T-051-17
Sentencia T-051/17
NULIDAD DE PROCESOS ANTE LA
CORTE CONSTITUCIONAL-Sólo podrá ser alegada antes de proferido el fallo y por
violación al debido proceso
El artículo 49 del Decreto 2067 de
1991 dispone que la nulidad de los procesos que se surtan ante esta Corporación
solo podrá alegarse antes de proferido el fallo y deberá sustentarse en
irregularidades que comporten la violación del debido proceso.
INTEGRACION DEL CONTRADICTORIO EN TUTELA-Deber del juez de tutela
SOLICITUD DE NULIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES-Improcedencia por
cuanto se garantizó el derecho de contradicción
y defensa, el cual ejerció en debida forma
ACTUACION TEMERARIA Y COSA JUZGADA EN MATERIA
DE TUTELA-Configuración
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES CUANDO
EXISTE UNA RELACION DE INDEFENSION O SUBORDINACION-Jurisprudencia constitucional sobre procedencia
excepcional
La subordinación radica en la
existencia o mediación de una relación jurídica, en tanto que la indefensión
supone por el contrario, una situación de hecho. Por tanto, de advertirse
cualquiera de tales situaciones, la acción de tutela será viable y de no
advertirse alguna de dichas circunstancias deberá declararse improcedente.
ACCION DE TUTELA PARA RECLAMAR EL
RECONOCIMIENTO Y PAGO DE DERECHOS PENSIONALES-Procedencia excepcional
Procede la acción de tutela para
reclamar el reconocimiento de un derecho pensional cuando de acuerdo con las
circunstancias del caso concreto, se constata que es necesaria la intervención
del juez constitucional para evitar un perjuicio irremediable o cuando existan
los mecanismos de defensa judicial ordinarios pero aquellos no son idóneos para
proteger, de manera efectiva, los derechos fundamentales vulnerados o
amenazados.
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Improcedencia por cuanto la demandada no
presta un servicio público, no afecta con su conducta el interés colectivo y
los accionantes no se encuentran frente a ella en estado de subordinación o
indefensión
ACCION DE TUTELA PARA RECLAMAR EL
RECONOCIMIENTO Y PAGO DE DERECHOS PENSIONALES-Improcedencia por cuanto no se demostró la afectación al
mínimo vital, como tampoco se acreditó la ineficacia del medio judicial
ordinario
No se cumplen los requisitos exigidos
por la jurisprudencia constitucional para la procedencia excepcional de la
acción de tutela en materia de reconocimiento de derechos pensionales, habida
cuenta que los accionantes, si bien en su mayoría son personas de la tercera
edad, no todos tienen afectado gravemente su mínimo vital, así como que ninguno
de ellos desplegó actividad administrativa y judicial alguna en busca del reconocimiento
de las prestaciones reclamadas, como tampoco acreditaron siquiera sumariamente
la ineficacia que en sus casos tendría el medio judicial ordinario. Asimismo,
la Sala no pudo establecer con mediana certeza el cumplimiento de los requisitos legales para que la prestación reclamada fuera
reconocida a los actores.
Referencia:
expedientes acumulados T-5535418 y 5500112.
Acción de tutela instaurada por el señor Armando de Jesús Agudelo Cañas y otros, contra Grupo Argos S.A. y Cementos Argos S.A.
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, D. C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017)
La Sala Novena de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por la Magistrada María Victoria Calle Correa y
los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Luis Ernesto Vargas Silva, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente de
las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política
y en el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
Mediante la cual se pone fin al trámite de revisión de los siguientes fallos de tutela dictados
dentro de los procesos de la referencia:
Expediente
Fallos de tutela
T-5535418
Primera Instancia: sentencia del 03 de diciembre de 2015, por el Juzgado Diecisiete Civil Municipal en
Oralidad de Medellín (Antioquia).
Segunda Instancia: sentencia del 27 de enero de 2016, proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito en
Oralidad de Medellín (Antioquia).
T-5500112
Primera Instancia: sentencia del 03 de diciembre de 2015, proferida por
el Juzgado Veintiocho Civil Municipal de Oralidad de Medellín (Antioquia).
Segunda Instancia: sentencia del 04 de febrero de 2016, proferida por el
Juzgado Décimo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín (Antioquia).
I. ANTECEDENTES.
1. Acumulación de procesos.
La Corte Constitucional acumuló entre sí los expedientes T-5535418 y T-5500112[1], para que fueran fallados
en una sola sentencia.
2. Hechos y solicitud de tutela interpuesta.
A
través del mismo apoderado, los señores (expediente T-5535418) Armando de Jesús Agudelo Cañas, José Hernando
Andrade Castillo, Amada de Jesús Benítez Hurtado, Isidro Builes Fernández,
Nohelia Cabal de González (en calidad de cónyuge supérstite de Gustavo de Jesús
González Serna), Saúl Cáceres Villalba, Luis Eduardo Giraldo, Pedro Luis
Idárraga Ríos, Rafael Antonio Isaza Espinosa, Pedro Luis Jaramillo Arango,
Norberto Antonio Jaramillo Carvajal, María Rosario Jiménez Restrepo (en calidad
de cónyuge supérstite de Miguel Antonio Sánchez), Luis Alfredo Londoño Pérez,
Javier de Jesús Mosquera Uribe, Iván Antonio Olarte Rojas, Alberto Antonio
Parra Foronda, Andrés Avelino Présiga Carvajal, Gildardo de Jesús Restrepo
Sánchez, Jaime Albeiro Rodríguez, Luis Enrique Rodríguez, Luis Francisco
Rodríguez, Jorge Iván Rúa, Jesús Salvador Saldarriaga Jiménez, Luis Alberto
Tobón Lezcano, José Israel Trujillo, Francisco Antonio Valencia Londoño, Hermes
Vargas Vargas, Luis Carlos Vásquez Rendón, William de Jesús Vélez Castrillón, (expediente
acumulado T-5500112) Jaime de Jesús Arboleda Gaviria, Juan de Dios Botero
Osorio, Ramiro de Jesús Cañas, María Eugenia Correa Hincapié (en calidad de
cónyuge supérstite de Jorge William Osorio), Jesús Antonio Díaz Soto, Oscar
Díaz Soto, Argemiro de Jesús Duque Vergara, Raimundo Flórez Palencia, Arturo de
Jesús García Gutiérrez, Walter de Jesús García Gutiérrez, Joaquín Emilio
Giraldo, Herlinda Margarita Giraldo Gómez (en calidad de cónyuge supérstite de
Reinaldo de Jesús Gómez Vélez), Jorge Luís Hernández Hernández, José Guillermo
Herrera Jaramillo, Oscar Elkin Isaza Arango, María Celmira Legarda Galván (en
calidad de cónyuge supérstite de Daniel Ángel Rico), Juan Pablo Londoño, María
Amparo Londoño (en calidad de cónyuge supérstite de José Iván Bedoya Gómez),
María Eugenia Londoño García (en calidad de cónyuge supérstite de Luis Alfonso
Gaviria Morales), Aníbal de Jesús Macías, Carlina Mejía de Guillén (en calidad
de cónyuge supérstite de Jorge Hernán Guillén Gómez), Julio Enrique Mejía
Duarte, Fidel Mosquera Luna, Gonzalo de Jesús Ocampo, Alirio Antonio Palacio
Palacio, Egidio de Jesús Palacio Palacio, Mario de Jesús Parra Foronda, Julio
Ernesto Peña Gómez, Aníbal Perdomo Bueno, Bernardo de Jesús Quiceno Ciro, Pedro
Pablo Rojas Cardona, Miguel Ángel Rúa Gómez, Horacio Saldarriaga Jiménez, María
Virginia Santamaría Vanegas (en calidad de cónyuge supérstite de Conrado
Alfonso Tobón Restrepo), Héctor Antonio Vélez Castrillón, Ernesto Julio Zapata
y Conrado Emilio Zapata García,  presentan
acción de tutela contra contra el
Grupo Argos S.A. y Cementos Argos S.A.,
para la protección del “derecho fundamental a la pensión de vejez”, a la
seguridad social y al mínimo vital.
Manifiestan los accionantes que las sociedades Compañía de Cementos
Argos S.A., Cementos del Caribe S.A., Cementos El Cairo S.A., Mármoles y
Cementos del Nare S.A. y Cementos Blanco de Colombia S.A., constituyeron la
Sociedad Carburo de Colombia S.A., sociedad que posteriormente cambió su
denominación por la de Colombiana de Carburo y Derivados S.A.- Colcarburo.
Indican que desde que comenzó a funcionar Colcarburo en el año 1961,
tuvo la carga legal de pagar a sus trabajadores la pensión de jubilación
prevista en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, ya que la
prestación social no fue asumida por el Instituto de Seguros Sociales, por
ubicarse las instalaciones fabriles de la empresa en Puerto Nare Antioquia.
Señalan que la obligación se fue causando con el correr del tiempo y
Colcarburo nunca efectuó una provisión de los recursos necesarios para
garantizar las cotizaciones al riesgo de Invalidez, Vejez y Muerte (I.V.M.),
que son el capital requerido para el pago de una futura pensión de vejez. Así,
aseguran que actualmente existe la obligación de Cementos Argos S.A. y el Grupo
Argos S.A., en su condición de socios mayoritarios y dueños de Colcarburo, empresa
donde los actores prestaron sus servicios personales como trabajadores durante
muchos años, de entregar al fondo de pensiones escogido por los trabajadores el
título pensional que corresponde al tiempo de servicio laborado (esto en el
caso de los accionantes del expediente T-5535418),
o de reconocer y pagar la pensión de jubilación prevista en el artículo 260 del Código Sustantivo del
Trabajo, a aquellos que cumplieron con
los requisitos para acceder a ella (esto en el caso de los accionantes del
expediente T-5500112).
Informan que en el certificado de existencia y representación legal de
Cementos del Nare S.A., se indica la situación de control de la Compañía de
Cementos Argos S.A. y Cementos El Cairo S.A., sobre esta. Asimismo, aclaran que
Cementos del Caribe S.A. cambió su razón social por Cementos Argos S.A.
Igualmente, que el 28 de diciembre de 2005 se dio una fusión por absorción, en
la cual Cementos Argos S.A. absorbió a Cementos del Valle S.A., a la Compañía
Colombiana de Klinker S.A., a Colklinker S.A., a Cales y Cementos de Toluviejo
S.A., a Tolcemento, a Cementos Ríoclaro S.A., a Cementos El Cairo S.A., a
Cementos del Nare S.A. y a Cementos Paz del Río S.A.
Indican que “entre los años 1988 y 1993, la Compañía de Cementos
Argos S.A., fue la dueña de Colcarburo, ya que controlaba económica y
administrativamente a las empresas Cementos del Caribe S.A., Cementos El Cairo
S.A., Mármoles y Cementos del Nare S.A. y Cemento Blanco de Colombia S.A.,
todas ellas propietarias de Colcarburo. // Esa condición dominante derivada de
la propiedad que tenía, permite concluir que entre las empresas Colcarburo y
las empresas Cementos Argos S.A. y Grupo Argos S.A., se produjo la UNIDAD DE
EMPRESA, que obliga a las segundas de las sociedades mentadas a responder por
las obligaciones derivadas de la relación laboral de los tutelantes, adquiridas
e incumplidas por la empresa Colcarburo (…)”.
Así, afirman entonces que desde su constitución, la sociedad Colcarburo
fue controlada por Cementos Argos S.A., sin que la empresa hiciera las
apropiaciones tendientes a garantizar el pago de las jubilaciones. Aseguran que
causaron el derecho a que por el tiempo trabajado en Colcarburo se hicieran las
apropiaciones para el fondo de pensiones, con título pensional que reemplace las
cotizaciones por el tiempo laborado que se causó cuando Argos era el dueño de
la mencionada empresa.
Informan que Colcarburo se sometió al trámite de un concordato
preventivo obligatorio, dentro del cual buscaron hacer valer sus créditos
laborales. Cementos Argos S.A. fungió como miembro principal en dicho trámite,
el cual fue efectivamente aprobado el 02 de junio de 1994 por la
Superintendencia de Sociedades. En el acuerdo concordatario se estableció que
los créditos laborales serían cubiertos dentro de los 12 meses siguientes, sin
embargo, el liquidador de Colcarburo dispuso para el pago de los créditos
laborales, incluyendo la apropiación para el pago de las futuras pensiones de
jubilación, la constitución de dos sociedades “sin perspectiva empresarial ni
comercial” (Cales y Derivados de la Sierra S.A. y Químicos y Derivados de
Cajicá S.A.) para que participaran los jubilados y trabajadores como
accionistas. Aseveran que la referida decisión del liquidador “no encuentra
sustento jurídico ya que con respecto a obligaciones pensionales, la única
forma de descargarlas o satisfacerlas es con su pago en dinero en efectivo”,
no siendo posible pagar derechos laborales irrenunciables, ciertos e
indiscutibles, con acciones. Agregan que a la fecha no han recibido ninguna
utilidad o provecho económico por las acciones de estas sociedades.
Aducen que Colcarburo afectó los créditos laborales de sus
trabajadores, con sus actuaciones civiles y comerciales, mismas que generaron
el desamparo de los acreedores privilegiados como lo son los ex trabajadores.
De esta manera, indican que: “Teniendo esa carga laboral, se produjeron una
serie de maniobras de derecho comercial que modificaron la composición
accionaria de la empresa Colcarburo S.A. De ser una empresa respaldada por un
socio económicamente fuerte como lo era la empresa dueña, pasó a ser una
empresa sin respaldo económico, con un pasivo laboral – pensional bastante alto
ya que su dueño vendió sus acciones a terceros cuando ya la empresa tenía
serias dificultades financieras. // En un Estado social de derecho no es
aceptable que una empresa quede exonerada de toda responsabilidad después de
adquirir compromisos de carácter social, de haber recibido importantes
utilidades durante largo período, y posteriormente ante eventuales pérdidas
económicas cambie su composición social dejando sociedades “de papel”
respaldando esos compromisos que terminan siendo impagables. // Es por lo
anterior que la justicia debe pronunciarse para recomponer la actuación evasiva
de quien maneja el recurso económico para con el cumplimiento de las
obligaciones laborales que el ejercicio de su actividad comercial le genera sin
que se permita que solo el reporte de utilidad constituya el eje de la
actividad que desarrolla”.
Informan que por su avanzada edad son sujetos de especial protección
constitucional y es inminente la materialización de un perjuicio irremediable,
por lo que no podrían soportar el trámite de una acción ordinaria laboral.
Finalmente, solicitan que se amparen los derechos fundamentales y se
ordene a las accionadas reconocer y pagar la pensión de jubilación a que tienen
derecho desde que cumplieron los requisitos para ello (accionantes del
expediente T-5500112), como pagar y consignar el título pensional en el fondo
de pensiones escogido por cada uno de ellos (accionantes expediente T-5535418).
3. Respuesta de las sociedades accionadas[2].
3.1. Respuesta de Grupo Argos S.A.
El Grupo Argos S.A., mediante apoderado especial, al contestar las
demandas, señala que la tutela no es procedente, al considerar que “se
requiere que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
cuando es para evitar un perjuicio irremediable y en el caso de los
particulares es de aquellos que presten un servicio público que su conducta
afecte grave y directamente el interés colectivo o donde el solicitante se
halle en estado de subordinación o indefensión, nada de lo cual tipifica la
posición jurídica de los aquí actores, quienes manifiestan el no pago de la
pensión de jubilación por el obligado, expresando los actos jurídicos en la
liquidación de dicha sociedad, hecho que sucedió hace 25 años, tema que ya fue
objeto de discusión en el proceso de concordato ante la Superintendencia de
Sociedades, dos procesos ante la justicia ordinaria laboral, y una acción de
tutela del año 2004, todo lo cual resolvió el fondo del litigio y por lo tanto
tiene la calidad de Cosa Juzgada ante la justicia ordinaria y constitucional”.
Precisa que el Grupo Argos S.A. fue accionista de Colcarburo hasta
diciembre 31 de 1990, sin existir la calificación de matriz para el momento de
la apertura del trámite concordatario. Asimismo, indica que de acuerdo al
ordenamiento jurídico, no existe unidad de empresa en los términos señalados
por los demandantes, como tampoco existe decisión judicial ni administrativa
donde se declare la misma. Agrega que la Ley no consagra la solidaridad entre
diferentes empresas por declararse la unidad de empresa, para el pago de
prestaciones sociales.
Insiste que fueron accionistas de Colcarburo hasta el 31 de diciembre
de 1990, fecha en la cual vendieron las acciones a la Sociedad Oberon S.A. (de
la cual no eran controlantes), por lo que para el año 1994, cuando se inicia el
proceso concursal ante la Superintendencia de Sociedades, que finalizó con la
liquidación de Colcarburo, no eran ya accionistas.
Aduce que el deber de tener ante la comunidad laboral y las autoridades
del trabajo, la reserva que garantiza el pago de las pensiones de jubilación a
cargo de la empresa, no objeto de ser subrogadas por la seguridad social, es
del empleador Colcarburo S.A., sin que la omisión a esta obligación traslade a
los accionistas el deber de reconocer la prestación objeto de conflicto
jurídico.
Agrega que “en el caso concreto lo que pretende el apoderado de los accionantes
es que Grupo Argos, por el solo hecho de haber sido accionista de Colcarburo en
una época, sin que existiera la calidad de matriz para la fecha de apertura del
trámite concordatario, responda por las pensiones de jubilación de dicha
sociedad en concordato y liquidada, lo cual carece de todo sustento jurídico,
conociendo que en la democracia de acreedores y deudor, con la vigilancia del
juez del concordato, se acordó una forma de pago, que constituye sentencia, con
fuerza de cosa juzgada material”.
Estima que también existe cosa juzgada, pues los jueces ordinarios se
pronunciaron sobre lo debatido. Así, indica que los Juzgados Cuarto y Octavo
Laboral de Medellín no accedieron a las pretensiones de los trabajadores de
Colcarburo, lo cual fue confirmado por la Sala Laboral del Tribunal Superior de
la misma ciudad. De igual modo, asegura que “varios de los aquí tutelantes,
Gerardo de Jesús Moreno y otros (acumulado) contra Colombiana de Carburo y
Derivados S.A. Colcarburo y otros, radicado: T-2003-0217, presentaron petición
de tutela, ante el Juez 30 Penal Municipal de Medellín, esta se instauró en el
año 2004, la cual fue negada y por lo tanto constituye cosa juzgada
constitucional, la que hoy con variación de hechos y petición, pero siempre
dirigida al mismo objetivo se repite”.
Finalmente, alega que no se cumple con el principio de inmediatez, pues
se relatan unos hechos que se desarrollaron antes del año 1993, como el
resultado del proceso concursal, en el que se extinguió la obligación para con
los trabajadores por dación en pago de acciones en dos sociedades, es decir,
situaciones acaecidas hace más de 21 años.
3.2. Respuesta de Cementos Argos S.A.
Por su parte, Cementos Argos S.A., a través de su representante legal,
se opone a la prosperidad de la demanda, señalando que la empresa no tiene
responsabilidad alguna en el tema de debate, más aún cuando la jurisdicción
ordinaria laboral ya se pronunció sobre el particular.
Sobre este punto indica que existe cosa juzgada, pues la justicia
ordinaria ya zanjó el asunto, para lo cual anexa copia de la providencia
proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Menciona que los accionantes nunca tuvieron relación laboral con
Cementos Argos S.A. Dice que “la situación jurídica de los accionantes se
configura frente al empleador, Colombiana de Carburos y Derivados S.A., no
llamado a ser aportante en el sistema de pensiones, mientras este laboró en el
municipio de Puerto Nare, con una densidad de semanas de aporte que lo hizo
acreedor a una indemnización sustituta, con lo que se extinguió la obligación”.
Pone de presente que al no existir llamamiento por el sistema del
Seguro Social a un empleador en la ciudad de Puerto Nare Antioquia, no existía
obligación de realizar aportes al ISS, ni al pago de cuota parte en pensiones,
de conformidad con el Decreto 3041 de 1996 y los artículos 115 a 118 de la Ley
100 de 1993.
Aduce que por el hecho de ser accionista de una sociedad anónima en su
constitución, no se genera responsabilidad solidaria en obligaciones laborales.
Así, considera que “no existe norma en el ordenamiento laboral colombiano
que consagre la solidaridad entre diferentes empresas por tener la calidad de
accionistas, con responsabilidad en el patrimonio de cada empleador, donde mi
poderdante Cementos Argos S.A. es un tercero”.
4. Respuesta de las sociedades vinculadas.
El Juzgado Veintiocho Civil Municipal de Oralidad de Medellín, mediante
auto de noviembre 25 de 2015, dentro del proceso correspondiente al expediente
T-5500112, decidió vincular a Cales y Derivados de la Sierra S.A. y Químicos y
Derivados de Cajicá S.A., “toda vez que dichas entidades pueden tener un
interés legítimo en el resultado de la presente acción”, corriendo traslado
de la demanda para que ejercieran su derecho de contradicción y defensa.
4.1. Respuesta de Químicos y Derivados de Cajicá S.A.
en liquidación.
Químicos y Derivados de Cajicá S.A. en liquidación, a través de su
representante legal, da respuesta a la demanda, señalando que, en efecto, Colcarburo
nunca efectuó la reserva legal para atender las pensiones patronales, las
cuales, no obstante, “en el Concordato se liquidaron con base en el cálculo
actuarial”.
Indica que ante la imposibilidad de que el liquidador de Colcarburo
dispusiese de la liquidez efectiva para cumplir con las obligaciones
dinerarias, “pues sólo había recibido las dos fábricas con sus respectivos
inventarios de bienes muebles e inmuebles, una en la Sierra, corregimiento del
Municipio de Puerto Nare (Ant.) y otra en el Municipio de Cajicá (Cund.), se
convino con la Junta Concordataria en buscar un mecanismo de solución al
inmenso problema dejado por la empresa Colcarburo y sus dueños, y recibir la
totalidad de dichos bienes para respaldar los pasivos laborales”.
Manifiesta que la posibilidad de que todos los acreedores laborales
pusieran a desarrollar el objeto social de la empresa Cales y Derivados de la
Sierra S.A. siendo sus dueños, contando con materia prima y mercado propio, permitió
expectativas importantes en su favor. “En cambio Químicos y Derivados de
Cajicá S.A. en Liquidación, resultó mucho más lesionada por los precios de los
productos químicos importados y los costos de producción y se resolvió vender
todos sus activos y repartir proporcionalmente los valores obtenidos, tal como
efectivamente ocurrió”.
4.2.
Respuesta de Cales y Derivados de la Sierra S.A. en liquidación.
En esta oportunidad, la sociedad Cales y Derivados de la Sierra S.A. en
Liquidación, guardó silencio al traslado de la demanda.
5. Decisiones objeto de revisión.
Los jueces de instancia en los dos procesos acumulados, tanto en
primera como en segunda instancia, no accedieron a las pretensiones de las
demandas, denegando por improcedentes las mismas.
5.1. Expediente T-5535418.
5.1.1. Del fallo de primera instancia.
El Juzgado Diecisiete Civil Municipal en Oralidad de Medellín, mediante
fallo del 03 de diciembre de 2015, estimó que la tutela no cumplía con los
principios de subsidiariedad e inmediatez, pues los accionantes pretenden
reemplazar los procesos ordinarios especiales procedentes para alcanzar la
protección que por esta vía buscan. Asimismo, consideró que “la inmediatez
no fue consultada en la interposición de la tutela, cuando desde el año 1994
tenían conocimiento según el acuerdo concordatario de Colcarburo S.A. donde las
cotizaciones a la seguridad social representadas en el cálculo actuarial,
serían cubiertos dentro de los doce meses siguientes a dicho acuerdo que fue
aprobado el 02 de junio de 1994 (…) lo que constituye un claro indicio de la
inexistencia de un perjuicio irremediable, pues de serlo, la acción de tutela
se hubiera invocado con la urgencia que exige la protección de un derecho que
está siendo desatendido, pues sólo así se asegura la efectividad concreta y
actual del derecho objeto de violación o amenaza”.
5.1.2. De la impugnación.
El apoderado de los accionantes impugnó la anterior decisión, alegando
que el principio de inmediatez se encuentra cumplido, toda vez que la
vulneración de los derechos fundamentales ha continuado o perdurado con el paso
del tiempo, los demandantes se encuentran en una situación de debilidad
manifiesta que hace desproporcionado exigirles un plazo y son personas de la
tercera edad.
Asimismo, considera que no existe cosa juzgada constitucional, puesto
que ninguno de los accionantes ha promovido acción de tutela en contra de las
sociedades demandadas.
5.1.3. Del fallo de segunda instancia.
El Juzgado Quinto Civil del Circuito en Oralidad de Medellín, a través
de sentencia del 27 de enero de 2016, decidió confirmar el fallo de primera
instancia, al considerar que no se desconoció derecho fundamental alguno, pues
las peticiones laborales y prestacionales reclamadas por esta vía no han sido
definidas.
Estimó que la complejidad jurídica y legal en la que se mueven las
entidades accionadas para justificar la inexistencia de la obligación a partir
de la cual deba pagar las prestaciones laborales reclamadas, no permite al juez
de tutela pronunciarse al respecto, sin desbordar sus competencias e invadir
las del juez ordinario. A su juicio, “no hay convicción de quién es el
responsable de asumir dicha obligación laboral, no hay claridad respecto a esta
circunstancia y precisarla o definirla, como ya se señaló, no corresponde al
juez constitucional dentro del presente trámite subsidiario y residual, toda
vez que ello es competencia del juez ordinario, quien podrá determinarla
atendiendo a la garantía constitucional y legal que permite el desarrollo de un
proceso ordinario”.
Adicionalmente, indicó que aun cuando los accionantes pertenezcan a la
tercera edad, no acreditaron la afectación al mínimo vital ni el despliegue de
alguna actividad administrativa o judicial como tampoco sustentaron la
ineficacia del medio judicial ordinario.
5.2. Expediente T-5500112.
5.2.1. Del fallo de primera instancia.
El Juzgado Veintiocho Civil Municipal de Oralidad de Medellín, mediante fallo del 03 de diciembre
de 2015, luego de evocar las sentencias preferidas por los jueces ordinarios y
constitucionales, que fueron aportadas por las sociedades accionadas, consideró
que se había estructurado, en sentido amplio, el fenómeno de la cosa juzgada. A
su juicio, “si bien no puede hablarse de una cosa juzgada propiamente dicha
frente a la acción ordinaria laboral y las acciones constitucionales surtidas
-incluyendo la presente- toda vez que las partes, las pretensiones y los
fundamentos de cada una varían de una u otra forma – aunque es el orden en que
se plantean o el número de detalles que se citan-, la esencia o trasfondo del
problema era y es el mismo, que básicamente se puede sintetizar de la siguiente
manera: el reclamo de ex trabajadores de Colcarburo a esta entidad o a sus
accionistas por el pago de acreencias laborales y su inconformidad frente a la
presunta e ilegal novación de la obligación pensional consistente en dación en
pago con acciones”.
Al respecto, agregó que no puede reabrirse un debate por aspectos
inevitables como los años (de edad) cumplidos por los accionantes o las
divergencias económicas en que estos hubieran podido haber caído en ese
transcurso de más de 20 años. En ese orden, previno al apoderado de los
accionantes para que se abstuviera de interponer nuevas acciones de tutela por
los mismos hechos, derechos y contra las mismas accionadas.
Igualmente, estimó que el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de
1995, establece una responsabilidad subsidiaria de la sociedad matriz respecto
de la subordinada cuando la situación de concordato o liquidación “haya sido
producida por causa o con ocasión de las actuaciones que haya realizado la
sociedad matriz o controlante en virtud de la subordinación y en interés de
ésta o de cualquiera de sus subordinadas y en contra del beneficio de la
sociedad en concordato”, lo que constituye una presunción legal que puede
ser desvirtuada en un proceso ordinario laboral.
5.2.2. De la impugnación.
El apoderado de los demandantes impugnó la anterior sentencia, esgrimiendo
que no se configuraba el fenómeno de la cosa juzgada, toda vez que para que
ello se diera, la totalidad de los accionantes han debido promover proceso
ordinario o de tutela contra las accionadas, lo cual no ha ocurrido.
5.2.3. Del fallo de segunda instancia.
El Juzgado Décimo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, mediante fallo del 04 de febrero de
2016, decidió confirmar la providencia de primera instancia, al considerar que
no se reunían los requisitos jurisprudenciales para la procedencia de la
tutela, pues no se acreditó que la subsistencia de los actores dependía exclusivamente
de la pensión que reclaman y que el no reconocimiento de la misma constituyera
una seria amenaza, ni que tuvieran afectado su mínimo vital. Hizo énfasis en que
el cierre de la empresa ocurrió desde el año 1995, es decir hace más de 20 años,
luego de que supuestamente se causó el derecho pensional. Asimismo, estimó que
no se acreditó que las actuaciones surtidas en el proceso concordatario o las
conocidas por los jueces laborales, hayan sido arbitrarias e infundadas.
Finalmente, señaló que tampoco se acreditó de forma sumaria, las razones por
las cuales el medio ordinario resultaba ineficaz para lograr la protección
inmediata de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados.
6. Actuaciones
adelantadas en sede de revisión constitucional.
6.1. Insistencia, selección y acumulación de los
expedientes.
La Sala de Selección Número Cinco[3], del 27 de mayo de
2016, con ocasión del estudio a la petición o solicitud ciudadana, decidió
seleccionar para revisión el expediente T-5535418, siendo
repartido al Magistrado Ponente.
Posteriormente, en lo que respecta al expediente T-5500112, el
Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio, mediante escrito del 14 de junio de
2016, presentó insistencia a la Sala de Selección Número Seis[4], con el fin de que las
sentencias de tutela allí proferidas fueran revisadas. En su concepto, cuando
se trata de acreencias laborales debidas al momento de la liquidación
obligatoria de una empresa, “las personas jurídicas que tiene participación
societaria deben concurrir de forma solidaria para asumir el pago que
corresponda. Esta previsión está dada en el contexto de las empresas
accionarias que han ejercido control empresarial sobre la sociedad en
liquidación. Así lo dijo la Corte, por ejemplo, en la sentencia SU-1023 de 2001
(M.P. Jaime Córdoba Triviño) y lo ha reiterado en pronunciamientos posteriores
como la sentencia SU-636 de 2003 (M.P. Jaime Araujo Rentería)”. Señaló que
en el marco de los procesos concordatarios o similares, que tengan por
finalidad la liquidación de una empresa, no se pueden desconocer las garantías
constitucionales al trabajo contenidas en el artículo 53 de la norma superior,
especialmente, cuando se trata del derecho a la pensión de vejez de personas de
la tercera edad. Agregó que Colcarburos debía efectuar las apropiaciones
destinadas a reconocer a sus trabajadores el derecho a la pensión de jubilación
cuando este se hiciera exigible, lo cual no se hizo, debiendo las demandadas
asumir dicho reconocimiento por haber controlado la operación de la extinta
empresa en calidad de socias mayoritarias.
Mediante auto del 30 de junio de 2016, la referida Sala
resolvió seleccionar el expediente y acumularlo al T-5535418, “para que sean
fallados en una misma sentencia si así lo considera la correspondiente Sala de
Revisión”.
6.2. Vinculación y decreto de pruebas.
6.2.1. Durante el trámite adelantado en esta
sede, la Sala Novena de Revisión advirtió que al
trámite del expediente T-5500112 fueron vinculados de oficio por el juez de
primera instancia, las sociedades Cales y Derivados de la Sierra S.A. y
Químicos y Derivados de Cajicá S.A., pero no ocurrió lo mismo en el trámite de
la tutela del expediente T-5535418. En consecuencia, la Sala, mediante auto 409
del 05 de septiembre de 2016, dispuso la vinculación de estas sociedades al
último proceso referido. Igualmente, en el mismo auto, se ordenó vincular al asunto
acumulado a la Superintendencia de Sociedades, al Ministerio del Trabajo y a la
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, “que si bien no
fueron demandadas en la presente acción de tutela, pueden verse involucradas
con lo que finalmente se decida en este proceso”.
En la misma providencia, la Sala consideró necesario la práctica de
algunas pruebas para “contar con los suficientes elementos de juicio que se
requieren para adoptar la decisión a que haya lugar”, así:
“TERCERO.- DECRETAR la práctica de las
siguientes pruebas, para lo cual la Secretaría General de la Corte
Constitucional librará los oficios correspondientes, acompañando copia íntegra
de este proveído:
1.- Solicitar
a la Superintendencia de Sociedades que, en el término de diez (10) días
hábiles siguientes a la comunicación del presente auto, se sirva informar de
manera separada, ordenada, clara y detallada, de tal forma que se dé respuesta
concreta y precisa a los siguientes requerimientos:
(i)
¿Qué previsiones se tuvieron en cuenta al momento de
aprobar el acuerdo concordatario de la sociedad Colcarburo S.A. y sus
acreedores, relacionado con el pago de los créditos laborales de los
trabajadores de dicha sociedad, particularmente sobre los aportes a pensión y
demás derechos pensionales?
