T-449-18
Sentencia T-449/18
AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DE LA IGLESIA CATOLICA-Jurisprudencia constitucional
Es diáfano concluir que el Estado
respeta la independencia de la Iglesia y especialmente la libertad religiosa de
sus ciudadanos para: (i) contraer matrimonio religioso bajo los parámetros
normativos establecidos en esta religión, y (ii) para que el matrimonio sea
revisado según las normas canónicas y conforme al modelo matrimonial que
libremente se ha elegido al momento de celebrar la unión. En este sentido y en virtud del
pluralismo político y religioso que permite la coexistencia de ordenamientos
jurídicos distintos, se acepta no solo la autonomía e independencia de la
Iglesia Católica sino también su potestad legislativa, administrativa y
judicial.
ACCION DE TUTELA CONTRA AUTORIDADES ECLESIASTICAS-Procedencia
Esta Corte ha reconocido que la acción de tutela puede proceder
eventualmente en contra de las actuaciones de las autoridades eclesiásticas,
ante la materialización de irregularidades que afecten los derechos
fundamentales de los ciudadanos. En ese sentido, en relación con la procedencia
de la acción de tutela al interior de trámites judiciales propios de las
autoridades religiosas, esta Corte, en Sentencia T-285 de 1994, indicó que: “Sólo sería procedente la acción de
tutela contra una actuación judicial que negara el derecho y los propios
contenidos doctrinarios o confesionales en que se inspira la respectiva
religión, es decir, una expresión del no derecho o vía de hecho, como lo ha
denominado la Corporación en  jurisprudencia reiterada(…).” Ahora bien, se considera pertinente resaltar que,
como se expresó líneas atrás, en virtud de la especial autonomía con la que
cuentan las autoridades eclesiásticas, no basta con la simple confrontación
entre derechos o que se afirme un presunto desconocimiento de estos para que
resulte admisible la intromisión del juez constitucional sobre asuntos que en
principio competen exclusivamente a estas autoridades, pues para ello es
necesario que la conducta reprochada, una vez ponderados los derechos en
discusión, termine por afectar los derechos fundamentales de los fieles del
culto.
LIMITES A LA AUTONOMIA DE IGLESIAS Y CONFESIONES
RELIGIOSAS
La Corte se ha ocupado de definir en concreto los
límites de tal autonomía en relación con dos
tipos de situaciones: por un lado, las que surgen a propósito de la relación
entre las iglesias y sus feligreses u otras personas cuyos derechos pueden
verse afectados por las actuaciones de aquellas; por otra parte, las que se
originan en conflictos surgidos entre las comunidades religiosas y sus propios
miembros. Por lo tanto, es necesario diferenciar, por una parte, el ámbito
religioso, respecto del cual existe una competencia exclusiva de las
autoridades eclesiásticas que a priori impide la intervención del Estado, del
ámbito civil o patrimonial, respecto del cual dicha autonomía no ostenta un
carácter ilimitado e irrestricto que limite la injerencia de las autoridades
públicas. Se debe
observar, en igual forma, que en virtud de la libre elección realizada por los
creyentes de someterse a las instituciones religiosas, la intervención del
Estado en sus asuntos debe ser restringida. El derecho a la libre elección de
las propias creencias y de adherir a una comunidad eclesiástica particular
implica necesariamente aceptar la disciplina y las normas propias de esa
comunidad. Esto no constituye una renuncia de los derechos fundamentales del
creyente, sino la libre decisión de gozar de tales derechos de conformidad con
la disciplina y las modalidades que son propias a su comunidad de fe.
DERECHO DE PETICION EN ACTUACIONES JUDICIALES-Reiteración de
jurisprudencia
DERECHO DE PETICION EN ACTUACIONES JUDICIALES-Prevalencia reglas del proceso
DERECHO DE PETICION ANTE AUTORIDADES
ECLESIASTICAS-Alcance
Es claro para esta Corporación que los fieles católicos tienen la
facultad de (i) elevar solicitudes respecto de su proceso (debido proceso) y
(ii) peticiones fuera del proceso (derecho de petición). Así, los Tribunales
Eclesiásticos deberán resolver las primeras peticiones en el marco de los
procedimientos que se tramitan bajo la normativa canónica, a menos que se trate
de solicitudes ajenas a los procesos sometidos a su competencia, las cuales,
salvo norma canónica en contrario, se regirán por el marco constitucional y
normativo del derecho de petición. Así quienes voluntariamente se someten a las
prácticas religiosas de la Iglesia Católica lo hacen bajo los parámetros
contemplados por los ritos católicos, más aún si el Código de Derecho Canónico
contempla la posibilidad de que las partes puedan acceder a los documentos de
los expedientes.
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Configuración y
características
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Fenómeno que se configura en los siguientes
eventos: hecho superado, daño consumado o situación sobreviniente
DERECHO DE PETICION ANTE AUTORIDADES ECLESIASTICAS-Vulneración por
parte de Tribunal Eclesiástico al no emitir respuesta clara y justificada en
relación con petición de copias de trámite judicial desarrollado y que dio lugar
a declaratoria de nulidad de matrimonio católico
Referencia:
Expediente No. T-6.569.225.
Acción
de tutela promovida por AURA
CECILIA PIRAJAN SALAMANCA contra el TRIBUNAL ECLESIÁSTICO
DIOCESANO DE LA DIÓCESIS DE DUITAMA y SOGAMOSO.
Magistrado
Ponente:
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Bogotá, D.C.,
dieciséis (16) de noviembre de dos mil dieciocho (2018).
La
Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada
Diana Fajardo Rivera y los Magistrados Carlos Bernal Pulido y Alberto Rojas
Ríos, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de
la Constitución Política, así como en los artículos 33 y siguientes del Decreto
2591 de 1991, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos
proferidos, en primera instancia, por el Juzgado Primero Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Duitama, el catorce (14) de agosto de dos mil
diecisiete (2017), y, en segunda instancia, por la Sala de Decisión Quinta del
Tribunal Administrativo de Boyacá, el veintidós (22) de septiembre del mismo
año, dentro del trámite de la acción de tutela incoada por AURA CECILIA
PIRAJAN SALAMANCA en contra del TRIBUNAL ECLESIÁSTICO DIOCESANO DE LA
DIÓCESIS DE DUITAMA Y SOGAMOSO-.
El expediente de la referencia fue
seleccionado para revisión mediante Auto del dieciséis (16) de febrero de dos
mil dieciocho (2018), proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Dos,
integrada por los Magistrados ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO y CRISTINA PARDO
SCHLESINGER, y asumido mediante reparto por el Despacho del Magistrado ALBERTO
ROJAS RÍOS como sustanciador de su trámite y decisión.
I.       ANTECEDENTES
1.
El 27 de julio de 2017, Aura Cecilia Pirajan Salamanca interpuso acción de tutela por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales de “petición y debido proceso”, que
considera han sido desconocidos por la entidad accionada al negarse a otorgarle
las copias del trámite judicial desarrollado y que dio lugar a la declaratoria
de nulidad de su matrimonio católico.
A.
Hechos
2.
Aura Cecilia
Pirajan Salamanca contrajo matrimonio mediante el rito católico con José
Leonildo Angarita el 28 de junio de 1976. La accionante afirma que, después de
muchos años de estar casados, su esposo inició el trámite para declarar la
nulidad del vínculo.
3.
Una vez culminado
el trámite de la nulidad de su matrimonio, esto es, el 24 de junio de 2017, la
actora presentó derecho de petición ante la Diócesis de Duitama en el que
solicitó el suministro de copias del proceso que derivó en la declaratoria de
nulidad de su matrimonio.
4.
Por su parte, la
autoridad accionada, mediante contestación del 06 de julio de 2017, le indicó,
que no era posible acceder a la solicitud de copias, sin explicación adicional.
La actora manifiesta que, si bien por escrito no le dieron a conocer los
motivos en que se sustentaba la negativa anteriormente referida, de manera
verbal le indicaron que sus documentos contaban con “reserva”, motivo por el cual
no le serían suministrados.
5.
Pirajan
Salamanca asevera que, el 11 de julio de 2017, presentó una nueva solicitud de
copias respecto de las actuaciones surtidas dentro del proceso de nulidad de su
matrimonio, la cual fue resuelta el 14 de julio siguiente desfavorablemente.
B.   Material
probatorio obrante en el expediente
·
Registro Civil de Matrimonio entre
el ciudadano José Leonildo Angarita Fernández y la accionante, Aura Cecilia
Pirajan Salamanca.[1]
·
Escrito del 24 de junio de 2017 en
el que la accionante solicitó la expedición de copias del proceso de nulidad
del matrimonio del que afirma ser la “denunciada”.[2]
·
Contestación del Tribunal
Eclesiástico de la Diócesis de Duitama, del 06 de julio de 2017, en la que se
indica que no es posible acceder a la solicitud de copias realizada, pero que
le puede otorgar copia del “comunicado a las partes” de la decisión.[3]
·
Escrito del 11 de julio de 2017 en
el que la actora reiteró la solicitud de copias.[4]
·
Contestación del 14 de julio de
2017, donde la accionada insiste en que no accederá a la solicitud de copias,
pues, a su parecer, los documentos solicitados cuentan con el carácter de
“reservados”.[5]
·
Solicitud presentada por José
Leonildo Angarita Fernández, ante el Tribunal Eclesiástico Diocesano de la
Diócesis de Duitama, con el objetivo de que se declare la Nulidad del
Matrimonio Católico que suscribió con la ciudadana Aura Cecilia Pirajan
Salamanca.[6]
·
Respuesta del 16 de agosto de 2017
en la que el Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Duitama informa que negará
las copias solicitadas en cuanto, una vez culminada la oportunidad de
participar en el proceso en cuestión, dicho procedimiento adquiere el carácter
de reservado. Y agregó que el Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Duitama
actúa como una autoridad perteneciente a las jerarquías de la Iglesia Católica,
motivo por el cual, de conformidad con el Concordato suscrito entre el Estado
Colombiano y la Iglesia católica, las autoridades colombianas deben respetar la
Legislación Canónica.[7]
C.   Fundamentos
jurídicos de la solicitud de tutela
6.
La
solicitante estima desconocidos sus derechos fundamentales con ocasión de la
conducta del Tribunal Eclesiástico accionado, por no permitirle acceder a los
documentos que conforman el proceso judicial en virtud del cual se declaró la
nulidad de su matrimonio.
7.
Considera
que al ser parte del proceso en cuestión y resultar materialmente afectada por
lo decidido, no le pueden negar su pretensión, que tiene derecho a conocer las
actuaciones que derivaron en la decisión adoptada, aseguró.
D.   Respuesta
de la entidad accionada
El Tribunal
Eclesiástico Diocesano de la Diócesis de Duitama y Sogamoso
8.
En
contestación a la presente acción de tutela, el Tribunal accionado arguye que los asuntos relativos a la validez o nulidad de un matrimonio católico
corresponden al proceso judicial eclesiástico, motivo por el cual, únicamente
un juez que ostente la condición de canónico puede involucrarse en la
resolución del asunto.
