T-619-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-619/13
SINDICATO-Titularidad
para interponer tutela/LEGITIMACION POR ACTIVA DEL SINDICATO
LEGITIMACION
DE SINDICATO PARA INTERPONER ACCION DE TUTELA A FAVOR DE SUS AFILIADOS
DERECHO DE
ASOCIACION SINDICAL-Procedencia de tutela por discriminación injustificada
a los afiliados de sindicato
DERECHO DE
ASOCIACION SINDICAL-Dimensiones
Dentro del derecho de
asociación sindical la jurisprudencia ha identificado tres dimensiones, las
cuales a su vez entrañan una expresión de libertad: (i). Dimensión individual:
Consiste en la posibilidad que tiene cada persona de decidir si se afilia, si
se retira o si permanece dentro de la organización, sin injerencia alguna o
presiones externas, ni por parte del empleador ni incluso del mismo sindicato.
(ii). Dimensión colectiva: En virtud de la cual los trabajadores organizados,
pueden autogobernarse y decidir de manera independiente el destino de su
organización sin admitir injerencia externa, especialmente del empleador.
(iii). Dimensión instrumental. Según la cual el derecho de asociación es el
medio para que los trabajadores puedan lograr la consecución de algunos fines,
especialmente el mejoramiento de sus condiciones laborales. Ello por cuanto, de
acuerdo con el artículo 13 del Código Sustantivo, las normas de la legislación
laboral tan solo constituyen un mínimo de garantías que bien pueden ser
mejoradas mediante la negociación colectiva. Dentro de la dimensión
instrumental la jurisprudencia le ha dado gran importancia a la actividad de
negociación colectiva; sin embargo, no sobra recordar que la función de los
sindicatos no se agota allí. Existen otras actividades atribuidas por ley a los
sindicatos dentro de las cuales se destacan: (i) el deber de “estudiar las
características de la respectiva profesión y los salarios, prestaciones,
honorarios, sistemas de protección o de prevención de accidentes y demás
condiciones de trabajo referentes a sus asociados para procurar su mejoramiento
y defensa”; (ii)“propulsar el acercamiento de patronos y trabajadores sobre las
bases de justicia, mutuo respeto y de subordinación a la ley”, (iii)“asesorar a
sus asociados en la defensa de los derechos y representarlos ante las
autoridades administrativas, ante los patronos y ante terceros”, (iv) “promover
la educación técnica y general de sus miembros”; entre otras
LIBERTAD DE
ASOCIACION SINDICAL Y DERECHO A LA IGUALDAD-No puede existir discriminación
del trabajador por estar o no afiliado a un sindicato
Esta corporación ha
considerado como ilegítima e ilegal toda conducta por parte del empleador que
se oriente a (i) desalentar a los posibles asociados, sancionarlos o
discriminarlos por hacerlo; (ii) acudir a la facultad de terminación del
contrato sin justa causa respecto de alguno de los miembros de la organización
con el propósito de afectarla; (iii) adoptar conductas discriminatorias basadas
en la circunstancia de estar o no afiliado al sindicato, favoreciendo a los no
sindicalizados en contra de los sindicalizados, como cuando se hace uso de “los
factores de remuneración o de las prestaciones sociales para golpear a quienes
se asocian, para desestimular el crecimiento del sindicato o para presionar los
retiros de este”, creando diversos planes de beneficios, favoreciendo a los no
afiliados al sindicato.
DERECHO DE
ASOCIACION SINDICAL-Protección constitucional
DERECHO DE
ASOCIACION SINDICAL-Protección por la Constitución y convenios internacionales
DERECHO DE
ASOCIACION SINDICAL-Vulneración por Electricaribe por inclusión de
cláusulas en los contratos laborales, en las cuales se renuncia expresamente a
los beneficios de la convención colectiva a cambio de bonificación económica
DERECHO DE
ASOCIACION SINDICAL-Vulneración por Electricaribe por implementación de la
“política retributiva” para los trabajadores no sindicalizados
DERECHO DE
PETICION Y LIBERTAD SINDICAL-Vulneración en la omisión de la contestación
oportuna y de fondo a derechos de petición para probar discriminación de los
trabajadores afiliados al sindicato frente a trabajadores no sindicalizados
Con la
omisión en la contestación oportuna y de fondo a los derechos de petición,
elevados por el presidente de la subdirectiva Bolívar, se observa que se
vulneró no solo el derecho de petición sino que además, se provocó con ello la
obstaculización en el acceso a la información del sindicato, así como la
materialización en su dimensión instrumental, en la medida en que al no obtener
información les fue imposible acudir ante la autoridad encargada para
reivindicar sus derechos.
DERECHO DE
ASOCIACION SINDICAL-Orden a empleador se abstenga de incluir dentro de
contratos laborales cláusulas en las que se ofrezca prebendas o bonificaciones
económicas a cambio de la renuncia expresa a beneficios convencionales
DERECHO DE
ASOCIACION SINDICAL-Orden a empleador se abstenga de incurrir en acto
discriminatorio contra trabajadores que pertenezcan a la asociación sindical
Referencia: expediente
T-3912895
Acción de
tutela interpuesta por el presidente de la Subdirectiva Bolívar del Sindicato
de Trabajadores de la Electricidad de Colombia SINTRAELECOL y otros contra la
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P, ELECTRICARIBE S.A. E.S.P..
Magistrado
Ponente:
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Bogotá, D.C., nueve (9) de septiembre
de dos mil trece (2013).
La
Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio, quien la preside, Nilson Pinilla
Pinilla y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241, numeral 9º, de la Constitución Política, y en los artículos 33 y
concordantes del Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión
del fallo dictado el 11 de diciembre de 2012 por el Juzgado Primero Penal del
Circuito para Adolescentes de Cartagena, que a su vez “modificó” el proferido
el 16 de octubre de 2012 por el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de la misma ciudad.
I. ANTECEDENTES.
El 4 de septiembre de 2012 el
señor Álvaro Pereira Montalvo, en calidad de presidente de la Subdirectiva de
Bolívar del Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia (en
adelante SINTRAELECOL), en coadyuvancia de alrededor de 230 afiliados al
sindicato, interpuso acción de tutela contra la Electrificadora del Caribe S.A.
E.S.P. (en adelante ELECTRICARIBE) para lograr la protección de los derechos
fundamentales a la igualdad, movilidad del salario y libertad de asociación
sindical de la organización que representa.
Lo anterior en atención a que, a
juicio del peticionario, ELECTRICARIBE ha concedido aumentos salariales y otros
beneficios laborales a los trabajadores no sindicalizados del Distrito de
Bolívar, sin tener en cuenta que con su conducta está incurriendo en actos
discriminatorios que afectan los derechos invocados.[1]
A continuación se reseñan las
situaciones más relevantes referidas por la parte accionante en el escrito de
tutela:
1.
Hechos
1.1.
El señor Álvaro Pereira Montalvo indica que el Sindicato de Trabajadores
de la Electricidad de Colombia (SINTRAELECOL[2]),
cuenta con personería jurídica desde el mes de julio de 1975, y de él hace
parte la Seccional denominada Subdirectiva Bolívar, de la cual es presidente.
1.2.
Manifiesta que dicha seccional se encuentra dotada con personería
jurídica y registro sindical desde el 17 de julio de 2009. Afirma ser el
representante legal de acuerdo con el reconocimiento consignado en la
Convención Colectiva suscrita para los años 1992 a 1994, aún vigente.[3]
1.3.
Informa que los afiliados a la Subdirectiva Bolívar de SINTRAELECOL son
trabajadores vinculados a ELECTRICARIBE que cuentan con contratos laborales
vigentes y se rigen por varias convenciones colectivas de trabajo así como
acuerdos extra convencionales suscritos desde su anterior empleador ELECTROCOSTA
S.A. E.S.P.[4]
Aduce que la empresa accionada ha incurrido en varios actos discriminatorios en
contra de los afiliados al sindicato, dentro de los cuales se  censuran especialmente
cuatro situaciones de marcada relevancia:
(i)
La clasificación efectuada por ELECTRICARIBE, según la cual los trabajadores
del Distrito de Bolívar se dividen en “CONVENCIONADOS” y
“CORPORATIVOS”. Teniendo como convencionados a los afiliados a
SINTRAELECOL y a los beneficiarios de la Convención Colectiva de Trabajo; y
como corporativos a aquellos que han renunciado al sindicato y a los
beneficios convencionales ya sea directamente en su contrato de trabajo o por
acto posterior.
Respecto a esta clasificación, el
representante legal de la Subdirectiva del sindicato afirma que a los
trabajadores denominados corporativos se les ha otorgado varios beneficios como
primas y aumentos salariales de los cuales no gozan los trabajadores sindicalizados,
desincentivando de esta forma la pertenencia al mismo.
(ii)
El incremento salarial injustificado realizado por ELECTRICARIBE,
en el periodo 2006 - 2010, conforme a un porcentaje del IPC. El accionante
indica que ELECTRICARIBE “de manera injustificada”, y acogiendo una
Convención Colectiva que no había sido suscrita por la Subdirectiva de Bolívar
de SINTRAELECOL, realizó el reajuste del salario a los trabajadores sindicalizados
para los años 2006 a 2010 teniendo en cuenta solo un porcentaje de la variación
del IPC y no el total del mismo.[5]
(iii)
La inclusión de cláusulas contractuales en las que se contempla
la renuncia explícita a los beneficios convencionales y, por ende, a pertenecer
al sindicato. Al respecto, el peticionario manifiesta que dentro de los
contratos laborales ELECTRICARIBE incluye una cláusula con el siguiente
contenido:
“PARÁGRAFO
PRIMERO: Como al convenirse el presente contrato, y dentro de él el salario
pactado en esta cláusula cuarta, EL(LA)EMPLEADO(A),  ha manifestado
expresamente que renuncia a cualquier beneficio convencional, las partes
acuerdan lo siguiente: Compensar estos posibles beneficios convencionales, no
obstante su renuncia a ellos, con la suma de $640.000,00 (SEISCIENTOS CUARENTA
MIL PESOS M.CTE) mensuales. En virtud de lo anterior, si por cualquier motivo
EL (LA)EMPLEADO(A), llegare a beneficiarse de la Convención Colectiva, su
remuneración o salario será únicamente la suma indicada en la cláusula cuarta
de este contrato, excluyéndose el parágrafo primero de la misma, sin que ello
implique desmejora alguna, pues se repite, las partes llegaron al acuerdo
salarial en razón a las circunstancias y condiciones indicadas en esta
cláusula, incluyendo desde luego, el parágrafo de la misma”[6].
Aduce que por lo anterior se
verifica una práctica discriminatoria contra el sindicato, toda vez que se
desincentiva la participación y vinculación del nuevo trabajador.
(iv)
De acuerdo con el accionante, a los trabajadores no
sindicalizados de ELECTRICARIBE se les concedió un incremento salarial para
2011 y 2012 conforme al IPC, y se les aplicaron unos beneficios especiales
consignados dentro de una política interna denominada “POLÍTICA RETRIBUTIVA 2012”. Situación que no se llevó a cabo para los trabajadores sindicalizados. Para fundamentar
su afirmación el peticionario realiza la siguiente reseña de
contextualización:
Afirma que el 5 de mayo de 2006,
el Sindicato Nacional de SINTRAELECOL suscribió con ELECTROCOSTA (ahora
ELECTRICARIBE) un acuerdo colectivo en el que se regulaban los incrementos
salariales anuales de los trabajadores hasta 2009 y que dicho acuerdo no fue
acogido por la Subdirectiva Bolívar.
En virtud de ello, en aras de
conseguir beneficios relacionados con los incrementos salariales para los
trabajadores sindicalizados, los afiliados a la Subdirectiva Bolívar iniciaron
la gestión de una “especie de arreglo directo” con el empleador.
Como resultado de esa iniciativa,
el 17 de noviembre de 2011 se concretó una mesa de concertación entre los
representantes del Sindicato Nacional, los de las Subdirectivas y los de ELECTRICARIBE,
surgiendo el denominado “Acuerdo de Cartagena”[7].
Según el peticionario, el
“Acuerdo de Cartagena” fue el escrito base en el que se consignaron las
peticiones referentes a los incrementos salariales que se aplicarían a los
trabajadores sindicalizados a partir del 1º de enero de 2011, del cual surge un
segundo documento denominado “Preacuerdo de Convención Colectiva de Trabajo
2011-2015”, que consignaba los nuevos beneficios de los que serían acreedores
los miembros de la Asociación Sindical.
Sin embargo, este preacuerdo
nunca fue aprobado por la Asamblea General de la Subdirectiva de Bolívar y, por
ende, ni se presentó ante el empleador, ni fue aplicable en lo concerniente a
los incrementos salariales solicitados.
Conforme a lo afirmado por el
peticionario, el “Preacuerdo de Convención Colectiva de Trabajo 2011-2015” no obtuvo la aprobación de la totalidad de de la Asamblea General de la Subdirectiva de Bolívar,
debido a que varios de sus afiliados estaban inconformes con aspectos relacionados
con los beneficios pensionales y acuerdos extraconvencionales incluidos para
los años 2001, 2003 y 2006.[8]
Como consecuencia de esta
situación, el 16 de agosto de 2012 la Junta Directiva de la SUBDIRECTIVA BOLÍVAR
de SINTRAELECOL elevó ante ELECTRICARIBE un derecho de petición con el cual informó
sobre el rechazo del preacuerdo y solicitó a la empresa empleadora la implementación
de los incrementos salariales a partir del año 2011, conforme a lo previsto en
el Bloque de Constitucionalidad, la Carta Superior y la jurisprudencia.
No obstante, según el
peticionario, el empleador nunca dio respuesta[9]
y por el contrario, incurriendo en un acto discriminatorio aún mayor, efectuó
los aumentos salariales de conformidad con IPC, pero solamente para aquellos
trabajadores no sindicalizados denominados “CORPORATIVOS”, bajo un plan interno
llamado “POLÍTICA RETRIBUTIVA 2012”. Dicha política reconocía a favor de los
trabajadores no sindicalizados, no solamente lo concerniente al reajuste
salarial sino también algunos otros beneficios adicionales como auxilios, bonos
y prerrogativas, que no fueron proporcionadas por parte de ELECTRICARIBE a los
trabajadores sindicalizados.[10]
Finalmente, manifiesta que en
aras de establecer si en realidad se había llevado a cabo la mencionada
política retributiva a favor de los trabajadores “CORPORATIVOS”, el 12 de
septiembre de 2012 elevó un nuevo derecho de petición ante ELECTRICARIBE, pero esta
vez solicitando información sobre el monto de los aumentos salariales del
personal “CORPORATIVO” para los años 2011 y 2012, sin que se recibiera
respuesta alguna.
1.4.
Por lo anterior, el peticionario acude mediante acción de amparo con el
fin de solicitar la protección de los derechos fundamentales a la igualdad,
movilidad del salario y libertad de asociación sindical, en razón a que ELECTRICARIBE
ha estado incurriendo en actuaciones discriminatorias contra sus afiliados,
dentro de las cuales destaca : (i) la aplicación de incrementos
salariales más representativos para los trabajadores no sindicalizados; (ii)
la inclusión de cláusulas contractuales que desincentivan la afiliación de
los trabajadores al sindicato; (iii) el ofrecimiento de beneficios como
bonos, auxilios, etc., a los trabajadores no afiliados al sindicato; y (iv)
la omisión en la contestación a los derechos de petición elevados por parte de
los directivos de SINTRAELECOL SUBDIRECTIVA BOLÍVAR, para obtener información
sobre las medidas discriminatorias llevadas a cabo en su contra al interior de
la empresa.
2.     Respuesta
de la entidad demandada
Mediante escrito radicado el 4 de
octubre del 2012, el apoderado de la empresa ELECTRICARIBE solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela promovida por SINTRAELCOL, o en su defecto
denegar la acción de amparo con fundamento en los argumentos que se reseñan a
continuación:
2.1. Los peticionarios pueden
acudir a otro medio de defensa judicial, como lo sería en este caso la
jurisdicción ordinaria laboral, a efecto de reclamar los incrementos salariales
a los que creen tener derecho. Para ello adjunta copia de sentencias en las que
se ha absuelto a ELECTRICARIBE respecto de reclamaciones que considera “similares”,
desarrolladas en diferentes lugares del país.