(ii)
¿Qué recursos en sede administrativa y acciones
judiciales fueron interpuestas y por quién, contra las decisiones adoptadas por
la Superintendencia en el marco del proceso concordatario de la sociedad
Colcarburo S.A. y, en particular, contra el Auto 410 de junio 02 de 1994,
proferido por el Delegado del Superintendente, que aprobó el concordato
celebrado entre la sociedad Colcarburo S.A. y sus acreedores?
(iii)
¿Qué medidas de verificación se realizaron durante el
trámite liquidatorio de la sociedad Colcarburo S.A., relacionado con el
cumplimiento del pago de los créditos laborales y pensionales? ¿Se adelantó
trámite de conmutación pensional?
(iv)
¿Qué
recursos en sede administrativa y acciones judiciales fueron interpuestas y por
quién, contra las decisiones adoptadas por la Superintendencia en el marco de
la liquidación de la sociedad Colcarburo S.A. y, en particular, contra el Auto
440-012077 del 16 de septiembre de 1999, por medio del cual se declaró
terminado dicho proceso?
(v)
¿Entre qué fechas, de acuerdo a los reportes de
control de sociedades, las sociedades Compañía de Cementos Argos S.A.,
Cementos del Caribe S.A., Cementos El Cairo S.A., Mármoles y Cementos del Nare
S.A. y Cementos Blanco de Colombia S.A., fueron accionistas de la sociedad
Colcarburo S.A.? Asimismo, ¿entre qué fechas la sociedad Grupo Argos S.A. fue
accionista de Colcarburo S.A. y a quien transfirió sus acciones?
(vi)
¿Qué sociedades eran accionistas y qué porcentaje de
participación tenían en la sociedad Colcarburo S.A. al momento de entrar en
concordato preventivo obligatorio y posterior liquidación? Asimismo, ¿cuál es
la dirección actual de dichas sociedades?
(vii)
¿Se ha decretado la calidad de matriz de las
sociedades Compañía de Cemento Argos, Cementos El Cairo S.A. y Cementos del
Nare S.A, con relación a Colcarburo S.A.? ¿Se cumplían las condiciones para
ello?
(viii)       ¿Cuál es la
situación actual de las sociedades Cales y Derivados de la Sierra S.A. y
Químicos y Derivados de Cajicá S.A.? ¿Figuran como accionistas de estas dos
sociedades el Grupo Argos S.A. o la sociedad Cementos Argos S.A. y cuál es su
porcentaje de participación? ¿Los demandantes en las acciones de tutela
acumuladas fueron o son actualmente accionistas de estas dos sociedades y cuál
es su porcentaje de participación? De ser así, ¿han recibido utilidades o
provecho económico y en qué monto por las acciones?
(ix)
¿En las actas de la Junta Administradora del
concordato de la sociedad Colcarburo S.A., figura que los trabajadores y
pensionados de dicha sociedad estuvieron de acuerdo con el mecanismo de entrega
de los activos de las sociedades Cales y Derivados de la Sierra S.A. y Químicos
y Derivados de Cajicá S.A. para los pagos laborales? Asimismo, ¿figura en
dichas actas la determinación del liquidador o de la junta administradora, de
disponer para el pago de los créditos laborales, incluyendo la apropiación para
cubrir el capital necesario que garantizara una futura pensión y el reemplazo
de las cotizaciones de sus extrabajadores, la constitución de las sociedades
Cales y Derivados de la Sierra S.A. y Químicos y Derivados de Cajicá S.A.? De
no ser así, ¿en qué documento se establece tal determinación?
(x)
¿Reposa en los archivos de la Superintedencia la
documentación relacionada con el trámite liquidatorio de sociedad Colcarburo
S.A., donde figuren los contratos de trabajo y las cartas de terminación de la
relación laboral de los demandantes en la acción de tutela, así como la
Convención Colectiva de Trabajo? De ser así, allegar copia de los mismos. En
caso contrario, informar donde puede reposar dicha documentación.
Advertir que
los informes solicitados deben estar acompañados de los soportes
correspondientes.
2.- Solicitar
al Ministerio del Trabajo que, en el término de diez (10) días hábiles
siguientes a la comunicación del presente auto, se sirva informar de manera
separada, ordenada, clara y detallada, de tal forma que se dé respuesta
concreta y precisa a los siguientes requerimientos:
(i)
¿Qué medidas adoptó para garantizar que los derechos
de los trabajadores de la sociedad Colcarburo S.A. fueran asegurados en el
proceso concordatario y en la liquidación de dicha sociedad, en particular
sobre los derechos pensionales? ¿Adelantó el trámite de conmutación pensional?[5]
(ii)
¿Qué medidas adoptó para garantizar que los derechos
de los trabajadores de la sociedad Colcarburo S.A. fueran asegurados al ordenar
el cierre de dicha sociedad, mediante Resolución 1068 o 068 del 11 de abril de
1995, en particular sobre los derechos pensionales? Aportar copia de dicha
resolución.
(iii)
De acuerdo al artículo 13 de la Ley 171 de 1961[6], ¿qué
actuaciones realizó el Ministerio para asegurar que Colcarburo S.A. respondiera
por las obligaciones pensionales de sus trabajadores?
(iv)
¿Se ha decretado la calidad de Unidad de Empresa de
las sociedades Compañía de Cemento Argos, Cementos El Cairo S.A. y Cementos del
Nare S.A., con relación a Colcarburo S.A.? De no ser así, ¿se reúnen o reunían
las condiciones legales para dicho decreto?
(v)
¿Conoce el Ministerio los extremos de la relación
laboral de los trabajadores de Colcarburo S.A., en particular el de los
accionantes? ¿Reposa
en los archivos del Ministerio información respecto de los contratos de trabajo
y las cartas de terminación de la relación laboral de los demandantes en la
acción de tutela, así como la Convención Colectiva de Trabajo? De ser así,
allegar copia de los mismos. En caso contrario, informar donde puede reposar
dicha documentación.
(vi)
¿Conoció el Ministerio de alguna queja elevada por los
trabajadores de Colcarburo S.A., en particular de los accionantes, relacionada
con sus derechos pensionales? En caso afirmativo, ¿Cuál fue el resultado de
dicho trámite?
Advertir que
los informes solicitados deben estar acompañados de los soportes
correspondientes.
3.- Solicitar
a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones que, en el término
de cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación del presente auto, se
sirva informar de manera separada, ordenada, clara y detallada, de tal forma
que se dé respuesta concreta y precisa a los siguientes requerimientos:
(i)
¿A partir de qué año tuvo el Instituto de Seguros
Sociales cobertura en el municipio de Puerto Nare Antioquia? De acuerdo al
ordenamiento jurídico vigente con anterioridad a la Ley 100 de 1993, ¿se
encontraba obligada la sociedad Colcarburo S.A. a realizar aportes por los
riesgos de Invalidez, Vejez y Muerte, al Instituto de Seguros Sociales respecto
de sus trabajadores?
(ii)
¿Se encontraban afiliados al Instituto de Seguros
Sociales los ahora demandantes? ¿Se encuentran actualmente afiliados los
accionantes a Colpensiones y son beneficiarios de la pensión por vejez,
invalidez o sobreviviente? ¿Recibió alguno de ellos indemnización sustitutiva?
(iii)
¿Recibió el Instituto de Seguros Sociales por parte de
Colcarburo S.A., la reserva actuarial o título pensional respecto de los
accionantes? ¿Se adelantó trámite de conmutación pensional?
Advertir que
los informes solicitados deben estar acompañados de los soportes
correspondientes.
4.- Solicitar
a la sociedad Cales y Derivados de la Sierra S.A. que, en el término de cinco
(5) días hábiles siguientes a la comunicación del presente auto, se sirva
informar de manera separada, ordenada, clara y detallada, de tal forma que se
dé respuesta concreta y precisa a los siguientes requerimientos:
(i)
Si los demandantes en las tutela acumuladas, fueron o
son accionistas de dicha sociedad y en qué porcentaje, así como si han recibido
por ello algún beneficio o provecho económico y por qué valor?
(ii)
Asimismo, informar cuál es la situación actual de tal
sociedad, si han vendido sus activos y, en caso afirmativo, a qué personas
naturales o jurídicas, y si a los accionantes les correspondió algún valor?
Advertir que
los informes solicitados deben estar acompañados de los soportes
correspondientes.
5.- Solicitar
a la sociedad Químicos y Derivados de Cajicá S.A. que, en el término de cinco
(5) días hábiles siguientes a la comunicación del presente auto, se sirva
informar de manera separada, ordenada, clara y detallada, de tal forma que se
dé respuesta concreta y precisa a los siguientes requerimientos:
(i)
Si los demandantes en las tutelas acumuladas, fueron o
son accionistas de dicha sociedad y en qué porcentaje, así como si han recibido
por ello algún beneficio o provecho económico y por qué valor?
(ii)
Asimismo, informar cuál es la situación actual de tal
sociedad, si han vendido sus activos y, en caso afirmativo, a qué personas
naturales o jurídicas, y si a los accionantes les correspondió algún valor?
Advertir que
los informes solicitados deben estar acompañados de los soportes
correspondientes.
6.- Solicitar
al Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín que, en el término de cinco
(5) días hábiles siguientes a la comunicación del presente auto, se sirva
remitir copia de la sentencia proferida el 09 de noviembre de 2011, dentro del
proceso ordinario Nº 2008-1080-00 (Jesús o José Oved Bedoya y otros contra
Cementos Argos S.A.).
7.- Solicitar
al Tribunal Superior de Medellín – Sala de Descongestión- que, en el término de
cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación del presente auto, se sirva
remitir copia de la sentencia proferida el 31 de julio de 2014 (M.P. Carlos
Fredy Aracú Benítez), dentro del proceso ordinario Nº 2008-1080-02 (Jesús o
José Oved Bedoya y otros contra Cementos Argos S.A.).
8.- Solicitar
al Juzgado Treinta Penal Municipal de Medellín que, en el término de diez (5)
días hábiles siguientes a la comunicación del presente auto, se sirva remitir
copia de la sentencia de tutela proferida en primera instancia dentro del
proceso Nº 2003-0217 (Gerardo de Jesús Moreno y otros contra Colcarburo S.A. –
acumulado). Asimismo, por reposar el expediente de tutela en el Juzgado de
primera instancia, remitir copia del fallo de segunda instancia, proferido
dentro del mismo proceso por el Juzgado Catorce Penal del Circuito. Relacionar
el nombre de los accionantes de dicha acción de tutela, en caso que no se
encuentren señalados en las sentencias.
9.- Solicitar
al apoderado de los accionantes, abogado Carlos Esteban Gómez Duque que, en el
término de diez (10) días hábiles siguientes a la comunicación del presente
auto, se sirva informar de manera separada, ordenada, clara y detallada, de tal
forma que se dé respuesta concreta y precisa a los siguientes requerimientos:
(i)
¿Cuál ha sido la gestión administrativa y judicial
realizada por cada uno de los accionantes para lograr el reconocimiento y pago
de sus derechos pensionales, que ahora solicitan a través de la acción de
tutela, y cuáles fueron sus resultados?
(ii)
¿Cada uno de los accionantes, previo a la
interposición de la acción de tutela, solicitó a las sociedades demandadas el
reconocimiento y pago de sus derechos pensionales? En caso afirmativo, cual fue
el resultado?
(iii)
¿Cuáles son las circunstancias socio-económicas
actuales de cada uno de los accionantes? ¿Cómo han obtenido cada uno de ellos
los medios de subsistencia durante los últimos 22 años? ¿Han accedido a una
pensión o indemnización sustitutiva? ¿Cuál es su clasificación en el Sistema de Identificación y
Clasificación de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales –Sisben?
¿Cuentan ellos con servicios de salud a través de alguna Empresa Promotora de
Salud del régimen contributivo o subsidiado?
(iv)
A efectos de acreditar la alegada calidad de
extrabajador de Colcarburo S.A. y los extremos de la relación laboral, sírvase
allegar copia de los contratos de trabajo de cada uno de los accionantes y las
cartas de terminación de la relación laboral, informando cuáles fueron las
causas por las cuales fue terminada dicha relación o, en su defecto, las
certificaciones de extremos laborales pertinente.
(v)
En el caso de las accionantes que actúan como cónyuges
supérstites de algunos de los extrajadores de Colcarburo S.A., sírvase informar
qué actuaciones han desplegado dichas personas para el reconocimiento de la alegada
condición que pretenden hacer valer en el presente trámite y cuál ha sido su
resultado?
Advertir que
los informes solicitados deben estar acompañados de los soportes
correspondientes”.
6.2.2. En cumplimiento al auto 409 de 2016, las
sociedades y entidades vinculadas al proceso descorrieron el traslado de la
demanda.
6.2.2.1. Respuesta de Cales y Derivados de la Sierra
S.A. en liquidación judicial.
Cales y Derivados de la Sierra S.A. en liquidación judicial, no se
pronunció sobre los hechos y pretensiones de las acciones de tutela, pero sí
dio respuesta a los interrogantes formulados por la Sala en el auto 409 de
2016, lo cual se detallará en el acápite correspondiente a la actividad
probatoria.
6.2.2.2. Respuesta de Químicos y Derivados de Cajicá
S.A. en liquidación.
La sociedad Químicos y Derivados de Cajicá S.A. en liquidación, tampoco
se pronunció sobre los hechos y pretensiones de la acción de tutela (expediente
T-5535418). Sin embargo, frente al cuestionario del auto 409 de 2016, dio
respuesta, la cual se detallará más adelante.
6.2.2.3. Respuesta de la Superintendencia de
Sociedades.
La Superintendente Delegada para
Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades, dio
respuesta al traslado de la acciones de tutela. Previo a pronunciarse sobre el
fondo del asunto, solicitó “declarar la nulidad del Auto 409 de 2016,
proferido por la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional y de todo
el trámite adelantado en las instancias que anteceden a la revisión, por no
haber integrado el contradictorio en debida forma dentro del trámite ordinario
de las acciones de tutela a las que ahora, en sede de revisión, se vincula a
esta Entidad. De forma que no sólo se configuran las causales de nulidad 6 y 8
del artículo 133 del Código General del Proceso, sino también una flagrante
violación al derecho al acceso a la justicia y a los principios
constitucionales de igualdad de las partes, legalidad y de doble instancia”.
De forma subsidiaria, pidió que la entidad fuera desvinculada del proceso por
carecer de legitimación en la causa por pasiva, habida cuenta que no tiene
injerencia alguna en la supuesta responsabilidad de las sociedades accionadas,
así como que sus actuaciones siempre se ajustaron a la legalidad.
Respecto de los hechos, en su mayoría
expresó no constarles y atenerse a lo probado en el proceso. Indicó que en el
proceso de concordato se estableció el pago de acreencias laborales con
acciones, siendo esta decisión aprobada por la Junta Concordataria, por lo que
la oportunidad para haber alegado la inconformidad de dicho pago, no es 21 años
después mediante el uso de la acción de tutela.
Precisó que el acuerdo concordatario es un
documento negociado entre los acreedores y el liquidador y puesto en
conocimiento durante el trámite del proceso, de lo cual eran conscientes los
acreedores. Por tanto, indicó que “no puede el juez de insolvencia asumir
omisiones ajenas después de 21 años de celebrado el acuerdo con concordatario,
máxime cuando el acuerdo fue conocido por los acreedores y omitieron la carga
de alegar en instancias en el proceso”.
Agregó que los accionantes al no haber
interpuesto la acción de tutela por los hechos narrados, significa ello “que
no hubo vulneración alguna durante los casi 22 años que han transcurrido desde
el proceso de concordato”. En esa medida, sostuvo, que el amparo debía ser
rechazado por no cumplir con el requisito de inmediatez.
6.2.2.3. Respuesta del Ministerio del Trabajo.
El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del
Ministerio del Trabajo, dio contestación a las acciones de tutela acumuladas,
oponiéndose a su prosperidad, bajo los siguientes argumentos.
Indicó que como Colcarburo había acudido a
la figura de la dación en pago para cancelar las acreencias laborales y
pensionales de sus trabajadores, por cuanto no había sido posible la
enajenación de los bienes, la Superintendencia de Sociedades, mediante auto
440-12077 del 16 de septiembre de 1999, declaró terminada la liquidación. Luego
de transcribir apartes del mencionado auto, adujo que “a los demandantes se
les satisficieron sus derechos laborales y pensionales, dado que aceptaron
dicha dación en pago; ello significa que la presente acción no tendría vocación
de prosperidad en razón a que los demandantes, como bien lo aceptan,
convinieron la constitución de dos sociedades a sus nombres con el fin de que
se les pagara sus acreencias y, por su parte, aceptaron algunos del IFI [Instituto
de Fomento Industrial] la compra de sus acciones por valor de $200.000.000”.
En ese orden, precisó que “no había lugar a la intervención del Ministerio
en el que se exigiera a la empresa la conmutación pensional, señalada en el
artículo 4º del Decreto 2677 de 1971”.
Respecto de la figura de la dación en pago,
señaló que esta es aceptada para la satisfacción de acreencias pensionales, al
punto que en la actualidad, conforme al artículo 7º del Decreto 1260 de 2000, es
posible efectuar un pago único, consistente en asignar en proporción al monto
de las acreencias pensionales de cada trabajador y pensionado, los recursos,
bienes y activos que posea la concursada.
En cuanto a la procedibilidad de la acción
de tutela, esgrimió que si los accionantes no estaban de acuerdo con la actuación
del liquidador y la dación en pago, han debido iniciar las acciones judiciales
previstas en el artículo 167 de la Ley 222 de 1995, encaminadas a la
salvaguarda de sus derechos pensionales. Sobre este punto destacó que al
haberse dado por terminado el proceso de liquidación forzosa de Colcarburo el
16 de septiembre de 1999, “los accionantes tenían hasta el 17 de septiembre
de 2004 para demandar las actuaciones del liquidador y hacer valer sus
derechos, lo cual no hicieron”. Así, arguyó que no era posible que pasados
más de 16 años de concluida la liquidación, desconociéndose el principio de
inmediatez y sin acreditar la inminencia de un perjuicio irremediable, los
demandantes pretendan que a través de la tutela se usurpen las competencias del
juez natural y se desconozca la cosa juzgada, pues “la Superintendencia de
Sociedades, en virtud de sus funciones jurisdiccionales, por decisión motivada,
dio por terminada la liquidación de la empresa y era desde este momento que
tenía 5 años para acudir a la justicia”.
6.2.2.4. Respuesta de la Administradora Colombiana de
Pensiones.
Colpensiones no se pronunció sobre los
hechos y pretensiones de las acciones de tutela, pero sí dio respuesta a los
interrogantes formulados por la Sala en el auto 409 de 2016, lo cual se
detallará en el acápite siguiente.
7. Actividad probatoria.
7.1. Pruebas documentales relevantes aportadas en las demandas.
En los cuadernos que
conforman los expedientes acumulados obran las mismas pruebas relevantes, por
lo que se relacionarán una sola vez.
-. Certificado de existencia y representación
de la Compañía de Cemento Argos S.A., expedido el 30 de noviembre de 2005.
-. Escritura Pública Nº 5909 del 02 de
septiembre de 1961.
-. Certificado especial de existencia y
representación de Colcarburo, expedido el 13 de noviembre de 2014.
-. Certificado de existencia y
representación de la Compañía Cementos El Nare S.A., expedido el 30 de
noviembre de 2005.
-. Certificado de existencia y
representación de la Compañía Cementos Argos S.A., expedido el 21 de agosto de
2015.
-. Dictamen pericial rendido por María
Victoria Torres dentro del proceso Rdo. 96505984, adelantado en el Juzgado
Cuarto Laboral del Circuito de Medellín.
-. Documento suscrito por el Revisor Fiscal
de Colcarburo S.A. en liquidación obligatoria, Juan José Amezquita P.
-. Documento Reserva de Jubilación
proyectada al 30 de junio de 1995.
-. Adición al dictamen pericial del 11 de
noviembre de 1999.
-. Certificado electrónico tomado de la
página web de la Cámara de Comercio sobre la sociedad Facomec S.A.
-. Planilla de liquidación de prima y
bonificación de obreros, empleados y aprendices de Colcarburo S.A., año 1984.
-. Listado maestro de obreros de Colcarburo
S.A.
-. Listado de jubilados de Colcarburo S.A.
-. Listado de prestaciones sociales y
cálculo actuarial a junio 30 de 1995 – obreros carburo.
-. Auto 410-135 de la Superintendencia de
Sociedades, mediante el cual se admite el trámite de concordato preventivo
obligatorio a Colcarburo S.A.
-. Acta del Concordato de Colcarburo S.A.,
aprobado el 02 de junio de 1994.
-. Certificado de Existencia y
Representación del Grupo Argos S.A., expedido el 10 de septiembre de 2015.
-. Relación de descuentos hechos a los
trabajadores de Colcaburo S.A., por la Cooperativa Central de Distribución Ltda.,
año 1970.
-. Documentación relacionada con cada uno de
los accionantes (no todos aportan los mismos documentos), tales como copias cédulas
de ciudadanía, de registros civiles de nacimiento y defunción, de partidas de
bautismo y de matrimonio, de registro eclesiástico de matrimonio, de contratos
laborales, de comprobantes de pago de nómina, declaraciones para fines
extraprocesales, de constancias de reliquidación de prestaciones sociales (año
1991), de carnets de trabajador.
7.2. Pruebas documentales aportadas
por las sociedades accionadas.
En los cuadernos que
conforman los expedientes acumulados obran las mismas pruebas aportadas por las
sociedades demandadas, por lo que se relacionarán una sola vez.
-. Sentencia del 08 de mayo de 2002,
proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
-. Contestación de Cementos Argos S.A.,
Cementos del Cairo S.A., Cementos del Nare S.A. y Cementos del Caribe, a la acción
de tutela Rdo. 2003-00217 del 15 de enero de 2004, dirigida al Juzgado 30 Penal
Municipal de Medellín. Igualmente, replica de estas sociedades a la impugnación
presentada en el mismo proceso, del 17 de febrero de 2004, dirigida al Juzgado 14
Penal del Circuito de Medellín.
-. Contestación de Cementos Argos S.A. a
proceso ordinario laboral Rdo. 2008-0130, con fecha 09 de febrero de 2009,
dirigida al Juzgado 8º Laboral del Circuito de Medellín. Igualmente,
intervención en segunda instancia, del 26 de enero de 2010, ante el Tribunal
Superior de Medellín.
-. Ampliación de la respuesta a la acción de
tutela del Grupo Argos S.A., Rdo. 2015-00254, del 23 de noviembre de 2015, ante
el Juzgado 32 Penal Municipal de Medellín.
-. Fallo de tutela Nº 225 del 27 de
noviembre de 2015, proferido por el Juzgado 32 Penal Municipal de Medellín,
Rdo. 2015-00256.
-. Contestación de Grupo Argos S.A. a la
acción de tutela Rdo. 2015-01624, del 30 de noviembre de 2015, dirigida al
Juzgado 17 Civil Municipal de Oralidad de Medellín.
-. Contestación de Cementos Argos S.A. a
proceso ordinario laboral Rdo. 2009-00296 del 19 de agosto de 2009, dirigida al
Juzgado 18 Laboral del Circuito de Medellín. Igualmente, intervención en
segunda instancia, del 09 de junio de 2010, ante el Tribunal Superior de
Medellín.
-. Alegato de segunda instancia de Cementos
Argos S.A. en proceso ordinario laboral Rdo. 2008-01080, del 11 de junio de
2014, dirigido al Tribunal Superior de Medellín.
7.3. Pruebas aportadas en sede de
revisión.
Con ocasión de las pruebas
decretadas por la Sala de Revisión mediante el auto 409 de 2016, fueron
aportadas al proceso las siguientes pruebas[7]:
7.3.1. Pruebas allegadas por la
Superintendencia de Sociedades.
El Superintendente Delegado para
Procedimientos de Insolvencia de esta entidad, previo a responder los
interrogantes formulados por la Sala de Revisión, aclaró que “la asistencia
del Estado en aquel entonces era mínima en los procesos concordatarios y en ese
orden, la información que pueda sustraerse hoy día de los expedientes que
cuentan con más de 20 años es de difícil recuperación y en algunas ocasiones
puede, incluso, no obtenerse dada la ilegibilidad de los documentos”.
Sin embargo, adjuntó copia de la documentación que soporta sus respuestas y dos discos compactos con 50
archivos que contienen el expediente de la sociedad Colcarburo S.A. en 11.012
folios, sobre los cuales la Corte solo hará referencia a aquellos que
resulten relevantes al momento de analizar el caso.
-. Pregunta (i): “¿Qué
previsiones se tuvieron en cuenta al momento de aprobar el acuerdo
concordatario de la sociedad Colcarburo S.A. y sus acreedores, relacionado con
el pago de los créditos laborales de los trabajadores de dicha sociedad,
particularmente sobre los aportes a pensión y demás derechos pensionales?”.
Respuesta: “Como se
explicó, las funciones de la Entidad en materia de concordato a la luz del
Decreto 350 de 1989, se limitaban a verificar la legalidad de las
estipulaciones del acuerdo. En el mismo se evidenció el reconocimiento de la
cuantía y el respeto de la prelación legal como se puede apreciar en el
artículo vigésimo primero del nombrado acuerdo”. Asimismo, señaló, que “a
partir de los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero se estableció el término
durante el cual serían pagados los créditos por concepto de pensiones de
jubilación. Éstas se pagarían en el mismo plazo de los créditos laborales, de
acuerdo con el valor actual y tomando como base la expectativa de vida del
beneficiario”. Por tanto, concluyó que el acuerdo cumplió con los
requisitos que se necesitaban para ser aprobado, conforme al parágrafo del
artículo 30 del decreto 350 de 1989.
-. Pregunta
(ii): “¿Qué recursos en sede administrativa y acciones judiciales fueron
interpuestas y por quién, contra las decisiones adoptadas por la
Superintendencia en el marco del proceso concordatario de la sociedad
Colcarburo S.A. y, en particular, contra el Auto 410 de junio 02 de 1994,
proferido por el Delegado del Superintendente, que aprobó el concordato
celebrado entre la sociedad Colcarburo S.A. y sus acreedores?”.
Respuesta: “No hay
evidencia de recursos interpuestos contra este auto”.
-. Pregunta (iii): “¿Qué medidas
de verificación se realizaron durante el trámite liquidatorio de la sociedad Colcarburo
S.A., relacionado con el cumplimiento del pago de los créditos laborales y
pensionales? ¿Se adelantó trámite de conmutación pensional?”.
Respuesta: La Superintendencia guardó silencio
respecto del primer interrogante. En cuanto al segundo, señaló que mediante
oficio 440-007579 de 2007, se pronunció sobre la normalización del pasivo
pensional, indicando que “es en virtud del artículo 41 de la Ley 550 de
1999, la cual entró en vigencia el 2 de febrero de 2000, reglamentado por el
Decreto 1260 de 2000, que corresponde a la Superintendencia autorizar la
aplicación del mecanismo de normalización pensional que elija la empresa,
contando desde luego con el concepto que respecto del tema profiera el
Ministerio de la Protección Social, con lo que es claro que al aprobarse el
acuerdo concordatario celebrado entre deudores y sus acreedores el 2 de junio
de 1994, no correspondía a esta Superintendencia autorizar el mecanismo que se
eligiera para ello, como quiera que aún no había sido expedida la referida ley
ni el decreto reglamentario”.
-. Pregunta (iv): “¿Qué recursos en sede administrativa y
acciones judiciales fueron interpuestas y por quién, contra las decisiones
adoptadas por la Superintendencia en el marco de la liquidación de la sociedad
Colcarburo S.A. y, en particular, contra el Auto 440-012077 del 16 de
septiembre de 1999, por medio del cual se declaró terminado dicho proceso?”.
Respuesta: “Durante la
revisión del archivo histórico no se evidenció que se hubiese interpuesto
recursos contra el referido auto. Esto se confirmó con la respuesta que Químicos
y Derivados de Cajicá S.A. incluyó al expediente el 2 de junio de 2000. En ella
se hace referencia al auto 440-12077 de 16 de septiembre de 1999 y se menciona
que esta decisión judicial no fue recurrida por ninguno de los acreedores, y en
ese orden de ideas quedó en firme”. Igualmente, puso de presente que otras
personas, diferentes a los accionantes, “mediante memorial de 4 de agosto de
2005, radicado en la entidad bajo el número 2005-02-013448”, solicitaron la
nulidad del auto mencionado, sin embargo, “esa nulidad fue declarada
improcedente por extemporánea, máxime si se tiene en cuenta que el proceso de
liquidación obligatoria ya había terminado”.
-. Pregunta (v): “¿Entre qué
fechas, de acuerdo a los reportes de control de sociedades, las sociedades
Compañía de Cementos Argos S.A., Cementos del Caribe S.A., Cementos El Cairo S.A., Mármoles y
Cementos del Nare S.A. y Cementos Blanco de Colombia S.A., fueron accionistas
de la sociedad Colcarburo S.A.? Asimismo, ¿entre qué fechas la sociedad Grupo
Argos S.A. fue accionista de Colcarburo S.A. y a quien transfirió sus
acciones?”.
Respuesta: “Revisados los sistemas de
información, las bases de datos y los antecedentes que de la sociedad reposan
en esta Entidad, se encontró que la Superintendencia de Sociedades no tiene
registro en el cual conste en qué fechas las enunciadas sociedades fueron
accionistas de la sociedad Colcarburo S.A. // La Entidad antes de 2006 contaba
con el aplicativo Datasifi, cuya información fue migrada al aplicativo Storm,
en el cual se registra toda la información que anualmente reportan las
sociedades en cumplimiento del deber legal establecido en este sentido. Este
sistema empezó a operar desde el año 2006 y en la migración de la información
de Datasifi no se encontraron registros de Colcarburo S.A., sociedad que
terminó su proceso concursal en septiembre de 1999, por lo que no es posible
acceder a la información requerida”.
Sin embargo, señala, que “teniendo
en cuenta que la sociedad Carburo de Colombia S.A. fue constituida el 2 de
septiembre de 1961, mediante Escritura Pública 5909, y la expedición de su
primera acta fue el 13 de noviembre de 1961, se pudo observar que las
sociedades: Compañía de Cementos Argos S.A., Cementos del Caribe S.A., Cementos
El Cairo S.A., Mármoles y Cementos del Nare S.A. y Cementos Blanco de Colombia
fueron los primeros accionistas de la sociedad”. Agregó que “no hay
rastros en el archivo histórico relacionados con la segunda pregunta”.
-. Pregunta (vi): “¿Qué sociedades eran accionistas y qué
porcentaje de participación tenían en la sociedad Colcarburo S.A. al momento de
entrar en concordato preventivo obligatorio y posterior liquidación? Asimismo,
¿cuál es la dirección actual de dichas sociedades?”.
Respuesta: “Por la misma razón expuesta en la
pregunta anterior, no es posible dar contestación a la presente, toda vez que
esta Superintendencia no cuenta con un archivo histórico de los accionistas y
el porcentaje de participación en determinada sociedad. Debe tenerse en cuenta
que mediante auto 440-12077 de 16de septiembre de 1999 se declaró terminado el
proceso concursal de Colcarburo, esto es, hace 17 años. Esta información debe
constar en el libro de registro de accionistas de Colcarburo S.A., el cual no
reposa en esta Entidad”.
-. Pregunta (vii): “¿Se ha
decretado la calidad de matriz de las sociedades Compañía de Cemento Argos,
Cementos El Cairo S.A. y Cementos del Nare S.A, con relación a Colcarburo S.A.?
¿Se cumplían las condiciones para ello?”.
Respuesta: “De existir un historial sobre las
situaciones de control de las sociedades objeto de debate, éste se encontraría
en las respectivas Cámaras de Comercio y/o en libro de accionistas, del cual no
tiene conocimiento esta Superintendencia por ser una sociedad anónima. Por su
parte, esta Superintendencia no tiene conocimiento de dicha situación. // Por
otro lado, después de haber revisado los sistemas de información de la Entidad,
no se encontró que la Superintendencia de Sociedades hubiese abierto
investigación administrativa alguna dirigida a determinar la existencia de un
grupo empresarial que vincule a las sociedades en mención, ni producto del cual
se haya declarado la calidad de matriz de las sociedades Compañía de Cementos
Argos, Cementos El Cairo S.A. y Cementos del Nare S.A. con relación a
Colcarburo S.A.”. En cuanto al último interrogante, expresó que no podía
dar respuesta, pues “no es un asunto que se enmarque en una investigación
administrativa de su competencia actual, ni tiene elementos ni competencia para
hacerlo”.
