T-524-01
Sentencia T-524/01
Sentencia
T-524/01
DERECHO A LA
SALUD-Fundamental por
conexidad con la vida/DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA-Vulneración por no
realizar cirugía excluida del POS a persona de la tercera edad/ADMINISTRADORA
DEL REGIMEN SUBSIDIADO-Información al afiliado sobre posibilidad de
atención en servicio no incluido en POS
Cuando a una persona
afiliada al régimen subsidiado se le niega un servicio por no estar contemplado
en el P.O.S.S., la A.R.S. junto con las autoridades administrativas del sector
salud, tiene la responsabilidad de informarle claramente al interesado quién le
prestará el servicio y acompañar al afiliado en el trámite para reclamar la atención
solicitada, con el objeto de garantizar que se lleve a cabo. Además, se señala
que por tratarse de una persona en estado de debilidad manifiesta, tiene
derecho a que su situación sea atendida de manera prioritaria, y se le
practique la operación a la mayor brevedad posible.
Referencia: expediente T-417607
Acción
de tutela instaurada por Florentino Monroy Guerrero contra Comcaja A.R.S.
Magistrado
Ponente:
Dr.
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Bogotá,
D.C., mayo dieciocho (18) de dos mil uno (2001)
La Sala
Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados
Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en
ejercicio de sus atribuciones constitucio­­na­les y previo el cumplimiento de
los requisitos y trámites legales y reglamentarios, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el
proceso de revisión del fallo adoptado por el Juzgado Promiscuo Municipal de
Páez, Boyacá dentro de la acción de tutela instaurada por Florentino Monroy
Guerrero contra Comcaja A.R.S.
El
presente expediente fue escogido para revisión por medio de auto del 14 de
febrero de 2001 proferido por la Sala de Selección Número Dos y repartido a la
Sala Tercera de Revisión.
I.
ANTECEDENTES
1.
Hechos
El
Señor Florentino Monroy Guerrero presentó el día 31 de octubre de 2000 acción
de tutela en contra de Comcaja A.R.S., pues consideró que ésta violó sus
derechos a la salud, a la vida y a la igualdad; al no realizarle una
intervención quirúrgica de carácter oftálmico que requiere con urgencia para
aliviar una grave patología de vieja data. Los hechos que sirven de fundamento
al amparo solicitado fueron los siguientes:
1.1.
Relata el Señor Monroy Guerrero que es una persona de 83 años de edad,
domiciliado en el Municipio de Paéz, Boyacá, y perteneciente a estrato uno, por
lo que se haya afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud,
régimen Subsidiado, a través de la Administradora Comcaja A.R.S., la cual
administra recursos públicos municipales.
1.2.
Según comenta el Sr. Monroy, el Municipio de Páez tiene, al momento de
presentar la tutela, contrato vi­gente con Comcaja A.R.S. desde el 1 de abril
de 2000 hasta el 31 de marzo de 2001.
1.3.
Monroy Guerrero afirma en su demanda que en este momento él padece "de
ptosis paipebral inferior bilateral, hefanoconjuntivitis vieja data
bilateral", razón por la que fue "remitido a interconsulta por
oftalmología el día 15 de septiembre del año en curso (…)". Señala que fue
remitido a la clínica Los Andes, donde fue atendido por el Dr. Jhon A. Cetina,
quien ordenó una operación para solucionar el delicado problema de sus ojos.
1.4.
"A la fecha", sostiene el demandante, “siendo una operación tan
urgente, no se me ha practicado por cuanto la respuesta que me han dado es que
Comcaja no se encuentra al día en los pagos al centro hospitalario que realiza
esta clase de operaciones y por lo tanto mi problema de salud día a día se está
agravando; y a esto se le agrega mi problema físico de locomoción, pues se me
dificulta caminar y debo siempre apoyarme en muletas, razón por la cual se me
dificulta viajar como para estar pendiente en Tunja hasta cuando Comcaja
resuelva mi situación en forma consciente y voluntaria”.
1.5.
