T-612-16
Sentencia T-612/16
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Caso en que Juzgado Penal vulneró el derecho
al debido proceso de soldado profesional por haber proferido una sentencia
condenatoria en la que no se notificó al procesado y no indagó sobre su
condición de adicto
Se trata de un soldado profesional
con formación educativa mínima, que vivió varios años inmerso en una relación
de especial sujeción estatal como miembro de un cuerpo castrense altamente
jerarquizado y basado en un espíritu de cuerpo que le hizo confiar en los
consejos de sus superiores, nunca se ocultó de la justicia ni quiso evadir las
órdenes judiciales y alegó ser adicto a sustancias psicoactivas.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA Y PRINCIPIO DE
INMEDIATEZ-Excepciones
para aceptar que se presente en un extenso espacio de tiempo entre vulneración
y presentación
Existen situaciones en las cuales el
juez constitucional debe establecer la razonabilidad del tiempo transcurrido
entre el hecho generador de la violación y el reclamo presentado. Dentro de estas situaciones se encuentra, entre otras, que la
amenaza o la vulneración permanezca en el tiempo, a pesar de que el hecho que
la originó sea antiguo, y que la carga de la interposición de la acción de
tutela en un plazo razonable no resulte desproporcionada por una situación de
debilidad manifiesta del accionante.
CARACTERIZACION DEL DEFECTO FACTICO COMO
CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES
El defecto fáctico se configura cuando: (i) existe una omisión en
el decreto de pruebas que eran necesarias en el proceso; (ii) se da una
valoración caprichosa y arbitraria de las pruebas presentadas; o (iii) no se
valora en su integridad el material probatorio.
DEFECTO FACTICO-Dimensión negativa y positiva
CARACTERIZACION DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL
COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES
La jurisprudencia constitucional ha caracterizado el defecto
procedimental como aquel que se configura cuando el juzgador viola derechos
fundamentales al negar el derecho sustancial por no aplicar la norma procesal
acorde con el procedimiento de que se trate, o cuando excede la aplicación de
formalidades procesales y hace nugatorio un derecho.
MILITARES-Individuos en situación de especial sujeción
DEBER DE COLABORACION CON LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Características
DEBIDO PROCESO-Vulneración por ausencia de notificación
y defensa técnica en proceso penal
En el marco del proceso penal puede
configurarse una violación del derecho al debido proceso derivada de la falta
de comparecencia de un procesado que no está en ausencia a pesar de que las
decisiones emitidas en el trámite no incurran, por sí solas, en alguna de las
causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por vulneración del debido proceso penal,
por ausencia de notificación y falta de defensa técnica de militar condenado
por delito de porte de estupefacientes
DERECHO
AL DEBIDO PROCESO-Orden
a Defensoría del Pueblo ofrecer apoyo inmediato y cualificado al accionante
para su defensa penal en el trámite que habrá de adelantarse por el delito de
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
Referencia: Expediente T-5.586.066
Acción de tutela presentada
por Bovin Rotsen Sánchez Baquero contra el Juzgado 2º Penal del Circuito de
Florencia.
Procedencia: Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia.
Asunto: Los defectos procedimental y
fáctico como requisitos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Las sentencias como causas indirectas de una violación
de derechos fundamentales en la que concurren diferentes autoridades del
Estado. Los deberes de las autoridades estatales para asegurar el buen curso de
los procesos penales.
Magistrada sustanciadora:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D. C., nueve (9) de noviembre
de dos mil dieciséis (2016).
La Sala Quinta de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, integrada por los
Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio y Aquiles Arrieta Gómez (E) y por la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, quien
la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el
trámite de revisión del fallo de segunda instancia adoptado por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 17 de mayo de 2016, que confirmó
la sentencia proferida el 15 de marzo de la misma anualidad, por la Sala Segunda
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, por medio de la cual
se declaró improcedente el amparo constitucional solicitado por Bovin Rotsen
Sánchez Baquero.
El asunto llegó a la Corte
Constitucional, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991, por remisión que efectuó la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia. El 30 de junio de 2016, la Sala Número Seis de Selección
de Tutelas de esta Corporación, escogió el presente caso para su revisión.
I. ANTECEDENTES
El 1º de marzo de 2016[1],
el señor Bovin Rotsen Sánchez Baquero, presentó acción de tutela en contra del Juzgado
2º Penal del Circuito de Florencia, por considerar que éste vulneró su derecho
fundamental al debido proceso, al condenarlo a una pena de prisión de 64 meses
y a una multa de 2 salarios mínimos legales vigentes, por el delito de tráfico,
fabricación o porte de estupefacientes, sin que se tuviera en cuenta que el
actor nunca fue debidamente notificado para ejercer su derecho de defensa y que
no se practicaron las pruebas necesarias para determinar su condición de adicto.
A. Hechos y pretensiones
1.
El señor Sánchez manifiesta que ha sido parte
de las fuerzas militares desde el año 2008, cuando prestó su servicio militar,
hasta convertirse en soldado profesional. Durante ese tiempo ha combatido en la
selva bajo las condiciones características del lugar y de la guerra. Afirma que
las presiones propias de ese trabajo lo llevaron a consumir marihuana y, antes
de ser enviado a una de sus comisiones, se aprovisionó con 221 gramos, debido a
que estaría en la selva durante 6 meses y no podría adquirir sus dosis de
consumo regularmente[2].
2.
El demandante indica que fue sorprendido con
el estupefaciente el 9 de febrero de 2010, por lo que se le inició una causa
penal por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Esta
culminó con sentencia condenatoria proferida por el juzgado demandado el 2 de febrero
de 2015, por medio de la cual se le impuso al accionante una pena de de
prisión de 64 meses y una multa de 2 salarios mínimos legales vigentes[3].
3.
El actor afirma que nunca pudo quedarse en la
ciudad para estar atento a su proceso, aportar o controvertir pruebas, ni para
preparar la estrategia de defensa con su abogado, pues fue remitido a la selva
por sus superiores[4]. El señor Sánchez argumenta que su ausencia durante el proceso
explica que el juzgado demandado no haya valorado el hecho de que él es un
adicto y que la cantidad de marihuana que portaba la necesitaba para su consumo
personal por los meses que estaría internado en la selva y no para traficarla.
4.
Con fundamento en lo anterior, el peticionario
indica que la autoridad acusada omitió abordar su caso de manera integral, de
tal forma que se tuviera en cuenta su condición de salud y la eventual
procedencia de un programa de rehabilitación. En su opinión, la falta de
análisis de sus condiciones subjetivas fueron las que llevaron a una sentencia
desfavorable, ya que no se consideró su condición de adicto, no se valoró la
complejidad de su trabajo y la carga que implica para los soldados, por lo que
el juez nunca entendió que el peticionario no pretendía comercializar la droga,
sólo consumirla[5].
5.
Asimismo, el señor Sánchez estima que el Juzgado 2º Penal del Circuito de Florencia vulneró su derecho al
debido proceso (art. 29 Superior), no sólo por la condena impuesta, sino por
las notificaciones indebidas a lo largo del mismo, pues sólo fue llamado por
celular el día 6 de noviembre de 2014 para citarlo a la audiencia de juicio sin
que se tuviera en cuenta que en la selva, donde se encontraba, no es fácil la
comunicación telefónica[6].
6.
Por otra parte, el demandante alega que
contrajo paludismo y leishmaniasis durante su vida como soldado[7]
y en la actualidad no recibe tratamiento. También invoca la violación del
derecho a la igualdad, pues otro interno fue condenado por el mismo delito,
pero con una pena menor y ya tiene derecho a libertad condicional[8].
Con base en estos hechos, solicita que se
tutele su derecho fundamental al debido proceso, y en consecuencia pide al juez
de tutela que se declare la nulidad del fallo proferido 2 de febrero de 2015 y se
ordene su libertad inmediata[9].
B. Actuaciones en sede de tutela
Mediante auto del 3 de marzo de 2016[10],
la Sala Segunda del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, avocó
el conocimiento de la acción de tutela. En consecuencia el juez de instancia
ordenó notificar al Juzgado 2º Penal del Circuito de Florencia para que
ejerciera su derecho a la contradicción y se pronunciara sobre los hechos
objeto de la acción de tutela.
Adicionalmente, solicitó al Batallón de Infantería No.
19, General José Joaquín París, de la ciudad de Florencia enviar a dicho
Tribunal las constancias sobre la conducta laboral del accionante y al Juzgado
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías, Meta una copia de la
sentencia condenatoria proferida en contra del peticionario.
Los accionados e intervinientes contestaron en los
siguientes términos:
Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías, Meta
Mediante escrito presentado el 7 de marzo de 2016[11],
el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Acacías, Meta remitió al juez de tutela una copia del
acta de la audiencia de juicio oral público y concentrado, el sentido del fallo
y la sentencia condenatoria en contra del señor Bovin Rotsen Sánchez Baquero.
Juzgado 2º Penal del Circuito de Florencia
Por medio de escrito presentado el 8 de marzo de 2016[12],
el juzgado demandado también remitió una copia de las actas de la audiencia de
juicio oral seguido en contra del accionante, una copia del audio de la
referida diligencia y las citaciones realizadas al procesado y a su defensor.
Adicionalmente, envió una copia del escrito presentado
por el defensor público del accionante al juzgado demandado el 9 de febrero de
2015, en el que desistió del recurso de apelación “por carencia de
objetividad”[13].
C. Decisiones objeto de revisión
Fallo de primera instancia
Mediante fallo proferido el 15 de marzo de 2016[14],
la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Florencia, negó el amparo  constitucional solicitado por Bovin Rotsen Sánchez Baquero. En particular, el juez de tutela resaltó el carácter
excepcional de la acción contra providencias judiciales y señaló que en el caso
objeto de estudio, no se cumple con el requisito de subsidiariedad, en la
medida en que el abogado de la defensa desistió del recurso de apelación y como
consecuencia también renunció al recurso de casación que se hubiera podido
presentar en el momento procesal correspondiente. Además cuenta con la acción
de revisión.
Adicionalmente, el juez de primera instancia consideró
que el amparo solicitado tampoco acredita el requisito de inmediatez, en
efecto, pasó más de un año entre el desistimiento del recurso de apelación y la
presentación de la acción de tutela[15]. Asimismo,
el Tribunal afirmó que el accionante no identificó de manera razonable los
hechos que generaron la vulneración de sus derechos fundamentales.
En consecuencia, el a quo concluyó que el
presente caso no cumple con los requisitos generales y específicos de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales por lo que declaró
improcedente el amparo solicitado.
Impugnación
El 5 de abril de 2016[16],
el accionante impugnó la decisión del juez de primera instancia. En su
impugnación el actor manifestó que sólo interpone el recurso de alzada en
contra de la referida sentencia, pero que no puede exponer fundamentos de hecho
y de derecho en contra de la misma, debido a que sólo se le comunicó la
decisión pero no se le entregó una copia de la providencia.
Fallo de segunda instancia
Por medio de sentencia proferida el 17 de
mayo de 2016[17],
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo del
juez de primera instancia.
El ad quem reiteró que la acción
de tutela objeto de estudio no cumple con el requisito de subsidiariedad, en la
medida en que los argumentos presentados por el accionante en sede
constitucional se debieron presentar durante el proceso ordinario.
Adicionalmente, afirmó que el actor tiene pendiente por agotar la acción de
revisión.
Finalmente, el juez de segunda instancia
reafirmó que el amparo solicitado no cumple con el requisito de inmediatez,
toda vez que la tutela se presentó un año después de que el defensor desistiera
del recurso de apelación. En consecuencia, confirmó la decisión del a quo mediante
la cual declaró improcedente el amparo solicitado.
D. Actuaciones en sede de revisión
Auto de pruebas del 17 de agosto de 2016
Con
el fin de contar con mayores elementos de juicio, mediante auto del 17 de
agosto de 2016[18], la
Magistrada Sustanciadora ordenó vincular a la presente acción de tutela al Ejército Nacional, a la Sexta División del Ejército, al Batallón
de Infantería No. 35 “Héroes de Güepí”, a la Defensoría del Pueblo y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
INPEC, con el fin de que expresaran lo que estimaran
conveniente sobre los hechos que sustentan la solicitud de amparo.
Adicionalmente, se ofició al señor Bovin Rotsen
Sánchez Baquero para que informara: (i) las fechas y la forma en las que fue
notificado de las diferentes diligencias dentro del proceso seguido en su
contra por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; (ii)
las veces que compareció al despacho de la Juez 2ª Penal de Circuito de
Florencia y con qué propósito lo hizo; (iii) los abogados que asumieron su
defensa en el proceso; (iv) el momento y las circunstancias en las que conoció
la sentencia condenatoria; (v) las razones por la que no interpuso recursos
contra dicha providencia; (vi) la fecha en la que empezó a cumplir su pena;
(vii) los lugares y fechas en los que prestó sus servicios a las fuerzas
militares y los períodos en los que permaneció en cabeceras municipales o en
zonas rurales o selváticas; (viii) si solicitó permisos a sus superiores para
atender el proceso penal seguido en su contra; (ix) si sus asignaciones o
funciones militares cambiaron cuando inició el proceso penal; (x) hace cuánto
tiempo consume sustancias psicoactivas y (xi) desde hace cuánto tiempo se
considera adicto.
En el mismo auto ofició al Juzgado 2º Penal de
Circuito de Florencia para que remitiera copia de todas las actuaciones del
proceso con número de radicación 180016000553201000162, seguido contra Bovin
Rotsen Sánchez Baquero e informara a esta Corporación: (i) la fecha y la forma
en que fue notificado el accionante de las diferentes diligencias y de la
sentencia dentro del proceso citado; (ii) las veces que compareció el señor
Sánchez a tal despacho y en qué circunstancias lo hizo; y (iii) si hubo
ocasiones en las que el actor no compareció, y si conoció las causas de su
ausencia.
Asimismo, se ofició a la Dirección Nacional de
Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo para que remitiera a esta
Corporación: (i) una copia del contrato de Eduardo Quintero Falla como defensor
público y sus últimos datos de contacto, con el fin de vincularlo a este
trámite; (ii) la copia del reporte de gestión, que reposa en sus sistemas de
información institucionales, en relación con el proceso seguido contra Bovin
Rotsen Sánchez Baquero por el delito de tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes, cuya defensa estuvo a cargo del defensor público Eduardo
Quintero Falla; y (iii) la misión o misiones de trabajo dirigidas al Grupo de
Investigación Criminal de la Defensoría para ubicar al procesado y determinar
su condición de consumidor de estupefacientes.
Igualmente,
se ordenó oficiar al defensor público Eduardo Quintero Falla para que remitiera
un informe detallado del trámite del caso en el que señalara su estrategia de
defensa, las actuaciones desplegadas para conseguir los elementos materiales
probatorios necesarios, los resultados de su estrategia y gestiones. Además, se
le solicitó que informara a este Tribunal: (i) las veces que se entrevistó con
el señor Bovin Rotsen Sánchez Baquero y si esos encuentros fueron suficientes
para desplegar una defensa técnica; (ii) sus gestiones para ubicar al procesado
y para determinar su condición como consumidor de estupefacientes; y (iii) las
razones por las que no apeló la condena ni interpuso ningún otro recurso.
En el mismo auto, se ofició al Comandante de la Sexta División del Ejército Nacional
para que informara: (i) el
periodo durante el cual el señor Bovin Rotsen Sánchez Baquero ha estado
vinculado al ejército y la fecha y razón de su desvinculación, si aplicaba (ii)
los cargos y funciones ocupadas por el actor; (iii) los lugares y fechas en los
que el peticionario prestó sus servicios y en particular, si se ubicaba en
cabeceras municipales o en zonas rurales o selváticas; (iv) quiénes eran los
superiores del señor Sánchez que podían darle permiso de salida de las
instalaciones militares; (v) si la División conocía que el señor Bovin Rotsen
Sánchez Baquero tenía un proceso penal en curso y en caso afirmativo, si ese
hecho cambió las asignaciones o funciones del accionante; y (vi) si existe un
registro de solicitudes verbales o escritas de parte del señor Sánchez ante
cualquiera de sus superiores para atender sus asuntos personales o el proceso
penal en su contra.
Asimismo, se ordenó oficiar al INPEC para
que indicara a la Corte Constitucional: (i) la fecha en la que ingresó el señor
Bovin Rotsen Sánchez Baquero a la cárcel y los establecimientos en los que ha
estado; (ii) la institución penitenciaria en la que se encuentra el demandante
en la actualidad; y (iii) la atención médica recibida por el demandante en los
últimos 6 meses, en particular con respecto al paludismo y leishmaniasis.
Finalmente, se ofició al director de la Colonia Agrícola de Mínima Seguridad de Acacías-Meta, para
que informara la fecha en la que ingresó el señor Bovin Rotsen Sánchez Baquero
a dicho establecimiento y la atención médica recibida por él, relacionada con
sus padecimientos de paludismo y leishmaniasis.
Respuesta del Departamento Jurídico Integral de la
Dirección de Negocios Generales del Ejército Nacional–Comando General de las
Fuerzas Militares
Por medio de escrito radicado en la Secretaría General
de esta Corporación el 25 de agosto de 2016[19],
el Departamento Jurídico Integral de la Dirección de Negocios Generales del
Ejército Nacional-Comando General de las Fuerzas Militares, manifestó que
remitió la solicitud de la Corte Constitucional a la Sexta División del Ejército
Nacional para que respondiera lo correspondiente.
Adicionalmente, solicitó no tener como sujeto activo
de la posible vulneración de los derechos fundamentales del actor al Comandante
del Ejército Nacional y como consecuencia pidió su desvinculación en el
presente proceso.
