C-042-17
Sentencia C-042/17
NORMAS PARA LA PROTECCION DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL Y REGIMEN DE LA REPRESENTACION LEGAL DE
INCAPACES EMANCIPADOS-Vocablos empleados en la ley 1306 de 2009 deben ser
entendidos en el contexto de la protección de derechos de personas en situación
de discapacidad mental, con una función meramente referencial y desprovistos de
un significado negativo o discriminatorio
NORMAS PARA LA PROTECCION DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL-No es admisible la utilización de palabras
que descalifiquen la diversidad funcional u orgánica de las personas/NORMAS
PARA LA PROTECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL-Legislador debe
adoptar un enfoque sensible de la dignidad humana para evitar que las leyes
contengan expresiones que puedan reforzar los estereotipos y paradigmas que
fomentan la discriminación y el rechazo
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Objeto
y concepto de la violación/CONCEPTO DE VIOLACION EN DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Exigencias argumentativas/DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y
suficientes
TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE
DERECHOS HUMANOS RATIFICADOS POR COLOMBIA-Hacen parte del Bloque de
Constitucionalidad y constituyen criterio vinculante con la Constitución
Política/CONVENCION SOBRE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Interpretación
del contenido material de la Constitución Política
ADMISIBILIDAD DE LA ACCION DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Ejercicio del principio pro actione
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Aplicación del principio pro actione/PRINCIPIO PRO
ACTIONE EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Reiteración de jurisprudencia
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO
DISCRIMINATORIO-Jurisprudencia constitucional
LENGUAJE JURIDICO FRENTE AL
EFECTO SOCIAL DE LAS NORMAS EN LA CONSOLIDACION O SUPERACION DE PARAMETROS
EXCLUYENTES Y DISCRIMINADORES-Valor protagónico
PRINCIPIO DE HERMENEUTICA
CONSTITUCIONAL DE CONSERVACION DEL DERECHO-Aplicación
LENGUAJE JURIDICO-Exclusión
de expresiones contrarias a la Constitución/LENGUAJE JURIDICO-Papel
transformador e importancia/LENGUAJE JURIDICO-Poder instrumental y
simbólico/LENGUAJE JURIDICO-Intervención del juez constitucional cuando
se constituye en un acto discriminatorio
LENGUAJE-Impacto sobre la
constitucionalidad de ciertos textos legales
NORMAS QUE CONTIENEN TRATOS
DISCRIMINATORIOS EN SUS VOCABLOS-Consideradas inconstitucionales/ABSTENCION
DE TRATOS DISCRIMINATORIOS-Rango constitucional/ACTOS DISCRIMINATORIOS-Proscripción
EXPRESIONES DISCRIMINATORIAS
CONTENIDAS EN NORMAS LEGALES-Inconstitucionalidad/CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DEL LENGUAJE-Exige del legislador sensibilidad con la
dignidad humana
DISCAPACIDAD EN EL DERECHO
VIGENTE-Alcance
CONSTITUCION POLITICA DE 1991-Derechos
de las personas en situación de discapacidad/DERECHOS DE LAS PERSONAS EN
SITUACION DE DISCAPACIDAD-Alcance
ESTADO-Trato especial a
favor de las personas con diversidades funcionales/PERSONAS DISCAPACITADAS-Trato
especial
PROTECCION DE LAS PERSONAS EN
SITUACION DE DISCAPACIDAD O DEBILIDAD MANIFIESTA-Doble dimensión
DISCAPACIDAD-Como fenómeno
que limita y restringe el acceso a los derechos, proviene de la sociedad más no
de las diversidades funcionales de las personas/SOCIEDAD-No puede
imponer limitaciones que impidan a las personas desarrollar sus capacidades y
su proyecto de vida
IGUALDAD-Dimensión
sustancial
ESTADO-Adopción de medidas
para la inclusión de las personas en situación de discapacidad en la sociedad
DISCAPACIDAD-Enfoque
diferencial
DISCAPACIDAD-Bloque de
constitucionalidad
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Noción/TRATADOS
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS APROBADOS Y RATIFICADOS POR COLOMBIA-Alcance
DERECHOS HUMANOS A NIVEL
INTERNACIONAL Y REGIONAL-Doble carácter
TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE
DERECHOS HUMANOS-Prevalencia e interpretación
DERECHOS HUMANOS A NIVEL
INTERNACIONAL Y REGIONAL-Cumplimiento del principio pro persona
DERECHOS DE LAS PERSONAS EN
SITUACION DE DISCAPACIDAD-Instrumentos internacionales
CONVENCION INTERAMERICANA PARA
LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD-Objetivo
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Relevancia internacional
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Distinción entre diversidad funcional y
discapacidad
DIVERSIDAD FUNCIONAL-Riqueza
de la especie, frente a la cual el Estado debe responder con un enfoque
diferencial para que la protección a la dignidad, libertades y derechos sea
efectiva
CONCEPTO DE DISCAPACIDAD-Jurisprudencia
constitucional
DISCAPACIDAD Y DIVERSIDAD
FUNCIONAL BAJO LA PERSPECTIVA DEL MODELO DE BARRERAS SOCIALES-Diferencias
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Adopción del modelo social de la
discapacidad
DIVERSIDAD FUNCIONAL-Modelo
de barreras sociales/DIVERSIDAD FUNCIONAL Y DISCAPACIDAD-Definiciones
DIFERENCIAS FUNCIONALES-Discriminación
histórica y estructural fundada en la discapacidad
CRITERIOS DE DISCRIMINACION-Exclusión
o marginación/NORMAS-No deben coexistir objetivos anti discriminatorios
con lenguajes excluyentes ni estereotipos de discriminación y exclusión
AUTONOMIA DEL INDIVIDUO Y LIBRE
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-Protección del Estado con enfoque diferencial
DISCRIMINACION FRENTE A LAS
PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL U ORGANICA-Resulta artificial y peligrosa
porque parte de suposiciones erradas sobre la naturaleza humana/DISCRIMINACION-El
problema no radica en la funcionalidad de los órganos de cada ser humano sino
en las barreras que la sociedad y el Estado ponen a ciertas personas
DISCAPACIDAD EN LA NORMATIVIDAD
NACIONAL E INTERNACIONAL-No es igual a la diversidad orgánica o funcional
sino que tiene relación con las barreras sociales al goce efectivo de derechos
y a la participación en la sociedad
NORMAS PARA LA PROTECCION DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL-Objetivo
NORMAS PARA LA PROTECCION DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL-Jurisprudencia constitucional
DISCAPACIDAD MENTAL ABSOLUTA-Alcance/DISCAPACIDAD
MENTAL ABSOLUTA-Regulación normativa
NORMA-Tejido normativo en
el que se inscribe y se usa una frase/NORMA-Función, contexto y objetivo
NORMAS PARA LA PROTECCION DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL-Función no agraviante de la expresión
“incapacidad absoluta”
NORMAS PARA LA PROTECCION DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL-Expresión “incapacidad mental absoluta”
implica una clasificación de individuos para quienes la ley prevé una serie de
medidas de protección
NORMAS PARA LA PROTECCION DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL-Determina categorización para adelantar
procedimientos que protejan a la población vulnerable frente a la expresión
“discapacidad absoluta”
NORMAS PARA LA PROTECCION DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL-Exequibilidad de la expresión
“discapacidad absoluta” por no contener una carga peyorativa
NORMAS PARA LA PROTECCION DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL-Verbo “afectar” frente a la medida
de inhabilitación para contratar significa “incumbir a alguien”/NORMAS PARA
LA PROTECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL-Expresión “afectado” frente
a la medida de inhabilitación para contratar es neutral y no tiene carga
peyorativa que implique contenido denigrante
NORMAS PARA LA PROTECCION DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL-Medida de inhabilitación para contratar no
se limita a la calidad de la persona sino a que ponga en riesgo su patrimonio
NORMAS PARA LA PROTECCION DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL-Función no agraviante, discriminatoria o
atentatoria de la dignidad humana de la expresión “afectado”
NORMAS PARA LA PROTECCION DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL-Expresión “afectado” no atenta
contra la dignidad humana sino busca dar mayores garantías y protección de los
derechos de las personas en situación de discapacidad
NORMAS PARA LA PROTECCION DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL-Expresión “afectado” referencia la persona
sobre la que recaerá la inhabilidad para contratar como sujeto activo de la
medida para la protección de su patrimonio
NORMAS PARA LA PROTECCION DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL-Exequibilidad de la expresión “afectado”
frente a la medida de inhabilitación para contratar por buscar proteger su
patrimonio
NORMAS PARA LA PROTECCION DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL-La función de las expresiones “padece,
padezcan, sufre, sufran” frente a la discapacidad resulta admisible pues como
barrera a los derechos impuesta por la sociedad tiene una connotación negativa
NORMAS PARA LA PROTECCION DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL-Expresiones “padece, padezcan, sufre,
sufran” frente a la discapacidad están dirigidas a proteger los derechos
partiendo del respeto por la dignidad y la no discriminación
NORMAS PARA LA PROTECCION DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL-Expresiones “padece, padezcan, sufre,
sufran” frente a la discapacidad referencian sobre quienes recaen las medidas
de protección
NORMAS PARA LA PROTECCION DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL-Diferencias funcionales u orgánicas de los
individuos hacen parte de la diversidad humana y deben ser asumidas en el marco
de la dignidad humana
NORMAS PARA LA PROTECCION DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL-Exclusiones y marginaciones de la sociedad
y el Estado hacen las diferencias humanas
CONSTITUCION DE 1991-Reconoce
la diversidad y pluralidad de la sociedad/CONSTITUCION DE 1991-Modelo
pluralista
NORMAS PARA LA PROTECCION DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL-Expresiones “padece, padezcan, sufre,
sufran” anteceden las condiciones inherentes a la persona y hacen parte de la
diversidad funcional del individuo
NORMAS PARA LA PROTECCION DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL-Expresiones “padece, padezcan, sufre,
sufran” indican que los sujetos referidos tienen una característica
funcional u orgánica señalada
NORMAS PARA LA PROTECCION DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL-Expresiones “padece, padezcan, sufre,
sufran” no califican negativamente la diversidad funcional u orgánica ya
que se pretende contrarrestar los efectos de la discriminación
NORMAS PARA LA PROTECCION DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL-Expresiones “padece, padezcan, sufre,
sufran” frente a la diversidad funcional u orgánica referencian sobre quienes
recaen las medidas de protección
Referencia: Expediente D-11480
Demanda de inconstitucionalidad
contra los artículos 2o (parcial), 8o (parcial), 10°
(parcial), 12 (parcial), 14 (parcial), 15 (parcial), 16 (parcial), artículo 17
en su totalidad y 32 (parcial) de la Ley 1306 de 2009. “por la
cual se dictan normas para la protección de personas con discapacidad mental y
se establece el régimen de la representación legal de incapaces emancipados.”
Actor: Carlos Alberto Parra
Dussan.
Magistrado
Ponente:
AQUILES ARRIETA
GÓMEZ
Bogotá D. C., primero (1) de febrero de dos mil diecisiete
(2017)
La Sala plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de
sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y
trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente,
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
El ciudadano Carlos Alberto Parra Dussan,
en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, demandó los
artículos 2o (parcial), 8o
(parcial), 10° (parcial), 12 (parcial), 14 (parcial), 15 (parcial), 16
(parcial), artículo 17 en su totalidad y 32 (parcial) de la Ley 1306 de 2009,
por considerar que las normas vulneran los derechos
reconocidos a las personas en situación de discapacidad tanto en la Constitución
Política de Colombia, en los artículos 1, 13, 47, 68, 70, como en la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 12, la
cual, a su vez, fue aprobada por Colombia mediante la Ley 1346 de 2009, que
hace parte del Bloque de Constitucionalidad.  Según el escrito, las
disposiciones contienen una carga de carácter peyorativo al emplear vocablos
como “sufrir” y “padecer”, contrariando la interpretación Constitucional que
esta Corporación habría hecho en una ocasión previa al condicionar la constitucionalidad de ciertas expresiones a una comprensión
acorde a la normativa internacional vigente con miras a eliminar connotaciones
negativas para referirse a quienes se encuentran en dicha situación.
Luego de remitido el expediente al despacho, la demanda fue admitida mediante auto del 22 de junio del
2016. El despacho consideró pertinente poner en conocimiento de la demanda a la
Presidencia de la República, Vicepresidencia de la República, Congreso de la
República, Ministerio de Justicia y del Derecho y Ministerio de Salud y
Protección Social, e invito a participar a las universidades, del Rosario, de
los Andes, Externado, Sergio Arboleda, Javeriana, de Caldas, del Cauca, del
Norte de Barranquilla, así como al Instituto Nacional Para Ciegos, Instituto
Nacional Para Sordos y la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Adicionalmente,
ordenó correr traslado del expediente al Procurador General de la Nación para
que rindiera el concepto de rigor.
Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de
los procesos de constitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir
acerca de la demanda de la referencia.
II. NORMA DEMANDADA
A continuación, se transcribe el texto de los artículos 2o, 8o, 10°, 12, 14, 15, 16, 17 y
32 de la Ley 1306 de 2009. “por la cual se dictan normas para la
protección de personas con discapacidad mental y se establece el régimen de la
representación legal de incapaces emancipados.” y se subrayan los apartes
acusados:
Artículo 2°. Los
sujetos con discapacidad mental: Una persona natural tiene discapacidad mental
cuando padece limitaciones psíquicas o de comportamiento, que no le
permite comprender el alcance de sus actos o asumen riesgos excesivos o
innecesarios en el manejo de su patrimonio. (…)
[…]
Artículo 8°. Derechos
Fundamentales: Los individuos con discapacidad mental tendrán los derechos que,
en relación con los niños, niñas y adolescentes, consagra el Título I del
Código de la Infancia y la Adolescencia -Ley 1098 de 2006- o las normas que lo
sustituyan, modifiquen o adicionen y, de igual manera, los que se consagren
para personas con discapacidad física, de la tercera edad, desplazada o
amenazada, y demás población vulnerable, en cuanto la situación de quien
sufre discapacidad mental sea asimilable. (…)
[…]
Artículo 10. .
Dignidad y respeto personal: En las actuaciones relativas al que está sufriendo
discapacidad mental no se podrá atentar contra la dignidad y respeto debido a
la persona humana. (…)
[…]
Artículo 12. Prevención
sanitaria: Las personas con discapacidad mental tienen derecho a los servicios
de salud, incluidos los relacionados con la salud sexual y reproductiva, de
manera gratuita, a menos que la fuerza de su propio patrimonio, directo o
derivado de la prestación alimentaria, le permitan asumir tales gastos.
La atención sanitaria y el aseguramiento de los riesgos de
vida, salud, laborales o profesionales para quienes sufran discapacidad
mental se prestará en las mismas condiciones de calidad y alcance que a los
demás miembros de la sociedad. Las exclusiones que en esta materia se hagan,
por parte de los servicios de salud o de las aseguradoras, tendrán que ser
autorizadas por vía general o particular, por el Comité Consultivo Nacional de
las Personas con Limitación. (…)
[…]
Artículo 14. Acciones
Populares y de Tutela: Toda persona está facultada para solicitar directamente
o por intermedio de los defensores de familia o del Ministerio Público,
cualquier medida judicial tendiente a favorecer la condición personal del que
sufre discapacidad mental. (…)
Artículo 15. Capacidad
jurídica de los sujetos con discapacidad: Quienes padezcan discapacidad
mental absoluta son incapaces absolutos. (…)
Artículo 16. Actos de
otras personas con discapacidad: La valoración de la validez y eficacia de actuaciones
realizadas por quienes sufran trastornos temporales que afecten su
lucidez y no sean sujetos de medidas de protección se seguirá rigiendo por las
reglas ordinarias.
Artículo 17. El
sujeto con discapacidad mental absoluta: Se consideran con discapacidad mental
absoluta quienes sufren una afección o patología severa o profunda de
aprendizaje, de comportamiento o de deterioro mental.
La calificación de la discapacidad se hará siguiendo los
parámetros científicos adoptados por el Comité Consultivo Nacional de las
Personas con Limitación y utilizando una nomenclatura internacionalmente
aceptada.
[…]
Artículo 32. La medida de inhabilitación: Las
personas que padezcan deficiencia: de comportamiento, prodigalidad o
inmadurez negocial y que, como consecuencia de ello, puedan poner en serio
riesgo su patrimonio podrán ser inhabilitados para celebrar algunos negocios
jurídicos, a petición de su cónyuge, el compañero o compañera permanente, los
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y aún por el mismo afectado.
(…)
III. LA DEMANDA
El demandante considera que los apartes objeto de la
acusación contravienen, por un lado, (i) el pluralismo como principio
característico del Estado social de derecho; (ii) el derecho fundamental a la
igualdad ante la ley; (iii) el derecho social, económico y cultural a que se
diseñe y ejecute una política dirigida a  promover la integración de las
personas con discapacidad; (iv) el derecho al respeto de la identidad en
materia educativa; (v) el derecho a la promoción y fomento del acceso a la
cultura por parte del Estado; (vi) el deber de interpretar los derechos
contenidos en los artículos 1, 13, 47, 68 y 70 de la Carta de acuerdo con los
tratados internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Colombia. Por
otro lado, el derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley,
contenido en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, al hacer referencia a esta condición a través de una carga
negativa, como sufrimiento o padecimiento mas no como fruto de la diversidad
humana y por tanto, como sujetos capaces de exigir prestaciones y conductas en
un marco de deberes y corresponsabilidad.
1.
Alega el accionante que la ley 1306 del 2009, en los artículos demandados, al
determinar que las personas en condición de discapacidad sufren o padecen su
deficiencia, vulnera el principio fundamental del Estado social de derecho
denominado pluralismo, en cuanto la discapacidad es, y debe ser, considerada
fruto de la diversidad humana mas no de la estandarización de la sociedad
colombiana o del sufrimiento y padecimiento de una anormalidad, siendo el
Estado de Derecho, al hacer énfasis en lo social, el responsable de
contrarrestar las desigualdades de quienes se encuentran en dicha situación,
mediante la erradicación del carácter negativo e indeseado de la discapacidad y
el reconocimiento, según el principio de diversidad humana resaltado por la
Corte, de las personas en situación de discapacidad como un grupo de especial
protección constitucional sin consideraciones adicionales de sufrimiento.
2.
Argumenta igualmente, que los artículos demandados de la ley 1306 de 2009, al
agregarle un aspecto emotivo a la discapacidad (como es el sufrimiento de la
misma), omite la protección de rango constitucional correspondiente a este
grupo de personas en razón de su situación de debilidad manifiesta. Por lo
cual, al generarse una actitud de carácter excluyente frente a la mencionada
población, vulnera también el principio constitucional que garantiza la
diferencia como igualdad.
3.
Para el demandante, la forma adecuada de cumplir el llamado constitucional a
que el Estado promueva la integración de las personas en situación de
discapacidad es eliminando la evidente discriminación hacia éstas por medio de
una política de previsión a su favor, armonizando la inclusión social y el
derecho antidiscriminatorio, lo cual, a su vez, debe llevarse a cabo sin
incurrir en errores como lo es calificar la discapacidad con adjetivos que
denotan claramente un aspecto negativo de la misma, pues estos no son empleados
por la OMS ni por la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad de las Naciones Unidas al momento de definir el término “discapacidad”.
4.
Indica además, que al ser el Estado Social de Derecho responsable de proteger
la diversidad cultural, debe garantizar todas las expresiones de esta índole
sin imponer patrón alguno de normalidad. Por lo tanto, todas las condiciones
humanas tienen la capacidad de manifestarse en el país sin que ello implique
sufrimiento o padecimiento, aspecto fundamental para la vivencia y el respeto
de los derechos humanos: “pues en la
diversidad no se padece el ser negro o ser mujer, ni ser persona con
discapacidad (…), la discapacidad y su concepción, también constituyen una
cultura, que puede ser de inclusión cuando se acepta como diversidad humana,
puede ser de exclusión, cuando se concibe como castigo, sufrimiento o
imperfección”.
5. Por otro lado, expresa que la ley 1306 de 2009 es susceptible de
control de convencionalidad en cuanto Colombia ratificó la Convención
Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos de las
Personas en situación de discapacidad, elevando así estos instrumentos
internacionales como parte del Bloque de Constitucionalidad.
6.
Reitera que, al ajustar las normas demandadas (de la ley 1306 de 2009) a los
estándares internacionales, por medio de la declaratoria de exequibilidad
condicionada, no se estaría vulnerando el principio de conservación del derecho
en cuanto las disposiciones continuarían protegiendo a las personas en
situación de discapacidad “(…) solamente
que se eliminaría la carga emotiva de sufrimiento (…) contenido que no tiene la
definición de discapacidad en los instrumentos internacionales.”
7. El demandante complementa su escrito aludiendo a
otras observaciones a la ley 1306 de 2009, como la no diferenciación entre
discapacidad mental e intelectual; el concepto de discapacidad a partir de
clasificaciones internacionales del mismo (Clasificación Internacional de
deficiencias, discapacidades y minusvalías de la OMS, Clasificación
Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud adoptada por la
OMS, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU);
el poder instrumental y simbólico del lenguaje jurídico; las situaciones de
inclusión y exclusión proyectadas a través de este último; el potencial
transformador del lenguaje y cultura jurídica; la discapacidad desde el modelo
social; y la cultura de la normalidad.
IV. INTERVENCIONES
Vencido el término de fijación en lista el día
18 de julio de 2016, y en cumplimiento de lo ordenado en virtud del Auto del 22
de junio de 2016, se recibieron a través de la Secretaría General de esta
Corporación, los escritos de intervención ciudadana que a continuación se
resumen.
1. Ministerio de Justicia y del Derecho
Oportunamente, en representación del Ministerio, Nathalia
Gaona Cifuentes,[1] solicitó declarar la
exequibilidad de las expresiones contenidas en los artículos 2o, 8o, 10°, 12,
14, 15,16, y 32; y la inexequibilidad del artículo 17, con base en los
siguientes argumentos:
1.1. Respecto a las
tesis presentadas por el demandante para alegar la inconstitucionalidad de las
expresiones acusadas, fundamentadas en la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, considera que resultan “débiles e insostenibles” en
cuanto los términos “padecer” o “sufrir” hacen referencia a experimentar dolor físico,
moral o molestia, lo cual de ninguna manera establece un trato desigual e
indignante que genere el desconocimiento del artículo 12 de la citada
Convención, pues, además, no excluyen el derecho a la personería jurídica que
ha sido reconocida a las personas en situación de discapacidad. Por el
contrario, el término “deficiencia”, empleado por la Convención, al hacer
alusión a las personas en dicha situación, evidencia efectivamente en su
contenido una carga peyorativa que resultaría también contraria a la Carta
Constitucional.
1.2. Aduce que las
expresiones demandadas están integradas a otras normas de nivel internacional
que protegen igualmente los derechos de las personas en situación de
discapacidad, permitiendo un mejor entendimiento de las mismas y descartando,
por tanto, confusión, controversias e interpretaciones erradas como las que
expone el demandante en su escrito. Respecto a lo anterior, establece que el
tribunal constitucional ha señalado: “Por una
parte, no resulta razonable entender que el vocabulario legal pueda ser objeto
de un control constitucional material, como en algunas ocasiones parece haberlo
concebido este tribunal. En segundo lugar, desde
una perspectiva lógica, la validez se predica de las prescripciones jurídicas y
no de las palabras individualmente consideradas, del mismo modo en que el valor
veritativo se predica de los enunciados y no de los vocablos.”
1.3. Finalmente, en
cuanto al artículo 17 indica que, a la luz del artículo 12 de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aquel  desconoce: (i) el derecho a la personería jurídica; (ii) que dicha capacidad
jurídica debe ser en igualdad de condiciones; (iii) que los Estados partes
deben adoptar medidas para proporcionar apoyo a las personas en situación de
discapacidad con el fin de que puedan ejercer su capacidad jurídica; (iv) las
medidas que se compromete a tomar el Estado para garantizar a este grupo de
personas acceder en igualdad de condiciones a ser propietarias y heredar
bienes; (v) los principios generales de la Convención en cuanto al respeto de
la dignidad humana, autonomía individual, libertad de tomar decisiones,
independencia de las personas, la no discriminación, participación e inclusión,
aceptación social y accesibilidad.
2. Ministerio de Salud y Protección Social
Liliana Moncada Vargas, actuando en nombre y representación
del Ministerio,  intervino en el proceso y solicitó declarar la inexequibilidad
de las normas acusadas (parciales), con base en los siguientes argumentos:
2.1. El interviniente
inicia reconociendo la importancia de realizar un análisis respecto del término
“discapacidad” y los demás acusados por el demandante. Frente a ello, expone
que aquel es susceptible de variaciones a través de su desarrollo en los diferentes
Estados, según las convenciones, pactos o tratados que se adopten, la academia
y el entorno social.  Hace
alusión al concepto de discapacidad y su procedencia frente al reconocimiento
de la misma como un padecimiento o sufrimiento. De acuerdo con esto, establece
que a partir de la Constitución Política de 1991 Colombia se compromete a hacer
efectiva la garantía de los derechos de las poblaciones más vulnerables, por lo
cual adopta la Convención
Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra
las Personas con Discapa­cidad; aprueba la
Convención de Naciones Unidas sobre los dere­chos de las personas en situación
de discapacidad mediante Ley 1346 de 2009; promulga la ley estatutaria 1618 en
febrero de 2013; y desarrolla la Política Pública de Discapacidad e Inclusión
Social.  Considera que no es
procedente referirse a la discapacidad como un “sufrimiento” o “padecimiento”
en cuanto “es una condición inherente al ser humano y hace parte de la
diversidad de su funcionamiento” y ha sido definida por la OMS como "un término genérico que incluye déficits, limitacio­nes en
la actividad y restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos
de la interacción entre un individuo (con una "condición de salud") y
sus factores contextuales (factores ambientales y personales).”
2.2. Concluye que,
respecto a las expresiones demandadas, pueden llegar a vulnerar los derechos de
las personas en situación de discapacidad debido al desconocimiento y uso
inapropiado de las mismas, lo que atribuye un status indeseado a esta
condición. Lo anterior, no solo va en contravía con los compromisos adquiridos
a través de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
sino que es incompatible con la Constitución.
3. Instituto Nacional para Ciegos - INCI
Yesid Fernando Santoyo Romero,[2]
en la intervención presentada dentro del término previsto, solicitó a nombre
del Instituto declarar la exequibilidad condicionada de los artículos 2°, 8°,
10°, 12, 14, 15, 16 y 32, y la inexequibilidad del artículo 17 de la ley
acusada, con base en los siguientes argumentos:
3.1. El
interviniente analiza los vocablos considerados parte de un lenguaje
inapropiado a partir del cual se constituye la ley 1306 de 2009, a saber: a) sufrimiento,
hace alusión a padecimiento, dolor, pena; b) padecer, como sentir física y
corporalmente un dolor, daño, enfermedad, sufrir algo nocivo o desventajoso; c)
afectar, entendido como una enfermedad o plaga. Por otro lado, en lo que respecta al artículo 17, la norma se
refiere al término "discapacidad absoluta", “el cual no tiene un
desarrollo técnico dentro del ordenamiento jurídico Colombiano, por ende, puede
llegar a mal interpretarse y vulnerar derechos fundamentales de las personas en
situación de discapacidad ya que esta clasificación es entendida para la "
incapacidad.”
