T-351-93
Sentencia No
Sentencia T-351/93
SANCION JUDICIAL-Naturaleza/ACTO JURISDICCIONAL/PODER DISCIPLINARIO DEL JUEZ Y
DEBIDO PROCESO
Las sanciones que el Juez impone a los
empleados de su despacho tienen un contenido y una esencia administrativa y los
respectivos actos son administrativos, contra los cuales proceden los recursos
gubernativos y las acciones contencioso administrativas; en cambio, los actos que imponen sanciones a
los particulares, son jurisdiccionales, desde los puntos de vista orgánico,
funcional y material, contra estos actos unicamente procede el recurso de
reposición, mas no son susceptibles de ser controlados a través de las acciones contencioso
administrativas, por no tener el carácter de actos administrativos.
DEBIDO PROCESO/ARRESTO/SANCION DE PLANO
Dado el carácter punitivo de la sanción,
asimilable, a la sanción de tipo penal, cuando el juez hace uso de la potestad correccional y pretende sancionar con
arresto a la persona que ha incurrido en una conducta que atenta contra el
respeto debido a la dignidad del cargo, debe adelantar el correspondiente
procedimiento con estricto cumplimiento de las normas que rigen el debido proceso y justificar la medida en
criterios de proporcionalidad y de razonabilidad, en relación con los hechos y
circunstancias, debidamente comprobadas, que le sirven de causa.
Referencia: expediente T-12927
Tema
Los Poderes Disciplinarios Del Juez Y El Debido Proceso.
Peticionario.
Carlos Garizado Vergara.
Procedencia
Juzgado Promiscuo Del Circuito De Since.
Magistrado Ponente
Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL.
Santafé de Bogotá, D.C. Agosto treinta (30) de mil novecientos noventa
y tres (1993)
La Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados ANTONIO BARRERA CARBONELL,
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Y CARLOS GAVIRIA DIAZ, revisa el proceso de la acción de tutela presentado por el doctor Inis
Amador Paternina en calidad de apoderado judicial del señor Carlos Garizado
Vergara contra las resoluciones 114 y 115 de fechas 8 y 29 de enero de 1993
proferidas por la Juez 3o. Penal Municipal de Sincelejo.
I . ANTECEDENTES.
A. La pretensión.
Solicita el apoderado judicial del
peticionario que "mediante procedimiento preferente y sumario, se protejan
los derechos de libertad (art. 28 de la C.N.) (art. 13 de la C.N.) defensa y
debido proceso (art. 29 de la C.N.)
ejercicio de la profesión (art. 26 de la C.N.)  y dignidad humana (art. 12 de
la C.N.) de Carlos Garizado Vergara, vulnerados por las resoluciones 114 y 115
de enero 8 y 29 de 1993 proferidas por el Juzgado 3o. Penal Municipal de
Sincelejo, Juez Guiomar Vidal
Anaya mediante las cuales se impuso una sanción de arresto inconmutable de
cinco (5) dias a Carlos Garizado V. que deberá cumplir en la Cárcel Nacional de
Sincelejo".
Solicita, además, que "mediante la
acción de tutela le garanticen el pleno goce de los derechos vulnerados a Carlos Garizado Vergara,
cese los efectos de los actos impugnados y se prevenga a la Juez 3o. Penal
Municipal para que no incurra nuevamente en las omisiones impugnadas.
B. Los hechos:
Para sustentar la presente acción, el apoderado del señor Carlos Garizado Vergara
expuso las siguientes razones de hecho:
"1. El día 8 de Enero de 1993, la Juez
Guiomar Vidal A. profiere la Resolución No. 114 del Juzgado Tercero Penal
Municipal de Sincelejo y sanciona con cinco (5) días de arresto al Dr. Carlos Garizado V. en forma
inconmutable".
