C-859-07
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-859/07
ACUERDO PARA ESTABLECER LA RED GLOBAL DE
DESARROLLO “GDN”-Ajustado
a la Constitución en su aspecto formal
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEY APROBATORIA DE TRATADO
INTERNACIONAL-Alcance
sobre vicios de procedimiento
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO
INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Trámite Legislativo
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN
TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Cumplido
ACUERDO PARA ESTABLECER LA RED GLOBAL DE
DESARROLLO-Constitucionalidad
material/ACUERDO PARA ESTABLECER LA RED GLOBAL DE DESARROLLO-Inmunidades,
exenciones y prerrogativas que el Acuerdo reconoce a la Red, sus bienes, así
como a sus oficiales y funcionarios
La jurisprudencia
constitucional ha admitido la introducción de cláusulas de inmunidad en los tratados internacionales para reconocer
que las mismas son medios que
han existido para asegurar la independencia de los representantes diplomáticos,
y que se han extendido a las organizaciones internacionales, a sus bienes y funcionarios también para asegurar la autonomía de
esas entidades. En este contexto la institución
de la inmunidad no es per se contraria al ordenamiento jurídico. Asimismo, la Corte ha precisado que las inmunidades y privilegios conferidos a organismos o  miembros de organismos internacionales se
ajustan a la Carta Política siempre y cuando
estén encaminadas a la defensa,
igualdad y soberanía del
organismo de derecho internacional de que se trate y de los Estados que
acuerdan conceder dichas prerrogativas. La Corte ha agregado que de no hacerse tal salvedad,
“[b]ajo el manto de buenas intenciones patrocinadas por el Convenio, que la Corte respeta y alienta, (...) cláusulas como la
analizada pueden constituirse en el germen de tratamientos diferenciales y
privilegiados que den cabida a injusticias y desequilibrios. Igualmente  la jurisprudencia constitucional ha señalado que los
instrumentos internacionales no pueden conferir inmunidades absolutas que
impliquen la total renuncia del Estado a utilizar los mecanismos de control y
represión que le sirven para conservar la soberanía en su propio territorio.
EXENCION TRIBUTARIA A ORGANIZACION
INTERNACIONAL Y REPRESENTACION DIPLOMATICA-Compensación a entidades territoriales afectadas en
sus ingresos por dichas exenciones
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Constitucionalidad material
Referencia: expediente LAT-299
Revisión constitucional de la Ley 1102 de
2006 “Por medio de la cual se aprueba el acuerdo para establecer la red
global de desarrollo”, hecho en Dakar, Senegal, el veintitrés (23) de enero
de dos mil cinco (2005)
Magistrado Ponente:
Dr. MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Bogotá D.C., diecisiete  (17)
de octubre de dos mil siete (2007).
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los
requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
I.       ANTECEDENTES
El Gobierno Nacional, por
conducto de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, allegó a
esta Corporación, el día 7 de diciembre de 2006, fotocopia auténtica de la Ley
1102 de 2006 “Por medio de la cual se aprueba el acuerdo para establecer la
red global de desarrollo”, hecho en Dakar, Senegal, el veintitrés (23) de
enero de dos mil cinco (2005).
Mediante auto del treinta (30)
de  enero de 2006, con el objeto de ejercer el control de constitucionalidad
que el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política ordena, se
asumió el examen del Acuerdo bajo estudio y de la Ley 1102 de 2006 que lo
aprueba.
Luego de surtidos los trámites
constitucionales y legales propios de esta clase de procesos, esta Corporación
se pronuncia respecto de la constitucionalidad del instrumento internacional
bajo examen.
II.      TEXTO DE LAS NORMAS QUE SE
REVISAN
A continuación se transcribe el texto de la
Ley 1102 de 2006  “Por medio de la cual se aprueba
el acuerdo para establecer la red global de desarrollo”, hecho en Dakar, Senegal,
el veintitrés (23) de enero de dos mil cinco (2005), publicada en el
Diario Oficial, Año CXLII No 46674 del 6 de diciembre de 2006.
“LEY 1102 DE 2006
(diciembre 6)
Diario Oficial No. 46.474 de 6 de diciembre de 2006
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por medio de la cual se aprueba el acuerdo para
establecer la red global de desarrollo, hecho en Dakar, Senegal, el 23 de enero
de 2005.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
Visto el texto del “Acuerdo para establecer la red
global de desarrollo”, hecho en Dakar, Senegal, el 23 de enero de 2005, que a
la letra dice:
(Para ser trascrito: Se adjunta fotocopia del texto
íntegro del Instrumento Internacional mencionado).
TEXTO FINAL ACORDADO
Diciembre 1o de 2004
ACUERDO PARA ESTABLECER LA RED GLOBAL DE DESARROLLO
ACUERDO PARA ESTABLECER LA RED GLOBAL DE DESARROLLO
Tabla de
Contenido
Artículo
introductorio
Artículo i propósito
y funciones
Artículo ii
definiciones
Artículo iii
situación y competencias
Artículo iv
finanzas
Artículo v
organización y administración
Sección 1
estructura
Sección 2
asamblea
Sección 3 junta
directiva
Sección 4
presidente y personal
Artículo vi
oficina central
Artículo vii
inmunidades y privilegios
Sección 1
propósitos del artículo
Sección 2
posición con relación al proceso jurídico
Sección 3
inmunidad de incautación de bienes
Sección 4
inmunidad de archivos
Sección 5 libertad
de restricciones de bienes
Sección 6
privilegio de comunicaciones
Sección 7
inmunidades y privilegios de oficiales y personal
Sección 8
inmunidades de tributación
Sección 9
aplicación del artículo
Artículo viii
interpretación
Artículo ix
enmiendas
Artículo x
disolución
Artículo xi
firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión
Artículo xiI
entrada en vigencia
Artículo xiii
denuncia
Artículo xiv
transición
Anexo 1regiones
y redes de investigación regionales
ACUERDO PARA ESTABLECER LA RED GLOBAL DE DESARROLLO
Las Partes en
cuyos nombres se firma este Acuerdo, acuerdan lo siguiente:
ARTÍCULO INTRODUCTORIO.
La Red Global
de Desarrollo (en lo sucesivo denominada GDN: Global Development Network) se
crea como una organización internacional pública, y operará de acuerdo con las
siguientes cláusulas:
ARTÍCULO I. PROPÓSITO Y FUNCIONES.
1. El propósito de GDN es apoyar la investigación de
alta calidad orientada a políticas en las ciencias sociales a fin de promover
el desarrollo. Con este fin, GDN fomentará esfuerzos cooperativos entre
instituciones de investigación socioeconómica, investigadores individuales,
diseñadores de políticas y donantes que alienten la creación de capacidad y el
funcionamiento en red, basados en la creencia de que la investigación de alta
calidad y orientada hacia políticas acelera el desarrollo.
2. Para promover el propósito indicado en el párrafo 1
de este artículo, las funciones de GDN incluirán creación de capacidad,
funcionar en red, movilizar fondos y facilitar la coordinación de donantes,
alentar a compartir el conocimiento, ofrecer la certificación de calidad y llevar
a cabo análisis de necesidades y evaluación de programas.
3. GDN será guiado en todas sus actividades y
decisiones por las cláusulas de este Acuerdo y los siguientes principios de
gestión:
Independencia: GDN no será influido, en ninguna de sus
actividades y decisiones, por consideraciones políticas.
Apertura: GDN operará de forma transparente y será
receptivo a los puntos de vista de sus integrantes.
Eficacia: GDN funcionará de una forma consistente con
la realización eficaz de su propósito.
Democracia: GDN bregará por una amplia representación
y participación.
Pluralidad: GDN abarcará una diversidad de disciplinas
y paradigmas.
ARTÍCULO II. DEFINICIONES.
Para los propósitos de este Acuerdo:
(a) “Global Development Network, Inc.” significa Global Development Network, Inc. (Red Global de Desarrollo), la organización
antecesora sin fines de lucro creada como una sociedad sin acciones bajo las
leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América.
(b) “GDN” significa Global Development Network (Red
Global de Desarrollo), una organización internacional pública creada por este
Acuerdo;
(c) “Personal de GDN” significa el Presidente y demás
empleados de GDN;
(d) “Oficiales de GDN” significa los Representantes de
la Asamblea y los Directores de la Junta Directiva;
(e) “Partes de este Acuerdo” significa los Estados y
organizaciones internacionales públicas que han firmado, ratificado, aceptado,
aprobado o accedido a este Acuerdo;
(f) “Estados Partes”significa las partes del Acuerdo
que son Estados.
(g) “Organizaciones internacionales públicas”
significa cualquier organización internacional cuyos miembros son Estados, u
otras organizaciones internacionales, o ambas.
(h) “Comunidades de investigación regional” significan
las redes de investigación, las instituciones de investigación, investigadores
individuales y otras personas, de cada una de las regiones listadas en el Anexo
de este Acuerdo, que están comprometidas o interesadas en dar soporte de alta
calidad, e investigación política orientada a las ciencias sociales; e
(i) “Redes de investigación regional” significan las
redes de investigación regional listadas en el Anexo del Acuerdo, la lista debe
ser revisada por la Junta de Directores periódicamente.
ARTÍCULO III. SITUACIÓN Y COMPETENCIAS.
1. La situación de GDN será la de una organización
internacional pública.
2. GDN poseerá plena personalidad jurídica y
disfrutará de aquellas capacidades que puedan ser necesarias para el
cumplimiento de su propósito y el ejercicio de sus funciones. En particular,
GDN tendrá la capacidad para:
(i) contratar;
(ii) adquirir y disponer de propiedades muebles e
inmuebles;
(iii) emplear personal y asesores;
(iv) iniciar y responder a actos jurídicos;
(v) invertir el dinero y las propiedades de GDN, y
(vi) tomar toda otra medida que pueda ser necesaria
para lograr el propósito de GDN.
ARTÍCULO IV. FINANZAS.
1. GDN obtendrá los recursos financieros necesarios
para llevar a cabo sus actividades a través de contribuciones voluntarias y
donaciones de las Partes de este Acuerdo y otras personas, incluyendo
gobiernos, fundaciones y corporaciones, y también de ingresos generados por sus
inversiones o la venta de sus publicaciones u otros productos y servicios.
2. Las Partes de este Acuerdo no estarán bajo ninguna
obligación de brindar apoyo financiero a GDN.
ARTÍCULO V. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN.
SECCIÓN 1. ESTRUCTURA.
1. GDN es una red global de investigación que opera
principalmente a través de redes de investigación regionales, y sus actividades
estarán abiertas a la participación de las comunidades de investigación
regionales. Ninguna organización o persona será excluida de participar de las
actividades de GDN por motivo de raza, género, religión o cultura.
2. La estructura organizacional de GDN consistirá en
una Asamblea, una Junta Directiva, un Presidente y todo otro personal que pueda
ser considerado necesario.
SECCIÓN 2. ASAMBLEA.
1. Las siguientes personas serán elegibles para llegar
a ser Partes de este Acuerdo:
(a) todo Estado que es miembro de las Naciones Unidas
o de cualquiera de las agencias especializadas de las Naciones Unidas; y
(b) toda organización internacional pública que tenga
responsabilidades en campos relacionados.
2. Ninguna Parte será responsable, con motivo de su
firma y ratificación de este Acuerdo o su adhesión a este Acuerdo, por
acciones, deudas, pasivos u otras obligaciones de GDN.
3. La Asamblea consistirá en un Representante
designado por cada Parte de la forma que lo determine. Cada Representante
servirá hasta tanto se haga una nueva designación. La Asamblea elegirá entre
sus Representantes a un Presidente y a uno o más Vicepresidentes.
4. La Asamblea tendrá la autoridad para:
(i) mantener una supervisión general de las
actividades de GDN con la idea de garantizar que GDN cumpla con su propósito y
ejerza sus funciones;
(ii) designar a la primera Junta Directiva, y en lo
sucesivo aprobar los criterios de designación y el proceso para las
designaciones de la Junta
Directiva y monitorear su implementación;
(iii) enmendar este Acuerdo;
(iv) invitar a nuevos Estados y organizaciones
internacionales públicas a acceder a este Acuerdo y determinar las condiciones
para que lo hagan;
(v) suspender a una Parte; y
(vi) disolver GDN y distribuir sus bienes.
5. El papel de supervisión general de la Asamblea,
mencionado en el párrafo 4(i) de esta Sección, incluirá monitorear el avance de
las actividades de GDN, evaluar sus necesidades de financiamiento de largo
plazo, considerar su dirección y estrategia futuras, brindar orientación y
recomendaciones para la consideración de la Junta Directiva, y aprobar los
estados financieros anuales auditados de GDN.
6. La Asamblea se reunirá cada dos años, y podrá
reunirse más frecuentemente si es necesario, ya sea por iniciativa de una
mayoría de los Representantes de la Asamblea o por invitación de la Junta
Directiva. El quórum para cualquier reunión de la Asamblea será una mayoría de
los Representantes.