3.2. Señala, que  de
acuerdo con lo anterior, es evidente que las expresiones empleadas por la ley
1306 de 2009, llevan consigo no únicamente una carga peyorativa sino violatoria
de derechos en cuanto a lo establecido por el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, el cual asume un enfoque claramente social de la
discapacidad.
3.3. Para finalizar, considera que, por lo tanto, hay normas jurídicas
que no pueden ser declaradas exequibles como lo son aquellas que no reconozcan
a las personas en condición de discapacidad como sujetos de derechos, que si
bien poseen algunas características que los hacen diferentes, deben contar con
un entorno que les permita desenvolverse con la mayor autonomía posible, “pues son mucho más que los rasgos que los hacen diversos y pueden
ser parte de la sociedad si ella se adapta a sus singularidades y les da el
valor que les corresponde como individuos, en concordancia con el derecho a la
dignidad humana (art. 1o CP)7.”
4. Corporación Cultura y Educación por la
Paz
Juan Carlos Ospina Rendón, Anyi Catalina Carrera Jurado,
Carlos Felipe Arias Flores y Jorge Enrique Moncaleano Ospina, integrantes de la
Corporación, en la oportunidad procesal prevista, intervinieron en el proceso
para defender la exequibilidad condicionada de los artículos 2°, 8°, 10°, 12,
14 15, 16, 17 y 32, de la disposición acusada, así como la exequibilidad de la
expresión “discapacidad mental absoluta”, contenida en el artículo 17, con base
en los siguientes argumentos:
4.1. En primer lugar, el interviniente señala
que en Colombia se hace necesario que el lenguaje empleado por el legislativo
responda, por un lado, a la protección de los derechos humanos, la democracia y
el ordenamiento jurídico; y, por otro lado, a los mandatos constitucionales,
incluyendo el Bloque de Constitucionalidad. Menciona la posibilidad de
que con el paso del tiempo se generen nuevas comprensiones en cuanto a la
normativa expedida, bajo las cuales se podrían notar discriminaciones frente a
diversos grupos como lo son las personas en condición de discapacidad, haciendo
referencia al pronunciamiento de la Corte Constitucional, según el cual, “ya que las palabras
utilizadas por el legislador son susceptibles de un uso descriptivo y de un uso
emotivo y como éste no es neutro sino que plantea una valoración o una
desvaloración, es posible que la carga emotiva de las palabras utilizadas al
formular una regla de derecho positivo, llegue a interferir los derechos de
otras personas y a generar problemas constitucionalmente relevantes."
4.2. Considera que es labor de la Corte,
los jueces y el legislativo, el dotar de contenido y encausar el lenguaje
neutral que no discrimine, pues en cuanto al presente caso “el uso de
expresiones asociadas al sufrimiento y el padecimiento no responden de manera
adecuada a la comprensión evolucionada de la discapacidad”. Argumenta que, en
consecuencia, “El derecho a la igualdad y el principio de "No
Discriminación" que deben ser garantizados y protegidos en el marco de
nuestro Estado Social de Derecho, soportan la facultad de la Corte
Constitucional de evaluar la carga emotiva e imprecisa en que los artículos
demandados de la Ley 1306 de 2009 se refieren a la situación que viven las
personas con discapacidad.”
4.3. De otra parte, expone que el presente caso no
únicamente generaría una corrección de las expresiones acusadas, sino un
importante pronunciamiento de la Corte en cuanto a los derechos humanos que se
encuentran vulnerados, comprendiendo al “otro” sin alguna distinción o carga de
emotividad, lo que a su vez, eliminaría prejuicios y aportaría a las relaciones
de convivencia pacífica.
4.4. Concluye el interviniente que no comparte la solicitud
de inexequibilidad del artículo 17, en razón de que, cuando éste hace
referencia a la discapacidad mental absoluta, debe entenderse realizada al
sentido de la misma que conforme al artículo 15 se ha presentado, es decir, al
incapaz absoluto.
5. Universidad de Caldas
Carlos Alberto Agudelo,[3] intervino oportunamente en el
proceso y solicitó en su escrito declarar la exequibilidad condicionada
de las disposiciones que vulneran los artículos constitucionales 1°, 13 y 93;
así como un fallo inhibitorio en cuanto a los demás cargos, con base en los
siguientes argumentos:
5.1. El interviniente
considera importante realizar un análisis de los requisitos mínimos que debe
contener una demanda de inconstitucionalidad según los parámetros establecidos
por el decreto 2067 de 1991 y la Corte Constitucional.  Continúa señalando que,
a pesar de la ausencia de ciertos requisitos imprescindibles para la admisión
de la demanda, esta cuenta con un cargo importante en la pretensión en cuanto “no solo la Corte
quiere evitar lenguajes emotivos como diría Strawson, en el caso de los
discapacitados, sino que también la Corte tiene un trabajo de perfeccionamiento
del lenguaje jurídico y constitucional con el cual quiere dar el mejor sentido
a las leyes y a su jurisprudencia”. Hace
alusión el interviniente al desarrollo histórico que ha tenido la corporación
en cuanto a los temas tratados por ella, expresando que “creemos que la
Corte debe ir limpiando del ordenamiento jurídico aquellas palabras que de una
u otra manera afectan, principalmente, la dignidad humana y la discriminación,
como es en este caso. Y como lo indica el mismo autor, esto en nada afecta el
principio de conservación del derecho.
5.2. Finaliza indicando que las disposiciones
constitucionales vulneradas a través de la ley 1306 de 2009 son los artículos
1°, 13 y 93; puesto que la norma acusada emplea un lenguaje que no explica de
la mejor manera posible la calificación otorgada a la discapacidad. Contrario a
ello, los demás artículos que el demandante considera violados, corresponden a
otras pretensiones, esto es, se salen de contexto en lo que respecta a la
presente demanda.
V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez
Maldonado, solicitó a la Corte Constitucional inhibirse de estudiar los cargos
propuestos por el actor, y de manera subsidiaria, declarar exequibles los artículos 2o, 8, 10º, 12, 14, 15, 16, 17 y
32 de la Ley 1306 de 2009.
1. Aduce que los argumentos desarrollados por el actor como
fundamento de la demanda, no cumplen con los requisitos sustantivos de aptitud
de la demanda. Respecto del requisito de certeza, señala: “si bien los
términos demandados efectivamente se encuentran en un texto jurídico vigente,
ellos en todo caso no configuran una proposición normativa, sino que tienen un
carácter dispositivo; mientras que los cargos argumentados por el actor
obedecen a una mera interpretación subjetiva y deducida de manera exclusiva por
el actor. (…) atribuye a los términos demandados una carga
emotiva negativa que no es verificable per sé, sino únicamente a través de
una extensa contextualización doctrinal.”
2. Así mismo, sostiene que las expresiones demandadas de
ninguna manera imponen un mandato de sufrimiento o padecimiento negativo para
las personas en situación de discapacidad, por el contrario, apelan al
principio constitucional de solidaridad y promueven el reconocimiento social de
las barreras existentes y la necesidad de inclusión. Por tanto, el uso de
dichos términos concuerda exactamente con las disposiciones constitucionales “en
tanto apela al reconocimiento y la protección de la dignidad humana, al
principio de solidaridad, así como a la promoción de condiciones de efectivas
de equidad e igualdad, y de una educación que comprenda e incluya a las
personas en esta situación; así como al respeto de la diversidad cultural.” Considera
que eliminar las expresiones demandadas del ordenamiento jurídico, constituiría
una vulneración al mismo en cuanto ello impediría que las personas que sufren
por uno u otro motivo, sean consideradas parte de la diversidad humana. Además,
las cargas peyorativas a las cuales alude el demandante, no eliminan ni desconocen
el status de persona o la existencia de otras dimensiones vitales.
3. Alega que el contenido de la ley 1306 de 2009 debe ser
entendido de manera global, incluyendo el sentido de la misma expuesto en su
artículo 4°. Por ello, se comprende que el fin último de las disposiciones que
constituyen la norma demandada, no es otro que el de proteger a las personas en
situación de discapacidad. “por estas razones el jefe del ministerio
público considera que se trata de términos que están desprovistos del contenido
reprochado por el autor, en tanto su uso se orienta mucho más a proteger a las
personas en situación de discapacidad que a someterlas a cargas emotivas negativas,
y así se anticipa en el mismo cuerpo normativo.”
4. Concluye expresando que“las expresiones demandadas se encuentran en
absoluta armonía con la Carta Política y mal podrían ser expulsadas del
ordenamiento jurídico en atención a interpretaciones personalísimas que además
resultan contradictorias al aplicárselas únicamente al texto demandado y no a
los propios argumentos del accionante.”
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia y cuestión previa
1.1. La Corte Constitucional es competente, de conformidad con
lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución, para
pronunciarse sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada.
1.2. Ahora bien, para proceder al estudio de las cuestiones
planteadas, y como resultado del planteamiento de algunos intervinientes, así
como del Ministerio Público, la Corte analizará de antemano si la demanda
cumple con los requisitos para ser estudiada de fondo por esta Corporación.
1.2.1. La Corte Constitucional ha reconocido
jurisprudencialmente unos requisitos necesarios que deben cumplir las demandas
de inconstitucionalidad presentadas por los ciudadanos, para que sean admitidas
por el alto Tribunal. En el año 2001, comenzando siglo, el Pleno de la Corte
Constitucional recopiló las reglas fijadas en la primera década de su
funcionamiento, respecto a la admisión o inadmisión de dicha acción
constitucional, en una sentencia que ha sido reiterada en numerosas ocasiones
en el trascurso de estos años, lo que ha permitido precisar y concretar el alcance
de ésta. [4]
En esa decisión se puntualizó que las demandas de esta naturaleza deben
contener tres elementos esenciales: “(1) referir con precisión el objeto[5]
demandado, (2) el concepto de la violación y (3) la razón por la
cual la Corte es competente para conocer del asunto[6] (art. 2, Decreto
2067 de 1991 y jurisprudencia constitucional)”.[7]
En cuanto al concepto de la violación advierte que éste debe responder a mínimo
tres exigencias argumentativas: (1) “el señalamiento de las normas
constitucionales que consideren infringidas (art. 2, num.2, Decreto 2067 de
1991); (2) la exposición del contenido normativo de las disposiciones
constitucionales que riñe con las normas demandadas” y (3) exponer “las
razones por las cuales los textos normativos demandados violan la Constitución”.
[8]
1.2.2. Así mismo, la Corte Constitucional ha evidenciado la
necesidad de que las razones expuestas para sustentar la censura, sean al
menos, “claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”.
[9] En
cuanto a la claridad, la Corporación indica que es indispensable “para
establecer la conducencia del concepto de la violación”, ya que aunque se
trate de una acción popular, es necesario seguir un hilo conductor que permita
comprenderla.[10]
La certeza, por su parte exige que “la demanda recaiga sobre una
proposición jurídica real y existente” cuyo contenido sea verificable y no
sobre deducciones, supuestos o proposiciones hechos por el demandante mas no
por el legislador. [11]
La especificidad se predica de aquellas razones que “definen con
claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta
Política”, [12]
formulando por lo menos un “cargo constitucional concreto contra la norma
demandada”[13]
para que sea posible determinar si se presenta una confrontación real, objetiva
y verificable, dejando de lado argumentos “vagos, indeterminados,
indirectos, abstractos y globales”. [14]
La pertinencia, como atributo esencial de las razones expuestas al
demandar una norma por inconstitucional, indica que “el reproche formulado
por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional”, esto es, basado
en la evaluación del contenido de una norma superior frente al de la
disposición demandada, apartándose de sustentos “puramente legales y
doctrinarios[15]”,
o simples puntos de vista del actor buscando un análisis conveniente y parcial
de sus efectos.[16]
Finalmente, la suficiencia se refiere, por una parte, a “la
exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios)
necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto
objeto de reproche”, [17]
y por otra, a la exposición de argumentos que logren despertar “una duda
mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada”[18] que haga necesario un
pronunciamiento de la Corte.
1.2.3. En su intervención el Ministerio
Público solicitó a la Corte inhibirse frente a los cargos presentados en la
demanda argumentando que “los cargos argumentados por el actor obedecen a
una mera interpretación subjetiva y deducida de manera exclusiva por el actor.
(…) [A]tribuye a los términos demandados una carga emotiva negativa que
no es verificable per sé, sino únicamente a través de una extensa
contextualización doctrinal”. Esto implicaría el incumplimiento del
requisito de pertinencia antes señalado.
1.2.4. En relación con la demanda ahora
estudiada, la sala, al igual que el resto de los intervinientes, encuentra que los
cargos presentados resultan de la evaluación del contenido de una norma
superior frente al de la disposición demandada. Es necesario recordar que las
disposiciones contenidas en tratados internacionales sobre derechos humanos
ratificados por Colombia hacen parte del Bloque de Constitucionalidad, y
constituyen un criterio vinculante de interpretación de las disposiciones
contenidas en la Carta. En consecuencia, la interpretación de la Carta a la luz
de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, no constituye
una “extensa contextualización doctrinal” y mucho menos una “mera
interpretación subjetiva”  sino por el contrario, es la formada idónea de
interpretación del contenido material de la Carta, tal como lo ha sostenido la
jurisprudencia de la Corte, al menos desde la Sentencia C-225 de 1995.[19]
1.2.5. Finalmente, es importante
resaltar que la cuestión planteada involucra derechos de una población
históricamente discriminada,  lo que en todo caso concita a la Corte a adentrarse
en el fondo del asunto, en ejercicio del principio pro actione que
implica que en caso de duda sobre la admisibilidad, se resuelva a favor de la
acción.
1.2.6. Al respecto, la Corte ha explicado
que en aplicación del principio pro actione, la exigencia de los
presupuestos para la presentación de una demanda, (i) no debe tener tal
rigorismo que haga nugatorio ese derecho ciudadano, (ii) debiendo propender el
juez constitucional hacia un fallo de fondo y no uno inhibitorio; por ende,
(iii) la duda debe resolverse a favor del actor. En el fallo C-978  de 2010,[20]
se reiteró la jurisprudencia en la materia y se indicó que:
“No obstante, también
ha resaltado, con base en el principio de pro actione que el examen de los requisitos
adjetivos de la demanda de constitucionalidad no debe ser sometido a un
escrutinio excesivamente riguroso y que debe preferirse una decisión de fondo
antes que una inhibitoria, de manera que se privilegie la efectividad de los
derechos de participación ciudadana y de acceso al recurso judicial efectivo
ante la Corte. Este principio tiene en cuenta que la acción de
inconstitucionalidad es de carácter público, es decir abierta a todos los
ciudadanos, por lo que no exige acreditar la condición de abogad; en tal
medida, ‘el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la demanda no
puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que haga nugatorio
el derecho reconocido al actor y que la duda habrá de interpretarse a favor del
demandante, es decir, admitiendo la demanda y fallando de fondo.”
En virtud de todo lo expuesto, y del
examen realizado, la Corte considera que la demanda cumple con los requisitos
sustantivos y procederá a adelantar el examen de la misma.
2. Problema jurídico
2.1. Luego de revisar el planteamiento
del escrito presentado por el accionante y las diversas posiciones tomadas por
los intervinientes le corresponde a esta Corporación resolver si ¿el legislador
vulneró el derecho a la igualdad y a la dignidad de las personas en situación
de discapacidad, al haber utilizado: (i) las palabras “afectar”, “sufrir”
y “padecer”, que, se alega, contienen una carga negativa, y no abordan
la discapacidad como fruto de la diversidad humana y (ii) el concepto de “discapacidad
absoluta” por considerarse que no es acorde con el derecho internacional de
los derechos humanos en la materia?
2.2. Para resolver el problema jurídico
planteado se recordará (i) la jurisprudencia constitucional e internacional
sobre lenguaje incluyente; (ii) la el abordaje de la discapacidad en el derecho
vigente, para con base en ello, determinar la exequibilidad de las expresiones
acusadas.
3. Jurisprudencia constitucional sobre lenguaje
incluyente y no discriminatorio
3.1. A lo largo de su jurisprudencia, la Corte ha reconocido
el valor protagónico del lenguaje jurídico, no solamente en la estructuración
de los derechos y en su regulación, sino en el efecto social que tienen las
normas, particularmente en  la consolidación o en la superación de parámetros
excluyentes y discriminadores. Cabe recordar, que la jurisprudencia
constitucional no ha sido extraña a los problemas constitucionales implicados
en el uso del lenguaje jurídico. En efecto, a partir de la entrada en vigor de
la Constitución de 1991, numerosas expresiones contenidas en el ordenamiento
jurídico han sido demandadas en acción pública de inconstitucionalidad por no
corresponder al contenido axiológico del nuevo ordenamiento constitucional.[21] Sin embargo,
la posición de la Corte en cuanto al control de expresiones que resultan
contrarias no ha sido uniforme. Una postura de la Corte, fue la de mantenerse
al margen del  escrutinio judicial sobre la terminología jurídica, alegando que
el objeto del control de constitucionalidad es el contenido normativo de los
enunciados legales,  y que la dimensión lingüística del Derecho carece en sí
misma de relevancia normativa. Al respecto la Corte ha concluido que la tarea
del juez constitucional no consiste en analizar palabras o expresiones
lingüísticas de forma aislada, sino en evaluar su faceta regulativa, una vez
integrada la expresión en el enunciado del que hace parte, y determinando la
compatibilidad de la prescripción resultante con el ordenamiento superior.[22] Bajo este
presupuesto, en algunas ocasiones, el juez constitucional, aplicando el
principio de hermenéutica constitucional de conservación del derecho,[23] que exige que
el tribunal constitucional preserve al máximo la ley, en defensa del principio
democrático, ha considerado que si una disposición admite varias
interpretaciones, una de las cuales se ajusta al Texto Fundamental, debe dejar
la norma en el ordenamiento jurídico y retirar la lectura inconstitucional.
3.2. Sin embargo, la Corte ha examinado el lenguaje de las
normas y en ocasiones ha concluido con la exclusión de expresiones que
considera contrarias a la Constitución. En dichas ocasiones la Corporación ha
recalcado el papel transformador del lenguaje jurídico y su importancia para la
realización de los derechos de la Carta, reiterando que este debe ajustarse a la dignidad humana y a los
principios y valores constitucionales. El Alto Tribunal ha resaltado que el
lenguaje no es un medio neutral de comunicación y que, por el contrario, tiene
un enorme poder instrumental y simbólico.[24] En este
sentido, puede ser modelador de la realidad o reflejo de la misma,
proyectándose en el lenguaje jurídico y constituyéndose así en un factor
potencial de inclusión o exclusión social.[25]
3.3. Teniendo
en cuenta lo anterior, la Corte ha declarado la inconstitucionalidad de
numerosas expresiones contenidas en varias disposiciones legales. Considerando
el “potencial transformador del lenguaje jurídico y de la cultura
jurídica”,[26] e identificando cargas valorativas contrarias
a la Constitución, han sido expulsadas del ordenamiento jurídico, palabras y
expresiones, en especial del Código Civil, que en su momento no tenían un
sentido negativo pero que, en el presente y luego de la Constitución Política
de 1991, se revelaban obsoletas y con una fuerte carga peyorativa y despectiva.
Es el caso de las sentencias que declararon la inexequibilidad de expresiones
tales como hijo “legítimo”; [27] “cómplice” de la mujer adúltera; [28]
“tuviere suficiente inteligencia para la administración de sus bienes”;[29]
“furiosos locos”, “mentecatos”, “invencibilidad, idiotismo y locura furiosa”,
“casa de locos”;[30] “si la locura fuere furiosa” o “loco”;[31]
y, “amo-sirviente” o “criado”;[32] entre otras.
3.4. Se
justificó la intervención de la Corte en estos casos, considerando que “el uso
emotivo de las palabras utilizadas por el legislador al formular una regla de
derecho determinada puede interferir derechos fundamentales de las personas y
por ello el juez constitucional se halla legitimado para resolver los problemas
constitucionales que se deriven de ello y que le sean planteados en ejercicio
de la acción pública e informal de inconstitucionalidad. Y cuando el juez
constitucional asume esta función, lejos de incurrir en excesos, está
cumpliendo, de manera legítima, con la tarea que se le ha encomendado: Defender
la integridad y supremacía de la Carta Política”.[33]
3.5. Asimismo
la Corte ha destacado que se requiere la intervención del juez constitucional
en los casos en los que el lenguaje jurídico o institucional se constituye en
un acto discriminatorio, o bien en una “conducta, actitud o trato que
pretende - consciente o inconscientemente - anular, dominar o ignorar a una
persona o grupo de personas, con frecuencia apelando a preconcepciones o prejuicios
sociales o personales, y que trae como resultado la violación de sus derechos
fundamentales”.[34] La Corte ha reconocido
que el lenguaje tiene un poder simbólico e instrumental, y luego de la recapitulación
de sus decisiones, concluyó en la Sentencia C-804 de 2006 que la jurisprudencia
constitucional ha coincidido en que el lenguaje jurídico no es un instrumento
neutral de comunicación y en esa medida debe ajustarse al contenido axiológico
de la Carta de 1991. [35]
3.6. En
dicha decisión, y respecto del poder transformador que tiene el lenguaje
jurídico, para ayudar a superar o por el contrario perpetuar estereotipos discriminatorios,
concluyó la Corte:
A partir de lo expresado hasta este lugar puede decirse que el
lenguaje como fenómeno social, cultural e institucional de primer orden, se
proyecta de manera directa en el ámbito jurídico: “[e]l Derecho se
manifiesta, se funda y se expresa por medio de palabras”.[36] El
lenguaje jurídico refleja y también contribuye a perpetuar formas de
pensamiento. El lenguaje ni la cultura permanecen estáticos sino que se
transforman de manera profunda, aun cuando a veces imperceptible, con el paso
del tiempo. Así, como los cambios sociales pueden tener incidencia en los
cambios del lenguaje y de los contenidos de las definiciones construidas a
partir del mismo, también el lenguaje y la manera como éste sea utilizado para
establecer contenidos, puede producir una variación en la percepción de los
fenómenos sociales.[37]
3.7. Por otra parte, la Corte ha establecido que el juicio para
determinar el impacto del lenguaje sobre la constitucionalidad de ciertos
textos legales trasciende el análisis lingüístico y toma en consideración
factores históricos, sociológicos y el uso del idioma para examinar si
determinadas expresiones contravienen el marco axiológico de la Constitución,  aun
cuando la finalidad buscada por la norma que las contiene no sea contraria a las
disposiciones superiores. Es el caso de las “comunidades negras” resuelto en la
sentencia C-253 de 2013.[38] En esa
ocasión, el demandante acusó la expresión “comunidades negras” contenida en Ley
70 de 1993, la Ley 649 de 2001, el Decreto 1332 de 1992, el Decreto 2374 de
1993, por considerar que la misma se asocia con prácticas excluyentes y
discriminatorias y por haberse desconocido el derecho a la consulta previa en
la medida en la que no se contempló la participación de la población
afrocolombiana en la decisión de denominarla “comunidades negras”. La Corte
declaró exequible la expresión, porque no le corresponde a la Corte controlar
el lenguaje en sí mismo sino el uso del lenguaje en el ejercicio del poder
público o privado, para lo cual la revisó: (i) el contexto en el que se emplea
la citada expresión no es excluyente ni pretende invisibilizar o denigrar a los
afrocolombianos, sino por el contrario regular mecanismos de integración y
acciones afirmativas; (ii) se trata de una expresión que el Legislador extrae
de la propia Constitución y específicamente del artículo 55 transitorio; (iii)
la expresión -“comunidades negras”- ha sido apropiada por muchos movimientos y
numerosas organizaciones de afrocolombianos como un concepto “autodenominatorio”
y “autoidentificatorio”.
3.8. Más adelante en la  sentencia C-458 de 2015 se
estudió la exequibilidad de una serie de expresiones referidas a las personas en
situación de discapacidad.[39]
En su decisión la Corte consideró que algunas de las expresiones demandadas, en
el contexto normativo en que se encontraban, no contenían ninguna carga
discriminatoria o connotación peyorativa, sino que fueron concebidas en su
momento con una alternativa léxica neutra y tienen una función referencial
limitada a limitar el universo de individuos para los efectos jurídicos
requeridos.[40]
En cambio, frente a otra parte de las expresiones demandadas concluyó la Corte
que sí atentaban contra la dignidad de las personas en situación de
discapacidad, y se trataba de formas escogidas para referirse a ciertos sujetos
o situaciones que no responden a criterios definitorios de técnica jurídica. Al
respecto sostuvo la Corte: [41]
Los fragmentos acusados generan
discriminación porque corresponden a un tipo de marginación sutil y silenciosa
consistente en usar expresiones reduccionistas [que] radican la discapacidad en
el sujeto y no en la sociedad. Con ello, definen a los sujetos por una sola de
sus características, que además no les es imputable a ellos, sino a una
sociedad que no se ha adaptado a la diversidad funcional de ciertas personas.//
(…) // En efecto, las expresiones usadas por el Legislador no son neutrales, tienen
una carga no sólo peyorativa en términos de lenguaje natural, sino violatoria
de derechos en términos de las últimas tendencias del DIDH que ha asumido el
enfoque social de la discapacidad. En ese sentido no podrían ser exequibles
expresiones que no reconozcan a las personas en condición de discapacidad como
sujetos plenos de derechos, quienes a pesar de tener características que los
hacen diversos funcionalmente, deben contar con un entorno que les permita
desenvolverse con la mayor autonomía posible, pues son mucho más que los rasgos
que los hacen diversos y pueden ser parte de la sociedad si ella se adapta a
sus singularidades y les da el valor que les corresponde como individuos, en
concordancia con el derecho a la dignidad humana (art. 1º CP).
3.9. Para llegar a estas conclusiones, la Corte adelantó un
examen en el que verificaron los siguientes elementos frente a las expresiones
acusadas: (i) La función de la expresión.[42]
(ii) La ubicación de la expresión en un sistema complejo de normas que interactúan
con otras para lograr sus objetivos.[43]
(iii) El objetivo imperioso perseguido por las normas en que se encuentran las
expresiones, cuya declaratoria de inexequibilidad generaría efectos negativos a
la población beneficiaria.[44]
3.10. Se puede concluir
entonces que la justicia constitucional no tiene por objeto evaluar la
constitucionalidad de las expresiones del lenguaje de forma aislada, esto es,
‘la constitucionalidad de las palabras’, consideradas en sí mismas. Lo que le
corresponde a la justicia constitucional es controlar el ejercicio del poder.
Verificar que éste se ejerza y se aplique de acuerdo a la Constitución. Por
tanto, al juez constitucional le corresponde evaluar los usos que se hagan del
lenguaje en ejercicio de algún poder público o privado. Lo que importa pues,
como lo han señalado importantes filósofos del lenguaje, es el uso de las
palabras.[45] Lo que
ha de interesar al juez respecto a las expresiones y palabras es cómo se
empleen y para qué, en qué condiciones y con qué propósito. Es decir, el juez
no debe determinar la constitucionalidad de las palabras consideradas en
abstracto, sino en las acciones concretas que con ellas se
hagan.
3.11.
Sin embargo, no cabe ninguna duda del poder del lenguaje y más del lenguaje
jurídico, que es un vehículo de construcción y preservación de estructuras
sociales y culturales. Ese rol de las palabras explica que las normas  puedan
ser consideradas inconstitucionales por mantener tratos discriminatorios en sus
vocablos. Cabe recordar que el mandato de abstención de tratos discriminatorios
ostenta rango constitucional (art. 13 CP) y por tanto cualquier acto de este
tipo –incluso cuando se expresa a través de la normativa- está proscrito.
