T-591-17
Sentencia T-591/17
LEGITIMACION
POR ACTIVA EN TUTELA-Formas previstas por ordenamiento jurídico
LEGITIMACION POR PASIVA EN TUTELA-Entidades financieras, bancarias y aseguradoras
ACCION DE TUTELA FRENTE A CONTRATO DE SEGUROS-Procedencia excepcional cuando el margen de desigualdad
existente entre las partes es tal que establece una situación de indefensión
Debido a la
existencia de otros medios ordinarios de defensa judicial, por regla general,
la acción de tutela resulta improcedente en el marco de un contrato de seguros.
Sin embargo, cuando se acuda a la acción de tutela alegando la vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales, el juez constitucional deberá considerar
la idoneidad y eficacia de tales mecanismos judiciales. En cada caso concreto
se debe analizar si la queja o la demanda ante la Superintendencia financiera
satisfacen la protección efectiva e idónea de los derechos fundamentales de una
persona de especial protección constitucional cuyo mínimo vital y, por ende, su
dignidad humana se ve amenazada. Teniendo en cuenta que, primero, en el caso de
las quejas el resultado no es de carácter definitivo, no existe un término
perentorio para resolverse y que, incluso, la misma Superintendencia reconoce
que este no es el mecanismo idóneo para resolver conflictos de esta naturaleza.
Y, segundo, que el proceso jurisdiccional que puede adelantarse ante esta
entidad, comprende los mismos términos y etapas procesales que se manejan en el
proceso ordinario. Siguiendo
esta línea, se recuerda que un contrato de seguros puede celebrarse entre
personas jurídicas con posiciones socio-económicas equivalentes o asimétricas.
En el segundo caso, el desbalance del sinalagma puede implicar un desequilibrio
en la relación contractual ocasionando un estado de indefensión, situación que
permite prescindir de la vía ordinaria y admitir la acción de tutela de manera
excepcional: “la relevancia iusfundamental de una controversia entre
particulares es directamente proporcional al grado de asimetría de los sujetos
involucrados y a la importancia constitucional de los bienes, derechos,
pretensiones, expectativas o intereses que se encuentran en juego en la
relación de la que se trate”. Se recuerda que los ciudadanos cuando acuden al
servicio brindado por las entidades aseguradoras, otorgan un voto de confianza
consistente en que “(…) la aseguradora asuma su responsabilidad cuando ocurra
el siniestro. Por ello, las razones por las cuales las entidades aseguradoras
deciden no pagar las pólizas de seguro, deben contar con suficiente fundamento
jurídico especialmente en aquellos eventos en que el pago de la póliza incida
en el ejercicio y goce de los derechos fundamentales”.
ACCION DE TUTELA FRENTE A CONTRATO DE SEGUROS-Subreglas
para determinar en qué eventos el juez de tutela adquiere competencia para
pronunciarse sobre relaciones contractuales en circunstancias que pueden
afectar los derechos fundamentales del asegurado
PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Sujetos de especial protección por parte del Estado y de
la sociedad
DERECHO AL MINIMO VITAL-Fundamental dada su estrecha relación con la dignidad
humana y con la garantía al trabajo, a la seguridad social y a la vida digna/MINIMO VITAL DE SUBSISTENCIA-Concepto no es meramente cuantitativo sino también
cualitativo
ENTIDAD ASEGURADORA-Deber de solidaridad frente a las personas en estado de
vulneración o indefensión
La jurisprudencia constitucional ha establecido
que frente a las personas en estado de vulneración o indefensión existe un
deber constitucional en cabeza de entidades financieras y bursátiles, que les
impone la necesidad de ser solidarios y considerar la condición apremiante que
puede estar afrontando el tomador, pues su desatención podría generar una
afectación a los derechos fundamentales de la persona y provocar el
acaecimiento de un perjuicio irremediable.
PERJUICIO IRREMEDIABLE-Características
CONTRATO DE SEGUROS-Reiteración de jurisprudencia
CONTRATO DE SEGUROS-Naturaleza/CONTRATO DE SEGUROS-Definición de la Corte Suprema de
Justicia
El contrato de seguros es de naturaleza privada,
depende de la voluntad de las partes. Su finalidad, reside en el mayor grado de
prevención posible frente a daños a su integridad física, salud, patrimonio,
bienes y demás factores que afectan su existencia. Este, se rige por los
parámetros constitucionales anteriormente mencionados, especialmente, artículos
333 y 335 Superiores y, legalmente, su marco jurídico base se encuentra en
el Título V del Libro IV del Código de Comercio. La Corte Suprema de Justicia
lo ha definido como aquel en virtud del cual “una
persona -el asegurador- se obliga a cambio de una prestación pecuniaria cierta
que se denomina “prima”, dentro de los límites pactados y ante la ocurrencia de
un acontecimiento incierto cuyo riesgo ha sido objeto de cobertura, (denominada
siniestro) a indemnizar al “asegurado” los daños sufridos o, dado el caso, a
satisfacer un capital o una renta”.
CONTRATO DE SEGUROS-Características
El contrato de seguro es consensual,
bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva: a. Consensual: se
perfecciona y nace a la vida jurídica solo con el consentimiento de las partes.
Es decir, desde que se realiza el acuerdo de voluntades entre el asegurador y
el tomador. b.
Bilateral: la obligación contraída
es recíproca. El tomador se compromete a pagar la prima y, en contraste, el
asegurador debe asumir el riesgo y, en caso de ocurrir el siniestro, pagar la
indemnización.
c. Oneroso:
el tomador se encuentra a cargo del gravamen consistente en el pago de la
prima. La entidad aseguradora debe pagar la indemnización en caso de ocurrir el
siniestro y conforme con las particularidades del contrato realizado. d.
Aleatorio: la
obligación de las partes, asegurador y asegurado, está sujeta a la eventual
ocurrencia del siniestro. e. Ejecución sucesiva: las obligaciones
contraídas no implican actuaciones instantáneas, se desenvuelven continuamente
hasta que culminan.
CONTRATO DE SEGUROS-Elementos
esenciales
El
contrato de seguros se compone de cuatro “elementos esenciales”, en ausencia de cualquiera de los cuales no produce efecto
alguno: (i) el interés asegurable, (ii) el riesgo asegurable; (iii) la prima o
precio del seguro; y (iv) la obligación condicional del asegurador.
CONTRATO DE SEGUROS-Prescripción de las
acciones
La prescripción
de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones
que lo rigen pueden ser ordinarias o extraordinarias. La primera, “será de dos años y empezará a
correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener
conocimiento del hecho que da base a la acción”. La segunda, es de “cinco años, correrá contra
toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el
respectivo derecho”.
PRINCIPIO DE LA BUENA
FE EN CONTRATO DE SEGUROS
El
contrato de seguros es un contrato uberrimae fidae, es decir, la eficacia de sus efectos
depende del acatamiento a la buena fe. En virtud de ello, este principio se lo
ha relacionado con al menos dos preceptos jurisprudencialmente: (i) la
integración leal y honesta del clausulado contractual; y (ii) la obligación del
tomador o asegurado de declarar con sinceridad los hechos y circunstancias que
determinan el estado del riesgo.
CONTRATO DE SEGUROS-Prohibición de cláusulas abusivas
RETICENCIA O INEXACTITUD EN EL CONTRATO DE SEGURO
PREEXISTENCIA EN EL CONTRATO DE SEGURO-Concepto
FECHA DE ESTRUCTURACION DE LA INVALIDEZ EN EL
ORDENAMIENTO JURIDICO COLOMBIANO
ACCION DE TUTELA FRENTE A CONTRATO DE SEGUROS-Orden a compañía aseguradora hacer efectiva la
póliza de seguro adquirida por el accionante
ACCION DE TUTELA FRENTE A CONTRATO DE SEGUROS-Improcedencia por cuanto accionante no cumple con
uno de los requisitos pactados en el contrato de seguros, esto es, la edad
máxima para ingresar al mismo
Referencia: Expedientes T-6.017.645,
T-6.021.578, T-6.059.890 y T-6.063.467 (Acumulados)
Demandantes: Eliana Rocha González y
otros, Edward Hernando Lancheros Velásquez, Andrés Felipe Cifuentes Echeverri y
Ernesto Sánchez
Demandados: Aseguradora Solidaria de Colombia
Ltda, Seguros Generales Suramericana S.A. (Sura), BBVA Seguros y Equidad
Seguros O.C.
Magistrado Sustanciador:
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil
diecisiete (2017)
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo, quien la preside,
Gloria Stella Ortiz Delgado y José Fernando Reyes Cuartas, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En la revisión de las sentencias proferidas por (i) el
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Huila, el 20 de septiembre de 2016,
mediante la cual confirmó la sentencia dictada por el Juzgado Sexto Civil
Municipal de Neiva (Huila), del 5 de agosto de 2016 (T-6.017.645); (ii) el
Juzgado Segundo Civil Oral del Circuito de Bogotá, proferida el 3 de febrero de
2017, que confirmó la providencia proferida por el Juzgado Cincuenta y Tres
Civil Municipal de Bogotá, el 21 de noviembre de 2016 (T-6.021.578); (iii) el
Juzgado Tercero de Ejecución Civil del Circuito de Medellín, proferida el 21 de
junio de 2016, que confirmó la decisión del Juzgado Sexto de Ejecución Civil
Municipal de Medellín, dictada el 13 de mayo de 2016 (T-6.059.890); y (iv) el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagué (Tolima), dictada el 22 de
noviembre de 2016, que confirmó la sentencia del Juzgado Once Civil Municipal
de Ibagué (Tolima), dictada el 11 de octubre de 2016 (T-6.063.467).
Los mencionados expedientes fueron escogidos para revisión por
la Sala de Selección Número 3, mediante Autos del 16 y 30 de marzo de 2017 y,
por presentar unidad en la materia, se acumularon para ser decididos en una
misma sentencia.
I. ANTECEDENTES
Advertencia preliminar. La Sala Cuarta de Revisión, por medio de Auto del 30 de
junio de 2017, ordenó la suspensión de los términos del presente asunto
en aplicación del artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015, “por medio del cual se
unifica y actualiza el Reglamento de la Corte Constitucional”,  debido a la
ausencia del acervo probatorio requerido a las partes y no allegado en término.
1.     Expediente T-6.017.645.
1.1.
Solicitud
Las accionantes Eliana
y Milena Rocha González y Leydi Dayana Rocha Ortiz, esta última de 17 años, presentaron
acción de tutela contra la Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda Entidad
Cooperativa, por considerar que vulneró sus derechos fundamentales al mínimo
vital y a la dignidad humana por no hacer efectiva la Póliza Seguro de Vida
Grupo Deudores No. 994000000005, cuyo tomador y beneficiario fue la Cooperativa
de Ahorro y Crédito San Miguel (Coofisam) y cuyo asegurado fue su padre, el
señor Reinaldo Rocha Chacón, bajo el argumento de que este incurrió en
reticencia al suscribir el contrato.
1.2. Hechos
1.2.1. Las accionantes
manifiestan que el señor Reinaldo Rocha Chacón, su padre, adquirió con la
Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel, en adelante Coofisam, un crédito
hipotecario por $25.000.000, el cual fue aprobado el 4 de junio de 2015. Para
respaldar la deuda, este contrató con la Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda
la Póliza Seguro de Vida Grupo Deudores No. 994000000005, con vigencia desde el
1º de marzo de 2016 y el 1 de marzo de 2017. El crédito hipotecario se realizó
sobre el inmueble Lote 5 Manzana 10, ubicado en la Calle 27 No. 13 – 27, Barrio
Alfonso López, Campoalegre (Huila), conforme consta en la matrícula
inmobiliaria No. 200-64851.
El señor Reinaldo Rocha
Chacón falleció el 30 de marzo de 2016, por lo cual, mediante Escritura Pública
No. 274 del 10 de mayo de 2016 realizada ante la Notaria Única del Circulo de
Campoalegre (Huila), se liquidó su sucesión. En esta se adjudicó el bien
inmueble antes descrito a las accionantes.
1.2.2. En virtud del
fallecimiento del asegurado, Coofisam solicitó a la Aseguradora Solidaria de
Colombia Ltda hacer efectiva la póliza mencionada. Pretensión despachada
desfavorablemente mediante oficios del 26 de mayo y 8 de julio de 2016,  bajo
el argumento de que el señor Reinaldo Rocha Chacón, al suscribir la póliza, omitió declarar que desde el 2007 fue
diagnosticado con hipertensión arterial y solo informó que padecía diabetes
mellitus, situación que, en su criterio, afectó la eficacia del contrato de
seguro por impedir la evaluación real del riesgo y la eventual decisión de
haberse inhibido de realizar el contrato o suscribirlo bajo otras condiciones.
Debido a esta situación,
Coofisam informó a las accionantes que debían “seguir realizando el pago de
las cuotas pactadas”[1], se
intentó realizar un acuerdo de pago y, ante el fracaso de este, el 29 de
noviembre de 2016 esta empresa inició un proceso ejecutivo contra las
accionantes, en el cual se libró la orden de embargo y secuestro, el 13 de
enero de 2017[2].
1.2.3. Las accionantes
alegan que era deber de la accionada estudiar el riesgo antes de celebrar el
contrato, en desarrollo de lo cual debían investigar el estado de salud de su padre. Adicionalmente, esta tuvo que haber
demostrado la supuesta mala fe del asegurado, sin embargo, al contrario de
ello, lo que se evidenció es que su padre incluso informó que padecía diabetes
mellitus, enfermedad que en su concepto es de mayor gravedad y demuestra
que este no tenía intenciones de ocultar su diagnóstico.
Seguidamente, señalaron que
carecen de capacidad económica para asumir el pago de la deuda. Particularmente, (i) Eliana Rocha González manifestó que no cuenta
con un trabajo, es madre cabeza de familia, tiene dos hijos de 17 y 10 años de
edad y una nieta de 4 meses, quienes dependen económicamente de ella; (ii)
Milena Rocha González informó que está a cargo de su hijo quien tiene 13 años
de edad y fue diagnosticado con Leucemia Linfoblastica Aguda desde hace 4 años,
cuyo cuidado le impide acceder a un trabajo; y (iii) Leydi Rocha Ortiz tiene 17
años, está estudiando y depende económicamente de la señora Leyda Ortiz, su
madre, quien es cabeza de familia y carece de recursos económicos.
Aunado a ello, pusieron de
presente respecto del inmueble hipotecado que una de ellas, Eliana Rocha Chacón,
vive en la casa de habitación y en el lote las tres hermanas tienen un cultivo
de arroz del cual, cada una, obtiene $340.000 mensuales para su sostenimiento,
no tienen ingresos adicionales y se encuentran afiliadas al régimen subsidiado
de seguridad social.
1.3. Pretensiones
Las accionantes solicitan
que se ampare su derecho fundamental al mínimo vital y a la dignidad humana y,
en consecuencia, se ordene a la Aseguradora Solidaria de Colombia efectuar el
trámite necesario para hacer efectiva la Póliza Seguro de Vida en Grupo
Deudores No. 994000000005 y, con ello, se cubra el saldo insoluto de la
obligación adquirida por el señor Reinaldo Rocha Chacón con Coofisam.
1.4. Pruebas relevantes
En el expediente T-6.017.645 reposan las siguientes
pruebas:
-
Copia del registro civil de defunción de Reinaldo Rocha Chacón,
indicativo serial 9030809 del 4 de abril de 2016. Fallecimiento, 30 de marzo de
2016 (Cuaderno 2, folio 8).
-
Copia de los registros civiles de nacimiento de Eliana Rocha
González, Milena Rocha Gonzales y Leydi Dayana Rocha Ortiz (Cuaderno 2, folio 9
al 11).
-
Copia de Póliza Seguro de Vida en Grupo Deudores expedida por la
Aeguradora Solidaria de Colombia. Número 560 - 16 - 994000000005. Con vigencia
desde el 1º de marzo de 2016 hasta el 1º de marzo de 2017; tomador “Coofisam”;
asegurado: “deudores”; beneficiario “Coofisam” (Cuaderno 2,
folios 414 al 425).
-
Copia de oficios de fecha 26 de mayo y 8 de julio de 2016, a
través de los cuales la Aseguradora Solidaria de Colombia informó a Coofisam que
no es posible hacer efectiva la Póliza (folios 4 al 7, Cuaderno 2).
-
Copia de oficio del 2 de junio de 2016 enviado por Coofisam a
Leyda Ortiz como representante de Leydi Dayana Rocha Ortiz, informando que debe
continuar realizando el pago de la deuda adquirida por el señor Reinaldo Rocha
Chacón (Cuaderno 2, folio 3).
1.5. Trámite procesal y contestación a la demanda de
tutela
La acción de tutela correspondió por
reparto al Juzgado Sexto Civil
Municipal de Neiva (Huila), el cual resolvió,
mediante Auto del 22 de julio de 2016, admitirla y correr traslado a la Aseguradora
Solidaria de Colombia y vincular a Coofisam, para
que ejerzan su derecho de defensa y contradicción.
1.5.1. Coofisam, por medio de oficio del 27 de julio de 2016, solicitó
negar las pretensiones. Explicó que mediante el formulario para la solicitud de
la póliza se le preguntó al asegurado si padecía o era tratado por alguna
enfermedad o incapacidad, entre las opciones estaba la “presión arterial”,
que puede ser alta (hipertensión) o baja (hipotensión). Sin embargo, el señor
Reinaldo Rocha Chacón omitió advertir sobre ese padecimiento. Aunado a ello, en
el formulario se cuestionó acerca de si “ha padecido, padece o es tratado
actualmente de alguna enfermedad diferente”, a lo cual respondió
negativamente. A su juicio, este comportamiento da lugar a la reticencia y, a
su vez, a la nulidad relativa del seguro. En cualquier caso, señaló que no es
de su competencia determinar si el asegurado padecía alguna enfermedad al
adquirir la póliza. Ello le competía a la Aseguradora Solidaria de Colombia.
1.5.2. La Aseguradora
Solidaria de Colombia, por medio de oficio radicado extemporáneamente, el
29 de julio de 2017, dio respuesta a la acción de tutela solicitando negar el
amparo. Adujo que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, pues existen
otros medios ordinarios de defensa judicial e, incluso, prejudiciales, como la
conciliación. Aunado a ello, no se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable, pues no se encuentra demostrada la afectación al mínimo vital y
la dignidad humana de las accionantes. En todo caso, sostuvo, el señor Reinaldo
Rocha Chacón, al contratar la Póliza Seguro de vida en Grupo Deudores, declaró
que padecía diabetes mellitus pero omitió informar que padecía también
hipertensión arterial desde el 2007. Elementos fácticos que dieron lugar a la
reticencia, de acuerdo con los artículos 1039 y 1058 del Código de Comercio.
1.6. DECISIONES JUDICIALES
1.6.1. Primera instancia
El Juzgado Sexto Civil Municipal de Neiva (Huila), mediante
sentencia del 5 de agosto de 2016, negó el amparo deprecado, sin embargo, fundamentó
su fallo en la improcedencia de la acción de tutela, pues las demandantes
reclaman el pago de la póliza que garantizaba el pago del crédito hipotecario
que Reinaldo Rocha Chacón adquirió con Coofisam, situación que, en su criterio,
debe resolverse ante la jurisdicción ordinaria. Y, en todo caso, esta empresa
ofreció como alternativa para suplir la obligación la realización de un acuerdo
de pago.
1.6.2. Impugnación
Inconformes con la decisión las accionantes impugnaron el
fallo. Adujeron que su padre actuó de buena fe al diligenciar el formulario
para solicitar la póliza, de lo que da cuenta haber manifestado que padecía
diabetes mellitus, enfermedad más grave que la hipertensión arterial.
Igualmente, señalaron que en el formulario facilitado por la aseguradora, la
casilla hipertensión arterial no se encontraba y la Aseguradora no podía
exigirle a su padre conocimientos técnicos para diligenciar el formulario. En
todo caso, reiteran, la aseguradora es la que debía pedir los exámenes médicos
correspondientes y, de insistir en el no pago de la póliza alegando reticencia,
debe demostrar la mala fe.
1.6.3. Segunda instancia
El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva, a través de
fallo del 20 de septiembre de 2016, confirmó la decisión del fallo de primera
instancia. Señaló que la tutela es improcedente debido a que las accionantes
cuentan con otros medios de defensa judicial y, en todo caso, conforme con los
elementos fácticos, estas acuden al mecanismo de amparo para evitar el cobro
coactivo, el cual aún no se ha ejecutado y, por consiguiente, el juez
constitucional no es competente para pronunciarse sobre elementos fácticos que
aún no han ocurrido.
1.7. TRÁMITE EN SEDE
DE REVISIÓN DE TUTELA
1.7.1. Una vez seleccionado el proceso de la referencia y puesto a
disposición de esta Sala de Revisión, el suscrito Magistrado Sustanciador,
mediante Autos del 16 de mayo y 9 de junio de 2017, en procura de aclarar los
elementos fácticos que motivaron la tutela y lograr un mejor proveer, solicitó diferentes
elementos probatorios a las partes.
1.7.1.1. Coofisam, a
través de su Gerente General, presentó escrito en esta Corporación el 7 de
junio de 2017, en el cual señaló que a la fecha, la deuda adquirida por
Reinaldo Rocha Chacón con esa entidad, presenta un saldo de capital de
$22.891.974. Seguidamente, advirtió que se intentó realizar un acuerdo de pago
con las accionantes el cual fracaso y, como consecuencia de ello, inició un
proceso ejecutivo el 29 de noviembre de 2016 ante el Juzgado Segundo Promiscuo
de Campoalegre (Huila). Como sustento adjuntó:
-
Copia de oficio expedido por Coofisam del 7 de junio de 2017,
denominado “estado del crédito”, en el que se relaciona el saldo de capital
($22.891.974.oo).
-
Constancia de trámite desarrollado por Coofisam para el acuerdo de
pago con las accionantes.
1.7.1.2. La Aseguradora
Solidaria de Colombia, a través de su representante legal, por medio de
oficio radicado en la Secretaría General de esta Corporación el 21 de junio de
2017, reiteró lo manifestado ante los jueces de instancia.
1.7.1.3. Las accionantes, Eliana y Milena Rocha González
y Leydi Dayana Rocha Ortiz, por medio de oficio enviado a esta Corporación
el 1º de junio de 2017, pusieron en conocimiento que Coofisam, al no haber
logrado el cobro de la póliza de vida grupo deudores No. 994000000005,
contratada con la Aseguradora Solidaria de Colombia, inició un proceso
ejecutivo en su contra, en procura de obtener el pago del crédito adquirido por
su padre con esa empresa. Como prueba de ello, adjuntaron copia de la demanda
contra ella presentada, el auto admisorio del 13 de enero de 2017 proferido por
el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Campoalegre (Huila), en el cual se
admitió la demanda, se libró mandamiento de pago y se decretó el embargo y
secuestro sobre el “Lote 5 Manzana 10, ubicado en la Calle 27 No. 13 – 27,
Barrio Alfonso López, Campoalegre (Huila), con extensión superficiaria de
144.04 M2, con casa de habitación”.
En este inmueble reside Eliana Rocha González, una de las
accionantes, y ahí tienen un cultivo de arroz, dejado como herencia por su
padre, del cual obtienen, cada una, $340.000.oo mensuales para suplir sus
necesidades básicas.
En virtud de ello, por medio de Auto del 17 de julio de
2017, esta Sala, a pesar de que aún no se había decidido el asunto en
comento, en ejercicio de las facultades oficiosas reguladas en el artículo 7º
del Decreto 2591 de 1991[3], consideró necesario ordenar la
suspensión del proceso ejecutivo adelantado contra las accionantes, en virtud
de los principios de economía y celeridad procesal y de la protección efectiva
de los derechos fundamentales que, eventualmente, les asiste a las demandantes.
