C-258-14
Sentencia C-258/14
Sentencia C-258/14
ACUERDO
MARCO DE ALIANZA DEL PACIFICO ENTRE REPUBLICA DE COLOMBIA, CHILE, ESTADOS
UNIDOS DE MEXICO Y PERU-Vicio insubsanable/ACUERDO MARCO DE
ALIANZA DEL PACIFICO ENTRE REPUBLICA DE COLOMBIA, CHILE, ESTADOS UNIDOS DE
MEXICO Y PERU-Inexequibilidad
ACUERDO
MARCO DE ALIANZA DEL PACIFICO ENTRE REPUBLICA DE COLOMBIA, CHILE, ESTADOS
UNIDOS DE MEXICO Y PERU-Inhibición para pronunciarse sobre la
constitucionalidad del acuerdo
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
EN MATERIA DE TRATADOS Y LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Competencia de la
Corte Constitucional/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEY APROBATORIA DE
TRATADO-Características
El artículo 241
numeral 10 de la Constitución atribuye a la
Corte Constitucional la competencia para examinar la constitucionalidad de los
tratados internacionales y de las leyes aprobatorias de los mismos. Como lo ha
establecido la jurisprudencia de esta Corporación, dicho control se caracteriza
por ser (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la
aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues
debe ser enviado directamente por el Presidente de la
República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la
sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la
Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley
y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene
fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación
del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su
finalidad es garantizar tanto la supremacía de la
Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del
Estado colombiano.
TRATADOS
INTERNACIONALES Y LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Control formal/TRATADOS
INTERNACIONALES Y LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Control material
El control sobre
los aspectos formales de los tratados internacionales y sus leyes aprobatorias
se encamina tanto a examinar la validez de la representación del Estado
colombiano en los procesos de negociación y celebración del instrumento y la
competencia de los funcionarios en la negociación y firma del tratado, como el
cumplimiento de las reglas de trámite legislativo en la formación de la ley
aprobatoria en el Congreso. Entretanto, el examen de la validez material
requiere confrontar las disposiciones del tratado internacional que se revisa y
el de su ley aprobatoria con la totalidad de la normativa constitucional. Ha
destacado la Corte que dicho examen debe ceñirse a los aspectos jurídicos, sin
abordar cuestiones de conveniencia, oportunidad, utilidad y eficiencia. Con fundamento
en estas consideraciones, pasa la Corte a examinar la ley aprobatoria y el
convenio de la referencia.
ACUERDO
MARCO DE ALIANZA DEL PACIFICO ENTRE REPUBLICA DE COLOMBIA, CHILE, ESTADOS
UNIDOS DE MEXICO Y PERU-Revisión formal
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Negociación
y celebración
ACUERDO
MARCO DE ALIANZA DEL PACIFICO ENTRE REPUBLICA DE COLOMBIA, CHILE, ESTADOS
UNIDOS DE MEXICO Y PERU-Trámite legislativo
PRINCIPIO DE
INSTRUMENTALIDAD DE LAS FORMAS EN MATERIA DE TRAMITE LEGISLATIVO-Alcance
PRINCIPIO DE
INSTRUMENTALIDAD DE LAS FORMAS-Posibilidad de saneamiento de vicios en
la formación de las leyes/LEY-Posibilidad de saneamiento de
vicios en la formación
LEY-Factores de
determinación de convalidación o saneamiento del vicio
La Corte destaca que tanto
en derecho comparado, como en el caso colombiano, la gravedad del vicio no
tiene incidencia directa sobre las posibilidades de saneamiento o convalidación
del mismo. La intensidad de la irregularidad debe ser tomada en cuenta para
examinar si ésta constituye o no un vicio de procedimiento; pero una vez
constatado que el vicio existe, la gravedad no es el elemento más importante
para determinar si existe o no posibilidad de convalidación o de saneamiento,
pues son otros factores los que entran en juego en esta evaluación.
VICIO DE TRAMITE LEGISLATIVO-Criterios para determinar cuando es subsanable
Para determinar en qué eventos resulta subsanable un
vicio en el procedimiento legislativo, y cuándo exige la declaratoria de
inexequibilidad de la Ley dentro de parámetros de razonabilidad, la
Corte ha establecido los siguientes criterios de evaluación judicial: (i) si
se han cumplido etapas básicas o estructurales del proceso, tomando en cuenta
que la subsanación no puede comprenderse como la repetición de todo un
procedimiento; (ii) el contexto dentro del cual se presentó el vicio, para
determinar su gravedad y trascendencia en la formación de la voluntad
legislativa; (iii) la posible afectación de los derechos de las minorías
parlamentarias, así como la intensidad de esta; todo lo anterior, (iv) tomando
en consideración el tipo de ley de que se trata
y su evolución a lo largo del debate parlamentario
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN TRAMITE LEGISLATIVO-Alcance
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN TRAMITE LEGISLATIVO-Jurisprudencia constitucional
VICIO INSUBSANABLE POR INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO Y
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN TRAMITE LEGISLATIVO-Jurisprudencia constitucional
ACUERDO
MARCO DE ALIANZA DEL PACIFICO ENTRE REPUBLICA DE COLOMBIA, CHILE, ESTADOS
UNIDOS DE MEXICO Y PERU-Aplicación de precedente judicial
TRATADO
INTERNACIONAL-Texto incompleto
LEY-Gravedad del
vicio sin incidencias sobre saneamiento o convalidación
LEY APROBATORIA
DE TRATADO-Inexequibilidad
por existencia de vicios insubsanables en trámite no implica imposibilidad de
que sea tramitada nuevamente
Referencia:
expediente LAT-412
Revisión de
constitucionalidad de la Ley 1628 del 22 de mayo de 2013 “por medio de la
cual se aprueban el ‘Acuerdo marco de la
Alianza del Pacífico’ entre la República de Colombia, la
República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la
República del Perú, firmado en la ciudad de Antofagasta, Chile, el seis de
junio de 2012’”
Magistrada
Ponente:
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C.,
veintitrés (23) de abril de dos mil catorce (2014)
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y
de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
revisión constitucional de la Ley 1628 de 22 de mayo de 2013, “por medio de la
cual se aprueban el ‘Acuerdo marco de la
Alianza del Pacífico’ entre la República de Colombia, la
República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la
República del Perú, firmado en la ciudad de Antofagasta, Chile, el seis de
junio de 2012’”.
I.
ANTECEDENTES
Con base en lo
dispuesto en el artículo 241-10 de la
Carta Política, mediante oficio radicado en la
Secretaría General de esta Corporación el 28 de mayo de 2013, la
Secretaria Jurídica de la Presidencia de la
República remitió copia auténtica de la Ley 1628 de 22 de mayo de 2013, para
efectos de su revisión constitucional.[1]
Por auto de veintiuno 21 de junio de
2013, se avocó el conocimiento del proceso y dispuso la práctica de pruebas.
Con posterioridad se profirieron dos autos más, el 2 de agosto y el 2 de
septiembre del mismo año, requiriendo allegar las pruebas faltantes. Una vez
recibidas, el 4 de octubre de 2013, se ordenó continuar el trámite y, en
consecuencia, fijar en lista el proceso por el término de 10 días con el fin de
permitir la intervención ciudadana, dar traslado al señor Procurador General de
la Nación para el concepto correspondiente y comunicar la iniciación del
proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso de la
República y a la Ministra de Relaciones Exteriores.
Cumplidos los
trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991, procede esta Corte a decidir
sobre la exequibilidad del tratado y de la ley que lo aprueba.
II.
TEXTO DEL CONVENIO QUE SE REVISA Y DE SU LEY
APROBATORIA
A continuación
se transcribe el texto de la ley enviada para revisión, conforme su publicación
en el Diario
Oficial 48.798 del 22 de mayo de 2013.
“LEY 1628 DE 2013
(mayo 22)
Diario Oficial No. 48.798 de 22 de mayo de
2013
CONGRESO DE LA
REPÚBLICA
Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo
Marco de la Alianza del Pacífico”, entre la
República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la
República del Perú, firmado en la ciudad de Antofagasta, Chile, el 6 de junio
de 2012.
EL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA
Visto el texto del “Acuerdo Marco de la
Alianza del Pacífico”, entre la República de Colombia, la
República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la
República del Perú, firmado en la ciudad de Antofagasta, Chile, el 6 de junio
de 2012.
(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa en
español del precitado instrumento internacional, tomada del original que reposa
en el archivo del Grupo Interno de Trabajo de Tratado de Tratados del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, la cual consta de nueve (9)
folios.
PROYECTO DE LEY NÚMERO
por medio de la cual se
aprueba el “Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico” suscrito en Paranal, Antofagasta, República
de Chile, el 6 de junio de 2012.
El Congreso de la
República
por medio de la cual se aprueba el
“Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”, suscrito en Paranal, Antofagasta,
República de Chile, el 6 de junio de 2012.
(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa
del texto en español del precitado instrumento internacional, tomada del
original que reposa en el archivo del Grupo Interno de Trabajo de Tratados del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, la cual consta de nueve (9)
folios.
ACUERDO MARCO DE LA
ALIANZA DEL PACÍFICO.
PREÁMBULO
La República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos
Mexicanos y la República del Perú, en adelante denominadas “las Partes”;
INSPIRADAS en la
Declaración Presidencial de Lima del 28 de abril de 2011, por la cual se
estableció la Alianza del Pacífico para la conformación de un área de
integración profunda, que busca avanzar progresivamente hacia la libre
circulación de bienes, servicios, capitales y personas;
TOMANDO EN CUENTA la Declaración Presidencial de Mérida del 4 de diciembre de
2011, en particular, el compromiso de suscribir un tratado constitutivo de la
Alianza del Pacífico;
CONVENCIDAS que la integración económica regional
constituye uno de los instrumentos esenciales para que los Estados de América
Latina avancen en su desarrollo económico y social sostenible, promoviendo una
mejor calidad de vida para sus pueblos y contribuyendo a resolver los problemas
que aún afectan a la región, como son la pobreza, la exclusión y la desigualdad
social persistentes;
DECIDIDAS a fortalecer los diferentes esquemas
de integración en América Latina, como espacios de concertación y convergencia,
orientados a fomentar el regionalismo abierto, que inserte a las Partes
eficientemente en el mundo globalizado y las vincule a otras iniciativas de
regionalización;
CONSCIENTES de que este proceso de integración
tendrá como base los acuerdos económicos, comerciales y de integración vigentes
entre las Partes a nivel bilateral, regional y multilateral, y que deberá
contribuir a profundizar sus relaciones económicas y comerciales;
REAFIRMANDO los derechos y obligaciones derivados
del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la
Organización Mundial del Comercio (OMC), del Tratado de Montevideo 1980, así
como de los acuerdos de libre comercio y de integración entre las Partes, los
mismos que ofrecen una excelente plataforma que facilita y propicia la
integración de nuestras economías;
CONSIDERANDO la condición de Países Miembros de la
Comunidad Andina de la República de Colombia y de la
República del Perú, y los compromisos que de él se derivan para estos Estados;
COMPROMETIDAS a ofrecer a los agentes económicos un
marco jurídico previsible para el desarrollo del comercio de bienes y
servicios, y de la inversión, a fin de propiciar su participación activa en las
relaciones económicas y comerciales entre las Partes;
DECIDIDAS a establecer reglas claras y de
beneficio mutuo entre las Partes, que propicien las condiciones necesarias para
un mayor crecimiento y la diversificación de las corrientes del comercio, el
desarrollo y la competitividad en sus economías;
CONVENCIDAS de la importancia de facilitar el
libre movimiento de personas entre las Partes, como un mecanismo que coadyuve a
crear mejores condiciones de competitividad y desarrollo económico;
CONSCIENTES de la necesidad de impulsar la
cooperación internacional para el desarrollo económico de las Partes y para la
mejora de su capacidad competitiva;
CONSIDERANDO los avances de las Partes en materia
de desarrollo y crecimiento económico inclusivo y el fortalecimiento de los
valores y principios democráticos comunes;
REAFIRMANDO como requisitos esenciales para la
participación en la Alianza del Pacífico la vigencia del Estado de Derecho y de
los respectivos órdenes constitucionales, la separación de los Poderes del
Estado, y la promoción, protección, respeto y garantía de los Derechos Humanos
y las libertades fundamentales;
CONFIRMANDO la voluntad de constituir la
Alianza del Pacífico como un espacio de concertación y convergencia, así como
un mecanismo de diálogo político y de proyección hacia la región de Asia
Pacífico; y
RESUELTAS a reafirmar los lazos especiales de
amistad, solidaridad y cooperación entre sus pueblos.
ACUERDAN lo siguiente:
ARTÍCULO 1. CONSTITUCIÓN DE LA
ALIANZA DEL PACÍFICO.
Las Partes constituyen la
Alianza del Pacífico como un área de integración regional.
ARTÍCULO 2. DEMOCRACIA Y ESTADO DE
DERECHO.
Las Partes establecen como requisitos esenciales para la
participación en la Alianza del Pacífico los siguientes:
a) La vigencia del Estado de Derecho, de la
Democracia y de los respectivos órdenes constitucionales;
b) La separación de los Poderes del Estado; y
c) La protección, la promoción, respeto y garantía de los
Derechos Humanos y las libertades fundamentales.
ARTÍCULO 3. OBJETIVOS.
1. La Alianza del Pacífico tiene como objetivos los
siguientes:
a) Construir, de manera participativa y consensuada, un área
de integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación
de bienes, servicios, capitales y personas;
b) Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad
de las economías de las Partes, con miras a lograr un mayor bienestar, la
superación de la desigualdad socioeconómica y la inclusión social de sus
habitantes; y
c) Convertirse en una plataforma de articulación política, de
integración económica y comercial, y de proyección al mundo, con especial
énfasis al Asia Pacífico.
2. Para alcanzar los objetivos señalados en este artículo
desarrollarán, entre otras, las siguientes acciones:
a) Liberalizar el intercambio comercial de bienes y
servicios, con miras a consolidar una zona de libre comercio entre las Partes;
b) Avanzar hacia la libre circulación de capitales y la
promoción de las inversiones entre las Partes;
c) Desarrollar acciones de facilitación del comercio y
asuntos aduaneros;
d) Promover la cooperación entre las autoridades migratorias
y consulares y facilitar el movimiento de personas y el tránsito migratorio en
el territorio de las Partes;
e) Coordinar la prevención y contención de la delincuencia
organizada transnacional para fortalecer las instancias de seguridad pública y
de procuración de justicia de las Partes; y
f) Contribuir a la integración de las Partes mediante el
desarrollo de mecanismos de cooperación e impulsar la
Plataforma de Cooperación del Pacífico, suscrita en diciembre de 2011, en las
áreas ahí definidas.
ARTÍCULO 4. EL CONSEJO DE MINISTROS.
1. Las Partes establecen el Consejo de Ministros, integrado
por los Ministros de Relaciones Exteriores y los Ministros responsables de
Comercio Exterior, o por quienes estos designen.
2. El Consejo de Ministros tendrá las siguientes atribuciones:
a) Adoptar decisiones que desarrollen los objetivos y
acciones específicas previstas en el presente Acuerdo Marco, así como en las
declaraciones presidenciales de la Alianza del Pacífico;
b) Velar por el cumplimiento y la correcta aplicación de sus
decisiones adoptadas de conformidad con el literal a) de este numeral;
c) Evaluar periódicamente los resultados logrados en la
aplicación de sus decisiones adoptadas de conformidad con el literal a) de este
numeral;
d) Modificar sus decisiones adoptadas de conformidad con el
literal a) de este numeral, teniendo en cuenta los objetivos de la
Alianza del Pacífico;
e) Aprobar los programas de actividades de la
Alianza del Pacífico, con fechas, sedes y agenda de las reuniones;
f) Definir los lineamientos políticos de la
Alianza del Pacífico en su relación con terceros Estados o esquemas de
integración;
g) Convocar al Grupo de Alto Nivel (GAN), establecido en la
Declaración Presidencial de Lima, cuando lo considere adecuado;
h) Establecer los grupos de trabajo que considere adecuados
para la consecución de los objetivos y la realización de las acciones de la
Alianza del Pacífico; y
i) Adoptar otras acciones y medidas que aseguren la
consecución de los objetivos de la Alianza del Pacífico.
3. El Consejo de Ministros establecerá sus reglas y
procedimientos y adoptará sus decisiones de conformidad con el Artículo 5
(Aprobación de decisiones y otros acuerdos de la
Alianza del Pacífico) del presente Acuerdo Marco.
4. Las reuniones ordinarias del Consejo de Ministros tendrán
lugar una vez al ano <sic>, pudiendo convocarse a reuniones
extraordinarias a petición de alguna de las Partes.
5. El Consejo de Ministros sesionará con la presencia de
todas las Partes.
ARTÍCULO 5. APROBACIÓN DE DECISIONES Y OTROS ACUERDOS DE LA
ALIANZA DEL PACÍFICO.
Las decisiones del Consejo de Ministros y otros acuerdos en
el ámbito de la Alianza del Pacífico se adoptarán por consenso y podrán
contemplar diferentes tratamientos y/o modalidades para la consecución de los
objetivos de la Alianza del Pacífico.
ARTÍCULO 6. NATURALEZA DE LAS
DECISIONES Y OTROS ACUERDOS DE LA
ALIANZA DEL PACÍFICO.
Las decisiones del Consejo de Ministros y otros acuerdos
adoptados en el ámbito de la Alianza del Pacífico, en desarrollo del presente
Acuerdo Marco, serán parte integrante del ordenamiento jurídico de la
Alianza del Pacífico.
ARTÍCULO 7. LA
PRESIDENCIA PRO TEMPORE.
1. La Presidencia Pro Tempore de la
Alianza del Pacífico será ejercida sucesivamente por cada una de las Partes,
en orden alfabético, por períodos anuales iniciados en enero.
2. Son atribuciones de la
Presidencia Pro Tempore:
a) Organizar y ser sede de la reunión de Presidentes;
b) Coordinar las reuniones del Consejo de Ministros y del GAN
de la Alianza del Pacífico;
c) Mantener el registro de las actas de las reuniones y de
los demás documentos;
d) Presentar a consideración del Consejo de Ministros los
programas de actividades de la Alianza del Pacífico, con fechas, sedes y agenda
de las reuniones;
e) Representar a la
Alianza del Pacífico en los asuntos y actos de interés común, por encargo de
las Partes; y
f) Ejercer las demás atribuciones que expresamente le
confiera el Consejo de Ministros.
ARTÍCULO 8. RELACIÓN CON OTROS
ACUERDOS.
Las decisiones del Consejo de Ministros y otros acuerdos
adoptados en el ámbito de la Alianza del Pacífico no reemplazarán, ni
modificarán los acuerdos económicos, comerciales y de integración bilaterales,
regionales o multilaterales vigentes entre las Partes.
ARTÍCULO 9. RELACIONES CON TERCEROS.
1. La Alianza del Pacífico promoverá iniciativas y
lineamientos de acción sobre temas de interés regional o internacional y
buscará consolidar mecanismos de vinculación con Estados y organizaciones
internacionales.
2. Previa decisión del Consejo de Ministros, las
organizaciones internacionales podrán apoyar y contribuir en la consecución de
los objetivos de la Alianza del Pacífico.
ARTÍCULO 10. ESTADOS OBSERVADORES.
1. Los Estados que soliciten su participación como Estados
Observadores de la Alianza del Pacífico, podrán ser admitidos con la aprobación
por unanimidad del Consejo de Ministros.
2. Al momento de otorgar la condición de Observador a favor
de un Estado solicitante, el Consejo de Ministros definirá las condiciones de
su participación.
ARTÍCULO 11. ADHESIÓN DE NUEVOS
ESTADOS PARTE.
1. El presente Acuerdo Marco quedará abierto a la adhesión de
los Estados que así lo soliciten y tengan vigente un acuerdo de libre comercio
con cada una de las Partes. La aceptación de la adhesión estará sujeta a la
aprobación por unanimidad del Consejo de Ministros.
2. El Acuerdo Marco entrará en vigor para el Estado adherente
sesenta (60) días, contados a partir de la fecha del depósito del instrumento
de adhesión.
ARTÍCULO 12. SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS.
1. Las Partes realizarán todos los esfuerzos, mediante
consultas u otros medios, para alcanzar una solución satisfactoria, ante
cualquier diferencia sobre la interpretación o aplicación de las disposiciones
de este Acuerdo Marco.
2. A más tardar seis (6) meses, contados a partir de la
fecha de suscripción de este Acuerdo Marco, las Partes iniciarán negociaciones
de un régimen de solución de diferencias aplicable a las decisiones del Consejo
de Ministros y otros acuerdos adoptados en el ámbito de la
Alianza del Pacífico.
ARTÍCULO 13. ENTRADA EN VIGOR.
El presente Acuerdo Marco entrará en vigor sesenta (60) días
después de la fecha de depósito del último instrumento de ratificación de las
Partes.
ARTÍCULO 14. DEPOSITARIO.
El Gobierno de Colombia actuará como Depositario del presente
Acuerdo Marco.
ARTÍCULO 15. ENMIENDAS.
1. Cualquier Parte podrá proponer enmiendas al presente
Acuerdo Marco. Las propuestas de enmienda serán comunicadas a la
Presidencia Pro Tempore que las notificará a las demás Partes para su
consideración en el Consejo de Ministros.
2. Las enmiendas aprobadas por el Consejo de Ministros
entrarán en vigor siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 13 (Entrada en Vigor) y constituirán
parte integrante del presente Acuerdo Marco.
ARTÍCULO 16. VIGENCIA Y DENUNCIA.
1. El presente Acuerdo Marco tendrá una vigencia indefinida.
La suscrita Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de
Tratados (E.) de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del
Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República de Colombia,
CERTIFICA:
Que la reproducción del texto que antecede es copia fiel y
completa del texto original del “Acuerdo Marco de la
Alianza del Pacífico” suscrito
en Panamá, Antofagasta, República de Chile, el seis de junio de dos mil doce,
documento que reposa en los archivos del Grupo Interno de Trabajo de Tratados
de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales de este Ministerio.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de septiembre
de 2012.
La Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados (e),
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales,
LUCÍA SOLANO RAMÍREZ.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 19 de julio de 2012
Autorizado. Sométase a consideración del honorable Congreso
de la República para los efectos constitucionales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) María Ángela Holguín Cuéllar.
DECRETA.
Artículo 1o. Apruébese el “Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”, suscrito en
Paranal, Antofagasta, República de Chile, el 6 de junio de 2012.
Artículo 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
1o de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”, suscrito en
Paranal, Antofagasta, República de Chile, el 6 de junio de 2012, que por el
artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará a la
República de Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo
internacional respecto del mismo.
Artículo 3o. La presente ley rige a partir de la fecha de su
publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a …
Presentado al honorable Congreso de la
República por la Ministra de Relaciones Exteriores y el Ministro de Comercio,
Industria y Turismo.
La Ministra de Relaciones Exteriores,
MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN
CUÉLLAR.
El Ministro de Comercio, Industria y
Turismo,
SERGIO DÍAZ-GRANADOS
GUIDA.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 19 de julio de 2012
Autorizado. Sométase a la consideración del honorable
Congreso de la República para los efectos constitucionales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) María Ángela Holguín Cuéllar.[2]
III.
INTERVENCIONES
1. Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo
Mediante oficio radicado en la
Secretaría de la Corte el 11 de octubre de 2013, el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo solicitó la declaratoria de exequibilidad de la
Ley 1628 de 2013 y del ‘Acuerdo marco de la
Alianza del Pacífico’ entre la República de Colombia, la
República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la
República del Perú, firmado en la ciudad de Antofagasta, Chile, el seis de
junio de 2012’ (En adelante, el Acuerdo Marco de la
Alianza del Pacífico).
El Ministerio
dividió su escrito en tres partes: destinó la primera a la descripción de la
naturaleza y características del Acuerdo Marco; la segunda a demostrar que la
negociación, la celebración del Acuerdo y el trámite de la
Ley aprobatoria 1628 de 2013 se ajustan a la
Constitución desde el punto de vista de las condiciones formales de
perfeccionamiento del acto; la tercera, a la exposición de los argumentos de
fondo para defender la exequibilidad de la
Ley y el Acuerdo citados.