"2. Fundamenta su resolución en una
certificación del Secretario Carlos A. Paternina Arrazola de fecha 8 de Enero
de 1993 donde hace constar que Carlos Garizado dijo "que ella no daba la
libertad porque tenía
intereses por medio"; "que era una hijueputada" para con el y su
cliente la forma como actuaba la Juez; que quiso entrar por la fuerza a la
Secretaría y utilizó un tono de voz fuerte y grosero, certifica que
presenciaron los hechos los señores Eduardo Collantes, Esther Montes, Graciela Borrero y Virginia Merlano.
Igualmente consta que lo escucharon los demás empleados de los Juzgados 1 y
2do. Penal Municipal de Sincelejo y que había personas en las cercanías de las
escaleras que parecian estar esperando
al Dr. Carlos Garizado".
"3. A mi cliente le notifican por
estado y no en forma personal la resolución 114 de Enero 8-93. Esto constituye
una violación al debido proceso. El estado fue de fecha 13 de Enero de
1993".
"4. El Dr. Garizado al acudir al
Juzgado 3ro. Penal Municipal el día 18 de Enero a las 4 y 20 p.m. se entera de
la resolución y a las carreras elaboró en forma precipitada el recurso de
reposición el cual entregó a las 5 y 55 p.m. como consta en el escrito y su copia. Con esta forma de notificación
se vulneró el derecho de defensa de mi cliente al igual que el debido proceso.
Su defensa  no pudo ser tan efectiva y clara al tener una hora y cuarenta
minutos para trasladarse a su oficina, pensar con claridad, escribirlo y entregarlo al Juzgado. No
pudo sacar las copias de la resolución y estudiarlas debidamente".
"5. El numeral 2do. del art. 39 del C.
de P.C. señala que la notificación de la resolución debe ser personal. Al
haberse hecho por estado se violan los derechos fundamentales de la defensa y debido proceso (art. 29
C.N.) los  cuales pido sean garantizados".
"6. El Dr. Garizado interpuso
oportunamente el recurso de reposición a pesar de estar limitado en el tiempo y
manifestó que no le consta a ningún empleado que el haya dicho "hijueputada", que fue respetuoso
al informarle que denunciaría su conducta, que llamó a los testigos para
informarle del negocio, que no tenían fundamento la afirmación de cruzar el
escritorio para impedir su entrada por que no existía intención  de penetrar para agredir, que fue
de tipo jurídico su argumentación con respecto a la situación de su cliente
Ivan Quintero. Pidió como pruebas para sustentar su recurso se llamará al señor
Carlos Paternina a rectificarse de su certificado, se llamarán a declarar a Esther Montes, Eduardo
Collantes, Reynaldo Quintero, Omar Gómez y Omar Gómez Jr".
"7. Al recurso de reposición no se le
dió el trámite del art. 349 del C. de P.C. que ordena se de en traslado por
Secretaría por el término de dos
días, con miras a sustentar el recurso con otros argumentos adicionales. Con
ello se violó el debido proceso y la defensa del procesado".
"8. La Juez 3ra. Penal Municipal
mediante la Resolución 115 de Enero 29-93 resuelve el recurso de reposición y
mantiene en firme la sanción
de arresto".
"9. En la resolución 115 en el numeral
10 niega la reposición de los testimonios solicitados por el recurrente al
igual que la solicitud de rectificación del Secretario por no existir etapa
probatoria en el trámite de
los recursos. Con este hecho se viola el derecho fundamental de la defensa
(art. 29 C.N.) y el debido proceso, la Constitución Nacional en el Capítulo I
de los Derechos fundamentales art. 29, dice que quien sea sindicado tiene
derecho a la defensa, a un
debido proceso, a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su
contra. La Dra. Guiomar Vidal  no permitió que se controvirtiera la única
prueba en su contra, la certificación secretarial ní practicó las pruebas
solicitadas por el recurrente
violando así sus derechos fundamentales consagrados por el art. 29 de la
C.N".