9.
El Tribunal afirmó que Aura
Cecilia fue citada al proceso de nulidad de su matrimonio, pero se abstuvo de
asistir y participar de él; no obstante, adujo, una vez culminado el trámite
judicial, a la actora se le ofreció una explicación y se le leyó en su
totalidad la decisión.
10.
Adicionalmente, indica que la
declaratoria de nulidad de un matrimonio es determinada por un tribunal
eclesiástico de carácter colegiado y que, contra su decisión, “no cabe
demanda” alguna en cuanto la actora dejó pasar el tiempo dispuesto para la
apelación.
11.
Finalmente, la accionada anexó a
su escrito respuesta a la solicitud presentada por la accionante el 11 de julio
del 2017, y en ella expresó que los documentos solicitados cuentan con el
carácter de “reservados”.
E.
Sentencia objeto de revisión
Primera Instancia
El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Duitama, mediante Sentencia del 14 de agosto de 2017,
decidió conceder la protección ius-fundamental invocada respecto del
derecho de petición y, en consecuencia, ordenó dar respuesta de fondo a la
solicitud presentada.
Estimó que la accionada,
en sus contestaciones, se limitó a negar la pretensión de Aura Cecilia Pirajan
Salamanca, sin explicar las razones de hecho y de derecho que sustentaron la
decisión.
Actuaciones
posteriores al fallo de primera instancia
A raíz de lo resuelto por
el juez de primera instancia, el Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de
Duitama, mediante escrito del 16 de agosto de 2017, negó a la actora el
suministro de las copias solicitadas, tras considerar que, una vez culminada la
oportunidad de participar en el proceso de nulidad de matrimonio, el trámite
adquiere carácter de reservado. Advirtió que el Tribunal es una autoridad
perteneciente a las jerarquías de la Iglesia Católica, y conforme con el
Concordato suscrito entre el Estado Colombiano y la Iglesia católica, las
autoridades colombianas deben respetar la Legislación Canónica.
Impugnación
La
Procuraduría Judicial 178 para Asuntos Administrativos de Tunja, mediante
escrito del 22 de agosto de 2017, con fundamento en los artículos 277 de la
Constitución Política, 37 del Decreto 262 de 2000 y los artículos 302 y
siguientes de la Ley 1437 de 2011, impugnó la decisión de primer grado.
Sustentó su posición en la defensa “del ordenamiento jurídico, del
patrimonio público y de los derechos y garantías constitucionales fundamentales”.
La vista fiscal sostuvo
que si bien la accionada dio respuesta a la solicitud de Aura Cecilia Pirajan
Salamanca, lo cierto es que esta última no ha podido obtener las copias que
pretende y a las que tiene derecho, pues le esgrimen una supuesta “reserva”
sobre información de la que es titular.
En ese sentido, la
Procuraduría Judicial 178 para Asuntos Administrativos de Tunja llamó la
atención en que si bien la iglesia católica tiene la potestad de fijar el
procedimiento para la determinación de la nulidad del matrimonio de su rito, es
injustificado que priven a la accionante de tener acceso a los documentos que
conforman el trámite judicial de la nulidad en cuestión.
Segunda
Instancia
La Sala de Decisión Quinta del Tribunal Administrativo de
Boyacá, mediante sentencia del 22 de septiembre de 2017, comenzó por
determinar que la procuraduría efectivamente se encuentra legitimada para
interponer la impugnación, de conformidad con el artículo 277 de la
Constitución y 303 del CPACA.
Respecto
del fondo de la solicitud de amparo, decidió acceder a la pretensión invocada
en la impugnación y ordenó que se expidieran las copias solicitadas, en cuanto
consideró que no se esgrimió por la accionada un argumento razonable para
restringir el acceso a los documentos pretendidos. Destacó que la “reserva”
que se aduce aplicar resulta injustificada en cuanto, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015, la actora, en su condición
de parte en el proceso en cuestión, se encuentra legitimada para solicitarlos.
Expuso
que, contrario a lo afirmado por la accionada, la pretensión de la tutela no
busca cuestionar el proceso de nulidad del matrimonio católico, sino obtener
copias de las actuaciones surtidas y que la involucran.
Destacó
que si bien la accionada adujo que los documentos solicitados cuentan con
reserva a la luz del procedimiento eclesiástico, lo cierto es que las normas
del código de derecho canónico no disponen dicha restricción, motivo por el
cual su actuación carece de sustento normativo que la legitime.
F.
Actuaciones en Sede de Revisión
12.
Mediante Auto del 06 de abril de 2018, el Magistrado
Sustanciador optó por decretar una serie de pruebas a efectos de (i)
obtener conocimiento de los hechos que han tenido lugar con posterioridad a la
expedición de la sentencia de segunda instancia, y (ii) comprender de
mejor manera la problemática a decidir, desde una óptica que no desconozca la
autonomía conferida por el Estado Colombiano a las instituciones eclesiásticas
en virtud del Concordato firmado en 1973.
13.
En ese sentido se solicitó (i) a las partes, (ii)
a la Nunciatura
Apostólica en Bogotá -Colombia- y (iii) a las universidades: Pontificia Javeriana de Bogotá, de los
Andes de Colombia,  Externado de Colombia, (iv) Nacional de Colombia,
de la Sabana en Chía y Sergio Arboleda informes tendientes a: (a) determinar si la accionada
suministró las copias de los documentos que eran pretendidos con la
presentación de la acción en estudio; (b) conocer cuál es el fundamento
jurídico en virtud del cual la accionada sustenta sus actuaciones (así como los
hechos que, en esta ocasión, corresponde a esta Corporación evaluar); (c)
establecer el alcance de la autonomía con la que la autoridad accionada aduce
contar, así como la relación existente entre las jurisdicciones eclesiástica y
Estatal; y (d) profundizar en las particularidades propias de los
procedimientos judiciales eclesiásticos que tienen lugar al interior del
territorio nacional.
Diócesis Duitama
–Sogamoso
14.
Misael
Vacca Ramírez, en su condición de Obispo de la Diócesis de Duitama-Sogamoso,
mediante escrito del 18 de abril de 2018, respondió al Auto del 06 de abril del
mismo año en nombre del Tribunal Eclesiástico Diocesano de la Diócesis de
Duitama y Sogamoso, en cuanto “la Signatura Apostólica de la Santa Sede
suspendió las funciones del Tribunal Diocesano de Duitama-Sogamoso”.
15.
Indicó
que, en su condición de Obispo, asumió las competencias del tribunal judicial
accionado y que, de conformidad con el Código Canónico, la función de impartir
justicia corresponde principalmente a él (obispo). Tal actividad puede
delegarla en los tribunales eclesiásticos que funcionen dentro de su
circunscripción, señaló.
16.  En relación con la problemática que
compete a la Corte resolver en esta ocasión, el Obispo presentó los siguientes
argumentos: en virtud del concordato firmado entre el Estado Colombiano y la
Santa Sede, a la Iglesia Católica le fue reconocido un elevado nivel de
autonomía para el desarrollo de sus fines, en específico en su órbita
eclesiástica. Llama la atención en que el Concordato funda las relaciones entre
el Estado y la Iglesia, en los principios de “recíproca deferencia y respeto
mutuo”, así como en los postulados del principio pacta sunt servanda.
17.
La
Ley 133 de 1994[8] reconoció a las iglesias y
confesiones religiosas existentes “plena autonomía y libertad en sus
asuntos religiosos, así como la posibilidad de establecer sus propias normas
de organización, régimen interno y disposiciones para sus miembros”[9] (negrillas fuera del texto original)
18.
Con
ocasión de la autonomía reconocida en la norma anteriormente referida, la
Iglesia Católica interactúa con el Estado Colombiano mediante una relación de
igualdad, de forma que (i) no está sometida a éste como si se tratara de una organización
privada y (ii) las decisiones que los involucran a ambos deben ser adoptadas de
manera concertada[10].
19.
De
conformidad con lo anterior, concluyó que, la relación entre la Iglesia
Católica y el Estado colombiano debe plantearse en términos de sujetos de
derecho internacional público y su ordenamiento jurídico debe ser entendido
como propio y autónomo, esto es, uno que no se rige por la legislación
colombiana.[11]
20.
Si
bien la jurisdicción Estatal tiene un margen de apreciación limitado para
interpretar el Concordato y la normatividad canónica, ello no constituye
ninguna forma de inmunidad jurisdiccional, en cuanto todos los colombianos
están sujetos al imperio de la Constitución y de la Ley.
21.
Con
fundamento en los argumentos resumidos anteriormente, el Obispo estimó que es
reprochable que las autoridades judiciales dentro de este trámite de tutela
hayan optado por dictar “órdenes” cuando la solución de este impase
debió haberse surtido de manera concertada.
22.
En
relación con las competencias de la Iglesia Católica para regular el matrimonio
canónico y conocer de las nulidades formuladas en contra de sus sacramentos,
recalcó que, a pesar de que se trata de facultades exclusivas de la Iglesia, el
Estado colombiano otorgó efectos civiles a estas decisiones, las cuales habrán
de ser respetadas por las autoridades colombianas y, en ese orden de ideas, se
encuentran compelidas a no interferir sobre éstas.
23.
Sostuvo
que el Estado debe abstenerse de interferir en la autonomía de la Iglesia en
materia matrimonial, pues considera que esta injerencia conduce necesariamente
al desconocimiento de la autonomía de quienes profesan la religión católica y,
por ende, a la afectación de sus derechos fundamentales a la libertad
religiosa, en cuanto voluntariamente se sometieron a esta jurisdicción. Sobre
el particular, expresó:
“la
elección que hace el ciudadano para contraer matrimonio canónico, porque por
razones de conciencia quiere practicar su fe, tiene unas consecuencias para el
Estado que debe respetar esa opción ciudadana y que supone el ejercicio de los
derechos fundamentales, con lo cual la autonomía e independencia de la Iglesia
Católica atañe también a la autonomía de los fieles católicos.”
24.
Consideró
que dado el evento en que alguna autoridad judicial Estatal considere que la
decisión adoptada por un tribunal eclesiástico no se dictó conforme a derecho,
tiene la posibilidad de negarle efectos civiles hasta tanto aclare que éste
haya sido respetado y, por ello, resulta inadmisible que se entrometa en este
tipo de trámites e intente remediar por sí mismo los defectos que evidencie.
25.
No
obstante lo anterior, recordó que la Corte Constitucional, en decisiones de
tutela anteriores[12], ha reconocido que la autonomía de
las autoridades eclesiásticas no solo cuenta con límites en la efectiva
garantía de los derechos fundamentales, sino que, además, contra las decisiones
que profieran puede proceder la acción de tutela de manera excepcional, esto
es, únicamente ante la configuración de una vía de hecho.
26.
