T-024-17
Sentencia T-024/17
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
CARACTERIZACION DEL DEFECTO
PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO-Reiteración de jurisprudencia
De acuerdo con la jurisprudencia de esta
Corporación, un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se presenta
cuando un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo
para la eficacia del derecho sustancial y por esta vía, sus actuaciones
devienen en una denegación de justicia.
INTERES
SUPERIOR DEL MENOR-Garantía del
desarrollo armónico e integral
INTERES
SUPERIOR DEL MENOR-Alcance
INTERES
SUPERIOR DEL MENOR-Determinación en casos concretos
Para establecer cómo se satisface el interés superior se deben
hacer consideraciones de dos tipos: i) fácticas: referidas a las circunstancias
específicas del caso en su totalidad; y ii) jurídicas: referidas a los
parámetros y criterios establecidos por el ordenamiento jurídico para promover
el bienestar de los niños.
DERECHOS
DE LOS NIÑOS-Carácter prevalente/INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Prevalencia de los derechos de los niños
PROCESO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE LOS
MENORES DE EDAD-Reiteración de jurisprudencia
PROCESO ADMINISTRATIVO DE
RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS-Trámite y reglas especiales
para la protección de los derechos del menor
JUEZ DE FAMILIA-Competencia dentro de un proceso de homologación de una
resolución de adoptabilidad
En relación con la competencia del juez de
familia en el trámite de la homologación, esta Corporación ha señalado que no
sólo se limita al control formal del procedimiento llevado a cabo en la
actuación administrativa, sino que se extiende a establecer si la medida
adoptada atendió el interés superior del niño.
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES EN PROCESO DE HOMOLOGACION DE DECLARATORIA DE
ADOPTABILIDAD-Procedencia
por configuración de defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
Referencia:
Expediente T-5.726.923
Acción de tutela
interpuesta por Haudy Villamizar Zambrano, en calidad de Defensora de Familia
del ICBF, Centro Zonal Centro, Cali contra el Juzgado Cuarto de Familia de
Oralidad de Cali.
Magistrado
Ponente:
AQUILES
ARRIETA GÓMEZ
Bogotá D.C.,
veintitrés (23) de enero de dos mil diecisiete (2017)
La Sala Séptima de
Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados
Aquiles Arrieta Gómez, quien la preside, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los
artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política, ha proferido la
siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de
revisión del fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia,[1]
la cual confirmó la decisión de la Sala de Familia del Tribunal Superior de
Cali,[2]
en cuanto negó la acción de tutela interpuesta por la Defensora de Familia del
ICBF, Centro Zonal Centro, Cali contra el Juzgado Cuarto de Familia de Oralidad
de Cali.
I.
ANTECEDENTES
De acuerdo con lo
dispuesto en la Constitución Política,[3]
el Decreto 2591 de 1991[4]
y el Acuerdo 02 de 2015,[5]
la Sala de Selección Número Nueve (9) de la Corte Constitucional[6] escogió,
para efectos de su revisión,[7]
la acción de tutela de la referencia.
De
conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión
procede a dictar la sentencia correspondiente.
1.
Aclaración
preliminar
Teniendo en cuenta
que en el presente asunto se estudiará la situación de un menor declarado en
situación de riesgo y de adoptabilidad, esta Sala como medida de protección de
su intimidad ha decidido suprimir los datos que permitan su identificación. Con
tal finalidad su nombre y el de sus familiares serán remplazados con nombres
ficticios, los cuales se escribirán con letra cursiva.[8] Los
nombres serán los siguientes: Andrés: El niño
afectado.
Victoria
o Vicky:
madre biológica de Andrés. Claudia o Esperanza: abuela materna
de Andrés. Rubén: compañero permanente de Claudia,
madre de Victoria o Vicky. Julia: presunta abuela paterna de
Victoria o Vicky. Guillermo: presunto tío paterno de Victoria o Vicky.
2.   Solicitud y hechos
La
Defensora de Familia del ICBF, Centro Zonal Centro, Cali, interpone acción de
tutela contra el Juzgado Cuarto de Familia de Oralidad de Cali, al considerar
vulnerados los derechos fundamentales del menor ANDRÉS,[9] por
incurrir en un exceso ritual manifiesto, al no adoptar una decisión de fondo
sobre la solicitud de homologación de su situación de adoptabilidad. Argumenta
el juzgado accionado que no está clara la identificación del niño y de su
familia, sin tener en cuenta que la misma fue plenamente establecida y probada
dentro del trámite surtido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La
accionante funda su solicitud de tutela en los siguientes hechos:
2.1. La joven Victoria fue
sometida por el ICBF[10]
a medida de protección en el año 2012,[11] fecha para la cual tenía
14 años de edad, se encontraba en estado de embarazo[12] y
presentaba problemas de consumo de sustancias psicoactivas. La medida de
protección de Victoria se derivó del hecho de que su madre al parecer la
vendía sexualmente.[13]
2.2. Al dar a luz,[14] Victoria
registró a su hijo con el nombre de ANDRÉS y con sus apellidos.[15]Ambos
fueron ubicados en un Hogar Sustituto,[16] buscando que el niño
pudiera estar bajo el cuidado de su madre y ésta, a su vez, bajo el cuidado,
protección y supervisión del ICBF.
2.3. Mediante Auto del 12 de septiembre
de 2012,[17]
la Defensora de Familia, Centro Zonal, Centro Cali, asumió conocimiento del
caso, iniciando la correspondiente investigación con el fin de determinar si
era también necesario el restablecimiento de los derechos del bebé.[18]
Por otra parte, teniendo en cuenta el reporte del presunto abuso sexual del
cual fue objeto Victoria, así como del consumo de sustancias
psicoactivas, fue remitida a intervención terapéutica, en la que se sugirió que
“requiere de atención en la modalidad de Internado”.[19]
Igualmente, se inició la búsqueda de la red familiar que pudiera hacerse cargo
de la adolescente y de su hijo.
2.4. Dentro del proceso de búsqueda de
la red familiar, una trabajadora social de la Defensoría de Familia, junto con
la adolescente, realizaron una visita al lugar de residencia de la presunta
abuela paterna, señora Julia. Ésta, manifiesta que el padre biológico de
la adolescente falleció y, adicionalmente, advierte que el nombre de la menor
no es Victoria sino Vicky, según registro civil de nacimiento que
aportó a la diligencia.[20]
2.5. La señora Julia y su hijo Guillermo,
presuntos abuela y tío paterno de la adolescente, fueron escuchados en
declaración juramentada.[21]
El señor Guillermo fue vinculado al proceso de restablecimiento de
derechos Victoria y ANDRÉS, con el fin de adelantar las
respectivas acciones legales que permitieran esclarecer su filiación parental y
así identificar plenamente la red familiar que pudiera hacerse cargo de la
adolescente y su hijo. No obstante, abandonó el proceso,[22] como
consecuencia de un informe presentado por la institución en la que se
encontraba Victoria.[23]
En el informe se puso en conocimiento lo manifestado por la joven, a saber: “siente
desconfianza por su tío, (…) que quiere vivir con ella y su hijo en una pieza,
lo cual ha generado que la adolescente se sienta inquieta, pues sospecha que el
tío quiere establecer una relación sentimental con ella. Por ese motivo no
quiere que la custodia del menor – su hijo- la tenga el tío”.[24]
2.6.
Por
otra parte, la accionante sostiene que se le realizó prueba de ADN a Victoria,
Claudia y Rubén (compañero permanente de Claudia), con el
fin de realizar investigación de la paternidad y maternidad de la adolescente,
de la cual se concluyó que en efecto la señora Claudia es su madre
biológica. Sin embargo, el señor Rubén, no es su padre biológico,[25]
pese a figurar de esta manera en uno de los registros civiles de nacimiento a
su nombre.
2.7.
El
21 de junio de 2014, Victoria abandonó el programa de la Fundación
Hogares Claret en el que se encontraba,[26]  y en consecuencia, no
volvió a tener ningún tipo de contacto con su hijo.
2.8.
Una
vez agotado todo el respectivo proceso de restablecimiento de derechos del
niño, pues su madre ya había alcanzado la mayoría de edad, el menor ANDRÉS
fue declarado en situación de adoptabilidad.[27] En dicha actuación
estuvieron presentes y fueron notificados en estrados[28] Victoria
(progenitora), Claudia (abuela materna) y Guillermo (presunto tío
paterno), quienes presentaron escrito oponiéndose a la decisión de declarar al
menor en situación de adoptabilidad el día 6 de agosto de 2015.[29]
2.9.
Con
el fin de surtir el trámite de homologación de la situación de adoptabilidad
del menor, el 16 de septiembre de 2015 fue remitida la Historia de Atención
perteneciente al menor ANDRÉS.[30]
Correspondió su conocimiento al Juzgado Cuarto de Oralidad de Cali, quien
resolvió ordenar la devolución de las diligencias de homologación a la
Defensora de familia, con el fin de aclarar “la situación irregular
presentada frente a la identidad de su progenitora VICTORIA y/o VICKY, y la de
la abuela materna y ajuste el trámite administrativo, que declar[ó] en situación
de adoptabilidad al menor (…)”.[31]
2.10.
En
cumplimiento de lo anterior, la Defensoría de Familia dispuso citar a Victoria
y a su mamá para realizar la cancelación de uno de los registros civiles de
nacimiento.[32]
Posteriormente, solicitó a la Registraduría Nacional la cancelación del
registro civil de nacimiento realizado por su abuela paterna.[33] A esta
diligencia asistió la señora Claudia. La joven Victoria no
asistió, y su progenitora manifestó no tener conocimiento de su actual
paradero.[34]
2.11.
Una
vez subsanado lo requerido por el Juzgado Cuarto de Familia de Oralidad de
Cali,[35]
fue remitida nuevamente[36]
la Historia de Atención del menor al juez de familia para surtir el trámite de
homologación. En esta oportunidad, el Juzgado manifestó lo siguiente: “(…)
se concluye que no se le ha restablecido los derechos al niño ANDRÉS, por
cuanto a la fecha, no se ha corregido el registro civil de nacimiento de su
progenitora VICTORIA, quien aparece con el apellido que no le corresponde, por
ende la identidad de su hijo no está plenamente demostrada y por ley tienen
derecho a saber quiénes son sus verdaderos padres, (…) y mientras esta
situación no se aclare no se le puede declarar en situación de adoptabilidad”.[37]Adicionalmente,
resaltó que para que Victoria pueda desligarse de la filiación que no le
corresponde, debe acudir a la impugnación de esa paternidad para destruir dicha
presunción, lo cual puede realizar en cualquier tiempo ante la autoridad
competente.
2.12.
Para
la accionante, el actuar del Juzgado Cuarto de Familia de Oralidad de Cali
evidencia un exceso ritual manifiesto que le resta efectividad al derecho
fundamental del menor ANDRÉS a crecer en el seno de una familia idónea,
con la garantía del pleno goce y disfrute de sus derechos. Conforme a las
investigaciones realizadas en el trámite administrativo de Restablecimiento de
Derechos de ANDRÉS adelantado por el ICBF, se pudo comprobar que la
familia de origen de la progenitora del menor, Victoria, no cuenta con
las condiciones idóneas para asumir el cuidado, la crianza y la protección del
mencionado niño (quien fue abandonado durante el proceso por su madre, la cual
a su vez fue objeto de abusos y desprotección precisamente por ese mismo grupo
familiar).
