T-004-20
Sentencia T-004/20
VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO-Procedencia de tutela por ser sujetos de especial protección
constitucional
APLICACION DEL CONCEPTO DE VICTIMA DEL
CONFLICTO ESTABLECIDO EN LA LEY 1448 DE 2011-Reglas
jurisprudenciales
INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE
VICTIMAS-Reglas
MUJERES VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO-Impacto diferencial y agudizado del conflicto armado sobre las
mujeres víctimas de violencia
La
violencia contra la mujer en el marco del conflicto armado constituye una
violación grave de la Constitución Política, el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Por lo que cada uno de
los diez riesgos de género en el marco del conflicto armado, identificados con
anterioridad, constituye una manifestación específica de violencia contra las
mujeres afectadas, y por lo mismo, comparte el carácter violatorio de las
garantías fundamentales establecidas a nivel constitucional e internacional.
INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE
VICTIMAS-Vulneración por la UARIV al negar
inscripción de los accionantes por concluir que el hecho victimizante no
ocurrió en el marco del conflicto armado interno
Referencia: expedientes
T-7.039.987 y T-7.056.288 (AC)
Acciones de
tutela instauradas por Ingrid Carolina Duarte Calderón (T-7.039.987) y Rocío
del Socorro Acevedo de Marulanda (T-7.056.288) contra la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV-
Magistrada
Ponente:
DIANA FAJARDO
RIVERA
Bogotá, D.C., quince
(15) de enero de dos mil veinte (2020)
La Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Alejandro Linares Cantillo, Luis
Guillermo Guerrero Pérez y la Magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la
Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de
revisión de los fallos de tutela adoptados por los correspondientes jueces de
instancia, que resolvieron las acciones de tutela interpuestas por Ingrid
Carolina Duarte Calderón (T-7.039.987) y Rocío del Socorro Acevedo de Marulanda
(T-7.056.288) contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas (en adelante “UARIV”).
I. ANTECEDENTES
La acción de tutela
correspondiente al expediente T-7.039.987 fue fallada, en primera instancia,
por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cúcuta
(Norte de Santander), y en segunda, por la Sala Penal de Decisión del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cúcuta (Norte de Santander); por su parte, la
correspondiente al expediente T-7.056.288 fue decidida, en primera instancia,
por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta (Norte de Santander), y
en segunda, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cúcuta (Norte de Santander). La Corte Constitucional, mediante Auto del 13 de noviembre
de 2018, proferido por la Sala de Selección Número Once, seleccionó y acumuló
los expedientes de la referencia por presentar unidad de materia.
En seguida, se exponen
los hechos relevantes de cada uno de los expedientes, las decisiones de
instancia y las actuaciones adelantadas en Sede de Revisión.
Expediente T-7.039.987
1. Hechos y solicitud
El 5 de julio de 2018, Ingrid Carolina
Duarte Calderón interpuso acción de tutela contra la UARIV. En su criterio, la
Entidad vulneró sus derechos de petición y al debido proceso al negar su
inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV), por el hecho victimizante de
homicidio.
1.1. La accionante manifestó ser víctima
del conflicto armado con ocasión de la muerte de su hermano, Alexander Duarte
Calderón, por hechos ocurridos el 4 de noviembre de 2006[1].
Adujo que el 25 de marzo de 2014 presentó declaración juramentada de los
referidos hechos victimizantes con la finalidad de ser incluida en el RUV,
junto con su grupo familiar.
1.2. Informó que, mediante la Resolución
No. 2014-521500 del 9 de julio de 2014, la UARIV negó su inclusión en el RUV por
cuanto “en el proceso de valoración de la solicitud de registro se determinó
que los hechos ocurrieron por causas diferentes a lo dispuesto en el artículo
3º de la Ley 1448 de 2011”[2]. Dicha decisión fue confirmada por las Resoluciones No. 2014-521500R
del 22 de enero de 2016 y No. 17080 del 25 de mayo 2016, que resolvieron,
respectivamente, los recursos de reposición y apelación interpuestos por la accionante,
manifestando que “no es posible determinar que la ocurrencia del hecho
victimizante de homicidio del señor Alexander Duarte Calderón (…) se haya
efectuado con ocasión del conflicto armado interno, pues no se logra establecer
una relación de conexidad cercana y suficiente entre el susodicho hecho
acaecido y el conflicto armado interno, en tanto que (…) no se pueden inferir
móviles políticos (…), como tampoco un hecho notorio, en el sentido de
masacres, combates, ataques o atentados terroristas dirigidos sistemáticamente
contra la población civil”.[3]
La actora indicó que mediante el Oficio
Ref: 134.781 del 1 de febrero de 2018, el Fiscal Quinto Seccional de Cúcuta
(Norte de Santander) certificó que Miguel Ángel Ramírez alias “Manotas” aceptó
cargos y se acogió a sentencia anticipada, dentro del proceso de homicidio
agravado adelantado en el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Cúcuta (Norte
de Santander), dentro del cual Alexander Duarte Calderón, hermano de la
accionante, es víctima.[4] Declaró la peticionaria que el señor Miguel Ángel Ramírez alias
“Manotas”, al momento de la ocurrencia de los hechos, hacía parte del grupo
ilegal denominado “Águilas Negras”.
1.3. En vista de lo anterior, el 12 de
febrero de 2018 la accionante interpuso acción de revocatoria directa contra la
Resolución No. 2014-521500 del 9 de julio de 2014, por considerar que “el
hecho es atribuible a una persona que hacía parte de un grupo organizado al
margen de la ley en el marco del conflicto armado; en este caso el grupo de las
Águilas Negras”[5], y en consecuencia, el hecho se enmarca bajo las dinámicas propias
del conflicto armado; como prueba, aportó el Oficio Ref: 134.781 del 1 de
febrero de 2018 emitido por el Fiscal Quinto Seccional de Cúcuta (Norte de
Santander). Por estas razones solicitó (i) revocar la Resolución No.
2014-521500 del 9 de julio de 2014 y (ii) ser incluida en el RUV, junto
con su grupo familiar.
1.4. Mediante la Resolución No. 201811133
del 23 de marzo de 2018, la UARIV decidió negar la solicitud de revocatoria directa.
Consideró que el acto administrativo controvertido no se encuentra dentro las
causales señaladas en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, pues no se
advierte que (i) sea manifiestamente opuesto a la Constitución Política
o a la ley, (ii) sea contrario al interés público o (iii) cause un
agravio injustificado a alguna persona. Lo anterior por cuanto la Entidad
reiteró que dentro de los hechos narrados “no existen elementos que
configuren actos que claramente se enmarquen dentro de los parámetros legales
contemplados en la ley 1448 de 2011”[6].
1.5. La accionante informó que el Juzgado
Séptimo Penal del Circuito de Cúcuta (Norte de Santander), emitió constancia
secretarial del 8 de mayo de 2018, en donde certificó que “mediante acta de
formulación de cargos de fecha 14 de septiembre de 2017, el señor Miguel Ángel
Ramírez alias ‘Manotas’, acepta cargos y se acoge a sentencia anticipada, el
procesado para la época del acontecer delictivo, era integrante del grupo
ilegal autodenominado ‘Águilas Negras’”[7].
Adujo además que mediante fallo del 31 de enero de 2018 dictó sentencia
condenatoria en contra del señor Miguel Ángel Ramírez Márquez alias “Manotas”,
decisión que quedó ejecutoriada el 5 de marzo de 2018.
Asimismo, indicó que el Juzgado Séptimo
Penal del Circuito profirió el 28 de febrero de 2018 sentencia condenatoria a
Carlos Humberto Gómez Silva, quien para el momento de la ocurrencia de los
hechos era patrocinador de las “Águilas Negras”, como determinador del
homicidio del señor Alexander Duarte Calderón, a manos de Miguel Ángel Ramírez
Márquez alias “Manotas”.
1.6. En vista de lo anterior, Ingrid
Carolina Duarte Calderón formuló acción de tutela contra la UARIV. Considera
que la decisión que negó la revocatoria directa de la Resolución 2014-521500
del 9 de julio de 2014, mediante la cual la Entidad resolvió no incluirla en el
RUV, vulnera sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad y
al debido proceso, toda vez que no valoró adecuadamente las bases de datos para
realizar el “cruce de información respectivo que constatara que la muerte de
[su] hermano Alexander Duarte Calderón sí fue a causa de grupos al margen de la
ley, como lo es para este caso, a cargo del grupo Águilas Negras, siendo Miguel
Ángel Ramírez Márquez alias ‘Manotas’, el responsable del homicidio (…) el 4 de
noviembre de 2006”[8]. En consecuencia, solicita se ordene a la UARIV incluir a su núcleo
familiar en el RUV, de modo que pueda acceder a las medidas de reparación a las
que tiene derecho.
2. Contestación de la acción de tutela
La UARIV no se pronunció dentro del
trámite.
3. Decisiones de primera y segunda
instancia en el trámite de la acción de tutela
3.1. Primera Instancia. El 05 de julio
de 2018, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Cúcuta (Norte de Santander) admitió la acción de tutela y ordenó su notificación
a la Entidad accionada.
El 12 de julio de 2018 siguiente, declaró
improcedente el amparo, por considerar que la acción de tutela no cumple el
requisito de subsidiaridad, al no haberse agotado los recursos a su alcance,
para controvertir la Resolución Administrativa que pretende dejar sin efectos
mediante la acción de tutela. Particularmente, indicó que el acto
administrativo en controversia fue sustentado a partir de la información que
tenía disponible la Entidad accionada al momento de analizar la solicitud de
revocatoria directa, y en este sentido no identificó la vulneración de ningún
un derecho fundamental o la configuración de un perjuicio irremediable para la
señora Ingrid Carolina Duarte Calderón. Advirtió que los elementos probatorios aportados
a la acción de tutela, y que fueron emitidos con posterioridad a la interposición
de la solicitud de revocatoria directa elevada del 12 de febrero de 2018, pueden
ser “evaluados adecuadamente, cuando la accionante solicite nuevamente la
inclusión en el RUV ante la Entidad accionada o puede acudir a la jurisdicción
Contenciosa Administrativa”[9].
3.2. Impugnación. La señora Ingrid
Carolina Duarte Calderón interpuso impugnación, con miras a que se revocara la
sentencia de primera instancia, reiterando los argumentos expuestos en el
escrito de tutela. Precisó que la “manifiesta descoordinación entre las
entidades del Estado”[10] ha causado un perjuicio irremediable para su núcleo familiar, al no
ser reconocido en su calidad de víctima.
3.3. Segunda instancia. El 21 de
agosto de 2018 la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Cúcuta (Norte de Santander), decidió confirmar la decisión de primera
instancia. Consideró que la Entidad accionada no incurrió en la vulneración de
los derechos fundamentales de la accionante al expedir la Resolución No.
201811133 del 23 de marzo de 2018 que decidió no revocar la Resolución
2014-521500 del 9 de julio de 2014, toda vez que la documentación en la que la
actora se apoya para demostrar que el perpetrador del homicidio de su hermano
pertenecía al grupo de las “Águilas Negras” no fue aportada como material
probatorio en la solicitud de revocatoria directa, por lo que la entidad
decidió con la documentación que tenía disponible. Indicó además que la
accionante cuenta con los recursos propios de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo para adelantar sus pretensiones.[11]
Expediente T-7.056.288
4. Hechos y solicitud
El 23 de noviembre de 2017, Rocío del
Socorro Acevedo de Marulanda interpuso acción de tutela contra la UARIV. En su
criterio, la Entidad vulneró su derecho a la igualdad, al debido proceso y a la
dignidad humana al negar su inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV).
Lo anterior, con base en los siguientes hechos:
4.1. La accionante manifestó que desde 1998
hace parte de la Asociación de Mujeres Campesinas e Indígenas de El Zulia (AMUCI)[12], una organización que tiene como propósito enfrentar las
dificultades de las mujeres campesinas con respecto a la propiedad de la tierra
y/o créditos, mediante la implementación de proyectos productivos.[13].
4.2. Declaró que es víctima directa de
desplazamiento forzado como consecuencia de hechos ocurridos el 19 de agosto del
2000[14] en el municipio de El Zulia (Norte de Santander) contra los
miembros de la Asociación referida. Indicó que para la época participaba, como
miembro de la Organización, en un proyecto productivo de crianza de animales en
el predio Borriqueros, cuando grupos paramilitares que operaban en la zona
asesinaron a la presidenta de la Entidad, la señora Martha Hernández, y
amenazaron de muerte a los demás miembros de la Asociación[15], razón por la cual tuvo que abandonar su lugar de residencia.
