T-472-12
1
Sentencia T-472/12
(Bogotá,
D.C., Junio 22)
ACCION DE TUTELA-Subsidiariedad
ACCION DE TUTELA-Inmediatez
DERECHO FUNDAMENTAL A LA
SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCION POR MEDIO DE ACCION DE TUTELA-Reiteración de
jurisprudencia
DERECHO AL MINIMO VITAL ANTE EL
NO PAGO DE MESADAS PENSIONALES-Reiteración de jurisprudencia
SUSPENSION UNILATERAL DEL PAGO
DE MESADA PENSIONAL-Jurisprudencia constitucional
DERECHO PENSIONAL DE
SOBREVIVIENTES-Contenido y alcance normativo
DERECHOS ADQUIRIDOS EN MATERIA
PENSIONAL-Reiteración de jurisprudencia
Referencia: Expedientes T- 3.377.624.
Fallos
de tutela objeto revisión: sentencia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá  – Sala Laboral del 09 de diciembre de 2011; Juzgado 22
Laboral del Circuito de Bogotá D.C. del 01 de noviembre de 2011.
Accionante: Gloria Patricia Londoño Ricaurte
Accionado: Banco de la República, representada
legalmente por el Dr. José Darío Uribe Escobar o quien haga sus veces
Magistrados de la Sala Segunda de Revisión: Mauricio
González Cuervo, Adriana Guillen Arango (E) y Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
Magistrado sustanciador: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO.
I. ANTECEDENTES.
1. Demanda de tutela[1].
La accionante basa su pretensión de amparo constitucional en
los siguientes hechos y consideraciones:
1.1. Elementos:
1.1.1. Derechos fundamentales invocados:
Derecho a la Seguridad Social, mínimo vital, debido proceso y derechos
adquiridos.
1.1.2. Conducta causante de la vulneración:
Suspensión unilateral del pago de la mesada pensional, por parte del Banco de La
República con base en la retractación de los testigos de la unión marital de
hecho, que sirvieron de apoyo para el reconocimiento de la pensión de
sobrevientes hace dos años y un mes.
1.1.3. Pretensión: Se ordene al Banco de La República
el pago inmediato de las mesadas dejadas de cancelar y las que se sigan
causando a partir de la notificación de la sentencia que ampare los derechos de
la accionante.
1.2. Hechos aducidos por la accionante.
1.2.1. La accionante manifiesta que se vio obligada a
interponer la aludida acción de tutela dado que se encuentra en estado de
vulnerabilidad, en razón de su edad, 52 años y, por la incapacidad que presenta
en su mano izquierda[2],
hechos que le han imposibilitado acceder a un trabajo estable. Argumenta que la
protección  de sus derechos fundamentales se funda en la procedencia de la
acción de tutela para el reconocimiento de prestaciones sociales cuando su
desconocimiento compromete el núcleo esencial de un derecho fundamental.
Adicionalmente, indica que a la luz de la Constitución de 1991, el Estado y la sociedad
se encuentran en la obligación de proteger a las personas que por sus
condiciones económicas, físicas o mentales se encuentren en circunstancias de
debilidad manifiesta.
1.2.2. Como antecedentes, se
menciona que la señora GLORIA PATRICIA LONDOÑO RICAURTE tuvo un vínculo de
convivencia con el causante LUIS FERNANDO LAVERDE desde el 18 de noviembre de
1993 hasta el día de su fallecimiento, 27 de febrero de 2009, por lo que
acreditados los requisitos para acceder a la sustitución pensional, le fue reconocida
dicha pensión mediante Resolución No. 6345 del 8 de abril de 2009.
1.2.3. La señorita          CAROLINA LAVERDE MARTINEZ, en su
calidad de hija del señor LUIS FERNANDO LAVERDE (q.e.p.d) solicitó al Banco de La
Republica la suspensión de los derechos reconocidos a la actora, hecho que
ocurrió el 17 de mayo de 2011 argumentando que existían contradicciones en las
declaraciones extrajudiciales que sustentaron el reconocimiento del derecho,
afirma que el pensionado se divorció de su anterior cónyuge hasta el 3 de
octubre de 1994 y la liquidación de dicha sociedad conyugal finalizó el 30 de
octubre de 1996, con la aprobación de la partición y la respectiva
adjudicación.
2. Respuesta de la
accionada.
2.1. Expresa el representante
de la accionada que luego de haberse efectuado el reconocimiento pensional
surgieron nuevas pruebas que desvirtuaron el contenido de aquellas en las que
se fundó el reconocimiento del derecho - en especial las retractaciones de
ALEJANDRO GARCIA LUQUE y FRANCISCO JAVIER VARGAS[3]-
lo que “pone en tela de juicio la existencia de dicha convivencia, requisito
exigido por las disposiciones legales para que proceda el reconocimiento de la
sustitución nacional (sic) e hizo necesaria la suspensión en el pago de la
pensión.”
3. Decisiones de tutela objeto de revisión.
3.1. Sentencia del Juzgado Veintidós Laboral  del
Circuito  de   Bogotá, D.C.  del   01  de  noviembre  de  2011[4]  -recurrida-
El juez de
instancia amparó lo solicitado como mecanismo transitorio al considerar que se
había vulnerado el derecho fundamental a la seguridad social en conexidad con
el mínimo vital, en consecuencia ordenó al BANCO DE LA REPUBLICA continuar
cancelando la pensión de sobrevivientes, hasta que la jurisdicción ordinaria
laboral decida de fondo sobre la acción que deberá formular la accionante y
hasta que quede en firme la respectiva sentencia, o por el término de cuatro
meses contados a partir de la notificación de la sentencia, el a quo fundamentó
su decisión en las siguientes consideraciones:
(…) “por
razones de seguridad jurídica y de respeto a los derechos adquiridos o de las
situaciones jurídicas subjetivas que han quedado consolidadas en cabeza de una
persona, en tratándose del derecho a la seguridad social en materia pensional,
al tener esta relevancia de derecho fundamental cuando está en conexidad con el
derecho a la vida y el mínimo vital hace que su amparo este avalado por el
principio de la inmutabilidad o intangibilidad de los derechos subjetivos
reconocidos a las personas en materia pensional; consecuencia de lo anterior,
estima este Despacho arbitrario el acto por medio del cual la entidad demandada
pretende desconocer los derechos que previamente ella ha reconocido.