Ahora
bien, en lo relacionado con la reserva de los documentos solicitados, destaca
que, si bien todos los actos jurisdiccionales deben ser cognoscibles por las
partes, existe una reserva procesal contenida en el Cann. 1598 del Código
Canónico en virtud de la cual las partes solo podrán acceder a los documentos
que obran en el expediente de manera directa, esto es, con su presencia en la
Cancillería del Tribunal y únicamente se permite la entrega de copias de estos
documentos a los abogados, de manera que puedan preparar sus memoriales. Señala
que “el examen de las actas debe, por tanto, hacerse en la Cancillería del
Tribunal que ha conocido la causa y dentro del plazo establecido en el decreto
del Juez”.
Al
respecto, el Cann 1598, dispone:
“§
1.  Una vez recibidas las pruebas, el juez, mediante decreto debe
permitir, bajo pena de nulidad, que las partes y sus abogados examinen en la
cancillería del tribunal las actas que aún no conocen; e incluso se puede
entregar copia de las actas a los abogados que la pidan; no
obstante, en las causas que afectan al bien público, el juez,
para evitar peligros gravísimos, puede decretar que algún acto no sea
manifestado a nadie, teniendo cuidado de que siempre quede a salvo el
derecho de defensa.” (Negrilla y subraya fuera del texto original)
27.
Destacó
que esta reserva tiene “la única intención de favorecer la intimidad y la
buena fama de quienes” participan en estos procesos, de manera que debe
entenderse que la publicidad encuentra un límite en los intereses de terceros y
en la necesidad de prevenir la indebida utilización de esta información.
28.
En
lo relacionado con el análisis del caso concreto, solicitó que se declare la
configuración del fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado,
en cuanto, (i) como producto de la decisión de los jueces de instancia,
accedieron a otorgar las copias solicitadas y, adicionalmente, (ii) al
denotar el irrespeto de las normas que permiten el conocimiento de las actas
por parte de la principal involucrada, la accionada, el 15 de marzo de 2018
optó por declarar la nulidad de la sentencia proferida por el Tribunal
Eclesiástico de Duitama-Sogamoso el 13 octubre de 2016. Por este motivo,
considera que al reabrirse el debate jurídico contenido en la solicitud de
nulidad del matrimonio católico, la actora cuenta con la posibilidad de
participar en el proceso y acceder a la información que se recaude.
29.
A su
vez, mediante escrito del 2 de mayo del año que transcurre, el apoderado
judicial de la Diócesis realizó algunas precisiones de orden constitucional
suscitadas a raíz del presente trámite constitucional.
30.
Precisó
en lo atinente a la inmunidad de las autoridades eclesiásticas que “están
sujetas al orden jurídico nacional y deben respetar y obedecer a las
autoridades del estado” y en razón a ello no pueden desconocer o vulnerar
los derechos de las personas.
31.
Advirtió
que los sacerdotes “no gozan de un fuero especial” y que respecto a sus
actos u omisiones están sujetos a la constitución y a las leyes de la
República.
32.
Adicionalmente
arguyó respecto a la función religiosa, que es independiente de acuerdo a los
lineamientos de la Carta Política que ampara la libertad de cultos y los
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.
33.
Así
mismo, se refirió al concordato celebrado entre el Estado Colombiano y la Santa
Sede para precisar que los tratados internacionales deben ser cumplidos de
buena fe. Agregó que solo el Estado Colombiano podrá intervenir en el plano
jurídico civil respecto de las uniones religiosas.[13]
34.
Por su parte, la Conferencia Episcopal de Colombia
también intervino como coadyuvante de la demandada cuya intervención coincidió
con el pronunciamiento de la Diócesis de Duitama- Sogamoso, la cual,
básicamente se concretó en reiterar la independencia exclusiva de los
Tribunales Eclesiásticos para conocer sobre la nulidad del matrimonio canónico
y enfatizó en el respeto sobre las cláusulas consignadas en el Tratado
internacional celebrado entre el Estado Colombiano y la Santa Sede.
Accionante Aura
Cecilia Pirajan Salamanca
35.
A
través de escrito del 18 de abril de 2018, la accionante informó a este Tribunal
Constitucional que con ocasión de las órdenes de tutela del juez de segunda
instancia la accionada le allegó copia de los documentos que conforman el
expediente del trámite de nulidad de su matrimonio católico, y reprochó el
hecho de que este únicamente contenga 17 folios.
36.
Adicionalmente,
la actora manifiesta que mediante llamada telefónica del 6 de abril de 2018 se
le informó que su caso fue puesto en conocimiento del Tribunal Supremo de la
Signatura con sede en la ciudad de Roma y que el Tribunal Eclesiástico Único de
apelación resolvió declarar la nulidad del trámite eclesiástico del que es
parte, en cuanto consideró que se habían materializado irregularidades en él.
Universidad
Pontificia Javeriana
37.
Mediante
escrito del 17 de abril de 2018 la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá
contestó lo solicitado por el Despacho del Magistrado Ponente en Auto del 06 de abril de 2018 y expresó que, de
conformidad con lo dispuesto por (i) la Constitución Política de
Colombia, (ii) el Concordato firmado entre el Estado Colombiano y la
Santa Sede, así como (iii) la Ley Estatutaria de la Libertad Religiosa,
se ha reconocido un alto nivel de autonomía en cabeza de las instituciones
eclesiásticas para resolver los asuntos de su competencia privativa, en
específico todo lo relativo a la constitución y nulidad de los matrimonios
católicos.
38.
Destacó
que, en virtud de dicha autonomía, las decisiones adoptadas en estos trámites
deberán ser respetadas y acatadas por las autoridades Estatales, quienes se
encuentran limitadas para injerir en ellos.
39.
Consideró
que “ordenar por parte de la jurisdicción estatal a un Tribunal Eclesiástico
que se conteste un derecho de petición o que se entregue copias del expediente
de un proceso de nulidad del matrimonio canónico… es una injerencia indebida de
la jurisdicción estatal en la jurisdicción eclesiástica.”
40.
Con
todo, expresó que el reconocimiento de esta autonomía parte del presupuesto de
que la jurisdicción eclesiástica respeta los derechos fundamentales de los
ciudadanos.
41.
Ahora
bien, en relación con los procedimientos judiciales eclesiásticos determinó que
en ellos se busca siempre la justicia, la verdad y suponen el respeto del
debido proceso, de manera que en ellos se garantiza la posibilidad de que las
partes manifiesten su posición e interpongan los recursos que estimen
pertinentes.
42.
En
cuanto a la reserva de los documentos que hacen parte del trámite de la nulidad
de un matrimonio, indicó que el Código Canónico prevé la posibilidad de otorgar
copias de las actuaciones surtidas, al igual que la restricción del suministro
en los eventos en que se pueda generar una afectación al “bien público” o
con el objetivo de evitar “peligros gravísimos”.
43.
Finalmente,
destacó que tal restricción se estableció en razón a que en ciertos países tuvo
lugar una práctica en virtud de la cual era posible utilizar “las actas del
proceso canónico a fin de obtener ventajas económicas mediante la interposición
de querellas de difamación ante los tribunales civiles, en detrimento de la
fama y con quebranto personal al juez canónico”, entre otros.
Universidad
Sergio Arboleda
44.
En escrito del 16 de abril de 2018, rindió informe
sobre los asuntos objeto de la acción de tutela y comenzó por indicar que entre
la jurisdicción eclesiástica y la civil no debe haber colisión alguna en cuanto
cada una tiene un campo de injerencia diferenciado, esto es, la jurisdicción
eclesiástica tiene competencia privativa para determinar los asuntos correspondientes
a los matrimonios religiosos, su constitución y nulidad, y la Estatal resuelve
lo relativo a los efectos civiles que las decisiones eclesiásticas puedan
tener.
45.
En ese sentido, las autoridades eclesiásticas cuentan
con completa autonomía para resolver sobre este tipo específico de asuntos y el
Estado se encuentra compelido a respetar las decisiones que en virtud de esta
autonomía sean adoptadas[14].
46.
Destacó que cuando un ciudadano, en ejercicio de sus
libertades (religiosa, de cultos y de conciencia), opta voluntariamente por
contraer matrimonio religioso, se somete a la jurisdicción eclesiástica para
efectos de la eventual nulidad de su matrimonio, motivo por el cual mal haría
el Estado al entrometerse en asuntos que no son de su competencia y terminaría
por lesionar la autodeterminación y los derechos fundamentales del individuo.
47.
A su vez, resaltó que las autoridades eclesiásticas
gozan de una competencia autónoma, independiente y separada de aquella de las
autoridades civiles para resolver “en conciencia” lo relativo a los
vínculos de carácter sacramental y respecto de los cuales el Estado es
absolutamente incompetente para intervenir.
48.
Llamó la atención en que el debido proceso “se
garantiza siempre como principio insoslayable” en los procesos de nulidad
de matrimonio católico y que incluso en el caso en que llegue a tener lugar
alguna anomalía, el ordenamiento jurídico canónico prevé los mecanismos para
subsanarla, motivo por el cual las autoridades civiles se encuentran
imposibilitadas para intervenir.
49.
Reprochó que la actora no se apersonó del trámite
judicial que la involucraba, pues se abstuvo de participar en él y solicitar
los documentos en la etapa procesal que correspondía. Por lo tanto, no puede
aducir conculcación a sus derechos fundamentales por cuanto fue debidamente
citada al proceso y se le dio la oportunidad de defenderse.
50.
En lo relativo a la reserva de los documentos
requeridos, y con sustento en los cánones 1455, 1457, 1546, 1559, 1598 y 1602,
arguyó que existe un principio de “reserva general” de las actuaciones que
tienen lugar al interior del proceso de nulidad del matrimonio católico hasta
la etapa de “publicación de las actas”, que puede ser extendida con el
fin de proteger la intimidad y privacidad de las partes e incluso el bien
público.
51.
Destacó que ello no desconoce el derecho a la defensa
de las partes pues estas pueden acudir a la sede del Tribunal a efectos de
consultar la información que requieran.
52.
Consideró que una orden por parte de una autoridad
civil a efectos de que se atienda una petición de las partes intervinientes en
un proceso de nulidad constituiría una indebida intromisión en esta autonomía e
independencia. Ello, sobre todo si se tiene en cuenta que los jueces civiles se
encuentran vedados de interpretar los textos canónicos y establecer cuando
existe reserva, pues la interpretación auténtica de estos textos corresponde a
la Iglesia Católica.
Universidad de
los Andes
53.
Mediante Escrito del 18 de abril de 2018 expresó que
no le es posible presentar concepto alguno sobre el asunto objeto de
controversia en cuanto carece del personal suficiente para realizarlo.
Universidad de
la Sabana
54.
