C-013-93
Sentencia
No
Sentencia
C-013/93
LEY-Trámite/REGLAMENTO DEL CONGRESO
En lo que
respecta al trámite legislativo, la interpretación correcta de los términos
"discusión y debate" es la que se ajusta a las definiciones legales
establecidas por el Reglamento del Congreso y no la del sentido natural y obvio
de dichas expresiones según su uso general. Tanto el debate como la discusión
exigidas por el Reglamento del Congreso y por el artículo 81 de la anterior
Carta Política se cumplieron a cabalidad durante el trámite legislativo del
proyecto de la Ley 01 de 1991, puesto, que ciertamente tanto en las sesiones en
comisión como en las plenarias, se dió debate al articulado del proyecto,
concluyendo con su aprobación. Se agrega que la votación "a
pupitrazo", correspondía a un procedimiento autorizado por el Reglamento
del Congreso para la adopción de proyectos de ley. No toda violación a las
normas de los Reglamentos Internos de las Cámaras acarrea un vicio de
inconstitucionalidad. Este solo procede en los casos en que la Constitución
remite expresamente a ellos para señalar el procedimiento legislativo.
LEY
ESTATUTARIA-Contenido
Las leyes
estatutarias están encargadas de desarrollar los textos constitucionales que
reconocen y garantizan los derechos fundamentales. No fueron creadas dentro del
ordenamiento con el fin de regular en forma exhaustiva y casuística todo evento
ligado a los derechos fundamentales.
LEY ORDINARIA
El Congreso
utilizó la vía adecuada para expedir la Ley 01 de 1991, no siendo lo regulado
en ella materia de una ley estatutaria, y bien podía  otorgar facultades
extraordinarias al Ejecutivo con miras a la regulación precisa de las
cuestiones laborales surgidas con la liquidación de la Empresa, al igual que
para la creación del Fondo de Pasivo Social y la regulación del régimen de
transición para el pago de los pasivos laborales, no siendo estas materias
excluídas de la concesión de facultades extraordinarias al Presidente en los
términos del artículo 150-10. En todo caso cabe agregar que la Ley 01 de 1991
se expidió con anterioridad a la vigencia de la Nueva Constitución Política y
no se puede pretender aplicar retroactivamente el repertorio de la nueva tipología
legal contemplada en la Constitución.
TRANSITO
CONSTITUCIONAL/FACULTADES EXTRAORDINARIAS-Vigencia
La entrada en
vigor de la nueva Constitución, portadora de la reducción a seis meses del
límite temporal de la concesión de facultades extraordinarias, no pudo entrañar
la automática derogatoria de las leyes de facultades anteriores a su vigencia
que contemplaban un período de utilización mayor y cuyo vencimiento se
proyectaba con posterioridad a ella.
LEY MARCO
SALARIAL/FACULTADES EXTRAORDINARIAS
La Carta se
refiere a una ley que debe trazar los principios y límites para la regulación
de las referidas materias con carácter general por parte del Ejecutivo. Los
reglamentos que dicte el Ejecutivo revisten cierto grado de generalidad. Sus
destinatarios serán el universo de los trabajadores o una categoría más o menos
extensa de los mismos. La regulación del monto de las indemnizaciones y de las
pensiones de jubilación de los trabajadores oficiales y de los empleados
públicos de Colpuertos, lejos de ser una regulación genérica, se circunscribe
al caso específico de la liquidación de Puertos de Colombia, decidida por el
Congreso, dentro de las facultades que le confiere el artículo 150-7 de la
Carta y, por ello, perfectamente atribuible al Ejecutivo, tanto a la luz del
anterior ordenamiento constitucional como del ahora vigente.
DERECHOS
COLECTIVOS-Vulneración/CONVENCION
COLECTIVA/COLPUERTOS
El Gobierno
Nacional, al dictar con posterioridad a la fecha de la firma de las
convenciones, un decreto que reduce los derechos pensionales de los
trabajadores sindicalizados, ha desconocido los derechos adquiridos con arreglo
a la ley, pieza capital de nuestro ordenamiento jurídico que aparece en la
nueva Carta Fundamental en el inciso primero del art. 58. Se produce además una
transgresión explícita del ordenamiento constitucional vigente. Sin que tenga
relevancia el rango de las normas que contienen el régimen más favorable, es
claro que el Decreto 035 de 1992 viola el art. 53 de la Constitución Política,
que prohibe al legislador, y a los contratantes  "menoscabar" los
derechos de los trabajadores. Lo ganado en una convención colectiva significa
un derecho en sí mismo para el trabajador, que en algún momento de su vida de
trabajo se verá confrontado con la realización de la hipótesis normativa. Pero,
además, es derecho actual y no mera expectativa pues se trata de una conquista
de ese conjunto específico de trabajadores que labora en Colpuertos.
DERECHO DE
NEGOCIACION COLECTIVA-Vulneración/DERECHO
DE ASOCIACION SINDICAL-Vulneración
Se configura una
violación al derecho a la negociación colectiva porque el Gobierno, al expedir
el Decreto desconoció el poder vinculante de las convenciones colectivas, como
mecanismos creadores de normas jurídicas obligatorias para las partes. El
quebrantamiento del canon constitucional que consagra el derecho a la
negociación colectiva  lleva ineludiblemente a la infracción de la norma que
protege el derecho a la asociación sindical por tratarse de dos derechos
ligados entre sí, ya que la negociación colectiva es consecuencia de la
existencia de sindicatos que adelanten la negociación por parte de los
trabajadores.
EMBARGABILIDAD
DEL PRESUPUESTO
El derecho al
trabajo, por su especial protección en la Carta y por su carácter de valor
fundante del Estado social de derecho, merece una especial protección respecto
de la inembargabilidad del presupuesto. En aquellos casos en los cuales la
efectividad del pago de las obligaciones dinerarias a cargo del Estado surgidas
de las obligaciones laborales, solo se logre mediante el embargo de bienes y
rentas incorporados el presupuesto de la Nación, este será embargable en los
términos del artículo 177 del C.C.A.
IGUALDAD ANTE LA
LEY/IGUALDAD FORMAL/IGUALDAD MATERIAL
El principio de
la igualdad es objetivo y no formal; él se predica de la identidad de los
iguales y de la diferencia entre los desiguales. Se supera así el concepto de
igualdad de la ley a partir de la igualdad abstracta, por el concepto de la
generalidad concreta, que concluye con el principio según el cual no se permite
regulación diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente
normación a supuestos distintos. Con este concepto sólo se autoriza un trato
diferente si está razonablemente justificado. La liquidación de la Empresa
Puertos de Colombia no puede asimilarse a la liquidación de cualquier empresa,
ni mucho menos puede pretenderse que la situación de sus trabajadores se
homologe a la situación de trabajadores en empresas que no estén sufriendo un
proceso de liquidación. Por ello no se encuentra que haya sido vulnerado el
principio de la igualdad.
REF: Demanda  No.
D-054/D-073
Actores: César
Castro Perdomo y Marcel Silva Romero
Demanda de
inconstitucionalidad contra la Ley 01 de 1991 y contra los Decretos 035, 036 y
037 de 1992 expedidos con base en las facultades extraordinarias del artículo
37 de la Ley 01 de 1991
Estatuto de
Puertos Marítimos
Magistrado
Ponente
EDUARDO CIFUENTES
MUÑOZ
Santa Fe de Bogotá,
D.C., Enero 21 de 1993
Aprobado por Acta
No. 03
La Sala Plena de la
Corte Constitucional integrada por su Presidente Simón Rodríguez Rodríguez y
por los Magistrados Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio
Hernández Galindo, Fabio Morón Díaz, Alejandro Martínez Caballero y Jaime Sanín
Greiffenstein
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
Ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
En el proceso ordinario
de constitucionalidad contra la Ley 01 de 1991 y contra los Decretos Leyes 35,
36 y 37 de 1992, dictados en ejercicio de facultades extraordinarias otorgadas
en el artículo 37 de la Ley 01 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1. TRANSCRIPCION
DE LAS NORMAS ACUSADAS
El tenor literal de
la Ley 01 de 1991 es el siguiente:
ESTATUTO DE
PUERTOS MARITIMOS
LEY 01 de 1991
(enero 10)
por la cual se expide el Estatuto de
Puertos Marítimos y se dictan otras disposiciones
El Congreso de Colombia,
DECRETA:
CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artículo 1º
Principios generales...
...
Artículo 37.
Facultades extraordinarias. Revístese de facultades extraordinarias al
Presidente de la República, por el término de un año contado a partir de la
publicación de la presente Ley, para:
37.1. Crear un
Fondo, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio,
cuyo objeto consistirá en atender, por cuenta de la Nación, los pasivos y
obligaciones a los que se refieren los artículos 35 y 36 de esta Ley. En uso de
tales facultades el Presidente podrá definir la naturaleza jurídica del Fondo;
determinar su estructura, administración y recursos; el régimen de sus actos y
contratos; y sus relaciones laborales. Los recursos del Fondo provendrán de apropiaciones
presupuestales, de la venta de las acciones a las que se refiere el inciso
quinto del artículo 35, de la parte de las tarifas que cobren las sociedades
portuarias oficiales con destino a este propósito, y de los demás recursos que
reciba a cualquier título.
37.2. Dictar
normas especiales sobre contratación, régimen laboral y de presupuesto para la
liquidación de la Empresa Puertos de Colombia, para la formación de las
sociedades portuarias regionales de que tratan los artículos 34, 35 y 36 de
esta Ley, y para asegurar la protección del empleo de que trata el artículo 36.
...
Artículo 48.
Vigencia. La presente Ley rige a partir de su promulgación.
Dada en Bogotá,
D.E., a los diez (10) días del mes de enero de 1991.
10 de enero de
1991.
(El texto completo
de la Ley aparece a folio 61 del cuaderno principal)
El tenor literal del
Decreto Ley 035 de 1992 es el siguiente:
DECRETO NUMERO 035 DE 1992
(enero 3)
por el cual se dictan normas sobre el
régimen laboral de la Empresa Puertos
de Colombia, en liquidación
El Presidente de la República de Colombia,
en ejercicio de las facultades
extraordinarias que le confiere el
artículo 37 de la Ley 1ª de 1991,
DECRETA:
TITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º. La
Junta Directiva de la Empresa Puertos de Colombia suprimirá los cargos vacantes
y los desempeñados por servidores públicos de acuerdo con el programa de
supresión de empleos que apruebe la misma Junta Directiva, siguiendo las pautas
que establezca la Comisión de Empleo de que trata el artículo 36 de la Ley 1ª
de 1991, dentro del proceso de la liquidación.
Al vencimiento
del término de la liquidación de la Empresa quedarán automáticamente suprimidos
los cargos todavía existentes en la misma.
Artículo 2º La
supresión de los cargos desempeñados por servidores públicos implica la
terminación de los contratos de trabajo de los trabajadores oficiales y de la
relación legal y reglamentaria de los empleados públicos.
La eventual
vinculación que se ofrezca a los servidores públicos de la Empresa Puertos de
Colombia, en liquidación, en otras entidades públicas, mixtas o privadas deberá
hacerse mediante la suscripción de un nuevo contrato de trabajo o un nuevo
nombramiento.
Artículo 3º El
reconocimiento de la pensión de jubilación, invalidez o vejez establecida en
las leyes vigentes y en las normas que se expidan en ejercicio de las
facultades extraordinarias de la Ley 1ª de 1991, a que tengan derecho los
servidores públicos, significará la terminación de su respectivo contrato de trabajo
y vinculación legal y reglamentaria.
Artículo 4º Los
cargos que por necesidades del servicio o de la liquidación no sean suprimidos,
serán provistos por el liquidador de la Empresa con el visto bueno de la Junta
Directiva.
El liquidador de
la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación, con autorización de la Junta
Directiva, podrá ordenar el traslado de servidores públicos a otro cargo o
sede, en cuyo caso se reconocerán y pagarán los gastos que el traslado ocasione
al empleado.
Título II
De los trabajadores oficiales
Capítulo I
De las pensiones
Artículo 5º Los
trabajadores oficiales que a la fecha de publicación del presente Decreto o
durante el período de liquidación, cumplan una edad de cincuenta y cinco (55)
años o más los hombres y cincuenta (50) años o más las mujeres y tiempo de
servicio igual o superior a veinte (20) años en el sector público o privado y
no menos de diez (10) años, continuos o discontinuos en la Empresa, tendrán
derecho a la pensión de jubilación.
Se garantizan los
derechos adquiridos a la fecha de publicación de este Decreto.
Artículo 6º Los
trabajadores oficiales que a la fecha de publicación de este Decreto tuvieren
veinte (20) años o más de servicios en la Empresa, tendrán derecho sin
consideración a la edad, a pensión de jubilación proporcional correspondiente
al tiempo de servicio, así:
a) Veinte (20)
años, sesenta y cuatro por ciento (64%) del salario promedio;
b) Veintiún (21)
años, sesenta y cinco por ciento (65%) del salario promedio;
c) Veintidós (22)
años, sesenta y seis por ciento (66%) del salario promedio;
d) Veintitrés
(23) años, sesenta y siete por ciento (67%) del salario promedio;
e) Veinticuatro
(24) años, sesenta y ocho por ciento (68%) del salario promedio; y así sucesivamente,
sin sobrepasar del setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio, el
valor de la pensión.
El trabajador
oficial que se pensione acogiéndose a este régimen tendrá derecho a la pensión
de jubilación ordinaria del setenta y cinco por ciento (75%) del salario
promedio causado en el último año de servicio, con los reajustes anuales
pertinentes, al cumplir cincuenta y cinco (55) años de edad los hombres y
cincuenta (50) años de edad las mujeres.
Artículo 7º Las
pensiones de liquidación se liquidarán con base en el salario promedio causado
durante el último año de servicios del trabajador. Para efectos de su
reconocimiento y pago se tendrá en cuenta exclusivamente los factores
salariales a que se refiere el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
Artículo 8º Las
pensiones de jubilación, invalidez y vejez serán reajustadas en las mismas
fechas en que se decrete cualquier aumento del salario mínimo legal.
El reajuste de
las mismas pensiones se efectuará de conformidad con las normas legales que
regulan la materia.
Capítulo II
De las indemnizaciones
Artículo 9º Los
trabajadores oficiales a quiénes en desarrollo de la liquidación se les suprima
el cargo tendrán derecho a la siguiente indemnización:
Años de servicio                              Nº
de días de Salario promedio
Hasta 1 año
63 días
1   año  o  más
y  menos  de  2 años
81 días
2   años o  más
y  menos  de  3 años
99 días
3   años o  más
y  menos  de  4 años                          117 días
4   años o  más
y  menos  de  5 años                          141 días
5   años o  más
y  menos  de  6 años                          165 días
6   años o  más
y  menos  de  7 años                          189 días
7   años o  más
y  menos  de  8 años                          213 días
8   años o  más
y  menos  de  9 años                          237 días
9   años o  más
y  menos  de 10 años                         450 días
10  años o  más
y  menos  de 11 años                        495 días
11  años o  más
y  menos  de 12 años                        540 días
12  años o  más
y  menos  de 13 años                        585 días
13  años o  más
y  menos  de 14 años                        630 días
14  años o  más
y  menos  de 15 años                        675 días
15  años o  más
y  menos  de 16 años                        720 días
16  años o  más
y  menos  de 17 años                        765 días
17  años o  más
y  menos  de 18 años                        810 días
18  años o  más
y  menos  de 19 años                        855 días
19  años o  más
y  menos  de 20 años                        900 días
Las pensiones son
incompatibles con las indemnizaciones. Si se paga una indemnización y luego se
reclama y obtiene una pensión, el monto cubierto por indemnización más
intereses liquidados a la tasa de interés corriente bancario, se descontará
periódicamente de la pensión, en el menor número de mesadas legalmente posible.
Parágrafo. Para
la liquidación de las indemnizaciones se tendrá en cuenta el salario promedio
causado, calculado de acuerdo con lo establecido en el artículo 7º del presente
Decreto.
Artículo 10º Las
indemnizaciones de que trata el artículo anterior serán reconocidas y pagadas
por la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación, o por el Fondo del Pasivo
Social que se cree en virtud de las facultades del artículo 37 de la Ley 1ª de
1991, una vez éste asuma dicha obligación.
Título III
De los empleados públicos
Capítulo I
De las pensiones
Artículo 11. Los
empleados públicos que a la fecha de publicación del presente Decreto o durante
el período de liquidación, tuvieren una edad de cincuenta y cinco (55) años o
más, los hombres y cincuenta (50) años o más, las mujeres, y tiempo de servicio
igual o superior a veinte (20) años en el sector público o privado y no menos
de diez (10) años, continuos o discontinuos en la Empresa, tendrán derecho a la
pensión de jubilación.
Artículo 12. Los
empleados públicos que a la fecha de publicación del presente Decreto tuvieren
veinte (20) años o más de servicios a la Empresa, tendrán derecho sin
consideración a la edad, a pensión de jubilación proporcional correspondiente
al tiempo de servicio, así:
a) Veinte (20)
años, sesenta y cuatro por ciento (64%) del salario promedio;
b) Veintiún (21)
años, sesenta y cinco por ciento (65%) del salario promedio;
c) Veintidós (22)
años, sesenta y seis por ciento (66%) del salario promedio;
d) Veintitrés
(23) años, sesenta y siete por ciento (67%) del salario promedio;
e) Veinticuatro
(24) años, sesenta y ocho por ciento (68%) del salario promedio; y así
sucesivamente, sin sobrepasar del setenta y cinco por ciento (75%) del salario
promedio, el valor de la pensión.
El empleado
público que se pensione acogiéndose a este régimen tendrá derecho a la pensión
de jubilación ordinaria del setenta y cinco por ciento (75%) del salario
promedio devengado en el último año de servicio, con los reajustes anuales
pertinentes, al cumplir cincuenta y cinco (55) años de edad los hombres y
cincuenta (50) años de edad las mujeres.
Artículo 13. Para
la liquidación de las pensiones de los empleados públicos se aplicarán los
factores salariales establecidos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
Artículo 14. Las
pensiones de jubilación se liquidarán con base en el salario promedio causado
durante el último año de servicios del empleado.
Las pensiones de
jubilación, invalidez y vejez de los empleados públicos serán reajustadas de
acuerdo con las disposiciones legales aplicables para el efecto.
Capítulo II
De las bonificaciones
Artículo 15. Los
empleados públicos a quiénes en desarrollo de la liquidación se les suprimiere
el cargo, tendrán derecho a recibir las bonificaciones establecidas en el
Decreto 1660 de 1991.
Artículo 16. Las
pensiones son incompatibles con las bonificaciones. Si se paga una bonificación
y luego se reclama y obtiene una pensión, el monto cubierto por bonificación más
intereses liquidados a la tasa de interés corriente bancario, se descontará
periódicamente de la pensión en el menos número de mesadas legalmente posible.
Artículo 17. Las
bonificaciones especiales de que tratan los artículos anteriores serán
reconocidas y pagadas por la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación o por
el Fondo del Pasivo Social que se cree en virtud de las facultades del artículo
37 de la Ley 1ª de 1991, una vez éste asuma dicha obligación.
Parágrafo. Para
la liquidación de las bonificaciones se tendrá en cuenta el salario promedio
causado, calculado en la forma establecida en los artículos 13 y 14 del
presente Decreto.
Título IV
De la comisión de promoción de empleo
Artículo 18. Con
el fin de asegurar la protección del empleo de que trata el artículo 36 de la
Ley 1ª de 1991, créase una Comisión de Promoción de Empleo, compuesta por las
siguientes personas:
a) El Ministro de
Obras Públicas y Transporte o su delegado, quien la presidirá;
b) El Ministro de
Trabajo y Seguridad Social o su delegado;
c) El Director
del Departamento Administrativo del Servicio Civil o su delegado;
d) Un
representante de las organizaciones sindicales de la Empresa Puertos de
Colombia, en liquidación, designado por el Ministro de Obras Públicas y
Transporte,
El liquidador de
la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación, asistirá con voz pero sin voto.
Actuará como
secretario de la Comisión el funcionario que para el efecto designe el Jefe del
Departamento Administrativo del Servicio Civil.
Artículo 19. Son
funciones de la Comisión de Promoción de Empleo, las siguientes:
a) Hacer acuerdos
con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, para capacitar a los servidores
públicos cesantes en oficios alternativos;
b) Hacer acuerdos
con la Corporación Financiera Popular para obtener los recursos financieros
tendientes a la formación de empresas de operadores portuarios por parte de los
servidores de la Empresa Puertos de Colombia;
c) Asesorar a los
servidores públicos cesantes en la búsqueda de empleo y en la formación de las
empresas de que trata el literal anterior;
d) Señalar al
liquidador de la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación, y a la Junta
Directiva, las pautas para la supresión de cargos y el pago de las
correspondientes indemnizaciones.
Título V
Disposiciones varias
Artículo 20. Las
pensiones a que se refiere el presente Decreto serán reconocidas y pagadas por
la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación, o por el Fondo de Pasivo Social
que se cree en desarrollo de las facultades extraordinarias del artículo 37 de
la Ley 1ª de 1991, los cuales tendrán derecho a repetir contra las anteriores
entidades empleadoras para el cobro de las cuotas partes pensionales que se
deriven del reconocimiento de las pensiones.