-. Pregunta (viii): “¿Cuál es la
situación actual de las sociedades Cales y Derivados de la Sierra S.A. y
Químicos y Derivados de Cajicá S.A.? ¿Figuran como accionistas de estas dos
sociedades el Grupo Argos S.A. o la sociedad Cementos Argos S.A. y cuál es su
porcentaje de participación? ¿Los demandantes en las acciones de tutela acumuladas
fueron o son actualmente accionistas de estas dos sociedades y cuál es su
porcentaje de participación? De ser así, ¿han recibido utilidades o provecho
económico y en qué monto por las acciones?”.
Respuesta: “Cales y Derivados de la Sierra S.A.
se encuentra adelantando un proceso liquidatorio ante la Superintendencia de
Sociedades, cuya etapa de adjudicación se ha agotado”. Señaló que a los
accionistas se les adjudicó la propiedad sobre el Título Minero 6204 en
proindiviso, de acuerdo a los porcentajes de participación. Esta adjudicación
fue suspendida al encontrarse inconsistencias y al hallarse bienes nuevos,
estando pendiente la readjudicación de bienes. Relacionó el número de acciones de
que eran titulares los demandantes al momento de decretarse la liquidación
judicial de la sociedad (auto 610-000967 del 29 de mayo de 2012). //En cuanto a
la situación de la sociedad Químicos y Derivados de Cajicá S.A., indicó que no
se contaba con reportes, sin embargo, “al consultar su certificado de
existencia y representación legal, aparece en estado de liquidación, aunque,
cabe aclarar, que no ante la Superintendencia de Sociedades”.
Precisó que al consultar los
certificados de existencia y representación de las sociedades Químicos y
Derivados de Cajicá S.A. y Cales y Derivados de la Sierra S.A., no se evidencia
que las demandadas sean accionistas de tales sociedades.
-. Pregunta (ix): “¿En las actas
de la Junta Administradora del concordato de la sociedad Colcarburo S.A.,
figura que los trabajadores y pensionados de dicha sociedad estuvieron de
acuerdo con el mecanismo de entrega de los activos de las sociedades Cales y
Derivados de la Sierra S.A. y Químicos y Derivados de Cajicá S.A. para los
pagos laborales? Asimismo, ¿figura en dichas actas la determinación del
liquidador o de la junta administradora, de disponer para el pago de los
créditos laborales, incluyendo la apropiación para cubrir el capital necesario
que garantizara una futura pensión y el reemplazo de las cotizaciones de sus
extrabajadores, la constitución de las sociedades Cales y Derivados de la
Sierra S.A. y Químicos y Derivados de Cajicá S.A.? De no ser así, ¿en qué
documento se establece tal determinación?”.
Respuesta: “A partir del Acta 89 de 20 de
diciembre de 1995, correspondiente a la junta administradora nombrada en el
concordato de la sociedad Colcarburo S.A., durante la enajenación de activos se
informó sobre el proceso que se adelanta con los trabajadores en cuanto a la
venta de los activos para cumplir con las obligaciones laborales. En ese
documento se encuentra que, frente a esta negociación, casi el 100% de los
trabajadores estuvo de acuerdo. // Así, se constituyeron dos sociedades, Cales
y Derivados de la Sierra S.A. y Químicos y Derivados de Cajicá S.A., las cuales
recibirían los activos de Colcaburo S.A. y distribuirían las acciones
proporcionalmente a la obligación laboral, a los trabajadores, empleados y
jubilados. // Específicamente se aprobó que los activos de la sociedad fueran
vendidos a las dos sociedades anteriormente nombradas para dar en pago a los
trabajadores y jubilados las acciones de estas compañías y así poder solventar
sus acreencias”.
-. Pregunta (x): “¿Reposa en los archivos de la Superintedencia
la documentación relacionada con el trámite liquidatorio de sociedad Colcarburo
S.A., donde figuren los contratos de trabajo y las cartas de terminación de la
relación laboral de los demandantes en la acción de tutela, así como la
Convención Colectiva de Trabajo? De ser así, allegar copia de los mismos. En
caso contrario, informar donde puede reposar dicha documentación”.
Respuesta: “Se encontró solo la Convención
colectiva de Trabajo 1991-1993. No se identificó rastro alguno de los contratos
de trabajo o de las cartas de terminación de la relación laboral de los
demandantes”.
7.3.2. Pruebas allegadas por el
Ministerio del Trabajo.
El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
del Ministerio, dio respuesta a los interrogantes formulados por la Sala, de la
siguiente manera:
-. Pregunta (i): “¿Qué medidas
adoptó para garantizar que los derechos de los trabajadores de la sociedad
Colcarburo S.A. fueran asegurados en el proceso concordatario y en la
liquidación de dicha sociedad, en particular sobre los derechos pensionales?
¿Adelantó el trámite de conmutación pensional?”
Respuesta: Luego de hacer
referencia al artículo 13 de la Ley 171 de 1961, a los artículos 1º, 2º y 4º
del Decreto 2677 de 1971 y definir la figura de la conmutación pensional, indicó
que esta “no fue aplicada en el caso de Colcarburo S.A., en razón a que no
contaba con los recursos para realizarla, de ello da cuenta la Superintendencia
de Sociedades mediante Auto 440-12077 de septiembre de 1999 en la que señaló que
“De los estados financieros allegados al proceso con corte a 31 de agosto de
1998, se infiere que la Sociedad Colcarburo a la fecha no posee activos
liquidables, por el contrario el activo en cuentas de orden registró pérdidas
fiscales (…)”. En este orden, mencionó que “Colcarburo acudió a la
figura de la dación en pago, para cancelar las acreencias laborales y
pensionales de sus trabajadores, en razón a que no había sido posible la
enajenación de los bienes, mediante auto 440-12077 del 16 de septiembre de 1999
declaró terminada dicha liquidación”.
Precisó que “a
los demandantes se les satisficieron sus derechos laborales y pensionales, dado
que aceptaron dicha dación en pago; ello significa que la presente acción no
tendría vocación de prosperidad en razón a que los demandantes, como bien lo
aceptan, convinieron la constitución de dos sociedades a sus nombres con el fin
de que se les pagara sus acreencias y, por su parte, aceptaron algunos del IFI
la compra de sus acciones por valor de $200.000.000”. Pese a lo afirmado,
aclaró:
“No obstante
lo anterior, este Ministerio en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  13
de la Ley 171 de 1961, en Resolución 1068 del 11 de abril de 1995, ordenó que
la Sociedad prestara caución a efectos de garantizar las acreencias laborales y
pensionales a sus extrabajadores.
Esta decisión
fue objeto de recurso de reposición y en subsidio apelación, por parte de la
apoderada del Sindicato Nacional de Trabajadores de Colcarburo; el Ministerio
del Trabajo y Seguridad Social mediante Resolución 1727 de 1965, confirmó en
todas sus partes la Resolución 1068 mencionada. Posteriormente, el Liquidador
de Colcarburo, el Presidente de la Subdirectiva del Sindicato y la apoderada de
dicha organización sindical solicitaron “un aplazamiento de tres (3) meses para
acreditar ante su Despacho la aprobación de la Junta Concordataria y la
formalización de los documentos que así lo acrediten. Así mismo le rogamos
suspender por igual término el trámite del recurso de apelación interpuesto por
los trabajadores contra la Resolución 1068 de 1995”.
Mediante
oficio 34442 del 11 de diciembre de 1995 los mismos suscriptores  de la
petición que precede, desistieron de la solicitud del 21 de septiembre de 1994
a través de la cual habían pedido autorización para el cierre y cancelación de
los contratos de trabajo; fundamentaron tal pedido en que “Dado que a la fecha
han avanzado, tanto en las decisiones como en el trámite propuesto por la Junta
Concordataria para materializar la Dación en Pago a los trabajadores de la
Empresa y cancelar con los activos de la misma todas y cada una de las
acreencias laborales, le manifestamos que desistimos del trámite de la
referencia, y en consecuencia le solicitamos dar por concluido el trámite
propuesto y archivar el informativo”.
Por Auto 4024
del 18 de diciembre de 1995, este Ministerio aceptó el desistimiento aludido,
debido a que las partes estaban gestionando, como en efecto se hizo, el pago de
las acreencias laborales y pensionales a través de la dación en pago, figura
aceptada hasta hoy en día para garantizar tales créditos”.
-. Preguntas (ii) y (iii): “¿Qué
medidas adoptó para garantizar que los derechos de los trabajadores de la
sociedad Colcarburo S.A. fueran asegurados al ordenar el cierre de dicha
sociedad, mediante Resolución 1068 o 068 del 11 de abril de 1995, en particular
sobre los derechos pensionales? Aportar copia de dicha resolución”. // De
acuerdo al artículo 13 de la Ley 171 de 1961[8], ¿qué
actuaciones realizó el Ministerio para asegurar que Colcarburo S.A. respondiera
por las obligaciones pensionales de sus trabajadores?”.
Respuesta: En
concordancia con el interrogante anterior, el Ministerio señaló: “Mediante
Resolución 1068 del 11 de abril de 1995, el Ministerio del Trabajo dentro del
trámite concordatario adelantado por Colcarburo y con base en dicha solicitud,
ordenó la constitución de una caución con la que garantizó las acreencias
laborales y pensionales a los extrabajadores de dicha sociedad (…). Esta decisión
fue objeto de recurso de reposición y en subsidio apelación, por parte de la
apoderada del Sindicato Nacional de Trabajadores de Colcarburo. El Ministerio
del Trabajo y Seguridad Social mediante Resolución 1227 de 1995, confirmó en
todas sus partes la Resolución 1068 mencionada (…). El 11 de diciembre de 1995
las personas mencionadas desistieron de la solicitud mediante la cual pidieron
autorización para el cierre y cancelación de los contratos de trabajo de
Colcarburo y que fue decidida mediante la precitada Resolución 1068. Con base
en esto, a través de Auto 4024 del 18 de diciembre de 1995, este Ministerio
aceptó el desistimiento aludido”.
-. Pregunta
(iv):  “¿Se ha decretado la calidad de Unidad de Empresa de
las sociedades Compañía de Cemento Argos, Cementos El Cairo S.A. y Cementos del
Nare S.A., con relación a Colcarburo S.A.? De no ser así, ¿se reúnen o reunían
las condiciones legales para dicho decreto?”.
Respuesta: “De acuerdo
a la información suministrada por las Direcciones Territoriales, éste
Ministerio a la fecha no ha declarado unidad de empresa entre las sociedades
Compañía de Cemento Argos, Cementos El Cairo y Cementos del Nare S.A., en
relación con Colcarburo. Así mismo, se informa que las anteriores empresas no
han presentado solicitudes de declaratoria de unidad de empresa ante ninguna
Dirección Territorial ni en la Unidad Especial de Investigaciones. // Respecto
a si se reúnen o reunían las condiciones legales para declarar la unidad de
empresa, es preciso indicar que como se mencionó anteriormente no se adelantó
el trámite de declaratoria de unidad de empresa, por tal razón no se realizó el
análisis de los aspectos técnicos como predominio económico, similitud,
conexidad y complementariedad ni tampoco los aspectos jurídicos y
administrativos de las empresas mencionadas”.
-. Pregunta
(v): “¿Conoce el Ministerio los extremos de la relación
laboral de los trabajadores de Colcarburo S.A., en particular el de los
accionantes? ¿Reposa
en los archivos del Ministerio información respecto de los contratos de trabajo
y las cartas de terminación de la relación laboral de los demandantes en la
acción de tutela, así como la Convención Colectiva de Trabajo? De ser así,
allegar copia de los mismos. En caso contrario, informar donde puede reposar
dicha documentación”.
Respuesta: “De
acuerdo a la información suministrada por las Direcciones Territoriales, este
Ministerio no ha adelantado ninguna actuación administrativa laboral,
relacionada con los trabajadores que figuran como accionantes. // Así mismo, de
acuerdo a la información suministrada por el Grupo de Archivo Sindical del
Ministerio del Trabajo, no se ha depositado ninguna Convención Colectiva de la
empresa Colcarburo S.A.”.
-. Pregunta
(vi): “¿Conoció el Ministerio de alguna queja elevada por los
trabajadores de Colcarburo S.A., en particular de los accionantes, relacionada
con sus derechos pensionales? En caso afirmativo, ¿Cuál fue el resultado de
dicho trámite?”.
Respuesta: “Ante el
Ministerio de Trabajo no se ha radicado queja alguna relacionada con la
presunta violación de derechos pensionales de los trabajadores que figuran como
accionantes”. Sin embargo, da cuenta de dos peticiones presentadas por algunos
extrabajadores, así:
“Antes este
Ministerio se presentaron las siguientes peticiones:
1.- Petición
del señor Iván de Jesús Quintero Padilla, radicada el 21 de septiembre de 2005,
en la que solicita intercesión para solucionar el problema de los Jubilados de
Colcarburo. Este Ministerio respondió la solicitud y después de hacer un
recuento de lo sucedido con la mencionada sociedad, le señaló al peticionario
que “(…) esta Dirección considera que dentro del proceso de liquidación se dio
la normalización de pasivos pensionales a cargo de Colombiana de Carburo y
Derivados S.A. Colcarburo, con fundamento en la normatividad vigente para ese
momento, lo que motivó el cierre de la Liquidación por parte de la
Superintendencia de Sociedades, por lo cual no es factible adelantar por parte
de esta Dirección, gestión alguna sobre una Sociedad liquidada y en
consecuencia desaparecida de la vida jurídica”.
2.- Varios
peticionarios, entre ellos, el señor Dario Posada, solicitó el 24 de julio de
2006, que este Ministerio informara si se acreditó el pago, por parte de
Colcarburo, de las pensiones de jubilación causadas y eventuales. Dicho
radicado fue contestado por esta cartera ministerial, en la que concluyó que
“(…) es del caso señalar que la satisfacción de las obligaciones laborales y pensionales,
según se desprende del aparte transcrito del Auto 12077 de 1999 de la
Superintendencia de Sociedades, no se llevó a cabo a través de la Conmutación
Pensional, figura jurídica que permitía en ese momento la sustitución de las
obligaciones prestacionales a cargo de la empresa, por parte del Instituto de
Seguros Sociales de conformidad a lo establecido en el decreto 2677 de 1971,
norma vigente para la época, al cual hace alusión su oficio, sino por la
constitución de dos empresas a saber Cales y Derivados de la Sierra S.A. en
Puerto Nare y Químicos y Derivados de Cajicá. Por lo que mal podría exigir en
su momento, el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social la constancia a que
hacía referencia el artículo 8º del Decreto 2677 de 1971, pues no se hizo uso
del mecanismos de conmutación pensional con el Instituto de Seguros Sociales”.
7.3.3. Pruebas allegadas por
Colpensiones.
El Vicepresidente de
Financiamiento e Inversiones, asignado temporalmente al cargo de Vicepresidente
Jurídico y Secretario General de Colpensiones, dio respuesta a los
interrogantes formulados por la Sala:
-. Pregunta (i): “¿A partir de
qué año tuvo el Instituto de Seguros Sociales cobertura en el municipio de
Puerto Nare Antioquia? De acuerdo al ordenamiento jurídico vigente con
anterioridad a la Ley 100 de 1993, ¿se encontraba obligada la sociedad
Colcarburo S.A. a realizar aportes por los riesgos de Invalidez, Vejez y
Muerte, al Instituto de Seguros Sociales respecto de sus trabajadores?”.
Respuesta: “De acuerdo a los lineamientos
otorgados en el Auto 409 de 2016, me permito informar que la Gerencia Nacional
de Atención al Afiliado ha informado que el municipio de Puerto Nare no tuvo
cobertura de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente con anterioridad a la Ley
100 de 1993. En sustento a esta respuesta, me permito adjuntar documento de
llamamiento de Inscripción de la Oficina Jurídica Nacional del Instituto de
Seguros Sociales Obligatorios. // En atención a la obligación por parte de
Colcarburo S.A. de realizar aportes a los riesgos de Invalidez, Vejez y Muerte
al Instituto de Seguros Sociales respecto de sus trabajadores, en el libro de
pago que se adjunta al presente informe, se evidencia que la empresa si realizó
pagos para sus trabajadores desde 1985 hasta diciembre de 1994”.
-. Pregunta (ii): “¿Se
encontraban afiliados al Instituto de Seguros Sociales los ahora demandantes?
¿Se encuentran actualmente afiliados los accionantes a Colpensiones y son
beneficiarios de la pensión por vejez, invalidez o sobreviviente? ¿Recibió
alguno de ellos indemnización sustitutiva?”.
Respuesta:
“En la siguiente tabla podrá evidenciar los
accionantes que se encuentran afiliados al ISS (hoy Colpensiones). Adicional a
esto, en cada certificado de afiliación que se anexa ai presente escrito, podrá
encontrar de manera más detallada la fecha de vinculación y su estado actual en
la presente Administradora. Es importante indicar que estos certificados de
afiliación expedidos por el la Gerencia Nacional de Servicio al Ciudadano
certifican la fecha de vinculación, sin que ello indique necesariamente que
dicha afiliación haya sido realizada por alguna entidad de las que trata el
Auto 409 de 2016.
Para el caso del señor Miguel Antonio Sánchez,
Colpensiones mediante GNR 286107 del 30 de octubre de 2013 reconoció una
pensión de Invalidez y a la señora María del Rosario Jiménez Restrepo cc
21938397 quien actúa como agente oficiosa del causante, Colpensiones mediante
GNR 408837 del 24 de noviembre de 2014 reconoció una sustitución pensional.
A algunos de los accionantes aquí señalados en la
presente tabla, Colpensiones les ha reconocido una Indemnización Sustitutiva de
Pensión de Vejez.
Nombre
Cédula
Afiliado ISS/ Colpensiones
Indemnización sustitutiva
Armando
de Jesús Agudelo Cañas
3524613
Si
GNR
69471 del 11 de Mar de 2015
José
Hernando Andrade Castillo
15363805
Si
Amanda
de Jesús Benítez Hurtado
22170795
No
Isidro
Builes Fernández
3553456
Si
Gustavo
de Jesús González Serna
4320307
No
Saúl
Cáceres Villalba
3553165
Si
Luis
Eduardo Giraldo
10160258
Si
Pedro
Luis Idárraga Ríos
14230024
Si
Rafael
Antonio Isaza Espinosa
9480004
Sí
GNR 230355 del 9 de Sep de 2013
Pedro
Luis Jaramillo Arango
3552972
Trasladado
a la AFP Santander
Norberto
Antonio Jaramillo Carvajal
15361769
Trasladado
a la AFP Porvenir
Miguel
Antonio Sánchez
10156826
Si
GNR 286107 del 30 de Oct de 2013
Luis
Alfredo Londoño Pérez
70060892
No
Javier
de Jesús Mosquera
17803777
Si
Iván
Antonio Olarte Rojas
70131261
No
Alberto
Antonio Parra Foronda
3552893
Si
Andrés
Avelino Présiga Carvajal
3390292
Si
GNR 236880 del 11 de Ago de 2016
Gildardo
de Jesús Restrepo Sánchez
8455530
Si
GNR 37104 del 17 de Feb de 2015
Jaime
Albeiro Rodríguez
71770397
Si
Luis
Enrique Rodríguez
7248197
Si
Luis
Francisco Rodríguez
3552816
Si
Jorge
Iván Rúa
15363002
Si
GNR 228203 del 3 de Ago de 2016
Jesús
Salvador Saldarriaga Jiménez
3445018
Si
GNR 220683 del 16 de Jun de 2014
Luis
Alberto Tobón Lezcano
70112798
Si
José
Israel Trujillo
3552945
Si
Francisco
Antonio Valencia Londoño
3549745
Si
GNR 344746 del 6 de Dic de 2013
Hermes
Vargas Vargas
3553505
Si
Luis
Carlos Vásquez Rendón
3552842
Si
William
de Jesús Vélez Castrillón
3553536
Si
Expediente T-5500112
En la siguiente tabla podrá evidenciar los
accionantes que se encuentran afiliados al ISS (hoy Colpensiones). Adicional a
esto, en cada certificado de afiliación que se anexa al presente escrito, podrá
encontrar de manera más detallada la fecha de vinculación y su estado actual en
la presente Administradora.
De igual manera, se anexan las
resoluciones en las cuales se reconoció una Indemnización Sustitutiva de
Pensión Vejez para algunos de los accionantes aquí señalados”.
Nombre
Cédula
Afiliado
ISS/ Colpensiones
Indemnización
sustitutiva
Jaime
de Jesús Arboleda Gaviria
3547281
No
Juan
de Dios Botero Osorio
70051673
Si
GNR
36162 del 7 de Feb de 2014
Ramiro
Cañas
7245338
Si
GNR337276
del 28 de Oct de 2015
Jorge
William Osorio
3553070
No
Jesús
Antonio Díaz Soto
6279326
Si
GNR003409del
13 de Nov de 2012
Oscar
Díaz Soto
6279357
Si
GNR077845
del 27 de Abr de 2013
Argemiro
de Jesús Duque Vergara
8241989
Si
Raimundo
Flórez Palencia
3821812
Si
GNR093657
del 13 de Mayde 2013
Arturo
de Jesús García Gutiérrez
657473
Si
GNR210171
del 21 de Agode 2013
Walter
de Jesús García Gutiérrez
70042306
Si
GNR317863
del 25 de Novde 2013
Joaquín
Emilio Giraldo
3552745
Si
Reinaldo
de Jesús Gómez Vélez
3552768
No
Jorge
Luis Hernández Hernández
8351103
No
José
Guillermo Herrera Jaramillo
6686918
No
Oscar
Elkin Isaza Arango
70034689
Trasladado
a AFP
Santander
Daniel
Ángel Rico
3620191
No
Juan
Pablo Londoño
5650600
Si
José
Iván Bedoya Gómez
657656
No
Luis
Alfonso Gaviria Morales
3552657
Si
GNR220987
del30 de Ago de 2013
Aníbal
de Jesús Macías
3489266
Si
GNR
59579 del 26 de Feb de 2016
Jorge
Hernán Guillen Gómez
3552525
Si
GNR262396
del 18 de Oct de
2013
Julio
Enrique Mejía Duarte
3552609
No
Fidel
Mosquera Luna
10161270
Si
González
de Jesús Ocampo
3552667
Si
GNR326573
del 30 Nov de 2013
Alirio
Antonio Palacio Palacio
745860
No
Egido
de Jesús Palacio Palacio
3552582
Si
Mario
de Jesús Parra Foronda
3444725
Si
Julio
Ernesto Peña Gómez
14932203
Si
GNR077091
del 28 de Abr de 2013
Aníbal
Perdomo Bueno
17050033
Si
GNR210978
del 14 de Jul de 2015
Bernardo
de Jesús Quinceno Ciro
2834870
Si
Pedro
Pablo Rojas Cardona
3547392
Si
GNR263053
del 18 de Oct de
2013
Miguel
Ángel Rúa Gómez
745829
Si
GNR79764
del 11 de Mar de 2014
Horacio
Saldarriaga Jiménez
3444839
Si
Conrado
Alfonso Tobón Restrepo
3489060
No
Ernesto
Julio Zapata
657302
No
Conrado
Emilio Zapata García
8247132
Si
GNR444527
del 27 de Dic de 2014
Héctor
Antonio Vélez Castrillón
3552846
Si
GNR18616
del 20 de Ene de 2014
-. Pregunta
(iii): “¿Recibió el Instituto de Seguros Sociales por parte de
Colcarburo S.A., la reserva actuarial o título pensional respecto de los
accionantes? ¿Se adelantó trámite de conmutación pensional?”.
Respuesta: “Respecto
si el ISS recibió por parte de Colcarburo S.A. reserva actuarial o título
pensional respecto de los accionantes, la Gerencia Nacional de Ingresos y
Egresos ha manifestado que al validar los sistemas de información, no se
registra título pensional ni cálculo actuarial a nombre de los accionantes
contenidos en el auto 409 de 2016. // Adicionalmente se informa que, revisadas
las bases de datos y documentos que reposan en Colpensiones referentes a
procesos de Conmutación Pensional celebrados por el ISS (hoy Colpensiones) y
otros empleadores, no contamos con documentos, ni resoluciones que evidencien
haber celebrado procesos de Conmutación Pensional con ninguna entidad de las
que trata el Auto 409 de 2016”.
7.3.4. Pruebas allegadas por Cales
y Derivados de la Sierra S.A.
El liquidador de la sociedad Cales y Derivados de la Sierra S.A. en
liquidación judicial, se pronunció en los siguientes términos, que se trascriben
in extenso:
“(i) En cuadro adjunto se relaciona a los
accionantes y la cantidad de acciones de que eran titulares al momento de
decretarse la liquidación judicial de la sociedad (auto 610-000967 del
2012/05/29).
Como accionistas dentro de la liquidación y
según Auto 610-000932 del 2015/07/09 les fue adjudicado propiedad sobre el
Título Minero 6204 en proindiviso, en los porcentajes allí señalados y por el
valor indicado; se adjunta copia (ver páginas 6 a 21).
A raíz de la remoción del anterior Liquidador,
la Superintendencia de Sociedades mediante Auto 400-011663 del 2016/08/02
(anexo copia) dejó sin efecto el referido Auto 610-000932 y consecuentemente la
adjudicación que en el mismo se efectuó. A la fecha no se han desatado los recursos
que fueron interpuestos a la providencia mencionada.
(ii) Situación actual de la compañía: A raíz
de la remoción del anterior liquidador (Auto 400-009837 del 2016/06/24) se está
en proceso de verificación de las cuentas de la liquidación y recomposición del
patrimonio liquidable, para lo que, como se dijo en el apartado anterior, se
dejó sin efectos la adjudicación de los bienes.
Solo hasta que se resuelvan los recursos a la
providencia en mención, se podrá recalcular nuevamente los valores a adjudicar.
Se han realizado diligencias para la
recuperación de activos (bienes inmuebles) que inicialmente no se incluyeron en
el inventario de la sociedad.
Venta de activos en el proceso de liquidación:
Del patrimonio de la sociedad salió el 49% de las acciones de que era titular
en la sociedad Compañía Cales Fenix SAS y el lote ubicado en el Corregimiento
La Sierra (Puerto Nare) en el que funcionaba la planta de procesamiento, los
que fueron vendidos a Unión Andina de Transportes SAS.
Con respecto a esta transacción existe demanda
de nulidad del contrato en el que el demandante es Unión Andina de Transportes
SAS y la demandada Cales y Derivados de la Sierra S.A. en liquidación judicial,
proceso que se lleva en el Juzgado Civil del Circuito de Puerto Berrío con el
radicado Nº 2015.00038.00.
Los recursos obtenidos de la venta
($1.500.000.000) según el anterior liquidador fueron aplicados en el pago de
gastos de la administración de la liquidación, por lo que no fueron fuente de
pago alguna para los accionantes en su condición de accionistas”.
Al escrito adjuntó una relación
del número de acciones a nombre de cada actor, el porcentaje de participación
sobre el total de acciones en circulación y la fecha de venta de las acciones.
7.3.5. Pruebas allegadas por
Químicos y Derivados de Cajicá S.A.
La sociedad Químicos y Derivados de Cajicá S.A. en liquidación, a
través de su representante legal, se pronunció en los siguientes términos.
Indicó, luego de hacer un breve recuento de las vicisitudes por las que
atravesó Colcarburo S.A., que ante la falta de liquidez para afrontar el pago
de las acreencias laborales y efectuar la conmutación pensional con el ISS, el
liquidador de dicha sociedad, “con la decisión de los trabajadores,
representados por mí, resolvimos recibir todos los bienes de Colcarburo S.A. en
liquidación”.
Precisó que para los efectos anteriores, se tomaron con el liquidador
dos decisiones importantes: “constituir dos sociedades anónimas, una en la
Sierra, Puerto Nare, para continuar únicamente con la producción de cal y,
otra, en Cajicá, sólo con la posibilidad de vender la planta con todos los
muebles y sus terrenos. Aquí nacieron las dos sociedades Cales y Derivados de
la Sierra S.A. y Químicos y Derivados de Cajicá S.A., en las cuales entraron
como accionistas todos los acreedores laborales, incluyendo a los pensionados”.
Aclaró que los pagos a los accionistas (trabajadores y pensionados de
Colcarburo) se iban efectuando a medida que recibían los valores por la venta
de los activos, lo cual se hizo a través de una cuenta de ahorros en el banco
Conavi y en proporción al número de acciones con que contaba cada uno.
Señaló que la empresa entró en liquidación por carecer de patrimonio,
que nunca ejerció su objeto social y que sólo se constituyó para intermediar la
venta de la planta de PVC que Colcarburo tenía en explotación en Cajicá (los
terrenos y edificios se vendieron a la empresa Arrabio de Colombia Ltda., por
un valor de $3.500.000.000).
Al escrito adjuntó un listado de
socios de Químicos y Derivados de Cajicá S.A., los pagos que en alguna época se
realizaron a los accionistas residentes en La Sierra y en Medellín, un informe
sobre la liquidación de Colcarburo S.A., de noviembre 14 de 1996, dirigida al
Sindicato de Trabajadores y copia del Acta 001 de la Junta Directiva de
Químicos y Derivados de Cajicá S.A., en la cual se autorizan las adquisiciones
de las instalaciones de Colcarburo en Cajicá.
7.3.6. Pruebas allegadas por las
autoridades judiciales.
7.3.6.1. El Juzgado Octavo Laboral
del Circuito de Medellín, a través de su Secretaria, informó “que el proceso
requerido por ustedes con el radicado 2008-01080-00, fue enviado por la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Medellín a la Corte Suprema de Justicia –Sala
de Casación Laboral-, desde el día 27 de octubre de 2014 en casación, sin haber
regresado de dicha Corporación”. Anotó que “la sentencia del 9 de
noviembre de 2011, requerida en su comunicación, fue proferida por quien fuera
Juez Primera Adjunta de este Despacho y no contamos con su archivo, ya que
éstos no fueron suministrados”. No obstante, adjuntó “pantallazo de
consulta jurídica realizada a través de la página web de la Rama Judicial”,
donde se advierte quienes son los demandantes en tal proceso, así: Jorge Germán
Zuluaga López, Luis Enrique González Vasco, Rodrigo López Loaiza, Jesús Obed
Bedoya, Gerardo Moreno, Oscar Emilio Pérez Mira, José Domingo Ciro Buriticá,
Francisco Javier Zapata y Roque Idarraga.
7.3.6.2. La Sala Laboral del
Tribunal Superior de Medellín, a través de su Secretario, informó que “verificado
el Sistema de gestión que se esgrime en esta Corporación, se pudo constatar que
el proceso ordinario laboral con radicado único nacional:
05301-31-05-008-2008-01080-02. Demandante Roque Idarraga, Demandado: Cementos
Argos S.A., se tramitó en el Tribunal de Descongestión Laboral de Medellín, por
el Magistrado Ponente, Doctor Carlos Fredy Aracú Benitez, mismo que se le
concedió recurso extraordinario de casación a la parte demandante y remitido a
la H. Corte Suprema de Justicia, el 27 de octubre de 2014.// Es de anotar que
el Tribunal de Descongestión, tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015,
por todo lo expuesto, no es viable responder afirmativamente lo requerido”.
Sin embargo, adjuntó el “pantallazo” de las actuaciones surtidas en dicho
proceso, donde se advierte quienes son los demandantes en dicho asunto, siendo
los mismos relacionados en el punto anterior.
7.3.6.3. Por su parte, el Juzgado
Treinta Penal Municipal de Medellín con Función de Control de Garantías, remitió
a la Corte copia de los fallos de tutela de primera y de segunda instancia,
correspondientes al proceso Nº 2003-00217, donde se advierte que los
accionantes en dicho caso eran: Luis Sandoval Llano, Hernando Tobón Zapata,
Roque Luis Idarraga Carvajal, René Gamboa Varela, Jesús Obed Bedoya G., Gerardo
de Jesús Moreno, Oscar E. Pérez Mira y Rodrigo López Loaiza. Actuaron como
demandados: Eduardo Jaramillo Hoyos, Virginia Uribe Betancur y los
representantes de las Sociedades Cales y Derivados de la Sierra S.A., Cementos
Argos S.A. Cementos Nare S.A., Cementos El Cairo S.A. y Cementos del Caribe
S.A.
7.3.7. Pruebas allegadas por los
accionantes.
El apoderado de los demandantes allegó a la
Sala un escrito con 392 folios y un disco compacto. Frente a la información
solicitada por la Corte, señaló que para las preguntas i, ii y iii, “se
elaboró un formulario con el fin de que los accionantes de manera individual
informaran de manera completa y detallada la circunstancia indagada”.
De lo aportado se extrae lo siguiente,
frente a cada una de las solicitudes de la Sala:
-. Pregunta (i): “¿Cuál ha sido
la gestión administrativa y judicial realizada por cada uno de los accionantes
para lograr el reconocimiento y pago de sus derechos pensionales, que ahora
solicitan a través de la acción de tutela, y cuáles fueron sus resultados?”.
Respuesta: En el diligenciamiento del formulario elaborado
por el apoderado de los accionantes, estos señalaron que ninguna gestión
administrativa y judicial realizaron para lograr el reconocimiento y pago de
sus derechos pensionales.
