T-762-15
Sentencia T-762/15
ESTADO DE COSAS
INCONSTITUCIONAL EN EL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO-Jurisprudencia constitucional/ESTADO DE COSAS
INCONSTITUCIONAL EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Declarado en sentencia
T-153/98 por hacinamiento, aún persiste
Esta Corte se ha pronunciado
mediante las Sentencias T-153 de 1998 y T-388 de 2013, en
las cuales la Corte Constitucional declaró la
existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) “en las
prisiones” y en el “Sistema Penitenciario y Carcelario”, respectivamente.
En dichas sentencias esta Corporación evidenció
fallas de carácter estructural que requieren de la
colaboración armónica de las entidades del Estado, para lograr su superación.
Así mismo, estas dos sentencias son importantes referentes jurisprudenciales a
partir de los cuales se ha diagnosticado y comprendido la problemática
carcelaria y penitenciaria del país, en especial, por parte del juez
constitucional. La Sentencia T-153 de 1998, después de realizar un
análisis histórico del fenómeno de la ocupación carcelaria en el país,
identificó como uno de los focos de acción contra la sobrepoblación, entre
otros, la necesaria adecuación de la infraestructura física del
sistema penitenciario y carcelario de la época. Casi 15 años después, la Sentencia T-388
de 2013, reconoció que los esfuerzos en la creación de una infraestructura
penitenciaria que ampliara la cobertura fueron, en su mayoría, exitosos. Por
tal motivo y al evidenciar que a pesar de los esfuerzos, la crisis permanecía
vigente, en dicho fallo se hizo mayor énfasis en la necesidad de adecuar
la política criminal del país, a los estándares y marcos de
protección de los derechos de las personas privadas de la libertad, pues desde
esa perspectiva se pueden lograr resultados mucho más sostenibles.
ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL DEL
SISTEMA CARCELARIO-Diferencia entre el estado de cosas
inconstitucional declarado mediante la sentencia T-153 de 1998 y el declarado a
través del fallo T-388 de 2013
SISTEMA PENITENCIARIO Y
CARCELARIO PRESENTA UN NUEVO ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL-Sentencia
T-388/13
ESTADO DE COSAS
INCONSTITUCIONAL-Reconocimiento en la
jurisprudencia constitucional
La figura del Estado de Cosas Inconstitucional, es aquella mediante
la cual esta Corte, como otros Tribunales en el mundo, ha constatado que en
algunas situaciones particulares el texto constitucional carece de efectividad
en el plano de la realidad, tornándose meramente formal. Se ha decretado al
verificar el desconocimiento de la Constitución en algunas prácticas cotidianas
en las que interviene la Administración, y en las que las autoridades públicas,
aún al actuar en el marco de sus competencias legales, tejen su actividad al
margen de los derechos humanos y de sus obligaciones constitucionales, en
relación con su respeto y garantía.
POLITICA CRIMINAL-Concepto
La política criminal ha sido definida por esta Corte como
el conjunto de respuestas que un Estado adopta para hacer frente a las
conductas punibles, con el fin de garantizar la protección de los intereses
esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en su jurisdicción.
En esa medida, busca combatir la criminalidad a partir de diferentes
estrategias y acciones en el ámbito social, jurídico, económico, cultural,
administrativo y/o tecnológico, entre otros.
POLITICA CRIMINAL-Etapa de formulación y diseño
POLITICA CRIMINAL COLOMBIANA-Es reactiva y toma decisiones
sin fundamentos empíricos sólidos
La política criminal colombiana
necesita con urgencia crear y fortalecer los precarios sistemas de información
sobre la criminalidad y sus dinámicas, para poder presentar propuestas que
retroalimenten las diversas respuestas institucionales a los fenómenos
criminales.
POLITICA CRIMINAL COLOMBIANA-Tendencia al
endurecimiento punitivo
La tendencia al endurecimiento
punitivo es una característica de la política criminal colombiana que, según el
diagnóstico realizado por la Comisión Asesora, puede evidenciarse a partir del
estudio de: (i) la creación de nuevas conductas penales, (ii) el incremento en
las penas mínimas y máximas de los delitos existentes y, (iii) el aumento de
las personas privadas de la libertad.
POLITICA CRIMINAL COLOMBIANA-Es poco reflexiva frente a los
retos del contexto nacional
POLITICA CRIMINAL COLOMBIANA-Está subordinada a la política
de seguridad
POLITICA CRIMINAL COLOMBIANA-Es inestable e inconsistente
POLITICA CRIMINAL COLOMBIANA-Es volátil,
en tanto, existe debilidad institucional
ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN MATERIA DE HACINAMIENTO
CARCELARIO-El
hacinamiento carcelario tiene que ver con el uso excesivo de las medidas de
aseguramiento privativas de la libertad
POLITICA CRIMINAL DEL ESTADO-Ejecución de penas y cumplimiento de medidas de aseguramiento
En la etapa de ejecución de penas y
medidas de aseguramiento es en la que se muestran los síntomas de todas las
dificultades que emergen de la política criminal actual. Entre dichos síntomas
se encuentran afectaciones relacionadas con las condiciones de reclusión a las
que, sindicados y condenados, son sometidos: el hacinamiento y las otras causas
de violación masiva de derechos, la reclusión conjunta entre condenados y
sindicados, las fallas en la prestación de los servicios de salud en el sector
penitenciario y carcelario, la precariedad de la alimentación suministrada y
las condiciones inhumanas de salubridad e higiene de los establecimientos de
reclusión, entre otras.
POLITICA CRIMINAL-Deberes
La
política criminal debe tener un carácter preventivo. Uso del derecho penal como
última ratio. Debe respetar el principio de la libertad personal, de forma
estricta y reforzada. Debe buscar
como fin primordial la efectiva resocialización de los condenados. Las
medidas de aseguramiento privativas de la libertad deben ser excepcionales.
Debe ser coherente. Debe estar sustentada en elementos empíricos. Debe ser
sostenible. Medición de costos en derechos económicos. Debe proteger los
derechos humanos de los presos.
DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Vulneración
por hacinamiento
El
nivel de hacinamiento ha generado que en los establecimientos de reclusión se
vulneren de manera sistemática los derechos de las personas privadas de la
libertad, pues impide que éstas tengan lugares dignos donde dormir, comer,
realizar sus necesidades fisiológicas, tener visitas conyugales e íntimas,
ejercer actividades de recreación, de formación y de resocialización, entre
otros.
ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN EL SISTEMA PENITENCIARIO Y
CARCELARIO-Criterios de superación
ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN EL SISTEMA PENITENCIARIO Y
CARCELARIO-Reiteración de la existencia de un
estado de cosas contrario a la Constitución, en el Sistema Penitenciario y
Carcelario del país, declarado mediante la sentencia T-388 de 2013
POLITICA CRIMINAL COLOMBIANA-Ha sido reactiva, populista, poco reflexiva, volátil, incoherente y
subordinada a la política de seguridad
POLITICA CRIMINAL COLOMBIANA-El manejo histórico en el país ha contribuido a perpetuar la violación
masiva de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad e
impide, en la actualidad, lograr el fin resocializador de la pena
POLITICA CRIMINAL
RESPETUOSA DE LOS DERECHOS HUMANOS-Orden al Congreso de la República dar aplicación al estándar constitucional
mínimo de una política criminal respetuosa de los derechos humanos, cuando se
propongan, inicien o tramiten proyectos de ley o actos legislativos
Referencia: expedientes
acumulados:
T-3927909 (Diosemel Quintero
Bayona y otros)
T-3977802 (John Édison Ramírez
Rodríguez y otros)
T-3987203 (Bernardo Orozco
Aguirre y otros)
T-3989523 (Diego Fernando
Murillo)
T-3989814 (John Edison Vera
Mejía)
T-4009989 (Santiago Villa
Arboleda)
T-4013558 (Nelson David Mora
Angarita)
T-4034058 (Óscar Hernando Duque
Otálvaro y otros)
T-4043750 (Defensoría Regional
del Pueblo del Magdalena Medio, en representación de la población carcelaria de
San Vicente de Chucurí)
T-4046443 (Diego Fernando
Idarraga Medina)
T-4051730 (Defensoría Regional
del Pueblo del Valle del Cauca, en representación de los internos de la EPAMS
CAS de Palmira)
T-4063994 (Personería Municipal
de Florencia, Caquetá, en representación de las internas de la EPMSC el Cunduy
de Florencia)
T-4074694 (Pablo Antonio
Peinado Padilla y otros)
T-4075719 (Orbey David Usuga
Rojas)
T-4076529 (Personería Municipal
de Sincelejo y Defensoría Regional del Pueblo de Sucre, en representación de
los reclusos del EPMSC de La Vega, Sincelejo)
T-4076646 (William de Jesús
Piedrahita y otros)
T-4076801 (Elder Enrique
González y otros)
T-4694329 (Wilmar Armando
Sierra Henao)
Asunto: Vulneración de los
derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Desarticulación
de la Política criminal. Situación de hacinamiento en los establecimientos
penitenciarios y carcelarios del país. Reiteración del Estado de Cosas
Inconstitucional.
Magistrada sustanciadora:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de
diciembre de dos mil quince (2015).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio y
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado,
quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos dictados por
los respectivos jueces de instancia, dentro de los asuntos de la referencia.
I.
ANTECEDENTES
A. Actuaciones preliminares en la Corte
Constitucional
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la
Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Séptima de
Selección de Tutelas de la Corte Constitucional, mediante Auto del 18 de julio
de 2013, resolvió seleccionar para revisión el proceso de tutela T-3927909 y lo repartió al despacho del entonces Magistrado
Nilson Pinilla Pinilla.
La misma Sala de Selección, mediante Auto
del 30 de julio de 2013, seleccionó el expediente T-3977802 y decidió
acumular estos procesos entre sí, por presentar unidad de materia.
Por la misma razón y para que fueran fallados por la correspondiente Sala
de Revisión, en una sola sentencia[1], fueron acumulados al proceso T-3927909 los
siguientes asuntos:
-
El expediente T-4013558, mediante
Auto del 29 de agosto de 2013 de la Sala Octava de Selección.
-
Los expedientes T-4034058,
T-4043750 y T-4046443, por Auto del 12 de septiembre de 2013,
proferido por la Sala Novena de Selección.
-
Los expedientes T-3987203,
T-3989532, T-3989814, T-4009989, T-4051730,
T-4063994, T-4074694, T-4075719, T-4076529,
T-4076646 y T-4076801, a través del Auto del 17 de octubre de 2013,
de la entonces Sala Sexta de Selección de la Corte Constitucional, que resolvió
acumularlos  al proceso T-3927909, luego de que la Sala Novena de Selección,
por Auto del día 26 de septiembre de 2013 los acumulara entre sí.
El 4 de diciembre de 2014, la Sala Plena de esta
Corporación decidió enviar los referidos expedientes T-3927909 y acumulados, al
despacho de la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, quien asumió el
conocimiento del caso desde esa fecha.
Posteriormente, mediante Auto de selección del 27 de
enero de 2015, se acumuló al expediente T-3927909, el expediente T-4694329
en virtud de su identidad con aquel.
B.
Presentación de los casos objeto de estudio
1. Si bien los
asuntos revisados en el presente juicio constitucional fueron presentados
mediante demandas separadas, comparten aspectos básicos: i) los
supuestos fácticos, ii) el material probatorio acopiado, iii) las
entidades legitimadas en la causa por pasiva[2],
iv) los derechos fundamentales invocados y v) la fundamentación
jurídica empleada por los accionantes y los intervinientes.
A continuación se presentarán sintéticamente los
elementos propios de cada caso particular[3],
cuyos aspectos más destacados se recogen en el cuadro anexo. Una vez hecho lo
anterior, con el fin de dar mayor claridad expositiva y coherencia
argumentativa a los relatos, la Sala hará un breve recuento sobre los hechos,
las pretensiones presentadas por los demandantes y las respuestas ofrecidas por
algunas de las entidades demandadas y demás intervinientes.
2. En la Tabla
2, que se presenta a continuación, se identifican los accionantes y los
establecimientos penitenciarios y carcelarios accionados (EPMSC[4]
y EPAMS[5])
en cada uno de los dieciocho (18) expedientes acumulados:
Tabla
1.
Extremos procesales
Identificación de las partes
Exp.
Demandantes
Establecimientos penitenciarios demandados
Otras entidades accionadas y vinculadas
1
3927909
Diosemel Quintero Bayona,
Víctor Julio Cardona Hernández, Emiro José Martínez Arroyo, Leovigildo Yánez
Romero, Juan Esteban Restrepo R., Hernán Rodríguez Maldonado y Alberto
Chanaga Anaya.
EPMSC, Cárcel Modelo de
Bucaramanga. Pabellón Cuarto.
-INPEC
-USPEC
-Secretarías
de Salud Departamental y de Salud y Medio Ambiente de Bucaramanga
-CAPRECOM
-Defensoría
del Pueblo
-Procuraduría
General de la Nación
-Personería
Municipal de Bucaramanga
2
3977802
John Édison Ramírez
Rodríguez, César Arciniegas Araque, Eustagio Beltrán, Nicolás Mata Roso,
Daniel Lozano Ariza, Álvaro González Amado, Rafael Pinto, Ramón Elí Sánchez,
Eduardo Correa, Édison Palacio, Carlos Rangel, Jorguin Mario Rivera, Luis
Eduardo Torres, Wilmer Tarazona, Fabián Manuel Joya, César Becerra, José Luis
Rueda, Luis Jiménez Joya, Nilson Vega y Hernán Darío Estrada Correa.
EPMSC Cárcel Modelo de
Bucaramanga. Pabellón Quinto.
-INPEC
-USPEC
-Secretaría
Municipal de Salud y Medio Ambiente de Bucaramanga
-Agencia
Nacional para la Defensa del Estado
-Defensoría
del Pueblo
-Secretaría
Departamental de Salud de Santander
-Ministerio
de Justicia y del Derecho
3
3987203
Bernardo Orozco Aguirre,
Jamerly Bermúdez Sánchez, Carlos Humberto Martínez y Carlos Alberto Serrano
Flórez
EPMSC Cárcel la 40 de
Pereira.
-INPEC
-USPEC
-Gobernación
de Risaralda
-Alcaldía
de Pereira
4
3989532
Diego Fernando Murillo
EPMSC de Santa Rosa de
Cabal.
INPEC,
la Gobernación de Risaralda y la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal
5
3989814
John Edison Vera Mejía
EPMSC El Pedregal, en
Medellín.
-INPEC
-Consejo
Superior de la Judicatura
-Ministerios
de Hacienda y Crédito Público, de Salud y Protección Social, y de Justicia y
del Derecho
-Departamento
Nacional de Planeación
-Defensoría
del Pueblo
-Contraloría
General de la República
-Procuraduría
General de la Nación
-Gobernación
de Antioquia
-Secretarías
de Gobierno, Hacienda y Seccional de Salud de Antioquia
-CAPRECOM
EPS-S,
-Alcaldía
de Medellín, -Secretarías Municipales de Hacienda y Crédito Público y de
Salud de Medellín
-USPEC
-Aseguradora
QBE
-Personería
Municipal de Medellín
-Empresa
SYMEB.
-Universidades
de Antioquia
-EAFIT
-Autónoma
Latinoamericana
-Pontificia
Bolivariana
-Instituto
de Medicina Legal
6
4009989
Santiago Villa Arboleda
EPMSC La Modelo, en Bogotá.
-INPEC
-USPEC
-Ministerios
de Justicia y del Derecho, y de Hacienda y Crédito Público
-Secretaría
Distrital de Salud
-CAPRECOM
EPS-S
-Procuraduría
General de la Nación
-Fiscalía
General de la Nación.
-Centro
de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia)
-Universidad
de los Andes
7
4013558
Nelson David Mora Angarita
Complejo Carcelario y
Penitenciario Metropolitano de Cúcuta.
INPEC
-Defensoría
del Pueblo
-Procuraduría
Regional
-USPEC
-Ministerios
de Justicia y del Derecho, y de Hacienda y Crédito Público
-Consejo
Superior de la Judicatura
-Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.
8
4034058
Óscar Hernando Duque
Otálvaro, Carlos Andrés Tangarife Muñoz, José Hernando Restrepo e Inel Zapata
Rodríguez.
EPMSC de Anserma Caldas.
-Ministerio
de Justicia y del Derecho
-USPEC
-INPEC
9
4043750
Defensor Regional del
Pueblo del Magdalena Medio, en representación de la población carcelaria de
San Vicente de Chucurí.
EPMSC de San Vicente de
Chucurí.
-Ministerio
de Justicia y del Derecho (Accionado)
-INPEC
(Accionado)
-USPEC
(Accionado)
-CAPRECOM
EPS (Accionado)
10
4046443
Diego Fernando Idarraga
Medina
EPMSC de Cartago.
-Ministerio
de Justicia y del Derecho
-INPEC
-Departamento
Nacional de Planeación
-Defensoría
del Pueblo
-Gobernación
del Valle del Cauca
-Alcaldía
de Cartago
-USPEC
11
4051730
Defensoría del Pueblo
Regional Valle del Cauca, en representación de los internos del EPAMS CAS de
Palmira.
EPAMS CAS de Palmira.
-INPEC
(Accionado)
-Ministerio
de Justicia y del Derecho (Accionado)
12
4063994
Personería Municipal de
Florencia, Caquetá, en representación de las internas del EPMSC el Cunduy de
Florencia.
EPMSC el Cunduy de
Florencia.
-INPEC
-EPMSC
de Florencia
-Defensoría
del Pueblo
-Procuraduría
Regional
-Congreso
de la República
-Rama
Judicial
-Gobernación
de Caquetá
-Alcaldía
Municipal de Florencia
-Fiscalía
General de la Nación
-Juzgados
de Control de Garantías y de Ejecución de Penas
-USPEC
-Ministerios
de Hacienda y Crédito Público y de Justicia y del Derecho
-Departamento
Nacional de Planeación.
13
4074694
Pablo Antonio Peinado
Padilla, Rodrigo Alberto Zapata Sierra, Luis Carlos Cardona Gallego, Jaime
Alberto Rodríguez Durango, Juan Mauricio Aristizabal Ramírez y Juan Carlos
Cortez Cortez.
EPAMS CAS de Itagüí.
-Ministerio
de Justicia y del Derecho (Accionado)
-INPEC
(Accionado)
-Presidencia
de la Republica
-Ministerio
de Hacienda y Crédito Público
-DNP
-Defensoría
del Pueblo
-Superintendencia
Nacional de Salud
-Fiscalía
General de la Nación
-USPEC
-Alcaldía
de Itagüí
-Gobernación
de Antioquia
-Secretaría
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia
-Personería
de Itagüí
-Defensoría
Regional de Antioquia
14
4075719
Orbey David Usuga Rojas
Cárcel Villa Inés de
Apartadó.
-INPEC
(Accionado)
-CAPRECOM
EPS-S (Accionado)
-
Ministerio de Justicia y del Derecho
15
4076529
Personero Municipal de
Sincelejo y Defensor Regional del Pueblo de Sucre, en representación de los
reclusos del EPMSC de Sincelejo, la Vega.
EPMSC La Vega de Sincelejo.
-
INPEC
-CAPRECOM
EPS-S
-Municipio
de Sincelejo
-Departamento
de Sucre
16
4076646
William de Jesús
Piedrahita, John Jairo Mayo, John Fredy Montes, Luis Ángel Grisales,
Michelson Zuluaga y José Arnovio G M
EPMSC de Anserma Caldas.
-Ministerio
de Justicia y del Derecho
-USPEC
-INPEC
17
4076801
Elder Enrique González,
Aldemar Gasca Cano y Marcel González Rivera.
EPMSC de San Sebastián de
Roldanillo.
-
INPEC (Accionado)
-Personería
Municipal de Roldanillo
-Ministerios
de Hacienda y Crédito Público y Justicia y del Derecho
-Defensoría
del Pueblo
-USPEC
18
4694329
Wilmar Armando Sierra Henao
EPMSC de Villavicencio.
-INPEC
(Accionado)
-Procuraduría
Regional del Meta
-Defensoría
Regional del Meta
Relato caso a caso
1.
EXPEDIENTE
T-3927909. Cárcel Modelo de Bucaramanga. Pabellón Cuarto.
1.1.
Acción de tutela:
Los accionantes promovieron acción de tutela contra la
Cárcel Modelo de Bucaramanga, para solicitar la protección de sus derechos a la
vida en condiciones dignas y a la salud, que consideraron vulnerados debido a
la situación de hacinamiento en que se encuentran.
Afirmaron que en el Pabellón Cuarto de la Cárcel
Modelo de Bucaramanga existen 152 celdas con capacidad para 305 personas,
pero están recluidas cerca de 900. Sostuvieron que debido a esa situación
muchos deben dormir en los baños, en los pasillos o, incluso, en el techo.
De igual manera, denunciaron que (i) la edificación
tiene más de 50 años, por lo que las cañerías, los sanitarios y las duchas se
encuentran en estado “deplorable” y son insuficientes para cubrir las
necesidades de todo el personal recluido; (ii) no existe un lugar adecuado e
higiénico para el transporte y suministro de los alimentos; (iii) debido a la
aglomeración en el pabellón, deben soportar altos niveles de contaminación
auditiva; y (iv) el INPEC recluye, indistintamente, en un mismo pabellón a
condenados y sindicados, lo cual no le está permitido.
Debido a lo anterior, solicitaron al juez de tutela prohibir
la entrada de nuevos reclusos a ese establecimiento penitenciario.
1.2.
Actuación procesal:
El Juzgado 1º de Menores de Bucaramanga admitió la
demanda, ordenó notificar a la Cárcel Modelo de esa ciudad[6]
y vinculó a la Directora Regional Oriente y al Director Nacional del INPEC[7],
a la USPEC[8],
a las Secretarías de Salud Departamental y de Salud y Medio Ambiente de
Bucaramanga[9],
y a CAPRECOM para que intervinieran en el asunto de la referencia.
Igualmente, ofició a las Regionales de Santander de la
Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría General de la Nación, y a la
Personería Municipal de Bucaramanga para que efectuaran acompañamiento al a
quo en una diligencia de inspección judicial al lugar de reclusión de los
actores.
1.3.
Inspección judicial:
En el acta de la inspección judicial se realizó una
descripción detallada del patio 4 de la Cárcel Modelo de Bucaramanga,
acompañada de una serie de videos que reflejan lo allí consignado.
Concretamente se señaló (i) que el establecimiento presenta condiciones de
hacinamiento, (ii) que muchos internos están enfermos, algunos con cáncer o lepra,
(iii) que las unidades sanitarias no son suficientes y (iv) que las condiciones
en que se encuentran los internos son antihigiénicas.
1.4.
Respuestas de las entidades[10]:
·
Dirección de la Cárcel Modelo
de Bucaramanga
El Director de ese centro de reclusión solicitó que se
declare improcedente la presente acción de tutela, al considerar que no ha
vulnerado ningún derecho fundamental.
Como consideración preliminar, el Director de la
cárcel explicó que el problema de hacinamiento debe ser evaluado desde sus
causas estructurales como la criminalización o creación de nuevas conductas
punibles, el abuso de la privación de la libertad como medida de aseguramiento,
la deficiente aplicación de las normas encaminadas a buscar la reinserción
social del condenado y la implementación de una política criminal y
penitenciaria represiva, antes que preventiva.
Frente al hacinamiento indicó que el pabellón
cuarto: i) cuenta con 120 celdas distribuidas en 3 pisos, sin sanitarios; ii)
tiene una capacidad de 250 internos, pero se encuentran recluidos 901
aproximadamente, es decir, existe una sobrepoblación de 661 personas; y iii)
cuenta con un total de 18 duchas y 20 sanitarios (4 por piso y 8 en el
patio), para cubrir las necesidades de todo el personal recluido.
En relación con la prestación del servicio de salud,
indicó que es brindada por el área de sanidad del INPEC y CAPRECOM EPS-S, en
cumplimiento de un contrato celebrado entre estas entidades. Afirmó que para la
prestación de los servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud POS,
el INPEC cuenta con una póliza de alto costo contratada con la Aseguradora QBE.
En cuanto a la alimentación de los reclusos, el
Director de la cárcel explicó que el INPEC suscribió un contrato a nivel
nacional para la prestación de ese servicio[11],
que consiste en el suministro de 3 raciones diarias por recluso. Afirma que el
pabellón cuenta con comedores adecuados para el reparto de la comida.
·
Dirección Regional Oriente del
INPEC
La Directora de esa regional solicitó ser desvinculada
del trámite de la presente acción, al considerar que no se han vulnerado los
derechos fundamentales de los accionantes.
Manifestó que esa Dirección es consciente del
hacinamiento que existe en la Cárcel Modelo de Bucaramanga, y admitió que no se
han presentado propuestas para el mejoramiento de la infraestructura de ese
penal. A pesar de lo anterior, precisó que se propuso el traslado de 161
internos de los patios 2º, 4º y 5º, a otros lugares, con el fin de minimizar el
hacinamiento. Sin embargo, tales traslados sólo podrán hacerse efectivos si la
Dirección General del INPEC los autoriza, lo cual escapa de su competencia.
Explicó que la situación de hacinamiento se genera por
el permanente ingreso de personas con medida de aseguramiento y la baja tasa de
salidas por cumplimiento de condena o absolución, factores que el INPEC no
puede controlar.
Finalmente, solicitó la vinculación de la USPEC,
debido a que esta entidad es la encargada de la ejecución de los proyectos de
adquisición, suministro y sostenimiento de los recursos físicos, técnicos y
tecnológicos, y de infraestructura necesarios para la gestión penitenciaria y
carcelaria en el país (D. 4150/11).
·
Secretaría de Salud y Medio
Ambiente de Bucaramanga
Esta Secretaría solicitó ser absuelta de cualquier
responsabilidad en el presente caso, en tanto ha cumplido debidamente sus
funciones de vigilancia y control sanitario a los factores de riesgo para la
salud en la Cárcel Modelo.
Presentó al despacho las actas de inspección
sanitaria, las certificaciones de fumigación y los reportes de resultados de
análisis microbiológicos que se han realizado en el penal.
·
Procuraduría Regional de
Santander
La Procuraduría Regional presentó un informe de la
visita realizada al patio cuarto de la Cárcel de Bucaramanga, en el cual
manifestó que: i) el pabellón cuarto tiene una capacidad para 240 internos,
pero están allí recluidos 903 aproximadamente; ii) no existen las condiciones
mínimas para que los reclusos realicen sus necesidades corporales, pues la
cantidad de servicios sanitarios son insuficientes y no todos funcionan; iii)
en un mismo espacio se encuentran sindicados y condenados; y iv) sólo hay un
guardia o “pabellonero” para controlar y vigilar a los 903 internos.
Agregó que la aglomeración es un factor perjudicial
para el funcionamiento del sistema penitenciario, ya que genera situaciones de
ingobernabilidad y de violencia, y anula cualquier pretensión de
resocialización. Así mismo, explicó que el hacinamiento produce condiciones
objetivamente indignas, que han consolidado una cultura y una práctica
vulneratorias de los derechos fundamentales de los internos.
Concluyó que en el pabellón 4 de la Cárcel Modelo de
Bucaramanga se vive en condiciones que acarrean un trato cruel, inhumano y
degradante para las personas privadas de la libertad.
·
Personería Delegada de Derechos
Humanos
La Personería Delegada indicó que los internos de la
Cárcel Modelo de Bucaramanga viven en condiciones infrahumanas. Manifestó que
debido al hacinamiento, los internos deben dormir en el suelo de los patios,
los pasillos, los zarzos, los baños y hasta en escaleras, porque la cantidad de
celdas es insuficiente para el número total de internos recluidos.
Declaró que tal situación afecta de manera directa la
salud, la convivencia pacífica e incide sustancialmente en el proceso de
resocialización de los reclusos.
·
Defensoría del Pueblo -
Regional Santander
La
Defensoría Regional presentó su informe sobre el acompañamiento a la visita
realizada al centro de reclusión. En él hace referencia al nivel de
hacinamiento observado en el penal y a las precarias condiciones en que deben
dormir los reclusos. Informó que la capacidad total de la
Cárcel Modelo de Bucaramanga es de 750 internos, no obstante, según datos
del 13 de febrero de 2013, estaban recluidos allí 3.246.
Advirtió que el transporte de alimentos es poco
higiénico, que el ruido incide negativamente en las jornadas diarias llevadas a
cabo en el penal y que las
condiciones higiénicas de los servicios sanitarios son deficientes.
Señaló que ante la posible ocurrencia de
un siniestro, el establecimiento no cuenta con los elementos ni las condiciones
para garantizar la seguridad de los internos.
1.5.
Decisiones de los jueces de
instancia:
·
Primera instancia
El Juzgado 1º de Menores de Bucaramanga tuteló
los derechos a la dignidad humana, a la salud y a la vida de los
accionantes, y ordenó:
Numeral 2: al Director de la Cárcel, abstenerse de
recluir ciudadanos condenados o sindicados en el patio 4 de la Cárcel Modelo de
Bucaramanga, y ejercer las acciones administrativas en coordinación con el
INPEC para superar el hacinamiento. Gestionar los recursos para la remodelación
y adecuación de las instalaciones, y agenciar una buena prestación de los
servicios de salud por parte de CAPRECOM EPS-S o de la aseguradora respectiva.
Numeral 3: al Director Nacional del INPEC gestionar
prontamente el traslado de los reclusos condenados que permanecen en el patio 4,
de conformidad con las solicitudes del Director de la Cárcel de Bucaramanga.
Ejercer el control y vigilancia sobre la prestación de los servicios de salud.
Numeral 4: a la USPEC realizar inspección ocular junto
con la Dirección Regional del INPEC, para coordinar los arreglos locativos
necesarios, y gestionar la pronta asignación de recursos para las respectivas
obras de adecuación.
Numeral 5: a la Secretaría de Salud y Medio Ambiente
de Bucaramanga practicar visitas mensuales al pabellón 4 de la Cárcel Modelo,
para determinar si se cumplen las condiciones de salubridad e higiene
adecuadas.
Numeral 6: a CAPRECOM EPS-S, para que cense y
determine los requerimientos de salud de los reclusos de la Cárcel Modelo de
Bucaramanga y brinde la atención necesaria.
Por otra parte (Numerales 7 y 8), el juez exhortó a
las oficinas de la Regional Santander de Procuraduría y a la Defensoría del
Pueblo, para que supervisen constantemente el pabellón 4 de la Cárcel Modelo de
Bucaramanga.
·
Impugnaciones
(i) El Director Nacional y la Directora Regional de
Oriente del INPEC indicaron que no es posible cumplir la orden de no
recibir más internos, pues ello conduciría a incumplir la misión institucional
del INPEC y a desatender órdenes judiciales.
Afirmaron que el INPEC se encuentra ante una situación
de fuerza mayor, ya que a nivel nacional tienen la capacidad para albergar 75.000
personas y en la actualidad la población carcelaria es de 114.772
aproximadamente.
También pusieron de presente que la Corte
Constitucional ha negado los incidentes de desacato de la sentencia T-153 de
1998, ya que es consciente de que el juez constitucional no puede diseñar ni
implementar políticas públicas.
(ii) La USPEC únicamente solicitó que se otorgue un plazo mayor para la
ejecución de las órdenes dadas.
(iii) El Director de CAPRECOM EPS-S,
Territorial Santander, argumentó que no ha vulnerado ningún derecho
fundamental, y que le es imposible cumplir la orden dada sobre la realización
de un censo.
·
Segunda instancia
La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de
Bucaramanga revocó parcialmente el Numeral 2 del fallo impugnado, en relación
con la orden de abstenerse de recibir condenados y/o sindicados hasta tanto se
supere el ECI.
También revocó las órdenes i) de gestionar ante el
INPEC y la USPEC los recursos necesarios para la adecuación de las
instalaciones; ii) de gestionar el traslado de los reclusos condenados y iii)
de censar y determinar los requerimientos de salud de los reclusos de la Cárcel
Modelo de Bucaramanga.
Modificó el Numeral 4 y le otorgó más tiempo a la
USPEC para realizar los arreglos locativos necesarios. En todo lo demás
confirmó el fallo recurrido.
2.
EXPEDIENTE T-3977802.
Cárcel Modelo de Bucaramanga. Pabellón Quinto.
2.1.
Acción de tutela:
Los accionantes promovieron acción de tutela contra la
Cárcel Modelo de Bucaramanga, para solicitar la protección de sus derechos a la
vida, a la dignidad humana, a la salud y a la igualdad, en tanto consideraron
que se vulneran debido a la situación de hacinamiento en que se encuentran.
Los actores afirmaron que en el Pabellón Quinto de la
Cárcel Modelo de Bucaramanga existen deficiencias sanitarias y locativas,
problemas de hacinamiento, falencias en la prestación del servicio de sanidad y
carencia de comedores adecuados para la alimentación. Concretamente
manifestaron que sólo existen 120 celdas para aproximadamente 1.000 reclusos.
Debido a lo anterior, solicitaron al juez de tutela
que prohibiera la entrada de nuevos reclusos a ese establecimiento, entre otras
pretensiones.
2.2.
Actuación judicial:
El Juzgado 12 Administrativo Oral del Circuito de
Bucaramanga admitió la demanda y notificó al Director de la Cárcel Modelo de
esa ciudad, al Director Nacional y a la Directora Regional Oriente del INPEC, a
la USPEC, a la Secretaría Municipal de Salud y Medio Ambiente de Bucaramanga, a
la Agencia Nacional para la Defensa del Estado, a la Defensoría del Pueblo, a
la Secretaría Departamental de Salud de Santander y al Ministerio de Justicia y
del Derecho, para que intervinieran en el asunto de la referencia.
2.3.
Respuestas de las
entidades:
·
Dirección de la Cárcel Modelo
de Bucaramanga
El Director de ese centro de reclusión solicitó que se
declare improcedente la presente acción de tutela, al considerar que no ha
vulnerado ningún derecho fundamental.
Frente al hacinamiento indicó que el pabellón
quinto: i) cuenta con 120 celdas, sin sanitarios; ii) tiene una capacidad de
240 internos, pero se encuentran recluidos 928 aproximadamente, de manera tal,
que la sobrepoblación es de 688 personas; y iii) cuenta con una Capilla
que se adecuó como dormitorio comunal.
En cuanto a los servicios de alimentación y salud,
el Director de la cárcel repitió los argumentos reseñados en el expediente
T-3927909.
·
Ministerio de Justicia y del
Derecho
El Ministerio expresó que esa entidad no es
competente, ni funcional ni legalmente, para administrar los establecimientos
penitenciarios y carcelarios del país. Por lo tanto no puede decidir sobre los
procesos que al interior de los centros se presenten, puesto que ello es
competencia exclusiva del INPEC.
Advirtió que ese Ministerio ha emprendido un plan
de contingencia para hacer frente a la crisis del sistema carcelario, que
contiene medidas a corto, mediano y largo plazo.
De las medidas a corto plazo resaltó las
siguientes: i) La creación de una comisión de seguimiento al sistema
penitenciario y carcelario del país, que se encargue de realizar un diagnóstico
y de proponer soluciones. ii) La entrega a la USPEC de todas las funciones
administrativas del sistema penitenciario, con el fin de agilizar la contratación
de los servicios y la infraestructura. Y iii) la implementación de medidas para
mejorar la prestación del servicio de salud, como la habilitación para
contratar con una EPS diferente a CAPRECOM y/o el mejoramiento de las unidades
sanitarias de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, entre otras.
De las medidas a mediano plazo, a las cuales
otorgó un lapso de dos años para su ejecución, resaltó las siguientes: i) El
diseño de la política criminal nacional, con la cual se busca fortalecer el
papel del Consejo Superior de Política Criminal en el análisis de todos los
proyectos de ley en materia penal y penitenciaria que cursen en el Congreso.
ii) La modificación del Código Penitenciario y Carcelario. Y iii) la creación
de una comisión interinstitucional de expertos para la revisión del Código
Penal y del Sistema Penal Acusatorio.
De las medidas a largo plazo resaltó las
siguientes: i) El Plan 20, con el cual se busca crear 18.120 cupos,
mediante la ampliación de centros penitenciarios y carcelarios, en 4 años. ii)
El Convenio CAF (Corporación Andina de Fomento), para el análisis financiero de
la construcción de 26.000 nuevos cupos, a través de las APP (Asociaciones
Público Privadas). Y iii) la creación de 6 Colonias Agrícolas para
recluir personal de mínima seguridad[12].
·
Defensoría Regional de
Santander, Secretaría de Salud y Medio Ambiente de Bucaramanga y Dirección
Regional Oriente del INPEC.
De forma general, son las mismas respuestas reseñadas
en el expediente anterior.
·
Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios USPEC.
La USPEC propuso la excepción de falta
de legitimidad en la causa por pasiva, ya que, según indicó, su función es la
de gestionar y operar el suministro de bienes y la prestación de servicios, y
brindar apoyo logístico para el adecuado funcionamiento de la infraestructura
de los centros carcelarios. En esa medida, no tiene competencia para ordenar el
traslado de reclusos y/o el cierre de establecimientos penitenciarios, según
las pretensiones de los actores.
Señaló, además, que esa entidad celebró con
el INPEC un contrato de consorcio para el mantenimiento, adecuación y
mejoramiento de la infraestructura física del sistema penitenciario nacional[13], por valor de
$1’734.673.766,80, con el cual, pretende demostrar que ya se iniciaron las
gestiones para dar solución a los problemas carcelarios en el país.
2.4.
Decisiones de los jueces de
instancia:
·
Primera instancia
El Juzgado 12 Administrativo de Bucaramanga amparó
los derechos fundamentales a la dignidad humana, la salud y la vida digna de
los actores y ordenó:
Numeral 2: al Director de la Cárcel abstenerse,
durante 3 meses, de recluir ciudadanos sindicados o condenados en el patio
quinto y, en coordinación con la Dirección Nacional y Regional Oriente del
INPEC y la USPEC, superar definitivamente la situación de hacinamiento
existente.
Numeral 3: a las Direcciones Nacional y Regional
Oriente del INPEC, dentro de los 6 meses siguientes a la notificación del
fallo, gestionar el traslado de los 688 reclusos que constituyen la
sobrepoblación en el patio quinto.
Numeral 4: a la Dirección Regional Oriente del INPEC,
en coordinación con USPEC, realizar una inspección ocular para estimar los
arreglos locativos necesarios.
Numeral 5: a la USPEC, en coordinación con la
Dirección Nacional del INPEC, destinar el presupuesto necesario para la pronta
adecuación o remodelación del pabellón quinto, con el fin de hacerlo habitable.
Numeral 6: a la Secretaría de Salud y Medio Ambiente
de Bucaramanga, practicar visitas trimestrales durante el 2013 al pabellón
quinto, para determinar si se cumplen las condiciones de salubridad e higiene
necesarias, e informar a dicho despacho judicial.
·
Impugnaciones
Se presentaron escritos de impugnaciones de los
Directores de la cárcel Modelo, de la Regional Oriente y de la oficina Nacional
del INPEC, así como, de la USPEC.
Sin embargo, el Juzgado 12 Administrativo del Circuito
de Bucaramanga tuvo por no impugnado el fallo proferido, al considerar que los
apelantes “no probaron estar habilitados para representar a las entidades
accionadas” [14].
3.
EXPEDIENTE T-3987203.
Cárcel “La 40” de Pereira.
3.1.
Acción de tutela:
Los accionantes solicitaron, mediante el ejercicio de
un derecho de petición, que “la judicatura” analizara la situación de la
Cárcel “La 40”, ante la precaria e inhumana crisis sanitaria de los patios 3, 4
y 5, generada por el hacinamiento, la deficiente prestación del servicio de
salud, y la ausencia de servicios sanitarios adecuados y suficientes, entre
otras causas.
Concretamente denunciaron: i) que cuentan “con una
sola ducha para casi 800 presos”, ii) que sólo hay “tres
baños/sanitarios”, iii) que “el olor de los baños es literalmente
insoportable”, y iv) que “la infestación de roedores (ratas) y otros
bichos (cucarachas, chinches) es aterradora”. Señalaron que no están
pagando una pena, sino “una tortura… sin oportunidad de resocialización”.
Por lo anterior, solicitaron que se efectúe una visita
a la cárcel y se tomen medidas respecto de su situación.
3.2.
Actuación procesal:
El Juzgado 5º Civil del Circuito de Pereira admitió la
demanda, ordenó notificar al Director de la cárcel, vinculó al INPEC, a la
USPEC, a la Gobernación de Risaralda y a la Alcaldía de Pereira. Así mismo,
decretó la práctica de una inspección judicial a la Cárcel “La 40”.
3.3.
Inspección judicial:
En el acta de la inspección judicial se
realizó una descripción detallada de la situación de los internos en la Cárcel
“La 40”. Concretamente se estableció que la capacidad del establecimiento es de
676 internos y al momento de la inspección (25 de febrero de 2013), había
recluidas 1.674 personas, de las cuales 773 son sindicados y 901 son
condenados.
El juez ordenó tomar testimonios a
algunos internos, los cuales afirmaron que tienen sólo “3 duchas para 400
reclusos aproximadamente”, que necesitan ventilación, que el agua que les
llega es poca y que en la noche los encierran en las celdas de manera inhumana.
Igualmente señalaron que sólo hay dos médicos para 1.600 presos y el servicio
de salud es muy malo. Finalmente indicaron que debido al hacinamiento se han
presentado brotes de varicela y abundan los bichos.
3.4.
Respuesta
de las entidades:
·
Director de la Cárcel “La 40”
de Pereira
El Director del centro de reclusión expresó que el
penal tiene una capacidad para 656 reclusos, pero al momento de presentar
esta respuesta, la cárcel albergaba 1.680 internos.
El Director destacó que no cuenta con la autonomía
presupuestal ni administrativa para conjurar el hacinamiento, ya que esa
situación tiene causas estructurales que se escapan de su control. Afirmó que
el INPEC ordenó el traslado de 763 internos, pero tal medida fue insuficiente,
en tanto, el número de ingresos diarios crece exponencialmente.
Indicó que la situación de salubridad del penal se
genera por los malos hábitos de los reclusos, pues éstos introducen alimentos a
las celdas y no atienden las recomendaciones para el manejo de basuras.
En relación con el mantenimiento de las baterías
sanitarias, el Director recalcó que los internos suelen destruirlas en el ánimo
de ocultar elementos prohibidos dentro del establecimiento. Con todo, señaló
que se adelantan trabajos de recuperación y mejoramiento de todos los patios.
·
Gobernación de Risaralda
La Gobernación de Risaralda solicitó que se le exonere
de toda responsabilidad en la presente acción de tutela. Señaló que no ha
desconocido los derechos fundamentales de los accionantes, en tanto es el INPEC
el competente para afrontar el hacinamiento en las cárceles.
·
Alcaldía de Pereira
La Alcaldía de Pereira insistió en que esa entidad ha
realizado actividades tendientes a controlar los brotes de enfermedades en el
centro de reclusión “La 40”. Por lo tanto, no ha desconocido los derechos
fundamentales invocados.
·
Dirección Nacional del INPEC
Esa entidad solicitó al juez negar la acción de
tutela. Señaló que no tiene la competencia para brindar los servicios
asistenciales de salud a los reclusos, en tanto ello es competencia del
Director del establecimiento carcelario, de CAPRECOM EPS-S y de la USPEC.
El INPEC afirmó que se encuentra bajo una situación de
fuerza mayor, ya que en “la actualidad” el total de personas internas a
nivel nacional es de 117.000, ubicadas en establecimientos cuya capacidad total
es de 75.726. Por lo anterior resaltó que el hacinamiento es un problema
estatal que debe ser atendido desde diversos ángulos y que excede las
facultades de esa entidad.
3.5.
Decisiones de los jueces de
instancia:
·
Primera instancia
El Juzgado 5º Civil del Circuito de Pereira amparó
los derechos fundamentales a la dignidad humana, la integridad personal, la
vida digna y la salud de los accionantes recluidos en la Cárcel “La 40” de
Pereira. Y en consecuencia ordenó:
Numeral 3: al Director
Nacional del INPEC y al Director del centro de reclusión abstenerse de recibir,
dentro de los 3 meses siguientes, reclusos sindicados o condenados, tiempo
durante el cual deben ejercer las acciones administrativas necesarias para el
efectivo traslado de las personas condenadas en los patios 3, 4 y 5.
Numeral 4: al Director del
centro de reclusión y a la USPEC, tomar las medidas necesarias para asignar, en
un término de 15 días, un lugar adecuado para dormir, a los reclusos que lo
hacen en hamacas.
Numeral 5: al Director del
establecimiento entregar con la periodicidad debida los kits de
aseo a los reclusos.
Numeral 6: a la Alcaldía de
Pereira y al Director del penal adoptar las medidas necesarias para la
vigilancia y conservación de la sanidad y salubridad del penal.
Numeral 7: a la USPEC adoptar medidas
para mejorar las condiciones físicas del penal.
Por otra parte (Numeral 8), el juez compulsó copias a la
Procuraduría, a la Defensoría y a la Secretaría de Salud y Seguridad Social de
Pereira, para que dentro de sus
competencias asuman la responsabilidad de vigilar la crítica situación de
convivencia en el penal.
·
Impugnaciones
(i) El INPEC solicitó revocar el fallo
impugnado. Señaló que la orden emitida supera los ámbitos de competencia de esa
Institución, máxime cuando esa entidad carece de recursos propios. Igualmente,
manifestó que no se vinculó al proceso a las otras entidades obligadas a
efectuar acciones necesarias para conjurar el hacinamiento, tales como el
Gobierno Nacional, el Congreso de la República y el Consejo Nacional de
Política Criminal, entre otros.
De otro lado, sostuvo que ordenar el traslado de
reclusos resulta una medida inocua si se quiere resolver de fondo el problema
de hacinamiento, en tanto, ello afectaría los derechos de los internos de otros
centros de reclusión. Además, señaló que impedir el ingreso de nuevos reclusos
desconoce la Constitución, como quiera que el interés general prima sobre el
particular.
(ii) La USPEC sostuvo que esa entidad es
la encargada de gestionar y operar el suministro de bienes y la prestación de
los servicios, la infraestructura y el apoyo logístico y administrativo de los
centros carcelarios. Con todo, no cuenta con el adecuado respaldo presupuestal
para cumplir las labores que el fallo le ordena, hecho que, además, retrasa la
ejecución de los distintos programas y planes propuestos para conjurar la
crisis nacional.
·
Segunda instancia
La
Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira revocó el fallo
impugnado y, en su lugar, denegó el amparo. Señaló que el problema del
hacinamiento carcelario ya fue resuelto por la Corte Constitucional en el fallo
T-153 de 1998, a través del cual, se emitieron órdenes específicas a diferentes
órganos del Estado. Por esa razón, la Sala consideró que el mecanismo idóneo en
este caso, era el incidente de desacato.
4.
EXPEDIENTE T-3989532. EPMSC
de Santa Rosa de Cabal (Risaralda)
4.1.
Acción de tutela:
El actor interpuso acción de tutela contra la Cárcel
de Santa Rosa de Cabal, la Dirección Nacional y Regional del Viejo Caldas del
INPEC, la Gobernación de Risaralda y la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal, para
solicitar la protección de su derecho a la dignidad humana.
El actor expresó que ese centro de reclusión tiene una
capacidad para 121 internos y en “la actualidad” alberga 233. Afirmó que
el hacinamiento afecta los derechos de los internos y genera problemas de
salubridad, ya que, “la gente tiene que dormir en el piso de las celdas, al
lado de los baños, siendo esto denigrante para cualquier ser humano”.
Por lo anterior, solicitó como medida provisional
ordenar que no se reciban más internos en ese lugar.
4.2.
Actuación procesal:
El Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal
admitió la demanda y notificó a las partes. Así mismo decretó la práctica de
una inspección judicial.
4.3.
Inspección judicial:
En el acta de la inspección judicial se
realizó un recuento detallado de las celdas del penal, con lo cual se evidenció
la situación de hacinamiento. Se estableció que 141 internos duermen en el
suelo, mientras que otros duermen en los baños o en hamacas improvisadas. Se
dejó constancia de lo descrito a través de registro fotográfico y audiovisual
que se anexó al expediente a través de un CD.
4.4.
Respuesta de las entidades:
·
Cárcel de Santa Rosa de Cabal
El Director del centro de reclusión solicitó que se
declare improcedente esta acción de tutela. Afirmó que la situación de
hacinamiento es nacional y que tiende a incrementarse, debido a la cantidad de
reformas legales que tipifican nuevas conductas o aumentan las penas.
Frente a la situación del penal, estableció que la
población de internos es de 254, pese a que la capacidad física es de 121
personas. Señaló que los internos se distribuyen en dos patios, el primero,
con cinco celdas colectivas que albergan a 192 internos y, el segundo, con diez
celdas colectivas donde se encuentran 62 personas. Precisó que esa situación no
es responsabilidad de ese establecimiento.
Explicó que para procurar soluciones, durante el año
2013, ese centro de reclusión gestionó el traslado de 49 internos. Además,
manifestó que diariamente se tramitan solicitudes de libertad condicional,
libertad por pena cumplida y beneficios administrativos, pero la gran mayoría
son negadas por los jueces de ejecución de penas, debido a la gravedad de las
conductas y/o el no pago de las multas necesarias. Resaltó que, generalmente,
los reclusos no tienen cómo pagarlas por falta de capacidad económica.
Finalmente, afirmó que en ese establecimiento ha
aumentado la población reclusa, debido a que otros fallos de tutela han
ordenado el cierre de ciertos centros de reclusión en el país. Por tanto se ha
generado la migración de nuevas personas privadas de la libertad hacia ese
lugar.
·
Dirección Regional Viejo Caldas
del INPEC
La Directora de esa Regional aceptó que existen
falencias en los diferentes centros de reclusión, pero destacó que el INPEC y
el Ministerio de Justicia y del Derecho hacen esfuerzos para aplicar los
correctivos necesarios. Con todo, manifestó que no es posible ordenar los
cierres de los centros de reclusión, porque ello pone en riesgo al sistema
carcelario, al sistema judicial y a la sociedad misma.
De otro lado, indicó que la USPEC es la entidad encargada
de gestionar el suministro de bienes y la prestación de los servicios
requeridos para garantizar el bienestar de la población privada de la libertad.
·
Alcaldía de Santa Rosa de Cabal
La Alcaldía de Santa Rosa de Cabal sostuvo que esa
entidad no tiene responsabilidad en el hacinamiento carcelario existente, al
tiempo que no es competente para ordenar al EPMSC que se abstenga de recibir
personas privadas de la libertad. Destacó que el INPEC es la autoridad
encargada de garantizar el respeto de los derechos de la población carcelaria.
Por tanto solicitó su desvinculación del proceso.
·
INPEC y Gobernación de
Risaralda
De manera general, las respuestas son las mismas
presentadas en el expediente T-3987203.
4.5.
Decisiones de los jueces de
instancia:
·
Primera instancia
El Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal tuteló
los derechos fundamentales a la dignidad humana, la salud y la seguridad de los
reclusos del EPMSC accionado. En consecuencia, ordenó:
Numeral 2:
al Director del EPMSC y al INPEC, abstenerse de recibir reclusos sindicados o
condenados, por el término de tres meses. Plazo durante el cual deberá realizar
las actuaciones administrativas tendientes a trasladar el personal condenado,
para superar el hacinamiento existente.
Numeral 3: al Director del EPMSC y a la USPEC, adoptar las medidas necesarias
para asignar un lugar adecuado para dormir, a los reclusos que lo hacen en
hamacas, en el suelo o en los baños y sin colchonetas.
Numeral 4:
al municipio de Santa Rosa de Cabal, en coordinación con el EPMSC, adoptar las
medidas necesarias para garantizar a los internos la vigilancia y conservación
de la salud, la salubridad y el respeto de los derechos fundamentales de los
internos.
Numeral 5:
a la USPEC realizar las medidas necesarias para mejorar las condiciones físicas
del penal, en el lapso de un mes.
Por otra parte (Numeral 6), el
juez compulsó copias a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del
Pueblo y la Secretaría de Salud y Seguridad Social del municipio de Santa Rosa
de Cabal, para lo de su competencia.
·
Impugnaciones
(i) USPEC. De manera general es la misma
impugnación reseñada en el expediente T-3987203.
(ii) La Alcaldía de Santa Rosa de Cabal expresó
que el EPMSC accionado no depende de ese ente territorial, sino del INPEC. Por
tanto, no le compete garantizar la vigilancia y conservación de la sanidad y
salubridad de los internos del centro de reclusión.
(iii) La Directora Regional del INPEC impugnó
la decisión al considerar que ordenar el cierre del centro de reclusión y el
traslado de internos constituye, además de una obligación imposible de cumplir,
un sacrificio grave y directo del interés público. Máxime cuando el INPEC no
tiene injerencia sobre las decisiones judiciales que imponen medidas de
aseguramiento restrictivas de la libertad de las personas.
(iv) El Director del centro de reclusión señaló
que el juez sobrepasó el ámbito de sus competencias institucionales, pues el
traslado de reclusos es competencia exclusiva del INPEC. Manifestó además que
esa medida no es suficiente para superar la situación de hacinamiento nacional.
·
Segunda instancia
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira
revocó el fallo y, en su lugar negó el amparo. Consideró que las
quejas formuladas por el actor ya fueron resueltas por la Corte Constitucional
en la sentencia T-153 de 1998, por lo cual, lo procedente es promover un
incidente de desacato y no una nueva acción de tutela.
5.
EXPEDIENTE T-3989814. EPMSC
El Pedregal de Medellín.
5.1.
Acción de tutela:
El accionante interpuso acción de tutela contra el
EPMSC El Pedregal, para solicitar la protección de los derechos a la vida digna
y a la salud de los internos.
Expresó que ese centro de reclusión tiene capacidad
para 208 internos, distribuidos en celdas para 4 individuos, pero en la
actualidad cada celda es ocupada por 5 personas, en todos los pabellones.
En relación con el servicio de salud, señaló
que es deficiente debido a que no cuentan con medicamentos disponibles. De
igual manera, expuso que los internos de El Pedregal no tienen acceso a la “luz
solar… ya que esta estructura no cuenta con patios de sol, lo cual viola
claramente el derecho a la dignidad humana”. Finalmente indicó que los
servicios sanitarios son insuficientes.
En consecuencia, solicitó ordenar que no se reciban
más internos en ese lugar, entre otras pretensiones.
5.2.
Actuación procesal:
El Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de
Medellín admitió la demanda y vinculó a las Direcciones Nacional y Regional
Noroeste del INPEC, al Consejo Superior de la Judicatura, a los Ministerios de
Hacienda y Crédito Público, de Salud y Protección Social, y de Justicia y del
Derecho, al Departamento Nacional de Planeación, a la Defensoría del Pueblo, a
la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de la Nación,
a la Gobernación de Antioquia, a las Secretarías de Gobierno, Hacienda y
Seccional de Salud de Antioquia, a CAPRECOM EPS-S, a la Alcaldía de Medellín, a
las Secretarías Municipales de Hacienda y Crédito Público y de Salud de
Medellín, a la USPEC, a la Aseguradora QBE, a la Defensoría Regional del Pueblo
de Antioquia, a la Personería Municipal de Medellín y a la Empresa SYMEB.
También invitó a las Universidades de Antioquia, de
Medellín, EAFIT, Autónoma Latinoamericana y Pontificia Bolivariana, y al
Instituto de Medicina Legal, para que si lo estimaban conveniente, conceptuaran
sobre la situación denunciada por el accionante. Así mismo, decretó la práctica
de una inspección judicial.
5.3.
Inspección judicial:
Se anexan dos CD’s de fotografías y un video obtenido
en la inspección judicial.
5.4.
Respuestas de las entidades[15]:
·
Procuraduría General de la
Nación
La Procuraduría informó que ha hecho seguimiento al problema del hacinamiento
en las cárceles de Medellín, a través de varias reuniones con las diferentes
entidades involucradas. Afirmó que el hacinamiento es un problema estructural,
y que en Medellín se ha estudiado la posibilidad de trasladar reclusos de la
cárcel Bellavista de El Pedregal.
Adicionalmente expuso que, uno de los
factores que incide en el hacinamiento, es la constante detención de personas
que consumen alucinógenos. Por tanto, afirmó, que ha solicitado al Comandante
de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá suspender tales detenciones, ya
que estas personas necesitan un tratamiento médico de rehabilitación, antes que
una medida de privación de su libertad.
También solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela frente a esa entidad, por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
·
Cárcel El Pedregal
El Director del centro de reclusión solicitó que se
declare la improcedencia de la acción de tutela, en tanto no se ha vulnerado
ningún derecho fundamental.
Afirmó que el nivel de hacinamiento en ese centro era
muy bajo. No obstante, la situación empeoró debido a una decisión del Tribunal
Superior de Medellín que ordenó a la Cárcel de Bellavista de Medellín,
abstenerse de recibir internos, razón por la cual la cifra de ingresos al
Complejo de El Pedregal creció. En ese orden, indicó que la estructura 1 del
penal, cuenta con capacidad para 1.129 personas y alberga 1.416 internos.
En relación con la denuncia por la falta de luz solar,
indicó que los pabellones tienen rejillas que permiten el ingreso directo de
iluminación natural. Así mismo, expresó que los servicios asistenciales de
salud han sido contratados por la USPEC, con CAPRECOM EPS-S, entidad que brinda
atención a todos los reclusos.
·
Personería de Medellín
La Personería de Medellín coincidió en
afirmar que el pabellón de hombres de la Cárcel El Pedregal está hacinado, ya
que su capacidad es de 1.129 personas y se encuentran allí 1.416. Informó que
de los 1.416 reclusos hombres, sólo 680 son condenados. Precisó que el
hacinamiento tiende a crecer exponencialmente.
Explicó que la situación de salud de los
reclusos es alarmante, pues por cuestiones administrativas, ni los servicios ni
los medicamentos les llegan. En cuanto a la luz solar, certificó que el
pabellón de hombres es completamente cerrado y no hay ingreso de iluminación
natural suficiente.
Adicional a su respuesta, la Personería de
Medellín presentó un informe elaborado en 2012, en el cual se evalúa la
situación de Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad en los
establecimientos penitenciarios y carcelarios El Pedregal y Bellavista. Allí se
evidenció:
i)
La ausencia de guardias
suficientes para controlar a la población carcelaria, lo que influye en el
aumento de las muertes violentas y los lesionados al interior de los penales. En
total son 370 guardias para controlar a una población reclusa de 9.731 personas.
ii)
La grave situación de
hacinamiento y su crecimiento exponencial, en especial en la Cárcel de
Bellavista, en tanto en 2007 el porcentaje de hacinamiento era de 81%
(4.394 internos), y para 2012 el porcentaje aumentó a 207% (7.448
internos).
iii)
El cobro por el uso de
las celdas.
iv)
Las denuncias por
tratos crueles e inhumanos, castigos colectivos y maltratos verbales.
v)
El represamiento de 648
procedimientos de salud, consistentes en tratamientos médicos, y de 175
fórmulas para entrega de medicamentos.
vi)
El desconocimiento por
parte de los internos de los programas de trabajo, estudio y enseñanza que se
ofrecen. En total hay un cupo de 4337 plazas disponibles, de las cuales sólo
están copadas 2.854.
·
Secretaría Seccional de Salud
de Antioquia
La Secretaría Seccional de Salud de Antioquia planteó
que lo relacionado con el manejo del hacinamiento de los reclusos es
competencia del INPEC. Así mismo advirtió que la prestación de los servicios de
salud corresponde a CAPRECOM EPS-S. Por lo tanto, solicitó ser exonerada de
cualquier responsabilidad.
·
Empresa SYMEB S.A.S.
Suministros y Medicamentos
El representante legal señaló que esa sociedad
comercializa medicamentos e insumos médicos, pero no es proveedor de ningún
centro penitenciario. Señaló que tenía un contrato de suministro con CAPRECOM
EPS-S, pero éste ya terminó.
·
CAPRECOM EPS-S
El Director Territorial expresó que es competencia del
INPEC efectuar las adecuaciones de los centros de reclusión, para lograr un
ambiente de salubridad que evite la propagación de brotes o enfermedades. De
otro lado, indicó que esa EPS no ha desconocido los derechos fundamentales de
los internos, en tanto, ha dado cumplimiento al contrato suscrito con el INPEC,
ofreciendo una atención oportuna.
·
INPEC y Ministerio de Justicia
y del Derecho.
De manera general, las respuestas son las mismas
reseñadas en los expedientes T-3977802 y T3987203.
·
Dirección Regional Noroeste del
INPEC
La Directora de esa Regional solicitó que se declare
la improcedencia de la acción de tutela. Expresó que el INPEC no es competente
para efectuar modificaciones locativas en los centros de reclusión, pues para
ello fue creada la USPEC. Manifestó que no es posible ordenar los cierres de
los centros de reclusión, en tanto que ello pone en riesgo el sistema
carcelario, el sistema judicial y a la sociedad.
·
Secretaría de Salud de Medellín
La Secretaría anexó un informe sobre una visita técnica realizada por esa entidad a
la Cárcel El Pedregal, en donde evidenció que el establecimiento no cumple aún
con las condiciones sanitarias e higiénicas adecuadas.
·
Empresa Aseguradora QBE
El representante legal señaló que el objeto
social de esa compañía es la celebración y ejecución de contratos de seguros,
por tanto, no tiene cómo solventar las pretensiones del accionante. Afirmó que
celebró un contrato con el INPEC, cuyo objetivo es amparar el riesgo económico
derivado de la atención integral en salud no cubierta por el POS. Por ello,
solicitó su desvinculación del proceso.
·
Universidad
Pontificia Bolivariana
El Decano de la Escuela de Derecho y
Ciencias Políticas recordó algunos apartes de la sentencia T-153 de 1998, que
declaró el ECI en cuanto a la situación carcelaria del país.
Además informó que, después de realizar una
revisión bibliográfica, encontró que las investigaciones de los últimos treinta
años en torno a la problemática del hacinamiento en las cárceles de Colombia,
arrojan como resultado que el ECI persiste. Situación que vulnera los derechos
de las personas privadas de la libertad y que hace que el Estado incumpla sus
obligaciones, derivadas tanto de la Constitución como del Bloque de
Constitucionalidad.
·
Instituto de Medicina Legal
El Instituto relató las consecuencias que trae para el
ser humano, el no contar con luz solar. Después de explicar cuestiones técnicas
acerca de la interacción de esa fuente de energía y la tierra, precisó que:
i)
Dosis moderadas de luz solar traen
efectos positivos sobre el ser humano, pues permiten al cuerpo mantener los
niveles necesarios de vitamina D.
ii)
La exposición excesiva trae
efectos nocivos sobre la salud (cáncer de piel, cataratas, entre otros).
iii) La ausencia de iluminación solar influye negativamente
sobre el estado de ánimo y afecta la capacidad del cerebro para el manejo de
información.
iv) La luz solar influye en la producción de hormonas en
el individuo.
v)
El Instituto de Medicina Legal desconoce
las condiciones de los reclusos, por lo cual, no hace mayores precisiones sobre
el caso concreto.
·
Universidad Autónoma
Latinoamericana.
El Rector de la Universidad presentó un
informe en el que aseguró que una de las principales causas del hacinamiento en
los sistemas penitenciarios en América Latina, es la inadecuada o inexistente
política criminal. Explicó que indudablemente mientras el hacinamiento
persista, subsistirá el riesgo de violación de una serie de derechos humanos de
la población carcelaria.
De otro modo, resaltó el ECI declarado
por la Corte Constitucional y señaló que en la Cárcel El Pedregal, el
hacinamiento “asciende a un 27%”. Para concluir afirmó que la
medida de no recibir más reclusos puede ser ejemplarizante, pero no soluciona
de fondo la problemática.
·
Defensoría del Pueblo
El Defensor Regional indicó que esa entidad ha estado
atenta a la situación carcelaria en Antioquia y que ha promovido varias
reuniones con las entidades encargadas del sistema penitenciario, a fin de
buscar soluciones coordinadas. Presentó un informe sobre la situación de
trasgresión de los derechos humanos en los establecimientos penitenciarios del
Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Así mismo precisó que las medidas
adoptadas por algunos jueces, para que los establecimientos no reciban más
reclusos, genera efectos negativos desde una mirada estructural.
·
Alcaldía de Medellín
La Alcaldía sostuvo que esa entidad no tiene
injerencia sobre el hacinamiento carcelario, por tanto, no tiene legitimación
en la causa por pasiva.
·
Universidad EAFIT
Los integrantes del semillero de investigación
interuniversitario sobre el Castigo y el Derecho Penal de EAFIT, después de
realizar una visita técnica a la Cárcel El Pedregal, indicaron en su concepto
que las condiciones de los establecimientos penitenciarios en Medellín no
permiten que la pena cumpla su fin resocializador.
Explicaron que el Complejo El Pedregal está diseñado a
partir de los parámetros tecnológicos que abandera “la industria
penitenciaria norteamericana”. Por tanto, es una estructura rígida, cerrada
y antifuga, que prevé un modelo terapéutico y resocializador específico
(ascetismo y aislamiento). Sin embargo, para los investigadores, es claro que
ese modelo no puede funcionar debido al hacinamiento, a la ausencia de
disciplina y orden, a la falta de reglas y a los problemas de convivencia.
Posteriormente efectuaron un rastreo jurisprudencial
en torno a la protección de las personas privadas de la libertad en Colombia y
concluyeron que el ECI persiste. Finalmente propusieron algunas fórmulas para
las órdenes que se pueden dictar en este caso concreto.
5.5.
Decisiones de los jueces de
instancia:
·
Primera instancia
El Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de
Medellín declaró la continuidad del ECI al interior del Complejo Carcelario y
Penitenciario El Pedregal de Medellín. En consecuencia tuteló los
derechos fundamentales del actor y ordenó, entre otros:
Numeral 3:
al INPEC disponer el traslado de 661 internos condenados, en el término de 3
meses, y al Director del centro de reclusión no permitir el ingreso de nuevas
personas condenadas, pudiendo admitir a personas sindicadas.
Numeral 4:
al INPEC no permitir el ingreso de sindicados, cuando se supere la capacidad
del centro de reclusión, que es de 1.129 internos.
Numeral 5:
al Director del establecimiento de reclusión que en ningún momento la
estructura 3, donde se encuentran recluidas las mujeres, supere la capacidad de
1316 internas.
Numeral 6:
a CAPRECOM EPS-S proceder a: i) entregar todos los medicamentos necesarios para
la población carcelaria de El Pedregal; ii) evacuar las órdenes médicas y
exámenes diagnósticos; y iii) designar a un médico permanente y organizar
turnos para la atención respectiva.
Numeral 9:
al Director del centro de reclusión diseñar una estrategia para que todos los
internos de la estructura 1, puedan acceder de forma igualitaria a la luz
solar.
Numeral 10:
al Director Nacional y Regional del INPEC apropiar los recursos para
incrementar el personal de guardia del Complejo El Pedregal.
Por otra parte, el Juez instó a la Procuraduría, a la
Contraloría y a la Defensoría del Pueblo para que, dentro del ámbito sus
competencias, adelanten el seguimiento a la decisión adoptada. Además, al
Director del centro de reclusión para que en coordinación con las facultades de
derecho facilite la instalación de satélites de los consultorios jurídicos para
brindar asistencia a los internos.
·
Impugnaciones
(i) La Directora Regional del INPEC impugnó la
decisión al considerar que no se tuvo en cuenta las competencias de la USPEC,
encargada de controlar los servicios carcelarios. Igualmente, destacó que no se
vinculó a muchas entidades estatales que tienen injerencia en el tema
carcelario.
De otro lado, explicó que ordenar el cierre del centro
de reclusión y el traslado de internos contribuye a incrementar el hacinamiento
en otros centros de reclusión. A su vez, expresó que el INPEC no tiene control
sobre las decisiones judiciales que imponen medidas de aseguramiento
restrictivas de la libertad.
(ii)
El Director del centro de reclusión El Pedregal planteó que
la orden de no recibir más personas lo hace incurrir en desacato a decisión
judicial y obstrucción a la justicia. Además tiene efectos negativos en otros
lugares del país. Impugnó cada uno de los numerales de la parte resolutiva de
la sentencia.
(iii) El INPEC señaló que el Juez de primera
instancia ignoró una serie de competencias de otras entidades, ajenas a ese
ente. De otro lado, expuso que el hacinamiento no se supera ordenando el
traslado de reclusos a otros centros, lo que, por el contrario, resulta
traumático. También argumentó que no existe la disponibilidad presupuestal, ni
la infraestructura para cumplir las órdenes dadas.