Respuesta de la Oficina Jurídica de la Defensoría del
Pueblo
Por medio de escrito presentado el 29 de agosto de
2016[20], la Oficina
Jurídica de la Defensoría del Pueblo señaló que, de conformidad con lo
establecido en el artículo 23 de la Ley 24 de 1992, la vinculación de los
defensores públicos se debe hacer a través de contratos de prestación de
servicios, por lo que no existe ninguna relación de responsabilidad entre las
acciones de los defensores públicos y las obligaciones de la defensoría de
orientar el ejercicio y defensa de los derechos fundamentales.
Particularmente, sobre las preguntas formuladas por la
Sala de Revisión que indagan circunstancias de modo, tiempo y lugar de este
caso, la entidad vinculada indicó que éstas sólo podrían ser resueltas por el abogado
Eduardo Quintero Falla, quien ejercía las labores de Defensor Público de la
Regional Caquetá para la época en la que ocurrieron los hechos. Sin embargo, el
señor Quintero falleció el 5 de mayo de 2016[21].
Por otra parte la Defensoría indicó que, de
conformidad con lo establecido en el informe presentado por el defensor Eduardo
Quintero Falla, éste asumió el caso del señor Bovin Rotsen Sánchez Baquero en
calidad de defensor público en la audiencia de legalización de captura y
formulación de imputación. El imputado no aceptó los cargos y fue dejado en
libertad. Señaló que el defensor asistió a todas las audiencias del proceso y
siempre dejo constancia de su imposibilidad de ubicar al procesado. Con todo, el
Defensor del Pueblo Regional Caquetá, en oficio que apoyó esta respuesta indicó
que “la estrategia jurídica no fue reportada […] no se encontraron en los
registros actuaciones desplegadas por el defensor diferentes a la asistencia de
las audiencias programadas por los despachos judiciales […] no solicito [sic]
apoyo al grupo de investigación criminal de la defensoría”[22].
Con base en estos elementos se advierte que el señor Quintero “actuó con las
posibilidades de defensa que en ese momento tenía”[23].
Adicionalmente, reafirmó que el 11 de febrero de 2015 el defensor desistió
del recurso de apelación, pero que no encontraba ninguna información relacionada
con las razones de su decisión.
Con fundamento en lo anterior, la entidad vinculada
adujo que se encuentra debidamente probado que el señor Eduardo Quintero Falla
asumió la defensa técnica y efectiva del proceso penal llevado en contra del
accionante desde su inicio hasta su terminación, sin que se evidenciara alguna
falla en su labor como defensor público del accionante.
En el mismo sentido, la Defensoría argumentó que la
cláusula vigésima del contrato de prestación de servicios celebrado entre el
señor Eduardo Quintero Falla y dicha entidad la exime de toda responsabilidad
proveniente de la actuación de sus contratistas.
Finalmente, concluyó que la acción de tutela objeto de
estudio no cumple con requisito de inmediatez, en la medida en que la
providencia atacada fue proferida el 2 de febrero de 2015 y la acción de tutela
se presentó en el mes de marzo de 2016, es decir, más de un año después de
proferido el fallo censurado.
Por consiguiente, la Defensoría del Pueblo solicitó su
desvinculación del presente proceso en razón a que no ha vulnerado o amenazado
los derechos del accionante.
Respuesta del Comandante del Batallón de Infantería
No. 35 “Héroes de Güepí” del Ejército Nacional
Mediante escrito presentado el 1º de septiembre de
2016[24], el
Comandante del Batallón de Infantería No. 35 “Héroes de Güepí” del Ejército
Nacional señaló que el señor Bovin
Rotsen Sánchez Baquero prestó el servicio militar en dicho Batallón desde el 7
de octubre de 2008 hasta el 11 de agosto de 2010.
Manifestó que después de la prestación de
su servicio militar, el actor realizó un curso para ser soldado profesional
desde el 7 de septiembre de 2010 hasta el 31 de diciembre de la misma anualidad
es decir, por un término de 3 meses y 24 días en la Escuela de Soldados Profesionales
en Tolemaida. Indicó que posteriormente el accionante pasó a ser orgánico del
Batallón de Infantería No. 19, General José Joaquín París desde el 1º de enero
de 2011 hasta el 3 de junio de 2015.
Adicionalmente, el Comandante adujo que
durante la permanencia del actor en el Batallón
de Infantería No. 35 “Héroes de Güepí” se le concedieron varios permisos de
salida, y que para la fecha en la que ocurrieron los hechos, es decir el 9 de
febrero de 2010, el señor Sánchez Baquero se encontraba de permiso autorizado
cuando intentó ingresar al Batallón Larandia.
Afirmó que durante la prestación del servicio militar,
los soldados permanecen 3 meses en fase de entrenamiento en el Batallón de
Instrucción de Entrenamiento y Reentrenamiento No. 12, Larandia-Caquetá y una
vez juran bandera, tienen permiso para salir un mes. Posteriormente, los soldados
son enviados a diferentes Bases Fijas y se les conceden los permisos de
acuerdo con el ciclo “CODE” ordenado por el Comando del Batallón.
Asimismo, el Comandante adujo que no entiende las
razones por las que el actor señala que llevaba los 221 gramos de cannabis como
aprovisionamiento para un periodo de 6 meses, toda vez que para la fecha en la
que ocurrieron los hechos, el actor prestaba su servicio militar en el Batallón
de Infantería No. 35 “Héroes de Güepí”. Asimismo, afirmó que no se encuentra
alguna prueba de que la Compañía Dragón a la cual pertenecía el actor,
ingresara a realizar alguna misión el 9 de febrero de 2010.
Por otra parte, el interviniente manifestó que el
Batallón de Infantería No. 35 “Héroes de Güepí” no tenía conocimiento del
proceso penal que se llevaba en contra del peticionario. En particular, señaló
que no existe ninguna solicitud presentada por el actor a su comandante en la
que informara tal situación, o algún requerimiento del juzgado en el que se
citara al peticionario. Indicó que para confirmar si el superior del actor
tenía conocimiento del proceso, se debería vincular al Teniente Coronel Fredy
Alexander Dulce Ardila quien era su superior en el momento en el que ocurrieron
los hechos.
Adicionalmente, el Comandante informó que durante la
prestación del servicio militar del actor no se evidenció que éste fuera
consumidor de algún estupefaciente y que los soldados regulares no son objeto
de procesos disciplinarios y por tal razón no existe ninguna investigación el
contra del señor Sánchez Baquero.
Además, el interviniente manifestó que después de que
el demandante se graduó como soldado profesional fue trasladado al Batallón de
Infantería No. 19, General José Joaquín París, y en esta medida, éste es el
competente para definir si el accionante fue enviado a comisión de combate
durante el transcurso del proceso penal.
Con base en lo anterior, el interviniente afirmó que la
entidad que representa no ha vulnerado los derechos fundamentales del señor
Bovin Rotsen Sánchez Baquero, en la medida en que dicho Batallón ignoraba la
existencia de un proceso penal en su contra. Adicionalmente, reiteró que nunca
se detectó que el accionante fuera consumidor de estupefacientes ni siquiera en
su prueba psicológica realizada cuando se incorporó como soldado profesional.
Por último, argumentó que no existe legitimación por
pasiva del Batallón de Infantería No. 35 “Héroes de Güepí” debido a que durante
el trascurso del proceso penal, el accionante se encontraba en el Batallón de
Infantería No. 19, General Joaquín París.
Con fundamento en lo anterior, el Comandante solicitó
no tutelar los derechos invocados por el accionante, desvincular del presente
proceso al Batallón de Infantería No. 35 “Héroes de Güepi” por falta de
legitimación por pasiva y vincular al Batallón de Infantería No. 19, General
José Joaquín París.
Respuesta del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC)
Por medio de escrito presentado el 1º de septiembre de
2016[25], el INPEC manifestó
que el señor Bovin Rotsen Sánchez Baquero fue capturado y puesto a disposición
de dicha entidad el 5 de marzo de 2015, “con boleta de encarcelación
expedida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Florencia” [26],
quien lo condenó a cumplir una pena de 5 años y 4 meses, por el delito de
fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.
Además, indicó que actualmente el accionante se
encuentra recluido en el “Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad
y Carcelario de Acacias”[27], que
ha recibido la atención médica necesaria para tratar las enfermedades de paludismo y leishmaniasis[28] y que, de conformidad con la historia
clínica, su estado de salud es bueno.
Respuesta del Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Florencia
Por medio de oficio recibido el 26 de agosto[29],
la secretaria del despacho mencionado informó que el expediente fue remitido al
Centro de Servicios de los Juzgados Penales Municipales y del Circuito de
Florencia para los trámites subsiguientes, por lo cual no es posible remitir
las diligencias. No obstante, informó que el 10 de agosto, el Centro de
Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Acacías informó que le correspondió vigilar la condena del sentenciado.
Respuesta del señor Bovin Rotsen Sánchez Baquero
Mediante escrito presentado el 7 de septiembre de 2016[30],
el accionante respondió a los cuestionamientos planteados por esta Corporación,
sin embargo, señaló que no recuerda ninguna de las fechas en que ocurrieron los
hechos.
En particular, el peticionario manifestó que el
abogado que había asistido a la audiencia de legalización de captura lo llamó
meses después de que se realizó dicha diligencia, para informarle que tenía que
asistir a una audiencia, y que el actor le informó que “se encontraba en
operaciones militares en la zona rural del municipio de Jetucha” [31],
pero que le iba a hacer saber la situación al comandante del Batallón de Infantería
No. 35 “Héroes de Güepí”. Con base en lo anterior, el demandante indicó que le
comunicó su situación al Comandante de la Contraguerrilla a la cual pertenecía
en ese momento, quien éste le dijo que la Defensoría Militar se encargaría de
su caso.
A pesar de lo anterior, en el mismo escrito el
peticionario afirmó que el día que lo llamó el abogado, aproximadamente en el
mes de abril de 2010, el actor pidió permiso para salir y que éste le fue
negado porque se encontraba en zona roja. Asimismo, señaló que sólo en una
ocasión compareció ante un juez para la legalización de su captura “bajo las
circunstancias de detenido por la Fiscalía que fue al Batallón a recogerlo” [32].
Por otra parte, el señor Sánchez manifestó que
solamente se entrevistó con el defensor público Eduardo Quintero Falla una vez,
quien le indicó que dijera que sí a todo lo que le iba a preguntar el juez para
que lo dejara en libertad. Adicionalmente, afirmó que conoció la sentencia el “3
de marzo de 2016 [sic]”[33] en
San Martín Meta cuando fue capturado por un retén de la Policía Nacional debido
a que tenía una orden de captura en su contra. Señala que para esa fecha
pertenecía al Batallón de Infantería No. 19 General Joaquín París en San José
del Guaviare y que para el momento de su captura le habían otorgado un permiso
para visitar a su familia en Bogotá.
Asimismo, el señor Sánchez Baquero adujo que no
interpuso ningún recurso en contra de la providencia censurada, debido a que
cuando fue capturado se comunicó con la Defensoría Militar quienes después de 4
meses le informaron que no se podía hacer nada en su caso sin darle algún tipo
de orientación jurídica para saber cómo proceder.
De otra parte el accionante manifestó que prestó servicio
militar desde el año 2008 hasta mediados del 2010, en “algunas zonas rurales
del departamento de Caquetá y en las zonas selváticas del Aracuara”[34]
en el Batallón de Infantería No. 35 “Héroes de Güepí”. Adujo que cuando
terminó su servicio militar, se incorporó a la Escuela de Soldados
Profesionales Pedro Pascacio en Nilo Cundinamarca y que a finales del año 2010
se graduó como soldado profesional. Afirmó que posteriormente fue enviado a San
José del Guaviare al Batallón de Infantería No. 19, General José Joaquín París
donde realizó diferentes operaciones hasta la fecha de su captura.
Adicionalmente, el actor indicó que sus funciones
nunca cambiaron ni antes ni después del proceso. Señaló que le informó al
Comandante del Batallón de Infantería No. 35 “Héroes de Güepí” que debía
asistir a diferentes audiencias en el curso de su proceso penal y que la
respuesta de su superior fue “hay [sic] vamos viendo que hacemos. Tranquilo
nosotros le ayudamos eso no pasa nada”
[35].
Por otra parte, el demandante afirmó que consume
marihuana desde los 16 años y que después de un año como soldado regular se le
convirtió en una adicción, por lo que empezó a aprovisionarse con grandes
cantidades, para asegurarse de tener la dosis mínima en todo el ciclo que
podría durar de 3 a 6 meses. Asimismo, el actor indicó que cuando le hicieron
los exámenes para ingresar a la Escuela de Soldados Profesionales, dejó de
consumir marihuana para aprobar la prueba de “doping”, pero después de
ejercer un año como soldado profesional empezó a consumirla nuevamente.
De la misma manera, manifestó que considera que su
vida se encuentra en peligro debido a que en la actualidad está recluido con
miembros de diferentes bandas criminales, de las FARC y del ELN, y que cuando
era miembro del Batallón de Infantería No. 19, General José Joaquín París realizó
diferentes operaciones contra esos grupos por lo que en algunas oportunidades
lo han amenazado.
Finalmente, el accionante afirmó que actualmente
cumple con todos los requisitos de ley para que se le conceda el permiso de las
72 horas y nunca se analizó su situación.
Auto de pruebas y suspensión de términos del 21 de
septiembre de 2016
Posteriormente, con base en las pruebas recaudadas, el
despacho de la magistrada sustanciadora pudo determinar que el superior jerárquico del señor
Bovin Rotsen Sánchez Baquero en el Batallón de Infantería No. 35 “Héroes de Güepí”
era el Teniente Coronel Fredy Alexander Dulce Ardila, quien estaba enterado del
proceso y supuestamente le ofreció el apoyo legal de la Defensoría Militar. Asimismo
estableció que durante el periodo en el que se desarrolló el proceso penal
contra el señor Sánchez Baquero, el peticionario culminó su servicio militar y
se hizo soldado profesional. Efectivamente hacía parte del Batallón de
Infantería Aerotransportado No. 19, General José Joaquín París, donde cumplió
sus labores hasta su desvinculación del Ejército Nacional.
En consecuencia, la Sala consideró necesario vincular a la Cuarta
División del Ejército, al Batallón de Infantería
Aerotransportado No. 19, General Joaquín París y a la Defensoría Militar.
Además ofició a los comandantes para que indicaran el término durante el cual
el señor Sánchez Baquero estuvo vinculado al Ejército, los cargos y funciones que
desempeñó, los lugares y fechas en los que prestó sus servicios, en particular,
si se ubicaba en cabeceras municipales o en zonas rurales o selváticas, los
datos de los superiores del señor Sánchez o de quienes podían
darle permiso de salida de las instalaciones militares, su conocimiento sobre
el proceso penal y los permisos solicitados.
En particular se ofició al Teniente Coronel Fredy Alexander Dulce
Ardila, ahora Comandante de la Brigada Móvil No. 13 en Santana–Putumayo para que, dentro de los tres (3) días
siguientes a la notificación del presente auto, contestara las siguientes
preguntas:
a.     ¿Usted
fue superior jerárquico del señor Bovin Rotsen Sánchez
Baquero en el Batallón de Infantería No. 35 “Héroes de Güepí”? En caso
afirmativo indique durante qué periodo de tiempo.
b.    Detalle
los cargos y funciones ocupadas por el señor Bovin Rotsen
Sánchez Baquero en el Batallón de Infantería No. 35 “Héroes de Güepí”.
c.     Indique
con detalle los lugares y fechas en los que Bovin Rotsen
Sánchez Baquero prestó sus servicios en el Batallón de Infantería No. 35
“Héroes de Güepí”, en particular, señale si se ubicaba en cabeceras municipales
o en zonas rurales o selváticas.
d.    Indique
si conocía que el señor Bovin Rotsen Sánchez Baquero
tenía un proceso penal en curso. En caso afirmativo explique de qué manera lo
supo.
e.     ¿Alguna
vez usted le manifestó al señor Bovin Rotsen Sánchez Baquero
que la Defensoría Militar se haría cargo del proceso penal llevado en su
contra?
f.
¿Usted envió alguna comunicación a la Defensoría
Militar en la que informara sobre el proceso penal seguido en contra de Bovin
Rotsen Sánchez Baquero?
g.     ¿Existe
un registro de solicitudes verbales o escritas de parte del señor Sánchez, en
la que le solicitó a usted algún permiso para atender sus asuntos personales o
el proceso penal en su contra? Si es así precise las fechas e indique si le fue
concedido el permiso o no, con las correspondientes razones para cualquiera de
las opciones.
De otro lado se ofició a la Defensoría Militar para que informara si sus servicios habían sido
solicitados para el caso del señor Sánchez.
Igualmente, ya que el peticionario afirmó que en la actualidad se
encuentra en el mismo centro de reclusión con miembros de diferentes grupos
armados y bandas criminales, contra las que se enfrentó en el ejercicio de sus
labores como soldado profesional, se ofició al INPEC para
que informara a esta Corporación sobre las condiciones de reclusión del
peticionario en la actualidad, en particular si tiene alguna ubicación especial como antiguo miembro del Ejército.
Además se requirió a la Juez 2ª Penal de
Circuito de Florencia, Caquetá, o a quien haga
sus veces, para que acatara la orden contenida el auto del 17 de agosto de
2016, de conformidad con lo dispuesto el artículo 50 del Decreto 2067 de 1991,
en cumplimiento de su deber de prestar la colaboración que requiera la
Corte Constitucional de manera eficaz e inmediata y remitiera copia de todas
las actuaciones del proceso con número de radicación 180016000553201000162
seguido contra Bovin Rotsen Sánchez Baquero por el delito de tráfico, fabricación
o porte de estupefacientes, y además contestara las siguientes preguntas:
a.