El señor José Hernando
Andrade Castillo dijo que se hizo “reclamación ante el Ministerio del
Trabajo con final negativo para mí”. Al respecto no se aportó documento
alguno que así lo demostrara.
El señor Pedro Luis Jaramillo indicó que se
presentó derecho de petición, sin señalar ante quien y cuál fue su resultado,
como tampoco aportó copia del mismo.
La señora Magdalena González Navarro señaló
que “he reclamado y el resultado es nulo”. Sobre el particular no precisó
ante quien hizo reclamación y no aportó documento alguno.
El señor Jorge Luis Hernández dijo que “se
pidió un derecho de petición”, sin señalar ante quien y cuál fue su
resultado, como tampoco aportó copia del mismo.
Asimismo, los señores Pedro Luis Jaramillo y
Gonzalo de Jesús Ocampo indicaron que “se colocó demanda con la Doctora Luz Amparo
Gaviria en la ciudad de Medellín. No obtuvimos resultado alguno”. Al
respecto no precisaron ante quien presentaron demanda ni contra quien, ni
aportaron documento relacionado.
El señor Jorge Luis Hernández dijo que “nos
quejamos ante la Corte Suprema de Justicia. No se obtuvo nada”. Al respecto
no se aportó documento relacionado ni información adicional.
El apoderado de los accionantes aportó respuesta dada por el Ministerio
del Trabajo al señor Iván de Jesús Quintero Padilla (Resolución 029Z de
diciembre 28 de 2006), quien no es accionante en las tutelas acumuladas.
-. Pregunta (ii): “¿Cada uno de
los accionantes, previo a la interposición de la acción de tutela, solicitó a
las sociedades demandadas el reconocimiento y pago de sus derechos pensionales?
En caso afirmativo, cuál fue el resultado?”.
Respuesta: En el diligenciamiento del formulario elaborado
por el apoderado de los accionantes, estos señalaron que no solicitaron a las
sociedades demandadas el reconocimiento y pago de sus derechos pensionales.
-. Pregunta (iii): “¿Cuáles son
las circunstancias socio-económicas actuales de cada uno de los accionantes?
¿Cómo han obtenido cada uno de ellos los medios de subsistencia durante los
últimos 22 años? ¿Han accedido a una pensión o indemnización sustitutiva? ¿Cuál
es su clasificación en el Sistema de Identificación y Clasificación de
Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales –Sisben?
¿Cuentan ellos con servicios de salud a través de alguna Empresa Promotora de
Salud del régimen contributivo o subsidiado?”.
Respuesta: En el diligenciamiento del formulario elaborado
por el apoderado de los accionantes, estos señalaron:
-. Armando de Jesús Agudelo Cañas: “Mi
situación económica es regular porque dependo del salario de mi esposa”.
Indicó que “los primeros 3 años laboré el Caldesa, luego no pude volver a
conseguir labor y dependo de mi esposa”. Señaló que no ha recibido pensión
alguna ni indemnización sustitutiva[9].
Agregó que su puntaje en el Sisben es de 49,99 y se encuentra afiliado a la EPS
F.M.P. en calidad de beneficiario.
-. José Hernando Andrade Castillo: “Mi
situación económica es totalmente baja, actualmente trabajo como vigilante hace
3 meses”. Indicó que la manutención y alojamiento los ha obtenido “por
parte de mis hijos”. Señaló que no ha recibido pensión alguna ni indemnización
sustitutiva. Agregó que su puntaje en el Sisben es de 59,77 y se encuentra
afiliado a la EPS Cafesalud en calidad de cotizante.
-. Isidro Builes Fernández: “Mi situación
económica es regular”. Indicó que los medios de subsistencia durante los
últimos 22 años los ha obtenido “trabajando”. Señaló que no ha recibido
pensión alguna ni indemnización sustitutiva. Agregó que su puntaje en el Sisben
es de 57,12 y se encuentra afiliado a la EPS Cafesalud en calidad de cotizante.
-. Nohelia Cabal de González: “Soy ama de
casa y dependo de lo que me puedan dar mis hijos”. Señaló que no ha
recibido pensión alguna ni indemnización sustitutiva. Agregó que su puntaje en
el Sisben es de 43,24 y se encuentra afiliado a la EPS Cafesalud en calidad de
beneficiaria.
-. Luis Eduardo Giraldo: “Mi situación
económica es mala, no tengo trabajo”. Indicó que los medios de subsistencia
los ha obtenido por la “ayuda de familiares y venta de chance de mi esposa”.
Señaló que no ha recibido pensión alguna ni indemnización sustitutiva. Agregó
que su puntaje en el Sisben es de 43,33. No indicó estar afiliado a una EPS.
-. Pedro Luis Idárraga Ríos: “Mi
situación económica es precaria”. Indicó que los medios de subsistencia los
ha obtenido realizando “oficios varios”. Señaló que no ha recibido
pensión alguna ni indemnización sustitutiva. Agregó que su puntaje en el Sisben
es de 62,73 y se encuentra afiliado a la EPS Sura en calidad de cotizante.
-. Rafael Antonio Isaza Espinosa: “Mi
situación económica es precaria pues a mi edad ya no consigo trabajo”.
Indicó que “trabajé por contratos a 3 meses en Caldesa y descansaba 3 meses,
así hasta el 2011 que me liquidaron y en adelante mis hijos me han sostenido”.
Señaló que no ha recibido pensión alguna ni indemnización sustitutiva. Agregó
que su puntaje en el Sisben es de 5,60 y se encuentra afiliado a la EPS
Ecoopsos en el régimen subsidiado.
-. Pedro Luis Jaramillo Arango: “Mi
situación económica es muy precaria. No me dan trabajo a mi edad. Recibo ayuda
de mi hija cuando esta está laborando”. Señaló que no ha recibido pensión
alguna ni indemnización sustitutiva. Agregó que su puntaje en el Sisben es de
67,74 y se encuentra afiliado a la EPS Cafesalud en calidad de beneficiario.
-. Norberto Antonio Jaramillo Carvajal: “Mi
situación económica es regular”. Indicó que los medios de subsistencia los
ha obtenido trabajando “en varios” y “he recibido ayuda de mis hijos”.
Señaló que no ha recibido pensión alguna ni indemnización sustitutiva. Agregó
que su puntaje en el Sisben es de 48,91 y se encuentra afiliado a la EPS Cafesalud
en calidad de beneficiario.
-. María Rosario Jiménez Restrepo: “Vivo
de la pensión”. Indicó que también ha obtenido los medios de subsistencia por
la “ayuda económica de mis hijos”. Señaló que es beneficiaria de la
pensión por invalidez. Agregó que su puntaje en el Sisben es de 54,54 y se
encuentra afiliado a la EPS Cafesalud en calidad de cotizante.
-. Luis Alfredo Londoño Pérez: “Mi
situación económica es mala”. Indicó que los medios de subsistencia los ha
obtenido realizando “oficios varios”. Señaló que no ha recibido pensión
alguna ni indemnización sustitutiva. Agregó que su puntaje en el Sisben es de
48,02 e indicó no encontrarse afiliado a una EPS.
-. Iván Antonio Olarte Rojas: “Mi situación
económica es crítica”. Indicó que los medios de subsistencia los ha
obtenido realizando “oficios varios”. Señaló que no ha recibido pensión
alguna ni indemnización sustitutiva. Agregó que su nivel en el Sisben es 2 y se
encuentra afiliado a la EPS Savia Salud en el régimen subsidiado.
-. Alberto Antonio Parra Foronda: “Mi
situación económica es mala”. Indicó que los medios de subsistencia los ha
obtenido por medio de “contratos que me han resultado”. Señaló que no ha
recibido pensión alguna ni indemnización sustitutiva. Agregó que su puntaje en
el Sisben es de 49,41 y no se encuentra afiliado a una EPS.
-. Andrés Avelino Présiga Carvajal: “Mi
situación económica es mala, no tengo trabajo”. Indicó que los medios de
subsistencia los ha obtenido con “trabajos ocasionales”. Señaló que no
ha recibido pensión alguna ni indemnización sustitutiva. Agregó que su puntaje
en el Sisben es de 17,47 y se encuentra afiliado a la EPS Comfama.
-. Gildardo de Jesús Restrepo Sánchez: “Mi
situación económica es mala”. Indicó que los medios de subsistencia los ha
obtenido “trabajando esporádicamente”. Señaló que no ha recibido
pensión alguna ni indemnización sustitutiva. Agregó que su puntaje en el Sisben
es de 38,21 y se encuentra afiliado a la EPS Susalud.
-. Jaime Albeiro Rodríguez: Informó que se
encuentra laborando en la Alcaldía de Puerto Nare. Señaló que no ha recibido
pensión alguna ni indemnización sustitutiva. Agregó que se encuentra afiliado a
la EPS Coomeva en calidad de cotizante.
-. Luis Francisco Rodríguez: “Tengo 64
años y trabajo en Prominerales”. Indicó que los medios de subsistencia los
ha obtenido trabajando “en varias empresas”. Señaló que no ha recibido
pensión alguna ni indemnización sustitutiva. Agregó que se encuentra afiliado a
la EPS Coomeva.
-. Jorge Iván Rúa: “Mi situación
económica es mala”. Indicó que los medios de subsistencia los ha obtenido por
“colaboración de las personas o pescando”. Señaló que no ha recibido
pensión alguna ni indemnización sustitutiva. Agregó que su puntaje en el Sisben
es de 38,37 y se encuentra afiliado a la EPS Savia Salud en el régimen
subsidiado.
-. Jesús Salvador Saldarriaga Jiménez: “Mi
situación económica es mala porque dependo de mis hijos”. Indicó que los
medios de subsistencia los ha obtenido “por la ayuda de mis hijos”.
Señaló que no ha recibido pensión alguna ni indemnización sustitutiva. Agregó
que su puntaje en el Sisben es de 48,94 y se encuentra afiliado a la EPS
Cafesalud en calidad de beneficiario.
-. Luis Alberto Tobón Lezcano: “Mi
situación económica es muy mala, no tengo trabajo, vivo de la caridad”.
Indicó que los medios de subsistencia “trabajando en lo que salga”.
Señaló que no ha recibido pensión alguna ni indemnización sustitutiva. Agregó
que su puntaje en el Sisben es de 44,70 y no se encuentra afiliado a una EPS.
-. José Israel Trujillo: “Soy trabajador
en soldadura”. Indicó que los medios de subsistencia los ha obtenido de su
trabajo. Señaló que no ha recibido pensión alguna ni indemnización sustitutiva.
Agregó que su puntaje en el Sisben es de 55,49 y se encuentra afiliado a la EPS
Coomeva en calidad de cotizante.
-. Francisco Antonio Valencia Londoño: “Mi
situación económica es precaria ya que no tengo con qué cubrir mis necesidades
y por la edad no me dan trabajo”. Indicó que los medios de subsistencia los
ha obtenido por la ayuda de sus dos hijos y por la colaboración de algunos
amigos. Señaló que no ha recibido pensión alguna ni indemnización sustitutiva.
Agregó que su puntaje en el Sisben es de 27,15 y se encuentra afiliado a la EPS
SaviaSalud en calidad de beneficiario.
-. Hermes Vargas Vargas: “Mi situación
económica es desempleado”. Indicó que los medios de subsistencia los ha
obtenido “trabajando temporalmente”. Señaló que no ha recibido pensión
alguna ni indemnización sustitutiva. Agregó que su puntaje en el Sisben es de
42,35 y se encuentra afiliado a la EPS Cafesalud en el régimen subsidiado.
-. Luis Carlos Vásquez Rendón: “Mi
situación económica es regular”. Indicó que los medios de subsistencia los
ha obtenido “trabajando en lo que me resulte”. Señaló que no ha
recibido pensión alguna ni indemnización sustitutiva. Agregó que su puntaje en
el Sisben es de 64,28 y se encuentra afiliado a la EPS Cafesalud en calidad de cotizante.
-. William de Jesús Vélez Castrillón: “No
tengo empleo, tengo muy poca oportunidad por mi edad, no tengo vivienda”.
Indicó que los medios de subsistencia los ha obtenido trabajando “en oficios
varios”. Señaló que no ha recibido pensión alguna ni indemnización sustitutiva.
Agregó que su puntaje en el Sisben es de 29,63 y no se encuentra afiliado a una
EPS.
-. Jaime de Jesús Arboleda Gaviria: “Mi
situación económica es mala”. Indicó que los medios de subsistencia los ha
obtenido por la “ayuda económica de mi hijo”. Señaló que no ha recibido
pensión alguna ni indemnización sustitutiva. Agregó que su puntaje en el Sisben
es de 28,83 y no informó si se encontraba afiliado a una EPS.
-. Juan de Dios Botero Osorio: “Vivo de
la ayuda de mis hijos”. Indicó que los medios de subsistencia los ha
obtenido “del rebusque”. Señaló que no ha recibido pensión alguna ni
indemnización sustitutiva. Agregó que su puntaje en el Sisben es de 68,93 y se
encuentra afiliado a la EPS Cafesalud en calidad de beneficiario.
-. Ramiro de Jesús Cañas: “Mi situación
económica es muy precaria, demasiado mala y sin empleo”. Indicó que los
medios de subsistencia los ha obtenido “por la ayuda de mis familiares y la
solidaridad de los vecinos”. Señaló que no ha recibido pensión alguna ni
indemnización sustitutiva. Agregó que su puntaje en el Sisben es de 62,06 y se
encuentra afiliado a la EPS Cafesalud en calidad de beneficiario.
-. María Eugenia Correa Hincapié: “Mi
situación económica es muy precaria, pues no cuento con ningún ingreso
económico y dependo de la ayuda familiar”. Indicó que los medios de
subsistencia los ha obtenido de la ayuda de sus padres. Señaló que no ha
recibido pensión alguna ni indemnización sustitutiva. Agregó que se encuentra
afiliada a la EPS Sura en calidad de beneficiaria.
-. Jesús Antonio Díaz Soto: “Mi situación
económica es baja por enfermedad y vejez”. Indicó que los medios de
subsistencia los ha obtenido trabajando “en contratos de dos y tres meses en
Caldesa”. Señaló que no ha recibido pensión alguna ni indemnización
sustitutiva. Agregó que su puntaje en el Sisben es de 23,95 y se encuentra
afiliado a la EPS SaviaSalud en el régimen subsidiado.
-. Oscar Díaz Soto: “Mi situación
económica es baja por enfermedad y vejez”. Indicó que los medios de subsistencia
los ha obtenido “trabajando en Caldesa varios contratos de 2 o 3
meses y ayuda de los familiares”. Señaló que no ha recibido pensión alguna
ni indemnización sustitutiva. Agregó que su puntaje en el Sisben es de 15,01 y
se encuentra afiliado a la EPS Cafesalud en el régimen subsidiado.
-. Raimundo Flórez Palencia: “Mi
situación económica es mala”. Indicó que los medios de subsistencia los ha
obtenido por “colaboración familiar”. Señaló que no ha recibido pensión
alguna, pero sí indemnización sustitutiva. Agregó que su puntaje en el Sisben
es de 28,02 y se encuentra afiliado a la EPS SaviaSalud en el régimen
subsidiado.
-. Arturo de Jesús García Gutiérrez: “Mi
situación económica es mala porque mis hijos se encuentran desempleados”.
Indicó que los medios de subsistencia los ha obtenido “por mis hijos”.
Señaló que no ha recibido pensión alguna ni indemnización sustitutiva. Agregó
que su puntaje en el Sisben es de 31,64 y se encuentra afiliado a la EPS
Cafesalud en el régimen subsidiado.
-. Walter de Jesús García Gutiérrez: “Soy
desempleado y por mi edad no hay trabajo”. Indicó que los medios de
subsistencia los ha obtenido por la ayuda de sus hijas y de su familia. Señaló
que no ha recibido pensión alguna ni indemnización sustitutiva. Agregó que su
puntaje en el Sisben es de 70,68 y no se encuentra afiliado a una EPS.
-. Joaquín Emilio Giraldo: “Mi situación
económica es mala porque estoy desempleado”. Indicó que los medios de
subsistencia los ha obtenido por “contratos a términos cortos”. Señaló
que no ha recibido pensión alguna ni indemnización sustitutiva. Agregó que su
puntaje en el Sisben es de 61,18 y no se encuentra afiliado a una EPS.
-. Herlinda Margarita Giraldo Gómez: “Mi
situación económica es dura”. Indicó que los medios de subsistencia los ha
obtenido haciendo “oficio en casas esporádicamente”. Señaló que no ha
recibido pensión alguna ni indemnización sustitutiva. Agregó que su puntaje en
el Sisben es de 28,60 y se encuentra afiliado a la EPS “del Gobierno”.
-. Jorge Luís Hernández Hernández: “Mi
situación económica es desempleado”. Indicó que los medios de subsistencia
los ha obtenido en “oficios varios temporales”. Señaló que no ha
recibido pensión alguna ni indemnización sustitutiva. Agregó que su puntaje en
el Sisben es de 55,15 y no se encuentra afiliado a una EPS.
-. Oscar Elkin Isaza Arango: “Tengo 65
años y todavía estoy laborando, con una salud regular, para obtener el sustento
diario”. Indicó que los medios de subsistencia los ha obtenido “trabajando
independientemente y por contratos en empresas”. Señaló que no ha
recibido pensión alguna ni indemnización sustitutiva. Agregó que su puntaje en
el Sisben es de 74,72 y se encuentra afiliado a la EPS Cafesalud.
-. María Celmira Legarda Galván: “Mi
situación económica es regular”. Indicó que los medios de subsistencia los
ha obtenido “con la ayuda de mis hijos”. Señaló que no ha recibido
pensión alguna ni indemnización sustitutiva. Agregó que su puntaje en el Sisben
es de 65,17 y se encuentra afiliado a la EPS Sura en calidad de cotizante.
-. Juan Pablo Londoño: “Mi situación
económica es precaria, vivo de la caridad, de lo que resulte”. Indicó que
los medios de subsistencia los ha obtenido “trabajando ocasionalmente en lo
que resulta”. Señaló que no ha recibido pensión alguna ni indemnización
sustitutiva. Agregó que su puntaje en el Sisben es de 43,29 y se encuentra
afiliado a la EPS Savia Salud en el régimen subsidiado.
-. María Amparo Londoño: “Mi situación
económica es mala por el desempleo por mi edad”. Indicó que los medios de
subsistencia los ha obtenido “de lo que me colaboran mis hijos”. Señaló
que no ha recibido pensión alguna ni indemnización sustitutiva. Agregó que su
puntaje en el Sisben es de 42,32 y no se encuentra afiliada a una EPS.
-. María Eugenia Londoño García: “Mi
situación económica es mala”. Indicó que los medios de subsistencia los ha
obtenido “trabajando en casas de familia”. Señaló que no ha
recibido pensión alguna ni indemnización sustitutiva. Agregó que su puntaje en
el Sisben es de 62,72 y se encuentra afiliado a la EPS Cafesalud en calidad de
cotizante.
-. Aníbal de Jesús Macías: “Mi situación
económica es difícil porque estoy sin empleo y a mi edad ya no me dan trabajo”.
Indicó que los medios de subsistencia los ha obtenido “trabajando en
Caldesa por contratos a 3 meses por un periodo de 5 años, en adelante me
sostengo por las hijas”. Señaló que no ha recibido pensión alguna ni
indemnización sustitutiva. Agregó que su puntaje en el Sisben es de 43,55 y se
encuentra afiliado a la EPS Savia Salud.
-. Carlina Mejía de Guillén: “Estoy en
muy mala situación, la casa la van a embargar por las deudas que tengo a causa
del fallecimiento de mi esposo”. Indicó que los medios de subsistencia los
ha obtenido por la colaboración de sus hijos “y lo que pueda trabajar en
casas de familia”. Señaló que no ha recibido pensión alguna ni
indemnización sustitutiva. Agregó que su puntaje en el Sisben es de 44,81 y se
encuentra afiliado a la EPS Savia Salud en el régimen subsidiado.
-. Julio Enrique Mejía Duarte: “Mi
situación económica es regular, no puedo trabajar”. Indicó que los medios
de subsistencia los ha obtenido de la ayuda de sus hijos. Señaló que no
ha recibido pensión alguna ni indemnización sustitutiva. Agregó que su puntaje
en el Sisben es de 38,33 y se encuentra afiliado a la EPS Cafesalud en el
régimen subsidiado.
-. Fidel Mosquera Luna: “Mi situación
económica es regular”. Indicó que los medios de subsistencia los ha
obtenido “trabajando en construcción”. Señaló que no ha recibido
pensión alguna ni indemnización sustitutiva. Agregó que su puntaje en el Sisben
es de 60,41 y no informó encontrarse afiliado a una EPS.
-. Gonzalo de Jesús Ocampo: “A mi edad de
67 años no me dan labor, estoy viviendo de las ventas de boletas de rifas que
me dan para vender”. Indicó que los medios de subsistencia los ha obtenido “trabajando
en Caldesa varios contratos de 2 o 3 meses, durante 9 años. El resto de años
los he pasado vendiendo boletas de rifas a porcentaje”. Señaló que no ha
recibido pensión alguna ni indemnización sustitutiva. Agregó que su puntaje en
el Sisben es de 42,36 y no informó encontrarse afiliado a una EPS.
-. Alirio Antonio Palacio Palacio: “Mi
situación económica es mala, no tengo trabajo”. Indicó que los medios de
subsistencia los ha obtenido “de la ayuda de mis hijos”. Señaló que no
ha recibido pensión alguna ni indemnización sustitutiva. Agregó que su puntaje
en el Sisben es de 45,06 y se encuentra afiliado a la EPS Cafesalud en calidad
de beneficiario.
-. Egidio de Jesús Palacio Palacio: “Mi
situación económica es precaria”. Indicó que los medios de subsistencia los
ha obtenido “de la caridad de mis hijos y compañera”. Señaló que no ha
recibido pensión alguna ni indemnización sustitutiva. Agregó que se encuentra
afiliado a la EPS Coomeva.
-. Mario de Jesús Parra Foronda: “No
tengo trabajo”. Indicó que los medios de subsistencia los ha obtenido “de
la ayuda de mis hijos”. Señaló que no ha recibido pensión alguna ni
indemnización sustitutiva. Agregó que su puntaje en el Sisben es de 29,46 y se
encuentra afiliado a la EPS Cafesalud en calidad de beneficiario.
-. Julio Ernesto Peña Gómez: “Mi
situación económica es mala”. Indicó que los medios de subsistencia los ha
obtenido “vendiendo boletas”. Señaló que no ha recibido pensión alguna
ni indemnización sustitutiva. Agregó que su puntaje en el Sisben es de 36,10 y
se encuentra afiliado a la EPS Savia salud.
-. Aníbal Perdomo Bueno: “Mi situación
económica es mala”. Indicó que los medios de subsistencia los ha obtenido “por
la mendicidad y caridad pública”. Señaló que no ha recibido pensión alguna
ni indemnización sustitutiva. Agregó que su puntaje en el Sisben es de 20,35 y
se encuentra afiliado a la EPS Savia Salud.
-. Bernardo de Jesús Quiceno Ciro: “Estoy
enfermo y no puedo trabajar. Ahora dependo económicamente de mis hijos”.
Indicó que los medios de subsistencia los ha obtenido laborando con Caldesa por
5 años, con contratos de 3 meses. Señaló que no ha recibido pensión alguna ni
indemnización sustitutiva. Agregó que su puntaje en el Sisben es de 39,13 y se
encuentra afiliado a la EPS Cagen en calidad de cotizante.
-. Pedro Pablo Rojas Cardona: “Mi
situación económica es precaria, no hago nada”. Indicó que los medios de
subsistencia los ha obtenido “de la ayuda de la gente”. Señaló que no ha
recibido pensión alguna ni indemnización sustitutiva. Agregó que su puntaje en
el Sisben es de 40,27 y se encuentra afiliado a la EPS Savia Salud en el
régimen subsidiado.
-. Miguel Ángel Rúa Gómez: “Mi situación
económica es mala porque me encuentro enfermo”. Indicó que los medios de
subsistencia los ha obtenido “de la ayuda de mis hijos”. Señaló que no
ha recibido pensión alguna ni indemnización sustitutiva. Agregó que su puntaje
en el Sisben es de 43,29 y no se encuentra afiliado a una EPS.
-. Horacio Saldarriaga Jiménez: “Mi
situación económica es precaria”. Indicó que los medios de subsistencia los
ha obtenido “de oficios”. Señaló que no ha recibido pensión alguna ni
indemnización sustitutiva. Agregó que su puntaje en el Sisben es de 37,49 y se
encuentra afiliado a la EPS Coomeva.
-. María Virginia Santamaría Vanegas: “Vivo
de lo que me pueda dar mi hija”. Señaló que no ha recibido pensión alguna
ni indemnización sustitutiva. Agregó que su puntaje en el Sisben es de 47,66 y
se encuentra afiliada a la EPS Sura en calidad de beneficiaria.
-. Héctor Antonio Vélez Castrillón: “Me
encuentro desempleado”. Indicó que los medios de subsistencia los ha obtenido
“trabajando temporal por ratos”. Señaló que no ha recibido pensión
alguna ni indemnización sustitutiva. Agregó que su puntaje en el Sisben es de
12,48 y no informó si se encontraba afiliado a alguna EPS.
-. Ernesto Julio Zapata: “Mi situación
económica es precaria por la edad, tengo 77 años y no consigo trabajo”.
Indicó que los medios de subsistencia los ha obtenido trabajando por un tiempo
para Caldesa y “luego mi hija me ha sostenido”. Señaló que no ha
recibido pensión alguna ni indemnización sustitutiva. Agregó que su puntaje en
el Sisben es de 52,57 y se encuentra afiliado a la EPS Coomeva.
-. Conrado Emilio Zapata García: “Mi
situación económica es desempleado”. Indicó que los medios de subsistencia
los ha obtenido “de la ayuda de mis familiares”. Señaló que no ha
recibido pensión alguna ni indemnización sustitutiva. Agregó que su puntaje en
el Sisben es de 50,49 y no informó si se encontraba afiliado a una EPS.
Respecto de los accionantes Amada de Jesús
Benítez Hurtado, Saúl Cáceres Villalba, Javier de Jesús Mosquera Uribe, Iván
Antonio Olarte Rojas, Luis Enrique Rodríguez, Argemiro de Jesús Duque Vergara,
Carlos Enrique Gaviria Morales y José Guillermo Herrera Jaramillo, no se allegó
información alguna durante el trámite en sede de revisión.
-. Pregunta (iv): “A efectos de
acreditar la alegada calidad de extrabajador de Colcarburo S.A. y los extremos
de la relación laboral, sírvase allegar copia de los contratos de trabajo de
cada uno de los accionantes y las cartas de terminación de la relación laboral,
informando cuáles fueron las causas por las cuales fue terminada dicha relación
o, en su defecto, las certificaciones de extremos laborales pertinente”.
Respuesta: El apoderado de los accionantes informó haber
obtenido “copia del contrato de trabajo, certificación
de los extremos laborales, liquidación final de prestaciones sociales o carné” de sólo 36 accionantes. Algunos sólo copia del contrato laboral, otros
únicamente una constancia de trabajo expedida por Caldesa y no por Colcarburo,
otros solamente la liquidación final de prestaciones sociales, otros solo
certificación laboral sin que se precise la fecha de retiro y otros no
presentan documento alguno (aparte de copia de canés o comprobantes incompletos
de pago de nómina) que brinden claridad sobre los extremos de la relación
laboral. En el análisis del caso concreto la Sala hará referencia a aquellos elementos
probatorios que resulten relevantes para la decisión de revisión.
-. Pregunta (v): “En el caso de
las accionantes que actúan como cónyuges supérstites de algunos de los
extrajadores de Colcarburo S.A., sírvase informar qué actuaciones han
desplegado dichas personas para el reconocimiento de la alegada condición que
pretenden hacer valer en el presente trámite y cuál ha sido su resultado?”.
Respuesta: El apoderado de los accionantes informó que en el
formulario elaborado para ser diligenciado por los accionantes, las interesadas
respondieron a la pregunta formulada. Sin embargo, las accionantes, señoras
Nohelia Cabal de González, María del Rosario Jiménez Restrepo, María Eugenia
Correa Hincapié, Herlinda Margarita Giraldo Gómez, María Celmira Legarda
Galván, María Amparo Londoño, María Eugenia Londoño, Carlina Mejía de Guillen y
María Virginia Santamaría Vanegas, nada informaron al respecto.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Corte es competente para
conocer de los fallos materia de revisión, de conformidad con lo establecido en
los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y en cumplimiento de los autos
proferidos por las Salas de Selección de Tutelas Número Cinco y Seis de esta
Corporación, el veintisiete (27) de mayo y treinta (30) de junio de dos mil
dieciséis (2016).
2. Cuestión preliminar. Solicitud de nulidad de la
Superintendencia de Sociedades.
2.1. En la respuesta a las demandas de tutela, la Superintendente
Delegada para Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de
Sociedades, solicitó “declarar la nulidad del Auto 409 de 2016, proferido
por la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional y de todo el trámite
adelantado en las instancias que anteceden a la revisión, por no haber
integrado el contradictorio en debida forma dentro del trámite ordinario de las
acciones de tutela a las que ahora, en sede de revisión, se vincula a esta
Entidad. De forma que no sólo se configuran las causales de nulidad 6 y 8 del
artículo 133 del Código General del Proceso, sino también una flagrante
violación al derecho al acceso a la justicia y a los principios
constitucionales de igualdad de las partes, legalidad y de doble instancia”.
2.2. Al respecto debe recordarse que el artículo 49 del Decreto 2067 de
1991 dispone que la nulidad de los procesos que se surtan ante esta Corporación
solo podrá alegarse antes de proferido el fallo y deberá sustentarse en irregularidades
que comporten la violación del debido proceso[10].
En cuanto a la debida integración del contradictorio, la Corte ha
señalado que corresponde al juez de tutela de primera instancia, precisamente
porque la temprana vinculación de la parte interesada garantiza que esté en
plena capacidad de ejercer su derecho de contradicción y defensa a lo largo del
trámite de la acción de tutela.  Por ende, la integración del contradictorio en
sede de revisión es excepcional y responde a criterios específicos, que buscan
ponderar la satisfacción de los derechos fundamentales del afectado en el caso
concreto y la protección del debido proceso de la parte vinculada.
Esta Corporación
ha fijado en decisiones previas las reglas sobre este particular. De esta
manera, resulta relevante la sistematización planteada en el Auto 55 de 1997,
reiterada luego en el Auto 025 de 2002, pues la misma identifica con claridad
los deberes de los jueces de tutela ante la indebida integración del
contradictorio.
La primera regla
impone al juez de tutela el deber de integrar el contradictorio en virtud del
principio de oficiosidad. Esto debido a que “si bien la demanda de tutela
debe dirigirse contra el sujeto a quien se puede imputar la vulneración o
amenaza de derechos fundamentales, puede ocurrir que se entable contra un
sujeto distinto y entonces mal podría prosperar la tutela, aunque, si en el
caso concreto el término lo permite, una vez se ha percatado de la situación,
bien puede el juez de oficio, antes de resolver, vincular al proceso a la
persona o entidad contra la cual ha debido obrar el demandante, otorgándole
suficientes elementos de defensa dentro del mismo, con arreglo a la garantía
constitucional. Sólo en ese evento podría otorgarse el amparo contra ella
(Sentencia T-578 del 10 de noviembre de 1997)”.
Conforme a la
segunda regla, la Corte ha considerado que el deber judicial de integración del
contradictorio se aplica tanto en el caso en que el accionante haya omitido
vincular a quien esté real o aparentemente involucrado en los hechos, sino
también en el caso que “aparezca demandado otro ente que, por su actividad,
su función o sus actos, ha debido serlo, en otros términos, cuando no se ha
integrado debidamente el contradictorio, el juez de tutela, según el análisis
de los hechos y de la relación entre las funciones que se cumplen o las
actividades que se desarrollan y la invocada vulneración o amenaza de derechos
fundamentales (nexo causal), está en la obligación de conformar el legítimo
contradictorio, en virtud de los principios de oficiosidad e informalidad que
rigen la acción de tutela”.
De acuerdo a la
tercera regla, la Corte evidencia en su jurisprudencia que en el derecho común
la indebida integración del contradictorio lleva a la adopción de fallos
inhibitorios.  Esta conclusión no es posible en el caso de la acción de tutela,
pues el parágrafo único del artículo 29 del Decreto Ley 2591 de 1991 lo prohíbe
de manera expresa. En ese sentido, el juez debe ejercer sus poderes oficiosos
con el fin de garantizar que los sujetos afectados por la decisión o que tengan
interés directo en la misma puedan ejercer el derecho a que “se resuelvan
las pretensiones formuladas en la demanda y a que, por la otra parte, se le
admita como legítimo contradictor de tales pretensiones”.
