T-302-20
Sentencia
T-302/20
Referencia: Expediente T-7.656.161
Acción de tutela instaurada por María Eugenia Macías Rivera como
agente oficioso de María Elena Rivera de Macías contra el Banco de Bogotá
Magistrada ponente:
DIANA FAJARDO RIVERA
Bogotá, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veinte (2020)
La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada
por los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo y
la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto Ley
2591 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los fallos de tutela adoptados por los
correspondientes jueces de instancia, que resolvieron la acción de tutela
interpuesta por María Eugenia Macías Rivera como agente
oficioso de María Elena Rivera de Macías contra el Banco de Bogotá.
I.
ANTECEDENTES
La acción de
tutela objeto de pronunciamiento fue fallada, en primera instancia, por el Juzgado
Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías
de Pereira; y, en segunda instancia, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito
de Adolescentes con Funciones de Conocimiento, seleccionada para revisión y
repartida a esta Sala[1]. A continuación se exponen los hechos
relevantes y las decisiones de instancia.
1. Hechos y
solicitud
María Eugenia
Macías Rivera interpuso acción de tutela como agente oficioso de su madre,
María Elena Rivera de Macías, en contra del Banco de Bogotá por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, al
habeas data y al debido proceso. La entidad accionada se ha negado a hacer
efectivas las pólizas de seguro que respaldan las obligaciones crediticias
adquiridas por la señora Rivera de Macías y a entregarle copia de las pólizas,
a pesar de que fue calificada con una pérdida de la capacidad laboral del 95%.
1.1. La señora María Elena Rivera de Macías contrajo dos obligaciones crediticias
con el Banco de Bogotá el 29 de abril de 2016 y el 4 de agosto de 2017,
consistentes en un crédito hipotecario de vivienda y
una tarjeta de crédito, respectivamente. El 12 de diciembre de 2018 sufrió un accidente cerebrovascular,
quedando en estado vegetativo.[2]
1.2. María
Eugenia Macías Rivera, hija de María Elena Rivera de Macías, elevó derecho de
petición al Banco de Bogotá, Sucursal Pereira, el 15 de enero de 2019. Allí
informó al banco del accidente cerebrovascular sufrido por su madre, anexando
la correspondiente historia clínica, e indicó que su madre se encontraba
incapacitada física y mentalmente para realizar el pago de los créditos que
había adquirido. En consecuencia, solicitó “ordenar a quien corresponda al
pago del valor asegurado en las pólizas suscritas por mi madre con ustedes para
que se haga efectiva para el pago de la tarjeta crédito y la deuda hipotecaria”,
así como entregarle una “copia de las pólizas suscritas por mi señora madre
MARIA ELENA RIVERA DE MACIAS”.[3] El 22 de enero de 2019 el Banco de Bogotá contestó el derecho de
petición. En cuanto a la primera pretensión, el banco no ofreció ninguna
respuesta. En relación con la solicitud de copia de las pólizas, indicó que no era posible acceder a tal pretensión debido a que la información
de la señora María Elena Rivera de Macías “se encuentra sujeta a la reserva
legal de nuestros clientes con el Banco de Bogotá”, por lo que la petición
debería ser elevada por ella misma y en caso de que no pudiera hacerlo debido a
que sus capacidades físicas o mentales estuvieran afectadas, “se debe
proceder a iniciar un proceso de interdicción para que un Juez de la República
le nombre un Curador y así pueda ser representado ante el Banco”, para lo
cual es necesario aportar “copia auténtica de la sentencia y acta de
posesión a fin de realizar las validaciones necesarias”.[4]
1.3. El 21 de
marzo de 2019 María Eugenia Macías Rivera le comunicó al Banco de Bogotá que su
madre sería valorada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez a fin
de determinar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, con el fin de
hacer efectivas las pólizas que respaldan los créditos adquiridos con dicho
Banco.[5]
1.4. El 13 de
junio de 2019 María Eugenia Macías Rivera elevó una nueva petición al Banco de
Bogotá, la cual no fue contestada. En esta oportunidad reiteró su solicitud de
que le fueran entregadas copias de las pólizas que amparaban los créditos
adquiridos por su madre con dicho banco y explicó: “antes de terminar esta
petición, deseo comunicarles que el propósito de la misma es poder instar ante
las aseguradoras que avalaron los mencionados créditos, la cancelación de los
valores insolutos respecto de las pólizas, pagarés, libranzas, etc. firmadas
por la señora MARÍA ELENA RIVERA de MACÍAS (mi madre) y finiquitar este mal
momento”. En esta oportunidad adjuntó un poder general otorgado por su
madre el 19 de junio de 1998 para representarla en todos los asuntos en caso de
no poder hacerlo ella misma.[6]
1.5. El 17 de
julio de 2019 la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda dictaminó
que María Elena Rivera de Macías tenía una pérdida de la capacidad laboral del
95% por enfermedad de origen común debido al accidente cerebrovascular sufrido
el 12 de diciembre de 2018, por el cual permanece en estado semicomatoso.[7]
1.6. El Banco de
Bogotá ha enviado múltiples comunicaciones a la accionante en las que le
informa sobre el inicio de un proceso de cobro judicial por el no pago de los
créditos adquiridos y le advierte sobre las medidas de embargo y secuestro que
se podrían perfeccionar sobre sus bienes.[8]
1.7. El 23 de
julio de 2019 María Eugenia Macías Rivera interpuso acción de tutela como
agente oficioso de su madre, María Elena Rivera de Macías, para que (i) se
ordenara al Banco de Bogotá hacer efectivas las pólizas que amparan los
créditos por ella adquiridos, (ii) se retirara cualquier información que
reposara en las centrales de riesgo a causa de esta situación y (iii) se
suspendieran todas las acciones emprendidas por el Banco de Bogotá en contra de
su madre con respecto a los créditos adquiridos con este banco. Señaló que a pesar
de haber solicitado al banco en múltiples oportunidades hacer efectivas las
pólizas que amparaban los créditos adquiridos por su madre, la entidad
demandada se ha negado a realizar cualquier trámite y, por el contrario, lo
único que ha obtenido son comunicaciones en la que la conminan a pagar las
deudas.
La demandante
señala que la situación económica suya y de su madre es precaria. Al respecto inidca:
“mi madre fue una mujer trabajadora la que a pesar de estar pensionada,
desarrollaba otras actividades que le representaban dinerito extra para poder
sostenerse ya que lo que recibía por concepto de pensión apenas si alcanzaba
para su sostenimiento, pues se vio en la necesidad de sufragar los gastos de
otros medicamentos que la EPS no cubría. Desde entonces mi situación cambió
sustancialmente hasta llegar al punto de casi mendigar, pues una vez mi señora
madre fue trasladada de cuidados intensivos a una habitación común, me vi en la
obligación de pagar dos personas que me ayuden con su cuidado durante las 24
horas del día lo que significa más de dos millones ($2.000.000) de pesos,
situación que se ha hecho insostenible, pues mi madre se encuentra en una
situación de discapacidad total, en estado de vulneración, de indefensión, vive
asida a una maquina pues le practicaron una traqueotomía que le lleva el aire a
sus pulmones, además de una gastrostomía (tubo inserto en su estómago) que la
alimenta pues no tiene movimientos voluntarios (…). Lo que mi madre devenga
como pensionada del magisterio es muy poco ya que le tocaba trabajar por aparte
para poder sufragar sus gastos, le llegaban por nómina menos de cuatrocientos
mil pesos mensuales para su sostenimiento”.[9]
2. Respuesta
a la acción de tutela
2.1. En su
respuesta a la acción de tutela, el Gerente del Banco de Bogotá - Oficina
Pereira – solicitó negar las pretensiones de la demandante. Señaló que la
señora María Elena Rivera de Macías es deudora morosa del banco por dos
créditos, y explicó: “el cliente cuenta para las dos obligaciones con seguro
de vida grupo deudores (póliza colectiva) y de incendio y terremoto la cual fue
contratada con SEGUROS DE VIDA ALFA S.A., persona jurídica de derecho privado
diferente y autónomo al Banco de Bogotá. El Banco de Bogotá NO es el
asegurador, por lo tanto tampoco se le puede exigir, menos en sede de tutela
afectar unas pólizas de seguros. Solamente será la aseguradora quien pueda
determinar si aceptan o rechazan la reclamación respecto de la póliza, pero
para ello, el cliente debe elevar la respectiva reclamación. Los hechos que
aduce la tutelante (otorgamiento de créditos, pólizas de seguros) obedecen a
unos actos contractuales de los cuales sus cumplimientos NO pueden ser
ventilados en sede tutela, pues la ley procesal ha diseñado mecanismos
judiciales para resolverlos. Tampoco puede la tutelante pretender acudir a la
sede de tutela para que se afecten unas pólizas judiciales de las cuales ni
siquiera ha elevado la reclamación respectiva ante la aseguradora para que
ellos decidan aceptar o rechazar tal reclamación”. Señala también que el
Banco de Bogotá contestó el derecho de petición elevado por la accionante el 15
de enero de 2019, por lo que tampoco se vulneraba el derecho fundamental de
petición.[10]
3. Decisiones
de instancia en el trámite de la acción de tutela e impugnación
3.1. Decisión
de primera instancia
3.1.1. El 30 de julio de 2019 el Juzgado Primero Penal Municipal para
Adolescentes con Función de Control de Garantías de Pereira declaró la
improcedencia de la acción de tutela porque existen otros medios judiciales de
defensa a los que debe acudir la accionante. Al respecto indicó: “no
encuentra este estrado judicial la afectación denunciada que conlleve a
lesionar el derecho fundamental al mínimo vital de la señora MARIA ELENA RIVERA
DE MACIAS, pues se reitera, ninguna prueba se aportó al respecto. Conforme a lo
expuesto, tenemos que dejar claro que la génesis de esta acción constitucional
es satisfacer intereses pecuniarios y sin negarle a la accionante la
posibilidad que en otro escenario judicial, sea ella quien tenga la razón, el
debate correspondiente debe ventilarse ante la jurisdicción correspondiente,
pues no es la acción de tutela el mecanismo para dirimir este tipo de litis”.[11]
3.2. Impugnación
de la sentencia de primera instancia
3.2.1. La parte
accionante impugnó la sentencia de primera instancia. Se indicó que la señora
María Elena Rivera de Macías padece una incapacidad física permanente y su
estado económico es precario, circunstancias que evidencian la inminencia de un
daño. Agregó que “en lo que respecta a la gravedad del daño en su haber material
o moral, debo decir que la posición que ha asumido la entidad bancaria Banco de
Bogotá al retener información que contiene los datos y firmas diligenciadas por
la señora María Elena Rivera de Macías aun presentando el poder exigido por
dicha entidad, se convirtió en una acción temeraria que impidió saber el nombre
de las aseguradoras que avalaron los créditos adquiridos, lo que desencadenó la
actuación desplegada por el Banco de Bogotá, entidad que de manera constante e
inmisericorde se dedicó a intimidar a un ser que se encuentra en indefensión
total, que no puede siquiera emitir un solo quejido de ese dolor causado por
tan lamentable actitud como es la de quitarle a ese ser una casita que está
pagando a cuotas y que se supone tiene un seguro que la ampra, nombre que la
entidad bancaria no entregó, desacatando la solicitud, actitud que incentivó
más la necesidad de buscar protección en el estado”.[12]
3.3. Decisión
de segunda instancia
El 9 de
septiembre de 2019 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Adolescentes con
Funciones de Conocimiento confirmó la sentencia de tutela de primera instancia.
