T-692-04
Procedencia de la tutela
Sentencia T-692/04
PRESUNCION DE
VERACIDAD EN TUTELA-Demandado
no rinde informe solicitado por el juez
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional para
reconocimiento de derechos pensionales
DERECHO DE
PETICION-Pronta resolución/DERECHO DE PETICION-Resolución
de fondo, clara y precisa
SILENCIO
ADMINISTRATIVO-No exonera a
la administración de su deber de responder los recursos presentados
DERECHO DE
PETICION EN VIA GUBERNATIVA-Resolución
de recursos
DERECHO DE
PETICION EN MATERIA PENSIONAL-Términos
para resolver
RECURSO DE
APELACION-Resolución por
parte de Cajanal
Referencia: expediente T-869042
Acción de
tutela instaurada por Yesida del Cristo Agamez Acosta contra la Caja Nacional
de Previsión Social, Cajanal.
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá D. C., veintidós (22) de julio de dos mil
cuatro (2004).
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los magistrados, Clara Inés Vargas Hernández, Jaime Araujo
Rentería y Álvaro Tafur Galvis, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo adoptado por el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo dentro de la acción de tutela
instaurada por Yesida del Cristo Agamez Acosta contra la Caja Nacional de
Previsión Social, Cajanal.
I.   ANTECEDENTES
Sostiene la accionante que el 5 de mayo de 2003,
presentó ante la Caja Nacional de Previsión Social Seccional Sucre, recurso de
apelación contra la Resolución No. 30377 del 28 de octubre de 2002, por medio
de la cual la entidad tutelada le negó la pensión gracia, alegando una supuesta
incompatibilidad con la pensión de invalidez que le fue reconocida, escrito que
fue remitido al nivel central para su respuesta final, pero que hasta la fecha
de la presentación de la demanda, han trascurrido más de seis (6) meses sin que
haya obtenido respuesta a su petición.
1.  Hechos:
1 .1   El 18 de Marzo de 2002, la actora solicitó a la
entidad demandada el reconocimiento y pago de la pensión gracia por haber
cumplido con los requisitos de 20 años de servicio como docente y 50 años de
edad.
1. 2   El Subdirector General de Prestaciones
Económicas de Cajanal profiere la Resolución No. 30377 de Octubre 28 de 2002,
en la cual se le niega el reconocimiento y pago de la pensión reclamada,
argumentando que la actora no tiene derecho a la prestación reclamada, pues
goza de una pensión de invalidez reconocida por el Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio.
1.3 Posteriormente mediante la Resolución No. 05862
del 17 de marzo de 2003, la entidad demandada resolvió el recurso de reposición
interpuesto contra la Resolución 30377 del 28 de Octubre del 2002, confirmando
la decisión adoptada que denegó la prestación reclamada; para ello argumentó
que de conformidad con lo preceptuado en el articulo 128 de Constitución
Política, nadie puede desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni
recibir más de una asignación que provenga del tesoro público.
1.4
El  5 de mayo de 2003, la tutelante presenta ante la oficina de prestaciones
económicas de Cajanal Seccional Sucre, un escrito en el que manifiesta que
interpone recurso de apelación contra la Resolución No. 30377 del 28 de Octubre
de 2003 y contra la Resolución No. 05862 del 17 de marzo de 2003, con el
propósito de que se revoquen las mencionadas resoluciones que negaron la
pensión gracia a la que cree tener derecho.
1.5  Para fundamentar su petición la demandante
señala que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley 797 del
29 de enero de 2003, Cajanal tenía cuatro (4) meses contados a partir de la
radicación de la solicitud para resolver el recurso interpuesto. Hasta la fecha
de la presentación de la tutela han transcurrido más de seis (6) meses desde
que radicó el recurso de apelación sin que haya obtenido respuesta alguna a su
petición.
1.6    Sostiene que las mesadas pensionales que
recibe por concepto de la pensión de invalidez son insuficientes para sufragar
sus gastos, por lo que necesita que se resuelva el recurso de apelación
interpuesto y en tal medida se le reconozca y ordene el pago de la pensión gracia
solicitada.
2.  Pruebas:
Fotocopia del recurso de apelación interpuesto el 5 de
mayo de 2003 contra la Resolución No. 30377 de octubre 28 de 2002 y contra la
Resolución No. 05862 del 17 de marzo de 2003.
3.  Decisión judicial que se revisa.
El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Sincelejo
en fallo del 26 de noviembre de 2003, niega el amparo impetrado, pues señala
que la tutela no fue instituida para obtener un pronunciamiento con relación a
un recurso ordinario interpuesto.