A través de escrito de fecha 25 de abril de 2018,
dicho ente universitario luego de hacer un recuento histórico respecto a la autonomía
de la jurisdicción eclesiástica, al derecho público y principio de
bilateralidad, a la autonomía, laicidad, libertad religiosa, citar
jurisprudencia de esta Corporación, (sentencias T- 200 de 1995,[15] C-609 de 1996,[16] T-946 de 1999,[17] T-998 de 2002,[18] T-1083 de 2002[19] y SU- 540 de
2007,[20]) y hacer
referencia al concordato celebrado entre Colombia y la Santa Sede[21] concluyó que:
·
La jurisdicción eclesiástica es independiente y forma
parte de una tradición jurídica colombiana continua e indiscutida durante más
de 130 años.
·
Respecto a la Santa Sede aseguró que es sujeto de
Derecho Internacional Público, dado que suscribió el concordato de 1973, el
cual, es considerado como tratado de derecho internacional. Explicó que las
personas jurídicas canónicas de conformidad con el art. IV del concordato
poseen personería jurídica de derecho público eclesiástico.
·
Destacó que la independencia de jurisdicción obedece
al reconocimiento del Derecho Canónico como un ordenamiento jurídico distinto e
independiente del estatal, y por consiguiente autosuficiente y soberano en su
ámbito.
·
En lo relativo a las autoridades Estatales, en la
intervención de las decisiones de la jurisdicción eclesiástica, acotó que se escapa
del marco de sus funciones limitar, suspender o enmendar las decisiones
judiciales canónicas.[22] Señaló que el
derecho canónico posee mecanismos de control con el fin de garantizar, la recta
administración de justicia.
·
Se refirió a la Sentencia C-027 de 1993 en cuanto
examinó la constitucionalidad del concordato. Advirtió que allí quedó claro que
la autonomía de la jurisdicción eclesiástica aunado al reconocimiento de la
normativa procesal canónica, garantizaba el debido proceso y los derechos
fundamentales de las partes.
·
En síntesis, indicó que la normativa aplicable en
relación con la petición de copias de un proceso canónico de nulidad es el
Derecho Canónico (Específicamente el canon 1598 del Código respectivo y demás
normas relacionadas), no el derecho estatal.
·
Finalmente expresó que de acuerdo al marco normativo
canónico, la acción de tutela que se examina resulta infundada.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
A.   Competencia
55.
Esta Sala de revisión es competente para pronunciarse
en sede de revisión en relación con el presente fallo de tutela, de conformidad
con los artículos 86 y 241 de la Constitución Política Colombiana, así como con
los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991 y las demás
disposiciones pertinentes.
B.   Planteamiento
del caso y problemas jurídicos
56.
Con miras a dar solución a la situación de hecho
objeto de análisis, esta Sala deberá dar respuesta a los siguientes problemas
jurídicos:
(i)
¿Resulta procedente la acción de tutela en contra de
las actuaciones de los Tribunales Eclesiásticos de la Iglesia Católica en razón
de la presunta vulneración del derecho fundamental de petición con ocasión a
las solicitudes que se realicen en el trámite de nulidad de matrimonio católico
cuyo procedimiento se rige por el rito procesal canónico?
(ii)
¿Desconoce el juez de tutela el concordato suscrito
entre la República de Colombia y la Santa Sede al expedir órdenes respecto al
trámite canónico de un proceso de nulidad de matrimonio católico, como lo es el
otorgamiento de copias de las actuaciones contenidas en el expediente?
(iii)
¿Se materializa una carencia actual de objeto cuando,
como producto de la orden proferida por un juez de tutela, la accionada optó
por acatar lo dispuesto y cesar en la conducta que se había considerado como
vulneradora?
57.
Para solucionar estos interrogantes,
la Sala procederá a realizar un análisis de la jurisprudencia constitucional
sobre: (i) la autonomía e independencia de la Iglesia Católica (ii) la acción de tutela contra las autoridades eclesiásticas
y sus límites (iii)
el derecho de petición en las actuaciones judiciales; y (iv) el fenómeno
de la carencia actual de objeto; para, así, resolver el caso concreto.
C.
La
autonomía e independencia de la Iglesia Católica
58.
El
Constituyente de 1991 optó por abandonar el modelo vigente en la Constitución
de 1886 (confesionalidad de la nación colombiana y protección del Estado a la
Iglesia Católica como “esencial elemento de orden social”) en favor de
un reconocimiento y protección igualitaria de las distintas creencias
religiosas que son profesadas. En ese sentido, se reconoció en el artículo 19
del Texto Constitucional la garantía del derecho a la libertad religiosa, de
cultos en su dimensión personal, colectiva e institucional, así como de la
igualdad “ante la ley” de “las confesiones religiosas e iglesias.”
59.
A
partir de este cambio de paradigma, el Estado Colombiano ha regido su accionar
respecto del “hecho religioso” en el principio de laicidad del Estado,
en el que se reconoce que la fe y el Estado son recíprocamente libres y que el
medio laico para tratar el hecho religioso es el derecho. Como consecuencia de
este principio, el Estado reconoce a las “iglesias y confesiones religiosas”,
“plena autonomía y libertad” en “sus asuntos religiosos”, con lo cual éstas
tienen una amplia independencia para ejercer su credo, así como para definir su
organización y régimen interno en los términos y condiciones previstas en la
Ley 133 de 1994, Estatutaria de la Libertad Religiosa y de Cultos[23]. La relación entre el
Estado y las iglesias y confesiones religiosas se estructura, en igual forma, a
partir del principio de armonía y respeto que implica la no injerencia mutua
entre las autoridades públicas y las distintas iglesias y confesiones
religiosas.
60.
En
relación con la Iglesia Católica es necesario anotar de antemano que se trata
de un sujeto de derecho internacional público, por lo que las relaciones entre
el Estado colombiano y la Santa Sede (representante de la Iglesia Católica), se
protocolizan a través de tratados internacionales, por lo cual, como lo ha sostenido
esta Corporación, “la regulación de sus relaciones con el Estado, bien puede
enmarcarse dentro del marco establecido en el artículo 226 de la Constitución,
en el sentido de que estas relaciones se adopten sobre "bases de
equidad, reciprocidad y conveniencia nacional".”[24]
61.
Así,
la relación entre el Estado Colombiano y la Iglesia Católica , en tanto que
sujeto de derecho internacional está guiada por los contenidos fijados en el
Concordato,[25] suscrito por la República de
Colombia y la Santa Sede, el 12 de julio de 1973, el cual fue aprobado mediante
Ley 20 de 1974, que entre otras cláusulas, estableció:
“Artículo II. La Iglesia Católica conservará
su plena libertad e independencia de la potestad civil y por consiguiente podrá
ejercer libremente toda su autoridad espiritual y su jurisdicción eclesiástica,
conformándose en su gobierno y administración con sus propias leyes.
Artículo III. La legislación canónica es independiente de la civil y no
forma parte de esta, pero será respetada por las autoridades de la República.
62.
Este
pacto de derecho internacional público fue analizado por esta Corporación en
Sentencia C-027 de 1993, que ha hecho tránsito a cosa juzgada constitucional
(artículo 243 Superior), en la que se reconoció una clara diferencia entre las
competencias de las autoridades eclesiásticas y aquellas propias del Estado
Colombiano, respetándose así los poderes y facultades propias y privativas de
la Iglesia para tratar los asuntos de contenido eminentemente religioso, los
cuales ejerce en plena libertad y autonomía. Es así que, como se reconoció en
aquella ocasión, “el Estado colombiano reconoce a la Iglesia Católica su
órbita eclesiástica, diferente a la civil y política que es propia del Estado”
y garantiza, como expresión del pluralismo político y religioso, “la
coexistencia de ordenamientos” jurídicos diversos, los de las iglesias y
confesiones religiosas, entre ellos el de la Iglesia Católica, y el Estado.
63.
Adicionalmente
es de destacar que esta Corporación, también en la Sentencia C-027 de 1993,
reconoció que “aceptar la independencia y autonomía de la autoridad
eclesiástica de la Iglesia Católica es una manifestación del derecho de
libertad religiosa.” Y lo es porque este derecho, tanto en su dimensión de
acción (autonomía jurídica o poder realizar ciertos actos) como en su dimensión
de omisión (inmunidad de coacción o no ser obligado a hacer a hacer algo, en
razón de sus creencias), va mucho más allá de la garantía que se otorga a la
persona para profesar o no profesar una determinada creencia religiosa, porque
el derecho de libertad religiosa tiene, como ha sido reconocido por la
jurisprudencia de esta Corte, otros alcances sociales, entre ellos: “garantizar
que se practiquen y realicen ciertos actos como consecuencia de profesar
creencias religiosas.”[26] Y estos actos pueden ser realizados
tanto por la Iglesia Católica como por los fieles católicos.
La
armonización entre “dos órdenes jurídicos diversos” tiene como fuente a
las personas en tanto comparten una doble condición: ciudadanos colombianos y
fieles católicos. Esa “prevalencia de los derechos de las personas” se
traduce en un entramado de relaciones jurídicas y sociales que es posible
porque las personas expresan su fe a través de actos que forman parte de la
esfera misma de las libertades individuales pero que no se quedan en su fuero
interno, sino que tienen trascendencia social. Así, por ejemplo, el ciudadano
colombiano que por ser católico contrae matrimonio canónico expresa su fe y
actúa conforme a ella, pero, además, a través de una decisión personalísima
actualiza el ordenamiento jurídico canónico en un matrimonio concreto y en
ejercicio de su derecho de libertad religiosa compromete al Estado para que no
sólo le respete su decisión de contraer ese específico matrimonio, sino que
respete la libertad de la Iglesia para celebrar conforme a sus ritos y de
acuerdo a su propia normativa.
64.
Tal es el nivel de relevancia jurídica que el Estado le da al
derecho de libertad religiosa que acepta la autonomía de las iglesias y
confesiones religiosas en materia matrimonial. En efecto, el artículo 42 Constitucional
reconoce efectos civiles no sólo a los “matrimonios religiosos”, sino a “las
sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las
autoridades de la respectiva religión, en los términos que establezca la ley”,
lo que equivale a decir que el Estado Colombiano les reconoce a la Iglesia
Católica y a las confesiones religiosas competencia para regular, cada una en
el ámbito de su especificidad, el matrimonio religioso.
El
reconocimiento de los efectos civiles de las sentencias de nulidad de los
matrimonios canónicos (Artículos VIII del Concordato) también es una forma de
reconocer la independencia y autonomía de la Iglesia, porque implica aceptar
las competencias propias de las autoridades eclesiásticas para conocer estas causas
y para proferir sentencias a las que el Estado también les reconoce efectos
civiles.
65.
Es así
como esta Corporación en reiteradas ocasiones se ha pronunciado sobre el
alcance de la independencia y de la autonomía de la Iglesia Católica. Que, en
virtud de estos principios no depende en su actuar de las autoridades estatales
para desarrollar su papel espiritual y no puede ser limitada, corregida u
obligada en lo que concierne específicamente a sus asuntos religiosos[27].
66.