Ante lo anterior, Comcaja respondió, por solicitud del Juzgado Pro­­mis­cuo
Municipal de Páez, lo siguiente: “El paciente hace más o menos 15 años inició
cuadro patológico caracterizado por caída de párpado inferior con eritema y
resequedad conjuntival y hace un año inicia cuadro en ojo derecho donde se evidencia
eritema-edema-resequedad y secreción purulenta con Dx PTOSIS PALPEBRAL INFERIOR
BILATERAL. Diagnóstico que fue efec­tuado por el Hospital de Miraflores el 05
de Septiembre de 2000, quienes solicitaron valoración y manejo por el
especialista, el paciente fue enviado donde el oftalmólogo Dr. Jhon A. Cetina
el 3 de octubre de 2000 y se le diagnosticó ECTROPIÓN AO QUERATTI, siendo una
patología que se encuentra por fuera del P.O.S., nuestro deber es enviarlo por
subsidio a la oferta y para lo cual el día 3 de octubre de 2000 fue enviado al
Hospital San Rafael de Tunja, como consta en la remisión pertinente”
1.6.
Comcaja allegó al expediente una copia de la remisión con la que envió al
accionante al Hospital San Rafael, señalando que “no se encuentra dentro del
plan de beneficios del Plan Obligatorio de Salud Subsidiado y debe ser atendido
con recursos de la oferta según el artículo 4° del acuerdo 72 del C.N.S.S.S.”
2.
Demanda y Solicitud
2.1. En la demanda, alega el Sr. Monroy, Comcaja ha vulnerado
sus derechos a la vida, la salud y la igualdad, ya que él es una persona de la
tercera edad  (83 años) afiliada al Régimen Subsidiado de Salud, quien padece
una enfermedad que le afecta su visión, además de su dignidad como persona,
pues sus ojos secretan constantemente una sustancia espesa desagradable a la
vista. Le ha sido ordenada una operación oftálmica con carácter urgente, la
cual no ha sido efectuada por encontrarse fuera del P.O.S.S., por lo que ha
sido remitido a centros hospitalarios del régimen con subsidio a la oferta, en
donde tampoco ha sido atendido.
2.2. La situación del demandante se agrava con la
incapacidad económica que le afecta para poder costearse él mismo su operación,
lo que se constata con su pertenencia a estrato uno y su afiliación al Régimen
Subsidiado de Salud. A esto se suma su edad y una incapacidad física que le
impide estar viajando a Tunja para estar pendiente de cuándo hay recursos para
efec­tuar­le la operación que requiere.
2.3. En consecuencia, el Sr. Monroy solicita que se le
tutelen sus derechos a la vida, la salud y la igualdad, ordenándole a Comcaja
A.R.S. efectuarle de inmediato la operación que le ha sido prescrita.
3. Sentencia Objeto de Revisión
En
sentencia de noviembre 17 de 2000, el Juzgado Promiscuo Municipal de Páez,
Boyacá, negó la tutela por considerar que no existía una violación a los
derechos a la vida, la salud y la igualdad del Sr. Monroy, por las razones que
se presentan a continuación,
"De lo analizado o observado (sic) tiene este despacho que decir,
entonces, que la A.R.S. Comcaja actuó dentro de lo que le correspondía en el
presente caso de manera correcta y en lo que estuvo a su alcance y después de
acuerdo a la patología y tratamiento quirúrgico a practicársele al afiliado
Monroy Guerrero la A.R.S. lo remitió para que fuera atendido este (sic) por
subsidio a la oferta, es decir, en el caso sub examine se ve a las claras que
en ningún momento la A.R.S. Comcaja conculcó o amenazó de manera seria los
derechos fundamentales a la salud, vida e igualdad que aquí expresó el
accionante que la A.R.S., se los estava (sic) vulnerando (…)"
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Problema
jurídico
En el presente caso,
la Sala debe entrar a resolver el siguiente problema jurídico: ¿viola una Entidad
Administradora del Régimen Subsidiado los derechos a la vida, la igualdad y la
salud de uno de sus afiliados, de 83 años de edad, por no practicarle una
cirugía urgente y necesaria que no está contemplada en el P.O.S.S., y en
consecuencia, remitirla a una entidad responsable de adelantarla?
El anterior problema
ya fue resuelto por otra sala de revisión de esta misma Corporación. Por
tratarse en esta ocasión un caso muy semejante al que se analizó aquella vez,
se procede a reiterar la jurisprudencia en el presente proceso, concretamente
la sentencia T-1227/00, M. P. Alejandro Martínez Caballe­ro.
