C-801-03
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-801/03
ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Caducidad
por vicios de forma
CADUCIDAD DE LA ACCION DE PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Improcedencia
LEY-Trámite para su formación
PRINCIPIO DE CONSECUTIVIDAD-Alcance/PRINCIPIO
DE CONSECUTIVIDAD-Excepciones
PRINCIPIO DE CONSECUTIVIDAD-Obligación
de las comisiones y plenarias de estudiar y debatir los temas puestos a su
consideración
COMISIONES CONSTITUCIONALES PERMANENTES-Fundamento
constitucional
DEBATE PARLAMENTARIO-Relevancia
constitucional
DEBATE PARLAMENTARIO-Objeto
PRINCIPIO DE IDENTIDAD-Concepto
PRINCIPIO DE IDENTIDAD-Relativización
PROYECTO DE LEY-Modificaciones durante
el segundo debate/PROYECTO DE LEY-Modificaciones deben guardar unidad
temática
PROYECTO DE LEY-Facultad de introducir
modificaciones no es ilimitada
PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA-Instrumento
de racionalización y tecnificación del proceso legislativo
PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA-Interpretación
no puede rebasar su finalidad y anular el principio democrático
PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA-Modificaciones
en la Plenaria
COMISION ACCIDENTAL-Integración/COMISION
ACCIDENTAL-Discrepancias en proyecto de ley
PRINCIPIO DE CONSECUTIVIDAD Y DE IDENTIDAD-Se predican de los proyectos de ley considerados en su conjunto
COMISION ACCIDENTAL-Finalidad/COMISION
ACCIDENTAL-Actuación circunscrita al principio de unidad de materia
PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA-Alcance
en el trámite legislativo y en el control de constitucionalidad
COMISION DE CONCILIACION-Límites
PRINCIPIO DE CONSECUTIVIDAD EN TRAMITE LEGISLATIVO-Vulneración
COMISIONES CONSTITUCIONALES PERMANENTES-Renuncia
a su función al deferir competencias a las Plenarias
COMISIONES Y PLENARIAS-Imposibilidad de
renunciar a su competencia
COMISION DE CONCILIACION O MEDIACION-Imposibilidad
de sustituir la función de las Comisiones Constitucionales Permanentes
PRINCIPIO DE CONSECUTIVIDAD-Vulneración
COMISION DE CONCILIACION-Imposibilidad
de abrogarse competencias de las Comisiones Constitucionales Permanentes
JORNADA LABORAL FLEXIBLE-Proposición
aditiva guarda estrecha unidad temática con el texto debatido y aprobado/JORNADA
LABORAL FLEXIBLE-Inclusión del artículo no desconoció principio de
identidad
Referencia: expediente D-4484
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos
47, 48 y 51 de la Ley 789 de 2002
Actor: Hernán Antonio Barrero Bravo
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil tres (2003).
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales, en especial las previstas en el artículo 241,
numeral 4 de la Constitución Política, y cumplidos todos los trámites y
requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en relación con la demanda de inconstitucionalidad que, en uso de su
derecho político, presentó el ciudadano Hernán Antonio Barrero Bravo contra los
artículos 47, 48 y 51 de la Ley 789 de 2002, “por la cual se dictan normas
para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos
artículos del Código Sustantivo de Trabajo”, publicada en el Diario Oficial
N° 45.046 del 27 de diciembre de 2002.
I. TEXTO DE
LAS NORMAS ACUSADAS
A continuación
se transcribe el texto de las disposiciones objeto de proceso:
“LEY 789 DE 2002
(diciembre 27)
por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la
protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de
Trabajo.
El Congreso de Colombia,
DECRETA:
(...)
Artículo 47. Cesantías en el sector
público. Los servidores públicos con Régimen de Retroactividad de
Cesantías, podrán acogerse libremente al Régimen Anualizado de Cesantías, para
lo cual las entidades darán aplicación a las disposiciones establecidas en el
Decreto-ley 3118 de 1968, Leyes 50 de 1990 o 432 de 1998, sin que en ningún
momento se desconozcan o lesionen sus derechos causados.
El Fondo Nacional de Ahorro podrá recibir los recursos de las
cesantías de los Servidores Públicos.
El Estado en todas sus ramas, niveles, entidades y empresas, contará
con 30 días a partir del 1° de enero de 2004, para colocar los recursos de las
cesantías en los Fondos que los Servidores Públicos elijan en los términos
antes previstos que se contarán a partir del momento en que el servidor público
se acoja al régimen especial, que se contaran a partir del momento en que el
servidor público se acoja al régimen especial (sic). En caso de que no se pague
en los términos previstos en este parágrafo, causará intereses moratorios a
favor del trabajador, equivalentes a los establecidos en el artículo 635 del
Estatuto Tributario los cuales deberán ser liquidados en el momento del pago.
Los Servidores Públicos que se vinculen a las ramas del poder
público del orden Nacional, a los órganos y entidades que las integran y a los
órganos autónomos e independientes, estarán sometidos a lo previsto en el
inciso primero del artículo quinto de la Ley 432 del 29 de enero de 1998.
Así mismo, el personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional y los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio creado por la Ley 91 de 1989, vinculados con anterioridad a la
vigencia de la presente Ley, podrán afiliarse al Fondo Nacional de Ahorro.
Podrán afiliarse al Fondo Nacional de Ahorro los demás servidores
del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por
servicios, en los términos del presente artículo.
Artículo 48. Unidad de empresa.
Se entenderá por empresa la unidad de producción de bienes o de servicios
constituida para realizar una actividad económica con fines de lucro. Las
Unidades de producción o las personas jurídicas vinculadas económicamente a una
misma persona natural o jurídica conservarán su independencia para efectos
laborales y prestacionales, sin que entre ellas se desprenda una unidad de
negocio o de empresa en ningún caso, así comercialmente conformen un grupo
empresarial.
(...)
Artículo 51. Jornada laboral flexible.
Modifíquese el inciso primero del literal c) artículo 161 del Código Sustantivo
del Trabajo, subrogado por el artículo 20 de la Ley 50 de 1990 y adiciónese un
nuevo literal d).
c) El empleador y el trabajador pueden acordar temporal o
indefinidamente la organización de turnos de trabajo sucesivos, que permitan
operar a la empresa o secciones de la misma sin solución de continuidad durante
todos los días de la semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de
seis (6) horas al día y treinta y seis (36) a la semana;
d) El empleador
y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de cuarenta y ocho (48)
horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas
en máximo seis días a la semana con un día de descanso obligatorio, que podrá
coincidir con el domingo. En este, el número de horas de trabajo diario podrá
repartirse de manera variable durante la respectiva semana y podrá ser de
mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta diez (10) horas diarias sin lugar a
ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo
no exceda el promedio de cuarenta y ocho (48) horas semanales dentro de la
jornada ordinaria de 6 a.m. a 10 p.m.”.
II. LA DEMANDA
El ciudadano Hernán Antonio Barrero Bravo sostiene que las
disposiciones demandadas vulneran los artículos 157, 160 y 161 de la
Constitución, en cuanto no fueron consideradas ni aprobadas en primer debate en
el Congreso de la República.
Asegura que el texto definitivo del proyecto de ley que finalizó con
la expedición de la Ley 789 de 2002 fue aprobado en sesiones conjuntas de las
comisiones séptimas de Senado y Cámara de Representantes y fue publicado en la
Gaceta del Congreso N° 579 del 10 de diciembre de 2002. Según dice, allí no
aparecen los artículos objeto de glosa y ello se debe a que no fueron
considerados reglamentariamente o a que fueron negados. A este respecto, afirma
que el artículo 180 de la Ley 5ª de 1992 señala que no serán consideradas
enmiendas negadas en primer debate, salvo que se surtan mediante el
procedimiento de apelación.
Resalta que durante el primer debate los artículos impugnados no
fueron considerados, pues no se incluyó un texto similar, y cuando hay un
cambio sustancial del proyecto, es decir, un tema nuevo, el mismo debe
devolverse a la respectiva comisión para que no quede viciado de nulidad, de
acuerdo con el artículo 179 de la Ley 5ª de 1992. En su criterio, los artículos
acusados correspondían a un tema nuevo, razón por la cual era necesario que el
proyecto regresara a las comisiones permanentes, y por tal motivo se desconoció
el principio de consecutividad.
Manifiesta que durante el trámite en plenarias varios congresistas
dejaron consignada la irregularidad relativa a que algunos artículos no fueron
debatidos en primer debate, pero que finalmente fueron aprobados por las
comisiones accidentales de conciliación.
Asegura que en la Gaceta del Congreso N° 53 del 7 de febrero de 2003
figura un acta de conciliación del 20 de diciembre de 2002 sobre el proyecto de
ley en cuestión “compuesta por varios senadores y representantes que optaron
por el texto único que allí aparece, una vez estudiados los textos aprobados
por las plenarias de ambas Cámaras, donde aparecen los artículos demandados,
pero con una numeración diferente a la que aparece en la ley”.
Concluye diciendo que en el Congreso se le está dando más fuerza a
lo decidido en las comisiones de conciliación que a lo discutido y votado en
las comisiones y plenarias, y que, conforme a lo dispuesto por el artículo 94
de la Ley 5ª de 1992, no es lo mismo considerar que debatir un proyecto de ley.
III. INTERVENCIONES
1. Dentro del término de fijación en lista presentaron escrito los
siguientes ciudadanos:
1.1. Fanny Suárez Higuera, actuando en nombre y representación del
Ministerio de la Protección Social, solicita que se declaren exequibles los
artículos objeto de demanda, en cuanto no desconocen los cánones 157, 160 y 161
de la Carta.
En su criterio, el Congreso de la República cumplió a cabalidad con
los requisitos exigidos por el artículo 157 de la Constitución y si bien es
cierto el proyecto de ley sufrió cambios, ello está permitido por el artículo
160 ibídem, en concordancia con el 178 y 182 de la Ley 5ª de 1992.
Agrega que durante el segundo debate las cámaras pueden modificar, adicionar o
suprimir artículos, sin que ello vulnere norma fundamental alguna.
Manifiesta que sería ilógico pretender que los proyectos de ley
constaran de iguales artículos desde su inicio hasta el debate final o que las
discrepancias a que se refiere el artículo 161 de la Carta fueran solamente de
forma, redacción o estilo. Además, respecto a las discrepancias que puedan
surgir entre las cámaras durante el debate de un proyecto de ley, cita apartes
de algunas sentencias proferidas por la Corte Constitucional[1].
1.2. En representación del Ministerio del Interior y de Justicia,
Ana Lucía Gutiérrez Guingue presenta escrito orientado a justificar la
constitucionalidad de los artículos 47, 48 y 51 de la Ley 789 de 2002, toda vez
que, a su juicio, fueron aprobados respetando los plazos, trámites y quórum
establecidos en la Carta Política.
Indica que el proyecto de ley tuvo iniciativa gubernamental, fue
publicado en debida forma y luego de que el Presidente envió un mensaje de
urgencia, las comisiones séptimas constitucionales sesionaron conjuntamente para
darle primer debate. Asegura que el proyecto fue debatido y aprobado los días
29 de octubre, 5, 6, 12, 18, 21, 25, 27 y 28 de noviembre de 2002 con el quórum
reglamentario.
Según dice, en el texto final aprobado en primer debate no aparecen
los artículos demandados, pero, no obstante, en la Plenaria de la Cámara de
Representantes fueron propuestos, analizados y aprobados. Luego el proyecto de
ley pasó a estudio por la Plenaria del Senado de la República en cuya sesión se
propuso la inclusión de artículos nuevos.
Sostiene que de los artículos 158, 160 y 161 de la Constitución se
desprende que las plenarias pueden introducir modificaciones a lo aprobado por
las comisiones constitucionales siempre que se conserve la identidad del
proyecto, tanto así que la Constitución prevé que en caso de posibles
discrepancias, como en efecto ocurrió con el proyecto de ley en cuestión, se
conforme una comisión accidental de mediación. Dicha comisión presentó un
informe que fue aprobado en las sesiones extraordinarias convocadas por el
Presidente de la República mediante Decreto 3075 de 2002.
