T-139-16
Sentencia
T-139/16
ACCION
DE TUTELA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS COLECTIVOS CUANDO EXISTE VULNERACION
DE DERECHOS FUNDAMENTALES-Requisitos de procedencia
excepcional
Por regla general la
acción de tutela es improcedente cuando se solicita el amparo de derechos
colectivos; segundo, que de manera excepcional procede si converge la presunta
vulneración de derechos colectivos con la de derechos fundamentales.
LEGITIMACION
POR ACTIVA EN TUTELA-Cualquier persona puede exigir el cumplimiento de los
derechos de los niños
La jurisprudencia constitucional ha defendido que cualquier persona se encuentra legitimada para interponer acción de tutela en nombre de un menor, siempre
que en el relato de los hechos de la demanda conste la inminencia de la
violación a los derechos fundamentales del niño.
DERECHO
AL AGUA POTABLE-Toda persona tiene derecho fundamental prima facie a disponer
y acceder a cantidades suficientes, y de calidad, de agua apta para el consumo
humano
PRESTACION
ADECUADA Y EFICIENTE DE SERVICIOS PUBLICOS-Fin social del
Estado
SERVICIO
PUBLICO DE ACUEDUCTO-Pureza del agua
PRINCIPIO
DE PRECAUCION AMBIENTAL-Naturaleza
El principio de precaución es uno de los principios
rectores de protección del medio ambiente, se manifiesta a través de la
obligación a cargo del Estado, a través de las autoridades ambientales, y de
los particulares de tomar medidas para proteger y mitigar daños en el ambiente y la salud cuando
existe un riesgo de daño.
DERECHO
AL AGUA POTABLE-Orden a Alcaldía continuar
con la entrega del mínimo de agua potable, salubre y de calidad a residentes de
asentamiento, garantizando por lo menos 20 litros de agua por persona y día, empleando
el medio que considere más adecuado para el efecto
Referencia:
expediente T-5.245.781.
Acción
de tutela instaurada por Dulfo Rojas Delgado, en representación de la Junta de
Acción Comunal del asentamiento humano La Malaña, sector occidental,
corregimiento 3 de la ciudad de Bucaramanga, contra el Acueducto Metropolitano
de Bucaramanga (AMB), la Alcaldía de Bucaramanga y la Empresa Pública de
Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. (EMPAS), el Acueducto Veredal La Malaña
y otros.
Magistrado
Ponente:
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de
dos mil dieciséis (2016).
La
Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Alberto Rojas Ríos, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Jorge Iván
Palacio Palacio, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del
proceso de revisión del fallo dictado el 10 de agosto de 2015 por el
Juzgado 13 Civil Municipal de Bucaramanga, en la acción de tutela promovida por
Dulfo Rojas Delgado, en representación de la Junta de Acción Comunal del Asentamiento
Humano La Malaña, sector occidental, corregimiento 3 de la ciudad de
Bucaramanga contra el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (en adelante AMB),
la Alcaldía de Bucaramanga y la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander
S.A. E.S.P. (en adelante EMPAS).
I. ANTECEDENTES
1.
Hechos
relevantes[1].
1.1.
Desde
hace aproximadamente 20 años en la ciudad de Bucaramanga se conformó el
asentamiento humano La Malaña, donde actualmente residen 160 familias.
1.2.
Afirmó
el actor que el agua del asentamiento llega por una manguera desde otra vereda.
1.3.
Narró
que el 20 de mayo de 2015 la Secretaría de Salud y Medio Ambiente visitó el
asentamiento y tomó dos pruebas del agua del Centro Educativo Rural La Malaña
(única escuela del sector).
1.3.1.
El
primer resultado de laboratorio (1499-15) dictaminó que “la muestra
analizada se encuentra por fuera de los límites permitidos de calidad
microbiológica establecidos por las entidades sanitarias según la Resolución
2115 de junio de 2007 para agua potable”[2].
1.3.2.
El
segundo resultado (1500-15) diagnosticó que “la muestra analizada se encuentra
dentro de los límites permitidos de calidad microbiológica establecidos por las
entidades sanitarias según la Resolución 2115 de junio de 2007 para agua
potable”[3].
1.4.
El
demandante sostuvo
que la Alcaldía de Bucaramanga tuvo en cuenta esos resultados en las Actas de
Inspección Sanitaria números 14935 y 14936 del 1 de junio de 2015.[4] En estas se expuso
que: (i) se trata de “Agua no apta para el consumo humano” por encontrar
que se supera el límite permitido de contenido microbiológico fijado por la
Resolución 2115 de junio de 2007; (ii) la medida de seguridad parcial en el “tanque
de almacenamiento y redes de conducción”; (iii) “se solicitó a los
socios y operadores encargados del acueducto veredal realizar tratamiento del
agua suministrada para prevenir el riesgo a la salud pública, de lo contrario
se suspende el servicio del acueducto veredal”; y, (iv) se impartió
educación sanitaria en normatividad sobre el agua y se realizó promoción y
prevención en enfermedades producidas por el consumo de agua cruda.
1.5.
Aseveró
que “se ordenó la suspensión del servicio de agua a este asentamiento por
parte de la Alcaldía Municipal y el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga”,
afectando al
centro educativo rural La Malaña.
1.6.
La Secretaria de
Salud y del Ambiente – Grupo de Saneamiento- ordenó, mediante el Acta 03860 del
1 de junio de 2015[5], la clausura
temporal y parcial de la escuela mencionada.
1.7.
Detalló
que la falta de agua potable provocó la interrupción del servicio escolar y la
suspensión del funcionamiento del único comedor, afectando a los niños de la
comunidad.
1.8.
Relató
que a dos metros de la escuela hay una red de agua utilizada para los barrios
Limoncito y Miraflores y otros colindantes a la comuna 14.
1.9.
Adujo
que el 16 de junio de 2015, la Junta de Acción Comunal solicitó a la Secretaría
de Salud del municipio de Bucaramanga y al AMB el suministro de agua potable [6].
1.10.    El AMB negó la
solicitud bajo el argumento que el asentamiento está fuera de su perímetro de
servicio.
1.11.    Indicó el actor
que no existen las canalizaciones de aguas lluvias y residuales domiciliarias en
la parte rural del asentamiento pese a haberlas requerido a las entidades
demandadas.
1.12.    Arguyó que le corresponde
al municipio garantizar los servicios públicos domiciliarios del asentamiento.
1.13.    Solicitó que
se garantice el derecho al agua potable a través del servicio de acueducto; y
se ordene al
AMB, a la Alcaldía de Bucaramanga y a la EMPAS (i) “garantizar el derecho
fundamental a la vida en conexidad con el acceso a los servicios públicos, de
acceder al servicio de agua potable y el servicio de alcantarillado provisional
a todos los residentes del asentamiento La Malaña de manera permanente”;
(ii) “realizar los respectivos estudios o medidas de protección para la
prestación de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado”[7].
1.14.    También pidió
como medida provisional que se acceda al restablecimiento del servicio público
del suministro de agua potable y alcantarillado, ya que de ello depende el goce
efectivo del acceso mínimo de agua de los residentes del asentamiento.
2. Trámite procesal a partir de la demanda
de tutela.
Mediante
Auto del 24 de julio de 2015, el Juzgado 13 Civil Municipal de Bucaramanga
avocó conocimiento y corrió traslado de 1 día a las entidades accionadas con
el fin de que rindieran el informe de que trata el artículo 19 del Decreto  2591
de 1991. Respecto de la medida provisional, la autoridad judicial se abstuvo de
decidirla, “ya que la misma constituye el fondo de la acción aquí impetrada,
lo que será motivo de estudio en un término máximo de 10 días”[8].
3.
Respuesta de las entidades demandadas.
3.1.
La EMPAS explicó que el asentamiento no está en la zona de servicio que le
corresponde y, además, no ha recibido ninguna solicitud para su conexión en el
asentamiento La Malaña.
Adicionalmente,
allegó
un informe de visita del 27 de julio de 2015, donde establece que: (i) el
asentamiento se ubica en un sector subnormal, fuera del perímetro de servicio
de la empresa y sin posibilidad inmediata de prestación de servicio; (ii) los
habitantes de la zona “conducen las aguas residuales por medio de mangueras
y tuberías PVC, descargando dichas aguas residuales a la cañada La Malaña,
generando contaminación”.
3.2.
Por su parte, el
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga –AMB- cuestionó que la acción de tutela fuera
promovida por la Junta de Acción Comunal. Adicionalmente, explicó
que no cuenta con la capacidad técnica para extender la red
de agua potable construida para otros barrios aledaños para
servir al asentamiento, que está fuera del perímetro de la empresa.
Luego, sostuvo
que es responsabilidad del municipio de Bucaramanga proveer el servicio de
acueducto rural, ya que así lo disponen los artículos 1[9]
y 14[10]
de la Ley 388 de 1997.
3.3.
Finalmente, la Alcaldía de Bucaramanga expuso que el AMB debe darle solución a
la problemática presentada por la parte actora, por lo que pidió declarar la
improcedencia de la demanda.
4. Pruebas
que obran en el expediente.
En el expediente obran las siguientes
pruebas documentales:
-
Carta
del 16 de julio de 2015 de Dulfo Rojas Delgado – Delegado de la Junta de Acción
Comunal del asentamiento La Malaña- a la Secretaría de Salud y Medio Ambiente,
solicitando que “se ejecuten las obras necesarias de tratamiento de agua
potable para la escuela la Malaña de la vereda la Malaña, corregimiento Nº 3
jurisdicción del Municipio de Bucaramanga” (Fl. 10).
-
Acta
de inspección sanitaria Núm. 14935 del 1 de junio de 2015 donde consta que: (i)
el agua del Centro Educativo Rural la Malaña no es apta para el consumo humano
y se prohíbe su uso; (ii) se toma una medida de seguridad parcial mediante
tanque de almacenamiento y redes de conducción y (iii) se imparte educación
sanitaria a la comunidad (Fl. 11).
-
Acta
de inspección sanitaria Núm. 14936 del 1 de junio de 2015 donde consta que
debido a que el agua del Centro Educativo Rural La Malaña no es apta para el
consumo humano “se solicita a los socios y operadores encargados del
acueducto veredal realizar tratamiento del agua para prevenir riesgo a la salud
pública. De lo contrario se suspenderá el servicio de acueducto veredal” (Fl.
12).
-
Acta
Núm. 3860 del 1 de junio de 2015 de la Secretaría de Salud y del Ambiente,
mediante la cual se certifica la aplicación de una medida de seguridad parcial
porque el agua que llega al Centro Educativo Rural La Malaña está por fuera de
los límites permitidos de la calidad microbiológica (Fl. 13).
-
Análisis
del 28 de mayo de 2015 de la muestra de agua cruda del colegio, código 1500-15,
tomada el 20 de mayo de 2015, en el que se concluye que “la muestra
analizada se encuentra dentro de los límites permitidos de calidad microbiológica
establecidos por las entidades sanitarias según la resolución 2115 de junio de
2007 para agua potable” (Fl. 14).
-
Análisis
del 26 de mayo de 2015 de la muestra de agua cruda del colegio, código 1499-15,
tomada el 20 de mayo de 2015, en el que se concluye que “la muestra
analizada se encuentra por fuera de los límites permitidos de calidad
microbiológica establecidos por las entidades sanitarias según la resolución
2115 de junio de 2007 para agua potable” (Fl.15).
-
Carta
del AMB dirigida a Dulfo Rojas Delgado, en respuesta de la petición elevada el
22 de junio de 2015, en la que anuncia que “la escuela la Malaña se
encuentra ubicada sobre un área rural por fuera del perímetro de servicio del
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P.” (Fl. 16).
-
Carta
del 22 de junio de 2015 de la Alcaldía de Bucaramanga dirigida a Dulfo Rojas
Delgado, en su calidad de delegado de la JAC, comunicando que la Secretaría de
Salud y Ambiente cumplió con su función de identificar y controlar los
principales factores de riesgo mediante las visitas y análisis de la calidad
del agua suministrada en el centro educativo de la Malaña (Fl.17).
5. Sentencia objeto de revisión.
El 10 de agosto de 2015 el Juzgado 13
Civil Municipal de Bucaramanga declaró la improcedencia de la tutela, bajo el
argumento de que esta acción está encaminada a proteger derechos fundamentales
y no de naturaleza colectiva como los que invoca la parte actora.
Para el juez de instancia la
controversia planteada radica en que en el asentamiento La Malaña no se presta
en forma adecuada el servicio de agua potable y que “se han presentado
situaciones de salud poco agradables”, lo cual apunta a que se reclaman derechos
colectivos, para lo cual existe otro medio de defensa judicial a través de la
acción popular[11].
Finalmente, el a quo advirtió que
en el presente caso no se avizoraba la ocurrencia de un perjuicio actual,
inminente e irreparable que viabilizara la tutela como mecanismo de protección.
II. ACTUACIONES EN SEDE DE REVISIÓN.
2.1. La Sala Sexta
de Revisión de la Corte Constitucional, mediante Auto del 22 de enero
de 2016, dispuso una medida provisional para garantizar el acceso al agua potable de los habitantes del
asentamiento humano La Malaña, con fundamento en el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991. Esto en razón
a que la carencia de agua potable
representa una limitación para la realización de las actividades básicas de
consumo y un riesgo para la salud pública. Por lo tanto, era necesario disponer
una medida para impedir una mayor afectación de derechos fundamentales.
En la misma providencia, decretó
pruebas para
contar con información actualizada, pertinente y suficiente sobre: (i) la
ubicación del asentamiento La Malaña en Bucaramanga; (ii) su prestador del
servicio esencial del acueducto; (iii) las condiciones actuales de salubridad
del agua suministrada allí; (iv) las actuaciones de la Alcaldía tendientes a
prevenir el riesgo a la salud pública mediante el tratamiento del líquido.
En consecuencia, se ordenó:
Primero. VINCULAR al presente
proceso al Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Dirección Técnica de
Gestión de Acueducto y Alcantarillado - Delegada para Acueducto Alcantarillado
y Aseo), a la Corporación Autónoma Regional de Santander y a la Secretaría de
Planeación de Bucaramanga para que en el término de tres (3) días
hábiles siguientes a la notificación del presente auto, contesten a la acción
de tutela. Para el efecto acompáñese copia de los escritos de tutela y las
sentencias de primera instancia.
Segundo.
OFICIAR al señor Dulfo Rojas
Delgado para que en el
término de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del presente
auto, allegue
los documentos que acrediten la Personería
Jurídica de la Junta de Acción Comunal que dice representar y su calidad de representante.
Además, allegue una lista en la que se identifiquen (nombre completo, cédula,
datos de contacto) todos los residentes del asentamiento ‘la Malaña’.