4.3. Expuso que la Asociación Nacional de
Mujeres Campesinas e Indígenas (ANMUCI)[16], mediante la Resolución No. 2013-49173 del 18 de junio de 2013, fue
incluida en el RUV como sujeto de reparación colectiva de conformidad con los
artículos 151 y 152 de la Ley 1448 de 2011.[17]
4.4. El 9 de junio de 2015 la accionante
rindió declaración individual de los hechos ocurridos el 19 de agosto del 2000,
con la finalidad de ser incluida, junto con su grupo familiar, en el RUV como
víctima de desplazamiento forzado. Dentro de su declaración la accionante manifestó
que: (i) para la época ya era miembro activo de la Asociación de Mujeres
Campesinas e Indígenas de El Zulia (AMUCI) y trabajaba en un proyecto
productivo en la vereda Borriquero del municipio de El Zulia (Norte de
Santander); (ii) la señora Martha Hernández, quien era la encargada de
dirigir la Asociación, fue asesinada junto con su esposo el 19 de agosto de
2000; (iii) los homicidios fueron perpetrados por miembros de la AUC,
grupo armado que “operaba en esa zona”[18]; (iv) tuvo que abandonar su vivienda, como consecuencia de
las amenazas de muerte que dicho grupo armado extendió hacia las demás miembros
de la Asociación. Adicionalmente, relató que a partir de estos hechos la AMUCI
se disolvió temporalmente, hasta que en el año 2007 reinició su funcionamiento,
bajo la dirección de la señora Lucila Páez.[19]
4.5. La UARIV por medio de la Resolución
No. 2016-92824 del 4 de mayo de 2016 decidió negar la inclusión de la actora en
el RUV y no reconocer el hecho victimizante, tras afirmar que a partir de la
valoración jurídica, técnica y de contexto de su declaración, se concluyó que “no
es viable jurídicamente efectuar la inscripción de la solicitante en el RUV,
del hecho victimizante de desplazamiento forzado, por cuanto no serán
consideradas víctimas quienes hayan sufrido afectaciones por hechos diferentes
a aquellos directamente relacionados con el conflicto armado, de conformidad
con el artículo 2.2.2.3.14 del Decreto 1084 de 2015”[20]. En lo relativo a los hechos declarados, la Resolución No.
2016-92824 se pronunció en los siguientes términos:
“En cuanto al proceso de valoración de los hechos referidos por la
señora Rocío del Socorro Acevedo de Marulanda, relacionados con los demás miembros
del grupo familiar, Willington de Jesús Marulanda Acevedo, es preciso señalar
que dicho proceso se realiza a partir del contraste y análisis de la
información que reposa en las distintas fuentes de información de las entidades
del Gobierno Nacional. Dicho procedimiento no se pudo llevar a cabo, dado que
no se cuenta con información que permita identificar y/o caracterizar a las
personas anteriormente señaladas, razón por la cual no es posible otorgar la
inclusión en el Registro Único de Victimas”.[21]
Contra dicho acto administrativo la accionante,
el 19 de septiembre de 2016, interpuso recurso de reposición y en subsidio de
apelación. El recurso de reposición fue resuelto por la UARIV mediante la
Resolución No. 2016-92824R del 08 de septiembre de 2016, en donde confirmó la
decisión de no inclusión en el RUV argumentando que, si bien “para la época
de los hechos expuestos (…) existían grupos al margen de la ley[22] los cuales generaban conductas victimizantes, para el presente caso
no encontramos los elementos suficientes que den la certeza, que el hecho
victimizante (…) haya sido cometido por un grupo al margen de la Ley, debido a
que dentro del año del hecho ocurrido hubo una gran baja de casos frente al
hecho victimizante de desplazamiento forzado”[23]. Específicamente en lo relacionado con los hechos referidos por la
peticionaria, la Entidad consideró: “de acuerdo a su declaración, indica que
tuvo que abandonar el sitio de residencia y así dejando su sitio habitual de
convivencia, debido al miedo por las amenazas que percibía constantemente ella
y su familia de grupos armados en el territorio colombiano, situación que [la]
llevó a desplazarse, [sin embargo] no se logra determinar que para esta
época existieran grupos armados, los cuales generaban conductas victimizantes y
por lo tanto no sería hecho victimizante dentro del conflicto armado”[24]. De otro lado, no fue sino hasta el 13 de diciembre de 2017 que la
Entidad accionada, por medio de la Resolución No. 201771245, resolvió el
recurso de apelación confirmando la decisión controvertida, reiterando los
argumentos anteriormente enunciados[25].
4.6. Considera la señora Rocío del Socorro
Acevedo de Marulanda que la decisión que niega su inclusión en el RUV vulnera
su derecho fundamental a la igualdad, al debido proceso y a la dignidad humana.
Sostiene que debe ser reconocida su condición de víctima del conflicto armado por
haber sido desplazada por ser miembro de la Asociación de Mujeres Campesinas e
Indígenas de El Zulia como resultado de los hechos ocurridos el 19 de agosto
del 2000 en el municipio de El Zulia (Norte de Santander). En consecuencia,
solicita se ordene a la UARIV su inclusión en el RUV.
5. Contestación de la acción de tutela
La UARIV, mediante comunicación del 18 de
diciembre de 2017[26], se pronunció de forma extemporánea sobre los hechos de la acción
de tutela de la referencia. Solicitó que se negaran las pretensiones de la
accionante por considerar que las actuaciones realizadas por la Entidad se han llevado
a cabo con observancia de los requerimientos legales establecidos para decidir
sobre la inclusión en el RUV de la actora. Adicionalmente, afirmó que no existe
vulneración del derecho de petición, toda vez que el recurso de apelación
interpuesto por la actora fue resuelto mediante la Resolución No. 201771245 del
13 de diciembre de 2017[27], por lo que se configuró un hecho superado.
6. Decisión de instancia
6.1. Primera Instancia. El 29 de noviembre
de 2017, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta (Norte de Santander)
admitió la acción de tutela y ordenó su notificación a la entidad accionada.
El 12 de diciembre de 2017, el Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta (Norte de Santander) negó el amparo solicitado.
Consideró que la Entidad accionada no vulneró derecho fundamental alguno, toda
vez que los hechos relatados por la accionante con sustento en los cuales
pretende ser incluida en el RUV, “no encuentran un respaldo probatorio
siquiera sumario que los respalde. Teniendo en cuenta que, la actora no
demostró que se encuentra asociada a la Asociación de Mujeres Campesinas (…), y
pese que aportó la Resolución mediante la cual esa organización fue incluida en
el referido registro, al examinar el contenido de la misma no se dejó
constancia alguna de los hechos que presuntamente ocurrieron el 19 de agosto de
2000, que originaron su desplazamiento forzado”[28], esto es, el homicidio de la señora Martha Hernández.
6.2. Impugnación. El 15 de enero de
2018, la señora Rocío del Socorro Acevedo de Marulanda elevó impugnación con
miras a que se revocara la sentencia de primer grado. Manifestó que, aún si los
hechos ocurridos el 19 de agosto del 2000 no se mencionan en la Resolución No.
2013-49173 del 18 de junio de 2013 que incluye a la AMUCI en el RUV como sujeto
de reparación colectiva, en dicha fecha, las mujeres miembros de la Asociación fueron
víctimas del homicidio de su presidenta, la señora Martha Hernández, lo cual
constituyó “el factor detonante para que la asociación en esa época se
desintegrara, pues al hacer parte de la misma nos convertimos en objetivo
militar de los grupos paramilitares”[29]. Indicó además que este hecho ocurrido el 19 de agosto del 2000 en
El Zulia (Norte de Santander), es ampliamente conocido y está documentado en la
página web de la UARIV[30].
De otro lado, en relación a la valoración
del contexto, afirmó que “para nadie es un secreto que para los años 1998 al
2005 hubo una incursión paramilitar en el municipio de Zulia que desencadenó
hechos de violencia y terror en los habitantes de la localidad”[31]. Finalmente, aportó certificación emitida por la Asociación de
Mujeres Campesinas e Indígenas de El Zulia, en donde se afirma que la
accionante es miembro activo desde 1998.[32]
6.3. Segunda Instancia. El 13 de
agosto de 2018 la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cúcuta (Norte de Santander) confirmó el fallo de primera instancia.
Consideró que la Entidad accionada no vulneró los derechos fundamentales de la
accionante al no incluirla en el RUV, puesto que la determinación se tomó con
observancia a la documentación aportada por la actora, y en su momento, el material
probatorio puesto a disposición de la UARIV no fue suficiente para llegar a un
pleno convencimiento de que lo narrado por la presunta víctima, se haya
constituido en razón del conflicto armado interno. Indicó que “no existe
prueba alguna en el plenario que logre acreditar de manera fehaciente que la
interesada en ser incluida en el RUV, haya aportado la documentación que
pretende introducir por este mecanismo constitucional”[33], a saber, el escrito que certifica a la accionante como miembro
activo de la Asociación de Mujeres Campesinas e Indígenas de El Zulia desde
1998.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
1.1. La Sala Segunda de Revisión de Tutelas
de la Corte Constitucional es competente para conocer los fallos materia de
revisión, de conformidad con la Constitución y las normas reglamentarias;[34]
y, en virtud del Auto del 13 de noviembre de 2018, proferido por la Sala de
Selección Número Once, que escogió y acumuló los expedientes de la referencia.
2. Cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia
2.1. Antes de analizar el fondo de los
casos objeto de estudio, es preciso examinar la procedencia de la acción de
tutela en cada uno de los casos.
2.2. Legitimación de las partes
Tanto la señora Ingrid Carolina Duarte
Calderón (T-7.039.987) como la señora Rocío del Socorro Acevedo de Marulanda
(T-7.056.288) están legitimadas para interponer las acciones de tutela bajo
análisis, por cuanto, actuando en nombre propio, pretenden la protección de sus
derechos fundamentales a través de la acción constitucional[35]. De otro
lado, las solicitudes de protección constitucional pueden ser instauradas
contra la UARIV, dado que se trata de una Entidad pública de origen legal, con
capacidad para ser parte, y en el presente asunto, según las accionantes,
ocasionó la vulneración de sus derechos al no incluirlas en el RUV, por lo
cual, la acción de tutela procede en su contra, al tenor del inciso primero del artículo 86 de la
Constitución Política.
2.3. Las acciones de tutela cumplen el
requisito de inmediatez
Se encuentra satisfecho el requisito de
inmediatez para los casos bajo estudio. En relación con el Expediente T-7.039.987
se advierte que la acción de tutela fue interpuesta el 5 de julio de 2018, esto
es, un poco más de tres meses después de haber recibido la notificación de la
Resolución Administrativa que pretende controvertir[36], periodo que se estima
razonable para interponer la acción constitucional.
Por su parte, en lo referente al Expediente
T-7.056.288, se observa que la accionante elevó recurso de reposición y en
subsidio de apelación contra la Resolución que pretende controvertir el día 19
de septiembre de 2016, no obstante, al momento de la interposición de la acción
de tutela, el 23 de noviembre de 2017, la Entidad accionada únicamente se había
pronunciado sobre el recurso de reposición[37].
De este modo, el recurso de apelación incoado seguía sin tener una respuesta
efectiva para la fecha de la presentación de la acción constitucional, según lo
cual es necesario concluir que la afectación, a pesar del tiempo transcurrido,
es actual y vigente, cuestión que hace viable entender como satisfecho el
requisito de inmediatez[38].
2.4. Las acciones de tutela cumplen el
requisito de subsidiariedad.
El artículo 86 de la Constitución Política
establece que la acción de tutela “solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. En
consecuencia, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 estableció como causal de
improcedencia de la tutela la existencia de otros recursos o medios de defensa
judicial, sin perjuicio de la posibilidad de acudir a la acción constitucional
como mecanismo transitorio para reparar un perjuicio irremediable.
El requisito de subsidiariedad exige que el
peticionario despliegue de manera diligente las acciones judiciales que estén a
su disposición, siempre y cuando sean idóneas y efectivas para la protección de
los derechos que se consideran vulnerados o amenazados. Al respecto, ha
sostenido la jurisprudencia constitucional que una acción judicial es idónea
cuando es materialmente apta para producir el efecto protector de los derechos
fundamentales, y es efectiva cuando está diseñada para brindar una protección
oportuna a los derechos amenazados o vulnerados.[39]
Particularmente, en consideración a la
especial situación de vulnerabilidad de la población víctima de desplazamiento
forzado[40],
esta Corporación en una extensa y consolidada jurisprudencia, ha respaldado el
uso de la acción de tutela por parte de la población desplazada para
reivindicar sus derechos, como una expresión del trato preferente que las
autoridades deben otorgarle a esa población vulnerable, en comparación con los
demás ciudadanos que no se encuentran en condiciones acentuadas de debilidad.[41]
Por lo tanto, cuando las actuaciones u
omisiones de las autoridades ponen en riesgo o vulneran los derechos
fundamentales de la población desplazada, la Corte ha considerado que la tutela
es “el mecanismo idóneo y expedito para su protección”, en tanto los recursos
ordinarios no garantizan “la protección efectiva y real de los citados
derechos, frente a una situación de inminencia como la vivida por los desplazados”.[42] Lo anterior, por
cuanto: (i) pese a la existencia de otros medios de defensa judicial,
los mismos carecen de la entidad suficiente para dar una respuesta completa,
integral y oportuna respecto de las víctimas del desplazamiento forzado[43]; y (ii) debido
a su condición de sujetos de especial protección, resultaría desproporcionado
imponerles la carga de agotar los recursos ordinarios a fin de garantizar la
procedencia del medio de defensa constitucional[44], no sólo por la
urgencia con que se requiere la protección sino por la complejidad técnico
jurídica que implica el acceso a la justicia contencioso administrativa.[45]
En otras palabras, conforme lo ha reiterado
la jurisprudencia constitucional: “el único mecanismo judicial que reúne un
nivel adecuado de idoneidad, eficacia y celeridad para garantizar sus derechos
fundamentales [de la población desplazada] con la urgencia debida es la
acción de tutela”.[46]
En consecuencia, las autoridades judiciales no deben exigir un cumplimiento
estricto de los criterios de subsidiariedad e inmediatez para efectos de
analizar la procedencia de la acción de tutela, sino que deben, por el
contrario, realizar un análisis concreto, que esté siempre atento a las
condiciones de vulnerabilidad que pueden afectar a la población desplazada y a
la respectiva actuación que han adelantado ante las autoridades.[47]
Específicamente, en los casos en los que
existen decisiones de la administración que resultan desfavorables para las
personas desplazadas, que ponen en riesgo o vulneran sus derechos
fundamentales, este Tribunal ha sostenido que no hace falta que agoten todo el
procedimiento administrativo que contempla el ordenamiento ordinario para
cuestionar tales decisiones,[48]
máxime cuando la instancia encargada de volver a valorar el caso es aquella que
vulneró o puso en riesgo los derechos de la persona desplazada.[49] Tampoco hace falta que
las personas que se encuentran en situación de desplazamiento acudan a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo para controvertir las decisiones
de las autoridades, tal como se ha insistido de manera recurrente en la
jurisprudencia constitucional en materia de registro o de ayuda humanitaria.