3.12.
En ese sentido, la Corte ha considerado necesario declarar inconstitucionales
expresiones contenidas en normas legales que, luego de un análisis lingüístico,
histórico y social, en el contexto de la norma, no puedan tener una
interpretación acorde con la Constitución Política, y por el contrario, resulten
despectivas, discriminatorias y con una carga valorativa claramente contraria a
la dignidad humana y a la C.P. Evidentemente el control constitucional sobre el
lenguaje exige del legislador una sensibilidad con los enfoques más
respetuosos de la dignidad humana, y su rigurosidad depende del grado de
afectación de derecho o principios constitucionales importantes, como cundo se
emplean categorías sospechosas de discriminación, y siempre tiene relación con
la finalidad y uso de la disposición en que se encuentre la expresión y no con
un examen aislado de los actos de habla.[46]
4. El abordaje actual de la discapacidad por el derecho
vigente en Colombia
4.1. Los derechos de las personas en situación de
discapacidad y la Constitución Política de 1991
4.1.1. La Carta Política contiene una serie de disposiciones
que hacen mención expresa a la protección, atención y amparo de las personas en situación
de discapacidad a fin de garantizar el goce pleno de sus derechos
fundamentales. Si bien las discusiones en la Asamblea Nacional Constituyente
sobre los derechos de las personas en situación de discapacidad no fueron muy profusas,
es posible identificar algunos rasgos característicos del abordaje original
sobre el asunto. Así, el artículo 13[47] -mandato a las autoridades para que
adopten todas las medidas orientadas a asegurar igualdad real-, en la Sesión
plenaria del 2 de mayo de 1991[48]
en que se presentó la formulación aprobada, la Constituyente María Teresa
Garcés indicó que uno de los principios de la nación colombiana era “la
igualdad, elemento sustentador de la tolerancia al pluralismo y a la diversidad
entre individuos y entre naciones”. Más adelante dentro de su intervención
señaló la importancia de la especial protección de Estado y del principio de
solidaridad que va de la mano con el de igualdad. En palabras de la
Constituyente:
“Consideramos que no basta con
proteger los derechos inalienables de la persona, sino que es necesario
establecer a nivel de principio la protección de aquellas personas cuyos
derechos puedan ser más fácilmente desconocidos o violados por sus especiales
condiciones de debilidad frente a la sociedad. Es indispensable expresar, como
se establece en la proposición sustitutiva, que todas las personas son iguales
ante la ley y tienen los mismos derechos y deberes. La consecuencia directa de
la igualdad es la no discriminación de las personas, no para perjudicarlas ni
para favorecerlas, por causa de su sexo, su ascendencia, su raza, su lengua o
su ideología religiosa o política. Pero además de la igualdad se debe
establecer la especial protección por parte del Estado para aquellos que por
sus circunstancias de cualquier índole, se encuentran en un nivel de
desigualdad frente a los demás, por motivos de indigencia, enfermedad o
invalidez, por ser ancianos o niños o por razones de sexo. En última instancia
se trata de prever, al lado del principio de la igualdad ante la ley el de la
solidaridad de la sociedad para con los más débiles”.
4.1.2.
Respecto del artículo 47-obligación para el Estado de implementar una política
pública de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos
físicos, sensoriales y psíquicos-, es claro que el pilar fundamental de la
disposición es la protección a la dignidad humana, y la respuesta que el Estado
debe dar a los requerimientos que para hacerla efectiva hacen los diferentes
grupos sociales. [49] Al respecto se dijo en una de las sesiones
de la Asamblea Nacional Constituyente sobre el artículo 47:
“la evolución histórica le ha dado
a diferenciar la concepción clásica liberal de los Derechos Humanos frente a
los derechos sociales, económicos y culturales cuya aparición es posterior,
mientras los primeros dan a las personas un poder actuar, los segundos le
otorgan la facultad de reclamar determinadas prestaciones al Estado y tiene que
ver con los grupos sociales en los que la persona se sitúa, así los derechos
sociales, económicos y culturales constituyen un conjunto de exigencias que
imponen al reconocimiento de la dignidad humana a la organización política de
la sociedad. En la actualidad es claro que la libertad individual y la igualdad
jurídica deben hacerse efectivas a través de las exigencias que las personas y
los grupos plantean a la sociedad y al Estado con el fin de que les proporcione
los medios para alcanzar una existencia digna, así, derechos individuales y
derechos sociales vienen a complementarse en cuanto a los segundos amplían el
ámbito de protección de la persona asegurándole incluso las condiciones
materiales para el disfrute electivo y pleno de los derechos individuales en
cuanto a la naturaleza jurídica de los derechos sociales, esta subcomisión se
planteó el problema de su alcance y eficacia como origen de situaciones
constitutivas de derechos ‘constijurisdiccionalmente’ ejercitables.” [50]
4.1.3.
Los artículos 54 -deber de ofrecer formación y habilitación profesional y
técnica a quienes lo requieran y de garantizar a los minusválidos el derecho a
un trabajo acorde con sus condiciones de salud-[51]
y 68-obligación de fomentar la educación de personas con limitaciones físicas o
mentales, o con capacidades excepcionales-[52]
establecieron, entre otras cosas, una serie de obligaciones a cargo del
Estado, tendientes a adoptar medidas para
lograr una igualdad real de trato, condiciones, protección y oportunidades de
todas las personas, con un especial interés en la promoción, protección y
garantía de quienes se encuentran en condición de discapacidad.
4.1.4. De otra parte, la Constitución también define un
listado inacabado de derechos económicos, sociales y culturales, de
carácter universal y que por lo tanto protegen a las personas con algún tipo de
discapacidad. Entre los que se encuentran el trabajo, la seguridad social, la
salud, la recreación y el deporte, y el mejoramiento de la calidad de vida de los
ciudadanos.
4.1.5. Por su parte, esta Corte, desde su
jurisprudencia temprana[53] ha reconocido  que la Constitución Política consagra a cargo del
Estado, un deber positivo de trato especial, a favor de las personas con
diversidades funcionales, de tal manera que la función y servicios que brinda
el Estado no estén diseñados de forma que constituyan barreras para ciertas
personas en virtud de sus diferencias, sino que dichas diferencias sean tenidas
en cuenta para responder efectivamente a sus requerimientos y garantizar de esa
forma sus derechos. Al respecto, la Corte ha señalado:
“En distintas
sentencias, la Corte Constitucional ha indicado la necesidad de brindar un
trato especial a las personas discapacitadas y ha señalado que la omisión de
ese trato especial puede constituir una medida discriminatoria. Ello, por
cuanto la no aplicación de la diferenciación positiva en el caso de las
personas discapacitadas permite que la condición natural de desigualdad y
desprotección en que se encuentran se perpetúe, situación que les impide,
entonces, participar e integrarse en las actividades sociales, para poder así
ejercer sus derechos y responder por sus obligaciones.”
4.1.6. En suma, para la Constitución Política las
personas en situación de discapacidad tienen derecho a que el Estado les
procure un trato acorde a sus circunstancias, siempre que ello resulte
necesario para el ejercicio pleno de sus derechos en condiciones de igualdad.
La omisión de este deber, por parte del Estado, puede convertirse en una lesión
de los derechos fundamentales de los sujetos concernidos y, en consecuencia
sería inconstitucional.
4.1.7. En la Sentencia T-291 de 2009 sobre mecanismos de
participación igualitarios para personas en situación de debilidad manifiesta,
la Corte recordó que, en un Estado Social de Derecho, más allá de la
perspectiva puramente formal, la igualdad se erige en un postulado que apunta a
la realización de condiciones de igualdad material, ámbito en el cual tiene
particular relevancia la protección de grupos tradicionalmente discriminados o
marginados. [54]
4.1.8. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, esa
protección tiene una doble dimensión, en la medida en que comporta, por un
lado, un mandato de abstención o interdicción de tratos discriminatorios y, por
otro, un mandato de intervención, a través del cual el Estado está obligado a
realizar acciones tendientes a superar las condiciones de desigualdad material
que enfrentan dichos grupos.[55]
Por consiguiente, reitera que “De
conformidad con la Constitución el compromiso que tiene el Estado para con las
personas discapacitadas es doble: por una parte, abstenerse de adoptar o
ejecutar cualquier medida administrativa o legislativa que lesione el principio
de igualdad de trato; por otra, con el fin de garantizar una igualdad de
oportunidades, remover todos los obstáculos que en los ámbitos normativo,
económico y social configuren efectivas desigualdades de hecho que se opongan
al pleno disfrute de los derechos de estas personas, y en tal sentido, impulsar
acciones positivas.”[56]
4.1.9. Por lo tanto, las obligaciones constitucionales evidencian
que la discapacidad, como fenómeno que limita y restringe el acceso a los
derechos, proviene fundamentalmente de la sociedad, no de las diversidades
funcionales de las personas. Son los sistemas sociales los que deben dejar de
excluir y deben remover los obstáculos (como las faltas acentuadas de
oportunidades laborales o la falta de adecuación de la educación a los
requerimientos de ciertos grupos de personas). Para la Constitución de 1991, la
sociedad no puede imponer limitaciones que impidan a las personas desarrollar
sus capacidades y su proyecto de vida.
4.1.10.
En ese sentido, el inciso 2 del artículo 13 superior alude a la dimensión
sustancial de la igualdad, "al compromiso Estatal de remover los
obstáculos que en el plano económico y social configuran efectivas
desigualdades de hecho. La igualdad sustancial revela, entonces, un carácter
remedial, compensador, emancipatorio, corrector y defensivo de personas y de grupos
ubicados en condiciones de inferioridad, mediante el impulso de acciones
positivas de los poderes públicos". Si bien pueden generar una
desigualdad, lo hacen como medio para conseguir el fin de una sociedad menos
inequitativa y más acorde con el propósito consignado en el artículo 2º de la
Constitución, de perseguir un orden justo. [57]
4.1.11.
Lo anterior implica que el Estado debe: “abstenerse de adelantar, promover o
ejecutar políticas, programas o medidas que conduzcan a agravar o perpetuar la
situación de exclusión, marginamiento o discriminación de grupos
tradicionalmente desventajados en la sociedad” y de
manera especial, ha destacado que el mandato de abstención que se deriva del
primer inciso del artículo 13 constitucional, no se dirige exclusivamente a
evitar que se adopten por el Estado medidas o políticas, abiertamente
discriminatorias, sino que también pretende “(…) evitar que medidas,
programas o políticas, así éstas hayan sido adoptadas bajo el marco de
presupuestos generales y abstractos, impacten desproporcionadamente a grupos
marginados o discriminados o, en otras palabras, los coloque en una situación
de mayor adversidad”.[58] Del mismo modo,
en una reciente decisión la Corte afirmó que: “las personas en situación de
discapacidad deben ser tuteladas en primer lugar (i) mediante la prohibición de
medidas negativas o restrictivas que constituyan obstáculos o barreras para
hacer efectivos sus derechos; y en segundo término (ii) mediante medidas de
acción positiva o acciones afirmativas de tipo legislativo, administrativo o de
otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos de dicho
colectivo de personas.”.[59] En otras palabras, existe un deber
constitucional de remover los obstáculos que se hayan puesto en función de las
capacidades personales y de superar los efectos que ya han generado los
obstáculos hasta este momento; en especial aquellos claramente discriminatorios
o excluyentes.
4.1.12. Es así como, el Estado debe adoptar medidas con el objetivo de propiciar la
inclusión en la sociedad de las personas en situación de discapacidad.[60] En consonancia con lo anterior, la Corte
estableció los parámetros constitucionales que el Estado debe cumplir a
cabalidad para “eliminar, mediante actuaciones positivas del Estado y de la
sociedad, la silenciosa y sutil marginación de las personas con cualquier tipo
de discapacidad, que se encuentra arraigada en lo más profundo de las
estructuras sociales, culturales y económicas predominantes en nuestro país, y
[que] es fundamentalmente contraria al principio de dignidad humana sobre el
que se construye el Estado Social de Derecho”.[61] Una estructura de
discriminación tan naturalizada que se asume evidente, el punto de creer que el
problema está en las personas y no en la forma en que se les trata.
4.1.13. En esta línea, se ha desarrollado un enfoque
diferencial por discapacidad que exige del Estado y en particular del
Legislador una actuación acorde con los enfoques más sensibles de la dignidad
humana y contempla
entre otros asuntos (i) debilidad Manifiesta y Estabilidad
Laboral Reforzada de las personas con discapacidad (ii) derecho al trabajo
justo y digno de las personas con discapacidad, (iii) derecho a la seguridad
social, y (iv) derecho a la educación con enfoque de discapacidad.
4.2. La discapacidad a la luz del bloque de constitucionalidad
4.2.1. La Corte ha señalado que la noción de bloque de constitucionalidad hace
referencia al conjunto de “normas y principios que, aun cuando no aparecen
en el texto constitucional, se entienden integrados a la Constitución y
formalmente hacen parte de ella”.[62]
Expresamente, la Constitución establece que los tratados en materia de derechos
humanos aprobados y ratificados por Colombia, hacen parte integral de la
Constitución y son una herramienta para la interpretación más amplia de los
derechos reconocidos en la Carta Política (art. 93, CP).
4.2.2. La manera en que el texto
constitucional confiere importancia a las cartas de derechos humanos
internacional y regional es doble (art. 93, CP). En primer, lugar al hacer
parte del bloque de constitucionalidad, sus normas tienen ‘prevalencia’
frente a la normatividad ‘infraconstitucional’,[63] y una relación con las normas constitucionales guiada por el
principio pro persona,[64]
que indica que en caso de discrepancia, el juez debe aplicar siempre la norma o
interpretación que resulte más favorable para la protección de los derechos humanos
en juego.[65]  En segundo lugar la Constitución les
reconoce su carácter de ‘criterio interpretativo constitucional’. Así,
los tratados internacionales sobre derechos humanos prevalecen en el orden
interno y, además, son un criterio según el cual todo derecho y deber
constitucional debe ser interpretado.[66]
4.2.3. Es pues este doble carácter del cuerpo
jurídico internacional y regional de derechos humanos bajo el orden
constitucional vigente (su prevalencia y criterio constitucional de
interpretación de los derechos y deberes fundamentales), el que lo convierte en
parte integral del sistema jurídico Colombiano. En otras palabras, la Carta internacional
y regional de derechos humanos hace parte del ‘código genético’ del sistema
jurídico nacional. No son criterios añadidos o alternativos a los cuales haya
que recurrir ocasional o excepcionalmente cuando el sistema jurídico nacional
no tiene una respuesta que dar a un caso. Como el artículo 93 constitucional
claramente lo consagra, la carta internacional y regional de derechos humanos
ratificada por Colombia es parte integral, fundacional y orientadora del orden
jurídico vigente.
4.2.4. Así, mientras el control a la luz de
tratados o convenciones internacionales de derechos humanos en ciertos sistemas
jurídicos puede ser visto como algo ocasional que se da frente a cierto tipo de
casos con cierto tipo de características, el uso de los tratados a través del
Bloque de Constitucionalidad forma parte del continuo trasegar de la Corte
Constitucional, y de todo el sistema jurídico nacional, que de forma
sistemática utiliza el derecho de los pactos o convencional como parte integral
de las fuentes jurídicas para determinar el significado y alcance de la
Constitución y, por tanto, para controlar la constitucionalidad de las normas
internas.[67]
4.2.5. No se trata de una relación jerárquica,
en la que el derecho internacional y regional de los derechos humanos se sitúe
por encima del derecho colombiano o al contrario. La relación entre la carta
internacional y regional de derechos humanos y la carta de derechos
fundamentales de la Constitución Política nacional es de complementariedad. Se
trata de dos sistemas de protección que buscan potenciarse mutuamente, no
restringirse, con un único objetivo común: garantizar el más alto nivel de
protección a la dignidad humana de toda persona, en cumplimiento del principio pro
persona.[68].
De tal suerte que la jurisprudencia constitucional, por ejemplo, ha hecho uso
de tratados de derechos humanos ratificados por Colombia como un criterio de
interpretación vinculante de la Constitución, con el fin de asegurar la mayor
protección posible a los derechos fundamentales en juego.[69] Este diálogo
entre sistemas y jurisdicciones de diverso nivel es crucial, en especial si se
tiene en cuenta que el derecho internacional de los derechos humanos está
constituido por los mínimos que acuerda un conjunto de Estados. De ninguna
forma la interpretación constitucional a la luz de algún pacto o convención del
bloque de constitucionalidad puede servir para frenar los avances que, dentro
del derecho interno, cada Estado Parte haya alcanzado[70]
4.2.6. La comprobada existencia de una
discriminación histórica y generalizada contra las personas en situación de
discapacidad, han generado la necesidad de reforzar los compromisos
internacionales de los Estados para garantizar la aplicación del enfoque
diferencial como respuesta idónea al principio de igualdad, numerosos
instrumentos internacionales, entre tratados [71]
y declaraciones,[72]
que se refieren de forma general o específica los derechos de las personas en
situación de discapacidad, haciendo énfasis en la necesidad de avanzar en la
erradicación de las barreras sociales que constituyen la discriminación y que
limitan el acceso a los derechos.
4.2.7. A nivel interamericano, el instrumento más específico y
que ha sido constantemente mencionado por la jurisprudencia constitucional es la Convención
Interamericana Para La Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Contra
Las Personas Con Discapacidad, aprobada por la
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en ciudad de
Guatemala el 6 de julio de 1999, e incorporada al derecho interno mediante la
Ley 762 de 2002.[73]
Ésta tiene como objetivo central contribuir a la eliminación de la
discriminación contra las personas en situación de discapacidad y propiciar su
plena integración a la sociedad. [74]
4.2.8. Sin embargo, la norma internacional que más relevancia
ha cobrado en la materia, y aquella que es especialmente traída a colación por
el accionante, es la "Convención sobre los Derechos de las personas con
Discapacidad",  adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas
el 13 de diciembre de 2006, aprobada en Colombia por la Ley 1036 de 2009,[75] declarada
exequible por la sentencia C-293 de 2010[76]
y ratificada por el Estado colombiano, el 10 de mayo de 2011. Esta Convención
fue el resultado de un amplio y profundo debate sobre el correcto abordaje de
la discapacidad y los derechos de las personas en situación de discapacidad. Se
enmarca en el abordaje social de la discapacidad y procura superar con ello el
modelo médico - rehabilitador que erróneamente veía a la discapacidad como una
enfermedad que requería rehabilitación y no como una característica más de la
diversidad humana.[77]
Una de las discusiones más complejas que se dieron en torno a esta Convención,
fue la relativa a acoger una definición de personas en situación de
discapacidad, pero finalmente, la Asamblea General aprobó la siguiente
definición:
Artículo 1: ‘‘(…)
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.’’
4.2.9. En la Sentencia que estudió la constitucionalidad de
la Convención,  (C-293 de 2010) la Corte analizó con detenimiento la Convención
y concluyó que parte importante de su propósito, era el de actualizar la
normatividad a los nuevos modelos. Al respecto sostuvo la Sentencia: “(…) la
aprobación de la Convención implica entonces un importante esfuerzo de
reformulación y actualización de las normas internacionales sobre la materia,
frente a los grandes cambios sociales y culturales observados durante los años
recientes, incluso respecto al concepto mismo de discapacidad, que el tratado
reconoce como cambiante y evolutivo, (…)”[78]
4.2.10. Al respecto, los artículos 1° a 3° del tratado contienen
elementos fundamentales para la comprensión y correcta aplicación de la
Convención, en su orden, el propósito, la definición de varios términos y los
principios básicos que sustentan sus estipulaciones. Dentro de las definiciones
incluidas en el artículo 2° se destacan las de comunicación, discriminación
por motivos de incapacidad, el principio de ajustes razonables y diseño
universal. De especial importancia resulta el artículo 8° de la Convención[79] denominado Toma
de conciencia, en el que los Estados partes se comprometen a realizar
campañas de sensibilización y comunicación dirigidas a la superación de
prejuicios, costumbres o estereotipos usualmente existentes en relación con las
personas discapacitadas, al reconocimiento de sus méritos y habilidades, y a la
viabilidad de su plena inclusión social. Esas acciones deberán adelantarse en
diversos ámbitos, incluyendo el familiar, el educativo y el laboral. Dentro de
la relación de los deberes estatales debe mencionarse también el artículo 9°
que desarrolla el concepto de la accesibilidad, tanto en su componente
puramente físico y de movilidad, como en relación con otros factores como los
avances tecnológicos, la información y las comunicaciones.
4.2.11. Estas disposiciones se enmarcan en el
contexto de un modelo de abordaje de la discapacidad a partir de las barreras
sociales, en que la
noción de persona en situación de discapacidad se basa, más allá de la
diversidad funcional de las personas, en las barreras que genera la propia
sociedad. De este modo, se realiza una distinción entre la diversidad funcional[80] y lo que se entiende
por discapacidad. El modelo social está íntimamente ligado al respeto por la
dignidad y la vida independiente, pero acompañada de unos Principios
Fundamentales que describen la discapacidad como una forma específica de
opresión social. Estos principios hacen una distinción entre diversidad
funcional u orgánica —la condición del cuerpo y de la mente– y ‘discapacidad’,
respecto de las restricciones sociales que se experimentan.[81]
4.3. Abordaje actual de la discapacidad en Colombia
4.3.1. El abordaje de la discapacidad como un
efecto de las barreras sociales contra las personas con ciertas diversidades
funcionales es la posición que resulta coherente con la visión de la Constitución
Política que estructura su eje central sobre el respeto de la dignidad
inherente a todo ser humano y que por lo tanto no puede ser afectada por las
condiciones físicas o mentales de cada persona. En la Carta Política no se
concibe una normalización de las características humanas, antes por el
contrario, se acoge la diversidad como una riqueza de la especie, frente a la
cual el Estado debe responder con un enfoque diferencial cuando a ello haya
lugar, para que la protección de dignidad,  libertades y derechos, sea efectiva
para todos los que se encuentren bajo la jurisdicción del Estado.
4.3.2. Esta Corte, ha tenido oportunidad de referirse al
concepto de discapacidad al estudiar la constitucionalidad de la Ley 361 de
1997 “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las
personas en situación de discapacidad”. Así en la sentencia C-606 de 2012 consideró que la palabra discapacidad
engloba: “aquellas
personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, que
al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”.[82]
Más adelante, en sentencia C-066 de 2013 la Corte definió que las personas que
se encuentran en situación de discapacidad deben ser protegidas bajo el modelo
social entendiendo la discapacidad como ‘‘una realidad, no como una enfermedad que requiere ser superada a
toda costa, en otras palabras, se asume desde el punto de vista de la diversidad,
de aceptar la diferencia.” [83]
4.3.3. Concomitante con ello, la Ley 1618 de
2013 "Por Medio de la cual se establecen las Disposiciones para
Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con Discapacidad"
define la discapacidad como: “Aquellas personas que tengan deficiencias
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo que, al
interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan impedir
su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones
con las demás.”[84]
4.3.4. En sentencia C-767 de
2014, sobre la pensión de invalidez para víctimas del conflicto armado, al
estudiar el concepto de discapacidad para efectos pensionales, la Corte
mencionó la definición  establecida por Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad considerando: “Al respecto, vale destacar que este
instrumento representa la adopción normativa del modelo social de la discapacidad, estableciendo una
nueva forma de entender este concepto, que busca tanto igualar las condiciones
de las personas con discapacidad como fortalecer su participación plena,
eliminando barreras”.[85]  Siguiendo con
su análisis en esta sentencia la Corte mencionó que conforme a la adopción del
modelo social, “la discapacidad se genera por las barreras propias del
contexto en donde se desenvuelve la persona, por lo que resulta necesario
asegurar adecuadamente sus necesidades dentro de la organización social. Así,
pretende aminorar dichos límites sociales de modo que se puedan prestar
servicios apropiados que aseguren que las necesidades de las personas con
discapacidad sean tomadas en consideración”.[86]
4.3.5. Bajo la perspectiva del modelo de “barreras sociales”, la
diversidad funcional sería esa característica de una persona consistente en un
órgano, una función o un mecanismo del cuerpo o de la mente que no funciona igual
que en la mayoría de las personas. En cambio, la discapacidad es el conjunto de
restricciones al acceso y disfrute de los derechos que la sociedad y el entorno
imponen a las personas por sus diversidades funcionales.  De este modo, si en
el modelo de prescindencia las causas de la discapacidad se consideraban
religiosas, en el modelo rehabilitador la discapacidad es atribuida a una
patología individual, en el modelo social se interpreta como el resultado de
las barreras sociales y de las relaciones de poder, más que de un destino
biológico ineludible.  Así, la discapacidad ha pasado de ser entendida como el
producto de un pecado reprochable, o como una enfermedad a rehabilitar, para
pasar a comprenderse como el efecto de las barreras sociales ante condiciones
que hacen parte de la diversidad humana y que como tal deben ser asumidas con
respeto y dignidad.
4.3.6. Conforme a estas definiciones la Corte
Constitucional en la sentencia C-458 de 2015 sostuvo que con la
ratificación de la “Convención sobre
los Derechos de las personas con Discapacidad” se adopta en Colombia el modelo social de la
discapacidad, condición que bajo este supuesto debe ser entendida de la
siguiente forma:
“(i) frente a la idea de que la discapacidad proviene de estados
inmanentes e innatos a los individuos, el modelo social ubica la discapacidad
en el entorno social, en tanto que considera que son las estructuras sociales,
económicas, políticas y culturales opresivas y excluyentes las que generan esta
condición;
(ii) frente a la idea de que a la discapacidad subyacen
defectos, insuficiencias, anomalías, alteraciones o deficiencias de los
individuos, para el modelo social se trata únicamente de diferencias que deben
ser reconocidas y aceptadas, y que en ningún caso agotan la individualidad de
las personas, las cuales tienen una vida más allá de los problemas derivados de
sus diferencias;
(iii) frente a la idea de que las personas con discapacidad
deben ser tratadas desde una perspectiva médica, con el objeto de buscar su
normalización, el modelo social propone una aceptación social de la diferencia,
y en su lugar, una intervención, no en los individuos con discapacidad, sino
directamente en las estructuras sociales de base, que son aquellas que impiden
la realización y el pleno goce de los derechos de todas las personas.” [87]
4.3.7. En ese orden de ideas el modelo social es
aquel que considera que las causas que originan la discapacidad no son ni
religiosas, ni científicas, sino que son, en gran medida, sociales. Para la
Corte es claro que este abordaje de la discapacidad es el que más se acerca a
los principios y derechos contenidos en la Carta, y que como un paso adelante en
la construcción de una sociedad incluyente, diversa y sin perjuicios, es
necesario comprender la discapacidad   como el resultado de la interacción
entre algunas formas de diversidad funcional con los entornos físicos,
sociales, económicos y culturales.