Tercero:
OFICIAR al Acueducto Municipal de Bucaramanga, en
el término de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del presente
auto, informar
con
los respectivos soportes: (i) las medidas que se han tomado para
tratar el agua que proviene de la fuente sobre la cual la Secretaría de Salud y
Ambiente halló que no es apta para el consumo humano, las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en las cuales se tomaron o se planean adelantar dichas
medidas; (ii) la calidad actual del agua suministrada por el Acueducto
Municipal de Bucaramanga a los habitantes del asentamiento ‘la Malaña’; y,
(iii) si
efectuó la comunicación a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios de la negativa de disponibilidad inmediata del servicio
solicitado por la Junta de la Acción Comunal del asentamiento ‘la Malaña’[12],
adjuntando los análisis que sustenten tal decisión y demás soportes, en tal
caso remitir copia de ello. Adicionalmente, aporte el Reglamento
General para la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado del
Municipio de Bucaramanga.
Cuarto:
OFICIAR a la Alcaldía de
Bucaramanga para que en el término de tres (3) días hábiles
siguientes a la notificación del presente auto, informe si ha ordenado la
suspensión del servicio de agua al Asentamiento ‘la Malaña’. Por otro lado, aclare en qué
consiste la
medida de seguridad parcial “tanque de almacenamiento y redes de conducción”
que tomó en el Acta Núm. 14935 del 1 de junio de 2015 y cuál es el estado
actual de dicha medida. De la misma manera, que clarifique a quién pidió
realizar tratamiento del agua suministrada a la vereda la Malaña para prevenir
el riesgo a la salud pública como consta en el Acta de Inspección sanitaria
Núm. 14936 de 1 de junio de 2015. Así mismo, informe qué seguimiento hizo a
dicho requerimiento y el estado actual de las medidas que fueron tomadas.
Quinto.
OFICIAR a la Secretaría de Planeación de Bucaramanga para
que en el término de tres (3) días hábiles
siguientes a la notificación del presente auto informe si el
Asentamiento ‘la Malaña’ se encuentra incluido
en el Plan de Ordenamiento Territorial como un asentamiento urbano o rural.
Sexto.
OFICIAR a la Secretaría de
Salud y Medio Ambiente para que en el
término de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del presente
auto: (i) practique nuevas pruebas
bioquímicas del agua que llega a centro educativo y a las residencias del
asentamiento humano ‘la Malaña’ y, además, emita un concepto sanitario en el
que detalle sus condiciones de salubridad y determine si es apta para el
consumo humano[13];
(ii) informe qué medidas ha tomado para mejorar la calidad del agua de la
fuente que probó estar contaminada en el Asentamiento ‘la Malaña’.
Así
mismo, allegue un mapa de riesgo de calidad del agua de la región donde está
ubicado el asentamiento, en el que se detallen las condiciones de calidad de
las cuencas abastecedoras de sistemas de suministro de agua para consumo
humano, las características físicas, químicas y microbiológicas del agua de las
fuentes superficiales o subterráneas de una determinada región, que puedan
generar riesgos graves a la salud humana si no son adecuadamente tratadas,
independientemente de si provienen de una contaminación por eventos naturales o
generados por el hombre.
Séptimo.
ORDENAR a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios (Dirección Técnica de Gestión de Acueducto y
Alcantarillado - Delegada para Acueducto Alcantarillado y Aseo) para
que en el término de tres (3) días hábiles
siguientes a la notificación del presente auto informe qué acueducto(s)
presta(n) su servicio en el sector del asentamiento.
Octavo.
ORDENAR a Empresa Pública de Alcantarillado de
Santander S.A. E.S.P.[14]
informar el estado de la red de alcantarillado en el Asentamiento la ‘Malaña’ en el
término de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del presente auto.
Noveno.
ORDENAR PROVISIONALMENTE al Municipio de
Bucaramanga (Santander), representado por el señor Alcalde, que, a partir de
las cuarenta (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, si
aún no lo ha hecho, garantizar
el mínimo de agua potable diario a los residentes del Asentamiento ‘la Malaña’,
empleando el medio que considere más adecuado para el efecto, previa
verificación de la necesidad del servicio para su uso personal y doméstico, por
ejemplo, mediante carro tanques o construcción de sistemas individuales o
colectivos de almacenamiento y suministro de agua, hasta que se profiera una
decisión definitiva en sede de revisión[15].
2.2. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico- solicitó la
desvinculación del trámite de tutela por cuanto
los hechos y pretensiones de la demanda de tutela son ajenos a las competencias
de la entidad[16].
Señaló que la prestación eficiente de los servicios públicos
es responsabilidad de los municipios según lo establecido por los artículos 311
de la Constitución, 5 de la Ley 1551 de 2012 y 5.1 de la Ley 142 de 1994.
Expresó que actualmente el municipio no está vinculado a los
Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento. Sin embargo puede formular y presentar proyectos al Ministerio
para buscar financiamiento en el Sistema General de Regalías, aportes de las
corporaciones autónomas regionales, línea de redescuento tasa compensada,
recursos propios y financiación externa[17].
2.3. La Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios (SSPD) informó que el AMB presta el servicio en dicho
municipio, según el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos. Además,
no hay registro de antecedentes de quejas sobre el mal suministro de agua en La
Malaña.
Apuntó la inexistencia de vulneración de derechos
fundamentales por parte de la entidad teniendo en cuenta que sus funciones son
ajenas a la prestación de los servicios. En consecuencia, solicitó su
desvinculación.
2.4. La Corporación Autónoma Regional de
Santander (en adelante CAS) remitió el requerimiento por
competencia a la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (en
adelante CDMB) porque esta es competente en el lugar de los hechos que originan
la presunta vulneración[18].
2.5. La CDMB indicó la
importancia de contar con redes de alcantarillado para prevenir el daño
ambiental. Afirmó que su construcción en zonas fuera del perímetro urbano está
a cargo del municipio.
2.6. El señor Dulfo Rojas Delgado, en representación
de la Junta de Acción Comunal del asentamiento La Malaña, allegó: (i) las
Resoluciones Núm. 0286 de 02 de Agosto de 2012 y 0238 del 29 de Junio de 2012, mediante
las cuales se designan a los dignatarios de la JAC y lo inscriben como delegado;
(ii) una lista de 74 afiliados a la JAC; y (iii) un listado de padres de
familia del centro educativo.
2.7. El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga
aseveró que el asentamiento en cuestión “NO pertenece al Área de prestación
de servicio de acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P. y está
atendida por un Acueducto Veredal”. Por tal razón, no certificó la calidad
del agua suministrada en el sector. De otro lado, afirmó que no existe solicitud
previa para brindar el servicio para el asentamiento en cuestión.
2.8. La
Secretaría de Planeación Municipal de la
Alcaldía de Bucaramanga planteó que el asentamiento está fuera del
perímetro de prestación de servicios públicos porque es un área rural (Artículos
19 y 409 del Acuerdo 011 de 2014). Además, aseveró que no es posible ofrecer
agua potable al asentamiento a través de la conexión utilizada para barrios
colindantes, por condiciones técnicas.
2.9. La Secretaría
de Salud y Ambiente precisó que la Secretaría de Desarrollo Social le remitió
una queja por la falta de suministro de agua presentada por la directora del centro
educativo rural La Malaña[19].
La Secretaría de
Desarrollo Social hizo una inspección sanitaria en el plantel el 19 de mayo de 2015,
en cuya acta SA-41367 de la misma fecha[20]
se estableció que: (i) las quebradas las Ranas y San Ignacio abastecen el
acueducto veredal, (ii) el agua del centro educativo es “captada y
transportada por tubería de pvc de dos pulgadas hacia un tanque con tres
divisiones o barreras de separación en donde cada uno cumple un proceso; en la
primera división se realiza el proceso de desarenación, en la segunda división
realiza el proceso de suspensión de material articulado y en la tercera
división eliminación de residuos flotantes, luego pasa a otro tanque de
almacenamiento para ser distribuida por redes de conducción al cual suministra
aproximadamente a 160 familias habitantes del sector y también abastecen los tanques
existentes en el centro educativo rural la Malaña”; (iii) los tanques de
almacenamiento de agua en el centro educativo fueron limpiados el 17 de mayo de
2015[21]. Que a raíz de estas
constataciones, se impartió educación sanitaria y tomaron muestras del agua de
los tanques de la escuela[22], obteniendo resultados fuera de
los límites permitidos por la Resolución Núm. 2115 del 2007.[23]
Posteriormente, el 1 de
junio de 2015 realizó otra visita para adoptar la medida de seguridad que “prohíbe
el uso del agua para el consumo humano proveniente de los tanques y redes de
conducción como grifos donde toman agua los niños de esta Institución Educativa
hasta que mejore la calidad del agua”, de lo que se levantaron las Actas
SB-14935[24], SB-14936[25]
y SB-03860[26]. En consecuencia, explicó de
nuevo a los menores y a los docentes las medidas de salubridad que debían tomar
para prevenir enfermedades. El 19 de junio, la entidad encontró que el agua
contenida en los tanques de la escuela era potable[27].
Por otra parte, informó
que el 3 de febrero de 2016 no pudo obtener una muestra para el análisis de
calidad del agua solicitado por la Corte porque los tanques de la escuela se
encontraban secos debido al fenómeno del niño (acta de inspección SB-107789)[28]. Por el mismo motivo tampoco pudo
hacer el mapa de riesgo de calidad del agua de la región[29].
Por lo anterior, acordó “reprogramar las tomas de muestras de agua cuando
vuelvan a abastecer”.
2.10. La Secretaría
de Infraestructura de la Alcaldía de Bucaramanga relató que
entregó agua potable en el asentamiento el 4 de febrero de 2016, con la ayuda
del carro tanque de los bomberos[30]. Informó que el municipio continuará proveyendo el líquido
hasta que la Corte Constitucional profiera un pronunciamiento.
2.11. El EMPAS
describió el sistema de alcantarillado del sector: “conduce las aguas
residuales por medio de mangueras y tubería de PVC, descargando dichas aguas
residuales a la cañada La Malaña, generando contaminación”.
Adujo que el municipio debe garantizar el acceso a servicios
públicos en el asentamiento porque está fuera del perímetro del servicio urbano.
2.12. Posteriormente, mediante auto del 17 de febrero de 2015,
se vinculó al acueducto veredal La Malaña y se decretaron pruebas para tener
mayor información sobre la red de acueducto y sobre el aprovechamiento de aguas
en la zona. La CRMB informó que existen dos solicites de concesión de aguas
pendientes de ser resueltas, una de las cuales fue presentada por la JAC del
asentamiento La Malaña. El AMB explicó que la red cercana al plantel educativo
es una línea de impulsión que no puede destinarse como red de distribución
porque no tiene flujo constante. El acueducto veredal La Malaña no se
pronunció.
III. CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITICIONAL.
1.
Competencia.
Esta
Sala es competente para resolver el fallo materia de revisión, de conformidad
con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Problemas jurídicos.
2.1.
El señor Rojas
Delgado, representante legal de la Junta de Acción Comunal, interpuso la acción
de tutela contra el AMB, la Alcaldía de Bucaramanga y la EMPAS, por considerar
vulnerado el derecho fundamental al agua potable de los niños del centro
educativo La Malaña y de los afiliados a la Junta de Acción Comunal. Estimó que
el derecho se vio afectado por la falta de abastecimiento del líquido en
condiciones aptas para el consumo humano. Solicitó que se ordene al AMB, Alcaldía
de Bucaramanga y EMPAS: (i) “garantizar el derecho fundamental a la vida en
conexidad con el acceso a los servicios públicos, de acceder al servicio de
agua potable y el servicio de alcantarillado provisional a todos los residentes
del Asentamiento ‘la Malaña’ de manera permanente”; (ii) “realizar los
respectivos estudios o medidas de protección para la prestación de los servicios
públicos de agua potable y alcantarillado”[31].
2.2.
Sobre
la base de lo expuesto, le corresponde a esta Sala de Revisión responder los
siguientes problemas jurídicos:
1º
¿Procede la acción de tutela respecto de hechos relacionados con un derecho
colectivo cuando la afectación de este concurre o causa la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales?
2º ¿El municipio Bucaramanga y la Acueducto Metropolitano
de Bucaramanga vulneran el derecho al agua potable de los niños que asisten al
Centro Educativo La Malaña, ubicado
por fuera del perímetro urbano, y
de los afiliados a la JAC, por
no tomar las medidas tendientes a garantizar dicho servicio, cuando el
prestador habitual no tiene la capacidad para ello?[32]
2.3.
En este orden de ideas, la Sala comenzará por analizar la procedencia de la
demanda de tutela. Para ello, estudiará: (i) la procedencia de la acción de
tutela cuando se pretende proteger derechos fundamentales o colectivos; (ii) la
legitimación en la causa por activa de JAC para presentar la demanda a nombre
de sus afiliados y de los menores afectados; (iii) el derecho fundamental al
agua potable; (iv) la prestación eficiente de los servicios
públicos por parte del Estado; (v) El servicio público domiciliario de
acueducto y la calidad del agua; (vi) el principio de precaución; y finalmente
se resolverá (vii) el caso concreto.
3.
Procedencia de la acción de tutela.
3.1. Procedencia de la acción de tutela
ante la presunta vulneración de derechos colectivos en concurso con derechos
fundamentales.
3.1.1. El artículo 86
de la Constitución creó la acción de tutela como herramienta para que cualquier
persona, así sea por interpuesta persona, solicite la protección de sus
derechos fundamentales. Por otra parte, en su artículo 88, la Ley 472 de 1998
introdujo la acción popular para las peticiones relacionadas con la garantía de
derechos colectivos.
En concordancia con lo
anterior, el numeral 3º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991
dispone:
“Artículo
6. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
(…)
3.
Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás
mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta
para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en
situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se
trata de impedir un perjuicio irremediable.
De ello, se desprenden dos cosas: primero, que por regla
general la acción de tutela es improcedente cuando se solicita el amparo de
derechos colectivos; segundo, que de manera
excepcional procede si converge la presunta vulneración de derechos colectivos con
la de derechos fundamentales.
3.1.2. En este sentido, esta Corporación ha sostenido que “el
mecanismo para proteger los derechos e intereses colectivos, es en principio,
la acción popular. Sin embargo, la transgresión de esta clase de derechos puede
ocasionar la afectación de garantías fundamentales, evento en el cual el juez
constitucional deberá evaluar y definir en cada caso concreto la pertinencia de
una u otra acción”[33].