Ahora
bien, el Estado Colombiano reconoce a la
Iglesia Católica como una persona jurídica de derecho público, y a las
autoridades eclesiásticas como sujetos de derecho, ya no sólo por razón del
Concordato sino por la Ley Estatutaria de Libertad Religiosa y de Cultos, con “personería
de derecho público eclesiástico”. Este reconocimiento constituye la
aceptación de una realidad jurídica, histórica y cultural que el Estado no
puede desconocer:
...Por tanto no resulta extraño ni inconstitucional que el Estado
continúe reconociendo personería jurídica de derecho público eclesiástico a la
Iglesia Católica y a las entidades erigidas o que se erijan conforme a lo
establecido en el inciso 1° del artículo IV del Concordato, aprobado por la Ley
20 de 1974, que es la ley por la cual se incorporó al derecho interno
colombiano el mencionado tratado.[28]
Esta
“personería de derecho público eclesiástico” constituye un régimen
excepcional, avalado por esta Corporación y que ha hecho tránsito a cosa
juzgada constitucional, diversa al tratamiento que el Estado les da a las demás
iglesias y confesiones religiosas, cuya personería, según la Sentencia C-088 de
1994,[29] en todo caso, tiene una “categoría
especial”.
67.
En ese
orden de ideas, y en virtud de la autonomía que constitucionalmente ha sido
conferida a las autoridades judiciales eclesiásticas, las actuaciones que
realizan los Tribunales Eclesiásticos deben ser comprendidas como ejercicio de
la función jurisdiccional, a través de la cual se garantiza a los fieles
católicos, que también son ciudadanos colombianos, el acceso a la justicia de
la Iglesia y que, en el caso de la nulidad de los matrimonios canónicos, se
adopten las decisiones con base en el ordenamiento jurídico que los
contrayentes han elegido para unirse en matrimonio. Esto es, se trata de
verdaderas autoridades judiciales que, dentro de sus especificas competencias de
carácter religioso, se rigen por sus propias normas sustantivas y procesales,
sin que el Estado pueda intervenir ni injerir en ellas, ni contar con la
posibilidad de interpretar ni aplicar su ordenamiento normativo especial. En
este sentido, los Tribunales Eclesiásticos se constituyen en un medio, aceptado
por el Estado, para que se garanticen los derechos de los católicos en la
justicia de la Iglesia.
68.
En las condiciones expuestas, el reconocimiento de esa
autonomía e independencia de la Iglesia Católica se fundamenta en el respeto de
los derechos de los católicos, en especial del derecho de libertad religiosa,
pero también en el derecho de libertad de la Iglesia, que es un derecho
adquirido y reconocido por el Concordato, para regular sus propias competencias,
al igual que el Estado las tiene para actuar en el ámbito estatal.
Independencia que, sin lugar a dudas, conlleva a que se evite la intromisión de
ambas potestades en los ámbitos que le son reservados, lo que, sin embargo, no
impide que entre la Iglesia Católica y el Estado Colombiano, en razón del
principio “de reciproca deferencia y respeto mutuo” se establezcan
relaciones de colaboración y participación en la consecución del bien común y
en orden a armonizar los dos órdenes jurídicos diversos, precisamente para
proteger los derechos de quienes tienen la doble condición de ser ciudadanos
colombianos y fieles católicos.
69.
En ese marco de autonomía, el Estado ha reconocido la
potestad a los Tribunales Eclesiásticos para decidir sobre la nulidad de los
matrimonios canónicos, sin perjuicio del reconocimiento de los efectos civiles
de los fallos anulatorios que se emitan en esos procesos. Por fuera de ese efecto, “cualquier cuestionamiento del
proceder de las autoridades eclesiásticas, y de los Tribunales Eclesiásticos,
entre ellas, debe plantearse ante esa jurisdicción y no ante las autoridades
civiles colombianas.”[30] Contrario
sensu, se estarían desconociendo compromisos de derecho internacional público
vigentes y avalados por esta Corporación,[31] que
implica, como también lo ha reconocido esta Corte, “que el reconocimiento de
la fuerza vinculante de los tratados internacionales de que es parte Colombia y
la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones internacionales, son
mandatos soberanos del Constituyente” (Auto 331 de 2015).[32] Y que la tensión que “puede
surgir entre normas constitucionales y disposiciones de los tratados -o entre
el deber de aplicación prevalente de la constitución y el Pacta Sunt Servanda –
no es irreconciliable, en cuanto ambos se hallan consagrados en el ordenamiento
constitucional en la jerarquía de principios fundamentales.”[33]
Es desde esa armonización que debe
afirmarse que el desconocimiento de la autonomía e independencia de la Iglesia
Católica no solo implicaría violentar las cláusulas acordadas en el Tratado
Internacional, que el Estado está obligado a cumplir, sino que implicaría un
desconocimiento al derecho de libertad religiosa de quienes, en ejercicio de
ese derecho, porque son fieles de la Iglesia Católica, han optado por contraer
matrimonio canónico. Lo que necesariamente conduce a la afectación del derecho
de libertad de la Iglesia.
70.
Conforme a la jurisprudencia
transcrita, es diáfano concluir que el Estado respeta la independencia de la Iglesia
y especialmente la libertad religiosa de sus ciudadanos para: (i) contraer
matrimonio religioso bajo los parámetros normativos establecidos en esta
religión, y (ii) para que el matrimonio sea revisado según las normas canónicas
y conforme al modelo matrimonial que libremente se ha elegido al momento de
celebrar la unión.
71.
En este sentido y en virtud del
pluralismo político y religioso que permite la coexistencia de ordenamientos
jurídicos distintos, se acepta no solo la autonomía e independencia de la
Iglesia Católica sino también su potestad legislativa, administrativa y
judicial.[34]
D.
La
acción de tutela contra las autoridades eclesiásticas y los límites a la autonomía
72.
El
Estado Colombiano como bien se señaló reconoce en las autoridades eclesiásticas
su derecho fundamental a la autonomía e independencia jurisdiccional, y resulta
necesario precisar su alcance. Esta Corporación, en su Sentencia T-1083 de 2002
reconoció la autonomía de las iglesias para determinar lo relativo a la
administración de los sacramentos.[35]
En
consecuencia, el Estado puede inmiscuirse en asuntos eclesiales sólo en casos excepcionales,
cuando se afecten derechos fundamentales y principios constitucionales de los
feligreses, sin entrar nunca a valorar las creencias religiosas o el modo de
expresión de estas.
73.
En
jurisprudencia de esta Corporación, Sentencia T-658 de 2013,[36]
advirtió que, conforme al orden constitucional vigente, la Iglesia Católica,
sin excepción alguna “puede ejercer su autonomía dentro del marco trazado
por el respeto de los derechos fundamentales de las personas y en cumplimiento
de los fines propios del Estado Social de derecho.”
74.
En este orden de ideas, la Corte se ha ocupado de definir en
concreto los límites
de tal autonomía en relación con dos tipos de situaciones: por un lado, las
que surgen a propósito de la relación entre las iglesias y sus feligreses u
otras personas cuyos derechos pueden verse afectados por las actuaciones de
aquellas; por otra parte, las que se originan en conflictos surgidos entre las
comunidades religiosas y sus propios miembros[37].
75.
Por lo
tanto, es necesario diferenciar, por una parte, el ámbito religioso, respecto
del cual existe una competencia exclusiva de las autoridades eclesiásticas que
a priori impide la intervención del Estado, del ámbito civil o patrimonial,
respecto del cual dicha autonomía no ostenta un carácter ilimitado e
irrestricto que limite la injerencia de las autoridades públicas.[38]
76.
Se
debe observar, en igual forma, que en virtud de la libre elección realizada por
los creyentes de someterse a las instituciones religiosas, la intervención del
Estado en sus asuntos debe ser restringida. El derecho a la libre elección de
las propias creencias y de adherir a una comunidad eclesiástica particular
implica necesariamente aceptar la disciplina y las normas propias de esa
comunidad. Esto no constituye una renuncia de los derechos fundamentales del
creyente, sino la libre decisión de gozar de tales derechos de conformidad con
la disciplina y las modalidades que son propias a su comunidad de fe.
77.
Ahora,
si una pareja escoge unirse en matrimonio a través del rito religioso, los
contrayentes están admitiendo tácitamente acatar los requisitos, prácticas y
vicisitudes propias del credo de su elección. Además, estos voluntariamente se
someten a esa jurisdicción a quienes se les aplicarán las normas del marco
jurídico que aceptaron. Desconocer dicha autonomía por las entidades estatales
sería excluir compromisos de derecho público internacional[39]
e igualmente las decisiones de esta Corporación en las que ha reconocido la autonomía de
la Iglesia Católica para definir las relaciones con sus fieles en el ámbito
ritual y espiritual.[40]
78.
Por
otra parte, esta Corte ha reconocido que la acción de tutela puede proceder
eventualmente en contra de las actuaciones de las autoridades eclesiásticas,
ante la materialización de irregularidades que afecten los derechos
fundamentales de los ciudadanos. En ese sentido, en relación con la procedencia
de la acción de tutela al interior de trámites judiciales propios de las
autoridades religiosas, esta Corte, en Sentencia T-285 de 1994, indicó que:
“Sólo sería procedente la acción de
tutela contra una actuación judicial que negara el derecho y los propios
contenidos doctrinarios o confesionales en que se inspira la respectiva
religión, es decir, una expresión del no derecho o vía de hecho, como lo ha
denominado la Corporación en  jurisprudencia reiterada(…).”
79.
Ahora
bien, se considera pertinente resaltar que, como se expresó líneas atrás, en
virtud de la especial autonomía con la que cuentan las autoridades
eclesiásticas, no basta con la simple confrontación entre derechos o que se
afirme un presunto desconocimiento de estos para que resulte admisible la
intromisión del juez constitucional sobre asuntos que en principio competen
exclusivamente a estas autoridades, pues para ello es necesario que la conducta
reprochada, una vez ponderados los derechos en discusión, termine por afectar
los derechos fundamentales de los fieles del culto.
80.
Lo
expuesto, sin que sea posible entender que el Estado pueda arrogarse facultades
sacramentales e invadir la órbita espiritual que es propia de las instituciones
religiosas, pues en su accionar se encuentra compelido  (i) a limitar su
injerencia a un mínimo y, (ii) únicamente propender por garantizar que las actuaciones
de los diversos cultos se abstengan de afectar los derechos fundamentales[41]
y de desconocer la dignidad intrínseca a cada persona.
81.
El Estado Colombiano, en virtud del
mencionado Concordato, pero también del derecho de libertad religiosa de los fieles
católicos y del derecho de libertad de la Iglesia Católica, está limitado en su
margen de acción y en ese orden se encuentra compelido a no intervenir en sus
actuaciones[42], especialmente en
materia matrimonial, ámbito en el que los contrayentes de manera libre y
voluntaria deciden someterse al régimen canónico.
82.
Esa autonomía de las iglesias y
confesiones religiosas, así como el derecho de libertad religiosa fue
reconocida mediante la Ley 133 de 1994, además fueron facultadas para “establecer
sus propias normas de organización, régimen interno y disposiciones para sus
miembros” (artículo 13 (ver supra, número 17).
83.