·
Segunda instancia
La Sala de Decisión Constitucional del Tribunal
Superior de Medellín revocó el fallo recurrido y, en su lugar, negó
el amparo. La Sala destacó que aunque es de público conocimiento la grave
situación carcelaria, no es posible que en este caso se extienda la protección
al centro de reclusión accionado, en la medida en que cuenta con la menor tasa
de sobrepoblación.
6.
EXPEDIENTE T-4009989.
Cárcel Modelo de Bogotá
6.1.
Acción de tutela:
El actor interpuso acción de tutela contra la Cárcel
Modelo de Bogotá y el INPEC, para solicitar la protección de sus derechos a la
vida y a la dignidad humana.
El accionante afirmó que es sindicado y que debido al
hacinamiento del “300%” que se presenta en la Cárcel Modelo de Bogotá,
está “durmiendo en el suelo con una cobija a orillas de los baños, al pie de
las basuras”. En consecuencia, solicitó que se le entregue una colchoneta,
una sábana y un kit de aseo.
6.2.
Actuación procesal:
La acción de tutela fue inicialmente admitida y
fallada por el Juzgado 56 Penal del Circuito del Programa de la OIT de Bogotá.
Sin embargo, la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma cuidad, decretó la
nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio, al considerar que el
competente para conocer de la acción de tutela, en primera instancia, era ese
ente judicial.
En virtud de lo anterior, la Sala Penal del Tribunal
Superior de Bogotá avocó el conocimiento de la demanda y vinculó a la USPEC, a
los Ministerios de Justicia y del Derecho, y de Hacienda y Crédito Público, a
la Secretaría Distrital de Salud, a CAPRECOM EPS-S, a la Procuraduría General
de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación.
En ese auto también se dio validez a las pruebas que
había ordenado y practicado el Juzgado 56 Penal del Circuito del Programa de la
OIT de Bogotá en este proceso, dentro de las cuales estaban la práctica de una
inspección judicial y la invitación a intervenir al Centro de Derecho, Justicia
y Sociedad, DeJusticia y a la Universidad de los Andes.
6.3.
Inspección judicial:
En el acta de inspección judicial se
tomó una declaración juramentada al accionante, quien afirmó que en la cárcel
hay piojos, pulgas y cucarachas, y que ha sentido mucho frío por las
condiciones inhumanas en que se encuentra. También refirió que no ha podido
asearse en debida forma, pues sólo hay 2 sanitarios y 1 ducha para 246 internos
aproximadamente.
En el acta también constan las
declaraciones de una trabajadora social y del Subdirector de la cárcel, en las
cuales, admiten las condiciones de hacinamiento en que se encuentra el penal.
Se anexó un registro fotográfico tomado por
una funcionaria del CTI, que acompañó la diligencia.
6.4.
Respuestas de las entidades[16]:
·
Director de la Cárcel Modelo de
Bogotá
El Director solicitó que se declare la improcedencia
de la acción de tutela, en tanto, el hacinamiento es un problema estructural
que debe ser solucionado a través del mejoramiento de la política criminal en
el país.
De otro modo, informó que el 21 de enero de 2013,
entregó al actor un kit de aseo, una cobija y una sábana, y el 4 de febrero
siguiente, le facilitó la colchoneta solicitada.
·
Ministerio de Justicia y del
Derecho e INPEC
De manera general, las respuestas son las mismas
presentadas y reseñadas en los expedientes T-3977802 y T-3987203.
·
Procuraduría General de la
Nación
La Procuraduría solicitó que la acción de tutela sea
negada frente a esa entidad, pues no ha desconocido los derechos fundamentales
del demandante. De otra parte, advirtió que dentro de las actividades del grupo
de asuntos penitenciarios, está la de efectuar informes sobre las visitas que
se realizan a los centros penitenciarios. Anexó los informes.
·
Personería Distrital de Bogotá
El Personero precisó que desde esa entidad se han efectuado diversas acciones, en
especial, dirigidas a controlar las condiciones de salubridad de la Cárcel
Modelo de Bogotá. También informó que hubo varios brotes de varicela en ese
centro de reclusión y, por ello, se requirió a varias entidades encargadas de
vigilar la sanidad. Anexó un CD con información.
·
Defensoría del Pueblo
El Defensor Regional de Bogotá señaló que esa entidad
ha adelantado diversas acciones, a través de un grupo conformado para hacer
seguimiento a las políticas del Gobierno Nacional en materia carcelaria.
Explicó que la situación de los reclusos es grave y que ante la ausencia de
respuesta institucional, la acción de tutela ha sido la única vía, para lograr
visibilizar sus problemas.
Dentro de las acciones resalta la visita a las
cárceles, la asesoría jurídica a los presos, la presentación de solicitudes de
traslado o de beneficios penales, mediación ante el INPEC, CAPRECOM EPS-S,
Ministerios, Fiscalía y otras entidades para solucionar peticiones concretas,
entre otras diligencias.
·
Centro de Derecho, Justicia y
Sociedad, DeJusticia
Los investigadores de ese centro apoyaron la petición
del accionante, en tanto, consideraron que es evidente que las condiciones en
las que viven los internos de la Cárcel Modelo de Bogotá, son inhumanas.
En esa medida, estimaron que es procedente que el
Juzgado, en su fallo, reitere el ECI y exhorte a la Corte Constitucional para
que seleccione la presente acción de tutela, con el objetivo de tomar medidas
estructurales para la protección de los derechos de las personas privadas de la
libertad.
Describieron los indicativos que permiten afirmar,
según su opinión, que el ECI no se ha superado, así:
i)
Existe una vulneración masiva y
generalizada de varios derechos constitucionales de un número significativo de
personas, debido a la situación de hacinamiento. Describieron, por ejemplo, que
la Cárcel Modelo de Bogotá tiene capacidad para 2.850 reclusos, pero su
población asciende a 7.230 internos. Por lo anterior, se presenta la
violación de los derechos a la salud, el mínimo vital y la vida digna de los
presos.
ii)
Existe una prolongada omisión de
las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar esos
derechos. Informaron que desde la expedición de la sentencia T-153 de 1998, el
hacinamiento lejos de reducirse, se ha incrementado.
iii) Se ha incorporado la acción de tutela como parte del
“procedimiento” para garantizar los derechos vulnerados, lo que resulta
evidentemente inconstitucional.
iv) Desde 1998, no se han adoptado las medidas
legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar la
vulneración de derechos.
v)
Existe un problema social cuya
solución compromete a varias entidades y requiere la adopción de medidas
coordinadas y complejas.
Para finalizar, los investigadores efectuaron
recomendaciones para dar solución al caso concreto.
·
Universidad de los Andes.
Relatoría de Prisiones y Grupo de Derecho de Interés Público de la Facultad de
Derecho.
Los profesores de la Universidad de los Andes
consideraron evidente la vulneración de los derechos de las personas privadas
de la libertad, debido a la situación de hacinamiento y a los tratos crueles e
inhumanos a que son sometidos.
En su intervención los profesores propusieron algunos
remedios para solucionar la crisis carcelaria, dentro de los cuales resaltan:
i) la necesidad de permitir las excarcelaciones parciales, ii) las liberaciones
tempranas de los internos que hayan superado las dos terceras partes de la
pena, iii) la excarcelación de las personas que sufran algún tipo de
discapacidad física o sensorial, iv) la excarcelación de personas enfermas o
que requieran tratamientos de salud no brindados dentro del centro de
reclusión, v) el cierre de algunos establecimientos y vi) la prohibición de
nuevos ingresos a los centros de reclusión.
·
Secretaría Distrital de Salud
La Secretaría explicó que mensualmente se realizan
inspecciones a los patios para verificar la prestación de los servicios de alimentación
y la calidad del agua de los centros carcelarios ubicados en Bogotá. Del mismo
modo afirmó que carece de legitimidad en la causa por pasiva en este asunto.
·
Ministerio de Hacienda y
Crédito Público
El Ministerio solicitó su desvinculación por falta de
legitimación por pasiva. Argumentó que no está dentro de sus facultades la
fijación de la política criminal o carcelaria, ni la administración de los
centros de reclusión. Tampoco tiene potestad para intervenir en la
administración y ejecución del presupuesto del INPEC, razón por la cual, no
puede satisfacer ninguna de las pretensiones expuestas por el actor.
Adicionalmente explicó que el Ministerio ha sido estricto con el cumplimiento
de sus obligaciones, en tanto, ha
incluido en las leyes del presupuesto nacional partidas para el INPEC así:
i)
Ley
1593/12: asignó al INPEC para la vigencia fiscal de 2013, un presupuesto total
de $891’264.671.199.
ii)
Ley
1485/11: asignó al INPEC para la vigencia fiscal de 2012, un presupuesto total
de $1’202.174.529.951.
iii)
Ley
1420/10: asignó al INPEC para la vigencia fiscal de 2011, un presupuesto total
de $ 1’087.876.271.510.
6.5.
Decisiones de los jueces de
instancia:
·
Primera instancia
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá concedió
el amparo de los derechos a la dignidad humana, a la vida digna y a la salud
del actor, al considerar que los reclusos de la Cárcel La Modelo de Bogotá han
tenido que soportar condiciones infrahumanas, que no permiten su
resocialización, ni alcanzar el propósito preventivo de las medidas de
aseguramiento de detención. En consecuencia ordenó:
Numeral 2: al Ministerio de Justicia y del Derecho, al
INPEC, a la USPEC y al Director del centro de reclusión, entre otras:
(i)
Implementar las medidas necesarias
para garantizar a los reclusos de ese lugar unas condiciones de subsistencia
dignas.
(ii)
Procurar el mejoramiento de las
instalaciones locativas.
(iii)
Realizar, con la participación de
la Secretaría Distrital de Salud y CAPRECOM EPS-S, jornadas de fumigación.
(iv)
Poner a disposición agua potable y
alimentos en óptimas condiciones, y reparar los sistemas sanitarios y de
tuberías.
(v)
Entregar a los reclusos sus
implementos de aseo y para el descanso nocturno (colchonetas, cobijas,
almohadas y sábana).
(vi)
Implementar programas y espacios
físicos para actividades lúdicas.
Numeral 3: a la Secretaría Distrital de Salud y a la
Procuraduría General de la Nación que, en el marco de sus competencias, ejerzan
los controles respectivos a la decisión adoptada.
·
Impugnación
La USPEC expresó que el suministro de los
elementos requeridos por los internos escapa de sus competencias, pues su
ejecución corresponde al INPEC. A su vez, afirmó que la atención en salud de
los reclusos compete al INPEC y a CAPRECOM EPS-S.
·
Segunda instancia
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia confirmó el fallo recurrido. Explicó que, contrario a lo
planteado por el apelante, la problemática carcelaria requiere del concurso de
varias entidades, como señaló el a quo, entre ellas, de la USPEC.
7.
EXPEDIENTE T-4013558.
Complejo Carcelario y penitenciario metropolitano de Cúcuta
7.1.
Acción de tutela:
El actor interpuso acción de tutela contra el Complejo
Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta y el INPEC, para solicitar
la protección de sus derechos a la vida digna, la salud y el ambiente sano.
Expresó que ese centro de reclusión tiene capacidad
para 1.270 internos y en la actualidad alberga 2.600. Afirmó que frente
al hacinamiento, en ese centro de reclusión, se construyó una cárcel nueva,
pero fue ocupada con reclusos de otras partes del país.
Explicó que tal hacinamiento afecta los derechos de
los internos y genera problemas de salubridad e higiene. Sostuvo que muchos
internos deben dormir en los corredores y en las escaleras, pues las celdas
tienen capacidad para 4 reclusos, pero se albergan entre 8 y 10 personas, sin
que así se logre cubrir la demanda.
Por lo anterior, solicitó al juez de tutela que
prohíba el ingreso de nuevos reclusos, hasta tanto no se subsane la grave
situación de hacinamiento existente, entre otras pretensiones.
7.2.
Actuación procesal:
Luego de un incidente de nulidad que dejó sin efectos
el fallo emitido, el Juzgado 2º de Familia de Cúcuta admitió la demanda y
ordenó vincular al Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de esa
ciudad, al INPEC, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría Regional, a la
USPEC, a los Ministerios de Justicia y del Derecho, y de Hacienda y Crédito
Público, al Consejo Superior de la Judicatura y a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.
7.3.
Respuesta de las entidades:
·
Dirección del Complejo
Carcelario y Penitenciario de Cúcuta
El Director solicitó negar la acción de
tutela y abstenerse de cerrar el centro penitenciario. Manifestó que el
complejo penitenciario cuenta con 3.933 internos distribuidos en 3 estructuras.
Explicó que la situación de hacinamiento es nacional, por lo cual no puede
entregar una solución.
Afirmó que desde la penitenciaria se ha
avanzado en la creación de comités de seguimiento para integrar a las
autoridades judiciales, a la Alcaldía de Cúcuta y a otras autoridades, a fin de
buscar soluciones a la problemática carcelaria.
·
INPEC, USPEC, Ministerio de
Justicia y del Derecho, Ministerio de Hacienda y Crédito Público
De manera general, son las mismas respuestas
presentadas y reseñadas en los expedientes anteriores (T-3977802 y T-4009989).
·
Defensoría del Pueblo
La Defensora Regional indicó que el centro de
reclusión presenta hacinamiento, ya que tiene capacidad para 1.270 internos
y alberga 2.707. De otro lado, indicó que la cárcel nueva no
presenta tal congestión, como quiera que su capacidad es de 1.268 internos (900
hombres y 368 mujeres), y en la actualidad están recluidos 855 hombres y 370
mujeres).
·
Procuraduría Regional
El Procurador Regional señaló que es conocedor de la
situación carcelaria existente, pero que no es de su competencia afrontar el
hacinamiento.
·
Dirección Ejecutiva de
Administración de Justicia
Esa Dirección señaló que dentro de las competencias
asignadas en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, no está la de
atender las pretensiones de esta demanda. Por tanto, alega la falta de
legitimación en la causa por pasiva.
7.4.
Decisiones de los jueces de
instancia:
·
Primera de instancia
El Juzgado 2º de Familia del Circuito de Cúcuta amparó
el derecho a la dignidad humana del accionante. En consecuencia, ordenó a la Dirección
del centro de reclusión que, dentro de los 6 meses siguientes, efectúe un
estudio para determinar cuáles internos del “ala norte” pueden ser
reubicados en las nuevas edificaciones del centro de reclusión, que no tienen
sobrepoblación.
8.
EXPEDIENTE T-4034058. EPMSC
de Anserma (Caldas)
8.1.
Acción de tutela:
Los
peticionarios promovieron acción de tutela contra el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Anserma, para solicitar la protección de sus
derechos a la vida digna y a la integridad personal.
Los
actores afirmaron que el centro penitenciario tiene capacidad para 120
personas, pero las recluidas llegan casi al doble. Así mismo señalaron que
carecen de sanitarios suficientes ya que sólo cuentan con 7 baterías sanitarias
y 9 duchas para toda la población.
En
consecuencia, pidieron al juez que prohíba el ingreso de nuevos internos a ese
reclusorio.
8.2.
Actuación procesal:
El
Juzgado Penal del Circuito de Anserma admitió la tutela, notificó al EPMSC de
Anserma y vinculó al Ministerio de Justicia y del Derecho, a la USPEC, y al
INPEC.
8.3.
Respuesta de las entidades[17]:
·
EPMSC de Anserma
El
Director del EPMSC corroboró que el Establecimiento sobrepasa su capacidad.
Señaló que el INPEC no es el responsable de la anterior situación, ya que únicamente
se encarga de enviar a las autoridades judiciales la documentación que acredita
el cumplimiento de los requisitos para las libertades condicionales y otros
beneficios, siendo el responsable de concederlas o no, el juzgado de ejecución
de penas correspondiente.
Señaló
que el problema de hacinamiento penitenciario es de orden nacional, por el alto
“flujo de ingresos diarios a los establecimientos de reclusión”, debido
a la política criminal actual de Colombia.
·
INPEC
De
manera general, es la misma respuesta reseñada en el expediente T-3977802.
8.4.
Decisiones de los jueces de
instancia:
·
Primera instancia
El
Juzgado Único Penal del Circuito de Anserma amparó los derechos
fundamentales de los accionantes a la salud, la dignidad humana, la seguridad
social y a la resocialización. En consecuencia, ordenó:
Numeral
2: al Director del EPMSC, durante 4 meses, realizar las gestiones pertinentes
ante el INPEC para trasladar el mayor número de internos posible.
Numeral
3: al Director del EPMSC, no recibir nuevos internos que provengan con órdenes
de detención preventiva o encarcelamiento de municipalidades ajenas.
Numeral
4: a la USPEC, dentro de los 2 meses siguientes, realizar en el centro
penitenciario estudios arquitectónicos y de ingeniería, para la ampliación,
reestructuración, o remodelación de ésta, con el fin de aumentar la capacidad
de albergue de internos.
Numeral
6: a las “entidades obligadas” a que en el término de un mes a partir de
la notificación, realicen un informe sobre las gestiones realizadas.
·
Impugnación
El Director del EPMSC de Anserma impugnó el fallo ya que las órdenes que le fueron
impartidas, superan sus competencias institucionales. Solicitó al juez de
segunda instancia que revoque la orden que prohíbe el ingreso de nuevos
internos que provengan de despachos judiciales distintos a la jurisdicción
territorial de ese lugar.
·
Segunda instancia
La
Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales confirmó parcialmente
la sentencia impugnada. En consecuencia, ordenó a las entidades vinculadas
adelantar las medidas necesarias para que el EPMSC de Anserma efectúe el
traslado de internos para que no exceda la capacidad para la cual fue
construido. También modificó los numerales 2º y 3º del fallo de primera
instancia en torno a no especificar qué internos deben trasladarse. Finalmente,
modificó el numeral 6º, relacionado con el tiempo que se da a las entidades,
para rendir el informe al juzgado.
9.
EXPEDIENTE T-4043750.
Cárcel de San Vicente de Chucurí
9.1.
Acción de tutela:
El Defensor Regional del Pueblo del Magdalena Medio,
en representación de la población carcelaria del municipio de San Vicente de
Chucurí, presentó acción de tutela, para solicitar la protección de los
derechos a la dignidad, la integridad personal, la salud, la intimidad y la
vida digna. La acción se dirigió contra el Ministerio de Justicia y del
Derecho, el INPEC, la USPEC, la Cárcel Municipal de San Vicente de Chucurí y
CAPRECOM EPS.
El agente oficioso señaló que el establecimiento
carcelario está dotado con 2 celdas, “con una capacidad de 24 personas”,
pero en la actualidad hay 100 personas recluidas. Indicó que dadas esas
condiciones, se generan “riñas” y propagación de virus y enfermedades
constantemente.
Agregó que de conformidad con un oficio emitido por el
Director del establecimiento carcelario, “no se está prestando el servicio
de consulta externa y odontológica, únicamente urgencias, en razón a que
CAPRECOM no ha suscrito contrato con esta entidad”.
Por lo anterior, solicitó al juez de tutela i) ordenar
“el traslado de la sobrepoblación, sin más demora que la que implique los
trámites administrativos pertinentes”; ii) establecer acciones
administrativas y contractuales necesarias para que el penal cuente con los
servicios “médicos y odontológicos las 24 horas al día, incluyendo los
sábados, domingos y festivos”; iii) prohibir el ingreso de nuevos internos
a ese reclusorio iv) ordenar la construcción “de un nuevo centro carcelario
y penitenciario y la ampliación de la capacidad del actual”; y (v) proferir
condenas “en abstracto a los accionados por las condiciones indignas” en
las que se encuentras los reclusos.
9.2.
Actuación procesal:
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga
admitió la demanda y notificó al Ministerio de Justicia y del Derecho, al
INPEC, a la USPEC, a la Cárcel Municipal de San Vicente de Chucurí y a CAPRECOM
EPS.
9.3.
Respuesta de las entidades[18]:
·
Ministerio de Justicia y del
Derecho
De
manera general, es la misma respuesta reseñada en los expedientes anteriores.
9.4.
Decisiones de los jueces de
instancia:
·
Primera instancia
La
Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga concedió el amparo
invocado en favor de la población carcelaria de San Vicente de Chucurí. Señaló
que ante la falta de respuesta del Director del centro carcelario y de CAPRECOM
EPS, “brinda credibilidad” a lo expresado por el agente oficioso. Por
tanto dio por cierto que los internos no cuentan con servicios médicos al
interior del penal, debido a “situaciones de tipo administrativo y/o
contractuales, aspectos que deben ser zanjados prioritariamente”.
En
consecuencia, ordenó al Director del INPEC, suspender la admisión de reclusos
en ese penal, hasta tanto se supere el hacinamiento y adoptar las medidas
necesarias para que al “interior se presten los servicios médicos y
odontológicos a los internos”.
·
Impugnaciones
(i)
El INPEC de manera general repitió los argumentos presentados en las
impugnaciones reseñadas previamente.
(ii)
El Director del EPMSC San Vicente de Chucurí planteó similares
argumentos a los esbozados por el INPEC. Agregó que “el hacinamiento es un
problema del Estado”, por lo que se debe declarar la nulidad de lo actuado,
para que se den órdenes a todas las entidades involucradas.
·
Sentencia de segunda instancia
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia confirmó el fallo apelado. Adicionalmente, exhortó al
Ministerio de Justicia y del Derecho, a la USPEC, al INPEC y a CAPRECOM EPS,
para que en el ámbito de sus competencias verifiquen las condiciones de
infraestructura y logística del EPMSC de San Vicente de Chucurí y adopten, en
un término de 3 meses, las medidas que sean necesarias para garantizar la
dignidad humana, la salud y la habitabilidad de la población carcelaria.
10.
EXPEDIENTE T-4046443.
Cárcel Las Mercedes de Cartago
10.1.
Acción de tutela:
El accionante interpuso acción de tutela para reclamar
la protección de sus derechos a la dignidad humana y a la igualdad.
Expresó que ese centro de reclusión tiene capacidad
para 450 internos y en la actualidad se encuentran 800. Afirmó que el
hacinamiento afecta los derechos de los internos, pues les impide acceder a los
programas de resocialización. Señaló que no hay lugares para dormir dignamente
y que no cuentan con baterías sanitarias suficientes para cubrir sus
necesidades corporales.
En consecuencia, solicitó que no se reciban más
internos y que se adelanten planes para darle un trato digno a los reclusos.
10.2.
Actuación procesal:
El Juzgado 2º Civil del Circuito de Cartago admitió la
demanda y vinculó al Ministerio de Justicia y del Derecho, al INPEC, al
Departamento Nacional de Planeación, a la Defensoría del Pueblo, a la
Gobernación del Valle del Cauca, a la Alcaldía de Cartago y a la USPEC.
10.3.
Respuesta de las entidades:
·
Dirección EPMSC de Cartago
La Directora del centro de reclusión afirmó que el
número de internos aumentó debido al incremento de la criminalidad y a los
cierres en otros penales en cumplimiento de órdenes de tutela. Por esa razón,
el penal cuenta con 728 reclusos.
Planteó posibles soluciones al problema de
sobrepoblación así: i) Sugirió que los sindicados pasen a ser responsabilidad
de los entes territoriales y que el INPEC, sólo se encargue de los condenados.
ii) También propuso la implementación del beneficio de la vigilancia
electrónica, entre otras. Por último, iii) formuló la necesidad de crear más
cargos de jueces de ejecución de penas en el Distrito de Buga, ya que sólo
existen dos despachos, que no dan abasto con las solicitudes de libertad por
beneficio o cumplimiento de la pena.
En documento adicional informó que la
cárcel tiene capacidad para 428 internos en 131 celdas, y alberga 733 reclusos.
Cada celda cuenta con un sanitario y el servicio de acueducto y alcantarillado
funciona bien en todo el penal.
Señaló que el centro de reclusión cuenta
con planes de resocialización, consejos de disciplina, juntas de evaluación,
trabajo, estudio o enseñanza, y demás programas dirigidos a los internos.
Resaltó los Convenios que el establecimiento ha realizado con el SENA, la Red
Social de Apoyo, la Diócesis de Cartago, entre otras entidades, para reforzar
los distintos esquemas de resocialización.
·
USPEC, INPEC y Ministerio de
Justicia y del Derecho
De manera general, son las mismas respuestas reseñadas
en los expedientes anteriores. Sin embargo en esta ocasión el Ministerio de
Justicia anexó un informe sobre una visita técnica realizada a la cárcel Las
Mercedes en junio de 2009.
·
Gobernación del Valle del Cauca
La Gobernación del Valle del Cauca explicó que no es
responsable del manejo del sistema penitenciario y carcelario. Con todo, expresó
que ha procurado brindar su apoyo, en particular, señaló que el lote donde está ubicada la cárcel es de
propiedad del departamento. Así mismo informó que para la vigencia fiscal de
2013, se pre-aprobaron $15.000.000 millones destinados a instalar un circuito
cerrado de cámaras en la cárcel Las Mercedes. Por último precisó que se preparó
una propuesta en conjunto con el Colegio de Abogados del Valle, para hacer
brigadas jurídicas en las cárceles del departamento.
·
Departamento Nacional de
Planeación
El DNP expresó que no es de su competencia ejecutar
obras encaminadas a la descongestión del sistema carcelario, ni contrarrestar
el hacinamiento existente. Por tanto, excepcionó falta de legitimación en la
causa por pasiva.
·
Alcaldía de Cartago
La Alcaldía sostuvo que esa entidad no es competente
para ordenar a la Rama Judicial o al Ministerio de Justicia y del Derecho
abstenerse de recibir personas privadas de la libertad en la cárcel del
circuito de Cartago. Por lo tanto, solicitó su desvinculación del presente
proceso.
·
Personería Municipal
El Personero informó que el centro
penitenciario tiene capacidad para albergar 420 internos, pero se encuentran
recluidos 728. Por tanto, evidenció una grave situación de hacinamiento que,
sin embargo, advierte, no es atribuible al centro carcelario Las Mercedes, sino
que es un problema estructural que debe ser afrontado desde diversas ópticas.
Indicó que una de las soluciones que ha apoyado la Personería es la de
solicitar a los jueces de ejecución de penas, libertades condicionales,
prisiones domiciliarias, revisiones de procesos y demás medidas jurídicas
encaminadas a sacar personal de las cárceles.
10.4.
Decisiones de los jueces de
instancia:
·
Primera instancia
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartago tuteló
los derechos fundamentales del actor y de todos los internos del EPMSC de esa
ciudad, en atención al ECI existente. En consecuencia ordenó:
Numeral 2: al INPEC y al establecimiento de reclusión,
abstenerse de recibir reclusos sindicados o condenados, por el término de tres
meses. Plazo durante el cual deberá realizar las actuaciones administrativas
tendientes a trasladar el personal condenado, para superar la situación de
hacinamiento existente.
Numeral 3: a la USPEC, en coordinación con el INPEC y
el Ministerio de Justicia, dentro de los tres meses siguientes, adoptar las
medidas concretas y pertinentes para que no se vuelva a presentar hacinamiento
en el centro de reclusión de Cartago, (adecuación física o construcción de un
nuevo penal).
Numeral 4: al EPMSC de Cartago, en coordinación con la
USPEC, el INPEC y el Ministerio de Justicia, para que dentro de los tres meses
siguientes se adopten las medidas para contrarrestar el hacinamiento existente
y garantizar la dignidad humana a los reclusos.
Numeral 5: al Municipio de Cartago, a la USPEC, al
INPEC, al Ministerio de Justicia y al EPMSC de ese municipio, adoptar medidas
específicas para garantizar a los reclusos la sanidad y la salubridad, el
respeto por sus derechos fundamentales y afrontar el hacinamiento.
Numeral 6: a la Procuraduría y a la Defensoría asumir
la responsabilidad de vigilar y adoptar las medidas que contribuyan a corregir
el estado de cosas inconstitucional y garantizar los derechos fundamentales.
·
Impugnaciones
(i) La USPEC y el INPEC impugnaron
bajo los argumentos reseñados en los expedientes anteriores.
(ii) La Alcaldía de Cartago expresó que la
cárcel Las Mercedes no depende del ente territorial, sino del INPEC. Por lo
tanto, no le compete garantizar la vigilancia y conservación de la sanidad y
salubridad de los internos del centro de reclusión.
(iii) El Ministerio de Justicia y del Derecho
solicitó la revocatoria del fallo. Expresó que el cierre de los centros de reclusión,
si bien procura conjurar afectaciones a derechos fundamentales, traslada la
crisis a otros centros de reclusión aún no cerrados, sin que se realice una
adecuada ponderación entre valores y derechos constitucionales.
De otro lado, censuró que el a quo haya
ordenado a esa Cartera participar en las ampliaciones o construcciones de
nuevos centros de reclusión, ya que esa misión se escapa de sus funciones
legales y constitucionales.
(iv) La Directora del EPMSC de Cartago señaló
que el juez sobrepasó el ámbito de competencias institucionales, pues
desconoció que los servicios de salud no son prestados directamente por el
INPEC. Además reiteró que el traslado de reclusos es competencia exclusiva del
INPEC a nivel nacional.
·
Segunda instancia
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga revocó
el fallo recurrido y, en su lugar, declaró improcedente el amparo invocado.
Señaló que hubo un fallo anterior que protegía los derechos de los reclusos de
la cárcel Las Mercedes.
11.
EXPEDIENTE T-4051730. EPAMS
CAS de Palmira
11.1.
Acción de tutela:
La Defensoría del Pueblo Regional Valle del Cauca, en
representación de los internos del Establecimiento Penitenciario y Carcelario
de Palmira, presentó acción de tutela contra el INPEC y el Ministerio de Justicia
y del Derecho, para solicitar la
protección de los derechos a la vida, a la salud, a la integridad personal y a
la dignidad humana de los reclusos.
El funcionario informó que el referido centro
penitenciario alberga actualmente 2.029 internos, sin embargo, cuenta
con una capacidad máxima de 1.254. Por tanto los presos se encuentran
hacinados en patios, celdas y pasillos. Igualmente, señaló que, mediante una
visita que realizó a los patios 1, 2 y 3 del penal, pudo constatar la dramática
situación que se vive en ese establecimiento.
11.2.
Actuación procesal:
La Sala Única Laboral del Tribunal Superior de Buga admitió la demanda y notificó a la Penitenciaría
Nacional de Palmira[19].
11.3.
Respuesta
de las entidades:
·
Ministerio de Justicia y de
Derecho
De manera general, es la misma respuesta reseñada en
el expediente T-3977802. Sin embargo, anexó un informe sobre una visita técnica
que realizó a la cárcel de Palmira en junio de 2009 (para esa época el
establecimiento ya presentaba un índice negativo de hacinamiento).
·
EPAMS CAS de Palmira
El Director del centro de reclusión expuso que la
crisis carcelaria se empeoró con la entrada en vigencia de la Ley 1453 de 2011,
la cual aumentó las penas de algunos delitos, pasando de un total de 93.387
internos en el país en julio de 2011 a 107.320 en abril de 2012. Así mismo,
informó que ese establecimiento tiene capacidad para albergar a 1.257
presos, y cuenta con 2.417.
Advirtió que ese ente no cuenta con la infraestructura
para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, pues los internos
desbordan la capacidad física y humana de la cárcel.
Manifestó su preocupación por la situación de salud de
los internos, más aún, porque existen casos positivos de tuberculosis y
hepatitis, y los tratamientos para estas enfermedades son deficientes.
11.4.
Decisiones de los jueces de
instancia:
·
Primera instancia
La Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal
Superior de Buga concedió el amparo de los derechos a la dignidad humana
y a la salud de los reclusos del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Palmira. En consecuencia, ordenó al Ministerio
de Justicia y al INPEC definir un plan de trabajo tendiente a ampliar el cupo
penitenciario de la referida cárcel, para lo cual otorgó un plazo perentorio de
2 años, en el caso de remodelaciones y ampliaciones, o de 3 años si se trata de
una obra nueva.
·
Impugnación
El Ministerio de Justicia y del
Derecho solicitó revocar el fallo, en tanto el juez de tutela no es
competente para inmiscuirse en asuntos que son de política criminal en materia
carcelaria.
·
Segunda instancia
La Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema confirmó la decisión. La sentencia se basó en lo dispuesto
por el Auto 41 de 2011 de la Corte Constitucional que resolvió un incidente de
desacato del fallo T-153 de 1998, el cual establece que debe darse cumplimiento
a lo ordenado en esta tutela.
12.
EXPEDIENTE T-4063994.
Cárcel El Cunduy de Florencia. Pabellón de mujeres
12.1.
Acción de tutela:
El Personero de Florencia, en representación de las
reclusas del EPMSC el Cunduy de Florencia, Caquetá, interpuso acción de tutela
reclamando la protección de los derechos a la vida, la dignidad humana, la
salud y la integridad personal.
Expresó que ese centro de reclusión tiene capacidad para
25 mujeres, máximo 50 según la infraestructura, y en la actualidad alberga 151,
de las cuales 98 están cumpliendo pena y 50 son sindicadas. Afirmó que el
hacinamiento presentado en ese centro de reclusión afecta los derechos de las
internas, ya que genera problemas de salud.
En consecuencia, solicitó ordenar al INPEC no recibir
más internas, hasta tanto no se mejoren las condiciones de habitabilidad y se
mitiguen los riesgos generados con la infraestructura actual.
12.2.
Actuación procesal:
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Florencia
admitió la demanda y vinculó al INPEC, a la EPMSC de Florencia, a la Defensoría
del Pueblo, a la Procuraduría Regional, al Congreso de la República, a la Rama
Judicial, a la Gobernación de Caquetá, a la Alcaldía Municipal de Florencia, a
la Fiscalía General de la Nación, a los Juzgados de Control de Garantías y de
Ejecución de Penas, a la USPEC, a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público
y de Justicia y del Derecho y al Departamento Nacional de Planeación.
Igualmente, ordenó al Director del EPMSC de Florencia,
como medida provisional, abstenerse de recibir nuevas internas hasta tanto se
resuelva el asunto de fondo.
12.3.
Respuesta de las entidades[20]:
·
EPMSC el Cunduy de Florencia
El Director del centro de reclusión expresó que la
infraestructura actual del EPMSC permite la reclusión de 32 internas y en la actualidad
alberga 142.
Además, indicó que se han adelantado las gestiones
necesarias para evitar el hacinamiento, para lo cual solicitó al INPEC efectuar
los traslados de algunas de las reclusas y se reunió con los jueces de
ejecución de penas a fin de que los mismos prioricen las solicitudes de
libertad provenientes del pabellón de mujeres de la cárcel El Cunduy.
·
Defensor Regional Caquetá
El Defensor indicó que esa entidad ha constatado las
condiciones en las cuales se encuentran recluidas las mujeres en el penal.
Sostuvo que la única forma de solucionar esa situación es el traslado de las
internas a otros centros, no obstante, lo anterior puede conllevar eventuales
afectaciones al derecho a la unidad familiar.
·
Procuraduría Regional de
Caquetá
Esa entidad expresó que desde el año 2011 ha efectuado
seguimientos a la situación carcelaria existente y, por ello, ha requerido
varias veces al INPEC para que tome las medidas pertinentes.
·
USPEC, INPEC, DNP y Ministerio
de Justicia y del Derecho
De manera general, son las mismas respuestas reseñadas
en los expedientes anteriores.
·
Juzgados de Ejecución de Penas
de Florencia
Los juzgados respondieron que
su forma de aportar una solución al hacinamiento, es conceder las solicitudes
de libertad condicional que realizan las reclusas o las instancias respectivas
de la Fiscalía.
Informan que no ha realizado labores
para verificar la situación de las reclusas, pues esta es función del INPEC y
solicitan que se decrete una inspección judicial a la cárcel de Las Heliconias
para verificar si allí hay disponibilidad para trasladar reclusas.
·
Alcaldía de Florencia
La Alcaldía sostuvo que no hace parte del sistema
nacional penitenciario, por lo tanto, solicitó su desvinculación de la presente
acción de tutela.
12.4.
Decisiones de los jueces de
instancia:
·
Primera instancia
El Juzgado 3° Penal del Circuito de Florencia amparó
los derechos fundamentales de las internas del Pabellón de Mujeres del EPMSC de
esa ciudad, debido a la comprobada situación de hacinamiento en la cual se
encuentran. En consecuencia ordenó:
Numeral 2: al INPEC, al Ministerio de Justicia y del
Derecho y al DNP, en un término de 3 meses, efectuar un plan de construcción y
refacción carcelario para garantizar que las internas estén recluidas en
condiciones aptas para lograr una vida digna. Para tal efecto dispuso que para
el financiamiento que ello demande, el Gobierno debe efectuar las gestiones
necesarias para que, en la actual vigencia fiscal y en las sucesivas, se
incluyan las partidas requeridas, incorporadas además al Plan Nacional de
Desarrollo e Inversiones.
Numeral 3: al Ministerio de Justicia y del Derecho, al
INPEC y al DNP realizar el Plan de Construcción y Refacción Carcelario del
pabellón de mujeres en un término máximo de un año.
Numeral 4: al Director del EPMSC de Florencia, dentro
de las 48 horas siguientes, solicitar el traslado de las internas a otros
centros carcelarios.
·
Impugnaciones
(i) El Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó
la revocatoria del fallo. Expresó que esa entidad no es competente para
participar en las ampliaciones o construcciones de nuevos centros de reclusión,
reiterándose en su falta de legitimación en la causa por pasiva.
(ii) El DNP expresó que no ha desconocido los
derechos fundamentales invocados, máxime cuando dentro de su competencia no
está la de aprobar los reglamentos internos de los centros de reclusión.
Señaló además que el juez de tutela no puede impartir
órdenes tendientes a incluir partidas dentro del presupuesto, tal como lo señaló
la Corte Constitucional en fallo T-173 de 1993.
Además, explicó que las partidas para la construcción
y refacción carcelaria ya se apropian a través de la USPEC, entidad competente
para gestionar lo necesario para la construcción y rehabilitación de la
infraestructura carcelaria y penitenciaria.
(iii) El INPEC consideró que el a quo impartió
órdenes que exceden sus competencias.
·
Segunda instancia
La Sala Penal del Tribunal Superior de Florencia
únicamente modificó el numeral 2° de la sentencia recurrida, para en su
lugar, ordenar a la USPEC que, en un término de 3 meses, adelante las gestiones
necesarias para la ejecución de los proyectos de adquisición, suministro y
sostenimiento de los recursos físicos, técnicos y tecnológicos y de infraestructura
necesarios para solucionar la problemática de hacinamiento en el centro de
reclusión accionado.
13.
EXPEDIENTE T-4074694. EPAMS
de Itagüí
13.1.
Acción de tutela:
Los accionantes promovieron acción de tutela contra el
Ministerio de Justicia, las Direcciones General y Regional Noreste del INPEC,
al Director y al Comandante de Vigilancia del Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Alta y Mediana Seguridad EPAMS de Itagüí,
para solicitar la protección de sus derechos a la dignidad humana y a la
salud.
Los actores recluidos en los pabellones 4, 5 y 6 de
ese establecimiento carcelario, señalaron que están hacinados, debido a que la
capacidad física del lugar es de 336 internos, pero se albergan 867. Lo
anterior genera problemas ya que los presos duermen en los pasillos y se
presentan epidemias.
Igualmente, afirmaron que no cuentan con colchonetas
ni útiles de aseo, no hay cupos para redimir las penas, ni suficientes guardias
para la custodia, y los baños para asearse son insuficientes. Relataron que “la
alimentación es pésima y no existe intimidad en las visitas conyugales”.
13.2.
Actuación procesal:
Luego de un incidente de competencia, la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Medellín admitió la demanda y vinculó a la Presidencia
de la Republica, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al DNP, al
Defensor del Pueblo, al Superintendente Nacional de Salud, al Fiscal General de
la Nación, a la USPEC, al Alcalde de Itagüí, al Gobernador de Antioquia, a la
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, a la Personería
de Itagüí y a la Defensoría Regional de Antioquia, para que se pronunciaran, si
lo consideraban pertinente. Así mismo ordenó la práctica de una inspección
judicial.
13.3.
Respuesta de las entidades[21]:
·
Defensoría del Pueblo Regional
Antioquia
El Defensor señaló que la penitenciaría de Itagüí
presenta un ostensible hacinamiento, lo que conlleva la transgresión de los
derechos fundamentales alegados por los internos. Por tanto pide que se conceda
la acción de tutela, pero se exima de responsabilidad a la Defensoría.
·
Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, Ministerio de Justicia y del Derecho, INPEC, DNP, USPEC
De manera general, son las mismas respuestas reseñadas
en los expedientes anteriores.
·
Director del EPAMS de Itagüí
El Director expresó que suspender la
entrada de reclusos a la cárcel no es una medida efectiva en contra del
hacinamiento, ya que, por ejemplo, los internos de la cárcel de Itagüí se
vieron afectados por un fallo de tutela[22]
que ordenó el traslado de 661 internos de la cárcel El Pedregal a la de Itagüí.
Por tanto, manifestó que el INPEC no puede dar una solución integral a la
crisis carcelaria, pues ésta involucra a todas las entidades del Estado.
De otro modo, precisó que el servicio de
salud es prestado en debida forma en el establecimiento penitenciario.
·
Personería de Itagüí
La Personería expresó que las condiciones en la que se
encuentran los internos son deplorables, dado el alto porcentaje de
hacinamiento. Así mismo informa que no hay una infraestructura adecuada para la
prestación del servicio alimentario y de salud en el penal.
·
Alcaldía de Itagüí
La Alcaldía manifestó que no ha
quebrantado los derechos fundamentales invocados, pues no es la entidad
competente para la administración de los centros carcelarios.
·
Presidencia de la República
La Presidencia de la Republica alegó una indebida
vinculación de esa entidad al presente proceso, como quiera que no participó en
los hechos que sirven de fundamento a la acción.
·
Fiscalía General de la Nación
La Fiscalía señaló que no es competente para adoptar
medidas relacionadas con el manejo de cárceles, por lo que pide ser
desvinculada de la presente acción.
13.4.
Decisiones de los jueces de
instancia:
·
Primera instancia:
La Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín negó
el amparo solicitado por los reclusos. Sin
embargo instó al Director de ese establecimiento y a la Directora
Regional Noreste del INPEC a: i) reubicar a los internos que se encuentran en
los pasillos; y ii) coordinar con el contratista de la alimentación el estricto
cumplimiento de las dietas ordenadas por los médicos para algunos de los
reclusos.
14.
EXPEDIENTE T-4075719.
Cárcel Villa Inés de Apartadó
14.1.
Acción de tutela:
La Defensora de oficio de Orbey David Usuga Rojas, uno
de los internos de la cárcel Villa Inés de Apartadó, instauró acción de tutela
contra el INPEC, el Director de la referida cárcel y CAPRECOM EPS-S, para
solicitar la protección de los derechos a la vida digna, la integridad personal
y la salud de quienes están allí recluidos.
La Defensora precisó que el patio 2 de la Cárcel de
Villa Inés tiene capacidad para 276 internos, pero el INPEC mantiene allí
recluidas 576 personas, a quienes agrupó indistintamente, sin diferenciar a
los sindicados y de los condenados, o a las mujeres de los hombres. Señaló que
cada celda está diseñada para 2 reclusos, no obstante, “hoy se encuentran…
siete u ocho” en cada una.
Manifestó que los reclusos tienen problemas de salud
severos; carecen de sanitarios suficientes y de un lugar apropiado para el
suministro higiénico de alimentos; y no cuenta con servicio de agua potable y
acueducto, por lo que se “bañan con agua de un poso” de un “sistema
artesanal” antiguo.
Relató que los niveles de hacinamiento generan
enfermedades y “brotes de violencia, situación que se agudiza durante los
días de visita”, porque la población del penal aumenta. Igualmente se
indicó que “el cuerpo de vigilancia y custodia y la parte administrativa del
centro… no dan abasto para cuidar y atender a tantos reclusos”.
En consecuencia, solicitó al juez de tutela: i)
prohibir el ingreso de nuevos internos a ese reclusorio; y ii) ordenar a
CAPRECOM EPS asignar un “médico bacteriólogo, tres enfermeras, psicóloga,
trabajadora social y odontóloga para la atención en salud que carecen los
reclusos”.
14.2.
Actuación procesal:
El Juzgado 1° Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Apartadó admitió la demanda, ordenó notificar al INPEC, a la
Cárcel Villa Inés y a CAPRECOM EPS-S, y vinculó al Ministerio de Justicia y del
Derecho.
14.3.
Respuesta de las entidades[23]:
·
Ministerio de Justicia y del
Derecho, INPEC
De manera general, son las mismas respuestas reseñadas
en los expedientes anteriores.
14.4.
Decisiones de los jueces de
instancia:
·
Primera de instancia
El Juzgado 1° Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Apartadó reiteró el ECI declarado por la Corte Constitucional.
Sin embargo, declaró la improcedencia de las pretensiones de la agente
oficiosa, debido a que no se demostró un perjuicio irremediable en relación con
la prestación del servicio de salud.
·
Impugnaciones
La sentencia fue impugnada por el Ministerio
de Justicia y del Derecho. Sin embargo, la Sala Penal del Tribunal Superior
de Antioquia la rechazó, ya que quien interpuso el recurso carece de
legitimidad para hacerlo y no presentó poder para actuar.
15.
EXPEDIENTE T-4076529. Cárcel
La Vega de Sincelejo
15.1.
Acción de tutela:
El Personero Municipal de Sincelejo y el Defensor
Regional del Pueblo de Sucre, en representación de los reclusos del EPMSC La
Vega de Sincelejo, promovieron acción de tutela contra el INPEC, para solicitar
la protección de los derechos a la dignidad humana, la integridad personal, la
salud, la igualdad y la vida de éstos.
Los agentes oficiosos aseveraron que el centro de
reclusión tiene capacidad para 520 reclusos, y en la actualidad hay una
sobrepoblación de 1.192, que genera proliferación de enfermedades y
disturbios. Agregaron que los internos “se han visto obligados a vivir en
condiciones infrahumanas, tales como dormir en los pasillos, en los baños,
escaleras e incluso amontonados unos sobre otros”.
Indicaron que debido al cierre temporal del centro
penitenciario de Magangué, Bolívar, se han trasladado gran número de capturados
en el Departamento a la cárcel La Vega, “situación que ha contribuido al
aumento” de la población carcelaria.
En consecuencia, pidieron al juez i) prohibir el
ingreso de nuevos internos a ese reclusorio; y ii) realizar un informe mensual
sobre el número de reclusos que se encuentran detenidos en dicho
establecimiento y otro “acerca de las medidas que se tomen para disminuir el
hacinamiento carcelario”.
15.2.
Actuación procesal:
El Juzgado 2° Penal del Circuito de Sincelejo admitió
la demanda, notificó al INPEC y al EPMSC La Vega de Sincelejo y vinculó a
CAPRECOM EPS-S, al Municipio de Sincelejo y al Departamento de Sucre.
15.3.
Respuesta de las entidades:
·
INPEC
De
manera general, es la misma respuesta reseñada en los expedientes anteriores.
·
CAPRECOM EPS
El Director Territorial de la EPS adujo que los casos
de epidemias al interior del centro de reclusión, no se han dado por falta de
atención oportuna, si no por el hacinamiento que presenta ese centro
carcelario.
Igualmente, expresó que en una reunión realizada con
el Comité de Derechos Humanos del establecimiento penitenciario, se acordó “mejorar
el servicio de salud, con la red de mediana y alta complejidad en especial las
citas con especialistas, realizar brigadas de optometría y mejorar la entrega
de medicamentos, lo cual se está cumpliendo de acuerdo al cronograma”.
·
EPMSC de Sincelejo.
La Directora del establecimiento señaló que la
solución al problema “requiere de una asignación presupuestal que está
sujeta al Ministerio de Hacienda y a las normas que regulan el tema
presupuestal”. Señaló además que la responsabilidad del hacinamiento y de
la atención integral en salud de los reclusos “no recae única y
exclusivamente sobre el INPEC, es un problema de Estado”. Por tanto pidió
vincular a otras entidades del Estado.
·
Alcaldía de Sincelejo
La Alcaldía pidió que se la exonerara de toda
responsabilidad dado que, de conformidad con sus funciones, ha cumplido con lo
señalado en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2013, relacionado con “el
proyecto de apoyo para el sostenimiento de la población carcelaria de la VEGA”.
Adujo que dentro del presupuesto municipal apropió “$30.000.000, con el
objeto de amparar la contraprestación para dicho centro penitenciario,
consistente en dotación de elementos de higiene y aseo para los internos; así
como un rubro destinado a sobresueldos de los empleados de dicho
establecimiento”.
15.4.
Decisiones de los jueces de
instancia:
·
Primera instancia
El
Juzgado 2° Penal del Circuito de Sincelejo amparó los derechos
fundamentales de los internos. Y en consecuencia ordenó: i) a la Directora de
dicha cárcel abstenerse de recibir reclusos; ii) al INPEC, trasladar los
internos a los cuales se les adelante la actuación penal por parte de autoridad
judicial ajena al Distrito de Sincelejo; y iii) a CAPRECOM y al INPEC tomar las
medidas necesarias para el acondicionamiento del lugar donde prestan el
servicio de salud.
De
igual forma, exhortó al Municipio de Sincelejo, al Departamento de Sucre y al
INPEC, para que gestionen, ante los organismos pertinentes, la creación de
nuevas estructuras físicas dentro del centro penitenciario y carcelario La
Vega.
·
Impugnación
La
Directora del EPMSC La Vega de Sincelejo y el INPEC impugnaron la
sentencia, exponiendo argumentos similares a los presentados en los escritos de
contestación.
·
Segunda instancia.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Sincelejo
confirmó la decisión.
16.
EXPEDIENTE T-4076646. EPMSC
de Anserma (Caldas)
16.1.
Acción de tutela:
Los
accionantes interpusieron acción de tutela contra el EPMSC de Anserma, Caldas,
para solicitar la protección de sus derechos a la salud, vida digna y ambiente
sano.
Los
actores afirmaron que el centro penitenciario: (i) tiene capacidad para
albergar 128 personas en tres patios y en la actualidad sobrepasan los 260
internos, para un 110 % de hacinamiento; y (ii) carece de la
infraestructura necesaria, pues no cuenta con servicios sanitarios suficientes
ni con espacios de movilidad dignos.
En
consecuencia, pidieron que se prohíba el ingreso de nuevos internos a ese
reclusorio.
16.2.
Actuación procesal:
El
Juzgado Penal del Circuito Anserma, Caldas, admitió la tutela, notificó al
EPMSC y vinculó al Ministerio de Justicia y del Derecho, a la USPEC y al INPEC,
para que intervinieran en el asunto de la referencia.
16.3.
Respuestas de las entidades[24]:
·
USPEC
De
manera general, es la misma respuesta reseñada en los expedientes anteriores.
·
EPMSC de Anserma
El
Director de dicho establecimiento corroboró que la Cárcel de Anserma sobrepasa
su capacidad en más del 103% de hacinamiento. No obstante, señaló que el INPEC
no es el responsable de esa situación, pues el problema de hacinamiento
penitenciario es de orden nacional, por el alto flujo de ingresos diarios a los
establecimientos de reclusión que genera la política criminal actual en
Colombia.
16.4.
Decisiones de los jueces de
instancia:
·
Primera instancia:
El
Juzgado Único Penal del Circuito de Anserma amparó los derechos
fundamentales de los accionantes. En consecuencia ordenó:
Numeral
2: al Director del EPMSC realizar las gestiones pertinentes ante el INPEC para
trasladar el mayor número de internos posible.
Numeral
3: al Director del EPMSC no recibir nuevos internos que provengan con órdenes
de detención preventiva o encarcelamiento de municipalidades ajenas.
Numeral
4: a la USPEC realizar en el centro penitenciario estudios arquitectónicos y de
ingeniería, para la ampliación, reestructuración, o remodelación de ésta, con
el fin de aumentar la capacidad de albergue de internos.
Numeral
6: a las entidades obligadas a que en el término de un mes a partir de
la notificación, realicen un informe sobre las gestiones realizadas.
·
Impugnaciones
(i) Los accionantes impugnaron el fallo al considerar que el a quo
no tomó las medidas necesarias para solucionar el asunto, ya que debió haber
prohibido el ingreso de otros internos.
(ii) El Director del Establecimiento solicitó al juez de tutela abstenerse de prohibir el
ingreso de nuevos internos que provengan de despachos judiciales distintos a la
jurisdicción territorial de Anserma, ya que esto pondría en aprietos a las
autoridades judiciales.
(iii) La USPEC impugnó el fallo de manera
extemporánea.
·
Segunda Instancia
La
Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales confirmó parcialmente el
fallo. En consecuencia, ordenó: i) a las entidades vinculadas en la acción
adelantar las medidas necesarias para que el EPMSC de Anserma efectúe el
traslado de internos y el mismo quede con el numero estricto para la cual fue
construido; y ii) modificar el numeral 4° en el entendido que también se ordena
a la USPEC realizar las acciones pertinentes y conducentes de su competencia.
17.
EXPEDIENTE T-4076801.
Cárcel de Roldanillo (Valle del Cauca)
17.1.
Acción de tutela:
Los
accionantes promovieron acción de amparo contra el INPEC y la Cárcel San
Sebastián de Roldanillo, para solicitar la protección de sus derechos a la salud,
vida e integridad personal.
Los
actores afirmaron que el centro penitenciario tiene capacidad para albergar
96 personas y en la actualidad sobrepasan los 187 internos. Precisaron que
no cuentan con servicios sanitarios suficientes, el agua escasea y los espacios
de movilidad son nulos. Por esa razón están propensos a contagiarse de
enfermedades y los servicios de salud son precarios.
En
consecuencia, pidieron al juez prohibir el ingreso de nuevos internos a ese
reclusorio, entre otras pretensiones.
17.2.
Actuación procesal:
El
Juzgado Penal del Circuito de Roldanillo admitió la acción de tutela y vinculó
a la Personería Municipal, a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y
Justicia y del Derecho, a la Defensoría del Pueblo y a la USPEC, para que
intervinieran en el asunto.
17.3.
Respuesta de las entidades:
·
Personero Municipal de
Roldanillo
La
Personería Municipal solicitó su desvinculación del proceso, al señalar el
hacinamiento se debe a hechos de carácter administrativo, que sólo puede
resolver el INPEC. Explicó que dentro de sus funciones ha realizado
acompañamientos a los reclusos.
·
EPMSC San Sebastián
El
Director de dicho establecimiento informó que la capacidad de albergar internos
es de 97 y actualmente tiene 194. Así mismo, señaló que han instalado reclusos
en los salones de clases, de sistemas y la biblioteca, por lo que se han
afectado los programas de reinserción social.
Respecto
a los servicios de salud, indicó que el encargado de prestar su atención es
CAPRECOM, entidad que dispuso un auxiliar de enfermería para la atención del
centro penitenciario.
·
INPEC, USPEC, Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Gobernación
del Valle del Cauca
De
manera general, son las mismas respuestas reseñadas en los expedientes
anteriores.
·
Defensor del Pueblo Regional
del Valle del Cauca.
El Defensor señaló que el referido establecimiento
carcelario presenta hacinamiento que vulnera los derechos fundamentales de los
internos. Por ello pide al Juez conceder el amparo solicitado.
·
Alcaldía de Roldanillo
La Alcaldía pidió ser desvinculada de la acción, ya
que no tiene competencia para resolver el asunto planteado.
17.4.
Decisiones de los jueces de
instancia:
·
Primera instancia
El
Juzgado Penal del Circuito de Roldanillo amparó los derechos a la salud
y la vida, de los accionantes indicando que se les causa una grave y palmaria
afectación. Por tanto ordenó: i) cerrar el establecimiento penitenciario demandado
de manera temporal, por un período de 6 meses o hasta se llegue al tope mínimo
para el cual se encuentra diseñado, o se realicen las adecuaciones logísticas
para ampliar su capacidad; ii) conminar al INPEC, al Ministerio de Justicia y
del Derecho y a la USPEC, para que de manera conjunta ejecuten decisiones para
menguar el problema de hacinamiento; y iii) a la Dirección del penal, realizar
las gestiones para garantizar el derecho a la salud de los internos.
·
Impugnaciones
(i)
El INPEC, la USPEC y el Ministerio de Justicia y del Derecho
impugnaron el fallo, reiterando las razones que fueron reseñadas en expedientes
anteriores.
(ii) La
Directora del Centro Penitenciario de Roldanillo solicitó revocar la
sentencia de primera instancia e indicó que se debe ordenar a todas las
entidades estatales competentes, realizar acompañamiento en la solución del
problema de hacinamiento.
·
Segunda instancia
La Sala de Decisión Constitucional del Tribunal
Superior de Buga confirmó el fallo.
18.
EXPEDIENTE T-4694329.
Cárcel de Villavicencio
18.1.
Acción de tutela:
El actor interpuso acción de tutela contra el INPEC y
la Cárcel de Villavicencio para solicitar la protección de sus derechos
fundamentales a la vida digna y a la salud.
El accionante describió que la prestación del servicio
de salud es deficiente, que en el penal existe “un hacinamiento del 100%”
y que el agua no es suministrada en cantidades suficientes para suplir las
necesidades básicas de los internos. Explica que el agua sólo es suministrada
en los siguientes horarios: 4 a 5 am, 10 a 11 am y 4 a 5 pm.
También indicó que se vulnera el derecho al debido
proceso de los reclusos, ya que las solicitudes de redención de penas, libertad
condicional y otras se demoran mucho en ser resueltas por los jueces de
ejecución de penas.
Por tanto solicitó al juez de tutela, ordenar el
adecuado funcionamiento del servicio de salud y de agua potable. Así como, la
evacuación de las solicitudes de beneficios y libertad represadas.
18.2.
Actuación procesal:
El Juzgado 3 de Familia de Villavicencio admitió la
acción de tutela y vinculó a la Procuraduría y a la Defensoría Regionales del
Meta.
18.3.
Respuestas de las
entidades:
·
Procuraduría Regional del Meta
La Procuraduría Regional propuso la
excepción por falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que la acción de
tutela no está dirigida contra esa entidad.
·
Defensoría Regional del Meta
La Defensoría Regional indicó que los
hechos narrados por el accionante son, en su mayoría, ciertos. Por tanto,
coadyuva las pretensiones de la demanda, en especial la referida a la
prestación del servicio de salud.
·
Director de la Cárcel de
Villavicencio
El Director de la Cárcel afirmó que ese
EPMSC no ha vulnerado ningún derecho fundamental de los reclusos. Explicó que
la responsabilidad de la prestación de los servicios de salud a la población
reclusa es de la USPEC y CAPRECOM EPS-S.
Así mismo, señaló que cuentan con un
servicio de acueducto y alcantarillado prestado por la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Villavicencio EAAV. Tal servicio se presta a través de
electrobombas que toman el recurso de un pozo de 56 metros de profundidad.
Argumentó que los horarios para la prestación del servicio de agua deben ser
restringidos, porque de lo contrario, se desabastecería el pozo y podrían
dañarse las electrobombas.
Anexó los informes y análisis realizados al
servicio de agua potable, y el acta en donde constan los acuerdos logrados en
una huelga de hambre que adelantaron los internos.
·
Ministerio de Salud
El Ministerio solicitó que se declare la
carencia actual de objeto, ya que CAPRECOM EPS-S ha prestado los servicios de
salud requeridos por los internos de la Cárcel de Villavicencio.
18.4.
Decisiones de instancia:
·
Primera instancia
El Juzgado 3º de Familia del Circuito de
Villavicencio negó las pretensiones de la acción de tutela al no
encontrar configurado un perjuicio irremediable. Explicó que no se probó que
alguno de los internos necesitara un tratamiento médico urgente o que se hayan
hecho múltiples solicitudes a los jueces de ejecución de penas. Frente al
abastecimiento de agua, el juez manifestó que el mismo es restringido debido al
uso que los internos hacen del líquido.
El fallo no fue impugnado.
Síntesis de Hechos, Pretensiones e Intervenciones
3. De manera general todas las
acciones de tutela denuncian la violación sistemática de los derechos
fundamentales de la población privada de la libertad en el país. El principal
reclamo se relaciona con las condiciones de reclusión que se ofrecen en las
cárceles, descritas por los inconformes como “inhumanas”, “tortuosas”
y “violatorias de la dignidad humana”.
Las acciones de tutela se centran en temas como (i) el
hacinamiento; (ii) las condiciones sépticas e infrahumanas en las cuales se
encuentran recluidos, debido principalmente a la deficiente infraestructura y
sus efectos en las condiciones sanitarias; (iii) la falta de servicios
asistenciales de salud; (iv) la imposibilidad de realizar actividades
tendientes a su resocialización, dada la sobrepoblación carcelaria existente; (v)
la falta de intimidad en el desarrollo de las visitas conyugales; y (vi) la
reclusión conjunta e indistinta de las personas sujetas a medidas de
aseguramiento privativas de la libertad y aquellas condenadas.
4. Las pretensiones se
dirigieron, principalmente, a que los jueces constitucionales ordenaran a los
diferentes centros de reclusión: (i) abstenerse de permitir el ingreso de
nuevos reclusos cuando se exceda la capacidad de los penales; (ii) trasladar
internos a otros establecimientos penitenciarios; (iii) realizar mejoras
estructurales dentro de los centros penitenciarios para alcanzar condiciones
dignas de vida; y (iv) mejorar la prestación de los servicios de salud,
sanitarios, de agua potable y de alimentación.
5. La situación de hacinamiento
y las condiciones de indignidad denunciadas fueron acreditadas a través de
diversos documentos allegados, entre otros, por la Defensoría del Pueblo, la
Procuraduría General de la Nación, las Personerías Municipales y los despachos
judiciales, que efectuaron inspecciones judiciales a las cárceles.
Se pudo establecer la capacidad de los centros de reclusión
y su cobertura real, así[25]:
Tabla
2.
Capacidad y cobertura de los establecimientos de reclusión accionados
Establecimiento
Capacidad real
Cobertura real
% de
Hacinamiento[26]
Cárcel Modelo de Bucaramanga
750
3.246
332.8%
Cárcel La 40 de Pereira
676
1.674
147.6%
EPMSC de Santa Rosa de Cabal
121
233
92.5%
EPMSC El Pedregal de Medellín (pabellón de hombres)
1.129
1.416
25.4%
Cárcel Modelo de Bogotá
2.850
7.230
153.6%
Penitenciaría de Cúcuta
1.270
2.600
104.7%
EPMSC de Anserma
128
260
103.1%
Cárcel de San Vicente de Chucurí
24
100
316.6%
Cárcel de las Mercedes de Cartago
412
728
76.6%
Cárcel de Palmira
1.254
2.029
61.8%
Cárcel El Cunduy de Florencia (pabellón de mujeres)
25
151
504%
EPMSC de Itagüí
360
864
140%
Cárcel de Villa Inés de Apartadó
276
576
108.6%
Cárcel La Vega de Sincelejo
520
1.192
129.2%
Cárcel de Roldanillo
98
187
90.8%
Cárcel de Villavicencio
1003
1621
61.6%
6. Al momento de ofrecer
respuestas, algunas de las entidades accionadas y vinculadas, como la
Presidencia de la República, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, de
Justicia y del Derecho y de Salud, el Departamento Nacional de Planeación, la
Fiscalía General de la Nación, los entes territoriales y los Directores de los
Centros de Reclusión, solicitaron su desvinculación por falta de legitimación
en la causa por pasiva.
Lo anterior debido a que propusieron su incompetencia
para administrar los distintos establecimientos penitenciarios y carcelarios,
ordenar traslados de reclusos o brindar servicios de salud. En igual sentido,
señalaron que la competencia para dar solución a los reclamos de los reclusos
está en cabeza de del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en
adelante INPEC, y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, en
adelante USPEC.
7. En torno al hacinamiento, el
Director Nacional y algunos de los Directores Regionales del INPEC explicaron
que la capacidad carcelaria del país es de 75.726 cupos y en la actualidad
se albergan 117.000 internos aproximadamente. Sostienen que la solución al
problema de hacinamiento carcelario no se obtiene únicamente con el cierre de
los centros penitenciarios y carcelarios, y/o con el traslado de reclusos, pues
ello lleva a afectar la seguridad, el bienestar general y los derechos de los
internos de otros establecimientos.
Los Directores explicaron que el incremento de la
población carcelaria tiene varias causas, dentro de las cuales se destaca el
aumento en la imposición de medidas de aseguramiento privativas de la libertad
y el “populismo punitivo”[27].
En igual sentido, afirmaron que es necesaria la
participación activa del Gobierno, el Congreso, los Ministerios, la Fiscalía
General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, entre otros entes,
para construir una verdadera política criminal y fijar reales parámetros que
permitan reducir la población carcelaria. Para lograrlo resaltaron la
posibilidad de aumentar el uso de mecanismos de vigilancia alternativos, diferentes
a la medida de aseguramiento privativa de la libertad.
Igualmente, el INPEC manifestó que la USPEC tiene
dentro de sus funciones gestionar la ejecución de proyectos de adquisición,
suministro y sostenimiento de los recursos físicos, técnicos y tecnológicos, y
de infraestructura necesarios para el funcionamiento del sistema penitenciario
y carcelario. Para ello se suscribió con esa entidad un contrato por valor
aproximado de $1’734.673.766,80.
Por su parte, la USPEC afirmó que no es la entidad
competente para ordenar el cierre de centros penitenciarios, ni el traslado de
reclusos, al ser éstas, competencias del INPEC. Expuso que se trata de un
organismo creado únicamente para brindar apoyo logístico y administrativo en lo
que respecta al funcionamiento de los servicios penitenciarios a cargo del
INPEC.
8. En cuanto al derecho a la
salud, CAPRECOM EPS-S indicó que los servicios asistenciales de salud
comprendidos en el Plan Obligatorio de Salud POS, son brindados en los
diferentes centros de reclusión de forma oportuna y mediante el personal
idóneo.
Así mismo, adujo que la adecuación de los servicios
sanitarios y la calidad del agua de las penitenciarías y las cárceles es
una función propia del INPEC.
9. En la mayoría de fallos de
instancia se ampararon los derechos fundamentales de la población carcelaria,
algunos de ellos sustentados en el Estado de Cosas Inconstitucional -en
adelante ECI-, previamente declarado por esta Corte, mediante la Sentencia
T-153 de 1998.
De manera general, las órdenes fueron: (i) el cierre
temporal de los establecimientos carcelarios, hasta tanto se supere el
hacinamiento en cada centro de reclusión; (ii) el traslado de reclusos a
penales distintos; (iii) el mejoramiento de la infraestructura carcelaria en el
país, en especial, la relacionada con los servicios sanitarios de los centros
de reclusión: y (iv) el mejoramiento en la prestación de los servicios de
salud.
También hubo algunas órdenes relacionadas con la
separación de las personas privadas de la libertad por una medida de
aseguramiento, de aquellas que están cumpliendo una condena. Otras exigían la
adopción de medidas estructurales para afrontar y superar el hacinamiento
carcelario.
En algunos otros casos, las tutelas fueron negadas por
aspectos como el incumplimiento del requisito de subsidiariedad de la acción de
tutela, en tanto los accionantes no habían efectuado peticiones previas, o
porque se consideró que la vía idónea era el incidente de desacato por
incumplimiento de la Sentencia T-153 de 1998.
C.
Actuaciones en sede de
Revisión
Mediante auto del 20 de mayo de 2015, la Sala Quinta
de Revisión de Tutelas decidió solicitar información para la solución del
presente proceso a las Comisiones Primeras de Senado y Cámara de
Representantes, al Ministerio de Justicia y del Derecho y a la Defensoría del
Pueblo.
A través de esa misma providencia suspendió los
términos para fallar, entretanto se aportaba y analizaba la información
solicitada.
La información fue remitida por las entidades
referidas, y enviada a este despacho por la Secretaría General de la Corte
Constitucional, mediante oficios del 17 y 23 de junio de 2015, y será referida continuamente
en la parte considerativa de esta providencia.
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1. Esta Corporación es competente para examinar, en Sala
de Revisión, los asuntos de la referencia que han llegado a su conocimiento, al
tenor de lo dispuesto en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución y
31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Asunto
objeto de revisión y problema jurídico
2. Los accionantes reclamaron la intervención del juez
constitucional para la protección de sus derechos fundamentales, los cuales
estiman vulnerados como consecuencia de las condiciones de reclusión a las que
se han visto sometidos en 16 establecimientos penitenciarios. Solicitan medidas
de intervención orientadas básicamente a mejorar los servicios prestados y a la
reducción de la sobrepoblación; las pretensiones más regulares sobre este último
aspecto fueron la imposición de restricciones al ingreso de reclusos y el
traslado de algunos de ellos hacia otras cárceles.
