGADO
Magistrada
Con
salvamento de voto
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL
MAGISTRADO GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
A LA SENTENCIA SU499/16
PRINCIPIO DE
INMEDIATEZ EN ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Caso en que transcurrieron más de dos años desde que fue proferida la
sentencia de casación/ACCION DE TUTELA Y
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ-Excepciones para aceptar
que se presente en un extenso espacio de tiempo entre vulneración y
presentación (Salvamento de voto)
En
el caso sub examine la Sala Plena de la Corporación consideró que las
decisiones proferidas vulneraron los derechos fundamentales del debido proceso,
seguridad social y mínimo vital de la accionante. La decisión de mayoría llego
a la conclusión de que se superó el requisito de inmediatez, a pesar de que
habían transcurrido más de dos años desde de que fue proferida la sentencia de
casación. No
estoy de acuerdo con que esta Corte haya tenido por superado el requisito de
inmediatez, el cual constituye en este caso un presupuesto de procedibilidad
esencial frente a sentencias judiciales, en la medida en que no basta con
verificar el simple paso del tiempo entre el hecho generador de la vulneración
de un derecho fundamental y la interposición de la demanda de tutela, sino que,
además, comprende la valoración de la razonabilidad del plazo, la cual está
sujeta a los hechos que configuran el caso concreto y que debe ser efectuada
por el juez de tutela atendiendo a los criterios que sobre el particular ha
fijado la jurisprudencia constitucional. El precedente ha señalado los casos en
los cuales puede flexibilizarse dicho requisito
Referencia: Expediente T-5.548.457
Acción de tutela
instaurada por Gloria Elena Londoño Vargas contra la Sociedad Administradora de
Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín y la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia.
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
En el caso sub examine la Sala Plena de
la Corporación consideró que las decisiones proferidas por la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia vulneraron los derechos fundamentales
del debido proceso, seguridad social y mínimo vital de la accionante. La
decisión de mayoría llego a la conclusión de que se superó el requisito de inmediatez,
a pesar de que habían transcurrido más de dos años desde de que fue proferida
la sentencia de casación.
No estoy de
acuerdo con que esta Corte haya tenido por superado el requisito de inmediatez,
el cual constituye en este caso un presupuesto de procedibilidad esencial
frente a sentencias judiciales, en la medida en que no basta con verificar el
simple paso del tiempo entre el hecho generador de la vulneración de un derecho
fundamental y la interposición de la demanda de tutela, sino que, además,
comprende la valoración de la razonabilidad del plazo, la cual está sujeta a
los hechos que configuran el caso concreto y que debe ser efectuada por el juez
de tutela atendiendo a los criterios que sobre el particular ha fijado la jurisprudencia
constitucional. El precedente ha señalado los casos en los cuales puede flexibilizarse
dicho requisito.[99]
En la sentencia
SU 428 de 2016, la Corporación señaló la necesidad de diferenciar el análisis
del requisito de inmediatez de cara a los distintos derechos fundamentales que
se evidencian vulnerados. Fue así como concluyó que el análisis de
procedibilidad que se realiza respecto de la violación del debido proceso en
materia de providencias judiciales, atiende criterios distintos de los que se
estudian cuando nos encontramos ante la eventual violación de los derechos al
mínimo vital y seguridad social.
El estudio de la
inmediatez, por ejemplo, en materia del debido proceso, atiende el transcurso
del tiempo entre la fecha en que se profirieron las decisiones judiciales y el
momento en que se interpuso la acción de tutela, elementos que no se esgrimen
cuando se trata de estudiar el mencionado requisito en materia de seguridad
social y mínimo vital, lo anterior, por cuanto se trata de la protección de
derechos fundamentales distintos y que no pueden medirse con el mismo rasero.
Vistas así las
cosas, en los casos en los que la acción de tutela se interpone contra una
decisión judicial, "que es fruto de un debate procesal y que en
principio, por su naturaleza y origen, debe entenderse ajustada a la
Constitución. [Es imprescindible] que se cumpla el
requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. (...) En criterio de la Corte, la exigencia de un término
razonable entre la vulneración de los derechos fundamentales del accionante y
la presentación de la tutela, evita el uso de este mecanismo constitucional
como herramienta supletiva de la propia negligencia o como elemento que
propicie la afectación injustificada de los derechos o intereses de terceros interesados”[100].
Sin necesidad de
afectar o intervenir la sentencia judicial no atacada oportunamente, en los
eventos en los cuales se vislumbra la trasgresión continua y permanente de los
derechos fundamentales a la seguridad social y mínimo vital, se impone la
necesidad de dilucidar de fondo el asunto. En materia pensional, en razón del
carácter vitalicio de las prestaciones económicas y de su imprescriptibilidad,
procede el reconocimiento de las mismas por parte de la entidad de seguridad
social, afectando la prescripción solo de las mesadas causadas que no fueron
reclamadas oportunamente.
Es así como tengo
por equivocada la interpretación que se esboza en la presente providencia en
relación con el requisito de inmediatez, puesto que en anterior sentencia de
unificación fue sentado un criterio distinto, en el cual se escinde el estudio
de dicho requisito de procedibilidad, atendiendo al derecho fundamental objeto
de estudio y ratificando la regla de que el trascurso del tiempo y la
inactividad judicial frente a providencias judiciales, torna improcedente la
acción de tutela contras dichas decisiones, lo cual no impide al juez
constitucional amparar directamente el derecho vulnerado cuya afectación
persiste en el tiempo, como ocurre con las prestaciones sociales pensiónales de
naturaleza vitalicia e imprescriptibles en sí mismas, sobre las mesadas dejadas
de reclamar oportunamente, o parte de las mismas cuando se trata de reajustes o
indexaciones que impongan un mayor valor a pagar. Tal fue la decisión que debió
tomar la mayoría en el presente caso. Esto es, se ha debido tutelar el derecho
directamente y fijar una fecha prescriptiva de las mesadas a reconocer desde
cuando se presentó la acción respectiva. Por lo demás consideró que para el
caso concreto someter a la accionante, una persona de 80 años, a esperar una
nueva decisión judicial, en lugar de que esta Corporación lo hiciera, le
resulta más lesivo a sus derechos fundamentales, que si se hubieren protegido
los derechos al mínimo vital y seguridad social, caso en el cual, las ordenes
debieron proferirse a efectos de ser cumplidas por las entidades del Sistema
General de Pensiones a quienes les corresponde el reconocimiento y pago de la
prestación reclamada, en los términos ya indicados. Fueron las razones
esbozadas las que me condujeron a disentir parcialmente de la decisión
adoptada.