2.2. En este caso no existe
legitimación en la causa por activa, toda vez que, según lo previsto en el
artículo 56 de los Estatutos Generales de SINTRAELECOL, solo el presidente de la
Junta Directiva Nacional es quien tiene la representación legal y social del
Sindicato.[11]
2.3. No se está vulnerando el
derecho de asociación sindical. Para sustentar su afirmación precisa que “no
existe prueba, siquiera sumaria, que soporte la violación a este derecho cuando
en ningún momento ELECTRICARIBE ha impedido o coartado el derecho de la entidad
accionante como ente ni de ninguno de sus integrantes, toda vez que el simple
hecho de existir como organización deja sin sustento afirmación alguna en este
sentido, pues del listado de integrantes de la acción se deduce que son un
colectivo respecto del cual no se les ha prohibido organizar o pertenecer a un
sindicato.”[12]
2.4. No es su obligación, como
empleador, ajustar los salarios de los trabajadores teniendo en cuenta el IPC. Esto
en atención a que no existe norma legal que así lo indique, ni se está
debatiendo derechos de trabajadores que devenguen un salario mínimo mensual
legal vigente.
2.5. No se evidencia prueba
alguna allegada por el sindicato que sustente la vulneración del derecho a la
igualdad, es decir, que indique que existe “identidad de partes hechos y
momentos”. [13]
2.6. Finalmente, no se evidencia un
perjuicio irremediable toda vez que se están solicitando “reconocimientos
pensionales y sus efectos en el tiempo”, para lo cual existen las
correspondientes “vías judiciales”.[14]
3. Decisión objeto de revisión
3.1. Primera
instancia
El Juzgado Primero Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías para Adolescentes de Cartagena
de Indias, mediante providencia del 16 de octubre de 2012, en el primer numeral
de la parte resolutiva declara la improcedencia de la acción de tutela y
en consecuencia niega la protección de los derechos a la igualdad, movilidad
del salario y libertad de asociación sindical.
Lo anterior con fundamento en que:
(i) no se cumple con el requisito de subsidiariedad, porque no se
han iniciado las acciones pertinentes por la vía ordinaria; (ii) no se
cumple con el requisito de inmediatez, por cuanto se está reclamando un
aumento salarial del año 2011; (iii) no se evidencia un perjuicio
irremediable, en razón a que todos los accionantes se encuentran
actualmente vinculados mediante contrato laboral con ELECTRICARIBE; y,
finalmente, (iv) no verifica una amenaza o vulneración de los derechos
invocados, en la medida en que no se prueba la existencia de un trato desigual.
No obstante lo anterior, en el
segundo numeral de la parte resolutiva de la sentencia, se dispone “tutelar
el derecho de petición”, para lo cual ordena a la entidad accionada dar
contestación las solicitudes elevadas ante la empresa por el presidente de la
Subdirectiva de Bolívar.
3.2. Impugnación
presentada por la Subdirectiva de Bolívar del Sindicato SINTRAELECOL
El apoderado
de la Subdirectiva Bolívar de SINTRAELECOL, en coadyuvancia con los
trabajadores afiliados a la organización sindical, impugna parcialmente la
decisión manifestando su inconformidad con las afirmaciones realizadas por el
juez de primera instancia sobre la negación del amparo constitucional de los
derechos fundamentales a la igualdad, movilidad salarial y libertad de
asociación sindical.
Asegura que
es la acción de tutela el medio idóneo para garantizar que se tomen medidas
urgentes respecto a los tratos discriminatorios que se están presentando contra
el sindicato. Afirma que en este caso no se está acudiendo a la acción de
amparo simplemente para obtener una prestación económica, sino que se ponen
como punto de debate dos situaciones fundamentales: de un lado, el estado de
subordinación e indefensión respecto al empleador; y de otro, la adopción de
medidas discriminatorias por parte de ELECTIRICARIBE, que repercuten como
desincentivo para la afiliación a la asociación sindical.
Manifiesta
que, contrario a lo expresado por la empresa accionada, los afiliados al
sindicato se encuentran inmersos en un grave perjuicio toda vez que al no
efectuarse los incrementos salariales se genera para ELECTRICARIBE “un
enriquecimiento injustificado y para los trabajadores un empobrecimiento
correlativo frente a las necesidades sociales propias y de sus familias, hecho
este que a todas luces constituye claramente un perjuicio irremediable, máxime
cuando su reparación depende de los medios jurídicos  ordinarios establecidos
en Colombia, los cuales históricamente han demostrado ineficacia frente a
problemáticas de orden social como la pérdida del poder adquisitivo de los
salarios, ya que se demanda mucho tiempo de dicha Justicia Ordinaria Laboral
para tomar decisiones de fondo.”[15]
Recuerda el
contenido de un correo electrónico enviado por el señor Jorge Vega Maestre en
calidad de jefe de recursos humanos, en el que informa sobre los aumentos
salariales y beneficios a los trabajadores denominados “Corporativos”, reiterando
que dicha situación es claramente un acto discriminatorio contra los afiliados
al sindicato. [16]
Finalmente,
hace referencia a varias sentencias proferidas por la Corte Constitucional en
las que se han analizado casos similares, solicitando su aplicación y, por
ende, la protección de los derechos invocados.
3.3. Segunda
Instancia
El Juzgado
Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de
Cartagena, mediante providencia del 15 de noviembre de 2012, “modifica” la
sentencia de primera instancia, “declara” acreditada la vulneración del
derecho de petición y salario móvil de los trabajadores; y, “niega” la
protección de los derechos a la igualdad y libertad sindical al considerar que
no existen elementos de juicio suficientes que permitan corroborar la existencia
de cláusulas contractuales en los nuevos contratos de trabajo, en las que se
haga expresa la renuncia a los beneficios sindicales y que entre los
trabajadores sindicalizados y no sindicalizados existen diferencias de salarios
y funciones[17].
4.     Pruebas
relevantes que obran dentro de este expediente
-   Poder firmado por el
señor Álvaro Pereira Montalvo, en calidad presidente y representante legal de la
Subdirectiva Bolívar, con el cual se faculta al abogado Diego Alberto Rossi
Polo para interponer acción de tutela en representación de los afiliados al
sindicato de trabajadores accionante. [18]
-   Documento de
coadyuvancia firmado por alrededor de 230 trabajadores vinculados a
ELECTRICRIBE S.A. E.S.P., y afiliados a SINTRAELECOL SUBDIRECTIVA BOLÍVAR. [19]
- Copia
de los Estatutos generales del sindicato SINTRAELECOL, junto con la copia de la
constancia de depósito ante el Ministerio de la Protección Social.[20]
-   Copia de la constancia
de depósito de cambio de juntas directivas de SINTRAELECOL –SUBDIRECTIVA
BOLÍVAR. [21]
-   Copia de la Convención
Colectiva de Trabajo de la Electrificadora Bolívar S.A. E.S.P. y el Sindicato
de Trabajadores de la Electricidad de Colombia Subdirectiva Bolívar
(SINTRAELECOL), año 1992-1994, con fecha de depósito del 14 de mayo de 1992.
[22]
-   Copia del acuerdo
Convencional firmado entre SINTRAELECOL y ELECTROCOSTA S.A. E.S.P., el 5 de
mayo de 2006. Este acuerdo es firmado y aprobado por el presidente a nivel
nacional del Sindicato, pero no es acogido por la Subdirectiva Bolívar.
-   Copia del documento
denominado “Acuerdo de Cartagena”, firmado por Gonzalo Ramírez, presidente
nacional de SINTRAELECOL; Margarita Salamanca, Fiscal Nacional de SITRAELECOL;
Hamilton Barreto, Presidente de la Subdirectiva del Atlántico; Elberth Cujía,
Presidente de la Subdirectiva de la Guajira; Óscar Lema, Presidente de la
Subdirectiva del Magdalena; Octavio Romero, Presidente de la Subdirectiva del
César; Álvaro Pereira, Presidente de la Subdirectiva de Bolívar; Kajel Navas,
Presidente de la Subdirectiva de Magangue; Félix Oviedo, Presidente de la
Subdirectiva de Córdoba; William Falcom, Presidente de la Subdirectiva de Sucre;
y como negociadores por parte de ELECTRICARIBE S.A E.S.P., los señores José
David Sandoval, Lacides Mendoza, Galo Campo y Robinson Olivares. [23]
- Preacuerdo
de Convención Colectiva de Trabajo ELECTRICARIBE 2011- 2015 Cartagena de Indias
de julio 12 de 2012. [24]
-
Oficio presentado el 17 de agosto de 2012 por la Junta Directiva de SINTRAELECOL,
Subdirectiva Bolívar, ante ELECTRICARIBE informando sobre el rechazo del
preacuerdo convencional y solicitando la efectivización de los incrementos
salariales de sus afiliados para los años 2011 y 2012. Los apartes más
importantes del escrito contienen lo siguiente:
“La Junta
Directiva de SINTRAELECOL Bolívar se permite informar a usted, que la Asamblea
General de nuestro sindicato realizada el día 11 de agosto de 2012, rechazó el
preacuerdo convencional discutido con la empresa ELECTRICARIBE desde el mes de
noviembre del año 2011 por estar incorporados en ella los acuerdos 2001, 2003,
y 2006. // Por lo anterior solicitamos a usted de manera respetuosa, y de
conformidad con lo consagrado en los artículos 2°, 13, 23,39 y 53 de la
Constitución Nacional, se le dé aplicación al incremento salarial
correspondiente a los años 2011 y 2012 en cumplimiento a los derechos
fundamentales que nos asisten a todos los trabajadores de esta subdirectiva y
que nos permite mantener el poder adquisitivo real del salario (sentencia
C-1064 de 2001) y por ende acceder a unas condiciones dignas de vida para
nosotros y nuestras familias. ”[25]
-
Impresión de un correo electrónico enviado por el Jefe de Recursos
Humanos de la empresa accionada, Jorge Enrique Vega Maestre, de la dirección
electrónica “rrhhelecticidad”, el día viernes 24 de agosto de 2012 a las 10:32 am con el asunto: “Política Retributiva 2012”; informándole a los trabajadores corporativos sobre los aumentos salariales para el año 2012. El documento
contiene la siguiente información:
“Estimados Colaboradores// Porque ustedes son lo más importante y por
decisión de la Empresa, nos complace comunicarles que en el mes de Agosto, se
aplicará lo correspondiente a la actualización de beneficios en el marco de la
Política Retributiva 2012, para el colectivo Corporativo así: // Bonos Canasta:
- Recibirán lo correspondiente al pago retroactivo al 01 de Enero de 2012 y a
partir de Septiembre el valor ajustado. //- Para el grupo directivo hasta
mandos intermedios (E1, E2 y E 3) el valor se ajustará en IPC (3.73%)// - Para
el resto de colectivo corporativo No Directivo (Tco Profesional en adelante),
el valor será de $ 200.000. // Para aquellas personas que han tenido cambios
funcionales se aplicarán los incrementos de manera proporcional a la fecha de
su movimiento/ cambio. // Auxilio medicina prepagada: A partir del 01 de
Septiembre. El valor del auxilio será de $ 50.000 para el colaborador de cada
afiliado de su núcleo familiar básico. // Política de Préstamos y Anticipos: La
próxima semana estaremos comunicando la nueva Política de préstamos y
anticipos, que tendrá aplicación a partir de su firma y que se complementa con
los convenios actuales establecidos entre la Empresa y las entidades
financieras (actualmente Davivienda y Bancolombia). Tiene como objetivo atender
necesidades identificadas en nuestros colaboradores.// Bono Único el colectivo
corporativo no directivo a 1 de agosto de 2012 (Tco Profesional en adelante),
recibirá un bono único no salarial por valor de $ 2.000.000 ”[26]
-
Derecho de petición presentado el 12 de septiembre de 2012 por la Junta
Directiva de SINTRAELECOL, Subdirectiva Bolívar, ante ELECTRICARIBE, en el que
se solicita información sobre los aumentos salariales y
beneficios otorgados a los trabajadores no sindicalizados. [27] El
contenido del documento es el siguiente:
ÁLVARO
PEREIRA MONTALVO, mayor de edad, vecino de Cartagena e identificado con la cédula
de ciudadanía  No. 73.083.682, expedida en Cartagena; actuando en calidad del
Presidente del conocido SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ELECTRICIDAD DE
COLOMBIA SIGLA SINTRAELECOL SUBDIRECTIVA BOLÍVAR,  con el respeto que me
caracteriza, llego hasta su despacho con el fin de presentar y sustentar
Derecho de petición consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Nacional
con el fin de solicitar lo siguiente: // OBJETO DE LA PETICIÓN// 1. Se nos
informe, si para los años 2011 y 2012 la empresa ELECTRICARIBE SA ESP efectuó
aumento de salario al Grupo de Trabajadores denominados “CORPORATIVOS” en el
Distrito Bolívar.// De ser positiva su respuesta a la Petición anterior, se nos
informe a cuanto ascendió dicho aumento o en qué porcentaje se dio el mismo. //
HECHOS// 1 La anterior solicitud de fundamenta, en que a los Trabajadores (sic)
de la empresa que no pertenecen al Colectivo Corporativo en el Distrito Bolívar
durante las vigencias 2011 y 2012 se le han efectuado aumentos de salarios con
fundamento en el IPC, siendo que para los afiliados de la organización sindical
en comento y demás trabajadores beneficiarios de la Convención Colectiva de
Trabajo durante la (sic) anualidades antes citadas no ha habido aumento de
salario alguno.”[28]
-   Copia de un contrato
laboral firmado entre el Gerente de Recursos Humanos y un trabajador llamado
Manuel Salvador Montalvo Valle, en el que se incluye una cláusula contractual
con la que se ofrece una compensación a cambio de la renuncia a las
prerrogativas convencionales.[29]
-
Documentos allegados por la empresa accionada informando sobre el
cumplimiento de la sentencia de primera instancia. Durante el término previsto
para impugnar la decisión de primera instancia, el apoderado de ELECTRICARIBE
allegó un oficio en el que comunicaba al a quo, acerca de la
contestación a los dos derechos de petición elevados por la Subdirectiva
Bolívar de SINTRAELCOL.[30]
-
Copia de la contestación remitida por ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. el 5 de
octubre de 2012, como consecuencia de la orden de tutela proferida por el
Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías para
Adolescentes de Cartagena de Indias[31].
La respuesta corresponde al derecho de petición elevado por el presidente de la
Subdirectiva de Bolívar de SINTRAELECOL ante la entidad accionada, el 12 de
septiembre de 2012, en la cual se solicitaba información sobre el aumento
salarial de los años 2011 y 2012 de los trabajadores denominados “CORPORATIVOS”.[32]
-       Copia
de la contestación remitida por ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. el 22 de octubre de
2012 al Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías
para Adolescentes de Cartagena con copia al Juzgado Primero Penal del Circuito
para Adolescentes de la misma ciudad, en el que se informa sobre el
cumplimiento de la segunda orden de tutela proferida por el Juzgado Primero
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías para Adolescentes de
Cartagena de Indias[33].
La respuesta corresponde al derecho de petición elevado por el presidente de la
Subdirectiva de Bolívar de SINTRAELECOL ante la entidad accionada, el 17 de
agosto de 2012, en la cual se solicitaba la aplicación de los aumentos
salariales correspondientes a los años 2011 y 2012 conforme al IPC para los
trabajadores no sindicalizados.
- Oficio
remitido por ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. luego de proferida la sentencia de
segunda instancia, en el que informó sobre el cumplimiento de las órdenes de
tutela, en el sentido de haber realizado los incrementos salariales a los
trabajadores sindicalizados, correspondientes a los años 2011 y 2012.[34]
III.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
Esta Corte es
competente para conocer el fallo materia de revisión, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Presentación
del caso
2.1.
