T-768-02
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-768/02
DERECHO A LA
SALUD DE MUJER TRABAJADORA EMBARAZADA-Irregularidades en afiliación a EPS
ACCION DE TUTELA-Hecho superado
Reiteración de Jurisprudencia
Referencia:
expediente T-588991
Acción de tutela
instaurada por Bibiana Amparo Moreno Gaviria contra CODELTAS Ltda.. y SOLSALUD
S.A.
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR
GIL
Bogotá, D.C.,
dieciocho (18) de septiembre de dos mil dos (2002).
La Sala Quinta de
revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, en particular las contenidas en los artículos 86 y
241, numeral 9, de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso
de revisión del fallo proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Neiva, en el trámite de la acción de tutela iniciada por la señora Bibiana
Amparo Moreno Gaviria contra CODELTAS Ltda.. y SOLSALUD S.A.
I. ANTECEDENTES.
Los hechos motivo de
la presente acción de tutela, se pueden sintetizar en los siguientes puntos:
1. La tutelante
quien labora en una casa de familia como niñera, a través de una cooperativa de
trabajo llamada CODELTAS Ltda., fue afiliada por su patrona Emilse Triana a la
E.P.S. SOLSALUD, la cual a su vez contrato la prestación de los servicios de
salud requeridos con la I.P.S. EMCOSALUD.
2. Al momento de
interponer la tutela -febrero 25 de 2002-, la accionante se encontraba en su
quinto (5°) mes de embarazo, y asistía a controles médicos en la I.P.S.
EMCOSALUD, pues se le había diagnosticado toxoplasmosis.
3. El día 18 de
febrero del presente año, la actora acudió a EMCOSALUD I.P.S. para el
respectivo control médico, siéndole informado que había sido retirada del sistema
por SOLSALUD E.P.S. desde el 11 de febrero, en razón al no pago de los
respectivos aportes dentro de los diez (10) primeros días del mes. Señala la
tutelante que el día 13 de ese mismo mes, se había presentado a pagar sus
aportes en salud y riesgos profesionales a CODELTAS Ltda., pero dicho pago no
le fue recibido.
4. Considera la
demandante, que lo pretendido por la E.P.S., es evitar incurrir en los gastos
que implica su parto. Señala igualmente, que si no fuera por su condición de
embarazada, cambiaría de E.P.S., pero considera que ninguna E.P.S. va querer
recibirla como afiliada dado su estado de gravidez.
5. Si bien reconoce
que su empleadora se retrasó unos días en el pago de los aportes en salud y
riesgos profesionales, ello no es óbice para que se le nieguen los servicios
médicos requeridos, máxime cuando se ha tratado por todos los medios de que
CODELTAS Ltda. reciba el pago de los aportes correspondientes al mes de
febrero.
6. En vista de los
anteriores hechos, la accionante considera violados sus derechos fundamentales
a la vida, a la salud y a la seguridad social, al ser excluida sin razón alguna
como afiliada de la E.P.S. SOLSALUD. Por lo anterior, pide se ordene a CODELTAS
Ltda., recibir la cuota del mes de febrero con la cual cancela los aportes en
salud y riegos profesionales, e  igualmente pide se ordene a SOLSALUD E.P.S.
prestar los servicios de salud a través de la I.P.S. CLINICA EMCOSALUD.
II. DECISIÓN
JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN.
En sentencia
del 6 de marzo de 2002, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva, negó
la tutela en cuestión. Señaló que la desvinculación de la accionante del
Sistema Integral de Seguridad Social, se generó por su negligencia o la de su
empleadora en el no pago de los aportes. Por ello, no se puede declarar que se
esté ante una violación de derechos fundamentales. El que la actora se
encuentre desafiliada del sistema de seguridad social, no implica que esté
desprotegida en salud o vida, pues el mandato expreso del artículo 161 de la
ley 100 de 1993, señala que el empleador que incumpla su obligación de afiliar
al trabajador al sistema, asume directamente cualquier contingencia que sufra
su asalariado, incluido el pago de las licencias por maternidad.