7. La Asamblea podrá adoptar aquella reglamentación
que pueda ser necesaria o adecuada para la realización de sus reuniones.
8. Los Representantes servirán como tales sin
compensación de GDN.
9. Cada Representante tendrá un voto. Excepto si se
estipula otra cosa específicamente en este Acuerdo, las decisiones serán
tomadas por una mayoría de los votos emitidos.
SECCIÓN 3. JUNTA DIRECTIVA.
1. La Junta Directiva será responsable de dirigir las
operaciones generales de GDN.
2. La Junta Directiva consistirá en no menos de
dieciséis y no más de veinte Directores, que serán seleccionados en base a sus
logros profesionales en el campo de las ciencias sociales y tomados de los
siguientes grupos:
(a) las comunidades de investigación regionales;
(b) organizaciones internacionales públicas y
asociaciones profesionales que tienen responsabilidades en campos relacionados;
y
(c) todo otro grupo pertinente, o para asegurar una
amplia cobertura regional y científica.
3. (a) De acuerdo con su autoridad bajo Sección 2,
párrafo 4 (ii) de este Artículo, la Asamblea designará la primera Junta
Directiva, que consistirá de los dieciocho miembros de la Junta Directiva de
Global Development Network, Inc.
(b) Luego de la designación de la primera Junta
Directiva por la Asamblea, la Junta Directiva podrá designar dos Directores
más, de acuerdo con los criterios de nominación y el proceso aprobados por la
Asamblea de acuerdo con Sección 2, párrafo 4 (ii), de este artículo.
4. La Junta Directiva será responsable de la
designación de las Juntas Directivas sucesoras y de llenar toda vacante que
pueda surgir en la Junta Directiva, todo de acuerdo con los criterios de
designación y el proceso aprobados por la Asamblea de acuerdo con la Sección 2,
párrafo 4 (ii), de este Artículo.
5. Los Directores serán designados para un período de
tres años excepto que, con la idea de asegurar una transición gradual de su
membresía, los períodos de los cargos de los Directores de la primera Junta
Directiva serán escalonados para prever que aproximadamente un tercio de los
Directores se retire cada año.
6. La Junta Directiva se reunirá con la frecuencia que
los asuntos de GDN puedan requerir. La Junta Directiva designará un Presidente
de la Junta y uno o más Vicepresidentes. El quórum para toda reunión de la
Junta Directiva será una mayoría de los Directores.
7. La Junta Directiva podrá designar las comisiones
que considere conveniente. La membresía en dichas comisiones no necesita estar
limitada a los Directores.
7. La Junta Directiva adoptará el Estatuto y la
reglamentación que sean necesarios o adecuados para llevar a cabo los asuntos
de GDN.
8. Cada Director tendrá un voto. Salvo cuando se
estipule específicamente lo contrario en este Acuerdo, las decisiones serán
tomadas por la mayoría de los votos emitidos.
SECCIÓN 4. PRESIDENTE Y PERSONAL.
1. La Junta Directiva escogerá un Presidente que no
será un Representante o un Director. El Presidente podrá participar en
reuniones de la Asamblea y de la Junta Directiva, pero no votará en dichas
reuniones.
2. El Presidente será el jefe del personal operativo
de GDN y dirigirá, bajo la dirección de la Junta Directiva, los asuntos
corrientes de GDN. Sujeto al control general de la Junta Directiva, él o ella
será responsable de la organización, designación o despido de los oficiales y
el personal.
3. El Presidente y el personal de GDN, durante el
cumplimiento de sus cargos, se deben por entero a GDN y a ninguna otra
autoridad. Cada Representante de la Asamblea y cada Director de la Junta
Directiva respetará el carácter internacional de este deber y se abstendrá de
todo intento de influir en ninguno de ellos en el cumplimiento de sus deberes.
4. Al designar el personal de GDN, el Presidente,
sujeto a obtener las personas mejor calificadas y experimentadas, hará todos
los esfuerzos por reclutar personal de forma de garantizarla diversidad y
equilibrio de género geográfico y de las ciencias sociales.
ARTÍCULO VI. OFICINA CENTRAL.
1. La oficina central de GDN se establecerá en Nueva
Delhi, India, a menos que la Asamblea, por recomendación de la Junta Directiva,
decida reubicar la oficina central en otra parte.
2. GDN podrá establecer oficinas adicionales en otros
lugares según lo requerido para apoyar sus programas y actividades.
ARTÍCULO VII. INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS.
SECCIÓN 1. PROPÓSITOS DEL ARTÍCULO.
A fin de permitir a GDN cumplir su propósito y ejercer
las funciones que se le han confiado, la condición, inmunidades y privilegios
establecidos en este Artículo serán acordados a GDN en los territorios de cada
Estado Parte.
SECCIÓN 2. POSICIÓN CON RELACIÓN AL PROCESO JURÍDICO.
Podrán hacerse demandas contra GDN sólo en una corte
de jurisdicción competente en los territorios de un Estado Parte miembro en el
cual GDN tiene una oficina y donde ha designado un agente con el propósito de
aceptar una diligencia de emplazamiento o notificación del proceso. La
propiedad y los bienes de GDN serán, adondequiera estén ubicados y a cargo de
quienquiera estén, inmunes de toda forma de incautación, embargo o ejecución
antes de la resolución del juicio final contra GDN.
SECCIÓN 3. INMUNIDAD DE INCAUTACIÓN DE BIENES.
La propiedad y los bienes de GDN, dondequiera se
encuentren y a cargo de quienquiera se encuentren, serán inmunes de
allanamiento, requisa, confiscación, expropiación o toda otra forma de
incautación por acción ejecutiva, administrativa, judicial o legislativa.
SECCIÓN 4. INMUNIDAD DE ARCHIVOS.
Los archivos de GDN serán inviolables.
SECCIÓN 5. LIBERTAD DE RESTRICCIONES DE BIENES.
En la medida necesaria para llevar a cabo operaciones
estipuladas en este Acuerdo y sujeto a las cláusulas de este Acuerdo, toda
propiedad y bienes de GDN estarán libres de restricciones, regulaciones,
controles y moratorias de todo tipo.
SECCIÓN 6. PRIVILEGIO PARA LAS COMUNICACIONES.
Cada Estado Parte acordará a las comunicaciones
oficiales de GDN el mismo tratamiento que acuerda a las comunicaciones
oficiales de otros Estados.
SECCIÓN 7. INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS DE OFICIALES Y PERSONAL.
Todos los Representantes, Directores y personal de GDN
(i) serán inmunes de acciones legales con relación a
acciones realizadas por ellos en su capacidad oficial, excepto cuando GDN
renuncie a esta inmunidad;
(ii) al no ser ciudadanos nacionales, se les acordarán
las mismas inmunidades de restricciones inmigratorias, requisitos de registro
de extranjeros y obligaciones de servicio nacional, y las mismas facilidades
con relaciones a restricciones de cambio que acuerdan los Estados Parte a los
representantes, oficiales y empleados de rango comparable de otros Estados; y
(iii)se les otorgará el mismo tratamiento con relación
a facilidades para viajes que acuerdan los Estados Parte a representantes,
oficiales y empleados de rango comparable de otros Estados.
SECCIÓN 8. INMUNIDADES DE TRIBUTACIÓN.
1. GDN, sus bienes, propiedad, ingresos y sus
operaciones y transacciones autorizadas por este Acuerdo, serán inmunes de toda
tributación y de todo arancel aduanero. GDN será inmune también de
responsabilidad por el cobro o pago de cualquier impuesto o arancel.
2. Excepto en el caso de ciudadanos locales, no se
impondrá ningún impuesto a salarios, o con relación a salarios, y a emolumentos
pagados por GDN al personal de GDN.
SECCIÓN 9. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO.
Cada Estado Parte tomará toda acción que sea necesaria
en sus propios territorios con el propósito de implementar, en términos de su
propia ley, los principios establecidos en este Artículo e informará a GDN
acerca de las medidas detalladas que ha tomado.
ARTÍCULO VIII. INTERPRETACIÓN.
Toda cuestión de interpretación de las cláusulas de
este Acuerdo que surja entre cualquier Parte de este Acuerdo y GDN o entre
Partes de este Acuerdo será presentada ante la Asamblea para su decisión, que
será final.
ARTÍCULO IX. ENMIENDAS.
Este Acuerdo puede ser enmendado por la Asamblea por
un voto de mayoría de tres cuartos de todos los Representantes, siempre que:
(i) la Junta Directiva haya considerado y recomendado
las enmiendas propuestas; y
(ii) una notificación de dicha enmienda, junto con su
texto completo, haya sido enviada a todas las Partes de este Acuerdo al menos
con ciento veinte días de anticipación de la fecha establecida para un voto
sobre la enmienda propuesta.
ARTÍCULO X. DISOLUCIÓN.
1. GDN podrá ser disuelto por una mayoría de tres
cuartas partes de todos los Representantes de la Asamblea si se determina que
GDN ya no cumple su propósito ni está ejerciendo sus funciones eficazmente.
Notificación de dicha disolución, junto con una explicación completa de las
razones por las cuales GDN ya no cumple su propósito ni está ejerciendo sus
funciones, deberá enviarse a las Partes en este acuerdo al menos con ciento
veinte días de antelación a la fecha establecida para la votación de la
propuesta de disolución.
2. En caso de disolución, todos los bienes de GDN que
resten luego del pago de sus obligaciones legales serán distribuidos a
instituciones que tengan propósitos similares a los de GDN, según lo decidido
por la Asamblea, con fundamento en la recomendación de la Junta Directiva.
ARTÍCULO XI. FIRMA, RATIFICACIÓN, ACEPTACIÓN,
APROBACIÓN Y ADHESIÓN.
1. Este Acuerdo estará abierto inicialmente para la
firma de Estados y organizaciones internacionales públicas por un período de
dos años contados a partir del 23 de enero de 2005. Los Estados y
organizaciones internacionales públicas que no lo hayan firmado durante los
primeros dos años, podrán, por invitación de la Asamblea formulada de
conformidad con el Artículo V, Sección 2, parágrafo 4(iv), convertirse en
Partes en este Acuerdo depositando un instrumento de adhesión.
2. El Gobierno de la República de India será el
Depositario de este Acuerdo.
3. La ratificación, aceptación, aprobación o adhesión
a este Acuerdo será realizada por las Partes de acuerdo con sus propias leyes,
estatutos, reglamentaciones y procedimientos.
ARTÍCULO XII. ENTRADA EN VIGOR.
Este Acuerdo entrará en vigor inmediatamente después
de la recepción por el Depositario de las notificaciones de tres Partes en este
Acuerdo en el sentido de que se han completado las formalidades exigidas por la
legislación nacional o los procedimientos de aprobación corporativos de dichas
Partes con relación a la ratificación, aceptación o aprobación de este Acuerdo.
ARTICULO XIII. DENUNCIA.
Cualquier Parte en este Acuerdo podrá denunciarlo en
cualquier momento mediante nota escrita enviada al Depositario. La denuncia
surtirá efecto noventa días después de la fecha en que dicha nota sea recibida
por el Depositario.
ARTÍCULO XIV. TRANSICIÓN.
Al entrar en vigor este Acuerdo, GDN tomará todas las
medidas necesarias para adquirir los derechos, obligaciones, concesiones,
propiedad e intereses de Global Development Network, Inc.
EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes debidamente
autorizados para ello han suscrito este Acuerdo en original único y en idioma
inglés.
Hecho en Dakar, Senegal, el 23 de enero de 2005.
ANEXO I.
REGIONES Y REDES DE INVESTIGACIÓN REGIONALES.
Región
Red de investigación regional
Comunidad de Estados Independientes
Centro de Investigación y Docencia Económicas,
Moscú, Federación Rusa
Asia. Oriental
Red de Desarrollo del Este Asiático, Bangkok,
Thailand
Europa Oriental y Central
Centro para la Investigación y la Educación
Postgrado en Economía - Instituto de Economía, Praga, República Checa
Japón
GDN - Japón, Tokio, Japón
Latinoamérica y el Caribe
Asociación de Economía de América Latina y el Caribe
Buenos Aires, Argentina
Oriente Medio y África del Norte
Foro de Investigación Económica para los Países
Árabes, Irán y Turquía, El Cairo, Egipto
Norteamérica
GDN - Norteamérica, Washington, D. C., Estados
Unidos
Asía del Sur
Red de Asia del Sur de Institutos de Investigación
Económica, Islamabad, Pakistán
Pacífico Sur
Red de Desarrollo de Oceanía, Suva, Fiji
África Subsahariana
Centro de Investigación Económica Africana, Nairobi,
Kenia
Europa Occidental
Red de Investigación de Desarrollo Europea, Bonn,
Alemania
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Bogotá, D. C., 21 de octubre de 2005
Aprobado. Sométase a la consideración del honorable
Congreso Nacional para los efectos constitucionales.