Sostuvo
en la primera parte que la Alianza del Pacífico es el resultado del esfuerzo
que el Gobierno Nacional ha emprendido en cumplimiento de los postulados
constitucionales sobre el propósito de integración latinoamericana sobre el
Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, los lineamientos de política exterior y
el Plan Estratégico del sector de relaciones exteriores 2010-2014. También
explicó que el preámbulo del Acuerdo es armónico con los artículos 9º, 227 de la
Carta, y cómo la alianza profundiza la integración con  América Latina y el
Caribe para generar oportunidades de comercio, inversión e intercambio
tecnológico, y dinamizar las relaciones con el Asia Pacífico. El
Instrumento comprende áreas de trabajo en comercio, integración, servicios y
capitales, asuntos institucionales, compras públicas, propiedad intelectual y
temas tributarios, a partir de la libre circulación de bienes, servicios y
capitales, sino también la circulación de personas, proyectos conjuntos,
pequeñas y medianas empresas y relaciones externas.
En su criterio,
para Colombia es relevante pertenecer a la
Alianza del Pacífico porque se trata de una de las estrategias de integración
más innovadoras de la región, un proceso abierto y flexible, con metas claras,
pragmáticas y coherentes con el modelo de desarrollo y la política exterior
colombiana. Además, es una plataforma para la diversificación de exportaciones,
generación de empleo, crecimiento y competitividad en materia económica,
mecanismo incluyente que hace contrapeso a otras iniciativas de integración
regionales y parte esencial de la inserción de Colombia en el Asia Pacífico.
El Acuerdo Marco
de la Alianza del Pacífico es un tratado constitutivo de un mecanismo de
integración regional, económica y política, que define (i) los objetivos de la
Alianza y las acciones a desarrollar para alcanzarlos, (ii) los órganos de
dirección, (iii) la naturaleza de los instrumentos que se aprueban, (iv) la
posibilidad de que los Estados que no son parte participen como observadores,
(v) el procedimiento de adhesión, (vi) la forma de solución de controversias
entre los miembros, (vii) las maneras en que pude enmendarse el Acuerdo Marco,
y (viii) las reglas de vigencia y duración del Acuerdo, y establece como
requisitos para la pertenencia en la Alianza, la vigencia del Estado de
derecho, la democracia y el orden constitucional, la separación de los poderes
del Estado, y la protección, promoción, respeto y garantía de los derechos
humanos. Posteriormente explicó sus objetivos mediante consideraciones
generales, y se refirió a sus instituciones, el Consejo de Ministros,
conformado por los cancilleres de los cuatros países parte, y la
Presidencia pro témpore. La Alianza, en ese marco, persigue la
integración mediante acuerdos económicos, comerciales  de integración a nivel
bilateral, regional y multilateral. Garantiza la permanencia y continuidad de
los procesos de integración existentes, y el avance y profundización de nuevos
acuerdos. La figura de los Estados observadores demuestra el carácter abierto
del proceso y la adhesión futura está condicionada a la existencia de acuerdos
de libre comercio con todos los Estados de la
Alianza.
En la segunda
parte, relativa a la negociación, la celebración y el trámite legislativo del
Acuerdo Marco y de su ley aprobatoria, el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo señaló que el Acuerdo fue suscrito por el Presidente de la
República en la ciudad de Antofagasta, el 6 de junio de 2012, con base en el ius
representationis (artículo 189, numeral 2º de la
CP) y el numeral 20 del artículo 7º de la
Convención de Viena sobre derecho de los Tratados, de 1969, dispone que los Jefes
de Estado representan a su Estado, sin necesidad de presentar los plenos
poderes. Posteriormente, el Presidente de la
República sometió el Acuerdo a aprobación del Congreso mediante Autorización
ejecutiva de 19 de julio de 2012. El 19 de septiembre de 2012, el Gobierno
Nacional radicó en la Secretaría del Senado el Proyecto de Ley número 118 de
2002, ‘Por medio del cual se aprueba el ‘Acuerdo Marco de la
Alianza Pacífico’, entre la República de Colombia, la
República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la
República de Perú, firmado en la ciudad de Antofagasta, Chile, el 6 de junio
de 2012, a través de los Ministros de Relaciones Exteriores, y de Comercio,
Industria y Turismo, y su texto original junto con la exposición de motivos fue
publicado en la Gaceta del Congreso número 625 de 19 de septiembre de 2012.[3]
El  primero (1º)
de abril de 2013, el Presidente de la
República solicitó dar trámite de urgencia al proyecto, solicitud aceptada por
la Mesa Directiva del Senado mediante Resolución 191 de 8 de abril de 2013, y la
Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, a través de Resolución 936 de 8
de abril de 2013.  La ponencia conjunta para primer debate ante las comisiones
segundas de Senado y Cámara fue radicada y publicada en la
Gaceta del Congreso número 205 de 16 de abril de 2013. El aviso de discusión y
votación del proyecto de ley número 118 de 2012 Senado y 269 de 2013 Cámara, se
surtió el 17 de abril de 2013. En las sesiones conjuntas de las comisiones
segundas de Senado y Cámara el proyecto se discutió y votó el 24 de abril del
mismo año. Ese 24 de abril, la
Comisión Segunda aprobó la proposición del informe final (12 votos a favor y 1
en contra), el articulado (10 votos a favor y 1 en contra) y el título (10
votos a favor y 1 en contra), como consta en las Gacetas del Congreso 250 y 251
de 30 de abril de 2013.
En Plenaria del
Senado el aviso de discusión y votación del proyecto de ley 118 de 2013 Senado
y 260 de 2013 Cámara se efectuó en sesión de 7 de mayo de 2013. El proyecto se
discutió y votó en sesión de 8 de mayo de 2013 (aprobación de la proposición
del informe de ponencia con 58 votos a favor y 9 en contra; el articulado, con
54 votos a favor y 7 en contra; y el título, con 55 votos a favor y 8 en
contra).
En Plenaria de la
Cámara de Representantes, el aviso de discusión y votación del proyecto se
llevó a cabo el 30 de abril de 2013. La discusión y votación el 7 de mayo de
2013, y se aprobó la proposición de informe de ponencia (74 votos a favor y 19
en contra) y el articulado (70 votos a favor y 14 en contra). Sin embargo, se
detectó un vicio en el procedimiento de votación del título del proyecto y,
para subsanarlo, el 8 de mayo de 2013 se anunció la discusión y votación del
título del proyecto, la cual tuvo lugar el 14 de mayo de 2013, fecha en que se
aprobó por 81 votos a favor y 11 en contra. Posteriormente, fue sancionado por
el Presidente de la República, el 22 de mayo de 2013.
Se cumplió con
el requisito de publicación previa, establecido en los artículos 157 y 160 de la
Carta Política, así como el 156 de la Ley 5ª de 1992. En este caso, las
ponencias se publicaron antes de la discusión y votación del proyecto en cada
comisión o plenaria. El texto, junto con su exposición de motivos, fue
publicado el 19 de septiembre de 2012 en la
GC 625 de 2012. La ponencia conjunta para las comisiones segundas de Senado y
Cámara, en la CG 205 de 16 de junio de 2013, y posteriormente, el proyecto fue
debatido y aprobado en sesión de 24 de abril de 2013. El proyecto fue anunciado
para debate en sesiones conjuntas de las Comisiones Segundas de Senado y Cámara
el 17 de abril de 2013 (GC 456 y 458/13. actas 28 y 29 respectivamente). La
discusión tuvo lugar el 24 de abril, y ese mismo día la ponencia fue aprobada.
El debate en Plenaria de Senado fue anunciado el 7 de mayo de 2013 (Acta 58,
07/05/13, GC 472/13). El proyecto fue discutido y votado el 8 de mayo de
2013.El debate en Plenaria de Cámara fue anunciado el 30 de abril de 2013 (Acta
201 de esa fecha; GC 578/13), y fue votado y aprobado el 14 de mayo de 2013.
En cuanto al
término entre debates, existió mensaje de urgencia, de manera que el Presidente
solicitó sesión conjunta de las comisiones segundas de Senado y Cámara, por lo
que el requisito del artículo 160 se reduce a que no exista un lapso inferior a
8 días entre el primer y el segundo debate. Entre la terminación del primer
debate en las sesiones conjuntas, el 24 de abril de 2013, y la iniciación del
segundo debate, en Plenaria de Cámara el 7 de mayo de 2013, pasaron más de 8
días. El proyecto fue discutido y aprobado respetando las reglas sobre quórum
establecidas en el artículo 145 de la
Constitución Política.
En el tercer
aparte del escrito, referente al análisis material de constitucionalidad,  el
Ministerio manifestó que el Acuerdo Marco desarrolla los artículos 226 y 227 de
la Constitución Política, relativos a la internacionalización de las
relaciones económicas y comerciales y la integración económica, social y
política con países de América latina y el Caribe, por lo que se trata de fines
de relevancia constitucional, que pueden ser alcanzado mediante tratados y
convenios internacionales, especialmente, en lo que hace a la integración
latinoamericana,  por la que propende el artículo 227 Superior.
Además, el
Acuerdo es manifestación de la
Soberanía Nacional, como lo afirmó la Corte en sentencia C-1189 de 2000, al
explicar que la soberanía debe entenderse como independencia para ejercer las
funciones del Estado, y en sentencia C-621 de 2001, donde precisó que la
soberanía permite al Estado aceptar libremente obligaciones recíprocas en el
plano internacional.
Por otra parte,
indicó que los artículos 150.16, 226 y 227 de la
Constitución consagran los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia
nacional como orientadores de las negociaciones de tratados internacionales, y
que la arquitectura institucional establecida por el Acuerdo garantiza un trato
equitativo de todos los Estados partes de la
Alianza.
El numeral 5º
del artículo 4º del Acuerdo Marco dispone que el Consejo de Ministerios sesione
solamente con la presencia de todas las partes. Así mismo, el artículo
5º establece que todas las decisiones del Consejo de Ministros y otros acuerdos
de la Alianza del Pacífico se adoptarán por consenso; el artículo 11
establece que la adhesión de nuevos Estados estará sujeta a la aprobación por unanimidad
del Consejo de Ministros; y el artículo 10º establece la misma regla de unanimidad
para otorgar la calidad de Estado Observador a los Estados no partes. De
igual forma, el artículo 7º dispone la presidencia pro tempore, ejercida
sucesivamente por cada una de las partes.
Esas
disposiciones garantizan la participación igualitaria de los países de la
Alianza en el Consejo de Ministros; prevén los mismos derechos en los
procedimientos de toma de decisiones; permiten que cualquier miembro se oponga
a la adhesión de nuevos miembros a la
Alianza, o a la participación de otros Estados; facultan a las partes para
denunciar el tratado, y aseguran el ejercicio de la presidencia pro tempore,
lo que demuestra que el Acuerdo asigna cargas y obligaciones de manera
equilibrada, objetiva y justa.
La consolidación
de una zona de libre comercio supone un sistema de concesiones mutuas para la
libre circulación de bienes y servicios entre sus territorios. La libre
circulación de capitales y promoción de inversiones plantea un sistema de
concesiones mutuas. Se cuenta también con disposiciones que facilitan el
tránsito migratorio y la circulación de personas de negocios.
El Ministerio
concluye aduciendo que el Acuerdo Marco de la
Alianza del Pacífico se ajusta a los postulados de los artículos 2º y 366
Superiores, pues es un instrumento idóneo para alcanzar fines del esenciales
del Estado, como el mejoramiento de la calidad de vida, la eliminación de la
pobreza y la desigualdad, la prosperidad general y el bienestar general.
Además, porque su adhesión exige la vigencia del Estado de Derecho, la
democracia, la separación de poderes, y la protección de los derechos humanos.
2. Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia, Andi
La Asociación de
Empresarios, Andi, solicitó a la
Corte Constitucional declarar la exequibilidad del Acuerdo Marco de
la Alianza del Pacífico y de su ley aprobatoria.
En relación con
el trámite, indicó que el proyecto de ley fue presentado ante el Senado por los
Ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio, Industria y Turismo.
La ponencia para
primer debate fue publicada en GC 888 de 2012 y como recibió mensaje de
urgencia, la ponencia para sesión conjunta de la comisión segunda de ambas
cámaras fue publicada en la GC 205 de 2013. La discusión y aprobación en primer
debate tuvo lugar en sesión conjunta el 24 de abril de 2013 (Acta 01 GC 549 de
2012). El anuncio en la comisión segunda de la
Cámara fue realizado el 17 de abril de 2013 (Acta 28; GC 558 de 2013). El
anuncio de Comisión Segunda fue realizado el 17 de abril de 2013 (Acta 29; GC
456/13) El texto aprobado en primer debate fue publicado en GC 250 y 251 de
2013.
La ponencia para
segundo debate ante la Plenaria del Senado fue publicada en GC 250 de 2013, y
se aprobó el Proyecto en segundo debate el 8 de mayo de 2013 (Acta 59; GC
580/13). El anuncio fue realizado el 7 de mayo de 2013 (Acta 58; GC 472 de
2013), y el texto aprobado en segundo debate fue publicado en GC 280 de 2013).
La ponencia para segundo debate en Plenaria de la
Cámara fue publicada en la GC 251/13, y el Proyecto fue aprobado en esa célula
en segundo debate el 7 de mayo de 2013, como consta en el Acta 202, GC 610 de
2013. El anuncio fue realizado el 30 de abril de 2013, como consta en Acta 201
(GC No. 578 de 2013). El texto aprobado en segundo debate, fue publicado en la
GC 283 de 2013. En consecuencia, la Andi no observa vicios en la suscripción
del Acuerdo, ni en el trámite ante el Congreso de la
República.
En cuanto al
contenido material, estima que es de la mayor conveniencia para el país. Además
“no encuentra en el contenido de dicho Acuerdo, disposición alguna que
contravenga la Constitución Política colombiana. Por el contrario, encuentra
que este Acuerdo es completamente acorde con lo dispuesto por los artículos 9º
y 227, en la medida en que propende por la integración económica y social de
varios países de la región”.
3. Universidad Externado de Colombia
La intervención
presentada por esta institución educativa, inicia con consideraciones generales
acerca del Acuerdo Marco objeto de revisión. Refiere que el citado instrumento
plantea pautas generales para futuras acciones conjuntas y establece mecanismos
de gobernanza. Afirma que de tiempo atrás, Colombia tiene procesos de
integración económica con las demás naciones integrantes de la
Alianza Pacífico. Con Perú, en el Acuerdo de Cartagena; con México, por el
tratado inicialmente conocido como G3; y con Chile por acuerdos de
complementación económica y libre comercio vigentes.
Desde el tratado
de Montevideo de 1980, el modelo más dinámico de integración latinoamericana ha
sido el de los acuerdos bilaterales o plurilaterales, pues se ajustan a las
características y prioridades de los países participantes, logrando mayor
velocidad en la consecución de sus fines. La
Alianza del Pacífico se inscribe en esa tradición, y es un medio eficaz e
idóneo para acelerar y profundizar la integración de los cuatro contratantes.
En consecuencia,
solicita declarar la constitucionalidad de la
Ley 1628 de 2013 y el Acuerdo Marco de la
Alianza del Pacífico.
4. Federación
Nacional de Comerciantes - Fenalco
La intervención
de la Federación Nacional de Comerciantes conceptuó que el Acuerdo Marco de la
Alianza del Pacífico y su ley aprobatoria se ajustan a la
Constitución, pues señala que el proceso de negociación y suscripción se
desarrolló en armonía con los principios establecidos en los artículos 9º, 150,
189, 226 y 241 Superiores. Además porque fue resultado de una iniciativa del
Presidente de la República, director de las relaciones internacionales, la
aprobación cumplió con lo dispuesto en el artículo 150 Superior y fue remitido
para control de la Corte, última etapa para su perfeccionamiento.
Desde el punto
de vista material afirma que el Acuerdo se basa en los principios de
democracia, soberanía nacional y Estado de Derecho. El artículo 2º de la
Ley aprobatoria establece que para hacer parte de la
Alianza son requisitos esenciales la vigencia del Estado de Derecho, la
democracia, la separación de podres y la protección, promoción, respeto y
garantía de los derechos y libertades fundamentales, acorde con los principios
establecidos en el artículo 1º de la
Carta. De igual manera, constituye una manifestación de la soberanía Nacional,
y un mecanismo para la integración latinoamericana y del Caribe, prevista en el
artículo 9º constitucional.
Sostiene además
que el Acuerdo responde al mandato del artículo 226 de la
Constitución, según el cual el Estado debe promover la internacionalización de
las relaciones políticas, económicas y comerciales, fin establecido por el
artículo 226 Superior.
Finalmente,
considera que los objetivos del Acuerdo, no solo se enmarcan dentro de los
principios de la Constitución del 91, sino que presentan plena armonía con los
fines del Estado, tal y como los define el artículo 2º de la
Carta. “Se afirma lo anterior, teniendo en cuenta que la suscripción,
aprobación y ejecución del acuerdo Marco de la
Alianza Pacífico, constituye una herramienta de gran importancia para el
comercio en Colombia, lo que genera un beneficio para la comunidad, para la
prosperidad y la competitividad nacional. El acuerdo propende, entre otros
aspectos, por la facilitación del comercio y cooperación aduanera, la
desgravación arancelaria, la imposición de medidas sanitarias para facilitar la
libre circulación de bienes y servicios y así evitar obstáculos innecesarios al
comercio, así como el consenso sobre normas técnicas entre los países miembros,
con la finalidad de que se reduzcan al máximo las barreras del comercio
transnacional”.
5. Universidad
del Rosario
La Institución
comienza por aclarar que no efectuará comentarios sobre la constitucionalidad,
ni la aprobación en el Congreso de la Ley 1628 de 2013, sino que se refiere
exclusivamente a la constitucionalidad del Tratado.
El Acuerdo Marco
de la Alianza del Pacífico fue suscrito por el Presidente de la
República, y presentado ante el Congreso de la
República por los Ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio, cumpliendo
con los requisitos de representación para la suscripción de tratados. La
Corte ha declarado previamente la constitucionalidad de tratados relativos a
la apertura de nuevos mercados, por lo que ninguno de los artículos de este
Acuerdo podría ser declarado inexequible. “Sin embargo, el artículo 12
requiere de un especial análisis en la medida que lo relativo a la solución de
controversias (sic). Esto en la medida que se trataría de un nuevo tratado que
genera nuevas obligaciones para el Estado colombiano. En consecuencia,
siguiendo la jurisprudencia constante de la
Honorable Corte Constitucional, no se podría considerar como un Acuerdo en
forma simplificada y deberá tener un trámite pleno ante las tres ramas del
poder público”.
6. Universidad
del Cauca
A través de
concepto rendido por una docente del área de derecho internacional, ciudadana
colombiana, y por un grupo de estudiantes de la
Institución, la Institución presentó concepto a favor de la constitucionalidad
de la Ley 1628 de 2013 y el Acuerdo Marco de la
Alianza del Pacífico.
En un primer
acápite se refieren a los antecedentes de la
Alianza del Pacífico y las distintas cumbres en que se ha ido desarrollando el
proceso de integración, y concluye que el Acuerdo cumplió las etapas de
negociación, adopción, autenticación y confirmación presidencial. A
continuación, señalan que el Acuerdo Marco requiere un desarrollo posterior,
pues al revisar su contenido se constata que se refiere a materias concretas y
limitadas, establecidas de una manera general, lo que permite que
posteriormente el Legislador regule la materia, dentro del marco de la presente
ley (1628/13) y en especial, con los artículos 2º y 3º, así como con las
garantías constitucionales y el respeto por los derechos fundamentales. Consideran
que los principios orientadores del Acuerdo, así como su preámbulo y las
obligaciones obedecen al cumplimiento de las obligaciones derivadas de los
artículos 9º, 226 y 227 de la Constitución, donde se establece el
relacionamiento político, social y económico con diferentes Estados, como “motor
fundamental de la política exterior”, permitiendo generar un impulso para
la integración de la comunidad latinoamericana.
Para
“efectos prácticos” indican que entienden la integración como un “proceso
mediante el cual un grupo de países eliminan determinadas barreras económicas
entre ellos”, y afirman que “lo anterior es una clara demostración del
interés de las partes al comprometerse al desarrollo de esta integración, ya
que a la luz de lo consagrado en el artículo tres numeral dos literales a, b y
c de este Acuerdo (…) la Alianza del Pacifico es un bloque económico que ha
superado el acuerdo comercial preferencial y ha avanzado en las etapas
iniciales de la integración, como son: la zona de libre comercio, la unión
aduanera, y los diferentes están obligados a desarrollar mecanismos par al
libre circulación de bienes, personas y capitales, en aras de construir un
Mercado Común”. En su parecer, Colombia cumple con los requisitos asociados
a un mayor desarrollo económico. La integración permite que países con
economías incipientes puedan aunar esfuerzos y reducir los costos de
industrialización al acceder a economías de escala, hacia el público y mercado
mundial. Explican que este Acuerdo cumple con los requisitos formales y
materiales de trámite previstos en la
Constitución, su articulado y marco conceptual, desarrolla de fondo los
principios y garantías constitucionales, en especial los postulados descritos
por la Corte Constitucional en diversos precedentes judiciales, donde ha establecido
que Colombia ha de participar activamente en el escenario internacional
permitiendo la integración latinoamericana.
7. Asociación Nacional de Comercio Exterior, Analdex.
La
intervención de esta Asociación se compone de consideraciones generales acerca
del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, e incorpora un resumen del
trámite legislativo del Acuerdo y su Ley aprobatoria. Respecto a las
consideraciones generales, sostiene que el Acuerdo promueve la soberanía
nacional, pues establece como requisito para la participación la vigencia del
Estado de Derecho, la democracia y los órdenes constitucionales de cada Estado.
De igual manera, ninguno de los compromisos asumidos por Colombia supone
irrespeto de los preceptos constitucionales de cada uno de los firmantes, o
violación a las normas superiores de la
Constitución.
La Alianza
tiene como uno de sus propósitos el convertirse en plataforma de articulación
política, de integración económica y comercial, “de cara al Asia Pacífico”.
Transciende la promoción de la internacionalización de las relaciones
económicas y persigue objetivos de interés primordial y común, relacionados con
un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de las
partes para lograr mayor bienestar, superar la desigualdad socioeconómica y
lograr la inclusión social de sus habitantes, todo ello bajo los principios de
equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, en la medida en que “las
partes signatarias asumen los mismos compromisos”. La complementariedad de
las economías de los países firmantes, junto con unas reglas de origen más
acordes con las tendencias mundiales de generar cadenas de valor, permitirán
incrementar las exportaciones a los países partes y a otros mercados
internacionales, especialmente en el sector industrial. Además, los cuatro
países reúnen 214 millones de habitantes, lo que equivale a una tercera parte
de la población latinoamericana. Los indicadores económicos demuestran la
estabilidad de la  economía de los cuatro países que conforman la
Alianza.
Indica
que aunque las economías de Colombia, México, Perú y Chile ya se encuentran “altamente
integradas” porque cuentan con acuerdos comerciales vigentes, la iniciativa
de la Alianza del Pacífico busca consolidar relaciones comerciales equitativas,
crear un bloque comercial, económico y político que le dé mayor visibilidad y
relevancia, y mayor capacidad negociadora frente a países del Asia Pacífico a
la vez que constituye una oportunidad de integración y búsqueda de nuevos
mercados. Sostiene que los objetivos sociales del Acuerdo van en línea con
mandatos constitucionales que desarrollan el principio de conveniencia
nacional. La similitud de las economías y búsqueda de objetivos comunes puede
observarse en el “coeficiente de Gini”. Está comprobado que el comercio
internacional contribuye al crecimiento y desarrollo económico, a la generación
de empleo y puede desempeñar un papel importante en la reducción de la pobreza.
La integración
con los países de América Latina comenzó con el Acuerdo de Cartagena, que dio
origen a la Comunidad Andina de Naciones, y ha tenido avances gracias al
Acuerdo de Montevideo, que creó la
Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi). Este Acuerdo constituye un
paso adicional hacia la integración con Latinoamérica, al consolidar la
relaciones comerciales entre sus cuatro miembros, y profundizar las relaciones
políticas y sociales, mediante compromisos recíprocos como la coordinación para
la prevención y lucha contra la delincuencia. En cuanto al trámite legislativo
señala que el Gobierno Nacional presentó a consideración del Congreso el
Proyecto de Ley 118/12 Senado, 268/12 Cámara, por medio de los Ministros de
Relaciones Exteriores y de Comercio, Industria y Turismo, el 19 de septiembre
de 2012. El proyecto, publicado en GC 625 de 19 de septiembre de 2012, surtió
su trámite en primer debate en sesión conjunta de las comisiones segundas del
Senado y Cámara y fue aprobado el 24 de abril de 2013. El 8 de mayo de 2013 fue
aprobado en Segundo debate en Plenaria y los días 7 y 14 de mayo fue aprobado
en segundo debate en la Sesión Plenaria de la
Cámara de Representantes. Previo cumplimiento de los debates reglamentarios,
se procedió a su sanción presidencial y publicación en el diario Oficial 48.798
de 22 de mayo de 2013.