Si estima
que el acto fue ilegal, la entidad debe promover las acciones judiciales pertinentes
para que sea la jurisdicción ordinaria decida definitivamente sobre la
invalidez de la pensión otorgada. Por lo anterior, es imperioso conceder el
amparo invocado toda vez que la pensión reconocida a la actora lo fue desde el
8 de abril de 2009 constituyendo el ingreso con el cual ella contaba para
subsistir teniendo en cuenta que desde hace dos años estaba disfrutando de la
misma, es decir ya hacía parte de su haber patrimonial. Aunado a ello no se
plantea una controversia entre beneficiarios de la pensión, y toda vez que, la
entidad generó derechos que no podía a mutuo propio decretar la suspensión de
los pagos puesto que con ella está violando el derecho al debido proceso, a la
seguridad social y al mínimo vital de la actora. (... )”
3.2. Sentencia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá D.C. - Sala Laboral,  del   09  de  diciembre de  2011[5]
Inconforme con la sentencia, la parte accionada impugna el
fallo de instancia, argumentando que: i) la decisión fue nula por falta de
competencia del juez, y ii) que existen dudas en cuanto a la verificación de
los requisitos necesarios para declarar el derecho a la sustitución, hecho que
motivó la suspensión, y finalmente que la acción de amparo es improcedente
debido a la existencia de un mecanismo de defensa judicial ordinario.
El Tribunal revoca la decisión de instancia con base en que
la actora a sus 52 años no pertenece al grupo de la tercera edad, y al no
acreditarse los elementos de inminencia del perjuicio y la urgencia de las
medidas para conjurarlo no existe perjuicio irremediable por amparar,
finalmente indica el juez de alzada que la actora tampoco demostró que hubieran
ocurrido los supuestos fácticos que exigen las disposiciones aplicables para
acceder al derecho pensional reclamado (Art. 47 Ley 100 de 1993); lo que se
evidencia del expediente es una discusión razonable sobre la existencia de un
vínculo efectivo de convivencia continuo entre el pensionado fallecido y la
accionante dentro de los 5 años anteriores al óbito.
II. CONSIDERACIONES.
1. Competencia.
La Corte Constitucional es
competente para revisar la decisión judicial mencionada, con base en la
Constitución Política -artículos 86 y 241.9- y lo desarrollado en el Decreto
2591 de 1991 -artículos 31 a 36-[6].
2. Procedencia de la demanda
de tutela.
2.1. Alegación de afectación
de un derecho fundamental. Se alega la vulneración del derecho fundamental
a la vida, integridad personal, mínimo vital igualdad, dignidad humana, debido
proceso, y seguridad social, lo que justifica su amparo constitucional vía
proceso de tutela.
2.2. Legitimación activa.
La demanda fue presentada en nombre propio por la titular de los derechos
presuntamente lesionados.
2.3. Legitimación pasiva. El Banco de La República,
es una autoridad monetaria, cambiaria y crediticia del orden nacional que no
hace parte de ninguna de las ramas del poder público, y goza de autonomía
administrativa, patrimonial y técnica, y como tal, demandable en proceso de
tutela (CP, art 86; D 2591/91, art 42).
2.4. Subsidiariedad. La
Corte ha encontrado que: “Para determinar si la acción de tutela es
procedente, ha señalado dos aspectos distintos. En primer lugar, si la tutela
se presenta como mecanismo principal, es preciso examinar que no exista otro
medio judicial. Si no existe otro medio, o aún si existe pero éste no resulta
idóneo en el caso concreto, la tutela procede como mecanismo principal de
amparo, de los derechos fundamentales. Adicionalmente, en relación con la
existencia del otro medio de defensa judicial, la jurisprudencia de la Corte ha
señalado que no existe la obligación de iniciar el proceso ordinario antes de
acudir a la acción de tutela, basta que dicha posibilidad esté abierta al
interponer la demanda de tutela, pues si el accionante ha dejado vencer la
oportunidad para iniciar el trámite del proceso ordinario, la tutela no procede
como mecanismo transitorio[7].
En segundo lugar, cuando la
tutela se interpone como mecanismo transitorio, habida cuenta de la existencia
de un medio judicial ordinario idóneo, es preciso demostrar que ésta es
necesaria para evitar un perjuicio irremediable. Dicho perjuicio se
caracteriza, según la jurisprudencia, por lo siguiente: (i) por ser
inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder
prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo
material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii)
porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable
sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin
de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda
su integridad.”[8]
Así las cosas, se observa en el
plenario que la actora hizo uso del mecanismo ordinario a su alcance, iniciando
el respectivo proceso de declarativo de unión marital de hecho que cursa ante
el juzgado 13 de Familia del Circuito de Bogotá D.C., bajo el radicado
2010-147, el cual no ha sido resuelto, y que fuera interpuesto antes del acto
unilateral que ordenó la suspensión del pago de las mesadas pensiónales.
Adicionalmente, la actora no
cuenta con un medio de defensa judicial idóneo, en tanto que al haber sido
reconocida como beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, no se encuentra
legitimada por activa para acudir a la jurisdicción ordinaria para solicitar
que por segunda vez le sea reconocida la pensión de sobrevivientes.
2.5. Inmediatez. Las condiciones
que permiten considerar la procedencia de la acción de tutela consisten en
primer lugar, en la situación especial de la actora, dado que es una mujer de
52 años con una lesión en su mano izquierda que le impide trabajar u obtener
otra fuente de ingresos, quien durante más de dos años disfrutó legítimamente
de la pensión de sobrevivientes, y con base en ella estructuró su modus vivendi
y, en segundo lugar, la accionante solicitó a dicha entidad reconsiderar la
decisión lesiva que suspendió el pago de su mesada pensional, máxime cuando no
se le dio oportunidad de controvertir ni de conocer los documentos que para
juicio del Banco de La Republica motivaron el cese del disfrute de la pensión
reconocida el 8 de abril de 2009, por tal motivo la vulneración del derecho es
permanente y se prolonga en el tiempo, sin dejar a un lado que la ley establece
un procedimiento ante la jurisdicción ordinaria laboral para la revisión de
pensiones, por lo que la conducta desplegada por el Banco de La República creo
un procedimiento espurio y por fuera del marco legal establecido por el
legislador.
3. Problema jurídico a resolver.
Entrará la Corte a resolver el siguiente problema jurídico
constitucional: ¿El Banco de La República ha vulnerado el derecho fundamental a
la seguridad social, mínimo vital, el debido proceso y los derechos adquiridos
de la accionante, al haber suspendido unilateralmente el pago de la mesada
pensional reconocida el 08 de abril de 2009?
3.1. Adecuación de los derechos vulnerados.
La accionante invocó como derechos fundamentales conculcados
el derecho a la vida, integridad personal, mínimo vital, igualdad, dignidad
humana, debido proceso, y el de la seguridad social, no obstante, con ocasión
de la orden de suspensión de la mesada pensional proferida por el Banco de La
Republica, esta Sala de Revisión encuentra que de ser lesiva la conducta
desplegada por la accionada, los derechos fundamentales trasgredidos son el de
la seguridad social, mínimo vital, debido proceso y el de los derechos
adquiridos, incluido este último en ejercicio de la facultad extrapetita que
reviste al juez constitucional[9],
dada la estrecha relación entre la conducta del Banco de La República y el
derecho pensional que había ingresado al patrimonio de la actora y que venía
siendo disfrutado desde hace mas dos años.