Artículo 21. Los
procesos que instauren quiénes al momento de su desvinculación de la empresa
ocupen cargos clasificados como de dirección o confianza de acuerdo con los
estatutos de la misma, serán de conocimiento exclusivo de la jurisdicción
Contencioso - Administrativa.
Artículo 22. Las
sentencias proferidas en contra de la Empresa Puertos de Colombia, en
liquidación, que dispongan el reintegro del demandante quedarán cumplidas
mediante el pago de las condenas económicas liquidadas hasta la fecha de
ejecutoria de la sentencia, sin que haya lugar al reintegro dada la liquidación
de la entidad.
Artículo 23. De
las condenas a que hubiere lugar en los procesos judiciales que se sigan o que
se estén siguiendo contra la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación,
responderá dicha empresa mientras el Fondo de Pasivo Social asume la obligación
de atenderlos.
Artículo 24. La
liquidación de la Empresa Puertos de Colombia es justa causa para dar por
terminados los contratos de trabajo, de conformidad con el artículo 5º, literal
e) de la Ley 50 de 1990.
Artículo 25. El
tiempo de servicio para efectos del reconocimiento de las pensiones de
jubilación se acreditará de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
Artículo 26. El
presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y
cúmplase.
Dado en Santa Fe
de Bogotá, D.C., a 3 de enero de 1992.
CESAR GAVIRIA
TRUJILLO
El Ministro de
Obras Públicas y Transporte,
Juan Felipe
Gaviria Gutiérrez.
El Viceministro
de Hacienda y Crédito Público, Encargado de las funciones del Despacho del
Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Héctor José
Cadena Clavijo.
El Ministro de
Trabajo y Seguridad Social,
Francisco Posada
de la Peña.
El tenor literal del
Decreto Ley 036 de 1992 es el siguiente:
DECRETO NUMERO 0036 DE 1992
(enero 3)
por el cual se crea el Fondo de Pasivo
Social de la Empresa Puertos de Colombia,
en liquidación, se determina su
estructura, organización y funcionamiento
El Presidente de la República de Colombia,
en ejercicio de las facultades extraordinarias
que le confiere el artículo 37 de la Ley 1ª
de 1991,
DECRETA:
CAPITULO I
Denominación, naturaleza, objeto, funciones
y domicilio
Artículo 1º Del
Fondo. Créase el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, en
liquidación, como Establecimiento Público, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y
Transporte.
Artículo 2º
Objeto. El Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, en
liquidación, tendrá por objeto:
a) Manejar las
cuentas relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones señaladas en los
artículos 35 y 36 de la Ley 1º de 1991;
b) Manejar y
organizar el reconocimiento y pago de las prestaciones asistenciales a que
tengan derecho los empleados y pensionados de la Empresa Puertos de Colombia,
en liquidación;
c) Recibir y
administrar directamente o a través de otra entidad los bienes que le
transfiera la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación, o la Nación, en
desarrollo de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 01 de 1991.
Artículo 3º
Funciones. En desarrollo de su objeto el Fondo tendrá las siguientes funciones:
a) Pagar las
pensiones reconocidas por la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación, a los
ex-empleados oficiales de la misma;
b) Atender las
demás prestaciones económicas y asistenciales de las personas a que se refiere
el literal anterior;
c) Efectuar el
reconocimiento y pago de las pensiones de cualquier naturaleza de los empleados
oficiales a los cuales se les haya reconocido o reconozca ese derecho en la
Empresa Puertos de Colombia, en liquidación;
d) Atender el
pago de las prestaciones sociales de los empleados oficiales a los cuales se
les haya reconocido o reconozca ese derecho en la Empresa Puertos de Colombia,
en liquidación;
e) Cancelar al
organismo de previsión social o a la entidad o empresa empleadora que haya
hecho el pago de pensiones a empleados oficiales que hayan laborado en la
Empresa Puertos de Colombia, en liquidación, la cuota parte que le corresponda
por el tiempo servido en esta entidad y, repetir contra terceros las cuotas
partes pensionales a favor de la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación, o
del Fondo mismo;
f) Efectuar el
pago de las bonificaciones e indemnizaciones que se restablezcan en ejercicio
de las facultades a que se refieren los artículos 36 y 37 de la Ley 1ª de 1991;
g) Efectuar el
pago de las sumas reconocidas por sentencias condenatorias ejecutoriadas o que
ejecutoríen a cargo de la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación;
h) Expedir
reglamentos generales para la atención de las prestaciones y demás obligaciones
a su cargo de conformidad con los lineamientos que para tal fin dicte el
Gobierno;
i) Realizar
inversiones que garanticen seguridad, rentabilidad y liquidez a su patrimonio
con el fin de que pueda cumplir oportunamente sus obligaciones;
j) Ejercitar o
impugnar las acciones judiciales y administrativas necesarias para la defensa y
protección de los intereses de la Nación, de la Empresa Puertos de Colombia, en
liquidación y del Fondo;
k) Administrar
sus bienes, para lo cual podrá entre otras funciones adquirir, enajenar,
arrendar y gravar tanto los muebles como los inmuebles;
l) Recaudar los
recursos previstos en los artículos 35 y 37 de la Ley 1ª de 1991;
m) Cancelar el
saldo de la deuda interna y externa que arroje la liquidación de la Empresa
Puertos de Colombia;
n) Efectuar los
actos y operaciones para que los activos de la Empresa Puertos de Colombia, en
liquidación, que no se vendan o que no se aporten a una Sociedad Portuaria
pasen a ser de su propiedad, según lo disponen los artículos 33 y 37 de la Ley
1ª de 1991;
o) Convenir a
nombre de la Nación con entidades de previsión o seguridad social la
conmutación de las obligaciones asumidas en razón de la liquidación de la
Empresa Puertos de Colombia;
p) Las demás que
se deriven de la Ley o de sus estatutos.
Artículo 4º Sede.
El Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación,
tendrá su sede en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital.
Capítulo II
Organos de dirección y administración
Artículo 5º De la
Junta Directiva. La dirección del Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos
de Colombia, en liquidación, corresponderá a una Junta Directiva integrada en
la siguiente forma:
a) El Ministro de
Obras Públicas y Transporte o el Viceministro, como su delegado, quien la
presidirá;
b) El Ministro de
Hacienda y Crédito Público o su delegado;
c) El Ministro de
Trabajo y Seguridad Social o su delegado;
d) Un
representante de las asociaciones de pensionados de la Empresa Puertos de
Colombia, en liquidación, con su respectivo suplente que se designará conforme
se disponga en el reglamento;
e) Un miembro
designado, por el Presidente de la República, con respectivo suplente.
Parágrafo. El
Liquidador de la Empresa Puertos de Colombia, mientras dure el término de la
liquidación y el representante legal del Fondo podrán asistir a las sesiones de
la Junta Directiva, con voz pero sin voto.
Artículo 6º Son
funciones de la Junta Directiva:
a) Fijar los
planes y programas del Fondo, conforme a la política general que determine el
Gobierno Nacional;
b) Adoptar
estatutos del Fondo y cualquier reforma que a ellos se introduzca y someterlos
a la aprobación del Gobierno Nacional;
c) Elaborar los
estudios necesarios para la debida planeación y programación de los servicios y
atención de las obligaciones propias del Fondo;
d) Autorizar las
inversiones financieras;
e) Adoptar el
reglamento general sobre las condiciones y los términos necesarios para el
reconocimiento y efectividad de las prestaciones económicas y asistenciales;
f) Dirigir y
controlar los planes de inversión y su manejo financiero;
g) Determinar y
modificar, de conformidad con las restricciones establecidas en este Decreto,
la estructura orgánica y la planta de personal del Fondo y someterlas a la
aprobación del Gobierno Nacional;
h) Autorizar al representante
legal del Fondo para celebrar los contratos que sean pertinentes para el
cumplimiento de las funciones a que se refiere este Decreto con arreglo a las
normas sobre la materia;
i) Aprobar el
presupuesto anual de ingresos, inversiones y gastos y efectuar los traslados
presupuestales necesarios para la ejecución de los programas del Fondo;
j) Delegar en el
representante legal el ejercicio de alguna o de algunas de sus funciones;
k) Autorizar al
representante legal para que cancele los pasivos por concepto de deuda interna
y externa de acuerdo con el resultado que arroje la liquidación de la Empresa
Puertos de Colombia, previo plan aprobado por la Junta;
l) Las demás que
le señale la ley y los estatutos.
Artículo 7º
Representante legal. El Presidente de la República designará al Gerente del
Fondo Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación, quien
será funcionario de su libre nombramiento y remoción.
El Gerente
General llevará la representación legal de la entidad y deberá ejecutar las
decisiones de la Junta Directiva, presentar para su consideración los planes y
programas que deba desarrollar el Fondo, expedir los actos administrativos
necesarios para su correcto funcionamiento y ejercer las demás funciones que se
relacionen con su organización y funcionamiento.
Artículo 8º
Administración fiduciaria. La administración de los recursos del Fondo podrá
encomendarse a cualquier persona jurídica que actúe como fiduciario, sometido a
la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, mediante contrato celebrado para
el efecto.
Artículo 9º
Contratación de servicios. En el contrato de administración fiduciaria podrán
estipularse las condiciones para que el administrador contrate con terceros la
realización de actos y operaciones requeridos para el cumplimiento de sus
funciones.
Artículo 10.
Control. El control de la gestión fiscal del Fondo corresponderá a la
Contraloría General de la República, de acuerdo con las normas legales y
reglamentarias.
CAPITULO III
Patrimonio
Artículo 11.
Patrimonio del Fondo. El patrimonio del Fondo de Pasivo Social de la Empresa
Puertos de Colombia, en liquidación, estará integrado por:
a) Las sumas que
en cumplimiento de los artículos 35 y 37 de la Ley 1ª de 1991 se incluyan en el
presupuesto de la Nación;
b) Los recursos
provenientes de la venta de acciones a que se refiere el inciso quinto del
artículo 35, los cuales se destinarán preferentemente al pago de los pasivos de
la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación;
c) Un porcentaje
de las tarifas que cobren las Sociedades Portuarias Oficiales con destino a
este propósito;
d) Los activos
que le transfieran en virtud de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 1ª de
1991;
e) Las cuotas o
aportes de los beneficiarios de conformidad con lo señalado en los reglamentos;
f) Los bienes y
derechos que con ocasión de la liquidación de la Empresa Puertos de Colombia
sean transferidos al Fondo;
g) Los demás
recursos que reciba a cualquier título;
h) Los
rendimientos financieros que como producto de las inversiones obtenga el Fondo;
i) Los demás
recursos que se apropien en el presupuesto de la Nación para el funcionamiento
del Fondo.
CAPITULO IV
Disposiciones varias
Artículo 12.
Régimen jurídico de sus actos y contratos. Los contratos del Fondo están
sujetos a las reglas de derecho privado sin perjuicio de las excepciones que
establezcan las leyes.
Los actos
administrativos unilaterales que expida el Fondo para el cumplimiento de sus
funciones están sujetos a las disposiciones del Decreto 01 de 1984.
Artículo 13.
Transferencia de responsabilidades. Una vez constituído el Fondo, éste
celebrará con la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación, uno o varios
convenios en virtud de los cuales, según el caso, se regula la asunción
progresiva por parte del Fondo de las funciones previstas en este Decreto, de
tal manera que su responsabilidad sea plena antes de que concluya la
liquidación de la Empresa.
Entre tanto la
Empresa Puertos de Colombia, en liquidación, continuará atendiendo las
prestaciones asistenciales y pagando las económicas de sus empleados y
ex-empleados.
Artículo 14.
Inembargabilidad. Los bienes y recursos del Fondo son inembargables y gozarán
de especial protección del Estado.
Artículo 15.
Término. El Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, en
liquidación, dejará de existir cuando haya cumplido totalmente las obligaciones
derivadas de su objeto, condición que será declarada por el Gobierno Nacional
mediante decreto.
Artículo 16.
Privilegios y prerrogativas. El Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de
Colombia, en liquidación, dada la naturaleza de sus funciones y la proveniencia
de sus recursos gozará de los mismos privilegios, exenciones de gravámenes que
se reconocen a la Nación.
Artículo 17.
Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y
cúmplase.
Dado en Santafé
de Bogotá, D.C., a 3 de enero de 1992.
CESAR GAVIRIA
TRUJILLO
El Ministro de
obras Públicas y Transporte,
Juan Felipe
Gaviria Gutiérrez.
El Viceministro
de Hacienda y Crédito Público Encargado de las funciones del Despacho del
Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Héctor José
Cadena Clavijo.
El Ministro de
Trabajo y Seguridad Social,
Francisco Posada
de la Peña.
El tenor literal del
Decreto 037 de 1992 es el siguiente:
DECRETO NUMERO 037 DE 1992
(enero 3)
por el cual se fija el Régimen Presupuestal
para la
liquidación de la Empresa Puertos de
Colombia, en liquidación
El Presidente de la República de Colombia en
uso de la facultad que le
confiere el artículo 37 de la Ley 1ª de
1991
DECRETA:
Artículo 1º Los
recursos que se asignen en el Presupuesto General de Rentas y en la Ley de
Apropiaciones para la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación, se
ejecutarán de conformidad con las normas establecidas para las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado en el Estatuto Orgánico del Presupuesto
General de la Nación, Ley 38 de 1989, o en las normas que la reglamenten,
adicionen o modifiquen.
Artículo 2º Las adiciones,
traslados y modificaciones al presupuesto de la Empresa Puertos de Colombia, en
liquidación, están sujetas a las normas presupuestales que rijan para dichas
operaciones.
Artículo 3º
Dentro del presupuesto de la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación, se
deberá crear una cuenta denominada Cuenta Especial de Liquidación, cuyos
recursos provendrán de la venta de los bienes de la Empresa y de los recursos
que le sean transferidos del Presupuesto General de la Nación para la
liquidación de personal.
Los recursos de
esta Cuenta serán distribuídos por la Junta Directiva de la Empresa Puertos de
Colombia, en liquidación y se destinarán exclusivamente a la liquidación de
personal, incluyendo el pago de prestaciones sociales, indemnizaciones,
sentencias condenatorias de tipo laboral y pensiones.
Parágrafo. Esta
cuenta existirá hasta el momento en que inicie sus funciones el Fondo de Pasivo
Social de la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación, de que trata el
artículo 37, numeral 1º de la Ley 1ª de 1991, al cual se transferirán los
remanentes en ese momento. Dicha cuenta no podrá tener una duración superior a
un año, prorrogable por seis meses más, contados a partir de la fecha de
creación del Fondo de Pasivo Social.
Artículo 4º En el
presupuesto de la Nación se construirán las reservas presupuestales necesarias
para atender las obligaciones contractuales pendientes de Puertos de Colombia,
de acuerdo con el artículo 40 de la Ley 1ª de 1991.
Todos los
derechos en favor de la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación, existentes
al momento de la liquidación pasarán a ser ejercidos por la Nación y se
destinarán como recursos del Fondo de Pasivos Sociales de que trata el artículo
37, numeral 1º de la Ley 1ª de 1991.
Artículo 5º Los
bienes de la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación, gozarán de especial
protección del Estado. Las operaciones que sobre los mismos se realicen, tales
como avalúos y ventas, se harán con criterio estrictamente comercial, de modo
que ningún bien pueda ser objeto de donación o ser utilizado con fines
distintos a los de la liquidación de la Empresa o a la prestación del servicio
portuario a su cargo.
Artículo 6º De
conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Constitución Política,
los bienes muebles e inmuebles de la Empresa Puertos de Colombia, en
liquidación y las rentas y recursos incorporados en el presupuesto a su nombre
son inembargables. De la misma protección gozarán los bienes de la Nación que
administren las Sociedades Portuarias Regionales.
Artículo 7º
Acuerdo de gastos. Los acuerdos de gastos de las Juntas Regionales de la
Empresa Puertos de Colombia, en liquidación, deberán ser aprobados por el
Liquidador, quien con autorización de la Junta Directiva podrá introducir las
modificaciones necesarias para que se cumplan los programas y fines de la
liquidación, así como las disposiciones de la Ley 1ª de 1991 y los decretos que
la desarrollan.
Artículo 8º El
presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Santafé
de Bogotá, D.C., a 3 de enero de 1992.
CESAR GAVIRIA
TRUJILLO
El Ministro de
Obras Públicas y Transporte,
Juan Felipe
Gaviria Gutiérrez.
El Viceministro
de Hacienda y Crédito Público Encargado de las funciones del Despacho del Ministro
de Hacienda y Crédito Público,
Héctor José
Cadena Clavijo.
El Ministro de
Trabajo y Seguridad Social,
Francisco Posada
de la Peña.
(El texto de los
decretos leyes reproducidos se publicó en el Diario Oficial No. 40.260 del
viernes 3 de enero de 1992, a páginas 11,12 y 13)
2. EL PROCESO
CONSTITUCIONAL
1. El 10 de enero de
1991 el Congreso de la República aprobó la Ley 01 de 1991 "por la cual se
expide el Estatuto de Puertos Marítimos y se dictan otras disposiciones"
(publicada en el Diario Oficial No. 39.626 de enero 11 de 1991). En su artículo
33, la Ley ordena la liquidación de la Empresa Puertos de Colombia, Colpuertos.
2. En su artículo
37, la misma ley concede facultades extraordinarias al Presidente de la
República para crear un Fondo cuyo objeto sea atender los pasivos y
obligaciones de Colpuertos. Además, se faculta al ejecutivo para dictar normas
sobre contratación, régimen laboral y de presupuesto de la mencionada Empresa.
3. En ejercicio de
dichas facultades el Presidente de la República dictó el 3 de enero de 1992 los
Decretos 035, 036 y 037 (Diario Oficial Nº 40.260 de la misma fecha) por los
cuales se pusieron en vigencia normas sobre el régimen laboral de la Empresa
Puertos de Colombia, en liquidación, se creó el Fondo de Pasivo Social de la
misma empresa y se fijó su régimen presupuestal.
4. El ciudadano
César Castro Perdomo presentó ante esta Corporación demanda contra la totalidad
de la Ley 1ª de 1991, la cual fue radicada bajo el Nº D-054.
5. El ciudadano
Marcel Silva Romero, a nombre propio y en representación del Sindicato de
Trabajadores del Terminal Marítimo de Cartagena "Sindicaterma", del
Sindicato de Empleados y Obreros del Terminal Marítimo y Fluvial de
Barranquilla Obras Bocas de Ceniza "Sindeoterma", del Sindicato de
Trabajadores del Terminal Marítimo de Buenaventura, del Sindicato de
Trabajadores del Terminal Marítimo de Santa Marta "Sintratermar" y
del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Puertos de Colombia
"Sintrapocol", presentó demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 37 de la Ley 1ª de 1991, que otorgó al Presidente facultades
extraordinarias, y contra los Decretos Leyes 035, 036 y 037 de 1992, expedidos
con base en las mismas, en su integridad, y específicamente contra los
artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 18, 19, 21, 22, 24 y 25 del Decreto 035
de 1992,  los artículos 14 y 16 del Decreto 036 de 1992 y contra los artículos
5º y 6º del Decreto 037 de 1992, demanda que se radicó bajo el Nº D-073. Se le
dará curso a esta demanda en cuanto se presenta a nombre del propio demandante.
6. La Sala Plena de
la Corte Constitucional, en sesión efectuada el 7 de mayo de los corrientes,
decidió acumular, al expediente D-054, el radicado bajo el Nº D-073, con el
objeto de que fueran tramitados conjuntamente y decididos en la misma
sentencia.
7. Dentro del
término de fijación en lista de las normas acusadas, el apoderado de la Nación
- Presidencia de la República, presentó un escrito en el que se defiende la
constitucionalidad de las mismas.
8. En la debida
oportunidad procesal, se presentó un escrito por parte de la apoderada de la
Nación - Ministerio de Obras Públicas y Transporte, en el que se solicita la
exequibilidad de las normas impugnadas.
9. El Procurador
General de la Nación, pide a esta Corporación la declaratoria de
constitucionalidad de la Ley 1ª de 1992 y de inexequibilidad de los Decretos
035, 036 y 037 del 1992.
