C-340-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-340/14
CONSTITUCION
DE PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE-Contenido y
alcance
PATRIMONIO
INEMBARGABLE-Desconocimiento
del principio de igualdad en materia de protección a la mujer
Una
ley del Congreso de la República viola el principio de igualdad y no
discriminación de las mujeres (arts. 13 y 43, CP) así como la protección de
toda familia, como núcleo fundamental de la sociedad (art. 42, CP), al expedir
una norma que radica la facultad de constituir un patrimonio inembargable de
familia únicamente en cabeza del ‘marido’, a pesar de que la norma es anterior
a la Constitución de 1991, (fue expedida en 1931) y, posteriormente, ha habido
un desarrollo normativo que establece la igualdad entre el hombre y la mujer en
el manejo y disposición de los bienes de la sociedad conyugal.
DEMANDA
DE INCONSTITUCIONALIDAD-Aplicación del principio pro actione
CONSTITUCION
DE PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE-Aplicación del
principio de igualdad y equidad de género
PRINCIPIO
DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION DE LAS MUJERES-Contenido
PROTECCION
DE LA FAMILIA-Núcleo fundamental de la sociedad
IGUALDAD
ENTRE HOMBRE Y MUJER EN MANEJO Y DISPOSICION DE BIENES DE LA
SOCIEDAD CONYUGAL-Desarrollo normativo
PATRIMONIO
DE FAMILIA-Jurisprudencia constitucional
PATRIMONIO
DE FAMILIA-Desarrollo normativo/PATRIMONIO DE
FAMILIA-Cuantía máxima del bien inmueble/PATRIMONIO DE FAMILIA-Límite
máximo en el valor del inmueble para su constitución voluntaria
La Corte
encuentra que en Colombia la regulación del patrimonio de familia y la cuantía
máxima del bien inmueble que puede ser objeto de dicha garantía ha sido
prolífica y variada. Por una parte, con relación al patrimonio de familia de
carácter voluntario o facultativo de propiedad plena de la
Ley 70 de 1931, reformado por la Ley 495 de 1999 que es objeto de estudio en
esta demanda, se establece que el bien inmueble no puede superar los 250
salarios mínimos legales vigentes. En cambio, cuando se trata del patrimonio de
familia voluntario de las viviendas de interés social construidas como mejoras
en predio ajeno que establece el parágrafo del artículo 5º de la ley 258 de
1996, las viviendas financiadas conforme a la
Ley 546 de 1999, y las viviendas de las madres o padres cabeza de familia que
se establecen la Ley 861 de 2003, no se establece monto límite alguno, es decir
que puede constituirse dicha garantía por el valor total del respectivo
inmueble.  ||  Por otra parte, cuando se trata de la constitución del
patrimonio de familia obligatorio, en el caso de la vivienda de interés social,
aunque el tope límite se eliminó con la reforma del artículo 60 de la
Ley 9 de 1989, hay que tener en cuenta que en el artículo 83 de la
Ley 1151 de 2007, del Plan Nacional de Desarrollo dispone que, “el valor
máximo de una vivienda de interés social será de ciento treinta y cinco salarios
mínimos legales mensuales vigentes (135 smlm)”, constituyéndose dicho valor en
el tope máximo del patrimonio de familia en este tipo de viviendas.
Referencia:
expediente D-9985
Actor:
Diego Alberto Pita Obando y Carlos Javier Palacios Sierra.
Demanda
de inconstitucionalidad contra el literal a) (parcial) del artículo 5° de la
Ley 70 de 1931 ‘Que autoriza la constitución de patrimonios de familia no
embargables’.
Magistrada
Ponente:
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C.,
cuatro (4) de junio de dos mil catorce (2014)
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067
de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la
acción pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos Diego Alberto Pita
Obando y Carlos Javier Palacios Sierra presentaron demanda contra el
literal a) (parcial) del artículo 5° de la
Ley 70 de 1931 ‘Que autoriza la constitución de patrimonios de familia no
embargables’ por considerar que vulnera los artículos 13, 42 y 43 de la
Constitución Política de Colombia, al establecer una trato discriminatorio en
contra de las mujeres y de los hombres no casados. Mediante auto del veintisiete
(27) de noviembre de dos mil trece (2013) se admitió la demanda de la
referencia y ordenó comunicar la iniciación del proceso a las siguientes
personas y entidades: al Instituto Colombiano de Derecho Procesal y a la
organización Woman’s Link Worldwide, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 13 del Decreto 2067 de 1991; así mismo, al Procurador General de la
Nación, como lo ordena el artículo 7° del Decreto 2067 de 1991. Por último, se
ordenó fijar en lista la norma acusada para efectos de la intervención
ciudadana, de conformidad con el inciso segundo del artículo 7 del Decreto 2067
de 1991.
Cumplidos
los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de
constitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la
demanda en referencia.
II.
NORMA DEMANDADA
El texto de
las disposiciones acusadas se transcribe a continuación; el apartado resaltado corresponde
a lo que se demanda del artículo 5° de la
Ley 70 de 1931:
LEY 70 DE 1931
(mayo 28)
Que autoriza la constitución de patrimonios de familia no embargables
Artículo 5o.– En beneficio de su propia familia o de personas
pertenecientes a ella, puede constituirse un patrimonio de esta clase:
a) Por el marido
sobre sus bienes propios o sobre los de la sociedad conyugal;
b) Por el marido y la mujer de
consuno, sobre los bienes propios de ésta, cuya administración corresponda al
primero, y
c) Por la mujer casada, sin
necesidad de autorización marital, sobre los bienes cuyo dominio y cuya
administración se hubiere reservado en las capitulaciones matrimoniales, o se
le hubieren donado o dejado en testamento en tales condiciones.”
III.
DEMANDA
Los
demandantes consideran inconstitucional la expresión ‘por el marido’,
contenida en el artículo 5° de la Ley 70 de 1931 –que autorizó la constitución
de patrimonios familiares, como un medio legal de protección a la familia–, por
violar el principio de igualdad (art. 13, CP), a propósito de la especial
protección constitucional que tiene toda familia, sin importar su origen (arts.
42 y 43, CP). A su juicio, la norma acusada establece una distinción
discriminatoria respecto de las mujeres dentro del vínculo matrimonial con
relación a la constitución del patrimonio de familia inembargable. La demanda
se sustenta en los siguientes argumentos,
1. Los
demandantes sostienen, en primer lugar, que la disposición cuestionada vulnera
el principio de igualdad (art. 13, CP) superior porque radica la posibilidad de
constituir el patrimonio de familia inembargable ‘únicamente en cabeza del
marido’, lo que implica desigualdad en las facultades que surgen para los
cónyuges pese a que éstas se justifican en una misma fuente, cual es el vínculo
matrimonial. Para la demanda de la referencia, la norma legal acusada establece
un trato diferente entre dos grupos de personas (hombres y mujeres), con
relación a un aspecto en el cual deberían recibir el mismo trato, esto es, con
relación a un aspecto respecto del cual son comparables.[1] Sostienen que
se presenta una violación al principio de igualdad ‘por establecerse en la
normatividad acusada un trato desigual entre sujetos fáctica y jurídicamente
iguales.’
Para
los demandantes, es claro que la norma en cuestión es una prueba de la
histórica discriminación a la cual han sido sometidas las mujeres,[2] la cual, bajo
el orden constitucional y legal vigente, no tiene cabida alguna. No obstante,
consideran que el pronunciamiento de la
Corte Constitucional es determinante, por cuanto la norma legal demandada
continúa vigente en el ordenamiento, aun cuando la
Ley 28 de 1932, ‘Sobre reformas civiles’ –que modificó el ‘régimen
patrimonial del matrimonio’– derogó la potestad marital, y el reciente Decreto
2817 de 2006[3]
reglamentó el derecho a la igualdad entre hombre y mujer, respecto de la
constitución del patrimonio de familia cuando se adelanta ante notario. Por
esta razón, estiman que dicha disposición genera una contradicción con el principio
de igualdad contemplado en el artículo 13 de la
Carta Política, y las demás normas legales y reglamentarias del ordenamiento,
que debe ser declarada expresamente por la
Corte.
2. Los
ciudadanos dicen que el aparte demandado también desconoce el artículo 42 de la
Constitución sobre los derechos y la protección especial que tiene la familia.
Consideran que “[…] el hecho de que la norma solo tenga en cuenta al marido
a la hora de constituir la figura del patrimonio inembargable sobre los bienes
de la sociedad conyugal, se configura en una razón para creer que existe en la
ley una disminución a la protección que debe tener la familia, protección que
se podría apreciar con una mayor amplitud, si la norma en comento no excluyese
a la mujer de poder constituir la figura del patrimonio sobre los bienes de la
sociedad conyugal.”
3. Por
último, los ciudadanos demandantes argumentan que la norma acusada quebranta el
artículo 43 de la Constitución Política, pues, a su parecer, la exclusión implica
una violación directa de la prohibición de discriminación de la mujer contenida
en el artículo constitucional. Al estar la facultad de constitución del
patrimonio inembargable “[…] solamente en cabeza del marido, resulta
contraria a la igualdad que existe entre el hombre y la mujer, igualdad que se
debe materializar en derechos y oportunidades para ambos sexos, tal y como lo
establece el artículo 43 de la
Constitución Política de Colombia.”
En
virtud de las anteriores razones, los ciudadanos solicitan la declaración de la
inexequibilidad del aparte acusado.