Finalmente, en
el precedente analizado se expresa una cuarta regla, según la cual si en el
trámite de la acción de tutela puede deducirse razonablemente que se está ante
una vulneración de derecho fundamental y, no obstante ello, el juez de tutela
de primera instancia omitió integrar adecuadamente el contradictorio, dicha
integración puede ser adelantada por el juez de segunda instancia o incluso por
la Corte.  De manera general, de acuerdo con este precedente, una decisión de
esta naturaleza involucra “revocar la decisión o decisiones sometidas a su
examen y ordenar al juez de primera instancia la integración del contradictorio
para configurar la legitimación en la causa de la parte demandada. La adopción
de esta conducta se adecua y armoniza con el postulado legal de que en el
proceso de tutela no pueden expedirse fallos inhibitorios, pero cabría señalar
que mientras no se vincule debidamente a la parte demandada no es posible
proferir sentencia de mérito, estimatoria o desestimatoria de las pretensiones
de la demanda.”
2.3. En reciente
decisión, la Sala Plena de la Corte Constitucional señaló:
“12. Que,
ciertamente, cuando el demandante no integra la causa pasiva con todos aquellos
sujetos cuyo concurso es necesario para establecer la presunta amenaza o
violación de los derechos alegados, es deber del juez constitucional proceder a
su vinculación oficiosa, acudiendo a los elementos de juicio que obran en el
expediente, a efectos de garantizarles su derecho a la defensa y, en ese
contexto, permitirles explicar su conducta y conocer oportunamente el grado de responsabilidad
que les pueda asistir en los hechos que son materia de controversia. Dicho en
otras palabras, el juez constitucional, al momento de ejercer su competencia,
está obligado a integrar en debida forma el contradictorio, vinculando al
proceso de tutela no solo a quienes hayan sido demandados sino también a las
personas que tengan un interés legítimo en la actuación y puedan resultar
afectadas con las decisiones que allí se adopten.
13. Que con
apoyo en las normas de procedimiento general aplicables al trámite de tutela,
así como en los artículos 2.2.3.1.1.3. y 2.2.3.1.1.4. del Decreto 1069 de 2015,
en aquellos aspectos que el Decreto 2591 y el Decreto 2067 de 1991 no regulan,
la Corte ha señalado cuando se omite notificar la iniciación del procedimiento
originado en una solicitud de protección tutelar a una parte o tercero con
interés legítimo, se genera una irregularidad que transgrede el debido proceso
y que abre paso, consecuencialmente, a que sea decretada la nulidad de lo
actuado, en todo o en parte, y a que se retrotraigan las actuaciones, dado que
solamente así “(i) se les permite a dichas personas el conocimiento de la
demanda instaurada y el ejercicio de los derechos al debido proceso y a la
defensa; y (ii) se garantiza una decisión que resuelva definitivamente la
presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por el accionante”[11].
14. Que pese a
los planteamientos aducidos en precedencia, la Corte, teniendo en cuenta que,
por regla general, en los procesos que involucran peticiones de amparo
constitucional se debate la vulneración de derechos y garantías
iusfundamentales, atendiendo a los principios de celeridad y economía procesal,
ha adoptado dos tipos de decisiones con el fin de subsanar la nulidad que deriva
de una indebida conformación del contradictorio, tomando en consideración las
circunstancias constitucionalmente relevantes presentes en cada caso, así como
la necesidad de evitar que se dilate el trámite de la acción de tutela[12].
15. Que, de acuerdo con lo anotado, cuando
advierte la existencia de una indebida conformación del contradictorio, la
Corte ha procedido, por una parte, (i) a declarar la nulidad de todo lo actuado
desde el momento en que se presentó la causal, ordenándose la devolución del
expediente al despacho judicial de primera instancia para que, una vez subsanado
el yerro procesal, se surta de nuevo las actuaciones pertinentes; y por otra,
en cambio, (ii) ha integrado directamente el contradictorio, en sede de
revisión, con la parte o con el tercero que tenga interés legítimo en el asunto[13].
16. Que el segundo de los escenarios
indicados ha sido usualmente empleado por la Corte en circunstancias
excepcionales que responden a la necesidad o exigencia de evitar la dilación
del trámite tutelar, como por ejemplo, cuando la situación de hecho planteada
en la acción así lo permita o cuando se encuentren en juego derechos
fundamentales tales como la vida, la salud o la integridad física o se vean
envueltas personas susceptibles de especial protección constitucional o en
estado de debilidad manifiesta[14].
17. Que, en todo caso, para efectos de dar
aplicación a una de las dos opciones antes referidas, es el juez constitucional
el que debe ponderar los derechos en tensión y definir si existen aún
oportunidades procesales razonables para materializar el derecho de defensa o,
si por el contrario, aquellas resultan insuficientes[15]”[16] (destaca la Sala).
2.4. En esta oportunidad, la Corte no accederá a la solicitud de
nulidad planteada por la Superintendencia de Sociedades, por las siguientes
razones:
En primer lugar, en el auto 409 de 2016, la Sala de Revisión decidió vincular
a dicha entidad, pues se advirtió que en las instancias no fue realizado dicha
actuación, pudiendo verse involucrada “con lo que finalmente se decida en
este proceso”, evitando así ser sorprendida ante una eventual determinación
que implicara su participación. Obsérvese que las pretensiones de las demandas
se dirigen únicamente a que las sociedades Grupo Argos S.A. y Cementos Argos
S.A., reconozcan y paguen a los accionantes supuestos derechos pensionales a su
cargo, sin que tal responsabilidad se adose a la Superintendencia de Sociedades[17], al punto que no fue
demandada. En esa medida, la vinculación de la entidad en esta instancia, no es
propiamente ad excluendum, pues no asume la posición principal de
accionada en el presente trámite, sino que al ser mencionada en los hechos de
las demandas por su participación en los procesos de concordato preventivo
obligatorio y liquidación obligatoria de Colcarburo S.A. y requerirse pruebas
de su parte, su vinculación fue necesaria.
Asimismo, en el numeral segundo de la parte resolutiva de la referida
decisión, la Sala al vincular la Superintendencia, dispuso que “dentro del
término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la comunicación del
presente auto, ejerzan el derecho de contradicción, rindan sus respectivos
informes[18] y presenten
las pruebas que pretendan hacer valer, en las acciones de tutela de los
expedientes T-5535418 y T-5500112. Para el efecto acompáñese copia de los
escritos de tutela, de sus anexos y de las sentencias de primera y segunda
instancia”. De esta manera, se garantizó el derecho de
contradicción y defensa, el cual ejercitó en debida forma y se brindó la
oportunidad de presentar las pruebas que considerara necesarias para que
obraran en el proceso, lo cual se evidencia en los antecedentes del presente
asunto.
De otra parte, aun cuando la
Superintendencia de Sociedades no fue vinculada al presente trámite desde la
primera instancia, la Sala considera que no existe justificación alguna para
declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso y dilatar en el tiempo el
trámite surtido en esta Corporación y afectar de manera desproporcionada los
principios de celeridad y eficacia, implícitos en la efectiva protección del derecho
de acceso a la administración de justicia, sobre la base de que, en sede de
revisión, se otorgaron las oportunidades procesales para materializar el
derecho de defensa. Igualmente, es de destacar que las decisiones de instancia
en los procesos acumulados, se negó el amparo deprecado por improcedente, por
lo que no hubo variación alguna en la situación de las partes que afectara
colateralmente a la Superintendencia.
Finalmente, y no menos importante, la mayoría
de los actores son sujetos de especial protección constitucional, que se
encuentran en situación de vulnerabilidad, al ser personas de la tercera edad,
cuyas edades oscilan entre los 60 y los 85 años[19]. Así las cosas,
no existe justificación para dilatar el proceso tutelar, retrotrayendo todo lo
actuado, más aun cuando las demandas fueron interpuestas desde noviembre del
año 2015 y los accionantes manifiestan atravesar por situaciones apremiantes, lo que haría desproporcionado extender en el
tiempo la exigibilidad judicial de sus derechos fundamentales.
Por todo lo anterior, la Sala estima que
en sede de revisión se han brindado las garantías necesarias a la
Superintendencia de Sociedades para hacer valer sus derechos de contradicción y
defensa, así como que por las características propias del proceso y la
condición especial de los accionantes, se hace necesario que la Corte emita un
pronunciamiento de mérito, por lo que no se accederá a la solicitud de nulidad elevada.
3. Presentación del caso y planteamiento del problema
jurídico
3.1. Los accionantes en los procesos acumulados presentan
acción de tutela contra contra el
Grupo Argos S.A. y Cementos Argos S.A.,
para la protección del “derecho fundamental a la pensión de vejez”, a la
seguridad social y al mínimo vital.
(i) Señalan que trabajaron para la extinta sociedad Colcarburo S.A.,
quien tuvo la carga legal de pagarles la pensión de jubilación consagrada en el
artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, pues la prestación social no
fue asumida por el Instituto de Seguros Sociales, por encontrarse ubicada la
empresa en Puerto Nare Antioquia, donde no tenía cobertura dicho instituto.
(ii) Indican que Colcarburo no hizo una provisión de los recursos para
garantizar las cotizaciones al riesgo de Invalidez, Vejez y Muerte, para el
pago de una futura pensión de vejez. Por tanto, estiman que actualmente la
obligación de entregar al fondo de pensiones escogido por ellos el título
pensional (esto en el caso de los accionantes del expediente T-5535418),
o de reconocer y pagar la pensión de jubilación prevista en el artículo 260 del Código Sustantivo del
Trabajo, a aquellos que cumplieron con
los requisitos para acceder a ella (esto en el caso de los accionantes del
expediente T-5500112), corresponde a Cementos Argos S.A. y el Grupo Argos S.A., por haber
sido socios  mayoritarios y dueños de Colcarburo. (iii) Aseguran que entre 1988
y 1993, la Compañía de Cementos Argos S.A. controlaba económica y
administrativamente otras empresas también accionistas de Colcarburo, por lo
que estiman se produjo la figura de Unidad de Empresa, que obliga a las
sociedades demandadas a responder por las obligaciones laborales incumplidas
por Colcarburo. (iv) Exponen que Colcarburo se sometió al trámite de un
concordato preventivo obligatorio, donde buscaron hacer valer sus créditos
laborales. El concordato fue aprobado el 02 de junio de 1994 por la
Superintendencia de Sociedades, estableciéndose que los créditos laborales
serían cubiertos dentro de los 12 meses siguientes, no obstante, el liquidador
de Colcarburo dispuso para el pago de los créditos laborales, incluyendo la
apropiación para el pago de las futuras pensiones de jubilación, la
constitución de dos sociedades (Cales y Derivados de la Sierra S.A. y Químicos
y Derivados de Cajicá S.A.) para que participaran los jubilados y trabajadores
como accionistas. A su juicio, tales créditos laborales solo podían
satisfacerse con su pago en dinero en efectivo y no con acciones, más aun
cuando aducen no haber recibido a la fecha ninguna utilidad o provecho
económico de estas últimas. (v) Indican que se produjo una serie de maniobras
de derecho comercial que modificaron la composición accionaria de Colcarburo
S.A., desapareciendo el respaldo económico de las sociedades demandadas, al
vender estas sus acciones a terceros, dejando a Colcarburo sin la posibilidad
de responder por el pasivo laboral. (vi) Aseveran que son personas de la
tercera edad, por lo que no podrían soportar el trámite de una acción ordinaria
laboral. Por tanto, solicitan el amparo de sus derechos fundamentales,
ordenándose  a las sociedades accionadas reconocer y pagar la pensión de
jubilación a que tienen derecho desde que cumplieron los requisitos para ello
(accionantes del expediente T-5500112), como pagar y consignar el título
pensional en el fondo de pensiones escogido por cada uno (accionantes
expediente T-5535418).
3.2. El Grupo Argos S.A. alega que la tutela no es procedente ante la
existencia de otros mecanismos de defensa judicial, sobre temas que ya fueron
objeto de controversia hace 25 años en el proceso de concordato ante la Superintendencia
de Sociedades, así como en dos procesos ordinarios laborales y una acción de
tutela, configurándose el fenómeno de cosa juzgada ordinaria y constitucional.
Igualmente, aduce que no se reúnen los requisitos de la tutela contra
particulares, pues no prestan un servicio público ni los solicitantes se hallan
en estado de subordinación e indefensión. Esgrime que fue accionista de
Colcarburo hasta diciembre 31 de 1990, sin existir la calificación de matriz
para el momento de la apertura del trámite concordatario. Indica que de acuerdo
a la Ley, no existe unidad de empresa en los términos señalados por los actores,
como tampoco existe decisión judicial ni administrativa donde se declare la
misma, siendo responsabilidad de quien fue empleador, esto es, Colcarburo S.A.,
de responder exclusivamente por sus obligaciones laborales. Alega que no se
cumple con el principio de inmediatez, pues los hechos soporte de la tutela se
remontan a situaciones acaecidas hace más de 21 años.
3.3. Por su parte, Cementos Argos S.A., también alega la existencia de
cosa juzgada, al advertir que la justicia ordinaria ya se pronunció sobre el
asunto. Igualmente, señala que al no existir llamamiento por el sistema del
Seguro Social a un empleador en la ciudad de Puerto Nare Antioquia, no existía
obligación de realizar aportes al ISS, ni al pago de cuota parte en pensiones,
de conformidad con la Ley. Indica que por el hecho de ser accionista de una
sociedad anónima en su constitución, no se genera responsabilidad solidaria en
obligaciones laborales.
3.4. Químicos y Derivados de Cajicá S.A. en liquidación, señala que
Colcarburo nunca efectuó la reserva legal para atender las pensiones
patronales. Expone que ante la imposibilidad de que el liquidador de Colcarburo
dispusiese de la liquidez efectiva para cumplir con las obligaciones
dinerarias, los trabajadores y pensionados recibieron los bienes de las
sociedades Cales y Derivados de la Sierra y Químicos y Derivados de Cajicá. La
primera de estas desarrolló su objeto social y la segunda vendió sus activos,
repartiendo los valores obtenidos con los accionistas, entre ellos los
demandantes.
3.5. La Superintendencia de Sociedades alega carecer de legitimación en
la causa por pasiva, por no haber tenido injerencia alguna en la supuesta
responsabilidad de las sociedades accionadas, así como que sus actuaciones
siempre se ajustaron a la legalidad. Indica que en el proceso de concordato se
estableció el pago de las acreencias laborales con acciones, lo cual fue
aprobado por la Junta Concordataria, no pudiéndose, 21 años después, alegarse
inconformidad de tal determinación mediante la acción de tutela, más aun cuando
el acuerdo fue conocido por los acreedores y estos omitieron la carga de alegar
en instancias en el proceso. Igualmente, aduce que no se cumple con el
requisito de inmediatez, pues han transcurrido casi 22 años desde el proceso de
concordato.
3.6. El Ministerio del Trabajo indica que a
los demandantes se les satisficieron sus derechos laborales y pensionales, dado
que aceptaron la dación en pago, con la constitución de dos sociedades a sus
nombres con el fin de que se les pagara sus acreencias, así como que  algunos
aceptaron del IFI la compra de sus acciones por valor de $200.000.000.  Por
tanto, estima que no había lugar a la intervención del Ministerio para exigir a
la empresa la conmutación pensional. Destaca que la dación en pago es aceptada
para la satisfacción de acreencias pensionales, al punto que en la actualidad,
conforme al artículo 7º del Decreto 1260 de 2000, es posible efectuar un pago
único, consistente en asignar en proporción al monto de las acreencias
pensionales de cada trabajador y pensionado, los recursos, bienes y activos que
posea la concursada. Expone que la inconformidad de los accionantes ha debido
ser ventilada a través de las acciones judiciales previstas en el artículo 167
de la Ley 222 de 1995, encaminadas a la salvaguarda de sus derechos pensionales,
lo cual no hicieron. Agrega que se desconoce el principio de inmediatez, pues
pasados más de 16 años después de la liquidación de Colcarburo, los accionantes
buscan se usurpe las competencias del juez natural y se desconozca la cosa
juzgada, en la medida que la Superintendencia de Sociedades actuó en virtud de
sus funciones jurisdiccionales.
3.7. La sociedad Cales y Derivados de la Sierra S.A. en Liquidación y Colpensiones
no se pronunciaron sobre los hechos y pretensiones de las acciones de tutela,
pero sí dieron respuesta a las pruebas decretadas por la Sala.
3.8. Los jueces de instancia en los dos procesos acumulados, tanto en
primera como en segunda instancia, no accedieron a las pretensiones de las
demandas, denegando por improcedentes las mismas.
3.8.1. En el expediente T-5535418, el juez de primera instancia consideró
que la tutela no cumplía con los principios de subsidiariedad e inmediatez,
pues los demandantes han debido acudir a los procesos ordinarios especiales
procedentes en busca de la satisfacción de sus pretensiones. Estimó que desde
1994 los accionantes tenían conocimiento de lo acordado en el trámite
concordatario, por lo que no existe un perjuicio irremediable, pues de la
tutela no se interpuso con la urgencia que exige la protección de un derecho
que supuestamente está siendo desatendido.
El juez de segunda instancia confirmó la anterior decisión, al
considerar que no se desconoció derecho fundamental alguno, pues las peticiones
laborales y prestacionales reclamadas mediante tutela no han sido definidas. Adujo
que la complejidad jurídica y legal en la que se mueven las entidades
accionadas para justificar la inexistencia de la obligación a partir de la cual
deba pagar las prestaciones laborales reclamadas, no permite al juez de tutela
pronunciarse al respecto, sin desbordar sus competencias e invadir las del juez
ordinario. Agregó que los accionantes no acreditaron la afectación al mínimo
vital ni el despliegue de alguna actividad administrativa o judicial como
tampoco sustentaron la ineficacia del medio judicial ordinario.
3.8.2. En el expediente T-5500112, el juez de primera instancia estimó
que se había estructurado, en sentido amplio, el fenómeno de la cosa juzgada,
pues el trasfondo de la acción ordinaria y las acciones constitucionales
interpuestas por otros ex trabajadores de Colcarburo, buscan abordar el mismo
problema ahora planteado. Por tanto, consideró que no podía reabrirse un debate
por aspectos inevitables como los años (de edad) cumplidos por los accionantes
o las divergencias económicas en que estos hubieran podido haber caído en ese
transcurso de más de 20 años. Igualmente, adujo que el parágrafo del artículo
148 de la Ley 222 de 1995, establece en algunos aspectos una responsabilidad
subsidiaria de la sociedad matriz respecto de la subordinada, cuando esta
incurre en concordato o liquidación, pero esta presunción legal puede ser
desvirtuada en un proceso ordinario laboral.
El juez de segunda instancia confirmó la anterior decisión, al
considerar que no se reunían los requisitos jurisprudenciales para la
procedencia de la tutela, pues no se acreditó que la subsistencia de los
actores dependía exclusivamente de la pensión reclamada y que el no
reconocimiento de la misma provocara una seria amenaza o afectara su mínimo
vital. Recordó que el cierre de Colcarburo fue hace más de 20 años, luego de
que supuestamente se causó el derecho pensional. Agregó que no se acreditó que
las actuaciones surtidas en el proceso concordatario o las conocidas por los
jueces laborales, hayan sido arbitrarias e infundadas. Por último, estimó que
no se acreditó de forma sumaria el por qué el mecanismo ordinario no era eficaz
para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente
vulnerados.
3.9. De acuerdo
con la situación fáctica planteada y las decisiones adoptadas por los jueces de
instancia, corresponde a la Sala Novena de Revisión, en primer término,
determinar la procedibilidad de la tutela en el asunto sub judice. En
punto a este tema, se estudiará si se estructura el fenómeno de la cosa
juzgada, tal y como lo alegaron las sociedades accionadas y lo advirtieron los
jueces de instancia. Igualmente, se establecerá si la acción reúne los
requisitos establecidos por esta Corporación para la procedencia de la tutela contra
particulares y cuando con ella se solicita el reconocimiento y pago de derechos
pensionales. Para resolver estos aspectos, la Sala reiterará la jurisprudencia
constitucional sobre la materia.
En segundo lugar,
sólo de llegarse a la conclusión de que la tutela es procedente, la Corte
deberá definir si las sociedades demandadas desconocieron los derechos
fundamentales alegados por los actores, por la supuesta omisión de la extinta
sociedad Colcarburo S.A., de la cual estas fueron accionistas, de hacer una
provisión de recursos que les garantizara el pago de una futura pensión de
vejez o haber faltado a la obligación como empleadora de realizar aportes
pensionales. Para esto, deberá también establecerse si las acciones adjudicadas
a los demandantes como dación en pago de sus acreencias laborales, en el marco
del concordato preventivo y posterior liquidación obligatoria de Colcarburo
S.A., satisfacen los derechos pensionales ahora reclamados.
4. Cosa juzgada y temeridad en la presentación de
acciones de tutela. Reiteración de jurisprudencia[20].
El
artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 señala que “cuando sin motivo expresamente
justificado la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su
representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas la solicitudes. El abogado que promoviere la
presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y
derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesionales, sin
perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar”.
Para
la Corte, esta disposición limita la
libertad de acudir sucesiva e indefinidamente ante los jueces de tutela para
promover reclamos por los mismos hechos y basándose en los mismos derechos,
cuando ya han obtenido un pronunciamiento definitivo por la justicia
constitucional. Esto parte de la
necesidad de preservar la seguridad jurídica requerida para el buen
funcionamiento de la administración de justicia y el tráfico de las relaciones
jurídicas; pretende salvaguardar el carácter subsidiario de la acción de
tutela, y se orienta a garantizar la eficacia de las decisiones judiciales
adoptadas en sede jurisdiccional, todo lo cual se eliminaría si los debates
sobre los derechos fundamentales de una persona pudieran permanecer abiertos
indefinidamente.
En
este contexto, la Corte ha reiterado que cuando el juez constitucional ya se pronunció
sobre un asunto iusfundamental, y ya se surtió todo el trámite de la acción de
tutela, incluyendo una decisión sobre la eventual revisión de la Corte –y en
caso de que la Corte haya decidido revisarlo, que ya se haya proferido la
sentencia de tutela correspondiente- este pronunciamiento hace tránsito a cosa
juzgada.
En
tal virtud, si una persona instaura una o varias acciones tutela sobre un
asunto sobre el que pesa la cosa juzgada constitucional, el juez debe declarar
improcedentes estas acciones posteriores al primer fallo definitivo. Y solo si se desvirtúa debidamente la presunción de
buena fe del actor (CP art. 83), puede declararse la temeridad de que trata el
segundo inciso del artículo 38 del Decreto 2591, e imponer entonces las
consecuencias establecidas en la ley.
Para llegar a la conclusión de que una misma demanda de tutela se ha
instaurado varias veces, con infracción de la prohibición prevista en el
artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 o con desconocimiento de la cosa juzgada
constitucional, es indispensable acreditar que en la tutela concurren: (i)
identidad de partes; (ii) identidad de causa petendi, o lo que es lo
mismo, que el ejercicio simultáneo o sucesivo de la acción se fundamente en
unos mismos hechos que le sirvan de causa; e (iii) identidad de objeto, esto
es, que las demandas busquen la satisfacción de una misma pretensión tutelar o
el amparo de un mismo derecho fundamental.
Adicionalmente, es necesario verificar que no existe una razón válida
que justifique un nuevo pronunciamiento por parte de la jurisdicción
constitucional en relación con los mismos hechos, porque por ejemplo surgieron
nuevas pruebas que antes era imposible haber allegado al proceso.  Así, la
sentencia T-185 de 2013 señaló que existen varios eventos en los que queda
desvirtuada la cosa juzgada entre acciones de tutela, como son “i) una nueva
solicitud de amparo que se fundamenta en hechos nuevos, que no habían sido
tenidos en cuenta con anterioridad por el juez; y ii) alegar nuevos elementos
fácticos o jurídicos  que fundan la solicitud, los cuales fueron desconocidos
por el actor y no tenía manera de haberlos conocido en la interposición de la
primera acción de tutela”.
5. La procedibilidad de la acción de
tutela contra particulares. Reiteración de jurisprudencia[21].
De acuerdo con el artículo 86 Superior, toda persona tiene derecho a
formular una acción de tutela para reclamar la garantía de los derechos
constitucionales amenazados o vulnerados por una autoridad pública. Asimismo, el referido artículo contempla en su quinto
inciso, la procedencia de la demanda de amparo contra particulares, señalando:
“La ley establecerá los casos en los que la
acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un
servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés
colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación
o indefensión”.
De acuerdo a esta norma, el Constituyente previó tres situaciones
respecto de las cuales resulta procedente la acción de tutela contra
particulares, a saber:
i)
Cuando presta un servicio
público;
ii)
Cuando su conducta afecta
grave y directamente el interés colectivo, y;
iii)
Cuando el solicitante
se halle en estado de subordinación o indefensión frente al particular.
Por su parte, el Decreto 2591 de 1991, al desarrollar el artículo 86 de
la Carta, plasmó las situaciones en las que resulta procedente la acción de
tutela contra particulares. Específicamente,
respecto de los casos en los que el actor se encuentra en estado de
subordinación o de indefensión,
para efectos del análisis y revisión de la presente actuación, la Sala hará
referencia a los numerales 4º y 9°, los cuales disponen:
“Artículo 42. Procedencia. La
acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los
siguientes casos:
(…)4. Cuando la solicitud fuere
dirigida contra una organización privada, contra quien la controle
efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivó la
acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o
indefensión con tal organización”
(…)9. <Aparte
tachado declarado inexequible> Cuando la solicitud
sea para tutelar la vida o la integridad de quien se encuentre en
situación de subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual
se interpuso la acción. Se presume la indefensión del menor que solicite la
tutela”.
En cuanto al concepto de subordinación, la Corte ha entendido que éste
se refiere a “una relación de índole jurídica, en la que una persona depende
de otra”[22].
Asimismo, esta Corporación lo ha desarrollado como
una alteración al principio de igualdad que se encuentra autorizada en la Ley,
como es el caso de los estudiantes respecto de sus maestros, los hijos respecto
de sus padres y los trabajadores de sus empleadores[23].
De esta manera se ha entendido “que hay
subordinación entre el tutelante y el empleador demandado incluso cuando, con
ocasión de la terminación del contrato de trabajo, la relación no existía para
la fecha en que se interpuso la acción de tutela”[24].
Respecto del
estado de indefensión, la jurisprudencia ha entendido que este se configura,
cuando las circunstancias de una persona la imposibilitan para satisfacer una
necesidad básica por causa de una decisión o actuación desarrollada por un
particular, en ejercicio de un derecho del que es titular, pero de forma
irrazonable, irracional o desproporcionada[25].
Igualmente, la Corte ha señalado que esta situación comporta “una dependencia, pero originada en circunstancias de hecho, donde la
persona ha sido puesta en una situación que la hace incapaz de repeler física o
jurídicamente las agresiones de las cuales viene siendo objeto por parte de un
particular, las cuales ponen en peligro sus derechos fundamentales. En otras
palabras, no tiene posibilidades jurídicas ni fácticas para reaccionar
defendiendo sus intereses. En cada caso, el juez debe realizar un análisis
relacional con la finalidad de determinar el estado de indefensión en la que se
encuentra la persona”[26]. Por tanto, el eventual estado de indefensión
en la que se encuentra una persona, debe ser evaluada en el caso concreto por
el juez de tutela, teniendo en cuenta sus circunstancias particulares y los
derechos fundamentales supuestamente amenazados o vulnerados, por cuenta del
ejercicio de la posición de poder que ostente el particular[27].
De acuerdo con lo anterior, puede afirmarse que la subordinación radica
en la existencia o mediación de una relación jurídica, en tanto que la
indefensión supone por el contrario, una situación de hecho. Por tanto, de
advertirse cualquiera de tales situaciones, la acción de tutela será viable y
de no advertirse alguna de dichas circunstancias deberá declararse improcedente.
6. La procedencia de la acción de tutela para reclamar
el reconocimiento de derechos pensionales. Reiteración de jurisprudencia[28].
De acuerdo con la
jurisprudencia constitucional[29],
la garantía del derecho a la seguridad social no es susceptible de amparo a
través de la acción de tutela, pues
el legislador dispuso de herramientas de defensa judicial en la jurisdicción
ordinaria, para solicitar la protección de este derecho cuando se hace efectivo a través del reconocimiento de la
pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes.
Sin embargo, la jurisprudencia de
la Corte Constitucional ha establecido que de manera excepcional, se habilita
la acción de tutela como mecanismo principal o transitorio, para reclamar el
reconocimiento de un derecho pensional cuando, de acuerdo con las
particularidades de cada caso, se verifiquen los siguientes aspectos: (i) no
existe otro medio judicial de protección; (ii) a pesar de existir un medio
ordinario de protección idóneo y eficaz, se hace necesario evitar la ocurrencia
de un perjuicio irremediable; (iii) el caso supone un problema jurídico de
relevancia constitucional; y (iv) existe prueba, al menos sumaria, de la
titularidad del derecho exigido[30].
En relación con el
carácter subsidiario y excepcional de la acción de tutela, el inciso 3º, del artículo 86 Superior,
señala que la misma “solo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”, salvo que se formule “como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
Al respecto esta
Corporación ha señalado que dicho perjuicio debe
reunir los siguientes elementos: “ser inminente, es decir, que se trate de
una amenaza que está por suceder prontamente; ser grave, esto es, que el daño o
menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran
intensidad; ser urgente, lo que significa que implique la adopción de medidas
prontas o inmediatas para conjurar la amenaza; ser impostergable, es decir, se
debe acreditar la necesidad de recurrir al amparo como mecanismo expedito y
necesario para la protección de los derechos fundamentales[31]”.
Frente a la
subsidiaridad de la acción de tutela, el numeral 1º, del artículo 6º, del
Decreto 2591 de 1991, establece que, en principio, la acción de amparo se torna
improcedente cuando existan “otros recursos o medios de defensa judiciales”.
Sin embargo, señala una excepción a la regla general, en los casos en que
dichas herramientas resultan ineficaces para enfrentar la amenaza o la
vulneración a los derechos fundamentales.
De acuerdo con lo
anterior, es posible señalar que aun cuando el actor disponga de mecanismos de
defensa en la jurisdicción ordinaria laboral o administrativa, según sea el
caso, para reclamar el reconocimiento de un derecho pensional, el juez
constitucional debe analizar las circunstancias del caso concreto a fin de
verificar la idoneidad de estas herramientas para garantizar efectivamente la
protección del derecho a la seguridad social.
En concreto, la Corte
Constitucional ha establecido que se deben verificar los siguientes requisitos[32]:
a. Que se trate de sujetos de especial de
protección constitucional.
b. La falta de
pago de la prestación o su disminución debe generar un alto grado de
afectación de los derechos fundamentales, en particular, del derecho al
mínimo vital;
c. El
afectado debe haber desplegado cierta actividad administrativa y
judicial con el objeto de que le sea reconocida la prestación que
reclama;
d. Es
necesario que se acredite siquiera sumariamente, las razones por las
cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la
protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados;
e. Debe
existir una mediana certeza sobre el cumplimiento de los
requisitos de reconocimiento del derecho reclamado.
Así, en el escenario de la acción de tutela
contra decisiones de una entidad administradora de pensiones de cualquiera de
los regímenes de seguridad social (o de los ex empleadores encargados de la
satisfacción de esta categoría de prestaciones), la Corte ha estimado necesaria
la comprobación de un grado mínimo de diligencia al momento de buscar la
salvaguarda del derecho invocado por parte del actor, y la afectación del
mínimo vital como consecuencia de la negación del derecho pensional. A su
turno, para la prosperidad material de la acción (presupuesto de fondo), la
Corporación ha exigido que se presente un adecuado nivel de convicción sobre la
existencia y titularidad del derecho reclamado.
En síntesis, procede la acción de tutela para reclamar el
reconocimiento de un derecho pensional cuando de acuerdo con las circunstancias
del caso concreto, se constata que es necesaria la intervención del juez
constitucional para evitar un perjuicio irremediable o cuando existan los
mecanismos de defensa judicial ordinarios pero aquellos no son idóneos para
proteger, de manera efectiva, los derechos fundamentales vulnerados o
amenazados.
Con fundamento en todo lo anterior, pasa la Sala a efectuar el análisis
del asunto sub júdice.
7. Caso concreto. Examen de procedibilidad de la
acción de tutela.
7.1. Verificación de existencia de cosa juzga.
7.1.1. En el presente asunto el Grupo Argos S.A. y Cementos Argos S.A. aducen
la existencia del fenómeno de cosa juzgada, pues lo argumentado y pretendido
por los accionante “fue objeto de discusión en el proceso de concordato ante
la Superintendencia de Sociedades, dos procesos ante la justicia ordinaria
laboral, y una acción de tutela del año 2004, todo lo cual resolvió el fondo
del litigio y por lo tanto tiene la calidad de Cosa Juzgada ante la justicia
ordinaria y constitucional”. Precisan que los Juzgados 4º y 8º Laboral del
Circuito de Medellín no accedieron a las pretensiones de los trabajadores de
Colcarburo, lo cual fue confirmado por la Sala Laboral del Tribunal Superior de
la misma ciudad. Asimismo, señalan que “varios de los aquí tutelantes,
Gerardo de Jesús Moreno y otros (acumulado) contra Colombiana de Carburo y
Derivados S.A. Colcarburo y otros, radicado: T-2003-0217, presentaron petición
de tutela, ante el Juez 30 Penal Municipal de Medellín, esta se instauró en el
año 2004, la cual fue negada y por lo tanto constituye cosa juzgada
constitucional, la que hoy con variación de hechos y petición, pero siempre
dirigida al mismo objetivo se repite”.
