T-115-20
Sentencia
T-115/20
Referencia:
Expedientes T-7.602.948 y              T- 7.616.727.
Acciones
de tutela promovida por (i) Dina Luz Soto Arias y por (ii)
Florentina García de Capataz contra la Unidad Administrativa Especial de
Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Magistrado
Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá D.C., dieciséis (16) de marzo de
dos mil veinte (2020).
La Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por la Magistrada Diana Fajardo Rivera, el Magistrado
Carlos Bernal Pulido, y el Magistrado Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las
previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en
los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, han proferido la
siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de los fallos proferidos, (i) en
el expediente T-7.602.848, por el Juzgado Primero Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Valledupar -Cesar-, en primera instancia, y por el
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Valledupar, Sala de Decisión Penal,
en segunda instancia, surtidos en el trámite de la acción de tutela instaurada
por Dina Luz Soto Arias contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas, en adelante UARIV; y, (ii) en el expediente T-7.616.727,
por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Mompox -Bolívar-, en primera
instancia, y por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala
de Decisión Civil-Familia, en segunda instancia, dentro del proceso de amparo promovido
por Florentina García De Capataz contra la UARIV.
Mediante auto de 18 de octubre de 2019,
la Sala de Selección de Tutelas Número Diez escogió los expedientes de la
referencia y los asignó, previo reparto, al Magistrado Alberto Rojas Ríos, para
realizar la ponencia de revisión, de conformidad con lo dispuesto en el numeral
9° del artículo 241 de la Constitución Política y en los artículos 33 a 36 del
Decreto 2591 de 1991, indicando como criterio objetivo de selección por posible
violación o desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional[1].
De igual manera, la Sala de Selección, en el mismo auto, ordenó acumular los
expedientes de la referencia por presentar unidad de materia, para que sean
fallados en una sola sentencia.
En cumplimiento del mencionado auto,
mediante oficios del 1° de noviembre del 2019, la Secretaría de esta
Corporación envió los expedientes a este despacho e informó que el término para
fallar era de tres (3) meses, de acuerdo con el artículo 33 del Decreto 2591 de
1991.
I.
ANTECEDENTES
Dina Luz Soto Arias (T-7.602.948)
promovió acción de tutela contra la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas -UARIV-, para obtener la protección de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la familia, a la alimentación, a la salud, a
la vivienda, a la igualdad y al debido proceso, como consecuencia de la decisión
de negar el reconocimiento como víctima del conflicto armado en el Registro
Único de Víctimas, en adelante RUV.
Por su parte, la señora Florentina
García (T-7.616.727) instauró acción de amparo contra la UARIV, con la
finalidad de proteger sus derechos fundamentales a la vida digna, a la igualdad
y a la reparación de las víctimas, ante la negativa de ser inscrita en el RUV.
A continuación, se presentará de manera
separada los antecedentes de los expedientes acumulados.
A.
Acción de tutela presentada por Dina Luz Soto Arias (expediente
T-7.602.948)
1.
Hechos relevantes
1.1.
La señora Dina Luz Soto Arias relató que fue víctima del delito de
Desplazamiento Forzado en el municipio de Chimichagua -Cesar- el 17 de julio de
2002 por grupos armados al margen de la ley[2].
1.2.
El 27 de abril de 2015, rindió declaración ante la Procuraduría
Regional de Valledupar con la finalidad de ser incluida en el RUV por dicho
hecho victimizante mencionado[3].
1.3.
Sostuvo que, con posterioridad a dicha diligencia, se acercó a la UARIV
con la finalidad de averiguar sobre el estado de su solicitud[4].
No obstante, en el mes de abril de 2017, un funcionario de la entidad le
informó “que en esa Unidad no se había recibido ninguna declaración” a
su nombre[5].
1.4.
Dina Luz Soto acudió nuevamente a la Procuraduría Regional de
Valledupar con la misma finalidad[6]. Sin embargo, la UARIV manifestó que no había constancia de su declaración. Por tal motivo, el 20 de abril de 2017, reiteró
la solicitud de inclusión en el RUV[7].
1.5.
Mediante Resolución N° 2017-80496 del 17 de julio de 2017, la
UARIV decidió no incluir en el RUV, pues manifestó ser desplazada del conflicto
armado, de forma extemporánea[8]. Contra dicha Resolución, el 12 de
abril de 2018, la accionante promovió solicitud de revocatoria directa, la cual
fue despachada desfavorablemente en la Resolución N°201834696 del 20 de junio
de 2018[9].
2.      Solicitud de tutela
Con base en los anteriores hechos, el 16
de noviembre de 2018, Dina Luz Soto Arias solicitó la protección de sus
derechos fundamentales a ser reconocida como víctima del delito de
desplazamiento forzado y, en consecuencia, que se ordenara a la UARIV su
inclusión y la de su familia en el RUV y que se declaren todos los derechos que
le corresponde[10].
3.   Traslado y contestación de la
acción
En auto del 16 de
noviembre de 2018[11], el Juzgado Primero Penal del
Circuito con Función de Conocimiento de Valledupar admitió la acción de tutela
y le comunicó a la UARIV para que se pronunciara sobre los hechos narrados en
la tutela, en el término de dos (2) días siguientes a la notificación de dicha
providencia[12].
En escrito del 26 de
noviembre de 2018, la UARIV contestó la acción de tutela en torno a cuatro
argumentos principales:
En primer lugar sostuvo que, el 20 de
abril de 2017, la señora Dina Soto declaró ante la Procuraduría Regional de
Valledupar con la finalidad de ser incluida en el RUV por el hecho victimizante
de desplazamiento forzado[13].
En virtud de dicha solicitud, la UARIV, en Resolución N° 2017-80496, decidió no
incluir en el RUV y negó el desplazamiento forzado como hecho victimizante[14].
Refirió que, contra dicha decisión, la señora Dina Soto promovió solicitud de
revocatoria directa. Sin embargo, por medio de la Resolución N° 201834696 del
20 de junio de 2018, confirmó la decisión cuestionada, la cual fue notificada
personalmente[15].
En segundo lugar, se pronunció sobre la
procedibilidad de la acción de tutela. Para ello, y con base en la sentencia
T-567 de 1998, sostuvo que el proceso de amparo es improcedente cuando su
interposición conlleva a “sustituir los mecanismos ordinarios de defensa
que, por negligencia, descuido o incuria de quien solicita el amparo
constitucional, no fueron utilizados a su debido tiempo”[16].
Por tal motivo, debió interponer el medio de control de nulidad y, en caso de
sufrir un perjuicio, reclamar el restablecimiento de sus derechos[17].
Asimismo, recordó, de acuerdo con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, la importancia del agotamiento de los
recursos en el procedimiento administrativo como una “oportunidad en un acto
de responsabilidad a la administración pública para que, en su tarea de
realización de las finalidades estatales, se pronuncie sobre sus propios actos”[18].
En tercer lugar, sostuvo que, con base
en la sentencia T-424 de 1996, no se demostró la ocurrencia de un perjuicio
irremediable que configure la excepción a la regla de procedibilidad de la
acción de tutela[19].
Finalmente, argumentó que al Juez
Constitucional no le está permitido incluir a la tutelante al RUV, pues esta función
le corresponde a la UARIV comoquiera que “no solo porque somos los que
conocemos directamente la situación de la accionante y tenemos los suficientes
elementos de juicio para disponer sobre la inclusión o no en el RUV,
sino además porque estos tópicos son de competencia exclusiva de la UNIDAD (…)”[20].
De igual manera, expresó que “los jueces, dentro de sus competencias,
cuentan con autonomía e independencia, así como la potestad de valorar las
pruebas allegadas al proceso, atendiendo las reglas de la sana crítica y los parámetros
de la lógica y la experiencia; sin embargo, esta discrecionalidad no implica
que tengan facultades para decidir arbitrariamente los asuntos puestos a su
consideración, ya que la libertad en la valoración probatoria está sujeta,
como ya se dijo, a la Constitución y la ley”[21].
4.      Decisiones judiciales objeto de
revisión
4.1. Decisión de primera instancia
En sentencia del 29 de noviembre de
2018, el Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de
Valledupar amparó los derechos fundamentales de la señora Dina Luz Soto Arias.
Como consecuencia de lo anterior, declaró la nulidad de la Resolución N°
2017-80496 de julio de 2017 y ordenó a la UARIV que, en el término de cuarenta
y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la providencia, realizara la
valoración de los hechos relacionados por la accionante conforme a la
declaración rendida por ésta el 27 de abril de 2015 para determinar si es
viable su inclusión en el RUV[22].
Consideró que, conforme con la Ley 1448
de 2011, “la declaración de la víctima deberá realizarse dentro del término
de 4 años contados desde la promulgación de dicha ley, por aquellas personas
cuyo desplazamiento ocurrió con anterioridad a la misma”.
Evidenció que Dina Soto presentó dos (2)
declaraciones del hecho victimizante: la primera fue realizada el 27 de abril
de 2015; mientras que la segunda fue efectuada el 20 de abril de 2017, y por
ello concluyó que “se ha cometido una irregularidad que afecta el debido
proceso, en el entendido que por la accionada valoró la declaración rendida en
abril de 2017, sin tomar en consideración que la accionante con anterioridad
(abril de 2015) ya había rendido declaración de los hechos victimizantes que
dieron lugar a su desplazamiento en el año 2002, del municipio de Chiriguaná,
Cesar”[23].
Escrito de impugnación presentado por la
Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas
El 18 de diciembre de 2018[24],
la UARIV presentó impugnación contra la sentencia proferida el 29 de noviembre
de 2018 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de con Función de Conocimiento
de Valledupar, y se basó en tres (3) consideraciones.
De acuerdo con la entidad, la
providencia pretermite el agotamiento de la vía administrativa que debe surtir
la accionante superponiendo sus derechos sobre el de otras víctimas
desconociendo el procedimiento señalado en la normatividad que regula la
inclusión en el Registro Único de Víctimas y vulnerando el derecho al debido
proceso[25].
Expuso que no se interpusieron los
recursos de reposición y apelación[26].
Asimismo, argumentó que, en caso que los recursos no prosperen, la peticionaria
cuenta con herramientas jurídicas ordinarias, entre las cuales se encuentra el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, razón por la cual,
la acción de tutela se torna improcedente.
Aunado a lo anterior, afirma que no se
demostró la existencia de un perjuicio irremediable que active la competencia
del juez constitucional. De acuerdo con la UARIV, la señora Dina Soto no
argumentó un supuesto donde, pese a que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho es idóneo y eficaz, este escenario judicial se
debiera pretermitir como consecuencia de condiciones que demuestren la gravedad
en los hechos que impliquen acciones inmediatas e impostergables por parte del
juez de tutela como mecanismo transitorio de amparo de los derechos
fundamentales[27].
Finalmente, consideró que se debió
declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, pues, en una eventual
vulneración del derecho fundamental de petición, esta autoridad pública dio
respuesta administrativa a la accionante de manera clara, precisa y congruente
con lo solicitado y, por tanto, se resolvió de fondo la solicitud presentada[28].
4.2. Decisión de
segunda instancia
La Sala de Decisión Penal del Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Valledupar revocó la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, negó el amparo solicitado[29].
El Tribunal consideró que en el
expediente no existen pruebas suficientes donde se evidencie el agotamiento de
los recursos tanto administrativos como judiciales para atacar las resoluciones
proferidas por la accionada[30],
ni de la ocurrencia de un perjuicio irremediable que desplace los medios
ordinarios de defensa y, como tal, conlleve la intervención oportuna por parte
del juez constitucional para el amparo de los derechos fundamentales alegados
en el escrito de tutela[31].
B.
Acción de tutela presentada por Florentina García de Capataz
(expediente T-7.616.727)
1.
Hechos relevantes
1.1.
Florentina García de Capataz es víctima del conflicto armado por la
desaparición forzada de su hijo Henry Miguel Capataz García
ocurrida el 23 de febrero de 2013 en el municipio de
Puerto Santander-Norte de Santander-. A la fecha de presentación de la acción de tutela se desconoce el paradero de su familiar[32].
1.2.
El 4 de marzo de 2013, la tutelante presentó la respectiva denuncia
ante la Fiscalía General de la Nación, sede El Banco -Magdalena-, la cual, de
acuerdo con el escrito de tutela, se encuentra en investigación[33].
1.3.
El 9 de junio de 2015, ante la Personería Municipal de El
Peñón-Bolívar-, declaró el hecho victimizante por el delito de desaparición forzada. Ello con la finalidad de que, junto
con su esposo, fueran incluidos en el RUV[34].
Afirmó que le fue imposible realizar con anterioridad dicha petición, pues fue
amenazada por los responsables de la desaparición de su hijo[35].
1.4.
Como consecuencia de lo anterior, la UARIV, mediante Resolución N°
2016-199164 del 18 de octubre de 2016, negó incluir a la señora Florentina
García de Capataz y a su grupo familiar en el RUV[36].
Ello en atención a que la solicitud se presentó de manera extemporánea, sin
demostrar razón alguna-fuerza mayor- que hiciera excusable su demora.
1.5.
Contra la anterior decisión, Florentina García de Capataz instauró
recurso de reposición y, en subsidio, apelación, los cuales fueron resueltos desfavorablemente
mediante la Resolución N° 201756038 del 3 de octubre de 2017[37].
2.
Solicitud de tutela
Por lo anterior, el 11 de abril de 2019,
Florentina García de Capataz promovió acción de amparo contra la UARIV, en
consideración a que no valoró de manera objetiva la declaración rendida. Por
tal motivo, solicitó que le sean amparados los derechos fundamentales a ser
reconocida como víctima, a la reparación y, por tal motivo, sea incluida en el
RUV como consecuencia de la desaparición forzada de su hijo Henry Miguel
Capataz García[38].
3.
Traslado y contestación
A través de auto del 12 de abril de
2019, el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Mompós admitió la acción de
tutela, vinculó a la Personería Municipal de El Peñón-Bolívar- y corrió
traslado a dichas entidades para que se pronunciaran al respecto[39].
Igualmente, en auto del 23 de abril de
2019, se vinculó a la Unidad de Fiscalía Seccional El Banco-Magdalena- para que
informara sobre los avances de la investigación relacionada con la desaparición
forzada del señor Henry Miguel Capataz García[40].
3.1.
Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas
Sostuvo que la accionante rindió
declaración el 9 de junio de 2016 ante la Personería del municipio de El
Peñón-Bolívar- con la finalidad de solicitar el reconocimiento de la calidad de
víctima como consecuencia de la desaparición forzada de su hijo y, por tanto,
verificar la viabilidad de su inscripción en el RUV[41].
A través de la resolución Nº 2016-199164
del 18 de octubre de 2016, la UARIV no reconoció el hecho victimizante de
desaparición forzada y, decidió no incluir a la accionante en el RUV. Ello en
consideración a que la fecha de ocurrencia del relato fue el 22 de febrero de
2013 y su presentación ante la Personería Municipal de El Peñón tuvo lugar el
15 de junio de 2015; lo que la hace extemporánea, de acuerdo con el artículo
155 de la Ley 1448 de 2011[42].
Dicha decisión se confirmó tanto en reposición como en apelación[43].
Igualmente, aseveró que la legalidad del
presente acto administrativo, conforme la jurisprudencia constitucional, debe
ser debatida a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y
que, en todo caso, la acción de tutela se convierte en un mecanismo subsidiario
cuando se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable[44].
Asimismo, afirmó que se está ante un hecho superado, pues la accionada
respondió de manera clara, precisa y congruente lo solicitado y contestó de
fondo la petición[45].
Como consecuencia de lo anterior, la
UARIV solicitó denegar las pretensiones de la acción de tutela[46].
3.2.
Personería de El Peñón-Bolívar-
El Personero Municipal de El Peñón
-Bolívar- solicitó la protección de los derechos fundamentales de la
accionante. Afirmó que Florentina García de Capataz rindió declaración el 9 de
junio de 2015 ante dicha entidad y, por ello, la solicitud fue remitida ante la
UARIV para la respectiva valoración[47].
Igualmente, sostuvo que la declaración fue realizada con base en la desaparición
forzada como hecho victimizante. Sin embargo, ésta no se pudo realizar con
anterioridad ante el temor de ser revictimizada ante las amenazas realizadas
por parte del grupo armado al margen de la ley[48].
Afirmó que de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional y la Convención Internacional para la Protección
de todas las Personas contra la Desaparición Forzada “es evidente el estado
de temor o miedo que impidió que la accionante haya declarado antes, la
desaparición de su hijo y no puede dársele mayor relevancia a que no haya
presentado la declaración anteriormente, sin antes hacer un análisis de las
causas que le impidió declarar, cosa que no tuvo en cuenta la UARIV”[49].
3.3.
Unidad de Fiscalía Seccional El Banco -Magdalena-
Dicha entidad fue notificada en debida
forma. Sin embargo, en el trámite de tutela no hizo referencia alguna sobre los
hechos y las pretensiones de la tutelante.
4.
Decisiones objeto de revisión
4.1.
Decisión de primera instancia
Mediante sentencia del 6 de mayo de
2019, el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Mompós -Bolívar- amparó los
derechos fundamentales de Florentina García de Capataz. En consecuencia, dejó
sin efectos las resoluciones 20185046 del 28 de febrero de 2018 y 118784 de
2013 proferidos por la UARIV y, por tanto, le ordenó que, en el término de 15
días siguientes a la notificación de dicha providencia, incluyera a la
accionante y a su núcleo familiar en el RUV[50].
Reprochó que la afirmación hecha por la accionada
en cuanto a que el hecho victimizante no tuvo relación con el conflicto[51].
Dicha expresión, según el juez, (i) estuvo en contravía de la
interpretación amplia del concepto víctima; y (ii) dejó de
lado el contexto de violencia donde se produjeron los hechos[52].
En efecto, al negar la inscripción al RUV por no realizar la denuncia ante las
autoridades correspondientes y no aportar el registro civil de defunción, el
juez de instancia aseveró que “la UARIV realizó una interpretación de las
normas aplicables contraria a los principios de favorabilidad y buena fe”[53].
Del mismo modo, censuró a la UARIV toda vez que se demostró que la actora
acudió a la Personería Municipal de El Peñón-Bolívar- en el 2015 y a la
Fiscalía General de la Nación en el 2013[54]; además, criticó
que la UARIV tomó como hecho victimizante un homicidio, cuando se evidencia que
es una desaparición forzada[55].
Escrito de impugnación presentado por la
Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas
En el escrito de impugnación, la UARIV
aseveró que el fallo recurrido “resulta violatorio del derecho al debido
proceso respecto de actuaciones administrativas por defecto procedimental
absoluto (…), pues al ordenar a la Unidad el reconocimiento del hecho
victimizante de DESAPARICIÓN FORZADA en el RUV a favor de la accionante, omite
el debido proceso administrativo legalmente establecido que debe ser de
imperiosa observancia y respeto por el operador judicial, ello en atención a
que previo a dicho reconocimiento debe surtirse el trámite reglamentario,
resulta claro entonces que dicha providencia es contraria a derecho por ende al
ordenar el reconocimiento del hecho victimizante de DESAPARCIÓN FORZADA en el
RUV, se pretermite etapas administrativas que debe surtir el (la) accionante
superponiendo sus derechos sobre otras víctimas desconociendo el proceso
señalado en la ley 1437 de 20111, restando legitimidad al trámite establecido
en toda actuación y el que regula las formas para acceder al Registro Único de
Víctimas”[56].
En segundo lugar, consideró que se
vulneró el derecho a la igualdad de las demás víctimas, pues a éstas se les
conmina a realizar todo el procedimiento administrativo para su inclusión en el
RUV, en tanto que a la accionante le bastó con sólo iniciar una acción de
tutela para tal fin[57],
lo que, a su vez, calificó como una extralimitación de las funciones del juez
constitucional[58].
En tercer lugar, aseveró que, aun cuando
para la época en la que ocurrieron los hechos, existió una fuerte presencia
activa de grupos armados al margen de la ley, “no fue posible establecer tan
siquiera un indicio que permita inferir que los hechos declarados se enmarcan
en el desarrollo de hechos delictivos con ocasión al conflicto armado, por
tanto no es posible determinar que el hecho victimizante objeto de estudio se
enmarque bajo los parámetros de la ley 1448 de 2011”[59].