4.3.8. Para la Corte, la diversidad funcional –el
funcionamiento diferente de ciertos órganos o de la mente- no se concibe como
una enfermedad, sino como una característica inherente del ser humano, que se
asume como parte de la diversidad de la especie.  Dentro de esa diversidad, las
particularidades propias de los individuos, que los identifican y hacen posible
su individualidad en medio de la pluralidad, no pueden abordarse como algo
positivo o negativo. La calificación de las características individuales, a
partir de la normativización de algunas cualidades, es lo que conlleva a la
discriminación, a la exclusión y a la marginación. La tendencia generalizada a
marginar a las minorías, ha llevado a la sociedad a través de la historia a
temer y calificar sus signos distintivos como negativos. Lo que hoy se
considera como criterios sospechosos de discriminación en la Carta, no son otra
cosa que características inherentes al ser humano que han sido abordadas
históricamente como cargas negativas que por ende deben ser excluidas o
rechazadas.
4.3.9. La discriminación fundada en la discapacidad es una
forma de discriminación histórica y estructural, que se sirve de tradiciones en
las cuales impera una visión de normalización frente a la cual, las diferencias
funcionales son consideradas como indeseables y en consecuencia las personas
que no hacen parte del estándar de “normalidad” son excluidas. Al respecto,
sostuvo la Corte en 1999 “En el curso de la historia, las personas
discapacitadas han sido tradicional y silenciosamente marginadas. A través del
tiempo, las ciudades se han construido bajo el paradigma del sujeto
completamente habilitado. La educación, la recreación, el transporte, los
lugares y los medios de trabajo, incluso el imaginario colectivo de la felicidad,
se fundan en la idea de una persona que se encuentra en pleno ejercicio de
todas sus capacidades físicas y mentales. Quien empieza a decaer o simplemente
sufre una dolencia que le impide vincularse, en igualdad de condiciones, a los
procesos sociales – económicos, artísticos, urbanos -, se ve abocado a un
proceso difuso de exclusión y marginación, que aumenta exponencialmente la
carga que debe soportar.”[88]
4.3.10. Aún estos criterios históricos de discriminación no
han logrado superarse y ya empiezan a surgir nuevos criterios para excluir o
marginar a las personas, con base en sus características físicas o sus posiciones
ideológicas. La marginación surge justamente de la tendencia social a
descalificar al otro. El papel del derecho a la luz de los principios
constitucionales e internacionales de derechos humanos, no es otro que el de
contribuir a la superación de estas barreras que le impiden a algunos el
disfrute de sus derechos. Por eso, no es posible que en las normas coexistan
objetivos anti discriminatorios con lenguajes excluyentes, ni puede permitirse
que las normas sigan reforzando estereotipos de discriminación y exclusión.
4.3.11. La salud y el funcionamiento de los órganos de cada
ser humano hacen parte de su individualidad y en ello, cada ser humano tiene
sus propias características. Algunas diferencias en el funcionamiento de los
órganos, o de la mente, sumadas a las barrearas sociales, pueden generar
discapacidades, pero no siempre eso sucede y tampoco condiciona al individuo a
ser calificado de forma unidimensional. Dentro de la autonomía del individuo, y
del libre desarrollo de la personalidad, cada ser humano escoge su modelo de
vida, el papel del Estado es generar la protección adecuada y suficiente de sus
derechos, con el enfoque diferencial requerido, para que todos puedan tener la
posibilidad de desarrollar su proyecto de vida, porque el funcionamiento de los
órganos no es lo que define a un ser humano.
4.3.12.  Para la Constitución Política, todos los seres humanos
son iguales en derechos; son seres completos, integrales, y dignos. La
diversidad hace parte de la especie humana y enriquece a la sociedad
colombiana.
4.3.13. Bajo ese entendido, la concepción actual de la
discapacidad, que resulta además más cercana a la protección y el respeto de la
dignidad humana, aborda la discapacidad como el efecto de las barreras sociales
que impiden el pleno goce de los derechos en condiciones de igualdad y limitan
la integración social como respuesta al funcionamiento orgánico o funcional
diferente al de la mayoría de las personas. La discriminación frente a las
personas con diversidad funcional u orgánica resulta además artificial y
peligrosa, porque parte de suposiciones erradas sobre la naturaleza humana,
desconoce la infinita diversidad de la especie, las múltiples capacidades
humanas y sus distintas formas de desarrollo y, en cambio da lugar a teorizar
sobre parámetros funcionales u orgánicos que solo son útiles para excluir, como
sucede con las teorías eugenésicas. El funcionamiento de los órganos no tiene
ninguna relación con el acceso a los derechos, si el Estado responde
eficientemente a los requerimientos de todos los grupos sociales, la diversidad
funcional no debería impedir el desarrollo adecuado del proyecto de vida
individual. El problema no radica en la funcionalidad de los órganos de cada
ser humano, sino en las barreras que la sociedad y el Estado ponen a ciertas
personas.
4.3.14. Por lo tanto, bajo el abordaje que actualmente sirve
de parámetro a la normatividad nacional e internacional en la materia, la
discapacidad no es igual a las diferencias orgánicas, funcionales o
intelectuales del individuo (diversidad orgánica o funcional) sino que tiene
relación con las barreras sociales al goce efectivo de derechos y a la
participación en la sociedad. La perspectiva constitucional colombiana
concentra el concepto de la discapacidad en la falta de adaptación del entorno
y de la sociedad para entender las diferencias orgánicas y funcionales como un
resultado de la diversidad humana. Para el Estado Social de Derecho establecido
por la Constitución Política, no existen seres humanos completos o incompletos,
sino que todos son, por el hecho de ser humanos, totalmente plenos en su
dignidad y derechos, por lo que el modelo social de discapacidad resulta
compatible con la Carta. Asumir que hay personas incompletas, deficientes o de
menor derecho, es el paradigma discriminatorio y excluyente que la
Constitución, desde sus inicios, ha procurado superar y por lo tanto no puede
existir ninguna norma en Colombia que sirva para mantener o patrocinar
conceptos que le han costado tanto a la humanidad y que deben quedar en el
pasado.
5. Análisis de las expresiones demandadas: la prevalencia
de la interpretación acorde a la Carta Política
Cómo se ha venido revisando, la jurisprudencia de la Corte
es constante en determinar que el estudio constitucional de las expresiones
utilizadas por el legislador, no se refiere a un análisis lingüístico de las
palabras, sino que se concentra en el “acto de habla” en que se enmarcan las
expresiones. Por ello, para estudiar las expresiones demandadas se debe
analizar primeramente objetivo de la Ley en que se enmarcan las expresiones y
luego, respecto de cada expresión o grupo de ellas, (i) analizar la función de
la expresión dentro del artículo a fin de determinar si tiene una función
agraviante o discriminatorio, o por el contrario se trata de una función
neutral o referencial sin cargas negativas; (ii) el contexto normativo de la
expresión, a fin de determinar si se trata de una expresión aislada o si interactúa
con las normas a fin de contribuir a lograr los objetivos de la disposición
normativa, de tal forma que el excluirla pueda afectar el sentido y objetivo de
la norma y, finalmente (iii) la legitimidad del objetivo perseguido por la
disposición normativa al cual contribuye la expresión acusada.
5.1. El objetivo de la Ley 1306 de 2009
5.1.1. La Ley 1306 de 2009 “Por la cual se dictan normas
para la Protección de Personas con Discapacidad Mental y se establece el Régimen
de la Representación Legal de Incapaces Emancipados” tiene por objeto la
protección e inclusión social de toda persona natural en situación de
discapacidad mental o que adopte conductas que la inhabiliten para su normal
desempeño en la sociedad. La norma derogó el régimen de guardas del Código
Civil, regulado anteriormente en los Títulos XXII a XXXV del Libro Primero, con
el objeto de  adecuar esta materia a un nuevo modelo social de discapacidad.[89]
Para su preparación contó con la participación de entidades especializadas en
la materia.[90]
5.1.2. La Ley 1306 de 2009 fue concebida como una
herramienta de protección actualizada y flexible, que otorga mayor libertad a las
personas que tengan una discapacidad mental. Como dijo la Corte en la sentencia
C-021 de 2015, “(…) introduce varias modificaciones al régimen del Código
Civil, incorporando principios modernos, adaptando la legislación a la
Constitución y a las convenciones internacionales sobre personas con
discapacidad adoptadas por Colombia, dinamizando la administración de los
bienes de los incapaces, otorgándoles mayor libertad, permitiendo su inclusión
social y promoviendo el reconocimiento y el respeto de su dignidad. (…) mediante
la citada Ley se realizan los deberes en cabeza del Estado que sugieren una
protección reforzada por su parte, (…): (i) adelantar políticas de
previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos a quienes deberá prestarse la atención especializada
que requieran (Art. 47 CP); (ii) garantizarles un derecho al trabajo acorde con
sus condiciones de salud y (iii) erradicar el analfabetismo y procurar la
educación de personas con limitaciones físicas o mentales o con capacidades
excepcionales (Art. 68 CP)”[91]
5.1.3. La Ley 1306 de 2009 conlleva cambios en el abordaje
de la discapacidad mental, particularmente por cuanto la discapacidad se
convierte en un criterio amplio que abarca no solo a las personas con profundas
y severas limitaciones a nivel psíquico y de comportamiento, sino también a
quien padezca deficiencias de comportamiento. Se distingue entre discapacidad
mental absoluta, con medidas de inhabilitación, y discapacidad mental relativa,
con procesos de interdicción.[92]
5.1.4. La Ley ha sido objeto de cuatro sentencias de constitucionalidad.
(i) En la sentencia C-438 de 2011 la Corte se declaró inhibida frente al cargo
de un supuesto defecto en el trámite de la ley por violación del principio de unidad
de materia, al incluir una disposición sobre FOGAFIN y declaró exequible el
inciso tercero del artículo 82.[93] (ii) Esta decisión la reiteró
la sentencia C-573 de 2011.[94] (iii) La sentencia C-263 de
2014 se inhibió frente a la demanda contra una expresión del artículo 14 de la
Ley respecto de la posibilidad de que el perito técnico sea un médico del  lugar.[95]
(iv) Finalmente, la sentencia C-021 de 2015 declaró la inhibición frente al
estudio de la demanda.[96] En dicha ocasión la Corte
explicó la razón de su decisión de la siguiente forma:
“(…) el actor cuestionó la
constitucionalidad de la expresión “o que adopte conductas que la inhabiliten
para su normal desempeño en la sociedad”, contenida en el artículo 1º de la Ley
1306 de 2009, considerando que la misma pretendía imponer patrones de conducta
normales desconociendo la diversidad y el pluralismo reconocido en la
Constitución (art. 1 CP), convirtiéndose en un factor de discriminación (art.
13 CP) que afectaba los derechos de las personas con discapacidad a la
integración y rehabilitación (art. 47 CP), su derecho a la educación (art. 68
CP), el acceso a la cultura (art. 70) y el Bloque de constitucionalidad (art.
93). La Corte estimó que la expresión acusada no planteaba un problema de
violación directa de los derechos de los discapacitados mentales en los
términos señalados por el actor (art. 1, 47, 68 CP) sino de uso del lenguaje
legal que puede eventualmente resultar discriminatorio (art. 13 CP) y contrario
a las convenciones de derechos humanos que hacen parte del Bloque de
constitucionalidad (art. 93). Tampoco consideró el Tribunal que el cargo por
violación del derecho de acceso a la cultura (art. 70 CP) hubiese sido
suficiente y específicamente argumentado por el demandante. De este modo, la
Corte se limitó a examinar si la expresión demandada, violaba los artículos 13
y 93 de la Constitución al emplear términos que se refieren a la normalidad o
anormalidad de las conductas de las personas inhábiles.”[97]
5.1.5. En esa ocasión, el planteamiento estudiado por la
Corte fue si la expresión “o que adopte conductas que la inhabiliten para su
normal desempeño en la sociedad” generaba alguna duda sobre su
exequibilidad. Para ello, la Corte revisó el contexto normativo en que se
ubicaba la expresión para determinar su significado y alcance, y con base en
ello concluyó  que “(…) el demandante
derivó de dicha expresión, un sentido que en realidad no tiene y tampoco pudo
argumentar de manera clara y suficiente cómo eventualmente la disposición
acusada viola la Constitución.”[98]
5.1.6. En el presente asunto el demandante ataca una serie
de expresiones, que se encuentran en diferentes artículos de la Ley y que
requieren de un estudio diferenciado, debido al contexto normativo, función y en
que las expresiones demandadas.  En ese sentido, se hace necesario analizar,
primeramente la expresión “discapacidad mental absoluta” contenida en el
artículo 17; en segundo lugar.
5.1.7. Para estudiar la exequibilidad de las expresiones relacionadas
con los verbos sufrir y padecer, es necesario separar dos grupos de normas; en
primer lugar, aquellas que se refieren a la discapacidad, y en segundo lugar
aquellas que se refieren a la diversidad funcional, tomando en consideración
que en el derecho constitucional e internacional vigente, la discapacidad es
entendida como la restricción al goce efectivo de los derechos que se genera
por las barreras que la sociedad, primordialmente, pone a ciertos grupos de
personas; mientras que la diversidad funcional u orgánica, entendida como el
funcionamiento de los órganos o de la mente de una persona que es diferente al
de la mayoría y que como tal, es una característica inherente a la especie
humana, no afecta la dignidad y no puede ser entendida como una carga negativa.
5.2. La exequibilidad del artículo 17 y el sentido
neutral de la expresión “discapacidad mental absoluta”
5.2.1. Como se explicó en la sentencia C-458 de 2015, si el
objetivo de una norma es proteger a las personas en situación de discapacidad,
no le corresponde a la Corte hacer un examen lingüístico de las disposiciones a
la luz de las tendencias actuales del DIH.[99]
5.2.2. En el caso concreto, el artículo 17 de la Ley 1306 de
2009 expresa: “El sujeto con discapacidad mental absoluta: Se consideran con
discapacidad mental absoluta quienes sufren una afección o patología severa o
profunda de aprendizaje, de comportamiento o de deterioro mental.” El
demandante ataca el texto integral del artículo por considerar que el concepto
de discapacidad mental absoluta no es correcto, ya que “la discapacidad no
tiene categoría de absoluta y relativa” sino que esa es una clasificación
de la incapacidad jurídica.
5.2.3. Para analizar el artículo es necesario recordar el
subsistema normativo al que pertenece así como los fines que el mismo persigue.
La norma se enmarca en el Capítulo II. “Personas con discapacidad mental”
cuyo artículo 15  señala: “Capacidad jurídica de los sujetos con
discapacidad. Quienes padezcan discapacidad mental absoluta son
incapaces absolutos. (…)”. El artículo demandado da inicio a la Sección
Primera del Capítulo II de la ley, titulada “Personas con discapacidad
absoluta” y que regula entre los artículos 17 a 31 la protección de estas
personas en particular respecto de su internamiento, su interdicción y su rehabilitación.
5.2.4. El tejido normativo, en el que se inscribe y se usa una
frase, determina su sentido y su eventual contradicción con la Constitución. Para
determinarlo se deben verificar al menos tres aspectos: la función de la norma,
su contexto y el objetivo perseguido.
(i) en cuanto a la función de
la norma, y en particular de la expresión “incapacidad absoluta”, la
misma no tiene una intención agraviante, discriminatoria o atentatoria de la
dignidad humana. Su función es neutral y jurídicamente relevante, pues la norma
establece unos parámetros para generar una protección acorde a la situación de
un grupo de  personas. La norma utiliza criterios objetivos, “una afección o
patología severa o profunda de aprendizaje, de comportamiento o de deterioro
mental” para establecer la protección más adecuada a las personas que
tienen esta diversidad funcional.  Por lo tanto, queda claramente establecida
la función no agraviante de la expresión.
(ii)     En cuanto al contexto de la norma,
la expresión se ubica en un sistema complejo de normas que interactúan con
otras para lograr sus objetivos. En efecto, aunque el demandante ataca
únicamente el artículo 17 de la Ley, en realidad la expresión incapacidad
mental absoluta, hace parte del subtítulo de la Sección Primera de la ley,
en cuyo desarrollo se ve repetida durante veinticinco (25) ocasiones.  La
expresión por lo tanto, no está aislada, sino que implica una clasificación
dirigida a un grupo de individuos para quienes la Ley prevé una serie de
medidas de protección.
(iii)    El objetivo  perseguido
por la norma es el de determinar una categorización que permita adelantar unos
procedimientos, que obviamente tienen como objetivo proteger a poblaciones
consideradas vulnerables. Ese no es un objetivo prohibido por la Constitución.
Por lo tanto, la declaratoria de inexequibilidad de la expresión tendría un efecto
negativo para las personas con este tipo de discapacidad absoluta, pues
el imposibilitaría el cumplimiento de un objetivo imperioso de la Carta, puesto
que el artículo 17 demandado establece los criterios para determinar qué grupo
de personas hacen parte de esta categoría, de forma que la protección contenida
en los artículos subsiguientes les pueda ser aplicables.  Esto implica que, en
caso de que la Corte decidiera declarar la inexequibilidad del artículo 17, las
normas siguientes, hasta el artículo 31 perderían validez, pues se estarían
refiriendo a una categoría inexistente o indefinida. El principio de
conservación del derecho se vería afectado, innecesariamente, si se decidiera
eliminar la disposición atacada.
5.2.5. El demandante alega principalmente que el concepto de
“discapacidad absoluta” no existe en la Convención sobre Derechos de las
Personas con discapacidad de Naciones Unidas, sino que “todas las
discapacidades implican necesidades relativas y diversas en función de las
capacidades especiales de las personas con discapacidad”. La Corte reitera que
su función al aplicar el Bloque de Constitucionalidad en el ejercicio del
control de constitucionalidad, no es el de verificar que la redacción de las
normas del derecho interno se corresponda en estricto sentido con aquella del
lenguaje de vanguardia dentro del DIDH, sino que implica un examen que analice
el objetivo y sentido del uso las expresiones, en función de su contexto
normativo, a fin de determinar que no se enfrenten con la Carta, ni con los
Convenios firmados por Colombia.
5.2.6. Como resultado de todo lo visto, se concluye la
exequibilidad del artículo 17 por el cargo relacionado con la expresión discapacidad
absoluta, por considerar que la misma no contiene una carga peyorativa,
sino que su objetivo es hacer una clasificación legal de la discapacidad mental
a fin de permitir una protección más adecuada de los derechos de quienes están
en tal situación.
5.3. El carácter neutral de la expresión “afectado”
del artículo 32 demandado.
En cuanto a la
expresión “afectado” contenida en el artículo 32 de la Ley 1306 de 2009,
la Corte procede adelantar el test antes explicado.
5.3.1. En primer lugar,
la expresión se encuentra en el Artículo 32, que establece:
La medida de inhabilitación: Las
personas que padezcan deficiencia de comportamiento, prodigalidad o inmadurez
negocial y que, como consecuencia de ello, puedan poner en serio riesgo su
patrimonio podrán ser inhabilitados para celebrar algunos negocios jurídicos, a
petición de su cónyuge, el compañero o compañera permanente, los parientes
hasta el tercer grado de consanguinidad y aún por el mismo afectado.
5.3.2. El verbo “afectar” tienen diversas
interpretaciones que varían efectivamente dependiendo del contexto en que se
inscriba la expresión. Dentro de sus múltiples significados, una acepción
relevante para el contexto de la norma es la de “incumbir a alguien”[100].
No existe ningún elemento que permita sostener que el legislador utilizó esta
expresión con otro significado, por el contrario, las expresiones legales deben
leerse en el sentido más cercano posible a la luz de los derechos y garantías
protegidas en la Constitución. Dicha expresión, bajo esa acepción, es neutral y
no tienen ninguna carga peyorativa que pueda implicar un contenido denigrante.
5.3.3. Por otra parte, y si en gracia de discusión se
utilizará una acepción diferente de la expresión, se debe tener en cuenta que
la calidad de afectado se refiere a la  consecuencia establecida en la norma, es
decir que “podrán ser inhabilitados para celebrar algunos negocios
jurídicos”. La norma simplemente refiere que, aquel a quien atañe o sea
afectado por esta consecuencia, podrá ser el mismo que la solicite.
5.3.4. De todas maneras, es menester indicar que la  condición
requerida para dicha inhabilitación no se limita a la calidad de persona en
situación de discapacidad, sino a que dicha situación pueda “poner en serio
riesgo su patrimonio”. La medida no tiene como destinatario a quien tenga deficiencia
de comportamiento, prodigalidad o inmadurez negocial, sino a quien, además,
pone en riesgo su patrimonio. De hecho, la finalidad de la norma es la
protección del patrimonio, y en la oración puntual en que se encuentra la expresión,
el objetivo de la misma es proveer al sujeto de la posibilidad de solicitar su
propia interdicción, para no ver gravemente desmejorado su patrimonio. Así,
siguiendo la fórmula implementada en esta sentencia:
(i) en cuanto a la función de
la expresión “afectado”, es dado concluir que la norma no tiene una
intención agraviante, discriminatoria o atentatoria de la dignidad humana. Su
función es neutral y simplemente referencial, sirve para darle sentido a la
disposición e indicar quién es el sujeto al que refiere la disposición, sin que
implique ningún carácter peyorativo. Como se revisó inicialmente, el sentido literal
del verbo afectar, se refiere, entre otros,  a atañer o incumbir a alguien, y
esta es la acepción apropiada para entender la expresión en su contexto, pues
se está refiriendo justamente a que puede solicitarla el mismo sujeto sobre
quien recaerá la medida de inhabilitación. Una expresión diferente podría dar
lugar a confusiones sobre el sentido de la norma.
(ii)     En cuanto al contexto de la norma,
la expresión se ubica en la sección segunda del título I, que se denomina El
sujeto con discapacidad mental relativa. En dicha sección, la disposición tiene
como objetivo generar una serie de medidas dirigidas a proteger y garantizar
los derechos de las personas en situación de discapacidad mental relativa, en
donde cobra especial importancia la posibilidad de que la persona en situación
de discapacidad pueda solicitar su propia inhabilitación. La expresión por lo
tanto, hace parte de un contexto normativo que, lejos de una intención
atentatoria de la dignidad humana, busca dar las mayores garantías y formas de
protección de los derechos de las personas en situación de discapacidad. En
efecto, la disposición resulta perfectamente ligada con los Principios de la
Ley, que en su artículo 3 señala: “En la protección y garantía de los
derechos de las personas con discapacidad mental se tomarán en cuenta los
siguientes principios: a) El respeto de su dignidad, su autonomía individual,
incluida la libertad de tomar las propias decisiones y su independencia; (…)”
(iii)    El objetivo
perseguido por la expresión es el de referenciar claramente a la persona
sobre la que recaerá la inhabilidad como sujeto activo de la medida, a fin de
dotarlo de una herramienta idónea para la protección de su propio patrimonio. Se
trata por lo tanto de una norma cuyo objetivo es la protección de los derechos
de una población vulnerada y discriminada. Se reitera que ese no es un objetivo
prohibido por la Constitución, sino, antes por el contrario, un objetivo
constitucionalmente imperioso. Eliminar la expresión de la disposición que la
contiene podría generar una confusión en el sentido de la misma, pues la
expresión imprime claridad sobre el destinatario del derecho y de la medida.
5.3.5. Por lo tanto se concluye respecto de la expresión “afectado”
contenida en el artículo 32 de la ley 1306 de 2009, que la misma tiene un sentido
referencial sin ninguna carga agraviante, se encuentra ubicada en un contexto
normativo que busca la protección de los derechos de las personas en situación
de discapacidad, cuyo objetivo es dotar a las personas en situación de
discapacidad de la posibilidad de pedir su propia inhabilitación a fin de
proteger su patrimonio, un objetivo que encuentra asidero en los fines del
estado del Art. 2 Superior y por tanto se considera imperioso.  En consecuencia,
la expresión resulta ajustada a la Constitución y será declarada exequible.
5.4 El alcance de las expresiones “padece” y “sufre”
en relación con la discapacidad, en la Ley 1306 de 2009
5.4.1. Como se vio en el capítulo anterior, a la luz de la
concepción constitucional, la discapacidad no es igual a las diferencias orgánicas,
funcionales o intelectuales del individuo sino que tiene relación con las
barreras al goce efectivo de derechos, a la participación en la sociedad.  Si
bien la diversidad orgánica y funcional es una característica propia de la
diversidad humana, que por lo tanto debe ser rigurosamente protegida frente a
criterios excluyentes y discriminatorios, la discapacidad en cambio es la
consecuencia de las barreras al acceso a los derechos que la sociedad y el
Estado ponen a un grupo social con diversidad funcional. La discapacidad es
creada por el entorno, e implica una restricción de derechos.
5.4.2. Bajo este entendido, procede la Corte a analizar las
expresiones demandadas, recordando que al juez constitucional le corresponde controlar
el ejercicio del poder, y en consecuencia puede evaluar los usos que se hagan
del lenguaje en ejercicio de algún poder público o privado. Lo que ha de
interesar al juez respecto a las expresiones y palabras es cómo se empleen y
para qué, en qué condiciones y con qué propósito. Es decir, el juez no debe
determinar la constitucionalidad de las palabras consideradas en abstracto,
sino en las acciones concretas que con ellas se hagan.
5.4.3. De la revisión de los artículos demandados por las
expresiones relativas a “sufrir” y “padecer” es posible dividir
dos grupos; por una parte, aquellos artículos en que las expresiones relacionadas
con los verbos sufrir y padecer anteceden a la palabra “discapacidad”,
como sucede en los artículos 8, 10, 12, 14 y 15:
Art. 8°. “la situación de quien sufre discapacidad mental (…)”
Art. 10 “actuaciones
relativas al que está sufriendo discapacidad mental (…)”
Art. 12.  “para quienes
sufran discapacidad mental se prestará  (…)”
Art. 14.  “(…) la
condición personal del que sufre discapacidad mental. (…)
Art. 15.  “Quienes
padezcan discapacidad mental absoluta son incapaces absolutos.”
5.4.4. Según el demandante, en todas estas situaciones, las
expresiones sufre, sufriendo, sufran y padezcan, implicaría una
connotación, una calificación que aborda la discapacidad desde una carga
emotiva negativa, de sufrimiento.
5.4.5. Se procede a analizar las expresiones acusadas
siguiendo los tres criterios de análisis (función, contexto y objetivo de la
expresión en la norma que la contiene):
(i) en cuanto a la función de las
expresiones “padece, padezcan, sufre, sufran, y sufriendo” dentro de la
Ley 1306 de 2006, del estudio de los artículos demandados que las contienen, es
posible concluir que no responden a una necesidad referencial o a una
calificación legal. Las expresiones pueden ser entendidas en dos sentidos distintos:
uno es el de referir simplemente la discapacidad; otro, el que alude el
demandante, es el de dar una connotación peyorativa de la discapacidad.  Ahora
bien, como se ha explicado, el abordaje constitucional sobre la discapacidad,
diferencia entre la diversidad funcional u orgánica y la discapacidad,
asumiendo esta última como el efecto de las barreras al acceso a los derechos
que impone la sociedad. Entonces, la carga emotiva negativa de la expresión se
refiere a la restricción de derechos que genera un entorno social mal adaptado
a las necesidades (discapacidad) y no, (y no puede darse) frente a la
diversidad funcional como característica propia del individuo. A partir de esta
diferencia conceptual, la función de las expresiones resultaría admisible, pues
la discapacidad como barrera a los derechos impuesta por la sociedad tiene, sin
lugar a dudas, una connotación negativa.
Por otra parte, cambiar las expresiones “padece” y “sufre”
por “tiene”, implicaría en cambio restar importancia al efecto social sobre la
discapacidad, y asumirla, como lo hacía el modelo rehabilitador, como una
característica del individuo en que el rol de la sociedad es inconsecuente. En
conclusión, bajo la lectura del modelo social de discapacidad, las palabras
escogidas por el legislador responden mejor a la perspectiva constitucional
actual sobre discapacidad.