Fecha ut
supra,
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
ACLARACION DE VOTO
DEL MAGISTRADO
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
A LA SENTENCIA SU499/16
MP. LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Desconocimiento del precedente jurisprudencial/SENTENCIA DE
UNIFICACION-Finalidad/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Desconocimiento del precedente
de la Corte Constitucional respecto de no exigir cumplimiento de requisito de
fidelidad (Aclaración de voto)
Una de las
finalidades de las sentencias de unificación adoptadas por esta Corporación es
precisamente la de homogenizar la solución de un caso en concreto, con el fin
de que cuando se presente una controversia con idéntica situación fáctica la
respuesta jurídica sea la misma. En ese sentido, la sentencia SU-428 de 2016 protegió los derechos fundamentales de la
compañera permanente para obtener el reconocimiento de la pensión de
sobreviviente, negada al no cumplir con el requisito de fidelidad; en ésa
oportunidad la Corte indicó que tratándose del requisito de densidad declarado
inexequible, los jueces de la jurisdicción ordinaria laboral y constitucional
debían optar por aplicar la excepción de inconstitucionalidad para inaplicar el
requisito de fidelidad en los casos en los que el afiliado o pensionado
falleció en vigencia de la disposición que posteriormente fue expulsada del
ordenamiento jurídico. Pese a la existencia del anterior caso de unificación,
la sentencia SU-499 de 2016, cinco salas después, resolvió el caso empleando la
teoría de la condición más beneficiosa, cuando el precedente de la SU-428 de
2016 le era plenamente aplicable con base en las similitudes fácticas y
jurídicas.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Caso en que la
doctrina de la condición más beneficiosa no era el camino jurídico apropiado
para resolver el asunto en concreto (Aclaración de voto)
En el caso no existían normas distintas en conflicto o dualidad de
regímenes pensionales, sino que se trataba del mismo artículo 46 de la Ley 100
de 1993 en lo que respecta al requisito de fidelidad, solo que visto desde
momentos distintos, es decir, uno mientras estuvo vigente y otro después de su
declaratoria parcial de inexequibilidad. Evento que de ninguna forma se ajusta
a la hipótesis de hecho exigida en la condición más beneficiosa.
La situación fáctica de la sentencia de la
referencia señala que el Fondo de Cesantías y Pensiones Porvenir S.A. negó el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la beneficiaria en calidad de
madre del causante de la prestación, en tanto que el fallecido afiliado no
cumplió con el obligación de fidelidad -20% de cotización- antes de la muerte
-4 de abril de 2003-, requisito declarado inexequible sin efectos retroactivos
por la sentencia C-1094 del 19 de noviembre de 2003[101].
La sentencia de unificación SU-499 de 2016 resolvió tutelar los derechos
fundamentales a la igualdad, a la defensa, al debido proceso, a la seguridad social
en pensiones, al acceso a la administración de justicia y a tener una vida en
condiciones dignas, y en consecuencia ordenó a la respectiva AFP que en el
futuro se abstenga de exigir dicho requisito.
Por técnica
jurídica, al estar de acuerdo con la parte resolutiva toda vez que la tutelante
tiene derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y con que los
efectos de una norma expulsada del ordenamiento jurídico no pueden ser
reproducidos en actos administrativos posteriores, apoyé la decisión adoptada
pero manifestando que me aparto integralmente de las razones jurídicas
empleadas en la sentencia de unificación ,y en consecuencia aclaro
respetuosamente mi voto con fundamento en las siguientes consideraciones:
Desconocimiento
del precedente jurisprudencial adoptado en un tema similar
Una de las
finalidades de las sentencias de unificación adoptadas por esta Corporación es
precisamente la de homogenizar la solución de un caso en concreto, con el fin
de que cuando se presente una controversia con idéntica situación fáctica la
respuesta jurídica sea la misma. En ese sentido, la sentencia SU-428 del 11 de
agosto de 2016[102]
protegió los derechos fundamentales de la compañera permanente para obtener el
reconocimiento de la pensión de sobreviviente, negada al no cumplir con el
requisito de fidelidad; en ésa oportunidad la Corte indicó que tratándose del
requisito de densidad declarado inexequible, los jueces de la jurisdicción
ordinaria laboral y constitucional debían optar por aplicar la excepción de
inconstitucionalidad para inaplicar el requisito de fidelidad en los casos en
los que el afiliado o pensionado falleció en vigencia de la disposición que
posteriormente fue expulsada del ordenamiento jurídico.
Pese a la
existencia del anterior caso de unificación, la sentencia SU-499 del 14 de
septiembre de 2016, cinco salas después, resolvió el caso empleando la teoría
de la condición más beneficiosa, cuando el precedente de la SU-428 de 2016 le
era plenamente aplicable con base en las siguientes similitudes fácticas y
jurídicas:
SU-428 de 2016
SU-499 de 2016
Tipo de pensión:
Sobrevientes
Sobrevientes
Norma aplicable:
Artículo 46 de la Ley 100 de
1993
Artículo 46 de la Ley 100 de
1993
Acreditó ser beneficiaria:
Si. Compañera permanente
Si. Madre
Fallecimiento en vigencia
del requisito de fidelidad:
Si.
Si.
Inaplicabilidad
de la condición más beneficiosa
Por otro lado considero que la doctrina de la condición más
beneficiosa no era el camino jurídico apropiado para resolver el caso en
concreto, puesto que independientemente del debate sobre su interpretación
tradicional o amplia, ambas posturas coinciden en que se trata de una tensión
entre dos normas jurídicas distintas, tal y como lo señaló la sentencia de
unificación SU-442 de 2016[103] al señalar lo siguiente:
“El propósito de este fallo es
unificar la doctrina constitucional, en lo que respecta a si las normas
aplicables en virtud del principio constitucional de la condición más
beneficiosa son solo las inmediatamente anteriores a las vigentes. Conviene
entonces anotar que si bien la inaplicación parcial de la Ley 860 de 2003, en
los términos expuestos, ha dado lugar a una jurisprudencia consistente, hay una
discusión sobre el alcance de este principio que gira en torno a cuál norma
derogada puede ser aplicada para la resolución de un caso. Más precisamente, se
ha discutido en la jurisprudencia constitucional y en la laboral ordinaria si
en virtud de ese principio fundamental sólo se puede aplicar la norma
inmediatamente anterior a la Ley 860 de 2003; esto es, la Ley 100 de 1993 en su
redacción original, o si también se puede aplicar otra igualmente anterior,
aunque su vigencia no anteceda inmediatamente a la Ley 860 de 2003, como es el
Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año”.