IV. INTERVINIENTES
Ministerio
de Justicia y del Derecho
1. El
Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante apoderada,[4] solicita a la
Corte Constitucional que declare la exequibilidad condicionada de la norma
demandada, entendiendo que ésta debe ser “[…] leída, interpretada y aplicada
de acuerdo con las modificaciones normativas del ordenamiento jurídico
colombiano en materia de administración de los bienes de la sociedad conyugal
dispuesta por la Ley 28 de 1932 y la igualdad de derechos entre hombres y
mujeres reconocida en el Estado colombiano a partir del Decreto 2820 de 1974”.[5]
2. Para
fundamentar esta posición, la intervención hace un recuento de la evolución
normativa sobre patrimonios de familia. Resalta que la
Ley 70 de 1931 fue reformada por la Ley 495 de 1999 y reglamentada por el
Decreto 2817 de 2006 en lo referido a la cuantía mínima necesaria, la
ampliación de la protección al compañero o compañera permanente y la
constitución del patrimonio inembargable mediante trámite notarial (constitución
voluntaria o facultativa).[6]
También se menciona que al expedirse el Decreto 2817 de 2006 se permite constituir
el patrimonio inembargable de familia por parte del padre, la madre, los dos o
un tercero mediante escritura pública. De forma similar, en la
Ley 861 de 2013, se faculta a la madre cabeza de familia, facultad que, de
acuerdo con la jurisprudencia constitucional, se entiende que también cobija a
los padres de familia.[7]
3. Sostener
que la norma excluye a la mujer de la facultad de constituir patrimonio
inembargable de familia, conlleva una interpretación que desconoce los cambios
normativos del ordenamiento jurídico colombiano. En ese sentido, indica el
Ministerio, hay que tener en cuenta textos jurídicos como la
Ley 28 de 1932 que deroga todas las normas que consagran la incapacidad civil
de la mujer y la necesidad de autorización marital o judicial para disponer
sobre los bienes de la sociedad y los bienes propios. Así, introduce un sistema
compartido de la administración de los bienes de la sociedad conyugal. Otro referente
jurídico relevante es el Decreto 2820 de 1974 que profundizó la igualdad
jurídica de hombres y mujeres en materia civil. Igualmente considera la
interviniente que se deben tener en cuenta los instrumentos internacionales
ratificados por Colombia como son la ‘Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer’ y la ‘Convención Internacional
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer’.[8]
Así
pues, aunque literalmente la norma acusada pareciera violar la
Constitución, a juicio del Ministerio debe ser declarada exequible, en tanto
es obligación de toda persona, leerla e interpretarla a la luz de la
Constitución Política, en especial del principio de igualdad (art. 13).
V.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El
Procurador General de la Nación solicita a la
Corte Constitucional que declare la exequibilidad de la norma demandada “bajo
el entendido de que la facultad que allí se concede al marido sobre los bienes
de la sociedad, también le corresponda a la mujer”.
Para
esa Jefatura se encuentra que la facultad de constituir un patrimonio de
familia inembargable sobre los bienes de la sociedad conyugal que se otorga
expresamente al marido, no se otorga a la mujer. Si bien se destaca que la
norma fue expedida con miras a proteger a los cónyuges o a sus hijos, la
omisión del legislador que reprocha el actor contraría la intención del
constituyente de poner en un plano de igualdad al hombre y la mujer que
contraen matrimonio. En palabras del Procurador:
“Conceder
exclusivamente al marido la facultad para constituir patrimonio de familia
sobre los bienes que pertenecen a la sociedad conyugal, priva injustificada e
indebidamente a la mujer para perseguir y lograr, en beneficio suyo, de la
pareja y de sus hijos, ese mismo propósito loable que es la razón del
patrimonio de familia inembargable, cual es la protección de la familia”.
En
ese sentido considera que el legislador incurrió en una omisión relativa pues
debía otorgar también a la mujer casada, la facultad de constituir patrimonio
inembargable de familia sobre los bienes de la sociedad.
VI.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1.
Competencia
De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 5º, de la
Constitución Política, la
Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente
sobre las demandas de inconstitucionalidad contra normas de rango legal, como
las acusadas.
La
demanda de la referencia presenta cargos que cumplen con los requisitos para
ser estudiados en sede de control abstracto, como fue resuelto en el auto
admisorio de la demanda.[9] Se
trata de una norma expedida hace más de ochenta años que no ha sido derogada
formalmente y que se sigue aplicando (de hecho, como se mostrará
posteriormente, la Ley 70 de 1931 fue recientemente reformada mediante la
Ley 495 de 1999). Los intervinientes coinciden con la demanda en este aspecto,
por lo que solicitan la declaratoria de exequibilidad condicionada de la norma,
luego de establecer que ésta está vigente y que de ella depende, aún hoy en
día, la facultad de constituir el patrimonio de familia.
En
cualquier caso, el juez constitucional está llamado a ser deferente con la presente
demanda, en virtud del principio pro actione, teniendo en cuenta, entre
otros aspectos, que ésta reclama la defensa del principio de igualdad frente a una
ley que  (i) se funda en un criterio sospechoso de discriminación –la
categoría sexo– (art. 13, CP) y  (ii) impacta la igualdad de trato con
relación a la ‘igualdad de derechos y deberes de la pareja’ [arts. 42 y
43, CP].
La
especial protección de los derechos a la igualdad de las mujeres bajo el orden
constitucional vigente, en un ámbito expresamente protegido, como lo es el
contexto familiar, debe llevar al juez constitucional a tener en cuenta el
principio pro actione y garantizar, en tanto sea posible, el goce efectivo
del derecho de acceso a la justicia. Independientemente de cual sea el
resultado del análisis de la norma que haya sido acusada de
inconstitucionalidad, los derechos fundamentales implican para los jueces la
obligación de remover, y por supuesto no establecer, obstáculos y barreras
irrazonables al acceso a la justicia, en pro de la defensa de la igualdad de
las mujeres y de la superación de las discriminaciones estructurales a las
cuales estos grupos de la sociedad han sido objeto, en mayor o menor grado, en
diversos ámbitos de la vida pública, social, privada e íntima. La
Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra
de la Mujer, incorporada al ordenamiento interno mediante la
Ley 51 de 1981,[10]
implica, entre otras obligaciones, ‘garantizar por conducto de los
tribunales nacionales o competentes y de otras instrucciones públicas, la
protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación’
[art. 2, lit. c, CEDAW[11]].
2.
Problema jurídico
La
demanda de la referencia plantea a juicio de esta Sala el siguiente problema
jurídico:  ¿Una ley del Congreso de la
República viola el principio de igualdad y no discriminación de las mujeres
(arts. 13 y 43, CP) así como la protección de toda familia, como núcleo
fundamental de la sociedad (art. 42, CP), al expedir una norma que radica la
facultad de constituir un patrimonio inembargable de familia únicamente en
cabeza del ‘marido’, pese a que la norma es anterior a la
Constitución de 1991 (fue expedida en 1931) y, posteriormente, ha habido un
desarrollo normativo que establece la igualdad entre el hombre y la mujer en el
manejo y disposición de los bienes de la sociedad conyugal?
Según
la demanda de la referencia la respuesta a este interrogante debe ser
afirmativa y, por ello, se debe declarar la inexequibilidad de la disposición.
El Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio Público consideran que
la respuesta debe ser afirmativa, pero en la medida en que se trata de una
norma que aún sigue teniendo vigencia y aplicación en el ordenamiento jurídico,
consideran que la solución no es declarar la inexequibilidad de la norma, sino
establecer que sí es constitucional, pero bajo la condición de que se
interprete de acuerdo al principio de igualdad entre el hombre y la mujer. En
otras palabras, todas las personas que participan en el proceso coinciden en
señalar que la norma acusada parcialmente, de forma clara y manifiesta,
contradice el orden constitucional vigente. La diferencia radica, por tanto, en
la solución propuesta.
Para
analizar el problema jurídico planteado la
Corte  (i) analizará la norma en cuestión, hará una breve alusión a su origen
y delimitará su alcance;  (ii) posteriormente evaluará la violación al
principio de igualdad, para, finalmente,  (iii) establecer cuál debe ser la
decisión adoptar en el presente caso.
3. El
aparte del artículo 5° de la Ley 70 de 1931 sobre patrimonio inembargable
desconoce el principio de igualdad, en materia de protección a la mujer
Como
lo afirma la demanda y los intervinientes, la
Sala Plena considera que la norma acusada, en su tenor literal, viola
abiertamente el principio de igualdad. Como se mostrará a continuación, se
trata de una norma que si bien surgió en su época como un avance jurídico en la
protección de la familia, con el paso de los años perdió parte de su carácter
y, ahora, se ha convertido en un motivo de discriminación para las mujeres.
3.1. La
facultad de constituir un patrimonio de familia, un avance de la legislación
civil
3.1.1. La norma
acusada en el presente proceso apareció en un contexto en el que los derechos
de la mujer habían sido fuertemente restringidos, tanto por la adopción de la
Constitución de 1886, como por la puesta en vigencia del Código Civil en todo
el territorio nacional mediante la Ley 57 de 1887. Se estableció un régimen de
incapacidad civil relativa para las mujeres casadas según el cual estaban
viciados de nulidad la mayor parte de los actos judiciales y extrajudiciales
desarrollados por éstas sin la representación del marido. Tal limitación
llegaba al punto de impedir a las mujeres la representación legal de sus
propios hijos. Esta lógica se mantuvo durante los primeros años del siglo XX y
era justificada en la creencia de que era necesaria la existencia de un jefe
varón que pudiera dirigir de manera eficaz la realización de los fines del
matrimonio y que fuera el más apto para proporcionar la protección de la
familia. En este contexto la incapacidad de la mujer dependía del deber de
obediencia pues se consideraba al varón el consejero y protector natural de la
mujer.[12]
3.1.2. Muchas
normas vigentes en la época preveían un conjunto de derechos del marido sobre
su cónyuge que se denominaba la potestad marital, extendida incluso a la
administración y disposición de los bienes de la mujer. Esta figura, inspirada
en el derecho romano, sujetaba a la mujer a la autoridad del marido de la misma
forma que un hijo era sometido al padre en virtud de la patria potestad, y se
justificaba indirectamente en la preponderancia del hombre en el ejercicio de
la patria potestad y en la gestión económica de los bienes comunes. En tal
medida, el marido actuaba frente a terceros como un verdadero dueño de los
bienes. Tenía la posibilidad de disponer en alto grado sobre los bienes propios
de la mujer, quien carecía de la capacidad de celebrar contratos sin
autorización del marido, al punto que si éste no quería o no podía otorgar la
autorización, el Juez tenía la potestad de hacerlo.