4. Vulneración del derecho a la seguridad social y al
mínimo vital (caso concreto).
4.1 Seguridad Social. Amplia
y nutrida ha sido la jurisprudencia de esta Corporación sobre la procedencia de
la acción de tutela como mecanismo transitorio y excepcional en la defensa del
derecho a la seguridad social para el reconocimiento de derechos pensiónales[10], no
obstante, la seguridad social es un derecho de la persona que se
materializa mediante la prestación de un servicio público de carácter
obligatorio[11],
que no solo se limita a la garantía de las prestaciones económicas y de
salud de quienes tienen una relación laboral o son independientes, sino que va
más allá en cuanto a la protección de las distintas contingencias que pueda
atravesar una persona a lo largo de su existencia, en la sentencia T-190/93 esta
Corte indicó que:
“La Constitución consagró la
seguridad social como un servicio público de carácter obligatorio, que se
deberá prestar bajo la dirección, coordinación y control del Estado, bajo los
principios orientadores de eficiencia, universalidad y la solidaridad. En
materia de sustitución pensional, se ha indicado además que los “principios
de justicia retributiva y de equidad justifican que las personas que
constituían la familia del trabajador tengan derecho a la prestación pensional
del fallecido para mitigar el riesgo de viudez y orfandad al permitirles gozar
post-mortem del status laboral del trabajador fallecido.”
En atención a la situación
fáctica del caso objeto de revisión, el amparo está orientado a la protección
del derecho a la seguridad social, en su arista del disfrute del derecho
pensional reconocido a la actora a raíz de la sustitución pensional, el cual de
modo irregular fue suspendido por la entidad accionada, puntualmente sobre este
tema la Corte ha indicado en la sentencia antes mencionada que:
"La sustitución
pensional, de otra parte, es un derecho que permite a una o varias personas
entrar a gozar de los beneficios de una prestación económica antes percibida
por otra, lo cual no significa el reconocimiento del derecho a la pensión sino
la legitimación para reemplazar a la persona que venía gozando de este derecho.
Los beneficiarios de la sustitución de las pensiones de jubilación, invalidez y
de vejez, una vez haya fallecido el trabajador pensionado o con derecho a la
pensión, son el cónyuge supérstite o compañero (a) permanente, los hijos
menores o inválidos y los padres o hermanos inválidos que dependan
económicamente del pensionado (Ley 12 de 1975, art. 1º y Ley 113 de 1985, art.
1º, parágrafo 1º). La sustitución pensional tiene como finalidad evitar que las
personas allegadas al trabajador y beneficiarias del producto de su actividad
laboral queden por el simple hecho de su fallecimiento en el desamparo o la
desprotección. Principios de justicia retributiva y de equidad justifican que
las personas que constituían la familia del trabajador tengan derecho a la
prestación pensional del fallecido para mitigar el riesgo de viudez y orfandad
al permitirles gozar post-mortem del status laboral del trabajador
fallecido.(subraya fuera del texto)
"Los conflictos jurídicos
surgidos con ocasión del reconocimiento del derecho a la sustitución pensional
tienen relevancia constitucional en la medida que su resolución puede afectar
derechos constitucionales diversos, entre ellos el derecho de igualdad ante la
ley, el derecho a la familia o su protección especial  y los derechos
fundamentales de los niños. En particular, el bienestar y la establidad de la
familia, núcleo esencial de la sociedad, se verían lesionados por un acto
discriminatorio que denegara el derecho a la sustitución pensional con
fundamento en la inexistencia de un vínculo matrimonial específico".
Adicionalmente, en reciente
pronunciamiento de esta Corte, la sentencia T-522/11 mantiene el criterio de
protección y de acceso a la seguridad social a favor de los beneficiarios de la
sustitución pensional, sobre todo sí la opción de familia entre la pareja se
dio por una unión responsable, no es factible ejercer discriminaciones o tratos
diferentes en razón del título de vinculación, acorde con lo anotado en la
providencia antes referida.
“(…) la Constitución Política
eliminó, de manera definitiva, cualquier distingo entre el matrimonio y la
unión libre como formas de constitución de la familia, con fundamento en la
protección que debe proporcionar el Estado a todas las formas de familia
basándose en el principio de igualdad conforme al cual, se garantiza el mismo trato
jurídico a sujetos en situaciones idénticas. “La igualdad que propugna la Carta
entre las uniones familiares surgidas de vínculos naturales y la conformada por
vínculos jurídicos, abarca no sólo al núcleo familiar como tal, sino también a
cada uno de los miembros que lo componen, puesto que estas disposiciones
guardan íntima relación con el artículo 13 Superior, que prescribe: ‘Todas las
personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y
trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica’ (…)”
Bajo este contexto, la
protección integral a la familia, se extiende tanto a las conformadas por un
vínculo matrimonial surgido de un acto jurídico solemne, como a las
constituidas por la voluntad de quienes han convenido unir sus vidas mediante
vínculos naturales desprovistos de formalidad. De ahí que, la unión
material de hecho, entendida como la formada por dos personas, que sin estar
casadas hacen una vida permanente y singular y que se designan, compañero o
compañera permanente, recibe el mismo tratamiento que jurídicamente se le
conceden a las uniones de tipo formal, proponiéndose tratamientos igualitarios,
incluso, frente a normas legales que establecen diferencias en el trato para el
cónyuge o el compañero (a) en caso del fallecimiento del pensionado.”  (negritas
fuera de texto).
La familia conformada por GLORIA PATRICIA LONDOÑO y el señor
LUIS FERNANDO LAVERDE (q.e.p.d.) por decisión de la pareja se dio a través de
la modalidad de unión libre, vínculo que no puede restringirse, ni menos
desconocerse con base en las postreras dubitaciones de los declarantes
extrajuicio ALEJANDRO GARCIA LUQUE y FRANCISCO VARGAS sobre la existencia de un
proceso de divorcio iniciado por el señor LAVERDE RODRIGUEZ, el cual fue
declarado hasta el 3 de octubre de 1994, y cuya liquidación de esa sociedad
conyugal se formalizó hasta el 30 de octubre de 1996.