Las autoridades públicas accionadas y vinculadas se manifestaron, en
su mayoría, alegando la imposibilidad de ofrecer una solución a los problemas
de la vida carcelaria, con ocasión del carácter estructural de los mismos. Recalcaron
que las posibles estrategias de acción particular, frente a los centros
penitenciarios, se tornan inocuas, pueden agudizar la crisis y trasladar las
dificultades, a otras cárceles en desmedro de los derechos fundamentales de
otros internos.
3. Conforme lo anterior, no obstante los reclamos
constitucionales tienen fundamento en situaciones de hecho que tienen lugar en
establecimientos penitenciarios, e incluso en patios específicos de aquellos,
las dificultades por las que atraviesan los internos tienen causas que
trascienden la dinámica de cada una de las cárceles comprometidas, y se
extienden, a nivel nacional, al Sistema Carcelario y Penitenciario, como puede
establecerse de las intervenciones de los accionantes y las entidades
vinculadas, como del material probatorio recaudado en sede de revisión.
En este proceso se ha demostrado la afectación de los
derechos fundamentales de cerca de 24.107 reclusos[28],
de los 117.000 aproximados en todo el país; por lo que se ha acreditado el
impacto negativo de las condiciones de reclusión en los derechos fundamentales
de un aproximado de 20.60%[29]
de la población privada de la libertad.
En términos de establecimientos penitenciarios y
carcelarios, en el presente caso se estudia la situación de 16, de 137 centros
de reclusión en el país; esto es de un 11,67%[30]
de aquellos, distribuido en diferentes zonas del país (norte, occidente,
oriente, centro y sur). Lo anterior, permite constatar que la presente decisión
tiene un impacto representativo sobre la población carcelaria y
penitenciaria en Colombia, máxime si se consideran las apreciaciones sobre la
extensión de esta situación a las demás cárceles.
4. Establecida la discusión constitucional que promueven
los expedientes acumulados, y la unidad de materia a la que responde este
análisis, como la existencia de un estado de cosas inconstitucional declarado
en la Sentencia T-388 de 2013, conviene dilucidar en esta oportunidad,
(i) si los derechos fundamentales de los actores se encuentran comprometidos
por las condiciones de reclusión a las que se encuentran sometidos; (ii) si es
suficiente la emisión de una orden judicial que comprometa a los accionados,
particularmente considerados, o si es necesaria la gestión de un conjunto
sistemático y coordinado de acciones para contener la vulneración de los
derechos de los accionantes; y, de contera, (iii) si se verifican actualmente
las condiciones que generaron la declaratoria del Estado de Cosas
Inconstitucional en el Sistema Penitenciario y Carcelario del país en 2013.
De tal modo las consideraciones expuestas en lo
sucesivo contendrán dichos elementos, sin que respondan necesariamente al orden
en que se han relacionado.
Esquema de la presentación y metodología para resolver
5. Visto todo lo anterior, la Sala Quinta de Revisión de Tutelas estima conveniente que la decisión que se tome en el
presente proceso consulte a las
entidades que intervienen en las diferentes etapas de la política criminal, desde su formulación
hasta su monitoreo, vigilancia
y control, para ajustar las órdenes que
se dicten, a las competencias
atribuidas constitucional y legalmente a cada
entidad. Ello con el fin de lograr un grado de eficacia mayor de las órdenes
dictadas por la Corte Constitucional y facilitar el seguimiento al cumplimiento
de las mismas.
6. Teniendo
presente el enfoque sobre la política criminal como punto de
acción y el impacto representativo de la presente decisión, la
Sala Quinta de Revisión de Tutelas encuentra que la contribución de esta
sentencia estará centrada en la adopción de medidas concretas que dinamicen
algunos elementos de la política criminal, y permitan, a su vez, crear
incentivos institucionales que den mayor sostenibilidad a las medidas adoptadas
para superar el ECI en el sistema carcelario y penitenciario que la Corte
Constitucional adoptó en Sentencia T-388 de 2013,
especialmente.
Para lograr lo anterior, la Sala adoptará la siguiente metodología.
En primer
lugar, identificará y describirá una a una las problemáticas comunes
a las acciones de tutela aquí estudiadas, bajo los siguientes ítems: i)
política criminal inconstitucional, ii) hacinamiento y otras causas de
violación masiva de derechos, iii) reclusión conjunta de condenados y
sindicados, iv) deficiente sistema de salud en el sector penitenciario y
carcelario, e v) inadecuadas condiciones de salubridad e higiene en el
establecimiento penitenciario y en el manejo de alimentos.
En segundo
lugar, a partir de los informes solicitados por esta Corte[31]
y de los diversos diagnósticos que se han realizado de la situación carcelaria
y penitenciaria, se identificarán sus principales causas.
Así, en tercer
lugar, la Sala Quinta presentará las soluciones concretas,
que a su juicio, permitirán dinamizar algunos elementos de la política
criminal, lo que a su vez, contribuirá a la superación del ECI en el sistema
carcelario y penitenciario colombiano.
Por último,
la Sala entrará a definir atribuciones y competencias relacionadas con el seguimiento
al cumplimiento de las órdenes dadas.
7. Sin embargo,
toda vez que el Estado de Cosas Inconstitucional ha tenido una evolución
histórica, a través de los pronunciamientos sobre sus efectos frente a los
derechos de las personas recluidas, conviene preliminarmente esclarecer, sobre
todo, los lineamientos expuestos en las sentencias hito (T-153/98 y T-388/13).
En ellas fueron identificadas y desarrolladas con amplitud las problemáticas y
las principales causas de la violación masiva de los derechos fundamentales de
las personas privadas de la libertad en Colombia, por lo que resultan
pertinentes y relevantes para efectos del desarrollo de esta providencia.
Por tal motivo,
es imperioso reseñar el marco jurisprudencial, respecto de lo
elaborado hasta el momento, en especial por este Tribunal Constitucional en las
Sentencias T-153 de 1998 y T-388 de 2013. En concordancia con lo
anterior, es necesario también constatar que en el presente proceso se dan los
elementos para reiterar el ECI en ellas decretado.
8. Por tal motivo,
es imperioso reseñar el marco jurisprudencial, respecto de lo
elaborado hasta el momento, en especial por este Tribunal Constitucional en las
Sentencias T-153 de 1998 y T-388 de 2013. En concordancia con lo
anterior, es necesario también constatar que en el presente proceso se dan los
elementos para reiterar el ECI en ellas decretado.
Marco
Jurisprudencial: Sentencias T-153 de 1998 y T-388 de 2013
9. Frente a las situaciones expuestas en las acciones de tutela
acumuladas, esta Corte se ha pronunciado con anterioridad en casos similares[32].
En especial, mediante las Sentencias T-153 de 1998[33]
y T-388 de 2013[34],
en las cuales la Corte
Constitucional declaró la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) “en las prisiones” y en el “Sistema
Penitenciario y Carcelario”, respectivamente.
En dichas sentencias esta Corporación
evidenció fallas de carácter estructural que requieren de
la colaboración armónica de las entidades del Estado, para lograr su
superación. Así mismo, estas dos sentencias son importantes referentes
jurisprudenciales a partir de los cuales se ha diagnosticado y comprendido la
problemática carcelaria y penitenciaria del país, en especial, por parte del
juez constitucional.
10. En efecto,
la Sentencia T-153 de 1998[35], después de realizar un análisis histórico del
fenómeno de la ocupación carcelaria en el país, identificó como uno de los
focos de acción contra la sobrepoblación, entre otros, la necesaria adecuación
de la infraestructura física del sistema penitenciario y
carcelario de la época[36].
Casi 15 años después, la Sentencia T-388 de
2013, reconoció que los esfuerzos en la creación de una infraestructura
penitenciaria que ampliara la cobertura fueron, en su mayoría, exitosos. Por
tal motivo y al evidenciar que a pesar de los esfuerzos, la crisis permanecía
vigente, en dicho fallo se hizo mayor énfasis en la necesidad de adecuar la política
criminal del país, a los estándares y marcos de protección de los
derechos de las personas privadas de la libertad, pues desde esa perspectiva se
pueden lograr resultados mucho más sostenibles.
Diferencia entre
el estado de cosas inconstitucional declarado mediante la sentencia T-153 de
1998 y el declarado a través del fallo T-388 de 2013
11. Como
se indicó, estas sentencias abordan una problemática común que, sin embargo,
tiene en cada una de ellas, referentes temporales, fácticos y estadísticos
diferentes. Por ello, el primer análisis que emprendió la sentencia T-388 de
2013, fue el de diferenciar el ECI declarado en 1998, del que ella misma
pronunció.
En efecto, la T-388 de 2013,
inicialmente analizó la figura del estado de cosas inconstitucional en
la jurisprudencia de esta Corporación, y recapituló los factores y elementos
que deben concurrir para que éste pueda ser declarado a través de una sentencia[37]. A partir de tal
examen, estableció las razones por las cuales el ECI declarado en las prisiones
a través de la Sentencia T-153 de 1998[38],
era diferente del que atravesaba el sistema penitenciario y carcelario en 2013.
12. Para
tal cometido se reseñaron los elementos fácticos y jurídicos analizados en
1998. Se precisó que para ese momento el hacinamiento carcelario en Colombia
era amplio y generalizado, ascendía a un 45.3% aproximadamente y estaba
suficientemente documentado, tanto por los órganos de control, como por los
diferentes entes del Poder Ejecutivo. Así mismo, se resaltó que la sentencia
T-153 de 1998 realizó un importante análisis histórico del hacinamiento
carcelario, que evidenció que éste no era un problema novedoso en el
trascurrir nacional.
Allí se pudo establecer, a partir de un informe
presentado por el INPEC, que desde 1938, Colombia había pasado por cuatro
etapas dentro del fenómeno de la ocupación carcelaria, así: “la época del
asentamiento, entre 1938 y 1956; la época del desborde, entre 1957 y 1975; la
época del reposo, entre 1976 y 1994; y la época de la alarma, desde 1995 hasta
la fecha [1998]”[39].
De tal estudio se extractó que la población carcelaria colombiana en 1938
era de 8.686 reclusos, y varió en las distintas etapas hasta llegar a 39.574
internos en 1997, momento para el cual ya se presentaba sobrepoblación de
11.700 cupos.
13. Así mismo en 1998, esta Corte encontró que desde 1989
se había reconocido oficialmente por parte de los poderes Ejecutivo y
Legislativo, que una de las principales causas del hacinamiento carcelario en
el país era “la mala calidad de la infraestructura física penitenciaria y
carcelaria”; situación que, a su vez, generaba condiciones indignas para
los reclusos y vulneraba sus derechos fundamentales pues impedía su
resocialización. La Corte verificó que a pesar de las acciones emprendidas para
superar este flagelo, los resultados eran insuficientes y el escenario no
parecía mejorar. Por tal razón, mediante la Sentencia T-153 de 1998, se
resolvió declarar el ECI en las prisiones.
En ese momento se emitieron órdenes dirigidas, entre
otras, i) a diseñar un plan de
construcción y refacción carcelaria e implementarlo; ii) a crear un lugar
especial para los miembros de la fuerza pública; iii) a separar a los
sindicados de los condenados; iv) a investigar la falta de presencia de los
jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad en las cárceles; y v) a
adoptar medidas de protección urgentes mientras se adoptaban las medidas de
carácter estructural y permanente[40].
14. Así, a partir de tales órdenes se emprendieron una
serie de medidas legislativas y administrativas dirigidas a contrarrestar la
grave situación constatada en 1998. La mayoría de ellas se encaminaron a la
adecuación y refacción de cupos carcelarios y a la creación de nuevos centros de
reclusión, pero también se implementaron algunas reformas legales que
aumentaron los beneficios de excarcelación e incentivaron el uso de penas y
medidas de aseguramiento alternativas. Todo lo anterior contribuyó a la
reducción de los índices de sobrepoblación carcelaria presentados en 1998.
Mediante un informe presentado por la Defensoría del
Pueblo en 2003[41], se evaluó el resultado de tales esfuerzos
y de las políticas implementadas a partir de la Sentencia T-153 de 1998.
Allí se concluyó que las acciones relacionadas con la creación de nueva
infraestructura dieron importantes frutos. A partir de ese informe se pudo
establecer que se había logrado incrementar la capacidad penitenciaria y
carcelaria, ya que mientras en 1990 había 28.380 cupos, en 2003 dicha cifra
ascendió a 48.291 cupos.
En este punto cabe resaltar la continuidad de dicha
política en infraestructura, pues de las
respuestas allegadas a los expedientes acumulados en este proceso, se pudo
extraer que: i) en 2010, dicha capacidad ascendió a 61.100 cupos; ii) en 2012,
el cupo aproximado era de 75.726 internos; y iii) a partir de los lineamientos
propuestos por el Ministerio de Justicia y del Derecho, están en ejecución
varios proyectos que crean cupos adicionales para 2015 y 2016[42].
15. Ahora
bien, a pesar de lo anterior, cabe advertir que en ese mismo Informe (2003), la
Defensoría también precisó que ese éxito era relativo, por cuanto la población carcelaria seguía creciendo en
la misma proporción y a la misma velocidad en que lo venía haciendo en años
anteriores. Por tal motivo, las acciones estatales seguían siendo insuficientes[43].
16. No obstante esta última advertencia, en la sentencia
T-388 de 2013 se resaltó el éxito relativo, referido a la creación y adecuación
de cupos carcelarios a partir de la T-153 de 1998. Por ello, al evidenciar que
uno de los focos de acción a los cuales se dio especial relevancia fue atendido
por las entidades estatales, estimó que ese ECI podía entenderse superado. En esa
medida, en la sentencia T-388 de 2013 se reivindicó la necesidad de un análisis
propio e independiente que atendiera a los contextos fácticos de los
establecimientos penitenciarios y carcelarios presentados en 2013[44].
Nuevo estado de cosas contrario a la Constitución de
1991, declarado mediante la sentencia T-388 de 2013, respecto del Sistema
Penitenciario y Carcelario del país
17. Para identificar plenamente los referidos contextos
fácticos presentados en 2013 y dimensionar la crisis a la que se enfrentaba el
sector penitenciario, la sentencia T-388 de 2013[45], analizó toda la
información que fue allegada en ese proceso acerca de la crítica situación
carcelaria y penitenciaria[46].
Así, de manera general, en esa sentencia
se establecieron varias conclusiones, que pueden sintetizarse así[47]:
·
La política criminal colombiana ha
sido desarticulada, reactiva, volátil, incoherente, ineficaz, sin perspectiva
de Derechos Humanos y supeditada a la política de seguridad nacional;
·
La política criminal colombiana ha
abandonado la búsqueda del fin resocializador de la pena, lo que a su vez
genera mayor criminalidad, pues ese abandono contribuye a convertir los
establecimientos de reclusión, en verdaderas “universidades del delito”;
·
El hacinamiento no es el único
problema del sistema penitenciario y carcelario del país. Sin embargo, toda la
inversión presupuestal se ha dirigido únicamente a la creación de nuevos cupos
carcelarios. Esta estrategia es insuficiente, ya que se abandona la atención de
otras problemáticas igual de importantes;
·
Los problemas que enfrenta el
Sistema penitenciario y carcelario no son nuevos, pero la política criminal
sigue sin resolverlos;
·
Deben atenderse otras problemáticas
diferentes al hacinamiento para superar la violación masiva de los derechos de
los presos en Colombia como, por ejemplo, la adecuación y puesta en práctica de
programas de resocialización, la adecuada prestación de los servicios de salud,
la adecuada prestación de los servicios de agua potable, la prevención de
enfermedades al interior de los penales, la adecuación de espacios salubres e
higiénicos donde los presos puedan alimentarse y satisfacer sus necesidades
básicas con dignidad, la garantía de seguridad y vigilancia para los presos,
entre otros.
18. A partir de
dichas conclusiones y después de resaltar las cifras[48]
que llevaron a la entonces Ministra de Justicia y del Derecho a declarar el
Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria el 28 de mayo de 2013, la
sentencia T-388 de 2013
declaró el ECI en el sistema penitenciario y carcelario[49], debido a que encontró
probado que:
·
Los derechos
constitucionales de las personas privadas de la libertad eran violados de
manera masiva y generalizada[50].
·
Las obligaciones de
respeto, protección y garantía de los derechos de las personas privadas de la
libertad habían sido incumplidas de forma prolongada[51].
·
El sistema
penitenciario y carcelario había institucionalizado prácticas inconstitucionales[52].
·
Las autoridades
encargadas no habían adoptado las medidas legislativas, administrativas o
presupuestales necesarias y eficaces para evitar la vulneración
de derechos[53].
·
Las soluciones a los
problemas constatados en el Sistema penitenciario y carcelario, comprometían la
intervención de varias entidades, requerían de un conjunto complejo y
coordinado de acciones, y exigían un nivel de recursos que demanda un esfuerzo
presupuestal adicional importante[54].
·
Si todas las personas
privadas de la libertad acudieran a la acción de tutela, se produciría una
congestión judicial mayor de la que ya existe[55].
19. Ahora
bien, después de realizar la mencionada declaración de ECI, la sentencia T-388
de 2013 resaltó que las condiciones de
marginalidad y precariedad en las que viven las personas privadas de la
libertad, al no permitir su resocialización, suponen que el juez constitucional
sea especialmente sensible con la protección de sus derechos. En especial, en
un Estado donde se exalta la deliberación y el debate democrático, respetuoso
de las minorías.
Por tanto, en la sentencia se desarrollaron los estándares mínimos que
el Estado debe garantizar a una persona privada de la libertad, para que se
entienda respetada su dignidad humana (sobre los cuales se volverá más adelante
en este fallo). Así mismo, se estableció la necesidad de tomar medidas
tendientes a garantizar la existencia de una política criminal articulada,
consistente y respetuosa de la dignidad humana, orientada a materializar el
respecto efectivo de los derechos de las personas privadas de la libertad.
20. Así mismo, a
partir de los conceptos de justicia retributiva y justicia restaurativa, se
analizó la volatilidad de la política pública en materia criminal y se
reivindicó la necesidad de que la misma se torne en preventiva y tenga como
objetivo central la búsqueda de la resocialización de las personas condenadas.
21. Finalmente,
la sentencia T-388 de 2013 se ocupó de los problemas presentados en cada una de
las tutelas, e impartió órdenes de carácter general y complejo.
Dentro de las medidas que se tomaron en esa ocasión están: i) se
declaró un nuevo ECI; ii) se ordenó al Gobierno Nacional y a otras
instituciones que continuaran con las medidas adecuadas y necesarias para
superar el ECI; iii) se ordenó a la Procuraduría y a la Defensoría a hacerse
partícipes de los procesos de cumplimiento de esa sentencia; iv) se vinculó a
las alcaldías y a las secretarías de salud respectivas, al proceso de
cumplimiento de la sentencia; v) se fijó, para las 6 cárceles y penitenciarías
involucradas, las reglas de equilibrio y equilibrio decreciente[56];
vi) se fijaron las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana que deben
tener los establecimientos de reclusión; vii) se ordenó realizar las medidas
tendientes y necesarias para implementar una brigada jurídica en cada
una de las cárceles involucradas, con el fin de descongestionar las oficinas
jurídicas de los establecimientos de detención y los despachos de los jueces de
ejecución de penas y medidas de seguridad, y al mismo tiempo lograr la libertad
de aquellas personas que cumplen los requisitos para ello; y, por último, viii)
se previó el cierre de los establecimientos estudiados, si los mismos, en 3
años a partir de la notificación de la sentencia, siguen propiciando
condiciones contrarias a la dignidad y a los derechos fundamentales de las
personas[57].
El Estado de Cosas Inconstitucional. Reiteración en el
presente asunto
22. La figura
del Estado de Cosas Inconstitucional, es aquella mediante la cual esta Corte,
como otros Tribunales en el mundo[58],
ha constatado que en algunas situaciones particulares el texto constitucional
carece de efectividad en el plano de la realidad, tornándose meramente formal.
Se ha decretado al verificar el desconocimiento de la Constitución en algunas
prácticas cotidianas en las que interviene la Administración, y en las que las
autoridades públicas, aún al actuar en el marco de sus competencias legales,
tejen su actividad al margen de los derechos humanos y de sus obligaciones
constitucionales, en relación con su respeto y garantía.
Solo aparece cuando se ha reconocido la existencia de dos fenómenos
concurrentes: de un lado del compromiso masivo y generalizado de un número
plural de derechos fundamentales y, de otro, de la relación de éste con fallas
estructurales del Estado, que tornan ineficaces las órdenes que el juez de
tutela pueda emitir en forma aislada.[59]
Ambos fenómenos componen los llamados “casos estructurales”[60],
frente a los cuales las medidas individuales resultan insuficientes.
El ECI se encuentra claramente orientado por la necesidad de
reestablecer “la confluencia armónica de los contenidos iusfilosóficos que
fundamentan los derechos, con los contenidos materiales que los hacen
efectivos, valiéndose de los últimos desarrollos del constitucionalismo, que
han madurado la idea de una ‘Constitución viviente’. Es decir de una
constitución que tenga plena vigencia sociológica, que supere el aislamiento
entre Constitución y realidad”[61].
Focalizadas las causas del ECI, puede afirmarse sin temor a equívoco,
que la primera de ellas, el desconocimiento masivo y generalizado de los
derechos fundamentales, se ve reflejada en el uso, también masivo, de la acción
de tutela, como medio de defensa de los afectados, quienes acuden a la
administración de justicia alegando hechos y buscando protecciones semejantes
entre sí. Su interposición simultánea derivaría en la congestión del aparato
judicial.
Entretanto, las fallas de carácter estructural se revelan a causa (i)
del incumplimiento de las autoridades estatales del deber de garantía y respeto
de los derechos; (ii) de la institucionalización de prácticas
inconstitucionales; (iii) de la ausencia de medidas legislativas o
presupuestales que se orienten a conjurar la situación; y, (iv) de la necesidad
de intervención de varias entidades públicas en la materialización de las
soluciones, que precisan de una intervención compleja y coordinada, y de un
importante esfuerzo presupuestal.
En ese sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido
unívoca y desde tiempo atrás ha reconocido que:
“(…) el estado de cosas inconstitucional se predica de aquellas
situaciones en las que (1) se presenta una repetida violación de derechos
fundamentales de muchas personas - que pueden entonces recurrir a la acción de
tutela para obtener la defensa de sus derechos y colmar así los despachos
judiciales - y (2) cuando la causa de esa vulneración no es imputable
únicamente a la autoridad demandada, sino que reposa en factores
estructurales.”[62]
Así, la Sentencia T-025 de 2004 retomó como causas del ECI estos
dos fenómenos y estableció, en torno a ellos, 6 requisitos para que proceda su
declaratoria. Dichos requisitos fueron la base del análisis de la Sentencia
T-388 de 2013, como quedó expuesto en el fundamento jurídico 17 Ut supra.
23. En el caso
de estudio, los hechos y pretensiones que se pusieron en consideración de los
jueces constitucionales de instancia revelan la afectación de un número
importante de personas –tanto de quienes accionaron como de los demás internos,
sometidos a las mismas condiciones de reclusión-, en varios de sus derechos,
con una amplia dispersión geográfica. El crítico panorama descrito por los
actores es un patrón que actualmente caracteriza al Sistema Penitenciario y
Carcelario, que registra una masiva y generalizada vulneración de los derechos
fundamentales de las personas privadas de la libertad, cuyo número va en
aumento.
24. Cabe
recordar que uno de los fundamentos de la defensa de los accionados y
vinculados a los procesos analizados, fue la complejidad del asunto y la
imposibilidad en que se encuentran para responder a él, individualmente, en
forma efectiva.
Varias veces señaló el INPEC que en materia carcelaria, el Estado
colombiano se encuentra en una situación extrema, pues “la situación actual que presenta [por
ejemplo,] el EPMSC BUCARAMANGA, lo presentan la mayoría de establecimientos,
por no decir TODOS, debido a que el problema de sobrepoblación carcelaria es un
problema de política criminal que actualmente se afronta”[63].
Al referirse a los planteamientos de los
accionantes respecto de la alternativa de prohibición temporal de ingreso de
más reclusos a los diversos penales, sostuvo que se torna en una medida
insulsa, pues “se deja de recibir personas privadas de la libertad en
determinada cárcel o patio con el fin de combatir el deshacinamiento [sic],
pero el efecto es perverso, puesto que, como consecuencia de ello, se hacinan
otros establecimientos de reclusión, violándose de igual manera derechos
fundamentales de otros ciudadanos”[64].
Concluyó el INPEC que la solución a la
problemática del hacinamiento, como a aquellas que están en estrecha relación
con éste, trasciende su órbita de competencia y escapa a sus posibilidades
jurídicas y materiales[65],
de tal manera que a pesar de que:
“El INPEC ha asumido compromisos para contribuir a la solución de la
situación de hacinamiento, con la rotación de internos sin liberación de cupos,
(…) esta medida no está dirigida a una solución de fondo debido al alto nivel
de sobrepoblación a nivel nacional. En los últimos meses del año inmediatamente
anterior, el hacinamiento ascendió a un porcentaje muy alto y seguirá
incrementándose de no darse una respuesta integral a los factores que lo
configuran”[66].
Los razonamientos expuestos por las partes y las instancias en los
diversos expedientes dan cuenta del carácter masivo, general y estructural de
la problemática, en la medida en que precisa de un conjunto de acciones
coordinadas y conjuntas de un número plural de entidades, para lograr impactos
en un alto porcentaje de la población involucrada.
25. Así,
resumido el marco jurisprudencial que sirve como referente a esta sentencia y
antes de entrar a revisar las problemáticas concretas, es necesario reiterar
que la situación en los centros de reclusión sigue siendo contraria a la
Constitución de 1991.
En efecto, al analizar los ítems reseñados en el fundamento jurídico 17
de esta providencia, esta Sala Quinta de Revisión encuentra que, con ocasión de
las denuncias sobre las condiciones de habitabilidad en las cárceles y
penitenciarías de Bucaramanga, Pereira, Santa Rosa de Cabal, Medellín, Bogotá,
Cúcuta, Anserma, San Vicente de Chucurí, Cartago, Palmira, Florencia, Apartadó,
Sincelejo, Roldanillo y Villavicencio, se constata que persiste:
·
La violación masiva
de los derechos constitucionales a la vida en condiciones dignas, a la salud,
al agua potable, a la resocialización de los condenados penalmente, entre
otros, pues es notorio que la gran mayoría de las personas privadas de la
libertad, sometidas a las actuales condiciones de reclusión, que revela el
caudal probatorio, han sido desprovistas no solo del derecho a la libertad,
como lógicamente corresponde, sino del ejercicio de muchas de las demás garantías
constitucionales, sin que ello pueda ser admisible en un Estado Social de
Derecho, bajo ningún argumento.
Como se advirtió, la población recluida en estos centros penitenciarios
asciende a más de 24.107 internos de los
117.000 a nivel nacional, que presentan condiciones de existencia análogas,
como lo han manifestado los intervinientes en este proceso, y como ya lo ha
constatado esta Corporación.
·
El desconocimiento de
los derechos fundamentales además es generalizado, en  la medida en que
se ha consolidado como una práctica a lo largo y ancho del territorio nacional,
como se extrae de las aseveraciones que se han expresado en este apartado.
·
El incumplimiento prolongado
de las obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos de las
personas recluidas, que se estableció, incluso antes del año 1998, cuando se
explicó que el problema relativo a la violación masiva de derechos de los
reclusos, no era novedoso en el país.
·
La institucionalización
de prácticas en el sistema penitenciario y carcelario que son evidentemente
inconstitucionales. Por ejemplo, la exigencia de la interposición de acciones
de tutela para la prestación de servicios de salud, que ni así, llegan a sus
destinatarios; el hacinamiento como fenómeno estructural; la indefinición de
competencias de las autoridades; la corrupción y comercialización de bienes y
servicios básicos en los establecimientos (camas, colchonetas, jabones); el
encierro permanente y prolongado de los reclusos sin luz solar, entre otras.
·
La falta de adopción de
las medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias y
eficaces por parte de las autoridades encargadas, para evitar la
vulneración de derechos. Aunque es claro que el Estado ha realizado esfuerzos importantes
en materia penitenciaria y carcelaria, también es evidente que los mismos no
han sido eficaces para superar la crisis.
Según lo establece el informe enviado a esta Sala por parte de la
Defensoría del Pueblo “en el año 2014 la sobreocupación bordeó máximos
históricos cercanos al 60%”. Allí se asegura que “nunca en la historia
del país la problemática carcelaria fue tan grave como la que enfrentamos hoy”[67],
revelando la insuficiencia de las medidas hasta ahora adoptadas.
Así mismo se comprueba que:
·
Las soluciones a los
problemas constatados en el Sistema penitenciario y carcelario comprometen la
intervención de varias entidades, requieren de un conjunto complejo y
coordinado de acciones, y exigen un nivel de recursos que demanda un esfuerzo
presupuestal adicional importante.
·
Por último, si todas
las personas privadas de la libertad acudieran a la acción de tutela, se
produciría una congestión judicial mayor de la que ya existe.
26. En vista de
todo lo antedicho, la Sala Quinta de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional reiterará el Estado de Cosas Inconstitucional en el Sistema
Penitenciario y Carcelario, declarado en la Sentencia T-388 de 2013, como
consecuencia de la existencia de fallas estructurales en él, relacionadas
directamente con la Política Criminal adoptada por el legislador, derivando en
el compromiso masivo de varios derechos fundamentales en el país, como se
desprende de las verificaciones efectuadas en cada uno de los 16 centros de
reclusión sobre los que versa el presente análisis.
PROBLEMÁTICAS ESTRUCTURALES
27. La
constatación de la existencia de un panorama como el descrito, caracterizado
por la vulneración, constante y sistemática de los derechos fundamentales de
las personas privadas de la libertad, implica el reconocimiento de una complejidad
que lejos de ser esporádica, se torna estructural.
Así concebida la situación carcelaria en el país han de reconocerse las
diferentes problemáticas que comparten, tanto los casos concretos, como la
reclusión general en las diferentes cárceles del país.
PRIMERA
PROBLEMÁTICA: La Desarticulación de la política criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional
28. En este
acápite la Sala pasa a identificar por qué la ausencia de una Política Criminal
articulada, consistente, coherente, fundada en elementos empíricos y enmarcada
constitucionalmente, ha contribuido a ahondar la crisis en el Sistema
Penitenciario y Carcelario[68].
Para tal efecto es necesario definir brevemente ¿qué es la política criminal y
cuáles son sus etapas?
29. La política
criminal ha sido definida por esta Corte como el conjunto de respuestas
que un Estado adopta para hacer frente a las conductas punibles, con el fin de
garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los
derechos de los residentes en su jurisdicción[69].
En esa medida, busca combatir la criminalidad a partir de diferentes
estrategias y acciones en el ámbito social, jurídico, económico, cultural,
administrativo y/o tecnológico, entre otros[70].
Ha sostenido esta Corporación que:
“la política criminal tiene que ver con la
‘criminalización primaria’ o definición de un comportamiento como delito, que
es su fase legislativa; igualmente se vincula con la ‘criminalización
secundaria’, esto es con la determinación de un individuo como responsable de
un crimen ya establecido por la ley, que es el problema de la judicialización o
investigación criminal de los hechos punibles; y finalmente también se vincula
con la ‘criminalización terciaria’, esto es, la ejecución y cumplimiento de la
sanción penal por parte de una persona declarada responsable de un crimen, que
es la fase de ejecución penitenciaria”[71].
Esta noción permite deducir que la política criminal en Colombia debe
ser entendida, en su integralidad, como un sistema compuesto por distintas
etapas, y que cualquier consideración estratégica sobre alguna(s) de las fases
de la política criminal, implica necesariamente la consideración de sus nexos
con las demás, al ser inescindibles entre sí.
La Sala, en un ejercicio analítico, considerará los problemas asociados
a los expedientes en revisión, desde dicha perspectiva, a través de cada una de
las fases de la política criminal y de los problemas correlaciones existentes
en cada una de ellas, que como se verá están estrechamente conectados entre sí.
·
Etapa de formulación y
diseño de la política criminal (Criminalización primaria)
30. La
Sentencia T-388 de 2013 encontró que la crisis del Sistema Penitenciario y Carcelario del
país no se soluciona sólo con la creación de más cupos carcelarios, pues su
superación requiere el ajuste, más que del Sistema Penitenciario y Carcelario,
de la Política Criminal.
A esta conclusión llegó después de analizar varios
documentos, a partir de los cuales estableció que la política criminal colombiana se ha caracterizado por
ser reactiva, desprovista de una adecuada fundamentación empírica, incoherente,
tendiente al endurecimiento punitivo, populista, poco reflexiva frente a los
retos del contexto nacional, subordinada a la política de seguridad, volátil y
débil. Estas características resultan  problemáticas, en tanto, desligan la
política criminal de sus objetivos principales: combatir la criminalidad y
lograr la efectiva resocialización de los condenados.
Conviene hacer una breve exposición sobre los problemas referidos, a
partir de las conclusiones de la sentencia en cita[72]
y del Informe Final de la
Comisión Asesora de Política Criminal[73],
con la finalidad de identificar el panorama general y la naturaleza actual de la
política criminal.
La política criminal colombiana es reactiva y toma
decisiones sin fundamentos empíricos sólidos
31. La Comisión Asesora denuncia que en Colombia los entes
encargados de la formulación y el diseño de la política criminal (Congreso y
Gobierno Nacional, entre otros) han adoptado decisiones de forma reactiva
y sin fundamentos empíricos sólidos.
Tales decisiones están generalmente basadas en la
necesidad de responder con celeridad a fenómenos sociales mediados por la
opinión pública y de mostrar resultados contra el crimen, para aumentar la
popularidad de un determinado sector político. No tienen como principal finalidad
impactar los índices de criminalidad y, rara vez, se sostienen en fundamentos
sólidos que permitan relacionar la expedición de una norma y la reducción real
de un fenómeno criminal.
Uno de los ejemplos que usó la Comisión Asesora para
referenciar la reactividad de la política criminal fue el proyecto de Ley 206
de 2010 del Senado, conocido como el referendo en pro de la cadena perpetua
para quienes cometieran delitos en contra de niños y niñas. No tenía sustento
empírico que demostrara cómo perpetuar las penas, impactaría positivamente en
la reducción de la criminalidad en contra de los menores de edad; a pesar de
que su objetivo (la abstracta protección a la niñez) era loable, no lograba
mostrar su efectividad.
Casos como estos, enfocados en la penalización y el endurecimiento
punitivo de los conflictos sociales abundan en el contexto nacional, en el que
circulan propuestas como la penalización autónoma de la conducción en estado de
embriaguez[74],
la propuesta de cadena perpetua para violadores[75], la ley
anticontrabando o la penalización de los ataques con ácido, entre otros.
32. Para la Comisión ese manejo de la política criminal,
en su etapa de formulación y diseño, caracterizado por la toma de decisiones
apresuradas y, por ende, sin datos y hechos empíricos sólidos que las
fundamenten, genera dificultades importantes en la labor de seguimiento
posterior a estas medidas, lo que impide evaluar certeramente su eficacia hasta
el punto de engendrar problemas adicionales.
El primer problema está relacionado con la
imposibilidad de mantener coherencia normativa, en especial, del sistema
de penas, pues al no contar con datos claros, los encargados de formular la
política criminal pasan por alto los efectos de aumentar o disminuir penas de
forma atomizada y en desproporción con la totalidad de las conductas punibles y
de las consecuencias jurídicas asociadas a ellas[76]. El conjunto penal
pierde el carácter sistémico que debe caracterizarle y se torna en un cúmulo
disgregado de sanciones, reduciendo su legitimidad.
El segundo lugar, la producción reactiva de leyes penales
y de procedimiento penal, sin tener bases de datos que arrojen información
sobre la capacidad institucional en las demás fases de la política
criminal, dificulta el cálculo de las consecuencias de las reformas.
Tiene, así, efectos negativos sobre el trabajo de los
operadores jurídicos en el proceso penal y agrava de forma importante los
llamados cuellos de botella que se presentan en la fase de criminalización
secundaria.
Además, existe una relación de causalidad entre la
formulación reactiva de la política criminal en Colombia y el aumento del
hacinamiento en las cárceles del país(fase de criminalización terciaria o de
ejecución de la pena), por lo menos en los últimos 20 años.
Según la Comisión Asesora, cuando se presentan ciclos
de endurecimiento de la política punitiva también se incrementan los índices de
hacinamiento en el sistema penitenciario y carcelario, ya que en la mayoría de
ocasiones las decisiones se toman sin consideración a las dinámicas de las
subsiguientes etapas de implementación y ejecución de las medidas adoptadas[77]; las decisiones que se
asumen en desarrollo de cada uno de las etapas se adoptan en forma desagregada
y en desconocimiento de las repercusiones sociales y económicas que tienen, y
de tal forma en desconocimiento del carácter sistémico de la política criminal.
Tolo lo anterior muestra que la política criminal
colombiana necesita con urgencia crear y fortalecer los precarios sistemas de
información sobre la criminalidad y sus dinámicas, para poder presentar
propuestas que retroalimenten las diversas respuestas institucionales a los fenómenos
criminales.
De igual forma, lo expuesto devela la necesidad de
generar formas de coordinación entre los involucrados en dicha política
pública, para que las acciones emprendidas tengan un objetivo común. (Sobre
estos puntos se volverá más adelante, al trata del rol del Ministerio de la
Presidencia de la República en la superación del ECI)
La política criminal colombiana tiene una tendencia al
endurecimiento punitivo (populismo punitivo)
33. La tendencia al endurecimiento punitivo es una
característica de la política criminal colombiana que, según el diagnóstico
realizado por la Comisión Asesora, puede evidenciarse a partir del estudio de: (i)
la creación de nuevas conductas penales, (ii) el incremento en las penas
mínimas y máximas de los delitos existentes y, (iii) el aumento de las personas
privadas de la libertad.
En efecto, a partir del estudio realizado, la Comisión
encontró que desde el año 2000 hasta el 2011[78],
las principales modificaciones a la legislación penal existente: (i) crearon 47
nuevos tipos penales[79];
(ii) aumentaron las penas de 80 delitos existentes[80]; e (iii) incrementaron
el número de personas privadas de la libertad en las cárceles, no sólo en
términos netos, sino también en proporción a la población colombiana, pues “el número de personas privadas de la libertad se
triplicó entre 1992 y 2010, pues pasó de unos 27.000 a más de 81.000, mientras
que la tasa por cien mil habitantes se incrementó también considerablemente, multiplicándose por aproximadamente 2.5, pues pasó de
79,9 a 178,2”[81].
34. Para la Comisión éstas y otras cifras muestran
claramente la tendencia al endurecimiento punitivo, que a pesar de poderse
explicar por diversas causas (incremento de fenómenos delictivos como
narcotráfico, conflicto armado, corrupción, etc.), no tienen una explicación
sólida debido a la referenciada carencia de sistemas confiables de información
que permitan evaluar el impacto real de las medidas tomadas.
La Comisión Asesora ha concluido que el incremento en
la severidad penal, al no ser producto de una reflexión seria sobre los
fenómenos criminales, “es una expresión de lo que los autores conocen como
‘populismo punitivo’, que pretende que la solución a los problemas de impunidad
o de incremento de ciertos crímenes debe ser siempre el aumento drástico de las
penas”[82].
35. La prisión ha llegado a convertirse paulatinamente en
el eje de la política criminal, a partir de
“La extendida percepción de inseguridad [que] ha sido también
responsable de que se la politice, y ha abierto la puerta al aprovechamiento
político del miedo al crimen y al uso del populismo punitivo como estrategia
para originar consenso acerca de las medidas de justicia expresiva adoptadas, y
para capitalizar electoralmente la ansiedad de la población”[83]
De tal modo el panorama de la política criminal actual
se traduce en la adopción de medidas legislativas coyunturales que se alejan de
la finalidad de la pena y del derecho penal,
“en desmedro de su tradicional carácter de ultima ratio, así como de
sus notas de fragmentariedad y de subsidiariedad; alejándose del ideario
ilustrado afincado en la libertad individual y en la dignidad humana, con el
consecuente favorecimiento de modelos autoritarios y expansivos propios de un
derecho penal ‘moderno’, donde la acción estatal es apenas aparente e incide
únicamente en el ámbito psicológico-social, convirtiendo al derecho penal en un
mecanismo simbólico”[84].
Conforme lo anterior, la política criminal actual obedece
a factores que deforman el derecho penal, en sus más primigenios orígenes y
derroteros, como respuesta a las impresiones mayoritarias, momentáneas y
circunstanciales, sobre las necesidades de la sociedad, en detrimento del valor
constitucional de la libertad.
36. Corresponde por tanto, en aras de estructurar una
política criminal ajustada a los principios constitucionales en materia punitiva,
además de llamar la atención sobre este aspecto, consolidar soluciones duraderas,
que permitan incidir en la perspectiva social del derecho penal, a través de
una campaña de concientización, que ofrezca información suficiente sobre sus
fines y limitaciones, de tal forma que la ciudadanía cuente con elementos de
juicio para identificarlos y valorar las situaciones concretas, de cara a
ellos.
Lo anterior, en el marco de un plan de reversión de la
concepción de la cárcel como eje de la solución de los problemas que aquejan a
la sociedad, en la medida en que dicha concepción incide en forma directa en el
hacinamiento carcelario actual.
Esta Sala advierte conforme lo anterior, la necesidad
de que como parte de la política criminal, asumida como un sistema de actuaciones
conjuntas y coordinadas que convocan al Estado para resguardar los bienes
jurídicos que estima preponderantes, disuadiendo su desconocimiento y
resocializando a quien los desestima, siendo de alto impacto para la sociedad,
se desarrolle un esquema de concientización de la sociedad sobre el carácter
residual del derecho penal, el valor del derecho a la libertad y la necesidad
de la racionalización de la sanción privativa de la libertad, como sus
consecuencias y fines.
Así, en esta oportunidad la Corte se ve en la
necesidad de proferir órdenes al Ministerio de Justicia y del Derecho, para que,
en los términos del párrafo anterior, diseñe, consolide y desarrolle un esquema
publicitario que, basado en las alternativas penales de la prisión, en sus
objetivos y naturaleza, reenfoque la mirada sobre ella y permita revalorar la
capacidad que tiene para contener el crimen y, simultáneamente, realizar los
derechos individuales en consonancia con las necesidades sociales.
La política criminal colombiana es poco reflexiva
frente a los retos del contexto nacional
37. Del informe presentado por la Comisión también se
puede extraer que quienes diseñan y formulan la política criminal no tienen en
cuenta las particularidades de nuestros contextos, lo cual se explica en parte,
también, por la ausencia de fundamentación empírica y de bases de datos serias
y confiables, que permitan retroalimentar la función y el impacto de política
punitiva en la sociedad.
En este punto se explica cómo el no tener en cuenta
diversos factores, hace que la política criminal se torne inequitativa en la
distribución de costos y beneficios, y a su vez, se ensañe con determinadas
clases sociales, generalmente afectadas por la desigualdad e inequidad social y
económica. En especial se resalta que factores tales como la diversidad
regional y social, el grado de presencia estatal en las distintas zonas del
país, la complejidad de algunos fenómenos criminales focalizados (narcotráfico,
corrupción, conflicto armado, entre otros), la inequidad y el grado de pobreza
no son tenidos en cuenta en la actualidad para diseñar la política criminal.
La política criminal colombiana está subordinada a la
política de seguridad
38. Para la Comisión es claro que la política criminal y
la de seguridad deben tener una relación armónica y coordinada. Sin embargo,
advierte que en Colombia la seguridad ha tenido preponderancia “debido principalmente
al conflicto armado interno y su entrecruzamiento con el narcotráfico”[85].
Esta situación ha generado que las estrategias sobre
política criminal queden, en su mayoría, subordinadas a los imperativos de las
políticas de seguridad que se marcan sólo por factores como hacer la guerra o
resolverla a través de soluciones negociadas.
Lo anterior resulta problemático, pues esta dinámica
ha contribuido a que no se fortalezcan las instituciones y entidades encargadas
de las diversas etapas de la política criminal, sino que las mismas se supediten
a la seguridad nacional, lo que es sólo una parte del problema.
La política criminal colombiana es inestable e
inconsistente
39. A partir de lo desarrollado sobre (i) la reactividad
en la formulación de la política criminal en Colombia, (ii) la incoherencia
normativa e institucional que esa práctica genera y (iii) la ausencia de
fundamentación empírica, se puede concluir que, hasta hace pocos años, la
política criminal se concebía como una simple unión de acciones en contra de la
criminalidad, muchas veces descoordinada, sin seguimiento, sin objetivos
claros, y sin sustento.
En efecto, el hacinamiento y la crisis actual del
sistema penitenciario y carcelario, son consecuencia de los niveles de
inestabilidad y de ausencia de coordinación estatal en esta materia.
40. Ahora bien, según lo informado por la Comisión
Asesora, a partir del año 2010, el Gobierno Nacional emprendió esfuerzos, al
menos normativos, para lograr que se consolide una política criminal más
estable y con objetivos a largo plazo. Así, en dicho informe se estudió la
consagración, en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, de las líneas
generales de acción en esta materia.
En este punto se resalta que el Plan Nacional hizo énfasis
en que la política criminal requiere un “andamiaje institucional” que la
desarrolle y ponga en práctica. Así mismo, estableció que supone la acción
coordinada de todos los intervinientes, que permita mejorar los procesos de
evaluación de resultados y de rendición de cuentas, todo lo cual contribuirá a
disminuir la impunidad y fortalecer la convivencia, la inclusión y la
seguridad.
Así mismo, es importante reconocer, a partir de las
comunicaciones remitidas a este despacho por parte del Ministerio de Justicia y
del Derecho[86],
que se ha avanzado con la preparación y expedición de dos documentos CONPES: uno
dirigido a fijar las bases de la Política Criminal y el otro encaminado a darle
un nuevo enfoque a la Política Penitenciaria y Carcelaria (CONPES 3828 de 2015)
que también desarrollan y enmarcan las líneas generales de acción.
De igual forma, se hace necesario reconocer la
continuidad del esfuerzo realizado por el Gobierno Nacional, ya que en la Ley del
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018[87],
se incluye como una de las “estrategias de inversión/objetivo”, la
consecución de una “política criminal con enfoque restaurativo”, para la
cual se estima una inversión de $5.894.535
millones, a partir de diversas fuentes de financiación.
En uno de los documentos preparatorios[88]
de dicho Plan Nacional 2014-2018 se reiteró la necesidad de corregir las “graves falencias, [de la política criminal] particularmente, porque es reactiva, poco
reflexiva, inestable e inconsistente, lo que repercute en la calidad de su
gestión”. Se indicó que “en efecto, durante las últimas dos décadas ha
existido un incremento significativo de la severidad punitiva y del recurso a
la privación de la libertad. Sin embargo, la experiencia internacional señala
que la capacidad real de estas medidas para prevenir los crímenes y enfrentar
problemas sociales complejos es limitada. Adicionalmente, esto ha generado
presión sobre la situación de hacinamiento carcelario, alcanzando para 2014 una
tasa del 52,7% en los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país,
situación que se agrava dado que el 88% de la infraestructura penitenciaria
resulta inadecuada de acuerdo con los estándares requeridos”[89].
41. A pesar de estos importantes avances, es preciso
insistir en la necesidad de acciones reales. Según indica la Comisión Asesora, “la
eficacia real de estos planteamientos incorporados al Plan [aquí se refiere
al de 2010-2014] no parece clara pues muchos pronunciamientos del propio
Presidente de la República parecen alejarse de estas orientaciones. Además
muchas leyes aprobadas [ver fundamento jurídico 31 de esta sentencia] en
este periodo no parecen tampoco seguir los lineamientos de política criminal
incorporados al Plan”[90].
Conforme lo anterior, es claro que los esfuerzos no
han sido suficientes y en la actualidad la política criminal colombiana sigue
siendo inestable e inconsistente.
La política criminal colombiana es volátil, en tanto,
existe debilidad institucional
42. Para la Comisión Asesora la debilidad institucional en
la formulación de la política criminal es uno de los factores que explican su
carácter volátil e incoherente. En el informe se explica que si bien, la
Constitución consagra un marco normativo y un reparto de competencias para el
manejo de la política criminal, que en teoría contribuirían a fortalecer la
capacidad institucional en este aspecto, la debilidad institucional está
presente en la práctica por diversos factores normativos e institucionales.
En primer lugar, como factor normativo, la Comisión
explica que la Constitución prevé reserva legal para la consagración de nuevos
tipos penales, lo cual resulta problemático, pues ello genera que, a pesar de
que exista un código penal, en él no se encuentren consagrados en forma
sistemática todos los delitos y sanciones; de tal modo la normativa penal se
encuentra dispersa en varias leyes cuyo origen y control es el de una ley
ordinaria. Lo anterior genera proliferación de normas que consagran delitos, y ahonda
las incoherencias normativas del sistema sancionatorio penal en Colombia,
afectando la seguridad jurídica.
En segundo lugar, como factor institucional, la
Comisión manifiesta que en la medida en que la Corte Constitucional ha
entendido que las leyes penales son y pueden ser ordinarias, y no estatutarias,
a pesar de que comprometen directamente el derecho fundamental a la libertad,
la política criminal se torna incoherente. Según la Comisión, lo anterior
constituye una falla institucional que promueve la volatilidad y discordancia
de la política criminal en tanto permite la expedición de normas que, siendo
consideradas a la luz de la contingencia en su más particular acepción, no
tienen la vocación de integrar un sistema articulado y coherente de delitos y
penas, que muchas veces trastocan.
Así mismo, la Comisión Asesora considera que dar
reserva de ley estatutaria a las leyes penales fortalecería institucionalmente
a la política criminal desde dos frentes: por un lado, el control previo de la
Corte Constitucional podría limitar la incoherencia y la desproporción al
interior del sistema penal. Y de otro lado, las exigencias del trámite de una
ley estatutaria en el Congreso favorecerían que la legislación penal fuera más
estable y se expidiera con un nivel mayor de consenso social y político.
En tercer lugar, como factor institucional, la
Comisión una falla en la multiplicidad de entidades que tienen iniciativa
legislativa en materia de política criminal, en tanto esto facilita la
concurrencia de propuestas de leyes dispares, incoherentes e incluso
contradictorias. En este sentido, se reivindica la necesidad de crear una
institución que sea articuladora de la política criminal, desde el proceso
mismo de su diseño.
43. Por todo lo anterior, se insiste que en el panorama
actual la debilidad institucional entorpece el objetivo de construir una
política criminal coherente y estable.
·
Etapa de implementación y
ejecución de la política criminal, en especial, en relación con el proceso
penal. (Criminalización secundaria)
44. Una vez
identificadas algunas de las problemáticas en la primera fase de la política pública
en materia de criminalidad, es importante advertir que, al entender que la
política criminal es un todo, muchas de las problemáticas anteriores, permean y
reflejan sus consecuencias en esta segunda etapa.
Si bien se han emprendido varias reformas[91]
en esta etapa de la política criminal, se presentan los problemas ligados a la reactividad
estatal, al populismo punitivo y a la ausencia de fundamentación empírica que
se describieron anteriormente, y que impactan de forma negativa las condiciones
de reclusión y la problemática carcelaria.
45. El principal
problema de la etapa de criminalización secundaria que guarda estrecha relación
con el hacinamiento carcelario, tiene que ver con el uso excesivo de las
medidas de aseguramiento privativas de la libertad, que está
directamente relacionado, además, con la falta de mecanismos de separación y
trato diferenciado entre condenados y sindicados, que se abordará más adelante.
Una muestra de lo anterior, se encuentra en la exposición de motivos de
la Ley 1760 de 2015[92],
también conocida como la Ley que regula la detención preventiva, en donde, al
menos normativamente, se reconoce el impacto negativo de tener una política
criminal desarticulada y fragmentada. Allí se indica que la política criminal “se
ha caracterizado por carecer de una estrategia sólida para reducir la
conflictividad social”[93]
y que se refleja en el uso excesivo de las medidas de aseguramiento (artículos
310 y 131 de la Ley 904 de 2004).
En dicha exposición se cita el Informe sobre el Uso de la Prisión
Preventiva en las Américas, publicado por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos[94],
pues en el mismo se advierte que en Colombia se ha usado la detención
preventiva “para forzar a los procesados a que colaboren aceptando los
cargos o aportando pruebas en contra de otros sospechosos, razón por la cual
los fiscales imputan y solicitan la prisión preventiva, aun cuando no tengan
suficiente evidencia”. Es decir, la medida de aseguramiento privativa de la
libertad se usa como una herramienta de investigación, y no como un mecanismo
restringido para salvaguardar a la comunidad, como es de su naturaleza.
En esa ocasión también se manifestó que muchas veces, ese uso excesivo
de la prisión preventiva atiende a presiones sociales y mediáticas que
apuestan, únicamente, por la represión penal como forma de contrarrestar la
delincuencia (populismo punitivo), y que olvidan que dicha figura, en un
Estado Social de Derecho, debe tener un carácter restringido.
Anotó además que la atención efectiva del hacinamiento
requiere que los Estados adopten políticas y estrategias que incluyan: (i)
reformas legislativas e institucionales necesarias para asegurar un uso
racional de la prisión preventiva, y que realmente se recurra a esta medida de
forma excepcional; (ii) la observancia de los plazos máximos establecidos
legalmente para la permanencia de personas en detención preventiva; (iii) la
promoción del uso de medidas alternativas o sustitutivas de la detención
preventiva y de la privación de libertad como pena; (iv) el uso de otras
figuras propias del proceso de la ejecución de la sentencia, como las
libertades condicionales, asistidas y las redenciones de pena por trabajo o
estudio; (v) la modernización de los sistemas de administración de justicia de
forma tal que se agilicen los procesos penales; y (vi) prevención de las
detenciones ilegales o arbitrarias.
46. En este
punto es importante señalar que existe una relación directa entre el mencionado
uso excesivo de la prisión preventiva y el hacinamiento carcelario. En términos
del Ministerio de Justicia y del Derecho “de las 119.378 personas privadas
de la libertad en los establecimientos penitenciarios a cargo del INPEC, el 38%
de la población, es decir 44.322 internos son detenidos preventivamente”[95].
Adicionalmente, se advierte que el mencionado uso excesivo de la
detención preventiva ha generado costos, no sólo en derechos, sino también
patrimoniales, debido al alto número de demandas y condenas contra el Estado
que genera del uso desmedido de la prisión, como medida de aseguramiento. Para
el  año 2014, cursaban 18.797 procesos por privación injusta de la libertad,
cuyas pretensiones ascendían a 23,9 billones de pesos[96].
47. Identificada esa
problemática, ha de advertirse que en la fase de criminalización secundaria
persisten otro tipo de problemáticas[97], no obstante, no serán abordadas en esta oportunidad,
pues la Sala se concentra en la relación entre las fases de política criminal, desde
la óptica de la afectación al sistema penitenciario y carcelario. Por ello, se
hace especial énfasis en la problemática que representa el uso excesivo de la
detención preventiva, tal y como se planteó.
·
Etapa de implementación y
ejecución de la política criminal colombiana, en especial, en relación a la
ejecución de las penas y el cumplimiento de las medidas de aseguramiento.
(Criminalización terciaria)
48. Finalmente,
se llega a la identificación de las problemáticas presentes en la tercera fase
de la política pública en materia criminal. En esta fase están involucradas
todas las entidades que integran el Sistema Nacional Penitenciario y
Carcelario que, según el artículo 7º
de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 7° de la Ley 1709 de 2014, son
el Ministerio de Justicia y del Derecho; el INPEC y la USPEC (adscritos a dicho
Ministerio); los centros de reclusión del país; la Escuela Penitenciaria
Nacional; el Ministerio de Salud y Protección Social; el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, ICBF, y las demás entidades públicas que ejerzan funciones
relacionadas con ese sistema.
En la etapa de ejecución de penas y medidas de
aseguramiento es en la que se muestran los síntomas de todas las dificultades,
previamente reseñadas, que emergen de la política criminal actual. Es en esta
etapa en la que se verifican las anomalías denunciadas en las acciones de
tutela objeto de estudio.
Entre dichos síntomas se encuentran afectaciones
relacionadas con las condiciones de reclusión a las que, sindicados y
condenados, son sometidos: el hacinamiento y las otras causas de violación
masiva de derechos, la reclusión conjunta entre condenados y sindicados, las
fallas en la prestación de los servicios de salud en el sector penitenciario y
carcelario, la precariedad de la alimentación suministrada y las condiciones
inhumanas de salubridad e higiene de los establecimientos de reclusión, entre
otras.
49. Para efectos de precisar los parámetros y las
soluciones concretas frente a cada uno de estos problemas, tendrán su análisis
propio más adelante. Antes de ello, y por oposición, es necesario hacer mención
de los parámetros que deben regir la vida en la prisión, es necesario cerrar esta
valoración de la política criminal fijando un estándar mínimo que enmarcará las
órdenes que dará la Sala de Revisión mediante esta sentencia.
Estándar constitucional mínimo que debe cumplir una
política criminal respetuosa de los derechos humanos
50. Para la construcción del referido estándar
constitucional mínimo se toman como referentes algunos de los
lineamientos formulados en la Sentencia T-388 de 2013 y el Informe Final de la
Comisión, sin abordarlos en su totalidad[98].
Lo anterior, en tanto esta ocasión la Sala Quinta estima conveniente centrarse
en mínimos verificables a través de la gestión de instituciones
específicas en plazos determinados o determinables, que contribuyan a fijar
soluciones concretas.
El estándar que se fija en esta oportunidad parte de
la idea de que el cambio de perspectiva que requiere la política criminal en
Colombia para lograr mínimos de estabilidad y coherencia, es gradual,
y por ello, las acciones también deben serlo. Los mínimos verificables
permitirán orientación de la gestión de la Administración y una medición más
certera de los resultados.
51. Aclarado lo anterior y visto el panorama sobre la
actualidad de la política criminal en Colombia, para la Corte Constitucional
resulta un imperativo democrático sostener que la creación y el fortalecimiento
de una política criminal seria, coherente, fundamentada empíricamente y
constitucionalmente enmarcada, es un objetivo estatal al cual deben orientarse
las autoridades públicas sin más dilaciones, en la medida en que una concepción
distinta de ella implica, como se ha verificado, la afectación de los derechos
de un conjunto importante de personas.
Por ello, esta Sala de Revisión pasa ahora a proponer
el estándar constitucional mínimo que debe cumplir la política criminal
colombiana para respetar los derechos humanos y constitucionales.
a)
La
política criminal debe tener un carácter preventivo. Uso del derecho penal como
última ratio.
52. A partir del diagnóstico presentado quedó claro que la
política criminal colombiana se ha caracterizado por ser una respuesta al
populismo punitivo. Por ello, uno de los aspectos que debe transformarse es el
enfoque de la política criminal, que debe dejar de considerarse como la
principal respuesta a los problemas de la vida social.
Es necesario para ello rescatar el principio del
derecho penal como última ratio. Según la Comisión Asesora un Estado
democrático de derecho debe minimizar el uso del poder punitivo, “pues si la
garantía y la protección de los derechos humanos y de los bienes jurídicos
fundamentales pueden ser alcanzados por vías distintas a la penal, como la política
social, las políticas preventivas o el uso de mecanismos administrativos de
control, entonces es ilegítimo recurrir al instrumento penal”[99].
Adoptar el principio del derecho penal como última
ratio implica que todas las entidades estatales involucradas desarrollen políticas
serias de prevención de la delincuencia y la criminalidad.
53. En este punto es importante resaltar que “la
prevención y la lucha contra la criminalidad no pueden basarse exclusivamente
en el derecho penal”, en tanto, los factores que inciden en la delincuencia
son potenciados por la desigualdad, la discriminación y la exclusión de nuestra
sociedad[100].
Para enfrentar el populismo punitivo, es necesario que
las instituciones del Estado encargadas de diseñar la política criminal cambien
de perspectiva y entiendan que el delito no se puede combatir exclusivamente
con el incremento de las penas.
Deben potenciarse estrategias contra el delito desde
perspectivas diferentes al derecho penal. Aquí el Gobierno Nacional ha
presentado varias estrategias, en especial relacionadas con la delincuencia
juvenil y la lucha contra las drogas. Sin embargo dichas iniciativas necesitan
materializarse en resultados tangibles.
b)
La
política criminal debe respetar el principio de la libertad personal, de forma
estricta y reforzada.
54. Si bien es cierto que la restricción a la libertad
personal como causa de la comisión de una conducta punible, es un instrumento
legitimado en la mayoría de los Estados modernos, no puede perderse de vista
que la prisión y las penas privativas de la libertad no son las únicas
estrategias para combatir el delito.
La limitación al derecho de libertad personal tiene un
fin resocializador y busca, básicamente, disuadir a la sociedad de cometer
conductas punibles y evitar la reincidencia delincuencial. Como tempranamente expuso
Beccaria:
“es evidente que el fin de las penas no es
atormentar y afligir a un ente sensible, ni deshacer un delito ya cometido. ¿Se
podrá en un cuerpo político, que bien lejos de obrar con pasión, es el
tranquilo moderador de las pasiones particulares, se podrá, repito, abrigar
esta crueldad inútil, instrumento del furor y del fanatismo o de los débiles
tiranos? ¿Los alaridos de un infeliz revocan acaso del tiempo, que no vuelve,
las acciones ya consumadas? El fin, pues, no es otro que impedir al reo causar
nuevos daños a sus ciudadanos y retraer a los demás de la comisión de otros
iguales. Luego deberán ser acogidas aquellas pena y aquel método de imponerlas,
que guardada la proporción hagan una impresión más eficaz y más durable sobre
los ánimos de los hombres, y la menos dolorosa sobre el cuerpo del reo.”[101]
Adicionalmente, la privación de la libertad ha de
estar regida por el principio de proporcionalidad de la pena, que obliga al
Estado a revisar la gravedad de la afectación del bien jurídico protegido y la
pena.
55. En vista de lo anterior, y después del diagnóstico
realizado, se puede concluir que en Colombia se debe ampliar y potencializar el
uso de penas alternativas a la privación de la libertad, no sólo como
estrategia para enfrentar el hacinamiento carcelario, sino porque “las
medidas alternativas así implementadas, de acuerdo con los informes que sobre
ellas se han elaborado, han impactado positivamente en la reducción de la reincidencia,
en la prevención del delito y en el mejoramiento de las condiciones de
funcionamiento de los sistemas carcelarios, con efectos positivos palpables
sobre los derechos fundamentales de los reclusos”[102].
En esa medida es urgente y necesario implementar un
proyecto amplio de penas y medidas alternativas a la prisión que permita
avanzar en el cumplimiento de las obligaciones del Estado en esta materia. Para
ello es necesario no perder de vista que incluso desde sus orígenes:
“Ya en los primeros años del siglo XIX se tendrá
conciencia de su novedad; y, sin embrago, ha aparecido tan ligada, y en
profundidad, con el funcionamiento mismo de la sociedad, que ha hecho olvidar
todos los demás castigos (…) Se saben todos los inconvenientes de la prisión, y
que es peligrosa cuando no es inútil. Y, no obstante, no se ‘ve’ por qué
reemplazarla.”[103]
De tal modo, estando la prisión vinculada desde hace
largo tiempo a la dinámica de la vida en sociedad, y arraigada en ella como fuente
de solución de conflictos sociales, sin ser el único castigo previsto pero si
el más difundido y acogido, el Legislador y el sistema penitenciario y
carcelario, se encuentran ante un reto histórico.
56. Además de la consolidación de ideas alternas a la
prisión, también se hace necesario revisar el actual sistema de penas, de
acuerdo con el principio de proporcionalidad y con los bienes jurídicos que
pretenden protegerse. Lo anterior, para contribuir a superar la incoherencia
del sistema de penas legalmente establecido.
c)
La
política criminal debe buscar como fin primordial la efectiva resocialización
de los condenados.
57. En consonancia con lo anterior, es importante recalcar
que la política criminal colombiana perdió de vista el fin resocializador de
la pena privativa de la libertad, en tanto, el sistema previsto para su
ejecución está en una profunda crisis humanitaria. Por ello es necesario que
todas las entidades estatales involucradas retomen la resocialización como su
enfoque principal.
“La finalidad correccional (…) [implica] asumir que el
individuo que ha cometido un delito debe ser castigado con la privación de la
libertad por un tiempo mas o menos prolongado para que dicha duración sea
empleada útilmente a los fines de su transformación en un individuo que no
cometerá delitos en el futuro, es decir, en un ‘no-delincuente’ en tanto vía para
la producción del ‘no-delito’”[104]
Es imperioso recordar que el esfuerzo por la
resocialización del delincuente y por su incorporación a la vida en sociedad
después de su castigo, se traduce en beneficios para la comunidad. Por el
contrario abandonar tal enfoque hace que el sistema penitenciario y carcelario se
convierta en un sistema multiplicador de conflictos[105] que genera más y “mejores”
delincuentes (la cárcel como universidad del delito), lo que finalmente
termina siendo más costoso para el conglomerado social.
A este respecto, la Defensoría del Pueblo informó[106] que“la
incapacidad resocializadora del estado colombiano adquiere mayor dimensión al
observar el parágrafo del artículo 144 del Código Penitenciario y Carcelario,
el cual supedita el fin principal de la pena privativa de libertad a las
disponibilidades del personal y de la infraestructura de los centros de
reclusión” [107].
58. En vista de lo anterior, la Comisión Asesora para la
Política Criminal identificó algunos puntos de acción que esta Sala considera
necesario reiterar:
i)
La pena y su fin
resocializador debe tener tiempos mínimos y máximos para ser ejecutados, para
que brinden una expectativa seria de vida en libertad al condenado. Sin
embargo, la determinación de estos tiempos requiere de una investigación empírica
que no se ha realizado aún.
ii)
Es necesario
reestructurar los modelos de trabajo, estudio y enseñanza en los centros de
reclusión para que sean tomados como formas de resocialización, y no como
simples factores de redención de la pena.
iii)
Es necesario que se
redistribuyan las cargas administrativas y presupuestales del sistema
penitenciario, para que los programas de resocialización tengan posibilidades
reales de ejecución.
d)
Las
medidas de aseguramiento privativas de la libertad deben ser excepcionales.
59. En concordancia con lo ya expuesto sobre el respeto
reforzado al principio de la libertad personal en un Estado Social de Derecho,
es necesario que en nuestro sistema penal la detención preventiva recupere su
carácter excepcional.
Como se indicó anteriormente, sobre este punto se han
presentado avances normativos, sin embargo, son alarmantes los informes que
comprueban que en Colombia este instrumento de protección a la comunidad, se ha
convertido en una especie de herramienta de investigación o de sanción
anticipada para las personas sindicadas, que afecta gravemente el principio de
presunción de inocencia.
Del diagnóstico presentado, se tiene que puede haber
dos grandes causas que han promovido el irrespeto por el principio de la
excepcionalidad de la detención preventiva, a saber: (i) el aumento normativo
de la rigurosidad en la imposición de medidas de aseguramiento privativas de la
libertad, que disminuyen la discrecionalidad del funcionario judicial; o (ii)
la facilidad argumentativa con la que los fiscales solicitan la medida y los
jueces la adoptan, debido a presiones sociales o mediáticas.
60. Identificadas estas causas, se tiene que no hay
suficiente información empírica y confiable que permita plantear o definir esta
problemática en términos de acciones frente a una u otra causa. Es decir, la
cuantificación del problema no puede ser definida sin información detallada,
que muestre la complejidad del mismo.
Por tanto, en este punto es necesario que se creen o
desarrollen bases de datos en las cuales se identifiquen los motivos por los
que los jueces adoptan las medidas de aseguramiento privativas de la libertad
(con diferentes variables como por ejemplo, causales de la imposición de la
medida, delitos endilgados, antecedentes del sindicado, entre otras), con el
objetivo de cuantificar la problemática y adoptar soluciones sustentadas en
datos empíricos.
e)
La
política criminal debe ser coherente.
61. La política criminal actual es incoherente e impacta
negativamente en las posibilidades de coordinación armónica de las instancias
estatales involucradas. Se evaluó la precariedad de los diseños institucionales
que, por ejemplo, permiten a múltiples organismos tener iniciativa en la
formulación de política criminal, sin la más mínima instancia de coordinación.
Por ello, es importante reiterar que para que la
política pública en materia criminal sea coherente, estable y consistente, las
entidades encargadas de su formulación y diseño deben crear mecanismos de
coordinación y colaboración armónica, para que todas las acciones y medidas se
dirijan hacia la consecución de un objetivo común. Según la Comisión Asesora
uno de los órganos que adquiere relevancia, como instancia articuladora de la
política criminal, a fin de asegurar su coherencia, estabilidad y consistencia,
es el Consejo Superior de Política Criminal –CSPC-.