Tampoco se esta ante
un perjuicio irremediable, que le evite a la accionante iniciar un proceso
ordinario laboral, pues no se esta ante un perjuicio de esta naturaleza.
Finalmente, señala que “a la fecha ni siquiera se encuentran en peligro la
vida, u otro derecho fundamental de la accionante, ante su no afiliación a la
Seguridad Social, pues ésta le corresponde asumirla a su empleadora.”
III. DOCUMENTOS
OBRANTES EN EL EXPEDIENTE.
- A folios 2 a 4,
fotocopias simples del formulario de afiliación a SOLSALUD E.P.S., de recibos
de pago de los aportes así como del carné de afiliada a dicha E.P.S.
- A folios 5 a 9,
demanda de tutela.
- a folios 15 a 17,
respuesta del Gerente de CODELTAS Ltda., al Juzgado Primero Laboral del
Circuito de Neiva en la cual señala lo siguiente:
“1. Informo a
usted señor Juez que en ningún momento tengo conocimiento por parte de la
I.P.S. Emcosalud o de la señora Bibiana Amparo Moreno Gaviria que se le halla
negado el servicio de salud, ya que hasta la fecha se encuentra en el sistema
activa.
“2. teniendo en
cuenta que la señora Bibiana Amparo Moreno Gaviria aceptó, el 7 de noviembre de
2001 fecha en que se afilió a la Cooperativa, a cancelar sin excepción la cuota
de salud antes del día 10 de cada mes y que en el mes de Febrero de 2002 se
hizo presente el día 20 a pagar la cuota de salud, no se le aceptó dicho pago
ya que según Autoliquidación del mes de febrero se reportó su nombre para que
fuera retirada ante el pago no oportuno. Por Ley 100 nuestra Cooperativa debe
realizar los pagos de Autoliquidación el octavo día hábil de los primeros días
de cada mes de acuerdo al último digito del Nit (7), para no afectar los
servicios y pagos de incapacidades del total de afiliados cotizantes
reportados. Por lo anterior esta Cooperativa no puede recaudar la cuota de
salud de afiliados con fecha posterior al día 10 de cada mes ya que se tendría
que realizar una autoliquidación extemporánea que como consecuencia llevaría a
poner en riesgo el estado de los afiliados que vienen cancelando oportunamente,
ubicando a la Cooperativa como una entidad MOROSA en los pagos y por
ende a responder por el pago de incapacidades y licencias que no se
reconocerían por parte del sistema General de Seguridad Social ni de la E.P.S.
“Transcribo (sic) texto del Decreto 1406 del 99
Capítulo IV y V de la Superintendencia de Salud: ‘Teniendo en cuenta si es
grande o pequeño aportante, según lo estipulado en el decreto 1406/99, Capítulo
IV y V. De lo contrario el valor de las incapacidades o Licencias de
Maternidad, son asumidos en su totalidad por su empresa, de acuerdo a lo
estipulado en el artículo 80 del Decreto 806 del 30 de abril de 1998 que dice:
PAGO DE INCAPACIDADES Y LICENCIAS. Cuando el empleador se encuentre en mora
y se genere una incapacidad no habrá lugar a reconocimiento por parte del
Sistema General de Seguridad Social, ni de las entidades promotoras de Salud
(E.P.S.) ni de las adaptadas.’
“Expreso a usted
además que la señora Bibiana Amparo Moreno Gaviria, manifestó en la oficina
ante la secretaria MARISOL VILLAREAL GONZALEZ y el Gerente JOSÉ LUIS
CASTELLANOS que la patrona no le había dado el valor de la cuota en forma
oportuna, esto llevaría a un retiro forzoso de la cooperativa de trabajo
asociado ya que al tener un patrón actualmente donde ella se desempeña, no
siendo para este caso Codeltas, es obligación del patrón realizar una
afiliación directa a cualquier E.P.S. garantizándole sus servicios de salud a
que tiene derecho.”