Mal podría interpretarse por parte de la oficina de Asuntos
Laborales y Pensionales del Banco de La República que hasta que la justicia
ordinaria dirimiera la cesación de efectos civiles, los implicados en un
divorcio contencioso no pudiesen continuar con su vida normal e iniciar una
nueva relación afectiva, y menos considerar de inferior categoría o discriminar
la unión marital de hecho por adolecer de sentencia judicial que la declare,
máxime cuando el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo
13 de la Ley 797 del 2003, y demás normas que lo complementan sólo exige dos
declaraciones extraprocesales que den fe de la convivencia efectiva entre la
beneficiaria y el pensionado durante los últimos 5 años, por lo que ninguna
entidad administradora de pensiones o pagadora podría solicitar la exigencia de
requisitos adicionales, como en este caso lo requiere la accionada, al instar a
la beneficiaria a que allegue sentencia judicial que declare la existencia de
dicha unión para reanudar el pago de la mesada que fuera reconocida
legítimamente hace más de dos años.
4.2. Mínimo vital. Con relación a la
afectación de este derecho, la jurisprudencia constitucional ha insistido en la
tesis de que la pensión, en este caso de sobrevivientes, esta necesariamente
relacionada con los derechos al mínimo vital y a la vida digna, invistiéndola
del carácter de fundamental que permite su protección vía tutela, al ser la
única fuente de ingreso de quien dependía económicamente del pensionado, y
quien ante su ausencia no puede quedar desprotegido, al respecto la sentencia
T-008/12 especialmente trata el tema indicando que:
"Se deduce, pues, que el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes tiene, en la mayoría de
los casos, ostensible relación con derechos como el mínimo vital y la vida
digna, adquiriendo así carácter fundamental. De este modo, es sabido que
existen circunstancias en las que la sustitución pensional se vuelve esencial
para cumplir los cometidos del estado social de derecho, situaciones explicadas
así en la sentencia T-692 de agosto 18 de 2006, M. P. Jaime Córdoba Triviño:  “… la relación expuesta entre protección de derechos
fundamentales y necesidad de reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes resulta acreditada cuando (i) la prestación económica que
percibía el trabajador o pensionado fallecido constituye el sustento económico
de su grupo familiar dependiente y  (ii) los beneficiarios de la pensión
carecen, después de la muerte del trabajador o pensionado, de otros medios para
garantizarse su subsistencia, por lo cual quedan expuestos a un perjuicio
irremediable derivado de la afectación de su derecho fundamental al mínimo
vital.”
La accionante manifiesta con vehemencia tanto en los hechos
de la acción de tutela, como en las solicitudes dirigidas al Banco de La
República para que reconsiderara revocar la decisión de suspender su mesada,
que su único sustento económico consistía en dicha mesada pensional, ya que a
sus 52 años y por la afectación de su mano izquierda se le ha dificultado
conseguir un trabajo estable como estilista, hecho que no fue refutado o
controvertido por la accionante, sin dejar de resaltar que durante más de dos
años venía percibiendo la prestación económica, y con base en ella había
organizado y estructurado su modus vivendi[12],
el cual fue alterado súbitamente por parte de la accionada.
5. Vulneración al debido proceso y los derechos
adquiridos. (caso concreto)
5.1. Debido proceso. La ley ha establecido los
requisitos[13]
para acceder al derecho pensional de sobrevivientes, los cuales se encuentran
regulados en el artículo 47 y ss de la Ley 100 de 1993 modificado por el
artículo 13 de la Ley 797 sancionada en el 2003; sin embargo, una es la
situación de quien debe acreditar los requisitos para acceder al derecho
pensional y le es negado el reconocimiento por alguna circunstancia de forma
como la falta de pago de aportes por parte del empleador, el traslado de un
bono, etc, y otra situación muy diferente, es la de quien ostenta el status de
pensionado, al haberse reconocido el derecho precisamente por cumplir con el
lleno de los presupuestos de la norma, le es arrebatado su derecho sin el
cumplimiento de los lineamientos determinados por el legislador, ya sea a
través de la figura de revocatoria, o de la revisión pensional establecida en
los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003, conducta que además de irregular
resulta discriminatoria a la luz de la Sentencia T-567/05 “Por fuera de
cualquiera de las hipótesis de hecho previstas en las normas mencionadas, se
necesita la autorización del juez respectivo para válidamente suspender los
pagos hacia el futuro. Actuar de otro modo lleva a la Administración a incurrir
en vías de hecho contrarias al artículo 29 Superior e inadmisibles en perspectiva
constitucional.”
Es decir, excepcionalmente se ha permitido la revocatoria
directa del acto que reconoció el derecho pensional cuando sobrevienen unas
circunstancias específicas que involucran la comisión de un delito, sobre esta
facultad la sentencia T-008/12 recoge la jurisprudencia esbozada indicando que:
“(…) por regla general, la
revocatoria o suspensión unilateral de un acto administrativo particular y
concreto, sólo se puede efectuar previo el consentimiento expreso del
involucrado, excepto en los casos en los que se presente una manifiesta
ilegalidad, situación extraordinaria que busca proteger el interés público,
donde lo que se debe agotar es el procedimiento establecido en el artículo 74
del Código Contencioso Administrativo e iniciar las acciones fiscales,
judiciales, penales y disciplinarias pertinentes, en procura de la restitución
de los recursos y la imposición de las sanciones que corresponda, ante las
actuaciones ilícitas.
La facultad de revisar y revocar los actos
administrativos que conceden o reconocen pensiones sin la autorización expresa
del titular del derecho, se encuentra legalmente reglada. El artículo 19 de la
Ley 797 de 2003, cuya constitucionalidad condicionada se estableció mediante
sentencia C-835 de septiembre 23 de 2003, M. P. Jaime Araújo Rentería, prevé la facultad de que la administración realice un estudio de fondo sobre las
sumas, pensiones o prestaciones económicas a cargo del tesoro público en las
cuales existan serios indicios de reconocimiento indebido. Así se indicó en el
fallo anotado:
Adicionalmente, en sentencia T-776 de agosto 11 de 2008, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, se indicó que para revisar los actos administrativos que
conceden o reconocen pensiones, deben preceder motivos reales, objetivos y
trascendentes. Así, surgen tres diferentes situaciones: “(i) la Administración
tendrá la facultad de revocar su propio acto aún sin consentimiento del
beneficiario, siempre que se agote como mínimo el procedimiento previsto en los
artículos 14, 28, 34, 35 y 74 del Código Contencioso Administrativo y que se
identifiquen en la conformación del acto administrativo censurado conductas tipificadas
en la ley penal, ‘aunque no se den los otros elementos de la responsabilidad
penal’; (ii) se podrá revocar unilateralmente el acto propio cuando éste sea
fruto de silencio administrativo positivo de acuerdo al artículo 73 del Código
Contencioso Administrativo; (iii) la Administración deberá acudir directa e
indefectiblemente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo si no
identifican en el acto que las irregularidades o anomalías constituyen
conductas tipificadas en la ley penal.”