(ii)     El contexto normativo en
que se encuentran las expresiones, parte de una concepción de la discapacidad
acorde con la interpretación constitucional y con el Derecho Internacional de
los Derechos Humanos.  El principio establecido en la Ley 1306 de 2009 sostiene
en su artículo 3: “En la protección y garantía de los derechos de las
personas con discapacidad mental se tomarán en cuenta los siguientes
principios: (…) d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas
con discapacidad mental como parte de la diversidad y la condición humana;”.
Las expresiones demandadas, que se encuentran repetidas a lo largo de los artículos
demandados, hacen parte de un contexto normativo dirigido a proteger los
derechos de las personas en situación de discapacidad mental, partiendo del
respeto por la dignidad y la no discriminación. Claramente, la intención del
legislador con estas expresiones, a la luz del contexto normativo en que se
encuentran, no fue la de generar o mantener estigmatizaciones sobre la diversidad
funcional de las personas, sino la de reforzar la responsabilidad del Estado y
de la sociedad con las barreras al disfrute de los derechos que se imponen a
las personas con diversidad funcional.
(iii)    El objetivo perseguido por las normas es
la protección especial de los derechos de la población en situación de
discapacidad mental. Se reitera que ese no es un objetivo prohibido por la Constitución,
sino, antes por el contrario, un objetivo constitucionalmente imperioso. A la
luz de ese objetivo, el sentido de las expresiones acusadas es el de
referenciar claramente a todas las personas en situación de discapacidad mental
sobre quienes recaerán las medidas de protección de las disposiciones de la Ley.
Por lo tanto, las expresiones sufrir o padecer, se refieren a la discapacidad
en sí misma, es decir a la limitación al goce pleno de derechos por las
barreras sociales impuestas, con una carga emotiva negativa,   que sin lugar a
dudas hace parte de la pluralidad social y no puede conllevar ningún
calificativo. Así, las expresiones concuerdan con el objetivo perseguido por
las disposiciones y, en su conjunto, con los objetivos la Ley 1306 de 2009.
5.4.6. En conclusión, estas expresiones, bajo la lectura del
modelo social de la discapacidad son admisibles, en tanto hacen referencia a la
barrera a los derechos que imponen las condiciones del entorno y la sociedad,
barrera que representa una carga injusta frente a las personas con diversidad
funcional u orgánica y frente a la cual el Estado tienen el deber de adelantar
medidas para superarla.
5.5. El alcance de las expresiones “padece” y “sufre”
en relación con la diversidad funcional u orgánica, en la Ley 1306 de 2009
5.5.1. Los artículos 2, 16, 17 y 32 contienen las expresiones
demandadas, pero en estos casos, precediendo condiciones que hacen parte de la
diversidad funcional del individuo.
5.5.2. Bajo el orden constitucional vigente los principios
de la Ley 1306 de 2009, las diferencias funcionales u orgánicas de los
individuos hacen parte de la diversidad humana y deben ser asumidas en el marco
de la dignidad humana. Si se analiza de forma objetiva y sin prejuicios, la
discapacidad, no es otra cosa que el reflejo de una sociedad que asume ciertas
capacidades físicas, intelectuales o mentales como una regla general, al punto
de pretender normalizarlas, de tal forma que quienes tienen capacidades
distintas o diversidades en sus funciones orgánicas, son considerados como de
menor derecho, se les excluye o margina y al imponerles barreras se les
convierten en  personas en situación de discapacidad.[101]
El problema fundamental radica en la forma en que la sociedad y el Estado
asumen las diversidades funcionales u orgánicas de los individuos.
5.5.3. Las diferencias humanas no son las que implican
barreras a los derechos, son las exclusiones y marginaciones de la sociedad.
Así como no se sufre ni se padece ser mujer, ser homosexual, ser indígena sino
que por el contrario ello es una característica humana fundamental de la
especie, pero la sociedad a través de patrones de discriminación histórica se
ha encargado de restringir el acceso a los derechos de estas personas, de la
misma forma, no se sufre ser alto o bajo, ni se sufre tener mayor o menor
visión, o movilizarse con o sin ayuda de algún implemento, lo que se sufre son
las barreras y las restricciones a los derechos que la sociedad o la mala
función del Estado ponen frente a ciertas personas.
5.5.4. El Estado y la sociedad tienen entonces dos
posibilidades, la primera es cumplir con su deber de responder a los
requerimientos que los individuos, en medio de su diversidad, tienen para
acceder efectivamente al goce de sus derechos, y permitir así que ellos
contribuyan con el desarrollo de sus capacidades a la construcción de una
sociedad sustentable. Otra opción, es responder únicamente a las necesidades de
la mayoría, y darle a las características de los miembros de esa mayoría la
categoría de normal o regular, de forma que todo individuo que escape a esas
condiciones sea entendido como extraño.[102]
5.5.5. Una de las principales características de la Constitución
de 1991, es que reconoce la diversidad y pluralidad de la sociedad colombiana.
Fue la primera Constitución Política en la que la participación democrática
permitió una conformación plural de la Asamblea Constituyente, y ello se
reflejó en sus principios y concepciones sobre la sociedad colombiana. Desde el
artículo 1 y de allí en adelante, la Carta es un reflejo de una visión
pluralista, lo que ha permitido avanzar en la superación de barreras
discriminatorias y excluyentes frente a grupos minoritarios.
5.5.6. A partir de esa concepción,[103]
la Corte pasa a realizar al examen de las expresiones acusadas.
Artículo 2°. Los sujetos con discapacidad mental: Una persona
natural tiene discapacidad mental cuando padece limitaciones psíquicas o
de comportamiento, que no le permite comprender el alcance de sus actos o
asumen riesgos excesivos o innecesarios en el manejo de su patrimonio. (…)
Artículo 16. Actos de otras personas con discapacidad: La valoración
de la validez y eficacia de actuaciones realizadas por quienes sufran
trastornos temporales que afecten su lucidez y no sean sujetos de medidas de
protección se seguirá rigiendo por las reglas ordinarias.
Artículo 17. El sujeto con discapacidad mental absoluta: Se
consideran con discapacidad mental absoluta quienes sufren una afección
o patología severa o profunda de aprendizaje, de comportamiento o de deterioro
mental.
Artículo 32. La medida de
inhabilitación: Las personas que padezcan deficiencia: de
comportamiento, prodigalidad o inmadurez negocial y que, como consecuencia de
ello, puedan poner en serio riesgo su patrimonio podrán ser inhabilitados para
celebrar algunos negocios jurídicos, a petición de su cónyuge, el compañero o
compañera permanente, los parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
aún por el mismo afectado. (…)
5.5.7. En los tres artículos anteriores, las expresión “padece,
sufran, sufren y padezcan” anteceden a las condiciones inherentes a la
persona y que hacen parte de la diversidad funcional del individuo: “limitaciones
psíquicas o de comportamiento” (art.2);  “trastornos temporales que
afecten su lucidez” (Art. 16); “una afección o patología severa o
profunda de aprendizaje, de comportamiento o de deterioro mental” (Art. 17)
y,  “deficiencia: de comportamiento, prodigalidad o inmadurez negocial”
(Art. 32). Se trata de condiciones inherentes a la persona, que bajo el
abordaje del modelo social, deberían ser referidas de forma neutral.
(i) en cuanto a la función de las
expresiones “padece, sufran, sufre y padezcan,” en los artículos
examinados, es claro que cumplen una función referencial cuyo sentido es el de
indicar que los sujetos referidos tienen una característica funcional u
orgánica señalada. La interpretación literal y aislada de la palabra permitiría
deducir que se utiliza una carga emotiva negativa frente a condiciones
inherentes a las personas que son sujetos de las medidas de protección, pero a
la luz del contexto, la lectura constitucionalmente admisible sería aquella que
le dé a las expresiones un carácter simplemente referencial y no calificativo.  La
lectura desde el modelo social, diferencia entre la diversidad funcional u orgánica,
-entendiéndola como parte de la diversidad humana-, y la discapacidad. Si bien
está ultima es concebida como una restricción de derechos y por lo tanto, se
concluyó en el acápite anterior, que es válido considerarla como una barrera a
superar, la diversidad funcional u orgánica, es en cambio, una condición propia
del individuo, que de ninguna forma puede entenderse bajo una carga emotiva
negativa. En los artículos examinados, la interpretación del demandante es que
las expresiones hacen una calificación negativa de condiciones que hacen parte
de la diversidad humana. A partir de la diferencia conceptual que ha adoptado
esta decisión y que se sustenta en una larga evolución del derecho y de la
jurisprudencia constitucional al respecto, una función calificativa de las
expresiones en las normas examinadas resultaría inadmisible, pues no es válido
aceptar que la diversidad humana y sus manifestaciones sean objeto de rechazo.
Sin embargo, cuando las expresiones pueden tener un significado
constitucionalmente aceptable, la Corte debe guardar la expresión por el
principio de conservación del derecho. En este caso, las expresiones pueden ser
entendidas con un objeto simplemente referencial, con el sentido de “tiene(n)”
o “con”, y así interpretadas, desligadas de toda carga emotiva, dichas
expresiones serían constitucionalmente admisibles.
(ii)       El contexto normativo
en que se encuentran las expresiones es el de una norma que se inscribe en la
protección de los derechos de las personas en situación de discapacidad mental,
en el marco de una concepción de la discapacidad acorde con la interpretación
constitucional y con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Las
expresiones demandadas, hacen parte de un contexto normativo dirigido a
proteger los derechos de las personas en situación de discapacidad mental,
partiendo del respeto por la dignidad y la no discriminación, y bajo el
abordaje de la diversidad funcional y orgánica como parte de la diversidad
humana. Se trata de una norma que pretende contrarrestar los efectos de la
discriminación y el rechazo contra las características individuales que
constituyen la base de la discapacidad. Claramente, el objetivo de estas
expresiones, a la luz del contexto normativo en que se encuentran, no fue la de
generar o mantener estigmatizaciones sobre la diversidad funcional, y por ello,
es dable entender que las expresiones no están motivadas a calificar
negativamente la diversidad.
(iii)      El objetivo perseguido
por las normas es la protección especial de los derechos de la población en
situación de discapacidad mental. Se reitera que ese no es un objetivo
prohibido por la Constitución, sino, antes por el contrario, un objetivo
constitucionalmente imperioso. A la luz de ese objetivo, el sentido de las
expresiones acusadas debería ser el de referenciar claramente a todas las
personas en situación de discapacidad mental sobre quienes recaerán las medidas
de protección de las disposiciones de la Ley. Una interpretación neutral de las
expresiones demandada, en el sentido de “tienen” o “con”, resulta
por tanto más apropiada para dicho fin, que es simplemente referencial.
5.5.8.   La Ley 1306 de 2009, entre sus principios y sus
disposiciones claramente se dirige a superar la visión de que las diferencias
funcionales son cargas negativas, como lo haría el modelo rehabilitador y por
lo tanto, es necesario recordar al legislador su deber de ser cuidadoso con el
lenguaje. En conclusión la Corte avalará las expresiones “padece, sufran,
sufre y padezcan”, de los artículos 2, 16, 17 y 32 de la Ley 1306 de 2009, que
deben interpretarse como “tienen” o “tengan” según corresponda, y no con una
carga emotiva negativa.
VII. DECISIÓN
No es admisible la utilización de palabras cuyo significado,
a la luz del contexto y objetivo de una norma, tengan el efecto de descalificar
una expresión de la diversidad humana, como lo es, la diversidad funcional u
orgánica de las personas. Cuando las expresiones usadas por el legislador admitan
una interpretación acorde a la Constitución, la Corte debe preferir dicha
interpretación. Además, el legislador debe adoptar un enfoque sensible de la
dignidad humana para evitar que las leyes contengan expresiones que puedan
reforzar los estereotipos y paradigmas que fomentan la discriminación y el
rechazo.
En mérito de lo expuesto la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- DECLARAR EXEQUIBLE, por los
cargos analizados en esta sentencia, el artículo 17 de la Ley 1306 de 2009.
SEGUNDO.- DECLARAR EXEQUIBLE, por los cargos
analizados en esta sentencia, la expresión: “afectado” contenida en el
artículo 32 de la Ley 1306 de 2009.
TERCERO.- DECLARAR EXEQUIBLES, por los cargos
analizados en esta sentencia, las expresiones: “padece”, “sufre”,
“sufriendo”, “sufran”, “sufren” “sufre” y “padezcan”;
contenidas en los artículos 2, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17 y 32 de la Ley 1306 de
2009, respectivamente, en los términos indicados en las consideraciones de esta
sentencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con aclaración de voto
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con
aclaración de voto
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado
(e)
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
A LA SENTENCIA C-042/17
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
DEL LENGUAJE-Alcance (Aclaración de voto)/LENGUAJE-Carga simbólica
(Aclaración de voto)/LENGUAJE-Determinada expresión puede tener
relevancia constitucional por afectar la dignidad de las personas (Aclaración
de voto)/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE EXPRESIONES EMPLEADAS
PARA CONSTRUIR ENUNCIADOS JURIDICOS-Competencia de la Corte Constitucional
(Aclaración de voto)
NORMAS PARA LA PROTECCION DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL-Control de constitucionalidad del lenguaje
(Aclaración de voto)
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
DEL LENGUAJE-Corte debe distinguir cuando amerita o no la intervención del juez
constitucional en la revisión de palabras usadas por quienes hacen las normas
(Aclaración de voto)
INCONSTITUCIONALIDAD DE
ENUNCIADOS JURIDICOS POR VULNERACION DE LA DIGNIDAD HUMANA-Procedencia
cuando expresiones sean despectivas y peyorativas (Aclaración de voto)
PRINCIPIO DE CONSERVACION DEL
DERECHO-Juez constitucional no debe declarar inconstitucional ni
condicionar el contenido de expresión acusada en casos de polisemia en el lenguaje
(Aclaración de voto)
NORMAS PARA LA PROTECCION DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL-No era necesario condicionar la
exequibilidad de expresiones demandadas que a pesar de admitir diversas
interpretaciones, no todas son peyorativas o negativas (Aclaración de voto)
CONTROL CONSTITUCIONAL DEL
LENGUAJE-Metodología para evaluar expresiones demandadas (Aclaración de
voto)
METODOLOGIA PARA EVALUAR
EXPRESIONES DEMANDADAS EN EL CONTROL CONSTITUCIONAL DEL LENGUAJE-Criterios
(Aclaración de voto)
CONTROL CONSTITUCIONAL DE EXPRESIONES
LINGÜISTICAS-Implica analizar la manera como son usadas por el legislador
(Aclaración de voto)/NORMAS PARA LA PROTECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
MENTAL-Criterios de la sentencia C-042/17 no son determinantes para
identificar si expresión utilizada por el legislador tienen carga peyorativa o
no (Aclaración de voto)/CONTROL CONSTITUCIONAL-Si se evidencia que norma
demandada vista como un todo resulta contraria a la Constitución, debe
declararse la inconstitucionalidad total y no solo de la o las palabras que
hacen parte de ella (Aclaración de voto)/CONTROL CONSTITUCIONAL DEL
LENGUAJE-Debe
centrarse en el análisis del significado específico que expresión
demandada tiene y la función que cumple (Aclaración de voto)
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Concepto
(Aclaración de voto)
TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
QUE RECONOCEN DERECHOS HUMANOS Y PROHIBEN SU LIMITACION EN ESTADOS DE
EXCEPCION-Prevalencia (Aclaración de voto)/TRATADOS INTERNACIONALES
SOBRE DERECHOS HUMANOS RATIFICADOS POR COLOMBIA-Deben utilizarse para
interpretar derechos reconocidos en la Constitución (Aclaración de voto)
TRATADOS Y CONVENIOS
INTERNACIONALES QUE RECONOCEN DERECHOS HUMANOS Y PROHIBEN SU LIMITACION EN
ESTADOS DE EXCEPCION Y TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS
RATIFICADOS POR COLOMBIA-Contenido normativo autónomo (Aclaración de voto)/TRATADOS
Y CONVENIOS INTERNACIONALES QUE RECONOCEN DERECHOS HUMANOS Y PROHIBEN SU
LIMITACION EN ESTADOS DE EXCEPCION Y TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS
HUMANOS RATIFICADOS POR COLOMBIA-Regulación de situaciones distintas (Aclaración
de voto)
Referencia:
Expediente D-11480. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2o
(parcial), 8o (parcial), 10° (parcial), 12 (parcial), 14 (parcial), 15
(parcial), 16 (parcial), artículo 17 en su totalidad y 32 (parcial) de la Ley
1306 de 2009, “Por la cual se dictan normas para la protección de personas
con discapacidad mental y se establece el régimen de la representación legal de
incapaces emancipados”
M.P. Aquiles
Arrieta Gómez
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala
Plena, me permito a continuación exponer algunas aclaraciones con relación a
los argumentos planteados en la sentencia C-042 de 2017, respecto a: (i) el
alcance del control constitucional del lenguaje, (ii) la metodología empleada
en esta oportunidad por la Corte para evaluar las expresiones demandadas en
desarrollo del control constitucional del lenguaje y (iii) el concepto de
bloque de constitucionalidad.
I.
Alcance del control constitucional del lenguaje
1.
En primer lugar, comparto los presupuestos teóricos que la Corte
Constitucional ha utilizado como fundamento del escrutinio judicial que puede
realizar sobre el lenguaje utilizado por las normas que tiene competencia para
revisar. Considero que, en efecto, el lenguaje tiene una carga simbólica importante,
por lo que el uso de una expresión determinada, en sí misma, puede en ciertos
casos tener relevancia constitucional por afectar la dignidad de las personas.
Por esta razón, aun cuando su función primordial es revisar la
constitucionalidad de normas jurídicas, es posible también que la Corte se
ocupe de analizar la constitucionalidad de determinadas expresiones empleadas
para construir los enunciados jurídicos que las expresan[104].
2.
El caso planteado en la sentencia C-042 de 2017 es de especial interés
en materia de control constitucional del lenguaje por cuanto plantea una
situación distinta a las analizadas previamente por la Corte Constitucional. En
efecto, en el pasado la Corte ha declarado la inconstitucionalidad de
expresiones con una “fuerte carga peyorativa y despectiva”, según los
propios términos de la sentencia C-042 de 2017[105].
En cambio, el caso decidido en la presente oportunidad plantea una situación a
mi juicio nueva comparada con los casos anteriores, por cuanto se refiere al siguiente
problema jurídico: ¿qué sucede en casos en los que las expresiones demandadas
tienen distintas acepciones, una de las cuales sea marcadamente negativa pero
las otras no lo sean?
3.
Frente a los distintos casos que pueden surgir en materia de control
constitucional del lenguaje, la Corte debe distinguir entonces entre las
situaciones que ameritan una intervención del juez constitucional en la
revisión de las palabras usadas por quienes hacen las normas y otras
situaciones en las que no debería haber lugar a ella. Esa distinción es
importante a fin de evitar que la acción de inconstitucionalidad y el proceso
al que ella da lugar se conviertan en una vía para realizar una corrección
puramente de estilo de la labor de producción normativa.
4.
En mi opinión, el criterio para delimitar estos dos eventos es el
siguiente: solo debería procederse a declarar la inconstitucionalidad de una
expresión determinada cuando tenga una sola acepción, la cual resulta
despectiva y peyorativa; o cuando tenga varias acepciones, pero sea claro que
la más común tiene esas mismas características (ser despectiva y peyorativa).
En tales ocasiones, la carga valorativa negativa de los enunciados jurídicos
debe declararse inconstitucional por vulnerar la dignidad humana (artículo
1 de la Constitución Política).
5.
Es preciso reconocer que en los casos de polisemia en el lenguaje puede
darse el caso de que una expresión determinada tenga un significado con una
clara carga negativa, pero también tenga otros sin esa connotación, uno de los
cuales haya sido usado el legislador. En tales casos, no es posible afirmar que
determinada expresión ofenda necesariamente la dignidad de las personas a la
que hace alusión, por lo cual no debería considerarse prima facie inconstitucional.
En este sentido, en aplicación del principio de la conservación del derecho
(artículos 144 y 150 de la Constitución), no debería el juez constitucional
proceder en todos los casos a declarar la inconstitucionalidad de la expresión
acusada, ni a condicionar su contenido. Si procediera de tal forma, el mensaje
subyacente sería que el legislador, al crear las normas, debe cuidarse de
elegir palabras que no tengan ninguna acepción negativa, pues de lo
contrario esas palabras serán necesariamente declaradas inconstitucionales.
6.
Esta precisión que expongo no quedó recogida de manera expresa en la
sentencia C-042 de 2017, por lo que considero que es un asunto en el que
debería avanzar la Corte a futuro en los casos que planteen de nuevo el control
constitucional del lenguaje con varias acepciones, con el propósito de no
desnaturalizar la función que le ha sido encomendada por el artículo 241 de la
Constitución.
7.
Por el contrario, la decisión de la
Corte Constitucional en este caso parece ir en el sentido opuesto. En efecto,
el punto resolutivo tercero de la sentencia C-042 de 2017 estableció lo
siguiente:
“DECLARAR
EXEQUIBLES, por los cargos analizados en esta sentencia, las
expresiones: “padece”, “sufre”, “sufriendo”, “sufran”, “sufren” “sufre” y
“padezcan”; contenidas en los artículos 2, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17 y 32 de la
Ley 1306 de 2009, respectivamente, en los términos indicados en las
consideraciones de esta sentencia.”
8.
En las consideraciones de la sentencia,
con relación a las expresiones mencionadas en la cita anterior, se afirma lo
siguiente: “Una interpretación neutral de las expresiones demandada[s], en
el sentido de ‘tienen’ o ‘con’, resulta por lo tanto más apropiada para dicho
fin, que es simplemente referencial”. Así, a pesar de que las expresiones
relacionadas con los verbos “padecer” y “sufrir” admiten diversas
interpretaciones, no todas ellas claramente peyorativas o negativas, la Corte
procedió a condicionar su exequibilidad, lo cual considero no era necesario.
Además, esta decisión fija un estándar en exceso riguroso al control del
lenguaje, ya que parece sugerir que el legislador debe cuidarse de emplear una
expresión que pueda tener alguna carga negativa, más allá de que tenga otras
acepciones que no tienen esa connotación.
II.
Metodología empleada en la sentencia C-042 de 2017 para evaluar
las expresiones demandadas en desarrollo del control constitucional del
lenguaje
9.
En segundo lugar, me parece importante realizar algunas precisiones
sobre la metodología empleada por la Corte en la presente oportunidad para
realizar el control constitucional del lenguaje de las expresiones demandadas. Al
respecto, la sentencia C-042 de 2017 explica la función del juez constitucional
en la realización del control de constitucionalidad del lenguaje empleado por
el legislador en los siguientes términos:
“(…) al juez
constitucional le corresponde evaluar los usos que se hagan del lenguaje en
ejercicio de algún poder público o privado. Lo que importa[,] pues, como lo han
señalado importantes filósofos del lenguaje, es el uso de las palabras. Lo que
ha de interesar al juez respecto de las expresiones y palabras es cómo se
empleen y para qué, en qué condiciones y con qué propósito”.
10.
A continuación, para cumplir dicha función, la sentencia C-042 de 2017
sostiene que se debe acudir a los siguientes tres criterios[106]:
(i)   La función de la
norma, con el propósito de determinar si dicha función es agraviante o
discriminatoria, o si por el contrario es neutral y meramente referencial.
(ii)El contexto normativo, “a fin de determinar
si se trata de una expresión aislada o si interactúa con las normas a fin de
contribuir a lograr los objetivos de la disposición normativa, de tal forma que
el excluirla pueda afectar el sentido y objetivo de la norma”.
(iii)
El objetivo perseguido, a fin de analizar si la declaratoria de
inexequibilidad generaría efectos negativos a la población beneficiaria.
11.
En ese sentido, considero que la labor de la Corte Constitucional al
valorar determinadas expresiones lingüísticas implica que esta analice la
manera como ellas son usadas por el legislador. No obstante –y en esto radica
mi desacuerdo–, considero que los criterios propuestos por la sentencia C-042
de 2017 no constituyen un avance significativo en ese sentido; por el
contrario, confunden el objeto del llamado control constitucional del lenguaje
con el control abstracto de constitucionalidad de la Corte. Explicaré
brevemente por qué ello es así.
12.
Los criterios (ii) y (ii) (ver supra, numeral 9),
relacionados con el contexto normativo y el objetivo perseguido, tal como
fueron definidos en la sentencia C-042 de 2017, en realidad no son
determinantes para identificar si una expresión utilizada por el legislador
tiene una carga peyorativa o no. Esto se debe a lo siguiente: el contexto
normativo y el objetivo imperioso perseguido, según los mismos se definen en la
sentencia, son aspectos que tienen que ver con las normas jurídicas que
estudia la Corte, no con las expresiones lingüísticas utilizadas en los enunciados
jurídicos. Por consiguiente, conllevaría a escenarios de integración
normativa y a validar o a cuestionar la constitucionalidad de la norma como un
todo, más allá de la revisión de una expresión específica en un determinado
cuerpo normativo. Por ello, si del análisis del contexto normativo y del objetivo
perseguido se evidencia que la norma vista como un todo resulta contraria a la
Constitución, entonces debería declararse la inconstitucionalidad de la
totalidad la norma jurídica estudiada, y no solo la de la o las palabras que se
han demandado y que de ella hacen parte.
13.
Para reforzar el anterior argumento, es posible imaginar un evento en el
que exista una expresión despectiva o con carga negativa en un contexto
normativo respetuoso de la Constitución y que persigue un objetivo legítimo. En
tal evento, es procedente declarar la inconstitucionalidad de expresiones
específicas si es que, por su carga negativa, resultan perjudiciales para la
dignidad de determinadas personas.
14.
Este es de hecho el escenario planteado por la acción de
inconstitucionalidad analizada en la sentencia C-042 de 2007. La sentencia
explica que la Ley 1306 de 2009 tuvo la intención de reconocer los derechos de
las personas en situación de discapacidad, para lo cual adoptó una serie de
medidas. Por esa razón, la sentencia argumenta que las expresiones demandadas
se inscriben en un cuerpo normativo que establece distintas medidas a favor de
la población en situación de discapacidad, por lo que puede concluirse que la
Ley 1306 de 2009 busca una finalidad constitucional imperiosa. Con todo, más
allá de lo anterior, la sentencia cuestiona que expresiones relacionadas con
los verbos “sufrir” y “padecer” pueden ser peyorativas, por lo
que sugiere que sean interpretadas como sinónimo del verbo “tener”. Se
aprecia entonces que la sentencia C-042 de 2017 es una prueba de la poca
relación que tiene el análisis del contexto normativo y de la finalidad
perseguida por la norma (ver supra, numeral 10 literales (ii) y (iii)) con la labor de la Corte Constitucional en el análisis del lenguaje
legislativo, tal como lo definió la misma sentencia.
15.