Señaló que existen otros medios de defensa judiciales idóneos para resolver las
pretensiones de esta controversia. Agregó que la demandante no ha presentado
ninguna solicitud a la compañía aseguradora para hacer efectivas las
respectivas pólizas. Al respecto señaló: “no es que el estado de salud de la
agenciada no sea grave y delicado, sino que no se debe optar por la tutela, por
considerarla más rápida o eficaz; pues mientras no solicite o pida a la
compañía aseguradora mencionada el reconocimiento del estado de salud de la
señora María Elena o mejor dicho ‘no pruebe la petente el estado de incapacidad
total y permanente de su progenitora’ y allegue a la aseguradora toda la
documentación requerida para ello, no se podrá tomar decisión alguna al
respecto; la acción de tutela es residual y sólo procede cuando el afectado no
dispone de otro medio de defensa judicial o existiendo éste no resulta idóneo
para el amparo buscado y se itera, mientras la agente oficiosa no realice la
solicitud respectiva con el aporte de documentos a la compañía de seguros, no
podrá tener una respuesta de fondo a lo pedido”.[13]
4. Actuaciones surtidas en sede de
revisión
4.1. Mediante
Auto del 24 de enero de 2020 la
Magistrada sustanciadora vinculó al trámite de revisión del presente proceso a Seguros de Vida Alfa S.A. y le solicitó (i) remitir copia de las pólizas adquiridas por la señora María Elena Rivera de Macías y cuyo tomador es el Banco de Bogotá,
así como copia del clausulado general del seguro de vida grupo deudores y de
todos los documentos que soporten dichas pólizas; (ii) informar las condiciones bajo las cuales solicitó a la señora María Elena
Rivera de Macías la suscripción de pólizas para amparar las obligaciones
crediticias adquiridas con el Banco de Bogotá; e (iii) informar si ha recibido alguna reclamación a efectos de hacer efectiva alguna
de las pólizas y, en caso de
ser así, indicar quién elevó la respectiva solicitud y qué respuesta dio Seguros de Vida Alfa S.A.
4.2. En el mismo
Auto, se requirió al Banco de Bogotá para que (i) informara
cuáles fueron las obligaciones crediticias adquiridas por la señora María Elena
Rivera de Macías, desde qué fecha se incumplió con el pago de las mismas y cuál
es el monto actual de la deuda; (ii) remitiera copia de
las pólizas y del clausulado general del seguro de vida
grupo deudores, así como de todos los documentos que soporten dichas pólizas;
(iii) explicara las condiciones bajo las cuales el
banco solicitó a la señora Rivera de Macías la suscripción de pólizas para amparar las obligaciones crediticias
por ella adquiridas; e (iv) informara si el banco había solicitado a Seguros de Vida Alfa S.A. hacer efectivas las referidas pólizas.
4.3. Finalmente,
se solicitó a María Eugenia Macías Rivera (i) remitir
copia del poder otorgado por María Elena Rivera de
Macías, el cual fue adjuntado a algunas de las solicitudes elevadas al Banco de
Bogotá; (ii) informar si había elevado alguna
reclamación a Seguros de Vida Alfa S.A. u otra
compañía aseguradora para hacer efectivas las pólizas suscritas
por su madre; (iii) manifestar si había presentado
alguna acción judicial, diferente a la acción de tutela, para hacer efectivas
las pólizas que amparaban las obligaciones crediticias
adquiridas por la señora Rivera
de Macías; (iv) explicar si después de interponer la
acción de tutela había elevado alguna otra petición al Banco
de Bogotá y qué respuesta había obtenido; y (v) señalar cuáles eran los ingresos y gastos mensuales aproximados de
ella y su madre.
4.4. En
respuesta al mencionado Auto se obtuvieron los siguientes pronunciamientos:
4.4.1. El 30 de
enero de 2020 el Gerente del Banco de Bogotá – Eje Cafetero – envió escrito a
esta Sala en el que informó que la señora María Elena Rivera de Macías tenía
dos productos con el Banco de Bogotá: una tarjeta de crédito Mastercard Clásica
que ya había sido cancelada y no presentaba ningún tipo de mora en la
actualidad y un crédito de vivienda No. 00354073940 que estaba pendiente de
ajuste para cancelación. Sobre este último explicó que había presentado un
historial de mora, sin embargo, el 29 de agosto de 2019 se había presentado
siniestro a la compañía aseguradora Alfa por concepto de incapacidad total y
permanente. La compañía aseguradora ya había realizado el pago del saldo
insoluto a la fecha del siniestro, por lo que el banco se encontraba
adelantando las gestiones para proceder a cancelar el producto.[14] En comunicación enviada a esta Sala el 31
de enero de 2019, el Banco de Bogotá aclaró que el crédito de vivienda
adquirido por la accionante “ya fue cancelado por el pago que hiciere la
aseguradora, por lo cual en la fecha se envió paz y salvo del producto junto
con el paz y salvo de la tarjeta de crédito a la dirección electrónica
registrada por la cliente”.[15]
4.4.2. Tanto la parte
accionante como la compañía Seguros de Vida Alfa S.A.
guardaron silencio.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
1.
Competencia
Esta Corte es
competente para revisar las decisiones judiciales descritas, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 33 a 36
del Decreto Ley 2591 de 1991, y en virtud del Auto del 19 de noviembre de 2019,
proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Once, que escogió el
expediente para revisión.
2.
Cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela
2.1. Antes de examinar el fondo del asunto objeto de
estudio, es preciso que esta Sala analice la procedencia de la acción de tutela
interpuesta por María Eugenia Macías Rivera como agente
oficioso de María Elena Rivera de Macías en contra del Banco de Bogotá.
2.2. La
tutela puede ser interpuesta por María Eugenia
Macías Rivera como agente oficioso de María Elena Rivera de Macías contra el
Banco de Bogotá
2.2.1. María
Eugenia Macías Rivera puede interponer la acción de
tutela objeto de análisis como agente oficioso de su
madre, María Elena Rivera de Macías (legitimación por
activa), dado que indicó que actuaba como agente
oficioso de su agenciada, quien no está en condiciones de promover su propia
defensa debido a su grave estado de salud, producto del accidente
cerebrovascular sufrido en diciembre de 2018 por el que se encuentra en estado
semicomatoso.[16] Así mismo, la acción de tutela resulta
procedente contra el Banco de Bogotá (legitimación por pasiva), dado que la accionante se encuentra en una situación de indefensión
respecto del accionado,[17]
tal como se explicará a continuación.