Adicionalmente, la Corte Constitucional ha
reiterado que la acción de tutela es el mecanismo idóneo y procedente para que
las personas en situación de desplazamiento soliciten su inclusión en el
Registro Único de Víctimas (RUV), en aquellos casos en los cuales su petición
fue denegada con fundamento en que los hechos victimizantes se originaban en
actos de delincuencia común.[50]
Con base en lo anterior, se examinará el
cumplimiento de este requisito para los casos objeto de estudio.
2.4.1. Respecto del Expediente T-7.039.987,
se tiene que la señora Ingrid Carolina Duarte Calderón instauró una acción de
tutela orientada a proteger sus derechos a la igualdad, al debido proceso y a
la dignidad humana. Alega que la accionada no revocó la Resolución mediante la
cual le negó su inclusión en el RUV por el homicidio de su hermano, pese a haberse
demostrado judicialmente que el perpetrador de los hechos, para la época de
ocurrencia, hacía parte de las “Águilas Negras”. La Sala observa que la actora
agotó los recursos administrativos que tenía a su alcance para controvertir la
Resolución No. 2014-521500 del 9 de julio de 2014[51], y con posterioridad,
interpuso solicitud de revocatoria directa contra dicha decisión, por
considerarla contraria a la igualdad y al derecho.
Particularmente, se advierte que la
accionante rindió declaración el 25 de marzo de 2014, con el objetivo de ser
incluida en el RUV. Con posterioridad, la actuación administrativa que deja en
firme la decisión de no inclusión es del 28 de noviembre de 2017, esto es, más
de tres años después de haber elevado su solicitud. En este sentido y según la
jurisprudencia constitucional referenciada, debido a su condición de sujeto de
especial protección, como víctima del conflicto, y a sus circunstancias
particulares, la acción de tutela resulta idónea y eficaz para resolver la
controversia planteada, toda vez que, resultaría desproporcionado imponerle a
la actora la carga de agotar los recursos judiciales ordinarios para garantizar
la procedencia del medio de defensa constitucional.
Lo anterior, por cuanto: (i) la
accionante aporta material probatorio que acredita su calidad de víctima del
conflicto armado por el homicidio de su hermano, por lo cual es sujeto de
especial protección constitucional; (ii) con base en ello solicitó su
inclusión en el RUV y la UARIV negó dicha petición argumentando que los hechos
victimizantes no se produjeron con ocasión del conflicto armado; por esta
razón, (iii) no ha tenido la posibilidad acceder a las medidas de
atención y reparación a las que tiene derecho, con la urgencia debida. En este
contexto, exigir a la señora Ingrid Carolina Duarte Calderón adelantar la
acción disponible en la jurisdicción de lo contencioso administrativo
implicaría requerir de la peticionaria, además del agotamiento de los recursos
administrativos e incluso de la solicitud de revocatoria, una espera todavía
mayor para definir su situación como víctima del conflicto armado, así como una
asesoría técnico jurídica más sofisticada para adelantar sus pretensiones, de
modo que el recurso judicial ordinario en el presente caso no es oportuno y
eficaz.
2.4.2 Respecto del
Expediente T-7.056.288, se tiene que la señora Rocío de Socorro Acevedo de
Marulanda instauró una acción de tutela orientada a proteger sus derechos a la
igualdad, al debido proceso y a la dignidad humana, por considerar que la
Resolución que niega su inscripción a la UARIV no evaluó debidamente los hechos
declarados a la luz de los elementos técnicos de decisión. La Sala advierte que
la actora agotó los recursos administrativos que tenía a su alcance para
controvertir la Resolución No. 2016-92824 del 4 de mayo de 2016.
Particularmente, la Sala observa que la
accionante rindió declaración el 9 de junio de 2015, con el objetivo de ser
incluida en el RUV, junto con su grupo familiar. La Resolución mediante la cual
se niega su reconocimiento como víctima de desplazamiento fue emitida por la
UARIV el 4 de mayo de 2016, contra la cual la peticionaria elevó recurso de
reposición y en subsidio de apelación. Con posterioridad, el 8 de septiembre de
2016 la Entidad profirió la actuación administrativa que resolvió el recurso de
reposición, y, no fue sino hasta el 13 de diciembre de 2017, esto es, más de un
año y siete meses después de haber interpuesto los recursos referidos, que la
UARIV resolvió la apelación presentada por la actora, cuando ésta ya había
decidido acudir a la acción constitucional[52]
para proteger los derechos fundamentales que, a su parecer, le fueron
vulnerados.
En este sentido y según la jurisprudencia
constitucional referenciada, debido a su condición de sujeto de especial
protección, como víctima de desplazamiento forzado, y a sus circunstancias
particulares[53],
la acción de tutela resulta idónea y eficaz para resolver la controversia
planteada, toda vez que, resultaría desproporcionado imponerle a la actora la
carga de agotar los recursos judiciales ordinarios para garantizar la
procedencia del medio de defensa constitucional.
Lo anterior por cuanto: (i) la
accionante aporta material probatorio que acredita su calidad de víctima de
desplazamiento forzado, por lo cual es sujeto de especial protección
constitucional; (ii) con base en ello solicitó su inclusión en el RUV y
la UARIV negó dicha petición argumentando que los hechos victimizantes no se
produjeron con ocasión del conflicto armado; y, por ende, (iii) no ha
tenido la posibilidad acceder a las medidas de atención y reparación a las que
tiene derecho, con la urgencia requerida. En este contexto, exigir a la peticionaria
adelantar la acción disponible en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, luego de haber agotado los mecanismos administrativos de
contradicción que tenía a su disposición, y de haberse visto sometida a un
periodo de espera que sobrepasa el año y medio, para que la UARIV resolviera el
recurso apelación que deja en firme la decisión de no incluirla en el RUV,
implicaría requerir de la peticionaria una espera aún mayor para definir su
situación jurídica como víctima de desplazamiento forzado, así como una
asesoría técnico jurídica de más complejidad para promover la protección de sus
derechos, de modo que el recurso judicial ordinario en el presente caso no es
oportuno y eficaz.
3. Presentación del problema
jurídico y estructura de la decisión
3.1. Acorde con los antecedentes expuestos,
la Sala Segunda de Revisión resolverá el siguiente problema jurídico:
¿Vulnera la UARIV los derechos al debido
proceso y a la dignidad humana de mujeres que manifiestan ser víctimas del
conflicto armado, al negar su inclusión en Registro Único de Víctimas, por
considerar que, tras evaluar los elementos técnicos de decisión establecidos
por el artículo 2.2.2.3.11 del Decreto Único Reglamentario 1084 del 2015[54], los hechos
victimizantes denunciados no tienen relación con el mismo?
3.2. Con el fin de analizar y dar respuesta
al anterior problema jurídico, la Sala reiterará su jurisprudencia sobre: (i)
el concepto de víctima del conflicto armado establecido por la Ley 1448 de 2011;
(ii) la relevancia constitucional de la inclusión en el RUV y (iii)
el impacto diferencial de la violencia armada para las mujeres víctimas del
conflicto colombiano. Finalmente, se resolverán los casos concretos a partir
del marco teórico expuesto.
4. El concepto de víctima del conflicto armado establecido en la
Ley 1448 de 2011. Reiteración de jurisprudencia[55]
La Ley 1448 de 2011 constituye el marco
jurídico general para alcanzar la protección y garantía del derecho fundamental
de las víctimas del conflicto armado interno a la atención, asistencia y
reparación integral por vía administrativa[56]. Esta normativa define las víctimas que tienen derecho a acceder a
las medidas allí establecidas[57]. En el artículo 3º de dicha normativa se reconoce como víctimas,
para efectos de aplicación del referido Estatuto Legal, a las personas que
individual o colectivamente hayan sufrido un daño como consecuencia de graves
violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional
Humanitario, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.[58]
Entre los aspectos característicos de la
definición de víctima la Ley 1448 de 2011 ha establecido que los hechos
victimizantes son aquellos que: (i) hayan ocurrido a partir del 1 de
enero de 1985; (ii) se deriven de una infracción al DIH o de una
violación grave y manifiesta a las normas internacionales de derechos humanos;
y (iii) se hayan originado con ocasión del conflicto armado. Finalmente,
en el parágrafo 3º, se especifica que la definición de víctimas allí
establecida no cobija a quienes fueron afectados por actos de delincuencia
común[59].
En este orden, la Corte Constitucional ha
señalado que la regulación referida no define la condición fáctica de víctima,
sino que incorpora un concepto operativo de dicho término, pues su función está
en determinar su marco de aplicación en relación con los destinatarios de las
medidas especiales de protección previstas en dicho estatuto legal[60]. Así mismo, ha sostenido de forma reiterada que la expresión “con
ocasión del conflicto armado interno”, contenida en el artículo 3º[61] referido, debe entenderse a partir de un sentido amplio[62], pues dicha noción cubre diversas situaciones ocurridas en un
contexto de la confrontación armada.
En Sentencia C-253A de 2012[63] esta Corporación advirtió que se presentan básicamente tres
posibilidades prácticas en la aplicación de la Ley 1448 de 2011, respecto de la
relación de los hechos victimizantes con el conflicto armado interno: (i)
los casos en los cuales existen elementos objetivos que permiten encuadrar
ciertas conductas dentro del conflicto armado; (ii) los casos en los
que, por el contrario, resulta claro que se está frente a actos de delincuencia
común no cubiertos por las previsiones de la Ley; y (iii) las “zonas
grises”, eventos en los cuales no es posible predeterminar de antemano si
existe relación con el conflicto armado, pero tampoco es admisible excluirlos a
priori de la aplicación de la Ley 1448 de 2011, con base en una
calificación meramente formal. En consecuencia, el análisis de cada situación
debe llevarse a cabo en consonancia con el objetivo mismo de la Ley y con un
criterio tendiente a la protección de las víctimas.
En oposición al concepto de actuaciones en
el marco del conflicto armado, la Corte ha definido los actos de “delincuencia
común” como “aquellas conductas que no se inscriban dentro de los
anteriores elementos definitorios y, particularmente, que no se desenvuelvan
dentro del conflicto armado interno”[64]. Al respecto, en la Sentencia C-781 de 2012[65] esta Corporación resaltó las notorias dificultades que representa,
en la práctica, la distinción entre víctimas de la violencia generada por
delincuencia común y del conflicto armado, pues frecuentemente esta requiere de
un ejercicio de valoración y ponderación en cada caso concreto, de distintos
factores del contexto del conflicto armado interno para determinar si existe
esa relación cercana y suficiente amparada por la Ley 1448 de 2011. Por lo
tanto, la Corte indicó que resulta indispensable que en cada caso concreto se
evalúe el contexto en que se produce la vulneración de los derechos de las
víctimas y se valoren distintos elementos para determinar la relación de
conexidad con el conflicto armado, habida cuenta de la complejidad de tal
fenómeno[66].
En suma, de acuerdo con la Corte, para la
adecuada aplicación del concepto de víctima del conflicto armado establecido
por el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, se deben tener en cuenta las
siguientes reglas jurisprudenciales[67]:
(i) La norma
contiene una definición operativa del término “víctima”, en la medida en que no
define una condición fáctica, sino que determina un ámbito de destinatarios para
las medidas especiales de protección contempladas en dicho Estatuto Legal.
(ii) La
expresión “conflicto armado interno” debe entenderse a partir de una
concepción amplia, en contraposición a una noción restrictiva que puede llegar
a vulnerar los derechos de las víctimas.
(iii) La
expresión “con ocasión del conflicto armado” cobija diversas situaciones
ocurridas en el contexto del conflicto armado. Por ende, se debe atender a
criterios objetivos para establecer si un hecho victimizante tuvo lugar con
ocasión del conflicto armado interno o si, por el contrario, se halla excluido
del ámbito de aplicación de la norma, por haber sido perpetrado por “delincuencia
común”.
(iv) Con
todo, existen “zonas grises”, es decir, supuestos de hecho en los cuales
no resulta clara la ausencia de relación con el conflicto armado. En este
evento, es necesario llevar a cabo una valoración de cada caso concreto y de su
contexto para establecer si existe una relación cercana y suficiente con la
confrontación interna. Además, no es admisible excluir a priori la
aplicación de la Ley 1448 de 2011 en estos eventos.