3.1.3.
En 1931, mientras el Congreso de la
República discutía proyectos de ley orientados a ampliar el reconocimiento de
los derechos a las mujeres en Colombia –como una forma de ponerse al tono con
los avances que habían tenido en la materia varias naciones democráticas del
mundo, desde finales del siglo XIX–, se tramitó un proyecto de ley que
introdujo la figura del patrimonio de familia no embargable. La exposición de
motivos de la Ley 28 de 1932, que reivindicó los derechos y la independencia
económica de las mujeres, presentó los debates de la época en los siguientes
términos,
“Al mensaje que el Excelentísimo
señor Presidente de la República, doctor Enrique Olaya Herrera, dirigió a las
honorables Cámaras Legislativas en 1931, pertenece el siguiente concepto:
‘Nuestro estatuto civil merece
ser revisado en todo lo referente a la situación jurídica de la mujer casada,
especialmente en cuanto toca con su estado patrimonial.  ||  Es
aberrante la inferioridad artificial en que nuestras instituciones colocan a la
mujer, que siendo plenamente capaz antes de su matrimonio, deja de serlo apenas
se casa. || Al último Congreso presentó el Ministro de Gobierno un
proyecto de ley, acompañado de un mensaje del Poder Ejecutivo, encaminado a
facilitar la separación voluntaria de bienes y el otorgamiento de
capitulaciones matrimoniales después del matrimonio; medidas que, resguardando
los derechos de terceros, están respaldadas por la justicia, la equidad, las
conveniencias sociales y las normas de los códigos más modernos y sabios, como
el alemán y el suizo’.
El proyecto a que se hace
referencia en el pasaje transcrito no llegó a ser discutido a fondo en la
legislatura de 1930, y aunque en 1931 el asunto ocupó durante algún tiempo la
atención de los honorables Senadores y Representantes, y se llevaron al debate
varios proyectos de ley sobre los mismo, ninguno logró convertirse en ley; pero
el Gobierno ha seguido preocupándose por enaltecer la personería civil de la
mujer casada, colocándola en el plano elevado a que por su inteligencia y por
la cultura que ha alcanzado está llamada a ocupar.
[…]”.[13]
3.1.4. Durante los
debates se tuvo en cuenta, entre otras legislaciones sobre derechos de las
mujeres las siguientes:  Inglaterra (1882, 1893 y 1920), Estados Unidos de
América (en muchos de los estados de la unión), Alemania (Código de 1900),
Suiza (Código 1907), Holanda (Ley de 1907), Brasil (Código de 1916, 1919),
Italia (Ley de 1919), Suecia (Ley de 1920), Islandia (Ley de 1923), Turquía
(Código de 1926), Noruega (Ley de 1927), Dinamarca (Ley de 1929). Los debates
de la época reclamaban que el país se pusiera a tono con la defensa de los
derechos de la mujer. Expresamente se dijo al respecto,
“Si a la reseña precedente se
añaden las modernas instituciones citadas al principio, de países como Suecia,
Islandia, Noruega, Dinamarca y Finlandia, cuyas leyes tienen mucha analogía con
las húngaras, se comprenderá cómo no es posible que Colombia se sustraiga al
movimiento contemporáneo, que persigue la emancipación económica de la mujer y
el reconocimiento de su capacidad civil, sin que esto haya ocasionado en ninguna
parte del mundo los trastornos que aquí se han temido y que no podrían
producirse sino en el supuesto inadmisible de que las mujeres colombianas
fueran inferiores intelectual y moralmente a las de todos los países de la
tierra en donde se les han otorgado aquellos derechos. La sola enunciación de
semejante hipótesis patentiza su inexactitud y la carencia de razones de
positivo mérito para oponerse a la reforma”.[14]
3.1.5. Es dentro
del contexto de estas discusiones que el 28 de mayo se
expidió la Ley 70 de 1931, ‘que autoriza la constitución de patrimonios de
familia inembargables’.[15]
La Ley introduce dos conceptos fundamentales: ‘constituyente’, para
denominar la persona que establece el patrimonio, y ‘beneficiario’, para
nombrar a la persona a cuyo favor se constituye, advirtiendo que ‘en la
constitución de un patrimonio de familia pueden concurrir varios constituyentes
y varios beneficiarios’ (art. 2). El artículo 4° se ocupa de establecer
quiénes pueden ser los beneficiarios[16]
y el 5°, objeto de la presente demanda, quiénes pueden constituirlo. El texto en su
versión original, que no ha sido derogado formalmente, dice lo siguiente,
“Artículo 5o.– En beneficio
de su propia familia o de personas pertenecientes a ella, puede constituirse un
patrimonio de esta clase:
a) Por el marido
sobre sus bienes propios o sobre los de la sociedad conyugal;
b) Por el marido y la mujer de
consuno, sobre los bienes propios de ésta, cuya administración corresponda al
primero, y
c) Por la mujer casada, sin
necesidad de autorización marital, sobre los bienes cuyo dominio y cuya
administración se hubiere reservado en las capitulaciones matrimoniales, o se
le hubieren donado o dejado en testamento en tales condiciones.”
Las expresiones
acusadas por la demanda de la referencia (‘por el marido’), implican que
la norma deja por fuera a la cónyuge de la posibilidad de participar en un
plano de igualdad en este acto de administración sobre los bienes de la
sociedad conyugal, que se realiza en aras de la protección de la familia. Así,
el marido según la norma constituye el patrimonio  (i) sobre los bienes
propios, (ii) sobre los de la sociedad conyugal y  (iii) sobre los de la mujer,
cuya administración corresponda al marido, de común acuerdo con ella.  La
esposa, por su parte, podía constituir el patrimonio “sin necesidad de
autorización marital”, únicamente sobre bienes cuyo dominio y
administración “se hubiere reservado en las capitulaciones matrimoniales, o
se le hubieren donado o dejado en testamento en tales condiciones.” La
norma acusada, por tanto, si bien refleja la discriminación a la que la mujer
fue sometida, muestra también esos años en los que se comenzaba a luchar
legalmente por materializar el principio de igualdad y respetar la dignidad y
autonomía de las mujeres. Es así como los literales (b) y (c) aseguran, al
menos, espacios de autonomía para la decisión de la mujer.
3.1.6. No obstante
la Ley 28 de 1932 transformó el panorama al derogar la potestad marital y la
incapacidad relativa de la mujer en asuntos civiles.[17] A partir de
1933 la mujer no necesitaba la autorización marital para celebrar contratos y
realizar otros actos civiles, y el esquema de la administración de los bienes
de la sociedad conyugal se transformó a un régimen de manejo compartido, en el
que el hombre y la mujer tienen los mismos derechos y deberes. Esto sería
reforzado por normas posteriores como el Decreto 2820 de 1975 y, por supuesto, la
Constitución de 1991, así como los pactos de derechos humanos suscritos por
Colombia. Visto el texto de la norma acusada, en su sentido literal, la norma
claramente es inconstitucional.
De
hecho, aunque los literales (b) y (c) de la norma no son objeto del presente
proceso, es preciso que la Corte resalte el hecho de que tales normas sí se
deben entender excluidas del ordenamiento, en cuanto suponían el régimen de
incapacidad de la mujer y, por tanto, se deben fueron derogadas por la
Ley 28 de 1932.[18]
3.2. Análisis
de la violación al derecho a la igualdad
3.2.1. Como
se dijo, la demanda de la referencia considera que la expresión “el marido”
contenida en el artículo 5 de la Ley 70 de 1931 –una norma que no está
formalmente derogada– viola el principio de igualdad (art. 13, CP) en tanto
otorga a éste la facultad de constituir un patrimonio de familia inembargable
sobre los bienes de la sociedad conyugal, en el contexto de la protección
constitucional a toda familia como núcleo esencial de la sociedad (arts. 42 y
43, CP). Siguiendo esto, y teniendo en cuenta que la igualdad es un concepto
relacional, la expresión señalada estaría estableciendo un trato diferente a la
mujer casada con respecto del hombre casado, en el cual la mujer sería el
sujeto afectado por la discriminación, pues se le estaría quitando la
posibilidad de constituir un patrimonio de familia inembargable sobre los
bienes de la sociedad conyugal al no mencionarla en la disposición.
3.2.2. Como se
dijo, los grupos que compara la demanda son el de los hombres casados, por una
parte, y el de las mujeres en la misma condición, por otra. El aspecto sobre el
cual se les da un trato diferente es sobre la posibilidad de constituir un
patrimonio de familia, el cual se permite al primero de los grupos, el de los
hombres casados, pero no así al segundo, al de las mujeres casadas. Y el
criterio con base en el cual se hace el trato diferente es el sexo, el ser
mujer o el ser hombre. El análisis de igualdad, por tanto, debe definir si el
criterio con base en el cual se fijó un trato diferente entre los dos grupos en
cuestión, con respecto a la facultad mencionada, es razonable
constitucionalmente.
3.2.3. Antes de
entrar a considerar en detalle la regla legal acusada, la
Sala precisa que la demanda debe ser sometida a un juicio estricto de
constitucionalidad, por varias razones. Primero, se trata de una norma anterior
a la Constitución de 1991, que fue expedida sin considerar el orden
constitucional vigente en la actualidad. De un texto que pretendía desarrollar
un orden de valores, de principios y de derechos diferentes.  Segundo, la regla
legal acusada se funda en dos criterios sospechosos de discriminación, a saber,
el sexo y el origen familiar. En tal medida, el juez constitucional está
llamado a hacer un control riguroso y evitar que se mantengan discriminaciones
e injusticias en contra de las mujeres en el ordenamiento legal.  Por tanto, el
trato diferente impuesto por la norma acusada se considerará irrazonable si no
propende por un fin imperioso, mediante un medio no prohibido que sea necesario
para cumplir dicho fin.