3.1.3. En sentencia
T-576 de 2012[34], la Corte delineó los elementos
que el juez constitucional debe analizar para determinar la procedencia de la
acción de tutela cuando la violación de derechos colectivos deriva en la
vulneración de un derecho fundamental:
“1- Debe demostrarse que la acción popular no es
idónea, en concreto, para amparar específicamente el derecho fundamental
vulnerado en conexidad con el derecho colectivo. Esto puede darse cuando
la acción popular es idónea para amparar los derechos colectivos involucrados
pero no puede brindar una protección eficaz al derecho fundamental afectado. En
caso contrario, la acción de tutela solo procedería como mecanismo transitorio
cuando su trámite sea indispensable para la protección de los derechos
fundamentales.
2- Que exista conexidad entre la afectación a los
derechos colectivos y a los derechos fundamentales invocados. A este respecto,
se ha dicho que la afectación del derecho fundamental debe ser consecuencia
directa e inmediata de la conculcación del bien jurídico colectivo.
3- La persona cuyos derechos fundamentales se
encuentran afectados debe ser el demandante.
4- La violación o amenaza de los derechos
fundamentales debe estar demostrada, por lo cual no procede la tutela frente a
meras hipótesis de conculcación.
5- La orden de amparo debe tutelar los derechos
fundamentales invocados y no el derecho colectivo que se encuentre involucrado
o relacionado con ellos, aunque este puede verse protegido como consecuencia de
la orden de tutela”
En esa ocasión
justificó la procedencia de la acción de tutela argumentando que: (i) concurre la afectación de derechos colectivos y derechos
fundamentales[35]; (ii) hubo una violación directa del
derecho fundamental del demandante[36]; y, (iii) el amparo de la acción
de tutela es más eficaz para garantizar derechos constitucionales de ciudadanos
individualmente considerados.
3.2. Legitimación por activa de las
organizaciones comunitarias en las demandas de tutela.
3.2.1. Las personas jurídicas pueden ejercer la acción de tutela para
la protección de sus derechos fundamentales y en defensa de otras personas en
cuyo nombre pueden actuar (art. 86).[37]
3.2.2. Al respecto, la jurisprudencia constitucional[38] ha definido que las organizaciones
comunitarias pueden intermediar a favor de la protección de los derechos de sus
afiliados[39].
De acuerdo con el artículo 8º de la Ley 743 de 2002 existen 4 tipos o
grados de organismos de acción comunal: (i) la junta de acción comunal[40], (ii) la asociación de juntas de acción
comunal, (iii) la federación de juntas de acción comunal y (iv) la
confederación nacional de juntas de acción comunal[41]. Estas organizaciones cuentan con una asamblea general en la que participa toda la
comunidad y se eligen los dignatarios de la junta directiva o el consejo
comunal que son el órgano de dirección, representación y administración[42].
3.3. Procedencia de la acción de tutela y los derechos
fundamentales de los niños.
Los niños, niñas y
adolescentes son sujetos de especial protección constitucional y sus derechos son fundamentales. Lo anterior, en virtud
del artículo 44 de la Constitución y de instrumentos internacionales de
derechos humanos del denominado bloque de constitucionalidad, que reconocen el
principio del interés superior del menor de dieciocho años[43].
La Corte ha sostenido que la protección reforzada a favor
de los niños se explica “en la situación de vulnerabilidad e indefensión en
la que se encuentran, pues su desarrollo
físico, mental y emocional está en proceso de alcanzar la madurez requerida
para la toma de decisiones y participación autónoma dentro de la sociedad”.[44]
En este mismo sentido, el Código de la Infancia y la
Adolescencia instituye la prevalencia de sus
derechos. El artículo 8° define que “se entiende por interés superior del
niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a
garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son
universales, prevalentes e interdependientes”; y, el artículo 25 estableció: “En todo acto, decisión o medida
administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en
relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos
de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con
los de cualquier otra persona (…)”.
Con base en lo
anterior, las actuaciones de los jueces deben propender hacia la prevalencia de
los derechos de los niños, para garantizar su desarrollo
armónico e integral y el ejercicio
pleno de sus derechos.
Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha
defendido que cualquier persona se encuentra legitimada para interponer acción de tutela en nombre de un menor, siempre que
en el relato de los hechos de la demanda conste la inminencia de la violación a
los derechos fundamentales del niño[45].
4. Derecho fundamental al agua
potable
4.1. En el ordenamiento jurídico
colombiano, el agua para el consumo humano constituye un derecho fundamental[46], al menos por dos razones: Primero,
garantizar el acceso a este recurso es un objetivo fundamental del Estado
Social de Derecho (artículo 366), ya que es un medio para asegurar el
desarrollo y realización de necesidades básicas insatisfechas[47]; Segundo, “el suministro de
agua potable es un servicio público domiciliario cuya adecuada, completa y
permanente prestación resulta indispensable para la vida y la salud de las
personas, aparte de que es un elemento necesario para la realización de un
sinnúmero de actividades útiles al hombre”[48].
4.2. De acuerdo con instrumentos
internacionales, el goce efectivo del derecho al agua es
necesario para el disfrute de otros derechos así como la posibilidad de
desarrollar una vida en condiciones dignas. En sentencia T-740 de 2011, la
Corte hizo un recuento de los documentos en los que se consagra el derecho al
agua potable emanados del Sistema Universal e Interamericano de Protección Derechos
Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y soft law[49],
entre los cuales se destacan los siguientes:
(i)
La
Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, de diciembre
de 1948, ratificada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año
2010, en su artículo 25 considera el agua potable y el saneamiento básico como
elementos fundamentales para el desarrollo y la dignidad de las personas.
(ii)
El
Convenio III de Ginebra (1949), arts. 20, 26 y 29, y el Convenio IV de Ginebra,
arts. 85, 89 y 127, contemplan
previsiones relacionadas con el derecho al agua y su garantía a civiles y a
prisioneros de guerra.
(iii)
La
interpretación sistemática de la Convención Americana de Derechos Humanos, el
Protocolo Adicional a la Convención Americana y Protocolo de San Salvador ha
permitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidir la vulneración
del derecho a la vida. Ha establecido que la falta de acceso al agua que impide
la consecución de una existencia digna[50].
(iv)
La observación Nº
15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones
Unidas que dispuso que el acceso al agua salubre es sin duda una de las
garantías esenciales para asegurar el nivel de vida adecuado implícito en el
derecho a la vida.
(v)
Otros
elementos del soft law: la Declaración de Mar del Plata, elaborada por
la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua en 1977; la Declaración de
Dublín,  sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible (1992),
aprobada durante la Conferencia Internacional sobre el Agua y Medio Ambiente de
1992; la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente de 1992, la cual
se elaboró junto con el Plan de Acción Agenda 21, en la Conferencia de Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, entre otros.
4.3. Según la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas, las obligaciones relacionadas con el acceso
y la calidad del agua están implícitas en los tratados internacionales de derechos humanos porque se
derivan de las obligaciones de promover y proteger otros derechos humanos, como
el derecho a la vida, a una vivienda adecuada, a la educación, a la
alimentación, a la salud, al trabajo y a la vida cultural, para lo cual es
necesaria la salubridad del agua[51].
En este sentido, en la mayoría de
documentos internacionales el derecho al agua potable está incluido dentro de
aquellos factores que deben ser garantizados para que el hombre pueda llevar
una vida sana y digna. En efecto, se relaciona por lo general con otros bienes
tutelados, como el derecho a la salud, el derecho al desarrollo, el derecho a
la vivienda y el derecho a la alimentación, excepto en la Declaración
de Mar del Plata y la Declaración de Dublín[52].
A pesar de la multiplicidad de
instrumentos internacionales sobre el acceso al agua desde un enfoque del uso
sustentable y la necesidad de asegurar su acceso, son pocas las referencias precisas o
explícitas a la calidad del líquido[53].
Por una parte, la
Resolución A/RES/64/292 en 2010 (Declaración de Milenio) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas resuelve reducir la falta de acceso al agua potable y en la
Resolución A/RES/68/157 en 2013 (el derecho humano al agua potable y al
saneamiento) en la que exhorta a los estados para que tomen la medidas
necesarias para la realización progresiva del derecho humano al agua potable y
el saneamiento.
Por otra parte, partiendo del hecho que el derecho al agua está indisolublemente
asociado al derecho a la salud, a una vivienda y alimentación adecuadas, la
Observación N° 15 estatuye
que,
en
cualquier circunstancia, la calidad del líquido es uno de sus elementos
esenciales:
“a)
Disponibilidad. Es decir, que la cantidad de agua suministrada a cada persona
debe ser continua y suficiente para los usos personales y domésticos. Así
mismo, dispone que la cantidad de agua debe ser proporcionada de acuerdo con
las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y atendiendo la
situación fáctica de cada persona, esto en razón a que algunos individuos y
grupos necesiten recursos de agua adicionales por motivos de salud, clima y
condiciones de trabajo.
b) Calidad.
Esto es, que el agua suministrada no debe contener microorganismos o sustancias
químicas o radiactivas que afecten o amenacen la salud de las personas. Así, el
agua debe tener un color un olor y un sabor aptos y aceptables para cada uso
personal o doméstico.
c)
Accesibilidad. Hace referencia a la posibilidad de toda persona de acceder a
este recurso natural, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del
Estado Parte. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:
i) Accesibilidad
física. Consiste en el derecho que tienen todos los sectores de la población,
sin excepción alguna, a tener a su alcance físico el servicio del agua y las
instalaciones, con el fin de acceder a un suministro de agua suficiente,
salubre y aceptable, de acuerdo a las necesidades relativas al género, el ciclo
vital y la intimidad.
ii)
Accesibilidad económica. Indica que los costos y cargos directos e indirectos
asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben
comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en
el Pacto.
iii) No
discriminación. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al
alcance de todos, esto es, desde los sectores más favorecidos hasta los más
vulnerables y marginados de la población.
iv) Acceso a la
información. Esta característica hace referencia al derecho que tienen las
personas de solicitar, recibir y difundir información sobre asuntos
relacionados al suministro del agua.” (Subrayas fuera del texto original)
De
acuerdo con los criterios fijados para la calidad, el agua debe
estar exenta de microbios y parásitos, así como de sustancias químicas y
radiológicas, que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Ahora
bien, los parámetros de salubridad del agua potable quedan sujetos a normas
nacionales y/o locales. Al respecto, la Organización Mundial para la Salud ha
elaborado guías para la calidad del agua potable[54],
en las que establece lineamientos sobre la seguridad y vigilancia del agua de
consumo así como de los rangos aspectos microbiológicos, químicos, radiológicos
y de aceptabilidad de sabor, olor y aspecto del líquido.
4.4. En la misma línea, la
jurisprudencia de esta Corporación ha calificado el acceso al agua potable como
un derecho fundamental por estar íntimamente ligado a la vida en condiciones
dignas cuando está destinada al consumo humano[55].
Aunado a lo anterior, ha tenido en cuenta que el acceso al agua
“es esencial para el desarrollo del ser humano razón por la cual, deberá ser
suministrada bajo los contenidos mínimos establecidos en la Observación N° 15
del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones
Unidas, así como por la jurisprudencia de esta Corte, esto es, en la cantidad y
con la calidad necesaria para que las personas puedan satisfacer sus
necesidades básicas, atendiendo de igual manera, lo establecido por
Organización Mundial de la Salud”[56]. (Subrayas fuera
del texto original)
Adicionalmente, al momento de
proteger este derecho, la Corte ha aplicado los
parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS)[57] sobre el mínimo de
acceso persona, por lo que ha ordenado el suministro de 50 litros de agua al
día por persona que permiten satisfacer las necesidades básicas de cada
individuo[58].
Recientemente,
en la sentencia T-028 de 2014, la Sala Primera de Revisión resolvió
un caso en el que la empresa de acueducto no suministraba agua potable ni
cumplía con las condiciones de regularidad y continuidad del servicio. La
actora indicó que a raíz de la mala calidad del líquido se causaron problemas
de salud en la comunidad.
Primero, la Sala puso en evidencia la
relación de causalidad entre la adecuada prestación del servicio de acueducto y
el derecho al agua potable, afirmando que su suministro “es un servicio
público domiciliario cuya adecuada, completa y permanente prestación resulta
indispensable para la vida y la salud de las personas, aparte de que es un
elemento necesario para la realización de un sinnúmero de actividades útiles al
hombre”[59].
Segundo, estimó vulnerados los derechos
a la vida en condiciones dignas y la salud de la demandante y de su hijo porque
la empresa de acueducto omitió adoptar las medidas tendientes a garantizar el
suministro permanentemente y mínimo diario de agua potable. Lo anterior, debido
a que si bien la empresa accionada intentó justificar las deficiencias en
la prestación, “conforme
a las normas que regulan la calidad y control de la prestación de agua a los
usuarios y las pruebas obrantes en el expediente, no existe justificación en
cuanto a que el servicio no se preste permanentemente y en buenas condiciones”; y, se evidenció la
omisión de tomar medidas para asegurar una calidad del agua dentro de los
parámetros legales.
Tercero, para garantizar el acceso al
agua potable ordenó (i) al Alcalde municipal y la empresa de acueducto el
suministro provisional de agua potable a los afectados, en la cantidad fijada
como mínimo por la Organización Mundial de la Salud; (ii) a la empresa de
acueducto adelante los estudios técnicos necesarios, continuos y periódicos que
aseguren la calidad del agua; (iii) a la Alcaldía municipal iniciar el diseño
de una política pública en materia de recursos hídricos encaminada a superar de
manera definitiva la situación de desabastecimiento de agua potable en el
municipio en el término máximo de 6 meses.