- A folios 18
a 25, escrito remitido por la gerente suplente de SOLSALUD E.P.S., al Juzgado
de instancia, en la cual indica que la accionante fue retirada como afiliada
por CODELTAS Ltda.., el día 15 de febrero de 2002, habiendo pagado hasta el mes
de enero de 2002, siendo ésta, una facultad exclusiva del empleador. Anexó la impresión
de pantalla del sistema de información y el formato de autoliquidación de
CODELTAS Ltda.
IV. PRUEBAS
PRACTICADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL.
1. Mediante Auto del 9 de julio de 2002, esta
Sala de Revisión, solicitó a la señora Bibiana Amparo Moreno Gaviria, que en un
plazo de tres (3) días informara al Despacho del Magistrado Ponente acerca de
los siguientes asuntos:
1.     Si se encuentra afiliada aún a CODELTAS
Ltda.
2.    Si sigue afiliada a la E.P.S. SOLSALUD. De
no ser así, indique a qué E.P.S. se encuentra afiliada actualmente, anexando
para ello prueba que así lo demuestre.
3.     Sí ya dio a luz, indique que E.P.S. la
atendió.
4.
Si la señora Emilse Triana sigue siendo su patrona. De no ser así, señale quién
es su nuevo empleador.
El día 25 de julio
de 2002, en respuesta a las anteriores inquietudes, se recibió en el Despacho
del Magistrado Ponente, las pruebas solicitadas.
La tutelante expuso
las siguientes argumentos:
“1). Trabajaba como empleada doméstica
de la Señora EMILSE TRIANA, quien demostró su interés de afiliarme a una
E.P.S., con el fin de que cubriera mis prestaciones sociales y salud. Para tal
efecto nos dirigimos a la E.P.S. SOLSALUD, que a su vez nos remitió a la
COOPERATIVA CODELTAS LTDA., empresa encargada de efectuar las afiliaciones. Una
vez en la empresa se me hizo firmar un formulario y se le comunicó a mi
empleadora que debía cancelar mensualmente el valor de los aportes de la E.P.S.
y la A.R.S., a la cual se me había afiliado. Mi empleadora canceló a CODELTAS
LTDA., los aportes de E.P.S. y A.R.S., algunas veces excediendo la fecha limite
fijada por la COOPERATIVA, como quedó demostrado con los recibos que se
anexaron a la acción de tutela. El 14 de Marzo de 2002, mi patrona me envió a
efectuar el pago de los aportes a CODELTAS, y el gerente y secretaria al ver
que me encontraba en estado de embarazo, me manifestaron que no recibían los
aportes por cuanto estos debían ser cancelados máximo el 10 de cada mes, y que
sería retirada del sistema quedando sin derecho al pago de mi licencia de
maternidad y los servicios de salud, en especial la atención del parto de mi
hijo por nacer. Ante estas manifestaciones hicimos las diligencias pertinentes
e instauramos la acción de tutela con el fin de que me protegieran mis derechos
fundamentales, la cual no fue resuelta a mi favor por cuanto el gerente de la
COOPERATIVA COPDELTAS, consignó un sinnúmero de falsedades en sus respuestas
tales como:
“a) Afirmó que yo
era afiliada a la COOPERATIVA, cuando el formulario de afiliación a la E.P.S.,
es claro al señalar que CODELTAS, me afilió afirmando que era mi patrono,
suplantando a mi verdadera empleadora EMILSE TRIANA. Nunca he sido afiliada ni
asociada de CODELTAS, ni esta empresa es mi empleadora, puesto que mi patrono real
es EMILSE TRIANA. Para tratar de esclarecer este punto elevé derechos de
petición al gerente de CODELTAS LTDA., quien una vez dilató su respuesta y la
segunda vez rehusó recibirlo, como lo demuestro con la documentación que anexo.