Universidad
de Antioquia
En concepto remitido por la
Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Antioquia, se expresa que la
Alianza es un paso importante para la integración económica del país con las
demás economías regionales, y “nos posiciona como un destino atractivo a la
inversión mundial”.
Fenalce, Gremio de
cereales, leguminosas y frijol soya, en escrito remitido por vía fax afirma que
todo tratado debe contar con instrumentos de defensa comercial que protejan al
agricultor nacional ante situaciones coyunturales desfavorables.
Intervención
Ciudadana
8. El ciudadano
Andrés Espinosa Fenwarth intervino refiriéndose a que la
Ley Aprobatoria del Acuerdo Marco de la
Alianza del Pacífico No. 1628 de 2013, adolece de algunos vicios de
constitucionalidad en lo que se refiere al aspecto formal y material.
En lo atinente
al aspecto formal, indica que la publicación del contenido de la ley se hizo de
manera incompleta, pues al examinar la ley transcrita de las fuentes públicas
conocidas, incluida la versión el Ministerio de Relaciones Exteriores que
contiene la exposición de motivos, falta la última página, que incluye el texto
completo referente a los artículos 16, norma sobre vigencia y denuncia;
el artículo 17 o artículo final, referente al reconocimiento de Costa Rica y
Panamá como estados observadores en la
Alianza, y las firmas de las partes, los Presidentes de Colombia, Chile, los
Estados Unidos Mexicanos y Perú. Precisa que esta omisión pudo generar errores
en su aprobación ante el Congreso.
Frente al
aspecto material, la Ley 1628 de 2013 desconoce los postulados del Estado
Social de Derecho, así como los principios de equidad igualdad y reciprocidad
(arts. 2º y 227 Superiores). El artículo 2º del Acuerdo excluye los principios
relacionados con las políticas sociales de rango constitucional, y por lo
tanto, la fórmula del Estado social de derecho: “No pueden soslayarse en ningún
tratado internacional (…) aplicable en casos como este, mandatos que son
consubstanciales con los principios democráticos de la
República de Colombia. (…) La Ley aprobatoria del Acuerdo Marco de la
Alianza del Pacífico contiene vicios de constitucionalidad en lo atinente a su
artículo primero, al cercenar los preceptos sociales de nuestro ordenamiento
jurídico, y en particular, en lo que atañe a la concepción de nuestra
República” como Estado social de derecho. Tampoco satisface el artículo 227,
pues “no existe articulado alguno que permita rendir el mismo concepto respecto
de la exigencia constitucional vinculada a la ‘celebración de tratados (…)
sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad”. El Acuerdo no prevé en
ninguna de sus normas, una medida para satisfacer los principios
constitucionales de equidad, igualdad y reciprocidad. En escrito posterior, el
ciudadano señaló que el artículo 8º del Acuerdo podría violar el 150 de la
Constitución Política, pues al “ahondar” en las relaciones con los
países de la Alianza, puede modificar las leyes por las que se aprobaron los
acuerdos de libre comercio con cada uno de esos países.
Intervenciones extemporáneas
La Universidad de Pasto conceptuó que
el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico “se ajusta a los lineamientos de la
Carta que establece que el país, su Gobierno, debe privilegiar la integración
económica con los países latinoamericanos. La Universidad
del Magdalena, a través de una docente del Programa de Economía,
después de efectuar una reseña sobre el contenido del Acuerdo, afirmó que se
ajusta a la Constitución Política y, especialmente, desarrolla el artículo 227
Superior.
IV.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN
El
Procurador General de la Nación, mediante concepto No. 5679, del 20 de
noviembre de 2013, solicita a la
Corte Constitucional declarar la exequibilidad del “Acuerdo Marco de la
Alianza del Pacífico entre la República de Colombia, República de Chile, los
Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, firmado en la ciudad de
Antofagasta, Chile, el seis de junio de 2012”,
y la Ley 1628 del 22 de mayo de 2013, que lo aprueba. Su análisis y las razones
de su solicitud se resumen a continuación:
En cuanto al trámite legislativo, el
Ministerio Público afirma que se cumple con el requisito del art. 154
Constitucional, al ser presentado por el Gobierno al Senado el 19 de septiembre
de 2012, previa publicación del proyecto (art. 157.1). Se puede verificar que
el texto original del proyecto, junto con su respectiva exposición de motivos,
aparecen publicados en la Gaceta del Congreso 625 de 19 de septiembre de 2012.
La vista fiscal encuentra que el texto original del proyecto, junto con su
respectiva exposición de motivos, aparecen publicados en la
GC 625 de 19 de septiembre de 2012. La ponencia para primer debate fue
presentada por el Senado tal y como consta en la
GC 205 del 16 de abril de 2013. El proyecto de ley fue anunciado en la
Comisión Segunda del Senado y Cámara el 17 de abril de 2013 (Gacetas 456 del
27 de junio de 2013. Acta 29 y 558 del 26 de julio de 2013 Acta 28). El primer
debate tuvo lugar el día 24 de abril de 2013 en sesión conjunta de las
Comisiones Segundas de Senado y Cámara (GC  454 del 27 de junio de 2013 Acta
01), en atención al mensaje de urgencia enviado por el Gobierno, con fundamento
en el artículo 163 Superior, en concordancia con el artículo 191 de la
Ley 5ª de 1992.  Esta sesión se realizó con sujeción a las reglas previstas en
los artículos 169 a 173 de la Ley 5ª de 1992, y de acuerdo a la competencia
asignada en la Ley 3ª de 1992, modificada por la
Ley 754 de 2002. La proposición final fue aprobada por 9 votos a favor y
2 en contra; el articulado propuesto, 7 votos a favor y 1 en contra; el título
del proyecto de ley así como el deseo que este tenga segundo debate, 7 votos a
favor y 1 en contra. En la Comisión Segunda de la
Cámara, la proposición obtuvo 12 votos a favor y 1 en contra, y tanto el
articulado como el título fueron aprobados por 10 votos a favor y 1 en contra.
Respecto al trámite en el Senado para
segundo debate, la ponencia junto al texto definitivo aprobado en primer debate
aparece publicada en la GC 250 del 30 de abril de 2013. El proyecto de ley fue
anunciado en dos ocasiones (la primera GC 471 del 8 de julio de 2013. Acta 57;
la segunda, en la sesión del 7 de mayo de 2013, tal y como consta en la
GC 472 del 8 de julio de 2013. Acta 58) y aprobado el día 8 de mayo de 2013
(GC 507 del 22 de julio de 2013. Acta 59). Al segundo debate asistieron 92 de
los 98 senadores y la proposición final fue aprobada con 58 votos a favor y 9
en contra, la omisión de la lectura del articulado obtuvo 54 votos a favor y 7
en contra y el título del proyecto de ley así como el deseo que este sea ley de
la República arrojó como resultado 55 votos a favor y 8 en contra.  En
relación con el trámite en la Cámara de Representantes, se presentó la
respectiva ponencia como consta en la GC 251 del 30 de abril de 2013. El
proyecto fue anunciado en la Cámara el 30 de abril de 2013 (GC 578 del 31 de
julio de 2013. Acta 201), posteriormente discutido y aprobado en sesión del 7
de mayo de 2013 (GC 610 del 12 de agosto de 2013. Acta 202) y se sometió a
consideración el informe con que terminó la ponencia 74 votos a favor y 19
votos en contra; y el articulado del proyecto, con 70 votos a favor y 14 en
contra.
Sin embargo, en este debate se presentó
un vicio de procedimiento, toda vez que al momento de verificarse la votación
para la aprobación del título y la pregunta si quieren que el proyecto sea ley
de la República, hubo un Representante que votó doble vez, razón por la cual se
procedió con la respectiva corrección realizándose el anuncio el 8 de mayo de
2013 (GC 656 del 30 de agosto de 2013. Acta 203) y la votación, ésta última
llevada a cabo el 14 de mayo de 2013 con 81 votos a favor y 11 en contra. (GC
31 de julio de 2013. Acta 204). La
Procuraduría constata que la votación en la totalidad de debates respetó los
lineamientos del Acto Legislativo 01 de 2009, es decir, se realizó de forma
nominal y pública. En consecuencia, citando la sentencia C-446 de 2009 de esta
Corte, afirma que el proceso de formación del proyecto en comento, se
ajusta a lo previsto en el primer párrafo del artículo 160 Superior. “Como
se dijo en su momento, al mediar un mensaje de urgencia, el proyecto se tramitó
en primer debate en sesión conjunta de las Comisiones Segundas de ambas
cámaras. Dada esta circunstancia, no es posible aplicar la norma según la cual
entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del
debate en la otra debe mediar un término de 15 días”.  Finalmente,
indica que la ley fue remitida a la
Corte Constitucional dentro del término de 6 días siguientes a la sanción
presidencial, en cumplimiento del artículo 241.10 Superior.
En cuanto al contenido material, el
representante del Ministerio Público expresa que el texto del
Acuerdo se enmarca dentro del propósito de Colombia de incrementar su presencia
internacional, consolidando, en este caso, acuerdos comerciales vigentes con
los Estados que hacen parte de la Alianza del Pacífico, desarrollando acciones
que permitan avanzar en una serie de temas como el tránsito migratorio,
promoción de las inversiones entre las Partes y el intercambio comercial de
bienes y servicios. Luego
de analizar el contenido de las cláusulas del Acuerdo, considera que son
concordantes con los postulados del preámbulo de la
Constitución, en cuanto al objetivo de impulso de la comunidad
latinoamericana; con el artículo 226 superior, según el cual la
internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y
ecológicas del Estado se hará sobre bases de equidad, reciprocidad y
conveniencia nacional; y con el artículo 227 Superior, que se refiere a la
función del Estado de promover la integración económica, social y política con
las demás naciones y especialmente, con los países de América Latina y del
Caribe mediante la celebración de tratados.
La Procuraduría considera que
el Acuerdo, al establecer en su artículo 4º un órgano permanente y único de
formulación de políticas y de orientación de la
Alianza del Pacífico en el ámbito de los objetivos del mismo instrumento, en
nada contraría la Constitución. En relación con la resolución de diferencias
sobre la interpretación o aplicación de las disposiciones del Acuerdo prevista
en el artículo 12, expresa que las disposiciones incluidas armonizan con
los principios de soberanía nacional y autodeterminación de los pueblos
reconocidos por Colombia, a los cuales está obligado nuestro país, según lo
preceptúa el artículo 9 de la
Carta Política. Por esas razones conceptúa que el convenio en revisión es
constitucional también desde el punto de vista material.
V.
CONSIDERACIONES DE LA
CORTE
Competencia de la
Corte Constitucional en materia de tratados y de leyes aprobatorias de
tratados.
El artículo 241
numeral 10 de la Constitución atribuye a la
Corte Constitucional la competencia para examinar la constitucionalidad de los
tratados internacionales y de las leyes aprobatorias de los mismos. Como lo ha
establecido la jurisprudencia de esta Corporación, dicho control se caracteriza
por ser (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la
aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues
debe ser enviado directamente por el Presidente de la
República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la
sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la
Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley
y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene
fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la
ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva,
pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la
Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del
Estado colombiano.[4]
El control sobre
los aspectos formales de los tratados internacionales y sus leyes aprobatorias
se encamina tanto a examinar la validez de la representación del Estado
colombiano en los procesos de negociación y celebración del instrumento y la
competencia de los funcionarios en la negociación y firma del tratado, como el
cumplimiento de las reglas de trámite legislativo en la formación de la ley
aprobatoria en el Congreso. Entretanto, el examen de la validez material
requiere confrontar las disposiciones del tratado internacional que se revisa y
el de su ley aprobatoria con la totalidad de la normativa constitucional. Ha
destacado la Corte que dicho examen debe ceñirse a los aspectos jurídicos, sin
abordar cuestiones de conveniencia, oportunidad, utilidad y eficiencia.[5]
Con fundamento en estas consideraciones, pasa la
Corte a examinar la ley aprobatoria y el convenio de la referencia.
Revisión
sobre la validez del procedimiento de formación de la
Ley 1628 de 2013
1.1.
Remisión de la ley aprobatoria
El 28 de mayo de
2013 la Secretaria Jurídica de la
Presidencia de la República remitió copia auténtica de la
Ley 1628 de 22 de mayo de 2013, “por medio de la cual se aprueba el
Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico entre la
República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la
República del Perú, firmado en la ciudad de Antofagasta, Chile, el seis de
junio de 2012”,
para
efectos de su revisión constitucional.[6]
La sanción
presidencial tuvo lugar el 22 de mayo de 2013, así que el envío a la
Corte se efectuó dentro del término de seis días después de su sanción,
establecido en el artículo 241 (numeral 10º) de la
Constitución Política (Folio 16).
1.2. Negociación y celebración del Tratado
En escrito
radicado en la Secretaría de la
Corte Constitucional el 03 de julio de 2013,[7] el
Ministerio de Relacion2es Exteriores manifestó que el Acuerdo Marco de la
Alianza del Pacífico fue suscrito en nombre y representación del Estado
colombiano por el señor Presidente de la
República, señor Juan Manuel Santos Calderón. Indicó que, en ejercicio del ius
representatios y de acuerdo con el numeral 2º del artículo 189 de la
Constitución Política, que asigna al Presidente de la
República la dirección de las relaciones internacionales, no fueron expedidos
plenos poderes, lo que además resulta concordante con el literal a), numeral 2º
del artículo 7º del a Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de
1969.
Sobre los
funcionarios facultados para suscribir tratados sin la presentación de plenos
poderes, la Corte Constitucional explicó en sentencia C-933/06[8]
“el deber constitucional de revisar los tratados internacionales y
las leyes que los aprueban, incluye el examen de las facultades del
representante del Estado colombiano para negociar, adoptar el articulado
mediante su voto y autenticar el instrumento internacional respectivo, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 7
a 10 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados
de 1969. || El artículo 7 de la citada Convención dispone que la
representación de un Estado para todo lo relativo a la celebración de un
tratado es válida en cualquiera de los siguientes casos: (1) cuando la persona
delegada presenta los adecuados plenos poderes (7.1-a); (2) si de la práctica
del Estado, o de otras circunstancias, se deduce que existe la intención de
considerar a la persona que participa en la negociación como la representante
del Estado para esos efectos, prescindiendo de la presentación de plenos
poderes (7.1-b); o (3) cuando se deduce de las funciones que cumple la persona
delegada, sin tener que presentar plenos poderes (7.2). En este último caso, el
mismo artículo considera que, por razón de sus funciones, representan a su
Estado para los efectos de negociar y adoptar el texto de un tratado: (i) los
jefes de Estado, jefes de Gobierno y ministros de relaciones exteriores
(7.2-a); (ii) el jefe de la misión diplomática ante el Estado con el cual se va
a celebrar (7.2-b) y (ii) el representante acreditado por el Estado ante una
conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de los
órganos de ésta (7.2-c)”.[9]
1.3. Aprobación presidencial
El 19 de julio
de 2012, el Presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón impartió
Autorización Ejecutiva y dispuso someter a aprobación del Congreso de la
República el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. Para tal fin, la
Ministra de Relaciones Exteriores y el Ministro de Comercio, Industria y
Turismo presentaron a consideración del Congreso el proyecto de ley aprobatoria
correspondiente.[10]
1.4. Trámite de
formación de la Ley 1628 de 2013 en el Congreso de la
República.
Las
leyes aprobatorias de tratados internacionales deben seguir el mismo
procedimiento de formación previsto para las leyes ordinarias, regulado en los
artículos 157 a 169 de la Carta y en el Reglamento del Congreso (Ley 5ª de
1992). La única previsión específica establecida en la
Constitución para este tipo de leyes es que su trámite debe iniciar en el
Senado de la República, conforme a lo dispuesto en el artículo 154 inciso final.
A
continuación, se examina el trámite impartido al Proyecto de Ley 118 de 2012
Senado y 269 de 2013 Cámara, con el fin de establecer si se realizó de
conformidad con las normas citadas.
El trámite del Proyecto de Ley 118
de 2012 Senado y 269 de 2013 Cámara, en la
Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado
1.4.1.1
El Proyecto de Ley 118 de 2012 Senado y 269 de 2013 Cámara fue presentado el 19
de julio de 2012 por la Ministra de Relaciones Exteriores ante la
Secretaría del Senado de la
República.[11] El
texto original junto con la respectiva exposición de motivos fueron publicados
en la Gaceta del Congreso de la
República No. 625 del 19 de septiembre de 2012.[12]
Mensaje de
urgencia y aprobación de las Mesas Directivas de ambas cámaras.
El Señor Presidente de la
República solicitó dar trámite de urgencia al Proyecto 118 de 2012 Senado, 269
de 2013 Cámara, por oficio de 3 de abril de 2013.[13]
Ambas cámaras aceptaron la petición, como consta en resolución 191 de 8 de
abril de 2013 de la Mesa Directiva del Senado de la
República (Folio 153) y en resolución 936 de la
Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, de 8 de abril de 2013 (Cámara
de Representantes, Folio 156). La ponencia para sesión conjunta se publicó en la
Gaceta del Congreso 205 de 2013 (Fls 145 – 150).[14]
Anuncio para
votación en la Comisión Segunda del Senado de la
República
El 17 de abril
de 2013, el Secretario de la
Comisión Segunda del Senado, a instancias del Presidente de esa célula
legislativa anunció
el proyecto para discusión y aprobación en sesión conjunta del “miércoles 24
de abril”. Posteriormente, reiteró que la siguiente sesión tendría lugar el
“próximo 24 de abril, a partir de las 10
a.m.” y (una vez más), el Presidente de la
Comisión Segunda levantó la sesión y convocó a los congresistas a sesionar el “próximo
miércoles 24”.[15]
Anuncio en
Cámara de Representantes, previa sesión conjunta
El 17 de abril
de 2013,[16] la Secretaria de la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, por instrucciones del
Presidente de la citada Comisión, anunció el proyecto 118 de 2012 Senado y 269
de 2013 Cámara para discusión y votación en sesiones conjuntas, el “próximo
miércoles” 24 de abril de 2013, indicando que la sesión comenzaría “a las 10 de
la mañana”.[17]
Votación en
sesión conjunta. Comisión Segunda de la
Cámara.
De acuerdo con
el acta 01 de 27 de abril de 2013, publicada en la
Gaceta del Congreso 454 de 2013, se adelantó votación nominal y pública
del articulado de la Ley 1628 de 2013.[18]
La votación para articulado y título tuvo el siguiente resultado: 10
Representantes a favor del articulado, y un voto negativo. 10 representantes a
favor del título y de dar debate en Plenaria de Cámara y un Representante en
contra.[19]
Resultado de la
votación en sesión conjunta, para la
Comisión Segunda del Senado de la
República.
En la sesión conjunta de 24 de abril se efectuó votación nominal y
pública en la Comisión Segunda del Senado sobre la ponencia del proyecto 118
Senado y 269 Cámara. Se presentaron 7 votos a favor del articulado y uno en
contra, e idéntico resultado se produjo en relación con el título del proyecto
de ley y la voluntad de dar segundo debate en plenaria del Senado (GC-454/13
pg. 25 y pg. 26).[20]
Trámite en la
Plenaria del Senado de la República.
Anuncio para
discusión y votación.
En la
Plenaria del Senado, el proyecto 118 de 2012 Senado y 269 de 2013 Cámara fue
anunciado el 30 de abril de 2013 por el Secretario y por instrucciones de
Presidencia de la Plenaria, usando la expresión “para la próxima sesión”.
Posteriormente, se precisó que esa sesión se llevaría a cabo el 7 de mayo de 2013,[21] y ese 7 de mayo,
en efecto, se inició la discusión del proyecto. Considerando que no existía “suficiente
ilustración” se aplazó la votación, y se anunció que se llevaría a cabo en
la siguiente sesión, convocada para el 8 de mayo de 2013.[22]
Votación del proyecto 118 de 2012 Senado y 269 de 2013 Cámara, en la
Plenaria del Senado.
La proposición positiva del informe de
ponencia fue votada nominalmente y obtuvo 58 votos a favor y 9 en contra, de un
total de 67 votos. El articulado fue votado en bloque, de forma nominal, con un
resultado de 54 votos por el sí y 7 votos por el no. El título y la voluntad de
hacer del proyecto una Ley de la República se aprobó con un resultado de 55
votos a favor y 8 en contra, de un total de 63.[23]
El texto aprobado por la Plenaria del Senado fue publicado en la
Gaceta del Congreso 280 de 15 de mayo de 2013.[24]
Trámite
del Proyecto 118 de 2012 Senado y 269 de 2013 Cámara, en la
Plenaria de la Cámara.[25]
Anuncio
efectuado en la Plenaria de la Cámara.
De acuerdo con la
Gaceta del Congreso 578 de 2013, el proyecto fue anunciado el 31 de julio de
2013, para ser discutido y votado en la sesión de 7 de mayo. Posteriormente, se
efectuó la correspondiente citación para el martes 14 de mayo a las 3 de la
tarde.[26]
Votación
en la Plenaria de la Cámara de Representantes.
Antes de relatar
lo ocurrido durante la votación del Proyecto 118 de 2012 Senado y 269 de 2013
Cámara es oportuno indicar que el título fue votado en dos oportunidades, debido
a un error en el conteo de la primera votación. Ese error consistiría en que el
voto de un Representante fue contabilizado dos veces. A continuación, se
describe lo ocurrido.
El proyecto fue
votado nominalmente en la Plenaria de la
Cámara de Representantes el 7 de mayo de 2013. El informe de ponencia fue
aprobado por 74 votos a favor y 19 en contra el articulado por 70
a favor y 14 en contra, y el título por 69
a favor y 15 en contra.[27]
Sin embargo, en la siguiente sesión, el 8 de mayo de 2013 se anunció que el
título sería votado nuevamente “en la siguiente sesión”, de 14 de mayo de 2013.
La Secretaría de la Cámara explicó de esta manera la situación:
“la
Secretaría les informa que de este proyecto de ley ya había sido aprobada la
ponencia, el articulado y está pendiente en este momento de aprobar el título y
la pregunta si quieren que este proyecto sea Ley de la
República, y la Secretaría le informa a la
Plenaria que en el momento de verificar la votación, hubo un representante que
votó doble vez, por eso se hace necesario volver a poner en consideración el
título y la pregunta del proyecto mencionado.” (GC-579/13, pág. 15).
En consecuencia, tanto el título como la
pregunta sobre la voluntad de convertir en Ley el proyecto estudiado, fueron
objeto de una nueva votación, que terminó con 81 votos a favor y 11 en contra.[28]
Plazo
entre debates.
El primer
aspecto que debe aclararse para determinar si se cumplió el requisito del plazo
entre debates es que el Proyecto 118 de 2012 Senado y 269 de 2013 Cámara fue
estudiado en primer debate en sesiones conjuntas. Con anterioridad, la
Corte Constitucional se ha cuestionado sobre la validez de la aplicación de
este procedimiento excepcional y abreviado para leyes aprobatorias de tratados,
especialmente, tomando en cuenta que la
Carta Política exige su iniciación en el Senado de la
República por tratarse de leyes asociadas a las relaciones internacionales.
Y la
Corte ha sostenido que esta posibilidad no vulnera el mandato constitucional,
pues la condición de que el proyecto se inicie en el Senado no involucra
el requisito -claramente más exigente- de que el proyecto culmine en esa célula
antes de iniciarse el procedimiento en Cámara de Representantes. En ese
sentido, satisfecho el requisito de presentar el proyecto ante la
Comisión Segunda del Senado, no se vulnera la
Constitución Política. Además, las Mesas directivas de cada Cámara están
facultadas para determinar la realización de sesiones conjuntas en primer
debate.[29]
El trámite en
sesiones conjuntas implica que el requisito previsto en el artículo 160 de la
Carta Política, a propósito de que medien al menos 8 días entre la aprobación
del proyecto en una Comisión y la iniciación de la discusión en la respectiva
Plenaria; y que exista un lapso no inferior a 15 días entre la aprobación en
una Plenaria y la iniciación de la discusión en la siguiente cámara, se reduce
al primero de los supuestos indicados. Es decir, al respeto por el plazo mínimo
de 8 días entre Comisión y Plenaria, en cada una de las cámaras.