(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,
(FDO.) CAROLINA BARCO ISAKSON.
DECRETA:
Artículo 1o. Apruébase el “ACUERDO PARA
ESTABLECER LA RED GLOBAL DE DESARROLLO”, hecho en Dakar, Senegal, el 23 de
enero de 2005.
Artículo 2o. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el “ACUERDO PARA ESTABLECER LA RED GLOBAL DE
DESARROLLO”, hecho en Dakar, Senegal, el 23 de enero de 2005, que por el
artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en
que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
Artículo 3o. La presente ley rige a partir de la fecha
de su publicación.
Dada en Bogotá, D.C., a los …
Presentado al Honorable Congreso de la República por la
Ministra de Relaciones Exteriores y el Ministro de Hacienda y Crédito Público.
La Ministra de Relaciones Exteriores,
CAROLINA BARCO ISAKSON.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público.
ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Bogotá, D. C., 21 de octubre de 2005
Aprobado. Sométase a la consideración del honorable
Congreso Nacional para los efectos constitucionales.
(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,
(FDO.) CAROLINA BARCO ISAKSON.
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Apruébese el “ACUERDO PARA ESTABLECER LA RED GLOBAL
DE DESARROLLO”, hecho en Dakar, Senegal, el 23 de enero de 2005.
ARTÍCULO 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la
Ley 7a. de 1944, el “ACUERDO PARA ESTABLECER LA RED GLOBAL DE DESARROLLO”,
hecho en Dakar, Senegal, el 23 de enero de 2005, que por el artículo primero de esta Ley se aprueba, obligará al
país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional
respecto del mismo.
ARTÍCULO 3o. La presente ley rige a partir de la fecha de su
publicación.
La Presidenta del honorable Senado de la República,
DILIAN FRANCISCA TORO TORRES.
El Secretario General del honorable Senado de la
República,
EMILIO RAMÓN OTERO DAJUD.
El Presidente de la honorable Cámara de
Representantes,
ALFREDO APE CUELLO BAUTE.
El Secretario General de la honorable Cámara de
Representantes,
ANGELINO LIZCANO RIVERA.
REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional,
conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de diciembre de 2006.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,
MARÍA CONSUELO ARAÚJO CASTRO.”
III.    PRUEBAS DECRETADAS
Para
efectos del presente estudio se ofició a los Ministros de Relaciones
Exteriores, de Hacienda y
Crédito Público, de Comercio, Industria y Turismo y de Educación Nacional, así como a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales -DIAN-,
para que remitieran a esta Corporación los antecedentes del Acuerdo materia de
revisión, como también el pronunciamiento respecto de la constitucionalidad del mismo.  De igual
manera se ordenó correr traslado al Procurador General de la Nación con el fin de que
rindiera el concepto de rigor.
También se ofició a los Secretarios
Generales del Senado de la República, de la Cámara de Representantes y de las Comisiones Segundas Constitucionales
Permanentes, de ambas Cámaras Legislativas, para que enviaran copia de las
Gacetas del Congreso donde se publicó el proyecto que culminó con la expedición
de la  Ley y las ponencias e informes de
ponencia para los respectivos debates constitucionales; así mismo, para que
certificaran respecto del desarrollo de los debates que se llevaron a cabo para
la discusión y aprobación del referido proyecto, especificando la fecha en la que fue aprobado, el
quórum y la votación obtenida finalmente.
Sobre el material probatorio
recaudado se hará referencia en las consideraciones que fundamentarán la parte
resolutiva de esta providencia.
IV.    INTERVENCION DE AUTORIDADES
PÚBLICAS
De acuerdo con los escritos que
obran en el expediente, intervinieron en el presente proceso el Ministerio
Relaciones Exteriores, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el
Ministro de Comercio, Industria y Turismo en los términos que se resumen a continuación:
1. Ministerio
de Relaciones Exteriores
En el presente proceso intervino el
Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de apoderada judicial para
solicitar la declaratoria de constitucionalidad del Acuerdo sujeto a estudio y
de su Ley aprobatoria, a partir de las consideraciones que enseguida se
sintetizan.
La interviniente recuerda que
el instrumento internacional sujeto a estudio fue suscrito el veintitrés (23)
de enero de 2005 por el entonces Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de
la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Estados Unidos, doctor Alberto
Moreno Mejía, en virtud de los Plenos Poderes que le confiriera el señor
Presidente doctor Álvaro Uribe Vélez, el 20 de enero de 2005, de acuerdo con la
facultad contenida en el artículo 189 numeral 2° de la Constitución Política.
Señala que el 21 de octubre de
2005, el Presidente de la República impartió la respectiva aprobación ejecutiva
al citado instrumento y en el mismo acto, en cumplimiento de los trámites
constitucionales, ordenó someter a consideración del Congreso de la República
la aprobación del Acuerdo.
Indica que una vez impartida la
aprobación ejecutiva, el Gobierno Nacional por intermedio de la Ministra de
Relaciones Exteriores, Carolina Barco Isakson, presentó al Honorable Congreso
de la Republica el proyecto de ley “Por medio de la cual se aprueba el
acuerdo para establecer la red global de desarrollo”, hecho en Dakar,
Senegal, el veintitrés (23) de enero de dos mil cinco (2005).
Manifiesta que el proyecto fue
radicado en la Comisión Segunda del Senado, como corresponde por disposición
del artículo 154 de la Constitución Política, el 21 de octubre de 2005, y
siguiendo lo establecido en el artículo 157 de la misma, fue publicado en la
Gaceta del Congreso No. 900 del 14 de diciembre de 2005. Surtidos los trámites
correspondientes, el Congreso expidió la Ley 1102 de 2006, aprobatoria del
instrumento. Fue sancionada por el Presidente de la Republica el 6 de diciembre
de 2006, publicada en el Diario Oficial No. 46.474 del 6 de diciembre de 2006.
Respecto a la constitucionalidad del
"ACUERDO PARA ESTABLECER LA RED GLOBAL DE DESARROLLO", hecho en
Dakar, Senegal el día veintitrés (23) de enero de 2005, afirma que éste se ajusta
plenamente a la Carta Política, toda vez que desarrolla varios principios y
disposiciones consagrados en su texto.
Considera que con la celebración y adopción
de este Acuerdo por parte de Colombia se están desarrollando “los principios
constitucionales de promoción de la internacionalización de las relaciones
políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional y de integración económica, social y
política con las demás naciones”. De igual forma, este acuerdo está dando
cumplimiento a los fines esenciales del Estado “como servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución, así como también facilitar
la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica (artículo 2º de la Constitución Política)”.
Manifiesta que el instrumento internacional
objeto de revisión se ajusta al derecho interno del país, el cual consagra que
las relaciones internacionales del Estado se fundamentan en la soberanía
nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el
reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por
Colombia (artículo 9º de la C.P.).
Por otra parte, sostiene que el Estado
Colombiano a través de la celebración de acuerdos y tratados internacionales,
realiza esfuerzos para que las personas tengan más y mejores posibilidades de
promover el desarrollo tecnológico y fomentar su conocimiento orientado al
intercambio de datos con otros Estados, para proteger y satisfacer necesidades
que en materia de educación, salud, legislación internacional, adelantos
científicos e información tiene nuestro país en relación con otros países
desarrollados. Acatando así lo dispuesto en los artículos 15, 16, y 250 numeral
16 de la C.P.
Señala que en la actualidad el comercio
electrónico toma cada vez más fuerza y es necesario que “nuestro país entre
a competir con otros países en vía de desarrollo, los cuales han asumido
posiciones importantes en el mercado de la tecnología digital, mediante la cual
gran parte de su economía depende de las transacciones que realizan por vía
electrónica. De esta manera, tanto las personas naturales como las jurídicas de
nuestro país se han inscrito y forman parte de este adelanto tecnológico y
representan a nuestro país, muchas veces utilizando mecanismos digitales como
la firma electrónica para celebrar negociaciones comerciales”.
Sostiene que como lo afirma “el Acuerdo,
el propósito de la Red Global de Desarrollo –GDN- es el de apoyar la
investigación de alta calidad en beneficio de los Estados Parte y de esta
manera compartir una amalgama de conocimientos consignados en cientos de
equipos electrónicos todos unidos a esta Red y en contacto permanente,
garantizando la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la
de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios
masivos de Comunicación (artículo 20 de la C.P)”. Como fundamento de lo
anterior cita la Sentencia C-831 de 2001.
En virtud del artículo 27 de la C.P.,
resalta que es un deber del Estado garantizar las libertades de enseñanza,
aprendizaje, investigación y cátedra. Deber que se cumple con la adopción del acuerdo para establecer la red global de desarrollo,
toda vez que con éste se fomentan “esfuerzos cooperativos entre
instituciones de investigación socioeconómica, investigadores individuales
encaminados a compartir conocimientos que ayuden a la capacitación de
cualquiera que utilice esta Red en beneficio propio o colectivo orientado a las
ciencias sociales, en concordancia con el Artículo 67 de la C.P., que consagra
como derecho de la persona el de la educación el cual es un servicio públicos
que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la
ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”.
Señala que la educación tiene como fin
formar al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la
democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento
cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. Este
objetivo se lograra con la participación activa de los jóvenes en los
organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y
progreso de la juventud. La mayoría de estos organismos ya hacen parte de una
base de datos en red, de este modo los jóvenes deben, desde muy temprana edad,
conocer lo concerniente a la alta tecnología y aprovecharla a beneficio y
progreso individual. Es así como el acuerdo está dando cumplimientos a los artículos
45, 65, 69,70 y 71 de la Constitución Política.
Finalmente, el acuerdo que se analiza se
ajusta a lo dispuesto por la Carta Política en cuanto a los aspectos
procedimentales. “La Constitución Política Nacional, en su artículo 189.2
dispone que le corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado,
Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa dirigir las relaciones
internacionales. En virtud de este postulado, el Presidente de la República
dirigió el proceso de suscripción del "ACUERDO PARA ESTABLECER LA RED
GLOBAL DE DESARROLLO".”
2.   Ministerio de Hacienda y
Crédito Público
El Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, actuando a través de apoderada judicial, interviene en el
presente proceso y solicita que
se declare la constitucionalidad del Acuerdo "por medio de la cual se
aprueba el "Acuerdo para establecer la Red Global de Desarrollo"
hecho en Dakar, Senegal el 23 de Enero de 2005, y de
su Ley aprobatoria.
La interviniente como sustento de su
intervención cita textualmente la exposición de motivos presentada por el
Gobierno para la aprobación de la ley objeto de estudio.
3. Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
El Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, interviene en el presente proceso a
través de apoderado judicial para solicitar la declaratoria de
constitucionalidad del Acuerdo sujeto a estudio y de su Ley aprobatoria, a
partir de las consideraciones que enseguida se sintetizan.
Sostiene que el propósito de la  Red Global
de Desarrollo -GDN-  es apoyar la investigación de alta calidad en las
ciencias sociales con el fin de promover el desarrollo y fomentar esfuerzos
cooperativos entre instituciones de investigación socioeconómica,
investigadores individuales, diseñadores de políticas y donantes, que alienten
la creación de capacidad y el funcionamiento en red.
Considera que es cierto que la simbiosis
entre lo social y lo económico  converge y contribuye al desarrollo de los
pueblos. Además tanto lo social como lo económico se complementan, al punto que
sólo a través del conocimiento científico pueda lograrse el progreso económico,
y que a través de ese progreso se llega a satisfacer las necesidades como
factor de superación de crisis considerada dentro de las leyes de la ciencia
económica.
Advierte que este Acuerdo se hace necesario
cuando frente al proceso de globalización y apertura de fronteras, el nivel
socio económico determina la capacidad los países para competir en un mercado
de desequilibrios; de ahí que este nivel debe ser fortalecido a través de la
cooperación internacional.
En este orden de ideas, señala que para
Colombia  es útil celebrar el acuerdo mediante el cual se crea “la Red
Global de Desarrollo, como una organización internacional pública, dotada de
personalidad jurídica, con capacidad para administrar y disponer de sus propios
recursos, para los fines primordiales de la investigación, determinando que
"ninguna organización o persona será excluida de participar de sus
actividades por motivo de raza, género, religión o cultura, por supuesto, que
se está dotando con ello a la Comunidad Internacional del instrumento idóneo
para su desarrollo y  competitividad, con verdadero alcance a lo social, en
cuanto constituye su  multiplicador evolutivo””.
Finalmente, considera que el
referido Acuerdo se ajusta plenamente a los lineamientos constitucionales. En virtud los artículos 9º, 189 numeral
2º, 224, y 150, numeral 16 de la Constitución Política, el Ministerio determina
que tanto el procedimiento del tratado como el trámite de la ley aprobatoria
del mismo, se dieron en legal forma. Además cita los artículos 241 y 243
Superiores para señalar la constitucionalidad del control oficioso que la Corte
Constitucional sobre las leyes aprobatorias de tratados.