Por tal razón, concluye, no es necesario que los proyectos de ley
tengan un mismo texto durante todo el trámite legislativo, pues las comisiones
y plenarias pueden introducir cambios y es la comisión accidental a la que le
corresponde armonizar esas diferencias surgidas entre las cámaras.
1.3. En defensa de la constitucionalidad de los artículos
demandados, Magdiela de la Carrera Franky intervino en representación del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Asegura que el trámite legislativo
que se le imprimió a dichos artículos estuvo acorde a los postulados de la
Carta Política.
Manifiesta que las plenarias de las cámaras tienen amplia facultad
para introducir al proyecto de ley las modificaciones, adiciones o supresiones
que consideren necesarias siempre que guarden conexidad y unidad de materia con
el tema objeto de debate, tal como ocurrió en el presente caso. Así las cosas,
la incorporación de artículos nuevos es una forma de discrepancia que puede ser
conciliada en los términos del artículo 161 constitucional.
Afirma que las comisiones accidentales permiten que el proceso sea
democrático al otorgárseles la función de preparar un texto que concilie las
divergencias presentadas en los proyectos aprobados en las plenarias, y están
facultadas para introducir modificaciones en los temas discordantes y crear, si
es del caso, textos nuevos. Para sustentar su afirmación cita algunas
sentencias proferidas por esta Corporación[2].
Agrega que durante el estudio del proyecto de ley surgieron discrepancias, por
lo que se nombró una comisión accidental y ésta, luego de estudiar los textos
aprobados en plenarias, adoptó uno nuevo que fue sometido a su consideración y
aprobación.
En relación con el principio de consecutividad, asegura que el
Presidente de la República hizo uso de la facultad prevista en el artículo 163
de la Carta Política y solicitó al Congreso de la República, mediante un mensaje
de urgencia, que las cámaras sesionaran conjuntamente para efectos de estudiar
el proyecto de reforma laboral. Sobre la posibilidad del debate conjunto cita
algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional[3].
1.4. En calidad de apoderado general del Fondo Nacional de Ahorro,
Pedro Enrique Pinzón Pinzón presenta escrito de intervención, mediante el cual,
luego de transcribir los artículos 157, 160, 161 de la Constitución, 178, 181 y
186 de la Ley 5 de 1992, solicita que se declare exequible el artículo 47
objeto de demanda.
En su criterio, este artículo sí figuró en el proyecto de ley
inicial presentado por el Gobierno aunque con una redacción diferente a la
actual. Ese hecho no lo hace inconstitucional, toda vez que las plenarias de
Cámara y Senado están autorizadas por la Constitución para introducirle
modificaciones, adiciones y supresiones.
1.5. Elson Rafael Rodríguez Beltrán solicita a la Corte que declare
ajustado a la Constitución el artículo 47 de la Ley 789 de 2002, con base en lo
dispuesto en la Sentencia C-959 de 2001.
Manifiesta que el artículo 21 del proyecto de ley presentado se
titula cesantías en el sector público y éste fue discutido en las comisiones
séptimas constitucionales de Senado y Cámara. Posteriormente, en las plenarias
se consideró un texto con el mismo título -el artículo 47 acusado-, el cual fue
aprobado luego de la etapa de conciliación. Con base en lo anterior, concluye
que esa disposición cumplió con todo el trámite legislativo exigido y que si se
incluyeron adiciones en plenarias, ello está constitucionalmente permitido.
1.6. Adriana Montealegre Riaño presenta escrito de intervención
dirigido a solicitar la exequibilidad de la Ley 789 de 2002. Teniendo en cuenta
que los argumentos esbozados se relacionan no con aspectos formales, que son
los que ocupan la atención de la Corte, sino con cuestiones de fondo, no se
hará mención a su contenido.
2. Luego de vencido el término de fijación en lista se presentaron
los siguientes escritos:
2.1. El ciudadano Luis Carlos Villegas Echeverri, en su calidad de
representante legal de la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, solicita a
la Corte que declare exequible el artículo 48 de la Ley 789 de 2002, en atención
a que se cumplieron todas las formalidades constitucionales y legales para su
expedición y no desconoce los artículos 25, 53 y 95 de la Carta Política ni
convenios de la OIT.
2.2. Obrando en calidad de representante de la Comisión Colombiana
de Juristas, el ciudadano Carlos Rodríguez Mejía presenta argumentos destinados
a justificar la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley 789 de
2002, tanto por vicios de forma como de fondo.
Teniendo en cuenta que los anteriores escritos fueron presentados en
forma extemporánea, es decir, luego de que el término señalado en el Decreto
2067 de 1991 para la intervención ciudadana había vencido, no se hará mención a
su contenido.
IV. PRUEBAS DECRETADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Por Auto del 24 de febrero de 2003, el Magistrado Sustanciador
admitió la demanda y ordenó oficiar a las secretarías generales de Senado de la
República y Cámara de Representantes con el fin de que remitieran copia
completa del expediente legislativo de la Ley acusada y certificaran de quién
fue la iniciativa y cómo se tramitó el respectivo proyecto de ley. Así mismo,
dispuso oficiar al Presidente de la República para que enviara copia completa
de los antecedentes del proyecto.
En cumplimiento a lo ordenado el Secretario Jurídico de la
Presidencia de la República anexó los antecedentes legislativos de la Ley
impugnada y los secretarios de Senado y Cámara de Representantes enviaron copia
del expediente legislativo, la certificación sobre el quórum deliberatorio y
decisorio, así como las mayorías obtenidas.
2. Para mejor proveer y toda vez que dentro de los documentos
enviados no figuraban las actas de las sesiones conjuntas de las comisiones
séptimas constitucionales permanentes de ambas cámaras en las que se dio primer
debate al proyecto de ley que finalizó con la expedición de la Ley 789 de 2002,
el Magistrado Sustanciador dictó un Auto de fecha 29 de julio de 2003, con el
fin de que los secretarios generales de una y otra cámara las remitieran.
Los secretarios generales del Senado de la República y de la Cámara
de Representantes hicieron llegar a la Corte los documentos solicitados y un
diskette con su contenido.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador General de la Nación solicita a la Corte que declare
exequibles los artículos 47, 48 y 51 de la Ley 789 de 2002.
Asegura que el proyecto de ley N° 056/2002 Cámara, 057/2002 Senado
fue presentado por el Gobierno Nacional y publicado en la Gaceta del Congreso
N° 350 del 23 de agosto de 2002 para que se le diera trámite de urgencia. Las
comisiones séptimas constitucionales permanentes de una y otra cámara
sesionaron de manera conjunta para darle primer debate.
Afirma que en las gacetas del Congreso N° 444, 449 y 471 de 2002 se
publicaron las tres ponencias contentivas del informe presentado para estudio
en la Comisión Séptima del Senado; ponencia en forma conjunta de los ponentes,
e informe del Senador Jesús Bernal y del Representante a la Cámara Venus Silva.
Esas ponencias fueron debatidas y aprobadas en sesiones del 29 de octubre, 5,
6, 12, 18, 20, 21, 25, 27 y 28 de noviembre de 2002 con el quórum
reglamentario. Posteriormente -afirma-, el proyecto pasó a consideración de la
Plenaria de la Cámara de Representantes, en donde la ponencia fue publicada, su
texto debatido, considerado y aprobado, incluyendo los artículos nuevos
propuestos, es decir, los que son objeto de impugnación. Luego, pasó a
consideración de la Plenaria del Senado de la República, en donde se discutió y
aprobó el proyecto junto con las modificaciones propuestas, pero como surgieron
discrepancias entre los textos aprobados por las plenarias de una y otra
cámara, fue necesario crear una comisión accidental de mediación.
Asegura que el informe de esa comisión contiene el texto acordado
sobre los artículos 47, 48 y 51 de la Ley 789 de 2002, los cuales fueron
discutidos y aprobados en sesiones extraordinarias convocadas por el Presidente
de la República mediante Decreto 3075 de 2002. Así, tanto en plenaria del
Senado, en sesión del 20 de diciembre de 2002, como en la de la Cámara, del
mismo día, se discutió y aprobó el proyecto.
Advierte el Jefe del Ministerio Público que los artículos 47, 48 y
51 no hicieron parte del proyecto inicial presentado por el Gobierno ni su
contenido discutido en las sesiones conjuntas de las comisiones Séptimas de
Senado y Cámara de Representantes, pero su inclusión posterior no comporta un
vicio de procedimiento de acuerdo con los siguientes argumentos:
-Aunque los proyectos deben ser objeto de cuatro debates, dicho
trámite puede variar cuando el Presidente envía mensaje de urgencia, en cuyo
caso el primer debate puede realizarse de manera conjunta por las comisiones
respectivas.
-Aprobado el proyecto en sesiones conjuntas, pasa a la plenaria de
cada Cámara y éstas, conforme a lo dispuesto por el artículo 160 de la Carta,
pueden introducirle las modificaciones, adiciones y supresiones que consideren
necesarias siempre y cuando guarden unidad de materia.
Respecto al trámite del artículo 51 de la Ley, asegura que el
proyecto inicial no contenía su texto titulado “jornada laboral flexible”. No
obstante, advierte que tanto ese proyecto como las ponencias para primer debate
se referían al régimen de fomento al empleo, en el que se modifica el Código
Sustantivo del Trabajo en temas tales como trabajo diurno y nocturno, tasas de
liquidación y recargos, remuneración de trabajo dominical y festivo, descanso
compensatorio y vacaciones anuales remuneradas.
En su criterio, a pesar de que el artículo 51 fue introducido en
segundo debate a título de propuesta aditiva, lo cierto es que su contenido es
complementario a los artículos inicialmente considerados y aprobados en las
sesiones conjuntas, de tal  manera que guarda identidad de materia no sólo con
lo discutido y aprobado en primer debate sino con la exposición de motivos del
proyecto.
En cuanto al artículo 48, sobre unidad de empresa, afirma que
tampoco hizo parte de la propuesta inicial del Gobierno y que el mismo fue
introducido en el segundo debate, pero su contenido guarda relación de
consecutividad e identidad con lo aprobado en las sesiones conjuntas de Senado
y Cámara de Representantes, por cuanto ese artículo le dio alcance a los
“aprobados que se tienen como propuestas aditivas que guardan identidad con la
materia considerada, discutida y aprobada que en este caso, son la
flexibilización del régimen laboral, estímulos a las empresas para generar
empleo (...). La relación de identidad está determinada, en que las reformas
laborales y prestacionales ya aprobadas en el primer debate se mantienen sin
modificación alguna, y la aclaración que hace a título de adición la definición
contenida en el artículo 48 aquí demandado, es en el sentido en que se aplica a
las empresas de manera independiente sin importar que estén vinculadas
jurídicamente a una misma persona natural y jurídica”.
Finalmente, en lo que tiene que ver con el artículo 47, precisa que
pesar de que el artículo 21 del proyecto de ley 057/2002 Senado inicialmente
presentado por el Gobierno había propuesto el tema de régimen de cesantía para
servidores públicos, la ponencia para primer debate fue desfavorable para esa
disposición. Ese artículo no fue debatido en las comisiones séptimas conjuntas
de Senado y Cámara de Representantes, en tanto que decidieron “no dictar normas
generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe
sujetarse el Gobierno para fijar el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza
Pública por considerar que el proyecto de ley que se tramitaba sólo debía regir
para el sector público y no para el privado”, sino que fue introducido en la
plenaria de la Cámara de Representantes en sesiones del 17 y 18 de diciembre de
2002. Así las cosas, como existieron discrepancias entre el texto aprobado por
las plenarias de una y otra cámara, se constituyó una comisión accidental de
mediación para conciliar el texto definitivo, el cual fue sometido a la
aprobación de las plenarias y allí fue aprobado el artículo 47.