En las sesiones
conjuntas de la Comisión Segunda de cada una de las Cámaras, el proyecto 118
Senado y 269 Cámara se aprobó el 24 de abril de 2013. La discusión en la
Plenaria del Senado se inició en la sesión de 7 de mayo de 2013  (GC 471 de
2013, página 57), al igual que en Plenaria de la
Cámara de Representantes (GC 578/13. Pg. 31). Entre el 24 de abril y el 7 de
mayo se cuentan más de 8 días calendario, de manera que el requisito fue
cumplido.
En ese orden de
ideas, la Sala considera que la discusión del proyecto cumplió con los
requisitos propios del trámite legislativo. Así, se suscribió por el Presidente
de la República, en ejercicio del ius representationis, fue presentado
al Congreso de la República para su aprobación, y específicamente ante la
Comisión segunda del Senado, como lo exige el artículo 154 constitucional. El
Presidente remitió al Congreso mensaje de urgencia, y su propuesta fue aceptada
por la Mesa Directiva de ambas cámaras, posibilidad constitucionalmente
legítima.
El proyecto fue
publicado en la Gaceta del Congreso, previo el inicio de la discusión. Durante
el trámite legislativo, se cumplió con la cadena de anuncios, la votación se
realizó de manera nominal y pública en cada uno de los debates.
La Sala observa, así
mismo, que en los anuncios se utilizaron expresiones de fechas determinadas
como “el 7 de mayo” o “el 24 de abril”, o bien, se utilizó la fórmula “para la
próxima sesión”, aclarando posteriormente en qué momento tendría lugar esa
sesión.[30]
Los anuncios fueron previos a la votación, como lo exige el artículo 8º del
Acto Legislativo 01 de 2003, además explícitos y unívocos en el sentido de
explicar el fin de la convocatoria (discutir y votar el proyecto de ley), y
respetaron el requisito de prever una fecha determinada o determinable.
Con todo,
existen dos aspectos del trámite en los que la
Sala se detendrá. El primero, la repetición de la votación del título de la
Ley en el tercer debate, en Plenaria de la
Cámara de Representantes. El segundo, la evaluación de una presunta irregularidad
del procedimiento, que ha sido puesta de presente por un ciudadano y
posteriormente por la Secretaría Jurídica de  Presidencia de la
República, consistente en la supuesta presentación del texto incompleto del
tratado para su aprobación en el Congreso de la
República y posterior revisión constitucional.[31]
En relación con
el primer aspecto, la Sala observa que se presentó una irregularidad en la
votación del título del proyecto. Tal como lo explicó la
Secretaria de la Cámara de Representantes, el error consistió en la
contabilización doble del voto de un congresista. Por ese motivo, en la sesión
siguiente se anunció una vez más la votación del título del proyecto,
considerando que no existió problema alguno frente al articulado y la
proposición aprobatoria, de acuerdo con la verificación interna. El anuncio se
efectuó entonces para la siguiente sesión, de 14 de mayo de 2013, y ese día, en
efecto, se adelantó la votación nominal y pública del título del proyecto.
La Sala estima que no
existe un problema de inconstitucionalidad en esa actuación, sino que, por el
contrario, la Cámara de Representantes, a través de su Secretaría obró
adecuadamente para preservar el sentido y la transparencia de la votación
nominal y pública. De igual manera, anunció la repetición de la votación, lo
que en principio, permitiría a los congresistas inconformes acudir a la
“segunda votación” para cuestionar el procedimiento legislativo, y ello no
ocurrió. Por el contrario, se repitió, y se obtuvo la aprobación del título del
proyecto. Así las cosas, la irregularidad fue corregida adecuadamente dentro de
la propia célula legislativa.
Existencia de un
vicio insubsanable en el trámite de la Ley 1628 de 2013, aprobatoria del
Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico
Ahora bien, en
este trámite se presentó una irregularidad consistente en que el Gobierno
presentó al Congreso, para su aprobación un texto incompleto del Acuerdo Marco
de la Alianza Pacífico. Así, mientras el Acuerdo consta de 17 artículos, el
proyecto publicado en la Gaceta 625 de 2012 solo llegaba hasta el inciso
primero del artículo 16, disposición compuesta por tres incisos. Los dos
incisos restantes del artículo 16, relativos a la denuncia del Tratado, y el
artículo 17, según el cual la República de Panamá y la
República de Costa Rica hacen parte de la
Alianza como Estados observadores, no fueron entregados para discusión en el
Congreso.
Esta
irregularidad fue puesta en conocimiento de la
Corte por un ciudadano, en el trámite participativo que caracteriza el control
de constitucionalidad de las leyes, y posteriormente, confirmada por la
Secretaría Jurídica de la Presidencia de la
República, órgano que mediante comunicación de 21 de enero de 2014, y por
iniciativa propia, remitió a la Corte información relacionada con
esta irregularidad.[32]
Además, es
posible confirmar la irregularidad al cotejar las distintas publicaciones
oficiales disponibles de la Ley 1628 de 2013 (Aprobatoria del Acuerdo Marco)
con la copia auténtica del instrumento, depositada en la
Cancillería y remitida a la Corte por la
Secretaría Jurídica de la Presidencia en el oficio citado en el párrafo precedente.
Mientras que en esas publicaciones oficiales (GC 625 de 2013 y Diario Oficial
48.498 de 22 de mayo de 2013) se presenta el Acuerdo hasta su artículo 16,
inciso 1º, en la versión del texto depositada en la
Cancillería existe una página en la que constan los incisos 2º y 3º del
artículo 16, el artículo 17 y las firmas de los representantes de los cuatro
países suscriptores del Tratado.
Este es el texto
de las disposiciones normativas que no fueron consideradas en el trámite
adelantado dentro del Congreso de la
República:
“[Artículo 16
[…]
2. El presente
Acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes mediante notificación
escrita al Depositario, que comunicará dicha denuncia a las demás Partes.
3. La denuncia
surtirá efectos una vez transcurrido el plazo de seis (6) meses desde la fecha
en que la notificación haya sido recibida por el Depositario.
Artículo 17.
Disposición Final.
Al momento de
entrada en vigor del presente Acuerdo Marco, la
República de Panamá y la República de Costa Rica forman parte de la
Alianza del Pacífico en calidad de Estados Observadores. || Suscrito en
Paranal, Antofagasta, República de Chile, el 6 de junio de 2012, en un ejemplar
original en el idioma castellano que queda bajo custodia del Depositario, el
cual proporcionará copias debidamente autenticadas del presente Acuerdo Marco a
todas las partes”. (Folio 366).
En conclusión,
el proyecto de Ley inicialmente publicado en la
Gaceta del Congreso 625 de 2012 (al momento de ser presentado por el Gobierno
ante el Congreso de la República) y la versión que se encuentra en el Diario
Oficial No. 48798 de 2013 van del artículo 1º al 16.1, y solo la copia
depositada en el Ministerio de Relaciones Exteriores presenta los incisos
faltantes del artículo 16, el artículo 17 y las firmas de los países que son
partes en el Tratado, y por lo tanto es allí donde reposa completo el Acuerdo.
En el escrito
recibido por parte de la Secretaría Jurídica de Presidencia de la
República, del 21 de enero de 2014, se reconoce la existencia del vicio, se
explica su origen, indicando que no es responsabilidad de la
Presidencia o el Gobierno, sino que se dio en la trascripción inicialmente
efectuada del Acuerdo por parte de la
Secretaría del Senado de la República, y se solicita a la
Corte hallar una solución para subsanar el vicio, en el marco del Reglamento
del Congreso.
De acuerdo con
esa información, el proyecto fue puesto a consideración del Congreso por la
Ministra de Relaciones Exteriores y el Ministro de Comercio, Industria y
Turismo. Con posterioridad al trámite de sanción presidencial, explica la
Secretaría Jurídica de la Presidencia, el Gobierno advirtió que por error
secretarial al trascribirse el texto del acuerdo sometido a aprobación se
omitió incluir la última página del Tratado, y que ese error se proyectó
durante todo el trámite legislativo. Por su importancia, se trascriben algunos
apartes del oficio al que se viene haciendo referencia:
“(…) al
contrastar el texto trascrito en la
Gaceta No. 625 de 19 de septiembre de 2012 con el texto que reposa en el Grupo
Interno de Trabajo de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores –y que
corresponde a aquel remitido por parte del Gobierno Nacional a consideración
del Congreso de la República- se echa de menos la trascripción de los numerales
2 y 3 del artículo 16 “Vigencia y denuncias” y el artículo 17 “Artículo
final”, que figuran en la última página del Tratado.
(…)
Es del caso
poner de presente que en la Gaceta del Congreso 625 de 2012, inmediatamente
después del epígrafe del proyecto de ley, figura constancia de que el texto
aprobado por parte del Gobierno Nacional corresponde a la copia integral
acordada con los Gobiernos pares en el tratado internacional ‘(para ser
transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa del texto en español del
precitado instrumento internacional, tomada del original que reposa en el
archivo del Grupo Interno de Trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores
de  Colombia, la cual consta de nueve (9) folios.)’. || No obstante lo
anterior, tanto en el diario oficial No 48.498 de 22 de mayo de 2013, así como
en la Gaceta del Congreso No. 331 de 28 de mayo de 2013 –instrumentos en los
cuales figura el texto de la Ley 1628 de 2013- se evidencia asimismo la
ausencia de las citadas disposiciones”.
En esos
términos, y después de revisar las gacetas del Congreso correspondientes
(previamente citadas), puede concluirse que (i) el vicio se debe a un error en
la publicación del texto en la Gaceta del Congreso, que la
Secretaría Jurídica de Presidencia atribuye a la
Secretaría del Congreso, afirmando que el Gobierno sí remitió copia completa
del texto para su trascripción; (ii) el vicio consiste en que mientras el
Acuerdo consta de 17 artículos, la discusión del Congreso partió de una
publicación que va hasta el artículo 16, inciso 1º, pero no incorpora los
incisos 2º y 3º del mismo, ni el artículo 17; (iii) la única publicación que se
realizó del Acuerdo se encuentra en la
Gaceta del Congreso 625 de 2013, y en ella se constata la irregularidad citada;
(iv) nunca, durante las etapas restantes del trámite, el texto del Acuerdo
Marco fue incorporado en su totalidad.[33] Concretamente,
cuando se efectuó la aprobación en cada Cámara, la trascripción solo incorporó
los tres artículos de la Ley Aprobatoria, y no el contenido del Acuerdo Marco
de la Alianza, y así ocurrió también cuando se efectuaron los informes de ponencia en cada
debate.[34]
La Secretaría Jurídica de la
Presidencia considera que este hecho constituye una irregularidad relacionada
con el incumplimiento del requisito y principio de publicación, propio
del trámite legislativo. Sin embargo, interpreta que es posible hallar
soluciones constitucionales al mismo que no involucren la invalidez de la
Ley. La primera, considerarlo una simple irregularidad, que no vicia la
validez de la Ley porque la discusión del Congreso sí abarcó la totalidad del
Acuerdo y porque en cada informe de ponencia se hizo referencia a que se
discutiría el Acuerdo depositado en la
Cancillería; la segunda, permitir la subsanación del vicio, en el marco de las
normas reglamentarias del Congreso de la
República.
Así las cosas,
en el presente caso debe establecerse si el trámite de una ley aprobatoria de
un tratado internacional en el Congreso de la
República, sin que nunca haya sido publicado el texto integral del Acuerdo en la
Gaceta del Congreso (pues hacían falta los dos incisos 2º y 3º del artículo
16, el artículo 17 y las firmas, como se ha explicado) constituye (i) una
simple irregularidad; (ii) un vicio subsanable o (iii) un vicio insubsanable.
Para resolver
ese problema jurídico, la Sala hará referencia a (i) la doctrina constitucional
sobre los vicios de procedimiento, su diferencia con las irregularidades que no
afectan la validez de la ley, y la distinción entre vicios subsanables e
insubsanables[35]; (ii) la
publicidad como condición mínima de racionalidad en el debate legislativo[36],
y (iii) la existencia de un precedente relevante para la solución del caso
concreto (Sentencia C-255 de 1996[37]).
La rigurosidad del
trámite legislativo y el principio de instrumentalidad de las formas.
Los requisitos previstos en la
Constitución y la Ley Orgánica del Congreso de la
República (Ley 5ª de 1992 "Por la cual se
expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la
Cámara de Representantes") para
la formación de las leyes no constituyen obstáculos para la conformación de la
voluntad del Congreso, cuando ejerce su competencia general de hacer las
leyes, prevista en el artículo 150 Superior. Esos mecanismos constituyen
cauces cuidadosamente diseñados para que la voluntad del Congreso se edifique en
un proceso deliberativo, respetuoso de la regla de la mayoría y del derecho de
participación de las minorías, y caracterizado por una discusión amplia, franca
y vigorosa de los proyectos presentados a su consideración (o generados en su
seno), de manera que se excluyan eventuales vicios que afecten su consentimiento
y se preserve el principio democrático.[38]
Sin embargo, en
virtud del artículo 228 de la
Constitución Política, en todos los ámbitos del derecho, y especialmente en
las instancias de creación, interpretación y aplicación de las normas
jurídicas, las disposiciones procedimentales y de trámite deben entenderse de
manera tal que se dirijan a cumplir un fin sustancial, válido e incluso
relevante desde el punto de vista constitucional, principio conocido como “instrumentalidad
de las formas”.[39]
Los dos considerandos
previos dan la impresión de generar una paradoja. Mientras el primero exige
rigurosidad en el trámite legislativo, el segundo prevé que el procedimiento no
puede oponerse a la vigencia del derecho sustancial. Como ha explicado la
Corte, se trata de un conflicto apenas aparente, pues la necesidad de atender las
formas, especialmente
de las condiciones del trámite legislativo, se explica precisamente desde su
percepción como instrumentos para alcanzar los fines materiales que les subyacen.[40]
Por ello, los
trámites procedimentales deben cumplirse de manera estricta si de ello depende
la satisfacción de fines constitucionales imperativos, como el principio
democrático, la participación de las minorías, la conformación de la voluntad
mayoritaria y la adecuada consideración de los proyectos y proposiciones, en
los distintos debates.
Desde ese punto
de vista, el incumplimiento de normas del trámite legislativo puede dar lugar a
diversas consecuencias jurídicas. (i) Si, a pesar de existir una irregularidad
esta no afecta los rasgos esenciales del principio democrático, debe concluirse
que no existe un vicio de inconstitucionalidad; (ii) si la irregularidad atenta
contra principios superiores, se trata entonces de un auténtico vicio de
procedimiento; (iii) el vicio es de carácter subsanable si se puede corregir sin
que ello implique rehacer integralmente el trámite legislativo. Y la
subsanación puede darse (iii.1) mediante la devolución del trámite a la
autoridad competente para subsanarlo (artículo 241, parágrafo, CP) o (iii.2)
por la misma Corte Constitucional, cuando ello sea posible. Por el contrario,
(iv) el vicio se torna insubsanable cuando no es posible realizar la corrección
sin desconocer los requisitos mínimos de formación del acto, o sin que ello
implique la reconstrucción integral de etapas estructurales del trámite.
Finalmente, la
determinación de la naturaleza subsanable o insubsanable del vicio depende de
una evaluación acerca de la razonabilidad de la subsanación. Estos aspectos
fueron sistematizados por la citada sentencia C-737 de 2001[41] así:
“El principio de
la instrumentalidad de las formas procesales y la posibilidad de saneamiento de
vicios en la formación de las leyes.
27. (…) en primer término, es claro que no toda
vulneración de una regla sobre la formación de las leyes, contenida en la
Constitución o en el respectivo Reglamento del Congreso, acarrea
ineluctablemente la invalidez de la ley y su declaración de
inconstitucionalidad. En efecto, en determinados casos, puede tratarse de una
irregularidad irrelevante, en la medida en que no vulnera ningún principio ni
valor constitucional, y en especial no llega a afectar el proceso de formación
de la voluntad democrática en las cámaras, ni desconoce el contenido básico
institucional diseñado por la Carta. En tales casos, esa irregularidad, en
sentido estricto, no configura un verdadero vicio en la formación de la ley,
tal y como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia nacionales y
extranjeras.[42]
(…) 28. (…) en otros eventos, puede ocurrir que el vicio
exista, pero sea convalidado en el proceso mismo de formación de la ley, en la
medida en que se haya cumplido el propósito que la regla de procedimiento
pretendía proteger, o la irregularidad haya sido expresamente subsanada por una
autoridad que tenía competencia para efectuar ese saneamiento (…).[43]  En tal contexto, si un vicio de procedimiento existió
pero fue convalidado, es obvio que, en función de la prevalencia del derecho
sustancial (CP art. 228), no tiene sentido que la
Corte declare la inconstitucionalidad de la disposición acusada.
29. En tercer término, puede ocurrir que exista un vicio
en la formación de la ley, y éste no haya sido convalidado, pero la
Corte constate que el vicio puede ser subsanado durante la revisión de
constitucionalidad de la ley. En tal evento, la
Carta expresamente establece que el juez constitucional debe devolver la norma
sujeta a control a la autoridad que lo profirió para que, de ser posible, ésta
proceda a subsanarlo (CP art 241 par). En esos casos, mientras se surte ese
trámite, la ley continúa vigente (…)
30. Finalmente,  puede ocurrir que existan
vicios en el proceso de formación de la ley, y que éstos no hayan sido
convalidados en el trámite legislativo, pero pueden ser subsanados por la misma
Corte Constitucional, al pronunciarse ésta sobre la norma en cuestión. Por
ejemplo, cuando a una ley ordinaria se le ha impartido el trámite legislativo
propio de una ley orgánica (…) En estas situaciones, la
Corte cuenta con la posibilidad de subsanar directamente el vicio detectado,
constatando que se trata materialmente de una ley de naturaleza ordinaria, y
declarando su constitucionalidad bajo tal entendido”.[44]
El carácter
subsanable o no de un vicio, depende de la naturaleza del acto y especialmente de
si las reglas para su formación hacen posible que se subsane bajo parámetros de
razonabilidad, y tomando en cuenta que un presupuesto ineludible para subsanar
un acto es su existencia, de donde surge la subregla según la cual
un vicio es insubsanable si supone la repetición de una etapa estructural del
procedimiento:
“31. La Corte destaca que tanto en derecho comparado,
como en el caso colombiano, la gravedad del vicio no tiene incidencia directa
sobre las posibilidades de saneamiento o convalidación del mismo. La intensidad
de la irregularidad debe ser tomada en cuenta para examinar si ésta constituye
o no un vicio de procedimiento; pero una vez constatado que el vicio existe, la
gravedad no es el elemento más importante para determinar si existe o no
posibilidad de convalidación o de saneamiento, pues son otros factores los que
entran en juego en esta evaluación.
Por ejemplo, esta Corte ha señalado que si la
Constitución fija plazos determinados para que una ley sea aprobada, como
sucede con las leyes estatutarias o la ley del plan[45], entonces el juez
constitucional no puede devolver la ley al Congreso para la eventual corrección
del defecto observado, pues los términos constitucionales ya estarían vencidos.
Los vicios que no hubieran sido convalidados en el propio trámite en el
Congreso se tornan entonces insubsanables, sin importar su gravedad. En cambio,
la Corte ha aceptado la convalidación por medio de la confirmación
presidencial, de vicios graves en la suscripción de un tratado, puesto que
afectaban la representación internacional del Estado colombiano (…)”.[46]
En cuanto a la
razonabilidad del saneamiento del vicio, la
Corporación ha sentado parámetros amplios de evaluación, unidos a la
imposibilidad de asumir la repetición de una etapa estructural del trámite como
un procedimiento de subsanación, y de otra parte, ha destacado la importancia
de preservar al máximo la posibilidad de subsanación, como manifestación de los
principios democrático y de conservación del derecho.[47]
“32. Con todo, la
Corte precisa que
en cada una de las anteriores hipótesis, la posibilidad de saneamiento que
otorga el ordenamiento jurídico se debe interpretar y ejercer en forma razonable;
en otras palabras, no puede otorgarse a dicha facultad un alcance tan amplio,
que acabe por desnaturalizar la noción misma de vicio del procedimiento
legislativo. Para que se pueda hablar de un vicio saneable en el
procedimiento de formación de la ley, es necesario que, cuando menos, se haya
cumplido con las etapas estructurales de tal procedimiento, puesto que la
omisión de éstas -por ejemplo, la pretermisión de los debates ante alguna de
las Cámaras legislativas-, hace imposible hablar de un procedimiento
legislativo como tal -y, en consecuencia, impide considerar la omisión
respectiva como un vicio-. En efecto, en esos eventos no habría propiamente un
vicio del procedimiento en la formación de la ley sino una ausencia o
inexistencia de procedimiento, que no puede ser subsanada. Por lo mismo, es
imposible catalogar como “saneamiento” lo que, en realidad, equivale a la
repetición de toda una etapa del trámite legislativo, ya que de lo contrario,
se terminaría por burlar los mismos fines sustantivos que el principio de
instrumentalidad de las formas pretende preservar.
33. Conforme a lo anterior, el principio de
instrumentalidad de las formas, expresamente consagrado en el artículo 228 de la
Carta, implica que la constatación de que ocurrió una irregularidad en el
trámite de una ley, no conlleva inevitablemente que el juez constitucional deba
siempre retirarla del ordenamiento. Es necesario que, previamente, el juez
examine (i) si ese defecto es de suficiente entidad como para constituir un
vicio susceptible de afectar la validez de la ley; (ii) en caso de que la
irregularidad represente un vicio, debe la
Corte estudiar si existió o no una convalidación del mencionado vicio durante
el trámite mismo de la ley; (iii) si el vicio no fue convalidado, debe la
Corte analizar si es posible devolver la ley al Congreso y al Presidente para
que subsanen el defecto observado; y (iv) si no se presenta ninguna de las
anteriores hipótesis, la Corte debe determinar si es posible que ella misma
subsane, en su pronunciamiento, el vicio detectado, de conformidad con los
lineamientos arriba trazados, y respetando siempre el principio de razonabilidad”.
De igual forma,
en la sentencia C-134 de 2014[48]
se indicó que la
posibilidad de subsanar vicios de procedimiento constituye una concreción del
principio de conservación del derecho y una manifestación del principio
democrático, pues permite que el Congreso sea el órgano que subsane los yerros
constitucionales en que haya incurrido, y se añadió que no todos los vicios son
subsanables, sino que esa posibilidad depende de la razonabilidad de la
solución.[49]
En
ese contexto, para determinar en qué eventos resulta subsanable un vicio, y
cuándo exige la declaratoria de inexequibilidad de la
Ley dentro de parámetros de razonabilidad, la
Corte ha establecido los siguientes criterios: (i) si se han cumplido etapas
básicas o estructurales del proceso, tomando en cuenta que la subsanación no
puede comprenderse como la repetición de todo un procedimiento; (ii) el
contexto dentro del cual se presentó el vicio debe ser analizado para
determinar su gravedad y trascendencia en la formación de la voluntad
legislativa; (iii) la posible afectación de los derechos de las minorías
parlamentarias, así como la intensidad de esta son aspectos determinante para
la determinación de un vicio de procedimiento; todo lo anterior, (iv) debe
estudiarse tomando en consideración el tipo de ley de que se trata y su
evolución a lo largo del debate parlamentario.[50]
La publicidad
como condición mínima de racionalidad del debate legislativo.
Según se expresó
al comenzar la exposición, los requisitos del trámite persiguen fines
constitucionales relevantes o imperiosos. La publicidad es un requisito
sustancial del procedimiento legislativo que se refleja en diversas etapas del
procedimiento de formación de la Ley. Así, la publicación del proyecto antes de
iniciarse la discusión, de las proposiciones para cada debate y del texto
aprobado en cada Cámara, así como los anuncios, previa la discusión y votación,
constituyen manifestaciones concretas de ese principio.
La importancia
que posee la publicidad en el trámite se debe a que es una condición para que
los congresistas se informen adecuadamente sobre los textos que van a discutir,
preparen sus exposiciones y puedan participar en el debate, teniendo como base un
conocimiento reposado de los temas en discusión. La publicidad permite entonces
la participación de las minorías, la conformación de la voluntad mayoritaria, y
asegura un mínimo de calidad en las discusiones o deliberaciones legislativas.
La Corte ha aclarado
también que la publicidad no constituye un derecho subjetivo de los
congresistas sino una garantía institucional del trámite, lo que implica que
aún si se demuestra que las minorías tuvieron la posibilidad de participar o
que la voluntad mayoritaria se formó sin vicios, existen requisitos mínimos de
publicidad que deben cumplirse.