2. Reiteración de
jurisprudencia; las A.R.S. tienen un deber de infor­mación y apoyo con sus
afiliados, para ponerlos en conocimiento de cuáles
son las entidades que sí prestan los servicios de salud requeridos
Como se dijo, la
Sala Sexta de Revisión de esta Corte resolvió un caso semejante al que ocupa a
la Sala Tercera. En efecto, una mujer de 62 años de edad, es decir, también de
la tercera edad, solicitó a la A.R.S. en la que se encontraba afiliada que se
le practicara un examen médico. La entidad se negó a hacerlo debido a que no
estaba contemplado dentro del P.O.S.S. y la remitió a un Hospital para que se
le atendiera con cargo a los recursos del subsidio a la oferta. En aquel caso
la Sala decidió tutelar los derechos del accionante, por considerar que si bien
era cierto que la A.R.S. no tenía la obligación de prestar el servicio
demandado, si tenía la obligación de informar al afiliado acerca de las
entidades prestadoras de los servicios de salud requeridos, así como seguirle
prestando atención en lo que fuera de su competencia. Dijo la Sala,
"De esta manera, la A.R,S. COMBARRANQUILLA, conociendo que el
servicio médico solicitado por la accionante no se encuentra amparado por el
P.O.S.S., debió, en cumplimiento de lo previsto por el artículo 31 del Decreto
806 de 1998,[1]
remitir a la paciente a las entidades prestadoras de salud, ya sea de la red
pública o a aquellas privadas que tuvieran contrato con el Estado, en donde, de
forma obligatoria debía ser atendida.
Por lo tanto, en aras de proteger los derechos a la salud, vida,
igualdad y dignidad de la peticionaria, la entidad, aparte de dar la
información, debe sugerir al afiliado que se dirija a las autoridades
municipales o distritales de salud con el fin de que éstas le informen qué
instituciones públicas o privadas tienen suscrito contrato con el Estado para
determinar cuál de ellas le ha de prestar los servicios de salud reclamados.
Si bien existen varios documentos que dejan en claro la necesidad de
que a la accionante le sea practicado el examen de urodinamia, y existe una
amplia respuesta dada por la demandada al juez de instancia, no existe por
ninguna parte, prueba que demuestre que COMBARRANQUILLA A.R.S., le hubiera
informado a la accionante de las alternativas que existen para que el servicio
solicitado por ella y que se encuentra excluido del P.O.S.S., sea asumido por
otras entidades de salud.
De conformidad con lo anterior, COMBARRANQUILLA A.R.S., debe informar a
la demandante las posibilidades existentes para recibir la atención de su salud
en los términos del artículo 31 del decreto 806 de 1998. Para ello, dispondrá
de un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de esta sentencia. Igualmente, se ordenará también a la Secretaría
de Salud Pública de la ciudad de Barranquilla que deberá, en un plazo máximo de
cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta
decisión, informar cuáles son las instituciones que tienen contrato con el
Estado y por ende capacidad para realizarle el examen médico requerido."[2]
En el presente caso
ocurre lo mismo. El señor Florentino Monroy Guerrero, persona de la tercera
edad, padece de una disfunción grave en sus ojos, lo que ha llevado a un
especialista a ordenar que se le practique una cirugía. Comcaja, A.R.S. a la
que Monroy Guerrero se encuentra afiliado, se negó a practicarla en razón a que
ésta no se encuentra contemplada por el P.O.S.S., por lo tanto, fue remitido al
Hospital San Rafael de Tunja, entidad que según lo dicho en la demanda, también
se ha negado a prestarle el servicio de salud que necesita.
Es claro para esta
Sala que Comcaja A.R.S. no es responsable de la cirugía que el accionante
requiere[3],
sin embargo sí debe indicarle, de forma adecuada y completa, qué entidades sí
tienen la obligación de realizarla. Comcaja alega haber cumplido con su deber
al enviar al afiliado al Hospital San Rafael de Tunja con la siguiente
remisión:
“De la manera más atenta le informo que nuestro afiliado Florentino
Monroy del municipio Páez y con diagnóstico Ectrpión AO Queratiti a
quien solicita el servicio Corrección Ectropión, Suspensión Tarsal AO no
se encuentra dentro del plan de beneficios del plan obligatorio de salud
subsidiado y quien debe ser atendido con recursos de la oferta según el
artículo 4o del acuerdo 72 del C.N.S.S.S.”[4]
Considera la Sala
que el deber de las A.R.S. cuando se abstiene de prestar un servicio por estar
excluido del P.O.S.S. es mayor a simplemente enviar una pequeña nota a un
hospital, sobre todo, si, como en este caso, se trata de un anciano de 83 años
de edad con graves dificultades de locomoción. La buena guía y acompañamiento
de Comcaja es definitiva para el éxito de los trámites del señor Florentino
Monroy Guerrero. Por lo tanto se procederá a revocar el fallo de instancia,
concediendo la tutela y dando órdenes similares a las impartidas por la Sala
Sexta en la jurisprudencia que aquí se reitera.