3. CONTENIDO Y
ALCANCES DE LA LEY 01 DE 1991 Y DE LOS DECRETOS QUE LA DESARROLLAN
En la exposición de
motivos de la Ley 1a. de 1991, el señor Ministro de Obras Públicas hace
referencia a las condiciones globales que exigieron al país el cambio de
política portuaria. Reconoce que se perfila un Nuevo Orden Económico Internacional
- espontáneo, hay que añadir -, caracterizado por tendencias marcadas hacia la
integración económica de las naciones, la competitividad y el aumento del
comercio internacional. En este contexto Colombia debería aprovechar tales
circunstancias, acoplándose y adaptándose a la economía mundial. Para ello se
debe adoptar una nueva política portuaria que se oriente - según se propone -
por los siguientes criterios.
a) Desarrollo
portuario, librado "en lo posible" a las fuerzas del mercado y sometido
a los planes indicativos que elabore el Gobierno.
b) Regulación e
inspección, atribuida al Gobierno nacional. La prestación de servicios
portuarios,  correrá por cuenta de las sociedades portuarias.
c)
Descentralización del servicio portuario.
d) Libertad
tarifaria en la mayoría de los servicios, como los de cargue, descargue,
dragado, pilotaje, almacenamiento.
e) Eficiencia en el
servicio portuario (es el objetivo principal de la Ley) como consecuencia de la
descentralización de decisiones y de la libertad de competencia.
f) Expansión
portuaria (fin del proceso de reestructuración). Las sociedades portuarias
construirán puertos.
g) Supresión de
Puertos de Colombia. Sus pasivos serán asumidos por la Nación. Los activos
serán aportados a las nuevas sociedades o serán vendidos para cancelar el
pasivo social.
h) La Dirección
General de Puertos (reemplazada en el texto final de la Ley por la
Superintendencia General de Puertos), adscrita al Ministerio de Obras Públicas
y Transporte se encargará de regular los aspectos comerciales de la operación
portuaria. La Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa estará a
cargo de la seguridad en los mares.
En el segundo aparte
de la exposición de motivos, el Ministro pone en evidencia el desarreglo
administrativo y financiero de la Empresa Puertos de Colombia. En primer lugar
anota que la Empresa arrojó pérdidas en 7 de los 10 ejercicios anuales de la
década de los 80; la falta de utilización de los puertos oscila entre un 50 y
un 60%; los costos laborales son desproporcionados si se juzga el tamaño de la
planta de personal a la luz de los estándares internacionales. Los salarios son
cuatro (4) veces más altos que los del sector industrial. En Puertos de
Colombia los trabajadores reciben 20.1 salarios al año, sin incluir lo relativo
a prestaciones legales y extralegales. No se hace aporte alguno para seguridad
ni para pensión de jubilación; el 5% de la utilidad neta de la operación se
reparte entre los mismos trabajadores, que sólo trabajan 290 días al año. El
salario mínimo que devengan equivale a un promedio de 2 a 2.5 salarios mínimos
oficiales.
En cuanto a la
política económica que sirvió de marco para este proyecto y la correspondiente
ley, se utilizará a modo de síntesis, lo expuesto por el señor Ministro de
Desarrollo, Doctor Ernesto Samper Pizano en la Sesión ordinaria de la H. Cámara
de Representantes que tuvo lugar el 14 de diciembre de 1990.
El Ministro presenta
como aspectos fundamentales de la nueva orientación económica los siguientes:
a) La superación del
"viejo modelo proteccionista";
b) La relocalización
del desarrollo económico en los litorales atlántico y pacífico;
c) la reducción de
los monopolios creados por la política de sustitución de importaciones;
d) El desarrollo de
una nueva política económica cimentada en una nueva política comercial, un
proceso de reconversión industrial, un aumento de infraestructura, el diseño de
una política de ciencia y tecnología.
La nueva orientación
comercial se fundamenta en la liberación de importaciones, que traerá más
competencia y más especialización, y en la promoción de exportaciones, que al
lado de mecanismos ya probados como el Plan Vallejo, se impulsará con nuevos
elementos de ayuda al exportador como  la  transformación de Proexpo en un
banco de comercio exterior.
El desarrollo de la
infraestructura del país parte del reconocimiento de una paulatina desaparición
de los medios de transporte. A este respecto el Ministro afirma: "...
tenemos que buscar una estructura de desarrollo que nos permita consolidar el
desarrollo económico a partir de unas bases confiables de tal manera que el
programa de inversión del gobierno está también orientado hacia el mejoramiento
de las condiciones de operación de los puertos, de los ferrocarriles. No se trata
como se ha insinuado, de acabar con el manejo portuario o desconocer los
derechos de los trabajadores de los puertos, se trata de que los puertos
funcionen en una forma más eficiente, se trata de devolver el manejo de los
puertos a las regiones, para acabar con el gigantismo estatal." (folio
14 de la transcripción literal de la sesión).
A manera de
síntesis, esta Corporación concluye que la Ley 1º de 1991, que moderniza el
sector portuario colombiano se sustenta en un principio superior y en tres
mecanismos fundamentales. El criterio rector que la inspira es el de la
libertad económica para adelantar actividades portuarias.
Las instituciones o
figuras que constituyen los pilares de la Ley de Puertos son las sociedades
portuarias, el contrato de concesión portuaria y el programa de reorganización
del sector portuario.
Las sociedades
portuarias son los actores económicos fundamentales y exclusivos del nuevo
esquema. Su tipo es el de las sociedades anónimas (ver punto 5.20 del art. 5º,
L.01 de 1991) y su capital puede provenir del sector público, del sector
privado o de ambos. Su objeto social será "la inversión en construcción y
mantenimiento de puertos, y su administración. Las sociedades portuarias podrán
también prestar servicios de cargue y descargue, de almacenamiento en puertos,
y otros servicios directamente relacionados con la actividad portuaria."
(Ibid).
Entre los entes
públicos que pueden participar en la constitución de las sociedades portuarias,
se encuentran la Nación, las entidades descentralizadas del orden nacional, las
entidades territoriales donde vaya a operar un puerto, así como sus entidades
descentralizadas. (art. 29, L. 01 de 1991). Estas sociedades tendrán autonomía
administrativa, patrimonio propio y personería jurídica.
Dentro del género de
las sociedades portuarias existe la especie de las sociedades portuarias
regionales, contemplada en el art. 34 de la Ley. Lo que las hace especiales es
el hecho de constituírse por iniciativa de la Nación y de sus entidades
descentralizadas - sin excluir a las autoridades locales y a los particulares -
en aquellos municipios y distritos donde actualmente opera la Empresa Puertos
de Colombia, Colpuertos.
La segunda
institución fundamental para la aplicación de la ley es el contrato de
concesión portuaria. Se trata de una institución de derecho administrativo,
pues se lo considera expresamente contrato administrativo (numeral 5.1, art. 5º,
L.01 de 1991). Serán partes la Nación y las sociedades portuarias (numeral 5.l
del art. 5º, art 6º, L. 01 de 1991). El objeto de tales concesiones es la
ocupación temporal y exclusiva de las playas y los terrenos de bajamar, con sus
respectivas zonas accesorias para la construcción y operación de puertos a
cambio de una contraprestación económica (numeral 5.2 del art. 5º de la L.01 de
1991). El plazo de estas concesiones será, por regla general, de 20 años (art.
8º ibid), y la solicitud, trámite y otorgamiento se tramitará ante la
Superintendencia de Puertos (arts 9º a l6 de la Ley).
Queda por examinar
el tercer instrumento de la Ley. Mas que una institución única se trata de un
conjunto de medidas liquidatorias que constituyen la fuente de la controversia
que aquí se dirime.
La reorganización
comienza con la orden perentoria de liquidar a la Empresa Puertos de Colombia,
Colpuertos (art. 33, Ley 01 de l991), que adelantará su gerente o quien designe
el Presidente de la República en un término máximo de tres años.
La Empresa se
reemplazará en sus actuales puntos de operación por las sociedades portuarias
regionales. Para completar este proceso de descentralización, la Empresa
Puertos de Colombia en liquidación podrá aportar, en nombre de la Nación, los
inmuebles que posea en cada punto de operación, a las sociedades regionales que
en desarrollo de la ley se constituyan para atender el servicio.
Los pasivos de la
empresa se asumirán por la Nación, que tomará a su cargo las siguientes deudas:
a) las pensiones de jubilación acumuladas; b) las prestaciones sociales que se
adeuden; c) las indemnizaciones que se decreten; d) el monto de las condenas
judiciales; e) la deuda externa. El art. 35 de la ley señala como posibles
fuentes de fondos para el pago de las acreencias relacionadas, el producto de
las ventas de acciones que posea la Nación en las sociedades portuarias
regionales, las tarifas que cobren las sociedades regionales de propiedad
oficial, y la condonación de la deuda que hagan entidades del sector público en
favor de Colpuertos (art. 35 ibid).
El régimen
liquidatorio especial descrito establece medidas para la protección de los
trabajadores de la empresa. En el art. 36, dedicado a la protección del empleo,
se ordena la creación de una Comisión de Promoción de Empleo que deberá
coordinar programas de capacitación de los trabajadores cesantes, búsqueda de
empleos, asesoría y financiación para que aquellos puedan constituir sociedades
portuarias.
La Ley en su art. 37
confiere facultades extraordinarias al Presidente de la República por el
término de un año contado a partir de la fecha de publicación de la norma (que
tuvo lugar el viernes 11 de enero de 1991 en el Diario Oficial Nº 39.626
páginas 1 a 7).
Las facultades se
conceden para los siguientes propósitos:
a) Crear un fondo,
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio,
destinado a atender, por cuenta de la Nación los pasivos y obligaciones
mencionados en los arts. 35 y 36 de la Ley;
b) Definir la
naturaleza jurídica del fondo a constituir;
c) Determinar la
estructura, administración, recursos, régimen de actos y contratos y de las
relaciones laborales del mismo fondo;
d) Determinar las
fuentes financieras del fondo, que provendrán, de manera general, de apropiaciones
presupuestales, de la venta de acciones de la Nación en las sociedades
portuarias de las que inicialmente haga parte, y de los demás recursos que
reciba, a cualquier título;
e) Dictar normas
especiales sobre contratación, régimen laboral y régimen presupuestal para la
liduidación de la empresa.
Las facultades
extraordinarias del artículo 37 precitado se ejercieron mediante la expedición
de tres decretos-leyes que pretenden regular en detalle el proceso de
liquidación de Puertos de Colombia. El primero de ellos es el Decreto 035 del 3
de enero de 1992, que hace referencia a la supresión de empleos como resultado
de la liquidación, el régimen de pensiones e indemnizaciones de los
trabajadores oficiales que laboran para la Empresa Colpuertos y el de las pensiones
y bonificaciones de sus empleados públicos.
La terminación de
actividades y liquidación de la Empresa Puertos de Colombia es el parámetro que
mide todas las disposiciones del Decreto 035. Los artículos 1º a 4º se ocupan
de la desvinculación de trabajadores oficiales y de empleados públicos de la
Empresa, por terminación  de los contratos de trabajo y de la relación
legal y reglamentaria, en el caso de los empleados públicos.
De esa circunstancia
o modalidad de terminación nacen consecuencias especiales. En primer término,
la vinculación de trabajadores en otras empresas estatales se hará a título de
nuevo contrato o de nuevo nombramiento. De otra parte se declara que la
terminación de contratos y de relaciones legales reglamentarias nace de una causa
especial - la extinción de Colpuertos -, que es terminal, por lo que tales
relaciones no se renuevan.
En el caso más
beneficioso, el trabajador o empleado tendrá derecho al 75% del derecho a la
pensión de jubilación ordinaria, luego de alcanzar la edad de 55 años en el
hombre y de 50 en la mujer. Estas pensiones se liquidan con base en el salario
del último año de servicios (arts 5º y 6º del Decreto 035 de 1992). Para
disfrutarla, el trabajador debe haber trabajado al menos 10 años continuos o
discontinuos en la Empresa. Este es el caso paradigmático. Si el licenciado no
alcanza a cumplir los requisitos de edad, pero en todo caso ha completado los
veinte años de servicio a la Empresa, su liquidación dependerá de una tabla que
se presenta en el art. 6º. La liquidación del  trabajador dependerá de su
permanencia en la empresa y de su edad.
Para los empleados
públicos, la situación es similar, pues son acreedores a pensión en los
términos del art. 11 del Decreto, idénticos a los señalados para los trabajadores
oficiales. En lugar de las indemnizaciones, se contempla en el Decreto 035 el
pago de bonificaciones a su favor en el evento de no contar con el tiempo de
servicio necesario, de acuerdo con lo prescrito en el Decreto Ley 1660 de 1991.
Por su parte, el
Decreto 036 de la misma fecha y año, se contrae a la estructuración del Fondo
que menciona la Ley 01 como institución de tránsito hacia la desaparición de la
Empresa. En el art. 1º del decreto se define como establecimiento público, con
todos los atributos que el Derecho administrativo reconoce a estas entidades.
Sus objetivos, al tenor del art. 2º del mismo Decreto 036 de 1992, son los de
manejar las cuentas necesarias para cumplir las obligaciones a cargo de la
Nación, según lo establecen los arts. 35 y 36 de la Ley 01 de 1991, y de
organizar el pago de pensiones e indemnizaciones (literal b. Art. 2º del D.
036), así como recibir y administrar los bienes que le transfieran la Nación y
la Empresa Puertos de Colombia. Las funciones que se le entregan a efecto de
cumplir estos objetivos son fundamentalmente los de cancelación de pasivos,
expedición de reglamentos para la atención de tales pasivos, cancelación de la
deuda externa e interna de la Empresa, administración de los bienes recibidos,
manejo de las inversiones necesarias para garantizar seguridad, rentabilidad y
liquidez a su patrimonio de modo que pueda cumplir las obligaciones antedichas
y, finalmente, celebrar las operaciones de traspaso de bienes que se le hagan.
(ver art. 3º del D.036 de 1992).
El fondo será
dirigido por una Junta Directiva, administrado y representado legalmente por un
representante legal designado por el Presidente de la República.
El patrimonio del
Fondo se integra con los recursos que se incluyan en el presupuesto general de
la Nación, un porcentaje de las tarifas que cobren las sociedades portuarias
oficiales, los fondos que le sean transferidos por la Nación o la Empresa, los
rendimientos financieros que obtenga, y los demás que reciba a cualquier
título.
El Decreto 036
contempla medidas dirigidas a mantener la integridad del patrimonio afecto a
las finalidades de pago y liquidación que le son propias.
El art. 13 dispone
que el Fondo y Puertos de Colombia celebrarán los convenios necesarios para
regular "la asunción progresiva por parte del Fondo de las funciones
previstas en este Decreto, de tal manera que su responsabilidad sea plena antes
de que concluya la liquidación de la Empresa".
Los bienes del Fondo
serán, al tenor del artículo 14 del Decreto 036, inembargables "y gozarán
de la especial protección del Estado". También se beneficiará el Fondo de
los privilegios y exenciones de gravámenes que la ley reconoce a la Nación. Su
existencia se prolongará por todo el tiempo que estén vigentes las obligaciones
cuya cancelación se consagra la entidad. (art. 15, D.L. 036 de 1992).
El  Decreto 037,
tiene por objeto el manejo presupuestal y contable de la situación terminal de
Puertos de Colombia. En lo estrictamente presupuestal, ordena aplicar a los
recursos asignados a la Empresa Puertos de Colombia dentro del Presupuesto
General de Rentas, las mismas reglas predicables de las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado.
Se dispone la
creación de una cuenta especial denominada "Cuenta Especial de Liquidación"
destinada a recibir los fondos que le transfiera la Nación al Fondo para la
liquidación de personal (art. 3º D.L. 037 de enero 3 de 1992), y los que
resulten de la venta de los bienes de la empresa. Añade el art. 3º: "Los
recursos de esta Cuenta serán distribuídos por la Junta Directiva de la Empresa
Puertos de Colombia, en liquidación y se destinarán exclusivamente a la
liquidación de personal, incluyendo el pago de prestaciones sociales,
indemnizaciones, sentencias de tipo laboral y pensiones." (parágrafo
segundo del art. 3º, Decreto Ley 037 de 1992, sin subrayas en el texto
original.)
En lo que se refiere
a la protección del patrimonio afecto a esta operación liquidatoria, el art. 6º
del mismo Decreto prescribe que son inembargables tanto los bienes muebles e
inmuebles como sus fondos, rentas y recursos (ver a éste respecto la Sentencia
No C-546 de la Corte Constitucional, del 1º de octubre de 1992 sobre el tema de
la inembargabilidad de fondos públicos).
Otra protección a
los bienes tanto muebles como inmuebles relacionados con la liquidación de
Colpuertos, consiste en la obligación de sujetar todas las operaciones que se
realicen sobre ellos a un rasero estrictamente comercial, a fin de evitar
donaciones disfrazadas o manejos ilegales.
Por último, se
dispone que los derechos en cabeza de la Empresa Puertos de Colombia, en
liquidación, pasarán a ser ejercidos por la Nación y sus frutos se destinarán a
engrosar el Fondo de Pasivos Sociales.
4. LAS
CONVENCIONES COLECTIVAS
4.1 Convención
Colectiva No. 1
Partes: Empresa
Puertos de Colombia - Sindicatos de trabajadores de terminales marítimos de :
a) Barranquilla
(SINDEOTERMA)
b) Cartagena
(SINDICATERMA)
c) Oficina de
Conservación obras Bocas de Ceniza (FEDEPUERTOS)
Fecha: Agosto 9 de
1991
Materias:
Capítulo I. Relaciones entre la Empresa y los
Sindicatos. Art. 1º. Política Portuaria. Art 2º. Reconocimiento a los
Sindicatos. Art. 3º. Relaciones entre la Empresa y el Sindicato. Art. 4º.
Jerarquía de Normas. Art. 5º. Obligación de los Sindicatos de suministrar
personal necesario. Art. 6º. Fiscalización Sindical. Art. 7º. Interpretación de
la Convención. Art. 8º. Edición de la Convención. Art. 9º. Vigencia de la
Convención.
Capítulo II. Estabilidad del personal. Artículo
10. Estabilidad en la empresa. (incluye parágrafo 4º, tabla de indemnización
como consecuencia de liquidación de la empresa Puertos de Colombia, folios 32,
33, y 34 del anexo 1A). Art 11. Derechos adquiridos. Art. 12.
Denominación de cargos. Art. 13. Clasificación de trabajadores. Art. 14.
Igualdad de los trabajadores. Art. 15. Cupos de Personal. Art. 16. Ascensos,
promociones, reemplazos y encargos de personal. Art. 17. Obligación de emplear
operadores de los terminales. Art. 18. Sustitución Patronal (en caso de
desaparecer Puertos de Colombia, la entidad oficial que asuma los fines de
ésta, responderá por las obligaciones contraídas) (ver folio 39).
Capítulo III. Régimen Disciplinario y Derecho de
Petición. Art.19. Procedimiento para aplicación de sanciones. Art. 20.
Procedimiento para reclamo de sanciones. Art. 21. Comité laboral. Art. 22.
Comisión Obrero Patronal de Santa Fe de Bogotá, D.C. Art. 23. Reclamos
salariales. Art. 24. Reclamos legales y convencionales. Art. 25. Trámite de
reclamos. Art. 26. Trámite administrativo de solicitudes. Art. 27. Recursos al
trámite administrativo. Art. 28. Informaciones. Art. 29. Deficiencias de
archivo.
Capítulo IV. Fomento y Beneficios Educativos
Art. 30. Profesiones u oficios. Art. 31. Programa de formación operacional.
Art. 32. Cargos de capacitación.
Capítulo V. Transporte, higiene, seguridad
industrial y otros beneficios. Art. 33. Reglamento de higiene y seguridad
industrial. Art. 34. Carné de identificación para los trabajadores y
familiares. Art. 35. Transporte de empleados y obreros. Art. 36. Lancha para
pilotos y alojamientos para vigilantes. Art. 37. Peso máximo de manipuleo. Art.
38. Cierre de bodegas por lluvia y estiba bajo cubierta de algunos elementos.
Art. 39. Uso de motobombas. Art. 40. Suministro de elementos de trabajo. Art.
41. Suministro de elementos de protección. Art. 42. Suministro de otros
elementos. Art. 43. Suministro de agua potable. Art. 44. Suministro de leche.
Art. 45. Suministro de uniformes y calzado. Art. 46. Señales fluorescentes.
Art. 47. Casetas para el personal de área operativa. Art. 48. Obligación de la
empresa sobre equipo en general.
Capítulo VI. Cooperativas, fondo social, vivienda y
auxilios sociales. Art.
49. Custodia del lote cooperativa de Cartagena y pago arriendo cooperativa Barranquilla.
Art. 50. Auxilio para cooperativas. Art. 51. Préstamos a cooperativas. Art. 52.
Permisos remunerados a funcionarios de las cooperativas y auxilios a los
colegios. Art. 53. Administración de casinos y suministro de alimentos. Art.
54. Fondo Social. Art. 55. Auxilio para organizaciones sindicales y fondos
mortuorios.
Capítulo VII. Permisos. Art. 56. Permisos
sindicales no permanentes. Art. 57. Permisos sindicales permanentes Art. 58.
Comisiones para asistir a funerales. Art. 59. Permisos a deportistas. Art. 60.
Permiso remunerado por nacimiento y muerte de familiares. Art. 61. Servicio de
maternidad.
Capítulo VIII. Modalidades y jornadas de trabajo.
Art. 62. Clasificación, modalidad de trabajo y forma de pago de los operadores de
elevador, tractor, grúa, estibadores, wincheros, supervisores de cuadrilla,
aguadores, personal de bodegas y patios y personal del C.E.S. Art. 63.
Asignación de estibadores, wincheros y supervisores de cuadrilla. Art. 64.
Horario para el personal fijo y trabajadores que no laboran a destajo. Art. 65.
Modalidad de trabajo de los conductores de vehículos automotores, cuerpo de
bomberos y servicio de ambulancias. Art. 66. Modalidad de trabajo del personal
que labora por turnos de doce (12) horas Art. 68. Horarios especiales. Art. 69.