La legislación civil inicialmente, y
la jurisprudencia constitucional posteriormente han reconocido la independencia
y la autonomía de la Iglesia Católica, la cual está limitada a la efectiva
garantía de los derechos humanos y solo excepcionalmente procede el trámite
tutelar cuando se configure una lesión a los derechos fundamentales.
E.
El
derecho de petición en las actuaciones judiciales
84.
Como
se expuso con anterioridad, las actuaciones de los Tribunales Eclesiásticos en
ejercicio de su jurisdicción deben ser concebidas como verdaderas decisiones
judiciales que se resuelven dentro de la competencia de un sujeto de derecho
internacional con el que Colombia ha ratificado un tratado internacional, que
le permite ejercer ciertas facultades en el territorio nacional. Por lo tanto,
se trata de decisiones que resuelven las controversias que han sido puestas en
su conocimiento y que corresponden a asuntos de su exclusiva competencia
religiosa.
85.
Esta
Corporación ha señalado que no es posible establecer
limitaciones excesivas frente al derecho
de todo ciudadano a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por
motivos de interés particular o general (art. 23),
[43] pero esto no significa que se pueda ejercer de forma
irresponsable o desmedida. Su
ejercicio “debe contribuir a la prevalencia de interés general y además
exige una carga ética de todo ciudadano al imponer el respeto a los derechos
ajenos y la prohibición en el abuso de los propios (art. 95 num. 1 y 5
Constitucional).”[44]
86.
Así, el derecho de
petición no es absoluto, pues está sujeto a la razonabilidad de las peticiones,
a los límites propios de los deberes ciudadanos, a la prohibición de abuso del
derecho, y a la reserva de ciertos datos. Los anteriores rasgos delimitan el
ejercicio del derecho de petición, pues se trata del cuidado, preservación y
buena administración de los recursos públicos, así como del resultado obvio de
los deberes ciudadanos y la protección de otros valores constitucionales tales
como la seguridad nacional.
87.
Por
otra parte, es importante recalcar que el derecho de petición consagrado en el
artículo 23 de la Carta Política fue diseñado para que su ejercicio se adelante
ante las autoridades del Estado y organizaciones e instituciones privadas. En
virtud de la Ley Estatutaria 1755 de 2015, específicamente su artículo 32, el
derecho de petición se pude ejercer ante organizaciones privadas, dentro de las
cuales están enumeradas las “organizaciones religiosas”[45].
88.
Es
necesario reiterar al respecto, que la Iglesia Católica (Santa Sede) es un sujeto
de derecho internacional público, al igual que los Estados y las Organizaciones
Internacionales. Así lo ha reconocido esta Corporación, en diversas
oportunidades,[46] reiterando que los acuerdos que se
establecen con la Iglesia Católica se realizan a través de Tratados
Internacionales y que, “por
ende la regulación de sus relaciones con el Estado, bien puede enmarcarse
dentro del marco establecido en el artículo 226 de la Constitución, en el
sentido de que estas relaciones se adopten sobre "bases de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional".[47]
89.
Por
otra parte se tiene que esta Corporación en diversas oportunidades se ha
pronunciado respecto de la procedencia de los derechos de petición que son
interpuestos ante autoridades jurisdiccionales y ha expresado que si bien es
cierto estas se hallan compelidas a tramitar y responder las solicitudes que
les sean presentadas, también lo es que cuandoquiera que la petición incoada se
enmarque en el trámite de un proceso judicial, el juez del trámite en cuestión
está sometido a las reglas establecidas por la Ley para ese proceso
jurisdiccional[48].
90.
En
ese sentido, esta Corte ha advertido que al momento de evaluar las solicitudes
presentadas en contra de autoridades judiciales es menester que se distinga
entre aquellas que buscan obtener un pronunciamiento en relación con uno de los
procesos a cargo de la autoridad en cuestión, de aquellas que cuestionan
asuntos que no guardan relación con estos, pues en el primero de los casos es
necesario que, respecto del debido proceso, la autoridad se ciña a los
procedimientos propios del trámite judicial que desarrolla.
91.
Es
así como esta Corte en Sentencia C-951 de 2014, que examinó la
constitucionalidad de la Ley Estatuaria que reguló lo relativo al ejercicio del
Derecho Fundamental de Petición, indicó:
“… la jurisprudencia de la Corte ha
reconocido que las personas tienen el derecho a presentar peticiones ante los
jueces de la República y que estas sean resueltas, siempre que el
objeto de su solicitud no recaiga sobre los procesos que el funcionario
judicial adelanta. Esta posición se sustenta en que los jueces actúan como
autoridad, según el artículo 86 de la Constitución[49].
En estos eventos, el alcance de este derecho encuentra limitaciones, por ello,
se ha especificado que deben diferenciarse las peticiones que se formulen ante
los jueces, las cuales serán de dos clases: (i) las referidas a actuaciones
estrictamente judiciales, que por tales se encuentran reguladas en el
procedimiento respectivo, debiéndose sujetar entonces la decisión a los
términos y etapas procesales previstos para el efecto; y (ii) aquellas que por
ser ajenas al contenido mismo de la litis e impulsos procesales,
deben ser atendidas por la autoridad judicial en su condición, bajo las normas
generales del derecho de petición que rigen la administración, esto es, el
Código Contencioso Administrativo”[50].
Por tanto, el juez tendrá que responder la petición de una persona que no verse
sobre materias del proceso sometido a su competencia.”
92.
En
ese sentido, esta Corporación ha entendido que las solicitudes presentadas ante
las autoridades judiciales con ocasión a un proceso cuyo conocimiento les ha
sido asignado, en principio no se encuentran regidas por los postulados propios
del derecho de petición, sino que deben ser resueltos a partir de las
normatividades particulares que rigen el proceso judicial que desarrollan y,
por eso, cualquier omisión de respuesta en este sentido no puede configurar
afectación alguna al derecho de petición, sino que tendrá que estudiarse de
conformidad con el procedimiento fijado para la acción en desarrollo, en virtud
del debido proceso.
93.
Dicho lo anterior, es claro para esta Corporación que los
fieles católicos tienen la facultad de (i) elevar solicitudes respecto de su
proceso (debido proceso) y (ii) peticiones fuera del proceso (derecho de
petición). Así, los Tribunales Eclesiásticos deberán resolver las primeras
peticiones en el marco de los procedimientos que se tramitan bajo la normativa
canónica, a menos que se trate de solicitudes ajenas a los procesos sometidos a
su competencia, las cuales, salvo norma canónica en contrario, se regirán por el
marco constitucional y normativo del derecho de petición. Así quienes
voluntariamente se someten a las prácticas religiosas de la Iglesia Católica lo
hacen bajo los parámetros contemplados por los ritos católicos, más aún si el
Código de Derecho Canónico contempla la posibilidad de que las partes puedan
acceder a los documentos de los expedientes[51].
F.
El fenómeno de
la carencia actual de objeto. Reiteración de jurisprudencia
94.
Esta
Corporación, en ejercicio de su labor como intérprete autorizado de la
Constitución, ha determinado en reiterada jurisprudencia[52] el alcance y contenido
que el Constituyente quiso otorgar al artículo 86 de la Carta Política,
resaltando que la acción judicial en él contemplada, además de tener un
carácter preferente y sumario, tiene por principal objeto la protección
concreta e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de los
ciudadanos, siempre que estos se vean afectados o amenazados por la acción u
omisión de cualquier autoridad pública, o de un particular que se encuentre
dentro de los supuestos de hecho contemplados en la ley.
95.
La acción de tutela fue
concebida como un mecanismo para la protección efectiva de los derechos
fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por lo tanto,
se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de
los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su
eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y
expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto
jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez constitucional,
cualquier determinación que se pueda tomar para salvaguardar las garantías que
se encontraban en peligro, se tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue
especialmente previsto para esta acción.[53]
A partir de
los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó sobre este
aspecto, que:
“La tutela supone la acción protectora
del Estado que tiende a proteger un derecho fundamental ante una acción lesiva
o frente a un peligro inminente que se presente bajo la forma de amenaza. Tanto
la vulneración del derecho fundamental como su amenaza, parten de una
objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o amenaza, y ello
exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido o que
simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado un peligro
ya subsanado” (negrillas inexistentes en el texto original)
96.
Es por
esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia
actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la
imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar
alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos cuya garantía le
ha sido encomendada. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el
género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede
materializarse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”,
(ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a
desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una
“situación sobreviniente”[54].
97.
La
primera de estas figuras, regulada en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991,
comprende el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone
la demanda de amparo y el fallo, se evidencia que, como producto del
obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a los derechos
fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por
acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii)
resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para
lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha
dejado de desconocer.
98.
La
segunda de las figuras referenciadas consiste en que, a partir de la
vulneración ius-fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado
el daño o afectación que con la acción de tutela se pretendía
evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o
impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela dé, en
principio, una orden al respecto.[55]
99.
Para
finalizar, se ha empezado a diferenciar por la jurisprudencia una tercera
modalidad de eventos en los que la protección pretendida del juez de tutela
termina por carecer por completo de objeto y es en aquellos casos en que como
producto del acaecimiento de una “situación sobreviniente” que
no tiene origen en el obrar de la entidad accionada la vulneración
predicada ya no tiene lugar, ya sea porque el actor mismo asumió la carga que
no le correspondía, o porque a raíz de dicha situación, perdió interés en el
resultado de la litis.
100.      Esta nueva y particular
forma de clasificar las modalidades en que puede configurarse la carencia
actual de objeto en una acción de tutela, parte de una diferenciación entre el
concepto que usualmente la jurisprudencia ha otorgado a la figura del “hecho
superado”[56] y limita su alcance únicamente a
aquellos eventos en los que el factor a partir del cual se superó la
vulneración está directamente relacionado con el accionar del sujeto pasivo del
trámite tutelar. De forma que es posible hacer referencia a un “hecho
superado” cuando, por ejemplo, dentro del trámite tutelar una E.P.S.
entrega los medicamentos que su afiliado demandaba, y una “situación
sobreviniente” cuando es el afiliado quien, al evidenciar la excesiva
demora en su suministro, decide asumir su costo y procurárselos por sus propios
medios.
101.      También, se ha considerado
importante diferenciar entre los efectos que, respecto del fallo puede tener el
momento en el que se superaron las circunstancias que dieron fundamento a la
presentación de una acción de tutela. Lo anterior, sin entrar a distinguir en
que se trate de un hecho superado o de una “situación sobreviniente”.