¿En qué fechas y de qué forma fue notificado el señor Sánchez de las
diferentes diligencias y de la sentencia dentro del proceso citado?
b.
¿Cuántas veces, en qué circunstancias y con qué propósito compareció el
señor Sánchez a su despacho?
c.
Si hubo ocasiones en las que el señor Sánchez no compareció, indique si
conoce las causas de su ausencia.
d.
Agregue todo lo que considere relevante para el caso concreto.
Adicionalmente, la Sala consideró necesario solicitar pruebas con el
fin de contar con mayores elementos de juicio para precisar los hechos del caso
y definir especificidades del proceso y la situación actual del actor, en
particular sobre la adicción a la marihuana y su forma de prueba. Para ello
ofició al Grupo de Sustancias Psicoactivas del
Departamento de Toxicología de la Universidad Nacional, al Departamento de
Farmacología y Toxicología de la Universidad de Antioquia, a la Asociación
Colombiana de Psiquiatría, a la Academia Nacional de Medicina, a la Facultad de
Psicología de la Universidad Católica de Colombia, a la Corporación Nuevos
Rumbos y al Colectivo Aquí y Ahora para que contestaran, según la experticia de
cada entidad, las siguientes preguntas, sin perjuicio de que pudieran aportar
información adicional que consideraran relevante frente a los temas generales
del caso:
a.
¿La sustancia psicoactiva cannabis es
adictiva? Explique su afirmación.
b.
¿Qué nivel de adicción tiene dicha sustancia?
c.
¿En qué formas de consumo es adictiva?
d.
¿Cómo se determina que una persona es adicta a
la marihuana?
e.
¿Cuáles son los rasgos visibles de una persona
adicta a la marihuana?
f.
¿El hecho de que una persona declare que tiene
una adicción a la marihuana es suficiente para considerarla adicta?
Finalmente, de conformidad con el artículo 64 del Acuerdo 01 de 30
de abril de 2015[36],
se suspendieron los términos por 25 días hábiles para fallar en el presente
asunto, mientras se recaudaba y analizaba la información solicitada en la
presente providencia.
Respuesta de la Cuarta División del Ejército Nacional
El comandante de la Cuarta División remitió su
respuesta y varios anexos el día 1º de octubre de 2015 e informó que el señor
Sánchez fue orgánico del Batallón de Infantería Aerotransportado No. 19 Joaquín
París desde el 1º de enero de 2011 hasta el 3 de junio de 2015, siendo
desvinculado por tener una condena a prisión. El señor Sánchez fue fusilero en
una zona selvática y durante el tiempo que estuvo vinculado a esta división sus
superiores no tuvieron conocimiento del proceso penal en curso.
La carpeta de datos personales del señor Sánchez no
reporta que haya solicitado algún permiso especial relacionado con el proceso
penal que se le seguía y las actualizaciones de antecedentes penales que hace
la institución, tampoco lo revelaron, siendo la última la del año 2014. De acuerdo
con ello, nada obligaba a esta entidad “a verificar el hecho o en su defecto
colaborar con el implicado a fin de que tuviera acceso a su expediente y con
ello ejercer una mejor labor de defensa”[37].
Como consecuencia solicita la desvinculación de la Cuarta División y del
Batallón Mo. 19, General Joaquín París.
Respuesta del Batallón de Infantería de Selva No. 19,
“General Joaquín París”
El comandante del Batallón de Infantería No. 19
General José Joaquín París Ricaurte remitió su respuesta y los anexos el día 1º
de octubre de 2015, reiteró los argumentos de la Cuarta División e hizo las
mismas solicitudes.
Respuesta de la Defensoría Militar
El representante legal de la entidad remitió su
respuesta el pasado 28 de septiembre y afirmó que no le consta ninguno de los
hechos a los que hacen referencia el escrito de tutela y el auto fechado el 21
de septiembre por el que la organización fue vinculada. Adicionalmente, agregó
que para la fecha de los hechos, el señor Sánchez era soldado regular y por
tanto no era afiliado a la Defensoría Militar. De otro lado, la entidad sólo
brinda asistencia a los soldados regulares en investigaciones por operaciones
de combate. De hecho, una de las exclusiones para la asistencia son los delitos
de narcotráfico y conexos. De acuerdo con ello no tendría derecho a asistencia
por no ser afiliado y por el tipo de conducta en que incurrió. La entidad también
respondió a las preguntas formuladas por el despacho y reiteró que no existe
prueba en sus archivos sobre la comunicación del señor Sánchez o del Teniente Coronel
Dulce Ardila con respecto al caso, por lo tanto solicita desvincular a la
entidad por falta de legitimación por pasiva.
Respuestas de entidades expertas en materia de
adicciones
Varias entidades y organizaciones conocedoras del tema
de adicciones presentaron sus respuestas desde su experticia, estas entidades
fueron: Grupo de Sustancias
Psicoactivas del Departamento de Toxicología de la Universidad Nacional[38],
la Academia Nacional de Medicina[39],
la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia[40],
la Corporación Nuevos Rumbos[41]
y el Colectivo Aquí y Ahora[42]. Debido a la coincidencia en sus criterios, se
presentará un resumen de las respuestas:
1.
Si se entiende que la adicción es una alteración y desestructuración en
diferentes áreas de la vida del individuo, la sustancia cannabis sí es adictiva,
pues genera estos cambios. Además, según diferentes criterios diagnósticos (por
ejemplo el CIE-10 y el DSM V) hay consenso en su condición de sustancia
adictiva. Con todo, su capacidad de adicción es variable e inferior a la de
otras sustancias como la heroína.
2.
El nivel de adicción de esta sustancia depende de cada caso individual y
de la fase de consumo en la que se encuentre el sujeto (exploratoria, de uso,
abuso, dependencia). Podría afirmarse que la mariguana tiene un bajo nivel de
adicción, pues por su composición y por los procesos químicos que se generan en
el cuerpo, produce menor dependencia física con respecto a otras sustancias. Sin
embargo, existen factores que aumentan la capacidad adictiva, por ejemplo si se
inicia el consumo en  la adolescencia.
3.
La vía principal de consumo es la vía inhalatoria fumada que genera más
adicción y mayores efectos.
4.
Para determinar si una persona es adicta se pueden utilizar los
criterios diagnósticos contenidos en diversos instrumentos aceptados
internacionalmente (CIE-10, DSM IV y V) y es posible establecer niveles de
adicción. Además es indispensable tomar datos biográficos, semiológicos,
clínicos y paraclínicos.
5.
Los rasgos visibles de esta adicción son variables, los síntomas físicos
no son concluyentes y, en cambio, es fundamental determinar la disfunción en
diversos roles del sujeto en conjunto con otras manifestaciones. Identificar un
solo rasgo no es suficiente, en efecto, un individuo puede ser consumidor
ocasional o regular sin tener trastornos, pues ser consumidor no lo hace
adicto.
6.
No basta la auto declaración de la condición de adicto porque puede
tener diversas motivaciones, por ejemplo justificar conductas impropias e
incluso delictivas. Es necesario llevar a cabo un diagnóstico
interdisciplinario (ya sea desde el área social o desde las ciencias de la
salud) debe entrevistarse al paciente y aplicar los criterios diagnósticos.
Respuesta del Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Florencia y del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y medidas de seguridad de
Acacías
Mediante oficio recibido el 4 de octubre la
secretaria del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Florencia, informó que
corrió traslado de la solicitud de esta Corporación al Juzgado Tercero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías. Este último remitió
copias de la actuación procesal 180016000553201000162[43].
El despacho de la Magistrada
Ponente recibió y valoró la copia de todos los cuadernos que conforman el
mencionado proceso penal y hará referencia a su contenido según sea necesario a
lo largo del proyecto.
De otro lado, el Juez Tercero de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Acacías dio respuesta a las preguntas
planteadas por esta Sala con respecto al proceso adelantado. Informó que el
señor Sánchez compareció ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones
de Control de Garantías en Florencia el 10 de febrero de 2010 como capturado y
en esa oportunidad se llevaron a cabo las audiencias de legalización de captura,
formulación de imputación y de solicitud de medida de aseguramiento, la cual
fue retirada por la Fiscalía. El ahora demandante fue notificado de estas
decisiones en estrados, junto con su defensor.
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Florencia avocó el conocimiento para el juicio. Esta autoridad remitió sendos
oficios al Comandante del Batallón Héroes del Güepí-Base Militar de Larandia
(Caquetá), solicitando ordenar el desplazamiento del soldado regular Bovin
Rotsen Sánchez Baquero para la fecha y hora programadas para las audiencias
(fl. 245 expediente penal) sin embargo, la única respuesta fue que el señor
Sánchez se licenció como soldado regular el día 13 de agosto de 2010. Ante la
imposibilidad del juzgado para lograr la ubicación del procesado, el accionante
no pudo comparecer a las demás audiencias. Una vez emitida la orden de captura,
ésta se materializó el 3 de marzo de 2015.
El juez precisó lo siguiente
“al no obrar dentro de los cuadernos lo
correspondiente a las actuaciones ejercidas por la Fiscalía, no puede
establecerse si el ente investigador desplegó labores propias para la ubicación
del enjuiciado y lograr su comparecencia al proceso. De otra parte en relación
con la actuación efectuada por el Juzgado de Conocimiento, no se dispuso de
mecanismo alguno para lograr la ubicación del encartado y enterarlo del trámite
procesal, pues únicamente se limitó a oficiar al comandante del Batallón
Militar de donde se reportó estaba adscrito BOVIN ROTSEN SÁNCHEZ como soldado
regular, sin embargo, una vez le fue enterado por la autoridad militar que el
precitado se había licenciado de ese batallón, no existe evidencia de
actividades investigativas ordenadas con el propósito de obtener datos sobre la
ubicación del procesado, por el contrario, se establece que las comunicaciones
de las fechas de audiencia eran entregadas a la Fiscalía, para que por su
intermedio se le enterara, sin que dicho trámite generara resultados positivos,
pues no se contó con su asistencia durante toda la etapa de juicio.”[44]
Finalmente, destaca que esta información fue extraída
de los documentos obrantes en los cuadernos que conforman el proceso y por no
corresponder a su función como juez de ejecución de penas no puede brindar más
datos sobre el trámite procesal.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
1.
Corresponde a la Corte Constitucional analizar, en Sala de Revisión, la
sentencia proferida dentro de la acción de tutela de la referencia, con
fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991.
Asunto objeto de revisión y problema
jurídico
2. El señor Bovin Rotsen Sánchez Baquero presentó
acción de tutela en contra del Juzgado 2º Penal del Circuito de Florencia.
Consideró que esta autoridad vulneró su derecho fundamental al debido proceso
al condenarlo a una pena de prisión de 64 meses y a una multa de 2 salarios mínimos
legales vigentes por el delito de tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes, sin que tuviera en cuenta que nunca fue debidamente notificado
para ejercer su derecho de defensa y que no se practicaron las pruebas
necesarias para determinar su condición de adicto, con lo que habría cambiado
el sentido de la decisión judicial. Por lo tanto, solicita que se declare la
nulidad del fallo y se ordene su libertad inmediata.
Los jueces de instancia negaron la tutela por
improcedente al considerar que no se cumplió el requisito de subsidiariedad –el
defensor de oficio designado desistió de la apelación, con lo que renunció a
otros recursos como la casación- y tiene pendiente la acción de revisión. Tampoco
fue satisfecho el requerimiento de inmediatez, pues la acción se presentó un
año después del desistimiento del último recurso.
3. La situación fáctica descrita exige a la Sala determinar, en
primer lugar, si concurren los requisitos generales de procedencia de la tutela
contra providencias judiciales. Si se supera el análisis de
procedibilidad la Sala deberá absolver el problema jurídico de fondo planteado
por el actor: ¿El juzgado demandado violó el derecho al debido proceso del señor
Sánchez por haber proferido una sentencia condenatoria sin haberlo notificado y
sin haber indagado sobre su condición de adicto? Con todo, las complejidades
del proceso deberán ser tenidas en cuenta al momento plantear el análisis del
caso concreto.
Para resolver el problema jurídico enunciado la Sala abordará
los siguientes temas: (i) los requisitos generales
y específicos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, (ii)
el cumplimiento los requisitos generales de procedibilidad de la acción en el
caso concreto, (iii) la violación del derecho al debido proceso por defecto fáctico, (iv) la
vulneración del derecho al debido proceso en la modalidad de defecto
procedimental por falta de notificación y de defensa técnica en el proceso
penal, (v) los militares como individuos en situación de especial sujeción,
(vi) el deber de las
autoridades del Estado de colaborar con la administración de justicia y su
carácter cualificado en procesos penales, y finalmente (vii) el estudio del caso
concreto.
La procedencia excepcional de la tutela contra
decisiones judiciales[45]
4. El inciso 4º del artículo 86 de la Constitución,
consagra el principio de subsidiariedad como requisito de procedencia de la
acción de tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
El artículo 86 Superior establece que la
tutela procede contra toda “acción o la omisión de cualquier autoridad
pública”. Las autoridades judiciales son autoridades públicas que en el
ejercicio de sus funciones tienen la obligación de ajustarse a la Constitución
y a la ley, y garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos
reconocidos en la Constitución.
Bajo el presupuesto mencionado, la Corte
Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales que quebranten los derechos fundamentales de las partes y
se aparten de los mandatos constitucionales. No obstante, ha precisado que la
procedencia de la acción de tutela en estos casos debe ser excepcional, con el
fin de que no se desconozcan los principios de cosa juzgada, autonomía e
independencia judicial, seguridad jurídica, y la naturaleza subsidiaria que
caracteriza a la tutela.[46]
Así pues, la acción de tutela contra
decisiones judiciales tiene como finalidad efectuar un juicio de validez
constitucional de una providencia judicial que incurre en graves falencias, las
cuales tornan la decisión incompatible con la Carta Política.[47]
5. La Sala Plena de la Corte, en sentencia C-590
de 2005[48],
señaló que el desarrollo jurisprudencial ha conducido a diferenciar dos tipos
de presupuestos para que proceda la acción de tutela contra providencias
judiciales, a saber: los requisitos generales de procedencia y los requisitos
específicos de procedibilidad.
Los requisitos generales de procedencia
6. Según lo expuso la sentencia C-590 de 2005, los
requisitos generales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales son: (i) que la cuestión que se discuta tenga
relevancia constitucional, esto es, que el caso involucre la posible
vulneración de los derechos fundamentales de las partes; (ii) que se cumpla con
el presupuesto de subsidiariedad que caracteriza a la tutela, o sea, que se
hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, es decir,
que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir
del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal, ésta debe tener un efecto decisivo en la sentencia que se impugna;
(v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración, como los derechos vulnerados; y (vi) que no se trate
de sentencias de tutela.
Los requisitos específicos de procedibilidad
7. Los requisitos específicos aluden a la concurrencia
de defectos en el fallo atacado que, en razón de su gravedad, hacen que éste
sea incompatible con los preceptos constitucionales. En resumen, estos defectos
son los siguientes:
Defecto orgánico: ocurre cuando el funcionario judicial que profirió la sentencia
impugnada carece en forma absoluta de competencia.
Defecto procedimental absoluto: se origina cuando el juez actuó completamente al
margen del procedimiento establecido.[49]
Defecto fáctico:
se presenta cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, o cuando la
valoración de la prueba fue absolutamente equivocada.
Defecto material o sustantivo: ocurre cuando se decide con base en normas
inexistentes, inconstitucionales o claramente inaplicables al caso concreto, o
cuando se presenta una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y
la decisión.[50]
Error inducido: sucede cuando el Juez o Tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.[51]
Decisión sin motivación: implica el incumplimiento de los servidores judiciales
del deber de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones.
Desconocimiento del precedente: se configura cuando por vía judicial se ha fijado el
alcance sobre determinado asunto y el funcionario judicial desconoce la regla
jurisprudencial establecida.[52]
Violación directa de la Constitución: se estructura cuando el juez ordinario adopta una
decisión que desconoce, de forma específica, postulados de la Carta Política.
Examen de los requisitos generales de procedencia de
la tutela contra providencias judiciales en el caso que se analiza
8. La Sala observa que
en el presente caso concurren los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales que han sido fijados por la
jurisprudencia de esta Corporación, veamos:
9. El asunto tiene relevancia constitucional,
pues se refiere a la violación del derecho al debido proceso de un ciudadano
que fue condenado penalmente y perdió su libertad a causa de las supuestas irregularidades
alegadas: la indebida notificación, la omisión en el decreto de pruebas y eventualmente
la falta de defensa técnica.
10. Se ha cumplido con el requisito se subsidiariedad
porque ante la indebida notificación y las aparentes limitaciones en la defensa
técnica, el actor se vio imposibilitado de agotar otros medios de defensa judicial.
Efectivamente, su abogado no sustentó la apelación del fallo y, como indican
los jueces de instancia, el aparato judicial entiende que con ello renunció a
otros recursos como la casación. Bajo esta hipótesis, el actor no cuenta ahora
con otros medios de defensa judiciales, pues debido a la inactividad de su
abogado se ha truncado su posibilidad de interponer recursos.
De otro lado, ya que sólo se enteró del fallo en el
momento de su captura y había vivido bajo una convicción errada del proceso y
su manejo, el actor afrontó condiciones que le hicieron imposible ejercer su
defensa judicial de manera adecuada y ahora, desde las posiciones judiciales expuestas
en el proceso, no cuenta con otros mecanismos porque todos han fenecido.