En su criterio, “la relación de identidad de materia, y la
realización del principio de consecutividad, entre el texto del artículo 47 de
la Ley 789 de 2002, introducido en la plenaria de la Cámara y el texto del
artículo 21 del proyecto 056 Cámara y Senado 057 de 2002, en tanto aquél se
refería a que el Gobierno en virtud de lo dispuesto en el literal e) del
numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política, debía expedir el
régimen de cesantías de los servidores públicos, para lo cual podría disponer
la aplicación del mismo régimen de los particulares y el artículo adicionado,
discutido y aprobado en las Plenarias de Senado y Cámara de Representantes y
después conciliado por las Comisiones accidentales de mediación y
definitivamente sometido a aprobación de las plenarias de cada Corporación,
decidió regular de manera más concreta la facultad del Gobierno Nacional de
regular este régimen, señalando los criterios y condiciones generales de que
habla la norma constitucional en comento”.
VI.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA DECISION
1. Lo que se debate
Considera el
actor que en el presente caso se vulneran los artículos 157, 160 y 161 de la
Carta Política, toda vez que las normas impugnadas no fueron aprobadas en
primer debate en las comisiones séptimas constitucionales permanentes de Senado
y Cámara de Representantes. Aduce que su introducción tuvo lugar en segundo debate
y en las comisiones accidentales, cuestión que riñe con el principio de
consecutividad, en tanto que, por ser artículos nuevos, debieron haber sido
enviados nuevamente a las comisiones para surtir el debate correspondiente.
Así las cosas,
debe la Corte determinar si se desconocen los citados postulados
constitucionales por el hecho de que un artículo, a pesar de no haber sido
aprobado en primer debate en las comisiones respectivas de cada Cámara, sea
posteriormente introducido durante el trámite legislativo.
Para resolver lo
anterior, será preciso determinar previamente si la acción se interpuso dentro
de los términos señalados en la Constitución para el efecto y luego verificar
cuál fue el trámite dado a los artículos objeto de glosa en el Congreso de la
República.
2.
Caducidad de la acción
De acuerdo con
lo prescrito en el numeral 3° del artículo 242 de la Carta Política, las
acciones de inconstitucionalidad por vicios de forma caducan en el término de
un (1) año, contado desde la publicación del respectivo acto.
En el caso
objeto de examen, la Ley 789 de 2002 fue publicada en el Diario Oficial N°
45.046 del 27 de diciembre de 2002 y la demanda de inconstitucionalidad se
presentó el 17 de febrero de 2003, es decir, cuando todavía no había vencido el
término mencionado, motivo por el cual se cumple con la previsión del
Constituyente para ejercer la acción de que se trata.
3. Trámite dado en el
Congreso de la República al proyecto de ley que finalizó con la expedición de
la Ley 789 de 2002
3.1. Ponencia
presentada por el Gobierno
En la Gaceta del
Congreso N° 350 del 23 de agosto de 2002 se publicó el proyecto de ley N° 57/02
Senado, por el cual se dictan normas para promover empleabilidad y
desarrollar la protección social, con su correspondiente exposición de
motivos, presentado por el Gobierno, a través del entonces Ministro de Salud,
encargado de las funciones del  Despacho del Ministro de Trabajo y Seguridad
Social. Los temas tratados fueron:
a) Régimen de
fomento al empleo: jornada laboral, trabajo diurno, nocturno, dominical y
festivo, liquidación de recargos, remuneración, descansos, vacaciones,
terminación del contrato de trabajo, régimen especial de aportes parafiscales,
estímulos para el proceso de capitalización de empresas con participación de
los trabajadores y sistema nacional de registro laboral.
b) Sistema de protección al desempleado: creación del sistema,
financiación del régimen individual y solidario (aporte con puntos del auxilio
de cesantía), subsidio al empleo, subsidio al desempleo y régimen de cesantías
para los servidores públicos. El artículo 21 propuesto decía “Régimen de
cesantías para servidores públicos. De conformidad con el artículo 150, numeral
19, literal e), de la Constitución Política, el Presidente de la República
determinará el régimen de cesantías de los servidores públicos para lo cual
podrá disponer la aplicación del régimen actualmente vigente para el sector
privado por la Ley 50 de 1990 y disposiciones complementarias”.
c) Sistema de
protección social: funciones de las cajas de compensación, recursos para el
fomento del empleo y la protección del desempleo, régimen de apoyo a
desempleados, programas de microcrédito, régimen de afiliación voluntaria para
expansión de cobertura de servicios sociales, aplicación de excedentes o
utilidades, capacitación para la inserción social, régimen de transparencia
aplicable a las cajas y manejo de conflictos de interés[4].
3.2. Primer
debate
3.2.1. Las
comisiones séptimas constitucionales permanentes de Senado y Cámara de
Representantes, atendiendo la solicitud elevada por el Gobierno sobre trámite
de urgencia del 28 de agosto de 2002[5],
celebraron sesiones conjuntas para darle primer debate al proyecto de ley en
cuestión.
Actuaron como
ponentes los H. Senadores: Oscar Iván Zuluaga, Jesús Puello y Jesús Antonio
Bernal, y los H. Representantes a la Cámara: Carlos Ignacio Cuervo, Albino
García, Carlos Celis Gutiérrez, Miguel Jesús Arenas, Miguel Durán y Venus
Albeiro Silva.
La ponencia para
primer debate al proyecto de ley N° 057/02 Senado, 056/02 Cámara fue publicada,
tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Representantes, en las
Gacetas N° 444 del 25 de octubre de 2002[6]
y 449 del 28 de octubre de 2002[7].
Allí se excluyó por inconveniente[8]
el artículo 21 propuesto por el Gobierno, relativo al régimen de cesantías
para servidores públicos.
Dentro de los
temas incluidos en la ponencia se encontraban:
a) Definición
del sistema de protección social (art. 1). En este artículo se proponía que “el
sistema debe crear las condiciones para que los trabajadores puedan asumir las
nuevas formas de trabajo, organización y jornada laboral y simultáneamente se
socialicen los riesgos que implican los cambios económicos y sociales. Para
esto, el sistema debe asegurar nuevas destrezas a sus ciudadanos para que
puedan afrontar una economía dinámica según la demanda del nuevo mercado de
trabajo bajo un panorama razonable de crecimiento económico”.
b) Régimen de
subsidio al empleo: subsidio para la pequeña y mediana empresa, subsidio en
dinero, cuota monetaria única, recursos para el fomento del empleo y protección
al desempleo y programas de microcrédito.
c) Régimen de
protección al desempleado: subsidio al desempleo, servicios para desempleados
con vinculación anterior a las Cajas de Compensación Familiar, régimen de apoyo
para ese sector, régimen de apoyo para colectivos especiales sin vinculación
anterior a Cajas de Compensación Familiar y capacitación para reinserción
laboral.
d) Régimen
especial de aportes para la promoción del empleo. Dentro de este capítulo se
propuso un artículo titulado régimen especial de aportes para estudiantes
que disponía “los estudiantes menores de 25 años y mayores de 16 años con
jornada de estudio diaria no inferior a cuatro (4) horas, que trabajen en
jornadas hasta de cuatro (4) horas diarias o jornadas flexibles de veinticuatro
(24) horas semanales sin exceder la jornada diaria las seis (6) horas, se
regirán por las siguientes reglas...”.
e) Régimen de
organización y funcionamiento de las Cajas de Compensación Familiar: funciones
de las Cajas, liquidación gastos de administración y contribuciones para
supervisión, régimen de afiliación voluntaria, régimen de inspección y vigilancia
y de transparencia, funciones y facultades de la Superintendencia del Subsidio
Familiar.
f) Actualización
de la relación laboral y la relación de aprendizaje: trabajo diurno y nocturno
(art. 25), remuneración de trabajo dominical y festivo (art. 26), compensación
en dinero de vacaciones, descanso compensatorio (art. 28), terminación
unilateral del contrato de trabajo sin justa causa, indemnización por falta de
pago, contrato a término fijo, viáticos, contrato de aprendizaje, modalidades
especiales de formación profesional y práctica empresarial, empresas obligadas
a la contratación de aprendices y cuotas de aprendices, entidades de formación
de aprendices, creación del Fondo Emprender y sistema nacional de registro
laboral.
g) Protección de
aportes y otras disposiciones: aportes a la seguridad social, estímulos para el
proceso de capitalización, manejo de recursos del erario y derogatorias.
3.2.2. En la
Gaceta N° 471 del 6 de noviembre de 2002, se publicó una ponencia sustitutiva
por parte del H. Senador Jesús A. Bernal Amorocho y el H. Representante a la
Cámara Venus Albeiro Silva, a través de la cual proponen negar la aprobación
del articulado del proyecto de ley que tenga que ver con el Código Sustantivo
del Trabajo y que se retome el trámite del Estatuto del Trabajo presentado por
iniciativa  popular. Allí se trata el tema de la jornada laboral y de su
inconveniencia[9].
En esa propuesta se indicó que se abordaba el articulado en el mismo orden
presentado por el Gobierno, pero con los comentarios correspondientes “a las
modificaciones planteadas en la ponencia oficial, las cuales en general,
empeoran la propuesta original”, razón por la cual aparece consignado el texto
del artículo 21 sobre cesantías para servidores públicos, con el siguiente
comentario de los ponentes: “fue retirado en la ponencia, pero forma parte de
la propensión a dejar en manos del ejecutivo facultades que corresponden a
otras ramas del poder público”.
3.2.3. En la
Gaceta N° 497 del 14 de noviembre de 2002 se publicó el pliego de
modificaciones al proyecto de ley N° 057/02 Senado y 056/02 Cámara, presentado
por el H. Senador Jesús A. Bernal A. y el H. Representante Venus Albeiro Silva[10], en donde no se
incluyen los artículos acusados. Estas modificaciones no fueron aprobadas,
según consta en la Gaceta N° 575 del 9 de diciembre de 2002.
3.2.4. El texto
definitivo del proyecto de ley N° 057/02 Senado y 056/02 Cámara, aprobado en
sesiones conjuntas los días 29 de octubre, 5, 6, 12, 18, 20, 21, 25, 27 y 28 de
noviembre de 2002, fue publicado en la Gaceta N° 575 del 9 de diciembre de
2002. Consta que se aprobó por unanimidad el título del proyecto de ley “por
el cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social”.
No aparece el texto de los artículos demandados, aunque sí otros relacionados
con jornada laboral y empleo[11].
3.2.5. Según
informó el Presidente del Senado, el proyecto fue considerado y aprobado en
comisiones conjuntas de Senado y Cámara los días 29 de octubre y 5, 6, 12, 18,
20, 21, 25, 27 y 28 de noviembre de 2002[12].
3.2.6. Durante
los debates se propuso como artículo nuevo el relativo a las cesantías del
sector público, cuyo texto era:
“AUXILIO DE CESANTIAS EN EL SECTOR PUBLICO.-
El Auxilio de Cesantía en el Sector Público, estará sometido a los
siguientes regímenes
1o. El REGIMEN tradicional el cual continuará rigiendo los contrato
de trabajo y relaciones legales y reglamentarias existentes con anterioridad a
la entrada en vigencia de la presente ley.-
2o. El REGIMEN especial creado por esta ley que se aplicará
obligatoriamente a todos los servidores PUBLICOS y trabajadores oficiales a
partir de la vigencia de la presente ley. El nuevo REGIMEN especial de auxilio
de cesantías tendrá las mismas características que las contempladas en los
ARTICULOS 99 100 - l0l- l02-l03- l04-l05 -l06 y l07 de la ley 50 de l990 y el
decreto reglamento  ll76 de l99l, entendiéndose por empleador el estado en
todos sus niveles ramas entidades y empresas
PARAGRAFO PRIMERO.- Los servidores públicos y trabajadores oficiales
vinculados con anterioridad a la vigencia de esta ley podrán acogieren al REGIMEN
especial para lo cual es suficiente comunicación escrita en la cual señale la
fecha a partir de la cual se acoge.-
PARAGRAFO SEGUNDO.-  Los servidores públicos y trabajadores
oficiales que estén cobijados por el REGIMEN de retroactividad de cesantías podrán
acogerse libremente a lo establecido en la ley 344 de l996 para lo cual las
entidades darán aplicación a las disposiciones establecidas para el sector
privado en la ley 50 de l990, y normas complementarias sin que en ningún
momento se desconozcan o lesionen sus derechos causados.-
PARAGRAFO
TERCERO.-  El Fondo Nacional del Ahorro, podrá recibir los recursos de la
cesantías de los servidores públicos y trabajadores oficiales administrándolos
para tal efecto como fondo de cesantía. El estado en todos sus niveles ramas
entidades y empresas contará con 30 días para colocar los recursos de las
cesantías en los fondos que los servidores públicos y trabajadores oficiales
elijan en los terminas antes previstos . En caso de que no se paguen en los
términos previstos en este PARAGRAFO causará intereses moratorios a favor del
trabajador equivalentes a los establecidos en el articulo 635 del Estatuto
Tributario los cuales deberán ser liquidados en el momento del pago al fondo de
cesantías - aparecen varias  firmas- 9 firmas.-“.