Sostiene que tratándose de procesos o actuaciones
administrativas, la ley tiene previstos mecanismos para obtener el trámite
adecuado de los mismos, y en el evento de que el servidor público, dolosamente,
se sustraiga al cumplimiento de sus deberes, el perjudicado cuenta con medios
eficaces para lograr el encauzamiento de la acusación en referencia como sería
el de acudir a la Procuraduría General de la Nación para que ejerza la
vigilancia respectiva.
Precisa que para el caso, no se evidencia que la
actora haya ejercido actos tendientes a obtener del accionado el respectivo
pronunciamiento con relación al recurso ordinario interpuesto.  Es decir, no
obra ninguna prueba que indique que haya hecho los requerimientos que se
acostumbran en todas las actuaciones administrativas o judiciales, a fin de
obtener el pronunciamiento respectivo.
II. CONSIDERACIONES  Y FUNDAMENTOS
1.   Competencia.
Esta
Corte es competente para revisar el fallo de tutela proferido en este proceso,
de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241 de la Constitución
Nacional, el Decreto 2591 de 1991 y las demás disposiciones pertinentes.
2. Presunción de veracidad en materia de
tutela cuando el demandado no rinde el informe solicitado por el juez.
El juez que conoció del asunto en única instancia
corrió traslado de la demanda a la entidad accionada para que ejerciera el
derecho de defensa, sin que la misma se hubiere pronunciado al respecto. Para
estos casos, es decir cuando la autoridad contra la cual se dirige la acción no
contesta los requerimientos que le hace el juez de instancia con el fin de que
dé contestación a los hechos expuestos en la  tutela, ni justifica tal omisión,
opera la presunción de veracidad, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 20 del decreto 2591 de 1991.
2 . Problema jurídico.
La Señora Agamez Acosta pretende que a través de la
acción de tutela se le ampare el derecho fundamental de petición contemplado en
la Constitución Política; y en ese orden de ideas solicita que se ordene
a la entidad tutelada dar respuesta al recurso de apelación interpuesto contra
la Resolución No. 30377 del 28 de octubre de 2002, que negó el reconocimiento de
la pensión gracia a la que cree tener derecho.
Para resolver el presente caso, la Corte
comenzará por recordar brevemente la jurisprudencia en torno al derecho de
petición, así como la relativa a la procedencia de la tutela para reclamar
derechos pensionales, para luego proceder a analizar el caso concreto.
3.
Procedencia excepcional de la tutela para el reconocimiento derechos
pensionales.
La acción de tutela es un mecanismo que
consagró la Constitución Política de 1991, para proteger los derechos
fundamentales de las personas, de lesiones o amenazas de vulneración por parte
de una autoridad pública y, bajo ciertos supuestos, por parte de un particular.
Por tanto, se trata de un procedimiento judicial específico, autónomo, directo
y sumario, que en ningún caso puede sustituir los procesos judiciales que establece
la ley; en ese sentido la acción de tutela no procede cuando exista otro medio
de defensa judicial, salvo que se configure un perjuicio irremediable, caso en el cual, la tutela procede, hasta que la
autoridad correspondiente decida de fondo sobre el asunto.
De igual manera la Corte Constitucional[1] en jurisprudencia
reiterada ha señalado que las controversias suscitadas con ocasión del reconocimiento
de derechos pensionales no le corresponden a la jurisdicción constitucional en
sede de tutela, dado que se trata de pretensiones de orden legal para cuya
definición existen en el ordenamiento jurídico otras instancias, medios y
procedimientos administrativos y judiciales ordinarios.[2]
De lo expresado anteriormente se puede concluir que la
acción de tutela no procede para el reconocimiento de derechos pensionales,
bien se trate de pensiones de vejez, invalidez, o de sobrevivientes, a menos
que dadas las circunstancias del caso concreto, los medios de defensa judicial
resulten ineficaces para la garantía de los derechos fundamentales o se pueda
razonablemente prever la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
4.  El derecho de petición se vulnera
cuando el recurso interpuesto contra un acto administrativo no se resuelve
oportunamente. El silencio administrativo negativo no protege el mencionado
derecho.