“b) Manifestó que
yo tenía un patrón diferente a CODELTAS LTDA., y que en tal sentido era mi
patrón, EMILSE TRIANA, quien me debía afiliar en forma directa a una E.P.S., y
no ellos. De este hecho tenían conocimiento en la COOPERATIVA, desde el momento
en que solicitamos la afiliación a la E.P.S., y mi patrona y yo, creíamos que
la afiliación se había efectuado de esa manera, es decir que figuraba como
patrón EMILSE TRIANA, y como empleada yo, pero el Gerente falseó la información
en el formulario y después afirmó en la respuesta al Juzgado que desconocía la
existencia del patrono verdadero.
“Con base en
estas falsedades y fraudes, valiéndose de su calidad de PATRONO, CODELTAS, me
retiró del sistema de salud, privándome de esta atención y de la licencia de
maternidad a que tenía derecho.
“(...).
“2°) Como
consecuencia de los problemas que se generaron con el actuar ilegal de CODELTAS
LTDA., me retiré de empleada doméstica, y me incluí como beneficiaria de mi
esposo, ROBERTO VILLAREAL ARIAS, quien se encuentra afiliado al INSTITUTO
DE LOS SEGUROS SOCIALES. Es de anotar que en tal sentido tuve derecho a la
atención del parto, pero perdí mi licencia de maternidad.
“3°) Mi parto fue
atendido por el I.S.S., E.P.S. a la que me encuentro afiliada como beneficiaria
de mi esposo ROBERTO VILLAREAL.
“4°) Como antes
lo expuse la señora EMILSE TRIANA, ya no es mi empleadora, puesto que renuncié
a continuar desempeñándome como empleada doméstica, por los problemas que se
generaron con CODELTAS.”
Igualmente, la
tutelante anexó fotocopias simples de dos escritos de fecha marzo 13 y 14 de
2002, dirigidos a CODELTAS LTDA, en los cuales solicita copia de algunos
documentos por ella requeridos para iniciar acción laboral ordinaria tendiente
a obtener el pago de su licencia de maternidad y el reintegro a dicha
cooperativa por haber sido despedida estando embarazada. Lo anterior en el
entendido en que en el formulario de afiliación a la E.P.S., CODELTAS LTDA
aparece como su empleador.
Remitió así mismo,
copia del formulario de afiliación a SOLSALUD E.P.S. S.A., en la cual se
constata que el empleador que afilia a dicha E.P.S., es CODELTAS LTDA.
2. En nueva prueba solicitada por esta Sala de
Revisión el día 8 de agosto de 2002, se pidió a la empresa SOLSALUD E.P.S., que
informara como operaba la afiliación de los trabajadores dependientes e
independientes a dicha E.P.S, explicando igualmente, el procedimiento de
afiliación de las empleadas domésticas, para lo cual debía diferenciar los
casos en que su labor fuera contratada por meses o “por días”. Sin embargo,
mediante oficio de 26 de agosto del presente año, la Secretaria General de esta
Corte, informó al Despacho del Magistrado Ponente que, vencido el término
probatorio, el cual se había fijado en dos (2) días calendario, no se recibió
prueba alguna.
V.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
1.     Competencia.
Esta Corte es
competente para conocer del fallo materia de revisión, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y demás disposiciones pertinentes y
por la escogencia del caso por la Sala de Selección.
2. Derecho a la
seguridad social. Protección especial a la mujer embarazada. Mora en el pago de
aportes en salud. Obligación a cargo del empleador.
En reiterada jurisprudencia[1] esta Corporación ha señalado que la mujer
embarazada goza de una especial protección en su trabajo, que le garantiza una “estabilidad
laboral reforzada”, obligación esta que encuentra  respaldo jurídico no
sólo en la Constitución Política, sino también en los tratados internacionales.