3. La especial
condición de una persona de la tercera edad sin recursos económicos implica una
protección prioritaria por parte del Estado
Considera preciso la
Sala resaltar que nunca ha estado en duda si Florentino Monroy Guerrero tiene
derecho o no a que se le practique la operación que requiere. Se trata de una
intervención que aunque en ocasiones puede ser considerada cosmética, no lo es
así en el presente caso; el malestar que aqueja al accionante es de tales
dimensiones que más allá de constituir una molestia, es la causa de una
verdadera disfunción, impide al buen funcionamiento de los ojos. En tal medida,
se trata de una situación en la que un especialista ha ordenado realizar
urgentemente una intervención quirúr­gi­ca no contemplada en el P.O.S.S. a un
afiliado, debido a su grave estado de salud, lo cual se encuadra dentro del
supuesto normativo del artículo 4º del acuerdo 072/97 del C.N.S.S.S. En
consecuencia, Monroy Guerrero tiene, con prioridad, derecho a ser atendido
obligatoriamente en las instituciones públicas o privadas con las cuales el
Estado tenga contrato de prestación de servicio para el efecto, con cargo a los
recursos del subsidio a la oferta.
Debe tenerse en
cuenta, además, que la condición de Florentino Monroy es especial. En efecto,
su situación es penosa no sólo por reunir los requisitos exigidos por la
disposición del acuerdo del C.N.S.S.S. citada, para acceder a un tratamiento
prioritario por medio del subsidio a la oferta. Florentino Monroy es un
campesino bastante humilde, viudo, de 83 años de edad y con graves problemas
para desplazarse, pues para hacerlo siempre debe apoyarse en muletas.
Es pues una persona
que, desafortunada­mente, se encuentra en el grupo de los débiles entre los
débiles. Por ello, precisamente, merece una protección especial de sus
derechos. Para la Carta Política, y así lo ha señalado de forma reiterada la
jurisprudencia tanto de la Sala Plena como de las distintas salas de revisión,
es imperioso el deber que recae sobre el Estado de garantizar con toda
diligencia los derechos constitucionales de personas pertenecientes a grupos
desventajados, indefensos o débiles de la sociedad colombiana.[5]
En consecuencia,
dentro de la parte resolutiva de esta sentencia se declarará el derecho del que
es titular el accionante. Ello con el propósito de evitar que cuando vaya a
hacer efectivo su cumplimiento, éste se dilate injustificada­mente, so pretexto
de resolver cuestiones tales como establecer si el accionante tiene prelación
en el cumplimiento de su derecho frente a otras personas, o peor aun,
cuestionar si tiene o no el derecho. Florentino Monroy Guerrero debe ser
atendido pronta y prioritariamente por la entidad correspondiente ante la cual
el solicite se adelante su tratamiento.
Señala la Corte,
también reiterando lo dicho en la sentencia T-1227/00, que el Estado debe velar
de manera diligente, mediante las entidades encargadas del sector salud,
concretamente la Secretaría de Salud de Tunja, por que la intervención
requerida por el accionante se realice a la mayor brevedad y en las mejores
condiciones posibles.
III.
DECISIÓN
En
consecuencia, se reitera en el caso presente lo decidido por la Sala Sexta de
Revisión en la sentencia T-1227/00, en el sentido de reconocer que cuando a una
persona afiliada al régimen subsidiado se le niega un servicio por no estar
contemplado en el P.O.S.S., la A.R.S. junto con las autoridades administrativas
del sector salud, tiene la responsabilidad de informarle claramente al
interesado quién le prestará el servicio y acompañar al afiliado en el trámite
para reclamar la atención solicitada, con el objeto de garantizar que se lleve
a cabo. Además, se señala que por tratarse de una persona en estado de
debilidad manifiesta, tiene derecho a que su situación sea atendida de manera
prioritaria, y se le practique la operación a la mayor brevedad posible.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.-
REVOCAR la
sentencia proferida el 17 noviembre de 2000 por el Juzgado Promiscuo Municipal
de Páez, Boyacá, y en su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a la
vida, a la salud, a la igualdad y a la dignidad del señor Florentino Monroy
Guerrero.