En la sentencia T-891 de 2014 esta
Corporación recogió la jurisprudencia sobre las reglas aplicables a casos relacionados
con el acceso al agua potable, así:
(i)
El
agua para consumo humano es un derecho fundamental y se encuentra en conexión
con el derecho a la vida digna y a la salud;
(ii)
El
derecho al agua puede ser protegido por medio de tutela contra autoridades
públicas o particulares, cuando estos entorpezcan su disfrute;
(iii)
En
los casos en que la realización del derecho al agua implique la ejecución de
programas, es posible exigir el cumplimiento inmediato de ciertas obligaciones
como la adopción de un plan con contenidos, forma de diseñarlo, ponerlo en
marcha y evaluarlo;[60]
(iv)
El derecho al agua está unido de forma indivisible e
interdependiente a los demás derechos fundamentales;[61]
(v)
Se vulnera el derecho al agua cuando el suministro del
servicio se hace de forma discontinua, en detrimento de las garantías mínimas
de los individuos;
(vi)
Puede vulnerarse el derecho al agua debido a la inexistencia
del servicio de acueducto;
(vii)
No puede suspenderse la provisión de agua en situaciones de
emergencia;
(viii)      Las deficiencias en los servicios de alcantarillado o
acueducto pueden poner en riesgo los derechos fundamentales de los usuarios;
(ix)
No pueden oponerse los reglamentos, procedimientos o
requisitos como obstáculos que justifiquen desconocer el derecho al agua, más
allá de las restricciones que resulten razonables;[62]
(x)
La
realización del derecho fundamental al agua está dada por la “satisfacción
de las necesidades básicas de una persona para tener una existencia digna.”[63]
Además, la misma providencia abordó los
estándares de calidad sobre la provisión de agua
y en ese escenario de protección, concluyó: “(i) la contaminación del agua
para consumo humano pone en riesgo los derechos a la vida, vivienda digna,
salud y vida digna;[64] (ii) es deber del Estado
garantizar el saneamiento ambiental a las personas que habitan el territorio
nacional;[65] (iii) utilizar como zona de tratamiento de desechos zonas aledañas
a fuentes hídricas que se destinan para consumo humano lesiona el derecho al
agua; (iv) en casos de contaminación ambiental, los ciudadanos deben contar con
participación real y efectiva en la toma de decisiones que los afecten; (v) si
el Estado o un particular inicia la construcción de una obra civil para prestar
un servicio público, este “(…) asume la
responsabilidad de su culminación eficiente e idónea para los fines
propuestos”;[66] (vi) la solución de problemas
de contaminación del agua para consumo humano precisa que se emitan órdenes
complejas por parte del juez constitucional; (vii) hasta tanto se dé solución
definitiva al problema de contaminación o escasez del recurso hídrico, se deben
establecer mecanismos temporales para el abastecimiento de agua para las
personas afectadas; (viii) existe un deber radicado en cabeza de quien
contamina de limpiar los elementos del ambiente afectados” [67]
Finalmente, dicha sentencia resaltó que “uno
de los requisitos que debe cumplirse para la provisión del derecho al agua es
que esta sea salubre o de calidad. A su vez, se definió este requisito como la
ausencia de impactos negativos en la salud de quien bebe del líquido durante
toda su vida” y bajo esa lógica abordó el análisis del caso, estableciendo
que la garantía del derecho incluye no solo la prestación como tal sino la
calidad salubre del líquido.
5. La prestación eficiente de los
servicios públicos por parte del Estado.
5.1. El deber de prestación eficiente de
servicios públicos tiene su sustento en el artículo 365 de la
Constitución Política, que fija que “los servicios públicos son inherentes a
la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”. En este sentido,
corresponde al Estado regular, controlar y vigilar la prestación de los
servicios públicos y garantizar a todas las personas el acceso a todos los servicios
públicos domiciliarios en condiciones de cantidad y calidad suficiente, de
conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, como
se explica a continuación.
A pesar de que la Nación[68]
y los Departamentos[69]
tienen ciertas facultades en relación con la prestación de servicios públicos,
esta recae
principalmente en cabeza de los municipios. Estos deben “asegurar que se
presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de
acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica
conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o
mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio en
los casos previstos en el artículo siguiente” en virtud del numeral 1º del
art. 5.
En
este sentido, la Comisión de Regulación de Aguas fijó que “es competencia de
los municipios que ejercerán en los términos de la Ley y de los reglamentos que
con sujeción a ella expidan los concejos, dentro de sus competencias
constitucionales y legales, asegurar que se preste a los habitantes del
municipio de manera eficiente los servicios domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo por personas prestadoras de servicios públicos de
carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central
del respectivo municipio, siempre y cuando cumplan con el artículo 6 de la Ley
142 de 1994.”[70]
5.2. En concordancia con lo anterior, la
Ley 142 de 1994[71]
desarrolla las condiciones[72],
competencias y responsabilidades respecto a su prestación (artículos 367 a 370
Superiores).  Establece dos modalidades para la prestación: directa e indirecta.
Primero, la prestación de manera directa
compete a los municipios cuando las características técnicas y económicas del
servicio, y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen. Esto ocurre,
por ejemplo, cuando habiendo hecho invitación pública no haya habido alguna empresas
de servicios públicos que se ofreciera a prestarlo, en virtud del numeral 1º
del art. 6 de la Ley 142.
Segundo, puede disponer la prestación indirecta
a través (i) compañías de servicios públicos; (ii) personas naturales o
jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como consecuencia o complemento de
su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las
empresas de servicios públicos; (iii) las organizaciones autorizadas para
prestar los servicios públicos de agua potable básico en municipios menores,
zonas rurales y áreas urbanas específicas, esto es las comunidades
organizadas constituidas como personas jurídicas sin ánimo de lucro, reglamentadas
por el Decreto 421 de 2000[73];
(iv) o empresas industriales y comerciales del estado; (v) o entidades
autorizadas para prestar servicios públicos durante los períodos de transición
previstos en la Ley 142 de 1994[74]. Cualquiera de
las entidades anunciadas podrá ser prestadora en los municipios menores, zonas
rurales y áreas urbanas específicas, con arreglo al parágrafo del artículo 1[75]
del Decreto 421 de 2000.
5.3. Ahora bien, la prestación indirecta
del servicio no exime al Estado, y puntualmente al municipio de la
responsabilidad de garantizar el acceso a este, por cuanto conserva las
facultades de control y vigilancia en su prestación[76]
que recae sobre la correcta prestación del servicio.
En este orden de ideas, es deber del municipio
tomar las medidas tendientes a corregir la prestación de los servicios públicos
suministrados por las organizaciones autorizadas cuando estas no cumplen con los
estándares del servicio.
En este sentido, la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico dispuso:
“Artículo
1.3.4.4 Casos en los que se encomienda a un tercero la prestación del servicio.
Cuando el Municipio encomiende a un tercero la prestación total o parcial de
los servicios a través de transferir la propiedad o el uso y goce de los bienes
que destina a la prestación de los servicios públicos, en su condición de
responsable de la prestación eficiente de los mismos, está en el deber de
vigilar en forma permanente el cumplimiento de las obligaciones contraídas por
parte de la persona prestadora de los servicios, en especial lo referente a
la sujeción a las tarifas, fórmulas tarifarias e indexación o incremento de las
mismas, así como el sometimiento a los indicadores a que, en virtud del
principio de integralidad, está asociada la tarifa. (…)[77]”.
5.4. La jurisprudencia constitucional ha
plasmado la obligación del municipio de supervisar la prestación del servicio
de acueducto de un tercero. Por ejemplo, en la sentencia T-418 de 2010[78],
la
Corte ordenó al municipio adoptar las medidas adecuadas y necesarias para
diseñar un plan específico que asegure a la comunidad acceder al servicio de
agua potable, en armonía con lo dispuesto en el Plan Departamental de Aguas y
los lineamientos generales de las políticas que en materia de agua, de manera
que se asegurara un mínimo vital en dignidad a la comunidad en cuestión.
También ordenó prever mecanismos de control y evaluación de cumplimiento.
Para asegurar que ninguna de las
personas del sector se encontrara desprovista de agua para el consumo humano
hasta que se implemente el plan que sería diseñado para la garantía de acceso
al agua potable en la zona rural, la Corte también ordenó, de manera
transitoria, a: (i)
la Alcaldía y el Acueducto urbano que, solidariamente, adoptaran las medidas
adecuadas y necesarias para proporcionar la correcta prestación del servicio de
agua de todas las personas que recibían el servicio deficiente del acueducto
rural;
(ii) la administración municipal adoptar las medidas adecuadas y necesarias para
asegurar el acceso a un mínimo de agua potable a las personas del sector hasta
que el servicio de agua se regularizara y fuera prestado adecuadamente, esto
es, hasta la implementación del plan específico que diseñara.
6. El servicio público domiciliario de
acueducto y la calidad del agua.
6.1. De acuerdo con el numeral 22 del artículo
14 de la Ley 142 de 1994, el servicio público domiciliario de acueducto o de
agua potable consiste en “la distribución municipal de agua apta para
el consumo humano, incluida su conexión y medición. También se aplicará esta
Ley a las actividades complementarias tales como captación de agua y su
procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte”.
Este servicio se debe prestar de forma
‘continua’ e ‘interrumpida’, de manera categórica, ‘sin excepción alguna’,
salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito (artículo 2° de la
Ley 142 de 1994). Así mismo, debe cumplir con los parámetros de calidad,
eficiencia y proporcionalidad.
6.3. En el 2000, el Ministerio de
Desarrollo Económico -Dirección General de Agua Potable y Saneamiento Básico-
adoptó el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico
(RAS) mediante la Resolución 1096 de 2000. Posteriormente, la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico compiló en el 2011 la regulación
integral
de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.
En
concordancia con lo anterior, los Ministerios de la Protección Social
y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidieron la Resolución
Número 2115 del 22 de junio de 2007, “por medio de la cual se señalan
características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y
vigilancia para la calidad del agua para consumo humano”. En el Capítulo IV
se establecen las características químicas y microbiológicas permitidas para
garantizar la calidad del agua para consumo humano a las que están sujetos
todos los prestadores del servicio de acueducto.
Además,
el
Decreto 475 de 1998[79]
dictaminó sobre
la calidad del agua de manera categórica. Dispuso que “el
agua suministrada por la persona que presta el servicio público de acueducto,
deberá ser apta para consumo humano, independientemente de las características
del agua cruda y de su procedencia” (art. 3), esto es, que debe ser agua
potable, entendida como aquella que por reunir los requisitos organolépticos,
físicos, químicos y microbiológicos, en las condiciones señaladas en el
presente decreto, puede ser consumida por la población humana sin producir
efectos adversos a su salud (art.1º).
También dispuso en su artículo 4º que “las
personas que prestan el servicio público de acueducto, son las responsables del
cumplimiento de las normas de calidad del agua potable establecidas en el
presente decreto, y deben garantizar la calidad del agua potable, en toda época
y en cualquiera de los puntos que conforman el sistema de distribución”.
7. Principio de Precaución. Reiteración
jurisprudencial.
7.1. El principio de precaución es uno
de los principios rectores de protección del medio ambiente, se manifiesta a
través de la obligación a cargo del Estado, a través de las autoridades
ambientales, y de los particulares de tomar medidas para proteger y mitigar
daños
en
el ambiente y la salud cuando existe un riesgo de daño[80].
Este principio proviene del enfoque
ecológico de la Constitución, que promueve las acciones del Estado para
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental que puedan causar
problemas de salubridad. En la legislación nacional, se encuentra consagrado en
el numeral 6º del artículo 1º de la Ley 99 de 1993, que remite explícitamente
al principio No. 15 de la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 que
hace parte del bloque de constitucionalidad[81] y dispone:
Principio
15. Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar
ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando
haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica
absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas
eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.
(Subrayado fuera del texto)
En la sentencia C-449 de 2015 la Corte
Constitucional efectuó un análisis de los principios rectores del derecho
ambiental (principio de desarrollo sostenible, quien contamina paga, de
prevención y de precaución). Anotó que su desarrollo conceptual responde a los
debates sobre la protección del medio ambiente y a los avances científicos
sobre la biodiversidad e importancia de su conservación.
De su estudio, reiteró que la aplicación
de este principio consiste en la toma de medidas de cara a cualquier anticipación
o previsión de posibles riesgos sobre el medioambiente. Esto quiere decir que
ante cualquier duda científica sobre el daño, se deben tomar medidas a favor de
la protección del medio ambiente y de la naturaleza[82].
Así mismo,
la jurisprudencia constitucional -interpretando al Comité de Derechos
Económicos Sociales y Culturales, que ha señalado la importancia de un ambiente
sano para el goce efectivo del derecho a la salud, especialmente a través de la
Observación General No. 14. - ha considerado que “la aplicación del principio de precaución no sólo tiene como
finalidad la protección del medio ambiente, sino que también, indirectamente,
tiene como propósito evitar los daños que en la salud pueden tener los riesgos
medioambientales”[83].
La
protección del derecho fundamental a la salud a través de la aplicación del
principio de precaución se ha presentado: (i) en múltiples casos relacionados
con fuentes de ondas electromagnéticas[84]; (ii) en relación con el
ruido de los trenes y la amenaza de los derechos fundamentales a la intimidad,
a la tranquilidad y a la salud[85].
8. Caso concreto.
8.1. Procedencia en el caso examinado.
8.1.1. Tratándose de intereses o
derechos colectivos, la acción de tutela procede si se amenaza
o vulnera al menos un derecho fundamental[86]  y en esa
medida, la acción popular no resultaría un mecanismo idóneo para su
protección.
Para la Sala la tutela de referencia es
procedente porque cumple con los requisitos jurisprudenciales fijados para los
casos en los que concurre la violación de derechos colectivos y fundamentales.
En el caso concreto, la afectación del derecho al agua potable y del derecho
colectivo al servicio público de acueducto coincide en tiempo y espacio, como
se explica a continuación:
(i) La acción popular no es idónea para brindar una
protección eficaz al derecho fundamental afectado, esto es el acceso al agua,
porque no permite disponer medidas tendientes a garantizar un interés
particular. Por tanto, procede la acción de tutela como mecanismo de protección
de manera definitiva [87].
Adicionalmente, tratándose de una necesidad
básica intrínsecamente relacionada con la dignidad humana resultaría
desproporcionado someter el goce efectivo de este derecho por parte de los
habitantes del asentamiento humano a un proceso extenso.
(ii) Existe relación de causa y efecto
entre el acceso al servicio de acueducto y el agua destinada al consumo humano
y a la vida de los habitantes de la vereda la Malaña. En efecto, el derecho al
agua potable cobra mayor relevancia en el caso porque hay niños entre la
comunidad afectada.
Se denota la precaria y deficiente
prestación del servicio público de acueducto y el riesgo de salubridad pública.
Por una parte,
la Alcaldía de Bucaramanga que constató que el agua suministrada al
Centro Educativo Rural la Malaña no es apta para
el consumo humano. En efecto, la inspección sanitaria
14936, del 1 de junio de 2015, se refiere a la mala calidad del agua, por lo
que “se solicita a los socios y operadores encargados del acueducto veredal
realizar tratamiento del agua para prevenir riesgo a la salud pública. De lo
contrario se suspenderá el servicio de acueducto veredal”[88].
Por otra parte, el informe también revela que se debió impartir educación
sanitaria, así como realizar promoción y prevención de enfermedades producidas
por el consumo de agua cruda.
(iii) El accionante, el señor Dulfo
Rojas, es una persona directa y realmente afectada por el mal servicio de
acueducto que provee el líquido en malas condiciones para el consumo al centro
educativo y al resto del asentamiento. Al respecto, la tutela señala que “este
hecho marca una pauta importante en la afectación directa a la comunidad del
sector, ya que no cuentan (sic) con agua potable, pero existe una red de agua
cercana a esta escuela y al sector que pueden dar solución a la problemática.”[89].