Este deber de protección especial se encuentra a cargo del Estado y de la
sociedad, y se mantiene  durante el periodo de gestación y  de lactancia.[2]
La Corte Constitucional en la sentencia
C-470/97[3] se pronunció en relación con la protección
constitucional a la maternidad y a la estabilidad del empleo, en los siguientes
términos:
“5- La protección
a la mujer embarazada y a la madre tiene múltiples fundamentos en nuestro
ordenamiento constitucional. Así, de un lado, se trata de lograr una igualdad
efectiva entre los sexos, por lo cual, el artículo 43, que establece esa
cláusula específica de igualdad, agrega que la mujer, ‘durante el embarazo y
después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y
recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o
desamparada.’ Esto significa que el especial cuidado que la Carta ordena en
favor de la mujer embarazada es, en primer término, un mecanismo para amparar
la dignidad y los derechos a la igualdad y al libre desarrollo de las mujeres
(CP arts. 1º, 13 y 43), pues el hecho de la maternidad había sido en el pasado
fuente de múltiples discriminaciones contra las mujeres, por lo cual la Carta
de 1991 estableció, como la Corte ya tuvo la oportunidad de destacarlo, que esta
condición natural y especial de las mujeres, ‘que por siglos la colocó en una
situación de inferioridad, sirve ahora para enaltecerla[4]’. En efecto, sin una protección especial
del Estado a la maternidad, la igualdad entre los sexos no sería real y
efectiva, y por ende la mujer no podría libremente elegir ser madre, debido a
las adversas consecuencias que tal decisión tendría sobre su situación social y
laboral.
“De otro lado, la
Constitución protege a la mujer en estado de gravidez debido a la importancia
que ocupa la vida en el ordenamiento constitucional (CP Preámbulo y arts. 2º,
11 y 44), a tal punto que, como esta Corte ya lo ha destacado, el nasciturus
recibe amparo jurídico en nuestro ordenamiento. Por ello la mujer en estado de
embarazo es también protegida en forma preferencial por el ordenamiento como
‘gestadora de la vida’ que es[5].
“En tercer
término, y como obvia consecuencia de las anteriores consideraciones, la
Constitución no sólo tutela a la mujer embarazada sino a la madre (CP art. 43),
no sólo como un instrumento para un mayor logro de la igualdad entre los sexos
sino, además, como un mecanismo para proteger los derechos de los niños, los
cuales, según expreso mandato constitucional, prevalecen sobre los derechos de
los demás (CP art. 44). En efecto, de esa manera se pretende que la mujer pueda
brindar la necesaria atención a sus hijos, sin que por ello sea objeto de discriminaciones
en otros campos de la vida social, como el trabajo, con lo cual se ‘busca
garantizar el buen cuidado y la alimentación de los recién nacidos’[6].
“Finalmente, este
especial cuidado a la mujer embarazada y a la madre es también expresión de la
centralidad que ocupa la familia en el orden constitucional colombiano, ya que
ésta es la institución básica de la sociedad, por lo cual recibe una protección
integral de parte de la sociedad y del Estado (CP art. 5º y 42). En efecto, si
la mujer que va a tener un hijo, o la madre que acaba de tenerlo, no recibieran
un apoyo específico, los lazos familiares podrían verse gravemente afectados”.
“Estos múltiples
fundamentos constitucionales muestran que, tal y como la Corte lo ha indicado
en reiteradas oportunidades[7], la mujer embarazada y su hijo gozan de la
especial protección del Estado y de la sociedad, lo cual tiene una consecuencia
jurídica importante: el ordenamiento jurídico debe brindar una garantía
especial y efectiva a los derechos de la mujer que va a ser madre, o que acaba
de serlo”.