102.      En Sentencia T-722 de 2003[57], se indicó que existen dos momentos
que es importante demarcar, estos son, cuando la extinción de la vulneración,
indistintamente de la fuente o causa que permitió su superación, tiene lugar (i)
antes de iniciado el proceso de tutela o en el transcurso del mismo, evento en
el cual no es posible exigir de los jueces de instancia actuación diferente a
declarar la carencia actual de objeto y, por tanto, habrá de confirmarse el
fallo revisado; y (ii) cuando se encuentra en curso el trámite de
revisión ante esta Corte, evento en el cual, de advertirse que se ha debido
conceder el amparo invocado, se hace necesario revocar las sentencias de instancia
y otorgar la protección solicitada, incluso así no se vaya a proferir orden
alguna. En ese sentido, se indicó:
“i.) Así,
pues, cuando el fundamento fáctico del amparo se supera antes de iniciado el
proceso ante los jueces de tutela de instancia o en el transcurso de este y
así lo declaran en las respectivas providencias, la Sala de Revisión no
puede exigir de ellos proceder distinto y, en consecuencia, habrá de confirmar
el fallo revisado quedando a salvo la posibilidad de que en ejercicio de su
competencia y con el propósito de cumplir con los fines primordiales de la
jurisprudencia de esta Corte, realice un examen y una declaración adicional
relacionada con la materia, tal como se hará en el caso sub-examine.
ii.) Por su parte,
cuando la sustracción de materia tiene lugar justo cuando la Sala de Revisión
se dispone a tomar una decisión; si se advirtiere que en el trámite ante los
jueces de instancia ha debido concederse el amparo de los derechos
fundamentales invocados y así no se hubiere dispuesto, la decisión
de la Sala respectiva de esta Corporación, de conformidad con la jurisprudencia
reciente, consistirá en revocar los fallos objeto de examen y conceder la
tutela, sin importar que no se proceda a impartir orden alguna.”
103.      A lo anterior es pertinente
agregar que si bien la jurisprudencia constitucional, en sus inicios se
limitaba a declarar la carencia actual de objeto sin hacer ningún otro
pronunciamiento, actualmente ha empezado a señalar que es menester que esta
Corporación, en los casos en que sea evidente que la providencia objeto de
revisión debió haber sido decidida de una forma diferente, a pesar de no tomar
una decisión en concreto, ni impartir orden alguna, se pronuncie sobre el fondo
del asunto, y aclare si hubo o no la vulneración que dio origen a la
presentación de la acción de tutela en concreto.[58]
104.      En ese orden de ideas, es
de advertir que la diferenciación anteriormente realizada toma especial
importancia no solo desde el punto de vista teórico, sino que, en adición a
ello, permite al juez de la causa dilucidar el camino a tomar al momento de
adoptar su determinación y cambia el nivel de reproche que pueda predicarse de
la entidad accionada, pues (i) tratándose de un “hecho superado”
es claro que si bien hubo demora, ésta asumió la carga que le era exigible y
cesó en la vulneración sin que, para el efecto, requiriera de una orden
judicial; (ii) por otro lado, tratándose de una “situación
sobreviniente” es importante recalcar que dicha cesación no tuvo lugar
como producto de la diligencia de la accionada y no fue ella quien permitió la
superación de la afectación ius-fundamental del actor, motivo por el
cual, al igual que cuando se trata de un “daño consumado”, pueden
existir con posterioridad actuaciones a surtir, como la repetición por los
costos asumidos o incluso, procesos disciplinarios a adelantar por la
negligencia incurrida.
105.      La jurisprudencia también
ha enfatizado que, en los casos en los que se presente este fenómeno, resulta
ineludible al juez constitucional incluir en la providencia un análisis fáctico
en el que se demuestre que en un momento previo a la expedición del fallo, se
materializó, ya sea la efectiva reparación de los derechos en discusión, o el
daño que con la acción de tutela se pretendía evitar; y que, por tanto, sea
diáfana la ocurrencia de la carencia actual de objeto en el caso concreto.[59]
106.      Como corolario de lo
anterior, es claro que el caso en estudio no se enmarca en las hipótesis
referenciadas, dado que (i) la tutelante elevó ante la autoridad eclesiástica
accionada solicitud de expedición de copias de la actuación surtida en el
trámite de nulidad de matrimonio católico, (ii) tal petitum fue resuelto
negativamente por la entidad censurada y, (iii) finalmente, la accionante tuvo
acceso a las copias pero con ocasión a una orden judicial, lo cual, sin lugar a
duda, desvirtúa la configuración de “hecho superado”, en cuanto no
fueron entregadas voluntariamente por la accionada, ni antes, ni durante el
término que se surtió el tramite tutelar.
III.
SOLUCIÓN AL CASO CONCRETO
107.
De acuerdo con lo expuesto en la
parte considerativa de la presente providencia, esta Corporación encuentra que
el presente asunto requiere para su solución de una ponderación entre los
derechos constitucionales en juego.
108.
Según se planteó inicialmente, se
tiene que Aura Cecilia Pirajan luego de culminar el trámite de nulidad del
matrimonio católico que inició su exesposo el 24 de junio de 2017, pidió el
suministro de copias de dicho proceso. Tal petición fue negada por la autoridad
accionada, dado que la tutelante renunció voluntariamente a asistir y
participar en dicho proceso. No obstante, al finalizar el trámite judicial, el
Tribunal Eclesiástico le ofreció lectura de la decisión adoptada y le manifestó
que el expediente del proceso de anulación tiene carácter reservado según el
derecho canónico, por lo que no era posible darle copias del mismo.
109.
En el asunto bajo examen entran en
colisión dos derechos y un principio constitucional: por una parte el derecho a
la libertad religiosa y el principio constitucional de respeto por los tratados
internacionales (pacta sunt servanda) y en contraposición el derecho de
petición de la accionante bajo las circunstancias del caso concreto.
110.      Como
ya se ha anotado, la autonomía de la Iglesia en la resolución de los asuntos
que son de su competencia hace parte de la libertad religiosa. Los
Tribunales Eclesiásticos católicos actúan como autoridades eclesiásticas en
ejercicio del poder jurisdiccional que les otorga el Concordato de 1973, así
como la Constitución de 1991, con personería jurídica de derecho público
eclesiástico, según la Ley estatutaria de Libertad Religiosa y de Cultos, y
como sujetos de derecho internacional con independencia del Estado
Colombiano.
111.
La jurisdicción eclesiástica en
virtud del Concordato suscrito con el Estado Colombiano[60]
goza de autonomía en el trámite de los procedimientos que le competen.[61]
Esto significa que, como ejercicio de la libertad religiosa, quienes
voluntariamente se adhieren a la iglesia Católica y ejercen sus sacramentos, se
someten deliberadamente a sus reglas, incluyendo por lo tanto su jurisdicción.
Así mismo, la libertad religiosa implica que los conflictos que se susciten con
ocasión de estos trámites, incluida la nulidad del matrimonio católico, deben
resolverse en el marco de la Ley Canónica, cuya interpretación y aplicación
compete exclusivamente al juez canónico, y a todas luces escapa de la órbita de
la jurisdicción ordinaria, tal como lo ha sostenido esta Corporación.[62]
112.      En
el caso concreto, el Tribunal Eclesiástico respondió el derecho de petición y
negó las copias del expediente solicitado alegando reserva. Durante el trámite
ante esta Corporación, el Tribunal accionado explicó que la reserva del
expediente tiene asidero en el Canon 1598 del Código Canónico,[63]
y en la costumbre jurídica desarrollada al respecto por los Tribunales
Canónicos,
en virtud de lo cual, las partes solo podrán acceder a los documentos que obran
en el expediente de manera directa, esto es, con su presencia en la Cancillería
del Tribunal y únicamente se permite la entrega de copias de estos documentos a
los abogados, de manera que puedan preparar sus memoriales. Señala que “el
examen de las actas debe, por tanto, hacerse en la Cancillería del Tribunal que
ha conocido la causa y dentro del plazo establecido en el decreto del Juez”.
La interpretación de la potestad de
reserva “para evitar peligros gravísimos”, a que hace relación el canon,
se fundamenta, según se explica en la necesidad de proteger el derecho
fundamental a la intimidad de quienes participan en el proceso de anulación del
matrimonio católico, no solo como partes, sino como testigos, quienes por la
naturaleza del proceso, brindan al Tribunal información que hace parte de su
vida privada, bajo el entendido de que la misma será usada exclusivamente para
el estudio del caso. Así, la reserva aludida no tendría como fin negar el
acceso al expediente, que puede ser consultado por los abogados de las partes
en cualquier momento, sino restringir las copias del mismo, para evitar que
información personal e íntima de quienes participaron en el proceso, salga del
tribunal y pueda ser difundida.
Bajo ese entendido, la reserva de copias
del expediente de nulidad del matrimonio católico, sería compatible con la Ley
1755 de 2015 que señala: “artículo 24. Informaciones y documentos
reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos
expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en
especial:  (…) 3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de
las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los
expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos
de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica.”
113.
Es claro que la interpretación del
derecho canónico es una competencia exclusiva de Tribunal Canónico y que las
reglas de dicha jurisdicción no pueden ser objeto de interpretación por parte
del juez ordinario sin que se configure una injerencia indebida. Por otro lado,
según las razones que expone el Tribunal para guardar la reserva, la misma es
potestad del Tribunal, y está dirigida a proteger la intimidad de los
partícipes del proceso. No se trata por lo tanto de una reserva absoluta, ni
tiene como fundamento la protección del culto o de la institucionalidad de la Iglesia.
114.
Ahora bien, es claro que el derecho
de petición, consagrado en el artículo 23 de la Carta no es un derecho
absoluto, por el contrario, existen límites constitucional y legalmente
admitidos, como la razonabilidad de la petición y la reserva de la información.
Así, la Sala considera que si bien la solicitud de copias se realizó con
ocasión a un proceso de nulidad de matrimonio católico, cuya competencia recae
en la autoridad canónica, ésta se hizo cuando existía una providencia en firme.
Por tal motivo es válido afirmar que -para ese momento- la pretensión de la
accionante no tuvo otro objeto que el conocimiento de una decisión que afectaba
su estado civil, por lo cual se concluye que lo adecuado es manejar el asunto
bajo el amparo del derecho de petición.
115.
Descendiendo al caso concreto, es
necesario advertir un aspecto importante. Aunque la autoridad convocada ostenta
personería jurídica de derecho público eclesiástico y es considerada como
sujeto de derecho internacional público y, en tal condición, es titular de un
importante grado de inmunidad en varios aspectos[64] esto no la exime de
satisfacer, en principio en el marco de sus propios mandatos, la solicitud
invocada y, de hecho, así lo comprendió la autoridad demandada, que tanto en el
momento previo a esta acción como en su curso, en las instancias ha ofrecido la
respuesta que estima adecuada. Por lo anterior, la Sala da por acreditada la
legitimación de la autoridad canónica demandada para atender la invocación de
la accionante.
116.
Sumado a lo anterior, cabe
preguntarse, con base en qué criterios normativos debía responderse la petición
de copias. El primer interrogante que le surge a la Sala es la del Canon 1598
del Código Canónico, dado que este parece regir una etapa propia del proceso
que, en este caso, ya se había superado, y la respuesta que dio la autoridad
accionada en el curso de la reclamación de la accionante no fue satisfactoria.
