T-427-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-427/14
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia excepcional
RESTITUCION DE INMUEBLE ARRENDADO-Pago
de cánones de arrendamiento para poder ser oído
RESTITUCION DE BIEN INMUEBLE ARRENDADO-Carga
de la prueba en causal de no pago del arrendamiento
PROCESO DE RESTITUCION DE INMUEBLE ARRENDADO Y DERECHO DE DEFENSA DE
LOS DEMANDADOS-Reiteración de jurisprudencia/CONTRATO
DE ARRENDAMIENTO-Jurisprudencia constitucional en relación con la aplicación
del numeral 2 del parágrafo 2 del artículo 424 del CPC
En varias oportunidades, esta Corte ha estudiado estas normas en
sede de constitucionalidad, emitiéndose las sentencias C-070 del 25 de febrero
de 1993 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz), C-056 del 15 de febrero de 1996 (M. P.
Jorge Arango Mejía) y C-122 del 17 de febrero de 2004 (M. P. Alfredo Beltrán
Sierra), entre otras. En dichas providencias, la Corte concluyó que esas
limitaciones al derecho de defensa procesal, expedidas en debida forma por el legislador,
son constitucionales. La Corte ha precisado que a pesar de que dichas normas
introducen verdaderas condiciones a los derechos de defensa y contradicción de
los demandados en los procesos de restitución de inmuebles arrendados, aquellas
son necesarias para garantizar la celeridad y la eficacia de tales procesos. De
igual forma, ha señalado que no obstante existir el principio procesal en
virtud del cual quien alega un hecho debe probarlo en juicio, el hecho del “no
pago de los cánones” es una negación indefinida casi imposible sustentar por
parte del demandante y, por el contrario, muy fácil de desvirtuar por el
demandado, pues con la sola presentación de los recibos de pago queda sin
fundamento la demanda. En esa medida, en las sentencias reseñadas esta
corporación estimó como constitucional el actuar del legislador, que en
desarrollo de los nombrados principios de celeridad y eficacia procesales,
invirtió la carga de la prueba en las circunstancias específicas consagradas en
los numerales 2° y 3° del parágrafo 2° del artículo 424 del CPC. De lo
anterior, se puede concluir que como regla general, es válido en nuestro
ordenamiento jurídico limitar, en los casos señalados, el derecho fundamental a
la defensa de la parte pasiva en un proceso de restitución de tenencia, a fin
de promover la celeridad y eficacia en la administración de justicia.
PROCESO DE RESTITUCION DE BIEN INMUEBLE ARRENDADO-Cuando haya serias dudas sobre la existencia del contrato de
arrendamiento no debe exigírsele al demandado la prueba del pago de los cánones/CONTRATO
DE ARRENDAMIENTO Y DUDAS SOBRE SU EXISTENCIA-Caso en que no existe duda
sobra la existencia del contrato
Esa pauta general tiene una subregla, desarrollada por esta
corporación en sentencias de tutela, a partir de la cual la limitación a ser
oído en juicio, no tiene cabida cuando se presentan serias dudas sobre la
existencia del contrato de arrendamiento. Lo anterior encuentra fundamento, en
la medida en que el contrato de arrendamiento es la fuente de derecho inicial
que regula la relación entre arrendador y arrendatario, conteniendo éste las
obligaciones y prerrogativas de cada parte contractual. Por lo tanto, si se
cuestiona la existencia de tal convención, no es posible deducir claramente el
incumplimiento de una de las partes. Así, atendiendo razones de justicia y equidad, el juez solo puede
hacer uso de las limitantes al derecho de defensa cuando previamente ha
efectuado la verificación de la existencia real del contrato de arrendamiento.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO-La muerte del
arrendador no es causal de terminación/CONTRATO DE ARRENDAMIENTO-No
se dieron los elementos de la cesión por lo que no era necesario acudir a las
reglas que rigen esa figura/CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y PROCESO DE
RESTITUCION-Caso en que falleció la arrendataria y el proceso lo inició la
sucesora
De manera más
específica, el Capítulo VII de la Ley 820 de 2003, relaciona las formas de
terminación del contrato de arrendamiento de vivienda urbana, estableciendo el
mutuo acuerdo en el artículo 21 y las causales de terminación por parte del
arrendador y del arrendatario en los artículos 22 y 24.  De la lectura de esos
apartes normativos se concluye sin dubitación que la muerte no es una causal de
terminación de los contratos de arrendamiento. Por lo tanto, a pesar del
fallecimiento de Matilde, e incluso antes de establecerse quién sería en lo
sucesivo el arrendador, es claro que el contrato sobre el inmueble objeto de
arrendamiento siguió vigente, y por ello el accionante continuó gozando de la
cosa arrendada, debiendo también seguir pagando los cánones pactados. En esa
medida, al ser demandado en restitución el actor sí debía pagar los cánones
adeudados para ser escuchado en juicio, pues por lo antes explicado, la muerte
del arrendador (en este caso la señora Rubio Rubio) no es un hecho que genere
“serias dudas” sobre la existencia del contrato de arrendamiento.   Ahora bien,
otra cosa es que al terminar la existencia del arrendador, el  contrato
continúe vigente en cabeza de otra persona, que será aquella a quien se
transmita la propiedad del inmueble después del fallecimiento del propietario
arrendador, y como consecuencia de ese hecho. En virtud de lo anterior, es
necesario que esta Sala verifique entonces las normas relativas a establecer
quién sucedería a la señora Rubio en la titularidad del bien objeto de
arrendamiento y del contrato en cuestión. En este punto, el accionante
fundamenta la presunta vulneración de su derecho al debido proceso en que hubo
una supuesta cesión del contrato de arrendamiento que no le fue notificada y,
por ello, desconoce la legitimación en la causa por activa de la señora Clara.
No obstante, esta Sala aclara que del material probatorio allegado y del
análisis que efectuaron los juzgados de instancia en tutela, se colige que la
transmisión del derecho de dominio sobre el bien objeto de arrendamiento, operó
al llevarse a efecto la sucesión testada de Matilde, hecho que se acreditó en
el proceso de restitución mediante copia de la escritura pública del 19 de
septiembre de 2012, protocolizada en la Notaría 16 del Círculo de Bogotá (f. 3
ib.). En esa medida, esta Sala establece que al estar de por medio la muerte de
la señora Matilde y la transmisión de la propiedad raíz y con ella la del
contrato de arrendamiento por vía de sucesión testada, en ningún momento operó
una cesión del contrato de arrendamiento (que por lo demás es un acto entre
vivos), por lo que no era necesario acudir a las reglas que rigen esta figura
jurídica. Por lo anterior, este tampoco es un argumento que le permita a esta
Sala aceptar que se presentan serias dudas sobre la existencia del contrato de
arrendamiento.
Referencia: expediente T-4259499
Acción de tutela presentada por Edilberto Olaya Murillo,
contra el Juzgado 25 Civil Municipal de Descongestión de Bogotá y otros.
Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, Sala Civil.
Magistrado ponente:
ANDRÉS MUTIS VANEGAS.
Bogotá, D. C., dos (2) de julio de dos mil
catorce (2014).
La Sala Sexta
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Andrés
Mutis Vanegas, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Alberto Rojas Ríos, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En la revisión del fallo del 11 de diciembre
de 2013, dictado en segunda instancia por la
Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro de
la acción de tutela promovida por Edilberto Olaya Murillo, contra el Juzgado 25
Civil Municipal de Descongestión de Bogotá y otros.
El asunto llegó a la
Corte Constitucional por remisión que efectuó el mencionado Tribunal,
según lo ordenado por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. En marzo 18 de 2014,
la Sala 3ª de Selección lo eligió para revisión.
I. ANTECEDENTES
El señor Edilberto Olaya Murillo promovió
acción de tutela el 6 de noviembre de 2013, contra el Juzgado 25 Civil
Municipal de Descongestión de Bogotá, solicitando la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración
de justicia, que consideró vulnerados por las actuaciones surtidas dentro de un
proceso abreviado de restitución de bien inmueble arrendado seguido en su
contra, según los hechos resumidos a continuación.
A. Hechos y fundamentos de la demanda.
1. Edilberto Olaya Murillo indicó que el 16 de
marzo de 2013 fue notificado del proceso de restitución de bien inmueble
arrendado adelantado por la señora Clara Eugenia Rodríguez de Rincón, en contra
suya y de Angélica María Mogollón Sánchez, ante el Juzgado 25 Civil Municipal
de Descongestión de Bogotá[1]. La causal de restitución alegada fue el incumplimiento
del contrato por ausencia de pago de los cánones de arrendamiento desde mayo de
2008 hasta octubre de 2012.
2. El accionante explicó que dentro de ese
proceso de restitución se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso
varias excepciones de mérito, en tanto consideró que la señora Rodríguez de
Rincón no se encontraba legitimada en la causa por activa, pues aportó “una
simple copia informal de un contrato de arrendamiento… que es prueba sumaria al
cual (sic) me opuse por falta de veracidad de la misma” (f. 6 cd.
inicial).