3. Caso concreto.
La accionante se
afilió a través de la cooperativa CODELTAS Ltda. a la E.P.S. SOLSALUD en la
ciudad de Neiva. Dado sus cinco meses de embarazo al momento de interponer la
presente tutela, la accionante requería de controles y servicios médicos, los
cuales le venían siendo prestados por la I.P.S. EMCOSALUD, entidad con la cual
su E.P.S. había contratado los servicios médicos. Sin embargo, en el mes de
febrero del año 2001, en razón a un retraso de tres días en el pago del aporte
en salud, el cual debía realizar a través de la cooperativa CODELTAS Ltda., la
tutelante fue desafiliada de la E.P.S. por parte de CODELTAS Ltda. en razón a
dicha mora.
Ocurrido lo
anterior, la accionante consideró que sus derechos fundamentales a la salud y a
la seguridad social habían sido violados por las empresas CODELTAS Ltda. y
SOLSALUD E.P.S., toda vez que los servicios médicos por ella requeridos le
fueron negados en virtud del retraso de algunos días en el pago del correspondiente
aporte. Por lo anterior, solicitó la protección de sus derechos fundamentales a
la vida, a la salud y a la seguridad social. En su momento, el juez de
instancia, consideró que no había vulneración de derecho fundamental alguno,
pues la desafiliación de la E.P.S. ocurrió como consecuencia de su negligencia
o la de su empleador en el pago de los aportes correspondientes, lo que no
implica su desprotección en salud, pues su empleador esta obligado a asumir
dicha responsabilidad.
Al momento de esta
decisión, sin embargo, ninguna orden procede contra las entidades demandadas,
por cuanto la accionante ya recibió la atención médica requerida para su parto,
la cual fue suministrada por la E.P.S. del I.S.S., pues fue afiliada a esta
entidad en calidad de beneficiaria de su esposo. Por tal motivo, encuentra la
Sala de Revisión que las reclamaciones inicialmente hechas en relación con la
prestación de los servicios médicos y asistenciales, las cuales ya fueron
cubiertos por el I.S.S., carecen en este momento de toda justificación, pues la
protección que reclamaba respecto de su derecho a la seguridad social en salud
se ha dado de manera plena.
Con todo, visto que
la protección constitucional reclamada por esta vía judicial excepcional ya no
se requiere, y que el reconocimiento de la licencia de maternidad es
competencia de la jurisdicción laboral, jurisdicción ante la cual, la misma
demandante indicó que adelantará un proceso en procura de su reconocimiento y
pago,[8] no encuentra la Sala por lo tanto, ningún
argumento jurídico adicional por el cual deba concederse la tutela en cuestión.
Así, existiendo por
lo tanto otra vía judicial para el efectivo reclamo de un derecho de carácter
legal, y no habiendo por lo tanto vulneración a derecho fundamental alguno,
ésta Sala de Revisión confirmará la decisión de instancia, con base en las
consideraciones aquí expuestas.
Ahora bien, al
momento de proferirse la presente sentencia, la accionante no tienen ningún
vinculo con la cooperativa CODELTAS Ltda., ni con la E.P.S. SOLSALUD, es claro
que las inconsistencias presentadas en los procedimientos de afiliación a la
mencionada E.P.S., así como la función cumplida por CODELTAS Ltda. en el
respectivo proceso, no es muy clara, dadas las afirmaciones hechas por la
accionante tanto en los hechos de la demanda como en lo relatado en la prueba a
ella solicitada por esta Sala de Revisión. Por ello, existen serías dudas en
cuanto a la diligencia con que éstas entidades actuaron en el presente caso,
pues fue el proceder poco diligente de la cooperativa CODELTAS Ltda. lo que
llevó a que los servicios médicos requeridos por la accionante fueran negados
en virtud de la desafiliación hecha por esta última a la E.P.S.
Es cierto que la ley
permite que las E.P.S., realicen acuerdos con cooperativas como CODELTAS Ltda.
para que a través de ellas, trabajadores independientes se afilien al
SGSSS,[9] pero ello no era viable en el caso de
trabajadores dependientes que era la situación de la accionante.