Por lo anterior, considero que en el análisis de la constitucionalidad
de determinada expresión no es necesario acudir al contexto normativo ni al
objetivo perseguido por la norma, según los mismos se definen en la sentencia
C-042 de 2017, sino centrarse en analizar el significado específico que la
expresión tiene y en la función que cumple, esto es, entender el sentido y el
objetivo que tiene la expresión en la norma en la que se enmarca. Acudir a
analizar el contexto normativo y el objetivo perseguido, entendido como el
objetivo del cuerpo normativo y su fundamento constitucional, implicaría
estudiar no solo determinada expresión usada por la norma cuya
inconstitucionalidad se revisa, sino la norma en sí misma, cambiando de esta
forma el objeto de lo que la Corte ha denominado como control constitucional
del lenguaje.
III.
Concepto de bloque de constitucionalidad
16.
Finalmente, creo conveniente realizar una breve referencia con relación
a lo señalado en el proyecto con respecto al bloque de constitucionalidad. Dice
el proyecto lo siguiente: “(…) los tratados internacionales sobre derechos
humanos prevalecen en el orden interno y, además, son un criterio según el cual
todo derecho y deber constitucional debe ser interpretado”. Al respecto,
considero se debe precisar que, según lo dispuesto en el inciso 1 del artículo
93 de la Constitución Política, los tratados y convenios que prevalecen
son los que reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación en estados
de excepción.
17.
Por el contrario, según lo prevé el inciso 2 del mismo artículo, no solo
estos tratados, sino todos los de derechos humanos ratificados por Colombia,
deben utilizarse para interpretar los derechos reconocidos en la
Constitución. Se trata entonces de dos hipótesis diferentes, no de una misma,
como lo sugiere la cita mencionada de la sentencia. Esta referencia hecha en la
sentencia C-042 de 2017 puede parecer demasiado específica y, por esa razón,
intrascendente. No obstante, debe advertirse que reflejara una postura
largamente reiterada por la Corte pero aún no suficientemente explicada, que
debe ser objeto de revisión y análisis cuidadoso a futuro.
18.
Es claro que los incisos 1 y 2 del artículo 93 de la Constitución
Política tienen contenido normativo autónomo y regulan dos situaciones
distintas, pues hacen referencia a instrumentos distintos y les otorgan
consecuencias jurídicas diferentes. Es preciso que la Corte, atendiendo a la
letra de la norma constitucional citada, revise su jurisprudencia respecto de
este asunto con el fin de otorgar mayor claridad en un asunto tan sensible como
el del bloque de constitucionalidad.
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Magistrado
[1]
Directora (e), Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico,
Ministerio de Justicia y del Derecho.
[2] Jefe
de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto Nacional para Ciegos.
[3]
Docente de la Universidad de Caldas.
[4]
Corte Constitucional,  sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa). Esta sentencia sobre la Ley 617 de 2000, analiza la jurisprudencia
hasta la fecha sobre requisitos sustantivos de la demanda, organiza los
criterios a aplicar para determinar la aptitud sustantiva de la demanda y
concluye que en su caso no hay lugar a adentrarse en el asunto de fondo. Los
criterios señalados en esta sentencia han sido reiterados en muchas decisiones
posteriores de la Sala Plena. Entre otras, ver por ejemplo: Sentencia C-874 de
2002 (MP Rodrigo Escobar Gil), Sentencia C-371 de 2004 (MP Jaime Córdoba
Triviño), Autos 033 y 128 de 2005 (MP Álvaro Tafur Galvis), Sentencia C-980 de
2005 (MP Rodrigo Escobar Gil), Auto 031 de 2006 (MP Clara Inés Vargas
Hernández), Auto 267 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), Auto 091 de 2008
(MP Humberto Antonio Sierra Porto), Auto 112 de 2009 (MP Clara Elena Reales
Gutiérrez), Sentencia C-028 de 2009 (MP Rodrigo Escobar Gil), Sentencia C-351
de 2009 (MP Mauricio González Cuervo), Sentencia C-459 de 2010 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio), Sentencia C-942 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez), Auto
070 de 2011 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), Sentencia C-128 de 2011 (MP
Juan Carlos Henao Pérez), Sentencia C-243 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva; AV Nilson Elías Pinilla Pinilla y Humberto Antonio Sierra Porto),
Sentencia C-333 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa), Auto A71 de 2013 (MP
Alexei Egor Julio Estrada), Auto 105 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub), Sentencia C-304 de 2013 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), Auto
243 de 2014 (MP Mauricio González Cuervo), Auto 145 de 2014 (MP Alberto Rojas
Ríos), Auto 324 de 2014 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), Sentencia C-081 de
2014 (MP Nilson Elías Pinilla Pinilla; AV Nilson Elías Pinilla Pinilla y
Alberto Rojas Ríos), Auto 367 de 2015 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), Auto 527
de 2015 (MP María Victoria Calle Correa), Sentencia C-694 de 2015 (MP Alberto
Rojas Ríos; SPV María Victoria Calle Correa), y Sentencia C-088 de 2016 (MP Jorge
Iván Palacio Palacio). En las anteriores providencias se citan y emplean los
criterios recogidos en la sentencia C-1052 de 2001 para resolver los asuntos
tratados en cada uno de aquellos procesos.
[5]
Corte Constitucional, sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa). En cuanto a éste primer elemento se señala que se refiere al
“precepto o preceptos jurídicos que, a juicio del actor, son contrarios al
ordenamiento constitucional”.
[6]Corte
Constitucional, sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). En
cuanto a éste tercer elemento se señala que se refiere a una “circunstancia que
alude a una referencia sobre los motivos por los cuales a la Corte le
corresponde conocer de la demanda y estudiarla para tomar una decisión”.
[7]
Corte Constitucional, sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa).
[8]
Corte Constitucional, sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa).
[9]
Corte Constitucional, sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa).
[10]
Corte Constitucional, sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa). Esta sentencia fue reiterada en las siguientes providencias (entre
otras) en las que se analizó el caso específicamente frente al requisito de
claridad: Sentencia C-831 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), Auto 103 de
2005 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), Sentencia C-537 de 2006 (MP Humberto
Antonio Sierra Porto; AV Jaime Araújo Rentería),  Sentencia C-802 de 2008 (MP
Clara Inés Vargas Hernández), Sentencia C-382 de 2012 (MP Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo), Sentencia C-304 de 2013 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo),
Sentencia C-358 de 2013 (CP Augusto Trujillo Muñoz), Sentencia C-227 de 2015
(MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), Sentencia C-229 de 2015 (MP Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo),
[11]
Corte Constitucional, sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa). Esta sentencia fue reiterada en las siguientes providencias (entre
otras) en las que se analizó el caso específicamente frente al requisito de
certeza: Sentencia C-426 de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil), Sentencia C-831 de
2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), Sentencia C-207 de 2003 (MP Rodrigo
Escobar Gil), Sentencia C-569 de 2004 (MP Rodrigo Uprimny Yepes), Sentencia
C-913 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), Sentencia C-158 de 2007 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), Sentencia C-802 de 2008 (MP Clara Inés Vargas
Hernández), Sentencia C-246 de 2009 (MP Clara Elena Reales Gutiérrez),
Sentencia C-331 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), Sentencia C-619 de
2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado) y C-089 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz
Delgado; AV Alberto Rojas Ríos).
[12]
Corte Constitucional, sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa). Esta sentencia sobre la Ley 617 de 2000, analiza la jurisprudencia
hasta la fecha sobre requisitos sustantivos de la demanda y concluye que en su
caso no hay lugar a adentrarse en el asunto de fondo. La sentencia, que
organiza las exigencias para la aptitud de la demanda, fue reiterada en las
siguientes providencias (entre otras) en las que se analizó el caso
específicamente frente al requisito de especificidad: Sentencia C-426 de 2002
(MP Rodrigo Escobar Gil), Sentencia C-831 de 2002 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa), Sentencia C-572 de 2004 (MP Rodrigo Uprimny Yepes; AV Rodrigo
Uprimny Yepes y Jaime Araújo Rentería), Sentencia C-309 de 2009 (MP Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo), Sentencia C-304 de 2013 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo), Sentencia C-091 de 2014 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo),
Sentencia C-694 de 2015 (MP Alberto Rojas Ríos; SPV María Victoria Calle
Correa).
[13]
Corte Constitucional, sentencia C-568 de 1995 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz). En
esta decisión, sobre la exequibilidad de la ley orgánica que estructura la
Contraloría, la Corte toma una decisión inhibitoria por ausencia dado que el
demandante no estructuró los cargos de la violación.
[14]
Corte Constitucional, sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa). Esta sentencia fue reiterada en las siguientes providencias (entre
otras) en las que se analizó el caso específicamente frente al requisito de
especificidad: Sentencia C-426 de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil), Sentencia
C-831 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), Sentencia C-572 de 2004 (MP
Rodrigo Uprimny Yepes; AV Rodrigo Uprimny Yepes y Jaime Araújo Rentería),
Sentencia C-309 de 2009 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), Sentencia C-304
de 2013 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), Sentencia C-091 de 2014 (MP
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), Sentencia C-694 de 2015 (MP Alberto Rojas
Ríos; SPV María Victoria Calle Correa).
[15]
Corte Constitucional, sentencia C-504 de 1993 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz y
Carlos Gaviria Díaz). La Corte declaró exequible en esta oportunidad que el
Decreto 100 de 1980 (Código Penal). Se dijo, entonces: “Constituye un error
conceptual dirigir el cargo de inconstitucionalidad contra un metalenguaje sin
valor normativo y, por tanto, carente de obligatoriedad por no ser parte del
ordenamiento jurídico. La doctrina penal es autónoma en la creación de los diferentes
modelos penales. No existe precepto constitucional alguno que justifique la
limitación de la creatividad del pensamiento doctrinal - ámbito ideológico y
valorativo por excelencia -, debiendo el demandante concretar la posible
antinomia jurídica en el texto de una disposición que permita estructurar un
juicio de constitucionalidad sobre extremos comparables”.  Así, la Corte
desestimaba algunos de los argumentos presentados por el actor que se apoyaban
en teorías del derecho penal que reñían con la visión contenida en las normas
demandadas y con la idea que, en opinión del actor, animaba el texto de la
Constitución”.
[16]
Corte Constitucional, sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa). Esta sentencia fue reiterada en las siguientes providencias (entre
otras) en las que se analizó el caso específicamente frente al requisito de
pertinencia: Sentencia C-048 de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra), Sentencia
C-181 de 2005 (MP Rodrigo Escobar Gil), Sentencia C-309 de 2009 (MP Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo), Sentencia C-304 de 2013 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo) y Sentencia C-694 de 2015 (MP Alberto Rojas Ríos; SPV María Victoria
Calle Correa).
[17]
Corte Constitucional, sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa).
[18]
Corte Constitucional, sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa).
[19]
Corte Constitucional, sentencia C-225 de 1995 (MP Alejandro Martínez
Caballero).
[20]
Corte Constitucional, sentencia C-978 de 2010 (MP Luis Ernesto Vargas Silva;
AV Humberto Antonio Sierra Porto).
[21] Ver
entre muchas otras, Corte Constitucional.  sentencias C-105 de 1994 (MP Jorge
Arango Mejía); C-222 de 1994 (MP Antonio Barrera Carbonell); C-544 de 1994 (MP
Jorge Arango Mejía); C- 397 de 1995 (MP José Gregorio Hernández Galindo); C-446
de 1995 (MP Jorge Arango Mejía); C- 591 de 1995 (MP Jorge Arango Mejía); C- 174
de 1996 (MP Jorge Arango Mejía; AV Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria
Díaz, José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero); C-004 de
1998 (MP Jorge Arango Mejía); C-742 de 1998 (MP Vladimiro Naranjo Mesa); C-068
de 1999 (MP Alfredo Beltrán Sierra; SV Vladimiro Naranjo Mesa; SV Eduardo
Cifuentes Muñoz; SV Carlos Gaviria Díaz); C-082 de 1999 (MP Carlos Gaviria
Díaz); C- 112 de 2000 (MP Alejandro Martínez Caballero; AV Alfredo Beltrán
Sierra y José Gregorio Hernández Galindo); C- 289 de 2000 (MP Antonio Barrera
Carbonell); C- 641 de 2000 (MP Fabio Morón Díaz); C- 800 de 2000 (MP José
Gregorio Hernández Galindo); C-1111 de 2000 (MP José Gregorio Hernández
Galindo); C- 1440 de 2000 (MP Antonio Barrera Carbonell); C-1492 de 2000 (MP
Alfredo Beltrán Sierra; SV Jairo Charry Rivas); C-1495 de 2000 (MP Álvaro Tafur
Galvis); C-1264 de 2000 (MP Álvaro Tafur Galvis; SV Carlos Gaviria Díaz; SV
Alejandro Martínez Caballero); C-007 de 2001 (MP Eduardo Montealegre Lynett);
C- 1298 de 2001 (MP Clara Inés Vargas Hernández); C-174 de 2001 (MP Álvaro
Tafur Galvis); C-092 de 2002 (MP Jaime Araujo Rentería), C-379 de 2002 (MP
Alfredo Beltrán Sierra); C-478 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández; AV
Jaime Araujo Rentería); C-1088 de 2004  (MP Jaime Córdoba Triviño), C-1235 de
2005 (MP Rodrigo Escobar Gil); y C-066 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva;
AV María Victoria Calle Correa; AV y SVP Luis Ernesto Vargas Silva).
[22]
Ejemplos de esta postura, son:  (i) en la sentencia C-320 de 1997 (MP Alejandro
Martínez Caballero), se concluyó que a pesar de lo odiosa que pudiere resultar
la expresión “transferencia de deportistas”, por sugerir que los clubes
deportivos son dueños de estas personas, mientras que en estricto sentido “sólo
se transfiere, se vende y se presta aquello de que se es propietarios”, el
control constitucional debía recaer sobre el uso regulativo del enunciado, y
que desde esta perspectiva, “si el contenido normativo de esas disposiciones es
constitucionalmente admisible, no sería lógico que la Corte declarara la
inexequibilidad de los artículos estudiados, puesto que, debido únicamente a
los defectos del lenguaje utilizados por el legislador, se estaría retirando
del ordenamiento una regulación que es materialmente legítima”. En este orden
de ideas, la Corte se abstuvo de retirar la norma del ordenamiento, pese a lo
“chocante” de la terminología legal. (ii)  En la sentencia C-379 de 1998 (MP José Gregorio Hernández Galindo) la Corte se
pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 89 del Código Civil, que
establecía que el domicilio de una persona es el mismo de sus criados y
dependientes que residen en su misma casa. Aunque explícitamente se advirtió
que la palabra “criado” tenía una connotación “despreciativa, en abierta
oposición a la dignidad humana”, en la referida providencia se declaró la
inexequibilidad del precepto legal, por considerar que afectaba la libertad de
los empleados a establecer su domicilio y no de la expresión “criado”, pese a
su carga peyorativa. (iii) En la sentencia C-1298 de 2001 (M.P. Clara Inés
Vargas Hernández)  este tribunal también se inhibió de pronunciarse con
respecto a los vocablos “legítimo” y “legítimos” contenidos en el título y en
el artículo 1º de la Ley 29 de 1982, en el artículo 1º de la Ley 54 de 1989, y
en los artículos 24, 236, 246, 288, 397, 403, 457 y 586 del Código Civil.
Aunque a juicio del demandante dichas palabras eran contrarias a la
Constitución por atentar contra la dignidad y la igualdad humana, en tanto
descalificaban a algunos tipos de hijos según su origen familiar, la Corte
estimó que los preceptos demandados no establecían una trato diferenciado entre
tales sujetos, y que, al no existir ningún efecto jurídico susceptible de
violentar el principio de igualdad, no era factible el escrutinio judicial
propuesto por el actor. (iv) La sentencia C-507 de 2004 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa; SV Alfredo Beltrán Sierra; SV Jaime Araujo Rentería; AV Manuel José
Cepeda Espinosa), expedida con ocasión de la demanda en contra del artículo 34
del Código Civil, que definía al impúber como “el varón que no ha cumplido
catorce años y la mujer que no ha cumplido doce”. En este fallo se sostuvo que
no era posible pronunciarse sobre la constitucionalidad de enunciados que se
limitan a fijar el uso dado por el legislador a una expresión lingüística,
porque tales definiciones, consideradas en sí mismas, carecen de todo contenido
regulativo, y por tanto, no tienen la potencialidad de vulnerar la Carta
Política. (v) En la sentencia C-534 de 2005 (MP Humberto Antonio Sierra Porto;
SVP Alfredo Beltrán Sierra; SV Álvaro Tafur Galvis; SVP Jaime Araujo Rentería),
aunque originalmente el demandante cuestionó la definición de la expresión
“impúber”, contenida en el artículo 34 del Código Civil, la Corte estimó que el
examen propuesto carecía de sentido porque la sola definición no producía
efectos jurídicos. Así reconfigurado el debate, se examinaron las disposiciones
acusadas en su dimensión regulativa, vinculándola a los efectos en materia de
capacidad, tutelas, curadurías, e inhabilidades testamentarias, y se declaró la
inexequibilidad de las expresiones “varón” y “y de la mujer que no ha cumplido
doce”, contenidas en el artículo 34 del Código Civil, para que fuesen
considerados impúberes quienes no han cumplido 14 años, sean hombres o mujeres.
(vi) Por su parte, en la sentencia C-804 de 2009 (MP María Victoria Calle
Correa; AV María Victoria Calle Correa, Juan Carlos Henao Pérez y Jorge Iván
Palacio Palacio), la Corte tomó nota del posible carácter peyorativo de la
expresión “idoneidad física” contenida en el artículo 68 del Código de la
Infancia y la Adolescencia para referirse a los requisitos para la adopción de
menores. No obstante, y aunque la Corte se refirió ampliamente a la relevancia
constitucional del lenguaje legal y a su incidencia en el conjunto de valores,
principios y derechos establecidos en la Carta Política, el escrutinio judicial
no versó sobre el aspecto terminológico del enunciado legal, sino sobre sus
efectos jurídicos, y se concluyó que la medida respondía a la necesidad de
asegurar las mejores condiciones para el cuidado y atención de las necesidades
de los niños que se integran a una nueva familia, pero que, en cualquier caso,
esta idoneidad no debía ser entendida como una prohibición absoluta e
incondicionada para la adopción de niños por parte de personas con
discapacidad. (vii) En la sentencia C-066 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva; AV María Victoria Calle Correa; AV y SVP Luis Ernesto Vargas Silva) se
advirtió sobre la posible impropiedad del legislador al utilizar la expresión
“normalización” en el artículo 3 de la Ley 361 de 1997, para referirse a los
deberes del Estado en relación con las personas que tienen algún tipo de
limitación física, síquica o sensorial. Sin embargo, pese al cuestionable tono
del vocablo, el análisis no estuvo orientado a controlar el vocabulario del
derecho positivo, sino a valorar los efectos jurídicos establecidos en el
enunciado legal, concluyendo que el deber de normalización previsto en la
disposición no podía referirse  a la obligación del Estado de formular e
implementar políticas orientadas a tratar, curar o rehabilitar a los individuos
con discapacidad, sino al deber de eliminar las barreras físicas y sociales que
impiden a estas personas gozar plenamente de sus derechos. En este orden de
ideas, la Corte declaró la exequibilidad de la expresión “la normalización
social plena” contenida en el artículo 3º de la Ley 361 de 1997, “en el entendido
de que se refiere únicamente y exclusivamente a la obligación del Estado y de
la sociedad de eliminar las barreras de entorno físico y social”.
[23] Al
respecto, ver las sentencias C-600A de 1995 (MP Alejandro Martínez Caballero;
SV José Gregorio Hernández Galindo), C-070 de 1996 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz;
SVP José Gregorio Hernández Galindo y Carlos Gaviria Díaz), C-499 de 1998 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz), C-559 de 1999 (MP Alejandro Martínez Caballero; SV
Vladimiro Naranjo Mesa y Eduardo Cifuentes Muñoz) y C-843 de 1999 (MP Alejandro
Martínez Caballero; SV Vladimiro Naranjo Mesa y Eduardo Cifuentes Muñoz; SV
Rodrigo Escobar Gil y Nilson Pinilla Pinilla; AV Marco Gerardo Monroy Cabra);
C-078 de 2007 (MP Jaime Córdoba Triviño),  entre otras.
[24]
Corte Constitucional,  sentencia C-804 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto; AV Marco Gerardo Monroy Cabra): “El lenguaje es a un mismo tiempo
instrumento y símbolo. Es instrumento, puesto que constituye el medio con
fundamento en el cual resulta factible el intercambio de pensamientos entre los
seres humanos y la construcción de cultura. Es símbolo, por cuanto refleja las
ideas, valores y concepciones existentes en un contexto social determinado. El
lenguaje es un instrumento mediante el cual se configura la cultura jurídica.
Pero el lenguaje no aparece desligado de los hombres y mujeres que lo hablan,
escriben o gesticulan quienes contribuyen por medio de su hablar, escribir y
gesticular a llenar de contenidos las normas jurídicas en una sociedad
determinada”.
[25] Ver
entre otras Corte Constitucional, Sentencia C-105 de 1994 (Jorge Arango Mejía),
Sentencia C-595 de 1996  (MP Jorge Arango Mejía; SV Eduardo Cifuentes Muñoz; AV
Jorge Arango Mejía; AV Carlos Gaviria Díaz; SPV José Gregorio Hernández Galindo
y Antonio Barrera Carbonell); Sentencia C-320 de 1997 (MP Alejandro Martínez
Caballero); Sentencia C-082 de 1999 (Carlos Gaviria Díaz); Sentencia C-800 de
2000 (MP José Gregorio Hernández Galindo); Sentencia C-007 de 2001 (MP Eduardo
Montealegre Lynett) Sentencia C-478 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández; AV
Jaime Araujo Rentería); Sentencia C-1088 de 2004 (MP Jaime Córdoba Triviño);
Sentencia,C-1235 de 2005 (MP Rodrigo Escobar Gil), Sentencia C-037 de 2006 (MP
Vladimiro Naranjo Mesa; SVP José Gregorio Hernández Galindo; SVP Alejandro
Martínez Caballero; AV Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández
Galindo, Hernando Herrera Vergara); C-804 de 2009 (MP María Victoria Calle; SVP
Juan Carlos Henao, María Victoria Calle, Jorge Iván Palacio); C-404 de 2013 (MP
Luis Ernesto Vargas Silva); C-451 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva); C-258
de 2016 (MP María Victoria Calle Correa, SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[26]
Corte Constitucional, C-804 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto; AV Marco
Gerardo Monroy Cabra). En dicha providencia se señaló que “A partir de lo
expresado hasta este lugar puede decirse que el lenguaje como fenómeno social,
cultural e institucional de primer orden, se proyecta de manera directa en el
ámbito jurídico: ‘[e]l Derecho se manifiesta, se funda y se expresa por
medio de palabras’ El lenguaje jurídico refleja y también contribuye a
perpetuar formas de pensamiento. El lenguaje ni la cultura permanecen estáticos
sino que se transforman de manera profunda, aun cuando a veces imperceptible,
con el paso del tiempo. Así, como los cambios sociales pueden tener incidencia
en los cambios del lenguaje y de los contenidos de las definiciones construidas
a partir del mismo, también el lenguaje y la manera como éste sea utilizado
para establecer contenidos, puede producir una variación en la percepción de
los fenómenos sociales”.
[27]
Corte Constitucional,  sentencias C-105 de 1994 (MP
Jorge Arango Mejía), C-595 de 1996 (MP
Jorge Arango Mejía; SV Eduardo Cifuentes Muñoz; AV Jorge Arango Mejía; AV Carlos
Gaviria Díaz; SPV José Gregorio Hernández Galindo y Antonio Barrera Carbonell), C-800 de 2000 (MP José Gregorio Hernández
Galindo).
[28]
Corte Constitucional, sentencia C-082 de 1999 (MP Carlos Gaviria Díaz). Demanda contra la expresión contenida en el artículo 140 del Código Civil.
[29]
Corte Constitucional, C-983 de 2002 (MP Jaime Córdoba Triviño). Frente a una
demanda de inconstitucionalidad parcial contra varios artículos del Código
Civil, la Corte sostuvo lo siguiente:  “En segundo lugar, para la Sala resulta
violatorio de la Constitución la frase “y tuviere suficiente inteligencia”,
pues no sólo contiene la misma concepción discriminatoria de la cual ha venido
dando cuenta la Corte en esta Sentencia, sino que resulta lesiva de la dignidad
humana, uno de los derechos fundamentales más importantes de la persona, pues
ello implicaría someter al individuo a una prueba para determinar el grado de
inteligencia. Tal expresión choca con el principio constitucional sobre la no
discriminación y con la exigencia superior de la igual dignidad de todos los
seres humanos. (…)” (Numeral 4).
[30]
Corte Constitucional, C-478 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández). En esa
ocasión la Corte resolvió la demanda de inconstitucionalidad parcial de los
artículos 140 numeral 3, 545, 554, 560 del Código Civil. se demandó los
artículos 140 numeral 3, 545, 554 y 560 del Código Civil , se observa que la
Corte Constitucional toma una posición más clara sobre el tema objeto de
examen, pues en las consideraciones de la sentencia citada se observa como la
Corte se pronuncia de fondo sobre expresiones que considera como lenguaje
discriminatorio, razón por la cual establece que el legislador si bien tiene un
amplio margen de configuración legislativa, dicha configuración no es óbice
para que se manifieste con expresiones que soslayan la dignidad humana. Sobre
la materia estableció: “Sobre el particular, cabe señalar que para la Corte el
lenguaje legal debe ser acorde con los principios y valores que inspiran a la
Constitución de 1991, ya que " es deber de la Corte preservar el contenido
axiológico humanístico que informa a nuestra norma fundamental, velando aún
porque el lenguaje utilizado por el legislador no la contradiga.
Posteriormente, esta Corporación consideró que "el uso de términos jurídicos
que tiendan a cosificar a la persona no es admisible".” (numeral 5)
[31]
Corte Constitucional, C-1088 de 2004 (MP Jaime Córdova Triviño) En esta
sentencia la Corte Constitucional, conoció una
demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 548 del Código Civil Demanda
de inconstitucionalidad contra la expresión contenida en el artículo 548 del
Código Civil. Se observa que la Corte reitera la
posición adoptada en la sentencia C-478 de 2003, por consiguiente, empieza a
fijar lineamientos para que el órgano legislativo al expedir una norma jurídica
no vulnere derechos fundamentales por medio del lenguaje, pues el lenguaje si
bien es un medio de expresión, la terminología que adopte el legislador debe
estar acorde con los parámetros constitucionales, por ende estableció lo
siguiente:  “En este momento, los derechos humanos son el fundamento y límite
de los poderes constituidos y la obligación del Estado y de la sociedad es
respetarlos, protegerlos y promoverlos.  De allí que al poder político ya no le
esté permitido aludir a los seres humanos, sea cual sea su condición, con una
terminología que los despoje de su dignidad, que los relegue al derecho de
cosas.  Mucho más cuando se trata de personas discapacitadas pues a ellas
también les es inherente su dignidad de seres humanos y, dada su condición,
deben ser objeto de discriminación positiva y de protección e integración
social.” (Numeral 8)
[32]Corte
Constitucional, C-1235 de 2005 (MP Rodrigo Escobar Gil) La Corte conoció de una
demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 2349 del Código Civil[32],
pues, el ciudadano que interpuso la demanda consideró que las expresiones “amo”
”sirviente” y ”criado” resultaban discriminatorias y contrarias al ordenamiento
jurídico. La Corte al realizar un análisis de fondo declaro la inexequibilidad
de las expresiones, además de reiterar la posición que fijo en la Sentencia C-
478 de 2003. Sobre el punto estableció lo siguiente:  “(…) se observa
que las expresiones utilizadas por el Código Civil para denominar la relación
de los empleados domésticos con sus empleadores, admiten interpretaciones
discriminatorias y denigrantes de la condición humana y así se evidencia cuando
se analizan con un enfoque más amplio.  Al respecto, se tiene que dichas
locuciones tienden a la cosificación del ser humano y refieren a un vínculo
jurídico que no resulta constitucionalmente admisible, cuál era el denominado
en el propio Código Civil como “arrendamiento de criados y domésticos”, el
cual consistía en una modalidad de arrendamiento que en realidad hacía al “criado” sujeto
pero sobre todo objeto del contrato, como si tratara de un bien más”. (Numeral
4)
[33]
Corte Constitucional, Sentencia C-1088 de 2004
(MP Jaime Córdova Triviño), previamente citado.