Un ejemplo de esa
situación se encuentra en la sentencia C-861 de 2001,[51] referente a una
ley aprobatoria de tratado. En ese pronunciamiento, la
Corte consideró que existía un vicio de trámite insubsanable, debido a que la
ponencia fue publicada en la Gaceta del Congreso cuando ya había sido aprobada
por la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. En ese contexto, aún
sin indagar sobre el auténtico conocimiento de los Congresistas sobre la
Ley y el Tratado[52] que se quería
incorporar al orden interno, la Corporación consideró que se configuró un vicio
insubsanable y declaró la inexequibilidad de la
Ley. Explicó en ese contexto que la iniciación del debate sin la existencia de
la publicación previa viola un mandato expreso de la
Constitución Política, y no es un vicio susceptible de ser subsanado:
“El anterior itinerario legislativo permite
apreciar claramente que cuando el proyecto de ley aprobatorio del referido
instrumento internacional fue tramitado en la
Comisión Segunda del Senado de la República, se desconoció flagrantemente el
artículo 157 numeral 1° de la Carta y, por ende, los artículos 144, 156 y 157
del Reglamento del Congreso, que exigen la publicación de la ponencia antes de
darle curso al proyecto en la célula legislativa, toda vez que la
ponencia para primer debate fue publicada el 17 de diciembre de 1999, con
posterioridad a la aprobación impartida por la mencionada comisión
constitucional permanente el 14 de diciembre del mismo año.
(…)
“Las anteriores razones  son suficientes
para declarar la inconstitucionalidad la Ley 630 de 2000. No obstante, la
anterior declaración no impide que el Gobierno Nacional pueda someter
nuevamente a la aprobación del Congreso de la
República el convenio de asistencia penal mutua suscrito con la
República Dominicana.”.
Los aspectos
centrales sobre la relevancia del principio de publicidad en el trámite
legislativo han sido descritos por la Corte desde la sentencia C-760 de 2001,
de la que se extraen las siguientes consideraciones:
“El conocimiento
del texto votado es el requisito mínimo de racionalidad deliberativa y
decisoria:
(…) La garantía que le compete preservar a esta
Corporación es la publicidad del proyecto o de las proposiciones sometidas a su
aprobación, como condición necesaria para que los congresistas tengan
oportunidad de intervenir en su discusión y por lo tanto, para que se pueda
surtir válidamente el debate parlamentario.[53]  De lo contrario,
si los congresistas no tienen oportunidad de conocer el texto sometido a su
aprobación, se estaría desconociendo su facultad para participar en el debate
expresando sus juicios y opiniones con respecto a un proyecto o proposición,
situación que resulta contraria al principio democrático de soberanía popular
consagrado en nuestra Constitución (…)
(…)
En todo caso, es necesario aclarar que el principio de publicidad como
condición  constitucional necesaria para permitir la participación de los
congresistas en el debate y por lo tanto, para la aprobación de un texto legal,
no puede considerarse propiamente un derecho subjetivo del cual puedan disponer
libremente los congresistas, sino una garantía institucional de representación
efectiva para los asociados. Las prerrogativas dadas a los congresistas están
encaminadas a permitirles cumplir adecuadamente su función de representación,
bien sea mayoritaria o minoritaria.  Por lo tanto, aun cuando suele estar
asociada con la posibilidad de participación de las minorías en el debate, esta
garantía prevalece aun cuando las mayorías y las minorías parlamentarias deciden
aprobar un texto desconocido.
(…)
El debate es
pues la oportunidad de hacer efectivo el principio democrático en el proceso de
formación de la ley, en cuanto posibilita la intervención y expresión de las
minorías, así como la votación es el mecanismo que realiza la prevalencia de
las mayorías, también consubstancial a la democracia. Ahora bien (…) el objeto sobre el cual recae el debate o
discusión es el proyecto o la proposición  de fórmula legal que va a adoptarse.
Por lo tanto, puede concluirse que si no existe este objeto, o si el mismo es
desconocido de manera general por quienes deben discutirlo, naturalmente no
puede haber debate o discusión. El desconocimiento general del proyecto (…) excluye
la posibilidad lógica de su debate, pues equivale a la carencia de objeto de
discusión. Contrario sensu el conocimiento del proyecto o de sus
proposiciones de enmienda es  el presupuesto lógico del debate, en cuanto
posibilita la discusión del mismo. Por lo tanto, la votación sobre un texto
desconocido no puede convalidar la carencia de debate.
Así las cosas, el supuesto mínimo de racionalidad deliberativa y
decisoria es el conocimiento de los textos de los proyectos y de las
modificaciones propuestas respecto de los mismos. Por ello, las normas
constitucionales y orgánicas que regulan el trámite de las leyes, señalan
requisitos de publicidad que son necesarios para permitir el conocimiento de
tales textos (…).[54]
El
requisito de publicidad de los proyectos de ley, se cumple respecto del texto
del proyecto sometido a aprobación de cada cámara, con su publicación en el
órgano oficial de comunicación del legislativo, que es la
Gaceta del Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva (C.P.
artículo 157). Igualmente, las ponencias, con las modificaciones al texto que
ellas propongan, deben publicarse de la misma manera, como lo indica el
artículo 156 del Reglamento del Congreso; no obstante, para agilizar el trámite
del proyecto, este requisito de publicidad puede ser suplido por la
reproducción del documento por cualquier medio mecánico, para distribuirlo
entre los miembros de la célula legislativa que los va a discutir”.
De la existencia
de un precedente relevante.
La Corte Constitucional ha explicado en
un amplio número de decisiones la importancia de seguir el precedente judicial,
como presupuesto de eficacia de los principios de igualdad y seguridad
jurídica, y mecanismo para preservar la confianza legítima, la unificación en
la interpretación de las normas de derecho y la estabilidad en las relaciones
sociales, así como el principio de estado de derecho, al evitar los cambios
arbitrarios en las decisiones de los jueces.[55]
En ese marco, es
claro que la primera obligación del juez es la de identificar los precedentes
relevantes y exponer de forma leal su contenido. Una vez identificado el
precedente y verificada su relevancia corresponde al juez, en principio, seguir
la decisión trazada en la sentencia previa, salvo si existen razones
constitucionales poderosas para modificar la regla decisional; o si se
evidencia que a pesar de las semejanzas entre uno y otro caso, existen también
diferencias relevantes que deben ser tenidas en cuenta por el juez y que
conducen necesariamente a una diferenciación de trato. El primer procedimiento
puede llevar al cambio de la subregla contenida en el precedente; el
segundo, a su precisión, pues equivale a indicar que existen nuevos aspectos
fácticos a tomar en cuenta para decidir sobre su aplicabilidad.
A continuación, la
Sala hará referencia a la sentencia C-255 de 1996,[56] considerando
que contiene un precedente relevante para la decisión del caso bajo análisis.
Identificación y
contenido del precedente.
En la sentencia
C-255 de 1996[57]
la Corte Constitucional se pronunció sobre la constitucionalidad de la
Ley 194 de 6 de julio de 1995, aprobatoria de la  “Convención de Viena sobre El Derecho de los Tratados entre
Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones
Internacionales, hecha en Viena el 21 de marzo de 1986”
(En adelante, Viena II).[58]
La Corporación recibió
entonces, para revisión previa e integral de constitucionalidad, la
Ley aprobatoria de Viena II y el texto del Convenio, pero al iniciarse el
trámite constató que hacían falta los tres artículos finales del Convenio,
relativos a la entrada en vigencia, denuncia y depósito del tratado[59]. Además,
a partir de pruebas practicadas en el trámite comprobó que tampoco el texto de
Viena II que el Gobierno puso a consideración del Congreso de la
República estaba completo, a pesar de que había indicado que remitía copia
integral de la misma.
En ese contexto,
mediante auto de 21 de marzo de 1996 (previo a la sentencia C-255 de 1996),[60]
la Corporación consideró que se trataba de una inadvertencia del Ejecutivo
que, si bien configuraba una seria irregularidad procedimental, resultaba
subsanable, tomando en cuenta que no se evidenció que la
Presidencia tuviera la intención de defraudar la voluntad del Congreso, y que
ambos órganos consideraban que estaban tramitando la integridad de la
Convención de Viena II. Para corregir el vicio devolvió el asunto a la
Presidencia de la República otorgándole un término de 7 días para presentar el
texto en su integridad al Congreso, y 30 días al Legislativo para rehacer el
trámite y remitir el asunto nuevamente a la
Corte, con fines de control previo de constitucionalidad[61]. Por su
relevancia y similitud con el caso concreto, la
Sala transcribe un aparte extenso de la sentencia C-255 de 1996:
“(…) El
interrogante que se plantea es si la presentación de parte del Gobierno de un texto
incompleto de un tratado y la aprobación del mismo por el Congreso configura un
vicio de formación de la ley aprobatoria. La
Corte considera que es necesario distinguir dos hipótesis. Así (…) el
Ejecutivo puede, al someter un tratado a la aprobación del Congreso, manifestar
reservas sobre determinados artículos y excluirlos del texto presentado, sin
que ello configure ninguna causal de inconstitucionalidad. Sin embargo, lo que
configura un vicio de procedimiento es que el Gobierno presente un texto
incompleto de un tratado pero señale que se trata de una reproducción fiel e
íntegra del tratado suscrito por el representante internacional de Colombia. En
efecto, en tal caso, se estaría afectando el consentimiento del Congreso
pues esa Corporación pensaría estar aprobando el texto completo de un tratado,
sin que ello fuera cierto. Igualmente se limitaría el control constitucional
ejercido por esta Corporación pues no tendría la oportunidad de revisar el
texto integral del tratado. Pero, más grave aún, como el Gobierno no ha
hecho explícitas las reservas, es posible que, por inadvertencia, después de
ser aprobado el texto incompleto por el Congreso y revisado el mismo texto
incompleto por la Corte, el Gobierno ratifique integralmente el tratado, con lo
cual el Gobierno estaría comprometiendo internacionalmente a Colombia sin
respetar los procedimientos constitucionales internos, pues una parte del
tratado no habría sido aprobada por el Congreso ni revisada por la
Corte Constitucional. Esto muestra la seriedad con la cual se debe tramitar
la suscripción de un tratado, su presentación al Congreso, su aprobación por
las Cámaras, su revisión por la
Corte Constitucional y su posterior ratificación por el Gobierno, pues  por
medio de estos actos se están adquiriendo compromisos que pueden eventualmente
comprometer la responsabilidad internacional del Estado. [Destacado
añadido]
8- La
Corte considera que se trata de un vicio debido a una grave inadvertencia del
Gobierno, pues no parece razonable que se introduzcan reservas de exclusión
relativas a los depositarios, la fecha de entrada en vigor o los idiomas
oficiales del tratado, ya que no se puede determinar cuando entra a regir el
convenio internacional para Colombia (…) Sin embargo, y teniendo en cuenta que
Colombia es un Estado social de derecho en el que prevalece el derecho
sustancial (…) la Corte consideró que la no aprobación de esos artículos de la
Convención se debió a una inadvertencia, por lo cual se trataba de un vicio
subsanable, pues todo indica que el Gobierno pretendía que el Congreso aprobara
integralmente la Convención y que éste último pensaba estar aprobando el texto
completo del tratado (…) En ese orden de ideas, y tal y como se señala en los
antecedentes de esta sentencia, la Corte devolvió la ley a la
Secretaría jurídica de la Presidencia para que se procediera a corregir el
mencionado vicio, dentro de los términos máximos autorizados por el artículo 45
del Decreto 2067 de 1991”.[62]
Ese vicio no fue
corregido en el término establecido en el auto de 21 de marzo de 1996. En lugar
de ello, el Presidente de la Cámara de Representantes de la época remitió un
escrito a la Corte solicitando una extensión en el término previsto en el auto,
alegando que la Cámara se hallaba inmersa en una investigación jurídica
adelantada contra el Presidente de la
República. La Corporación consideró que ese término no resultaba prorrogable
por tratarse del máximo previsto en la Ley (Decreto Ley 2067 de 1991, artículo
45[63]), razón por la
cual decidió declarar inexequible la Ley aprobatoria objeto de análisis, e
inhibirse para resolver de fondo sobre la constitucionalidad del tratado.[64]
La semejanza
entre el caso analizado en la sentencia C-255 de 1996[65]
y el que hoy corresponde decidir a la
Sala Plena es evidente. En ambas ocasiones el Congreso de la
República tramitó la Ley aprobatoria de un tratado suscrito por el Ejecutivo,
sin haber sido publicado su contenido integral en la
Gaceta del Congreso. En los dos eventos, a juzgar por la información
disponible, ello se debió a un error involuntario o, como lo denominó la
Sala Plena en la sentencia citada, a una grave inadvertencia. Y ese vicio no
fue corregido durante el trámite legislativo, de manera que a la
Corte Constitucional fue remitido, para su revisión integral, un texto
incompleto del Tratado correspondiente.
Tanto en el caso
de Viena II como en el del Acuerdo Marco de la
Alianza del Pacífico (es decir, este trámite), las cláusulas faltantes se
hallaban al final del Convenio, e incluso algunas coinciden, como ocurre con el
modo de denuncia del Tratado. Por otra parte, si bien en el caso del Acuerdo
Marco de la Alianza del Pacífico quedó incluida la cláusula de vigencia, lo que
no sucedió en el caso de Viena II, hizo falta en cambio que el Congreso de la
República conociera las reglas de denuncia del tratado (Artículo 16, incisos
2º y 3º) y el reconocimiento de Panamá y Costa Rica como Estados observadores
en la Alianza (Artículo 17 del Acuerdo).[66]
Ello refuerza la
conclusión sobre la semejanza entre el precedente sentado en la sentencia C-255
de 1996 y el asunto objeto de análisis y, por lo tanto, la aplicabilidad del
precedente, pues la Corte indicó en esa sentencia que no se trataba de aspectos
menores, y la Sala comparte esa apreciación en relación con el trámite de la
referencia. Especialmente, porque son cláusulas que pueden incidir directamente
en la generación de obligaciones internacionales para el Estado colombiano.
Más allá de su
contenido, se trata de cláusulas que hacen parte de un Instrumento
internacional, y los tratados deben concebirse, analizarse y discutirse en su
integridad, como una unidad de sentido normativo. Su aprobación por el Congreso
y la revisión previa de la Corte deben realizarse sobre la integralidad del
tratado, y no escindirse en fragmentos aislados. En contra de esa aspiración,
en la Gaceta del Congreso se publicó un texto inconcluso del Tratado, y así se
inició la discusión legislativa y se llegó a la etapa de control previo de
constitucionalidad. Como el procedimiento de incorporación de un tratado al
orden interno previsto en la Constitución es complejo debido a que requiere la
intervención de las distintas ramas encargadas del ejercicio del poder público,
las normas que no fueron discutidas no ingresarían al ordenamiento jurídico ni
podrían ser objeto de control constitucional.  Y esta situación se presentó
tanto en el caso de Viena II como en el asunto objeto de análisis en esta
oportunidad.
Existe, sin
embargo, una diferencia entre uno y otro caso. Mientras en el caso del Convenio
de Viena II
y la Ley aprobatoria 194 del 6 de julio de 1995, se concluyó que la
Presidencia de la República fue la responsable de la inadvertencia, en este
caso la Secretaría Jurídica de Presidencia remitió un oficio a la
Corte en el cual afirma que el Gobierno presentó copia auténtica e integral
del Convenio, de manera que la irregularidad debió producirse en la
Secretaría del Congreso de la República, al momento de trascribirlo para ser
inserto en la Gaceta del órgano citado (GC 625 de 2012).
Esa diferencia,
aunque puede ser relevante al momento de determinar el remedio judicial a
aplicar, no conlleva un cambio en la conclusión sobre la existencia de un vicio
de procedimiento. Aun si fue una inadvertencia de Secretaría del Senado[67] y no de la
Presidencia de la República, está claro que el vicio  se refiere a la
aprobación de un proyecto de ley por el que se incorpora un acuerdo
internacional, sin haber sido publicado de manera integral en el órgano de
divulgación oficial del Congreso de la
República, situación que desconoce el principio de publicidad, puede viciar el
consentimiento del Congreso de la República, desnaturalizar el control integral
que ejerce la Corte Constitucional en estos eventos y generar obligaciones
internacionales sin que se haya satisfecho el trámite interno para ese fin.[68]
Aplicación del
precedente al caso concreto.
En el marco
expuesto, no puede la Sala concluir nada diferente a la existencia de un vicio
de procedimiento en el trámite de la Ley 1628 de 2013, aprobatoria del Acuerdo
Marco de la Alianza del Pacífico.
Más aún, la
Sala debe señalar que la aprobación de un Tratado es un trámite que reviste la
mayor seriedad para el Estado, en tanto genera obligaciones que debe cumplir de
buena fe, en el ámbito internacional. En el caso objeto de estudio, el texto
del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico suscrito por los Jefes de Estado
correspondientes incorpora la voluntad de cuatro estados independientes, en el
sentido de establecer algunas obligaciones y privilegios recíprocos, y ello comporta
una diferencia muy relevante frente al trámite de leyes ordinarias.
Mientras en el
caso de las leyes que corresponde “hacer” al Congreso (Artículo 150 CP), la
iniciativa legislativa es un texto que será objeto de discusión y corrección
ulterior, que sufrirá cambios en el trámite legislativo, en la hipótesis de las
leyes aprobatorias de Tratados el Congreso no tiene esa potestad de alterar el
Texto. Le corresponde en cambio (únicamente) verificar si estima adecuado
incorporarlo al orden interno, tal como fue redactado, y con la salvedad de las
reservas permitidas (supuesto distinto al que ocupa la atención de la
Sala).
Por esos motivos
(la trascendencia de la aprobación de un tratado como manifestación de las
relaciones internacionales de Colombia, y el posterior deber de cumplirlas de
acuerdo con los principios de buena fe y pacta sunt servanda, así como
el hecho de que el texto del Acuerdo Marco de la
Alianza del Pacífico refleja la voluntad de cuatro Estados independientes)
debe concluirse que el vicio de procedimiento mencionado sí se configuro, y que
se trata de un vicio que reviste especial gravedad, tal como lo consideró la
Corporación en la sentencia C-255 de 1996.[69]
Con todo, la
Sala observa, a partir del oficio remitido por la
Secretaría Jurídica de la Presidencia a la
Corporación durante este trámite, que podrían presentarse diversas objeciones
a esta decisión: primero, que no existe vicio porque en realidad los artículos
16 (incisos 2º y 3º) y 17 sí eran conocidos por los congresistas, pues en cada
ponencia se indicó que se discutiría la Ley aprobatoria del Acuerdo Marco de la
Alianza del Pacífico, cuyo texto integral se halla depositado en la
Cancillería de la República. Y además, (ii) que aunque los artículos en
cuestión no fueron publicados en la Gaceta del Congreso, sí fueron objeto de
discusión y deliberación por las cámaras legislativas.
En concepto de la
Sala, aunque se trata de objeciones razonables, no son suficientes para variar
la conclusión sobre la existencia de un vicio insubsanable.
La primera de
ellas restaría eficacia al requisito de publicar el texto integral que será
objeto de discusión en la Gaceta del Congreso, previo el inicio de la discusión,
previsto en el artículo 159 Constitucional y que es además, consustancial al
principio de publicidad del trámite legislativo. Suponer que los congresistas
deberían acudir a la Cancillería para solicitar fotocopia integral de cada
tratado cuya aprobación será discutida implicaría imponerles una carga
irrazonable y violatoria de la confianza legítima, pues carece de sentido que
existiendo un mecanismo oficial de divulgación de las decisiones, deban iniciar
peticiones individuales para conocer y confiar en los textos normativos que
deben discutir. Y, por esa misma razón, se generaría una incertidumbre
inaceptable en el Congreso sobre los proyectos, iniciativas y propuestas
publicadas Gaceta.
En relación con
el segundo contra argumento (la discusión del contenido normativo de esos
artículos), aun si se concede que ello ocurrió -de lo cual no se dejo
constancia porque el contenido del acuerdo se discutió en bloque-, lo cierto es
que no es lo mismo discutir una exposición de motivos, o escuchar a los órganos
del Gobierno y la sociedad civil interesados en el proyecto, que basar la
discusión en textos normativos concretos. Todo operador jurídico sabe que los
términos efectivamente escogidos por el autor de las disposiciones normativas,
el orden de las palabras, los fenómenos ambigüedad y vaguedad del lenguaje
natural, o construcción del texto (la sintaxis) afectan directamente su sentido
y que ello solo puede evidenciarse tras la lectura efectiva de ese documento.
En caso de disposiciones normativas, su sentido o significado determina
precisamente el contenido normativo que efectivamente será aprobado (o no) por
el Congreso de la República. Por ese motivo, la publicación de un texto no
puede suplirse con la supuesta discusión de su contenido material, tal como se
encuentra en otros documentos o exposiciones orales.
Pero, además de
ello, el sentido de las normas depende no solo de su texto sino también
de su contexto y de las relaciones de complementariedad o contradicción
entre unas y otras. La importancia del criterio sistemático de interpretación
de las normas jurídicas, derivado a su vez de la concepción de los órdenes
jurídicos como auténticos sistemas normativos, impide suponer que es
conveniente iniciar una discusión aislada de los incisos 2º y 3º del artículo
16 y el artículo 17 del Acuerdo Marco de la
Alianza del Pacífico, para su aprobación por el Congreso de la
República. Y de otra parte, no toma en consideración el carácter de los
tratados internacionales, como textos integrales, en los que se halla plasmada
la voluntad de distintas naciones y, en el caso concreto, de cuatro países
independientes, circunstancia que exige una especial rigurosidad en la
publicación de su texto, como previamente se explicó.
Así las cosas,
no considera la Sala que exista motivo alguno para apartarse de la conclusión
presentada en la decisión precedente (C-255 de 1996[70]). Sin embargo,
el remedio judicial previsto en esa providencia presenta algunos inconvenientes
a la luz de la jurisprudencia actual sobre el principio de instrumentalidad de
las formas, y sobre las diferencias entre irregularidad, vicio subsanable y
vicio insubsanable, pues con posterioridad al año 1996, fecha en que se
pronunció la Corte sobre Viena II se emitieron pronunciamientos hito en la
materia, como las sentencias C-737 de 2001,[71]
C-760 de 2001[72]
y C-576 de 2006.[73]
En efecto, la
presentación sistemática más relevante sobre estos aspectos se encuentra en la
sentencia C-737 de 2001,[74] de la cual cabe
recordar las siguientes subreglas. En primer término, la
Corte precisó que un criterio básico para determinar si procede el saneamiento
de la irregularidad consiste en que ello no equivalga a rehacer etapas
estructurales del procedimiento, pues desde una perspectiva conceptual no
es equivalente subsanar a rehacer, y desde el punto de vista
jurídico se desvanece el sentido de la corrección de una irregularidad si ello
supone la repetición integral del trámite. Además, manifestó que la posibilidad
de corregir un acto supone su existencia previa. Y, en esa dirección, expresó
también que no es la gravedad del vicio la que determina su carácter subsanable
o insubsanable, sino la posibilidad real de corregirlo.
En segundo
término, en el auto de 21 de marzo de 1996 (en el que se dio la orden de
corrección del vicio mencionado) se dictó una orden que genera un inconveniente
operativo, pues la Sala estableció que el Presidente debía subsanar el vicio,
presentando al Congreso el Texto integral del Tratado en un término de siete
días, y que el Congreso de la República debía rehacer el trámite en 30 días.
El inconveniente
consiste en que la realización de los debates propios del trámite legislativo
exige la publicación de las ponencias, el respeto por la cadena de anuncios, atender
los plazos mínimos entre debates previstos en el artículo 160 superior, y
asegurar la conformación del quórum deliberatorio y decisorio, y obviamente la
discusión de las ponencias, lo que impide rehacer el trámite en 30 días. Sin
embargo, la Sala Plena no tuvo la oportunidad de evaluar ese aspecto con
posterioridad a la orden proferida en el auto de 21 de marzo de 1996 en el caso
Viena II (es decir, en la sentencia C-255 de 1996), básicamente, porque el
Congreso  no inició la actuación para cumplirlo, pues la
Cámara de Representantes se hallaba inmersa en una investigación adelantada
contra el Presidente de la época.[75]
Finalmente, al
momento de ordenar la corrección del vicio, se planteó que esa solución se
adoptaba en aplicación del principio de primacía del derecho sustancial, pues
no se comprobó una intención del Gobierno de defraudar al Congreso, presentando
incompleto el texto de Viena II. Sin embargo, en la sentencia C-737 de 2001[76], la
Corporación explicó que la gravedad o intensidad de una irregularidad es lo
que determina la existencia de un vicio, pero no lo que define si este puede o
no subsanarse, aspecto que depende exclusivamente de un análisis sobre la razonabilidad
de su corrección.