Por su parte, el Ministerio de Trabajo alega
la estructuración de la cosa juzgada, señalando que la Superintendencia de
Sociedades, al tramitar el concordato preventivo obligatorio y posterior
liquidación obligatoria de Colcarburo S.A., actuó en virtud de sus funciones
jurisdiccionales, no pudiéndose 16 años después usurparse las competencias del
juez natural, que “por decisión motivada dio por terminada la liquidación de
la empresa”.
7.1.2. Pues bien, verificadas las decisiones judiciales aportadas al
proceso tanto por las sociedades accionadas como por las autoridades judiciales
requeridas, la Sala pasa a examinar si se configura o no el fenómeno de la cosa
juzgada constitucional u ordinaria.
7.1.2.1. En primer lugar, una vez leídos los fallos de tutela allegados
por el Juzgado Treinta Penal Municipal de Medellín
con Función de Control de Garantías[33],
correspondientes al proceso Nº 2003-00217, se advierte que los accionantes en
dicho caso fueron los señores Luis Sandoval Llano, Hernando Tobón Zapata, Roque
Luis Idarraga Carvajal, René Gamboa Varela, Jesús Obed Bedoya G., Gerardo de
Jesús Moreno, Oscar E. Pérez Mira y Rodrigo López Loaiza. Igualmente, en dicha
ocasión actuaron como demandados: Eduardo Jaramillo Hoyos, Virginia Uribe
Betancur y los representantes de las Sociedades Cales y Derivados de la Sierra
S.A., Cementos Argos S.A. Cementos Nare S.A., Cementos El Cairo S.A. y Cementos
del Caribe S.A. Del mismo modo, se observa que las pretensiones en dicho
proceso fueron el pago de las prestaciones laborales y la afiliación al Sistema
de Seguridad Social en Salud de los allí accionantes, cuando aún Colcarburo
S.A. se encontraba en la etapa de liquidación obligatoria. Así entonces, para
la Sala en esta ocasión no se incurre en un desconocimiento de la cosa juzga
constitucional, en la medida que las tutelas acumuladas no cuentan con
identidad de partes, pues ninguno de los ahora accionantes fue demandante en
dicha ocasión, así como que no existe identidad en los presupuestos fácticos de
las acciones, a pesar de que coincidan parcialmente en la pretensión tutelar y
en la búsqueda del amparo de similares derechos fundamentales.
7.1.2.2. En segundo lugar, en cuanto al proceso cursado ante la
justicia ordinaria laboral a que hace referencia las sociedades demandadas, que
llegó incluso a sede de casación (radicación: 17052), se evidencia que ninguna
de las 76 personas que figuran allí como demandantes (Oscar Emilio Pérez Mira y
otros)[34]
es ahora accionante en la presente tutela. Asimismo, en dicha ocasión, la parte
demandada fueron las Sociedades Colcarburo S.A., Compañía de Cementos Argos
S.A., Cementos del Nare S.A. y Cementos del Cairo S.A., teniéndose como
pretensión principal que se declarara la unidad de empresa entre estas
sociedades para que respondieran solidariamente por los derechos laborales de
quienes allí demandaron. En consecuencia, las sentencias proferidas en dicho
proceso por el Juzgado 4º Laboral del Circuito de Medellín (que absolvió a las
demandadas), la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad (que
confirmó) y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia (que no casó), no
generan el fenómeno de cosa juzgada ordinaria frente a los ahora accionantes,
por no haber sido allí demandantes.
Por lo inmediatamente señalado, la Sala no comparte las apreciaciones
del a-quo en el expediente T-5500112, quien estimó que en cada uno de
los procesos ordinarios como constitucionales, había identidad de partes, pues “en
sentido amplio [podían] tenerse a todos los sujetos como exempleados
acreedores”, ya que en realidad los ahora accionantes no fueron parte en
dichos procesos ordinarios. Aun cuando el a-quo consideró finalmente que
si bien “no [podía] hablarse de una cosa juzgada propiamente dicha (…) toda
vez que las partes, las pretensiones y los fundamentos de cada una varían de
una u otra forma”,  de todos modos decidió erradamente prevenir “al
apoderado principal y sustituto para que se abstenga de interponer una nueva
acción de tutela invocando los mismos hechos, para la protección de los mismos
derechos y contra las mismas accionadas, pues constituyen un verdadero desgaste
de la justicia, advirtiéndoseles que la sanción por temeridad puede consistir
desde suspensión hasta cancelación de la tarjeta profesional”.
7.1.2.3. En tercer lugar, respecto del proceso con radicado único nacional: 05301-31-05-008-2008-01080-02, surtido
ante el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, la Sala Laboral del
Tribunal Superior de la misma ciudad y la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, la primera de dichas autoridades judiciales informó a la
Sala que en dicho asunto figuran como demandantes Jorge Germán Zuluaga López,
Luis Enrique González Vasco, Rodrigo López Loaiza, Jesús Obed Bedoya, Gerardo
Moreno, Oscar Emilio Pérez Mira, José Domingo Ciro Buriticá, Francisco Javier
Zapata y Roque Idarraga, ninguno de los cuales es ahora accionante en las
tutelas acumuladas. Como parte demanda figura únicamente Cementos Argos S.A.
Por tanto, para la Sala, al no haber sido demandante ninguno de los tutelantes
en el referido proceso laboral, cuyas sentencias resultan ajenas a sus
intereses, no puede predicarse que sobre ellos operó el fenómeno de la cosa
juzgada ordinaria.
7.1.2.4. Por último, para la Corte sí se configura el fenómeno de cosa
juzgada ordinaria respecto de lo decidido por la Superintendencia de Sociedades
cuando conoció del concordato preventivo obligatorio y liquidación obligatoria de
Colcarburo S.A., por las razones que pasan a explicarse.
Como lo relatan los accionantes y se advierte de las pruebas allegadas
al proceso, la sociedad Colcarburo S.A. entró en concordato preventivo
obligatorio con sus acreedores, por solicitud que hiciera el apoderado especial
de la misma el 28 de diciembre de 1993 a la Superintendencia de Sociedades.
Este trámite fue admitido mediante Auto 410-135 de enero 14 de 1994[35], rigiéndose entonces
dicho proceso concordatario por la normatividad vigente para la época, es decir,
por el Decreto 350 de 1989 “Por el cual se expide
el nuevo régimen de los concordatos preventivos”.
En el marco del concordato preventivo, Colcarburo, en la
audiencia preliminar de deliberaciones concordatarias, acordó con sus
acreedores, entre ellos los trabajadores y extrabajadores de la misma,
incluidos la totalidad de los ahora accionantes[36] (quienes
otorgaron poder especial a la abogada Gladys Delgado de Rodríguez[37], que los
representó en la Junta Concordataria), el pago de los créditos laborales, así:
“Acuerdo Concordatario
(…)
Artículo Vigésimo Segundo.-
Salarios, Prestaciones, Vacaciones e indemnizaciones.- Los créditos causados
por los conceptos indicados, a cargo de Colcarburo y a favor de sus
trabajadores y empleados, serán cancelados, dentro de los doce (12) meses
siguientes, contados a partir de la vigencia del presente Acuerdo. Los pagos se
harán a prorrata de los créditos y a todos los trabajadores y empleados que
gocen de este privilegio, de acuerdo con la convención colectiva de trabajo y
el Laudo Arbitral.
Artículo Vigésimo Tercero.- Pensiones
de Jubilación.- Los créditos por concepto de pensiones de jubilación a cargo de
la sociedad deudora se liquidarán y pagarán en el mismo plazo previsto en el
artículo anterior, conforme a su valor actual y según la vida probable de cada
beneficiario, para lo cual se aplicarán las tablas que utilizan las compañías
de seguros del país”[38].
El acuerdo concordatario, del cual hacen parte los
artículos transcritos, fue aprobado por la Superintendencia de Sociedades,
mediante auto del 02 de junio de 1994, luego de advertir que este “cumple
con los requisitos legales de fondo y forma previstos en la ley, y como quiera
que el trámite se ajusta a los lineamientos señalados en el Decreto 350 de
1989, (…) para que adquiera obligatoriedad frente al deudor y los acreedores,
inclusive los ausentes y disidentes”[39].
Si bien el artículo 60 del Decreto 350 de 1989, establecía
que la decisión de la Superintendencia que aprobara el acuerdo concordatario, era
susceptible de demandarse ante la justicia administrativa[40], dicho
acto debía entenderse de naturaleza jurisdiccional por la función que la Superintendencia cumplía
(y hoy cumple) como juez de concordato, por los efectos jurídicos de sus
decisiones y las medidas que le era autorizado tomar dentro del proceso, que tenían
necesaria incidencia en otros procesos judiciales. Es tan así que las
características del trámite, con regulación especial, complementada por el entonces
Código de Procedimiento Civil y el Código de Comercio, daba a la actuación características
de un verdadero proceso judicial, aplicable también por los jueces civiles
especializados o, en su defecto, del Circuito, tratándose de concordatos de
personas naturales. Es así que el propio Consejo de Estado, en múltiples
oportunidades, al
inadmitir por falta de jurisdicción las demandas interpuestas contra este tipo
de decisiones, ha estimado:
“5.
Si bien el control jurisdiccional a que el decreto 350 de 1989 sometía el auto
por el cual la Superintendencia aprueba el acuerdo de los concordatos
asignados a su conocimiento, podía crear el equívoco de que la actuación se
tomara como administrativa y por consiguiente, los actos respectivos también
como tales, pese a la materialidad y características procesales de la
actuación, que el libelista también expone claramente en la demanda, y que
desde ya daban a dicha actuación la naturaleza jurisdiccional, hoy esta
posibilidad ha desaparecido por efectos de la prescripción clara y perentoria
del artículo 90 de la ley 222 de 20 de diciembre de 1995, en concordancia con
la derogatoria expresa que en su artículo 242 se hace del decreto referido,
derogación que apenas es una consecuencia obvia de lo que la misma ley estipula
en su artículo 90.
6.
Así las cosas, los actos en cuestión tienen naturaleza jurisdiccional, y como
tales, tratándose de la acción aquí incoada, la de nulidad y restablecimiento
del derecho, escapan por definición a la jurisdicción contencioso
administrativa, ya que mediante esta acción sólo puede juzgar los actos
administrativos, de acuerdo a lo estipulado en los  artículos 84 y 85 del
C.C.A.”[41].
Por tanto, la decisión jurisdiccional que aprobó el acuerdo
concordatario y, por ende, la forma de pagar las acreencias laborales a los
accionantes, al no haber sido impugnada por ninguno de los acreedores de
Colcarburo, tal y como lo manifiestan los mismos demandantes y la Superintendencia
de Sociedades, adquirió firmeza e hizo tránsito a cosa juzgada.
En el mismo sentido, debe señalarse que luego de que la
Superintendencia declarara terminado el concordato preventivo obligatorio mediante
Auto 411-6857 del 04 de septiembre de 1998, ante el incumplimiento del acuerdo
concordatario, se dio trámite a la liquidación obligatoria de los bienes que
conformaban el patrimonio de Colcarburo S.A. (de acuerdo a la Ley 222 de 1995 -
vigente para la época), declarándose finalmente terminado el proceso de
liquidación obligatoria, mediante el auto 440-12077 del 16 de septiembre de
1999[42].
En este último auto, la Superintendencia de Sociedades al referirse a la
situación económica de la concursada, señaló:
“De los estados financieros
allegados al proceso con corte a 31 de agosto de 1998, se infiere que la
sociedad Colcaburo a la fecha no posee activos liquidables, por el contrario,
el activo en cuentas de orden registró pérdidas fiscales para ser compensadas
con futuras utilidades por $22.654 millones de pesos, así como $216 mil
millones de pesos en pérdidas en el periodo comprendido entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de 1998.
De otra parte, y dado que con
ocasión de la liquidación privada que se venía adelantando se lograron cancelar
las acreencias pensionales y laborales y con su recapitalización se logró la
puesta en marcha de dos sociedades (Cales y Derivados de la Sierra S.A., en
Puerto Nare, y Químicos y Derivados de Cajicá, en Cajicá), este Despacho
encuentra debidamente sustentada la ausencia de activos liquidables de donde se
advierte innecesaria la gestión del liquidador y la continuidad del proceso en
cuestión” (destaca
la Sala).
Y más adelante concluyó:
“Agotadas entonces las etapas
procesales y verificado por el Despacho de una parte la satisfacción del
pago de las acreencias adeudadas por la concursada a los trabajadores y
pensionados mediante la creación de las dos empresas, la ausencia total de
activos y que los sujetos legitimados para interponer ante la jurisdicción ordinaria
las situaciones que configuren las acciones revocatoria y de simulación, de que
hablan los artículos 183 y 184 de la ley 222 de 1995, ni la acción ejecutiva de
que trata el inciso 2º del artículo 191 ibídem, por la existencia de argumentos
legales para hacerlo, el Despacho estima jurídicamente improcedente continuar
con el trámite del proceso liquidatorio de la sociedad Colombiana de Carburo y
Derivados S.A. Colcarburo en liquidación obligatoria, por lo tanto, dará
aplicación a lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley 222 de 1995” (destaca la Sala).
Resolviendo finalmente:
“Primero: Declarar terminado el
proceso de liquidación obligatoria de los bienes que conforman el patrimonio de
la sociedad Colombiana de Carburo y Derivados S.A. Colcarburo en liquidación
obligatoria, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta
providencia.
Segundo: Tener por aceptada la
gestión del liquidador y ajustados a derecho los informes presentados.
Tercero: Oficiar a la Cámara de
Comercio de Santafé de Bogotá, a fin de que inscriba lo resuelto en la presente
providencia, una vez ejecutoriada la misma.
Cuarto: Archivar el expediente.
Notifíquese y cúmplase”.
En este estado del análisis, resulta
pertinente recordar que “la Superintendencia de Sociedades actúa
como un verdadero juez durante el proceso concordatario, lo cual le fue
permitido en atención a su conocimiento especializado y a su amplia experiencia
en el área”[43].
Asimismo, esta “entidad administrativa de orden nacional encargada de la
inspección, vigilancia y control de las sociedades no vigiladas por otras
Superintendencias, desempeña funciones de tipo jurisdiccional en el
desarrollo de procesos de liquidación obligatoria de sociedades mercantiles, y
que sus decisiones, por lo tanto, constituyen providencias judiciales, lo
que indica que, eventualmente, éstas pueden llegar a constituir vías de hecho y
pueden ser impugnadas mediante el ejercicio de la acción de tutela”[44].
En ese orden de ideas, las decisiones jurisdiccionales
proferidas en el año 1994, de aprobar el acuerdo concordatario, como la dictada
en el año 1999, de declarar terminado el proceso de liquidación obligatoria,
por parte de la Superintendencia de Sociedades, al no
haber sido impugnadas, de acuerdo a lo manifestado por los accionantes y la
Superintendencia, adquirieron firmeza e hicieron tránsito a cosa juzgada.
De esta manera, las razones que los
accionantes alegan como fundamento de la presente solicitud de amparo, relativas
a las supuestas irregularidades que se pudieron ocasionar en los procesos de
concordato preventivo obligatorio como de liquidación obligatoria de la sociedad
Colcarburo S.A., tendrían relación inescindible con las decisiones
jurisdiccionales adoptadas por la Superintendencia de Sociedades, sobre las
cuales los accionantes han debido dirigir su argumentación a controvertir
dichas decisiones, demostrando el cumplimiento de los requisitos generales y
específicos de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias
judiciales, así como el acaecimiento de alguna irregularidad que se le pretenda
endilgar a la mismas[45].
No obstante, en esta oportunidad los actores
no dirigieron sus demandas de tutela contra la Superintendencia de Sociedades,
independientemente que en sede de revisión se haya vinculado a la misma, ni
controvierten las decisiones jurisdiccionales que dieron por aprobado el
acuerdo concordatario y terminada la liquidación obligatoria de Colcarburo
S.A., como quiera que las tutelas interpuestas fueron dirigidas únicamente contra
las sociedades Grupo Argos S.A. y Cementos Argos S.A.
Por tanto, no podría la Corte en sede de revisión, motu proprio
y obviando los requisitos jurisprudenciales para la procedencia de la tutela
contra decisiones judiciales, entrar a examinar los actos jurisdiccionales
adoptados por la Superintendencia de Sociedades, los cuales hicieron tránsito a
cosa juzgada ordinaria.
7.2. Verificación de procedibilidad de la tutela
contra particulares.
7.2.1. Teniendo en cuenta que las acciones de tutela en los expedientes
acumulados fueron dirigidas contra las sociedades Grupo Argos S.A. y Cementos
Argos S.A., así como que en sede de revisión fueron vinculadas al proceso las
sociedades Cales y Derivados de la Sierra S.A. en liquidación y Químicos y
Derivados de Cajicá en liquidación, toda ellas personas jurídicas de carácter
privado, la Sala debe examinar si las tutelas son procedentes contra las mismas,
habida cuenta de que los jueces de instancia pretermitieron realizar dicho
análisis.
El Grupo Argos S.A. en la contestación a las demandas, puso de presente
que las tutelas estaban dirigidas contra particulares, y para que ello fuera
viable, estos debían ser de “aquellos que presten un servicio público, que
su conducta afecte grave y directamente el interés colectivo o donde el
solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión, nada de lo cual
tipifica la posición jurídica de los aquí actores, quienes manifiestan el no
pago de la pensión de jubilación por el obligado, expresando los actos
jurídicos en la liquidación de dicha sociedad, hecho que sucedió hace 25 años
(…)”.
Por su parte, Cementos Argos S.A. al descorrer el traslado de las
acciones de tutela, precisó que “en el ámbito del derecho laboral y de la
seguridad social, nunca los actores tuvieron relación laboral con Cementos
Argos S.A., empresa que en el tema de pensiones, conserva el archivo que ordena
el artículo 264 del C.S.T., para el control de las mismas, y los aportes al
sistema de seguridad social, desde cuando operó el llamamiento obligatorio, a
los empleadores en la ciudad de Medellín, sin figurar en ninguno de estos los
ex trabajadores aquí demandantes”. Agregó que “por el hecho de ser
accionista de una sociedad anónima en su constitución, no se genera
responsabilidad solidaria en obligaciones laborales, no existe norma en el
ordenamiento laboral colombiano que consagre la solidaridad entre diferentes
empresas por tener la calidad de accionistas, con responsabilidad en el
patrimonio de cada empleador, donde Cementos Argos es un tercero”.
7.2.2. Pues bien, como se indicó en el punto 5 ut supra, la
acción de tutela contra particulares es procedente (i) cuando presta un servicio público, (ii) cuando su
conducta afecta grave y directamente el interés colectivo, y, (iii) cuando el
solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión frente al
particular.
Respecto de las sociedades accionadas y vinculadas al proceso, la Sala
advierte, luego de consultados los certificados de existencia y de
representación legal expedidos por la Cámara de Comercio y allegados al
proceso, que ninguna de estas sociedades presta un servicio público, sino que
su objeto social se encamina a la inversión de recursos y a la explotación de
la industria del cemento, entre otras actividades relacionadas. Asimismo, de
los presupuestos fácticos de las demandas, no se evidencia que la conducta que
se le pretende endilgar a tales sociedades afecte grave y directamente el
interés colectivo, pues las supuestas acciones u omisiones que se pretenden
atribuir se enfocan exclusivamente a solventar el interés particular de cada
uno de los accionantes, esto es, el reconocimiento de una prestación pensional.
7.2.3. Ahora bien, resta analizar si los accionantes frente a las
sociedades demandadas se encuentran en estado de subordinación o indefensión.
7.2.3.1. Como ya se señaló, el concepto de
subordinación refiere a una relación de índole jurídica, en la que una persona
depende de otra, como es el caso de los trabajadores respecto de sus
empleadores. En esta oportunidad, de acuerdo a lo manifestado por los
demandantes y las accionadas, así como se desprende de las pruebas aportadas al
proceso, entre los accionantes y las sociedades Grupo Argos S.A. y Cementos
Argos S.A. no ha existido ni actualmente existe una relación jurídica que
suponga la dependencia de los primeros respecto de las segundas, como lo sería
una relación de carácter laboral.
En efecto, los accionantes
manifestaron que laboraron para Colcarburo S.A., aportando, en algunos casos,
copia del contrato laboral u otros documentos que darían cuenta de la
existencia de dicha relación. Sin embargo, en parte alguna de su relato ni de
la documentación allegada, se evidencia que los actores hayan tenido algún tipo
de relación jurídica con las sociedades accionadas y mucho menos que los haga
dependientes de estas.
En el caso de las señoras Nohelia Cabal de González, María del Rosario Jiménez
Restrepo, María Eugenia Correa Hincapié, Herlinda Margarita Giraldo Gómez,
María Celmira Legarda Galván, María Amparo Londoño, María Eugenia Londoño,
Carlina Mejía de Guillen y María Virginia Santamaría Vanegas, quienes
interponen la tutela en busca del reconocimiento de un derecho que alegan se
encontraba en cabeza de su compañero permanente o cónyuge fallecido, no se
puede siquiera afirmar que estas contaban con una relación laboral con
Colcarburo S.A., y mucho menos con las sociedades accionadas.
Por tanto, frente a las
sociedades Grupo Argos S.A. y Cementos Argos S.A., no puede aseverarse que los
accionantes se encontraban en una relación de subordinación, pues su empleador
fue única y exclusivamente Colcarburo S.A., de acuerdo a sus propias
manifestaciones y a los contratos de trabajo a término indefinido que de
algunos de ellos reposan en el expediente. En este punto se hace necesario
precisar que legalmente no puede asegurarse que en una sociedad anónima los
accionistas de la misma hagan las veces de patrono de los trabajadores
contratados por esta, pues dicha sociedad es un ente diferente e independiente
de quienes la constituyen[46].
Igualmente, las sociedades accionadas no tienen ninguna de las condiciones
previstas en el artículo 32 del Código Sustantivo del Trabajo, según el cual “Son
representantes del {empleador} y como tales lo obligan frente a sus
trabajadores además de quienes tienen ese carácter según la ley, la convención
o el reglamento de trabajo, las siguientes personas: a) Las que ejerzan
funciones de dirección o administración, tales como directores, gerentes,
administradores, síndicos o liquidadores, mayordomos y capitanes de barco, y
quienes ejercitan actos de representación con la aquiescencia expresa o tácita
del {empleador}; b) Los intermediarios”.
Aún en la hipótesis de
aceptarse que los accionistas de una sociedad sean los patronos en la aludida
relación laboral[47],
en el caso de Grupo Argos  S.A. debe recordarse que dicha sociedad dejó de ser
accionista de Colcarburo el 31 de diciembre de 1990, por lo que ninguna
supuesta subordinación podría argüirse al momento de exigirse el reconocimiento
de las acreencias laborales en el trámite de concordato preventivo obligatorio
(1994) y posterior liquidación (1999) de Colcarburo S.A.
Ahora bien, podría aducirse
para llegar al extremo de derivar de allí algún tipo de relación jurídica con
los accionantes, que entre las sociedades demandadas y Colcarburo S.A. había
unidad de empresa o que las primeras eran matriz de aquella. Sin embargo, esta
hipótesis tampoco sería de recibo, pues como lo advirtió a la Sala el
Ministerio del Trabajo, “de acuerdo a la información suministrada
por las Direcciones Territoriales, éste Ministerio a la fecha no ha declarado
unidad de empresa entre las sociedades Compañía de Cemento Argos, Cementos El
Cairo y Cementos del Nare S.A., en relación con Colcarburo. Así mismo, se
informa que las anteriores empresas no han presentado solicitudes de
declaratoria de unidad de empresa ante ninguna Dirección Territorial ni en la
Unidad Especial de Investigaciones”. De forma similar, respecto de la calidad
de matriz, la Superintendencia de Sociedades indicó a la Corte que no tenía
conocimiento de dicha situación, precisando que “después de haber revisado los sistemas de
información de la Entidad, no se encontró que la Superintendencia de Sociedades
hubiese abierto investigación administrativa alguna dirigida a determinar la
existencia de un grupo empresarial que vincule a las sociedades en mención, ni
producto del cual se haya declarado la calidad de matriz de las sociedades
Compañía de Cementos Argos, Cementos El Cairo S.A. y Cementos del Nare S.A. con
relación a Colcarburo S.A.”. Por tanto, al no haber sido declarada por las autoridades
competentes la unidad de empresa[48]
ni la calidad de matriz[49]
anteriormente aludidas, no puede la Corte suponer lo contrario o entrar a
dilucidar aspectos jurídicos, administrativos y técnicos, tales como el
predominio económico, la similitud, la conexidad, la complementariedad entre
las sociedades, etc., y mucho menos sin contar con los elementos ni la
competencia para hacerlo[50].
Proceder de otra manera, implicaría desbordar el carácter sumario y residual de
la acción de tutela, para definir aspectos litigiosos de naturaleza legal que
no corresponde dilucidar al juez constitucional.
7.2.3.2. De otra parte, con el
fin de examinar si los accionantes se encuentran en estado de indefensión
frente a las sociedades accionadas, debe recordarse que tal situación se
predica de aquella persona imposibilitada para satisfacer una necesidad básica,
por causa de una actuación desplegada por un particular, en ejercicio irrazonable
o desproporcionado de un derecho del que es titular, sin que dicha persona
cuente con posibilidades jurídicas ni fácticas para reaccionar defendiendo sus
intereses.
En esta oportunidad, la Sala
advierte que los accionantes no se encuentra en estado de indefensión frente a
Grupo Argos S.A. ni Cementos Argos S.A., por las razones que pasan a desarrollarse.
En primer lugar, las
necesidades básicas supuestamente insatisfechas de los accionantes,
relacionadas con la falta de recursos para su subsistencia, que derivan del no
reconocimiento de sus derechos pensionales, no se desprende del ejercicio irrazonable
o desmedido de algún derecho de las sociedades accionadas, pues así no se
advierte de los presupuestos fácticos señalados en las demandas ni del material
probatorio obrante en el proceso. Ciertamente, en parte alguna se evidencia que
las sociedades accionadas hayan ejercitado desproporcionadamente algún tipo de
derecho que hubiera impedido a los accionantes satisfacer necesidades ligadas
al mínimo vital por más de 20 años o, incluso, que en su momento hayan
imposibilitado exigir a su empleador el reconocimiento de eventuales derechos
pensionales. Igualmente, no se advierte que tales sociedades, en ejercicio descomedido
de sus derechos como accionistas de Colcarburo S.A., hayan adoptado decisiones
unilaterales tendientes a afectar los derechos laborales de los actores, como
tampoco, en el trámite del concordato preventivo y la liquidación obligatoria
de la referida sociedad, hayan intervenido con tal propósito[51].
En segundo lugar, los
accionantes siempre han contado con posibilidades jurídicas idóneas para la
defensa de sus intereses, que pudieron activar contra las sociedades demandadas,
si estimaban que ellas eran responsables de la garantía de sus derechos pensionales.
En efecto, la legislación laboral prevé la posibilidad de acudir ante el
inspector del trabajo y ante la jurisdicción laboral, para que por vía
administrativa o judicial se satisfagan los derechos presuntamente
desconocidos. Claro ejemplo de ello son las demandas laborales interpuestas por
otro grupo de ex trabajadores de Colcarburo S.A. contra la Compañía de Cementos
Argos S.A. y otras cementeras[52],
con pretensiones similares a las ahora presentadas vía tutela, que llegaron
hasta sede de casación, y que si bien no prosperaron en el trámite del recurso
extraordinario por deficiencias en la técnica de la demanda, si da cuenta de la
existencia de posibilidades jurídicas y de medios eficaces a disposición de los
accionantes[53].
En ese orden, no puede
afirmarse que los ahora demandantes se encuentran en estado de indefensión
frente a las sociedades accionadas, cuando han contado con mecanismos
administrativos y acciones judiciales para reaccionar en defensa de sus
intereses. A este respecto valga anotar que los accionantes fueron representados
por profesionales del derecho, de acuerdo a los poderes que obran en el
expediente acumulado, durante los procesos de concordato preventivo obligatorio
y de liquidación obligatoria de Colcarburo S.A., en los cuales se buscaba la
cancelación de los créditos laborales a cargo de dicha sociedad[54].
Así entonces, difícilmente podría aducirse que los demandantes carecieron de
asesoría profesional y, por tal motivo, hayan omitido, por más de 23 años, hacer
ejercicio de los mecanismos a su disposición, más aún cuando no explican las
razones de tal descuido.
Por todo lo anterior, en esta
ocasión la Sala concluye que las acciones de tutela no resultan procedentes
contra las sociedades Grupo Argos S.A. y Cementos Argos S.A., por no prestar
ellas un servicio público, no afectar con su conducta el interés colectivo y no
estar los accionantes frente a ellas en estado de subordinación o indefensión.
7.2.4. Finalmente, respecto a las sociedades Químicos y Derivados de
Cajicá S.A. y Cales y Derivados de la Sierra S.A., ambas en liquidación, la
Sala debe brevemente precisar que las mismas fueron vinculadas en sede de
revisión, ante la eventualidad de que pudieran verse involucradas con los
resultados del proceso. Si bien algunos accionantes laboraron en dichas
sociedades, en los hechos de las demandas ninguna conducta ha sido reprochada a
las mismas por los actores ni dieron lugar al ejercicio de las acciones de
tutela, al punto que no fueron demandadas. Por tanto, la vinculación en esta
instancia, no es propiamente ad excluendum, pues no asumen la posición
principal de accionadas en el trámite de tutela, sino que al ser mencionadas
reiteradamente en los hechos de las demandas y requerirse pruebas de su parte,
su vinculación fue indispensable.
Aun cuando lo anterior sea
suficiente para declarar la improcedencia de las acciones de tutela frente a
las sociedades demandadas, la Corte ve necesario continuar con el examen de
procedibilidad, habida cuenta que al proceso fueron vinculadas entidades estatales
y sociedades particulares que manifestaron su interés en el caso sometido a
revisión.
7.3. Verificación del cumplimiento de requisitos para
la procedencia de la tutela en materia de reconocimiento y pago de derechos
pensionales.
De acuerdo a lo indicado en la parte motiva de esta decisión, la acción
de tutela no es procedente para reclamar el reconocimiento de derechos
pensionales, pues existen mecanismos de defensa judicial ante la jurisdicción
ordinaria, para hacer efectivo los mismos. No obstante, de forma excepcional, la
tutela sería procedente aun cuando los interesados cuenten con las acciones
judiciales, si el juez constitucional advierte que tales
mecanismos no son idóneos para garantizar el amparo efectivo de los derechos. Para
ello, la Corte ha previsto que deben verificarse los siguientes requisitos: (a)
Que se trate de sujetos de especial de protección constitucional; (b) que la falta de pago de la
prestación o su disminución generen un alto grado de afectación de los
derechos fundamentales, en particular, del derecho al mínimo vital; (c) que el
afectado haya desplegado cierta actividad administrativa y judicial con
el objeto de que le sea reconocida la prestación que reclama; (d) que se
acredite siquiera sumariamente, las razones por las cuales el medio
judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata de los
derechos fundamentales presuntamente afectados; y (e) que exista una mediana
certeza sobre el cumplimiento de los requisitos de reconocimiento del
derecho reclamado.
7.3.1. Así entonces, pasa la
Sala a establecer si los
anteriores requisitos se encuentran reunidos en esta oportunidad.
7.3.1.1. Que se trate de sujetos de especial de protección constitucional. De acuerdo a las copias de las cédulas de
ciudadanía que fueron aportadas en las demandas, la Corte advierte que este
requisito se encuentra acreditado por la mayoría de los accionantes, quienes son
personas de la tercera edad, al oscilar sus edades entre los 60 y 85 años[55]. Sin embargo, no puede asegurarse lo mismo
respecto de algunos accionantes que no superan los 60 años de edad, entre
ellos: Saúl Cáceres Villalba (quien
cuenta con 59 años), Gildardo de Jesús Restrepo Sánchez (con 50 años), Luís
Enrique Rodríguez (con 59 años), José Israel Trujillo (con 59 años), Hermes
Vargas Vargas (con 57 años), William de Jesús Castrillón (con 57 años) y María
Eugenia Londoño García (con 58 años).
Respecto
de estas últimas personas, nada se mencionó en las demandas ni se encuentra
acreditado en el expediente, que permita a la Sala considerarlos sujetos de
especial protección constitucional, tales como madres o
padres cabeza de familia, en situación de discapacidad, víctima de
desplazamiento forzado, entre otras.