Finalmente, argumentó que la acción de
tutela debió ser declarada improcedente, pues existen medios ordinarios de
defensa que le permiten a la accionante controvertir los actos administrativos
que negaron su inclusión en el RUV[60].
4.2.
Decisión de segunda instancia
El Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Cartagena -Sala Civil-Familia- revocó la sentencia impugnada y, en
su lugar, declaró improcedente el amparo de los derechos fundamentales
invocados[61].
Consideró que la acción promovida no
cumple con los requisitos excepcionales de procedencia de tutela contra actos
administrativos, en especial, lo relacionado con el agotamiento de los medios
de defensa ordinarios y extraordinarios ante el juez competente[62],
pues, Florentina García de Capataz no agotó el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra las resoluciones proferidas por la UARIV[63].
5.      Pruebas
que obran en el expediente de la referencia
5.1. Expediente T-7.602.948 (acción de
tutela presentada por Dina Luz Soto Arias)
●
Copia de la Resolución Nº 2017-80496 de 17 de julio de 2017[64].
●
Copia de la Resolución Nº 2018-3469 de 20 de junio de 2018[65].
●
Copia de la constancia de solicitud de inscripción en el Registro
Único de Víctimas realizada el 20 de abril de 2017[66].
●
Copia de la constancia secretarial de la Procuraduría Provincial
de Valledupar del 18 de abril de 2017[67].
●
Copia de la constancia de la solicitud de inscripción en el
Registro Único de Víctimas realizada ante la Procuraduría Provincial de
Valledupar el 27 de abril de 2015[68].
●
Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Dina Luz Soto Arias[69].
5.2. Expediente
T-7.616.727 (acción de tutela presentada por Florentina García de Capataz)
●
Copia de la cédula de ciudadanía de Florentina García De Capataz[70].
●
Copia de la Resolución N° 2016-199164 del 18 de octubre de 2016[71].
●
Copia de los recursos de reposición y apelación promovidos por
Florentina García de Capataz contra la Resolución N° 2016-199164 del 18 de
octubre de 2016[72].
●
Copia de la Resolución N° 201756038 del 3 de octubre de 2017[73].
●
Copia de la constancia de solicitud de inscripción en el Registro
Único de Víctimas con fecha del 9 de junio de 2015[74].
●
Copia del formato único de noticia criminal de la Fiscalía General
de la Nación con el delito referente: desaparición forzada[75].
●
Copia de fragmento de reporte en diario sobre la desaparición del
señor Henry Miguel Capataz García con fecha de 12 de marzo de 2013[76].
●
Copia del informe de riesgo N°023-12 de inminencia para el
corregimiento Buenos Aires del municipio de El Peñón -Bolívar- realizado por el
Defensor Delegado para la Prevención del Riesgo de Violaciones de Derechos
Humanos y DIH de la Defensoría del Pueblo[77].
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
La Corte Constitucional es
competente para conocer de la Revisión de los fallos de tutela proferidos
dentro de las acciones de tutela de la referencia, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución
Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de
1991.
2.
Planteamiento del caso, problema jurídico y
estructura de la decisión
-
Expediente T-7.602.948
Dina Luz Soto Arias es víctima del
conflicto armado por el delito de desplazamiento forzado ocurrido el 17 de
julio de 2002 en el municipio de Chimichagua -Cesar-, perpetrado por grupos
armados al margen de la ley. Por ello, el 27 de abril de 2015, declaró ante la
Procuraduría Regional de Valledupar dicha situación para ser incluida en el
RUV. Con posterioridad, se acercó a la UARIV para averiguar sobre el estado de
su solicitud. Sin embargo, según la tutela, un funcionario de la entidad le
informó que “no había recibido ninguna declaración”. Por ello, acudió nuevamente
a la Procuraduría Regional de Valledupar para averiguar sobre el estado de su
petición. No obstante, dicha entidad manifestó que no había constancia de la
declaración.
Por lo anterior, el 20 de abril de 2017,
Dina Luz Soto Arias realizó una nueva declaración con el fin de ser incluida en
el RUV, siendo resuelta negativamente mediante Resolución N° 2017-80496 del 17
de julio de 2017. Ello al haber sido realizada de manera extemporánea. Contra
dicha Resolución, el 12 de abril de 2018 promovió solicitud de Revocatoria
Directa. Sin embargo, mediante la Resolución N°201834696 del 20 de junio de
2018, la UARIV resolvió no revocar la Resolución N° 2017-80496 del 17 de julio
de 2017.
-
Expediente T-7.616.727
Florentina García de Capataz es víctima
del conflicto armado por el delito de desaparición forzada de su hijo, ocurrido
el 23 de febrero de 2013, cometido en el municipio de Puerto Santander -Norte
de Santander-, sin que a la fecha de presentación de la acción de tutela se
conociera su paradero. Por lo tanto, el 4 de marzo de 2013, presentó denuncia
ante la Fiscalía General de la Nación, sede El Banco -Magdalena-, la cual, de
acuerdo al escrito de tutela, se encuentra en investigación.
El 9 junio de 2015, declaró dicho hecho
victimizante ante la Personería Municipal de El Peñón -Bolívar- con la
finalidad de que, junto con su esposo, fuesen incluidos en el RUV. Asimismo,
afirmó que le fue imposible realizar con anterioridad dicha petición, pues fue
amenazada por quienes desaparecieron forzosamente a su hijo. Mediante
Resolución N° 2016-199164 del 18 de octubre de 2016, la UARIV no incluyó a la
señora Florentina García de Capataz y a su grupo familiar en el RUV. Lo
anterior, en atención a que la solicitud se presentó de manera extemporánea y,
a su vez, no demostró razón alguna -fuerza mayor- que hiciera excusable su
demora.
Contra la anterior decisión, la tutelante
instauró recurso de reposición y en subsidio apelación. Dichos recursos fueron
resueltos mediante la Resolución N° 201756038 del 3 de octubre de 2017, los
cuales fueron resueltos desfavorablemente en la Resolución N° 2016-199164 del
18 de octubre de 2016.
El 11 de abril de 2019, la señora
Florentina García de Capataz promovió acción de tutela contra la UARIV, al
considerar que dicha entidad no valoró de manera objetiva la declaración
rendida por ella y, por tal motivo, solicitó la intervención del juez de tutela
para que le sean amparados los derechos fundamentales a ser reconocida como
víctima, a la reparación y, en consecuencia, sea incluida en el RUV a causa de
la desaparición forzada de su hijo Henry Miguel Capataz García.
-
Problema
jurídico a resolver por la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional y
estructura de la decisión
Con
base en lo anterior, le corresponde a la Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional responder si ¿la UARIV vulneró los derechos fundamentales al mínimo
vital, al debido proceso y al reconocimiento como víctimas de Dina Luz Soto
Arias (exp.T-7.602.948) y de Florentina García de Capataz (exp.T-7.616.727)
como consecuencia de la negativa de inclusión en el Registro Único de Víctimas,
al considerar que las solicitudes fueron presentadas de manera extemporánea en relación
con los términos del artículo 155 de la Ley 1448 de 2011?
Para
la resolución del anterior problema jurídico, la Sala Novena de Revisión de la
Corte Constitucional estudiará (i) el concepto de víctima en la
jurisprudencia constitucional; (ii) el derecho fundamental a ser
incluido en el RUV; (iii) la regla de temporalidad establecida en
el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011; y, finalmente, (iv)
resolverá el caso concreto.
3.     Desarrollo de las consideraciones
3.1. El concepto de víctima del conflicto
armado. Reiteración de jurisprudencia
La
jurisprudencia constitucional ha considerado la Ley 1448 de 2011 como el marco
jurídico general para la protección y la garantía de los derechos fundamentales
de las víctimas del conflicto armado. Asimismo, constituye un marco de
aplicación de la justicia transicional, el cual tiene como finalidad “definir
acciones concretas para garantizar los derechos a la verdad, justicia,
reparación y no repetición.[78]”
El
artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 demarcó el concepto de víctimas como “aquellas
personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por los hechos
ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencias de infracciones
al Derecho Internacional Humanitario o de graves violaciones y manifiestas a
las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del
conflicto armado interno”[79].
En ese sentido, la norma no define la condición fáctica de víctima sino que
incorpora un concepto operativo[80]
que implica dos aseveraciones: la primera, comprende medidas especiales de
protección de derechos; mientras que la segunda esclarece quien puede
considerarse como víctima del conflicto armado[81].
Lo
anterior fue concretado por la Corte Constitucional en la sentencia C-253A
de 2012[82].
Allí, a partir del concepto operativo, la categoría víctima “orienta a fijar
el universo de los destinatarios de las medidas especiales de protección
previstas en ella”[83].
Por lo anterior, conforme con el principio de igualdad y el deber del Estado de
garantizar los derechos fundamentales, la jurisprudencia constitucional afirmó
que el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 no implica un desconocimiento de
otras posibles víctimas, sino que, por el contrario, delimita el espectro de
los sujetos de las medidas contenidas en dicha ley[84].
Finalmente, mediante la sentencia C-781 de 2012[85],
el Tribunal Constitucional consideró que la expresión “conflicto armado”
tiene, a su vez, una concepción amplia que no se limita a las confrontaciones
armadas y a las acciones de un actor armado específico, sino que se debe
estudiar la complejidad de dicho fenómeno[86].
Dichas
consideraciones, de acuerdo con la Corte, son criterios interpretativos
obligatorios para los operadores jurídicos. Asimismo, en caso de duda, y ante
la infracción grave a los derechos humanos y al derecho internacional
humanitario, sobre si el hecho victimizante ocurrió en el marco del conflicto
armado interno, los operadores jurídicos deberán dar prevalencia a la
interpretación de la víctima[87].
Como consecuencia de lo anterior, la Corte decantó, al menos, seis reglas
jurisprudenciales para la interpretación del artículo 3º de la Ley 1448 de
2011, a saber:
i)
la
norma contiene una definición operativa del término “víctima”, en la
medida que no define una condición fáctica  de esta, sino que, por el
contrario, determina un ámbito de destinatarios para las medidas especiales de
protección contempladas de dicha norma[88];
ii)
la
expresión “conflicto armado interno” se debe entender a partir de una
concepción amplia. De lo contrario, se resta eficacia a la garantía de los
derechos fundamentales de las víctimas[89];
iii)
la
expresión “con ocasión del conflicto armado” cobija diversas situaciones
ocurridas en el contexto del conflicto armado. Por ello, se debe atender a
criterios objetivos para establecer si un hecho victimizante tuvo lugar con
ocasión de este o, por el contrario, se halla excluido del ámbito de aplicación
de la norma y, por tanto, haber sido perpetuado el delito por la “delincuencia
común”[90];
iv)
en
caso de duda –existencia de supuestos de hecho en los cuales no resulta clara
la ausencia de relación con el conflicto armado- es indispensable valorar cada
caso concreto. De allí, es necesario establecer si existe una relación cercana
y suficiente con el conflicto armado. En ese sentido, no es posible excluir a
priori la aplicación de la Ley 1448 de 2011. Asimismo, en caso de duda
respecto si un hecho fue cometido en el marco del conflicto armado interno, debe
aplicarse la definición más favorable para los derechos de las víctimas[91];
v)
la
condición de víctima no debe establecerse únicamente con base en la calidad o
condición específica del sujeto que cometió el hecho victimizante[92];
vi)
los
hechos atribuidos a los grupos post-desmovilización se han considerados
ocurridos en el contexto del conflicto armado, siempre que se logre establecer
su relación de conexidad con la confrontación interna[93].
Asimismo,
se ha identificado que, aun cuando las víctimas son sujetos de especial
protección constitucional, la condición de mujer –o, mejor, mujeres a partir de
criterios de interseccionalidad[94]-
muestra riesgos específicos y cargas extraordinarias por su género en el
conflicto armado[95];
en otras palabras, hay un impacto agudizado y diferencial del conflicto armado
en las mujeres que implican la materialización de factores específicos de
vulnerabilidad.
La
consideración de las mujeres como víctimas del conflicto armado se deriva de
mandatos concretos de la Constitución, entre los cuales se encuentran (i)
el artículo 1º superior que establece la dignidad humana, según la cual, la
confianza que la mujer le ha depositado al Estado le debe permitir vivir
conforme sus expectativas de vida[96];
(ii) el artículo 13° igualdad y libertad en el desarrollo del
ser, y el deber estatal de luchar por la igualdad y la no discriminación por
ningún factor, entre esos, el género[97];
(iii) el artículo 43° que refiere a la igualdad entre hombres y
mujeres, la prohibición de discriminación hacia la mujer, en favor de la
protección de la maternidad y las mujeres cabeza de familia[98]; y  (iii)
las obligaciones que impone el DIH en los que se ha tomado como norma
consuetudinaria, la protección específica a la mujer en el conflicto armado
interno, por ser sujeto de especial protección, aspecto que genera una
obligación al Estado colombiano internacionalmente[99].
Las
mujeres se han sometido al desplazamiento interno como una ruta de escape
a las amenazas de comisión de potenciales delitos o al conflicto en sí mismo
-sin desconocer al desplazamiento como un delito-. En este escenario se
obliga a las mujeres no solo a desplazarse forzadamente, sino también a
adaptarse forzadamente. El someterse a esta condición produce una
incertidumbre respecto a su futuro pues, por una parte,  su núcleo familiar se
desarticula y, por la otra, la mujer se enfrenta a un medio desconocido que la
convierte en un sujeto vulnerable. A partir de lo anterior, tanto la literatura
como la jurisprudencia han identificado rasgos y cargas desproporcionadas que
deben soportar las mujeres víctimas de la desaparición forzada.
En
efecto, dentro de este delito, la Corte identificó aspectos del desplazamiento
que impactan de manera diferencial, específica y agudizada a las mujeres por
causa de su condición femenina. Aquí, por una parte, se incluyen patrones
de violencia y discriminación de género, preexistentes al desplazamiento
forzado, pero que se potencian y degeneran en el mismo, impactando de manera
más aguda a las mujeres[100].
Dentro de estos, se encuentran (i) violencia y el abuso sexuales,
incluida la prostitución forzada, la esclavitud sexual o la trata de personas
con fines de explotación sexual[101];
(ii) la violencia intrafamiliar y la violencia comunitaria por
motivos de género[102];
(iii) el desconocimiento y vulneración de su derecho a la salud y
especialmente de sus derechos sexuales y reproductivos a todo nivel, con particular
gravedad en el caso de las niñas y adolescentes pero también de las mujeres
gestantes y lactantes[103];
(iv) la asunción del rol de jefatura de hogar femenina sin las
condiciones de subsistencia material mínimas requeridas por el principio de
dignidad, con especiales complicaciones en casos de mujeres con niños pequeños,
mujeres con problemas de salud, con discapacidad o adultas mayores[104]; (v)
obstáculos agravados en el acceso al sistema educativo; (vi) obstáculos
agravados en la inserción al sistema económico y en el acceso a oportunidades
laborales y productivas[105];
(vii) la explotación doméstica y laboral, incluida la trata de personas
con fines de explotación económica[106];
(viii) obstáculos agravados en el acceso a la propiedad de la tierra
y en la protección de su patrimonio hacia el futuro, especialmente en los
planes de retorno y reubicación[107];
(ix) los cuadros de discriminación social aguda de las mujeres
indígenas y afrodescendientes desplazadas[108];
(x) la violencia contra las mujeres líderes o que adquieren visibilidad
pública por sus labores de promoción social, cívica o de los derechos humanos[109]; (xi)
la discriminación en su inserción a espacios públicos y políticos, con impacto
especial sobre su derecho a la participación[110];
y (xii) el desconocimiento frontal de sus derechos como víctimas
del conflicto armado a la justicia, la verdad, la reparación y la garantía de
no repetición[111].
A su
vez -por otra parte-, ha constatado problemas específicos de las mujeres
desplazadas, producto de la conjunción de los factores de vulnerabilidad que
soportan y que no afectan ni a las mujeres no desplazadas ni a los hombres
desplazados. Estos, de acuerdo con la jurisprudencia son (i)
los especiales requerimientos de atención y acompañamiento psicosocial de las
mujeres desplazadas[112];
(ii) problemas específicos de las mujeres ante el sistema oficial
de registro de la población desplazada, así como ante el proceso de
caracterización[113];
(iii) una alta frecuencia de funcionarios no capacitados para
atender a las mujeres desplazadas, o abiertamente hostiles e insensibles a su
situación[114];
(iv) el enfoque a menudo “familista” del sistema de
atención a la población desplazada, que descuida la atención de un altísimo
número de mujeres desplazadas que no son cabeza de familia[115]; y (v)
la reticencia estructural del sistema de atención a otorgar la prórroga de la
Atención Humanitaria de Emergencia a las mujeres que llenan las condiciones
para recibirla[116].
Como
se observa, la categoría de mujeres implica, por una parte, una agudización de
las formas de violencia a partir de la condición de género y, por la otra, una
diferenciación y, por tanto, una consideración especial por parte de las
instituciones estatales no sólo al momento de verificar su categoría de víctima
del conflicto armado interno, sino a su vez, una especial identificación de las
diferentes medidas de reparación a que tiene derecho por su condición de
víctima.
Por
su parte, frente a la desaparición forzada, de acuerdo con la Convención Internacional
para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas,
son víctimas, por una parte, la persona desaparecida y, por la otra, “toda
persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una
desaparición forzada”. Por tanto, la comisión de este delito puede generar
numerosas víctimas[117].
Aquí,
conforme con diferentes instrumentos internacionales y la doctrina, las mujeres
pueden ser víctimas de desaparición forzada a partir de dos aristas fácticas.
La primera consiste en las mujeres que son desaparecidas forzadamente;
mientras que la segunda se centra en las mujeres que sufren las
desapariciones forzadas de sus seres queridos.
En
efecto, cuando las mujeres son desaparecidas de manera forzada por su
condición de ser mujer, también son víctimas de violencia de género[118].
Asimismo, la comisión de este delito también es fuente de diversas situaciones
que vulneran los derechos humanos de las mujeres, tales como la violencia
sexual y el embarazo forzado, así como la grave exposición a sufrimientos y
humillaciones[119].
Debido a su condición de género y, en particular, a su capacidad de
reproducción, las mujeres suelen emplearse como herramienta para alcanzar
objetivos específicos; en otras palabras, conforme con la Observación, el
cuerpo de las mujeres es utilizado como una estrategia de control social[120].
Esta situación genera que las mujeres sean doblemente victimizadas ya que, por
una parte, son desaparecidas de manera forzada y, por la otra, son víctimas de
delitos concretos tales como abusos o embarazos no deseados[121].
Por
su parte, cuando las mujeres que sufren las desapariciones forzadas de sus
seres queridos, los roles de género discriminan a las mujeres en su
tránsito de la esfera privada a la esfera pública con motivo de la defensa de
sus derechos[122].
La asunción de la vida pública demuestra la posición asimétrica para las
mujeres como consecuencia de desigualdades estructurales en sociedades patriarcales.
Estas mujeres no solo asumen los daños sociales, económicos y psicológicos de
la desaparición de un familiar, sino también las desigualdades de género en la
búsqueda de verdad y justicia[123].
En ese sentido, investigar la verdad sobre los desaparecidos constituye un
derecho para reconstruir y estabilizar la unidad familiar, siendo la familia
base de la sociedad[124].
La verdad, entonces, es una de las formas en que el remedio cobra sentido en
casos de conflicto armado. Ahora bien, el reconocimiento de la mujer como
víctima es otro escenario en que la esta empieza a soportar los diferentes
efectos de las violaciones sufridas como consecuencia de dicho delito.
Por
lo anterior se evidencia que, dentro de la categoría de víctima del conflicto
armado interno, la categoría de mujeres imprime la necesidad de, por una parte,
condicionar la actividad legislativa, judicial y administrativa en torno a las
concreciones de facetas como la reparación u otro tipo de garantías para la
protección de los derechos humanos de las mujeres y, por la otra, a evidenciar
las diferentes y posibles vulneraciones a los derechos humanos que sólo reciben
las mujeres por su condición, no solo de género, sino de raza, clase, etnia u
otro elemento que se les distinga de este grupo poblacional.