En ese sentido, se tiene que el caso resuelto en la SU-499 de 2016
no existían normas distintas en conflicto o dualidad de regímenes pensionales,
sino que se trataba del mismo artículo 46 de la Ley 100 de 1993 en lo que
respecta al requisito de fidelidad, solo que visto desde momentos distintos, es
decir, uno mientras estuvo vigente y otro después de su declaratoria parcial de
inexequibilidad. Evento que de ninguna forma se ajusta a la hipótesis de hecho
exigida en la condición más beneficiosa.
Con fundamento en todo lo expuesto y con el acostumbrado respeto,
dejo expuestos los motivos de mi aclaración.
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Magistrado
SALVAMENTO DE VOTO
DE LA MAGISTRADA
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
A
LA SENTENCIA SU499/16
PRINCIPIO DE
INMEDIATEZ EN ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-El requisito de inmediatez se
apoya también en la necesidad de armonizar la protección de la seguridad
jurídica y el respeto por la cosa juzgada (Salvamento de voto)
En el caso concreto no se reúne el requisito de
inmediatez, de acuerdo con los estándares de la jurisprudencia constitucional
desarrollados en tutelas contra sentencias. En relación con las tutelas contra
providencias judiciales el requisito de inmediatez se apoya también en la
necesidad de armonizar la necesaria protección de la seguridad jurídica y el
respeto por la cosa juzgada.
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Se debió declarar la improcedencia por cuanto el lapso que
transcurrió entre las providencias controvertidas y la interposición de la
acción es excesivo y la demandante no explicó las razones por las que no
presentó la tutela en un tiempo razonable (Salvamento de voto)
Referencia:
Expediente T-5.548.457
Acción de tutela
instaurada por Gloria Elena Londoño Vargas contra la Sociedad Administradora de
Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín y la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia.
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Con el
acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, a
continuación presento las razones que me condujeron a salvar el voto en
la sentencia de la referencia, proferida por la Sala Plena, el 14 de septiembre
de 2016.
La sentencia SU-449 de 2016 analizó
una acción de tutela que controvertía decisiones proferidas en el marco de un
proceso laboral promovido por la señora Gloria Elena Londoño Vargas para
obtener el  reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a la que
consideraba tener derecho.
En primera instancia, el 29 de
febrero de 2008, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Descongestión de
Medellín ordenó a Porvenir reconocer y pagar la pensión de sobreviviente
reclamada por la demandante. En segunda instancia, el 21 de noviembre de 2008,
la Sala Décimo Séptima de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín revocó la sentencia de primera instancia, pues consideró
que la causante –hija de la peticionaria- no cumplía con el requisito de
fidelidad del 20% de cotización entre el momento en que cumplió 20 años y la
fecha de su muerte. Posteriormente, el 30 de noviembre de 2010, la Corte
Suprema de Justicia decidió no casar la sentencia del Tribunal Superior de
Medellín porque, en su criterio, (i) la Ley 797 de 2003 era la normativa
aplicable al momento del fallecimiento de la causante; (ii) la cotizante no
cumplió con el requisito de fidelidad del 20% exigido legalmente; y (iii) no
era procedente el principio de condición más beneficiosa.
Cinco años y tres meses después,
el 4 de marzo de 2016, la señora Gloria Elena Londoño Vargas presentó acción de
tutela contra Porvenir, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia. Manifestó que las decisiones que negaron la pensión de sobrevivientes
vulneraron sus derechos a la igualdad, a la defensa, al debido proceso, a la
seguridad social, al mínimo vital, de acceso a la administración de justicia y
a la vida digna, pues exigieron el cumplimiento del requisito de fidelidad, que
fue declarado inexequible por la Corte Constitucional.
El 17 marzo de 2016, la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la acción
de tutela porque estimó que no se cumplía el requisito de inmediatez y porque
los precedentes aducidos por la accionante son posteriores al fallo que
cuestiona.
En segunda instancia, el 28 de
abril de 2016, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
confirmó la decisión de primera instancia. Consideró que aunque se reunía el
requisito de inmediatez,  no se configuró una vía de hecho en la sentencia de
la Corte Suprema de Justicia.
En revisión de la anterior
decisión, la Sala Plena de la Corte Constitucional consideró que se cumplían
todos los requisitos generales de tutela contra providencia judicial. En
especial, aseguró que existía inmediatez por tres razones, a saber, (i) que la
violación de derechos continúa con el paso del tiempo, pues la peticionaría
derivaba su sostenimiento de los ingresos de su hija fallecida y ante la
ausencia del pago de la prestación, el daño continúa; (ii) que la accionante es
una mujer en estado de indefensión, es trabajadora doméstica y, por lo tanto,
merece una especial protección constitucional; y (iii) que las providencias
judiciales atacadas se sustentaron en una norma inconstitucional y
desconocieron el precedente constitucional. La providencia resaltó que en el
caso concreto ha transcurrido un gran período de tiempo entre las decisiones
judiciales impugnadas y la acción de amparo, sin embargo, el requisito de
inmediatez se acredita porque la afectación es actual.
En el análisis de las causales
específicas, la Sala consideró que las providencias judiciales impugnadas
incurrieron en un defecto sustantivo, violación directa de la Constitución y
desconocimiento del precedente porque negaron la pensión de la accionante con
fundamento en una norma inconstitucional, contraria al principio de
progresividad.
Decidí salvar
mi voto en la anterior decisión porque considero que en el caso concreto no
se reúne el requisito de inmediatez, de acuerdo con los estándares de la
jurisprudencia constitucional desarrollados en tutelas contra sentencias.
El requisito
de inmediatez exige que la acción de amparo se interponga en un plazo razonable
después del hecho o la omisión que se estima violatoria de los derechos
fundamentales. Esta Corporación ha resaltado que, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela puede interponerse “en
todo momento” porque no tiene término de caducidad[104].
Sin embargo, la jurisprudencia ha exigido “una correlación temporal entre la solicitud de tutela y el
hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales”[105].
Lo anterior, porque el amparo es un mecanismo judicial para abordar
situaciones urgentes, que requieren una actuación rápida de los jueces. No
obstante, cuando la acción se presenta mucho tiempo después de la causa que se
alega como atentatoria de derechos, se desvirtúa su carácter apremiante y la
necesidad de actuar al instante.
La jurisprudencia de esta
Corporación ha precisado que el requisito de inmediatez (i) persigue la protección de la seguridad jurídica e intereses de
terceros, (ii) se debe analizar a la luz del concepto de plazo razonable y
(iii) se debe estudiar en relación con “la finalidad de la acción, que
supone a su vez la protección urgente e inmediata de un derecho constitucional
fundamental”[106].