(v) En caso
de duda respecto de si un hecho determinado ocurrió con ocasión del conflicto
armado, debe aplicarse la definición de conflicto armado interno que resulte
más favorable a los derechos de las víctimas.
(vi) La
condición de víctima no puede establecerse únicamente con base en la calidad o
condición específica del sujeto que cometió el hecho victimizante.
(vii) Los
hechos atribuidos a los grupos surgidos con posterioridad a la desmovilización
de los paramilitares como consecuencia del proceso de negociación del año 2005,
se consideran ocurridos en el contexto del conflicto armado, siempre que se
logre establecer su relación de conexidad con la confrontación interna.
5. La relevancia constitucional de la
inclusión en el RUV
El artículo 2.2.2.1.1 del Decreto Único
Reglamentario 1084 de 2015[68] define el RUV como “una herramienta administrativa que soporta
el procedimiento de registro de las víctimas”[69]. Así mismo, el artículo 2.2.2.3.9 del mencionado Decreto, establece
que “la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas deberá garantizar que la solicitud de registro sea
decidida en el menor tiempo posible, en el marco de un trámite administrativo
ágil y expedito, en el cual el Estado tendrá la carga de la prueba”. A su
vez, conforme a los lineamientos establecidos en los artículos 2.2.2.3.10 y
2.2.2.3.11 de la misma norma y en los artículos 3 y 156 de la Ley 1448 de 2011,
las solicitudes de reconocimiento de víctimas deben ser examinadas en
aplicación de los principios de buena fe, pro personae,
geo-referenciación o prueba de contexto, in dubio pro víctima y, credibilidad
del testimonio coherente de la víctima.[70]
En relación con los elementos que debe
tener en cuenta la UARIV para decidir acerca de las solicitudes de registro, el
artículo 2.2.2.3.11 del Decreto en comento establece los siguientes: (i)
jurídicos, esto es, los aspectos contenidos en la normatividad aplicable
vigente; (ii) técnicos, que resulten de la indagación en las bases de
datos con información que ayude a esclarecer las circunstancias de tiempo, modo
y lugar en que acontecieron los hechos victimizantes[71]; y (iii) de contexto[72]; es decir , la recaudación de información y análisis sobre
dinámicas, modos de operación y eventos relacionados directamente con el
conflicto armado, en una zona y tiempo específicos[73]. En consecuencia, es la valoración adecuada de estos elementos de
decisión lo que sustenta las decisiones administrativas de inclusión en el RUV,
y por tanto, una insuficiente evaluación de los mismos constituye una falta en
el debido proceso establecido.
De otro lado, el artículo 2.2.2.3.14 de la
norma referida establece como causales para denegar la inscripción en el
registro, que: (i) en la valoración de la solicitud se logre establecer
que los hechos victimizantes tuvieron un origen diferente al señalado en el
artículo 3º de la Ley 1448 de 2011; (ii) se logre determinar que la
solicitud de registro carece de veracidad frente a los hechos victimizantes
narrados; y (iii) la solicitud de registro haya sido presentada por
fuera de los términos establecidos en los artículos 61 y 155 de la Ley 1448 de
2011[74], casos en los cuales, en todo caso, deberán tenerse en cuenta la
excepción de fuerza mayor prevista en esta última disposición.[75]
Ahora bien, en relación con los beneficios
a los que puede acceder una persona, víctima de la violencia y que haya sido
incluida en el RUV, se encuentran las medidas de reparación. Estas últimas son
desarrolladas por el artículo 25 de la Ley en comento. Según esta normativa,
las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada,
transformadora y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia de las
violaciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y
manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con
ocasión del conflicto armado interno. De esta manera, la reparación comprende
las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y
garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material,
moral y simbólica.  Cada una de estas medidas debe ser implementada a favor de
la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características
del hecho victimizante. [76]
En este marco, la Corte ha desarrollado las
siguientes reglas en relación con la inscripción en el RUV:
“(i) [L]a falta de inscripción en el RUV de una persona que cumple con
los requisitos necesarios para su inclusión, no solo afecta su derecho
fundamental a ser reconocido como víctima, sino que además implica la violación
de una multiplicidad de derechos fundamentales como el mínimo vital, la unidad
familiar, la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, entre otros;
(ii) los funcionarios encargados del registro deben suministrar información
pronta, completa y oportuna sobre los derechos involucrados y el trámite que
debe surtirse para exigirlos; (iii) para la inscripción en el RUV únicamente
pueden solicitarse los requisitos expresamente previstos por la ley; (iv) las
declaraciones y pruebas aportadas deben tenerse como ciertas en razón del
principio de buena fe, salvo que se pruebe lo contrario; y (v) la evaluación
debe tener en cuenta las condiciones de violencia propias de cada caso y
aplicar el principio de favorabilidad, con arreglo al deber de interpretación
pro homine”[77].
Aunado a las anteriores reglas, en la
Sentencia T-163 de 2017[78], reiterando lo dicho en el Auto 119 de 2013, la Corte puntualizó
que, aspectos como la calificación del actor como grupo organizado al margen de
la ley, no deben ser un requisito para considerar que el daño guarda una
relación cercana y suficiente con el conflicto[79]. Por el contrario, dada la complejidad del fenómeno es importante
aplicar una noción amplia de conflicto armado en relación con los hechos
victimizantes presuntamente ocasionados por las denominadas bandas criminales o
grupos surgidos con posterioridad a la desmovilización de los paramilitares
como consecuencia del proceso de negociación del año 2005.
En este orden, la Corte Constitucional ha
reconocido la importancia del Registro Único de Víctimas en múltiples
pronunciamientos[80] y ha resaltado que la inscripción en ese sistema constituye un
derecho fundamental de las víctimas. Ello, por cuanto la inclusión de una
persona en el RUV implica, entre otros beneficios: (i) la posibilidad de
afiliación al Régimen Subsidiado de Salud por el solo hecho de la inclusión en
el RUV. Así mismo, permite la priorización para el acceso a las medidas de
reparación y particularmente a la medida de indemnización, así como a la oferta
estatal aplicable para avanzar en la superación de la situación de
vulnerabilidad, si es el caso; (ii) implica el envío de la información
relativa a los hechos delictivos que fueron narrados como victimizantes para
que la Fiscalía General de la Nación adelante las investigaciones necesarias[81]; y (iii) en general, posibilita el acceso a las medidas de
asistencia y reparación previstas en la Ley 1448 de 2011, las cuales dependerán
de la vulneración de derechos y de las características del hecho victimizante,
siempre y cuando la solicitud se presente dentro de los cuatro años siguientes
a la expedición de la norma[82].
5.2. Ahora bien, desde el punto de vista
probatorio, la Corte ha considerado en general que las víctimas no deben asumir
una carga probatoria exhaustiva en relación con los hechos declarados. En el Auto
206 de 2017[83], este Tribunal encontró que las autoridades administrativas imponen
cargas desproporcionadas a las personas desplazadas cuando “la aplicación de
los requisitos legales se realiza de manera inflexible, de tal manera que se
exige una prueba específica o se busca ‘llegar a la certeza de la ocurrencia de
los hechos’, cuando en realidad se trata de situaciones que pueden ser
acreditadas de manera sumaria, mediante indicios u otra actividad probatoria
que sea suficiente para dar por ciertos, mediante la sana crítica, los hechos
alegados por el accionante”.
En este sentido, la
Corte ha manifestado que una de las
formas en que se proyecta el principio de buena fe es a través de la inversión
de la carga de la prueba, por tanto corresponde al Estado y no a la persona
víctima del conflicto demostrar que sus afirmaciones y declaraciones no
coinciden con la verdad. [84] En este sentido, la jurisprudencia ha establecido que en los
casos de duda, en aplicación de los principios de buena fe y el principio pro personae,
deberán tenerse por ciertas las afirmaciones de las víctimas del conflicto
armado. Así mismo, según lo preceptuado por el artículo 5 de la Ley 1448 de
2011[85], se presume la buena fe de las
víctimas, sin perjuicio de la carga de aportar pruebas sumarias del daño,
mediante cualquier medio legalmente aceptado. En este último evento, opera
la inversión de
la carga de la prueba[86] pues será la UARIV quien
deberá probar la falta de veracidad de las pruebas aportadas por los
peticionarios. Lo anterior por cuanto, el Estado tiene el deber de garantizar
una atención prioritaria a las víctimas del conflicto armado debido a su
especial situación de vulnerabilidad, no obstante, dicho deber deja de
subsistir cuando se demuestra que la información brindada por quien manifiesta
ser víctima es contraria a la realidad.[87]
Asimismo, la Corte advirtió que el juez de
tutela debe analizar las actuaciones de los accionantes, caso a caso, con base
en el material probatorio que consta en el expediente y que es razonable
exigirles de cara a la materialización de sus derechos. Esto, con la finalidad
de comprobar la existencia de una amenaza o vulneración de derechos
fundamentales que justifique la adopción de las respectivas medidas
correctivas, toda vez que, a pesar de su informalidad, la acción de tutela “no
habilita al juez constitucional para que pueda adoptar una decisión sin
alcanzar la veracidad de las circunstancias que originaron la amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales invocados”[88].
Con todo, la Corte ha advertido que en los
casos en donde la acción de tutela plantea la vulneración del derecho de
petición de víctimas del conflicto armado, por parte de autoridades
administrativas, “como regla general los jueces de tutela, al
advertir la vulneración del derecho de petición, deben tan solo ordenarles a
las autoridades responsables de responder las peticiones formuladas por las o
los accionantes, dar respuesta de fondo en un término perentorio, respetando su
autonomía administrativa. Esta regla debe exceptuarse cuando del material
probatorio obrante en el expediente se desprenda el desconocimiento de otros
derechos fundamentales que deben ser atendidos de forma urgente por el juez de
tutela, evento en el cual éste debe adoptar decisiones adicionales, como por
ejemplo reconocer directamente lo solicitado mediante la petición inicialmente
presentada que no fue contestada oportunamente o de fondo”[89]. De modo que, de no contar con elementos materiales probatorios
suficientes, a los jueces de tutela no les corresponde decidir de fondo sobre
las peticiones presentadas a la administración, sino tan solo resolver sobre la
vulneración del derecho de petición y ordenarle a la administración responder
de forma oportuna la consulta que ante ella elevó el o la accionante. Por el
contrario, en aquellos casos en los que haya evidencia de la vulneración de
otros derechos fundamentales que deban ser amparados de forma urgente, los
jueces tienen el deber de adoptar las medidas correctivas correspondientes para
garantizar su protección.[90]
6. Impacto diferencial y agudizado del
conflicto armado sobre las mujeres víctimas de violencia
6.1. Tratados internacionales de derechos humanos
establecen explícitamente la prohibición de la violencia contra la mujer. Entre
estos se encuentran la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (1979)[91] y la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (“Convención de Belem Do Pará”) (1994).[92] Estos
instrumentos internacionales también consagran obligaciones específicas para
los Estados Parte, como la de investigar, juzgar y sancionar las conductas que
configuran violencia contra la mujer.[93]
De modo que estos instrumentos tienen como finalidad reducir la discriminación
histórica basada en el género y las diferentes clases de violencia que se
cometen por el hecho de ser mujer[94],
por lo que es importante comprender que la violencia contra la mujer es una
forma de discriminación.[95]
6.2. Ahora bien, en el marco del
seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004[96]
la Corte, mediante el Auto 92 de 2008[97],
manifestó que existe un impacto diferencial y agudizado
del conflicto armado sobre las mujeres del país, como consecuencia de los
riesgos específicos y cargas extraordinarias que les impone por su género la
violencia armada.[98]
6.3. Particularmente, expuso que la
violencia ejercida en el conflicto armado interno colombiano victimiza de
manera diferencial y agudizada  a las mujeres, debido a que,
de un lado, a “causa de su condición de género, las mujeres están
expuestas a riesgos particulares y vulnerabilidades específicas dentro del
conflicto armado, que a su vez son causas de desplazamiento, y por lo mismo
explican en su conjunto el impacto desproporcionado del desplazamiento forzado
sobre las mujeres”[99],
estos son: (i) el riesgo de violencia sexual, explotación sexual o abuso
sexual en el marco del conflicto armado; (ii) el riesgo de explotación o
esclavización para ejercer labores domésticas y roles considerados femeninos en
una sociedad con rasgos patriarcales, por parte de los actores armados
ilegales; (iii) el riesgo de reclutamiento forzado de sus hijos e hijas
por los actores armados al margen de la ley, o de otro tipo de amenazas contra
ellos, que se hace más grave cuando la mujer es cabeza de familia; (iv) los
riesgos derivados del contacto o de las relaciones familiares o personales
-voluntarias, accidentales o presuntas- con los integrantes de alguno de los
grupos armados ilegales que operan en el país o con miembros de la Fuerza
Pública, principalmente por señalamientos o retaliaciones efectuados a
posteriori por los bandos ilegales enemigos; (v) los riesgos
derivados de su pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o políticas
de mujeres, o de sus labores de liderazgo y promoción de los derechos humanos
en zonas afectadas por el conflicto armado; (vi) el riesgo de
persecución y asesinato por las estrategias de control coercitivo del
comportamiento público y privado de las personas que implementan los grupos
armados ilegales en extensas áreas del territorio nacional; (vii) el
riesgo por el asesinato o desaparición de su proveedor económico o por la
desintegración de sus grupos familiares y de sus redes de apoyo material y
social; (viii) el riesgo de ser despojadas de sus tierras y su
patrimonio con mayor facilidad por los actores armados ilegales dada su
posición histórica ante la propiedad, especialmente las propiedades inmuebles
rurales; (ix) los riesgos derivados de la condición de discriminación y
vulnerabilidad acentuada de las mujeres indígenas y afrodescendientes; y (x)
el riesgo por la pérdida o ausencia de su compañero o proveedor económico
durante el proceso de desplazamiento.