"10. En la resolución 115 del Juzgado
3ro. Penal Municipal, numeral 10 la Juez admite que el sancionado pone en
"tela de juicio" la certificación secretarial pero que ella aunque puede incurrir en un error de hecho
de apreciación de la prueba, le dá validez por haber presenciado la actuación y
comportamiento para con ella del abogado. Este hecho viola nuevamente la debida
defensa y debido proceso de mi cliente admitiendo que sobre la única prueba hay dos criterios encontrados
pero que ella entra a terciar en contra de Carlos Garizado, aportando como
prueba su apreciación, prueba que siempre será contundente para ella misma que
dicta la resolución, no dándole en esta oportunidad  o en próximas derecho alguno para defenderse, con
su apreciación hace presumir que tienen una condena de antemano".
"11. En la certificación secretarial y
el recurso de reposición, se mencionan como testigos de los hechos, además del
Secretario, quien firmó la
resolución, a Eduardo Collantes, Esther Montes, Graciela Borrero, Virginia
Merlano, Reynaldo Quintero, Omar Gómez, Omar Gómez Jr. y los empleados de los
juzgados 1ro. y 2do. Penal Municipal, pero a pesar de la gran cantidad de
testigos la Juez solo profiere
fallo con fundamento en una certificación y su apreciación dejando a un lado un
amplio acervo probatorio que perjudicó y violó el derecho fundamental de la
defensa de Carlos Garizado".
"12. Con las resoluciones de arresto,
se ha causado un trato
degradante y cruel con Carlos Garizado, perjudicando su imagen profesional
violando así su derecho a la dignidad humana, art. 12 C.N, igualmente se ha
violado su derecho de libertad e igualdad ante las leyes consagradas en el art.
13 de la C.N. No ha tenido
oportunidad ante la ley de demostrar que merece su libertad".
"13. El art. 28 de la C.N. dice que
toda persona es libre y solo puede ser molestado con arreglo a las Leyes, lo
cual no ha sucedido aquí habiéndosele violado este derecho".
"14. En las resoluciones 115 de Enero 29-93 numeral segundo se
ordena compulsar copias al Tribunal Superior vulnerado así su derecho a ejercer
en forma libre su profesión, art. 26 C.N. la cual también se viola al
arrestarlo cinco días sin el debido proceso".
"15. Con la resolución 115 de Enero 29-93 se le agravó la
situación de mi cliente al ordenar un hecho nuevo, compulsar copias al Tribunal
Superior de Sincelejo, con ello se viola la Ley, y constituye  un hecho y
condena nueva".
"16. Las resoluciones impugnadas son actos administrativos".
C. Los fallos que se revisan.
1. Fallo del Juzgado 1o. Civíl Municipal de
Sincelejo:
El Juzgado 1o, Civil Municipal de
Sincelejo, mediante sentencia del 17 de febrero de 1993, resolvió "no acceder a la tutela de los
derechos constitucionales fundamentales de la libertad, defensa y debido
proceso, ejercicio de la profesión y dignidad humana, con base, entre otros, en
los siguientes argumentos:
" Valga primero señalar que los hechos
que suscitan la sanción
impuesta al actor está plenamente comprobada, no solamente dentro de la
pertinente investigación disciplinaria, sino también según lo arrojado por las
pruebas decretadas y practicadas en el trámite de este procedimiento. Así,
todos los testigos escuchados
por el fallador confluyen en ratificar lo dicho en el curso de la investigación
disciplinaria, corroborando el informe rendido por el secretario Carlos
Paternina Arrazóla. Luego no le quedan dudas al despacho acerca de tales
sucesos, por lo que debe
tratarse, ahora, de esclarecer si en el curso de la actuación disciplinaria se
violó el derecho constitucional fundamental al debido proceso".
"Según lo consagrado en el art. 39
ordinal 2o. C. de P.C., es un poder disciplinario del juez " sancionar con pena de arresto inconmutable
hasta por cinco días a quienes les falten al debido respeto y en ejercicio de
sus funciones o por razón de ellas". Analicemos esta parte, así: sin duda
alguna, manifestar que una providencia adversa o una determinación cualquiera de un juez es una
"hijueputada"  para con la parte y su diputado judicial, no solo es
una salida grotesca, sino, en efecto, una falta de respeto inadmisible desde
todo punto de vista. Las inconformidades con las providencias y demás actos del juez disponen de los recursos como
legitimos medios para protestar por ello..."