El artículo fue
leído, algunos representantes y senadores manifestaron su posición al respecto,
así como el entonces Ministro de Trabajo y Seguridad Social, pero en atención a
que existían otros artículos nuevos y se haría necesaria otra sesión, se acordó
que fuera propuesto en plenarias. El Secretario dejó la siguiente constancia:
“El H.R. Manuel Enríquez Rosero, deja constancia que como hay varios artículos
nuevos, éstos se tendrán en cuenta para segundo debate en la Plenaria”[13].
3.3. Segundo
debate en Cámara de Representantes
3.3.1. Se
designó como ponente al H. Representante Carlos Ignacio Cuervo Valencia. La
ponencia para segundo debate al proyecto de ley se publicó en la Gaceta N° 579
del 10 de diciembre de 2002. Se precisó en la ponencia que se incluían
artículos nuevos “que fueron dejados como constancia en la Secretaría de la
Comisión al momento de la discusión del articulado general”[14], entre los cuales
estaba el 35, relativo a unidad de empresa[15].
3.3.2. A folio
98 del cuaderno de pruebas 1 aparece fotocopia de la proposición de artículo
nuevo presentada por algunos representantes sobre auxilio de cesantía en el
sector público y a folio 174 del cuaderno de pruebas 5 figura fotocopia de la
proposición aditiva de artículo nuevo relativo a jornada laboral flexible, por
el cual se modifica el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo,
subrogado por el artículo 20 de la Ley 50 de 1990, modificando la parte inicial
del literal c) e incluyendo un literal d).
3.3.3. El
Secretario General de la Cámara certificó que en segundo debate en sesiones
plenarias extraordinarias fue considerada y aprobada la ponencia presentada al
proyecto de ley N° 056/02 Cámara, 057/02 Senado así[16]:
-El 18 de
diciembre de 2002 se hizo una votación nominal del artículo referente al Fondo
Nacional de Ahorro: 80 votos por el sí y 21 por el no; votación nominal del
artículo 33 proposición aditiva del H. Representante Pedro Pardo: 94 votos por
el sí y 17 por el no; votación nominal del artículo 30, proposición del H.
Representante Navas Talero y otro: 68 votos por el sí y 33 por el no, siendo
aprobados los artículos.
-El resto del
texto propuesto y los artículos nuevos y modificaciones fueron votados en forma
ordinaria con un resultado de 159 representantes el día 17 de diciembre de 2002
y 162 representantes el 18 de diciembre de 2002.
3.3.4. El texto
definitivo aprobado en segundo debate en la sesión extraordinaria de la
Plenaria del 17 y 18 de diciembre de 2002 fue publicado en la Gaceta N° 52 del
7 de febrero de 2003. Aparecen como nuevos, entre otros, los siguientes
artículos[17]:
“Artículo 52
(nuevo). Cesantías en el sector público. Las cesantías en el sector público
estarán sometidas a los siguientes regímenes:
1. El régimen tradicional, el cual continuará rigiendo los contratos
de trabajo y las relaciones legales y reglamentarias existentes con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
2. El régimen especial creado por esta ley, se aplicará
obligatoriamente a los servidores públicos que se vinculen a partir de la
vigencia de la presente ley, con excepción de lo establecido en el parágrafo
cuarto del presente artículo.
El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las mismas
características que las contempladas en los artículos 99, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106 y 107 de la Ley 50 de 1990 y el decreto reglamentario 1176 de
1991 o Ley 432 de 1998, entendiéndose por empleador el Estado en todas sus
ramas, niveles, entidades y empresas
Parágrafo 1°. Los servidores Públicos, con excepción de aquellos a
quienes se refiere el inciso primero del artículo 5° de la Ley 432 del 29 de
enero de 1998, vinculados con anterioridad a la vigencia de la presente ley,
podrán acogerse al régimen especial, para lo cual es suficiente comunicación
escrita en la cual señalen la fecha a partir de la cual se acoge.
Parágrafo 2°. Los servidores públicos con Régimen de Retroactividad
de Cesantías, podrán acogerse libremente al Régimen Anualizado de Cesantías,
para lo cual las entidades darán aplicación a las disposiciones establecidas en
el Decreto-ley 3118 de 1968, Leyes 50 de 1990 o 432 de 1998, sin que en ningún
momento se desconozcan o lesionen sus derechos causados.
Parágrafo 3°. El Fondo Nacional de Ahorro podrá recibir los recursos
de las cesantías de los Servidores Públicos.
El Estado en todas sus ramas, niveles, entidades y empresas, contará
con 30 días a partir del 01 de enero de 2004, para colocar los recursos de las
cesantías en los Fondos que los Servidores Públicos elijan en los términos
antes previstos que se contarán a partir del momento en que el servidor público
se acoja al régimen especial. En caso de que no se pague en los términos
previstos en este parágrafo, causará intereses moratorios a favor del
trabajador, equivalentes a los establecidos en el artículo 635 del Estatuto
Tributario los cuales deberán ser liquidados en el momento del pago.
Parágrafo 4°. Los Servidores Públicos que se vinculen a las ramas
del poder público del orden Nacional, a los órganos y entidades que las
integran y a los órganos autónomos e independientes, estarán sometidos a lo
previsto en el inciso 1 del artículo 5° de la Ley 432 del 29 de enero de 1998.
Así mismo, el personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional y los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio creado por la Ley 91 de 1989, vinculados con anterioridad a la
vigencia de la presente Ley, podrán afiliarse al Fondo Nacional de Ahorro.
Podrán afiliarse al Fondo Nacional de Ahorro los demás servidores
del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por
servicios, en los términos del presente artículo.
Artículo nuevo:
Modifíquese el literal c del artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo,
subrogado por el artículo 20 de la Ley 50 de 1990 y adiciónese un nuevo literal
d).
c) El empleador y el trabajador pueden acordar temporal o
indefinidamente la organización de turnos de trabajo sucesivos, que permitan
operar a la empresa o secciones de la misma sin solución de continuidad durante
todos los días de la semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de
seis (6) horas al día y treinta y seis (36) a la semana;
d) El empleador
y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de cuarenta y ocho (48)
horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas
en máximo seis días a la semana con un día de descanso obligatorio, que podrá
coincidir con el domingo. En este, el número de horas de trabajo diario podrá
repartirse de manera variable durante la respectiva semana y podrá ser de
mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta diez (10) horas diarias sin lugar a
ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo
no exceda el promedio de cuarenta y ocho (48) horas semanales.
Artículo nuevo:
Unidad de empresa. El artículo 194 del Código Sustantivo de Trabajo, subrogado
por el artículo 32 de la Ley 50 de 1990, quedará así:
‘Se entenderá por empresa la unidad de producción de bienes o de
servicios constituida para realizar una actividad económica con fines de lucro.
Las Unidades de producción o las personas jurídicas vinculadas económicamente a
una misma persona natural o jurídica conservarán su independencia para efectos
laborales y prestacionales, sin que entre ellas se desprenda una unidad de
negocio o empresa en ningún caso, así comercialmente conformen un grupo
empresarial”.
3.3.5. En la
Gaceta N° 79 del 3 de marzo de 2003 consta el debate y la votación de los
artículos transcritos llevada a cabo en sesión extraordinaria del 18 de
diciembre de 2002.
Allí figura[18] que el artículo nuevo
sobre cesantías del sector público se leyó y puso a consideración de la
Plenaria y el H. Senador Joaquín José Vives Pérez manifestó que se estaba ante
la presencia de un artículo nuevo, por lo que, en caso de ser aprobado, se
hacía necesario que el proyecto regresara a debate en Comisión. En ese debate
intervino la Viceministra de Trabajo y Seguridad para explicar el objeto de la
disposición. Finalmente, se votó afirmativamente.
Consta
igualmente[19]
que el artículo nuevo que corresponde al ahora 51 demandado, fue leído y luego
de algunas intervenciones fue aprobado. Así mismo, que se leyó y aprobó la
proposición relativa a incluir el artículo sobre unidad de empresa[20].
3.4. Segundo
debate en Senado de la República
3.4.1. Se
designó como ponente al H. Senador Oscar Iván Zuluaga Escobar. La ponencia para
segundo debate al proyecto de ley se publicó en la Gaceta N° 575 del 9 de
diciembre de 2002 con modificaciones al articulado aprobado en sesiones
conjuntas. Se precisó en la ponencia que se incluían artículos nuevos “que
fueron dejados como constancia en la Secretaría de la Comisión al momento de la
discusión del articulado general”[21],
entre los cuales estaba el 35, relativo a unidad de empresa[22].
3.4.2. Según
informó el Presidente del Senado, el proyecto fue considerado y aprobado por la
Plenaria en sesión ordinaria el día 16 de diciembre y en sesiones
extraordinarias los días 17, 18 y 19 de diciembre de 2002[23].
Obra
certificación del Secretario General del Senado según la cual el quórum
deliberatorio fue de 98 senadores y fue aprobado por mayoría[24].
3.4.3. En la
Gaceta N° 46 del 6 de febrero de 2003 aparecen los artículos votados en el acta
de Plenaria llevada a cabo el 19 de diciembre de 2002. Se aprobó, como nuevo,
el artículo sobre unidad de empresa, cuyo texto definitivo fue:
“Artículo
nuevo. Se entenderá por empresa la unidad de producción de bienes o de
servicios constituida para realizar una actividad económica con fines de lucro.
Las Unidades de producción o las personas jurídicas vinculadas económicamente a
una misma persona natural o jurídica conservarán su independencia para efectos
laborales y prestacionales, sin que entre ellas se desprenda una unidad de
negocio o de empresa en ningún caso, así comercialmente conformen un grupo
empresarial”.
Fue retirado el
artículo relacionado con las cesantías del sector público para que se decidiera
por la comisión de conciliación[25].
Consta que el H. Senador Luis Guillermo Vélez Trujillo manifestó su
inconformidad con la forma en que se pretendía aprobar dicho artículo, toda vez
que lo consideró de suma importancia y no obstante no se le había dado lectura
al mismo. El H. Senador Luis Carlos Avellaneda Tarazona recordó que en las
comisiones séptimas él precisó que “el artículo no tiene unidad de materia,
lo que nosotros estamos aprobando aquí en la reforma laboral son una serie de
modificaciones al Código Sustantivo del Trabajo y lo que se pretende con ese
artículo es introducir modificaciones al régimen del empleado oficial, ahí no
hay unidad de materia, señor Presidente”. Por su parte, el H. Senador
Eduardo Benítez Maldonado preguntó si el artículo había sido leído, toda vez
que a pesar de que él lo leyó dos veces y estuvo en las comisiones conjuntas,
no lo había entendido. Por esa razón la Secretaría dio lectura al mismo. Al
finalizar, el H. Senador Oscar Iván Zuluaga Escobar dijo “vamos entonces a
retirar éste, ya es y lo dejamos para materia de discusión con más análisis en
la conciliación”, como en efecto se retiró.
3.5. Comisión
de conciliación
3.5.1. En
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 161[26]
de la Carta Política, en concordancia con el 186 de la Ley 5ª de 1992, se
conformó una comisión de conciliación con el fin de adoptar un único texto para
ser puesto a disposición de las plenarias de una y otra célula legislativa.
Obra fotocopia del acta respectiva de fecha 20 de diciembre de 2002[27], en la cual aparecen
los artículos sobre cesantías en el sector público, unidad de empresa y jornada
laboral flexible, así:
“Artículo 50.