A partir de esa
consideración (la razonabilidad de la corrección del vicio), la
Sala Plena ha establecido que cuando un vicio de trámite supone la repetición
de etapas estructurales del procedimiento legislativo debe considerarse
insubsanable, de manera que no procede su devolución al órgano competente para
subsanarlo, sino la declaratoria de inexequibilidad de la
Ley.
Así, por
ejemplo, en la sentencia C-576 de 2006,[77] en la cual se
comprobó la existencia de un vicio en el anunció previo del proyecto en el
segundo debate de una Ley aprobatoria de tratado, la
Corte explicó que en las leyes aprobatorias de tratado los vicios solo son
subsanables si ocurren después de haber sido aprobado por la
Plenaria del Senado, pues solo en ese momento se encuentra definida la
voluntad de una de las cámaras del Congreso. En caso contrario, el vicio es
insubsanable precisamente porque implica la repetición de etapas estructurales
del procedimiento legislativo.
Sin embargo, es
oportuno resaltar que la decisión de inexequibilidad por la existencia de
vicios insubsanables en el trámite de una Ley aprobatoria de tratado no implica
la imposibilidad de que sea tramitada nuevamente, cumpliendo de manera integral
los requisitos legales y constitucionales pertinentes. En efecto, Viena II fue
posteriormente aprobado por la Ley 406 de 1997, hallada exequible por la
Corte en sentencia C-400 de 1998.[78]
Por lo tanto, si
los órganos políticos consideran necesario efectuar el trámite relativo a la
aprobación del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico  deberán repetir todas
las etapas estructurales previstas por la
Carta Política para la aprobación de las leyes.
En ese orden de
ideas, considerando que (i) el precedente indica que la aprobación de un
Tratado por parte del Congreso sin que este haya sido publicado integralmente
en el órgano oficial de divulgación, constituye un vicio de procedimiento; (ii)
que a la luz de la jurisprudencia actual ese vicio resulta insubsanable pues
requiere la repetición integral del trámite, la
Sala declarará la inexequibilidad de la Ley 1628 de 2013, y se inhibirá para
pronunciarse de fondo sobre el Acuerdo Marco de la
Alianza del Pacífico, aclarando que si los órganos políticos lo consideran
pertinente, pueden iniciar nuevamente el trámite para su incorporación al orden
interno y, concretamente, para su aprobación por parte del Congreso de la
República.
VI.  DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.-
Declarar INEXEQUIBLE la
Ley
1628 del 22 de mayo de 2013 “por medio de la cual se aprueban el ‘Acuerdo
marco de la Alianza del Pacífico’ entre la
República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la
República del Perú, firmado en la ciudad de Antofagasta, Chile, el seis de
junio de 2012’”.
Segundo.- Declararse INHIBIDA para
pronunciarse sobre la constitucionalidad del ‘Acuerdo marco de la
Alianza del Pacífico’ entre la República de Colombia, la
República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la
República del Perú, firmado en la ciudad de Antofagasta, Chile, el seis de
junio de 2012’.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Presidente
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Con aclaración
de voto
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Magistrado
Con salvamento
de voto
NILSON PINILLA
PINILLA
Magistrado
ALBERTO ROJAS
RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
ACLARACIÓN DE
VOTO DEL MAGISTRADO
MAURICIO
GONZALEZ CUERVO
A LA SENTENCIA
C-258/14
PRINCIPIO DE INSTRUMENTALIDAD DE LAS
FORMAS-Alcance (Aclaración de voto)/ACUERDO MARCO DE ALIANZA
DEL PACIFICO ENTRE REPUBLICA DE COLOMBIA, CHILE, ESTADOS UNIDOS DE MEXICO Y
PERU-Publicación del texto en diversos medios, siendo posible su
consulta integral por parte de los Congresistas, y quedando así subsanado el
vicio aducido (Aclaración de voto)
Revisión de constitucionalidad de la Ley
1628 del 22 de mayo de 2013 “por
medio de la cual se aprueban el ‘Acuerdo marco de la Alianza del Pacífico’
entre la República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos
Mexicanos y la República del Perú, firmado en la ciudad de Antofagasta, Chile,
el seis de junio de 2012’”
Frente a la decisión adoptada por la
Sala y contenida en la sentencia C-258 de 2014, en la que se declaró la
inexequibilidad de la Ley 1628 de 2013, por la cual se aprobó el “Acuerdo
Marco de la Alianza Pacifico entre la Republica de Colombia, la Republica de
Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú”, y la Corte se
declaró inhibida para pronunciarse sobre la constitucionalidad del contenido
del acuerdo, debido a un error en la publicación de la totalidad del Acuerdo en
la Gaceta del Congreso de la República, al haberse omitido una parte del mismo,
resulta relevante traer a colación, el “principio de instrumentalización
de las formas” según el cual, las formas procesales “deben
interpretarse teleológicamente al servicio de un fin sustantivo”, esto es,
el valor material pretendido con las reglas, sin que ello vaya en detrimento
del respeto de las normas procesales, pues son las encargadas de proteger “valores
sustantivos significativos”[79].
Acudir
a este principio frente a la existencia de un vicio en el procedimiento de
formación de una ley, permite establecer si la trascendencia del vicio genera la
inexequibilidad de la norma, o si se trata de una irregularidad que no afecta
aspectos sustanciales.
Al respecto,
esta Corporación señaló:
“Es por ello que
al analizar la trascendencia de un vicio de forma es preciso tener en cuenta
tanto el contexto en el cual éste se presentó, como el conjunto integral del
trámite legislativo. Sobre este punto, esta Corporación ha señalado que ‘lo que
debe ser objeto de análisis de constitucionalidad dentro de un Estado
democrático de derecho, es la verificación del cumplimiento de todas las
garantías constitucionales involucradas en el debate parlamentario, independientemente
de qué grupo esté siendo perjudicado con su pretermisión, y en ese sentido,
dicha función está encaminada a permitir que tanto minorías como mayorías
tengan la posibilidad de conocer y estudiar los textos sometidos a su
consideración y por lo tanto de discutirlos previamente a su aprobación.’[80]
Por ello, para
determinar si un vicio de procedimiento relativo al debate parlamentario genera
la inconstitucionalidad del proyecto de ley o se trata de una irregularidad
irrelevante que no afecta valores sustantivos, es preciso acudir al principio
de la instrumentalidad de las formas.” [81]
Por lo expuesto, si bien el fundamento
de la decisión fue el incumplimiento del principio de publicidad que tiene por
objeto que los Congresistas conozcan plenamente las iniciativas que serán
discutidas y con base en esa información se pueda dar un debate amplio y
vigoroso, que permita formar la voluntad democrática, también es cierto que la
integridad del texto del Acuerdo que habría de examinarse era conocido y se
encontraba publicado en diversos medios, siendo posible su consulta integral
por parte de los Congresistas, y quedando así subsanado el vicio aducido.
Dejo así aclarada mi posición frente al
pronunciamiento en referencia.
Cordialmente,
MAURICIO
GONZALEZ CUERVO
Magistrado
SALVAMENTO DE
VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
A LA SENTENCIA
C-258/14
CON PONENCIA DE LA MAGISTRADA MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA, EN LA CUAL SE DECLARÓ INEXEQUIBLE LA LEY 1628 DEL 22 DE
MAYO DE 2013 "POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBAN EL 'ACUERDO
MARCO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO' ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, LA REPÚBLICA
DE CHILE, LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ, FIRMADO EN LA
CIUDAD DE ANTOFA GASTA, CHILE, EL SEIS DE JUNIO DE 2012'."
ACUERDO
MARCO DE ALIANZA DEL PACIFICO ENTRE COLOMBIA, CHILE, ESTADOS UNIDOS DE MEXICO Y
PERU-Debió
remitirse la Ley al Congreso de la República para subsanar el vicio de
procedimiento advertido, pues debe primar el "principio de
instrumentalización de las formas" (Salvamento de voto)
PRINCIPIO
DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE LO FORMAL-Debió
remitirse la Ley objeto de análisis al Congreso de la República para que
subsanara el vicio de procedimiento advertido (Salvamento de voto)
PRINCIPIO
DE PUBLICIDAD EN EL TRAMITE LEGISLATIVO DE
LEY APROBATORIA DE TRATADO-Importancia (Salvamento de voto)/TRAMITE
LEGISLATIVO DE LEY
APROBATORIA DE TRATADO-No toda irregularidad o vicio de
procedimiento en la publicación de las ponencias antes de primer debate
conducen a catalogarlos como insubsanables (Salvamento de voto)
PROYECTO
DE LEY-No
puede existir deliberación democrática sin conocimiento previo mediante la
publicación en la Gaceta del Congreso (Salvamento de voto)/PROYECTO DE LEY-Publicación
en la Gaceta del Congreso como primer requisito del trámite legislativo
(Salvamento de voto)
PRINCIPIO
DE PUBLICIDAD-Puede garantizarse poniendo en conocimiento de los
congresistas el contenido del proyecto de ley cuando dicho reparto sea previo y
se produzca la publicación, así sea con posterioridad a la aprobación de la
ponencia (Salvamento de voto)/LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Corte ha
declarado la constitucionalidad cuando en el trámite legislativo se observó que
la publicación del texto del proyecto de ley se dio con posterioridad a la
aprobación del mismo (Salvamento de voto)
PRINCIPIO
DE PUBLICIDAD DE LAS PONENCIAS ANTES DE QUE SE SURTA EL PRIMER DEBATE COMO
MANIFESTACION DEL PRINCIPIO DEMOCRATICO-Líneas
jurisprudenciales (Salvamento de voto)
PRINCIPIO
DE PUBLICIDAD DE LAS PONENCIAS ANTES DE QUE SE SURTA EL PRIMER DEBATE COMO
MANIFESTACION DEL PRINCIPIO DEMOCRATICO-Importancia
(Salvamento de voto)/PRINCIPIO DE PUBLICIDAD-Protege el derecho de los
ciudadanos a la participación política y hace viable una deliberación
democrática en el Congreso (Salvamento de voto)
PROYECTO
DE LEY SOBRE ACUERDO MARCO DE ALIANZA DEL PACIFICO ENTRE COLOMBIA, CHILE,
ESTADOS UNIDOS DE MEXICO Y PERU-No hay ausencia absoluta de
publicación pues en efecto fue publicado, pero de forma incompleta (Salvamento
de voto)
ACUERDO-Ausencia
de publicación parcial de unos artículos que hacen parte integral no constituye
un vicio de carácter insubsanable (Salvamento de voto)
PROYECTO
DE LEY SOBRE ACUERDO MARCO DE ALIANZA DEL PACIFICO ENTRE COLOMBIA, CHILE,
ESTADOS UNIDOS DE MEXICO Y PERU-Puede apreciarse que la no
inclusión de algunos artículos se debió a una inadvertencia presuntamente del Congreso,
como también que el proyecto tuvo una amplia deliberación al interior de cada
Cámara, las cuales tenían el convencimiento de estar debatiendo la totalidad de
la ley (Salvamento de voto)
PROYECTO
DE LEY SOBRE ACUERDO MARCO DE ALIANZA DEL PACIFICO ENTRE COLOMBIA, CHILE,
ESTADOS UNIDOS DE MEXICO Y PERU-Falta de publicación de algunos
artículos se trata de una inadvertencia, de un error que conllevo un vicio de
procedimiento pero de carácter subsanable (Salvamento de voto)
Referencia: Expediente LAT - 412
Problema
jurídico planteado en la sentencia: revisión de constitucionalidad de la Ley
1628 de 2013, por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo marco de la
Alianza del Pacífico"
Motivo
del Salvamento: en este caso se debió remitir la Ley bajo objeto al
Congreso de la República para subsanar el vicio de procedimiento advertido,
pues debe primar el "principio de instrumentalización de las formas
".
Salvo
el voto en la Sentencia C -258 de 2014, pues considero
que en el caso sub examine debió remitirse la Ley objeto de análisis
al Congreso de la República para que subsanara el vicio de procedimiento
advertido, en razón de la aplicación del principio constitucional de la
prevalencia del derecho sustancial sobre lo formal.
1. ANTECEDENTES
Revisión de constitucionalidad de la Ley
1628 de 2013, por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo marco de la
Alianza del Pacífico" suscrito entre la República de Colombia y la
República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú,
firmado en la ciudad de Antofagasta, Chile, el 6 de junio de 2012. La
Corporación constató que el texto auténtico del Acuerdo Marco de la Alianza del
Pacífico se compone de 17 artículos. Sin embargo, el trámite legislativo se
basó en una publicación incompleta del Instrumento, en la que solo aparecen 15
artículos y el numeral 1o del artículo 16, pero hacen falta los
incisos 2o y 3o del artículo 16, el artículo 17 y las
firmas de los Jefes de Estado correspondientes. También comprobó la Sala que el
texto del Acuerdo fue publicado de esa manera desde el inicio del trámite en el
Congreso de la República, en la Gaceta del Congreso 625 de 2012, al parecer por
un error involuntario, y en ninguna etapa del procedimiento legislativo se
corrigió esa irregularidad, de manera que incluso en la publicación de la Ley
1628 de 2013, en el Diario Oficial 48.798 de 23 de mayo de 2013, se presenta
una versión incompleta del Acuerdo. Siguiendo el precedente establecido en la
sentencia C-255 de 1996, en la que se constató la existencia de un vicio
prácticamente idéntico en el trámite de aprobación de la "Convención de
Viena sobre El Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones
Internacionales o entre Organizaciones Internacionales, hecha en Viena el 21 de
marzo de 1986", la Corporación consideró que esa situación representa un
vicio de procedimiento, relacionado con el principio de publicidad en el
trámite legislativo. Con base en lo anterior, la Corte decide declarar la
INEXEQUIBILIDAD de la Ley 1628 de 2013 y declararse INHIBIDA para pronunciarse
sobre la constitucionalidad del instrumento internacional denominado
"Acuerdo marco de la Alianza del Pacífico".
2.
FUNDAMENTO DEL SALVAMENTO
Si bien, no hay duda acerca de la
importancia del principio de publicidad durante el trámite legislativo, en este
caso, de una ley aprobatoria de tratado, también lo es, que no toda
irregularidad o vicio de procedimiento en torno a la publicación de las
ponencias antes de primer debate conducen indefectiblemente a catalogarlos como
insubsanables.
2.1. En este
respecto, pueden identificarse las siguientes posiciones jurisprudenciales:
Para iniciar, se encuentra la línea que
establece que no puede existir deliberación democrática sin el conocimiento
previo del proyecto de ley mediante su publicación en la Gaceta del Congreso de
conformidad con lo establecido en el artículo 157 de la Constitución el cual
establece como requisito primero del trámite legislativo, la publicación oficial
del proyecto por parte del Congreso. Este precepto se encuentra estrechamente
relacionado con los artículos 156 y 157 de la Ley 5 de 1992, de cuyo contenido
se deriva que no puede iniciarse el primer debate del proyecto de ley si no se
ha publicado previamente su contenido en la Gaceta del Congreso. A grandes
rasgos quienes defienden esta postura sostienen que "la previa
publicación del contenido de la ponencia, ¡que con frecuencia incorpora
importantes modificaciones a los proyectos inicialmente presentados, además de
la certeza que brinda acerca de los textos que serán sometidos a debate,
permite que los congresistas acudan al mismo, con una mejor ilustración,
producto de la anticipada investigación y reflexión sobre las materias que
serán objeto de discusión e, incluso de la consulta de las mismas con
eventuales interesados" [82]
Siguiendo esta posición jurisprudencial
se emitió la sentencia C-861 de 2001[83], mediante la
cual esta Corporación revisó la Ley 630 del 27 de diciembre de 2000 "Por
medio de la cual se aprueba el 'ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA, SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN
MATERIA PENAL" hecho en Santo Domingo, república Dominicana, el
veintisiete (27) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998)" que
declaró la inexequibilidad de esta ley por razones de tipo formal, esto es, porque
la ponencia para primer debate fue publicada con posterioridad a su aprobación.
Por otro lado, existe una línea
jurisprudencial que sostiene que el principio de publicidad puede garantizarse
poniendo en conocimiento de los congresistas el contenido del proyecto, por
medio de entrega de fotocopias del mismo, siempre y cuando dicho reparto sea
previo y en todo caso se produzca la publicación, así sea con posterioridad a
la aprobación de la ponencia. Bajo estos lineamientos la Corte ha declarado la
constitucionalidad de leyes aprobatorias de tratados, en cuyo trámite
legislativo se observó que la publicación del texto del proyecto se dio con
posterioridad a la aprobación del mismo. En esta línea se encuentran las
sentencias C-916 y C- 953 de 2001, y el fallo C-1034 de 2003 (M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa)
Por su parte, la sentencia C-915 de 2001[84], a
través de la cual analizó el Protocolo Adicional con el Reino de España
modificando el Convenio de nacionalidad, con respecto a la publicación oportuna
de la ponencia, y retomando las posiciones antes expuestas, señaló que existían
dos formas de publicar la ponencia: (i) publicidad de la ponencia con
anterioridad a su discusión en la Gaceta del Congreso y (ii) reparto anticipado
de la ponencia a los congresistas (fotocopia o reproducción por cualquier medio
mecánico) y su publicación oportuna con posterioridad al debate, advirtiendo
que en todo caso debe realizarse durante el trámite legislativo del proyecto
estudiado.
2.2. Justificación de la alusión a las
anteriores líneas jurisprudenciales:
Es importante anotar que lo anteriormente
expuesto es relevante para identificar el debate acerca de la importancia del
principio de publicidad de las ponencias antes de que se surta el primer debate
como manifestación del principio democrático. En particular, este principio
protege el derecho de los ciudadanos a la participación política y también hace
viable una deliberación democrática en el Congreso.
No obstante, en
este caso específico, en realidad no hay una ausencia absoluta de
publicación, pues en efecto, el proyecto de ley aprobatoria de tratado fue
publicado, pero de forma incompleta, esto es, los congresistas no tuvieron la oportunidad
de analizar el contenido dedos incisos 2 y 3 del artículo 16 ni del artículo
17.
|
En este respecto, la sentencia C-255 de 1996 (M.P. Alejandro
Martínez Caballero) contiene un precedente importante para el caso bajo
análisis, pues en esta oportunidad indicó que la no aprobación de algunos
artículos que no fueron incluidos en el texto de la Convención que se estudiaba
en ese momento había ocurrido ante la inadvertencia por parte del Gobierno, el
cual daba lugar a un vicio subsanable. En términos de la Corte:
"9- Sin embargo, y
teniendo en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho en el que
prevalece el derecho sustancial, de conformidad con los artículos 1 °, 228 y
323 de la Constitución, respectivamente, la Corte consideró que la no aprobación
de esos artículos de la Convención se debió a una inadvertencia, por lo cual se
trataba de un vicio subsanable, pues todo indica que el Gobierno pretendía que
el Congreso aprobara integralmente la Convención y que éste último pensaba
estar aprobando el texto completo del tratado pero que, por la mencionada
omisión, se terminó aprobando parcialmente la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre
Organizaciones Internacionales, hecha en Viena el 21 de marzo de 1986. En ese
orden de ideas, y tal y como se señala en los antecedentes de esta sentencia,
la Corte devolvió la ley a la Secretaría jurídica de la Presidencia para que se
procediera a corregir el mencionado vicio, dentro de los términos máximos
autorizados por el artículo 45 del Decreto 2067 de 1991" (Alejandro
Martínez Caballero)
De lo anterior puede colegirse que esta
Corporación señaló que la ausencia de publicación parcial de unos artículos que
hacen parte integral de un Acuerdo NO constituyen un vicio de carácter
insubsanable, esto por cuanto si en un Estado Social de Derecho prevalece lo
sustancial sobre lo formal, la Corte lo que debe verificar en estos casos es si
dicha omisión del articulado del respectivo Acuerdo obedece a una
inadvertencia, en ese caso del ejecutivo, en este caso del legislativo, pero
que en todo caso puede constatarse el querer del legislador en la aprobación
integral del instrumento.
A mi parecer, en este evento puede
apreciarse que la no inclusión del artículo 16 parcial y 17 del Acuerdo se
debió a una inadvertencia -presuntamente por parte del Congreso-, como también
que el proyecto de ley aprobatoria de tratado tuvo una amplia deliberación al
interior de cada Cámara, las cuales tenían el convencimiento de estar
debatiendo la totalidad de la ley.
Es importante resaltar que a lo largo de
dichas deliberaciones, hubo una participación amplia y cualificada de los
miembros del Congreso, se invitaron técnicos para que brindaran la ilustración
respectiva sobre el alcance de la ley aprobatoria de tratado sometida a su
consideración y además, el ponente brindó una explicación sobre la generalidad
del proyecto e incluso hizo mención a los países observadores que acompañarían
este proceso en los términos del artículo 17 que no figura en el articulado
discutido (Gaceta 454 de 2013, acta del 24 de abril), lo cual indica que sí
había conocimiento del contenido de este artículo cuando se estaba discutiendo
la ponencia.
Es decir, que la falta de publicación de
los incisos 2 y 3 del artículo 16 y del artículo 17 -tal y como aconteció en el
análisis de la ley aprobatoria de tratado en la sentencia C-255 de 1996-, en verdad se
trata de una inadvertencia, de un error que conllevo un vicio de procedimiento
pero de carácter subsanable.
En conclusión, considero que en
aplicación del principio constitucional de la prevalencia del derecho
sustancial sobre lo formal debió remitirse la Ley objeto de análisis al
Congreso de la República para que subsanara el vicio de procedimiento
advertido.
Por las razones
anteriores considero que la Ley 1628 del 22 de mayo de 2013 "Acuerdo Marco
de la Alianza del Pacífico entre la República de Colombia, la República de
Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, firmado en la
ciudad de Antofagasta, Chile, el seis de junio de 2012" debía ser
remitida al Congreso de la República para que se subsanara el vicio de
procedimiento analizado en la sentencia, por lo que debo salvar el voto con
respecto a la decisión que se adoptó en el asunto de la referencia.
Fecha ut supra,
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
[1] Folio 38, cuaderno
principal.
[2] Se trascribe el
texto de la Ley 1628 de 2013 y el Acuerdo Marco de la
Alianza del Pacífico, tal como aparece publicado en el Diario Oficial No.
48.798, de 22 de mayo de 2003. Este texto, sin embargo, no guarda
correspondencia en su integralidad con el documento del Acuerdo negociado con
los Gobiernos extranjeros pares en la
Alianza del Pacífico. Mientras en el Diario Oficial el Acuerdo culmina en su
artículo 16, numeral 1º, en el documento internacional incorpora dos numerales
adicionales del artículo 16, el artículo 17 y las firmas de los Jefes de Estado
de Chile, Méjico, Perú y Colombia.
[3] En adelante, para
hacer referencia a la Gaceta del Congreso, se utilizará la expresión GC.
[4] Tales características
han sido destacadas, entre otras, en las sentencias C-378 de 1996 (MP. Hernando
Herrera Vergara); C-682 de 1996 (MP: Fabio Morón Díaz); C-468 de 1997 (MP.
Alejandro Martínez Caballero. AV. José Gregorio Hernández Galindo); C-400 de
1998 (MP: Alejandro Martínez Caballero. SPV. Vladimiro Naranjo Mesa y Hernando
Herrera Vergara. SV. José Gregorio Hernández Galindo); C-924 de 2000 (MP.
Carlos Gaviria Díaz); C-206 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández); C-176 de
2006 (MP. Álvaro Tafur Galvis. SV. Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán
Sierra y Humberto Sierra Porto); C-958 de 2007 (MP. Jaime Córdoba Triviño. SV.
Jaime Araujo Rentería); C-927 de 2007 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto);
C-859 de 2007 (MP. Mauricio González Cuervo. SV. Jaime Araujo Rentería); C-464
de 2008 (MP. Jaime Araujo Rentería. SV. Jaime Araujo Rentería); C-387 de 2008
(MP. Rodrigo Escobar Gil. SV. Jaime Araujo Rentería); C-383 de 2008 (MP. Nilson
Pinilla Pinilla. SV. Jaime Araujo Rentería); C-189 de 2008 (MP: Manuel José
Cepeda Espinosa); C-121 de 2008 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra); C-032 de 2009
(MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. SV. Jaime Araujo Rentería); C-031 de 2009 (MP.
Humberto Antonio Sierra Porto. SV. Jaime Araujo Rentería); C-094 de 2009 (MP.
Clara Elena Reales Gutiérrez. SV. Jaime Araujo Rentería); C-150 de 2009 (MP.