De otra parte, sostiene que el acuerdo
sometido a revisión cumple con las disposiciones del derecho internacional, las
cuales se fundamentan en principios de confianza y buena fe los que deben estar
contenidos en todos los acuerdos, “bajo la certeza que éstos habrán de ser
respetados, como así lo exige el principio de Pacta Sunt Servanda y las demás
fuentes del derechos internacional como  la costumbre, los principios generales
del derecho, la doctrina, la jurisprudencia y los tratados, como máxima
expresión de su materialización; para cuya comprensión es menester acudir al
compendio normativo contenido en la convención de Viena.”
Señala que “Colombia es miembro de la
Comunidad Internacional y como tal, no puede ser ajena a los principios,
facultades y obligaciones que constituyen el régimen jurídico bajo el cual se
rigen las relaciones entre Estados; el que en últimas, conforma el Derecho
Internacional vigente, cuyo origen no es nuevo, por cuanto éste se remonta en
su esencia a la propia génesis de relación entre los Pueblos y cuyo desarrollo
a través de sus diferentes estadios, evoluciona a partir del lus Gentium o
Derecho de Gentes, de la instituciones Romanas, hasta el momento actual de
globalización, en el que su aplicación en el ámbito del Derecho Público, se
extiende como marco referente de las relaciones entre Estados y, bajo cuya
política se desarrolla el Derecho Privado, que rige las actos y la solución de
conflictos entre los individuos, confrontados a la colisión que pueda surgir
frente al derecho interno de cada país”.
4.  Ministerio de Educación
Nacional
Mediante escrito del 7 de junio
de 2007 la señora Ministra de Educación Nacional  señala que “Revisado el Acuerdo
señalado en el asunto de la referencia, este Ministerio no tiene objeciones
sobre la constitucionalidad del mismo” .
V.      CONCEPTO DEL PROCURADOR
GENERAL DE LA NACION.
El
Procurador General de la Nación, mediante concepto No. 4321 recibido en ésta Corporación
el veintinueve (29) de mayo de 2007, solicitó a la Corte declarar la exequibilidad del
Convenio sometido a estudio así como la Ley aprobatoria del mismo, la
Ley 1102 de 6 de diciembre de 2006, por las razones que a continuación se explican.
Recuerda que el instrumento internacional
objeto de estudio fue suscrito
en Dakar, Senegal, el 23 de enero de 2005. Posteriormente, con la Aprobación
Ejecutiva del 21 de octubre de 2005, el Presidente de la República dispuso
someter el citado Acuerdo a la consideración del Congreso de la República, para
los efectos constitucionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
150, numeral 16, de la Constitución Política.
Respecto del trámite  de la Ley aprobatoria del
Acuerdo referido, luego de hacer un completo recuento del mismo, señala que de
conformidad con la documentación que obra en el expediente legislativo, el
proyecto de ley radicado con los números 198 de 2005 Senado y 305 de 2006
Cámara, cumplió cabalmente el trámite señalado en la Constitución para el
efecto, de la misma manera que fue sancionado por el Presidente de la República
y remitido a la Corte Constitucional dentro de los términos  constitucionales.
En cuanto al
contenido material de los textos que se revisan el señor Procurador afirma que
el Acuerdo para establecer la Red Global de Desarrollo constituye un importante
mecanismo para impulsar y promover canales de cooperación y desarrollo, lo cual
está en consonancia con los postulados constitucionales consagrados en los
artículos 9°, 226 y 227 de la Constitución, que orientan la política exterior
del Estado colombiano referentes a la internacionalización de las relaciones
políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional así como en el respeto de la soberanía
nacional y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Destaca que el
Acuerdo atiende la obligación constitucional del Estado de promover la
integración en el campo de la investigación con las demás naciones, pues se
presenta como una herramienta de integración entre naciones para encontrar
mecanismos de cooperación con el fin de lograr mayores niveles de progreso
social y económico.
La Vista Fiscal considera que el Acuerdo
sub examine y su ley aprobatoria están ajustados al Ordenamiento Superior por
las siguientes razones:
“a) El Acuerdo afianza el proceso de integración, toda
vez que promueve la cooperación y ayuda en materia de investigación y acceso a
información entre los Estados Partes, lo que resulta acorde con lo señalado en
los artículos 9°, 226 y 227 de la Constitución.
b) El Acuerdo se celebra con la finalidad de lograr, a
través de una red de investigación multidisciplinaria un mayor desarrollo
social, político y económico, frente a lo cual el Estado Colombiano, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 2° Superior, debe implementar
herramientas como ésta para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales
del Estado y de los particulares.
c)
En virtud de lo
estipulado en el artículo VII del Acuerdo que se analiza, el tratamiento de
inmunidad de los archivos, tributación e incautación de los bienes de la Red
Global de Desarrollo no vulnera la Constitución Política, pues permite que por
parte del Estado Colombiano se implementen las medidas necesarias en dicho
sentido.
d) El Acuerdo establece en su artículo V que ninguna persona podrá ser
excluida de participar de las actividades de la Red Global de Desarrollo por
motivo de raza, género, religión o cultura. Precepto que está en completa
concordancia con los postulados establecidos en los artículos 13, 19, 25, 43 y
53 de nuestra Carta Política, relativos al derecho a la igualdad, libertad de
cultos y derecho al trabajo.
e)
Finalmente, en
cumplimiento con lo señalado en el artículo 9° de la Carta, el Acuerdo
salvaguarda la soberanía nacional del Estado Colombiano, en la medida que su
aplicación está sujeta al ordenamiento jurídico interno. De esta manera, el artículo
XI estipula que las medidas adoptadas por las Partes para dar cumplimiento al
Acuerdo, se llevarán a cabo con fundamento en  la legislación interna vigente.”
Así las cosas concluye que “ al
estudiar el Acuerdo tanto en su aspecto formal como material, este Despacho
considera que se ajusta a los preceptos constitucionales porque, primero, se
cumplen los requisitos exigidos por la Constitución y la ley para convertirse
en parte integrante del ordenamiento jurídico interno; y, segundo, el contenido
del Acuerdo desarrolla y respeta los preceptos consagrados en la Carta
Política, pues busca salvaguardar los intereses superiores del Estado dentro de
un marco de reciprocidad y conveniencia nacional.”
VI.    CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
1.      Competencia
En los términos del numeral 10
del artículo 241 de la Carta Política, la Corte Constitucional es competente
para pronunciarse en forma definitiva sobre la exequibilidad de la Ley 1102 de
2006 “por medio de la cual se aprueba el acuerdo para establecer la red
global de desarrollo”, hecho en Dakar, Senegal, el veintitrés (23) de enero
de dos mil cinco (2005).
2. Examen de
constitucionalidad del Acuerdo y de su Ley Aprobatoria
La Corte ha afirmado en forma
reiterada que el control de constitucionalidad que ejerce respecto de los
instrumentos internacionales y sus leyes aprobatorias, comprende la totalidad
del contenido de esos actos jurídicos, tanto en sus aspectos formales como de
fondo.  A continuación, la Sala se propone adelantar dicho control integral con
el alcance anunciado.
2.1.   La constitucionalidad en los
aspectos formales
La revisión de la
constitucionalidad del Acuerdo materia de estudio, así como de su Ley
aprobatoria, por aspectos de forma, comprenderá tanto la facultad de
representación del Estado Colombiano para la firma del respectivo instrumento
internacional, como lo referente al trámite legislativo de su Ley aprobatoria
en el Congreso de la República, con sujeción a los mandatos superiores, de la
siguiente forma:
2.1.1. La representación del Estado
colombiano en la celebración del Acuerdo
El Acuerdo “por medio de la
cual se aprueba el acuerdo para establecer la red global de desarrollo”,
hecho en Dakar, Senegal, el veintitrés (23) de enero de dos mil cinco (2005),
por el entonces Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Embajada de
Colombia ante el gobierno de los Estados Unidos de América, doctor Alberto
Moreno Mejía, en virtud de los Plenos Poderes que le confiriera el señor
Presidente doctor Álvaro Uribe Veléz, el 20 de enero de 2005, de acuerdo con la
facultad contenida en el artículo 189 numeral 2º de la Constitución Política.
Por su parte, el Presidente de la
República, doctor Álvaro Uribe Veléz, impartió al Acuerdo la correspondiente
aprobación ejecutiva, el veintiuno (21) de octubre de 2005 y ordenó someterlo a
la consideración del Congreso de la República.[1]
Por lo anterior, de acuerdo con
reiterada jurisprudencia[2]
la suscripción del instrumento que se examina, cumple con lo dispuesto por el
artículo 189-2 de la Constitución Política que asigna al Presidente de la
República la dirección de las relaciones internacionales y, en ejercicio de
dicha facultad, la posibilidad de celebrar tratados o Acuerdos con otros
Estados y con entidades de derecho internacional.
En ese orden de ideas, por este
aspecto ningún reproche de constitucionalidad cabe hacer al Acuerdo sub examine
ni a su Ley aprobatoria.
2.1.2.
Trámite legislativo surtido para la expedición
de la Ley 1102 de 2006
Con fundamento en las
certificaciones remitidas a la Corte por el Senado de la República y la Cámara
de Representantes, así como en los antecedentes legislativos y en las actas
publicadas en las Gacetas del Congreso de la República, se pudo determinar que
el trámite surtido en esa Corporación para la expedición de la Ley No. 1102 de
2006, fue el siguiente:
2.1.2.1.       El proyecto de ley junto con la
exposición de motivos fue presentado al Senado de la República por el Gobierno
Nacional a través de la Ministra de Relaciones Exteriores, doctora Carolina Barco
Isakson, y el Ministro de
Hacienda, doctor Alberto Carrasquilla Barrera, el
21 de octubre de 2005, y fue radicado bajo el No. 198
de 2005 –Senado- y publicado en la Gaceta del Congreso No. 900 del 14 de
diciembre de 2005.[3]
2.1.2.2.       Dicho proyecto con su
correspondiente exposición de motivos fue repartido a la Comisión Segunda
Constitucional del Senado donde se surtió el primer debate siendo ponentes los senadores Miguel Antonio Yepes Parra y
Fabio Granada Loaiza.   La ponencia se publicó
en la Gaceta del Congreso No. 113 del 11 de mayo de 2006[4];
y fue debatida y aprobada con un quórum deliberatorio y decisorio de doce (12)
votos a favor y ninguno en contra de los trece (13) miembros que integran la
Comisión, en sesión del treinta y uno (31) de mayo de 2006, según consta en el
Acta N° 24 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 223 de
2006  del 28 de junio de 2006[5].
Ahora bien, según consta en el Acta No. 1 de la sesión ordinaria del
diecisiete de (17) de mayo de 2006 publicada en la Gaceta del Congreso No. 333
del viernes 1° de septiembre de 2006[6], y según certificación
del veintidós (22) de marzo de 2007, expedida por el Secretario General de la
Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República[7], dentro de los proyectos de
ley cuya votación fue anunciada por la Secretaria de la Corporación para la sesión
del treinta y uno (31) de mayo de 2006 figuró el
proyecto de ley 198 de 2005 –Senado-, “Por medio de la cual se aprueba el
acuerdo para establecer la red global de desarrollo”.
En efecto, en la Gaceta No 333 de 2006, dentro del acta No 01 de la
sesión ordinaria de la
Comisión Segunda del Senado del miercoles 17 de mayo de 2006, se anunció para
primer debate el proyecto de ley bajo estudio, así:  “Hace uso de la palabra el Secretario
General de la Comisión
Segunda del Senado, doctor Felipe Ortiz Marulanda: La Comisión Segunda del Senado entonces
anuncia para la Sesión
del miércoles 31 de mayo fuera de los proyectos ya anunciados el Proyecto de
ley número 171 de 2005, el Proyecto de ley número 121 de 2005, el Proyecto de
ley número 126 de 2005, el 195 de 2005, el 198 de 2005, y 219 de 2005 que fueron colocados en el Orden
del Día para discusión del día de hoy, quedan para el miércoles 31 de mayo”. Es así como en la sesión ordinaria del
miércoles 31 de mayo se debatió y aprobó el proyecto de Ley 198 Senado.
Así las cosas, la Corte
constata que en este caso se dio cumplimiento al mandato contenido en el último
inciso del artículo 160 constitucional.
2.1.2.3.       La Plenaria del Senado adelantó el segundo debate con
base en la ponencia publicada en la Gaceta del Congreso No. 180 del 9 de junio
de 2006,[8] siendo ponentes los
senadores Miguel Antonio Yepes Parra y Fabio Granada Loaiza. El proyecto fue
aprobado en sesión ordinaria del día miércoles 14 de junio de 2007, con un
quórum deliberatorio y decisorio de 99 honorables senadores de la República, de
los 102 que conforman la plenaria de esta Corporación, se impartió la
aprobación por unanimidad, así como aparece en el Acta No. 55 de esta fecha,
publicada en la Gaceta del Congreso No. 232 del miércoles 12 de julio de 2006,[9]
y según certificación del Secretario General del Senado de la República del
dieciocho (18) de febrero de 2007[10].