3.2.4. El fin de
la norma acusada es introducir la figura del patrimonio de familia, con el
propósito de evitar que ante una quiebra, todas las personas que pertenecieran
a un mismo núcleo familiar se vean afectadas, con el consecuente problema
social que esto representaría. Es decir, se trata de una medida que busca
proteger a la familia.  Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de sólo permitir al
hombre casado constituir el patrimonio de familia con los bienes de la sociedad
conyugal? Para la Sala el propósito de este trato diferente no era otro al de
ajustar la reglamentación de constitución de este patrimonio con las reglas
jurídicas sobre administración de los bienes de la sociedad conyugal, vigentes
para aquel momento. Esta finalidad, puede tenerse como imperiosa, por cuanto
busca ajustar las reglas fijadas al ordenamiento jurídico existente para hacer
viable y efectiva la figura del patrimonio de familia, y con ello, garantizar
la protección a la familia.
3.2.5. No
obstante, así se tenga por imperiosa la finalidad buscada (ajustarse al régimen
de administración de la sociedad conyugal, para hacer efectiva la medida de
patrimonio de familia), la medida de protección a la familia, bajo el orden
constitucional vigente, ha devenido claramente inconstitucional. Establecer diferencias
de trato entre el hombre y la mujer, en el contexto de las relaciones
familiares y en su dirección, es una herramienta jurídica prohibida por la
Constitución de 1991, de forma expresa y manifiesta al señalar que ‘las
relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la
pareja’ (art. 42, CP). Más aún si se trata de una figura como el patrimonio
de familia, que tiene estatus constitucional desde 1936 y lo conserva en la
Constitución de 1991.
3.2.6. Finalmente,
es claro que la regla legal en cuestión ya no es un medio idóneo para alcanzar
el fin propuesto. En primer lugar, el propósito de acoplarse a las reglas
existentes sobre propiedad y administración de los bienes por parte de los
esposos es un fin que ya no se consigue introduciendo un trato diferente entre
hombre y mujer. Si bien cuando la norma fue establecida la diferencia de trato
en los sexos sí permitía que ésta se acoplara al resto del ordenamiento
jurídico, que funcionaba de la misma manera, en la actualidad es al contrario.
La diferencia de trato entre sexos, aleja la norma del resto del ordenamiento
jurídico y, en especial, de las reglas de administración de los bienes por
parte de los miembros de una pareja.
3.2.7.  Puede
entonces concluirse que la norma legal acusada, tal cual como es de acuerdo con
su tenor literal, vulnera abiertamente el derecho a la igualdad, por cuanto
busca un fin que puede ser imperioso constitucionalmente, pero por un medio que
está prohibido bajo el orden constitucional vigente (establecer un trato
diferente entre la mujer y el hombre, en relación a la administración de bienes
familiares). Adicionalmente, es un medio que no logra el fin propuesto porque,
como se anotó, las reglas de administración de los bienes de la sociedad
conyugal ya no recaen sobre el hombre, como ocurría en aquella época.
3.2.8. De hecho,
como lo señala la demanda, la violación del principio de igualdad no sólo se da
con relación al hombre y la mujer casados. En la medida que en aquellos años en
que se expidió la norma, la única forma de familia amparada jurídicamente era
el matrimonio, el efecto discriminatorio de la norma se extiende al compañero y
la compañera permanente. Así, cuando fue expedida se ajustaba al parámetro que
por entonces se había establecido que las familias casadas eran las familias
objeto de protección, pero en la actualidad, la medida deja de ser protectora
de la familia, para abrigar sólo una parte de las familias. Claramente, bajo el
orden constitucional y legal vigente, la competencia de constituir un
patrimonio de familia no sólo no puede introducir tratos discriminatorios entre
los miembros de la pareja sino que, además, no puede introducir tratos
discriminatorios entre los tipos de familia, en razón a si éstas se conformaron
o no mediante un matrimonio. Desde esta perspectiva, se puede decir que la
norma discrimina a todas las mujeres y a aquellos hombres que conformen una
familia que no esté constituida mediante matrimonio.
3.2.9.
Por tanto, si se tiene en cuenta el tenor literal de la regla acusada mediante
la demanda de la referencia, es evidente que se trata de una norma que
contraría abiertamente el principio de igualdad, tanto por establecer una
discriminación en razón al sexo, como por establecer una discriminación en
razón al tipo de familia de que se trate. En tal medida, debería la
Corte, en principio, resolver la inexequibilidad de los apartes acusados, tal
como se le reclama en este proceso por parte de la demanda.
3.2.10.
Sin embargo, como lo señalan los intervinientes, con posterioridad a la
Ley 70 de 1931 la figura del patrimonio de familia se ha visto afectada por
las reformas introducidas tanto al régimen patrimonial de una sociedad
conyugal, como las relativas al concepto de familia, al principio de igualdad
y, por supuesto, a la figura misma del patrimonio de familia inembargable
mediante la reciente Ley 495 de 1999, sin embargo el literal a) acusado
parcialmente no ha sufrido ninguna modificación.
El
argumento presentado por los intervinientes en tal sentido, busca señalar que
hoy por hoy el texto no puede ser leído literalmente. Es imperioso para toda
persona, interpretar la norma de forma tal que se respete el derecho a la
igualdad de las mujeres, por una parte, y el derecho a la igualdad de toda
familia no conformada mediante un matrimonio. De esta forma, se alegaría que si
bien el aparte del literal objeto de la demanda, leído parcialmente, es
contrario a la Constitución, si es interpretado a la luz de la
Carta Política y del resto del ordenamiento civil y de familia, deja de
contrariar tales principios y derechos. Pasa la
Sala a analizar esa cuestión.
3.3. El
sentido actual del patrimonio de familia
3.3.1.
A través de la Ley 495 de 1999, por medio de la cual se modifica el artículo
3º, 4º (literal A y B) 8º y 9º de la Ley 70 de 1931 y se dictan otras
disposiciones afines sobre constitución voluntaria de patrimonio de familia,
se actualizó la institución. Se introdujo modificaciones en cuanto a las
familias que podían ser beneficiarias de la institución, incluyendo aquellas
familias con hijos y aquellas sin hijos, así como aquellas familias casadas y
aquellas que no lo están. Además, se actualizó el monto hasta el cual podía
llegar un patrimonio de familia (de 10.000 pesos, que se estableció en 1931, se
pasó a 250 salarios mínimos mensuales vigentes, art. 9° de la
Ley 70 de 1931, de acuerdo con la modificación de la
Ley 495 de 1999).
3.3.2.
La jurisprudencia constitucional en el pasado abordó esta cuestión, con ocasión
de una demanda presentada, justamente, contra el nuevo monto máximo de un
patrimonio de familia inembargable. Se alegó que era discriminatorio, puesto
que aquellas familias cuyas casas costaran menos de 250 salarios mínimos mensuales
vigentes recibían una protección plena, en tanto que aquellas con casas de
mayor valor, no podía proteger toda su vivienda. La
Corte Constitucional decidió rechazar el argumento, por considerar que en esta
ocasión no existía una diferencia de trato que implicara una violación al
principio de igualdad.[19]
En aquella oportunidad la Corte analizó la institución, presentado algunos de
sus orígenes en otras legislaciones y señalando cuál es el sentido y el alcance
de la figura, bajo el orden constitucional y legal vigente. Dijo la
Corte,
“2.2 La regulación del Patrimonio de Familia en
Colombia de manera voluntaria o facultativa y por ministerio de la ley
[…] En primer lugar,
se debe tener en cuenta que la figura del patrimonio de familia de la
Ley 70 de 1931 fue reformado por la Ley 495 de 1999 y por el Decreto 2817 de
2006, en lo que tiene que ver con la cuantía mínima necesaria, la ampliación de
la protección al compañero o compañera permanente y la posibilidad la
constitución del patrimonio mediante trámite notarial. Esta primera modalidad
de patrimonio se puede denominar constitución como voluntaria o facultativa
de propiedad plena.
Por otra parte, hay
que tener en cuenta que el patrimonio de familia también ha sido regulado de
manera voluntaria o facultativa en la
Ley 861 de 2003, en lo que se refiere a la madre y al padre cabeza de familia,
y, en el artículo 22 de la Ley 546 de 1999, cuando se trata de la vivienda
adquirida mediante el sistema de financiación y ahorro que se consagra en dicha
ley cuando todavía se tenga una deuda para adquirir la propiedad plena del
bien.
Por último, hay que
tener en cuenta que la figura del patrimonio de familia, se consagra por
ministerio de la ley, cuando se trata de vivienda de interés social
(VIS), salvaguardia que ha sido regulada mediante las Leyes 91 de 1936, 9ª de
1989 y 3ª de 1989. En los siguientes apartados, la
Corte analizará dichas regulaciones de manera comparada haciendo énfasis en lo
que tiene que ver con el monto máximo del bien inmueble que se establece en las
leyes para poder constituirlo.
[…]  La Ley 70 fue aprobada definitivamente el 28 de
mayo de 1931. Dicha normatividad autoriza la constitución a favor de toda la
familia, de un patrimonio especial, con la calidad de no embargable, y bajo la
denominación de patrimonio de familia (art. 1º).  ||  Sin embargo, el uso de
esta figura había quedado sin efectividad desde hace varias décadas, en
especial por la falta de actualización del monto que se establecía en 1931 y
que disponía que: “El patrimonio de familia no puede constituirse sino sobre
el dominio pleno de un inmueble que no se posea con otra persona proindiviso,
ni esté gravado con hipoteca, censo o anticresis, y cuyo valor en el momento de
la constitución no sea mayor de diez mil pesos ($10.000)” (artículo 3º).