3. Manifestó el actor que el Juzgado 25 Civil
Municipal de Descongestión de Bogotá aplicó el numeral 2° del parágrafo 2° del
artículo 424 del Código de Procedimiento Civil, en adelante CPC, y tuvo por no
contestada la demanda de restitución, en tanto verificó que él no canceló los
cánones adeudados, requisito para ser oído en el proceso.
4. El señor Edilberto Olaya Murillo argumentó
que con la actuación del Juzgado accionado, se violaron sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración
de justicia, en la medida en que debió valorarse la controversia sobre la
legitimidad de la presunta arrendadora, en tanto ésta aportó una copia simple
del contrato de arrendamiento que fue tachada de falsa, sin que pudiera
comprobarse la veracidad de la misma, al ser desestimada su defensa.
Sostuvo que en su caso no se tuvo en cuenta la
subregla establecida por la
Corte Constitucional en la sentencia T-067 de febrero 4 de 2010 (M. P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub) la cual establece que si se presentan serias dudas sobre
la existencia del contrato de arrendamiento, no debe exigírsele al demandando el
pago de los cánones adeudados para ser oído en el juicio, situación fáctica que,
en opinión del actor, es la que ocurrió en este caso.
5. El accionante consideró que la demandante
en restitución, Clara Eugenia Rodríguez de Rincón faltó a la verdad, pues no ha
legalizado totalmente la compra o traspaso del inmueble arrendado. Explicó que
el contrato pasó a sus manos por vía de cesión, acto jurídico que no le fue
notificado en su calidad de arrendatario, por lo cual se acrecientan las dudas
sobre su legitimidad para hacer valer el contrato de arrendamiento.
Explicó además que al momento de presentarse
la demanda de restitución, se tramitaba ante el Juzgado 36 Civil del Circuito
de Bogotá un proceso de entrega material de la cosa por el tradente al adquiriente,
adelantado por la señora Rodríguez de Rincón contra herederos determinados e
indeterminados de Matilde Rubio Rubio (quien sería la arrendadora original) lo que
igualmente corrobora las dudas sobre su plena legitimidad.
6. De otra parte, el actor afirmó que el
original del contrato desapareció en manos de la señora Matilde Rubio Rubio (posteriormente
fallecida) y recalcó que en el documento que la demandante en restitución
presentó “se suprimió la figura de coarrendataria” de la señora Angélica
María Mogollón Sánchez, por lo cual él desconoció la veracidad y autenticidad
del mismo frente al Juez accionado.
7. De otra parte, el señor Edilberto Olaya
Murillo explicó que la presente acción de tutela cumple el requisito de
inmediatez, pues entre octubre 18 de 2013 (sentencia atacada) y noviembre 6 de
ese año (instauración de la acción de tutela), transcurrió un término
razonable.
Así mismo, señaló que está satisfecho el
requisito de subsidiariedad, ya que el proceso de restitución de bien inmueble
arrendado es de única instancia, por lo cual, contra el fallo atacado no
procede ningún recurso.
Frente a lo anterior, argumentó que está ante
la ocurrencia de un perjuicio irremediable, pues la acción de tutela es el
único mecanismo con que cuenta para obtener la protección de sus derechos al
debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia.
8. Por todo lo precedente, el señor Olaya
Murillo solicitó al juez de tutela amparar sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia y, en
consecuencia, decretar la nulidad de toda la actuación dentro del “proceso
de restitución de CLARA EUGENIA RODRÍGUEZ DE RINCÓN, contra EDILBERTO OLAYA
MURILLO Y ANGÉLICA MARÍA MOGOLLÓN SÁNCHEZ bajo radicación 2012-00791”
(f. 8 ib.)[2].
C. Documentos relevantes cuya
copia obra dentro del expediente
1. Sentencia del 18 de octubre de 2013,
proferida por el Juzgado 25 Civil Municipal de Descongestión de Bogotá, dentro
del proceso de restitución de bien inmueble arrendado, que ordenó “declarar
terminado el contrato de arrendamiento”, y como consecuencia ordenar a “Edilberto
Olaya Murillo y Angélica María Mogollón Sánchez, que en el término de diez (10)
días, contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, le restituya a la
demandante Clara Eugenia Rodríguez de Rincón, el inmueble ubicado en la
Calle 86 D N° 30-30 de esta ciudad, identificado con folio de matrícula
inmobiliaria 50C-393767” (fs. 1 a 5 ib.).
D. Actuación procesal
Mediante auto del 7 de noviembre de 2013, el
Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá avocó el conocimiento de la acción de
tutela, vinculó al Juzgado 66 Civil Municipal de Bogotá y ofició al Juzgado 25
Civil Municipal de Descongestión de Bogotá, otorgando a ambos término para que
ejercieran su derecho de defensa. Así mismo, solicitó en calidad de préstamo el
expediente contentivo del proceso N° 2012-00791 (f. 11 ib.).
§  Juzgado 25 Civil Municipal de Descongestión de Bogotá
El Juez titular de ese despacho presentó
escrito el 12 de noviembre de 2013, en el cual explicó que la sentencia atacada
“se profirió conforme a las pruebas regular y oportunamente aportadas,
aplicando las normas sustanciales y procesales que rigen la materia, por lo que
mal se me puede endilgar amenaza, vulneración y mucho menos violación al debido
proceso” (f. 21 ib.).
Indicó que si bien el 18 de octubre de 2013, “al
desanotar el expediente se incluyó el escrito de la sentencia… que adolecía de
mi firma” (f. 22 ib.), se emitió un auto posterior, del día 23 del mismo
mes y año, corrigiendo el error y garantizando el debido proceso a las partes.
§  Juzgado 66 Civil Municipal de Bogotá
El 12 de noviembre de 2013, el titular de ese
despacho precisó que no es posible emitir pronunciamiento, pues el 22 de mayo
de ese año se remitió toda la actuación al Juzgado 25 Civil Municipal de
Descongestión de Bogotá para que profiriera sentencia (f. 23 ib.).
§  Clara Eugenia Rodríguez de Rincón
Mediante apoderado, la señora Clara Eugenia Rodríguez
de Rincón presentó escrito del 18 de noviembre de 2013, en el cual se opuso a
las pretensiones de la tutela y solicitó negar la acción, por considerarla
desleal e infundada, ya que “oportunamente se aclaró todo lo referente a la
propiedad del inmueble y el contrato que sostuvo la acción de restitución”
(f. 26 ib.).
Explicó que el Juzgado accionado dio cabal
aplicación al artículo 424 del estatuto procesal civil, por cuanto el
arrendatario no cumplió sus obligaciones contractuales, por lo cual, no puede
endilgársele ningún incumplimiento a la
Constitución ni a la ley. Manifestó que “la falta de pago es cierta y las
leyes procesales civiles se deben respetar” (f. 28 ib.).
E. Decisión objeto de revisión
§  Sentencia de primera instancia
El 19 de noviembre de 2013, el Juzgado 20 Civil del
Circuito de Bogotá denegó el amparo pedido por el accionante[3], al considerar que se pretendió utilizar la acción de tutela
como un mecanismo adicional a los procedimientos ordinarios que la ley consagra
para la solución de controversias de tipo civil.
En dicho fallo se señaló que el Juzgado 25 Civil Municipal
de Descongestión de Bogotá sí verificó los elementos constitutivos del contrato
de arrendamiento, por lo cual le estaba permitido aplicar el numeral 2° del
parágrafo 2° del artículo 424 del CPC, en tanto el accionado no cumplió con el
pago de los cánones. En la sentencia se lee (f. 33 ib.):
“… la parte actora aportó copia auténtica
del contrato de arrendamiento de fecha de 15 de julio de 2003 (folio 20 del
expediente N° 2012-0791) donde figuran Edilberto Olaya como arrendatario y
Matilde Rubio (Q. E. P. D.) como arrendadora, derecho que le fue trasferido a
la hoy demandante Clara Rodríguez, como consta en escritura pública de
protocolización de la sucesión de la señora Rubio.”
Así mismo, el Juez de tutela manifestó que no
es posible dudar sobre la existencia del contrato de arrendamiento, a fin de
inaplicar las normas que limitan el derecho de defensa al accionante, pues se “aclaró…
que el extremo pasivo en ningún momento tachó de falso el documento contentivo
de la relación contractual, como tampoco negó su calidad de arrendataria,
circunstancias por las cuales, no se inaplicaron las normas procesales que
disponen no escuchar al demandado sin la acreditación del pago de los cánones
adeudados” (f. 33 ib.).