2.2.2. En
relación con el estado de indefensión, este Tribunal ha precisado que esta
situación se configura cuando la persona afectada en sus derechos por la acción
u omisión del particular carece de medios físicos o jurídicos de defensa, o los
medios y elementos con que cuenta resultan insuficientes para resistir o
repeler la vulneración o amenaza de su derecho fundamental, razón por la cual
se encuentra inerme o desamparada.[18]
Así pues, ha indicado que “el estado de
indefensión es un concepto de naturaleza  fáctica que se configura cuando una
persona se encuentra en un estado de debilidad manifiesta frente a otra, de
modo que, por el conjunto de circunstancias que rodean el caso, no le es
posible defenderse ante la agresión de sus derechos”.[19]
2.2.3. De acuerdo
con lo anterior, en cada caso concreto el juez de tutela debe determinar, de
conformidad con los hechos y circunstancias particulares, si una persona se
encuentra frente a una situación de indefensión, con el fin de establecer la
procedencia de la acción de tutela contra un particular.[20] Ahora bien, de manera específica, la jurisprudencia
constitucional ha señalado que en casos como el presente se configura una
relación asimétrica entre el ciudadano y las entidades bancarias y financieras que
hace procedente la acción de tutela por la condición de indefensión en la que
se encuentra el demandante. En la
Sentencia T-576 de 2015[21] indicó la Corte:
“(…) en
estos casos existe una relación asimétrica entre las partes, toda vez que los
bancos y las aseguradoras tienen atribuciones que les otorgan ciertas ventajas
sobre los particulares que suscriben sus servicios. Esta situación se
evidencia, por ejemplo, en la naturaleza de los contratos que usualmente
ofrecen estas entidades, toda vez que la gran mayoría son contratos de adhesión
que no permiten la participación o discusión de los usuarios y que son
realizados por la entidad bancaria o aseguradora, de acuerdo a sus intereses”.[22]
2.2.4. En el
mismo sentido, en Sentencia T-676 de 2016,[23] en la que se estudió un caso similar al presente, tal como se
explicará más adelante, la Corte también encontró cumplida la legitimación por
pasiva de la entidad bancaria contra la que se interpuso la acción de tutela.
Esto por encontrarse el accionante en un estado de indefensión respecto de la
entidad demandada. Al respectó se dijo: “la acción de tutela debe declararse
procedente en relación con el Banco Corpbanca, en virtud de la situación de
accionante quien en la actualidad cuenta con una pérdida de capacidad laboral
del 71,96% y quien pretende reclamar el pago de un seguro de vida grupo deudor,
del cual es asegurado. Con todo, debe resaltar esta Corporación que las
restricciones que ha tenido que soportar el actor con el fin de acceder a la
información, refuerzan la asimetría entre de las partes. Esto, de acuerdo con
lo estipulado en el numeral 4º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991”.
2.2.5. En el
asunto que se estudia evidencia esta Sala que se configura una situación
fáctica de indefensión de la señora Rivera de Macías
respecto del Banco de Bogotá debido a la relación
asimétrica que se presenta entre las partes, aunado al grave estado de salud de
la accionante, quien presenta una pérdida de la capacidad laboral del 95% y se
encuentra en estado semicomatoso y pretende reclamar el pago de un seguro de vida grupo deudor, del
cual es asegurada.
2.3. La
tutela cumple el requisito de inmediatez
La jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de
tutela debe ser interpuesta dentro de un plazo
razonable y oportuno desde el momento en que ocurrió la acción u omisión que
origina la violación o amenaza de los derechos fundamentales que se alega, pues de otra forma se desvirtuaría el
propósito mismo de esta acción, esto es, el de proporcionar una protección
urgente o inmediata a los derechos fundamentales cuando estén siendo vulnerados
o amenazados.[24]
En el presente caso se advierte que la acción de
tutela fue interpuesta el 23 de julio de 2019 y
la última petición elevada por María Eugenia Macías Rivera al Banco de Bogotá,
solicitando hacer efectivas las pólizas que amparaban los créditos adquiridos
por su madre y entregar copias de las mismas, data del 13 de junio de 2019. Es
decir, entre esta última actuación de la demandante y la interposición de la
presente tutela transcurrió un poco más de un mes. Por lo tanto, esta Sala considera que la presente
acción de tutela se presentó en un término razonable y oportuno.
2.4. La
tutela es procedente por cuanto no hay un medio de defensa alternativo idóneo y
eficaz
2.4.1. Tal como
ha sostenido de manera reiterada la jurisprudencia constitucional, la acción de
tutela sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo en los casos en los cuales sea interpuesta como mecanismo
transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable, o cuando
existiendo recursos judiciales, los mismos no resultan idóneos para evitar la
vulneración de un derecho fundamental. Por lo tanto, la Corte ha señalado que
la tutela es en principio improcedente para estudiar controversias contractuales
cuya pretensión sea puramente económica, como es el caso de los asuntos
relacionados con el pago de pólizas de seguros por la ocurrencia del siniestro,
pues resulta posible adelantar el proceso ordinario
ante la Jurisdicción Civil[25]
o acudir a la Superintendencia Financiera.[26]
2.4.2. No
obstante, en contextos específicos, la Corte ha entendido que de manera
excepcional la acción de tutela es procedente para reclamar el pago de pólizas
de seguros,[27]
especialmente
en aquellas situaciones en que se pueda configurar una afectación a derechos
fundamentales por razón de la falta de reconocimiento de la prestación
económica. En Sentencia T-240 de 2016,[28] en lo que se
refiere a la subsidiariedad en este tipo de asuntos, se dijo: “con  estos
casos no se discute únicamente el pago de una
suma de dinero, sino la relación inescindible que tiene la misma con los
derechos fundamentales a la vida digna y al mínimo vital de los núcleos
familiares aquí representados. La afectación física que sufren los accionantes
hace posible que la valoración del juez constitucional sea más comprensiva en
estos eventos, pues no se trata de resolver cuestiones estrictamente
negóciales, sino de atender al llamado de protección ante una posible
vulneración de derechos fundamentales”.[29]
2.4.3. En el
mismo sentido, en la anteriormente citada Sentencia T-676 de 2016,[30] se dijo respecto de la subsidiariedad del caso que se analizaba: “en
el caso que se examina el medio ordinario no es eficaz para ventilar la
pretensión del señor Enrique Pérez Astudillo dada la pérdida de capacidad
laboral con la que cuenta –equivalente al 71,96%-. Si bien la finalidad de la
acción de tutela es que la aseguradora asuma una deuda por haberse estructurado
el siniestro, no se trata de una simple pretensión económica, sino de una que
podría proyectarse en la esfera irreductible del mínimo vital y de la dignidad
humana. El cambio de situación del accionante a partir del momento en que
adquirió la deuda es evidente, pasó de recibir una asignación mensual
determinada a una pensión de invalidez de setecientos setenta y un mil ciento
sesenta y un pesos ($771.161), a partir de la cual perciben su sustento su
compañera permanente y sus dos hijas menores de edad. Del mismo modo, con el
trascurrir del tiempo el riesgo de un cobro por las vías jurídicas y de un
embargo se incrementa y exige de esta Corte el estudio, con carácter
definitivo, de la presente acción de tutela”.
2.4.4. En el
presente asunto la tutela es procedente porque los medios ordinarios no
resultan eficaces para garantizar adecuada y oportunamente los derechos
fundamentales de María Elena Rivera de Macías. La Sala advierte
que la accionante es un sujeto de especial protección constitucional, por lo
que los requisitos de procedencia de la tutela deben
flexibilizarse con el fin de responder materialmente a las circunstancias
particulares que la rodean. En efecto, la demandante
tiene una pérdida de la capacidad laboral del 95%, debido al accidente
cerebrovascular sufrido, por el cual permanece en estado semicomatoso. Aunado a
esto, la hija de la actora señala en la acción de tutela que los ingresos de su
madre han disminuido debido a la imposibilidad de trabajar, mientras que sus
gastos han aumentado considerablemente debido a los elevados costos que
requiere su cuidado médico, situación que ha afectado también su mínimo vital.
Finalmente, debe considerarse también que el Banco de Bogotá inició acciones
legales en contra de la accionante por el no pago de los créditos adquiridos, informándole
que sobre sus bienes pueden recaer medidas de embargo y secuestro. En
consecuencia, si bien la tutela se dirige a hacer efectivo un seguro de vida
grupo deudores, lo cierto es que no se trata de una
simple pretensión económica, pues las actuaciones del banco accionado suponen
una amenaza al mínimo vital de la accionante, pues la posibilidad de un cobro por las vías
jurídicas y de la adopción medidas de embargo y secuestro sobre los bienes de
la accionante está latente, lo que implica que esta Corte asuma el estudio de
la presente acción de tutela de manera definitiva.