62. Sin embargo, a pesar de las funciones y expectativas
con que esta instancia se creó (D. 2062 de 1995), se pudo constatar que su diseño
original y el desarrollo posterior no ha sido el más apropiado[108]. Por lo anterior, es
necesario emprender las acciones necesarias para que el CSPC responda a
objetivos y tareas claras; que tenga un equipo técnico permanente y sea el
mayor coordinador y guardián de la estabilidad, la consistencia y la coherencia
de la política criminal en Colombia.
f)
La
política criminal debe estar sustentada en elementos empíricos.
63. Es claro que uno de los puntos álgidos y problemáticos
de la política criminal es la ausencia de fundamentación empírica, pues esta
falencia afecta transversalmente todas las etapas de la misma. Como se indicó,
la falta de información confiable hace casi imposible diagnosticar certeramente
cuál es el estado de cosas en las diversas etapas de la política pública, lo
cual repercute a su vez en la formulación de soluciones y en la medición de
resultados.
Por ello es urgente cumplir el deber de consolidar sistemas
de información serios, confiables y articulados, que permitan la evaluación y
la retroalimentación de las medidas adoptadas en cada etapa de la política
pública. Así mismo es necesario lograr unidad y calidad en la información
delincuencial y penal.
64. En la sentencia T-388 de 2013, se indicó que el
Sistema de información que alimente tanto la política criminal como el sistema
penitenciario y carcelario en Colombia deberá tener información completa,
clara, confiable y actualizada, por lo menos, acerca de los siguientes aspectos[109]:
i)
Nivel de protección y
garantía de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
ii)
La capacidad del
Sistema como tal, no sólo cuantitativa, sino también cualitativa. Recursos
institucionales y humanos disponibles, procedimientos, marcos normativos y
regulatorios, metodologías y estrategias de acción para los asuntos a resolver
(cantidad de instituciones, procedimientos, estado de infraestructura).
iii)
El contexto financiero
básico sobre las cargas y los costos, y las fuentes de financiación.
Las necesidades ligadas al establecimiento de bases de
datos y de fuentes de información actualizadas y confiables sobre el sistema y
sobre los internos en todas las regiones del país, están estrechamente
vinculadas a la configuración, evaluación y retroalimentación-reformulación de
la política criminal, que debe contar con mecanismos para registrar sus
avances, determinar sus carencias y diseñar estrategias de mejora, que solo
pueden tener lugar, en forma razonable, con fundamento en elementos empíricos
que lleven a la política pública a responder a la realidad general del sistema,
particular de la región y a los derechos de cada uno de los reclusos.
g)
La
política criminal debe ser sostenible. Medición de costos en derechos
económicos.
65. Debido a los aspectos negativos de la política
criminal del país y a las consecuencias de los mismos, por ejemplo, en los
sistemas judicial, y penitenciario y carcelario, se llega fácilmente a la
conclusión de que la misma es insostenible en múltiples dimensiones.
El panorama general de los costos de la actual
política criminal, se encuentra descrito en la sentencia T-388 de 2013, de la
cual se desprende que tal y como se encuentra orientada implica:
i)
Costos en
derechos. El principal
costo del castigo y la sanción penal, tiene impacto sobre el derecho a la
libertad de las personas privadas de la libertad. Sin embargo, ese impacto es
legítimo en un Estado Social de Derecho que usa el derecho penal como última
ratio y que propicia condiciones dignas de reclusión.
Ahora bien, debido a la crisis del sistema penitenciario y carcelario
del país, los costos en derechos, generados por la política criminal actual se
han incrementado significativamente. De un lado se están afectando gravemente
los derechos fundamentales de toda la sociedad, pues si la prisión no permite
la resocialización real de los condenados, no reduce la reincidencia. Esta
situación repercute a su vez en que no se combata la criminalidad y, por el
contrario, la misma se fomente y organice desde los centros de reclusión. Un
ejemplo dramático de este fenómeno es el descrito por el Ministerio de Justicia
y del Derecho, cuando refiere que el 53% de las extorsiones que se comenten en
el país, se realizan desde las cárceles[110].
De otro lado, se supone que la restricción de los derechos de las
personas privadas de la libertad es mínima y está regulada. Sin embargo en el
sistema actual de las penitenciarías y cárceles, el impacto sobre los derechos
de los reclusos es mucho más alto, pues a pesar de que allí solo se les priva
de la libertad, en las condiciones actuales de reclusión se afectan la dignidad
humana, la salud, la alimentación y la libertad sexual, entre otros.
ii)
Costos
económicos. Según el análisis
realizado por la Sentencia T-388 de 2013, los costos en términos económicos de
la política criminal actual son altos.
En la tercera fase de criminalización se incluyen, por ejemplo, costos
para la creación de la infraestructura física y la capacidad institucional del
sistema penitenciario, para contar con los servicios mínimos requeridos, como
alimentación, kits de aseo, elementos para dormir, agua, salud y muchos otros
que necesitan los presos, y la contratación de personal de guardias, entre
muchos otros.
Por ello, en la Sentencia T-388 de 2013 se indica que “puede ser que
la entrada a un Sistema penitenciario y carcelario que desconozca múltiples
derechos y omita proteger otros tantos, sea aparentemente gratis, y que
no se tenga que asumir costos financieros por tal estado de cosas. Incluso
podría erróneamente considerarse que es una política que genera ahorros, pues
los dineros que no se destinan a costear bienes y servicios básicos…, se pueden
conservar o destinar a otras cosas”.
Sin embargo, ello no es así, pues esta posición, que además desconoce
la dignidad humana (impacto sobre derechos), tarde o temprano terminará
generando gastos al Estado, ya que, el daño que genere la omisión en el
cumplimiento de la obligación estatal de brindar condiciones dignas a los
reclusos, puede ser reclamado judicialmente[111].
iii)
Costos en la
legitimidad del Estado. Según
se indicó en la precitada sentencia: “un Estado que desconoce a través de
las prisiones impunemente la dignidad y la integridad de las personas, pierde
legitimidad ante sus ciudadanos”. En otras palabras, en el momento en
que el Estado deja de propender por la materialización del fin resocializador
de la pena, y convierte sus propias instituciones penitenciarias en centros de
violación masiva de derechos humanos, su actividad deviene contraria a la
Constitución.
h)
La
política criminal debe proteger los derechos humanos de los presos.
66. El cumplimiento de las obligaciones de respeto,
protección y garantía de los derechos humanos, es imprescindible en un Estado
Social de Derecho, fundado en la dignidad humana, como lo es el colombiano. Por
ello, “los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad sin
protección jurídica que no están sometidas a debate en una democracia; deben
ser respetados”[112].
En esa medida la política criminal, en general, y el
sistema penitenciario y carcelario, en particular, deben garantizar como mínimo
unas condiciones de subsistencia digna y humana a todos los
reclusos en todo el territorio nacional, de acuerdo con las cuales se
deberá asegurar[113]:
i)
Que los horarios de alimentación y
ducha se ajusten a los del común de la sociedad, y se ponga a disposición de
los internos agua potable en la cantidad y frecuencia por ellos requerida;
ii)
Que los alimentos que se
proporcionen estén en óptimas condiciones de conservación, preparación y
nutrición;
iii)
Que el sistema sanitario, las
tuberías de desagüe, baños y duchas estén en condiciones adecuadas de calidad y
cantidad para atender al número de personas recluidas en cada establecimiento;
igualmente se deberá entregar a los reclusos una dotación de implementos de
aseo mensualmente;
iv)
Que el servicio médico esté
disponible de manera continua y cuente con medicinas, equipos y personal
idóneos para atender los requerimientos de la población carcelaria;
v)
Que los servicios de aseo e
higiene de las instalaciones se amplíen y fortalezcan en procura de evitar
enfermedades, contagios e infecciones;
vi)
Que se entregue a cada persona,
especialmente a quienes no tienen celda para su descanso, una dotación de
colchón, cobija, sábana y almohada, que permita un mejor descanso en un espacio
adecuado para ese propósito;
vii)  Que se fomente la creación de espacios de trabajo y
estudio, así como de actividades lúdicas y recreativas para las personas
recluidas en estos establecimientos.
67. Fijado así el estándar constitucional mínimo que
debe cumplir una política criminal respetuosa de los derechos humanos, y
constatado en los procesos objeto de estudio que, como en las demás cárceles
del país, no se cumplen estas condiciones mínimas de estructuración de la
política criminal, se reiterará la existencia de un estado de cosas
contrario a la Constitución Política de 1991, en el Sistema Penitenciario y
Carcelario del país, declarado mediante la sentencia T-388 de 2013.
Así mismo se declarará que la Política Criminal
colombiana ha sido reactiva, populista, poco reflexiva, volátil, incoherente y
subordinada a la política de seguridad. Y que el manejo histórico de la
Política Criminal en el país ha contribuido a perpetuar la violación masiva de
los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad e impide, en
la actualidad, lograr el fin resocializador de la pena.
Para conjurar los efectos del manejo que
se ha dado a la política criminal y al derecho penal, la Sala destaca, entre
otras, las siguientes órdenes generales:
·
al
Congreso de la República que, dentro del ámbito de sus competencias y
respetando su libertad de configuración normativa, busque cumplir el estándar
constitucional mínimo de una política criminal respetuosa de los derechos
humanos, referido en los fundamentos 50 a 66 de esta sentencia, cuando
se propongan, inicien o tramiten proyectos de ley o actos legislativos que
incidan en la formulación y diseño de la Política Criminal, en el
funcionamiento del Sistema de Justicia Penal y/o en el funcionamiento del
Sistema Penitenciario y Carcelario.
·
al
Congreso de la República que, dentro del ámbito de sus competencias y
respetando su libertad de configuración del derecho, dé aplicación ineludible a
lo dispuesto en los artículos 3º, numeral 6º, y 18 del Decreto 2055 de 2014, en
el sentido de contar con el concepto previo del Comité Técnico Científico
del Consejo Superior de Política Criminal, para iniciar el trámite de proyectos
de ley o actos legislativos que incidan en la política criminal y en el
funcionamiento del Sistema Carcelario y Penitenciario.
·
al
Gobierno Nacional, por intermedio del Ministro de Justicia y del Derecho que,
dentro del ámbito de sus competencias dé aplicación al estándar
constitucional mínimo de una política criminal respetuosa de los derechos
humanos, referido en los fundamentos 50 a 66 de esta sentencia, cuando
se propongan, inicien o tramiten proyectos de ley o actos legislativos que
incidan en la formulación y diseño de la Política Criminal, en el
funcionamiento del Sistema de Justicia Penal y/o en el funcionamiento del
Sistema Penitenciario y Carcelario.
·
a
la Fiscalía General de la Nación, por intermedio de su representante legal o de
quien haga sus veces, que, dentro del ámbito de sus competencias dé aplicación
ineludible al estándar constitucional mínimo que debe cumplir una
política criminal respetuosa de los derechos humanos, referido en los
fundamentos 50 a 66 de esta sentencia, cuando se propongan, inicien o tramiten
proyectos de ley o actos legislativos que incidan en la formulación y diseño de
la Política Criminal, en el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal y/o en
el funcionamiento del Sistema Penitenciario y Carcelario.
·
al
Gobierno Nacional, por intermedio del Ministro de Justicia y del Derecho que,
dentro del ámbito de sus competencias constitucionales y legales, emprenda
todas las acciones necesarias para dar mayor viabilidad financiera e
institucional al Consejo Superior de Política Criminal y a sus instancias
técnicas, con el fin de que éste dé cumplimiento a las todas funciones que le
fueron asignadas mediante el Decreto 2055 de 2014. Así mismo, deberá crear al
interior del Consejo Superior de Política Criminal una instancia técnica
de carácter permanente que tenga la función de crear, alimentar y
evaluar un Sistema de información de Política Criminal serio y confiable.
·
al
Consejo Superior de Política Criminal, en coordinación con el Ministerio de
Justicia y del Derecho que, en el término de tres (3) meses contados a partir
de la notificación de esta sentencia, emprenda las acciones para la creación de
un sistema de información unificado, serio y confiable sobre Política Criminal.
Este sistema de información deberá seguir los parámetros
definidos en los fundamentos jurídicos 79,80 y 107 (parte iii) de la presente
sentencia. Así mismo deberá priorizar los siguientes aspectos:
a.     Crear
estadísticas y bases de datos unificadas, serias y confiables sobre la
criminalidad en el país, que permitan proponer soluciones y medir resultados.
b.     Crear
un sistema de medición que permita reconocer, entre otros, el impacto de las
leyes y reformas en materia de política criminal, sobre el Sistema
Penitenciario y Carcelario.
c.      Crear
bases de datos y estadísticas unificadas, serias y confiables sobre la
aplicación de la detención preventiva en el país.
d.     Realizar
una revisión sobre la fiabilidad de la información relacionada con la creación
y adecuación de cupos carcelarios, con el fin de determinar cuántos cupos
cumplen las condiciones mínimas de subsistencia.
·
Al
Legislador y al Ejecutivo realizar una revisión del sistema de tasación de las
penas en la legislación actual, con el fin de identificar las incoherencias e
inconsistencias del mismo, de acuerdo con el principio de proporcionalidad de
la pena.
·
al
INPEC que, en coordinación con la USPEC, el Ministerio de Justicia y del
Derecho, el Departamento Nacional de Planeación y el Consejo Superior de
Política Criminal, elabore un plan integral de programas y actividades de
resocialización, tendiente a garantizar el fin primordial de la pena en
todos los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país.
Dicho plan
deberá (i) tener en cuenta los parámetros fijados en el fundamento 50 y s.s. de
esta sentencia; (ii) fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el
objetivo de medir resultados graduales; (iii) tener una cobertura universal
frente a la población recluida; (iv) estructurar un sistema de gestión de
calidad de la resocialización; y, (v) contar con mecanismos de medición de
impacto de los procesos.
Además, se exhortará al Congreso de la
República, al Gobierno Nacional y a la Fiscalía General de la Nación, por
intermedio de sus representantes legales o quien hagan sus veces, para que
dentro del ámbito de sus competencias y si aún no lo han realizado, promuevan la
creación, implementación y/o ejecución de un sistema amplio de penas y
medidas de aseguramiento alternativas a la privación de la libertad.
Y se convocará al Presidente de la
República, a través de la Secretaría Jurídica de la Presidencia para que,
dentro del ámbito de sus competencias constitucionales y legales, objete los
proyectos de ley o actos legislativos que no superen el referido estándar
constitucional mínimo de una política criminal respetuosa de los derechos
humanos.
68. Definidas las pautas de acción más relevantes frente a
esta primera problemática y fijado el estándar constitucional mínimo que
debe cumplir una política criminal respetuosa de los derechos humanos es
necesario revisar otros problemas de la política criminal, especialmente aquellas
que tienen lugar en la fase de ejecución de las penas y medidas de
aseguramiento privativas de la libertad.
SEGUNDA PROBLEMÁTICA ESTRUCTURAL:
Hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos
·
Identificación
del problema: Hacinamiento
69. Como se ha indicado hasta el momento, las causas del
hacinamiento carcelario y penitenciario son múltiples y están íntimamente
relacionadas con el manejo histórico de la política criminal en Colombia. Sobre
este punto ya se efectuó el correspondiente análisis. Por tanto, en este
acápite, la Sala describirá las consecuencias directas de dicho fenómeno sobre
la dignidad de las personas privadas de la libertad en Colombia.
Es imperioso resaltar que, en palabras de la Defensoría
del Pueblo, “nunca en la historia del país la problemática carcelaria fue
tan grave como la que hoy afrontamos”. Los índices de sobrepoblación
carcelaria en el año 2014, bordearon máximos históricos del 60% a nivel
nacional y a 31 de diciembre de 2014, en los establecimientos penitenciarios y
carcelarios del país había un sobrecupo de 35.749 reclusos, equivalente al
45.9%[114].
Ese nivel de hacinamiento ha generado que en los
establecimientos de reclusión se vulneren de manera sistemática los derechos de
las personas privadas de la libertad, pues impide que éstas tengan lugares dignos
donde dormir, comer, realizar sus necesidades fisiológicas, tener visitas
conyugales e íntimas, ejercer actividades de recreación, de formación y de
resocialización, entre otros.
Así mismo, se traduce en situaciones de
ingobernabilidad y violencia que muchas veces atentan contra la vida y la
integridad de los presos; propicia la propagación de enfermedades y epidemias
que afectan la salubridad pública y la salud de los reclusos; y desdibuja
cualquier pretensión resocializadora y de redención o sustitución de la pena
que un condenado pueda tener.
70. A partir del informe presentado el 22 de junio de 2015
por la Defensoría del Pueblo[115],
esta Sala presenta la situación de los 16 centros de reclusión estudiados en
este proceso[116].
Sin embargo es preciso aclarar que, al presentar la referida información, la
Defensoría ha advertido con preocupación que las bases de datos
suministradas por el INPEC, en relación con la capacidad real de los
establecimientos de reclusión no son fiables. Sostuvo que
muchos de los cupos que se asumen “adecuados y/o creados” no son
respetuosos de la dignidad humana (sobre este punto se volverá más adelante).
Haciendo esta salvedad, se presentan los siguientes
datos actualizados a mayo de 2015[117]:
Tabla
3.
Actualización de capacidad y cobertura de los establecimientos penitenciarios
accionados
Establecimiento penitenciario
Capacidad real
Cobertura real actual
% de Hacinamiento
Actual
Momento de presentación de la acción de tutela
Actual
Momento de presentación de la acción de tutela
Actual
Momento de presentación de la acción de tutela
Cárcel
Modelo de Bucaramanga
1.520
750
3.009
3.246
98%
332.8%
Cárcel
La 40 de Pereira
676
676
1.434
1.674
112.1%
147.6%
EPMSC
de Santa Rosa de Cabal
159
121
269
233
69.2%
92.5%
EPMSC
El Pedregal de Medellín*
2.424
1.129
6.097
1.416
151.5%
25.4%
Cárcel
Modelo de Bogotá
2.907
2.850
4.919
7.230
69.1%
153.6%
Penitenciaría
de Cúcuta
2.530
1.270
4.346
2.600
71.8%
104.7%
EPMSC
de Anserma
128
128
263
260
105.5%
103.1%
Cárcel
de San Vicente de Chucurí
56
24
76
100
35.7%
316.6%
Cárcel
de las Mercedes de Cartago
412
412
649
728
57.5%
76.6%
Cárcel
de Palmira
1.257
1.254
2.859
2.029
127.4%
61.8%
Cárcel
El Cunduy de Florencia*
328
25
1.008
151
207.3%
504%
EPMSC
de Itagüí
328
360
1.008
864
207.3%
140%
Cárcel
de Villa Inés de Apartadó
296
276
932
576
214.9%
108.6%
Cárcel
La Vega de Sincelejo
512
520
1.225
1.192
154.6%
129.2%
Cárcel
de Roldanillo
80
98
134
187
67.5%
90.8%
Cárcel
de Villavicencio
1.003
1.003
1.683
1.621
67.8%
61.6%
* Las cifras iniciales de los
establecimientos de El Pedregal en Medellín y El Cunduy en Florencia, estaban
relacionadas con el pabellón de hombres y de mujeres, respectivamente.
A partir de este cuadro comparativo, la Sala concluye
que, desde el momento en que se presentaron las tutelas, en 8 de los 16 de los
establecimientos carcelarios aquí estudiados el hacinamiento disminuyó, en
otros 6 aumentó y, en los 2 restantes no es posible realizar la comparación de
las cifras. Si bien se podría pensar que el balance es positivo, lo cierto es que
en ningún centro de reclusión este fenómeno se superó. Por lo anterior, esta
Sala constata que las condiciones de marginalidad denunciadas por los aquí
accionantes persisten.
71. Ahora bien, teniendo en cuenta la persistencia del
hacinamiento carcelario, esta Sala abordarán por separado tres sub-problemáticas
derivadas de ese fenómeno. La primera está relacionada con la
desproporción entre las entradas y salidas de personas privadas de la libertad
a los centros de reclusión. La segunda, es la relacionada con la
construcción de cupos carcelarios y penitenciarios que no respetan estándares
mínimos de dignidad humana. Y la tercera, hace referencia a la
forma de inversión de los recursos, que hasta ahora se ha usado, para afrontar
la sobreocupación carcelaria en el país.
Primera: Desproporción entre las entradas y las
salidas de las personas privadas de la libertad. Medidas adoptadas en relación
con ella.
72. En relación con las causas de la primera
sub-problemática no queda mucho que explicar, pues de lo expuesto en
precedencia surge claramente que esa desproporción se genera en gran medida por
el manejo histórico de la política criminal en Colombia, caracterizado por la
reactividad y por el endurecimiento de las penas, con ocasión de las demandas
contingentes de la opinión pública, en desmedro de la excepcionalidad de la
privación de la libertad.
73. Concebido como un fenómeno estructural, enraizado en
las primeras dos fases de la política criminal, pero padecido en la tercera, el
hacinamiento requiere de medidas a corto, mediano y largo plazo.
De las medidas a largo y mediano plazo se ocupó este fallo
en el acápite sobre la política criminal desarticulada, y al fijar el estándar
constitucional mínimo que debe irradiarla. Resta analizar las soluciones a
corto plazo con las cuales el juez constitucional se ha enfrentado.
74. En efecto, las principales órdenes que los jueces
constitucionales han adoptado para enfrentar a corto plazo el hacinamiento son:
i)
Ordenar a los
directores de los centros de reclusión abstenerse de recibir nuevas personas
condenadas o sindicadas. En
efecto muchos de los jueces de instancia que concedieron las acciones de tutela
aquí presentadas decidieron el cierre temporal de muchos de los
establecimientos de reclusión, para que a los mismos no ingresaran más internos
hasta tanto no se tomaran medidas que apaciguaran el hacinamiento, estructural.
La mayoría de los jueces confirieron términos de 3 a 6 meses.
ii)
Disponer el
cierre de los establecimientos de reclusión “hasta tanto se aseguren las
condiciones de reclusión respetuosas de la dignidad y que aseguren el goce
efectivo de aquellos derechos”. Esta medida fue tomada por la sentencia T-388 de 2013, frente a los 6
establecimientos de reclusión que allí se estudiaron. Sin embargo, está sujeta
a una condición y a un plazo determinados que aún están pendientes de verificación.
iii)
Establecer las medidas
denominadas como reglas de equilibrio decreciente y equilibrio simple, medidas tomadas también en la Sentencia
T-388 de 2013. Allí fueron definidas en los siguientes términos:
“9.1.4.2.1. En aquellos casos en los que se esté
enfrentando una situación de hacinamiento grave y evidente, y hasta tanto no se
disponga una medida que asegure una protección igual o superior, se deberá
aplicar una regla de equilibrio decreciente, según la cual se permita el
ingreso de personas al establecimiento siempre y cuando no se aumente el nivel
de ocupación y se haya estado cumpliendo el deber de disminuir constantemente
el nivel de hacinamiento. Es decir, la regla de equilibrio decreciente, consiste
en que sólo se podrá autorizar el ingreso de personas al centro de reclusión si
y sólo sí (i) el número de personas que ingresan es igual o menor al número de
personas que salgan del establecimiento de reclusión, durante la semana
anterior, por la razón que sea (por ejemplo, a causa de un traslado o por
obtener la libertad), y (ii) el número de personas del establecimiento ha ido
disminuyendo constantemente, de acuerdo con las expectativas y las proyecciones
esperadas. La aplicación de esta regla permite asegurar, por una parte, la
realización progresiva, efectiva y sostenible de los derechos fundamentales de
las personas privadas de la libertad, sin imponer el obstáculo que conlleva
impedir por completo, y sin excepciones, que personas sindicadas o condenadas
puedan ser remitidas a importantes centros de reclusión, hasta tanto no se
solucione completamente el problema de hacinamiento.
9.1.4.2.2. Ahora bien, una vez se alcance la meta de
tener un nivel de ocupación que no sea superior al cupo máximo que tiene el
establecimiento, puede dejarse de aplicar la regla de equilibrio decreciente
para pasar aplicar, únicamente, una regla de equilibrio. Es decir, no es
necesario continuar disminuyendo el nivel de ocupación, pues ya no hay
hacinamiento, pero se debe, mantener una regla de equilibrio, para impedir que
esa crítica situación de sobrecupo vuelva a presentarse. Cuando un
establecimiento se encuentre libre de hacinamiento y tenga plazas disponibles
(no esté ocupado totalmente), podrá dirigirse de acuerdo a las reglas y
políticas propias que establezcan las autoridades carcelarias correspondientes,
sin tener que atender las reglas de equilibrio y de equilibrio decreciente.”
iv)
Y finalmente,
ordenar la realización de brigadas jurídicas en los centros de reclusión;
medida adoptada por algunos jueces de instancia y fue acogida ad hoc en
la Sentencia T-388 de 2013.
Esta solución ha sido propuesta, principalmente, por el Ministerio de
Justicia y del Derecho y consiste básicamente en realizar visitas (jornadas) a
los centros de reclusión con abogados y/o estudiantes de derecho que realicen
el consultorio jurídico y la judicatura, para que los mismos colaboren con la
descongestión de las solicitudes de los reclusos, tanto en las oficinas jurídicas
de los establecimientos de detención, como en los despachos de los jueces de
ejecución de penas y medidas de seguridad.
75. Para esta Sala de Revisión las primeras tres medidas,
si bien pueden tener efectos inmediatos al interior de un determinado
establecimiento, son focalizadas y parciales, en la medida en que atacan el
hacinamiento solo en la tercera fase de la política criminal, sin tener en
cuenta que el flujo de personas privadas de la libertad aumenta
exponencialmente, gracias a otros factores, que al no ser controlados, pueden
terminar trasladando el problema, mas no solucionándolo.
Por lo tanto, como lo explicó ampliamente el INPEC, el
Ministerio de Justicia y del Derecho, la Defensoría del Pueblo y varios de los
Directores de los centros de reclusión demandados en este proceso, estas
medidas conllevan a acrecentar la crisis estructural, pues son paliativos que
tienen como consecuencia la migración de la población reclusa, pero no genera
efectos relacionados con su disminución.
El efecto práctico de las medidas de cierre o de
condicionamiento de la entrada de personas a un centro carcelario ha sido la
congestión de los centros de paso de las personas privadas de la libertad como
las Unidades de Reacción Inmediata URI’s, los calabozos de las estaciones de
policía o incluso los parqueaderos de algunos de los Palacios de Justicia en el
territorio nacional.
La Sala Quita considera que la adopción de esas
medidas debe ser gradual, como lo dispuso la Sentencia T-388 de 2013, y armonizada
con medidas en las primeras dos fases de la política criminal, de lo contrario
se torna contraproducente y vulneratoria de los derechos de las personas
privadas de la libertad. En tal sentido las decisiones tomadas en tal sentido
deberán revocarse.
76. Ahora bien, en lo referente a las brigadas jurídicas,
los reportes que ha dado la Defensoría del Pueblo, en general, y la Gobernación
del Valle, en particular (que actuó como demandada en algunos de los procesos
que se estudian aquí), han sido positivos.
Conforme se ha podido establecer tienen impacto sobre
la tercera y la segunda fase de criminalización, al lograr focalizar el
represamiento de diversas solicitudes de excarcelación, beneficios, cómputos de
tiempos para redención de penas y otras, y se ha logrado fluidez en las
respuestas.
Por lo anterior, como se verá más adelante, esta Sala
adoptará en estos casos medidas de este tipo, y propondrá el fortalecimiento y
la institucionalización de esta iniciativa a nivel nacional.
Segunda: Falta de construcción y
adaptación de cupos que respeten las mínimas condiciones de dignidad y
subsistencia.
77. Frente
a la segunda sub-problemática, ha de indicarse que a partir de lo
hasta ahora reseñado, se evidenció que desde la expedición de la sentencia
T-153 de 1998 la infraestructura penitenciaria y carcelaria del país ha
aumentado notoriamente.
De los datos reseñados en las sentencias
y en los documentos presentados por los diversos intervinientes en este proceso
se extrae que desde 1990, cuando sólo existían 28.380 cupos carcelarios en todo
el país, hasta 2014, cuando existían 80.022 cupos aproximados[118], la capacidad
carcelaria y penitenciaria colombiana creció en 51.642 cupos[119].
78. A
pesar del esfuerzo que esto ha implicado, es necesario advertir que este
aumento en la construcción de cupos carcelarios y penitenciarios, no se ha
realizado en concordancia con el respeto mínimo de la dignidad humana, pues
como se denuncia en estos casos, los nuevos espacios no permiten en la mayoría
de ocasiones satisfacer ni las más básicas necesidades humanas. Es decir, se ha
atacado el hacinamiento a través de la construcción o adecuación de más cupos,
pero en ese proceso no se ha resguardado la dignidad humana ni los más mínimos
estándares reconocidos nacional e internacionalmente.
En efecto, según se extrae de los
relatos hechos por diversos accionantes en este proceso, se hacen adecuaciones
de las celdas, que inicialmente fueron pensadas para dos reclusos, con el
objetivo de que alberguen de 4 a 5 personas. Sin embargo, no se adecúan los
espacios comunes y no se aumenta  la capacidad, por ejemplo, de los comedores,
de las redes de acueducto o de las baterías sanitarias.
79. Esta situación también fue descrita por la Defensoría
del Pueblo[120],
que advirtió acerca de la fiabilidad de la información suministrada
por parte del INPEC.
Según el informe presentado a esta Sala, los datos en
los que se basa el Estado colombiano en esta materia son confiables para
evaluar conceptos como número de personas recluidas, rangos de edad,
actividades de resocialización desarrolladas, entre otros. Sin embargo no
son fiables en lo concerniente con la capacidad real de los establecimientos.
Según la Defensoría:
“La capacidad se define como el número de cupos disponibles en un
establecimiento penitenciario y carcelario para recluir internos en condiciones
dignas, sin embargo, el marco normativo nacional carece de parámetros precisos
que materialicen el principio de vida digna en los recintos de reclusión, es
decir, en el orden interno no existen unas especificaciones claras que permitan
establecer las condiciones que debe cumplir una locación para recluir a una
persona conforme a la dignidad humana, verbigracia las características de las
celdas, el número de camas disponibles o la cantidad de instalaciones
sanitarias.
En ese sentido, a pesar de que las cifras de hacinamiento por sí solas
apuntan a un desconocimiento del trato digno y humano en las cárceles y
penitenciarías del Estado colombiano, si las condiciones se contrastan con los
lineamientos internaciones más precisos como las reglas mínimas para el Tratamiento
a los Reclusos, el panorama podría ser aún menos alentador”[121].
80. Ahora bien, en relación con las condiciones
de reclusión, para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el recluso
debe tener un mínimo
indispensable para el alojamiento, es decir, unas condiciones básicas de
albergue que prevean un espacio para dormir y una cama individual[122]. La CIDH ha
establecido además “que el concepto ‘cama individual’, de acuerdo con el uso
corriente del término, implica que dicho mueble o estructura debe tener
necesariamente un colchón[123]”.
En los Principios y Buenas Prácticas
sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas[124],
se precisó que
“las personas privadas de libertad deberán disponer de
espacio suficiente, exposición diaria a la luz natural, ventilación y
calefacción apropiadas, según las condiciones climáticas del lugar de privación
de libertad. Se les proporcionará una cama individual, ropa de cama apropiada,
y las demás condiciones indispensables para el descanso nocturno. Las
instalaciones deberán tomar en cuenta las necesidades especiales de las personas
enfermas, las portadoras de discapacidad, los niños y niñas, las mujeres
embarazadas o madres lactantes, y los adultos mayores, entre otras”.
81. Teniendo
en cuenta lo expuesto, debe haber claridad en que la determinación de la
capacidad de albergue de cada uno de los establecimientos penitenciarios, de
cara a los sistemas de seguimiento que supone la declaratoria y el
mantenimiento del ECI, debe obedecer a criterios comunes, desprendidos de los
mandatos constitucionales.
Lo anterior implica que la capacidad de
cada uno de los establecimientos penitenciarios se mida en términos de la
aptitud de las instalaciones y de la gestión del espacio y de los internos,
para satisfacer las condiciones de subsistencia digna y humana a todos los
reclusos.
Dichas condiciones se analizarán
posteriormente, y servirán como parámetros a través de los cuales se deberá
establecer el estado real de la crisis carcelaria. Ello para identificar la línea
base, o el punto de partida, del seguimiento y los desafíos que el ECI implica
a nivel nacional –criminalización primaria y secundaria-, pero también a nivel
local frente a cada uno de los establecimientos penitenciarios del país
–criminalización terciaria-.
De tal modo, las órdenes se dirigirán al
INPEC, a la USPEC, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Departamento
Nacional de Planeación, para que con el apoyo de la Defensoría del Pueblo,
revisen los cupos existentes y adecúen los proyectados, al estándar referido y
a las condiciones mínimas de reclusión por precisar. Lo anterior implica que
debe establecerse la forma en la cual la infraestructura carcelaria existente responde
a las exigencias que impone el derecho a la vida digna; además, deriva en la
imposición de unas directrices para la construcción de cupos carcelarios a
futuro.
La línea base se consignará en una
plataforma que deberá conformar el Ministerio de Justicia y del Derecho, y que
constituirá el inicio del fortalecimiento de los Sistemas de Información sobre
la Política Criminal y Penitenciaria del País, albergando datos sobre todas y
cada una de las fases del proceso de criminalización, ya descritas. Tal
información podrá incluirse en el dominio web politicacriminal.gov.co, ya existente.
82. Los
Sistemas de Información, por conformar, deberán obedecer a las necesidades de
articulación institucional de las entidades intervinientes en la formulación y
ejecución de la política criminal. Pese a que se identificarán las necesidades
actuales de información, ellas podrán ir transformándose conforme la evolución
de los problemas referidos en esta sentencia o ante la aparición de nuevos
retos o dificultades, de tal modo que a su construcción le sigue un sistema que
permita su ajuste y maleabilidad conforme las necesidades que se lleguen a
identificar.
Así mismo, en las órdenes se reiterarán
estos aspectos, y debe precisarse que los Sistemas de Información deben
orientarse por el fortalecimiento de la Política Criminal, al punto en que
responda a las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana que deben
respetar los cupos destinados a las personas privadas de la libertad, según
lo prescrito desde instancias nacionales e internacionales, que fueron desarrolladas
ya en esta sentencia[125].
Tercera: Insuficiencia de los recursos destinados a la
financiación de la política penitenciaria y carcelaria y la política criminal.
83. Ahora
bien, en relación con la tercera sub-problemática, ha de
indicarse que una de las principales conclusiones a la que arribó la sentencia
T-388 de 2013, a partir de la información presentada por varios organismos de control, como la Defensoría,
la Procuraduría y la Contraloría, así como por sectores de la academia, fue que
el problema de hacinamiento no es el único del Sistema Penitenciario y
Carcelario.
Los intervinientes en el proceso que finalizó con la
sentencia T-388 de 2013, advirtieron que si bien el hacinamiento es una
complicación grave que no ha sido superada en su totalidad[126], es causa de muchas
otras problemáticas que también deben ser enfrentarse. Entre estas pueden destacarse
la violencia, la ingobernabilidad, la escasez de bienes y servicios al interior
de los establecimientos, la corrupción y el mercado negro de esos bienes
y servicios escasos.
Todos los problemas asociados, directa o
indirectamente, al hacinamiento carcelario terminan por eliminar cualquier
pretensión de resocialización y por generar ambientes que propician y fomentan
la criminalidad, convirtiendo a las prisiones en verdaderas “universidades
del delito”[127].
84. En efecto, a partir de los distintos métodos de
presentación de informes, los intervinientes señalaron que desde la sentencia
T-153 de 1998 el esfuerzo presupuestal del país en materia de prisiones, se ha
centrado únicamente en la creación y adecuación de plazas[128]. Ello ha implicado la
falta de recursos para abordar otros ámbitos de la vida carcelaria como son el
cuidado de la salud, las condiciones de higiene y salubridad, la entrega de
elementos básicos (como kits de aseo), la implementación y mejoramiento de los
programas de estudio o trabajo (que son claves para lograr el fin
resocializador de la pena), el aumento de personal de guardia para evitar
situaciones de ingobernabilidad o violencia, y la atención con enfoque
diferencial cuando se trata de población sujeta a protección especial
(indígenas, personas LGTBI o en situación de discapacidad), entre otros.
Así, por ejemplo, en uno de los apartes de la Sentencia
T-388 de 2013, referente al informe de la Contraloría General, se precisó: “El
acento presupuestal en la construcción de nueva infraestructura, además de inútil,
ha afectado notoriamente la posibilidad de destinar recursos a otras áreas,
planes o políticas igualmente importantes”[129].
Por su parte, el DNP indicó, en torno al fenómeno del
hacinamiento y la capacidad instalada para privar a las personas de su
libertad, que el crecimiento del número de los cupos carcelarios siempre ha
sido una medida aislada que sólo ofrece soluciones de corto plazo, ya que la
política criminal actual hace que las tasas de crecimiento de la población
privada de la libertad siempre superen los logros en infraestructura. En otras
palabras, el gran esfuerzo que se hace para la creación de cupos, en todo caso
resulta insuficiente ante el incremento exponencial de las personas privadas de
la libertad[130].
85. La causa del incremento exponencial de la población
privada de la libertad, fue abordada en el acápite sobre política
criminal, por tanto en este punto específico, es necesario llamar la
atención de las entidades encargadas de ejecutar los presupuestos, como la
USPEC, el INPEC y el Ministerio de Justicia y del Derecho, para que tengan en
cuenta que debe nivelarse el gasto en infraestructura con el gasto para los
demás programas y servicios requeridos por la población carcelaria. Esto, será
atado, en este caso, a las soluciones concretas dadas en materia de salud,
resocialización, aseo e higiene.
Además de lo anterior es importante tener presente que
el gasto ocasionado por cualquiera de aquellos conceptos, es permanente y no
puede verse interrumpido por los tiempos y procesos propios de la contratación,
de tal forma que debe incorporarse una metodología que armonice el principio de
anualidad en materia presupuestal, y las necesidades de la vida carcelaria.
TERCERA PROBLEMÁTICA ESTRUCTURAL:
Reclusión conjunta de personas sindicadas y condenadas. Falta de articulación
de las entidades territoriales y el Ministerio de Justicia y del Derecho.
86. A pesar de las órdenes emitidas desde 1998, dirigidas
a diferentes entidades estatales para lograr separar los condenados de los
sindicados, éste sigue siendo un problema grave que influye en la crisis del
sistema penitenciario y carcelario del país.
Según el Ministerio de Justicia y del Derecho, “a
nivel nacional, de las 119.378 personas privadas de la libertad en los
establecimientos penitenciarios a cargo del INPEC, el 38% de la población,
es decir 44.322 internos, son detenidos preventivamente (sindicados)[131]”.
Para el caso concreto, la Defensoría realizó un
informe detallado que da cuenta de la proporción entre sindicados y condenados
en los 16 centros de reclusión que aquí se estudian. Ese informe se puede
sintetizar en el siguiente cuadro[132]:
Tabla
4.
Población recluida sindicada y condenada en los establecimientos de reclusión
accionados
Establecimiento
penitenciario
Sindicados
Condenados
Cárcel Modelo de Bucaramanga
1204
3703
Cárcel La 40 de Pereira
527
907
EPMSC de Santa Rosa de Cabal
80
189
EPMSC El Pedregal de Medellín
1530
4567
Cárcel Modelo de Bogotá
3703
1204
Penitenciaría de Cúcuta
1453
2893
EPMSC de Anserma
89
174
Cárcel de San Vicente de Chucurí
30
46
Cárcel de las Mercedes de Cartago
215
122
Cárcel de Palmira
1066
1793
Cárcel El Cunduy de Florencia
292
716
EPMSC de Itagüí
292
716
Cárcel de Villa Inés de Apartadó
365
567
Cárcel La Vega de Sincelejo
1023
273
Cárcel de Roldanillo
51
83
Cárcel de Villavicencio
996
687
87. En particular este flagelo puede ser visto desde dos perspectivas,
que a su vez, ofrecen diferentes rutas de solución posibles.
88. En primer lugar, con base en lo expuesto en
precedencia, se reconoce que en los últimos años las reformas legislativas
aprobadas en Colombia han tenido la tendencia a hacer más rigurosa y
obligatoria la imposición de medidas de aseguramiento privativas de la libertad
por parte de jueces y fiscales (detención preventiva). Lo anterior ha atendido
en gran medida a los ya referenciados fenómenos de populismo punitivo y reactividad
a la opinión pública.
En esa medida, el aumento de las medidas de
aseguramiento privativas de la libertad, como respuesta institucional a las
exigencias populares de punición, es problemático y contraviene los postulados
libertarios que implica la fórmula del Estado Social y Democrático de Derecho, conforme
la cual cualquier detención, más aún la preventiva, debe ser excepcional; las
medidas asumidas en el ejercicio del ius puniendi del Estado deben
fomentar el respeto de la libertad personal y rescatar la residualidad del
derecho penal.
En efecto, los informes muestran que en Colombia las
medidas de aseguramiento privativas de la libertad, se están convirtiendo en
condenas anticipadas para las personas que se enfrentan a un proceso penal, pero
que son encarceladas, sin ser aún derrotadas en juicio[133].
Frente a este punto de vista del problema, ya se
revisaron los avances y medidas a adoptar en el acápite sobre política criminal
inconstitucional. Estas medidas están entonces encaminadas a buscar que las
personas sindicadas sean menos, y que si cumplen con determinados requisitos,
se respete como regla general su libertad personal o, en todo caso, su derecho a
ser diferenciado de aquellos a quienes, el Estado y la sociedad condena al
haber probado su culpabilidad en la comisión de un delito; a los sindicados,
por el contrario, aún los asiste la presunción de inocencia.
89. En segundo lugar, y desde el punto de vista de
la ejecución de la política penitenciaria, es importante mencionar las
dificultades del sistema para otorgar un tratamiento diferenciado a las
personas condenadas y sindicadas. El INPEC ha de solventar económicamente las
medidas que operan frente a las personas condenadas, mientras las personas
sindicadas están a cargo de las entidades territoriales.
A partir del informe presentado por el Ministerio de
Justicia y del Derecho, y de la lectura de los artículos 17 a 22 de la Ley 65
de 1993, modificados y/o adicionados por la Ley 1709 de 2014[134], esta Corte encuentra
necesario recordar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la
Ley 65 de 1993, las entidades territoriales (departamentos, municipios, áreas
metropolitanas y distritos) son competentes para crear, fusionar, suprimir,
dirigir, organizar, administrar, sostener y vigilar las cárceles para las
personas detenidas preventivamente.
Así mismo, el artículo 19A de la Ley 65 de 1993,
introducido por la Ley 1709 de 2014, precisó las formas de financiación de las
obligaciones, en los siguientes términos:
“Artículo
19A. Financiación de obligaciones. El Ministerio de Jus­ticia y del Derecho promoverá la
aprobación de un documento CONPES para garantizar la financiación de las
obligaciones contenidas en los artículos 17 a 19 de la Ley 65 de 1993 y que
están a cargo de las enti­dades territoriales.
Los recursos para el financiamiento de que
habla el presente artículo provendrán del Presupuesto General de la Nación.
Parágrafo 1°. El Ministerio de Justicia y del Derecho, desarrollará
un proceso de formación y adecuación de las instituciones que desde los entes
territoriales atienden o atenderán el funcionamiento de los centros carcelarios
que estarán a cargo de estos, adecuándolos a la política general carcelaria y a
las obligaciones nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos.
Parágrafo 2°. Para los efectos del artículo 17 de la Ley 65 de 1993
se entenderá que las cárceles departamentales y municipales serán destinadas a
las personas detenidas preventivamente.”
90. En vista de la referida normativa, esta Sala de
Revisión considera necesario ordenarle al Ministerio de Justicia y del Derecho
que llame, si aún no lo ha realizado, a los entes territoriales involucrados en
las presentes acciones de tutela, para que se involucren al proceso de
formación y adecuación que está adelantando ese Ministerio, en cumplimiento de
la Ley 65 de 1993 y sus reformas.
Así mismo, es imperioso instar a los entes territoriales
para que emprendan todas las acciones administrativas, presupuestales y
logísticas necesarias para involucrarse efectivamente en el proceso seguido por
parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, para cumplir con las
obligaciones impuestas por la Ley 65 de 1993 y sus modificaciones.
CUARTA PROBLEMÁTICA ESTRUCTURAL:
Sistema de salud del sector penitenciario y carcelario del país.
91. Como quedó expuesto en los antecedentes de la presente
sentencia, la situación de salud en el sistema penitenciario y carcelario
vulnera de manera grave los derechos de las personas privadas de la libertad.
Las demoras excesivas en la atención, la ausencia de personal médico al
interior de los centros de reclusión, la ausencia de contratos o el
represamiento de las solicitudes de procedimientos y autorización de
medicamentos, son algunas de las circunstancias que se denuncian y que permiten
a esta Sala establecer que el Estado colombiano está incumpliendo sus deberes
de protección y garantía de derechos[135].
92. Según
se establece en la legislación actual, la población reclusa debe afiliarse al
Sistema General de Seguridad Social en Salud, y a partir de dicha afiliación el
Estado debe proveer los servicios, de manera adecuada e idónea[136]. En el Informe que
presentó la Defensoría del Pueblo, se explica que esa prestación del servicio
implica el cumplimiento de las siguientes condiciones mínimas de
prestación del servicio de salud [137]:
a.     En
infraestructura: las áreas de sanidad de los establecimientos deben disponer de
todo lo necesario para contar con i) una zona de atención prioritaria, ii) un
stock mínimo de medicamentos; iii) un área de paso para monitorear a los
reclusos que fueron hospitalizados o que lo serán[138]. Dichos espacios
deben ser higiénicos.
b.     En
personal médico: Los establecimientos penitenciarios y carcelarios deben
cumplir con personal multidisciplinario en salud. Tal personal debe incluir por
lo menos médicos, enfermeros y psicólogos.
93. Estos
dos requisitos no son cumplidos en la mayoría de los establecimientos de
reclusión en el país, como se constató a través de las denuncias y del registro
fotográfico obrante en los expedientes y en los cuadernos de pruebas, las
condiciones de las áreas de sanidad son deplorables, no cuentan con las mínimas
condiciones técnicas requeridas, ni con medicamentos disponibles. Así mismo, se
estableció que el personal médico cuando no es totalmente ausente, es
insuficiente.
Aunado a lo anterior, se probó que la
situación de salud se agrava porque el hacinamiento propicia riesgos
epidemiológicos y de enfermedades para los reclusos que inician el periodo de
privación de la libertad en buen estado de salud. Como se explicó en la
sentencia T-388 de 2013, esa situación es propiciada, permitida y tolerada por
el Estado, lo que agrava la vulneración de los derechos y la crisis humanitaria
en las prisiones.
Para enfrentar este panorama, nada
esperanzador en materia de salud, se han formulado algunas propuestas de
acción. El Ministerio de Justicia y del Derecho, por ejemplo, indicó a esta
Corte que está preparando un proyecto de decreto “por el cual se reglamenta
la prestación del servicios de salud de los establecimientos penitenciarios y
carcelarios del orden nacional”[139].
Así mismo se introdujeron algunas reformas en la Ley 1709 de 2014, con el fin
de mejorar la prestación de este servicio.
Esfuerzos normativos como estos están
dirigidos, entre otras, a diversificar las empresas promotoras de salud que
prestan los servicios médicos en las penitenciarías y cárceles, y/o a crear y
fomentar brigadas médicas en las cuales participen estudiantes de áreas
relacionadas con la salud, por medio del servicio social obligatorio.
94. Teniendo
en cuenta los avances que reflejan la emisión de normas como estas, pero con la
convicción de su insuficiencia, esta Sala de Revisión deberá adoptar las
órdenes necesarias para se superen los problemas aquí señalados sobre la
prestación del servicio de salud en las cárceles. Así mismo, es imperioso
adecuar las áreas sanitarias de los 16 establecimientos a los parámetros
establecidos en los fundamentos jurídicos 92 y 156 de esta sentencia.
QUINTA PROBLEMÁTICA ESTRUCTURAL: Las
condiciones de salubridad e higiene son indignas en la mayoría de los
establecimientos penitenciarios, y esto constituye un trato cruel e inhumano
propiciado por el Estado.
95. Los informes, en especial el de la Defensoría del
Pueblo, mostraron que la mayoría de las cárceles en el país no tienen
suficientes baterías sanitarias y presentan problemas con la prestación del
servicio de agua potable[140].
En los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las
Personas Privadas de Libertad en las Américas[141],
se resaltó que los Estados
tienen la obligación de brindar a los reclusos, condiciones de higiene,
salubridad, alimentación y agua potable dignas. En efecto, los principios XII. 2 y 3 ib., señalan,
respectivamente:
i)
“Las personas
privadas de libertad tendrán acceso a instalaciones sanitarias higiénicas y
suficientes, que aseguren su privacidad y dignidad. Asimismo, tendrán acceso a
productos básicos de higiene personal, y a agua para su aseo personal, conforme
a las condiciones climáticas. Se proveerá regularmente a las mujeres y niñas
privadas de libertad los artículos indispensables para las necesidades
sanitarias propias de su sexo”;
ii)
“El vestido que
deben utilizar las personas privadas de libertad será suficiente y adecuado a
las condiciones climáticas, y tendrá en cuenta la identidad cultural y
religiosa de las personas privadas de libertad. En ningún caso las prendas de
vestir podrán ser degradantes ni humillantes”.
96. De otro lado, con relación a la integridad de los
reclusos en lo que respecta a la alimentación y el acceso al agua potable, la
CIDH puntualizó que estos elementos deben proporcionarse en condiciones apropiadas de cantidad, calidad e higiene, pues la falta
de provisión y tratamiento del agua potable, así como de alimentos en buen
estado, es un factor permanente de enfermedades y complicaciones de salud de
los internos, que atenta contra su dignidad.
97. Debido
a lo anotado, no sólo en este acápite, sino a lo largo de la providencia, se
hace necesario que frente a este punto se verifiquen las condiciones de
higiene, salubridad y agua potable y se establezcan las necesidades reales de
los 16 centros de reclusión, para poder determinar planes de acción específicos
en estas áreas. Por tanto, la orden se dirigirá al INPEC, a la USPEC, al
Ministerio de Justicia y del Derecho para que emprendan las acciones necesarias
para constatar las necesidades reales de adecuación en infraestructura en
relación con el manejo de aguas (suministro de agua potable y evacuación
adecuada de aguas negras) respecto de los 16 establecimientos de
reclusión estudiados. En virtud de esta orden deberán presentar un informe y un
plan de acción para cubrir las necesidades insatisfechas, que en todo caso no
podrá superar los dos (2) años para su ejecución total.
Análisis de las
sentencias que se revisan
98.
Atendiendo todo lo anterior, procede esta
Sala de Revisión a analizar las decisiones y órdenes proferidas en cada uno de
los expedientes de tutela aquí estudiados, para efectos de ajustarlos a los
parámetros de protección constitucional a la población carcelaria, condensados
sucintamente en esta providencia.
Bajo esos parámetros,
procede la Corte al análisis de los fallos de instancia, para tal efecto, y desde
ya se anuncia que esta Corporación (i) confirmará el amparo de los derechos de
la población carcelaria; (ii) concederá la protección en aquellos casos en que
se declaró improcedente la acción por cosa juzgada o subsidiariedad; (iii) se
revocarán las órdenes conforme las cuales se dispuso cerrar los penales o
abstenerse de permitir el ingresos de nuevas personas a los centros de
reclusión donde se resolvió en dicha forma; y (iv) se ajustarán aquellas
órdenes a los postulados exigidos para atender el Estado de Cosas
Inconstitucional aquí reiterado.
Para efectos de recordar el
sentido de las decisiones judiciales que ahora se revisan, ellas se recogen sucintamente
en la siguiente tabla:
Tabla
5.
Decisiones que se revisan en los expedientes acumulados
EXP.
Primera Instancia
Segunda instancia
1
3927909
Juzgado
1º de Menores de Bucaramanga. Marzo 4 de 2013.
CONCEDE
Amparó
dignidad humana, salud y vida. Ordena abstenerse de recluir a nuevas personas
en el patio 4º, remodelaciones, traslado de reclusos, visitas, censos y
exhortos.
Sala
Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga. Abril 19 de 2013.
CONFIRMA
PARCIALMENTE.
Revocó
la orden de impedir nuevos ingresos, pero conservó la orden de traslados de
reclusos a otros centros con menor hacinamiento, salvo condenados por no ser
competencia del juez de tutela. Revocó la orden de censar a los reclusos para
determinar afectaciones de salud, al no demostrarse omisión en ese tema.
2
3977802
Juzgado
12 Administrativo de Bucaramanga. Abril 11 de 2013.
CONCEDE
Amparó
dignidad humana, salud y vida digna. Ordena abstenerse de recluir a nuevas
personas en el patio 5º, durante 3 meses, gestionar remodelaciones, traslado
de 688 reclusos, visitas y censos.
3
3987203
Juzgado 5º Civil del Circuito de Pereira. Abril 17 de 2013.
CONCEDE.
Amparó
dignidad humana, integridad personal, vida digna y salud. Ordena abstenerse
de recluir a nuevas personas en los patios 3º, 4º y 5º traslado de reclusos,
dotar de lugares adecuados para dormir, suministros de kits de aseo, mejorar
condiciones físicas del centro de reclusión.
Sala
Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira. Junio 5 de 2013.
REVOCÓ.
Por
subsidiariedad, pues puede acudirse al incidente de desacato de la
sentencia T-153 de 1998.
4
3989532
Juzgado
Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal. Mayo 6 de 2013.
CONCEDE.
Amparó
dignidad humana, salud y seguridad. Ordena abstenerse de recluir a nuevas
personas por 3 meses, traslado de reclusos, adecuación de lugares para
dormir, dotación de elementos de aseo, vigilancia, salud y exhortos.
Sala
Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira. Junio 17 de 2013.
REVOCÓ.
Por
subsidiariedad, pues puede acudirse al incidente de desacato de la
sentencia T-153 de 1998.
5
3989814
Juzgado
2º Penal del Circuito Especializado de Medellín. Abril 24 de 2013.
CONCEDE.
Amparó
dignidad humana, salud, integridad física y debido proceso. Ordena el
traslado de 661 condenados, abstenerse de recluir a nuevas personas, salvo
indiciados, suministro de medicamentos, permitir el acceso a luz solar,
generar apropiaciones presupuestales para incrementar el personal de guarda,
exhortos y para que se instalen consultorios jurídicos satélites.
Sala
de Decisión Constitucional del Tribunal Superior de Medellín. Mayo 31 de
2013.
REVOCÓ.
En
su lugar negó el amparo pues ese centro de reclusión es el de menor
nivel de hacinamiento.
6
4009989
Sala
Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Mayo 28 de 2013.
CONCEDE.
Amparó
dignidad humana, vida digna y salud. Ordena mejorar condiciones de
infraestructura, jornadas de fumigación, disponer agua potable y alimentación
adecuada, entregar implementos de aseo y para el descanso nocturno e
implementar actividades lúdicas en espacios adecuados.
Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Julio 4º de 2013.
CONFIRMA
INTEGRAMENTE.
7
4013558
Juzgado
2º de Familia del Circuito de Cúcuta. Junio 14 de 2013.
CONCEDE.
Amparó
dignidad humana. Ordenó determinar cuáles internos podrían ser reubicados en
las nuevas instalaciones del penal, las cuales no tienen sobrepoblación.
8
4034058
Juzgado
Único Penal del Circuito de Anserma. Junio 5 de 2013.
CONCEDE.
Amparó
salud, dignidad humana, seguridad social y resocialización. Ordenó el
traslado de internos con situación jurídica resuelta, para efectos que
permanezcan solo aquellos con medida de aseguramiento, no recibir nuevos
reclusos y estudios para reestructurar el penal.
Sala
Penal del Tribunal Superior de Manizales. Junio 28 de 2013.
CONFIRMA
PARCIALMENTE.
Confirmó
las órdenes de traslado de internos, hasta que se obtenga el número máximo de
capacidad del penal, pero puntualizando que no se puede hacer distinción
entre personas condenadas o no.
9
4043750
Sala
Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga. Mayo 27 de 2013.
CONCEDE.
Amparó
dignidad, integridad personal, salud, intimidad y vida. Ordena suspender la
admisión de nuevos internos hasta tanto se supere el hacinamiento existente y
se adopten medidas para brindar los servicios médicos y odontológicos a los
reclusos.
Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Julio 23 de 2013.
CONFIRMA
INTEGRAMENTE.
Adicionalmente,
exhortó al Ministerio de Justicia y del Derecho, a la USPEC, al INPEC y a CAPRECOM,
para adoptar las medidas necesarias para garantizar la dignidad.
10
4046443
Juzgado
2º Civil del Circuito de Cartago. Mayo 31 de 2013.
CONCEDE.
Amparó
vida. Ordenó abstenerse de recibir reclusos sindicados o condenados,
trasladar al personal condenado, la adecuación del penal o construir nuevos
centros de reclusión para prevenir el hacinamiento, garantizar sanidad y
salubridad.
Sala
Civil Familia del Tribunal Superior de Buga. Julio 29 de 2013.
REVOCÓ.
Declaró
improcedente el amparo por cosa juzgada, en tanto el Juzgado 1º Civil del
Circuito de Cartago ya había amparado los derechos de los reclusos de ese
penal, decisión que fue confirmada en segunda instancia.
11
4051730
Sala
Laboral del Tribunal Superior de Buga. Mayo 6 de 2013.
CONCEDE.
Amparó
dignidad y salud. Ordena ampliar o remodelar el centro de reclusión.
Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Julio 3 de 2013.
CONFIRMA
INTEGRAMENTE.
12
4063994
Juzgado
3º Penal del Circuito de Florencia. Mayo 3 de 2013.
CONCEDE.
Amparó
vida, dignidad humana e integridad física. Ordenó efectuar un plan de
construcción y refacción carcelaria y el traslado de internas.
Sala
Penal del Tribunal Superior de Florencia. Julio 16 de 2013.
CONFIRMA
PARCIALMENTE.
Únicamente
modificó el numeral 2º para, en su lugar, ordenar a la USPEC adelantar las
gestiones para la adquisición y suministro adecuado de los recursos para
solucionar la problemática de hacinamiento.
13
4074694
Sala
Laboral del Tribunal Superior de Medellín. Julio 12 de 2013.
NEGÓ
EL AMPARO.
Con
todo, instó al INPEC a la reubicación de internos que se encuentran en los
pasillos y dar una dieta adecuada a los reclusos que tengan requerimientos
médicos.
14
4075719
Juzgado
1º Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Apartadó. Junio 18 de
2013.
CONCEDE.
Amparó
vida digna, integridad personal y salud. Reiteró las órdenes impartidas en la
sentencia T-153 de 1998. Con todo, señaló que el actor no demostró requerir
atención médica.
15
4076529
Juzgado
2º Penal del Circuito de Sincelejo. Junio 14 de 2013.
CONCEDE.
Amparó
dignidad, integridad personal, salud, igualdad y vida. Ordenó abstenerse de
recibir reclusos de otras ciudades, trasladar internos, efectuar un plan de
construcción y refacción carcelaria y el traslado de internas.
Sala
Penal del Tribunal Superior de Sincelejo. Julio 25 de 2013.
CONFIRMA
INTEGRAMENTE.
16
4076646
Juzgado
Único Penal del Circuito de Anserma. Junio 4 de 2013.
CONCEDE.
Amparó
salud, vida, dignidad humana, seguridad social y resocialización. Ordenó
abstenerse de recibir reclusos, trasladar que se encuentren condenados, y
efectuar un plan de construcción y refacción carcelaria.
Sala
Penal del Tribunal Superior de Manizales. Junio 22 de 2013.
CONFIRMÓ
PARCIALMENTE.
Ordena
el traslado de internos hasta tanto se conserve el número máximo de
capacidad, al tiempo que se dispuso que los planes de refacción o
construcción carcelaria deben ser efectuados por la USPEC.
17
4076801
Juzgado
Penal del Circuito de Roldanillo. Junio 24 de 2013.
CONCEDE.
Amparó
salud y vida. Ordenó el cierre temporal hasta alcanzar el límite de capacidad
o se amplíe su capacidad, se ejecuten acciones para menguar el hacinamiento y
se garantice el derecho a la salud.
Sala
de Decisión Constitucional del Tribunal Superior de Buga. Agosto 12 de 2013.
CONFIRMÓ
INTEGRAMENTE.
18
4694329
Juzgado
3° de Familia del Circuito de Villavicencio. Septiembre 17 de 2014.
NIEGA
Al
no encontrar configurada la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Órdenes a adoptar:
99. Por virtud
de lo considerado anteriormente, conviene precisar que dada la naturaleza del
compromiso de los derechos fundamentales involucrados en el conjunto de
acciones de tutela objeto de estudio, esta Sala ha de proferir órdenes generales,
particulares y relativas a cada caso concreto.
Dicha triada obedece principalmente a la doble
dimensión de los derechos fundamentales, admitida de antaño por esta
Corporación[142],
que acompaña a la declaratoria de cualquier ECI, frente al reconocimiento de
que:
“hoy no se limitan a actuar como derechos
subjetivos, no son solamente prerrogativas, privilegios o potestades que tiene
el titular del derecho respecto al sujeto pasivo, bien sea el poder público o
un particular, sino que, como normas objetivas de principio y decisiones
axiológicas, los derechos fundamentales rigen como principios supremos que
tienen validez para todos los ámbitos del derecho, limitan la autonomía
privada, constituyen mandatos de actuación y deberes de protección para el
Estado”[143].
Visto lo anterior, tal como es de la naturaleza propia
del ECI, en búsqueda de las mejores opciones para contener la problemática
social que surge y se vive en la cárceles del país, y consideradas las
particulares causas de la misma, es preciso abarcar todos los niveles de acción
del aparato estatal para que, en forma coordinada, se impacten positivamente
los derechos de las personas recluidas en los diversos y numerosos
establecimientos penitenciarios del país.
Órdenes generales
100. Conforme el
panorama que se infiere del abordaje de los casos referenciados, esta Sala
proferirá mandatos estructurales que buscan contener la grave situación que se
ha descrito, con el objetivo de terminar con la vulneración masiva y generalizada
de los derechos de la población privada de la libertad –PPL-, para lo cual
busca la acción coordinada de los órganos del poder público, en las instancias
concernidas, a corto, largo y mediano plazo, conforme los mandatos axiológicos
que devienen para ellos de las garantías constitucionales iusfundamentales.
De tal modo, las órdenes generales o de tipo
estructural, a las que se ha hecho alusión en cada uno de los apartados
correspondientes y que serán recogidas en la parte resolutiva de esta sentencia,
tienen la virtualidad de seguir dando forma y dinamismo al ECI declarado en
2013, en búsqueda de su superación. Sobre aquellas, sumadas a las contenidas en
la sentencia T-388 de 2013, recaerá el seguimiento estructural que corresponde
a la naturaleza pragmática y a la teleología del Estado de Cosas
Inconstitucional.
a)
El seguimiento
101. Dicho lo
anterior conviene establecer de manera enfática que el seguimiento al
cumplimiento de las órdenes generales a proferir, deberá estar atado a los
objetivos propuestos para dar solución a cada uno de los problemas identificados.
De tal modo, las instituciones se orientarán por la consecución de las metas y
objetivos formulados, y no por la mera ejecución de actividades particulares y
atomizadas, contenidas en las órdenes individualmente consideradas.
102. El
seguimiento de los factores estructurales y del compromiso masivo de derechos
que configuran el ECI, recae en esta Corporación, en la medida en que “corresponde
a la Corte Constitucional como misión básica la guarda de la integridad y
supremacía de la Constitución, misión que comprende primordialmente la
protección de los valores, principios y derechos que se consideran
inquebrantables en un Estado Social de Derecho y asegurar la vigencia efectiva
de estos contenidos sustanciales mínimos.”[144]
Para adelantar el seguimiento, esta Corporación, puede
servirse de los medios que estén a su alcance, y emitir las órdenes que
corresponda en aras de materializar, en el menor tiempo posible y de la forma
más ágil, los derechos fundamentales afectados en el territorio nacional.
Delegación del seguimiento del ECI en materia
carcelaria. Establecimiento del grupo líder del seguimiento a las órdenes proferidas
y de promoción del proceso de avance hacia la superación del ECI
103. El
seguimiento del cumplimiento de las órdenes a proferir, dirigidas esencialmente
a dinamizar la política criminal y a incidir en las condiciones de reclusión en
el país, en el estadio actual de la situación, implica un esfuerzo logístico,
pero sobre todo técnico, que esta Corporación no puede satisfacer plenamente
por sí misma.
Cabe recordar, que como lo expuso la Defensoría del
Pueblo, la determinación de las condiciones de vida y de gestión que implica un
cupo carcelario digno no se ha llevado a cabo, y es un tarea por emprender. El
desarrollo de la misma implica el establecimiento de garantías mínimas, que
permitan establecer con certeza los fines y las condiciones de reclusión, como
los niveles de avance hacia la superación del Estado de Cosas
Inconstitucional.
Para tales efectos la Corte fijará las entidades encargadas
del seguimiento al cumplimiento de las órdenes a adoptar, fijando una entidad
líder de los procesos atados a la superación del ECI, otra que se encargue de
la vigilancia de los mismos y una última que se apropie y promueva la acción
conjunta de las instituciones concernidas.
Liderazgo del seguimiento. La Defensoría del Pueblo.
104. En primer
lugar, es conviene resaltar la participación activa de la Defensoría del Pueblo
en el análisis, la determinación de la situación carcelaria a nivel nacional y
el seguimiento local a la problemática del Sistema Penitenciario, acreditada en
la documentación obrante en el conjunto de procesos constitucionales revisados,
lo cual permite contemplar la posibilidad de que esta entidad lidere el proceso
de seguimiento.
Preciso es recordar en este punto que la Defensoría
del Pueblo, como organismo de control, es una institución encargada por el
constituyente de “velar(…) por la promoción, el ejercicio y la divulgación
de los derechos humanos”[145],
en búsqueda de que el Estado se oriente por su respeto y garantía.
En materia de política criminal la labor de inspección
y seguimiento a la situación de las personas privadas de la libertad se ha
estructurado a través de la Defensoría Delegada para la Política Criminal y
Penitenciaria, que busca conjugar la política pública con los derroteros que
impone el respeto por la dignidad humana.
La Defensoría Delegada para la Política Criminal y
Penitenciaria ha propugnado por el diseño de una política criminal enmarcada en
los derechos fundamentales, incidiendo en los procesos de criminalización
primaria. Además, ha hecho vigilancia y defensa constante de las personas
privadas de la libertad –criminalización terciaria-.
De tal forma la Defensoría de Pueblo, misionalmente,
aparece como el órgano capaz de articular (i) las fases de la
criminalización, con especial atención en los efectos de cada una de ellas
sobre las demás; (ii) las disposiciones generales con las realidades locales,
en vista de la presencia regional de la institución y del reconocimiento amplio
de la ejecución de la política criminal a lo largo y ancho del territorio
nacional; como, (iii) los derechos constitucionales y las políticas públicas en
materia criminal.
De tal forma el seguimiento a la Política Criminal en
cada una de las fases sobre las que recaen las órdenes y consideraciones
efectuadas en esta sentencia, será asumido por la Defensoría del Pueblo, quien
informará a esta Corporación sobre la evolución de la situación, los aciertos y
las dificultades en el avance hacia la superación del ECI, con una periodicidad
semestral.
105. Para
efectos de lo anterior, y en aras de efectuar un seguimiento armónico del ECI
en cuanto a las múltiples facetas y dimensiones de la política criminal y
penitenciaria del país, se dispondrá que la Defensoría del Pueblo[146]
como líder del proceso de seguimiento cree un Grupo particular para el
ejercicio de las actividades ligadas a esta tarea.
Dicho Grupo de Seguimiento, deberá orientarse a la
evaluación de la Política Criminal a partir de tres ejes: (i) los derechos
fundamentales de los internos asociados a las condiciones de existencia digna y
humana, (ii) la visualización de la necesidad de retornar a un derecho penal mínimo
y (iii) la función resocializadora de la pena privativa de la libertad.