Por último, el Juez desestimó el argumento del
accionante referente a la no notificación de la “cesión” del contrato de
arrendamiento, señalando que “al notificarse del auto admisorio de la
demanda mancomunadamente se notificó de la cesión del contrato que operó con la
transmisión hecha a la señora Clara Eugenia Rodríguez de Rincón”, razón por
la cual no estaba en duda la legitimidad por activa de esta (f. 35 ib.).
§  Impugnación
El 16 de noviembre de 2013, el señor Edilberto
Olaya Murillo impugnó la decisión de primera instancia, pidiendo revocarla en
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al
acceso a la administración de justicia.
El actor precisó que el a quo manifestó
que el contrato de arrendamiento aportado era “copia auténtica del mismo”,
porque se encontraba en la partición de la sucesión de la señora Matilde Rubio
Rubio, “sin detenerse a revisar la misma causa mortuoria, pues si ello
hubiera sido así, se hubiere dado cuenta que lo que se aportó a la misma, es
una copia informal del contrato de arrendamiento” (f. 43 ib.).
Explicó que la demandante en restitución hizo
incurrir en error al juez de conocimiento, y al no valorarse las pruebas en
conjunto, se vulneró claramente su derecho al debido proceso.
Por lo anterior, solicita que se revise de
fondo el problema jurídico planteado, que es “la falta de legitimación en la
causa de la señora Clara Eugenia Rodríguez de Rincón” (f. 44 ib.) para
incoar la acción de restitución de bien inmueble arrendado, siendo imperioso
para ello que se le escuche en juicio, sin que se le obligue a pagar los
cánones de arrendamiento adeudados.
§  Sentencia de segunda instancia
El 11 de diciembre de 2013, la
Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó la
decisión impugnada, al concluir que el accionante debió acreditar el pago de
los cánones, so pena de no ser escuchado en el proceso, requisito después del
cual sí hubiera podido discutir la legitimidad de la arrendataria (fs. 3
a 9 cd. 2).
II. CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
Primera. Competencia
Corresponde a la
Corte Constitucional analizar, en Sala de Revisión, el fallo proferido dentro
de la acción de tutela en referencia, con fundamento en los artículos 86 y
241-9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Segunda. Lo que se analiza
Se determinará
si los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la
administración de justicia, cuya protección ha solicitado el señor Edilberto
Olaya Murillo, fueron vulnerados por el Juzgado 25 Civil Municipal de
Descongestión de Bogotá, al no haberlo oído en juicio
dentro del proceso de restitución de inmueble arrendado, a pesar de que sus
alegaciones ponían en duda la legitimación en la causa de la demandante.
Así, antes de abordar la resolución
del caso concreto, es necesario: i) analizar la procedencia excepcional de la
acción de tutela para controvertir decisiones judiciales; y ii) reiterar la jurisprudencia constitucional en relación a la
aplicación del numeral 2º del parágrafo 2º del artículo 424 del CPC, cuando se
presentan dudas sobre la existencia de contrato de arrendamiento.
Tercera. Por regla general, la acción de tutela no
procede contra decisiones judiciales que pongan fin a un proceso
3.1. Como es bien sabido, mediante la sentencia C-543 de octubre 1º
de 1992 (M. P. José Gregorio Hernández Galindo) esta Corte declaró la
inexequibilidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, normas
que establecían reglas relacionadas con el trámite de acciones de tutela contra
determinaciones judiciales que pongan fin a un proceso, cuya
inconstitucionalidad derivó de afirmarse la improcedencia del amparo contra tal
clase de providencias, salvo si se trata de una ostensible y grave “actuación
de hecho”, perpetrada por el propio funcionario judicial.
Entre otras razones, se consideró inviable el especial amparo
constitucional ante diligenciamientos reglados, dentro de los cuales están
previstos, al interior de cada respectivo proceso judicial, mecanismos de
protección de las garantías fundamentales.
Al respecto, al estudiar el asunto frente al tema del “principio
democrático de la autonomía funcional del juez”, reconocido expresamente en
la carta política y en preceptos del bloque de constitucionalidad, esta Corte
determinó que el juez de tutela no puede extender su actuación a resolver la
cuestión litigiosa, obstaculizar el ejercicio de diligencias ordenadas por el
juez ordinario, ni modificar sus providencias, o cambiar las formas propias de
cada juicio, lo cual sí violaría gravemente los principios constitucionales del
debido proceso[4].
En el referido pronunciamiento se expuso (en el texto original sólo
está en negrilla “de hecho”, del primer párrafo que se cita):
“Ahora bien, de conformidad con el concepto constitucional de
autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en
cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son
obligatorias para los particulares y también para el Estado. En esa condición
no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que
vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda
dicha acción contra sus providencias. Así, por ejemplo, nada obsta para que
por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación
injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o
que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos
constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables
al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos
fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio
irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela
pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la
Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo
por el juez ordinario competente (artículos 86 de la
Constitución Política y 8º del Decreto 2591 de 1991). En hipótesis como éstas
no puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurídica de los
asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la
justicia.
Pero, en cambio, no está dentro de las atribuciones del juez de
tutela la de inmiscuirse en el trámite de un proceso judicial en curso,
adoptando decisiones paralelas a las que cumple, en ejercicio de su función,
quien lo conduce, ya que tal posibilidad está excluida de plano en los
conceptos de autonomía e independencia funcionales (artículos 228 y 230 de la
Carta), a los cuales ya se ha hecho referencia.
De ningún modo es admisible, entonces, que quien resuelve sobre la
tutela extienda su poder de decisión hasta el extremo de resolver sobre la
cuestión litigiosa que se debate en un proceso, o en relación con el derecho
que allí se controvierte.
No puede, por tanto, proferir resoluciones o mandatos que
interfieran u obstaculicen diligencias judiciales ya ordenadas por el juez de
conocimiento, ni modificar providencias por él dictadas, no solamente por
cuanto ello representaría una invasión en la órbita autónoma del juzgador y en
la independencia y desconcentración que caracterizan a la administración de
justicia (artículo 228 C.N.), sino porque, al cambiar inopinadamente las reglas
predeterminadas por la ley en cuanto a las formas propias de cada juicio
(artículo 29 C.N.), quebrantaría abierta y gravemente los principios
constitucionales del debido proceso. Lo anterior sin tener en cuenta la ostensible
falta de competencia que podría acarrear la nulidad de los actos y
diligencias producidos como consecuencia de la decisión con los consiguientes
perjuicios para las partes, la indebida prolongación de los procesos y la
congestión que, de extenderse, ocasionaría esta práctica en los despachos
judiciales.
De las razones anteriores concluye la
Corte que no procede la acción de tutela contra ninguna providencia judicial,
con la única salvedad del perjuicio irremediable, desde luego aplicada en este
evento como mecanismo transitorio supeditado a la decisión definitiva que
adopte el juez competente.”
Las razones tenidas en cuenta para apoyar esta posición
jurisprudencial se hallan consolidadas, con la fortaleza inamovible resultante
de lo dispuesto en el inciso 1º del artículo 243 superior, a partir de la declaratoria de inexequibilidad de
los removidos artículos del Decreto 2591 de 1991, como quiera que la parte
resolutiva de dicha sentencia está protegida por la garantía de la cosa juzgada
constitucional, luego es de obligatoria observancia.
En sustento de esa decisión, entre
otras consideraciones así mismo definitorias, se plasmó además lo siguiente (sólo
están en negrilla en el texto original las expresiones “alternativo”, “último”
y “único”):
“La acción de tutela no es, por tanto,
un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin
propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del
actor, ya que su naturaleza, según la
Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la
Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico
para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales.
Se comprende, en consecuencia, que
cuando se ha tenido al alcance un medio judicial ordinario y, más aún, cuando
ese medio se ha agotado y se ha adelantado un proceso, no puede pretenderse
adicional al trámite ya surtido una acción de tutela, pues al tenor del artículo 86 de la
Constitución, dicho mecanismo es improcedente por la sola existencia de otra
posibilidad judicial de protección, aún sin que ella haya culminado en un
pronunciamiento definitorio del derecho. Bien puede afirmarse que,
tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el
medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus
remotos orígenes.”
En relación con el mismo asunto, y
particularmente sobre el cumplimiento por parte del proceso de una “función
garantizadora del derecho”, agregó (no está en negrilla en el texto
original):
“Así,
pues, no corresponde a las reglas de hermenéutica ni se compadece con los
principios de la lógica asumir que el Constituyente de 1991 consagró la acción
de tutela como medio de defensa contra los resultados de los procesos que él
mismo hizo indispensables en el artículo 29 de la
Constitución para asegurar los derechos de todas las personas. Debe
entenderse, por el contrario, como lo ha entendido desde su instauración el
constitucionalismo, que los procesos han sido instituidos en guarda de la
justicia y la equidad, con el propósito de asegurar a los gobernados que el
Estado únicamente resolverá las controversias que entre ellos se susciten
dentro de límites clara y anticipadamente establecidos por la ley, con el
objeto de evitar los atropellos y las resoluciones arbitrarias, desde luego
dentro de la razonable concepción, hoy acogida en el artículo 228 de la
Carta, sobre prevalencia del derecho sustancial, cuyo sentido no consiste en
eliminar los procesos sino en impedir que el exagerado culto a las ritualidades
desconozca el contenido esencial y la teleología de las instituciones
jurídicas.