Bajo esos considerandos se dictó la siguiente orden:
“PRIMERO. ORDENAR como medida provisional,
por conducto de la Secretaría General de esta Corporación, al Juzgado Segundo
Promiscuo Municipal de Campoalegre (Huila), que suspenda el proceso ejecutivo
radicado bajo el número 2016-00411-00 adelantado por la Cooperativa de Ahorro y
Crédito San Miguel (Coofisam), contra Eliana Rocha González, Milena Rocha
González y Leydi Dayana Rocha Ortiz. Lo anterior, hasta tanto esta Sala de
Revisión se pronuncie sobre la acción de tutela radicada bajo el número de
expediente T-6.017.645” (…).
Aunado a lo anterior, las
accionantes allegaron al presente proceso constitucional las siguientes
pruebas:
-
Historia clínica de Reinaldo Rocha Chacón, emitida por la IPS
Campoalegre, la cual comprende el diagnóstico desde el 24 de mayo de 2007,
hasta el 1º de febrero de 2016, el cual se mantuvo constante en relacionar como
“diagnóstico principal” diabetes mellitus y como “diagnóstico
secundario” hipertensión esencial (primaria) (Cuaderno 2, folio 77, CD
adjunto).
-
Declaraciones juramentadas presentadas  el 31 de mayo de 2017 ante
la Notaría Única de Campoalegre (Huila), por las dos primeras y por Leyda
Ortiz, madre de Leydi Rocha Ortiz,  manifestando respecto de su situación
socioeconómica que su sustento depende de un cultivo de arroz realizado en una
parcela de 7 hectáreas dejada por el señor Reinaldo Rocha Chacón, de la que
obtienen una cosecha que les permite acceder a un ingreso mensual de $340.000,
con el cual cubren los gastos de educación, alimentación, transporte, entre
otros. Individualmente: (i) Eliana Rocha González manifestó que carece de
trabajo, es madre cabeza de familia, tiene dos hijos de 17 y 10 años de edad y
una nieta de 4 meses, quienes dependen económicamente de ella y vive en la casa
de habitación hipotecada por Coofisam; (ii) Milena Rocha González informó que
carece de recursos económicos y se encuentra a cargo de su hijo, quien tiene 13
años de edad y fue diagnosticado con Leucemia Linfoblastica Aguda desde hace 4
años, y cuyo cuidado le impide acceder a un trabajo; y (iii) Leyda Ortiz, madre
de la menor de edad Leydi Dayana Rocha Ortiz, puso en conocimiento que es madre
cabeza de familia, soltera, carece de recursos económicos y se encuentra a cargo
de ella (Cuaderno 2, folios 32 al 37).
-
Certificado de afiliación al régimen subsidiado de seguridad
social de cada una (Cuaderno 2, folios 38 al 40).
-
Copia de demanda presentada en su contra por Coofisam el 29 de
noviembre de 2016 ante el Juzgado Segundo Promiscuo de Campoalegre (Huila);
orden de embargo y mandamiento de pago librado por el mismo el 13 de enero de
2017 y auto del 27 de abril de 2017(Cuaderno 2, folios 45 a 53).
2. EXPEDIENTE T-6.021.578
2.1. Solicitud
El accionante, Edward Hernando Lancheros Velásquez, a
través de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra Seguros
Generales Suramericana S.A. (SURA), con el fin de que fuera protegido su
derecho fundamental al mínimo vital y dignidad humana, que consideró vulnerado
por la mencionada empresa cuando no hizo efectiva la Póliza “mercado seguro”,
alegando la reticencia del actor.
2.2 Hechos
2.2.1. El demandante manifestó que, el 29 de abril de 2016,
adquirió la “póliza mercado seguro Tuya Renovación Ban 025639743” con la
empresa Seguros Generales Suramericana S.A. (SURA). En la cual se contrató el
amparo ante el riesgo de invalidez causado durante la vigencia del contrato[4],
consistente en el pago de 24 cuotas mensuales de $400.000.
2.2.2. Explicó que fue capitán del Ejército Nacional, cuya
Dirección de Sanidad lo calificó, mediante Acta No. 59944 del 2 de mayo de
2013, con 17% de pérdida de capacidad laboral con diagnóstico apnea del
sueño, oportunidad en la cual se ordenó su reubicación laboral. Sin
embargo, posteriormente, fue sometido a una nueva calificación, ocasión en la
cual esa misma entidad, mediante Acta No. 87468 del 9 de junio de 2016,
determinó que el actor padecía 58.28%, de pérdida de capacidad laboral debido
al siguiente diagnóstico:
“1.Exposición crónica al ruido que deja como
secuela: a) hipoacusia neurosensorial bilateral de 50DB de oído derecho y 60DB
de oído izquierdo, bilateral de 55 DB; b) Tinitus Bilateral 2. Vértigo 3.
Tunel del Carpo miembro superior derecho. 4. Tunel del Carpo miembro
superior izquierdo.  5. Discopatia L4-L5. Que deja como secuela dolor
lumbar 6. Condromalacia Patlofemoral Bilateral Asociado a Lesión
Meniscal de la rodilla derecha que deja como secuela gonalgia bilateral”.
En total, sumadas las dos calificaciones mencionadas, se
encuentra calificado con 75.28% de pérdida de capacidad laboral.
2.2.3. Debido a la calificación de la pérdida de capacidad
laboral realizada el 9 de junio de 2016, el demandante, mediante oficio del 23
de junio y 31 de agosto siguientes, solicitó a SURA hacer efectiva la póliza “mercado
seguro”, con base en esta nueva calificación. Al efecto, adujo que al
suscribir el contrato de seguro no tenía conocimiento de los exámenes que iban
a practicarse, los cuales condujeron a dicha calificación. Conforme explicó,
estos fueron realizados en las siguientes fechas:
“Potenciales auditivos evocados, el 2 de mayo de 2016,
con el cual fue diagnosticado con hipoacusia neurosensorial bilateral. Examen
de Otorrinolaringología realizado el 31 de mayo de 2016, que condujo a
determinar que padecía Tinnitus bilateral (vértigo). La electromiografía de
miembros superiores realizada el 26 de mayo de 2016 condujo a determinar que
padece síndrome del Tunel del Carpo bilateral. Examen de ortopedia realizado el
9 de junio de 2016, mediante el cual fueron examinadas sus rodillas y la
columna”.
2.2.4. Sin embargo, SURA despachó desfavorablemente las dos
solicitudes presentadas, mediante oficios del 29 de agosto y del 12 de octubre
de 2016, argumentando que el actor contaba con una Junta Médica previa,
realizada por la Dirección de Sanidad del Ejército, mediante el Acta No. 59944
del 2 de mayo de 2013 y, adicionalmente, la pérdida de capacidad laboral del
demandante calificada mediante el Acta No. 87468 del 9 de junio de 2016,
obedeció a  padecimientos que este tenía antes de contratar la póliza.
2.2.5. Inconforme con la respuesta, el demandante presentó
acción de tutela alegando el actuar arbitrario de la empresa accionada, que
tenía efectos directos en su derecho fundamental al mínimo vital y a la
dignidad humana, debido a que es un sujeto de especial protección
constitucional, calificado con 75,28% de pérdida de capacidad laboral.
Igualmente, puso de presente que fue retirado del Ejército Nacional y no le ha
sido posible reubicarse laboralmente debido a sus padecimientos, lo anterior, a
pesar de que se encuentra a cargo del sustento económico de su familia
compuesta por una menor de edad de 9 años y su esposa, quien tampoco se
encuentra vinculada laboralmente y padece síndrome bipolar afectivo.
2.3. Pretensiones
El accionante solicita que
le sea amparado su derecho fundamental al mínimo vital y a la dignidad humana
y, en consecuencia, se ordene a Seguros Generales Suramericana S.A. (SURA)
adelantar el trámite necesario para hacer efectiva la  “Póliza Seguro de
Vida Mercado Seguro Tuya” BAN 025639743, adquirida por él el 29 de
abril de 2016.
2.4. Pruebas relevantes
En el expediente T-6.021.578 reposan las siguientes
pruebas:
-
Copia de la “Póliza
Seguro de Vida Mercado Seguro Tuya” BAN 025639743 adquirida con Seguros de
Vida Suramericana S.A. (Cuaderno 2, folios 3 al 5).
-
Copia de Acta de Junta
Médica Laboral No. 87468 del 9 de junio de 2016, dictada por la Dirección de
Sanidad del Ejército Nacional, mediante la cual el accionante fue calificado
con pérdida de capacidad laboral de 58.28%, que sumado a lo determinado en el
Acta de Junta Médica Laboral No. 59944 del 2 de mayo de 2013, en la cual fue
calificado con 17% de pérdida de capacidad laboral, conllevó a que en total
ascienda a 75.28% (Cuaderno 2 folios 10 y 11).
-
Copia de Acta de Junta
Médica Laboral No. 59944 del 2 de mayo de 2013, registrada en la Dirección de
Sanidad del Ejercito, mediante la cual se calificó al actor con pérdida de
capacidad laboral del 17% con diagnóstico de “apnea del sueño” [5] (Cuaderno
1, folios 163 y 165).
-
Copia de solicitud
presentada por el accionante a SURA el 31 de agosto de 2016, en la cual
solicitó la reconsideración respecto al reconocimiento del pago de la póliza
(Cuaderno 2, folio 13 al 17).
-
Copia de oficios enviados el
29 de agosto y 12 de octubre de 2016 por SURA al accionante señalando que no es
posible hacer efectiva la “Póliza Seguro de Vida Mercado Seguro Tuya”
BAN 025639743 (Cuaderno 2, folios 12, 18 y 19).
-
Copia de examen médico
Pontenciales Evocados Auditivos de Tallo cerebral realizado al demandante del 2
de mayo de 2016 (Cuaderno 2, folio 6 al 8).
-
Copia de examen de otorrino
realizado al demandante el 31 de mayo de 2016 (Cuaderno 2, folio 9).
2.5. Trámite procesal y contestación a la demanda de
tutela
La acción de tutela correspondió por
reparto al Juzgado Cincuenta y Tres
Civil Municipal de Bogotá, el cual resolvió,
mediante Auto del 4 de noviembre de 2016, admitirla y correr traslado a Seguros
Generales Suramericana S.A. (SURA) y vincular a Seguros de Vida Éxito,
Audiocom IPS, Dirección de Sanidad de la Fuerzas Militares de Colombia del
Ejército Nacional y a la Junta Médica Laboral de las Fuerzas Militares del
Ejército Nacional, para que se pronuncien acerca de los hechos de la demanda.
2.5.1. Seguros de Vida Suramericana S.A. SURAMERICANA, por medio de escrito presentado el 9 de
noviembre de 2016, a través de su representante legal dio respuesta a la acción
de tutela, solicitando que sea declarada improcedente, en atención a su
naturaleza subsidiaria y la existencia de otros medios de defensa judicial.
Seguidamente, aceptó que su representada prescindió del “examen médico”
respecto al accionante antes de suscribir el contrato de seguro. Sin embargo,
señaló que él incurrió en reticencia por no haber declarado sinceramente su
estado de salud. Igualmente, indicó que según la historia clínica del
demandante y su examen de pérdida de capacidad laboral, gran parte de los
diagnósticos por los cuales fue declarado su estado de invalidez se presentaron
antes de contratar la póliza.
2.5.2. Almacenes Éxito S.A., por medio de oficio del 15 de noviembre de 2016, advirtió
que carece de legitimación en la causa por pasiva debido a que sus funciones no
corresponden a las de la compañía aseguradora, responsable de la póliza sobre
la cual recae la disputa. Igualmente, aclaró que no es esta empresa Almacenes
Éxito S.A, la entidad con quien el accionante tiene una relación contractual
crediticia, sino la empresa TUYA S.A., empresa responsable de la tarjeta de
crédito del actor respaldada con el contrato de seguro en comento.
2.5.3. La Dirección de Sanidad del Ejercito Nacional,
Comando General de las Fuerzas Militares del Ministerio de Defensa Nacional, por medio de escrito presentado
extemporáneamente, el 22 de noviembre de 2016, solicitó su desvinculación del
proceso por no estar legitimada en la causa por pasiva y advirtió que la Junta
Médico Laboral de Retiro se realizó acatando todos los trámites legales
pertinentes.
2.6. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
2.6.1. Primera
instancia
Mediante sentencia del 21 de
noviembre de 2016, el Juzgado Cincuenta y Tres Civil Municipal de Bogotá negó
el amparo deprecado, sustentando esta decisión en las causales de improcedencia
de la acción de tutela, debido a que no se cumple con el requisito de
subsidiariedad, por cuanto se trata de una controversia de carácter
contractual, cuya definición debe tramitarse mediante otros medios de defensa
judicial y no se evidenció la existencia de un perjuicio irremediable.
Adicionalmente, el accionante no allegó los elementos probatorios conducentes a
demostrar la afectación de su mínimo vital.
2.6.2. Impugnación
Por medio de oficio radicado
en el juzgado de instancia el 2 de diciembre de 2016, el accionante impugnó el
fallo proferido, sin sustentar el recurso.
2.6.3. Segunda
Instancia
Por medio de fallo dictado
el 3 de febrero de 2017, el Juzgado Segundo Civil Oral del Circuito de Bogotá
confirmó la decisión del a quo, bajo los mismos argumentos expuestos por
este.
2.7. TRÁMITE EN SEDE
DE REVISIÓN DE TUTELA
Una vez seleccionado el
proceso de la referencia y puesto a disposición de esta Sala de Revisión, el
suscrito Magistrado Sustanciador, mediante Autos del 16 de mayo y 9 de junio de
2017, en procura de aclarar los elementos fácticos que motivaron la tutela y
lograr un mejor proveer, solicitó diferentes elementos probatorios a las
partes.
2.7.1. El accionante Edward Hernando Lancheros Velásquez, por medio
de oficio enviado a esta Corporación el 23 de mayo de 2017, manifestó
que fue desvinculado del Ejército Nacional sin que se le hubiere reconocido
asignación de retiro y, actualmente, carece de vinculación laboral, debido a
sus padecimientos, por lo cual su derecho fundamental al mínimo vital y el de
su familia se encuentra afectado.
Igualmente, señaló que está
afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud, por medio del régimen
subsidiado, en calidad de beneficiario de su esposa. En relación con su núcleo
familiar, señaló que se encuentra compuesto por su hija, quien tiene 9 años de
edad y cursa 4º de primaria, y su esposa, quien tampoco cuenta con un trabajo y
padece síndrome bipolar afectivo, el cual exige cubrir amplios costos por los
medicamentos no pos.
Finalmente, destacó que sus
gastos de alimentación, vestuario y salud corresponden a $700.000 y, aunado a
ello, cuenta con un préstamo con Bancolombia, por valor de $810.000, una
tarjeta de crédito con BBVA, correspondiente a $220.000 y la Tarjeta Éxito, por
valor de $280.000.
3. ANTECEDENTES DEL EXPEDIENTE T-6.059.890
3.1. Solicitud
La señora Adriana María Cifuentes Echeverry, en calidad de
agente oficiosa del señor Andrés
Felipe Cifuentes Echeverry, su hijo, presentó acción de tutela contra BBVA
Seguros, con el fin de que haga efectiva la póliza de seguro vida grupo No.
102162066535. Lo anterior por cuanto la entidad se niega a hacer efectivo el
contrato bajo el argumento de que este no se encontraba vigente al ocurrir el
siniestro y la pérdida de capacidad del agenciado es menor al 50%, esto, a
pesar de que la póliza estuvo vigente desde el 29 de enero de 2014 hasta el 29
de enero de 2015 y el accidente acaeció el 24 de agosto de 2014, generándole
una pérdida de capacidad laboral del 89,8%.
3.2. Hechos
3.2.1.
Conforme con la agente oficiosa, el señor Andrés Felipe Cifuentes Echeverry
adquirió la “póliza de seguro vida grupo No. 102162066535” con BBVA
Seguros, el 29 de enero de 2014, con vigencia a partir de esa fecha y hasta el
29 de enero de 2015, siendo el asegurado el mismo, la beneficiaria su cónyuge,
Vanesa Rivera Carmona, y el tomador Banco de las Microfinanzas Bancamía S.A.
Entre los amparos se fijó la “incapacidad total y permanente”[6]
y el valor asegurado de esta fueron $5.000.000. Conforme con el anexo del
contrato de seguro:
“Si durante la vigencia de la póliza a la cual accede,
el asegurado quedara incapacitado en forma total y permanente, la compañía
pagará la indemnización hasta por el monto del valor asegurado contratado para
este anexo y que consta en la caratula de la póliza y/o en sus condiciones
particulares. (…) Dicha incapacidad se considera siempre y cuando haya
persistido por un periodo continuo no inferior a ciento veinte (120) días
comunes y cuando la pérdida de capacidad laboral calificada en primera
instancia por el médico determinado por la aseguradora y en las demás
instancias por las juntas regional y nacional de calificación de invalidez, sea
superior al 50% y no haya sido provocada a sí mismo por el asegurado (…). Este
amparo se configura exclusivamente con la fecha de calificación de la
incapacidad, la cual se considera la fecha del siniestro (…)”.
3.2.2.
Según informó, en vigencia del contrato de seguro, el 24 de agosto de 2014, su
agenciado sufrió un accidente de tránsito, como consecuencia de lo cual fue
calificado con pérdida de capacidad laboral de 89,8%, por la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Antioquia, mediante dictamen del 2 de octubre de
2015, en el que se señaló como fecha de estructuración la misma del accidente.
El diagnóstico se puntualizó con base en la historia clínica y la valoración
por medicina legal en los siguientes términos:
“(…) paciente postrado en cama, totalmente dependiente,
no contacta con el examinador, movilidad nula, no controla esfínteres. Nota.
Tiene valoración por medicina legal el 09/04/2015, que señala en base a
historia clínica del HPTU, que el paciente presentó accidente de tránsito en
calidad de motociclista el 24/08/2014, indicando que sufrió trauma
encefalocraneano severo, con Glagow de 3/5, contusión parieto-occipital derecha
y trauma en región costal izquierda, que requirió manejo de cuidado crítico, se
menciona además que hizo meningitis estafilocócica, epilepsia y luxación de la
articulación del hombro”.
3.2.3. En
virtud de lo anterior, el tomador del contrato, Bancamia S.A., solicitó hacer
efectiva la “póliza de seguro vida grupo No. 102162066535”, contratada
con BBVA Seguros. Sin embargo, esta entidad objetó la reclamación mediante
oficio expedido el 20 de abril de 2015, en el que adujo que el accionante no
superaba el 50% de la pérdida de capacidad laboral a pesar de que hubiere
superado 120 días de incapacidad. Y, posteriormente, el 18 de marzo de 2016,
reiteró la objeción del reclamo bajo el argumento de que al producirse el
siniestro no se había contratado la póliza.
3.2.4. Inconforme
con lo anterior, la accionante presentó acción de tutela, en la cual señaló que
a la fecha de estructuración de la invalidez, la póliza contratada por su hijo
aún se encontraba vigente, motivo por el cual las objeciones al reclamo
presentadas por BBVA Seguros carecen de fundamento e implican la vulneración de
la dignidad humana del agenciado y contradice la prevalencia del derecho
material.
3.3. Pretensiones
La agente oficiosa solicita
que a su hijo Andrés Felipe Cifuentes Echeverry le sean protegidos sus derechos
fundamentales a la dignidad humana y al debido proceso y, por consiguiente,
solicita que se ordene a BBVA Seguros reconozca y pague la “póliza de seguro
vida grupo No. 102162066535”.
3.4. Pruebas
En el expediente T-6.059.890 existen las siguientes
pruebas:
-
Copia de la “póliza de
seguro vida grupo No. 102162066535”, con vigencia del 29 de enero de 2014
al 29 de enero de 2015, con Tomador Bancamia y asegurado Andrés Felipe
Cifuentes Echeverry (Cuaderno 2, folios 5 y 6)
-
Historia clínica de Andrés
Felipe Cifuentes Echeverry del 24 de agosto de 2016 expedida por el Hospital con
Alma Pablo Uribe Tobón (Cuaderno 2, folios 7 al 9).
-
Dictamen de pérdida de
capacidad laboral y determinación de invalidez de Andrés Felipe Cifuentes
Echeverry expedido el 2 de octubre de 2015 por la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Antioquia, en el cual se determinó como fecha de
estructuración el 24 de agosto de 2014 y pérdida de capacidad laboral del 89,8%
(Cuaderno 2, folios 11 al 13).
-
Copia de oficios enviados
por BBVA Seguros el 20 de abril de 2015 y el 18 de marzo de 2016 al Banco de
las Microfinanzas Bancamia S.A.  por medio del cual objetó la reclamación
(Cuaderno 2, folio 14 y 15).
3.5. Trámite procesal y contestación a la demanda de
tutela
La acción de tutela correspondió por
reparto al Juzgado Sexto de
Ejecución Civil Municipal, el cual resolvió,
mediante Auto del 3 de mayo de 2016, admitirla y correr traslado a BBVA
Seguros. Sin embargo, esta entidad guardó silencio.
3.6. DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN
3.6.1. Primera
instancia
Mediante sentencia del 13 de
mayo de 2016, el Juzgado Sexto de Ejecución Civil Municipal de Medellín negó el
amparo deprecado; sin embargo, para sustentar esta providencia, se fundamentó
en las causales de improcedencia de la acción de tutela, al considerar que al
agenciado le asisten otros medios de defensa judicial y, adicionalmente, no se
avizora la existencia de un perjuicio irremediable que permitiría resolver el
litigio en sede de tutela.
3.6.2. Impugnación
Por medio de escrito
presentado el 19 de mayo de 2016 en el juzgado de primera instancia, la agente
oficiosa del accionante impugnó el fallo, bajo el argumento de que se compone
de consideraciones inexactas, erróneas y no se ajusta a los elementos fácticos
que sustentaron la demanda ni a los derechos avocados, en detrimento de los
derechos fundamentales de Andrés Felipe Cifuentes Echeverry.
3.6.3. Segunda
instancia
A través de sentencia
dictada el 21 de junio de 2016 por el Juzgado Tercero de Ejecución Civil del
Circuito de Medellín, se confirmó el fallo de primera instancia al considerar
que la jurisdicción ordinaria es la vía idónea a través de la cual se debe
zanjar este asunto, habida cuenta que no existe un perjuicio irremediable que
justifique resolver el litigio por medio de la acción de amparo.
3.7. TRÁMITE EN SEDE
DE REVISIÓN DE TUTELA
Una vez seleccionado el
proceso de la referencia y puesto a disposición de esta Sala de Revisión, el
suscrito Magistrado Sustanciador, mediante Autos del 16 de mayo, 9 de junio de
2017 y 30 de junio de 2017, en procura de aclarar los elementos fácticos que
motivaron la tutela y lograr un mejor proveer, solicitó diferentes elementos
probatorios a las partes. Por medio del último auto en comento se ordenó,
además, la SUSPENSIÓN del proceso.
3.7.1. El Banco de las Microfinanzas
Bancamia S.A., por medio de oficios remitidos el 27 de junio y el 18 de
julio de 2017, puso en conocimiento que el agenciado, Andrés Felipe Cifuentes
Echeverry tenía dos pólizas contratadas con el Banco BBVA Seguros. La primera
se contrató para respaldar un crédito que aquel había contratado con esta
entidad bancaria, el cual ya fue cancelado. La segunda correspondió a un
contrato de seguros voluntario, cuyo reclamo fue objetado y, es esta última,
sobre la cual recae la acción de tutela.