Por ende se encuentra probada la
titularidad del derecho y la afectación subjetiva del mismo, de manera que urge
la protección inmediata e impostergable por parte del Estado, en forma directa,
a través de la adopción de medidas urgentes que impidan una afectación mayor.
(iv) Se observa una posible afectación
del derecho al agua potable de los residentes del asentamiento, ya que las
actas de inspección sanitarias Nº14935 y 14936 del 1 de junio de 2015 de la
Alcaldía de Bucaramanga sugieren que el agua no era apta para el consumo
humano.
(v) Finalmente, las medidas que se
adopten en este fallo deben estar encaminadas al restablecimiento de los
derechos fundamentales reclamados y no al derecho colectivo de salubridad
pública y saneamiento ambiental.
Por otro lado, el accionante también menciona
problemas del servicio de alcantarillado. Sin embargo, los hechos relatados no
sugieren una afectación o amenaza de derechos fundamentales. Por ende, la Sala
abordará únicamente el estudio de la afectación al derecho al agua.
8.1.2. Con
base en los elementos fácticos, normativos y jurisprudenciales referidos en los
acápites anteriores, esta Sala debe reiterar, en primer lugar, que el señor Rojas
Delgado actúa en representación de los afiliados a la Junta
de Acción Comunal del Asentamiento La Malaña
y de todos los menores de edad que asisten a la escuela La Malaña, dado que su
actuación tiene como propósito la protección de los derechos fundamentales
de sus asociados y los infantes[90].
Primero, la
calidad de representante de las 74 personas afiliadas a la JAC
del Asentamiento la Malaña[91]
consta en
la Resolución 286 del 2 de agosto de 2012, mediante la cual se le reconoce e
inscribe como delegado para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2012
y el 30 de junio de 2016[92].
Segundo, es posible inferir que la demanda también fue
interpuesta para proteger los derechos fundamentales de los menores que asisten
al Centro Educativo La Malaña. Lo anterior, se debe a que el relato de los
hechos se centra en la falta de acceso a agua potable en la institución, y
advierte que afecta directamente los derechos fundamentales a la salud y la
educación de los menores.  La demanda de tutela indica que “las
actividades escolares son interrumpidas de manera permanente ya que no cuentan
con el servicio de baño público donde realicen sus necesidades básica,
ocasionando un problema de moscas y salubridad pública”[1].
Así las cosas, se infiere una seria
amenaza a los derechos de los niños por la falta de disponibilidad de agua
potable que es esencial para prevenir múltiples enfermedades. En ese sentido,
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ha advertido que “la
importancia del acceso al agua y al saneamiento básico se hace determinante si
hacemos referencia al tipo de consecuencias que conlleva su ausencia y/o
deficiencia. Las enfermedades ocasionadas por vectores, las infecciones
respiratorias, las enfermedades diarreicas son causadas principalmente por la
carencia de agua potable y de condiciones adecuadas de los servicios de
alcantarillado y aseo.” [93]
Aunado a lo anterior, también se amenaza
al derecho a la educación debido a la suspensión de las clases con motivo de la
ausencia del servicio de acueducto.
8.1.3. En consecuencia, contrario a la
decisión adoptada por el Juzgado 13 Civil Municipal de Bucaramanga, considera
esta Sala que la acción objeto de revisión es procedente, en tanto, como se
expuso en líneas anteriores, la demanda de tutela fue presentada para
garantizar el goce efectivo del derecho fundamental al agua potable de
afiliados a la JAC y de los niños que asisten al centro educativo en cuestión.
8.2. Análisis de fondo en el caso
concreto.
8.2.1. El actor relató que en el centro
educativo del asentamiento es la única escuela del sector rural del municipio
de Bucaramanga denominado La Malaña[94].
En ese lugar, el agua ofrecida por el acueducto no era apta para el consumo
humano. En razón a ello, se cerró temporalmente la institución. Por lo
anterior, solicitó garantizar el agua potable en el asentamiento a través del
servicio de acueducto por parte del AMB y la Alcaldía de Bucaramanga.
8.2.2. Corresponde a la Alcaldía de
Bucaramanga corregir el suministro del servicio de agua cuando el prestador
habitual no cumple con los estándares legales, de conformidad con la parte
dogmática de la prestación eficiente de los servicios públicos por parte del
Estado, del servicio público domiciliario de acueducto y la calidad del agua y
la jurisprudencia constitucional.
El Plan de Ordenamiento Territorial[95]
del municipio de Bucaramanga, el Acuerdo 011 de 2014[96]
expedido por el Concejo de Bucaramanga, ordena a la Administración local la
garantía efectiva del servicio de acueducto en zonas rurales[97].
Para ello, debe ampliar el servicio de acueducto a través del AMB[98],
quien debe extender el área de cobertura a zonas de expansión urbana[99].
La vereda La Malaña es un sector subnormal[100], esto es
una zona donde los usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad se
mezclan diferente a las clasificadas como áreas de expansión urbana[101].
8.2.3. En el caso sub-examine, el acueducto veredal La Malaña
abastece al centro educativo y al asentamiento humano. Sin embargo, falla en
dos aspectos.
Primero, el agua suministrada no es apta
para el consumo humano[102].
El análisis de laboratorio del agua de la escuela concluyó que “la
muestra analizada se encuentra por fuera de los límites permitidos de calidad
microbiológica establecidos por las entidades sanitarias según la resolución
2115 de junio de 2007 para agua potable”[103].
Adicionalmente, la Secretaría de Salud y Ambiente dejó constancia que
el agua del ente educativo no cumplía con los parámetros de calidad
establecidos por Resolución 2115 de junio de 2007 para agua potable[104].
Por ello, en la inspección sanitaria 14935 constató que “agua no apta para
el consumo humano se prohíbe el consumo”, “se prohíbe el uso del agua para el
consumo humano, razón por la cual se aplica medida de seguridad parcial”
[105].
En el acta 14936, manifestó “se realizó toma y análisis de muestras de
agua suministradas en el Centro Educativo Rural La Malaña obteniendo análisis
de resultados por fuera de los límites microbiológicos de calidad permitidos”
[106].
En este mismo sentido, el acta 3860 fija una clausura temporal y parcial del
establecimiento educativo porque el agua no es apta para el consumo humano
genera un riesgo a la salud pública[107].
Es necesario aclarar que la Sala
desestimó el análisis de la muestra de agua del 28 de mayo de 2015 (código
1500-15) según el cual el agua era apta para el consumo humano[108]
en aplicación del principio de precaución. Como se explicó anteriormente este
impone la obligación de tomar medidas tendientes a la protección de la salud y
el medio ambiente ante cualquier duda sobre su afectación. En el caso
particular, se cumplen con los requisitos de su aplicación: (i) existe peligro de daño en la
salud porque el consumo de agua no apta para el consumo humano genera
enfermedades gastrointestinales; (ii) éste puede ser grave porque los
directamente afectados son menores y miembros de una comunidad rural, donde
puede ser difícil el acceso a los servicios de salud[109]; (iii) existe otra prueba de
laboratorio que acredita la existencia del riesgo sobre la salud; (iv) se
pretende evitar la afectación del derecho a la salud.  Adicionalmente,
la aplicación de este principio cobra mayor importancia teniendo en cuenta que
cualquier decisión que se tome tiene la virtualidad de afectar al interés superior de los menores del Centro Educativo La Malaña.
Segundo, la privación
absoluta del suministro de agua debido a que las fuentes hídricas que utiliza
se encuentran secas.
De acuerdo con el informe de la
Secretaría de Salud y Medio del 3 de febrero de
2016 las fuentes hídricas del acueducto veredal La Malaña –las Ranas y San
Ignacio- se encontraban secas. El Acta de Inspección SB-107789 reportó que: “se
realizó visita técnica sanitaria al predio de la referencia, al momento de la
visita (…) nos informa que actualmente no se cuenta con el servicio del agua
debido al fenómeno del niño, verificamos que el tanque de almacenamiento se
encuentra totalmente seco. Teniendo en cuenta que para el día de hoy se iba a
realizar la toma de muestras de agua en los diferentes sitios solicitados por
la Corte Constitucional citado en el oficio anteriormente mencionado, nos vemos
en la obligación de reprogramar las tomas de agua cuando el líquido naciente
vuelva a abastecer”[110].
Ahora bien, la Alcaldía de Bucaramanga
debe
asegurar la prestación eficiente de los servicios domiciliarios de acueducto en
los estándares legales[111].
Sin embargo, pese a conocer los problemas que se presentaron con el acueducto
veredal, no obra prueba en el expediente de que hubiera tomado medidas
tendientes a corregir el servicio deficiente como le correspondía; ni alegó en el
proceso judicial que se haya brindado un acompañamiento
técnico y/o administrativo al acueducto veredal para superar estas
dificultades.
Tampoco se encuentra demostrado la
aplicación de un plan para abastecer de agua potable a los residentes del
asentamiento. Al contrario, para la Sala es claro que el municipio suministró
hizo accesible el agua potable únicamente porque así fue ordenado mediante auto
del 17 de febrero de 2016.
Aunado a lo anterior, el POT del
Municipio de Bucaramanga prevé la ampliación del servicio de acueducto a través
de AMB en las zonas de expansión urbana que son distintas a las áreas
catalogadas como subnormales. Sin embargo, no abarcan a la vereda en cuestión.
De ahí que la Alcaldía de Bucaramanga
vulneró los derechos fundamentales al agua de los afiliados de la JAC y de los
menores que asisten al centro educativo La Malaña, por no adoptar las medidas
adecuadas y necesarias para evitar que continuara la falta de acceso al agua potable.
8.3. Órdenes para garantizar el acceso
efectivo al agua potable.
Con base en lo expuesto y siguiendo los
parámetros que ha fijado la jurisprudencia constitucional para impartir órdenes
complejas, la Sala ordenará adoptar medidas a corto, mediano y largo plazo
orientadas a que se garantice el acceso efectivo al agua potable por parte de
los residentes del asentamiento La Malaña.
Partiendo de que (i) esta Sala mediante
providencia de 22 de enero de 2016 decretó una medida provisional, en el
sentido de ordenarle al
Municipio de Bucaramanga (Santander), garantizar el mínimo de agua potable diario a los residentes del
Asentamiento ‘la Malaña’, empleando el medio que considerara más adecuado para
el efecto, previa verificación de la necesidad del servicio para su uso
personal y doméstico, por ejemplo, mediante carro tanques o construcción de
sistemas individuales o colectivos de almacenamiento y suministro de agua,
hasta que se profiriera una decisión definitiva[112]; y (ii) previendo que las acciones definitivas pueden
tardar un lapso considerable en implementarse, es preciso adoptar medidas
paliativas transitorias para que los derechos constitucionales afectados no se
vean completamente desprotegidos durante periodo, en el siguiente sentido:
8.3.1. Como respuesta inmediata y
continuando con la medida preventiva adoptada, se ordenará a la Alcaldía de
Bucaramanga
continuar
con la entrega del
mínimo de agua potable, salubre y de calidad a los residentes del asentamiento
La Malaña, garantizando por lo menos 20
litros de agua por persona y día[113], empleando el medio que
considere más adecuado para el efecto, previa verificación de la necesidad del
servicio para su uso personal y doméstico, por ejemplo, mediante carro tanques
o construcción de sistemas individuales o colectivos de almacenamiento y
suministro de agua, hasta que se implemente la medida a mediano plazo que se
explica a continuación. [114]
Para efectos de dar cumplimiento a lo
anterior, la Administración Municipal deberá tener en cuenta las reglas
jurisprudenciales señaladas en la parte considerativa de esta providencia y
adicionalmente, deberá observar lo dispuesto en las Leyes 142 de 1994 y 338 de
1998, así como lo dispuesto en el Decreto 302 de 2000, artículo 3.27.
5.4.2.
También se ordenará a la Alcaldía de Bucaramanga adoptar, en
un término no mayor a tres meses contados desde la notificación de esta
providencia, las medidas adecuadas y necesarias para asegurar el acceso a un
mínimo de agua potable, salubre y de calidad a las personas del sector,
mediante una forma alternativa a estar conectado al acueducto veredal. Para
ello, podrá emplear el medio que considere adecuado.
Las mencionadas medidas sólo podrán
suspenderse en el momento en que se regularice el servicio de agua y sea
prestado adecuadamente, conforme a la medida definitiva.[115]
5.4.3. Por otra parte, con el propósito
de solucionar de manera definitiva las limitaciones de acceso al agua potable
en la zona rural en cuestión, se ordenará a la Alcaldía de
Bucaramanga que adopte las medidas adecuadas y necesarias para diseñar un plan
específico para la comunidad rural a la que pertenecen los accionantes, para
asegurarles
el acceso efectivo al agua potable, salubre y de calidad. Para ello, contará
con un plazo no mayor a un año, atendiendo a las condiciones meteorológicas, técnicas
administrativas y presupuestales necesarias para su correcta ejecución e
implementación[116].
El Plan tendrá por objeto asegurar el
derecho a acceder y disponer de agua con regularidad, continuidad y asegurar un
mínimo vital en dignidad a la comunidad en cuestión, sin desconocer los
lineamientos generales de las políticas que en materia de agua se hayan
trazado. También deberá contener fechas y plazos precisos que permitan hacer un
seguimiento del desarrollo; así como prever mecanismos de control y evaluación
que permitan dar cuenta del avance del mismo y sus grados de cumplimiento.
El plan específico que se diseñe concederá espacios de
participación efectivos y reales, durante el diseño, la elaboración, la
implementación, la evaluación y el control del plan que se adopte, a las
personas afectadas y vinculadas al proceso de cumplimiento de la presente
decisión judicial. En especial, se ha de propiciar la participación ciudadana para
conocer las necesidades y problemas específicos, y para controlar y fiscalizar
el cumplimiento de las acciones que se acuerde adelantar.
5.4.4. Se remitirá copia
de la presente decisión judicial al Gobernador del Departamento, a la Asamblea
Departamental de Santander y al Concejo Municipal de Bucaramanga para que, en
ejercicio de sus facultades, se vinculen al cumplimiento de la presente
sentencia, en la medida y forma que así lo consideren.
Así mismo, se
despachará copia de esta providencia a la Defensoría del Pueblo y a la
Procuraduría General de la Nación para que, en ejercicio de sus funciones,
acompañen el proceso de decisión de las medidas adecuadas y necesarias para
asegurar que se cumpla correctamente lo dispuesto en la presente sentencia.
IV.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR la sentencia
proferida el 10
de agosto de 2015 por el Juzgado 13 Civil Municipal de Bucaramanga que declaró
la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por Dulfo
Rojas Delgado, en representación de la Junta de Acción Comunal del asentamiento
humano La Malaña, sector occidental corregimiento 3 de la ciudad de
Bucaramanga, contra el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, la Alcaldía de
Bucaramanga y la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. En su lugar, CONCEDER
el amparo del derecho fundamental de acceso al agua potable de los afiliados a
la Junta de Acción Comunal del asentamiento humano La Malaña y de los menores
que asisten al Centro Educativo la Malaña.