Igualmente, el
artículo cuarto de la Ley 70 de 1931 establecía que el patrimonio de familia
podía constituirse a favor: a) De una familia compuesta de marido y mujer y sus
hijos menores de edad, y b) De una familia compuesta únicamente de marido y
mujer. Esta legislación desconocía los derechos de las uniones de hecho que no
podían proteger su vivienda familiar mediante la figura del patrimonio de
familia.
[…] Hay que destacar,
que con la reforma constitucional de 1936 se estableció directamente en la
Constitución la posibilidad de constituir patrimonio de familia inembargable
haciendo una remisión directa en su
regulación al legislador.
Dicha posibilidad se consagró en el artículo 18 del Acto Legislativo N° 1° de
1936 que dijo que “Las leyes determinarán lo relativo al estado civil de las
personas, y los consiguientes derechos y deberes. Asimismo, podrán establecer
el patrimonio familiar inalienable e inembargable”[20]. Con la
promulgación de la Constitución de 1991 nuevamente se consagró a nivel
constitucional la figura del patrimonio de familia, al establecerse en el
inciso tercero del artículo 42 que “la ley podrá
determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable”.[21]
[…] Siguiendo con la
Ley 70 de 1931, hay que subrayar que ésta no sufrió modificaciones sino hasta la
Ley 495 de 1999, objeto de la demanda[22],
y que lo que se ha presentado hasta la fecha son regulaciones paralelas que
establecen la constitución del patrimonio de familia obligatorio o voluntario
en circunstancias específicas como en los casos de la vivienda de interés
social, la vivienda financiada mediante los mecanismos consagrados en la
Ley 546 de 1999 y en los casos de la vivienda de la madre o padre cabeza de
familia de la Ley 861 de 2003. ||  […] en el artículo 2º de la
Ley 495 de 1999, consagra que el patrimonio de familia se puede constituir a
favor: a) De una familia compuesta por un hombre y una mujer mediante
matrimonio, o por compañero o compañera permanente y los hijos de estos y
aquellos menores de edad, y  b) a favor de una familia compuesta únicamente por
un hombre o mujer mediante matrimonio, o por compañero o compañera permanente.
De tal manera, se amplió la posibilidad de constituir patrimonio de familia a
las parejas que conforman una unión de hecho.
[…] Hay que anotar
que con la expedición del Decreto 2817 de 2006 el trámite para la constitución
del patrimonio de familia se facilita, ya que se da la posibilidad de que éste
se pueda constituir por el padre, la madre, los dos o un tercero mediante
escritura pública ante notario (art. 1). El Decreto establece como requisito
para la constitución “que su valor
catastral no sea superior a 250 salarios mínimos mensuales vigentes”[23].
[…] Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la
Ley 861 de 2003 dio la posibilidad a las madres cabeza de familia y al padre
cabeza de familia – esta última posibilidad con la  sentencia C-722 de 2004[24]
– de constituir patrimonio de familia de manera voluntaria o facultativa sobre
el único bien inmueble urbano o rural del cual sean propietarios[25].
Dicho bien se constituye en patrimonio de familia inembargable a favor de sus
hijos menores existentes y de los que estén por nacer (art. 1°).  ||  Según el
artículo 2º de la Ley 861 de 2003, la constitución del patrimonio de familia en
el caso de la madre o el padre cabeza de familia se hará ante la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la jurisdicción donde se
encuentre ubicado el inmueble. […]
[…] También hay que subrayar que el patrimonio de familia se puede constituir de manera voluntaria
o facultativa sobre las viviendas de interés social construidas como mejoras en
predio ajeno. El parágrafo del artículo 5º de la
Ley 258 de 1996, sobre afectación de vivienda, establece que: “Las viviendas de interés social construidas como mejoras en predio ajeno
podrán registrarse como tales en el Folio de Matrícula Inmobiliaria del
inmueble respectivo y sobre ellas constituirse afectación a vivienda familiar o
patrimonio de familia inembargable sin desconocimiento de los derechos del
dueño” (negrilla fuera del texto).
[…] En conclusión, la
Corte encuentra que en Colombia la regulación del patrimonio de familia y la
cuantía máxima del bien inmueble que puede ser objeto de dicha garantía ha sido
prolífica y variada. Por una parte, con relación al patrimonio de familia de
carácter voluntario o facultativo de propiedad plena de la
Ley 70 de 1931, reformado por la Ley 495 de 1999 que es objeto de estudio en
esta demanda, se establece que el bien inmueble no puede superar los 250
salarios mínimos legales vigentes. En cambio, cuando se trata del patrimonio de
familia voluntario de las viviendas de interés social construidas como mejoras
en predio ajeno que establece el parágrafo del artículo 5º de la ley 258 de
1996, las viviendas financiadas conforme a la
Ley 546 de 1999, y las viviendas de las madres o padres cabeza de familia que
se establecen la Ley 861 de 2003, no se establece monto límite alguno, es decir
que puede constituirse dicha garantía por el valor total del respectivo
inmueble.  ||  Por otra parte, cuando se trata de la constitución del
patrimonio de familia obligatorio, en el caso de la vivienda de interés social,
aunque el tope límite se eliminó con la reforma del artículo 60 de la
Ley 9 de 1989, hay que tener en cuenta que en el artículo 83 de la
Ley 1151 de 2007, del Plan Nacional de Desarrollo dispone que, “el valor
máximo de una vivienda de interés social será de ciento treinta y cinco
salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 smlm)”, constituyéndose
dicho valor en el tope máximo del patrimonio de familia en este tipo de
viviendas.”[26]
3.3.3.
Para la Corte es claro entonces, que la regulación sobre el patrimonio de
familia ha avanzado a lo largo de estos años. La legislación ha sido modificada
tanto para incluir las diferentes formas de familia que pueden ser constituidas,
como para incluir la protección a la mujer, bien sea en calidad de esposa o de
compañera.[27]
En tal medida, es evidente que bajo el orden constitucional vigente el literal
a) del artículo 5° de la Ley 70 de 1931 no puede ser interpretado ni aplicado
literalmente.
3.4. Decisión
a tomar
En el
presente caso la Sala está ante una norma que en su tenor literal es claramente
violatoria de los principios de igualdad y de equidad de género, y que, en
consecuencia, debe ser interpretada de tal suerte que sea aplicada de acuerdo
al orden constitucional vigente, sin incurrir en discriminación alguna. Ahora
bien, teniendo en cuenta que la norma acusada (i) forma parte de una Ley
vigente, que sigue siendo en la actualidad la que rige la figura del patrimonio
de familia;  (ii) se ocupa de un aspecto determinante del ejercicio y la aplicación
de dicha figura (la capacidad para constituir el patrimonio de familia);  (iii)
cuyo texto sigue sin ser modificado desde 1931,
a pesar de que se dio una reforma legal a través de la
Ley 495 de 1999, y (iv) el especial deber de protección que se debe a las
mujeres en materia de igualdad.
En
materia de protección de igualdad de las mujeres, Colombia, como cualquier otro
estado parte, tiene entre muchas otras la obligación de adoptar todas las
medidas necesarias para modificar ‘los patrones socioculturales
de conducta de hombres y mujeres’, con el fin de eliminar ‘los
prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole’,
que se funden ‘en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de
los sexos’ o ‘en funciones estereotipadas de hombres y mujeres’ [art.
5, lit. a, CEDAW].
Por
tanto, la Sala de acuerdo a los cargos analizados, declara la exequibilidad de
la expresión demandada del literal a) del artículo 5° de la
Ley 70 de 1931, bajo el entendido de que la facultad allí contemplada debe ser
interpretada a la luz del orden constitucional vigente, en especial de los
principios de igualdad y equidad de género.
4.
Conclusión
Una
ley del Congreso de la República viola el principio de igualdad y no
discriminación de las mujeres (arts. 13 y 43, CP) así como la protección de
toda familia, como núcleo fundamental de la sociedad (art. 42, CP), al expedir
una norma que radica la facultad de constituir un patrimonio inembargable de
familia únicamente en cabeza del ‘marido’, a pesar de que la norma es anterior
a la Constitución de 1991, (fue expedida en 1931) y, posteriormente, ha habido
un desarrollo normativo que establece la igualdad entre el hombre y la mujer en
el manejo y disposición de los bienes de la sociedad conyugal.
VII.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declarar
EXEQUIBLE la
expresión ‘Por el marido’ contenida en el literal (a) del
artículo 5° de la Ley 70 de 1931, en el entendido de que la facultad que allí
se concede al marido sobre los bienes de la sociedad, también le corresponda a
la mujer.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Presidente
Con salvamento de voto
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Con aclaración de voto
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con aclaración de voto
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Ausente en comisión
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
A LA SENTENCIA C-340/14
CONSTITUCION
DE PATRIMONIO DE FAMILIA NO EMBARGABLE-Se predica a todas
las modalidades de vínculo familiar, entre ellas las parejas del mismo sexo que
conforman unión marital de hecho o unión formalizada a través de contrato
solemne (Salvamento de voto)
REGULACION
DE LAS RELACIONES PATRIMONIALES Y DE FAMILIA ENTRE PAREJAS DEL MISMO SEXO-Premisas
dadas por la jurisprudencia constitucional (Salvamento de voto)
Con el respeto acostumbrado hacia las decisiones de la
Corte, salvo mi voto en la sentencia C-340 del 17 de junio de 2014 (M.P. María
Victoria Calle Correa), fallo en el que la Corte decidió declarar exequible la
expresión "Por el marido" contenida en el literal a) del
artículo 5o de la Ley 70 de 1931, en el entendido de que la facultad
que allí se concede al marido sobre los bienes de la sociedad, también le
corresponda a la mujer.
1.