[34]
Corte Constitucional,  sentencia T-098 de 1994
(MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[35]
Corte Constitucional, sentencia C-804 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto; AV Marco Gerardo Monroy Cabra) “El lenguaje es a un mismo tiempo
instrumento y símbolo. Es instrumento, puesto que constituye el medio con
fundamento en el cual resulta factible el intercambio de pensamientos entre los
seres humanos y la construcción de cultura. Es símbolo, por cuanto refleja las
ideas, valores y concepciones existentes en un contexto social determinado. El
lenguaje es un instrumento mediante el cual se configura la cultura jurídica.
Pero el lenguaje no aparece desligado de los hombres y mujeres que lo hablan,
escriben o gesticulan quienes contribuyen por medio de su hablar, escribir y
gesticular a llenar de contenidos las normas jurídicas en una sociedad
determinada.// (…) Por otra parte, cabe recordar que la jurisprudencia
constitucional no ha sido extraña a los problemas constitucionales implicados
en el uso del lenguaje jurídico. En efecto, a partir de la entrada en vigor de
la Constitución de 1991, numerosas expresiones contenidas en el ordenamiento
jurídico han sido demandadas en acción pública de inconstitucionalidad por no
corresponder al contenido axiológico del nuevo ordenamiento constitucional. //
Sobre este extremo la Corte ha sostenido de manera reiterada que el legislador
está en la obligación de hacer uso de un lenguaje legal que no exprese o admita
siquiera interpretaciones contrarias a los principios, valores y derechos
reconocidos por la Constitución Política (…) // Sobre el particular, la Corte
Constitucional ha sostenido que el lenguaje legal debe ser acorde con los
principios y valores que inspiran a la Constitución de 1991, ya que " es
deber de la Corte preservar el contenido axiológico humanístico que informa a
nuestra norma fundamental, velando aún porque el lenguaje utilizado por el
legislador no la contradiga. // De las anteriores citas jurisprudenciales se
observa que el juicio para determinar el impacto del lenguaje sobre la
constitucionalidad de ciertos textos legales, es un ejercicio que trasciende el
análisis netamente lingüístico. En efecto, las consideraciones históricas,
sociológicas y de simple uso del idioma tienen especial importancia para
verificar si determinadas expresiones lingüísticas contravienen el cuadro de
valores, principios y derechos fundamentales que inspiran la Constitución.  Así
sucede cuando la Corte reprocha un enunciado determinado por el contexto en que
se encuentra inserto sin que en sí mismo éste tenga una significación
discriminatoria.  Así ocurre con las expresiones “recursos” o “transferencia” a
las que atrás se ha hecho mención, las cuales han sido retiradas del
ordenamiento en consideración a su uso inapropiado. // (…)  Se tiene, entonces
que la jurisprudencia constitucional ha coincidido en que el lenguaje jurídico
no es un instrumento neutral de comunicación y en esa medida debe ajustarse al
contenido axiológico de la Carta de 1991.
[36]
Naciones Unidas. Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas Para la Prevención
del Delito y la Atención del Delincuente (ILANUD). Programa Mujer, Justicia y
Género en: www.ilanud.or.cr/justiciagenero/SEXISMO .pdf, p. 3.
[37]
Corte Constitucional, sentencia C-804 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto; SV Rodrigo Escobar Gil, Nilson Elías Pinilla Pinilla; AV Marco Gerardo
Monroy Cabra). En este asunto, se demanda la utilización de las expresiones
hombre y otras semejantes en la definición contenida en el artículo 33 del
Código Civil al pretender cobijar a todos los individuos de la especie humana
sin distinción de sexo “a menos que por la naturaleza de la disposición o el
contexto se limite manifiestamente a uno solo” y, a renglón seguido, cuando en
el párrafo segundo se agregan las expresiones por el contrario, las palabras
mujer, niña, viuda y otras semejantes, que designan al sexo femenino no se
aplicarán a otro sexo, a menos que expresamente las extienda la ley a él”,
hacen una clara alusión a lo masculino y descartan del enunciado de la norma lo
femenino. Opina el demandante, que con ello se adopta una definición excluyente
de las mujeres que no concuerda con el desarrollo que en materia de no
discriminación por razones de género ha tenido lugar en el mundo y en Colombia,
particularmente, a partir de la Constitución de 1991. La Corte declaró
inexequibles las expresiones, luego de un minucioso análisis sobre el lenguaje
jurídico y su poder transformador frente a la discriminación histórica.
[38]
Corte Constitucional, sentencia C-253 de 2013 (MP Mauricio González Cuervo, SPV
Luis Guillermo Guerrero Pérez, Luis Ernesto Vargas Silva;  AV María Victoria
Calle Correa, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[39]  Corte Constitucional,
sentencia C-458 de 2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; SV Luis Guillermo
Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). En la decisión de Sala Plena
del 22 de julio de 2015, la Corte resolvió la demanda contra la terminología
empleada por el legislador para regular la condición de discapacidad, y en
particular, expresiones afines a “discapacitado”, “inválido”, “limitado”,
“sordo”, “minusválido”, “persona con capacidades excepcionales” y “disminuido”,
contenidas en las Leyes 100 de 1993, 115 de 1994, 119 de 1994, 324 de 1996, 361
de 1997, 546 de 1999, 860 de 2003, 797 de 2003, 1114 de 2006, 1438 de 2011 y
1562 de 2012, por tener una connotación peyorativa que contribuiría a perpetuar
las concepciones, imaginarios y actitudes del conglomerado social que subyacen
a modelos de discapacidad ya superados, como el denominado “modelo de la
prescindencia”, que concibe esta condición como una carga social y propone la
marginación, el aislamiento y la exclusión del entorno social las personas con
discapacidad, o como el “modelo médico–rehabilitador”, que la entiende como una
anomalía y como una patología que debe ser intervenida y tratada desde una
perspectiva médica, a efectos de “normalizar” y estandarizar a los individuos
que la padecen. Ambos modelos, a su vez, impedirían a este colectivo gozar
plenamente de sus derechos.
[40]
Corte Constitucional, sentencia C-458 de 2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado;
SV Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). Declaró
exequibles, por los cargos analizados, las siguientes expresiones: “a.
“inválida” contenida en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993; “inválido” e “inválidos”
en los artículos 39 y 44 de la Ley 100 de 1993 (tal y como fue reformada por el
artículo 1º de la Ley 860 de 2003) y en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003;
“invalidez” contenida en el título del Capítulo III, en los artículos 38, 39,
40 , 41, 42, 43, 44 y 45 de la Ley 100 de 1993 (tal y como fue reformada por el
artículo 1º de la Ley 860 de 2003), en los artículos 9 y 13 de la Ley 797 de
2003 y en el 18 de la Ley 1562 de 2012 e “invalidarse” contenida en el artículo
45 de la Ley 100 de 1993. (…) b. “con capacidades excepcionales” contenida en
el artículo 1º de la Ley 115 de 1994 y “con excepcionalidad” del artículo 16 de
la Ley 361 de 1997. c. “sordo” del artículo 1º; “personas sordas” y “sordos”
del artículo 7º  y “población sorda” del artículo 10, todos de la Ley 324 de
1996.”
[41]
Corte Constitucional, sentencia C-458 de 2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado;
SV Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). En esta
ocasión dijo la Corte: “La discriminación aludida se manifiesta porque las
expresiones acusadas – (…)- contribuyen a la generación de una mayor adversidad
para las personas en situación de discapacidad, pues ubican su situación como
un defecto personal, que además los convierte en seres con capacidades
restringidas que tienen un menor valor. Esta carga propia de las palabras
citadas hace que los procesos de dignificación, integración e igualdad sean más
complejos.”
[42]  Corte
Constitucional, sentencia C-458 de 2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; SV
Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). Dice la
sentencia: “49.  La función de estas expresiones no es agraviar o restar
dignidad a las personas en condición de discapacidad. (…) 54. La discriminación aludida se manifiesta porque las expresiones
acusadas (…) contribuyen a la generación de una mayor adversidad para las
personas en situación de discapacidad, pues ubican su situación como un defecto
personal, que además los convierte en seres con capacidades restringidas que
tienen un menor valor. Esta carga propia de las palabras citadas hace que los
procesos de dignificación, integración e igualdad sean más complejos.”
[43]
Corte Constitucional, sentencia C-458 de 2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado;
SV Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). Sostiene la
providencia “Las palabras acusadas son elementos normativos de disposiciones
que regulan sistemas complejos, que interactúan constantemente con otros, por
ejemplo el sistema de seguridad social en pensiones.  ||  […]  ||  Aunque todas
estas expresiones también hacen parte de subsistemas normativos que buscan la
protección de los sujetos a los que hacen referencia, la Corte considera que el
lenguaje utilizado sí atenta contra la dignidad humana y la igualdad, pues no
se trata de palabras o frases que respondan a criterios definitorios de técnica
jurídica; son solamente formas escogidas para referirse a ciertos sujetos o
situaciones, opciones para designar que no son sensibles a los enfoques más
respetuosos de la dignidad humana.”
[44]
Corte Constitucional, sentencia C-458 de 2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado;
SV Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).  “Además,
pretenden determinar los procedimientos y destinatarios de ciertas prestaciones
sociales, que obviamente tienen como objetivo proteger a poblaciones
consideradas vulnerables y que han perdido capacidad laboral. También regulan
esquemas de educación y acceso a oportunidades laborales, por lo cual no tienen
una finalidad inconstitucional, por el contrario persiguen objetivos
constitucionalmente imperiosos. Aunque las expresiones consideradas de manera
aislada puedan parecer discriminatorias –dada su carga emotiva- cuando se
entienden como parte del entramado de un sistema jurídico esa visión cambia.
Tal transformación se presenta no sólo por el análisis normativo ya mencionado
sino por las consecuencias de una declaratoria de inconstitucionalidad. En
efecto, considerar que se trata de disposiciones inexequibles, anularía
beneficios para las personas a las que aluden las normas, les quitaría medidas
diseñadas en su favor, sin considerar su rol descriptivo dentro de
proposiciones jurídicas complejas y que se trata de preceptos previos a varios
tratados sobre la materia que han incorporado el llamado enfoque social.”
[45]
Wittgenstein, Ludwig (1958) Investigaciones Filosóficas. UNAM. México, 2007.
[46] Corte Constitucional, Sentencia C-458 de 2015 (MP Gloria Stella
Ortiz Delgado; SVP Gabriel Eduardo Mendoza, Luis Guillermo Guerrero). En este
caso, los accionantes demandaron las expresiones
afines a las  palabras “discapacitados”, “inválidos”, “minusválidos”, “personas con
limitación”, “limitados”  y “sordos”, contenidas en las leyes 100
de 1993, 115 de 1994, 119 de 1994, 324 de 1996, 361 de 1997, 546 de 1999, 860
de 2003, 797 de 2003, 1114 de 2006, 1438 de 2011 y 1562 de 2012, porque a su
juicio, estos vocablos tienen una connotación peyorativa que lesiona el
ordenamiento superior. El sesgo discriminatorio se explica por la confluencia
de dos circunstancias: (i) por la etimología de algunas de estas palabras,
como “minusválido”
o “inválido”, que asocian la condición de discapacidad al menor
valor de las personas; (ii) porque la terminología demandada no hace explícitos
tres datos relevantes sobre la condición de discapacidad: el status de persona
de estos individuos, la existencia de otras dimensiones vitales distintas a la
discapacidad, y el rol determinante del entorno en la generación de la
discapacidad. Al respecto, la Corte consideró que la relevancia del análisis del lenguaje en sede
constitucional, también debe considerar que éste responde a un contexto
temporal que determina las categorías socialmente aceptadas. Sin embargo, tales
contextos y categorías admitidas por la sociedad son dinámicos y por tanto
deben ser actualizados a medida que se presentan cambios. Adicionalmente, adujó
que “en las
disposiciones demandadas, las palabras cuestionadas carecen de una connotación
peyorativa, y tampoco transmiten ideas negativas en contra de los miembros de
este colectivo, aunque ya se han ideado alternativas léxicas que responden
directamente a la necesidad de dignificar a las personas con discapacidad y a
la de sensibilizar al conglomerado social frente a esta realidad”.
[47] Constitución Política de Colombia, Artículo
13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y
efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El
Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
[48]
Disponible en:
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/comisiones/plenaria/brblaa490289_a1991_%20m05_d02.pdf
[49] Constitución Política de Colombia, Artículo
47. El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e
integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a
quienes se prestará la atención especializada que requieran.
[50]
Transcripción de la sesión del 8 de abril de 1991 Disponible en:
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/comisiones/primera/brblaa490285_a1991_%20m04_d08.pdf
[51] Constitución Política de Colombia, Artículo 54. “Es obligación del Estado y de
los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a
quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las
personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un
trabajo acorde con sus condiciones de salud.” En Sesión Plenaria
Transcripción de la sesión del 10 de junio de 1991[51]
Intervención de Miguel Antonio Yepes: “es importante recodar como el
preámbulo aprobado el 8 de Mayo en esta Asamblea Nacional Constituyente,
consagra el trabajo como uno de los objetivos principales de las relaciones
sociales en nuestra comunidad desde la Reforma Constitucional de 1936, se viene
hablando de que es el derecho de las personas y una obligación social, y por
eso también consignamos que goza, en todas sus modalidades, de la especial
protección del Estado y que toda persona tiene derecho a un trabajo en
condiciones dignas y justas y que las relaciones del trabajo no pueden
menoscabar de ninguna manera la libertad y a la dignidad humana, también la
protección del Estado Colombiano a los derechos de los trabajadores colombianos
residentes en el exterior y la garantía del Derecho a los minusválidos para un
trabajo.” La intervención continúa cono siguiente: “También la obligación del
Estado a garantizar a los minusválidos el derecho al trabajo en sus especiales
condiciones de salud; en el segundo capítulo relacionado con las instituciones
básicas del Derecho Laboral Colombiano, se ratifica la vigencia de los
convenios internacionales del trabajo ratificados por Colombia, y ya pasando a
otros temas, después del artículo primero en donde queda consignado el deber
del trabajo, como derecho y como deber y las especiales protecciones del
Estado”. Disponible en:
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ANC/comisiones/plenaria/brblaa490289_a1991_%20m06_d10.pdf
[52] Constitución Política de Colombia, Artículo 68. (…) La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con
limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son
obligaciones especiales del Estado.
[53]
Ver, por ejemplo la sentencia T-441 de 1993, (MP José Gregorio Hernández
Galindo). El actor solicitó que se tutelaran sus derechos a la igualdad, debido
a que fue retirado sin justa causa de su caro pese a ser una persona en
situación de discapacidad. Al respecto, la Corte reitera que  tal y como se
adujó en primera y segunda instancia, se debe garantizar y proteger a las
personas en  situación de vulnerabilidad y garantizar sus derechos como pilar
fundamental del Estado Social de derecho, so pena de desconocer la situación de
debilidad manifiesta en la que se encontraba el actor; sentencia T-290 de 1994,
(MP Vladimiro Naranjo Mesa). En este caso, las accionantes interponen acción de
tutela en pro de los derechos a la igualdad, protección especial y al
reconocimiento a la sustitución pensional de su hermana menor de edad. Al
respecto, por tratarse de una persona en estado de indefensión y teniendo en
cuenta su estado de salud (retraso mental permanente y definitivo), la Corte
tuteló sus derechos y adujó que el Estado debe dar un trato especial a los
débiles y a las personas en situación de vulnerabilidad  en forma tal, que
remedie las deficiencias en que se encuentra la persona necesitada, más aún la
protección debe ser mayor, porque las circunstancias determinan un trato de
preferencial; T-067 de 1994 (MP José Gregorio Hernández Galindo) En el caso, el
actor solicitó que se tutelara el derecho a la salud y a la vida de su hijo
menor de edad, quién aduce tener defectos neurológicos desde su nacimiento y al
cual se le interrumpieron los tratamientos médicos necesarios para la
preservación de su salud. Al respecto, la Corte consideró que debe tutelarse
los derechos del menor, pues se debe tener en cuenta su historia clínica y los
requerimientos necesarios para su tratamiento y calidad de vida. Adicional a
ello, reiteró que la seguridad social es un servicio público de carácter
obligatorio; sentencia T-288 de 1995, (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) En este
asunto, el actor afirma que la vulneración se deriva de la omisión de algunos
clubes deportivos, al no promover condiciones de igualdad real y efectiva para
las personas que se encuentren en condiciones de discapacidad, cambiando la
ubicación de estas personas en el Estadio de futbol de la ciudad a una nueva
zona,  en donde estas personas no cuentan con las condiciones necesarias en una
eventual emergencia. La Corte tomó en consideración que se pusieron cargas y
riesgos a los ciudadanos en condiciones de indefensión, sin tener un criterio
objetivo ni una justificación razonable, que pone y somete a un riesgo
inminente el goce de un derecho constitucional a las personas en estado de
discapacidad, concediendo así la tutela; sentencia T-224 de 1996, (MP Vladimiro
Naranjo Mesa). En este asunto, el actor afirma que la vulneración se genera
gracias a que el demandado (Ministerio de Comunicaciones) olvidó la función del
Estado de garantizar la rehabilitación e integración social de las personas en
condiciones de discapacidad y más aún cuando estas son empleados suyos y no
cuentan con otro medio para el sostenimiento propio y el de su familia.  De
esta forma se  desconoció  el principio de igualdad del cual gozan todos los
ciudadanos, y bajo el cual el Estado debe promover una especial protección para
las personas discapacitadas. La Corte consideró que el principio de igualdad,
no es un criterio vacío que mide ‘‘mecánicamente’’ a los individuos de la
especie humana equiparándolos desde el punto de vista formal, lo que a simple
vista puede llegar a generar condiciones de desigualdad, sino que por el
contrario lo ve como un  criterio jurídico vivo y actuante que racionaliza la
actividad del Estado para brindar a las personas posibilidades serias y
concretas en sus respectivos casos y dentro de sus propias circunstancias las
cuales pueden o no ameritar una protección especial por parte del Estado. Por
este motivo no se concedió la tutela; sentencia T- 378 de 1997, (MP Eduardo
Cifuentes Muñoz) En el caso, la actora considera que existe una vulneración de
sus derechos fundamentales por parte de la Caja de Previsión Social Municipal
de Ibagué, al ser negada la solicitud de medicamentos necesarios para tratar su
enfermedad la cual menoscaba su condición de vida.   La Corte tomó en
consideración la obligación Estatal de prestar el servicio de salud como mínimo
vital, a las personas que se encuentren en una debilidad manifiesta económica,
física, o mental.  Por tal motivo se concedió la tutela.  y; sentencia T- 207
de 1999, (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) En este asunto, el actor consideró
vulnerados sus derechos por la Dirección Seccional de Salud de Caldas a raíz de
la omisión de la entidad al no otorgarle un nombramiento para cumplir con su
año de servicio social obligatorio en algún hospital del departamento,
requisito imprescindible para poder obtener la tarjeta profesional de médico.
La Corte toma en consideración que las personas en situación de discapacidad
constituyen un sector tradicionalmente marginado de la sociedad, aun cuando la
discriminación que padecen presenta características diferentes a la que sufren
otros conglomerados sociales, lo que dificulta para el caso concreto un acceso
fácil a puestos o cargos como el de médico residente y por tal motivo tutela
los derechos del actor.
[54] Corte Constitucional,   sentencia T-291 de 2009
(MP Clara Elena Reales Gutiérrez) En este caso,
la Corte centra su estudio en la necesidad de encontrar mecanismos de
participación igualitarios para las personas que se encuentren en condición de
debilidad manifiesta. La Constitución de 1991 tiene como pilar fundamental el
derecho a la igualdad, el cual se basa en el postulado ‘‘todos son iguales ante
la ley’’ y bajo esta peyorativa, el Estado colombiano debe implementar
políticas de protección hacia los grupos tradicionalmente marginados o discriminados.
Estas medidas deben materializar de manera proporcional ayudas para las
personas en condiciones discapacidad evitando que estas sean contradictorias a
este fin, es decir, que sean abiertamente discriminatorias. Es así como la
Corte ha establecido la necesidad de que a la administración
le corresponde demostrar que a pesar de la afectación desproporcionada para un
grupo marginado, la medida, programa o política, está adecuada a las
condiciones de razonabilidad y proporcionalidad, y que esta ha sido
implementada con otros mecanismos  para contrarrestar los efectos adversos
hacia los grupos marginados.
[55]
Corte Constitucional,  sentencia C-793 de 2009 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo; SV María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio Palacio)  En este caso los accionantes demandaron  los
numerales 6, 14 y 15 del artículo 6º de la Ley 1259 de 2008 “por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la
aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo,
limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones”., toda
vez que dicha norma atentaba contra grupos marginados y discriminados como
aquellas personas dedicadas al reciclaje. La Corte encuentra importante
incentivar al Estado a adoptar medidas necesarias para lograr una mayor
igualdad real y efectiva de las personas en condiciones de marginación  y
discriminación. Todo esto, gracias a que los recicladores tienen que enfrentar
los múltiples estigmas sociales, que se generan por la simple asociación de una
actividad, con elementos que la sociedad desecha.”
[56] Corte Constitucional, sentencia C-478 de 2003 (MP Clara Inés Vargas
Hernández, AV Jaime Araujo Rentería) En este caso los accionantes demandaron los artículos 140 numeral 3, 545, 554 y 560 (parciales) del Código
Civil. Toda vez que a su juicio, estas normas contenían expresiones como
‘‘furiosos locos, mentecatos, imbecilidad, idiotismo, entre otras’’ las cuales
vulneraban la dignidad e igualdad de las personas con alguna discapacidad
psíquica o física. Para este caso, la Corte sostuvo que estas expresiones
atendían los conceptos médicos de la época en la cual fue redactado el Código
Civil, y conforme a la evolución que ha tenido la ciencia médica y el propio
ordenamiento jurídico estas expresiones hoy en día son  despectivas y
vulneraban la dignidad humana, además de violar claramente el principio de
igualdad en donde las personas que padezcan alguna variedad de discapacidad
deben gozar sin discriminación alguna, de los mismos derechos y garantías que los
demás colombianos.
[57]
Corte Constitucional,  sentencia C-371 de 2000 (MP Carlos Gaviria Díaz; SPV
Álvaro Tafur Galvis; SV Alejandro Martínez Caballero, Eduardo Cifuentes Muñoz) Esta sentencia se encarga  de recoger buena parte
de la línea jurisprudencial trazada por la Corte Constitucional respecto del
derecho a la igualdad; si bien el análisis se centra en el estudio de las
acciones positivas como mecanismos constitucionales para la protección de
grupos tradicionalmente discriminados –las mujeres-, allí se hace clara
referencia a la necesidad de crear formas de alcanzar la igualdad sustancial
entre diversos grupos sociales.
[58] Corte Constitucional,  sentencia T-291/09, reiterada en la
sentencia C-793 de 2009 (M.P. Mauricio González Cuervo)  Atendiendo a los
parámetros del derecho a la igualdad y la necesidad de implementar medidas
afirmativas en favor de las personas con discapacidad para lograr una igualdad
real y efectiva, la Corte cita los parámetros estipulados en su jurisprudencia.
[59] Corte Constitucional,  sentencia C-458 de 2015
(MP Gloria Stella Ortiz; SVP
Gabriel Eduardo Mendoza, Luis Guillermo Guerrero) Criterio
que reitera lo que ha expuesto la Cote Constitucional, entre otras sentencias,
en la C-606/2012, T-288/95, T-378/97 y la C-401 de 2003.
[60]  Corte Constitucional, al respecto ver: sentencia C-293 de 2010
(MP Nilson Pinilla Pinilla) En este caso se explica el contexto de las acciones afirmativas,
entendidas como ‘‘todas aquellas medidas, políticas o decisiones públicas a
través de las cuales se establece un trato ventajoso, y en cuanto tal
formalmente desigual, que favorece a determinadas personas o grupos humanos
tradicionalmente marginados o discriminados, con el único propósito de avanzar
hacia la igualdad sustancial de todo el conglomerado social’’; sentencia C-824 de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) En este caso la Corte
Constitucional reiteró que la Consitucion de 1991 ha reconocido también de
manera amplia los derechos fundamentales de las personas con limitaciones
físicas, síquicas o sensoriales, o con discapacidad, concediéndoles la
condición de sujetos de especial protección, enfatizando en la intangibilidad
de sus derechos fundamentales, a la vez que ha garantizado su plena inserción e
integración a la sociedad; sentencia
C-765
de 2012. (MP Nilson Pinilla Pinilla; AV María Victoria Calle Correa) En este caso la Corte Constitucional
consideró que las personas en estado de discapacidad tienen que tener un
enfoque de rehabilitación, que le permite a través de tratamientos médicos
mejorar sus condiciones de vida, además de un enfoque social en donde haya una
reinserción en completa normalidad en la sociedad, otorgando mayor autonomía en
las personas con discapacidad y mayor autosuficiencia en la toma de decisiones
que tengan que ver con sus necesidades.
[61] Corte Constitucional,  sentencia C-804
de 2009 (MP María Victoria Calle; SVP Juan Carlos Henao, María Victoria
Calle, Jorge Iván Palacio). En este caso la Corte analizó la demanda de
inconstitucionalidad del inciso primero del artículo 68 (parcial) de la Ley
1098 de 2006 “por la cual se expide el Código de la Infancia y la
Adolescencia”, y se refirió a las medidas que debe implementar el Estado para
prevenir la discriminación de los grupos marginados.
[62]
Corte Constitucional, sentencia C-225 de 1995 (MP Alejandro Martínez
Caballero)  En esta sentencia se analizó la constitucionalidad de la Ley
aprobatoria del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra.
[63]
Constitución Política, artículo 93, inciso primero: “Los tratados y convenios
internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos
y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el
orden interno.”
[64]
También denominado principio Pro Homine, está cconsagrado
en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al
respecto ha sostenido la Corte IDH, en la Opinión Consultiva OC-5/85, La
Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana
sobre Derechos Humanos) del 13 de noviembre de 1985. párr. 52. “El Principio
pro persona es un principio interpretativo e implica que se deberá de preferir,
privilegiar o favorecer la aplicación de aquella norma que otorgue una mayor
protección a los derechos de la persona, independientemente si dicha norma se
encuentra en un tratado internacional o en una disposición de derecho interno.