Segundo.- ORDENAR a
la Alcaldía de Bucaramanga continuar con la entrega del mínimo de agua potable, salubre y de calidad a los residentes
del asentamiento La Malaña, garantizando por lo menos 20
litros de agua por persona y día, empleando el medio que considere más adecuado para el efecto,
previa verificación de la necesidad del servicio para su uso personal y
doméstico, por ejemplo, mediante carro tanques o construcción de sistemas
individuales o colectivos de almacenamiento y suministro de agua, hasta que se
implemente la medida a mediano plazo que se ordena en el numeral tercero.
Tercero.- ORDENAR a la Alcaldía de Bucaramanga adoptar, en un término no mayor a tres
meses contados desde la notificación de esta providencia, las medidas adecuadas
y necesarias para asegurar el acceso a un mínimo de agua potable, salubre y de
calidad a las personas del sector, mediante una forma alternativa a estar
conectado al acueducto veredal. Para ello, podrá empleando el medio que
considere adecuado realizando las alianzas y compromisos que sean del caso.
Estas medidas sólo podrán suspenderse en el momento en que se regularice el
servicio de agua y sea prestado adecuadamente, conforme a la medida definitiva
propuesta en esta providencia. Para efectos de dar cumplimiento a lo anterior,
la Administración Municipal deberá tener en cuenta las reglas jurisprudenciales
señaladas en la parte considerativa de esta providencia y adicionalmente,
deberá observar lo dispuesto en las Leyes 142 de 1994 y 338 de 1998, así como
lo dispuesto en el Decreto 302 de 2000, artículo 3.27.
Cuarto.- ORDENAR a la
Alcaldía de Bucaramanga adoptar, en un plazo de un año, las medidas adecuadas y
necesarias para diseñar un plan específico para la comunidad rural a la que
pertenecen los accionantes, para asegurarles el acceso
efectivo al agua potable, salubre y de calidad. El Plan no podrá desconocer los lineamientos generales de las
políticas que en materia de agua se hayan trazado, pero tales lineamientos han
de ser ajustados, para respetar el derecho al agua potable necesaria para
asegurar un mínimo vital en dignidad a la comunidad en cuestión. El plan
específico que se adopte para la comunidad deberá contener fechas y plazos
precisos que permitan hacer un seguimiento del desarrollo del plan a la
comunidad; deberá prever mecanismos de control y evaluación, que permitan dar
cuenta del avance del mismo y sus grados de cumplimiento, y deberá tener por
objeto asegurar el derecho a acceder y disponer de agua con regularidad y
continuidad.
El plan específico que se diseñe concederá espacios de
participación efectivos y reales, durante el diseño, la elaboración, la
implementación, la evaluación y el control del plan que se adopte, a las
personas afectadas y vinculadas al proceso de cumplimiento de la presente decisión
judicial. En especial, se ha de propiciar la participación para conocer las
necesidades y problemas específicos de la comunidad, y para controlar y
fiscalizar el cumplimiento de las acciones que se acuerde adelantar.
Quinto.-
Por conducto de Secretaría, REMITIR copia de la presente decisión
judicial al Gobernador del Departamento, a la Asamblea Departamental de
Santander y al Concejo Municipal de Bucaramanga para que, en ejercicio de sus
facultades, se vinculen al cumplimiento de la presente sentencia, en la medida
y forma que así lo consideren.
Sexto.-
Por conducto de Secretaría, REMITIR a la Defensoría
del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación para que, en ejercicio de
sus funciones, acompañen el proceso de decisión de las medidas adecuadas y
necesarias para asegurar que se cumpla correctamente lo dispuesto en la
presente sentencia.
Séptimo.-
LÍBRESE
por la Secretaría General de esta Corporación la comunicación de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los efectos allí contemplados.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Se relatan conforme a lo expuesto
en la acción de tutela y las pruebas que obran en el expediente.
[2] Folio 15, cuaderno 1.
[3] Folio 14, cuaderno 1.
[4] Folios 11-12, cuaderno 1.
[5] Folio 13, cuaderno 1.
[6] Nótese que pese a la mala calidad
el agua que llega al asentamiento, la Secretaría de Salud y Ambiente únicamente
limitó el acceso al servicio en el centro educativo y no en las viviendas, de
lo cual se infiere que los residentes siguen accediendo a la misma agua que se
identificó provenir de una fuente contaminada.
[7] Folio 6, cuaderno 1.
[8] Folio 18, cuaderno 1.
[9] Artículo 1º.- “Objetivos. La
presente Ley tiene por objetivos: 1. Armonizar y actualizar las disposiciones
contenidas en la Ley 9 de 1989 con las nuevas normas establecidas en la
Constitución Política, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, la Ley Orgánica
de Áreas Metropolitanas y la Ley por la que se crea el Sistema Nacional
Ambiental. 2. El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio,
en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso
equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio
ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de
desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones
urbanísticas eficientes. 3. Garantizar que la utilización del suelo por parte
de sus propietarios se ajuste a la función social de la propiedad y permita
hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios
públicos domiciliarios, y velar por la creación y la defensa del espacio
público, así como por la protección del medio ambiente y la prevención de
desastres. 4. Promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades
territoriales, las autoridades ambientales y las instancias y autoridades
administrativas y de planificación, en el cumplimiento de las obligaciones
constitucionales y legales que prescriben al Estado el ordenamiento del
territorio, para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de sus
habitantes. 5. Facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales, en las
cuales confluyan en forma coordinada la iniciativa, la organización y la
gestión municipales con la política urbana nacional, así como con los esfuerzos
y recursos de las entidades encargadas del desarrollo de dicha política.”
[10] Artículo 14º.- “Componente
rural del plan de ordenamiento. El componente rural del plan de ordenamiento
territorial es un instrumento para garantizar la adecuada interacción entre los
asentamientos rurales y la cabecera municipal, la conveniente utilización del
suelo rural y las actuaciones públicas tendientes al suministro de
infraestructuras y equipamientos básicos para el servicio de los pobladores
rurales. Este componente deberá contener por lo menos: 1. Las políticas de
mediano y corto plazo sobre ocupación del suelo en relación con los
asentamientos humanos localizados en estas áreas. 2. El señalamiento de las
condiciones de protección, conservación y mejoramiento de las zonas de
producción agropecuaria, forestal o minera. 3. La delimitación de las áreas de
conservación y protección de los recursos naturales paisajísticos, geográficos
y ambientales, incluyendo las áreas de amenazas y riesgos, o que formen parte
de los sistemas de provisión de los servicios públicos domiciliarios o de
disposición final de desechos sólidos o líquidos. 4. La localización y
dimensionamiento de las zonas determinadas como suburbanas, con precisión de
las intensidades máximas de ocupación y usos admitidos, las cuales deberán
adoptarse teniendo en cuenta su carácter de ocupación en baja densidad, de
acuerdo con las posibilidades de suministro de servicios de agua potable y saneamiento,
en armonía con las normas de conservación y protección de recursos naturales y
medio ambiente. 5. La identificación de los centros poblados rurales y la
adopción de las previsiones necesarias para orientar la ocupación de sus suelos
y la adecuada dotación de infraestructura de servicios básicos y de
equipamiento social. 6. La determinación de los sistemas de aprovisionamiento
de los servicios de agua potable y saneamiento básico de las zonas rurales a
corto y mediano plazo y la localización prevista para los equipamientos de
salud y educación. 7. La expedición de normas para la parcelación de predios
rurales destinados a vivienda campestre, las cuales deberán tener en cuenta la
legislación agraria y ambiental.”
[11] Folio 64-69
cuaderno 1.
[12] Art. 7 del
Decreto 3050 de 2013, “Por el cual se establecen las condiciones para el
trámite de las solicitudes de viabilidad y disponibilidad de los servicios
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado”.
[13] Artículo 2° del Decreto 1575 de
2007.
[14] Dirección de notificación: Calle
24 # 23-68 Barrio Alarcón, Bucaramanga, Santander, Colombia. PBX (57) 7 6342220
Ext. 133 y 113 - FAX (57) 7 6345284. Email: notificacionesjudiciales@empas.gov.co
[15] De acuerdo con los rangos
establecidos por la Resolución 729 de 2015” 5 “Por la cual se presenta el
proyecto de Resolución “Por la cual se modifica el rango de consumo básico, se
da cumplimiento a lo previsto por el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de
2015, y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes
del sector” expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico.
[16] En este sentido, manifestó que
la entidad “no es llamada a satisfacer las pretensiones de los actores,
precisamente por tratarse de unos asunto fuera del marco de sus funciones y
competencias, que para el presente son de resorte del ente territorial del
Departamento de Santander Municipio de Bucaramanga”.
[17] Folio 37, cuaderno de pruebas.
[18] Artículo 33 de la Ley 99 de 1993
“Creación y Transformación de las Corporaciones Autónomas Regionales. La
administración del medio ambiente y los recursos naturales renovables estará en
todo el territorio nacional a cargo de Corporaciones Autónomas Regionales. (…)
Créanse las siguientes corporaciones autónomas regionales: (…) -Corporación Autónoma
Regional de Santander, CAS: tendrá su sede principal en la ciudad de San Gil;
su jurisdicción comprenderá el Departamento de Santander, con exclusión de los
municipios que hacen parte de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa
de la Meseta de Bucaramanga. CDMB; (…)”
[19] Folio 254, cuaderno de pruebas.
Oficio Núm. 3877 de la Secretaría de Desarrollo Social a la Secretaría de Salud y
Ambiente informando la queja presentada por Gloria Amparo Daza Calvete, en su
calidad de Directora del Centro Educativo Rural la Malaña Sede A.
[20] Folio 255-256, cuaderno de
pruebas.
[21] Declaró que con motivo de lo
anterior, la Secretaría de Salud y Ambiente requirió directamente al señor Juan
de Dios Pérez Pabón socio del Comité del Acueducto Veredal prestador del
servicio de agua y Representante de la Asociación de padres de familia de la
institución, para que realizara el tratamiento convencional al agua que suministran
al Centro Educativo con el fin de prevenir el riesgo a la Salud Pública.
[22] Folio 259-265, cuaderno de
pruebas. Fotografías de la capacitación en el centro educativo y planilla de
asistencia de los docentes a la actividad.
[23] Folio 257-258, cuaderno de
pruebas. Toma de muestra de agua Núm. 051 de mayo 19 de 2015 de la Secretaría
de Salud y Ambiente y análisis del laboratorio INOQUALAB del 20 de mayo de
2015.
[24] Folio 267, cuaderno de pruebas.
[25] Folio 269, cuaderno de pruebas.
[26] Folio 268, cuaderno de pruebas.
[27] Folio 271-274, cuaderno de
pruebas. Acta de inspección sanitaria SB-42533 y acta Nº2214 de junio 19 de
2015, de toma de muestra de agua en el Centro Educativo la Malaña y análisis
respectivo de laboratorio INOQUALAB.
[28] Folio 275-276, cuaderno de
pruebas.
[29] “Es un instrumento que define
las acciones de inspección, vigilancia y control del riesgo asociado a las
condiciones de calidad de las cuencas abastecedoras de sistemas de suministro
de agua para consumo humano, las características físicas, químicas y
microbiológicas del agua de las fuentes superficiales o subterráneas de una
determinada región, que puedan generar riesgos graves a la salud humana si no
son adecuadamente tratadas, independientemente de si provienen de una
contaminación por eventos naturales o generados por el hombre. Este mapa es
diseñado por la autoridad sanitaria departamental o Distrital y la autoridad
ambiental competente, en colaboración con las personas prestadoras que
suministran o distribuyen agua para consumo humano y con la administración
municipal. Este mapa se actualiza anualmente.” http://vssweb1.landfood.ubc.ca/swc/projects/ACCCR/recursos/capacidad_institucional/cartilla_para_alcaldes.pdf
[30] Allegó copia del acta de la
visita al sector y un registro fotográfico.
[31] Folio 6, cuaderno 1.
[32] La Sala no analiza la
pretensión referida al servicio de alcantarillado provisional para los
residentes del asentamiento, toda vez que la demanda de tutela no referencia
nada en relación con este. Adicionalmente, no obra prueba que este asunto tenga
una incidencia directa con el fondo del asunto que consiste en el acceso a agua
potable.
[33] Estos criterios fueron
recientemente reiterados por la Sala Sexta de Revisión en sentencia T-042 de
2015. Cfr. Sentencias T-197 de
2014, T-083 y T-584 de 2012, T-618 de 2011, T-135 de 2008 y T-659 de 2007,
T-219 de 2004, T-1527 de 2001, SU-1116 de 2001, T-1451 de 2000, T-644 de 1999,
T-244 de 1998, SU-429 de 1997, T-500 de 1994, SU-067 de 1993 y T-254 de 1993.
[34] En esa oportunidad, la Corte
estudió el caso de una acción de tutela interpuesta por un residente del
Municipio de Pesca, que solicitó al juez constitucional ordenar la realización
inmediata de la obra para el manejo de las aguas residuales en su zona de
residencia, así como el reconocimiento de los perjuicios y daños ocurridos por
los problemas de salud de los miembros de su familia afectados por la
insalubridad generada. Para sustentar sus pretensiones manifestó que desde
finales de 2009, las autoridades del municipio de Pesca visitaron el barrio y
manifestaron la necesidad de implementar el Plan Maestro de Acueducto y
Alcantarillado, por encontrar que convergían aguas negras que afectaban el
medioambiente sano y la salud de los habitantes del sector. Sin embargo, para
agosto de 2011 no se había brindado ninguna solución.
[35] En palabras de la Corte: “Así
ocurre de manera específica con la protección del derecho a la salubridad pública,
que es un derecho colectivo, cuya falta de garantía siempre generará afectación
y riesgos a la salud de cada uno de los ciudadanos. Por lo cual es muy común
que su garantía a propósito de algunos ciudadanos individualmente considerados,
traiga consigo la protección del derecho colectivo mismo y del colectivo
titular de él. Lo que permite afirmar que en estos casos puede ser la orden del
juez de tutela la forma más eficaz de protección.” Sobre el caso puntual,
sostuvo que “sí existió una situación que claramente vulneró los derechos
fundamentales del demandante, su familia y sus vecinos, derivada directamente
de la ausencia de la obra, cualquiera que esta fuera, para el manejo de las
aguas residuales. Tal como lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte, la
deficiente (o ausente) garantía del derecho a la salubridad pública, genera la
vulneración de varios derechos de los ciudadanos a título individual. Por lo
cual la acción de amparo resulta un mecanismo idóneo para superar tal
vulneración”
[36] La corte sostuvo en esa
oportunidad que “El derecho al servicio de alcantarillado es susceptible de
ser protegido por medio de la acción de tutela, cuando su ineficiente
prestación o ausencia afecte de manera notoria derechos y principios
constitucionales fundamentales, en estos casos la acción de tutela orientada a
obtener obras de alcantarillado no se torna improcedente por el simple hecho de
que existan otros medios de defensa judiciales, como las acciones populares,
cuando se demuestre que hay una violación o amenaza directa al derecho
fundamental de la persona que interpone la acción de amparo y que, en esos
casos la intervención del juez de tutela es excepcional, pues se presenta una
unidad de defensa de los derechos, lo que justifica la prevalencia del amparo
constitucional”. Sobre este asunto consultar también la sentencia T-082 de
2013.