La actividad del Grupo de Seguimiento se desarrollará
sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Comisión de Seguimiento a las
condiciones de reclusión del Sistema Penitenciario y Carcelario, creada y
reglada por los artículos 93 y 94 de la Ley 1709 de 2014 y por el Decreto 1606
del 10 de agosto de 2015. Difieren sus actividades en la medida en que el Grupo
de Seguimiento de la Defensoría del Pueblo a que hace referencia esta sentencia
se focalizará en las problemáticas de la política criminal exhibidas en los
casos objeto de estudio, y adelantará el análisis del cumplimiento de las
directrices técnicas que surjan en esta decisión o como consecuencia de ella.
Sin duda, la labor de seguimiento que se adjudica en
esta providencia,  debe alejarse de la Comisión de Seguimiento a las
condiciones de reclusión del Sistema Penitenciario y Carcelario, en la
medida en que este es un grupo de trabajo que hace parte del conjunto de instituciones
que componen el sistema penitenciario nacional, por lo que se vería menguada su
legitimidad como veedora del proceso de superación del ECI.
Para el desarrollo del objetivo del Grupo de
Seguimiento, la Defensoría del Pueblo, deberá articularse con los demás entes
de control (la Contraloría General de la República, la Procuraduría y la Fiscalía
General de la Nación), con la academia y las organizaciones nacionales e
internacionales, dedicadas a la defensa de los derechos de las personas
privadas de la libertad, que serán invitadas a participar de la fijación,
evaluación y retroalimentación de los lineamientos técnicos que establecerán
las condiciones mínimas de reclusión.
Concebido el enfoque técnico de la evaluación que
deberá efectuar el Grupo de Seguimiento, conviene anunciar que serán invitadas la
Universidad Nacional de Colombia y aquellas que intervinieron en las acciones
de tutela que se analizan, en representación de la academia, y el Comité
Internacional de la Cruz Roja –CICR-, como organización que vela por los
derechos de las personas privadas de la libertad, y que en su esfuerzo ha
construido una serie de parámetros mínimos para la privación de la libertad, en
el mundo a través de su vasta experiencia en la materia. Lo anterior con el fin
de que ejerzan una labor de acompañamiento en el proceso de verificación de
avances, retrocesos y dificultades en la situación carcelaria del país.
No obstante lo anterior, la Defensoría del Pueblo
podrá convocar a otras personas e instituciones con la experticia suficiente
para nutrir la labor de seguimiento.
Como quiera que el seguimiento que se pretende recae
sobre la situación de los derechos de la población privada de la libertad, sobre
los que la declaratoria del ECI persigue impacto, la configuración y la
valoración de la política pública en la materia, habrá de efectuarse de forma
permanente, pero deben presentarse a esta Sala, informes semestrales en donde
se muestren los proyectos y los avances, estancamientos o retrocesos en la
materia. La información concerniente, siempre que no implique revelación de
datos reservados, deberá publicitarse por parte del Ministerio de Justicia y
del Derecho a través de la página web http://www.politicacriminal.gov.co/.
Tal ejercicio debe responder en todo caso al estándar
constitucional mínimo de una política criminal respetuosa de los derechos
humanos, referido en los fundamentos 50 a 66 de esta providencia, y por
concretar en este apartado mediante acciones concretas que guiarán el
restablecimiento de los derechos de la población privada de la libertad y de la
libertad como pilar fundamental del Estado colombiano.
Vigilancia del cumplimiento de esta sentencia.
Procuraduría General de la Nación.
106. Sin
perjuicio del rol que, como se precisó, deberá desempeñar la Defensoría del
Pueblo en la organización y en el seguimiento de lo ordenado en esta sentencia,
la Procuraduría General de la Nación deberá efectuar vigilancia sobre el
cumplimiento de la misma, tal y como constitucionalmente le corresponde.
Cabe recordar que la Constitución Política, en su
artículo 277, estableció en su primer numeral que entre las funciones de la
Procuraduría General de la Nación, cuyo ejercicio compete al Procurador General
por sí mismo o a través de sus delegados y agentes, está la de “vigilar
el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales
y los actos administrativos”. En los numerales siguientes, el constituyente
le adjudicó funciones relacionadas con la protección de los derechos humanos (para
asegurar su efectividad, con el auxilio del Defensor del Pueblo), con la
defensa de los intereses de la sociedad, y con la promoción del ejercicio
diligente y eficiente de las funciones administrativas.
Las mencionadas atribuciones de orden constitucional han
sido una constante en el constitucionalismo colombiano, pese a sus
modificaciones. Respecto de las funciones otorgadas en la Constitución de 1886,
esta Corte explicó:
“función especial de cuidado y la
atribución general de defender los intereses de la Nación (…), ésta fue
ampliada y desarrollada por el propio constituyente en 1991, en los términos
anteriormente indicados. Este cambio fue acompañado de un reconocimiento del
Procurador General de la Nación como depositario directo y específico de la
confianza del constituyente para que ejerciera las facultades necesarias para
cumplir dicha misión institucional”.[147]
El Estatuto de la Procuraduría General de la Nación,
contenido en el Decreto Ley 262 de 2000, establece así, entre las funciones de
dicho órgano, las preventivas y de control de la gestión, reguladas en el artículo
24 de dicha norma, que recoge textualmente la disposición constitucional en
cita (artículo 277 superior).
La Resolución 490 de 2008, reguló la función
preventiva a cargo de la Procuraduría General de la Nación, creó el Sistema
Integral de Prevención y estableció los principios y criterios correspondientes
a su ejercicio. Los mismos fueron reenfocados mediante la Resolución 132 de
2014, que regula el rumbo, los principios y los lineamientos en la materia,
previendo ciertos escenarios de acción preventiva: el primero, de anticipación[148];
el segundo de  mitigación y/ o restitución[149];
y el tercero y último, de orientación, dirigido a los particulares[150].
De estos resultan relevantes a la vigilancia del cumplimiento de las órdenes
emitidas en esta sentencia, los dos primeros.
La  Resolución 132 de 2014 fue adicionada por la 055
del 6 de febrero de 2015, que previó varias clases de intervenciones
preventivas en defensa de los derechos fundamentales de la población en
Colombia, en el marco de cada uno de los escenarios de acción.
En el escenario de anticipación, que busca
principalmente adelantarse a hechos que puedan (i) vulnerar los derechos de las
personas; o (ii) amenazar el adecuado ejercicio de la función pública, se ha
previsto dos trámites. El primero el caso preventivo, cuyo fin es verificar el
cumplimiento legal y los principios que rigen la función administrativa,
centrándose en un aspecto particular de la gestión pública; el segundo, el
Proyecto Preventivo, que busca contribuir al mejoramiento de la gestión y/o
política pública, centrándose en problemáticas generalizadas de la gestión
pública.
Este escenario es idóneo para la vigilancia de las
medidas a adoptar con ocasión del ciclo de la política pública, en lo relativo
a las modificaciones de la política criminal, que provengan de los ejercicios
de retroalimentación de esta. El cometido será resguardar los parámetros de
acción establecidos en los lineamientos antecedentes en cada una de las fases
de la política criminal, promoviendo y resguardando la armonía de las medidas
asumidas, anticipándose a los efectos en toda la cadena de ejecución de las
mismas.
En el escenario de mitigación y/o restitución,
orientado a actuar preventivamente ante la ocurrencia de hechos que ya
implicaron la vulneración o desconocimiento de un derecho, a fin de evitar que se
propaguen o profundicen los efectos adversos para los afectados, impedir la
reiteración de su ocurrencia, mitigar los efectos del mismo y/o restituir el
derecho violado, se han establecido dos trámites conforme el tiempo que puedan implicar.
El primero, el  Asunto Abreviado, se encuentra establecido  para la ejecución
de actividades preventivas primarias, a la espera de resultados inmediatos o de
corto plazo; el segundo, el Asunto Ordinario, comprende actividades preventivas
de mayor complejidad buscando resultados “en el corto y mediano plazo”[151].
Identificadas así las actuaciones administrativas que
pueden contribuir a la armonización de la política criminal, esta Corte
ordenará a la Procuraduría
General de la Nación que asuma la vigilancia del cumplimiento de esta sentencia,
conforme sea aplicable a cada una de las etapas de la política criminal, en
seguimiento de los lineamientos sentados en esta providencia para conjurar los
problemas identificados.  Lo anterior, en estricto, para las órdenes generales
y particulares emitidas en este fallo.
Frente a las órdenes asociadas a cada caso
concreto deberá adelantar un asunto abreviado con el fin de vigilar el
cumplimiento de las órdenes impartidas a favor de cada uno de los tutelantes
que promovieron las acciones objeto de estudio.
En todos los casos, tanto para la
vigilancia de las órdenes generales, de las particulares y de las de los casos
concretos, la Procuraduría General de la Nación recibirá el apoyo de la Defensoría
del Pueblo, como líder del seguimiento del presente asunto. Trabajarán en forma
mancomunada en el impulso del cumplimiento de las órdenes que se profieran,
teniendo presente más que la literalidad de las mismas, las finalidades que se
esbozan en la parte considerativa de esta providencia y en la Sentencia
T-388 de 2013.
Los procedimientos adelantados en ejercicio de la
función preventiva de la Procuraduría General de la Nación serán objeto de análisis
por parte de esta Corporación mediante la presentación pública de informes
periódicos al respecto. La información que los nutra deberá ser publicitada y
actualizada continuamente (de forma mensual) en la página web diseñada para la
divulgación de los pormenores de la situación carcelaria en el país[152].
Articulación de las entidades concernidas. Ministerio
de la Presidencia de la República
107. Ahora bien,
con el enfoque sistémico del problema carcelario, que arroja como su causa principal
la desarticulación de la política criminal, además de identificar los roles de
liderazgo en el seguimiento y de vigilancia al cumplimiento de este fallo, es
necesario hacer visible un ente articulador de la política criminal.
Toda vez que el problema es de naturaleza estructural
y convoca a varios de los sectores de Gobierno, se impone delegar la
coordinación de las entidades concernidas al Ministerio de la Presidencia de la
República, que en virtud del Decreto 1649 de 2014 (Artículo 8, numeral 7 y su
parágrafo) tiene la función de coordinar con los Ministros y Directores de
Departamento Administrativo en la gestión de las políticas gubernamentales
correspondientes a sus respectivos sectores y en la medida de sus competencias
particulares.
Lo anterior no solo en el nivel nacional, pues a
través del Ministerio del Interior deberán coordinarse los esfuerzos
territoriales en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional en materia
carcelaria, propendiendo por la unificación de los métodos de análisis y
evaluación, como de la construcción de canales de retroalimentación de la
gestión administrativa de los establecimientos penitenciarios y carcelarios.  Ello
sin perjuicio de la autonomía de las entidades territoriales.
108. Con todo y
sin perjuicio del liderazgo que se le otorga a la Defensoría del Pueblo, a la
Procuraduría General de la Nación y al Ministerio de la Presidencia de la
República, es necesario advertir que la Corte Constitucional se reservará, como
en su momento lo hizo a través de la sentencia T-388 de 2013 (orden
vigesimotercera), la posibilidad de asumir por sí misma, en cualquier momento y
estadio del proceso, el seguimiento del Estado de Cosas Inconstitucional
decretado en materia de política criminal en dicha providencia.
Lo anterior no significa que la declaratoria del
Estado de Cosas Inconstitucional, que ahora se reiterará, esté desprovista de
seguimiento. Por el contrario el seguimiento y la vigilancia encomendados al
Ministerio Público como al de la Presidencia de la República, garantizan un
sistema de gestión orientado a la obtención de resultados y al impacto en los
derechos de las personas privadas de la libertad, a mediano plazo, mediante la
adopción de medidas generales y particulares en el país que, gracias a su
carácter concreto y específico, impacten la vida carcelaria, cuyas condiciones
actuales son causa directa de los reclamos constitucionales analizados.
De tal modo, el objetivo primordial de la reiteración
del ECI es la consecución de un sistema de gestión pública armónico, que tenga
posibilidad de actuar en forma autónoma para reestablecer los derechos de la población
privada de la libertad. Para tal efecto se estructurarán objetivos claros
frente a cada problema detectado, que se acompañan de lineamientos puntuales de
gestión, ofreciendo parámetros específicos de acción administrativa y de
evaluación del ECI.
La estimación de un seguimiento establecido con base
en medidas concretas y muchas veces técnicas, no constituyen el desconocimiento
de las medidas que han asumido tanto el ejecutivo como el Legislador, sobretodo
mediante la expedición de la Ley 1709 de 2014 y su reglamentación, sino de la
urgencia de la intervención del juez constitucional para frenar las
afectaciones de los derechos fundamentales que hoy se verifican. No puede
aguardar el juez constitucional a verificar si las medidas legislativas tienen
o no impactos positivos sobre la población privada de la libertad, pues el
costo de hacerlo es grande.
La identificación de los parámetros específicos de
acción, tampoco debe asumirse como una usurpación de funciones administrativas
o legislativas, pues se orienta más bien a la fijación del punto inicial de una
política orientada a la dignificación y al respeto de los derechos
fundamentales de las personas privadas de la libertad. En marcha el proceso,
pueden admitirse otras valoraciones y propuestas, siempre que estén motivadas
en los derechos fundamentales y muestren mayor efectividad en su realización
que en las aquí sugeridas.
Condiciones mínimas para el seguimiento del ECI
109. El
desarrollo del proceso de seguimiento, además de la conformación del Grupo
establecido para ello y de la identificación de las entidades que lo lideran,
supone otros elementos, sin los cuales la labor encomendada a la Defensoría del
Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación y al Ministerio de la
Presidencia no sería eficaz, ni eficiente.
El seguimiento, como un ejercicio de diseño,
planeación, evaluación y retroalimentación constante de la política criminal,
implica varias condiciones preexistentes que deberán asegurarse. En tal sentido
el proceso de seguimiento debe estructurarse a partir de:
(i) La conformación de un Comité Interdisciplinario para la
Estructuración de las Normas Técnicas sobre a la Privación de la Libertad, en la medida en que una de las
deficiencias del sistema actual es la precariedad de los sistemas de información,
a causa de la heterogeneidad de las formas de medición de las condiciones de
reclusión, como lo revelan las denuncias de la Defensoría del Pueblo, sobre la
fiabilidad de la estimación de la capacidad de cada uno de los establecimientos
penitenciarios.
El objetivo de este Comité será la
identificación de los parámetros técnicos que permitan consolidar condiciones
de reclusión dignas, tanto para las personas condenadas, como para las
sindicadas, en lo que pueda ser diferente entre ellas.
Tal labor habrá de efectuarse con un
enfoque diferencial frente a quienes puedan resultar vulnerables en condiciones
de reclusión estándar. Entre ellas es preciso rescatar a las personas de la
tercera edad, a las mujeres, la población LGTBI, los miembros de comunidades étnicas,
las personas que profesan religiones minoritarias, las personas que padecen
enfermedades crónicas o terminales, los extranjeros y las personas en condición
de discapacidad; además deben establecerse condiciones mínimas de permanencia
en el penal para niños que temporalmente se encuentren en él,  al cuidado de
sus madres o padres.
Sobre el particular, mientras se identifican los
mínimos de reclusión, se han dispuesto parámetros concretos, sobre los cuales
deberá actuarse entretanto. Se presentan más adelante, de cara a las órdenes
por impartir para contrarrestar cada uno de los problemas denunciados por los
accionantes, el Comité deberá analizarlos y reafirmarlos o sustituirlos, en
forma motivada, por otros que impliquen mayores garantías para la población
privada de la libertad.
La conformación del Comité Interdisciplinario para la
Estructuración de las Normas Técnicas sobre la Privación de la Libertad, será
responsabilidad de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Justicia y del
Derecho, que tendrán lugar en él. Habrán de convocar a las autoridades públicas
que manejen el tema a consultar, debiendo hacer sesiones de trabajo por cada
uno de los problemas abordados en esta sentencia sobre las condiciones de
reclusión; además llamarán a su conformación a la academia y a las
organizaciones de defensa de los derechos de las personas privadas de la
libertad, para la construcción de la regulación técnica que se pretende. En
todas las materias deberá contarse con la presencia y deliberación de algún
representante de los establecimientos penitenciarios, del INPEC y de la USPEC.
Como producto final, el Ministerio de cada sector
comprometido con las regulaciones técnicas, emitirá la reglamentación que las
contenga, especificando las obligaciones de los establecimientos de reclusión
en cada materia, como los pormenores que puedan orientarlos en su labor de
concreción de las garantías para la población privada de la libertad (en cuanto
a los tiempos, modos, lugares, procesos y parámetros mínimos).
Por ejemplo, para determinar los mínimos de la
prestación del servicio de salud, deberá convocarse a autoridades nacionales y
territoriales, como el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud,
algunas Secretarías de Salud. Una vez determinados será el Ministerio quien
emita un acto administrativo que los recoja y los difunda.
La primera convocatoria deberá emprenderse
a la notificación de esta sentencia, de manera que los vacíos en materia de
regulaciones técnicas sobre la vida carcelaria y frente a los indicadores
determinados, sean solventados por el mencionado Comité, consolidándose e
integrándose la fuente del diagnóstico inicial que deberá efectuarse en cada
establecimiento penitenciario, para identificar la línea base del seguimiento,
y los patrones de evaluación asociados.
(ii) la consolidación de una línea base. Ello supone un diagnóstico inicial de la situación
actual de la Política Criminal y Penitenciaria del país, en los términos en que
se dejó anotado en el fundamento jurídico 81 de esta providencia. Tal
evaluación debe estructurarse a partir de las Normas Técnicas sobre la
Privación de la Libertad, emitidas en la forma en que se precisó en el numeral
anterior.
El diagnóstico responderá a los criterios, objetivos e
indicadores formulados en esta decisión judicial. Si los mismos precisan alguna
modificación, deberá ser sustentada en criterios técnicos fuertes, que permitan
presumir una mayor protección a los derechos de las personas privadas de la
libertad.
La línea base servirá como parámetro de verificación
de los avances hacia la superación del ECI.
(iii) estructurar una base de datos y un Sistema de
Información fuerte que recoja la información relevante a toda la política
criminal. Corresponde al Ministerio
de Justicia y del Derecho desplegar las gestiones necesarias para recoger la
línea base en un sistema de información de tal magnitud, que permita registrar
el diagnóstico referido, y consignar mensualmente la información local necesaria
y las evidencias del caso, para determinar por parte de los líderes del
seguimiento y de esta Corporación, los avances y retrocesos de la Política
Criminal.
La base de datos será el punto de partida de la
creación de un Sistema de Información que integre todos los datos necesarios
para el desarrollo de cualquiera de las etapas de criminalización.
Como quiera que uno de los problemas encontrados en la
formulación de la política criminal es la falta de soporte fáctico, uno de los
propósitos será la consolidación de una base de datos que consigne y permita
manejar la información necesaria para poder desplegar las funciones de
ejecución, evaluación y reformulación, de cada una de las entidades
intervinientes.
Lo anterior en la medida en que la gestión articulada
de la política criminal depende del flujo constante de información certera y
actualizada sobre las condiciones en que se encuentra el sistema en cada una de
las etapas de la política criminal.
La gestión de la información, en manos del Ministerio
de Justicia y del Derecho, debe alcanzar niveles de precisión que permitan
estructurar estadísticas generales, identificar avances, retrocesos y
dificultades en la ejecución de la política criminal, de tal forma que el
seguimiento de la política criminal pueda derivar en la estructuración de
mecanismos de mejora que dinamicen el proceso, de cara a los principios y
características esenciales del derecho penal, de la criminalidad y de la pena.
La información deberá ser incorporada en la página web
www.politicacriminal.gov.co, en la que deben vislumbrarse gráficamente el estado
de la situación carcelaria en el país, en los departamentos, en los municipios
y en cada establecimiento penitenciario, y debe abarcar datos generales y
particulares (por recluso) que sirva al diseño de la política, a las decisiones
judiciales y a la gestión administrativa al interior de los reclusorios,
siempre respetando las reservas legales que puedan aducirse y los datos sensibles
para el goce del derecho a la intimidad de los internos.
El proceso de (iv) incorporación de la información
iniciará por cada uno de los establecimientos penitenciarios del país. Cada
lugar de reclusión, a través de su Director(a), efectuará un registro detallado
sobre cada uno de los internos y de su situación en el establecimiento
penitenciario.
La información referida, sobre cada una de las
personas privadas de la libertad, comprende tres etapas: el ingreso, la
estancia en el establecimiento penitenciario, con todas sus eventualidades, y
la vida posterior en libertad.
Sobre el registro de ingreso, de conformidad con las
Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos de la Organización de
Naciones Unidas[153],
el establecimiento penitenciario deberá consignar cuando menos los datos que
permitan individualizar a los condenados o sindicados, las causas de su
detención, la autoridad que impuso la sanción privativa de la libertad, y el
momento exacto (día y hora) en que se verificó el ingreso al penal.
Además de lo anterior, la consolidación de sistemas de
información óptimos para la formulación y ejecución armónica de la política
criminal, precisa de otros elementos de cara al reconocimiento constante y
certero de las condiciones de ejecución de la pena, y con ello del estado del
Sistema Penitenciario. Además de lo anotado es preciso registrar en el momento
de la entrada del recluso en el penal, la siguiente información:
·
Determinación de la pena de
conformidad con la sentencia, estableciendo claramente la fecha en que quien
ingresa al penal debería recobrar la libertad.
·
Establecimiento de los datos de un
familiar a quien se pueda informar cualquier situación de emergencia.
·
Ubicación de sus familiares más
cercanos, con el objeto de establecer criterios para efectuar actuaciones
administrativas que precisen tener en cuenta su unidad familiar.
·
Condiciones médicas especiales, a
través del resultado del examen médico de ingreso.
·
Tratamientos médicos previos en
curso. Detalles sobre su desarrollo y pautas para su continuidad.
·
Determinación de si ha estado
preso con anterioridad, el lugar de la detención anterior y si lo estuvo en
calidad de condenado o sindicado.
·
Asignación de celda y cama
·
Constancia de recepción de
implementos de aseo en el momento del ingreso al penal.
·
Constancia de recepción de
elementos para el descanso nocturno (una cama, un colchón, sábanas, almohada y,
de ser necesario, cobija  en la que se determine el número que le fue entregado
de cada uno de ellos.
Sobre la estancia en el establecimiento
penitenciario deberán consignarse todas aquellas eventualidades que surjan
durante la reclusión: la evolución médica del interno, año a año o frente a
solicitud de atención, las visitas conyugales solicitadas, las efectuadas, la
incorporación en programas de redención y resocialización, mediante educación o
trabajo, con las observaciones sobre su avance o retroceso; los llamados de
atención y comportamiento dentro del establecimiento penitenciario; las
solicitudes que haya presentado, los detalles de la misma y la determinación
final del establecimiento o de los jueces de ejecución de penal, entre otras
tantas que resulten necesarias para determinar el comportamiento general del
Sistema Penitenciario.
Por último, con el fin de evaluar la
capacidad y el impacto de los programas de resocialización que se desarrollan
en los establecimientos penitenciarios, y de conformidad con la necesidad de
readecuación de los mismos en el plano nacional, a través del protagonismo que se
les pueda dar como alternativa penal en la fase de criminalización secundaria o
de la importancia que puedan adquirir ciertos programas para la formulación de
la política criminal, deberá efectuarse el registro de información sobre la
vida en libertad de la persona que estuvo recluida. Para ello deberá
establecerse, en primer lugar, y también de conformidad con las Reglas mínimas
de tratamiento de reclusos, la fecha y la hora de puesta en libertad.
En consecuencia, durante un lapso de dos
años se hará un proceso de acompañamiento y seguimiento, mensual durante el
primero y trimestral durante el segundo, estableciendo el término que tarda la
persona recién liberada en conseguir una fuente de generación de ingresos, para
reestructurar su proyecto de vida. Deberá identificarse la reincidencia, y
efectuarse un análisis sobre las causas de la misma, para retroalimentar el
Sistema.
En la base de datos se incorporará toda
aquella información, establecida preliminarmente por el Grupo de Seguimiento,
para determinar el éxito o la necesidad de reformulación de los programas de
resocialización en el país.
110. El tratamiento de la información será confidencial y
podrán hacerlo las autoridades locales. La información sobre el ingreso al
penal será inmodificable luego de estar consolidada, en la medida en que
constituye el parámetro desde el cual se medirá la situación de la persona
privada de la libertad y las implicaciones que para ella haya podido tener el
estar recluida, al cuidado del Estado. A nivel general, consolidadas
estadísticas respecto a lo anterior, dicha información será la base para
evaluar los aciertos o dificultades de la política criminal en la fase
terciaria de criminalización.
La interoperabilidad de la información, de
cara a la etapa de criminalización primaria no implicará revelar la identidad
ni los datos de los internos en particular, sino que se orientará a la
consolidación de información estadística a partir de la cual se tomen las
decisiones sobre la política criminal.
111. Además de lo anterior, y como consecuencia de la
disponibilidad de datos y sistemas de articulación entre ellos, la Defensoría
del Pueblo estará en la capacidad de (v) identificar el nivel de aporte de
cada una de las instituciones concernidas, nacionales o locales.
Podrá hacer recomendaciones y hacer el
seguimiento sobre el impacto de la retroalimentación, y en últimas reportar la
inobservancia de las obligaciones de las entidades involucradas, como un
impedimento para el avance hacia la superación del ECI, por lo que
corresponderá a esta Corporación adoptar las medidas del caso. Lo anterior sin
perjuicio de las actuaciones que pueda desarrollar la Procuraduría General de
la Nación y el Ministerio de la Presidencia de la República, en el marco de sus
funciones de vigilancia y articulación, como de aquellas otras que
constitucional, legal o reglamentariamente les competan.
Para efectos de lo anterior corresponderá a
la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación, al Ministerio
de la Presidencia de la República y al Ministerio de Justicia y del Derecho
hacer el análisis pormenorizado de esta sentencia, y desagregarla estableciendo
las responsabilidades de cada una de las entidades mencionadas o llamadas,
indirectamente, en virtud del ámbito de sus competencias, identificando (i) lo
que están llamadas a hacer por el ECI; (ii) el término conferido para ello; y,
(iii) las necesidades de articulación interinstitucional para desarrollar procesos,
que deberán satisfacer.
Finalmente, cabe aclarar que los factores estructurales-institucionales del ECI,
han de medirse, en términos de resultado, de cara a las orientaciones y
aciertos en la implementación del estándar constitucional mínimo de una política
criminal respetuosa de los derechos humanos, referido en los fundamentos 50 a 66, como en la
satisfacción de las Normas Técnicas sobre  la Privación de la Libertad,
que configurará el Comité Interdisciplinario.
La formulación de la estrategia de
superación del ECI deberá permitir evaluar el aporte de cada una de las
entidades intervinientes, los compromisos adquiridos y el nivel de respuesta al
estándar y a las normas tantas veces mencionadas. Ello con el fin de
identificar las carencias y las responsabilidades institucionales particulares,
para efectos de lo cual debe estructurarse un mecanismo de valoración de los
aportes a la superación del ECI.
En todo caso, en materia presupuestal
deberá destinarse una partida a la superación del Estado de Cosas
Inconstitucional, a cada una de las entidades que hacen parte del Sistema
Nacional Penitenciario y Carcelario[154],
conforme las Leyes 65 de 1993, 1709 de 2014 y el Decreto 2055 de 2014, en cuyos
planes de acción debe incluirse la adopción de las medidas necesarias, a las
que haya dado lugar la formulación de la estrategia de superación del ECI,
proyecto liderado por la Defensoría del Pueblo.
Cabe recordar en este punto que el artículo
50 del Decreto 2067 de 1991, aplicable los asuntos que maneja la Corte
Constitucional, establece que “los jueces y los demás servidores públicos
deberán de manera eficaz e inmediata prestar a la Corte la colaboración que
ésta les requiera. El incumplimiento de este deber será causal de mala
conducta”, razón por la cual no está demás advertir que deberán prestar
colaboración eficaz e inmediata a la Corte, en los asuntos relacionados en la
presente providencia, so pena de incurrir en causal de mala conducta. Lo
anterior incluye la satisfacción de las exigencias que hagan las entidades que
lideran el seguimiento, en el marco de esta providencia.
112. Además de
lo anterior el seguimiento al proceso de superación del ECI implica sobre todo,
la (vi) identificación del umbral de cumplimiento para su superación y
de los objetivos formulados para contrarrestar cada problemática identificada. De
esta manera tanto la Defensoría del Pueblo, como líder del seguimiento, como la
Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de la Presidencia, al igual
que las entidades que juegan algún papel en él se trazarán metas claras al
respecto.
En cuanto al umbral de cumplimiento que debe
alcanzarse para declarar la superación del ECI, habrá que remitirse a los
motivos que condujeron a su declaratoria.
113. Habiendo
sido categorizadas las causas del ECI en esta providencia en dos grupos, uno
relativo a los derechos fundamentales de los internos y, otro, a las fallas
estructurales del Estado, el eje de la declaración, en la medida en que sirve
como su fin, es el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas
privadas de la libertad, sin el cual en modo alguno y siguiendo las directrices
sentadas en el seguimiento al fenómeno del desplazamiento forzado[155],
no puede asumirse su superación.
En aras de la claridad, sobre el objeto del
seguimiento –siendo este en últimas el respeto por la dignidad de los internos-
y en consonancia con el acervo probatorio recaudado en el conjunto de procesos
analizados, debe tenerse presente que conforme la jurisprudencia en la materia:
“En el sistema penitenciario y carcelario vigente se violan, entre
otros, los derechos a la vida, a la integridad personal (física y psíquica), a
la dignidad humana, a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o
degradantes, a la seguridad personal, a la igualdad, a la no discriminación, a
la intimidad, a la familia, a la libertad (en general y en especial la libertad
sexual y reproductiva y la libertad de oficio), a la salud, a la reinserción
social, a la especial protección de sujetos de especial protección
constitucional (niñas, niños, minorías étnicas y culturales, personas con
discapacidad, mujeres, personas de edad avanzada, jóvenes, personas en
situación de desplazamiento, personas de orientación o identidad sexual diversa
o en relaciones de sujeción, por mencionar los principales sujetos), a la
educación, al trabajo, a la recreación y al deporte, a la expresión, a la
información, al derecho de petición, al debido proceso y al acceso a la
justicia -se reitera-, sólo por mencionar los principales derechos
constitucionales violados o amenazados.”
Lo anterior para circunscribir el análisis al que ha
de dirigirse la Defensoría del Pueblo, y los parámetros que deben estimar las
autoridades públicas involucradas en el ECI, sin perder de vista el carácter
interdependiente de los derechos fundamentales de los internos, como la
gradualidad de la incorporación
del estándar constitucional mínimo de una política criminal respetuosa de
los derechos humanos, referido en los fundamentos 50 a 66.
Condiciones para la superación del Estado
de Cosas Inconstitucional
114. La declaración del Estado de Cosas Inconstitucional
que se reitera en este fallo, implica el establecimiento de criterios de
superación que permitan a las autoridades administrativas concernidas, como a
esta Corporación, la identificación de avances y el cumplimiento de metas
puntuales en el goce efectivo de los derechos de la población carcelaria, que
como se advirtió en los fundamentos jurídicos 22 y 113, son el parámetro último
de medición de la pertinencia de su levantamiento.
En aras de ofrecer mayor claridad al
respecto es necesario fijar criterios generales y específicos para el
levantamiento del Estado de Cosas Inconstitucional. Los primeros son elementos
orientadores, mientras los segundos, son parámetros concretos de medición que
ayudarán a la fijación de metas concretas por parte de la administración, y al
seguimiento de las mismas.
115. Los criterios generales para determinar la
posibilidad de levantamiento del ECI, responden a la naturaleza de esta figura,
delimitada en el fundamento jurídico 22 y siguientes.
Cabe recordar que la vocación del ECI es su
desaparición, en la medida en que se encuentra orientado a sentar parámetros de
acción a través de los cuales puedan restablecerse los derechos de la población
comprometida, y en la medida en que hayan resultados sostenibles en la materia,
se torna innecesario mantenerlo. De tal modo, la pertinencia del ECI depende,
en estricto, de la obtención de resultados, que se identifican, en todo caso,
con el goce efectivo de los derechos fundamentales de la población carcelaria.
Considerado lo anterior, si bien es
deseable mantener el carácter transitorio del ECI, no es posible limitar su
vigencia de antemano y, correlativamente, su declaratoria perdurará mientras no
se verifique que las medidas asumidas por la administración para llegar a
superarlo, hayan impactado en forma favorable a los reclusos, y que tal impacto
tenga vocación de progresividad y sea sostenible en el tiempo. Hasta tanto no
haya certeza de que el andamiaje administrativo y las medidas adoptadas impiden
retrocesos, no podrá declararse superado el ECI.
Quiere decir lo anterior, que el ECI no
puede superarse en virtud de la mera gestión administrativa para lograr su levantamiento,
y que los avances en cuanto a la disposición de recursos o a la armonización de
las instituciones, entre otros tantos, serán valorados en su calidad de medios
para alcanzar el fin propuesto: el goce efectivo de los derechos de las
personas privadas de la libertad. Implica ello que no pueda pretenderse que el
seguimiento se concentre en medios y no en resultados, como corresponde.
Finalmente conviene llamar la atención
sobre el hecho de que la superación del ECI constituye una meta cuyo alcance depende,
más que del cumplimiento de las órdenes proferidas en esta sentencia, en la
consecución de los fines propuestos. Por consiguiente deberá valorarse esta
sentencia en su integralidad.
Además, reconociendo el carácter progresivo
en la adopción de las medidas generales formuladas en esta sentencia, es
preciso destacar que el levantamiento del ECI puede declararse en forma parcial
(sobre aquellos aspectos satisfechos o incluso respecto de entidades que hayan
mostrado la satisfacción plena de sus responsabilidades), y que las
superaciones parciales que se declaren, podrán reversarse si se detecta algún
retroceso (por materia o entidad) que afecte masiva y generalizadamente los
derechos fundamentales de los internos.
116. Los criterios específicos para
establecer la superación del Estado de Cosas Inconstitucional en torno a la
gravedad del desconocimiento de los derechos de las personas privadas de la
libertad, han de consolidarse a través de las metas que se impondrán a
todas las problemáticas sobre las que versa la presente sentencia. De tal modo,
las metas buscarán menguar el carácter masivo y generalizado de las
vulneraciones de derechos humanos en las que se funda el ECI.
No se estructurarán metas en cuanto a
complejidad y coordinación de las actuaciones que desconocen los derechos, en
la medida en que ellas serán derrotero en la ejecución de todo proyecto de
formulación y ejecución de la política criminal, dada la articulación
institucional que ésta demanda.
117. El carácter
masivo de las vulneraciones, implica la verificación de la existencia de
un importante número de personas afectadas en sus derechos fundamentales, con
ocasión de fallas estructurales. De tal modo, su reducción implicará un avance
hacia la superación del ECI, y dicha reducción se constatará cuando el número
de personas afectadas resulte ínfimo frente al número de personas recluidas.
Luego entonces, en torno a la masividad de afectación
de derechos, el criterio de evaluación y seguimiento que servirá para mantener
o finiquitar la declaratoria del ECI, será la cantidad de población afectada,
que se establecerá a través de porcentajes, identificables frente al total de
personas privadas de la libertad.
En un ejercicio de progresión hacia la superación del
ECI, deben establecerse fases de avance en relación con la cantidad de
población afectada por cada uno de los problemas analizados en autos, a través
de las normas fijadas como estándares para la ejecución de la pena.
Cabe recordar en este punto que con fundamento en el
carácter masivo de la afectación a los derechos que implica el ECI, éste se
agotará cuando el número de personas aquejadas por las fallas estructurales
deje de ser representativo, caso en el cual, si bien no será admisible en
ninguna forma el desconocimiento de sus derechos fundamentales, no habrá lugar
a mantener la declaratoria del ECI, por ausencia de uno de sus elementos: el
carácter masivo de la vulneración de derechos.
Lo anterior implica que la superación del ECI no
involucra necesariamente el goce efectivo de derechos del 100% de la población
carcelaria, más aún cuando la adopción del estándar constitucional mínimo
de una política criminal de los derechos humanos es, como se ha
sostenido, progresiva.
Sin embargo la universalidad de las medidas que
conjuren los efectos de las fallas en el Sistema Penitenciario y Carcelario,
será el objetivo primario, que se entenderá alcanzado cuando los dispositivos
institucionales desarrollados por la Administración, y eventualmente por el
Legislador, para retornar a una situación de respeto de los derechos humanos,
sea sostenible y los casos de desconocimiento de los mismos puedan considerarse
tan solo esporádicos, de manera tal que puedan servirse de los mecanismos
habituales, constitucionales y legales, de protección.
Anotado lo anterior, conviene precisar que el proceso
de superación del ECI en lo que atañe al carácter masivo del
desconocimiento de los derechos fundamentales tendrá varias etapas. La
primera, será una fase inicial en la que las medidas de política pública
empezarán su implementación; la segunda, una fase intermedia hacia la
renovación de la política criminal; y la tercera, de solidificación de una
política criminal articulada y eficiente; y, la cuarta, de superación del
carácter masivo del compromiso de derechos.
De todas las etapas del proceso de superación del
carácter masivo del compromiso de los derechos fundamentales de la población
carcelaria, la primera será la más compleja, en la medida en que la
implementación de la política y sus resultados efectivos solo pueden
vislumbrarse cuando un número amplio de reclusos vea satisfechos la totalidad de
los derechos comprometidos con cada falla estructural.
La primera etapa se verificará hasta cuando el 60% de
las personas recluidas del país vean satisfechos los mínimos que implica su
estadía en la prisión, frente a cada uno de los problemas a los que se ha hecho
alusión.
La segunda etapa, la intermedia, tiene por objetivo
afianzar una perspectiva de derechos en la política criminal, reconocida ya
desde la primera fase, de tal modo que las autoridades públicas, la sociedad
civil y en especial quienes conforman el universo poblacional de las cárceles,
reconozcan un imperativo en las garantías constitucionales de las personas
privadas de la libertad. Se hablará de una fase intermedia cuando el goce de
derechos sea efectivo para entre el 61 y el 70% de la población privada de la
libertad en el país, frente a cada uno de los requisitos de su estancia en el
establecimiento penitenciario.
La tercera etapa, será un momento de consolidación de
una política criminal sistémica, que tenga afianzados los sistemas cíclicos de
seguimiento, evaluación y retroalimentación de los procesos, de manera tal que
una vez finiquitada pueda entenderse prospectivamente que el avance se logrará
en forma continua y sostenida. Esta etapa se atravesará mientras la población
privada de la libertad que vea satisfechos sus derechos esté entre el 71 y el
86% de los presos en el país.
Cuando la meta por cumplir sea tan solo frente al 14%
de la población privada de la libertad, se agotará el carácter masivo de las
afectaciones a los derechos fundamentales al interior del Sistema Penitenciario
y Carcelario del país, debiéndose declarar superado el ECI.
t
Tabla 6. Meta sobre el
carácter masivo de la vulneración de derechos.
Carácter masivo del desconocimiento de derechos
(Fases y meta)
Fase
Rango porcentual de personas que gozan de los
mínimos previstos o previsibles
Consecuencia en el seguimiento
Inicial
0%
60%
Mantenimiento ECI
Intermedia
61%
70%
Afianzamiento
71%
86%
Cumplimiento de meta
87%
100%
Superación ECI
En conclusión frente a la masividad del
desconocimiento de los derechos de las personas privadas de la libertad se
espera que, en cada uno de los problemas tratados en esta sentencia y sobre
cada uno de los objetivos atados a ellos, se llegue en forma progresiva a la extinción
del ECI por inexistencia de sus elementos. Lo anterior se verificará a través
de los indicadores correspondientes.
118. Es
importante considerar que además del carácter masivo de la afectación a los
derechos de las personas recluidas, el ECI responde a la generalidad de
la misma, que implica que la violación a los derechos se verifica a lo largo y
ancho del territorio nacional.
Hacer una evaluación sobre este elemento ECI permitirá
encontrar, territorialmente, avances y puntos geográficos de rezago o
estancamientos, en cuanto a en los que habrán de enfocarse las autoridades
locales, departamentales o nacionales concernidas.
Frente a la generalidad de la afectación de los
derechos fundamentales de la población privada de la libertad, es preciso
destacar entonces que toda vez que el análisis responde a la realidad
carcelaria en todo el territorio nacional, el número de establecimientos
dedicados a la ejecución de las penas o las medidas privativas de la libertad
servirá como denominador.
Habrá una afectación generalizada de los derechos de
las personas privadas de la libertad incluso cuando en el 70% del total de los
establecimientos penitenciarios en el país no hayan logrado el umbral de
superación del ECI, frente a los problemas sobre los que versa esta sentencia.
Correlativamente cuando solo el 30% de las cárceles del país no hayan
registrado el umbral de cumplimiento de la meta frente a la masividad de la
afectación de los derechos, se podrá entender que el carácter generalizado se
ha desvirtuado, y podrá analizarse si es pertinente la declaratoria de
superación del ECI.
La dispersión geográfica del problema carcelario, de
cara a la generalidad del compromiso de los derechos fundamentales, implica
además que ese 30% de establecimientos carcelarios en los que no se haya
satisfecho el estándar mínimo de tratamiento digno al interno, tenga
satisfechos los estándares mínimos de tratamiento a el 100% de los sujetos de
especial protección que tengan recluidos o temporalmente en sus instalaciones.
119. El último
de los supuestos del seguimiento al ECI, debe ser la (vii) identificación de
los problemas a abordar y la determinación de los resultados que se esperan
para cada uno de ellos.
De tal modo, a pesar de la importancia que tiene la
gestión en la consecución de los resultados, lo cierto es que los indicadores
de gestión a partir de los cuales se evaluará deberán ser acordados e
identificados con las instituciones concernidas.
Esta sentencia precisará los indicadores de resultado
que pueden tener un impacto directo en el goce de los derechos fundamentales de
la población privada de la libertad, conforme lo problemas que se constataron a
través de los expedientes acumulados, pues la intención es resolverlos dando un
parámetro de acción claro a la Administración.
En lo que sigue, se establecerán los fines puntuales a
los que debe llegar y que debe respetar la Política Criminal, en varios
aspectos de la vida carcelaria. En otros, sin tener la experticia en la materia
se ordenará que el Comité Interdisciplinario, creado en la primera parte del
fundamento jurídico 109, los conforme y que la Defensoría del Pueblo integre
unos y otros para efectuar el proceso de diagnóstico previo y evaluación
periódica.
Se procederá a la identificación de cada uno de los
problemas desarrollados en esta sentencia. De tal modo el proceso de avance
hacia la superación del ECI podrá estructurarse a través de objetivos
concretos, que deberá seguir la institucionalidad.
Los referidos objetivos derivarán a su vez en la conformación
de algunos indicadores de resultado e impacto, conformados mediante la
identificación de las directrices actuales en la materia o de las
recomendaciones técnicas aplicables. Entretanto las metas previamente
referidas, establecerán el estado de la situación y ayudarán a evaluar los
resultados obtenidos de la aplicación de los indicadores.
La medición o evaluación se estructurará a partir de
la identificación de metas concretas, enfiladas a la extinción del ECI por la
supresión del carácter masivo o generalizado de la afectación a los derechos
fundamentales. De tal modo, siendo las metas de carácter general y transversal
a cada uno de los problemas abordados en esta providencia, merecen el
tratamiento preliminar que se les ha dado.
Luego de ello se procederá a la identificación de cada
una de las problemáticas verificadas en los casos de estudio, de sus indicadores,
medibles a través de las metas generales tantas veces mencionadas.
Este será el insumo a partir del cual se evaluará, el
cumplimiento y el impacto de los programas que sigan a esta decisión, y así de
un lado (i) la pertinencia de las estrategias –que deben tener la capacidad de
fundar un mecanismo de seguimiento y de retroalimentación sobre lo ejecutado- ,
y de otro, (ii) el avance hacia la superación del ECI, para lo cual se
establecerán metas claras, asociadas a la naturaleza del mismo.
120. Conviene
precisar al respecto que dicho sistema constituirá un conjunto de condiciones
mínimas ligadas a la privación de la libertad, y no pueden llegar a ser
interpretados como máximos que en la materia puedan darse para ampliar la
protección de los derechos de la población recluida en las cárceles del país.
Al respecto debe asumirse que las directrices ofrecidas en este apartado dan
cuenta de las más básicas prácticas de las autoridades estatales en materia de
trato digno a los presos, especialmente concebida para la superación del Estado
de Cosas Inconstitucional, y en ningún modo supone una meta en si misma
considerada.
121. Se tendrán
en cuenta los problemas identificados por la Sala en materia de prisiones en el
país, para abordar uno a uno los principios orientadores, y los principales indicadores
que correspondan.
Para efectos de la consolidación de los parámetros que
se establecen a continuación es conveniente aclarar que, ante la ausencia de
normas técnicas en muchas de las problemáticas concretas a abordar, la Sala ha
acudido a la experticia de organizaciones internacionales, como la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comité
Internacional de la Cruz Roja, que se han dado a la tarea de construirlas, sin
pretender fijar un rango de normas universales al respecto[156].
De cualquier modo, el establecimiento de los
parámetros que siguen no debe asumirse como un obstáculo para el diálogo
interinstitucional y los estudios técnicos más especializados, y para que mediante
el Comité Interdisciplinario referido líneas atrás, se valoren y establezcan,
en forma justificada, criterios técnicos que amplíen o reduzcan en forma motivada
y analítica esos mínimos, ante la evidencia de que otro parámetro puede
resguardar de mejor forma los derechos de la población privada de la libertad.
122. Los
parámetros que siguen constituyen las condiciones mínimas para la subsistencia
digna de todos los reclusos. Servirán para establecer no solo la tasa de
ocupación real de los establecimientos carcelarios, que ha servido tradicionalmente
para determinar el hacinamiento, y para efectos de establecer en forma certera
la relación entre los servicios ofrecidos y la población recluida en los
distintos establecimientos penitenciarios, que en últimas determinará las
condiciones de reclusión y la afectación de sus derechos fundamentales.
Tal ejercicio brinda un mínimo de acción para las
autoridades involucradas en la política criminal, que en todo caso, podrá ser
contrarrestado técnicamente por ellas, en caso de considerar que existe una
norma técnica más favorable al interno. Deriva de ello la necesidad de
conceptualizar lo que es un cupo carcelario, para determinar si existe o no
sobrepoblación[157],
y establecer la capacidad exacta de cada uno de los establecimientos
penitenciarios, reformulando los criterios conforme los cuales se ha
determinado; en eso consistirá el diagnóstico a partir del cual se conformará
la línea base del ECI, a cargo del Comité Interdisciplinar.
123. A
continuación se consolida la relación entre cada una de las fallas existentes
en el Sistema Penitenciario y Carcelario
del país, reconocidas en esta providencia, y los parámetros de verificación de
avance hacia la superación del ECI, que regirán el acompañamiento del Grupo de
Seguimiento de la Defensoría del Pueblo y la actividad de las autoridades
estatales concernidas.
a.
El hacinamiento
y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno.
124. El hacinamiento carcelario es una de las barreras más
frecuentes para la materialización de los derechos de la población privada de
la libertad, aunque no es el único problema que la aqueja, como quedó claro en
las consideraciones anteriores.
La sobrepoblación en las prisiones ha
estado fuertemente ligada a una política criminal conforme a la cual las
entradas van en aumento, mientras los índices de salida se reducen en forma
considerable, por virtud del endurecimiento punitivo y de la ausencia de
mecanismos de reducción o sustitución de la pena, por lo que al interior de la
cárceles se presentan serias limitaciones frente a la prestación de los
servicios y la capacidad de cada uno de los establecimientos penitenciarios.
Las directrices técnicas apuntan al
señalamiento de la sobrepoblación con referencia a la prestación de servicios y
disponibilidad de los mismos en los penales. La más básica medición del
fenómeno coincide con el espacio por persona dentro de las instalaciones.
Para tal efecto, se ha considerado que el
número de metros por habitante debe considerarse en dos escenarios distintos,
pero complementarios. Desde una visión general se considera el espacio total
por recluso, a partir de la proporción entre el espacio al que los internos
pueden acceder dentro de la cárcel y el número de internos; desde una
perspectiva individual, se calcula un espacio de alojamiento que tiene en
cuenta el área que cada interno tiene para, entre otras, dormir y disponer sus
efectos personales.
Determinar esta cantidad de espacio por
persona privada de la libertad conlleva, en primer lugar, la zonificación de la
cárcel y la determinación del uso del suelo en su interior.
A pesar de la actual crisis carcelaria no
será en ningún caso admisible que las instalaciones tengan doble uso, como
sucede en muchos de los casos de análisis, y que dicho doble uso se emplee para
hacer los cálculos sobre capacidad de las instalaciones.
125. En primer lugar el espacio total de reclusión
de cada una de las personas detenidas será el resultado de sustraer del número
de metros cuadrados de la prisión, el metraje destinado a su gestión
administrativa, dividiendo el resultado entre el número total (real) de
internos. Para la CICR[158],
después de haber estudiado el tema de cárceles y haber visitado múltiples
establecimientos penitenciarios en el mundo, el número mínimo de metros
cuadrados por persona puede oscilar entre 20 y 30 m2.
Aducido ese rango como admisible para
lograr el trato digno de los presos, esta Sala considera necesario identificar
un solo valor que servirá como objetivo, y frente al cual se establecerán los
indicadores y los avances en la superación del ECI.
Como quiera que la declaratoria del Estado
de Cosas Inconstitucional implica la aceptación de una situación precaria en los
centros carcelarios existentes en el territorio nacional, que demanda gran
esfuerzo institucional en su superación (progresiva), y que uno de los mayores
inconvenientes radica en la desproporción que existe actualmente, entre la
población carcelaria (en aumento) y la cantidad de espacio por recluso, que
disminuye con el pasar del tiempo, se impone reconocer a cada uno de ellos un metraje
mínimo admisible para estar en condiciones dignas en la prisión, atendiendo la
realidad que revela el recaudo probatorio.
Por lo anterior, aun cuando pudiera
pensarse que una interpretación más protectora de los derechos de las personas
privadas de la libertad implicaría la exigencia de que el espacio de reclusión
mínimo fuera de 30 m2, la situación por la que atraviesa el país, como causa de
la desarticulación de la política criminal, impone reconocer la incapacidad
actual para ofrecer tales garantías, de tal modo que fijar, ahora, una meta
como esa, por más loable que sea, implicaría desconocer el carácter general y
estructural del problema, y podría desproteger los derechos. Aunado a lo
anterior es preciso no perder de vista que la ampliación de las garantías en
materia de espacio, en las condiciones actuales, redundaría en el
desconocimiento de otras, cuando como se advirtió, el hacinamiento no es el
único problema de las cárceles del país.
Se asumirá, por ende, que cada uno de los
reclusos debe contar en el establecimiento penitenciario con un espacio
total de reclusión mínimo de 20m2. Lo anterior a menos que
técnicamente, en forma motivada y con la participación de las entidades
invitadas a intervenir en el proceso asociado al cumplimiento de esta sentencia,
previo aval de esta Corporación, se establezca una superficie menor por
persona, que asegure condiciones dignas de existencia para los reclusos.
Estimar un espacio total de reclusión
por persona implica, en el cumplimiento de esta sentencia, en su seguimiento o en
su vigilancia, (i) determinar la superficie de cada uno de los establecimientos
penitenciarios; (ii) una vez hecho lo anterior, precisar el uso del suelo (y en
él discriminar las diferentes áreas con las que cuentan los reclusorios, tales
como la zona de alojamiento, la zona administrativa, la zona de recreación, la
zona de trabajo y capacitación, entre otras); (iii) fijar el metraje asociado a
cada una de las zonas en la que se encuentra organizado;  y (iv) definir cuáles
de ellos son accesibles a los presos.
Al área total de la cárcel deberán restársele
aquellas zonas destinadas a la gestión de la administración y del entrenamiento
o estancia de la guardia de la cárcel, estableciendo el área destinada al uso
de los reclusos, y accesible a estos en condiciones de normalidad. El resultado
se dividirá entre el número total de reclusos en la cárcel; cada ingreso o
egreso debe ser registrado en la base de datos de la que se trató en los
fundamentos jurídicos 81, 82 y 109 (parte iii), de tal modo que sea posible
contar con información actualizada y certera sobre el particular.
El siguiente ejemplo, explica la situación:
en una cárcel con un área total de 10.000 m2, en la que se emplean 2.000 m2
para la gestión administrativa y 500 m2 para la formación, entrenamiento y
descanso del personal de seguridad, el espacio total de reclusión será de 7.500
m2. Suponiendo que estén recluidas 400 personas, el espacio total de reclusión
por persona será de 18,75m2, que no satisface los mínimos de
reclusión fijados al respecto en esta sentencia.
De tal modo, el metraje de la cárcel
constituirá un límite para el ingreso de población condenada y sindicada, que
debe controlarse a través de la consolidación de información pública que dé
cuenta de la capacidad de cada uno de los establecimientos carcelarios, y la
contraste con la ocupación actual que haya en cada uno de ellos, visualizando
los faltantes y trazando metas sobre ellos.
126. En el caso de las personas en condición de discapacidad
física, que precisen de elementos como sillas de ruedas para su movilización,
deberá establecerse técnicamente la necesidad de un mayor metraje, y determinar
la cantidad de espacio necesaria para que puedan movilizarse en forma autónoma,
con los dispositivos en los que se apoyan para eso; por ejemplo, sillas de
ruedas. Ello compete al Comité Interdisciplinario, como se advirtió en el
fundamento jurídico 109 (parte i) y, como sus demás aportes, será recogido en
un lineamiento técnico para la ejecución de la pena privativa de la libertad en
Colombia.
127. El objetivo es que cada una de las personas detenidas
en Colombia cuente con una superficie de 20 m2 (o más en el caso de
las personas en situación de discapacidad física, si fuere del caso) en el
interior de la cárcel en la que se le haya recluido, entendiendo por tal aquella
que resulta de sustraer del área total del suelo del penal, aquella a la que
los presos no tienen ningún acceso.
128. La evaluación del objetivo previsto en materia de
espacio total de reclusión por persona será evaluado en términos binarios –si o
no. Para llegar a una conclusión, como al grado de avance general  hacia la
superación del Estado de Cosas Inconstitucional, será preciso establecer el
número de personas privadas de la libertad que, con la infraestructura con la
que cuenta el sistema carcelario y penitenciario del país, podrían llegar a
disponer del mínimo espacio total de reclusión por persona.
Para efectos de hacer tal cálculo es preciso
establecer cuántas personas, con el área disponible para los reclusos, en cada
cárcel, cada región y en el país, puede llegar a albergar el sistema carcelario
y penitenciario. Todas las entidades que intervienen en el proceso de
consolidación de la política criminal deben tener acceso a esta información,
para que puedan tomar decisiones certeras.
Es necesario establecer el porcentaje de
personas privadas de la libertad que, con el área de la que disponen los
establecimientos penitenciarios, podrían lograr el espacio total mínimo que
precisa un cupo carcelario en el país. La meta, tal como se dejó anotado en los
fundamentos jurídicos 117 y 118 es que se supere el 86% de personas que gocen
de los derechos fundamentales en reclusión, en el 70% del país; de esta
dependerá, en parte, el levantamiento del ECI.
129. En cuanto a la gestión de los establecimientos
penitenciarios, como reflejo del acatamiento de esta sentencia por parte de todos
los niveles de acción en la política criminal, es necesario implementar una
terminología de avance en la superación del ECI, que permita visualizar los
cuellos de botella. La misma dará cuenta del compromiso de las autoridades
involucradas, y cada uno de los establecimientos penitenciarios será evaluado
conforme estos parámetros y así será apreciada su contribución a la superación
del ECI, o la falta de ella.
La primera fase será de incumplimiento
exacerbado de las directrices aquí formuladas y se entenderá configurada
hasta tanto se aprecie que el número de metros por recluso es de 5 m2
por persona; la segunda será una fase de incumplimiento bajo que se
entenderá configurado hasta tanto cada persona goce de 10 m2; la
tercera será de cumplimiento bajo cuando se verifique que cada recluso
cuenta con 15 m2 por persona, y la tercera y última será de
cumplimiento, declarado cuando en el establecimiento penitenciario haya 20 m2,
o más, por persona.
130. Los indicadores de resultado, además de las cifras por
establecimiento penitenciario en cuanto al cumplimiento de los estándares de habitabilidad,
deberán dar cuenta, en forma integral, del número de personas que satisfacen el
requisito de espacio general en prisión en todo el país, y del número de
personas que no. Ello permitirá establecer en realidad la relación entre el
número de personas privadas de la libertad y la capacidad institucional para
albergarlas, lo cual permitirá diseñar estrategias de consolidación de cupos
carcelarios en condiciones dignas, derivadas de la labor de retroalimentación
de la política criminal.
A ese respecto, cuando se verifique que la
población que cuenta con menos de 20 m2 de espacio en los centros
penitenciarios del país oscila entre el 100 y el 60%, el número de personas
afectadas será alto; cuando esté entre el 59 y el 30% el número de personas
será medio; cuando el porcentaje se encuentre el 29 y el 15 % se tratará de un
bajo número de personas comprometidas; y, finalmente entre el 14% y el 0%, se
tendrá por un número mínimo de afectaciones que desestimaría el Estado de Cosas
Inconstitucional.
El carácter masivo, como se vio en líneas
anteriores, se conservará con un número alto, medio y bajo de personas que se
vean sometidas a una medida espacial inferior a los 20 m2, y se
perderá con un número mínimo de personas afectadas; de tal modo el Estado de
Cosas Inconstitucional podrá entenderse superado cuando tan solo el 14%, o
menos, de la población carcelaria falten por alcanzar el número de metros
cuadrados estimado como meta, siempre que no se verifique que en dicho conjunto
poblacional hay sujetos de especial protección constitucional, que ostenten
calidad de tales por razones adicionales a la reclusión misma.
Las cifras expuestas consolidan, a modo de
ejemplo para el problema del espacio total por recluso en la prisión, un
sistema puntual de metas que dan cuenta del avance hacia la superación del ECI,
con base en las cuales se efectuará el seguimiento y la evaluación de los
resultados.
131. En segundo lugar, en lo que atañe al espacio de
alojamiento por recluso, referido a la cantidad de espacio disponible para
el descanso nocturno y para la disposición de los efectos personales, ha de
determinarse primero cuál es el área del suelo que se ha empleado para tal
efecto en el penal, sin que puedan tomarse para su cálculo áreas cuyo segundo
uso sea el alojamiento de los internos; no serán consideradas las capillas,
pasillos o áreas de estudio, entre otras, actualmente empleadas, durante las
noches, como lugar de descanso, tal como lo revelan las pruebas obrantes en los
expedientes acumulados, sobre los que se decide.
El espacio de alojamiento por recluso se estima
dividiendo el número de metros cuadrados de la prisión destinados para el
alojamiento de los internos, entre el número de reclusos. Dicho espacio se
encuentra contabilizado en el espacio total por recluso. Ambas cifras deberán
mantenerse actualizadas en la base de datos cuyo acceso ofrecerá el Ministerio
de Justicia y del Derecho a cada centro de reclusión.
El objeto de la estimación del espacio de
alojamiento por recluso es el respeto por los siguientes 3 principios, conforme
los cuales los detenidos deben lograr, (i) dormir acostados; (ii) circular sin
obstáculos dentro de su celda o dormitorio; (iii) tener espacio para situar sus
efectos personales[159];
y (iv) efectuar procesos de evacuación de emergencia sin obstáculos dentro de
la celda.
Pueden distinguirse dos tipos de espacio de
alojamiento, conforme la situación sea de normalidad o de emergencia. Para el
CICR “la superficie útil mínima recomendada es de 5,4 m2 por
detenido, así esté solo”[160],
aunque de un lado, hace distinciones entre la reclusión individual (5,4 m2)
y colectiva (3,4 m2), y reconoce que hay situaciones de emergencia
(transitorias y esporádicas) que pueden implicar una reducción considerable en
el área de alojamiento de los reclusos.
Con todo, se destaca que el mínimo
razonable por persona, en condiciones de emergencia, debe ser de 2 m2,
que debe ser tenido en cuenta en la fijación de planes de emergencia y acatado
en mayor medida posible. Sin embargo la reducción del metraje implica mayores
esfuerzos en otros aspectos, pues debe estar acompañada por celdas ventiladas
en forma óptima; un suministro efectivo mínimo diario de 10 a 15 litros de agua
por interno, con acceso continuo a ella; una dieta balanceada; un número
suficiente de servicios sanitarios en buen estado; acceso al patio de
ejercicios o a cualquier otro lugar al aire libre durante el día; y atención
médica[161].
Conforme la Guía complementaria al
Manual Agua, Saneamiento, Higiene y Hábitat en las Cárceles del Comité
Internacional de la Cruz Roja, la experiencia en las cárceles a nivel mundial
muestra que el metraje de alojamiento mínimo se considera apenas adecuado en
3,4 m2 (para reclusión en celda compartida) y 5,4 m2 (en
celda individual). Se advierte que el espacio por recluso debe variar en
función de la “cantidad de tiempo que el recluso pasa, al día, en la celda”[162].
De tal modo, conforme a los parámetros
establecidos al respecto por la CICR, se considerará dicho metraje mínimo, debe
variar en función del tiempo destinado para actividades fuera de las celdas. Se
considerará que el tiempo estándar destinado para las mismas, será de 10 de las
24 horas del día[163],
en condiciones normales, y sin perjuicio de las medidas médicas o
disciplinarias particulares, que puedan afectar individual y temporalmente este
parámetro.
La gestión de los establecimientos penitenciarios
permitirá a su administración adoptar, mediante un plan de utilización de
espacios y tiempos, estrategias conforme a las situaciones que se presenten y
los regímenes disciplinarios que adopten, por ejemplo con base en el nivel de
seguridad para el cual estén destinados. Ni el metraje mínimo de alojamiento
por persona, ni el tiempo de actividad al exterior de la celda, serán un
parámetro inamovible e impositivo. En cambio, los establecimientos
penitenciarios podrán maniobrar entre rangos de tiempo y de espacio, conforme
la realidad de cada uno de ellos, teniendo en cuenta si el recluso se encuentra
en alojamiento individual o colectivo.
La CICR en la Guía y en el Manual
referenciados, ha sostenido la inescindible relación que existe entre el tamaño
de la celda y el tiempo que el recluso permanece fuera de ella. Conforme tales
documentos la relación es inversamente proporcional: a menor tiempo fuera de la
celda, mayor deberá ser el tamaño de aquella. Así, el espacio por persona en la
celda deberá ser más amplio, cuando se disponga de menos tiempo fuera de ella,
y por el contrario entre más tiempo permanezca el recluso en la celda esta
deberá ser más amplia.
Cobra gran importancia la gestión del
tiempo en los establecimientos penitenciarios, que deberán ofrecer actividades
y programas deportivos, de capacitación y de trabajo que impliquen dejar el
lugar de alojamiento individual durante parte del día. Cuando se hace
referencia a la gestión del tiempo en el establecimiento carcelario se refiere
a condiciones de normalidad, sin perjuicio de las reducciones que, en tiempo o
alojamiento, ameriten las medidas disciplinarias o médicas particulares y
temporales.
Alojamiento en celda colectiva. El espacio de alojamiento por recluso, en
celda colectiva habrá de ser mínimo de 3,4 m2 siempre que se
encuentre previsto un tiempo de 10 horas para actividades fuera de la celda. Cuando
el tiempo de actividad externa a la celda sea de 6 horas, el metraje asignado a
cada recluso deberá ampliarse a 4,4 m2, y si llega a reducirse a 3
horas, aumentará hasta llegar a 5,4 m2 por persona.  Ahora bien el
tiempo mínimo de actividad en el exterior deberá ser de 3 horas, sin que pueda reducirse
aun cuando se llegue a ampliar más el espacio de alojamiento por persona.
El metraje base de 3,4 m2 se
encuentra estimado teniendo en cuenta que la reclusión conjunta, a diferencia
de la individual, permite la contabilización de las áreas comunes de la celda a
favor de cada uno de los presos que comparten un lugar de alojamiento. Por el
contrario la destinación particular de espacios comunes, en la reclusión en
celda individual, genera el menor uso posible de ellas y la necesidad de que se
cuente con la totalidad de esos espacios, lo que incrementa el metraje en celda
individual.
Así también la reclusión en celdas de uso
compartido, en la que se usen camarotes, implica una contabilización del
espacio diferente. Tal como lo muestra la CICR:
“el espacio necesario mínimo se puede
estimar en el orden de 3,4 m2 por persona (incluido el espacio de una cama de
1,6 m2) en una celda compartida.
Una celda para cuatro personas en la que se
utilizan camas separadas debería medir 13,6 m2 (3,4 m2 por recluso × 4, lo que
incluye 1,6 m2 para cada cama). Una celda para cuatro personas en la que se
instalan dos literas dobles debería medir 10,4 m2. Este cálculo se realiza
restando el espacio correspondiente a dos camas individuales separadas (1,6 m2
x 2, que se ahorra usando las literas dobles) de la superficie total necesaria
para que cuatro personas duerman en camas individuales separadas (13,6 m2).
Si bien las literas superpuestas ocupan
menos espacio, en ambos casos el área de suelo abierto disponible para cuatro
personas (excluyendo el espacio ocupado por las camas) es el mismo; es decir,
7,2 m2.”[164]
Alojamiento en celda individual. El espacio de alojamiento por recluso, en
celda colectiva habrá de ser mínimo de 3,4 m2 siempre que se
encuentre previsto un tiempo de 10 horas para actividades fuera de la celda.
Cuando el tiempo de actividad externa a la celda sea de 6 horas, el metraje asignado
a cada recluso deberá ampliarse a 4,4 m2, y si llega a reducirse a 3
horas, aumentará hasta llegar a 5,4 m2 por persona.  Ahora bien el
tiempo mínimo de actividad en el exterior deberá ser de 3 horas, como se
advirtió. sin que pueda reducirse aun cuando se llegue a ampliar más el espacio
de alojamiento por persona.
Con todo, la relación espacio-tiempo en
materia de alojamiento podrá ser objeto de estimaciones matemáticas, que
difieran de los valores asignados, siempre que respeten la relación o proporción
que se adoptó. La relación entre espacio mínimo y tiempo de actividad externa
se puede recoger, conforme lo aludido, así:
Tabla 7. Relación
tiempo de actividad externa a la celda y metraje mínimo de alojamiento
Tiempo fuera de celda
(Horas)
Metraje
(m2)
Celda Individual
Celda Colectiva
10
5,4
3,4
6
6,4
4,4
3
7,4
5,4
De tal modo se deberá establecerse el
porcentaje de personas privadas de la libertad que en cada establecimiento
penitenciario, en cada municipio y en cada departamento dispone del espacio
óptimo de alojamiento en celda individual y colectiva.
132. La relación entre el área destinada para el
alojamiento de cada preso y el tiempo de permanencia fuera de la celda, en
alguna actividad que implique la salida de la misma, necesariamente conlleva a
la estructuración de una estrategia para la gestión de los espacios al interior
de la cárcel, y el aprovechamiento de insumos y elementos para la actividad
dirigida o de tiempo libre de cada interno.
La estrategia de gestión de tiempos de
actividades y de manejo de espacios en la cárcel debe considerar la vocación de
universalidad que debe tener cada uno de los sectores de la prisión, y
satisfacer las necesidades a través, por ejemplo, de turnos en el
aprovechamiento de ellos o de identificación de las prioridades de los
internos, que podrán renunciar al uso de unos, para concentrarse en otros.
Cada uno de los establecimientos
penitenciarios deberá construir, en forma asistida por el INPEC, un plan de
utilización de espacios y de manejo del tiempo en la vida carcelaria. Los
planes deberán ser aprobados por el Ministerio de Justicia y del Derecho.
El indicador en este sentido deberá ser el
número de establecimientos penitenciarios que cuentan con una estrategia
aprobada de manejo del tiempo y de los espacios, frente al total de
establecimientos penitenciarios en el país.
133. Ahora bien, sobre las dimensiones de los sitios de
alojamiento es preciso aclarar que estos, conforme las recomendaciones de la
CICR, debe estructurarse con una “distancia mínima entre las paredes de las
celdas (…) de 2,15 m, y el techo debe estar a por lo menos 2,45 m de alto.”[165]
El indicador al respecto será el porcentaje
de población privada de la libertad que habita una celda que conserva los
mínimos espaciales para el alojamiento, frente a la totalidad de la población
carcelaria. El primer número se multiplica por 100, y el resultado se divido entre
la población carcelaria total, bien sea del país o del establecimiento
penitenciario.