3.7.2. BBVA Seguros,
mediante un documento enviado el 18 de julio de 2017, reiteró su objeción
respecto al reclamo de la póliza, fundamentándose en la ausencia de vigencia
del contrato de seguros al momento de proferirse el dictamen de pérdida de
capacidad laboral.
3.7.3. La señora Adriana
María Cifuentes Echeverry, agente oficiosa, por medio de oficio allegado el
1º de agosto de 2017, señaló que es una persona carente de recursos económicos,
de bienes muebles e inmuebles y sin vinculación laboral actual, esto último
debido a que carece de profesión y no se encuentra calificada para desarrollar
ningún oficio y, adicionalmente, se encuentra encargada del cuidado permanente
de su hijo a partir del accidente por éste sufrido, el cual lo dejó
cuadripléjico. Igualmente, señala que depende de la ayuda económica de su hijo
mayor y su hermano, quienes con esfuerzo le ayudan a cubrir sus necesidades
básicas, entre estas el arrendamiento, medicamentos, alimentos, servicios
públicos, transporte, entre otros costos que exigen el cuidado de su hijo, los
cuales suman alrededor de $2.620.000.
4. ANTECEDENTES DEL EXPEDIENTE T-6.063.467
4.1. La solicitud
El señor Ernesto Sánchez presentó acción de tutela en
nombre propio contra la empresa Equidad Seguros Organización Cooperativa, al
considerar que esta incurrió en la vulneración de sus derechos fundamentales al
mínimo vital y a la dignidad humana, debido a que no hizo efectiva la “póliza
de accidentes personales AA000407”, bajo el argumento de que al suscribir
el contrato no contaba con la edad límite para ello y, adicionalmente, el
siniestro alegado no está entre las coberturas de la póliza.
4.2. Hechos
4.2.1. El accionante tiene 75 años y, según manifiesta, a
lo largo de su vida se desempeñó como conductor de vehículos de servicio
público. Particularmente, entre el año 2012 y 2015 trabajó al servicio de la
señora Ana Genoveva Ortiz de Gutiérrez, como taxista, a través del vehículo
identificado con placas WTP 749, propiedad de la mencionada.
4.2.2. Señala que en cumplimiento de los Decretos 1047 de
2014[7]
y 1079 de 2015, que exigen asegurar al conductor del vehículo para la
prestación del servicio público de transporte, fue asegurado con la “póliza
de accidentes personales AA000407”, la cual estuvo vigente desde el 13 de
noviembre de 2014 hasta el 13 de noviembre de 2015; entre los amparos se señaló
“incapacidad total y permanente ocasionada en accidente de tránsito ocurrida
durante el ejercicio de su labor de conductor (…) y que al ser calificada (…)
sea igual o superior al 50%, en tal caso se reconocerá al asegurado la suma
estipulada en el cuadro de amparos descritos en la caratula de la póliza”.
Esto es, 33 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
4.2.3. El 6 de octubre de 2015, el accionante sufrió un
accidente de tránsito cuando conducía el vehículo en comento en ejercicio de
sus funciones. Y, como consecuencia del siniestro, el 26 de octubre de 2015 le
sobrevino un infarto cerebral. Acontecimientos que lo obligaron a retirarse del
mercado laboral. En virtud de lo anterior, el 17 de junio de 2016, la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Tolima lo calificó con 62.50% de
pérdida de capacidad laboral, con fecha de estructuración del 10 de junio de
2016. El diagnóstico fue el siguiente: 1. Esguinces y torcedura de la columna
vertebral; 2. Fibrilación y aleteo auricular; 3. Hiperlipidemia mixta; 4.
Secuelas de Infarto cerebral; y 5. Visión subnormal de un ojo.
4.2.4. En virtud de lo anterior, el demandante solicitó a
la Equidad Seguros O.C. hacer efectiva la póliza contratada, entidad que
despachó desfavorablemente la solicitud bajo dos argumentos, el primero,
consistente en que en las condiciones generales de la póliza[8]
se establece, en el numeral 6, que la edad máxima para contratar este seguro es
de 65 años, sin embargo, al adquirir la póliza, el tutelante, de acuerdo con su
cédula de ciudadanía, contaba con 72 años[9]. Y, el segundo, en el numeral 3,
literal B, de este mismo documento, se señala que la póliza se hace efectiva en
caso de incapacidad permanente basándose en la tabla de indemnizaciones
incorporada a esta póliza. Padecimientos que, en consideración de la entidad,
no corresponden al diagnóstico del demandante.
4.2.5. Inconforme con lo anterior, el accionante presentó
acción de tutela, pues en su criterio, los fundamentos en los que se basa la
entidad accionada para negar el amparo, no tienen sustento en el contrato de
seguro. Adicionalmente, resaltó que es una persona de 75 años de edad, quien
por la pérdida de capacidad laboral no puede desempeñarse como conductor de
vehículos, trabajo en el que se desempeñó a lo largo de su vida. En
consecuencia, actualmente, carece de ingresos económicos, situación que afecta
su mínimo vital y su dignidad humana.
4.3. Pretensiones
El accionante solicita que
le sean protegidos sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la dignidad
humana, presuntamente transgredidos por la Equidad Seguros S.A., al haber
objetado el pago de la “póliza de accidentes
personales AA000407” y, por consiguiente,
solicita ordenar el reconocimiento y pago de la indemnización pactada en la
misma.
4.4. Pruebas
En el expediente T-6.063.467 existen las siguientes
pruebas:
-
Copia del Dictamen de la
Junta Regional de Calificación de Invalidez del Tolima del 17 de junio de 2016,
en el que se determina el 62.50% de la pérdida de capacidad laboral del señor
Ernesto Sánchez, con fecha de estructuración 10 de junio de 2016 (Cuaderno 2,
folio 8 al 13).
-
Copia de la cédula de
ciudadanía de Ernesto Sánchez (Cuaderno 2, folio 28).
-
Copia de oficio enviado por
la Equidad Seguros O.C. al señor Ernesto Sánchez el 16 de septiembre de 2016,
por medio del cual ratifica la objeción del reclamo sobre la póliza (Cuaderno2,
folios 29 y 30).
-
Historia clínica No.
890707059 del señor Ernesto Sánchez, expedida por el Hospital San Francisco de
Ibagué E.S.E. en la cual se refiere, entre otros, la disminución de la agudeza
visual de ojo izquierdo (Cuaderno 2, folios 38 al 44).
-
Copia de oficio enviado por
Ernesto Sánchez a la Equidad Seguros S.A. el 16 de febrero de 2016 por medio
del cual pone en conocimiento el accidente acaecido el 6 de octubre de 2016 y
solicita el pago de la póliza (Cuaderno 2, folios 54 al 55).
-
Copia de la “póliza de
accidentes personales AA000407” (Cuaderno 2, folios 73 al 78).
4.5. Trámite procesal y contestación a la demanda de
tutela
La acción de tutela correspondió por
reparto al Juzgado Once Civil
Municipal, el cual resolvió, mediante Auto del 4
de octubre de 2016, admitirla, correr traslado a Equidad Seguros S.A. y
vincular a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Tolima.
4.5.1. Equidad Seguros O.C. presentó escrito de
contestación el 7 de octubre de 2016,  por medio del cual solicitó declarar
improcedente la acción de tutela bajo el argumento de que existen otros medio
de defensa judicial y, aunado a ello, se agregó la objeción al reconocimiento
que pretende el accionante.
Puso de presente que la señora Ana
Genoveva Ortiz de Gutiérrez, propietaria del vehículo y asegurada con la póliza AA000407 Ibagué, “en quien recae el
interés asegurable” y quien “autoriza a la persona que conducía el
vehículo” conocía las condiciones y requisitos del contrato. Reiteró que
los padecimientos del accionante, “esguinces y torceduras de la columna
cervical origen accidente SOAT, 2-Fibración y aleteo auricular enfermedad
común, 3. Hiperlipidemia mixta enfermedad común, 4. Secuelas de infarto
cerebral, 5. Visión Subnormal de un ojo”, no se avienen con los requisitos de
cobertura dado que no constituyen incapacidad permanente en términos de la
póliza de accidentes personales. Finalmente, señaló que de acuerdo con las
condiciones generales del contrato numeral 6, la edad máxima para contratar era
de 65 años y el accionante, al entrar en vigencia la póliza contaba con 72 años
de edad.
Entre los anexos allegó el contrato de seguro, en el cual
se lee[10]:
- Póliza AA000407, Tomador, Transportes Flota Cambulos
S.A., asegurado Ana Genoveva Ortiz de Gutiérrez, beneficiario Sandra Janneth
Rojas Sánchez.
- Descripción del riesgo: Ciudad: Ibagué, Departamento:
Tolima; Dirección Calle 28 A AD-06 Piso 2; Canal de venta: directo; Placa
Única: WTP-749.
- Coberturas y valor asegurado: Muerte accidental e
incapacidad permanente, valor asegurado, en ambos casos $33.0.
- “Los amparos anteriores tienen limitada su cobertura
al ejercicio de la labor del conductor, lo que significa que en el
evento de presentarse un siniestro, sería necesario la presentación del
croquis, tarjeta de operación del conductor, licencia de conducción, documentos
que acrediten la cotización al SGSSS, entre otros; de tal forma que se valide la
situación del vínculo laboral del conductor con el tomador” (Negrillas
fuera de texto).
4.6. DECISIÓN JUDICIAL QUE SE REVISA
4.6.1. Primera
instancia
Mediante sentencia del 11 de
octubre de 2016, el Juzgado Once Civil Municipal de Ibagué (Tolima) negó el
amparo deprecado, sin embargo, sustentó su fallo en la improcedencia de la
acción de tutela. Puntualmente, señaló que al accionante le asisten otros
medios ordinarios de defensa judicial para reclamar el amparo deprecado, los
cuales son idóneos para desatar la controversia planteada por el accionante.
Igualmente, destacó que el actor realizó la reclamación en tiempo para obtener
el pago de lo pretendido.
4.6.2. Impugnación
Por medio de escrito
presentado el 18 de octubre de 2016 en el juzgado de primera instancia el
accionante impugnó el fallo. Lo anterior, al considerar que se desconoció el
marco jurídico aplicable, en su consideración el Código de Trabajo y el Código
de Transporte. Aunado a ello, se descuidó su delicado estado de salud, como
consecuencia del cual padeció un infarto cerebral y fue calificado con pérdida
de capacidad laboral del 62.50%. Situación esta última que incluso dio lugar al
pago del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).
4.6.3. Segunda
instancia
A través de sentencia
dictada del 22 de noviembre de 2016 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito
de Ibagué (Tolima), se confirmó el fallo de primera instancia bajo los mismos
argumentos. Puntualmente, señaló que existen otros medios de defensa judicial y
no se demostró la existencia de un posible perjuicio irremediable. Lo anterior
por cuanto el contrato de seguro es un asunto que debe estudiarse por la
jurisdicción ordinaria, bajo el marco jurídico que impone el Código de
Comercio.
4.7. TRÁMITE EN SEDE
DE REVISIÓN DE TUTELA
Una vez seleccionado el
proceso de la referencia y puesto a disposición de esta Sala de Revisión, el
suscrito Magistrado Sustanciador, mediante Autos del 16 de mayo y 9 de junio de
2017, en procura de aclarar los elementos fácticos que motivaron la tutela y
lograr un mejor proveer, solicitó diferentes elementos probatorios a las
partes.
4.7.1. La empresa Equidad
Seguros O.C. señaló que “el señor Ernesto
Sánchez para la fecha del siniestro se desempeñaba como conductor del vehículo
de placas WTP-749, propiedad de la señora Ana Genoveva Ortiz De Gutiérrez, el
cual fue amparado por la póliza de accidentes personales AA000407 de Bogotá,
Centro, en virtud del Decreto 1047 de 2014 (…).” En consecuencia, este “por
ser el conductor del vehículo al momento del siniestro, se encontraba dentro de
la póliza de accidentes personales AA000407”. Sin embargo, el contrato de
seguros no se ejecutó, debido a que no cumplía con la edad máxima para ingresar
a la póliza, pues para entonces, conforme con su cédula contaba con 72 años y,
adicionalmente, sus padecimientos no se encuentran dentro de la cobertura.
4.7.2. La señora Ana Genoveva Ortiz de Gutiérrez,
por medio de oficio enviado el 10 de julio de 2017 a esta Corporación, señaló
que contrató al señor Ernesto Sánchez para el manejo del taxi identificado con
placas WTP-749, sin embargo, desde el accidente por este padecido el 6 de
octubre de 2015 y las secuelas de salud que este le ocasionó, finalizó el
vínculo laboral.
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DECISIÓN
1. Competencia
A través de esta Sala de Revisión, la Corte Constitucional
es competente para examinar las sentencias proferidas dentro de los procesos de
la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241,
numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema
jurídico
De acuerdo con las situaciones fácticas
expuestas y las decisiones de instancia mencionadas, le corresponde a la Sala
Cuarta de Revisión determinar si las entidades bancarias y aseguradoras
accionadas vulneraron el derecho fundamental al mínimo vital y a la dignidad
humana de los accionantes al no hacer efectivas las pólizas por estos
contratadas bajo argumentos consistentes en: (i) la preexistencia y reticencia
por parte de los asegurados al momento en que suscribieron los
respectivos contratos de seguro (expedientes
T-6.017.645, T-6.021.578 y T-6.059.890) y (ii) el incumplimiento del requisito
de edad y no cobertura de la póliza sobre la contingencia que fundamenta la
solicitud (expediente T-6.063.467).
Para resolver el problema jurídico planteado se
procederá a estudiar, principalmente, los siguientes temas: (i) procedencia de
la acción de tutela en el marco de los contratos de seguros, presentada por
sujetos de especial protección constitucional contra entidades financieras,
bancarias y aseguradoras; (ii) el contrato de seguros, naturaleza jurídica y límites
desde el marco jurídico constitucional. Reiteración de jurisprudencia; (iii) la
reticencia y prexistencia en el contrato de
seguro como causales de exclusión en el pago de las pólizas de seguros; (iv) la
pérdida de la capacidad laboral en el sistema jurídico colombiano; y, finalmente, se resolverán los (v) casos
concretos.
3. Procedencia de la acción de tutela en el marco de los
contratos de seguros, presentada por sujetos de especial protección
constitucional contra entidades financieras, bancarias y aseguradoras
3.1. Legitimación por activa
Según el artículo 86 de la Constitución, la acción de
tutela es un mecanismo judicial preferente y sumario, al que puede acudir
cualquier persona cuando sus derechos fundamentales resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por los
particulares en los casos señalados en la ley. En este sentido, el artículo 10°
del Decreto 2591 de 1991, “Por
el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”, establece
lo siguiente:
“La acción de tutela podrá ser ejercida, en
todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.  También se pueden
agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones
de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del
Pueblo y los personeros municipales”
En este sentido, por medio de la Sentencia T-176 de 2011,
se precisó que se estima configurada la legitimación por activa cuando:  (i) La
tutela es ejercida directamente y en su propio nombre por la persona afectada
en sus derechos. En este sentido cabe destacar que la mayoría de edad no es un
requisito para su ejercicio, debido a que no se previó una exigencia al
respecto constitucional ni legalmente[11]. (ii) La acción se adelanta por el
representante legal del titular de los derechos: situación que sucede, por
ejemplo, en el caso de los representantes legales de los menores de edad, en
caso de incapacidad absoluta, los interdictos y las personas jurídicas. (iii)
Se presenta a través de apoderado judicial: evento en el cual el apoderado debe
ostentar la condición de abogado titulado y se debe anexar el poder especial o,
en su defecto, el poder general respectivo. Los poderes, se presumen
auténticos. (iv) La acción es instaurada como agente oficioso: lo que se
permite cuando el afectado no tiene la posibilidad de defender sus derechos por
su propia cuenta. De ello se debe dejar constancia en el expediente o si del escrito de tutela se desprende la imposibilidad
del titular del derecho de acudir en su propio nombre para su defensa, el juez
puede hacer la interpretación de que se acude como agente oficioso[12]. Situación que sucede, por
ejemplo, con un enfermo grave, un indigente, o una persona con incapacidad
física o mental[13].
(v) La acción se promueve por el Defensor del Pueblo, los personeros
municipales y el Procurador General de la Nación, en el ejercicio de sus
funciones constitucionales y legales.
3.2. Legitimación por pasiva
En el marco de un contrato de seguros el sujeto pasivo se
puede componer por entidades financieras, bancarias y aseguradoras. Estas
entidades se encargan del manejo, aprovechamiento e inversión de gran afluencia
de recursos captados de la población[14], por ende, involucra una actividad de
interés público[15] y, por consiguiente, una
responsabilidad social elevada.
En virtud de ello, la Constitución Política determina en el
artículo 333 que la actividad económica y la iniciativa privada pueden ser
ejercidas libremente, siempre que respeten los límites del bien común. De ahí
que, cuando las empresas abusen de su posición dominante, el Estado debe
intervenir; al efecto el artículo 335 Superior establece que “las
actividades financieras, bursátiles y aseguradoras“(…) son de interés público[16]
y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la
ley (…)”.
Así, cuando los ciudadanos acuden a estas entidades para
tomar sus servicios, otorgan un voto de confianza cuyo quebrantamiento puede
afectar sus garantías fundamentales. Ante este escenario, el ciudadano debe
tener mecanismos eficaces para la defensa de sus derechos, motivo por el cual
se ha reconocido la procedencia de la acción de tutela contra estas entidades.
3.3. Subsidiariedad
La acción de tutela (i) se torna improcedente cuando existen otros
medios de defensa judiciales idóneos y eficaces para la protección de los
derechos fundamentales; (ii) cuando tales medios existan, pero se evidencia la
posible configuración de un perjuicio irremediable, el amparo se ordena de
forma transitoria; y (iii) ante la inexistencia de mecanismos judiciales para
la protección de los derechos fundamentales deprecados, la procedencia resulta
definitiva.
3.3.1. Improcedencia por mecanismos judiciales idóneos y eficaces:
el mecanismo
judicial resulta idóneo cuando (i) éste se encuentre regulado para
resolver la controversia judicial y (ii) permita la protección de las garantías superiores[17].
La eficacia se relaciona con la oportunidad de esta protección.
En cuanto a los recursos ordinarios procedentes, cabe
destacar que ante la inconformidad
generada por un contrato de seguros, el consumidor financiero puede acudir ante
la Superintendencia Financiera por medio de una queja o mediante la acción de
protección al consumidor, conforme se explica a continuación:
(a) En el
primer caso, se trata de un mecanismo de carácter administrativo a cargo de la
Superintendencia Delegada para la Protección al Consumidor Financiero y
Transparencia[18] y debe ser atendida y resuelta por la
Dirección de Protección al Consumidor Financiero[19].
La queja es un mecanismo para activar las funciones de inspección, vigilancia y
control de la Superintendencia, sin embargo, no implica la definición del
conflicto jurídico, motivo por el cual, esta entidad, mediante concepto del 24
de julio de 2011 rendido a esta Corporación, advirtió que este trámite “no
es la vía jurídica correcta para atenderlo ya que todo aquello relacionado con
(la) actividad contractual y las divergencias suscitadas en la ejecución de un
contrato” deben definirse en sede judicial[20].  Adicionalmente, en este concepto se
señaló que el término para resolver las quejas, si bien de acuerdo con el
Sistema de Gestión Integral para el Proceso de Atención de Quejas o Reclamos,
deben resolverse en 180 días después de su radicación, lo cierto es que se
agota dependiendo de la complejidad del caso concreto y del acervo probatorio
allegado. E, igualmente se precisó que las quejas no son un prerrequisito para
iniciar el proceso ordinario correspondiente.
(b) Las
funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera fueron reconocidas
en virtud del artículo 116 de la Constitución Política, estas funciones
jurisdiccionales fueron reguladas mediante la Ley 1480 de 2011, artículos 57 y
58, la cual incorporó la acción de protección al consumidor, mecanismo a
través del cual se busca solucionar las controversias contractuales de
naturaleza aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo,
aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. En este
escenario, el proceso a seguir es aquel de naturaleza verbal o verbal sumario
según la cuantía, según el artículo 390 de la Ley 1564 de 2012; por
consiguiente, las etapas y la duración del proceso adelantado por la Superintendencia
en ejercicio de la acción de protección al consumidor financiero se sujetan a
las definidas en este tipo de procesos[21].
Ahora bien, debido a la existencia de otros medios
ordinarios de defensa judicial, por regla general, la acción de tutela resulta
improcedente en el marco de un contrato de seguros. Sin embargo, cuando se
acuda a la acción de tutela alegando la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales, el juez constitucional deberá considerar la idoneidad y eficacia
de tales mecanismos judiciales. En cada caso concreto se debe analizar si la
queja o la demanda ante la Superintendencia financiera satisfacen la protección
efectiva e idónea de los derechos fundamentales de una persona de especial
protección constitucional cuyo mínimo vital y, por ende, su dignidad humana se
ve amenazada. Teniendo en cuenta que, primero, en el caso de las quejas el
resultado no es de carácter definitivo, no existe un término perentorio para
resolverse y que, incluso, la misma Superintendencia reconoce que este no es el
mecanismo idóneo para resolver conflictos de esta naturaleza. Y, segundo, que
el proceso jurisdiccional que puede adelantarse ante esta entidad, comprende
los mismos términos y etapas procesales que se manejan en el proceso ordinario.
Siguiendo esta línea, se recuerda que un contrato de
seguros puede celebrarse entre personas jurídicas con posiciones
socio-económicas equivalentes o asimétricas. En el segundo caso, el desbalance
del sinalagma puede implicar un desequilibrio en la relación contractual
ocasionando un estado de indefensión, situación que permite prescindir de la
vía ordinaria y admitir la acción de tutela de manera excepcional[22]:
“la relevancia iusfundamental de una controversia entre particulares es
directamente proporcional al grado de asimetría de los sujetos involucrados y a
la importancia constitucional de los bienes, derechos, pretensiones,
expectativas o intereses que se encuentran en juego en la relación de la que se
trate”[23]. Se recuerda que los ciudadanos cuando
acuden al servicio brindado por las entidades aseguradoras, otorgan un voto de
confianza consistente en que “(…) la aseguradora asuma su responsabilidad
cuando ocurra el siniestro. Por ello, las razones por las cuales las entidades
aseguradoras deciden no pagar las pólizas de seguro, deben contar con
suficiente fundamento jurídico especialmente en aquellos eventos en que el pago
de la póliza incida en el ejercicio y goce de los derechos fundamentales”[24].
Ahora bien, para determinar la existencia de una relación
contractual asimétrica en la cual resulte procedente la tutela, se han
identificado al menos dos criterios: el primero, que se trate de una persona de
especial protección constitucional y, el segundo, que su derecho fundamental al
mínimo vital se encuentre afectado.
a) Sujetos
de especial protección constitucional: en virtud del artículo 13
Constitucional, no es posible dar un trato igual a personas en condiciones
diferentes, en consecuencia, se ha reconocido que existen sujetos de especial
protección constitucional, como los menores de edad, las personas en condición
de incapacidad, los adultos mayores, los menores de edad o las mujeres
embarazadas.
Para estas personas, la renuencia de las aseguradoras a
hacer efectivas las pólizas, los puede exponer a situaciones socioeconómicas
complejas, que pueden resultar ostensiblemente extenuantes e invasivas de su
esfera personal. Por consiguiente, las acciones
ordinarias, las cuales involucran términos extensos y costos elevados, pueden
repercutir en su vida digna[25], razón por la cual se
ha considerado que “el juez constitucional debe ser más flexible, con
el fin de ajustar el pronunciamiento a los postulados de igualdad material que
exigen un tratamiento especial a las personas en condición de debilidad
manifiesta”[26].