Interrupción en servicio de las naves. Art. 70. Trabajo a través de unidades
flotantes. Art. 71. Trabajo en la zona franca de Barranquilla y Cartagena. Art.
72. Movilización de carga para terceros en muelles particulares. Art. 73. Días
feriados remunerados.
Capítulo IX Forma de pago y recargos por modalidad y
sistema de trabajo. Art.
74. Forma de pago para wincheros, operadores de equipo, supervisores de
cuadrilla y aguadores. Art. 75. Recargos por trabajos en dominicales o feriados
para el personal a destajo. Art. 76. Recargo por arrume fuera de los
terminales. Art. 77. Tiempo de espera. Art. 78. Recargos por trabajos en días
feriados y domingos. Art. 79. Recargos por trabajos en horas extraordinarias y
por movilización de nocivos y explosivos. Art. 80. Cena y descanso. Art. 81.
Pago de refrigerios, cena y desgaste físico. Art. 82. Descanso remunerado a
trabajadores a destajo, intermitente y fijos. Art. 83. Descanso remunerado de
vigilantes y otros. Art. 84. Descanso posterior a trabajo nocturno Art. 85.
Conductores de vehículos en accidente y asistencia jurídica a conductores y
bodegueros. Art. 86. Salario a trabajadores detenidos Art. 87. Beneficios en
servicio de pilotaje y remolcadores. Art. 88. Descuentos permitidos.
Capítulo X Escalafón y salario. Art. 89. Definición de salarios. Art. 90.
Definición de remuneración directa. Art. 91. Aumento de sueldos. Art. 92.
Tarifas de pago al destajo. Art. 93. Automatización. Art. 94. Salario de
garantía y salario mínimo convencional. Art. 95. Fecha de pagos de sueldos,
jornales y mesadas.
Capítulo XI Prestaciones sociales Art. 96. Prestaciones sociales y otros
beneficios, definición. Art. 97. Categorías de prestaciones. Art. 98.
Prestaciones de que gozan los trabajadores. Art. 99. Prestaciones que se
reconocen a solicitud. Art. 100. Auxilio de cesantía. Art. 101. Liquidación
parcial de cesantías. Art. 102. Primas. Art. 103. Prima de antiguedad. Art.
104. Prima de traslado. Art. 105. Vacaciones. Art. 106. Servicios prestados a
ciertas entidades.  Art. 107. Pensión de jubilación (20 años de
servicios continuos o discontinuos, 50 años de edad dan derecho al 80% del
promedio mensual de salarios en el último año). Art. 108. Falta. Art. 109.
Jubilación con quince (15) años de servicios. (para soldadores, latoneros,
herreros, mecánicos de locomotora, trabajadores con rayos X y otros). Art. 110.
Tiempo mínimo de servicio para beneficio de jubilación (5 años al servicio de
la empresa). Art. 111. Anticipo de jubilación. Art. 112. Pensión a herederos
de pensionados. Art. 113. Pensiones proporcionales por despido
injusto, vejez, retiro voluntario y muerte. Parágrafo quinto:
pensiones proporcionales especiales como consecuencia de la liquidación de la
empresa Puertos de Colombia: (entre 40 y 49 años de edad, 15 años de
servicio al Estado, 3 años exclusivos con Puertos de Colombia, o 15 años o más
de servicio con Puertos y menos de cuarenta años de edad, tendrán derecho a
pensión proporcional que aparece en tabla a folio 135 del anexo 1A. Para
trabajadores de los terminales marítimos de Barranquilla y Cartagena ver tabla
a folios 135, 136. Parágrafo sexto, "Si después del 31 de diciembre de
1.993 la empresa continuase en liquidación, ésta y los trabajadores mantendrán
las facultades pactadas en relación con pensiones e indemnizaciones. (ver folio
137). Art. 114. Seguro y pensión por muerte en accidente de trabajo o
enfermedad profesional. Art. 115. Jubilación y Cesantía. Art. 116. Certificado
y seguro por muerte. Art. 117. Pensión por invalidez. Art. 118. Obligaciones
del pensionado por invalidez. Art. 119. Reajuste y otras pensiones a los
jubilados y pensionados. Art. 120. Servicios asistenciales a los jubilados y
pensionados. Art. 121. Enfermedad profesional. Art. 122. Accidente de trabajo.
Art. 123. Enfermedades consideradas como profesionales. Art. 124. Asistencia
por enfermedad profesional o accidente de trabajo. Art. 125. Auxilio por
enfermedad no profesional. Art. 126. Liquidación por auxilio de enfermedad del
personal fijo a destajo o intermitente. Art. 127. Auxilio a los enfermos de
tuberculosis, lepra, cáncer, sida, cólera etc. Art. 128. Auxilio por muerte de
familiares. Art. 129. Viáticos y pasajes. Art. 130. Subsidio familiar.
Capítulo XII Servicios médico-asistenciales y auxilios
especiales. Art. 131.
prestaciones de asistencia médica y servicio de ambulancia. Art. 132.
Asistencia a familiares. Art. 133. Inscripción de esposa o compañera
permanente. Art. 134. Igualdad en servicios hospitalarios. Art. 135. Puesto de
salud en el municipio de Puerto Colombia y Ciénaga. Art. 136. Examenes médicos
para obtener licencias e ingresos a colegios. Art. 137. Partidas para
conservación y mantenimiento dependencias de sanidad y clínicas. Art. 138.
Drogas en servicio de sanidad y clínica. Art. 139. Prescripción de drogas. Art.
140. Servicios odontológicos. Art. 141. Suministro de anteojos. Art. 142.
Programa de medicina preventiva. Art. 143. Prestaciones médico-asistenciales
por accidentes ajenos al trabajo.
4.2. Convención
colectiva No. 2
Partes:  Empresa
Puertos de Colombia y Sindicato del Terminal Marítimo de Buenaventura, SINTEMAR
Fecha: Mayo 10 de
1.991
Materias:
Capítulo 1 Normas. Art. 1. Reconocimiento del sindicato por la Empresa.
Art. 2. Aplicación de la convención. Art. 3. Estabilidad en la Empresa. Art.
4. Procedimiento para aplicación de sanciones. Art. 5. Procedimientos para
reclamos por sanciones. Art. 6. Comité laboral. Art. 7. Comisión
obrero-patronal de Bogotá D.E. Art. 8. Igualdad de los trabajadores. Art.
9. Cupos de personal. Art. 10. derecho de petición. Art. 11. Servicio militar.
Art. 12. Período de prueba para las promociones. Art. 13. Vacantes y ascensos.
Art. 14. Relaciones entre la Empresa y el Sindicato. Art. 15. Trámite de
reclamos. Art. 16. Comunicación escrita de las decisiones. Art. 17. Pago de la
liquidación definitiva del contrato de trabajo. Art. 18. Denominación de
cargos. Art. 19. Obligación de emplear operadores del terminal. Art. 20.
Obligación de la empresa sobre equipos en general. Art. 21. Clasificación, modalidad
de trabajo y forma de pago de los operadores de equipo terrestre, estibadores,
wincheros, aguadores, personal de bodegas y patios y personal del CES. Art. 22.
Modalidad de trabajo del personal que labora por turnos de doce (12) horas.
Art. 23. Horario para el personal fijo y trabajadores que no laboran a destajo.
Art. 24. Jornada de trabajo-excepciones. Art. 25. Trabajo en la zona franca de
Buenaventura. Art. 26. Obligación del Sindicato de suministrar personal
necesario. Art. 27. Modalidad de controles de destajo. Art. 28. Descuentos
permitidos. Art. 29. Libranzas y órdenes de descuentos. Art. 30. Permisos
sindicales. Art. 31. Descuentos sindicales. Art. 32. Carné de identificación
para los trabajadores y familiares. Art. 33. Discriminación en servicio
hospitalario. Art. 34. Inscripción de esposa o compañera permanente. Art. 35.
Salario de garantía y salario mínimo convencional. Art. 36. Fondo mutuo de
ahorro y auxilios para la Cooperativa de ahorro y crédito COPERCOL LTDA. Art.
37. Jubilación y cesantía. Art. 38. Lugar donde debe efectuarse el pago y días
para hacerlo. Art. 39. Automatización. Art. 40. Permisos a deportistas. Art.
41. Sustitución patronal: "en caso de desaparecer la Empresa Puertos de
Colombia o pasar a otra entidad algunas de sus actuales dependencias, la
entidad oficial que asuma los fines de ésta responderá por las obligaciones
contraídas por la Empresa con sus trabajadores afectados por la medida o
determinación, sin que se cause desmejoras en sus salarios, prestaciones
sociales y demás derechos legales y convencionales adquiridos." (folio
244) Art. 42. Derechos adquiridos. Art. 43. Programa de formación
operacional. Art. 44. Traslados para los grupos de remonta y tráfico. Art. 45.
Otros permisos. Art. 46. Bomberos y vigilantes. Art. 47. Unidades flotantes.
Art. 48. Profesiones u oficios. Art. 49. Campaña de seguridad industrial. Art.
50. Reglamento de higiene y seguridad industrial. Art. 51. Interpretación y
edición de la convención.
Capítulo II Prestaciones sociales y otros beneficios Art. 52. prestaciones sociales y otros
beneficios. Definición. Art. 53. Categoría de prestaciones. Art. 54.
Prestaciones de que gozan los trabajadores. Art. 55. Prestaciones que se
reconocen a solicitud. Art. 56. Enfermedad profesional. Art. 57. Auxilio por
enfermedad no profesional Art. 58. Auxilio a los enfermos de tuberculosis,
lepra, cáncer etc. Art. 59. Accidente de trabajo. Art. 60. Asistencia por
enfermedad profesional o accidente de trabajo. Art. 61. Examenes médicos para
ingreso al colegio. Art. 62. Pensión por invalidez. Art. 63. Obligaciones del
pensionado por invalidez. Art. 64. Auxilio de cesantía. Art. 65. Certificado de
seguro por muerte. Art. 66. Seguro por muerte. Art. 67. Seguro y pensión por
muerte en accidente de trabajo o enfermedad profesional. Art. 69. Primas. Art.
70. Prima de antiguedad. Art. 71. Prima de traslado. Art. 72. Vacaciones. Art.
73. Prestaciones de asistencia médica y servicio de ambulancia. Art. 74.
Incapacidad producida en trabajo extraordinario, permiso para asistir al
médico, transporte, equipo y viáticos para los trabajadores enfermos. Art. 75.
Prescripción de drogas. Art. 76. Servicio de maternidad.  Art. 77. Servicios
odontológicos. Art. 78. Suministro de anteojos. Art. 79. Casino y suministro de
leche. Art. 80. Obligatoriedad del sistema de ayuda mutua. Art. 81.
Obligatoriedad del tratamiento. Art. 82. Rehabilitación del trabajador
inválido. Art. 83. Eficiencia del servicio médico. Art. 84. Servicio para
primeros auxilios. Art. 85. Servicios médicos. Art. 86. Programa de medicina
preventiva. Art. 87. Clínica. Art. 88. Servicio de pilotaje y remolcadores.
Art. 89. Asistencia a familiares. Art. 90. Suministro de elementos de trabajo.
Art. 91. Cursos de capacitación para los trabajadores. Art. 92. Asistencia
legal y remuneración a trabajadores detenidos. Art. 93. Viáticos y pasajes.
Art. 94. Descanso posterior a trabajo nocturno. Art. 95. Adjudicación en el
Barrio Almirante. Art. 96. Caseta para el personal de tráfico y remonta. Art.
97. Señales fluorescentes. Art. 100. Pensión de jubilación. Con 20 años de
servicio y 50 años de edad. En labores  permanentes a temperaturas anormales,
con 20 años continuos y discontinuos, a cualquier edad. Soldadores, latoneros,
herreros, fogoneros, caldereros, paileros, mecánicos, tractoristas, torneros,
grueros etc, con 15 años de servicios, 7.5 en estas labores.
Wincheros-portaloneros, con 20 años de servicio cualquiera que sea la edad.
Folio 283,: "El trabajador que se retire o sea retirado del servicio sin
haber cumplido la edad de cincuenta (50) años, tendrá derecho a la pensión al
llegar a esta edad siempre y cuando haya cumplido el requisito de los veinte
(20) años de servicio". Otras excepciones al régimen convencional de
jubilación, folios 283 a 285. Art. 101. Jubilación con quince años de servicio.
(personas que trabajan con Rayos X). Art. 102. Pensión a herederos de
pensionados. Art. 103. Reajuste y otras prestaciones a los jubilados y
pensionados. Art. 104. Pensiones proporcionales por despido injusto y vejez.
Art. 105. Subsidio familiar. Art. 106. Auxilios. Art. 107. Fondo para el plan
de vivienda de Buenaventura. Art. 108. Suministro de uniformes y calzado. Art.
109. Centro vacacional en Buenaventura. Art. 110. Profesores de las
concentraciones del terminal. Art. 111. Asistencia por enfermedad o accidente
cuando el tripulante deba permanecer en puerto y la unidad se haga a la mar.
Art. 112. Servicio médico para familiares de los jubilados y pensionados. Art.
113. Auxilio por muerte de familiares. Art. 114. Gastos de entierro a
trabajadores. Art. 115. Concentraciones escolares. Art. 116. Transporte. Art.
117. Descanso remunerado en otros días de fiesta. Art. 118. Embarcaciones para
pilotos prácticos.
Capítulo III Salarios Art. 119. Definición de remuneración directa y
salario promedio. Art. 120. Clasificación de trabajadores. Art. 121. Aumento de
sueldos. Art. 122. Recargos por movilización de nocivos y explosivos. Art. 123.
Recargos por trabajos en días feriados y domingos. Art. 124. Recargos por
trabajos en dominicales o feriados para el personal a destajo. Art. 125. Pago
de refrigerios, cena y desgaste físico. Art. 126. Tarifas para el personal a
destajo. Art. 127. Horas de espera. Art. 128. Tarifas para el descargue de
cereales a granel de importación en silos. Art. 129. Tarifas por movilización
de azúcar a granel o en carga unitizada. Art. 130. Tarifas para exportación de
ganado en pie. Art. 131. Arrume y desarrume de cargamentos. Art. 132. Recargos
para el personal de tráfico y remonta. Art. 133. Repeso de carga. Art. 134. Remuneración
del personal de estibadores marítimos wincheros-portaloneros, equipo terrestre,
tráfico y remonta. Art. 135. Cargue y descargue de contenedores, descargue
directo de graneles sólidos. Art. 136. Remuneración del trabajo nocturno y
suplementario al personal de nómina y jornal. Art. 137. Reasignación de
bracería marítima en los casos que falte personal. Art. 138. Vigencia de la
convención. Art. 139. Cese de operaciones. Art. 140. Descanso obligatorio. Art.
141. Remuneración del descanso. Art. 142. Trabajadores que deben laborar en
domingos y feriados. Art. 143. Labores que no pueden ser suspendidas. Art. 144.
Trabajos habituales o permanentes en domingo. Art. 145. Incentivos. Art. 146.
Suministro de elementos de protección. Art. 147. enfermedades consideradas como
profesionales. Art. 148. Préstamo educativo. Art. 149. Trabajo con lluvia
diurno y nocturno. Art. 150. Indemnizaciones como consecuencia de la
liquidación de la Empresa Puertos de Colombia: "las partes acuerdan la
siguiente tabla indemnizatoria de uno (1) a catorce (14) años, y un régimen de
pensiones proporcionales como consecuencia de la liquidación de la Empresa
Puertos de Colombia la cual significará para los trabajadores oficiales y
demás empleados del Terminal Marítimo de Buenaventura la terminación de sus
respectivos contratos de trabajo conforme a la ley. La tabla de
indemnización que reconoce el daño emergente y el lucro cesante al trabajador
es la siguiente: - sigue tabla de indemnizaciones a folio 337 modificada en
la fe de erratas, a folio 345 anexo 1A -. Parágrafo 1º. Para las pensiones
proporcionales o plenas de liquidación de la Empresa se podrá acumular tiempo
de servicio en entidades oficiales, para la indemnización sólo se tiene en
cuenta el tiempo de Colpuertos. Parágrafo 2º. La presente tabla de
indemnización y pensión proporcional se aplica en forma discrecional por parte
de la Empresa, pero la puede solicitar el trabajador. La Empresa presentará
sobre el particular un programa de desvinculación que se dará a conocer oportunamente
a los trabajadores. Parágrafo 3º. La indemnización y las pensiones
proporcionales por liquidación de la Empresa, legales y proporcionales
son incompatibles entre sí. Quien reciba la indemnización y posteriormente
tenga una pensión, se entenderá que recibe la indemnización a título de
préstamo, el cual será descontado proporcionalmente de la mesada pensional.
(...). Parágrafo 4º. Tanto las indemnizaciones como las pensiones a que se
refiere este artículo serán reconocidas por la Empresa Puertos de Colombia o
por el ente oficial que le corresponda asumir dicho pago. (...) Parágrafo
5º. A quien se le reconozca la indemnización o pensión por liquidación de la
Empresa, no se le aplicará la cláusula de estabilidad ni acción de reintegro,
(artículo tercero de la C.C.T.V), no tendrá derecho a pensión proporcional por
despido injusto (art. 104 de la C.C.T.V,)  anticipo de pensión de jubilación
(numeral 8º del artículo 100 de la C.C.T.V, ni a los artículos relacionados
con sustitución patronal (artículo 41 de la C.C.T.V.) o de derechos
adquiridos (artículo 42 de la C.C.T.V.). En igual forma el trabajador quien
se le reconozca (sic) reciba el anticipo de jubilación no tendrá derecho
a las pensiones proporcionales e indemnizaciones que se establecen como
consecuencia de la liquidación de la Empresa en los artículos 150 y 151 de la
presente convención). - Artículo 151 Pensiones proporcionales de la
liquidación de la Empresa Puertos de Colombia: "Los trabajadores
oficiales y demás empleados del Terminal Marítimo de Buenaventura que cuenten
con más de cuarenta (40) años de edad, y un tiempo de servicio igual o superior
a quince (15) años de servicio oficial, y no menos de diez (10) años continuos
o discontinuos en la Empresa Puertos de Colombia tendrán derecho a una pensión
proporcional de jubilación así: El trabajador oficial que cuente con quince
(15) años de servicio tendrá derecho a una pensión proporcional del 65% del
salario promedio, el que cuente con dieciséis (16) años de servicios el 66% del
salario promedio, el que cuente con dieciocho (18) años de servicio el 68% del
salario promedio, el que cuente con diecinueve (19) años de servicio el 69% del
salario promedio, el que cuente con veinte (20) años de servicios el 70% del
salario promedio, el que cuente con veintiún (21) años de servicios el 71% del
salario promedio y así sucesivamente sin sobrepasar el 80% del salario promedio
el valor de la pensión (conforme aparece en la última columna del siguiente
cuadro): - sigue cuadro a folio 340 del anexo 1A - Parágrafo 1º.
Igualmente tendrán este derecho los trabajadores que tuvieren más de quince
(15) años y menos de veinte (20) años al servicio de la Empresa Puertos de
Colombia y cuenten con menos de cuarenta (40) años de edad, a los cuales se le
aplicarán los porcentajes señalados en la columna número cuatro en más de diez
(10) años y menos de cuatro (4)... Parágrafo 3º. Para la liquidación de
pensiones a las que se refiere este artículo y las indemnizaciones por
liquidación de la Empresa, se tendrá en cuenta el salario promedio devengado
por el trabajador en el último año de servicio (...) Parágrafo 8º. Los
trabajadores oficiales que tengan más de quince (15) años laborados a entidades
oficiales de los cuales por lo menos diez (10) años hayan sido exclusivamente con
la Empresa Puertos de Colombia y cuenten con menos de cuarenta (40) años de
edad, tendrán derecho a pensión proporcional así: - sigue cuadro a folio 342 -.
4.3. CONVENCION
COLECTIVA No. 3
Partes: Empresa
Puertos de Colombia y Sindicato de Trabajadores del Terminal Marítimo de Santa
Marta
Fecha: Agosto 9 de
1.991
Materias:
Capítulo I Relaciones entre la Empresa y el Sindicato. Política portuaria Art. 2 Reconocimiento
a los sindicatos. Art. 3 Relaciones entre la Empresa y el sindicato Art. 4.