No obstante, podría pensarse que aún tiene disponible la
acción de revisión (art. 192 Código de Procedimiento Penal). Con todo, subsiste
la duda sobre la causal aplicable, pues no ha aparecido una prueba nueva –de
hecho el defecto alegado es la omisión probatoria sobre un hecho constatable
durante el proceso: la condición de adicto del señor Sánchez- y tampoco se han
configurado otros escenarios que hagan procedente la mencionada acción. No
obstante, podría pensarse en la posibilidad de aplicar el artículo 192-7 del
Código de Procedimiento Penal (CPP). Esta disposición establece que procede la revisión
de la sentencia “7.
Cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favorablemente
el criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria, tanto
respecto de la responsabilidad como de la punibilidad.”
La Sala constata que el 9 de marzo de 2016, la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió una sentencia en la que casó un
fallo condenatorio proferido contra un soldado regular como autor del delito de
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. Si el pronunciamiento
resultara aplicable por haber cambiado favorablemente el criterio jurídico que
fundamentó la condena del señor Sánchez, podría ser plausible invocar esta
causal de revisión y, como consecuencia, la acción de tutela sería improcedente.
Sin embargo, para esta Sala, esta hipótesis no se cumple.
Los fundamentos fácticos del caso analizado por la Sala
Penal son los siguientes: el soldado condenado llevaba un poco más de 50 gramos
de mariguana y fue capturado en instalaciones militares. Aunque los hechos
parecen similares, los fundamentos de la decisión no resultan aplicables al
caso que ahora ocupa la atención de esta Sala de Revisión. En efecto, la Corte
Suprema tuvo en cuenta cuatro argumentos centrales para llegar a la
determinación de casar el fallo: (i) en el proceso penal fue demostrada la
condición de adicto de procesado, (ii) éste se encontraba bajo internamiento militar, (iii) por tener
que salir a patrullar se aprovisionó de la cantidad de droga que requería y,
(iv) no se demostró su intención
de comercializarla. Por lo tanto, la Corte llegó a la conclusión de la
atipicidad del comportamiento. De tal forma emitió fallo de sustitución para
absolver al procesado del delito de tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes agravado.
El razonamiento de la Sala Penal fue el
siguiente:
“(…)
la dosis personal que genera atipicidad de la conducta por la circunstancia de
cantidad no es solamente la que determina el literal j) del artículo 2 de la
Ley 30 de 1986, como hasta ahora se ha venido entendiendo por la
jurisprudencia, sino también la que se demuestre en el proceso en un monto
superior a esa regulación pero siempre que sea necesaria para el consumo del
sujeto que está siendo procesado dada su situación personal en el caso
concreto, pues la presunción establecida por el legislador acerca de lo que se
debe entender por dosis personal es legal y admite demostración en contrario.
Entonces, la atipicidad de la conducta para los
consumidores o adictos dependerá de la finalidad cierta (no supuesta o fingida)
de su consumo personal, lo que puede desvirtuarse en cada caso según las
circunstancias modales, temporales o espaciales, como cuando la cantidad supera
exageradamente la requerida por el consumidor, adicto o enfermo, o la intención
es sacarla o introducirla al país, transportarla, llevarla consigo,
almacenarla, conservarla, elaborarla, venderla, ofrecerla, adquirirla,
financiarla, suministrarla o portarla con ánimo diverso al consumo personal.”[53]
De acuerdo con ello se observa que no se trata
de hipótesis similares, de hecho el reproche del actor en tutela es justamente
la ausencia de la prueba que hubiera podido cambiar el curso del proceso: la
demostración de su condición de adicto. La prueba nunca fue solicitada,
decretada ni practicada debido a que el procesado no pudo comparecer a las
diligencias procesales.
La diferencia en los elementos de los dos
casos haría inaplicable la causal de revisión establecida en el artículo 192-7
del CPP. La misma Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado sobre los
elementos que deben reunirse para que proceda esta causal. El Auto de 28 de septiembre de 2016 (MP
Gustavo Enrique Malo Fernández, Exp. AP6558-2016, Radicado N° 48569) reiteró lo
dicho en otras providencias, por ejemplo la (CSJ AP6904-2014), en la que
se indica:
“que esa postulación exige
acreditar que la postura argumentativa en virtud de la cual se dictó la
sentencia objeto de reproche, fue posteriormente variada por esta misma
Corporación, a través de un pronunciamiento que contiene razonamientos cuya
aplicación al caso concreto, benefician al accionante (CSJ SP, 17 Oct 2012,
Rad. 36793 y 4 Mar 2013, Rad. 40208).
Lo anterior implica para el
interesado, llevar a cabo una labor de constatación en la que enseñe de manera
objetiva que los presupuestos de la decisión contentiva del nuevo juicio, son
similares a la que se cuestiona por esta vía. En otras palabras, debe
«identificar en el contexto de la sentencia materia de revisión, el problema
jurídico central planteado, junto con el criterio jurídico que la Corte ha
empleado para desatarlo.”
El precitado auto de 2016 recordó que la Corporación ha sido insistente en señalar que
para esa demostración no basta invocar abstractamente la existencia de un
pronunciamiento de la Corte, o de señalar uno concreto pero desconectado de la
solución del caso, sino que resulta indispensable demostrar cómo la nueva
doctrina sobre el punto habría cambiado el sentido del fallo de haberse
conocido oportunamente por los jueces (CSJ AP, 11 de marzo de 2003, rad.
19252).
Con base en estos
elementos, para esta Sala es claro que la acción de tutela es procedente por
haber cumplido el requisito de subsidiariedad, pues no hay otros mecanismos
judiciales idóneos para conjurar la violación de los derechos fundamentales del
actor.
11. El requerimiento de inmediatez también se
ha cumplido. En efecto, la acción de tutela fue interpuesta en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. Aunque
los jueces de instancia y otros intervinientes en el proceso consideraron que
el plazo transcurrido entre la última actuación y la interposición de la acción
mostraría el incumplimiento de este requisito, la Sala considera indispensable
tomar en consideración la razonabilidad en la interpretación de este presupuesto.
La Sentencia T-205 de
2015[54] reconstruyó la línea de esta Corte en la
materia.[55]
11.1. La acción de
tutela ha sido
instituida como un instrumento judicial, preferente y sumario, para reclamar “la
protección inmediata” de los derechos fundamentales de las personas,
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
las autoridades públicas, y excepcionalmente de los particulares.
En virtud de ello, tanto la jurisprudencia
constitucional como el decreto que regula el trámite de acción de tutela, han
señalado que una de las características esenciales de este mecanismo es la
inmediatez, entendida ésta como la protección actual, inmediata y efectiva
de los derechos fundamentales que se encuentren amenazados o conculcados.
11.2.
Esta Corporación ha señalado que aunque la acción de tutela no cuenta con un
término de caducidad dentro del cual deba ser ejercida, la misma no puede
solicitarse en cualquier momento sin atender la época en la que ocurrió la
acción u omisión que originó la violación o amenaza de los derechos
fundamentales[56], de tal suerte que el mecanismo
de amparo debe ser interpuesto dentro un plazo razonable, oportuno y justo[57], el cual debe ser analizado por el juez
constitucional a la luz de los hechos del caso en particular.
Como consecuencia de lo anterior, se ha exigido que la acción constitucional se promueva oportunamente, esto es, en un
término razonable, después de la ocurrencia de los hechos que dieron paso al
agravio de los derechos, puesto que de otra forma se desvirtuaría
el propósito mismo de la acción de tutela, el cual es permitir una protección
urgente e inmediata a los derechos fundamentales[58].
Este
elemento
temporal, pretende combatir la negligencia, el descuido o la incuria de quien la
ha presentado, pues es deber del
accionante evitar que pase un tiempo excesivo, irrazonable o injustificado
desde que se presentó la actuación u omisión que causa la amenaza o vulneración
de las garantías constitucionales hasta la presentación del recurso de amparo[59].
11.3. Por otro
lado, la reiterada jurisprudencia constitucional[60], ha afirmado
que para establecer la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el
desconocimiento de la atribución fundamental y el reclamo ante el juez
constitucional, se deben dar algunas de las siguientes situaciones:
(i)   Que existan razones válidas para
justificar la inactividad de los accionantes. Pueden ser situaciones de fuerza
mayor, caso fortuito y en general la incapacidad del accionante para ejercer la
acción en un tiempo razonable.[61]
(ii) Que la amenaza o la vulneración
permanezca en el tiempo, a pesar de que el hecho que la originó sea antiguo.[62]
(iii)
Que la carga de la
interposición de la acción de tutela en un plazo razonable, no resulte
desproporcionada por una situación de debilidad manifiesta del accionante, por
ejemplo, en casos de interdicción, minoría de edad, abandono, o incapacidad
física[63].
A partir de lo anterior, el
juez de tutela puede determinar la proporcionalidad entre el medio judicial
utilizado por el accionante y el fin perseguido, para de esta manera establecer
la procedencia de la acción de tutela como mecanismo idóneo para la protección
del derecho fundamental reclamado.
11.4. Así las cosas, para declarar la improcedencia de la acción de
tutela por el incumplimiento del requisito de inmediatez, no basta con
comprobar que ha transcurrido un periodo considerable desde la ocurrencia de
los hechos que motivaron su presentación hasta la interposición del recurso, es
determinante valorar si la demora en el ejercicio de la acción tuvo su origen
en una justa causa que explique la inactividad del accionante, de tal manera
que, de llegar a existir, el amparo constitucional sería procedente.
11.5. En el caso particular del señor Bovin
Rotsen Sánchez Baquero la Sala encuentra que la acción de tutela fue interpuesta
por el accionante 1 año después de que fuera capturado. Efectivamente su
condena fue proferida el 2 de febrero de 2015 por medio de un fallo que no fue
apelado ya que el defensor desistió del recurso al momento de sustentar el
recurso, y el señor Sánchez fue capturado un mes después. Esta situación eventualmente
incide y afecta prima facie el principio de inmediatez que gobierna este
mecanismo judicial y pondría en duda la necesidad de una inmediata protección constitucional.
No obstante, como se expuso
previamente, existen situaciones en las cuales el juez constitucional debe
establecer la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el hecho generador de
la violación y el reclamo presentado.
Dentro de estas situaciones se
encuentra, entre otras, que
la amenaza o la vulneración permanezca en el tiempo, a pesar de que el hecho
que la originó sea antiguo, y que la carga de la interposición de la acción de
tutela en un plazo razonable no resulte desproporcionada por una situación de
debilidad manifiesta del accionante.
De conformidad con lo
anterior, la Sala encuentra que la situación jurídica del demandante permite
que, desde un análisis del caso, la acción resulte procedente por los siguientes
argumentos:
(i)   existen razones válidas que justifican la inactividad del actor
desde el momento de su captura hasta la interposición de la acción:
a) la convicción errada del señor
Sánchez sobre el apoyo jurídico de la DEMIL, idea que fue alentada por sus superiores
durante todo el trámite del proceso judicial, incluso manifestó tener aún esa
idea cuando ya había sido capturado[64];
b) el carácter sorpresivo de la captura
derivado de sus convicciones erradas que, al parecer, lo llevaron a concluir
que no había sucedido nada con su proceso penal. En efecto, las condiciones en
las cuales fue capturado lo muestran[65];
c) su nivel de instrucción puede hacer
difícil la comprensión y reacción ante la situación (el demandante tiene
escolaridad hasta séptimo grado[66]),
y además,
d) está privado de la libertad, lo cual
impone obstáculos indiscutibles en su capacidad de agencia;
(ii) la amenaza
o la vulneración permanece en el tiempo, pues continua cumpliendo la pena
impuesta en el proceso que considera violatorio de sus derechos y finalmente,
(iii)
la carga de la interposición de la acción de
tutela en un plazo razonable, resultaría desproporcionada porque se encuentra
en una situación de debilidad manifiesta por estar privado de libertad, tal
como lo ha reconocido esta Corporación[67].
12. En este caso el demandante alega varias irregularidades
procesales con suficiente entidad como para tener un efecto decisivo en la
sentencia que se impugna. Efectivamente, el actor considera que fue violado
su derecho al debido proceso por una supuesta falta de notificación –que la
Corte ya ha aceptado como un aspecto de trascendencia procesal[68]
y por la omisión en la solicitud, decreto y práctica de una prueba que
cambiaría su situación y eventualmente lo hubiera dejado libre, pues según su
argumento ya no sería calificado como portador de un estupefaciente sino como
adicto.
13. El señor Sánchez identificó de manera razonable
tanto los hechos que generaron la vulneración, como los derechos vulnerados.
Su argumentación establece que la violación de sus derechos se dio en el marco
del proceso penal seguido en su contra debido a que no pudo ejercer su defensa como
consecuencia de la falta de notificación y de actividad probatoria para que
fuera considerado como adicto y no como un delincuente, tal y como efectivamente
ocurrió en la sentencia penal que ataca.
14. La providencia cuestionada no es una sentencia
de tutela, como ya fue mencionado se trata de una sentencia proferida en el
marco del proceso penal seguido contra el ahora accionante.
Los requisitos específicos de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales
15. Como quiera que la acción de tutela dirigida
contra la sentencia penal que condenó al accionante cumple con los requisitos
generales de procedencia, la Sala reiterará la caracterización de los defectos
que le atribuyó a la providencia judicial y que corresponden a los requisitos
específicos de procedibilidad de la acción.
Caracterización del defecto
fáctico. Reiteración de jurisprudencia[69]
16. Desde sus inicios esta Corte estableció que los
jueces de conocimiento tienen amplias facultades para efectuar el análisis del
material probatorio en cada caso concreto[70].
Por ello esta Corporación determinó que cuando se alega un error de carácter
probatorio, la evaluación de la providencia judicial por parte de un juez de
tutela, debe privilegiar los principios de autonomía e independencia judicial[71].
No obstante, tal poder judicial debe estar
inspirado en los principios de la sana crítica, atender necesariamente
criterios de objetividad, racionalidad, legalidad y motivación, entre otros, y
respetar la Constitución y la ley. De lo contrario, su amplia facultad de
valoración sería entendida como arbitrariedad judicial, hipótesis en la cual se
configuraría la causal por defecto fáctico y el juez de tutela podría revocar
la providencia atacada[72].
17. La jurisprudencia constitucional
estableció que el defecto fáctico se configura cuando: (i) existe una omisión
en el decreto de pruebas que eran necesarias en el proceso; (ii) se da una
valoración caprichosa y arbitraria de las pruebas presentadas; o (iii) no se
valora en su integridad el material probatorio.
Asimismo, esta Corte puntualizó que el
defecto estudiado tiene dos dimensiones, una positiva[73] y otra
negativa[74].
La primera se presenta cuando el juez efectúa una valoración por “completo
equivocada”, o fundamenta su decisión en una prueba no apta para ello y, la
segunda, cuando omite o ignora la valoración de una prueba determinante o no
decreta su práctica sin justificación alguna.
Con todo, esta Corporación ha sido
enfática en señalar que “para
que la tutela resulte procedente ante un error fáctico, ‘[e]l error en el
juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible,
flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la
decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora
de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de
un asunto’”[75].
El defecto fáctico por la
ausencia del decreto y práctica de pruebas “se presenta cuando el
funcionario judicial omite el decreto y la práctica de pruebas, lo cual tiene
como consecuencia impedir la debida conducción al proceso de ciertos hechos que
resultan indispensables para la solución del asunto jurídico debatido”[76].
Es necesario demostrar que la negativa a decretar y/o practicar una prueba es
injustificada es decir, debe ser evidente que era pertinente, conducente[77] y legal[78] incorporarla
al proceso y que tendría la capacidad inequívoca de modificar el sentido de la decisión[79].
Defecto procedimental. Vulneración
del debido proceso por ausencia de notificación y ausencia de defensa técnica.
Reiteración de jurisprudencia
18. La
jurisprudencia constitucional[80]
ha caracterizado el defecto procedimental como aquel que se configura cuando el
juzgador viola derechos fundamentales al negar el derecho sustancial[81]
por no aplicar la norma procesal acorde con el procedimiento de que se trate[82],
o cuando excede la aplicación de formalidades procesales y hace nugatorio un
derecho.[83]
En esos casos, el funcionario aplica los
procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y sus
actuaciones generan una denegación de justicia[84]
causada por la aplicación de disposiciones procesales opuestas a la vigencia de
los derechos fundamentales[85],
por la exigencia irreflexiva del cumplimiento de requisitos formales[86]
o por un rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas.[87]
Estas hipótesis implican una violación de los derechos al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia.
El debido proceso se ve afectado cuando el
funcionario judicial se aparta del proceso legalmente establecido, ya sea
porque sigue un proceso distinto al aplicable o porque omite una etapa
sustancial del mismo (sentencia T-1049 de 2012[88])
incluso se afecta el derecho de defensa y
contradicción de una de las partes del proceso. De acuerdo con la sentencia
SU-159 de 2002 (M.P Manuel José Cepeda), este último evento se presenta
cuando la ausencia de una etapa procesal o de alguna formalidad desconoce las
garantías previstas en la ley para los sujetos procesales, de forma tal que,
por ejemplo, se impide que: “(i.) puedan ejercer el derecho a una defensa
técnica[89],
que supone la posibilidad de contar con la asesoría de un abogado –en los
eventos en los que sea necesario -, ejercer el derecho de contradicción y
presentar y solicitar las pruebas que considere pertinentes para sustentar su
posición; (ii.) se les comunique de la iniciación del proceso y se permita su
participación en el mismo[90]
y (iii.) se les notifiquen todas las providencias proferidas por el juez, que
de acuerdo con la ley, deben serles notificadas[91]”,
entre otras.