Lo anterior no implica que el juez
constitucional declare la improcedencia de la tutela, a pesar de tratarse de un
sujeto de especial protección constitucional si luego de un análisis integral
evidencia que el accionante, cuenta
con suficientes recursos económicos y  la solidaridad de su núcleo familiar
para cumplir sus obligaciones contractuales y acudir a los mecanismos ordinarios
de defensa judicial, sin que con ello resulten afectadas sus garantías
fundamentales.
b)
El derecho fundamental al mínimo vital: esta garantía superior se encuentra
ligada inescindiblemente a la dignidad humana. Tiene un carácter cualitativo y
cuantitativo que debe analizarse en cada caso concreto[27].
Entre los criterios a tener en cuenta están los ingresos mensuales destinados a
la financiación de las necesidades básicas[28], como son “la alimentación, la
vivienda, el vestido, el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la
recreación, la atención en salud, prerrogativas cuya titularidad es
indispensable para hacer efectivo el derecho a la dignidad humana, valor
fundante del ordenamiento jurídico constitucional”[29].
De resultar amenazado o vulnerado el derecho
fundamental al mínimo vital en virtud de un contrato de seguros, no es posible
declarar improcedente la tutela bajo el mero argumento de que el contrato se
fundamenta en la libertad contractual y en la lógica de mercado delimitada por
el clausulado privado[30], situación que cobra especial relevancia cuando el
afectado se encuentra en condición de especial protección constitucional.
Se recuerda que estamos en un
Estado Social de Derecho en el cual “(a) partir de una perspectiva constitucional,
debe precisarse que así como ocurre con los derechos de los consumidores y
aquellos que son propios del ámbito comercial, también los derechos
fundamentales deben atenderse y respetarse al momento de suscribir un contrato
de seguro, puesto que en muchos eventos, los tomadores se ven en la necesidad
de adquirir créditos para la satisfacción de necesidades básicas como educación
o vivienda digna, pero el acaecimiento de un siniestro les ubica en una
condición de incapacidad productiva que, junto a las deducciones de las cuotas
del crédito, puede terminar por afectar ostensiblemente el ejercicio de sus
derechos constitucionales.  Por esta razón, la jurisprudencia constitucional ha
establecido que frente a las personas en estado de vulneración o indefensión
existe un deber constitucional en cabeza de entidades financieras y bursátiles,
que les impone la necesidad de ser solidarios y considerar la condición
apremiante que puede estar afrontando el tomador, pues su desatención podría
generar una afectación a los derechos fundamentales de la persona y provocar el
acaecimiento de un perjuicio irremediable” (negrilla fuera de texto)[31].
3.3.2. Existencia
de un perjuicio irremediable: cuando la tutela se presenta para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable, el perjuicio alegado debe ser “(i)
inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder
prontamente; (ii) grave, esto es, que el daño o menoscabo material o
moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) las
medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes;
y (iv) la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea
adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad”[32].
3.3.3.
Inexistencia de un mecanismo de defensa judicial: se presenta cuando en nuestro
marco jurídico no se encuentra determinado un mecanismo ordinario de defensa
judicial para la protección de los derechos fundamentales que se alegan
amenazados o vulnerados.
3.4. Inmediatez
La finalidad de la acción de tutela es garantizar una
protección efectiva, actual y expedita frente a la transgresión o amenaza
inminente de un derecho fundamental, motivo por el cual, entre la ocurrencia de
los hechos en que se funde la pretensión y la presentación de la demanda, debe
haber trascurrido un lapso razonable. En el evento en que no se cumpla con el
requisito de inmediatez, se puede causar inseguridad jurídica frente a
situaciones ya consolidadas, con lo que, a su vez, se puede afectar a terceros
sobre los cuales recaiga la decisión e incluso el juez constitucional podría
estar acolitando una conducta negligente de quienes se consideran afectados en
sus derechos fundamentales.
4. El contrato de seguros, naturaleza jurídica y
límites desde el marco jurídico constitucional. Reiteración de jurisprudencia
El contrato de seguros es de naturaleza privada, depende de
la voluntad de las partes. Su finalidad, reside en el mayor grado de prevención
posible frente a daños a su integridad física, salud, patrimonio, bienes y
demás factores que afectan su existencia[33]. Este, se rige por los parámetros
constitucionales anteriormente mencionados, especialmente, artículos 333 y 335
Superiores y, legalmente, su marco jurídico base  se encuentra en el Título V
del Libro IV del Código de Comercio. La Corte Suprema de Justicia lo ha
definido como aquel en virtud del cual “una
persona -el asegurador- se obliga a cambio de una prestación pecuniaria cierta
que se denomina “prima”, dentro de los límites pactados y ante la ocurrencia de
un acontecimiento incierto cuyo riesgo ha sido objeto de cobertura, (denominada
siniestro) a indemnizar al “asegurado” los daños sufridos o, dado el caso, a
satisfacer un capital o una renta”[34].
Por lo
general, el estudio de los contratos de seguros que han sido objeto de estudio
por parte de esta Corporación han sido los seguros de vida, entre estos,
aquellos de tipo individual, colectivo, grupo, accidentes personales, de que
trata la Sección II del Capítulo III del Título V del Libro 4° del Código de
Comercio, en atención a que se encuentran involucrados especialmente con la
persona en sí misma considerada. A continuación se procede a hacer una breve referencia a
las características del contrato, sus elementos esenciales, la póliza como
instrumento de materialización, las cláusulas y la prescripción para el reclamo
de las obligaciones.
4.1. Características del contrato:
Las partes
del contrato son, por un lado,
el “asegurador”, es decir, quien asume los riesgos y debe pagar la
obligación ante la ocurrencia del siniestro en concordancia con las cláusulas
del contrato y el marco jurídico correspondiente. Por otro, el “tomador”,
quien por cuenta propia o ajena traslada los riesgos[35]
al asegurador, le corresponde el pago de la prima de acuerdo con lo pactado en
el contrato[36]. Adicionalmente, puede existir un “tercero
determinado o determinable” quien tiene la posibilidad de contratar el
seguro[37],
a quien se denomina asegurado. En este escenario, “al tomador incumben las
obligaciones y al tercero corresponde el derecho a la prestación asegurada”.
El contrato de seguro es consensual, bilateral, oneroso,
aleatorio y de ejecución sucesiva[38]:
a. Consensual: se perfecciona y nace a la vida jurídica solo con el consentimiento de
las partes. Es decir, desde que se realiza el acuerdo de voluntades entre el
asegurador y el tomador.
b. Bilateral:
la obligación contraída es recíproca. El tomador
se compromete a pagar la prima y, en contraste, el asegurador debe asumir el
riesgo y, en caso de ocurrir el siniestro, pagar la indemnización.
c. Oneroso: el tomador se encuentra a cargo del
gravamen consistente en el pago de la prima. La entidad aseguradora debe pagar
la indemnización en caso de ocurrir el siniestro y conforme con las
particularidades del contrato realizado.
d. Aleatorio: la obligación de las partes, asegurador y
asegurado, está sujeta a la eventual ocurrencia del siniestro.
e. Ejecución sucesiva: las obligaciones contraídas no implican
actuaciones instantáneas, se desenvuelven continuamente hasta que culminan[39].
4.2. Elementos esenciales
El contrato de seguros se compone de cuatro “elementos
esenciales”[40], en ausencia de cualquiera de
los cuales no produce efecto alguno: (i) el interés asegurable, (ii) el riesgo
asegurable[41]; (iii) la prima o
precio del seguro; y (iv) la obligación condicional del asegurador.
(i) Interés asegurable: el interés debe ser lícito y
susceptible de estimación en dinero. Tiene interés asegurable quien tenga un
patrimonio que  pueda resultar afectado, directa o indirectamente, por la
ocurrencia de un riesgo[42]. Todas las personas tienen interés
asegurable[43] en a) su propia vida; b) en la de las
personas a quienes legalmente puedan reclamar alimentos; y c) en la de las
personas cuya muerte o incapacidad le puedan implicar perjuicios económicos,
aunque éste no sea susceptible de una evaluación cierta.
(ii) El “riesgo asegurable”[44]
permite identificar el siniestro, definir las obligaciones para las partes, la
forma de ejecución del contrato y el valor de la prima del seguro[45].
Se comprende como un a) suceso incierto; b) su ocurrencia no depende
exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario,
según sea el caso; c) su realización da origen a la obligación del asegurador.
En contraste, no son parte del contrato de seguros a) los “hechos ciertos”,
a excepción de “la muerte, y los físicamente imposibles”; b) “la
incertidumbre subjetiva respecto de determinado hecho que haya tenido o no
cumplimiento”; c) “el dolo, la culpa grave y los actos meramente
potestativos del tomador, asegurado o beneficiario”; tampoco es posible
amparar al asegurado contra las sanciones de carácter penal o policivo[46].
Conforme con el artículo 1072 del Código de Comercio, “se
denomina siniestro la realización del riesgo asegurado”.
(iii) La “prima o precio del seguro”
comprende la suma o importe a cuyo pago se compromete el tomador para obtener
la cobertura del riesgo. Su monto lo determina la entidad aseguradora con base
en el riesgo asegurado[47].
(iv) La “obligación condicional del asegurador”
conforme con esta se establecen los siniestros que hacen efectiva la póliza. Por
consiguiente, la entidad aseguradora no está obligada a pagar cualquier
perjuicio, sólo se compromete a la indemnización en aquellos eventos
discriminados y seleccionados al momento de realizar el contrato[48].
4.3. Prescripción
La
prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las
disposiciones que lo rigen pueden ser ordinarias o extraordinarias[49].
La primera, “será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el
interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la
acción”. La segunda, es de “cinco años, correrá contra toda clase de
personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo
derecho”.
4.4.
Cláusulas del contrato
Para
determinar el alcance del contrato de seguro es necesario remitirse a las
cláusulas pactadas en la póliza, los documentos que la integran, y los anexos.
Las cláusulas del contrato de seguro son generales y específicas[50].
Las primeras, entendidas como la “columna vertebral de la aseguradora”,
se aplican a todos los contratos de un mismo tipo otorgados por el mismo
asegurador. Los segundos, son aquellos que se elaboran para cada contrato
específico, reflejan la voluntad de las partes, aseguradora, tomadora y
asegurado[51].
La póliza es el “documento contentivo del
contrato de seguro”[52].
Entre los documentos adicionales que hacen parte de la póliza se encuentran “1)
La solicitud de seguro firmada por el tomador, y 2) Los anexos que se emitan
para adicionar, modificar, suspender, renovar o revocar la póliza”[53].
Cuando las condiciones del contrato no aparezcan pactadas expresamente se
entenderán como aquellas que se precisen en el anexo que el asegurador haya
depositado en la Superintendencia Financiera para el mismo ramo, amparo,
modalidad del contrato y tipo de riesgo[54].
5. El principio de buena fe, esencia del contrato de seguros
El contrato de seguros es un contrato uberrimae fidae[55],
es decir, la eficacia de sus efectos depende del acatamiento a la buena fe[56].
En virtud de ello, este principio se lo ha relacionado con al menos dos
preceptos jurisprudencialmente: (i) la integración leal y honesta del
clausulado contractual; y (ii) la obligación del tomador o asegurado de
declarar con sinceridad los hechos y circunstancias que determinan el estado del
riesgo[57].
5.1. La integración del clausulado contractual
En desarrollo del principio de la buena
fe, las cláusulas del contrato de seguro deben ser estipuladas con claridad,
sin vacíos ni ambigüedades, de lo contrario, se entienden contrarias a quien
las estipuló. Al efecto, el Código Civil, artículo 1624, establece que “las
cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes,
sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la
ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por
ella”[58].
Por lo general, el contrato de seguros es estructurado por las entidades
aseguradoras, quienes, usualmente, manejan contratos de adhesión y, por ende,
imponen el
contenido del negocio. En
contraste, el consumidor financiero, tiene una exigua participación en la
elaboración del contrato, por ende, debe ser protegido[59]. Preceptos
con base en los cuales se ha señalado que cuando la aseguradora defina las
condiciones del contrato (i) no estipular condiciones indeterminadas, ambiguas o
vagas contra los intereses del asegurado; y si las integra, (ii) estas deberán
interpretarlas a favor del consumidor financiero.
Estos elementos
constitucionales se han forjado en torno al principio pro consumatore[60], cuya finalidad es proteger a los usuarios
del contrato y propender por la eliminación de todos los elementos que generan
inseguridad en la ejecución del mismo[61]. Principio que asume mayor entidad cuando estén
comprometidas garantías fundamentales y sujetos de especial protección
constitucional, “en
aquellos eventos en los que se pretenda proteger los derechos fundamentales de
personas que hayan adquirido pólizas de seguros de vida frente a la posición
dominante de las aseguradoras. Esta Corte ha buscado equilibrar las relaciones
contractuales cuando hay personas en estado de debilidad manifiesta y por ello
ha procedido a realizar interpretaciones a favor de éstas en cláusulas ambiguas
del contrato”[62].
5.1.1. Cláusulas
abusivas en el contrato de seguros
A través de la Ley
1328  de 2009, “(p)or la cual se dictan normas en materia financiera, de
seguros, del mercado de valores y otras disposiciones”, se especificó la
prohibición de las cláusulas abusivas en el marco de un contrato de seguros de adhesión
con el fin de impedir el abuso de la posición dominante que, por lo general,
tiene las aseguradoras respecto a sus usuarios. Puntualmente, se señaló:
“ARTÍCULO 11.
PROHIBICIÓN DE UTILIZACIÓN DE CLÁUSULAS ABUSIVAS EN CONTRATOS. Se
prohíbe las cláusulas o estipulaciones contractuales que se incorporen en los
contratos de adhesión que: a) Prevean o impliquen limitación o renuncia al
ejercicio de los derechos de los consumidores financieros. b) Inviertan la
carga de la prueba en perjuicio del consumidor financiero. c) Incluyan espacios
en blanco, siempre que su diligenciamiento no esté autorizado detalladamente en
una carta de instrucciones. d) Cualquiera otra que limite los derechos de los
consumidores financieros y deberes de las entidades vigiladas derivados del
contrato, o exonere, atenúe o limite la responsabilidad de dichas entidades, y
que puedan ocasionar perjuicios al consumidor financiero. e) Las demás que
establezca de manera previa y general la Superintendencia Financiera de
Colombia. PARÁGRAFO. Cualquier estipulación o utilización de cláusulas
abusivas en un contrato se entenderá por no escrita o sin efectos para el
consumidor financiero”.
Preconceptos respecto
a los cuales esta Corporación ha señalado que “si bien es cierto que en los contratos de
seguros las compañías tienen libres atribuciones para fijar sus cláusulas, no
es menos cierto que esta modalidad negocial no puede erigirse como una
estipulación que otorga plenas facultades a las entidades aseguradoras para
tomar ventaja de su posición en el mercado e imponer a los tomadores
condiciones que restringen el uso de sus derechos como consumidores. Por esta
razón, la intervención del Estado se hace necesaria en aquellos eventos en los
cuales se requiera volver dúctil la interpretación de estos contratos con el
fin de proteger derechos fundamentales de personas que se encuentren en estado
de debilidad manifiesta”[63]
(negrillas fuera de texto).
Así las cosas, las cláusulas del contrato de seguro deben obedecer
a la buena fe y, por consiguiente, se deben redactar con claridad, sin vacíos
ni ambigüedades, so pena de que las consecuencias negativas derivadas del
incumplimiento de este deber sea asumido por quien las estipuló. Por regla,
quien define el contenido de este acuerdo de voluntades son las aseguradoras,
las cuales, en acatamiento del principio pro consumatore, deben eliminar
todos los elementos que generen inseguridad para el usuario en la ejecución de
las obligaciones y deben abstenerse de incurrir en cláusulas abusivas. Adicionalmente,
cuando el contrato involucre derechos fundamentales de sujetos de especial
protección constitucional, en algunas ocasiones, la interpretación del contrato
se ha tornado dúctil, en procura de garantizar la prevalencia de sus garantías
superiores.
5.2. La obligación del tomador o asegurado de declarar con
sinceridad los hechos y circunstancias que determinan el estado del riesgo.
Prexistencia  y reticencia en el contrato de seguros. Reiteración de
jurisprudencia
En virtud del principio de la
buena fe y siguiendo el artículo 1058 del Código de Comercio, el tomador o
asegurado debe declarar con diligencia y sinceridad los hechos que determinan
el riesgo al celebrar el contrato. La información brindada por el adquirente
del contrato comprende una obligación precontractual. Esta debe suministrarse
conforme las instrucciones de la aseguradora, la cual puede escoger un
cuestionario abierto o cerrado, que en todo caso debe ser claro y carente de
tecnicismos[64]. Por su parte, la aseguradora debe
investigar el estado del riesgo, para lo cual puede, por ejemplo, requerir
exámenes médicos al usuario. Este estudio se centra en aquellas circunstancias
que impliquen definir la realización del contrato, la onerosidad y las
exclusiones del mismo, entre otros particulares.
Ahora bien, cuando la
información dada por el tomador o asegurado resulte errónea, el artículo 1058
del Código de Comercio prevé dos escenarios. El primero derivado de la “reticencia
o inexactitud” la cual puede ser sancionada (i) en caso de mala fe, con la
nulidad relativa del contrato por el vicio en el consentimiento de la
aseguradora; (ii) con la disminución en el pago de la obligación, cuando la
información equívoca provenga de un “error inculpable” del adquirente, a
fin de garantizar el equilibrio del contrato. Sin embargo, en este último
escenario, cuando han transcurrido dos años desde la expedición de la póliza la
aseguradora no puede reducir el monto de la prestación[65].
Cabe destacar en el caso de los
seguros de vida que la inexactitud respecto de la edad en la declaración de
asegurabilidad, se sujeta a lo siguiente, conforme con el artículo 1161 del
Código de Comercio: “1) Si la edad verdadera está fuera de los límites
autorizados por la tarifa del asegurador, el contrato quedará sujeto a la
sanción prevista en el Artículo 1058; 2) Si es mayor que la declarada, el
seguro se reducirá en la proporción necesaria para que su valor guarde relación
matemática con la prima anual percibida por el asegurador, y
3) Si es menor, el valor del
seguro se aumentará en la misma proporción establecida en el ordinal segundo”.
Bajo el artículo en comento, ninguna de las sanciones
mencionadas podrán ser aplicadas cuando la aseguradora, antes de celebrar el
contrato (i) ha conocido o (ii) debido conocer los hechos sobre los que versan
los vicios de la declaración[66] o, (iii) en caso de haberlos conocido,
posteriormente las subsane mediante su aceptación expresa o tácita. Así
entonces, la aseguradora tiene el deber de consignar en el texto de la póliza,
clara y expresamente, las exclusiones o preexistencias que resulten de lo
informado por el usuario y de su investigación[67]. Frente a estas, la entidad si así lo
dispone no contrae obligaciones. Lo que implica que no “pueda luego alegar
en su favor las ambigüedades o los vacíos del texto por ella preparado[68]”.
Siguiendo lo anterior se advierte que la “preexistencia,
no siempre es sinónimo de reticencia”[69]. La reticencia se encuentra
relacionada con la mala fe al momento de declarar los hechos o circunstancias
que definen el riesgo. Mientras la prexistencia puede definirse con certeza
antes de la celebración del contrato. Siguiendo la Sentencia T-222 de 2014,
respecto a las diferencias entre la preexistencia y la reticencia es dable
advertir lo siguiente:
“la
aseguradora está en la obligación de pedir exámenes médicos previos a la
celebración del contrato de seguro, pues de otra manera no podrá alegar
preexistencia alguna en un futuro. La Corte ha entendido que este deber es
mayormente exigible a la aseguradora, pues en muchas ocasiones, las personas no
cuentan ni con los medios, ni con el conocimiento suficiente para conocer sus
enfermedades (…). En criterio de esta Sala, la preexistencia puede
ser eventualmente una manera de reticencia. Por ejemplo, si una persona conoce
un hecho anterior a la celebración del contrato y sabiendo ésto no informa al
asegurador dicha condición por evitar que su contrato se haga más oneroso o
sencillamente la otra parte decida no celebrar el contrato, en este preciso evento
la preexistencia sí será un caso de reticencia. Lo mismo no sucede cuando una
persona no conozca completamente la información que abstendría a la aseguradora
a celebrar el contrato, o hacerlo más oneroso. Por ejemplo, enunciativamente,
casos en los que existan enfermedades silenciosas y/o progresivas. En aquellos
eventos, el actuar del asegurado no sería de mala fe. Sencillamente no tenía
posibilidad de conocer completamente la información y con ello, no es posible
que se deje sin la posibilidad de recibir el pago de la póliza. Esta situación
sería imponerle una carga al usuario que indiscutiblemente no puede cumplir. Es
desproporcionado exigirle al ciudadano informar un hecho que no conoce ni tiene
la posibilidad de conocerlo. Mucho menos, para el caso del seguro de vida grupo
de deudores, suministrar con preciso detalle su grado de discapacidad. Ahora
bien, ¿quién debe probar la mala fe? En concepto de esta Corte, deberá ser la
aseguradora. Y es que no puede ser de otra manera, pues solo ella es la única
que puede decir con toda certeza (i) que por esos hechos el contrato se haría
más oneroso y (ii), que se abstendrá de celebrar el contrato. Precisamente, la
Corte Suprema también ha entendido que esta carga le corresponde a la
aseguradora. Por ejemplo, en Sentencia del once (11) de abril del 2002, sostuvo
que “las inexactitudes u omisiones del asegurado en la declaración del estado
de riesgo, se deben sancionar con la nulidad relativa del contrato de seguro,
salvo que, como ha dicho la jurisprudencia, dichas circunstancias hubiesen sido
conocidas del asegurador o pudiesen haber sido conocidas por él de haber
desplegado ese deber de diligencia profesional inherente a su actividad”
(subraya por fuera del texto) . Lo anterior significa que la reticencia solo existirá
siempre que la aseguradora en su deber de diligencia, no pueda conocer los
hechos debatidos. Si fuera de otra manera podría, en la práctica, firmar el
contrato de seguro y solo cuando el tomador o beneficiario presenten la
reclamación, alegar la reticencia. En criterio de esta Sala, no es posible
permitir esta interpretación pues sería aceptar prácticas, ahora sí, de mala
fe. En síntesis, la reticencia significa la inexactitud en la información
entregada por el tomador del seguro a la hora de celebrar el contrato. Esta
figura es castigada con la nulidad relativa. En otros términos, sanciona la
mala fe en el comportamiento del declarante. Ello implica que, (i) no
necesariamente los casos de preexistencias son sinónimo de reticencia. El
primer evento es objetivo mientras que el segundo es subjetivo. Por tal motivo,
(ii) es deber de la aseguradora probar la mala fe en los casos de
preexistencias, pues solo ella es la única que sabe si ese hecho la haría
desistir de la celebración del contrato o hacerlo más oneroso. En todo caso
(iii), no será sancionada si el asegurador conocía o podía conocer los hechos
que dan lugar a la supuesta reticencia”.