"Prosigue el legislador: "el
arresto se impondrá mediante resolución motivada  que deberá notificarse
personalmente y sólo será susceptible de recurso de reposición.". A este respecto decimos: Alega el actor que se
violó el debido proceso, puesto que la resolución # 114 se notificó por estado
y no personalmente, como se ordena en el C. de P.C".
"Ciertamente hay contravención al
precepto legal con tal conducta del secretario. No obstante, deben señalarse varios aspectos
importantes: lo.) Que el doctor Carlos Garizado Vergara ejerció su derecho de
defensa mediante la interposición del recurso procedente. Luego al defenderse
no puede hablar que se haya desvirtuado la garantía constitucional del debido proceso. Es cierto que la
notificación por estado es violatorio de la disposición legal. Mas debe y tiene
que entenderse que tal notificación debe tenerse por no hecha y sin efecto de
ninguna naturaleza. Ello es así, La notificación personal puede ser principal y subsidiario. Quiere
decirse que hay varias especies de ella. La propia es aquella mediante la cual
el afectado con la providencia (Resolución en este caso), se entera de manera
directa de la decisión que contiene estando en presencia de un empleado del juzgado. Mas el art. 330
C. de P.C. contempla la llamada "notificación por conducta
concluyente".
"En relación con la falta de traslado
en lista, reglado en los artículos 349 y 108 C. de P.C., hay que decir que no
estamos frente a un litigio
conformado por dos partes enfrentadas y un funcionario dispensador de justicia
en medio. Se trata de una legítima investigación disciplinaria, emanada de
claras normas legales y generadas por hechos que, ciertamente, son
constitutivas de faltas contra
el respeto debido a los funcionarios judiciales. No hay en este asunto dos
partes, sino un infractor y un funcionario con legítimos poderes
sancionatorios, emanados de su investidura de juez. Con ello no colocamos al
juez en un sitio intocable y
ni como agente generador  de abusos y atropellos a particulares pero sí como un
funcionario merecedor de respeto y dignidad, con una autoridad que debe servir
para el acatamiento a la ley y a la realización de la justicia. Entonces, si no
hay litigio, si no hay partes,
no procede el traslado del art. 108, ordenado en el art. 349, pues no hay parte
a quien comunicar y conceder el traslado..."
2. Fallo del Juzgado Promiscuo del Circuito
de Sincé.
El Juzgado Promiscuo del Circuito de Sincé,
mediante sentencia del 30 de
marzo de 1993, confirmó la sentencia del Juzgado 1o. Civíl Municipal de
Sincelejo.
Considera el juzgado que existe otro
mecanismo alternativo de defensa judicial como es la acción contencioso
administrativa, de nulidad y restablecimiento del derecho. Al respecto dijo el Juzgado:
"Descendiendo al caso concreto,
encontramos que la Juez 3o. Penal Municipal de Sincelejo sancionó con pena de
arresto al doctor Carlos Garizado Vergara por haberle faltado el debido
respeto. Esta decisión no obstante
que proviene de una funcionaria que tiene poderes jurisdiccionales, la
resolución mediante la cual ejerció sus poderes disciplinarios, es sin duda un
acto administrativo, pues como tales define el Código Contencioso (art. 83),
las conductas y las abstenciones
capaces de producir efectos jurídicos y en cuya realización influyen de modo
directo e inmediato la voluntad o la inteligencia. La determinación de la juez
produce efectos jurídicos, prueba de lo cual es la acción de tutela que se
instaura contra ella. En su
decisión han influido de modo directo la voluntad y la inteligencia, que fue
exteriorizada mendiante las resoluciones que se controvierten".