Dependencia que se había puesto de presente a CODELTAS Ltda., según lo afirma
la accionante en el escrito remitido a esta Sala de Revisión, pero que según la
cooperativa accionada, desconocía por completo.
Por ello, en la
medida en que se presentan diferencias en lo afirmado por la actora y lo
señalado por la cooperativa CODELTAS Ltda., cierto es que para esta Sala de
Revisión, las actuaciones administrativas y procedimentales adelantadas por la
mencionada cooperativa y SOLSALUD E.P.S., afectaron en su momento derechos
sustanciales y fundamentales de la accionante.
Por lo tanto,
considera la Sala oportuno prevenir a CODELTAS Ltda. y a SOLSALUD E.P.S., que,
para que no se incurra nuevamente en situaciones similares a la que dio origen
a esta acción de tutela, se expongan con claridad a sus futuros afiliados todos
los pasos a seguir para su correcta afiliación, no sólo indicando los
documentos requeridos para tal fin, sino también indagando por los antecedentes
de quienes se van a afiliar, con los cuales puedan saber si son trabajadores
dependientes o independientes, lo que permitirá desarrollar correctamente las
labores para las cuales fueron creadas.
Finalmente, dadas
las circunstancias fácticas que rodearon el presente caso, y vistas las
actuaciones adelantadas por CODELTAS Ltda., y SOLSALUD E.P.S., se compulsarán
copias del presente proceso y de esta decisión a la Superintendencia de
Economía Solidaria, a la Superintendencia Nacional de Salud y al Ministerio del
Trabajo y Seguridad Social para lo de su competencia.
VI. DECISIÓN.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Quinta de Revisión de Tutela de la Corte Constitucional,
obrando en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida
por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva, pero por las
consideraciones aquí expuestas.
Segundo. PREVENIR a CODELTAS Ltda. y a
SOLSALUD E.P.S., que, para que no se incurra nuevamente en situaciones
similares a la que dio origen a esta acción de tutela, se expongan con suma
claridad a sus futuros afiliados todos los pasos a seguir para su correcta
afiliación, no sólo indicando los documentos requeridos para tal fin, sino
también indagando por los antecedentes de quienes se van a afilar, con los
cuales puedan saber si son trabajadores dependientes o independientes, lo que
permitirá desarrollar correctamente las labores para las cuales fueron creadas
Tercero.
COMPULSAR copias del
presente proceso y de esta decisión a la Superintendencia de Economía
Solidaria, a la Superintendencia Nacional de Salud y al Ministerio del Trabajo
y Seguridad Social para lo de su competencia.
Cuarto. Por Secretaría, líbrese la comunicación de
que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
cópiese, publíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y cúmplase.
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado Ponente
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1] Cfr. entre otras las Sentencias T-568 de
1998, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz,         C-710, M.P., Jorge Arango Mejía,
T-426 de 1998, M.P., Alejandro Martínez Caballero,    T-467 de 2001, M.P. Dr.
Alvaro Tafur Galvis, T-154 de 2001, M.P. Dr. Fabio Morón Díaz .
[2]
Sentencia T-629 de 2002, M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[3]
M.P. Alejandro Martínez Caballero
[4]
Sentencia T-179 de 1993. M. P. Alejandro Martínez Caballero
[5]
Ver, entre otras, las sentencia T-179/93 y T-694 de 1996
[6]
Sentencia T-568 de 1996. MP Eduardo Cifuentes Muñoz. Fundamento Jurídico No 5.
[7]
Ver, entre muchas otras, las sentencias T-606 de 1995, T-106 de 1996. M.P.
T-568 de 1996, T-694 de 1996,  C-710 de 1996 y T-270 de 1997.
[8] “...Requiero
estos documentos con el fin de iniciar acción laboral ordinaria tendiente
a obtener el pago de mi licencia de maternidad...” (Negrilla y
subraya fuera del texto original).
[9]
Decreto Reglamentario 806 de 1998, artículo 43.