3.2.
El derecho fundamental a ser incluido en el Registro Único de Víctimas -RUV-
La
Ley 1448 de 2011 reguló el RUV. Este, a su vez, fue reglamentado por el Decreto
1084 de 2015. Aquí, el RUV se definió como “una herramienta administrativa
que soporta el procedimiento de registro de las víctimas” y su manejo le
corresponde a la UARIV; empero, la condición de víctima es una situación
fáctica que no está supeditada al reconocimiento oficial a través del RUV, por
ello, el registro no le confiere la calidad de víctima[125].
En ese sentido, el RUV es una herramienta técnica para la identificación de la
población que ha sufrido un daño en los términos del artículo 3º de la Ley 1448
de 2011 y, a su vez, es un instrumento para el diseño e implementación de
políticas públicas de garantía de derechos fundamentales de las víctimas[126].
Pese
a su función instrumental, la Corte Constitucional ha elevado a rango de
derecho fundamental la inscripción de las víctimas en el RUV[127].
Ello se debe a su capacidad para facilitar el acceso de este grupo poblacional
–sujetos de especial protección constitucional- a diversos ámbitos de garantía
de derechos fundamentales. De la misma manera, su inscripción condiciona la
actividad estatal en torno a la garantía de derechos fundamentales; en otras
palabras, la inclusión impone obligaciones estatales concretas para garantizar
que las personas víctimas del conflicto armado tengan un reconocimiento y trato
a partir del principio de dignidad humana.
Dentro
de las garantías que pueden gozar las víctimas del conflicto armado como
consecuencia de la inclusión en el RUV, de acuerdo con la jurisprudencia, son,
entre otras, las siguientes:
i)
la
posibilidad de afiliación al Régimen Subsidiado de Salud en caso de carecer de
capacidad de pago para afiliarse al régimen contributivo;
ii)
determina
el momento en el cual adquiere la ayuda humanitaria de emergencia o de
transición y cesa, inmediatamente, la asistencia humanitaria inmediata.
Asimismo, una vez superadas dichas carencias, permite la priorización al acceso
a las medidas de reparación e indemnización, así como la posibilidad de avanzar
en la superación de las condiciones de vulnerabilidad;
iii)
implica
que la declaración del hecho victimizante se envíe a la Fiscalía General de la
Nación para que inicie las investigaciones necesarias;
iv)
permite
el acceso a programas de empleo contemplados para la población desplazada;
v)
posibilita,
en general, el acceso a las medidas de asistencia y reparación previstas en la
Ley 1448 de 2011.
De
manera concreta, la Corte Constitucional ha identificado, a partir de la
consideración de la inscripción en el RUV como derecho fundamental, reglas
jurisprudenciales con respecto a la inscripción de las víctimas en dicho
sistema, a saber:
i)
la
falta de inscripción en el RUV de una persona que cumple con las condiciones
para su inclusión, no solo afecta su derecho fundamental a ser reconocido como
víctima, sino que además implica la vulneración de múltiples derechos
fundamentales, tales como el mínimo vital, la unidad familiar, la alimentación,
la salud, la educación, la vivienda, entre otros[128];
ii)
los
funcionarios encargados deben suministrar información pronta, completa y oportuna
sobre los derechos involucrados y el trámite que debe surtirse para exigirlos[129];
iii)
para
la inscripción en el RUV únicamente deben ser exigidos los requisitos
establecidos en la Ley[130];
iv)
en
virtud del principio de buena fe, las declaraciones y pruebas deben tenerse
como ciertas, salvo que se demuestre lo contrario[131];
v)
la
evaluación debe tener en cuenta las condiciones de violencia propias de cada
caso y aplicar el principio de favorabilidad, en concordancia con el principio pro
homine[132].
3.3.
La regla de temporalidad establecida en el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011
La
Ley 1448 de 2011 estableció el procedimiento adecuado para que una persona
pueda ser inscrita en el RUV. Este consiste en dos aspectos: el primero
consiste en que la víctima presenta una declaración ante el Ministerio Público,
la cual deberá ser valorada por la UARIV. En la valoración se verificarán los
hechos victimizantes contenidos en la declaración y se consultarán las bases de
datos de la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a las
Víctimas. Una vez realizado dicho ejercicio, la UARIV deberá otorgar o denegar
el registro en el RUV en un término no mayor a sesenta días.
De
igual manera, la Ley 1448 de 2011 configuró la regla de temporalidad para la
presentación de la declaración del hecho victimizante. En efecto, la norma
prevé tres escenarios de temporalidad donde la fecha determinante es la
promulgación de la Ley 1448 de 2011 -10 de junio de 2011-.
El
primero consiste en que, si el hecho victimizante ocurrió con anterioridad de
la Ley 1448 de 2011, la víctima cuenta con un término de cuatro (4) años para
presentar su declaración, contados a partir de la expedición de la misma[133]. Por
su parte -segundo-, si el hecho victimizante ocurrió con posterioridad a dicha
fecha, la víctima tiene dos (2) años para realizar su declaración a partir de
la fecha del hecho victimizante[134].
Finalmente -tercero-, la norma prevé la regla de fuerza mayor como
imposibilidad de realizar la declaración en los términos referidos[135].
Aquí, la norma establece que, una vez cesadas las causas que hayan impedido a
la víctima presentar la solicitud en los términos anteriores, se empezará a
contar el mismo desde el momento en que cesen las circunstancias que motivaron
tal impedimento[136].
El
incumplimiento del requisito de temporalidad, conforme el artículo 40 del
Decreto 4800 de 2011, es causal de denegación de inscripción en el RUV por
parte de la UARIV. En efecto, conforme la jurisprudencia constitucional, la
existencia de un plazo para la realización de la declaración le permite al
Estado “prever un número total de beneficiarios de las medidas contempladas
por la Ley 1448 de 2011 y determinar el presupuesto para garantizar su efectivo
cumplimiento”[137].
En
reiterada jurisprudencia, la Corte ha sostenido la necesidad de que los plazos
establecidos para el acceso de las personas víctimas del conflicto armado sean
razonables y proporcionados[138].
Del análisis de los términos previstos en el artículo 155 de la Ley 1448 de
2011[139],
la Corte concluyó que resultan amplios y, a su vez, flexibles, en el sentido de
permitir la fuerza mayor como criterio verificador de incumplimiento de los mismos[140].
-
La
influencia del derecho constitucional en el ordenamiento jurídico y la
imposición de cargas a las víctimas del conflicto armado
El
derecho constitucional ha permeado las diferentes imposiciones que el
ordenamiento jurídico le impone a las personas que, como consecuencia de ser víctimas
del conflicto armado, le son imposibles de cumplir. En diferentes
oportunidades, la Corte Constitucional, tanto en sede de control abstracto como
se sede de control concreto, ha identificado situaciones donde, por una parte,
ha protegido a las víctimas del conflicto armado en diferentes escenarios
–sociales, tributarios o civiles- considerando su calidad de víctima como una
situación que implica la imposibilidad del cumplimiento de sus obligaciones y,
por tanto, racionalización de imposición de cargas. Asimismo, dicha situación,
en cumplimiento del mandato de igualdad -art.13 C.P.- ha generado beneficios
concretos para que las personas víctimas del conflicto puedan, en mayor medida,
retornar a su cotidianidad a través de programas sociales y educativos.
Este
ejercicio propio de la interpretación del ordenamiento jurídico conforme con la
Constitución implica una intervención del juez constitucional a las normas,
categorías e instituciones propias de la legislación ordinaria que, en su
aplicación a casos concretos, donde se evidencian situaciones de relación
asimétricas, generarían consecuencias jurídicas que, a la luz del derecho
constitucional, serían inadmisibles.
En
materia de protección laboral, la jurisprudencia ha sido pacífica y reiterada
en el tema de protección a las víctimas del conflicto armado. Así por ejemplo,
en la sentencia T-015 de 1995, la Corte estudió una la acción de tutela
promovida por una mujer en representación de su hija, entonces menor de edad,
en contra del Fondo de Caminos Viales pues, debido a que su esposo y padre,
respectivamente, fuera secuestrado al desarrollar sus labores como topógrafo
y, por tanto, la entidad accionada no pagaba las prestaciones sociales, al
sostener que necesitaba la firma del secuestrado como autorización para el
pago. [141]
La
Sala Sexta de Revisión de la Corte señaló que una persona secuestrada tenía
derecho a los beneficiarios legales derivados del ejercicio de sus actividades
laborales, en particular, a percibir, durante el tiempo que permanezcan
ilegítimamente privado de la libertad, los salarios y las prestaciones sociales
correspondientes con la finalidad de proteger los derechos fundamentales de los
familiares . Destacó, además, que las normas laborales tienden a satisfacer la
justicia social y a equilibrar la relación entre la relación que existe entre
los trabajadores y empresarios. Asimismo, sostuvo que el secuestro no está
configurado como una causal de suspensión o terminación del contrato de
trabajo  y, por el contrario, los principios enunciados imponen la obligación
de pagar el salario a quien, víctima de una desaparición forzada por obra de
terceros, se ve imposibilitado para prestar sus servicios, quedando en estado
de indefensión .
En la
sentencia C-400 de 2003, la Corte estudio la exequibilidad de los
parágrafos 1° y 2° del artículo 10 de la Ley 589 de 2000 que, entre otros
temas, tipificó el delito de desaparición forzada y reguló algunas de sus
consecuencias en materia laboral.  La sentencia estudió tres cargos de inconstitucionalidad.[142] El
primero, por el presunto tratamiento diferenciado injustificado que se
establecía al ordenar que se continuara con el pago de salarios y honorarios
correspondientes a los servidores públicos desaparecidos o secuestrados, pero
no así a los trabajadores particulares . El segundo sobre la viabilidad de
conceder la sustitución pensional a los beneficiarios de la víctima de
desaparición forzada o de secuestro que se encontraba jubilada. Y el tercero,
para solicitar que el pago del salario u honorarios del secuestrado, se
realizara al curador, desde la fecha del secuestro o hasta los dos años
posteriores a la última fecha en que se tuvo noticias del secuestrado, de
acuerdo con la presunción de muerte por desaparecimiento del artículo 97 del
Código Civil.
Al
analizar si existía un tratamiento diferenciado ilegítimo al no pagar salarios
u honorarios a los trabajadores desaparecidos, respecto de los que han sido
secuestrados, la Corte consideró que efectivamente era así pues no existía un fin
constitucionalmente valioso que justificara ese tratamiento distintivo y, por
el contrario, existían argumentos constitucionales que demandaban para que los
trabajadores desaparecidos recibieran el mismo tratamiento legal asignado, en
esta materia, a los trabajadores secuestrados.
Respecto
al tratamiento diferente que en materia de pago de salarios u honorarios daban
los enunciados normativos demandados a los trabajadores particulares que han
sido desaparecidos forzadamente o secuestrados en relación con el dado a los
servidores públicos en las mismas condiciones, la Corte concluyó que no existía
ninguna razón que justificara suministrar una protección disminuida a la
familia de un secuestrado o desaparecido que sea trabajador particular respecto
de la familia de un secuestrado o desaparecido de un servidor público, pues en
ambos casos el contenido de injusticia de los delitos es el mismo y también la
demanda de protección de las familias de las víctima. Lo anterior, comoquiera
que el elemento fundamental no era el estatus ni la clase de vínculo laboral,
sino la condición de privado injustamente de la libertad.
Mediante
la sentencia T-1131 de 2008, la Corte Constitucional reiteró la
protección de los derechos laborales de las personas víctimas de secuestro[143]. En
esa oportunidad, se analizó una acción de tutela planteada por una ciudadana en
contra de una empresa minera en la que trabajaba su esposo, prestando labores
de seguridad en esta última. La accionante solicitaba la protección de sus
derechos fundamentales y los de sus hijos a la vida digna, mínimo vital y a la
seguridad social, por el no pago de los salarios que le correspondían con
posterioridad al secuestro de su esposo. En el caso, la empresa se negaba a
realizar los correspondientes pagos bajo el argumento de la existencia de un
contrato a término fijo inferior a un año.
En la
decisión, la Sala Primera de Revisión de la Corte negó la protección de los
derechos fundamentales, pues la empresa demandada pagó a la actora los salarios
devengados, aun sin la prestación efectiva del servicio. De esta forma, la
Corte encontró que la empresa accionada obró conforme al deber de solidaridad
establecido en el artículo 95 de la Constitución, aun sin tener certeza
respecto a los motivos por los cuales el esposo de la accionante había
desapareció.
En la
sentencia T-048 de 2016, la Corte Constitucional estudió dos acciones de
tutela acumuladas en la que se reclamaba el pago de salarios de personas
secuestradas[144].
La primera solicitud de amparo la formuló un ciudadano como guardador de su
sobrina, debido a que los padres de la menor habían sido secuestrados mientras
se encontraban laborando para la empresa en la que trabajaban. El accionante
había presentado una solicitud en donde reclamaba los pagos de los salarios que
debieron ser pagados a los padres de la menor. La empresa se negó a recibir la
mencionada solicitud por cuanto carecía de nombre del funcionario al cual
estaba dirigida. Por tal motivo, el guardador instauró acción de tutela por
violación a los derechos fundamentales a la vida digna y al mínimo vital de la
menor.
En la
segunda demanda, la accionante, en representación de su hija menor de edad,
presentó acción de tutela en contra del Ministerio de Defensa - Ejército
Nacional con el objeto de que se ampararan sus derechos fundamentales de
petición, debido proceso y mínimo vital, debido a que el padre de la menor,
quien era miembro activo de las fuerzas militares, fue secuestrado mientras se
encontraba de regreso al Batallón Especial Energético y Vial del municipio de
Tame – Arauca, donde desempeñaban sus funciones .  De acuerdo con los hechos,
el padre del militar reportó la desaparición de su hijo ante la Fiscalía
General de la Nación, sin recibir información alguna. Los familiares radicaron
ante el Ejército Nacional un derecho de petición en donde solicitaron el pago y
la cancelación de los salarios dejados de percibir desde el momento de la
desaparición, sin respuesta alguna.
La
Sala Sexta de Revisión declaró la improcedencia de la acción de tutela, sin
embargo sostuvo la regla de que a los beneficiarios de los trabajadores
víctimas de los delitos de secuestro y desaparición forzada les asiste el
derecho a recibir el pago de los salarios y prestaciones sociales que a éstos
corresponden, hasta tanto se produzca su libertad o acaezca su muerte real o
presuntiva. Asimismo, la Corte Constitucional consideró que el “fundamento de
este derecho y de la correlativa obligación de los empleadores públicos y
privados reside en la obligación del Estado de proteger a todas las personas en
su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, en la
proscripción de la desaparición forzada, en la protección reforzada de quienes
se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, en el respeto de la dignidad
humana, el trabajo y la solidaridad de las personas como principios fundante
del Estado Social de Derecho, en el amparo y protección integral de la familia
como núcleo esencial de la sociedad, y el carácter fundamental y prevalente de
los derechos de los niños” .
En
relación con la protección del derecho a la salud y la educación de los
familiares de las personas secuestradas, en la sentencia C-394 del 2007,
este Tribunal Constitucional estudió la exequibilidad del artículo 2 y el
artículo 15, parágrafo 3, de la Ley 986 de 2005, mediante la cual, entro otros
temas, se crearon algunos instrumentos de protección a las víctimas del
secuestro y sus familias[145].
En dicha oportunidad, la Corte declaró la exequibilidad condicionada de dichos
artículos, en el entendido de que eran aplicables a las víctimas de los delitos
de toma de rehenes y desaparición forzada, por omisión legislativa relativa al
excluir injustificadamente de los beneficios de dicha Ley a este último grupo
de víctimas.
Después
de aclarar que los beneficios del pago de salarios y honorarios eran aplicables
también a las personas y familiares víctimas de los delitos de toma de rehenes
y desaparición forzada, la Corte estudió la posibilidad de extender los
beneficios en salud y educación que establecía la Ley para las personas
víctimas del delito de toma de rehenes y desaparición forzada. En dicho
estudio, la Corte consideró que con respecto al disfrute del derecho a la
educación de los hijos de quienes han perdido la libertad arbitrariamente, también
se activaba el deber del Estado (artículos 2° y 95 de la Constitución) a fin de
que el acceso a dicho servicio público no resultara seriamente afectado con el
acaecimiento de la retención del padre o de la madre del educando.  Se enfatizó
en que el Estado y la sociedad tienen el deber de propender por su goce
efectivo de los derechos de los hijos de quienes han sido víctimas de una
conducta como el secuestro, la desaparición forzada o la toma de rehenes.
Igualmente,
la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-131 de 2008, resolvió
una acción de tutela instaurada por un ciudadano en contra de la Dirección de
Sanidad del Ejército Nacional[146].
De acuerdo con los hechos, el actor había sido secuestrado en el año 1998 en el
municipio de Miraflores en el Departamento del Guaviare y fue posteriormente
liberado en el año 2001.
Durante
el secuestro, fue sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Como
consecuencia de ello, su condición de salud psiquiátrica se agravó, razón por
la que padecía esquizofrenia paranoide. El 31 de octubre del 2001, la Junta
Médico Laboral determinó que el accionante no era apto para prestar el servicio
militar y, además, sufría una incapacidad laboral del 20.81%. En consecuencia,
se le dio de baja y le fue suspendido el servicio médico. Por lo anterior,
presentó acción de tutela para que la Dirección de Sanidad del Ejército
Nacional costeara el tratamiento de salud, debido a que la Dirección de Salud
se negó a reevaluar su condición.
La
Corte amparó los derechos fundamentales del demandante por considerar que se
trataba de un sujeto de especial protección constitucional, no solo por su
enfermedad, sino por las secuelas derivadas del conflicto armado interno –víctima
del secuestro- . En criterio de la Sala Sexta de Revisión, la accionada no tuvo
en cuenta el carácter degenerativo de la enfermedad del accionante; y
desconoció que la jurisprudencia ha establecido que quienes prestan servicio
militar pueden ver comprometido, con ocasión de dicho servicio, su derecho a la
salud, dado que las condiciones que exige su condición de militares que,
conlleva riesgo físicos y psicológicos. Por lo anterior, ordenó a la accionada
determinar nuevamente si el accionante tenía derecho a la pensión de invalidez
y prestar la atención especializada, hospitalaria, terapéutica y farmacológica
que necesitara para superarse de las afecciones hasta el total restablecimiento
de su salud.
En
materia de protección tributaria de las personas secuestradas, la Corte
Constitucional, mediante la sentencia C-690 de 1996, condicionó los
literales a) y d) del artículo 580 del Decreto 0624 de 1989, por medio del cual
se expidió el Estatuto Tributario[147].
De acuerdo con la norma, las declaraciones de renta se entienden por no
presentadas cuando no se presente en los lugares señalados para tal efecto y
cuando no se presente firmada por quien deba cumplir el deber formal de
declarar, o cuando se omita la firma del contador público o revisor fiscal
existiendo la obligación legal.
La
demandante sostenía que la norma no consagraba la fuerza mayor como causal que
justificara la intervención de los agentes oficiosos para la presentación y
firma de la declaración tributaria y, por tanto, hacía que los contribuyentes
que se encontraran secuestrados o en situación de indefensión fueran
discriminados, en relación con quienes gozaban de plena libertad, pues a los
secuestrados se les exige el cumplimiento de una obligación perentoria que es
imposible de cumplir tanto personalmente, como a través de su representante .
La
Corte consideró que la norma era inconstitucional por no establecer la causal
de fuerza mayor o caso fortuito que justificara la intervención de los agentes
oficiosos para la presentación y firma de la declaración tributaria. De acuerdo
con la decisión, la discriminación de las víctimas de secuestro respecto de
quienes gozan de plena libertad y capacidad, originaba una injusticia e
inequidad tributaria, que vulneraba los artículos 13, 95-9 y 363 de la Constitución.