"Contra el acto proferido contra la
administradora de justicia, la ley establece mecanismos de defensa judicial como, la acción de nulidad y la
del restablecimiento del derecho consagradas en los arts. 84 y 85 del C.
Contencioso. En consecuencia, el efectado en el caso en estudio pudo solicitar
la nulidad del acto administrtaivo y el restablecimiento de su derecho, por lo tanto, de acuerdo con lo
establecido con el art. 1o., inciso 2o. literal C del decreto 306 de 1992, no
puede utilizar la tutela como mecanismo transitorio, pues no se puede hablar de
existencia de un perjuicio irremediable, al tener o haber obtenido la posibilidad de pedir el
restablecimiento de su derecho, autorizándosele  para ejercerlo".
"Ahora, no desconoce este despacho y
así lo expresó en el cuerpo de
esta providencia, que cuando se tienen al alcance otros medios de defensas,
estos deben ser iguales o mas efectivos que la tutela, criterio del cual no se
ha apartado este juzgado, ya que para el presente caso es posible acudir al
instituto de la suspensión
provisional y lograr detener los efectos del acto administrativo, es decir, que
la jurisdicción de lo contencioso administrativo consagra una medida
provisional que puede ser utilizada para la protección de los derechos, la cual
equiparamos a la establecida
en el art. 7o. del decreto 2591 de 1991, reafirmándose de esta manera la
efectividad de la vía contenciosa para la defensa de los derechos que el
afectado estima que le han sido reconocidos o violados".
II CONSIDERACIONES DE LA CORTE.
1. Competencia.
La Corte Constitucional es competente para
conocer el grado de revisión de la sentencia del juzgado del conocimiento, en
atención a lo dispuesto por los artículos 86 y 241-9 de la Constitución
Política, en armonía con los artículos 33, 34 y 35 del Decreto-ley 2591 de 1991
2. El contenido material de la resolución
114 del 8 de enero de 1993.
A través de la resolución en cuestión la
señora Juez Tercero Penal Municipal de Sincelejo resolvió: " Sancionar al
Abogado CARLOS GARIZADO VERGARA,
con pena de arresto de cinco días, que deberá cumplir en la Cárcel Nacional del
Distrito Judicial".
Los motivos de la anterior determinación
aparecen consignados en dicha resolución, así:
"Que, el día 8 de enero del presente
año, en las horas de la mañana
el profesional del Derecho conversó con el Titular del Despacho sobre la
viabilidad de resolver el escrito en la fecha. El mismo día siendo las cuatro y
treinta de la tarde, regresa nuevamente al Juzgado y la titular le indica que
hasta tanto no resolviera dos
solicitudes de Acción de Tutela interpuestas los días 6 y 7 de enero
respectivamente, no podía resolver acerca de sus pretensiones".
"Que, en la Secretaría del Juzgado y
como lo informa y certifica el señor Secretario CARLOS ALBERTO PATERNINA ARRAZOLA, la Titular del Juzgado fue objeto
de falta de respeto por parte del Abogado CARLOS GARRIZADO VERGARA, cuando en
presencia de los señores EDUARDO COLLANTE DE LAS SALAS, Sustanciador (E),
ESTHER MONTES, Escribiente (E), GRACIELA BORRERO DAVILA, VIRGINIA MERLANO FLOREZ, manifestó que
denunciaría a la Juez ante la Procuraduría toda vez que se negaba a ordenar la
libertad de su cliente; que existía por parte de la misma intereses personales
en el proceso; que la actitud de la Juez hacia él y con el Procesado era una "hijueputada", su
tono de voz fue alto y grosero y posteriormente buscó a unas personas que se
encontraban en la parte exterior del Juzgado para que le sirvieran de testigos
y hostigándolos a que entraran en forma violenta al mismo, siendo impedidos por el señor Secretario y
Sustanciador (E) quienes debieron cerrar la entrada de la Secretaria con un
escritorio".
3.- Naturaleza jurídica de la resolución
114.