Segundo.-
DECLARAR que
el señor Florentino Monroy Guerrero tiene derecho a que se le practique, a la
menor brevedad posible y bajo el apremio de los términos legales, la
intervención quirúrgica ordenada por su médico tratante. Dicha obligación recae
sobre la entidad pública o privada que tenga contrato de prestación de
servicios con el Estado para el efecto, ante la cual se presente Florentino
Monroy Guerra a solicitar ser atendido.
Tercero.-
ordenar a Comcaja A.R.S., Boyacá, que
en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la
notificación de esta sentencia, informe claramente al demandante quién puede
operarlo, cuándo y en qué condiciones. Adicionalmente, ordenar a Comcaja A.R.S.,
de Boyacá, que disponga de todo lo pertinente junto con la entidad médica que
finalmente vaya a practicar el examen requerido por la accionante. Estas
actuaciones deberán adelantarse sin dilaciones ni omisiones injustificadas,
siempre con la plena observancia y acatamiento de los requisitos normativos y
procedimientos establecidos, y teniendo como finalidad última la prestación del
servicio médico solicitado, a la mayor brevedad posible.
Cuarto.- ORDENAR a la Secretaría de Salud Pública de
Tunja para que en el mismo término establecido en el anterior numeral, informe
al señor Florentino Monroy Guerrero, cuáles son las entidades públicas o
privadas de la ciudad de Tunja que tienen contrato con el Estado y que estén en
capacidad de practicarle el examen médico requerido.
Quinto.- ORDENAR a Comcaja A.R.S., Boyacá, y a la
Secretaría de Salud de Tunja, entregar un informe quincenal a partir del
momento de la notificación y hasta que se le preste el servicio médico
requerido, al Juez Promiscuo Municipal de Páez, quien deberá encargarse de
velar por el cabal cumplimiento de las ordenes impuestas y garantizar así el
goce efectivo de los derechos constitucionales invocados por el accionante.
Sexto.-
LÍBRESE, por
Secretaría, la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] El artículo 31 del Decreto 806 de 1998, dice lo siguiente:
“Artículo 31.- Prestación de servicios no cubiertos por el POS subsidiado.
Cuando el afiliado al régimen subsidiado requiera de servicios adicionales a
los incluidos en el POS  y no tenga capacidad de pago para asumir el costo de
dichos servicios, podrá acudir a las instituciones públicas y aquellas privadas
que tengan contrato con el Estado las cuales estarán en la obligación de
atenderlo de conformidad con su capacidad de oferta. Estas instituciones están
facultadas para cobrar una cuota de recuperación  con sujeción a las normas
vigentes”.
[2]Sentencia T-1227/00; M.P. Alejandro Martínez Caballero
[3] Acuerdo 072/97 del C.N.S.S.S., artículo 4º:  La complementación
de los servicios del P.O.S.S., a cargo de los recursos del subsidio a la
oferta. En la etapa de transición, mientras se unifican los contenidos del
P.O.S.S. con los del P.O.S. del régimen contributivo aquellos beneficiarios del
régimen subsidiado que por sus condiciones de salud o necesidades de ayuda de
diagnóstico y tratamiento requieran de servicios no incluidos en el P.O.S.S.,
tendrán prioridad para ser atendidos en forma obligatoria en las instituciones
públicas o en las privadas con las cuales el Estado tenga contrato de
prestación de servicio para el efecto, con cargo a los recursos del subsidio a
la oferta.
[4]Folio 15 del expediente.
[5]Ver entre otras las sentencia T-735/98, M.P. Fabio Morón Díaz (en
este caso se reconoció la especial protección constitucional a personas de la
tercera edad, y en consecuencia se ordenó a una entidad financiera privada,
intervenida por el gobierno debido a su precaria situación económica, que
devolviera los ahorros a la accionante) y T-099/99 M.P. Alfredo Beltrán Sierra
(en este caso se inaplica un acuerdo del C.N.S.S.S. que permitía a una E.P.S.
dejar de entregar pañales a persona de edad con base en que éstos no se
encontraban en el manual de la entidad, en el fallo se reitera, además, que el
derecho a la seguridad social, en personas de la tercera edad, es fundamental.)