Jerarquía de normas. Art. 5. Obligación del sindicato de suministrar personal
necesario. Art. 6. Fiscalización sindical. Art. 7 Interpretación de la
convención. Art. 8. Edición de la convención. Art. 9. Vigencia de la
convención. Art. 10. Estabilidad en la empresa Parágrafo cuarto:
"Indemnización como consecuencia de la liquidación de la Empresa Puertos
de Colombia. Las partes acuerdan la siguiente tabla indemnizatoria de uno (1) a
catorce (14) años, como consecuencia de la liquidación de la Empresa Puertos
de Colombia, la cual significará para los trabajadores oficiales del
Terminal Marítimo de Santa Marta  la terminación de sus respectivos
contratos de trabajo conforme a la Ley. Por año de servicios reconocerá el
números de días indicados y proporcionalmente por fracción con base en el
salario promedio - sigue tabla base de indemnización a folio 34 de anexo 2A
- Para el pago de la indemnización, la cual no constituirá salario, sólo se
tendrá en cuenta el tiempo de servicio prestado a Colpuertos. La presente
tabla de indemnización podrá ser aplicada en forma oficiosa, unilateral y
discrecional por la administración de la Empresa, pero la puede solicitar el
trabajador. La indemnización y las pensiones proporcionales por liquidación
de la Empresa, legales y proporcionales son incompatibles entre sí. Quien
reciba la indemnización y posteriormente tenga una pensión, se entenderá que
recibe la indemnización a título de préstamo el cual será descontado
proporcionalmente de la mesada pensional. A quien se le reconozca la indemnización
por liquidación de la Empresa, no se aplicará la cláusula de estabilidad ni
la acción de reintegro (art. 10, de la C.C.T.V.), ni se acogerá a los
artículos relacionados con sustitución patronal (Art. 18 de la C.C.T.V.).
En igual forma el trabajador a quien se le reconozca el anticipo de jubilación
no tendrá derecho a las indemnizaciones. Art. 11. Derechos adquiridos. Art.
12 Denominación de cargos. Art. 13. Clasificación de trabajadores. Art. 14.
Igualdad de los trabajadores. Art. 15. Cupos de personal. Art. 16. Ascensos,
promociones, reemplazos y encargos de personal. Art. 17. Obligación de emplear
operadores del terminal. Art. 18. Sustitución patronal. (la sucesora
jurídica de Puertos de Colombia, a la desaparición de ésta última responderá
por la obligaciones laborales de la Empresa, "sin que se cause desmejora
en sus salarios, prestaciones sociales y demás derechos legales y
convencionales adquiridos". folio 48).
Capítulo III Régimen disciplinario y derecho de petición. Art. 19. Procedimiento para
aplicación de sanciones. Art. 20. Procedimiento para reclamos por sanciones.
Art. 21 Comité laboral. Art. 22. Comisión obrero-patronal de Santa Fe de Bogotá
D.C. Art. 23. Reclamos salariales. Art. 24. Reclamos legales y convencionales.
Art. 25. Trámite de reclamos. Art. 26. Trámite administrativo de solicitudes.
Art. 27. Recursos al trámite administrativo. Art. 28. Informaciones. Art. 29.
Deficiencias en archivo.
Capítulo IV  Fomento y beneficios educativos. Art. 30 Profesiones u oficios. Art. 31. Programa
de formación operacional. Art. 32. Cursos de capacitación.
Capítulo V Transporte, higiene, seguridad industrial y
otros beneficios. Art. 33.
Reglamento de higiene y seguridad industrial. Art. 34. Carné de identificación
para los trabajadores y familiares. Art. 35. Transporte de empleados y obreros.
Art. 36. Lanchas para pilotos y alojamiento para vigilantes. Art. 37. Peso
máximo de manipuleo. Art. 38 (falta). Art. 39. Uso de motobombas. Art. 40.
Suministro de elementos de trabajo. Art. 41. Suministro de elementos de
protección. Art. 42. Suministro de otros elementos. Art. 43. Suministro de agua
potable. Art. 44. Suministro de leche. Art. 45. Suministro de uniformes y
calzado. Art. 46. Señales fluorescentes. Art. 47. Casetas para el personal del
área operativa. Art. 48. Obligación de la Empresa sobre equipos en general.
Capítulo VI Cooperativas, fondo social y vivienda y
auxilios sindicales. Art.
49. Auxilios para cooperativas Art. 50. Préstamo a cooperativas. Art. 51.
Permisos remunerados a funcionarios de las cooperativas. Art. 52. Auxilios a
colegios y educación especial. Art. 53. Administración del casino y suministro
de alimentos. Art. 54. Fondo social. Art. 55. Auxilios para organizaciones
sindicales, fondos mortuorios y organizaciones deportivas.
Capítulo VII  Permisos. Art. 56. Permisos sindicales no permanentes. Art.
57. Permisos sindicales permanentes. Art. 58. Comisiones para asistir a
funerales. Art. 59. Permisos a deportistas. Art. 60. Permiso remunerado por
nacimiento y muerte de familiares. Art. 61. Servicio de maternidad.
Capítulo VIII Modalidades y jornadas de trabajo Art. 62. Clasificación modalidad de
trabajo y forma de pago de los operadores de elevador, tractor, grúas,
estibadores, wincheros, supervisores de cuadrilla, aguadores, personal de
bodegas y patios, y personal del CES. Art. 63. Asignación de estibadores,
wincheros y supervisores de cuadrilla. Art. 64. Horario para el personal fijo y
trabajadores que no laborán a destajo. Art. 65. Modalidad de trabajo de los
conductores de vehículos automotores, cuerpo de bomberos y servicios de las
ambulancias. Art. 66. Modalidad de trabajo del personal que laborá por turnos
de doce (12) horas. Art. 67. Turnos de mecánicos, electricistas y llanteros.
Art. 68. Horarios especiales. Art. 69. Interrupción en servicios de la naves.
Art. 70. Trabajo a través de unidades flotantes. Art. 71. Trabajo en la zona
franca de Santa Marta. Art. 72. Movilización de carga para terceros en muelles
particulares. Art. 73. Días feriados remunerados.
Capítulo IX Forma de pago y recargos por modalidad y
sistema de trabajo Art. 74
forma de pago para wincheros operadores de equipo, supervisores de cuadrilla y
aguadores. Art. 75. Recargos por trabajos en dominicales o feriados para el
personal a destajo. Art. 76. Recargo por arrume fuera de los terminales. Art.
77. Tiempo de espera. Art. 78. Recargos por trabajos en días feriados y
domingos. Art. 79. Recargos por trabajos en horas extraordinarias y por movilización
de nocivos y explosivos. Art. 80. Cena y descanso. Art. 81. Pago de
refrigerios, cena y desgaste físico. Art. 82. descanso remunerado a
trabajadores a destajo, intermitentes y fijos. Art. 83. Descanso remunerado de
vigilantes y otros. Art. 84. Descanso posterior a trabajo nocturno. Art. 85.
Conductores de vehículos en accidente y asistencia jurídica a conductores y
bodegueros. Art. 86. Salarios a trabajadores detenidos. Art. 87. Beneficios en
servicio de pilotaje y remolcadores. Art. 88. Descuentos permitidos.
Capítulo X Escalafón y salario. Art. 89. Definición de salario. Art. 90.
Definición de remuneración directa. Art. 91. Sueldos. Art. 92. Tarifas de pago
al destajo. Art. 93. Automatización. Art. 94. Salario de garantía y salario
mínimo convencional. Art. 95. Fecha de pagos de sueldos, jornales y pensiones.
Capítulo XI Prestaciones sociales Art. 96. Prestaciones sociales y otros
beneficios. Art. 97. Categorías de prestaciones. Art. 98. Prestaciones de que
gozan los trabajadores. Art. 99. Prestaciones que se reconocen a solicitud.
Art. 100. Auxilio de cesantía. Art. 101. Liquidación parcial de cesantía. Art.
102. Primas. Art. 103. Prima de antiguedad. Art. 104. Prima de traslado. Art.
105. Vacaciones. Art. 106. Servicios prestados a ciertas entidades. Art. 107.
Pensión de jubilación. Art. 108. Jubilación con veinte (20) años de servicio.
Art. 109. Jubilación con quince años de servicio. Art. 110. Tiempo mínimo de
servicio para beneficio de jubilación. Art. 111. Anticipo de jubilación (20
años o más al servicio de Colpuertos y 50 años de edad al retiro: derecho a
anticipo de la pensión). Art. 112. Pensión a herederos de pensionados. Art.
113. Pensiones proporcionales por despido injusto, vejez, muerte y
especiales o restringidas como consecuencia de la liquidación de la Empresa
Puertos de Colombia. (Parágrafo quinto: trabajadores con cuarenta
años de edad, 15 años de servicio oficial, de los cuales diez sean con
Colpuertos, tendrán derecho a pensión proporcional de jubilación hasta del 80%
del salario promedio. Para el cuadro de porcentajes, ver folio 229 del anexo
2A). Igual derecho para los trabajadores con cuarenta años de edad y
servicio a la Empresa entre 15 y 20 años. Primera variante; trabajadores con
cuarenta años de edad, servicio oficial de quince años y servicio entre 3 y 10
años a Colpuertos, pensión proporcional de jubilación hasta el 64%; segunda
variante trabajadores con cuarenta años de edad, quince años de servicio
oficial y por lo menos diez años al servicio de Colpuertos, hasta el 59% de
pensión proporcional. Para los cuadros de porcentajes relativos a estas dos
últimas variantes, ver folio 230 del cuaderno No. 2 Art. 114. Seguro
y pensión por muerte en accidente de trabajo o enfermedad profesional. Art.
115. Jubilación y cesantía. Art. 116. Certificado y seguro por muerte. Art.
117. Pensión por invalidez. Art. 118. Obligaciones del pensionado por
invalidez. Art. 119. Reajuste y otras prestaciones a los jubilados y
pensionados. Art. 120 Servicios asistenciales a los jubilados y pensionados.
Art. 121. Enfermedad profesional. Art. 122. Accidente de trabajo. Art. 123.
Enfermedades consideradas como profesionales. Art. 124. Asistencia por
enfermedad profesional o accidente de trabajo. Art. 125. Auxilio por enfermedad
no profesional. Art. 126. Liquidación por auxilio de enfermedad del personal
fijo, a destajo o intermitente. Art. 127. Auxilios a los enfermos de
tuberculosis, lepra, cáncer, sida, etc. Art. 128. Auxilio por muerte de
familiares. Art. 129. Viáticos y pasajes. Art. 130. Subsidio familiar.
Capítulo XII Servicios médico asistenciales y auxilios
especiales. Art. 131.
Prestaciones de asistencia médica y servicio de ambulancia. Art. 132.
Asistencia a familiares. Art. 133. Inscripción de esposa o compañera
permanente. Art. 134. Igualdad en servicios hospitalarios. Art. 135. Puestos de
salud en el Municipio de Ciénaga. Art. 136. Examenes médicos para obtener
licencias e ingreso a colegios. Art. 137. Dotación de clínica para el terminal
de Santa Marta. Art. 138. Partidas para conservación y mantenimiento
dependencias de sanidad y clínicas. Art. 139. Drogas en servicio de sanidad y
clínica. Art. 140. Prescripción de drogas. Art. 141. Servicios odontológicos.
Art. 142. Suministro de anteojos. Art. 143. Programa de medicina preventiva.
Art. 144. Prestaciones médico asistenciales por accidentes ajenos al
trabajo.
4.4. CONVENCION
COLECTIVA No. 4
Partes: La Empresa
Puertos de Colombia y Sindicato de trabajadores de la Empresa Puertos de
Colombia "SINTRAPOCOL"
Fecha: 23 de Abril
de 1.991
Materias:
CAPITULO I Normas. Art. 1. Reconocimiento sindical. Art. 2. Campo de
aplicación Art. 3. Descuentos sindicales. Art. 4. Jornada ordinaria de trabajo.
Art. 5. Pago de sueldos. Art. 6. Examen médico y certificado de retiro. Art. 7.
Estabilidad en el cargo. Art. 8. Comisión estatutaria de reclamos. Art. 9.
Comisión estatutaria de reclamos - integración y funcionamiento. Art. 10.
Tribunal de arbitramento. Art.11. Tribunal de arbitramento: integración y
funcionamiento. Art. 12. Término para aplicación de sanciones y su
notificación. Art. 13. Reclamos individuales. Art. 14.  Comunicación  escrita
de las decisiones. Art. 15. Reclamos sobre prestaciones sociales y por
despidos. Art. 16. Reemplazos temporales. Art. 17. Promociones y ascensos. Art.
18. Cursos de capacitación y entrenamiento. Art. 19. Liquidación de cesantías
con destino a los fondos de ahorro y vivienda. Art. 20. Indemnizaciones
para tabla ver folio 317, del anexo 2A. Art. 21. Sustitución patronal y
derechos adquiridos. Art. 22. Vigencia de la convención. Art. 23. Edición. Art.
24. Domingos y feriados.
CAPITULO II. Prestaciones económicas. Art. 25. Prestaciones legales. Art. 26.
Prima de antiguedad. Art. 27. Prima de traslado. Art. 28. Primas semestrales. Art.
29. Base de liquidación de las primas semestrales. Art. 30. Vacaciones. Art.
31. Prima de vacaciones. Art. 32. Auxilio de educación. Art. 33. Becas
universitarias y técnicas. Art. 34. Auxilio por enfermedad. Art. 35. Auxilio de
cesantía. Art. 36. Subsidio familiar ordinario. Art. 37. Subsidio familiar
extraordinario. Art. 38. Subsidio de transporte. Art. 39. Subsidio de
alimentación. Art. 40. Seguro de vida. Art. 41. Gastos de entierro. Art. 42.
Uniforme a empleados. Art. 43. Pensión de jubilación.  (Regla general:
50 años de edad, 20 de servicios continuos o discontinuos a entidades oficiales
otorgan pensión mensual por el 80% del salario promedio. Tope máximo: 17.5
salarios mínimos legales mensuales. Igual prestación para causahabientes del
trabajador con 20 años de servicio. Parágrafo sexto "Todo trabajador que
haya prestado sus servicios a la Empresa Puertos de Colombia - oficina
principal durante veinte (20) años continuos o discontinuos con
posterioridad al 21 de junio de 1.989 y cuente con cincuenta y cinco (55)
años de edad, tendrá derecho a gozar de una pensión mensual vitalicia de
jubilación, equivalente al setenta y seis por ciento (76%), del promedio
mensual de los salarios devengados por el peticionario durante el último año en
que preste sus servicios" Art. 44. Pensiones proporcionales por despido
injusto. Art. 45. Pensión de invalidez. Art. 46. Régimen pensional para ingreso
de personal posteriores al cinco (5) de febrero de mil novecientos ochenta y
dos (1982).
CAPITULO III. Prestaciones asistenciales. Art 47. Condiciones de inscripción de
familiares para el goce de los servicios asistenciales. Art. 48. Servicios
asistenciales a trabajadores. Art. 49. Servicios asistenciales a familiares.
Art. 50. Servicios asistenciales a pensionados.
CAPITULO IV Salarios Art. 51. Definición de salarios. Art. 52. Salarios a
trabajadores detenidos. Art. 53. Aumento de salarios.
CAPITULO V Otros beneficios Art. 54. Participación a entidades
sindicales. Art. 55. Permisos sindicales. Art. 56. Reincorporación al término
de permisos sindicales. Art. 57. Permisos a trabajadores. Art. 58. Club social
y deportivo. Art. 59. Entidades de ahorro consumo y vivienda. Art. 60. Aportes
para vivienda. Art. 61. Auxilio a conductores. Art. 62. Auxilio a
organizaciones sindicales. Art. 63. Trabajadores trasladados de otras
dependencias de Puertos de Colombia a la oficina principal, régimen pensional.
Art. 64. Veeduría sindical. Art. 65. Venta colonia vacacional. Art. 66.
Pensiones especiales o restringidas. "Con fundamento en la Ley 01 de
1.991, que ordena la liquidación de la Empresa el trabajador o la Empresa
podrán dar por terminada la relación laboral, siempre que la Empresa reconozca
las pensiones especiales o restringidas que se señalan a continuación. De
conformidad con la ley, la liquidación de la Empresa es una de las formas de
terminación de los contratos, y no es por lo tanto un despido injusto en ningún
caso. En consecuencia no habrá lugar a la aplicación de los artículos 7, 10
y 11 de la Convención Colectiva de trabajo por ser excluyentes dentro de esta
modalidad." (folio 390 del cuaderno No. 2, sin subrayas en el texto
original). Modalidades: 1- trabajadores oficiales de Colpuertos, oficina
principal- Bogotá con 20 años de servicios oficiales y 40 de edad, pensión de
jubilación proporcional hasta el 80%; igual derecho a trabajadores oficiales
con 40 años y 15 de servicios a Colpuertos (para tabla correspondiente, ver
folios 390, 391 del Anexo 2A). 2- trabajadores oficiales de Colpuertos,
oficina principal- Bogotá, 15 o más años de servicio y menos de 20, 40 años de
edad, pensión proporcional hasta del 69% del salario promedio. (para tabla
correspondiente ver folio 391 del anexo 2A). 3- Trabajadores oficiales de
Puertos de Colombia, 15 o más años de servicio y menos de 20, 10 años al
servicio de Colpuertos y menos de cuarenta (40) años de edad, pensión de
jubilación proporcional hasta por 54% (para tabla correspondiente ver folio 392
ibidem). 4- (...). 5- "las pensiones establecidas en este artículo se
asimilan, sustituyen y son incompatibles con las pensiones contempladas en la
ley y convención, así como en el denominado anticipo de jubilación previsto en
la convención colectiva de trabajo vigente a la fecha así mismo, las pensiones
de que trata este artículo son incompatibles con el pago de cualquier
indemnización por razón del retiro del trabajador de la Empresa." (folio
393 ibidem).
5. CONVENIOS DE
LA OIT RELEVANTES PARA ESTA CONTENCION DE CONSTITUCIONALIDAD.
De los hechos y
cargos se infiere la importancia de los convenios Nº 87 y 89 de la O.I.T. en
relación con los asuntos examinados en este fallo.
a) Convenio Nº 87
de la OIT relativo a la
libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, adoptado el 9 de
junio de 1948 por la Conferencia General de la Organización Internacional del
Trabajo en su trigésima primera reunión (incorporado al Derecho interno
colombiano por la Ley 26 de septiembre 15 de 1976). En su art. 8º, prescribe:
"1. Al ejercer los derechos que se les reconocen en el presente Convenio,
los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas están
obligados lo mismo que las demás personas o las colectividades organizadas, a
respetar la  legalidad. (...)
"2. La
legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe
las garantías previstas por el presente Convenio."
El art. 11 de este
instrumento dispone: "Todo Miembro de la Organización Internacional del
Trabajo para el cual esté en vigor el presente convenio se obliga a adoptar
todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar que los trabajadores
y a los empleadores el libre ejercicio de derecho de sindicación".
b) Convenio Nº 98
de la OIT relativo a la
aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación
colectiva, adoptado el 1º de julio de 1949 por la Conferencia General de la
Organización Internacional del Trabajo en su trigésima segunda reunión
(incorporado en la legislación interna mediante la Ley 26 de septiembre 15 de
1976). En su artículo 1º, ordena que "Los trabajadores deberán gozar de
adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar
la libertad sindical en relación con su empleo". Esta protección se deberá
otorgar específicamente, frente a actos que tengan por objeto "Sujetar el
empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a
la de dejar de ser un miembro de un sindicato".
En su art. 4º ordena
que "Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales
cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y
las organizaciones de empleadores, por una parte las organizaciones de
trabajadores, por la otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de
negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contactos colectivos,
las condiciones de empleo."
6. CARGOS DE
INCONSTITUCIONALIDAD Y DEFENSAS
6.1
Inconstitucionalidad de la Ley 01 de 1991 por vicios en su formación:
Considera el actor
de la demanda D-054, que la Ley 1ª de 1991 es inexequible en su totalidad, toda
vez que la Constitución Política, tanto la de 1886 en su artículo 81, como la
de 1991 en su artículo 157, establecen que todo proyecto de ley requiere haber
sido aprobado en primer debate en las respectivas comisiones constitucionales
de cada Cámara, así como haber sido debatido y aprobado en las plenarias de
cada Corporación, para convertirse en ley de la República.
El demandante
sostiene que la Ley 1ª de 1991 no cumplió la exigencia constitucional de ser
debatida en las cuatro oportunidades previstas en la Carta. Para el actor
"debate" es sinónimo de discusión o controversia, la cual no se dió
en las sesiones de la Comisión III de la Cámara de Representantes, ni en las
sesiones plenarias de Cámara  y Senado
Agrega que para la
fecha de la aprobación de la ley acusada estaba vigente el Reglamento del
Senado y de la Cámara de Representantes, contenido en la Ley 35 de 1990, el
cual exige para el trámite de un proyecto de ley, además de los debates
ordenados por la Constitución, que éste, en cada sesión, sea debatido artículo
por artículo o por bloques de artículos. En ninguna de las sesiones públicas en
que fue aprobada la Ley 1ª de 1991, fueron leídos los artículos del proyecto ni
su título, ni hubo aprobación de bloques parciales de artículos. Por el contrario,
el articulado fue aprobado en un solo bloque.
El demandante en el
proceso D-054 aportó como prueba dos declaraciones extrajuicio, rendidas por
los ciudadanos Arturo Riascos Rodríguez y Moisés Mena Asprilla, y solicitó a
esta Corporación la ratificación de las mismas, al igual que la citación de los
señores Alejandro Solís Caicedo y Marcos Helcías Castro con el fin de rendir
declaración sobre los hechos aseverados en la demanda.
El apoderado de la
Presidencia se remite al artículo 159 del Reglamento del Senado, a la sazón
vigente, que define el debate como "el sometimiento a discusión de
cualquier proposición sobre cuya adopción deba resolver el Congreso",
y sobre la discusión, advierte el defensor que "es el examen oral de
los negocios hechos ante el Senado y por las personas que tienen derecho a
intervenir ante él".