La aludida resolución fue expedida en uso
de los "poderes disciplinarios" que el art. 39 del C.P.C. otorga al Juez,  con la finalidad de
asegurar la eficiencia en la administración de justicia y el respeto y la
dignidad de los órganos personas que son titulares  de la función judicial.
Dice la norma en referencia:
"Artículo 39 Modificado. D.E. 2282/89, art. 1o., numeral 14. Poderes
disciplinarios del Juez. El juez tendrá los siguientes poderes
disciplinarios:
"1.- Sancionar con multas de dos a
cinco salarios mínimos mensuales a sus empleados, a los demás empleados
públicos y a los particulares
que sin justa causa incumplan las ordenes que les imparta el ejercicio de sus
funciones o demoren su ejecución".
"Las multas se impondrán por
resolución motivada, previa solicitud de informe al empleado o particular. La
resolución se notificará
personalmente y contra ella solo procede el recurso de reposición;
ejecutoriada, si su valor no se consigna dentro de los diez días siguientes, se
convertirá en arresto equivalente al salario mínimo legal por día, sin exceder
de veinte días".
"Las multas se impodrán a favor del Fondo Rotatorio del
Ministerio de Justicia, salvo disposición en contrario; su cuantía y tasa de
conversion en arresto, serán revisadas periódicamente por el Gobierno".
"2.- Sancionar con pena de arresto
inconmutable hasta por cinco
días a quienes le falten al debido respeto en ejercicio de sus funciones o por
razón de ellas".
"Para imponer esta pena será necesario
acreditar la falta con certificación de un empleado de la oficina que haya
presenciado el hecho, prueba testimonial o con copia del escrito respectivo".
"El arresto se impondrá por medio de
resolución motivada que deberá notificarse personalmente y solo será
susceptible del recurso de reposición".
"Ejecutoriada la resolución, se
remitirá copia al correspondiente funcionario de policía del lugar, quien deberá hacerla
cumplir inmediatamente".
"3.- Ordenar que se devuelvan los
escritos irrespetuosos para con los funcionarios, las partes o terceros".
"4.- Expulsar de las audiencias y
diligencias a quienes perturben su curso".
"5.- Sancionar con multas de dos a
cinco salarios mínimos mensuales a los empleadores o representantes legales que
impidan la comparencencia al despacho judicial de sus trabajadores o
representados, para rendir declaración o atender cualquier otra citación que el juez les haga".
Los mencionados poderes se traducen en unas
competencias especificas que se asignan a los jueces para imponer sanciones de
naturaleza disciplinaria a sus empleados, o correccionales a los demás
empleados públicos, o los particulares,
incursos en algunas de las conductas anteriormente descritas.
Obviamente, las sanciones que el Juez
impone a los empleados de su despacho tienen un contenido y una esencia
administrativa y los respectivos actos son administrativos, contra los cuales proceden los recursos gubernativos y
las acciones contencioso administrativas; en cambio, los actos que imponen
sanciones a los particulares, son jurisdiccionales, desde los puntos de vista
orgánico, funcional y material, según lo ha entendido la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado;
contra estos actos unicamente procede el recurso de reposición (art. 39 del
C.C.A.), mas no son susceptibles de ser controlados a través de las acciones
contencioso administrativas, por no tener el carácter de actos administrativos. Por lo tanto, se
equivocó el Señor Juez Promiscuo del Circuito de Sincé al considerar
improcedente la tutela por estimar que el peticionario tenía un medio
alternativo de defensa judicial, idóneo y eficaz, en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que podía
ejercitar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Concluye entonces esta Sala de revisión,
que desde el punto de vista procesal la acción de tutela es procedente por
carecer el accionante de otro medio alternativo de defensa judicial, idóneo y eficaz.
4.- La libertad y su protección en la
Constitución.