Advierto
que esta decisión de exequibilidad condicionada incurre en una omisión
manifiesta e incompatible con el derecho a la igualdad, en la medida en que
deja de tener en cuenta que la constitución del patrimonio de familia es un
instituto jurídico que se predica de todas las modalidades de vínculo familiar,
entre ellas las parejas del mismo sexo que conforman unión marital de hecho o
unión formalizada a través de contrato solemne.
2. La jurisprudencia de la
Corte ha sido concluyente en dos premisas sobre la regulación de las relaciones
patrimoniales y de familia entre las parejas del mismo sexo. En primer lugar,
es claro que todas las disposiciones previstas en el ordenamiento jurídico que
determinan el régimen patrimonial entre los cónyuges o compañeros permanentes,
son por completo aplicables a las uniones entre parejas del mismo sexo. De
hecho, dicha aplicación normativa supera el ámbito patrimonial y se proyecta
sobre la generalidad de reglas jurídicas sobre las relaciones personales, como
son las del estado civil, el sistema general de seguridad social, el régimen de
inhabilidades e incompatibilidades y
el principio de no autoincriminación, entre muchos otros eventos. En ese orden
de ideas, la jurisprudencia de la
Corte obliga a concluir que no existe ninguna razón para prodigar tratamientos
diferenciados, en lo que respecta a dichas relaciones patrimoniales y
personales en sentido amplio, entre
parejas del mismo y de diferente sexo.
Esta fue la conclusión a la que ha llegado
consistentemente la jurisprudencia constitucional,
la cual establece que la ausencia de regulaciones que extiendan los beneficios
que el orden jurídico confiere a las parejas de diferente sexo a las del mismo
sexo, genera un déficit de protección que contradice el principio de igualdad. Sobre el particular, en la sentencia
C-029/09, que condicionó la constitucionalidad de diferentes normas que
disponen dichos beneficios a que se aplicaran a las parejas del mismo sexo, se expresó
que "[l]a pareja, como proyecto de vida en común,
que tiene vocación de permanencia e implica asistencia recíproca y solidaridad
entre sus integrantes, goza de protección constitucional, independientemente de
si se trata de parejas heterosexuales
o parejas homosexuales, y, en ese contexto, la diferencia de trato para parejas
que se encuentren en situaciones asimilables puede plantear problemas de
igualdad y, del mismo modo, la ausencia de previsión legal para las parejas del
mismo sexo en relación con ventajas o beneficios que resultan aplicables a las parejas heterosexuales,
puede da lugar, a un déficit de protección contrario la Constitución, en la
medida en que desconoce un imperativo superior conforme al cual, en
determinadas circunstancias, el ordenamiento jurídico debe contemplar un mínimo
de protección para ciertos sujetos, mínimo sin el cual pueden verse
comprometidos principios y derechos superiores, como la dignidad de la persona,
el libre desarrollo de la personalidad o la solidaridad."
3. En segundo lugar, la Corte también ha establecido
que las parejas del
mismo sexo son formas constitutivas de familia, de modo que reciben de
forma equitativa la protección que confiere la Constitución al núcleo
fundamental de la sociedad, en particular las garantías contenidas en el
artículo 43 Superior. Sobre este particular, a partir de la expedición de la
sentencia C-577/11 ha quedado suficientemente definido que las garantías a
favor de las parejas del mismo sexo no se derivan solo de su asimilación con las
parejas de diferente sexo, sino del hecho que tanto una como otra
conforman   familia.    Así,   se   ha   indicado   que   “…, la familia
constitucionalmente protegida es aquella que se constituye por vínculos
naturales o jurídicos, al igual que por la simple voluntad de conformarla. En
ese sentido, la nota característica de esta institución es la concurrencia de
una relación de solidaridad y ayuda mutua, en la que aspectos como el
parentesco o la conformación de parejas son rasgos que pueden concurrir o no.
Como esas calidades efectivamente se verifican en la pareja del mismo sexo, no
existe ninguna razón constitucionalmente relevante para dejar de reconocerlas
como familia. Incluso, negar ese
carácter es una discriminación injustificada, contraria a los derechos
fundamentales de sus integrantes. Se impone, en
consecuencia, una conclusión unívoca sobre la materia analizada: la
pareja del mismo sexo, entendida como comunidad de vida estable y singular, es
una modalidad de familia constitucionalmente protegida. Por lo tanto es titular
de las prerrogativas, derechos y deberes que la Constitución y la ley le reconocen a la familia, en tanto núcleo
fundamental de la sociedad. \ \ Esta la regla de decisión que ofrece la sentencia C-577/11, la cual es expresa en
indicar que no existen razones jurídicamente atendibles que permitan sostener
que entre los miembros de la pareja del
mismo sexo no cabe predicar el afecto, el respeto y la solidaridad que inspiran
su proyecto de vida en común, con vocación de permanencia, o que esas condiciones personales solo merecen
protección cuando se profesan entre personas heterosexuales, mas no cuando se
trata de parejas del mismo sexo. Para la Corte, la protección a las parejas del
mismo sexo no puede quedar limitada a los aspectos patrimoniales de su unión
permanente, pues hay un componente afectivo y emocional que alienta su
convivencia y que se traduce en solidaridad, manifestaciones de afecto, socorro
y ayuda mutua, componente personal
que  se encuentra en las uniones de diferente sexo o en cualquier otra unión
que, pese a no estar caracterizada por la heterosexualidad de quienes la
conforman, constituye familia.”[28]
4. Llevadas estas premisas al
caso analizado, se tiene que no existe
un motivo razonable que permita sustentar por qué se excluyó del análisis sobre
la competencia para constituir el patrimonio de familia a las parejas del mismo
sexo, concentrando el análisis en el caso de las parejas de diferente sexo. En
efecto, tanto una como otra son modalidades constitutivas de familia y, por la misma razón, debían ser
protegidas por dicho mecanismo de preservación de la vivienda y de los bienes
de los integrantes de dichas familias.
Con todo, también advierto que
la omisión en que incurrió la Corte en modo alguno puede comprenderse de forma
excluyente, esto es, que niegue la conformación del patrimonio de familia a
favor de los bienes que sirven de vivienda a las parejas del mismo sexo.
Considero que la omisión de la Corte bien pudo explicarse en que el cargo
planteado se centró exclusivamente
en la discriminación contra la mujer, o simplemente en que la mayoría consideró
que la materia debía circunscribirse a ese particular aspecto. En todo caso, la
Sala Plena en ningún caso hizo referencia a la regulación del patrimonio de
familia para las parejas del mismo sexo, por lo que no es viable concluir que a partir de lo fallado dichas
parejas han visto disminuido su facultad de constituir patrimonio de familia
frente a los bienes amparados por ese mecanismo legal.
Es evidente que existen múltiples mandatos
constitucionales, utilizados reiteradamente por la jurisprudencia de la Corte,
que llevan forzosamente a inferir que las
parejas del mismo sexo tienen idénticos derechos patrimoniales y en cuanto a
las relaciones personales con las parejas de diferente sexo. Por ende, este
salvamento de voto se justifica en el hecho que, en criterio del suscrito
magistrado, la Sala Plena debió asumir la problemática expuesta y adoptar una
regla de decisión particular en ese sentido. Con todo, esta disidencia en nada afecta el hecho jurídico cierto
que las familias conformadas por parejas del mismo sexo son titulares de la
potestad de constituir el instrumento jurídico en comento, así como todos las demás competencias que la Constitución
y la ley confieren a las familias, cualquier que sea su conformación u origen.
Estos son los motivos de mi salvamento de voto.
Fecha ut supra.
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
aclaración de
voto de la Magistrada María Victoria Calle Correa a la Sentencia C-340/14
CONSTITUCION
DE PATRIMONIO DE FAMILIA NO EMBARGABLE-Protección del
derecho a la igualdad de las mujeres (Aclaración de voto)
DEMANDA
DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE CONSTITUCION DE PATRIMONIO DE FAMILIA NO
EMBARGABLE-Planteamiento de problema jurídico por violación del
principio de igualdad entre hombre y mujer y no entre personas de parejas del
mismo sexo (Aclaración de voto)
DEMANDA
DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE CONSTITUCION DE PATRIMONIO DE FAMILIA NO
EMBARGABLE-No se debatió posibilidad entre parejas de personas
del mismo sexo (Aclaración de voto)
CONSTITUCION
DE PATRIMONIO DE FAMILIA NO EMBARGABLE-Norma discrimina
por sexo y no por orientación sexual (Aclaración de voto)/CONSTITUCION DE
PATRIMONIO DE FAMILIA NO EMBARGABLE-Norma establece trato diferente con
base en el sexo y concede más facultades legales a hombres que a mujeres (Aclaración
de voto)/CONSTITUCION DE PATRIMONIO DE FAMILIA NO EMBARGABLE-Discriminación
a parejas de personas del mismo sexo debido a déficit de protección general y
estructural (Aclaración de voto)
DEMANDA
DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE CONSTITUCION DE PATRIMONIO DE FAMILIA NO
EMBARGABLE-No se presentó evidencia de exclusión de parejas de
personas del mismo sexo en aplicación de la norma (Aclaración de voto)
CONSTITUCION
DE PATRIMONIO DE FAMILIA NO EMBARGABLE-Interpretación de
norma protege todas las formas de familia que implica tanto parejas
constituidas en derecho como de hecho (Aclaración de voto)/CONSTITUCION DE
PATRIMONIO DE FAMILIA NO EMBARGABLE-Interpretación de norma contempla
familias conformadas por parejas de personas del mismo sexo (Aclaración de
voto)/CONSTITUCION DE PATRIMONIO DE FAMILIA NO EMBARGABLE-Interpretación
de norma respecto a la igualdad de género concluye que deben ser incluidas
todas las formas de familias (Aclaración de voto)
Referencia: Expediente D-9985
Acción
de inconstitucionalidad contra el artículo 68 (parcial) de la Ley 1098 de 2006,
"por
la cual se expide le Código de la Infancia y la Adolescencia".