Así concebido, el proceso cumple una función garantizadora del
Derecho y no al contrario, razón por la cual no puede afirmarse que su efectiva
aplicación ni la firmeza de las decisiones que con base en él se adoptan tengan
menor importancia para la protección de los derechos constitucionales
fundamentales que el instituto previsto en el artículo 86 de la
Constitución.”
Del mismo fallo C-543 de 1992 se desprende que “si la tutela es
un mecanismo subsidiario o supletorio, según queda demostrado, es clara su
improcedencia cuando ya se han producido no sólo un proceso, en el cual se
encuentran comprendidos todos los recursos y medios judiciales que autoriza la
ley, sino también una providencia definitiva que puso fin al mismo”.
Igualmente, con fundamento en que el constituyente estableció
jurisdicciones autónomas y separadas cuyo funcionamiento ha de ser
desconcentrado, ese fallo indicó que “no encaja dentro de la preceptiva
fundamental un sistema que haga posible al juez, bajo el pretexto de actuar en
ejercicio de la jurisdicción Constitucional, penetrar en el ámbito que la
propia Carta ha reservado a jurisdicciones como la ordinaria o la contencioso
administrativa a  fin de resolver puntos de derecho que están o estuvieron al
cuidado de estas”.
3.2. Sin embargo, a partir de algunas manifestaciones que la propia
Corte incluyó dentro de esa providencia, entre ellas que los jueces de la
República tienen el carácter de autoridades públicas y pueden incurrir en “actuaciones”
de hecho, fue dándose origen a la doctrina de la vía de hecho, a partir de
la cual, de forma muy excepcional, se permite el uso de la acción de tutela
para cuestionar aquellas “decisiones” que por contrariar de manera
grave, flagrante y grosera el ordenamiento constitucional, no puedan en
realidad reputarse como verdaderos pronunciamientos judiciales.
Así, siendo claro e indiscutible que también los administradores de
justicia deben respeto a la
Constitución y a las leyes, más aún en el ejercicio de sus competencias, ello
implica que las decisiones judiciales han de ser adoptadas con estricto apego
al ordenamiento jurídico, en el cual la primacía de los derechos fundamentales
ocupa un lugar significativo. En ese sentido, el proceso ordinario constituye
el espacio idóneo para lograr la corrección de las actuaciones que constituyan
afectaciones a esas garantías.
En la jurisprudencia se vino desarrollando de tal forma, desde 1993,
la noción de la vía de hecho[5],
al igual que, en los últimos años, la concepción de algunos requisitos
generales de procedencia y las causales especiales de procedibilidad.
Con todo, es preciso recordar que la acción de tutela procede para
aquellos eventos en los cuales se presente una verdadera conculcación de un
derecho fundamental, lo cual suele traducirse en actuaciones arbitrarias,
ostensiblemente opuestas al ordenamiento jurídico, al punto de requerirse la
intervención del juez de tutela como única vía para su restablecimiento, pues
de otra forma el instrumento de amparo consignado en el artículo 86 superior se
convertiría en un mecanismo de enmienda de las decisiones judiciales,
interpretación que resulta por completo ajena a la especial naturaleza con la
cual ha sido concebida la acción de tutela.
En esta misma línea, la Corte ha realzado que la circunstancia de
que el juez de tutela pueda, por rigurosa excepción, revisar una decisión
judicial tildada de arbitraria, no lo convierte en juzgador de instancia, ni
puede llevarle a sustituir a quien lo es. En efecto, el amparo constitucional
constituye una confrontación de la actuación judicial con el texto superior,
para la estricta verificación del cumplimiento y garantía de los derechos
fundamentales, que no puede conducir a que se imponga una interpretación de la
ley o una particular forma de apreciación probatoria, que se considere más
acertada a la razonadamente expuesta en el proceso y en la sentencia respectiva[6].
A su vez, es importante exponer que si bien la jurisprudencia
constitucional ha ampliado paulatinamente el ámbito de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, pese a la claridad y al efecto de
cosa juzgada (art. 243 superior) que es inmanente a las decisiones contenidas
en la antes referida sentencia C-543 de 1992, no sería menos pertinente
mantener atención sobre los parámetros de racionalidad dentro de los cuales el
legislador extraordinario de 1991 quiso enmarcar la procedencia de esta acción.
En este sentido, es oportuno añorar el contenido del inciso final
del parágrafo 1° del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que por esa decisión
fue declarado inexequible: “La tutela no procederá por errónea
interpretación judicial de la ley ni para controvertir pruebas.”
3.3. De otra parte, la sentencia C-590 de junio 8 de 2005 (M. P.
Jaime Córdoba Triviño) circunscrita al estudio y declaración de inexequibilidad
de un segmento normativo del artículo 185 de la
Ley 906 de 2004, que conducía a la proscripción de la acción de tutela contra
sentencias de casación penal, contiene también importantes reflexiones, muy
pertinentes al propósito de fijar el espacio estrictamente excepcional dentro
del cual es constitucionalmente admisible la tutela contra decisiones
judiciales.
Sobre el tema, expuso en esa ocasión esta Corte que “no puede
el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho legislado ni
suplantar al juez natural en su función esencial como juez de instancia” (no
está en negrilla en el texto original, como tampoco en las trascripciones
siguientes).
En esa misma providencia se sustentó previamente:
“21. A pesar de que la
Carta Política indica expresamente que la acción de tutela procede ‘por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública’ susceptible de vulnerar o
amenazar derechos fundamentales, en algunos ámbitos se ha cuestionado su
procedencia contra sentencias, no obstante tratarse de actos emanados de jueces
y tribunales en tanto autoridades públicas y la consecuente posibilidad, aunque
sumamente excepcional, de que a través de tales actos se vulneren o
amenacen derechos fundamentales.
Sin embargo, el panorama es claro ya que como regla general la
acción de tutela no procede contra decisiones judiciales y esto por varios
motivos. Entre ellos, en primer lugar, el hecho que las sentencias
judiciales constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de
los derechos fundamentales proferidos por funcionarios profesionalmente
formados para aplicar la Constitución y la ley; en segundo lugar, el
valor de cosa juzgada de las sentencias a través de las cuales se resuelven las
controversias planteadas ante ellos y la garantía del principio de seguridad
jurídica y, en tercer lugar, la autonomía e independencia que
caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público inherente a un
régimen democrático.
En cuanto a lo primero, no puede desconocerse que la
administración de justicia, en general, es una instancia estatal de
aplicación del derecho, que en cumplimiento de su rol debe atenerse a la
Constitución y a la ley y que todo su obrar debe dirigirse, entre otras cosas,
a garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitución, incluidos, obviamente, los derechos fundamentales. Si
esto es así, lo obvio es que las sentencias judiciales se asuman como
supuestos específicos de aplicación del derecho y que se reconozca su
legitimidad en tanto ámbitos de realización de fines estatales y, en
particular, de la garantía de los derechos constitucionales.
En cuanto a lo segundo, no debe perderse de vista que el derecho,
desde la modernidad política, es la alternativa de legitimación del poder
público y que tal carácter se mantiene a condición de que resulte un
instrumento idóneo para decidir, de manera definitiva, las controversias
que lleguen a suscitarse pues sólo de esa forma es posible definir el alcance
de los derechos y crear las condiciones necesarias para su adecuado disfrute. De
allí el valor de cosa juzgada de que se rodean las sentencias judiciales y la
inmutabilidad e intangibilidad inherentes a tales pronunciamientos, pues de no
ser así, esto es, de generarse una situación de permanente incertidumbre en
cuanto a la forma como se han de decidir las controversias, nadie sabría el
alcance de sus derechos y de sus obligaciones correlativas y todos los
conflictos serían susceptibles de dilatarse indefinidamente. Es decir, el
cuestionamiento de la validez de cualquier sentencia judicial resquebrajaría el
principio de seguridad jurídica y desnudaría la insuficiencia del derecho como
instrumento de civilidad.
Y en cuanto a lo tercero, no debe olvidarse que una cara conquista
de las democracias contemporáneas viene dada por la autonomía e independencia
de sus jueces. Estas aseguran que la capacidad racionalizadora del derecho
se despliegue a partir de las normas de derecho positivo y no de injerencias de
otros jueces y tribunales o de otros ámbitos del poder público. De allí que
la sujeción del juez a la ley constituya una garantía para los asociados, pues
estos saben, gracias a ello, que sus derechos y deberes serán definidos a
partir de la sola consideración de la ley y no por razones políticas o de
conveniencia.