Es equivocada, en su
opinión, la apreciación del demandante de que todo proyecto de ley requiere
para su aprobación la lectura pormenorizada de su articulado, porque ésta sólo
procede si lo solicita alguno de los miembros de la Corporación. Luego de citar
el artículo 1º de la ley 7ª de 1945, recuerda que tampoco es necesaria la
votación artículo por artículo. El artículo 302 del Reglamento del Senado
dispone: "La votación ordinaria se efectuará dando los Senadores, con
la mano, un golpe sobre el pupitre. El Secretario informará en alta voz el
resultado de la votación, según el concepto que se forme; y si nadie pidiere en
el acto la verificación se tendrá por exacto el informe." En consecuencia,
a su juicio, el procedimiento adoptado en el caso de la Ley 1ª de 1991 fue
legalmente autorizado.
En relación con este
cargo, la apoderada del Ministerio de Obras defiende la conformidad de la Ley
demandada con las disposiciones constitucionales, ya que no es cierto, según su
concepto, que en el estudio de todo proyecto de ley sea necesario que se
presente controversia alrededor del mismo, pues pueden existir eventos en los
cuales "haya un criterio uniforme sobre la bondad del proyecto".
Agrega que la ley
demandada, cumplió con todos los requisitos constitucionales, en tal grado, que
incluso se elaboraron pliegos de modificaciones al proyecto original, razón por
la cual solicita su declaratoria de constitucionalidad.
6.2
Inconstitucionalidad del artículo 37 de la Ley 01 de 1991.
Sostiene el actor de
la demanda D-054 que en razón de la entrada en vigencia de la Carta de 1991, la
cual en su artículo 150-10 estableció el término máximo para el otorgamiento de
facultades extraordinarias y lo fijó en seis meses, las facultades del artículo
37, conferidas por el término de un año, se vieron afectadas de
inconstitucionalidad sobreviniente.
Para el apoderado de
la Presidencia de la República no es válida la acusación por extralimitación de
las facultades con fundamento en el factor temporal, dado que la Carta, al
entrar en vigencia el 7 de julio de 1991, recortó las facultades hasta por seis
meses; en el presente evento las facultades se confirieron desde el 11 de enero
de 1991 hasta el 11 de enero de 1992, por lo cual éstas se podían ejercer
válidamente hasta el 7 de enero, fecha en que se cumplían los seis meses de la
promulgación de la Constitución Política.
6.3
Inconstitucionalidad del artículo 37 de la Ley 01 de 1990 en cuanto al
contenido de las facultades:
Sostiene el actor
que esta norma confirió facultades al Ejecutivo en una materia de absoluta
reserva legal, como lo es la regulación del derecho al trabajo, que por ser de
naturaleza fundamental, debe ser regulado por medio de una ley estatutaria y,
en los términos del artículo 150-10, inciso 3º, las facultades extraordinarias
no se pueden otorgar para expedir leyes estatutarias. En este orden dichos, el
artículo 37 al autorizar al Presidente para determinar las relaciones laborales
del Fondo de Pasivo Social y fijar un régimen laboral especial con ocasión de
la liquidación de Colpuertos, adolecería de la anotada inconstitucionalidad
sobreviniente.
El artículo 37 sería
igualmente violatorio del artículo 113 de la Constitución que consagra la
separación de las ramas del poder público, porque con la concesión de
facultades el legislativo autorizó al ejecutivo a legislar sobre una materia de
la órbita exclusiva del Congreso.
En opinión del
demandante, esta norma igualmente atenta contra el artículo 150-10, inciso 3º.
En efecto, la ley autoriza al Presidente para dictar normas sobre régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos y de prestaciones sociales
mínimas de los trabajadores oficiales, materias que deben ser objeto de leyes marco,
conforme lo dispone el artículo 150-19 en sus literales e) y f) y cuya
regulación no puede confiarse al Ejecutivo.
La norma acusada al
autorizar al Presidente para dictar regímenes laborales individualizados para
los trabajadores de la Empresa de Puertos de Colombia - se agrega -, con
ocasión de su liquidación, y los del Fondo de Pasivo Social, viola el principio
de la igualdad, consagrado en el artículo 13 de la Constitución de 1991, al
igual que el artículo 4º, que consagra la supremacía de la Carta, porque ésta,
en varias de sus normas, establece la igualdad de todos los trabajadores.
En opinión del
apoderado de la Presidencia de la República, el artículo 37 no autorizó al Ejecutivo
para regular las relaciones laborales del Fondo de Pasivo Social, razón por la
cual una declaración acerca de esa afirmación carece de sentido. Tampoco
concedió facultades para "establecer regímenes o estatutos generales
relacionados con la terminación de los contratos de trabajo de las empresas
oficiales y privadas". Por el contrario, señala el apoderado, sólo
están destinadas al establecimiento de los mecanismos indemnizatorios
establecidos en razón de la supresión de los cargos que la misma ley ordena. En
los términos del apoderado, "(...) Tales materias, como se verá
enseguida más en detalle, no constituyen regulaciones generales del derecho al
trabajo, que es el ámbito de las leyes estatutarias".
"Comprende
la liquidación de una entidad cualquiera, - Advierte el Apoderado de la
Presidencia -tres aspectos fundamentales y constantes: la disposición sobre sus
bienes, sobre su actividad y sobre su personal. De tal forma. la liquidación de
una entidad como Puertos de Colombia roza aspectos laborales tales como la
supresión de los cargos de los empleados, la eventual ubicación de ellos en
otras entidades, las indemnizaciones y pensiones compensatorias. Pero no porque
se toquen, desde este perfil, los aspectos laborales no por ello puede, a la
luz de la Carta de 1991, concluírse sobre la infracción de sus disposiciones,
bajo la creencia de que tales aspectos debían haber sido regulados por leyes
estatutarias, o la de que ellas constituye una regulación general del derecho
al trabajo". Concluye,
el apoderado, que no todas las normas que tengan un contenido de carácter
laboral deben ser reguladas por ley estatutaria.
La apoderada del
Ministerio de Obras Públicas y Transporte se pronuncia sobre los cargos contra
el artículo 37 de la Ley 1ª de 1991 por violación del artículo 150-10, incisos
primero y tercero, de la Constitución, y se refiere a la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia que señala cómo en asuntos de competencia no cabe
predicar la retroactividad de la nueva Constitución. Por el segundo concepto de
violación, sostiene que la intención del constituyente no era la de agotar todo
el derecho laboral en un estatuto. La misma Carta contiene normas de contenido
laboral cuyo desarrollo corresponde al legislador por medio de leyes
ordinarias.
En relación con la
presunta violación del artículo 150, numeral 19, literales e) y f), la
apoderada del Ministerio pone de relieve que dichas materias corresponden al
Congreso para su regulación en forma general, mientras que su desarrollo está
atribuído al Presidente de la República. Para la época del ejercicio de las
facultades, señala, el Congreso no había expedido la correspondiente ley marco,
y los lineamientos a los cuales debía sujetarse el Gobierno en esta materia
estaban contenidos en la Ley 1ª de 1991, a la cual se ajustaron en su
totalidad.
6.4
Inconstitucionalidad de los decretos 035, 036 y 037 de 1992:
Asevera el actor en
el expediente D-073, hoy acumulado, que estos decretos expedidos con base en
las facultades extraordinarias del artículo 37 de la Ley 1ª de 1991, fueron
dictados por el Presidente careciendo de la competencia para ello. La Carta de
1991, al entrar en vigencia, recortó el término por el cual se habían concedido
y la materia de las mismas pasó a ser objeto de una ley estatutaria. No podía
el Presidente, seis meses después de la promulgación de la nueva Constitución,
dictar unas normas para las cuales estaba impedido temporal y materialmente.
6.5
Inconstitucionalidad de los artículos 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12 y 14 del Decreto
035 de 1992:
Se alega que para la
fecha de expedición de estas normas, regía un régimen convencional laboral  que
regulaba la situación de los trabajadores que sufriesen la terminación de su
vínculo laboral con ocasión de la liquidación de la Empresa Puertos de
Colombia. Por lo anterior, en ejercicio de las facultades extraordinarias, se
habría vulnerado el artículo 39 que establece el derecho de asociación
sindical, el 55 sobre el derecho a la negociación colectiva, el 53, inciso 5º,
que ordena el respeto a los derechos de los trabajadores y los Convenios 87 de
1948 y 98 de 1949 de la O.I.T., aprobados por las leyes 26 y 27 de 1976,
incorporados además, por el  artículo 53, inciso 4º de la Constitución de 1991.
Se agrega a lo
anterior que se contravino el artículo 150-19 en sus literales e) y f). Las
convenciones pactadas consagran mejores condiciones para los trabajadores
portuarios en cuanto a prestaciones sociales de retiro, que las establecidas
por la Ley 6ª de 1945 y su decreto reglamentario, el 2127 de 1945, por lo que
constituyen el régimen prestacional mínimo de los trabajadores oficiales de la
Empresa Colpuertos cuya modificación debe efectuarse según los lineamientos
fijados por el  Congreso en la correspondiente ley marco.
Los artículos 1º y
2º violan también - según los demandantes - el artículo 13 de la Carta que
consagra el principio de la igualdad, porque estas normas se dictaron
exclusivamente para el caso específico e individual de la liquidación de
Colpuertos, negando la sustitución patronal y consagrando un régimen especial
para la terminación de los contratos laborales y de las relaciones legales y
reglamentarias que deja sin efecto las convenciones colectivas de los
trabajadores portuarios y  los derechos en ellas consagrados.
Al respecto el
apoderado de la Presidencia sostiene que cuando la ley dispone la liquidación
de Colpuertos y adopta las medidas necesarias con tal fin, "(...) no
desborda el marco propio de las funciones que a través de la ley ordinaria o de
facultades extraordinarias precisa la Carta al poder legislativo y al poder
ejecutivo".
Agrega que es errada
la interpretación del demandante acerca de la primacía de los convenios
internacionales sobre la ley interna. En todo caso, concluye, el artículo 5º
del Decreto 035 de 1992 garantiza los derechos adquiridos hasta la fecha de
publicación del mismo.
En opinión del
defensor no se desconocen convenciones laborales pactadas con intromisión en
materias propias del legislador delegadas al ejecutivo. De otra parte, la
supresión de cargos y la regulación de los eventos que se presenten con ocasión
de la liquidación, no constituyen fijación del régimen salarial y prestacional
de los empleados públicos ni del régimen de las prestaciones sociales mínimas
de los trabajadores oficiales.
6.6
Inconstitucionalidad de los artículos 14 y 16 del Decreto 036 de 1992 y los
artículos 5º y 6º del Decreto 037 de 1992
Según uno de los
demandantes, estas relativas a la inembargabilidad de los bienes del Fondo de
Pasivo Social son violatorias de los artículos 13, 25, 53 en sus incisos 2º y
5º y del 58 de la C.P. El Fondo de Pasivo Social se creó para pagar, a nombre
de la Nación, las obligaciones laborales que existan o se generen con ocasión
de la liquidación de Colpuertos y, en opinión del actor, la inembargabilidad
atenta contra los derechos de los trabajadores portuarios y los del Fondo,
porque los despojan de las garantías efectivas para la protección y pago de las
obligaciones a cargo de su empleador.
La inembargabilidad,
de otra parte, se advierte, viola el artículo 150-10, como quiera que el
Ejecutivo se extralimita en el ejercicio de las facultades extraordinarias, las
cuales no se otorgaron para expedir normas sobre inembargabilidad, sino para la
creación del Fondo, con el fin de que atendiera los pasivos y obligaciones
surgidos de la liquidación de Colpuertos.
El apoderado de la
Presidencia de la República argumenta que no se trata de una medida aislada
sino que se debe entender necesariamente dentro del proceso de liquidación de
la entidad, enderezada a garantizar los derechos de los trabajadores.
7. CONCEPTO DEL
PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El Procurador
General de la Nación en relación con los supuestos vicios de procedimiento en
la formación de la Ley 1ª de 1991, alegados por el demandante, concluye que su
Despacho no encuentra violación alguna de los requisitos exigidos en el proceso
de conformación de la Ley 1ª.
En cuanto al término
"debate" se remite al Reglamento del Congreso en su artículo 150, y
puntualiza que el simple sometimiento a consideración de un proyecto de ley en
la respectiva comisión o en la plenaria, constituye de por sí debate, sin que
sea necesario el inicio de una discusión en torno al tema del proyecto.
El mecanismo de
votación denominado "pupitrazo", en opinión del señor Procurador, se
relaciona más con un fenómeno de responsabilidad y representatividad política
de los congresistas, que con los requisitos formales que exige la Constitución
para la aprobación de un proyecto de ley. En atención a lo anterior, considera
el concepto fiscal que la norma, en lo que corresponde a su procedimiento de
formación, es exequible.
De otra parte, el
Procurador expresa que con la entrada en vigencia de la nueva Carta, "la
ley habilitante vió recortada su legitimación en cuanto a la previsión del
elemento temporal... Los decretos que la desarrollaban, al no observar ese
presupuesto, fueron expedidos sin competencia, debiendo por tanto ser
declarados inexequibles". Solicitan, por lo tanto, a esta Corporación,
la declaratoria de la inexequibilidad de los Decretos 035, 036 y 037 de 1992.
FUNDAMENTOS
JURIDICOS
1. Proceso de
formación de la Ley 01 de 1991
1.1. Se discute bajo
este aspecto si constituye un vicio en el proceso de formación de una ley, la
no discusión o deliberación activa del  proyecto en Comisión o en
Plenaria de alguna de las Cámaras, al igual que su aprobación "a
pupitrazo".
La Constitución
Nacional de 1886 señalaba en su art. 81 los requisitos que debia cumplir todo
proyecto para convertirse en ley de la República: publicación oficial por el
Congreso antes de darle curso en la comisión respectiva (i), aprobación en
primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada Cámara (ii),
aprobación en cada Cámara en segundo debate (iii) y sanción del Gobierno
(iv).
1.2. De las pruebas
remitidas a esta Corporación por el Congreso de la República y de las aportadas
por el apoderado de la Presidencia de la República, ha quedado demostrado que
el proyecto de ley Nº 107 y 130 - Senado de 1990 (acumulados) fue leído
íntegramente, discutido y aprobado por capítulos en la Comisión III del Senado;
que en la Plenaria de la misma Corporación se aprobó en bloque el artículado,
sin darle lectura, por solicitud del ponente, a excepción de ciertos artículos
(5º, 7º, 16, 29, 34 y 37), los cuales fueron debatidos y aprobados en forma
separada; que en la sesión del 14 de diciembre en la Comisión III de la Cámara
de Representantes, se dió lectura a todo el articulado, el cual fue aprobado en
bloque, con excepción del artículo 36 del proyecto, norma que se debatió y
aprobó con posterioridad en la misma sesión; finalmente, en Anales del Congreso
Nº 160 Bis se transcribe el debate que tuvo lugar en la sesión plenaria de la
Cámara de Representantes del 15 de diciembre de 1990, en la cual abierta la
discusión sobre el proyecto de ley Nº 176 Cámara de 1990, se prescindió de la
lectura del articulado y se aprobó en su conjunto, según el texto adoptado en
la Comisión de origen.
1.3. De lo anterior
se concluye que los debates exigidos por la Constitución anterior - que es la
que debe tomarse en cuenta en la revisión formal de una ley anterior a la
actual Carta Política -  se cumplieron en lo que atañe a su aspecto formal.
Procede ahora la Corte a analizar si la exigencia de dar debate a los proyectos
de ley sólo se agota con su discusión activa y controversial como lo afirma en
su libelo el demandante.
1.4. El Diccionario
de la Real Academia de la Lengua define "debate" como "controversia
sobre una cosa entre dos o más personas. Contienda, lucha o combate".
Discusión es "acción y efecto de discutir."
El Reglamento del
Senado, vigente para la época del trámite legislativo del proyecto de la Ley 01
de 1991, definía en su artículo 159 el término debate así: "El
sometimiento a discusión de cualquier proposición o proyecto sobre cuya
adopción deba resolver el Senado. El debate empieza a abrirlo el Presidente y
termina con la votación general". A su vez, el artículo 165 describía
la discusión legislativa como "el examen oral de los negocios hecho
ante el Senado y por las personas que tienen derecho para hablar ante él".
Definiciones idénticas utilizaba el Reglamento de la Cámara de Representantes.
Sobre el tema de las votaciones, el artículo 302 del Reglamento del Senado
disponía: "La votación ordinaria se efectuará dando los Senadores, con
la mano, un golpe sobre el pupitre. El Secretario informará en alta voz sobre
el resultado de la votación, según el concepto que se forme; y si nadie pidiere
en el acto la verificación, se tendrá por exacto el informe". Para el
Reglamento de la Cámara de Representantes, votación ordinaria es la que se
efectúa "poniéndose de pies los Representantes que quieren el sí, y
permaneciendo sentados los que quieren el no de la proposición interrogativa
presentada por el Presidente". Acto seguido, el Secretario cuenta los
votos afirmativos y publica el resultado. El actual Reglamento del Congreso,
Ley 5ª de 1992, conserva las mismas definiciones.
Como bien lo señala
el doctor Hernán Guillermo Aldana Duque, apoderado de la Nación-Presidencia de
la República, las palabras de la ley se entienden en su sentido natural y obvio
según el uso general de las mismas, como principio general. La excepción a esta
regla la constituyen las definiciones que el legislador haya adoptado
expresamente para ciertas materias, caso en el cual, los términos se
interpretarán de acuerdo con su definición legal, conforme a la preceptiva del
artículo 28 del Código Civil.
Por lo anterior, en
lo que respecta al trámite legislativo, la interpretación correcta de los
términos "discusión y debate" es la que se ajusta a las definiciones
legales establecidas por el Reglamento del Congreso y no la del sentido natural
y obvio de dichas expresiones según su uso general.
En consecuencia,
tanto el debate como la discusión exigidas por el Reglamento del Congreso y por
el artículo 81 de la anterior Carta Política se cumplieron a cabalidad durante
el trámite legislativo del proyecto de la Ley 01 de 1991, puesto, que
ciertamente tanto en las sesiones en comisión como en las plenarias, se dió
debate al articulado del proyecto, concluyendo con su aprobación. Se agrega que
la votación "a pupitrazo" -en los términos del demandante-,
correspondía a un procedimiento autorizado por el Reglamento del Congreso para
la adopción de proyectos de ley, en los términos de los artículos 302 del
Reglamento del Senado y 250 de la Cámara de Representantes.
Es procedente
aclarar que no toda violación a las normas de los Reglamentos Internos de las
Cámaras acarrea un vicio de inconstitucionalidad. Este solo procede en los
casos en que la Constitución remite expresamente a ellos para señalar el
procedimiento legislativo, como lo expresara la Corte Suprema de Justicia en
sentencia del 14 de agosto de 1979 y lo reiterara en sentencia del 24 de
noviembre de 1988. Por lo expuesto, no son admisibles los cargos fundados en el
procedimiento seguido para la votación de la Ley 01 de 1991. El procedimiento
observado no sólo estaba autorizado expresamente por el Reglamento, sino que no
involucra requisitos de los expresamente exigidos por la Constitución para el
trámite de proyectos de ley en el Congreso.
Ciertamente la
discusión y el debate, aparte de su deseables intrínsecamente, son connaturales
al proceso democrático, el cual puede tornarlos más o menos visibles según el
grado de consenso que convoque una determinada idea o proposición. En el plano
de la garantía del principio democrático, en el caso presente, este se debe
entender respetado como quiera que a los intervinientes en el trámite de
adopción de la ley se les brindó en todo momento la posibilidad de controvertir
libremente el proyecto.
2. Las leyes
estatutarias y materias relacionadas con el derecho al trabajo
2.1. La Ley 01 de 1991,
norma consustancial al proceso de apertura económica, persigue básicamente
cuatro objetivos, basados en la necesidad de modernizar el sistema portuario
colombiano. En primer lugar, se procede a su reorganización, en desarrollo de
lo cual se ordena la liquidación de la empresa estatal Puertos de Colombia.
Dentro de ese proceso, y con el fin de reubicar a los empleados de la Empresa
que queden cesantes, se prevé la creación de una Comisión de Promoción de
Empleo. La Ley establece además que la operación de los puertos se entregará en
concesión a sociedades portuarias, que podrán ser de capital privado, mixto o
público y se las autoriza para fijar libremente sus tarifas. Se crea la
Superintendencia de Puertos como ente encargado de la coordinación y vigilancia
del sistema portuario y, finalmente, se precisan los mecanismos tarifarios y de
protección a la libre concurrencia que permitirán un juego económico eficiente
y limpio.
Es en el capítulo
séptimo, donde la Ley trata el procedimiento para la liquidación de Colpuertos,
la cual, según lo dispone la Ley, habrá de llevarse a cabo dentro del término
de tres años. El artículo 35 dispone que "(...) La Nación asumirá el
pago de las pensiones de jubilación de cualquier naturaleza, de las demás
prestaciones sociales y de las indemnizaciones y sentencias condenatorias
ejecutoriadas o que se ejecutoríen a cargo de Puertos de Colombia, así como su
deuda interna y externa". El artículo 36 autoriza la creación de una
Comisión de Promoción de Empleo con el fin de capacitar a los trabajadores
cesantes, en oficios alternativos y para facilitarles asesoría y financiación
con la perspectiva de que formen empresas de operadores portuarios en el
futuro.