Esta Corporación ha establecido
el carácter de derecho fundamental constitucional de que goza el derecho de
petición.[3] En esa medida ha entendido, que tal
derecho comprende no solamente la prerrogativa de obtener una pronta resolución
a la solicitud por parte de la autoridades a quienes es formulada, sino que
correlativamente implica la obligación por parte de éstas de resolver de fondo
y además de manera clara y precisa sobre lo solicitado. [4]
Ahora bien, la Corte ha considerado
igualmente que para el caso especifico de que la administración no trámite o no
resuelva los recursos interpuestos en la vía gubernativa, dentro de los
términos legalmente señalados, se vulnera el derecho de petición.[5]
En efecto, el uso de los recursos
establecidos en el Código Contencioso Administrativo, es desarrollo del derecho
de petición, pues, a través de ellos, el administrado eleva ante la autoridad
pública una petición respetuosa, que tiene como finalidad obtener la
aclaración, la modificación o la revocación de un determinado acto
administrativo y el hecho de que el administrado puede acudir una vez vencido
el término de dos (2) meses de que trata el artículo 60 del C.C.A.,[6] ante la jurisdicción
Contencioso Administrativa para que a través de las acciones consagradas en la
ley se resuelva de fondo sobre sus pretensiones, no significa que el
solicitante pierda el derecho de que sea la propia administración, quien decida
sobre las peticiones ante ella formuladas.
De igual manera debe tenerse en cuenta, que
la ocurrencia del silencio administrativo, no hace improcedente la acción de
tutela, pues la única finalidad del silencio administrativo negativo es
facilitarle al administrado la posibilidad de acudir ante la jurisdicción para
que ésta resuelva sobre sus pretensiones. Pero tal circunstancia no conlleva a
considerar que el silencio administrativo puede equipararse a la resolución del
recurso, pues el derecho de petición sigue vulnerado mientras la administración
no decida de fondo sobre lo recurrido.
Sobre el particular, esta Corporación[7] en la sentencia T-084
de 2002[8]
recopiló la jurisprudencia  que había sido proferida en ese sentido de la
siguiente manera:
“Esta Corte ha reiterado en su
jurisprudencia que el derecho de petición no solamente se ve vulnerado cuando
la autoridad obligada a dar una respuesta pronta y de fondo[9] no la
profiere; sino también en el evento de que el particular, en procura de agotar
la vía gubernativa, recurre un acto administrativo con la finalidad de que se
aclare, se modifique o se revoque el mismo[10]
y la respectiva entidad no contesta. En este último caso, es menester del
Estado tomar las medidas respectivas para conjurar la situación anómala y
restablecer el derecho conculcado.
“Esta Corte en su jurisprudencia ha
señalado al respecto:
‘... si la
administración no tramita o no resuelve los recursos, dentro de los términos
legalmente señalados, vulnera el derecho de petición del administrado y, por lo
tanto, legitima al solicitante para presentar la acción de tutela. Ahora bien,
la acción contencioso administrativa no es el medio judicial idóneo para
obtener la resolución de los recursos de reposición y apelación, como quiera
que, tal y como lo ha dicho esta Corporación en múltiples sentencias[11],
“el silencio administrativo no protege el derecho de petición, pues tiene un
objeto distinto y, por otra parte, es precisamente prueba clara e
incontrovertible de que el mismo ha sido violado”[12].
Además, el administrado “conserva su derecho a que sea la propia
administración, y no los jueces, quien resuelva sus inquietudes, pues al fin y
al cabo ella es la obligada a dar respuesta’ (Sentencia T-1175 de 2000 M. P.:
Alejandro Martínez Caballero).
“Igualmente
se dijo:
‘... el hecho de que haya transcurrido el
tiempo suficiente para que en el trámite del asunto se pueda válidamente alegar
el silencio administrativo, en nada remedia el hecho de que no se resolvió de
manera oportuna la petición y, por tanto, es ineludible concluir que la entidad
accionada sí violó el derecho de petición de la actora. Al respecto, la
jurisprudencia constitucional es reiterada; véase por ejemplo la siguiente
transcripción, extraída de la sentencia T-552/00[13]:
"En esta oportunidad, la Corte
reiterará la doctrina constitucional vertida en su doctrina jurisprudencial[14], según
la cual, el derecho de petición también es tutelable en la vía gubernativa, cuando
los recursos que se interpongan contra un acto administrativo no sean decididos
oportunamente. En efecto, en la Sentencia T-365 de 1998, dijo la Corte, a
propósito de un caso semejante al que ocupa la atención de la Sala en esta
oportunidad, lo siguiente:
'Según tal consolidada doctrina,
desconocida por los falladores de instancia, la falta de respuesta oportuna de
los recursos previstos por el propio Código Contencioso Administrativo, en
orden a debatir frente a la propia Administración sus decisiones, constituyen
una de las múltiples facetas que muestra en el panorama legislativo el derecho
fundamental “a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos
de interés general o particular y a obtener pronta resolución” de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 23 Superior.