3. Cuestión previa: la Sala declarará
la carencia actual de objeto por hecho superado,
dado que las pólizas que amparaban los créditos adquiridos por la señora María
Elena Rivera de Macías ya se hicieron efectivas[31]
3.2.1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de
la Constitución Política, la acción de tutela tiene como finalidad la
protección de los derechos fundamentales cuando estos resulten transgredidos
por la acción u omisión de cualquier autoridad pública y, en algunos casos, de
los particulares. Bajo ese entendido, el juez constitucional debe proferir
órdenes de inmediato cumplimiento que estén encaminadas a evitar, hacer cesar o
reparar la vulneración de tales derechos. En consecuencia, la entidad o
el particular demandado se encuentran en la obligación de realizar una
determinada conducta que variará dependiendo de las consideraciones del juez
constitucional.
3.2.2. Desde esa óptica, la jurisprudencia
constitucional ha establecido que la acción de tutela pierde su razón de ser y
el operador judicial no tiene un objeto sobre el cual pronunciarse, “cuando durante el trámite del
proceso, la situación que genera la amenaza o vulneración de los derechos
fundamentales invocados es superada o finalmente produce el daño que se
pretendía evitar con la solicitud de amparo”[32]. Al respecto, la Corte ha señalado que ante la carencia de supuestos
fácticos constitutivos de la presunta vulneración de los derechos
fundamentales, la decisión que pudiese tomar el juez en el caso concreto
para resolver la pretensión se convertirá en inocua e ineficaz[33]. A
partir de dicho criterio, el Tribunal Constitucional ha desarrollado el
concepto de carencia actual
de objeto por hecho superado. Este se presenta “cuando, por la acción
u omisión (según sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se
supera la afectación de tal manera que ‘carece’ de objeto el pronunciamiento
del juez. La jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho superado
en el sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro
del contexto de la satisfacción de lo pedido en la tutela”.[34] En
otras palabras, la carencia actual de objeto por hecho superado se da cuando se
satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo a partir
de una conducta desplegada por el accionado.[35]
3.2.3. Vale la pena resaltar que la Corte
Constitucional ha indicado que cuando se presenta el fenómeno del hecho
superado, el juez no se encuentra en la obligación de pronunciarse de fondo,
salvo que sea necesario “hacer observaciones sobre los hechos que originaron
la acción de tutela, con el propósito de resaltar su falta de conformidad
constitucional, condenar su ocurrencia y conminar a que se adopten las medidas
necesarias para evitar su repetición, so pena de las sanciones pertinentes”[36].
3.2.4. Ahora bien, cuando se presenta el fenómeno de carencia actual de
objeto por hecho superado en sede de Revisión, la Corte debe analizar si
efectivamente existió una vulneración y, así determinar el alcance de los
derechos fundamentales cuya protección se solicita y en relación con los cuales
acaeció el fenómeno de carencia actual del objeto, en tanto es la autoridad
suprema de la jurisdicción constitucional. En línea con lo anterior, esta
Corporación ha dicho que:
“[C]uando la sustracción de materia tiene
lugar justo cuando la Sala de Revisión se dispone a tomar una decisión; si se
advirtiere que en el trámite ante los jueces de instancia ha debido concederse
el amparo de los derechos fundamentales invocados y así no se hubiere
dispuesto, la decisión de la Sala respectiva de esta Corporación, de
conformidad con la jurisprudencia reciente, consistirá en revocar los fallos
objeto de examen y conceder la tutela, sin importar que no se proceda a
impartir orden alguna”[37].
3.2.5. En este orden de ideas, si la carencia actual
de objeto se presenta previamente a que se profiera la Sentencia de Revisión,
el Tribunal Constitucional deberá analizar y determinar el alcance de la
presunta transgresión de las garantías fundamentales alegadas.  De esa manera,
se podrá establecer si existió o no vulneración de los derechos
constitucionales de quien presenta la acción de tutela, y si las decisiones de
instancia se ajustaron adecuadamente a los mandatos constitucionales y legales.
3.2.6.
Ahora bien, en el caso bajo estudio, advierte esta Sala que, en respuesta a las
pruebas solicitadas a través de Auto del 24 de enero de 2020, el Gerente del Banco de
Bogotá - Eje Cafetero- informó que los dos créditos adquiridos por la señora
María Elena Rivera de Macías, esto es, una tarjeta de crédito y un crédito de
vivienda, se encontraban cancelados porque ya se habían hecho efectivas las
pólizas de seguro que respaldaban tales créditos, por lo que en la actualidad
dichas obligaciones se encontraban a paz y salvo.[38]
Se observa que la situación fáctica sobre la cual se podría pronunciar esta
Sala de Revisión desapareció, por lo que se puede concluir que se satisfacen
los requisitos para que se configure la carencia actual de objeto por hecho
superado.
3.2.7.
Sin perjuicio de lo anterior, dada la gravedad de los hechos, en los que un
sujeto de especial protección constitucional ve afectado su mínimo vital por el
aparente incumplimiento de las obligaciones que una entidad financiera tiene
con sus usuarios, y teniendo en cuenta que las pretensiones de la accionante se
dirigen también a eliminar la información que repose en
las centrales de riesgo y se suspendan todas las acciones judiciales emprendidas
por el banco en su contra, se estima pertinente emitir un pronunciamiento de
fondo con el propósito de evidenciar la vulneración de los derechos
fundamentales de la señora Rivera de Macías y adoptar las medidas necesarias
para garantizar integralmente sus derechos.
4. Problema
jurídico
4.1. La
accionante sufrió un accidente cerebrovascular que la mantiene en estado
semicomatoso y por el que fue dictaminada con una pérdida de la capacidad
laboral del 95%. El Banco de Bogotá se ha negado a hacer efectivas las pólizas
de seguro que respaldan las obligaciones crediticias adquiridas por la
demandante con el banco y a entregarle a su hija copia de dichas pólizas para
saber cuál es la compañía aseguradora con la que se contrataron. Ante el
incumplimiento en el pago de las respectivas obligaciones crediticias, el Banco
de Bogotá  ha iniciado acciones legales en contra de la accionante.
4.2. Por tanto,
esta Sala deberá resolver el siguiente problema jurídico: ¿Vulnera el Banco de Bogotá los derechos a la información, al debido
proceso contractual y al mínimo vital de María Elena
Rivera de Macías, al negarse a hacer efectivas las pólizas de seguro que respaldan
las obligaciones crediticias adquiridas por ella con dicho banco y a entregarle
copia de las pólizas a su hija, bajo el argumento que esta información se
encuentra sujeta a reserva legal, a pesar de que la accionante fue calificada
con una pérdida de la capacidad laboral del 95%?
Para resolver este problema jurídico se analizará
la jurisprudencia constitucional sobre el deber de
información de las entidades financieras y aseguradoras en los contratos de
seguro y, a partir de los parámetros allí establecidos, se analizará el caso
concreto.
5. El deber
de información de las entidades financieras y aseguradoras en los contratos de
seguro. Reiteración de jurisprudencia
5.1. El acceso efectivo a la información es un
derecho de los consumidores financieros, un deber de las entidades financieras
y un principio que rige las relaciones entre estos,[39]
que tiene su fundamento en el principio constitucional de la buena fe.[40] El literal c) del
artículo 3° de la Ley 1328 de 2009 establece la obligación de las entidades
financieras de entregar información cierta, suficiente y oportuna a los
consumidores como unos de los principios orientadores que gobiernan las
relaciones entre estos y las entidades vigiladas:
“Las entidades vigiladas deberán
suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente,
clara y oportuna, que permita, especialmente, que los consumidores financieros
conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en las
relaciones que establecen con las entidades vigiladas”.