22. Con todo, no obstante que la improcedencia de la acción de
tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos ordinarios de
reconocimiento y realización de los derechos fundamentales inherente a los
fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la
autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura
del poder público; ello no se opone a que en supuestos sumamente
excepcionales la acción de tutela proceda contra aquellas decisiones que
vulneran o amenazan derechos fundamentales.”
3.4. Sin embargo, luego de esos categóricos raciocinios, en la
citada providencia fueron compilados los denominados “requisitos generales
de procedencia” y las “causales generales de procedibilidad”, siendo
catalogados los primeros de la siguiente manera:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a
estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[7].
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[8]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos
judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las
competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar
un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir
del hecho que originó la vulneración[9]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[10].
No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la
Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles
de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos
se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible[11]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela
llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no
previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión
judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo
ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[12]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos
fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante
esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas
para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.”
Adicionalmente se indicó que, “para que
proceda una acción de tutela contra una
sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o
causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas”, siendo agrupadas de la siguiente forma:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[13] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[14].
h. Violación directa de la
Constitución.”
3.5. Recapitulando esos desarrollos jurisprudenciales, merece
también especial atención el criterio de esta Corte en cuanto a la labor
específica del juez de tutela, en punto a que no puede desconocer “los
conceptos y principios de autonomía, independencia de los jueces, acceso a la
administración de justicia, seguridad jurídica y vigencia del Estado social de
derecho”[15].
Es entonces desde las rigurosas perspectivas expuestas
en precedencia, donde además converge el deber impostergable de ofrecer amparo
efectivo a los derechos fundamentales y el compromiso de acatar los principios
que han sido enunciados, que el juez debe avocar el análisis cuando se
argumente por quienes acudieron a un proceso judicial la presunta violación de
garantías fundamentales, como resultado de las providencias entonces
proferidas.
Cuarta. El derecho de defensa de los demandados en los procesos de
restitución de tenencia por arrendamiento. Reiteración de jurisprudencia.
4.1. El numeral 2° del parágrafo 2° del
artículo 424 del Código de Procedimiento Civil colombiano[16], establece que cuando el arrendatario alega la causal de
incumplimiento por falta de pago, la posibilidad del arrendador de ser oído en el
proceso, queda sujeta al cumplimiento de una carga de tipo probatorio, como es
presentar ante el juez de conocimiento la prueba de que efectivamente se han
pagado los cánones de arrendamiento adeudados.
De igual
manera, el numeral 3° del mismo parágrafo[17], limita el derecho del demandado a ser oído en el juicio
cuando, cualquiera que sea la causal invocada, éste no consigne a órdenes del
juzgado los cánones que se causen durante el proceso en ambas instancias.
4.2. En varias oportunidades, esta Corte
ha estudiado estas normas en sede de constitucionalidad, emitiéndose las
sentencias C-070 del 25 de febrero de 1993 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz)[18], C-056 del 15 de febrero de 1996 (M. P. Jorge Arango Mejía)[19] y C-122 del 17 de febrero de 2004 (M. P. Alfredo Beltrán Sierra)[20], entre otras. En dichas providencias, la
Corte concluyó que esas limitaciones al derecho de defensa procesal, expedidas
en debida forma por el legislador, son constitucionales.
La Corte ha precisado que a pesar de que dichas normas
introducen verdaderas condiciones a los derechos de defensa y contradicción de
los demandados en los procesos de restitución de inmuebles arrendados, aquellas
son necesarias para garantizar la celeridad y la eficacia de tales procesos.
De igual forma, ha señalado que no obstante existir el principio
procesal en virtud del cual quien alega un hecho debe probarlo en juicio, el
hecho del “no pago de los cánones” es una negación indefinida casi
imposible sustentar por parte del demandante y, por el contrario, muy fácil de
desvirtuar por el demandado, pues con la sola presentación de los recibos de
pago queda sin fundamento la demanda[21].
En esa medida, en las sentencias reseñadas esta corporación estimó
como constitucional el actuar del legislador, que en desarrollo de los
nombrados principios de celeridad y eficacia procesales, invirtió la carga de
la prueba en las circunstancias específicas consagradas en los numerales 2° y
3° del parágrafo 2° del artículo 424 del CPC. Así, en la precitada sentencia
C-070 de 1993, se precisó que:
“… el desplazamiento de la carga probatoria hacia el demandado
cuando la causal es la falta de pago del canon de arrendamiento es razonable
atendida la finalidad buscada por el legislador. En efecto, la norma acusada
impone un requisito a una de las partes para darle celeridad y eficacia al
proceso, el cual es de fácil cumplimiento para el obligado de conformidad con
la costumbre y la razón práctica.”
De lo anterior, se puede concluir que como regla general, es válido
en nuestro ordenamiento jurídico limitar, en los casos señalados, el derecho
fundamental a la defensa de la parte pasiva en un proceso de restitución de
tenencia, a fin de promover la celeridad y eficacia en la administración de
justicia.
4.3. Ahora bien, esa pauta general tiene
una subregla, desarrollada por esta corporación en sentencias de tutela[22], a partir de la cual la limitación a ser oído en juicio, no
tiene cabida cuando se presentan serias dudas sobre la existencia del contrato
de arrendamiento.
Lo anterior encuentra fundamento, en la medida en que el contrato de
arrendamiento es la fuente de derecho inicial que regula la relación entre
arrendador y arrendatario, conteniendo éste las obligaciones y prerrogativas de
cada parte contractual[23]. Por lo tanto, si se cuestiona la existencia de tal convención, no
es posible deducir claramente el incumplimiento de una de las partes. Así,
atendiendo razones de justicia y equidad, el
juez solo puede hacer uso de las limitantes al derecho de defensa cuando
previamente ha efectuado la verificación de la existencia real del contrato de
arrendamiento.
Así, por ejemplo, esta Corte en la sentencia
T-162 del 24 de febrero de 2005 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra) indicó que cuando el parágrafo 2° del artículo 424 del Código de
Procedimiento Civil, dispone que el demandado no será oído en juicio, lo
hace desde el presupuesto de la existencia clara del contrato de arrendamiento,
debidamente aportado al proceso, “pero si, por la razón que fuere, el juez
encuentra un motivo grave para dudar de la validez de la prueba aportada…, mal
haría en aplicar automáticamente la disposición”.
De igual manera, la ulterior sentencia
T-1082 del 13 de diciembre de 2007 (M. P. Humberto Antonio Sierra Porto)
precisó:
“21.- Ahora bien, para el caso que nos ocupa interesa precisar que
los numerales 2º y 3º del parágrafo 2º del artículo 424 del CPC de manera
general contienen una regla según la cual los demandados dentro de un proceso
de restitución de inmueble arrendado, para ser oídos tienen que consignar los
cánones que supuestamente adeudan o en su defecto demostrar que ya los
cancelaron. De igual forma, esa misma disposición en su parágrafo 1º establece
que a la demanda de esta clase de proceso deberá acompañarse, como anexo
obligatorio, prueba siquiera sumaria del contrato de arrendamiento, de lo cual
se desprende que, si no se ha probado la existencia del respectivo negocio
jurídico no es posible la continuación del trámite procesal[24].
22.- Lo anterior permite deducir que la aplicación de la regla que
establece la carga procesal en cabeza de los demandados presupone de entrada la
verificación de la existencia real del contrato de arrendamiento, prueba que se
torna fundamental para otorgar las consecuencias jurídicas que contiene la
norma que se pretende aplicar, esto es, limitar el derecho de defensa del
demandado hasta tanto no cumpla con las cargas establecidas en la respectiva
disposición.”
Ahora bien, por último, es claro que para esta Corte, quien debe
efectuar la verificación de la existencia real del contrato de arrendamiento,
es el juez natural, en cabeza del cual está el deber de estudiar si en
cada caso concreto se presentan los supuestos fácticos y jurídicos necesarios
para la aplicación de los numerales 2° y 3° del parágrafo 2°
del artículo 424 del CPC, y con esa base, justificar razonadamente su
decisión[25].
Quinta. Análisis del caso concreto
5.1. Como
quedó dicho, la situación que dio lugar a la presentación de esta acción de
tutela surge de una decisión judicial, específicamente la adoptada por el
Juzgado 25 Civil Municipal de Descongestión de Bogotá. El actor consideró
vulnerados sus derechos al debido proceso, a la defensa y al acceso a la
administración de justicia, ya que dicho Juzgado no lo escuchó en juicio dentro
del proceso de restitución de bien inmueble arrendado.
Básicamente la parte actora en tutela
considera que en dicho proceso debió valorarse la controversia sobre la
legitimidad de la presunta arrendadora, en tanto la demandante en restitución
aportó “una copia simple” del contrato que, según el accionante fue
tachada de falsa, sin que pudiera comprobarse la veracidad de la misma, al ser
desestimada su defensa.
5.2.