2.13.
Por
lo anterior, solicita al juez de tutela ordenar a la autoridad judicial
accionada emitir un pronunciamiento sobre la solicitud de homologación de la
situación de adoptabilidad del menor ANDRÉS.
3.   Contestación de la
demanda[38]
3.1. La Defensora de Familia del Centro
Zonal Centro de Cali adjuntó declaración juramentada recibida de la señora Claudia,
progenitora de la adolescente Victoria. En la declaración clarifica que Claudia
es la misma Esperanza. Ella se hace llamar de esta forma, confusión que
llevó a la Defensoría de Planadas, Tolima, a registrar a su hija con el nombre
de “Esperanza” como progenitora.[39]
3.2. El Juzgado Cuarto de Familia de
Oralidad de Cali solicitó declarar improcedente la acción de tutela. Señaló que
ese despacho judicial no ha vulnerado ningún derecho fundamental del menor. Por
el contrario, ha tratado de proteger sus derechos mediante la adopción de
decisiones estrictamente ceñidas a la ley y a las pruebas aportadas. Advirtió
que debió devolver la actuación administrativa de homologación, con el fin de
aclarar la situación irregular frente a la identidad del menor que parece
registrado como hijo de Victoria. No obstante obra un registro civil de
nacimiento de ella donde figura como Vicky. Igualmente, refirió que a la
declaratoria de adoptabilidad del menor se opuso la presunta abuela materna, Claudia,
de quien no se tiene certeza de cuál es su verdadero nombre, ya que en el
registro civil de Vicky, figura como Esperanza y, en todas las
actuaciones administrativas adelantadas por ICBF figuró como Claudia.
Adicionalmente, se opuso el señor Guillermo, supuesto tío paterno de la
madre del menor, sin que esté legalmente demostrado su vínculo, pues la
adolescente no fue reconocida por su padre biológico.
3.2.1.
Relató
que al haber sido devuelta la actuación a la Defensoría de Familia accionante,
ésta procede a tomarle un examen de genética a la madre del menor, Victoria o
Vicky, a su presunto padre, Rubén y a la señora Claudia,
dando como resultado que el citado padre está excluido de la paternidad. Sin
embargo, la Defensoría profirió resolución en la que sostuvo que “tanto el
padre como la adolescente y la progenitora son conocedores de esta realidad y
la aceptan como tal, ya que el mencionado señor RUBÉN, reconoció de manera
voluntaria pese a saber que no era el padre biológico de VICTORIA”. Por
ello, se solicitó la cancelación del registro civil de nacimiento a nombre de Vicky,
hija de Esperanza, inscrita en la Notaría Primera de Planadas, Tolima.
Frente a lo anterior, manifestó la autoridad judicial accionada que la
Defensoría no enmendó las irregularidades que traía la actuación, sino que por
el contrario las incrementó, puesto que está reconociendo la alteración al
estado civil de la adolescente, al haber sido registrada con un apellido que no
le corresponde, por lo que debe impugnar esa paternidad.
3.2.2.
Así
mismo, destacó la falta de certeza de cuál es la verdadera identidad de la
abuela materna de ANDRÉS, ya que en el trámite administrativo compareció
como Claudia y en el registro civil de nacimiento cancelado figura como Esperanza.
De esta manera, el menor figura con un apellido que no le corresponde, pues no
se ha solucionado la identidad de su progenitora, sin que pueda entonces
garantizársele al menor el derecho a tener una identidad y a saber quiénes son
sus verdaderos padres, por lo que no es posible homologar la situación de
adoptabilidad.
3.3. La Procuradora Octava Judicial II
de Infancia y Adolescencia y Familia de Cali señaló que en la actuación de la
autoridad judicial accionada no se presentó vulneración al derecho al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, puesto que ejerció en
debida forma el control de legalidad al trámite administrativo que determinó la
situación de adoptabilidad del menor. No obstante, consideró que si bien, es
cierto que existe falta de claridad en la identidad de la madre y del niño,
para corregir dicha irregularidad se requiere de tiempo prolongado mientras
dura el proceso de impugnación de paternidad y posterior filiación con el
verdadero padre, el cual se encuentra fallecido. Esta circunstancia limitaría
las posibilidades del niño de acceder a una familia a través del proceso de
adopción. Así las cosas, teniendo en cuenta que con la declaratoria de
adoptabilidad el niño al ser adoptado pierde el apellido actual, es importante
considerar, en pro del interés superior del menor, darle primacía a sus
derechos y, a través del amparo constitucional, otorgar la protección
solicitada.
3.4.
Victoria,[40] se opuso
a las pretensiones de la tutela argumentando lo siguiente:
3.4.1.
Respecto
a los hechos descritos en la acción de tutela, afirmó que se presentaron muchas
irregularidades en todo el proceso administrativo de Restablecimiento de
Derechos. Dice que no le permitieron quedarse con su hijo cuando fue trasladada
al Hogar Claret. Además, al enterarse que sería enviada a otra fundación fuera
de Cali, abandonó el programa en el que se encontraba para irse a vivir con su
familia, quienes le brindaron todo el apoyo necesario.
3.4.2.
Por
otra parte, señaló que su abuela paterna la registró sin su conocimiento,
siendo su verdadero nombre Victoria. Dice que el señor Rubén la
reconoció consciente de que no era su hija, pero siempre comportándose como su
verdadero padre. Alegó que el ICBF nunca realizó ninguna gestión para aclarar
la irregularidad en su identificación, a pesar de que ella era menor de edad
cuando ingresó en los programas del Instituto. Igualmente, refutó el hecho de
no haberse vinculado al proceso de Restablecimiento de Derechos a su mamá,
padrastro y hermana mayor, quienes eran su apoyo incondicional, controvirtiendo
además la afirmación, que dice ser falsa, de que su madre la prostituyera.
3.4.3.
Sostuvo
que durante todo el trámite surtido ante el ICBF sintió que sus derechos
fundamentales fueron vulnerados, y que la separaron de su hijo “sin saber
las causas”. Lleva más de 2 años sin poder ver a su hijo, sin tener en
cuenta que ha realizado todo lo que el ICBF le ha indicado. Señaló que ya es
una persona que no consume drogas y que quiere hacerse cargo de su hijo,
pudiendo ofrecerle unas condiciones dignas de vida.
4.   Decisión de
primera instancia
La
Sala de Familia del Tribunal Superior de Cali,[41] resolvió negar la acción
de tutela. Consideró el juez de instancia que no se cumplió el requisito de
subsidiariedad de la acción de tutela, puesto que la decisión atacada pudo ser
controvertida a través del recurso de reposición, sin que se advirtiera alguna
razón que justificara la no interposición de dicho recurso. Pese a lo anterior,
por verse involucrados los derechos fundamentales de un menor, decidió estudiar
de fondo el asunto planteado, determinando la no vulneración de los mismos. A
su parecer, el juez de familia cumplió cabalmente sus deberes dentro del
proceso de homologación de la declaratoria de adoptabilidad, pues “valoró en
debida forma tanto el marco fáctico trazado en la actuación administrativa como
las pruebas recaudadas, para de allí encontrar que el trámite de
Restablecimiento de Derechos del menor presenta irregularidades las cuales
contrario a lo expuesto por la actora, no son muestra de un rigorismo excesivo,
sino en pro de garantizar la efectividad de los derechos del menor,
especialmente el de su identidad, aspecto que ni por lumbre es formal o de
ritualidad sino que trasunta una situación de marca mayor como es la
filiatoria”. Adicionalmente, estimó de suma importancia lo manifestado por Victoria,
en el sentido de que ha realizado todo lo que el ICBF le ha ordenado para poder
estar con su hijo. Teniendo en cuenta lo anterior, consideró que las
autoridades públicas deben propender por la preservación de la unidad familiar.
Por esto, profirió las siguientes ordenes: “SEGUNDO: ORDENAR a la DEFENSORA
DE FAMILIA DEL CENTRO ZONAL CENTRO DEL ICBF que dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes a la notificación de este proveido, disponga las medidas necesarias
para que VICTORIA restablezca el vínculo afectivo con su hijo ANDRÉS, tomando
todas las medidas interdisciplinarias que sean necesarias para su prevalencia,
mientras se decide el mérito de su homologación. TERCERO: INCLUIR a VICTORIA y
a su hijo ANDRÉS en los programas que actualmente existen o los que lleguen a
creer para suplir sus necesidades emocionales, sicológicas y económicas con el
fin de que existe un permanentemente acompañamiento en la construcción de su
proyecto de vida”.[42]
5.
Impugnación
La
Defensora de Familia accionante, impugnó el fallo de primera instancia.[43]
(i) Sostuvo que el fallo de primera instancia no se ajustó a los hechos y
antecedentes que motivaron la acción de tutela, ya que no se tuvo en cuenta y
analizaron todas las pruebas obrantes dentro de la historia de atención del
menor, que dan cuenta de la necesidad de que se restablezcan sus derechos. (ii)
Cuestionó la orden proferida en el sentido de restablecer el vínculo afectivo
entre el menor y su progenitora. (iii) Advirtió que el restablecimiento del
vínculo afectivo inició desde el 14 de agosto de 2012, tiempo durante el cual Victoria,
a pesar de expresar su deseo de permanecer con el niño, no realizó una
vinculación activa que permitiera evidenciar realmente dicho deseo y poder
brindarle unas condiciones que garantizaran su adecuado desarrollo y
crecimiento. Por el contrario, abandonó el proceso que se adelantaba para su
rehabilitación en el consumo de SPA. (iv) Por otra parte, frente a la orden de
incluir a Victoria y a su hijo en los programas para la construcción de
un proyecto de vida, estimó que la misma no es coherente con la otra orden,
puesto que “pareciera que de manera no explicita se dijera que se reintegre
el niño con su progenitora, teniendo en cuenta que a la fecha el niño (…)
continua bajo medida de protección ubicado en un hogar sustituto donde se le
garantizan sus derechos”. (v) Además, realizó un recuento extenso de todas
las acciones adelantadas dentro del proceso de restablecimiento de derechos del
menor, tendientes a lograr que el menor fuera reintegrado a su núcleo familiar
(circunstancia que no pudo efectivizarse). La Defensora argumentó que la
decisión del juez de familia accionado dejó de lado los derechos fundamentales
del niño, dejándolos en suspenso mientras se surte un trámite de impugnación de
paternidad. Esta circunstancia no sólo es avalada por el juez de tutela sino
que, además entró a proteger los derechos de la madre, los cuales se comprobó
que nunca fueron vulnerados.
6.   Decisión del juez
de tutela en segunda instancia
La
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,[44] resolvió
confirmar la decisión de primera instancia con fundamento en las mismas
consideraciones realizadas.[45]
II.
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE
1.
Competencia
y procedencia
1.1.
Esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los
fallos de tutela proferidos dentro del trámite de referencia, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del
Decreto 2591 de 1991.