“(…) Sin embargo, esta corporación en la sentencia
de constitucionalidad condicionada a la que nuevamente se acude, sostuvo que
cuando se trate de prestaciones económicas, “deberá ser la consecuencia lógica
y jurídica de un procedimiento surtido con arreglo a los artículos 74, 28, 14,
34 y 35 del Código Contencioso Administrativo, sin perjuicio de la aplicación
de las normas de carácter especial que deban privilegiarse al tenor del
artículo 1° del mismo estatuto contencioso. Pero en todo caso,
salvaguardando el debido proceso”. Aclaró que mientras se adelanta el
correspondiente procedimiento, “se le debe continuar pagando al titular –o a
los causahabientes- de la pensión o prestación económica las mesadas o sumas
que se causen, esto es, sin solución de continuidad”.
Con todo, no media fundamento constitucional
alguno para que la administración pueda suspender el pago de una pensión
previamente reconocida, salvo las facultades explícitamente previstas en los
artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003 y en la sentencia C-835/03.”
(negritas fuera de texto)
Dada la naturaleza jurídica especial que el constituyente
quiso otorgarle al Banco de La República[14],
dicha entidad no se encuentra facultada para expedir actos administrativos, por
lo cual no esta envestida para revocar unilateralmente el acto de
reconocimiento pensional DRH – 06345 del 8 de abril de 2009, razón por la cual
no se entrará analizar si cumplió o no con los requisitos jurisprudenciales
antes expuestos dispuestos para las entidades públicas.
Frente a ese vacío normativo en el que la facultad de
revisión o revocatoria pensional se concibió sólo para entidades públicas, la
jurisprudencia de esta Corte previendo que muchas entidades pagadoras de
pensiones son de naturaleza privada, hizo extensivo los efectos de las figuras
jurídicas consagradas en los artículos 19 y 20 de la Ley 797/03 a las entidades
particulares que reconocen y pagan pensiones, por lo tanto la accionada
al actuar como entidad pagadora y administradora de un servicio público como lo
es el de la seguridad social, si poseía “serias dudas” sobre la calidad incoada
por la accionante, debió iniciar un proceso ordinario ante la jurisdicción
laboral para que el juez competente desatara la controversia, mas no proceder
unilateralmente y por fuera de los mecanismos legales citados a suspender
arbitrariamente el pago de la mesada pensional, sobre el particular la
sentencia T-444/04 ha resaltado que:
“3. Prohibición de revocar unilateralmente un
derecho pensional o dejar sin efectos los actos que los reconocen, sin la
existencia de un pronunciamiento judicial o la aquiescencia expresa del
beneficiario del acto.
En varias oportunidades la Corte, con fundamento en
la teoría del respeto al acto propio, ha considerado que no pueden ser
revocados los actos administrativos que reconocen un derecho subjetivo en
cabeza de una determinada persona. En tal sentido, ha precisado que las
prestaciones sociales adquiridas son derechos subjetivos patrimoniales,
en la medida  que crean una situación jurídica concreta para quien goza
del status de pensionado, “que al ser variada afecta la buena fe y la seguridad
jurídica, de ahí que viene al caso esta teoría del respeto al acto propio, con
su proyección en la definición de asuntos laborales y prestacionales.”
En virtud de lo anterior, se ha considerado que los
derechos subjetivos reconocidos por las entidades públicas encargadas de
prestar el servicio a la seguridad social son inmutables o intangibles, toda
vez que dichas instituciones “no pueden revocar directamente actos
administrativos que han creado o modificado una situación jurídica particular y
concreta, salvo que medie el consentimiento expreso y escrito del titular... de
no existir, obliga a la administración a ejercer la acción de lesividad para
obtener la nulidad de su propio acto.”
La Corte ha hecho extensivos los efectos de la
anterior limitación del poder que tiene la Administración para revocar sus
propios actos, a las entidades particulares que presten el servicio público de
la seguridad social.  Al respecto en la sentencia T-357 de 1998,
Magistrado Ponente Fabio Morón Díaz, esta Corporación estableció lo siguiente:
“las decisiones de las entidades de derecho privado encargadas de la prestación
del servicio público de seguridad social y adoptadas con ocasión del mismo,
cuando crean una situación jurídica particular y concreta para un usuario, no
pueden ser revocadas por la entidad que las adoptó, sino que ella debe someter
el conflicto surgido por la decisión tomada, a consideración de la autoridad
administrativa o judicial competente para dirimirlo, sin afectar los derechos
de los individuos beneficiarios…” (negritas fuera de texto)
En un pronunciamiento posterior, mediante sentencia
C-466 de 1999 M.P. Alfredo Beltrán Sierra, esta Corporación aclaró que debido a
que con anterioridad de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y en virtud del
antiguo contenido normativo del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo,
la obligación de reconocer la pensión de jubilación recaía sobre los
empleadores antes de que lo asumiera el Seguro Social, no siempre son entidades
prestadoras del servicio de la seguridad social las encargadas de reconocer y
cancelar la pensión.  Por tal razón, la Corte ha extendido los efectos de
la doctrina constitucional reseñada a los casos en que la revocatoria del
derecho pensional, sin que exista un pronunciamiento judicial o la aceptación
por parte del titular o beneficiario, se haya efectuado por particulares que no
prestan el servicio público de la seguridad social pero que asumieron la
obligación de reconocerle a sus trabajadores las respectivas pensiones.
En relación con este aspecto, en la mencionada sentencia, la Corte se pronunció
en los siguientes términos:
“Lo anterior no significa, sin embargo, que un
particular por el hecho de no poder equipararse a esas entidades pueda, sin
efecto alguno, desconocer derechos de naturaleza laboral o prestacional
radicados en cabeza de terceros, aun si estos derechos son consecuencia de
actos propios de aquél.  Es decir, derechos que necesitaban de la
declaración de voluntad del particular para su reconocimiento, pues, en estos
casos, una vez ha nacido el derecho o la situación de carácter particular y concreto,
quien lo reconoció pierde la facultad de disponer de él, esto es lo que se ha
denominado respeto por el acto propio (sentencia T-295 de 1999).  Las
razones que sustentan esta afirmación son las siguientes.(...)