Así, por ejemplo si hay en el país 2.000
personas que están alojadas teniendo en cuenta los mínimos espaciales que debe
garantizar la celda, y la población privada de la libertad asciende a 100.000,
el porcentaje de personas que ve satisfecho este aspecto será del 2%, que se
obtiene al multiplicar 2.000*100, y dividir el resultado entre 100.000.
134. Otro factor que debe tenerse en cuenta en la
consolidación de los espacios de alojamiento es la ventilación. Se propicia a
través de aberturas que deben constituir el 10% de la superficie del área de la
celda, y que deben contar con mecanismos que impidan el paso del frío en la
noche, conforme las condiciones climáticas de la zona en la que se encuentra el
establecimiento penitenciario. Las mismas aberturas deben asegurar la entrada
de luz natural a la celda.
El indicador al respecto será el porcentaje
de personas privadas de la libertad que habitan una celda con ventilación
adecuada, frente a la totalidad de la población carcelaria. El primer número se
multiplica por 100, y el resultado se divide entre la población carcelaria
total, bien sea del país o del establecimiento penitenciario. La operación se
efectúa tal como en el ejemplo del fundamento jurídico 133.
135. Además del metraje del espacio de alojamiento, la
optimización del descanso nocturno al que se orienta principalmente dicho
sector del penal, implica el suministro de los implementos mínimos para dormir,
conforme las condiciones climáticas del entorno en el que se encuentren las
distintas prisiones del país. Al respecto conviene recordar que según las
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, “cada recluso dispondrá,
en conformidad con los usos locales o nacionales, de una cama individual y de
ropa de cama individual suficiente, mantenida convenientemente y mudada con
regularidad a fin de asegurar su limpieza.”
Así, el mínimo de utensilios para el
descanso nocturno será de una almohada, una cama (o en su defecto una
colchoneta, mientras se dota de cama a cada recluso), un juego de sábanas y una
(o dos) cobija(s) con la(s) cual(es) prestarse abrigo durante la noche,
conforme las condiciones climáticas de la región y las necesidades particulares
especiales de algunos internos, médicas o culturales certificadas, por ejemplo.
En lo que concierne a las camas deberán
ceñirse a las siguientes indicaciones técnicas, que ofrece la CICR. Frente a
las camas y/o literas se ha establecido, conforme la experiencia de dicha
organización internacional la importancia de que su tamaño mínimo sea de 2 m *
0,8 m, equivalente a 1,6 m2 de superficie/persona. Entre las camas
dispuestas en forma horizontal debe haber un mínimo de 1,5 m de distancia. En
caso de disponerse en forma vertical, debe considerarse que el espacio mínimo
entre niveles será de 1,2 m.
La disposición vertical de literas o
camarotes es una opción atrayente a la hora de gestionar el espacio al interior
de la celda, cuando no es posible incrementar su metraje. Con independencia de
los niveles que alcance el dispositivo vertical para el descanso nocturno, y de
las personas que cobije, para cada una de ellas se entenderá satisfecho el
espacio destinado a su cama (1,6 m2/persona) que se encuentra
incluido en el espacio mínimo para su alojamiento. En términos de la CICR:
“el uso de literas tiene como objetivo
principal maximizar el área de suelo abierto disponible para los detenidos.
Sobre esta base, el espacio necesario mínimo se puede estimar en el orden de
3,4 m2 por persona (incluido el espacio de una cama de 1,6 m2 ) en una celda
compartida.// Una celda para cuatro personas en la que se utilizan camas
separadas debería medir 13,6 m2 (3,4 m2 por recluso × 4, lo que incluye 1,6 m2
para cada cama). Una celda para cuatro personas en la que se instalan dos literas
dobles debería medir 10,4 m2 . Este cálculo se realiza restando el espacio
correspondiente a dos camas individuales separadas (1,6 m2 x 2, que se ahorra
usando las literas dobles) de la superficie total necesaria para que cuatro
personas duerman en camas individuales separadas (13,6 m2 ). Si bien las
literas superpuestas ocupan menos espacio, en ambos casos el área de suelo
abierto disponible para cuatro personas (excluyendo el espacio ocupado por las
camas) es el mismo; es decir, 7,2 m2.”[166]
136. Será el Comité Interdisciplinario, creado en el
fundamento jurídico 109, quien disponga si acaso debe proveerse de un espacio
por recluso dentro de la celda para la disposición de sus efectos personales,
con el fin de que puedan caminar sin obstáculos, previendo la posibilidad de
fácil evacuación del lugar de alojamiento, ante una posible emergencia. Al
establecer esta necesidad, deberá estimar qué tanto espacio por recluso se
precisa.
137. Otros efectos asociados al hacinamiento, descritos en
las narraciones de los actores, como la contaminación auditiva y visual, habrán
de tener una reducción conforme se avanza en el cumplimiento de logros
referentes al espacio por recluso.
Los riesgos epidemiológicos, y la forma en
que se determinará su contención, serán abordados en el apartado dedicado a los
problemas en la prestación del servicio a la salud.
138. Ahora cabe aclarar que el Comité Interdisciplinario
mencionado debe ponderar la necesidad de establecer lugares diferenciados de
reclusión para sujetos de especial protección constitucional, en forma tal que
se resguarden los derechos de las mujeres embarazadas, lactantes, personas de
la tercera edad, personas con enfermedades terminales o crónicas y personas en
situación de discapacidad.
Cabe tener en cuenta que la disposición de
dichas personas en una misma zona de la cárcel  derivaría en la consolidación
de esquemas disciplinarios y de resocialización, sin consideración de sus
condiciones particulares.
139. Además de lo anterior, la zona de alojamiento en la
que se debe buscar el espacio mínimo previsto para cada preso, se debe
caracterizar porque:
·
La ubicación de los
reclusos en las distintas celdas tenga en cuenta las condiciones clínicas particulares
que pueden presentarse, de manera tal que, por ejemplo, las celdas ubicadas en
los primeros pisos se destinen para personas de la tercera edad o para personas
con alguna discapacidad física, que haga riesgoso el uso de escaleras.
·
El juego de sábanas de
cada interno deberá lavarse cada 15 días, y cambiarse cuando el desgaste lo
amerite.
·
Los internos duermen
acostados en cama, al interior de la celda que les fue asignada. La asignación
de celda a una persona se registrará en la base de datos.
·
Los internos, estén o
no en condiciones de discapacidad, pueden desplazarse por la celda y hacia la
celda que les fue asignada sin obstáculos.
·
Las internas que tienen
un bebé a su cargo en las instalaciones, cuentan con un alojamiento temporal
especializado, que cuenta con una cuna para el neonato, dotada con almohada,
juego de sábanas y cobija. Las   dimensiones se estimarán por parte del Comité
Interdisciplinario.
·
Cada celda deberá
limpiarse cada tercer día y de los procesos de limpieza se dejará un registro
fijado en la celda, en que se identifique quién adelantó los procesos, los
insumos empleados y la fecha y hora en que se realizaron.
140. En cuanto a las demás zonas necesarias para la vida
carcelaria, como comedores, bibliotecas, talleres y demás, el Comité
Interdisciplinario deberá estimar el espacio mínimo que cada una de ellas
precisa por recluso, y las variables que deberán atenderse.
Lo anterior previamente a la estructuración
de las estrategias de gestión de espacios y tiempos de los que ya se habló.
141. Hasta acá se han descrito los mínimos esperados para
la realización de los derechos a la dignidad humana y la igualdad de las
personas privadas de la libertad en Colombia.
142. Sobre dichas metas de alcance individual la Defensoría
del Pueblo habrá de efectuar una valoración, teniendo en cuenta que el objetivo
métrico en materia de alojamiento está relacionado directamente con la gestión
del espacio que logre el establecimiento penitenciario, pues en la medida en
que disponga de programas que lleven al personal recluido fuera de la celda más
tiempo, podrá establecer un área mínima por cada uno de ellos; de lo contrario
el cupo carcelario resulta más costoso, en términos de la infraestructura
empleada.
b.
Precarias
condiciones sanitarias.
143. Al respecto
conviene precisar que las condiciones sanitarias refieren todos aquellos
factores que inciden en la sanidad pública al interior de la cárcel. De tal
modo los estándares que aquí se fijan constituyen un mínimo al respecto, sin
perjuicio de la reglamentación que deberá crear el Ministerio de Salud y
Protección Social.
Las condiciones sanitarias y la higiene deben ser
resguardadas en todos los establecimientos penitenciarios del país. De forma
tal que uno de los principales elementos a evaluar es la frecuencia con la que
se asean los diferentes espacios de la cárcel.
144. Conforme lo
anterior, cada establecimiento penitenciario deberá asearse en su generalidad,
diariamente, surtiéndose los procesos de barrido y trapeado de las
instalaciones. Cada zona de limpieza deberá ser desinfectada con implementos
adecuados para la salud, una vez por mes.
El penal deberá dividirse por áreas para su limpieza y
cada una de las áreas tendrá una persona responsable de la misma, como de los
procesos de desinfección.
De cada una de las limpiezas y desinfecciones
efectuadas a las instalaciones deberá ser consignado en un registro público en
el que se detallen: la persona responsable que deberá firmar el registro, la
identificación de la zona objeto de los procedimientos, los insumos utilizados,
los procedimientos efectuados, la hora, el día  y las observaciones sobre su
estado.
La limpieza que surja como consecuencia de accidentes,
deberán atenderse en un lapso de media hora y deberán registrarse en el mismo
documento.
145. En cuanto a
las condiciones de higiene de los baños, conviene destacar que él área
destinada a ellos (en cubículos de mínimo 1,2m2 por batería
sanitaria) es un espacio que debe conservarse aseado, sin embargo las
frecuencias de limpieza variarán conforme a varios aspectos: entre los que se
destacan situaciones de anormalidad y de normalidad. En condiciones de
normalidad los baños deben asearse en forma diaria, y deben ser sometidos a
desinfección una vez por semana. Entretanto, en condiciones de anormalidad,
ligadas principalmente a riesgos epidemiológicos deberán asearse 2 veces por
día y desinfectarse diariamente, salvo determinación médica en contrario.
Ahora bien, además de la frecuencia de limpieza en los
baños, resulta imprescindible esclarecer el número de sanitarios necesarios para
cubrir las demandas de la población carcelaria.
146. Conforme el
Manual y la Guía anexa del CICR, debe haber un sanitario en óptimo estado de
funcionamiento por cada 25 internos. No obstante lo anterior el número de
sanitarios debe incrementarse conforme las horas del día en que se permita el
acceso a ellos, lo que supone que el total de baterías sanitarias necesarias
para 25 personas, en relación con el tiempo en que aquellas sean accesibles,  se
halle a través de la siguiente ecuación:
Implica lo anterior que el establecimiento
penitenciario tiene la facultad de establecer las estrategias al respecto,
pudiendo ampliar el número de sanitarios disponibles o bien el número de horas
de acceso a ellos durante el día.
De cualquier forma deberá recibir asesoría del INPEC
en el momento de asumir cualquier determinación al respecto, en la medida en
que dicha institución podrá hacer un acompañamiento basado en la experiencia
nacional al respecto. En cualquier momento podrá ser una opción acudir al CICR,
en vista de su amplia experiencia internacional en la materia.
147. En todo
caso entretanto se adecúa la realidad de cada uno de los reclusorios a los
estándares exigidos en esta providencia, la frecuencia de limpieza de los baños
deberá incrementarse conforme el número de usuarios, en una relación
directamente proporcional. Para tal efecto debe determinarse el promedio de
usuarios por sanitario en óptimas condiciones de funcionamiento, lo que implica
que no se tengan en cuenta para el cálculo las baterías sanitarias deficientes.
De tal modo, si por 25 usuarios debía efectuarse una
limpieza diaria y 7 semanales, cuando haya, por ejemplo, un solo retrete para
el uso de 50 internos, semanalmente la limpieza deberá hacerse 14 veces,
respondiendo a la siguiente fórmula:
El resultado de la fórmula deberá aproximarse a su
valor más alto (ejemplo: 7,47 a 8) que será el número de veces por semana que
debe registrarse el procedimiento ordinario de aseo.
148. El uso de
insumos para la limpieza de los espacios sanitarios, como de las celdas y demás
espacios accesibles a los reclusos, se hará previa revisión confidencial de la
generalidad de alertas médicas en el penal, por noticia, por ejemplo de alguna
alergia. Los insumos a emplear deben estar avalados por el Ministerio de Salud
y Protección Social, que deberá certificar su aptitud para el uso humano en
cada establecimiento penitenciario, motivando su decisión sin alusión a ningún
individuo en particular.
En caso condiciones médicas particulares que lo
ameriten, el profesional de la medicina del establecimiento penitenciario,
podrá solicitar en forma motivada otras opciones de insumos de aseo que deberá someter
a consideración y decisión del Ministerio de Salud y Protección Social.
149. Frente a la
desinfección de los baños ocurrirá lo mismo en cuanto a los procedimientos y a
las precauciones anteriores, variando las frecuencias conforme la siguiente
fórmula:
150. Además de
lo anterior, el sistema de baños requiere de una iluminación adecuada durante
el tiempo que de acceso que se destine para ellos, que permita la preservación
de las condiciones de higiene.
La determinación de tiempos de acceso a los sanitarios
debe considerar en forma diferencial las necesidades de la población
carcelaria, de tal modo que debe ser más flexible para las mujeres y para las
personas que presenten una condición de salud que implique una mayor frecuencia
de uso de los retretes.
En todo caso, la ventilación de los baños debe ser,
como en el caso de las celdas, mínimo del 10% del área de cada uno de los
espacios dispuestos para su ubicación.
151. Mensualmente
debe efectuarse la validación de las condiciones de funcionamiento de las
baterías sanitarias, de lo cual se dejará un acta. Las reparaciones no podrá
tardar más de 3 días calendario.
El registro de limpieza y desinfección de baños
servirá para determinar las necesidades de reparación de las baterías
sanitarias. En esa medida, frente a la noticia de la falta de utilidad de
alguna batería sanitaria, alertada por el personal que hace la limpieza de las
mismas, deberá efectuarse una visita extraordinaria para revisar el
funcionamiento de las mismas, en un plazo no mayor a un día.
Deberá destinarse una partida presupuestaria para
reparaciones de baterías sanitarias en cada uno de los establecimientos
penitenciarios del país, y  considerarse la formación técnica de algunos
reclusos y su inclusión en las labores de mantenimiento y limpieza de baños,
como mecanismo de (i) resocialización y (ii) redención de penas. Con todo solo
hasta que el personal esté calificado para desarrollar la actividad podrá
encargársele.
152. En segundo
lugar deben establecerse los mínimos de higiene regular frente a las duchas,
que deberán ser aseadas diariamente y sometidas a procesos de desinfección una
vez por semana. Cabe anotar que la superficie estimada para un cubículo de
ducha es de 1,2m2, conforme las directrices del CICR.
La cantidad de duchas por personas es de 1 por cada 50
internos, siempre que éstos tengan acceso a ella durante las 24 horas del día,
conforme las directrices contenidas en la Guía CICR.
Implica ello, como en el caso de los sanitarios, que el
número de duchas debe aumentar conforme las restricciones de acceso a ellas
sean más fuertes, en la misma relación, conforme la cual para una población de
50 reclusos el número de duchas en relación con el tiempo de acceso a ellas se
obtendrá así:
Como en el caso de los sanitarios, frente a lo
anterior el penal puede optar por ampliar el número de duchas disponibles para
cada 50 personas, o bien el número de horas de acceso a ellas durante el día.
La frecuencia de limpieza de las duchas, entre tanto
se llega al uso de 1 ducha por 50 personas, deberá incrementarse conforme el
número de usuarios, en una relación directamente proporcional; ésta depende de
la identificación del número de personas que usan una ducha en la prisión. La
frecuencia semanal de limpieza, registrada en la misma forma que en caso de los
baños, podrá identificarse del siguiente modo:
El resultado de la ecuación deberá aproximarse a su
valor más alto (ejemplo: 7,47 a 8) que será el número de veces por semana que
debe registrarse el procedimiento ordinario de aseo. Entretanto, la frecuencia
de desinfección será el valor aproximado más alto del resultado de la siguiente
ecuación:
El agua empleada para la limpieza de los cubículos de
duchas, como para la de los baños, si bien podrá no ser agua potable, si deberá
estar libre de agentes contaminantes.
153. Mensualmente
se inspeccionará el estado de cada uno de los cubículos de ducha con el fin de
establecer las necesidades de adecuación de los mismos.
Para efectos de reparaciones se dispondrá de un
presupuesto por establecimiento penitenciario.
Debe considerarse la formación técnica de algunos
reclusos y su inclusión en las labores de mantenimiento y limpieza de los
cubículos de ducha, como mecanismo de (i) resocialización y (ii) redención de
penas. Con todo solo hasta que el personal esté calificado para desarrollar la
actividad podrá encargársele.
154. Ahora bien
entre los factores que inciden en la conservación de óptimas condiciones
sanitarias se encuentra la recolección de basuras y la eliminación de
residuos al interior de la cárcel.
Sobre el particular, conforme a la CICR, “las
celdas y los dormitorios deben tener por lo menos dos cubos para la basura, uno
para desechos orgánicos y otro para no orgánicos. Los cubos deben ser fáciles
de transportar por una o dos personas cuando están llenos”.
Este ejercicio deberá efectuarse en las celdas, la
cocina, los baños y en los espacios comunes de la cárcel en forma diaria, de
tal manera que los recipientes destinados a la recolección de basuras sean
vaciados; éstos deberán ser desinfectados una vez por semana.
Los residuos peligrosos provenientes del área de
tratamiento médico y odontológico deberán tratarse diariamente conforme las
previsiones que al respecto ofrezca el Ministerio de Salud y Protección Social.
De cada una de las actividades descritas habrá una
persona responsable que debe dejar consignada su actividad en un registro
público, en el que detalle los procesos efectuados y las observaciones del
caso.
Como en los casos anteriores, debe considerarse la
formación técnica de algunos reclusos y su inclusión en las labores de
recolección y tratamiento de basuras, como mecanismo de (i) resocialización y
(ii) redención de penas. Con todo solo hasta que el personal esté calificado
para desarrollar la actividad podrá encargársele.
155. Por último
conviene precisar que la presencia de vectores biológicos, reseñada en forma
reiterada en las apreciaciones de los accionantes de los procesos acumulados, debe
contrarrestarse mediante procesos regulares de fumigación, sometidos a los
siguiente parámetros:
Las medidas en cuanto a la fumigación de las
diferentes zonas del establecimiento penitenciario debe estar precedida por un
análisis de las necesidades de cada establecimiento penitenciario, de la
resistencia a los insecticidas y de las restricciones médicas particulares.
Las directrices de fumigación deben estar previamente
definidas para su óptima preparación. Deberá especificarse con exactitud el
tipo de producto (comprobado clínicamente), el tipo de formulación y su
concentración.
La fumigación de los establecimientos penitenciarios
debe tener una periodicidad establecida técnicamente por la Secretaría de Ambiente
de cada municipio, sin que pueda llegar a exceder un año. El límite temporal de
un año se mantendrá mientras la población recluida sea igual o inferior al
número de personas para el que tiene capacidad el establecimiento; cuando se
supere, y en proporción a la cantidad de personas efectivamente recluidas en el
penal, se practicará el procedimiento cada 6 meses.
El acceso a la zona fumigada debe estar limitado por
el lapso de un día, o más. En los eventos en que la materia activa se encuentre
en contacto con la piel de las personas privadas de la libertad se emplearán
insecticidas admisibles, conforme el INVIMA, para cada tipo de vector.
Debe haber un procedimiento establecido por el
Ministerio de Salud y Protección Social para de desinsectación de los lugares e
implementos de descanso nocturno, que establezca las previsiones mínimas con el
objetivo de que no cause merma alguna en la salud de los reclusos y del
personal presente en las instalaciones. Deberá precisarse la cantidad de
insecticida por superficie, frente a la concentración del mismo, conforme las
regulaciones o estándares en la materia; en caso de no haberlos precederá a tal
determinación un estudio técnico al respecto.
Es preciso elegir un insecticida homologado
(comprobado clínicamente), en consulta con los responsables de la
administración penitenciaria de cada establecimiento penitenciario, el médico
del penal y con el Ministerio de Salud y Protección Social.
La desinsectación de las celdas implica extraer de
ellas o aislar los efectos personales, en especial aquellos empleados para la
alimentación o el almacenamiento de agua. Solo hasta que el insecticida se haya
secado completamente se puede permitir el ingreso de los internos a sus lugares
de alojamiento.
Los implementos para la fumigación y pulverización
deberán ofrecerse por aquella persona, natural o jurídica, encargada de seguir
el procedimiento y las determinaciones técnicas del Ministerio de Salud y
Protección Social.
Los implementos de seguridad para quien asume el desarrollo
del proceso de fumigación y pulverización de las zonas de las cárceles se
almacenarán en un sitio lejano a los dormitorios y a la zona de alimentación, y
a él no tendrá acceso más que el personal autorizado por la administración de
la cárcel, y cuyo ingreso quedará registrado en los sistemas de información.
Debe considerarse, en la medida de lo posible y
evaluando todos los riesgos, la formación técnica de algunos reclusos y su
inclusión en las labores de fumigación de los espacios carcelarios, como
mecanismo de (i) resocialización y (ii) redención de penas. Con todo solo hasta
que el personal esté calificado para desarrollar la actividad podrá
encargársele, siempre que esté bajo la supervisión de un experto en la materia.
Lo anterior será de competencia del Ministerio de
Salud, que deberá ofrecer lineamientos que podrán impartirse a los reclusos
como capacitación para el trabajo, de manera que los procesos puedan ser
adelantados por éstos, bajo la supervisión de una persona competente.
c.
La precariedad
de los servicios de salud.
156. La
asistencia en salud deberá ser permanente al interior de la prisión y prestarse
en forma coordinada con la Secretaría de Salud (municipal o departamental) del
ente territorial en el que se ubique el establecimiento penitenciario.
Las condiciones mínimas de prestación del servicio en
cuanto al número de profesionales de la salud que deben estar presentes en el
establecimiento penitenciario, las directrices sanitarias y de infraestructura
de los mismos, y la disposición mínima de implementos médicos y de
medicamentos, deberán ser establecidas por el Ministerio de Salud.
Aun así las instalaciones que se dispongan para la
atención en salud de la población carcelaria dentro del penal, deberá tener un
área estimada por el Comité Interdisciplinario, y deberán estar separadas de
las demás zonas del establecimiento penitenciario. Dentro de as instalaciones
es necesario contar con (i) una sala de espera protegida; (ii) una sala de
tratamiento y entrevista donde los reclusos sean entrevistados, en forma
privada; (iii) espacios de oficina y descanso para el personal médico; y, (iv)
un área de aislamiento de internos calificados como fuente de contagio o
infección de alguna enfermedad, que amerite el aislamiento.
Además, conforme las disposiciones internacionales en
la materia, es conveniente anotar que la regulación técnica que emitirá el
Ministerio de salud y la prestación de los servicios de salud en cada una de
las prisiones en el país debe ceñirse a las siguientes exigencias:
·
El ingreso del interno al penal
debe estar seguido por un examen integral (físico, psicológico y psiquiátrico) sobre
su estado de salud, y la apertura de su historia clínica en la que deberán
registrarse todos los pormenores al respecto, durante el tiempo de su
reclusión.[167]
Es responsabilidad de la Dirección del Establecimiento
Carcelario su práctica por parte de profesionales de ciencias de la salud.
En el registro deberá detallarse su situación médica y
las recomendaciones de tratamiento médico o administrativo para el interno, de
tal forma que si amerita especiales condiciones de habitabilidad, alimentación
o salubridad sean observadas por la Dirección del Establecimiento
Penitenciario.
El examen de ingreso será el punto de inicio de la
historia médica de cada uno de los reclusos. Debe incluir información sobre la verificación
de alergias; enfermedades infecto contagiosas presentes al momento de ingreso; el
padecimiento de enfermedades crónicas, entre otras.
En caso de que el interno tenga tratamientos médicos
en curso al momento de ingresar al penal debe precisarse con la EPS a la que
estuvo afiliado el recluso, a través de su historia clínica (previa
autorización de aquel para solicitarla) la continuidad de los mismos,
garantizando los exámenes, servicio y medicamentos del caso.
Deben identificarse fácilmente las recomendaciones
médicas a que haya lugar en cuanto a las condiciones de habitabilidad o a la
alimentación, que se desprendan del examen médico de ingreso y se actualicen
periódicamente. Además se establecerán, si las hay, una lista detallada de
situaciones riesgosas para la salud del recluso o de los demás presos.
Se establecerá la capacidad laboral del recluso y las
recomendaciones sobre la misma, en el evento de ser necesario para resguardar
su vida y su integridad personal.
·
Habrá jornadas de atención médica
general, cada año debiendo establecerse y registrarse los pormenores del estado
de salud de cada uno de los internos.
En la historia clínica, además, se señalarán las
condiciones físicas y mentales que puedan constituir un obstáculo para la
readaptación, y se registrará la aptitud física de cada recluso para el
trabajo, conforme lo cual se habilitarán o restringirán actividades de
resocialización o redención de penas, debiendo sustituirse por otras.
Al registro de la información sobre el estado de salud
de cada uno de los internos solo pueden tener acceso los profesionales de la
salud involucrados en su tratamiento, ni los guardias ni el personal
administrativo deberá saber más allá de lo necesario para adoptar las medidas
para su tratamiento y/o para la prevención de contagio en la prisión.
·
El establecimiento deberá contar
con un profesional de la salud experto en psiquiatría[168], y ofrecer los
servicios que puedan requerir algunos internos por ese concepto, no solo en
materia de diagnóstico, sino de tratamiento. En los eventos en que el
tratamiento no pueda llevarse a cabo en el interior del penal, deberá
asegurarse su reclusión en un centro psiquiátrico.
·
El área de la salud deberá
proporcionar los servicios de un odontólogo calificado.
·
Los servicios ginecológicos
deberán ser habilitados en los establecimientos carcelarios femeninos, y
contendrán programas individualizados de salud sexual y reproductiva, con los
correspondientes sistemas de planificación que sean recomendados por el médico
y aceptados por la reclusa.
·
Debe prestarse la especialidad de
la obstetricia para un adecuado tratamiento de los embarazos y partos, en los
establecimientos carcelarios femeninos. Con todo se preferirá que el parto
tenga lugar en un hospital civil, pero en caso de nacer en la prisión tal hecho
no debe registrarse en su acta de nacimiento.
·
Los servicios de pediatría deberán
estar habilitados para los eventos en los cuales las reclusas hayan dado a luz
y el bebé se encuentre en las instalaciones del penal. En estos eventos la
cantidad de horas de atención y de personal especializado dependerá del número
de menores de edad en el penal y de su condición de salud.
·
Quienes padezcan alguna enfermedad
deberán ser revisados, cuando menos, diariamente por el médico. En todo caso la
dolencia manifestada por el recluso deberá tratarse, conforme el principio de
buena fe, pues “le asiste al Estado la obligación de aplicar el principio de
buena fe ante la queja o manifestación de alguna dolencia o patología por parte
del recluso, así como de disponer de los medios necesarios para garantizar el
disfrute del derecho fundamental solicitado, mediante la prestación de un
servicio eficiente y acorde con su estado de salud.” [169]
·
El médico hará recomendaciones de
tratamiento especial al penal, cuando estime que es conveniente para mantener
el mayor nivel de salud posible de un interno, por especiales circunstancias.
·
Además de los servicios de un
profesional de la salud, o varios de ellos, para la prestación de servicios
médicos, los establecimientos penitenciarios deberán recibir asesoramiento de
alguno de ellos o de otro para inspeccionar y hacer recomendaciones generales
sobre: (i) el régimen de alimentación (cantidad, calidad, preparación y
distribución de los alimentos); (ii) el sistema de mantenimiento de higiene y
el aseo de las instalaciones, los reclusos y su ropa, incluida la de cama;
(iii) condiciones sanitarias, la calefacción, el alumbrado y la ventilación del
establecimiento; y (iv) la actividad física de los internos.
Las recomendaciones de tipo administrativo efectuadas
por el personal médico adscrito a la EPS solo podrán tener contradicción
profesional, que será dirimidas por su Comité Técnico Científico y por el
Ministerio de Salud y Protección Social, cuando contravengan el manual técnico
que debe crear y publicitar para los efectos de regular las instalaciones y la
prestación del servicio de salud en las cárceles del país.
Tal Manual puede basarse en el los Lineamientos
Generales para la Vigilancia y Control de Eventos de Interés en Salud Pública
en Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios[170],
pero no se agota en ellos, en la medida en que debe regular la gestión en salud
al interior de las cárceles y no solo los eventos de interés para la salud pública,
y establecer parámetros de acción claros para los establecimientos
penitenciarios, identificando indicadores de medición de esa gestión y del
impacto en el derecho a la salud.
·
La historia clínica de cada
recluso solo se mantendrá accesible a los profesionales de la salud que se
encuentren prestando el servicio de salud en el penal. Su naturaleza es
confidencial.
Debe contener el registro minucioso de todos los
incidentes que causen una alteración en el nivel de salud del paciente y de los
tratamientos del caso, como también las anotaciones que se trasladarán, a los
registros administrativos. Solo podrán migrarse las recomendaciones
particulares que haga el médico tratante en cuanto a la alimentación o a la
habitabilidad, para ser tenidas en cuenta por el personal administrativo y de
seguridad de la cárcel, que tratará con reserva total la información.
·
La división médica del
establecimiento carcelario implementará campañas preventivas en salud en
materia de enfermedades de transmisión sexual, y de enfermedades relacionadas
con la higiene.
La prevención en salud se efectuará a través de la
evaluación médica de las condiciones sanitarias, e higiénicas en las diferentes
áreas de la cárcel, como de un régimen de alimentación que permita conservar el
mayor nivel de salud posible.
La generalidad de la población deberá tener la
posibilidad de practicar ejercicio durante mínimo una hora al día, como parte
de la conservación de un buen estado de salud. En los casos en que se precise
de más o de menos tiempo se actuará conforme orden médica al respecto.
·
En materia de atención médica de
urgencia deberá evacuarse el 100% de los requerimientos de diagnóstico el mismo
día en que se registró la necesidad del mismo.
En caso de no contar con los insumos, especialistas o
instalaciones para atender la urgencia, se hará remisión inmediata a algún
centro médico aledaño.
·
El Ministerio de Salud y
Protección Social estructurará un listado de insumos y equipos básicos para la
atención por medicina general, psiquiatría, psicología, odontología,
ginecología, obstetricia.
·
El Ministerio de Salud y
Protección Social fijará las condiciones de almacenamiento de medicamentos que
deberán acatar los establecimientos penitenciarios.
·
El Ministerio de Salud y
Protección Social fijará un listado de medicamentos mínimo que deberá
permanecer en cantidad y calidad en la farmacia.
Deberá llevarse un registro de órdenes médicas y
almacenarse la cantidad de medicamentos especiales prescritos a los internos,
en la cantidad necesaria para que el farmaceuta los suministre en las
condiciones de modo y tiempo ordenadas por el médico tratante.
Una vez sea identificado el cúmulo de medicamentos
prescritos en calidad y cantidad, se hará la solicitud del caso a la EPS
contratada para la prestación del servicio de salud o Dirección de Planeación
del establecimiento penitenciario, conforme sus competencias, para
suministrarlos que reposen en la farmacia, asegurando la continuidad en los
tratamientos de los internos en la posología recomendada.
El Ministerio de Salud y Protección Social fijará un
protocolo de vigilancia y control de las condiciones de almacenamiento de
medicamentos, conforme el cual serán evaluados mensualmente su número
(suficiencia), su vencimiento (vigencia) y su calidad (condiciones ambientales
y aspecto).
·
La farmacia se encargará de
suministrar los medicamentos requeridos por cada uno de los internos con
prescripción médica en su favor. El método empleado para el suministro de
medicamentos deberá asegurar las condiciones, de modo y tiempo, recomendadas
para su ingesta o aplicación, con independencia de si ésta debe verificarse en
horas o días inhábiles.
·
Es necesario suministrar los
mecanismos de planificación familiar por los que opten las internas y los
internos.
Los servicios de salud mínimos, de los que ha tratado
este apartado, deben prestarse a través de las EPS-S, de forma tal que cuando
hasta ahora solo una -CAPRECOM- se encarga de ello, deberá promoverse la
diversificación de prestadoras, con el fin de fomentar la prestación de un
servicio de calidad.
Los reclusos que requieran proveerse de medicamentos
en forma periódica, los obtendrán de la división médica del establecimiento, en
una dosis a las horas señaladas para su ingesta, conforme el tratamiento que
siga[171].
Ahora bien, deben fortalecerse los sistemas
preventivos de salud con jornadas de promoción y prevención de enfermedades, en
especial en lo que atañe a las enfermedades de transmisión sexual, reguladas en
el Decreto 1543 de 1997[172].
Lo anterior demanda la consolidación de lineamientos
de prestación del servicio de salud en los establecimientos penitenciarios, que
contemple el personal mínimo que deberá permanecer en las instalaciones, el
personal itinerante y las frecuencias de atención, como la oportunidad de los
servicios prestados, estableciendo tiempos máximos de atención. Lo anterior será
a cargo del Ministerio de Salud y la Protección Social.
Dicha entidad, además, deberá establecer un plan de
contingencia para enfrentar cualquier alarma de contagio o epidemia dentro del
penal.
Todo lo anterior no constituye óbice para que las
autoridades municipales desplieguen las competencias que el Legislador les ha
atribuido en materia de salud, en los establecimientos penitenciarios, conforme
el artículo 44 de la Ley 715 de 2001, conforme el cual "corresponde a
los municipios dirigir y coordinar el sector salud y el Sistema General de Seguridad
Social en Salud en el ámbito de su jurisdicción, para lo cual cumplirán las
siguientes funciones, sin perjuicio de las asignadas en otras disposiciones: //
"44.3.5. Ejercer vigilancia y control sanitario en su jurisdicción, sobre
los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que
puedan generar riesgos para la población, tales como establecimientos
educativos, hospitales, cárceles, cuarteles, albergues,
guarderías, ancianatos, puertos, aeropuertos y terminales terrestres, transporte
público, piscinas, estadios, coliseos, gimnasios, bares, tabernas,
supermercados y similares, plazas de mercado, de abasto público y plantas de
sacrificio de animales, entre otros."
d.
La
imposibilidad de realizar actividades tendientes a la resocialización o a la
redención de la pena.
157. Sobre el
particular esta Sala encuentra que el Sistema Carcelario actual no dispone de
parámetros comunes y claros sobre los programas de resocialización, como
consecuencia del abandono que ha tenido la reinserción social de quien ha
cometido un delito, en la Política Criminal.
La consecuencia de lo anterior es la desarticulación
de la formulación de programas de resocialización y la atomización de su
ejecución en los establecimientos penitenciarios, sin que se registre un
proceso de seguimiento de los mismos, que permita reestructurar estrategias
conforme el resultado que se busca: la disminución de la criminalidad.
Los proyectos de formación y trabajo que tienen lugar
al interior de las cárceles del país deben articularse con esquemas externos
que permitan la reinserción laboral del condenado. Debe analizarse las
necesidades del mercado laboral externo, para impartir programas que finalmente
puedan tener un impacto en la resocialización del interno.
La disposición de la biblioteca y el acceso a material
de lectura deberá ser parte integral de los programas de resocialización. No
obstante lo anterior se fomentará la lectura recreativa, y deberá disponerse de
material suficiente para realizarla.
Ante la falta de programas y lineamientos al respecto
debe ordenarse al Ministerio de Justicia y del Derecho que con apoyo del
Ministerio de Educación, del DANE y del SENA, efectúe un análisis sobre las
necesidades de la resocialización en el país, las posibilidades de los
establecimientos penitenciarios y las condiciones en que aquellos deben
impartirse, para consolidar posteriormente un esquema de resocialización a
nivel nacional, que responda a las características del Sistema Penitenciario y
a las particularidades que le imprime cada región.
Consolidará así, los lineamientos de los programas de
resocialización de las personas privadas de la libertad por condena, y
efectuará un sistema de indicadores que den cuenta del avance y retroceso en
esta materia, a través de un ejercicio semestral de medición de impacto.
Los programas de resocialización no serán aplicables a
las personas sindicadas, en respeto de la presunción de inocencia que les
asiste. Sin embargo, se habilitarán espacios de capacitación para ellos, en
aras del uso provechoso del tiempo libre.
Una vez consolidado el programa de resocialización en
cada uno de los establecimientos penitenciarios, competerá al Director de los
mismos la divulgación de la información a cerca de los horarios, las pautas
generales y los beneficios ofrecidos, fomentando la participación de los
internos.
No se descartará que los proyectos de capacitación
puedan orientarse a la redención de la pena mediante el trabajo, es decir a la
formación de los internos para la prestación de los servicios mínimos de
mantenimiento de las instalaciones en el penal, que a su vez servirían como
redención de la sanción privativa de la libertad.
e.
La
imposibilidad de diferenciar pabellones y/o trato fáctico y jurídico entre las
personas sujetas a medidas de aseguramiento privativas de la libertad y
aquellas condenadas.
158. La
situación jurídica de las personas sindicadas se caracteriza por la
indefinición de su participación o de la comisión de una conducta punible, pues
aún en ese estadio, la judicatura no ha hecho declaración de culpabilidad
alguna.
En tal sentido las causas de la condena y de la medida
de aseguramiento son distintas y, en tal virtud, diferentes han de ser las
consecuencias jurídicas, no obstante se encuentren condenados y sindicados en
un mismo establecimiento penitenciario.
El problema del tratamiento indiferenciado de unos y
otros, pasa por la ubicación indistinta, pero también por las condiciones de
reclusión. De este modo debe ser claro que las personas sindicadas deben estar
recluidas en un lugar aislado de la cárcel, diferente al dispuesto para la
privación de la libertad de las personas que han sido condenadas por algún
crimen.
Lo anterior permitirá efectuar sistemas de disciplina
y seguridad particulares, que propendan por la convivencia de los sindicados,
pero en el entendido de que como quiera que no han sido declarados culpables de
ningún delito, no puede tratárseles como tales; los programas de
resocialización, entonces no resultan congruentes con su situación, y el tiempo
deberá emplearse en otros menesteres.
En materia de indicadores, éstos evaluarán la
diferenciación espacial efectiva de la reclusión de condenados y sindicados,
siendo indicadores (i) el número de establecimientos penitenciarios que ubican
a sindicados y condenados en sitios distintos, frente al número de establecimientos
penitenciarios en el país; (ii) el número de establecimientos penitenciarios
que han dispuesto sistemas diferenciados de disciplina y de usos del tiempo y
las diferentes zonas dispuestas para los reclusos, para sindicados y condenados
frente al número de establecimientos penitenciarios en el país.
Por ejemplo, cuando hayan establecimientos
penitenciarios que tengan formas de tratamiento diferenciado efectivo entre
personas condenadas y sindicadas, siendo 140 los existentes en el país, el
porcentaje de establecimientos penitenciarios que cumplirían la medida será del
7,1%. Para un cumplimiento bajo y una marcada generalización del problema.
De tal forma la ubicación espacial se asume como un
indicativo de trato diferenciado, pero a ella debe sumarse un trato
diferenciado, conforme a la presunción de inocencia que asiste a las personas
sindicadas.
f.
Las demoras en la
evacuación de las solicitudes de redención de penas y libertad condicional,
fundada en el hacinamiento y reproductora del mismo.
159. Conforme
los alegatos de los accionantes la situación de la privación de la libertad
acarrea la demora en el trámite y decisión de solicitudes que versan sobre la
ejecución de las penas: reclamos de libertad condicional y redención o de
sustitución de penas.
Al respecto cabe recordar que el Consejo Superior de
la Judicatura o quien haga sus veces, debe propender, mediante mecanismos de
capacitación y concientización, porque los Jueces de Ejecución de penas y
Medidas de Seguridad, respondan a su obligación de tramitar de oficio o a
solicitud de parte, alternativas punitivas para los reclusos que cumplan los
requisitos legales para ello, conforme el artículo 7A de la Ley 65 de 1993,
adicionado por la Ley 1709 de 2014.
Sin embargo la posibilidad de actuar de oficio precisa
de la información necesaria para ello, y de la consolidación de una base de
datos lo suficientemente amplia, certera y actualizada, para poder identificar
la situación jurídica de cada uno de los reclusos del país, y focalizar estratégicamente
la acción de los funcionarios judiciales, que deberán adelantar los trámites
correspondientes.
Lo anterior implica que de ninguna forma la
tramitación de beneficios puede depender en exclusiva de la información y la
diligencia de la persona detenida, pues el Estado, principalmente, en cabeza de
los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, como los encargados de
verificar la materialización de los objetivos de la pena, entre los que se
destaca la resocialización del condenado[173],
tiene el deber de respeto y garantía de la libertad, como derecho fundamental
reconocido por el constituyente.
Cabe mencionar en este punto que, en aquellos eventos,
esporádicos y excepcionales, en los que los jueces, aún disponiendo de los
Sistemas de Información para ello, no se percaten de la necesidad de su
intervención, deberán concurrir la Defensoría y la Procuraduría para efectuar
las solicitudes del caso, en términos del precitado artículo.
De cualquier modo, la información asociada a las
solicitudes de redención, sustitución de pena o de libertad condicional será
registrada en las bases de datos sobre el Sistema Penitenciario, de tal modo
que la política criminal se alimente de ella y tenga la capacidad de examinar,
en su interior, la oportunidad con la que responden, con el objetivo de tomar
las decisiones del caso.
Además de lo anterior, en aras de establecer un
mecanismo de evacuación célere de las solicitudes de los internos en esta
materia, deberá conformarse un cuerpo de estudiantes, constante en número, que
apoyen la determinación de las mismas al interior de los establecimientos
penitenciarios y en los Juzgados de Ejecución de Penas. A cada uno de los
establecimientos penitenciarios corresponderá la búsqueda de convenios con los
consultorios jurídicos de las distintas universidades aledañas a la zona en la
que se encuentren.
160. Como
se anunció previamente, dada la recepción que han tenido las brigadas
jurídicas, se ordenará su
instauración y ejercicio periódico, conforme un cronograma que trazará la
Defensoría del Pueblo, con una antelación trimestral, de acuerdo con las
exigencias que se identifiquen a través de las bases de datos, por construir y
consolidar.
La primera programación de las brigadas jurídicas
deberá orientarse a la satisfacción de las necesidades de los internos de cada
uno de los 16 establecimientos penitenciarios, y de ella además de los
resultados esperados en materia de agilización de las respuestas, se espera la
determinación de las necesidades de información que precisaría la Defensoría
del Pueblo y los juzgados de ejecución de penas, para identificar la existencia
de posibilidades de egreso y diseñar las brigadas jurídicas, en adelante.
Para la construcción del primer cronograma de brigadas
jurídicas la Defensoría del Pueblo dispondrá de los 2 meses siguientes a la
notificación de esta providencia, y su implementación cobijará, durante los 4
meses siguientes al establecimiento del cronograma, los 16 establecimientos
carcelarios accionados. Los términos de ejecución de las brigadas serán
comunicados a los 16 establecimientos penitenciarios con la debida antelación.
Al término de los 4 meses de ejecución de las primeras
brigadas jurídicas, la Defensoría del Pueblo elaborará un informe sobre las
necesidades de información de tal ejercicio, y sobre las potencialidades que
tiene este programa para reconocer, a través de las bases de datos, la
situación jurídica de cada recluso, de tal modo que las brigadas jurídicas que
sigan a este ejercicio puedan tener más egresos y orientarse a ellos.
El Ministerio de Justicia y del Derecho deberá
conformar un mecanismo mediante el cual la información pueda centralizarse, y a
su vez pueda conectarse en condiciones de reserva, con los demás datos
relativos a la ejecución de la pena o la criminalización terciaria. Para ello
dispondrá de un mes desde el momento en que la Defensoría del Pueblo haga
entrega de los requerimientos de información.
Dentro de los dos meses siguientes a la emisión del
informe sobre las necesidades y potencialidades de las brigadas jurídicas, todos
los establecimientos penitenciarios del país, apoyados por la Defensoría del
Pueblo y por las Personerías municipales, integrarán la información pertinente de
cada uno de los internos a la base de datos que debe construir y publicitar
entre las entidades concernidas el Ministerio de Justicia y del Derecho,
conforme los fundamentos jurídicos 81, 82 y 109, y asegurarán su actualización
mensual.
161. Las brigadas, si bien deberán ser coordinadas por la
Defensoría del Pueblo, a través de sus regionales y de las personerías
municipales, involucrarán la acción directa del Consejo Superior de la
Judicatura, o de quien haga sus veces.
Esta última institución será quien: i) coordine a los
consultorios jurídicos de todas las Universidades del país, con el fin de
lograr su participación en la realización de las brigadas jurídicas y, ii)
coordine el trabajo de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad
para que concedan, a quienes corresponde, los beneficios establecidos en la
ley, y para que las solicitudes se resuelvan en la mayor brevedad posible. En
caso de que exista una gran cantidad de trabajo represado, deberá crear cargos
de descongestión para el efecto.
g.
Falta de acceso al
agua potable en forma continua de los internos al interior de los
establecimientos carcelarios.
162. La problemática
del sistema carcelario en cuanto a la precariedad en el suministro de agua
potable, debe orientarse, para su solución, por las obligaciones del Estado en
la materia (disponibilidad, accesibilidad y calidad), en el entendido de que:
“El derecho al agua entraña tanto libertades como derechos. Las
libertades son el derecho a mantener el acceso a un suministro de agua
necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de
injerencias, como por ejemplo, a no sufrir cortes arbitrarios del suministro o
a la no contaminación de los recursos hídricos. En cambio, los derechos
comprenden el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que
ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua.”[174]
En materia de suministro de agua resulta
imprescindible, en forma preliminar, definir qué es el agua potable. Conforme
el artículo 2° del Decreto 1575 de 2007[175]
se trata de “aquella que por cumplir las características físicas, químicas y
microbiológicas, en las condiciones señaladas en el presente decreto y demás
normas que la reglamenten, es apta para consumo humano. Se utiliza en bebida
directa, en la preparación de alimentos o en la higiene personal.”
Las características del agua potable han sido
definidas por el Ministerio de la Protección Social en la Resolución N°2115 del
22 de junio de 2007, a la cual debe ceñirse la autoridad sanitaria municipal,
con el fin de determinar la calidad del agua suministrada a los reclusos, en la
medida en que a pesar de la disposición del fluido líquido, puede no contar con
las características de potabilidad requeridas. De tal modo que uno de los
elementos a considerar para evaluar el avance de esta problemática es la
calidad del agua suministrada a los reclusos, sobre la pregunta de si se puede
considerar potable, de conformidad con la referida Resolución.
Para efectos de mantener un registro actualizado sobre
el particular deberá establecerse un registro de control, en la forma prevista en
el artículo 23 de la Resolución N°2115 de 2007, con una periodicidad semestral.
163. Además de
la calidad del agua, pero asociada a ella, debe destacarse otro aspecto
relevante: los dispositivos de almacenamiento de la misma.
Cada establecimiento penitenciario debe disponer de un
contenedor de agua que albergue la cantidad de fluido requerido para un día, incluidos
los usos de bebida, higiene personal, aseo de las instalaciones y cocción de
alimentos. Como se verá, la cantidad dependerá del número de personas
recluidas.
Conviene precisar que la existencia de esos
dispositivos de almacenamiento debe estar acompañada por un régimen de limpieza
y desinfección, cuya frecuencia mínima será de 2 veces al año[176],
con desinfectantes que determine conveniente el Ministerio de la Salud y
Protección Social al respecto, por lo que habrá de suministrar un protocolo de
limpieza de dichos centros de almacenamiento.
164. Cabe
aclarar que si bien la prestación del servicio de agua potable no corresponde
al INPEC, éste en resguardo de los derechos de los internos, debe asumir la
vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de las entidades prestadoras
del servicio, y en ausencia del mismo, iniciar las acciones correspondientes.
Para tal efecto es necesario llevar el registro de limpieza efectuado a los
contenedores de agua.
En materia de agua potable esta Corporación, de la
mano de los lineamientos establecidos por la OMS, ha indicado que el derecho a
ella, implica el reconocimiento de un mínimo de consumo de 50 litros por
persona[177].
Dicha cantidad se considera óptima para espacios domiciliarios, sin embargo, en
la medida en que las personas privadas de la libertad están sometidas a otras
condiciones, esta Corporación precisó en un caso concreto, que han de temerse
en cuenta:
“los máximos de suministro de agua previstos por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos debido a las especiales circunstancias de
reclusión del actor. Así, siendo que la CIDH establece que el mínimo de 13 a 15
litros de agua por persona se proporcionará ‘siempre que las instalaciones
sanitarias estén funcionando adecuadamente’, (…) en este caso, dadas las
múltiples fallas de duchas, inodoros y tanques de almacenamiento deberá
suministrarse a los reclusos un mínimo de 25 litros por persona al día, de los
cuales deberá permitírseles almacenar hasta 5 litros de agua por persona al día
dentro de sus celdas, en razón a que el clima de Ibagué y las múltiples
enfermedades que los internos puedan estar padeciendo demandan un mayor
consumo.”[178]
En modo semejante, en cuanto al acceso al agua se
considera, por parte del CICR en el Manual y Guía tantas veces mencionado, que
el agua potable de la que disponga el establecimiento penitenciario, por
recluso, debe oscilar entre 10 y 15 litros por día, en condiciones de normalidad,
en lo que a sanidad y tanques de almacenamiento de agua se refiere.
De tal modo mientras no se superen las condiciones que
dan lugar a la falta de saneamiento y a la infraestructura sanitaria, la
cantidad de agua exigible por recluso será de 15 litros de agua por día para
cada uno de ellos. Una vez sean superados los problemas en estas materias en
cada uno de los establecimientos penitenciarios, conforme las directrices que
acá se trazan, podrán suministrar éstos 25 litros de agua por persona.
165. Frente
a lo anterior, en cuanto a la
gestión de los establecimientos penitenciarios, se implementará la siguiente
terminología de avance en la superación del ECI, que dará cuenta del compromiso
de las autoridades involucradas. Cada establecimiento penitenciario será
evaluado conforme estos parámetros y así será apreciada su contribución a la
superación del ECI.
La primera fase será de incumplimiento
exacerbado de las directrices aquí formuladas y se entenderá configurada
hasta tanto se aprecie que el número de litros de agua potable por recluso es
de 5; la segunda será una fase de incumplimiento bajo configurado hasta
tanto cada persona goce de 8 litros diarios; la tercera será de cumplimiento
bajo cuando se verifique que a cada recluso cuenta cose le suministran 12
litros, y la tercera y última será de cumplimiento, declarado cuando en
el establecimiento penitenciario se provea a cada interno de 15 litros, o más,
por persona. Lo anterior mientras persistan las condiciones que han generado el
ECI.
166. El
suministro de agua debe ser constante, de tal modo que conforme los estándares
reconocidos, un conjunto de 100 personas debe tener acceso a ella, como mínimo,
mediante un grifo con capacidad para ofrecer un caudal mínimo de 3 litros por
minuto; sin embargo, en situaciones de emergencia se ha llegado a reconocer el
uso de un grifo para 200 ó 250 personas[179].
En lo que atañe a la distribución de los mismos,
conviene precisar que (i) debe haber cuando menos un grifo por espacio
destinado para 2 sanitarios; (ii) un grifo por cada tres celdas destinadas a
visita íntima, situado en el interior de la zona empleada para tal fin.
Lo anterior implica un uso normal y genérico del agua,
sin embargo frente a los servicios médicos el suministro de agua potable debe
tener en cuenta ciertas particularidades, en la que puedan encontrarse los
reclusos, destinando para su uso diferencial las siguientes cantidades,
conforme lo propone la CICR:
·
Pacientes ambulatorios 5 litros
diarios por usuario     disponibles
·
Pacientes internados 60 litros
diarios por paciente
·
Pacientes en tratamiento del
cólera o de enfermedades que tengan como causa o efecto la deshidratación 60
litros diarios por paciente.
Con todo es importante destacar que el agua destinada
para el consumo humano y para efectos de la sobrevivencia, no podrá ser inferior
a 5 litros diarios por persona, de tal manera que la identificación de un
establecimiento carcelario que ofrezca una cantidad menor del líquido vital
ameritará una intervención urgente, en el corto plazo, para contener la
situación.
h.
Alimentación. El
tratamiento y suministro de alimentos en forma poco higiénica. La calidad de la
alimentación.
167. Conforme
las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos[180]
“Todo recluso recibirá de la administración, a las horas acostumbradas, una
alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo
sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas”. Para
tal efecto la regla N° 26 dispone que el personal médico hará “inspecciones
regulares y asesorará al director respecto a la cantidad, calidad, preparación
y distribución de los alimentos”.
Conviene recordar que el derecho a la alimentación implica
el acceso a “todos los elementos nutritivos que una persona necesita para
vivir una vida sana y activa, y[/o] a los medios para tener acceso a ellos”[181].
Conforme lo ha sostenido la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre el
derecho a la alimentación, consiste en “tener acceso, de manera regular,
permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra en dinero, a una
alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que
corresponda a las tradiciones culturales de la población a que pertenece el
consumidor y que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva,
libre de angustias, satisfactoria y digna”.
Sin embargo, entendiendo las condiciones especiales en
que se encuentran las personas privadas de la libertad, y su imposibilidad de
acceso autónomo a los alimentos, es deber del Estado, por virtud de la sujeción
que aquellas tienen frente a él, suministrarles el alimento, en condiciones
ideales cuantitativa y cualitativamente, ofreciendo una alimentación adecuada y
suficiente.
Frente al tema, las opciones ofrecidas son locales y
muchas veces obedecen a los lineamientos de cada uno de los establecimientos
penitenciarios, sin que se haya creado un conjunto de estándares mínimos al
respecto, con vocación de generalidad nacional.
Un ejemplo de tratamiento en cuanto a la cantidad y
calidad de la alimentación al interior de las cárceles lo ofrece el Código de
Regulaciones de California (E.E.U.U.)[182].
En él se regulan las frecuencias y las porciones de comida que reciben los
presos[183].
No obstante las diferencias culturales al respecto
conviene destacar de dicho esfuerzo el establecimiento de la variedad de comida
como un aspecto importante, determinando la inclusión de proteínas (carne de
res, ternera, cordero, cerdo, pollo, pescado, huevos, frijoles cocidos,
arvejas, lentejas, nueces, mantequilla de maní y la proteína vegetal
texturizada) en 14gr en cada una de las tres porciones diarias que se
ofrecerán, para un total de 42gr diarios.
En materia de proteínas se establece la obligación de
suministrar una adición de una porción de legumbres durante 3 días a la semana.
Otro grupo de alimentos que se destaca son los lácteos
(leche, queso, yogur) cuyo suministro debe llegar a ofrecer al menos 250
mg. de calcio en una porción, siendo 3 las veces que se suministre. Serán
4 las porciones suministradas a mujeres embarazadas y lactantes.
Frente a las verduras y frutas, determina que la
porción equivale a media taza o 6 onzas de jugo, debiéndose brindar un total de
5 porciones diarias, entre las que al menos una debe proporcionar vitamina C.
En materia de granos (pan, tortas, cereales, pasta,
arroz, tortillas) éstos se ofrecerán en 6 porciones diarias.
Para orientar el trabajo de la administración se
estipuló que la grasa dietética total no puede llegar a superar su 30% de las
calorías suministradas.
Entretanto la regulación existente en Bogotá, en la
Cárcel Distrital, en materia de alimentación debe responder a la obligación de
suministro de tres (3) platos fuertes (desayuno, almuerzo y comida) y dos (2)
refrigerios, uno en la mañana y otro en la tarde[184].
Advertidas estas dos experiencias sobre regulación de
la alimentación en los establecimientos penitenciarios, se establece la
necesidad de desarrollar lineamientos generales que atiendan las necesidades
nutricionales de las personas privadas de la libertad, de tal forma que su
derecho a la alimentación esté resguardado.
Será entonces al Ministerio de Salud y Protección
Social a quien competa identificar los patrones de acción que permitan ofrecer
condiciones alimenticias saludables a los internos, determinando las cantidades
y composición de las porciones que ellos precisen para su bienestar. Lo
anterior atendiendo un enfoque diferencial que consagre particularidades
médicas importantes y grupos de especial protección constitucional, cuya
igualdad dependa del factor alimenticio.
Una vez efectuados los lineamientos sobre alimentación
en las cárceles colombianas, éstos deberán ser acogidos por la generalidad de
los establecimientos penitenciarios, sin importar si los alimentos son
suministrados a través de la contratación con empresas particulares, que
deberán ceñirse a los lineamientos del Ministerio.
En el caso de los niños que, nacidos en la prisión o
presentes en ella con ocasión de la lactancia, para efectos de la alimentación,
como de los demás factores de su desarrollo deberá hacer presencia el programa
de la Presidencia de la República, De Cero a Siempre, que deberá implementar
(i) la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia De Cero a Siempre
y (ii) el Esquema de los Primeros Mil Días de Vida, conforme corresponda. Con
apoyo de este programa el Ministerio de Salud y la Protección Social fijará los
parámetros alimentarios y nutricionales generales para los neonatos y los bebés
a cargo del establecimiento penitenciario.
168. Otro asunto
que merece regulación por parte del Ministerio de Salud y Protección Social es
el relacionado con el tratamiento y el suministro de los alimentos, en la
medida en que estos procesos deben garantizar su conservación y la higiene en
todo el proceso de manipulación que conlleva la recepción y preparación de la
comida de los internos, como en el procedimiento de suministro.
De tal modo, el Ministerio deberá consolidar unos
protocolos de tratamiento de alimentos que establezcan la forma clara las
reglas que deberán seguir los establecimientos penitenciarios en la materia,
estableciendo además los indicadores que ayuden a la evaluación de la
corrección de los procedimientos asociados a la alimentación.
i.
Imposibilidad de
visitas conyugales en condiciones de intimidad y dignidad.
169. De
conformidad con el precedente constitucional la visita conyugal o íntima es un
derecho fundamental de la persona privada de la libertad, asociado con la
libertad sexual y reproductiva que le asiste[185].
Si bien no es absoluto y debe condicionarse por las particularidades propias de
la reclusión, en cuanto a frecuencias y espacios para su desarrollo, debe
asegurarse que tenga lugar en condiciones dignas.
Esta Corporación, en Sentencia T-815 de 2013,
estableció las garantías que comprometen al Estado, sobre el particular,
orientadas a que la visita íntima se efectúe en condiciones de:
“(…) i) (…) privacidad se refiere a que no exista
ningún tipo de intromisión por parte de personas ajenas a la visita íntima. La
visita íntima debe contener aislamiento sonoro; ii) (…) seguridad que
la autoridad carcelaria garantice el orden, la vigilancia y el respeto por el
desarrollo de la visita; iii) (…) higiene indica el permanente
aseo y limpieza de todos los elementos disponibles en la visita íntima; iv)
(…) espacio se circunscribe a una visita íntima sin
condiciones de hacinamiento, en la cual se puedan acomodar dignamente dos
personas sin importar su orientación sexual; v) mobiliario significa
que la autoridad carcelaria deberá proveer por cada visita íntima una cama y
ropa de cama que deberá ser mantenida y mudada con regularidad a fin de
asegurar su limpieza, en su defecto, se deberá permitir que cada recluso
ingrese su propia ropa de cama; vi) el acceso a agua potable conlleva
el derecho que le asiste a la pareja al suministro permanente de agua potable
durante la visita íntima; vii) uso de preservativos comprende
el suministro de mínimo dos (2) preservativos por interno/a los días en que
tenga lugar la misma y –sic-; viii) instalaciones sanitarias implica
el acceso a un sanitario y a un lavatorio con agua para que tanto las personas
privadas de la libertad como sus visitantes puedan satisfacer sus necesidades
naturales en el momento oportuno, en forma aseada y decente.
Supone lo anterior la disposición de un conjunto de
celdas adecuadas para el desarrollo de las visitas íntimas de los internos,
cuyo metraje deberá corresponder al alojamiento de una persona en reclusión
conjunta, lo cual implica que como mínimo debe alcanzar los 3,4 m2.
En cuanto a la cantidad de celdas y a la duración de
los encuentros, conviene reseñar los parámetros establecidos tiempo atrás por
esta Corte, mediante la sentencia antes referenciada:
“Un supuesto escenario ideal en el caso de mantenerse los 3.164
internos con una hora para la visita íntima durante una vez al mes, debería
considerarse lo siguiente: dividir el grupo total de reclusos en cuatro grupos
diferentes (uno por cada fin de semana del mes) lo cual involucraría 791
reclusos con acceso a visita conyugal por fin de semana; destinándose una
jordana de 8 horas para visitas durante el día domingo implica una demanda
mínima de 100 celdas y, por ende, se requeriría la construcción de al menos 80
celdas adicionales para garantizar condiciones normales de vista íntima en ese
supuesto o fórmula de turnos”.
Conforme tales derroteros puede extraerse la siguiente
fórmula que servirá como guía de acción a la administración, que como en los
casos señalados en este apartado, podrá maniobrar entre el número de reclusos,
la infraestructura y la gestión administrativa de la misma.
Cabe aclarar que aun cuando en la sentencia en comento
se determinó que las personas que pueden hacer uso de una misma celda en un día
destinado para visita conyugal (8 horas) es de una por hora, para un total de
8, si se tiene en cuenta un lapso destinado para la higienización del lugar
entre cada uno de los encuentros, que bien podría ser de 15 minutos, el número
de personas se reduce, implicando una ampliación de la jornada o la creación de
más lugares, como se verá.
Para la determinación de las celdas destinadas a la
visita íntima deberá establecerse el sistema de turnos, y la habilitación de
las celdas, en forma tal que, conforme lo señalado en el artículo 29 del
Acuerdo 0011 de 1995 del Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario –INPEC-, cada uno de los internos, que así lo solicite, pueda
tener un encuentro íntimo una vez al mes.
De tal modo, considerando la periodicidad mensual de
la visita íntima y su duración de 1 hora, se determinará el número de celdas
necesarias así: si el número de personas que en una jornada de 8 horas de uso
de una celda es de 6, con intervalos de 15 minutos para la higienización del
lugar, ello implica que el número de personas que usan una sola celda sea de
48, teniendo por días habilitados para su uso 2 días por 4 semanas del mes. Así
cada 48 personas con solicitud de visita íntima, debe haber una celda
disponible.
Las personas interesadas en la visita íntima deben
contar, como se aludió en la Sentencia T-815 de 2013, con “preservativos
[lo cual] comprende el suministro de mínimo dos (2) preservativos por interno/a
los días en que tenga lugar la misma”[186].
Ahora bien en los establecimientos penitenciarios femeninos deberán
ofrecerse los demás métodos anticonceptivos a los que médicamente puedan
acceder las reclusas, a través de un programa de salud sexual y reproductiva.
j.
El reducido número
de guardias, en relación con el alto número de reclusos, en aumento.
170. Sobre el
tema de la proporción entre el número de guardias y el número de reclusos
existente en el interior de las cárceles del país, no existe un referente
técnico que permita establecer con un amplio grado de certeza los parámetros de
adecuación de este aspecto de la vida carcelaria.
La preocupación por este aspecto resulta vital en la
medida en que permite o restringe la posibilidad de salvaguardar la integridad
física de los internos, e incluso su vida. Además la disciplina que es
inherente a la dinámica de la vida carcelaria sólo puede establecerse en la
medida en que los guardias no aparezcan simbólica ni realmente disminuidos, en
número y capacidad de respuesta, frente a los prisioneros.
En Colombia se distinguen los centros carcelarios por
las medidas de seguridad a las que se encuentran sometidas las personas
privadas de la libertad en su interior. Teniendo en cuenta la gravedad de la
conducta criminal cometida por el recluso y el daño social ocasionado por la
misma, se clasifican en establecimientos de mínima, mediana y máxima seguridad,
generando necesidades distintas de seguridad en su interior; así mismo las
personas detenidas en condición de sindicados deben estar recluidas en
particulares condiciones de seguridad, conforme su situación jurídica.
Ante la ausencia de más elementos de juicio que
permitan identificar una relación óptima entre el número de guardias y el
número de reclusos por establecimiento penitenciario, esta Sala considera
oportuno llamar al Estado a que consolide parámetros técnicos y concretos al
respecto.
Para tal efecto, una vez más deberá llamarse a la consolidación de un Comité Técnico para
la Estructuración de las Normas Técnicas Mínimas de Privación de la Libertad,
conformado por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia y del
Derecho, el INPEC, la USPEC, el Ministerio de Salud y la Protección Social y
organizaciones de defensa de los derechos de los presos, llamando como mínimo
al Comité Internacional de la Cruz Roja al debate sobre el particular.
Tal Comité deberá estructurar normas
técnicas sobre la seguridad en los establecimientos penitenciarios del país,
conforme los requerimientos particulares inherentes a su clasificación como
cárceles de mínima, mediana y máxima seguridad, y en ellas, distinguirán las
áreas destinadas para la reclusión de los internos sindicados.
La labor de establecimiento de las normas
técnicas en seguridad deberá establecer el número de reclusos por guardia que
se estima conveniente para conservar la convivencia y la disciplina dentro del
establecimiento penitenciario, y los dispositivos con los que cada uno de ellos
debe contar para asegurar la tranquilidad, identificando los derroteros y
límites para su utilización.
Sentará el Comité referido una serie de propósitos
ligados a la función de la privación de la libertad, a la conservación del
orden dentro de cada una de las cárceles en Colombia, y a través de ellos
trazará objetivos claros de acción, que permitan establecer indicadores para
medir la pertinencia o precariedad de las medidas, a través de la evidencia del
avance o del estancamiento de los resultados.
Sobre el particular, y con el objetivo de
reducir la conflictividad al interior del penal, el Comité deberá tener en
cuenta la existencia de mecanismos alternativos de tratamiento de las
diferencias, y deberá desarrollar un sistema de ellos que permita conservar la
tranquilidad disminuyendo, en alguna medida, la fuerza.
Los indicadores construidos se incorporarán
al seguimiento del ECI, y deben permitir la evaluación de las medidas en cuanto
a su impacto, con el fin de establecer su continuidad o la necesidad de su
modificación, por parte del Grupo de Seguimiento liderado por la Defensoría del
Pueblo.
Informes periódicos
171. Finalmente cabe advertir que cada una de las entidades
concernidas en esta sentencia, como en la Sentencia T-388 de 2013, deberá
informar con periodicidad trimestral al Grupo de Seguimiento de la Defensoría
del Pueblo los avances, retrocesos y obstáculos para la superación del ECI.
A su vez la Defensoría del Pueblo, la
Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de la Presidencia presentaran,
en conjunto, informes semestrales a esta Sala, para que la Corte Constitucional
pueda evaluar si asume directamente o, continúa delegando, el seguimiento del
Estado de Cosas Inconstitucional declarado frente a la Política Criminal, en
los términos expuestos, como en los que fueron previamente consignados en la
sentencia en mención.
Órdenes particulares
172.  El segundo grupo de órdenes a definir son las que
articulan los casos concretos a la estructuralidad del ECI, de tal modo que
concretan las protecciones en los actores por virtud de las constataciones
sobre los casos individualmente considerados. Se trata de medidas de orden
particular, tendientes a conjurar las vulneraciones probadas en las 16 cárceles
cuestionadas.
Cabe recordar que el centro de las
peticiones de los diversos accionantes, conforme se dejó señalado en la primera
parte de estas consideraciones y queda recogido en el cuadro anexo a esta
sentencia, se enfocaron en:
a.
El hacinamiento –con
las consecuencias directas que acarrea en términos de imposibilidad de descanso
nocturno, riesgo epidemiológico, reducidos espacios de movilidad, contaminación
visual y auditiva-, frente al cual propusieron impedir el ingreso de más
personas privadas de la libertad o el traslado, total o parcial, de la
sobrepoblación a otros centros penitenciarios.
b.
Las condiciones
sépticas e infrahumanas en las cuales se encuentran recluidos, debido
principalmente a la deficiente infraestructura y sus efectos en las condiciones
sanitarias.
c.
La precariedad de los
servicios asistenciales de salud, por falta de oportunidad en la atención, en
la prestación de los servicios de salud requeridos, y en la entrega de
medicamentos.
d.
La imposibilidad de
realizar actividades tendientes a la resocialización o a la redención de la
pena, dada la sobrepoblación carcelaria existente, como la alta demanda y
ocupación de los mecanismos existentes para ello.
e.
La imposibilidad de
diferenciar pabellones y/o trato fáctico y jurídico entre las personas sujetas
a medidas de aseguramiento privativas de la libertad y aquellas condenadas.
f.