De otro lado, esta Corporación señaló que como
víctimas sobrevivientes de actos violentos que se ven forzadas a asumir roles
familiares, económicos y sociales distintos a los acostumbrados, las mujeres
deben sobrellevar cargas materiales y psicológicas de naturaleza extrema y
abrupta, que no afectan de igual manera a los hombres.[100]
Así, como consecuencia de los factores de
riesgo que explican el impacto diferencial del
conflicto armado sobre las mujeres y, a su vez, dan cuenta del desproporcionado
impacto de género del desplazamiento forzado, se encuentran las inequidades e
injusticias propias de la discriminación, la exclusión y la marginalización
derivada de patrones de género estructurales que se ven potenciados,
explotados, capitalizados y degenerados por la confrontación armada.[101]
6.4. Específicamente, la Corte expuso que
“[l]a pertenencia a organizaciones sociales,
comunitarias o políticas de mujeres, así como las labores de promoción social,
liderazgo político o defensa de los derechos humanos, constituyen factores de
riesgo para la vida, integridad personal y seguridad de las mujeres colombianas
en múltiples regiones del país”[102], debido a que las
mujeres que adquieren visibilidad pública por el ejercicio de su derecho a la
participación a través de su desempeño como líderes, miembros o representantes
de organizaciones de mujeres (sociales o comunitarias), promotoras de derechos
humanos, educadoras, funcionarias públicas, promotoras de salud, líderes
sindicales y posiciones afines; han sido objeto de homicidios, persecuciones,
detenciones, retenciones arbitrarias, torturas, desapariciones, actos
terroristas, actos de violencia sexual y amenazas por parte de los miembros de
los grupos armados ilegales[103].
El papel relevante que han desempeñado las mujeres del país, especialmente las mujeres indígenas,
afrocolombianas y campesinas, en la reconstrucción y fortalecimiento de los
tejidos sociales afectados por el conflicto armado a través de sus
organizaciones de base y de sus procesos de integración comunitaria, tiene como
consecuencia que estas organizaciones se hayan convertido en el objetivo de los
grupos armados ilegales que desarrollan sus actividades delictivas a lo largo
del país. Ello constituye un riesgo específico más al que están expuestas las
mujeres en el marco del conflicto interno colombiano, y a su vez, como una
causa directa de desplazamiento forzado para esta población.[104]
6.5. Así las cosas, la violencia contra la mujer en el marco del conflicto armado
constituye una violación grave de la Constitución Política, el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos[105]
y el Derecho Internacional Humanitario[106].
Por lo que cada uno de los diez riesgos de género en el marco del conflicto
armado, identificados con anterioridad, constituye una manifestación específica
de violencia contra las mujeres afectadas, y por lo mismo, comparte el carácter
violatorio de las garantías fundamentales establecidas a nivel constitucional e
internacional.
7. Los casos concretos
7.1. Expediente T-7.039.987. Ingrid
Carolina Duarte Calderón tiene derecho a ser incluida en el RUV
7.1.1. A juicio de la Sala de Revisión, la
UARIV vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a
la dignidad humana de la señora Ingrid Carolina Duarte Calderón, al negarse a
revocar la Resolución No. 2014-521500 del 9 de julio de 2014, mediante la cual se
le negó la inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV), por considerar que
el homicidio de su hermano, Alexander Duarte Calderón, no ocurrió bajo lo
dispuesto en el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, pues no se evidencia una
relación directa entre el hecho y el conflicto armado.
7.1.2. La Sala concluyó que, a partir de la
información aportada por la accionante, se permite verificar que el hecho
victimizante por el que pretende ser incluida en el RUV ocurrió con ocasión al
conflicto armado colombiano, según lo establecido en el artículo 3º de la Ley
1448 de 2011.
7.1.3. En resumen, los argumentos
presentados por la UARIV en sus diferentes actos administrativos se pueden
abreviar de la siguiente manera. Con respecto, al análisis legal de la petición,
la Entidad reconoció que la misma cumple con el límite temporal fijado por la
Ley, en tanto el hecho ocurrió con posterioridad al 1 de enero de 1985 y la
solicitud ante el Ministerio Público se presentó dentro de los 4 años
siguientes a la expedición de la norma. Sin embargo, la UARIV consideró,
aplicando los criterios técnicos desarrollados por el Legislador y la Corte,
que no fue posible determinar que el asesinato del hermano de la peticionaria
tuvo una motivación política o ideológica asociada al conflicto armado. En
particular, la Entidad señaló que no existe información, siquiera sumaria, que
permitiera relacionar dicho delito con la actividad de algún grupo armado al
margen de la ley. Incluso, a pesar de que reconoció que para la época de los
hechos operaban en el departamento de Norte de Santander diversos actores
armados partícipes del conflicto, estimó que las circunstancias del crimen no
se asociaban con el modo de operación de éstos.
7.1.4. La Sala debe advertir que no
comparte las conclusiones de la UARIV en el sentido de que no existe prueba,
siquiera sumaria, que permita, reconocer el homicidio del hermano de la
peticionaria como una acción que se enmarque dentro del conflicto armado. Por
el contrario, la documentación aportada por la accionante durante el trámite de
tutela permite verificar que, en los procesos penales de homicidio agravado
adelantados con ocasión de la muerte del hermano de la accionante, Alexander
Duarte Calderón, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Cúcuta (Norte de
Santander) dictó sentencias condenatorias contra (i) Miguel Ángel
Ramírez alias “Manotas”, el 31 de enero de 2018, y (ii) Carlos Humberto
Gómez Silva, el 28 de febrero de 2018, y certificó que los condenados, para la
fecha de los hechos, pertenecían o tenían una relación directa con el grupo paramilitar
denominado “Águilas Negras”. En consecuencia, de conformidad con las pruebas
aportadas al expediente puede concluirse que el homicidio de Alexander Duarte
Calderón sí se enmarca como un hecho relacionado con el conflicto armado de
conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011.
7.1.5. Encuentra la Sala que, la accionante
solicitó la revocatoria directa de la Resolución que niega su inclusión en el
RUV, por considerar demostrado que el homicidio de su hermano tuvo relación con
el conflicto armado, aportando como prueba el Oficio Ref: 134.781 del 1 de
febrero de 2018, emitido por la Fiscalía General de la Nación, en donde
certifica que Miguel Ángel Ramírez alias “Manotas” aceptó cargos y se acogió a
sentencia anticipada, dentro del proceso adelantado ante el Juzgado Séptimo
Penal del Circuito de Cúcuta (Norte de Santander), por la muerte del pariente
de la peticionaria.
Advierte la Sala que, si bien la
documentación aportada en la solicitud de revocatoria directa elevada por la peticionaria,
no constituye en sí misma prueba inequívoca de la vinculación de Miguel Ángel
Ramírez alias “Manotas” a grupos paramilitares, ésta, de acuerdo con los
fundamentos de esta sentencia, tuvo que ser analizada en observancia de los
principios de buena fe y pro homine e in dubio pro víctima, de
modo que ameritaba, por parte de la Entidad accionada un nuevo estudio de los
elementos jurídicos, técnicos y de contexto que sustentan la decisión de no
incluir a la señora Ingrid Carolina Duarte Calderón en el RUV, en aras de
verificar si existió una indebida valoración probatoria que genere a la
peticionaria un agravio injustificado, en los términos establecidos por el
artículo 93 de la Ley 1437 de 2011[107].
Así las cosas, una adecuada apreciación de
los elementos técnicos de decisión, habría permitido verificar, mediante el
cruce de información con la Fiscalía Quinta Seccional
de Cúcuta (Norte de Santander) o con el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de
Cúcuta (Norte de Santander), que el 31 de enero de 2018 fue condenado Miguel
Ángel Ramírez alias “Manotas”, quien para la época pertenecía al grupo armado
denominado “Águilas Negras”, por el homicidio agravado del señor Alexander
Duarte Calderón, hermano de la peticionaría, y por tanto tiene derecho a ser
incluida en el RUV como víctima del conflicto armado.
7.1.6. En este sentido, la Sala encuentra
que la UARIV, mediante la Resolución No. 201811133 del 23 de marzo de 2018,
desconoció el debido proceso de la actora al negar la solicitud de revocatoria
directa de la Resolución No. 2014-521500 del 9 de julio de 2014, por cuanto existió
una insuficiente valoración probatoria que generó a la señora Ingrid Carolina
Duarte Calderón un agravio injustificado, en los términos establecidos por el
artículo 93 de la Ley 1437 de 2011. Esto, toda vez que, un análisis fundamentado
en los principios de buena fe, favorabilidad y pro homine, de la
información y la documentación aportada por la accionante en su solicitud de
revocatoria directa, debió conducir a la Entidad a adelantar la acciones de
verificación pertinentes para determinar si los hechos declarados por la
peticionaria carecían de verdad; o si, por el contrario, éstos se circunscriben
al conflicto armado, caso en el cual la UARIV debía realizar una nueva
valoración de los requisitos legales para ser inscrita en el RUV. Lo anterior
por cuanto, de existir alguna duda en los hechos relatados por la peticionaria,
debe la UARIV, bien sea, aplicar el principio de buena fe y pro personae,
o, asumir la carga probatoria para determinar que lo dicho por la presunta
víctima no corresponde con la realidad.
Así, se observa que ante la documentación
aportada por la accionante relativa al proceso penal referido, la Entidad se
abstuvo de realizar la acciones de verificación necesarias para adelantar una
nueva valoración de los requisitos legales para ser
inscrita en el RUV, esto es, omitió adelantar un estudio adecuado de los
elementos, particularmente técnicos, relativos a la información sobre el
proceso penal al que hacía referencia la información aportada por la
demandante, en los términos del artículo 2.2.2.3.11 del Decreto Único
Reglamentario 1084 de 2015.
7.1.7. Como consecuencia de lo anterior,
pese a cumplir con los requisitos legales, a la accionante y a su grupo
familiar, se les negó la inscripción en el RUV. Esto, tal y como se ha
expresado en la jurisprudencia constitucional, no solo afecta su derecho
fundamental a ser reconocida en la condición de víctima, sino que además
implica la violación de una multiplicidad de derechos fundamentales como el
mínimo vital, la unidad familiar, la alimentación, la salud, la educación, la
vivienda, entre otros, relacionados con los mecanismos asistenciales[108].
7.1.8. Por lo indicado en precedencia,
habrán de amparase los derechos invocados por la señora Ingrid Carolina Duarte
Calderón contra UARIV, en relación con la inclusión en el RUV por el hecho
victimizante de homicidio. Como se indicó, un análisis de los elementos técnicos
en la valoración y verificación del material probatorio aportado a la solicitud
de revocatoria directa permitía determinar que los hechos denunciados
ocurrieron con ocasión del conflicto armado colombiano; pese a esto, la Entidad
demandada no tomó en cuenta tales aspectos. Así las cosas, esta Sala concluye que,
los hechos denunciados por la accionante se enmarcan dentro de las
disposiciones establecidas en el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, por lo que
tiene derecho a ser incluida en el RUV con ocasión al homicidio de su hermano.
De otra parte, puesto que la demandante
solicita la inclusión en el RUV de los integrantes de su grupo familiar, corresponderá
a la UARIV determinar los miembros de aquél, que tienen derecho a ser inscritos,
con ocasión del mismo hecho victimizante aquí analizado, previa verificación de
su condición de víctimas, en los términos del artículo 3º de la Ley 1448 de
2011[109].
7.1.9. De esta manera, la Sala de Revisión
procederá a revocar las sentencias proferidas el 12 de julio de 2018 por el Juzgado
Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cúcuta (Norte de
Santander), en primera instancia, y el 21 de agosto de 2018 por la Sala Penal
de Decisión del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cúcuta (Norte de
Santander), en segunda instancia, y en su lugar concederá el amparo de los
derechos de la señora Ingrid Carolina Duarte Calderón y de su grupo familiar. En
consecuencia, ordenará a la UARIV dejar sin efectos la Resolución No.
2014-521500 del 9 de julio de 2014 y emitir acto administrativo mediante el
cual (i) por los hechos del 4 de noviembre de 2006, se reconozca a la señora
Ingrid Carolina Duarte Calderón como víctima del conflicto armado con ocasión
del hecho victimizante de homicidio del señor Alexander Duarte Calderón. Así
mismo, se reconozcan a los miembros del grupo familiar de la señora Ingrid
Carolina Duarte Calderón, que, previa verificación de su condición en los
términos del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011[110] por parte de la
UARIV, tienen derecho a ser reconocidos como víctimas del conflicto armado por
el mismo hecho victimizante, y (ii) se les incluya en el RUV.
7.2. Expediente T-7.056.288. Rocío del
Socorro Acevedo de Marulanda tiene derecho a ser incluida en el RUV
7.2.1. A juicio de la Sala de Revisión, la
UARIV vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a
la dignidad humana de la señora Rocío del Socorro Acevedo Marulanda, el negar
su inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV), por considerar que los
hechos de desplazamiento forzado que declara no ocurrieron bajo lo dispuesto en
el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, pues no se evidencia una relación
directa entre el hecho y el conflicto armado.