7.3.1.2. Que la falta de
pago de la prestación generen un alto grado de afectación de los derechos
fundamentales, en particular, del derecho al mínimo vital[56]. En
cuanto a este requisito, la Sala debe señalar que en el presente asunto, los
accionantes no alegan que la prestación pensional ya les haya sido reconocida y
que su pago no se ha efectuado o ha sido suspendido. Por el contrario, los
actores pretenden que a través de la acción de tutela la referida prestación
les sea reconocida y pagada (accionantes expediente T-5500112) o que se consigne el título pensional en el fondo de
pensiones escogido por cada uno de ellos (accionantes expediente T-5535418). Por tanto, no puede afirmarse prima
facie, que la actual situación socio-económica de los demandantes o la posible
afectación a su mínimo vital, sea la consecuencia de la falta de pago de una
prestación a cargo de las sociedades demandadas, cuyo reconocimiento hasta
ahora se pretende definir (la titularidad no está acreditada: no se está en
presencia de un derecho cierto o adquirido)[57] y que
supuestamente se causó hace más de 23 años. Sobre esto último, la Sala debe
puntualizar que la falta de inmediatez en
la presentación de la tutela constituye un indicio de la inexistencia de
afectación al mínimo vital, pues el silencio de los peticionarios durante más de dos
décadas permite presumir que no se han
sentido lo suficientemente afectados en sus garantías fundamentales y que han
podido continuar subsistiendo por años sin necesidad de acudir ante el juez
constitucional.
Independientemente
de lo anterior, la Corte ve necesario hacer referencia a la situación
socio-económica de los accionantes, para establecer si su mínimo vital se
encuentra afectado en alto grado, pero no con ocasión de la falta de pago de la
prestación reclamada. Para ello, la Sala se remite a lo informado por algunos
de los demandantes (ver punto 7.3.7. Pruebas allegadas por los accionantes), al
diligenciar el formulario elaborado por el apoderado de los mismos, ante la
solicitud efectuada por la Sala mediante el auto 409 de 2016.
Como se puede apreciar de la
información suministrada, la mayoría de los accionantes aseguran, sin mayor
detalle, que su situación es “regular”, “baja”, “mala, “precaria” o
“dura”, así como que dependen de sus esposas, hijos, amigos o trabajos
esporádicos. Sin embargo, nada precisan sobre el monto de los recursos
requeridos para su subsistencia, el lugar donde habitan, la forma de obtener su
alimento y vestuario, así como su estado de salud[58].
Pese a lo señalado, de acuerdo
a la consulta de puntaje en el Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para
Programas Sociales, aportada por los accionantes en sede de revisión, la Sala advierte
que la mayoría de ellos se encuentran clasificados en los niveles 1 y 2, al tener
puntajes inferiores a 54,86, lo cual denota que su condición socio-económica es
precaria. No obstante, tal situación no puede predicarse de algunos
accionantes, quienes superan el referido puntaje, entre ellos los señores José Hernando Andrade Castillo (con 59,77), Isidro
Builes Fernández (con 57,12), Pedro Luis Idárraga Ríos (con 62,73), Pedro Luis
Jaramillo Arango (con 67,74), José Israel Trujillo (con 55,49), Luis Carlos
Vásquez Rendón (con 64,28), Juan de Dios Botero Osorio (con 68,93), Ramiro de
Jesús Cañas (con 62,06), Walter de Jesús García Gutiérrez (con 70,68), Joaquín
Emilio Giraldo (con 61,18), Jorge Luís Hernández Hernández (con 55,15), Oscar
Elkin Isaza Arango (con 74,72), María Celmira Legarda Galván (65,17), María
Eugenia Londoño García (con 62,72) y Fidel Mosquera Luna (con 60,41), clasificados
en los niveles 3, 4 y 5.
Asimismo, es de destacar que casi todos los accionantes informaron que
se encuentran afiliados al sistema de seguridad social en salud, tanto en el
régimen contributivo como en el subsidiado, con excepción de los señores Luis
Eduardo Giraldo, Luis Alfredo Londoño Pérez, Alberto Antonio Parra Foronda,
Luis Alberto Tobón Lezcano, William de Jesús Vélez Castrillón, Walter de Jesús
García Gutiérrez, Joaquín Emilio Giraldo, Jorge Luís Hernández Hernández, María
Amparo Londoño y Miguel Ángel Rúa Gómez, quienes indicaron no encontrarse
afiliados a ninguna EPS. Aun cuando el señor Parra Foronda informa no
encontrase afiliado al sistema de salud, en la documentación por él aportada[59] se advierte que viene
cotizando al sistema de pensiones ininterrumpidamente desde el año 1995 a 2016,
con un último Ingreso Base de Cotización de $1.675.000, trabajando para
Servitraf Ltda., por lo que la Sala entiende que debe encontrarse afiliado al
sistema de salud. Es de destacar que los accionantes no manifestaron tener
afecciones de salud ni acreditaron nada al respecto.
De otra parte, valga resaltar que los señores José Hernando Andrade
Castillo, Isidro Builes Fernández, Pedro Luis Idárraga Ríos, María Rosario
Jiménez Restrepo, Jaime Albeiro Rodríguez, Luis Francisco Rodríguez, José
Israel Trujillo, Luis Carlos Vásquez Rendón, Oscar Elkin Isaza Arango, María
Celmira Legarda Galván y María Eugenia Londoño García, informaron que se
encuentran afiliados al sistema de salud en el régimen contributivo en calidad
de cotizantes, lo cual denota cierta capacidad de pago que no permite presumir
la grave afectación de su mínimo vital.
Por su parte, los señores Luis Francisco Rodríguez (trabaja en Prominerales
Ltda.), José Israel Trujillo (trabaja en soldadura), Oscar Elkin Isaza Arango (tiene
contrato con empresa), María Eugenia Londoño García (trabaja en casas de
familia), Fidel Mosquera Luna (trabaja en construcción) y Gonzalo de Jesús
Ocampo (vende boletas de rifas a porcentaje), indicaron que actualmente tienen
un empleo. Asimismo, la señora María Rosario Jiménez Restrepo, señaló que es
beneficiaria de una pensión por invalidez[60].
Así entonces, puede entenderse que estas personas cuentan con una fuente de
ingresos que contribuye a su sostenimiento.
Aun cuando los accionantes omitieron informarlo, no sobra poner de
presente que a gran parte de ellos les fue reconocida una indemnización sustitutiva
de la pensión de vejez por parte de Colpensiones, tal y como lo informó dicho
fondo, aportando las resoluciones expedidas en los años 2013 a 2016[61]. Estas indemnizaciones
han contribuido de alguna manera al sostenimiento por algún periodo de tiempo
de los accionantes. Entre los actores a quienes les fue reconocida tal
indemnización se encuentran: Armando de Jesús Agudelo Cañas ($4.082.547),
Rafael Antonio Isaza Espinosa ($6.125.756), Andrés Avelino Présiga Carvajal
($3.646.435), Gildardo de Jesús Restrepo Sánchez ($3.826.298), Jorge Iván Rúa
($11.052.888), Jesús Salvador Saldarriaga Jiménez ($7.447.769), Francisco
Antonio Valencia Londoño ($4.059.084), Juan de Dios Botero Osorio ($2.906.371),
Ramiro Cañas ($8.227.617), Jesús Antonio Díaz Soto ($7.658.115), Oscar Díaz
Soto ($7.844.980), Raimundo Flórez Palencia ($18.215.998), Arturo de Jesús
García Gutiérrez ($3.061.784), Walter de Jesús García Gutiérrez ($11.994.588),
María Eugenia Londoño García ($7.447.030), Aníbal de Jesús Macías ($7.494.867),
Carlina Mejía de Guillén (reconocida a Jorge Guillén Gómez) ($16.684.910),
Gonzalo de Jesús Ocampo ($7.168.844), Julio Ernesto Peña Gómez ($4.325.452),
Aníbal Perdomo Bueno ($9.096.516), Pedro Pablo Rojas Cardona ($6.159.492),
Miguel Ángel Rúa Gómez ($3.747.493), Héctor Antonio Vélez Castrillón ($11.832.359)
y Conrado Emilio Zapata García ($27.601.253).
Es de señalar que aun cuando los demandantes aducen en los hechos que
no han recibido ningún beneficio económico por las acciones asignadas de las
sociedades Químicos y Derivados de Cajicá S.A. y Cales y Derivados de la Sierra
S.A., la primera de estas sociedades informó a la Sala que efectivamente se
realizaron unos pagos, adjuntando un listado[62]
donde se relacionan algunos de ellos por sumas que oscilan entre $1.348.382 y $5.347.792,
pero sin indicarse las fechas. Precisa que “los pagos se hicieron a medida
en que se iban recibiendo los valores por venta de activos, no es posible
presentar el listado de pagos en un solo documentos donde se sumen todos los
pagos realizados. Esta información no me es posible anexarla, el computador
donde se trabajó no existe”. Agrega que “tan pronto vendió sus activos,
pagó a sus accionistas en las proporciones correspondientes al número de
acciones a su nombre”. Igualmente, el Ministerio del Trabajo informó a la
Sala que “los demandantes, como bien lo aceptan, convinieron la
constitución de dos sociedades a sus nombres con el fin de que se les pagara
sus acreencias y, por su parte, aceptaron algunos del IFI la compra de sus
acciones por valor de $200.000.000”. En cuanto a Cales y Derivados de la Sierra S.A., la
adjudicación de acciones a los demandantes y otros acreedores, fue suspendida mediante
auto por la Superintendencia de Sociedades[63],
sin que a la fecha se haya definido esa situación. No obstante, con
anterioridad a ello, los demandantes Palacio Palacio, Céceres Villalba y
Herrera Jaramillo, vendieron las acciones que inicialmente les fueron dadas, a
pesar de haber afirmado en la tutela que no habían recibido beneficios con las
mismas.
Conforme a todo lo anterior, la Sala puede presumir que los accionantes
tienen afectado su mínimo vital, con excepción de los que atrás fueron
identificados, cuyo nivel en el Sisben es 3, 4 y 5, así como aquellos que se
encuentran afiliados al sistema de salud en calidad de cotizantes y los que en
la actualidad cuentan con un empleo. Del mismo modo, no puede entenderse que
tiene afectado su mínimo vital, la accionante beneficiaria de la pensión por
invalidez, y aquellos demandantes a quienes en los últimos 3 años les fue
reconocida la indemnización sustitutiva, con sumas que en algunos casos ascienden
hasta los $11.832.359 y $27.601.253.
Finalmente, respecto de los accionantes Amada de Jesús
Benítez Hurtado, Saúl Cáceres Villalba, Javier de Jesús Mosquera Uribe, Iván
Antonio Olarte Rojas, Luis Enrique Rodríguez, Argemiro de Jesús Duque Vergara,
Carlos Enrique Gaviria Morales y José Guillermo Herrera Jaramillo, la Sala no
pudo establecer su afectación al mínimo vital, pues no se allegó información
alguna durante el trámite en sede de revisión y nada se precisó en las demandas
de tutela sobre el particular[64].
7.3.1.3. Que el afectado haya desplegado cierta actividad administrativa y
judicial con el objeto de que le sea reconocida la prestación que reclama.
De
acuerdo a la información suministrada por los propios accionantes, por la
Superintendencia de Sociedades y por el Ministerio del Trabajo, este requisito
no se cumple, pues ninguno de los demandantes realizó algún tipo de gestión o
actividad administrativa o judicial, tendiente al reconocimiento de la
prestación que ahora reclaman a través de la acción de tutela.
En efecto, los accionantes nunca han presentado reclamación alguna
directamente ante las sociedades Grupo Argos S.A. y Cementos Argos S.A., en
busca del reconocimiento de las prestaciones pensionales pretendidas, sino que
decidieron, luego de 23 años, acudir directamente a la acción de tutela.
De otra parte, al remontarse al proceso de concordato preventivo
obligatorio de Colcarburo S.A., la Sala preguntó a la Superintendencia de
Sociedades si se habían interpuesto recursos en sede administrativa[65]
y acciones judiciales contra las decisiones adoptadas por dicho organismo, en
particular contra el auto que aprobó el acuerdo concordatario, informando que no
había evidencia de ello. Asimismo, se indicó que en el marco de la liquidación obligatoria
de dicha sociedad, tampoco se presentaron recursos contra el auto que declaró
terminado tal proceso. Aclaró, sin embargo, que otras personas, diferentes a los accionantes, “mediante
memorial de 4 de agosto de 2005, radicado en la entidad bajo el número
2005-02-013448”, solicitaron la nulidad del auto mencionado, no obstante,
“esa nulidad fue declarada improcedente por extemporánea, máxime si se tiene en
cuenta que el proceso de liquidación obligatoria ya había terminado”.
En lo que respecta al Ministerio del Trabajo, esta entidad señaló
a la Corte que ante la misma “no se ha radicado queja alguna relacionada con la presunta
violación de derechos pensionales de los trabajadores que figuran como
accionantes”. En este punto, debe precisarse que el señor José Hernando Andrade Castillo aseguró que hizo “reclamación
ante el Ministerio del Trabajo con final negativo para mí”, sin embargo, no
indicó el sentido de su reclamación y no aportó documento alguno que así lo
demostrara. Igualmente, los señores Pedro Luis Jaramillo y
Jorge Luis Hernández, adujeron que habían presentado derecho de petición, pero sin
señalar ante quien y cuál fue su resultado, como tampoco aportaron copia del
mismo. Similar situación ocurrió con la señora Magdalena González Navarro,
quien señaló que “he reclamado y el resultado es nulo”, pero sin
precisar ante quien y sin aportar copia del documento que así lo demuestre.
Ahora bien, en lo que atañe al despliegue de
acciones judiciales, los demandantes nunca han presentado demanda alguna, diferente
a las acciones de tutela que ahora ocupan a la Sala, a pesar de haber contado
siempre con los mecanismos de defensa consagrados en la legislación laboral, en
el Decreto 350 de 1989 y la Ley 222 de 1995.
Ciertamente, el artículo 2º del Código
Procesal del Trabajo (modificado por el art. 2º de la Ley 712 de 2001), establece:
“Artículo 2o. Competencia General. La Jurisdicción Ordinaria, en sus
especialidades laboral y de seguridad social conoce de:
1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en
el contrato de trabajo.
(…)
4. Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral
que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores
y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza
de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan.
5. La ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y
del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad.
(…)”.
Los accionantes siempre han podido activar la
jurisdicción ordinaria laboral para que mediante un proceso el juez del trabajo
se pronuncie sobre sus derechos y, si es del caso, disponga su protección, juicio
al cual no han acudido[66].
Si bien los señores Pedro Luis Jaramillo y Gonzalo de Jesús Ocampo indicaron en
el formulario elaborado por su apoderado que “se colocó demanda con la
Doctora Luz Amparo Gaviria en la ciudad de Medellín. No obtuvimos resultado
alguno”, al respecto no precisaron ante cual autoridad judicial presentaron
demanda ni contra quien, como tampoco aportaron documento relacionado que así
lo acredite. Lo mismo ocurrió con el señor Jorge Luis Hernández, quien dijo que
“nos quejamos ante la Corte Suprema de Justicia. No se obtuvo nada”, sin
aportar documentación alguna o información adicional que aclare su afirmación.
Asimismo, en lo que respecta a los procesos
de concordato y liquidación obligatoria de la sociedad Colcarburo S.A., ante
alguna inconformidad en su trámite o del resultado de las mismas, los
demandantes han contado con diferentes mecanismos a los que, igualmente,
omitieron acudir, pese a estar representados en los mismos por un profesional
del derecho. Así, en el evento de que antes o durante el desarrollo del
concordato preventivo obligatorio, en el supuesto de que las sociedades
accionadas hayan sido responsables de garantizar los derechos alegados por los
demandantes y hayan actuado en contra de sus intereses, el artículo 56 del
Decreto 350 de 1989, establecía que “El contralor o cualquier
acreedor, podrán demandar ante el juez civil del circuito del domicilio
principal del empresario, la revocación de cualquiera de los actos enumerados
en el artículo 19[67]”.
Ahora, en lo que concierne a similar inconformidad
frente al proceso de liquidación obligatoria de Colcarburo S.A., los
accionantes han podido acudir a los mecanismos previstos en los artículos 183 a
185 y 207 de la Ley 222 de 1995, que prevén las acciones revocatoria y de
simulación, como el proceso ordinario de responsabilidad[68], así:
“Artículo 183.
Acción revocatoria. Cuando los bienes que componen
el patrimonio liquidable, sean insuficientes para cubrir el total de los
créditos reconocidos, podrá demandarse la revocación de los siguientes actos o
negocios, realizados por el deudor:
1. La extinción de las obligaciones, las daciones en pago, y en
general, todo acto que implique disposición, constitución o cancelación de
gravamen, limitación o desmembración del dominio de bienes del deudor,
realizados en detrimento de los intereses o derechos de los acreedores, durante
los doce meses anteriores a la apertura del trámite concursal, cuando no
aparezca que el adquirente obró con buena fe exenta de culpa.
2. Todo acto que a título gratuito se hubiere celebrado dentro de los
veinticuatro meses anteriores a la apertura de trámite concursal.
3. Las reformas estatutarias y las liquidaciones sociales acordadas de
manera voluntaria por los socios, formalizadas dentro de los seis meses
anteriores a la apertura del trámite concursal, cuando con ellas se haya
disminuido el patrimonio del deudor en perjuicio de los acreedores.
Artículo 184. De la acción de simulación. Bajo el mismo supuesto de insuficiencia de
bienes, podrá demandarse la declaratoria de simulación de los actos y contratos
celebrados por el deudor.
Artículo 185. Termino para presentar la demanda.  Las acciones revocatorias podrán interponerse
por el liquidador o por cualquiera de los acreedores reconocidos en el trámite
liquidatorio, dentro del año siguiente a la fecha en que quede en firme la
providencia de graduación y calificación de créditos.
(…)
Artículo 207.
De los socios. Cuando los bienes de la liquidación
sean insuficientes para cubrir el total de los créditos reconocidos y se
demuestre que los socios utilizaron la sociedad para defraudar a los acreedores,
serán responsables del pago del faltante del pasivo externo, en proporción a
los derechos que cada uno tenga en la sociedad. La demanda deberá promoverse
por el acreedor respectivo y se tramitará por el proceso ordinario”.
Así entonces, la Corte concluye
que los accionantes han omitido realizar alguna gestión administrativa o
judicial, tendiente al reconocimiento de la prestación reclamada o a la
protección de los derechos que aducen les son desconocidos, por lo que en esta
oportunidad tal requisito no se encuentra cumplido.
7.3.1.4. Que se acredite siquiera sumariamente, las razones por las
cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección
inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados. Al respecto, de forma
tangencial, los accionantes sólo manifiestan que son sujetos de especial
protección constitucional y que por su avanzada edad no podrían soportar el
trámite de una acción ordinaria laboral. Sin embargo, en concordancia con lo
estudiado en los puntos 7.3.1.1. y 7.3.1.2., no todos los accionantes
pertenecen a la tercera edad y, aquellos que sí, no por ese solo hecho la
tutela debe reemplazar indefectiblemente los medios ordinarios y hacer viable el amparo constitucional como mecanismo transitorio[69]. No se mencionó y, por lo mismo, tampoco se
acreditó siquiera sumariamente, que alguno de los demandantes tuviera
quebrantos graves de salud que lo enfrentara ante la inminencia de
sufrir un perjuicio irremediable o no le permitiera esperar los resultados de un proceso ordinario.
Asimismo, como se advirtió, muchos de los actores no se encuentran en
condiciones materiales que den cuenta de una grave afectación a su mínimo
vital, que justifiquen la ineficacia del medio judicial ordinario y que
exija una decisión inmediata por parte del juez de tutela.
En esta oportunidad, difícilmente podría la Sala considerar
ineficaz los medios ordinarios establecidos por el legislador para resolver
este tipo de asuntos, cuando los accionantes han dejado transcurrir más de 23
años sin acudir a los mismos y sin explicar las razones de tan protuberante
omisión.
En este punto
se hace indispensable precisar que si bien el principio de inmediatez en la
interposición de la acción de tutela se flexibiliza en asuntos como el presente, en virtud del carácter
imprescriptible de las pensiones[70],
donde se supone que el daño se mantiene actual mientras subsista el derecho a
la prestación, en el caso analizado la presentación de la tutela luego de más
de dos décadas, sin que exista una justa causa para el no ejercicio oportuno,
no resulta razonable y evidencia la desidia o indiferencia de los accionantes en la defensa de los
propios derechos, no pudiéndose derivar de allí la ineficacia o falta de
idoneidad de los mecanismos ordinarios previstos en la Ley[71].
Por tanto, para
la Corte, este requisito tampoco se encuentra acreditado.
7.3.1.5. Que exista una mediana certeza sobre el
cumplimiento de los requisitos de reconocimiento del derecho reclamado. Para
la Sala el cumplimiento de este requisito no se encuentra satisfecho, por las
siguientes razones.
En primer lugar, los accionantes pretenden que las sociedades
Grupo Argos S.A. y Cementos Argos S.A., les reconozca y pague la pensión de jubilación (accionantes del expediente T-5500112) y les
consigne el título pensional en el fondo de pensiones escogido por cada uno de
ellos (accionantes expediente T-5535418). Sin embargo, para que ello sea legalmente
posible, tales sociedades han debido ser las empleadoras de los actores, lo
cual no se encuentra probado en el expediente. Como se indicó en páginas
precedentes, los demandantes no han tenido relación laboral alguna con las
referidas sociedades, pues los contratos de trabajo han sido única y
exclusivamente con la extinta sociedad Colcarburo S.A. Del mismo modo, no se
encuentra acreditado que tales sociedades contaban con la calidad de ser
representantes del empleador, en los términos del artículo 32 del Código
Sustantivo del Trabajo[72],
que las obligara frente a los trabajadores de Colcarburo, es decir, que hayan
ejercido funciones de dirección o administración, hayan representado al
empleador con su aquiescencia o fueran sus intermediarios.
El ordenamiento laboral colombiano no tiene
previsto que se genere responsabilidad solidaria o subsidiaria en materia de
obligaciones laborales, en cabeza de los accionistas de sociedades anónimas que
supuestamente hayan incumplido con las mismas, pues tal responsabilidad recae
integralmente es en el empleador, que en este caso fue Colcarburo S.A. En
efecto, el artículo 72 de la Ley 90 de 1946[73],
los artículos 193, 259 y 276 del Código Sustantivo del Trabajo[74], así como el artículo
22 de la Ley 100 de 1993[75],
establecen obligaciones y responsabilidades en esta materia, únicamente
respecto del empleador.
Ahora bien, el artículo 36 del Código
Sustantivo del Trabajo, establece una responsabilidad solidaria “de todas de las obligaciones que emanen del contrato de trabajo las
sociedades de personas y sus miembros y éstos entre sí en
relación con el objeto social y sólo
hasta el límite de responsabilidad de cada socio, y los condueños o comuneros
de una misma empresa entre sí, mientras permanezcan en indivisión”. Sin embargo, las sociedades de personas son aquellas en las que se
conocen todos los socios y en la cual tanto en la sociedad como en los negocios
responden con su patrimonio, solidaria e ilimitadamente con las obligaciones,
lo que les da derecho a todos los socios de administrar la sociedad. Entre este
tipo de sociedades se encuentra la sociedad colectiva y la comandita simple. En
esta ocasión, debe precisarse que Colcarburo era una sociedad de capital,
particularmente una sociedad anónima, por lo que tal responsabilidad solidaria
no le era atribuible a sus socios[76].
En segundo lugar, podría aducirse que las sociedades
demandadas son responsables subsidiarias de acuerdo al parágrafo del artículo
148 de la Ley 222 de 1995, según el cual, “Cuando la situación de concordato
o de liquidación obligatoria haya sido producida por causa o con ocasión de las
actuaciones que haya realizado la sociedad matriz o controlante en virtud de la
subordinación y en interés de ésta o de cualquiera de sus subordinadas y en
contra del beneficio de la sociedad en concordato, la matriz o controlante
responderá en forma subsidiaria por las obligaciones de aquélla. Se presumirá
que la sociedad se encuentra en esa situación concursal, por las actuaciones
derivadas del control, a menos que la matriz o controlante o sus vinculadas,
según el caso, demuestren que ésta fue ocasionada por una causa diferente”. No
obstante, como atrás se indicó (punto 7.2.31.), la autoridad competente, esto
es, la Superintendencia de Sociedades, no declaró la calidad de matriz o
controlante de las sociedades demandadas con relación a Colcarburo S.A. ni la
Corte puede, mediante un procedimiento sumario como la acción de tutela, entrar
a establecer aspectos litigiosos de naturaleza legal y sin elementos para ello,
respecto de si dicha calidad existió, como tampoco dilucidar si la situación de
concordato o liquidación de Colcaburo fue con ocasión de actuaciones de las
sociedades accionadas (la Compañía de Cementos Argos dejó de ser accionista de
Colcarburo en 1990), si se concluyera que estas fueron controlantes. Así
entonces, “la declaración de fondo sobre la responsabilidad de la matriz
compete tomarla, con valor de cosa juzgada, al juez ordinario y no al juez de
tutela”[77],
siendo necesario que exista una calificación previa de las autoridades de
control administrativo y del juez civil del circuito, con respeto al debido
proceso, pues no debe perderse de vista que la presunción de que trata la Ley
admite prueba en contrario[78].
Adicionalmente, es de suma importancia precisar que
Colcarburo S.A. entró en concordato preventivo obligatorio el 14 de enero de
1994, fecha para la cual no había sido expedida la Ley 222 de 1995, la que
entró en vigencia el 22 de junio de 1996. Por tanto, no resultaría
jurídicamente viable, por efectos de la irretroactividad de la Ley, admitir una
responsabilidad subsidiaria como la que refiere el parágrafo del artículo 148
de la aludida Ley, en cabeza de las sociedades accionadas y por motivo de la
situación de concordato en que entró Colcarburo S.A., que la llevó finalmente a
su liquidación.
Por lo señalado en precedencia, es que la sentencia SU-636
de 2003[79],
aludida por los accionantes, no es un precedente aplicable al presente caso,
pues los presupuestos fácticos en que se soportó dicha decisión y los problemas
jurídicos[80]
allí planteados son totalmente diferentes. En efecto, la Corte en esa
oportunidad amparó los derechos fundamentales a la dignidad humana, la salud y
el mínimo vital de los accionantes, quienes ostentaban ya la calidad de pensionados
de la Industrial Hullera S.A. y les fue suspendido el pago de sus mesadas
pensionales como los aportes al sistema de salud. Asimismo, tal sociedad entró
en liquidación obligatoria el 04 de noviembre de 1997, es decir, en vigencia de
la Ley 222 de 1995 y la acción de tutela fue interpuesta contra dicha sociedad cuando
aún se encontraba en proceso de liquidación obligatoria. Igualmente, la
Superintendencia de Sociedades, mediante acto administrativo, ya había
declarado a las sociedades Coltejer S.A., Fabricato S.A. y Cementos El Cairo
S.A. como matriz en los términos de la Ley 222 de 1995, respecto de la sociedad
Industrial Hullera S.A. Por el contrario, en el asunto sub judice, los
demandantes no tienen la calidad de pensionados ni alegan que les fue suspendida
su mesada, sino que pretenden que les sea reconocida y pagada tal prestación o
consignados los aportes en un fondo escogido por ellos. Además, como ya se
indicó, Colcarburo S.A. entró en concordato preventivo obligatorio con
anterioridad a la Ley 222 de 1995. Del mismo modo, Colcarburo al momento de ser
interpuestas las acciones de tutela, ya no existía jurídicamente, pues hacía 16
años que había sido terminado y archivado el procedimiento liquidatorio, existiendo
una decisión jurisdiccional que hizo tránsito a cosa juzgada. Finalmente, las
sociedades accionadas no fueron nunca declaradas matriz de Colcarburo por parte
de la Superintendencia de Sociedades.
En tercer lugar, independientemente de lo advertido hasta este momento,
de las pruebas aportadas el proceso, la Corte no logra establecer con la
precisión y el rigor que se requieren para adoptar una decisión en la que se
ordene reconocer y pagar prestaciones pensionales, los extremos de la relación
laboral entre los accionantes y Colcarburo S.A. Ciertamente, a pesar de que en
el auto 409 de 2016, la Sala solicitó a la Superintendencia de Sociedades[81], al Ministerio del
Trabajo[82]
y al apoderado de los demandantes, copia de los contratos de trabajo de cada
uno de los accionantes (sólo 3 accionantes en la demanda aportaron copia del
contrato de trabajo) y las cartas de terminación de la relación laboral o, en
su defecto, las certificaciones de extremos laborales pertinente, ningún
documento de este tipo fue allegado.
Aun cuando en el expediente obran documentos
tales como planillas de liquidación de prima y bonificación de obreros,
empleados y aprendices de Colcarburo S.A. (año 1984), listado maestro de
obreros, listado de jubilados, listado de prestaciones sociales y cálculo
actuarial a junio 30 de 1995 (obreros carburo), relación de descuentos hechos a
los trabajadores por la Cooperativa Central de Distribución Ltda. (año 1970), comprobantes
de pago de nómina de algunos meses, constancias de reliquidación de prestaciones
sociales (año 1991), liquidaciones no suscritas, carnets de trabajador y certificados
laborales, en ninguno de estos documentos se precisa la fecha de retiro de cada
uno de los accionantes. Si bien los demandantes en las acciones de tutela
aseguran que la relación laboral comenzó y terminó en las fechas por ellos
indicada, no reposa prueba siquiera sumaria de dichas afirmaciones. Brilla por
su ausencia documento alguno expedido por el patrono o por una instancia
administrativa o judicial que demuestre sumariamente la duración de los
contratos de trabajo. Todo esto se ve agravado por el hecho de que han
transcurrido más de 23 años en que los supuestos derechos laborales se
estructuraron, haciendo que la documentación que podría soportar algunos hechos,
en palabras de la Superintendencia de Sociedades, sea “de difícil recuperación” y en algunos casos ilegible.
En el caso de los señores José Hernando
Andrade Castillo, Amada de Jesús Benítez Hurtado, Isidro Builes Fernandez, Gustavo
de Jesús González Serna (accionante Nohelia Cabal de González), Saúl Cáceres
Villalba, Pedro Luis Idarraga Ríos, Rafael Antonio Isaza Espinosa, Norberto
Antonio Jaramillo Carvajal, Miguel Antonio Sánchez (accionante María Rosario
Jiménez Restrepo), Luis Alfredo Londoño Pérez, Javier de Jesús Mosquera Uribe, Iván
Antonio Olarte Rojas, Andrés Avelino Presiga Carvajal, Gildardo de Jesús
Restrepo Sánchez, Jaime Albeiro Rodríguez, Luis Enrique Rodríguez, Luis
Francisco Rodríguez, Jesús Salvador Saldarriga Jiménez, Luis Alberto Tobón
Lezcano, José Israel Trujillo, Francisco Antonio Valencia Londoño, Hermes
Vargas Vargas, Luis Carlos Vásquez Rendón, William de Jesús Vélez Castrillón, Juan
de Dios Botero Osorio, Ramiro Cañas, Jorge William Osorio (accionante María
Eugenia Correa Hincapié), Jesús Antonio Díaz Soto, Oscar Díaz Soto, Argemiro de
Jesús Duque Vergara, Joaquín Emilio Giraldo, Reynaldo de Jesús Gómez Vélez
(accionante Herlinda Margarita Giraldo Gómez), Jorge Luis Hernández Hernández, José
Guillermo Herrera Jaramillo, Oscar Elkin Isaza Arango, Daniel Ángel Rico
(accionante María Celmira Legarda Galván), Juan Pablo Londoño, José Iván Bedoya
Gómez (accionante María Amparo Londoño), Luis Alfonso Gaviria Morales
(accionante María Eugenia Londoño García), Anibal de Jesús Macias, Jorge Hernán
Guillén Gómez (accionante Carlina Mejía de Guillén), Gonzalo de Jesús Ocampo, Egidio
de Jesús Palacio Palacio, Mario de Jesús Parra Foronda, Aníbal Perdomo Bueno, Bernardo
de Jesús Quiceno Ciro, Pedro Pablo Rojas Cardona, Miguel Ángel Rúa Gómez,
Horacio Saldarriaga Jiménez, Conrado Alonso Tobón Restrepo (accionante María
Virginia Santamaría Vanegas), Héctor Antonio Vélez Castrillón, Ernesto Julio
Zapata y Conrado Emilio Zapata García, no obra siquiera copia del contrato
laboral que aducen tuvieron con Colcarburo S.A. Sólo se aportó copia de la
cédula de ciudadanía, registro civil de nacimiento, acta de bautismo y, en
algunos casos, registro de matrimonio y de defunción. Aun cuando el señor
Builes Fernández allega copia de una constancia de trabajo, esta es expedida
por Caldesa S.A. y no por Colcarburo S.A.