El derecho de acceso a la administración de
justicia se vulnera por un exceso ritual manifiesto que pone traba al acceso y
viola el principio de prevalencia del derecho sustancial al convertir a los procedimientos en obstáculos para la
eficacia del derecho sustancial.[92]
19. Con todo, para que la tutela sea procedente deben
concurrir además los siguientes elementos: (i) Que no haya otra posibilidad para
corregir la irregularidad; (ii) que el defecto procesal sea manifiesto y tenga
una incidencia directa en el fallo; (iii) que la irregularidad haya sido
alegada al interior del proceso ordinario, a menos que ello hubiera sido
imposible; (iv) que la situación irregular no sea atribuible al afectado; y (v)
que como consecuencia de lo anterior se presente una vulneración a los derechos
fundamentales.
20. El presente asunto está relacionado principalmente con
la omisión de dos garantías indispensables para  ejercer adecuadamente el
derecho a la defensa y la contradicción dentro del proceso penal: la
notificación de las providencias correspondientes de acuerdo con la ley y la
posibilidad del procesado de contar con defensa técnica, esto es, con la
asesoría de un profesional del derecho a lo largo del trámite de la acción. Por
ello, a continuación la Sala reconstruirá la línea jurisprudencial en relación
con ambos temas.
Vulneración del debido
proceso por ausencia de notificación de las actuaciones y providencias. Especificidades
del proceso penal[93]
21. La notificación pone en
conocimiento de los sujetos procesales el contenido de las providencias
proferidas por autoridades judiciales y administrativas. Adquiere trascendencia
constitucional en la medida en que permite al individuo conocer las decisiones
que le conciernen y establecer el momento exacto en que empiezan a correr los
términos procesales, de modo que se convierte en presupuesto para ejercer los
derechos de defensa y contradicción en todas las jurisdicciones[94].
22. Las notificaciones en
materia penal tienen un carácter cualificado debido a las consecuencias de su
trámite indebido: la condena judicial de un ciudadano, la pérdida de la
presunción de inocencia, y la obligación de soportar el poder sancionador del
Estado, que le impone límites al goce de sus derechos fundamentales a la
libertad de locomoción, la libertad personal, etc., por un espacio considerable
de tiempo[95].
23. Con todo, en general estas
irregularidades pueden ser corregidas dentro del mismo proceso, por ejemplo a
través de la nulidad, y de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las
decisiones. Por eso la Corte ha dicho que la configuración de un defecto
procedimental por un error en la notificación sólo hace procedente la acción de
tutela contra providencias judiciales si ostenta suficiente entidad como para
ser determinante en el proceso[96].
24. En síntesis, para que
proceda la tutela por irregularidades en la notificación, el defecto en la
misma debe tener las siguientes características:
(i)
debe ser tangible y haber tenido un impacto ostensible en las resultas
del proceso;
(ii) debe
haber incidido negativamente en la posibilidad de que el interesado ejerciera
su derecho de contradicción y de defensa[97];
(iii)
no puede ser atribuible al afectado.
(iv)
debe probarse que la autoridad judicial que adoptó la decisión asumió
una conducta omisiva en relación con la comunicación de las decisiones
judiciales, es decir, que fue negligente[98].
25. El último requisito debe
ser entendido con ciertas especificidades, en efecto el operador judicial y el
ente investigativo adquieren un deber especial en dos casos: el de las personas
privadas de la libertad[99]
y en la notificación del inicio de un proceso penal, antes de la declaratoria
de persona ausente[100].
Por eso, cuando se cuenta con al menos una posibilidad de notificar
personalmente al demandado de la iniciación de un proceso judicial en su
contra, el emplazamiento y nombramiento de un defensor de oficio, son
actuaciones que no sustituyen la obligación de vincular de forma personal al
afectado. Cualquier actitud contraria o insuficiente configura una violación del
debido proceso[101].
Vulneración del debido
proceso por falta de defensa técnica en el proceso penal
26.
Además de las garantías procesales concretadas en los actos de notificación, la
Corte ha enfatizado que el procesado penal tiene derecho a ser asistido por un
defensor idóneo durante todas las etapas del proceso que puede ser escogido por
el propio procesado y, de no ser ello posible, debe ser asignado de oficio por
el Estado.
El
derecho a la defensa técnica tiene un contenido doble: el defensor debe estar
presente para hacer valer todas las garantías formales dentro del trámite
judicial y, adicionalmente, debe actuar para representar los derechos
sustanciales de su prohijado. Puede pedir y aportar pruebas, controvertir las
que han sido allegadas al proceso e impugnar las decisiones que se adopten en
el mismo[102].
No se trata simplemente de una presencia formal, el derecho a la defensa exige
que el Estado y las autoridades judiciales garanticen que, tanto los defensores
de confianza como los de oficio, cuenten con todas las condiciones materiales y
formales para desplegar una actividad procesal dirigida a hacer valer ante el
juez los derechos e intereses jurídicos del imputado, de modo que pueda
predicarse del proceso una verdadera igualdad de armas.
La
sentencia T-1049
de 2012 retomó los
criterios de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en la materia en los siguientes términos
“la
garantía judicial consistente en la defensa técnica[103]
requiere (i) que en la medida de lo posible el procesado pueda elegir a su
abogado defensor; (ii) que el defensor elegido o designado sea nombrado desde
el principio de las diligencias penales, y no solo en la etapa del juicio;
(iii) que el defensor pueda comunicarse libre y confidencialmente con su
prohijado; (iv) que el abogado pueda tener conocimiento oportuno y completo de
los cargos y del contenido del expediente; (v) que ni las autoridades
judiciales ni las administrativas interpongan cualquier tipo de obstáculos que
impidan al defensor aportar pruebas, controvertir las que han sido allegadas al
proceso e impugnar las decisiones[104].”
27.
Según el estándar descrito, no toda falla o deficiencia en el ejercicio
profesional de la defensa penal constituye una vulneración que haga procedente
la acción de tutela contra providencias judiciales. La Corte ha reiterado que
solo se configura un defecto procedimental por desconocimiento del derecho a la
defensa técnica ante errores protuberantes y que tengan las siguientes características:
(i)
Debe ser evidente que
el defensor cumplió un papel meramente formal, carente de cualquier vinculación
a una estrategia procesal o jurídica.
(ii)
Las mencionadas
deficiencias no deben ser imputables al procesado o haber resultado de su propósito
de evadir la justicia[105].
(iii)
La falta de defensa
material o técnica debe ser trascendente y determinante en los resultados de la
decisión judicial[106].
En
síntesis, el derecho a contar con una defensa técnica no puede ser interpretado
como la obligación de las autoridades administrativas y judiciales de
garantizar que los abogados defensores adopten una estrategia determinada que
lleve a la defensa exitosa del caso. Por el contrario, su obligación es
satisfecha si garantizan la presencia del abogado y el cumplimiento de las
condiciones necesarias para que éste pueda cumplir a cabalidad con su función,
las aptitudes para conducir una defensa dependen del profesional
individualmente considerado, y sus fallas son, en principio de su exclusiva responsabilidad.
De tal forma, la acción de tutela no es un escenario para la corrección de los
errores de litigio[107].
28.
Una de las causas de la violación del derecho a la defensa técnica puede
ocurrir cuando a pesar de contar con un abogado, se dejaron de practicar
pruebas, controvertir las decretadas y presentar los recursos pertinentes, de
forma negligente, siempre que no le haya sido posible jurídica y fácticamente
intervenir al inculpado para modificar esta situación.
Un
ejemplo claro se presenta en el caso de condenados como personas ausentes,
cuyos derechos han sido protegidos en diversas decisiones de esta Corporación[108]
por el contrario, en otros casos en los que hubo desaciertos de los
defensores de confianza, pero los procesados conocieron del trámite y tuvieron
las oportunidades suficientes para intervenir en él la Corte ha considerado que
los errores no podían ser imputados a las autoridades jurisdiccionales o al
Estado a título de ausencia de condiciones para el ejercicio de la defensa
técnica.[109]
Con
todo, ser procesado como persona ausente no es el único requisito para que
proceda la acción por violación del derecho a la defensa técnica[110],
pues si el defensor de oficio ejerce su cargo de forma diligente, aunque con
las limitaciones propias de la ausencia del acusado, y se enfrenta a la
dificultad para solicitar la práctica de pruebas conducentes y pertinentes para
lograr la absolución del procesado, no se configura un defecto por falta de
defensa técnica.
De
este modo, en algunos casos es necesario exigir mayor idoneidad al defensor de
quien no pudo conocer del proceso, que usualmente es representado por un
abogado de oficio, que al abogado de confianza de quien tuvo todo el tiempo
acceso al trámite. Con todo, la Corte entiende que en algunas ocasiones la
labor del defensor de oficio de un procesado en ausencia se ve entorpecida por
la falta de la versión del procesado[111],
criterio que debe ser analizado en el estudio de cada caso concreto.
La
obligación de las autoridades jurisdiccionales y administrativas de garantizar
que el defensor de confianza lleve a cabo su labor con diligencia  también disminuye
en grado, siempre que el procesado haya podido conocer del proceso e intervenir
efectivamente en él, y que las autoridades judiciales no hayan interpuesto
obstáculos para el buen ejercicio de la defensa. La Corte asume que, en
principio, quien pudo contratar un abogado de confianza tiene conocimiento de
que cursa un proceso en su contra y, por tanto, en caso de que observe fallas
en su defensa podrá cambiar de abogado o al menos presentar sus dudas ante el
ente investigador.
Estas
circunstancias deben ser analizadas en cada caso concreto con base en criterios
de razonabilidad pues, sería absurdo pedirle al inculpado la pericia  jurídica
procesal de un experto o que fuera infalible frente a los abusos propios de la
posición de poder en que se encuentra el abogado dentro del proceso. En suma,
el defecto procedimental por ausencia de defensa técnica exige que las deficiencias en la estrategia defensiva
no sean imputables al procesado, asunto que debe resolverse atendiendo a las
características de cada caso en particular.
29.
Por supuesto, esto no significa que quienes son defendidos por abogados de
confianza cuentan con una garantía menos efectiva que la otorgada a los
procesados que acceden a un defensor de oficio[112], sólo se
establece un estándar especial para quienes deben acudir a la defensa pública
dadas las limitaciones que las circunstancias imponen al procesado en ausencia.
En efecto, en estos casos el defendido no cuenta con ciertas potestades que sí
tiene el procesado que se encuentra al tanto de la causa penal y por eso es un
sujeto que se encuentra en un estado de debilidad, por ejemplo, está
imposibilitado para buscar un abogado distinto o para acudir a la fiscalía en
caso de dudas sobre la calidad de su defensa y estas restricciones pueden
incidir de manera decisiva en las resultas del proceso.
Los militares como
individuos en situación de especial sujeción
30. La
jurisprudencia constitucional se ha referido en reiteradas ocasiones a las
relaciones especiales de sujeción a partir de las definiciones hechas por la
doctrina. Esta que las entiende como una variedad de mecanismos que dotan
a la administración de poderes extraordinarios para ejercer potestades[113]
y que generan una mayor o menor intensidad en las afectaciones de la libertad
del ciudadano que se encuentra en tales relaciones[114], tal es el caso de servidores públicos
con ciertos condicionamientos misionales como los militares[115].
La diversidad de estas hipótesis se deriva fundamentalmente del grado de
intensidad de la sujeción especial.
En efecto, la Sentencia T-023 de 2010[116] enfatizó que este concepto engloba un conjunto de
situaciones muy diversas entre los administrados y el Estado cuyos puntos
comunes son el “especial tratamiento de la libertad y de los derechos
fundamentales, así como de sus instituciones de garantía, de forma adecuada a
los fines típicos de cada relación.” La sentencia T-
793 de 2008[117]
precisó los elementos que conforman y permiten analizar las
relaciones especiales de sujeción:
a.     La posición de la
administración respecto de ciudadanos o administrados. Se trata de
escenarios en los que se exacerba la idea de superioridad jerárquica de la
Administración sobre el administrado, por lo tanto, los Estados actuales buscan
dotar de medidas y garantías a los ciudadanos para atemperar dicho
desequilibrio.
b.     La inserción del
administrado en la esfera de regulación más cercana a la Administración. La situación
implica el sometimiento a un régimen jurídico especial y más estricto frente al
que cobija a quienes no están vinculados por dichas relaciones especiales. Entre
las causas que pueden suscitar este fenómeno pueden destacarse las siguientes:
(i)   La necesidad que
tiene la Administración de determinadas prestaciones personales, por ejemplo el
caso del soldado reservista;
(ii) La protección de la seguridad
de la ciudadanía frente al peligro que representan las conductas de ciertos
individuos, por ejemplo las personas privadas de la libertad por procesos
penales en curso o culminados.
c.      Los fines
especiales que busca la mencionada regulación especial. Estas relaciones
excepcionales tienen objetivos claros que deben ajustarse al ordenamiento
constitucional, por lo tanto es razonable pensar que las instituciones deberán
disponer de una estructura administrativa acorde con el fin perseguido,
con las funciones de la institución y deben demostrar idoneidad en sus métodos
de funcionamiento. De lo contrario se pondrían en riesgo extremo los derechos
de los sujetos que se encuentren bajo esta situación excepcional.
31. En el caso específico del
personal militar la Corte también se ha pronunciado, la Sentencia T-737 de
2013[118]
reiteró la jurisprudencia y afirmó que
“24.- La Corte Constitucional, en sentencia T-350 de
2010, concluyó que como consecuencia de las condiciones propias que impone el
servicio militar, bajo imperativos de obediencia según la línea de mando y de
la disciplina propia de las Fuerzas Armadas, los soldados gozan de una doble
calidad, en principio, son titulares de los derechos reconocidos en la
Constitución Política y, al mismo tiempo, sujetos sobre los cuales recaen
limitaciones razonables para el ejercicio de los mismos. Esta especial
condición en cabeza del personal castrense, a la luz de la jurisprudencia desarrollada
por esta Corporación, encaja dentro de la noción de relación especial de
sujeción[119],
la cual genera
restricciones a algunos derechos por parte de los soldados y establece obligaciones
a cargo del Estado. (…)”
La
limitación de los derechos de los militares ya había sido reconocida por la
Corte en la Sentencia T-178 de 1994[120]
como un elemento determinante para analizar la situación de estos
sujetos. En esa ocasión la Corte afirmó lo siguiente:
“Algunos de los derechos y garantías
constitucionalmente consagrados para  los ciudadanos y para las personas
en general, aparecen, sin embargo, limitados para los militares en servicio
activo.
Tienen derecho a la libertad personal
y, por ende, a las garantías consagradas en el artículo 28 de la Constitución;
pero están sometidos a las restricciones del acuartelamiento y a que su
permanencia en las filas se prolongue, aún en contra de su voluntad, (…)
Como puede apreciarse, la situación
jurídica de los militares en servicio activo, respecto de ciertos derechos
fundamentales, no es igual a la de los civiles y, por ello, el examen de la
violación o amenaza de esos derechos ha de verificarse desde la definición del
alcance de cada derecho para los militares activos y desde los hechos
particulares que sirvan de base para impetrar la protección al juez de tutela.”
El deber de las autoridades
estatales de colaborar con la administración de justicia y su carácter
cualificado en el curso de procesos penales
32.
El deber de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de
justicia ha sido un tema tratado por la jurisprudencia de esta Corporación en distintos
pronunciamientos que se han referido a la seriedad de las actuaciones y de los pronunciamientos
judiciales que tienen como objetivo final la solución pacífica de los
conflictos y el goce efectivo de los derechos y de las garantías
constitucionales –arts. 2°, 22, 29 y 228 C. P. y el 7° de la Ley 270 de 1996[121].
33. De manera mucho más detallada y en relación con los procesos
penales, la sentencia T-986 de 2002[122]
se refirió a la necesidad
de colaboración oportuna del INPEC con la Rama Judicial. Esta decisión recordó
que a pesar de la separación de funciones entre las ramas del poder público
(art. 113 Superior) y de los demás órganos autónomos e independientes para el cumplimiento de
la funciones del Estado, todos han de colaborar de manera armónica para la
realización de los fines del Estado Social de Derecho. Ese apoyo, que como toda
actuación estatal está sujeto a la ley, debe reflejarse en la realidad concreta
del acontecer diario en las actividades que cumplan los distintos funcionarios
del Estado. De tal forma es posible evitar que la falta de colaboración interfiera
negativamente con el funcionamiento eficiente de otras autoridades. En efecto,
el artículo 201 de la Constitución le ordena al gobierno, en relación con la
rama judicial, prestar a los funcionarios judiciales “los auxilios
necesarios para ser efectivas sus providencias”.
En aquella ocasión la Corte
reiteró que le corresponde al INPEC el cumplimiento de las providencias
judiciales que ordenen la detención de los sindicados o la ejecución de las
penas privativas de la libertad. De la misma manera debe disponer lo conducente
para trasladar al sindicado hasta el despacho judicial que corresponda siempre
que los jueces lo requieran.
La sentencia enfatizó en el
carácter cualificado de las funciones del INPEC con respecto al buen curso de
los procesos penales, en efecto, bajo ciertos estatutos procesales, la falta de
colaboración del Instituto y la ausencia de quienes están bajo su custodia
equivaldría a la dilación del trámite que implicaría una vulneración del Estado
a los derechos fundamentales del procesado. Obviamente ese deber debe ser
interpretado desde estándares de razonabilidad, pues por la naturaleza de las
funciones del INPEC, puede haber motivos legítimos para evitar el trasporte de
individuos bajo su custodia, aunque sea a una diligencia judicial.