1.2. La acción de tutela es procedente
porque cumple los requisitos generales de procedencia contra decisiones
judiciales,[46]
por las siguientes seis razones: (i) Tiene una evidente
relevancia constitucional, Está de por medio la vulneración de
derechos fundamentales de un niño que además de ser sujeto de especial
protección constitucional, desde su nacimiento se encuentra en un hogar
sustituto del Instituto Colombiano de Bienestar familiar. (ii) No existe
otro mecanismo judicial idóneo. El proceso de homologación de las
resoluciones de adoptabilidad de niños, niñas y adolescentes es de única
instancia.[47]
Por lo que el único recurso al alcance de la accionante es el de reposición
ante la misma autoridad demandada, quien previamente ya había adoptado una
decisión inhibitoria sobre la homologación solicitada, exponiendo argumentos
que son los que se cuestionan a través de la acción de amparo. De esta manera,
al no existir otro mecanismo ante otra autoridad judicial y al estar de por
medio derechos fundamentales de un menor, se considera satisfecho el requisito
de subsidiariedad. (iii) Cumplió el requisito de la inmediatez.[48]
La acción de tutela fue interpuesta dentro de un término oportuno, justo y
razonable (en efecto, la sentencia reprochada en esta oportunidad fue proferida
el 18 de marzo de 2016 y la acción de tutela fue instaurada el 25 de mayo de
ese mismo año. Eso significa que la accionante acudió a la jurisdicción
constitucional dentro de los dos meses siguientes de haberse proferido la
decisión judicial que considera contraria a sus derechos fundamentales). (iv) Se
alega presuntas irregularidades que, de comprobarse, tienen un efecto decisivo
en la sentencia. Es evidente que una decisión contraria a la no
homologación, hubiera dejado en firme la resolución de adoptabilidad del niño ANDRÉS.
(v) Se identifican los derechos vulnerados (debido proceso y desarrollo
integral y armónico del menor) y los hechos generadores de la vulneración
(desconocer la verdad material probada, por razones formales). (vi) Es evidente
que el presente asunto no pretende discutir una sentencia de tutela,
sino una decisión judicial de homologación.
Cumplidos los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela, la Sala procede a estudiar si la sentencia proferida por
el Juzgado Cuarto de Familia de Oralidad de Cali en el proceso de homologación
de la resolución de adoptabilidad dictada por el ICBF, incurrió en alguna de
las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales.[49]
2.
Problema
jurídico
2.1.
En el presente asunto, corresponde a esta Sala responder el siguiente problema
¿vulnera una autoridad judicial el derecho fundamental al debido proceso de un
menor, al decidir no homologar la decisión de adoptabilidad decretada por la
autoridad administrativa encargada (Defensora de Familia del ICBF), por no
estar formalmente clara la identificación de su progenitora, a pesar de contar
con elementos materiales suficientes que permiten demostrar con certeza la
identidad de la familia del menor?
2.2. Para resolver este problema jurídico, la Sala
analizará: (i) aspectos relevantes del defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto aplicables al caso estudiado, (ii) consideraciones básicas sobre el
derecho a un desarrollo armónico e integral del menor, para luego (iii)
analizar el caso planteado.
3.   Aspectos
relevantes del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto aplicables al
caso estudiado
3.1.
Esta Corporación ha señalado que el defecto procedimental se enmarca dentro del
desarrollo de dos preceptos constitucionales: el derecho al debido proceso
(art. 29, CP) y el acceso a la administración de justicia (art.228, CP).[50]
Al debido proceso, puesto que conlleva al respeto que debe tener el funcionario
judicial por el procedimiento y las formas propias de cada juicio. Y al acceso
a la administración de justicia, pues implica el reconocimiento de la
prevalencia del derecho sustancial y la realización de la justicia material en
la aplicación del derecho procesal.
3.2.
La Corte Constitucional ha indicado que puede producirse un defecto
procedimental en una sentencia cuando el funcionario judicial, por un apego
excesivo a las formas, se aparta de sus obligaciones: (i) impartir justicia,[51]
(ii) buscar que las sentencias se basen en una verdad judicial que se acerque
lo más posible a la verdad real,[52]
y (iii) evitar pronunciamientos inhibitorios que dificulten la eficacia de las
actuaciones de la Administración de Justicia y de los derechos materiales.[53]
Los procedimientos judiciales son medios para alcanzar la efectividad del
derecho y no fines en sí mismos.
3.2.1. De acuerdo con la jurisprudencia de esta
Corporación, un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se presenta
cuando un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo
para la eficacia del derecho sustancial y por esta vía, sus actuaciones
devienen en una denegación de justicia. Así, la Corte ha señalado que una
autoridad judicial incurre en un exceso ritual manifiesto, cuando se apega
rigurosamente a formalismos en relación con el documento idóneo que prueba el
estado civil de las personas, desconociendo la verdad objetiva demostrada a
través de otros documentos o actuaciones. Por ejemplo, la Sentencia T-090 de
1995[54]
estudió el caso de un joven que para poder expedírsele su diploma y otorgarle
el grado de bachiller, el colegio le solicitó una copia actualizada de su
registro civil. El Registrador Municipal expidió copia del documento con una
nota que establecía que el registro era inexistente al carecer de la firma
del funcionario competente de la época, de conformidad con el Artículo 8 del
Decreto 2158 de 1970. Lo anterior, por cuanto al momento del reconocimiento
como hijo extramatrimonial, el acta no fue firmada por el alcalde, sino por su
secretario. En esta oportunidad, la Corte reconoció que en efecto existía un
vicio de forma en el registro, el cual era atribuible a la administración. No
obstante, cuestionó la solución dada por la autoridad de registro, que
pretendía que la
accionante efectuara el trámite necesario para obtener nuevamente su registro
civil. Al respecto señaló: “según estas autoridades, Enadis Estela
Espinosa Casarrubia debe -llegando casi al absurdo- iniciar un juicio de
filiación natural, o acudir a su padre, cuyo paradero desconoce, para que
nuevamente la reconozca como hija extramatrimonial. La situación descrita no
sólo contraría el más elemental sentido común, sino que choca abiertamente con
los principios que rigen la función administrativa, y con los fines del Estado
consagrados en el artículo 2 de la Carta Política”.[55] Consideró
la Corte que el mecanismo judicial propuesto únicamente decidiría la legalidad
de un acto administrativo, mientras que la vulneración de los derechos
fundamentales de la actora continuaría presentándose indefinidamente. Para la
protección de los derechos fundamentales de la accionante, la Corte ordenó que
el acto de registro civil de nacimiento al que indebidamente se le diera apariencia
de legalidad, surta los mismos efectos que se derivarían de un registro
legalmente producido.
3.2.2.
Por otra parte, el exceso ritual manifiesto en que incurren los funcionarios
judiciales al exigir formalidades en el registro civil de nacimiento de las
personas para hacer valer otros derechos ante la administración de justicia, ha
sido tratado por la Corte Constitucional en temas relacionados con procesos de
reparación directa ante los jueces administrativos. Sobre este tema, la
Sentencia T-386 de 2010[56]
resaltó la
necesidad de superar obstáculos, limitaciones o restricciones de carácter
procedimental, para dar cabida a la prevalencia del derecho sustancial, de
manera que se garantice real y efectivamente el acceso a la administración de
justicia.[57]
En esa ocasión, la Corte consideró que la autoridad judicial accionada, al
exigir copia autentica de los registros civiles de nacimiento de los
peticionarios y no adelantar ningún tipo de comparación o evaluación sobre la
realidad documental existente en el expediente (que ponía de manifiesto
elementos definitorios de la verdad requerida), vulneró sus derechos
fundamentales, al desconocer de la obligación de dar prevalencia al derecho
sustancial con el fin de evitar fallos “inicuos”.
En la misma línea, la Sentencia T-926 de 2014,[58]
estudió una tutela contra una providencia judicial en la cual se había negado
la reparación solicitada, por cuanto varios hijos del occiso no aportaron las
copias auténticas de los registros civiles sino copias simples y, ante la
ausencia de otras pruebas, no podrían considerarse como terceros interesados.
Además, la compañera permanente había aportado una declaración extra juicio no
ratificada dentro del proceso, contrariando lo establecido en el Código de
Procedimiento Civil (arts. 298 y 299). La Corte determinó que se incurrió en un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto “al ignorar los indicios
mostrados por otros documentos y actuaciones obrantes en el expediente y
expresar indiferencia al derecho sustancial”.[59]
Respecto a la declaración de juicio aportada por la compañera permanente al
proceso, destacó esta Corporación que, en aplicación del principio de la buena
fe, podría haberse presumido la veracidad de lo declarado ante notario al menos
por dos razones: “(i) a lo largo del proceso ninguna de las partes
controvirtió la existencia de la unión de hecho y (ii) en el expediente podían
encontrarse varios indicios de que Lía Magdalena Rúa era la compañera
permanente de Carlos Alberto Ospina Bedoya”.[60]
En igual sentido, la Sentencia T-339 de 2015,[61] al conocer de
una decisión judicial en la que se concluyó  que no se podía declarar la
responsabilidad del Estado porque los demandantes no acreditaron el parentesco
con el soldado fallecido, pues adjuntaron de manera tardía el registro civil de
nacimiento que demostraba dicha condición, determinó que los jueces accionados
dieron mayor relevancia dentro de su análisis a la ausencia de la prueba
documental, olvidando por completo el deber que irradia cualquier actuación de
los operadores judiciales y que consiste en impartir justicia material.[62]
En este caso, consideró “ante la realidad fáctica del caso,
independientemente del conocimiento tardío de la prueba documental varias veces
referida y de las circunstancias que rodearon su aportación al proceso, y luego
de haber encontrado acreditada la falla en el servicio alegada, resultaba
imperioso para los jueces accionados desplegar las actuaciones que consideraran
necesarias, en uso de sus facultades oficiosas según pasará a exponerse, para
impartir justicia material.”[63]
3.3. En esta medida, se puede concluir, que es
innegable la importancia que tienen las formalidades o ritos dentro de los
procesos judiciales, pues dichas formas buscan garantizar el respeto de un
debido proceso. No obstante, en la aplicación de dichas formalidades no se
deben sacrificar injustificadamente derechos subjetivos, pues precisamente el
fin del derecho procesal es contribuir a la realización de los mismos y
fortalecer la obtención de una verdadera justicia material. En efecto, cuando
se aplican de manera taxativa las normas procesales, y con ello se desplaza el
amparo de los derechos de las personas, es decir, cuando la aplicación de una
norma procedimental se convierte en una forma adversa a los derechos de los
individuos, se configura un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
que hace procedente la acción de tutela contra providencias judiciales.
4. Consideraciones básicas sobre el
desarrollo armónico e integral del menor
El artículo 44 de la Constitución Política
establece que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de
asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y
el ejercicio pleno de sus derechos.
4.1. Desde el antiguo Código del Menor, anterior a la
Constitución de 1991, se reconocía que “las personas y las entidades, tanto
públicas como privadas que desarrollen programas o tengan responsabilidades en
asuntos de menores, tomarán en cuenta sobre toda otra consideración, el interés
superior del menor”.[64]
Además, precisaba que “la interpretación de las normas contenidas en el
presente código deberá hacerse teniendo en cuenta que su finalidad es la
protección del menor”.[65]
En igual sentido, el actual Código de la Infancia y la Adolescencia señala
que “En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier
naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los
adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe
conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona.