(…) si en una misma situación son aplicables la Convención Americana y otro
tratado internacional, debe de prevalecer la norma más favorable a la persona
humana. Si la propia Convención establece que sus regulaciones no tienen efecto
restrictivo sobre otros instrumentos internacionales, menos aún podrán traerse
restricciones presentes en esos otros instrumentos internacionales, pero no en
la Convención, para limitar el ejercicio de los derechos y libertades que ésta
reconoce.
[65]
En la Sentencia C-569 de 2016, al revisar la constitucionalidad de una
expresión que limitaba las funciones de las mujeres que decidieran prestar el
servicio militar, a la luz del Derecho Internacional, sostuvo la Sala:
“3.2.1.4. Ahora bien, el control a la luz del Bloque de Constitucionalidad   no
es el ejercicio resultante de una “prioridad jerárquica” de la Convención
Americana o de cualquier otro tratado sobre DDHH o DIH aprobado y ratificado
por Colombia sobre la Constitución, ni sobre las leyes del país. No se trata de
eso, porque la relación entre el derecho internacional e interamericano y el
derecho interno, no es una cuestión de jerarquía normativa sino de un vínculo
guiado por los principios de complementariedad y subsidiariedad de aquellos
sistemas frente al derecho interno. Es en el ejercicio de la complementariedad
en el que cobra sentido que un tribunal interno, y en particular la Corte
Constitucional colombiana, realice un diálogo jurisprudencial con tribunales
internacionales y regionales de Derechos Humanos y DIH, para buscar en su
jurisprudencia los elementos que le permitan construir una visión más amplia de
estas garantías fundamentales. “
[66]
Constitución Política, artículo 93, inciso segundo: “Los derechos y deberes
consagrados en esta Carta, se interpretaran de conformidad con los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.”
[67]
Confróntese, por ejemplo, el concepto de bloque de constitucionalidad
consagrado en la Carta Política de Colombia de 1991 y desarrollado por la
jurisprudencia de esta Corte con el concepto y alcance de figuras como el
control de convencionalidad.
[68]
Consagrado en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Al respecto ha sostenido la Corte IDH, en la Opinión Consultiva OC-5/85, La
Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana
sobre Derechos Humanos) del 13 de noviembre de 1985. párr. 52. “El Principio
pro persona es un principio interpretativo e implica que se deberá de preferir,
privilegiar o favorecer la aplicación de aquella norma que otorgue una mayor
protección a los derechos de la persona, independientemente si dicha norma se
encuentra en un tratado internacional o en una disposición de derecho interno.
(…) si en una misma situación son aplicables la Convención Americana y otro
tratado internacional, debe de prevalecer la norma más favorable a la persona
humana. Si la propia Convención establece que sus regulaciones no tienen efecto
restrictivo sobre otros instrumentos internacionales, menos aún podrán traerse
restricciones presentes en esos otros instrumentos internacionales, pero no en
la Convención, para limitar el ejercicio de los derechos y libertades que ésta
reconoce.
[69]
Un ejemplo reciente de esta práctica es la Sentencia de la Corte Constitucional
C-792 de 2014  (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez, SV Luis Ernesto Vargas
Silva,  María Victoria Calle Correa, Martha Victoria Sáchica Méndez), en que la
Corte utilizó tratados de derechos humanos ratificados por Colombia como un
criterio de interpretación vinculante de la Constitución, lo que le permitió
definir el alcance de las garantías del debido proceso y de la doble instancia
en la materia penal, generando la mayor protección posible a los derechos
fundamentales en juego.
[70]
Al respecto se puede consultar: Castilla, Karlos, “El Principio Pro Persona en
la Administración de Justicia”, en Cuestiones Constitucionales, Núm. 20,
enero-junio 2009, IIJ, UNAM, México p. 71.  “El principio pro homine o pro
persona tiene dos manifestaciones o reglas principales: 1. preferencia
interpretativa y, 2. preferencia de normas. La preferencia interpretativa tiene
a su vez dos manifestaciones: a) la interpretativa extensiva y, b) la
interpretativa restringida. Si uno de los elementos para interpretar los
tratados lo constituye el fin y el objeto y que en el caso de los tratados que
nos ocupan apunta a la protección de los derechos humanos, la interpretación de
dichos convenios siempre debe de hacerse a favor del individuo. Así, los
derechos deben de interpretarse de una manera amplia, mientras que las
restricciones a los mismos deben de interpretarse de manera restrictiva. El
equilibrio de la interpretación se obtiene orientándola en el sentido más
favorable al destinatario. Por su parte, la preferencia de normas se manifiesta
de dos maneras: a) la preferencia de la norma más protectora y, b) la de la
conservación de la norma más favorable.14 1. Preferencia de la norma más
protectora El principio pro persona, en el sentido de preferir la norma
más protectora, sin importar la ubicación jerárquica, que mejor proteja o menos
restrinja el ejercicio de los derechos humanos, así en algunos casos la norma
más protectora será la establecida en un tratado internacional; y en otros
podrá ser una norma propia del orden jurídico interno que posea un estándar
mayor de protección de la persona que la normativa internacional aplicable; o
bien podrá ser determinado tratado internacional sobre otro tratado
internacional, o bien una norma inferior sobre una jerárquicamente superior.
Así parece que el principal operador de dicho principio es el juez quien tendrá
que resolver en el caso concreto que se le presenta cual es la norma que
prevalece sobre la otra, al ser, más protectora. Así, la aplicación del
principio pro persona, no implica una discusión sobre jerarquía
normativa, ni una cuestión de abrogación o derogación de normas, sino al estilo
del artículo 27 de la CVDT se trata de un asunto de prevalencia. 12 Artículo
6.2 del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo 29 del
Pacto de San José; Artículo 60 de la Convención Europea de derechos Humanos;
artículo 5 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, entre otros.”
[71] Pacto Internacional de
Derechos Económicos Sociales y Culturales. Adoptado y abierto o firma,
ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A [XXI},
de 16 de diciembre de 1996, entrada en vigor para Colombia; 3 de enero de 1976
En virtud de la Ley T4 de 1976;  Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad. Aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y que entró en vigor
internacional el 3 de mayo de 2008 de conformidad con lo establecido en su
artículo 45, luego del depósito del vigésimo instrumento de ratificación o
adhesión.  – Se trata de un documento del sistema
universal de protección de derechos humanos que se considera que ha asumido un
enfoque de vanguardia-; Convención sobre los Derechos del Niño (art. 23). Adoptada
y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución
44/25, de 20 de noviembre de 1989, entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990,
de conformidad con el artículo 49.
[72] Existen numerosas
declaraciones y recomendaciones: Declaración Universal de Derechos Humanos.
Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de
10 de diciembre de 1948; Declaración de los Derechos del Retrasado Mental.
Proclamada por la Asamblea General en su resolución 2856 (XXVI), de 20 de
diciembre de 1971; Declaración de los Derechos de las Personas con Limitación,
aprobada por la Resolución 3447 de la ONU del 9 de diciembre de 1975;
Declaración de Sund Berg de Torremolinos. Organizada por el Gobierno de España,
en cooperación con la UNESCO, se celebró en Torremolinos (Málaga), del 2 al 7
de noviembre de 1981; Declaración de las Naciones Unidas concerniente a las
personas con limitación de 1983; Recomendación 168 de la OIT de 1983; Convenio
159 de la OIT “sobre la readaptación profesional y el empleo de personas
inválidas”. Aprobado mediante la Ley 82 de 1989; Resolución 48/96 del 20 de
diciembre de 1993, de la Asamblea General de Naciones Unidas, sobre “Normas
Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con
Discapacidad”; Declaración sobre el Progreso y Desarrollo en lo Social.
Proclamada por la Asamblea General en su resolución 2542 (XXIV), de 11 de
diciembre de 1969; Programa de Acción Mundial para las Personas con
Discapacidad. Aprobado por Resolución 37/52 de 3 de diciembre de 1982, de la
Asamblea General de las Naciones Unidas; Declaración de Copenhague sobre
desarrollo social. Aprobada por la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social
celebrada en Copenhague en 1995 y auspiciada por Naciones Unidas, 1995;
Observación General No. 5 sobre las personas en situación de discapacidad
proferida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales e
interpretan las obligaciones frente a la población con discapacidad, proferida
en el 13º período de sesiones (1995); entre otras.
[73] Declarada exequible por la Corte Constitucional en
sentencia C-401 de 2003.
[74] Convención Interamericana Para La Eliminación
De Todas Las Formas De Discriminación Contra Las Personas Con Discapacidad ; “Discriminación contra las personas con discapacidad” es
“toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad,
antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción
de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con
discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales.” (artículo 2)
[75]
Congreso de la República, Ley 1036 de 2009  por medio de la cual se  aprueba la
"Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad",
adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de
2006.
[76]
Corte Constitucional,  sentencia C-293 de 2010 (MP Nilson Pinilla Pinilla).
[77] Se
pueden identificar al menos tres modelos de abordaje de la discapacidad: un
primer modelo de prescindencia, que identifica las causas de la discapacidad
con cuestiones religiosas, y en el que las personas con discapacidad son vistas
como dispensables porque se estima que no contribuyen a las necesidades de la
comunidad, que albergan mensajes diabólicos, que son la consecuencia del enojo
de los dioses, o que —por lo desgraciadas—, sus vidas no merecen la pena ser
vividas. Como consecuencia, la sociedad decide prescindir de las personas con
discapacidad, ya sea a través de la aplicación de políticas eugenésicas, o ya
sea situándolas en el espacio destinado para los anormales y las clases pobres,
asimismo son tratadas como objeto de caridad y sujetos de asistencia. El
segundo modelo es el rehabilitador. Desde su filosofía se considera que las
causas de la discapacidad son médicas. Las personas con discapacidad ya no son
consideradas inútiles o innecesarias, pero siempre en la medida en que sean
rehabilitadas. Es por ello que el fin primordial que se persigue desde este
modelo es normalizar a las personas con discapacidad, aunque ello implique
forjar a la desaparición o el ocultamiento de la diferencia que la misma
discapacidad representa. La discapacidad es vista como una enfermedad que debe
ser rehabilitada. Finalmente, el tercer modelo, denominado social, es aquel que
considera que las causas que originan la discapacidad no son ni religiosas, ni
científicas, sino que son, en gran medida, sociales. Desde esta filosofía se
insiste en que las personas con discapacidad pueden aportar a la sociedad en
igual medida que el resto de personas —sin discapacidad—, pero siempre desde la
valoración y el respeto de la diferencia. Este modelo se encuentra íntimamente
relacionado con la asunción de ciertos valores intrínsecos a los derechos
humanos, y aspira a potenciar el respeto por la dignidad humana, la igualdad y
la libertad personal, propiciando la inclusión social, y sentándose sobre la
base de determinados principios: vida independiente, no discriminación, accesibilidad
universal, normalización del entorno, diálogo civil, entre otros. Parte de la
premisa de que la discapacidad es en parte una construcción y un modo de
opresión social, y el resultado de una sociedad que no considera ni tiene
presente a las personas con discapacidad. Asimismo, apunta a la autonomía de la
persona con discapacidad para decidir respecto de su propia vida, y para ello
se centra en la eliminación de cualquier tipo de barrera, a los fines de
brindar una adecuada equiparación de oportunidades.  Este es el modelo de
abordaje de la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad.
Al respecto ver: Agustina Palacios “El modelo social de discapacidad: orígenes,
caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad.” Cermi, 2008.
[78]
Corte Constitucional,  sentencia C-293 de 2010 (MP Nilson Pinilla Pinilla).
Esta sentencia examinó la constitucionalidad de la Convención y de su Ley
aprobatoria.
[79]
Convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad, ARTÍCULO 8o.
TOMA DE CONCIENCIA. 1. Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas
inmediatas, efectivas y pertinentes para: a) Sensibilizar a la sociedad,
incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las
personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad
de estas personas; b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las
prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que
se basan en el género o la edad, en todos los ámbitos de la vida; c) Promover
la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las
personas con discapacidad. 2. Las medidas a este fin incluyen: a) Poner en
marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización pública destinadas a:
i) Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con
discapacidad; ii) Promover percepciones positivas y una mayor conciencia social
respecto de las personas con discapacidad; iii) Promover el reconocimiento de
las capacidades, los méritos y las habilidades de las personas con discapacidad
y de sus aportaciones en relación con el lugar de trabajo y el mercado laboral;
b) Fomentar en todos los niveles del sistema educativo, incluso entre todos los
niños y las niñas desde una edad temprana, una actitud de respeto de los
derechos de las personas con discapacidad; c) Alentar a todos los órganos de
los medios de comunicación a que difundan una imagen de las personas con
discapacidad que sea compatible con el propósito de la presente Convención; d)
Promover programas de formación sobre sensibilización que tengan en cuenta a
las personas con discapacidad y los derechos de estas personas. ARTÍCULO 9o.
ACCESIBILIDAD.1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en
forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida,
los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno
físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los
sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros
servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas
urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y
eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras
cosas, a: a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras
instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones
médicas y lugares de trabajo; b) Los servicios de información, comunicaciones y
de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia. 2. Los
Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para: a) Desarrollar,
promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la
accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso
público; b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones
y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los
aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad; c) Ofrecer
formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a
que se enfrentan las personas con discapacidad; d) Dotar a los edificios y
otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y en
formatos de fácil lectura y comprensión; e) Ofrecer formas de asistencia humana
o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes
profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y
otras instalaciones abiertas al público; f) Promover otras formas adecuadas de
asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la
información; g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los
nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida
Internet; h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución
de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en
una etapa temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles
al menor costo.
[80] Lo
que erróneamente se denomina en el uso común, e incluso en la ”Convención sobre
derechos de personas con Discapacidad” como deficiencia orgánica o funcional,
es entendido desde la perspectiva constitucional, como una diversidad
funcional, porque para la Carta Política no existen modelos normalizados, ni
estándares definidos de la forma en que debe ser, actuar o “funcionar” un ser
humano. Cada individuo tiene características que lo hacen único y al mismo
tiempo igual en dignidad y derechos, por eso no hay nadie más completo, o
funcional que otro, para la Constitución todos son seres humanos.
[81] Al
respecto ver el manifiesto de la UPIAS, (Union of Physically Impaired
Against Segregation) que desde hace un tiempo afirmaba que la sociedad
discapacita a las personas con ‘discapacidad’. Según éste, la discapacidad “es
algo que se emplaza sobre las deficiencias, por el modo en que las personas con
discapacidad son innecesariamente aisladas y excluidas de una participación
plena en sociedad.” El análisis de la UPIAS, que es construido sobre la base de
una distinción entre deficiencia y discapacidad ha seguido evolucionando.
[82]
Corte Constitucional,  sentencia C-606 de  2012 (MP Adriana María Guillén Arango) En esta decisión la Corte
Constitucional estudió y resolvió la demanda  de
inconstitucionalidad contra  el artículo 5º (Parcial) de la Ley 361 de
1997. La Corte determinó que las personas en situación de discapacidad
deben ser tuteladas en primer lugar mediante la prohibición de medidas
negativas o/ y en segundo término, mediante medidas de acción positiva o
acciones afirmativas de tipo legislativo, administrativo o de otra índole que
sean pertinentes para hacer efectivos
los derechos de dicho colectivo de personas. En este último caso,  dichas
medidas no deben ser entendidas como una forma de discriminación, sino como una
preferencia que tiene como fin promover la integración social. Para la Corte, la
disposición demandada que prescribe que “el carné servirá para identificarse como titular de los derechos
establecidos en la presente Ley” debe ser entendida como una medida de acción
afirmativa que, en el contexto de la Ley 361 de 1997 está provista de dos
finalidades específicas: (i) visibilizar a la población en situación de
discapacidad y facilitar el ejercicio
de sus derechos al hacer más expedita
la acreditación de la situación de discapacidad en diferentes contextos y (ii)
facilitar el goce efectivo de los derechos y privilegios contenidos en la Ley
361 de 1997.
[83] Corte Constitucional,  sentencia C-066
de  2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; AV María
Victoria Calle Correa). En esta decisión la Corte Constitucional estudió
y resolvió Demanda de inconstitucionalidad
contra los artículos 3° y 36 (parciales) de la Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integración social de las
personas con limitación y se dictan otras disposiciones.” La corte Las
normas actuales sobre los derechos humanos de las personas en situación de
discapacidad,  han adoptado el que se
ha denominado como modelo social de la discapacidad.  Según este modelo,  la
discapacidad no se deriva exclusivamente de las particularidades físicas o
mentales del individuo, sino también tiene importancia las barreras que impone el entorno, las cuales
impiden que a persona pueda ejercer adecuadamente sus derechos. El modelo
social propone la inclusión a través de la remoción de barreras Esto implica
que no resulte aceptable la regulación que tiende a la equiparación de las
personas en situación de discapacidad en dichos entornos excluyentes, Este objetivo implica que el concepto de
normalización, en los términos explicados, se oponga a los derechos
fundamentales de las personas en situación de discapacidad, pero también
encuentra que el término “normalización”, especialmente en el contexto
normativo en que se encuentra inserto, puede ser objeto de una interpretación
alternativa, compatible tanto con los derechos de las personas en situación de
discapacidad, como con el modelo social de la discapacidad.
[84]
Congreso de la República, Ley 1618 del 27 de
febrero de 2013  “Por Medio de la cual se establecen las Disposiciones para
Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con
Discapacidad”, Artículo 1º.
[85]
Corte Constitucional, sentencia C-767 de  2014 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). En esta decisión la Corte
Constitucional estudió y resolvió la demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 1 de la Ley
1106 de 2006 y 1 de la Ley 1421 de 2010. Según los actores la demanda  la norma
demanda vulnera los artículos 13, 48 y 94 de la Constitución Política. En este
caso la Corte sostuvo que se encontraban acreditados los requisitos
establecidos por la jurisprudencia para que pueda considerarse que se produjo
una omisión legislativa relativa, y que para los efectos de esta normativa el
reconocimiento de un salario mínimo mensual para las víctimas del conflicto
armado  que tengan una pérdida de  capacidad mayor al 50% sigue vigente y será
entregada al beneficiario, siempre que no exista otra alternativa pensional, y
decidió: “Declarar EXEQUIBLES los artículos 1 de la Ley 1106 de 2006 y 1 de la
Ley 1421 de 2010, en el entendido que las víctimas del conflicto armado
interno, que sufrieren una pérdida del 50% o más de su capacidad laboral
calificada con base en el Manual Único para la calificación de invalidez
expedido por el Gobierno Nacional, tendrán derecho a una pensión mínima legal
vigente, de acuerdo con lo contemplado en el Régimen General de Pensiones de la
Ley 100 de 1993, siempre y cuando carezcan de otras posibilidades pensionales y
de atención en salud.”
[86]
Corte Constitucional, sentencia C-767 de  2014 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub).
[87]
Corte Constitucional,  sentencia C-458 de 2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado;
SPV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) En esta decisión la Corte Constitucional
estudió y resolvió la demanda de inconstitucionalidad contra algunas expresiones contenidas en las leyes 100 de 1993, 115 de
1994, 119 de 1994, 324 de 1996, 361 de 1997, 546 de 1999, 860 de 2003, 797 de
2003, 1114 de 2006, 1438 de 2011 y 1562 de 2012. Las normas demandadas
contenían expresiones que generaban una mayor adversidad para las personas con
discapacidad, ya que las expresiones usadas por el legislador no eran neutrales
y eran violatorias de las normatividades nacionales e internacionales.
[88]
Corte constitucional, sentencia T-823 de 1999 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) En
el caso, el actor afirma que la vulneración se deriva de la omisión de Distrito
Capital, en otorgarle una autorización especial de circulación, de acuerdo a su
discapacidad, que le permita transitar en su vehículo, especialmente adecuado,
durante las horas en que opera el programa "pico y placa" de
restricción al tráfico  vehicular. La Corte toma en consideración que el Estado
no le brinda al ciudadano otros medios para movilizarse dignamente durante la
medida de restricción vehicular, y concede la tutela.
[89] En
la exposición de motivos de la ley se estableció que su objetivo era modernizar
el tratamiento jurídico a las personas con discapacidad mental y que “el
proyecto está concebido para responder a las necesidades personales y sociales
de las personas con discapacidad mental, brindándoles el espacio para su actuación
correlativo a su capacidad intelectual, sin poner en riesgo sus intereses y los
de la sociedad, para lo cual se establecen aquellas medidas imprescindibles
para conseguir esos propósitos. Las prescripciones sobre el tratamiento
especializado y las relativas a la administración de los elementos económicos
se dejan a expertos en las respectivas ciencias, en todo caso bajo la
supervisión y control (directo y permanente) del Estado” Congreso de la
República de Colombia, Gaceta del Congreso 480 de 2007.
[90] Al
respecto la exposición de motivos del Proyecto de Ley 049 Cámara señala que:
“este proyecto es fruto del trabajo de la Procuraduría General de la Nación,
con la colaboración científica y administrativa de la Fundación Saldarriaga
Concha, con el apoyo técnico de la Fundación para la Investigación y el
Desarrollo de la Educación Especial (FIDES), así como con la orientación
jurídica y el acompañamiento académico de la Universidad del Rosario por
intermedio del Observatorio Legislativo y de Opinión y de varios de sus
profesores (…)”
[91] Corte Constitucional, sentencia C-021 de 2015
(MP Mauricio González Cuervo) En esta sentencia se resolvió una demanda
presentada por el mismo actor del presente asunto, en relación con la expresión “o que adopte conductas que lo
inhabiliten para su normal desempeño en la sociedad”. La Corte tomo una
decisión inhibitoria por considerar que la demanda se sustentaba en una
interpretación que no se desprendía del texto acusado.
[92]Entre
muchos otros cambios, la Ley prevé la rehabilitación del interdicto (art. 30)
de modo que el Juez podrá sustituir la interdicción por la inhabilitación
negocial (art. 31) dejando, en todo caso, abierta la posibilidad para que el
rehabilitado pueda ser declarado nuevamente interdicto. Por su parte, el
inhabilitado negocial puede manejar libremente y bajo orden del juez hasta el
50% de sus ingresos reales netos y, antes de que se dicte sentencia que lo
inhabilita, se podrá dictar una inhabilidad provisional (art. 36). Una novedad
importante del nuevo régimen es también la inhabilitación accesoria en los
procesos de liquidación patrimonial y en los de pago por cesión de bienes de
personas naturales (art. 33), pues constitucionalmente ello implica una
protección más adecuada a los derechos y bienes de las personas con
discapacidad mental.
[93]
Corte Constitucional, sentencia C-430 de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
El cargo resuelto frente al inciso del Art. 82 se refería a un supuesto defecto
en el trámite, porque la disposición, al hacer mención a Fogafín, debía
tramitarse por Ley Marco, ante lo cual la Corte advierte que las leyes
ordinarias y las leyes marco llevan idéntico trámite en el Congreso, y que
“suponer que todo lo que concierne a FOGAFIN debe tramitarse por una ley marco
es  vaciar la competencia constitucional del legislador y obstruir la
posibilidad de asignar funciones a las entidades públicas dentro de los límites
establecidos en la Carta, como sucede en el presente evento.”
[94]
Corte Constitucional, sentencia C-573 de 2011 (MP Mauricio González Cuervo, SPV
Jorge Iván Palacio Palacio y Humberto Antonio Sierra Porto). La sentencia se
estuvo a lo resuelto en la decisión C-430 de 2011 y Declarar la exequibilidad
del  inciso 3º (parcial) del artículo 82, de la Ley 1306 de 2009 “Por la cual
se dictan normas para la protección de personas con discapacidad mental y se
establece el régimen de la representación legal de incapaces emancipados”,
sobre el cargo de vulneración del principio de la unidad de materia, por las
razones expuestas en esta providencia.
[95]
Corte Constitucional, sentencia C-263 de 2014 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo; AV Alberto Rojas Ríos) La expresión demandada era: “pero los jueces
tomarán sus decisiones luego de haber escuchado a los peritos de la entidad
designada por el Gobierno Nacional de conformidad con lo dispuesto en artículo
16 de la presente Ley o a un profesional médico cuando éstos no existan en el
lugar.”
[96]
Corte Constitucional, sentencia C-021 de 2015 (MP Mauricio González Cuervo). En
esa decisión la corte se declaró “INHIBIDA para decidir sobre la demanda de
inconstitucionalidad en relación con la expresión “o que adopte conductas que
lo inhabiliten para su normal desempeño en la sociedad” contenida en el
artículo 1º de la Ley 1306 de 2009.”
[97]
Corte Constitucional, sentencia C-021 de 2015 (MP
Mauricio González Cuervo).
[98]
Corte Constitucional, sentencia C-021 de 2015 (MP Mauricio González Cuervo).
[99]
Corte Constitucional,  sentencia C-458 de 2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado;
SPV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). “No son inconstitucionales las definiciones técnico
jurídicas que pretenden proteger a las personas en situación de discapacidad-
aunque no asuman el vocabulario propio de las tendencias actuales del DIDH.”
[100]
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: Afectar: (…) 4. tr.
Atañer o incumbir a alguien.
[101]
Esta circunstancia por ejemplo se demuestran con toda facilidad en personas con
discapacidad visual, que desarrollan paralelamente una hipersensibilidad en
otros sentidos como el oído, el tacto o  el olfato, lo que no solo les permite
ejercer las mismas actividades que cualquier otra persona, sino incluso poder
adelantar otras labores con mayor eficiencia. El verdadero límite que estas
personas encuentran no está en sus habilidades, sino en la falta de adaptación
del entorno a las mismas.  Muchas personas con discapacidad en su movilidad
pueden lograr desplazarse a velocidades mayores que las de cualquier otra
persona, solo que para ello requieren de los implementos adecuados.
[102] Si
hoy por ejemplo, la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo no tuvieren
tratamiento, o simplemente se privara de lentes a quienes los necesitan, y se
les tratara como incapaces, estás personas quedarían limitadas en el goce de
sus derechos, y buena parte de sus capacidades no podrían ponerse al servicio
de la sociedad, no por sus condiciones, sino por la falta de implementos
adecuados. Lo mismo sucede con todas las discapacidades. La barrera no es la
condición física o mental, sino la falta de adaptación del entorno social.
[103] La
posición es expuesta con amplitud entres los numerales 5.4.1 a 5.4.3. de la
presente decisión.
[104] Hago
referencia a una distinción bastante utilizada en teoría del derecho. Las
normas jurídicas son prescriptivas, y establecen mandatos, prohibiciones o
permisiones. Los enunciados jurídicos, por su parte, son descriptivos, explican
lo que establecen las normas jurídicas, es decir, señalan las condiciones en
las cuales debe producirse determinadas consecuencias jurídicas por la
realización de determinada conducta. Ver, entre otros, Hans Kelsen, Teoría
pura del derecho, México DF: Editorial Porrúa, 2009, pp. 86 y 87.
[105] Se trata de expresiones como las siguientes: hijo
“legítimo”, “cómplice” de la mujer adúltera, “tuviere suficiente inteligencia
para la administración de sus bienes”, “furiosos locos”, “mentecatos”,
“imbecilidad, idiotismo y locura furiosa”, “casa de locos”, “si la locura fuere
furiosa”, “loco”, “amo-sirviente” o “criado”.
[106] Para identificar tales criterios la Corte revisa los
argumentos que tuvo en cuenta la sentencia C-458 de 2015, la cual se refirió a
la constitucionalidad de distintas expresiones utilizadas en diferentes leyes
para denominar a las personas en situación de discapacidad.