7.2.2. La Sala determinó que, a partir de
la información aportada por la accionante, se permite concluir que el hecho
victimizante por el que pretende ser incluida en el RUV ocurrió con ocasión al
conflicto armado colombiano, según lo establecido en el artículo 3º de la Ley
1448 de 2011.
7.2.3. La Entidad accionada concluyó, aplicando
los criterios técnicos establecidos por el artículo 37 del Decreto 4800 de 2011,
que no fue posible determinar la existencia de una relación entre los hechos
que ocasionaron el desplazamiento de la accionante y el conflicto armado, en
los términos establecidos en el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011. En
particular, la UARIV señaló que no existe información, siquiera sumaria, que
permitiera relacionar dicho evento con la actividad de algún grupo armado al
margen de la ley. Incluso, a pesar de que reconoció que para la época de los
hechos, operaban en el departamento de Norte de Santander diversos actores
armados partícipes del conflicto, la Entidad consideró que las circunstancias
del relato no se asociaban con su operación.
7.2.4. La Sala debe advertir que no
comparte las conclusiones de la UARIV en el sentido de que no existe prueba, si
quiera sumaria, que permita, reconocer que los hechos que motivaron el desplazamiento
de la accionante del municipio de El Zulia, guarden relación con el conflicto
armado. Por el contrario, la documentación aportada por la actora durante el
trámite de tutela permite inferir que los eventos ocurridos el 19 de agosto del
2000 en el Municipio de El Zulia contra los miembros de la Asociación de
Mujeres Campesinas e Indígenas (AMUCI), de la cual hacía parte, cumple con lo
establecido en el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011.
La accionante declaró ante la Defensoría de
Cúcuta ser víctima de desplazamiento forzado por hechos ocurridos el 19 de agosto
del 2000. Refirió en su declaración que: (i) para la época ya pertenecía
la Asociación de Mujeres Campesinas e Indígenas de El Zulia (AMUCI) y trabajaba
en un proyecto productivo en la vereda Borriquero del municipio de El Zulia
(Norte de Santander); (ii) la señora Martha Hernández, quien era la
encargada de dirigir la Asociación, fue asesinada junto con su esposo el 19 de
agosto de 2000; (iii) los homicidios fueron perpetrados por miembros de
la AUC, grupo armado que “operaba en esa zona”[111]; (iv)
tuvo que abandonar su vivienda, como consecuencia de las amenazas de muerte que
dicho grupo armado extendió hacia las demás miembros de la Asociación.
Adicionalmente, relató que a partir de estos hechos la AMUCI se disolvió
temporalmente, hasta que en el año 2007 reinició su funcionamiento, bajo la
dirección de la señora Lucila Páez. Puso en conocimiento además, que la
Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas (ANMUCI)[112], mediante
la Resolución No. 2013-49173 del 18 de junio de 2013, fue incluida en el RUV
como sujeto de reparación colectiva.
La UARIV consideró que no fue posible
determinar la existencia de una relación entre los hechos que ocasionaron el
desplazamiento de la accionante y el conflicto armado. Sin embargo, encuentra
la Sala que el homicidio por parte de grupos paramilitares de la señora Martha
Hernández y de su esposo, Leonidas Quintero, en el municipio de El Zulia, el 19
de agosto del 2000, es un hecho ampliamente documentado en diversos medios de
comunicación nacional[113].
Particularmente, del material probatorio aportado por la accionante, se observa
que el propio portal virtual de la Unidad para las Víctimas tiene una
publicación especial titulada “[e]l ejemplo de Martha Hernández”[114],
documento mediante el cual la UARIV hizo un homenaje a la memoria de la señora
Hernández como líder social en el municipio de El Zulia y su papel como
presidenta de la Asociación de Mujeres Campesinas e Indígenas de El Zulia,
finalmente, se refirió a los hechos que terminaron con su vida a manos de grupos
paramilitares el 19 de agosto de 2000.
En consecuencia, no es razonable afirmar
que la Entidad accionada carece de conocimiento respecto de los hechos
ocurridos el 19 de agosto del 2000 contra los miembros de la Asociación de
Mujeres Campesinas e Indígenas de El Zulia, como actos perpetrados por grupos
paramilitares con ocasión del conflicto armado. Por la misma razón,  es
incongruente concluir que el homicidio de la señora Martha Hernández no tiene
relación con el conflicto armado, fundamento en el cuál basó la decisión
administrativa de no incluir en el RUV a la accionante.
Además, la pertenencia de la señora Rocío
del Socorro Acevedo de Marulanda a la asociación no solo no fue cuestionada por
la UARIV sino que, en el trámite de la tutela, quedó debidamente evidenciada su
pertenencia a la Asociación de Mujeres Campesinas e Indígenas de El Zulia desde
1998[115].
Así las cosas, encuentra la Sala que existe
suficiente material probatorio que ponía de manifiesto los hechos alegados por
la accionante. Una adecuada valoración de los elementos técnicos con los que la
propia Entidad contaba, y que, además fueron publicados y divulgados en su
portar virtual, permitía verificar que el homicidio de la señora Martha
Hernández a manos de grupos paramilitares, quien para la época presidía la
Asociación de Mujeres Campesinas e Indígenas de El Zulia, no sólo es un hecho
cierto, sino que además guarda relación con el conflicto armado. De modo que,
al valorar la declaración de la accionante a la luz de los
principios de buena fe, pro personae, e in dubio pro víctima,
debe concluirse que los hechos denunciados por la misma se enmarcan dentro de
las disposiciones establecidas en el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, por lo
que tiene derecho a ser incluida en el RUV.
7.2.5. En específico, advierte la Sala que
el desplazamiento de la señora Rocío del Socorro Acevedo de Marulanda, es
consecuencia del riesgo derivado de su pertenencia a una organización
comunitaria de mujeres campesinas en una zona afectada por el conflicto armado,
y en este sentido, como se enunció en la jurisprudencia referida en las
consideraciones de esta Sentencia, está expuesta a un riesgo particular por
causa de su condición de género y de líder social, lo cual implica un impacto
diferenciado y agudizado del conflicto armado sobre la accionante (supra
6). Particularmente, en el presente caso se advierte que la razón por la cual
debe abandonar la peticionaria su domicilio, es haber sido destinataria de una
amenaza generalizada hacia todas las miembros de la Asociación de Mujeres
Campesinas e Indígenas de El Zulia, debido a que adquirieron visibilidad
pública por el ejercicio de su derecho a la participación a través de su
desempeño como miembros de la Asociación, y en este sentido, la actora soporta
un riesgo diferenciado. De ahí que sea de especial relevancia su reconocimiento
como víctima, de modo que pueda tener acceso efectivo a los mecanismos de
asistencia y reparación a los que tiene derecho.
No obstante, se observa que estas
circunstancias no fueron tenidas en consideración por los jueces de instancia al
resolver el presente asunto. En efecto, el amparo fue negado tras una evaluación
restrictiva del material probatorio aportado por la accionante, lo cual, no
solo desconoce el principio de buena fe, sino que pasa por alto el especial estado
de vulnerabilidad, que la jurisprudencia constitucional ha reconocido a las
mujeres que pertenecen a organizaciones comunitarias en zonas de conflicto
armado. De hecho, de acuerdo con los fundamentos de esta decisión, se genera
una invisibilización de dichas condiciones especiales que traen como
consecuencia la revictimización de la accionante.
7.2.6. De esta forma, la Sala encuentra que
la UARIV, mediante la Resolución No. 2016-92824 del 4 de mayo de 2016,
desconoció el debido proceso de la actora en lo relacionado con la valoración
de los requisitos legales para ser inscrita en el RUV, al hacer una inadecuada
aplicación de los criterios de decisión establecidos en el artículo 2.2.2.3.11
del Decreto Único Reglamentario 1084 de 2015.
7.2.7. Como consecuencia de lo anterior,
pese a cumplir con los requisitos legales, a la actora se les negó la
inscripción en el RUV por el hecho victimizante de desplazamiento forzado.
Esto, tal y como se ha expresado en la jurisprudencia constitucional, no solo
afecta su derecho fundamental a ser reconocido en la condición de víctima, sino
que además implica la violación de una multiplicidad de derechos fundamentales
como el mínimo vital, la unidad familiar, la alimentación, la salud, la
educación, la vivienda, entre otros, relacionados con los mecanismos
asistenciales[116].
7.2.8. Por lo indicado en precedencia,
habrán de amparase los derechos invocados por la señora Rocío del Socorro
Acevedo de Marulanda contra UARIV, en relación con la inclusión en el RUV por
el hecho victimizante de desplazamiento forzado.
De otra parte, puesto que la demandante
solicita la inclusión en el RUV de los integrantes de su grupo familiar,
corresponderá a la UARIV determinar los miembros de aquél, que tienen derecho a
ser inscritos, con ocasión del mismo hecho victimizante aquí analizado, previa
verificación de su condición de víctimas, en los términos del artículo 3º de la
Ley 1448 de 2011[117].
7.2.9. De esta manera, la Sala de Revisión procederá
a revocar las sentencias proferidas el 12 de diciembre de 2017 por el Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta (Norte de Santander), en primera
instancia, y el 13 de agosto de 2018 por la Sala de Decisión Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta (Norte de Santander), en
segunda instancia, y en su lugar concederá el amparo de los derechos de la
señora Rocío del Socorro Acevedo de Marulanda y de su grupo familiar. En
consecuencia, ordenará a la UARIV que deje sin efectos la Resolución No.
2016-92824 del 4 de mayo de 2016 y emita acto administrativo en donde (i)
por los hechos del 19 de agosto de 2000, se reconozca a la señora Rocío del
Socorro Acevedo de Marulanda como víctima de desplazamiento forzado. Así mismo,
se reconozcan a los miembros del grupo familiar de la señora Rocío del Socorro
Acevedo de Marulanda, que, previa verificación de su condición en los términos
del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011[118]
por parte de la UARIV, tienen derecho a ser reconocidos como víctimas del
conflicto armado por el mismo hecho victimizante, y (ii) se les incluya
en el RUV.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Dentro
del Expediente T-7.309.987, REVOCAR las sentencias proferidas el 12 de
julio de 2018 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Cúcuta (Norte de Santander) y el 21 de agosto de 2018 por la
Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cúcuta
(Norte de Santander), y en su lugar CONCEDER el amparo de los derechos al
debido proceso y a la dignidad humana de la señora Ingrid Carolina Duarte
Calderón y de su grupo familiar.
Segundo.- ORDENAR la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
(UARIV) que, a partir de la notificación de esta providencia, deje sin
efectos la Resolución No. 2014-521500 del 9 de julio de 2014, y emita
acto administrativo en donde (i) por los hechos del 4 de noviembre de
2006, se reconozca a la señora Ingrid Carolina Duarte Calderón como
víctima del conflicto armado con ocasión del hecho victimizante de homicidio
del señor Alexander Duarte Calderón. Así mismo, se reconozcan a los
miembros del grupo familiar de la señora Ingrid Carolina Duarte Calderón, que,
previa verificación de su condición en los términos del artículo 3º de la Ley
1448 de 2011 por parte de la UARIV, tienen derecho a ser reconocidos como
víctimas del conflicto armado por el mismo hecho victimizante, y (ii) se
les incluya en el RUV.
Tercero.- Dentro
del Expediente T-7.056.288, REVOCAR las sentencias proferidas el 12 de
diciembre de 2017 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta (Norte
de Santander), y el 13 de agosto de 2018 por la Sala de Decisión Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta (Norte de Santander), y en su
lugar CONCEDER el amparo de los derechos al debido proceso y a la
dignidad humana de la señora Rocío del Socorro Acevedo de Marulanda y de su
grupo familiar.
Cuarto.- ORDENAR la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
(UARIV) que, a partir de la notificación de esta providencia, deje sin
efectos la Resolución No. 2016-92824 del 4 de mayo de 2016, y emita
acto administrativo en donde (i) por los hechos del 19 de agosto de
2000, se reconozca a la señora Rocío del Socorro Acevedo de Marulanda el
hecho victimizante de desplazamiento forzado. Así mismo, se reconozcan a
los miembros del grupo familiar de la señora Rocío del Socorro Acevedo de
Marulanda, que, previa verificación de su condición en los términos del
artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 por parte de la UARIV, tienen derecho a ser
reconocidos como víctimas del conflicto armado por el mismo hecho victimizante,
y (ii) se les incluya en el RUV.
Quinto.- LÍBRESE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991, para los efectos allí contemplados.
Comuníquese
y cúmplase.
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada Ponente
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con aclaración de voto
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Hechos ocurridos en el barrio San Rafael del municipio de Cúcuta
(Norte de Santander).
[2] Cuaderno de Primera Instancia, folio 1.
[3] Cuaderno de Primera Instancia, folio 44.
[4] Cuaderno de Primera Instancia, folio11.
[5] Cuaderno de Primera Instancia, folio 2.
[6] Cuaderno de Primera Instancia, folio 38.
[7] Cuaderno de Primera Instancia, folio 13.
[8] Cuaderno de Primera Instancia, folio 5.
[9] Cuaderno de Primera Instancia, folio 53.
[10] Cuaderno de Primera Instancia, folio 60.
[11] Cuaderno de Segunda instancia, folios 5-11.