En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o
disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés superior del
niño, niña o adolescente”.[66]
4.2. Por su parte, la jurisprudencia de esta Corte ha
establecido que el objetivo de todas las actuaciones oficiales o privadas que
conciernan a los niños debe ser la prevalencia de los derechos e intereses de
los menores.[67]
Concretamente, la Corte explicó en la Sentencia T-397 de 2004[68]
que las decisiones adoptadas por las autoridades que conocen de casos en los
que esté de por medio un menor, con el fin de determinar el interés superior
del menor, deben: (i) atender a los criterios jurídicos relevantes, y (ii)
basarse en una cuidadosa ponderación de las circunstancias fácticas que rodean
al menor involucrado.[69]
4.3.
La Sentencia T-510 de 2003[70]
desarrolló unos criterios generales para orientar a los operadores jurídicos en
sus decisiones en cada caso concreto. Para establecer cómo se satisface el
interés superior se deben hacer consideraciones de dos tipos: (i) fácticas,
referidas a las circunstancias específicas del caso en su totalidad; y (ii)
jurídicas, referidas a los parámetros y criterios establecidos por el
ordenamiento jurídico para promover el bienestar de los niños.[71]Igualmente,
se identificaron las reglas que podían ser aplicadas para establecer en qué
consistía el interés superior, las cuales fueron sintetizadas por la Sentencia
T-044 de 2014[72]
de la siguiente manera:
“a.     Deber
de garantizar el desarrollo integral del niño o la niña;
b.     Deber
de garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de los
derechos del niño o la niña;
c.      Deber
de proteger al niño o niña de riesgos prohibidos;
d.     Deber
de equilibrar los derechos de los niños y los derechos de sus familiares[73],
teniendo en cuenta que si se altera dicho equilibrio, debe adoptarse la
decisión que mejor satisfaga los derechos de los niños;
e.      Deber
de garantizar un ambiente familiar apto para el desarrollo del niño o la niña;
y
f.       Deber
de justificar con razones de peso, la intervención del Estado en las relaciones
materno/paterno filiales.
g.     Deber
de evitar cambios desfavorables en las condiciones de las o los niños
involucrados[74]”.[75]
Estas reglas han sido reiteradas y decantadas por la
jurisprudencia, identificándolas como criterios decisorios generales en casos
que involucran los derechos de menores de edad.[76]
4.4. En lo que respecta al proceso de restablecimiento
de derechos de los menores, la Corte ha adoptado reiterados pronunciamientos en
procura siempre de hacer prevalecer los intereses superiores de los menores. En
este sentido, por ejemplo la Sentencia T-844 de 2011,[77]
señaló la obligación del ICBF de analizar la situación de la familia extensa de
los menores y determinar si para la protección de sus derechos se puede optar
por otras medidas de protección distintas a la adopción, tales como entregar la
custodia a su familia extensa y brindarles el apoyo necesario para preservar
dicho vínculo. Así, exhortó al ICBF para que diseñara
un protocolo en el que se consagraran las directrices que debían seguir los
funcionarios de esa institución en cuanto a la aplicación de las distintas
medidas de restablecimiento de derechos, en especial, la declaración de
adoptabilidad.[78]
De esta manera, la Corte Constitucional realizó un llamado de atención al ICBF,
referente a que sus funcionarios deben ser especialmente cuidadosos en el
adelantamiento del procedimiento administrativo de restablecimiento de
derechos, particularmente en lo atinente a la práctica de las pruebas, y en la
aplicación gradual y razonable de las medidas de protección, la última de las
cuales es la declaración de adoptabilidad, con plena garantía de los derechos
de los niños y de los terceros interesados en dichas actuaciones. No obstante,
no puede olvidarse la condición de indefensión en la que se encuentran los
menores, en razón a su edad, por lo que es preciso advertir, que la búsqueda de
la familia extensa debe ponderarse siempre con los derechos e intereses de los
niños. Dicha búsqueda no puede tener una prevalencia tal que se desproteja a un
niño o niña de la posibilidad de tener una familia. Se ha de buscar un delicado
y fino equilibrio entre darle a un menor esa opción de estar con su familia
extensa sin que ello implique que pase el tiempo hasta un punto en que se
dificulte considerablemente la posibilidad de ser adoptado. Motivo por el cual,
los funcionarios encargados de esta función, deberán hacerla acuciosamente pero
dentro de un término razonable, es decir, no puede prolongarse indefinidamente
y dejarse en suspenso la protección definitiva de los menores.
4.5. En resumen, el interés superior del menor,
considerado en la situación concreta de la niña o del niño que se trate es un
factor que ningún juez o autoridad administrativa puede dejar de considerar.
5.    Existencia
de un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto en el presente caso
5.1.     La
decisión del juez encargado del proceso de homologación de la decisión de
adoptabilidad del menor ANDRÉS incurrió en un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, pues no tuvo en cuenta la verdad objetiva debidamente
probada a través de un largo proceso administrativo. La madre del menor ANDRÉS
es Victoria o Vicky, quien a su vez es hija de la señora Claudia.
Sin embargo, por presentarse inconsistencias en la identificación de la
progenitora del niño, al contar con dos registros civiles de nacimiento con
información inexacta, decidió no homologar la decisión de adoptabilidad,
desplazando con esta actuación el amparo de los derechos del niño para dar una
aplicación estricta a las normas que regulan el estado civil. Para sustentar la
anterior conclusión, esta Sala de Revisión: (i) explicará brevemente el
procedimiento de restablecimiento de derechos y su correspondiente homologación
judicial, (ii) la actuación desplegada por el juez de familia en el caso
concreto, y (iii) la afectación a los derechos del menor, al presentarse un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
5.2.     El
procedimiento de restablecimiento de derechos dirigido a la declaratoria de
adoptabilidad es una actuación de carácter administrativo, que consiste en la
restauración: (i) de su dignidad e integridad como sujeto, y (ii) de su
capacidad de hacer un ejercicio efectivo de las prerrogativas que le han sido
vulneradas.[79]
La declaratoria de adoptabilidad de un menor, debe darse teniendo en cuenta
tres pilares propios del sistema de protección de los menores de edad, los
cuales son: (i) el derecho a tener una familia y a no ser separada de ella,
(ii) el principio del interés superior de los infantes, y (iii) el mencionado
derecho fundamental de los niños a ser escuchados.[80]
Este proceso de restablecimiento de
derechos, bajo ciertas condiciones, puede ser decidido o avalado por un juez de
familia. El Código de la Infancia y la Adolescencia, en sus artículos 107,[81]
108[82] y
119,[83]
señala que procede el mecanismo de homologación ante el juez de familia cuando:
(i) durante la actuación administrativa de restablecimiento de los derechos
existió oposición, (ii) contra la resolución que declara en situación de
adoptabilidad a un menor, se interpone el recurso de reposición y aquél es
resuelto desfavorablemente, o (iii) se presenta directamente oposición contra la
resolución de declaratoria de adoptabilidad, procede frente a la actuación
administrativa el mecanismo de homologación ante el juez de familia. Si el juez de familia evidencia
el incumplimiento de algún requisito legal previsto para la actuación administrativa
de restablecimiento, podrá devolver el expediente al Defensor de Familia para
que lo subsane, y luego de verificada la observancia de dichos requisitos, el
despacho decidirá si homologa la resolución expedida.[84]
En relación con la competencia del juez de
familia en el trámite de la homologación, esta Corporación ha señalado que no
sólo se limita al control formal del procedimiento llevado a cabo en la
actuación administrativa, sino que se extiende a establecer si la medida
adoptada atendió el interés superior del niño.[85]
5.3.     Al haberse
presentado oposición a la decisión de adoptabilidad del menor ANDRÉS,
por parte de su madre Victoria, su abuela Claudia y su presunto
tío paterno Guillermo, la Defensoría de Familia remitió el expediente
del menor al juez de familia para su homologación. El Juez Cuarto de Familia de
Oralidad de Cali ordenó la devolución de las diligencias de homologación a la
Defensora de Familia del ICBF para que aclarara la situación irregular
presentada en la identificación del menor, de su madre y de su abuela.[86]
La anterior decisión se sustentó con base en los siguientes argumentos: (i) el
menor fue reconocido por su progenitora Victoria, quien tiene los
apellidos del compañero de su madre, sin haberse demostrado en el trámite del
proceso por qué figura con un nombre y apellidos distintos a otro registro
civil de nacimiento, en el que figura con el nombre de Vicky y los
apellidos de su madre. (ii) Al estar la madre del menor doblemente registrada,
el niño no tiene plenamente definida su identidad. En atención a lo establecido
por la autoridad judicial accionada, la Defensora de Familia del ICBF, procedió
a citar a las señoras Victoria y Claudia a fin de realizar
diligencia de cancelación de registro civil de nacimiento,[87]
así como a solicitar a la Dirección Nacional del Registro Civil, la cancelación
del registro civil a nombre de Vicky.[88]
Posteriormente, envió de nuevo las diligencias al juez de familia para su
homologación
5.4.     El Juez
accionado decidió nuevamente no resolver la solicitud de homologación y ordenar
la devolución de las diligencias al no estar clara la identidad del menor, su
madre y abuela.[89]
Esta vez, señaló: (i) aunque existe una prueba genética de ADN, en la que se
determinó que Victoria es hija de Claudia, tiene los apellidos de
Rubén (Compañero de Claudia), de quien en la misma prueba de ADN
se determinó no es su padre biológico.[90] (ii) No está
clara la identificación de la abuela del menor, pues en el registro civil que
se anuló figuraba como Esperanza y durante todo el trámite
administrativo se identificó como Claudia. (iii) Para que Victoria se
desligue de la filiación que no le corresponde (los apellidos del compañero de
madre) debe acudir a la impugnación de esa paternidad ante la autoridad
competente. (iv) El hecho de que exista una prueba genética y se acepte la
filiación que no le corresponde, no son suficientes para definir su identidad.
(v) Mientras no se defina la verdadera filiación de la madre del menor, éste
tiene errada su identidad.
5.5.     Considera
la Defensora de Familia accionante que la no homologación de la situación de
adoptabilidad del menor ANDRÉS, le está restringiendo su derecho a
crecer en el seno de una familia idónea. En el caso del menor nada cambiaría el
hecho de que se realizara la impugnación de la paternidad de su progenitora Victoria,
a fin de suprimir de su registro civil el apellido paterno. Conforme a todas
las investigaciones realizadas la familia de origen no puede asumir el cuidado
y protección del menor, así como tampoco lo hizo con Victoria, quien
también estuvo en programa de restablecimiento de derechos desde sus 14 años.