En conclusión, los titulares o beneficiarios de
derechos derivados de actos de particulares, o de situaciones jurídicas
concretas creados por éstos, tienen la potestad para exigir que con
anterioridad a que se les prive de un derecho que está produciendo plenos
efectos jurídicos, y para cuyo reconocimiento se presumen cumplidos y agotados
todos los requisitos legales, estatutarios, etc., se agote un procedimiento que
revista de legalidad la decisión de suspender o revocar esos derechos, y que a
su vez, le permita conocer y discutir las razones que se esgrimen para su
revocación o suspensión, antes ser despojado de él.  Procedimiento que,
mientras el legislador no disponga cosa distinta, se cumple cuando se acude
ante el juez competente para que sea éste quien determine si procede la
revocatoria, suspensión o modificación del acto correspondiente.”
5.2 Derechos adquiridos.
La consagración de este derecho inicialmente concebido en
procura de los derechos civiles, tal y como lo indica el artículo 58 Superior “Se
garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a
las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por
leyes posteriores”, fue extendido a los derechos pensiónales a través de la
Ley 100 de 1993,  cuyos planteamientos doctrinales y jurisprudenciales fueron
recogidos en la sentencia C-168/95 a través de la cual: “se tiene aquellas
situaciones individuales y subjetivas que se han creado y definido bajo el
imperio de una Ley, y que por lo mismo han creado a favor de sus titulares un
cierto derecho que debe ser respetado. Fundamento de la seguridad jurídica y
del orden social en las relaciones de los asociados y de estos con el Estado,
es que tales situaciones y derechos sean respetados íntegramente mediante la
prohibición de que Leyes posteriores pretendan regularlos nuevamente”.
Con el Acto Legislativo 01 de 2005 que modificó el artículo
48 de la Constitución, se elevó este concepto a rango constitucional en materia
pensional estipulando que “El Estado garantizará los derechos, la
sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, respetará los derechos
adquiridos con arreglo a la ley (…)”, de este modo la Constitución radica
en cabeza del afiliado cotizante la garantía de que una vez se ha consolidado
el derecho pensional per se es constituido como acreedor del mismo, es
decir, en respeto de esa acreencia legítimamente adquirida ninguna autoridad
pública o privada puede obstruir el goce efectivo del mencionado derecho.
Garantizar la efectividad del derecho pensional es de igual
o mayor importancia, que la protección a la propiedad privada, en tanto que
esta puede con arreglo a la ley ser expropiada a su titular por motivos de
utilidad pública previa indemnización, mientras que una vez reunidos los
requisitos para acceder a la pensión, es irrenunciable e imprescriptible, y no
le es dado al legislador ni a ninguna de sus autoridades arrebatar ese derecho,
incluso en algunos eventos en los que no media acto de reconocimiento, pero se
verifica el cumplimiento de todos los requisitos para acceder a la pensión se
ha reconocido la existencia de un derecho adquirido, v.gr. la sentencia
T-1041/02 tratándose de bonos pensiónales expresó que: (…) “Cuando la
discusión de los bonos pensionales afecta derechos fundamentales del futuro
pensionado, como la vida, petición, seguridad social y dignidad, adquiere
relevancia constitucional, por lo que la protección de los mismos puede
ordenarse por vía de tutela. “Se afectan derechos fundamentales (especialmente
el de dignidad, mínimo vital, seguridad social, derechos adquiridos)
cuando la demora en la emisión del bono impide el acceso a una pensión de
jubilación a la cual tiene derecho quien haya adquirido el status de
jubilado”(…)
Ahora bien, como resultado del estudio previo al
reconocimiento pensional del 8 de de abril de 2009, el Banco de La República
reconoció como legítima beneficiaria del causante LUIS FERNANDO LAVERDE, a la
señora GLORIA PATRICIA LONDOÑO RICAURTE, por tal motivo a  partir de la
notificación del acto de reconocimiento del derecho pensional ingresó al
patrimonio de la accionante de forma vitalicia junto con la respectiva la
prestación económica, sin dejar a un lado el hecho de que ninguna otra persona
con igual o mejor derecho se acercó a reclamar la pensión de sobrevivientes[15] o a refutar
la solicitud, quedando en firme el acto de reconocimiento en beneficio de la
peticionaria.[16]
Por otro lado, vale la pena resaltar que en sentencia
T-123/97, reiterada por la T-160/97 y la T-193/97 con relación a la mesada
pensional como derecho adquirido esta Corporación categóricamente ha
reiterado que:
“(…) ha de tenerse en cuenta
que los demandantes como personas de avanzada edad, quienes ya han visto
disminuida su capacidad laboral, pero que sin embargo requieren de un sustento
para mantener unas condiciones de vida digna, tienen un derecho adquirido
cual es el de su correspondiente pensión, la cual es fundamental para
su subsistencia. Por lo tanto, el retraso en el pago de la misma, o la
incertidumbre de saber el momento de su pago, afecta gravemente sus condiciones
de vida, razón por la cual es una obligación de quien debe cancelar las mesadas
pensionales, cumplir  de manera completa y puntual con el pago de dichos
dineros.
Ahora bien, ha de entenderse
que de acuerdo con la posición tomada por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-111/97, las situaciones jurídicas donde se encuentren involucrados
derechos fundamentales de carácter económico, social y cultural, las vías de
hecho, el debido proceso, la igualdad y un mínimo vital para la subsistencia,
serán causales por las cuales se procederá a proteger mediante acción de
tutela, a aquellas personas pertenecientes a los sectores vulnerables de la
sociedad.”(negritas fuera de texto).
6. Conclusiones.
6.1. El Banco de La República, mediante comunicación
DRH-06345 adiada 08 de abril de 2009, reconoció en cabeza de la actora el 100%
de la sustitución pensional que disfrutaba en vida el señor LUIS FERNANDO
LAVERDE RODRIGUEZ en su calidad de compañera permanente, como consecuencia del
reconocimiento se procedió a afiliarla a la respectiva EPS, y al pago periódico
de la mesada, situación que se mantuvo hasta el 17 de mayo de 2011, fecha en la
cual mediante carta DSGH-10586[17]
se le informó a la señora GLORIA PATRICIA LONDOÑO RICAURTE lo siguiente:
“(…) debido a que los
supuestos fácticos requeridos para atender la sustitución pensional con cargo a
recursos de naturaleza pública no se encuentran satisfechos, toda vez que las
pruebas aportadas en sus oportunidad para acceder a tal derecho se encuentran
controvertidas por las nuevas declaraciones extra-juicio rendidas por las
mismas personas, consideramos pertinente informarle que la Entidad ha decidido
suspender el pago de la pensión a partir de la mesada del mes de junio de 2011.”