En esa oportunidad, la Corte
compulsó copias del expediente a la Procuraduría porque en varias oportunidades
la audiencia de juzgamiento no se celebró por cuanto el INPEC no trasladó al
procesado al Juzgado Penal sin que apareciera justificación para ello. Para la
Corte esa falla administrativa demostró que la rama ejecutiva del poder público
no prestó al juez los “auxilios necesarios” para el cumplimiento de sus
funciones.
34. La sentencia SU-014 de 2001[123] ya había
insistido en el carácter colaborativo de la tarea de administrar justicia. En
efecto, la eficacia de esta función no depende exclusivamente de la rama
judicial. La mencionada providencia estableció que la “necesidad de esta
colaboración se hace evidente si se tiene presente que buena parte de la
actividad probatoria en la administración de justicia depende en muchos casos
de entidades estatales ajenas a la rama judicial.” Esta providencia acuñó
la teoría de la “vía de hecho por consecuencia” para distinguir entre las
sentencias violatorias de derechos fundamentales por defectos del aparato
judicial, de aquellas providencias judiciales que aunque no desconocen de
manera directa la Constitución, generan la violación de un derecho fundamental como
consecuencia del incumplimiento por parte de distintos órganos estatales de la
orden constitucional de colaborar armónicamente con la administración de
justicia para garantizar la plena eficacia de los derechos constitucionales. La
Corte se refirió a este defecto en los siguientes términos:
“Se
trata de una suerte de vía de hecho por consecuencia, en la que el juez, a
pesar de haber desplegado los medios a su alcance para ubicar al procesado,
actuó confiado en la recta actuación estatal, cuando en realidad ésta se ha
realizado con vulneración de derechos constitucionales, al inducirlo en error.
En tales casos - vía de hecho por consecuencia - se presenta una violación del
debido proceso, no atribuible al funcionario judicial, en la medida en que no
lo puede apreciar, como consecuencia de la actuación inconstitucional de otros
órganos estatales.”
El caso
concreto
35. Corresponde ahora a esta Sala analizar si el
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Florencia violó el derecho al debido
proceso del señor Bovin Rotsen Sánchez Baquero por haber proferido una
sentencia condenatoria en la que, supuestamente no notificó al procesado y no
indagó sobre su condición de adicto. En principio el problema jurídico planteado
se circunscribe a determinar si se configuraron defectos procedimentales o
fácticos. Con todo, las pruebas obrantes en el expediente muestran la necesidad
de hacer precisiones sobre el problema jurídico planteado y de analizar la existencia
de variados elementos estructurales que confluyeron en la situación del señor
Sánchez y que pudieron contribuir a las violaciones que alegó en su demanda,
con lo cual la actuación judicial no sería la causa directa de la vulneración
alegada, aunque materializaría las consecuencias de una violación compleja.
36. La solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela, tal y como se constató y
explicó en los fundamentos 8 a 14 de esta sentencia.
37. En cuanto a las violaciones del derecho al debido proceso esgrimidas
por el demandante (defecto procedimental por indebida notificación y defecto
fáctico por la omisión en el decreto y práctica de una prueba que considera decisiva)
la Sala encuentra que es necesario contextualizar adecuadamente lo ocurrido en
el proceso –que sólo pudo ser determinado después de la actividad probatoria en
sede de revisión- para pronunciarse al respecto, pues no parece haber defectos
en las notificaciones surtidas por el Juzgado demandado.
Bovin Rotsen Sánchez Baquero prestaba su servicio militar como
soldado regular cuando fue capturado al intentar ingresar a la base militar de
Larandia, sede del Batallón No. 35 “Héroes del Güepí”, mientras portaba 221 gramos
de mariguana el día 9 de febrero de 2010. Inmediatamente fue puesto a
disposición de la justicia, su captura fue legalizada, se le formuló imputación
y fue dejado en libertad mientras se surtía el proceso. Desde el inicio del trámite
le fue asignado un defensor público, el abogado Eduardo Quintero Falla.
El demandante fue soldado asignado a
ese mismo Batallón hasta el 11 de agosto de 2010. En ese periodo el Juzgado Segundo
Penal del Circuito de Florencia ofició en dos ocasiones al Batallón para que se
ordenara el desplazamiento del señor Sánchez a fin de adelantar la audiencia de
formulación de acusación o, si ya no era su lugar de actividades, se remitieran
los datos de contacto. Ante la falta de respuesta, el Juzgado ofició en tres
ocasiones a la Brigada 12 del Ejército –a la que el Batallón No. 35 se
encuentra adscrito- con el mismo propósito.[124]
En su escrito de tutela el demandante afirmó que le comunicó a su superior que
necesitaba atender una diligencia judicial -pues su defensor lo había llamado
en el mes de abril- y éste restó importancia a la situación y le informó que la
DEMIL se encargaría de su caso[125].
A pesar de que la Sala logró determinar la identidad del superior del Señor Sánchez,
no fue posible obtener su versión ya que la oficina de correo devolvió el
escrito con la anotación “no reside”[126]
y la DEMIL alegó no saber nada de la situación y, en todo caso, insistió en que
se trata de una conducta ilícita excluida del apoyo de la entidad según sus
estatutos[127].
Aunque en abril de 2010 el señor Sánchez afirmó haber solicitado permiso de
salida aseveró que le fue negado. Desde esa ocasión no pudo entrevistarse más
con su defensor ni supo nada de su proceso. De los informes remitidos por requerimiento
de esta Sala con respecto a los permisos solicitados por el soldado, no es
posible saber si alguno le fue negado y los documentos muestran permisos concedidos
previos a su captura,[128] tampoco
es determinable o si el soldado informó verbalmente del proceso penal que se le
seguía.
Posteriormente el señor Sánchez
adelantó el curso para ser soldado profesional durante el periodo comprendido
entre el 7 de septiembre de 2010 y el 31 de diciembre del mismo año. En ese
lapso, el Juzgado nuevamente ofició en dos ocasiones al Batallón No. 35 para
que ordenara el desplazamiento del señor Sánchez a fin de adelantar la
audiencia de formulación de acusación o se remitieran datos de contacto.
Adicionalmente intentó comunicarse telefónicamente con el procesado en dos
oportunidades, en las que sólo se activó el correo de voz.[129]
Desde el 01 de enero de 2011 hasta el
día de su captura, el 3 de marzo de 2015, el actor era orgánico del Batallón de
infantería Aerotransportado No. 19 “Joaquín París” y se desempeñaba como
fusilero en una zona selvática, según la respuesta remitida a esta Corporación
por la Cuarta División del Ejército, entidad que agregó que nunca supo del
proceso en contra del soldado (fls. 191-199 cd. Corte Constitucional).
El Juzgado persistió en su búsqueda
con los datos con los que contaba y le hizo varias llamadas telefónicas para
citarlo a dos diligencias (en marzo y mayo de 2011) y el teléfono se encontraba
apagado[130].
En el mes de agosto ofició nuevamente al Batallón No. 35 para citar al
procesado a la audiencia de formulación de acusación y solicitó a la entidad
que si el señor Sánchez no estaba bajo las órdenes del Batallón, éste
procediera a remitir la comunicación a quien correspondiera o aportara los datos
de contacto del soldado; además intentó establecer comunicación telefónica con
el procesado pero el celular reportaba estar fuera de servicio[131].
El día 22 de ese mismo mes y año, finalmente y después de 5 oficios remitidos, el
Juzgado recibió la respuesta del comandante del Batallón de Infantería No. 35 “Héroes
del Güepí” que se limitó a contestar que el señor Sánchez no pertenecía a esa
unidad táctica[132]
sin aportar información adicional, aunque él era militar activo, pues se
desempeñaba como soldado profesional en otra unidad.
Desde ese momento y hasta enero de
2012 el Juzgado intentó comunicarse por vía telefónica con el procesado, pero estaba
fuera de servicio.[133]
Ante esta situación, la autoridad judicial remitió un oficio a la Fiscalía
encargada del caso para que adelantara las gestiones necesarias para ubicar al
señor Sánchez.[134]
Al parecer –pues no hay prueba de ello en el expediente penal- la fiscal a
cargo ofició al Batallón No. 35 nuevamente –aunque esta unidad ya había
contestado que el señor Sánchez no se encontraba allí- y la respuesta fue que el
entonces procesado se había licenciado el 13 de agosto de 2010[135],
sin aportar sus datos ni su nueva ubicación, aunque para ese entonces el Señor
Sánchez prestaba sus servicios como soldado profesional en el Batallón “Joaquín
París”.
En febrero de 2012 el Juzgado
insistió en la comunicación telefónica con el procesado pero no fue posible. Se
dejaron las constancias pertinentes y se anexaron a cada informe secretarial las
respuestas de la Fiscalía y del Batallón.[136]
A partir de esa etapa todas las comunicaciones
se entregaron a la Fiscalía para que las remitiera al procesado, si lograba
ubicarlo, y el Juzgado intentó comunicarse telefónicamente con el señor Sánchez
en 4 ocasiones más. Aunque en septiembre de 2013 el Juzgado indicó que el
celular no correspondía al procesado, en diciembre de ese año le dejó un
mensaje de voz.[137]
Finalmente, el 6 de noviembre de 2014
el Juzgado dejó un mensaje de voz con la citación a audiencia de juicio oral el
2 de febrero de 2015[138],
fecha en la que efectivamente el señor Sánchez fue condenado. Aunque el
defensor público apeló, días después desistió de sustentar el recurso por
razones desconocidas.
38. Como ya se había anunciado y
queda claro del recuento del proceso, en el trámite penal seguido contra el
señor Sánchez se presentaron actuaciones de diversas entidades que, de manera
aislada podrían no configurar un defecto en la decisión judicial, pero al
confluir, han generado la violación de los derechos fundamentales del ahora
demandante y han causado daños graves que lo han ubicado en una situación en la
que es imposible retrotraer los efectos de la providencia judicial que se acusa.
En efecto, el actor en tutela alega que la sentencia condenatoria proferida con
violación de sus derechos le trajo consecuencias graves, entre ellas,
permanencia en la cárcel por más de un año y la pérdida de su empleo como
soldado profesional. Bajo estas circunstancias, la conducta de diversas
instancias militares que, al parecer, impidieron la efectiva comparecencia del
procesado, la estrategia del defensor público, las actuaciones de la Fiscalía
asignada, los actos del Juzgado, el tipo penal analizado y la situación
particular del actor en tutela son relevantes para estudiar la violación del
derecho al debido proceso.
39. Esta Sala
encuentra incongruente la respuesta remitida por el Batallón No. 35 en la que
su representante afirma que la entidad nunca tuvo conocimiento del proceso en
contra del peticionario, que no hay registro de manifestaciones del soldado en
ese sentido ni tampoco requerimientos del Juzgado. Sin embargo, el Juzgado
envió más de cuatro oficios a esta unidad –constan la remisión por correo y en
varios casos los sellos de recibido- y sólo obtuvo respuesta en la quinta
ocasión, casi un año después del primer requerimiento. En esa oportunidad el
Batallón remitió una comunicación que no prestó colaboración efectiva a la
administración de justicia. En efecto, no fueron enviados los nuevos datos de
contacto del señor Sánchez, a pesar de que era un militar activo y podían
determinarlos o, al menos, podrían haber informado cuál era la autoridad
competente dentro de la estructura del Ejército que contaba con dicha
información. Una respuesta similar fue proferida ante la gestión de la Fiscalía
encargada del caso. Por su parte, la Brigada 12 nunca contestó a los
requerimientos del Juzgado.
Las actuaciones y omisiones del
Ejército, tanto del Batallón 35 como de la Brigada 12, revelan la falta de
perspectiva de derechos fundamentales con respecto a su posición de poder en
una relación de especial sujeción, como la que tenían con el señor Sánchez. No
sólo obstaculizaron las comunicaciones dirigidas al soldado cuando aún estaba
en Larandia, sino que dejaron de colaborar efectivamente con la administración
de justicia al no contestar múltiples requerimientos y al responder sin aportar
información a la que podían acceder con relativa facilidad.
40. En cuanto al
ejercicio de la defensa técnica, para esta Sala fue imposible determinar la
estrategia del abogado debido a su fallecimiento en mayo de 2016, además la
Defensoría del Pueblo informó que la estrategia de defensa del abogado Quintero
Falla no fue reportada y no solicitó apoyo al grupo de investigación criminal
de la Defensoría para, por ejemplo, demostrar que el procesado era adicto a la
mariguana.
Con todo, las actuaciones del abogado
parecen indicar que sí prefería haber hablado con su prohijado para que fuera
escuchado en el proceso. En la audiencia preparatoria del 26 de mayo de 2014
(CD 4 anexo al fl 295 cd. ppal.) el defensor indicó que no tenía elementos de
prueba por descubrir, también afirmó que su estrategia de defensa y el elemento
de prueba principal era la declaración del acusado. Tan importante era la
presencia del señor Sánchez que el abogado manifestó en la audiencia
instalación de juicio oral del 19 de agosto de 2014 (CD 5 anexo al fl. 295 cd.
ppal.) que “la defensa en cierta oportunidad se trasladó en el Batallón de
Larandia a preguntar por dicho caballero y manifiestan que desde que se retiró
no se sabe nada de él.”
Ya en los alegatos de conclusión (CD
8 anexo al fl. 295 cd. ppal.) el defensor sí esgrimió razones relacionadas con
la adicción de su defendido, efectivamente argumentó lo siguiente para
solicitar la absolución: (i) la actividad del acusado y los tiempos prolongados
de servicio en lugares apartados, (ii) el autoconsumo, (iii) la adicción a la
sustancia, (iv) por las circunstancias del acusado se trató de una dosis de
aprovisionamiento, (v) la conducta no ponía en peligro a la sociedad, (vi) no
se lesionó el bien jurídico protegido y (vii) la conducta fue atípica.
De conformidad con lo expuesto, para
esta Sala es claro que la presencia del señor Sánchez era fundamental para la
estrategia de defensa del abogado ya que alegó la adicción de su representado
para fundamentar una eventual atipicidad. Sin embargo, si esta era la
estrategia defensiva, es extraño que no haya solicitado la intervención del
grupo de investigación criminal de la Defensoría para ubicar al procesado y
para solicitar el estudio científico que –según las entidades expertas en la
materia consultadas por la Sala- es una herramienta fundamental para determinar
si alguien es adicto. También resulta llamativo que no hubiera adelantado más
gestiones desde el inicio del proceso ante el juez y ante la Fiscalía para que,
en ejercicio de sus facultades, pudieran ubicar al señor Sánchez, labor que no
era de gran complejidad si se tiene en cuenta que era un militar activo.
En suma, la actuación de la defensa
de oficio en este caso, no parece haber sido negligente, pero por las
circunstancias del caso habría podido ser mucho más eficiente. En efecto, el
procesado se encontraba en una relación de especial sujeción con el Estado,
evento en el que la jurisprudencia constitucional ha admitido un estándar
cualificado en el ejercicio de la defensa pública, y además el señor Sánchez se
enfrentaba a obstáculos estructurales derivados de esa relación y de sus
circunstancias personales, como se verá más adelante. Todos estos elementos
hacen que la labor del defensor en este caso pueda ser evaluada de forma más
exigente y la Sala concluya que no cumplió con los criterios aplicables
teniendo en cuenta las circunstancias del caso.
41. Por otra parte, aunque no constan
en el expediente las actuaciones de la Fiscalía, de lo remitido por el Juzgado
se puede colegir que  sólo hizo algunos esfuerzos para la búsqueda del señor Sánchez
debido a la intervención del Juez, después de aproximadamente 2 años de la
iniciación del proceso. Además, la única gestión que aparece es la remisión de
un oficio al Batallón 35, a pesar de que para ese entonces ya el Juzgado había enviado
más de 4 oficios y había sido enterado de que el soldado ya no se encontraba en
las instalaciones de esa unidad. Con todo, debido a la ausencia de información,
esta Sala no puede hacer un análisis contundente sobre la actuación de la
Fiscalía, que en todo caso no fue parte en este proceso de tutela.
42. El trámite dado por el Juzgado
parece haber sido diligente, pues llevo a cabo múltiples y variados esfuerzos
por encontrar al señor Sánchez y hacerlo comparecer a las diligencias. En
efecto, remitió oficios por correo e intentó establecer comunicación telefónica
con el soldado. Además, en distintas ocasiones concedió el aplazamiento de las
audiencias para poder ubicar al procesado. Sin embargo, la actividad del juez
habría podido ser más enfática por varias razones: (i) no exigió de forma
incisiva el cumplimiento de los deberes de la Fiscalía; (ii) no demandó el
acatamiento de los deberes del Ejército en términos de colaboración con la
administración de justicia, (iii) la naturaleza del delito y los medios de
prueba para decidir sobre el caso imponían la necesidad de lograr la
comparecencia del procesado, (iv) las circunstancias del soldado como ciudadano
inmerso en una especial relación de sujeción frente al Estado hacían necesaria
una exigencia alta a la defensa pública y, en este caso concreto, (v) las
circunstancias personales del procesado resultaban decisivas para que el juez
adoptara un rol robusto en el marco del proceso, en efecto, desde las primeras
diligencias la autoridad judicial a cargo se percató de esta situación[139].
Aunque es obvio que en los procesos penales sea usual la desorientación de los
individuos involucrados, la consideración conjunta de todas las características
del caso mostraban la especial vulnerabilidad del señor Sánchez, como se
desarrollará a continuación.