El juez de familia no tuvo en cuenta todas las actuaciones adelantadas en el
trámite administrativo, mediante las cuales se determinó plenamente la
identidad de la familia del menor. Someter el resultado del restablecimiento de
derechos del menor a un proceso de impugnación de paternidad que debe adelantar
su progenitora, el cual puede tardar más de un año, es continuar con la
vulneración de los derechos fundamentales del niño. Esta afirmación es
respaldada por el Ministerio Público, vinculado a la acción de tutela, quien
considera que el proceso de impugnación de paternidad sugerido por el juez de
conocimiento “limitaría las posibilidades al niño a acceder a una familia a
través de la adopción”, puesto el paso del tiempo dificultaría su fácil
adopción por la edad del menor. [91]
5.6.     Concuerda
la Sala con lo manifestado por la accionante y por la Procuraduría, en el
sentido de que con la decisión de la autoridad judicial se están sobreponiendo
formalismos a la efectiva realización de los derechos fundamentales de un
menor. No se comparte el argumento expuesto por el juez para no homologar la
situación de adoptabilidad, según el cual “el niño no tiene plenamente
definida su identidad”. Revisado todo el procedimiento administrativo
surtido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se puede concluir
sin lugar a equivocaciones quiénes constituyen la familia del menor, personas
que fueron vinculadas al proceso de restablecimiento de derechos y notificadas
de todas las determinaciones adoptadas en el mismo. Estas mismas personas han
aclarado en diferentes oportunidades el motivo por el cual existen dos
registros civiles de nacimiento de la progenitora de ANDRÉS, lo cual se
debió precisamente a las situaciones irregulares que llevaron a que Victoria
o Vicky fuera incluida en el programa de restablecimiento de derechos a sus
14 años de edad.
5.6.1.   La autoridad
judicial accionada ha reconocido que la madre del menor es Victoria. Su
inconformismo radica en que ella ostenta unos apellidos que no le corresponden,
lo cual, en su concepto, da lugar a concluir que no está definida la identidad
del menor, quien tiene derecho a saber quiénes son sus padres. El debate
propiciado por el Juez Cuarto de Familia de Oralidad de Cali, no se centra en
establecer la verdadera identidad de ANDRÉS, la cual está clara,[92]
sino que gira en torno al hecho de que la madre del menor hubiese sido
anteriormente registrada por su presunta abuela paterna (registro que ya fue
cancelado), y que en su registro civil de nacimiento figure con un apellido que
no corresponde al de su padre biológico (circunstancia conocida y más que
ratificada por ella).
Olvida el juez de familia que la esencia de la
homologación de la situación de adoptabilidad de un menor, radica en proteger
los intereses y derechos fundamentales de los niños, y no los de sus padres. En
este caso, deja en suspenso la situación del menor ANDRÉS, quien desde
su nacimiento se encuentra bajo el cuidado del ICBF en un hogar sustituto, está
creciendo, ha perdido momentos importantes de su vida y ha sido privado del
contacto y de la presencia de su madre, puesto que ella abandonó el programa de
restablecimiento de derechos. Tal como se dijo anteriormente, la finalidad del
restablecimiento de derechos es “proteger y garantizar los derechos de los
niños, su fundamento es la solidaridad y una de sus principales características
es su carácter temporal, esta última se justifica en la necesidad de
no someter a los niños y niñas a una situación de interinidad en relación con
la garantía de sus derechos”.[93]
(Subrayas fuera de texto).
5.6.2.   En el presente
caso existe una tardanza en la definición de la situación de adoptabilidad del
menor ANDRÉS, la cual está sujeta a la resolución de un procedimiento
judicial en cabeza de la madre, quien en estos momentos es mayor de edad y está
en ella dar el correspondiente impulso procesal. Al tenerse claridad sobre la
filiación del menor, la cual, se insiste, está plenamente demostrada, no puede
una autoridad judicial anteponer requisitos de índole legal o administrativos
para la efectiva realización de los derechos de un niño. Es importante tener en
cuenta que el Código de la Infancia y Adolescencia es contundente al señalar
que “(…) En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales,
administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés
superior del niño, niña o adolescente”.[94] Las
decisiones que se adopten en relación con los menores, tales como la búsqueda
de la familia extensa, o en este caso, la resolución de la situación de
adoptabilidad, debe hacerse con celeridad y eficacia, esto es, en un término
prudencial que no prolongue la vulnerabilidad y desprotección de los menores.
En especial, no se puede demorar hasta el punto de hacer inviable una eventual
adopción. Así, quienes deciden el destino de un menor deber ser razonables. No
pueden aplicar de manera obtusa las normas, desconociendo la verdad fáctica
demostrada.
5.6.3.   Por lo expuesto,
considera la Sala de Revisión que en el presente asunto el Juez Cuarto de
Familia de Oralidad de Cali, en su decisión de devolver las diligencias que
decretan la situación de adoptabilidad del menor ANDRÉS, incurrió en un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al anteponer exigencias
formales en cuanto a la identificación de la progenitora del menor, pasando por
alto que dicha situación fue demostrada y que además se encuentran en juego los
intereses de un menor de edad, a quien se la ha prolongado por mucho tiempo el
restablecimiento de sus derechos. De igual forma, la autoridad judicial
accionada desconoció al menos cuatro de los criterios fijados por la
jurisprudencia sobre el interés superior del menor,[95]
a saber: (i) deber de garantizar el desarrollo integral del niño o la niña y
(ii) deber de garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de
los derechos del niño o la niña. Al impedir, con la dilación injustificada en
el tiempo la homologación de la decisión de adoptabilidad, anteponiendo
requisitos formales ante la verdad objetiva demostrada y reconocida en el
proceso de restablecimiento de derechos. (iii) Deber de equilibrar los derechos
de los niños y los derechos de sus familiares, adoptando la decisión que mejor
satisfaga los derechos de los niños. Al darle primacía al esclarecimiento de la
paternidad de la madre del menor, afectando con ello los derechos del niño, a
que sea definida su situación, y con ello (iv) el deber de garantizar un
ambiente familiar apto para el desarrollo del niño. Al prolongar la posibilidad
de ser adoptado y crecer en el seno de una familia que garantice su desarrollo
integral.
5.6.4.   Teniendo en cuenta
lo anterior, la Sala ordenará revocar las decisiones de instancia, y en su
lugar, ordenará al Juzgado Cuarto de Familia de Oralidad de Cali que dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
providencia, decida de fondo la solicitud de homologación de la situación de
adoptabilidad del menor ANDRÉS, teniendo en cuenta para ello todas las
circunstancias fácticas que llevaron a la Defensoría de Familia, después de un
proceso de más de tres años, a decidir sobre la adoptabilidad del menor.
III.
DECISIÓN
Anteponer
la realización de un procedimiento formal, pese a la verdad demostrada y
reconocida en un proceso de restablecimiento de derechos, configura un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto y vulnera los intereses y derechos
fundamentales del menor involucrado. En especial si la decisión pone en juego
el interés superior de una niña o un niño, al afectar o amenazar derechos
fundamentales, como por ejemplo (i) su identidad, (ii) el derecho a tener una
familia, y (iii) el desarrollo armónico e integral.
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo
y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO:
REVOCAR, por las razones
expuestas en esta providencia, la sentencia de tutela proferida el
veintidós (22) de julio de dos mil dieciséis (2016) por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia, la cual confirmó la decisión del nueve
(09) de junio de dos mil dieciséis (2016) proferida por la Sala de Familia del
Tribunal Superior de Cali y, en su lugar, CONCEDER el amparo de los
derechos fundamentales al debido proceso, y al interés superior del menor,
promovido por la Defensora de Familia del ICBF, Centro Zonal Centro, Cali contra
el Juzgado Cuarto de Familia de Oralidad de Cali.
SEGUNDO: DEJAR
SIN EFECTO
el Auto Interlocutorio No. 362 del 18 de marzo de 2016, proferido por el
Juzgado Cuarto de Familia de Oralidad de Cali, mediante el cual se ordenó la
devolución de las diligencias de homologación y, en consecuencia, ORDENAR
al Juzgado Cuarto de Familia de Oralidad de Cali que dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la recepción del expediente contentivo de las
diligencias de homologación de la situación de adoptabilidad del menor Andrés,
decida de fondo sobre la solicitud de homologación, teniendo en cuenta para
ello: (i) todas las circunstancias fácticas que llevaron a la Defensoría de
Familia del ICBF, Centro Zonal Centro, Cali, después de un proceso de más de
tres años, a decidir sobre la adoptabilidad del niño, (ii) las oposiciones
presentadas en el trámite de adoptabilidad, y (iii) los criterios establecidos
por la Corte Constitucional para preservar el interés superior del menor en el
caso concreto.
TERCERO.- ORDENAR a
la Defensoría de Familia del ICBF, Centro Zonal Centro, Cali, que dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia,
realice el envío de las diligencias de homologación de la situación de
adoptabilidad del menor Andrés al Juzgado Cuarto de Familia de Oralidad
de Cali, para que éste pueda dar cumplimiento a lo ordenado en el numeral
segundo de la parte resolutiva de esta providencia.
CUARTO.- ORDENAR
por Secretaría General a todas las instituciones y entidades que de una u otra
manera han intervenido en este proceso, que se encarguen de salvaguardar la
intimidad de la accionante y de sus familiares, manteniendo la reserva sobre
todos los datos que permitan su identificación.
QUINTO.- LIBRAR
las
comunicaciones –por la Secretaría General de la Corte Constitucional–, así como
DISPONER las notificaciones a las partes –a través del Juez de tutela de
primera instancia–, previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese y cúmplase.
AQUILES
ARRIETA GÓMEZ
Magistrado
(e)
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con
aclaración de voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
A LA SENTENCIA T-024/17
M.P. AQUILES ARRIETA GÓMEZ
ACCION DE TUTELA Y
REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD-Flexibilidad en caso de sujetos de especial protección
constitucional (Aclaración de voto)
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES EN PROCESO DE HOMOLOGACION DE DECLARATORIA DE
ADOPTABILIDAD-La no interposición del recurso de reposición frente a decisión
del juez de familia no torna improcedente el amparo, pues se trata de la
protección de derechos fundamentales de menor de edad (Aclaración de voto)
Con el respeto acostumbrado hacia las
decisiones de la Corte, me permito aclarar mi voto en la sentencia de la
referencia.
Si bien comparto el sentido general de la
decisión, considero importante que la Sala se pronuncie sobre el requisito de
subsidiariedad para la procedencia de la acción de tutela, teniendo en cuenta
que esta fue la razón por la que los jueces de primera y segunda instancia
resolvieron negar el amparo.
En este sentido, al tratarse de una
decisión en sede de revisión el juez constitucional debe ser exhaustivo en su
análisis, más aun tratándose de una tutela contra providencia judicial,
contexto en el que los requisitos de subsidiariedad e inmediatez deben ser
estudiados rigurosamente. Particularmente, resulta relevante recordar a los
jueces de instancia las excepciones que ha admitido la Corte Constitucional al
requisito general de procedencia.
Así, bajo un estudio detallado del contexto
en el que se desarrollan algunos casos, la Corte ha realizado un análisis
flexible de dichos requisitos. Uno de los aspectos que se tienen en cuenta para
estudiar ampliamente los requisitos formales de procedibilidad es la condición
de vulnerabilidad que se predica de algunas personas, que las hace merecedoras
de una especial protección constitucional[96]. Sobre este punto,
la sentencia T-719 de 2003[97] dijo:
Si bien los
jueces de tutela deben ser estrictos en la aplicación de estos requisitos, para
efectos de respetar el carácter subsidiario del mecanismo judicial en cuestión,
existen casos en los que el análisis de procedibilidad de la tutela en el caso
concreto se debe efectuar en forma más amplia -esto es, menos estricta-, dada
la naturaleza de las personas que solicitan amparo para sus derechos
fundamentales: se trata de los casos en que estén de por medio los derechos de
cualquiera de los sujetos de especial protección constitucional, tales como
niños, mujeres cabeza de familia, ancianos, miembros de minorías o personas en
condiciones de extrema pobreza. En tales situaciones, los jueces deben estudiar
las características del perjuicio irremediable arriba explicadas con un
criterio de admisibilidad más amplio, para así materializar, en el campo de la acción
de tutela, la particular atención y protección que el Constituyente otorgó a
estas personas, dadas sus condiciones de vulnerabilidad, debilidad o
marginalidad.