Según consta en el Acta No. 54 de la sesión ordinaria
del día 13 de junio de 2006,  publicada en la Gaceta del Congreso No.
231 del 12 julio de 2006[11], y según certificación
del Secretario General del Senado de la República del veintidós (22) de marzo
de 2007[12],
dentro de los proyectos de ley cuya votación fue anunciada por la Secretaria de
la Corporación para la sesión del 14 de junio de 2007, figuró el proyecto de ley 198 de 2005 –Senado-, “Por
medio de la cual se aprueba el acuerdo para establecer la red global de
desarrollo”.
Nótese que en la Gaceta No 231 de 2006, dentro del acta
No 54 de la sesión ordinaria de la Plenaria del Senado del martes 13 de junio, se anunció para
segundo debate el proyecto de ley bajo estudio, así: “Por instrucciones de la
Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo número 01 de 2003, la
secretaría anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima
sesión. Proyectos en segundo debate: Proyecto de ley número
198 de 2005 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo para establecer la
Red Global de Desarrollo, hecho en Dakar, Senegal, el 23 de enero de 2005”. Es así como en la
sesión siguiente del miércoles 14 de junio de 2006, se debatió y decidió el
proyecto de Ley 198 Senado.
Así las cosas, la Corte constata que en
este caso igualmente se dio cumplimiento al mandato contenido en el último
inciso del artículo 160 constitucional.
2.1.2.4.       Una vez radicado el proyecto de ley en la Cámara de
Representantes bajo el No. 305 de 2006 –Cámara-, la Comisión Segunda
Constitucional Permanente adelantó el primer debate con fundamento en la
ponencia publicada en la Gaceta del Congreso No. 319 del 25 de agosto de 2006[13],
siendo ponente el Representante Gonzalo García Angarita.  Dicho proyecto fue
discutido y aprobado con la asistencia de dieciocho (18) Representantes, en
forma unánime, en sesión ordinaria del doce (12) de septiembre de 2006, según
consta en el Acta No. 08 de la misma fecha de la Comisión Segunda
Constitucional Permanente, publicada en la Gaceta del Congreso No. 475 del 23
de octubre de 2006 [14].
Ahora bien, según consta en el Acta No. 07 de la
sesión ordinaria del día cinco (5) de septiembre de 2006, publicada en la
Gaceta del Congreso No 474 de 2006[15], dentro de los
proyectos de ley cuya votación fue anunciada por la Secretaria de la
Corporación para la sesión del doce (12) de septiembre de 2006, figuró el
proyecto de ley 305 de 2006 –Cámara- y 198 de 2005 –Senado-, “por medio de la cual se aprueba el acuerdo para
establecer la red global de desarrollo”.[16]
En efecto, en la Gaceta No 474 de 2006, dentro
del acta No 07 de la sesión ordinaria de la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes del 5 de septiembre de 2006, se anunció para primer debate, en
Cámara, el proyecto de ley bajo estudio, así : “Anuncio de los proyectos de ley para la
próxima Comisión. Hace uso de la palabra el Presidente, honorable Representante
Oscar Fernando Bravo Realpe: Incluya los dos de hoy y lee el que había nuevo para
tratar 3 proyectos de ley en la próxima sesión. Hace uso de la palabra la Secretaria General, doctora
Pilar Rodríguez Arias: Sí señor Presidente. (…) Proyecto de Ley número 305/2006
Cámara, 198/2005 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo para
establecer la
Red Global de desarrollo, hecho en Dakar, Senegal, el 23 de enero de 2005. Autora: Ministra de Relaciones
Exteriores, doctora Carolina Barco; Ministro de Hacienda y Crédito Público,
doctor Alberto Carrasquilla. (…) Hace uso de la palabra el Presidente, Oscar
Fernando Bravo Realpe: Muy bien. Se levanta la sesión y se convoca para dentro de 8 días. Muchas gracias.
Se levanta la sesión”. Es así como en la sesión siguiente del martes 12 de septiembre de
2006, se debatió y decidió el proyecto de Ley 198 Senado y 305 Cámara.
Así las cosas, la Corte constata que en
este caso igualmente se dio cumplimiento al mandato contenido en el último
inciso del artículo 160 constitucional.
2.1.2.5.       La Plenaria de la Cámara de Representantes adelantó el
segundo debate del proyecto de ley, a partir de la ponencia publicada en la
Gaceta del Congreso No. 467 del jueves 19 de octubre de 2006[17],
siendo ponente el Representante Gonzalo García Angarita. Dicha ponencia fue
discutida y aprobada en sesión plenaria del treinta y uno (31) de octubre de
2006, según consta en el Acta No. 22 de la misma fecha publicada en la Gaceta
del Congreso No. 607 del viernes 1 de diciembre de 2006[18],
y según certificación expedida por el Secretario General de la Cámara de
Representantes del veintisiete (27) de febrero de 2006[19].
Según consta en el Acta No. 21 de la sesión
ordinaria del veinticinco (25) de octubre de 2006 publicada en la Gaceta del
Congreso No. 609 del lunes cuatro (4)  diciembre de 2006[20],
y según certificación expedida por el Secretario General de la Cámara de
Representantes del veintisiete (27) de febrero de 2006[21],
dentro de los proyectos de ley cuya votación fue
anunciada por la Secretaria de la Corporación para la sesión del treinta
y uno (31) de octubre de 2006, figuró el
proyecto de ley 305 de 2006 –Cámara- y 198 de 2005 –Senado-, “por medio de la cual se aprueba el acuerdo para
establecer la red global de desarrollo”.
Nótese que en la Gaceta No 609 de 2006,
dentro del acta No 21 de la sesión ordinaria de la Plenaria de la Cámara del
miércoles 25 de octubre, se anunció para segundo debate, el proyecto de ley
bajo estudio, así: “Se
anuncian los temas, proyectos y actas para debatir el próximo martes a
las tres de la tarde: (…) Proyecto de ley número 305 de 2006 Cámara, 198 de
2005 Senado. (…) Señor Presidente, han sido anunciados los temas que estarán en
el Orden del Día del próximo martes a las tres de la tarde.” Entre tanto,
en la sesión ordinaria del martes 31 de octubre de 2006, se debatió y aprobó el
proyecto de Ley 198 Senado y 305 Cámara.
Así las cosas, la Corte
constata que en este caso igualmente se dio cumplimiento al mandato contenido
en el último inciso del artículo 160 constitucional.
2.1.2.6.       El Presidente de la República
doctor Álvaro Uribe Vélez sancionó la Ley aprobatoria del Acuerdo sub
exámine, el seis (06) de diciembre del año 2006, bajo el No. 1102 y la
remitió a esta Corporación, siendo recibida el día siete (7) de diciembre del
año dos mil seis (2006), es decir, dentro del término previsto en
artículo 241-10 de la Constitución Política para su revisión.
2.1.2.7.    Teniendo presente el anterior
recuento, la Corte constata que el trámite observado para la aprobación de la
Ley sub examine, se surtió de conformidad con los requisitos establecidos en la
Constitución Política. En efecto, el proyecto inició su trámite en el Senado de
la República conforme lo ordena el último inciso del artículo 154 superior;
cumplió con los requisitos a que alude el artículo 157 constitucional respecto
de i) la publicación inicial del proyecto; ii) la aprobación en la Comisión II
Constitucional Permanente y en la Plenaria de cada Cámara; y iii) la sanción
por el Gobierno.  Así mismo fueron presentados en las Comisiones Segundas
Permanentes de cada Cámara los informes de ponencia que exige el artículo 160
superior, de la misma manera que fue respetado el plazo allí establecido que
debe mediar entre el primero y el segundo debate en cada Cámara, así como entre
la aprobación del proyecto en una de ellas y la iniciación del debate en la
otra Corporación.  De la misma manera que se cumplió con el requisito señalado
en el mismo artículo a partir de la aprobación del Acto legislativo No. 01 de
2003 en relación con el anuncio previo de que el proyecto sería sometido a
votación. Siendo finalmente sancionada por el Presidente de la República,
también dentro del término constitucional.
2.2.   Examen
de la constitucionalidad del Acuerdo para establecer la red  global de
desarrollo  y de la  Ley  1102 de 2006 aprobatoria  del mismo por su aspecto
material
2.2.1. Descripción del contenido del
Acuerdo que se revisa  y de su Ley aprobatoria
2.2.1.1 El artículo introductorio del Acuerdo precisa que “La Red Global de Desarrollo  se crea como
una organización internacional pública”.
Según
su artículo I el propósito de la Red Global de Desarrollo es el de apoyar la
investigación de alta calidad, orientada a políticas en las ciencias sociales a
fin de promover el desarrollo.
Para
lograr dicho propósito, las funciones de la red incluirán “la creación de
capacidad, funcionar en red, movilizar fondos y facilitar la coordinación de
donantes, alentar a compartir el conocimiento, ofrecer la certificación de
calidad y llevar a cabo análisis de necesidades y evaluación de programas”.
En el
mismo artículo se precisa que la red estará guiada  en todas sus decisiones y
actividades por las cláusulas del Acuerdo y por los siguientes principios de
gestión: Independencia, apertura, eficacia, democracia y pluralidad.
En el artículo II  se señalan  las
definiciones que se deben tener en cuenta para los propósitos del Acuerdo. En
el mismo se enumeran las definiciones de i) Global Development Network, Inc, ii) Red Global de Desarrollo, iii) Partes
y Estados partes del acuerdo,  iv) Personal y  Oficiales de la red, v)
Organizaciones internacionales públicas,  vi) Comunidades de investigación
regional y  vii) Redes de investigación regional
El
artículo III reitera que  “la situación o naturaleza jurídica” de la Red será
la de una organización internacional pública, al tiempo que la misma tiene
plena personalidad jurídica y disfrutará de aquellas capacidades necesarias
para el cumplimiento de su propósito y ejercicio de sus funciones. Por lo que
tendrá capacidad para contratar, adquirir y disponer de propiedades muebles e
inmuebles, emplear personal y asesores, iniciar y responder actos jurídicos,
invertir el dinero y las propiedades y tomar las medidas necesarias para lograr
su propósito.
El
artículo IV sobre las finanzas  precisa que la Red obtendrá los recursos
financieros necesarios para llevar a cabo sus actividades a través de
donaciones y contribuciones voluntarias de las Partes del Acuerdo y otras
personas, incluyendo gobiernos, fundaciones y corporaciones y también de los
ingresos generados por sus inversiones o la venta de sus publicaciones u otros
productos y servicios.  Dicho artículo precisa que las Partes del Acuerdo no
estarán obligadas a brindar apoyo financiero a la Red
El
artículo V se refiere a la organización  y administración de la Red. En el se
precisa que la misma es una red global de investigación que opera
principalmente a través de redes de investigación regionales, y sus actividades
estarán abiertas a la participación de las comunidades de investigación
regionales. Advierte que ninguna organización o persona  podrá ser excluida de
participar de las actividades de la Red por motivo de raza, género, religión o
cultura.
Precisa
además que la estructura organizacional de la Red estará conformada por una
Asamblea,  una Junta Directiva,  y tendrá un Presidente cuyas funciones
respectivas se detallan en dicho artículo.
El
artículo VI precisa que la Oficina Central de la Red  se instalará en Nueva
Delhi, India a menos que la Asamblea, por recomendación de la Junta Directiva,
decida reubicar la oficina en otro lugar. Se podrán establecer oficinas
adicionales en otros lugares para apoyar sus programas y actividades.
El artículo VII -sobre el que se hará énfasis más
adelante-  regula  en nueve secciones el tema de las  inmunidades y privilegios
que según el Acuerdo  han de reconocerse por los Estados parte según su
legislación interna, en materia de bienes, archivos, comunicaciones, personal
y  tributación de la Red y sus funcionarios.
El
artículo VIII  señala que toda
cuestión de interpretación de las cláusulas del  Acuerdo que surja  entre
cualquier Parte del mismo y la red  o entre Partes del Acuerdo será presentada
ante la Asamblea para su decisión, que será final.
El artículo IX establece que el Acuerdo puede ser enmendado por la Asamblea
por un voto de mayoría de tres cuartos de todos los Representantes, siempre que
i)  la Junta Directiva haya considerado y recomendado las enmiendas propuestas;
y ii) una notificación de dicha enmienda, junto con su texto completo, haya
sido enviada a todas las Partes del Acuerdo al menos con ciento veinte días de
anticipación de la fecha establecida para un voto sobre la enmienda propuesta.