Cesantías en el sector público. Los servidores públicos con Régimen de
Retroactividad de Cesantías, podrán acogerse libremente al Régimen Anualizado
de Cesantías, para lo cual las entidades darán aplicación a las disposiciones
establecidas en el Decreto-ley 3118 de 1968, leyes 50 de 1990 o 432 de 1998,
sin que en ningún momento se desconozcan o lesionen sus derechos causados.
El Fondo Nacional de Ahorro podrá recibir los recursos de las
cesantías de los Servidores Públicos.
El Estado en todas sus ramas, niveles, entidades y empresas, contará
con 30 días a partir del 01 de enero de 2004, para colocar los recursos de las
cesantías en los Fondos que los Servidores Públicos elijan en los términos
antes previstos que se contarán a partir del momento en que el servidor público
se acoja al régimen especial que se contarán a partir del momento en que el
servidor público se acoja al régimen especial (sic). En caso de que no se pague
en los términos previstos en este parágrafo, causará intereses moratorios a
favor del trabajador, equivalentes a los establecidos en el artículo 635 del
Estatuto Tributario los cuales deberán ser liquidados en el momento del pago.
Los Servidores Públicos que se vinculen a las ramas del poder
público del orden Nacional, a los órganos y entidades que las integran y a los
órganos autónomos e independientes, estarán sometidos a lo previsto en el
inciso primero del artículo quinto de la Ley 432 del 29 de enero de 1998.
Así mismo, el personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional y los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio creado por la Ley 91 de 1989, vinculados con anterioridad a la
vigencia de la presente Ley, podrán afiliarse al Fondo Nacional de Ahorro.
Podrán afiliarse al Fondo Nacional de Ahorro los demás servidores
del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por
servicios, en los términos del presente artículo.
Artículo 51.
Unidad de empresa. Se entenderá por empresa la unidad de producción de bienes o
de servicios constituida para realizar una actividad económica con fines de
lucro. Las Unidades de producción o las personas jurídicas vinculadas
económicamente a una misma persona natural o jurídica conservarán su
independencia para efectos laborales y prestacionales, sin que entre ellas se
desprenda una unidad de negocio o de empresa en ningún caso, así comercialmente
conformen un grupo empresarial.
(...)
Artículo 54.
Modifíquese el inciso primero  del literal c) del artículo 161 del Código
Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 20 de la Ley 50 de 1990 y
adiciónese un nuevo literal d.
c) El empleador y el trabajador pueden acordar temporal o
indefinidamente la organización de turnos de trabajo sucesivos, que permitan
operar a la empresa o secciones de la misma sin solución de continuidad durante
todos los días de la semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de
seis (6) horas al día y treinta y seis (36) a la semana;
d) El empleador
y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de cuarenta y ocho (48)
horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas
en máximo seis días a la semana con un día de descanso obligatorio, que podrá
coincidir con el domingo. En este, el número de horas de trabajo diario podrá
repartirse de manera variable durante la respectiva semana y podrá ser de
mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta diez (10) horas diarias sin lugar a
ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo
no exceda el promedio de cuarenta y ocho (48) horas semanales dentro de la
jornada ordinaria de 6 a.m. a 10 p.m.”[28].
3.5.2. En la
Gaceta N° 43 del 5 de febrero de 2003, consta que en la Cámara de Representantes
fue considerado y aprobado el informe de mediación por mayoría en sesión
plenaria extraordinaria del 20 de diciembre de 2002 con 155 representantes[29].
3.5.3. En la
Gaceta N° 53 del 7 de febrero de 2003 consta que en sesión extraordinaria de la
plenaria del Senado de la República, llevada a cabo el 20 de diciembre de 2002,
se aprobó el informe de la comisión de conciliación.
4. El trámite de
formación de las leyes. Los principios de identidad y consecutividad. Facultad
de las plenarias para introducir modificaciones, adiciones y supresiones al
proyecto de ley. Las comisiones de conciliación
4.1. Conforme a
lo dispuesto por el artículo 157 de la Carta Política, citado por el actor como
violado, para que un proyecto se convierta en ley de la República es
indispensable que (1) haya sido publicado oficialmente por el Congreso antes de
darle curso en la Comisión respectiva; (2) haya sido aprobado en primer debate
en la correspondiente Comisión permanente de cada cámara, o, en los casos
establecidos en el Reglamento del Congreso, en sesión conjunta de las
comisiones permanentes de ambas cámaras[30];
(3) haya sido aprobado en segundo debate en cada Cámara, y (4) haya obtenido la
sanción del Gobierno.
4.2. La Corte
Constitucional ha señalado que el trámite legislativo se guía por los
principios de consecutividad e identidad[31]. Conforme al primero,
los proyectos de ley deben surtir cuatro debates de manera sucesiva, tanto en
comisiones como en plenarias. No obstante, la jurisprudencia ha sostenido que
dicho principio está sujeto a las excepciones plasmadas en la Constitución y en
la ley[32].
De manera que las sesiones conjuntas de las comisiones homólogas de una y otra
cámara, por ejemplo, para dar primer debate a un proyecto de ley, y la
simultaneidad del segundo debate, conforme a lo dispuesto en el artículo 183 de
la Ley 5ª de 1992, constituyen singularidades en el trámite legislativo[33].
Con todo, en
virtud del principio de consecutividad tanto las comisiones como las
plenarias de una y otra cámara están en la obligación de estudiar y debatir
todos los temas que hayan sido puestos a su consideración y no pueden renunciar
a ese deber constitucional ni deferir su competencia a otra célula legislativa
con el fin de que en posterior debate sea considerado un determinado asunto. En
efecto, la totalidad del articulado propuesto en la ponencia presentada debe
ser discutido, debatido y aprobado o improbado por la comisión constitucional
permanente o por la plenaria, según sea el caso. En cuanto a las proposiciones
modificatorias o aditivas que se planteen en el curso del debate, así como las
supresiones, deben igualmente ser objeto de discusión, debate y votación, salvo
que el autor de la propuesta decida retirarla antes de ser sometida a votación
o ser objeto de modificaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 111 de
la Ley 5ª de 1992. Es preciso que se adopte una decisión y no se eluda la misma
respecto de un tema, so pena de que se propicie un vacío en el trámite
legislativo que vulnere el principio de consecutividad.
En un régimen
democrático el debate parlamentario tiene relevancia constitucional en cuanto
éste le da legitimidad a la organización estatal. A través del debate se hace
efectivo el principio democrático en el proceso de formación de las leyes, ya
que hace posible la intervención de las mayorías y de las minorías políticas, y
resulta ser un escenario preciso para la discusión, la controversia y la
confrontación de las diferentes corrientes de pensamiento que encuentra espacio
en el Congreso de la República. La conformación de comisiones constitucionales
permanentes para dar primer debate a los proyectos de ley, encuentra fundamento
constitucional en los artículos 142 y 157 de la Carta Política. De modo que su
finalidad no sólo es tecnificar y lograr una distribución racional del trabajo
legislativo con el objeto de hacerlo más especializado, sino darle curso, en
primer debate, a los proyectos de ley que han de tramitarse en el Congreso, de
manera que se facilite la discusión, el estudio y se presenten los diversos
puntos de vista existentes respecto de un mismo asunto. El objeto del debate
parlamentario es la discusión y posterior aprobación de un proyecto de ley. Es
claro que, conforme a la Carta Política[34],
si no ha habido primer debate en la comisión constitucional permanente de una
de las cámaras el proyecto no puede convertirse en ley de la República.
Ello no implica
que se mantenga el esquema consagrado en la anterior Carta Política, en la cual
el control era rígido respecto a la exigencia de que durante todos los debates
parlamentarios el proyecto de ley guardara una estricta identidad. El concepto
del principio de identidad así considerado cambió con la expedición de
la actual Carta Política, tal como la Corte lo ha reconocido[35]. Tal principio no
significa, entonces, que un determinado proyecto de ley deba permanecer
idéntico durante los cuatro debates reglamentarios ni que un precepto allí
incluido deba ser exacto desde que se inicia el trámite legislativo hasta que
éste termina, sino que entre los distintos contenidos normativos que se
propongan respecto de un mismo artículo exista la debida unidad de materia[36].
El principio de identidad
ha sido relativizado al facultar a los congresistas para que durante el segundo
debate puedan introducir al proyecto las modificaciones, adiciones y
supresiones que consideren necesarias[37],
siempre que durante el primer debate en la comisión constitucional permanente
se haya aprobado el asunto o materia a que se refiera la adición o modificación[38]. Lo anterior implica darle
preponderancia al principio de consecutividad, en cuanto es factible
conciliar las diferencias surgidas en el debate parlamentario, sin afectar la
esencia misma del proceso legislativo establecido en el artículo 157 de la
Constitución.
En efecto, la
Carta autoriza la introducción de modificaciones o adiciones al proyecto de ley
durante el segundo debate de cada Cámara, es decir, para que bajo la forma de
adición o modificación se incluya un artículo nuevo, pero siempre y cuando la
materia o el asunto al que se refiera haya sido debatido y aprobado durante el
primer debate y sin que ello implique repetir todo el trámite, salvo cuando se
trate de serias discrepancias con la iniciativa aprobada en comisión o existan
razones de conveniencia que justifiquen su reexamen definitivo[39]. En esos términos, no
puede la plenaria de una de las cámaras incluir un artículo nuevo si el mismo
no guarda unidad temática con el tema que se ha debatido y aprobado en las
comisiones, toda vez que en ese caso se desconocería la Constitución[40].
En ese orden de
ideas, es claro que la facultad de introducir modificaciones y adiciones no es
ilimitada, en tanto que se debe observar el principio de unidad o identidad de
materia, de forma tal que esos asuntos estén estrechamente ligados al contenido
del proyecto debatido y aprobado en comisiones[41].
El principio de
unidad de materia, ya lo ha manifestado la Corte[42], constituye un
instrumento de racionalización y tecnificación del proceso legislativo y
garantiza que las leyes sean el “resultado de un sano debate democrático en el
que los diversos puntos de regulación han sido objeto de conocimiento y
discernimiento”[43].
Dicho principio afianza la legitimidad de la instancia parlamentaria, en la
medida en que “se evita la aprobación de normas sobre materias que no hacen
parte o no se relacionan con aquellas que fueron debatidas y se impide el
acceso de grupos interesados en lograr normas no visibles en el proceso
legislativo”[44].
Esa exigencia
constitucional de identidad en los proyectos de ley[45] no implica que el
concepto de unidad de materia deba ser concebido en forma tensa e inflexible,
de manera que restrinja gravemente la función democrática y legislativa de
formación de las leyes propia del Congreso de la República. La Corte ha tratado
con amplitud el tema y ha manifestado que la unidad de materia no puede ser
objeto de un control excesivamente rígido. Al respecto sostuvo:
“La interpretación del principio de unidad de materia no
puede rebasar su finalidad y terminar por anular el principio democrático,
significativamente de mayor entidad como valor fundante del Estado
Colombiano. Solamente aquellos apartes, segmentos o proposiciones de una ley
respecto de los cuales, razonable y objetivamente, no sea posible establecer
una relación de conexidad causal, teleológica, temática o sistémica con la
materia dominante de la misma, deben rechazarse como inadmisibles si están
incorporados en el proyecto o declararse inexequibles si integran el cuerpo de
la ley”[46].
Sobre las
modificaciones que se pueden introducir en la plenaria, la Corte ha
manifestado:
En este sentido, es claro que si las modificaciones que va a
introducir la plenaria de una de las cámaras hacen referencia a la materia que
se viene discutiendo en el proyecto de ley, no existe razón alguna para que se
entienda que el proyecto correspondiente debe ser devuelto a la Cámara que no
conoció de éstas, pues existiendo unidad en la materia debatida en una y otra
Cámara, será competencia de la comisión accidental solventar las discrepancias
surgidas entre los textos aprobados en una y otra plenaria (artículo 178 de la
ley 5ª de 1992), siempre y cuando, se repite, los textos discordantes guardan
identidad en la materia debatida, lo que no ha de confundirse con la identidad
en el tratamiento que se le de al asunto correspondiente[47].