Como ya se explicó, los jueces de instancia en la acción de tutela decidieron
no acceder a la solicitud de amparo, pues no encontraron vulnerados los
derechos fundamentales del accionante y, por el contrario, estimaron que en la
sentencia judicial atacada, se verificó la existencia de los elementos del
contrato de arrendamiento incumplido, por lo cual el juez natural, fundamentándose
en la normatividad vigente y aplicable al caso concreto, exigió el pago de los
cánones de arrendamiento adeudados.
5.3. Debe examinar esta Sala de
Revisión si, frente al caso concreto, surge la excepcional posibilidad de que
una acción de tutela proceda contra sentencia judicial en firme. De acuerdo con lo expuesto en precedencia,
recuérdese que el amparo constitucional emerge de una confrontación de la
actuación judicial con el texto superior, para la estricta verificación del
cumplimiento, garantía y realidad de los derechos fundamentales.
En efecto, la
Sala de Revisión encuentra que el asunto sub examine cumple todos los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, ya que con ella se busca la protección de los derechos
fundamentales a la defensa, al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia del accionado.
Así mismo, puede
verificarse que el señor Edilberto Olaya Murillo agotó los mecanismos
judiciales que se encontraban a su alcance para tratar de evitar la consumación
de un perjuicio irremediable, toda vez que, el actor, dentro del proceso de
restitución de inmueble arrendado, presentó la contestación de la demanda sin
que la misma fuera valorada por el Juzgado accionado.
Esta Sala
comprueba, que más allá de la posibilidad de presentar peticiones al Juzgado,
el actor no contaba con la posibilidad de apelar el fallo, pues según el artículo
39 de la Ley 820 de 2003[26], “cuando
la causal de restitución sea exclusivamente mora en el pago del canon de
arrendamiento, el proceso se tramitará en única instancia”.
En lo que
respecta al requisito de inmediatez, esta Sala constató que la acción de tutela
fue interpuesta el 6 de noviembre de 2013, contra la sentencia proferida por el
Juzgado accionado el 18 de octubre de ese año, lo cual indica que fue
presentada dentro de un término razonable.
5.4. Superada la procedencia de la acción, esta Sala pasa a efectuar el
respectivo estudio de fondo.
Para comenzar es
necesario advertir que del análisis del material probatorio aportado en el
expediente (especialmente la copia de la sentencia atacada), sumado al estudio
del relato de ambas partes procesales (contenidos en la demanda de tutela y la
contestación) esta Sala puede inferir que:
§  El 15 de julio de 2003, Edilberto Olaya Murillo y Angélica
María Mogollón Sánchez suscribieron con la señora Matilde Rubio Rubio (Q. E. P.
D.), contrato privado de arrendamiento del bien con matrícula inmobiliaria “N°
50C-393767”, por un canon de “$400.000 durante el primer año con
incrementos anuales del índice del costo de vida” (f. 1 cd. inicial).
§  Ocurrida la muerte de la señora Matilde Rubio Rubio (Q. E.
P. D.)[27], se protocolizó ante la
Notaría 16 del Círculo de Bogotá, la escritura pública N° 1775 del 19 de
septiembre de 2012, presuntamente contentiva de su sucesión testada, que en
partida única adjudicó a la señora Clara Eugenia Rodríguez de Rincón el
contrato de arrendamiento que pesaba sobre el inmueble antes referido (f. 3
ib.).
Ahora bien, el
problema jurídico planteado por el accionante es si debió ser escuchado en
juicio, sin exigírsele el pago de los cánones adeudados, porque como parte de
su defensa, él estaba cuestionando la legitimidad por activa de la demandante
en restitución.
5.4.1. Inicialmente,
debe reafirmarse que la subregla que ha desarrollado esta Corte, únicamente
permite inaplicar las normas consagradas en los numerales 2° y 3° del parágrafo
2° del artículo 424 del CPC, cuando se presentan serias dudas sobre la
existencia del contrato de arrendamiento.
En esa medida,
esta Sala recuerda que los elementos esenciales del contrato de arrendamiento
están consagrados en el artículo 1973 del Código Civil, según el cual “el
arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente,
la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un
servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio
determinado”.
Por su parte, la
norma especial aplicable al caso, que es el artículo 2° de la
Ley 820 de 2003, define el contrato de arrendamiento de vivienda
urbana como “aquel por el cual dos partes se obligan recíprocamente, la una
a conceder el goce de un inmueble urbano destinado a vivienda, total o
parcialmente, y la otra a pagar por este goce un precio determinado”.
De la lectura de
los dos preceptos reseñados, se extrae que, son elementos esenciales de este
tipo de contratos: i) la cosa arrendada, ii) el precio o canon y iii) el
consentimiento de las partes, sin los cuales el contrato no produce efecto
alguno o degeneraría en otro contrato[28].
Así, del relato
efectuado por la parte accionante, unido al análisis del material probatorio
que reposa en el expediente de tutela, esta Sala identificó que dos partes,
de un lado, Matilde Rubio Rubio y del otro Edilberto Olaya Murillo y Angélica
María Mogollón Sánchez, dieron su consentimiento para, la una, conceder el
goce de una cosa de su propiedad, el bien inmueble con matrícula
inmobiliaria N° 50C-393767 y, la otra, pagar el canon o precio, inicialmente
pactado en $400.000 mensuales, por el disfrute de la misma.
En esa media,
para esta Sala es un hecho probado que entre Edilberto Olaya Murillo, Angélica
María Mogollón Sánchez y Matilde Rubio Rubio existió claramente una relación
contractual de arrendamiento del inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria N° 50C-393767, que inició el 15 de julio de 2003. Por lo tanto,
del análisis hasta aquí propuesto, no resultan dudas sobre la existencia real
del contrato de arrendamiento.
5.4.2. Ahora
bien, al establecerse el fallecimiento de Matilde Rubio Rubio, es necesario que
esta Sala se detenga a verificar si la muerte del arrendatario extingue el
contrato de arrendamiento.
En este punto es
importante resaltar que de la lectura del artículo 2008 del Código Civil se observa
que las causales que hacen expirar los contratos de arrendamiento de cosas son:
i) el consentimiento mutuo, ii) la destrucción total de la cosa arrendada, iii)
la expiración del tiempo estipulado, iv) la extinción del derecho de dominio
del arrendador “según las reglas que más adelante se expresarán”[29]
y v) una sentencia judicial en los casos previstos por la ley.
De manera más
específica, el Capítulo VII de la Ley 820 de 2003, relaciona las formas de
terminación del contrato de arrendamiento de vivienda urbana, estableciendo el
mutuo acuerdo en el artículo 21 y las causales de terminación por parte del
arrendador y del arrendatario en los artículos 22 y 24.
De la lectura de
esos apartes normativos se concluye sin dubitación que la muerte no es una
causal de terminación de los contratos de arrendamiento. Por lo tanto, a
pesar del fallecimiento de Matilde Rubio Rubio, e incluso antes de establecerse
quién sería en lo sucesivo el arrendador, es claro que el contrato sobre el
inmueble objeto de arrendamiento siguió vigente, y por ello Edilberto Olaya
Murillo continuó gozando de la cosa arrendada, debiendo también seguir pagando los
cánones pactados.
En esa medida,
al ser demandado en restitución el señor Olaya Murillo sí debía pagar los
cánones adeudados para ser escuchado en juicio, pues por lo antes explicado, la
muerte del arrendador (en este caso la señora Rubio Rubio) no es un hecho que
genere “serias dudas” sobre la existencia del contrato de arrendamiento.
5.4.3. Ahora
bien, otra cosa es que al terminar la existencia del arrendador, el  contrato
continúe vigente en cabeza de otra persona, que será aquella a quien se transmita
la propiedad del inmueble después del fallecimiento del propietario arrendador,
y como consecuencia de ese hecho. En virtud de lo anterior, es necesario que
esta Sala verifique entonces las normas relativas a establecer quién sucedería
a Matilde Rubio Rubio en la titularidad del bien objeto de arrendamiento y del
contrato en cuestión.
En este punto, el
accionante fundamenta la presunta vulneración de su derecho al debido proceso
en que hubo una supuesta cesión del contrato de arrendamiento que no le
fue notificada[30]
y, por ello, desconoce la legitimación en la causa por activa de Clara Eugenia
Rodríguez de Rincón.
No obstante,
esta Sala aclara que del material probatorio allegado y del análisis que
efectuaron los juzgados de instancia en tutela[31],
se colige que la transmisión del derecho de dominio sobre el bien objeto de
arrendamiento, operó al llevarse a efecto la sucesión testada de Matilde
Rubio Rubio[32], hecho
que se acreditó en el proceso de restitución mediante copia de la escritura
pública N° 1775 del 19 de septiembre de 2012, protocolizada en la
Notaría 16 del Círculo de Bogotá (f. 3 ib.).