[12] Cuaderno de Primera Instancia, folio 73.
[13] Cuaderno de Primera Instancia, folio 26.
[14] Cuaderno de Primera Instancia, folio 1.
[15] Cuaderno de Primera Instancia, folio 14.
[16] A la cual se encuentra adscrita la Asociación de Mujeres Campesinas
e Indígenas de Zulia (AMUCI).
[17] Cuaderno de Primera Instancia, folios 24-27.
[18] Cuaderno de Primera Instancia, folio 14.
[19] Cuaderno de Primera Instancia, folio 14. Declaración rendida por la
señora Rocío del Socorro Acevedo de Marulanda ante la Defensoría del Pueblo
Municipal de Cúcuta: “[y]o vivo en el municipio de El Zulia, Norte de
Santander, pertenezco a una asociación que, en ese tiempo teníamos como
dirigente a la señora Martha Hernández de la Asociación de Mujeres ANMUCI,
Asociación de Mujeres Campesinas, habían 15 como socias, vereda Borriquero del
municipio de El Zulia, estando ubicadas allí se habían hecho buenos proyectos
como cerdos, gallinas, pollos, fue asesinada junto con su esposo el 19 de
agosto de 2000, esto lo realizaron la AUC que eran los que operaban en esa
zona, después de esto, a la semana siguiente fuimos desplazadas todas las
socias del sitio denominado la casona, de ese sitio nos fuimos para el
municipio de El Zulia, todo el trabajo del proyecto que se estaba realizando se
perdió porque las AUC se llevaron todo y lo que no se llevaron lo destruyeron y
se tomaron el lugar (…) no volvimos por miedo a que nos mataran porque esa era
la consigna , que si aparecíamos por allá, no salíamos, que nos mataban en el
mismo sitio. Más tarde en el 2007 estuvo la señora Lucila Páez, retomamos la
asociación y luego nos desplazaron nuevamente (…). PREGUNTADO: ¿Sabe qué grupos
al margen de la ley operaban en la zona? CONTESTÓ: Para la zona operaban las
Autodefensas (…) Esa zona estaba tomada por las autodefensas o sea, habían
masacres y desplazamientos (…)  toda la gente que vivía allí salía corriendo de
miedo que los mataran o se les llevaran a sus hijos a esas filas. (…)
PREGUNTADO: ¿Quién la orientó para denunciar o declarar este hecho? CONTESTÓ:
Como organizamos nuevamente la asociación, estamos declarando como colectivo.
Además necesitamos que nos incluyan en los beneficios que da el gobierno para
personas que fuimos desplazadas por grupos al margen de la ley que delinquen en
nuestro país”.
[20] Cuaderno de Primera Instancia, folio 21.
[21] Cuaderno de Primera Instancia, folio 16.
[22] La Resolución refiere la expansión de grupos paramilitares en el
departamento de Norte de Santander en el periodo de 1997-2002.
[23] Cuaderno de Primera Instancia, folio 21.
[24] Cuaderno de Primera Instancia, folio 21.
[25] Cuaderno de Primera Instancia, folio 48-52.
[26] Cuaderno de Primera Instancia, folios 43-45.
[27] Advierte la Sala que la resolución del recurso de apelación se
emitió un día después del fallo de primera instancia de la presente acción de
tutela.
[28] Cuaderno de Primera Instancia.
[29] Cuaderno de Primera Instancia, folio 71.
[30] Cuaderno de Primera Instancia, folios  82-87. Dentro de la
documentación aportada por la accionante se encuentran impresas notas
periodísticas sobre el homicidio de la señora Martha Hernández en el Municipio
de El Zulia, así como una publicación del portal virtual de la UARIV titulado
“El ejemplo de Martha Hernández” http://www.unidadvictimas.gov.co/es/el-ejemplo-de-martha-hern%C3%A1ndez/13020
[31] Cuaderno de Revisión, folio 71.
[32] Cuaderno de Primera Instancia, folio 73.
[33] Cuaderno de Segunda Instancia, folio 11.
[34] En particular los artículos 86 y 241,
numeral 9, de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991.
[35] Sobre la legitimación por activa, el
artículo 86 de la Constitución Política y 1° del Decreto 2591 de 1991 establece
que toda persona tiene la facultad de incoar el amparo constitucional, por sí
misma o por quien actúe en su nombre, con el fin de reclamar ante los jueces la
protección inmediata de sus derechos fundamentales.
[36] La Resolución No. 201811133 del 23 de marzo de 2018
[37] Mediante la Resolución No. 2016-92824R del 08 de septiembre de 2016
[38] Este criterio fue aplicado por la Corte
Constitucional en la Sentencia T-115 de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos.
[39] Corte Constitucional, Sentencia T-211 de 2009. M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[40] Corte Constitucional, Sentencia T-293 de 2015. M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado. En esta oportunidad la Corte afirmó que “[d]esde la sentencia
T-025 de 2004, la Corte ha sostenido reiteradamente que las personas en
situación de desplazamiento, y en general todas las víctimas del conflicto armado,
son sujetos de especial protección constitucional. La violación constante de
sus derechos lleva a que estas personas se encuentren en una situación de
especial vulnerabilidad, por lo que requieren de la asistencia del Estado en su
conjunto. Esa ayuda debe estar encaminada no sólo al apoyo necesario para
garantizar la subsistencia de las víctimas, sino también a la estructuración de
proyectos que promuevan el desarrollo de esas personas en la sociedad, del
mismo modo se debe buscar garantizar el derecho de retorno de la población en
situación de desplazamiento en un ambiente de paz y seguridad”.
[41] Ver sentencias T-1346 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-098 de
2002. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-419 de 2003. M.P. Alfredo Beltrán
Sierra; T-985 de 2003. M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-1094 de 2004. M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa; T-813 de 2004. M.P. Rodrigo Uprimny Yepes; T-563 del
2005. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-882 del 2005. M.P. Álvaro Tafur
Galvis; T-1144 del 2005. M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-086 del 2006. M.P. Clara
Inés Vargas Hernández; T-468 del 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto;
T-821 de 2007. M.P. Catalina Botero; T-188 de 2007. M.P. Álvaro Tafur Galvis;
T-496 del 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-605 de 2008. M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra; T-391 de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-038 del 2009.
M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-042 de 2009. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[42] Ver, entre otras, sentencias T-163 de 2017. M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado; T-556 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa; T-293 de 2015.
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-834 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio; T-598 de 2014. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; y SU-254 de 2013.
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, así como lo establecido en el Auto 206 de 2017.
M.P. Gloria Stella Ortiz.
[43] Ver, entre otras, sentencias T-707 de 2014. M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez; T-598 de 2014. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-192 de
2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[44] Ver, entre otras, sentencias T-163 de 2017. M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado; T-573 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa; T-374 de 2015.
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-192 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio y T-025 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[45] Corte Constitucional, sentencias T-393 de 2018. M.P. Alberto Rojas
Ríos y T-163 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[46] Corte Constitucional, Auto 206 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortíz.
Ver además las sentencias T-042 de 2009. M.P. Jaime Córdoba Triviño y T-364 del
2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil, en donde la Corte sostuvo lo siguiente: “debido
a que no existe en el ordenamiento jurídico una acción judicial idónea y eficaz
para proteger los derechos fundamentales de la población víctima del fenómeno
del desplazamiento interno, la acción de tutela se revela como el mecanismo
adecuado para garantizar el goce efectivo de sus derechos mínimos”.
Sentencia T-364 del 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[47] Corte Constitucional, Sentencia T-869 de 2008. M.P. Mauricio González
Cuervo. Reiterado en el Auto 2016 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[48] Corte Constitucional, Auto 2016 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado. En el mismo sentido expresó la Corte: “[e]xisten casos
excepcionales en los cuales resulta desproporcionado exigir a las partes el
agotamiento previo de la totalidad de los recursos ordinarios – administrativos
o judiciales - como condición para acudir a la acción de tutela. Cuando se
trata de personas en situaciones de extrema exclusión y vulnerabilidad, tal
exigencia se convierte en una barrera desproporcionada de acceso a la
administración de justicia.”. Corte Constitucional. Sentencia T-821 de
2007. M.P. Catalina Botero.
[49] Corte Constitucional, Auto 2016 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado. En el mismo sentido manifestó la Corte: “Como reposa en el
expediente, en un primer momento el funcionario competente para valorar la
declaración denegó su solicitud. Interpuesto el recurso de reposición, el mismo
funcionario denegó nuevamente su solicitud. Así, parece que un recurso, como el
extraordinario de revocatoria directa, carece de la eficacia para lograr la
finalidad que se propone. Máxime si se advierte que la solicitud sería resuelta
por la misma entidad que dictó el acto administrativo y que resolvió la
reposición // En estas circunstancias, y en atención a la gravedad de la
situación de desarraigo y exclusión que se encuentra viviendo la actora, la
acción de tutela es el mecanismo procedente para garantizar los derechos
fundamentales conculcados”. Corte Constitucional. Sentencia T-821 de 2007.
M.P. Catalina Botero.
[50] Ver, entre otras, sentencias T-290 de 2016. M.P. Alberto Rojas
Ríos; T-556 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa; T-517 de 2014. M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio; T-692 de 2014. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
y  T-006 de 2014.M.P. Mauricio González Cuervo.
[51] Decisión que negó su inclusión en el RUV.
[52] El 23 de noviembre de 2017 la accionante presentó la acción de
tutela de la referencia.
[53] Una revisión en la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de
Seguridad Social en Salud, permite observar que, actualmente, la señor Rocío
del Socorro Acevedo de Marulanda se encuentra inscrita en el régimen subsidiado
de salud como cabeza de familia. Por su parte, la consulta en la base de datos
del Sisbén, permite observar que la accionante cuenta con un puntaje Sisbén
III=30.44.
[54] Indagación en las bases de datos con información que ayude a
esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acontecieron los
hechos victimizantes.
[55] Sobre esta materia, la Sala adoptará la recopilación sobre el derecho fundamental de las víctimas
del conflicto armado interino a la inclusión en el RUV, realizada en la
Sentencia T-068 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.
[56] Corte Constitucional, Sentencia SU-254 de 2013 M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[57] Ley 1448 de 2011, artículo 3: “Se consideran víctimas, para los
efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan
sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como
consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de
violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos
Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno” (…) Parágrafo 3
Para los efectos de la definición contenida en el presente artículo, no serán
considerados como víctimas quienes hayan sufrido un daño en sus derechos como
consecuencia de actos de delincuencia común”.
[58] Corte Constitucional, Sentencia T-274 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[59] Ley 1448 de 2011, artículo 3.
[60] Corte Constitucional, Sentencia C-069 de 2016. M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
[61] Declarado exequible por la Corte Constitucional mediante la
Sentencia C-253A de 2012. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[62] Corte Constitucional, ver entre otras, las sentencias C-781 de 2012.
M.P. María Victoria Calle Correa y C-253A de 2012. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
[63] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[64] Corte Constitucional, Sentencia C-253A de 2012. M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo.
[65] M.P. María Victoria Calle Correa.
[66] Corte Constitucional, Sentencia T-478 de 2017. M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
[67] Corte Constitucional, reglas reiteradas en la Sentencia T-478 de
2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[68] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector de Inclusión Social y Reconciliación. Norma que recopiló el Decreto 4800
de 2011.
[69] Decreto 4800 de 2011, artículo 16.
[70] Corte Constitucional, Sentencia T-274 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[71] Según la Directiva 001 del 4 de octubre de 2012, los elementos
técnicos hacen alusión a  “las características del lugar como
espacio-geográfico donde ocurrió un hecho victimizante, no sólo para establecer
el sitio exacto donde acaeció, sino también para detectar patrones regionales
del conflicto, no necesariamente circunscritos a la división político
administrativa oficial, sino a las características de las regiones afectadas en
el marco del conflicto armado. El tiempo de la ocurrencia de los hechos
victimizantes se tendrá en cuenta para establecer temporalmente las
circunstancias previas y posteriores a la ocurrencia del hecho, las cuales, al
ser analizadas en conjunto, brindarán mejores elementos para la valoración de
cada caso”.
[72] Según la Directiva 001 del 4 de octubre de 2012 mediante el
análisis contextual se busca “(i) conocer la verdad de lo sucedido; (ii)
evitar su repetición; (iii) establecer la estructura de la organización
delictiva; (iv) determinar el grado de responsabilidad de los integrantes del
grupo y de sus colaboradores; (v) unificar actuaciones al interior de la
Fiscalía con el fin de lograr esclarecer patrones de conducta, cadenas de mando
fácticas y de iure; y, (iv) emplear esquemas de doble imputación penal, entre
otros”. En consecuencia, no basta con presentar un simple recuento anecdótico
de los hechos, sino que debe desarrollarse una descripción detallada de
elementos históricos, políticos, económicos y sociales del lugar y tiempo en
que acontecieron los delitos; a la vez que debe analizarse el modus operandi de
la estructura criminal que presuntamente los cometió”.
[73] Decreto 4800 de 2011, artículo 37.
[74] “Artículo 155. Las víctimas deberán presentar una declaración
ante el Ministerio Público en un término de cuatro (4) años contados a partir
de la promulgación de la presente ley para quienes hayan sido victimizadas con
anterioridad a ese momento, y de dos (2) años contados a partir de la
ocurrencia del hecho respecto de quienes lo sean con posterioridad a la
vigencia de la ley, conforme a los requisitos que para tal efecto defina el
Gobierno Nacional. (…)”
[75] Corte Constitucional, Sentencia T-274 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[76] Corte Constitucional, Sentencia T-274 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[77] Corte Constitucional, ver, entre otras, Sentencias T-274 de 2018.