En resumen, (i) el adquirente
debe informar los hechos o circunstancias de los que tenga conocimiento al momento
de celebrar el contrato, como enfermedades o síntomas de las mismas, de acuerdo
con un cuestionario que realice la entidad, el cual debe ser claro y carente de
ambigüedades; (ii) la aseguradora debe investigar con base en esta información
el estado de salud del paciente, por ejemplo, solicitando exámenes médicos
recientes a sus usuarios o consultando la historia clínica; (iii) las
prexistencias deben quedar consignadas en el contrato, so pena de ser
ambigüedades o vacíos que no pueden alegarse para negar el pago de la póliza o
reducir el monto de la obligación[70]; (iv) la reticencia se presenta cuando
el adquirente ha actuado de mala fe, ocultando el estado del riesgo o ha sido
negligente al manifestar las condiciones preguntadas por la aseguradora para determinar
el riesgo; (v) las aseguradoras deben demostrar la mala fe por ser quienes
definen la trascendencia de los hechos en la celebración o aumento de la
onerosidad del mismo; (vi) de constatarse la reticencia, debe existir un nexo
causal entre esta y el siniestro, evento en el cual puede haber lugar a la
nulidad relativa del contrato; (vii) las aseguradoras no pueden alegar la
nulidad relativa del contrato o la disminución en el pago de la obligación
cuando conocen o han debido conocer los hechos o circunstancias prexistentes o,
aun así,  las subsane mediante su aceptación expresa o tácita[71].
Situación que se presenta cuando no realizan las labores investigativas que les
asisten. En criterio de la Corte Suprema de Justicia “resulta razonable que
si la entidad aseguradora, como un indiscutido profesional que es, en tal
virtud "debidamente autorizada" por la ley para asumir riesgos,
renuncia a efectuar valoraciones una vez es enterado de posibles anomalías, o
deja de auscultar, pudiendo hacerlo, no puede clamar, ex post, que se decrete
la nulidad, como si su actitud fuera la de un asegurador acucioso y diligente”.
6. Fecha de estructuración de la invalidez en el
ordenamiento jurídico colombiano
En el caso de los contratos de seguro que amparen el riesgo
de invalidez, por regla general, las aseguradoras han requerido que la pérdida
de capacidad laboral esté calificada en un porcentaje igual o superior al 50%.
Este porcentaje se determina, por regla general, por “Colpensiones, las
Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), las Compañías de Seguros que
asuman el riesgo de invalidez y muerte y las Entidades Promotoras de Salud EPS”[72].
Igual competencia le asiste a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional
para definir la pérdida de capacidad laboral de “los miembros de la fuerza
pública, alumnos de las escuelas de formación y sus equivalentes en la policía
nacional”, de acuerdo con el Decreto 1796 de 2000[73].
La fecha de estructuración, según el artículo 3º del
Decreto 1507 de 2014[74], responde a los siguientes criterios:
(i) se determina teniendo en cuenta el momento a partir del cual una persona
alcanza el 50% de pérdida de capacidad laboral u ocupacional, ya sea por una
enfermedad o accidente (de acuerdo con “la evolución de las secuelas”); (ii) debe
fundamentarse en la historia clínica, los exámenes médicos y de ayuda
diagnóstica o, en su defecto, en la historia natural de la enfermedad; (iii)
puede ser anterior o corresponder a la fecha en que se declare la pérdida
de la capacidad laboral; (iv) debe estar argumentada por el
calificador, de lo cual se debe dejar constancia en la correspondiente
determinación y (v) no depende de que el solicitante se encuentre laborando y
cotizando al Sistema de Seguridad Social Integral.
Respecto al primer criterio, esto es, que la fecha de
estructuración de invalidez se determine a partir del momento en el cual una
persona alcanza el 50% de pérdida de capacidad laboral, se destaca que el
criterio esencial comprende la pérdida definitiva y permanente de la capacidad
laboral. Motivo por el cual, la pérdida de capacidad laboral puede ser
instantánea, cuando, por ejemplo, obedece a un accidente; o paulatina,
situación que se presenta, por lo general, en el caso de pacientes
diagnosticados con enfermedades degenerativas, crónicas o congénitas.
Comúnmente, esta última circunstancia ha sido conocida por
la Corte Constitucional a través de la pérdida de capacidad laboral residual,
frente a la cual, siguiendo lo dicho, una persona a pesar de estar
diagnosticada con una enfermedad degenerativa, crónica o congénita, conserva su
capacidad laboral. Al efecto, se ha señalado que “la fecha de estructuración debe entenderse como
aquella en la que se concreta el carácter de permanente y definitivo que
impiden que la persona desarrolle cualquier actividad laboral y continúe
cotizando, y no la señalada retroactivamente en la calificación, pues [ello] sólo
indica cuando se presentaron los primeros síntomas”[75].
Siguiendo
este parámetro, cuando se evidencia que la pérdida de capacidad laboral se
estructura en una fecha que dista de la señalada en el dictamen emitido por la
entidad calificadora, la Corte Constitucional ha señalado, con fundamento en la
pérdida de capacidad laboral permanente y definitiva, diferentes criterios a
partir de los cuales se ha presumido y definido la pérdida de capacidad
laboral. Por ejemplo, se ha determinado como fecha de estructuración aquella en la cual se
realizó la última cotización[76], la fecha en la que
se realizó el dictamen de pérdida de capacidad laboral[77]
e, incluso, con fundamento en la fecha en la cual se solicitó el reconocimiento
de la pensión de invalidez[78]. En todo caso, el núcleo esencial de estos criterios radica en que la
persona, por sus padecimientos, no pueda continuar desempeñándose laboralmente[79].
7. Casos
concretos
7.1. Expediente
T-6.017.645. Eliana Rocha González y otros, contra Aseguradora Solidaria de
Colombia
7.1.1.
Conforme con los elementos fácticos recaudados en el expediente, las
accionantes, señoras Eliana y Milena Rocha González y Leydi Dayana Rocha Ortiz,
son mujeres de escasos recursos económicos. Los ingresos mensuales de cada una
son de aproximadamente $340.000 y devienen del cultivo de arroz sembrado en una
parcela que les dejó como herencia su padre, Reinaldo Rocha Chacón. En
particular, Eliana es madre cabeza de familia, su núcleo familiar está
compuesto por 3 menores de edad, dos hijos de 17 y 10 años de edad y una nieta
de 4 meses; Milena está a cargo de su hijo de 13 años, diagnosticado con
Leucemia Linfoblastica Aguda desde hace 4 años; y Leydi es menor de edad, tiene
17 años, se encuentra estudiando y depende económicamente de su madre quien
carece de recursos económicos. Todas están afiliadas al régimen subsidiado de
Seguridad Social en Salud.
El padre de las accionantes
adquirió un crédito hipotecario con la Cooperativa de Ahorro y Crédito San
Miguel (Coofisam) por valor de $25.000.000, el cual fue aprobado el 4 de junio
de 2015. La garantía versó sobre el “inmueble Lote 5 Manzana 10, ubicado en
la Calle 27 No. 13 – 27, Barrio Alfonso López, Campoalegre (Huila), con casa de
habitación”. Para respaldar la deuda este adquirió con le Aseguradora
Solidaria de Colombia Ltda la Póliza Seguro de Vida Grupo Deudores No.
994000000005, con vigencia desde el 1º de marzo de 2016 y el 1º de marzo de
2017. Los amparos sobre los cuales se realizó la póliza fueron “muerte”
e “incapacidad total y permanente”, y su objetivo consistía en el pago
insoluto de la deuda. La suma asegurada fueron $150.000.000, valor máximo
asegurable por esta póliza.
El 30 de marzo de 2016, estando en curso el pago del
crédito y vigente la póliza adquirida, el señor Reinaldo Rocha Chacón falleció,
motivo por el cual, el 10 de mayo de 2016, se llevó a cabo la liquidación de la
sucesión. A sus hijas les fue adjudicado el inmueble anteriormente mencionado,
sobre el cual recae el crédito hipotecario. En virtud de lo anterior, Coofisam
solicitó a la Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda hacer efectiva la póliza
por haber acaecido la muerte del asegurado, solicitud negada mediante oficios
del 26 de mayo y 8 de julio de 2016, bajo el argumento de que éste, al
diligenciar la declaración de asegurabilidad, solo informó que padecía diabetes
mellitus, pero no así hipertensión arterial, la cual se le
diagnosticó desde el 2007, conforme con su historia clínica, por consiguiente,
incurrió en reticencia. Aunado a ello, en el formulario se preguntó si el
demandante “¿ha padecido, padece o es tratado actualmente de alguna
enfermedad diferente a las del numeral anterior?”, a lo que este respondió
negativamente.
En virtud de lo anterior, se intentó realizar un acuerdo de
pago entre Coofisam y las accionantes y, ante su fracaso, el 29 de noviembre de
2016 esta empresa inició en su contra un proceso ejecutivo que correspondió por
reparto al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Campoalegre (Huila), quien
dictó orden de embargo y secuestro sobre el lote anteriormente mencionado y, la
inscripción del embargo, mediante autos del 13 de enero y 27 de abril de 2017.
El inicio de este proceso ejecutivo comenzado por Coofisam
contra las accionantes fue puesto en conocimiento de esta Sala en el transcurso
del proceso de revisión, por parte de las demandantes, quienes, además,
informaron que tuvieron conocimiento de este con posterioridad a la
presentación de la tutela. En consecuencia, esta Sala, mediante Auto del 17 de
julio de 2017, ordenó al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Campoalegre
(Huila), la suspensión de este proceso, en procura de garantizar la economía y
celeridad procesal, así como la eventual protección que les asiste a las
accionantes.
7.1.2. Procedencia de la acción de tutela
7.1.2.1. Legitimación por activa: La acción de tutela fue presentada en nombre
propio por Eliana y Milena Rocha González y Leydi Dayana Rocha Ortiz, en
procura de salvaguardar sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la
dignidad humana. Leydi Dayana Rocha Ortiz tiene 17 años[80].
En nuestro ordenamiento jurídico la mayoría de edad no es un requisito para el
ejercicio de la acción de tutela. En este sentido, se ha señalado que “(l)a
edad no constituye un factor diferenciador ni limitante frente a su ejercicio,
por cuanto no existe una exigencia expresa sobre la mayoría de edad para
presentarla, lo que permite que los niños puedan tramitar pretensiones a través
de acción de tutela sin que, para ello, requieran actuar a través de sus padres
o representantes legales”[81]. En todo caso, su madre y
representante legal, la señora Leyda Ortiz, en sede de revisión, se manifestó
ante esta Sala en procura de que se declare el amparo deprecado por la
adolescente. En consecuencia, al igual que sus hermanas, Leydi Dayana Rocha
Ortiz se encuentra legitimada para actuar.
7.1.2.2. Legitimación por pasiva: La Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda y
Coofisam se encuentran legitimadas por pasiva en la presente causa por cuanto,
primero, presuntamente están vulnerando los derechos fundamentales de las
accionantes, quienes no se encuentran en iguales condiciones por su capacidad
económica y ser madres cabeza de familia en los dos primeros casos y persona menor
de edad en el último. Segundo, debido a que se trata de empresas aseguradoras y
bancarias y, como tal, se encargan del manejo, aprovechamiento e inversión de recursos
captados del público, servicio público en ejercicio del cual deben respetar los
límites de orden constitucional, entre estos, los derechos fundamentales de las
demandantes.
7.1.2.3. Subsidiariedad: Actualmente, contra las accionantes, Coofisam adelanta un
proceso ejecutivo en razón al saldo del crédito adquirido por su padre, debido
a que la aseguradora accionada objetó el pago de la póliza contratada para
respaldar la deuda. Dentro del proceso ejecutivo, se libró orden de embargo y
secuestro frente al inmueble en el cual las accionantes tienen un cultivo de
arroz, dejado como herencia por su padre, por medio del que obtienen, cada una,
un ingreso mensual correspondiente a $340.000, y en el que se encuentra la casa
de habitación de una de las demandantes, Eliana Rocha González, madre cabeza de
familia a cargo de 3 menores de edad. En consecuencia, si bien existen otros
medios ordinarios de defensa judicial para debatir la controversia surgida en
torno al contrato de seguro, lo cierto es que estos no resultan idóneos ni
eficaces, pues no permiten una respuesta cierta ni oportuna para la protección
requerida por las demandantes.
7.1.2.4. Inmediatez: La Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda objetó el pago de
la póliza en comento mediante oficios del 26 de mayo y 8 de julio de 2016, y la
acción de tutela fue presentada el 22 de julio de 2016, es decir, en menos de
un mes después de la última respuesta recibida. Por consiguiente, transcurrió
un tiempo razonable entre la demanda y la ocurrencia de los hechos que la
fundamentan.
7.1.3. Análisis de fondo
La Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda, entidad
accionada, fundamenta la objeción respecto al reclamo de la Póliza Seguro de
Vida en Grupo Deudores No. 994000000005, en que el asegurado, señor Reinaldo
Rocha Chacón, al presentar la declaración de asegurabilidad informó que padecía
diabetes mellitus, pero no hipertensión arterial, enfermedad que,
según su historia clínica, tiene diagnosticada desde el 2007. Es decir, en su
criterio, el asegurado incurrió en reticencia.
Siguiendo la Sentencia T-222 de 2014 se recuerda que “la reticencia significa la inexactitud en la
información entregada por el tomador del seguro a la hora de celebrar el
contrato. Esta figura es castigada con la nulidad relativa. En otros términos,
sanciona la mala fe en el comportamiento del declarante. Ello implica que, (i)
no necesariamente los casos de preexistencias son sinónimo de reticencia. El
primer evento es objetivo mientras que el segundo es subjetivo. Por tal motivo,
(ii) es deber de la aseguradora probar la mala fe en los casos de preexistencias,
pues solo ella es la única que sabe si ese hecho la haría desistir de la
celebración del contrato o hacerlo más oneroso. En todo caso (iii), no será
sancionada si el asegurador conocía o podía conocer los hechos que dan lugar a
la supuesta reticencia”. En
cualquier caso “la aseguradora
está en la obligación de pedir exámenes médicos previos a la celebración del
contrato de seguro, pues de otra manera no podrá alegar preexistencia alguna en
un futuro. La Corte ha entendido que este deber es mayormente exigible a la
aseguradora, pues en muchas ocasiones, las personas no cuentan ni con los
medios, ni con el conocimiento suficiente para conocer sus enfermedades”.
En consecuencia, para que la Aseguradora accionada pudiera
alegar reticencia debió demostrar la mala fe del asegurado. Sin embargo, en el
presente caso, no se encuentra demostrado que el señor Reinaldo Rocha Chacón
hubiese incurrido en ésta ni ocultado a la Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda
que se encontraba diagnosticado con hipertensión arterial desde el 2007,
al contrario, tal y como lo señalan sus hijas, puso en conocimiento que padecía
diabetes mellitus, enfermedad grave y, al momento de suscribir el
contrato (según estas informan y no fue desvirtuado por la aseguradora), esta
enfermedad se encontraba controlada, por ende, la presunción de buena fe sobre
éste se mantiene.
Respecto a lo anterior, la Aseguradora Solidaria de
Colombia Ltda podría alegar, a lo sumo, prexistencia, sin embargo, lo cierto es
que en el presente caso este argumento no tiene entidad para afectar la
obligación pactada, por cuanto, para ello, debió adelantar las investigaciones
pertinentes para estudiar el nivel del riesgo y tuvo que haber consignado tales
exclusiones en el clausulado contractual. No obstante, no existe prueba que
evidencie que la accionada hubiese solicitado al asegurado exámenes médicos ni
siquiera copia de su historia clínica antes de comprometerse a ampararlo ante
el riesgo de muerte. Resulta contradictorio que la aseguradora se niegue a
hacer efectiva la póliza cuando, como esta misma lo reconoce, en la misma
historia clínica del señor Reinaldo Rocha Chacón se encuentra que fue
diagnosticado con esa enfermedad desde el 2007. Se recuerda que en el
ordenamiento jurídico colombiano a nadie le es posible alegar su propia
torpeza, culpa o negligencia.
Esta circunstancia debió corroborarse antes de celebrar el
contrato y dejarse sentado en el contrato las exclusiones. Se recuerda que “resulta
razonable que si la entidad aseguradora, como un indiscutido profesional que
es, en tal virtud "debidamente autorizada" por la ley para asumir
riesgos (…) deja de auscultar, pudiendo hacerlo, no puede clamar, ex post, que
se decrete la nulidad, como si su actitud fuera la de un asegurador acucioso y
diligente”. Siguiendo el artículo 1058, inciso 4º del Código de Comercio,
las aseguradoras no pueden alegar la nulidad relativa del contrato o la
disminución en el pago de la obligación cuando conocen o han debido conocer los
hechos o circunstancias prexistentes.
Adicionalmente, la aseguradora accionada debió demostrar
cómo la hipertensión arterial padecida por su asegurado afectaba el
contrato, al punto que, de conocerse, hubiese tenido la entidad suficiente para
que esta se rehusara a suscribir el contrato o a pactarlo bajo condiciones más
onerosas. No obstante, el máximo valor asegurable de la póliza era de
$150.000.000[82] y ese fue el monto por el cual se
cubrió el amparo frente al riesgo de muerte del señor Reinaldo Rocha Chacón.
Esta situación evidencia que los argumentos de la empresa accionada únicamente buscan
eludir la obligación adquirida. Cabe aclarar que esta Sala de revisión solicitó
la historia clínica, especialmente el extracto en que conste el motivo de
defunción y el certificado del motivo de defunción del mismo, sin embargo,
estos documentos no fueron allegados, pero no por ello se puede presumir la
mala fe del asegurado.
Ahora bien, siguiendo este mismo precedente jurisprudencial
y revisadas las cláusulas del
contrato, en la declaración de asegurabilidad se preguntaba si “¿ha
padecido, padece o es tratado actualmente de alguna enfermedad diferente?”.
Estima esta Sala que esta pregunta puede resultar ambigua, etérea y abstracta
ya que exigía al tomador brindar información de la cual no tendría conocimiento
exacto sino hasta tanto se realicen los exámenes médicos pertinentes. En este sentido,
por medio de la Sentencia T-222 de 2014, advirtió ante una clausula con
similares connotaciones, lo siguiente:
“(…) revisadas las cláusulas del contrato, la
supuesta declaración de asegurabilidad preguntaba si conocía “cualquier otro
tipo de enfermedad o patología preexistente a la fecha de otorgamiento de cada
crédito?”. Estima esta Corte que esta pregunta es excesivamente ambigua,
etérea y abstracta, pues esto sería entregarle al tomador una carga que jamás
podría cumplir. Es un exceso eximir a las aseguradoras del pago de una póliza,
admitiendo reticencia, cuando estas preguntas llevan a que los asegurados jamás
puedan suministrar la información exacta para tomar el seguro (…). Estos
cuestionamientos, al ser tan generales, siempre llevarían a los usuarios del
sistema asegurador a incurrir en inexactitudes y por ello a ser sancionados con
reticencia, lo cual no puede admitir esta Corporación ni nuestro orden
constitucional” (negrillas fuera de texto).
Lo anterior asume mayor gravedad si se tiene en cuenta que
las accionantes son sujetos de especial protección constitucional, debido a que
son personas de escasos recursos económicos, pues dependen de un ingreso
mensual de $340.000.oo, el cual obtienen de un cultivo de arroz sembrado en el
inmueble dejado por su padre, sobre el cual recae el crédito hipotecario.
Aunado a ello, dos de las demandantes, Eliana y Milena Rocha González, son
madres cabeza de familia a cargo de menores de edad, uno de ellos diagnosticado
con Leucemia Linfoblastica Aguda y, por su parte, Leydi Dayana Rocha Ortiz, es
menor de edad, tiene 17 años, se encuentra estudiando y depende económicamente
de su madre, quien carece de recursos económicos. Todas están afiliadas al
régimen subsidiado de Seguridad Social en Salud. En su contra cursa un proceso
ejecutivo adelantado por Coofisam en virtud del crédito hipotecario, adquirido
por su padre, quien, precisamente para evitar un escenario como el que hoy
afrontan sus hijas, contrató la Póliza Seguro de Vida en Grupo Deudores No. 994000000005
con la Aseguradora Solidaria de Colombia.
Así las cosas, la accionada no puede alegar reticencia
porque no demostró la mala fe del asegurado; ni preexistencia, por cuanto no
adelantó las medidas de investigación mínimas para evaluar el nivel del riesgo
y, por tanto, las exclusiones no fueron señaladas en el contrato de seguro; no
demostró cómo la hipertensión arterial padecida por el asegurado hubiese
afectado la onerosidad del contrato; no demostró la relación entre la
hipertensión arterial y el siniestro; las accionantes son sujetos de especial
protección constitucional y, por ende, el contrato de seguro no puede leerse
bajo una hermenéutica restrictiva sino garantista, en procura del respeto por
sus derechos fundamentales y la protección de los postulados esenciales del
Estado Social de Derecho.
En virtud de lo anterior, se procederá a revocar el fallo
proferido el 20 de septiembre de 2016 por el  Juzgado Quinto Civil del Circuito
de Neiva (Huila), por medio del cual se confirmó la sentencia dictada el 5 de
agosto de 2016 por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Neiva (Huila) que
declaró improcedente el amparo deprecado. En su lugar, se concederá la
protección de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la dignidad humana
de las accionantes, señora Eliana y Milena Rocha González y Leydi Dayana Rocha
Ortiz. Por consiguiente, se ordenará a la Aseguradora Solidaria de Colombia
Ltda que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de esta providencia, proceda a realizar los trámites
correspondientes para hacer efectiva la Póliza Seguro de Vida en Grupo Deudores
No. 994000000005 reclamada por las señoras Eliana y Milena Rocha González y
Leydi Dayana Rocha Ortiz, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
Adicionalmente, se ordenará al Juzgado Segundo Promiscuo
Municipal de Campoalegre (Huila) que, dentro del proceso ejecutivo adelantado
por Coofisam contra las señoras Eliana y Milena Rocha González y Leydi Dayana
Rocha Ortiz (expediente No. 2016-00411-00), una vez la demandante acredite que
la Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda hizo efectiva la Póliza Seguro de
Vida en Grupo Deudores No. 994000000005 y, por ende, realizó el pago del saldo
del crédito, reanude y finalice el proceso ejecutivo.
7.2. Expediente T-6.021.578. Edward Hernando Lancheros
Velásquez contra Seguros Generales Suramericana S.A. (SURA)
Según el acervo probatorio recaudado, el accionante,
siendo capitán del Ejército Nacional, fue calificado por la Junta Médica de la
Dirección de Sanidad de esa entidad con pérdida de capacidad laboral del 17%,
mediante Acta No. 59944 del 2 de mayo de 2013, con el diagnostico “apnea del
sueño”. Posteriormente, fue retirado del servicio y se realizó una nueva
calificación de invalidez por la Junta Médica de la Dirección de Sanidad del
Ejército Nacional, que, mediante Acta No. 87468 del 9 de junio de 2016, le
determinó 58.28%, en virtud del siguiente diagnóstico:
1. Exposición crónica al ruido que deja como secuela: a)
hipoacusia neurosensorial bilateral de 50DB de oído derecho y 60DB de oído
izquierdo, bilateral de 55 DB; b) Tinitus Bilateral 2. Vértigo 3. Tunel del
Carpo miembro superior derecho. 4. Tunel del Carpo miembro superior izquierdo.
5. Discopatia L4-L5. Que deja como secuela dolor lumbar 6. Condromalacia
Patlofemoral Bilateral Asociado a Lesión Meniscal de la rodilla derecha que
deja como secuela gonalgia bilateral”.
En consecuencia, conforme con esta Acta, sumadas las dos
calificaciones, el actor padece, actualmente, 75.28% de pérdida de
capacidad laboral.