Con
respecto a la seguridad jurídica, el requisito de inmediatez tiene como objeto
no afectar la certeza y estabilidad jurídica de los actos o decisiones que no
han sido controvertidos durante un tiempo razonable, frente a los cuales se
presume el mantenimiento de sus efectos por la ausencia de controversias
jurídicas.
En relación
con las tutelas contra providencias judiciales el requisito de inmediatez se
apoya también en la necesidad de armonizar la necesaria protección de la
seguridad jurídica y el respeto por la cosa juzgada. Como lo expuso la
sentencia C-590 de 2005, si el amparo no se interpone en un lapso razonable,
existiría un manto de incertidumbre sobre todas las decisiones judiciales:
“[D]e permitir que la acción de tutela proceda meses o
aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.”[107]
En
el mismo sentido, esta Corporación ha advertido que si este requisito se aborda
de forma laxa, “la firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera de la
controversia constitucional que en cualquier momento, sin límite de tiempo”[108]. Además, las personas no
tendrían claridad sobre el alcance de sus derechos, pues los efectos de algunos
fallos no se limitan a una sola persona, éstos pueden tener incidencia en los
derechos de terceros que estimaban resuelta y en firme una situación jurídica,
pero posteriormente encuentran un cambio que los afecta.
Igualmente, un análisis laxo del requisito de inmediatez dejaría
en entredicho una de las principales características de las providencias
judiciales relativa a la seguridad jurídica, pues los efectos de una decisión
podrían ser interrumpidos de forma intempestiva a través de la acción de
tutela. Por ello, esta Corporación ha indicado que el estudio de este
requisito de procedibilidad de las tutelas que controvierten decisiones
judiciales “debe ser más exigente puesto que [su] firmeza (…) no puede
mantenerse en vilo indefinidamente”[109].
Ahora bien, esta Corte ha considerado que a pesar del paso del
tiempo, pueden existir razones que justifiquen la inactividad del peticionario
frente a una violación o amenaza constante a sus derechos. Al respecto, la
Corporación ha identificado algunas razones para declarar procedente la acción
de amparo a pesar del paso del tiempo prolongado, a saber, “(i)
[que] exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros;
(ii) [que] la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) [que] exista un nexo
causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los
derechos de los interesados; o (iv) [que] cuando se demuestre que la
vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la
originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación
desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es
actual”[110].
En relación con el caso concreto,
decidí salvar el voto, pues considero que no se cumple el requisito de
inmediatez porque la acción de amparo no se interpuso en un tiempo razonable
después de la emisión de las providencias judiciales controvertidas.
Entre la sentencia de la Corte
Suprema de Justicia, que la peticionaria pretende dejar sin efectos, y la
acción de tutela, transcurrieron 5 años y tres meses, tiempo que encuentro
excesivo para cuestionar decisiones judiciales. Lo anterior, cuestiona que
efectivamente la protección requerida tuviera el carácter de urgente, pues la
demandante pudo acudir a la acción de amparo desde que conoció la decisión que
ahora cuestiona, pero no lo hizo.
Además, la demandante no expuso
razones para justificar su inactividad en la presentación de la acción de
tutela. Por lo tanto, estimo que permitir que se controvierta una providencia
judicial tanto tiempo después, pone en riesgo la seguridad jurídica, pues
aquellas decisiones judiciales que hicieron tránsito a cosa juzgada y que no
fueron controvertidas por las partes durante más de cinco años,
intempestivamente vuelven a discutirse y se cambian las condiciones que un
proceso judicial consolidó.
Adicionalmente, no comparto las
razones de la Sala Plena para asegurar que se cumple el requisito de
inmediatez, como paso a exponer a continuación.
Primero,
considero que no es claro que en este caso la accionante requiera la pensión de
sobrevivientes para asegurar su mínimo vital, pues pasó mucho tiempo sin que
ella tuviera un ingreso y no explicó por qué  si su mínimo vital dependía del
pago de la prestación, pudo vivir dignamente por cinco años sin ese ingreso
mensual. Segundo, porque la ponencia hizo referencia a que las autoridades judiciales
aplicaron normas abiertamente inconstitucionales, sin embargo, en mi criterio
este asunto no es pertinente para analizar la razonabilidad del plazo en el que
se presenta la acción de tutela, dado que se trata de un tema de fondo.
Tercero, porque de acuerdo con la sentencia, las decisiones judiciales que
negaron la prestación implican la ausencia del pago de la pensión, en
consecuencia, el daño -entendido como una ausencia de tal ingreso- continúa. En
mi criterio, ese argumento no es aceptable porque todas las decisiones
judiciales que niegan el reconocimiento de un derecho que se cree tener o el
pago de una acreencia insoluta, produce la afectación actual del derecho
fundamental alegado, pues mientras no se reconoce la violación del derecho, se
mantiene.
De acogerse
el argumento según el cual el daño subsiste porque la sentencia que negó una
petición aún surte efectos, desaparecería el requisito de inmediatez frente a
todas las sentencias que niegan una pretensión, incluso, si fueron proferidas
muchos años atrás, pues el daño continuaría tanto como los efectos de la
providencia. No solo las sentencias que tienen como pretensión el
reconocimiento pensional podrían ser demandadas a través de la acción de amparo
en virtud de los derechos a la seguridad social y al debido proceso,  también
todas las decisiones judiciales que nieguen alguna pretensión, frente a las
cuales subsista un derecho con incidencia constitucional, podrían ser objeto de
análisis a través de tutela, pues se mantendría un perjuicio que podría
abordarse años después.
En conclusión, decidí salvar mi
voto en la sentencia SU-499 de 2016 porque no comparto el análisis de
inmediatez efectuado por la Sala Plena. En mi criterio, el lapso que
transcurrió entre las providencias controvertidas y la interposición de la
acción es excesivo y la demandante no explicó las razones por las que no
presentó la tutela en un tiempo razonable.
Fecha et supra.
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Magistrada
[1] Expediente T-5548457,
Tercera Audiencia de Trámite, Juzgado Doce Laboral del Circuito, Cuaderno N° 2,
Folio N° 15.
[2] Expediente T-5548457,
Segunda Audiencia de Trámite, Juzgado Doce Laboral del Circuito, Cuaderno N° 2,
Folio N° 13.