6.1.2. Con relación a las endilgadas retractaciones aducidas
por la accionada, en la contestación de la demanda[18] aporta las declaraciones
extraproceso rendidas por las mismas personas que otrora dieron fe de la
convivencia efectiva entre la pareja durante (15) años,  de la lectura de
dichos documentos no se desprende de que manera se desvirtúa la convivencia
efectiva de la pareja al manifestar el declarante FRANCISCO JAVIER VARGAS
HERRAN en su postrera declaración del 25 de marzo de 2011[19] que su: “relación de
amistad con LUIS FERNANDO LAVERDE identificado con la cédula de ciudadanía (…)
se limitaba básicamente a los eventos sociales tales como el grado de nuestros
hijos, matrimonios, cumpleaños, etc, con intervalos de tiempo muchas veces de
varios meses por lo que me era imposible conocer si estos períodos se
presentaba o no alguna interrupción de su relación”,para finalmente agregar
que conoció “de un acuerdo de repartición de bienes hecho entre la
señora GLORIA PATRICIA LONDOÑO y los hijos de LUIS FERNANDO LAVERDE, el cual
ella incumplió”
6.1.3. De similar modo ALEJANDRO GARCIA LUQUE[20] declaró que:
“dejo constancia que a quien conocí de trato fue al finado LUIS FERNANDO
LAVERDE, y no conozco, ni conocí la conducta y los valores morales de la señora
GLORIA PATRICIA LONDOÑO, quien hoy deja en claro su mal proceder al pretender
despojar de todos los bienes a los herederos del LUIS FERNANDO LAVERDE (…)”. De
ambas declaraciones se colige que la supuesta “retractación” de las
declaraciones deriva de la existencia de un acuerdo civil, que en el evento de
haber sido incumplido por la accionante, nada tiene que ver con el derecho
pensional adquirido, por lo que la accionada no debió tener en consideración
calificaciones subjetivas y emotivas como las expresadas por los declarantes
para suspender arbitrariamente el pago de la mesada pensional.
6.2. Como consecuencia del acto unilateral de suspensión, la
actora mediante comunicado del 30 de mayo de 2011, solicitó a la Entidad
pagadora que reconsiderara dicha decisión, solicitud que fue negada a través de
la comunicación DSGH-13508 limitándose a indicar que reiteraba los argumentos
esgrimidos en el acto de suspensión.
6.3. En el expediente se observa que el Banco de La
República no acudió a la jurisdicción ordinaria para la revisión o revocatoria
de pensiones, sino que con base en un criterio propio y sin sustento legal,
mutuo propio decidió luego de dos años suspender el pago de la pensión
reconocida.
6.4. El Juzgado 22 Laboral del Circuito de Bogotá al decidir
sobre la acción de tutela impetrada por la accionante, mediante fallo del 1° de
noviembre de 2011 en su parte motiva indicó que: “(…) estima este Despacho
arbitrario el acto por medio del cual la entidad demandada pretende desconocer
los derechos que previamente ella ha reconocido. Si estima que el acto fue
ilegal, la entidad debe promover las acciones judiciales pertinentes para que
sea la jurisdicción ordinaria la que decida definitivamente sobre la validez de
la pensión otorgada.” Se transcribe el aparte con el fin de aclarar que la
orden impartida por el juez de instancia en el numeral TERCERO, es en el
sentido de que la acción la debe formular la accionada –Banco de La República,
y no la accionante como yerra la resolutiva.
6.5. Por todo
lo anterior, la Sala revocará el fallo proferido por la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá del 09 de diciembre de 2011[21], que impugnó el amparo
concedido por el Juzgado 22 Laboral del Circuito de Bogota y, en su lugar,
confirmará parcialmente el proveído del a quo  tutelando el derecho a la
seguridad social, mínimo vital, debido proceso, y derechos adquiridos de la
accionante.
7.  Razón
de la decisión.
El derecho a la seguridad social, mínimo vital, debido
proceso y derechos adquiridos son tutelables cuando la suspensión unilateral de
la mesada pensional se origina en causas subjetivas de interpretación de la
entidad pagadora diferentes a las establecidas en la ley, dejando expuesto al
beneficiario de la sustitución o pensionado a una situación de indefensión, y
alteración injustificada de su modus vivendi.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la
Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR el
fallo de tutela proferido por  el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá D.C – Sala Laboral del 09 de diciembre de 2011, que impugnó la sentencia
el a quo y negó por improcedente la acción de tutela promovida por
GLORIA PATRICIA LONDOÑO RICAURTE, y en su lugar TUTELAR los derechos
fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, debido proceso y derechos
adquiridos de la accionante, por las razones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO.- DEJAR sin
efectos el acto de suspensión pensional DSGH-10586 del 11 de mayo de 2011, y en
consecuencia ORDENAR al Banco de La Republica el pago de las mesadas dejadas de
cancelar, y las que se causen en lo sucesivo hasta tanto el juez ordinario
mediante sentencia judicial en firme declare lo contrario de conformidad con
las acciones consagradas en la Ley 797 de 2003.
TERCERO.- LÍBRESE por
Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
ADRIANA GUILLÉN
ARANGO      GABRIEL E. MENDOZA MARTELO
Magistrada
Magistrado
Con
salvamento de voto
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO
DEL MAGISTRADO
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
A LA SENTENCIA T-472/12
Referencia: Expediente T-3.377.624
Acción de tutela instaurada por
Gloria Patricia Londoño Ricaurte contra el Banco de la República
Magistrado Ponente:
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Mi salvamento de voto a la decisión mayoritaria de (i)
revocar el fallo de tutela proferido el 9 de diciembre de 2011 por la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C.,  (ii)
dejar sin efectos el acto de suspensión pensional proferido por el Banco de la
República, y (iii) ordenarle a este el pago de las mesadas dejadas de cancelar
a la accionante hasta tanto el juez ordinario, mediante sentencia judicial en
firme, declare lo contrario, obedece a las siguientes razones:
Es evidente que, frente a la suspensión en el pago de la
sustitución pensional, informada previamente por el Banco de la República a la
accionante, ella cuenta con un medio de defensa judicial idóneo, pues le es
dable acudir a la jurisdicción laboral para que, mediante el trámite ordinario,
resuelva sobre la legalidad o no de la aludida prestación, puesta en entredicho
por la retractación de los testigos extraprocesales que inicialmente dieron
cuenta de la convivencia de la pareja y en posteriores declaraciones de igual
naturaleza manifiestan que su relación de amistad con el causante no era
suficiente para saber a cabalidad si el vínculo con la accionante era continuo,
más aún cuando después se enteraron de un acuerdo de repartición de bienes con
los hijos de este último que salió a la luz por cuanto la primera incumplió.
Este medio de defensa no se enerva por el hecho de que los
artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003 le otorgue a las entidades
particulares, que reconocen y pagan pensiones, la potestad de acudir al juez
laboral ordinario para desatar tal controversia.