El presidente de la Subdirectiva de Bolívar del sindicato SINTRAELECOL, en
coadyuvancia con 230 afiliados, interpone acción de tutela en contra de
ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., al considerar que dicha entidad les está vulnerado
sus derechos fundamentales a la igualdad, movilidad del salario y libertad de
asociación sindical, al incurrir en prácticas discriminatorias como:
(i).
Negarse a efectuar el incremento
salarial  a los trabajadores sindicalizados, correspondiente a los años 2011 y
2012, teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esto en
atención a que, a juicio de los accionantes, dicho incremento sí le fue
realizado a los trabajadores no sindicalizados;
(ii). Omitir la aplicación de las prerrogativas, bonos y
auxilios que comprende la denominada “política retributiva 2012”, de la cual son beneficiarios los trabajadores llamados “corporativos”, es decir, los no
sindicalizados;
(iii).
Por incluir dentro de los
contratos laborales cláusulas en las que se contemplan compensaciones
económicas a cambio de renunciar a los beneficios convencionales y por ende a
pertenecer al sindicato; y, finalmente,
(iv)
Prescindir de la contestación a las
solicitudes realizadas por el Sindicato.
2.2.
ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. considera que debe declararse la improcedencia de la
tutela en atención a que, a su juicio:
(i). No existe legitimación en la causa por activa, en la
medida en que no se encuentra acreditado que el presidente peticionario sea el
representante legal de la Subdirectiva de Bolívar.
(ii). No se evidencia vulneración alguna al derecho de libertad
sindical, toda vez que se les permite asociarse.
(iii). Puede acudirse a otros medios de defensa judicial,
como la jurisdicción ordinaria, ya que en el presente caso no existe un
perjuicio irremediable.
(iv). No es su obligación, como entidad empleadora, ajustar
los salarios de los trabajadores teniendo en cuenta el IPC, máxime cuando
devengan más del salario mínimo.
(v). No es posible establecer que se está menoscabando el
derecho a la igualdad, ya que quien lo alega (SINTRAELECOL) no lo prueba.
2.3.
En primera instancia el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de
Control de Garantías para Adolescentes de Cartagena de Indias declara la
improcedencia de la acción de amparo respecto de los derechos a la igualdad,
movilidad del salario y libertad de asociación sindical, pero concede la protección
del derecho de petición y ordena a la empresa dar contestación a las
solicitudes elevadas por el sindicato.
2.4.
El presidente de la Subdirectiva Bolívar, en coadyuvancia con los miembros del
sindicato, impugna la decisión reiterando los actos discriminatorios ejercidos
por ELECTRICARIBE contra sus afiliados.
2.5.
En segunda instancia el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes
con Función de Conocimiento de Cartagena modifica la sentencia de primera
instancia, declara acreditada la vulneración del derecho de petición y salario
móvil de los trabajadores, y niega la protección de los derechos a la igualdad
y libertad sindical.
Posteriormente,
la empresa accionada remite un oficio al expediente de tutela donde informa que
efectuó los incrementos salariales correspondientes a los años 2011 y 2012, solicitados
por el sindicato, teniendo en cuenta el IPC y  quedando pendiente lo pertinente
al año 2013.
El
proceso fue remitido a la Corte Constitucional, y mediante Auto del 28 de mayo
de 2013 fue seleccionado para su revisión.
3.  Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con los presupuestos
fácticos anteriormente reseñados, corresponde a la Sala de Revisión determinar,
en primer lugar, si existe legitimación en la causa por activa y si es
procedente mediante acción de amparo reclamar la protección del derecho a la
libertad de asociación sindical así como los demás derechos invocados.
De verificarse el cumplimiento de
los presupuestos de legitimación y procedencia en el presente caso, se entrará
a establecer si efectivamente se vulneran los derechos fundamentales de
libertad de asociación sindical, movilidad del salario e igualdad, cuando un
empleador; (i) incluye cláusulas contractuales al momento de la
vinculación laboral, en las que ofrece compensaciones en dinero a cambio de la
renuncia a los beneficios convencionales; (ii) concede incrementos
salariales, bonificaciones y auxilios solamente para los trabajadores no
sindicalizados; y (iii) se niega a dar información sobre dichos beneficios,
pese a que se eleva una solicitud respetuosa para requerirlo.
Para resolver el
anterior problema jurídico se abordaran los siguientes ejes temáticos: (i)
legitimación y procedencia de la acción de tutela cuando se reclama la
protección del derecho fundamental a la libertad de asociación sindical, bajo
el presupuesto de una discriminación injustificada a los afiliados a un
sindicato; (iii) protección especial del derecho a libertad de
asociación sindical; y, por último (iv) se analizará el caso concreto.
4.  Legitimación y procedibilidad de la acción de tutela
4.1.
Legitimación en la causa por activa
En el presente
asunto se verifica que los peticionarios están debidamente legitimados para
interponer la acción de tutela. En esa medida, aunque no es el presidente del
sindicato nacional quien solicita el amparo, es el presidente de la
Subdirectiva de Bolívar de SINTRAELECOL quien en nombre propio requiere la
protección de su derecho fundamental a la libertad de asociación sindical, coadyuvado
por alrededor de 230 afiliados, quienes con su firma y petición avalan la
presentación de la misma.
Aunque en
efecto, de acuerdo con lo consignado en el artículo 56 de los Estatutos
Generales de SINTRAELECOL[35],
los trabajadores (incluido el presidente de la Subdirectiva) no están
ejerciendo ni gozan de legitimidad para asumir la representación del sindicato
en general, debido a que por su naturaleza (sindicato de empresa) cuentan con
una reglamentación interna que prohíbe este tipo de actuaciones; en el caso
bajo examen lo que se evidencia es que de manera particular los trabajadores
sindicalizados están solicitado el amparo de derechos individualmente
concebidos, en pro de atender sus necesidades y las de sus grupos familiares, al
encontrarse en estado de subordinación e indefensión respecto de su empleador.[36]
Sobre el
particular, en la sentencia SU-342 de 1995, esta corporación estudió un asunto
paradigmático en el que varios trabajadores que pertenecían al Sindicato de
Trabajadores de Confecciones Leonisa S.A, SINTRALEONISA, interpusieron acción
de tutela en contra de su empleador, manifestado que actuaban en nombre propio
y en representación del sindicato, con el objeto de evitar que los empresarios
mediante sutiles estrategias convencionales, siguieran incurriendo en prácticas
desleales contra derechos como el de igualdad, libre asociación sindical y
negociación colectiva. En relación con la legitimidad por activa la Corte
expuso lo siguiente:
“Como los
demandantes actúan en nombre propio y en representación del Sindicato de
Trabajadores de Confecciones Leonisa S.A. -SINTRALEONISA, estima la Corte, que (sic)
está acreditada dicha legitimación para actuar directamente mediante la
reclamación del amparo de los derechos fundamentales que afirman les han sido
violados. Pero igualmente considera la Corte que el sindicato está legitimado
en la causa para demandar la tutela de los aludidos derechos fundamentales por
las siguientes razones:
- Según el
inciso final del art. 86 la tutela procede contra particulares, entre otros
casos, "respecto de quienes el solicitante se halle en estado de
subordinación e indefensión". Esta norma es desarrollada y reiterada en su
contenido esencial por los numerales 4° y 9° del art. 42 del Decreto 2591 de
1991, norma esta última declarada inexequible en la parte que dice "la
vida o la integridad" mediante sentencia C-134 de 1994, con ponencia del
Magistrado Vladimiro Naranjo Mesa.
- Es
indudable que los peticionarios se encuentran, dada su condición de
trabajadores de la empresa en un estado de subordinación. Con respecto al
sindicato, puede decirse que la subordinación es indirecta, porque sus miembros
son igualmente trabajadores de la empresa. Pero además, en el caso concreto el
sindicato se encuentra en un estado de indefensión, dado que no dispone de
medios físicos ni jurídicos idóneos y eficaces, distintos de la acción de
tutela para contrarrestar la alegada violación de los derechos fundamentales a
la igualdad, a la asociación sindical y a la negociación colectiva.
Además, como el sindicato representa los intereses de
la comunidad de los trabajadores, con arreglo a las funciones generales que le
son propias, según el art. 372 del C.S.T su legitimación para instaurar la
tutela no sólo proviene de su propia naturaleza que lo erige personero de
dichos intereses, sino de las normas de los artículos 86 de la Constitución y
10 del Decreto 2591 de 1991, según los cuales la tutela puede ser instaurada
por el afectado o por quien actúe en su nombre o lo represente. ( subrayado fuera del texto original)
Adicionalmente,
conforme a múltiples pronunciamientos de esta corporación, la Corte ha
permitido incluso que en este tipo de situaciones se omita la exigencia en la
presentación de poderes o documentos y formalidades adicionales dada la
fundamentalidad de los derechos que posiblemente se pueden ver afectados.[37] Para citar solo
algunos de estos casos se pueden mencionar las sentencias T-570 de 2007, T-765
de 2007 y T-100 de 2008, en las que se estudiaron unos asuntos en los que varios
trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados
Universitarios de Colombia, SINTRAUNICOL, reclamaban la protección de su
derecho fundamental a la libertad de asociación sindical en nombre propio y en
representación del Sindicato.
4.2.
Legitimación en la causa
por pasiva de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., en calidad de empresa empleadora.
La presente acción se dirige
contra la ELECTRICARIBE S.A. E.S.P, en calidad de empresa empleadora. En ese
orden de ideas, se procederá a hacer referencia a los lineamientos sentados en
relación con la procedencia de la acción de tutela respecto a particulares.
El inciso final del artículo 86
de la Constitución indica que “la acción de tutela procede contra
particulares encargados de la prestación de un servicio público o (…) respecto
de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”.  Esta
disposición fue desarrollada a través del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991[38].
Si
bien la acción de tutela se dirige contra una empresa encargada de prestar un
servicio público domiciliario, en este caso la legitimación por pasiva no se
centra en este punto, atendiendo a que la solicitud de amparo no hace
referencia a la prestación del servicio, sino a las presuntas actuaciones
discriminatorias efectuadas en contra de los trabajadores sindicalizados.
Específicamente, en relación con los
sindicatos, la Corte ha señalado que se encuentran en una situación de
subordinación indirecta que los habilita para interponer la acción de tutela
por las actuaciones u omisiones del empleador.[39]
4.3. Procedencia de la
acción de tutela cuando se reclama la protección del derecho fundamental a la
libertad de asociación sindical, bajo el presupuesto de una discriminación
injustificada a los afiliados a un sindicato. Reiteración de jurisprudencia.[40]
De acuerdo
con el contenido del artículo 86 de la Constitución[41], y los artículos 1°[42] y 42[43] del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ser promovida por cualquier persona que
considere que se le están afectando o amenazando sus derechos fundamentales, ya
sea con la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o con la actuación
de un particular respecto del cual el peticionario se encuentre en estado de subordinación
o indefensión.
En el caso de
los miembros de un sindicato, en su condición de trabajadores se encuentran en
estado de subordinación indirecta y al mismo tiempo, en estado de indefensión
absoluta respecto de su empleador. Esto en razón a que no disponen de medios
físicos ni jurídicos idóneos y eficaces cuando se les afecta el derecho
fundamental de libertad de asociación sindical. A esta tesis llegó la Corte
Constitucional al proferir la Sentencia SU-342 de 1995, en la que se de manera
enunciativa se expusieron algunas subreglas de procedencia de la acción de
amparo en aquellos eventos en las que dentro de una relación de trabajo se
afecta un derecho fundamental, ya sea (i) en el desarrollo o ejecución
de un contrato laboral o (ii) en materia de derecho colectivo, cuando se
presentan situaciones conflictivas que afectan los derechos fundamentales de
los trabajadores o de las organizaciones sindicales. En síntesis, la mencionada
ponencia estableció lo siguiente:
Casos
en los que procede la acción de tutela para resolver conflictos dentro de un
contrato laboral
Casos
en los que procede la acción de amparo en materia de derecho colectivo
-
Cuando se presenta un abuso por parte del empleador en la facultad
denominada ius variandi al punto que se afectan otros derechos
fundamentales del trabajador y particularmente del derecho al trabajo en
condiciones dignas.
Cuando se
afecta el derecho al debido proceso en un trámite disciplinario llevado a
cabo contra un trabajador.
Cuando el
patrono omite sus deberes de protección y seguridad al trabajador, atentando
contra los derechos a la vida, integridad personal y salud.
Cuando se
coarta la libertad de cultos, desarrollo de la personalidad, intimidad, etc.
Cuando se
niegan los permisos para el ejercicio del sufragio, el desempeño de cargos
oficiales transitorios y/o de las comisiones sindicales inherentes a la
organización.
Cuando el
empleador se niega a expedir la certificación sobre el tiempo de servicios,
labor desarrollada y salario devengado.
Cuando se
suministra por cualquier medio, a otros empleadores, información negativa
respecto de un trabajador.
Entre
muchas otras.
De acuerdo
con la tesis de esta providencia, cualquier acción del empleador para impedir
el ejercicio de la libertad de asociación sindical es susceptible de
protección vía tutela.
A
continuación se reseñan las mencionadas en la sentencia de unificación:
Cuando se
desconoce a los trabajadores el derecho de constituir, afiliarse o promover
la afiliación a los sindicatos.
Cuando se
entorpece o impide el cumplimiento de las gestiones propias de los
representantes sindicales, así como las actividades que competen al
sindicato.
Cuando se
toman medidas represivas contra los trabajadores sindicalizados o aquellos
que quieran afiliarse.
Cuando se
obstaculiza o desconoce el ejercicio del derecho de huelga.
Cuando el
empleador incurre en alguna de las actuaciones enlistadas en inciso 2, del
numeral 2 del artículo 354 del CST, modificado por el artículo 39 de la Ley 5
de 1990.[44]
Cuando se
obstaculiza el ejercicio del derecho de negociación colectiva.
Cuando se
impide la organización y funcionamiento de los tribunales de arbitramento en
aquellos eventos en los que los conflictos colectivos de trabajo no se
solucionan mediante arreglo directo, conciliación o el ejercicio de la
huelga.
Entre otras
Adicionalmente,
se precisó que en los casos reseñados no existían medios alternativos físicos
ni jurídicos idóneos y eficaces que eviten la vulneración o amenaza de derechos
fundamentales como el de libertad de asociación sindical.
Quiere decir
lo anterior que el juez de tutela podrá entrar a dirimir los conflictos
surgidos en razón de la actividad sindical cuando se evidencie una amenaza o
vulneración del derecho fundamental de libertad de asociación sindical, en
alguna de sus dimensiones, atendiendo a que no existe ningún medio considerado
garante de una protección inmediata cuando se presenta alguna de las hipótesis
planteadas.
Una situación similar se presentó
en un caso estudiado en la sentencia T-345 de 2007, en el que varios
trabajadores de una Caja de Compensación Familiar, invocando la protección de
sus derechos fundamentales a la igualdad, libertad sindical y movilidad
salarial, solicitaron el incremento anual de su salario teniendo en cuenta la
variación del IPC. En esa ocasión la Corte explicó que es viable reclamar
dichos incrementos mediante acción de tutela, en razón a la especial situación
de subordinación en la que se encontraban los trabajadores, y atendiendo a la
especialidad de los derechos invocados, ya que no se consideraban idóneos ni
eficaces otros mecanismos de defensa judicial[45].