43. Todos estos elementos se suman al
delito examinado en el proceso penal y a la situación particular del actor. El
tipo penal es relevante si se considera junto con la estrategia del abogado y
las posibilidades razonables de defensa. En efecto, de acuerdo con lo reseñado
previamente, el apoderado pretendía demostrar la adicción de su prohijado para
alegar la atipicidad de la conducta, en concordancia con la posición expuesta
recientemente por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (ver nota 48
supra). De acuerdo con ello, ya que en este caso no había pruebas previas de la
adicción, por ejemplo la permanencia en un centro de rehabilitación o el
testimonio de un profesional en la materia que hubiera atendido al señor
Sánchez, la opción más favorable era dictaminar la adicción en ese momento y,
para ello, lógicamente era necesario practicar la prueba sobre el soldado de
acuerdo con los criterios científicos establecidos. En todo caso, la
comparecencia del procesado era necesaria incluso si se adoptaba la posibilidad
de demostrar la adicción con pruebas previas a la comisión del delito.
Por otra parte, las condiciones
personales del actor permiten caracterizarlo como un sujeto especialmente
vulnerable a lo largo del trámite penal. En efecto, se trata de un soldado
profesional con formación educativa mínima, que vivió varios años inmerso en
una relación de especial sujeción estatal como miembro de un cuerpo castrense
altamente jerarquizado y basado en un espíritu de cuerpo que le hizo confiar en
los consejos de sus superiores, nunca se ocultó de la justicia ni quiso evadir
las órdenes judiciales y alegó ser adicto a sustancias psicoactivas.
Su nivel de instrucción[140]
pudo hacer difícil la comprensión de la situación en la que se encontraba,
la gravedad de las circunstancias y la necesidad de pensar en una estrategia
defensiva. Como ya fue reseñado, su estado de confusión fue destacado por el
juez durante la formulación de la imputación. Su convicción errada sobre el
proceso y con ella su vulnerabilidad se vio acentuada por el tipo de trabajo
que desempeñaba y por el ambiente en el que desarrolló su vida profesional. En
efecto, pareció confiar plenamente en sus superiores y en el respaldo de la
institución militar sin haberse informado adecuadamente. Esta Sala destaca que
el Señor Sánchez nunca intentó ocultarse de las autoridades, de hecho siguió
prestando sus servicios al Ejército hasta el día de su captura, pero por estar
en zonas de difícil acceso es razonable suponer que, como lo afirmó (Escrito de
tutela, folios 2-34, cd. primera instancia) era difícil responder a
comunicaciones telefónicas. Incluso la forma en que fue capturado muestra que,
al parecer, fue poco analítico con respecto a las consecuencias del proceso,
situación que incluso pude tener relación con su supuesta condición de adicto.
44. En suma, confluyeron los
siguientes elementos que, tomados en conjunto, configuran una violación del
derecho al debido proceso por no haber logrado la comparecencia del señor Bovin
Rotsen Sánchez Baquero ante la autoridad judicial y, eventualmente, obstruir su
derecho de defensa:
(i)   La conducta de
diversas instancias que ejercen una especial sujeción sobre el ciudadano y que
no cumplieron su deber de colaboración efectiva con la administración de
justicia para lograr la comparecencia del procesado, en ese caso se trata del
Ejército.
(ii) La estrategia del defensor
público no fue clara ni contundente desde el comienzo. Aunque parece adecuada
no se preocupó por asegurar la consecución de una prueba fundamental, la prueba
de la adicción a la mariguana de su defendido.
(iii)
Las actuaciones de la Fiscalía fueron débiles. Efectivamente no fueron
enfáticas en la búsqueda del procesado y sólo se iniciaron ante la solicitud
del juez.
(iv)
Los actos del Juzgado fueron reiterados pero poco razonables. De
hecho fueron repetitivos (oficios a las mismas entidades y llamadas al mismo
número telefónico), la autoridad no buscó otras estrategias para la ubicación del
procesado y tampoco insistió en ellas con respecto a la Fiscalía.
(v) El tipo de proceso hace
necesaria, aunque no siempre indispensable, la presencia del encartado. En los
trámites penales seguidos por el tipo penal de tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes, en la modalidad de porte, puede demostrarse la atipicidad con
diversas pruebas que revelen la adicción del sujeto, una posibilidad es el
examen especializado al individuo de acuerdo con los estándares científicos en
la materia.
(vi)
El procesado nunca se ocultó de la administración de justicia.
(vii)
El demandante se encontraba en situación de vulnerabilidad durante
el proceso por su nivel de instrucción y su historia personal.
(viii)      La magnitud del
daño causado por estas actuaciones es significativa. En este caso el perjuicio
es grave: ha estado privado de la libertad por más de un año y perdió su empleo
como soldado profesional, entre muchos otros resultados posibles y
eventualmente imputables a autoridades del Estado.
45. Con base en estos elementos, y
tomando en cuenta el contenido del derecho de defensa[141]
que comprende la posibilidad de solicitar y controvertir pruebas e
interponer los recursos de ley, es necesario que esta Sala asegure el pleno
ejercicio de este derecho para el señor Sánchez. Por lo tanto la Corte anulará
la decisión condenatoria y todas las actuaciones que se surtieron desde que su
comparecencia fue imposible.
Por otra parte, se ordenará a la
Defensoría del Pueblo ser especialmente vigilante de las necesidades de defensa
del señor Sánchez en el proceso que habrá de retrotraerse, aunque obviamente él
puede decidir ser representado por un defensor de confianza.
Adicionalmente, se remitirá copia de
este expediente a las entidades competentes para que determinen si las
actuaciones de los diversos funcionarios del Ejército durante el proceso penal
seguido contra Bovin Rotsen Sánchez Baquero, ameritan la apertura de una
investigación disciplinaria.
Finalmente, se prevendrá al Ejército
Nacional para que, en el futuro se abstenga de configurar situaciones similares
a la que fue objeto de esta sentencia, preste la debida colaboración a la
administración de justicia y con ello asegure el respeto de los derechos
fundamentales de su personal, tal como lo impone la Constitución.
Conclusión
46. En el
marco del proceso penal puede configurarse una violación del derecho al debido
proceso derivada de la falta de comparecencia de un procesado que no está en
ausencia a pesar de que las decisiones emitidas en el trámite no incurran, por
sí solas, en alguna de las causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales. En esta hipótesis excepcional, la
afectación del derecho al debido proceso es una consecuencia indirecta de la decisión
judicial y, por ende, deben concurrir las siguientes circunstancias específicas:
(i) Una conducta que
inequívocamente incumple el deber de colaborar con la administración de
justicia por parte de instancias que ejercen una especial sujeción sobre el procesado
y que impide su comparecencia a las diligencias penales.
(ii)
La falta de claridad, contundencia y diligencia en la actividad
del defensor público dirigida a ubicar al procesado, cuando de éste depende la
obtención de una prueba fundamental para la defensa de acuerdo con la
estrategia que libre y razonablemente escoja el defensor.
(iii)
Las actuaciones de la Fiscalía son poco enfáticas para ubicar al
procesado, aunque de él dependa la obtención de una prueba fundamental para
la defensa.
(iv)
Los actos del juez para ubicar y asegurar la comparecencia del
procesado no son insistentes y razonables, es decir no acuden a diversas
estrategias o a los poderes propios de su investidura.
(v)
El tipo de proceso hace necesaria, aunque no siempre indispensable,
la presencia del encartado.
(vi)
El procesado nunca se oculta de la administración de justicia.
(vii)
El procesado se encuentra en situación de vulnerabilidad acentuada
durante el proceso dadas sus condiciones personales.
(viii)      La magnitud del
daño causado por estas actuaciones es significativa.
III.
DECISIÓN
Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, el 17 de mayo de 2016, dentro de la acción de tutela de la
referencia. En su lugar, CONCEDER
la tutela para la protección del derecho al debido proceso de Bovin Rotsen
Sánchez Baquero.
SEGUNDO: DECLARAR SIN NINGUN VALOR NI
EFECTO, por resultar
violatoria del derecho al debido proceso la sentencia proferida el 2 de febrero
de 2015, por el Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Florencia.
TERCERO: Para
efectos de restablecer los derechos violados por la decisión judicial analizada
y protegidos por esta sentencia de tutela, se dispone REMITIR el proceso
al Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Florencia para que, en un término de quince (15) días hábiles,
contados a partir de la notificación de esta providencia, proceda a rehacer el
proceso con estricto cumplimiento de los términos legales, en pleno
ejercicio de la autonomía judicial, siempre en el marco del respeto a los
derechos fundamentales al debido proceso, tal como fue explicado en la parte
motiva de esta decisión.
CUARTO: ORDENAR a
la Defensoría del Pueblo que, en cumplimiento de su deber constitucional,
ofrezca apoyo inmediato y cualificado al señor Bovin Rotsen Sánchez Baquero
para su defensa penal en el trámite que habrá de adelantarse ante el Jugado
Segundo Penal del Circuito de Florencia por el delito de tráfico, fabricación o
porte de estupefacientes.
QUINTO: REMITIR copia
de esta providencia a la Procuraduría General de la Nación para que, dentro del
marco de sus competencias, examine si las actuaciones de los miembros del
Ejército Nacional durante y con ocasión del proceso penal que dio lugar a la
presente acción de tutela, ameritan la apertura de una investigación
disciplinaria.
SEXTO: ADVERTIR al Ejército Nacional que se abstenga de configurar situaciones similares a la
que fue objeto de esta sentencia, preste la debida
colaboración a la administración de justicia y con ello asegure el respeto de
los derechos fundamentales de su personal, tal como lo impone la Constitución.
SÉPTIMO: Por Secretaría
General de esta Corporación, LÍBRENSE las comunicaciones indicadas en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y
cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado (E)
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Acta individual de reparto, folio
1 y escrito de tutela, folios 2-34, cuaderno primera instancia.
[2] Escrito de tutela, folios 2-34,
cuaderno primera instancia.
[3] Escrito de tutela, folios 2-34,
cuaderno primera instancia, copia del Acta de audiencia de juicio oral público
y concentrado, sentido del fallo y sentencia proferida el 2 de febrero de 2015,
folios 19-21, CD con el audio de la audiencia de juicio oral, folio 55A,
cuaderno primera instancia.
[4] Escrito de tutela, folios 2-34,
cuaderno primera instancia.
[5] Ibíd.
[6] Ibíd.
[7] Copia del escrito que certifica
el consentimiento informado para realizar el tratamiento de leishmaniasis en el
Centro de Recuperación de Leishmaniasis de Bonza del Ejército Nacional,
expedido el 22 de mayo de 2012, folios 22 y 24, historia clínica del señor
Bovin Rotsen Sánchez Baquero, folios 25-34, cuaderno primera instancia.
[8] Escrito de tutela, folios 2-34,
cuaderno primera instancia.
[9] Ibíd.
[10]Auto admisorio de la acción de tutela, 3 de marzo de 2016, folios
35-37, cuaderno primera instancia.
[11] Folios 43-46, cuaderno primera instancia.
[12] Folios 47-54, cuaderno primera instancia.
[13] Folio 53, cuaderno primera instancia.
[14] Folios 57-69, cuaderno primera instancia.
[15] En efecto, de la revisión del expediente se encuentra que el
abogado defensor desistió del recurso de apelación el 9 de febrero de 2015
(folio 53) y la acción de tutela se presentó el 1º de marzo de 2016 (folio 1
cuaderno de primera instancia).
[16] Folios 74-79, cuaderno primera instancia.
[17] Folios 5-13, cuaderno segunda
instancia.
[18] Folios 17-20, cuaderno Corte
Constitucional.
[19] Folios 35 y 36, cuaderno Corte
Constitucional.
[20] Folios 79 y 99, cuaderno Corte
Constitucional.
[21] Copia del certificado de
defunción del señor Eduardo Quintero Falla, folio 88, cuaderno Corte
Constitucional.
[22] Fl 87.
[23] Folio 82.
[24] Folios 37 y 77, cuaderno Corte
Constitucional.
[25] Folios 100-111, cuaderno Corte
Constitucional.
[26] Folio 100, cuaderno Corte
Constitucional.
[27] Folio 100, ibídem.
[28] Anexo a su escrito, el INPEC
envió la historia clínica del señor Bovin Rotsen Sánchez Baquero (Folios
100-110, cuaderno Corte Constitucional) en la que se evidencia que el actor ha
recibido la atención médica correspondiente en el centro carcelario. En
particular, se certifica que: (i) el 26 de abril de 2016 se le realizó una toma
de EKG según orden médica; (ii) el 28 de abril se practicaron pruebas de
sangre; (iii) el 12 de julio fue valorado por especialista de Medicina Interna
quien ordenó: “BUN-CREATININA, TAC DE ABDOMEN CONTRASTADO Y CONTROL DE
RESULTADOS”; (iv) el 18 de julio se recibió la autorización para TAC y
valoración de control de Medicina Interna dirigido al Hospital Departamental de
Villavicencio, sin embargo, el TAC no se ha podido realizar por falla en el
equipo de tomografía de dicho hospital; y (v) el 25 de julio de 2016, se le
programó un examen de laboratorio según orden médica, no obstante se indica que
el actor no permitió la toma de muestra, folios 103-110, Cuaderno Corte
Constitucional. En la consulta médica realizada el 12 de julio de 2016 el
accionante le manifestó a los médicos que se sentía bien de salud, folio 107,
Cuaderno Corte Constitucional.
[29] Fl. 111 ibídem.
[30] Folios 115-138, cuaderno Corte
Constitucional.
[31] Folio 116, cuaderno Corte
Constitucional.
[32] Folio 117, cuaderno Corte
Constitucional.
[33] Fl. 118, ibídem.
[34] Fl. 120, ibídem.
[35] Folio 123, cuaderno Corte
Constitucional.
[36] Acuerdo 01 de 30 de abril de 2015. “Artículo 64. (…) En el
evento de decretar pruebas, la Sala respectiva podrá excepcionalmente ordenar
que se suspendan los términos del proceso, cuando ello fuere necesario. En todo
caso, la suspensión no se extenderá más allá de tres (3) meses contados a
partir del momento en que se alleguen las pruebas, salvo que por la complejidad
del asunto, el interés nacional o la trascendencia del caso, sea conveniente un
término mayor, que no podrá exceder de seis (6) meses, el cual deberá ser
aprobado por la Sala de Revisión, previa presentación de un informe por el
magistrado ponente.”
[37] Fl. 192 anverso. Cd. Corte Constitucional.
[38] Fls. 263-265 cd. Corte Constitucional.
[39] Fls. 275-277 cd. Corte
Constitucional.
[40] Fls. 278-281 cd. Corte Constitucional.
[41] Fls. 284-286 cd. Corte Constitucional.
[42] Fls. 287-291 cd. Corte Constitucional.
[43] Cuatro cuadernos de 118, 140, 13 y 7 folios y 7 discos compactos.
Fls. 1-435, en adelante la Sala se referirá a estos documentos como el
expediente penal.
[44] Fl. 295 cd. Corte Constitucional.
[45] Este apartado es tomado de la
sentencia SU-498 de 2016, MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
[46] Ver sentencia T-283 de 2013; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[47] Al respecto, ver la sentencia T-555 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas.
[48] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[49] Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-324/96 (M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz): “… sólo en aquellos casos en los cuales el acto
que adscribe la competencia resulte ostensiblemente contrario a derecho, - bien
por la notoria y evidente falta de idoneidad del funcionario que lo expidió,
ora porque su contenido sea abiertamente antijurídico -, el juez constitucional
puede trasladar el vicio del acto habilitante al acto que se produce en
ejercicio de la atribución ilegalmente otorgada. Sólo en las condiciones descritas
puede el juez constitucional afirmar que la facultad para proferir la decisión
judicial cuestionada no entra dentro de la órbita de competencia del
funcionario que la profirió y, por lo tanto, constituye una vía de hecho por
defecto orgánico.”
[50] Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-159/02 (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa): “… opera cuando la decisión que toma el juez
desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al
apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por
ejemplo (i.) porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el
ordenamiento jurídico, (ii.) porque ella es claramente inconstitucional y el
funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii.)
porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv.) porque ha sido
declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v.) porque, a
pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecua a la circunstancia
fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le
reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador”
[51] Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-014/01 (M.P.
Martha Victoria Sáchica Méndez): “Es posible distinguir la sentencia
violatoria de derechos fundamentales por defectos propios del aparato judicial
- presupuesto de la vía de hecho -, de aquellas providencias judiciales que
aunque no desconocen de manera directa la Constitución, comportan un perjuicio
iusfundamental como consecuencia del incumplimiento por parte de distintos
órganos estatales de la orden constitucional de colaborar armónicamente con la
administración de justicia con el objeto de garantizar la plena eficacia de los
derechos constitucionales.  Se trata de una suerte de vía de hecho por
consecuencia, en la que el juez, a pesar de haber desplegado los medios a su
alcance para ubicar al procesado, actuó confiado en la recta actuación estatal,
cuando en realidad ésta se ha realizado con vulneración de derechos
constitucionales, al inducirlo en error.  En tales casos - vía de hecho
por consecuencia - se presenta una violación del debido proceso, no atribuible
al funcionario judicial, en la medida en que no lo puede apreciar, como
consecuencia de la actuación inconstitucional de otros órganos estatales.”
[52] Cfr. Corte
Constitucional, sentencia T-292 de 2006.M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[53] Sala de Casación Penal, Corte
Suprema de Justicia, Sentencia de Casación de 9 de marzo de 2016. Radicación
41760. SP2940-2016. Aprobado en acta Nº 71. MP Eugenio Fernández Carlier.
[54] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[55] Los fundamentos 11.1. a 11.4. son tomados de esa
providencia.
[56] T-548 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt.
[57] T-575 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[58] T-883 de 2009. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza.