[3] La ciudadana Beatriz
Elena Arroyave Londoño falleció el 4 de abril de 2003, momento para el que ya
estaba vigente la Ley 797 de 2003, que entró a regir el 29 de enero del mismo
año. Entre los 20 años de edad y el momento del fallecimiento, la ciudadana
Beatriz Elena Arroyave Londoño cotizó al sistema 60,71 semanas, y para cumplir
con el requisito de fidelidad al sistema debía cotizar 67,25 semanas.
[4] Expediente T-5548457,
Sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
proferida el 30 de noviembre de 2010, Radicación Nº 39790, Cuaderno N° 2, Folio
N° 39.
[5] Al respecto citó las
siguientes sentencias de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia: Radicación Nº 28876 del diciembre de 2007, Radicación Nº 32649 del 20
de febrero de 2008, Radicación Nº 5120 del 22 de Julio de 2008.
[6] Como fundamento de
esa afirmación mencionó las sentencias: T-974 de 2005, T-1291 de 2005, T-221 de
2006, T-043 de 2007, T-628 de 2007, T-699 de 2007, T-580 de 2007, T-078 de
2008, T-103 de 2008, T-658 de 2008 y T-1036 de 2008. “Pues no obstante las
mencionadas sentencias erigidas como precedente, la Corte Suprema de Justicia
derrumba la pensión concedida imponiéndoles a la causante la exigencia de la
fidelidad frente al sistema. Dicha decisión desconoce entonces lo dispuesto en
los cánones 4, 11, 13, 29, 46, 48, 53 y 229 de Nuestra Carta Política”.
Expediente T-5548457, Acción de tutela, Cuaderno N° 2, Folio N° 86.
[7] Expediente T-5548457,
Acción de tutela, Cuaderno N°2, Folio N° 88.
[8] Expediente T-5461469,
Sentencia de Tutela de Primera Instancia, proferida por la Sala de Decisión de
Tutela Nº 1 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
Cuaderno Nº 2, Folio Nº 169.
[9] Expediente T-5461469,
Sentencia de Tutela de Segunda Instancia, proferida por la Sala Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia, Cuaderno Nº 3, Folio Nº 31.
[10] Corte
Constitucional, Sentencia C-543 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
En este mismo sentido se pronunció esta Corporación en las sentencias T-001 de
1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[11] Decreto Ley 2591 de
1991, Artículo 11: “[l]a acción de tutela podrá ejercerse en todo tiempo salvo
la dirigida contra sentencias o providencias judiciales que pongan fin a un
proceso, la cual caducará a los dos meses de ejecutoriada la providencia
correspondiente”.
[12] Decreto Ley 2591 de
1991, Artículo 12: “[l]a caducidad de la acción de tutela no será obstáculo
para impugnar el acto o la actuación mediante otra acción, si fuere posible
hacerlo de conformidad con la ley”
[13] La declaratoria de
inconstitucionalidad de esta norma se fundó en la unidad normativa con los
artículos 11 y 12 declarados inconstitucionales. Corte Constitucional, Sentencia
C-543 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[14] Corte
Constitucional, Sentencia C-543 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[15] En este sentido, las
sentencias T-526 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-016 de 2006, M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa; T-692 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-905
de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-1084 de 2006, M.P. Álvaro Tafur
Galvis; T-1009 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-792 de 2007, M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra; T-825 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa;
T-243 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-594 de 2008, , M.P. Jaime
Córdoba Triviño; T-189 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-299 de 2009,
M.P. Mauricio González Cuervo; T-265 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto; T-691 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-883 de 2009, M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-328 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio, entre muchas otras.
[16] Corte Constitucional,
Sentencia SU-961 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[17] “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales.”
[18] Corte Constitucional,
Sentencia T-043 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[19] En este sentido las sentencias T-016 de
2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-158 de 2006, T-654 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006,
T-1084 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-1009 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-792 de 2007, M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra; T-594 de 2008, M.P.
Jaime Córdoba Triviño; entre
otras.
[20] Corte Constitucional,
Sentencia SU-961 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[21] Corte Constitucional,
Sentencia SU-961 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. En el mismo sentido, sentencias T-526 de 2005, M.P.
Jaime Córdoba Triviño; T-016 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-692
de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-158 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-692 de 2006,
M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-890
de 2006, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-905 de 2006, M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto; T-1009 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-1084 de 2006,
M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-825 de 2007, Manuel José Cepeda Espinosa; T-299 de 2009, M.P. Mauricio González
Cuervo; T-691 de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-883 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo; entre otras.
[22] Corte Constitucional,
Sentencia T-594 de 2008
M.P. Jaime Córdoba Triviño. En el
mismo sentido sentencias T-526 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-016 de 2006, M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa; T-692 de 2006, M.P.
Jaime Córdoba Triviño; T-1009 de
2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-299 de 2009, M.P. Mauricio González
Cuervo; T-691 de 2009, Jorge Iván Palacio Palacio; T-883 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo; entre otras.
[23] Corte Constitucional,
Sentencia T-1028 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[24] Corte Constitucional,
Sentencia T-981 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[25] Corte Constitucional,
Sentencia SU-961 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[26] Corte Constitucional,
Sentencia T-328 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[27] Corte Constitucional, Sentencia
SU-407 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
[28] En ese sentido, ver
sentencias T-172 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-743 de 2008, M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa; T-814 de 2004, M.P.
Rodrigo Uprimny Yepes y SU-961 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[29] Corte Constitucional, Sentencia T-043 de 2016, M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva. Estos criterios también han sido aplicados en las
sentencias: T-759 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos y T-243 de 2008, M.P. Manuel
José Cépeda Espinosa, entre otras.
[30] Corte Constitucional, Sentencia T-069 de 2015, M.P.
Martha Victoria Sáchica Méndez.
[31] Corte Constitucional, Sentencia T-158 de 2006,
M.P. Estas consideraciones fueron reiteradas en las sentencias T-590 de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica
Méndez; T-069 de 2015, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez; T-205 de 2015, M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado; T-043 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En este sentido
también se ha pronunciado esta Corporación en las sentencias T-526 de 2005,
T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-468 de 2006, T-654 de 2006, T-692 de 2006,
T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-1009 de 2006, T-1084 de 2006, T-593 de 2007,
T-696 de 2007, T-792 de 2007, T-243 de 2008, T-594 de 2008, T-189 de 2009,
T-265 de 2009, T-299 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de 2009, T-328 de 2010,
T-1028 de 2010, y SU-168 de 2013, entre otras. Ver entre otras, las Sentencias
T- 1110 de 2005, T- 593 de 2007, T-425 de 2009, T-1028 de 1010, T-187 de 2012 y
SU-158 de 2013. Ver entre otras, las Sentencias T- 593 de 2007, T-158 de 2006,
T-792 de 2009, T-1028 de 1010, T-187 de 2012 y T-844 de 2013. Ver Sentencias
T-1110 de 2005, T-158 de 2006, T- 429 de 2011, T-998 de 2012, SU-158 de 2013,
T-521 de 2013, T-447 de 2013, y T-841 de 2014. Allí la Sala Plena y las
diferentes Salas de Revisión han hecho alusión a estas situaciones
excepcionales al abordar la procedibilidad de acciones de tutela mediante las
cuales se pretendía obtener acceso a una defensa técnica, a un recalculo del
monto base de la pensión, a la indemnización por daños y perjuicios, a la
sustitución pensional, a la pensión de sobreviviente, a la pensión de
invalidez, reintegro derivado de estabilidad laboral reforzada y pago de
acreencias laborales a trabajadores sindicalizados respectivamente.