Sobre el particular en la mencionada sentencia se expresó:
“En
conclusión, la Sala estima que resulta procedente la acción de tutela
atendiendo a que los actores, reclaman el reconocimiento el ajuste salarial
correspondiente a los años 2005 y 2006, lo que hace relación a pretensiones de
contenido particular, adicionalmente se encuentran vinculados con la entidad
accionada a través de un contrato de trabajo a término indefinido, del cual se
deviene una relación de subordinación que legitima por pasiva a la empresa
demandada.  Por último las acciones adquieren el grado de procedibilidad,
atendiendo a que dentro de las pretensiones se extrae una posible vulneración
de los derechos a la igualdad y asociación, así como la movilidad del salario,
frente a las cuales la protección que ofrece la vía ordinaria resulta
insuficiente e ineficaz. (Resaltado fuera del texto original)
Así las cosas, lo
que se concluye es que la acción de tutela es procedente cuando se persigue la
protección de derechos fundamentales como el de libertad de asociación
sindical, movilidad salarial e igualdad, teniendo en cuenta que: (i) los
trabajadores sindicalizados se encuentran en una especial situación de
subordinación e indefensión respecto a su empleador, y (ii) la vía
ordinaria no resulta adecuada ni eficaz para acceder a la protección inmediata
de estos derechos.
5. Protección
especial del derecho a la libertad de asociación sindical
El derecho asociación sindical
encuentra su fundamento en el artículo 38 de la Carta Política, el cual señala
que “se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las
distintas actividades que las personas realizan en sociedad”. Lo anterior
sirve como preludio del artículo 39 de la Constitución, que es la norma
específica que consagra el derecho de asociación sindical en los siguientes
términos:
“Artículo 39:
Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o
asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico con la
simple inscripción del acta de constitución.
La
estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones
sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios
democráticos.
La
cancelación o la suspensión de la personería jurídica solo procede por vía
judicial”.
Además de lo precedente, como de
manera reiterada lo ha señalado la jurisprudencia de esta corporación[46], el derecho
de asociación sindical dentro de las relaciones obrero-patronales es
considerado por el ordenamiento colombiano como la manifestación suprema del Estado
Social de Derecho[47]
y se encuentra consignado internacionalmente en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948; el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales; el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y
los convenios 87[48]
y 98[49]
de la Organización Internacional del Trabajo. Así lo ha expresado la Corte
constantemente en la jurisprudencia:
“Para definir el contenido y alcance de la protección
constitucional que se deriva del artículo 39 de la Carta procede recordar que la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, la Convención Americana de los Derechos Humanos y el
Protocolo de San Salvador, estipulan i) que toda persona tiene derecho a
asociarse libremente y a constituir sindicatos en defensa de sus intereses, ii)
que, para el efecto, los trabajadores deben gozar de total libertad de
elección, iii) que los requisitos para fundar e ingresar a un sindicato solo
pueden ser establecidos por la propia organización, iv) que la ley puede
establecer restricciones al derecho de asociación sindical en interés de la
seguridad nacional y en defensa del orden público, y iv) que los Estados
Partes, que a su vez son miembros del Convenio de la Organización Internacional
del Trabajo, no pueden adoptar medidas legislativas que menoscaben la libertad
sindical y el derecho a la sindicalización (La Declaración Universal de
Derechos Humanos fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, los Pactos Internacionales de
Derechos Civiles y Políticos, Económicos Sociales y Culturales fueron abiertos
a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, mediante resolución 2200A (XXI) de 16 de diciembre de 1966, la
Convención Americana de los Derechos Humanos fue adoptada por la Conferencia
Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos reunida en San José el 22
de noviembre de 1969, -Leyes 74 de 1968 y 16 de 1972 respectivamente.) [50]
En el derecho de asociación
sindical se encuentra intrínseco el derecho de libertad sindical, como base
fundamental para el cumplimiento de sus fines. Esto en atención a que si una
organización sindical, así como sus respectivos miembros, no son libres, no
podrán cumplir sus cometidos ni propender por la reivindicación de sus derechos
laborales.
Dentro del derecho de asociación
sindical la jurisprudencia ha identificado tres dimensiones, las cuales a su
vez entrañan una expresión de libertad: [51]
(i). Dimensión individual:
Consiste en la posibilidad que tiene cada persona de decidir si se afilia, si
se retira o si permanece dentro de la organización, sin injerencia alguna o
presiones externas, ni por parte del empleador ni incluso del mismo sindicato.
(ii). Dimensión colectiva:
En virtud de la cual los trabajadores organizados, pueden autogobernarse y
decidir de manera independiente el destino de su organización sin admitir
injerencia externa, especialmente del empleador.
(iii). Dimensión
instrumental. Según la cual el derecho de asociación es el medio para que
los trabajadores puedan lograr la consecución de algunos fines, especialmente
el mejoramiento de sus condiciones laborales. Ello por cuanto, de acuerdo con
el artículo 13 del Código Sustantivo, las normas de la legislación laboral tan
solo constituyen un mínimo de garantías que bien pueden ser mejoradas mediante
la negociación colectiva.
Dentro de la dimensión
instrumental la jurisprudencia le ha dado gran importancia a la actividad de
negociación colectiva; sin embargo, no sobra recordar que la función de los
sindicatos no se agota allí. Existen otras actividades atribuidas por ley a los
sindicatos dentro de las cuales se destacan: (i) el deber de “estudiar las
características de la respectiva profesión y los salarios, prestaciones,
honorarios, sistemas de protección o de prevención de accidentes y demás
condiciones de trabajo referentes a sus asociados para procurar su mejoramiento
y defensa”[52];
(ii)“propulsar el acercamiento de patronos y trabajadores sobre las bases de
justicia, mutuo respeto y de subordinación a la ley”[53], (iii)“asesorar a sus
asociados en la defensa de los derechos y representarlos ante las autoridades
administrativas, ante los patronos y ante terceros”[54],  (iv) “promover la
educación técnica y general de sus miembros”[55]; entre otras.
Consciente el Legislador de la
relevancia del derecho a la libertad sindical, señaló en el artículo 354 del Código
Sustantivo de Trabajo algunos actos que atentan contra este:
ARTÍCULO 354. PROTECCIÓN DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN. <Artículo modificado por
el artículo 39 del Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>
1. En los
términos del artículo 292 del Código Penal queda prohibido a toda persona
atentar contra el derecho de asociación sindical.
2. Toda
persona que atente en cualquier forma contra el derecho de asociación sindical
será castigada cada vez con una multa equivalente al monto de cinco (5) a cien
(100) veces el salario mínimo mensual más alto vigente, que le será impuesta
por el respectivo funcionario administrativo del trabajo. Sin perjuicio de las
sanciones penales a que haya lugar.
Considérense
como actos atentatorios contra el derecho de asociación sindical, por parte del
empleador:
a).
Obstruir o dificultar la afiliación de su personal a una organización sindical
de las protegidas por la ley, mediante dádivas o promesas, o condicionar a esa
circunstancia la obtención o conservación del empleo o el reconocimiento de
mejoras o beneficios;
b)
Despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de los trabajadores
en razón de sus actividades encaminadas a la fundación de las organizaciones
sindicales;
c). Negarse
a negociar con las organizaciones sindicales que hubieren presentado sus
peticiones de acuerdo con los procedimientos legales;
d).
Despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de su personal
sindicalizado, con el objeto de impedir o difundir el ejercicio del derecho de
asociación, y
e). Adoptar
medidas de represión contra los trabajadores por haber acusado, testimoniado o
intervenido en las investigaciones administrativas tendientes a comprobar la
violación de esta norma.”
Los anteriores literales protegen
especialmente la “dimensión individual” del derecho de asociación,
impidiendo que el respectivo empleador, quien detenta los medios de capital,
pueda influir en la decisión del trabajador y “obstruir o dificultar” la
afiliación al sindicato mediante mecanismos como dádivas, promesas o
reconocimiento de beneficios. De paso se protege la “dimensión colectiva”,
ya que al prohibirse que el empleador restrinja la afiliación, se evita la
injerencia indebida en su destino; y se ampara el derecho básico a la
existencia misma de la organización sindical, que se vería amenazada si se
permitiera que el empleador ofreciera privilegios por no afiliarse, creara
condiciones más favorables para quienes no se afilien o sujetara la permanencia
en el empleo a la circunstancia de no pertenecer al sindicato.
Además de las situaciones
referenciadas, esta corporación ha dispuesto algunas otras conductas como
atentatorias del derecho fundamental a la libertad de asociación sindical. Así,
se ha determinado que incurren en esta condición no solamente los empleadores
sino también los trabajadores cuando, por ejemplo, le niegan a un trabajador no
sindicalizado la oportunidad de afiliarse, o por el contrario, se oponen a la
desafiliación de alguno de sus miembros sin una razón justificada.[56] A
continuación se reseñarán algunos casos en los que se han analizado situaciones
de discriminación en materia sindical, en donde se han establecido reglas
jurisprudenciales puntuales:
La Sala Cuarta de Revisión en la
sentencia T-173 de 1995, estudió un asunto en el que dos trabajadores
interpusieron acción de amparo contra un sindicato al considerar que les estaba
vulnerando su derecho fundamental de asociación en atención a que se negaba a
afiliarlos a la organización.
Uno de los accionantes indicaba
que el sindicato le negó la vinculación argumentando que no había allegado unos
documentos, mientras que la otra peticionaria manifestaba que le había impedido
su ingreso sin justificación alguna, pese a haber cumplido con todos los
requisitos del reglamento interno.
La Corte, de una parte, niega la
solicitud de amparo al peticionario que no allegó los documentos, con
fundamento en que era razonable la exigencia unos requisitos mínimos máxime
cuando ello estaba consignado en los estatutos del sindicato; y, de otra, concede
la protección a la peticionaria a la cual se le había negado el ingreso al
sindicato, al considerar que no existía en su caso una justificación razonable
por parte del sindicato para limitar este derecho fundamental.
Otra situación que es considerada
como atentatoria contra el derecho de libertad de asociación sindical se presenta
cuando el empleador, sin justificación alguna, incluye cláusulas contractuales
con las cuales se desincentiva la pertenencia al sindicato o cuando se otorgan
beneficios como ventajas salariales y prestacionales a los trabajadores no
sindicalizados,  generando la deserción de los miembros de la asociación
sindical.
En un caso estudiado por esta
corporación en la sentencia T-330 de 1997, la Corte protegió los derechos de unos
trabajadores sindicalizados al verificar que efectivamente se estaban
presentando una serie de prácticas discriminatorias de parte del empleador, que
generaban la desafiliación de los trabajadores miembros de la asociación
sindical.
Concretamente lo que sucedía en
este caso era que la empresa (Icollantas) había ideado un “Plan de Beneficio
General” solo para los trabajadores no sindicalizados y ponía como condición para
acceder a dichas prerrogativas, la renuncia a hacer parte del sindicato, para
lo cual el mismo empleador elaboraba un documento de renuncia.
Adicionalmente, se le ofrecía a
los trabajadores que renunciaban a la organización sindical la suma de un
salario mínimo diario, la rebaja en el precio para comprar en el casino, una
prima de asistencia y otros beneficios que claramente se constituían en actuaciones
discriminatorias y atentatorias contra el derecho de libertad de asociación
sindical. [57]
La Corte verificó que se estaba
presentando la discriminación demandada por los peticionarios pertenecientes al
sindicato, concede la protección de los derechos a la a la igualdad y a libertad
de asociación sindical y ordena extender los beneficios salariales y prestacionales
de los trabajadores no sindicalizados, a los que pertenecían a la asociación,  prohibiendo
de paso, futuras actuaciones de igual índole.
Otra situación similar se
presentó en un asunto analizado por esta corporación en la sentencia T-143 de 1995,
en la que un trabajador de la empresa Colombiana de Frenos S.A. COFRE interpuso
acción de tutela al considerar que su empleador estaba vulnerando su derecho
fundamental de libertad de asociación sindical, debido a que le cancelaba un
salario inferior al de otros trabajadores que tenían el mismo cargo y funciones,
por el solo hecho de pertenecer al sindicato.
En esa ocasión los jueces de
instancia declararon improcedente la acción de amparo al considerar que el
peticionario podía acudir por la vía ordinaria a reclamar la aplicación del
principio “a trabajo igual salario igual”, indicando que pese a que se estudió su
caso teniendo como referencia otros trabajadores no sindicalizados, no se
determinó que existiera vulneración alguna respecto al derecho a la igualdad en
el salario. Ello en atención a que, para los jueces de instancia, con los 4
trabajadores con los que se comparó la situación del accionante se determinó
que devengaban lo mismo. Finalmente, ambos jueces adujeron que el trabajador
reclamante no había demostrado la vulneración de los derechos invocados, ni
había dado aviso sobre la acción ordinaria que había interpuesto contra el
empleador.
La Corte Constitucional estableció
que la solicitud de amparo era procedente para salvaguardar el derecho
fundamental de libertad de asociación sindical, precisando que, contrario a lo
expresado por los jueces de instancia, en aquellos eventos en los que un
trabajador alega la vulneración del derecho fundamental a la libertad de
asociación sindical e igualdad, utilizando como punto de referencia la
inequidad en cuestiones salariales, a quien corresponde asumir la carga
probatoria para desvirtuar la desigualdad es al empleador.
Así las cosas, en esta última
sentencia se manifiesta que una de las conductas atentatorias contra el derecho
de libertad de asociación sindical es el reconocimiento de mayores beneficios
para los trabajadores no sindicalizados, dentro de los cuales se puede
encuadrar el hecho de devengar un mayor salario sin una justificación
razonable.
De igual manera, se precisa que a
quien corresponde desvirtuar cualquier queja de afectación al derecho a la
igualdad no es al trabajador, que es la parte débil en la relación laboral,
sino al empleador, que es quien cuenta con el capital necesario y los
instrumentos suficientes para asumir la carga probatoria.
En suma, esta corporación ha
considerado como ilegítima e ilegal toda conducta por parte del empleador que
se oriente a (i) desalentar a los posibles asociados, sancionarlos o discriminarlos
por hacerlo[58];
(ii) acudir a la facultad de terminación del contrato sin justa causa respecto
de alguno de los miembros de la organización con el propósito de afectarla[59]; (iii) adoptar
conductas discriminatorias basadas en la circunstancia de estar o no afiliado
al sindicato, favoreciendo a los no sindicalizados en contra de los
sindicalizados, como cuando se hace uso de “los factores de remuneración o
de las prestaciones sociales para golpear a quienes se asocian, para
desestimular el crecimiento del sindicato o para presionar los retiros de este”[60],
creando diversos planes de beneficios, favoreciendo a los no afiliados al
sindicato[61].
Conductas como las antes
señaladas, están proscritas por cuanto atentan contra el derecho de asociación
sindical, especialmente en relación con lo consagrado en el artículo 39 de la
Carta Política; los artículos 2, 3 y 11 del Convenio 87 de la OIT, aprobado
mediante la Ley 26 de 1976; y los artículos 1° y 2° del Convenio 98 de la OIT,
aprobado mediante la Ley 27 de 1976 ya mencionadas. Respecto al punto
específico en debate es relevante citar lo consignado en el artículo 1° del
Convenio 98 de la OIT, que establece:
“Artículo
1.- 1.Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de
discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su
empleo.
2. Dicha
protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por
objeto: a) Sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se
afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato; b)
Despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su
afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales…”.
Lo precedente reafirma que
conductas tales como sujetar la admisión y permanencia en el empleo bajo la
condición de no afiliarse al sindicato, otorgar privilegios para desestimular
la afiliación, crear regímenes diferenciales entre los no sindicalizados y los
sindicalizados en perjuicio de estos últimos, al igual que los despidos masivos
de trabajadores sindicalizados, constituyen actos que atentan contra la
libertad sindical.
6. Caso Concreto
En el presente asunto el señor Álvaro
Pereira Montalvo y 230 afiliados al sindicato SINTRAELECOL Subdirectiva Bolívar
reclaman la protección de sus derechos fundamentales a la movilidad salarial,
libertad de asociación sindical e igualdad, vulnerados a su juicio por
ELECTRICARIBE, quien según ellos, de manera injustificada: (i) incluyó
cláusulas en los contratos de trabajo en las que se renuncia a los beneficios
convencionales a cambio de una remuneración especial; (ii) implementó una política
retributiva que incluía bonos y auxilios extra salariales favorables solo para
los trabajadores no sindicalizados; y (iii) pretermitió la contestación
oportuna a los derechos de petición elevados por el presidente de la
Subdirectiva Bolívar, con el objeto de obtener información real y verídica
respecto de la situación de los trabajadores en el contexto de la política
retributiva de 2012 y los incrementos salariales anuales, de los que no habían
sido acreedores los trabajadores sindicalizados.