M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo; T-478 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado y T-517 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[78] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
[79] Corte Constitucional, Auto 119 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva. En esa oportunidad, la Sala Especial de Seguimiento expresó que no
resulta necesario que confluyan todos los criterios señalados por la
jurisprudencia constitucional respecto a la determinación de la existencia de
un conflicto armado, en el momento de evaluar si determinados daños ocasionados
por el accionar de las BACRIM se presentan en el marco de la confrontación
interna, habida cuenta de que esos parámetros son a título enunciativo e
indicativo.
[80] Corte Constitucional, ver, entre otras, Sentencias T-004 de 2014.
M.P. Mauricio González Cuervo; T-087 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; T-525 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada; y T-573 de 2015. M.P. María
Victoria Calle Correa.
[81] Ley 1448 de 2011, artículo 64.
[82]  Ley 1448 de 2011, artículos 155 y 156. Desarrollado por la Corte
Constitucional en Sentencia T-478 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[83] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[84] La Corte ha sostenido que en materia de desplazamiento
forzado es el Estado quien tiene la carga de probar que las declaraciones de la
persona no corresponden a la verdad. Por ejemplo, en Sentencia T-563 de 2005.
M.P Marco Gerardo Monroy Cabra,  la Corte indicó algunas
pautas que deben guiar la valoración de las declaraciones de quienes solicitan
la inscripción en el Registro Único de Víctimas (Antes Registro Único de
Población Desplazada). En aquella oportunidad sostuvo: “en primer
lugar,  debe presumirse la buena fe de los peticionarios, no sólo en
virtud del artículo 83 de la Carta, sino en atención a los factores antes
citados, lo cual conlleva un desplazamiento de la carga de la prueba hacia la
dependencia de la Red encargada del registro. En segundo lugar, ha indicado que
en caso de duda sobre la veracidad de los hechos declarados, debe favorecerse
al desplazado, sin perjuicio de que una vez que se le ha comenzado a brindar
asistencia se revise su caso y se tomen las medidas que correspondan. Para
terminar, ha afirmado que la Red no puede negar la inscripción de una persona
en el RUPD por el simple hecho de encontrar contradicciones en sus
declaraciones. En estos eventos, la Corte ha señalado que, en tanto se invierte
la carga de la prueba, le corresponde a la Red probar que las declaraciones del
peticionario son falsas, de manera que sin tal prueba no puede negar el
registro y la entrega de las ayudas. Por último y en concordancia con lo
anterior, si una persona desplazada afirma haber realizado una declaración
sobre los hechos que dieron lugar a su traslado y aporta certificación al
respecto proveniente de una de las autoridades previstas en la ley 387 de 1997
para realizar tal labor, la Red de Solidaridad debe presumir que el documento es
verdadero y debe dar trámite a la solicitud de inscripción. En este orden, si
la declaración no fue remitida a una de sus unidades territoriales, no podrá
concluir sin prueba adicional, que la declaración no se realizó, sino que
tendrá que tomar una nueva declaración al peticionario y efectuar su respectiva
valoración.”
[85]  Ley 1448 de 2011. “ARTÍCULO 5o. PRINCIPIO DE BUENA FE.
El Estado presumirá la buena fe de las víctimas de que trata la presente ley.
La víctima podrá acreditar el daño sufrido, por cualquier medio legalmente
aceptado. En consecuencia, bastará a la víctima probar de manera sumaria el
daño sufrido ante la autoridad administrativa, para que esta proceda a
relevarla de la carga de la prueba. // En los procesos en los que se resuelvan
medidas de reparación administrativa, las autoridades deberán acudir a reglas
de prueba que faciliten a las víctimas la demostración del daño sufrido y
aplicarán siempre el principio de buena fe a favor de estas. // En los procesos
judiciales de restitución de tierras, la carga de la prueba se regulará por lo
dispuesto en el artículo 78 de la presente Ley”.
[86] Corte Constitucional, Sentencia 142 de 2017. M.P. María Victoria
Calle Correa.
[87] Corte Constitucional, Sentencia T-142 de 2017. M.P. María Victoria
Calle Correa.
[88] Corte Constitucional, Sentencia T-196 de 2017. M.P. José Antonio
Cepeda, reiterado en el Auto 206 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[89] Corte Constitucional, Auto 206 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[90] Corte Constitucional, Auto 206 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado. Argumento reiterado en la Sentencia T-377 de 2017. M.P. Alejandro
Linares Cantillo.
[91] Ratificada por Colombia mediante Ley 51 de 1981.
[92] Ratificada por Colombia mediante Ley 248 de 1995. Los artículos 1º
y 2º establecen la definición y el ámbito de aplicación: “Artículo 1. Para
los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer
cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público
como en el privado. // Artículo 2. Se entenderá que violencia contra la mujer
incluye la violencia física, sexual y psicológica: // a. que tenga lugar dentro
de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya
sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer,
y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; // b. que
tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que
comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas,
prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como
en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar,
y || c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera
que ocurra.” OEA.
[93] Artículo 2º de la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las
Naciones Unidas (1979) yArtículo 7º de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (“Convención de Belem Do Pará”) (1994).
[94] ONU. Secretario General de las Naciones Unidas. “Poner Fin a la
Violencia contra la Mujer. De las palabras a los hechos”. Estudio del
Secretario General de Naciones Unidas (2007).
[95] Corte Constitucional; Sentencia T-126 de 2018. M.P. Cristina Pardo
Schlesinger.
[96] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Decisión en la que se declara el
estado de cosas inconstitucional en cuanto al desplazamiento interno forzado, a
causa del conflicto armado.
[97] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Decisión que tiene como propósito
la protección de los derechos fundamentales de las mujeres desplazadas por el
conflicto armado en el país, y la prevención del impacto de género
desproporcionado del conflicto armado y del desplazamiento forzado.
[98] Esta postura ha sido reiterada en las sentencias SU-254 de 2013.
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Decisión en la que se trató el derecho a la
reparación de las víctimas de conflicto armado, reconociendo el enfoque
diferencial de género por la especial afectación de mujeres víctimas de
desplazamiento forzado; y T-126 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger. En un
caso de violencia sexual contra una mujer en el marco del conflicto armado.
[99] Corte Constitucional, Auto 92 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[100] Corte Constitucional, Auto 92 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[101]Corte Constitucional, Auto 92 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[102]Corte Constitucional, Auto 92 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[103] Estos actos criminales también se han dirigido contra los miembros
de las familias o las personas allegadas a las mujeres que adquieren visibilidad
por sus actividades públicas.
[104] Corte Constitucional, Auto 92 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[105] Así lo establece el artículo 3 de la Convención Interamericana para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer: “Toda mujer
tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en
el privado”, así como el Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer en su Recomendación General No. 19 sobre “La violencia
contra la mujer” (Documento ONU A/47/38. 1992), en la cual señaló como
primera medida que “la violencia contra la mujer es una forma de
discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie
de igualdad con el hombre”
[106] Corte Constitucional, Sentencia C-259 de 2007. M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa. “El Derecho Internacional Humanitario provee especiales
garantías para prevenir la violencia contra las mujeres en el contexto de un
conflicto armado interno, como el colombiano. Por una parte, las mujeres son
titulares de (a) las distintas salvaguardas provistas por el principio de
distinción –el cual es obligatorio para el Estado colombiano por su doble
naturaleza de norma convencional y consuetudinaria de derecho internacional,
además de ser una norma de ius cogens, que incluyen la prohibición de
dirigir ataques contra la población civil o contra personas civiles, y la
prohibición de llevar a cabo actos dirigidos a aterrorizar a la población
civil; y (b) diversas garantías fundamentales que forman parte del principio
humanitario –igualmente convencional y consuetudinario en su naturaleza, y así
mismo con rango de norma de ius cogens, entre las cuales
sobresalen (i) la prohibición de la discriminación en la aplicación del
Derecho Internacional Humanitario, (ii) la prohibición del homicidio, (iii) la
prohibición de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos y degradantes,
(iv) la prohibición de los castigos corporales y los suplicios, (v) la prohibición
de las mutilaciones, (vi) la prohibición de la violencia de género, de la
violencia sexual, de la prostitución forzada y de los atentados contra el
pudor; (vii) la prohibición de la esclavitud y de la trata de esclavos, (viii)
la prohibición del trabajo forzado no retribuido o abusivo, (ix) la prohibición
de las desapariciones forzadas, (x) la prohibición de la privación arbitraria
de la libertad, (xi) la prohibición de los castigos colectivos, (xii) la
obligación de respetar la vida familiar, (xiii) la obligación de proteger los
derechos de las mujeres afectadas por los conflictos armados, (xiv) la
obligación de proteger los derechos especiales de las niñas afectados por los
conflictos armados, junto con la prohibición de reclutamiento forzado de niñas
y la prohibición de permitir la participación directa de niñas en las
hostilidades, y (xv) la obligación de respetar los derechos especiales de las
ancianas y mujeres con discapacidad afectados por los conflictos armados”.
[107] Las autoridades administrativas se encuentran facultadas
para remover del mundo jurídico sus propios actos ya sean de carácter general y
abstracto o particular y concreto, de oficio o a solicitud de parte, en los
siguientes eventos: (i) cuando sea manifiesta su oposición a la
Constitución Política o a la ley; (ii) cuando no estén conformes con el
interés público o social, o atenten contra él; y (iii) cuando con ellos
se cause agravio injustificado a una persona.
[108] Corte Constitucional, ver, entre otras, sentencias T-274 de 2018.
M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo; T-478 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado y T-517 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[109] Ley 1448 de 2011. “Artículo 3. Se consideran víctimas, para los
efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan
sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de
1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o
de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos
Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. // También
son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo
sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de
la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere
desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el
segundo grado de consanguinidad ascendente. (…)” Los apartes subrayados
fueron declarados CONDICIONALMENTE EXEQUIBLES por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-052 de 2012. M.P. Nilson Pinilla Pinilla, “en
el entendido de que también son víctimas aquellas personas que hubieren sufrido
un daño, en los términos del inciso primero de dicho artículo”.
[110] Ley 1448 de 2011. “Artículo 3. Se consideran víctimas, para los
efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan
sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de
1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o
de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos
Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. // También
son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo
sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de
la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere
desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el
segundo grado de consanguinidad ascendente. (…)” Los apartes subrayados
fueron declarados CONDICIONALMENTE EXEQUIBLES por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-052 de 2012. M.P. Nilson Pinilla Pinilla, “en
el entendido de que también son víctimas aquellas personas que hubieren sufrido
un daño, en los términos del inciso primero de dicho artículo”.
[111] Cuaderno de Primera Instancia, folio 14.
[112] A la cual se encuentra adscrita la Asociación de Mujeres Campesinas
e Indígenas de Zulia (AMUCI).
[113] Cuaderno de Primera Instancia, folios 82-89.
[114] “El ejemplo de Martha Hernández (…) La capacidad de liderazgo de
esta mujer, que se encargaba de organizar 17 de las 32 veredas que componen El
Zulia, y que desde un primer momento de Anmucic en la zona, se destacó como
presidenta municipal de la organización, le impulsaron a postularse como
candidata al concejo de El Zulia. Sin embargo, las aspiraciones políticas
llegaron un par de años después que los paramilitares al Catatumbo y el 19 de
agosto de 2000, fue asesinada junto a su esposo Leonidas Quintero” Unidad
para las Víctimas, fuente: http://www.unidadvictimas.gov.co/es/el-ejemplo-de-martha-hern%C3%A1ndez/13020
. La información sobre este contenido en el portal virtual de la UARIV, fue
aportada por la demandante en el trámite de tutela, y está contenida
documentalmente en el folio 82 del Cuaderno de Primera Instancia.
[115] Cuaderno de Primera Instancia, folio 73. La accionante presentó
como prueba constancia emitida por la Asociación de Mujeres Campesinas e
Indígenas de El Zulia, acreditando la pertenencia de la accionante a la
Asociación desde el año 1998.
[116] Corte Constitucional, ver, entre otras, Sentencias T-274 de 2018.
M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo; T-478 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado y T-517 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[117] Ley 1448 de 2011. “Artículo 3. Se consideran víctimas, para los
efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan
sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero
de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario
o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos
Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. //
También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del
mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de
la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere
desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el
segundo grado de consanguinidad ascendente.” Los apartes subrayados fueron
declarados CONDICIONALMENTE EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-052 de 2012. M.P. Nilson Pinilla Pinilla, “en el
entendido de que también son víctimas aquellas personas que hubieren sufrido un
daño, en los términos del inciso primero de dicho artículo”.
[118] Ley 1448 de 2011. “Artículo 3. Se consideran víctimas, para los
efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan
sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de
1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o
de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos
Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. // También
son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo
sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de
la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere
desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el
segundo grado de consanguinidad ascendente. (…)” Los apartes subrayados
fueron declarados CONDICIONALMENTE EXEQUIBLES por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-052 de 2012. M.P. Nilson Pinilla Pinilla, “en
el entendido de que también son víctimas aquellas personas que hubieren sufrido
un daño, en los términos del inciso primero de dicho artículo”.