Mauricio González Cuervo. AV. Luis Ernesto Vargas Silva); C-195 de 2009 (MP.
Jorge Iván Palacio Palacio); C-285 de 2009 (MP. Nilson Pinilla Pinilla); C-378
de 2009 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto); C-685 de 2009 (MP. Luis Ernesto
Vargas Silva), C-011 de 2010 (MP. Juan Carlos Henao Pérez, SV. María Victoria
Calle Correa y Jorge Iván Palacio Palacio), C-305 de 2010 (MP. Luis Ernesto
Vargas Silva); C-982 de 2010 (MP. María Victoria Calle Correa).
[5] Corte Constitucional
C-750 de 2008 (MP. Clara Inés Vargas Hernández. SV. Jaime Araujo Rentería).
[6] Folio 38, cuaderno
principal.
[7] Suscrito por
Santiago Díaz Cediel, Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Tratados (E),
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
[8] M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[9] “El Presidente de la República celebra, entonces, los tratados
internacionales, bien  participando en forma directa en el proceso de su
negociación y firma o ya actuando, en los diferentes pasos que integran el acto
complejo en que consiste la celebración de un tratado internacional por
intermedio de representantes revestidos de plenos poderes o de
poderes restringidos para representar al Estado en la negociación, la adopción
u otros actos relativos al convenio de que se trate, así como para expresar el
consentimiento estatal en obligarse por él, todo sobre la base de que tales
funcionarios son designados por el Jefe del Estado en ejercicio de la facultad
de nominación de los agentes diplomáticos que le ha sido conferida por la
Carta Política, de tal manera que las actuaciones llevadas a cabo por ellos
están sujetas, en todo caso, a la posterior confirmación del Presidente antes
de que el Tratado sea remitido al Congreso para su aprobación.
(…) ciertos funcionarios, en razón de sus competencias y dada la
naturaleza misma de sus cargos, han sido reconocidos, tanto por el Derecho
Internacional como por el Derecho interno como investidos, por vía general,
del ius representationis, es decir que no requieren
autorización expresa y especial  ni plenos poderes para actuar a nombre
del Estado en las distintas etapas previas y concomitantes a la negociación y
firma de los tratados, estando desde luego sometidos los compromisos que
contraigan a la confirmación presidencial.
Tal es el caso del Ministro de Relaciones Exteriores, quien, por
razones obvias, es el  agente que, en mayor grado, está encargado de
orientar, bajo la dirección del Presidente, la política estatal en materia de
relaciones internacionales y de asuntos exteriores. Por ende, es lo natural y
razonable que le corresponda concretarla a través de los instrumentos
respectivos, esto es,  mediante la negociación y suscripción de tratados,
convenios y demás instrumentos aptos para acordar y fortalecer la cooperación
internacional..." (Sentencia C-045/94. MP.: Dr. Hernando Herrera
Vergara)””. [Tomado de C-309/07]
[10] Folio 47.
[11] Folio 47, cuaderno
principal.
[12] Gaceta
del Congreso No 625 del 19 de septiembre de 2012,  pp. 3-16. (Folios 111 vto a
118, cuaderno de pruebas No. 2). La ponencia les correspondió a los Senadores Guillermo García
Realpe (Coordinador), Roy Leonardo Barreras Montealegre,  y Édgar
Espíndola Niño, y fue publicada en la Gaceta del Congreso 888 de 2012. Después
de un amplio informe sobre el alcance del Acuerdo de la
Alianza del Pacífico, se leyó la siguiente proposición: “PROPOSICIÓN. || Dese primer debate ante la
Comisión Segunda del Senado de la República al Proyecto de ley número 118 de
2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo Marco de la
Alianza del Pacífico¿ entre la República de Colombia, la
República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la
República del Perú, firmado en la ciudad de Antofagasta, Chile, el seis de
junio de 2012, con base en el texto publicado en la
Gaceta del Congreso número 625 del 19 de septiembre de 2012. (…)
Y se propuso el siguiente texto para ser considerado en primer debate por la
Comisión Segunda del Senado de la República:
“El Congreso de la República. || Visto el texto del ¿Acuerdo
Marco de la Alianza del Pacífico¿ entre la
República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la
República del Perú, firmado en la ciudad de Antofagasta, Chile, el seis de
junio de dos mil doce.|| (Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y
completa en castellano del Acuerdo Marco, el cual consta de nueve (9) folios,
certificada por la Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales del
Ministerio de Relaciones Exteriores, documento que reposa en los archivos de
ese Ministerio). DECRETA:
Artículo 1°.
Apruébese el ¿Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico¿ entre la
República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la
República del Perú, firmado en la ciudad de Antofagasta, Chile, el seis de
junio de dos mil doce.|| Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el ¿Acuerdo Marco de la
Alianza del Pacífico¿ entre la República de Colombia, la
República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la
República del Perú, firmado en la ciudad de Antofagasta, Chile, el seis de
junio de dos mil doce, que por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará
al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional
respecto de la misma.|| Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha
de su publicación”.
[13] Folios 150, 153,
156.
[14] Tras una larga
exposición sobre el origen, alcance, objetivos y contenido del Acuerdo, los
congresistas ponentes de ambas cámaras presentaron la siguiente: “Proposición.|| Dese primer debate en
sesión conjunta de las Comisiones Segundas del Senado de la
República y Cámara de Representantes, al Proyecto de ley número 118 de 2012
Senado y 269 de 2013 Cámara, por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo
Marco de la Alianza del Pacífico’ entre la
República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la
República del Perú, firmado en la ciudad de Antofagasta, Chile, el seis de
junio de 2012”. Posteriormente efectuaron una presentación sobre las relaciones
comerciales de Colombia con los demás miembros de la
Alianza, así como algunos indicadores macroeconómicos, para finalmente,
presentar el siguiente texto a aprobación: “El Congreso de la
República. Visto el texto del ‘Acuerdo Marco de la
Alianza del Pacífico’ entre la
República de Colombia, la
República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la
República del Perú, firmado en la ciudad de Antofagasta, Chile, el seis
de junio de dos mil doce.
(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa en
castellano del Acuerdo Marco, el cual consta de nueve (9) folios, certificada
por la Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio
de Relaciones Exteriores, documento que reposa en los archivos de ese Ministerio). DECRETA: Artículo 1°. Apruébese el
‘Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico’ entre la
República de Colombia, la
República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la
República del Perú, firmado en la ciudad de Antofagasta, Chile, el seis
de junio de dos mil doce.|| Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el ‘Acuerdo Marco de la
Alianza del Pacífico’ entre la
República de Colombia, la
República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la
República del Perú, firmado en la ciudad de Antofagasta, Chile, el seis
de junio de dos mil doce, que por el artículo 1° de esta ley se aprueba,
obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo
internacional respecto de la misma.|| Artículo 3°. La presente ley rige a
partir de la fecha de su publicación.”
[15] “El Presidente,
Senador Carlos Fernando Motoa, manifiesta: || Solicito al Secretario se sirva
anunciar los proyectos para la
Sesión Conjunta del día miércoles 24 de abril. || El Secretario de la
Comisión, doctor Diego Alejandro González González, informa al señor
Presidente y a los honorables Senadores: Para sesionar de manera conjunta de
conformidad con el trámite de urgencia presentado por el Gobierno Nacional, me
permito anunciar por instrucciones suyas, el Proyecto de Ley No. 118 de 2012
senado y 269 de 2013 Cámara, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo
Marco de la Alianza del Pacífico”, suscrito en Paranal, Antofagasta,
República de Chile, el 6 de junio de 2012. Autores: Ministerios de Relaciones
Exteriores y de Comercio, Industria y Turismo. || Ponentes en el Senado:
honorables Senadores Guillermo García Realpe (Coordinador); Roy Barreras
Montealegre y Édgar Espíndola Niño. || En Cámara los ponentes son: honorables
Representantes Albeiro Vanegas Osorio, Juan Carlos Sánchez Franco y Pedro Pablo
Pérez Puerta. || Está anunciado el proyecto de ley señor Presidente y
honorables Senadores para la próxima sesión conjunta que será el próximo
miércoles 24 de abril, a partir de las 10:00 a. m. || El Senador Carlos
Fernando Motoa Solarte, informa que se levanta la sesión y se convoca para el
próximo miércoles 24, como lo ha establecido y mencionado el Señor Secretario.
Anuncie señor Secretario los demás proyectos de ley. Muchas gracias.”  (GC
456/13, pág. 46)
[16] Acta de Plenaria 28
de 17 de abril de  2013. Folio 32, cuaderno 3.
[17] GC 558/2013 de
26-07-2013 (el Acta 28 empieza en p. 40, el anuncio está en p. 51, fol. 61,
cuad. 3) “Hace uso de la palabra la
Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias: Sí
señor Presidente, anuncio de proyectos de ley en sesión de comisión del día 17
de abril de 2013. Para dar cumplimiento al artículo 8, del Acto Legislativo
número 01 de 2003 para ser discutido y votado en sesiones conjuntas de Senado y
Cámara de Representantes, que serán las próximas sesiones de acuerdo a citación
señor Presidente para el próximo miércoles 24 de abril de 2013
a las 10 de la mañana. || Proyecto de ley números 269 de 2013 Cámara, 118 de
2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo Marco de la
Alianza del Pacífico, suscrito en Paraná, Antofagasta, República de Chile
el 6 de junio de 2012. || Publicaciones: Texto del Proyecto de ley, Gaceta
del Congreso número 625 de 2012. || Ponencia Primer Debate en Senado: Gaceta
del Congreso número 888 de 2012 || Ese es el anuncio de sesiones conjuntas,
señor Presidente.” (GC-558/13, págs. 51 y 52)
[18] “La señora Presidente, Senadora Myriam Paredes Aguirre;
informa que se continúa: Señor Secretario sírvase dar lectura al articulado del
proyecto, se hará votación nominal del mismo. || El Secretario doctor Diego
Alejandro González González, informa a la
Presidenta, el articulado dice así: “Artículo 1°. Apruébese el Acuerdo Marco
de la Alianza del Pacífico entre la
República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la
República del Perú, firmado en la ciudad de Antofagasta, Chile, el seis de
junio de dos mil doce.” (…)” (GC-454/13, pág. 24.
[19] “Señora Presidenta, me permito informarle que diez (10) honorables
Representantes han respondido Sí al articulado; un (1) voto negativo, en
consecuencia en la Comisión Segunda de la
Cámara se ha aprobado el articulado propuesto por los ponentes.” (GC-454/13,
pág. 25) || Señora Presidenta, le informo que diez (10) honorables
Representantes han contestado que Sí quieren que se apruebe el título del
proyecto leído, y quieren que pase a segundo debate en la
Plenaria de la Cámara; un (1) honorable Representante, Iván Cepeda Castro,
manifiesta que No. || En consecuencia señora Presidenta, se ha aprobado el
título del proyecto leído y el querer de los honorables Representantes que pase
a segundo debate este proyecto, y se convierta en un futuro en ley de la
República.” (GC-454/13, pág. 26)
[20] “Le informo señora Presidenta, que hay siete (7) votos por el Sí,
uno (1) por el No, en consecuencia ha sido aprobado el articulado propuesto por
los honorables Senadores en la
Comisión Segunda del Senado.” (GC-454/13, pág. 25) || “Le informo señora Presidenta, que han votado
afirmativamente siete (7) honorables Senadores; negativamente un (1) honorable
Senador, en consecuencia ha sido aprobado el título del proyecto de ley y el
querer de los Senadores que tenga segundo debate en la
Plenaria del Senado.” (GC-454/13, pág. 26)”.
[21] Acta de
Plenaria 57 de 30-04-2013. GC 471/2013 de 08-07-2013. “Por instrucciones
de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo número 01 de 2003,
por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la
próxima sesión. Anuncio de proyectos para la sesión plenaria del Senado de la
República del día martes 7 de mayo de 2013. Proyectos para discutir y votar:
|| (…) Proyecto de ley números 118 de 2012 Senado, 269 de 2013 Cámara, por
medio de la cual se aprueba el “Acuerdo marco de la
Alianza del Pacífico, entre la República de Colombia, la
República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la
República del Perú, firmado en la ciudad de Antofagasta, Chile, el seis de
junio de 2012. || (…) Están anunciados los proyectos para la próxima sesión
Plenaria, señor Presidente.” (GC-471/13, págs. 56 y 57).
[22] Acta 58 de 07-05-2013 GC 472/2013, pág.
40. Se dio inicio al debate del proyecto, pero se concluyó que no existía
suficiente ilustración, por lo que se aplazó su votación para la sesión
siguiente. Luego aparece incluido en la lista de proyectos anunciados para ser
discutidos y aprobados en la próxima sesión. “Por instrucciones de la
Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, por Secretaría
se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.
|| Sí señor Presidente. Proyectos para discutir y votar en la próxima sesión
plenaria del Senado de la República. || (…) Proyecto de ley números 118 de 2012
Senado, 269 de 2013 Cámara, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo marco
de la Alianza del Pacífico, entre la
República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la
República del Perú, firmado en la ciudad de Antofagasta, Chile, el seis de
junio de 2012. || (…) Están leídos y anunciados los proyectos para la próxima
sesión Plenaria, señor Presidente.” (GC-472/13, págs. 79, 80 y 81) (…) “Siendo
las 11:45 p.m., la Presidencia levanta la sesión y convoca para el día
miércoles 8 de mayo de 2013, a las 3:00 p.m.” (GC-472/13, pág. 212)  Acta No.
17 del 27 de marzo de 2012, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 547 del 23 de agosto de 2012: ““COMISION SEGUNDA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE || ACTA NÚMERO 17 de 2012 (marzo 27). “El Secretario, doctor Diego Alejandro
González González, da lectura al anuncio de proyecto: Por instrucciones de la
Presidenta de la Comisión Segunda del Senado de la
República, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la
próxima sesión: (…) 7. Proyecto de ley
número 175 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueban el proyecto de enmienda del
convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional para reforzar la
representación y la participación en el Fondo Monetario Internacional, adoptado el 28 de marzo de
2008 y aprobado por la Junta de Gobernadores mediante Resolución 63-2, adoptada
el 28 de abril de 2008, y el Proyecto de Enmienda del Convenio constitutivo del Fondo Monetario
Internacional para ampliar las facultades de inversión del Fondo Monetario Internacional, adoptado el 7 de abril de
2008 y aprobado por la Junta de Gobernadores, mediante la
Resolución 63-3, adoptada el 5 de mayo de 2008. || Le informo señora
Presidenta, que han sido anunciados los proyectos de ley para discutir y
votar en la próxima sesión de comisión. La señora Presidenta, Senadora
Alexandra Moreno Piraquive:
Levanta la
sesión y se convoca para mañana a las 10:00 a. m.” || “El señor
Presidente, Senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda, informa: señor Secretario
en razón a que no tenemos quórum para decidir, anunciar nuevamente los
proyectos de ley, para la próxima sesión de Comisión.|| El Secretario de la
Comisión, doctor Diego Alejandro González González, procede con el anuncio de
proyectos de ley: Por instrucciones de la
Presidente de la Comisión Segunda del Senado de la
República, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima
sesión: (…)|| 7. Proyecto de ley
número 175 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueban el proyecto de enmienda del
convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional para reforzar la
representación y la participación en el Fondo Monetario Internacional, adoptado el 28 de marzo de
2008 y aprobado por la Junta de Gobernadores mediante Resolución número 63-2,
adoptada el 28 de abril de 2008, y el proyecto de enmienda del convenio
constitutivo del Fondo Monetario Internacional para ampliar las facultades de
inversión del Fondo Monetario Internacional, adoptado el 7 de abril de 2008 y
aprobado por la Junta de Gobernadores, mediante la
Resolución número 63-3, adoptada el 5 de mayo de 2008.
Le informo señor Presidente, que han sido anunciados los proyectos
de ley para discutir y votar en la próxima sesión de Comisión. Se configura el
quórum decisorio señor Presidente.
El señor Presidente, Senador Carlos
Emiro Barriga, informa, anunciados los proyectos para la próxima sesión
de Comisión, citamos para el martes 10 de abril a las 10:00 a.m., en este
mismo recinto. Quedamos citados para el martes 10 de abril a las 10:00 a.m.
para discutir los proyectos anunciados. Gracias || Se levanta la sesión.”
(Subraya la Sala).
Acta No. 19 del
10 de abril de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso No. 233 del 15 de mayo
de 2012: “El Secretario informa a la presidencia que reposan dos
proposiciones de aplazamiento sobre los Proyectos de ley número 123
de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el tratado sobre asistencia
legal mutua en asuntos penales entre la
República de Colombia y la
Confederación Suiza, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011. (…) Otra
presentada por la Senadora Myriam Alicia Paredes, del Proyecto de ley número
175 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueban el proyecto de
enmienda del Convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional, para
reforzar la representación y la participación en el Fondo Monetario
Internacional, adoptado el 28 de marzo de 2008 y aprobado por la
Junta de Gobernadores mediante Resolución 63-2, adoptada el 28 de abril de
2008, y el Proyecto de enmienda del Convenio constitutivo del Fondo Monetario
Internacional, para ampliar las facultades de inversión del Fondo Monetario
Internacional, adoptado el 7 de abril de 2008 y aprobado por la
Junta de Gobernadores mediante la
Resolución 63-3, adoptada el 5 de mayo de 2008.  (…) El Presidente, Senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda, somete
a consideración de los Senadores de la
Comisión las proposiciones de aplazamiento del Proyecto número 123 de 2011 y
del Proyecto 175 de 2011 Senado. Lo aprueban los miembros de la
Comisión.  || El Secretario de la Comisión, doctor Diego Alejandro González
González, le informa a la Presidencia que sí han sido aprobadas, las
proposiciones de aplazamiento de los Proyectos de ley 123 de 2011 Senado y 175
de 2011 Senado.
Se continúa con el Orden del Día. El
Secretario informa a la Presidencia, que el siguiente punto es el anuncio de
discusión y votación de proyectos de ley: (…) El señor Presidente, Senador
Carlos Emiro Barriga, solicita al Secretario anunciar proyectos para la próxima
sesión de Comisión. El Secretario de la
Comisión, doctor Diego González González, da lectura al anuncio de proyectos
de ley: por instrucciones del señor Presidente de la
Comisión Segunda, me permito anunciar los proyectos de ley para discutir y
votar en la próxima sesión de Comisión: (…) 2. Proyecto de ley número 175 de 2011 Senado, por
medio de la cual se aprueban el proyecto de enmienda del convenio constitutivo
del Fondo Monetario Internacional, para reforzar la representación y la
participación en el Fondo Monetario Internacional, adoptado el 28 de marzo de
2008 y aprobado por la Junta de Gobernadores mediante Resolución 63-2, adoptada
el 28 de abril de 2008, y el proyecto de enmienda del convenio constitutivo del
Fondo Monetario Internacional, para ampliar las facultades de inversión del
Fondo Monetario Internacional, adoptado el 7 de abril de 2008 y aprobado por la
Junta de Gobernadores mediante la
Resolución 63-3, adoptada el 5 de mayo de 2008. Autores: Ministerios de
Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público. Ponente: honorable
Senadora Myriam Alicia Paredes Aguirre. Publicaciones: Proyecto de ley: Gaceta
del Congreso número 894 de 2011. Ponencia Primer Debate: Gaceta del
Congreso número 97 de 2012. Le informo señor Presidente, que han sido
anunciados los proyectos de ley para la próxima sesión. El señor
Presidente, Senador Carlos Emiro Barriga, informa que se cita para la
próxima sesión a las 10:00 en este mismo recinto. Gracias. Se
levanta la Sesión-
[23] Acta 59 de 8 de
mayo de 2012. GC 507/2013. Consta votación nominal “La
Presidencia somete a consideración de la plenaria la proposición positiva con
que termina el informe de ponencia del Proyecto de ley número 118 de 2012
Senado, 269 de 2013 Cámara y, cerrada su discusión abre la votación, e indica a
la Secretaría abrir el registro electrónico para proceder en forma nominal.”
(GC-507/13, pág. 49).
Resultado
votación (nominal) del informe de ponencia “La
Presidencia cierra la votación, e indica a la
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el resultado de la
votación. Por Secretaría se informa el siguiente resultado: Por el Sí: 58. Por
el No: 09. TOTAL: 67 votos. En consecuencia, ha sido aprobada la proposición
positiva con que termina el informe de ponencia del proyecto de Ley número 118
de 2012 Senado, 269 de 2013 Cámara.” (GC-507/13, pág. 50).
Resultado
votación (nominal) del articulado en bloque (sin lectura): “La
Presidencia cierra la votación, e indica a la
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el resultado de la
votación. Por Secretaría se informa el siguiente resultado: Por el Sí: 54. Por
el No: 07. TOTAL: 61 votos”. || En consecuencia, ha sido aprobada la omisión de
la lectura del articulado y el bloque del articulado del Proyecto de ley número
118 de 2012 Senado, 269 de 2013 Cámara. (GC-507/13, pág. 51).
Resultado
votación (nominal) del título y que sea Ley de la
República: “La Presidencia cierra la votación, e indica a la
Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el resultado de la
votación. Por Secretaría se informa el siguiente resultado: Por el Sí: 55 ||
Por el No: 08|| TOTAL: 63 votos” “En consecuencia, ha sido aprobado el
título y que sea Ley de la República el proyecto de Ley número 118 de 2012
Senado, 269 de 2013 Cámara.” (GC-507/13, pág. 52).
[24]
Texto aprobado en sesión
plenaria del senado de la república el día 8 de mayo de 2013 al proyecto de ley
número 118 de 2012 senado, 269 de 2013 cámara por medio de la cual se aprueba
el ‘Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico’ entre la
República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la
República del Perú, firmado en la ciudad de Antofagasta, Chile, el 6 de junio
de 2012.|| El Congreso
de la República visto el texto del ‘Acuerdo Marco de la
Alianza del Pacífico’ entre la
República de Colombia, la
República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la
República del Perú, firmado en la ciudad de Antofagasta, Chile, el 6 de
junio de 2012. (Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa en
castellano del Acuerdo Marco, el cual consta de nueve (9) folios, certificada
por la Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio
de Relaciones Exteriores, documento que reposa en los archivos de ese
Ministerio). || DECRETA: || Artículo 1°. Apruébese el ¿Acuerdo Marco de la
Alianza del Pacífico¿ entre la
República de Colombia, la
República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la
República del Perú, firmado en la ciudad de Antofagasta, Chile, el 6 de
junio de 2012.|| Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1°
de la Ley 7ª de 1944, el ¿Acuerdo Marco de la
Alianza del Pacífico¿ entre la
República de Colombia, la
República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la
República del Perú, firmado en la ciudad de Antofagasta, Chile, el 6 de
junio de 2012, que por el artículo 1° de esta ley se a prueba, obligará al país
a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de
la misma.|| Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su
publicación.|| Con el propósito de dar
cumplimiento a lo establecido al artículo 182 de la
Ley 5ª de 1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en
sesión Plenaria del Senado de la
República el día 8 de mayo de 2013, al Proyecto de ley números
118 de 2012 Senado, 269 de 2013 Cámara, por medio de la cual se
aprueba el ¿Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico¿ entre la
República de Colombia, la
República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la
República del Perú, firmado en la ciudad de Antofagasta, Chile, el 6 de
junio de 2012, y de esta manera continúe su trámite legal y
reglamentario en la Honorable Cámara de Representantes.
[25]  Publicación de la
ponencia en GC 251/2013.
[26] “Se anuncian
los siguientes proyectos para la
Sesión Plenaria del día martes 7 mayo del año 2013 o para la siguiente Sesión
Plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o Acto Legislativos de acuerdo
al Acto Legislativo 1° de julio 3 del 2003 en su artículo 8°. || (…)Proyecto de
ley número 269 de 2013 Cámara, 118 de 2012 Senado, por medio de la cual se
aprueba el “Acuerdo marco de la Alianza del Pacífico, entre la
República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la
República del Perú, firmado en la ciudad de Antofagasta, Chile, el seis de
junio de 2012.”  (…) “Gracias, señora Secretaria, se cita para el
próximo martes 7 mayo a las tres de la tarde, muchas gracias, se levanta la
sesión. Se levanta la sesión Plenaria siendo las 5:09 p. m” || GC 656/2013 del 30-08-2013 (p. 79): “[S]e anuncian
los siguientes proyectos para la sesión Plenaria del día martes 14 mayo del año
2013 o para la siguiente sesión Plenaria en la cual se debatan proyectos de ley
o acto legislativo de acuerdo al Acto Legislativo 1 de julio de 2003 en
su artículo 8°. || (…)Proyecto de ley número 269 de 2013 Cámara, 118 de 2012
Senado, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo marco de la
Alianza del Pacífico, entre la República de Colombia, la
República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la
República del Perú, firmado en la ciudad de Antofagasta, Chile, el seis de
junio de 2012.” (GC-656/13, pág. 79).