Con el objeto de abordar el
estudio concreto del caso y aplicar las reglas jurisprudenciales desarrolladas
en la parte considerativa de la presente providencia, la Sala verificará en
primer lugar la procedencia de la acción, para luego determinar si se
vulneraron o no los derechos invocados.
6.1. Procedencia de la
acción
Como
ampliamente se indicó en el fundamento 4° de esta providencia, tanto el señor
Álvaro Pereira Montalvo como los 230 coadyuvantes de la acción de tutela se
hallan legitimados para acudir a la acción constitucional en defensa de los
derechos fundamentales presuntamente vulnerados.
De igual manera, se verifica que
los peticionarios en la actualidad se encuentran afiliados al Sindicato de
Trabajadores SINTRAELCOL Subdirectiva Bolívar, y cuentan con contratos
laborales vigentes con ELECTRICARIBE, cumpliéndose así con los presupuestos de
subordinación e indefensión respecto de su empleador, que los habilitan para
solicitar la protección del derecho a la libertad de asociación sindical mediante
acción de tutela.
En ese orden de ideas, resulta
apropiado recordar que, conforme con la tesis establecida por la Corte desde la
Sentencia SU-342 de 1995, ampliamente acogida por jurisprudencia posterior, siempre
que se reclame la vulneración o amenaza del derecho a la libertad de asociación
sindical es viable acudir mediante acción de amparo en razón a la situación
subordinación e indefensión en la que se encuentran los miembros de un
sindicato respecto de su empleador, y en atención a que no existe un medio
idóneo ni eficaz para en estos casos provocar el cese inmediato de la violación
de este tipo de derechos.
6.2. Vulneración del derecho a
la libertad de asociación sindical, igualdad y movilidad salarial
La Sala observa que, contrario a
lo expresado por el apoderado de la empresa accionada, en el presente asunto
existe una clara vulneración del derecho fundamental de libertad de asociación
sindical por parte de ELECTRICARIBE, ante el acometimiento de las actuaciones
discriminatorias que se exponen a continuación:
(i). Inclusión de cláusulas en
los contratos laborales, en las cuales se renuncia expresamente a los
beneficios de la convención colectiva
De acuerdo con el contrato
laboral allegado por el peticionario, se observa que efectivamente
ELECTRICARIBE está incluyendo una cláusula en la cual se consigna la renuncia
expresa a los beneficios convencionales, a cambio de una bonificación
económica, bajo los siguientes parámetros:
“PARÁGRAFO
PRIMERO: Como al convenirse el presente contrato, y dentro de él el salario
pactado en esta cláusula cuarta, EL(LA)EMPLEADO(A),  ha manifestado
expresamente que renuncia a cualquier beneficio convencional, las partes
acuerdan lo siguiente: Compensar estos posibles beneficios convencionales, no
obstante su renuncia a ellos, con la suma de $640.000,00 (SEISCIENTOS CUARENTA
MIL PESOS M.CTE)mensuales. En virtud de lo anterior, si por cualquier motivo EL
(LA)EMPLEADO(A), llegare a beneficiarse de la Convención Colectiva, su
remuneración o salario será únicamente la suma indicada en la cláusula cuarta
de este contrato, excluyéndose el parágrafo primero de la misma, sin que ello
implique desmejora alguna, pues se repite, las partes llegaron al acuerdo
salarial en razón a las circunstancias y condiciones indicadas en esta
cláusula, incluyendo desde luego, el parágrafo de la misma”.
Esta situación no es
controvertida por ELECTRICARIBE, al punto que ni siquiera la refiere ni objeta
su ocurrencia. Por ende, la Sala considera que, conforme al amplio referente
jurisprudencial, así como al ordenamiento interno y los estamentos de
protección internacional consignados en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y
los convenios 87[62]
y 98[63]
de la Organización Internacional del Trabajo; se está incurriendo en un
tratamiento discriminatorio que atenta directamente contra el derecho de
libertad de asociación sindical, en la medida en que se coarta la oportunidad
de pertenecer al sindicato desde la vinculación del trabajador.
(ii). Implementación de la
“Política Retributiva 2012” para los trabajadores no sindicalizados
Lo mismo sucede con la
implementación de la “Política Retributiva 2012”, que cobija a los trabajadores “corporativos” y es aplicada, según el peticionario, a aquellos
trabajadores que no hacen parte de la asociación sindical.
Sobre el particular la Sala
observa que ELECTRICARIBE se limitó a aducir en su contestación a la acción de
amparo que en el presente caso no existe una vulneración al derecho de libertad
de asociación sindical en razón a que se encuentra constituida dicha
asociación, y que los peticionarios no prueban que se les esté vulnerando el
derecho a la igualdad.
Durante el desarrollo procesal de
la presente acción de amparo la empresa accionada solamente expuso el reporte
del monto salarial que cada uno de los trabajadores accionantes devenga,
alegando que dicho valor supera el salario mínimo y que, por ende, no es su
obligación realizar el incremento conforme al IPC, toda vez que no existe
normatividad que así lo ordene[64].
No obstante, a lo largo de la exposición de sus argumentos ELECTRICARIBE olvida
mencionar lo referente a los incrementos y beneficios adicionales sobre los
cuales se hace mención en el soporte del correo electrónico allegado por los miembros
del sindicato. Así lo demuestran los accionantes con la impresión del aludido
documento que contiene la siguiente información:
“Estimados
Colaboradores// Porque ustedes son lo más importante y por decisión de la
Empresa, nos complace comunicarles que en el mes de Agosto, se aplicará lo
correspondiente a la actualización de beneficios en el marco de la Política
Retributiva 2012, para el colectivo Corporativo así: // Bonos Canasta: -
Recibirán lo correspondiente al pago retroactivo al 01 de Enero de 2012 y a
partir de Septiembre el valor ajustado. //- Para el grupo directivo hasta
mandos intermedios (E1, E2 y E 3) el valor se ajustará en IPC (3.73%)// - Para
el resto de colectivo corporativo No Directivo (Tco Profesional en adelante),
el valor será de $ 200.000. // Para aquellas personas que han tenido cambios
funcionales se aplicarán los incrementos de manera proporcional a la fecha de
su movimiento/ cambio. // Auxilio medicina prepagada: A partir del 01 de
Septiembre. El valor del auxilio será de $ 50.000 para el colaborador de cada
afiliado de su núcleo familiar básico. // Política de Préstamos y Anticipos: La
próxima semana estaremos comunicando la nueva Política de préstamos y
anticipos, que tendrá aplicación a partir de su firma y que se complementa con
los convenios actuales establecidos entre la Empresa y las entidades
financieras (actualmente Davivienda y Bancolombia). Tiene como objetivo atender
necesidades identificadas en nuestros colaboradores.// Bono Único El colectivo
corporativo No directivo a 1 de agosto de 2012 (Tco Profesional en adelante),
recibirá un bono único no salarial por valor de $ 2.000.000 ”.
De acuerdo con el documento expuesto,
es el Jefe de Recursos Humanos de la empresa empleadora quien informa a los
trabajadores no sindicalizados sobre la aplicación de una directiva de
beneficios denominada “Política Retributiva 2012”, según la cual hay lugar a la implementación de incrementos salariales conforme a un porcentaje
del IPC, auxilios de medicina prepagada y políticas de préstamos y anticipos
favorables, solo para estos trabajadores denominados “corporativos”.
Respecto a este punto, se debe
resaltar que al igual que ocurrió con lo concerniente a la aplicación de las
cláusulas contractuales, en ningún momento ELECTRICARIBE desvirtúa dicha
información. Por el contrario, en la contestación allegada por el representante
legal de la empresa empleadora, como cumplimiento de las órdenes de tutela de
primera y segunda instancia, de cierta manera se acepta la veracidad de los
hechos referenciados por los peticionarios, cuando estos últimos afirman que los
directivos de ELECTRICARIBE concedieron beneficios de diversa índole a aquellos
trabajadores que no hacían parte de la asociación sindical.
Esto se corrobora cuando el representante
legal de ELECTRICARIBE indica en su escrito de cumplimiento de los fallos de
tutela que ya se realizaron los incrementos anuales salariales, así como la adición
de los “restantes conceptos de nómina” desde el 2011, los cuales no habían sido
efectuados a los trabajadores sindicalizados en razón a los inconvenientes de
índole administrativo y del sistema. Situación de la cual se puede inferir que
existen notables diferencias entre los trabajadores denominados corporativos y
aquellos afiliados al sindicato, quienes coincidencialmente no habían recibido
directamente la información vía correo electrónico en calidad de beneficiarios
del aludido programa. Para mejor ilustración sobre este punto a continuación se
expone el contenido de la contestación con fundamento en la cual se deduce la
existencia de las diferencias referenciadas:
“Dentro del
marco de la acción de tutela de la referencia, a través de la cual la parte
accionante perseguía la protección de los derechos fundamentales a la igualdad,
movilidad de salario  y libertad de asociación de cara a obtener la aplicación
de los incrementos salariales para los años 2011, 2012 y hacia el futuro en un
porcentaje igual al IPC certificado por el Gobierno Nacional para cada año, así
como la respuesta a las peticiones formulada en tal sentido por la organización
sindical a la empresa. En desarrollo del trámite de esa acción constitucional,
ese despacho mediante decisión calendada 16 de octubre de 2012, resolvió declarar
improcedente la acción de tutela y denegar la protección solicitada
respecto de los derechos fundamentales a la igualdad, movilidad del salario y
libertad de asociación. (Resaltado por el autor del texto)
No
obstante, tuteló el derecho fundamental de petición respecto de la peticiones
que habían sido presentadas por el Sr. Álvaro Pereira Montalvo, en calidad de
Presidente de la Subdirectiva Bolívar de la organización sindical indicada,
ordenando a ELECTRICARIBE fuesen contestadas las peticiones presentadas por el
Sr. Pereira Montalvo. Esa orden de tutela fue acatada y cumplida en su
totalidad por parte de Electricaribe, enviando las respuestas del caso y
aportando a su despacho un memorial con las respectivas constancias de
recibido, por parte de la organización sindical accionante, de las respuestas
otorgadas a  Sintraelecol, subdirectiva Bolívar. Ese memorial fue recibido en
ese juzgado el día 22 de octubre de 2012. (Resaltado por el autor del
texto)
En
ejercicio de sus derechos, y a través de su apoderado judicial, SINTRAELECOL,
Subdirectiva Bolívar, impugnó la decisión de instancia, específicamente en el
punto tocante a la improcedencia de al protección de los derechos fundamentales
a la igualdad, movilidad del salario y libertad de asociación.  Este trámite de
segunda instancia fue conocido por el Juzgado Primero Penal del Circuito para
adolescentes de Cartagena y, al decidirlo, resolvió modificar parcialmente el
fallo de primera instancia y declarar acreditada la vulneración al derecho al
salario móvil de los trabajadores afiliados a Sintraelecol Bolívar…
(…).
Observada
la decisión tomada por el juzgado fallador de segunda instancia, y respecto al
cumplimiento de la orden impartida a mi representada, es pertinente informar a
ese despacho las acciones adelantadas por parte de Electricaribe para el
acatamiento total y efectivo de las mismas, así:
-   En
enero 11 de 2013, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de
notificación de la decisión de segunda instancia, fue cancelado a los
trabajadores afiliados a la organización sindical SINTRAELECOL, SUBDIRECTIVA
BOLÍVAR, el retroactivo del incremento salarial correspondiente a los años 2011
y 2012 así como lo correspondiente al retroactivo de los conceptos salariales
relativos a las ausencias de esos mismos años.
-   Cabe
resaltar que dentro de esta acción se comprendió la actualización, incremento,
del salario del grupo de trabajadores beneficiarios con la decisión de tutela
en los términos de la decisión judicial de segunda instancia, es decir, en un
porcentaje igual al IPC certificado por el DANE. ”
Ahora bien,
consiente ELECTRICARIBE que para el cumplimiento total y absoluto a la orden
impartida por el Juzgado Primero Penal del Circuito para adolescentes de
Cartagena, aún debía proceder con un pago adicional al efectuado en enero 11 de
2013, se procederá junto con el pago de la primera quincena del mes de febrero
de 2013, es decir el día 15 de ese mes, a abonar a los trabajadores socios/
afiliados a la organización sindical Sintraelecol Subdirectiva Bolívar, el
retroactivo de los años 2011, 2012 y lo corrido de 2013 de los restantes
conceptos de nómina que componen el concepto salario, como por ejemplo, horas
extras recargos, (en todas sus modalidades existentes), y demás situaciones
conceptos que ha recibido cada uno de los trabajadores y que son derivadas del
salario básico de cada uno de ellos. (Subrayado fuera del texto
original)
La
tardanza presentada en el pago de los conceptos mencionados en el párrafo
anterior, obedeció a la dificultad que significaba para esta compañía la
elaboración y aplicación de los cálculos matemáticos necesarios para determinar
los valores a pagar y, demás  porque para poder efectuar los pagos por esos
conceptos se requería proceder con un ajuste en la parametrización del sistema
informático de administración y manejo de nómina, tareas estas que solo hasta
la fecha fue posible culminar y por ello se procederá según lo anunciado en la
quincena a pagar por parte de Electricaribe el próximo 15 de febrero de 2013. (Subrayado
fuera del texto original)
En esa
misma quincena, los trabajadores afiliados a la organización sindical
accionante verán reflejado en los abonos de la compañía el incremento del
salario del año 2013 en un porcentaje igual al IPC certificado por el DANE del
año inmediatamente anterior, así también se abonará el retroactivo de este
concepto (incremento salarial) correspondiente al mes de enero de 2013.
Con el
relato de las acciones ya ejecutas por esta compañía y las que ya se encuentran
programadas para ejecutar en la primera  quincena del presente mes de febrero
de 2013, se observa y evidencia con absoluta claridad el cabal, efectivo y
absoluto cumplimiento por parte de Electricaribe al fallo de tutela de segunda
instancia y las órdenes impartidas a mi representada por parte del juzgado
Primero Penal del Circuito para Adolescentes de Cartagena en la decisión
fechada 11 de diciembre de 2012”  [65]
Así las cosas, es lógico deducir
que durante los años 2011, 2012 y 2013, no se realizaron los incrementos
salariales anuales a los miembros del sindicato, configurándose dicha actuación
en un acto discriminatorio atentatorio del derecho fundamental de libertad de
asociación sindical, así como del derecho a la igualdad, en la medida en que se
presenta como una actuación represiva en contra de sus afiliados, quienes al
ver mermado su nivel de ingreso respecto de los trabajadores corporativos, se
desincentivan en el ejercicio de sus derechos.
La Sala aclara que, contrario a
lo argumentado por el empleador, en lo referente a la protección del derecho a
la igualdad invocado por los peticionarios, respecto a la aplicación arbitraria
de los incrementos salariales y la denominada “Política Retributiva 2012”; a quien correspondía probar que no se había incurrido en las conductas reprochadas era a
ELECTRICARIBE y no a los trabajadores sindicalizados. Máxime cuando estos ya
habían intentado acceder a esa información y les había sido negada por parte de
su empleador.
Lo anterior en atención a la
aplicación de la inversión del principio “ONUS PROBANDI”,  que se da en casos
como el presente, en los que se  atribuye la carga de la prueba no a quien alega
la vulneración del derecho a la igualdad, sino a quien tiene la posibilidad de
aportar los elementos necesarios por la posición dominante en la que se
encuentra respecto a quien manifiesta la vulneración, ya que es lógico que un
trabajador está en condiciones de indefensión y subordinación. Así lo resaltó
esta corporación en las sentencias T-230 de 1994, T-079 de 1995 y T-143 de
1995, referenciadas en fundamentos dogmáticos.