5.2. La jurisprudencia constitucional ha explicada
que esta disposición impone a las entidades bancarias y aseguradoras la
obligación de suministrar información “(i) que corresponda efectivamente a
la realidad jurídica y fáctica del vínculo del que se trate; (ii) que sea
completa y no parcial, de manera tal que su destinatario pueda tener una imagen
integral y detallada de la posición en la que se encuentra y de las posibilidades
de actuación que tiene en la relación; y (iii) que sea plenamente comprensible,
incluso en aquellos casos en los que su naturaleza técnica imponga dificultades
para ser explicada. En adición a ello (iv) la información debe ser entregada en
el momento en que resulta relevante y no después, de manera tal que con
fundamento en ella, el cliente o usuario –según el caso- pueda tomar las
decisiones correspondientes”.[41]
5.3. La importancia de garantizar información
cierta, suficiente, clara y oportuna radica en que permite equilibrar, en
cierta medida, la relación desigual que se presenta entre consumidores y
entidades del sistema financiero, debido a la complejidad de los términos
contractuales y, en el caso de los contratos de seguro, en razón a que suelen
ser contratos de adhesión que no permiten la participación o discusión de los
usuarios y son realizados por la entidad bancaria o aseguradora de acuerdo a
sus intereses. Asegurar entonces el acceso efectivo a
la información, les permite a los usuarios del sistema financiero conocer sus
deberes y ejercer oportunamente sus derechos, así como tomar decisiones
informadas sobre los diferentes productos financieros.[42]
5.4. La información entonces es un elemento central en las
relaciones entre los ciudadanos y las entidades del sistema financiero, tanto
en la etapa precontractual, como contractual y postcontractual, pues previene
abusos del ejercicio de la libertad contractual. “Es por ello que cualquier
restricción injustificada al acceso a la información debe entenderse como una
práctica abusiva, propiciada por el poder dominante del que gozan las entidades
aseguradoras y bancarias”.[43]
6. El Banco
de Bogotá omitió el deber de entregar información completa y oportuna en
relación con el trámite requerido para solicitar el pago de las pólizas de
seguro que amparaban los créditos adquiridos por María Elena Rivera de Macías, así
como la compañía aseguradora con quien se habían suscrito tales pólizas
6.1. En el
presente caso, el Banco de Bogotá se ha negado a tramitar las reclamaciones
ante la respectiva compañía aseguradora para hacer efectivas las pólizas de
seguro que amparaban las obligaciones crediticias adquiridas por la señora
María Elena Rivera de Macías con dicho banco, ante el acaecimiento de la
incapacidad total y permanente de la deudora, quien fue calificada con una
pérdida de la capacidad laboral del 95%. El Banco tampoco ha accedido a
entregarle a la hija de aquella, María Eugenia Macías Rivera, copia de las
mencionadas pólizas ni información alguna que le permita conocer los trámites
requeridos para reclamar el pago de las pólizas ni la compañía aseguradora con
quien el Banco de Bogotá tomó los respectivos seguros de vida grupo deudores.
De acuerdo con el artículo 1037 del Código de Comercio, las partes de estos
contratos son el asegurador, que es la persona jurídica que asume los riesgos,
y el tomador, quien obrando por cuenta propia o ajena traslada los riesgos.
Así, en el presente caso el Banco de Bogotá es el tomador y beneficiario, quien
por cuenta ajena, trasladó un riesgo. Mientras que el asegurado, en quien
concurre el interés asegurable, es la accionante.
6.2. En
Sentencia T-676 de 2016[44]
la Corte resolvió un caso similar al presente. En dicha oportunidad el
accionante había contraído un crédito con el Banco Corpbanca, el cual fue
amparado por un seguro grupo deudor que cubría el riesgo de invalidez y muerte.
El accionante sufrió una pérdida de la capacidad laboral del 71,96%, por lo que
solicitó se hiciera efectiva la póliza. El Banco Corpbanca se limitó a remitir
esta reclamación a Mapfre Colombia Seguros de Vida, quien siempre adujo no
tener vínculo alguno con el accionante. Sin embargo, en sede de revisión, el
mencionado Banco aclaró que con quien se contrató el seguro
que cubría el crédito fue Allianz Compañía de Seguros S.A. y no Mapfre Colombia
Seguros de Vida.
La Corte declaró que el Banco Corpbanca había vulnerado los derechos fundamentales de información,
debido proceso -en su modalidad contractual- y mínimo vital del demandante, por
cuenta de la omisión de suministrar información veraz, cierta, completa y
oportuna, lo que impidió al accionante hacer el respectivo reclamo del pago del
seguro a Allianz Compañía de Seguros S.A., por lo que se indicó:
“Para la Corte esta conducta
desconoció los límites constitucionales, legales y los derivados de la buena fe
en el contrato de seguro, que rigen la actuación de las entidades que
desarrollan actividades financieras. La ausencia de una indicación precisa
acerca de la aseguradora a quien podría reclamarse el pago del saldo insoluto,
en caso de demostrarse la ocurrencia del siniestro, le impidió al demandante no
sólo formular adecuadamente la reclamación en los términos del inciso primero
del artículo 1075 del Código de Comercio[45],
sino también iniciar las acciones judiciales en contra de las sociedades
aseguradoras. En particular, se desconoció el deber de información, el cual se
encuentra consagrado en distintas disposiciones de la Ley 1328 de 2008, que
exigen el suministro de información cierta, oportuna, suficiente y clara. El
incontestable desconocimiento de este deber se dio a pesar de que el suministro
de información en favor del consumidor financiero es una obligación especial de
las entidades vigiladas y un elemento constitutivo del sistema.
Ni el banco -de forma directa- o por
intermedio de Helm Corredores orientaron de forma clara al actor sobre cuál era
la aseguradora obligada. Tampoco se le ofreció ninguna información acerca del
trámite que podía iniciar en contra de la aseguradora, en caso de que se
hubiere negado a pagar el siniestro. Enrique Pérez Astudillo se enfrentó a un
contexto de desinformación que fue propiciado por las entidades que, teniendo
la información, nunca la verificaron y mucho menos la suministraron.
Como consecuencia de esta omisión,
también se quebrantaron los límites constitucionales del bien común, de la
solidaridad social y de la prevalencia del interés general. Dado que las
actividades financiera y aseguradora constituyen expresión del interés público,
su actuación de manera contraria a dicho interés o abusando de su posición de
supremacía contractual, justifica la intervención de las autoridades a fin de
corregir la actuación y restablecer el equilibrio entre el consumidor
financiero y las sociedades.
49.2. La Corte constata que el Banco
Corpbanca siendo tomador del seguro no ha tomado acciones ciertas contra la
aseguradora. Contrario a esto, se ha esforzado por cuestionar la reclamación
del accionante, pese a que éste no es su papel y a que tal circunstancia
termina por agravar la situación del actor y de profundizar la desigualdad que
caracteriza el acceso a este tipo de información. No estaba al alcance de
Enrique Pérez Astudillo conocer cuál era la aseguradora a la que debía
reclamar, si se tiene en cuenta que nunca se le entregó la copia de la póliza y
los términos a los que se sujetó este contrato, aun cuando fueron
explícitamente solicitados[46].
Este proceder ignoró de manera absoluta que el interés principal asegurado por
este contrato es el del deudor y, en consecuencia, la debida información acerca
de las condiciones pactadas con la aseguradora revestía una significativa
trascendencia.
(…)
La omisión de reportar la reclamación
a la aseguradora adecuada y mantener en el error al accionante –no obstante que
era esta entidad financiera la que tenía el acceso a la información y estaba en
el deber de suministrarla-, le quitó la oportunidad al señor Enrique Pérez
Astudillo de reclamar el siniestro a Allianz Compañía de Seguros y/o de
demandar judicialmente su reconocimiento, antes de que hubieren corrido los
términos de la prescripción ordinaria. La actuación del Banco Corpbanca, al no
haber suministrado la información suficiente pese a las dos solicitudes
radicadas por el actor[47]
y a los múltiples reclamos realizados –según lo afirmó el Enrique Pérez
Astudillo y no fue controvertido-, determinó que el demandante hubiera perdido
la oportunidad de realizar la reclamación dentro de los términos estipulados
para ello”.[48]
6.3. En este caso es claro que el propósito de las
peticiones elevadas por María Eugenia Macías Rivera era
el de hacer efectivas las pólizas de los seguros de vida grupo deudores que
amparaban los dos créditos adquiridos por su madre con el Banco de Bogotá, esto
es, un crédito hipotecario de vivienda y una tarjeta de crédito. Así lo expresó
claramente en la petición elevada el 13 de junio de 2019 al Banco de Bogotá, en
la que manifestó que “el propósito de la misma es
poder instar ante las aseguradoras que avalaron los mencionados créditos, la
cancelación de los valores insolutos respecto de las pólizas, pagarés,
libranzas, etc. firmadas por la señora MARÍA ELENA RIVERA de MACÍAS (mi madre)
y finiquitar este mal momento”. Para lograr hacer
efectivas dichas pólizas, la señora Macías Rivera le solicitó al banco que
tramitara dichos requerimientos ante la respectiva compañía aseguradora, o le
facilitara una copia de las pólizas suscritas por su madre para conocer los
detalles de este contrato y saber cuál era la compañía aseguradora con la que
se habían suscrito las pólizas y, de esta manera, proceder a realizar la
correspondiente reclamación, tal como lo explica en la impugnación de la
sentencia de tutela de primera instancia, en la que advierte que la negativa
del Banco de Bogotá a entregar estos documentos “impidió saber el nombre de
las aseguradoras que avalaron los créditos adquiridos”.
6.4. Por su parte, el Banco de Bogotá no ha ofrecido
ninguna respuesta a la señora Macías Rivera sobre la solicitud relativa a que
se hicieran efectivas las pólizas que amparaban los créditos adquiridos por su
madre. En relación con la solicitud de copias de las pólizas, aseguró el Banco
de Bogotá en la respuesta a la petición elevada por la accionante el 15 de
enero de 2019, que no era posible acceder a tal pretensión. Explicó que la información de la señora María Elena Rivera de Macías se
encontraba sujeta a reserva legal, por lo que, en caso de que ella no pudiera
realizar tal solicitud por sí misma, debía iniciar un proceso de interdicción
para que un juez le nombrara un curador y así pudiera ser representada ante el
banco.