[59] T-172 de 2013. M.P. Jorge Iván Palacio.
[60] T 575 de 2002
M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-526 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-890 de 2006 M.P.
Nilson Pinilla Pinilla, T-243 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-691
de 2009 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-100 de 2010 M.P. Juan Carlos Henao
Pérez, T-047 de 2014 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y T-899 de 2014 M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado
[61] T-299 de 2009, M.P. Mauricio
González Cuervo
[62] T-788 de 2013, M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
[63] T-410 de 2013, M.P. Nilson
Pinilla Pinilla.
[64] Fl. 119 cuaderno Corte Constitucional “no interpuse recursos
porque no sabia que (sic) hacer en el momento solo llamaba ala (sic) DEMIL
(Defensoría Militar) y me decían que ivan (sic) a mirar que podian (sic) hacer.
Después de cuatro meses me dijeron que no habia (sic) nada que hacer sin
siquiera venir ala  penitenciaria (sic) donde me encontraba a brindarmen sin
siquiera (sic) una orientación jurídica (…)”
[65] Fl 118 Cuaderno Corte Constitucional el actor relata las
circunstancias de su captura en los siguientes términos “me desplazaba a
Bogotá donde mi familia; en San Martín Meta en un retén de la policía nacional
me pidieron la cédula y me dijeron que tenía una orden de captura (…)”
[66] Fl. 281 expediente penal.
[67] Ver las sentencias
C-328 de 2016 MP Gloria Stella Ortiz Delgado y T-075 de 2016 MP Alberto Rojas
Ríos.
[68] Sentencia T-1049 de 2012.
[69] Los fundamentos 16 y 17 son
tomados de la sentencia SU-498 de 2016.
[70] La Corte Constitucional, en sentencia
T-055 de 1997, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz, determinó que, en lo que hace al
análisis del material probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor y
trascendencia.
[71] Ver, entre otras, las sentencias
T-231 de 1994, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-442 de 1994, M. P. Antonio
Barrera Carbonell; T-008 de 1998, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-025 de 2001,
M. P. Eduardo Montealegre Lynett; SU-159 de 2002, M. P. Manuel José Cepeda
Espinosa; T-109 de 2005, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-264 de 2009, M. P.
Luis Ernesto Vargas Silva; T-114 de 2010, M. P. Mauricio González Cuervo,
SU-198 de 2013, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. En ésta última se indicó
expresamente: “la intervención del
juez de tutela, en relación con el manejo dado por el juez de conocimiento es,
y debe ser, de carácter extremadamente reducido. El respeto por los
principios de autonomía judicial y del juez natural, impiden que el juez de
tutela realice un examen exhaustivo del material probatorio”.
[72] Ver sentencia
T-442 de 1994, M. P. Alejandro Martínez Caballero. Allí se indicó: “si bien
el juzgador goza de un gran poder discrecional para valorar el material
probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar libremente su
convencimiento, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica…,
dicho poder jamás puede ser arbitrario; su actividad evaluativa probatoria
supone necesariamente la adopción de criterios objetivos, racionales, serios y
responsables. No se adecua a este desideratum, la negación o valoración
arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta cuando el
juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón valedera
alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente.”
[73] Cfr., entre otras, SU-159 de
2002, precitada.
[74] Cfr., entre otras, T-442 de 1994
y SU-159 de 2002, precitadas.
[75] SU-198 de 2013, precitada, y T-636 de 2006, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
[76] Cita tomada de la sentencia
T-1049 de 2012, citada a su vez por la sentencia T-590 de 2009, ambas del MP
Luis Ernesto Vargas.
[77] SU-132/02 M.P Álvaro Tafur Galvis.
[78] T-393/94 M.P Antonio Barrera Carbonell.
[79]
T-076/05 M.P Rodrigo Escobar Gil, T-488/99 M.P Martha Victoria Sáchica y
T-526/01 M.P Alfredo Beltrán Sierra.
[80] T-363 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas.
[81] Cfr. sentencias T-268 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio,
T-301 de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y T-893 de 2011, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[82] Cfr. sentencias T-389 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto, T-1267 de 2008, M.P. Mauricio González Cuervo y T-386 de 2010, M.P.
Nilson Pinilla Pinilla.
[83] Cfr. sentencias T-327 de 2011,
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-591 de 2011, M.P. Luís Ernesto Vargas
Silva y T-213 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[84] Sentencia T-1306 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[85] Cfr. sentencias T-386 de 2010,
M.P. Nilson Pinilla Pinilla, T-429 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub,
T-893 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[86] Cfr. sentencia T-892 de 2011,
M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[87] Cfr. sentencias T-531 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, T-950 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, T-327 de 2011, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[88] MP Luis Ernesto Vargas.
[89] Cfr. sentencia T-984/00. La Corte afirmó en aquella oportunidad
que en materia penal, el procedimiento “debe ser llevado a cabo, en
principio, por los jueces penales dentro de los procesos en los que se
manifiesten deficiencias en la defensa técnica de los sindicados, pues si
mediante tales procedimientos, en sede de tutela, lo que se pretende es
restablecer derechos conculcados, al aplicarlo dentro del proceso penal, se
previenen eventuales vulneraciones de sus derechos fundamentales”.
[90] Cfr. sentencia T-654/98. Se concedió la
tutela porque se probó que, pese a que el indagado había manifestado claramente
el lugar en el que podía ser informado sobre cualquier decisión judicial y que,
por carencia de medios económicos, no contaba con un defensor de confianza ni
le había sido nombrado defensor de oficio, el juzgado no le informó sobre la
expedición del cierre de investigación ni le nombró un defensor de oficio. Lo
anterior, sumado a la casi absoluta falta de defensa técnica, y la no práctica
de las pruebas solicitas por el sindicado llevaron a la Corte a considerar que
se constituía una verdadera vía de hecho.
[91] Cfr. sentencia T-639/96. Se
concedió la tutela por encontrar que el juzgado decretó clausurada la
investigación, sin adelantar diligencia alguna tendiente a lograr la
comparecencia del procesado, a pesar de que tenía a su disposición la dirección
donde podía ser localizado. En ese caso, al accionante no se le notificó
siquiera de la apertura de investigación en su contra.
[92] Al respecto consultar la sentencia T-264 de 2009, M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva. Adicionalmente se pueden consultar las sentencias T-950
de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-158 de 2012, M.P. Nilson Pinilla
Pinilla y T-213 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[93] Este aparatado se basa en la
reconstrucción hecha por la sentencia T-1049 de 2012.
[94] Ver, entre otras, la sentencia C-648/01 M.P Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[95] Ver sentencias T-211/09 M.P Luis Ernesto Vargas Silva y
T-1123/03 M.P Álvaro Tafur Galvis.
[96] Ver, entre otras, las sentencias T-1246/08 M.P Humberto
Sierra Porto y T-970/06 M.P Marco Gerardo Monroy Cabra.
[97]
Ver sentencias T-101/10 M.P Juan Carlos Henao y T-1246/08 M.P Humberto Sierra
Porto.
[98] Sentencias T-1180/01 M.P Monroy Cabra; T-564/98 Eduardo
Cifuentes Muñoz y T-639/96 M.P Eduardo Barrera Carbonell.
[99] Ver sentencia T-970/06 M.P Tafur Galvis.
[100] Corte Constitucional, Exp. T-3385654 M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
[101] Ver sentencias T-617/07 M.P Córdoba Triviño y T-1209/05
M.P Clara Inés Vargas Hernández.
[102] Este postulado fue anunciado desde la sentencia C-592/93 M.P
Fabio Morón Díaz.
[103] El artículo 8 sobre Garantías Judiciales de la Convención
Americana de Derechos Humanos prescribe: “1. Toda persona tiene derecho a
ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez
o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad
por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra
ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil,
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. //  2. Toda persona inculpada de
delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca
legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en
plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de
ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no
habla el idioma del juzgado o tribunal; // b) comunicación previa y detallada
al inculpado de la acusación formulada; // c) concesión al inculpado del
tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; // d)
derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un
defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
// e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado
por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no
se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido
por la ley; // f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes
en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras
personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; //  g) derecho a no ser
obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y // h)
derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. // 3. La
confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna
naturaleza. // 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser
sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. // 5. El proceso penal debe ser
público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la
justicia” (subrayas fuera del texto).
[104] Ver principalmente Corte IDH. Caso
Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia del 18
de agosto de 2000. Serie C No. 69, y Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros
Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 30 de mayo de 1999. Serie
C. No. 52.
[105] La expresión es tomada literalmente de la sentencia T-1049 de
2012 que, retoma las consideraciones de las sentencias T-450/11 M.P Humberto
Sierra Porto y T-831/08 M.P Mauricio González.
[106] Sobre este tema ver las sentencias T-450/11 M.P
Humberto Sierra Porto, T-395/10 M.P Jorge Ignacio Pretelt; T-831/08 M.P
Mauricio González, T-962/07 M.P Clara Inés Vargas Hernández, T-068/05 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-028/05 M.P. Clara Inés Vargas
Hernández, T-784/00 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, y T-654/98 M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz. Citadas por la sentencia T-1049
de 2012.
[107] Ver sentencias T-962/07 M.P Clara Inés Vargas Hernández y T-068 de 2005 M.P Rodrigo Escobar Gil. Citadas por la sentencia
T-1049 de 2012.
[108] Sentencias
T-395 de 2010 (M.P Jorge Ignacio Pretelt) y T-654 de 1998 (M.P Eduardo
Cifuentes Muñoz). Citadas por la sentencia T-1049 de 2012.
[109] Sentencias T-450 de 2011 (M.P
Humberto Sierra Porto), T-831 de 2008 (M.P Mauricio González) y T-068 de 2005
(M.P Rodrigo Escobar Gil). Citadas
por la sentencia T-1049 de 2012
[110] Sentencia
T-962 de 2007 (M.P Clara Inés Vargas Hernández) Citada por la sentencia T-1049 de 2012
[111] Ver sentencia T-068/05 M.P.
Rodrigo Escobar Gil. Citada
por la sentencia T-1049 de 2012
[112] Ver op. cit 32. Citada por la
sentencia T-1049 de 2012
[113] Gil García, Luz Marina y Otro. Relaciones Especiales de Sujeción.
Aproximación Histórica al Concepto. Revista Prolegómenos-Derechos y Valores.
Bogotá, D.C., Colombia - Volumen XII - Nº 23 - Enero - Junio 2009 - ISSN
0121-182X.
[114] Brage, Joaquín. Limitaciones Específicas A Los Derechos
Fundamentales En Las Relaciones  De Especial Sujeción. Consultado El 24 De
Octubre De 2016  Http://Www2.Uned.Es/Dpto-Derecho-Politico/Brage.Pdf
[115] Fernández García, Isidro. El ejercicio de derechos fundamentales
por los militares. Tesis Doctoral. Universidad de Santiago de Compostela. 2014.
http://hdl.handle.net/10347/11522. Pág.
186. Fernández  Segado, Francisco. Las restricciones de los derechos de los
militares desde la perspectiva del ordenamiento internacional. (1989.) Revista
de Estudios Políticos, 64, 103.
[116] MP Humberto Antonio Sierra Porto.
[117] MP Humberto Antonio Sierra Porto.
[118] MP Alberto Rojas Ríos.
[119] “‘las relaciones jurídico-administrativas caracterizadas por
una duradera y efectiva inserción del administrado en la esfera organizativa de
la Administración, a resueltas de la cual queda sometido a un régimen jurídico
peculiar que se traduce en un especial tratamiento de la libertad y de los
derechos fundamentales, así como de sus instituciones de garantía, de forma
adecuada a los fines típicos de cada relación.’ LÓPEZ BENITES (sic)
Mariano, Naturaleza y presupuestos constitucionales de las relaciones
especiales de sujeción, Ed. Civitas, Madrid, 1994, Págs. 161 y 162.”
[120] MP Carlos Gaviria Díaz.
[121] En igual sentido pueden consultarse, entre otras, las
sentencias C-037 de 1996, C-426 de 2002 y T-424 de 2004 MP reiteradas por la sentencia T-560
de 2005Álvaro Tafur Galvis.
[122] MP Alfredo Beltrán Sierra.
[123] M.P.
Eduardo Montealegre Lynett.
[124] El 18 de marzo de 2010, por medio
del oficio 597, el Juez Segundo pide al batallón ordenar el desplazamiento del
señor Sánchez para adelantar el 20 de abril la audiencia de formulación de
acusación. Consta que fue enviada con planilla de correo el 19 de marzo. (Fl. 271
expediente penal). El 26 de abril siguiente, por medio del oficio 866 el Juez
2º insiste en su solicitud ante el mismo Batallón, pues la diligencia de
formulación de acusación había sido aplazada. Consta envío con planilla de
correo (fl 269 exp. penal).
El 21 de
mayo de 2010, por medio de oficio 1126, el Juez 2º solicita a la Brigada 12 que
permita el traslado del procesado a la audiencia de formulación de acusación
que se llevaría a cabo el 25 de junio. Consta sello de recibido del Batallón
fechado el 24 de mayo de 2010 (fl. 265 Exp. penal). Esta solicitud es reiterada
mediante oficio 1487 del día 2 de julio de 2010, pues el 16 de julio siguiente
se adelantaría la misma audiencia. Consta sello de recibido el día 8 julio (fl.
263 exp. penal). Un tercer oficio, el 1676, es dirigido a esta Brigada el 22 de
julio de 2010 para poder adelantar la misma diligencia el 6 de septiembre de
2010, consta sello de recibido el 9 de agosto (fl. 261 exp. penal).
[125] Folios 115-138 cd. Corte Constitucional.
[126] Informe de Secretaría Fl. 315 cd.
Corte Constitucional.
[127] Ver folios 252-255 cd. Corte Constitucional.
[128] Fls. 68-72 cd. Corte Constitucional.
[129] El 8 de septiembre de 2010, por medio del oficio 2188, el Juez 2º
reiteró la solicitud al Batallón No. 35 para adelantar la audiencia de
formulación de acusación. El primero de octubre de 2010 ruega correr traslado
de la comunicación a quien corresponda o informar dirección o teléfono del
señor Sánchez. Consta envío por correo (fl. 260 expediente penal). El 7 de
octubre de 2010 el Juzgado fija como fecha para la diligencia el 22 de noviembre,
se hace una llamada al número celular del procesado y sólo responde el correo
de voz según la constancia del citador (fl 258 exp. penal). El 6 de diciembre
de 2010, mediante oficio 3133, el  Juzgado 2º insistió en la solicitud pues el
21 de febrero de 2011 se llevaría a cabo la audiencia de formulación de
acusación, también pidió que se que corriera traslado a quien correspondiera o
se otorgara información de contacto (fl. 256 exp. penal). También llamaron por
teléfono al señor Sánchez pero sólo se activó el correo de voz según la
constancia del notificador  (fl. 255 exp. penal)
[130] El 8 de marzo
y el 6 de mayo de 2011 constan llamadas a número de celular apagado (fls. 253 y
251 exp. penal).
[131] El 8 de agosto de 2011, mediante oficio 2961 el Juzgado ofició al
Batallón No. 35 para que el señor Sánchez asistiera el 22 de agosto a la
audiencia de formulación de acusación, solicitaba que remitiera a quien
correspondiera o informara nuevos datos, según el caso. Consta envío por correo
(fl. 249 exp. penal). Adicionalmente se intentó comunicación telefónica con el
procesado 16 de agosto y el celular estaba fuera de servicio (fl. 248 exp.
penal).
[132] Fl. 245 exp. penal.
[133] El 30 de agosto de 2011 el
Juzgado intentó establecer comunicación telefónica pero el celular reportaba
estar fuera de servicio (fl. 243 exp. penal). Esta situación se repitió el 15 y el 27 de septiembre (fls. 241 y 239 exp. penal) respectivamente,
así como el 20 de octubre de 2011 (fl. 236 exp. penal) y el 11 de enero de 2012
(fl. 52 exp. penal)
[134] Fl. 233 exp. penal.
[135] Fl. 232 exp. penal.
[136] El 13 de febrero de 2012 se reiteró la respuesta de la Fiscalía y
del Batallón, así como los eventos de llamadas fallidas al procesado.
[137] El 23 de febrero de 2013 el Juzgado entregó oficio a la Fiscalía
en el que citaba a la audiencia preparatoria (fl. 223 exp. penal). El 2 de mayo
siguiente nuevamente se entregó a la Fiscalía oficio dirigido al procesado (fl.
226 exp. penal) así como el 20 de agosto (fl. 214 exp. penal) y el 19 de
septiembre, cuando además el Juzgado y agregó que el número celular no
correspondía al procesado. Nuevamente se entregó oficio a la Fiscalía el 27 de
agosto de 2013 (fl. 209 exp. penal), de dejó mensaje de voz en el celular
reportado desde el inicio del proceso por el señor Sánchez el día 10 de
diciembre de 2013 (fl. 200 exp. penal) y nuevamente el 13 de febrero de 2014 el
Juzgado entregó citación para el procesado a la Fiscalía (fl. 198 exp. penal).
[138] Fl. 177 exp.
penal.
[139] El 10 de febrero de 2010, en la audiencia de
legalización de la captura, formulación de imputación e imposición de medida de
aseguramiento (CD 1 anexo al fl. 295 cd. Corte Constitucional) luego de
que el juez le pregunta al accionante si acepta los cargos tras la formulación
de imputación se percató de su desorientación y le dijo “Porque a usted lo
veo con esos ojos que mira para todos los lados como si no supiera lo que va
a hacer”
[140] Fl. 194 exp. penal.
[141] Ver la sentencia SU-014 de 2001.