4.3. Dentro de
esa amplitud legislativa se contempla la posibilidad de que frente a
discrepancias surgidas en las cámaras respecto a un proyecto de ley, se
integren comisiones accidentales compuestas por miembros de una y otra cámara,
las cuales prepararán el texto final que será puesto a consideración de las
plenarias. Con ello no se pretende desconocer el artículo 157 de la Carta sino
flexibilizar el trámite legislativo y hacer más expedita la formación de las
leyes, pues los principios de consecutividad y de identidad se predican de los
proyectos de ley o de su articulado considerado en conjunto y no de los
distintos artículos mirados de manera aislada, tal como esta Corte lo ha
expresado[48].
La finalidad de
la comisión accidental, como se ha señalado, es preparar un texto unificado que
armonice las diferencias, para luego ser sometido a la aprobación de las
plenarias. Esas discrepancias no pueden consistir tan sólo en meras cuestiones
de redacción o estilo[49].
De manera que si en el texto definitivo aprobado por una de las cámaras se
incluye un artículo y el mismo no está inserto en el aprobado por la otra, es
necesario dar aplicación al artículo 161 de la Carta y conformar una comisión
de conciliación para que armonice los dos textos disímiles, pues en esos casos
se está ante una discrepancia susceptible de ser subsanada a través del trámite
allí previsto[50].
En esos eventos es claro que la comisión de conciliación debe entrar a zanjar
las diferencias entre los textos aprobados, y podría, sin desconocer el
principio de unidad de materia, incluir un artículo nuevo si de esa forma se
logran superar las diferencias[51].
Resulta evidente
que la actuación de las aludidas comisiones también se encuentra circunscrita
al principio consagrado en el artículo 158 de la Constitución que exige que
todo proyecto deberá referirse a una misma materia. Sobre el punto la Corte ha
precisado:
“....resulta forzoso determinar hasta dónde las comisiones
accidentales pueden hacer modificaciones o adiciones a un proyecto de ley e
incluirlas en un texto unificado sin desconocer los principios de identidad y
consecutividad.
“Pues bien, como ya tuvo oportunidad de explicarlo la Corte, es la
propia Constitución la que establece una competencia restrictiva para las
comisiones accidentales.  La primera limitación está prevista en el artículo
161 de la Carta, cuando advierte que pueden ser conformadas, únicamente cuando
surjan discrepancias entre las Cámaras respecto de un proyecto.  Una segunda,
pero no menos importante condición, también consagrada en el artículo 161
citado, exige que el texto unificado se someta a la consideración y aprobación
por las plenarias de Cámara y Senado.  Finalmente, el artículo 158 de la
Constitución señala que, las modificaciones a un proyecto de ley serán
inadmisibles cuando no se refieran a la misma materia.  Quiere decir lo
anterior que es necesario conservar el criterio de unidad e identidad de
materia o, dicho de otra forma, que las normas adicionadas o modificadas han
mantenerse estrechamente ligadas al objeto y contenido del proyecto debatido y
aprobado por las cámaras parlamentarias”[52].
Y, de manera más
específica, sobre el alcance del principio de unidad de materia en el trámite
legislativo y en el control constitucional, esta Corporación ha expresado:
“...el principio de unidad de materia tiene la virtualidad de
concretar el principio democrático en el proceso legislativo pues garantiza una
deliberación pública y transparente sobre temas conocidos desde el mismo
surgimiento de la propuesta.  Permite que la iniciativa, los debates y la
aprobación de las leyes se atengan a unas materias predefinidas y que en esa
dirección se canalicen las discusiones y los aportes previos a la promulgación
de la ley.  Esa conexión unitaria entre las materias que se someten al proceso
legislativo garantiza que su  producto sea resultado de un sano debate
democrático en el que los diversos puntos de regulación han sido objeto de
conocimiento y discernimiento.  Con ello se evita la aprobación de normas sobre
materias que no hacen parte o no se relacionan con aquellas que fueron
debatidas y se impide el acceso de grupos interesados en lograr normas no
visibles en el proceso legislativo.  De este modo, al propiciar un ejercicio
transparente de la función legislativa, el principio de unidad de materia
contribuye a afianzar la legitimidad de la instancia parlamentaria.
“Finalmente, el principio de unidad de materia también tiene
implicaciones en el ámbito del control constitucional.  Cuando los tribunales
constitucionales entran a determinar si una ley ha cumplido o no con el
principio de unidad de materia deben ponderar también el principio democrático
que alienta la actividad parlamentaria y en esa ponderación pueden optar por
ejercer un control de diversa intensidad.  Esto es, el alcance que se le
reconozca al principio de unidad de materia tiene implicaciones en la
intensidad del control constitucional pues la percepción que se tenga de él
permite inferir de qué grado es el rigor de la Corte al momento del examen de
las normas.  Así, si se opta por un control rígido, violaría la Carta toda
norma que no esté directamente relacionada con la materia que es objeto de
regulación y, por el contrario, si se opta por un control de menor rigurosidad,
sólo violarían la Carta aquellas disposiciones que resulten ajenas a la materia
regulada.  La Corte estima que un control rígido desconocería la vocación
democrática del Congreso y sería contrario a la cláusula general de competencia
que le asiste en materia legislativa.  Ante ello, debe optarse por un control
que no opte por un rigor extremo pues lo que impone el principio de unidad de
materia es que exista un núcleo rector de los distintos contenidos de una Ley y
que entre ese núcleo temático y los otros diversos contenidos se presente una
relación de conexidad determinada con un criterio objetivo y razonable”[53].
Las comisiones
de conciliación, entonces, encuentran su límite no sólo en la existencia de
discrepancias existentes respecto al articulado de un proyecto de ley, sino
también en el principio de identidad[54],
de forma tal que aquellas no pueden alterar la identidad de un proyecto ni
proceder a conciliar una discrepancia surgida entre dos cámaras cuando los
textos no guarden unidad de materia con el proyecto de ley del que se trate.
Teniendo en
cuenta las consideraciones precedentes, la Corporación hará el estudio
constitucional de los artículos objeto de demanda y determinará si se ajustan o
no a los preceptos superiores citados por el actor.
5. La
constitucionalidad de las normas acusadas
En el caso
puesto a consideración de la Corte se tiene que el proyecto de ley N° 057/02
Senado, 056/02 Cámara, que finalizó con la expedición de la Ley 789 de 2002,
fue estudiado en primer debate por las comisiones séptimas constitucionales
permanentes de ambas cámaras, las cuales, en atención al mensaje de urgencia
enviado por el Presidente de la República, sesionaron de manera conjunta.
Así mismo, que
el segundo debate en plenarias tuvo lugar durante el periodo de sesiones
extraordinarias convocadas por el Gobierno mediante Decreto N° 3075 del 16 de
diciembre de 2002, conforme a lo dispuesto por los artículos 138, inciso 3°, y
200, numeral 2°, de la Constitución.
De acuerdo con
lo que obra en el expediente legislativo y según el trámite ya reseñado del
proyecto de ley, entra la Corte a verificar si existió o no violación a los
artículos 157, 160 y 161 de la Constitución, conforme a los cargos expuestos
por el demandante. Para una mayor claridad se analizarán cada uno de los
artículos acusados en forma separada.
5.1. El artículo
47 relativo a las cesantías del sector público
En el proyecto
presentado por el Gobierno al Congreso de la República se incluyó un artículo
relacionado con el tema de las cesantías del sector público, pero, no obstante,
fue excluido en la ponencia presentada para primer debate por considerarlo
inconveniente. En el Acta N° 12 de la sesión llevada a cabo el 28 de noviembre
de 2002 por las comisiones séptimas constitucionales permanentes de Senado y
Cámara de Representantes consta que se propuso como artículo nuevo, pero luego
de que algunos congresistas intervinieran -un senador y un representante-, así
como el entonces Ministro de Trabajo y Seguridad Social, el mismo fue dejado
para ser presentado en las plenarias. Figura en el Acta referida que luego de
la intervención del H. Representante Pompilio Avendaño, autor de la
proposición, el H. Representante Miguel Angel Durán Gelvis manifestó “no hay
una sino varias proposiciones de ARTICULOS aditivos en estas condiciones yo me
declaro impedido para seguir entiendo lo que aquí en adelante se vaya a
discutir si vamos a seguir discutiendo estos artículos yo propongo que mañana
se haga una nueva sesión”. Y, luego de someter a consideración el título
del proyecto y de preguntar si deseaban darle segundo debate, el Secretario
dejó consignado que el “H.R. Manuel Enríquez Rosero, deja constancia que
como hay varios artículos nuevos, estos se tendrán en cuenta para segundo
debate en la Plenaria”.
El artículo se
propuso como nuevo en la Plenaria de la Cámara de Representantes, donde fue
leído y aprobado. En la Plenaria del Senado, aunque fue objeto de debate, finalmente
fue retirado por el ponente para ser materia de discusión con más análisis en
la comisión de conciliación.
De acuerdo con
lo expuesto, se tiene que a pesar de que esa regulación fue propuesta como
nueva en las comisiones séptimas constitucionales permanentes, la misma no fue
aprobada ni improbada durante el primer debate conjunto, toda vez que fue
dejada para ser presentada en las plenarias.
Sólo fue
debatida y aprobada en la Plenaria de la Cámara de Representantes, pues en la
Plenaria del Senado de la República fue retirada para que fuera tema de la
comisión de conciliación.
Se tiene
entonces, en primer lugar, que el artículo del que se trata no fue objeto de
primer debate por parte de las comisiones constitucionales permanentes de una y
otra cámara, y, en segundo lugar, la Plenaria del Senado de la República optó
por retirarla y trasladar la competencia a la comisión de conciliación.
Así las cosas,
encuentra la Corte que en el trámite del artículo 47 se violó el principio de
consecutividad, en tanto no se cumplió con el requisito constitucional de los
cuatro debates reglamentarios, conforme a lo dispuesto por los artículos 157 de
la Carta Política y 147 de la Ley 5ª de 1992.
Las comisiones
constitucionales permanentes eludieron el tema de las cesantías del sector
público y renunciaron a la función encomendada por el Constituyente de dar
primer debate a los proyectos de ley, cuando defirieron esa competencia a las
plenarias. En ese orden de ideas, el primer debate que, por mandato
constitucional, deben tener los proyectos de ley, quedó inconcluso, lo que
desconoce el principio de consecutividad.
También se
advierte que la Plenaria del Senado eludió el debate del tema cuando retiró el
artículo y optó por dejar la decisión a la comisión de conciliación. Estas
irregularidades propician un vacío en el trámite legislativo que desconoce el
artículo 157 de la Constitución. Las comisiones y las plenarias no pueden
renunciar a su competencia y posponer la discusión que debe llevarse a cabo en
una precisa etapa del proceso legislativo, a un debate posterior por razones de
apremio o complejidad.
Podría
argumentarse que si las plenarias de una y otra cámara están facultadas por la
Constitución para introducir modificaciones, adiciones y supresiones al
proyecto de ley, el artículo es constitucional, toda vez que ante la
discrepancia presentada, es decir, la aprobación del artículo por la plenaria
de una cámara y no así por la otra, la comisión de conciliación zanjó esas
diferencias y adoptó un texto único que fue puesto a consideración después de
las plenarias. No obstante, tal argumento no es aceptable en cuanto que, como
ya lo ha sostenido la Corte, las comisiones de conciliación o mediación no
están llamadas a sustituir la función de las comisiones constitucionales
permanentes de cada una de las cámaras, ni de éstas mismas y que toda
iniciativa legislativa para que sea ley debe ser discutida y aprobada por las
comisiones y por las plenarias de cada cámara[55].
Por lo anterior,
el artículo será declarado inexequible.
5.2. El artículo
48 relativo a unidad de empresa
Del expediente
legislativo se desprende que el mismo no hizo parte de la ponencia presentada
para primer debate y tampoco fue aprobado en las comisiones séptimas
constitucionales permanentes de ambas cámaras. No obstante, sí se incluyó en la
ponencia para segundo debate en la Cámara de Representantes como artículo nuevo
con la precisión de que el mismo fue dejado como constancia en la Secretaría de
la Comisión al momento de la discusión del articulado general. Y allí fue
aprobado.