El
artículo X prevé que la Red  podrá ser disuelta por una mayoría de tres cuartas
partes de todos los Representantes de la Asamblea si se determina que GDN ya no
cumple su propósito ni está ejerciendo sus funciones eficazmente.
Los artículos XI, XII y  XIII tratan sobre la firma,
entrada en vigor,  y denuncia del Acuerdo. El artículo XIV regula  la
transición entre Global Development Network, Inc. Organización privada
que sirvió de antecedente  a la nueva organización  y la Red  Global de Desarrollo.
Finalmente
en el Anexo I.  se enumeran las  Regiones y Redes de Investigación Regionales
vigentes al momento de la celebración del Acuerdo.
2.2.1.2. Por su parte, la Ley
1102 de 2006, en tres artículos, se limita a aprobar el texto del
Acuerdo, a determinar que el mismo obligará al país en cuanto se perfeccione el
vínculo internacional respecto del mismo y a fijar la vigencia de la ley, a
partir de la fecha de su publicación.
2.2.2. Constitucionalidad material del  “Acuerdo
para establecer la red global de desarrollo, hecho en Dakar, Senegal, el
veintitrés (23) de enero de dos mil cinco (2005) ”
2.2.2.1 Como se desprende de los antecedentes y del
contenido del Acuerdo que se revisa, el objetivo del mismo es el de establecer una red internacional dedicada a
apoyar investigaciones multidisciplinarias en las ciencias sociales; producir
conocimientos relevantes a escala global; construir capacidades de
investigación y facilitar el intercambio de conocimientos sobre el desarrollo.
La Corte  constata que a través de la aprobación y
ratificación del Acuerdo para establecer la Red Global de Desarrollo se crea
una herramienta importante para el desarrollo social y económico, que sirve
para   fomentar la investigación en diferentes campos y áreas de  interés
científico, sin que su participación genere ningún tipo de gasto sobre el
Presupuesto General de la Nación.
Al respecto, no sobra recordar que en
diversas providencias de esta Corporación, referidas particularmente a la
aplicación de los instrumentos internacionales en materia de cooperación
técnica, científica y tecnológica[22], se ha señalado que
Acuerdos o Convenios como el que se examina no contravienen el ordenamiento
constitucional. Por el contrario, este tipo de acuerdos desarrollan el mandato
de la internacionalización de las relaciones exteriores colombianas, sobre
bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional (art- 226 C.P.).
Dichos instrumentos desarrollan
concretamente  varios preceptos superiores, en especial el artículo 70 de la
Carta, conforme al cual “el Estado tiene el deber de promover y fomentar el
acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por
medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística
y profesional…”, así como el artículo 71 constitucional  que señala que el
Estado dispondrá incentivos para las personas e instituciones que desarrollen y
fomenten la ciencia y la tecnología.
Acuerdos como el que se examina desarrollan
también los mandatos constitucionales que indican que
es deber del Estado promover la competitividad y la  productividad (art.
334 C.P.).
Sobre la importancia del desarrollo  de  la
ciencia y la tecnología, y el diálogo permanente que sobre esta materia debe
establecer Colombia con el resto de las naciones de la comunidad internacional,
se ha  pronunciado  de manera reiterada esta Corporación  con ocasión  de la
revisión de constitucionalidad de acuerdos que perseguían similares objetivos a
los que se buscan con el Convenio Sub examine. Al respecto  ha señalado la
Corte:
“El lenguaje de la ciencia y la tecnología
es un lenguaje universal, que implica para los países no sólo la necesidad de
promover y fomentar internamente la consolidación de sus comunidades
académicas, las cuales tienen como fundamento de su quehacer la investigación
científica y tecnológica, sino el compromiso ineludible de facilitar que ellas
se incorporen y participen activamente en las tareas que adelanta la comunidad
científica internacional; de no hacerlo el costo será el aislamiento y por ende
el rezago en el acceso al conocimiento, el cual en el Estado social de derecho
se reivindica como un derecho de todas las personas, que las sociedades
modernas y postmodernas reclaman como un componente esencial e insustituible
para su propio desarrollo.”[23]
En el presente caso la Corte destaca que  como se recuerda en la exposición de
motivos de la ley  aprobatoria del Acuerdo, la lucha contra la pobreza y la
desigualdad social encuentran en el acceso a la información y en la
investigación multidisciplinaria dos de sus más importantes pilares, lo que
hace indispensable el fortalecimiento de los canales de cooperación educativa e
informativa, a través de conductos ágiles y útiles que permitan a los
pobladores acceder adecuadamente a mecanismos de fomento y desarrollo de la
actividad investigativa.  Desde esta perspectiva  dado que la Red Global de Desarrollo   está encargada de “crear la capacidad
para funcionar en red, movilizar fondos y facilitar la coordinación de donantes”;
así como, “alentar a compartir el conocimiento, ofrecer la certificación de
calidad y llevar a cabo análisis de necesidades y evaluación de programas de
desarrollo social”  y que el
enfoque general es el de “facilitar  a los afiliados a la Red en los niveles
nacional y regional  el acceso a la información, para elevar la calidad de los
análisis e investigaciones, y concretamente el acceso a bases de datos y a
herramientas de intercambio, que respalden la calidad de los estudios y
trabajos realizados, así como las decisiones tomadas por los diseñadores de
política, con el fin de cerrar la brecha entre los que producen los datos, los
investigadores y los dirigentes políticos”,  es claro que el Acuerdo   desarrolla  los
mandatos superiores  referentes a la promoción  de la investigación, la
ciencia  y el desarrollo,  (arts 70 y 71 C.P.)  y se enmarca dentro de los
objetivos fijados por la Constitución para la celebración  de este tipo de
instrumentos.
Cabe precisar además que el
articulado del Acuerdo  en sus diferentes elementos, atinentes a los objetivos,
finanzas, estructura organizativa y de decisión de la Red creada por el mismo,
atiende los presupuestos que orientan el manejo de las relaciones
internacionales de Colombia sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional
(artículo 226 C.P.), así como de respeto a la soberanía nacional  a la
autodeterminación  y al reconocimiento de los principios  del derecho
internacional aceptados por Colombia (art. 9 C.P.), por lo que la Corte no
encuentra  que el mismo plantee alguna dificultad de orden constitucional.
2.2.2.2 Ahora bien, dada la  importante gama de inmunidades y
exenciones que el  artículo VII del Acuerdo sub examine[24] reconoce a  la Red, sus bienes, así como a sus
oficiales y funcionarios, resulta pertinente detenerse en su contenido, alcance y
compatibilidad con la Constitución.
Especialmente merecen análisis aquellos apartes en los que se señala
que  i) “la
propiedad y los bienes de la Red Global de Desarrollo, dondequiera se
encuentren y a cargo de quienquiera se encuentren, serán inmunes de
allanamiento, requisa, confiscación, expropiación o toda otra forma de
incautación por acción ejecutiva, administrativa, judicial o legislativa”  y que  “la propiedad y los bienes de la Red serán, adondequiera
estén ubicados y a cargo de quienquiera estén, inmunes de toda forma de
incautación, embargo o ejecución antes de la resolución del juicio final contra
la Red”; así como que ii) Todos
los Representantes, Directores y personal de la Red “serán inmunes de
acciones legales con relación a acciones realizadas por ellos en su capacidad
oficial, excepto cuando la Red renuncie a esta inmunidad”; y que  iii) “La
Red, sus bienes, propiedad, ingresos y sus operaciones y transacciones
autorizadas por el Acuerdo, serán inmunes de toda tributación y de todo arancel
aduanero”. Así mismo que “la Red  será inmune también de responsabilidad
por el cobro o pago de cualquier impuesto o arancel”. Y que “excepto en
el caso de ciudadanos locales, no se impondrá ningún impuesto a salarios, o con
relación a salarios, y a emolumentos pagados por la red a su personal”.
2.2.2.2.1 Al respecto  es
necesario advertir que la jurisprudencia constitucional ha admitido la
introducción de cláusulas de inmunidad en los tratados internacionales para
reconocer que las mismas son medios “que han
existido para asegurar la independencia de los representantes diplomáticos, y
que se han extendido a las organizaciones internacionales, a sus bienes y
funcionarios también para asegurar la autonomía de esas entidades.”[25].  La Corte ha precisado en este contexto que la
institución de la inmunidad no es per se contraria al ordenamiento
jurídico[26].
Según la Corporación  las inmunidades
conferidas a los miembros de un organismo internacional son concesiones
ofrecidas con fundamento en disposiciones de derecho internacional que no
quebrantan por sí mismas el concepto de soberanía nacional[27]. Para
ilustrarlo la Corte ha invocado las normas que integran la "Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las
Naciones Unidas" - aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de febrero de 1946-, y la "Convención
sobre los privilegios e inmunidades de los organismos especializados"
–aprobada por la misma asamblea el 21 de noviembre de 1947- respecto de los
cuales concluyó que “el otorgamiento de los privilegios anotados tiene
asidero en el imperativo constitucional en virtud del cual las relaciones
internacionales del Estado colombiano deben fundarse en el respeto de ‘los
principios de derecho internacional aceptados por Colombia’ (C.P. artículo 9).”
Ahora bien, la Corte ha precisado que las
inmunidades y privilegios conferidos a organismos o  miembros de organismos
internacionales se ajustan a la Carta Política siempre y cuando estén
encaminadas a la “defensa, igualdad y soberanía
del organismo de derecho internacional de que se trate y de los Estados que
acuerdan conceder dichas prerrogativas[28].”
La Corte ha agregado que de no hacerse tal
salvedad, “[b]ajo el manto de buenas intenciones patrocinadas por el
Convenio, que la Corte respeta y alienta, (...) cláusulas como la analizada pueden
constituirse en el germen de tratamientos diferenciales y privilegiados que den
cabida a injusticias y desequilibrios.”[29]
Igualmente  la jurisprudencia
constitucional ha señalado que los instrumentos internacionales no pueden conferir
inmunidades absolutas que impliquen la total renuncia del Estado a utilizar los
mecanismos de control y represión que le sirven para conservar la soberanía en
su propio territorio. Por ello la Corte ha dicho que  “Las prerrogativas e inmunidades otorgadas
no son, ni pueden ser, totales o absolutas. Ningún Estado constitucional
estaría en capacidad jurídica de otorgar plena inmunidad a todo agente de un
gobierno extranjero o representante de un organismo de derecho internacional,
respecto de cualquier actividad que cumpla en su territorio, pues ello
implicaría sacrificar las atribuciones que le competen como estado libre y
soberano para asegurar la defensa de los derechos de las personas sometidas a
su jurisdicción. De la misma manera, a la luz del artículo 13 de la Carta,
tampoco sería posible afirmar que toda prerrogativa es legítima. Para que la
concesión de estos derechos y beneficios especiales resulte constitucional, se
requiere que concurra la defensa de los principios de independencia, soberanía
e igualdad - reciprocidad - entre los Estados. Son estos principios y no una
mera liberalidad o una imposición del derecho internacional, los que tornan
legítimas e incluso necesarias las garantías y privilegios que se conceden a
funcionarios de Estados extranjeros o de organismos internacionales en el
territorio de cada Estado”[30]
2.2.2.2.2. A partir de los
anteriores presupuestos la Corte  no observa contradicción entre el texto del Acuerdo y
la Constitución, pues la concesión de exenciones, prerrogativas e inmunidades
como las  que se enuncian en el artículo séptimo sub examine,  en
materia de bienes, archivos, comunicaciones, tributación, personal,  en cuanto
en ninguno de sus apartes puede considerarse absoluta, se encuentra acorde con
los principios de derecho internacional aceptados por Colombia, la Convención
de Viena y la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones
Unidas tal y como lo ha señalado  la jurisprudencia constitucional en
anteriores oportunidades[31].
Ahora bien, específicamente en cuanto a
los apartes  del artículo  séptimo sub examine según los cuales  i) “la propiedad y los bienes de la Red Global
de Desarrollo, dondequiera se encuentren y a cargo de quienquiera se
encuentren, serán inmunes de allanamiento, requisa, confiscación, expropiación
o toda otra forma de incautación por acción ejecutiva, administrativa, judicial
o legislativa” que “la
propiedad y los bienes de la Red serán, adondequiera estén ubicados y a cargo
de quienquiera estén, inmunes de toda forma de incautación, embargo o ejecución
antes de la resolución del juicio final contra la red”; así como que  ii)
todos los Representantes, Directores y personal de  la Red  Global de
Desarrollo “serán inmunes de acciones legales con relación a acciones
realizadas por ellos en su capacidad oficial, excepto cuando la red renuncie a
esta inmunidad”, cabe preciar  que aún en el caso en que pudiera
considerarse que  con los mismos se puede llegar a afectar el derecho al acceso
a la justicia, ello no comporta  que la Corte deba declarar su inexequibilidad.