6.5. La Sala advierte que el Banco de Bogotá vulneró
el derecho a la información y al derecho al debido proceso contractual de la
accionante, lo que a su vez supuso una amenaza a su derecho al mínimo vital. Lo
anterior obedece a la omisión de suministrar
información oportuna y completa a la hija de la señora Rivera de Macías acerca
de los trámites necesarios para reclamar el pago de las pólizas de seguro que
amparaban los créditos adquiridos por su madre con el banco, así como de la
compañía aseguradora ante la cual podía adelantar la respectiva reclamación.
6.6. Debe aclararse en primer lugar que el argumento
del Banco de Bogotá, según el cual no era posible remitirle a la hija de la
accionante una copia de las pólizas de seguro porque la información se
encontraba sujeta a la reserva legal de los clientes con el banco, no tiene
fundamento. Las pólizas que amparaban dichos créditos hacían parte de un seguro
de vida grupo deudores suscrito por el Banco de Bogotá con Seguros de Vida Alfa
S.A., por lo que, tal como lo señaló el banco accionado en la respuesta al Auto
del 24 de enero de 2020, al ser “una póliza colectiva no se encuentra
firmada por el cliente dado que el tomador es el Banco de Bogotá”. Por
tanto, en los documentos requeridos por la hija de la accionante no se
encontraba ninguna información o dato de la señora Rivera de Macías que estuviera
sujeto a reserva legal. No se trataba de información reservada, privada o
semiprivada, era una información pública que podía ser ofrecida por el banco
sin ningún requerimiento especial.[49]
De hecho, en la propia página web del Banco de Bogotá, en la información que
brinda sobre adquisición de créditos de vivienda, se indican los requisitos
para adquirir estos créditos, siendo uno de ellos el de la suscripción de una “póliza
seguro de vida deudores crédito vivienda”, el cual contiene un hipervínculo
que remite al documento denominado “CONDICIONES
PARTICULARES SEGURO DE VIDA GRUPO DEUDORES HIPOTECARIO O LEASING HABITACIONAL”,
en el que se indica que la compañía aseguradora es
Seguros de Vida Alfa S.A.[50]
Además, la señora María Eugenia Macías Rivera explicó la situación en la que se
encontraba su madre y se identificó como su hija, para lo cual adjunto copia de
su Registro Civil de Nacimiento y en la petición elevada el 13 de junio de 2019
acompañó también un poder general otorgado por su madre para que la
representara en todos los asuntos en caso de no poder hacerlo ella misma. Por
estas mismas razones tampoco es posible aceptar la solución ofrecida por el
Banco de Bogotá a la accionante para facilitarle una copia de las pólizas que
amparaban los créditos adquiridos por su madre, esto es, iniciar un proceso de
interdicción y aportar copia auténtica de la sentencia y acta de posesión del
curador, más aún cuando la Ley 1996 de 2019 en su artículo 53 estableció: “queda
prohibido iniciar procesos de interdicción o inhabilitación, o solicitar la
sentencia de interdicción o inhabilitación para dar inicio a cualquier trámite
público o privado”.
6.7. Ahora bien, aún si se aceptara en gracia de
discusión que el Banco de Bogotá no podía entregar a María Eugenia Macías
Rivera copia de las pólizas de seguro que amparaban los créditos adquiridos por
su madre, siendo claro que lo pretendido era que se hicieran efectivas las
respectivas pólizas ante el grave estado de salud de la señora Rivera de Macías,
en virtud del deber de información que tienen las entidades financieras, tenía la
obligación de explicar a la demandante el procedimiento y requisitos necesarios
para elevar la respectiva reclamación ante la compañía aseguradora con la que
se hubieran suscrito las pólizas, en este caso, Seguros de Vida Alfa S.A., tal
como sí lo hizo en la contestación de la acción de tutela.[51]
6.8. María Eugenia Macías Rivera se tuvo que
enfrentar entonces a un contexto de desinformación propiciado por el Banco de
Bogotá, quien nunca la orientó sobre cuál era la aseguradora encargada de hacer
efectivas las pólizas ni el procedimiento que debía adelantar para, de esta
manera, hacer valer los derechos de su madre. Por el contrario, la única
respuesta que obtuvo por parte de la entidad financiera fue el inicio de un
proceso de cobro jurídico y la notificación de las acciones que se emprenderían
en contra de su madre, como la solicitud de medidas cautelares sobre sus bienes
muebles e inmuebles, así como sobre su salario y cuentas activas en el sector
financiero.[52]
Para la Sala es claro que el proceder del Banco de Bogotá, además de indolente
frente a la situación que atravesaba su cliente, María Elena Rivera de Macías,
desconoció los deberes de información que le impone la ley a las entidades
financieras y constituyó un abuso de su posición de supremacía contractual, lo
que devino en una violación de los derechos a la
información y al debido proceso contractual de la accionante, lo que a su vez
supuso una amenaza a su mínimo vital. No puede perderse de vista que la señora
Rivera de Macías es un sujeto de especial protección constitucional debido a la
situación de incapacidad en que se encuentra, lo que además la sitúa en un
estado de indefensión, pues depende de terceros para realizar todas sus
actividades básicas. Además, su situación económica, como la de su hija, se ha
visto afectada por los tratamientos y cuidados médicos que requiere su estado
de salud, tal como fue expuesto en la acción de tutela, por lo que el no pago
de las pólizas reclamadas amenaza su mínimo vital.
6.9. Ahora bien, dado que las pretensiones de la acción
tutela también se dirigían a que se retirara de las centrales de riesgo
cualquier información que se hubiera reportado como consecuencia de esta
situación y se suspendieran los procesos iniciados por el Banco de Bogotá en
contra de la señora Rivera de Macías por el atraso en el pago de los
respectivos créditos, y teniendo en cuenta que la actuación del Banco de Bogotá
no se ajustó a los deberes legales de información que se le imponen a las
entidades financieras, se hace necesario que la Sala tome las medidas
respectivas para evitar que la actuación del banco demandado y la violación de
los derechos de la accionante se extienda a otros ámbitos, tal como se
explicará a continuación.
7. Órdenes
7.1. Una vez
constatada la vulneración de los derechos fundamentales de María Elena
Rivera de Macías, esta Sala debe determinar las órdenes a adoptar. La Corte
revocará las sentencias proferidas el 30 de julio de 2019 por el Juzgado
Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías
de Pereira, y el 9 de septiembre de 2019 por el Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Adolescentes con Funciones de Conocimiento, por medio de las cuales se declaró la improcedencia de la acción
de tutela. En su lugar, se ampararán los derechos fundamentales de la parte
accionante. Ahora bien, dado que durante el trámite de la acción de tutela se
hicieron efectivas las pólizas que amparaban el crédito de vivienda y la tarjea
de crédito adquirida por la señora Rivera de Macías con el Banco de
Bogotá, se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado.
7.2. No obstante, para
garantizar la protección integral de los derechos fundamentales de María
Eugenia Macías Rivera y su madre y evitar que las consecuencias de una
actuación ilegal del Banco de Bogotá se extiendan a otros escenarios, la Sala instará
a esta entidad a que, en caso de que se hayan iniciado procesos judiciales para
exigir el pago de las sumas adeudadas por la señora María Elena Rivera de
Macías, relacionadas con los créditos por ella adquiridos con el banco, informe
sobre la presente Sentencia a los respectivos jueces ordinarios que estén
conociendo dichos procesos, para que se den por terminados inmediatamente y se
levanten las medidas cautelares que se hayan dictado.
7.3. También se instará
al Banco de Bogotá a que, en caso de que haya reportado a la señora María Elena Rivera de Macías a una central de riesgo o a cualquier entidad que administre datos financieros,
con motivo del no pago de los créditos por ella adquiridos con el banco,
retire, si aún no lo ha hecho, el reporte negativo que de las
obligaciones referidas en el presente proceso se hizo a tales entidades. Finalmente,
se prevendrá al Banco de Bogotá
para que cumpla los deberes de información con los consumidores financieros.
. Síntesis de la decisión
8.1. María
Eugenia Macías Rivera interpuso acción de tutela como agente oficioso de su
madre, María Elena Rivera de Macías, en contra del Banco de Bogotá por la
presunta vulneración de los derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo
vital, al habeas data y al debido proceso. La entidad accionada se ha negado a
hacer efectivas las pólizas de seguro que respaldan las obligaciones
crediticias adquiridas por la señora Rivera de Macías y a entregarle copia de
las pólizas, a pesar de que su madre fue calificada con una pérdida de la
capacidad laboral del 95%.
8.2. La Corte
declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, ya que durante el
trámite del proceso de tutela las pólizas que amparaban
los créditos adquiridos por la señora Rivera de Macías se hicieron efectivas.