'Y ello es así puesto que el silencio
administrativo opera simplemente como resultado de la abstención de resolver
una petición formulada, lo que quiere decir que su ocurrencia es muestra
palmaria e incontrovertible de la conculcación del derecho'. (Sentencia T-365
de 1998 M.P. Dr. Fabio Morón Díaz) (Sentencia T-214 de 2001 M.P.: Carlos
Gaviria Díaz).
“Por
último se hace referencia a la siguiente sentencia:
‘En efecto, cuando la administración no
tramita o se abstiene de resolver dentro de los términos legales un recurso que
ante ella ha sido elevado, vulnera el derecho de petición y, por ende, el
interesado queda habilitado para acudir a la acción de tutela y obtener la
protección judicial de su derecho quebrantado’[15]
Sentencia T-788 de 2001 M.P.: Jaime Córdoba Triviño).”
Resulta entonces de lo dicho, que cuando una persona interpone
en vía gubernativa los recursos que la ley le otorga, el hecho de que éstos
tengan una regulación especifica, no los despoja del sustento constitucional
según el cual, no resolver a tiempo los mismos vulnera flagrantemente el
derecho de petición.
5.  Reiteración de jurisprudencia. Término para
resolver las solicitudes de petición por parte de las entidades que prestan el
servicio público de seguridad social en pensiones.
En relación con el término que tienen las entidades
públicas para resolver las solicitudes de pensión que ante ellas se eleven,
cabe señalar que según lo expresado por la doctrina constitucional recogida en
el fallo de unificación SU-975 de 2003[16],
y reiterada posteriormente a través de diferentes providencias tales como las
Sentencias T-025, T- 054, T-061, T-094, T-091, T-099, T-141, T-144, T-166,
T-266 de 2004, para resolver el asunto la Corte ha recurrido a la
interpretación integral de varias normas que concurren en la configuración
legal del derecho de petición, (artículo 6º del Código Contencioso
Administrativo, artículo  19 del Decreto 656 de 1994 y artículo 4º de la Ley
700 de 2001)  y ha concluido, que las entidades que
hacen parte del Sistema General de Pensiones, ya sean públicas o privadas,
cuentan con un término de seis (6) meses para hacer efectivo el derecho
solicitado[17], el cual se concreta en el
pago de la pensión respectiva. El mencionado término se distribuye así: quince
(15) días para atender preliminarmente la petición y hacer las indicaciones que
fueren pertinentes al solicitante; cuatro (4) meses para resolver la solicitud
de reconocimiento de la pensión en concreto, de tal manera que se comience a
pagar la pensión correspondiente a más tardar seis (6) meses después de que se
hizo la solicitud.
6.
Caso concreto.
Como se manifestó antes, según la jurisprudencia
reiterada de la Corte Constitucional,[18]
en principio, las controversias suscitadas con ocasión del reconocimiento de
derechos pensionales (invalidez, vejez o de sobreviviente) no le corresponden a
la jurisdicción constitucional en sede de tutela, ya que se trata de
pretensiones de orden legal para cuya definición existen en el ordenamiento
jurídico otras instancias, medios y procedimientos administrativos y judiciales
ordinarios.
Lo que sí le compete al juez de tutela es la
verificación de los términos establecidos legalmente para dar respuesta a los
peticionarios, independientemente de su resultado, pues en aras de proteger el
derecho de petición debe ordenar a la autoridad competente en cada caso dar una
respuesta que resuelva de fondo lo solicitado.
En el asunto objeto de revisión, la Señora
Yesida del Cristo Agamez
Acosta aduce que se le ha vulnerado su derecho
fundamental de petición, toda vez que la Caja Nacional de Previsión
Social, no le ha resuelto el recurso de apelación que
interpuso subsidiariamente contra la Resolución No. 30377 del 28 de
octubre de 2002 mediante la cual se le negó el
reconocimiento de la pensión gracia, decisión que a su vez, fue confirmada
posteriormente en Resolución No. 05862 del 17 de marzo de 2003.
En el expediente obra una constancia de recibo del
escrito en el que la actora interpone el recurso de apelación ante la entidad
demandada de fecha 5 de mayo de 2003 (folio 5
a 8 exp.), por lo que se encuentra probado, que la
actora efectivamente presentó dicho documento ante la Caja Nacional de
Previsión Social.