Esta Comisión
igualmente señalará al liquidador de Colpuertos las pautas a seguir en lo
relativo al pago de las indemnizaciones que se generen a raíz de la supresión
de cargos. En efecto, dice el párrafo segundo del artículo 36: "El
liquidador de Puertos de Colombia, siguiendo las pautas que cree la Comisión de
Promoción de Empleo, indemnizará a los trabajadores oficiales cuyos cargos se
suprima, de conformidad con las normas vigentes; pero podrá ofrecer a aquellos
cuya colaboración sea especialmente útil, la opción de vincularse a un cargo
específico, en las condiciones laborales propias de este".
Se conceden también
facultades extraordinarias al Presidente con el fin de crear un Fondo cuyo
objeto consista en atender, por cuenta de la Nación, los pasivos y obligaciones
señalados en los artículos 35 y 36, y para dictar las normas sobre
contratación, régimen y presupuesto para la liquidación de la Empresa Puertos
de Colombia, creación de las sociedades portuarias de que trata la Ley y
promoción del empleo a través de la Comisión que se cree con tal fin.
El Decreto 035 de
1992 regula todo lo concerniente con la terminación de actividades y la
liquidación de Colpuertos. Los artículos 1º a 4º se ocupan de la desvinculación
de trabajadores oficiales y de empleados públicos de la Empresa, por
terminación tanto de los contratos de trabajo como de las relaciones legales y
reglamentarias correspondientes. A partir del artículo 5º se regula la forma de
liquidación de las pensiones de jubilación para los trabajadores oficiales que,
según el Decreto, tengan derecho a ella y en las cuantías que el mismo señala.
El capítulo II del Título II trata de las indemnizaciones en favor de los
trabajadores oficiales que se ocasionen con la terminación de sus contratos,
señalando las cuantías en proporción al tiempo laborado en la Empresa. El
capítulo I del título III regula lo atinente a las pensiones de jubilación que
se hayan de cancelar en favor de los empleados públicos. El capítulo II del
mismo título dispone sobre las bonificaciones que se concederán en favor de los
empleados públicos a quienes se les suprima el cargo, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 1660 de 1990. El título IV crea la Comisión de
Promoción de Empleo, y señala los funcionarios que la integran, lo mismo que
sus funciones. El título V establece disposiciones dirigidas a señalar las
entidades que asumen el pago de las pensiones y los procedimientos que deben
surtirse. El artículo 24, ubicado en el Título V de Disposiciones varias, reza:
"La liquidación de la Empresa Puertos de Colombia es justa causa para
dar por terminados los contratos de trabajo, de conformidad con el artículo 5º,
literal e) de la Ley 50 de 1990".
El Decreto 036 de
1992 organiza el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, en
liquidación, entidad encargada de asumir progresivamente los pasivos y
obligaciones laborales a cargo de Colpuertos. Así, señala su objeto (artículo
2º), sus funciones (artículo 3º), los órganos encargados de la dirección y
administración (artículos 5º a 10º), los bienes que componen su patrimonio
(artículo 11), el régimen jurídico de sus actos, el método de asunción de las
obligaciones de la Empresa, la inembargabilidad de sus bienes y recursos y el
término de duración del Fondo ( artículos 12 a 17).
Por medio del Decreto
037 de 1992 se fija el régimen presupuestal para la liquidación de Colpuertos,
señalando la forma en que se habrán de ejecutar los recursos que se asignen en
el presupuesto general a la Empresa, la constitución de reservas presupuestales
con el fin de atender las obligaciones contractuales pendientes de Puertos de
Colombia, el manejo de los bienes y recursos, y la inembargabilidad de los
mismos.
Dado que la Ley y
los Decretos que la desarrollan se refieren a materias relacionadas con el
trabajo, se resolverá si su regulación procede por medio de una ley estatutaria
de las establecidas en el artículo 152 de la Constitución, o por medio de ley
ordinaria de un decreto del Ejecutivo en ejercicio de precisas facultades
extraordinarias.
2.2. El artículo 152
de la Constitución establece:
"Mediante
las leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará las siguientes
materias:
a) Derechos y
deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su
protección;
(...)"
Por su parte, el
artículo 153 dispone:
"La
aprobación, modificación o derogación de las leyes estatutarias exigirá la
mayoría absoluta de los miembros del Congreso y deberá efectuarse dentro de una
sola legislatura.
Dicho trámite
comprenderá la revisión previa, por parte de la Corte Constitucional, de la
exequibilidad del proyecto.(...)"
Contempla la
Constitución leyes para materias específicas cuya característica reside en la
agravación de los requisitos para su aprobación, por exigir una voluntad
distinta de la que legisla en los demás casos: la voluntad de la mayoría
absoluta y no de la simple; por requerirse su aprobación dentro de una sola
legislatura y exigirse la revisión previa de constitucionalidad por parte de la
Corte Constitucional.
En la Asamblea Nacional
Constituyente se discutió el tema de las leyes estatutarias en el seno de la
Comisión III. En el Informe-Ponencia para primer debate en plenaria se señaló:
"(...) Se
pensó, entonces, que una ley estatutaria podría proporcionar la estructura
legal adecuada para regular materias atinentes a los derechos fundamentales...
Añádase a lo anterior que un mandamiento de esa naturaleza tiene la virtud de
liberar el texto constitucional de la regulación detallada".
Prosiguen los
ponentes:
"(...) Por
su rango superior a la ley ordinaria, su estabilidad y permanencia
proporcionada por su particular sistema de aprobación, modificación y
derogación; por su trámite excepcional, que no podrá exceder de una
legislatura, y el requisito de revisión previa de constitucionalidad del
proyecto antes de su perfeccionamiento, deja bien claro el pensamiento de los
miembros de la Comisión acerca de la particular naturaleza jurídica con la cual
se la dota. Su carácter aparece, pues, definido tanto por el método de
aprobación de la norma como por su contenido.
(...)
Ahora bien,
tratándose de los derechos fundamentales que se adopten en la Carta su alcance
será desarrollarlos y complementarlos. Tarea en la cual la ley estatutaria está
llamada a cumplir una labor adicional como es la de vincular estrechamente al
Congreso con la efectiva promoción y protección de los derechos de las personas
en una forma integral.
(...)
La ley
estatutaria representa una oportunidad para desarrollar cabalmente no sólo los
mandamientos constitucionales sino también la legislación internacional en
aquellos casos que requieran desenvolvimientos concretos en nuestro orden
interno".(Gaceta
Constitucional Nº 79, miércoles 22 de mayo de 1991, pág. 13)
Como norma de
excepción al sistema general o de mayoría que domina el proceso legislativo,
su  interpretación no podrá extender el alcance de las leyes estatutarias más
allá de los límites enderezados a velar por su tutela y protección. La
Constitución se fundamenta en una democracia basada en el juego de las mayorías
y sólo incorpora excepcionalmente el sistema de mayoría cualificada
Ahora bien, como se
menciona en la transcripción del Informe-Ponencia, las leyes estatutarias sobre
derechos fundamentales tienen por objeto desarrollarlos y complementarlos. Esto
no supone que toda regulación en la cual se toquen aspectos relativos a un
derecho fundamental deba hacerse por vía de ley estatutaria. De sostenerse la
tesis contraria, se vaciaría la competencia del legislador ordinario. La misma
Carta autoriza al Congreso para expedir, por la vía ordinaria, códigos en todos
los ramos de la legislación. El Código Penal regula facetas de varios derechos
fundamentales cuando trata de las medidas de detención preventiva, penas y
medidas de seguridad imponibles, etc. Los Códigos de Procedimiento sientan las
normas que garantizan el debido proceso. El Código Civil se ocupa de la
personalidad jurídica y de la capacidad de las personas. En resumen, mal puede
sostenerse que toda regulación de estos temas haga forzoso el procedimiento
previsto para las leyes estatutarias.
Las leyes
estatutarias están encargadas de desarrollar los textos constitucionales que
reconocen y garantizan los derechos fundamentales. No fueron creadas dentro del
ordenamiento con el fin de regular en forma exhaustiva y casuística todo evento
ligado a los derechos fundamentales.
Así, una ley
estatutaria deberá desarrollar, para el caso del derecho al trabajo, el
concepto del trabajo como obligación social, lo qué se entiende por
"condiciones dignas y justas", la determinación de las distintas
modalidades del trabajo que gozan de la especial protección del Estado y,
en fin, enriquecer el contenido de este derecho con base en los desarrollos que
surjan de los tratados y convenios internacionales.
Por su parte,
corresponde al Estatuto del Trabajo, que el artículo 53 de la Constitución
ordena expedir al Congreso, regular detalladamente los aspectos laborales,
teniendo en cuenta los principios allí enunciados de igualdad de oportunidades
a los trabajadores, remuneración mínima vital y móvil, estabilidad en el
empleo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales, etc. Esta norma constitucional destaca el carácter concreto de la
ley estatutaria; de dársele una interpretación como la pretendida por el
demandante, aquélla carecería absolutamente de sentido.
Ahora bien, la Ley
01 de 1991 y los decretos leyes que la desarrollan se ocupan de aspectos
laborales en la medida en que la liquidación de una entidad - facultad que en
este caso compete al legislador en los términos del artículo 150-7 de la Carta
-, necesariamente comporta la previsión sobre el futuro de los empleados que
quedan cesantes, las indemnizaciones que se hacen exigibles como consecuencia
de la terminación de los contratos laborales, el pago de las prestaciones que
se adeuden y su monto, lo mismo que la determinación de las personas o
entidades encargadas de responder por los pasivos y obligaciones laborales.
Como se puede
observar, estas disposiciones en ningún momento pretenden desarrollar el
derecho fundamental al trabajo, - desde la perspectiva de una típica ley
estatutaria - ni mucho menos constituír un conjunto de disposiciones que
regulen, en forma general, toda la materia laboral - ámbito del Estatuto del
Trabajo -, previsto en el artículo 53 de la Carta. Su finalidad última es
proporcionar una regulación que permita llevar a cabo la liquidación de una
entidad determinada - Puertos de Colombia -, previendo eventuales traumatismos
en la terminación de los contratos o de las vinculaciones legales y
reglamentarias y en el pago de las obligaciones laborales.
En vista de lo
anterior, esta Corte considera que el Congreso utilizó la vía adecuada para
expedir la Ley 01 de 1991, no siendo lo regulado en ella materia de una ley
estatutaria, y bien podía  otorgar facultades extraordinarias al Ejecutivo con
miras a la regulación precisa de las cuestiones laborales surgidas con la
liquidación de la Empresa, al igual que para la creación del Fondo de Pasivo Social
y la regulación del régimen de transición para el pago de los pasivos
laborales, no siendo estas materias excluídas de la concesión de facultades
extraordinarias al Presidente en los términos del artículo 150-10. En todo caso
cabe agregar que la Ley 01 de 1991 se expidió con anterioridad a la vigencia de
la Nueva Constitución Política y no se puede pretender aplicar retroactivamente
el repertorio de la nueva tipología legal contemplada en la Constitución.
3. Ejercicio
temporal de las facultades extraordinarias
3.1. La ley 01 de
1991 fue publicada en el Diario Oficial Nº 39.626 del 11 de enero de 1991. Las
facultades en ella contempladas, para ser ejercidas por el ejecutivo, se
concedieron por el término de un año, contado a partir de la publicación de la
Ley (artículo 37).
La Constitución
Política, que entró a regir el 7 de julio de 1991, dispuso en su artículo
150-10 que las facultades extraordinarias que el Congreso puede conferir al
gobierno sólo pueden otorgarse por un plazo máximo de 6 meses.
El Gobierno, en
ejercicio de las mencionadas facultades, dictó los Decretos 035, 036 y 037 de
1992, los cuales fueron publicados en el Diario Oficial Nº 40.260 del 3 de
enero de 1992.
Se discute si el
término para el ejercicio de las facultades extraordinarias atribuídas al
Presidente de la República por la Ley 01 de 1991, debe ser el original de un
año a partir de su vigencia (i), ha expirado como consecuencia de la
entrada en vigor de la nueva Constitución (ii), o finalmente, dicho
término concluye seis meses después de la promulgación de la Constitución (iii).
3.2. En Sentencia
C-511 del tres (3) de septiembre de 1992, esta Corporación se pronunció sobre
la materia debatida:
"La entrada
en vigor de la nueva Constitución, portadora de la reducción a seis meses del
límite temporal de la concesión de facultades extraordinarias, no pudo entrañar
la automática derogatoria de las leyes de facultades anteriores a su vigencia -
como era el caso de la Ley 49 de 1990 - que contemplaban un período de
utilización mayor y cuyo vencimiento se proyectaba con posterioridad a ella. El
Congreso anterior al expedir leyes que consagraban competencias temporales en
favor del Ejecutivo superiores a los seis meses, no hacía cosa distinta que
ceñirse al ordenamiento constitucional a la sazón vigente. Supeditar la
constitucionalidad de estas leyes a que su módulo temporal no exceda de seis
meses, significa colocar retrospectivamente en cabeza del Congreso una
obligación de imposible cumplimiento, como era imaginar una exigencia futura
del Constituyente y haber actuado en consecuencia cuando ésta era inexistente.
Más aún, independientemente del factor temporal, tamaña exigencia desconoce que
la concesión de facultades en sí misma considerada, se cristalizó plenamente
bajo la autoridad del antiguo ordenamiento y constituye un hecho jurídico sobre
el cual en lo que tiene de consolidado y acabado no está llamada a tener
injerencia alguna la nueva Constitución.
(...)
La interpretación
conforme a la nueva Constitución es aquella que sin frustrar la iniciativa
legislativa dé cabal cumplimiento a la mencionada exigencia constitucional. En
este sentido deben declararse constitucionales, por el aspecto temporal, las
leyes de facultades dictadas con anterioridad y cuyo horizonte temporal se extienda
más allá de la fecha de entrada en vigencia de la nueva Constitución, siempre
que el término por vencerse no exceda del término de seis meses contados a
partir de esa misma fecha, pues en el evento en que lo supere, el exceso
carecerá de sustento constitucional y se entenderá extinto.
3.3 Los Decretos
leyes 035, 036 y 037 acusados, fueron expedidos por el Presidente el 3 de enero
de 1992, dentro del término legal para el ejercicio de las facultades
extraordinarias otorgadas en la Ley 01 de 1991, las cuales, de acuerdo con lo
sostenido en esta providencia, vencieron el 7 de enero de 1992. Por este
aspecto, el cargo no está llamado a prosperar.
4. La ley marco y
los empleados públicos y trabajadores oficiales de Colpuertos
La Empresa Puertos
de Colombia fue creada como una entidad descentralizada, por la ley 154 de
1959. Por medio del decreto ley, 561 de 1975 se transformó en empresa
industrial y comercial del Estado. Fue reorganizada en el Decreto 1174 de 1980.
Desde sus inicios, el objeto de la Empresa Puertos de Colombia ha sido el de
operar los terminales marítimos y fluviales y prestar los servicios portuarios.
Por tratarse de una entidad pública, el régimen de sus empleados contempla dos
categorías: los trabajadores oficiales, vinculados por medio de contratos de
trabajo y los empleados públicos, cuya vinculación es de naturaleza legal y
reglamentaria. Para estas dos categorías de funcionarios se consagraron
regulaciones separadas en los Decretos expedidos por el Presidente en ejercicio
de las facultades conferidas. Así, el Decreto ley 035 de 1992 trata en su
título II de las pensiones de jubilación y de las indemnizaciones para los
trabajadores oficiales de la Empresa; en su título III regula lo relativo a las
pensiones de jubilación y las bonificaciones que se reconocerán a los empleados
públicos.
Según el demandante
la regulación de los aspectos conexos a la terminación de los contratos de
trabajo y de las vinculaciones legales y reglamentarias de trabajadores
oficiales y empleados públicos procedía a través de una ley marco, de las
contempladas en el artículo 150, numeral 19, ordinales e) y f), por tratarse
del régimen prestacional de los empleados públicos y de las prestaciones
sociales mínimas de los trabajadores oficiales de Puertos de Colombia.
La institución de
las leyes marco, introducida en el ordenamiento constitucional colombiano con
la reforma de 1968, persigue para determinadas materias, dada su complejidad y
constante evolución, la colaboración de Legislativo y Ejecutivo, así: el
primero, señalará al Gobierno las pautas generales dentro de las cuales éste
último debe desarrollar en concreto su facultad reglamentaria ejecutando esos
principios en una forma dinámica y de fácil modificación.
"(...) A
raíz de este proceso y, al tenor del artículo 79 de nuestra Carta, las Cámaras
después de que votan una ley marco son reemplazadas por el Gobierno. A partir
de ese instante las facultades de iniciativa y de decisión respecto de las
materias enumeradas en el artículo 76, numeral 22, quedan en manos del Gobierno
quien, por esa vía, se convierte en el órgano competente, investido de
facultades legislativas para expedir, modificar y derogar la legislación dentro
del marco normativo que le trazó el Congreso y que complementa a través del reglamento.
Se supone que las Cámaras vuelven a quedar habilitadas, en el ejercicio de esa
potestad legislativa, cuando al Gobierno le interese una nueva norma cuadro
para moverse dentro de límites mucho más amplios de los que inicialmente le
fueron atribuídos..."
"(...) Los
tratadistas coinciden en afirmar que la determinación de los principios fundamentales
por el Parlamento significa dictar las normas generales a partir de las cuales
el Ejecutivo puede legislar. Cuando la rama legislativa define principios
generales estructura un marco. Entonces, el Jefe de Gobierno queda investido de
facultades para crear situaciones jurídicas dentro de las pautas que
previamente le han trazado.
El argumento
práctico que se esgrimió para justificar la filosofía y la técnica que inspiran
la norma, se fundó en motivos de rapidez y  evolución. En esa forma el Gobierno
se reserva la posibilidad de intervenir por decreto en aquellos sectores que
exigen una decisión pronta y oportuna y que, además, son susceptibles de
permanente evolución como ocurre con los sectores de la enseñanza y del
trabajo, lo cual hace aconsejable que el Ejecutivo cuente con un amplio margen
de maniobras..."
"(...) En
conclusión, los tratadistas parecen estar de acuerdo en opinar que la
asignación de materias bien a la órbita legislativa o al dominio del reglamento
siguió el principio bien conocido de la inoportunidad de que los gobiernos, por
naturaleza transitorios, deshagan aquéllo que se considera una conquista" (Informe-Ponencia para primer debate en
plenaria, Gaceta Constitucional Nº 51, abril 16 de 1991).
La Constitución de
1991 amplió las materias que han de ser objeto de las leyes marco: organización
del crédito público; regulación del comercio exterior y del cambio
internacional, en concordancia con las funciones que la Constitución consagra
para la Junta Directiva del Banco de la República; modificación, por razones de
política comercial de los aranceles, tarifas y demás disposiciones
concernientes al régimen de aduanas; regulación de las actividades financiera,
bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento
e inversión de los recursos captados del público; fijación del régimen salarial
y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional
y de la Fuerza Pública y determinación del régimen de prestaciones sociales
mínimas de los trabajadores oficiales.
Cuando la Carta
señala en su artículo 150-19 que al Congreso le compete fijar las pautas
generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno para regular el régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos y el régimen de prestaciones
mínimas de los trabajadores oficiales, se refiere a una ley que debe trazar los
principios y límites para la regulación de las referidas materias con carácter
general por parte del Ejecutivo.
Los reglamentos que
dicte el Ejecutivo revisten cierto grado de generalidad. Sus destinatarios
serán el universo de los trabajadores o una categoría más o menos extensa de
los mismos. En consecuencia, es equivocada la afirmación del actor en el
sentido de que las normas acusadas no podían ser objeto de facultades
extraordinarias por tratarse de materias objeto de una ley marco y, por tanto,
excluídas expresamente por el artículo 150-10 de una eventual concesión de
facultades extraordinarias. La regulación del monto de las indemnizaciones y de
las pensiones de jubilación de los trabajadores oficiales y de los empleados
públicos de Colpuertos, lejos de ser una regulación genérica, se circunscribe
al caso específico de la liquidación de Puertos de Colombia, decidida por el
Congreso, dentro de las facultades que le confiere el artículo 150-7 de la
Carta y, por ello, perfectamente atribuible al Ejecutivo, tanto a la luz del
anterior ordenamiento constitucional como del ahora vigente.
5. Convenciones
Colectivas
Las pruebas
documentales incorporadas al expediente permiten comparar los beneficios
pensionales e indemnizatorios reconocidos por el Decreto 035 de enero 3 de 1992
con aquellos que aparecen en las convenciones colectivas suscritas por la
Empresa Puertos de Colombia y los sindicatos.