Respecto
a la protección civil, la Corte Constitucional, mediante sentencia T-520 de
2003, decidió una tutela instaurada por un inmigrante -alemán- que formó
una familia en Colombia y que para su sustento tenía un taller de mecánica[148]. El
accionante adquirió un inmueble a través de dos (2) préstamos que solicitó a
dos entidades bancarias. Cumplió con las cuotas mensuales de los préstamos
adquiridos hasta el 15 de noviembre de 1997, cuando fue secuestrado por, en su
momento, la guerrilla de las FARC. Sus familiares pagaron el rescate y fue
liberado el 20 de junio de 1998. Por tales motivos, el accionante se encontraba
en una situación económica precaria y solicitó la refinanciación de los
préstamos sin recibir respuesta alguna por parte de los bancos titulares de sus
deudas.  En el caso concreto, la Corte consideró que era admisible
constitucionalmente la limitación del principio de la autonomía privada de los
acreedores, en favor de los derechos de las personas secuestradas; asimismo,
señaló que no era razonable exigir el cumplimiento de la obligación a una
persona mientras se encontraba secuestrada y durante su fase de recuperación.
En
particular, (i) destacó la imposibilidad de exigir las cuotas de
la deuda durante el término del secuestro ; (ii) prolongó dicha
inexigibilidad durante la fase de readaptación de la persona liberada; (iii)
consideró que el derecho de acceso a la administración de justicia por parte de
las entidades bancarias no se limitaba para efectos de la protección de los
derechos fundamentales de los secuestrados; (iv) estableció la
imposibilidad de aplicar las denominadas clausulas aceleratorias que se habían
pactado ; y, finalmente, (v) señaló que las entidades financieras
estaban obligadas a renegociar con los deudores los intereses de la deuda en
condiciones de viabilidad financiera, para permitir la recuperación económica
de los deudores que habían sido secuestrados .
La
imposición de cargas a las víctimas también se ha evidenciado en casos donde la
negativa de inclusión en el registro de víctima se ha dado como consecuencia de
que no lograron probar la ocurrencia de una causa externa – o fuerza mayor- que
la imposibilitó de rendir su declaración oportunamente. En este sentido, frente
al concepto de fuerza mayor -y caso fortuito-, el Código Civil ha establecido
que: “Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o que no es
posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos,
los actos de autoridad ejercidos por funcionarios, etc.”[149].
Estas disposiciones han sido aplicadas en aspectos tales como responsabilidad
civil. Sin embargo, conforme la jurisprudencia constitucional, la
interpretación que se hace de estas ficciones jurídicas en el ámbito civil no
es idéntica a las realizadas bajo los preceptos constitucionales, “menos
todavía tratándose de problemas políticos y sociales que, como es
desplazamiento, conllevan una serie de situaciones complejas y dramáticas que
necesariamente derivan en criterios de interpretación más amplios y más
favorables en atención a los derechos fundamentales de las personas afectadas
por este flagelo”[150].
En
efecto, mediante la sentencia C-1186 de 2008, la Sala Plena de la Corte
Constitucional consideró que la definición establecida por el Código Civil
sobre fuerza mayor debe interpretarse conforme Constitución y en el
contexto fáctico de cada caso[151].
“Por ejemplo, la expresión “apresamiento de enemigos”, tiene una proyección
específica a la luz de la Constitución en un contexto de conflicto armado o de
violencia, aun localizada. Por eso, la Corte ha concluido, por ejemplo, que la
circunstancia de estar la persona secuestrada es una causal de fuerza mayor”.
“Así las cosas, aun cuando en una situación de conflicto armado irregular o
de violencia localizada, ciertas personalidades o grupos poblacionales se
encuentren en una situación de especial vulnerabilidad frente a conductas como
el secuestro, la desaparición forzada, la toma de rehenes y el desplazamiento
forzado, no por eso dejan de estar sometidos a una fuerza que deviene
irresistible e imprevisible. En esa medida, éstos serían claros ejemplos de
personas sometidas a una fuerza mayor, tal como lo ha indicado la
jurisprudencia de la Corte Constitucional”.
Esta
interpretación ha sido precisada por la misma Corte en sede de control
concreto. En efecto, mediante la sentencia T-156 de 2008, la Sala Cuarta
de Revisión estudió un caso de una persona que le fue negada la inclusión en el
Registro Único de Población Desplazada como consecuencia de rendir, de manera
extemporánea, la solicitud de inclusión[152].
En sede de revisión, la Corte constató que, como consecuencia del
desplazamiento y la amenaza de muerte implícita que sufrió por parte de los
paramilitares “el miedo constituyó una fuerza mayor que impidió la
declaración en tiempo y que la desmovilización del grupo paramilitar sumada a
las garantías del Estado hizo posible la superación de dicho temor”.
La
jurisprudencia constitucional, a pesar de los diferentes escenarios
constitucionales, ha estudiado la eficacia de los derechos de las víctimas del
conflicto armado interno a partir de varios bienes constitucionalmente
relevantes como el principio de igualdad y la condición de víctima como sujeto
de especial protección constitucional. Ello ha significado que (i) ser víctima
del conflicto armado conlleva a ponderar el cumplimiento de deberes que, en
virtud del ordenamiento jurídico están obligados a cumplir con la imposibilidad
fáctica de su incumplimiento; (ii) el Estado -y en algunas ocasiones los
particulares - están en la obligación de brindar asistencia social a estas
grupo poblacional vulnerable; y, iii) las instituciones, situaciones, normas y
conceptos del ordenamiento jurídico que impliquen afectaciones a las diferentes
posiciones jurídicas, deben tener en cuenta la condición de víctima del
conflicto armado –sujeto de especial protección constitucional- para asignar
cargas que, en el caso concreto, pueden ser desproporcionadas.
Por
lo anterior, resulta inadmisible que en los escenarios administrativos en donde
las víctimas acudan a la UARIV para ser incluidas en el RUV, dicha entidad
interprete la figura de fuerza mayor en su versión clásica del derecho
civil, sin atender a las particularidades y necesidades de la población víctima
del conflicto armado; en otras palabras, no tiene sentido que, aun hoy día, la
UARIV esté reduciendo este concepto a casos de terremotos o naufragios, sin
atender las dinámicas de violencia y amenazas que experimentan las comunidades
flageladas por los actores ilegales.
Finalmente
-y Por otra parte-, frente al delito de desaparición forzada, la jurisprudencia[153] ha
establecido que, como se trata de un delito de ejecución permanente y siempre
que a la fecha de realización de la declaración –o, en su defecto, la
presentación de la acción de tutela- no se conozca el paradero de la persona
desaparecida, los términos previstos en la Ley 1448 de 2011, a efectos de
revisar la extemporaneidad, se empezarán a contabilizar a partir del
conocimiento del paradero de la persona desaparecida forzosamente.
En
sentencia T-393 de 2018[154],
la Corte Constitucional revisó la acción de tutela promovida por una mujer que
declaró ser víctima, junto con sus dos hijas, del hecho victimizante de
desaparición forzada de su compañero permanente -y padre-, ocurrido el 12 de
agosto de 2012, y de desplazamiento forzado[155].
En dicho caso, la UARIV le negó la inscripción en el RUV como consecuencia de
que la declaración fue hecha de manera extemporánea, pues fue realizada el 3 de
diciembre de 2015, sin que evidenciara una circunstancia que demuestre fuerza
mayor en los términos del artículo 155 de la Ley 1448 de 2011[156].
En
sede de revisión, el Tribunal Constitucional amparó los derechos fundamentales
de la accionante y su núcleo familiar[157].
Consideró que “el hecho victimizante de desaparición forzada alegado por la
accionante es un delito de ejecución permanente que continúa ejecutándose en el
tiempo”, pues, para la fecha del fallo, el compañero permanente de la
accionante continuaba desaparecido[158].
Por su parte, frente al desplazamiento forzado, aseveró que la accionada no
hizo uso de mecanismos adicionales que le permitieran valorar la declaración de
la actora respecto a los hechos de desplazamiento forzado, desconociendo así la
condición de víctima de la accionante y de sus menores hijas al negarles la
inscripción en el RUV con sustento en la extemporaneidad[159]. En
tal sentido, la Corte precisó que la UARIV ignoró que la solicitud de
inscripción en el RUV “es una herramienta técnica que constituye un
requisito meramente declarativo y no constitutivo de tal condición”[160].
III.
CASO CONCRETO
A.   SOBRE
LA PROCEDENCIA FORMAL DE LAS ACCIONES DE TUTELA PRESENTADAS EN EL CASO CONCRETO
Legitimación por
activa:
con base en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la jurisprudencia
constitucional ha especificado las diferentes opciones del ejercicio de la
acción de tutela[161].
A partir de ello, ha identificado cuatro (4) formas diferentes para su
interposición, a saber: i) ejercicio directo, es decir, que el
tutelante es la persona a la cual se le están vulnerando sus derechos
fundamentales[162];
ii) por medio de representantes legales, caso en el cual la
acción de tutela se promueve a nombre de los menores de edad, incapaces absolutos
o  personas jurídicas[163];
iii) mediante apoderado judicial, caso en el cual el apoderado
debe ostentar la calidad de abogado titulado y la solicitud debe anexar el
poder especial para el caso, o en su defecto, el poder general respectivo; y, iv)
mediante agencia oficiosa[164].
En el presente caso, este
requisito se encuentra satisfecho. Dina Luz Soto Arias (Exp. T-7.602.948)
y Florentina García de Capataz (Exp. T-7.616.727) son quienes,
presuntamente, están siendo afectadas en sus derechos fundamentales como
consecuencia de las resoluciones que niegan su inclusión en el RUV.
Legitimación por
pasiva:
de acuerdo con el artículo 86 Superior, en concordancia con el artículo 5º del
Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier acción u
omisión en que incurra una autoridad pública o un particular en las condiciones
concretas establecidas en las normas y la jurisprudencia. En el presente caso,
la Sala considera que dicho requisito se cumple, toda vez que la UARIV es la
autoridad pública competente para desarrollar las funciones en torno a la
inscripción de las víctimas en el RUV.
Inmediatez: la
Constitución establece que la acción de tutela puede ser promovida “en todo
momento y lugar”. Sin embargo, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, la acción de amparo debe ser interpuesta en un término
prudencial y razonable después de ocurridos los hechos que motivan la
afectación o amenaza de los derechos fundamentales. Esta regla no debe
entenderse como una expresión de la caducidad de la acción, por el contrario,
debe entenderse y evaluarse en los términos de la razonabilidad.
La razonabilidad de la inmediatez
se evalúa a partir de la calidad del sujeto y la vulneración de sus derechos
fundamentales. De manera concreta, tratándose de víctimas del conflicto armado,
la jurisprudencia ha sostenido que la inmediatez debe ser evaluada de manera
flexible, pues son sujetos de especial protección constitucional[165].
La Corte Constitucional ha
sostenido que las personas víctimas del desplazamiento forzado están expuestas
a altos niveles de debilidad, indefensión y vulnerabilidad. Este delito genera
situaciones como i) la desarticulación social, el empobrecimiento
y deterioro de las condiciones de vida; ii) la perdida de acceso
a la propiedad entre comuneros; iii) inseguridad alimentaria; iv)
el incremento de la enfermedad y la mortalidad; v) la
marginación; vi) la pérdida del hogar, del empleo, de la vivienda
y la tierra[166].
Estas condiciones justifican la demora en el uso de los mecanismos con los
que la víctima cuenta para demandar la protección de su vida, honra, bienes,
libertad y seguridad. Por las anteriores razones, la Sala considera que, en
este caso, el requisito de inmediatez se cumple.
En el caso de Dina Luz Soto Arias
(Exp. T-7.602.948), la UARIV negó la inscripción en el RUV, por el hecho
victimizante de desplazamiento forzado, mediante la resolución Nº 2017-80496
del 17 de julio de 2017. Esta decisión fue objeto solicitud de revocatoria
directa, la cual fue resuelta el 20 de junio de 2018 por medio de la Resolución
Nº 2018-34696 y la acción de tutela fue promovida el 16 de noviembre de 2018,
en ese sentido, transcurrieron cerca de cinco (5) meses entre la última
actuación y la presentación de la acción de tutela, término que la Sala
encuentra razonable.
Frente al caso de Florentina
García de Capataz (Exp. T-7.616.727), la UARIV negó la inscripción en el
RUV, por el hecho victimizante de desaparición forzada del que fue víctima su
hijo, mediante Resolución Nº 2016-199164 del 18 de octubre de 2016.
Posteriormente, la accionante presentó recurso de reposición y apelación contra
dicho pronunciamiento, los cuales fueron resueltos, desfavorablemente, a través
de las resoluciones Nº 2016-199164R del 22 de marzo de 2017 y Nº 2017-56038
proferida el 3 de octubre de 2017 respectivamente. Por su parte, la acción de
tutela fue presentada el 11 de abril de 2019. En ese sentido se evidencia que han
trascurrido un año, seis meses y ocho días entre la última actuación
administrativa y la solicitud de tutela.
Podría pensarse que la acción de
tutela en el presente caso es improcedente por no cumplir con el presupuesto de
la inmediatez. Sin embargo, para la Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional, este término es razonable, por tres razones: (i) se
trata de una mujer víctima del conflicto armado; (ii) la accionante argumentó
que los grupos armados al margen de la ley le infundían temor y miedo a través
de amenazas en contra de su vida y la de sus familiares si acudía a las
autoridades. Esto, sin que signifique un prejuzgamiento, es una condición a
tener en cuenta al momento de verificar la capacidad de la tutelante para
agenciar sus derechos; y (iii) la notificación de la Resolución N° 2017-56038
del 3 de octubre de 2017 se presentó el 1 de abril de 2019[167],
esta situación se constata con el formato de notificación personal presentado
por la accionada, el cual no se encuentra debidamente diligenciado, lo que demuestra
que dicha diligencia no se llevó a cabo al momento de la promulgación del acto
administrativo, sino en la fecha precitada. Y, a su vez, se constata por la
manifestación de la accionante que afirma que la notificación se surtió en tal
fecha, sin que esto fuera controvertido por la UARIV.
De lo anterior, se desprende que
trascurrieron diez días desde el momento en que la accionante se enteró del
contenido de la última resolución proferida por la UARIV y la presentación de
la tutela, tiempo que la Sala estima razonable en los términos de la
jurisprudencia constitucional y hace que en este sentido la acción se torne
procedente.
Subsidiariedad:
conforme con la Constitución, se puede acudir a la acción de tutela cuando el
afectado no disponga de otro medio judicial, o existiendo, éste no sea idóneo y
eficaz, o salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable[168].
Por ello, la Constitución y el Decreto 2591 de 1991 previeron tres (3)
hipótesis en torno a las diferentes opciones de evaluación de este requisito.
El primero, cuando el
ordenamiento jurídico no prevé un medio judicial ordinario o extraordinario
para la defensa del derecho afectado, la acción de tutela procede y el amparo
otorgado por el juez constitucional es permanente[169]. El
segundo consiste en la existencia un medio judicial ordinario o extraordinario
para la protección de los derechos fundamentales, pero éste no es idóneo y
eficaz. Por esto, si el mecanismo no cuenta con dichas características, la
tutela desplaza dichos medios y el amparo del juez será definitivo[170].
Finalmente, el tercero consiste en que, aun cuando los mecanismos judiciales sean
idóneas y eficaces, la protección constitucional procede de manera transitoria
cuando (i) exista una amenaza de que ocurra un daño grave e
inminente y (ii) que se requieran medidas urgentes e
impostergables para la protección de los derechos fundamentales[171].
Adicionalmente, cuando quienes
promueven la acción de tutela son sujeto de especial protección constitucional,
el examen de procedencia se hace menos estricto, a través de criterios más
amplios, pero no menos rigurosos[172].
Mediante la Sentencia T-192 de
2010, la Sala Quinta de Revisión sostuvo que la acción de tutela era el
medio judicial más idóneo y expedito para la protección de las víctimas de desplazamiento
forzado, dado que (i) aunque existen otros medios de defensa
judicial para la garantía de sus derechos fundamentales, éstos no son idóneos
ni eficaces debido a la situación de gravedad extrema y urgencia en la que se
encuentran[173];
(ii) no es viable exigir el previo agotamiento de recursos
ordinarios como requisito de procedibilidad de la acción, pues, debido a la
necesidad de un amparo inmediato, no es posible imponer cargas adicionales a la
población desplazada[174];
y, (iii) por ser sujetos de especial protección constitucional, dada
su condición especial de desamparo, vulnerabilidad e indefensión en que se
encuentran, requieren de una defensa constitucional, por lo que el juez de
tutela debe evaluar con particular atención las circunstancias de debilidad
manifiesta[175].
Por su parte, en la Sentencia T-006
de 2014, la Sala Segunda de Revisión de este Tribunal señaló que el
concepto de víctima no es un criterio meramente retórico[176]. Por
el contrario, su estatus obliga a las autoridades judiciales a reconocer que se
trata de una población especialmente protegida y que se encuentran en una
situación dramática al soportar cargas excepcionales[177].
Ello implica que su protección es urgente con la finalidad de satisfacer sus
necesidades más apremiantes[178].
“Así, en los casos de desplazamiento forzado, dadas las condiciones de los
accionantes que en su gran mayoría son personas de escasos recursos económicos,
que se encuentran excluidos de los beneficios de la educación y la cultura y
que desconocen los procedimientos existentes para la defensa de sus derechos;
exigirles un conocimiento jurídico experto en la reclamación de los mismos y en
el agotamiento previo de los recursos ordinarios es en criterio de esta
Corporación desproporcionado”[179].
Por su parte, tratándose de
víctimas del conflicto armado por desaparición forzada, la Corte
Constitucional, en Sentencia T-171 de 2019[180],
sostuvo que “en la jurisprudencia constitucional se ha establecido que las
víctimas del conflicto armado interno han estado expuestas a un contexto de
violencia, por tanto, se encuentran en una situación de vulnerabilidad y son
sujetos de especial protección constitucional. En ese sentido, el análisis de
subsidiariedad es flexible dada esa situación de vulnerabilidad no es
exigible para este grupo de ciudadanos que sigan el curso ordinario del proceso
contencioso administrativo, especialmente cuando las víctimas ya han trasegado
el camino ante las entidades públicas y han presentado los recursos que ante
esas mismas autoridades deben agotar, por ello, cuando el ejercicio de los
derechos de los que son titulares las víctimas dependen de la inscripción en el
RUV, la tutela resulta ser el instrumento eficaz para salvaguardar sus derechos”[181].
Por lo anterior, la Corte
Constitucional ha estimado que, cuando se trata de proteger los derechos
fundamentales de las víctimas, la acción de tutela es el mecanismo idóneo
y eficaz para exigir la garantía de sus derechos fundamentales. En
efecto, dada su condición de especial protección constitucional, resulta
desproporcionado exigirle a esta población que acuda a la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa para atacar, por ejemplo, el acto administrativo que
niega la inscripción al RUV, especialmente, como en los presentes
casos, cuando las accionantes promovieron, de manera oportuna, los recursos
pertinentes ante la administración -sin que ello implique una obligación al
momento de verificar la subsidiariedad de la acción de tutela-[182].
Al respecto, la Sala Novena
encuentra que Dina Luz Soto Arias (Exp. T-7.602.948) es víctima del
delito de desplazamiento forzado, en el marco del conflicto armado interno.
Adicionalmente, al rastrear la información en distintas bases de datos, se
evidencia que, tanto en la Administradora de Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud –ADRES- como en el Registro Único de Afiliados
-RUAF-, se encuentra afiliada a la Caja de Compensación Familiar de Atlántico
en el régimen subsidiado y, a su vez, figura como madre cabeza de hogar[183].
Igualmente, al verificar el Sistema de Identificación de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales -SISBEN-, la accionante se encuentra
calificada con un puntaje de 16.51[184].
Por su parte, en el caso de
Florentina García de Capataz (Exp. T-7.616.727), la Sala constata que es
un sujeto de especial protección constitucional, no sólo por su condición de
víctima, sino también, por ser persona de la tercera edad, pues está próxima a
cumplir setenta y tres (73) años. De la misma manera,  al verificar la
información en las bases de datos del ADRES y del RUAF[185], se
evidencia que se encuentra en estado retirado de la Caja de Previsión Social de
Comunicaciones CAPRECOM EPS, en el régimen subsidiado y, además, inscrita como
cabeza de familia. Adicionalmente, tiene un puntaje de 22,44 en el SISBEN[186].