De igual manera aparece constancia de que la acción de
tutela de la referencia, fue notificada a la Subdirectora General de
Prestaciones Económicas de Cajanal en Bogotá mediante oficio No. 1392 del 13 de
noviembre de 2003 (fl. 12 del exp.), pero la misma guardó silencio sobre el
asunto.
Ante tal circunstancia cabe reiterar lo dicho
anteriormente, que cuando la autoridad pública contra la que se dirige la
acción no contesta el requerimiento que le hace el juez de instancia, opera
para el caso, la presunción de veracidad de los hechos narrados por el
accionante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del decreto 2591
de 1991.
Ahora bien, de conformidad con
las pruebas que obran en el expediente, para esta Sala resulta claro, que a la
señora Agamez Acosta no se le ha dado respuesta al recurso de apelación presentado el día 5 de mayo de
2003 contra los actos administrativos que le negaron
el reconocimiento de la pensión de gracia.
En tal medida se estima, que no
obstante que a la Corte no le corresponde determinar para el caso concreto, si
la accionante de acuerdo con la normatividad vigente tiene derecho o no al
reconocimiento de la pensión de gracia, no hay duda de que a la misma se le ha
otorgado un tratamiento incorrecto por parte de la entidad demandada, pues no
se le ha proporcionado una respuesta en relación con el recurso de apelación
formulado.
En este orden de ideas, la Sala concederá
la tutela solicitada y ordenará a la entidad accionada que si aún no lo ha
hecho, proceda dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia a pronunciarse sobre
el recurso de apelación interpuesto por la Señora Yesida del Cristo
Agamez Acosta mediante escrito del  5 de mayo de 2003.
III. DECISION.
En mérito de lo expuesto, la
Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el 26 de noviembre
de 2003, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Sincelejo, que negó la protección del derecho invocado por la
señora Yesida del Cristo Agamez Acosta contra la Caja Nacional de Previsión
Social, Cajanal. En su lugar, TUTELAR el
derecho de petición de la accionante.
Segundo-. ORDÉNASE a la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, que si aún no lo ha hecho proceda en el término de cuarenta
y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, a
pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por la Señora Yesida
del Cristo Agamez Acosta en el escrito del  5 de mayo
de 2003.
Tercero. PREVENIR a la
Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, para que en el futuro se abstenga
de incurrir en actuaciones que vulneran los derechos fundamentales de sus
afiliados.
Cuarto. Por Secretaría, líbrense la comunicación de que trata
el artículo 36 del decreto 2591 de 1991
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General (E)
[1] Ver, entre otras, las Sentencias  T-054/04 ,
T-999/01, T-476/01, T-398/01, T-408/00, T-327/99, T-660/99.
[2]
En la sentencia T-054 de 2004
dijo la Corte sobre el asunto, lo siguiente: “En esta medida la acción de tutela no tiene como
finalidad el reconocimiento de derechos litigiosos o prestacionales, como es el
caso de la pensión de jubilación. No obstante, en lo que respecta al derecho a
la seguridad social, la Corte ha señalado que si bien no fue consagrado
expresamente en la Constitución como una garantía fundamental bien puede
adquirir ese carácter cuando según las circunstancias del caso, su no
reconocimiento tenga la potencialidad de poner en peligro otros derechos y
principios fundamentales como la vida (artículo 11 C.P.), la dignidad humana
(artículo 1º C.P.), la integridad física y moral (artículo 12 C.P.) o el libre
desarrollo de la personalidad (artículo 16 C.P.) de las personas de la tercera
edad (artículo 46 C.P.).”
[3] Pueden consultarse,
entre otras, las sentencias T-054 y T-026 de 2004 y T-079, T-129, T-418,
T-1089 de 2001.
[4] La Corte
Constitucional se ha pronunciado sobre el sentido y alcance del derecho de
petición a través de su amplia y reiterada jurisprudencia. Es así como en la
sentencia T-377 de 2000, se fijaron los supuestos fácticos de ese derecho, de
la siguiente manera:
“a) El derecho de petición es fundamental y
determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia
participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos
constitucionales, como los derechos a la información, a la participación
política y a la libertad de expresión.
“b) El núcleo esencial del derecho de
petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada
serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se
reserva para sí el sentido de lo decidido.
“c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos:
1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera
congruente con lo solicitado 3. ser puesta en conocimiento del peticionario. Si
no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho
constitucional fundamental de petición.