(iii).La omisión en la
contestación integral de los derechos de petición elevados por el presidente de
la Subdirectiva, con el objeto de acceder a información valiosa para probar los
actos discriminatorios a los cuales estaban siendo sometidos los trabajadores
afiliados
Finalmente, como otra de las
actuaciones discriminatorias en las que incurrió ELECTRICARIBE, se advierte su
omisión en la contestación de dos derechos de petición elevados por el
peticionario el 17 de agosto de 2012 y el 12 de septiembre del mismo año[66], en los
cuales se solicitó la aplicación de los incrementos anuales conforme al IPC
desde el año 2011, así como la entrega de información referente a los
incrementos y dádivas especiales señaladas dentro de la política retributiva
especial diseñada para los trabajadores “corporativos”.
No obstante, solo se recibieron respuestas
evasivas  por parte de ELECTRICARIBE, con el agravante de haber sido
presentadas en cumplimiento de las órdenes de tutela en sede de instancias. Las
contestaciones remitidas por la empresa accionada se transcriben a
continuación:
-       Respuesta
correspondiente al derecho de petición elevado por el presidente de la
Subdirectiva de Bolívar de SINTRAELECOL el 17 de agosto de 2012, en el cual se
solicitaba la aplicación de los aumentos salariales correspondientes a los años
2011 y 2012 conforme al IPC para los trabajadores no sindicalizados:
“En relación
con el derecho de petición de fecha 16 de agosto de 2012, recibido en las
instalaciones de Electricaribe S.A. E.S.P. (“Electricaribe”) el día 17 de
agosto de 2012, en el que solicita a Electricaribe dar aplicación al incremento
salarial correspondiente a los años 2011 y 2012, para los trabajadores
afiliados a la Subdirectiva Bolívar de SINTRAELECOL, comentamos:// 1. No existe
en nuestro ordenamiento jurídico norma legal que se encargue de reglamentar los
incrementos salariales para aquellos trabajadores del sector privado que
devenguen un salario por encima del mínimo legal. Así lo ha ratificado
ampliamente la Honorable Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Laboral en
varios de sus fallos. // 2. Todos y cada uno de los trabajadores de
Electricaribe afiliados a SINTRAELECOL y pertenecientes a la Subdirectiva de
Bolívar, devengan una asignación superior al salario mínimo legal mensual
vigente. De ahí que sus incrementos salariales no están sujetos al IPC fijado
anualmente. // 3. La Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Laboral,
ha sido enfática en señalar que el mecanismo para lograr el incremento salarial
en trabajadores del sector privado que devenguen una asignación salarial
superior al salario mínimo legal mensual vigente es sencillamente la
negociación colectiva con el empleador. // 4. En noviembre de 2011, entre la
empresa y SINTRAELECOL se suscribió un documento en el cual las partes sentaban
las bases de una negociación colectiva en la cual buscarían un acuerdo laboral
por medio del dialogo, sin necesidad de recurrir a terceros actores, en el cual
se precisa de manera clara y contundente que “El acuerdo resultante del proceso
de negociación, en lo que respecta a incremento salarial se aplicará a partir
del 1 de enero de 2011…”. No obstante, el preacuerdo definido fue rechazado por
la Subdirectiva Bolívar de SINTRAELECOL. //5. Así las cosas, es claro que no
existe en el ordenamiento jurídico laboral vigente una sola disposición
normativa que obligue a Electricaribe a proceder a incrementar conforme al IPC
anualmente fijado los salarios de los trabajadores solicitantes, máxime cuando
(i) los mismos devengan una asignación superior al mínimo legal, y (ii) la
Subdirectiva a la cual pertenecen ha sido renuente a la negociación con
Electricaribe para definir el tema por la vía del consenso y del acuerdo.”
-       Respuesta
correspondiente al derecho de petición elevado por el presidente de la
Subdirectiva de Bolívar de SINTRAELECOL, el 12 de septiembre de 2012, en el cual
se solicitó información sobre el aumento salarial de los años 2011 y 2012 de
los trabajadores denominados “CORPORATIVOS”. El contenido del documento
es el siguiente:
“En
atención a derecho de petición de la referencia radicado en nuestras
instalaciones el día 12 de septiembre de 2012, atentamente nos permitimos darle
respuesta en los siguientes términos: // Resulta menester, informarle que
dentro de la Empresa no existe grupo de trabajadores denominados
“CORPORATIVOS”  por lo cual le solicitamos haga mayor énfasis en su
solicitud.// Así las cosas, carece de fundamento fáctico y jurídico su petición
y por lo mismo no es procedente. // Finalmente debemos hacer mención a la
sentencia T- 574/09 constitucional de fecha veintiséis (26) de agosto de dos
mil nueve (2009) emitida por la Corte, Magistrado Ponente DR NILSON PINILLA
PINILLA donde se dispone sobre el tema: “Así, se ha advertido que se satisface
este derecho, cuando se emiten respuestas que resuelven en forma sustancial la
materia objeto de la solicitud, sin importar el sentido de la misma. No puede
entenderse vulnerado el derecho de petición simplemente porque la respuesta
dada al peticionario, emitida dentro de los términos normativamente fijados, sea
negativa, pues si efectivamente atiende de fondo el asunto inquirido, conlleva
la satisfacción del derecho de petición, independientemente de su sentido”// En
los términos anteriores, damos respuesta formal y material a su derecho de
petición y esperamos haber atendido la inquietud presentada”.[67]
Al respecto la Sala debe anotar
que era la contestación al derecho de petición la única manera que tenían los
trabajadores para obtener información sobre los actos discriminatorios a los cuales
estaban siendo sometidos; y la omisión de las respuestas por parte de
ELECTRICARIBE, así como su contestación extemporánea y evasiva, no solo cercena
de tajo lo atinente al derecho de petición, sino que de paso vulnera otros
derechos consecuenciales como lo son el de acceso a la información y libertad
de asociación sindical. En efecto, con la falta de contestación a los derechos
de petición, se está obstaculizando al sindicato el derecho que tiene de conocer
información valiosa que puede ser utilizada para la reclamación de los derechos
que le puedan asistir.
En consecuencia, con dicha
obstaculización se está supeditando a los miembros del sindicato a que tengan
que acudir obligatoriamente a la acción de amparo para intentar salvaguardar
dicho derecho y, de paso, evitar que se sigan tomado contra ellos medidas
represivas, como la omisión en el incremento salarial anual o la aplicación de
beneficios como los contenidos en el correo remitido por el jefe de recursos
humanos de la entidad accionada.
6.3. Conclusiones y órdenes a
impartir
Las actuaciones discriminatorias que
se acaban de exponer, se encuentran proscritas tanto en el ordenamiento interno
como en los distintos instrumentos internacionales, por cuanto afectan todas
las dimensiones del principio de libertad de asociación sindical. En su
dimensión individual, en razón a que se obstruye la afiliación al
sindicato mediante dádivas económicas; en su dimensión colectiva, en
atención a que al condicionarse su afiliación se puede ver afectada la
existencia misma de la organización; y finalmente, en su dimensión instrumental,
porque al afectarse al sindicato como asociación y sujeto de derechos como el
del acceso a la información y a la igualdad, se cercena de paso la oportunidad
que como organización tiene para acudir ante el empleador con el objeto de
reivindicar sus derechos.
En esa medida, existen varias conductas
que en el presente asunto ameritan protección inmediata así como acciones preventivas
con el objeto de evitar que a futuro se siga incurriendo en actuaciones de tal
índole.
De acuerdo
con el contrato laboral aportado, se observa que con la inclusión de la
cláusula contractual de renuncia a los beneficios sindicales se propicia la
afectación del derecho fundamental a la libertad de asociación sindical en la
medida en que se cercena este derecho desde la vinculación misma de los
trabajadores.
Lo mismo
sucede con la implementación de políticas especiales como la denominada
“Política Retributiva 2012”, de cuya aplicación se tuvo conocimiento mediante
la impresión del correo electrónico allegado al expediente, y respecto del cual
no se dio explicación alguna por parte de ELECTRICARIBE.
Finalmente,
con la omisión en la contestación oportuna y de fondo a los derechos de
petición, elevados por el presidente de la subdirectiva Bolívar, se observa que
se vulneró no solo el derecho de petición sino que además, se provocó con ello
la obstaculización en el acceso a la información del sindicato, así como la
materialización en su dimensión instrumental, en la medida en que al no obtener
información les fue imposible acudir ante la autoridad encargada para
reivindicar sus derechos.
En lo
atinente a la afectación a la igualdad en la movilidad salarial, se corrobora
que ya se encuentra superada dicha reclamación en razón a que, de acuerdo con
la información allegada al expediente, a los trabajadores sindicalizados ya les
fueron realizados los correspondientes incrementos salariales anuales.
Por lo
anterior, la Sala procederá a revocar parcialmente la sentencia proferida el
Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolecentes con Función de Conocimiento
de Cartagena de Indias, que negó la solicitud de amparo por improcedente
respecto a los derechos de libertad de asociación sindical y movilidad del
salario; en su lugar, se concederá la protección de estos derechos. Así mismo, confirmará
el amparo concedido respecto al derecho de petición.
En aras de
asegurar la protección de los derechos vulnerados la Sala ordenará y prevendrá al
representante legal de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. para que:
(i).
Modifique todos los contratos laborales vigentes que contengan cláusulas
discriminatorias, informando por escrito a todos y cada uno de los trabajadores
de la empresa, que este tipo de cláusulas, en las que se renuncia a los
beneficios convencionales, son ineficaces y no hay posibilidad negociación
sobre las mismas, de acuerdo con lo consignado en el ordenamiento interno y los
instrumentos internacionales.
(ii). Se
abstenga de incluir dentro de los contratos laborales cláusulas en las que se
ofrezcan prebendas o bonificaciones económicas a cambio de la renuncia expresa
a beneficios convencionales.
(iii).
En adelante, se abstenga de incurrir en cualquier otro acto discriminatorio contra
los trabajadores que pertenezcan a la asociación sindical. De igual manera,
será necesario que ELECTRICARIBE ofrezca cuando menos, iguales beneficios a los
trabajadores sindicalizados, con el objeto de evitar que se siga
desincentivando la afiliación a la asociación.
(iv).
Dé respuesta a los derechos de petición elevados por el peticionario indicando
concretamente qué beneficios concedió a los trabajadores “corporativos”, por
qué montos y con fundamento en qué razones no se concedieron las mismas o
mejores prebendas a los afiliados al sindicato. Esto con el objeto de que los
asociados puedan verificar que se les está equiparando sus beneficios y los de
los trabajadores no sindicalizados.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR
PARCIALMENTE la sentencia proferida
el 15 de  noviembre de 2012 por el Juzgado Primero Penal del Circuito para
Adolecentes con Función de Conocimiento de Cartagena de Indias, que a su vez modificó
la emitida el 16 de octubre del mismo año por el Juzgado Primero Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías para Adolescentes de la misma
ciudad. En consecuencia, CONCEDER la protección del derecho fundamental
de libertad de asociación sindical y derecho de petición.
Respecto a la solicitud de
protección del derecho a la movilidad salarial, reclamado por los afiliados a la
Subdirectiva de Bolívar de SINTRAELECOL se encuentra superado el hecho.
Segundo.- ORDENAR
al representante legal de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. que dentro de la
cuarenta y ocho (48) horas siguientes
a la notificación de esta sentencia MODIFIQUE todos los contratos
vigentes, informando por escrito a todos y cada uno de los trabajadores que ese
tipo de cláusulas, en las que se renuncia a los beneficios convencionales, son
ineficaces y por tanto, no hay posibilidad de negociación sobre las mismas de
acuerdo con lo consignado en el ordenamiento interno y los instrumentos
internacionales.
Tercero.- PREVENIR al representante legal de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. para
que en adelante SE ABSTENGA de incluir dentro de los contratos laborales
cláusulas en las que se ofrezcan prebendas o bonificaciones económicas a cambio
de la renuncia expresa a beneficios convencionales.
Cuarto.- PREVENIR al representante legal de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
que en adelante SE ABSTENGA de incurrir en cualquier otro acto
discriminatorio contra los trabajadores que pertenezcan a la asociación
sindical.
Quinto.- ORDENAR al representante legal de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
que dentro de la cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, ofrezca,
por escrito, cuando menos iguales beneficios a los trabajadores sindicalizados,
de manera que se equiparen a los brindados a los trabajadores no sindicalizados,
con el objeto de evitar que se siga desincentivando la pertenencia a la
asociación sindical.
Sexto.- ORDENAR
al representante legal de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. que dentro de la
cuarenta y ocho (48) horas siguientes
a la notificación de esta sentencia, dé
contestación a los derechos de petición presentados el 17 de agosto de 2012 y
el 12 de septiembre del mismo año, por el Presidente de la Subdirectiva Bolívar,
indicando concretamente qué beneficios concedió a los trabajadores
“corporativos”, por qué montos y con fundamento en qué razones no se
concedieron las mismas o mejores prebendas a los afiliados al sindicato.
Séptimo.- LÍBRESE por Secretaría General, la comunicación a que se
refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. Cúmplase.
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1]
Esta acción fue coadyuvada por 230 afiliados al sindicato,
quienes al momento de interponerse la tutela tenían contrato vigente con
ELECTICARIBE. En los Folios 113 a 122 del cuaderno de instancias se puede
observar el listado de trabajadores sindicalizados junto con sus firmas de
apoyo a la acción de amparo.
[2]
Organización Sindical mixta, de primer grado y de rama de industria. Conformada
por trabajadores vinculados por relación laboral vigente en entidades o
empresas públicas, privadas o mixtas que desarrollan sus actividades en el
sector energético de Colombia.
[3]
El aparte de la convención que es citado para fundamentar la legitimación por
activa es el siguiente: “Artículo Segundo: RECONOCIMIENTO SINDICAL: LA EMPRESA reconocerá como representante legal de los trabajadores, para todos sus efectos
legales, al SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES  DE LA ELECTRICIDAD DE COLOMBIA ´SINTRAELECOL SUBDIRECTIVA BOLÍVAR´ entidad con personería jurídica
de No. 1983 de Julio de 1975. // Las Convenciones Colectivas de Trabajo, Laudos
Arbitrales Actas de Conciliación, Actas del Comité Obrero Patronal y en general
los Pactos y Costumbres que en general han regido las relaciones Obrero
Patronales en la ELECTRIFICADORA DE BOLÍVAR SA, se entenderán suscritas por el
´SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ELECTRICIDAD DE COLOMBIA, SINTRAELECOL SUBDIRECTIVA BOLÍVAR´ y en consecuencia se reconocerá a esta Organización Sindical
como la Contratante en todos los Actos anteriores.”
[4] La empresa ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., mediante escritura
pública núm. 3049 emitida el 31 de diciembre de 2007 por la Notaría 3ª de Barranquilla, perfeccionó el proceso de absorción seguido respecto de la
empresa ELECTROCOSTA S.A. E.S.P., quien recibió a título de venta los activos
de las Electrificadoras de Sucre, Magangué, Córdoba y Bolívar, el día 4 de
agosto de 1998, asumiendo  a su vez la sustitución patronal así como las
obligaciones laborales y pensionales vigentes, en los términos de las
Convenciones Colectivas existentes en cada una de las sustituyentes empresas.