En virtud de la última calificación, el demandante
solicitó  hacer efectiva la “póliza mercado seguro Tuya Renovación Ban 025639743”,
contratada con SURA el 29 de abril de 2016, antes de la segunda
calificación de pérdida de capacidad laboral. Esta póliza amparaba el riesgo de
invalidez acaecida dentro de la vigencia del contrato. La indemnización
correspondía al pago de 24 cuotas mensuales de $400.000.
No obstante, la empresa respondió negativamente la
pretensión del demandante, mediante oficios del 29 de agosto y del 12 de
octubre de 2016, argumentando, esencialmente, que el actor contaba con una
Junta Médica previa, realizada mediante el Acta No. 59944 del 2 de mayo de 2013
y, adicionalmente, la pérdida de capacidad laboral del demandante calificada
mediante el Acta No. 87468 del 9 de junio de 2016, obedeció a padecimientos que
este tenía antes de contratar el seguro.
7.2.2. Procedencia de la acción de tutela
7.2.2.1. Legitimación por activa: La acción de tutela fue presentada por el
accionante, a través  de apoderado judicial a quien otorgó poder especial
(Cuaderno 1, folios 1 y 2) en procura de salvaguardar sus derechos
fundamentales al mínimo vital y a la vida digna, presuntamente vulnerados por
la entidad accionada. En consecuencia, se estima legitimado para actuar.
7.2.2.2. Legitimación por pasiva: Seguros Generales Suramericana S.A. (SURA) se encuentra legitimada por pasiva en la
presente causa, por cuanto, primero, se le acusa de incurrir en la vulneración
de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida digna del tutelante;
segundo, es una empresa aseguradora la cual ejerce actividades que involucran servicios
de interés público a los cuales accedió el accionante mediante la “póliza
mercado seguro Tuya Renovación Ban 025639743”; y, tercero, el demandante se
encuentra frente esta empresa en condición de indefensión por cuanto fue
calificado con pérdida de capacidad laboral de 75.28% y carece de recursos
económicos.
7.2.2.3. Subsidiariedad: El accionante en principio contaría con otros mecanismos
ordinarios de defensa judicial para hacer efectiva la póliza “mercado seguro”,
sin embargo, estos carecen de idoneidad y eficacia, por cuanto no permiten la
protección oportuna de sus garantías superiores. Lo anterior, por cuanto sus
condiciones de salud lo exponen a diario a graves padecimientos que no le
permiten una vida digna y, como consecuencia de su pérdida de capacidad laboral
no ha podido acceder a un trabajo, por lo que se encuentra afectado
ostensiblemente su mínimo vital, situación que en cierto grado se subsanaría al
hacer efectiva la póliza, que le permitiría acceder a una fuente económica para
sufragar parte de los gastos médicos y solventar las necesidades básicas
insatisfechas suyas y de su núcleo familiar. En consecuencia, la tutela resulta
procedente para analizar el reclamo del actor.
7.2.2.4. Inmediatez: SURA se negó a hacer efectiva la póliza “mercado
seguro”, en comento, médiate oficios del 29 de agosto y el 12 de octubre de
2016, y la acción de tutela fue presentada el 4 de noviembre de 2016, alrededor
de un mes después. Por consiguiente, la demanda fue presentada en un tiempo
razonable después de la ocurrencia de los hechos que, en criterio del
demandante, generan la vulneración de sus derechos fundamentales.
7.2.3. Análisis de fondo
La empresa Seguros de Vida Suramericana objetó el pago de
la “póliza mercado seguro Tuya Renovación Ban 025639743”, contratada por
el accionante, esencialmente, bajo el argumento de que este, al suscribirla,
primero, no informó sobre la previa calificación de pérdida de capacidad
laboral realizada por la Dirección de Sanidad del Ejército, mediante el Acta
No. 59944 del 2 de mayo de 2013 y, segundo, después de adquirir el
contrato de seguro fue calificado por esa misma entidad, a través del Acta No.
87468 del 9 de junio de 2016, en virtud de padecimientos previos a la
celebración del contrato. Es decir, en su consideración el demandante incurrió
en reticencia.
Al igual que en el anterior caso, siguiendo la Sentencia
T-222 de 2014 se recuerda que “la
reticencia significa la inexactitud en la información entregada por el tomador
del seguro a la hora de celebrar el contrato. Esta figura es castigada con la
nulidad relativa. En otros términos, sanciona la mala fe en el comportamiento
del declarante. Ello implica que, (i) no necesariamente los casos de
preexistencias son sinónimo de reticencia. El primer evento es objetivo
mientras que el segundo es subjetivo. Por tal motivo, (ii) es deber de la
aseguradora probar la mala fe en los casos de preexistencias, pues solo ella es
la única que sabe si ese hecho la haría desistir de la celebración del contrato
o hacerlo más oneroso. En todo caso (iii), no será sancionada si el asegurador
conocía o podía conocer los hechos que dan lugar a la supuesta reticencia”. En cualquier caso “la aseguradora está en la obligación de pedir exámenes
médicos previos a la celebración del contrato de seguro, pues de otra manera no
podrá alegar preexistencia alguna en un futuro. La Corte ha entendido que este
deber es mayormente exigible a la aseguradora, pues en muchas ocasiones, las
personas no cuentan ni con los medios, ni con el conocimiento suficiente para
conocer sus enfermedades”.
La aseguradora no demostró la mala fe del accionante,
requisito necesario para que se configure la reticencia y, en consecuencia, se
declare la nulidad del contrato. A lo sumo se podría alegar preexistencia, sin
embargo, lo que se evidencia con los elementos aportados al expediente, es que
la entidad accionada no realizó las labores de investigación mínimas que le
asistían para estudiar el riesgo a cuyo amparo se comprometió con el accionante
y, por ende, no contempló en el contrato de seguro las exclusiones en las que
hoy se fundamenta para objetar la póliza. Las labores de investigación fueron
realizadas ante el reclamo de la póliza y solo fueron empleadas para
fundamentar el rechazo del pago de la misma. Proceder que se considera
negligente y abusivo y repercute directamente contra los derechos del
demandante. Se recuerda en este punto que, de acuerdo con el artículo 1058,
inciso 4º, del Código de Comercio, no se puede aplicar las sanciones al
asegurador, impuestas por reticencia o inexactitud si la aseguradora “antes
de celebrarse el contrato, ha conocido o debido conocer los hechos o
circunstancias sobre que versan (sic) los vicios de la declaración, o si, ya
celebrado el contrato, se allana a subsanarlos o los acepta expresa o
tácitamente”.
Aunado a lo anterior, la aseguradora no demostró la
incidencia que sobre la onerosidad o realización del contrato de seguro hubiere
tenido la calificación previa de pérdida de capacidad laboral diagnosticada
sobre el accionante el 2 de mayo de 2013 por “apnea del sueño”, ni
tampoco las enfermedades en virtud de las cuales este fue calificado mediante
el dictamen del 9 de junio de 2016: “1.Exposición crónica al ruido que deja
como secuela: a) hipoacusia neurosensorial bilateral de 50DB de oído derecho y
60DB de oído izquierdo, bilateral de 55 DB; b) Tinitus Bilateral 2. Vértigo 3.
Tunel del Carpo miembro superior derecho. 4. Tunel del Carpo miembro superior
izquierdo.  5. Discopatia L4-L5. Que deja como secuela dolor lumbar 6.
Condromalacia Patlofemoral Bilateral Asociado a Lesión Meniscal de la rodilla
derecha que deja como secuela gonalgia bilateral”. Por consiguiente, no se
encuentra demostrado cómo los alegatos de la aseguradora hubiesen afectado la
póliza contratada por el demandante.
Igualmente, se advierte que la entidad accionada alegó que
entre las “exclusiones” de la póliza, se determinaron aquellas “reclamaciones
que sean consecuencia de padecimientos, enfermedades, anomalías o
malformaciones congénitas o accidentes originados u ocurridos con anterioridad
al inicio de vigencia (sic) del seguro, ya sean conocidos o no por el
asegurado” (resaltado propio). Cláusula arbitraria y ambigua del
contrato, pues no es posible imponerle al asegurado que asuma una carga que
jamás habría podido cumplir. “Es un exceso eximir a las aseguradoras del
pago de una póliza, admitiendo reticencia, cuando estas preguntas llevan a que
los asegurados jamás puedan suministrar la información exacta para tomar el
seguro. Esta clase de condiciones (…) demuestran mala fe en las aseguradoras
pues no exigen información exacta e inducen a que los tomadores de los seguros
incurran en error. (…) (C)uestionamientos (que), al ser tan generales, siempre
llevarían a los usuarios del sistema asegurador a incurrir en inexactitudes y
por ello a ser sancionados con reticencia, lo cual no puede admitir esta
Corporación ni nuestro orden constitucional”[83].
Así las cosas, la Sala constata que los fundamentos
aducidos por SURA para no hacer efectiva la “póliza mercado seguro Tuya
Renovación Ban 025639743”, contratada por el accionante, carecen de
respaldo jurídico, pues no demostró la mala fe del accionante para alegar
reticencia, no adelantó las labores mínimas de investigación que le asistían
para obligarse mediante la póliza de seguro, ni evidenció cómo los
padecimientos diagnosticados sobre el mismo hubiesen afectado la onerosidad del
contrato. Aunado a ello, se niega a hacer efectivo el contrato con fundamento
en que entre las “exclusiones” de la póliza, se determinaron aquellas “reclamaciones
que sean consecuencia de padecimientos, enfermedades, anomalías o
malformaciones congénitas o accidentes originados u ocurridos con anterioridad
al inicio de vigencia (sic) del seguro, ya sean conocidos o no por el asegurado”
(resaltado propio), cláusula arbitraria y ambigua del contrato, pues no es
posible imponerle al asegurado que asuma una carga que jamás habría podido
cumplir.
Particularmente, respecto a la supuesta reticencia derivada
de la primera calificación de invalidez determinada sobre el accionante el 2
de mayo de 2013 por la Junta Médica de la Dirección de Sanidad del
Ejército, debe advertirse que ello no es un argumento válido para objetar la
póliza en comento. La calificación previa sobre la pérdida de capacidad laboral
era un hecho notorio que resultaba de un estudio ligero de la historia clínica
del accionante, el cual claramente no fue realizado por la aseguradora y, por
consiguiente, esta empresa no se puede fundamentar en su negligencia para hoy eludir
la obligación a la que se comprometió con el demandante. Adicionalmente, el
accionante fue calificado, en esa oportunidad, con 17% de pérdida de capacidad
laboral, no con el 50% exigido por la póliza para hacer efectiva la
indemnización y, por consiguiente, no fue en este dictamen en el que el actor
fundamentó la solicitud para hacer efectivo el contrato de seguro, sino en la
segunda calificación de invalidez.
En cuanto a la segunda calificación de invalidez, realizada
sobre el accionante por la Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares,
mediante el Acta No. 87468 del 9 de junio de 2016, en la cual él
fundamentó la solicitud presentada para hacer efectiva la póliza, se advierte,
primero, que el contrato de seguro se realizó el 29 de abril de 2016, y la
pérdida de capacidad laboral del actor, fue determinada, con posterioridad,
esto es, el 9 de junio de 2016[84], es decir la póliza se encontraba
vigente. Ahora (i) aunque el accionante hubiese padecido dificultades de salud
previas, no podía probar únicamente con su declaración que era una persona con
invalidez; (ii) aunque eso fuera viable, el contrato de seguro exige que se
demuestre el padecimiento de pérdida de capacidad laboral mayor o igual al 50%,
lo cual solo fue determinado hasta la fecha de la realización de la junta
médica, 29 de abril de 2016; (iii) únicamente la Junta Médica de la Dirección
de Sanidad del Ejercito tenía competencia en este caso para certificar el grado
de pérdida de capacidad laboral; (iv) sin ese aval técnico, la aseguradora,
como es natural, habría negado u objetado el pago de la póliza al no demostrar
debidamente los requisitos del contrato; (v) solo hasta que la Dirección de
Sanidad Militar emitió su concepto, se supo con certeza que el accionante tenía
una pérdida de capacidad laboral del 58.28%[85].
Bajo similares elementos fácticos, por medio de la
Sentencia T-738 de 2001 se ordenó hacer efectivo el contrato de seguro tras la
calificación de la Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares. En la
providencia se señaló que “(e)s obvio de la situación del accionante, que
todas las ocupaciones remuneradas para las que está calificado se circunscriben
a la prestación de sus servicios como militar, de manera que está claro que
desde el punto de vista de la definición aportada por Mapfre Colombia Vida
Seguros S.A. sobre “incapacidad total y permanente”, dicha condición está
probada con el acta de la Junta Médica Laboral Militar, pues debe tenerse
en cuenta que en el caso de los miembros de la Fuerza Pública se ha establecido
un régimen especial de reconocimiento de incapacidad que se encuentra regulado
en la ley 923 de 2004, en el decreto 1796 de 2000 y en el decreto 4433 de 2004”
(negrillas fuera de texto).
Fundamento con base en el cual se señaló más adelante que:
“el accionante cumplió con el requisito de demostración de la ocurrencia del
siniestro (…), y lo hizo a través del medio más conducente posible, pues la
Junta Médica Laboral Militar la que de acuerdo con lo regulado en la ley
923 de 2004, en el decreto 1796 de 2000 y en el decreto 4433 de 2004, es la
encargada de determinar cuándo un militar ya no puede desempeñarse como tal,
situación que cumple con el cometido de demostrar el siniestro, que
se entiende cumplido cuando el asegurado ya no puede desempeñarse laboralmente
en el campo para el que se había entrenado” (resaltado propio).
Adicionalmente, el proceder de la accionada repercute en
los derechos fundamentales del accionante, quien es un sujeto de especial
protección constitucional al estar calificado con 75,28% de pérdida de
capacidad laboral, y no encontrarse vinculado laboralmente, pertenece al
régimen subsidiado de Seguridad Social, es padre cabeza de familia, la cual
está compuesta por una menor de edad y por su esposa, quien padece síndrome
bipolar afectivo, cuyo tratamiento es costoso por incluir medicamentos No Pos.
Ahora, si bien es cierto hacer efectiva la póliza no va a solucionar de fondo
la situación socioeconómica del demandante, lo cierto es que permite un
resguardo de su mínimo vital y su dignidad humana ampliamente impactada
actualmente por la carencia de recursos económicos y por los padecimientos de
salud del actor. Se recuerda que el ordenamiento jurídico vigente se rige por
un Estado Social de Derecho en el cual se debe proteger en el mayor grado
posible estos derechos fundamentales, máxime si se tiene en cuenta la especial
protección constitucional que recae sobre el demandante.
En consecuencia, se procederá a revocar el fallo proferido
el 3 de febrero de 2016 por el Juzgado Segundo Civil Oral del Circuito de
Bogotá, por medio del cual se confirmó la sentencia proferida el 21 de
noviembre de 2016 por el Juzgado Cincuenta y Tres Civil Municipal de Bogotá,
que declaró improcedente el amparo deprecado. En su lugar, se concederá la
protección de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la dignidad humana
del accionante, Edward Hernando Lancheros Velásquez. Por consiguiente, se
ordenará a Seguros Generales Suramericana S.A. que en el término de cuarenta y
ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia,
realice los trámites correspondientes para hacer efectivo el pago de la “póliza
mercado seguro Tuya Renovación Ban 025639743” contratada por el señor
Edward Hernando Lancheros Velásquez, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
7.3. Expediente T-6.059.890. Andrés Felipe Cifuentes
Echeverry contra BBVA Seguros
Conforme con los elementos fácticos recaudados, el señor
Andrés Felipe Cifuentes Echeverry, quien actuó a través de agente oficioso, es
una persona de 26 años de edad, quien fue calificado con pérdida de capacidad
laboral del 89,8%, con fecha de estructuración 24 de agosto de 2014, día
en que sufrió un accidente de tránsito en virtud del cual se generó la
invalidez.  Las secuelas del accidente implicaron que el accionante sea
totalmente dependiente, tenga movilidad nula y no controle esfínteres.
Su madre, quien se encuentra a cargo de su cuidado, es una
persona carente de recursos económicos y sin vinculación laboral vigente,
primero, debido a que, según informó, no cuenta con ninguna profesión y no le
ha sido posible conseguir empleo y, segundo, debido a que se encuentra
encargada del cuidado permanente de su hijo a partir del accidente por este
sufrido. En virtud de ello, depende de la ayuda económica de su hijo mayor y su
hermano para cubrir los gastos derivados de sus necesidades básicas.
Debido a que su hijo adquirió la “póliza de seguro vida
grupo No. 102162066535” con BBVA Seguro, vigente desde el 29 de enero de
2014 hasta el 29 de enero de 2015, y el accidente acaeció el 24 de
agosto de 2014, solicitó hacer efectivo el contrato. Sin embargo, esta
entidad objetó la reclamación mediante oficio expedido el 20 de abril de 2015,
en el que adujo que el agenciado no superaba el 50% de la pérdida de capacidad.
Y, posteriormente, mediante oficio del 18 de marzo de 2016, reiteró la
objeción, esta vez, bajo el argumento de que al producirse el siniestro no se
había contratado la póliza. De acuerdo con el contrato de seguro, el siniestro
corresponde a la fecha del dictamen de la pérdida de capacidad laboral.
Inconforme, la agente oficiosa presentó acción de tutela,
en representación de su hijo, en procura de que fueran protegidos sus derechos
fundamentales a la dignidad humana y al debido proceso. Y, en consecuencia, se
ordene el reconocimiento y pago de la póliza
7.3.2. Procedencia de la acción de tutela
7.3.2.1. Legitimación por activa: La acción puede ser instaurada mediante agente
oficioso cuando el afectado no tiene la posibilidad de defender sus derechos
por su propia cuenta. De ello se debe dejar constancia en el expediente o si del escrito de tutela se desprende la imposibilidad
del titular del derecho de acudir en su propio nombre para su defensa, el juez
puede hacer la interpretación de que se acude como agente oficioso[86]. Situación que sucede, por
ejemplo, con un enfermo grave o una persona con incapacidad física o mental[87]. En el
presente caso, la demanda fue presentada por la señora Adriana María Cifuentes
Echeverry, como apoderada judicial de Andrés Felipe Cifuentes Echeverry, su
hijo, en atención a que por el estado de salud de este no le resulta posible
adelantar su propia defensa. Lo anterior, conforme fue manifestado en la
demanda y probado mediante la historia clínica del agenciado y el dictamen de
pérdida de capacidad laboral correspondiente al 89.8%. En consecuencia, se
constata la legitimación por activa en la presente causa.
7.3.2.2. Legitimación por pasiva: BBVA Seguros se encuentra legitimada por pasiva en la presente causa,
por cuanto, primero, se le acusa de incurrir en la vulneración de los derechos
fundamentales a la vida digna y al debido proceso del tutelante; segundo, es
una empresa aseguradora que ejerce actividades que involucran servicios de
interés público a los cuales accedió el accionante mediante la “póliza de
seguro vida grupo No. 102162066535”; y, tercero, el demandante se encuentra
frente a esta empresa en condición de indefensión por cuanto fue calificado con
pérdida de capacidad laboral de 89.8% y carece de recursos económicos.
7.3.2.3. Subsidiariedad: El accionante en principio contaría con otros mecanismos
ordinarios de defensa judicial para exigir que se haga efectiva la “póliza
de seguro vida grupo No. 102162066535”, sin embargo, estos carecen de
idoneidad y eficacia, pues no permiten la protección idónea ni oportuna de sus
derechos. Sus condiciones de salud lo exponen a diario a graves padecimientos
que no le permiten una vida digna y afectan ostensiblemente su mínimo vital,
situación que en cierto grado se subsanaría al hacer efectiva la póliza, por
cuanto permitiría acceder a una fuente económica que, si bien no es alta, lo
cierto es que sí permite alcanzar una fuente mínima de recursos económicos para
sufragar gastos médicos y solventar las necesidades básicas insatisfechas. En
consecuencia, la acción de tutela resulta procedente para analizar el reclamo
del actor.
7.3.2.4. Inmediatez: BBVA Seguros se negó a hacer efectiva la póliza mediante
oficios del 20 de abril de 2015 y del 18 de marzo de 2016, y la acción de
tutela fue presentada el 2 de mayo de 2016, alrededor de dos meses después. Por
consiguiente, se acudió a la demanda en un tiempo razonable después de la
ocurrencia de los hechos que, en criterio del demandante, generan la
vulneración de sus derechos fundamentales.
7.3.3. Análisis de fondo
BBVA Seguros, entidad accionada en el proceso de la
referencia, objetó el pago de la “póliza de seguro vida grupo No.
102162066535” contratada por el accionante, con fundamento en dos
argumentos centrales. El primero, consistente en que el actor no superaba el
50% de la pérdida de capacidad laboral y, el segundo, en que al momento de
producirse el siniestro no se había contratado la póliza.
En consideración de esta Sala, ninguno de los dos
argumentos aducidos por la aseguradora tienen la entidad suficiente para
objetar el reclamo en comento. Respecto al primero, baste decir que el
accionante fue calificado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez
Regional Antioquia, con una pérdida de capacidad laboral correspondiente al
89.8%, porcentaje que supera el exigido por la aseguradora para hacer efectiva
la póliza. Por ende, lo manifestado por la accionada carece de todo fundamento
fáctico y jurídico y solo evidencia un intento para no hacer efectivo el
contrato de seguro a pesar de la grave situación del accionante, quien requiere
el pago de la póliza en procura de lograr cubrir, al menos en cierta parte, los
costos derivados de su tratamiento médico que exigen su salud, así como sus
necesidades básicas.
En cuanto al segundo, de acuerdo con el anexo de la póliza
de seguro: “Si durante la vigencia de la póliza a la cual accede, el
asegurado quedara incapacitado en forma total y permanente, la compañía pagará
la indemnización hasta por el monto del valor asegurado contratado para este
anexo y que consta en la caratula de la póliza y/o en sus condiciones
particulares. (…) Dicha incapacidad se considera siempre y cuando haya
persistido por un periodo continuo no inferior a ciento veinte (120) días
comunes y cuando la pérdida de capacidad laboral calificada en primera
instancia por el médico determinado por la aseguradora y en las demás
instancias por las juntas regional y nacional de calificación de invalidez, sea
superior al 50% y no haya sido provocada a sí mismo por el asegurado (…). Este
amparo se configura exclusivamente con la fecha de calificación de la
incapacidad, la cual se considera la fecha del siniestro (…)”
(resalta la Corte).
Ante esto, sea lo
primero advertir que por la particular situación que padece el accionante,
persona calificada con 89,8% de pérdida de capacidad laboral, totalmente
dependiente para desarrollar sus actividades básicas, quien no tiene movilidad,
no controla esfínteres y, además, carece de recursos económicos, que “si bien es cierto que en los contratos de
seguros las compañías tienen libres atribuciones para fijar sus cláusulas, no
es menos cierto que esta modalidad negocial no puede erigirse como una
estipulación que otorga plenas facultades a las entidades aseguradoras para
tomar ventaja de su posición en el mercado e imponer a los tomadores
condiciones que restringen el uso de sus derechos como consumidores. Por esta
razón, la intervención del Estado se hace necesaria en aquellos eventos en los
cuales se requiera volver dúctil la interpretación de estos contratos con el
fin de proteger derechos fundamentales de personas que se encuentren en estado
de debilidad manifiesta”[88]
(negrillas fuera de texto). Función
que no le es ajena a esta Corporación como juez constitucional que es y, bajo
esta perspectiva, debe leer el contrato de seguro puesto a su consideración.