[37] Esto ocurre, por ejemplo, cuando existe una relación de causalidad
entre la vulneración o amenaza de vulneración de los derechos fundamentales de
la persona jurídica y un grupo de personas determinadas. Sentencia T-385 de
2013.
[38] Sobre esta figura existen
pronunciamientos de este Tribunal que destacan que el papel de estas
organizaciones comunitarias consiste principalmente en materializar verdaderos
mecanismos de participación ciudadana, por lo que es un mecanismo idóneo para
fortalecer espacios de concertación entre los ciudadanos y sus autoridades, y
promover el control del poder político. Cfr. Sentencias C-580 de 2001 y
Sentencia C-520 de 2007.
[39] En sentencia T-395 de 1995 se
negó el amparo porque la acción comunal pretendía a protección de derechos
colectivos, esto es, los mencionados derechos a la recreación y al espacio
público, pero no cuestionó su legitimación para actuar en representación de las
personas inscritas en la JAC para la protección de sus derechos fundamentales.
[40] Las juntas de acción comunal, entendidas como “una expresión
social organizada, autónoma y solidaria de la sociedad civil, cuyo propósito es
promover un desarrollo integral, sostenible y sustentable construido a partir
del ejercicio de la democracia participativa en la gestión del desarrollo de la
comunidad”, en virtud del artículo 6° de la Ley 743 de 2002. Son
constituidas por personas naturales mayores de 14 años que residan dentro de su
territorio y uno de sus objetivos consiste en “promover y ejercitar las
acciones ciudadanas y de cumplimiento, como mecanismos previstos por la
Constitución y la ley, para el respeto de los derechos de los asociados”,
en virtud del literal k del artículo 19 y del literal a del artículo 16 de la
Ley citada.
[41] Está Ley está conformada por tres títulos: El primero de ellos
(arts. 1° a 5°) plantea algunos principios básicos relativos al desarrollo de
la comunidad; el segundo (arts. 6° a 26) contiene entre otras, las reglas
relativas a las distintas organizaciones de acción comunal, el proceso de su
conformación, sus objetivos, y los requisitos, derechos y obligaciones de sus
afiliados; en el tercero y último (arts. 27 a 79), se consignan las reglas
relativas al funcionamiento interno de las organizaciones comunales, sus
órganos de administración y control y sus dignatarios.
[42] Cfr. Arts. 37, 38 y 42. Por otra
parte, la personería jurídica de la Junta de Acción Comunal se encuentra
regulada por el artículo 4 del Decreto 2350 de 2003.
[43] La Declaración Universal de los Derechos del Niño (1959), principio II, señala que el niño gozará de una protección
especial y que a través de las leyes
y otros medios se dispondrá lo necesario para que pueda desarrollarse
física, mental, moral, espiritual y socialmente, así como en condiciones de libertad y dignidad; y también contempla
que al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a la que se atenderá
será el interés superior del niño; el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (artículo 24), la
Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 1969 (artículo 19) y la
Convención sobre los derechos del niño de 1989.
[44] Sentencia C-258
de 2015. Sobre la protección reforzada de los menores ver también sentencias
C-727 de 2015, T-258 de 2015, T-362 de 2015,  T-029 de 2014,  T-946 de 2014,
T-705 de 2013, entre otras.
[45] Sentencia T-705
de 2013. En esa oportunidad la Corte estudio si la autoridad judicial que negó la sustitución de la
ejecución de la pena de prisión en establecimiento carcelario, por la
domiciliaria a una madre cabeza de familia vulneró los derechos fundamentales
de sus hijos menores de edad, a la salud, la vida digna, tener una familia y no
ser separado de ella, ser protegido contra toda forma de abandono y la
prevalencia del interés superior de los niños. Consideró que la acción de
tutela promovida por la abuela de los menores era procedente porque pretendía cualquier persona se encuentre legitimada “para interponer acción de tutela en nombre de un menor, siempre y
cuando en el escrito o petición verbal conste la inminencia de la violación a
los derechos fundamentales del niño”. También ver sentencia T-408 de 1995.
[46] Sentencias T-034 de 2016, T-042 de 2015, T-389 y 381 de 2009, T-888 de
2008, T-1104 de 2005
[47] Sentencia T-055 de 2011.
[48] Sentencia T-028 de 2014
[49] El soft law. es un
conjunto de "normas" contenidas en instrumentos cuya nomenclatura es
bastante variada y que - declaraciones, resoluciones, cartas, programas - no
tiene obligatoriedad jurídica. Sin embargo, no es posible desconocer su
relevancia para la interpretación e implementación del Derecho internacional,
general y convencional,
[50] En los casos de la Comunidad
Indígena Yakye Axa contra Paraguay de 2005 y la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa
contra Paraguay de 2006, señaló que el derecho a la vida implica que se respeten
a las condiciones que le impidan o dificulten el acceso a una existencia digna.
Por ello, la imposibilidad de acceder al agua limpia afecta el derecho de la
comunidad a una existencia digna y otros derechos como la educación y la
identidad cultural.
[51] http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet35sp.pdf  Folleto informativo No 35 - El
derecho al agua-
[52] BERTAZZO, SILVIA. La tutela del
acceso al agua potable en el derecho internacional. RDUCN [online]. 2015,
vol.22, n.2, pp. 55-92. ISSN 0718-9753.
[53] Ídem. Pág.71.
[54] Organización Mundial para la
Salud. Guías para la calidad del agua potable. Url: http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3_es_fulll_lowsres.pdf?ua=1
[55] Sentencias T-034 de 2016, T-042 de 2015, T-389 y 381 de 2009, T-888 de
2008, T-1104 de 2005, T- 207 de 1995, T- 140 de 1994 y T-578 de 1992.
[56] Sentencia T-641 de 2015. En este
sentido, ver también las sentencias T 163 de 2014, T 790 de 2014 y T 381 de
2009.
[57] Organización
Mundial de la Salud, Domestic Water Quantity,
Service Level and Health, 2003, en línea [http://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/WSH03.02.pdf?ua=1].
Página 25.
[58] Sentencias T- 641 de 2015, T-028
de 2014, T 740 de 2011 y T 471 de 2011, entre muchas otras.
[59] Sentencia T-028 de 2014.
[60] Corte Constitucional, sentencia
T-143 de 2010. M. P. María Victoria Calle Correa. A. V. Mauricio González
Cuervo.
[61] Corte Constitucional, sentencia
T-418 de 2010. M. P. María Victoria Calla Correa. A. V. Mauricio González
Cuervo.
[62] Corte Constitucional, sentencia
T-418 de 2010. M. P. María Victoria Calla Correa. A. V. Mauricio González
Cuervo.
[63] Corte Constitucional, sentencia
T-616 de 2010. M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[64] Corte Constitucional, sentencia
T-231 de 1993. M. P. Alejandro Martínez Caballero.
[65] Corte Constitucional, sentencia
T-092 de 1993. M.
P. Simón Rodríguez Rodríguez.
[66] Corte Constitucional, sentencia
T-171 de 1994. M. P. José Gregorio Hernández Bermúdez
[67] Sobre este asunto, lo primero es
advertir que en el marco internacional de protección del derecho al agua se ha
avanzado en la creación de estándares para garantizar que el líquido para el
consumo humano esté libre de agentes contaminantes y que se dé tratamiento a las
aguas residuales. Desde este punto de vista, el trabajo de la Relatora Especial
para el Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento ha sido de especial
importancia. Para el caso concreto tenemos que el informe presentado en dos mil
trece (2013) por la Relatora se concentró en el tratamiento dado a las aguas
residuales y la disminución de la contaminación de los recursos hídricos. El
reporte indica que “(l)a exposición a materias fecales y aguas residuales es
una realidad que enfrentan muchas personas. Sus efectos van desde problemas de
salud hasta obstáculos a la educación y el trabajo. Los procesos de cambio a
nivel mundial, como el crecimiento de la población, y, lo que es más
importante, el crecimiento económico, los cambios en los estilos de vida y la
alimentación, y la urbanización, aumentarán aún más la demanda de agua y
producirán aguas residuales en un volumen creciente…” A continuación, la
Relatora hace referencia a la no contaminación del agua como elemento central a
la realización de este derecho humano y advierte que el no tratamiento de las
aguas residuales afecta la disponibilidad del líquido para consumo humano. El
informe enfatiza que “(…) (c)uando no se gestionan, las  aguas residuales
constituyen un peligro tanto para el medio ambiente como para la salud de los
seres humanos, cuestiones entre las que hay una vinculación estrecha, ya que
los daños a la integridad de los ecosistemas repercuten inevitablemente en la
salud y el bienestar de las personas...” y aclara que los efectos de la falta
de tratamiento de las aguas residuales, por oposición a lo que normalmente se
cree, pueden resultar visibles únicamente con el trascurso de los años, y
afectar lugares y personas que no circundan la fuente inmediata de
contaminación. La Relatora llamó la atención sobre los efectos que puede tener
el agua residual no tratada sobre otros derechos humanos e intereses estatales,
para lo cual manifestó que “(…) los organismos patógenos presentes en las
aguas cloacales y otros contaminantes causan múltiples enfermedades, ya sea por
la contaminación del agua potable o por el contacto directo con ellos o porque
entran en la cadena alimentaria. La gestión inadecuada de las aguas residuales
limita el desarrollo, pone en peligro los medios de vida y aumenta la pobreza,
al incrementar los gastos de atención de la salud y reducir la productividad y
las oportunidades educativas.” De igual forma, conviene traer a colación la
reflexión que hace la Relatora sobre cómo la decisión de no tratar las aguas
residuales en una comunidad puede generar profusos efectos negativos en grupos
de personas que no tuvieron parte en esa decisión. Por ello, el tratamiento de
las aguas residuales no es un problema individual, sino que tiene efectos
colectivos. El informe de la Relatora concluye afirmando que: “La
contaminación de los recursos hídricos tiene repercusiones importantes en la
realización de los derechos humanos, incluido el derecho humano al agua, pero
también los derechos a la salud, a la alimentación y a un medio ambiente sano, entre
otros. Los principios y las normas de derechos humanos son pertinentes más allá
del contexto de la prestación de servicios de suministro de agua y saneamiento
y deben estar presentes en las deliberaciones sobre la ordenación de los
recursos hídricos y la gestión de las aguas residuales en todos los niveles.” De
igual manera, el documento recomienda que “Los Estados deben priorizar el
acceso a servicios de saneamiento para todos, pero sus esfuerzos deben ir más
allá de ese objetivo y deben encaminarse a mejorar la gestión de las aguas
residuales. Los Estados deben cumplir su obligación de proteger a las personas
para que sus derechos humanos no sean vulnerados por la contaminación causada
por otros.”
[68] Artículo 8 de la Ley 142 de
1994:”Competencia de la Nación para la prestación de los servicios públicos.
Es competencia de la Nación: 8.1. En forma privativa, planificar, asignar,
gestionar y controlar el uso del espectro electromagnético. // 8.2. En forma
privativa planificar, asignar y gestionar el uso del gas combustible en cuanto
sea económica y técnicamente posible, a través de empresas oficiales, mixtas o
privadas. // 8.3. Asegurar que se realicen en el país, por medio de empresas
oficiales, mixtas o privadas, las actividades de generación e interconexión a
las redes nacionales de energía eléctrica, la interconexión a la red pública de
telecomunicaciones, y las actividades de comercialización, construcción y
operación de gasoductos y de redes para otros servicios que surjan por el
desarrollo tecnológico y que requieran redes de interconexión, según concepto
previo del Consejo Nacional de Política Económica y Social. // 8.4. Apoyar
financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios públicos
o a los municipios que hayan asumido la prestación directa, así como a las
empresas organizadas con participación de la Nación o de los Departamentos para
desarrollar las funciones de su competencia en materia de servicios públicos y
a las empresas cuyo capital pertenezca mayoritariamente a una o varias cooperativas
o empresas asociativas de naturaleza cooperativa. // 8.5. Velar porque quienes
prestan servicios públicos cumplan con las normas para la protección, la
conservación o, cuando así se requiera, la recuperación de los recursos
naturales o ambientales que sean utilizados en la generación, producción,
transporte y disposición final de tales servicios. // 8.6. Prestar directamente
cuando los departamentos y municipios no tengan la capacidad suficiente, los
servicios de que trata la presente Ley. // 8.7. Las demás que le asigne la
ley.”
[69] “Artículo 7º. Son de
competencia de los departamentos en relación con los servicios públicos, las
siguientes funciones de apoyo y coordinación, que ejercerán en los términos de
la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan las asambleas:
7.1. Asegurar que se presten en su territorio las actividades de transmisión de
energía eléctrica, por parte de empresas oficiales, mixtas o privadas. 7.2.
Apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios
públicos que operen en el Departamento o a los municipios que hayan asumido la
prestación directa, así como a las empresas organizadas con participación de la
Nación o de los Departamentos para desarrollar las funciones de su competencia
en materia de servicios públicos. 7.3. Organizar sistemas de coordinación de
las entidades prestadoras de servicios públicos y promover, cuando razones
técnicas y económicas lo aconsejen, la organización de asociaciones de
municipios para la prestación de servicios públicos, o la celebración de
convenios interadministrativos para el mismo efecto.”
7.4. Las demás que les asigne la ley.”
[70] Artículo 1.3.4.2 de la
Resolución 151 de 2001 de la CRA.
[71] “Por la cual se establece el
régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones.”
[72] El artículo 7 del Decreto 302 de
2000, modificado por el Decreto 229 de 2002, dispone: “Condiciones de acceso a
los servicios. Para obtener la conexión de los servicios de acueducto y
alcantarillado, el inmueble deberá cumplir los siguientes requisitos: 7.1 Estar
ubicado dentro del perímetro de servicio, tal como lo dispone el parágrafo
segundo del artículo 12 de la Ley 388 de 1997. 7.2 Contar con la Licencia de
Construcción cuando se trate de edificaciones por construir, o la cédula
catastral en el caso de obras terminadas. 7.3 Estar ubicado en zonas que
cuenten con vías de acceso o espacios públicos y redes de acueducto o
alcantarillado requeridas para adelantar las redes locales y las conexiones
domiciliarias que permitan atender las necesidades del inmueble (...)”.  Para
ello, también es imperativo contar con redes locales necesarias, cuya obra es
responsabilidad de los urbanizadores y/o constructores, de conformidad con el
artículo 8 del Decreto 302 de 2000.