Además, no está acreditado en el plenario que la accionante
sea persona merecedora de una especial protección constitucional que la libere
de agotar los medios de defensa judiciales a su alcance.  Dice contar con 52
años de edad y estar lesionada en una mano, lo cual le imposibilita trabajar,
evento que no acredita siquiera sumariamente.
Fecha ut supra,
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
[1]
Acción de tutela presentada el 19 de octubre de 2011 por la señora  Londoño Ricaurte (folios 1 a 41 del cuaderno No.1).
[2]
En el expediente no obra prueba de la mencionada discapacidad, sin embargo no
fue un hecho controvertido en las respectivas instancias y por lo tanto se
tomará como cierto.
[3]
No obra en el plenario prueba de haber notificado a la beneficiaria de las
mencionadas retractaciones.
[4]
Ver folios 76 a 90 del cuaderno No. 1.
[5]
Ver folios 3 al 8 del cuaderno No. 2.
[6]
En Auto del veintiocho (28) de febrero de 2012
de la Sala de Selección de tutela No.  2 de la Corte Constitucional, se dispuso la revisión de la providencia en cuestión y se procedió a su
reparto.
[7]
Sentencias T-871/99, T-812/00.
[8]
Doctrina reiterada en las sentencias T-225/93, T-1316/01, T-983/01, y SU-
544/01, entre otras.
[9]
T-150/10: “la naturaleza de la acción de tutela,
como mecanismo de protección de derechos fundamentales, reviste al juez que
conoce de ella de una serie de facultades que, en ejercicio de la jurisdicción
ordinaria, no posee. La principal de ellas consiste en fallar más allá de lo
solicitado por quien hace uso de este mecanismo, fallos ultra y extrapetita.
Prerrogativa que permite al juez de tutela pronunciarse sobre aspectos que, sin
ser expuestos como fundamento del amparo solicitado, deben ser objeto de pronunciamiento,
por estar vulnerando o impidiendo la efectividad de  derechos de rango
constitucional fundamental” (subraya fuera de texto original). Por lo expuesto,
la Sala estudiara si el Banco de La República vulneró los derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital, debido proceso, y derechos
adquiridos al suspender unilateralmente el pago de la mesada pensional.”
[10]
T-485/11, T-030/11, T-110/11 entre otras.
[11]
C-408/94
[12]
T-098/95, T-453/05, T-205/10.
[13]
T-849/09. Requisitos para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
establecidos en el artículo 13 de la Ley 797/03.  El artículo 13 de esta
Ley  modificatorio de los artículos 47 y 74 de la Ley 100/93 establece  que el beneficiario puede percibir la pensión de supervivencia con
el cumplimiento de ciertas condiciones:  1)     En
forma vitalicia, es decir, por el resto de su vida hasta cuando el beneficiario
muera , porque este derecho se consolida y se le traspasa  en forma
permanente por el fallecimiento del causante,
2)     Como en el caso de
este expediente la occisa es la compañera  permanente pensionada en este
caso según la norma, la pensión de supervivencia se causa por su muerte,
precisamente por ser ella la pensionada.
3)     El compañero permanente
beneficiario de la pensión de supervivencia debe contar con 30 años o más de
vida, 4)      Debe acreditar que hacía vida marital
con  la causante, hasta su muerte  que  convivió con ella en
forma exclusiva, sin presencia de convivencia simultánea alguna, ni con la
cónyuge, ni tampoco con otra mujer, por lo menos durante  cinco años, con
anterioridad al deceso de  la compañera permanente pensionada.
5)     En relación con los
beneficiarios de la pensión de sobrevivencia la norma incluye también como tales
a los hijos menores de 18 años, a los mayores de 18 año y hasta los 25, por
estar estudiando y con dependencia económica y cuando se encuentren en estado
de invalidez, o con incapacidad de mantenerse; también son
beneficiarios de esta pensión, los compañeros y compañeras del mismo sexo en el
evento  de las parejas homosexuales (sentencia C-336/08).
[14]
C-827/01 entre otras.
[15] Ley 1104/08. Artículo 4°. Publicación
y requerimiento. En el acto
jurídico que decrete la sustitución provisional, el operador público, privado o
empleador que tenga a su cargo el reconocimiento de pensiones, ordenará la
publicación inmediata del edicto emplazatorio, en un periódico de amplia
circulación, dirigido a quienes se crean con derecho a la sustitución de la
pensión del fallecido, a fin de que dentro de los treinta (30) días siguientes
se presenten a reclamarla aportando las pruebas en que se funden, así como las
conducentes a desconocer los derechos de los beneficiarios indicados en el acto
jurídico provisional, si fuere el caso.
De otro lado, para efectos del cobro de mesadas causadas y no cobradas
por el pensionado fallecido, dentro del mismo acto jurídico de reconocimiento
provisional se ordenará requerir a las entidades encargadas del pago de la
pensión para que expida el certificado de la última mesada cobrada por el
causante, certificación que debe expedirse en el término de quince (15) días.
Artículo 5°. Términos para decidir la sustitución pensional definitiva.
Si no se presentare controversia, la sustitución, de manera definitiva, se
resolverá dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del término del edicto emplazatorio. En caso
de controversia se resolverá dentro de los veinte (20) días siguientes.
[16] Ley 1104/08. Artículo 4°. Publicación
y requerimiento. En el acto
jurídico que decrete la sustitución provisional, el operador público, privado o
empleador que tenga a su cargo el reconocimiento de pensiones, ordenará la
publicación inmediata del edicto emplazatorio, en un periódico de amplia
circulación, dirigido a quienes se crean con derecho a la sustitución de la
pensión del fallecido, a fin de que dentro de los treinta (30) días siguientes
se presenten a reclamarla aportando las pruebas en que se funden, así como las
conducentes a desconocer los derechos de los beneficiarios indicados en el acto
jurídico provisional, si fuere el caso. (…)
Artículo 5°. Términos para decidir la sustitución pensional
definitiva. Si no se
presentare controversia, la sustitución, de manera definitiva, se resolverá
dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del término del edicto
emplazatorio. En caso de controversia se resolverá dentro de los veinte (20)
días siguientes.
[17]
Folio 38 y 39 del cuaderno principal.
[18]
Folio 45 a 49 del cuaderno principal.
[19]
Folio 51 del cuaderno principal.
[20]
Folio 50 del cuaderno principal
[21]
Salvamento de voto. Magistrada LUCY STELLA VASQUEZ SARMIENTO. “(…) cuando el
empleador o entidad pagadora de la prestación, considera que debe suspender ese
reconocimiento periódico por alguna razón,  no puede abusar de su posición
dominante, para que de manera unilateral pueda dejar al beneficiario sin su
pago correspondiente, ya que para ello, debe acudir al juez competente para
lograr una orden judicial que le permita actuar de esa manera.”