PENSIONES TRABAJADORES OFICIALES
DECRETO
035 de 1.992(1)           CONVENCION Nº1 (Parágrafo 5º Art.                                                         113)
(2)
Años de
servicio  Porcentaje
/                  Años de servicio
Porcentaje /
salario
promedio                             salario promedio
20  años                        64%            20
años               70%
21  años                        65%            21
años               71%
22  años                        66%            22
años               72%
23  años                        67%            23
años               73%
24  años                        68%            24
años               74%
25  años                        69%            25
años               75%            26 años                         70%            26
años               76%            27  años                        71%            27
años                   77%
28  años                        72%            28
años               78%
29  años                        73%            29
años               79%
30  años                        74%            30
años               80%
31  años                        75%            31
años                80%
(1) 55 años
hombres,50 mujeres      (2)Trabajadores sindicalizados con                                                 20
años de
servicio al Estado, 10                                                   como
mínimo a Colpuertos 40 años de                                                        edad,
menos de 50. ver folio 135,                                                         Anexo
1A.
PENSIONES TRABAJADORES OFICIALES
DECRETO
035/92                                            CONVENCION No.2
(Art.                                                                    151)  (1)
Años de
servicio
Porcentaje
/                 Años de servicio  Porcentaje /
salario
promedio                   salario promedio
20 años                64%                     15
años                65%            21 años               65%                     16
años                66%
22 años                66%                     17
años                67%            23 años               67%                     18
años                68%
24 años                68%                     19
años                69%            25 años               69%                     20
años                70%
26 años                70%                     21
años                71%
27 años                71%                     22
años                72%
28 años               72%                     23
años                73%
29 años                73%                     24
años                74%
30 años                74%                     25
años                75%
31 años                75%                     26
años                76%
27
años                77%                                                                    28
años                78%
29
años                79%
30
años                80%
31
años                80%
(1) 55 años hombres,
50 mujeres      (2) 40 años, 15 años de servicio                                                             al
Estado, 10 a Colpuertos;                                                            sólo
para trabajadores                                                                            oficiales.
PENSIONES TRABAJADORES OFICIALES
DECRETO
035/92                                   CONVENCION No.3                                                                             Parágrafo
5º, Art.113 (1)
Años de
servicio  Porcentaje
/                  Años de servicio Porcentaje /
salario
promedio                             salario promedio
20 años                64%                     20
años                70%
21 años                65%                     21
años                71%
22 años                66%                     22
años                72%
23 años                67%                     23
años                73%
24 años                68%                     24
años                74%
25 años                69%                     25
años                75%
26 años                70%                     26
años                76%
27 años                71%                     27
años                77%
28 años                72%                     28
años                78%
29 años                73%                     29
años                79%
30 años                74%                     30
años                80%
31 años                75%                     31
años                80%
(1) 55 años hombres,
50 mujeres      (2) 40 años, 15 años de servicio                                                             al
Estado, 10  a Colpuertos;                                                           sólo
para trabajadores                                                                            oficiales.
PENSIONES TRABAJADORES OFICIALES
DECRETO
035/92 (1)          CONVENCION No.4 (Art.44) (2)
Años de
servicio
Porcentaje
/                 Años de servicio Porcentaje /
salario
promedio                   salario promedio
20 años                         64%            20
años      70%
21 años                         65%            21
años      71%
22 años                         66%            22
años      72%
23 años                         67%            23
años      73%
24 años                         68%            24
años      74%
25 años                         69%            25
años      75%
26 años                         70%            26
años      76%
27 años                         71%            27
años      77%
28 años                         72%            28
años      78%
29 años                         73%            29
años      79%
30 años                         74%            30
años      80%
31 años                         75%
(1) 55 años hombres,
50 mujeres      (2) 20 años de servicios a                                                                       entidades
públicas, 40 años                                                           de
edad.
INDEMNIZACION TRABAJADORES OFICIALES
Decreto 035 de
1.992                                CONVENCION
No.1 (art.10
parágrafo
4o)
Años de
servicio
Número
de días           Años de servicio  No. de días                            salario
promedio                                      salario promedio
1 año
63    días
1 año
63
días
1 a
2
81    días
2
81
días
2 a
3
99    días
3
99
días
3 a
4      117   días
4                117
días
4 a
5      141   días
5                141
días
5 a
6      165   días
6                165
días
6 a
7      189   días
7                189
días
7 a
8      213   días
8                213
días
8 a
9      237   días
9                237
días
9 a    10     450   días                      10               450
días
10 a   11     495   días                      11               495
días
11 a   12     540   días                      12               540
días
12 a   13     585   días
13 a   14     630   días
14 a   15     675   días
15 a   16     720   días
16 a   17     765   días
17 a   18     810   días
18 a   19     855   días
19 a   20     900   días
INDEMNIZACION TRABAJADORES OFICIALES
DECRETO 035 de
1.992                                  CONVENCION
No.2 (Art.150) (1)
Años de
servicio  Número
de días            Años de servicio  No. de días                            salario
promedio                            salario promedio
0-1m
45
días
1 año
63    días
1 año
61
días
1 a
2
81    días
2
77
días
2 a
3
99    días
3
93
días
3 a
4      117   días
4                109
días
4 a
5      141   días
5                129
días
5 a
6      165   días
6                150
días
6 a
7      189   días
7                171
días
7 a
8      213   días
8                192
días
8 a
9      237   días
9                218
días
9 a    10     450   días                      10               437
días
10 a   11     495   días                      11               480
días
11 a   12     540   días                      12               523
días
12 a   13     585   días                      13               566
días
13 a   14     630   días                      14               609
días
14 a   15     675   días
15 a   16     720   días
16 a   17     765   días
17 a   18     810   días
18 a   19     855   días
19 a   20     900   días
(1)
Modificado por la Fe de Erratas
a
folio 345 del Anexo 1A.
INDEMNIZACION TRABAJADORES OFICIALES
Decreto 035 de
1.992                                CONVENCION
No.3 (parágrafo 4º,Art. 10º)
Años
de servicio Número de días
Años de
servicio  No. de
días salario promedio                                      salario
promedio
1 año
63    días
1 año
63
días
1 a
2
81    días
2
81
días
2 a
3
99    días
3
99
días
3 a
4      117   días
4                117
días
4 a
5      141   días
5                141
días
5 a
6      165   días
6                165
días
6 a
7      189   días
7                189
días
7 a
8      213   días
8                213
días
8 a
9      237   días
9                237
días
9 a    10     450   días                      10               450
días
10 a   11     495   días                      11               495
días
11 a   12     540   días                      12               540
días
12 a   13     585   días                      13               585
días
13 a   14     630   días                      14               638
días
14 a   15     675   días                      15              671   días
15 a   16     720   días
16 a   17     765   días
17 a   18     810   días
18 a   19     855   días
19 a   20     900   días
Lo anterior permite
a esta Corte afirmar que se configura un menoscabo de los derechos adquiridos
por los trabajadores de Colpuertos en las convenciones a las cuales se ha hecho
alusión. El Gobierno Nacional, al dictar con posterioridad a la fecha de la
firma de las convenciones, un decreto que reduce los derechos pensionales de
los trabajadores sindicalizados, ha desconocido los derechos adquiridos con arreglo
a la ley, pieza capital de nuestro ordenamiento jurídico que aparece en la
nueva Carta Fundamental en el inciso primero del art. 58. Se produce además una
transgresión explícita del ordenamiento constitucional vigente. Sin que tenga
relevancia el rango de las normas que contienen el régimen más favorable, es
claro que el Decreto 035 de 1992 viola el art. 53 de la Constitución Política,
que prohibe al legislador, y a los contratantes "menoscabar" los
derechos de los trabajadores.
No es de recibo afirmar
que la vulneración de los derechos de los trabajadores sólo se produce en
aquellos casos en los que determinados trabajadores o empleados cualifican para
ser pensionados o indemnizados bajo los parámetros de las convenciones
colectivas.
No es así porque lo
ganado en una convención colectiva significa un derecho en sí mismo para
el trabajador, que en algún momento de su vida de trabajo se verá confrontado
con la realización de la hipótesis normativa. Pero, además, es derecho actual y
no mera expectativa pues se trata de una conquista de ese conjunto
específico de trabajadores que labora en Colpuertos.
Se configura
asimismo una violación al derecho a la negociación colectiva consagrado en el
artículo 55 de la Constitución Política, porque el Gobierno, al expedir el
Decreto 035 bajo estudio, en su artículo 6º desconoció el poder vinculante de
las convenciones colectivas, como mecanismos creadores de normas jurídicas
obligatorias para las partes.
El quebrantamiento
del canon constitucional que consagra el derecho a la negociación colectiva
lleva ineludiblemente a la infracción de la norma que protege el derecho a la
asociación sindical (art. 39 C.P.) por tratarse de dos derechos ligados entre
sí, ya que la negociación colectiva es consecuencia de la existencia de
sindicatos que adelanten la negociación por parte de los trabajadores. Por esta
misma razón fueron desconocidos los Convenios Nº 87 y 98 de la OIT, el primero
dedicado a la defensa de la libertad sindical y la protección del derecho a la
sindicalización y el segundo a la aplicación de los principios de
sindicalización y negociación, lo que de contera equivale a desconocer lo
presunto en el artículo 53 de la C.P. que incorpora a la legislación interna
"Los convenios Internacionales del Trabajo debidamente ratificados".
Los cargos anotados
no se verifican, en cambio, del régimen ordenado para los empleados públicos en
el artículo 12 del Decreto 035 de 1991, el cual tiene pleno sustento
constitucional, particularmente en las facultades legislativas consagradas en
el artículo 150-7 de la C.P. En todo caso, la aplicación de la mencionada
disciplina legal no podrá desconocer los derechos adquiridos por los empleados
públicos de Puertos de Colombia de conformidad con leyes anteriores.
6. La
inembargabilidad
6.1. El artículo 14
del Decreto 036 de 1992 dispone que los bienes y recursos del Fondo de Pasivo
Social que el Decreto crea, son inembargables y gozarán de la especial
protección del Estado. Por su parte, el artículo 16 del mismo Decreto estatuye
que el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, en
liquidación, gozará de los mismos privilegios y exenciones de gravámenes que se
reconocen a la Nación.
El artículo 5º del
Decreto Ley 037 de 1992 establece que los bienes de la Empresa de Puertos de
Colombia, en liquidación, gozarán igualmente de la especial protección del
Estado y exige que las operaciones sobre los mismos se realicen con criterio
estrictamente comercial, de tal modo que ninguno de los bienes pueda ser objeto
de donación o ser utilizados con fines distintos a los de la liquidación de la
Empresa o a la prestación del servicio portuario que ésta tiene a su cargo. El
artículo 6º determina que, de conformidad con lo establecido en el artículo 63
de la Constitución Política de 1991, los bienes muebles e inmuebles de la
Empresa Puertos de Colombia, en liquidación y las rentas y recursos
incorporados en el presupuesto a su nombre son inembargables.
Se discute si estas
normas, al postular la inembargabilidad de los bienes, constituyen una
violación al derecho de pago oportuno de las pensiones y a su efectividad.
6.2. Esta
Corporación, en la sentencia Nº C-546, sentó la doctrina constitucional en
materia del principio de inembargabilidad de los recursos y rentas incorporados
en el presupuesto general de la Nación. Si bien la inembargabilidad ordenada en
los decretos 036 y 037 de 1992 se circunscribe a los bienes y recursos del
Fondo de Pasivo Social y a los bienes muebles e inmuebles de la Empresa Puertos
de Colombia, en liquidación, al igual que a las rentas y recursos incorporados
en el presupuesto a su nombre, la mencionada doctrina que se ocupa del
principio general, conserva   plena validez y conforme a la misma debe
resolverse la cuestión constitucional planteada.
Dice la Corte en la
sentencia mencionada:
"(..) En
este orden de ideas, el derecho al trabajo, por su especial protección en la
Carta y por su carácter de valor fundante del Estado social de derecho, merece
una especial protección respecto de la inembargabilidad del presupuesto.
"En
consecuencia, esta Corporación estima que los actos administrativos que
contengan obligaciones laborales en favor de los servidores públicos deben
poseer la misma garantía que las sentencias judiciales, esto es, que puedan
prestar mérito ejecutivo - y embargo - a los dieciocho (18) meses después de
haber sido ejecutoriados, de conformidad con el artículo 177 del código
contencioso administrativo, que dice en sus incisos primero y cuarto:
'Artículo 177.-
Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al
pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente
copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del
ministerio público frente a la entidad condenada...
Será causal de
mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos
públicos, pagar las apropiaciones para el cumplimiento de condenas más
lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la
justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria...'
En consecuencia,
esta Corte considera que en aquellos casos en los cuales la efectividad del
pago de las obligaciones dinerarias a cargo del Estado surgidas de las
obligaciones laborales, solo se logre mediante el embargo de bienes y rentas
incorporados el presupuesto de la Nación, este será embargable en los términos
del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo".
6.3. La identidad sustancial
en cuanto al cargo de la demanda que dió lugar a este proceso constitucional
con la que sirvió de base al pronunciamiento tratado en el punto anterior,
adicionada a la plena conducencia de sus fundamentos constitucionales también
en el caso presente, indefectiblemente lleva a la Corte a declarar, como en
efecto se hará, la exequibilidad del precepto acusado, dejando a salvo las
situaciones en las cuales la efectividad del pago de las obligaciones laborales
a cargo de la Nación con ocasión de la liquidación de la Empresa Puertos de
Colombia sólo pueda hacerse mediante el embargo de los bienes y recursos del
Fondo de Pasivo Social y de la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación, o
de las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación a
su nombre, en cuyo caso el embargo correspondiente se ajustará a lo señalado en
el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.
Debe finalmente
examinarse si la expedición de una norma relativa a la liquidación de una
empresa industrial y comercial del Estado, que genera la terminación de los
contratos de trabajo y el nacimiento de determinadas obligaciones solo para esa
entidad, vulnera el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la
Constitución. Este desconocimiento consistiría, según el actor en el proceso
D-073 acumulado al presente, en apartarse el Ejecutivo, con el beneplácito de
la ley, del régimen ordinario de los trabajadores oficiales (Ley 6a. de 1945,
Decreto 2127 del mismo año) en lo que hace a la terminación del contrato de
trabajo. El régimen de terminación - más desfavorable - en el sentir del actor
- que impone el art. 1º del Decreto 035 de 1992, significaría un tratamiento
desigual a situaciones iguales, con violación del art. 13 de la Carta.
Con motivo de las
sentencias C-221 de mayo 29 de 1992, ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero y
C-479 de agosto 13 de 1992, ponentes Drs. José Gregorio Hernández Galindo y
Alejandro Martínez Caballero, esta Corporación tuvo la oportunidad de
pronunciarse sobre la esencia del principio de la igualdad al afirmar: "El
principio de la igualdad es objetivo y no formal; él se predica de la
identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales. Se supera
así el concepto de igualdad de la ley a partir de la igualdad abstracta, por el
concepto de la generalidad concreta, que concluye con el principio según el
cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos y
prescribe diferente normación a supuestos distintos. Con este concepto sólo
se autoriza un trato diferente si está razonablemente justificado" (Corte
Constitucional, Sentencia C-221, mayo 29 de 1992, página 10, reproducida en la
sentencia C-479 de la misma Corporación, a página 42, sin subrayas en el texto
original).
Acerca de la misma
temática de la igualdad objetiva, expresa la sentencia T-422 proferida en la
Séptima Sala de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del H.
Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz: "La igualdad designa un concepto
relacional y no una cualidad. Es una relación que se da entre dos personas,
objetos o situaciones. Es siempre un resultado de un juicio que recae sobre una
pluralidad de elementos, los "términos de comparación". Cuáles sean
éstos o las características que los distinguen, no es cosa dada por la realidad
empírica sino determinada por el sujeto, según el punto de vista desde el cual
lleva a cabo el juicio de igualdad. La determinación del punto de referencia,
comúnmente llamado tertium comparationis, para establecer cuándo una diferencia
es relevante, es una determinación libre más no arbitraria, y sólo a partir de
ella tiene sentido cualquier juicio de igualdad (...)".
"El primer
problema que plantea una nueva concepción del principio de igualdad hace
relación con cuál es el criterio de diferenciación - tertium comparationis - al
que ha de acudir el juez, en contraste con el del legislador, para aceptar o
rechazar el que éste incorporó en la norma. (...)" (hojas 6, 7 y 9 de
sentencia T-422 citada.
Tanto el legislador
ordinario como el extraordinario, en relación con el proceso liquidatorio de
Puertos de Colombia, tuvieron un criterio diferenciador que salta a la vista en
el análisis de la ley, su exposición de motivos y de los decretos que la
desarrollan, y es el de estar frente a un proceso terminal. En efecto, la
Empresa Puertos de Colombia está inexorablemente abocada a su desaparición.
Lo hace bajo
circunstancias especiales. En primer término hay que constatar que no será
reemplazada por otra entidad estatal de la misma cobertura ni planta de personal.
En segundo término, el nuevo esquema portuario que la Ley prescribe al país
parte del supuesto de un menor número de operarios para llegar a niveles
internacionales de eficiencia, sin los cuales el esfuerzo será vano. Por eso es
ineludible que buena parte de los actuales trabajadores y empleados sean
licenciados. Además, la ley y los decretos hacen de la liquidación algo
definitivo, al incluir los mecanismos necesarios para la reinserción de los
mismos trabajadores a nuevas actividades productivas, y realzando de este modo
el corte definitivo que se hará en la vida de la Empresa y en la carrera de
esos trabajadores, al punto que en las mismas convenciones colectivas suscritas
por los sindicatos de Barranquilla, Cartagena, Buenaventura, SantaMarta y por
el Sindicato Nacional, se admite expresamente que la indemnización precluye el
uso de mecanismos dirigidos al reintegro.
La Ley 01 y los
Decreto Ley 035, 036 y 037 en los apartes pertinentes son materia especial en
cuanto representan la legislación expedida para regular la liquidación de una
empresa pública individual, cuyo objeto y práctica social tenían una dimensión
desproporcionada con la que pudiera tener otra entidad del sector social.
Colpuertos en un momento determinado significó el principal obstáculo para la
modernización del sector portuario, y por ende ameritó un tratamiento
singularizado, aparte del régimen contractual, societario y laboral vigentes.
Este carácter especialísimo constituye el término de comparación que llevó al
legislador a otorgar un tratamiento distinto a supuestos distintos.
La liquidación de la
Empresa Puertos de Colombia no puede asimilarse a la liquidación de cualquier
empresa, ni mucho menos puede pretenderse que la situación de sus trabajadores
se homologe a la situación de trabajadores en empresas que no estén sufriendo
un proceso de liquidación. Por ello no se encuentra que haya sido vulnerado el
principio de la igualdad consagrado en el art. 13 que es género del principio
de la igualdad consagrado en los artículos 13 y 53 de la Carta Política.
En mérito de lo
expuesto la Corte Constitucional,
R E S U E L V E :
PRIMERO.- Declarar constitucional, por los aspectos
formales analizados en esta sentencia, la Ley 1ª de 1991 "Por la cual se
expide el Estatuto de Puertos Marítimos y se dictan otras disposiciones".
SEGUNDO.- Declarar constitucional el artículo 37 de
la Ley 1ª de 1991.
TERCERO.- Declarar constitucionales, por los aspectos
formales analizados en esta sentencia los Decretos 035, 036 y 037. de 1992, el
primero, además, por no violar el artículo 13 de la C.P.
CUARTO.- Declarar inconstitucional el artículo 6º
del Decreto 035 de 1992.
QUINTO.- Declarar constitucional el artículo 12
del mismo decreto, sin perjuicio de los derechos adquiridos por los empleados
públicos de conformidad con leyes anteriores
SEXTO.- Declarar constitucionales los artículos 1º,
2º, 5º, 7º, 9º, 11 y 14 del Decreto 035 de 1991.
SEPTIMO.- Declarar constitucionales los artículos 14
y 16 del Decreto 036 de 1992, dejando a salvo las situaciones en las cuales la
efectividad del pago de las obligaciones laborales a cargo de la Nación con
ocasión de la liquidación de la Empresa Puertos de Colombia sólo pueda hacerse
mediante el embargo de los bienes y recursos del Fondo de Pasivo Social, o de
las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación a su
nombre, en cuyo caso el embargo correspondiente se ajustará a lo señalado en el
artículo 177 del Código Contencioso - Administrativo.
OCTAVO.- Declarar constitucionales los artículos 5º
y 6º del Decreto 037 de 1991, dejando a salvo las situaciones en las cuales la
efectividad del pago de las obligaciones laborales a cargo de la Nación con ocasión
de la liquidación de la Empresa Puertos de Colombia sólo pueda hacerse mediante
el embargo de los bienes y recursos de la Empresa Puertos de Colombia, en
liquidación, o de las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general
de la Nación a su nombre, en cuyo caso el embargo correspondiente se ajustará a
lo señalado en el artículo 177 del Código Contencioso-Administrativo.
COPIESE,
COMUNIQUESE, CUMPLASE E INSERTESE EN LA GACETA CONSTITUCIONAL.
SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Presidente
CIRO ANGARITA
BARON                                      EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado                                                         Magistrado
JOSE GREGORIO
HERNANDEZ G.                     ALEJANDRO MARTINEZ C.
Magistrado                                                         Magistrado
FABIO MORON DIAZ
JAIME SANIN GREIFFENSTEIN.
Magistrado
Magistrado
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General