[73] “Por el cual se reglamenta el numeral 4 del artículo
15 de la Ley 142 de
1994, en relación con
las organizaciones autorizadas para prestar los servicios públicos de agua potable
y saneamiento básico en municipios menores, zonas rurales y áreas urbanas
específicas”.
[74] Art. 15 de la Ley 142 de 1994.
[75] Artículo 1°. Ámbito de
aplicación. Para los efectos de lo establecido en la Ley 142 de 1994, en cuanto
a los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, podrán prestar
dichos servicios en municipios menores, zonas rurales y áreas urbanas
específicas, las comunidades organizadas constituidas como personas jurídicas
sin ánimo de lucro. // Parágrafo. Sin perjuicio de lo dispuesto en este
artículo, también podrán prestar los servicios públicos descritos, en los
municipios menores, zonas rurales y áreas urbanas específicas, las demás
personas prestadoras de servicios públicos autorizadas por los artículos 15 y
20 de la Ley 142 de 1994, las cuales no son objeto de reglamentación en este
decreto.
[76] Inciso 2 del
artículo 365 de la Constitución.
[77] Resolución
151 de 2001. CRA.
[78] La Sala Primera
de revisión examinó la situación de una comunidad afectada porque el acueducto
rural encargado de la prestación del servicio suministraba agua no apta para el
consumo humano y el acueducto municipal no tenía la cobertura necesaria
(problemas técnicos y financieros) para suplir el líquido en el área rural
donde se ubicaba. Para la Corte, la vulneración de los derechos al agua, a la
vida y a la salud se originó en la ausencia de un plan o programa que
permitiera asegurar el acceso efectivo al agua potable por parte de las
autoridades territoriales, sobre quien recae la obligación de garantizar el
acceso a los servicios públicos domiciliarios. Sobre este punto, consideró que
el Alcalde Municipal debía adoptar las medidas para corregir la afectación de
los derechos de los peticionarios.
[79] “Por el cual se expiden
normas técnicas de calidad del agua potable.”
[80] En sentencia C-293 de 2002, la
Corte Constitucional definió los siguientes requisitos para su aplicación: “(i)
Que exista peligro de daño; (ii) Que éste sea grave e irreversible; (iii) Que
exista un principio de certeza científica, así no sea ésta absoluta; (iv) Que
la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la degradación
del medio ambiente. (v) Que el acto en que se adopte la decisión sea motivado”.
[81] En la
Sentencia C-449 de 2015, la Corte sostuvo que “La sentencia
C-595 de 2010 recogió el alcance de este principio. Explicó la Corte que fue
consagrado en la Ley 99 de 1993, al prever el artículo 1.1 que el proceso de
desarrollo económico y social del país se orientará conforme a los principios
universales y de desarrollo sostenible previsto en la Declaración de Río
de Janeiro, disposición que fue declarada exequible en la sentencia C-528 de
1994. Reiteró que el principio de precaución se encuentra constitucionalizado,
puesto que se desprende de la internacionalización de las relaciones ecológicas
(art. 266) y de los deberes de protección y prevención (arts. 78, 79 y 80)
[81]. Además, manifestó esta
Corporación que “la precaución no sólo atiende en su ejercicio a las
consecuencias de los actos, sino que principalmente exige una postura activa de
anticipación, con un objetivo de previsión de la futura situación
medioambiental a efectos de optimizar el entorno de vida natural”.
[82] En la
sentencia C-449 de 2015, la Corte concluyó ““no ofrece duda
que el cambio de paradigma que ha venido operando con el paso del tiempo ha
implicado un redimensionamiento de los principios rectores de protección del
medio ambiente, como su fortalecimiento y aplicación más rigurosa bajo el
criterio superior del in dubio pro ambiente o in dubio pro natura,
consistente en que ante una tensión entre principios y derechos en conflicto la
autoridad debe propender por la interpretación que resulte más acorde con la
garantía y disfrute de un ambiente sano, respecto de aquella que lo suspenda,
limite o restrinja”. (Subrayas propias).
[83] Sentencia T-1077 de 2012.
[84] Ver sentencias T-701 de 2014,
T-397 de 2014, T-1077 de 2012, T-360 de 2010, entre muchas otras.
[85] La sentencia T- 672 de 2014 es
un ejemplo concreto de la aplicación de este principio, ya que la Corte ante la
duda que se presentaba respecto de la afectación del medio ambiente y la salud
de las personas, dispuso adoptar medidas que anticipen y eviten cualquier daño,
ordenando a la empresa Fenoco S.A. la suspensión de actividades de transporte
ferroviarios de carbón en los lugares donde la vía se encuentre cerca de
comunidades o viviendas del municipio de Bosconia e incluya en el plan de
manejo ambiental otras medidas a las de las zonas de convivencias.
[86] En Sentencia T-028 de 2014 “Una
persona puede reclamar mediante acción de tutela que se le proteja
judicialmente aquella dimensión del derecho al agua que comprometa el consumo
humano, en tanto resulta necesario para preservar otros derechos fundamentales
como la vida en condiciones dignas, la salud o la salubridad de las personas.”
[87] “1- Debe demostrarse que la
acción popular no es idónea, en concreto, para amparar específicamente el
derecho fundamental vulnerado en conexidad con el derecho colectivo. Esto puede
darse cuando la acción popular es idónea para amparar los derechos colectivos
involucrados pero no puede brindar una protección eficaz al derecho fundamental
afectado. En caso contrario, la acción de tutela solo procedería como mecanismo
transitorio cuando su trámite sea indispensable para la protección de los
derechos fundamentales.
[88] Folio 12, cuaderno 1.
[89] Folio 3, cuaderno 1.
[90] En sentencia T-395 de 1995 se
negó el amparo porque la acción comunal pretendía a protección de derechos
colectivos, esto es, los mencionados derechos a la recreación y al espacio
público, pero no cuestionó su legitimación para actuar en representación de las
personas inscritas en la JAC para la protección de sus derechos fundamentales.
[91] Folio 70-71, cuaderno de
pruebas.
[92] Folio 68-70, cuaderno de
pruebas.
[93] Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios. Cartilla de Servicios Públicos 2007. http://vssweb1.landfood.ubc.ca/swc/projects/ACCCR/recursos/capacidad_institucional/cartilla_para_alcaldes.pdf (pág. 51). En este sentido, es
preciso aclarar que el tratamiento del agua consiste en la eliminación de
microorganismos y sustancias físicas y químicas dañinas que causan serias enfermedades
en los seres humanos, garantizar que tenga color, olor y sabor agradables,
disminuir el efecto corrosivo que daña los utensilios de cocina, bloquea las
tuberías y hace que las cañerías se dañen muy rápidamente.
[94] El mapa G-1 denominado clasificación del
suelo municipal, el cual hace parte integral del Plan de Ordenamiento
Territorial, cataloga el uso del suelo de la vereda La Malaña como un área
rural.
[95] En Sentencia C-051 de 2001, esta Corporación
consideró que este instrumento “es fundamental para una adecuada
organización del municipio y para la ejecución de obras indispensables con
miras al desarrollo social y comunitario”
[96] "Por el cual se adopta
el Plan de Ordenamiento Territorial de segunda generación del Municipio de
Bucaramanga 2014 - 2027"
[97] El Artículo 399 del POT establece
que los servicios públicos rurales están conformados por cinco subsistemas:
abastecimiento domiciliario de agua potable; saneamiento básico (alcantarillado
y aseo); energía eléctrica y alternativa; gas; y telecomunicaciones (fija y
móvil).
[98] Para
asegurar el acceso efectivo al servicio público domiciliario de acueducto en
las zonas rurales, el artículo 34 dispone “Con el fin de garantizar el
acceso de todos los habitantes a los servicios públicos domiciliarios básicos,
se adoptan las siguientes acciones. 1. Establecer mecanismos
interinstitucionales que permitan una coordinación adecuada entre as diferentes
entidades y empresas de servicios públicos, en la intervención que cada una de
ellas debe tener en los procesos de planeación y ejecución de actuaciones
urbanísticas. 2. La ejecución de las obras para la instalación, modificación,
reposición o reparaciones de todas las redes de servicios públicos, se debe
programar de manera simultánea con las obras públicas que adelante el Municipio
de Bucaramanga.3. Coordinar las acciones del municipio con los prestadores
de servicios públicos para completar el sistema de servicios públicos en los
sectores carentes de los mismos.” (Subrayas fuera del texto original);
el artículo 35 fijó: “Políticas y acciones para la disposición de agua
potable. Una vez definida su viabilidad técnica. Las acciones a desarrollar son
las siguientes: 1 Continuar con el proyecto de ampliación del sistema
de acueducto realizado a través de la Empresa de Acueducto Metropolitano de
Bucaramanga S.A. E.S.P. (Embalse de Bucaramanga) diseñado para los
municipios de Bucaramanga, Gir6n y Floridablanca, incluidos los ajustes
correspondientes. 2. Buscar esquemas de construcci6n, operación.
mantenimiento y administraci6n de los sistemas de acueducto, garantizando la
cobertura del servicio público, por lo menos en los porcentajes exigidos por la
legislación colombiana en materia de Agua Potable y Saneamiento Básico, según
lo establece el Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS)
2000 en su capítulo A.S. 3. Actualizar el plan de expansión de cobertura de
agua potable por parte de la Empresa de Acueducto Metropolitano de Bucaramanga
SA E.S.P., para los suelos de expansión urbana. 4 Promover la aplicación de
nuevas tecnologías, que conlleven a la eficiencia en los procesos de
tratamiento y en la prestación del servicio.” (Subrayas fuera del texto
original)
[99] Artículo 19°. Clases de suelo
del Municipio de Bucaramanga. El presente Plan de Ordenamiento Territorial
clasifica el territorio del municipio y define el perímetro para las clases de
suelo urbano, rural y de expansión urbana. Establece a su vez dentro de estas
clases la categoría de protección, y en el suelo rural establece las categorías
de desarrollo restringido y de desarrollo o producción, así: (…) 2. Suelo de
expansión urbana. El suelo de expansión urbana está constituido por el
territorio municipal que se habilitara para el uso urbano durante la vigencia
del presente Plan de Ordenamiento Territorial. Mientras los suelos de expansión
no se incorporen al perímetro urbano mediante planes parciales. se consideran suelos
rurales con categorías de desarrollo o producción grupo: áreas para desarrollo
extensivo (ADE). Para todos los efectos legales y fiscales. tales come
tributos, avalúos del suelo y demás, se debe tener en cuenta dicha
clasificación del suelo. (…)El perímetro del suelo de expansión urbana se
encuentra definido y delimitado en el plan G-1 denominado clasificación del
suelo Municipal, el cual hace parte integral del presente plan.
[100] Acuerdo
11 de 2014, artículo 409°. Definición de suelo suburbano. “De conformidad
con lo establecido en la Ley 388 de 1997, constituyen esta categoría las áreas
ubicadas dentro del suelo rural en las que se mezclan los usos del suelo y las
formas de vida del campo y la ciudad, diferentes a las clasificadas como
áreas de expansión urbana, que pueden ser objeto de desarrollo con
restricciones de uso, de intensidad y de densidad, garantizando el
autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios y la sostenibilidad
ambiental, de conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y en la Ley
142 de 1994.
Cuadro N° 89. Localización de los suelos
suburbanos del Municipio de Bucaramanga.
ÁREA
LOCALIZACIÓN
EXTENSIÓN (HA)
Santa Bárbara
Vereda Santa Bárbara ( al sur del
Barrio Buenavista)
3.04
La Malaña
Vereda la Malaña ( al norte del Barrio
Buenos Aires)
14.64
Total
17.09
(Subrayas fuera del texto original).
[101] Artículo 409 del Acuerdo 11 de
2014.
[102] La mala calidad del agua servida
en el Centro Educativo Rural La Malaña fue
advertida en un principio por la señora Gloria Amparo Daza Calvete, quien en su
calidad de Directora solicitó a la Secretaría de Desarrollo Social investigar
la situación. Folio
254, cuaderno de pruebas. Oficio Nº 3877 de la Secretaría de
Desarrollo Social a la Secretaría de Salud y Ambiente informando la queja
presentada por Gloria Amparo Daza Calvete, en su calidad de Directora del
Centro Educativo.
[103] Folio 15, cuaderno de pruebas.
[104] Folios 11-13, cuaderno de
pruebas.
[105] Folio 267, cuaderno de pruebas.
[106] Folio 269, cuaderno de pruebas.
[107] Folio 268, cuaderno de pruebas.
[108] Folio 14, cuaderno de pruebas.
[109] Folio 271-274, cuaderno de
pruebas. Acta de inspección sanitaria SB-42533 y acta Nº2214 de junio 19 de
2015, de toma de muestra de agua en el Centro Educativo la Malaña y análisis
respectivo de laboratorio INOQUALAB.
[109] Folio 275-276, cuaderno de
pruebas.
[110] Folio 275, cuaderno de pruebas.
[111] Numeral 1º del artículo 5 de la
Ley 142 de 1994 y artículo 1.3.4.2 de la Resolución 151 de 2001 de la CRA.
[112] De acuerdo con los rangos
establecidos por la Resolución 729 de 2015” 5 “Por la cual se presenta el
proyecto de Resolución “Por la cual se modifica el rango de consumo básico, se
da cumplimiento a lo previsto por el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de
2015, y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes
del sector” expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico.
[113] Al respecto ver la sentencia
T-752 de 2011.
[114] Al respecto, ver las sentencias
T-761 de 2015, T-790 de 2014, T-891 de 2014 y T-381 de 2009.
[115] Idem.
[116] En sentencia T-028 de 2014
también se concedieron 6 meses a la alcaldía municipal para iniciar el diseño de
una política pública en materia de recursos hídricos encaminada a superar de
manera definitiva la situación de desabastecimiento de agua potable en el
municipio. En el caso particular, la Sala estima pertinente ampliar el término,
toda vez que el plan que debe diseñar el municipio debe partir por la elaboración
del mapa de riesgo de calidad del agua de la región, con base en el cual se
podrá evaluar las alternativas para asegurar el acceso efectivo al agua
potable. Siendo así las cosas, es necesario que el plazo concedido supere el
periodo de fenómeno del niño para que sea posible el cumplimiento cabal de la
orden.