Antes bien, en
casos específicos de tutela contra providencia judicial, en los que el requisito
de subsidiariedad se encontraba comprometido, la Corte ha hecho un análisis
amplio del mismo, cuando (i) el descuido en la interposición del recurso no
dependió del accionante[98] y, (ii) en cuestiones en las que
tratándose del estado civil de las personas, debe primar el derecho sustancial
sobre el procesal, teniendo en cuenta la naturaleza fundamental y el carácter
indisponible de los derechos en • juego[99].
Para el caso resuelto en la sentencia
T-024 de 2017, resulta aplicable el segundo de los supuestos expuestos, pues en
últimas, el resultado del proceso de homologación de la resolución que declaró
el estado de adoptabilidad de Andrés, influye
directamente en la definición de su personalidad y su estado civil. En este
orden de ideas, y aunque tal como lo menciona la sentencia, este tipo de
procesos son de única instancia; la no interposición del recurso de reposición
frente a la decisión del Juez de familia no torna improcedente el amparo, pues
se trata de la protección de los derechos fundamentales de un menor edad, cuyo
parentesco se encontraba plenamente establecido, pese a los errores hallados en
los registros civiles de su progenitora, tal como lo
estableció la Sala de Revisión. Esta realidad fue pasada por alto en las decisiones
de instancia, en donde primó el derecho procesal sobre el sustancial, demorando
aún más el restablecimiento de los derechos del menor Andrés.
Fecha ut supra,
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
[1]Sentencia proferida el veintidós (22) de julio de dos mil dieciséis
(2016).
[2]Sentencia proferida el nueve (09) de junio de
dos mil dieciséis (2016).
[3]Artículos 86 y 241-9.
[4]Artículo 33.
[5]Artículo 55.
[6] Conformada por los Magistrados Jorge Iván
Palacio Palacio y Aquiles Arrieta Gómez.
[7] Mediante Auto
proferido el diecinueve (19) de septiembre de dos mil dieciséis (2016),
notificado el veintinueve (29) de septiembre de dos mil dieciséis (2016).
[8] Ver entre otras, Corte Constitucional,
Sentencias T-523 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón; SV José Gregorio Hernández
Galindo), T-442 de 1994 (MP Antonio Barrera Carbonell), T-420 de 1996 (MP
Vladimiro Naranjo Mesa), SU-337 de 1999 (MP Alejandro Martínez Caballero),
T-941 de 1999 (MP Carlos Gaviria Díaz), T-1025 de 2002 (MP Rodrigo Escobar
Gil), T-510 de 2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-639 de 2006 (MP Jaime
Córdoba Triviño), T-917 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-794 de 2007
(MP Rodrigo Escobar Gil ; SV Nilson Pinilla Pinilla), T-302 de 2008 (MP
Jaime Córdoba Triviño), T-557 de 2011 (MP María Victoria Calle Correa), T-453
de 2013 (MP Nilson Pinilla Pinilla; AV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-212 de
2014 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez ; SV Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo). En estas decisiones la Corte estudió casos en los que al advertir que
un menor puede terminar afectado en alguno de sus derechos fundamentales
por el hecho mismo de la publicación de la información que se ventila dentro
del trámite de la acción de tutela, implantó la reserva de los
datos que permitieran su identificación.
[9] Al debido proceso, a la defensa, al acceso a la
administración de justicia, al interés superior del menor y a crecer en una
familia idónea.
[10] Victoria ingresó bajo medida provisional de
restablecimiento de derechos, conforme al registro civil de nacimiento y
tarjeta de identidad que registraban los siguientes datos: (i) nació el día 19
de enero de 1998 en Puerto Asís, Putumayo, (ii) inscrita en la Notaría Cuarta
de Cali, bajo el indicativo serial No. xxxx y NUIP No. xxxx, (iii) hija de la
señora Claudia, identificada con cédula de ciudadanía No. xxxx de Orito,
Putumayo, y el señor Rubén, identificado con cédula de ciudadanía No.
xxxx.
[11] Victoriafue ubicada en
la Fundación Paz y Bien el 27 de
febrero de 2012.
[12] Refería tener 3 meses y medio de gestación.
[13] Indica la Defensoría de Familia que estos
hechos fueron puestos en conocimiento de
la Fiscalía General de la Nación, correspondiéndole el caso a la Fiscalía 60-
CAIVAS.
[14] El día 16 de julio de 2012.
[15] Así consta en el Registro Civil de Nacimiento
No. xxxx de la Registraduría de Cali, sin que se registren datos del padre (a
folio 9 del Cuaderno de tutela)
[16] Fundación Caicedo González.
[17] Folio 24 del Cuaderno de tutela.
[18] La decisión fue notificada personalmente a la señora Claudia,
en su condición de abuela materna del menor (a Folio 26 del Cuaderno de
tutela).
[19] Mediante Auto del 16 de julio de 2013, la Defensora
de familia, Centro Zonal, Centro Cali modificó la medida de restablecimiento de
derechos de Victoria y la ubicó en la Fundación Hogares Claret, de
naturaleza terapéutica, favoreciendo los encuentros familiares entre ella y su
hijo, quien continuó bajo el cuidado de un hogar sustituto.
[20] Los datos que figuran en el registro civil de
nacimiento aportado son: (i) nació el 19
de enero de 1998 en Planadas, Tolima, (ii) inscrita en la Notaría Primera de
Planadas, Tolima, bajo el indicativo serial No. xxxx y NUIP No. xxxx, (iii)
hija de la señora Esperanza, sin identificación y sin datos del padre.
Refiere que este registro fue realizado por orden del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, Defensoría de Planadas- Tolima, y a solicitud de la
presunta abuela paterna, quien señala que el padre murió sin poder realizar el
correspondiente registro. (a folio 83 Cuaderno de tutela).
[21] El 7 de noviembre de 2013 (a Folio 131 Cuaderno de
tutela).
[22] El 13 de diciembre de 2013.
[23] Fundación Hogares Claret.
[24] Lo anterior consta en Acta de Reunión del ICBF, (a
folio 136 del Cuaderno de tutela).
[25] En el examen de genética realizado se
concluyó lo siguiente: “1. RUBÉN
queda excluido como el padre biológico de la menor VICTORIA. 2. CLAUDIA
no se excluye como la madre biológica de la menor VICTORIA. Probabilidad
de maternidad: 99.99999%. Es 15.258.869.7874 veces más probable que CLAUDIA
sea la madre biológica de la menor VICTORIA a que no lo sea” (a folios 285 y 286 Cuaderno de Tutela).
[26] De esta situación, la Defensoría accionante
tuvo conocimiento por informe físico presentado por la fundación Hogares Claret
el 1° de agosto de 2014.
[27] Mediante Resolución No. 044 del 28 de julio de 2015
(a folios 248 a 259 Cuaderno de
tutela).
[28] Folio 260 Cuaderno de tutela.
[29] Folios 267 y 268 Cuaderno de tutela.
[30] Folio 277 Cuaderno de tutela.
[31] Mediante Auto del 30 de septiembre de 2015 (a folio
279 Cuaderno de tutela).
[32] Mediante Auto 178 del 21 de octubre de 2015, la
Defensora de Familia, Centro Zonal Centro Cali, ordenó: “CITAR a los señores VICTORIA
Y CLAUDIA, a fin de realizar DILIGENCIA DE CANCELACIÓN DE REGISTRO
CIVIL DE NACIMIENTO. SEGUNDO: UNA VEZ se profiera el respectivo acto administrativo,
debidamente ejecutoriado, realizar solicitud de cancelación de Registro Civil
de Nacimiento ante el Servicio Nacional de Inscripción de Registro Civil (a
folio 284 Cuaderno de tutela).
[33]Mediante Resolución NO. 075 del 11 de noviembre de
2015, la Defensora de Familia, Centro Zonal Centro Cali resolvió: “SOLICITAR a
la Dirección Nacional de Registro Civil CANCELACIÓN del Registro Civil de
nacimiento a nombre de VICKY, nacida el día 19 de enero de 1998 en
Planadas- Tolima, hija de la señora ESPERANZA, sin identificación, No.
XXXX (a folios 290 y 291 Cuaderno de tutela).
[34] Acta de notificación personal en la que la señora Claudia
al ser indagada sobre la ubicación de su hija, manifiesta que “No sé dónde se
encuentra, sé que se fue a vivir con su marido es un muchacho, se llama Yeison
y el apellido no lo sé, tienen como cuatro meses de conocerse, viven por la
Sirena por los lados del crucero pero no sé la dirección, y no tiene teléfono”.
Igualmente, afirma “Estoy de acuerdo que se cancele el registro a nombre de VICKY
y no el de VICTORIA ya que a ella siempre la hemos llamado así “VICTORIA”,
desde que nació, ese otro nombre se lo colocó fue la abuela sin nuestro
conocimiento, ella fue la que hizo ese otro registro” (a folio 292 Cuaderno
tutela).
[35] El 30 de diciembre de 2015, se recibió oficio de la
Registraduría Nacional del Estado Civil señalando que: “(…) ha sido invalidada
por Cancelación, la información de registro civil de nacimiento de VICKY,
inscrita bajo serial No. xxxx de la Notaria Primera de Planadas (Tolima)” (a
folio 304 Cuaderno de tutela).
[36] Mediante auto del 3 de febrero de 2016 (a folio 305
Cuaderno de tutela).
[37] Mediante Auto Interlocutorio No. 362 del 18 de marzo
de 2016 (a folio 308 Cuaderno de tutela).
[38] La Sala de Familia del Tribunal Superior de Cali,
mediante Auto del veinticinco (25) de mayo de dos mil dieciséis (2016), avocó
conocimiento de la acción de tutela y ordenó vincular al Ministerio Público, a
las señoras Victoria y/o Vicky, Claudia y/o Esperanza,
Julia y Nataly (hermana de Victoria o Vicky) y al
señor Guillermo.
[39] En la declaración la señora Claudia al
ser indagada por el padre de su hija manifiesta que “el papá se llama xxxx,
[é]l falleció hace 14 años”. Aclarando que “el finado no le dio el apellido y
el señor con el que yo estoy viviendo desde hace como 13 años le dio el
apellido, la niña sabe que él no es el papá pero le dice papá porque le cogió
mucho aprecio”. En lo que respecta al hecho de que la adolecente cuente con 2
registros civiles con diferente nombre y diferente mamá, señala que “un
registro lo hizo la abuela de la adolescente y el día que ella lo realiz[ó] no
me llam[ó] a mí y ella me sabia el propio nombre mío, y mi propio nombre es Claudia
pero al finado no le gustaba mi nombre y a mí tampoco y por eso él me puso Esperanza”
(a folios 328 y 329 Cuaderno de tutela).
[40] A esta petición coadyuvó la señora Claudia.