Para la Sala, lo anterior implica que la acción de tutela sea el mecanismo
expedito para reclamar la protección de sus derechos fundamentales.
Asimismo, tanto en el caso de
Dina Luz Soto Arias (Exp. T-7.602.948) como en el caso de Florentina
García de Capataz (Exp. T-7.616.727), las condiciones de vulnerabilidad de
las accionantes pueden, de acuerdo con la jurisprudencia, ser protegidas de
manera más amplia por parte del juez constitucional.
Lo anterior se justifica en que,
por una parte, pese a la existencia del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, éste carece de entidad suficiente para resolver
el problema jurídico planteado, pues su análisis es de legalidad y, por tal
motivo, la resolución del caso concreto podría llevarse a cabo mediante un
ejercicio de subsunción. En segundo lugar, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho se debe ejercer mediante apoderado judicial,
mientras que la tutela no exige presentarse mediante abogado.
La Sala resalta que las
accionantes actúan a nombre propio, sin asesoría legal, y que son víctimas del
conflicto armado interno, de lo cual es razonable asumir en el presente caso
que la exigencia de contar con un abogado puede ser desproporcionada. Del mismo
modo, es desproporcionado imponerle la carga de agotar los recursos ordinarios
para garantizar la procedibilidad de la acción de tutela, no sólo por la
urgencia con que se requiere la protección –dada la condición de vulnerabilidad
en ambos casos, necesitan de las ayudas ofrecidas por el Estado mediante la
inscripción en el RUV-, sino por la complejidad técnico-jurídica del medio de
control de nulidad y restablecimiento y el acceso a la administración de
justicia contencioso administrativa.
Además, tanto en el caso de Dina
Luz Soto Arias (Exp. T-7.602.948) como en el caso de Florentina García
de Capataz (Exp. T-7.616.727), las medidas cautelares establecidas en la
Ley 1437 de 2011, pueden no ser procedentes, por tres razones.
La primera, le imprime una carga
a las accionantes de demostrar el fumus boni iuris -certeza del derecho-
y el peliculum in mora -peligro en la demora- para que el juez, en su
discrecionalidad, decida si otorga las medidas cautelares o no. En segundo
lugar, prima facie la actuación de la UARIV puede ser ajustada a la
Constitución. En efecto, aplicó la regla de extemporaneidad conforme el
artículo 155 de la Ley 1448 de 2011, en ese sentido, su actuación estuvo
aparentemente dentro de los límites de la legalidad[187]. En
tercer lugar, la decantada jurisprudencia  constitucional ha establecido que
los términos indicados en el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011 son
prudenciales y proporcionados para el acceso de la víctima al RUV[188],
razón por la cual, las actuaciones de la UARIV gozan de aparente legalidad.
Por las anteriores hipótesis
descritas, existen dudas razonables sobre la procedencia de las medidas
cautelares, pues para ello es necesario que la demanda esté razonablemente
fundamentada en derecho[189].
Como consecuencia de lo anterior,
la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional considera que las
acciones de tutela presentadas por Dina Luz Soto Arias (Exp. T-7.602.948)
y por Florentina García de Capataz (Exp. T-7.616.727) cumplen con la
totalidad de los presupuestos de procedibilidad.
B.   SOBRE
LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS ACCIONANTES EN EL CASO
CONCRETO
En el presente apartado, la Sala
revisará, de manera separada, si la UARIV vulneró los derechos fundamentales de
Dina
Luz Soto Arias (Exp. T-7.602.948) y Florentina
García de Capataz (Exp. T-7.616.727).
a.
Sobre la vulneración de los derechos
fundamentales de Dina Luz Soto Arias (Exp. T-7.602.948)
-
La
aplicación de la regla de temporalidad de la declaración en el RUV en el caso
concreto
Dina Luz Soto Arias fue víctima
del delito de desplazamiento forzado ocurrido el 17 de julio de 2002 en el
municipio de Chimichagua-Cesar-. Por ello, el 27 de abril de 2015 realizó, ante
el Ministerio Público, la respectiva declaración, con la finalidad de ser
incluida en el RUV. Al no recibir respuesta, se acercó ante la UARIV para
averiguar sobre el estado de su solicitud. Sin embargo, le comunicaron que no
existía había registro de trámite alguno. Luego de ello, el 20 de abril de
2017, realizó una nueva petición para la inclusión en el RUV. Solicitud que
según la UARIV fue hecha de forma extemporánea, sin que se alegara, por parte
de la tutelante, la existencia de fuerza mayor, a efectos de obviar los
términos establecidos en el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011.
Se evidencia que la accionante hizo
dos declaraciones. La primera el 20 de abril de 2015 y la segunda el 18 de
abril de 2017. De acuerdo con el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011, el plazo
para declarar expiraba el 10 de junio de 2015. Sin embargo, la UARIV solo tomó
en consideración la solicitud realizada el 18 de abril de 2017, desconociendo aquella
hecha en abril de 2015, concluyendo que no se cumplió con el término
establecido.
Por ello, la Sala considera que
se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a
ser reconocido como víctima y a la inclusión en el RUV. En efecto, según la
Corte Constitucional, “el debido proceso administrativo se ha definido como
la regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y
establece las garantías de protección a los derechos de los administrados, de
modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su
propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre a los procedimientos
señalados en la ley”[190].
De lo anterior, se establece que las actividades estatales están reglamentadas
previamente, ello con la finalidad de garantizar limitaciones a la
discrecionalidad e impedir ejercicios arbitrarios de poder.
En el caso concreto, si el
procedimiento administrativo de inclusión en el Registro Único de Víctimas se
encontraba establecido y reglamentado en la Ley 1448 de 2011, esta Corporación
no evidencia razón suficiente para que no se le haya dado aplicación al trámite,
pues, aun cuando Dina Luz Soto Arias presentó la declaración en el término
establecido, la autoridad estatal no la tuvo en cuenta a efectos de estudiar la
posibilidad de su inclusión en el RUV.
De ello, se constatan una serie
de actuaciones inconstitucionales que terminan por vulnerar los derechos
fundamentales. Primero, el no dar trámite a la primera petición de la tutelante
para su inclusión en el RUV, segundo, el interpretar como no presentada la solicitud
en el término oportuno y, por tanto, basarse en la segunda presentación para
efectos de contabilizar los términos. En efecto, la decisión de ni inclusión de
la UARIV relacionada con el hecho de que el desprendible no acreditaba la falta
de presentación de la solicitud, no es razonable ni se ajusta a derecho. Dicho
desprendible, se cree, correspondía al comprobante de que la accionante rindió
declaración. No obstante, la falta de claridad de la información que contiene
no es razón suficiente para atribuir la carga -o la culpa- a la víctima de que
su solicitud haya quedado efectivamente reportada. Lo anterior solo se traduce
en la desorganización de la entidad, lo cual conllevó la negación de un derecho
fundamental.
Estas actividades le permiten a
la Corte Constitucional confirmar que (i) la
UARIV aplicó erróneamente el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011, pues se alejó
del principio de favorabilidad y el principio pro homine, los cuales, de
acuerdo con la jurisprudencia, son criterios hermenéuticos de interpretación;
y, a su vez, (ii) impuso una
carga desproporcionada a la accionante al tener que soportar los efectos
jurídicos de no ser reconocida como víctima ni incluida en el RUV, como
consecuencia de errores atribuibles a la administración. Por tal motivo, la
Sala considera que la Procuraduría General de la Nación deberá realizar una
investigación con la finalidad de determinar las condiciones fácticas y las
eventuales faltas disciplinarias a que haya lugar como consecuencia de la
pérdida de información aportada por la accionante en la declaración rendida en
el registro físico correspondiente al formulario CG000176209, calendado el 27
de abril de 2015.
Finalmente, la Sala considera que
no se está vulnerando el derecho a la igualdad de las demás víctimas del
conflicto armado que deben iniciar ante la UARIV, en relación con la protección
de los derechos de la accionante vía tutela, toda vez que Dina Luz Soto Arias
presentó de manera oportuna la solicitud para ser beneficiaria del RUV, en ese
sentido, tramitó su petición conforme las reglas de la Ley 1448 de 2011.
-
Sobre
la inscripción en el RUV de la accionante y su núcleo familiar
La Sala Novena de Revisión de la
Corte Constitucional constata que, del material probatorio que reposa en el
expediente, no le es posible ordenar la inclusión en el RUV por vía de la
acción de tutela. Ello como consecuencia de que no se aportan pruebas
suficientes que soporten su versión sobre los hechos víctimizantes, sino, por
el contrario, únicamente refiere como prueba la existencia de la declaración
ante el Ministerio Público dentro de los términos exigidos por la Ley 1448 de
2011, conforme se demostró en el acápite anterior.
Ante dicha situación, la Corte
considera que, para un mejor análisis de las condiciones fácticas y
contextuales de la accionante, es necesario que la UARIV, institución que tiene
las condiciones técnicas y fácticas idóneas para revisar la relación del hecho victimizante de la accionante con el
conflicto armado, se pronuncie sobre
la posibilidad de que Dina Luz Soto sea inscrita en el Registro Único de
Víctimas y, así, poder gozar de los beneficios que de ello se desprende.
Por
las anteriores razones, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional
revocará
la sentencia de segunda instancia del 4 de febrero de 2019 proferida por el
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Valledupar -Sala de Decisión Penal-, amparará
los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a ser reconocido
como víctima del conflicto armado interno y a ser incluido en el Registro Único
de Víctimas de Dina Luz Soto Arias, con base en la parte motiva de la presente
providencia, dejará sin efecto la Resolución 2017-80496 del 17 de julio de 2017
y la Resolución N° 201834696 del 20 de junio de 2018, proferidas por la UARIV
mediante las cuales se niega la inclusión a Dina Luz Soto Arias y se resuelve
la solicitud de revocatoria directa, respectivamente, de acuerdo con las
consideraciones realizadas en la presente sentencia; y, finalmente, ordenará a
la UARIV que, en el término de dos (2) días siguientes a la notificación de la
presente providencia, proceda a realizar la valoración de los hechos declarados
por Dina Luz Soto Arias del hecho victimizante ocurrido el 17 de julio de 2002,
ocurrido en el municipio de Chimichagua -Cesar-. Lo anterior con la finalidad
de establecer si es viable o no su inclusión en el Registro Único de Victimas
-RUV-.
b.
Sobre la vulneración de los derechos
fundamentales de Florentina García de Capataz (Exp. T-7.616.727)
Florentina García es víctima del
conflicto armado por el hecho victimizante de desaparición forzada de su hijo
-Henry Miguel Capataz García-, ocurrido el 23 de febrero de 2013. El delito fue
cometido en el municipio de Puerto Santander-Norte de Santander-, sin que a la
fecha de presentación de la acción de tutela se conociera el paradero de su familiar.
Por ello, el 4 de marzo de 2013, la solicitante presentó denuncia ante la
Fiscalía General de la Nación, sede El Banco-Magdalena-, la cual, de acuerdo al
escrito de tutela, se encuentra en investigación.
El 9 junio de 2015, declaró dicho hecho
victimizante ante la Personería Municipal de El Peñón-Bolívar-, ello con la
finalidad de que, junto con su esposo, fuesen incluidos en el RUV. Afirmó que
le fue imposible realizar con anterioridad dicha petición, pues fue amenazada
por quienes desaparecieron forzosamente a su hijo. El 18 de octubre de 2016, la
UARIV no incluyó a Florentina García de Capataz y a su grupo familiar en el RUV,
al argumentar que la solicitud se presentó de manera extemporánea y, a su vez,
no demostró razón alguna -fuerza mayor- que hiciera excusable su demora.
De acuerdo con lo anterior, la
Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional realizará dos consideraciones:
la primera, verificar si la aplicación de la regla de temporalidad prevista en
el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011 por parte de la UARIV fue llevada a cabo
conforme la jurisprudencia constitucional; la segunda, estudiar si en el caso
concreto se evidencian los requisitos para que la accionante y su núcleo
familiar puedan ser inscritos en el Registro Único de Víctimas.
-
Sobre
la aplicación de la temporalidad en el caso concreto
El 23 de febrero de 2013
desapareció Henry Miguel Capataz en el municipio de Puerto Santander. Según la
regla establecida en el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011, la tutelante tenía
plazo de presentar la declaración del hecho victimizante hasta el 23 de febrero
de 2015 y la solicitud tuvo lugar el 9 de junio de 2015, es decir, un (1) mes y
quince (15) días posteriores al término señalado para realizarla. En ese
sentido, de manera preliminar, la petición de la accionante fue rendida de
manera extemporánea. Sin embargo, la Sala considera que existió una vulneración
a los derechos fundamentales a la vida digna, a ser reconocidos como víctimas,
a la inclusión al Registro Único de Víctimas y al debido proceso
administrativo, pues (i) no se valoraron los argumentos de la
solicitante en torno al temor como causal de inaplicación de la regla de la
temporalidad; (ii) pretermitió la posición de la Personería
Municipal de El Peñón-Bolívar- sobre el temor y la zozobra de la accionante; (iii)
existió una falta de argumentación por parte de la UARIV al momento de negar la
inclusión en el RUV; y, (iv) desconoció la jurisprudencia
constitucional sobre la aplicación de las reglas de temporalidad en delitos de
ejecución continuada cuando los mismos no se han consumado.
En efecto, en el trámite
administrativo, la accionante afirmó que “hemos sido advertidos mediante
llamadas telefónicas y además utilizan personas desconocidas que se acercaran a
nosotros a advertirnos que como denunciáramos la desaparición de mi hijo ante
las autoridades, los muertos en la familia continuarían, y es tan evidente la
situación que hasta nos pidieron dinero en algunas ocasiones pero nunca nos
demostraron que seguía con vida mi hijo, estas llamadas lo que infunden en mí y
en mi familia es miedo y zozobra, a esto nos han llevado los responsables de la
desaparición de mi hijo, quienes además son miembros de grupos armados al
margen de la ley, nos tenían amedrantados con sus amenazas de muerte, y más aún
por la zona donde vivimos (…)”[191].
Por su parte, la Personería del
El Peñón-Bolívar- afirmó que las garantías de los derechos de las víctimas no
fueron respetadas por la UARIV, pues “no fueron tenidas en cuenta las
condiciones y las circunstancias en las que se llevó a cabo el hecho
victimizante de DESAPARICIÓN FORZADA, además no fue tenido en cuenta el
calvario sufrido por esa familia desde la desaparición de su hijo, donde la
parte actora afirma que los llamaban diciendo que no denunciaran ante las
autoridades los hechos o las consecuencias las sufrían tanto ellos como su hijo
desaparecido, y ellos con la ilusión de tener de regreso a su familiar se
cohibían de poner en conocimiento de las autoridades tales hechos (…) es
evidente el estado de temor o miedo que impidió que la accionante haya
declarado antes, la desaparición de su hijo y no puede dársele mayor relevancia
a que no hayan presentado la declaración anteriormente, sin antes hacer
análisis de las causas que les impidió declarar, cosa que no tuvo en cuenta la
UARIV”[192].
De lo anterior, se evidencia la
incapacidad de Florentina García de Capataz y su núcleo familiar para realizar,
de manera temprana, la declaración del hecho victimizante de “desaparición
forzada”, como consecuencia de las diversas amenazas de las que ha sido víctima
por parte de los grupos armados al margen de la ley. Estas situaciones generan,
en un contexto de violencia y conflicto, temor y zozobra sobre la población
civil, donde su principal reflejo es la imposibilidad de acudir a las
instituciones estatales en busca de protección en su vida, honra, bienes,
seguridad y libertad.
Igualmente, existió una falta de
argumentación por parte de la UARIV al momento de negar la inclusión en el RUV.
En efecto, la negativa se basó exclusivamente en la extemporaneidad de la solicitud
sin tener en cuenta otros elementos de juicio que pudieron incidir en la
tardanza, como lo son las amenazas y, en general, la zozobra y el terror
infundido a Florentina García de Capataz si acudía a las autoridades
correspondientes. De igual manera, la UARIV no se refirió a las pruebas
aportadas por la accionante en el trámite de tutela. No sólo no las consideró,
sino que tampoco las controvirtió. En ese sentido, la entidad accionada obvio
las diferentes actuaciones realizadas por la accionante, tales como (i)
evidenciar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación – Seccional El
Banco -Magdalena-; (ii) aportar los recortes de prensa que demuestran
la ocurrencia de los hechos; (iii) demostrar la situación de
conflicto armado y el contexto en el que este se desarrollaba por medio del
Comunicado del 3 de octubre de 2012 suscrito por la Defensoría del Pueblo, en
el cual se describió cual era la situación que atravesaba la población de la
zona ante la presencia de los “Urabeños” por la fecha en la que ocurrió
el hecho victimizante.
Ello vulnera los derechos
fundamentales a ser reconocido como víctima, a la inclusión en el RUV y al
debido proceso administrativo, toda vez que es deber de la UARIV verificar, de
manera cuidadosa, las situaciones fácticas descritas por la accionante en torno
a los hechos que le impidieron realizar de manera oportuna la declaración del
hecho victimizante de desaparición forzada, y  que la simple
confrontación de fechas con la finalidad de rechazar o no la solicitud en los
términos de la Ley 1448 de 2011 desconoce la presunción de buena fe y,
asimismo, invierte la carga de la prueba a la víctima sobre la obligación de
probar que el hecho victimizante tiene una relación con el conflicto armado
interno, lo cual no solo es desproporcionado, sino inconstitucional.
La UARIV, al negar la inscripción
en el RUV a Florentina García de Capataz y su núcleo familiar, desconoció sus
derechos fundamentales. Como se evidenció, la entidad demandada no utilizó
información suficiente en el proceso de valoración de la declaración presentada
por la accionante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley
1448 de 2011, y en el artículo 28 del Decreto 4800 de 2011, que garantiza el
debido proceso, la buena fe y el principio de favorabilidad que deben regir las
actuaciones de esta entidad en beneficio de quien alega ser víctima, en el
presente caso, del delito de desaparición forzada de su hijo. De esta
forma, la Sala encuentra infundada la decisión adoptada, por cuanto se
desconoció la condición de víctima de la accionante y de su núcleo familiar.
Finalmente, la UARIV desconoció
la jurisprudencia constitucional sobre la aplicación de las reglas de
temporalidad en delitos de ejecución continuada cuando los mismos no se han
consumado. En efecto, de acuerdo con lo señalado por Florentina García de Capataz,
a la fecha de presentación de la acción de tutela, no se ha conocido aún el
paradero de su hijo. La jurisprudencia[193]
ha establecido que, como se trata de un delito de ejecución permanente y
siempre que a la fecha de realización de la solicitud -o, en su defecto, la
presentación de la acción de tutela- no se conozca el paradero de la persona
desaparecida, los términos previstos en la Ley 1448 de 2011, a efectos de
revisar la extemporaneidad, se empezarán a contabilizar a la consumación de
dicho delito.
En el caso concreto, de acuerdo
con la accionante y con la investigación de la Fiscalía General de la Nación,
se desconoce la ubicación de su hijo, en otras palabras, la desaparición
forzada sigue ejecutándose continuamente en el tiempo. Por tal motivo, la
declaración de este hecho victimizante fue realizada a tiempo, de acuerdo con
la jurisprudencia constitucional vigente.
Por todo lo anterior, la Sala
considera que la UARIV realizó (i) una indebida aplicación de las
normas legales para evaluar y decidir la petición; (ii)
desconoció que el hecho victimizante “desaparición forzada” es un delito de
ejecución permanente, que se consuma, hasta tanto se tenga información de la
privación o la aparición del cadáver; (iii) profirió una decisión
sin una motivación suficiente; y (iv) exigió que la interesada
justificara la demora de su declaración, ignorando, tal vez, el desconocimiento
que ésta tenía de sus propios derechos, y el temor por los hechos ocurridos con
su hijo, lo que constituyó una limitante formal para acceder al registro.
-
Sobre
la inscripción en el RUV de la accionante y su núcleo familiar
La Corte ha ordenado la
inscripción de manera directa de personas en el RUV o la revisión de la
negativa del registro[194].
Ello, siempre y cuando se verifique que la UARIV (i) interpretó
las normas aplicables de manera contraria a los principios de favorabilidad y
buena fe; (ii) exigió formalidades irrazonables o
desproporcionadas o impuso limitantes para acceder al registro que no se
encuentran en las normas aplicables; (iii) profirió una
resolución sin motivación suficiente; (iv) negó la inscripción
por causas ajenas al solicitante; o (v) impidió que el
solicitante exponga sus razones, o que ejerza los recursos arbitrados por el
ordenamiento para controvertir la decisión administrativa que le niega la
inscripción en el Registro[195].
La Defensoría del Pueblo, en el
informe de riesgo N° 023-12, de inminencia para el corregimiento de Buenos
Aires del municipio de El Peñón en el departamento de Bolívar, para proteger a
la población civil que habita en el predio Las Pavas, sostuvo lo siguiente:
“El
municipio El Peñón, limita al oriente con el municipio de Tamalameque (Cesar),
al Occidente con el municipio de San Martín de Loba (Bolívar), al Norte con el
municipio de El Banco (Magdalena); al Sur con el municipio de Regidor
(Bolívar).
El
corregimiento Buenos Aires está ubicado a tres (3) horas de la cabecera
municipal por vía fluvial, o por carretera en mal estado. Por su parte, para
llegar al predio Las Pavas, es necesario transitar por una zona boscosa a una
hora de camino desde el corregimiento o transportarse en moto-taxi desde el
municipio de Regidor en el municipio de Bolívar.
El
corregimiento Buenos Aires, geográficamente adquiere una gran importancia
debido a las ventajas que ofrece para la movilidad de los actores armados
ilegales porque se encuentra interconectado por el brazuelo Papayal, afluente
del rio Magdalena, utilizado por el grupo armado ilegal los “Urabeños” como
ruta expedita para el transporte de sustancias alucinógenas y metales preciosos
provenientes de la extracción ilegal de vetas auríferas a través de
retroexcavadoras proveniente de Barranco de Loba y San Martín de Loba,
productos que son acopiados y enviados a través de los municipios de Regidor,
La Gloria y Aguachica con destino a zonas fronterizas como el Departamento de
Norte de Santander”
Del informe se evidencia, por una
parte, que existe una presencia importante de actores armados al margen de la
ley donde reside la accionante y, por ello, se deduce un fuerte control ilícito
sobre la población civil que, como en el caso concreto, se traduce en temor
generalizado y zozobra para acudir a las instituciones estatales con la finalidad
de buscar protección. Además de lo anterior, el actuar delictual, para la
fecha, se expande hasta la zona fronteriza limitante con el Estado Venezolano.
En ese sentido, tal y como lo
sostuvo el juez de primera instancia, el hecho de que se hubiera perpetrado la
desaparición forzada de Henry Miguel Capataz Murcia en un contexto de violencia
generalizada, permite concluir una relación cercana y suficiente entre el hecho
victimizante y el conflicto armado interno, lo cual sitúa a la accionante y a
su núcleo familiar en la condición de víctima en los términos de la Ley 1448 de
2011. Asimismo, la UARIV (i) interpretó las normas aplicables de
manera contraria a los principios de favorabilidad y buena fe; (ii)
profirió una resolución sin motivación suficiente, pues únicamente se refirió a
la regla de extemporaneidad sin verificar las condiciones fácticas de la
accionante y la violencia generalizada en el municipio donde reside.
Asimismo, del restante material
probatorio que reposa en el expediente, se encuentra la denuncia realizada el 4
de marzo de 2013 ante la Fiscalía General de la Nación - Seccional El Banco
-Magdalena-y los dos (2) recortes de prensa que dan cuenta de los hechos
ocurridos. Asimismo, debe tenerse en cuenta la avanzada edad de la accionante, lo
cual, en consideración de esta Sala de Revisión, implicaría una carga
desproporcionada el someterla al procedimiento administrativo para la inclusión
en el Registro Único de Víctimas, máxime cuando las pruebas aportadas al
trámite de tutela no fueron desvirtuadas por la entidad accionada.
Por
lo anterior, la Sala revocará la sentencia de segunda instancia del
31 de julio de 2019 proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Cartagena -Sala de Decisión Civil-Familia-; amparará los derechos fundamentales
al debido proceso administrativo, a ser reconocido como víctima del conflicto
armado interno y a ser incluido en el Registro Único de Víctimas de Florentina
García de Capataz y su núcleo familiar; dejará sin efecto la Resolución
N°2016-1991164 del 18 de octubre de 2016; la Resolución N° 2016-1991164R del 22
de marzo de 2017 y la Resolución N° 201756038 del 3 de octubre de 2017,
proferidas por la UARIV mediante las cuales se niega la inclusión en el
Registro Único de Víctimas a Florentina García de Capataz y su núcleo familiar
y se resuelven los recursos de reposición y apelación, respectivamente, en los
términos de la parte considerativa de la presente sentencia; ordenará a
la UARIV que, en el término de diez (10) días siguientes a la notificación de
la presente providencia, profiera una resolución donde incluya a la señora
Florentina García de Capataz y a su núcleo familiar en el Registro Único de
Víctimas.
IV.
SÍNTESIS
Le corresponde a la Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional revisar, por una parte, las sentencias de
tutela proferidas, en segunda instancia, por el Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Valledupar -Sala de Decisión Penal- que declaró improcedente la
acción de tutela y, por tanto, revocó la sentencia de primera instancia dictada
por el Juzgado Primero (1º) Penal del Circuito con Función de Conocimiento de
Valledupar que amparó el derecho fundamental al debido proceso de la señora
Dina Luz Soto Arias (Exp. T-7.602.948). Por otra parte, las sentencias
de tutela expedidas, en segunda instancia, por el Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Cartagena –Sala de Decisión Civil- Familia– que declaró
improcedente el amparo ius fundamental y, por ello, revocó la sentencia
de primera instancia surtida en el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de
Mompós el cual protegió los derechos fundamentales a la igualdad, a la vida
digna, al debido proceso y reconocimiento como víctima de la señora Florentina
García de Capataz (Exp. T-7.616.727).
Dina Luz Soto Arias (Exp. T-7.602.948)
es víctima del conflicto armado interno por el delito de desplazamiento forzado
ocurrido el 17 de junio de 2002 en el municipio de Chimichagua-Cesar-. El 27 de
abril de 2015, rindió declaración ante la Procuraduría Regional de Valledupar
para ser incluida en el Registro Único de Víctimas -RUV- por parte de la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV-. Posteriormente,
se acercó ante la Procuraduría Regional de Valledupar para averiguar sobre el
estado de su trámite. Sin embargo, le comunicaron que no existía tal petición
en el sistema.
El 20 de abril de 2017, realizó una
nueva declaración para ser incluida en el RUV. La UARIV, a través de la
resolución Nº 2017-80496 del 17 de julio de 2017, negó la inscripción al
considerar que la solicitud fue extemporánea de acuerdo con el artículo 155 de
la Ley 1448 de 2011. Contra la decisión presentó la revocatoria directa, la
cual fue negada. Con base en los anteriores hechos, formuló acción de tutela al
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la familia,
a la alimentación, a la salud, a la vivienda, a la igualdad y al debido
proceso.
La UARIV aseveró que no existía una
trasgresión a sus derechos fundamentales, toda vez que la accionante no
demostró situación de fuerza mayor que le impidiera realizar a tiempo la
solicitud. Además sostuvo que la acción de tutela es improcedente, pues no hizo
uso de los recursos de reposición y apelación en vía administrativa y la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho es el medio judicial idóneo y eficaz
para debatir la legalidad del acto administrativo cuestionado; sostuvo que no
existe prueba de la ocurrencia de un perjuicio irremediable para que se amparen
los derechos fundamentales deprecados de manera transitoria. Finalmente,
expresó que al juez constitucional le está vedado inscribir de manera directa a
la accionante al RUV, ya que quien tiene la información suficiente para valorar
el hecho victimizante a la luz del conflicto armado interno es dicha entidad.
De otro lado, Florentina García de
Capataz (Exp. T-7.616.727) es víctima por la desaparición forzada de su
hijo ocurrida el 23 de febrero de 2013 en el municipio de Puerto Santander
-Norte de Santander-. A la fecha de la interposición de la acción de tutela se
desconoce el paradero de su familiar. Por tal motivo, el 4 de marzo de 2013,
presentó la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y en este
momento se encuentra en investigación.
El 9 de junio de 2015  compareció ante
la Personería Municipal de El Peñón-Bolívar-. Allí afirmó que no realizó dicha
declaración con anterioridad, pues fue amenazada y atemorizada por grupos
armados al margen de la ley, y le solicitó a la UARIV su inclusión en el RUV.
La UARIV, mediante Nº 2016-199164 del 18 de octubre de 2016, negó pretensiones
de la tutelante al considerar que la petición su comparecencia ante la
Personería se hizo de manera extemporánea, de acuerdo con el artículo 155 de la
Ley 1448 de 2011.
Dicha decisión fue recurrida en
reposición, y en subsidio apelación, siendo confirmadas mediante las
resoluciones Nº2016-199164R y Nº2017-56038, del 22 de marzo y  el 3 de octubre
de 2017, respectivamente. Por lo anterior, el 11 de abril de 2019, Florentina García
de Capataz promovió acción de tutela al considerar que la UARIV desconoció sus
derechos fundamentales a la vida digna, a la igualdad y a la reparación de las
víctimas, y solicitó al juez constitucional amparar sus derechos fundamentales
y ordenar a la accionada su inclusión en el RUV.
La UARIV afirmó que la actora no
manifestó ninguna causal de fuerza mayor que le impidiera presentarse dentro de
los términos de la Ley 1448 de 2011. Igualmente, arguyó que debe acudir a la
nulidad y restablecimiento del derecho, al ser el medio judicial idóneo y
eficaz para debatir la legalidad de los actos administrativos. Expresó que no
existe prueba de la ocurrencia de un perjuicio irremediable para amparar de
manera transitoria sus derechos fundamentales y consideró que al juez
constitucional le está vedado inscribir de manera directa a la accionante al
RUV, toda vez que quien tiene la información suficiente para valorar el hecho
victimizante a la luz del conflicto armado interno es dicha entidad.
En sede de revisión, la Sala Novena de
la Corte Constitucional resuelve si la UARIV vulneró los derechos fundamentales
al mínimo vital, a la familia, a la alimentación, a la salud, a la vivienda, a
la igualdad, al debido proceso, al reconocimiento como víctimas y a la reparación
de Dina Luz Soto Arias (exp.T-7.602.948) y de Florentina García de Capataz
(exp.T-7.616.727) ante la negativa de inclusión en el Registro Único de
Víctimas, por considerar que la solicitudes fueron presentadas de manera
extemporánea en relación con los términos del artículo 155 de la Ley 1448 de
2011.
La Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional considera que las acciones de tutela son procedentes. Constató
que las accionantes eran quienes directamente se ven afectadas con las
actuaciones objeto de tutela. Además, estableció que la UARIV es la entidad
estatal encargada de responder directamente sobre las pretensiones de las
accionantes, pues su función legal consiste, entre otras, verificar las
declaraciones de las víctimas del conflicto armado para constatar si pueden ser
inscritas o no en el RUV.
Posteriormente, evidencia que las
acciones de tutela cumplen con el requisito de inmediatez. En efecto, en el
caso de Dina Luz Soto Arias (Exp. T-7.602.948), la resolución que niega
la solicitud de revocatoria directa es del 20 de junio de 2018 y la acción de
tutela fue promovida el 16 de noviembre de 2018, es decir, 4 meses y 25 días,
tiempo que la Sala considera como razonable y proporcionado, en los términos de
la jurisprudencia constitucional.
Por su parte, en el caso de Florentina
García de Capataz (Exp. T-7.616.727), la última actuación -resolución
del recurso de apelación- data del 3 de octubre de 2017 y la accionante
instauró la acción de tutela el 11 de abril de 2019. A pesar de la aparente
demora, la Sala constata que dicho requisito se cumple. En efecto, la
accionante es un sujeto de especial protección constitucional -víctima del
conflicto armado-, lo cual implica que éste requisito se flexibilice en su
análisis de razonabilidad y proporcionalidad. Asimismo, la Resolución Nº
201756038 del 3 de octubre de 2017, que resuelve el recurso de apelación, fue
notificada el 1º de abril de 2019, por tres razones: en primer lugar, el acta
de notificación de dicha resolución no tiene fecha exacta y tampoco está
firmada por la accionante, es decir, no se llevó a cabo la notificación
correspondiente. En segundo lugar -a partir de la presunción de veracidad que
rige la acción de tutela-, la accionante afirmó que se enteró de dicha resolución
el 1º de abril de 2019; y, finalmente, la UARIV no controvirtió la fecha de
notificación señalada por la accionante. En ese sentido, la Sala constata que trascurrieron
10 días entre el conocimiento de la última resolución objeto de tutela y la
presentación de la misma, tiempo que la Sala considera razonable conforme la jurisprudencia
de la Corte Constitucional.
En cuanto a la subsidiariedad, la Sala
Novena de Revisión de la Corte Constitucional asevera que las acciones de
tutela cumplen con dicho requisito. La Sala constata que la exigencia de agotar
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho implica una carga
desproporcionada que implica que esta sea ineficaz.
De acuerdo con la jurisprudencia, el
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho implica un
análisis de legalidad. Por tanto, la resolución de los casos concretos conlleva
a verificar si las peticiones fueron o no instauradas en los términos
temporales prescritos en la Ley 1448 de 2011. Asimismo, el debate ante la
jurisdicción contencioso-administrativa es un escenario técnico-jurídico
complejo que escapa al conocimiento de las accionantes, máxime cuando es
necesario acudir por medio de abogado para la resolución del conflicto.
Finalmente, es necesario establecer que en los presentes casos, quienes fungen
como accionantes son sujetos de especial protección constitucional al ser
mujeres víctimas del conflicto armado interno, razón por la cual, se debe
flexibilizar el examen de dicho requisito.
Igualmente corrobora que tampoco es
eficaz las medidas cautelares establecidas en la Ley 1437 de 2011. Así, para
que se decreten, debe existir un grado de certeza en la actuación ilegal de la
entidad accionada, lo cual en estos casos no se predican. En efecto, la UARIV
motivó las resoluciones cuestionadas con base los términos previstos en el
artículo 155 de la Ley 1448, los cuales son razonables y flexibles para el
acceso de las víctimas al RUV, conforme con la jurisprudencia constitucional.
De ahí que, aparentemente las actuaciones de la UARIV estuvieron realizadas en
el marco de la legalidad. Por ello, existen dudas razonables sobre la
procedencia de las medidas cautelares para la protección de los derechos
fundamentales de las accionantes.
En torno a la vulneración de los
derechos fundamentales de las accionantes, la Sala Novena de Revisión de la
Corte Constitucional advierte que la UARIV actuó en desconocimiento de los
derechos de las víctimas, del debido proceso administrativo y de las reglas
creadas por la Corte Constitucional en torno a las reglas sobre la temporalidad
para la solicitud de inscripción de las víctimas del conflicto armado en el
RUV.
En el caso de Dina Luz Soto Arias
(Exp. T-7.602.948) se evidencia que la accionante realizó dos
declaraciones. La primera el 20 de abril de 2015 y la segunda el 18 de abril de
2017. Conforme la regla del artículo 155 de la Ley 1448 de 2011, el plazo para
declarar expiraba el 10 de junio de 2015. Sin embargo, la UARIV únicamente tomó
en consideración la solicitud realizada por la accionante el 18 de abril de
2017, desconociendo la primera solicitud y, por ello, considerar que esta
última declaración se realizó por fuera de los términos establecidos.
Por ello, la Sala considera que
se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a
ser reconocido como víctima y a la inclusión en el RUV. En efecto, según la
Corte Constitucional, “el debido proceso administrativo se ha definido como
la regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y
establece las garantías de protección a los derechos de los administrados, de
modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su
propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre a los procedimientos
señalados en la ley”[196].
De lo anterior, se establece que las actividades estatales están reglamentadas
previamente. Ello con la finalidad de garantizar limitaciones a la
discrecionalidad que permitan ejercicios arbitrarios de poder.
En el caso concreto, la Sala no
evidencia razón suficiente por la cual no se haya surtido el trámite de
registro en el RUV cuando la accionante declaró por primera vez -20 de abril de
2015-; además reprocha que, como consecuencia de un error de la administración,
sea la accionante quien deba soportar la carga del rechazo por ser extemporánea
su solicitud.
Estas actividades le permiten a
la Corte Constitucional confirmar que (i) la
UARIV interpretó erróneamente el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011, pues se
alejó del principio de favorabilidad y el principio pro homine, los
cuales, de acuerdo con la jurisprudencia, son criterios hermenéuticos de
interpretación; y, a su vez, (ii)
impuso una carga desproporcionada a la accionante al tener que soportar los
efectos jurídicos de no ser reconocida como víctima ni incluida en el RUV, como
consecuencia de errores atribuibles a la administración.
Finalmente, la Sala considera que no se
está vulnerando el derecho a la igualdad de las demás víctimas del conflicto
armado que deben iniciar ante la UARIV, por dos razones. La primera, Dina Luz
Soto Arias presentó de manera oportuna la solicitud para ser beneficiaria del
RUV, en ese sentido, tramitó su petición conforme las reglas de la Ley 1448 de
2011. La segunda, como se demostró, la UARIV en dicho trámite vulneró los
derechos fundamentales de la accionante.
En el caso de Florentina García
de Capataz (Exp. T-7.616.727), la UARIV, al negar la inscripción en el
RUV a Florentina García de Capataz y su núcleo familiar, desconoció sus
derechos fundamentales. La entidad demandada no utilizó información suficiente
en el proceso de valoración de la declaración presentada por la accionante, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley 1448 de 2011, y en el
artículo 28 del Decreto 4800 de 2011, que garantiza de esta forma el debido
proceso, la buena fe y el principio de favorabilidad que deben regir las
actuaciones de la UARIV en beneficio de quien alega ser víctima, en el presente
caso, del delito de desaparición forzada de su hijo. De esta forma, la Sala encuentra
infundada la negación de la inscripción en el RUV, por cuanto se desconoció la
condición de víctima de la accionante y de su núcleo familiar.
Desconoció la jurisprudencia
constitucional sobre la aplicación de las reglas de temporalidad en delitos de
ejecución continuada cuando los mismos no se han consumado. En efecto, de
acuerdo con Florentina García de Capataz, a la fecha de presentación de la acción
de tutela, no se conocía aún el paradero de su hijo. La jurisprudencia[197]
ha establecido que, como se trata de un delito de ejecución permanente y
siempre que a la fecha de realización de la solicitud -o, en su defecto, la
presentación de la acción de tutela- no se conozca el paradero de la persona
desaparecida, los términos previstos en la Ley 1448 de 2011, a efectos de
revisar la extemporaneidad, se empezarán a contabilizar a partir del
conocimiento del paradero de la persona desaparecida forzosamente.
En el caso concreto, de acuerdo
con la accionante y con la investigación de la Fiscalía General de la Nación,
se desconoce la ubicación de su hijo, en otras palabras, la desaparición
forzada sigue ejecutándose continuamente en el tiempo. Por tal motivo, la
declaración de este hecho victimizante fue realizada a tiempo, de acuerdo con
la jurisprudencia constitucional vigente.
Finalmente, la Sala constata que
la accionante y su núcleo familiar debieron ser inscritos en el RUV, pues,
tanto la Defensoría del Pueblo como la Personería Municipal de El Peñón
-Bolívar- recalcan la situación de conflicto armado que, en su momento, se
presentó en el municipio donde reside la accionante y sus estructuras y modos
de operación criminal se extienden hasta las zonas de frontera con el Estado
Venezolano -lugar donde se llevó a cabo la desaparición forzada de Henry Miguel
Capataz García-. Por tal motivo, conforme a dichos informes, la Corte constata
que existe una relación entre el hecho victimizante -desaparición forzada- y el
conflicto armado interno.
Por todo lo anterior, la Sala
considera que la UARIV realizó (i) una indebida aplicación de las
normas legales para evaluar y decidir la petición; (ii)
desconoció que el hecho victimizante “desaparición forzada” es un delito de
ejecución permanente, que se consuma, hasta tanto se tenga información de la
privación o la aparición del cadáver; (iii) profirió una decisión
sin una motivación suficiente; y (iv) exigió que la interesada
justificara la demora de su declaración, ignorando, tal vez, el desconocimiento
que ésta tenía de sus propios derechos, y el temor por los hechos ocurridos con
su hijo, lo que constituyó una limitante formal para acceder al registro.
Por las anteriores razones, la
Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, en el caso de Dina
Luz Soto Arias (Exp. T-7.602.948) revoca la sentencia de segunda
instancia del 4 de febrero de 2019 proferida por el Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Valledupar -Sala de Decisión Penal-. Ampara los derechos
fundamentales al debido proceso administrativo de Víctimas de Dina Luz Soto
Arias, con base en la parte motiva de la presente providencia. Deja sin efecto
la Resolución 2017-80496 del 17 de julio de 2017 y la Resolución N° 201834696
del 20 de junio de 2018, proferidas por la UARIV mediante las cuales se niega
la inclusión a Dina Luz Soto Arias y se resuelve la solicitud de revocatoria
directa, respectivamente, de acuerdo con las consideraciones realizadas en la
presente sentencia; y, finalmente, ordena a la UARIV que, en el término de
veinte (20) días siguientes a la notificación de la presente providencia,
proceda a realizar la valoración de los hechos declarados por Dina Luz Soto
Arias del hecho victimizante ocurrido el 17 de julio de 2002, ocurrido en el
municipio de Chimichagua -Cesar-. Lo anterior con la finalidad de establecer si
es viable o no su inclusión en el Registro Único de Victimas -RUV-.
Asimismo, ordena a la
Procuraduría General de la Nación para que, en el término de treinta (30) días
siguientes a la notificación de la presente providencia, inicie la
investigación disciplinaria interna correspondiente con la finalidad de indagar
los hechos sucedidos con el registro físico correspondiente al formulario
CG000176209, calendado el 27 de abril de 2015, para así tomar los correctivos
necesarios a que haya lugar, de conformidad con lo expuesto en la presente
sentencia.
Por su parte, en el caso de
Florentina García de Capataz (Exp. T-7.616.727), la Sala revoca la
sentencia de segunda instancia del 31 de julio de 2019 proferida por el
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena -Sala de Decisión
Civil-Familia-; ampara los derechos fundamentales al debido proceso
administrativo, a ser reconocido como víctima del conflicto armado interno y a
ser incluido en el Registro Único de Víctimas de Florentina García de Capataz y
su núcleo familiar; deja sin efecto la Resolución N°2016-1991164 del 18 de
octubre de 2016; la Resolución N° 2016-1991164R del 22 de marzo de 2017 y la
Resolución N° 201756038 del 3 de octubre de 2017, proferidas por la UARIV
mediante las cuales se niega la inclusión en el Registro Único de Víctimas a
Florentina García de Capataz y su núcleo familiar y se resuelven los recursos
de reposición y apelación, respectivamente, en los términos de la parte
considerativa de la presente sentencia; y ordena a la UARIV que, en el término
de diez (10) días siguientes a la notificación de la presente providencia,
profiera una resolución donde incluya a la señora Florentina García de Capataz
y a su núcleo familiar en el Registro Único de Víctimas.
V.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución.
RESUELVE
PRIMERO.-
REVOCAR
la sentencia de segunda instancia del 4 de febrero de 2019 proferida por el
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Valledupar -Sala de Decisión Penal-.
En su lugar, AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso
administrativo de Dina Luz Soto Arias, con base en la parte motiva de la
presente providencia.
SEGUNDO.-
DEJAR SIN EFECTO la Resolución 2017-80496
del 17 de julio de 2017 y la Resolución N° 201834696 del 20 de junio de 2018,
proferidas por la Unidad Administrativa Especial de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) mediante las cuales se niega la
inclusión a Dina Luz Soto Arias y se resuelve la solicitud de revocatoria
directa, respectivamente, de acuerdo con las consideraciones realizadas en la
presente sentencia.
TERCERO.-
ORDENAR
a la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas
(UARIV) que, en el término de veinte (20) días hábiles siguientes a la
notificación de la presente providencia, proceda a realizar la valoración de
los hechos declarados por Dina Luz Soto Arias del hecho victimizante ocurrido
el 17 de julio de 2002, ocurrido en el municipio de Chimichagua -Cesar-. Lo
anterior con la finalidad de establecer si es viable o no su inclusión en el
Registro Único de Victimas -RUV-.
CUARTO.-
ORDENAR
a la Procuraduría General de la Nación para que, en el término de treinta (30)
días siguientes a la notificación de la presente providencia, inicie la investigación
disciplinaria interna correspondiente con la finalidad de indagar los hechos
sucedidos con el registro físico correspondiente al formulario CG000176209,
calendado el 27 de abril de 2015, para así tomar los correctivos necesarios a
que haya lugar, de conformidad con lo expuesto en la presente sentencia.
QUINTO.- REVOCAR la
sentencia de segunda instancia del 31 de julio de 2019 proferida por el
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena -Sala de Decisión
Civil-Familia-. En su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales al
debido proceso administrativo, a ser reconocida como víctima del conflicto
armado interno y a ser incluida en el Registro Único de Víctimas de Florentina
García de Capataz y su núcleo familiar, con base en la parte motiva de la
presente providencia.
SEXTO.-
DEJAR SIN EFECTO la Resolución N°2016-1991164 del 18 de octubre de
2016; la Resolución N° 2016-1991164R del 22 de marzo de 2017; y, la Resolución
N° 201756038 del 3 de octubre de 2017, proferidas por la Unidad
Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)
mediante las cuales se niega la inclusión en el Registro Único de Víctimas a Florentina
García de Capataz y su núcleo familiar y se resuelven los recursos de
reposición y apelación, respectivamente, en los términos de la parte
considerativa de la presente sentencia.
SÉPTIMO.-
ORDENAR a
la Unidad
Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)
que, en el término de diez (10) días siguientes a la notificación de la
presente providencia, profiera una resolución donde incluya a la señora
Florentina García de Capataz y a su núcleo familiar en el Registro Único de
Víctimas.
OCTAVO.-
LÍBRESE
por la Secretaría General de la Corte Constitucional las comunicaciones de que
trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí
contemplados.
Cópiese,
notifíquese, publíquese y cúmplase,
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL
MAGISTRADO
CARLOS
BERNAL PULIDO
A
LA SENTENCIA T-115/20
Expediente: T-7.602.948
AC
Magistrado
ponente: Alberto Rojas Ríos
Con el debido respeto por las decisiones
adoptadas por la Sala Novena de Revisión de Tutelas, suscribo el presente
salvamento parcial de voto por las siguientes razones:
Primero, considero que
la solicitud de amparo presentada por Dina Luz Soto Arias (T-7.602.848) debía
ser negada, porque la UARIV no vulneró los derechos de la accionante al debido
proceso y a ser “reconocida como víctima y a la inclusión en el RUV”. Lo
anterior, por cuanto esta entidad negó la solicitud de inclusión en el RUV con
base en una causal legal. Al respecto, señaló que (i) la solicitud de
registro era extemporánea, porque fue presentada en junio de 2017, es decir,
por fuera del término máximo de 4 años establecido en el artículo 155 de la Ley
de 1448 de 2011; y (ii) en sus bases de datos no existía registro o
constancia de que la accionante hubiera declarado ser víctima de desplazamiento
forzado en una fecha anterior.
La señora Soto Arias presentó un
desprendible de una declaración supuestamente rendida el 27 de abril de 2015 ante
la Procuraduría de Valledupar. Sin embargo, dicho desprendible no es un
documento conducente que tenga la aptitud material para constatar
la fecha de presentación de su declaración, porque no contiene su nombre, es
decir, no demuestra que la accionante fuera la declarante. Por el contrario, el
nombre de la accionante aparece por fuera del desprendible, escrito a mano[198].
Además, la Procuraduría confirmó que no encontró constancia de que
la accionante hubiera presentado una declaración el 27 de abril de 2015. En
estos términos, no existía certeza de que este desprendible correspondiera a la
presentación de una declaración rendida por la accionante y, por ello, no podía
afirmarse que la fecha de solicitud de registro fue el 27 de abril de 2015[199].
Por ello, concluyo que era razonable que la UARIV entendiera que la declaración
había sido presentada en junio de 2017 y, por tanto, era extemporánea.
Segundo, respecto de la
tutela presentada por Florentina García de Capataz (T-7.616.727), concuerdo con
la mayoría de la Sala en que la UARIV vulneró el derecho al debido proceso
administrativo de la accionante, por cuanto no analizó si las amenazas de las
que esta habría sido víctima constituían o no un hecho de fuerza mayor que
excusara la presentación extemporánea de la solicitud de registro. Sin embargo,
considero que esta entidad no violó los derechos a ser “reconocida como
víctima y a la inclusión en el RUV”, en tanto no existían suficientes
elementos de prueba que permitieran concluir con certeza que la desaparición
del hijo de la accionante guardaba relación con el conflicto armado. Las
declaraciones de la accionante y el informe de la Defensoría del Pueblo sobre
la situación de orden público en el municipio de Puerto Santander, no eran
elementos de prueba suficientes. En este sentido, considero que la Sala
únicamente debió ordenar que la UARIV analizara si las amenazas constituyeron un
hecho de fuerza mayor y, en caso afirmativo, evaluara si la accionante debía
ser incluida en el RUV. La Sala no debió ordenar, motu proprio, que la
accionante fuera incluida en el RUV como víctima de desaparición forzada,
porque la valoración de inclusión de una presunta víctima en el RUV es, en
términos generales, una facultad de la UARIV, no del juez de tutela.
Cordialmente,
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
[1] Folios 9 reverso y 10 de los cuadernos de revisión.
[2] Folio 1 del cuaderno de instancia. Expediente T-7.602.948.
[3] Folio 1 del cuaderno de instancia. Expediente T-7.602.948.
[4] Folio 1 del cuaderno de instancia. Expediente T-7.602.948.
[5] Folio 1 del cuaderno de instancia. Expediente T-7.602.948.
[6] Folio 1 del cuaderno de instancia. Expediente T-7.602.948.
[7] Folio 1 del cuaderno de instancia. Expediente T-7.602.948.
[8] Folios 1, 12, 12 reverso, y 13 reverso del cuaderno de instancia.
Expediente T-7.602.948.
[9] Folios 14 y 15 del cuaderno de instancia. Expediente T-7.602.948.
[10] Folio 10 del cuaderno de instancia. Expediente T-7.602.948.
[11] Folio 21 del cuaderno de instancia. Expediente T-7.602.948.
[12] Folio 24 del cuaderno de instancia. Expediente T-7.602.948.
[13] Folio 26 del cuaderno de instancia. Expediente T-7.602.948.
[14] Folio 26 del cuaderno de instancia. Expediente T-7.602.948.
[15] Folio 26 del cuaderno de instancia. Expediente T-7.602.948.
[16] Folio 26 del cuaderno de instancia. Expediente T-7.602.948.
[17] Folio 30 del cuaderno de instancia. Expediente T-7.602.948.
[18] Folio 26 del cuaderno de instancia. Expediente T-7.602.948.
[19] Folios 27 y 28 del cuaderno de instancia. Expediente T-7.602.948.
[20] Folio 27 del cuaderno de instancia. Expediente T-7.602.948.
[21] Folio 29 del cuaderno de instancia. Expediente T-7.602.948.
[22] Folio 44 del cuaderno de instancia. Expediente T-7.602.948.
[23] Folio 43 del cuaderno de instancia. Expediente T-7.602.948.
[24] Folios 49 al 58 del cuaderno de instancia. Expediente
T-7.602.948.
[25] Folio 50 del cuaderno de instancia. Expediente T-7.602.948.
[26] Folio 53 del cuaderno de instancia. Expediente T-7.602.948.
[27] Folio 54 del cuaderno de instancia. Expediente T-7.602.948.
[28] Folio 55 del cuaderno de instancia. Expediente T-7.602.948.
[29] Folio 84 del cuaderno de instancia. Expediente T-7.602.948.
[30] Folios 83 y 83 reverso del cuaderno de instancia. Expediente
T-7.602.948.
[31] Folios 83 y 83 reverso del cuaderno de instancia. Expediente
T-7.602.948.
[32] Folio 1 del cuaderno de primera instancia. Expediente
T-7.616.727.
[33] Folio 1 del cuaderno de primera instancia. Expediente
T-7.616.727.
[34] Folio 1 del cuaderno de primera instancia. Expediente
T-7.616.727.
[35] Folio 2 del cuaderno de primera instancia. Expediente
T-7.616.727. La accionante sostuvo lo siguiente: “(…) es importante señalar
que dicha declaración no la pude realizar antes, debido a que nos mantenían
amenazados a los familiares de mi hijo, manifestándonos textualmente “que
como ellos se enteraran que habíamos puestos en conocimiento estos hechos ante
las autoridades las consecuencias las pagaba mi hijo HENRY MIGUEL CAPATAZ
GARCÍA” y “los muertos en la familia continuarían”, todo esto hasta llegar
al punto de exigirnos dinero, pero nunca nos demostraron que mi hijo seguía con
vida.”
[36] Folios 2 y 22 del cuaderno de primera instancia. Expediente
T-7.616.727.
[37] Folio 2 del cuaderno de primera instancia. Expediente
T-7.616.727. Con respecto a la fecha de notificación, la accionante afirmó que
se enteró de dicha resolución el 1 de abril de 2019.
[38] Folio 4 del cuaderno de primera instancia. Expediente T-7.616.727.
[39] Folios 50 y 51 del cuaderno de primera instancia. Expediente
T-7.616.727.
[40] Folio 57 del cuaderno de primera instancia. Expediente
T-7.616.727.
[41] Folios 62 y 63 del cuaderno de primera instancia. Expediente
T-7.616.727.
[42] Folio 63 del cuaderno de primera instancia. Expediente
T-7.616.727.
[43] Folio 64 del cuaderno de primera instancia. Expediente
T-7.616.727.
[44] Folios 65 y 66 del cuaderno de primera instancia. Expediente
T-7.616.727.
[45] Folio 66 del cuaderno de primera instancia. Expediente T-7.616.727.
[46] Folio 68 del cuaderno de primera instancia. Expediente
T-7.616.727.
[47] Folios 76 y 77 del cuaderno de primera instancia. Expediente
T-7.616.727.
[48] Folio 77 del cuaderno de primera instancia. Expediente
T-7.616.727. De acuerdo con la contestación, y citando la declaración de la
accionante, trascribió lo siguiente: “dicha declaración no la pude
realizar antes, debido a que nos mantenían amenazados a los familiares de mi
hijo, manifestándonos textualmente “que como ellos se enteraran que habíamos
puestos en conocimiento estos hechos ante las autoridades las consecuencias las
pagaba mi hijo HENRY MIGUEL CAPATAZ GARCÍA” y “los muertos en la familia
continuarían”, todo esto hasta el punto de exigirnos dinero, pero nunca nos
demostraron que mi hijo seguía con vida”.
[49] Folio 79 del cuaderno de primera instancia. Expediente
T-7.616.727.
[50] Folio 99 del cuaderno de primera instancia. Expediente
T-7.616.727.
[51] Folios 97 y 98 del cuaderno de primera instancia. Expediente
T-7.616.727.
[52] Folio 98 del cuaderno de primera instancia. Expediente
T-7.616.727.
[53] Folio 98 del cuaderno de primera instancia. Expediente
T-7.616.727.
[54] Folio 98 del cuaderno de primera instancia. Expediente
T-7.616.727.
[55] Folio 98 del cuaderno de primera instancia. Expediente
T-7.616.727.
[56] Folio 107 del cuaderno de primera instancia. Expediente
T-7.616.727.
[57] Folio 107 del cuaderno de primera instancia. Expediente
T-7.616.727.
[58] Folio 107 del cuaderno de primera instancia. Expediente
T-7.616.727.
[59] Folio 108 del cuaderno de primera instancia. Expediente
T-7.616.727.
[60] Folio 114 del cuaderno de primera instancia. Expediente
T-7.616.727.
[61] Folio 8 del cuaderno de segunda instancia. Expediente
T-7.616.727.
[62] Folio 7 del cuaderno de segunda instancia. Expediente T-7.616.727.
[63] Folio 7 del cuaderno de segunda instancia. Expediente
T-7.616.727.
[64] Folios 12 y 13 del cuaderno del expediente T-7.602.948.
[65] Folios 14 y 15 reverso del cuaderno del expediente T-7.602.948.
[66] Folio 16 del cuaderno del expediente T-7.602.948.
[67] Folio 17 del cuaderno del expediente T-7.602.948.
[68] Folio 18 del cuaderno del expediente T-7.602.948.
[69] Folio 19 del cuaderno del expediente T-7.602.948.
[70] Folio 19 del cuaderno del expediente T-7.616.727.
[71] Folios 20 a 22 del cuaderno del expediente T-7.616.727.
[72] Folios 23 a 35 del cuaderno del expediente T-7.616.727.
[73] Folios 36 a 39 del cuaderno del expediente T-7.616.727.
[74] Folio 40 del cuaderno del expediente T-7.616.727.
[75] Folios 41 y 42 del cuaderno del expediente T-7.616.727.
[76] Folio 43 del cuaderno del expediente T-7.616.727.
[77] Folio 44 a 49 del cuaderno del expediente T-7.616.727.
[78] Corte Constitucional.
Sentencia C-795 de 2014 y C-019 de 2018, entre otras.
[79]
Corte Constitucional. Sentencia T-301 de 2017.
[80] Corte Constitucional.
Sentencias T-163 de 2017, T-211 de 2019, C-069 de 2016, C-781 de 2012 y C-253A
de 2012.
[81] Corte Constitucional.
Sentencia T-211 de 2019 y T-478 de 2017. Según esta última, la expresión
conflicto armado interno debe entenderse a partir de una concepción amplia, es
decir, en contraposición a una noción estrecha o restrictiva de dicho fenómeno,
pues ésta última vulnera los derechos de las víctimas.
[82] Corte Constitucional.
Sentencia C-253A de 2012.
[83] Corte Constitucional.
Sentencia C-253A de 2012.
[84] Corte Constitucional.
Sentencias C-253A de 2012 y T-301 de 2017.
[85] Corte Constitucional.
Sentencia C-781 de 2012. En dicha providencia, la Sala Plena de la Corte
Constitucional estudió la constitucionalidad de la expresión “ocurridas con
ocasión del conflicto armado interno”. Dicha expresión, de acuerdo con los
demandantes, vulneraba el derecho a la igualdad, pues la norma excluía a las
víctimas de violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto armado
interno, pero no como resultado directo y exclusivo de una confrontación
armada. La Sala Plena indicó que la Ley 1448 de 2011 delimita su ámbito de
acción mediante criterios de carácter temporal, relativos a la naturaleza de
las conductas y relativos al contexto. Además, resaltó que el concepto de
conflicto armado no se limita a la ocurrencia de confrontaciones armadas, por
lo que su sentido amplio “obliga al juez a examinar en cada caso concreto
las circunstancias en que se ha producido una grave violación de los derechos
humanos o del derecho internacional humanitario, el contexto del fenómeno
social, para determinar si existe una relación cercana y suficiente con el
conflicto armado interno como vínculo de causalidad necesario para establecer
la condición de víctima al amparo de la Ley 1448 de 2011”.
[86] Corte Constitucional.
Sentencia C-781 de 2012.
[87] Corte Constitucional.
Sentencia T-054 de 2017 y T-364 de 2015.
[88] Corte Constitucional.
Sentencia T-163 de 2017.
[89] Corte Constitucional.
Sentencia T-163 de 2017.
[90] Corte Constitucional.
Sentencia T-163 de 2017.
[91] Corte Constitucional.
Sentencia T-163 de 2017.
[92] Corte Constitucional.
Sentencia T-163 de 2017.
[93] Corte Constitucional.
Sentencia T-163 de 2017.
[94] CRENSHAW. Kimberlé. Mapping
the Margins. Interseccionality, Identy Politics, and violence against women of
color. Ubicado
en: https://www.racialequitytools.org/resourcefiles/mapping-margins.pdf. Asimismo, véase:
VIVEROS, Mara. La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación.
Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0188947816300603. Al respecto, esta
autora sostiene que “la interseccionalidad se ha convertido en la expresión
utilizada para designar la perspectiva teórica y metodológica que busca dar
cuenta de la percepción cruzada o imbricada de las relaciones de poder. (…)Se
trata, por el contrario, de explorar la diversidad y dispersión de las
trayectorias del entrecruzamiento de las diferentes modalidades de dominación,
para entender la posibilidad de existencia actual de este enfoque. Dicho de
otra manera, se trata de mostrar cómo han surgido las diversas historias de su
desarrollo, como producto de relaciones de fuerza, incluyendo el conflicto
entre distintas posiciones al respecto.” A partir de esta consideración, la
jurisprudencia constitucional ha identificado factores de potenciación de los
riesgos. Estos son llamados por la misma como enfoques sub-diferenciales, entre
los cuales están el criterio etáreo, étnico o las condiciones de discapacidad
de las mujeres. Véase, al respecto: Corte Constitucional. Auto A009 de 2015.
Asimismo, Cft. ZAPATA, Gloria. La ‘interseccionalidad’: Un enfoque a considerar
al reparar las mujeres víctimas del conflicto armado interno en Colombia. En:
IÁÑEZ, Antonio; y PAREJA, Antonio. Mujeres y Violencia en Colombia. Editorial.
Catarata. Madrid. 2009. Pp.74ss.
[95] En el Auto 092 de
2008, la Corte Constitucional identificó los siguientes riesgos de género en el
marco del conflicto armado, a saber: i) violencia sexual y explotación sexual;
ii) explotación o esclavización para ejercer labores domésticas y roles
considerados femeninos en una sociedad con rasgos patriarcales; iii) el
reclutamiento forzados de sus hijos e hijas u otro tipo de amenazas que se
agudizan cuando son madres cabeza de familia; iv) los riesgos derivados del
contacto o de las relaciones familiares o personales -voluntarias,
accidentales o presuntas- con los
integrantes de alguno de los grupos armados ilegales que operan en el país o
con miembros de la Fuerza Pública; v) riesgos derivados de su pertenencia a
organizaciones sociales, comunitarias o políticas, o labores de liderazgo; vi)
riesgo de persecución o asesinato por las estrategias de control; vii) riesgo
por el asesinato o secuestro de su proveedor económico o por la desintegración
de su núcleo familiar; viii) el riesgo de ser despojadas de sus tierras y su
patrimonio con mayor facilidad por los actores armados ilegales dada su
posición histórica ante la propiedad, especialmente las propiedades inmuebles
rurales; ix) os riesgos derivados de la condición de discriminación y vulnerabilidad
acentuada de las mujeres indígenas y afrodescendientes; y (x) el riesgo por la
pérdida o ausencia de su compañero o proveedor económico durante el proceso de
desplazamiento. Asimismo, véase: Agencia de la ONU para los refugiados.
Violencia de Género y mujeres desplazadas. https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/RefugiadosAmericas/Colombia/Violencia_de_genero_y_mujeres_desplazadas.pdf?view=1.
[96] Corte Constitucional.
Sentencia T-611 de 2011.
[97] Corte Constitucional.
Sentencia T-611 de 2011.
[98] Corte Constitucional.
Sentencia T-611 de 2011.
[99] Corte Constitucional.
Sentencia T-611 de 2011.
[100] Corte Constitucional.
Autos 092 de 2008 y Auto 009 de 2015.
[101] Corte Constitucional.
Autos 092 de 2008 y Auto 009 de 2015 y Agencia de la ONU para los refugiados.
Violencia de Género y mujeres desplazadas. https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/RefugiadosAmericas/Colombia/Violencia_de_genero_y_mujeres_desplazadas.pdf?view=1.
[102] Corte Constitucional.
Autos 092 de 2008 y Auto 009 de 2015.
[103] Corte Constitucional.
Autos 092 de 2008 y Auto 009 de 2015.
[104] Corte Constitucional.
Autos 092 de 2008 y Auto 009 de 2015.
[105] Corte Constitucional.
Autos 092 de 2008 y Auto 009 de 2015.
[106] Corte Constitucional.
Autos 092 de 2008 y Auto 009 de 2015 y Agencia de la ONU para los refugiados.
Violencia de Género y mujeres desplazadas. https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/RefugiadosAmericas/Colombia/Violencia_de_genero_y_mujeres_desplazadas.pdf?view=1.
[107] Corte Constitucional.
Autos 092 de 2008 y Auto 009 de 2015 y Agencia de la ONU para los refugiados.
Violencia de Género y mujeres desplazadas. https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/RefugiadosAmericas/Colombia/Violencia_de_genero_y_mujeres_desplazadas.pdf?view=1.
[108] Corte Constitucional.
Autos 092 de 2008 y Auto 009 de 2015.
[109] Corte Constitucional.
Autos 092 de 2008 y Auto 009 de 2015.
[110] Corte Constitucional.
Autos 092 de 2008 y Auto 009 de 2015.
[111] Corte Constitucional.
Autos 092 de 2008 y Auto 009 de 2015.
[112] Corte Constitucional.
Autos 092 de 2008 y Auto 009 de 2015.
[113] Corte Constitucional.
Autos 092 de 2008 y Auto 009 de 2015.
[114] Corte Constitucional.
Autos 092 de 2008 y Auto 009 de 2015.
[115] Corte Constitucional.
Autos 092 de 2008 y Auto 009 de 2015.
[116] Corte Constitucional.
Autos 092 de 2008 y Auto 009 de 2015.
[117] DEWHIRSR, Polly y
KAPUR, Amrita. Las desaparecidas y las invisibles. Repercusiones de la
desaparición forzada en las mujeres. Centro Internacional para la Justicia
Transicional -ICTJ-. Mayo 2015. P. 18.
[118] Asamblea General de
las Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Observación General sobre las
mujeres afectadas por las desapariciones forzadas. A/HRC/WGEID/98/2.
[119] A/HRC/WGEID/98/2.
[120] A/HRC/WGEID/98/2.
[121] A/HRC/WGEID/98/2. Asimismo, la Observación
establece que “En algunos países, las mujeres de grupos minoritarios y las
mujeres afectadas por la pobreza y las desigualdades sociales son especialmente
vulnerables y están particularmente expuestas a desapariciones forzadas. Las
necesidades específicas de esas mujeres se añaden a las obligaciones del Estado
de protegerlas comprendiendo y prestando especial atención a esas necesidades.”
[122] DEWHIRSR, Polly y
KAPUR, Amrita, Óp., Cit. 19ss.
[123] DEWHIRSR, Polly y
KAPUR, Amrita, Óp., Cit. 19ss. Asimismo,
el Consejo de Derechos Humanos sostiene que “La victimización de los familiares
es aún mayor cuando el desaparecido es un hombre, como suele ser habitual, que
encabezaba su familia. En esos casos, la desaparición forzada del hombre
convierte a toda la familia en víctima de la desaparición forzada. Al
quebrantarse la estructura de la familia, la mujer se ve perjudicada económica,
social y psicológicamente. La conmoción emocional se ve agravada por las
privaciones materiales, agudizadas por los gastos realizados si la mujer decide
emprender la búsqueda del ser querido. Además, la mujer no sabe cuándo
regresará el ser querido, o siquiera si regresará algún día, lo que dificulta
su adaptación a la nueva situación. En algunos casos, la legislación nacional impide
cobrar una pensión o recibir otros medios de apoyo si no se dispone de un
certificado de defunción. Por lo tanto, la marginación económica y social es un
resultado frecuente de las desapariciones forzadas. En esas circunstancias, se
vulneran varios derechos económicos, sociales y culturales consagrados en la
Declaración Universal de Derechos Humanos y en otros instrumentos, como los
derechos a la salud, la educación, la seguridad social, la propiedad y la vida
familiar.”
[124] DURGOM-POWERS, Jane.
Paz sostenible tras los conflictos armados y el derecho de los familiares a
información veraz sobre el destino de las personas desaparecidas. En: FALEH,
Carmelo; y VILLÁN, Carlos. Estudios sobre el derecho humano a la Paz. Editorial
Catarata. Madrid. 2010. Pp.194ss.
[125] Corte Constitucional.
Sentencia T-211 de 2019. La jurisprudencia constitucional ha insistido en que
la inscripción en el RUV no es constitutiva del carácter de víctima, pues ésta
se da con ocasión de recibir un daño producto del conflicto armado. En ese
sentido, es un acto declarativo y, por su conducto (i) se
materializan las entregas de ayudas de carácter humanitario; (ii)
se facilita el acceso a planes de estabilización socioeconómica y programas de
retorno, reasentamiento o reubicación; y, en términos generales, (iii)
el acceso a la oferta estatal y los beneficios contemplados en la ley. Al
respecto, véase: Corte Constitucional. Sentencias T-211 de 2019, T-832 de 2014,
T-598 de 2014, T-290 de 2016, T-556 de 2015 y T-451 de 2014.
[126] Corte Constitucional.
Sentencia T-211 de 2019.
[127] Corte Constitucional.
Sentencias T-211 de 2019, T-004 de 2014, T-087 de 2014, T-523 de 2013 y T-573
de 2015, entre otras.
[128] Corte Constitucional.
Sentencias T-163 de 2017, T-067 de
2013, T-517 de 2014, T-556 de 2015 y T-290 de 2016.
[129] Corte Constitucional.
Sentencia T-163 de 2017, T-067 de 2013 y T-290 de 2016.
[130] Corte Constitucional.
Sentencia T-163 de 2017, T-067 de 2013 y T-290 de 2016 y T-517 de 2014.
[131] Corte Constitucional.
Sentencia T-163 de 2017, T-067 de 2013 y T-290 de 2016.
[132] Corte Constitucional.
Sentencia T-163 de 2017, T-067 de 2013 y T-290 de 2016.
[133] Congreso de la República. Ley
1448 de 2011. Artículo 155.
[134] Congreso de la República. Ley
1448 de 2011. Artículo 155.
[135] Congreso de la República. Ley
1448 de 2011. Artículo 155.
[136] Congreso de la República. Ley
1448 de 2011. Artículo 155.
[137] Corte Constitucional. Sentencia
T-519 de 2017.
[138] Corte Constitucional. Sentencia
T-519 de 2017.
[139] Corte Constitucional. Sentencia
T-519 de 2017. “De conformidad con lo señalado, el término previsto en el
artículo 155 de la Ley 1448 de 2011 cumple estas características, pues
establece un lapso amplio en el que las personas que se consideren víctimas
pueden acudir al Ministerio Público para rendir la declaración. Además, ese
mismo artículo también indica que tales personas tienen la posibilidad de
presentar válidamente una declaración aún después de los términos señalados en
esa norma, cuando la extemporaneidad se origine en la existencia de
impedimentos que se constituyan en fuerza mayor. En ese sentido, el artículo
155 de la Ley 1448 de 2011 reconoce que pueden existir situaciones que impidan
o disuadan a las víctimas de presentar la declaración oportuna ante el Ministerio
Público, reconociendo que no por ello deben negársele el acceso a los derechos
que se derivan por la inscripción en el RUV. Por lo anterior, concluye la Corte
que no puede considerarse que el plazo establecido en el artículo 155 de la Ley
1448 de 2011 sea inflexible y ajeno a situaciones especiales de personas que,
por distintas circunstancias (como, por ejemplo, el tipo de hecho victimizante
que han padecido), tarden largo tiempo en decidir declarar como víctimas ante
el Ministerio Público”.
[140] Corte Constitucional. Sentencia
T-519 de 2017.
[141] Corte Constitucional.
Sentencia T-015 de 1195.
[142] Corte Constitucional.
Sentencia C-400 de 2003.
[143] Corte Constitucional.
Sentencia T-1131 de 2008.
[144] Corte Constitucional.
Sentencia T-048 de 2016.
[145] Corte Constitucional.
Sentencia C-394 de 2007.
[146] Corte Constitucional.
Sentencia T-131 de 2008.
[147] Corte Constitucional.
Sentencia C-690 de 1996.
[148] Corte Constitucional.
Sentencia T-520 de 2003.
[149] Congreso de la
República. Código Civil. Artículo 64.
[150] Corte Constitucional.
Sentencia T-156 de 2008.
[151] Corte Constitucional.
Sentencia C-1186 de 2008.
[152] Corte Constitucional.
Sentencia T-156 de 2008.
[153] Corte Constitucional. Sentencia
T-393 de 2018, reiterada en la sentencia T-211 de 2019.
[154] Corte Constitucional. Sentencia
T-393 de 2018.
[155] Corte Constitucional. Sentencia
T-393 de 2018.
[156] Corte Constitucional. Sentencia
T-393 de 2018.
[157] Corte Constitucional. Sentencia
T-393 de 2018.
[158] Corte Constitucional. Sentencia
T-393 de 2018.
[159] Corte Constitucional. Sentencia
T-393 de 2018.
[160] Corte Constitucional. Sentencia
T-393 de 2018.
[161] Corte Constitucional. Sentencias
T-531 de 2002 y T-242 de 2019.
[162] Corte Constitucional. Sentencias
T-531 de 2002 y T-242 de 2019.
[163] Corte Constitucional. Sentencias
T-531 de 2002 y T-242 de 2019.
[164] Corte Constitucional. Sentencias
T-531 de 2002 y T-242 de 2019.
[165] Corte Constitucional. Sentencia
T-211 de 2019 y T-393 de 2018, entre otras.
[166] Corte Constitucional. Sentencias
T-211 de 2019, T-211 de 2010, T-302 de 2003 y T-025 de 2004.
[167] Folios 2 y 73 del cuaderno de primera instancia. Expediente
T-7.616.727.
[168] Corte Constitucional.
Sentencias T-163 de 2017, T-519 de 2017, T-304 de 2018 y T-211 de 2019, entre
otras.
[169] Corte Constitucional.
Sentencia T-225 de 1993.
[170] Corte Constitucional.
Sentencia T-225 de 1993.
[171] Corte Constitucional.
Sentencias T-225 de 1993, T-898 de 2008, T-014 de 2015 y T-322 de 2016.
[172] Corte Constitucional.
Sentencias T-163 de 2017, T-328 de 2011, T-456 de 2004, T-789 de 2003 y T-136
de 2001, entre otras.
[173] Corte Constitucional.
Sentencia T-192 de 2010.
[174] Corte Constitucional.
Sentencia T-192 de 2010.
[175] Corte Constitucional.
Sentencia T-192 de 2010.
[176] Corte Constitucional.
Sentencia T-006 de 2014.
[177] Corte Constitucional.
Sentencia T-006 de 2014.
[178] Corte Constitucional.
Sentencia T-006 de 2014.
[179] Corte Constitucional.
Sentencia T-006 de 2014.
[180] Corte Constitucional.
Sentencia T-171 de 2019.
[181] Corte Constitucional.
Sentencia T-171 de 2019.
[182] Corte Constitucional.
Sentencia T-171 de 2019. En esta oportunidad, la Sala Séptima de Revisión
sostuvo que “en la jurisprudencia constitucional se ha establecido que las
víctimas del conflicto armado interno han estado expuestas a un contexto de
violencia, por tanto, se encuentran en una situación de vulnerabilidad y son
sujetos de especial protección constitucional. En ese sentido, el análisis de
subsidiariedad es flexible dada esa situación de vulnerabilidad no es
exigible para este grupo de ciudadanos que sigan el curso ordinario del proceso
contencioso administrativo, especialmente cuando las víctimas ya han trasegado
el camino ante las entidades públicas y han presentado los recursos que ante
esas mismas autoridades deben agotar, por ello, cuando el ejercicio de los
derechos de los que son titulares las víctimas dependen de la inscripción en el
RUV, la tutela resulta ser el instrumento eficaz para salvaguardar sus derechos”.
[183]Información verificada
en la página de la Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud (ADRES) https://www.adres.gov.co/BDUA/Consulta-Afiliados-BDUA y en el Registro
Único de Afiliados (RUAF) https://ruaf.sispro.gov.co/AfiliacionPersona.aspx
[184] Información
verificada  Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas
Sociales -SISBEN- https://www.sisben.gov.co/atencion-al-ciudadano/paginas/consulta-del-puntaje.aspx
[185] Información
verificada en la página de la Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud (ADRES) https://www.adres.gov.co/BDUA/Consulta-Afiliados-BDUA y en el Registro
Único de Afiliados (RUAF) https://ruaf.sispro.gov.co/AfiliacionPersona.aspx
[186] Información
verificada  Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas
Sociales -SISBEN- https://www.sisben.gov.co/atencion-al-ciudadano/paginas/consulta-del-puntaje.aspx
[187] Corte Constitucional.
Sentencia T-299 de 2018 y T-163 de 2017.
[188] Corte Constitucional.
Sentencia T-299 de 2018 y T-163 de 2017.
[189] Corte Constitucional.
Sentencia T-299 de 2018, T-163 de 2017 y T-487 de 2016.
[190] Corte Constitucional.
Sentencia T-682 de 2015.
[191] Folio 25 del cuaderno
de tutela. Expediente T-7.616.727.
[192] Folio 79 del cuaderno
de tutela. Expediente T-7.616.727.
[193] Corte Constitucional. Sentencia
T-393 de 2018, reiterada en la sentencia T-211 de 2019.
[194] Corte Constitucional.
Sentencia T-112 de 2015. En dicha oportunidad, la Corte ordenó la inscripción
inmediata en el RUV, brindando el acompañamiento necesario para que el afectado
pueda acceder a los programas de atención, asistencia y reparación en su
calidad de víctima del conflicto armado interno, teniendo en cuenta el
principio de enfoque diferencial establecido en el artículo 13 de la Ley 1448
de 2011. En esa oportunidad encontró que en dos de los casos estudiados, la
UARIV realizó: (i) una indebida aplicación de las normas legales; (ii) impidió
que el solicitante expusiera las razones por las cuales se consideraba víctima
del conflicto armado interno o que pudiera ejercer los recursos arbitrados por
el ordenamiento para controvertir la decisión administrativa que le negó la
inscripción en el Registro y (iii) dejó de aplicar el principio de
favorabilidad en caso de duda del relato del peticionario.
[195] Corte Constitucional.
Sentencia T-832 de 2014. Aquí se amparó el derecho a la vida digna y a la
igualdad de quien no fue inscrito en el RUV porque la UARIV consideró que no
encajaba en la descripción de víctima. La Corte sostuvo “que, en desarrollo de
la política de atención a las víctimas del conflicto, existe un componente
especial dirigido a aquellas que, tras haber residido en el exterior, deciden regresar
al territorio nacional, y manifestar las razones por las cuales debieron huir
para proteger su vida. De modo que, a través de distintos programas de ayuda,
el Estado les debe brindar la atención necesaria acorde con su situación.”
Asimismo, en sentencia T-087 de 2014 la Corte ordenó la inscripción inmediata
de la accionante y su núcleo familiar en el RUV y su orientación para que
accedan a los demás programas de atención. En ese caso, encontró que la UARIV
verificó el contexto de la zona donde había ocurrido el hecho victimizante a
través de la consulta de los datos del RUPD, SIPOD y SIRI, sin encontrar
elementos probatorios que confirmaran o desvirtuaran el hecho. Por tanto, en
aplicación del principio de interpretación favorable se debía conceder su
registro.
[196] Corte Constitucional.
Sentencia T-682 de 2015.
[197] Corte Constitucional. Sentencia
T-393 de 2018, reiterada en la sentencia T-211 de 2019.
[198] En este sentido la
información del nombre de la accionante es una agregación que no hace parte del
contenido original del desprendible y, por tanto, afecta la integridad
del documento.
[199] Considero que en
casos como este el juez de tutela debe decretar pruebas con el objeto de
establecer si estos desprendibles, en efecto, demuestran la presentación de
declaraciones hechas por quien es su portador. No es posible que el juez de
tutela presuma, con base en el principio de favorabilidad o pro homine, que
estos desprendibles acreditan la fecha de presentación de la declaración cuando
la UARIV y el Ministerio Público afirman que no existe constancia de que su
portador haya presentado una declaración o solicitud de registro.