Las demoras en la evacuación de
las solicitudes de redención de penas y libertad condicional, fundada en el
hacinamiento y reproductora del mismo.
g.
Falta de acceso al agua potable en
forma continua de los internos al interior de los establecimientos carcelarios.
h.
El tratamiento y suministro de
alimentos en forma poco higiénica.
i.
La imposibilidad de espacios para
visitas conyugales en condiciones de intimidad.
j.
El reducido número de guardias, en
relación con el alto número de reclusos, en aumento.
Vistos los documentos probatorios que obran
en el proceso, frente a cada uno de los casos se pudo establecer la alarmante
situación en que se encuentran los reclusos de cada una de las cárceles
acusadas. Ellos reivindican sus derechos y los de la totalidad de los internos
que les rodean en cada uno de los establecimientos penitenciarios accionados,
intuyendo el carácter estructural  del fenómeno; llama la atención que todas
las solicitudes de amparo se encuentren orientadas a la adecuación general de
las condiciones de reclusión, dejando de lado las peticiones concretas para
cada uno de los tutelantes. Solo hay una petición estrictamente individual[187].
Una de las soluciones pretendidas y
adoptadas en los amparos objeto de estudio, fue la limitación del ingreso de
los detenidos a los centros penitenciarios. Sin embargo, en este momento de la
situación carcelaria se encuentra acreditado que el carácter
estructural-general de los problemas y de las medidas necesarias para
conjurarlos, implica que la liberación de cupos carcelarios en unos
establecimientos, o la prohibición de recibir nuevos internos,  repercute negativamente
en otros aledaños. En la actualidad, esta es una estrategia ineficaz, que se
orienta simplemente al traslado de la sobrepoblación, sin solucionar de fondo el
problema.
Tales medidas, que restringen el ingreso de
personas privadas de la libertad,  no pueden ser actualmente avaladas por esta
Corporación, en la medida en que constituyen soluciones parciales que frenan el
hacinamiento en unas cárceles, en detrimento de otras y de los derechos
fundamentales de los reclusos que se encuentren en ellas.
Por lo anterior, no obstante la
confirmación de algunas de las decisiones de instancia en los expedientes
objeto de estudio, tal confirmación no podrá entenderse, de ninguna manera,
sobre aquellas órdenes orientadas a cerrar centros carcelarios, impedir el
ingreso de reclusos y a trasladar internos hacia cárceles con menos tasas de
sobrepoblación. El decrecimiento de las tasas de sobrepoblación deberá ser el
resultado de la armonización de las etapas de la política criminal.
Entretanto, las consecuencias del
hacinamiento que puedan contenerse en forma transitoria merecen la intervención
inmediata del juez constitucional, con el fin de posibilitar el descanso
nocturno apropiado, ante las alarmantes condiciones de algunos de los centros
penitenciarios, en las que se observa que  los internos deben identificar un
lugar para descansar, apropiarse de él y brindarse los medios para su descanso
nocturno, en situaciones de alto riesgo y de evidente indignidad[188].
Para tal efecto se dispondrá que el
Ministerio de Justicia y del Derecho, a través del INPEC y de la USPEC, proceda
a la adecuación de lugares y al suministro de elementos (colchoneta, sábanas,
cobija y una almohada) para un óptimo descanso nocturno de los internos de cada
una de las cárceles comprometidas en los procesos acumulados sobre los que
versa esta sentencia. Ello mientras se estructuran y desarrollan las
estrategias de contención del ECI, referidas en el apartado dedicado a las
órdenes generales.
Frente a la infraestructura, corresponderá al INPEC, a la USPEC, al Ministerio de Justicia y del
Derecho, en el término máximo de seis (6) meses emprender las acciones
necesarias para constatar las necesidades reales de adecuación en infraestructura
en relación con el manejo de aguas (suministro de agua potable y evacuación
adecuada de aguas negras) respecto de los 16 establecimientos de
reclusión estudiados. Esas autoridades deberán presentar un informe al término
de este periodo y un plan de acción para cubrir las necesidades insatisfechas,
en un máximo de dos (2) años para su ejecución total. Así mismo, en forma
inmediata, cada uno de los centros carcelarios deberá proceder, a la
construcción de sanitarios y duchas para que los internos tengan condiciones
dignas de existencia en un lapso no mayor de seis (6) meses.
El reclamo por la descongestión en las
solicitudes de libertad condicional o de subrogados penales, merece especial
atención en tanto permitiría, en principio la liberación de cupos carcelarios.
De tal modo se ordenará a la Defensoría del Pueblo, a través de sus regionales,
que en el término de 30 días hábiles a partir de la notificación de esta
sentencia, plantee un cronograma para la instauración de brigadas
jurídicas periódicas, en los 16 establecimientos penitenciarios y
carcelarios estudiados en este proceso.
Frente al tratamiento y suministro de alimentos, el INPEC y la USPEC, deberán
crear un protocolo al respecto. Para ello contará con un mes, luego del cual habrá
de implementarse con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. Además,
ante la imposibilidad de espacios para visitas conyugales en condiciones de
intimidad, deberán tomarse las medidas del caso en el lapso no mayor de tres
(3) meses, con el concurso de las tres entidades referidas.
Frente al derecho a la salud, el INPEC, a la USPEC y
al Ministerio de Justicia y del Derecho, por intermedio de sus representantes
legales o quienes hagan sus veces y de acuerdo a sus respectivas competencias,
en un término de un año a partir de la notificación de esta sentencia, deberán
adecuar las áreas de sanidad de los 16 establecimientos de reclusión bajo
estudio, y asegurar que cumplan con
las condiciones mínimas de prestación del servicio de salud propuestas
en el fundamento 90 y 152 de la presente providencia.
En lo que concierne a las demás peticiones contenidas
en las acciones de tutela revisadas, deberán aguardar por las medidas generales que, tal como se espera,
repercutirán en todo el país.
173. Otras medidas
particulares que tendrán lugar, serán aquellas orientadas a involucrar a los
municipios de ubicación de los 16 penales analizados, conforme sus competencias
y bajo la coordinación del Ministerio del Interior.
Las órdenes particulares, al igual que las generales
implican la intervención de la Defensoría del Pueblo, como primera entidad
encargada del seguimiento, para conseguir los resultados esperados, y ella
deberá, conforme las responsabilidades de las entidades territoriales en
materia de atención a internos, estimar su participación presupuestal.
Además la vigilancia del cumplimiento de las órdenes
particulares, que conciernen solo los casos de los 16 penales contra los que se
instauraron las acciones de tutela objeto de estudio, como se advirtió, se
encuentra a cargo de la Procuraduría General de la Nación.
Órdenes sobre cada uno de los casos concretos
174. Por último,
han de proferirse órdenes frente a cada caso, lo cual se hará de la siguiente
manera:
o
En el expediente T-3927909,
EPMSC Modelo de Bucaramanga. Pabellón cuarto, CONFIRMARÁ el fallo
proferido el 19 de abril de 2013, por la Sala Civil-Familia del Tribunal
Superior de Bucaramanga, que en su momento confirmó parcialmente el emitido el
4 de marzo de 2013 por el Juzgado 1° de Menores de esa ciudad, que había
concedido los derechos a la dignidad humana, la salud y la vida de los reclusos
del patio cuarto del EPMSC, Cárcel Modelo de Bucaramanga.
o
En el expediente T-3977802,
EPMSC, Cárcel Modelo de Bucaramanga. Pabellón Quinto, CONFIRMARÁ el
fallo proferido el 11 de abril de 2013, por el Juzgado 12 Administrativo de
Bucaramanga, mediante el cual se ampararon los derechos a la dignidad humana,
la salud y la vida digna de los reclusos del patio quinto del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad EPMSC, Cárcel Modelo de
Bucaramanga.
o
En el expediente T-3987203,
Cárcel “La 40” de Pereira, REVOCARÁ el fallo proferido el 5 de junio de
2013, por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira, que en su
momento revocó el proferido el 17 de abril de 2013, por el Juzgado 5° Civil del
Circuito de Pereira. En su lugar, se TUTELARÁN los derechos a la
dignidad humana, la integridad personal, la vida digna y la salud de los
reclusos de los patios tercero, cuarto y quinto del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad EPMSC, Cárcel La 40 de Pereira.
o
En el expediente T-3989532, EPMSC
de Santa Rosa de Cabal, REVOCARÁ el fallo de segunda instancia,
proferido el 17 de junio de 2013, por la Sala Civil Familia del Tribunal
Superior de Pereira, que en su momento revocó el proferido por el Juzgado Civil
del Circuito de Santa Rosa de Cabal, el 6 de mayo de 2013. En su lugar, se TUTELARÁN
los derechos a la dignidad humana, la integridad personal, la vida digna y la
salud de los reclusos del EPMSC de Santa Rosa de Cabal.
o
En el expediente T-3989814, EPMSC
El Pedregal de Medellín, REVOCARÁ el fallo de segunda instancia,
proferido el 31 de mayo de 2013, por la Sala de Decisión Constitucional del Tribunal
Superior de Medellín, que en su momento revocó el proferido por el Juzgado 2°
Penal del Circuito Especializado de Medellín, el 24 de abril de 2013. En su
lugar, se TUTELARÁN los derechos a la dignidad humana, la integridad
personal, y la salud de los reclusos del Establecimiento Penitenciario y
Carcelario El Pedregal.
o
En el expediente T-4009989, Cárcel
Modelo de Bogotá, CONFIRMARÁ la decisión proferida el 4 de julio de
2013, por la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, que en su momento confirmó
la proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, el 28 de mayo de
2013.
o
En el expediente T-4013558, Complejo
Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta, CONFIRMARÁ la
decisión proferida el 14 de junio de 2013 por el Juzgado 2° de familia del
Circuito de Cúcuta, que en su momento amparó los derechos invocados.
o
En el expediente T-4034058, EPMSC
de Anserma, CONFIRMARÁ el fallo de segunda instancia proferido el 28 de
junio de 2013 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales, que en su
momento confirmó parcialmente el emitido en junio 5 del mismo año por el
Juzgado Único Penal del Circuito de Anserma, Caldas, que había concedido el
amparo de los derechos a la salud, la dignidad humana, la seguridad social y la
resocialización de los accionantes, reclusos del Establecimiento Penitenciario
y Carcelario de Mediana Seguridad EPMSC de Anserma.
o
En el expediente T-4043750,
Cárcel de San Vicente de Chucurí, CONFIRMARÁ el fallo proferido el 23 de
julio de 2013 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
que en su momento confirmó el emitido el 27 de mayo del mismo año por la Sala
Penal de Tribunal Superior de Bucaramanga, que había concedido el amparo de los
derechos a la dignidad humana, la integridad personal, la salud, la intimidad y
la vida de los reclusos del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de San
Vicente de Chucurí.
o
En el expediente T-4046443, Cárcel
Las Mercedes de Cartago, REVOCARÁ el fallo adoptado el 29 de julio de
2013 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga, que declaró
improcedente el amparo por cosa juzgada que en su momento revocó el proferido
por el Juzgado 2º Civil del Circuito de Cartago, el 31 de mayo de 2013. En su
lugar, se TUTELARÁN los derechos a la dignidad humana, la integridad
personal, y la salud de los reclusos de la Cárcel Las Mercedes de Cartago.
o
En el expediente T-4051730, EPAMS
CAS de Palmira, CONFIRMARÁ la decisión proferida el 3 de julio de 2013,
por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que en su momento confirmó
la tomada por el Tribunal Superior de Buga, Sala Laboral, el 6 de mayo del
mismo año, en la cual se ampararon los derechos de los reclusos.
o
En el expediente T-4063994, Cárcel
el Cunduy de Florencia, CONFIRMARÁ el fallo proferido el 16 de julio de
2013 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Florencia, que en su momento
confirmó el emitido en mayo 3 del mismo año por el Juzgado Tercero Penal del
Circuito de esa ciudad, que concedió el amparo de los derechos a la vida,
dignidad humana e la integridad física de las reclusas del Pabellón de Mujeres
del EPMSC de Florencia.
o
En el expediente T-4074694, EPAMS
de Itagüí, REVOCARÁ el fallo proferido el 12 de julio de 2013, por el
Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral. En su lugar, se TUTELARÁN
los derechos a la dignidad humana, la integridad personal, y la salud de los
reclusos del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Itagüí.
o
En el expediente T-4075719,
Cárcel Villa Inés de Apartadó, REVOCARÁ el fallo proferido el 18 de
junio de 2013, por el Juzgado 1° Penal del Circuito con Función de Conocimiento
de Apartadó. En su lugar, se TUTELARÁN los derechos a la dignidad humana,
la integridad personal, y la salud de los reclusos de la Cárcel Villa Inés de
Apartadó.
o
En el expediente T-4076529, Cárcel
La Vega de Sincelejo, CONFIRMARÁ el fallo proferido el 25 de julio de
2013 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Sincelejo, que en su momento
confirmó el emitido el 14 de junio del mismo año por el Juzgado Segundo Penal
del Circuito de ese lugar, que concedió el amparo de los derechos a la
dignidad, la integridad personal, la salud, la igualdad y la vida de los reclusos
del EPMSC de Sincelejo.
o
En el expediente T-4076646,
EPMSC de Anserma, CONFIRMARÁ el fallo proferido el 22 de junio de 2013
por la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales, que en su momento
confirmó el emitido el 4 de junio del mismo año por el Juzgado Único Penal del
Circuito de Anserma, que concedió el amparo de los derechos a la salud, la
vida, la dignidad humana, la seguridad social y la resocialización de los
reclusos del EPMSC de Anserma.
o
En el expediente T-4076801,
Cárcel de Roldanillo, CONFIRMARÁ el fallo proferido el 12 de agosto de
2013 por la Sala de Decisión Constitucional del Tribunal Superior de Buga, que
en su momento confirmó el emitido el 24 de junio del mismo año por el Juzgado
Penal del Circuito de Roldanillo, que concedió el amparo de los derechos a la
salud y la vida de los reclusos del EPMSC de San Sebastián, Roldanillo.
o   En el expediente T-4694329, Cárcel
de Villavicencio, REVOCARÁ el fallo proferido por el Juzgado 3° de Familia del
Circuito de Villavicencio el 17 de septiembre de 2014. En su lugar, se TUTELARÁN
los derechos invocados por los reclusos de la Cárcel de Villavicencio.
175. Cabe recordar que el amparo que se confirma o
se concede, según sea el caso, no puede entenderse avalado por esta Corte en
(i) órdenes de traslado de presos, u (ii) órdenes orientadas a la prohibición o
limitación del ingreso de presos a los diversos centros de reclusión acusados.
176. Con todo, el cumplimiento de las órdenes que
se desprenden de la confirmación o revocatoria de las providencias revisadas en
cada caso concreto, atañen a los jueces de primera instancia, sin perjuicio de
la vigilancia preventiva de la Procuraduría General de la Nación, como se dejó
planteado en el fundamento jurídico 106.
177. En mérito de todo lo expuesto, la Sala Quinta de
Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional,
RESUELVE
PRIMERO: LEVANTAR la suspensión de términos, decretada mediante auto del
20 de mayo de 2015.
SEGUNDO: REITERAR la existencia de un estado de cosas contrario a la
Constitución Política de 1991, en el Sistema Penitenciario y Carcelario del
país, declarado mediante la sentencia T-388 de 2013.
TERCERO: DECLARAR que la Política Criminal colombiana ha sido reactiva,
populista, poco reflexiva, volátil, incoherente y subordinada a la política de
seguridad. Así mismo, que el manejo histórico de la Política Criminal en el
país ha contribuido a perpetuar la violación masiva de los derechos
fundamentales de las personas privadas de la libertad e impide, en la
actualidad, lograr el fin resocializador de la pena.
Órdenes frente a los casos concretos
CUARTO: En el expediente T-3927909, EPMSC Modelo de Bucaramanga.
Pabellón cuarto, CONFIRMAR el fallo proferido el 19 de abril de 2013,
por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, que en su
momento confirmó parcialmente el emitido el 4 de marzo de 2013 por el Juzgado
1° de Menores de esa ciudad, que había concedido los derechos a la dignidad
humana, la salud y la vida de los reclusos del patio cuarto del EPMSC, Cárcel
Modelo de Bucaramanga.
QUINTO: En el expediente T-3977802, EPMSC, Cárcel Modelo de Bucaramanga.
Pabellón Quinto, CONFIRMAR el fallo proferido el 11 de abril de 2013,
por el Juzgado 12 Administrativo de Bucaramanga, mediante el cual se ampararon
los derechos a la dignidad humana, la salud y la vida digna de los reclusos del
patio quinto del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana
Seguridad EPMSC, Cárcel Modelo de Bucaramanga.
SEXTO: En el expediente T-3987203, Cárcel “La 40” de Pereira, REVOCAR
el fallo proferido el 5 de junio de 2013, por la Sala Civil-Familia del
Tribunal Superior de Pereira, que en su momento revocó el proferido el 17 de
abril de 2013, por el Juzgado 5° Civil del Circuito de Pereira. En su lugar, TUTELAR
los derechos a la dignidad humana, la integridad personal, la vida digna y la
salud de los reclusos de los patios tercero, cuarto y quinto del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad EPMSC, Cárcel
La 40 de Pereira.
SÉPTIMO: En el expediente T-3989532, EPMSC de Santa Rosa de Cabal, REVOCAR
el fallo de segunda instancia, proferido el 17 de junio de 2013, por la Sala
Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, que en su momento revocó el
proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, el 6 de
mayo de 2013. En su lugar, TUTELAR los derechos a la dignidad humana, la
integridad personal, la vida digna y la salud de los reclusos del EPMSC de Santa
Rosa de Cabal.
OCTAVO: En el expediente T-3989814, EPMSC El Pedregal de Medellín, REVOCAR
el fallo de segunda instancia, proferido el 31 de mayo de 2013, por la Sala de
Decisión Constitucional del Tribunal Superior de Medellín, que en su momento revocó
el proferido por el Juzgado 2° Penal del Circuito Especializado de Medellín, el
24 de abril de 2013. En su lugar, TUTELAR los derechos a la dignidad
humana, la integridad personal, y la salud de los reclusos del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario El Pedregal.
NOVENO: En el expediente T-4009989, Cárcel Modelo de Bogotá, CONFIRMAR
la decisión proferida el 4 de julio de 2013, por la Corte Suprema de Justicia,
Sala Penal, que en su momento confirmó la proferida por el Tribunal Superior de
Bogotá, Sala Penal, el 28 de mayo de 2013.
DÉCIMO: En el expediente T-4013558, Complejo Carcelario y Penitenciario
Metropolitano de Cúcuta, CONFIRMAR la decisión proferida el 14 de junio
de 2013 por el Juzgado 2° de Familia del Circuito de Cúcuta, que en su momento
amparó los derechos invocados.
DÉCIMO PRIMERO: En el expediente T-4034058, EPMSC de Anserma, CONFIRMAR
el fallo de segunda instancia proferido el 28 de junio de 2013 por la Sala
Penal del Tribunal Superior de Manizales, que en su momento confirmó
parcialmente el emitido el 5 de junio del mismo año por el Juzgado Único Penal
del Circuito de Anserma, Caldas, que había concedido el amparo de los derechos
a la salud, la dignidad humana, la seguridad social y la resocialización de los
accionantes, reclusos del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana
Seguridad EPMSC de Anserma.
DÉCIMO SEGUNDO: En el expediente T-4043750, Cárcel de San
Vicente de Chucurí, CONFIRMAR el fallo proferido el 23 de julio de 2013
por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que en su
momento confirmó el emitido el 27 de mayo del mismo año por la Sala Penal de
Tribunal Superior de Bucaramanga, que había concedido el amparo de los derechos
a la dignidad humana, la integridad personal, la salud, la intimidad y la vida
de los reclusos del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de San Vicente
de Chucurí.
DÉCIMO TERCERO: En el expediente T-4046443, Cárcel Las Mercedes
de Cartago, REVOCAR el fallo adoptado el 29 de julio de 2013 por la Sala
Civil Familia del Tribunal Superior de Buga, que declaró improcedente el amparo
por cosa juzgada que en su momento revocó el proferido por el Juzgado 2º Civil
del Circuito de Cartago, el 31 de mayo de 2013. En su lugar, TUTELAR los
derechos a la dignidad humana, la integridad personal, y la salud de los
reclusos de la Cárcel Las Mercedes de Cartago.
DÉCIMO CUARTO: En el expediente T-4051730, EPAMS CAS de
Palmira, CONFIRMAR la decisión proferida el 3 de julio de 2013, por la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que en su momento confirmó la
tomada por el Tribunal Superior de Buga, Sala Laboral, el 6 de mayo del mismo
año, en la cual se ampararon los derechos de los reclusos.
DÉCIMO QUINTO: En el expediente T-4063994, Cárcel el Cunduy de
Florencia, CONFIRMAR el fallo proferido el 16 de julio de 2013 por la
Sala Penal del Tribunal Superior de Florencia, que en su momento confirmó el
emitido en mayo 3 del mismo año por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de
esa ciudad, que concedió el amparo de los derechos a la vida, dignidad humana e
la integridad física de las reclusas del Pabellón de Mujeres del EPMSC de
Florencia.
DÉCIMO SEXTO: En el expediente T-4074694, EPAMS de Itagüí, REVOCAR
el fallo proferido el 12 de julio de 2013, por el Tribunal Superior de
Medellín, Sala Laboral. En su lugar, TUTELAR los derechos a la dignidad
humana, la integridad personal, y la salud de los reclusos del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Itagüí.
DÉCIMO SÉPTIMO: En el expediente T-4075719, Cárcel Villa Inés
de Apartadó, REVOCAR el fallo proferido el 18 de junio de 2013, por el
Juzgado 1° Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Apartadó. En su
lugar, TUTELAR los derechos a la dignidad humana, la integridad
personal, y la salud de los reclusos de la Cárcel Villa Inés de Apartadó.
DÉCIMO OCTAVO: En el expediente T-4076529, Cárcel La Vega de
Sincelejo CONFIRMAR el fallo proferido el 25 de julio de 2013 por la
Sala Penal del Tribunal Superior de Sincelejo, que en su momento confirmó el
emitido el 14 de junio del mismo año por el Juzgado Segundo Penal del Circuito
de ese lugar, que concedió el amparo de los derechos a la dignidad, la
integridad personal, la salud, la igualdad y la vida de los reclusos del EPMSC
de Sincelejo.
DÉCIMO NOVENO: En el expediente T-4076646, EPMSC de Anserma, CONFIRMAR
el fallo proferido el 22 de junio de 2013 por la Sala Penal del Tribunal
Superior de Manizales, que en su momento confirmó el emitido el 4 de junio del
mismo año por el Juzgado Único Penal del Circuito de Anserma, que concedió el
amparo de los derechos a la salud, la vida, la dignidad humana, la seguridad
social y la resocialización de los reclusos del EPMSC de Anserma.
VIGÉSIMO: En el expediente T-4076801, Cárcel de
Roldanillo, CONFIRMAR el fallo proferido el 12 de agosto de 2013 por la
Sala de Decisión Constitucional del Tribunal Superior de Buga, que en su
momento confirmó el emitido el 24 de junio del mismo año por el Juzgado Penal
del Circuito de Roldanillo, que concedió el amparo de los derechos a la salud y
la vida de los reclusos del EPMSC de San Sebastián, Roldanillo.
VIGÉSIMO PRIMERO: En el expediente T-4694329, Cárcel de
Villavicencio, REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado 3° de Familia del
Circuito de Villavicencio el 17 de septiembre de 2014. En su lugar, TUTELAR
los derechos invocados por los reclusos de la Cárcel de Villavicencio.
Órdenes generales
VIGÉSIMO SEGUNDO: Como consecuencia de la reiteración del Estado de
Cosas Inconstitucional declarado en la Sentencia T-388 de 2013, se proferirán
las siguientes medidas generales:
1.     ORDENAR al Congreso de la República que, dentro del ámbito de
sus competencias y respetando su libertad de configuración normativa, de
aplicación al estándar constitucional mínimo de una política criminal
respetuosa de los derechos humanos, referido en los fundamentos 50 a 66
de esta sentencia, cuando se propongan, inicien o tramiten proyectos de ley o
actos legislativos que incidan en la formulación y diseño de la Política
Criminal, en el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal y/o en el
funcionamiento del Sistema Penitenciario y Carcelario.
2.     ORDENAR al Congreso de la República que, dentro del ámbito de
sus competencias y respetando su libertad de configuración del derecho, de
aplicación a lo dispuesto en los artículos 3º, numeral 6º, y 18 del Decreto
2055 de 2014, en el sentido de contar con el concepto previo del Comité
Técnico Científico del Consejo Superior de Política Criminal, para
iniciar el trámite de proyectos de ley o actos legislativos que incidan en la
política criminal y en el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal.
3.     ORDENAR al Gobierno Nacional, por intermedio del Ministro de
Justicia y del Derecho que, dentro del ámbito de sus competencias de aplicación
al estándar constitucional mínimo de una política criminal respetuosa de
los derechos humanos, referido en los fundamentos 50 a 66 de esta
sentencia, cuando se propongan, inicien o tramiten proyectos de ley o actos
legislativos que incidan en la formulación y diseño de la Política Criminal, en
el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal y/o en el funcionamiento del
Sistema Penitenciario y Carcelario.
4.     INSTAR al Presidente de la República, a través de la
Secretaría Jurídica de la Presidencia para que, dentro del ámbito de sus
competencias constitucionales y legales, objete los proyectos de ley o actos
legislativos que no superen el referido estándar constitucional mínimo de
una política criminal respetuosa de los derechos humanos.
5.     ORDENAR a la Fiscalía General de la Nación, por intermedio de
su representante legal o de quien haga sus veces, que, dentro del ámbito de sus
competencias de aplicación ineludible al estándar constitucional mínimo
que debe cumplir una política criminal respetuosa de los derechos humanos,
referido en los fundamentos 50 a 66 de esta sentencia, cuando se propongan,
inicien o tramiten proyectos de ley o actos legislativos que incidan en la
formulación y diseño de la Política Criminal, en el funcionamiento del Sistema
de Justicia Penal y/o en el funcionamiento del Sistema Penitenciario y
Carcelario.
6.     ORDENAR al Ministerio de la Presidencia, por intermedio de su
representante legal o de quien haga sus veces, que, dentro del ámbito de sus
competencias difunda entre las autoridades concernidas en todas las fases de la
política criminal el estándar constitucional mínimo que debe cumplir una
política criminal respetuosa de los derechos humanos, referido en los
fundamentos 50 a 66 de esta sentencia, cuando se propongan, inicien o tramiten
proyectos de ley o actos legislativos que incidan en la formulación y diseño de
la Política Criminal, en el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal y/o en
el funcionamiento del Sistema Penitenciario y Carcelario.
7.     ORDENAR al Gobierno Nacional, por intermedio del Ministro de
Justicia y del Derecho que, dentro del ámbito de sus competencias
constitucionales y legales, emprenda todas las acciones necesarias para dar
mayor viabilidad financiera e institucional al Consejo Superior de Política
Criminal y a sus instancias técnicas, con el fin de que éste de cumplimiento a
las todas funciones que le fueron asignadas mediante el Decreto 2055 de 2014,
en el marco de el estándar constitucional mínimo que debe cumplir una
política criminal respetuosa de los derechos humanos, referido en los
fundamentos 50 a 66 de esta sentencia. Para efectos de lo anterior deberá
diseñar un plan concreto y un cronograma de acción en el término de los seis (6)
meses siguientes a la notificación de esta decisión.
8.     EXHORTAR al Congreso de la República, al Gobierno Nacional y a
la Fiscalía General de la Nación, por intermedio de sus representantes legales
o quienes hagan sus veces, para que dentro del ámbito de sus competencias y si
aún no lo han realizado, promuevan la creación, implementación y/o ejecución de
un sistema amplio de penas y medidas de aseguramiento alternativas a la
privación de la libertad.
9.     ORDENAR al Gobierno Nacional, por intermedio del Ministro de
Justicia y del Derecho que, dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación
de esta sentencia, estructure una política pública de concientización
ciudadana, con vocación de permanencia, sobre los fines del derecho penal y de
la pena privativa de la libertad, orientado al reconocimiento de alternativas
sancionatorias, a la sensibilización sobre la importancia del derecho a la
libertad y al reconocimiento de las limitaciones de la prisión para la
resocialización, en las condiciones actuales de desconocimiento de derechos de
los reclusos.
10.
ORDENAR al Ministerio de Justicia y del Derecho
que, en el término de seis (6) meses contados a partir de la notificación de
esta sentencia, emprenda las acciones para la creación de un sistema de
información unificado, serio y confiable sobre Política Criminal. Este sistema
de información deberá seguir los parámetros definidos en los fundamentos
81, 82 y 109 de la presente sentencia. Así mismo deberá priorizar los
siguientes aspectos:
A.   Crear estadísticas y bases de datos
unificadas, serias y confiables sobre la criminalidad en el país, que permitan
proponer soluciones y medir resultados.
B.   Crear un sistema de medición del impacto,
que las leyes y reformas en materia de política criminal, tienen sobre el
Sistema Penitenciario y Carcelario.
C.   Crear bases de datos y estadísticas unificadas,
serias y confiables sobre la aplicación de la detención preventiva en el país.
D.   Realizar una revisión sobre la fiabilidad
de la información relacionada con la creación y adecuación de cupos
carcelarios, con el fin de determinar cuántos cupos cumplen las condiciones
mínimas.
11.
EXHORTAR al
Congreso de la República, al Ministerio de Justicia y del Derecho a revisar el
sistema de tasación de las penas en la legislación actual, con el fin de
identificar las incoherencias e inconsistencias del mismo, de acuerdo con el
principio de proporcionalidad de la pena, y tomar los correctivos del caso. Lo
anterior una vez establecido el Sistema de Información sobre la Política
Criminal del que tratan los fundamentos 81, 82 y 109 de esta sentencia, en el
que necesariamente deberán apoyarse para efectos de sacar conclusiones y
presentar soluciones.
12.
ORDENAR al Gobierno Nacional, por intermedio del
Ministro de Justicia y del Derecho que cree una instancia técnica de
carácter permanente con la función (i) de consolidar un Sistema de
información sobre la Política Criminal, serio y confiable, (ii) de establecer
los mecanismos de incorporación de la información por parte de las entidades
con injerencia en la política criminal, en cualquiera de sus fases, (iii) de
diseñar los mecanismos de acceso a la información y (iv) de hacer una
valoración y retroalimentación periódica de los resultados de dicho Sistema de
Información, con el fin de potenciar sus resultados y solucionar los problemas
que pueda implicar su desarrollo.  El proceso de diseño de la base de datos y
de los mecanismos previstos para el flujo constante de información,  deberá
efectuarse en un lapso de seis (6) meses contados a partir de la notificación
de esta providencia.
13.
ORDENAR al INPEC que, en coordinación con la USPEC,
el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el
Departamento Nacional de Planeación y el Consejo Superior de Política Criminal,
elabore un plan integral de programas y actividades de resocialización,
tendiente a garantizar el fin primordial de la pena en todos los
establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. Dicho plan deberá tener
en cuenta los parámetros fijados en los fundamentos 57 y 155 de esta sentencia.
Adicionalmente, deberá fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con
el objetivo de medir resultados graduales, y en todo caso, dichos plazos no
podrán superar el término de dos (2) años contados a partir de la notificación
de esta sentencia.
14.  ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura y al Ministerio
de Justicia y del Derecho que bajo la coordinación de la Defensoría del Pueblo,
en el término de dos (2) meses contados partir de la notificación de esta
sentencia, emprenda todas las acciones necesarias para diseñar un cronograma de
implementación de las brigadas jurídicas periódicas en los
establecimientos de reclusión del país. Para tal efecto, deberá, entre otras:
i) coordinar a los consultorios jurídicos de las Universidades del país, con el
fin de lograr su participación en la realización de las brigadas jurídicas; ii)
coordinar el trabajo de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad
para que concedan, a quienes corresponde, los beneficios establecidos en la
ley, y para que las solicitudes se resuelvan a la mayor brevedad posible; y
iii) en caso de ser necesario, crear cargos de descongestión para tal efecto.
15.  ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura y al Ministerio
de Justicia y del Derecho que bajo la coordinación de la Defensoría del Pueblo,
en el término los cuatro (4) meses contados partir de la notificación de esta
sentencia, emprenda todas las acciones necesarias para implementar brigadas
jurídicas en los 16 establecimientos de reclusión accionados en los procesos
acumulados.
16.  ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura y al Ministerio de
Justicia y del Derecho que, en el término de cuatro (4) meses siguientes a la
notificación de esta decisión, bajo la coordinación de la Defensoría del
Pueblo, recoja la información necesaria sobre las necesidades de información,
acción y gestión que implican las brigadas jurídicas, para
implementarlas en todos los establecimientos penitenciarios del país con base
en el Sistema de Información, que deberá precisar las circunstancias y
posibilidades jurídicas de los reclusos.
17.     ORDENAR a la Defensoría del Pueblo la conformación del Comité
Interdisciplinario de que trata la primera parte del fundamento jurídico 107,
para que despliegue las actividades de diagnóstico y constitución de la línea
base referida allí mismo. Para efectos de la conformación de dicha institución
se confiere un término de treinta (30) días; para el despliegue de su labor, se
confiere el término de seis (6) meses contados a partir de la notificación de
esta sentencia.
18.    ORDENAR al Comité Interdisciplinario creado por virtud del
numeral anterior que, en caso de presentarse circunstancias que imposibiliten
técnicamente el cumplimiento de las órdenes emitidas en esta sentencia, lo
informe a esta Sala de Revisión, para efecto de evaluar la situación.
19.    ORDENAR al Comité Interdisciplinario, creado por virtud del
numeral 16 de esta orden, que analice técnicamente las necesidades que se
verifican en las cárceles del país, y cubra cada uno de los aspectos
relacionados con los problemas de reclusión identificados. Lo anterior hasta
consolidar una Norma Técnica sobre la Privación de la Libertad en Colombia, la
cual deberán observar las entidades involucradas en todas las fases de la
Política Criminal. Para ello se confiere el término de nueve (9) meses contados
a partir de la notificación de esta sentencia.
20.    ORDENAR al INPEC, a la USPEC y al Ministerio de Justicia y del
Derecho, por intermedio de sus representantes legales o quienes hagan sus
veces, que en el término de quince (15) meses contados a partir de la
notificación de la presente sentencia, rehagan las bases de datos y
estadísticas respecto de la capacidad real de los establecimientos de reclusión
en el país, teniendo en cuenta que sólo puede contar cupos que cumplan con las condiciones
mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la
presente providencia y validadas, transformadas o identificadas por el Comité
Interdisciplinario. Lo anterior, con el objetivo de establecer cuál es el nivel
real de hacinamiento si se tiene en cuenta el referido estándar.
21.     ORDENAR al INPEC, a la
USPEC, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Departamento Nacional de
Planeación, por intermedio de sus representantes legales o quienes hagan sus
veces, que en un término de seis (6) meses contados a partir de la notificación
de esta decisión, ajusten todos los proyectos que se estén ejecutando o
implementando a las condiciones
mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente
providencia.
22.    ORDENAR al Gobierno
Nacional que a través de sus Ministros conforme sea la materia abordada, en un
término de tres (3) meses posteriores a la identificación de las condiciones mínimas de
subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia, se
regule cada aspecto de la vida carcelaria, integrándolas,  como mecanismo de
orientación para cada uno de los centros de reclusión y como garantía de
condiciones dignas de reclusión para las personas privadas de la libertad.  Los
lineamientos normativos que surjan del ejercicio anterior podrán ser compilados
por el Ministro de la Presidencia, para evitar la dispersión regulatoria en la
materia.
De cualquier modo, las regulaciones de las
que trata el acápite de órdenes generales, que se encuentran a cargo del
Ministerio de Salud, deberán consolidarse provisionalmente durante los tres (3)
meses posteriores a la notificación de esta sentencia, habida cuenta de que de
esa labor pende la actuación de los demás actores de la política criminal, en su
fase terciaria.
23.    ORDENAR al
INPEC, a la USPEC, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Departamento
Nacional de Planeación, por intermedio de sus representantes legales o quienes
hagan sus veces, que en un término de dos (2) meses a partir del enteramiento
de la expedición de los lineamientos a cargo del Gobierno Nacional, adecúen
todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando, relacionados con
la adecuación y refacción de nuevos cupos dentro de los establecimientos
carcelarios y penitenciarios en funcionamiento, para que se cumplan con las condiciones mínimas de
subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia.
24.    ORDENAR al
INPEC, a la USPEC, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Departamento
Nacional de Planeación, por intermedio de sus representantes legales o quienes
hagan sus veces, que en adelante se aseguren de que todos los proyectos y
diseños en infraestructura carcelaria y penitenciaria, cumplan de manera
obligatoria con las condiciones
mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente
providencia y/o con aquellas que compile el Gobierno Nacional en cumplimiento del
numeral 22 de las órdenes generales. Los proyectos que no satisfagan tales
condiciones, no podrán ser ejecutados. Esas condiciones mínimas deberán
consagrarse como requisitos previos para la aprobación de proyectos.
25.    ORDENAR a la USPEC, por
intermedio de su representante legal o quien haga sus veces, que emprenda todas
las acciones necesarias para que, en un término no superior a un (1) año
contado a partir de la notificación de esta sentencia, las inversiones de toda
índole se focalicen no sólo en la construcción de cupos, sino
además en la satisfacción de otras necesidades de los reclusos,
en especial, las relacionadas con la adecuada prestación de los servicios de
agua potable, salud, alimentación y programas de resocialización.
26.
ORDENAR al INPEC, a la USPEC, al Ministerio de Justicia y del
Derecho y al Departamento Nacional de Planeación, por intermedio de sus
representantes legales o quienes hagan sus veces, que continúen tomando todas
las medidas necesarias para lograr una adecuada prestación del servicio de
salud al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del
país. En especial, las acciones encaminadas a diversificar las Empresas
Promotoras de Salud y a la instauración de brigadas médicas en los centros de
reclusión, deberán implementarse en un término no superior a un (1) año contado
a partir de la notificación de la presente providencia. Lo anterior de
conformidad con la regulación que haga el Ministerio de Salud y Protección
Social.
27.    ORDENAR al Ministerio de la Presidencia de la República que
asuma la articulación de las distintas entidades administrativas y los
diferentes entes territoriales, diseñando una estrategia al respecto en el
término de los diez (10) días siguientes a la notificación de la esta
sentencia.
28.    ORDENAR a la Defensoría del Pueblo que, en el término de los
cinco (5) días siguientes a la notificación de la esta sentencia, cree el Grupo
de Seguimiento al cumplimiento de las órdenes generales y particulares
proferidas en esta sentencia, conforme lo señalado en el fundamento jurídico 105.
Deberá informar con periodicidad semestral
a esta Corporación sobre la evolución (aciertos, desaciertos y dificultades) de
la estrategia de superación del Estado de Cosas Inconstitucional, y de su
impacto en el goce de los derechos de las personas privadas de la libertad.
29.    ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación, que en el
término de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta sentencia,
proceda a adelantar las gestiones necesarias para emprender y desarrollar su
función preventiva de vigilancia del cumplimiento de este fallo.
30.    ORDENAR  al Ministerio de la Presidencia de la República, a la
Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, que a través de
sus representantes legales, en el término de los cinco (5) días siguientes a la
notificación de esta providencia, extracten las responsabilidades locales y
nacionales emanadas de esta providencia, como los objetivos de la superación
del ECI en cada uno de los problemas identificados, para establecer la
participación de todas las entidades involucradas, de conformidad con las
competencias constitucionales y legales que deban asumir. A cada una de éstas
se le comunicará su rol en la superación del ECI, y podrán presentar objeciones
asociadas únicamente con el contenido de esta providencia o con sus
competencias; las tres entidades que lideran el proceso considerarán los
fundamentos expuestos y adoptarán una decisión. Así quedará circunscrito el
marco del seguimiento al cumplimiento de esta sentencia.
La Defensoría del Pueblo, como líder del
seguimiento, asegurará que no haya elemento abordado en esta providencia sin
responsabilidad estatal. En el evento en que deban concurrir varias entidades a
la solución de alguno de los problemas planteados, el Ministerio de la
Presidencia asumirá su articulación.
Para diseñar la estrategia de seguimiento
al cumplimiento de esta sentencia, en los términos referidos, se confiere el
término de tres (3) meses, contabilizados desde la notificación de esta
providencia judicial.
31.
INVITAR a la delegación del Comité Internacional
de la Cruz Roja (CICR) en Colombia, y a las Universidades Nacional de Colombia,
EAFIT, y de los Andes, para que acompañen a la Defensoría del Pueblo en los
procesos de (i) fijación de las Normas Técnicas sobre la Privación de la
Libertad; (ii) seguimiento y evaluación de su cumplimiento en el
territorio nacional; y (iii) retroalimentación y reestructuración de las
mismos.
32.
FACULTAR  a la Defensoría del Pueblo, para que
convoque a personas, naturales o jurídicas, que por su experticia en el tema
puedan contribuir técnicamente al proceso de seguimiento que efectuará a través
del Grupo conformado para ello.
33.
ORDENAR al Ministerio de Justicia y del Derecho,
en asocio con el  Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, que en el término de los cuatro (4) meses siguientes a la
consolidación de la primera versión del sistema de información creado en el
numeral 10 de las órdenes generales, proceda a adecuar el dominio web www.politicacriminal.gov.co para la publicidad e interoperabilidad de
dicha información entre las entidades involucradas en la superación del ECI.
Aquella información objeto de reserva legal y la que contenga datos sensibles
de la órbita de la intimidad personal de las personas privadas de la libertad,
deberá manejarse a través de usuarios privados, que permitan su consulta
exclusivamente a aquellos funcionarios habilitados para ella.
El dominio web, además, deberá exhibir
esquemáticamente las decisiones de esta Corporación, identificando las órdenes
proferidas, el fin de las mismas, sus destinatarios, los términos conferidos y
estado del cumplimiento, a través de informes de gestión, de resultado y
de impacto en los derechos de las personas privadas de la libertad.
Adicionalmente la página web en mención
debe hacer visible información estadística que permita, a la ciudadanía,
visualizar el avance en la superación del ECI, a través de las metas
propuestas, los adelantos y mejoras, las dificultades y los rezagos existentes.
34.
ORDENAR al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, y al Departamento Nacional de Planeación que las erogaciones que sean
consecuencia de esta sentencia sean efectuadas con el fin de colaborar a las
instituciones concernidas, para efectuar las acciones que les correspondan, en
los términos conferidos.
Órdenes particulares
VIGÉSIMO TERCERO: ORDENAR al Ministerio de Justicia y del Derecho, con apoyo del Ministerio del
Interior, por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces, que
en el término de un (1) mes contado a partir de la notificación de esta
sentencia, que integre, si aún no lo ha realizado, a los entes territoriales
involucrados en las presentes acciones de tutela, al proceso de formación y
adecuación que está adelantando ese Ministerio, de acuerdo a lo establecido en
la Ley 65 de 1993 y sus reformas. Los entes territoriales a los que se refiere
esta orden son: los Municipios de Bucaramanga, Pereira, Santa Rosa de Cabal,
Medellín, Bogotá, Cúcuta, Anserma, San Vicente de Chucurí, Cartago, Palmira,
Florencia, Itagüí, Apartadó, Roldanillo y Villavicencio; y los Departamentos de
Santander, Risaralda, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Valle del Cauca,
Caquetá y Meta.
VIGÉSIMO CUARTO: INSTAR a los Municipios de Bucaramanga,
Pereira, Santa Rosa de Cabal, Medellín, Bogotá, Cúcuta, Anserma, San Vicente de
Chucurí, Cartago, Palmira, Florencia, Itagüí, Apartadó, Roldanillo y
Villavicencio; y a los Departamentos de Santander, Risaralda, Antioquia, Norte
de Santander, Caldas, Valle del Cauca, Caquetá y Meta, por intermedio de sus
representantes legales o quienes hagan sus veces, para que emprendan todas las
acciones administrativas, presupuestales y logísticas necesarias para
involucrarse efectivamente en el proceso seguido, por parte del Ministerio de
Justicia y del Derecho, para cumplir con las obligaciones consagradas en la Ley
65 de 1993, sus modificaciones y las órdenes que surjan de esta providencia.
VIGÉSIMO QUINTO: ORDENAR al INPEC, a la USPEC
y al Ministerio de Justicia y del Derecho, por intermedio de sus representantes
legales o quienes hagan sus veces y de acuerdo a sus respectivas competencias,
que en un término de un (1) año a partir de la notificación de esta sentencia,
adecúen todas las áreas de sanidad de los 16 establecimientos de reclusión bajo
estudio para que se cumplan con
las condiciones mínimas de prestación del servicio de salud propuestas
en el fundamento 92 y 156 de la presente providencia. Para efectos de lo anterior podrán solicitar la
colaboración del caso a los demás Ministerios del Gobierno Nacional y a los
entes territoriales involucrados.
VIGÉSIMO SEXTO: ORDENAR al INPEC y a la USPEC, por intermedio de sus
representantes legales o de quienes hagan sus veces y de acuerdo a sus
respectivas competencias, que, previo censo y determinación de las condiciones
de vida de los internos de cada uno de los 16 centros penitenciarios sobre los
que versa esta sentencia, valorados por el lugar y las condiciones en que
pernoctan, pongan a disposición de cada interno, en un término máximo de tres
(3) meses, kit de aseo, colchoneta, almohada, sábanas y cobija(s) en caso de
ser necesarias, para su descanso nocturno; cada persona que ingrese al penal
debe contar con esta misma garantía. La Defensoría del Pueblo, a través de sus
regionales, ejercerá funciones de vigilancia sobre el cumplimiento de esta
orden, y verificará que responda a los factores y necesidades que impone la
región y sus condiciones climáticas.
VIGÉSIMO SÉPTIMO: ORDENAR al INPEC y a la USPEC, por intermedio de sus
representantes legales o de quienes hagan sus veces y de acuerdo a sus
respectivas competencias, que, previo análisis de las necesidades en cada uno
de los 16 centros penitenciarios sobre los que versa esta sentencia, valorados
a través del número actual de reclusos, pongan a disposición de los internos
una cantidad razonable de duchas y baterías sanitarias, en óptimos estado de
funcionamiento, en un lapso de tres (3) meses contados a partir de la
notificación de esta sentencia. La Defensoría del Pueblo, a través de sus
regionales, ejercerá funciones de vigilancia sobre este procedimiento.
VIGÉSIMO OCTAVO: ORDENAR al INPEC, a la USPEC y a los Directores de cada uno de
los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados a la presente
acción, que, por intermedio de sus representantes legales o de quienes hagan
sus veces, y de acuerdo a sus respectivas competencias, aseguren las
condiciones para que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones
de higiene e intimidad, conforme lo precisado en esta sentencia, en un lapso de
un (1) año contado a partir de la notificación de esta sentencia. El Ministerio
de Justicia y del Derecho, como el de Salud y Protección Social, prestarán la
orientación del caso.
VIGÉSIMO NOVENO: ORDENAR al INPEC, a la USPEC y a los Directores de cada uno de
los establecimientos penitenciarios accionados o vinculados a la presente
acción, que, por intermedio de sus representantes legales o de quienes hagan
sus veces, y de acuerdo a sus respectivas competencias, estructuren un
protocolo de tratamiento higiénico y óptimo de alimentos en el lapso de un (1)
mes, para ser aplicado en cada uno de los 16 establecimientos dentro del mes
siguiente a la emisión de las directrices que trace el Ministerio de Salud y
Protección Social conforme el numeral 19 de la orden vigésimo segunda de esta
sentencia.
TREINTAGÉSIMO: ORDENAR al INPEC,
a la USPEC, al Ministerio de Justicia y del Derecho para que, en coordinación
con las demás entidades que éstos estimen involucradas, y por intermedio de sus
respectivos representantes legales o quienes hagan sus veces, en el término de
(3) meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, emprendan las
acciones necesarias para constatar las necesidades reales de adecuación en infraestructura
en relación con el manejo de aguas (suministro de agua potable y evacuación
adecuada de aguas negras) respecto de los 16 establecimientos de
reclusión estudiados. En virtud de esta orden deberán presentar un informe y un
plan de acción para cubrir las necesidades insatisfechas, que en todo caso no
podrá superar los dos (2) años para su ejecución total, estando la primera fase
orientada al suministro efectivo e inmediato de agua potable, conforme las
directrices provisionales que emitan las autoridades nacionales conforme el numeral 19 de la orden vigésimo segunda de esta
sentencia.
Disposiciones finales generales
TREINTAGÉSIMO PRIMERO: El Gobierno Nacional, a través del Presidente de la
República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento
Nacional de Planeación, deberá ADOPTAR las medidas adecuadas y necesarias
para asegurar los recursos suficientes y oportunos, que permitan la
sostenibilidad y progresividad de todas las medidas a implementar para dar
cumplimiento a lo ordenado en esta sentencia. Para tal efecto deberán preverse
anualmente las partidas presupuestales del caso, con arreglo a la complejidad y
el carácter estructural de las medidas esperadas.
TREINTAGÉSIMO SEGUNDO: Por Secretaría General de esta Corte, LIBRAR las
comunicaciones de que se trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Esos procesos tenían, inicialmente, fecha de
vencimiento el 3 de febrero de 2014. Sin embargo, no profirió fallo la Sala
Sexta de Revisión de Tutelas. Posteriormente, la Sala Plena de la Corte
Constitucional requirió al entonces Magistrado ponente para que entregara los
referidos expedientes, lo que ocurrió a través de la Secretaría General de esta
Corporación.
[2]
En algunos casos las demandas sólo iban dirigidas contra los centros de
reclusión específicos, no obstante, en el trámite de los diferentes procesos
fueron vinculadas algunas autoridades y/o entidades del orden nacional o local,
como la Presidencia de la República, los Ministerios de Hacienda y Crédito
Público, de Justicia y del Derecho, de Salud y Protección Social, la Fiscalía
General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, en adelante INPEC, la Dirección de la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios, en adelante USPEC, la Superintendencia
Nacional de Salud, y CAPRECOM EPS, entre otras.
[3]
Se advierte que las referencias de fechas y folios de los documentos que se
reseñarán a continuación están detalladas en las tablas de contenido de cada
uno de los expedientes, que se anexan a la presente sentencia. Lo anterior con
el objetivo de facilitar la lectura de los antecedentes.
[4]
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario.
[5]
Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario.
[6]
El despacho también solicitó al Director de dicho centro de reclusión, informar
(i) cuál es la capacidad máxima de alojamiento de reclusos del patio cuarto;
(ii) cuál es la disposición de servicios sanitarios para los internos; (iii)
cuántas raciones de alimentos suministran a cada individuo; y (iv) si existen
áreas de sanidad y de atención en salud para los reclusos.
[7]
También se solicitó al Director del INPEC informar cuál es el índice máximo de
reclusos que pueden ser alojados en la Cárcel Modelo de Bucaramanga.
[8]
A dicha funcionaria se le pidió informar si cuenta con los recursos para
ejecutar obras de infraestructura en el centro de reclusión, entre ellas el
mejoramiento de los servicios sanitarios.
[9]
El a quo también solicitó a la Secretaría de Salud y Medio Ambiente de
Bucaramanga rendir un informe sobre la eventual contaminación auditiva en el
lugar de reclusión de los demandantes y de las condiciones de salubridad en
torno al suministro de alimentos.
[10]
Las respuestas del INPEC y de la USPEC no fueron tomadas en cuenta por el juez
de instancia, pues fueron extemporáneas. Por esa misma razón no
se reseñaran en estos antecedentes.
[11]
Contrato suscrito con la sociedad LE & VE ALIMENTOS MACSOL
SAS.
[12]
Se advierte que esta medida tendrá un efecto menor sobre el
hacinamiento, pues la mayoría de internos en el país deben estar recluidos en
establecimientos de mediana y alta seguridad.
[13]
“CONTRATO
Nº 126 DE 2012 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
INPEC Y CONSORCIO PENITENCIARIO 16 NIT 900.567.339-1, CON EL OBJETO DE
CONTRATAR LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL, GRUPO 3 REGIONAL
ORIENTE POR VALOR DE $1.734.673.766,80 Y GRUPO 6 REGIONAL CENTRAL POR VALOR DE
$4.246.956.293,70 PARA UN TOTAL DE CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES
SEISCIENTOS TREINTA MIL SESENTA PESOS CON 50/100 ($5.981.630.030,50)M/CTE.
INCLUIDO AIU E IVA”.
Folio 139 cd. inicial, Exp. T-3977802.
[14]
Juzgado 12 Administrativo del Circuito de Bucaramanga. Auto
del 8 de mayo de 2013.
[15]
Las respuestas de la USPEC, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del
Ministerio de Salud, del Consejo Superior de la Judicatura, del Departamento
Nacional de Planeación y de la Compañía de Seguros Aurora no fueron tomadas en
cuenta por el juez de instancia, pues fueron extemporáneas. Por esa misma razón
no se reseñan en estos antecedentes.
[16]
La respuesta de CAPRECOM EPSS no fue tomada en cuenta por el juez de instancia,
pues fue extemporánea. Por esa misma razón no se reseña en
estos antecedentes.
[17]
La respuesta del Ministerio de Justicia y del Derecho no fue tomada en cuenta
por el juez de instancia, pues fue extemporánea. Por esa misma razón no se reseña en estos antecedentes.
[18]
Las respuestas del Director del EPMSC de San Vicente de Chucurí y del Director
General del INPEC no fueron tomadas en cuenta por el juez de instancia, pues
fueron extemporáneas. Por esa misma razón no se reseñan en
estos antecedentes.
[19] En ese mismo auto le
solicitó pronunciarse sobre los hechos invocados y ordenó a su Director
informar: ¿Cuál es el número de personas actualmente recluidas? ¿Sí ese número
se ajusta a la capacidad del penal? ¿Cuál es el porcentaje de hacinamiento
existente?
[20]
Las respuestas de la Gobernación del Caquetá y del Ministerio de Hacienda no
fueron tomadas en cuenta por el juez de instancia, pues fueron extemporáneas.
Por esa misma razón no se reseñan en estos antecedentes.
[21]
La respuesta de la Superintendencia de Salud no fue tomada en cuenta por el
juez de instancia, pues fue extemporánea. Por esa misma razón no
se reseña en estos antecedentes.
[22]
Se refiere al fallo de primera instancia proferido en la
acción de tutela contenida en el expediente T-3927909.
[23]
La respuesta de CAPRECOM EPSS no fue tomada en cuenta por el juez de instancia,
pues fue extemporánea. Por esa misma razón no se reseña en
estos antecedentes.
[24]
La respuesta del Ministerio de Justicia y del Derecho no fue tomada en cuenta
por el juez de instancia, pues fue extemporánea. Por esa misma razón no se reseña en estos antecedentes.
[25]
Cifras aproximadas y vigentes al momento de la presentación de
los informes o documentos.
[26]
Para calcular el hacinamiento se utilizó la siguiente fórmula:
(cobertura real – capacidad real) x 100 = %
capacidad
real
[27]
Con esta expresión la mayoría de intervinientes se refiere a
la producción “desmesurada” de leyes que aumentan penas o tipifican nuevas
conductas como punibles, como consecuencia de la presión de la opinión pública
y/o de los cálculos populistas de algunos sectores.
[28]
Esta cifra se obtiene sumando la capacidad real de cobertura
de los 16 establecimientos carcelarios y penitenciarios que están siendo
accionados en el presente proceso. Las cifras son aproximadas, pues son las
presentadas en las respectivas respuestas de las diversas entidades.
[29] X= 24.107 x 100
117.000
[30] X= 16 x 100
137
[31]
Mediante el Auto del 20 de mayo de 2015, proferido por la Sala
Quinta de Revisión de Tutelas.
[32]
Ver entre muchas otras las sentencias: T-847 de 2000, M. P.
Carlos Gaviria Díaz; T-023 de 2003, M. P. Clara Inés Vargas Hernández; T-639 de
2004, M. P. Rodrigo Escobar Gil; T-690 de 2004, M. P. Álvaro Tafur Galvis;
T-1096 de 2004, M. P. Manuel José Cepeda; T-1145 de 2005, M. P. Rodrigo Escobar
Gil; T-317 de 2006, M. P. Clara Inés Vargas Hernández; T-412 de 2009, M. P.
María Victoria Calle Correa; T-971 de 2009, M. P. Mauricio González Cuervo;
T-939 de 2011, M. P. Nilson Pinilla Pinilla; T-764 de 2012, M. P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub; T-077 de 2013, M. P. Alexei Julio Estrada; T-857 de 2013, y
T-815 de 2013, en ambas, M. P. Alberto Rojas Ríos; T-588A de 2014, M. P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub y T-282 de 2014, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva, entre
muchas otras.
[33]
M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[34]
M. P. María Victoria Calle Correa.
[35]
En aquella oportunidad la Corte Constitucional abordó el análisis de dos
acciones de tutela distintas, que denunciaban situaciones violatorias de los
derechos humanos en las Cárceles de Bellavista en Medellín y Nacional Modelo de
Bogotá.
[36]
Por supuesto, en esta sentencia también se abordó el problema
desde una visión estructural, que pasó por evaluar la política criminal del
país. Sin embargo, lo que se quiere resaltar en este momento fue su enfoque
hacia la necesidad de aumentar y modernizar la infraestructura penitenciaria y
carcelaria del país que para la época de su expedición, era una de las acciones
más urgentes.
[37]
“…la Corte identificó los principales seis (6)
‘factores’ que han sido valorados para establecer que una determinada situación
fáctica constituye un estado de cosas inconstitucional, así:
“Dentro
de los factores valorados por la Corte para definir si existe un estado de
cosas inconstitucional, cabe destacar los siguientes:
(i) la
vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que
afecta a un número significativo de personas;
(ii) la
prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones
para garantizar los derechos;
(iii)
la adopción de prácticas inconstitucionales, como la incorporación de la acción
de tutela como parte del procedimiento para garantizar el derecho conculcado;
(iv) la
no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales
necesarias para evitar la vulneración de los derechos.
(v) la
existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de
varias entidades, requiere la adopción de un conjunto complejo y coordinado de
acciones y exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional
importante;
(vi) si
todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la acción de
tutela para obtener la protección de sus derechos, se produciría una mayor
congestión judicial.” Sentencia T-388 de 2013,
fundamento 4.1.5.
[38]
M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[39] Sentencia
T-153 de 1998. De manera general se explican las etapas así:
La época del asentamiento se
inició en 1938, con una población carcelaria de 8.686 internos. Hasta
1945, este número aumentó anualmente en una cifra promedio de mil internos. En
1946, se presentó una baja importante en el total de los reclusos, a causa de
un proceso de desjudicialización. Sin embargo, este descenso fue rápidamente
compensado por los incrementos de los próximos años, hasta llegar en el año de
1957 a la cifra de 37.770 internos.
La época del desborde, se inició
con un nuevo proceso de desjudicialización en 1957, que reduce en 12.771
internos la población carcelaria. En esta etapa se da comienzo a una serie de
obras carcelarias (el boom de la construcción) y se expide el nuevo estatuto
carcelario, mediante el Decreto 1817 de 1964. Sin embargo, el esfuerzo de
descongestión carcelaria sería nuevamente contrarrestado con aumentos
vertiginosos del número de internos hasta el año de 1971. Así, a finales de
1971, se registrará un total de 58.125 internos, que condujo al país a
una crisis de hacinamiento carcelario. De acuerdo con el informe citado, esta
cima en las estadísticas de hacinamiento se reduciría de nuevo con medidas
despenalizadoras, con la ley de rebaja de penas dictada a raíz de la visita del
Papa Paulo VI, la 40 de 1968, y con un mejoramiento de las condiciones sociales.
Ello explicaría que para el año de 1973 la población penitenciaria se hubiera
reducido a 36.500 internos.
La
época del reposo, en la cual se realizó el primer Censo Nacional Penitenciario, cuyo resultado
arrojó un número total de 34.184 internos. Esta cifra disminuiría aún
más, de manera tal que entre 1980 y 1994 la población carcelaria se mantuvo,
con pocas excepciones, por debajo de los 30.000 reclusos. El estudio resalta
que entre 1981 y 1985 el promedio de internos fue de 27.700, y que en 1986
disminuyó hasta 24.893, a causa del Decreto 1853 de 1985, que ordenó la
excarcelación de sindicados por delitos menores. Sin embargo, el número de
internos volvería a ascender a raíz de las modificaciones en la legislación y
de la aplicación del Estatuto para la Defensa de la Democracia y de las normas
excepcionales posteriores.
Finalmente,
la época de la alarma tiene su comienzo en 1995 y se prolonga hasta
1998, (fecha del informe que se cita). Ese año se inicia con una cifra similar
al promedio de la época anterior (29.537), pero el número de reclusos aumenta
progresivamente hasta llegar a 31.960, todo ello a pesar de que la aplicación
del Decreto 1370 de 1995, sobre desjudicialización, contrarrestaba la tendencia
al incremento de la población carcelaria. La población carcelaria para 1996
asciende a 39.574 internos, con un cupo en cifras cerradas de 28.300, lo cual
constituía un sobrecupo de 11.700 internos para 1997.
[40] Sentencia T-153 de 1998. Las órdenes, concretamente, fueron: “Tercero.-
ORDENAR al INPEC, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Departamento Nacional
de Planeación elaborar, en un término de tres meses a partir de la notificación
de esta sentencia, un plan de construcción y refacción carcelaria tendente a
garantizar a los reclusos condiciones de vida dignas en los penales. La
Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de Nación ejercerán
supervigilancia sobre este punto. Además, con el objeto de poder financiar
enteramente los gastos que demande la ejecución del plan de construcción y
refacción carcelaria, el Gobierno deberá realizar de inmediato las diligencias
necesarias para que en el presupuesto de la actual vigencia fiscal y de las
sucesivas se incluyan las partidas requeridas. Igualmente, el Gobierno deberá
adelantar los trámites requeridos a fin de que el mencionado plan de construcción
y refacción carcelaria y los gastos que demande su ejecución sean incorporados
dentro del Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones. || Cuarto.- ORDENAR al
Ministerio de Justicia y del Derecho, al INPEC y al Departamento Nacional de
Planeación, en cabeza de quien obre en cualquier tiempo como titular del
Despacho o de la Dirección, la realización total del plan de construcción y
refacción carcelaria en un término máximo de cuatro años, de conformidad con lo
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones. || Quinto.-
ORDENAR al INPEC y al Ministerio de Justicia y del Derecho la suspensión
inmediata de la ejecución del contrato de remodelación de las celdas de la
Cárcel Distrital Modelo de Santafé de Bogotá. || Sexto.- ORDENAR al INPEC que,
en un término máximo de tres meses, recluya en establecimientos especiales a
los miembros de la Fuerza Pública que se encuentran privados de la libertad,
con el objeto de garantizar su derecho a la vida y a la integridad personal. ||
Séptimo.- ORDENAR al INPEC que, en un término máximo de cuatro años, separe
completamente los internos sindicados de los condenados. || Octavo.- ORDENAR a
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que
investigue la razón de la no asistencia de los jueces de penas y medidas de
seguridad de Bogotá y Medellín a las cárceles Modelo y Bellavista. || Noveno.-
ORDENAR al INPEC, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Ministerio de
Hacienda que tomen las medidas necesarias para solucionar las carencias de
personal especializado en las prisiones y de la Guardia Penitenciaria. ||
Décimo.- ORDENAR a los gobernadores y alcaldes, y a los presidentes de las
Asambleas Departamentales y de los Concejos Distritales y Municipales que tomen
las medidas necesarias para cumplir con su obligación de crear y mantener
centros de reclusión propios. || Undécimo.- ORDENAR al Presidente de la
República, como suprema autoridad administrativa, y al Ministro de Justicia y
del Derecho que, mientras se ejecutan las obras carcelarias ordenadas en esta
sentencia, tomen las medidas necesarias para garantizar el orden público y el
respeto de los derechos fundamentales de los internos en los establecimientos
de reclusión del país.”
[41] “Defensoría del Pueblo (2003) Análisis sobre el actual
hacinamiento carcelario y penitenciario en Colombia. [Versión virtual en la página
en internet de la Defensoría del Pueblo de Colombia].” Citado en Sentencia
T-388 de 2013, fundamento 4.3.3.
[42]
Información tomada del “Informe final. Diagnóstico y
propuesta de lineamientos de política criminal para el Estado colombiano”,
elaborado por la Comisión Asesora de Política Criminal y publicado en junio de
2012.
[43] La
Defensoría advirtió que “la solución al hacinamiento no está únicamente
en la construcción de nuevos establecimientos carcelarios y en la refacción
de los existentes; es necesario además atender los otros factores causantes
de este flagelo: la criminalización o creación de nuevas conductas
punibles, el abuso de la privación de la libertad como medida de aseguramiento,
la deficiente aplicación de las normas vigentes encaminadas a la reinserción
social del condenado y a evitar la reincidencia, una política criminal y
penitenciaria represiva antes que preventiva etc. // En este punto es necesario
resaltar que los recursos de inversión no se pueden destinar a satisfacer
solamente el déficit de cupos, porque podría verse afectada la atención de los
demás elementos que integran el sistema penitenciario y carcelario, como
por ejemplo el tratamiento progresivo para la reinserción, la salud, la
contratación de profesionales para conformar los grupos interdisciplinarios y
la ampliación de la planta de personal administrativo y de custodia y
vigilancia.” Sentencia T-388 de 2013.
[44]
Ver fundamento 4.3 de la sentencia T-388 de 2013.
[45]
En esa ocasión la Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional tuvo la posibilidad de analizar acciones de tutela que ponían de
presente la situación de 6 cárceles y penitenciarias del país.
[46]
Concretamente se hizo referencia a la información remitida por el Congreso de
la República, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de
la República, la Defensoría del Pueblo, la academia, los medios de comunicación
y la opinión pública, el Gobierno Nacional, el INPEC, el DNP y la Comisión
Asesora de Política Criminal del Consejo Superior de Política Criminal. Ver
capítulo 4.4 y 5 de la Sentencia T-388 de 2013.
[47]
Estas conclusiones se presentarán, de forma detallada, más adelante ya que
serán la base para el análisis propuesto en esta ocasión.
[48]
Ver fundamento 6 de la sentencia T-388 de 2013.
[49]
Ver fundamento 7.2. de la sentencia T-388 de 2013.
[50]
Ver fundamento 7.2.1. de la sentencia T-388 de 2013: “Los
procesos de la referencia muestran que la afectación de los derechos de la
población en las cárceles y penitenciarias respectivas es sistemática y
estructural. Cualquier persona, por el simple hecho de ser privada de la
libertad –salvo algunas pocas que se encuentran en condiciones decentes y
dignas de reclusión–, se ve enfrentada a la violación variada y frecuente de
muchos derechos fundamentales, y a la amenaza de gravísimas violaciones
adicionales, que pueden implicar la muerte.”
[51]
Ver fundamento 7.2.2. de la sentencia T-388 de 2013: “Aunque
el Estado tomó importantes medidas en tal sentido y aunque el problema
principal estudiado y tutelado en aquella ocasión (el hacinamiento) parecía
estar siendo controlado, las violaciones a los derechos fundamentales
continuaron y, ahora, han llegado a niveles históricos. Buena parte de los
problemas que se presentan se diagnosticaron hace décadas y las soluciones
también han sido planteadas de forma reiterada; no obstante, las omisiones
institucionales para implementarlas han sido igualmente reiteradas.”
[52]
Ver fundamento 7.2.3. de la sentencia T-388 de 2013: “Son
muchas las prácticas adoptadas por el Sistema penitenciario y carcelario que
son contrarias al orden constitucional vigente. Dejar sin atender a una
persona, a pesar de la grave situación de salud que tiene. Prestar servicios de
salud complejos y urgentes sólo a quienes presentan acción de tutela, la ganan
e insisten en el cumplimiento de la orden en un desacato. Confinar a una
persona sindicada de ciertos delitos en un determinado patio, a sabiendas que
allí será linchado y, quizá violado y asesinado. Permitir que el acceso a los
bienes y servicios básicos como una celda o una cama, dependan del pago que se
haga a las redes de personas que, al interior de las cárceles, administran de
facto esos bienes y servicios. Muchos de los derechos fundamentales de las
personas privadas en prisión parecen existir, únicamente, cuando un juez de la
República los reconoce e imparte una orden, al respecto. Y, de hecho, en muchos
de los casos las órdenes no son cumplidas y las personas tienen que volver a
presentar otros recursos, esperando que esta vez, además de tener suerte en los
estrados nuevamente, las órdenes impartidas judicialmente sí sean impartidas.