[32] Corte Constitucional,
Sentencia T-590 de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
[33] “Esta Corporación ha
sostenido que la pensión de sobrevivientes puede llegar a constituirse en
derecho fundamental en caso de que de ella dependa la garantía del mínimo vital
del accionante. Efectivamente, pueden llegar a conjugarse factores como la
avanzada edad del peticionario con su incapacidad financiera para solventar
unas condiciones de vida dignas de no recibir la mesada pensional.” Corte
Constitucional, Sentencia T-534 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En
este mismo sentido se pronunció en las sentencias T-072 de 2002, M.P. Álvaro
Tafur Galvis; T-755 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-127 de 2012,
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-260 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva;
y, SU-132 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.
[34] “La jurisprudencia
constitucional ha precisado de igual manera, que el derecho a la pensión de
sustitución es imprescriptible, con base en el artículo 48 de la Constitución
Política que establece la imprescriptibilidad del derecho a la seguridad
social, y el artículo 53 Superior que atribuye al Estado la garantía del
derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de estas prestaciones.” Corte
Constitucional, Sentencia T-534 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Esta
postura fue reiterada en las sentencias C-230 de 1998, M.P. Hernando Herrera
Vergara; SU-430 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-198 de 1999, M.P.
Alejandro Martínez Caballero; y, T-274 de 2007, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[35] Corte Constitucional,
Sentencia T-1283 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Sobre este aspecto
también se pueden consultar las siguientes sentencias: T-660 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-426 de 1992, M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz; T-556 de 1997, MP: Hernando Herrera Vergara; T-842 de
1999, M.P. Fabio Morón Díaz; T-1006 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández
Galindo; T-1103 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-049 de 2002, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra; T-995 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[36]Corte Constitucional,
Sentencia T-1036 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En este mismo
sentido se ha manifestado esta Corporación en las sentencias C-556 de 2009,
M.P. Nilson Pinilla Pinilla y T-772 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[37] Corte Constitucional,
Sentencia T-539 de 2014, M.P. Mauricio Gonzalez Cuervo.
[38] Corte Constitucional,
Sentencia T-243 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[39] En la sentencia 1028
de 2010, la Sala de Revisión estudió el caso de una tutela contra una
providencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que
negó la pensión de sobreviviente a la accionante, quien interpuso la accuñón de
tutela dos (2) años y ocho (8) meses después de la expedición de fallo de
casación. En esa sentencia se afirmó: “Así, en este caso la Sala considera que la tutela es
procedente. En efecto, a pesar del tiempo trascurrido desde la sentencia de
casación, la violación de los derechos a la seguridad social y al mínimo vital
permanece; es decir, continúa y es actual. Esto se puede inferir de varios
hechos, acreditados en el proceso. Primero, de la circunstancia de que
la señora Patricia Elena Nanclares (y su padre) han estado sin
pensión durante todo este tiempo, parcialmente a causa de la sentencia que
cuestionan. El desconocimiento a su derecho a la seguridad social es entonces
actual pues no se ha superado. Segundo, la permanencia de la vulneración se
puede colegir del hecho de que la tutelante y su padre continúan en una
situación crítica de pobreza, en la cual estaban sumidos desde cuando se
expidió el fallo de casación. La vulneración de su derecho al mínimo vital, por
lo tanto, no ha desaparecido sino que permanece. Tercero, es razonable extraer
esa condición de un dato, y es que en la familia nadie más recibe un salario,
un ingreso periódico estable, rentas o pensiones, y la actora nunca laboró, ya
que su compañero permanente no se lo permitía. La afectación de su derecho al
mínimo vital no es entonces sólo actual sino que tiende agravarse. La
accionante y su padre con setenta y siete años de edad viven sin recursos. El
paso del tiempo hace más difíciles las condiciones vitales de una familia
pobre, mientras todo permanezca igual. En vista de estas circunstancias es pues
lógico concluir que la violación continúa y es actual. Por ende, la Corte
considera que la tutela es procedente”. Corte Constitucional, Sentencia T-1028 de 2010, M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto.
[40] Corte
Constitucional, Sentencia SU-158 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
[41] Corte Constitucional,
Sentencia SU-407 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
[42] Corte
Constitucional, Sentencia SU-873 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
[43] Corte Constitucional,
Sentencia T-115 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
[44] Corte Constitucional,
Sentencia T-995 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En este mismo sentido
se pronunció en la sentencia T-534 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, en
la que afirmó: “todo retroceso frente al nivel de protección alcanzado es
constitucionalmente problemático puesto que precisamente contradice el mandato
de progresividad”.
[45] Corte Constitucional,
Sentencia T-1036 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[46] Corte Constitucional,
Sentencia T-221 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Esta Corporación también se
ha pronunciado sobre la prohibición general de incorporar al ordenamiento
jurídico medidas regresivas en las sentencias T-080 de 2008 M.P. Rodrigo
Escobar Gil; y, T-1036 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[47] Ver, entre otras, las sentencias C-251 de 1997, M.P.
Alejandro Martínez Caballero, SU-225 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Múñoz;
SU-624 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-1165 de 2000, M.P. Alfredo
Beltrán Sierra; C-1489 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-671 de
2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynnet; C-038 de 2004, M.P. Eduardo Montealegre
Lynnet; T-043 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-507 de 2008, M.P. Jaime
Córdoba Triviño; T-1036 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-428 de
2009, M.P. Mauricio Gonzalez Cuervo; T-1291 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández; y, T-755 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[48] Corte Constitucional,
C-556 de 2009, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[49] Ver, entre otras, las sentencias T-974 de 2005, M.P.
Jaime Araujo Rentería; T-1291 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-221
de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-043 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño;
T-580 de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-699 A de 2007, M.P.