Magistrada ponente
María Victoria Calle
Correa
Comparto la decisión adoptada por la Corte Constitucional en
la sentencia C-340 de 2014, en la cual resolvió declarar exequible la expresión
'por el marido', contenida en la norma acusada de inconstitucional, pero en
el entendido de que la facultad que en ésta se contempla a los hombres, le sea
reconocida igualmente a las mujeres (lit. a, art. 5o, Ley 70 de 1931).[29] Se trataba de una disposición legal de la década de los
años treinta del siglo veinte, que en su momento representó un avance
importante para la defensa de los derechos de la mujer por las novedades que
introdujo al respecto, pero que bajo el orden constitucional vigente se queda
corta en términos de protección. Estoy de acuerdo con el resto de la Sala Plena
en haber condicionado la constitucionalidad de la norma, así en la actualidad
la misma sea interpretada correctamente a la luz de la Constitución. Su tenor
literal aún deja abierto un riesgo importante de afectación de los derechos de
las mujeres y, en cualquier caso, el texto legal siga haciendo parte del
ordenamiento jurídico constituye una agresión simbólica en contra de las
mujeres.
Aclaro mi voto para manifestar por qué considero acertado
que la Sala hubiese restringido la decisión a la protección del derecho a la
igualdad de las mujeres y así, resaltar el alcance mismo de la decisión
adoptada. En efecto, en el debate del presente caso se presentó la siguiente
pregunta: ¿debería la Corte Constitucional pronunciarse en esta ocasión de
manera explícita sobre la facultad de quienes sean miembros de parejas de
personas del mismo sexo para conformar patrimonios de familia?[30]
La Sala Plena optó por no hacerlo, limitándose a proteger los derechos de las
mujeres. Al menos cinco argumentos principales sostienen la razonabilidad de
tal decisión.
1. La cuestión no
fue presentada ante la Corte mediante una demanda que le dé competencia para
pronunciarse sobre el asunto. Los ciudadanos presentaron ante la Corte Constitucional un
argumento concreto y específico, con base en el cuál se planteó un problema
jurídico. Su preocupación a largo de su demanda fue la misma: permitir al
hombre, y no a la mujer, constituir el patrimonio de familia inembargable es
una evidente y flagrante violación del principio de igualdad que afecta la
especial protección de la familia y de la mujer. Esa fue la cuestión presentada
ante la Corte y ante la cual adquirió competencia para pronunciarse, no otra.
Que la norma discriminara también a las personas de parejas del mismo sexo no
fue una cuestión que los ciudadanos hubieran planteado para análisis de la
Corporación. Cabe resaltar, además, que la presente demanda fue admitida en
virtud del principio pro actione, debido a la debilidad de los cargos planteados. Por ello, si
escasamente se podían tratar los asuntos propuestos por la demanda, mal hubiera
hecho la Corte en pronunciarse sobre cuestiones no planteadas ni argumentadas.
2.   La cuestión no
fue debatida en el proceso constitucional. La posibilidad de constituir patrimonios de familia inembargables
a las parejas de personas del mismo sexo no sólo fue un asunto dejado de lado
por la acción presentada, tampoco fue un tema tratado por las intervenciones.
Es notorio que en el presente caso, sólo dos instituciones públicas presentaron
conceptos en el proceso, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y
legales. El Ministerio de Justicia y del Derecho que en desarrollo de su
función de defensa del ordenamiento pidió la exequibilidad condicionada de la
norma, considerando que la violación y discriminación alegadas eran evidentes,
y la Procuraduría General de la Nación, que sostuvo una posición similar. Los
escritos presentados no consideraron el asunto. No lo abordaron. Nadie más
consideró pertinente intervenir sobre los argumentos presentados o referirse a
la cuestión relativa a las parejas de personas del mismo sexo.
3.   La norma
discrimina por sexo, no por orientación sexual. La norma acusada por los demandantes establece un trato
diferente con base en el sexo: concede a los hombres más facultades legales de
las que se conceden a las mujeres. Es claro entonces que se decide dar un trato
diferente en la ley, en materia de protección a la familia, fundándose en cuál
es el sexo de las personas, no en cuál es su orientación sexual. En ningún
momento la norma establece, por ejemplo, que los hombres tienen la facultad en
cuestión si y sólo si son heterosexuales. La ley, desde 1931, reconoce la
facultad con independencia a cuál sea la orientación sexual del hombre. La
discriminación a las parejas de personas del mismo sexo en el caso de esta
disposición de hace más de setenta y cinco años, se debe a un déficit de
protección general y estructural, reconocido en varias ocasiones por esta Corte
en el pasado, frente a personas que no se encontraban dentro del parámetro de
la llamada 'normalidad heterosexual'. De hecho, por aquellos años aún la
orientación sexual era considerada por algunas fuerzas políticas relevantes una
conducta objeto de sanción penal, no de regulación civil. En cambio, la norma
sí refleja la expresa intención de la época por excluir a la mujer del control
de los asuntos familiares en condición de paridad a los hombres. La norma,
literalmente, consagra y preserva hoy, al menos en el papel, la discriminación
y exclusión que por aquellos años sufrían las mujeres, a la vez que evidencia
las luchas que por entonces se comenzaban a ganar.
4. Ala Corte no se le
presentó evidencia de que las parejas de personas del mismo sexo estén
excluidas de la aplicación de esta norma. La orientación sexual no sólo es un tema que no hace parte
de la norma. De la demanda y las intervenciones presentadas ante la Corte no se
concluye de forma alguna que la práctica de aplicación de la norma se haga en
la actualidad excluyendo a este grupo de personas. Lo dicho por parte del
Ministerio de Justicia y del Derecho y lo reconocido en la jurisprudencia
constitucional (C-317 de 2010) muestran que en la práctica, la lectura de la
Ley 70 de 1931 hoy en día se hace en clave constitucional, lo cual mostraría,
en principio, que no se excluyen personas de la protección del derecho en
virtud al tipo de familiar que conforman. En efecto, si la ley en cuestión se
lee en clave constitucional, es imposible que se dejen por fuera, se
discriminen y se excluyan algunas familias como, por ejemplo, aquellas
constituidas por parejas de personas del mismo sexo. La evidencia presentada a
la Corte muestra que la norma actualmente se aplica en clave constitucional, no
lo contrario.
5.
La
Corte hizo explícito el deber de interpretar la norma a la luz de la
Constitución, protegiendo todas las formas de familia. La Corte Constitucional expresamente en su sentencia
considera que en la actualidad "[...] la
legislación ha sido modificada para incluir diferentes formas de familia que
pueden ser constituidas, como para incluir la protección a la mujer."[31]
La forma más importante
de discriminación que se establece en la norma acusada, además de la exclusión
a las mujeres, es a las formas de familia distintas a las constituidas mediante
matrimonio. Al ser 'el marido' el que tiene la facultad de constituir el
patrimonio de familia inembargable, 'el compañero permanente' así fuera hombre,
también quedaba excluido de la protección legal. La situación del compañero era
similar a la de la esposa y a la de la compañera. Por eso, fue importante para
la Corte verificar en la sentencia que la interpretación de la norma legal se
hace en clave constitucional y que ello implica tanto las parejas constituidas
en derecho, como aquellas constituidas de hecho. En pocas palabras, tal
interpretación implica que el patrimonio de familia inembargable se aplique en
favor de 'las diferentes formas de familia
que pueden ser constituidas' lo cual, por supuesto, contempla las familias conformadas
por parejas de personas del mismo sexo. Es claro entonces que una
interpretación adecuada de la norma acusada a la luz de la Constitución y, en
especial, de la igualdad de género, lleva a concluir que estas formas de
familias diversas, deben entenderse incluidas. Otra cosa muy diferente es que
en el presente caso los análisis y los argumentos se hayan concentrado en
atender el reclamo ciudadano: la protección del derecho de igualdad de la mujer
en general, y en el contexto familiar en concreto.
Así pues, la Corte actuó adecuadamente al no pronunciarse
sobre la aplicación de la figura del patrimonio de familia inembargable a las
parejas de personas del mismo sexo, teniendo en cuenta que (1) fue un tema que
no se le presentó por parte los demandantes y (2) tampoco por parte de los
intervinientes -ninguno consideró que la Corte debería pronunciarse sobre el asunto-;
(3) es un asunto que no se encuentra reflejado en la norma, que discrimina por
sexo, no por orientación sexual, y (4) es un asunto que queda claro en la
decisión misma que se adopta. Estos son tan sólo cuatro de los varios
argumentos que evidencian la razonabilidad de la decisión adoptada por la
Corte, de limitarse a resolver el problema jurídico planteado por los
demandantes y no entrar a considerar expresamente otras cuestiones tales como
la protección a parejas de personas del mismo sexo.
Este es el sentido en el cual, con el acostumbrado respeto,
aclaro mi voto a la decisión adoptada por la Sala Plena en la sentencia C-340
de 2014.
Fecha
ut
supra.
MARIA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
[1] La Acción de inconstitucionalidad dice al respecto: “Se trata de
dos sujetos susceptibles de comparación; partiendo de la igualdad de roles que ejercen los padres frente a la familia, y más aún, la
libre e independiente administración que tienen los cónyuges sobre los bienes
que han aportado a la sociedad conyugal, según lo establecido en la
Ley 28 de 1932 (que además derogó la potestad marital). De lo anterior podemos
deducir que se trata de dos sujetos de iguales características, unidos por un
vínculo matrimonial y que indudablemente deben tener los mismos derechos y
facultades, y en este caso en un tema tan importante como lo es la protección
de la familia por medio de la figura de patrimonio de familia inembargable).
Por ende, consideramos que en el presente caso se trata de sujetos que son
susceptibles de comparación; comparación que debemos hacer por presentarse a
nuestro juicio una desigualdad frente a las facultades que surgen para los
cónyuges de una misma fuente, que en este caso es el vínculo matrimonial.”