Establecer reglamentos que obligan a las personas a asearse, con agua helada,
en el frío de la madrugada, así se trate de alguien que padezca una afección de
salud que se pueda agravar por dicha situación. En fin, la lista de prácticas
inconstitucionales que tienen lugar en el Sistema penitenciario y carcelario,
como lo muestran los relatos de las acciones de tutela acumuladas, así como la
información aportada al proceso y obtenida por la Corte Constitucional, son
innumerables.”
[53]
Ver fundamento 7.2.4. de la sentencia T-388 de 2013: “…a
pesar de estos esfuerzos estatales significativos en la mejora del Sistema, de
su decisión de destinar mayores y mejores recursos no ha dado el resultado que,
en últimas, debe lograrse: garantizar el buen funcionamiento del Sistema,
orientado a asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales. El estado
de cosas en el que se encuentran las prisiones nacionales es deplorable.”
[54]
Ver fundamento 7.2.5. de la sentencia T-388 de 2013: “El
Sistema penitenciario y carcelario depende de varias instituciones. Como se
indicó previamente, el Sistema penitenciario y carcelario es parte de la
tercera fase de la política criminal,[54]
en tal medida, su funcionamiento está ligado a las decisiones que adopten los
jueces penales y de ejecución de penas y medidas de aseguramiento, a las de los
fiscales, los Gobiernos Nacional y local, el Congreso, las políticas generales
del INPEC y las regionales, así como a los jueces de tutela y administrativos,
a los defensores del pueblo, procuradores, contralores o personeros, en el
marco de sus respectivas competencias.”
[55]
Ver fundamento 7.2.6. de la sentencia T-388 de 2013: “El
estado de cosas contrario a la Constitución Política ha llevado a que muchas
personas se vean obligados a recurrir a la acción de tutela o a otra clase de
acciones judiciales, para poder reclamar el respeto, la protección y la
garantía que se merecen sus derechos. Han venido en aumento a lo largo de los
últimos años, por varios y diversos factores. Por ejemplo, el crecimiento de
las acciones de tutela, en razón a las violaciones al derecho a la salud de las
personas privadas de la libertad, es significativo.”
[56]
Ver fundamento 9.1.4. de la Sentencia T-388 de 2013. En este
acápite se explica la necesidad de la medida, y se define la regla de
equilibrio decreciente como aquella, en virtud de la cual, se permite el
ingreso de personas al establecimiento penitenciario y/o carcelario siempre y
cuando no se aumente el nivel de ocupación y se haya estado cumplimento el
deber de disminuir contantemente el nivel de hacinamiento. Es decir; sólo se
podrá autorizar el ingreso de personas al centro de reclusión si y sólo si (i)
el número de personas que ingresan es igual o menor al número de personas que
salgan del establecimiento de reclusión, durante la semana anterior, por la
razón que sea, y (ii) el número de personas del establecimiento ha
ido disminuyendo constantemente, de acuerdo con las expectativas y las
proyecciones esperadas.
En este mismo acápite se
explica que una vez los establecimientos de reclusión lleguen a un nivel de
ocupación que no indique hacinamiento, la regla de equilibrio se
mantendrá para impedir que se vuelva a presentar sobre población, sin que la
misma tenga que continuar disminuyendo el número de reclusos, pero sí
manteniéndolo estable.
[57] Las
órdenes concretas fueron: “Segundo.- DECLARAR que
el Sistema penitenciario y carcelario nuevamente está en un estado de cosas
contrario a la Constitución Política de 1991, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.// Tercero.-
ORDENAR al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de
Justicia y del Derecho y al INPEC que convoque al Consejo Superior de Política
Criminal para que continúe tomando las medidas adecuadas y necesarias para
superar el estado de cosas inconstitucional penitenciario y carcelario,
teniendo en cuenta, de forma preponderante, los parámetros establecidos en el
capítulo (8) y el apartado (10.3.) de las consideraciones de la presente
sentencia…// Cuarto.- ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación y a
la Defensoría del Pueblo que se hagan partícipes del proceso de cumplimiento de
lo dispuesto en esta providencia. Deberán vigilar que en el proceso de
cumplimento de la sentencia se sigan, efectivamente todas y cada una de las
órdenes impartidas, tanto las generales como las específicas de cada caso.
Verificarán que en el proceso de cumplimiento se tengan en cuenta todos y cada
uno de los parámetros fijados en la presente sentencia, en los capítulos 7, 8,
9, 10 y 11. // Quinto.- ORDENAR al Gobierno Nacional, a través del
Ministerio de Justicia y del Derecho, así como al INPEC –tanto nacional como
regionalmente– y a cada una de las autoridades de los Establecimientos
penitenciarios y carcelarios objeto de alguna de las tutelas de la referencia,
suministrar a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo
y al Contraloría General de la República, toda la información que requieran
para hacer el seguimiento al cumplimiento de la presente sentencia. Asimismo,
se les deberá permitir ingresar a los respectivos recintos, sin necesidad de
cita previa, pero sin omitir las correspondientes medidas de seguridad, para
que puedan ejercer su función de vigilancia y control. // Sexto.- COMUNICAR
la presente decisión a las Alcaldías de los municipios en los que se encuentran
ubicadas cada una de las seis (6) cárceles, y a las respectivas Secretarias de
Salud municipal o distrital, según sea el caso, para que se vinculen al proceso
de cumplimiento de la presente sentencia, pudiendo participar de veedores y
garantes de su cabal cumplimiento y ejecución. // Décimo tercero.- A
partir de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la
presente sentencia, deberán implementarse todas las medidas adecuadas y
necesarias tendientes a garantizar a los reclusos del Complejo Carcelario y
Penitenciario Metropolitano de Cúcuta (COCUC), la Cárcel la Tramacúa de Valledupar,
el Establecimiento Carcelario La Modelo de Bogotá, el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario Bellavista, el Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Popayán – San Isidro y el
Establecimiento Penitenciario de Barrancabermeja unas condiciones de
subsistencia dignas y humanas, de acuerdo con los términos de esta sentencia,
las cuales deberán asegurar: [i] que los horarios de alimentación y ducha se
ajusten a los del común de la sociedad, y se ponga a disposición de los internos
agua potable en la cantidad y frecuencia por ellos requerida; [ii] que los
alimentos que se proporcionen estén en óptimas condiciones de conservación,
preparación y nutrición; [iii] que el sistema sanitario, las tuberías de
desagüe, baños y duchas estén en condiciones adecuadas de calidad y cantidad
para atender al número de personas recluidas en cada establecimiento;
igualmente deberán entregar a los reclusos una dotación de implementos de aseo
mensualmente; [iv] que el servicio médico esté disponible de manera continua y
cuente con medicinas, equipos y personal idóneos para los requerimientos de la
población carcelaria; [v] que los servicios de aseo e higiene de las
instalaciones se amplíen y fortalezcan en procura de evitar enfermedades,
contagios e infecciones; [vi] que se entregue a cada persona, especialmente a
quienes no tienen celda para su descanso, una dotación de colchón, cobija,
sábana y almohada, que permita un mejor descanso en un espacio adecuado para
ese propósito; [vii] que se fomente la creación de espacios de trabajo y
estudio, así como de actividades lúdicas y recreativas para las personas
recluidas en estos establecimientos... // Décimo
quinto.- El Ministerio de Justicia y del Derecho, en coordinación con el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y con la Dirección de cada
una de las
seis (6) cárceles que fueron objeto de alguna de las acciones de tutela de la
referencia, deberán adoptar las medidas adecuadas y
necesarias para implementar una brigada jurídica que permita a las autoridades
judiciales correspondientes, de acuerdo con sus competencias, tomar las
decisiones que correspondan, para conceder la mayor cantidad de solicitudes de
libertad que, según el orden jurídico vigente, deban ser reconocidas…// Décimo
sexto.- El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y del
Derecho, junto con el INPEC y la Dirección de cada una de las
seis (6) cárceles que fueron objeto de alguna de las acciones de tutela
decididas en esta sentencia, deberán tomar las medidas adecuadas
y necesarias para asegurar que se pueda permitir el ingreso de nuevas personas,
observando las reglas de equilibrio decreciente, tal como fueron indicadas en
la parte motiva de la presente sentencia, a fin de asegurar la disminución del
hacinamiento y la superación del estado inconstitucional de cosas actualmente
existente. // En cualquier caso, si dentro de tres (3) años contados a partir
de la notificación de la presente sentencia, no se han adoptado las medidas
adecuadas y necesarias para que los establecimientos penitenciarios y
carcelarios La Modelo de Bogotá, Bellavista de Medellín, San Isidro de Popayán,
de Barrancabermeja y de Cúcuta, dejen de ser estructuralmente, en su diseño y
en su funcionamiento, contrarios a la dignidad humana y a los derechos
fundamentales de las personas privadas de la libertad, estos deberán ser
cerrados hasta tanto se aseguren condiciones de reclusión respetuosas de la
dignidad y que aseguren el goce efectivo de aquellos derechos. // Décimo
séptimo-. El Gobierno Nacional, a través del Presidente de la República y
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, deberá adoptar las medidas
adecuadas y necesarias para asegurar los recursos suficientes y oportunos, que
permitan la sostenibilidad de todas las medidas a implementar para dar
cumplimiento a lo ordenado en esta sentencia.”
[58]
Entre otros se pueden referenciar los casos de Alemania,
Estados Unidos, Perú y Argentina.
[59]
Tal estimación parte de las primeras providencias que tratan el tema, conforme
las cuales son estos dos los requisitos para que se declare un ECI.
Posteriormente se ha hablado de 6 requisitos (cada uno de ellos abordados en
forma extensiva en la Sentencia T-025 de 2004), que pueden integrarse a los dos
que fueron reconocidos inicialmente por esta Corporación. Como lo afirma César
Rodríguez, los 6 requisitos reconocidos en la actualidad por esta Corte, pueden
ser “situaciones indicativas”, bien del compromiso masivo y generalizado
de un número plural de derechos fundamentales, o bien de las fallas
estructurales del Estado, lo anterior no es óbice para que se consideren todos
ellos requisitos acumulativos, sin el conjunto de los cuales no habrá ECI. Ver
RODRIGUEZ GARAVITO, César. “¿Cuándo cesa el estado de cosas inconstitucional
del desplazamiento?” En: RODRIGUEZ GARAVITO, César. (Coord.). Más allá del
desplazamiento. Políticas, derechos y superación del desplazamiento forzado en
Colombia. Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, Ediciones Uniandes,
2010.
[60]
Ídem. p. 434. Para el autor los casos estructurales están “(…)
caracterizados por (1) afectar un número amplio de personas que alegan la
violación de sus derechos, ya sea directamente o a través de organizaciones que
litigan su causa, (2) involucrar varias entidades estatales como demandadas por
ser responsables de fallas sistemáticas de políticas públicas y (3) implicar
órdenes de ejecución compleja, mediante las cuales el juez de la causa instruye
a varias entidades públicas a emprender acciones coordinadas para proteger a
toda la población afectada (no solamente los demandantes del caso concreto).”
[61]
CÁRDENAS, Blanca Raquel. Contornos jurídico-fácticos del estado de cosas
inconstitucional. Universidad Externado de Colombia, 2011. P.25.
[62]
Sentencia SU-090 de 2000. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[63]
INPEC. Escrito de defensa incorporado al Expediente Nº3927909.
Cd. 1. Fls. 256 a 270.
[64]
Ídem.
[65]
Así lo reconoció uno de los jueces de instancia, según el cual
“(…) el asunto es muchísimo más complejo y no se soluciona con una sentencia
por medio de la cual un juez procura poner a salvo los derechos de un reducido
grupo de personas en detención preventiva en un establecimiento en particular
pues esa orden, se insiste, siendo insular, termina quizá por ser más nociva
que el problema que pretende solucionar.
Los
argumentos expuestos sobre el drástico aumento de detenidos y condenados por
cuenta de erráticas políticas legislativas que procuran, al vaivén de la
opinión, dar solución a casi todos los problemas que padece nuestra sociedad
mediante la creación de nuevos y muy variados tipos penales, el injustificado
aumento de las penas para cierta clase de delitos, la cada vez mayor
restricción para que los detenidos y condenados puedan gozar de su libertad
[son valiosos]”. Tribunal Superior de
Antioquia. Sala Penal. Argumentos expuestos en sede de segunda instancia. Exp.
Nº3989814. Cd. 3 Fls. 259 y 260.
[66]
INPEC. Escrito de defensa incorporado al Expediente Nº3977802.
Cd. 1.
[67]
Informe presentado por la Defensoría del Pueblo, el 22 de
junio de 2015, en respuesta al auto expedido por la Sala Quinta de Revisión de
tutelas. Folio 4 cd. pruebas número 2.
[68]
Para este efecto, se tomarán como referentes i) el Informe
Final: “Diagnóstico y propuesta de lineamientos de política criminal para el
Estado colombiano”, realizado por la Comisión Asesora de Política Criminal;
ii) la sentencia T-388 de 2013 y iii) los informes presentados a esta Sala por
parte del Ministerio de Justicia y del Derechos y la Defensoría del Pueblo,
entre otros.
[69]
C-646 de 2001 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa)
[70]
Así se explica en la referida sentencia C-646 de 2001: “Puede
ser social, como cuando se promueve que los vecinos de un mismo barrio
se hagan responsables de alertar a las autoridades acerca de la presencia de
sucesos extraños que puedan estar asociados a la comisión de un delito. También
puede ser jurídica, como cuando se reforman las normas penales. Además
puede ser económica, como cuando se crean incentivos para estimular un
determinado comportamiento o desincentivos para incrementarles los costos a
quienes realicen conductas reprochables. Igualmente puede ser cultural,
como cuando se adoptan campañas publicitarias por los medios masivos de
comunicación para generar conciencia sobre las bondades o consecuencias nocivas
de un determinado comportamiento que causa un grave perjuicio social.
Adicionalmente pueden ser administrativas, como cuando se aumentan las
medidas de seguridad carcelaria. Inclusive pueden ser tecnológicas, como
cuando se decide emplear de manera sistemática un nuevo descubrimiento
científico para obtener la prueba de un hecho constitutivo de una conducta
típica.”
[71]
Informe Final: “Diagnóstico y propuesta de lineamientos de
política criminal para el Estado colombiano”, realizado por la Comisión Asesora
de Política Criminal. Pág. 17.
[72]
Ver fundamentos 5.8.1. y ss de la Sentencia T-388 de 2013.
[73]
Capítulo II. Elementos del diagnóstico empírico: Una
caracterización de la política criminal y de la criminalidad en Colombia.
[74]
Véase VARGAS LOZANO, Renato y CASTILLO GARAY, Laura. La sanción penal de los
conductores ebrios en Colombia: entre las dificultades dogmáticas y la ausencia
de una política criminal coherente. Civilizar. 2014, vol.14, n.26, pp. 67-86.
Disponible en: www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-89532014000100005&lng=en&nrm=iso>.
ISSN 1657-8953.
[75]
Para ver más ejemplos sobre el tema, y de las tendencias en el
tiempo, véase TORRES CADAVID, Natalia. Populismo punitivo en Colombia: una
aproximación a la política legislativa de las recientes reformas de los delitos
sexuales. Cuadernos de Investigación, 2012, no 84. Anexo 1.
[76]
En este punto la Comisión continúa con el ejemplo de la
propuesta de instaurar la cadena perpetua para una persona que maltrate
severamente a un niño, en relación con las penas que obtiene una persona que
cometió una masacre.
[77]Así se presentaron algunos ejemplos: “Como se puede observar, el
hacinamiento en Colombia ha variado notablemente en los últimos 20 años. Duran­te
los primeros años de vigencia de la Constitución de 1991, prácticamente no hubo
hacinamiento, pero luego aumentó considerablemente, en especial a partir de
1996, llegando en 1997 a una situación crítica en donde superó el 40%, lo cual
provocó varios motines en las cárceles. La situación ha sido más dramática en
ciertos estable­cimientos penitenciarios. Por ejemplo, las cárceles de
Bucaramanga o Vista Hermosa en Cali tenían en 2007 ta­sas de hacinamiento de
152% y 142% respectivamente, mientras que el hacinamiento nacional era de
‘sólo’ 17%. || Este incremento del hacinamiento desde mediados de los años
noventa parece claramente asociado a las polí­ticas del gobierno Samper, que
buscaron enfrentar una supuesta oleada de delincuencia común con normas que
endurecían las penas para los llamados delitos “calle­jeros”, como los llamados
‘raponazos’ y otros, y con el establecimiento de procedimientos abreviados para
sancionarlos. Esas normas fueron adoptadas primero por Conmoción Interior y
convertidas en permanentes por la Ley 228 de 1995, sin que se previeran
mecanismos para evitar el impacto de esas decisiones sobre el hacina­miento
carcelario.
Luego
se presentó una disminución del hacinamiento car­celario durante los años 2001
y 2002, que parece deberse a las acciones emprendidas por el Estado frente a
las ór­denes emitidas por la Corte Constitucional en la sentencia T-153 de
1998, que declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en las
cárceles. Como consecuencia de esa sentencia, el Estado hizo una inversión importante
de recursos en la ampliación de la oferta carcelaria, por ejemplo, en virtud
del CONPES 3086 de 2000, destinado a adoptar un plan de “ampliación de la
infraestructura pe­nitenciaria y carcelaria del orden nacional”. Pero luego se
volvieron a endurecer las políticas punitivas, verificándose un aumento del
hacinamiento para los años 2004 y 2005. En ese momento se promulgó la Ley 906
de 2004, que esta­bleció el nuevo sistema penal acusatorio, que disminuye la
detención preventiva; además el Estado aumentó los cupos carcelarios y así en
el año 2006 el hacinamiento vuelve más o menos al 15%. Una vez más vinieron
nuevas políti­cas punitivas, entre ellas, la Ley 1192 del 2007 que incre­menta
las penas y hace más difícil la excarcelación. Esto se ve reflejado en un nuevo
aumento del hacinamiento a partir de 2007 y sólo hasta ahora se intentan tomar
medi­das para enfrentar esta nueva oleada de hacinamiento con la ampliación de
cupos carcelarios, pero la situación podría incluso agravarse con el
endurecimiento punitivo asociado a la llamada Ley de Seguridad Ciudadana.
Esta
evolución muestra entonces que ha existido en mu­chas ocasiones una falta de
toma en consideración del impacto previsible de las decisiones de política
criminal sobre la dinámica carcelaria”
[78] “La Comisión estudió las reformas que se han hecho
al Código Penal de 2000 (Ley 599 de 2000), que se suponía que había sido un
esfuerzo reciente de sistematización y actualización de los tipos penales y de
las penas, para asegurar coherencia y proporcionalidad de la legislación penal,
por lo que razonablemente podía esperarse que no fuera reformado rápidamente.
Sin embargo, la Comisión constató que desde su promulgación hasta el primer
semestre de 2011 fueron expedidas treinta y seis (36) leyes para modificarlo,
esto es, un promedio de 3,3 leyes anuales. La mayoría de estas leyes (20
iniciativas que equivalen al 57% del total) han provenido del propio Congreso,
seguidas de las que ha impulsado el ejecutivo (11 iniciativas que equivalen al
31% del total), el gobierno en asocio con la Fiscalía (2 que equivalen al 6%
del total), el gobierno junto con los congresistas (1, que equivale al 3% del
total) y la Fiscalía de manera autónoma (1, que corresponde al 3% del total).
// Las 36 modificaciones que se han hecho a la legislación penal tienen que ver
principalmente con la tipificación de nuevas conductas (creación de delitos),
el aumento de penas para delitos ya creados, la modificación de causales de
agravación punitiva, la variación de las consecuencias punitivas para
determinada clase de delitos, la modificación de beneficios por aceptación de
cargos y la modificación de los términos de prescripción de la acción penal. En
un grado mucho menor, se registran las disminuciones de pena y, en lo que
respecta a la inclusión de causales de atenuación punitiva, no se registró
ninguna durante el periodo de estudio.” Informe Final. Pág. 30
[79] “Fueron creados cuarenta y siete (47) nuevos delitos,
dos de los cuales ni siquiera quedaron en el Código Penal (la manipulación de
equipos terminales móviles y la explotación de menores de edad, creados por la
Ley 1453 de 2011). De acuerdo con el bien jurídico objeto de protección, la
mayor cantidad de conductas punibles creadas lo fueron dentro del título de los
delitos contra el orden económico social (10), seguido del título de los
delitos contra la eficaz y recta impartición de justicia (6), la administración
pública (5), y la libertad, integridad y formación sexuales (5).” Informe
Final. Pág. 31
[80] “En cuanto a aumentos de pena, durante el período
analizado se incrementaron las sanciones para 80 delitos; sin embargo, como
algunos de esos delitos han sufrido dos modificaciones orientadas al incremento
punitivo, el total de veces que se han elevado las penas es de 87; sin contar
con el incremento introducido por la ley 890 de 2004 que aumentó las penas para
todos los delitos del Código. Y si se hace una revisión histórica de las penas
máximas consagradas en nuestra legislación penal, se observará que en el Código
Penal de 1936 era de 24 años de presidio, en el Código Penal de 1980 se aumentó
a 30 años de prisión49 y en el Código Penal de 2000 se elevó hasta 40 años. En
vigencia de esta última codificación, la Ley 890 de 2004 llevó el máximo de
pena aplicable hasta los 60 años de prisión, tiempo que se aproxima a la
expectativa de vida en Colombia, que es de 74 años. Y pese a la existencia de
ese límite, como ya se explicó, la Ley 1453, más conocida como ley de seguridad
ciudadana, prevé para ciertos delitos una pena de hasta 90 años.” Informe
Final. Pág. 31
[81]
Informe Final. Pág. 33
[82]
Informe final. Pág. 34.
[83]
DE LA TORRE, Verónica y ÁLVAREZ, Alberto Martín. Violencia, Estado de derecho y
políticas punitivas en América Central. Perfiles latinoamericanos, 2011, vol.
19, no 37, p. 33-50.
[84]
Ídem. Concluyen los autores además que, “lo cierto es que nada de eso
obedece a una política criminal previamente definida, sino a una situación de
coyuntura que ignora las llamadas políticas ‘judicial’ y ‘penitenciaria (…) Lo
dicho, claro está, trae aparejadas ciertas consecuencias[, pues] (…)las
reformas penales de este tipo echan raíces en la inseguridad y el miedo
sociales exacerbados mediáticamente, abusan de la función simbólica del derecho
penal que no es, en realidad, el instrumento más adecuado para hacer frente al
problema y disminuyen la calidad técnica de las leyes penales.”
[85]
Informe Final. Pág. 37.
[86]
Ver en especial la respuesta del 5 de junio de 2015,
presentada por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Folio 32 del cd.
Pruebas número 1.
[87]
Ley 1753 del 9 de junio de 2015.
[88]
Bases para el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.
Disponibles en la página del Departamento Nacional de Planeación, visitada el
28 de julio de 2015: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Bases%20Plan%20Nacional%20de%20Desarrollo%202014-2018.pdf
[89]
Bases para el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Disponibles
en la página del Departamento Nacional de Planeación, visitada el 28 de julio
de 2015: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Bases%20Plan%20Nacional%20de%20Desarrollo%202014-2018.pdf
[90]
Informe Final. Pág. 39
[91]
El Ministerio de Justicia y del Derecho en sus diversas intervenciones, llama
la atención sobre la necesidad de algunas reformas en el campo normativo del
sistema Penal Acusatorio, que fueron propuestas y están siendo analizadas en el
Congreso a través del proyecto de ley 244 de 2015 Cámara. Según el
Ministerio dicho proyecto buscar recuperar la efectividad del proceso penal, a
partir de reformas a los mecanismos de terminación anticipada del proceso, la
supresión de la audiencia de imputación, los cambios normativos tendientes a
elevar la eficiencia de las actuaciones procesales y la introducción de figuras
probatorias novedosas, entre otros.
También se destaca la Ley
1760 de 2015 “por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 906
de 2004, en relación con las medidas de aseguramiento privativas de la
libertad”, que propuso términos máximos para la duración de la detenciones
preventivas, en ciertos caso, entre otras reformas encaminadas a limitar el uso
de la detención preventiva y fomentar la imposición de otras medidas
consagradas en el Código Penal como las presentaciones personales, la caución,
la prohibición de salir del país, la vigilancia electrónica, la obligación de
observar buena conducta, la prohibición de concurrir a determinados sitios o de
comunicarse con determinadas personas, entre otras.
[92]
Gaceta del Congreso 660 de 2014.
[93]
Gaceta del Congreso 660 de 2014.
[94]
Publicado el 30 de diciembre de 2013.
[95]
Intervención del Ministerio de Justicia del 5 de junio de 2015. Folio 35 cd.
número 1 de pruebas.
[96]
Cifras referenciadas en la exposición de motivos de la Ley
1760 de 2015. Gaceta del Congreso 660 de 2014.
[97]
La Comisión Asesora en su informe final realiza un análisis
general de los problemas a los que se enfrenta la investigación penal en
Colombia, que a su vez generan ineficiencia y demoras en el proceso penal. En
especial, resalta algunos temas relacionados con la precariedad de la
información empírica y de las bases de datos del sistema penal, con los
deficientes resultados de la investigación y persecución penal, y con las
limitaciones mismas del proceso penal (cuellos de botella). Así
por ejemplo, identifica cómo i) la falta de coordinación entre la Fiscalía
General de la Nación, la SIJIN, la Policía, la DIJIN y el INPEC, entre otras
entidades, hace que muchas veces los esfuerzos en investigación no se sumen y
esos procesos se vuelvan lentos y repetitivos. Así mismo, se presenta cómo ii)
la ausencia de gestión y estrategia en la investigación penal es un problema,
que muchas veces genera incentivos negativos para que los funcionales muestren
resultados inflados de sus investigaciones, a partir de delitos que no requieran
prueba, dejando de lado la persecución cuando se trata de delitos complejos.
[98]
Esta explicación es necesaria ya que el estándar mínimo que se
propondrá, podrá no hacer referencia a aspectos constitucionalmente importantes
como la protección diferenciada o el principio de no discriminación dentro del
sistema penitenciario y carcelario. Con esto la Sala no resta su importancia,
pero sí prioriza las necesidades de atención y los requerimientos en clave de
protección de los derechos humanos.
[99]
Informe final. Pág. 63
[100]
Informe final. Pág. 64
[101]
BECCARIA, Cesare. De los Delitos y de las Penas. Edición
Latinoamericana. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 1994. p.30
[102]
Informe final. Pág. 64
[103]
FOUCAULT, Michel. Vigilar y castigar: El nacimiento de la prisión. Siglo XXI,
2009. p. 266
[104]
SOZZO, Máximo. ¿Metamorfosis de la prisión? Proyecto normalizador, populismo
punitivo y “prisión-depósito” en Argentina. URVIO-Revista Latinoamericana de
Estudios en Seguridad, 2014, vol. 1, no 1.
[105]
FOUCAULT, Michel. Op. cit., p. 308 y 309. “La prisión no
puede dejar de fabricar delincuentes. Los fabrica por el tipo de existencia que
hace llevar a los detenidos: ya se los aísle en celdas o se les imponga un
trabajo inútil, para el cual no encontrarán empleo, es de todos modos no ‘pensar
en el hombre en sociedad; es crear una existencia contra natura inútil y
peligrosa; (…) La prisión fabrica también delincuentes al imponer a los
detenidos coacciones violentas; está destinada a aplicar las leyes y a enseñar
a respetarlas; ahora bien, todo su funcionamiento se desarrolla sobre el modo
de abuso de poder. (…) El sentimiento de la injusticia que un preso experimenta
es una de las causas que más pueden tornar indomable su carácter cuando se ve
así expuesto a sufrimientos que la ley no ha ordenado ni aún previsto, cae en
un estado habitual de cólera contra todo lo que lo rodea; no ve sino verdugos
en todos los agentes de la autoridad; no cree ya haber sido culpable: acusa a
la propia justicia.”
[106]
Informe del 22 de junio de 2015. Folio 15 cd. Pruebas número 2.
[107]
Ley 65 de 1993. Artículo 144. FASES DEL TRATAMIENTO. El
sistema del tratamiento progresivo está integrado por las siguientes fases:
1.
Observación, diagnóstico y clasificación del interno.
2. Alta
seguridad que comprende el período cerrado.
3.
Mediana seguridad que comprende el período semiabierto.
4.
Mínima seguridad o período abierto.
5. De
confianza, que coincidirá con la libertad condicional.
Los
programas de educación penitenciaria serán obligatorios en las tres primeras
fases para todos los internos, sin que esto excluya el trabajo. La sección
educativa del INPEC suministrará las pautas para estos programas, teniendo en
cuenta que su contenido debe abarcar todas las disciplinas orientadas a la
resocialización del interno.
PARÁGRAFO La ejecución del sistema progresivo se hará gradualmente, según las
disponibilidades del personal y de la infraestructura de los centros de
reclusión.”
[108]
Informe fina. Pág. 42. En este punto se explica cómo “No
han sido claros los objetivos que éste debía perseguir, por tanto tampoco los
productos que debía conseguir. Tampoco se le creó inicialmente una instancia
que le permitiera ser operativo. La inexistencia de un Subconsejo Técnico le
impidió realmente ejercer muchas funciones, como recopilar y evaluar anualmente
las estadísticas en materia de criminalidad, realizar y promover intercambio de
información, revisar anualmente el estado de hacinamiento y condiciones de
resocialización, evaluar la estructura de la justicia penal con el objetivo de
adecuarla para logar una mayor eficiencia en la lucha contra la criminalidad,
entre otras.”
[109]
Ver fundamento 8.2.11.3. de la Sentencia T-388 de 2013.
[110]
Informe presentado el 5 de junio de 2015. Folio 31, cd. de
pruebas número 1.
[111]
En relación con este punto la sentencia T-388 de 2013, hace un
análisis sobre la responsabilidad objetiva del Estado en estos casos, debido a
la posición de garante que el mismo asume cuando recluye a una persona en un
establecimiento a su cargo. Se recuerda la especial relación de sujeción que
tienen las personas privadas de la libertad frente al Estado.
[112]
Fundamento 8.2.7.1. de la sentencia T-388 de 2013.
[113]
En concordancia con la sentencia T-388 de 2013.
[114]
Informe presentado por la Defensoría del Pueblo, el 22 de
junio de 2015, en respuesta al auto expedido por la Sala Quinta de Revisión de
tutelas. Folio 4 cd. pruebas número 2.
[115]
Por parte de la Sala Quinta de Revisión, mediante auto del 20
de mayo de 2015.
[116]
Es importante advertir que la Defensoría realizó un trabajo
completo, sobre 37 establecimientos que agrupan el 68% del total de la
población privada de la libertad. Sin embargo, en el cuerpo de esta sentencia
sólo se hará referencia a los 16 aquí estudiados.
[117]
Las fuentes que refiere la Defensoría son: i) el parte diario
interno INPEC en el que se señala la cantidad de internos que soporta el
sistema penitenciario y carcelario del país versus su capacidad real y otros
datos relevantes y ii) el informe de infraestructura vigencia 2015
establecimientos a cargo del INPEC, en el que se resumen las principales
necesidades, reparaciones locativas, mantenimiento y adecuación de la infraestructura
del orden nacional.
[118]
Según las cifras estaba establecido que para el 2012 existían
75.726 cupos, a los cuales se suman 2080 que se crearon en 2013 y 2216 creados
en 2014, según el informe del Ministerio de Justicia y del Derechos presentado
el 5 de junio de 2015, a este despacho.
[119]
El informe final de la Comisión Asesora de Política Criminal, pudo establecer
la siguiente gráfica. Pág. 29:
[120]
En el precitado informe del 22 de junio de 2008. Folio 8 dc.
Pruebas número 2.
[121]
Informe de la Defensoría del Pueblo, presentado el 22 de junio
de 2015. Folio 8 cd. pruebas número dos.
[122]
De acuerdo con los criterios técnicos de la Cruz Roja
Internacional, las camas deben tener un área mínima de 2 metros de largo por
0.8 de ancho. “Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Water,
Sanitation, Hygiene and Habitat in Prisons (2005)”.
[123]
“Comunicado de Prensa 56/11 ‐
Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad culmina
visita a Suriname. Washington, D.C., 9 de junio de 2011, Quinto Informe sobre
la situación de los Derechos Humanos en Guatemala”.
[124]
Resolución 1/08 de la Organización de Estados Americanos.
Principio XII.1.
[125]
Verbigracia:
i)
Que los horarios de alimentación y ducha se ajusten a los del común de
la sociedad, y se ponga a disposición de los internos agua potable en la
cantidad y frecuencia por ellos requerida;
ii)
Que los alimentos que se proporcionen estén en óptimas condiciones de
conservación, preparación y nutrición;
iii)
Que el sistema sanitario, las tuberías de desagüe, baños y duchas estén
en condiciones adecuadas de calidad y cantidad para atender al número de
personas recluidas en cada establecimiento; igualmente deberán entregar a los
reclusos una dotación de implementos de aseo mensualmente;
iv)
Que el servicio médico esté disponible de manera continua y cuente con
medicinas, equipos y personal idóneos para los requerimientos de la población
carcelaria;
v)
Que los servicios de aseo e higiene de las instalaciones se amplíen y
fortalezcan en procura de evitar enfermedades, contagios e infecciones;
vi)
Que se entregue a cada persona, especialmente a quienes no tienen celda
para su descanso, una dotación de colchón, cobija, sábana y almohada, que
permita un mejor descanso en un espacio adecuado para ese propósito;
vii)  Que
se fomente la creación de espacios de trabajo y estudio, así como de
actividades lúdicas y recreativas para las personas recluidas en estos
establecimientos.
[126] “En
el momento en el que la Corte Constitucional dictó la sentencia T-153 de 1998,
la tasa de hacinamiento era muy alta. Posteriormente bajó, subió nuevamente y
volvió a bajar. Actualmente, como afirman los solicitantes, todo parece indicar
que la tasa de hacinamiento se incrementó nuevamente. En efecto, en 1998 la
tasa estaba cerca de un 40%, según las distintas mediciones. Luego, para
comienzos del año 2002, la tasa de hacinamiento disminuyó por debajo del 20%.
Sin embargo, para el año 2005, según datos del INPEC y del Departamento
Nacional de Planeación, la tasa se incrementó nuevamente a topes cercanos al
35%. Para el 2006 y 2007, la tasa de hacinamiento disminuyó nuevamente cerca de
un 17% para, finalmente, elevarse en 2008 a más del 25%, en 2009 a más del
35% y en 2010, por encima del 41%, según las propias cifras del INPEC”. T-388 de 2013, fundamento 4.4.1
[127]
T-388 de 2013, fundamento 5.5.1. sobre hacinamiento, inseguridad y
criminalidad.
[128]
Por ejemplo, al momento de reseñar el informe de la
Contraloría General de la Nación se indica: “Pero sin duda una de las
conclusiones más significativas de la Contraloría es constatar la
incoherencia e inconsistencia de la política pública adoptada,
presupuestalmente. No es razonable diseñar, adoptar e implementar una
determinada política central del Estado (como lo es la política carcelaria), y
no tomar las medidas adecuadas y razonables para destinar los recursos
suficientes que, se sabe, su implementación demanda.” Sentencia T-388 de
2013.
[129]
T-388 de 2013, fundamento 5.3.4. Allí presenta el siguiente
cuadro de presupuesto de inversión 2004-2010:
[130]
T-388 de 2013, fundamento 5.7.2. Allí se presenta el siguiente
cuadro de proyecciones de población reclusa del DNP – DJSG: Crecimiento de
la capacidad en cupos y de la población reclusa intramural de Colombia durante
los años 1990 a 2010 y proyección 2011 a 2014
[131]
“Cifras Sisipec Web. 30 de abril de 2015”
[132]
Cifras actualizadas a mayo de 2015.
[133]
Distribución, según la situación jurídica de la población reclusa colombiana.
1993 – 2010:
[134]ARTÍCULO 17. CÁRCELES
DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES. Corresponde a los departamentos, municipios,
áreas metropolitanas y al Distrito Capital de Santafé de Bogotá, la creación,
fusión o supresión, dirección, y organización, administración, sostenimiento y
vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y
condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad, por
orden de autoridad policiva.
Mientras
se expide la ley que atribuya a las autoridades judiciales el conocimiento de
los hechos punibles sancionables actualmente con pena de arresto por las
autoridades de policía, éstas continuarán conociendo de los mismos.
Los
castigados por contravenciones serán alojados en pabellones especiales.
El
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ejercerá la inspección y
vigilancia de las cárceles de las entidades territoriales.
En
los presupuestos municipales y departamentales, se incluirán las partidas necesarias
para los gastos de sus cárceles, como pagos de empleados, raciones de presos,
vigilancia de los mismos, gastos de remisiones y viáticos, materiales y
suministros, compra de equipos y demás servicios.
Los
gobernadores y alcaldes respectivamente, se abstendrán de aprobar o sancionar
según el caso, los presupuestos departamentales y municipales que no llenen los
requisitos señalados en este artículo.
La
Nación y las entidades territoriales podrán celebrar convenios de integración
de servicios, para el mejoramiento de la infraestructura y el sostenimiento de
los centros de reclusión del sistema penitenciario y carcelario.
ARTÍCULO
18. INTEGRACIÓN TERRITORIAL. Los
municipios podrán convenir la creación, organización, administración y
sostenimiento conjunto de los establecimientos de reclusión.
ARTÍCULO
19. RECIBO DE PRESOS
DEPARTAMENTALES O MUNICIPALES. Los departamentos o municipios que carezcan de
sus respectivas cárceles, podrán contratar con el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, el recibo de sus presos mediante el acuerdo que se
consagrará en las cláusulas contractuales, conviniendo el reconocimiento que
los departamentos o municipios hagan del pago de los siguientes servicios y
remuneraciones:
a)
Fijación de sobresueldos a los empleados del respectivo establecimiento de
reclusión;
b)
Dotación de los elementos y recursos necesarios para los internos incorporados
a las cárceles nacionales.
c)
Provisión de alimentación en una cuantía no menor de la señalada por el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para sus internos.
d)
Reparación, adaptación y mantenimiento de los edificios y de sus servicios, s i
son de propiedad de los departamentos o municipios.
PARÁGRAFO. Las cárceles municipales podrán recibir presos
nacionales en las mismas condiciones en que los centros de reclusión nacionales
reciben presos municipales.
ARTÍCULO 19A. Adicionado por el art. 10, Ley 1709
de 2014.
Artículo 19A. Financiación de obligaciones. El Ministerio de Jus­ticia y del
Derecho promoverá la aprobación de un documento CONPES para garantizar la
financiación de las obligaciones contenidas en los artículos 17 a 19 de la Ley
65 de 1993 y que están a cargo de las enti­dades territoriales.
Los recursos para
el financiamiento de que habla el presente artículo provendrán del Presupuesto
General de la Nación.
Parágrafo 1°. El Ministerio de Justicia y del Derecho, desarrollará
un proceso de formación y adecuación de las instituciones que desde los entes
territoriales atienden o atenderán el funcionamiento de los centros carcelarios
que estarán a cargo de estos, adecuándolos a la política general carcelaria y a
las obligaciones nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos.
Parágrafo 2°. Para los efectos del artículo 17 de la Ley 65 de 1993
se entenderá que las cárceles departamentales y municipales serán destinadas a
las personas detenidas preventivamente.
[135]
El artículo 5° de la Convención Americana, dispone: “El Estado tiene el
deber de proporcionar a los detenidos revisión médica regular y atención y
tratamiento adecuados cuando así se requiera. A su vez, el Estado debe permitir
y facilitar que los detenidos sean atendidos por un facultativo elegido por
ellos mismos o por quienes ejercen su representación o custodia legal, según
las necesidades específicas de su situación real.” Igualmente
el Principio X de los Principios y Buenas Prácticas estableció que: “Las
personas privadas de libertad tendrán derecho a la salud, entendida como el
disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social, que
incluye, entre otros, la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada; la
disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial; el acceso a
tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos; la implementación de
programas de educación y promoción en salud, inmunización, prevención y
tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole; y las
medidas especiales para satisfacer las necesidades particulares de salud de las
personas privadas de libertad pertenecientes a grupos vulnerables o de alto
riesgo, tales como: las personas adultas mayores, las mujeres, los niños y las
niñas, las personas con discapacidad, las personas portadoras del VIH/SIDA,
tuberculosis, y las personas con enfermedades en fase terminal.” Además, los Principios de Ética Médica Aplicables a la Función del
Personal de Salud, Especialmente los Médicos, en la Protección de Personas
Presas y Detenidas contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o
Degradantes (Adoptados por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su Resolución 37/134, de diciembre 18 de 1982) anotó: “El
personal de salud, especialmente los médicos, encargado de la atención médica
de personas presas o detenidas tiene el deber de
brindar protección a la salud física y mental de
dichas personas y de tratar sus enfermedades al mismo nivel de calidad que
brindan a las personas que no están presas o detenidas (Principio 1).”
[136] La
CIDH expresó que es deber del Estado proporcionar la atención médica adecuada e
idónea a las personas bajo su custodia, siendo aún mayor en aquellos casos en
que las lesiones o la afectación en la salud de los reclusos es producto de la
acción directa de las autoridades. Además, se resaltó que en los casos en los
que “el Estado ha delegado la prestación de los servicios de salud de las cárceles
en empresas o agentes privados, como sucede por ejemplo en Colombia, el mismo
sigue siendo responsable por la prestación adecuada de tales servicios. Esto
tiene su fundamento general en la doctrina ampliamente desarrollada y asentada
en el Sistema Interamericano, según la cual los Estados no sólo son
responsables por las acciones directas de sus agentes, sino también por la de
terceros particulares cuando éstos actúan a instancias del Estado, o con su
tolerancia o aquiescencia”. Corte
IDH., Caso Ximenes López Vs. Brasil de julio 4 de 2006.
[137] A
este respecto, resulta también relevante recordar que en el citado Caso
Ximenes López Vs. Brasil de julio 4 de 2006, la CIDH efectuó las siguientes recomendaciones para
a la asistencia en salud de las personas privadas de la libertad:
“1. Adoptar e implementar políticas públicas
integrales orientadas a asegurar las condiciones de salud de los
establecimientos de privación de libertad. Dichas políticas deben estar
orientadas a la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de enfermedades,
así como a la atención de grupos de reclusos en particular situación de riesgo,
de acuerdo con los términos del presente capítulo y siempre en línea con los
instrumentos regionales e internacionales de Derechos Humanos relacionados con
la salud. En concreto, y al respecto, se fomentará:
a. la incorporación de normas y estándares
regionales e internacionales de derechos humanos en las políticas nacionales de
personas privadas de libertad así como en los proyectos de ley en la materia;
b. la promoción y el fortalecimiento de la
capacitación técnica del personal sanitario de los centros de privación de
libertad sobre los instrumentos internacionales de derechos humanos que sean
aplicables al contexto carcelario;
c. la cooperación técnica de entidades y
agencias especializadas en la formulación, revisión y, si fuera necesario,
reformulación de planes nacionales y la legislación sobre salud aplicada a los
centros de privación de libertad.
d. la participación en eventos regionales
para aprender de las buenas prácticas de otros países en la materia y observar
ejemplos de cómo contribuir a que el derecho básico a la salud sea reconocido
como tal entre las personas privadas de libertad.
2. Fomentar las medidas presupuestarias necesarias
para asegurar, en el marco de esas políticas públicas mencionadas, que los
centros de privación de libertad cuenten con personal de salud cualificado,
medicamentos, equipo e insumos suficientes para satisfacer las necesidades
médicas de la población que alojan.
3. Implementar mecanismos de supervisión y monitoreo
externo de los servicios de salud que se ofrecen en los centros de privación de
libertad, y adoptar las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias
y de otra índole necesarias para asegurar que los servicios de salud en los
centros de privación de libertad sean prestados por personal independiente de
las autoridades penitenciarias.
4. Abordar el acceso a la salud en los centros de
privación de libertad desde la base, como una cuestión de salud pública. Para
ello se sugiere que se coordinen esfuerzos que promuevan las relaciones entre
los distintos ministerios involucrados en la salud de personas privadas de
libertad de manera que se establezcan prioridades comunes encaminadas a
proteger y promover el acceso a la salud por parte de todas las personas que se
encuentran privadas de libertad.
5. Cooperar con los mecanismos de Derechos Humanos
existentes que trabajan en la protección de los derechos básicos de las
personas privadas de libertad. Esto incluye:
a. promover iniciativas con los mecanismos
regionales e internacionales de derechos humanos en la invitación, preparación,
e implementación de visitas a los países;
b. promover la ratificación de aquellos
instrumentos relativos a la promoción de derechos humanos de personas privadas
de libertad que aún no hayan sido ratificados, (por ejemplo el Protocolo
Facultativo a la Convención contra la Tortura, OPCAT).
6. Adoptar las medidas necesarias para que en todo
momento se garantice la independencia del personal de salud encargado de la
atención de personas en custodia del Estado, de forma tal que puedan ejercer
sus funciones libres de la injerencia, intimidación o influencia de otras
autoridades no médicas. Para ello se recomienda que se promueva y difunda
ampliamente entre los profesionales a cargo de centros donde se encuentren
personas privadas de libertad, el contenido y la mejor práctica de
implementación del Protocolo.
7. Agilizar los procedimientos para asegurar que
aquellos reclusos que requieran atención médica fuera de los centros de privación
de libertad sean transportados oportunamente. Asimismo, garantizar que los
mismos, no reciban un trato discriminatorio, de menor calidad o que se
obstaculice de alguna manera su acceso a dicha atención médica.
8. Igualmente, se adoptarán las medidas necesarias
para asegurar que el acceso de los reclusos a los servicios de salud de los
centros de privación de libertad, sea gratuito, equitativo, transparente y que
responda efectivamente a las necesidades médicas de los internos.
9. Promover un sistema de registros médicos
sistemático e integral; promover el derecho de los reclusos a acceder a un
profesional médico en cualquier momento y en forma gratuita. Los Estados tienen
el deber de adoptar medidas para hacer efectivo este derecho. Los reclusos deben
poder dirigirse a los profesionales médicos en forma confidencial y sin que sus
solicitudes sean obstaculizadas o filtradas por los guardias o por otros
reclusos.
10. Adoptar las directrices del caso, para que las
historias clínicas de los reclusos se mantengan bajo estricta confidencialidad
y que solo el personal médico pueda tener acceso a las mismas. Asimismo,
adoptar las medidas administrativas correspondientes, para que las historias
clínicas de los internos los acompañen, incluso en el caso de que sean
trasladados a distintos establecimientos penitenciarios; y que se conserven por
un tiempo razonable en caso de que estas personas vuelvan a ingresar en el
sistema.
11. Fomentar la participación de todos los actores
relevantes, incluyendo la sociedad civil, en el análisis de cuáles serían las
mejores prácticas para combatir el hacinamiento en las prisiones. Para ello,
deben tenerse en cuenta las nefastas consecuencias que este tema presenta a
todos los niveles, y analizarlo como una cuestión de salud pública en el caso,
por ejemplo, de enfermedades infecciosas como el VIH/SIDA o la TB.
12. Adoptar políticas públicas integrales orientadas a
la prevención y tratamiento de enfermedades de alta presencia en las cárceles
como el VIH/SIDA, la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas
desatendidas, hepatitis, enfermedades de transmisión sexual y enfermedades
gastrointestinales (bacterias, protozoarios, helmintos y virus) en los términos
del presente capítulo.
13. Contribuir en la promoción del conocimiento de
enfermedades infecciosas desatendidas mediante el fomento de estudios conjuntos
y participación en talleres nacionales, regionales e internacionales con miras
a cuantificar la prevalencia de casos de las distintas enfermedades infecciosas
desatendidas, particularmente las cutáneas, entre los privados de libertad.
Asimismo, se recomienda analizar las mejores prácticas sobre cómo atender las
necesidades específicas de estos grupos de personas. Dichas acciones deberían
ir encaminadas a contribuir en la lucha contra la discriminación hacia este
grupo de la población carcelaria.
14. Capacitar al personal de salud al servicio de la
población carcelaria sobre las enfermedades infecciosas desatendidas, los modos
de transmisión y los métodos para la prevención y la curación de las mismas.
15. Adoptar un compromiso que tenga como objetivo
eliminar o reducir las enfermedades infecciosas desatendidas y otras
infecciones relacionadas con la pobreza. En este sentido, la CIDH insta a los
Estados a que determinen cuáles son las enfermedades infecciosas desatendidas
prioritarias en el contexto carcelario.”
[138] La
CIDH anotó que los Estados deben dar atención prioritaria a las condiciones de
salud en las cárceles, como elemento fundamental de toda política de salud
pública, teniendo en cuenta que es esencial adoptar un enfoque preventivo
frente a la presencia de enfermedades en las cárceles, y partir de ahí
organizar los sistemas o mecanismos de provisión de servicios médicos a las
personas privadas de libertad. Corte
IDH., Caso Ximenes López Vs. Brasil de julio 4 de 2006.
[139]
Informe del 5 de junio de 2015, presentado por el Ministerio
de Justicia y del Derecho. Folio 32 del cd. de pruebas número 1.
[140]
T-388 de 2013, fundamentos 5.4.5. y 5.5.2
[141]
Resolución 1/08 de la Organización de Estado Americanos.
[142]
Véase a modo de ejemplo las Sentencias C-178 de 2014
(Funciones jurisdiccionales de la Dirección Nacional de Derechos de Autor “no
resulta posible establecer una diferencia absoluta entre las dimensiones
objetiva y subjetiva de determinados derechos, pues la libre competencia es, a
la vez, un derecho del ciudadano al acceso al mercado; y un derecho colectivo,
que se protege asegurando las condiciones macroeconómicas para evitar la
creación de organizaciones monopólicas. Evidentemente, lo mismo ocurre con los derechos
de los consumidores, que si bien son calificados por la Ley como colectivos
(Ley 472 de 1998), pueden generar posiciones subjetivas para cada consumidor,
que pueden ser susceptibles de protección por la Superintendencia de Industria
y Comercio, eventualmente, al conocer de quejas individuales.”), T-199 de 2013 (Derecho a la Salud: “(…)
la Sala destacará en la presente sentencia la dimensión objetiva de los
derechos constitucionales fundamentales, en general, y subrayará, en
particular, el estrecho nexo que existe entre la efectividad del derecho
constitucional a la salud así como entre la vigencia de los derechos
constitucionales fundamentales de los adultos mayores y la necesidad de que el
Estado – y los particulares comprometidos con la debida realización de tales
derechos - desplieguen un conjunto de actuaciones, tareas o actividades
orientadas a garantizar las condiciones de posibilidad para que estos derechos
gocen de plena protección”), T-283 de 2012 (Derecho a la salud de los
niños: “La inclusión del concepto de la dimensión objetiva de los derechos
fundamentales en la jurisprudencia de esta Corporación de ninguna manera
excluye ni limita su dimensión subjetiva; la complementa reconociendo la doble
dimensión de los mismos en nuestro ordenamiento. En este sentido, los derechos
fundamentales además de su función principal de regular la relación
individuo-Estado cuentan con una faceta en la que, como principios de nivel
supremo de abstracción en los términos de Alexy, inciden en todos los ámbitos del
ordenamiento jurídico imponiendo determinados parámetros de actuación tanto al
Estado, como a los particulares.”), C-587 de 1992 (Los derechos
fundamentales: “En el Estado social de derecho -que reconoce el rompimiento
de las categorías clásicas del Estado liberal y se centra en la protección de
la persona humana atendiendo a sus condiciones reales al interior de la
sociedad y no del individuo abstracto-, los derechos fundamentales adquieren
una dimensión objetiva, mas –sic.- allá del derecho subjetivo que reconocen a
los ciudadanos. Conforman (…) el orden público constitucional, (…) En
consecuencia, el Estado está obligado a hacer extensiva la fuerza vinculante de
los derechos fundamentales a las relaciones privadas: el Estado legislador debe
dar eficacia a los derechos fundamentales en el trafico jurídico privado; El
Estado juez debe interpretar el derecho siempre a través de la óptica de los
derechos fundamentales”) o T-406 de 1992 (Los derechos fundamentales: “Dos
notas esenciales de este concepto lo demuestran. En primer lugar su dimensión
objetiva, esto es, su trascendencia del ámbito propio de los derechos
individuales hacia todo el aparato organizativo del Estado. Más aún, el aparato
no tiene sentido sino –sic.- se entiende como mecanismo encaminado a la
realización de los derechos. En segundo lugar, y en correspondencia con lo
primero, la existencia de la acción de tutela, la cual fue establecida como
mecanismo de protección inmediata de los derechos frente a todas las
autoridades públicas.”).
[143]
TOLE MARTINEZ, José Julián. "La Teoría de la Doble Dimensión de los
Derechos Fundamentales en Colombia: El estado de cosas inconstitucionales un
ejemplo de su aplicación". En: México Cuestiones Constitucionales, Revista
Mexicana De Derecho Constitucional ISSN: 1405-9193 ed: v.15 fasc.N/A p.253 -
316, 2006.
[144]
Sala de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004. Auto 385 de
2010.
[145]
Constitución Política de 1991. Artículo 282.
[146]
Sobre esta determinación cabe destacar la existencia tradicional de
experiencias de seguimiento al ECI, a cargo de la Defensoría de Pueblo, en el
Perú. Véase TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE PERÚ. Sentencia de 24 de marzo de 2010.
EXP. N.º 05561-2007-PA/TC; en ella se alude al seguimiento, sin mayores
consideraciones sobre las pautas del mismo.
[147]
Sentencia C-977 de 2002.
[148]
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Resolución 132 de 2014.
Artículo 11.1.  “ESCENARIO DE ANTICIPACIÓN: Ámbito de la gestión preventiva en
el que de oficio y producto del análisis situacional o mediante petición
priorizada, la PGN identifica riesgos de vulneración de los derechos de las
personas o que amenacen el adecuado ejercicio de la gestión pública y actúa
preventivamente con el fin de evitar su posible ocurrencia.
PARÁGRAFO.
La Procuraduría General de la Nación deberá establecer instancias, mecanismos e
instrumentos estandarizados de análisis y generación de información estratégica
(inteligencia preventiva), que le permita actuar de manera anticipada.”
[149]
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Resolución 132 de 2014.
Artículo 11.2.  “ESCENARIO MITIGACIÓN Y/O RESTITUCIÓN: Ámbito de gestión que se
presenta cuando, de oficio o a petición del interesado, la PGN conoce de hechos
que ya implicaron la vulneración o desconocimiento de un derecho. Frente a lo
ocurrido, la PGN actúa preventivamente a fin de evitar que se propaguen o
profundicen los efectos adversos para los afectados, impedir la reiteración de
la ocurrencia del hecho, mitigar los efectos del mismo y/o restituir el derecho
conculcado.”
[150]
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Resolución 132 de 2014.
Artículo 11.3. “ESCENARIO DE ORIENTACIÓN: Ámbito de gestión preventiva en donde
el público acude a la Procuraduría General de la Nación de forma personal, o
por otros canales de atención dispuestos por la entidad (v.gr. electrónicos o
telefónicos), en busca de orientación para el goce efectivo de sus derechos ante
entidades o particulares que ejercen funciones públicas o administran recursos
públicos.”
[151]
PROCURADURÌA GENERAL DE LA NACIÓN. Resolución 055 de 2015.
[152]
http://www.politicacriminal.gov.co
[153]
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos. Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Adoptadas
por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y
Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el
Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de
1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977. Regla 7.1
[154]
Es preciso destacar en este punto que actualmente, el sistema carcelario recibe
con ocasión del presupuesto asignado al INPEC, a la USPEC y al Ministerio del
Interior, ello conforme el artículo tercero de la Ley 1737 de 2014.
[155]
Conforme las directrices de la Corte Constitucional, pueden
identificarse dos posibles posturas que revelan un peso distinto de los
derechos fundamentales en los ECI. La primera es aquella que refleja la
declaratoria de superación del Estado de Cosas Inconstitucional contenida en la
Sentencia T-388 de 2013, conforme la cual la adopción de las medidas
identificadas como parte de un programa para superar la vulneración de
derechos, es suficiente para decretar su superación; así como quiera que la
administración cumplió los ordenamientos orientados a mejorar el sistema carcelario
en cuanto a su infraestructura, decretó la superación del estado de cosas
inconstitucional, y al mismo tiempo la configuración de otro, en razón de la
persistente vulneración de los derechos de los internos, ahora asociada a la
política criminal.
Entretanto
en el proceso de seguimiento de la sentencia T-025 de 2004, al no haberse
verificado el goce efectivo de los derechos de la población desplazada, pese a
los avances, el ECI se ha mantenido, dejando en claro que a pesar de los
despliegues administrativos, mientras no haya un logro considerable en los
derechos no podrá superarse el ECI –A.219 de 2011-. A pesar de lo anterior, la
Sala de Seguimiento ha optado por decretar superaciones parciales del ECI,
haciéndolo en materia del derecho a la salud.
Estas
concepciones distan entre sí, y de ambas posturas la más orientada a la
realización del principio pro persona, es la segunda.
[156]
Los resultados se encuentran contenidos en (i) OFICINA
DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. Los
Derechos Humanos y las Prisiones. Manual de capacitación en derechos humanos
para funcionarios de prisiones. Naciones Unidas Serie de capacitación
profesional N.º11. Nueva York y Ginebra, 2004 y, (ii) NEMBRINI, Pier Giorgio. Agua,
Saneamiento, Higiene y Hábitat en las Cárceles. Comité Internacional de la
Cruz Roja. Ginebra 2011.
[157]
Lo anterior en la medida en que como bien lo aduce la
Defensoría del Pueblo en el proceso acumulado que se analiza, no es clara la
forma en que se establece el número de internos para los que tiene capacidad
determinada cárcel, apareciendo caprichosa la cifra.
[158]
NEMBRINI, Pier Giorgio. Agua, Saneamiento, Higiene y Hábitat en las Cárceles.
Comité Internacional de la Cruz Roja. Ginebra 2011. p. 26.
Cabe destacar que “Durante muchos años, el CICR ha adquirido considerable
experiencia y conocimientos en muchos centros de detención de diferentes
características. A pesar de la diversidad de estos entornos, el procedimiento
de las visitas es siempre el mismo y consiste en conversaciones bilaterales
confidenciales con las autoridades, conversaciones privadas con los detenidos,
visitas a todas las instalaciones de la cárcel utilizadas por los detenidos y
visitas repetidas a los propios reclusos. Durante estas visitas, se brindan
recomendaciones acerca de cuestiones humanitarias de interés y se ofrecen
diversas formas de asistencia. Las experiencias específicas relacionadas con
problemas vinculados al suministro de agua, el saneamiento, la higiene y el
hábitat en las cárceles se publicaron por primera vez en 2005 en el manual
titulado Agua, saneamiento, higiene y hábitat en las cárceles, actualizado en
2012.// En 2009, tuvo lugar una mesa redonda internacional para examinar y
considerar más a fondo las recomendaciones que figuran en la publicación
mencionada a la luz de los avances logrados en esos ámbitos. El
resultado de la mesa redonda es esta publicación, la cual ofrece una guía
práctica complementaria para el personal del CICR y otras personas que trabajan
en lugares de detención y se ocupan de las condiciones de reclusión y del trato
de los detenidos.
[159]
NEMBRINI, Pier Giorgio. Agua, Saneamiento… op. cit.
[160]
NEMBRINI, Pier Giorgio. Agua, Saneamiento… op. cit.
[161]
Ídem.
[162]
Ídem.
[163]
NEMBRINI, Pier Giorgio. Agua, Saneamiento… op. cit. La población
carcelaria deberá “pasar por lo menos 10 horas de cada 24 fuera de su celda
o dormitorio, sin contar el tiempo que necesita para usar las instalaciones
sanitarias (cuando éstas no se encuentran en la celda) ni el período que se le
deja para practicar ejercicios físicos.”
[164]
COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA. Agua, Saneamiento, Higiene y Hábitat en
las Cárceles. Guía complementaria. Ginebra, 2011, p.34
[165]
Ídem.
[166]
Ídem.
[167]
ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS. Resolución 43/173 de 9 de diciembre de
1988. Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas
a cualquier forma de detención o prisión. Principio 24
[168]
Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos Adoptadas por el Primer
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del
Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico
y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII)
de 13 de mayo de 1977. En:
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/TreatmentOfPrisoners.aspx
[169]
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-190 de 2010
[170]
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÖN SOCIAL et. al. Lineamientos Generales para la
Vigilancia y Control de Eventos de Interés en Salud Pública en Establecimientos
Penitenciarios y Carcelarios. 2012. En: https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Lineamientos%20vigilancia%20y%20control%20de%20eventos%20de%20inter%C3%A9s%20en%20salud%20p%C3%BAblica%20en%20centros%20carcelarios%202012.pdf
[171]
Dicha precaución está prevista en las normas o estándares
mínimos de tratamiento al personal recluido, en California, Estados Unidos.
[172]
“Por el cual se reglamenta el manejo de la infección por el Virus de
Inmunodeficiencia Humana (VIH), el Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida
(SIDA) y las otras Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS)”
[173]
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-757 de 2014. M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado
[174]
COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. Observación General No.
15. “11. Los elementos del derecho al agua deben ser adecuados a la dignidad,
la vida y la salud humanas, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 y
el artículo 12. Lo adecuado del agua no debe interpretarse de forma
restrictiva, simplemente en relación con cantidades volumétricas y tecnologías.
El agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente
como un bien económico. (…). //12. En tanto que lo que resulta adecuado para el
ejercicio del derecho al agua puede variar en función de distintas condiciones,
los siguientes factores se aplican en cualquier circunstancia:
a) La disponibilidad. El
abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los
usos personales y domésticos. Esos usos comprenden normalmente el consumo, el
saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y
doméstica. La cantidad de agua disponible para cada persona debería
corresponder a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
También es posible que algunos individuos y grupos necesiten recursos de agua
adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo.
b) La calidad. El agua
necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre, y por lo tanto,
no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que
puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Además, el agua
debería tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso personal o
doméstico.
c) La accesibilidad. El
agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles para todos,
sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. La
accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:
Accesibilidad física. El
agua y las instalaciones y servicios de agua deben estar al alcance físico de
todos los sectores de la población. Debe poderse acceder a un suministro de
agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución educativa o
lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. Todos los servicios e
instalaciones de agua deben ser de calidad suficiente y culturalmente
adecuados, y deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, el
ciclo vital y la intimidad. La seguridad física no debe verse amenazada durante
el acceso a los servicios e instalaciones de agua.
Accesibilidad económica. El
agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance de todos.
Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de
agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el
ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto.
No discriminación. El agua
y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de hecho y
de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la
población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos.
Acceso a la información. La
accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información
sobre las cuestiones del agua.”
[175]
“Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad
del Agua para Consumo Humano”.
[176]
Así lo dispone el Decreto 1575 de 2007 en su artículo 9.
“Artículo 9°. Responsabilidad de las personas prestadoras. Las personas
prestadoras que suministran o distribuyen agua para consumo humano, en relación
con el control sobre la calidad del agua para consumo humano, sin perjuicio de
las obligaciones consagradas en la Ley 142 de 1994 y las disposiciones que la
reglamentan, sustituyan o modifiquen, deberán cumplir las siguientes acciones:
1.
Realizar el control de las características físicas, químicas y microbiológicas
del agua para consumo humano, como también de las características adicionales
definidas en el mapa de riesgo o lo exigido por la autoridad sanitaria de la
jurisdicción, según se establezca en la reglamentación del presente decreto,
para garantizar la calidad del agua para consumo humano en cualquiera de los
puntos que conforman el sistema de suministro y en toda época del año.
2. Lavar y desinfectar antes de la
puesta en funcionamiento y como mínimo dos (2) veces al año, los tanques de
almacenamiento de aguas tratadas.
3. Lavar y desinfectar, antes de
ponerlos en operación y cada vez que se efectúen reparaciones en ellos, los
pozos profundos y excavados a mano para captación de agua subterránea, las
estructuras de potabilización y las tuberías de distribución de agua para
consumo humano.
4. Drenar periódicamente en aquellos
puntos de la red de distribución que representen zonas muertas o de baja
presión.
5. Cuando
la persona prestadora que suministra o distribuye agua para consumo humano
preste el servicio a través de medios alternos como son carrotanques, pilas
públicas y otros, se debe realizar el control de las características físicas,
químicas y microbiológicas del agua; como también de las características
adicionales definidas en el mapa de riesgo o lo exigido por la autoridad
sanitaria de la jurisdicción, según se establezca en la reglamentación del
presente decreto.”
[177]
Sentencia T-740 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[178]
Sentencia T-077 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada
[179]
MÉDICOS SIN FRONTERAS. “Malaui: cientos de migrantes se
hacinan en cárceles sin haber cometido delito”. Agosto 28 de 2015. En: http://www.msf.es/noticia/2015/malawi-cientos-migrantes-se-hacinan-en-carceles-sin-haber-cometido-delito (Último acceso 12 de septiembre de 2015)
[180]
Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos Adoptadas por el Primer
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del
Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico
y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII)
de 13 de mayo de 1977. En:
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/TreatmentOfPrisoners.aspx
[181]
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS. El
derecho a la alimentación adecuada. Folleto informativo N° 34,
[182]
Title 15. Crime Prevention and Corrections Division 1. Board of State and
Community Corrections Chapter 1. Board of State and Community Corrections
Subchapter 4. Minimum Standards for Local Detention Facilities – Food-
[183]
Parámetros establecidos conforme Ingestas dietéticas de
referencia (DRI) de la Junta de Alimentos y Nutrición del Instituto de Medicina
de las Academias Nacionales, la Guía de Alimentación Diaria de California de
2008, y las Guías Alimentarias 2010 para los estadounidenses.
[184]
Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá D.C. Resolución 1806
de 2011. "Por medio del cual se adopta el nuevo Reglamento de Régimen
Interno de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá
D.C."
[185]
Para una aproximación cronológica amplia sobre el tema véase
Sentencia T-815 de 2013.
[186]
Sentencia T-815 de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos “(…) una
visita íntima que tenga lugar sin los anteriores condicionamientos mínimos
vulnera los principios rectores de cualquier regulación carcelaria. Es decir,
cuando una visita íntima no comprende factores como privacidad, seguridad,
higiene, espacio, mobiliario, acceso a agua potable, uso de preservativos e
instalaciones sanitarias vulnera las garantías constitucionales, los derechos
humanos y el principio de dignidad humana (…). // Así, i) la privacidad se
refiere a que no exista ningún tipo de intromisión por parte de personas ajenas
a la visita íntima. La visita íntima debe contener aislamiento sonoro; ii) la
seguridad que la autoridad carcelaria garantice el orden, la vigilancia y el
respeto por el desarrollo de la visita; iii) la higiene indica el permanente
aseo y limpieza de todos los elementos disponibles en la visita íntima; iv) el
espacio se circunscribe a una visita íntima sin condiciones de hacinamiento, en
la cual se puedan acomodar dignamente dos personas sin importar su orientación
sexual; v) mobiliario significa que la autoridad carcelaria deberá proveer por
cada visita íntima una cama y ropa de cama que deberá ser mantenida y mudada
con regularidad a fin de asegurar su limpieza, en su defecto, se deberá
permitir que cada recluso ingrese su propia ropa de cama; vi) el acceso a agua
potable conlleva el derecho que le asiste a la pareja al suministro permanente
de agua potable durante la visita íntima; vii) uso de preservativos
comprende el suministro de mínimo dos (2) preservativos por interno/a los días
en que tenga lugar la misma y; viii) instalaciones sanitarias implica
el acceso a un sanitario y a un lavatorio con agua para que tanto las personas
privadas de la libertad como sus visitantes puedan satisfacer sus necesidades
naturales en el momento oportuno, en forma aseada y decente.”
[187]
Es el caso del actor de Expediente N°4009989, que reclamó (i) “tener una
colchoneta donde poder dormir bien”, pues aduce dormir en el baño y
disponer para ello de una sola cobija; (ii) “tener una sábana”; y, (iii)
“tener un kit de aseo”. Cd.1 fl.1. Se encontró que la institución
carcelaria, ya había hecho entrega de tales implementos.
[188]
A modo de ejemplo, en el Expediente N°3927909 de los CD’s que dan cuenta de la
Inspección efectuada a la Cárcel Modelo de Bucaramanga, se desprende que muchos
de los internos duermen en hamacas improvisadas con una cobija, a varios metros
de altura del piso, en un riesgo evidente para su vida y su integridad.