[41] Con salvamento de voto de la Magistrada Gloria
Montoya Echeverri.
[42] Mediante sentencia del nueve (9) de junio de dos mil
dieciséis (2016).
[43] Mediante escrito del quince (15) de junio de dos mil
dieciséis (2016).
[44] Mediante sentencia del veintidós (22) de julio de dos
mil dieciséis (2016).
[45] La Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en fallo del 22 de julio de
2016 señaló: “En el presente asunto, la solicitud de amparo no cumple con el
comentado principio de subsidiariedad pues según se advierte, la Defensora de
Familia accionante tuvo a su alcance otro medio de defensa judicial para
controvertir la decisión del Juzgado que considera lesiva de los intereses del
menor (…) al observar los fundamentos jurídicos de la decisión del fallador (…)
no se advierte que la misma sea el resultado de un subjetivo criterio que
conlleve ostensible desviación del ordenamiento jurídico y por ende, tenga aptitud
para lesionar las garantías superiores de quien promovió la queja
constitucional, toda vez que el juzgador realizó una legítima interpretación de
la normatividad aplicable al caso y sobre todo la protección de las garantías
constitucionales y legales del niño.// finalmente, cabe recordar que la
actuación de un Juzgado en el trámite de homologación de la Resolución de
declaración de un menor en situación de adoptabilidad (…) no se restringe a
revisar los requisitos formales de dicha decisión y del proceso administrativo,
sino además de revisar si en realidad con ella se están reestableciendo [los]
derechos del niño (…) y que también se respeten las garantías de la familia de
éste”.
[46]A mediados de la primera década del Siglo XXI,
la Sala Plena de la Corte Constitucional, sistematizó y unificó los requisitos
de procedencia y las razones o causales de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales. Tema que había sido tratado, entre muchas otras, en
las Sentencias T-079 de 1993 y T-231 de 1994 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz),
T-118 de 1995 (MP José Gregorio Hernández Galindo), T-055 de 1997 (MP Eduardo
Cifuentes Muñoz), T-204 de 1998 (MP Hernando Herrera Vergara), T-001 de 1999
(MP José Gregorio Hernández Galindo), T-1009 de 2000 (MP Carlos Gaviria Díaz),
T-025 de 2001 (MP Eduardo Montealegre Lynett), T-188 de 2002 (MP Alfredo
Beltrán Sierra).De esta manera, la Corte en la Sentencia C-590 de 2005(MP Jaime
Córdoba Triviño)señaló como requisitos generales de procedencia los siguientes:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. (…) b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
(…) c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se
hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho
que originó la vulneración. (…) d. Cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora. (…). e. Que la parte actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible. (…) e. Que no se trate de
sentencias de tutela”. Estos criterios establecidos en la Sentencia C-590 de
2005, han sido reiterados uniformemente en múltiples pronunciamientos, por
ejemplo, en las Sentencias T-950 de 2006 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-905
de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-203 de 2007 (MP Jaime Córdoba
Triviño), T-264 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-583 de 2009 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub), T-453 de 2010 (MP Humberto Antonio Sierra Porto),
T-589 de 2010 (MP María Victoria Calle Correa), T-464 de 2011 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio; AV Nilson Elias Pinilla Pinilla), T-872 de 2012 (MP Mauricio
González Cuervo), SU-918 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SV Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo y Nilson Elias Pinilla Pinilla), T-103 de 2014 (MP
Jorge Iván Palacio Palacio), T-213 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa),
SU-297 de 2015 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-060 de 2016 (MP Alejandro
Linares Cantillo; AV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV Gloria Stella Ortiz
Delgado) y T-176 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; AV Jorge Iván Palacio
Palacio).
[47] Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide el
Código de la Infancia y la Adolescencia”. Artículo 119: “COMPETENCIA DEL JUEZ
DE FAMILIA EN UNICA INSTANCIA. Sin perjuicio de las competencias asignadas por
otras leyes, corresponde al juez de familia, en única instancia: 1. La
homologación de la resolución que declara la adoptabilidad de niños, niñas o
adolescentes. (…)”.
[48] Sobre este punto, es pertinente recordar que esta
Corporación ha establecido como requisito de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales el
principio de inmediatez, el cual se traduce en el deber de solicitar el amparo
constitucional tan pronto como sea posible, atendiendo las particularidades del
hecho que genera la violación. Al respecto, se puede consultar entre muchas
otras: Corte Constitucional, SentenciasT-1089 de 2004 (Álvaro Tafur Galvis), T403 de 2005 (MP Jaime Córdoba
Triviño), T-1009 de 2006 (MP Clara Inés Vargas Hernández; SV Jaime Araújo
Rentería), T-607 de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-680 de 2010 (MP
Nilson Pinilla Pinilla), T-611 de 2011 (MP Mauricio González Cuervo), T-323 de
2012 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; AV Nilson Pinilla Pinilla), T-034 de
2013 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez), SU-377 de 2014 (MP María Victoria
Calle Correa; SV Luis Guillermo Guerrero Pérez) y T-539 de 2015 (MP Luis
Guillermo Guerrero Pérez; SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[49] En la sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime
Córdoba Triviño), además de los requisitos generales de procedencia, se
señalaron las causales de procedibilidad especiales o materiales del amparo
tutelar contra las decisiones judiciales. Estas son: “a. Defecto orgánico, que
se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia
impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto
procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al
margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en
el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los
casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h.
Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando
la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. i.
violación directa de la Constitución”.
[50] En relación con el defecto procedimental como
vulneratorio del derecho al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, puede consultarse, entre otras: Corte Constitucional, Sentencias
T-1306 de 2001 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra; AV Rodrigo Uprimny Yepes), T-289
de 2005 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-737 de 2007 (MP Jaime Córdoba
Triviño), T-1091 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-599 de 2009 (MP
Juan Carlos Henao Pérez), T-386 de 2010 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-531 de
2010 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-267 de 2011 (MP Mauricio González
Cuervo), T-327 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y T-213 de 2012 (MP
Luis Ernesto Vargas Silva).
[51] Ver por ejemplo, Corte Constitucional, Sentencia T- 264 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva). En esa oportunidad, esta Corporación precisó que puede “producirse un defecto
procedimental en una sentencia cuando el funcionario judicial, por un apego
excesivo a las formas” se aparta de sus obligaciones de impartir
justicia sin tener en cuenta que los procedimientos judiciales son medios para
alcanzar la efectividad del derecho y no fines en sí mismos. La Corte consideró
que la autoridad judicial accionada había incurrido en un defecto procedimental
por exceso ritual
manifiesto, actuando en “contra de su papel de director del proceso y del rol protagónico
que le asigna el ordenamiento en la garantía de los derechos materiales, al
omitir la práctica de una prueba imprescindible para fallar, a pesar de la
presencia de elementos que le permitían concluir que por esa vía llegaría a una
decisión indiferente al derecho material. Por esta vía, la autoridad accionada
cerró definitivamente las puertas de la jurisdicción a la peticionaria, olvidó
su papel de garante de los derechos sustanciales, su obligación de dar
prevalencia al derecho sustancial, y su compromiso con la búsqueda de la verdad
en el proceso como presupuesto para la adopción de decisiones justas”.
[52] Ver por ejemplo, Corte Constitucional,
Sentencia T-268 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio; SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; AV Nilson Pinilla Pinilla), en la
que la Corte al referirse al defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, concluyó que el mismo se presenta “cuando el funcionario
judicial, por un apego extremo y aplicación mecánica de las formas, renuncia
conscientemente a la verdad jurídica objetiva patente en los hechos,
derivándose de su actuar una inaplicación de la justicia material y del
principio de prevalencia del derecho sustancial”. Lo anterior, fue
reiterado por las Sentencias T-386 de 2010 (MP Nilson Pinilla Pinilla) y T-637 de 2010 (MP Juan Carlos Henao
Pérez).
[53]  La Corte ha señalado que el derecho al
acceso de la administración de justicia, supone la garantía de obtener
respuestas definitivas a las controversias planteadas, así que los jueces se
encuentran obligados adoptar todas las medidas pertinentes para evitar los
pronunciamientos inhibitorios, bien sea de forma manifiesta, o de forma
implícita, cuando una decisión es solo en apariencia de mérito. Ver por
ejemplo, Corte Constitucional, Sentencias T-1017 de 1999 (MP Eduardo Cifuentes
Muñoz) y T-134 de 2004 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[54] Corte
Constitucional, Sentencia T-090 de 1995 (MP Carlos Gaviria Díaz).
[55] Corte Constitucional, Sentencia T-090 de 1995 (MP
Carlos Gaviria Díaz).
[56] Corte Constitucional, Sentencia T-386 de 2010 (MP
Nilson Pinilla Pinilla).
[57] Corte
Constitucional, Sentencia T-386 de 2010 (MP Nilson Pinilla Pinilla).
[58] Corte Constitucional, Sentencia T-926 de 2014 (MP
Gloria Stella Ortiz Delgado).
[59] Corte Constitucional, Sentencia T-926 de 2014 (MP
Gloria Stella Ortiz Delgado).
[60] Corte Constitucional, Sentencia T-926 de 2014 (MP
Gloria Stella Ortiz Delgado).
[61] Corte Constitucional, Sentencia T-339 de 2015 (MP
Jorge Iván Palacio Palacio).
[62] Corte
Constitucional, Sentencia T-339 de 2015 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[63] Corte Constitucional, Sentencia T-339 de 2015 (MP Jorge
Iván Palacio Palacio).
[64] Antiguo Código del Menor, Decreto 2737 de 1989,
artículo 20.
[65] Antiguo Código del Menor, Decreto 2737 de 1989,
artículo 22.
[66] Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de
2006, artículo 9.
[67] En la Sentencia T-514 de 1998 (MP José Gregorio Hernández) se explicó que el concepto
del interés superior del menor consiste en el reconocimiento de una “caracterización
jurídica específica para el niño, basada en la naturaleza prevaleciente de
sus intereses y derechos, que impone a la familia, la sociedad y el Estado la
obligación de darle un trato acorde a esa prevalencia que lo proteja de
manera especial, que lo guarde de abusos y arbitrariedades y que garantice el
desarrollo normal y sano del menor desde los puntos de vista físico,
psicológico, intelectual y moral y la correcta evolución de su personalidad”.
En la Sentencia T-979 de 2001 (MP Jaime Córdoba Triviño) se señaló que “el
reconocimiento de la prevalencia de los derechos fundamentales del niño (…)
propende por el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en
consideración al grado de vulnerabilidad del menor y a las condiciones
especiales requeridas para su crecimiento y formación, y tiene el propósito de
garantizar el desarrollo de su personalidad al máximo grado”. En la Sentencia
T-397 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), se resaltó que “Es necesario que las
autoridades o los particulares encargados de adoptar una decisión respecto del
bienestar del niño implicado se abstengan de desmejorar las condiciones en las
cuales se encuentra éste al momento mismo de la decisión”.
[68] Corte
Constitucional, Sentencia T-397 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[69] Corte
Constitucional, Sentencia T-397 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). Las
reglas establecidas en esta sentencia has sido reiteradas, entre otras, en las
Sentencias T-808 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-968 de 2009 (MP
María Victoria Calle Correa), T-075 de 2013 (MP Nilson Pinilla Pinilla; AV
Alexei Julio Estrada), T-572 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez) y T-1015 de
2010 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; AV María Victoria Calle Correa).