Rodrigo Escobar Gil; y, T-628 de 2007, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[50] Esta Corporación
declaró la inexequibilidad del requisito de fidelidad previsto en los numerales
1 y 2 del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, que reformó el Sistema General de
Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993. En ese pronunciamiento se consideró
la inconstitucionalidad de la norma porque vulneró el principio de
progresividad del derecho a la seguridad social, al modificar el número de
semanas de cotización necesarias para acceder a la pensión de invalidez,
contradiciendo la Constitución
[51] Corte Constitucional,
T-1036 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[52] Corte Constitucional,
T-1036 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. “En estos términos, [el juez
de tutela] ha hecho uso de la excepción de inconstitucionalidad, en virtud del
artículo 4º Superior, entre otros, frente al requisito de fidelidad consagrado
en los literales a y b del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, al considerarlo
abiertamente inconstitucional y claramente regresivo. Lo anterior sin perjuicio
de que los hechos constitutivos del derecho pensional hubieren acaecido en
vigencia de la norma citada, debido a que en criterio de esta Corporación, sólo
se debe exigir el cumplimiento de los requisitos constitucionalmente validos
(sic) al momento de la solicitud.” Corte Constitucional, Sentencia T-755 de
2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[53] Corte Constitucional,
Sentencia C-556 de 2009, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[54] Corte Constitucional,
Sentencia T-730 de 2009, M.P. Humberto Sierra Porto.
[55] Corte Constitucional, Sentencia T-730 de 2009, M.P.
Humberto Sierra Porto.
[56] Corte Constitucional,
Sentencia T-772 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[57] Corte Constitucional,
Sentencia T-673 de 2011, M.P. María Victoria Calle Correa.
[58] Corte Constitucional,
Sentencia T-755 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[59] Corte Constitucional,
Sentencia T-038 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[60] Corte Constitucional,
Sentencia T-038 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[61] En este sentido se ha
pronunciado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en las
sentencias del: 25 de julio de 2012, Radicado Nº 42501, M.P. Carlos Ernesto
Molina Monsalve; 16 de octubre de 2013, Radicado Nº 53566, M.P. Elsy del Pilar
Cuello Calderón; 4 de diciembre del 2013, Radicado Nº 43749, M.P. Gustavo
Hernando López Algarra; 30 de Junio de 2014, Radicado Nº 44132, M.P. Gustavo
Hernando López Algarra; 10 de septiembre de 2014, Radicado Nº 45306, M.P. Jorge
Mauricio Burgos Ruíz; 29 de octubre de 2014, Radicado Nº 45677, M.P. Jorge
Mauricio Burgos Ruíz; 5 de noviembre de 2014, Radicado Nº 38755, M.P. Carlos
Ernesto Molina Monsalve; 12 de noviembre de 2014, Radicado Nº 48870, M.P.
Carlos Ernesto Molina Monsalve; 10 de diciembre de 2014, Radicado Nº 51322,
M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo; 18 de febrero de 2015, Radicado Nº 53921,
M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas y Jorge Mauricio Burgos Ríos; 20 de mayo de
2015, Radicado Nº 44865, M.P. Gustavo Hernando López Algarra; 20 de mayo,
Radicado Nº 48100, M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón.
[62] Así lo reconoció en
sentencia del 20 de junio de 2012, en la que expresó: “[e]s cierto que en casos
similares al presente, la Corporación ha exigido en relación con la pensión de
sobrevivientes, el cumplimento del porcentaje de fidelidad de cotizaciones al
sistema durante el lapso en que tuvo vigor ese requisito… y la sentencia que lo
declaró parcialmente inexequible, la C-556 de 2009… Al no haber modulado la
Corte Constitucional los efectos del fallo al realizar el control abstracto, se
entendió que durante el periodo en que tuvo vigor la exigencia de fidelidad de
cotizaciones al sistema, estuvo amparada por la presunción de
constitucionalidad y su aplicación en ese interregno resultaba obligatoria”
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 20 de Junio
de 2012, Radicado Nº 42540, M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruíz.
[63] Estas consideraciones
fueron fundamentadas en la sentencia del 8 de mayo de 2012 de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Radicado Nº 35319, M.P. Elsy
del Pilar Cuello Calderón. En esta decisión, la Sala precisó, en el análisis de
una solicitud de pensión de invalidez, que “los cambios legislativos no pueden
aniquilar el derecho pensional de quien empezó a cotizar bajo la égida de una
disposición garantista y ante la ocurrencia del riesgo en otra normativa mucho
más exigente, ve frustrada su prestación”.
[64] Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 17 de Julio de 2012, Radicado
Nº 46825, M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez.
[65] Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 20 de Junio de 2012, Radicado
Nº 42540, M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruíz.
[66] Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 27 de Agosto de 2015,
Radicado Nº 80855, M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández.
[67] Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 12 de Noviembre de 2014,
Radicado Nº 48870, M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve.
[68] En este sentido se
expresó en la sentencia C-543 de 1992, en la que esta Corporación expresó: “salvo en
aquellos casos en que se haya incurrido en una vía de hecho, la acción de
tutela no procede contra providencias judiciales”. Corte Constitucional,
Sentencia C-543 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[69] Al respecto, la
sentencia C-590 de 2005 afirmó: “los casos en que procede la acción de tutela
contra decisiones judiciales han sido desarrollados por la doctrina de esta
Corporación tanto en fallos de constitucionalidad, como en fallos de tutela […] la Corporación ha entendido que la tutela sólo puede proceder si
se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad”.
[70] Corte Constitucional,
Sentencia T-028 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[71] Corte Constitucional,
Sentencia SU-132 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.
[72] Corte Constitucional,
Sentencia T-1276 de 2005, M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto.
[73] Defecto orgánico: “Se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello”. Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[74] Defecto procedimental: “Se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.” Corte
Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[75] Defecto fáctico: “Surge
cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión.” Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
[76] Defecto material y sustantivo: “Son los casos en que
se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [T-522 de 2001]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.” Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
[77] Error inducido: “Se presenta cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la
toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.” Corte Constitucional,
Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[78] Decisión sin motivación: “Implica el incumplimiento de
los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.” Corte Constitucional, Sentencia C-590 de
2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[79] Desconocimiento del precedente: “Esta hipótesis se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de
un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos, la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado. [Cfr. Sentencias T-462 de 2003;
SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001.]” Corte Constitucional,
Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[80] Corte Constitucional,
Sentencia T-028 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[81] Corte Constitucional,
Sentencia T-028 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[82] Sobre este asunto
particular, la Corte Constitucional ha establecido que se configura un defecto
sustantivo por inaplicación de la excepción de inconstitucionalidad cuando “la
actuación controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable, ya
sea porque (a) la norma perdió vigencia por cualquiera de las razones de ley,
(b) es inconstitucional, (c) o porque el contenido de la disposición no tiene
conexidad material con los presupuestos del caso. También puede darse en
circunstancias en las que a pesar del amplio margen interpretativo que la
Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, se produce (d) un grave
error en la interpretación de la norma constitucional pertinente, el cual puede
darse por desconocimiento de sentencias de la Corte Constitucional con efectos
erga omnes, o cuando la decisión judicial se apoya en una interpretación
claramente contraria a la Constitución.