Así entonces, ante la ausencia de material
probatorio suficiente para al menos establecer con mediana certeza los extremos
de la relación laboral de los accionantes con Colcarburo S.A. y poder de allí
verificar si se reúnen los requisitos para acceder al reconocimiento del
derecho reclamado[83],
aún sin tener certeza en cabeza de quien podría estar la supuesta obligación, la
Sala no puede tomar simplemente como ciertas las fechas indicadas por los
accionantes, pues estas no pudieron ser contradichas por las sociedades
demandadas al no haber tenido conocimiento, por no ser las empleadoras, de la
existencia de los contratos laborales aducidos.
En cuarto lugar, no existe claridad sobre la supuesta omisión de la
extinta Colcarburo S.A. de cumplir con sus obligaciones en materia pensional,
pues si bien los accionantes manifiestan su inobservancia, Colpensiones informó
a la Corte que “En atención a la obligación por
parte de Colcarburo S.A. de realizar aportes a los riesgos de Invalidez, Vejez
y Muerte al Instituto de Seguros Sociales respecto de sus trabajadores, en el
libro de pago que se adjunta al presente informe, se evidencia que la
empresa sí realizó pagos para sus trabajadores desde 1985 hasta diciembre de
1994” (destaca la Sala). Igualmente,
de los archivos magnéticos allegados por la Superintendencia de Sociedades, se
advierte en varios Memorandos de la Sección Actuaria y dirigidos al Superintendente
Segundo Delegado[84],
que fueron aprobadas las reservas para pensiones de jubilación de Colcarburo
S.A., calculadas a septiembre 08 de 1989 por $970.157.302, a diciembre 31 de
1989 por $1.454.800.991 y a diciembre 31 de 1991 por $2.172.544.766, lo cual
haría suponer que la mencionada sociedad venía cumpliendo con sus obligaciones.
Finalmente, de la documentación aportada al
proceso, la Corte no logra establecer el alcance que respecto de cada uno de
los demandantes, tuvo y actualmente tiene las acciones por ellos recibidas de
las sociedades Químicos y Derivados de Cajicá S.A. y Cales y Derivados de la
Sierra S.A., adjudicadas como dación pago por sus créditos laborales[85]. Es decir, se
desconoce si tales acciones pretendían cubrir los periodos que Colcarburo dejó
de cotizar al ISS o si procuraban suplir el pago definitivo de la prestación
reclamada[86].
Esta indeterminación se ve acentuada con el reconocimiento que hizo
Colpensiones a algunos de los accionantes (24 en total), de la indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez, sobre lo cual omitieron los demandantes
poner en conocimiento al juez constitucional y, por lo mismo, se desconoce si
contra los actos administrativos de dicho fondo se interpusieron recursos o
acciones judiciales.
Por todo lo analizado en precedencia, la
Sala no cuenta con elementos que le permitan evidenciar con mediana certeza el
cumplimiento de los requisitos de reconocimiento del derecho reclamado por los
accionantes.
7.3.2. Como corolario de todo
lo anterior, para la Corte no se cumplen los requisitos exigidos por la
jurisprudencia constitucional para la procedencia excepcional de la acción de
tutela en materia de reconocimiento de derechos pensionales, habida cuenta que los
accionantes, si bien en su mayoría son personas de la tercera edad, no todos
tienen afectado gravemente su mínimo vital, así como que ninguno de ellos
desplegó actividad administrativa y judicial alguna en busca del reconocimiento
de las prestaciones reclamadas, como tampoco acreditaron siquiera sumariamente
la ineficacia que en sus casos tendría el medio judicial ordinario. Asimismo, la
Sala no pudo establecer con mediana certeza el cumplimiento de los requisitos legales para
que la prestación reclamada fuera reconocida a los actores.
En consecuencia, lo planteado por los accionantes constituye un
verdadero litigio[87]
que escapa de las atribuciones del juez constitucional, requiriéndose de una
amplia controversia judicial, con
observancia de las garantías constitucionales de las partes y de terceros, que
permitan al juez ordinario, mediante pruebas practicadas con pleno respeto del
derecho de contradicción, adquirir certeza sobre la ocurrencia de los hechos y
tomar decisiones debidamente fundamentadas, luego de un detallado debate fáctico, jurídico y probatorio.
7.4. Por todo lo expuesto, sin necesidad de consideraciones
adicionales, la Sala confirmará la sentencia proferida el 27 de enero de 2016,
por el Juzgado Quinto Civil del Circuito en Oralidad de Medellín (Antioquia),
que a su vez confirmó la sentencia del 03 de diciembre de 2015, proferida por
el Juzgado Diecisiete Civil Municipal en Oralidad de Medellín (Antioquia), que negó
por improcedente la acción de tutela correspondiente al expediente T-5535418,
pero por las razones expuestas en la presente providencia.
Asimismo, se confirmará la sentencia del 04 de febrero de 2016,
proferida por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín
(Antioquia), que a su vez confirmó la sentencia del 03 de diciembre de 2015,
proferida por el Juzgado Veintiocho Civil Municipal de Oralidad de Medellín
(Antioquia), que negó por improcedente la acción de tutela correspondiente al
expediente T-5500112, pero por las razones expuestas en la presente
providencia.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos ordenada mediante auto 409 de septiembre 05 de 2016 en el proceso de la referencia.
Segundo.- NO ACCEDER a la solicitud de nulidad presentada por la
Superintendencia de Sociedades, en el trámite de las acciones de tutela
acumuladas, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente
decisión.
Tercero.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de enero de 2016, por el
Juzgado Quinto Civil del Circuito en Oralidad de Medellín (Antioquia), que a su
vez confirmó la sentencia del 03 de diciembre de 2015, proferida por el Juzgado
Diecisiete Civil Municipal en Oralidad de Medellín (Antioquia), que negó por
improcedente la acción de tutela correspondiente al expediente T-5535418, pero
por las razones expuestas en la presente providencia.
Cuarto.- CONFIRMAR la sentencia del 04 de febrero de 2016, proferida por
el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín (Antioquia), que a
su vez confirmó la sentencia del 03 de diciembre de 2015, proferida por el
Juzgado Veintiocho Civil Municipal de Oralidad de Medellín (Antioquia), que
negó por improcedente la acción de tutela correspondiente al expediente
T-5500112, pero por las razones expuestas en la presente providencia.
Quinto.- Por
Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
[1] Este
último expediente fue acumulado mediante auto del 30 de junio de 2016, de la
Sala de Selección Número Seis.
[2] En
las acciones de tutela acumuladas, el contenido de la respuesta suministrada
por las sociedades accionadas es el mismo.
[3] Sala
de Selección integrada por los Magistrados Alejandro Linares Cantillo y Alberto
Rojas Ríos.
[4] Sala
de Selección integrada por la Magistrada María Victoria Calle Correa y el
Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[5] Decreto 2677 de 1971 y Decreto 1572 de 1973.
[6] Ley 171 de 1961 “Por la cual se reforma la ley 77 de 1959 y se dictan otras disposiciones
sobre pensiones”. “Artículo 13.
Toda empresa privada cuyo capital no sea inferior a ochocientos mil pesos
($800.000.00) deberá contratar con una compañía de seguros, a satisfacción del
Ministerio del Trabajo, el cumplimiento de las obligaciones actuales o
eventuales que la afecta en materia de pensiones, u otorgar caución real o
bancaria por el monto, en las condiciones y dentro del plazo que el Ministerio
le señale, para responder de tales obligaciones”
[7] La Secretaría General de esta Corporación dejó
constancia del traslado de la prueba ordenada, la cual fue puesta a disposición
de las partes y terceros interesados, conforme a lo resuelto en el auto
mencionado (folios 577 a 580 del cuaderno de revisión). Solamente el Grupo
Argos S.A., Cementos Argos S.A. y el apoderado de los accionantes, se
pronunciaron sobre las pruebas allegadas, extrayendo de éstas conclusiones que
consideran respaldan sus argumentos, pero sin presentar objeciones o
controvertir las mismas.
[8] Ley 171 de 1961 “Por la cual se reforma la ley 77 de 1959 y se dictan otras disposiciones
sobre pensiones”. “Artículo 13.
Toda empresa privada cuyo capital no sea inferior a ochocientos mil pesos
($800.000.00) deberá contratar con una compañía de seguros, a satisfacción del
Ministerio del Trabajo, el cumplimiento de las obligaciones actuales o
eventuales que la afecta en materia de pensiones, u otorgar caución real o
bancaria por el monto, en las condiciones y dentro del plazo que el Ministerio
le señale, para responder de tales obligaciones”
[9] Pese
a lo señalado, aportó copia de la resolución GNR 69471 de marzo 11 de 2015, en
donde Colpensiones le reconoce una indemnización sustitutiva por la suma de
$4.082.547.
[10] Una explicación ampliada de los fundamentos de este requisito puede
encontrarse en los Autos del 13 de febrero de 2002, y del 20 de febrero del
mismo año., M.P. Jaime Araujo Rentería.
[11] Auto 002 de 2005.
[12] Consultar,
entre otros, los Autos 288 de 2009 y 165 de 2011.
[13] Consultar,
entre otros, los Autos 234 de 2006, 115A de 2008, 281 A de 2010 y 360 de 2015.
[14] Consultar,
entre otros, el Auto 099 A de 2006 y las sentencias, T-426 de 2001, T-687 de
2001, T-424 de 2002 y T-603 de 2002.
[15] Consultar,
entre otros, el Auto 363 de 2014.
[16] Auto
549 de noviembre 16 de 2016 (Expediente T-5475189), M.S. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
[17] No podría suponerse responsabilidad subsidiaria del
Estado, pues las sociedades accionadas, así como la extinta Colcarburo S.A.,
eran de derecho privado, esto es, sin capital accionario de carácter público.
[18]
En virtud del artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.
[19] Con
excepción de los siguientes accionantes, que no pertenecen a la tercera edad:
Saúl Cáceres Villalba (59 años), Gildardo de Jesús Restrepo Sánchez (50 años),
Luís Enrique Rodríguez (59 años), José Israel Trujillo (59 años), Hermes Vargas
Vargas (57 años), William de Jesús Castrillón (57 años) y María Eugenia Londoño
García (58 años).
[20]
En esta parte se sigue principalmente lo expuesto en la sentencia de
unificación SU-713 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[21] Cfr. Sentencia T-014 de 2015, M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[22] Sentencia T-104 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[23] Sentencia T-582 de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[24] Sentencia T-276 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
[25] Ver Sentencia T- 375 de agosto 20 de 1996, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[26] Sentencia T-104 de 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[27] En Sentencia T- 172 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte
consideró: “La indefensión se
predica respecto del particular contra quien se interpone la acción. Este
particular es quien con su conducta activa u omisiva pone en peligro o vulnera
un derecho fundamental correcto del indefenso. La indefensión no se predica en
abstracto, sino que es una situación relacional intersubjetiva, en la que el
demandante es uno de los extremos y el demandado es otro. El primero ha
sido ofendido o amenazado por la acción del segundo. Adicionalmente, el
demandante no tiene posibilidades ni de hecho ni de derecho para defenderse de
esta agresión injusta. Debe darse una agresión o amenaza de vulneración
injusta. Y que esta agresión injusta debe proceder del demandado, bien sea por
acción o por omisión”.
[28]
Por tratarse de una reiteración jurisprudencial, en este aparte la Sala
reproducirá la jurisprudencia sobre la materia, trazada en sentencia T-014/15
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[29]Al respecto ver sentencias T-903 de 2012 MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, T- 378 de 2012 MP. Adriana María Guillen, T-809 de 2011 MP
Mauricio González Cuervo, T-897 de 2010 MP Nilson Pinilla Pinilla, T-474 de
2010 MP Juan Carlos Henao Pérez, T-235 de 2010 MP Luis Ernesto Vargas Silva.
Entre muchas otras.
[30] Sentencia T-814 de 2011, MP Luis Ernesto Vargas Silva.
[31] Sentencia T-018 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero
[32] Cfr. Sentencia T-760 de 2014, M.P. Martha Victoria
Sáchica Méndez. Ver además las sentencias T-235
de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T- 721 de 2012, M.P. Mauricio González
Cuervo; T- 722 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-1014 de 2012, M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva; T- 1069 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y
T-568 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[33] A folios 423 a 452 del cuaderno de revisión del expediente
principal acumulado.
[34]  La
relación de demandantes se encuentra en la sentencia de casación a folio 465
del cuaderno principal del expediente T-5535418 y a folio 16 del cuaderno de
contestación de Cementos Argos S.A. en el expediente T-5500112.
[35] A
folios 224 a 234 del expediente T-5535418, presente igualmente en el expediente
acumulado.
[36] En
las demandas los accionantes expresamente indican que “los hoy tutelantes
buscando hacer valer sus créditos, se hicieron parte en el concordato como
acreedores laborales”.
[37] Los
poderes otorgados por los accionantes a los referidos profesionales del
derecho, pueden consultarse en los discos compactos allegados por la
Superintendencia de Sociedades, en los archivos 10 y 48.
[38] Acuerdo
Concordatario a folios 235 a 246 del expediente T-5535418, presente igualmente
en el expediente acumulado
[39] Auto a folios 247 y 248 del expediente T-5535418, presente
igualmente en el expediente acumulado.
[40] Decreto 350 de 1989: “Artículo 60. Los
actos de la Superintendencia de Sociedades en el curso del concordato
preventivo obligatorio son de trámite. No obstante, la providencia mediante
la cual se apruebe el acuerdo celebrado entre el empresario y sus acreedores,
que le pone fin a la actuación administrativa, podrá demandarse ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.
[41]
Consejo de Estado, Sección Primera, Auto del 28 de octubre de 1997, expediente
4706, Consejero Ponente: Juan Alberto Polo Figueroa.
[42] Auto
a folios 461 a 463 del cuaderno de revisión (Expediente T-5535418).
[43] Sentencia C-1143 de 2000, M.P. Carlos Gaviria
Díaz.
[44] Sentencia
T-803 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[45] “En
la medida en que se trata de decisiones jurisdiccionales, las decisiones
adoptadas por la Superintendencia de Sociedades en los trámites concordatarios
deben estar sometidas al imperio de la ley (art. 230 C.P.). En este sentido, a
los actos mencionados se les aplica la doctrina constitucional de la vía de
hecho, cuando ocurra que la decisión adoptada durante el procedimiento desborde
de manera ostensible el cauce de la juridicidad y se convierta no ya en una
decisión reglamentaria, sino en una medida arbitraria, fruto del capricho del funcionario,
o de su total ignorancia acerca de las normas que regulan el asunto sometido a
su consideración. La tutela, como en el caso de los fallos judiciales, se erige
entonces como medio eficaz para contrarrestar los efectos nocivos de la
decisión, siempre y cuando se cumplan los requisitos que sobre el particular ha
esbozado la jurisprudencia constitucional”. Sentencia T-494 de 1999, M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa.
[46] De
los contratos laborales, de los comprobantes de pago de nómina, de los
memorandos y demás documentos obrantes en el expediente, se advierte que la
actividad personal realizada por los accionantes fue frente a Colcarburo S.A.,
de quien el trabajador dependía directamente y recibía un salario como
retribución del servicio.
[47]
Tal exabrupto se haría evidente en el caso de Colcarburo S.A., donde algunos
extrabajadores eran incluso accionistas de dicha sociedad, no pudiendo ser al
mismo tiempo empleadores y empleados.
[48] Código
Sustantivo del Trabajo, artículo 194 numeral 4º: “El
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de oficio o a solicitud de parte y
previa investigación administrativa del caso, podrá declarar la unidad de
empresa de que trata el presente artículo, para lograr el cumplimiento de las
leyes sociales. También podrá ser declarada judicialmente”.
[49]
La Ley 222 de 1995 faculta a las Superintendencias de Sociedades y Financiera,
previa investigación, para declarar la situación de vinculación o control y
ordenar la inscripción en el registro mercantil, de oficio o a solicitud de
interesado, cuando quiera que se hubiere omitido tal deber por parte de los
vinculados (artículo 30 de la Ley 222 de 1995). El Superintendente de
Sociedades declara la existencia de una situación de control a través de un
acto administrativo que es recurrible en vía administrativa, a través del
recurso de reposición, y en vía judicial, por medio de las acciones de la
jurisdicción contencioso administrativa.
[50]
En sentencia SU-636 de 2003, M.P. Jaime Araujo Rentería, la Corte señaló que “Es
competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria decidir definitivamente
sobre la responsabilidad subsidiaria de la entidad matriz o controlante en
relación con las obligaciones de la sociedad subordinada, de acuerdo con la
presunción legal consagrada en el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de
1995. Corresponde a las matrices desvirtuar dicha presunción, previo el trámite
del proceso respectivo con todas las garantías señaladas para el mismo”.
[51] Si
bien la Compañía de Cementos Argos S.A. hizo parte de la Junta Concordataria,
fue en calidad de representante de los acreedores con garantía real y no en
representación de Colcaburo S.A. En dicha Junta los acreedores laborales
también fueron representados por la abogada Gladys Delgado de Rodríguez.
[52]
La sentencia de casación proferida por la Sala de casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia (Rad.: 17052), de mayo 08 de 2002, M.P. Isaura Vargas Díaz,
se encuentra a folio 465 del cuaderno principal del expediente T-5535418 y a
folio 16 del cuaderno de contestación de Cementos Argos S.A. en el expediente
T-5500112.
[53] Incluso,
frente a la hipótesis de que las sociedades demandadas actuaron de tal forma
para defraudar los créditos reconocidos, entre ellos los laborales, el artículo
207 de la Ley 222 de 1995, establece que: “ Cuando los
bienes de la liquidación sean insuficientes para cubrir el total de los
créditos reconocidos y se demuestre que los socios utilizaron la sociedad para
defraudar a los acreedores, serán responsables del pago del faltante del pasivo
externo, en proporción a los derechos que cada uno tenga en la sociedad. La
demanda deberá promoverse por el acreedor respectivo y se tramitará por el
proceso ordinario”.
[54] El artículo 211 de la Ley 222 de
1995, establece que “Los apoderados que designen el deudor y los acreedores
que concurran al trámite del concordato o de la liquidación obligatoria,
deberán ser abogados y se entenderán facultados para tomar toda clase de
decisiones que correspondan a sus mandantes, inclusive las de celebrar
concordato y obligarlos a las resultas del mismo”.
[55] Los adultos mayores o personas de la tercera edad son
aquellas que cuentan con más de 60 años, de acuerdo con el art. 2º de la ley
1251 de 2008 y el artículo 7° de la ley 1276 de 2009.
[56]
Para tal efecto, el citado derecho ha sido entendido como: “aquella porción
del ingreso que tiene por objeto cubrir las necesidades básicas como
alimentación, salud, educación, recreación, servicio públicos domiciliarios,
etc.”. Sentencia T-457 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[57] La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido
muy clara en señalar que “el derecho a la seguridad social, el
reconocimiento de la pensión y la expedición de bonos pensionales pueden ser
derechos protegibles por vía de tutela, cuando quiera que los mismos
correspondan a derechos ciertos e indiscutibles y a obligaciones ya reconocidas
que de no protegerse lleven a la violación de derechos fundamentales como la
vida en condiciones dignas, al mínimo vital y a la seguridad social”. Sentencia T-911 de 2005, M.P., Clara Inés Vargas
Hernández.
[58] “Si se alega como perjuicio irremediable la afectación
del mínimo vital, la Corte ha indicado que si bien es posible presumir su
afectación, en general quien alega una vulneración de este derecho como
consecuencia de la falta de reconocimiento de una prestación económica generada
del derecho a la seguridad social, debe acompañar su afirmación de alguna
prueba, al menos sumaria. Esta Corporación ha reconocido que la
informalidad de la acción de tutela no exonera al actor de probar, aunque sea
de manera sumaria, los hechos en los que basa sus pretensiones”. En sentencia T-137 de 2012, M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto.
[59] Folios 57 a 69 del cuaderno de pruebas aportadas por los
accionantes.
[60] Resoluciones
a folios 326 a 329 del cuaderno de revisión (expediente T-5535418).
[61] Resoluciones
de reconocimiento de indemnización sustitutiva a folios 314 a 335 y 364 a 408
del cuaderno de revisión (expediente T-5535418).
[62] A
folio 67 a 74 del cuaderno de revisión (expediente T-5535418).
[63] A folio 39 a 63 ídem.
[64] “Si se alega como perjuicio irremediable la afectación
del mínimo vital, la Corte ha indicado que si bien es posible presumir su
afectación, en general quien alega una vulneración de este derecho como
consecuencia de la falta de reconocimiento de una prestación económica generada
del derecho a la seguridad social, debe acompañar su afirmación de alguna
prueba, al menos sumaria. Esta Corporación ha reconocido que la
informalidad de la acción de tutela no exonera al actor de probar, aunque sea
de manera sumaria, los hechos en los que basa sus pretensiones”. En sentencia T-137 de 2012, M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto.
[65] En
el auto 410 de junio 02 de 1994, que aprueba el concordato celebrado, se lee
que “esta providencia queda notificada en estrados y contra ella procede el
recurso de reposición” (folio 248 del expediente T-5535418).
[66] No es posible dejar de lado las acciones pertinentes
y reemplazarlas, a destiempo, por la petición de tutela.  Si tal conducta fuera
permitida, esta acción ocuparía el lugar de todos los medios judiciales que no
se intentaron oportunamente, por ignorancia de la ley o por desidia.  Entra
aquí en juego el principio elemental que prohíbe alegar la propia torpeza.
[67] Decreto 350 de 1989: “Artículo 19. Cuando
aparezca que los bienes de la empresa son insuficientes para cubrir el total de
los créditos reconocidos, o que el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
empresario se ha entorpecido por actos del deudor, el contralor o cualquier
acreedor podrá solicitar la revocación de los siguientes actos realizados por
el empresario dentro de los dieciocho meses anteriores a la providencia que
admita el concordato, siempre que el acto no se haya celebrado con buena fe
exenta de culpa.
1.o Los de disposición a título gratuito.
2o El pago de deudas no vencidas.
3o Toda dación en pago perjudicial para el patrimonio
de la empresa.
4o Todo contrato celebrado con su cónyuge, compañera o
compañero permanente, con sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad, único civil o con algún consocio en
sociedad distinta de la anónima.
5.o Todo contrato celebrado con sociedades en las
cuales el empresario o las mismas personas nombradas en el anterior ordinal
sean dueños, individual o conjuntamente, de un treinta por ciento o más del
capital de la compañía.
6.o La liquidación de bienes de la sociedad conyugal del
empresario, hecha por mutuo consenso o pedida por uno de los cónyuges con
aceptación del otro.
7o Las cauciones, hipotecas, prendas, fiducias de
garantía, avales, fianzas y demás garantías, cuando con ellas se aseguren
deudas de terceros.
8o Las reformas de los estatutos de la sociedad
deudora, cuando ellas impliquen reembolsos de aportes o disminución de la
responsabilidad de los socios o de las garantías de los acreedores”.
[68] Incluso, aun en evento de estimar que el liquidador
adoptó decisiones que pudieron afectaron sus intereses, podían adelantar
acciones contra el mismo, conforme al artículo 167 de la Ley 222 de 1995, según
la cual: “El liquidador responderá al deudor, a los asociados, acreedores y
terceros, y si fuere del caso a la entidad deudora, por el patrimonio que
recibe para liquidar, razón por la cual, para todos los efectos legales, los
bienes inventariados y el avalúo de los mismos realizado conforme a las normas
previstas, determinarán los límites de su responsabilidad. De la misma manera,
responderá de los perjuicios que por violación o negligencia en el cumplimiento
de sus deberes cause a las mencionadas personas. // Las acciones contra el
liquidador caducarán en un término de cinco años, contado a partir de la
cesación de sus funciones y se promoverán ante la justicia ordinaria de
conformidad con las disposiciones legales vigentes”.
[69] En
sentencia T-890 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, la Corte señaló que “aunque las personas de la tercera edad se encuentran en una posición de
debilidad e indefensión, razón por la cual debe otorgárseles especial
protección constitucional, esa sola y única circunstancia no hace procedentes
las acciones de tutela que versen sobre derechos pensionales, ya que es
necesario acreditar que el daño causado al actor le está vulnerando sus derechos
fundamentales o aquellos que lo son por conexidad, como el mínimo vital y la
subsistencia digna”.
[70] En sentencia T-611-15, M.P. Alberto Rojas Ríos, la Corte ha
recordado la delimitación de la aplicación del principio de inmediatez cuando
se trata de una prestación de naturaleza periódica como es el caso de una
pensión de vejez. Al respecto ha establecido: “(…) unos casos en los que
resulta admisible la dilación en la interposición de la acción de tutela, a
saber: (i) Que se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que,
pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de
la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual”.
[71] El proceso previsto en el Código Procesal del Trabajo, se caracteriza  por ser de naturaleza oral, en todas las etapas procesales, que
supone principio el cumplimiento eficaz de publicidad,  inmediación y
concentración, al igual que la regla relativa a que compete al juez la
dirección real y efectiva del proceso (Ley 1149 de 2007).
[72]
Código Sustantivo del Trabajo, artículo 32: “Son representantes del
{empleador} y como tales lo obligan frente a sus trabajadores además de quienes
tienen ese carácter según la ley, la convención o el reglamento de trabajo, las
siguientes personas: a) Las que ejerzan funciones de dirección o
administración, tales como directores, gerentes, administradores, síndicos o
liquidadores, mayordomos y capitanes de barco, y quienes ejercitan actos de
representación con la aquiescencia expresa o tácita del {empleador}; b) Los
intermediarios”.
[73] Ley 90 de 1946, artículo 72: “Las prestaciones reglamentadas en esta
ley, que venían causándose en virtud de disposiciones anteriores a cargo de los
patronos, se seguirán rigiendo por tales disposiciones hasta la fecha en
que el seguro social las vaya asumiendo por haberse cumplido el aporte previo
señalado para cada caso.  Desde esa fecha empezarán a hacerse efectivos
los servicios aquí establecidos, y dejarán de aplicarse aquellas disposiciones
anteriores”.
[74] Ídem. “Artículo 193.
Regla general. 1. Todo los {empleadores} están obligados a pagar las
prestaciones establecidas en este Título, salvo las excepciones que en este
mismo se consagran. 2. Estas prestaciones dejaran de estar a cargo de los
empleadores cuando el riesgo de ellas sea asumido por el Instituto Colombiano
de Seguros Sociales, de acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos que
dicte el mismo Instituto.
Artículo 259. Regla general. 1. Los {empleadores} o empresas que se
determinan en el presente Título deben pagar a los trabajadores, además de las
prestaciones comunes, las especiales que aquí se establecen y conforme a la
reglamentación de cada una de ellas en su respectivo capítulo.2. Las pensiones
de jubilación, el auxilio de invalidez y el seguro de vida colectivo
obligatorio dejaran de estar a cargo de los {empleadores} cuando el riesgo correspondiente
sea asumido por el Instituto de los Seguros Sociales, de acuerdo con la ley y
dentro de los reglamentos que dicte el mismo Instituto.
Artículo 276. Seguros.  Autorízase a las empresas obligadas al pago de la jubilación de
que trata este Capítulo para que contraten el pago de las pensiones de
jubilación con compañías aseguradoras de reconocida solvencia, establecidas en
el país y aceptadas por la Superintendencia Bancaria, pero la responsabilidad
de esta obligación queda, en todo caso a cargo del respectivo {empleador}”.
[75] Ley 100 de
1993. “Artículo
22. Obligaciones del empleador. El
empleador será responsable del pago de su aporte y del aporte de los
trabajadores a su servicio. Para tal efecto, descontará del salario de cada
afiliado, al momento de su pago, el monto de las cotizaciones obligatorias y el
de las voluntarias que expresamente haya autorizado por escrito el afiliado, y
trasladará estas sumas a la entidad elegida por el trabajador, junto con las
correspondientes a su aporte, dentro de los plazos que para el efecto determine
el Gobierno. El empleador responderá por la totalidad del aporte aun en el
evento de que no hubiere efectuado el descuento al trabajador”.
[76]
El artículo 252 del Código de Comercio que dispone que en las sociedades por
acciones no hay acción de los terceros contra los socios por las obligaciones
sociales y que la misma será ejercida contra los liquidadores, únicamente hasta
concurrencia de los activos de la sociedad.
[77] Sentencia
SU-1023 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[78] En
sentencia C-510 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, la Corte al
estudiar la demanda interpuesta contra el artículo 148 de la Ley 222 de 1995,
consideró: La
responsabilidad en cuestión tiene un carácter estrictamente económico y está
íntimamente relacionada con actuaciones de la matriz, según lo expuesto, luego
no puede afirmarse que se imponga gratuitamente a una persona jurídica
totalmente ajena a los hechos materia de proceso. Son precisamente las
decisiones de la compañía controlante las que repercuten en la disminución o
afectación del patrimonio de la subordinada y son también las que, en los
términos del precepto, generan su responsabilidad. Además, no se trata de una
responsabilidad principal sino subsidiaria, esto es, la sociedad matriz no está
obligada al pago de las acreencias sino bajo el supuesto de que él no pueda ser
asumido por la subordinada, lo que, unido a la hipótesis legal de que las
actuaciones provenientes de aquélla tienen lugar en virtud de la subordinación
y en interés de la matriz o de otras subordinadas, apenas busca restablecer el
equilibrio entre deudor y acreedores, impidiendo que éstos resulten
defraudados. El objeto de la presunción no es la responsabilidad en sí misma
sino la situación concursal que da lugar a ella, es decir, la vinculación entre
las decisiones de la matriz y el efecto patrimonial causado a la sociedad
subordinada. Se trata, entonces, de una presunción juris tantum, que puede ser desvirtuada por la matriz o controlante, o por sus
vinculadas, demostrando que sus decisiones no han causado la desestabilización
económica de la filial o subsidiaria, sino que ésta procede de motivos
distintos”.
[79] M.P. Jaime Araujo Rentería.
[80] En la sentencia
SU-636 de 2003, se plantearon los siguientes problemas jurídicos: “Corresponde a la Corte determinar si procede
la acción de tutela para ordenar el pago de mesadas pensiónales de jubilación a
cargo de una sociedad en liquidación obligatoria. // De igual forma
deberá establecer la procedencia de la acción de tutela para ordenar el pago
subsidiario de mesadas pensiónales de jubilación por parte de las sociedades
que han ejercido control empresarial sobre una sociedad en liquidación
obligatoria”.
[81] La Superintendencia
de Sociedades informó a la Sala que “No se identificó rastro alguno de los
contratos de trabajo o de las cartas de terminación de la relación laboral de
los demandantes”.
[82] El
Ministerio del Trabajo no contaba con tal documentación.
[83] Código Sustantivo del Trabajo. “Artículo
260. Derecho a la pensión. 1. Todo trabajador que preste servicios a una
misma empresa de capital de ochocientos mil pesos ($ 800.000) o superior, que
llegue o haya llegado a los cincuenta y cinco (55) años de edad, si es varón, o
a los cincuenta (50) años si es mujer, después de veinte (20) años de servicios
continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este
Código, tiene derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación o pensión
de vejez, equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios
devengados en el último año de servicio. // 2. El trabajador que se retire o
sea retirado del servicio sin haber cumplido la edad expresada tiene derecho a
la pensión al llegar a dicha edad, siempre que haya cumplido el requisito de
los veinte (20) años de servicio”.
[84] Disco compacto número 2, archivo 50, folios 3, 13 y 56.
[85] Ley 222 de 1995. “Artículo 198. Solución
de obligaciones. Ejecutoriada la providencia de calificación y graduación de
créditos y en firme los avalúos practicados, el liquidador procederá a pagar, con
el dinero disponible, atendiendo lo dispuesto en la graduación. // No obstante,
previa autorización de la junta asesora y respetando la prelación y los
privilegios de ley, podrá cancelar obligaciones mediante daciones en pago”.
[86] La
Superintendencia de Sociedades informó a la Corte que “A partir del Acta 89 de 20 de diciembre de 1995,
correspondiente a la junta administradora nombrada en el concordato de la
sociedad Colcarburo S.A., durante la enajenación de activos se informó sobre el
proceso que se adelanta con los trabajadores en cuanto a la venta de los
activos para cumplir con las obligaciones laborales. En ese documento se
encuentra que, frente a esta negociación, casi el 100% de los trabajadores
estuvo de acuerdo. // Así, se constituyeron dos sociedades, Cales y Derivados
de la Sierra S.A. y Químicos y Derivados de Cajicá S.A., las cuales recibirían
los activos de Colcaburo S.A. y distribuirían las acciones proporcionalmente a
la obligación laboral, a los trabajadores, empleados y jubilados. //
Específicamente se aprobó que los activos de la sociedad fueran vendidos a las
dos sociedades anteriormente nombradas para dar en pago a los trabajadores y
jubilados las acciones de estas compañías y así poder solventar sus
acreencias”.
[87] El derecho que los
actores pretenden garantizar no es determinado ni cierto, sino discutible y
litigioso, lo cual significa que la acción de tutela no es idónea y eficaz para
su protección, sino la ordinaria.