Sin embargo, dada la gravedad de los hechos y con el fin de
garantizar integralmente los derechos fundamentales de la parte accionante, la
Sala estimó necesario emitir un pronunciamiento de fondo. Por tanto, la Corte
reiteró la jurisprudencia constitucional relativa al
deber de información que tienen las entidades financieras y aseguradoras con
los consumidores financieros, a partir de la cual concluyó que el Banco de
Bogotá omitió el deber de entregar información completa y oportuna a la hija de la accionante en relación con el
trámite requerido para solicitar el pago de las pólizas de seguro y la compañía
aseguradora con quien se habían suscrito tales pólizas y, de esta manera, hacer
valer los derechos de su madre. Esta actuación devino en
una vulneración de los derechos a la información y al derecho al debido proceso
contractual de la accionante, lo que también implicó una amenaza a su mínimo
vital.
III. Decisión
Regla de decisión: Una
entidad financiera desconoce los derechos fundamentales a la información y al
debido proceso contractual de los consumidores financieros cuando no entrega
información completa y oportuna que les permita ejercer los derechos que se
derivan de su relación contractual.
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de
la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR
las sentencias proferidas el 30 de julio de 2019 por el Juzgado
Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías
de Pereira, y el 9 de septiembre de 2019 por el Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Adolescentes con Funciones de Conocimiento, por medio de las cuales se declaró la improcedencia de la acción
de tutela. En su
lugar, CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales a la información
y al debido proceso contractual de la accionante, con
fundamento en lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
Segundo.- DECLARAR la
carencia actual de objeto por hecho superado por las razones expuestas en la parte considerativa de
esta Sentencia.
Tercero.- INSTAR al Banco de Bogotá a que, en caso de que haya iniciado procesos
judiciales para exigir el pago de las sumas adeudadas por la señora María Elena Rivera de Macías, relacionadas con los créditos referidos en este proceso, informe sobre la presente decisión
a los respectivos jueces ordinarios que estén conociendo dichos procesos, para
que se den por terminados inmediatamente y se levanten las medidas cautelares
que se hayan dictado.
Cuarto.- INSTAR al Banco de
Bogotá a que, en caso de que
haya reportado a la señora María Elena Rivera de Macías
a una central de riesgo o a cualquier entidad que administre datos financieros, con motivo del no pago de los créditos referidos en este proceso,
retire, si aún no lo ha hecho, el reporte negativo que de tales
obligaciones se hizo.
Quinto.- PREVENIR al Banco de Bogotá para que cumpla
los deberes de información con los consumidores financieros.
Sexto.- LIBRAR las comunicaciones -por la Secretaría
General de la Corte Constitucional-, así como DISPONER las notificaciones a las partes -a
través del Juez de tutela de instancia-, previstas en el artículo 36 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Mediante Auto
del 19 de noviembre de 2019, proferido por la Sala de Selección de Tutelas
Número Once, conformada por el magistrado Alejandro Linares Cantillo y la
magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, la Corte Constitucional seleccionó para
revisión el expediente T-7.656.161.
[2] A folio 16 del cuaderno 1 obra la historia
clínica de la accionante.
[3] Folio 47 del cuaderno 1.
[4] Folio 32 del cuaderno 1.
[5] Folio 54 del cuaderno 1.
[6] Folio 55 a 57 del cuaderno 1.
[7] Folio 11 a 14 del cuaderno 1.
[8] Folios 16 y 18 del cuaderno 1.
[9] Folios 2 al 7 del cuaderno 1.
[10] Folios 27 a 31 del cuaderno 1.
[11] Folios 33 a 37 del cuaderno 1.
[12] Folios 41 a 45 del cuaderno 1.
[13] Folios 7 a 9 del cuaderno 2.
[14] Folio 30 del cuaderno principal.
[15] Folios 37 del cuaderno principal.
[16] Según los artículo 86 de la Constitución Política y 10
del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ser ejercida por medio de
agente oficioso. La jurisprudencia constitucional ha señalado al respecto: “Los
presupuestos esenciales para la utilización de la agencia oficiosa se resumen
en una situación cierta de imposibilidad del titular de los derechos
fundamentales vulnerados o amenazados de defender el propio interés y en la
condición a cargo del agente oficioso de dar a conocer esa situación al juez
ante el cual promueve la acción, en el momento de presentación de la solicitud.
Adicionalmente, la agencia oficiosa sólo se justifica en la medida en que el
agente oficioso procure hacer valer el interés del titular de los derechos
fundamentales que aparecen como vulnerados o amenazados y por el cual se actúa;
por lo tanto no se puede intentar proteger el 'propio beneficio o interés' del
agente a expensas de una solicitud presentada a nombre y beneficio de otra
persona; pues se requiere la formulación independiente de la propia acción”.
(Sentencia T-082 de 1997. M.P. Hernando Herrera Vergara).
[17] De acuerdo a la reiterada jurisprudencia
de esta Corporación y al artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, la acción de
tutela procede contra particulares en los siguientes casos: (i) cuando el
particular presta un servicio público; (ii) cuando la conducta del particular
afecta grave y directamente el interés colectivo y, (iii) cuando el solicitante
se halle en estado de subordinación o indefensión frente al particular.
[18] Sobre la configuración del estado de
indefensión, ver entre otras, sentencias T-798 de 2007. M.P. Jaime Córdoba
Triviño y T-552 de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[19] Sentencia T-405 de 2007. M.P. Jaime Córdoba
Triviño. En dicha sentencia también se demandó a un particular por la violación
de los derechos a la intimidad y a la propia imagen.
[20] La Corte Constitucional ha identificado
enunciativamente algunas situaciones que pueden dar lugar a este supuesto. En
la Sentencia T-012 de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio, la Corte hizo referencia a
las siguientes circunstancias: “(i) cuando la persona está en ausencia de
medios de defensa judiciales eficaces e idóneos que le permitan conjurar la
vulneración de un derecho fundamental por parte de un particular; (ii) quienes
se encuentran en situación de marginación social y económica; (iii) personas de
la tercera edad; (iv) discapacitados; (v) menores de edad; (vi) la
imposibilidad de satisfacer una necesidad básica o vital, por la forma
irracional, irrazonable y desproporcionada como otro particular activa o
pasivamente ejerce una posición o un derecho del que es titular; (vii) la
existencia de un vínculo afectivo, moral, social o contractual, que facilite la
ejecución de acciones u omisiones que resulten lesivas de derechos
fundamentales de una de las partes como en la relación entre padres e hijos,
entre cónyuges, entre copropietarios, entre socios, etc. y, (viii) el uso de
medios o recursos que buscan, a través de la presión social que puede causar su
utilización, el que un particular haga o deje de hacer algo en favor de otro”.
[21] M.P. Mauricio González Cuervo.
[22] Posición reiterada por la Corte en múltiples sentencias,
como por ejemplo: T-1085 de 2002. M.P. Jaime Araújo Rentería; T-152 de 2006. M.P.
Rodrigo Escobar Gil; T-490 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-058 de
2014. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-316 de 2015. M.P. María Victoria Calle
Correa; y T-676 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[23] M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[24] Sobre el requisito de la inmediatez, ver
entre muchas otras: sentencias T-158 de 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto; T-584 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-416 de 2013. M.P.
Mauricio González Cuervo; y T-038 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
SV. Aquiles Arrieta Gómez.
[25] Véanse, por ejemplo, las sentencias T-570 de 2015. M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez. AV. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-058 de 2016. M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez, AV Alejandro Linares Cantillo y Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo; T-501 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, AV.
Alejandro Linares Cantillo y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y T-676 de 2016. M.P.
Alejandro Linares Cantillo.
[26] El artículo 57 del Estatuto del consumidor (Ley 1480 de 2011)
señala: “En aplicación del artículo 116 de
la Constitución Política, los consumidores financieros de las entidades
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia podrán a su elección
someter a conocimiento de esa autoridad, los asuntos contenciosos que se
susciten entre ellos y las entidades vigiladas sobre las materias a que se
refiere el presente artículo para que sean fallados en derecho, con carácter
definitivo y con las facultades propias de un juez. /En desarrollo de la facultad
jurisdiccional atribuida por esta ley, la Superintendencia Financiera de
Colombia podrá conocer de las controversias que surjan entre los consumidores
financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la
ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con
ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra
relacionada con el manejo, aprovechamiento inversión de los recursos captados
del público”. No obstante, respecto de esta acción y su relación con el
principio de subsidiariedad de la tutela, en la Sentencia T-676 de 2016. MP.
Alejandro Linares Cantillo, se dijo que “al plantearse como una acción que
se encuentra a elección del accionante, debe tenerse por satisfecho el
requisito de subsidiariedad”.
[27] La Corte ha entendido que procede la acción de tutela para reclamar
el pago de la indemnización correspondiente a una póliza de seguro de vida o de
accidentes personales, por ejemplo, en las sentencias T-832 de 2010. M.P.
Nilson Pinilla Pinilla; T-751 de 2012. MP. María Victoria Calle Correa; T-222
de 2014. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-316 de 2015. M.P. María Victoria
Calle Correa, SPV. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-227 de 2016. M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio; y T-676 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo, entre
múltiples otras providencias.