[5]
Sobre este asunto, literalmente el escrito de tutela refiere lo siguiente: “Con
referencia a los aumentos salariales anuales de los trabajadores de ELECTRICARIBE
SA ESP, afiliados a SINTRAELECOL, SUBDIRECTIVA BOLÍVAR, la Convención Colectiva de Trabajo suscrito entre los mismos, vigente para los años 1998-1999,
en su artículo Cuarto (sic) dispuso lo siguiente: “Para el primer año de
vigencia de esta convención colectiva, la asignación básica mensual de los
trabajadores se incrementará en el 18%. Para el segundo año de vigencia la
asignación básica se incrementará en el porcentaje de variación del Índice de
Precios al Consumidor año completo, para los doce meses anteriores mas el cero
punto cinco por ciento (0.5%) (…) Este porcentaje del IPC certificado por el
DANE más el 0.5% se aplicó igualmente para los años posteriores a 1999 hasta el
año 2005.” // (…) El día 5 de mayo de 2006 entre la ELECTRIFICADORA DE LA COSTA ATLÁNTICA SA ESP ELECTROCOSTA SA ESP y el SINDICATO DE TRABAJADORES
DE LA ELECTRICIDAD DE COLOMBIA SINTRAELECOL se suscribió un Acuerdo Colectivo,
en el que dentro del Acápite de Incrementos (sic) salariales se ordenó
incrementar a partir del día 01 de enero de 2006, los salarios de los
trabajadores aplicando la fórmula del Índice de Precios al Consumidor (IPC)
certificado por el DANE, menos el 1 %  correspondiendo al año 2006 en el 3.85%
, ya que para el año 2006, era aplicable una tasa del 4.85%. // Igualmente a
partir del 1° de enero de 2007 en un (1) punto menos con referencia al aumento
del año 2006, esto es el 3.48% y siendo que para el año 2007 el IPC vigente
correspondió al 4.48%. // (…) Así mismo, el Acápite de incrementos salariales
del Acuerdo Colectivo suscrito entre la demandada ELECTRICARIBE  SA ESP y
SINTRAELECOL el día 05 de mayo de 2006, estableció el aumento del salario a
partir del 1° de enero de 2008 en cero punto cinco (0.5) menos con referencia
al aumento del año 2007, siendo que para el año 2008 el IPC vigente
correspondió al 5.69% . // En ese mismo orden el acápite de incrementos
salariales del Acuerdo Colectivo suscrito entre la demandada ELECTRICARIBE SA
ESP y SINTRAELECOL el día 05 de mayo de 2006, estableció el aumento del salario
a partir del 1° de enero de 2010 en cero punto cinco (0.5) menos con referencia
al aumento del año 2009, y siendo que para el año 2010 el IPC vigente
correspondió al 2.00% .
[6]
Ver folios 123 y 124 del cuaderno de instancias.
[7]
Esta información es expuesta en el escrito de tutela de la siguiente manera: “
Valga la pena resaltar que SINTRAELECOL SUBDIRECTIVA DE BOLÍVAR fue la única de
las Seccionales que no suscribió el Acuerdo Colectivo del día 05 de mayo de
2006, imponiéndose de hecho, por tal razón los aumentos de salario del periodo
comprendido entre el día 1° de enero del año 2006 y el 31 de diciembre de 2010
de manera injustificada.// DÉCIMO SEGUNDO (sic): Como quiera que el Acuerdo
Colectivo del día 05 de mayo de 2006, no reguló los incrementos salariales de
los trabajadores afiliados a SINTRAELECOL SUBDIRECTIVA DE BOLÍVAR han venido
exigiendo tal aumento. Por lo que el día 17 de noviembre de 2011 se inició una
mesa de concertación llamada Acuerdo de Cartagena  en lo que respecta al
incremento salarial aplicable a partir del día 1° de enero de 2011 con la
presencia de los Representantes del Sindicato Nacional y de las demás
Subdirectivas así como también a los Representantes de la empresa ELECTRICARIBE
SA ESP con el fin de establecer mediante acuerdo dicho incremento salarial. ”
[8] A
continuación se exponen los argumentos previstos por la parte actora en el
escrito de tutela: “El antes referido acuerdo de Cartagena dio como
resultado, un Preacuerdo de Convención Colectiva de Trabajo 2011-2015, a fin de que la misma fuere sometida a la firma por parte de los representantes de SINTRAELECOL
– SUBDIRECTIVA BOLIVAR- , siendo que en este documento se consignó lo
concerniente a los aumentos de salario para los años 2011 a 2015, así como también aspectos relacionados a Acuerdos Extra convencionales de los años 2001,
2003, y 2006 que regularon entre otros, el tema de la Pensión (sic) de jubilación convencional, los cuales hoy son sometidos a la censura judicial
en un sinnúmero de acciones que hoy cursan en los distintos despachos
judiciales del país.//(…)Para la suscripción de la antes referida propuesta de
Convención Colectiva de Trabajo 2011-2015, la junta directiva de SINTRAELECOL
SUBDIRECTIVA BOLÍVAR convocó a sus afiliados a una asamblea general
extraordinaria llevada a cabo el día 11 de agosto de 2012 con el fin de obtener
las facultades necesarias para la firma de la propuesta convencional, sin que
fueren autorizados para ello, puesto que no hubo consenso de la asamblea en
cuanto a la incorporación del tema pensional. Siendo razón esta para no firmar
la propuesta de Convención Colectiva de Trabajo y por ende no se llegó a
acuerdo alguno en el tema de los incrementos salariales del año 2011 y el
cursante año 2012.”
[9]
En palabras del peticionario se indicó lo siguiente: “DECIMO (sic) QUINTO: El día 16 de agosto de 2012 la Junta Directiva de SINTRAELECOL  SUBDIRECTIVA DE BOLIVAR informó a la empresa aquí accionada,
de manera escrita, el rechazo de la Asamblea General a la propuesta de Convención Colectiva de Trabajo 2011- 2015 por estar incorporado en ella los acuerdos
Extra (sic) convencionales
de los años 2001, 2003 y 2006. Y a su vez solicitando los incrementos
salariales para los años 2011 y 2012 de conformidad al bloque de
constitucionalidad contenido en los artículos 2, 13, 23, 39 y 53, además de la Sentencia C-1064 de 2001, sin que hasta la fecha de esta acción, se le haya dado respuesta
alguna verbal o escrita a los representantes de la organización sindical.”
[10] Folio 6
del cuaderno de primera instancia (escrito de tutela): “En ese
mismo orden de ideas, la empresa accionada para el mes de agosto de 2012,
ordenó los aumentos salariales de conformidad al índice de Precios al
Consumidor (IPC) para aquellos servidores denominados CORPORATIVOS dentro de un
plan que la misma ha llamado POLÍTICA RETRIBUTIVA 2012 y omitiendo tales
aumentos salariales a favor de los trabajadores denominados CONVENCIONADOS  los
cuales se agrupan en el sindicato SINTRAELECOL- SUBDIRECTIVA DE BOLÍ VAR.
Además de los reajustes salariales a que se hace alusión, la empresa accionada
reconoce auxilios y bonos para este grupo de trabajadores, haciéndolos parecer
superiores en capacidad y productividad con referencia a los demás trabajadores
sindicalizados, no habiendo razones objetivas para diferenciar un trabajador de
otro constituyendo lo anterior un acto discriminatorio por parte de la empresa
ELECTRICARIBE SA ESP. ”
[11] De acuerdo con el escrito
de contestación obrante a folios 163 a 174 del cuaderno de instancias, no
existe legitimación en la causa por activa en razón a los siguientes
argumentos: “De las normas aludidas se puede concluir, sin duda alguna, que de
lo establecido por la jurisprudencia y por el Decreto 2591 de 1991, la forma de
acreditar la legitimación en la causa por activa en los procesos de amparo,
como lo es la tutela son bien , a) A través del ejercicio directo de la acción,
b) Su ejercicio por medio de representantes legales (caso de los menores de
edad, los incapaces  absolutos, los interdictos y las personas jurídicas), c)
Su ejercicio por medio de apoderado judicial, caso en el cual el apoderado debe
ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar
el poder especial para el caso o en su defecto el poder general respectivo y d)
Agencia oficiosa, eventualidades que deben ser revisadas a detalle en el caso
que nos ocupa pues, en caso de no cumplirse con los presupuestos, estaríamos
ante una acción improcedente, amén de su nulidad por haber sido incoada por
persona sin facultad para hacerlo.// La figura de agencia oficiosa dentro del
marco de las acciones de amparo suponen para su ejercicio a través de
asociaciones  elementos taxativamente enumerados por la jurisprudencia como: 1)
que se haga a través de su representante legal, acreditando debidamente su
existencia y representación dentro del proceso de tutela; (no se allega
debidamente en el caso de marras ), 2) que se individualice mediante una lista
o un escrito, el nombre de los miembros de la asociación a favor de quienes se
promueve la acción de tutela (no se allega esta individualización ) y 3) que no
se deduzca que los elementos probatorios que obran en el proceso que el
agenciado no quiere que la acción se interponga en su nombre, eventos que no se
dan para siquiera en gracia de discusión, considerar esta figura como marco
jurídico que respalde la presentación de la acción. (…) De acuerdo con lo
señalado en los estatutos del SINTRAELECOL, en el artículo 56  señala que “El
presidente de la Junta Directiva Nacional, tiene la representación legal y
social del sindicato y por lo tanto, para proceder a Otorgar Poderes, celebrar Acuerdos
Marcos, Acuerdos Globales, Convenciones Colectivas y Acuerdos Laborales que
hayan sido aprobados por las respectiva Asamblea Nacional o Seccional, requiere
para tales actividades, la autorización previa de la Junta Directiva Nacional. ” // Así las cosas, de la norma trascrita, se colige que el
otorgamiento de poderes está radicado en cabeza del Presidente Nacional de la
organización y no del Presidente de las Subdirectivas, como sucede en el caso
que nos ocupa, pues el poder para actuar fue otorgado por el Señor Álvaro
Pereira Montalvo, en calidad de presidente de al subdirectiva Bolívar de
SINTRAELECOL, excediendo las facultades estatutarias en esta materia y por ende
generando una carencia de legitimación en la causa por activa que afecta la
legalidad y procedencia de la presente acción.”.
[12]
Folio 169 del cuaderno de instancias.
[13]
Folio 172 del cuaderno de instancias.
[14] En este punto se debe
aclarar que los peticionarios están reclamando el incremento anual del salario
y no de pensiones. Sin embargo así es expuesto por la
empresa accionada en el escrito de contestación. A
continuación se transcribe el aparte pertinente: “Las pretensiones del
demandante plantean un conflicto jurídico, pues se circunscriben a solicitar
reconocimientos pensionales y sus efectos en el tiempo. Para este propósito
existen las vías judiciales, tal como reiteradamente lo ha señalado la Corte Constitucional. Advierte que sólo, en forma excepcional, es posible conceder la tutela,
para evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual el habría que probarse
que del pago depende la subsistencia del demandante/accionante.”
[15]
Folios 418 y 419 del cuaderno de instancias.
[16]
Folios 419 y 420 del cuaderno de instancias.
[17] Folios 446 a 459 del cuaderno de instancias.
[18]
Folio 17 del cuaderno de instancias.
[19] Según el
escrito de tutela, la Subdirectiva de Bolívar del Sindicato SINTRAELECOL
cuenta  con los siguientes afiliados: Yesit Senen Adechiny Suárez, Sindulfo
Acosta Ojeda, Alexi Alcalá Hernández, Isidoro Alcázar Orozco, Cecilio Alcázar
Orozco, Candelario Alemán Castellanos, Antonio Alvarado Martínez, Susana Amaris
Mathieu, Fernando Araujo Guerrero, Alcides Arias Hernández, Fredy Arroyo
Manjarrez, Tito Arnulfo Atencia Villareal, Euvenido Avendaño Barraza, Carlina
Avila Parra, Francisco Ayola Méndez, Cecilia Babilinia Díaz, Hermes Ballesteros
Pupo, Darío Barbosa López, Oswaldo Barbur Ríos, Blanca Barcenas Pérez, Hernando
Barrios de Ávila, Gleyder Barrios Ponton, Eduardo Batista Castillo, Eder
Betancur Caro, Carlos Bobadilla Arroyo, Geovaldi Bobadilla Colón, William
Bonilla Díaz,  Braulio Bonilla Rodelo, Hernando Buelvas Angulo, Javier Camaño
Genes, Magalis Cabarcas Argote, Alberto Cabarcas Escorcia, Claudia Camacho
Hurtado, Edwin José Cañate González, Jaime Cañate Silva, Francisco Navera
Oliveros, Javier Cano Martínez, Celestino Caraballo Carballo, Reynaldo Cardona
Camargo, Rafael Caro Villa, Alejandro Carrasquilla, Lhoeste, Frank Alberto
Carval, Patricia de J Castaño, Sixto José Castellano Guzmán, Sergio Castellano
Cogollo, Raúl B. Castellar Romero, Humberto Castillo Bolaños, Edie Castillo
Vélez,  Javier Correa Cardales, Hernán Cortina López, Iván Cruz Seña, Milton
Antonio Cruz Seña, Gustavo Cuadrado González, Yesid Cuadro Antequera, Raymundo
de Agus Romero, Jairo de Arco González, Álvaro de la Rosa Carvajal, Luis de la Osa Causil, Luis Ramón Delgado González, Orlando Díaz Barco,
Rodrigo Díaz Tapias, Andrés Díaz Rocha, Álvaro Escalante Alcalá, Emigdio
Escobar Zapata, Edwin Escorcia Marrugo, Jaime Arturo Fernández García, María B
Fernández Vega, Kattia Flórez Montiel, José Franco Ariza, Darío Fuentes
Martínez, Albamaría Fuentes Robles, Julio A Gamboa Silgado, Pedro M Gandara
Chávez, Benjamín Gaviria Vergara, Alvarado Girado Mercado, Luis Godoy Rocha,
Alfredo Gómez Díaz, Álvaro Gómez Nieto, Rodolfo Gómez Ortiz, Edgardo Gómez
Simanca, Francisco González Ortiz, Marbel Luz Guardo Agamez, Agustín Guado
Altamar, Atenógenes Guerrero Muñoz, Diana Gulfo Campo, Víctor Gutiérrez C, Blas
Hardy García, Pedro Hernández Bustillo, Giovana Hernández Pertuz, Martha
Hernández Salgado, Jhonny Hernández Pertuz, Néstor Herrera Paredes, Ramón
Hurtado Estrada, Alberto J Iglesias Alcoser, Israel Iriarte Bahoque, Rubén
Iriarte Rueda, Alexis Jaraba Pérez, Miguel A. Jiménez Guerrero, Ángel E Julio
Meza, Alfonso L. Julio Restrepo, Candelario Ladeud García, Juan León Iriarte,
Oswaldo E. León, Vanessa Licero Arzuza, Emiro Licona Fajardo, Roberto Llamas
Martínez, Javier López Campillo, Rafael López González, Francisco López Puerta,
Adalberto Lora Ochoa, Ricardo Lozano Martínez, Vladimiro Malo Díaz, Fiodor
Márquez Romero, Luis Marrugo Barrios, Jairo Marrugo Jiménez, Gustavo A Marrugo
Peralta, Adelfa Martelo Jiménez, Liliana Marrugo Barón, Adelaida Martínez
Castellón, Carmen L Martínez Meza, Alberto Martínez Navarro,  Ignacio Martínez
Navarro, Carmen Martínez Sanso, Misael J Martínez Perdomo, Edinson Martínez
Velásquez, Argemiro Mazzeo Rodríguez, Juan F Mendoza Figueroa, Fernando Mercado
Pantoja, Jabid  Millares Barrera, Oswaldo E. Montoya Restrepo, Esteban Mora Alvarado,
Víctor Morelos González, Nayib Morelos González, Oswaldo Morelos Rojano, Gloria
Muñoz Escorcia, Victoria Ochoa Ochoa, Miguel A Ochoa Urieta, Cielo P. Orivella
Burgos, Julián Orozco Cañate, Álvaro Orozco Castaño, Mario Orozco González,
Américo Orozco Monterrosa, Carlos Ortega Pacheco, John Ortega Marrugo, Jaime A
Ortega Tapia, Oswaldo Ortega Vásquez , Juan C. Ortiz Canoles, Armando Ortiz
Martínez, Amine Ortiz Pacheco, Nelson Ortiz Santos, Jairo Osorio Álvarez,
Rafael Padilla Beltrán, Eduardo Pájaro Aguirre, Gustavo Pájaro Cárdenas, Magali
Palmieri Acosta, Manuel Palomino Sarabia, Martha Pareja Medina, David Paredes
Marrugo, Anibal Paredes Puello, Rafael Pelufo Amador, Ubaldo Peñeranda B, Juan
Pereira Guardo, Álvaro Pereira Montalvo, José Pérez Barrios, Milthon Pérez
Barrios, Cristóbal Pérez Escorcia, Edwin  Pérez Romero, Elías W. Pérez
Thorrens, Juan A Pertuz Vergara, José Pico Álvarez,  Luis Plata Ávila, Hernán
Polo Pino, Eric Polo Silvas, Olga Pomares González, Luzmila Portillo Vila,
Oscar Puello Andraus, Sabel Puerta Padilla, Aroldo Quintana Rodríguez, Norma
Quiroz Torres, Alfredo Ramírez Luna, Hernán Rangel López, Carmelo Leales de
Ávila, Martha Nidia Reales España, Rafael Reyes Berrio, Carmen I Ricardo Ruiz,
Francisco Ríos Bellio, Martha del C. Robnles Pereira, Ulises Rocha Guerrero,
Diógenes  Rocha Guerrero, Julio Rodríguez Escorcia, Ever Rodríguez Gaviria,
Rubén Rodríguez Jiménez, Oswaldo Rodríguez Montes, Luis Rodríguez Peña,
Francisco Rodríguez Wong, Manuel Rodríguez Yacob,  Rodrigo Rodríguez Yacob,
Nora P Romero Rodríguez, Oscar Salvador Amador, Guillermo Sánchez Tatis, Luis
Santon Llamas, Hendrick Silva Torres, Alfredo Solano Torres, Iván Rodríguez
Sotomayor,  Jairo Sotomayor Sotomayor, Pablo G Tapias Yépez, Octavio Thorne
Dimas, Miriam del S. Tinoco González, Antonio Tobón Contreras, David Torres
Bello, Gustavo A Torres Herazo, Orlando de J. Torres Ponche, Fernando E. Torres
Rugeles, Yolanda Trebilcock Perna, Julio Utria Zuñiga, Xiomara Valderrama de
Tovar, Libardo A. Vanegas Urango, Wilber Vargas Ortiz, Rosmery Vásquez
Castellar, Arturo Vásquez Tilano, Carmen A. Velasco Villareal, Diego Vellojin
Ortiz, Luis A. Venera Mier, Hugo C. Verbel Domínguez, Julio Vergara Contreras,
Fidel Víctor González, Nestor Villa Mercado, Daniel Villareal Alviz, Carlos A
Jairo Villeros Tovar, Ana C. Vizcaino Carreazo, Jesús Whittingham Suárez,
Wilman Wilches Escobar, Erick Zapateiro Hernández, Jorge L Zurique Noel y
otros. Quienes en escrito adjunto avalaron y coadyuvaron la presentación de la
acción de amparo en aras de defender los derechos fundamentales a la movilidad
salarial, libertad de asociación sindical e igualdad. Ver folios 110 a 122 del cuaderno de instancias.