En la ponencia
para segundo debate en el Senado de la República fue incluido como artículo
nuevo con la misma salvedad antes descrita, es decir, que fue dejado como
constancia en la Secretaría de la Comisión al momento de la discusión del
articulado general, y fue aprobado por la Plenaria.
Considera la
Corte que por iguales razones a las consignadas frente al artículo 47 de la Ley
789 de 2002, aquí se violó el principio de consecutividad, toda vez que en su
trámite estuvo ajeno el primer debate conjunto. No se cumplió con el mandato
constitucional del artículo 157 C.P. El debate parlamentario no puede limitarse
a una simple constancia, como la dejada en el presente caso, sino que consiste
en el estudio, análisis y controversia que debe concluir en una decisión de
improbar o no una norma legal propuesta.
Igualmente, las
comisiones de conciliación no pueden abrogarse la competencia de las comisiones
constitucionales permanentes ni sustituirlas dentro del trámite parlamentario.
Por esas razones el artículo 48 será igualmente declarado inexequible por
vicios en su formación.
5.3. El artículo
51 sobre jornada laboral flexible
Consta en el
expediente que tanto en el proyecto presentado por el Gobierno como en la
correspondiente exposición de motivos fue incluido el tema de la jornada laboral
y dicho asunto fue debatido y aprobado en comisiones y en plenarias de una y
otra cámara. La materia objeto del proyecto de ley se relacionaba con el apoyo
y fomento al empleo, jornada de trabajo, trabajo diurno, nocturno, recargos,
remuneración, trabajo dominical y festivo y descansos compensatorios, entre
otras cosas.
Para la Corte el
contenido del artículo 51 demandado está íntimamente relacionado con el de la
jornada laboral, el cual -se repite- fue objeto de discusión y aprobación
durante los cuatro debates. Si bien es cierto el texto del artículo 51, tal
como quedó redactado en la Ley 789 de 2002, no fue discutido y aprobado en las
comisiones constitucionales permanentes con la especificidad y concreción del
mismo y que fue introducido como proposición aditiva durante el segundo debate
en la Cámara de Representantes y su texto aprobado por esa célula legislativa,
ello no lo hace inconstitucional.
En efecto, el
asunto relativo a la jornada laboral flexible que hizo parte de la proposición
aditiva presentada en la Plenaria de la Cámara de Representantes no fue un tema
nuevo ni ajeno a la materia que se regulaba en el proyecto de ley, sino que
está estrechamente vinculado al de la jornada laboral, es decir, guarda
estrecha unidad temática con el texto debatido y aprobado por las comisiones y
por las plenarias. La relación de conexidad entre ambos asuntos es
inescindible, por manera que no era necesario devolver el proyecto a las
comisiones por cuanto existía una estrecha relación con el tema considerado. La
Plenaria no hizo otra cosa que hacer uso de la facultad otorgada por la
Constitución para incluir una adición que juzgó necesaria y que en manera
alguna desconocía el principio de identidad, pues se estaba ante un asunto que
de manera íntima se encontraba ligado al tema de la jornada laboral, debatido y
aprobado en comisiones. No hay duda que la unidad temática era estrecha con el
tema del proyecto de ley, razón por la cual el principio de consecutividad no
se ve afectado en cuanto el tema sí obtuvo los cuatro debates parlamentarios.
De otra parte, y
en cuanto a la conformación de la comisión de conciliación que tuvo lugar
durante el trámite legislativo, hay que decir que conforme al artículo 161
Superior dichas comisiones están habilitadas para preparar el texto unificado
que supere las diferencias presentadas entre los textos aprobados, siempre que
se respete el principio de identidad, como en efecto ocurrió en el presente
caso. La discrepancia surgida entre las plenarias de ambas cámaras se refirió
precisamente a que el artículo, con la especificidad anotada, fue aprobado por
la Plenaria de la Cámara de Representantes pero no por la Plenaria del Senado
de la República, evento en el cual era procedente la integración de la comisión
de mediación para que preparara el texto unificado que superara las
diferencias, y ese texto final fuera posteriormente aprobado por el pleno de
ambas cámaras, como efectivamente ocurrió.
Bajo estos
presupuestos, considera la Corte que el artículo objeto de glosa no adolece de
la inconstitucionalidad planteada por el actor, en razón a que, a diferencia de
lo que ocurrió con el trámite legislativo de los artículos 47 y 48 citados, sí
se cumplieron los debates reglamentarios. En consecuencia, será declarado
exequible por los cargos analizados.
VII. DECISIÓN
En mérito a las
consideraciones expuestas, la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Declarar INEXEQUIBLES los artículos 47 y 48 de la Ley 789 de
2002.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el artículo 51
de la Ley 789 de 2002.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
cúmplase y archívese el expediente.
EDUARDO
MONTEALEGRE LYNETT
Presidente
JAIME
ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO
BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
ÁLVARO
TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
IVAN
HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario
General (e)
EL
SUSCRITO SECRETARIO GENERAL (E)
DE
LA CORTE CONSTITUCIONAL
HACE
CONSTAR QUE:
El Magistrado
JAIME ARAUJO RENTERIA, no firmo la sentencia por no encontrarse presente. Que
el citado Magistrado ratificó su postura de no concurrir a sesiones en las
horas de la tarde atendiendo los argumentos señalados en las constancias que ha
adjuntado desde el Acta No. 56 de 2003.
IVAN
HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario
General (e)
Salvamento
parcial de voto a la Sentencia C-801/03
SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-No
valora en toda su dimensión el papel que desempeñan las comisiones permanentes/SENTENCIA
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Permite que durante las sesiones plenarias sean
introducidos temas no estudiados en primer debate/SENTENCIA DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL-Posibilidad de introducir modificación riñe con la importancia
de los debates en las comisiones/SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Suponer
que las plenarias tienen absoluta libertad para abordar la discusión de los
proyectos de ley parece equivocado (Salvamento parcial de voto)
JORNADA LABORAL FLEXIBLE-Proyecto
presentado por el gobierno omitió el tema (Salvamento parcial de voto)
JORNADA LABORAL FLEXIBLE-Sesiones
conjuntas de las comisiones séptimas constitucionales no abordaron el tema/JORNADA
LABORAL FLEXIBLE-Tema no fue incluido con la ponencia para la plenaria del
Senado ni en el texto aprobado/JORNADA LABORAL FLEXIBLE-Este tema se
introdujo únicamente en la sesión plenaria de la Cámara/JORNADA LABORAL
FLEXIBLE-Tema solo surtió uno de los cuatro debates por lo que debió
declararse inexequible (Salvamento parcial de voto)
SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Comprensión
tan amplia y flexible de la noción de “materia” o “eje temático” puede amenazar
la estructura del proceso de formación de las leyes (Salvamento parcial de
voto)
Referencia.: expediente D-4484
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 47, 48 y 51 de
la Ley 789 de 2002.
Actor: Hernán Antonio Barrero Bravo
Magistrado Ponente:
Dr.
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Con el acostumbrado respeto
por la posición de la mayoría me aparto parcialmente de la decisión adoptada,
pues considero que la Corte también debió declarar la inexequibilidad del
artículo 51 de la Ley 789 de 2002, norma relacionada con la jornada laboral
flexible.
No creo necesario reiterar la
relevancia de las comisiones constitucionales permanentes de Senado y Cámara,
las cuales, además de ser un filtro técnico y de racionalización en el proceso
de formación de las leyes, constituyen un escenario de deliberación democrática
indispensable para que cualquier proyecto pueda ser analizado posteriormente
por las plenarias de cada una de esas células legislativas.  Sin embargo, la
sentencia no valora en toda su dimensión el papel que desempeñan estas
comisiones y permite que durante las sesiones plenarias sean introducidos
asuntos nunca estudiados en primer debate.
Aún cuando comparto gran parte
de la argumentación de la sentencia, creo que acoger la tesis de la mayoría con
la vaguedad propuesta sobre la posibilidad de introducir modificaciones siempre
y cuando se respete un eje temático amplio, riñe con la importancia de los
debates en las comisiones y con el propósito que inspiró al Constituyente en el
año de 1991.
En este sentido, es claro que
durante la deliberación democrática pueden surgir cambios que impliquen
modificar los textos inicialmente propuestos, pero no para llegar al punto de
pretermitir los debates en las comisiones permanentes y suplirlos con la
integración de comisiones accidentales de conciliación, con lo cual se vulnera
de paso el principio de consecutividad.
Además, me parece equivocado
suponer que las plenarias de Senado y Cámara tienen absoluta libertad para
abordar la discusión de los proyectos de ley, como parece sugerirlo la
sentencia en algunos apartes, en especial cuando concibe de una manera tan
amplia los conceptos de “tema” o “materia” en la deliberación democrática.  La
transparencia en el proceso de formación de las leyes exige que durante su
trámite los distintos actores obren con la mayor sensatez y lealtad, no sólo
con sus colegas sino particularmente con el pueblo, de quienes son sus
representantes, lo cual requiere que cualquier cambio normativo sea acogido
luego de un reposado debate y de acuerdo con los parámetros señalados en la
Constitución.
Para el caso específico del
artículo 51 de la Ley 789 de 2002, creo que ninguno de los anteriores aspectos
fue tenido en cuenta pues de hacerlo la decisión no hubiera sido otra que la
declaratoria de inexequbilidad de la norma acusada.
En efecto, el
proyecto que fue presentado por el Gobierno omitía hacer referencia al tema de
la “jornada laboral flexible”, como fácilmente se puede comprobar en la
Gaceta del Congreso No. 350 del 23 de agosto de 2002.
En las sesiones
conjuntas de las comisiones séptimas constitucionales de Senado y Cámara
tampoco se abordó el estudio de la “jornada laboral flexible”, y como
era apenas lógico no fue aprobado artículo alguno sobre ese tema, según consta
en las ponencias –Gacetas 444, 449, 471 y 497 de 2002- y en el texto definitivo
publicado en la Gaceta No. 575 del 9 de diciembre de 2002.
Tampoco fue
incluido artículo alguno relacionado con el tema de la “jornada laboral
flexible” en la ponencia para la plenaria del Senado, ni menos aún en el
texto aprobado por esa célula legislativa –Gaceta 575 de 2002 y 46 de 2003-.
Solamente en la
sesión plenaria de la Cámara de Representantes fue introducida la norma
relacionada con la “jornada laboral flexible”, como una proposición
aditiva al proyecto –Gaceta No. 52 de 2003-, puesto luego a consideración de la
comisión de conciliación y aprobado finalmente por las plenarias de ambas
cámaras.
En síntesis, no cabe duda que
el artículo 51 de la Ley 789 de 2002 solamente surtió uno de los cuatro debates
previstos en el artículo 157 de la Constitución y que, por lo mismo, también
debió ser declarado inexequible.
Ahora bien, el argumento que
utiliza la mayoría consiste en considerar que el tema de la jornada laboral
flexible estaba estrechamente vinculado con el de la relación laboral, el cual
fue analizado a lo largo de todo el proyecto y sólo se introdujo una precisión
que el Senado juzgó conveniente.  Empero, con ese mismo argumento hubiese
podido declararse la constitucionalidad de cualquier norma que de alguna manera
tuviera relación con el derecho al trabajo.
Creo, en consecuencia, que una
comprensión tan amplia y flexible de la noción de “materia” o “eje temático”
puede amenazar la estructura misma del proceso de formación de las leyes y dar
al traste con el principio democrático, por lo que me veo obligada a salvar
parcialmente mi voto y expresar mi preocupación en este sentido.
Cordialmente,
CLARA
INÉS VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
SALVAMENTO
PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO ALFREDO BELTRÁN SIERRA, EN RELACIÓN CON LA
SENTENCIA C-801 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2003.