[2] Dice la demanda al respecto: “[…] La
discriminación a que históricamente ha estado sometida la mujer es un producto
de la realidad social que se ha vivido en nuestro país. Partiendo de lo
anterior, podemos decir que en la época en que se expidió la
Ley 70 de 1931, las costumbres y la percepción de la realidad frente a los
derechos de la mujer eran diferentes, por eso las normas jurídicas que se
expedían en esa época legitimaban un trato discriminatorio contra la mujer. Y
ese trato discriminatorio era aceptado por la sociedad en razón a que no
existía un ordenamiento constitucional superior que protegiese los derechos de
la mujer.”
[3] ‘Por el cual se reglamenta el artículo 37 de la
Ley 962 de2005, y se señalan los derechos notariales correspondientes’.
[4] Abogada Ángela María Bautista Pérez.
[5] Folio 28 del cuaderno principal.
[6] La constitución voluntaria o facultativa del patrimonio
inembargable también ha sido regulada en la
Ley 861 de 2006 y en el artículo 22 de la
Ley 546 de 1999. Por su parte, la constitución por ministerio de la ley opera
cuando se trata de vivienda de interés social (Ley 91 de 1936, Ley 3 de 1989 y
Ley 9 de 1989).
[7] En la sentencia C-722 de 2004 (MP Rodrigo
Escobar Gil) la Corte Constitucional amplió la protección a los padres cabeza
de familia.
[8] Estas convenciones fueron ingresadas al
ordenamiento jurídico colombiano mediante la
Ley 51 de 1981 y la Ley 248 de 1995, respectivamente.
[9] La acción de la referencia, admitida mediante auto, presenta un
cargo por violación al principio de igualdad que  (i) identifica adecuadamente
las normas legales acusadas, así como las normas constitucionales infringidas;
(ii) establece porqué la
Corte Constitucional es competente para conocer de la demanda y  (iii) da las
razones por las cuales considera que la norma acusada desconoce los preceptos
constitucionales. Se da un argumento claro (es posible comprenderlo y
entenderlo), cierto (recae sobre una proposición jurídica real, contenida en la
disposición legal acusada), específico (define con claridad porqué la norma
acusada de la ley que regula las sociedades anónimas por acciones viola el
derecho a la igualdad), pertinente (una violación al principio de igualdad es
relevante constitucionalmente) y suficiente (siendo un cargo de igualdad, se
identifican los grupos entre quienes se daría un trato diferente–mujeres
y hombres–, que, se alega, debería ser igual; se identifica el aspecto
respecto del cual se da el trato igual –la constitución de patrimonio de
familia inembargable–; se identifica el criterio con base en el cual se
justifica ‘el trato diferente’ –‘ser marido’– y se advierte por qué se
considera que es irrazonable constitucionalmente dar esa diferencia de trato).
Sobre los criterios en los que se funda la admisibilidad de las demandas de
inconstitucionalidad ver, entre otras, la sentencia C-1052 de 2001 (MP. Manuel
José Cepeda Espinosa), reiterada en múltiples situaciones posteriormente.
[10] Ley 51 de 1981 ‘Por medio de la cual
se aprueba la "Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer", adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y firmado
en Copenhague el 17 de julio de 1980’.
[11] Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW, por sus siglas en inglés [Convention
on the Elimination
of all forms of Discrimination
Against Women].
[12] Ferreira, Joaquín. De
la incapacidad civil de la mujer casada. Bogotá: Imprenta de San Bernardo.
1917.
[13] Exposición de motivos, de la
Ley 28 de 1932.
[14] Exposición de motivos, de la
Ley 28 de 1932.
[15] Ley
70 de 1931, artículo 1°- Autorizase la constitución a
favor de toda familia, de un patrimonio especial, con la calidad de no
embargable, y bajo la denominación de patrimonio de familia.
[16] Ley 70 de 1931, versión original del
artículo 4°: ‘a) De una familia compuesta de marido y
mujer y sus hijos menores de edad;  b) De un menor de edad, o de dos o más que
estén entre sí dentro del segundo grado de consaguinidad legítima o natural; c)
De un menor de edad, o de dos o más que estén entre sí dentro del segundo grado
de consanguinidad legítima o natural.
[17] Ley 28 de 1932, Artículo 1º.-Durante el
matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición
tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de contraerse el matrimonio o
que hubiere aportado a él, como de los demás que por cualquier causa hubiere
adquirido o adquiera; pero a la disolución del matrimonio o en cualquier otro
evento en que conforme al Código Civil deba liquidarse la sociedad conyugal, se
considerara que los cónyuges han tenido esta sociedad desde la celebración del
matrimonio, y en consecuencia se procederá a su liquidación.  ||  Artículo
2º.-Cada uno de los cónyuges será responsable de las deudas que personalmente
contraiga, salvo las concernientes a satisfacer las ordinarias necesidades
domésticas o de crianza, educación y establecimientos de los hijos comunes,
respecto de las cuales responderá solidariamente ante terceros, y
proporcionalmente entre sí, conforme al Código Civil.
[18] Ley 28 de 1932, Artículo 9º.-Quedan
derogadas las disposiciones contrarias a la presente ley.  ||  Artículo
10.-Esta ley entrará a regir el 1º de enero de 1933.
[19] Corte Constitucional, sentencia C-317 de 2010 (MP Nilson Pinilla
Pinilla; SV María Victoria Calle Correa, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Juan
Carlos Henao Pérez y Jorge Iván Palacio Palacio).  Dijo la
Corte: “Del texto de la disposición acusada como presuntamente violatoria del
artículo 13 superior, por establecer que al momento de la constitución del
patrimonio de familia el bien objeto del mismo no tenga un valor mayor de
doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales mensuales vigentes, resulta
evidente que en él no se introduce una discriminación entre las familias por su
situación económica, sino que por el contrario, a todas se les da el mismo
tratamiento jurídico, pues con independencia de su posición económica todas
pueden constituir ese gravamen si cumplen los supuestos de hecho previstos en
la norma acusada, esto es, que el gravamen recaiga sobre un inmueble del cual
se tenga el derecho de dominio pleno; que no se comparta pro indiviso con otra
persona;  que no se encuentre gravado con hipoteca, censo o anticresis y que no
exceda de un valor determinado.  ||  Así, a unos mismos supuestos de hecho se
les da entonces igual tratamiento jurídico, razón por la cual el derecho a la
igualdad no resulta en este caso vulnerado.”
[20]
RESTREPO PIEDRAHITA, Carlos, Constituciones Políticas Nacionales de Colombia,
Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2003,  p. 482
[21] Ver la
Gaceta Constitucional de 29 de mayo de 1991 en la página 9 en donde se
establece en el proyecto que ¨2. El Estado y la sociedad garantizan la
protección integral de la familia y la ley podrá determinar el patrimonio
familiar inalienable e inembargable (…)”. La
Comisión de Constituyentes estaba conformada por Jaime Benítez Tobón, Angelino
Garzón, Guillermo Perry, Iván Marulanda Gómez, Tulio Cuevas Romero y Guillermo
Guerrero Figueroa.
[22]
También con el Decreto 2817 de 2006 que dio la posibilidad de que el patrimonio
de familia se constituyera por trámite notarial, como se verá más adelante.
[23] El
parágrafo
del artículo primero establece que: “Quedan
excluidos de esta reglamentación los patrimonios de familia de carácter
obligatorio consagrados en las normas sobre vivienda de interés social, a los
que se refieren la Ley 91 de 1936 y los artículos 60 de la Ley 9ª de 1989 y 38 de la Ley 3ª de 1991, y facultativos de que tratan el artículo 22 de la Ley 546 de 1999 y la Ley 861 de 2003, patrimonios que
continuarán constituyéndose ante Notario en los términos previstos en las Leyes
citadas”.
[24] La
expresión “la
mujer” fue declarada EXEQUIBLE por la
Corte Constitucional mediante Sentencia C-722-04 de 3
de agosto de 2004, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil, “ (...) en el
entendido, que el beneficio establecido en dicha Ley a favor de los hijos
menores de la mujer cabeza de familia se hará extensivo a los hijos menores
dependientes del hombre que, de hecho, se encuentre en la misma situación que
una mujer cabeza de familia, en los términos del artículo 2 de la Ley 82 de 1993”.
[25] “ARTÍCULO 1°. <Aparte
subrayado CONDICIONALMENTE exequible> El único bien inmueble urbano o rural
perteneciente a la mujer <hombre> cabeza de familia definida en el
artículo 2º y parágrafo de la Ley 82 de 1993 se constituye en patrimonio
familiar inembargable a favor de sus hijos menores existentes y de los que
estén por nacer”.
[26] Corte Constitucional, sentencia C-317 de 2010 (MP. Nilson Pinilla
Pinilla; SV María Victoria Calle Correa, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Juan
Carlos Henao Pérez y Jorge Iván Palacio Palacio).
[27] La citada Ley 495 de 1999 establece claramente que la mujer puede
ser beneficiaria del patrimonio en calidad de esposa o de compañera en unión
libre.
[28] Corte
Constitucional, sentencia T-716/11.
[29] Corte Constitucional, sentencia C-340 de 2014 (MP,
María Victoria Calle Correa con AV; SV Luis Ernesto Vargas Silva; AV Luis
Guillermo Guerrero Pérez).
[30] La cuestión fue
presentada por el Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, cuyo salvamento de voto
(parcial) versa precisamente sobre esta cuestión: a su parecer la Corte sí se
ha debido pronunciar sobre la aplicabilidad de la institución del patrimonio de
familia no embargable en el caso de parejas de personas del mismo sexo.
3 Corte
Constitucional, sentencia C-340 de 2014 (MP, María Victoria Calle Correa con
AV; SV Luis Ernesto Vargas Silva; AV Luis Guillermo Guerrero Pérez).