En esa medida, esta
Sala establece que al estar de por medio la muerte de la señora Matilde Rubio
Rubio y la transmisión de la propiedad raíz y con ella la del contrato de
arrendamiento por vía de sucesión testada, en ningún momento operó una
cesión del contrato de arrendamiento (que por lo demás es un acto entre vivos),
por lo que no era necesario acudir a las reglas que rigen esta figura jurídica.
Por lo anterior, este tampoco es un argumento que le permita a esta Sala aceptar
que se presentan serias dudas sobre la existencia del contrato de arrendamiento.
Con todo lo
hasta aquí expuesto se desvirtúa la posible ocurrencia de la causal de desconocimiento
del precedente constitucional ya que, como se ha reafirmado, el
presente caso no atiende los supuestos fácticos necesarios para la aplicación de
la regla jurisprudencial desarrollada por esta corporación.
5.4.5. Por
último, esta Sala evalúa el argumento frente a la prueba del contrato de
arrendamiento presentada con la demanda de restitución de bien inmueble
arrendado, pues el accionante afirma que el documento aportado es una copia
simple que no debió valorarse, pues él supuestamente la tachó de falsa.
Frente a esa
afirmación, el Juzgado accionando precisó que se presentó copia auténtica del
contrato y que además el señor Edilberto Olaya Murillo, en su defensa no
efectuó ningún reparo sobre este punto, es decir, no tachó de falso el referido
documento.
De acuerdo con
lo previsto en el ya referido numeral 1º del parágrafo 1º del artículo 424 del
CPC[33] se tiene que en los procesos de restitución de inmueble arrendado la
demanda debe estar acompañada obligatoriamente de la prueba siquiera sumaria
de la existencia del contrato de arrendamiento, como por ejemplo, el contrato
suscrito por las partes, la confesión prevista en el artículo 294 del CPC o un
testimonio, requisito sin el cual la demanda no puede ser tenida en cuenta.
En el asunto que
hoy se revisa, se encuentra que la demanda presentada por la señora Clara
Eugenia Rodríguez de Rincón estuvo acompañada de una prueba sumaria,
consistente en una copia del contrato, lo cual cumple el requisito del referido
artículo 424.
Adicionalmente,
esta Sala estima que, como se explicó ut supra, es claro que el contrato
de arrendamiento entre Edilberto Olaya Murillo y Matilde Rubio Rubio sí existió
y que los elementos esenciales del mismo (precio o canon, cosa arrendada y consentimiento
de las partes) perduraron. Así, si el artículo 3° de la
Ley 820 de 2003, precisa que “el contrato de arrendamiento de vivienda
urbana puede ser verbal o escrito”, no es posible pretender, como lo hace ahora
el actor, que el valor probatorio del documento presentado genere serias
dudas sobre su existencia.
Por ello, si el
actor quería tachar de falso el documento o plantear la controversia jurídica
sobre su valor probatorio, debió cumplir con la carga constitucional y
legalmente válida consagrada en el numeral 2° del parágrafo 2° del artículo 424
del CPC, es decir, debió pagar los cánones adeudados para ser oído en juicio.
En esa medida,
también queda desvirtuado el supuesto defecto fáctico endilgado a
la providencia emitida por el Juzgado 25 Civil Municipal de Descongestión de
Bogotá en la medida en que, más allá de una “indebida valoración probatoria”
lo que operó en el presente asunto fue la aplicación de una norma, que
establece una carga proporcional en cabeza del accionante, la cual fue
incumplida por el mismo.
5.4.4. Recapitulando
todo lo expuesto hasta ahora, se pueden extraer las siguientes conclusiones:
i) La
inaplicación de la limitante al derecho de defensa de los demandados en
procesos de restitución de tenencia de bien inmueble arrendado, solo es
posible, según esta Corte, cuando se presenten serias dudas sobre la existencia
del contrato de arrendamiento.
ii) En el
presente caso, está plenamente probada la relación contractual de arrendamiento
del inmueble con matrícula inmobiliaria N° 50C-393767, existente entre el aquí
accionante y la difunta Matilde Rubio Rubio.
iii) La muerte
de la señora Matilde Rubio Rubio no extinguió el contrato de arrendamiento,
derecho que se transmitió por vía de sucesión testada a la señora Clara Eugenia
Rodríguez de Rincón.
iv) La
demandante en restitución, a través de la escritura pública 1775 del 19 de
septiembre de 2012, arrimada al proceso de restitución, demostró sumariamente
que ella fue quien sucedió a Matilde Rubio Rubio como parte arrendataria en el
referido contrato de arrendamiento.
v) La alegación
probatoria del accionante no pone en serias dudas la existencia del contrato
de arrendamiento, y en esa medida es claro que el Juzgado 25 Civil
Municipal de Descongestión de Bogotá no estaba legitimado para inaplicar la
norma del numeral 2° del parágrafo 2° del artículo 424 del CPC, pues no se
cumplía el presupuesto fáctico para la aplicación de la subregla
jurisprudencial reseñada.
5.5. Así las cosas, la Sala Sexta de Revisión de Tutelas confirmará el fallo
proferido el 11 de diciembre de 2013, por la
Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, que confirmó
el dictado el 19 de noviembre del mismo año por el Juzgado 20 Civil del Circuito
de Bogotá.
III. DECISIÓN
Con base en las
expuestas consideraciones, la Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMAR
el fallo proferido el 11 de diciembre de 2013, por la
Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, que confirmó
el dictado el 19 de noviembre del mismo año por el Juzgado 20 Civil del
Circuito de Bogotá.
Segundo.- Por Secretaría LÍBRESE la comunicación prevista en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los fines allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
ANDRÉS
MUTIS VANEGAS
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Según se deduce de otras piezas procesales obrantes en el
expediente, el contrato de arrendamiento que habría dado origen a este proceso
sería el celebrado en julio de 2003, siendo propietaria del inmueble y
arrendadora la señora Matilde Rubio Rubio, posteriormente fallecida, y
arrendatarios el actor y la señora Mogollón Sánchez a quien se ha hecho
referencia.
[2] Si bien el accionante no alega expresamente ningún defecto en los
términos de la sentencia C-590 de 2005, se puede deducir de su argumentación
que se refiere a la posible ocurrencia de un defecto fáctico, por
indebida valoración probatoria; y de un desconocimiento del precedente
constitucional, especialmente referente a la sentencia T-067 de 2010.
[3] En el numeral cuarto de esta providencia
se ordenó devolver el expediente contentivo del proceso de restitución de bien
inmueble arrendado con radicación 2012-00791, solicitado en calidad de
préstamo, mediante el auto admisorio de la acción de tutela.
[4] Cfr. T-133 de
febrero 24 de 2010 (M. P. Nilson Pinilla Pinilla).
[5]
Esta Corte ha abordado el tema de la tutela contra providencias judiciales en
gran número de pronunciamientos, pudiendo destacarse entre muchas otras las
sentencias T-079 y T-173 de 1993; T-231 de 1994; T-492 y T-518 de 1995; T-008
de 1998; T-260 de 1999; T-1072 de 2000; T-1009 y SU-1184 de 2001; SU-132 y
SU-159 de 2002;  T-481,  C-590  y  SU-881 de 2005;  T-088,  T-196, T-332,
T-539,  T-590, T-591, T-643, T-780 y T-840 de 2006; T-001, T-147, T-247, T-364,
T-502A, T-680, T-794, T-987 y T-1066 de 2007; T-012, T-240, T-350, T-402,
T-417, T-436, T-831, T-871, T-891, T-925, T-945, T-1029 y T-1263 de 2008;
T-093, T-095, T-199 y T-249 de 2009; T-679 de 2010; T-030 y T-330 de 2011;
T-106, T-201, T-256, T-298, T-390, T-429, T-639, T-812, T-813,
T-981 y T-1043 de 2012; T-028, T-030, T-169, T-211, T-228A, T-410, T-452,
T-464, T-509, T-643 y T-704 de 2013.
[6] Cfr. sobre este tema, entre muchas otras,
las sentencias T-008 de enero 22 de 1998,
M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-357 de abril 8 de 2005,
M. P. Jaime Araújo Rentería; y T-952 de noviembre 16 de 2006,
M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
[7] “Sentencia T-173/93.”
[8] “Sentencia T-504/00.”
[9] “Ver entre otras la reciente Sentencia
T-315/05.”
[10] “Sentencias T-008/98 y SU-159/2000.”
[11] “Sentencia T-658-98.”
[12] “Sentencias T-088-99 y SU-1219-01.”
[13] "Sentencia T-522/01.”
[14] “Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01;
T-1625/00 y T-1031/01.”
[15] Cfr. T-518 de
noviembre 15 de 1995, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa, citada a su vez en la
T-1036 de noviembre 28 de 2002, M. P. Eduardo Montealegre Lynett.