[27] GC 610/2013 del
12-08-2013. Primera votación en Plenaria Cámara. Resultado votación
(nominal) del título y que sea Ley de la
República “La Secretaría General informa, doctor Jorge Humberto Mantilla
Serrano: Señor Presidente, se cierra el registro el registro, la votación es de
la siguiente manera:
Por el No: 15
votos|| Por el Sí: 69 votos.|| Señor Presidente ha sido aprobado el título y la
pregunta sobre sí quieren que sea ley de la
República.” (GC-610/13, pág. 45). Resultado votación (nominal) del informe
de ponencia|| “La Secretaría General informa, doctor Jorge Humberto
Mantilla Serrano: Se elimina el voto manual del doctor Chacón y del doctor
Amín. Se cierra el registro.|| Por el Sí: 74 votos|| Por en No: 19 votos
Ha sido aprobado
señor Presidente el informe con que termina la
Ponencia pidiendo que se le dé segundo debate.” (GC-610/13, pág. 42). Resultado
votación (nominal) del articulado. “La
Secretaría General informa, doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano: Se cierra
el registro y la votación es de la siguiente manera: Por el Sí: 70|| Por el No:
14|| Ha sido aprobado señor Presidente el articulado.” (GC-610/13, pág. 43).
[28] GC 579/2013 (p.
15-17). Finalmente, el texto aprobado en Plenaria del Senado fue publicado en la
Gaceta del Congreso 283 de 17 de mayo de 2013.
[29] Sentencia C-369 de
2002 (MP. Eduardo Montealegre Lynett).
[30] Sobre el requisito
del anuncio previo, establecido en el artículo 160 de la
Constitución Política a partir  de la modificación introducida por el artículo
8º del Acto Legislativo 01 de 2003, la Corte ha explicado, que este ordena a
que (i) la fecha de votación sea previamente anunciada; (2) el anuncio de tal
votación se realice en sesión distinta de aquella en que es sometido a
aprobación; y (3) la votación se efectúe en día en que fue anunciada. Además,
debe efectuarse por el Presidente de la
Respectiva célula legislativa, o el Secretario, por instrucciones del primero.
Si bien no es exigible una fórmula sacramental, debe efectuarse mediante
expresiones de las que se infiera claramente para qué se convoca a los
Congresistas, y que la fecha posterior sea “prefijada y determinada, o por lo
menos, determinable.
[31] Aclara la
Sala que en oficio remitido por la
Secretaría Jurídica de la Presidencia se alega que sí existió un error de
trascripción, pero que este no es atribuible al Gobierno de la
República sino a la Secretaría del Congreso. Posteriormente se hará referencia
a ese documento.
[32] Folios 321
a 405. El escrito de la Secretaría Jurídica de Presidencia fue remitido junto
con copia de las Gacetas del Congreso 625 de 2013, 250 de 2013 y 251 de 2013
(extracto), copia del proyecto presentado por parte del Gobierno Nacional al
Congreso de la República, copia de la certificación de la
Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados del Ministerio de
Relaciones Exteriores, en el cual consta que el texto sometido a consideración
del Congreso de la República era copia fiel y completa de aquel que reposa en
dicho Ministerio, copia de un disco compacto que acompañó la radicación del
proyecto de ley, copia de la página que contiene los numerales 2º y 3º del
artículo 16 y el artículo 17 del Acuerdo, y copia del Diario  Oficial 48.498 de
22 de mayo de 2013.
[33] La primera vez
que se efectuó la publicación de la Ley 1628 de 2013 junto con el texto del
Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, fue en la
Gaceta del Congreso No. 625 de 2012. En aquella oportunidad se omitieron los
numerales 2º y 3º del artículo 16, el artículo 17 y las firmas del Acuerdo. En
los momentos posteriores en los que se publicaron las ponencias para discusión,
así como el texto finalmente aprobado en cada Plenaria (GC-888/12 – ponencia
para primer debate en la Sesión Segunda de la
Cámara, antes del mensaje de urgencia, GC-205/13, ponencia para primer debate
en sesiones conjuntas, GC-250/13, ponencia para debate en la
Plenaria del Senado, GC 250/13, ponencia para debate en la
Plenaria de la Cámara y GC 283/13, texto aprobado por el Congreso de la
República, solamente se publicaron los artículos de la
Ley, prescindiendo del contenido del Acuerdo. Y, finalmente, en el Diario
Oficial No. 48.798 de 22 de mayo de 2013, se mantuvo la publicación del texto
incompleto del Acuerdo, es decir, hasta el artículo 16, numeral 1º.
[34] Ver, al respecto,
las GC 65 de 2013, 454 de 2013, 250 de 2013, 251 de 2013, 280 de 2013, 283 de
2013, todas citadas en el acápite de revisión del trámite legislativo.
[35] En ese aparte,
la exposición se basa principalmente en la sentencia C-737 de 2001 (MP. Eduardo
Montealegre Lynett. SV. Jaime Araujo Rentería y Marco Gerardo Monroy Cabra.
SPV. Alfredo Beltrán Sierra, Clara Inés Vargas Hernández  y Álvaro Tafur
Galvis), en la que la Corte sistematizó su jurisprudencia sobre el tema. Sobre
el principio de instrumentalidad de las formas, ver sentencias C-1152 de 2003
(MP. Jaime Córdoba Triviño. SPV. Rodrigo Escobar Gil y Eduardo Montealegre
Lynnet. AV. Manuel José Cepeda Espinosa), C-786/12 (MP. Luis Ernesto Vargas
Silva. AV. Jorge Iván Palacio Palacio, María Victoria Calle Correa y Nilson
Pinilla Pinilla), C-1040 de 2005 (MsPs. Manuel José Cepeda Espinosa,
Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto,
Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández. SV. Jaime Araújo Rentería,
Alfredo Beltrán Sierra. SPV. Jaime Córdoba Triviño y Humberto Antonio Sierra
Porto. AV. Humberto Antonio Sierra Porto).
y C-872 de 2002 (MP. Eduardo
Montealegre Lynett. AV. Jaime Araujo Rentería y Alfredo Beltrán Sierra).
[36] En este aspecto, la
sentencia central es la C-760 de 2001 (Ms.Ps. Manuel José Cepeda Espinosa y
Marco Gerardo Monroy Cabra. SV. Rodrigo Escobar Gil. SPV. Clara Inés Vargas
Hernández. AV. Jaime Araujo Rentería). También se tomarán como referentes las
sentencias recientes C-131 de 2009 (MP. Nilson Pinilla Pinilla) y C-786 de 2012
(MP. Luis Ernesto Vargas Silva. AV. Jorge Iván Palacio Palacio, María Victoria
Calle Correa y Nilson Pinilla Pinilla).
[37] MP. Alejandro
Martínez Caballero. Unánime.
[38] C-737 de 2001 (MP.
Eduardo Montealegre Lynett. SV. Jaime Araujo Rentería y Marco Gerardo Monroy
Cabra. SPV. Alfredo Beltrán Sierra, Clara Inés Vargas Hernández  y Álvaro Tafur
Galvis), C-786 de 2012 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva. AV. Jorge Iván Palacio
Palacio, María Victoria Calle Correa y Nilson Pinilla Pinilla).
[39] Ibídem.
[40] Ibídem.
[41] MP. Eduardo
Montealegre Lynett. SV.
Jaime Araujo Rentería y Marco Gerardo Monroy Cabra. SPV. Alfredo Beltrán
Sierra, Clara Inés Vargas Hernández  y Álvaro Tafur Galvis.
[42] Así, en derecho comparado, el Tribunal
Constitucional Español, en la sentencia S-57/89, constató que una enmienda
introducida en el Senado no había sido motivada, pero desestimó la impugnación
contra esa ley, pues consideró que ese defecto no alteraba sustancialmente el
proceso de formación de la voluntad de la
Cámara.  Y en el caso colombiano, esta Corte ha señalado que, a pesar de que
en principio los informes de ponencia deben ir firmados por todos los ponentes,
en caso de divergencia de criterios entre ellos, la falta de firma de quienes
que se apartaron de la posición mayoritaria, no constituye realmente un vicio
de procedimiento, pues esa situación "no tiene la suficiente
entidad para viciar la legitimidad de la publicación del informe ponencia para
segundo debate. En efecto, las discrepancias entre los ponentes no pueden
llegar al punto de torpedear el proceso legislativo, a través de conductas
negativas que desvirtúan la función legislativa”. Sentencia C-737 de 2001 (M.P.
Eduardo Montealegre Lynett.
[43] En la citada
sentencia C-737 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), continuó la
Corte: “en numerosas ocasiones, que un vicio de representación
durante la suscripción de un tratado se entiende saneado, si obra dentro del
expediente la correspondiente confirmación presidencial. Igualmente, esta
Corporación ha entendido que la violación de la exclusividad de iniciativa que
tiene el Gobierno en ciertas materias puede ser convalidada en el proceso
legislativo, para lo cual basta con que los ministros coloquen su rúbrica en el
texto del artículo por ellos redactado, pues “aunque la iniciativa es la manifestación
expresa, clara e inequívoca del ejecutivo, de que considera necesaria la
adopción de tal o cual medida que afectará la estructura de la administración
nacional, se ha admitido que estos requisitos se satisfacen con el llamado aval
ministerial”.
[44] C-579 de 2001 (MP.
Eduardo Montealegre Lynett. SV. Rodrigo Escobar Gil, Jaime Araujo Rentería,
Alfredo Beltrán Sierra. SPV. Marco Gerardo Monroy Cabra, Eduardo Montealegre
Lynett y Clara Inés Vargas Hernández. AV. Eduardo Montealegre Lynett y Manuel
José Cepeda), C-915 de 2002 (MP Álvaro Tafur Galvis, AV Álvaro Tafur Galvis, AV
Jaime Araújo Rentería), entre otras.
[45] La
cita es de la sentencia C-555 de 2000 y se conserva, tal como fue expresada en
la sentencia C-737 de 2001. Sobre el tema, Con todo, debe precisarse que en
pronunciamientos recientes al Corporación ha expresado que sí es posible
subsanar vicios en leyes estatutarias, pues el tiempo que va desde la remisión
del proyecto a la Corte para su revisión previa hasta la subsanación del vicio
no hace parte de la condición impuesta por el artículo 153 Superior, en el
sentido de que las leyes estatutarias se aprueben en una sola legislatura. Al
respecto, ver los autos A-118 de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, SV
Mauricio González Cuervo, SV. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, AV María Victoria
Calle Correa, AV Nilson Elías Pinilla Pinilla), Auto 081 de 2008 (M.P. Jaime
Córdoba Triviño. SV Jaime Araújo Rentería), C-1011 de 2008 (M.P. Jaime Araújo
Rentería).
[46] Sentencia
C-203 de 1995 (MP. José Gregorio Hernández Galindo), citada en la
C-737 de 2001, identificada como pronunciamiento hito, en materia de vicios
subsanables e insubsanables. Con todo, debe precisarse que en pronunciamientos
recientes al Corporación ha expresado que sí es posible subsanar vicios en
leyes estatutarias, pues el tiempo que va desde la remisión del proyecto a la
Corte para su revisión previa hasta la subsanación del vicio no hace parte de
la condición impuesta por el artículo 153 Superior, en el sentido de que las
leyes estatutarias se aprueben en una sola legislatura. Al respecto, ver los
autos A-118 de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. SV Mauricio González
Cuervo. SV. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. AV María Victoria Calle Correa. AV
Nilson Elías Pinilla Pinilla), Auto 081 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño. SV
Jaime Araújo Rentería), C-1011 de 2008 (M.P. Jaime Araújo Rentería).
[47] Auto 089 de 2005
(MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería. Clara Inés Vargas
Hernández, Alfredo Beltrán Sierra y Jaime Córdoba Triviño), C-786 de 2012 (MP.
Luis Ernesto Vargas Silva. AV. Jorge Iván Palacio Palacio, María Victoria Calle
Correa y Nilson Pinilla Pinilla).
C-579 de 2001, MP: Eduardo Montealegre, con AV. Manuel José Cepeda y Eduardo
Montealegre Lynett), entre otras.
[48] MP. María Victoria
Calle Correa. AV. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[49] Por
eso, la Corte señaló en la sentencia C-760 de 2001 (Ms.Ps. Manuel José Cepeda
Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra. SV. Rodrigo Escobar Gil. SPV. Clara Inés
Vargas Hernández. AV. Jaime Araujo Rentería), que el principal
límite con el que cuenta la posibilidad de devolver un proyecto al Congreso
para que allí se sanee un vicio, es el principio de razonabilidad, en virtud
del cual “el sistema jurídico sólo admite subsanar vicios que originan la
invalidez de las actuaciones reglamentarias sobre la base de la existencia de
los mismos actos que van a ser subsanados. En otras palabras, sólo es posible
subsanar vicios de trámite sobre la base de un trámite que efectivamente se ha
llevado a cabo”. Es decir, no es constitucionalmente válido presentar como
‘subsanación de un vicio en el procedimiento legislativo’ lo que en realidad
equivaldría a repetir etapas del proceso de formación de la ley –o de los actos
legislativos- que no se surtieron.
[50] Auto 089 de 2005
(M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. SV y AV Jaime Araújo Rentería; SV Alfredo
Beltrán Sierra; SV. Jaime Córdoba Triviño; SV. Clara Inés Vargas Hernández);
sentencia C-576 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. SPV Jaime Araújo
Rentería); Auto 311 de 2006 (M.P. marco Gerardo Monroy Cabra. SV Humberto
Antonio Sierra Porto y Clara Inés Vargas Hernández); Auto 081 de 2009 (M.P.
Jaime Córdoba Triviño SV. Jaime Araújo Rentería”.
[51]MP. Clara Inés
Vargas Hernández.
[52] Sentencia C-861
de 2001 (MP. Clara Inés Vargas Hernández). LAT
197. Revisión de la Ley 630 del 27 de diciembre de 2000 "Por medio de
la cual se aprueba el 'ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA, SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL” hecho en Santo
Domingo, república Dominicana, el veintisiete (27) de junio de mil novecientos
noventa y ocho (1998).
[53] Esta Corporación, desde sus inicios, ha
establecido que una condición necesaria para el debate es la de permitir que
los congresistas intervengan en la discusión.  Así, la
Sentencia C-013/93 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz): “Ciertamente la discusión y
el debate, aparte de su deseables intrínsecamente, son connaturales al proceso
democrático, el cual puede tornarlos más o menos visibles según el grado de
consenso que convoque una determinada idea o proposición. En el plano de la
garantía del principio democrático, en el caso presente, este se debe entender
respetado como quiera que a los intervinientes en el trámite de adopción
de la ley se les brindó en todo momento la posibilidad de controvertir
libremente el proyecto.”  (resaltado fuera de texto)
[54] Sentencia C-557 de
2000 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa. SV. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[55] Al respecto, consultar
las sentencias C-539 y C-634 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), y C-836
de 2001(M.P. Rodrigo Escobar Gil. SV. Alfredo Beltrán Sierra, Álvaro Tafur
Galvis y Jaime Araujo Rentería. SPV. Clara Inés Vargas Hernández. AV. Marco
Gerardo Monroy Cabra y Manuel José Cepeda Espinosa).
[56] MP. Alejandro
Martínez Caballero.
[57] MP. Alejandro
Martínez Caballero.
[58] En la sentencia
C-400 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) también relacionada con este
Tratado, se explicó: “La
"Convención de Viena sobre El Derecho de los Tratados entre Estados y
Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales"
-que para mayor comodidad llamaremos en esta sentencia "Viena II"- es
en gran medida una codificación de prácticas consuetudinarias en este campo.
Por ello, Viena II recoge gran parte de los principios y contenidos normativos,
en parte también consuetudinarios, que fueron codificados por la
"Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados" entre Estados,
que para mayor comodidad llamaremos en esta sentencia "Viena I". Las
dos convenciones tienen entonces la misma finalidad pues ambas pretenden
codificar el derecho de los tratados, debido a la importancia creciente de
éstos como fuentes formales del derecho internacional. La diferencia es que,
como lo establece el artículo 1º de las dos convenciones, Viena I se aplica
específicamente a los Estados como sujetos de Derecho Internacional mientras
que Viena II regula los tratados entre los Estados y  las Organizaciones
Internacionales o entre las Organizaciones Internacionales”.
[59] “(…) La Corte constató que ninguna de las normas establecía cuando entraría a regir
la misma, ni cuáles son sus textos auténticos, ni quien es la autoridad
depositaria, pues el texto remitido por el gobierno y aprobado por el Congreso
termina en el artículo 83, que establece la forma de ratificación de la
Convención. Ahora bien, en términos generales, esta Convención reproduce
literalmente muchas de las disposiciones de la "Convención de Viena sobre
Derecho de los Tratados" entre Estados, suscrita en Viena el 23 de mayo de
1969 y aprobada por Colombia mediante Ley 32 de 1985, en la cual los artículos
83, 84 y 85, regulan precisamente la entrada en vigor de la
Convención, los textos auténticos, así como la autoridad depositaria de la
misma.” (C-255 de 1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[60] Auto de 21 de marzo
de 1996.
[61] “El veintiuno (21)
de marzo de mil novecientos noventa y seis (Folios 222 y ss), la
Corte constató que el Gobierno había presentado a la aprobación del Congreso
un texto incompleto de la "Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones
Internacionales, hecha en Viena el 21 de marzo de 1986". Por las razones
desarrolladas en la parte motiva de  esta sentencia, la
Corte consideró que se trataba de un vicio de procedimiento subsanable en la
formación de la Ley 194 de 1995, por lo cual esta Corporación devolvió la
citada ley a la Secretaría Jurídica de la
Presidencia de la República para que se corrigiera el vicio de procedimiento.
Igualmente, la Corte señaló un término de siete (7) días para que el Ejecutivo
presentara el proyecto corregido al Congreso, y treinta (30) días, el término
máximo autorizado por el artículo 45 del Decreto 2067 de 1991, para que se
surtieran los debates en las Cámaras y se sancionara nuevamente la ley.  En ese
mismo auto la Corte advirtió que, según lo ordenado por el parágrafo del
artículo 241 de la Constitución y por el artículo 45 del Decreto 2067 de 1991,
el incumplimiento de los términos obligaba a la
Corporación a pronunciarse en forma definitiva respecto de la
constitucionalidad de la  Ley 194 de 1995”
(Sentencia C-255 de 1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[62] Sentencia C-255 de
1996 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[63]
El artículo 45 del D.L. 2067 de 1991, establece: “CAPITULO IX. Artículo 45. Cuando la
Corte encuentre vicios de procedimiento subsanables en la formación del acto
sujeto a su control, ordenará devolverlo a la autoridad que lo profirió para
que dentro del término que fije la Corte, de ser posible, enmiende el defecto
observado. Subsanado el vicio o vencido el término, la
Corte procederá a decidir sobre la constitucionalidad del acto.
Dicho término no
podrá ser superior a treinta días contados a partir del momento en que la
autoridad está en capacidad de subsanarlo.
[64] ““Según
constancia secretarial del tres (3) de junio de 1996 (Folio 236), se encuentran
vencidos los términos establecidos por el auto del veintiuno (21) de marzo, sin
que se hubiese recibido documento alguno de parte del Congreso ni de la
Presidencia de la República que mostrara que se había corregido el vicio
señalado por la Corte. La única comunicación recibida fue una solicitud del
Presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Rivera, del treinta y uno
(31) de mayo (Folio 237), por medio de la cual solicita a la
Corte la ampliación del término.(…)Esta Corporación fijó a las Cámaras el
plazo máximo autorizado por el artículo 45 del Decreto 2067 de 1991, pues tal
norma establece que para la corrección de un vicio subsanable el "término
no podrá ser superior a treinta días contados a partir del momento en que la
autoridad esté en capacidad de subsanarlo". No es pues posible ampliar tal
término, por lo cual, y en cumplimiento de lo ordenado por esa misma norma y
por la Constitución, no queda otra alternativa a la
Corte que proceder a decidir sobre la constitucionalidad de la ley bajo
revisión (…)||  La no corrección del vicio de formación afecta en su integridad
la constitucionalidad Ley 194 del 6º de julio de 1995, puesto que, por las
razones señaladas en los fundamentos jurídicos 6º a 9º de esta sentencia, ella
configura un vicio de consentimiento en la aprobación de un tratado. Por ello la
Corte deberá declarar inexequible la citada ley”.  Sentencia C-255
de 1996 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[65] M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[66] Las disposiciones
faltas son las siguientes: “[Artículo 16, inciso] 2. El presente Acuerdo podrá
ser denunciado por cualquiera de las Partes mediante notificación escrita al
Depositario, que comunicará dicha denuncia a las demás Partes. || 3. La demanda
surtirá efectos una vez transcurrido el plazo de seis (6) meses desde la fecha
en que la notificación haya sido recibida por el Depositario. || Artículo 17.
Artículo final. Al momento de entrada en vigor del presente Acuerdo Marco, la
República de Panamá y la República de Costa Rica forman parte de la
Alianza del Pacífico en calidad de Estados Observadores.|| Suscrito en
Paranal, Antofagasta, República de chile, el 6 de junio de 2012, en un ejemplar
original en el idioma castellano que queda bajo custodia del Depositario, el
cual proporcionará copias debidamente autenticadas del presente Acuerdo Marco a
todas las partes. [Siguen las firmas de los cuatro Jefes de Estado]”.
[67] En el escrito de la
Secretaría Jurídica de Presidencia se hace referencia a la
Secretaría del Congreso. Sin embargo, en la
Gaceta correspondiente (GC 625 de 2012) aparece dentro de los proyectos
presentados al Senado de la República, razón por la cual la
Sala interpreta que fue la
Secretaría Jurídica de Presidencia se refiere en realidad a la
Secretaría del Senado.
[68] Estas son las
conclusiones a las que llegó la Sala Plena en la sentencia C-256 de 1999,
previamente citada, in extenso.
[69] M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[70] M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[71] M.P.
Eduardo Montealegre Lynett., reiterada en decisiones recientes, como el  Auto 089 de
2005, C-786 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) y C-134 de 2014 (M.P.
María Victoria Calle Correa), entre muchas otras.
[72] MM.PP. Manuel José
Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra.
[73] M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[74] M.P.
Eduardo Montealegre Lynett, reiterada en decisiones recientes, como el  Auto 089 de
2005, C-786 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) y C-134 de 2014 (M.P.
María Victoria Calle Correa), entre muchas otras.
[75] Con
posterioridad a esa decisión y en pronunciamientos recientes, la
Corte analizó un problema en alguna medida semejante. En efecto, el artículo
153 de la Constitución Política exige que las leyes estatutarias sean aprobadas
en una sola legislatura. Sin embargo, si la
Corte encuentra un vicio de procedimiento al ejercer el control integral de
constitucionalidad la Ley. En ese marco, la
Corte ha considerado que el  requisito hace referencia únicamente al trámite
en el Congreso de la República. En el reciente auto 118 de 2013, la
Corte consideró que la corrección de un vicio (una votación irregular)
presentado en el trámite de la
Ley Estatutaria de  Mecanismos de Participación Ciudadana debía efectuarse en
30 días, mientras que las etapas subsiguientes del trámite debían concluirse en
los términos del artículo 153 Superior (es decir, antes de finalizar la
Legislatura en curso). La Sala tomó como precedentes, las providencias A-081
de 2008 y C-1011 de 2008, ambas con ponencia del Magistrado Jaime Córdoba
Triviño, y proferidas durante la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 27/06
Senado – 221/07 Cámara (Acum. 05/06 Senado) “por
la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el
manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la
financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros
países y se dictan otras disposiciones.”
[76] MP. Eduardo
Montealegre Lynett.
[77] M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa, en la cual se
revisó la Ley 994 de 2005, aprobatoria del “CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE
CONTAMINANTES ORGANICOS PERSISTENTES´, hecho
en Estocolmo a los veintidós (22) días del mes de mayo de dos mil uno (2001)”.
[78] M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[79] Sentencia C-737  de 2001.
[80] Sentencia C-760 de 2001.
[81] Sentencia C-131 de 2009.
[82] Sentencia C-1034 de 2003 M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa
[83] Sentencia C-861 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas Hernández
[84] Sentencia C-915
de 2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynnet