T-853-04
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-853/04
DERECHO A LA EDUCACION-Estudiante menor
de edad que contrajo matrimonio civil
La
demandante, en ejercicio de su derecho constitucional fundamental a constituir
una familia, optó libre y autónomamente por contraer matrimonio civil.  El
ejercicio de un derecho fundamental en un ámbito estrictamente privado por
parte de una adolescente que cursa su último año de educación media (undécimo
grado) es un acto legítimo, amparado y protegido especialmente por la
Constitución y los Convenios internacionales sobre la materia, que no puede dar
lugar a tratos diferentes al del resto de sus compañeras, máxime si el trato
consiste en desconocer un ámbito de protección del derecho de educación; a
saber, continuar sus estudios en el plantel educativo en que se encuentra
inscrita, siempre y cuando cumpla con los requisitos académicos y de
comportamiento que, constitucional y legalmente, pueden exigírsele.
DERECHO DEL ADOLESCENTE A INTERPONER ACCION DE TUTELA
DERECHO A CONSTITUIR UNA FAMILIA-Protección
en el ámbito educativo
DERECHO A LA EDUCACION-Reglas aplicables
en casos en que los colegios no dejen terminar a estudiantes su educación
secundaria
PLURALISMO EDUCATIVO
El pluralismo en el ámbito de la
educación contempla (1) el derecho de toda persona a fundar establecimientos
para prestar el servicio público de educación, bajo la autorización vigilancia
y control del Estado, (2) el derecho de las personas de poder escoger entre una
serie de opciones educativas, para sí o para sus hijos, que reflejen las
diversas visiones y valores sociales, entre ellas las religiosas. Este derecho,
que contempla la garantía de que el estado promoverá la existencia de esta
diversidad, ha sido desarrollada por el legislador reivindicando, por ejemplo,
la protección y promoción de los valores autóctonos.
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO-Debe reconocer
y promover la defensa de la Constitución
DERECHO A FUNDAR ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTEN SERVICIO PUBLICO DE
EDUCACION
Para la jurisprudencia constitucional, el derecho de los
particulares a fundar instituciones educativas confesionales no conlleva la
facultad de suspender o limitar, mediante un reglamento escolar, la vigencia de
la Constitución Política de Colombia a sus estudiantes, sujetos de especial
protección constitucional, ni la facultad de desconocer los derechos
constitucionales, los principios y valores propios de un estado social y
democrático de derecho. Se reitera que el Colegio carecía de toda competencia o
facultad para sancionar, reprender o amonestar a la demandante al ejercer,
libre y autónomamente, su derecho a fundar una familia contrayendo matrimonio
civil. Las instituciones educativas deben respetar el legítimo ejercicio de los
derechos constitucionales y no pueden tomar medidas que lo restrinjan,
independientemente de su carácter confesional.
REGLAMENTO EDUCATIVO-Determinación de
faltas y sanciones/REGLAMENTO EDUCATIVO Y PRINCIPIO DE PUBLICIDAD
Las disposiciones reglamentarias que fundamentaron la decisión de no
recibir a la alumna son de carácter amplio y tienen que ser interpretadas para
entender incluidas dentro de ellas la conducta sancionada. De la simple lectura
de las dos disposiciones en que se sustento la decisión del Colegio se puede
concluir que la conducta “contraer matrimonio civil” no está expresamente
prohibida. Se trata de una interpretación de las mismas. Ahora bien, el que los
textos normativos citados estén redactados de forma tan amplia plantea otra
cuestión: ¿puede una norma de carácter sancionatorio en el ámbito escolar no
describir las conductas que son objeto de sanción, o hacerlo de forma vaga y
ambigua? Por tanto, en virtud del derecho al debido proceso, los procesos
disciplinarios que adelante una institución educativa deben tener como
fundamento el principio de publicidad. De esta forma los estudiantes acusados
pueden conocer oportunamente los cargos que se le imputan y pueden así ejercer
su derecho a la defensa.
REGLAMENTO EDUCATIVO Y DEBIDO PROCESO
Debe advertirse que la protección constitucional no sólo exige a las
autoridades escolares actuar de acuerdo al principio de legalidad. Si bien es
cierto que este debe ser observado para permitir a los estudiantes conocer
cuáles son las conductas que no deben realizar y poder prever las consecuencias
de sus actos, en caso de realizarlas, también es cierto que los Manuales de
Convivencia no son parte de la legislación penal. Los reglamentos escolares
pueden contemplar normas de carácter sancionatorio y en esa medida están
llamados a ofrecer garantías para poder ejercer una debida y adecuada defensa.
Pero no debe olvidarse que ante todo son herramientas legítimas de todo plantel
educativo para conducir y guiar el proceso formativo de sus estudiantes.
Referencia: expediente T-904314
Acción
de tutela instaurada por Cristina Espinosa Salinas contra el Colegio de la Sagrada
Familia (Montería, Córdoba).
Magistrado Ponente:
Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Bogotá, D.C.,
dos (2) de septiembre de dos mil cuatro (2004)
La Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Manuel
José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio
de sus atribuciones constitucionales y previo el cumpli­miento de los
requisitos y trámites legales y reglamentarios, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en el proceso
de revisión del fallo adoptado por el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Montería, Córdoba, dentro del proceso de la referencia. El proceso fue
seleccionado por la Sala de Selección Número Cinco en auto de mayo 21 de 2004 y
repartido a la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
Cristina
Espinosa Salinas (17 años) presentó el 22 de enero de 2004 acción de tutela
contra el Colegio de la Sagrada Familia de Montería (Córdoba) por
considerar que dicha entidad violó sus derechos fundamentales a la educación, a
la igualdad y a la protección como adolescente, al haberle negado la
posibilidad de continuar sus estudios en ese plantel educativo. Los hechos que
sirven de fundamento al amparo solicitado son los siguientes:
“Desde el año 1998,
cursé el 5° año de educación básica primaria y secundaria hasta el décimo grado
en el Colegio de la Sagrada Familia, siendo una alumna destacada en todos los
ámbitos.
El día 16 de enero de
la presente anualidad contraje matrimonio civil, motivo por el cual la rectora Luz
Helena Caycedo citó al plantel educativo a mis padres, comentándoles que se
había enterado del suceso y que el colegio perdía a una buena alumna y que
podrían retirar mi matricula a la semana siguiente, no siendo posible continuar
el grado 11° por mi actual estado civil.
Considero que mi estado
civil no es impedimento para terminar mis estudios de bachillerato, además en
ningún punto del reglamento o manual de convivencia formativa del colegio se
considera como falta leve o grave el de contraer matrimonio.”
La demandante,
quien aporta las pruebas de su notorio desempeño académico y disciplinario,[1] finalmente señala: “Deseo
terminar mi último año en este colegio por mi trayectoria académica”
2. Argumentos
de la demanda y solicitud
Cristina Espinosa Salinas solicita que se
tutelen sus derechos fundamentales a la educación (arts. 44, 67 y 68, CP), a la
igualdad (art. 13, CP y art. 2, Declaración Universal de Derechos Humanos) y a
la protección como adolescente (art. 45, CP).
La accionante
pide que se ordene al Colegio de la Sagrada Familia de Montería que permita su
ingreso al plantel educativo y la matricule para terminar el último año de
educación secundaria (11° grado).
3. Argumentos
de la entidad acusada[2]
La rectora del
Colegio, la Hermana Luz Helena Caycedo J., luego de reconocer que Cristina
Espinosa Salinas había cursado desde 5° de primaria hasta 10° grado “observando
un buen comportamiento y rendimiento académico”, sostuvo que la “(…) joven
había manifestado el año anterior, 2003, a su Asesora de grado y a la
psico-orientadora del Colegio, los problemas que estaba viviendo por falta de
entendimiento con su padre. Situación que ha creado en la joven la necesidad de
buscar la manera de evadir el problema, retirándose del hogar ocasionalmente y
yéndose a vivir con el joven una vez terminado el año escolar.”
La Rectora
señaló que “una vez conocida esta conducta de la estudiante”, el Colegio llamó
a los padres para cancelar su matrícula. Las razones en que se fundó esta
decisión fueron las siguientes:
“1. En la presentación
general del Manual de Convivencia dice:  ‘El colegio de la Sagrada Familia, es
una sociedad privada, independiente, dedicada a la formación de niñas y
señoritas’  (p. 28, reafirmado en la p.44 numeral 2).
2. La filosofía del
Colegio desde uno de sus principios, el de trascendencia, responde a los
ideales de la Iglesia Católica, por lo que promueve una pedagogía de valores
que rescate, acentúe y suscite valores en la persona‑comunidad, sujeto de
su propio desarrollo, para que asuma desde la vivencia de evangelio su
compromiso histórico y trascendente (p. 29 y 30, Manual de Convivencia).
3. En el apartado de
normas generales, derechos y deberes, p.39 N° 1, para referirse a los derechos
de la estudiante expresa:  ‘Recibir una formación integral de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes, con un enfoque integral y de carácter
confesional católico.’  Y en cuanto a los deberes, en la p.41 Nos 3 y 4,
expresa:  ‘Aceptar al firmar la matrícula la filosofía y la confesionalidad del
colegio.’
4. La conducta de la
estudiante Espinosa violó el reglamento del colegio en su parte de deberes —
casos especiales, Numerales 11 y 13 (p. 45).[3]
El aceptar la
estudiante, con estas infracciones estaríamos violando el derecho fundamental
del resto de las alumnas a ser educadas en la filosofía y principios
fundamentales y orientación Católica que desarrolla el colegio en el Reglamento
o el Manual de Convivencia.
5. De acuerdo con el
carácter propio de la Institución, los padres y/o acudiente y la estudiante,
aceptan la filosofía y principios fundamentales y se comprometen a rescatar y
cumplir sus orientaciones (p. 33 Manual de Convivencia).
6. Teniendo en cuenta
la situación que presenta la joven Cristina Espinosa Salinas, como ya se
expresó al principio, consideró suficientes las razones para no aceptar su
matrícula para el curso lectivo del presente año 2004.
7. Por todo lo
anterior, el Colegio no le está violando el derecho a la Educación, ya que ella
puede seguir estudiando en otro colegio. Pero lo que no podemos permitir es que
la conducta de la alumna, le viole el derecho a las demás estudiantes de
educarse en la forma católica y no convivir con esos ejemplos, y que además han
firmado respetar y respetan el Manual de Convivencia o Reglamento del Colegio.”
4. Sentencia
de primera instancia
El 6 de febrero
de 2004, la Juez Primera Penal Municipal, Juez Mercedes Cecilia Usta de León,
negó el amparo solicitado. Luego de señalar la fuerza normativa reconocida a
los Manuales de Convivencia escolares;[4]
de “reiterar” que los miembros de estas comunidades académicas son titulares de
derechos y deberes constitucionales;[5]
de mostrar que el principio de igualdad conlleva diversas dimensiones y
garantías;[6]
y, finalmente, luego de advertir que el caso planteado ya ha sido resuelto por
la jurisprudencia constitucional,[7]
la Juez de instancia resolvió negar la tutela por considerar que “no se le han
violado” los derechos constitucionales de educación y de igualdad a Cristina
Espinosa Salinas. A continuación se transcribe los argumentos que presenta la
Juez.
4.1. La
sentencia consideró que no se violó el derecho a la educación de la accionante,
por cuanto su no permanencia en el Colegio, responde al ejercicio del poder
sancionatorio y de las facultades de dirección que corresponde a las directivas
de un centro educativo. A su parecer, la decisión del Colegio es legítima pues
contraer matrimonio civil, como lo hizo la accionante, viola “el sistema
ontológico escolar”.  Dice al respecto la sentencia:
“Resulta muy curioso
por decirlo de la mejor manera que la joven Cristina Espinosa Salinas haya
promovido esta acción de tutela de manera independiente sin anuencia de sus
padres como medio de orientación del hogar de donde depende vale decir que a su
edad aun debe estar bajo la patria potestad de sus progenitores porque aun no
tiene 18 años sin embargo como la acción de tutela la pueden promover toda
persona la atendemos en el mayor sentido de la amplitud democrática, del acceso
a la Administración de Justicia de tal suerte que tal Institución Educativa a
la que se acusa o señala de haberle violado sus derechos ha actuado
correctamente siguiendo las directrices que co­rresponden al Manual de
Convivencia que precede en todo acto de dicho plantel y a la que están
circunscritos todos los discentes que reciban información o formación educativa
en dicho plantel, la filosofía de la Institución desde antaño es la
conformación y logro de los valores más altruistas para las niñas que adelantan
el desarrollo educativo dentro de ese marco y que por supuesto exantes fue
sometida la estudiante con la anuencia de sus padres o acudientes para aceptar
el reglamento o manual de convivencia formativa no puede el plantel por un
hecho singular admitido por la estudiante crear una nueva modalidad dentro del
estado civil y de la personalidad jurídica que lesione o ponga en peligro los
valores de la Institución. Resulta muy marcada la inclinación de la joven Cristina
Espinosa Salinas cuando aduce bajo juramento que contrajo matrimonio civil
y que bajo este estado que no es permitido dentro del reglamento Institucional
procure mantenerse como colegiala alterando el sistema de valores
preestablecido, si bien, en el proceso no está legalmente acreditado el nuevo
vínculo, se presume por la manifestación que hace la accionante en el líbelo
demandatario de ser cierto como efectivamente los entendemos porque lo
corrobora la dirección del plantel educativo y que sirvió de base de fundamento
legal para no admitirla a partir del momento en que contrajo dichas nupcias por
ser violatorio del sistema ontológico escolar.” (puntuación del texto
original)
La Juez
consideró que la accionante no podía casarse sin consentimiento de sus padres
según el Código Civil, debido a que ella no era aún mayor de edad —no había
cumplido 18 años—.  Según los hechos, sostiene,
“(…) si desde tiempo
atrás la joven no armonizaba con su padre es posible que no contó con el
patrocinio de éstos para dicha relación lo que indica que en clara
desobediencia pudo estar actuando por fuera de la voluntad de sus padres
entonces no es posible que frente a estos acontecimientos de una persona núbil
propenda por actos que requieren orientación y consejas para no caer en lastimosas
frustraciones con el devenir del tiempo y frente a una sociedad que no se
detiene en el estudio sociológico de los males que la aquejan como es hoy el
libertinaje que acusan los adolescentes.  Precisamente la Institución tiene su
afincado propósito en dar una formación correcta a la luz de su filosofía, su
misión, su visión Institucional de tal suerte que en el plantel priman las
consideraciones más efectivas para formar y conducir a una juventud seria
correcta que permita que la sociedad pueda confiar material y espiritualmente
en un conglomerado cuya cultura educativa sea prenda para toda la comunidad.
La Ley General de
Educación (115 de 1994) autorizó a los estable­cimientos educativos para
expedir un Reglamento o Manual de Convivencia, en el cual se definan los
derechos y obligaciones de los estudiantes y estableció además la presunción de
que los padres o tutores y los educandos al firmar la matricula correspondiente
en representación de sus hijos estarán aceptando el mismo artículo 87. De igual
modo la Ley estableció que el reglamento interno de la Institución Educativa
establecerá las condiciones de permanencia del alumno en el plantel y el
procedimiento en caso de exclusión.”
Finalmente,
señala que el derecho a la educación de la accionante no se está anulando, pues
ella tiene la posibilidad de continuar sus estudios en un centro educativo “con
otros conceptos de libertad”.  Para la sentencia, el Colegio de la Sagrada
Familia
“(…) no es el único
centro de formación académica para poder culminar sus estudios, en el
Departamento existen Instituciones Educativas mixtas o promiscuas, diurnas o
nocturnas que manejan otros conceptos de la libertad y de la educación pero en
el caso del Colegio la Sagrada Familia se hace necesario que se mantengan
incólumes los valores que predican y que son firmes soportes de una educación
que cada día se reclama más en la búsqueda de la conformación de un ser física
y espiritualmente más sensible con las creencias divinas o religiosas que jamás
han truncado ni impedido la realización de los seres humanos, por lo contrario
estas quizás son una de las conformaciones filosóficas que hacen que los
hombres vivan en paz, la pretendida reclamación que ha formulado la joven
Cristina Espinosa Salinas no puede tener cabida por cuanto sería crear un
desorden en lo que ya está suficientemente formado y contextualizado y que
pueden dar garantía a todos aquellos que han recibido la ilustración o
formación académica del Colegio de la Sagrada Familia.”
4.2. Por otra
parte, la Juez de instancia considera que el derecho a la igualdad no se
desconoce, puesto que Cristina Espinosa Salinas es la única estudiante del
Colegio que ha contraído matrimonio por lo civil. La sentencia expone así su
posición,
“El principio de
igualdad a que ha aludido la accionante no encuadra esa pretensión porque es la
única estudiante o mejor exalumna que ha dado ese paso y ello no puede ser
permitido para que dentro de esta Institución se haga plural un comportamiento
inusitado (…)”
4.3. La
sentencia de primera instancia menciona el artículo 95-1 de la Constitución
Política, y el artículo 87 de la Ley 115 de 1994, las demás alusiones a
normativas son a estatutos en general, no se refieren a ninguna disposición en
concreto (por ejemplo, el Código Civil, la Constitución, la Ley, etc.).  De
forma similar, en varias ocasiones se habla de la “jurisprudencia
constitucional” y se advierte que el caso ya fue tratado por ella, pero no se
hace referencia a alguna sentencia en particular.
5.
Impugnación
Cristina
Espinosa Salinas impugnó la sentencia de la Juez de primera instancia, por
considerar que el Colegio de la Sagrada Familia de Montería, a la luz de
la Constitución Política y la jurisprudencia en la materia, sí desconoció sus
derechos fundamentales a la educación y a la igualdad.
5.1. Luego de
indicar que no es posible anular por completo su derecho fundamental a la
educación (cita la sentencia T-002 de 1992), sostiene que según la
jurisprudencia constitucional, un reglamento estudiantil no puede discriminar a
los estudiantes que ejerzan su derecho a conformar una familia, así sea bajo la
forma de unión libre (cita la sentencia T-516 de 1998).[8]
5.2. En su
recurso, la accionante acusa a la sentencia de instancia de revelar los
precedentes judiciales que emplea y de usarlos parcialmente y a conveniencia,
omitiendo partes determinantes para el análisis de su caso y la procedencia de
sus argumentos. Sostiene que la sentencia reitera algunos párrafos de la
jurisprudencia que reconoce el poder reglamentario de los Manuales de
Convivencia en el ámbito escolar,[9]
pero no así el aparte final que concluye el tema en la sentencia del Corte
Constitucional, según el cual se advierte que, en todo caso, dichos Manuales
están sometidos a la primacía de la Carta Política.[10]
5.3. Cristina
Espinosa Salinas aboga por la supremacía de sus derechos constitu­cionales
sobre el Manual de Convivencia de su colegio, así,
“La Constitución
Política de Colombia de 1991, es norma de normas, así lo dispone el artículo
cuarto de nuestra Carta Magna, de manera que no se pueden interponer por encima
de la Constitución los Reglamentos ni los manuales internos de un colegio, ni
los códigos ni las leyes para conocer los derechos fundamentales a la
educación, a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad.
El artículo 85 de la
Constitución Política del 91 cobija los derechos de aplicación inmediata
contenidos en los artículos 13, 26 y 27 (…).
El artículo 13 porque
la igualdad de oportunidades se logra mediante la igualdad de posibilidades que
ofrece la educación. El artículo 26, porque en la libertad de escoger profesión
u oficio está implícito el derecho a la formación.”
5.4. La
impugnación presenta su alegato de que se le violó su derecho a la educación y
a la igualdad (en especial a la igual protección de los menores) con una serie
de preguntas retóricas. Dice la estudiante,
“¿Qué normas jurídicas
prohíben o niegan el núcleo esencial del derecho a la educación de una persona
por el hecho de contraer matrimonio civil?  ¿Qué disposiciones legales privan
del derecho a la igualdad de oportunidades a una persona en relación con todas
sus compañeras de estudio de todo el bachillerato por el hecho de cambiar de
estado civil?  ¿Qué sentencias constitucionales disponen que los reglamentos y
manuales de convivencia de un colegio o los principios y creencias religiosas
permitan privar del núcleo esencial del derecho fundamental a la educación de
una joven que cambia de estado civil? (…)”
5.5. Cristina
Espinosa Salinas invocó su derecho a presentar la acción de tutela, de cuya
existencia y función conoce en virtud del mandato Constitucional. Dice la
impugnación,
“No quisiera dejar
pasar por alto y agregar a las consideraciones del señor Juez, que a pesar de
no haber cumplido 18 años de edad y sin haber cursado mi último año de
bachillerato, conozco que el artículo 54 del Decreto Reglamentario de la acción
de tutela dispone:  Enseñanza de la tutela. En las instituciones de
educación se impartirá instrucción sobre la acción de tutela. De
conformidad (sic) establecido en el artículo 41 de la Constitución de la
República de Colombia que establece:  en todas las instituciones de
educación, oficiales o privadas, serán obligatorias el estudio de la
Constitución y la instrucción cívica  (…) en armonía con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Constitución que señala que toda persona tendrá acción
de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, por sí misma o
por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
fundamentales.”
5.6. Alega
también, que la jurisprudencia constitucional ha reiterado la importancia y las
funciones que cumple la educación en un estado social de derecho, indicando,
por ejemplo, que la educación “(…) ha de propender porque cada uno de los
actores del proceso educativo, especialmente los alumnos, se apropie e
interiorice principios fundamentales para la conviven­cia humana, tales como la
tolerancia, el respeto a la diversidad y la igualdad en la diferencia. (…)”
5.7. Por último
solicita al juez tener en cuenta, explícitamente lo dispuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia T-377 de 1995.
5.8. Cristina
Espinosa Salinas presentó las siguientes pretensiones,
“(1) Que se revoquen en
todas sus partes el fallo proferido en la providencia recurrida.
(2)  Tutélese mis
derechos constitucionales fundamentales a la educación, igualdad y libre
desarrollo de la personalidad violados por la Hermana Rectora del Colegio de la
Sagrada Familia.
(3)  Ordénese a la
Hermana Rectora del Colegio de la Sagrada Familia mi reintegro para cursar mi
último grado de bachillerato en igualdad de oportunidades que mis compañeras de
estudio.
(4)  Ordénese a la
Hermana Rectora del Colegio de la Sagrada Familia no discriminarme ni actuar
con retaliaciones por el hecho de haber promovido esta acción de amparo.”
5.9. A su
escrito, Cristina Espinosa Salinas adjuntó copia del Certificado Notarial de su
matrimonio civil con Milciades Fernando Espitia Martínez, celebrado el 16 de
enero de 2004 en la Notaría Única de Cereté.
6. Respuesta
del Colegio de la Sagrada Familia (Montería), en el proceso de
impugnación
6.1. Al proceso
de impugnación, adelantado por el Juez Primero Penal del Circuito de Montería,
la Rectora del Colegio reiteró su posición de no haber violado los derechos
constitucionales de la estudiante. Sostiene que al haber contraído matrimonio
civil,
“(…) la joven Espinosa
violó el reglamento del Colegio en sus numerales 11 y 13 en la parte de Deberes
— Casos especiales.  Aduce la estudiante en su escrito de tutela que el hecho
de no haberla recibido se le estaría violando el derecho fundamental de la
igualdad del resto de alumnas, que en su libertad que otorga nuestra
Institución de escoger la educación, han escogido el plantel, por la educación
integral que aquí se enseña, es decir, respondiendo a los ideales de la Iglesia
Católica y promoviendo una pedagogía acentuada en los valores humanos.
No es justo, que con la
conducta asumida por la estudiante Espinosa, se permita que se viole el
reglamento del Colegio y que los demás padres de familia se den cuenta que el
Colegio no está asumiendo el compromiso que se pactó al firmar la matricula.  Y
con esta actitud, lo que estaría violando es el derecho de los padres y las
alumnas de la libertad de educación escogida por ellos, es decir, la educación
católica que aquí prima.
Hay que tener en
cuenta, que la matrícula es un contrato bilateral que comporta deberes y
derechos de las partes, resaltando, cada uno de los firmantes lo realiza libre
y voluntariamente, permite reconocer que el peticionario vale decir el padre o
acudiente, acepta y se compromete con las condiciones establecidas por el
Colegio, pues esto es lo concordante con el artículo 68 de la Constitución
Política. La educación educativa a su vez obra conforme a los artículos 26 y 27
de la misma carta.
La reglamentación
propuesta por el Colegio tiene fuerza de Ley, pues una vez los padres de
familia han decidido matricular a su hija en la Institución, se han acogido al
artículo 68 de la Constitución Política, es decir, que les da derecho a escoger
la educación para sus hijos, lo cual de manera correlativa le da al Colegio el
deber de responder a la solicitud realizada por los padres, partiendo de la escogencia
hecha y ofrecer en el proceso formativo de sus alumnas todo aquello con lo cual
se comprometió, incluyendo la exigencia y forma reglamentaria mencionada.
Es natural que la
reglamentación en referencia, tendrá tal fuerza y por ello será de obligatorio
cumplimiento, y si no, iría en contra de la Constitución y los derechos
humanos.”
6.2. La Rectora
hace la siguiente anotación,
“Es bueno advertir, que
la joven se encuentra estudiando en otro plantel educativo de esta ciudad,
cursando el grado once, plantel en donde sí aceptan niñas de esas condiciones.”
6.3. Solicita
que se reitere el fallo proferido por la Juez de instancia.
7. Sentencia
de segunda instancia
El Juez Primero
Penal del Circuito, Juez Misael E. Salazar Luna, confirmó en todas sus partes
el fallo de primera instancia por considerar que el Colegio no violó los
derechos de Cristina Espinosa Salinas al negarse a recibirla para el grado 11°
de educación secundaria, pues ella puede continuar sus estudios, como de hecho
lo está haciendo.
7.1. Para el
Juez de segunda instancia, el derecho a la educación,
“(…) conlleva una doble
condición de derecho deber, cuyo incumplimiento implica sanción, la cual deberá
estar enmarcada dentro de límites razonables. Esa sanción debe sujetarse a los
reglamentos internos del establecimiento educativo, comprendiendo éste el
derecho de los menores a permanecer en el sistema educativo y en el plantel en
que se encuentran matriculados, mientras no incurran en faltas disciplinarias
que ameriten su expulsión, o incumplan de manera graves sus deberes acadé­micos.”
(…)
Dentro de las
exigencias del Manual de Convivencia, se indica que el establecimiento
educativo La Sagrada Familia, profesa educación Católica para señoritas,
acogiéndose a estos parámetros no sólo el estudiante, sino también los padres
del menor que hubiesen escogido el establecimiento para la formación de sus
hijos, desde un punto de vista eminentemente católico, aspecto que no puede
omitirse en asunto como estos, por existir en Colombia hoy una libertad de
culto garantizada por la misma Carta Política. Ahora bien, en criterio del
despacho no hubo violación del derecho a la educación, ya que si se analiza en
su integridad el Manual de Convivencia, se infiere necesariamente, que uno de
los parámetros por los cuales se rige el centro educativo mentado, es
precisamente el de enseñar a menores que aún no se hayan unido, por lo que no
aceptar matricular a la demandante en el grado 11, en manera alguna conlleva a
la violación del derecho referido.
7.2. Para el
Juez, “[e]l hecho de haberse matriculado la menor Cristina Espinosa Salinas
para cursar el grado 11 en un colegio distinto a La Sagrada Familia, como lo
anota Luz Elena Caicedo, directora del establecimiento citado en escrito
obrante a folio 14 del expediente de tutela, impide igualmente, que se ampare
el derecho invocado como violado, por cuanto que ha proseguido la menor con su
formación académica, por lo que no ha visto truncadas sus posibilidades
educativas que le brinden igualdad de oportunidades en la vida para el efecto
de su realización como persona.”
7.3. Con
referencia la derecho a la igualdad, sostiene que no encuentra “(…) que haya
habido un trato discriminatorio con respecto a la menor por parte del
establecimiento educativo demandado. Sabido es, que la violación de este
derecho opera o tiene ocurrencia, cuando se da un trato discriminatorio a
alguien que se encuentra en igualdad de condiciones a quien sí se le reconoce.
Si bien el precitado colegio, optó por no matricular en el grado 11 a la menor Espinosa
Salinas, tuvo el cuidado de hacerle entrega de la documentación necesaria,
sin traba alguna, para que continuara cursando estudios en otro establecimiento
educativo, como efectivamente lo hizo, lo que impide afirmar que haya existido
con respecto a otros estudiantes, un trato discriminatorio que permite afirmar
la violación del referido derecho en este caso.”
II. Consideraciones y fundamentos
1. Derecho de
los adolescentes a interponer acción de tutela
1.1. La primera
cuestión que se plantea en el presente caso si Cristina Espinosa Salinas tiene
el derecho constitucional a interponer una acción de tutela en defensa de sus
derechos fundamentales.  Aunque los jueces de primera y segunda instancia
admitieron la tutela, la tramitaron y la resolvieron, durante el proceso se
hicieron cuestionamientos y reparos que llevaron a la menor a reclamar respeto
a su derecho a interponer una acción de tutela.
1.2. La
jurisprudencia constitucional ha señalado que “un niño[11] puede (…) ejercer
la acción de tutela sin necesidad de apoderado y debe ser atendido por el juez”.
Esto en razón a que “(…) no existe norma alguna que exija una edad a partir de
la cual se pueda pedir directamente la protección judicial propia de la tutela.
Por el contrario, la Constitución Política estatuye que ‘toda persona’
dispondrá de esta acción para reclamar ante los jueces ‘por sí misma o por
quien actúe a su nombre’, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o
amenazados.”[12]
Esta posición jurisprudencial ha sido reiterada en múltiples ocasiones.[13]
1.3. La
jurisprudencia ha señalado que la acción de tutela interpuesta por menores
también es procedente contra particulares en los casos señalados por la
Constitución y el Decreto 2591 de 1991. Así, se han aceptado acciones en
contra, entre otros, de particulares como Juntas de Administración de conjuntos
residenciales que han puesto en riesgo la integridad de los niños[14] o Universidades que
han usado producciones intelectuales de menores, sin darles crédito de su
autoría.[15]
Específicamente, dado el grado de indefensión en el que pueden
encontrarse los menores con relación a sus padres, la Corte ha señalado que
“(…) un niño puede ejercer la acción de tutela en contra de sus padres si estos
incurren en conductas positivas o negativas que lesionan sus derechos
fundamentales.”[16]
Por supuesto, la posibilidad de que el juez de tutela intervenga en el seno
familiar, en especial en la relación entre los padres y los hijos, está
reservada a atentados reales de los derechos fundamentales. Por ejemplo, la
jurisprudencia constitucional ha brindado protección a personas ante la
discriminación de la que pueden ser víctimas los hijos al interior de la
familia.[17]
En todo caso, el
juez de tutela debe ser respetuoso y deferente con el uso pedagógico de las
facultades correctivas de los educadores; así lo ha reconocido esta
Corporación.[18]
1.4. En
consecuencia, Cristina Espinosa Salinas tiene pleno derecho para interponer la
presente acción de tutela en contra del Colegio de la Sagrada Familia.
No requiere aprobación de sus padres o alguien más para poder ejercer su
derecho.
2. Problema
Jurídico
El presente caso
la Corte Constitucional debe decidir acerca de la siguiente cuestión:
¿desconoce un establecimiento educativo los derechos fundamentales a la
educación, a la igualdad (en especial , a la igual protección a todo menor
adolescente), a la libertad y autonomía, y al debido proceso a un estudiante al
negarle el cupo para continuar sus estudios por haber tomado la decisión de
fundar una familia —en este caso, mediante matrimonio civil—, teniendo en
cuenta  (i) que el plantel educativo es de carácter confesional
—Católico en este caso— y  (ii) que fundó su decisión en el Manual de
Convivencia?
La
jurisprudencia constitucional ya ha dado respuesta a esta cuestión, indicando
que un colegio desconoce los derechos a la libertad y autonomía de una persona,
así como sus derechos a la educación y a la igualdad (en especial a la igual
protección de todo adolescente), al impedirle continuar sus estudios por haber
contraído matrimonio civil.  El que tal decisión se adopte en virtud del Manual
de Convivencia significa, además, que se violó el derecho al debido proceso por
aplicar una sanción que desconoce el ejercicio de una libertad reconocida en la
Constitución Política y los tratados y convenios internacionales sobre derechos
humanos.
A continuación
se hará referencia a los referentes normativos relevantes, indicando los casos
de la jurisprudencia constitucional en los que estos han sido aplicados y el
sentido en que ello ha ocurrido. Se considerará especialmente los argumentos en
que el Colegio fundamenta su decisión, es decir, su carácter confesional y la
legalidad de lo dispuesto, a la luz del Manual de Convivencia.
3. Contexto normativo en que se funda la
protección de la libertad y autonomía de los adolescentes para fundar una
familia y no ser discriminados por ello, en especial si implica afectar su
derecho fundamental a la educación y a recibir una protección y una
formación integral.
3.1. Disposiciones
constitucionales
Son varios los mandatos constitucionales a
los que Cristina Espinosa Salinas ha hecho alusión a lo largo del proceso,
tanto en la acción de tutela, como en el escrito de impugnación. A continuación
se citan los referentes normativos constitucionales más importantes que dan
sustento a su posición y en los cuales la jurisprudencia constitucional ha
fundado sus decisiones en casos similares.
3.1.1 La
Constitución Política de Colombia señala que Colombia es un Estado Social y
Democrático de Derecho, una República de carácter participativo y pluralista,
fundada, entre otros principios, “en el respeto a la dignidad humana” y la
“solidaridad de las personas que la integran” (art. 1, CP).  Uno de sus fines
esenciales es “garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución” (art. 2, CP), teniendo en cuenta que se
“(…) reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los
derechos inalienables de la persona y [se] ampara a la familia como institución
básica de la sociedad” (art. 5, CP)
3.1.2. La
defensa del principio de igualdad garantiza a toda persona  “ser igual
ante la ley”, “recibir el mismo trato”, “recibir la misma protección” de las
autoridades, y “gozar de los mismos derechos, libertades y oportunidades”.
Categóricamente prohíbe cualquier discriminación en virtud de categorías de
clasificación consideradas sospechosas (sexo, raza, origen nacional o familiar,
lengua, religión, opinión política o filosófica) (art. 13-1, CP).  La
enunciación del principio también impone en el Estado el deber de “promover las
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva”, disponiendo que deberá
“adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados” (art. 13-2,
CP).  En especial, la Constitución señala que el Estado “protegerá
especialmente” a las personas que se encuentren en condiciones de debilidad
manifiesta y sancionará los abusos y maltratos que contra ellas se cometan”
(art. 13-3, CP).
Ahora bien,
reconociendo la discriminación de la cual fueron tradicionalmente objeto las
mujeres bajo en régimen constitucional y legal anterior a la Constitución de
1991, se advierte expresamente que la “mujer y el hombre tienen iguales
derechos y oportunidades”, por lo que aquélla no puede ser “sometida a ninguna
clase de discriminación.” (art. 43, CP)
3.1.3. La
Constitución también reconoce a toda persona el derecho al libre desarrollo
de su personalidad, imponiendo como límites, únicamente, los derechos de
los demás y el orden jurídico (art. 16, CP). Esta garantía, contemplada en
términos amplios, es desarrollada concretamente en el campo educativo y
académico al garantizar la libertad de enseñanza, la libertad de aprendizaje,
la libertad de investigación y la libertad de cátedra (art. 27, CP).
3.1.4. En el
caso de los derechos de los “niños”[19],
se reconocen además de los derechos fundamentales de toda persona, algunos de
carácter específico. Entre ellos, por ejemplo, los derechos a “tener una
familia y no ser separados de ella”;  “al cuidado y amor” y “a la educación”
(art. 44, CP).  La Constitución reconoce los derechos del menor de forma amplia
y no taxativa, indica que estos prevalecen sobre los de los demás, e incluye
entre ellos expresamente los “reconocidos en los tratados internacionales
ratificados por Colombia”.  La Carta garantiza a todo niño y a toda niña  (1)
su desarrollo libre, armónico e integral y  (2) el ejercicio pleno de sus
derechos. Para los adolescentes reitera este mandato, reconociendo que ellos
tienen “derecho a la protección y a la formación integral.” (art. 45,
CP)
3.1.5. Por otra
parte la Carta Política ordena la protección integral de la familia, la
cual considera “núcleo fundamental de la sociedad”. Al igual que a las personas
que la componen, reconoce a toda familia los derechos  (i) a la honra,
(ii) a la dignidad, y  (iii) a la intimidad, calificándolos como
“inviolables” (art. 42, CP).
3.1.6. El derecho
a la educación por su parte, calificado por la Constitución como un
servicio público que tiene una función social, contempla la garantía para todo
colombiano de ser formado “en el respeto a los derechos humanos (…) y a la
democracia.”
El Estado tiene
la facultad de regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia  en el
sector educativo. Esta debe usarse, entre otros, con el fin de velar  (1) por
el cumplimiento de sus fines y  (2) por la mejor formación moral, intelectual y
física de los educandos. Específicamente debe garantizarse (i) el
adecuado cubrimiento del servicio, (ii) asegurar las condiciones
necesarias para su acceso y (iii) para su permanencia en el sistema
educativo (art. 67, CP)
3.2. Disposiciones internacionales
Los tratados y convenios internacionales
sobre derechos humanos de los que es parte Colombia son aplicables de forma
prevalente en el orden interno y consagran los derechos del menor (arts. 93 y
94, CP). Por disposición de la propia Carta Política, los derechos reconocidos
en ésta deben ser interpretados de acuerdo con estos instrumentos
internacionales. A continuación se hace referencia a aquellas normas que son
referentes significativos para el estudio de la acción de tutela interpuesta
por Cristina Espinosa Salinas en contra de su Colegio.
3.2.1. La Declaración
Universal de los Derechos Humanos (DUDH) contempla varios de los principios
y derechos constitucionales mencionados (como la libertad, la dignidad y la
igualdad; artículo 1 y 2 de la Declaración) incluyendo el derecho de toda
persona a que la educación que reciba tenga “por objeto el pleno desarrollo de
la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos
y a las libertades fundamentales”, también deberá favorecer “la comprensión, la
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o
religiosos” (art. 26, DUDH).
Además, La
Declaración contempla que “[l]os hombres y las mujeres, a
partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de
raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y
disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio
y en caso de disolución del matrimonio”, el cual sólo puede contraerse por el
“libre y pleno consentimiento de los futuros esposos” (art. 16. DUDH)
3.2.2. El Pacto
de Derechos Civiles y Políticos (PDCP, 1966)[20] también demanda
protección especial para la familia, reconoce el derecho del “hombre y de la
mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello” y
los hacen en libertad (art. 23, PDCP). El Pacto aclara que ninguna disposición
del Pacto puede “ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un
Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos
encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades
reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en
él.”
3.2.3. En el Pacto
de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PDESC, 1966),[21]  se contempla una
protección especial a la familia, advirtiendo que se “deben adoptar medidas
especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y
adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier
otra condición.” (artículo 10, PDESC)
De forma similar
al anterior Pacto, éste indica que “la educación debe capa­citar a todas las
personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer
la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre
todos los grupos raciales, étnicos o religiosos.” (art. 13, PDESC)
3.2.4. La Convención
sobre los Derechos del Niño (CRC),[22]
establece que los Estados partes deben atender el interés superior del menor
en “todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos (…)” (art. 1°, CRC).  En virtud de
la CRC, “ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales  (1) “en
su vida privada”,  (2) “su familia”,  (3) “su domicilio o su correspondencia”,
ni  (4) “de ataques ilegales a su honra y a su reputación”. Para ello señala
que “tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques”
(art. 16, CRC).
En materia de educación advierte que  “[l]os
Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para
velar por que la disciplina escolar se administre  (i) de modo
compatible con la dignidad humana del niño y  (ii) de conformidad con la
(…) Convención.” La CRC fija como fines de la educación, objetivos similares a
los trazados por la Constitución Política de 1991 y el PDESC.[23]
3.2.5. Ahora
bien, “al comprobar que a pesar de [los] diversos instrumentos las mujeres
siguen siendo objeto de importantes discriminaciones”, reconocer “que para
lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el
papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la
familia”, y resuelta “a adoptar las medidas necesarias a fin de suprimir
esta discriminación en todas sus formas y manifestaciones”, entre otras
razones, la comunidad internacional resolvió adoptar la Convención para la
Eliminación de todas la Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW).[24]
Según la
Convención, por “discriminación contra la mujer” se entiende
“(…) toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que
tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil,
sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y
las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social,
cultural y civil o en cualquier otra esfera.” (art. 1, CEDAW)  (acento fuera
del texto original)
En virtud de la
Convención, Colombia tiene la obligación de “adoptar medidas adecuadas, legislativas
y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda
discriminación contra la mujer” (art. 2(b), CEDAW);  “tomar todas las medidas
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por
cualesquiera personas, organizaciones o empresas” (art. 2(e), CEDAW); y la de
“adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para
modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan
discriminación contra la mujer.” (art. 2(f), CEDAW)
3.3. Una vez
vistas las normas constitucionales y sobre derechos humanos relevantes para el
análisis del presente tipo de caso, pasa la Sala Tercera de Revisión a hacer un
breve recuento de los precedentes fijados por la jurisprudencia constitucional
en la materia.
4. Jurisprudencia constitucional
sobre protección al derecho fundar una familia en el ámbito educativo y a no
ser discriminado, en especial de las mujeres
Desde el inició de su
jurisprudencia la Corte Constitucional ha considerado que imponer un trato
diferente a las estudiantes o a los estudiantes que han decidido fundar una
familia, de acuerdo con su parecer, desconoce de forma grave y manifiesta la
Constitución Política.
4.1. En la sentencia T-420 de
1992 (MP Simón Rodríguez Rodríguez) se decidió que impedir el reingreso de
una estudiante a terminar su educación secundaria, que se ausentó del Colegio
por haber estado embarazada, constituye una clara violación de los derechos a
la educación, la igualdad y la autodeterminación propia de toda persona.
La Corte consideró que el Rector del Colegio[25]
quebrantó los derechos fundamentales a la educación, la igualdad y a la
autonomía por las siguientes razones:
(1)
el derecho fundamental de la Educación, “(…) por cuanto impidió el
ingreso de la estudiante al mencionado plantel educativo, aduciendo argumentos
de orden moral y más exactamente, que no es permitido por el Liceo recibir
madres solteras, sin haber agotado con antelación los procedimientos legales”;
(2) el derecho fundamental de la igualdad de la
estudiante, “(…) ya que el rector al marginarla del derecho a la educación, le
da un trato de inferioridad en relación con las otras estudiantes y la
discrimina cuando afirma que es objetivo primordial de la moral del
establecimiento cerrarle las puertas a las madres solteras”; y
(3) el mandato constitucional del derecho a la
autonomía establecido en el artículo 16 como derecho fundamental, “(…) por
cuanto coarta la libre decisión de la estudiante de escoger como nueva forma de
vida su condición de madre, limitándole la facultad de autodeterminarse
conforme a su propio arbitrio dentro de los límites permitidos. En este orden
de ideas el rector no tiene ninguna potestad para impedirle a la estudiante que
dirija soberanamente su vida, siempre que transite dentro de los lineamientos
que le impone la ley y sin que traspase la barrera donde se inicia el derecho
de los demás.”
En este caso la Corte resolvió confirmar el fallo del Juez de
primera instancia,[26]
en el que se dispuso como medida de protección el reintegro de la menor al
plantel educativo.
4.2. Posteriormente, a propósito del ejercicio de otra manifestación
de la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad en el ámbito escolar
(un adolescente que llevaba el pelo largo y había sido amenazado con la
expulsión) la jurisprudencia constitucional reiteró la supremacía
constitucional  frente a los reglamentos estudiantiles (art. 4, CP). En la
sentencia T-065 de 1993 (MP Ciro Angarita Barón)[27]  la Corte decidió
(1) que los reglamentos estudiantiles, al igual que
todos los ordenamientos internos de entidades privadas o públicas, deben estar
acordes, en su contenido, con los valores, principios y derechos consagrados en
la Constitución colombiana.
(2) que “las entidades educativas no pueden negar
el núcleo esencial del derecho fundamental al servicio público de la educación
con fundamento en la aplicación de normas que atentan contra principios y
derechos tales como el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana
y la tolerancia.”[28]
4.3. Una vez expidió la Ley General de Educación (Ley 115 de
1994), la jurisprudencia constitucional reiteró su posición, ajustándola a los
mandatos de esta Ley.  En la sentencia T-386 de 1994 (MP Antonio Barrera
Carbonell) esta Corte consideró que el legislador “(…) autorizó a los
establecimientos educativos para expedir un ‘reglamento o manual de
convivencia’, ‘en el cual se definan los derechos y obligaciones de los
estudiantes’ y estableció, además, la presunción de que ‘los padres o tutores y
los educandos al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus
hijos, estarán aceptando el mismo’ (art. 87).  De igual modo, la ley estableció
que ‘el reglamento interno de la institución educativa establecerá las
condiciones de permanencia del alumno en el plantel y el procedimiento en caso
de exclusión’.”
Sin embargo, la Corte reiteró su defensa de la supremacía
constitucional (art. 4, CP) al señalar, que, en todo caso, “(…) los reglamentos
de las instituciones educativas no pueden entrar a regular aspectos que de
alguna manera puedan afectar los derechos constitucionales fundamentales de los
educandos, pues si ello esta vedado a la ley con mayor razón a los
reglamentos de la naturaleza indicada. En tal virtud, dichos reglamentos no
pueden regular aspectos o conductas del estudiante ajenas al centro educativo
que puedan afectar su libertad, su autonomía o su intimidad o cualquier otro
derecho, salvo en el evento de que la conducta externa del estudiante tenga
alguna proyección o injerencia grave, que directa o indirectamente afecte la
institución educativa.”[29]
(acento fuera del texto)
4.4. La posición jurisprudencial fijada por la Corte Constitucional
en la sentencia T-420 de 1992, fueron reiterados posteriormente por la
sentencia T-211 de 1995 (MP Alejandro Martínez Caballero)[30].
4.5. La Corte también ha prohibido que un Colegio obligue o
imponga a un estudiante un trato diferente por negarse a comprometerse a
conformar su familia de una forma determinada.
Esta decisión se adoptó en la sentencia T‑377 de 1995 (M.P.
Jorge Arango Mejía), caso que fue aportado por Cristina Espinosa Salinas al
Juez de segunda instancia dentro del proceso. En esta oportunidad se estudió la
acción tutela de una estudiante en contra de su colegio por considerar que le
estaban desconociendo sus derechos constitucionales a constituir una familia, a
la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a la educación, puesto
que las directivas no le permitieron seguir estudiando debido a que ella
“decidió constituir de hecho su propia familia”.  La Corte señaló que “(…) no
sólo se repudió a la actora por su decisión, la cual se consideró inmoral, sino
que se condicionó su permanencia en el colegio al cumplimiento de ‘un
convenio’, casarse o volver con sus padres, que desde cualquier punto de vista
desconoce el debido respeto a la dignidad, como principio fundante del Estado,
y viola sus derechos a la intimidad, entendida como un estadio de la conciencia
ajeno por completo al ámbito jurídico, y al libre desarrollo de la
personalidad, la cual, según lo expresado por esta misma Corte, se entiende
como ‘la libertad general de hacer o no hacer lo que se considere
conveniente’.”
La Corte decidió que desde todo punto de vista es “(…) cuestionable
que la decisión de la actora se presente ante la comunidad académica como un
hecho ‘bochornoso’ con el cual se irrespeta el establecimiento, cuando en
realidad se trata de una situación de su exclusiva incumbencia, que se originó
en una decisión autónoma tomada por ella dada su capacidad para hacerlo, que la
motivó a conformar un tipo de familia, que como ya se ha señalado, es
reconocido por la misma Constitución.”[31]
También decidió que el trato dado por el colegio a la estudiante era
discriminatorio, pues casos similares al de ella (estar en estado de embarazo)
eran tratados de forma diferente si la futura madre vivía con sus padres o se
casaba. Dijo al respecto,
“(…) al parecer el
problema moral que plantean las directivas del colegio se reduce a que los alumnos
asuman actitudes y formas de vida que coincidan externamente con esquemas
puramente formales, pues no de otra forma se entendería que justifiquen la
permanencia de otras alumnas que afrontan situaciones que no encajan con el
‘deber ser tradicional’, madres solteras, por el hecho de que éstas ‘volvieron
a ser hijas de familia’ y a depender de sus padres.
Con ello se entiende,
que para la demandada estas alumnas ‘enmendaron’ o corrigieron un
comportamiento indebido, actitud inadmisible pues ni la maternidad, ni la
conformación de familias de hecho, pueden constituir faltas disciplinarias o
impedimentos para tener acceso a la educación; son decisiones que corresponden
al fuero interno de las personas, mucho más si ellas son mayores de
edad, adoptadas en ejercicio de su autonomía y como parte del proceso del libre
desarrollo de su personalidad.  A las instituciones de educación les
corresponde orientar, informar y preparar para que esas decisiones se adopten
en el momento más propicio y conveniente, lo que no quiere decir que cualquier
acción que  desconozca o no corresponda a esa orientación pueda ser cuestionada
y calificada de inmoral.”[32]
(acento fuera del texto original)
Así pues, reconoce la jurisprudencia que los colegios tienen la
facultad de aconsejar y guiar a sus alumnos en la toma de decisiones, como por
ejemplo, la de conformar una familia. Sin embargo está guía no puede dar pie o
convertirse en una oportunidad para presionar, coartar, obligar o imponer una
decisión en algún sentido. El derecho a la libertad de fundar una familia y la
obligación de protegerla conlleva la garantía de no ser molestado o perturbado
por la manera como esta haya sido conformada.
4.6. En cuanto al libre desarrollo de la personalidad de los menores
en el ámbito afectivo y sexual en el contexto educativo, esta Corte decidió en
la sentencia T-225 de 1997 (M.P. Antonio Barrera Carbonell) que un Reglamento
de Convivencia del Colegio que sanciona “cualquier manifestación amorosa”
desconoce irrazonablemente el derecho a la intimidad de los estudiantes y
afecta, igualmente, los derechos a la libertad y al libre desarrollo de su
personalidad. La sentencia consideró que “(…) no toda forma de relación o manifestación
amorosa puede ser censurable, de manera que al consagrarse como una prohibición
absoluta (…) se niega toda viabilidad a las relaciones sentimentales, aún de
aquéllas que se puedan calificar de discretas y que no tienen la virtud de
afectar el rendimiento académico ni la disciplina adecuada para asegurar el
cumplimiento de las diferentes actividades docentes y las complementarias a
éstas que inciden en una buena formación y educación en los aspectos físico,
síquico y cultural.”
A la luz de
la Constitución “(…) las relaciones amorosas entre estudiantes de por sí no
pueden ser censurables desde el punto de vista disciplinario, sino en cuanto a
que las manifestaciones externas de éstas puedan afectar de algún modo el
rendimiento académico o la disciplina que se requiere para el cumplimiento de
las actividades docentes. Prohibir dichas relaciones de modo absoluto, sería
tanto como autorizar que los establecimientos educativos penetren indebidamente
en un ámbito de los derechos fundamentales de los educandos que afectaría su
núcleo esencial y obviamente en aspectos que conciernen con su condición de
seres humanos, por naturaleza sociables y necesitados de relaciones afectivas.”[33]
4.7. La jurisprudencia ha señalado que otras sanciones tampoco
pueden ser impuestas a adolescentes que optan por fundar una familia, en
ejercicio de sus derechos constitucionales. Por eso, se decidió que un manual
de convivencia que le exige usar un uniforme diferente al de las demás alumnas,
“le da un trato desigual, carente de justificación, a las alumnas que han
decidido formar una familia, por la vía de la unión libre, la cual es una forma
de composición de la familia que se encuentra amparada por la Constitución
(art. 42)”.[34]
En efecto, en la sentencia T-516 de 1998 (MP Antonio Barrera
Carbonell), se estudió la acción de tutela que interpuso una estudiante de 9°
grado (17 años) contra el Colegio Departamental María Auxiliadora de
Guadalupe (Huila) mediante la cual reclamó la protección de sus derechos
fundamentales, debido a que la Rectora del Colegio había decidido, de acuerdo
con el Manual de Convivencia, exigirle a la alumna utilizar un uniforme
diferente al de las demás niñas por estar conviviendo en unión libre con su
novio.[35]
A lo largo del proceso de tutela la Rectora del Colegio invocó el carácter
confesional Católico de la institución, como justificación del respeto que se
debía a la decisión adoptada con respecto a la adolescente en el caso.[36]
La Corte consideró que se le habían violado sus derechos
fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la
intimidad personal y familiar a conformar una familia, y a no ser objeto de
tratos inhumanos, crueles o degradantes.[37]
Por eso resolvió confirmar la decisión del Juzgado Único Promiscuo Municipal de
Guadalupe (Huila) que, en única instancia, resolvió tutelar el derecho a
la igualdad de la adolescente. Según la Corte “las normas del manual de
convivencia resultan contrarias a la Constitución, y no pueden ser aplicadas”
Concretamente señaló,
“(…) la demandante es una persona que se
encuentra habilitada para sostener una relación estable del indicado tipo
[unión libre], y mal se puede pretender en presentarla como “mal ejemplo”
para sus condiscípulas (…)” (acento fuera del texto original)
La Corte distingue entre  (i) la medida adoptada (usar un
uniforme diferente al del resto de las alumnas)  y  (ii) su finalidad,[38] pero considera que en
ambos casos “implican una intromisión indebida en la esfera íntima y
personal de la demandante y su familia, en la cual no puede penetrar ni
siquiera el legislador.”
No obstante, la Corte consideró “completamente desproporcionadas”
las medidas impuestas por el Colegio, debido a que la finalidad podría lograrse
por un medio diferente como, por ejemplo, la educación y orientación sexual de
las alumnas.” Esto, entendiendo que parte de los fines buscados por el Colegio
en aquella ocasión pueden ser legítimos —por ejemplo, evitar los problemas de
salud y restricciones a un desarrollo, libre armónico e integral de todo menor
que pueden conllevar los embarazos precoces o promover que los estudiantes,
libremente, opten por fundar una familia de acuerdo a los mandatos de un credo
religioso específico—.
4.8. Esta posición también fue reiterada en la sentencia T-015 de
1999 (MP Alejandro Martínez Caballero). En este caso la Corte decidió que “(…)
imposiciones que coarten a través del manual de convivencia opciones plausibles
de vida en las personas como pueden ser la definición de un estado civil o la
decisión de vivir con un compañero permanente, conducen a la violación
injustificada del derecho al libre desarrollo de la personalidad e incluso a la
educación (…)”. En especial, dijo la Corte cuando se trata de una estudiante
que no incumple sus obligaciones académicas y disciplinarias. En este sentido,
al tratarse  “(…) de una opción perteneciente estrictamente al fuero íntimo de
la persona y no perturbar las relaciones académicas en si mismas consideradas, no
puede ser por consiguiente causal de expulsión del centro educativo.”
En esta ocasión una adolescente había presentado una acción de
tutela en contra del Colegio [Santísimo Rosario, Bogotá] donde se
encontraba cursando sexto año de bachillerato, por considerar que tal entidad
lesionó sus derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y a
la educación, al expulsarla de la institución por el hecho de vivir en unión
libre con su compañero. La Corte resolvió  reiterar el fallo del Juez de
primera instancia, que se aseguró de que la niña no hubiese sido expulsada.[39]
4.9. Siguiendo su jurisprudencia, la sentencia
T-272 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa) precisó el alcance de la
jurisprudencia en los siguientes términos:
[1] (i) “los reglamentos de un colegio,”  (ii)
“los manuales de convivencia de las instituciones educativas” y  (iii)
“las medidas de los órganos de un establecimiento educativo no pueden
establecer sanciones académicas o disciplinarias a una estudiante por las
decisiones que ésta adopte para afirmar su identidad sexual”.
Específicamente indicó que ello es así incluso si “sus conductas comprenden
convivir en unión de hecho y la consecuencia de su opción consciente y libre
sea quedar en estado de embarazo.
[2] También decidió que la “mera vigencia de reglas de este tipo
constituye una amenaza real, al derecho a la autonomía de las (los)
estudiantes, cuya claridad y presencia deberá analizarse caso por caso.”[40]
[3] Por último, señaló que “tampoco pueden las autoridades,
funcionarios y órganos educativos darle un trato diferente que le cause
perjuicio a la estudiante, que la excluya o la margine, porque ello viola su
derecho a la igualdad.”
En este caso,[41]
la Corte Constitucional estudió la acción de tutela que instauró una persona en
contra del Colegio Mixto de Bachillerato “San Luis Beltrán”, en nombre de su
compañera permanente (de 15 años), quien había sido expulsada por haber quedado
embarazada.[42]
La sentencia resolvió revocar
el fallo del Juez Promiscuo Municipal de Manatí, Atlántico; en su lugar tuteló
los derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad (arts.
13 y 16, CP).  Adicionalmente, como mediadas de protección, la sentencia  (1) inaplicó
el literal (L) del artículo primero del manual de convivencia del colegio
mixto de bachillerato San Luis Beltrán, así como el literal (ch) del
capítulo relativo a las faltas fundamentales de disciplina; y  (2) previno
a las autoridades del colegio para que se abstengan de aplicar los literales
mencionados a casos semejantes, de conformidad con lo establecido en el
artículo 24 del Decreto 2591 de 1991.[43]  Finalmente, (4) ordenó a los
funcionarios y órganos del colegio mixto de bachillerato San Luis Beltrán
que se abstuviera de darle un trato diferente a la estudiante que le cause
perjuicio, la excluya o la margine, por haber ejercido su derecho a la
autonomía.
4.10. Recientemente, la Corte ha reiterado que se vulneran los
derechos fundamentales al debido proceso, a la educación y a la intimidad de un
alumno cuando se le impone una sanción por un comportamiento que hace parte
exclusiva de su intimidad.  En la sentencia T-491 de 2003 (MP Clara Inés
Vargas Hernández) la Corte estudió la acción de tutela interpuesta por una
adolescente contra la Rectora del Colegio Departamental Ricardo González
del Municipio de Subachoque (Cundinamarca), Rosa Helena Quintero Daza, por
haberla expulsado en razón a que el colegio se enteró de que ella había tenido
relaciones sexuales con un hombre casado. La Corte tuteló los derechos a la
educación, al debido proceso y a la intimidad de la estudiante.
4.10.1. La sentencia consideró que “(…) el derecho a la intimidad
permite que los individuos cuenten con un espacio privado que no puede ser
invadido por las instituciones educativas, pues éste constituye un elemento
esencial de cada ser humano donde se potencia la independencia para adoptar las
decisiones que le conciernen.” En tal sentido, la “(…) opción de vida escogida
por una persona, en el ámbito de su sexualidad (…) no puede ser reprochable
disciplinariamente por pertenecer a la vida privada y hacer parte del libre
desarrollo de la personalidad de cada sujeto, en la medida en que son elementos
que dan sentido a su existencia,[44]
siempre y cuando no desconozca los derechos de los demás o el ordenamiento
jurídico.”
Señaló
la Corte en esta oportunidad que en “(…) ciertos ámbitos, un colegio no sólo
tiene la potestad sino el deber de sancionar el comportamiento de los miembros
de la comunidad educativa, pero en otros escenarios esa facultad se ve
restringida e incluso anulada por completo.  Para tal fin pueden distinguirse
al menos tres ámbitos distintos, a saber: (i) los foros educativos,[45]  (ii) los foros
con proyección académica e institucional[46]
y  (iii) los foros estrictamente privados.”[47]  En estos últimos
“(…) la conducta de los miembros de la comunidad educativa no interfiere ni
entorpece la actividad académica, ni compromete el nombre de una institución.
En consecuencia, las conductas allí desplegadas no pueden ser objeto de sanciones
disciplinarias por la sencilla razón de que hacen parte del desarrollo privado
y autónomo del individuo.” Para la sentencia el “(…) comportamiento de la
alumna hace parte de la libertad que tiene toda persona de tomar las decisiones
que conciernen a su vida privada como expresión de su libre autodeterminación.
La accionante obró en un ámbito estrictamente privado, por lo que su
comportamiento o las consecuencias derivadas de aquel no podían ser reprochadas
por el colegio.”[48]
Así
pues, la Corte reiteró su posición según la cual existen “(…) comportamientos
que no pueden ser catalogados como faltas al manual de convivencia ni tener
como consecuencia la imposición de una sanción, ya que no que afectan la
actividad académica o institucional, ni conllevan el incumplimiento de los
deberes educativos.  En esta medida ningún centro educativo, ni público ni
privado, puede instituirse como autoridad para aplaudir o censurar las
decisiones autónomas de un miembro de la comunidad educativa, no sólo de sus
alumnos sino también del personal docente y administrativo.”[49]
4.10.2. Para la sentencia T-491 de 2003 se violó el derecho al
debido proceso de la estudiante porque “(…) la sanción impuesta por la rectora
del plantel tuvo origen en una conducta cuya censura no corresponde a la
institución educativa porque hace parte del fuero íntimo de la alumna, sin
relevancia en sus actividades escolares o con incidencia directa en el grupo
estudiantil o el nombre del colegio.”
4.10.3. Finalmente, se resolvió
revocar las sentencias proferidas por los Juzgados de instancia. En su lugar se tuteló los
derechos fundamentales a la educación, al debido proceso y a la intimidad de la
adolescente. Como medidas de protección para garantizar el goce efectivo de sus
derechos a la menor,  (1) se dejó sin efecto la sanción impuesta por el
Colegio Departamental Ricardo González y (2) se ordenó al Colegio
“adoptar las medidas necesarias a fin de que la joven, si
así lo decide, pueda culminar el pénsum académico de las materias
correspondientes a undécimo grado y obtener su título de bachiller, siempre y
cuando cumpla con las exigencias académicas para ello.”
4.11.  En resumen, la jurisprudencia constitucional ha aplicado las
normas resuelto casos similares al propuesto por la accionante, en los cuales
ha precisado:
[1] los reglamentos estudiantiles, al igual que todos
los ordenamientos internos de entidades privadas o públicas, deben estar
acordes, en su contenido, con los valores, principios y derechos consagrados en
la Constitución colombiana;
[2] impedir el reingreso de una estudiante a terminar
su educación secundaria, que se ausentó del Colegio por haber estado embarazada,
constituye una clara violación de los derechos a la educación, la igualdad y la
autodeterminación propia de toda persona;
[3]  un Colegio no puede obligar o imponer a un
estudiante un trato diferente por negarse a comprometerse a conformar su
familia de una forma determinada;
[4] un Reglamento de Convivencia del Colegio que
sanciona “cualquier manifestación amorosa” desconoce irrazonablemente el
derecho a la intimidad de los estudiantes y afecta, igualmente, los derechos a
la libertad y al libre desarrollo de su personalidad;
[5] un manual de convivencia le da
un trato desigual, carente de justificación, a las alumnas que han decidido
formar una familia, por la vía de la unión libre, la cual es una forma de
composición de la familia que se encuentra amparada por la Constitución (art.
42);
Por tanto (i) “los reglamentos de un colegio,” (ii) “los manuales de
convivencia de las instituciones educativas” y (iii) “las medidas de los
órganos de un establecimiento educativo” no pueden establecer sanciones
académicas o disciplinarias a una estudiante por las decisiones que ésta adopte
para afirmar su identidad sexual. Incluso si sus conductas comprenden convivir
en unión de hecho y la consecuencia de su opción consciente y libre sea quedar
en estado de embarazo;
[6] la mera vigencia de reglas de
contrarias a la Constitución Política constituye una amenaza real, al derecho a
la autonomía de las estudiantes y los estudiantes, cuya claridad y presencia
deberá analizarse caso por caso;
[7]  las autoridades, funcionarios
y órganos educativos no  pueden  darle un trato diferente que le cause
perjuicio a la estudiante, que la excluya o la margine por haber fundado una
familia, porque ello viola su derecho a la igualdad;
[8] se vulneran los derechos fundamentales al debido
proceso, a la educación y a la intimidad de un alumno cuando se le impone una
sanción por un comportamiento que hace parte exclusiva de su intimidad, como
por ejemplo tener relaciones sexuales con una persona casada.
4.12. Las anteriores reglas jurisprudenciales aplicadas al caso de
Cristina Espinosa Salinas son razón suficiente para conceder el amparo de
tutela solicitado, en tanto aplicables a todos los colegios, tanto privados
como públicos, confesionales o no confesionales. En efecto, Cristina Espinosa
Salinas, en ejercicio de su derecho constitucional fundamental a constituir una
familia, optó libre y autónomamente por contraer matrimonio civil.  El
ejercicio de un derecho fundamental en un ámbito estrictamente privado por
parte de una adolescente que cursa su último año de educación media (undécimo
grado) es un acto legítimo, amparado y protegido especialmente por la
Constitución y los Convenios internacionales sobre la materia, que no puede dar
lugar a tratos diferentes al del resto de sus compañeras, máxime si el trato
consiste en desconocer un ámbito de protección del derecho de educación; a
saber, continuar sus estudios en el plantel educativo en que se encuentra
inscrita, siempre y cuando cumpla con los requisitos académicos y de
comportamiento que, constitucional y legalmente, pueden exigírsele.
4.13. Sin embargo, teniendo en cuenta que el Colegio de la Sagrada
Familia, Montería, alega su condición de institución confesional católica
que actúa según las reglas establecidas su Manual de Convivencia, considera
esta Sala que debe analizar  (1) cuál es el alcance del derecho de todo
particular a fundar establecimientos públicos en los que se preste el servicio
de educación;  (2) cuáles son los límites que tiene este derecho y,
finalmente,  (3) la relevancia del principio de legalidad en el ámbito
sancionatorio educativo.
5. La Constitución garantiza la libertad
de los particulares de fundar establecimientos educativos que presten el
servicio público de educación
5.1. La
Constitución Política de Colombia faculta a los particulares para que funden
establecimientos en los que se preste el servicio público de educación, bajo la
autorización, vigilancia y control del Estado (art. 68, CP).
5.2. Colombia se
ha constituido desde 1991 como una república democrática, participativa y
pluralista (artículo 1°, C.P.), con lo cual se reconoce la diversidad étnica,
cultural, política y social de los diferentes grupos humanos que residen en el
territorio nacional.
5.3. Este
pluralismo puede reflejarse en el servicio público de educación, por cuanto un
grupo de personas pueden agruparse para fundar un establecimiento educativo a
través del cual se fomente e incentiven ciertos valores, dentro de los que
caben los religiosos. En esta medida, la Constitución reconoce la posibilidad
de que los particulares funden establecimientos educativos confesionales. Los
establecimientos públicos son los únicos que tienen el deber constitucional de
no obligar a ninguna persona a recibir educación religiosa (art. 68, CP). El
orden constitucional vigente se aparta de formas de organización del Estado en
las que, por ejemplo, se impone el deber de excluir por completo la religión en
el ámbito de la educación, o por el contrario, de formas en la que se exige que
un credo religioso oriente a todos los planteles educativos.
5.4. El
pluralismo se garantiza reconociendo que la oferta educativa sea diversa. Se
debe asegurar a las personas la posibilidad de escoger el establecimiento
educativo que se adecue a sus intereses y valores. Como lo dijo la Corte, la
protección de esa diversidad, “(…) comprende la garantía de que haya
establecimientos educativos, en cuanto a la dimensión religiosa, tanto de
orientación laica, o agnóstica, como de inspiración confesional; y dentro de
esta segunda categoría, establecimientos inscritos en diferentes denominaciones
religiosas, aún las minoritarias en el contexto colombiano.”[50]
Ahora bien, lo
que garantiza que los establecimientos educativos fundados por particulares
representen una expresión del pluralismo es la forma como éstos se presentan a
la sociedad. Cuando una persona está escogiendo un plantel educativo, bien sea
para sí mismo o para sus hijos, tiene el derecho a saber cuál opción educativa
representa cada uno con toda claridad.
5.5. En resumen, el pluralismo en el ámbito
de la educación contempla  (1) el derecho de toda persona a fundar
establecimientos para prestar el servicio público de educación, bajo la
autorización vigilancia y control del Estado,  (2) el derecho de las personas
de poder escoger entre una serie de opciones educativas, para sí o para sus
hijos, que reflejen las diversas visiones y valores sociales, entre ellas las
religiosas.  Este derecho, que contempla la garantía de que el estado promoverá
la existencia de esta diversidad, ha sido desarrollada por el legislador
reivindicando, por ejemplo, la protección y promoción de los valores
autóctonos.[51]
Así pues, como
bien lo señala el Colegio de la Sagrada Familia, su orientación
religiosa constituye el legítimo ejercicio de una libertad constitucionalmente
reconocida.  Por ello el Manual de Convivencia advierte que el “Proyecto
Educativo Católico de la Institución [PEI] propicia una educación humanizante,
personalizada, liberadora y socializante de la persona y por ella han optado
los padres de familia dado el ejercicio del derecho de libertad de enseñanza
‘consagrado en la Carta Magna y del que hace eco el artículo 11 del código del
menor’.”
6. Todo
establecimiento educativo privado, incluyendo aquellos de carácter confesional,
deben reconocer y promover la defensa de la Constitución y el pluralismo propio
de una sociedad democrática.
Un establecimiento educativo de carácter confesional e inspirado en
la religión católica, tiene la libertad de elegir la orientación específica que
tendrá el tipo de formación integral que promoverá e impartirá entre los
alumnos, sin detrimento de la obligación de garantizar y promover el respeto de
los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. En este mismo sentido
se encuentra consagrado el derecho de los particulares a fundar
establecimientos educativos en el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y
Culturales (PDESC), que en el párrafo 4 del artículo 13 establece que nada de
lo dispuesto sobre el derecho a la educación se interpretará como una
restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y
dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que  (1) se respeten los
principios que rigen el derecho a al educación[52]
y  (2) de que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas
mínimas que prescriba el Estado.[53]
Una sociedad democrática, plural y abierta, debe garantizar a todo
menor y a todo adolescente, por igual, el derecho a construir libremente su
proyecto de vida.  Por tal razón, este límite a las decisiones de todo plantel
educativo, depende también de la edad, la madurez y el grado educativo en el
que se encuentre la persona. La jurisprudencia se ha pronunciado en diferentes
casos al respecto. La Corte ha señalado límites a las potestades regulativas de
los centros escolares en las etapas de ingreso al sistema educativo (por
ejemplo, impidiendo que se discrimine a un menor al impedirle el ingreso a
un colegio confesional porque sus padres no se encuentran casados por el rito
católico), durante su permanencia en el Sistema (como el caso objeto de la
presente acción de tutela),[54]
e incluso en el contexto de la educación superior (por ejemplo, al decidir que constituye
una amenaza grave y real a la libertad de conciencia, exigirle a
un estudiante universitario que curse una asignatura que por su contenido,
finalidad y metodología, lo lleva a revelar sus creencias y convicciones).[55]
6.1. Así pues, “[l]os dogmas católicos orientadores de la educación
impartida por una institución educativa no deben oponerse al pluralismo
y a la dignidad humana propugnados en nuestro Estado Social y Democrático de
Derecho.”
Así lo decidió esta Corte en la sentencia T-749 de 2003 (Jaime
Araujo Rentería), en la que consideró constitucionalmente inaceptable que la
Rectora del Colegio de las Hijas de María de las Esclavas, en Bogotá, hubiera
remitido una nota escrita a un docente alegándole que dicho plantel educativo “(…)
es un Colegio Católico, con una filosofía concordante en estos
principios, a la que deben acogerse los docentes; advertencia que yo como
rectora, hago a los profesores antes de firmar su contrato laboral”, en
razón a que se había expresado públicamente ante las alumnas en contra de las
afirmaciones de un conferencista que presentó una exposición sobre machismo.
6.2. La Rectora del Colegio de las Hijas de María de las Esclavas,
en Bogotá, había sancionado y posteriormente despedido al docente (de
matemáticas),[56]
entre otras razones, por cuanto su conducta desautorizaba a las directivas del
colegio y a la Asociación de Padres de Familia, quien le había dado el visto
bueno a la conferencia. El profesor alegó haber intervenido en defensa de su
criterio, imparcial y científico, y en defensa del derecho a la educación de
las niñas y adolescentes, por considerar que las aseveraciones que hacía el
conferencista mancillaban la honra de las alumnas.[57] La Corte decidió
que en virtud del derecho fundamental a la libertad de expresión, el profesor
“(…) no solamente en su calidad de docente del centro educativo, sino en la
de persona tenía el derecho de intervenir, como lo hizo, en la conferencia (…)”.
6.3. La Corte Constitucional confirmó las decisiones
adoptadas por los jueces de primera y segunda instancia de tutelar los derechos
fundamentales a la honra, al buen nombre y la libertad de expresión del
accionante señor Álvaro Arturo Sanjuán Cuellar.[58] En su decisión, el
Juzgado de primera instancia tuteló los derechos del accionante y ordenó
que en el término de 12 horas, una vez conocido el fallo, se pronunciara de
manera verbal y escrita aclarando la situación generada frente al accionante
ante la Comunidad Educativa,[59]
con copia a la Comisaría 13 de Familia, el Centro Administrativo de educación
Local (CADEL) al que la institución se encuentre escrita y a la Asociación de
Padres de Familia.”[60]
Las medidas de protección
dispuestas por el Juez de primera instancia, fueron confirmadas en segunda
instancia y en sede de revisión por la Corte Constitucional, en razón a que las
manifestaciones hechas por la rectora en contra del profesor trascendieron a
los distintos espacios de la comunidad, afectando su seguridad personal, su
integridad moral y su honra frente a toda la esfera social en la que él se
desenvolvía.
6.4. En resumen, para la jurisprudencia constitucional, el derecho
de los particulares a fundar instituciones educativas confesionales no conlleva
la facultad de suspender o limitar, mediante un reglamento escolar, la vigencia
de la Constitución Política de Colombia a sus estudiantes, sujetos de especial
protección constitucional, ni la facultad de desconocer los derechos
constitucionales, los principios y valores propios de un estado social y
democrático de derecho.
6.5. Se reitera entonces que el Colegio de la Sagrada Familia
carecía de toda competencia o facultad para sancionar, reprender o amonestar a
Cristina Espinosa Salinas al ejercer, libre y autónomamente, su derecho a
fundar una familia contrayendo matrimonio civil.  Las instituciones educativas
deben respetar el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales y no
pueden tomar medidas que lo restrinjan, independientemente de su carácter
confesional.
6.6. Ahora bien, esta Sala considera importante señalar que en el
caso del Colegio de la Sagrada Familia el límite antes mencionado no
surge únicamente de la Constitución, los Convenios sobre Derechos Humanos y la
Ley. Es el propio Manual de Convivencia de la institución educativa el que
reconoce a las estudiantes su libertad, su autonomía y su capacidad crítica
para tomar las decisiones acerca de su vida
6.6.1. Según el
Manual de Convivencia del Colegio de la Sagrada Familia de Montería
(Córdoba), plantel educativo fundado en 1923 por la Comunidad de las Hermanas
Terciarias Capuchinas y de reconocida importancia para la comunidad y la
región, apunta a “la formación integral de los estudiantes” y a que las educandas
practiquen “los valores que le dan un sentido de pertenencia a una comunidad
cultural y a la Iglesia Católica Universal, de tal manera que se convierta en
un constante testimonio de Fe y Amor.” Es una “institución educativa de
carácter privado religioso, femenino, legalmente aprobado (…) que imparte
enseñanza formal en los niveles de preescolar, básica (primaria y secundaria) y
media vocacional en la modalidad académica.” (artículo 1° del Manual de
Convivencia)
6.6.2. El
Colegio tiene como misión la “formación holística de la mujer”,
enfatizando particularmente  (i) “el desarrollo del pensamiento”,  (ii)
“la conciencia crítica”,  (iii) “el ejercicio responsable de la
autonomía y la libertad” y  (iv) “el reconocimiento de los valores
autóctonos”.  Esta misión se enmarca en el “ámbito de la cultura universal (…)
con el fin de que todos los miembros de la comunidad educativa construyan el
proceso que ha de dar sentido a su vida y oriente su acción hacia la
transformación de la sociedad según los valores del evangelio.”
6.6.3. La
institución ofrece una formación en valores que ofrece especial
importancia a la autonomía, la responsabilidad y la rectitud, entre otros.
Entendiendo por autonomía “[l]ograr la propia identidad para ejercer
adecuadamente la libertad personal; adquirir conciencia de lo nuestro, que se
acepte como es, busque el desarrollo de sus valores y para que reflexione y
asuma una actitud crítica frente a situaciones y hechos que se le presenten”;
por responsabilidad el “[c]umplimiento a conciencia de los compromisos y
deberes en todas las circunstancias de la vida”; y por rectitud “actuar
siempre con responsabilidad y evitar la dualidad en la manera de hablar.”
6.6.4. Con
relación a los propósitos del Colegio dice el Manual,
“La institución busca
formar a la mujer en el respeto a los derechos humanos, a la paz y la
democracia y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento
cultural científico, tecnológico y para la protección del ambiente. La acción
pedagógica y formativa se enmarca dentro de los principios de compromiso, convivencia
y tolerancia, dando alternativas para la realización personal y bajo el
lema educativo: cumple con tus deberes y no tendrás que reclamar tus
derechos.
(…)
Todos los estamentos de
la comunidad educativa están comprometidos en el cumplimiento del presente
reglamento escolar a fin de que la convivencia civilizada llegue a ser
auténticamente solidaria y comunitaria que prepare a las jóvenes para ser
ciudadanas íntegras, libres y autónomas, competentes intelectualmente y con
relaciones interpersonales satisfactorias.” (acento fuera del texto
original)
Dentro de esta
perspectiva democrática, respetuosa de un desarrollo libre, armónico e
integral de las niñas, la filosofía institucional “reconoce que todo ser
humano como persona tiene capacidad para pensar en forma crítica, profunda y
original, tiene capacidad para decidir por sí misma, sobre su proyecto de
vida y capacidad para amar y por consiguiente trascender su individualidad para
formar comunidad” (acento fuera del texto original). El Colegio promueve una
pedagogía en valores, para que cada una de las niñas “asuma desde la vivencia
del evangelio su compromiso histórico y trascendente”. Además, “[f]omenta el
estudio de los propios valores y el conocimiento y respeto de los valores
característicos de los diferentes grupos humanos”, y “[c]ontribuye al
desarrollo de la persona y la sociedad sobre la base del respeto por la
vida y por lo derechos humanos.” (acento fuera del texto original)
6.6.5. Además, las alumnas del Colegio de
la Sagrada Familia en Montería no sólo encuentran protegidos sus derechos por
la Constitución, la ley y el Manual de Convivencia de su Institución, también
por el Proyecto Educativo Institucional (PEI).
La Rectora remitió al proceso apartes del
PEI del Colegio, el cual reconoce que “[h]oy por hoy se han creado reformas
educativas como la enmarcada en la Ley 115 que propone en síntesis la formación
integral del educando, insistiendo en el rescate de valores autóctonos con
miras a dar sentido de pertenencia a la realidad ciudadana, reconociendo a la
vez la necesidad de la cobertura del servicio de la educación básica y media
académica (…)”. El PEI advierte que estas “(…) ambiciones no están satisfechas
en Colombia, debido a que el proceso educativo sufre efectos de la politización
que se vive en nuestro país.” Una de las fallas específicas a las que se hace
referencia es la falta de compromiso con la democracia. Al respecto dice,
“(…) los
administradores educativos presentan dificultades para entender que la
democracia es el elemento fundamental en el progreso de las actividades del ser
humano, especialmente en el aprendizaje en donde la libre participación juega
un papel preponderante, sin embargo, algunos pretenden dejar a la
democracia en el simple concepto, desconociendo la dinámica que esta lleva
implícita.
En nuestra región el
problema educativo presenta complicaciones entre ellas, la falta de unificación
de criterios frente a los nuevos cambios, lo que conlleva a un desorden
generalizado por la falta de voluntad en el mismo docente para que haga frente
al necesario cambio de actitud. Otro factor es la lentitud con la que actúan
las autoridades educativas altamente politizadas que obstaculizan el desarrollo
pleno de la educación.”  (acento fuera del texto original)[61]
6.7. Finalmente, una vez considerado el carácter confesional del
Colegio de la Sagrada Familia, la Sala de Revisión estudiará la sanción
tal cual como está considerada en el reglamento del Colegio, a la luz de la
Constitución y la jurisprudencia.
7. Las sanciones de todo
reglamento y Manual de Convivencia escolar deben poder ser conocidas
previamente por los alumnos, con claridad y certeza, y deben ser aplicados de
acuerdo a su sentido pedagógico y formativo
7.1. La Rectora del Colegio justificó la decisión de no admitir a
Cristina Espinosa Salinas a cursar el undécimo grado, entre otras razones, en
que la conducta por ella realizada “(…) violó el reglamento del Colegio en su
parte de deberes — casos especiales, Numerales 11 y 13”.[62]
7.2. Teniendo en cuenta las normas y precedente citados, el
argumento no es de recibo. Como se indicó,  (1) la decisión de la accionante de
casarse civilmente está protegida constitucionalmente y  (2) si la norma de un
reglamento o el Manual de Convivencia la prohíbe, no puede ser aplicada.
7.3. Sin embargo, aplicar las reglas citadas al caso que se estudia
merece una consideración adicional, pues la norma del Manual de Convivencia que
dio sustento a la decisión del Colegio de la Sagrada Familia no señala
expresamente el comportamiento realizado por la alumna. En efecto, las
disposiciones reglamentarias que fundamentaron la decisión de no recibir a la
alumna son de carácter amplio y tienen que ser interpretadas para entender
incluidas dentro de ellas la conducta sancionada. Estas son:
Artículo 21.— Deberes
de las estudiantes:  Los comportamientos de la estudiante influyen
directamente en el ambiente en que se desenvuelve y el ánimo de los demás, por
lo tanto sus actuaciones deben orientarse a propender por el bienestar de la
colectividad.  Lo que es correcto o incorrecto lo determinará cada individuo
a través de la reciprocidad. La autonomía, el respeto mutuo
y la formación integral que se le brinda en la Institución esperando que
el estudiante trate a los demás como él desea ser tratado. Igualmente se
espera que cumpla sus deberes por convicción y no por miedo al castigo ó a la
autoridad, tomándolos como una guía susceptible al análisis y a la búsqueda de
nuevas alternativas.
(…)
Casos Especiales
(…)
11. Mostrar comportamientos
considerados socialmente o por la comunidad educativa como inadecuada y que
desdigan de la formación dentro y fuera del Colegio.
(…)
13. Y todos los actos
graves a juicio del Colegio, profesores o directivas, o por la Ley.[63]
7.4. De la simple lectura de las dos disposiciones en que se
sustento la decisión del Colegio de la Sagrada Familia se puede concluir
que la conducta “contraer matrimonio civil” no está expresamente prohibida. Se
trata de una interpretación de las mismas. Ahora bien, el que los textos
normativos citados estén redactados de forma tan amplia plantea otra cuestión:
¿puede una norma de carácter sancionatorio en el ámbito escolar no describir
las conductas que son objeto de sanción, o hacerlo de forma vaga y ambigua?  La
jurisprudencia constitucional también se ha pronunciado al respecto.
7.5. En la Sentencia T-391 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández),
antes mencionada, la Corte decidió que los reglamentos o manuales de
convivencia de las instituciones educativas  (1) deben garantizar los
presupuestos necesarios del debido proceso, por lo que las reglas de
conducta que dan origen a una sanción deben estar determinadas previamente en
la ley o el reglamento de la institución. También consideró que  (2) las
sanciones que puedan imponerse deben encontrarse expresamente señaladas en
el manual de convivencia, pues sólo con ello la persona puede comprender la
dimensión y los efectos derivados de su comportamiento.
Por tanto, en virtud del derecho al debido proceso, los procesos
disciplinarios que adelante una institución educativa deben tener como
fundamento el principio de publicidad. De esta forma los estudiantes acusados
pueden conocer oportunamente los cargos que se le imputan y pueden así ejercer
su derecho a la defensa.[64]
7.6. Pese a lo anterior, debe advertirse que la protección
constitucional no sólo exige a las autoridades escolares actuar de acuerdo al
principio de legalidad. Si bien es cierto que este debe ser observado para
permitir a los estudiantes conocer cuáles son las conductas que no deben
realizar y poder prever las consecuencias de sus actos, en caso de realizarlas,
también es cierto que los Manuales de Convivencia no son parte de la
legislación penal.
Los reglamentos escolares pueden contemplar normas de carácter
sancionatorio y en esa medida están llamados a ofrecer garantías para poder
ejercer una debida y adecuada defensa. Pero no debe olvidarse que ante todo son
herramientas legítimas de todo plantel educativo para conducir y guiar el
proceso formativo de sus estudiantes.  Como lo ha dicho esta Corte, el “(…)
poder disciplinario de las autoridades educativas sobre los estudiantes, que
emana de los aludidos reglamentos o manuales de convivencia, antes que un
instrumento de coacción constituye un medio que sirve a los objetivos de la
educación de proporcionar a los educandos una formación en los valores morales,
sociales y cívicos, aparte de la instrucción en el conocimiento de las ciencias
y de la cultura que le permitan definir y afirmar su personalidad y ejercer sus
potencialidades humanas. (…)”[65]
7.7.  En el presente caso,
además de sancionar un comportamiento amparado por la Constitución y las normas
sobre derechos humanos, el Colegio de la Sagrada Familia de Montería sancionó
a Cristina Espinosa Salinas, con base en dos disposiciones que desconocen de
forma grave y manifiesta sus derechos constitucionales al debido proceso y a la
defensa. Ninguna de las dos normas consagra cuáles son las acciones que se
consideran sancionables, ni cuáles las sanciones que se impondrían en caso de
cometerlas. La primera de ellas se refiere a los “comportamientos” que “socialmente”
o “la comunidad educativa” consideren  (i) inadecuados y
(ii) que desdigan de la formación dentro y fuera del Colegio. La segunda
condena todo acto que sea grave “a juicio” del Colegio, de los profesores, de
las directivas, o por la Ley. Se trata pues, de reglas que no informan a las
estudiantes cuáles son los comportamientos que son sancionables. Simplemente
les advierten que todas aquellas acciones que realicen y “a juicio” de las
directivas sean “inadecuadas”, “desdigan de la formación” o sean consideradas
“faltas graves” serán objeto de un castigo no anunciado.
El respeto al principio de legalidad, al debido proceso y al derecho
a la defensa en el ámbito escolar hacen parte integral de la formación de todo
estudiante. Por eso, al violarlos también se desconoce el derecho de toda
persona a ser formada en el respeto de los derechos humanos. Flaco favor se
hace al propósito de construir una sociedad democrática cuando las
instituciones educativas forman a sus estudiantes en un contexto regulado por
normas que no son claras y los someten a prácticas arbitrarias.
En conclusión, las disposiciones reglamentarias acusadas en el
presente caso por Cristina Espinosa Salinas no son inaplicables por contemplar
como falta un comportamiento amparado constitucionalmente (contraer matrimonio
civil); son inaplicables por desconocer abiertamente el principio de legalidad,
poniendo en riesgo los derechos al debido proceso y a la defensa de ella y del
resto de la comunidad académica.
8. Medidas de protección para garantizar el desarrollo libre,
armónico e integral y el pleno ejercicio de sus derechos a Cristina Espinosa
Salinas, así como los de las demás estudiantes del Colegio de la Sagrada
Familia, Montería
Una vez constatada la violación de los derechos de Cristina Espinosa
Salinas por parte de su colegio, la Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional debe adoptar las medidas  de protección adecuadas
y necesarias para garantizar su desarrollo, libre armónico e integral, así como
el pleno ejercicio de sus derechos.
8.1. Protección a los derechos de Cristina Espinosa Salinas
A Cristina Espinosa Salinas se le desconocieron sus derechos
fundamentales a la educación, a la igualdad (en especial, a la igual protección
a todo menor adolescente), a la libertad y autonomía, y al debido proceso.
No se le permitió continuar sus estudios en el plantel educativo
elegido por ella y en el cual ha cumplido, a plenitud, los requisitos
académicos y disciplinarios. Como se dijo en los antecedentes de este fallo,
Cristina Espinosa Salinas ha tenido a lo largo de sus estudios escolares un
desempeño “notable”.  Es una estudiante que cumple sus deberes, los asume con
plena responsabilidad y seriedad, y obtiene excelentes resultados.[66] Que la estudiante Cristina
Espinosa Salinas haya continuado sus estudios en otra institución no significa
que no se haya violado su derecho, significa que en la práctica la decisión
adoptada por el Colegio de la Sagrada Familia no llegó a afectar tan
gravemente su educación y formación integral.
Así pues,  [1] la primera medida de protección que adoptará la Sala
es ordenar al Colegio de la Sagrada Familia que en el término de 48
horas reciba a Cristina Espinosa Salinas al curso de 11° grado, si éste sigue
siendo su deseo, para que lo pueda culminar el presente año. Para que esta
medida sea efectiva, debe ofrecerse varias garantías. La primera de ellas es
que el Colegio, por intermedio de sus profesores, debe brindar oportunidades
especiales, particulares y efectivas que le permitan a la estudiante
actualizarse y ponerse al día con el resto de sus compañeras. Por supuesto,
esto no quiere decir que la estudiante podrá graduarse automáticamente; ella
está obligada a cumplir, en condiciones de igualdad, los demás requerimientos legales
y reglamentarios exigidos al resto de sus compañeras.
La segunda es que las autoridades, los funcionarios y los órganos
educativos no pueden darle a Cristina Espinosa Salinas un trato diferente que
le cause perjuicio, que la excluya o la margine, porque ello viola su derecho a
la igualdad. El desconocimiento de esta orden constituye un grave desacato a
esta sentencia. Por tanto, no puede el Colegio, por ejemplo,  (i) aumentar
sus exigencias de carácter académico, (ii) seguir censurando ante la
comunidad académica su actuar, (iii) darle un tratamiento especial en
ceremonias como el grado o  (iv) hacer anotaciones o leyendas especiales
en su diploma.
8.2. Protección a las estudiantes del Colegio de la Sagrada
Familia
Ahora bien, vistos los hechos
del caso se concluye que los derechos de Cristina Espinosa Salinas no son los
únicos que fueron afectados y se ven en riesgo por la actuación de la entidad
demandada. Las normas vagas y ambiguas del reglamento, violatorias en sí mismas
del derecho fundamental al debido proceso, afectan por igual al resto de la
comunidad académica.
Ahora bien, para la Sala la actuación del Colegio de la Sagrada
Familia no es de mala fe. Por el contrario, el Colegio cree sinceramente
que cuenta con el derecho a tomar la decisión que adoptó y fue cuestionada a lo
largo del presente proceso. Su buena fe se refleja, por ejemplo, en que nunca
la Rectora del Colegio asumió una posición falsa, estratégica o encubierta.
Expuso de forma clara y diáfana su posición y la del Colegio a lo largo de las
diferentes actuaciones procesales, lo que confirma la seriedad y honestidad de
la institución. No obstante, está falta de conciencia en la afectación de los
derechos fundamentales demuestra que los derechos de las demás alumnas del
plantel corren el mismo riesgo, y que las autoridades encargadas no han
adoptado las medidas adecuadas y necesarias para corregir esta situación. A la
vez, esta situación demuestra que no se está cumpliendo a cabalidad la
obligación de enseñar y difundir la Constitución a sus estudiantes, pues no se
les instruye acerca de los derechos fundamentales constitucionales expuestos en
esta sentencia y de los cuales son titulares (art. 41, CP).[67]
Como se dijo, las normas inconstitucionales de un Colegio de
carácter confesional deben ser modificadas. En la sentencia T-510 de 1994 (MP
Jorge Arango Mejía), antes citada,[68]
se consideró que “(…) si al Estado corresponde velar por la formación moral de
los educandos, no contribuye a ésta el que los colegios particulares mantengan
en sus reglamentos normas discriminatorias insensatas y anacrónicas. La moral
general vigente entre nosotros, prohíbe tales conductas.  Y por este aspecto,
es evidente que éstas son un mal ejemplo, no sólo para los estudiantes a
quienes se rechaza por este motivo, sino para los que se admiten.” Por tanto, y
teniendo en cuenta que la regulación y la vigilancia del Estado tiene entre
otras finalidades “asegurar a los menores las condiciones necesarias para su
acceso y permanencia en el sistema educativo” (artículo 67, CP), señaló que
“los funcionarios del Estado a quienes por competencia corresponden estos
asuntos, no puedan mirar con indiferencia la conducta de quienes pretenden
revivir prácticas prohibidas expresamente por la Constitución y por la ley.” En
el mismo sentido, en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño,
Colombia debe asegurar “que las instituciones, servicios y establecimientos
encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas
establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de
seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación
con la existencia de una supervisión adecuada.” (art. 3-3, CRC)
Desde la fecha en que la jurisprudencia constitucional se manifestó
en este sentido (noviembre de 1994) ha transcurrido casi una década, no
obstante casos como el de Cristina Espinosa Salinas son un prueba de que las
entidades de la vigilancia y control de las instituciones educativas nacionales,
no han cumplido su deber de adoptar las medidas adecuadas y necesarias
para evitar que los estudiantes y las estudiantes sean discriminados por
constituir una familia; contraer matrimonio [de cualquier tipo] o por estar
embarazada o ser conjuntamente responsable de un embarazo.
Debe también manifestar esta Sala su preocupación por el hecho de
que los dos jueces de instancia, en especial el primero, hayan omitido los
mandatos constitucionales citados a lo largo del presente fallo, cuya
aplicación ha sido reiterada ampliamente por la jurisprudencia constitucional.
La jurisprudencia no es una fuente obligatoria de derecho que amarre al juez
como lo hace la Constitución o la Ley; pero como lo ha señalado esta
Corporación, cuando un juez decide apartarse de la jurisprudencia de los altos
tribunales, tiene el deber, por lo menos, de dar razones que justifiquen esta
posición.[69]
Teniendo en cuanto lo dicho, se adoptaran tres medidas adicionales
de protección en el presente caso.  [3] Por una parte el Colegio deberá
inaplicar las disposiciones del Manual de Convivencia en virtud de las cuales
se sancionó a Cristina Espinosa Salinas en el presente caso, y abstenerse de
hacerlo en cualquier otro caso disciplinario, hasta tanto se modifiquen de
forma tal que respeten el principio de legalidad y el derecho al debido
proceso. El proceso de reforma del Manual de Convivencia que se requiere para
ajustarlo al orden constitucional vigente, debe garantizar el derecho de
participación de la comunidad académica, en especial, la participación de las
alumnas del Colegio.
[4]  Además, se ordenará que se haga una presentación pedagógica de
los derechos constitucionales tratados en el presente caso a las alumnas de los
grados 9°, 10° y 11° y a los profesores del Colegio de la Sagrada Familia de
Montería. A cada grupo se hará una presentación por separado. Esta promoción
pedagógica la deberá hacer el Colegio en ejercicio de su autonomía
institucional, para lo cual contará con la colaboración y acompañamiento de la
Defensoría del Pueblo, en virtud de sus funciones.[70] Para esta promoción se
deberán observar los siguientes criterios:
[4-i]  Teniendo en cuenta que a lo largo de
este proceso se ha presentado a Cristina Espinosa Salinas como una estudiante
que cometió una grave falta disciplinaria, afectando su imagen y buen nombre
ante la comunidad educativa, y en general en Montería, la promoción pedagógica
que se haga debe aclarar lo sucedido indicando que su proceder no solo no es
una falta, sino que está amparada constitucionalmente. Deberá aclararse que su
la conducta no viola el derecho a las demás estudiantes de educarse según su
creencias religiosas; por el contrario, es una oportunidad para enseñar y
aprender a tolerar y respetar a los demás, dentro del respeto al pluralismo
(art. 1°, CP).
[4-ii]  Teniendo en cuenta que el propósito
primordial de esta orden es asegurar los derechos de los adolescentes, es
importante que por ningún momento se niegue o afecte la autoridad y respeto de
la Rectora, las directivas y los profesores del Colegio. Reconocer que se tomó
una decisión no amparada por la Constitución es motivo de aprendizaje y
crecimiento colectivo de la comunidad.  La Sala Tercera de Revisión reconoce al
igual que Cristina Espinosa Salinas el valor que representa para una
adolescente haber egresado del Colegio de la Sagrada Familia; no otra
cosa explica la voluntad férrea y persistente de tan notable alumna para
regresar a su Colegio y culminar allí sus estudios.
[4-iii]  La promoción de la presente sentencia
a las estudiantes de los grados 10° y 11° debe hacerse teniendo en cuenta su
edad, madurez y el nivel educativo en el que se encuentran. Según la Ley
General de Educación (Ley 115 de 1994) la educación media[71] constituye la
culminación, consolidación y avance en el logro de los niveles anteriores y
comprende dos grados, el décimo (10) y el undécimo (11). Esta etapa del proceso
educativo tiene como fin  (1) “la comprensión de las ideas y los valores
universales” y  (2) “la preparación para el ingreso del educando a la educación
superior y al trabajo” (art. 27, Ley 115 de 1994).  Dentro de los objetivos
específicos de la educación media académica la Ley General de Educación
contempla desarrollar “la capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples
aspectos de la realidad y la comprensión de los valores éticos, morales,
religiosos y de convivencia en sociedad”.
[4-iv] Finalmente, la Corte reconoce la libertad que
tiene el Colegio para orientar y guiar a sus estudiantes en la toma de decisiones
tan importantes como lo son fundar una familia o contraer matrimonio. Por
supuesto, respetando los mandatos constitucionales, sin afectar los derechos de
Cristina Espinosa Salinas o cualquier otra alumna en especial a su autonomía y
su intimidad y, ante todo, respetando los deberes de solidaridad, amor y
cuidado para con todo menor.
[5] Por último, la Sala remitirá una copia de la presente
sentencia a la Defensoría del Pueblo para que ésta, en desarrollo de sus
funciones, en especial, la de divulgar los derechos humanos y recomendar las
políticas para su enseñanza (art. 282, CP), adopte las medidas adecuada y
necesarias conjuntamente con los colegios privados, para garantizar que cuando
se imparta la enseñanza de la Constitución Política de 1991 se incluyan los
derechos fundamentales que han sido objeto de análisis en el presente caso.
Ahora bien, habida cuenta el desconocimiento de las reglas
constitucionales por parte de los jueces de instancia, la defensoría del Pueblo
podrá adoptar las medidas adecuadas y necesarias para que estos derechos sean
promovidos en los programas de formación de jueces.
8.3. Dicho lo anterior, la Sala tutelará los derechos fundamentales
a la educa
ción, a la igualdad (en especial, a la igual protección a todo menor
adolescente), a la libertad y autonomía, y al debido proceso de Cristina
Espinosa Salinas y adoptará las medidas de protección referidas.
III. DECISIÓN
En
conclusión, un manual de convivencia le da un trato desigual, carente de justificación,
a las alumnas y los alumnos que han decidido formar una familia (por ejemplo,
por contraer matrimonio civil); una forma de composición de la familia que se
encuentra amparada por la Constitución (art. 42). Por tanto (i) “los reglamentos de un colegio,” (ii)
“los manuales de convivencia de las instituciones educativas” y  (iii)
“las medidas de los órganos de un establecimiento educativo” no pueden
establecer sanciones académicas o disciplinarias a una estudiante por las
decisiones que ésta adopte para afirmar su identidad sexual. Incluso si sus
conductas comprenden casarse o convivir en unión de hecho y la consecuencia de
su opción consciente y libre sea quedar en estado de embarazo.
También
decide la Sala que la mera vigencia de reglas de contrarias a la Constitución
Política, por desconocer el principio de legalidad, constituye una amenaza
real, al derecho a la autonomía de las estudiantes y los estudiantes.
Las
autoridades, funcionarios y órganos educativos no pueden darle un trato
diferente que le cause perjuicio a la estudiante, que la excluya o la margine
por haber fundado una familia, porque ello viola su derecho a la igualdad.
Se vulneran los derechos fundamentales al debido proceso, a la
educación y a la intimidad de un alumno cuando se le impone una sanción por un
comportamiento que hace parte exclusiva de su intimidad, como tener relaciones
sexuales con una persona casada.
En
mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional,
en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-
Revocar la sentencia proferida por el Juzgado
Primero Penal de Circuito de Montería, del 12 de marzo de 2004, en el proceso
de la acción de tutela de Cristina Espinosa Salinas contra el Colegio de la
Sagrada Familia y, en consecuencia, tutelar sus derechos fundamentales a
la educación, a la igualdad (en especial, a la igual protección a todo menor
adolescente), a la libertad y autonomía, y al debido proceso.
Segundo.- Ordenar, por intermedio de la
Secretaria General, al Colegio de la Sagrada Familia de Montería admitir
al Colegio a Cristina Espinosa Salinas, si ella aún lo quiere, para que culmine
el grado 11° de educación media el presente año (2004) en igualdad de
condiciones al resto de sus compañeras. Para que esta medida sea efectiva,
(i) el Colegio debe ofrecer, por intermedio de
sus profesores, oportunidades especiales, particulares y efectivas que le
permitan a la estudiante actualizarse y ponerse al día con el resto de sus
compañeras; y
(ii) las autoridades, los funcionarios y los
órganos educativos no pueden darle a Cristina Espinosa Salinas un trato
diferente que le cause perjuicio, que la excluya o la margine, porque ello
viola su derecho a la igualdad.
Tercero.- Inaplicar los numerales once
(11) y trece (13) de los CASOS ESPECIALES, contemplados en el artículo 21 del
Manual de Convivencia del Colegio de la Sagrada Familia de Montería
(Córdoba) hasta tanto no se modifique el reglamento de forma tal que respete el
principio de legalidad y el derecho al debido proceso. La reforma del Manual de
Convivencia debe hacerse mediante un procedimiento que permita la participación
de la comunidad educativa, en especial la participación de las alumnas, el cual
habrá de comprender lo dispuesto en el numeral cuarto de la parte resolutiva de
esta sentencia.
Cuarto.- Ordenar, por intermedio de
Secretaría General, que a más tardar tres semanas después de la notificación de
este fallo y como parte del proceso orientado a la reforma del Manual de
Convivencias, se presenten pedagógicamente los derechos constitucionales de los
menores adolescentes tratados a lo largo de esta sentencia a las alumnas de los
grados 9°, 10° y 11° y a los profesores del Colegio de la Sagrada Familia de
Montería. A cada grupo se hará una presentación por separado. La promoción
pedagógica la deberá hacer el Colegio autónomamente, con la colaboración y
acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. Para cada una de las presentaciones
deberán tenerse en cuenta los parámetros indicados en las consideraciones de
esta sentencia [apartado 8.2].
Quinto.- Ordenar a la Secretará General
que en 48 horas remita copia de la presente sentencia a la Defensoría Delegada
para los Derechos de la Niñez, la Juventud y la Mujer de la Defensoría del
Pueblo para que brinde la cooperación necesaria a las directivas del Colegio de
la Sagrada Familia para dar cumplimiento al numeral cuarto de la parte
resolutiva de esta sentencia.
Sexto.- La copia de la sentencia también
se remite a la Defensoría Delegada para los Derechos de la Niñez, la Juventud y
la Mujer de la Defensoría del Pueblo, para que ésta, en desarrollo de sus
funciones constitucionales y de común acuerdo con los colegios privados, y
disponga lo necesario para promover la enseñanza de los derechos
constitucionales estudiados en el presente caso. De igual forma, deberá
promoverse la enseñanza de estos derechos constitucionales entre los jueces.
Séptimo.- Ordenar a la
Secretaria General remitir copia de la presente sentencia al Juzgado Primero
Penal del Circuito de Montería.
Octavo.- Librar, por medio de la
Secretaría General, las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991.
Séptimo.- Para garantizar la efectividad
de los derechos de Cristina Espinosa Salinas, el Juzgado Primero Penal
Municipal deberá notificar la presente sentencia dentro del término de 2
días después de haber recibido la comunicación, de conformidad con el artículo
36 del Decreto 2591.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitu­cional y cúmplase.
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] La mayoría de materias cursadas por la
estudiantes han sido calificadas cualitativamente con “excelente” o
“sobresaliente”, algunas pocas con “bien” o “aceptable”.
[2] La Rectora del Colegio participó en el
proceso mediante escrito del 27 de enero de 2004.
[3] Colegio de la Sagrada Familia, Manual de
Convivencia, artículo 21. Deberes de las estudiantes: (…) Casos
especiales. (…) 11. Mostrar comportamientos considerados socialmente o por
la comunidad educativa como inadecuada y que desdigan de la formación dentro y
fuera del Colegio.  (…)  13. Y todos los actos graves a juicio del Colegio,
profesores o directivas, o por la Ley.
[4] Dice el fallo de instancia: “La función
social del derecho a la educación implica a todos los participantes del proceso
educativo a cumplir ciertas obligaciones y gozar de ciertos derechos,
establecidos en el reglamento educativo o manual de convivencia, los cuales ha
dicho permanentemente la Jurisprudencia de la Corte sobre el particular, que
son las normas reguladoras que garantizan una mejor armonía entre los sujetos
del proceso pedagógico y entre las distintas relaciones que se producen en la
comunidad educativa. (…)”
[5] Dice el fallo de instancia: “(…) Es
importante reiterar que desde el punto de vista del ordenamiento superior, la
convivencia dentro de una determinada comunidad implica para quienes la
integran, el disfrute de una serie de derechos, acompañado al mismo tiempo de
la obligación de cumplir ciertos deberes. (…)”
[6] Dice el fallo al respecto: “Tenemos
acerca de la Igualdad, en sus múltiples manifestaciones —igualdad ante la ley,
igualdad de trato, igualdad de oportunidades— es un derecho fundamental de cuyo
respeto depende de la dignidad y la realización de la persona humana. El
principio de la Igualdad ante la Ley, que implica un mismo régimen de derechos
y deberes para las personas que por su condición física, mental o económica se
encuentra en circunstancias de inferioridad en el seno de la sociedad.”
[7] Dice el fallo: “Planteados los
argumentos anteriores que han sido de suficiente debate constitucional y de la
cual existen sentencias de ese rango (sic) consideramos que no se le han
violado ni estos derechos [educación e igualdad] ni otros de rango
constitucional conforme a lo averiguado.”
[8] En el recurso cita el siguiente aparte
de la sentencia T-516 de 1998 (MP Antonio Barrera Carbonell):  “El reglamento
de convivencia del Colegio les da un trato desigual, carente de justificación,
a las alumnas que han decidido formar una familia, por la vía de la unión
libre, la cual es una forma de composición de la familia que se encuentra
amparada por la Constitución (art. 42); ésta dispensa igual protección tanto a
la familia que se integra por el matrimonio como la que constituye por este
modo. Ninguna diferencia desde el punto constitucional se encuentra en estos
dos tipos de uniones generadoras de la conformación familiar; por lo tanto, no
es admisible desde el punto de vista constitucional un trato discriminatorio
por quienes opten por una u otra forma de vínculo familiar.”
[9] Los
párrafos jurisprudenciales usados por la Juez de instancia son los siguientes:
“La ley General de Educación (115 de 1994) autorizó a los establecimientos
educativos para expedir un ‘reglamento o manual de convivencia’, ‘en el cual se
definan los derechos y obligaciones de los estudiantes’ y estableció, además,
la presunción de que ‘los padres o tutores y los educandos al firmar la matrícula
correspondiente en representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo’
(art. 87). De igual modo, la ley estableció que ‘el reglamento interno de la
institución educativa establecerá las condiciones de permanencia del alumno en
el plantel y el procedimiento en caso de exclusión’.  ||  (…) ||  El
comportamiento del estudiante en su claustro de estudios, en su hogar y en la
sociedad, es algo que obviamente resulta trascendente y vital para los
intereses educativos del establecimiento de enseñanza, porque es necesario
mantener una interacción enriquecedora y necesaria entre el medio educativo y
el ámbito del mundo exterior, lo cual se infiere de la voluntad Constitucional
cuando se establece a modo de principio que ‘el estado, la sociedad y la
familia son responsables de la educación’.” Ambos pertenecen a la sentencia
T-386 de 1994 (MP Antonio Barrera Carbonell) y han sido reiterados en otras
ocasiones como la sentencia T-516 de 1998 (MP Antonio Barrera Carbonell).
[10] La sentencia T-386 de 1994 (MP Antonio Barrera
Carbonell) es citada por la impugnación; el aparte pertinente expone la
cuestión así: “No obstante lo anterior, a juicio de la Corte los reglamentos de
las instituciones educativas no pueden entrar a regular aspectos que de alguna
manera puedan afectar los derechos constitucionales fundamentales de los
educandos, pues si ello esta vedado a la ley con mayor razón a los reglamentos
de la naturaleza indicada. En tal virtud, dichos reglamentos no pueden regular
aspectos o conductas del estudiante ajenas al centro educativo que puedan
afectar su libertad, su autonomía o su intimidad o cualquier otro derecho,
salvo en el evento de que la conducta externa del estudiante tenga alguna
proyección o injerencia grave, que directa o indirectamente afecte la
institución educativa.”
[11] La expresión “niño”, en términos
constitucionales y de acuerdo con el Convención sobre los Derechos del Niño
(art. 1°), es toda persona menor de 18 años.
[12] En la sentencia T-341 de 1993 (MP José
Gregorio Hernández Galindo) la Corte consideró que la accionante (de 14 años)
“tenía a su alcance la acción del artículo 86 constitucional para impetrar
directamente protección de sus derechos fundamentales, como en efecto lo
hizo.”  La Corte Constitucional decidió que el colegio demandado no había
violado los derechos de la estudiante al negarse a recibirla para continuar sus
estudios en el plantel, pues se trató de una decisión razonable, fundada en el
mal comportamiento de la menor. Sostuvo que “(…) el pésimo comportamiento
disciplinario y académico de la menor, reflejado en un alto récord de faltas a
clase, en las bajas calificaciones, en los reiterados informes sobre el
carácter díscolo y caprichoso de la estudiante y en el progresivo abandono de
sus responsabilidades, hizo necesaria la actuación firme de las directivas del
plantel a objeto de que se sujetara al orden mínimo establecido en el reglamento
educativo.”  Se resolvió revocar el fallo de instancia que había concedido la
tutela a la menor.
[13] En la sentencia T-355 de 2001 (MP Álvaro
Tafur Galvis), por ejemplo, se admitió la acción de tutela interpuesta por un
menor contra una EPS, decisión que reiteró la posición jurisprudencial
recogida, entre otras, en las sentencias T-341 de 1993 y T-293 de 1994 (MP José
Gregorio Hernández Galindo) y T-456 de 1995 (MP Alejandro Martínez Caballero).
[14] En la sentencia T-070 de 1997 (MP
Antonio Barrera Carbonell; SV, M Eduardo Cifuentes Muñoz) la Corte
Constitucional decidió que es procedente acceder al reclamo de tutela de un
menor que se dirige en contra de una decisión de la Junta Administradora de una
copropiedad que amenaza sus derechos fundamen­tales a la vida, a la salud y a
la integridad personal, como ocurría en el caso estudiado al haber dispuesto un
cerramiento de las zonas verdes que generaba una situación de peligro para el
menor que interpuso la acción de tutela. La Corte resolvió ordenar a la Junta
Administradora de la Urbanización Torres del Alcázar en la ciudad de Armenia,
que en el término de 48 horas suprimiera, o procediera a remplazar el
cerramiento de protección de los prados y jardines de dicha urbanización con
materiales que no ofrezcan peligro para la vida, la salud y la integridad
física del menor demandante y la de los demás niños de la urbanización Torres
del Alcázar.
[15] En la sentencia T-409 de 1998 (MP) se decidió
que la acción de tutela es el medio judicial idóneo para que un menor se
defienda de una persona que desconoció su derecho constitucional “a no ser
explotado económicamente”, al publicar un texto en el que se incluyó un dibujo
de su autoría sin darle el crédito correspondiente. La Corte resolvió
conceder la tutela interpuesta por el menor Juan Pablo Arboleda Ramírez y ordenó
a la Universidad de Caldas divulgar públicamente la autoría del dibujo
aparecido en la página intermedia -no numerada- entre la 13 y la 15, del libro
titulado La dimensión mágica de la comunicación masiva, escrito por
Euclides Arboleda Hernández, dando crédito al menor demandante, y que en las
sucesivas publicaciones de la indicada obra, la Universidad destacará que la
creación artística del dibujo proviene de Juan Pablo Arboleda Ramírez.
[16] En la sentencia T-293 de 1994 (MP José
Gregorio Hernández Galindo) se decidió que la madre de las dos niñas que
interpusieron la acción de tutela viola sus derecho fundamental a la intimidad
al publicar un texto en el que “(…) describe, desde su particular punto de
vista, no susceptible de ser controvertido por las niñas afectadas, hechos,
lugares y circunstancias ilustrados con nombres propios, haciendo de público
conocimiento aquello que debería permanecer dentro de la reserva propia que la
Constitución garantiza a las menores y a la familia de la cual hacen parte.” La
decisión se adoptó luego de constatar que las dos niñas habían solicitado a su
madre que se abstuviera de divulgar la información, que aunque se cambiaban los
nombres era fácil identifi­carlas y que el peligro era real, pues el texto, ya
publicado en francés le había implicado a las menores dar explicaciones acerca
de su vida privada a compañeros en el salón de clase. En este caso la Corte
resolvió confirmar el fallo del juez de instancia que ordenó a la madre de las
accionantes abstenerse de publicar en Colombia su libro, u otro con el mismo
contenido de éste aunque se presente bajo otro título. Además, ordenó oficiar a
la Dirección General de la Policía Nacional que las autoridades vigilen que,
aún en el caso de publicarse dicho libro en español fuera del país, no circule
en el territorio nacional; ordenó a la madre de las accionantes abstenerse de
divulgar en Colombia hechos relacionados con la intimidad personal o familiar
de sus menores hijas; previno a  la señora que el desacato a lo resuelto en
esta providencia le acarreará las sanciones establecidas en los artículos 52 y
53 del Decreto 2591 de 1991; y advirtió a los medios de comunicación sobre la
prohibición de divulgar los nombres de las niñas en relación con los hechos
materia de este proceso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 300 del
Código del Menor.
[17] Según la sentencia T-288 de 2003 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa) para que entre hijos una diferencia de trato o la exclusión
del acceso a una oportunidad sea considerada discriminatoria, el juez de tutela
puede acudir a varios criterios, los cuales han de ser apreciados en su
conjunto, caso por caso. Según la Corte el Juez de tutela debe considerar:
“(a) Si el trato diferente o la exclusión de una oportunidad es notorio (…);
(b) Si la diferencia de trato o la exclusión de una oportunidad afecta
derechos y valores constitucionales (…);  (c) Si la afectación de tales
derechos o valores constitucionales es grave (…);  (d) Si la diferencia
de trato o la exclusión del acceso a una oportunidad se basa en un juicio de
desvalor, es decir, en la estimación de que un hijo vale más o menos que
los demás (…);  (e) Si la diferencia de trato o la exclusión de una
oportunidad carece de alguna razón legítima que pueda justificarla (…);
(f) Como la prueba de estos criterios puede ser difícil, el juez de tutela
puede apreciar los hechos en cada caso a la luz del contexto dentro del cual
han ocurrido con el fin de valorar si sucedieron en un contexto
discriminatorio. Se presenta un contexto discriminatorio cuando se constata
la existencia de alguno de los siguientes elementos:  (f-i) Un ánimo
discriminatorio (…);  (f-ii) la reiteración de la conducta
(…);  (f-iii) el trato diferencial o la exclusión de una oportunidad
se funda en un criterio sospechoso (…)”. En esta
oportunidad la Corte ordenó al padre del accionante que costeara “(…) el acceso
a la educación superior en las mismas condiciones en que ésta le fue financiada
a sus otros dos hijos (…)” La sentencia ordenó al juez de instancia garantizar
al accionante el goce efectivo del derecho a no ser discriminado, “(…) tomando
las medidas necesarias para que el señor Abelardo Porras Manosalve pague,
directa o indirectamente el costo la matricula de los semestres que le faltan
al accionante para concluir su carrera.” Además se envió copia del fallo “al
Defensor de la Defensoría del Pueblo, Regional Santander, para que en caso de
que se incumplan las obligaciones establecidas por las autoridades judiciales
en beneficio del actor, y éste acuda a la Defensoría, se le brinde el apoyo
requerido y adecuado.”
[18] En la sentencia T-341 de 1993 (MP José
Gregorio Hernández Galindo) la Corte Constitucional decidió que el colegio
demandado no había violado los derechos de la estudiante al negarse a recibirla
para continuar sus estudios en el plantel, pues se trató de una decisión razonable,
fundada en el mal comportamiento de la menor. Sostuvo que “(…) el pésimo
comportamiento disciplinario y académico de la menor, reflejado en un alto
récord de faltas a clase, en las bajas calificaciones, en los reiterados
informes sobre el carácter díscolo y caprichoso de la estudiante y en el
progresivo abandono de sus responsabilidades, hizo necesaria la actuación firme
de las directivas del plantel a objeto de que se sujetara al orden mínimo
establecido en el reglamento educativo.”  Se resolvió revocar el fallo de
instancia que había concedido la tutela a la menor.
[19] La expresión “niño” en términos
constitucionales hace referencia a toda persona menor de 18 años [al respecto
ver artículo 1° Convención sobre los Derechos del Niño.
[20] Aprobado por el Congreso de la República
mediante la Ley 74 de 1968.
[21] Aprobado por el Congreso de la República
mediante la Ley 74 de 1968.
[22] Aprobada por el Congreso de la República
mediante la Ley 12 de 1991.
[23] Convención sobre los Derechos del Niño, artículo
29.-  1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar
encaminada a:  (a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la
capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades;  (b)
Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades
fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones
Unidas;  (c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad
cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que
vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la
suya;  (d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad
libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y
amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y
personas de origen indígena;  (e) Inculcar al niño el respeto del medio
ambiente natural.  (…)”
[24] Aprobada por el Congreso de la República mediante la
Ley 51 de 1981.
[25] Liceo Departamental Integrado San
Francisco de Asís de Liborina (Antioquia).
[26] Juzgado Promiscuo Municipal de Liborina
(Antioquia).
[27] Salvamento de voto del Magistrado José
Gregorio Hernández Galindo.
[28] En este caso la Corte decidió que “la
longitud del cabello, es pauta de comportamiento que se debe inducir en el
estudiante por los mecanismos propios del proceso educativo. Nunca mediante la
vulneración de derechos fundamentales.” Para la Corte el largo del pelo no
puede ser razón para excluir a una persona del sistema educativo. En este caso,
teniendo en cuenta que los estudiantes habían logrado terminar su año escolar,
la Corte resolvió indicar como medida de protección que en todos aquellos casos
similares por sus hechos o circunstancias, “(…) siempre que se vulnere el
derecho al libre desarrollo de la personalidad en la aplicación de reglamentos
educativos, la doctrina constitucional enunciada en esta sentencia tendrá
carácter obligatorio para las autoridades, en los términos del artículo
23 del decreto 2067 de 1991.”
[29] Corte Constitucional, sentencia T-386 de 1994 (MP
Antonio Barrera Carbonell) En este caso se había decidido expulsar a un
estudiante acusado de haber seducido a varias estudiantes y haber dejado a una
de ellas embarazada. En esta oportunidad el Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz
salvo su voto, entre otras razones por considerar que “(…) no existe razón
objetiva y razonable para otorgar un trato diferente a estudiantes de sexo
masculino que el brindado a las alumnas, como consecuencia del ejercicio,
responsable o no, de la sexualidad”; a su juicio, la “tarea de los centros
educativos, independientemente de los valores que propugnen o defiendan, es
brindar consejo, apoyo, información y ejemplo al educando para el manejo
responsable de su sexualidad, no así excluirlo o castigarlo por el supuesto
disfrute desordenado o irresponsable de la misma.”
[30] En este caso la Corte estudió la acción
de tutela que interpuso una adolescente (16 años) contra el rector del Colegio
Diocesano Juan Pablo II, sacerdote Berte de Jesús Montoya, por cuanto le
impidió continuar estudiando en el décimo grado por el hecho de estar
embarazada. La Corte resolvió revocar el fallo de primera instancia
(Juzgado Segundo Penal Municipal de Apartadó) que negó el amparo solicitado.
Como medida de protección ordenó al Rector del Colegio reintegrar, en el
término de 12 horas, a la alumna, a fin de que concluya sus estudios
secundarios.
[31] Continúa la sentencia “El reto del educador en la
sociedad moderna no está en transmitir los fundamentos de un modelo específico
de vida, cualquiera sea el soporte ideológico y ético que lo sostenga, éste es
apenas uno de los compo­nentes esenciales de su compromiso principal, el cual
se sintetiza en la obligación que tiene de preparar a sus alumnos para que
éstos se desarrollen autónomamente, aceptando la diferencia y la diversidad de
ideas, y por ende la convivencia con otros paradigmas, sin desechar por ello
sus propios principios.”
[32] En esta ocasión, el Magistrado Vladimiro Naranjo Mesa
salvó su voto.
[33] En
el caso, una estudiante de décimo grado, había
presentado acción de tutela contra su colegio [Colegio Colegio Lisa Meitner (Bogotá)] por considerar que la decisión de expulsarla en
razón a tener una relación afectiva con un compañero de clase desconocía su
derecho al libre desarrollo de la personalidad. No obstante en el caso concreto
se confirmó la decisión de instancia de no conceder la tutela, pues se demostró
que el colegio había tomado su decisión con base en otras razones.
[34] Para la Corte: “Ninguna diferencia desde
el punto constitucional se encuentra en estos dos tipos de uniones generadoras
de la conformación familiar; por lo tanto, no es admisible desde el punto de
vista constitucional un trato discriminatorio [para] quienes opten por una u
otra forma de vínculo familiar.” (sentencia T-516 de 1998; MP Antonio Barrera
Carbonell).