Al respecto la Corte ha advertido de manera reiterada
que en esos eventos la persona
afectada puede obtener una reparación del Estado colombiano, ya que habría sido
víctima de un daño antijurídico (CP art. 90).[32]
Al respecto no debe olvidarse
que como lo han precisado tanto la jurisprudencia del Consejo de Estado[33]
como la de la Corte Constitucional “ya que es el propio legislador el que
trunca el derecho al acceso a la administración de justicia de los individuos
que resultaren perjudicados por las acciones u omisiones del personal
extranjero (…), no podría sostenerse con justicia que el Estado quede exonerado
de toda responsabilidad por dichos actos” [34].
Así mismo ha advertido la Corte que “En virtud de que es la
propia ley la que limita el derecho a recibir la indemnización a través de los
mecanismos procesales nacionales, si el daño
sufrido por el particular es de aquellos que el mismo no está obligado a
soportar, debe el Estado indemnizar los perjuicios generados por el accionar de
los entes extranjeros. La imputabilidad del perjuicio en cabeza del Estado
provendría entonces, no de la ejecución material
del acto perjudicial, sino de la voluntad del legislador de impedir el
resarcimiento por las vías judiciales ordinarias.”[35]
2.2.2.2.3 Ahora bien, en cuanto
al aparte del artículo  según el cual  la Red, sus
bienes, propiedad, ingresos y sus operaciones y transacciones autorizadas por
el Acuerdo, serán inmunes de toda tributación y de todo arancel
aduanero. Así mismo que la Red  será inmune también de responsabilidad por el
cobro o pago de cualquier impuesto o arancel. Y que excepto en el caso
de ciudadanos locales, no se impondrá ningún impuesto a salarios, o con
relación a salarios, y a emolumentos pagados por la red a su personal, lo que
comportaría que incluso los impuestos de propiedad de las entidades
territoriales están comprendidos en el presente caso,  cabe
recordar que la Corte se ha ocupado en anteriores oportunidades  de la
compatibilidad de dicha posibilidad  frente al mandato del artículo 294
superior[36] para
concluir que la prohibición de las exenciones de los tributos
territoriales, prevista en el referido artículo superior, no impide que los
instrumentos internacionales confieran esas exenciones, siempre y cuando la
Nación establezca mecanismos para compensar a las entidades territoriales por
eventuales afectaciones de sus ingresos, debido a dichas exenciones[37].
Al respecto la Corporación
luego de un completo recuento de la jurisprudencia sobre este punto expuso en la
Sentencia C-315 de 2004 los siguientes argumentos que se reiteran en esta
sentencia:
“25- La Corte considera necesario en esta
oportunidad precisar su doctrina en la materia, la cual debe compatibilizar la
protección constitucional de los recursos de las entidades territoriales, que
es la razón de ser del artículo 294 superior, con las exenciones tributarias
contenidas en ciertos tratados, que son un instrumento de fortalecimiento de
las relaciones internacionales, y por ende cumplen un propósito
constitucionalmente importante (CP art 226).
26- La prohibición establecida por el
artículo 294 de la Carta es una garantía de la autonomía territorial frente a
posibles intervenciones de la Nación, que pudieran privar a las entidades
territoriales de sus ingresos, en la medida en que la ley, que es una
regulación nacional, puede unilateralmente conceder exenciones a los tributos
de esas entidades y de esa manera reducir sus recursos propios. Ahora bien, un
tratado es aprobado e incorporado al ordenamiento interno en virtud de una ley,
y por ello parece razonable, a primera vista, concluir que esa prohibición
constitucional limita también las exenciones concedidas en virtud de tratados.
Todo eso explica las decisiones en que esta Corte ha limitado la posibilidad de
que ciertos tratados confieran exenciones a tributos territoriales.
27- Sin embargo, un examen más atento
muestra que la asimilación en este aspecto entre un tratado y la ley resulta
excesiva, pues la garantía del artículo 294 está dirigida contra la posibilidad
de que la Nación, en forma unilateral, y en virtud de una decisión legislativa,
prive a las entidades territoriales de sus recursos. Es pues una garantía
institucional contra una injerencia indebida del Estado central, que
establecería unilateralmente exenciones a los tributos territoriales. Sin
embargo, los tratados son actos complejos que no resultan de la simple voluntad
del Estado central, ya que requieren el concurso de voluntad de otros sujetos
de derecho internacional. En este caso, una eventual exención de los impuestos
territoriales no surge de una voluntad unilateral de las autoridades centrales
de limitar los recursos de las entidades territoriales sino que opera con otra
lógica y otros propósitos; dicha exención únicamente pretende facilitar las
relaciones internacionales y desarrollar principios del derecho internacional,
como la reciprocidad. Y por ello, en ese caso, la exención es en principio
válido porque persigue un propósito constitucional relevante. El interrogante
que surge es entonces si la consecución de dicha finalidad de favorecer las
relaciones internacionales, que tiene claro sustento constitucional (CP art.
226), puede ser armonizada con la garantía institucional que la Carta establece
a favor de los recursos de las entidades territoriales (CP art. 294).
La Corte encuentra que esa armonización es
posible, si se entiende que la concesión de esas exenciones a los tributos
territoriales por medio de un tratado es posible, pero la Nación debe compensar
a las entidades territoriales las pérdidas de sus ingresos que puedan derivar
de dichas exenciones. En efecto, de esa manera se aseguran los ingresos de las
entidades territoriales sin afectar indebidamente la promoción de las
relaciones internacionales, con lo cual se logra una armonización de los
artículos 226 y 294 de la Constitución.
Esto significa que  las exenciones por
tratados a los tributos territoriales coloca a las entidades territoriales en
una situación semejante a la de aquel particular que no puede demandar a un
miembro de una misión diplomática, debido a las prerrogativas e inmunidades que
el Estado colombiano ha reconocido a dicho diplomático. En efecto, esta Corte
Constitucional y el Consejo de Estado han reconocido la validez constitucional
de esas prerrogativas e inmunidades; pero igualmente ambas corporaciones
judiciales han concluido que el particular no tiene por qué soportar la
afectación a su patrimonio que podría derivar de dichas inmunidades, por lo que
se trata de un daño  antijurídico que debe serle reparado por el Estado (CP
art. 90), tal y como se recordó anteriormente en esta sentencia (Cf supra
fundamento 22). Mutatis mutandi, las entidades territoriales no tienen tampoco
por qué soportar una afectación a sus recursos debido a la concesión de
exenciones tributarias sobre sus tributos, por lo que la Nación tiene la
obligación de compensar la reducción de los recursos de los departamentos y
municipios que podrían derivar de dichas exenciones.
28- Por todo lo anterior, la Corte
considera necesario precisar y rectificar su jurisprudencia en esta materia, de
la siguiente manera: la prohibición de las exenciones de los tributos
territoriales, prevista en el artículo 294, no prohíbe que los tratados
confieran esas exenciones, siempre y cuando la Nación establezca mecanismos
para compensar a las entidades territoriales por eventuales afectaciones de sus
ingresos, debido a dichas exenciones.
La Corte considera que esta rectificación y
precisión jurisprudencial es válida y necesaria, en la medida en que logra una
mejor armonización de los mandatos de los artículos 226 y 294 de la Carta,
pues permite un desarrollo dinámico de las relaciones internacionales, sin
afectar desproporcionadamente la autonomía financiera de las entidades
territoriales.      Con base en esa precisión jurisprudencial, la Corte
encuentra que los artículos de la presente convención relativos a las
exenciones se ajustan a la Carta y serán declarados exequibles” [38].
2.2.2.2.4 A lo anterior cabe agregar que, según el
propio  artículo VII del Acuerdo sub examine,  será a cada Estado Parte a quien
corresponderá adoptar toda acción “que sea necesaria en sus propios
territorios con el propósito de implementar, en términos de su propia ley, los
principios establecidos en este Artículo e informará a GDN acerca de las
medidas detalladas que ha tomado.” Es decir que será a  cada Estado al que
corresponderá señalar en el marco de  su Legislación el alcance de las
inmunidades enunciadas, previsión que se encuentra en plena armonía con los
principios de soberanía y de autodeterminación (art.  9 C.P.) que rigen las
relaciones internacionales de Colombia.
Ha de señalarse  entonces que
respecto del artículo aludido  tampoco se observa que se contradigan los textos
superiores ni la jurisprudencia de esta Corporación en materia de derechos
reconocidos a los organismos internacionales, a los representantes de los
mismos,  y que el mismo resulta acorde con el derecho de los tratados  y los
principios de derecho internacional  aceptados por Colombia (art. 9 y 226
C.P.).
2.2.2.3 Hechas las precisiones
anteriores no encuentra la Corte motivo de dificultad constitucional para el
Acuerdo analizado y en consecuencia  lo que procede es declarar su
exequibilidad y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.
2.2.3 Constitucionalidad material de la Ley 1102 de
2006
Como se advirtió, el contenido
de la Ley 1102 de 2006 se limita a aprobar el “Acuerdo para establecer la red global de desarrollo”, a
determinar que las obligaciones que del mismo dimanan para el Estado colombiano
comenzarán a regir desde cuando se perfeccione el vínculo internacional
respecto del mismo, y a señalar que la vigencia de la Ley comienza a regir a
partir de su publicación, de modo que no existen reparos sobre la
constitucionalidad de su contenido.
VII.   DECISION
En mérito de lo expuesto, la
Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Declarar EXEQUIBLE el “Acuerdo
para establecer la red global de desarrollo”, hecho en Dakar, Senegal, el
veintitrés (23) de enero de dos mil cinco (2005)
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la
Ley 1102 del seis (06) de diciembre de 2006, por medio de la cual se aprueba el
citado Acuerdo.
Tercero.- Ordenar la comunicación de la
presente sentencia al Presidente de la República y a la Ministra de Relaciones
Exteriores, para los fines contemplados en el numeral 10 del artículo 241 de la
Constitución Política.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
RODRIGO ESCOBAR GIL
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
AUSENTE EN COMISION
CLARA INÉS VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA C-859 DE 2007
DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN
TRAMITE LEGISLATIVO-Incumplimiento
que configura vicio procedimental insubsanable (Salvamento de voto)
Referencia: expediente LAT-299
Revisión constitucional de la Ley 1102 de
2006, “por medio de la cual se aprueba el acuerdo para establecer la red global
de desarrollo”, hecho en Dakar, Senegal, el veintitrés (23) de enero de dos mil
cinco (2005)
Magistrado Ponente:
Dr. MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Con el respeto acostumbrado por las decisiones
mayoritarias de esta Corporación, me permito manifestar mi discrepancia frente
a la decisión adoptada en la presente sentencia, con fundamento en las
siguientes consideraciones:
Considero que en el trámite legislativo del proyecto
de la ley aprobatoria del Protocolo de la referencia, el Congreso de la
República incurrió en un defecto procedimental al no dar plena aplicación a la
exigencia de los anuncios de la votación del proyecto, exigida como requisito
constitucional por el art. 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, que adicionó el
inciso final del artículo 160 de la Constitución Nacional.
En este sentido, considero en el presente caso existe
un vicio de procedimiento en el trámite de la ley sub examine, por
cuanto no se cumplió en debida forma con el requisito de anuncio previo exigido
por el artículo 160 de la Constitución Nacional, requisito que exige el aviso
previo y en sesión diferente de la fecha en la cual se efectuará la discusión y
votación de un proyecto de ley.
Como lo he sostenido reiteradamente, el vicio procedimental por ausencia del
cumplimiento de este requisito es insubsanable por ser una exigencia de origen
constitucional que se encuentra fundamentada en la garantía de la transparencia
y la participación en el procedimiento democrático.
Con fundamento en la razón expuesta, salvo mi voto a
la presente decisión.
Fecha ut supra.
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
[1] Folios 17 y 18 del Expediente LAT-299.
[2] Sentencia C-400 de 1998  M.P Alejandro Martínez Caballero En el mismo
sentido ver, entre otras, las sentencias C-834 de 2001 M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra y C-369 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, C-401 de 2003 y
C-533 de 2004 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[3] Ver Gaceta de Congreso N° 900, páginas 7 a
la 13, folios 8 al 14, cuaderno de pruebas N°1.
[4] Ver Gaceta del Congreso N°113 de 2006,
páginas 3 a la 5, folios 60 al 62, cuaderno de pruebas N°1.
[5] Ver Gaceta del
Congreso N° 223 de 2006, página 40, folio 52, cuaderno de pruebas N°4.
[6] Ver Gaceta del
Congreso N° 333, páginas 12, folio 13, cuaderno de pruebas N°4.
[7] Ver folio 1,
Cuaderno de Pruebas N°4
[8] Ver gaceta del
Congreso N° 180 de 2006, páginas 8 a la 10, folios 29 al 31, cuaderno de
pruebas N° 1.
[9] Ver gaceta del Congreso N° 232 de 2006,
página 15, folio 16, cuaderno de pruebas N° 5.
[10] Ver Folios 1 y 2, Cuaderno de Pruebas N°
1.