Bajo esta luz se debe
advertir que el riesgo, de acuerdo con el Código de Comercio, artículo 1054, se
define como “el suceso incierto que no depende exclusivamente de la
voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya
realización da origen a la obligación del asegurador. Los hechos ciertos,
salvo la muerte, y los físicamente imposibles, no constituyen riesgos y son,
por lo tanto, extraños al contrato de seguro. Tampoco constituye riesgo la
incertidumbre subjetiva respecto de determinado hecho que haya tenido o no
cumplimiento” (negrillas fuera de texto). Y, de acuerdo con el
artículo 1072 del Código de Comercio, “se denomina siniestro la realización
del riesgo asegurado”. En el ordenamiento jurídico colombiano, la fecha de
estructuración de invalidez, según el artículo 3º del Decreto 1507 de 2014[89],
se determina teniendo en cuenta el momento a partir del cual una persona
alcanza el 50% de pérdida de capacidad laboral, ya sea por un accidente o una
enfermedad crónica, degenerativa o congénita. En el primer evento, la fecha de
estructuración corresponde, por lo general, a aquella en la que se produjo el
accidente. La pérdida de capacidad laboral del accionante, Andrés Felipe
Cifuentes Echeverry, obedeció al accidente padecido por éste el 24 de agosto de
2014, fecha coincidente con la fecha de estructuración de la pérdida de
capacidad laboral, definida por la Junta Regional de Calificación de Invalidez
de Antioquia. En consecuencia, fue este accidente, el riesgo que generó la invalidez,
no existe un suceso más allá de él y, por ende, es aquel que dio origen a la
obligación de la aseguradora.
Por consiguiente, el riesgo asegurado en el presente caso
deviene de una fecha objetiva y cierta, esto es el 24 de agosto de 2014, cuando
el accionante padeció el accidente que le generó 89,9% de pérdida de capacidad
laboral, conforme fue corroborado por la Junta Regional de Calificación de
Invalidez, quien determinó en este día la fecha de estructuración de la pérdida
de capacidad laboral. Este juez constitucional no se puede cegar a los
formalismos del contrato que determinan la fecha de la calificación como la
fecha del siniestro, pues ello sería negar la verdad evidente en los hechos.
Si bien es cierto, en el caso de las enfermedades degenerativas,
crónicas o congénitas se ha determinado que la fecha de estructuración puede
coincidir con aquella en la cual se realizó el dictamen, como sucedió en el asunto
anteriormente estudiado en esta providencia, lo cierto es que no sucede lo
propio en el caso del señor Andrés Felipe Cifuentes Echeverry. En este
escenario, se trató de un accidente que al demandante de forma inmediata le
ocasionó la pérdida de su capacidad laboral, posteriormente, definida por la
Junta Regional de Calificación de Invalidez. En consecuencia, no existe
fundamento fáctico ni jurídicamente válido desde la óptica sustancial para
sostener que el riesgo acaeció en el momento en el cual se calificó la pérdida
de capacidad laboral del actor.
Adicionalmente, a diferencia de lo que ocurrió en el
anterior caso, en el cual el demandante no tenía certeza de su pérdida de
capacidad laboral, y solo supo el impacto de esta al momento de la realización
del Acta de la Junta Médica, en el caso que ahora suscita la atención de la
Sala, el accionante sufrió una ostensible pérdida de capacidad laboral desde el
mismo momento del accidente, a partir del cual perdió de manera definitiva y
permanente su capacidad laboral y se hizo absolutamente dependiente de terceros
para desarrollar sus actividades diarias de aseo, vestido, alimentación, entre
otros. Preceptos que conducen a concluir que el riesgo amparado por la póliza,
la pérdida de capacidad laboral superior al 50%, sucedió en vigencia del
contrato de seguro.
Cabe aclarar que esta Corporación ha aceptado que la fecha
de estructuración coincida con la del dictamen, y así fue plasmado en el
contrato celebrado, pero ello se ha aceptado como una interpretación realizada
en beneficio de los asegurados cuando se encuentran en condiciones de debilidad
manifiesta frente a la aseguradora. Sin embargo, en el caso de Andrés Felipe
Cifuentes Echeverry, interpretar que el dictamen coincide con la ocurrencia del
siniestro, al contrario de proteger sus derechos y causarle un beneficio, le
causa un impacto negativo. No resulta posible acoger esta interpretación
general sin tener en cuenta las particularidades del caso concreto, el cual
evidencia que el riesgo acaeció en vigencia del contrato y conllevó a la
potencial afectación de su derecho fundamental a la dignidad humana, desde el
mismo momento del accidente.
Así las cosas, el juez constitucional no es ajeno a las
particularidades de este caso. Se recuerda que las secuelas del accidente
implicaron que el accionante sea totalmente dependiente, tenga movilidad nula y
no controle esfínteres. Adicionalmente, no se puede descuidar que la madre del
actor, quien se encuentra al cargo de su cuidado, es una persona carente de
recursos económicos y sin vinculación laboral vigente, primero, debido a que
carece de profesión y no ha logrado acceder a un trabajo y, segundo, debido a
que está encargada del cuidado permanente de su hijo a partir del accidente por
éste sufrido. Situación que conlleva a que tanto ella como su hijo dependan de
la ayuda económica de terceros para cubrir sus necesidades básicas.
En consecuencia, se revocará la Sentencia dictada el 21 de
junio de 2016 por el Juzgado Tercero de Ejecución Civil del Circuito de Medellín,
mediante la cual se confirmó el fallo del 13 de mayo de 2016, dictado por el
Juzgado Sexto de Ejecución Civil Municipal, mediante el cual se declaró
improcedente la acción de tutela. En su lugar, se concederá el amparo de los
derechos fundamentales al mínimo vital y a la dignidad humana de Andrés Felipe
Cifuentes Echeverry. Por consiguiente, se ordenará a BBVA Seguros, que en el
término de  cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de
esta providencia, proceda a realizar los trámites correspondientes para hacer
efectiva la “póliza de seguro vida grupo No. 102162066535”, contratada
por Andrés Felipe Cifuentes Echeverry.
7.4. EXPEDIENTE T-6.063.467. Ernesto Sánchez contra Equidad
Seguros O.C.
Conforme con el acervo probatorio estudiado, el accionante
trabajó como taxista haciendo uso del vehículo identificado con placas WTP 749,
de propiedad de la señora Ana Genoveva Ortiz De Gutiérrez. En cumplimiento de
los Decretos 1047 de 2014[90] y 1079 de 2015, que exigen asegurar al
conductor del vehículo para la prestación del servicio público de transporte,
fue asegurado con “póliza de accidentes personales AA000407” contratada
con la Equidad Seguros O.C., la cual estuvo vigente desde el 13 de noviembre de
2014 hasta el 13 de noviembre de 2015. Entre los amparos del contrato de seguro
se señaló “incapacidad total y permanente ocasionada en accidente de
tránsito ocurrida durante el ejercicio de su labor de conductor (…) y que al
ser calificada (…) sea igual o superior al 50%, en tal caso se reconocerá al
asegurado la suma estipulada en el cuadro de amparos descritos en la caratula
de la póliza”. Esto es, 33 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El 6 de octubre de 2015, en vigencia de la póliza, cuando
el accionante se encontraba trabajando, sufrió un accidente de tránsito y, como
consecuencia del siniestro, el 26 de octubre de 2015 le sobrevino un infarto
cerebral, acontecimientos que lo obligaron a retirarse del mercado laboral. El
17 de junio de 2016, fue calificado por la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Tolima, con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del
62.5%, con fecha de estructuración 6 de octubre de 2015 y diagnóstico 1.
Esguinces y torcedura de la columna vertebral; 2. Fibrilación y aleteo
auricular; 3. Hiperlipidemia mixta; 4. Secuelas de Infarto cerebral; y 5.
Visión subnormal de un ojo.
En virtud de lo anterior, el demandante solicitó a la
Equidad Seguros O.C. hacer efectiva la póliza de accidentes personales, empresa
que despachó desfavorablemente la solicitud por medio de oficio del 16 de
septiembre de 2016, bajo dos argumentos centrales, el primero, consistente en
que la edad máxima de ingreso a la póliza era de 65 años y, sin embargo, el
accionante al momento de la suscripción del contrato tenía 72 años. Y, segundo,
la póliza no contempla entre las coberturas el diagnóstico del accionante.
7.4.2. Procedencia de la acción de tutela
7.4.2.1. Legitimación por activa: El señor Ernesto Sánchez presentó la acción de
tutela en nombre propio al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al
mínimo vital y a la dignidad humana por parte de la Equidad Seguros O.C. En
consecuencia, se estima legitimado para actuar en la presente causa.
7.4.2.2. Legitimación por pasiva: La Equidad Seguros O.C. se considera legitimada
por pasiva en la presente casusa por cuanto, primero, es una empresa
aseguradora de carácter privado a la cual se le atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales al mínimo vital y a la dignidad humana del accionante;
segundo, es una empresa aseguradora, la cual ejerce actividades que involucran
servicios de interés público a los cuales accedió el accionante y, aunado a
ello, el demandante no se encuentra en igualdad de condiciones, sino en
situación de indefensión, pues es una persona de 75 años de edad, de escasos
recursos económicos y con pérdida de capacidad laboral del 62.5%.
7.4.2.3. Subsidiariedad: Para debatir la controversia judicial expuesta, el
accionante cuenta, en principio, con otros mecanismos de defensa judicial, sin
embargo, debido su edad, 75 años, su carencia de capacidad económica y su
pérdida de capacidad laboral correspondiente al 62.5%, estos no resultan
idóneos ni eficaces. Lo que permite que el juez constitucional tenga
competencia para conocer del presente asunto y adoptar una decisión de fondo.
7.4.2.4. Inmediatez: Este requisito se encuentra cumplido por cuanto la Equidad
Seguros O.C. objetó  el pago de la póliza solicitada por el accionante mediante
oficio del 16 de septiembre de 2016 y el accionante presentó la acción de
tutela el 4 de octubre siguiente, esto es, menos de un mes después. En
consecuencia, el tuteante acudió al amparo en un término razonable después de
la ocurrencia de los hechos que generan la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales.
7.4.3. Análisis de fondo
Según explicó la Equidad Seguros O.C., el señor
Ernesto Sánchez para la fecha del siniestro, 6 de octubre de 2015, se
desempeñaba, en calidad de taxista, como conductor del vehículo de placas
WTP-749, propiedad de la señora Ana Genoveva Ortiz De Gutiérrez. Para el
ejercicio de esta función fue amparado con la póliza de accidentes personales
AA000407 de Bogotá, en virtud de los Decretos 1047 de 2014 y 1079 de 2015, la
cual estuvo vigente desde el 13 de noviembre de 2014 hasta el 13 de noviembre
de 2015. Puntualmente, señaló que el demandante “por ser el conductor del
vehículo al momento del siniestro, se encontraba dentro de la póliza de
accidentes personales AA000407” (negrillas fuera de texto).
Sin embargo, la aseguradora objetó el pago del contrato de
seguros, por cuanto, primero, el accionante no cumplía con la edad máxima para
ingresar a la póliza, 65 años, pues para la fecha de entrada en vigencia de la
misma, conforme con su cédula de ciudadanía, tenía 72 años. El segundo,
consistía en que el diagnóstico del accionante no se contempla dentro de las
coberturas pactadas. A continuación, se estudiará el primer fundamento y, en
caso de que no tuviese sustento jurídico para objetar el pago de la póliza, se
procederá con el segundo.
Para poder analizar el primer argumento alegado por la
aseguradora, se debe tener en cuenta que en la póliza de accidentes personales
se pueden presentar, al menos, dos hipótesis, la primera consistente en que la
póliza de seguros personales contratada por la empleadora del accionante se
hubiere realizado sobre el conductor como sujeto determinado; la segunda, se
presenta estipulando en la póliza de accidentes personales al conductor del
vehículo como un sujeto determinable.
Conforme se estudió en las consideraciones de esta
providencia, las partes del contrato
son, por un lado, el “asegurador”,
es decir, quien asume los riesgos y debe pagar la obligación ante la ocurrencia
del siniestro, en concordancia con las cláusulas del contrato y el marco
jurídico correspondiente. Por otro, el “tomador”, quien por cuenta
propia o ajena traslada los riesgos[91] al asegurador, le corresponde el pago
de la prima de acuerdo con lo pactado en el contrato[92].
Adicionalmente, puede existir un “tercero determinado o determinable”
(resaltado propio) quien tiene la posibilidad de contratar el seguro[93].
En este escenario, “al tomador incumben las obligaciones y al tercero
corresponde el derecho a la prestación asegurada”.
Igualmente, se recuerda que para
determinar el alcance del contrato de seguro es necesario remitirse a las
cláusulas pactadas en la póliza, los documentos que la integran y los anexos.
Las cláusulas del contrato de seguro son generales y específicas[94].
Las primeras, entendidas como la “columna vertebral de la aseguradora”,
se aplican a todos los contratos de un mismo tipo otorgados por el mismo
asegurador. Los segundos, son aquellos que se elaboran para cada contrato
específico, reflejan la voluntad de las partes, aseguradora, tomadora y
asegurado[95].
La póliza es el “documento contentivo
del contrato de seguro”[96].
Entre los documentos adicionales que hacen parte de la póliza se encuentran “1)
La solicitud de seguro firmada por el tomador, y 2) Los anexos que se emitan
para adicionar, modificar, suspender, renovar o revocar la póliza”[97].
Cuando las condiciones del contrato no aparezcan pactadas expresamente se
entenderán como aquellas que se precisen en el anexo que el asegurador haya
depositado en la Superintendencia Financiera para el mismo ramo, amparo,
modalidad del contrato y tipo de riesgo[98].
Ahora bien, en el contrato de seguro contratado por la
empleadora del demandante se señaló: Póliza AA000407, Tomador, Transportes
Flota Cambulos S.A., asegurado Ana Genoveva Ortiz de Gutiérrez (empleadora
del accionante), beneficiario Sandra Janneth Rojas Sánchez. Igualmente, se
indicó “Los amparos anteriores tienen limitada su cobertura al ejercicio de
la labor del conductor” (subraya la Corte). Se evidencia, por
consiguiente, que el demandante no fue contemplado en el contrato como un
sujeto determinado. Lo que si se señaló es que los amparos se encontraban
limitados a la actividad de conducción. [99].
Es decir, se trataba de una póliza que amparaba a un sujeto
determinable, para el caso, el conductor del vehículo. Bajo este entendido,
ante la realización del riesgo[100] y el reclamo de la póliza, la
aseguradora podía determinar si el conductor que reclamaba el pago, cumplía con
los requisitos determinados en el contrato. La Equidad Seguros O.C. procedió de
conformidad, estudio en el cual constató que el demandante “por ser el
conductor del vehículo al momento del siniestro, se encontraba dentro de la
póliza de accidentes personales AA000407” (negrillas fuera de texto).
Constatado lo anterior, se estudió si el demandante,
conductor del vehículo, cumplía con los requisitos para acceder a la indemnización.
En póliza se estableció que esta se regía por “las condiciones generales
contenidas en la forma 01012011.1429.p.310000000000001820”, en cuyo numeral
6º se establecieron los “límites de edad”, en los siguientes términos “La
edad mínima de ingreso a esta póliza es de dos (2) años, la máxima sesenta y
cinco (65). La permanencia hasta los ochenta (80) años” (resaltado
propio). La aseguradora evidenció con la cédula de ciudadanía del demandante
que este nació el 7 de marzo de 1942, la póliza entró en vigencia el 13 de
noviembre de  2014, por ende, para entonces, el demandante tenía 72 años. En
consecuencia, se determinó que “no fue posible atender favorablemente la
reclamación del señor Ernesto Sánchez”.
Bajo este entendido, a pesar de que este juez
constitucional se aparte de los fundamentos de los jueces de primera y segunda
instancia para negar el amparo, puesto que la acción de tutela sí resulta
procedente, por las particularidades del caso concreto, lo cierto es que al
demandante no le asiste el derecho reclamado, pues no se cumple con uno de
los requisitos pactados en el contrato de seguros, esto es, la edad máxima para
ingresar al mismo, hecho cierto que resulta de constatar la edad del demandante
y la fecha de entrada en vigencia del contrato, motivo por el cual, no es dable
acceder al amparo.  Esto, sin perjuicio de las acciones que el demandante
pudiese presentar contra sus superiores por la ausencia de una garantía
personal efectiva.
Por tanto, se
confirmará, bajo las consideraciones de esta providencia, el fallo proferido el
22 de noviembre de 2016, por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagué
(Tolima), a través del cual se confirmó la sentencia proferida el 11 de octubre de 2016 por el Juzgado Once Civil Municipal de Ibagué, en la
cual se negó el amparo deprecado por el señor Ernesto Sánchez.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de términos decretada en el
presente proceso por medio del Auto del 30 de junio de 2017.
SEGUNDO.- REVOCAR, dentro del Expediente No. T-6.017.645,
el fallo proferido, el 20 de septiembre de 2016, por el Juzgado Quinto Civil
del Circuito de Neiva (Huila), por medio del cual se confirmó la sentencia
dictada el 5 de agosto de 2016 por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Neiva
(Huila) en el que se declaró improcedente el amparo deprecado. En su lugar, CONCEDER
la protección de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la dignidad
humana de las accionantes, señora Eliana y Milena Rocha González y Leydi Dayana
Rocha Ortiz.
TERCERO.- ORDENAR
a la Aseguradora Solidaria de Colombian Ltda que en el término de cuarenta y
ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia,
proceda a realizar los trámites correspondientes para hacer efectiva la Póliza
Seguro de Vida en Grupo Deudores No. 994000000005 reclamada por las señoras
Eliana y Milena Rocha González y Leydi Dayana Rocha Ortiz, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO.- ORDENAR al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Campoalegre
(Huila) que, dentro del proceso ejecutivo adelantado por Coofisam contra las
señoras Eliana y Milena Rocha González y Leydi Dayana Rocha Ortiz (expediente
No. 2016-00411-00), una vez la empresa demandante acredite que la Aseguradora
Solidaria de Colombia Ltda hizo efectiva la Póliza Seguro de Vida en Grupo
Deudores No. 994000000005 y, por ende, realizó el pago del saldo del crédito, reanude
y finalice el proceso ejecutivo.
QUINTO.- REVOCAR,
dentro del Expediente No. T-6.021.578, el fallo proferido, el 3 de
febrero de 2017, por el Juzgado Segundo Civil Oral del Circuito de Bogotá, por
medio del cual se confirmó la sentencia proferida el 21 de noviembre de 2016
por el Juzgado Cincuenta y Tres Civil Municipal de Bogotá, que declaró
improcedente el amparo deprecado. En su lugar, CONCEDER la protección de
los derechos fundamentales al mínimo vital y a la dignidad humana del
accionante, Edward Hernando Lancheros Velásquez.
SEXTO.- ORDENAR
a Seguros Generales Suramericana S.A. que en el término de cuarenta y ocho
(48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, realice
los trámites correspondientes para hacer efectivo el amparo contenido en la
póliza “mercado seguro” contratada por el señor Edward Hernando
Lancheros Velásquez, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SÉPTIMO.- REVOCAR, dentro del Expediente No. T-6.059.890, la
sentencia dictada el 21 de junio de 2016 por el Juzgado Tercero de Ejecución
Civil del Circuito de Medellín, mediante la cual se confirmó el fallo del 13 de
mayo de 2016, dictado por el Juzgado Sexto de Ejecución Civil Municipal,
mediante el cual se declaró improcedente la acción de tutela. En su lugar, CONCEDER
el amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital y la dignidad humana de
Andrés Felipe Cifuentes Echeverry.
OCTAVO.- ORDENAR
a BBVA Seguros, que en el término de  cuarenta y ocho (48) horas contadas a
partir de la notificación de esta providencia, proceda a realizar los trámites
correspondientes para hacer efectivo efectiva la “póliza de seguro vida
grupo No. 102162066535”, contratada por Andrés Felipe Cifuentes Echeverry.
NOVENO.- CONFIRMAR, dentro del
Expediente No. T-6.063.467, el fallo proferido el 22 de noviembre de 2016, por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagué
(Tolima), a través del cual se confirmó la sentencia dictada el 11 de octubre de 2016 por el Juzgado Once Civil Municipal de Ibagué, mediante
la cual se negó el amparo deprecado por el señor Ernesto Sánchez.
DECIMO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Salvamento Parcial de Voto
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ROCÍO LOAIZA MILIÁN
Secretaria General (e.)
SALVAMENTO
PARCIAL DE VOTO DE LA MAGISTRADA
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
A
LA SENTENCIA T-591/17
PRINCIPIO DE
LA BUENA FE EN CONTRATO DE SEGUROS-Aseguradoras no
pueden consagrar cláusulas engañosas o abusivas que generen inseguridad para
los usuarios (Salvamento parcial de voto)
ACCION DE
TUTELA FRENTE A CONTRATO DE SEGUROS-Se debió conceder por cuanto cláusulas sobre las exclusiones en el
contrato no eran claras, por tanto, la empresa no podía beneficiarse de su
propia ambigüedad (Salvamento parcial de voto)
Referencia:
Expedientes T-6.017.645 y acumulados
Acción
de tutela presentada por Eliana Rocha González y otros contra Aseguradora
Solidaria de Colombia y otros.
Magistrado
Ponente:
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
1. Con el acostumbrado respeto por las
decisiones de la Corte Constitucional, presento a continuación las razones por
las cuales salvo parcialmente mi voto en la decisión adoptada por la Sala
Cuarta de Revisión de Tutelas, en sesión del 25 de septiembre de 2017, en la
cual se profirió la sentencia T-591 de 2017. En esta sentencia, la Sala
de Revisión abordó cuatro casos que compartían unidad de materia, por cuanto
versaban sobre el incumplimiento por parte de varias empresas aseguradoras de
los contratos de pólizas que los accionantes habían suscrito para cubrir
diversos siniestros (invalidez, muerte y/o otros).
2. Este salvamento parcial tiene
relación con expediente T-6063467, en el cual el demandante es el señor Ernesto Sánchez contra
la Equidad Seguros. Como se desprende de los antecedentes de esta sentencia, el
actor era conductor de taxi y para poder trabajar como
tal, la empleadora y él estaban obligados por ley a contratar un seguro de
accidentes personales, según los Decretos 1047 de 2014 y 1079 de 2015. Por ese
motivo, pactaron con la Equidad Seguros una póliza que cubría los accidentes
personales “del conductor del taxi”, el 13 de noviembre de 2015, vigente
por un año.
El 6 de octubre
de 2015, el accionante sufrió un accidente en el taxi, razón por la cual le
sobrevino un infarto cerebral el 26 de octubre de ese año. Con posterioridad,
el 17 de junio de 2016, fue calificado con el 62.50% de pérdida de capacidad
laboral, con fecha de estructuración el 10 de junio de 2016. Por lo
anterior, solicitó hacer efectiva la póliza de seguros.
Sin embargo, la
Equidad Seguros negó la solicitud por dos razones: (i) porque ese tipo
de pólizas sólo es válida para personas menores de 65 años y el accionante
tenía 72 años cuando contrató la misma. Y (ii) debido a que la
incapacidad generada no estaba cubierta.
Por lo anterior,
el actor presentó acción de tutela y alegó que la entidad no tiene fundamento
al negar el reconocimiento de la póliza. Además explicó que está en una grave
situación de vulnerabilidad porque no puede trabajar y carece de otro tipo de
ingresos.
3. En este caso particular, la sentencia explicó que la póliza no se
contrató respecto de un sujeto determinado, pues en la misma el tomador del
seguro amparó los siniestros que se presentaran “en ejercicio de la labor
del conductor”.