[16] El numeral 2° del parágrafo 2° del artículo 424 del Código de
Procedimiento Civil, es del siguiente tenor: “2. Si la demanda se fundamenta en falta de pago, el demandado
no será oído en el proceso sino hasta tanto demuestre que ha consignado a
órdenes del juzgado el valor total que de acuerdo con la prueba allegada con la
demanda, tienen los cánones adeudados, o en defecto de lo anterior, cuando
presente los recibos de pago expedidos por el arrendador correspondientes a los
tres últimos períodos, o si fuere el caso los correspondientes de las
consignaciones efectuadas de acuerdo con la ley y por los mismos períodos, en
favor de aquel.”
[17] El numeral 3° del parágrafo 2° del artículo 424 del Código de
Procedimiento Civil, es del siguiente tenor: “3. Cualquiera
que fuere la causal invocada, el demandado también deberá consignar
oportunamente a órdenes del juzgado, en la cuenta de depósitos judiciales, los
cánones que se causen durante el proceso en ambas instancias, y si no lo
hiciere dejará de ser oído hasta cuando presente el título de depósito
respectivo, el recibo de pago hecho directamente al arrendador, o el de la
consignación efectuada en proceso ejecutivo”
[18] Por medio de la cual esta Corte resolvió: “PRIMERO.-
Declárase EXEQUIBLE el artículo 1o. num. 227 del Decreto 2282 de 1989, el cual
modificó el parágrafo 2o. numeral 2o. del artículo 424 del Código de
Procedimiento Civil”.
[19] Por la cual esta Corte declaró “EXEQUIBLE el numeral 3, del parágrafo segundo,
del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo
1°, numeral 227, del Decreto 2282 de 1989”.
[20] Por la cual esta corporación decidió “Estarse a lo resuelto en
las sentencias C-070 de 1993 y C-056 de 1996, y en consecuencia, declarar
EXEQUIBLES los numerales 2 y 3 del artículo 44 de la
Ley 794 de 2003 ‘Por la cual se modifica el Código de Procedimiento Civil, se
regula el proceso ejecutivo y se dictan otras disposiciones’”.
[21] En sentencia C-070 de 1993, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz, en donde la
Corte estudió el contenido del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil,
se expuso: “La causal de terminación del contrato de arrendamiento por falta
de pago de los cánones de arrendamiento, cuando ésta es invocada por el
demandante para exigir la restitución del inmueble, coloca al arrendador ante
la imposibilidad de demostrar un hecho indefinido: el no pago. No es lógico
aplicar a este evento el principio general del derecho probatorio según el cual
‘incumbe al actor probar los hechos en los que basa su pretensión’. Si ello
fuera así, el demandante se vería ante la necesidad de probar que el
arrendatario no le ha pagado en ningún momento, en ningún lugar y bajo ninguna
modalidad, lo cual resultaría imposible dadas las infinitas posibilidades en
que pudo verificarse el pago. Precisamente por la calidad indefinida de la
negación -no pago-, es que se opera, por virtud de la ley, la inversión de la
carga de la prueba. Al arrendatario le corresponde entonces desvirtuar la
causal invocada por el demandante, ya que para ello le bastará con la simple
presentación de los recibos o consignaciones correspondientes exigidas como
requisito procesal para rendir sus descargos….”
[22] Entre otros se pueden nombrar los fallos
T-838 del 1° de septiembre de 2004, M. P. Álvaro Tafur Galvis; T-162 del 24 de
febrero de 2005, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-494 del 13 de mayo de 2005
y T-601 del 27 de julio de 2006, en ambas, M. P. Rodrigo Escobar Gil; T-613 del
3 de agosto de 2006, M. P. Nilson Pinilla Pinilla; T-150 del 2 de marzo de 2007,
M. P. Manuel José Cepeda 2007; T-1082 del 13 de diciembre de 2007,
M. P. Humberto Antonio Sierra Porto y T-067 del 4 de febrero de 2010,
M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En todos estos fallos se protegieron los derechos
fundamentales de defensa y acceso a la administración de justicia de los
actores, pues se estimó que los jueces que conocieron demandas por restitución
de tenencia los vulneraron, ya que a pesar de que se presentaron serias dudas
sobre la existencia del contrato de arrendamiento y/o sobre la legitimación por
activa del demandante, no se escuchó al demandado, en virtud de la aplicación
automática del numeral 2° del parágrafo 2° del artículo 424 del Código de
Procedimiento Civil.
[23] Recuérdese el tenor literal del artículo 1602 del Código Civil: “Todo
contrato legalmente celebrado es un ley para los contratantes, y no puede ser
invalidado sino por su consentimiento mutuo o por las causas legales”.
[24] "Artículo 424.
Restitución del inmueble arrendado. Cuando se trate de demanda para que el
arrendatario restituya al arrendador el inmueble arrendado, se aplicarán las
siguientes reglas:
PARÁGRAFO 1o. Demanda y traslado.
1. A la demanda deberá acompañarse prueba documental del
contrato de arrendamiento suscrito por el arrendatario, o la confesión de éste
prevista en el artículo 294,
o prueba testimonial siquiera sumaria.
(…)
PARÁGRAFO 2o. Contestación, derecho de retención y
consignación.(…)
2. Si la demanda se fundamenta en falta de pago, el
demandado no será oído en el proceso sino hasta tanto demuestre que ha
consignado a órdenes del juzgado el valor total que de acuerdo con la prueba
allegada con la demanda, tienen los cánones adeudados, o en defecto de lo
anterior, cuando presente los recibos de pago expedidos por el arrendador
correspondientes a los tres últimos períodos, o si fuere el caso los
correspondientes de las consignaciones efectuadas de acuerdo con la ley y por
los mismos períodos, en favor de aquel.
3. Cualquiera que fuere la causal invocada, el
demandado también deberá consignar oportunamente a órdenes del juzgado, en la
cuenta de depósitos judiciales, los cánones que se causen durante el proceso en
ambas instancias, y si no lo hiciere dejará de ser oído hasta cuando presente
el título de depósito respectivo, el recibo de pago hecho directamente al
arrendador, o el de la consignación efectuada en proceso ejecutivo.”
[25] “los jueces en el proceso de toma de decisiones no
necesariamente tienen que utilizar un modelo específico de argumentación
jurídica; lo importante es que otorguen racionalidad a sus decisiones, que en
todos los casos, tienen que estar acorde con los postulados constitucionales a
fin de garantizar la libertad, la igualdad, la justicia y la paz a los
coasociados para asegurar un orden político, económico y social justo”. Ver
T- 1082 de 2007, precitada.
[26]  Por la cual se expide el régimen de arrendamiento de vivienda
urbana y se dictan otras disposiciones.
[27] De las pruebas obrantes en el expediente, no es posible establecer
la fecha de la muerte de la arrendataria original, señora Matilde Rubio Rubio.
[28] El artículo 1501 del Código Civil enuncia los elementos del
contrato: “Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia,
las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia
de un contrato aquellas cosas, sin las cuales, o no producen efecto alguno o
degeneraría en otro diferente; son de la naturaleza de un contrato las que no
siendo esenciales en él, se entiende pertenecerle, sin necesidad de cláusula
especial; y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni
naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas
especiales”.
[29] En este punto, el artículo se refiere a las situaciones previstas
en el artículo 2016 del Código Civil, especialmente cuando el arrendador era
usufructuario o propietario fiduciario de la cosa arrendada.
[30] La cesión de contratos, de manera general, es una figura
mediante la cual se trasfiere la posición contractual con todas sus consecuencias
jurídicas a un tercero. Esta figura tiene como fundamento el principio de
autonomía de la voluntad de las partes, pues opera cuando ambos extremos de la
relación contractual lo consienten, por lo cual, por regla general, debe ser
notificado (Código de Comercio, Libro Cuarto, Capítulo VI, artículos 887 y
siguientes). La cesión de contratos, además, es un acto entre vivos.  Ahora
bien, la cesión de un contrato de arrendamiento, está específicamente
regulada en los artículos 2004 del Código Civil y 17 de la
Ley 820 de 2003. En dichos apartes normativos, se establece, como regla
general, la prohibición la cesión del contrato por parte del arrendatario, a
menos que se existe expresa autorización del arrendador.
[31] Que tuvieron conocimiento directo del expediente contentivo del
proceso de restitución de inmueble arrendado.
[32] De otro modo, la sucesión testada es la que tiene lugar cuando
el fallecido ha dejado constancia de su voluntad respecto al destino de sus
bienes, a través de un testamento. Si bien es un acto unilateral que efectúa
una persona en vida, este solo adquiere validez y vigencia una vez ocurre la
muerte del testador. Debido a ello y a que el deceso de una persona, es un
hecho generalmente incierto, la trasmisión de derechos que opera con la
sucesión no requiere ser notificada previamente.
[33] “A la demanda deberá acompañarse prueba documental del contrato
de arrendamiento suscrito por el arrendatario, o la confesión de éste prevista
en el artículo 294,
o prueba testimonial siquiera sumaria”.