El nuevo orden constitucional reconoce a la
libertad de las personas un valor esencial, que se traduce en la adopción de
variados mecanismos para hacer realidad
y efectiva su protección. Es así, como haciendo una exploración de la
normatividad Constitucional se intuye el designio del constituyente  por eregir
la libertad en  un valor y derecho fundamental, así:
4.1. Según el preámbulo, la libertad constituye un elemento esencial  y
orientador en la estructuración de la normatividad Constitucional, que se
reitera en el art. 1o., mediante el reconocimiento de la "dignidad
humana", la cual necesariamente tiene un sustento vital en la libertad.
4.2. El Estado reconoce "la primacia de los derechos
inalienables de la persona" (art. 5o.), entre los cuales, uno de los mas
preciados es la libertad.
4.3. El artículo 28, declara "Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o
arresto, ni detenido ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento
escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por
motivo previamente definido en la ley".
"La persona detenida previamente será puesta a disposición del
juez competente dentro de las treinta  seis horas siguientes, para que éste
adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley".
En armonía con la disposición transcrita el
art. 34 prohibe las penas de
destierro y prisión perpetua.
4.4. Con el fín de asegurar la adecuada y efectiva
protección de la libertad la Constitución consagra, en diferentes normas,
garantías para su protección (artículos 2o., 28, 29, 30, 84, 85, 86, 93 y 94,
entre otros).
5.- Los poderes disciplinarios del Juez y
el derecho al debido proceso.
Como garantía de la libertad, el art. 29 de
la Constitución Política consagra el derecho al debido proceso, cuyos elementos
constitutivos son:
- El debido proceso se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.
- Nadie puede ser juzgado sino conforme a
leyes preexistentes al acto que se le imputa.
- El juzgamiento sólo es procedente ante
juez o tribunal competente.
- El juzgamiento debe ser realizado, con observancia de la plenitud de las
formalidades procesales, propias de cada juicio.
- Toda persona se presume inocente mientras
no se le haya declarado judicialmente culpable.
- Quien sea juzgado tiene derecho a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra. Es nula de
pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso.
- Nadie puede ser juzgado dos veces por el
mismo hecho (Non bis in idem).
En materia penal el derecho de defensa y al
debido proceso, tiene un reforzamiento adicional, por cuanto deben observarse,
además, los siguientes requisitos:
- la ley permisiva o favorable, aun cuando
sea posterior, se aplica a la restrictiva o desfavorable.
- Todo sindicado tiene derecho a la defensa
y a la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio, durante la
investigación y el juzgamiento.
- Todo sindicado tiene derecho a un debido
proceso público sin dilaciones injustificadas.
- Todo sindicado tiene derecho a impugnar la sentencia
condenatoria.
La observancia del derecho al debido
proceso, dada la generalidad del mandato contenido en la norma citada, se
aplica necesariamente cuando el Estado ejerce la función jurisdiccional o la función administrativa y resultan
afectados desfavorablemente los derechos fundamentales de la persona. En tal
virtud, dado el carácter punitivo de la sanción, asimilable, a la sanción de
tipo penal, cuando el juez hace uso de la potestad correccional, a que alude en el numeral 2o. del art. 39
del C.P.C., y pretende sancionar con arresto a la persona que ha incurrido en
una conducta que atenta contra el respeto debido a la dignidad del cargo, debe
adelantar el correspondiente procedimiento con estricto cumplimiento de las normas que rigen el
debido proceso (art. 29 C.P.) y justificar la medida en criterios de
proporcionalidad y de razonabilidad, en relación con los hechos y
circunstancias, debidamente comprobadas, que le sirven de causa.