[28] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. AV. Luis Ernesto Vargas Silva.
[29] En el mismo sentido puede consultarse también la Sentencia T-402 de
2015. M.P. María Victoria Calle Correa, en la que se indicó: “En cuanto al requisito de
subsidiariedad, esta Corte ha destacado que, si bien en principio las
diferencias que surjan con las compañías aseguradoras deben tramitarse ante los
jueces ordinarios dado el carácter contractual y económico de la controversia,
cuando estén amenazados derechos fundamentales como la vida, la salud o el
mínimo vital, resulta procedente el amparo constitucional. Por lo tanto, si la
controversia sobre el objeto asegurado es puramente económica no tendría cabida
la tutela, pues el conflicto se dirimiría ante la  jurisdicción ordinaria,
pero si tiene efectos sobre la vida o el mínimo vital de una persona, puede ser
viable la acción de tutela para amparar tales derechos fundamentales, sobre
todo si la persona está en una condición de salud que pone en peligro su vida y
sus posibilidades de sobrevivir a un proceso ordinario son pocas, haciendo
necesaria la intervención del juez constitucional. Por su parte, en
la Sentencia T-208 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, se hizo énfasis
en el hecho de que se estuviera adelantando un proceso ejecutivo en contra de
la accionante. Al respecto se dijo: “si bien la demanda se dirige a
cuestionar un aspecto, en principio, de carácter contractual, lo cierto es que
éste tiene una incidencia directa en los derechos fundamentales al debido
proceso, mínimo vital y vivienda digna de la accionante, los cuales no son
susceptibles de ser protegidos de forma eficaz en un proceso ordinario. Pese a
que la petición principal es el reconocimiento y pago de un seguro de vida, lo
cierto es que la omisión de la aseguradora supone una amenaza del mínimo vital
de la accionante, toda vez que actualmente se adelanta un proceso ejecutivo
sobre la vivienda en la que habita junto con su familia, la cual, además, ya es
objeto de embargo”.
[30] M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[31] Si bien en esta oportunidad el análisis de
la carencia actual de objeto se efectúa después determinar la procedencia de la
acción de tutela, en algunas ocasiones esta Corte ha declarado la carencia
actual de objeto sin realizar un análisis previo de la procedencia de la acción
de tutela debido a las circunstancias propias del caso. Recientemente, por
ejemplo, en la Sentencia SU-522 de 2019 (M.P. Diana Fajardo Rivera) se declaró
la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente sin un análisis previo de la
procedencia de la acción debido a que el accionante, quien gozaba de fuero
constitucional y solicitaba el traslado de su investigación penal de la Corte
Suprema de Justicia a la Sala Especial de Instrucción, creada por el Acto
Legislativo 01 de 2018, había sido aceptado en la Jurisdicción Especial de Paz,
quien conocería de los delitos por los que era investigado en el máximo
tribunal de la jurisdicción ordinaria. Por tal motivo, la acción de tutela
había perdido su razón de ser. Así mismo, en la Sentencia T-038 de 2019 (M.P.
Cristina Pardo Schlesinger) se declaró la carencia actual de objeto sin que se
hiciera un análisis de procedencia de la acción de tutela en un caso en el que
el accionante murió durante el proceso por razones ajenas a la actuación de la
entidad accionada.
[32] Sentencia T-525 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; y T-358
de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, entre otras.
[33] Al respecto, se pueden consultar,
entre muchas otras, las sentencias T-011 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva; T-653 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-856 de 2012. M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio; T-905 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio;
T-622 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-634 de 2009. M.P. Mauricio
González Cuervo; T-449 de 2008. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-267 de
2008. M.P. Jaime Araujo Rentería; T-167 de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra y T-856 de 2007. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[34] Sentencia SU-540 de 2007. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[35] Sobre la carencia actual de objeto por hecho superado, ver entre
otras sentencias: T-573 de 2006. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-422 de
2010. M.P. María Victoria Calle Correa; T-1039 de 2012. M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio; SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada; T-266 de 2015.
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; y T-170 de 2016. M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
[36] Sentencia T-011 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[37] Sentencia T-722 de 2003. M.P. Álvaro Tafur
Galvis.
[38] Folios 30 y 37 del cuaderno principal.
[39] La Superintendencia Financiera estableció en la Circular 038 de
septiembre de 2011 que la información tiene distintas connotaciones, con
fundamento en la estudiada ley, entre las que se resaltan las siguientes: “(…)
(i) un derecho de los consumidores financieros en los términos del literal b)
del artículo 5°; (ii) una obligación especial de las entidades vigiladas de
acuerdo con lo establecido en los literales a), b), c), f), g), h), j), o), p)
y s) del artículo 7°; (iii) un principio orientador que debe regir las
relaciones que se establezcan entre los consumidores financieros y las
entidades al tenor de lo previsto por el literal c) del artículo 3° de la misma
norma y (iv) un elemento constitutivo del Sistema de Atención al Consumidor
Financiero al que se refiere el literal c) del artículo 8 de la misma
disposición”.
[40] En relación con la buena fe en los contratos de seguros, en
Sentencia C-232 de 1997 (M.P. Jorge Arango Mejía), se indicó: “Aseverar que
el contrato de seguro es ‘uberrimae bona fidei contractus’, significa sostener
que en él no bastan simplemente la diligencia, el decoro y la honestidad
comúnmente requeridos en todos los contratos, sino que exige que estas
conductas se manifiesten con la máxima calidad, esto es, llevadas al extremo.
La necesidad de que el contrato de seguro se celebre con esta buena fe
calificada, vincula por igual al tomador y al asegurador”.
[41] Sentencia T-676 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[42] Sentencia T-277 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[43] Sentencia T-136 de 2013. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[44] M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[45] Esta disposición expone que “El asegurado o el beneficiario
estarán obligados a dar noticia al asegurador de la ocurrencia del siniestro,
dentro de los tres días siguientes a la fecha en que lo hayan conocido o debido
conocer. Este término podrá ampliarse, mas no reducirse por las partes”.
[46] El inciso 2° del artículo 1046 del Código de Comercio determinó que
“(…) el asegurador está obligado a entregar
en su original, al tomador, dentro de los quince días siguientes a la fecha de
su celebración el documento contentivo del contrato de seguro, el cual se
denomina póliza, el que deberá redactarse en castellano y firmarse por el
asegurador”.
[47] De las pruebas recaudadas se advierte que
el (25) de marzo del dos mil catorce (2014) el accionante radicó en Helm
Corredores una solicitud para que se hiciera efectivo el pago de la póliza, la
cual fue remitida a Mapfre Colombia Vida de Seguros S.A., y que el día ocho (8)
de julio de dos mil catorce (2014) se radicó otra petición en el Banco
Corpbanca.
[48] Sentencia T-676 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[49] En la Sentencia T-729 de 2002. M.P.
Eduardo Montealegre Lynett, la Corte estableció una clasificación de la
información, de acuerdo a su publicidad y a la posibilidad legal de tener
acceso a la misma, a saber: i) pública o de dominio público, la cual puede ser
obtenida y ofrecida sin reserva alguna y sin importar si la misma sea
información general, privada o personal; ii) semiprivada, es aquella que por
tratarse de información personal o impersonal y no estar comprendida por la
regla anterior, presenta para su acceso y conocimiento un grado mínimo de
limitación, de tal forma que la misma sólo puede ser obtenida y ofrecida por
orden de autoridad administrativa en el cumplimiento de sus funciones, o en el
marco de los principio de la administración de datos personales; iii) privada,
hace referencia a aquella que por versar sobre información personal o no, y que
por encontrarse en un ámbito privado, sólo puede ser obtenida y ofrecida por
orden de autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones; iv) reservada
o secreta, es aquella que por versar igualmente sobre información personal y
por su estrecha relación con los derechos fundamentales del titular - dignidad,
intimidad y libertad- se encuentra reservada a su órbita exclusiva y no puede
siquiera ser obtenida ni ofrecida por autoridad judicial en el cumplimiento de
sus funciones.
[50] El enlace en el que se pueden consultar
las condiciones particulares del seguro de vida grupo deudores para adquisición
de créditos hipotecarios con el Banco de Bogotá, es el siguiente:
https://www.bancodebogota.com/wps/themes/html/banco-de-bogota/pdf/productos-para-ti/creditos-y-financiacion/poliza-seguro-vida-deudores-credito-vivienda.pdf.
[51] En la respuesta a la acción de tutela el
Banco de Bogotá explicó que la accionante primero debía presentar la
reclamación a la aseguradora Seguros de Vida Alfa S.A., quien era la encargada a
aprobar o negar la afectación de las pólizas, e indicó los documentos que se
debían acompañar a la solicitud.
[52] A folios 15 y 18 del cuaderno 1 del
expediente obran copias de los distintos mensajes remitidos por el Banco de
Bogotá en donde le informa del inicio de un proceso de cobro jurídico y las
medidas que se tomarán en el trámite de este.