Según la
mayoría de la Sala de Revisión, esta cláusula hacía que el accionante no
estuviera determinado en el contrato de seguros, y por ello, la Equidad Seguros
no tenía como constatar que “el conductor del vehículo” no cumplía los
requisitos de la póliza (ser menor de 65 años de edad) cuando la contrató. En
esa medida, dio la razón a la Aseguradora respecto de la negativa a cubrir el
siniestro ocurrido al tutelante.
Debido a que,
según la mayoría de la Sala, el primer argumento de la Aseguradora estuvo
sustentado, no estudió el segundo.
4. A partir de los elementos fácticos y jurídicos que rodean este caso
particular, presento mi salvamento parcial de voto debido a mi desacuerdo tanto
con la parte motiva como resolutiva de la sentencia. Mi oposición encuentra
fundamento en las siguientes razones:
En primer
lugar, es claro para la jurisprudencia constitucional (que se desarrolla
en esta misma sentencia) que los contratos de seguros deben regirse por el
principio de buena fe, lo cual implica que las Aseguradoras no consagren
cláusulas engañosas o abusivas que generen inseguridad para los usuarios en la
ejecución de las obligaciones, en abuso de su posición dominante (páginas 31
y 32 de la sentencia).
En este caso,
era claro que si bien, “el conductor” no era un sujeto determinado en el
contrato como tal (como lo argumenta la mayoría de la Sala), era
claramente determinable por la Aseguradora desde el momento mismo en que se
contrató la póliza. Adicional a ello, como lo advertí en su momento, no se
demostró que el actor no manifestó su edad ante la Equidad, quien estaba
obligada a constatarla para ver si la póliza que ofreció sí se ajustaba a las
condiciones de los tomadores. En efecto, ese dato sólo fue investigado por la
Aseguradora cuando el actor presentó la reclamación, casi 7 meses después de
vigente el contrato de seguros.
Este error de la
Aseguradora, según las normas del Código de Comercio[101] y la
jurisprudencia constitucional sobre reticencia, no podía trasladarse al tomador
del seguro para eludir el cumplimiento de la obligación de asegurar el
accidente de trabajo del conductor de taxi. Por el contrario, haber recibido la
prima (o valor de la póliza), sin advertir ninguna exclusión respecto del
beneficiario generó para él confianza legítima de que se encontraba amparado
por el contrato.
En segundo
lugar, respecto del argumento de Equidad Seguros relacionado con la
ausencia de cobertura de la incapacidad del actor, era evidente que las cláusulas sobre las exclusiones en el contrato no eran claras, por
tanto, según lo indicado por la misma sentencia, la empresa no podía
beneficiarse ahora de su propia ambigüedad[102].
En efecto, las
condiciones generales de cobertura incluía: “la incapacidad total o
permanente que impida todo trabajo”. Esta última frase “todo trabajo”
resulta ambigua y confusa, razón por la cual en este caso debía interpretarse
en el sentido de que se refiere a toda labor para la cual el actor estaba
capacitado. Debido a que el actor era conductor, y después del accidente perdió
su capacidad laboral, se generó para él una incapacidad total que debía ser
cubierta por la empresa aseguradora.
Por último,
todo lo anterior asume mayor relevancia ante la situación de extrema
vulnerabilidad en que se encontraba el accionante, de 72 años de edad y
calificado con el 62.5% de pérdida de capacidad laboral, quien tenía una
expectativa legítima de que su siniestro fuera cubierto, pues su trabajo era su
única fuente de ingresos.
En conclusión,
en este caso el amparo constitucional debía concederse.
Fecha ut
supra
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] Actualmente, el “saldo de capital” corresponde
a $22.891.974 conforme con certificación expedida por  Coofisam el 7 de junio
de 2017 (Cuaderno 1, folio 90).
[2] Esta Sala tuvo conocimiento del proceso ejecutivo iniciado contra las
accionantes en sede de revisión, en el transcurso de la recopilación del acervo
probatorio, en virtud de oficio remitido el 1º de junio de 2017 (Cuaderno 1,
folios 45 al 53).
[3] Decreto 2591 de 1991, artículo 7º, "Por el
cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política": Artículo 7o. Medidas provisionales para
proteger un derecho. Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez
expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho,
suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere.
Sin
embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la
continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al
interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente
para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a
favor del solicitante.
La
suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien
se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible.
El
juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de
conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se
produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de
conformidad con las circunstancias del caso.
El
juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente
fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las
otras medidas cautelares que hubiere dictado.
[4] De
acuerdo con el contrato de seguro, la vigencia de este iniciaba el “día que la
tarjeta de crédito sea aprobada o que sea cargado el costo de la misma”. Según
lo manifestado por Tuya S.A., al accionante se le aprobó un cupo de crédito
rotativo el 28 de abril de 2016, para ser utilizado en la adquisición de productos
a través de la Tarjeta Éxito, con cupo de $9.200.000.
[5] Folio
14, Cuaderno 2.
[6] Copia contrato de seguro, lista de amparo comprende los siguientes: “muerte por
cualquier causa, incapacidad total y permanente, muerte accidental
(doble), anticipo por enfermedades graves (50%), cáncer mujer anticipio (10%
del anticipo), asistencia telefónica médica y jurídica” (Cuaderno 2, folio
5).
[7] “Decreto 1047 de 2014, Artículo 7°. Se adiciona el
siguiente artículo al Decreto 172 de 2001:
“Artículo
58 A. Seguro de accidentes personales. Las empresas de servicio público de
transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi,
deberán tomar con compañías de seguros autorizadas para operar en Colombia, una
póliza de accidentes personales que ampare a los conductores de vehículos taxis
con al menos la cobertura de los siguientes riesgos:
a) Muerte o incapacidad total y permanente ocasionada en accidente de
tránsito ocurrido durante el ejercicio de su labor de conductor al servicio de
la empresa de transporte y con ocasión del mismo;
b) Muerte violenta o incapacidad total y permanente causada durante el
ejercicio de su labor de conductor al servicio de la empresa de transporte como
consecuencia de hurto o tentativa de hurto ocurrida durante la prestación del
servicio.
La suma asegurada no podrá ser inferior a treinta (30) smmlv por
conductor y el pago de la prima del seguro no podrá en ningún caso ser
trasladada a este.
Parágrafo 1°. El Ministerio del Trabajo, una vez verificada la debida
vinculación de los conductores al Sistema de Seguridad Social Integral,
realizará un estudio sobre la necesidad y pertinencia del seguro de accidentes
personales de que trata el presente artículo y en atención a las conclusiones
del mismo, presentará al Gobierno Nacional un proyecto de decreto para su
derogatoria, modificación o ampliación.
Parágrafo 2°. Transitorio. Las empresas de transporte que a la fecha de
expedición del presente decreto se encuentren habilitadas para la prestación
del servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros
en vehículos taxi, deberán contratar los seguros de accidentes personales de
sus conductores, a más tardar al momento de solicitar la renovación de las
tarjetas de operación que a la fecha de expedición del presente decreto se
encuentran vigentes o dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición
de la presente disposición, lo que primero ocurra”.
[8] Condiciones generales de la póliza No.
01012011-1429-P-31-0000000000001820-.
[9] “La edad mínima d ingreso a esta póliza es de dos (2)
años, la máxima de sesenta y cinco (65). La permanencia hasta los (80) años.
[10] Cuaderno
1, folio 73.
[11] T-459 de 1992 y T-895 de 2011.
[12] T-020
de 2016.
[13] T-020
de 2016.
[14] T-838
de 2011.
[15] Cita tomada de Sentencia T-738 de 2011: Es importante señalar que en algunas oportunidades la
jurisprudencia constitucional ha planteado una especie de asimilación entre la
noción de servicio público y la de interés público. Así por ejemplo, en la
sentencia T-847 de 2010 la Corte Constitucional señaló lo siguiente: “Concretamente,
cuando el reclamo constitucional tiene que ver con la vulneración de los
derechos al buen nombre y al hábeas data por parte de una entidad bancaria,
derivado del reporte efectuado a las centrales de riesgo a partir de una
obligación que la actora afirma inexistente, la acción de tutela se torna
procedente porque la actividad financiera, cuyo objetivo principal es el de
captar recursos económicos del público para administrarlos, intervenirlos y
obtener de su manejo un provecho de igual naturaleza, ha sido considerada por
la Corte Constitucional como servicio público (…). Lo anterior lo reglamenta el
artículo 335 Superior cuando señala que las actividades financieras, bursátil,
aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e
inversión de los recursos que se captan del conglomerado en general, son de
interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado,
conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del gobierno en
estas materias y promoverá la democratización del crédito.”
[16] “En la
sentencia T-919 de 2014 se expuso que el interés público supone que se
encuentra encaminado a la materialización del bienestar general de la
comunidad, por lo que al involucrar las actividades financieras este interés,
la libertad en su ejercicio está determinada y puede restringirse cuando están
de por medio valores y principios constitucionales, así como la protección de
derechos fundamentales o consideraciones de interés general. En consecuencia,
después de analizar una serie de providencias de esta Corporación, se agregó
que “(…) la libertad contractual si bien permite
a la persona tomar decisiones en el mercado y ejecutarlas, no puede ser
arbitraria, pues como toda libertad está gobernada por el marco axiológico de
la Constitución que incorpora como principio fundamental el de la solidaridad
social y la prevalencia del interés general”.
[17] T-211 de 2009. Cita en T-113 de 2013
[18] Decreto 4327 de 2005, modificado por el Decreto 1848
de 2016, artículo 11.2.1.4.10, numeral 5
[19] Decreto 4327 de 2005, modificado por el Decreto 1848
de 2016, 11.2.1.4.12, numeral 6.
[20] En concordancia del Consejo de Estado ha precisado
que “al ejecutivo le está vedado pronunciarse en torno a los negocios jurídicos
respecto de los cuales existen intereses particulares en oposición”. Consejo de
Estado, Sentencia del 15 de junio de 1965.
[21] Ley 1564 de 2012, 372, 373 y 392. Cabe destacar que
de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 1564 de 2012, “salvo interrupción o
suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior
a un (1) año para dictar sentencia de primera o única instancia, contado a
partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento
ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del mismo modo, el plazo para
resolver la segunda instancia, no podrá ser superior a seis (6) meses, contados
a partir de la recepción del expediente en la secretaría del juzgado o
tribunal”.
[22] T-240
de 2016.
[23] T-676 de 2016.
[24] T-007 de 2015.
[25] T-676
de 2016.
[26] T-240 de 2016.
[27] T-007 de 2015.
[28] SU-995
de 1999 y T-670 de 2016.
[29] SU-995
de 1999 y T-670 de 2016.
[30] T-268
de 2008.
[31] T-240
de 2016.
[32] T-786 de 2008. Ver también Sentencias T-751 de 2012,
T-136 de 2013, T-120 de 2013, T-956 de 2013, T-889 de 2013 y T-506 de 2015,
entre otras.
[33] T-240
de 2016.
[34] T-751 de 2011, T-670 de 2016 y Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia No. 002 del 24 de enero de 1994.
[35] Código
de Comercio, artículo 1037
[36] T-240 de 2016.
[37] Código
de Comercio, artículo 1039.
[38] Código
de Comercio, artículo 1036.
[39] T-086 de 2012, reiterada en T-053 de 2017.
[40] Código
de Comercio, artículo 1045.
[41] Código
de Comercio, artículo 1054
[42] Código
de Comercio, artículo 1083.
[43] Código
de Comercio. artículo 1137.
[44] Código
de Comercio, artículo 1054.
[45] T-670 de 2016.
[46] Código
de Comercio, artículo 1055.
[47] T-240
de 2016.
[48] T-240
de 2016.
[49] Código
de Comercio, artículo 1081.
[50] T-053
de 2017.
[51] T-715 de 2012, retomada en la Sentencia T-053 de 2017.
[52] Código de Comercio, artículo 1046. comprende, además
de las condiciones generales del contrato[52]: “1) la razón
o denominación social del asegurador; 2) el nombre del tomador; 3) los nombres
del asegurado y del beneficiario o la forma de identificarlos, si fueren
distintos del tomador; 4) la calidad en que actúe el tomador del seguro; 5) la
identificación precisa de la cosa o persona con respecto a las cuales se
contrata el seguro; 6) la vigencia del contrato, con indicación de las fechas y
horas de iniciación y vencimiento, o el modo de determinar unas y otras; 7) la
suma aseguradora o el modo de precisarla; 8) la prima o el modo de calcularla y
la forma de su pago; 9) los riesgos que el asegurador toma su cargo: 10) la
fecha en que se extiende y la firma del asegurador; y 11) las demás condiciones
particulares que acuerden los contratantes”.
[53] Código
de Comercio, artículo 1048.
[54] Código
de Comercio, artículo 1047, parágrafo.
[55] Ver
T-240 de 2016
[56] Ver
T-086 de 2016.
[57] Ver
T-086 de 2016.
[58] Código Civil, art. 1624.
[59] T-670
de 2016.
[60] T-760 de 2016
[61] T-770 de 2015, reiterada en T-670 de 2016.
[62] T-240
de 2016.
[63] T-240
de 2016.
[64] En este sentido, cabe destacar que, conforme se ha
determinado por esta Corporación: “[C]uando las cláusulas no definen de la
manera explícita las condiciones de la cobertura debido a la incorporación de
textos de excesiva vaguedad o exclusiones de carácter eminentemente genérico,
se vulnera la buena fe del tomador en tanto no resulta posible establecer el
alcance de la cobertura.  En ese marco, y en síntesis, las partes del contrato
de seguro deben tener un acceso equitativo a la información relevante, sobre el
alcance del riesgo asegurado -por una parte- y la cobertura real del contrato
-por otra-.” [En consecuencia] “la carga de declarar sinceramente la
información relevante para la determinación del estado de riesgo (en este caso,
el estado de salud) no puede traducirse en una imposibilidad absoluta de hacer
efectiva la póliza, como consecuencia de un establecimiento ambiguo de la
cobertura, mediante cláusulas simplemente genéricas o mediante una alusión
descontextualizada de las condiciones generales del contrato, carente de la
precisión que se obtiene mediante las condiciones específicas del mismo”
Sentencia T-751 de 2012, reiterada en la T-222 de 2014
[65] Código
de Comercio, artículo 1160.
[66] Código
de Comercio, artículo 1058.
[67]  T-086
de 2012.
[68]  T-086 de 2012.
[69] T-222 de 2014. Incluso, la Real Academia de la Lengua
Española, las define de la siguiente manera: “Reticencia: 1. f. Efecto de no decir sino en parte, o de dar a entender
claramente, y de ordinario con malicia, que se oculta o se calla algo que
debiera o pudiera decirse. 2. f. Reserva, desconfianza. 3. Figura que consiste en
dejar incompleta una frase o no acabar de aclarar una especie, dando, sin
embargo, a entender el sentido de lo que no se dice, y a veces más de lo que se
calla”. Por su parte, “Preexistencia: Existencia anterior, con alguna de
las prioridades de naturaleza u origen”. Tomado de www.rae.es Consultado en marzo de 2014.
[70] Sentencia T-152 de 2006 T -222 de 2014, entre otras.
[71] Ver
T-832 de 2010.
[72] Ley 100 de 1993, artículo 41.
[73] "Por el cual se regula la evaluación de la
capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos
sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes
administrativos  por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos
de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la  Policía Nacional,
personal civil al servicio del  Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas
Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con
anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993".
[74] “Se entiende como la fecha en que una persona
pierde un grado o porcentaje de su capacidad laboral u ocupacional, de
cualquier origen, como consecuencia de una enfermedad o accidente, y que se
determina con base en la evolución de las secuelas que han dejado estos. Para
el estado de invalidez, esta fecha debe ser determinada en el momento en el que
la persona evaluada alcanza el cincuenta por ciento (50%) de pérdida de la
capacidad laboral u ocupacional.
Esta fecha debe soportarse en la historia clínica, los exámenes
clínicos y de ayuda diagnóstica y puede ser anterior o corresponder a la fecha
de la declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral. Para aquellos casos
en los cuales no exista historia clínica, se debe apoyar en la historia natural
de la enfermedad. En todo caso, esta fecha debe estar argumentada por el
calificador y consignada en la calificación. Además, no puede estar sujeta a
que el solicitante haya estado laborando y cotizando al Sistema de Seguridad
Social Integral”.
[75] T485 de 2014, reiterada en la Sentencia T-194 de
2016.
[76] T-962 de 2011 y T-153
de 2016.
[77] T-789 de 2014 y T-717
de 2015.
[78] T-022 de 2013.
[79] Ante esta
situación, esta Corporación ha señalado
que “la
fecha de estructuración debe entenderse como aquella en la que se concreta el
carácter de permanente y definitivo que impiden que la persona desarrolle
cualquier actividad laboral y continúe cotizando, y no la señalada
retroactivamente en la calificación, pues [ello] sólo indica cuando se
presentaron los primeros síntomas”. T485 de 2014, reiterada en la
Sentencia T-194 de 2016.
[80] Según su registro civil de nacimiento, Leydi Dayana
Rocha Ortiz nació el 22 de enero del 2000.
[81] T-895
de 2011. Ver, entre otras, T-341 de 1993; T-293 de 1994; T-456 de 1995; T-409
de 1998; T-182 de 1999.
[82] Póliza
Seguro en Vida Grupo Deudores No. 994000000005. Máximo Valor Asegurado Individual:
El valor asegurado por persona será el equivalente al valor inicial del
crédito, sin superar en ningún caso la suma de $150.000.000, acumulada en uno o
varios créditos. (Cuaderno principal, folio 415 y 417)
[83] T-222
de 2014.
[84] En
el Acta no se estableció la fecha de estructuración.
[85] Sentencia T-662 de 2013.
[86] T-020
de 2016.
[87] T-020
de 2016.
[88] T-240
de 2016.
[89] “Se entiende como la fecha en que una persona pierde
un grado o porcentaje de su capacidad laboral u ocupacional, de cualquier
origen, como consecuencia de una enfermedad o accidente, y que se determina con
base en la evolución de las secuelas que han dejado estos. Para el estado de
invalidez, esta fecha debe ser determinada en el momento en el que la persona
evaluada alcanza el cincuenta por ciento (50%) de pérdida de la capacidad
laboral u ocupacional. Esta fecha debe soportarse en la historia clínica, los
exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica y puede ser anterior o corresponder a
la fecha de la declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral. Para
aquellos casos en los cuales no exista historia clínica, se debe apoyar en la
historia natural de la enfermedad. En todo caso, esta fecha debe estar
argumentada por el calificador y consignada en la calificación. Además, no
puede estar sujeta a que el solicitante haya estado laborando y cotizando al
Sistema de Seguridad Social Integral”.
[90] “Decreto 1047 de 2014, Artículo 7°. Se adiciona el
siguiente artículo al Decreto 172 de 2001:
“Artículo
58 A. Seguro de accidentes personales. Las empresas de servicio público de
transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi,
deberán tomar con compañías de seguros autorizadas para operar en Colombia, una
póliza de accidentes personales que ampare a los conductores de vehículos taxis
con al menos la cobertura de los siguientes riesgos:
a) Muerte o incapacidad total y permanente ocasionada en accidente de
tránsito ocurrido durante el ejercicio de su labor de conductor al servicio de
la empresa de transporte y con ocasión del mismo;
b) Muerte violenta o incapacidad total y permanente causada durante el
ejercicio de su labor de conductor al servicio de la empresa de transporte como
consecuencia de hurto o tentativa de hurto ocurrida durante la prestación del
servicio.
La suma asegurada no podrá ser inferior a treinta (30) smmlv por
conductor y el pago de la prima del seguro no podrá en ningún caso ser
trasladada a este.
Parágrafo 1°. El Ministerio del Trabajo, una vez verificada la debida
vinculación de los conductores al Sistema de Seguridad Social Integral,
realizará un estudio sobre la necesidad y pertinencia del seguro de accidentes
personales de que trata el presente artículo y en atención a las conclusiones
del mismo, presentará al Gobierno Nacional un proyecto de decreto para su
derogatoria, modificación o ampliación.
Parágrafo 2°. Transitorio. Las empresas de transporte que a la fecha de
expedición del presente decreto se encuentren habilitadas para la prestación
del servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros
en vehículos taxi, deberán contratar los seguros de accidentes personales de
sus conductores, a más tardar al momento de solicitar la renovación de las
tarjetas de operación que a la fecha de expedición del presente decreto se encuentran
vigentes o dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de la
presente disposición, lo que primero ocurra”.
[91] Código
de Comercio, artículo 1037
[92] T-240 de 2016.
[93] Código
de Comercio, artículo 1039.
[94] T-053
de 2017.
[95] T-715 de 2012, retomada en la Sentencia T-053 de 2017.
[96] Código de Comercio, artículo 1046. comprende, además
de las condiciones generales del contrato[96]: “1) la razón
o denominación social del asegurador; 2) el nombre del tomador; 3) los nombres
del asegurado y del beneficiario o la forma de identificarlos, si fueren
distintos del tomador; 4) la calidad en que actúe el tomador del seguro; 5) la
identificación precisa de la cosa o persona con respecto a las cuales se
contrata el seguro; 6) la vigencia del contrato, con indicación de las fechas y
horas de iniciación y vencimiento, o el modo de determinar unas y otras; 7) la
suma aseguradora o el modo de precisarla; 8) la prima o el modo de calcularla y
la forma de su pago; 9) los riesgos que el asegurador toma su cargo: 10) la
fecha en que se extiende y la firma del asegurador; y 11) las demás condiciones
particulares que acuerden los contratantes”.
[97] Código
de Comercio, artículo 1048.
[98] Código
de Comercio, artículo 1047, parágrafo.
[99] Código
de Comercio. ARTÍCULO 1039. <SEGURO POR CUENTA DE UN TERCERO Y OBLIGACIONES
DE LAS PARTES>. El seguro puede ser contratado por cuenta de un tercero
determinado o determinable. En tal caso, al tomador incumben las obligaciones y
al tercero corresponde el derecho a la prestación asegurada.
No obstante, al
asegurado corresponden aquellas obligaciones que no puedan ser cumplidas más
que por él mismo.
[100] Conforme con el
artículo 1072 del Código de Comercio, “se denomina siniestro la realización del
riesgo asegurado”.
[101] Art. 1058.- El
tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que
determinan el estado del riesgo, según el cuestionario que le sea propuesto por
el asegurador. La reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias
que, conocidos por el asegurador, lo hubieren retraído de celebrar el contrato,
o inducido a estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa
del seguro.
Si la declaración no se hace con sujeción a un
cuestionario determinado, la reticencia o la inexactitud producen igual efecto
si el tomador ha encubierto por culpa, hechos o circunstancias que impliquen
agravación objetiva del estado del riesgo.
Si la inexactitud o la reticencia
provienen de error inculpable del tomador, el contrato no será nulo, pero el
asegurador sólo estará obligado, en caso de siniestro, a pagar un porcentaje de
la prestación asegurada equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en
el contrato represente respecto de la tarifa o la prima adecuada al verdadero
estado del riesgo, excepto lo previsto en el artículo 1160.
Las sanciones consagradas en este
artículo no se aplican si el asegurador, antes de celebrarse el contrato, ha
conocido o debido conocer los hechos o circunstancias sobre que versan los
vicios de la declaración, o si, ya celebrado el contrato, se allana a
subsanarlos o los acepta expresa o tácitamente.
[102] Según lo dispone
también el artículo 1624 del Código Civil, de conformidad con el artículo 2 del
Código de Comercio, así:
ARTÍCULO 1624. <INTERPRETACIÓN
A FAVOR DEL DEUDOR>. No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas
precedentes de interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor
del deudor.
Pero las cláusulas ambiguas que
hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora,
se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de
una explicación que haya debido darse por ella.