Se considera igualmente defecto
sustantivo el hecho de que la providencia judicial tenga problemas
determinantes relacionados, (e) con una insuficiente sustentación o
justificación de la actuación que afecte derechos fundamentales; (f) cuando se
desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de
argumentación, que hubiese permitido una decisión diferente; o (g) cuando el
juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una
violación manifiesta de la Constitución siempre que se solicite su declaración
por alguna de las partes en el proceso.” Corte Constitucional, Sentencia T-178 de 2012, M.P. María Victoria Calle
Correa. Véase también las sentencias: T-808 de 2007, M.P. Catalina Botero
Marino; T-976 de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; SU-448 de 2011, M.P.
Mauricio González Cuervo; T-172 de 2012, M.P. María Victoria Calle Correa; y,
T-808 de 2007, M.P. Catalina Botero Marino, entre otras.
[83] Corte Constitucional,
Sentencia SU-132 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.
[84] Corte Constitucional,
Sentencia SU-158 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
[85] Corte Constitucional,
Sentencia SU-407 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
[86] Corte Constitucional,
Sentencia SU-873 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
[87] Corte Constitucional,
Sentencia T-772 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[88] Corte
Constitucional, Sentencia T-038 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[89] Lo anterior se debe
a que existe
un desconocimiento generalizado “por parte de los y las trabajadoras del
servicio doméstico de sus derechos mínimos, lo cual genera la trasgresión
sistemática de derechos fundamentales”. Corte Constitucional, Sentencia T-387 de 2011, M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio.
[90] Corte Constitucional,
sentencia T-495 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-1008 de 1999, M. P.
José Gregorio Hernández y T-303 de 2007; SU-062 de 1999. Sobre el estado de
indefensión de las empleadas del servicio doméstico, esta Corporación también
se ha pronunciado en la sentencia T-387 de 2011.
[91] Corte Constitucional, sentencia T-387 de 2011, M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio. En este mismo sentido se pronunció en la sentencia
T-185 de 2016, en la que afirmó: “al tratarse de una actividad que no requiere de mano de obra calificada
para su desarrollo, por lo general las personas que la realizan no tienen un
nivel alto de educación y frecuentemente se trata de mujeres provenientes de
áreas rurales, quienes acuden a los grandes centros urbanos en búsqueda de oportunidades
laborales a partir de las cuales puedan generar su sustento básico. En esa
medida, ante la falta de preparación y la carencia de recursos, el servicio
doméstico se ha convertido en muchos casos en la única alternativa laboral para
estas mujeres. Por lo tanto, el grupo social que se dedica a estas labores
corresponde a un grupo vulnerable socioeconómicamente. Esta situación ha
contribuido a que las empleadas del servicio doméstico no conozcan sus derechos
legales y constitucionales, ni mucho menos de los medios existentes para la
protección y garantía de los mismos.”
[92] Sobre este asunto se
pronunció esta Corporación en la sentencia T-387 de 2011, M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
[93] Corte Constitucional, Sentencia T-343 de 2016, M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva. A manera de síntesis, la mencionada sentencia expresó:
“De manera que, la situación de indefensión de los empleados y
las empleadas de servicio doméstico que tienen derecho a la pensión se presenta
dado que (i) carecen de medios de
defensa judiciales eficaces e idóneos para evitar la vulneración de un derecho
fundamental por parte de un particular; (ii) se encuentran en situación de
marginación social y económica y (iii) por regla general se trata de personas de la
tercera edad. En consecuencia, las circunstancias en las que se
encuentran los empleados domésticos llevan a concluir que la acción de tutela
es el mecanismo idóneo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, hasta tanto exista un pronunciamiento del juez laboral. Con base
en los fundamentos anteriores, esta Corporación ha reconocido el derecho a la
pensión, bajo la modalidad de pensión provisional, de empleadas domésticas, que
no fueron afiliadas al Sistema de Seguridad Social durante la vigencia del
contrato laboral.”
[94] Corte
Constitucional, Sentencia SU-873 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
[95] Corte
Constitucional, Sentencia SU-158 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
[96] Los precedentes
aplicables al caso objeto de pronunciamiento en esta sentencia son las
sentencias: T-020 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; SU-132 de 2013, M.P.
Alexei Julio Estrada; SU-158 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-407
de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-873 de 2014, M.P. Juan Carlos
Henao Pérez.
[97] Corte Constitucional,
Sentencia T-534 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Estas reglas fueron
reiteradas en la sentencia T-995 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[98] Corte Constitucional,
Sentencia SU-873 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
[99]
(SU428 de
2016) (i) si existe un motivo válido para la inactividad de
los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial
de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo
causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos
fundamentales del interesado;1 (iv) si el fundamento de la acción de
tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos
fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de
interposición.
[100] Corte
Constitucional, SU 813 de 2007.
[101] MP. Jaime Córdoba Triviño: “Declarar inexequible el parágrafo 2º
del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 y Exequible, por los cargos analizados en
esta Sentencia, el resto de este artículo, en el entendido que para el caso del
literal a) del numeral 2 será exigible la cotización del veinte por ciento
(20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que el afiliado al sistema
que fallezca cumplió 20 años de edad y la fecha de su muerte”.
[102] MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[103] MP. María Victoria Calle Correa.
[104]
Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1999.
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[105]
Corte Constitucional, sentencia SU-241 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[106]
Corte Constitucional, sentencia T-246 de 2015. M.P. Martha Victoria Sáchica
Méndez.
[107]
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[108]
Corte Constitucional, sentencia T-315 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño,
reiterada en las Sentencias T-541 de 2006, T-1009 de 2006 y T-246 de 2015,
entre otras.
[109] Ver entre otras las sentencias T-016 de 2006, T-905 de 2006, T- 594
de 2008, T-844 de 2008.
[110]
Ver sentencia T-246 de 2015, que retoma las sentencias sentencias
T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de 2005, T-158 de 2006, T-166 de
2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.