JORNADA LABORAL FLEXIBLE-Institución nueva que no fue objeto de debate/JORNADA
LABORAL FLEXIBLE-Aprobación
vulneró principio de consecutividad (Salvamento parcial de voto)
Con el debido respeto por las decisiones de la Corte
Constitucional, me veo precisado a salvar parcialmente el voto respecto de lo
resuelto en la Sentencia C-801 de 16 de septiembre de 2003, por las razones que
van a expresarse:
1º.  Estoy de acuerdo con la decisión de la Corte
contenida en la sentencia a la cual se refiere este salvamento de voto, en
cuanto declaró inexequibles los artículos 47 y 48 de la Ley 789 de 2002 en
razón de que el texto de esos artículos no fue objeto de debate ni aprobación
en las Comisiones Séptimas del Senado de la República y la Cámara de
Representantes y sólo fueron objeto de aprobación posterior  en la Cámara de
Representantes, primero y luego a propuesta de las Comisiones de Conciliación,
en la Plenaria de las dos Cámaras, pese a que en el Senado de la República se
optó antes de la actuación de las Comisiones de Conciliación por el retiro del
artículo 47 del texto del articulado, lo que también ocurrió en relación con el
artículo 48.
2º. A mi juicio la situación
es idéntica en cuanto al trámite que se le imprimió en el Congreso de la
República al artículo 51 de la Ley 789 de 2002 y, en tal virtud, esta norma
también es inexequible, como pasa a demostrarse:
2.1. En el
proyecto de ley número 57/02 Senado “por el cual se dictan normas para
promover empleabilidad y desarrollar la protección social”, nada se incluyó
sobre la denominada “jornada laboral flexible”, ni en esa materia
específica se pretendió modificar el artículo 161 del Código Sustantivo del
Trabajo.
2.2. Durante el
primer debate del citado proyecto de ley, que se surtió en sesiones conjuntas
de las Comisiones Séptimas de la Cámara de Representantes y el Senado de la
República por haber solicitado el Gobierno trámite de urgencia el 28 de agosto
de 2002, tampoco se incluyó norma alguna sobre la ahora denominada “jornada
laboral flexible”, lo que puede verificarse con la simple lectura de la
ponencia para primer debate al proyecto de ley 057/02 Senado, 056/02 Cámara,
que corre publicada en las Gacetas del Congreso Nos. 444 de 25 de octubre de
2002 y 449 de 28 de octubre del mismo año.
Tampoco aparece
la norma en cuestión en la ponencia de minoría en la cual se propuso negar por
completo el texto íntegro del citado proyecto de ley, la cual aparece publicada
en las Gacetas del Congreso Nos. 471 de 6 de noviembre de 2002 y 497 de 14 de
noviembre del mismo año.
2.3. La norma
sobre “jornada laboral flexible” no fue objeto de aprobación al culminar
el primer debate en las sesiones conjuntas de las Comisiones Séptimas del
Senado de la República y la Cámara de Representantes celebradas durante los
días 29 de octubre, 5, 6, 12, 18, 20, 21, 25, 27 y 28 de noviembre de 2002 y,
por tal razón, como es obvio, no se incluyó en el texto definitivo del proyecto
aprobado en primer debate que fue publicado en la Gaceta No. 575 de 9 de
diciembre de 2002.
2.4. Durante el
segundo debate en la Cámara de Representantes, tal como se señala en la
Sentencia C-801 de 16 de septiembre de 2003, el texto sobre “jornada laboral
flexible” fue introducido como una proposición aditiva al proyecto de ley
en discusión, que recibió aprobación en la Plenaria de esa Corporación,
conforme aparece en la Gaceta del Congreso No. 52, publicada el 7 de febrero de
2003, que da cuenta de lo sucedido en las sesiones extraordinarias de 17 y 18
de diciembre de 2002.
2.5. Durante el
trámite del proyecto de ley que culminó con la expedición de la Ley 789 de
2002, el texto aprobado en la Cámara de Representantes sobre “jornada
laboral flexible” no se incluyó en la ponencia para el segundo debate en el
Senado de la República, conforme aparece de la publicación de la misma en la
Gaceta No. 575 de 9 de diciembre de 2002.
2.6. El
articulado aprobado en sesión ordinaria del Senado de la República de 16 de
diciembre de 2002, no incluyó tampoco norma alguna sobre la denominada “jornada
laboral flexible”.
2.7. La norma
citada, que hoy aparece como artículo 51 de la Ley 789 de 2002, fue aprobada a
propuesta de las llamadas “Comisiones de Conciliación”, en sesión plenaria
del Senado de 20 de diciembre de 2002, conforme aparece en la Gaceta del
Congreso de 7 de febrero de 2003.
3.      Queda
claro entonces que la llamada “jornada laboral flexible”, que es una
institución nueva en el régimen laboral colombiano, ni fue aprobada en el
primer debate en la Cámara de Representantes; ni en el primer debate en el
Senado de la República; ni tampoco en la sesión Plenaria del Senado en la cual
se discutió y aprobó el proyecto que se convirtió luego en la Ley 789 de 2002.
Simplemente, recibió
aprobación en la plenaria de la Cámara de Representantes y, pese a tratarse de
una institución que antes no existía en el Código Sustantivo del Trabajo se
introdujo “ a hurtadillas” en la citada ley, bajo el pretexto de que en
esa ley también fueron objeto de estudio y aprobación otras normas relacionadas
con la jornada laboral, lo que daría una supuesta unidad temática a la norma
aprobada con el texto debatido y aprobado en el Congreso de la República.
Con todo, con semejante
argumentación podría entonces darse cabida a cualquier norma que de esa manera
irregular hubiera modificado en todo o en parte el Código Sustantivo del
Trabajo, pues es claro que todas ellas deben tener como propósito la protección
al trabajo que ordena la Constitución, la promoción del empleo y las relaciones
recíprocas de trabajadores y empleadores en un plano regulado por la ley.
De esa manera,
se prohíja una vulneración del artículo 157 de la Constitución Nacional,
conforme al cual ningún proyecto será ley si no ha sido aprobado en primer
debate en las comisiones constitucionales respectivas en cada una de las
Cámaras, así como en la Plenaria de cada una de ellas en segundo debate.  Y,
del mismo modo, se quebranta el artículo 161 de la Constitución y la Ley 5ª de
1992 al otorgar a las Comisiones de mediación, conocidas como “Comisiones de
Conciliación”, un ámbito de competencia que no se encuentra para ellas
señalado en el artículo 186 de la Ley Orgánica expedida como “reglamento del
Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes”.
Pese a lo anterior y a la
coincidencia de los motivos para declarar la inexequibilidad del artículo 51 de
la Ley 789 de 2002 con la que llevó a la Corte a declararla respecto de los
artículos 47 y 48 de la misma ley, la Sentencia C-801 de 16 de septiembre de
2003, no adoptó la misma decisión con respecto a la inexequibilidad de esas
tres normas. Lo que resolvió fue que las últimas dos son inexequibles y que la
primera es ajustada a la Constitución.  Por no compartir semejante
contradicción en el mismo fallo, salvo entonces el voto respecto de la
constitucionalidad declarada del artículo 51 de la Ley 789 de 2002 que, repito,
a mi juicio es inexequible.
Fecha ut supra.
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
[1]
C-167 de 1993 y C-376 de 1995.
[2]
C-1488 de 2000, C-376 de 1995 y C-282 de 1997.
[3]
Sentencias C-809 de 2001 y C-140 de 1998.
[4]
Folios 116 a 124 del cuaderno de pruebas 1.
[5]
Folio 56 del cuaderno de pruebas 2.
[6]
Folios 132 a 183 del cuaderno de pruebas 1.
[7]
Folios 184 a 235 del cuaderno de pruebas 1.
[8]
Véanse las páginas 39 y 40 de las Gacetas N° 444 y 449 de 2002.
[9]
Folios 236 a 259 del cuaderno de pruebas 1.
[10] Folios 277 a 283 del cuaderno de pruebas 1.
[11] Folios 338 a 351 del cuaderno de pruebas 1.
[12] Folio 4 del cuaderno de pruebas 2.
[13] Así consta en el Acta N° 012 del 28 de noviembre de 2002, según el
contenido del diskette remitido por el Secretario General de la Comisión
Séptima constitucional permanente de la Cámara de Representantes.
[14] Folio 401 del cuaderno de pruebas 1.
[15] Folios 316 a 338 del cuaderno de pruebas 1.
[16] Folios 3 y 4 del cuaderno de pruebas 5.
[17] Folios 436 a 451 del cuaderno de pruebas 1.
[18] Véase la página 14 y siguientes de la Gaceta N° 79 del 3 de marzo
de 2003.
[19] Véase la página 17 y siguientes de la Gaceta N° 79 del 3 de marzo de
2003.
[20] Véase la página 20 de la Gaceta N° 79 del 3 de marzo de 2003.
[21] Folio 235 del cuaderno de pruebas 1.
[22] Folios 316 a 338 del cuaderno de pruebas 1.
[23] Folio 4 del cuaderno de pruebas 2.
[24] Folio 2 del cuaderno de pruebas 2.
[25] Véanse los folios 36 a 84 del cuaderno 4 de pruebas, donde aparece
fotocopia del texto definitivo aprobado en plenaria.
[26] Es importante anotar que este artículo fue modificado por el Acto
Legislativo 01 del 3 de julio de 2003, pero en atención a que la Ley objeto de
análisis fue expedida el 27 de diciembre de 2002, es decir, antes de la reforma
constitucional, su estudio se hará frente al precepto anterior.
[27] Folios 7 a 35 del cuaderno 5.
[28] Folios 68 a 97 del cuaderno de pruebas 1.
[29] Folio 89 del cuaderno de pruebas 5. Véase igualmente constancia del
Secretario General de la Cámara de Representantes obrante a folios 3 y 4.
[30] El artículo 169 de la Ley 5ª de 1992 establece que las comisiones
homólogas de una y otra cámara sesionarán conjuntamente en dos eventos: (1) por
disposición constitucional, caso en el cual las comisiones de asuntos
económicos de las dos Cámaras deliberarán en forma conjunta para dar primer
debate al proyecto de presupuesto de rentas y ley de apropiaciones, y (2) por
solicitud del Gobierno, que tiene lugar cuando el Presidente de la República
envía mensaje de urgencia respecto del trámite de un proyecto de ley, conforme
a lo dispuesto en el artículo 163 de la Carta Política.
[31] Ver al respecto la Sentencia C-198 del 19 de marzo de 2002 (M.P.
Clara Inés Vargas Hernández).
[32] Cfr. Corte Constitucional. Sentencias C-702 del 20 de
septiembre de 1999 (M.P. Fabio Morón Díaz) y C-044 del 30 de enero de 2002
(M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[33] Sobre el debate simultáneo se pueden consultar las sentencias C-140
del 15 de abril de 1998 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) y C-044 de 2002, ya citada.
[34] Artículo 157.
[35] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-702 de 1999, ya
citada.
[36] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-1190 del 15 de
noviembre de 2001 (M.P. Jaime Araujo Rentería). También se puede consultar la
Sentencia C-950 del 5 de septiembre de 2001.
[37] Artículo 160, inciso segundo, de la Constitución.
[38] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-702 de 1999, ya
citada.
[39] Artículo 178 de la Ley 5ª de 1992.
[40] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-702 de 1999, ya
citada..
[41] Cfr. Corte Constitucional. Sentencias C-008 del 17 de enero
de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) y C-809 del 1 de agosto de 2001
(M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
[42] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-551 del 9 de julio de
2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
[43] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-501 del 15 de mayo de
2001.
[44] Idem.
[45] Artículos 158 y 169 C.P.
[46] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-025 del 4 de febrero
de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). En el mismo sentido se puede consultar
la Sentencia C-737 del 11 de julio de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
[47] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-1488 del 2 de
noviembre de 2000 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez).
[48] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-376 del 24 de agosto
de 1995 (M.P. Jorge Arango Mejía).
[49] Idem.
[50] Cfr. Corte Constitucional. Sentencias C-333 del 12 de agosto
de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), C-376 de 1995, ya citada, C-282 del 5
de junio de 1997 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), C-922 del 19 de julio
de 2000 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), C-1190 de 2001 y C-044 de 2002, ya
citadas.
[51] Cfr. Corte Constitucional. Sentencias C-1488 de 2000, ya
citada y C-198 del 19 de marzo de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
[52] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-198 del 21 de febrero
de 2001 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[53] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-501 de 2001, ya
citada.
[54] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-551 de 2003, ya
citada.
[55] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-500 del 15 de mayo de
2001 (M.P. Alvaro Tafur Galvis).