[11] Ver Gaceta del Congreso N° 231 del 12 julio
de 2006, página 52, folio 77, cuaderno de pruebas N° 5.
[12] Ver folio 1,
Cuaderno de Pruebas N°5.
[13] Ver Gaceta del
Congreso N° 319 de 2006, páginas 4 y 5, folios 17 y 18, cuaderno de pruebas
N°3.
[14] Ver gaceta del
Congreso N° 475 de 2006, páginas 28 y 29, folios 168 y 169, cuaderno de pruebas
N° 2.
[15] Ver Gaceta del
Congreso N° 474 de 2006, página 28, folio 140, cuaderno de pruebas N° 2.
[17] Ver folio 1,
Cuaderno de Pruebas N°4.
[18] Ver Gaceta del
Congreso N° 607, páginas 14 y 15, Cuaderno de Pruebas N°3.
[19] Ver folios 1 y 3,
Cuaderno de Pruebas N°3
[20] Ver gaceta del
Congreso N° 609 de 2006, página 16, folio 75, Cuaderno de Pruebas N°3.
[21] Ver folios 1 y 3,
Cuaderno de Pruebas N° 3
[22] Ver entre oras las sentencias C-186 de 1999. M. P
Fabio Morón Díaz,  C-1439/00 M.P. Marta V. Sáchica  Méndez, C-303/01 M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra, C-862/01 y   C-953/01 - M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa,  C- /06 M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[23] Sentencia C-186 de 1999. M. P Fabio Morón Díaz.
[24] “ARTÍCULO VII. INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS.
SECCIÓN 1. PROPÓSITOS DEL ARTÍCULO.
A fin de permitir a GDN cumplir su propósito y ejercer
las funciones que se le han confiado, la condición, inmunidades y privilegios
establecidos en este Artículo serán acordados a GDN en los territorios de cada
Estado Parte.
SECCIÓN 2. POSICIÓN CON RELACIÓN AL PROCESO JURÍDICO.
Podrán hacerse demandas contra GDN sólo en una corte
de jurisdicción competente en los territorios de un Estado Parte miembro en el
cual GDN tiene una oficina y donde ha designado un agente con el propósito de
aceptar una diligencia de emplazamiento o notificación del proceso. La
propiedad y los bienes de GDN serán, adondequiera estén ubicados y a cargo de
quienquiera estén, inmunes de toda forma de incautación, embargo o ejecución
antes de la resolución del juicio final contra GDN.
SECCIÓN 3. INMUNIDAD DE INCAUTACIÓN DE BIENES.
La propiedad y los bienes de GDN, dondequiera se
encuentren y a cargo de quienquiera se encuentren, serán inmunes de
allanamiento, requisa, confiscación, expropiación o toda otra forma de
incautación por acción ejecutiva, administrativa, judicial o legislativa.
SECCIÓN 4. INMUNIDAD DE ARCHIVOS.
Los archivos de GDN serán inviolables.
SECCIÓN 5. LIBERTAD DE RESTRICCIONES DE BIENES.
En la medida necesaria para llevar a cabo operaciones
estipuladas en este Acuerdo y sujeto a las cláusulas de este Acuerdo, toda
propiedad y bienes de GDN estarán libres de restricciones, regulaciones,
controles y moratorias de todo tipo.
SECCIÓN 6. PRIVILEGIO PARA LAS COMUNICACIONES.
Cada Estado Parte acordará a las comunicaciones
oficiales de GDN el mismo tratamiento que acuerda a las comunicaciones
oficiales de otros Estados.
SECCIÓN 7. INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS DE OFICIALES Y
PERSONAL.
Todos los Representantes, Directores y personal de GDN
(i) serán inmunes de acciones legales con relación a
acciones realizadas por ellos en su capacidad oficial, excepto cuando GDN
renuncie a esta inmunidad;
(ii) al no ser ciudadanos nacionales, se les acordarán
las mismas inmunidades de restricciones inmigratorias, requisitos de registro
de extranjeros y obligaciones de servicio nacional, y las mismas facilidades
con relaciones a restricciones de cambio que acuerdan los Estados Parte a los
representantes, oficiales y empleados de rango comparable de otros Estados; y
(iii) se les otorgará el mismo tratamiento con
relación a facilidades para viajes que acuerdan los Estados Parte a
representantes, oficiales y empleados de rango comparable de otros Estados.
SECCIÓN 8. INMUNIDADES DE TRIBUTACIÓN.
1. GDN, sus bienes, propiedad, ingresos y sus
operaciones y transacciones autorizadas por este Acuerdo, serán inmunes de toda
tributación y de todo arancel aduanero. GDN será inmune también de
responsabilidad por el cobro o pago de cualquier impuesto o arancel.
2. Excepto en el caso de ciudadanos locales, no se
impondrá ningún impuesto a salarios, o con relación a salarios, y a emolumentos
pagados por GDN al personal de GDN.
SECCIÓN 9. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO.
Cada Estado Parte tomará toda acción que sea necesaria
en sus propios territorios con el propósito de implementar, en términos de su
propia ley, los principios establecidos en este Artículo e informará a GDN
acerca de las medidas detalladas que ha tomado.
[25] Ver, entre otras, las sentencias C-203 de 1995, C-137
de 1996 y C-200 de 1997.
[26] Ver, entre otras, la sentencia C-254 /03 M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[27] Ver entre otras las  Sentencias C-203 de 1995, C-137
de 1996, C-254 de 2003, C-1333 de 2000, C-315 de 2004.- Cabe resaltar lo dicho
por la Corte    en la Sentencia C-203de 1995 M.P.  donde señaló  "Las
disposiciones que consagran privilegios e inmunidades a favor del Organismo
creado y de sus directivos y dignatarios se enmarcan dentro de los principios
del Derecho Internacional, reconocidos por Colombia según el artículo 9 de la
Constitución Política. (...) No puede decirse que la consagración de estos
privilegios e inmunidades vulneren el derecho a la igualdad (Artículo 13 C.P.),
respecto de personas colombianas, ya que, como la Corte lo ha señalado
reiteradamente, la igualdad se predica de situaciones iguales, de tal modo que
las diferencias de trato pueden admitirse cuando se encuentran justificadas. En
el caso de los funcionarios y representantes de organismos internacionales, las
normas especiales acordadas entre los estados miembros y la protección que se
les brinda tienen su razón de ser en la función que cumplen, como integrantes
de delegaciones diplomáticas"
[28] Sobre el particular se puede consultar la reiterada
jurisprudencia de la Corte; en particular, las sentencias C-203 de 1995 y C-
442 de 1996.
[29] Sentencia C-200 de 1999   donde la Corte
revisó la exequibilidad de la Ley 464 de 1998 que aprobó el “Convenio
Internacional de las Maderas Tropicales”, suscrito en Ginebra en 1994. El
artículo 17 numeral 3º “La organización [Internacional de Maderas
Tropicales] podrá concertar con uno o más países acuerdos, que habrán de ser aprobados
por el Consejo, sobre las facultades, privilegios e inmunidades que sean
necesarios para el debido funcionamiento del presente Convenio.”
[30] Sentencia C-137 de 1996 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[31] Sentencias C-203 de 1995, C-137 de 1996 M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz, C-254 de 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, C-1333 de 2000,
C-315 de 2004 M.P. Eduardo Monteralegre Lynnet, C-820/04 M.P. Rodrigo Escobar
Gil entre otras.
[32] Así lo ha entendido el Consejo de Estado, con criterios que esta Corte
ha acogido reiteradamente. En efecto, en sentencia del 25 de agosto de 1998 de la
Sección Tercera, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros, Radicación número
IJ-001, estudió la demanda de la señora Vitelvina Rojas Robles contra el Estado
colombiano. Esa persona, debido a la inmunidad diplomática, no pudo demandar a
la embajada de Estados Unidos por la muerte de su esposo y padre, quienes
habían sido arrollados por un vehículo de esa embajada. El Consejo de Estado
concedió la indemnización, con base en la siguiente doctrina:
“La aplicación del texto normativo en el
sentido de conferir la inmunidad conduce a un enfrentamiento de derechos
reconocidos por el ordenamiento colombiano;  de un lado la condición del
diplomático que goza de la inmunidad para ante los jueces colombianos y de otro
lado el derecho que tienen todos los residentes en Colombia para accionar ante
sus jueces naturales para que se respeten sus derechos, se les proteja o se les
garantice conforme al derecho positivo vigente, y demandar y ser demandados. Si
excepcionalmente como en este caso y por un tratamiento de privilegio conferido
por el Estado a una persona, atendidas sus calidades, se produce un
desequilibrio en su favor y en contra de otro que resulta damnificado y sin la
posibilidad  de demandar con fundamento en el hecho dañino ante su juez
natural,  es claro que hay un desequilibrio de las cargas públicas y que por
ello el particular está habilitado para demandar al Estado en reparación con
fundamento en su actuar complejo como ya se dijo.
En síntesis  puede afirmarse que el título
de imputación jurídica sobre el cual se edifica el juicio de responsabilidad
para el Estado, lo constituye el rompimiento del equilibrio de las cargas
públicas, ocasionado por la actividad legítima de autoridades estatales (Congreso
y Presidente de la República), que causa daño antijurídico, respecto del cual,
el administrado no está en el deber de soportar, pues la carga pública que debe
ser colectiva, no debe correr a cargo de una persona en particular. De ahí que
sea equitativo, imponer al Estado en representación de la sociedad, la
obligación de reparar el perjuicio irrogado a los actores. Esta solución no es
cosa distinta que el cabal desarrollo y ejecución lógica del principio de la
igualdad ante la ley, previsto en el artículo 13 de la C.P”.
Ver  entre otras las sentencias C-254 de 2003 M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra y  C-315/04 M.P. Eduardo Montealegre Lynnet.
[33] Ver entre otras las siguientes sentencias
del Consejo de Estado: (i) Sentencia de Sala Plena N° IJ-002, del 8 de
septiembre de 1998, C.P. Daniel Suárez, en la que se revocó la decisión del
Tribunal y declaró la responsabilidad patrimonial de la Nación, Ministerio de
Relaciones Exteriores por las lesiones causada al señor PEDRO GUILLERMO TARAZONA
en el accidente de tránsito ocurrido el 5 de septiembre de 1991 al colisionar
un vehículo de propiedad particular con uno de propiedad de la Embajada de los
Estados Unidos de Norteamérica, conducido por el señor JOSE DE JESÚS
BALLESTEROS vinculado a la misión diplomática. (ii) Sentencia de la Sección
Tercera N°13945, del 19 de octubre de 2000, C.P. Jesús Maria Carrillo
Ballesteros, en la que se revocó parcialmente la decisión del Tribunal y
declaró responsables de la Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores por las
lesiones causada al señor PABLO PARADA LUZARDO en el mismo accidente de
tránsito ocurrido el 5 de septiembre de 1991, por la imprudencia de un miembro
de la Embajada de los Estados Unidos. (iii) Concepto N°1244 de la Sala de
Consulta, C.P. Augusto Trejos Jaramillo, en el cual se dio respuesta a los
siguientes interrogantes propuestos por el Ministro de Hacienda y de Relaciones
Exteriores: “1. ¿Puede el Gobierno Nacional atender las reclamaciones
diplomáticas de las  Embajadas, Organismos  Internacionales, Consulados y
Agregadurías Diplomáticas que solicitan la restitución de los recursos
depositados en los Bancos Andino y Pacífico, o tal medida viola el derecho a la
igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta política?”.“2. ¿Puede el
Gobierno Nacional atender las reclamaciones diplomáticas que solicitan la
restitución de los  recursos depositados en los bancos Andino y  Pacífico por
el personal  diplomático y consular acreditado  ante  la Cancillería y que
goza de privilegios e inmunidades de conformidad con los tratados
internacionales, o tal medida  viola  el derecho a la igualdad consagrado en el
artículo 13 de la Carta Política?”. “3. ¿Si es posible atender tales
reclamaciones, se puede  restituir las sumas con cargo  a los recursos del
Presupuesto Nacional, subrogándose el Gobierno en las reclamaciones ante los
bancos,  que se surte de conformidad con el trámite  previsto por  el Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero?”.
[34] Sentencia C-254 de 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra
[35] Sentencia C-254 de 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra
[36]  C.P. ARTÍCULO 294. La ley no podrá conceder exenciones ni
tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las
entidades territoriales. Tampoco podrá imponer recargos sobre sus impuestos
salvo lo dispuesto en el artículo 317.
[37] Sentencia C-315/04
M.P. Eduardo Montealegre Lynett  A.V. Manuel José Cepeda Espinosa, Marco
Gerardo Monroy Cabra y Eduardo Montealegre Lynett .
[38] Sentencia C-315/04
M.P. Eduardo Montealegre Lynett  A.V. Manuel José Cepeda Espinosa, Marco
Gerardo Monroy Cabra y Eduardo Montealegre Lynett .