[20]
Folio 38 a 72 del cuaderno de instancias.
[21]
Folio 18 del cuaderno de instancias.
[22]
Folio 21 a 37 del cuaderno de instancias.
[23]
Folio 19 y 20 del cuaderno de instancias.
[24]
Folios 76 del cuaderno de instancias.
[25]
Folio 73 del cuaderno de instancias.
[26]
Folios 77 a 109 del cuaderno de instancias.
[27]
Folio 74 del cuaderno de instancias.
[28]
Folio 74 del cuaderno de instancias.
[29]
Folios 124, 125 y 126 del cuaderno de instancias.
[30] Documento
allegado al juez de primera instancia el 22 de octubre de 2012. Folios 412 a 415 del cuaderno de instancias.
[31]
Mediante providencia del 16 de octubre de 2012.
[32]
Folio 413 del cuaderno de instancias.
[33]
Mediante providencia del 16 de octubre de 2012.
[34] Folios 41, 492 y 493 del
cuaderno de instancias.
[35] Artículo 56 de los Estatutos Generales de SINTRAELECOL Nacional: “El
presidente de la Junta Directiva Nacional, tiene la representación legal y
social del sindicato y por lo tanto, para proceder a Otorgar Poderes,
celebrar Acuerdos Marcos, Acuerdos Globales, Convenciones Colectivas y Acuerdos
Laborales que hayan sido aprobados por las respectiva Asamblea Nacional o
Seccional, requiere para tales actividades, la autorización previa de la Junta Directiva Nacional.”
[36] Casos
similares sobre la legitimación por activa, se trataron en las sentencias:
SU-342 de 1995, T-345 de 2007, T-340 de 2012 y T-616 de 2012.
[37] Puntualmente
se pueden consultar los casos analizados por la Sala Octava de Revisión en las Sentencias T-340 de 2012 y T-616 del mismo año, en los que se
indicó que no era necesario allegar poderes individuales de cada afiliado al
sindicato para acreditar la participación como parte actora en la petición de
amparo constitucional.
[38] En esta norma se hace alusión a la
procedencia de la acción de tutela contra particulares, entre otros casos, cuando el
destinatario está encargado de la prestación de servicios públicos
domiciliarios, o se trate de una organización privada respecto de la cual el
solicitante se encuentre en una situación de subordinación o indefensión.
[39] Corte
Constitucional, Sentencias T-322 de 1998, T-324 de 1998, T-502 de 1998, T-677
de 1998, T- 697 de 1998, T-755 Ade 2000, T- 1658 de 2000 y T-367 de 2003,  T-434
de 2011, entre otras.
[40] Al respecto
se pueden consultar las Sentencias: T-364 de 1994, T-143 de 1995, SU-342 de
1995, SU-511 de 1995, T-597 de 1995, SU-599 de 1995, T-061 de 1997, SU-547 de
1997, T-050 de 1998, SU-069 de 1999, T-047 de 2002, T-103 de 2002, T-105 de
2002, T-097 de 2006, T-545 A de 2007, T-833 de 2012, entre muchas otras.
[41] “ARTÍCULO 86. Toda persona tendrá acción
de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública.// La protección consistirá en una orden para que
aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo.
El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez
competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.// Esta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.// En
ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y
su resolución.// La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela
procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público
o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto
de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.”
[42] “ARTÍCULO 1º-Objeto. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar
ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente
y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares”.
[43]
“ARTÍCULO 42.-Procedencia. La acción de tutela procederá contra acciones u
omisiones de particulares en los siguientes casos:// 9. Cuando la solicitud sea
para tutelar la vida o la integridad de quien se encuentre en situación de
subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso
la acción.”
[44] Corte Constitucional, Sentencia SU-342 de
1995: “El inciso 2, del numeral 2 del art. 354 del C.S.T., modificado por el
art. 39 de la ley 5a. de 1990, hace un listado de los actos que se consideran
atentatorios contra el derecho de asociación sindical, por parte del empleador,
que a juicio de la Corte es válido en la evaluación constitucional de las
acciones patronales atentatorias contra dicho derecho, así: //Obstruir o
dificultar la afiliación de su personal a una organización sindical de las
protegidas por la ley, mediante dádivas o promesas, o condicionar a esa
circunstancia la obtención o conservación del empleo o el reconocimiento de
mejoras o beneficios;// Despedir, suspender o modificar las condiciones de
trabajo de los trabajadores en razón de sus actividades encaminadas a la
fundación de las organizaciones sindicales; // Negarse a negociar con las
organizaciones sindicales que hubiere presentado sus peticiones de acuerdo con
los procedimientos legales;// Despedir, suspender o modificar las condiciones
de trabajo de su personal sindicalizado, con el objeto de impedir o difundir el
ejercicio del derecho de asociación, y // Adoptar medidas de represión contra
los trabajadores por haber acusado, testimoniado o intervenido en las
investigaciones administrativas tendientes a comprobar la violación de esta
norma". // Los artículos 1o. y 2o. del convenio No. 98 de la  OIT, incorporado al derecho interno por la ley 27 de 1976, y que prevalece en el orden
interno, según el art. 93 de la C.N., igualmente reconocen que los trabajadores
deben ´gozar de la adecuada  protección, contra todo acto de discriminación
tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo´, y
prohíbe la injerencia patronal en la constitución, funcionamiento o
administración del sindicato.”
[45] Como desarrollo a la tesis expuesta, en la
sentencia T-345 de 2007 se precisó lo siguiente: “No obstante lo dicho, la solicitud de nivelación
salarial atañe otros aspectos que merecen la revisión por parte de esta
Corporación, como la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la
libertad de asociación sindical, la igualdad y la movilidad de salario, pues a
pesar de existir otro medio de defensa judicial, éste pude resultar
insuficiente o ineficaz para garantizar los referidos derechos fundamentales.//
Sobre este particular, la Corte Constitucional, ha establecido las directrices bajo las cuales a pesar de existir otro medio de defensa judicial,
en materia laboral, la acción de tutela resulta procedente, siempre que
comporte una vulneración o amenaza de vulneración de un derecho fundamental.
Al respecto en la SU. 342 de 1995,  se estableció://Los conflictos que se originan con motivo del contrato
de trabajo, entre los patronos y los trabajadores, pueden implicar la violación
de derechos fundamentales de éstos, o el desconocimiento de derechos fundados o
que tienen origen en normas de rango legal. Cuando el conflicto atañe a la
violación o amenaza de violación de un derecho constitucional fundamental su
solución corresponde al juez de tutela; en cambio cuando la controversia se
origina directa o indirectamente del contrato de trabajo y naturalmente versa
sobre la violación de derechos de rango legal, consagrados en la legislación
laboral, su solución corresponde al juez laboral (art. 2 C.P.).// De todo lo dicho se concluye que las acciones que pueden intentar ante la justicia
ordinaria laboral los trabajadores que resultan perjudicados en sus derechos
laborales por las disposiciones discriminatorias contenidas en el pacto
colectivo, no constituyen medios alternativos de defensa judicial idóneos y
eficaces para obtener el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad y a
la asociación sindical. Tampoco el sindicato dispone de los referidos medios
para obtener el amparo reclamado.(…).// Adicionalmente esta Corte, a través
de sentencia de unificación SU-547 de 1997, hizo referencia a la falta de
efectividad de la vía ordinaria para llevar a cabal cumplimiento la
protección del derecho a la igualdad, debido a las limitaciones propias de un
juez laboral, que le permitan en determinados casos evitar la vulneración de
derechos fundamentales, al respecto señaló:// “Ha sido constante la jurisprudencia de
esta Corte en el sentido de que, frente al objetivo prevalente de asegurar el
respeto a los derechos fundamentales por la vía judicial, no es lo mismo
cotejar una determinada situación con preceptos de orden legal que compararla
con los postulados de la Constitución, pues la materia objeto de examen puede
no estar comprendida dentro del ámbito de aquél, ni ofrecer la ley una solución
adecuada o una efectiva protección a la persona en la circunstancia que la
mueve a solicitar el amparo, encajando la hipótesis, en cambio, en una directa
y clara vulneración de disposiciones constitucionales.  La Corte recalcó esa diferencia, respecto de la magnitud del objeto de los procesos, haciendo
ver que una es la dimensión de los ordinarios y otra la específica del juicio
de protección constitucional en situaciones no cobijadas por aquéllos.”. (Subrayado
fuera del texto original)
[46] Ver, entre otras; la Sentencia T-616 de 2012.
[47] Corte Constitucional,
Sentencias C-473 de 1994, C-450 de 1995, T-502 de 1998, T-526 de 1999.
[48]
Aprobado mediante Ley 26 de 1976.
[49]
Aprobado mediante Ley 27 de 1976.f
[50]
Cfr. Sentencia C-330 de 2005.
[51]
Ver, entre otras: Sentencia T -701 de 2003.
[52]
Código Sustantivo de Trabajo, artículo 373, numeral 1.
[53]
Ibídem, numeral 2.
[54]
Ibídem, numeral 4.
[55]
Ibídem, numeral 6.
[56] Sobre este punto se
puede recordar el concepto desarrollado por la Corte Interamericana como “libertad negativa”, ampliamente explicada en los casos: Baena
Ricardo contra Panamá y Acevedo Jaramillo contra Perú; considerados como
unos de los referentes más importantes en materia de protección a la libertad
de asociación sindical como facultad de formar sindicatos y unirse a ellos.
[57] Al respecto en la sentencia T-330 de 1997 se
indicó: “Así, pues, de las declaraciones que obran en el expediente se puede
colegir que la empresa demandada ha incurrido en prácticas que tuvieron como
fin la deserción de los miembros afiliados a la organización sindical
"SINTRAICOLLANTAS". En efecto, para que un trabajador sindicalizado
pudiera acogerse al Plan de Beneficio General diseñado por la empresa, era
necesario que éste renunciara al sindicato, para lo cual aquélla les
"colaboraba" en la elaboración de las cartas de renuncia (ver folios
521 y 527 del expediente T-114836).// Algunos de los trabajadores afirmaron
haber renunciado al sindicato porque el Plan de Beneficios les ofrecía mayores
ventajas, entre otras, la suma mínima ($1.oo, un peso) que debían pagar en el
casino, en comparación con los $60.oo pesos, precio impuesto por el mismo
servicio a los trabajadores sindicalizados. Además, quienes adherían al Plan
gozaban de una prima de asistencia con la que no contaban los trabajadores
afiliados a "SINTRAICOLLANTAS" (ver por ejemplo folio 527 en
concordancia con lo consignado en el folio 531 del expediente T-114836). // Efectivamente,
según lo previsto en el artículo 1 del Capítulo III del aludido Plan de
Beneficios con vigencia para los años 1994 a 1996 y posteriormente prorrogado para la vigencia 1996-1998, se establece una prima de asistencia que no ha sido
consagrada en favor de los trabajadores sindicalizados en la Convención Colectiva, y aunque existe una regla especial para los trabajadores afiliados al
sindicato consistente en llegar 50 minutos tarde al lugar de labores, siempre y
cuando ello no ocurra más de dos veces a la semana, no quedan con ello
compensados ni en igualdad de condiciones con los no sindicalizados, ya que
éstos, de todas maneras devengan más y, por otra parte, la posibilidad otorgada
a los sindicalizados de llegar tarde es tan sólo una forma burda de justificar
la efectiva disminución de sus salarios.// Obsérvese que el horario,
aparentemente favorable, es en realidad una discriminación para los
sindicalizados, quienes así quieran llegar temprano a trabajar, no reciben
remuneración por las horas adicionales de labores.// Además, según
declaraciones que obran en el expediente, en cuanto atañe a los elementos de
dotación, la empresa entrega un número mayor de overoles a los trabajadores que
pertenecen al Plan y les da elementos de aseo personal de diferente calidad
(jabón perfumado para unos y de inferior calidad para otros, precisamente los
sindicalizados).// La empresa "ICOLLANTAS" incurrió en prácticas que
discriminaban a los trabajadores sindicalizados cuando además implementó el
Plan de Beneficios con varios meses de anticipación a la suscripción de una
nueva Convención Colectiva, lo que establece una diferencia salarial y
prestacional injustificada.”
[58] Corte
Constitucional, Sentencia T-340 de 2012.
[59] Corte
Constitucional Sentencia T-616 de 2012.
[60] Corte
Constitucional Sentencia T-136 de 1995. Como lo
señala esta providencia cuando se favorece a los trabajadores no sindicalizados,
no solo se atenta contra el derecho de asociación sindical consagrado en el
artículo 39 de la Carta Fundamental, sino además, contra el elemental derecho a
la igualdad.
[61] Corte
Constitucional, Sentencia T-330 de 1997. En esta
providencia se estudió el caso de un empleador que a los trabajadores no
sindicalizados les ofrecía condiciones más favorables, en relación con los
sindicalizados, como por ejemplo: precios más bajos en el casino, una prima de
asistencia, artículos de aseo de mejor calidad, entre otros. Considerándose que
esta conducta atentaba contra los derechos de igualdad y asociación sindical.
[62]
Aprobado mediante Ley 26 de 1976.
[63]
Aprobado mediante Ley 27 de 1976.f
[64]
Folio 169 del cuaderno de instancias.
[65] Folios 41, 492 y 493 del
cuaderno de instancias.
[66] El contenido de los
derechos de petición se puede consultar en el acápite de pruebas, en el cual se
encuentran referenciados.
[67]
Folio 413 del cuaderno de instancias.