[35] La Rectora se enteró del hecho por terceras personas;
posteriormente la alumna, en compañía de su madre, se lo confirmó. De acuerdo
con el Manual de Convivencia y los órganos competentes del Colegio decidió
permitir a la demandante la continuación de sus estudios, pero le impuso la
obligación de usar un uniforme especial establecido para las estudiantes
casadas, las que vivan en unión libre o las que estén embarazadas.
[36] La Rectora alegó que de acuerdo con los
principios de la religión católica y de la orientación propia de la
institución, se “impuso” a la adolescente el respeto por el vínculo matrimonial
y la censura a las uniones libre, exigiéndole el uso de un uniforme diferente.
[37] Para la sentencia imponer un uniforme
distinto por el hecho de vivir en unión libre, constituye un trato indigno,
cruel, inhumano y degradante, (arts. 1 y 12, CP) porque conlleva un
señalamiento o estigma, dentro del reducido medio social de la población de
Guadalupe (Huila), por haber hecho una conducta constitucional­mente legítima y
especialmente protegida. [sentencia T-516 de 1998]
[38] Según el Colegio la medida buscaba que
las niñas se abstuvieran  (1) “de iniciar relaciones sexuales a una edad
temprana,”  (2) “evitar que proliferen este tipo de conductas” y (3)
“facilitarles a las embarazadas un vestido cómodo y acorde con su estado”.
[39] En el caso concreto, el Juez no encontró
mérito para tutelar el derecho de la accionante, “en el entendido de que la
accionante  conserva su derecho a concurrir y a reincorporarse a sus
actividades académicas en la institución” de conformidad con lo señalado
por la entidad educativa. El Colegio
informó al juez de instancia “(…) en ningún momento ha sido expulsada de la institución, ni tampoco se
le ha cancelado la matrícula tal y como consta en certificación que se adjunta
expedida por el Consejo Directivo del Colegio del Santísimo Rosario”.
[40] La Corte señaló en su sentencia:  “Cabe preguntarse si es indispensable que se
materialicen actos concretos de aplicación de tales disposiciones contrarias al
derecho a la autonomía para hacer necesaria la intervención del juez
constitucional. La respuesta es negativa. La sola vigencia de normas
reglamentarias de un colegio contrarias al derecho a la autonomía, así éstas no
le sean aplicadas a ningún estudiante en particular, constituye una amenaza
real para el goce efectivo de éste derecho por parte de los estudiantes (…)” (sentencia T-272 de 2001; MP Manuel José Cepeda
Espinosa).
[41] T-272 de 2001 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa).
[42] Un grupo de alumnos y funcionarios de la institución
educativa San Luis Beltrán de Manatí, Atlántico, paralizó las
actividades académicas con el fin de lograr el retiro de la menor y de otras
estudiantes por estar conviviendo en unión libre o por estar embarazadas. La
Rectora de la institución académica manifestó que la decisión —la
desvinculación de estudiantes que se encontraran viviendo en unión libre— se
adoptó en un Consejo estudiantil, en la cual participaron también los padres de
familia.
[43] La normas escolares inaplicadas decían:
“Capítulo Primero  ||  Artículo 1.- Condiciones para ser estudiante del Colegio
Mixto de Bachillerato “San Luis Beltrán”  ||  (…)  ||  l. No tener
problemas de embarazo, no haber contraído matrimonio, ni vivir en unión libre,
antes ni después de matricularse.  ||  Capítulo Sexto — Faltas Fundamentales
de Disciplina que ameritan pérdida de cupo o cancelación de matrícula  ||
(…)  ||  (ch) Aborto, unión libre, prostitución, homosexualismo, escándalo
dentro y fuera de la institución.”  Para la sentencia:  “(…) el texto de los literales del manual de
convivencia anteriormente citados, considerados en abstracto, violan de manera
flagrante el derecho a la autonomía de los estudiantes porque sancionan a
quienes opten libremente por tener una relación sexual o por convivir, casados
o en unión libre, con otra persona.”
[44] Corte Constitucional, sentencia T-015 de
1999 (MP Alejandro Martínez Caballero).
[45] Al respecto señala la Corte: “Dentro de
los foros educativos el ejemplo más claro lo constituye el plantel o la sede
institucional, donde las conductas de los alumnos están sujetas a un control
riguroso de la comunidad educativa, en la medida en que allí se desarrolla gran
parte del proceso formativo de los discentes.”
[46] Al respecto señala la Corte: “En otros
foros, diferentes al colegio pero con proyección académica o institucional,
también es razonable exigir la obediencia de ciertas reglas de conducta, pues
en ellos puede verse comprometido no sólo el nombre de una institución, sino
reflejarse la formación impartida a los alumnos.  Así, por ejemplo, frente al
desempeño en desfiles, actividades culturales o eventos deportivos llevados a
cabo fuera de la institución pero donde ésta se vea representada por alguno de
sus miembros o cuando el estudiante porta el uniforme del colegio, resulta
legítimo imponer sanciones ante el incumplimiento de las reglas previstas en el
manual de convivencia.”
[47] No obstante la sentencia reconoce que al
tener “(…) en cuenta el importante papel que cumplen las instituciones
educativas en la formación integral de los futuros ciudadanos, no siempre
resulta fácil determinar cuándo una conducta se enmarca en uno u otro foro para
saber si puede o no ser sancionada disciplinariamente, máxime si se reconoce
que estos foros no son fácilmente delimitables.  Ello requiere entonces una
valoración de las particularidades de cada caso específicamente considerado
(…)”
[48] “Sobre el punto la Corte precisa que los hechos que
dieron origen a la sanción disciplinaria ocurrieron en la casa de una amiga de
la accionante, es decir, en un foro exclusivamente privado, un día domingo (8
de septiembre de 2002) y donde las demás personas involucradas no pertenecían
al cuerpo docente o administrativo de la institución.  Tales circunstancias, a
juicio de la Corte, constituyen razón suficiente para considerar que lo
sucedido ese día no era  de incumbencia para el centro docente, porque no tenía
incidencia alguna en la actividad académica de la alumna ni podía comprometer
el buen nombre del colegio.”
(Sentencia T-491 de 2003; MP Clara Inés Vargas Hernández).
[49] La sentencia T-491 de 2003 (MP Clara
Inés Vargas Hernández) se fundó, entere otros precedentes, en la sentencia
T-272 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[50] Corte Constitucional, sentencia T-345 de
2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). En este caso, que será citado de forma
amplia posteriormente, se estudió el derecho a la libertad de conciencia en el
ámbito de una universidad confesional.
[51] Ley General de Educación (Ley 115 de 1994).
[52] Los principios a los que se hace
referencia son los contemplados en el párrafo primero del artículo 13 del
PDESC, a saber: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho
de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse
hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su
dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las
libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar
a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre,
favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y
entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las
actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.” (art. 13-1,
PDESC).
[53] En el mismo sentido se pronuncia la
Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 29.-  (…) 2. Nada de lo
dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se interpretará como una
restricción de la libertad de los particulares y de las entidades para
establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten
los principios enunciados en el párrafo 1 del presente artículo y de que la
educación impartida en tales instituciones se ajuste a las normas mínimas que
prescriba el Estado.
[54] Corte
Constitucional, sentencia T-510 de 1994 (MP Jorge Arango Mejía). En esta sentencia la Corte estudió la
acción de tutela de un persona contra la Rectora del Colegio Nuestra Señora
de la Presentación del Centro, puesto que la solicitud de ingreso de su
hija a kinder no fue aceptada por el hecho de no se demostró que sus
padres habían contraído matrimonio católico. La Corte resolvió revocar
el fallo del juez de instancia (Juzgado 59 Civil Municipal de Bogotá) que había
negado la tutela y ordenó a la Rectora del Colegio recibir la solicitud
de la accionante. Para la Corte es inaceptable alegar “(…) que los principios
consagrados por la Cons­titu­ción y las leyes en relación con la igualdad y la
educación, no rigen en los establecimientos educativos fundados y sostenidos
por particulares. Con toda firmeza debe desecharse tan insólita pretensión, con
fundamento en una sola consideración: el Estado no puede tolerar que se eduque
para la violación de los derechos constitucionales y para la negación de la
dignidad del ser humano, razón de ser de la igualdad. Porque hay que decirlo
con toda claridad: lo que está en juego en casos como éste, es la dignidad de
la persona humana.” En esta oportunidad como medida de protección adicional se
vinculó a la Secretaría de Educación Distrital. Al respecto señaló: “(…) para
que no haya el riesgo de que la discriminación contra la menor se disfrace con
otros argumentos, se solicitará a la Secretaría de Educación del Distrito la
designación de un funcionario cuya misión será velar por el cumplimiento de
esta sentencia. Sobre su cometido informará a esta Corte en el término que se
indicará, lo mismo que al Juzgado que conoció de esta acción de tutela.”
[55] Corte Constitucional, sentencia T-345 de
2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). En este caso la Corte decidió tutelar el
derecho a la libertad de conciencia de Ricardo Echeverri Ossa pues consideró
que “una universidad no puede, pretender, mediante una clase de ética:  (i)
conducir a que una persona, contra su voluntad, cambie sus convicciones religiosas;
(ii) calificar las creencias religiosas de los estudiantes; ni  (iii)
presio­nar a los estudiantes a revelar ‘sus convicciones o creencias’
(art. 18, CP)”. El fallo resolvió revocar la sentencia proferida
por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Pereira, Risaralda, en el proceso de
la acción de tutela contra la Universidad Católica Popular del Risaralda; previno
a la Universidad Católica
Popular del Risaralda que no puede hacia el futuro exigirle a un estudiante universitario tomar una
asignatura en la que es llevado a revelar sus creen­cias. En el evento de que
ello pueda llegar a suceder, la Universidad, en ejercicio de su autonomía y de
la libertad de enseñanza, debe ofrecer al estudiante una alternativa académica,
que podrá ser igual­men­te rigurosa. Con relación al estudiante que interpuso
la acción la sentencia no “adoptó medida” alguna, pues como “(…) lo
informó en su escrito de enero 25 de 2002 el Rector de la Universidad, el
accionante, luego de conocer el fallo de primera instancia en el que se le
negaron sus pretensiones, acató la orden del juez, por lo que cumplió los
requerimientos de la Universidad. Ricardo Echeverri Ossa obtuvo su grado en
administración de empresas (…)”
[56] Para justificar el despido el Colegio
también alegó, sin fundamento o prueba alguna, que el profesor de matemáticas
había remitido un anónimo a una Comisaría de Familia informando acerca de
maltratos físicos y acoso sexual, al que se encontraban expuestas algunas
alumnas.
[57] Según el docente, tales aseveraciones
eran del siguiente tenor: “La mujer es superior al hombre por tener
más genes que él y porque el óvulo es más grande y tiene mas células que el
espermatozoide…”, “La mujer debe demostrar sólo el 10% de su amor hacia un
hombre”, “Si una mujer se deja tocar de un hombre es poco menos que una
prostituta (…)”. Además, señaló que el conferencista expuso varias
recomendaciones para que ninguna de las alumnas al momento de tener relaciones
sexuales utilizara métodos anticonceptivos, lo cual iba en contravía de la
dignidad de quienes estaban allí presentes y del Proyecto Educativo
Institucional (PEI) desarrollado por el colegio frente al tema de la
sexualidad.
[58] El Juzgado 38 Penal Municipal y el
Juzgado 53 Penal del Circuito de Bogotá, respectivamente.
[59] Luego de ser amonestado el docente había
elevado un escrito ante las directivas aclarando los móviles por los cuales
había intervenido, y solicitó que fueran ofrecidas disculpas públicas ante las
alumnas del plantel por la charla citada. El Colegio se negó a hacerlo porque
su actitud desacreditaba la autoridad de las directivas de la institución, pues
a los docentes de otras áreas les está vedado tocar temas que pertenezcan a
otros docentes de la institución calificados en la materia.
[60] El Juez 38 Penal Municipal de Bogotá
ordenó que del pronunciamiento escrito de la Rectora también se remitiera
copia  (1) a la Fiscalía General de la Nación, a fin de investigar la posible
conducta de la que supuestamente venían siendo víctimas algunas de las
menores;  (2) a la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, para que
investigara la conducta de la rectora de la institución tutelada (en torno a
los hechos del caso) y del señor Fernando Cuellar como docente (frente al
posible acoso sexual de éste para con el estudiantado); y  (3) a la oficina de
Escalafón para el conocimiento de la respectiva Junta. El Juzgado solicitó a la
Secretaría de Educación Distrital de Bogotá que entrara en el estudio del Plan
de Educación Sexual que se lleva en esa institución.
[61] Apartes
del Proyecto Educativo Institucional aportado por la Rectoría del Colegio;
expediente, folio 17.
[62] Expediente, folios 14 y 15.
[63] Según el Colegio estas disposiciones se
aplican a todas las alumnas, incluida la accionante, porque ellas se
comprometen a recibir una educación acorde con la Religión Católica al firmar
la “solicitud de matricula”. La solicitud contempla la siguiente nota:  “NOTA 1:  Al aceptar el ingreso al Colegio de
“La Sagrada Familia”, estoy de acuerdo en recibir una educación católica
conforme a las directrices de la Iglesia Romana, de sus pastores y de la
Congregación de las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia; y
acorde con los principios que inspiran el Proyecto Educativo Institucional del
Colegio.”
[64] Según la Corte también debe señalarse
con claridad el procedimiento a seguir, de manera que el implicado pueda
ejercer razonablemente su derecho de contradicción y defensa, siempre bajo el
supuesto de la presunción de inocencia. En este caso la Corte resolvió
revocar la sentencia de instancia, tutelar los derechos del accionante, Cadete
la Escuela Naval “Almirante Padilla”, y en consecuencia, dejar sin efecto la
sanción que le impuso la Escuela Naval “Almirante Padilla”. La Corte advirtió
que si lo consideraba procedente, la Escuela podría volver a surtir el
procedimiento disciplinario en contra del mencionado estudiante, de conformidad
con los principios establecidos en la sentencia; sin embargo indicó que en caso
de que se decidiera sancionarlo, el castigo no podría ser el retiro. Para la
Corte era claramente desproporcionado expulsar al Cadete por la conducta
realizada (haber usado el celular de un compañero sin su autorización, para
avisar en su casa que estaría de permiso). [Sentencia T-391 de 2003; MP Clara
Inés Vargas Hernández].
[65] Continúa
la Corte: “Por ello, son elocuentes las expresiones e ideas que utiliza el
artículo 67 de la Constitución, en el sentido de que la educación cumple una
función social que “busca el acceso al conocimiento a la ciencia, a la técnica
y a los demás bienes y valores de la cultura”, y formar al colombiano en el
conocimiento y práctica de la democracia y el respeto por los derechos humanos,
económicos, culturales y colectivos.” (sentencia T-516 de 1998; MP Antonio
Barrera Carbonell).
[66] Según un certificado expedido por el
Colegio de la Sagrada Familia, Cristina Espinosa Salinas cursó en  6° grado 10
asignaturas, de las cuales 7 fueron calificadas “excelente” y 3 “bien”;
en 7° grado las 10 asignaturas cursadas fueron calificadas “excelente”;
en 8° grado 7 de las 10 fueron calificadas “excelente” y 3 “bien”;
en 9° grado 8 asignaturas fueron calificadas “sobresaliente” y 2 “aceptable”;
en 10° grado cursó 11 asignaturas, todas calificadas “sobresaliente”
(expediente, folios 7 a 10).
[67] Constitución Política, artículo 41.- En
todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios
el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán
prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la
participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución.
[68] En este caso se decidió que no se puede
negar el acceso a un menor a un Colegio por el hecho de que sus padres no se
encuentran casados por el rito católico.
[69] En varias oportunidades la
jurisprudencia constitucional se ha referido al tema. Entre otras puede
consultarse la sentencia C-836 de 2001 (MP Rodrigo Escobar Gil; SV M Alfredo
Beltrán Sierra, M Álvaro Tafur Galvis, M Jaime Araujo Rentería; SPV M Clara
Inés Vargas Hernández) En este caso la Corte Constitucional decidió “declarar
exequible el artículo 4º de la Ley 169 de 1896, siempre y cuando se entienda
que la Corte Suprema de Justicia, como juez de casación, y los demás jueces que
conforman la jurisdicción ordinaria, al apartarse de la doctrina probable
dictada por aquella, están obligados exponer clara y razonadamente los
fundamentos jurídicos que justifican su decisión, en los términos de los
numerales 14 a 24 de la presente Sentencia.”
[70] La función del Defensor del Pueblo,
según la Constitución Política de Colombia (art. 281), es velar “por la
promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos”, para lo cual
podrá ejercer, entre otras, las siguientes funciones:  (1) orientar e
instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el
exterior en  (i) el ejercicio y  (ii) la defensa de sus derechos
ante las autoridades competentes o entidades de carácter privado;  (2)
divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para su enseñanza.
[71] Ley General de Educación (Ley 115 de
1994), artículo 11.- Niveles de la educación formal. La educación formal a que
se refiere la presente ley, se organizará en tres (3) niveles:
[a]  El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio;
[b]  La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se
desarrollará en dos ciclos: la educación básica primaria de cinco (5) grados y
la educación básica secundaria de cuatro (4) grados; y  [c]  La
educación media con una duración de dos (2) grados.  ||  La educación formal en
sus distintos niveles, tiene por objeto desarrollar en el educando conoci­mientos,
habilidades, aptitudes y valores mediante los cuales las personas puedan
fundamentar su desarrollo en forma permanente.