Consecuente con lo expuesto, considera esta Sala de Revisión, que la
sanción prevista en el art. 39 del C.P.C. (arresto hasta por cinco días) sólo
es procedente, cuando se cumplan los siguientes presupuestos:
a)  La falta se produce, cuando en razón de
hechos u omisiones consumadas
por cualquier persona o por las partes en un proceso, se falte al respeto
debido al juez, en el ejercicio de sus funciones o por razón de ellas.
b) Debe existir un nexo o relación de
causalidad entre los hechos constitutivos de la falta y la actividad  que desarrolla el funcionario
judicial, pues esta debe corresponder a las que son propias de las competencias
que le han sido asignadas.
c) Si bien el inciso 2o. del numeral 2 del
art. 39 del C.P.C., dice que para imponer la pena "será necesario acreditar la falta con certificación de un
empleado de la oficina que haya presenciado el hecho, prueba testimonial o con
copia del escrito respectivo", con el fín de garantizar el debido proceso,
se requiere que al infractor previamente se le oiga y se le de la oportunidad de aportar pruebas o
solicitar la práctica de las pruebas que ha bien tenga, con anterioridad a la
expedición de la resolución que impone la sanción (art 29 C.P.). En este orden
de ideas, debe entenderse modificado por la normatividad Constitucional el art. 39 del C.P.C.
d) La falta imputada al infractor debe
estar suficientemente comprobada, mediante la ratificación, con las
formalidades de la prueba testimonial del informe del secretario del respectivo
despacho, con la declaración de terceros
o con copia del escrito respectivo.
e) La sanción debe ser impuesta, mediante
resolución motivada, en la cual se precise, la naturaleza de la falta, las
circunstancias en que la misma se produjo, su gravedad, la culpabilidad del
infractor y los criterios
tenidos en cuenta para dosificar la sanción.
f) La resolución que impone la sanción debe
ser notificada personalmente al infractor y contra la misma procede el recurso
de reposición.
6.- Análisis del caso materia de estudio.
El estudio de la prueba documental
incorporada a los autos permite concluír que en el presente caso se impuso de
plano la sanción de arresto por cinco días al peticionario de la tutela, con la
sola certificación del secretario del Juzgado Tercero Penal  Municipal de Sincelejo, en la que se da
cuenta de la existencia de la falta imputada al infractor. Por consiguiente, no
se cumplieron al imponer la sanción los requisitos reseñados anteriormente, con
lo cual se violó el derecho fundamental al debido proceso, lo cual, a su vez, implica una amenaza de
violación al derecho fundamental a la libertad.
Consecuente con lo expuesto, en la parte
resolutiva de esta sentencia se tutelarán los derechos vulnerados y amenazados
y a efecto de garantizarlos se revocarán las resoluciones 114 y 115 de enero 8 y 29 de 1993, que
impusieron la sanción de arresto de cinco días al peticionario, para que el
juzgado reponga la actuación cumplida, con arreglo a los criterios que se
señalan en el numeral 5 de la parte motiva de esta sentencia.
Se advierte finalmente, que la
circunstancia de haber prosperado la tutela, por las razones que han quedado
expuestas, no implica, en manera alguna, desconocimiento del poder
disciplinario, mas precisamente correccional, que tiene la señora Juez Tercero Penal Municipal de Sincelejo para
sancionar, si fuere el caso, la conducta irrespetuosa que se endilga al
peticionario de la tutela.
III. DECISION.
Con fundamento en las consideraciones
precedentes, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de
la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. Revocar las sentencias de fecha febrero 17 y marzo 30
de 1993, proferidas por los Juzgados 1o. Civil Municipal de Sincelejo y
Promiscuo del Circuito de Sincé, mediante las cuales se negó la tutela del derecho invocado por el
demandante.
SEGUNDO. Conceder la tutela de los derechos fundamentales al
debido proceso y libertad, vulnerado aquel y amenazado este por la Juez 3o.
Penal Municipal de Sincelejo, al imponer al peticionario la sanción de cinco días de arresto, mediante
resoluciones  114 y 115  de enero 8 y 29  de 1993.
TERCERO. Comunicar la presente decisión al Juzgado 1o. Civil
Municipal de Sincelejo para que se notifique a las partes, y adopte las medidas
necesarias a efecto de adecuar
su fallo a lo dispuesto por esta Corporación, según los términos del artículo
36 del decreto 2591 de 1991.
COPIESE, PUBLIQUESE, INSERTESE ENLA GACETA
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y CUMPLASE.
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado Ponente
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General