“d) Por lo anterior, la respuesta no
implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una
respuesta escrita.
“e) Este derecho, por regla general, se
aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la
Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo
determine.
“(...)
“g). En relación con la oportunidad de la
respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver
las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del
Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser
posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular
deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la
contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será
determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la
complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha
confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder
dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será
ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes.
“h) La figura del silencio administrativo no
libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la
petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es la prueba
incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición.
“i) El derecho de petición también es
aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho
consagrado en el artículo 23 de la Carta.”
Posteriormente en la Sentencia T-1006 de
2001, la Corte adicionó a los supuestos enumerados anteriormente en dos más,
así: j) El relativo a que la falta de competencia de la entidad ante
quien se plantea, no la exonera del deber de responder. k) el relativo a que la
entidad pública ante la cual se presentó una petición, debe notificar de la
respuesta al interesado.
[5] Ver
Sentencia T-304/94.
[6] El artículo 60 del Código Contencioso administrativo,
consagra la figura del silencio administrativo,  en tratándose de recursos, en
los siguientes términos:
"Transcurrido un plazo de
dos (2) meses contado a partir de la interposición de los recursos  de
reposición o de apelación sin que se haya notificado decisión expresa sobre
ellos, se entenderá que la decisión es negativa.
(..)
"La ocurrencia del
silencio administrativo negativo previsto en el inciso 1o. no exime a la
autoridad de responsabilidad; ni le impide resolver mientras no se haya acudido
ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo."
[7] Se puede
consultar en igual sentido la Sentencia T-245 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[8] M.P. Rodrigo
Escobar Gil.
[9] Sentencias T-99
de 2000 M.P.: José Gregorio Hernández Galindo y T-134 de 2000 M:P.: Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[10]
Sentencia T-304 de 1994 M.P.: Dr. Jorge Arango Mejía.
[11] Al
respecto pueden consultarse, entre muchas otras, las sentencias T-119 de 1993,
T-663 de 1997, T-601 de 1998, T-637 de 1998, T-724 de 1998, T-529 de 1998 y
T-281 de 1998.
[12]
Sentencia T-294 de 1997 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[13] M.P.
Fabio Morón Díaz.
[14] Ver
sentencias T 260 de 1995 y T 175 de 1997.
[15] Se
pueden consultar las siguientes sentencias T-574 de 2001. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño y T-785 de 2001. M.P.: Alfredo Beltrán Sierra.
[16] En la Sentencia
SU-975 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa dijo la Corte lo siguiente:
“6) los plazos
con que cuenta la autoridad pública para dar respuesta a peticiones de reajuste
pensional elevadas por servidores o ex servidores públicos, plazos máximos cuya
inobservancia conduce a la vulneración del derecho fundamental de petición, son
los siguientes:
“(i) 15 días hábiles para todas las
solicitudes en materia pensional –incluidas las de reajuste– en cualquiera
de las siguientes hipótesis: a) que el interesado haya solicitado información
sobre el trámite o los procedimientos relativos a la pensión; b) que la
autoridad pública requiera para resolver sobre una petición de reconocimiento,
reliquidación o reajuste un término mayor a los 15 días, situación de la cual
deberá informar al interesado señalándole lo que necesita para resolver, en qué
momento responderá de fondo a la petición y por qué no le es posible contestar
antes; c) que se haya interpuesto un recurso contra la decisión dentro del
trámite administrativo.
“(ii) 4 meses calendario para dar
respuesta de fondo a las solicitudes en materia pensional, contados a
partir de la presentación de la petición, con fundamento en la aplicación
analógica del artículo 19 del Decreto 656 de 1994 a los casos de peticiones
elevadas a Cajanal;
“(iii) 6 meses para adoptar todas las
medidas necesarias tendientes al reconocimiento y pago efectivo de las mesadas
pensionales, ello a partir de la vigencia de la Ley 700 de 2001.
“Cualquier desconocimiento injustificado de
dichos plazos legales, en cualquiera de las hipótesis señaladas, acarrea la
vulneración del derecho fundamental de petición. Además, el incumplimiento de
los plazos de 4 y 6 meses respectivamente amenazan la vulneración del derecho a
la seguridad social. Todos los mencionados plazos se aplican en materia de
reajuste especial de pensiones como los pedidos en el presente proceso.”
[17] Posición que además
se ha reiterado en las sentencias T-099/04, T-026/04,  T-422/03, T-588/03 y
T-642/03.
[18] Ver entre otras las sentencias T-398/01 y
T-476/01.