[70] Corte Constitucional, Sentencia T-510 de 2003 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa). En
esa oportunidad la Corte conoció el caso de una mujer que, sin haber sido asesorada
adecuadamente por el ICBF, entregó a su hija recién nacida en adopción.
Posteriormente revocó su consentimiento, pero ello no fue aceptado porque a
juicio del ICBF, transcurrido un mes desde la entrega en adopción de un menor
de edad, el consentimiento se hace irrevocable. La mujer solicitó mediante la
acción constitucional de amparo, que la niña no fuera dada en adopción y le
fuera entregada. La Corte ordenó reintegrar a la niña al seno de su familia
biológica.
[71] Estas consideraciones han sido tenidas en cuenta
constantemente por la Corte Constitucional. Por ejemplo en la Sentencia T-580A de 2011 (MP Mauricio González Cuervo)
señaló “las autoridades administrativas y
judiciales encargadas de determinar el contenido del interés superior de los
niños en casos particulares cuentan con un margen de discrecionalidad
importante para evaluar, en aplicación de las disposiciones jurídicas
relevantes y en atención a las circunstancias fácticas de los menores de edad
implicados, cuál es la solución que mejor satisface dicho interés.”
[72] Corte Constitucional, Sentencia T-044 de 2014 (MP
Luis Ernesto Vargas Silva). En esta sentencia se sintetizan las reglas fijadas
en la Sentencia T-510 de 2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa)
[73] “La
jurisprudencia de manera general ha reiterado la regla referida a la necesidad
de equilibrar los derechos de los niños y los de sus padres. Sin embargo, en
sentencia T-397 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda y T-572 de 2010, M.P. Juan
Carlos Henao, se reformuló esta regla para hablar de la necesidad de equilibrar
los derechos de los parientes biológicos o de crianza, con los derechos de las
y los niños”.
[74] “Esta regla fue formulada en las sentencias
T-397 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda y T-572 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao”.
[75] Corte Constitucional, Sentencia T-044 de 2014 (MP
Luis Ernesto Vargas Silva).
[76] Estas reglas han sido reiteradas, entre
muchas otras, en las Sentencias T-292 de 2004(MP Manuel José Cepeda),
T-497 de 2005(MP Rodrigo Escobar Gil), T-466 de 2006 (MP Manuel José Cepeda),
T-968 de 2009 (MP María Victoria Calle), T-580A de 2011(MP Mauricio González
Cuervo) y C-900 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SV Humberto Antonio
Sierra Porto).
[77] Corte Constitucional, Sentencia T-844 de 2011 (MP
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SV Humberto Antonio Sierra Porto). En esta
ocasión, la Corte estudió el caso
de una joven que, a la edad de los 9 años fue declarada en situación de
abandono. Ante ese hecho fue dada en adopción pero en su proceso de adaptación
a la nueva familia la niña siempre hacía referencia a su familia biológica y a
su deseo de volver a su seno, lo que condujo a su madre adoptiva la reintegrara
al ICBF para que restableciera el vínculo con la misma. Con posterioridad al
reintegro, el ICBF inició un nuevo proceso de adopción y ubicó a la niña en un
hogar sustituto de donde salió varias veces para supuestamente buscar a su
familia de crianza. La accionante, quien fuera una tía materna de la menor,
sostuvo que dentro del proceso administrativo y judicial que dio origen a la
adopción de ésta, se presentó una grave falta de información y participación de
la familia de crianza que les impidió participar en el procedimiento que llevó
al ICBF a declarar a la niña en situación de adoptabilidad, pese a contar con
personas que podían hacerse responsables de ella.
[78] En cumplimiento de lo anterior, el ICBF
diseñó el protocolo “Para la aplicación de las medidas de restablecimiento de
derechos en el proceso administrativo”, en el cual dispuso en relación con la
familia extensa: “Ubicación en familia de origen o familia extensa: Es la
ubicación del niño, niña o adolescente con sus padres, o parientes de acuerdo
con lo establecido en el artículo 61 del Código Civil, cuando estos ofrezcan
las condiciones para garantizarles el ejercicio de sus derechos”.
[79] Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide el
Código de la Infancia y la Adolescencia” Artículo 50. Restablecimiento
de los derechos. Se entiende por restablecimiento de los derechos de los
niños, las niñas y los adolescentes, la restauración de su dignidad e
integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de
los derechos que le han sido vulnerados. Artículo 51. Obligación
del restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los
adolescentes. El restablecimiento de los derechos de los niños, las
niñas o los adolescentes es responsabilidad del Estado en su conjunto a través
de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de informar, oficiar
o conducir ante la policía, las defensorías de familia, las comisarías de
familia o en su defecto, los inspectores de policía o las personerías
municipales o distritales, a todos los niños, las niñas o los adolescentes que
se encuentren en condiciones de riesgo o vulnerabilidad. Cuando esto ocurra, la
autoridad competente deberá asegurarse de que el Sistema Nacional de Bienestar
Familiar garantice su vinculación a los servicios sociales.
[80] Estos
aspectos han sido ampliamente desarrollados por la jurisprudencia
constitucional, entre otras, en la Sentencia T-212 de 2014 (MP Luis Guillermo
Guerrero Pérez), la cual reiteró lo establecido en las Sentencias T-663 y T-664
de 2012 (MP Adriana María Guillen Arango).
[81] Ley 1098 de 2006, artículo 107: “Contenido de
la declaratoria de adoptabilidad o de vulneración de derechos. (…) Parágrafo
1o. Dentro de los veinte días siguientes a la ejecutoria de la resolución que
declara la adoptabilidad podrán oponerse las personas a cuyo cargo estuviere el
cuidado, la crianza y educación del niño, niña o adolescente, aunque no lo hubieren
hecho durante la actuación administrativa. Para ello deberán expresar las
razones en que se fundan y aportar las pruebas que sustentan la oposición. (…)”
[82] Ley 1098 de 2006, artículo 108: “Cuando se
declare la adoptabilidad de un niño, una niña o un adolescente habiendo
existido oposición en la actuación administrativa, y cuando la oposición se
presente en la oportunidad prevista en el parágrafo primero del artículo
anterior, el Defensor de Familia deberá remitir el expediente al Juez de
Familia para su homologación. En los demás casos la resolución que declare la
adoptabilidad producirá, respecto de los padres, la terminación de la patria
potestad del niño, niña o adolescente adoptable y deberá ser inscrita en el
libro de varios de la notaría o de la oficina de registro civil.”
[83] Ley 1098 de 2006, artículo
119: “Competencia del juez de familia en única instancia. Sin perjuicio de las competencias
asignadas por otras leyes, corresponde al juez de familia, en única instancia:
1. La homologación de la resolución que declara la adoptabilidad de niños,
niñas o adolescentes. (…) Parágrafo. Los asuntos regulados en este código
deberían ser tramitados con prelación sobre los demás, excepto los de tutela y
habeas corpus, y en todo caso el fallo deberá proferirse dentro de los dos
meses siguientes al recibo de la demanda, del informe o del expediente, según
el caso. El incumplimiento de dicho término constituye causal de mala
conducta.”
[84] Ley 1098 de 2006, artículo 123: “La
sentencia de homologación de la declaratoria de adoptabilidad se dictará de
plano; producirá, respecto de los padres, la terminación de la patria potestad
del niño, la niña o el adolescente adoptable y deberá ser inscrita en el libro
de varios de la notaría o de la Oficina de Registro del Estado Civil. Si el
juez advierte la omisión de alguno de los requisitos legales, ordenará devolver
el expediente al Defensor de Familia para que lo subsane”. (Subrayado fuera
de texto).
[85] Al
respecto la Sentencia T-671 de 2010 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SV
Humberto Antonio Sierra Porto), señaló: “(…) en el marco del proceso de
homologación, la función de control de legalidad de la resolución de
adoptabilidad va más allá de la verificación del cumplimiento de los requisitos
formales del procedimiento administrativo. Es así, que con presentarse la
oposición por parte de los padres o de los familiares o con el incumplimiento
de los términos por parte de las autoridades administrativas competentes, el
asunto merece la mayor consideración y adecuado escrutinio de la autoridad
judicial con el fin de que exista claridad sobre la real garantía de los
derechos fundamentales del niño, la niña o el adolescente involucrado y de su
interés superior.” Dicha posición
fue reiterada en la Sentencia T-1042 de 2010
(MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo),
en la cual se reiteró que el objetivo de la homologación es revisar el
cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales del debido proceso
durante la actuación administrativa, por lo que se constituye como “un
mecanismo de protección eficaz para que las personas afectadas por una
resolución de adoptabilidad recobren sus derechos mediante la solicitud de
terminación de sus efectos, acreditando que las circunstancias que ocasionaron
tal situación se han superado y que razonadamente se puede deducir que no se
repetirán.”
[86] Mediante
Auto 1754 del 30 de septiembre de 2015.
[87] Folio 284 Cuaderno de Tutela.
[88] Para sustentar esta petición, la Defensora de
Familia tuvo en cuenta los siguientes elementos probatorios: (i) El registro
Civil de Nacimiento de Victoria, con Nuip NO. XXX, (ii) Tarjeta de
identidad de Victoria con el mismo número de Nuip XXX, (iii) la Cédula
de Ciudadanía de la señora Claudia, y (iv) el dictamen de estudio
genético de filiación, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, en el que consta que Victoria es hija de Claudia. (a folios 290 y 291 Cuaderno de Tutela).
[89] Mediante
Ato 362 del 18 de marzo de 2016.
[90] Sobre el particular, advirtió “lo que quiere decir que lleva un apellido que no le
corresponde, y al no haber sido reconocida por su padre biológico, debe llevar
los apellidos de su progenitora” (a folios 308
a 312 Cuaderno de tutela).
[91] Intervención de la Procuradora 8ª Judicial II de
Infancia, Adolescencia y Familia de Cali (a folios 336 a 341 del Cuaderno de
tutela).
[92] El menor fue debidamente registrado con los
datos de un registro civil de nacimiento de su madre, que a su vez concuerdan
con los registrados en su momento en la tarjeta de identidad de ella y ahora en
su cédula de ciudadanía.
[93] Corte Constitucional, Sentencia T-044 de 2014 (MP
Luis Ernesto Vargas Silva)
[94] Ley 1098 de 2006, artículo 9.
[95] Criterios
sobre el interés superior del menor, vistos en el apartado 4.3 de esta
providencia.
[96] Sobre sujetos en
condición de vulnerabilidad ver, entre otras, sentencias T-972 de 2006, T-340
de 2010, y T-l 10 de 2011.
[97] M.P. Manuel José
Cepeda Espinoza.
[98] Así lo ha
sostenido esta Corte cuando por ejemplo cuando en el marco de un proceso penal,
la persona fue representada por un defensor de oficio al cual le es imputable
la negligencia en el uso de los recursos, entre otros
supuestos. Sobre
este razonamiento pueden ser consultadas las sentencias T-329 de 1996, T-573 de
1997, T-567 de 1998yT-068 de 2005.
[99] Respecto a este
supuesto ver sentencias T-329 de 1996, T-411 de 2004, T-972 de 2006, y T-156 de
2009.