Esto ocurrió porque (i) no se justificó, con claridad, la razón por la cual se
oponía una reserva con fundamento en tal parámetro que, insiste la Sala, parece
ser aplicable en momentos procesales precisos. Esto no excluye la
interpretación que parece dar la autoridad católica, que en todo caso hace
parte de su inmunidad, pero debe ser adecuadamente explicada a sus fieles. (ii)
Tampoco se justificó por qué ya no en abstracto sino en este caso, debía
mantenerse una reserva. Y esto es importante dado que incluso la disposición
bajo la cual ha respondido la autoridad católica no excluye de plano la entrega
de copias[65] y, de otro lado, porque,
aunque la reserva es una razón constitucional, exige que por lo menos se
expliquen los motivos para que ella opere, los cuales en este asunto bien
pueden estar relacionados con elementos propios de la religión católica. Y, (iii)
finalmente, dado que la reserva requiere sustento legal, la ausencia de
claridad sobre el parámetro normativo llevaba a que, en última instancia y ante
un eventual vacío, se aplicaran las disposiciones que de ordinario regulan este
tema, en garantía del derecho fundamental de la accionante y, por supuesto, sin
desconocer los atributos conferidos a las iglesias.
117.
Ante la negativa inicial de la
autoridad católica de entregar las copias solicitadas por la actora sin sustento
claro, comparte la Sala la decisión de protección del derecho de petición, bajo
la premisa de que le correspondería a la autoridad invocar, en caso de reserva
por los motivos que ella estime relevantes dentro de su sistema canónico, el
parámetro normativo claro y las razones por las cuales se impedía la copia de
la decisión. El amparo, en consecuencia, en consideración de la Sala,
implicaría dejar en manos de la autoridad eclesiástica esta justificación y, en
el último extremo en caso de que tal fundamentación no se diera en el marco de
la autonomía e independencia de la autoridad, la concesión de las copias. No
obstante, como se evidencia que las copias finalmente se entregaron, la Sala no
precisará orden alguna y procederá a confirmar las decisiones de instancia por
los motivos expresamente aquí expuestos.
118.
En estos términos se concluye que:
(i) en principio, las peticiones que se invoquen por quienes están interesados
en trámites judiciales a cargo de autoridades eclesiásticas deben tramitarse
bajo las reglas propias de la religión, en garantía de la autonomía e
independencia concedida en el marco constitucional; en tratándose de peticiones
ajenas a dichos trámites, o de procesos que se encuentren en curso, la
conclusión consiste en que dentro de su propio sistema normativo y con apego a
las garantías constitucionales que no pueden en todo caso quebrantarse, la
respuesta debe ser clara y justificada, máxime cuando se trata de reservas.
Esta conclusión, no afecta, debe precisar la Sala, las garantías que el Estado
le otorga a las iglesias para el libre ejercicio del derecho a la libertad
religiosa y de cultos.
(ii) En esa medida, es evidente que el respeto por garantías
mínimas en el marco propio del sistema normativo canónico, cuya aplicación e
interpretación corresponde a las mismas autoridades especiales, las
conclusiones a las que llega la Sala no desconocen ni el Concordato ni tampoco
las disposiciones constitucionales y legales que regulan la libertad religiosa
y de cultos.
(iii) Y, finalmente, aunque no se configura en este
caso carencia actual de objeto y la decisión de la Corte no se dirija a
expedir, sin más las copias, tal como se explicó en párrafos anteriores, en la
medida que ya se entregaron, no se precisará orden alguna.
Síntesis:
El 27 de julio de 2017, la ciudadana AURA CECILIA
PIRAJAN SALAMANCA interpuso acción de tutela por
la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a realizar peticiones
respetuosas y al debido proceso, que considera han sido desconocidos por la
entidad accionada al negarse a otorgarle las copias del trámite judicial
desarrollado y que dio lugar a la declaratoria de nulidad de su matrimonio
católico.
En primera instancia, se concedió el amparo del derecho
fundamental de petición tras considerar que la accionada no resolvió de fondo
lo solicitado. Tal decisión fue confirmada en segundo grado, donde además, se
ordenó que la Diócesis expidiera las copias solicitadas por la tutelante y con
sustento en el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015, aseguró que la actora está
legitimada para solicitarlas.[66]
Para dar solución a la situación de hecho
objeto de análisis, se plantearon los siguientes problemas jurídicos:
(i)
¿Resulta procedente la acción de tutela en contra de
las actuaciones de los Tribunales Eclesiásticos de la Iglesia Católica en razón
de la presunta vulneración del derecho fundamental de petición con ocasión a
las solicitudes que se realicen en el trámite de nulidad de matrimonio católico
cuyo procedimiento se rige por el rito procesal canónico?
(ii)
¿Desconoce el juez de tutela el concordato suscrito
entre la República de Colombia y la Santa Sede al expedir órdenes respecto al
trámite canónico de un proceso de nulidad de matrimonio católico, como lo es el
otorgamiento de copias de las actuaciones contenidas en el expediente?
(iii)
¿Se materializa una carencia actual de objeto cuando,
como producto de la orden proferida por un juez de tutela, la accionada optó
por acatar lo dispuesto y cesar en la conducta que se había considerado como
vulneradora?
Para solucionar estos interrogantes, la Sala procedió
a realizar un análisis de la jurisprudencia constitucional sobre: (i) la
autonomía e independencia de la iglesia católica (ii) la
acción de tutela contra las autoridades eclesiásticas y sus
límites (iii) el derecho de petición en las actuaciones judiciales;
y (iv) el fenómeno de la carencia actual de objeto; para, así, resolver
el caso concreto.
Previo a resolver el caso concreto se analizó la
procedencia del trámite tutelar contra las autoridades eclesiásticas, habida cuenta
de que el Estado Colombiano y la Santa Sede suscribieron un concordato en 1973,
el cual fue aprobado mediante la Ley 20 de 1974 y analizada su
constitucionalidad en Sentencia C-027 de 1993, cuya decisión no afectó la
unidad de sus cláusulas.
El Concordato reconoce a la Iglesia
Católica la condición de sujeto de Derecho Internacional Público, independiente
del Estado Colombiano. Tal reconocimiento, así como “la personería de
derecho público eclesiástico” constituye un régimen excepcional al
tratamiento que el Estado les da a las demás iglesias y confesiones religiosas
y como lo ha expresado esta Corporación, constituye la
aceptación de una realidad jurídica, histórica y cultural que el Estado no
puede desconocer.
El derecho de libertad religiosa y de cultos
fue reconocido en el artículo 19 constitucional y desarrollado mediante la Ley
133 de 1994. La existencia de la jurisdicción eclesiástica también fue
reconocida en el artículo 42 Superior y en la citada Ley Estatutaria. Así, el
Estado, en virtud de la Constitución Política y del Concordato, tiene limitado
su margen de acción en materia religiosa y en ese orden se encuentra compelido
a no intervenir en sus actuaciones, especialmente en materia matrimonial donde
los contrayentes de manera libre y voluntaria deciden someterse al régimen
canónico.
La Corte reitera que la libertad religiosa es un pilar
fundamental de la sociedad colombiana y hace parte de los principios axiales
que el constituyente primario imprimió en la Carta Política de 1991. Una de las
dimensiones de esta libertad es la autonomía de las confesiones religiosas y en
tratándose de la iglesia Católica, esa autonomía está respaldada además por un
tratado internacional, ratificado por Colombia. En ejercicio de dicha
autonomía, la interpretación del derecho canónico es competencia exclusiva de
los Tribunales Canónicos, y de la misma forma, es exclusiva la jurisdicción
sobre los asuntos jurídico-canónicos que sean de su resorte, incluido el
matrimonio católico, de tal forma que los archivos de la Iglesia Católica no
pueden ser examinados, ni juzgados por un juez diferente a los Tribunales
Canónicos.
No obstante lo anterior, si bien la Iglesia Católica es
autónoma en sus decisiones deberá garantizar a quienes han optado por esta
religión, el respeto de sus garantías constitucionales, contrario sensu, la
persona afectada        puede acudir a la acción de tutela a reclamar la
salvaguarda de sus derechos. Así, es posible constatar que las actuaciones de
la iglesia, posteriores a la solicitud de las copias pedidas por la actora,
evidencian una falta que vulnera sus derechos fundamentales. El derecho de
petición se elevó cuando el proceso eclesiástico había culminado, la petición
de la actora tenía por objeto conocer una decisión que afectaba su estado
civil. Por lo tanto, correspondía a la accionada, en el marco de la legislación
canónica fundamentar su decisión de no acceder a lo pedido por la actora y/o
justificar de manera clara, la reserva aludida.
Ahora, ante la ausencia en emitir una respuesta clara y
justificada a la petición de la actora, la cual fundamentó inicialmente en una
supuesta “reserva” sin explicación adicional, y, con fundamento en el Cann 1598[67]que
tiene lugar en momentos procesales precisos, llevó a la Sala a concluir, que (i)
tal parámetro, en primer lugar, no excluye la posibilidad de entregar las
copias solicitadas, y, en todo caso, si el procedimiento canónico ameritaba ser
reservado, (ii) debió justificarlo en el marco del sistema normativo canónico y
con apego a las garantías legales y constitucionales. Por lo anterior, dada la
ausencia de fundamento claro para expedir las copias pedidas por la
peticionaria, el alto Tribunal compartió la decisión de los jueces de instancia
de amparar el derecho de petición, previa aclaración de que ello no desconoce el
concordato suscrito entre la Iglesia Católica y la República de Colombia, ni
las normas que regulan la libertad religiosa y de cultos.
Finalmente, como las copias fueron entregadas a la
accionante, la Sala se abstuvo de precisar orden alguna.
III. DECISIÓN
Con fundamento en las consideraciones
expuestas, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- CONFIRMA la sentencia
proferida el 22 de septiembre de 2017, por el Tribunal
Administrativo de Boyacá - Sala Quinta-, que a su vez confirmó el fallo de
primera instancia del Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Duitama, el 14 de agosto del mismo año, que concedió el amparo del derecho
de petición de la accionante y ordenó la entrega de las copias solicitadas,
pero por las razones expuestas por esta Corporación.
SEGUNDO.- Por Secretaría
General de esta Corporación, LÍBRENSE las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Cópiese,
Notifíquese, Cúmplase y Archívese.
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
CARLOS
BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Folio
34, cuaderno 2.
[2] Folio
5, cuaderno 1.
[3] Folio
7, cuaderno 1.
[4] Folio
6, cuaderno 1.
[5] Folio
19, cuaderno 1.
[6] Folio
22, cuaderno 1.
[7] Folio
32 A 33, cuaderno 2.
[8] Ley estatutaria
de la libertad religiosa y de cultos.
[9] Artículo 13 de
la Ley 133 de 1994.
[10] Considera
que ello se fundamenta en el artículo XXIX del Concordato, aprobado mediante
Ley 20 de 1974.
[11] Condición que
ha sido reconocida por las autoridades judiciales colombianas, en específico (i)
la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia del 15 de mayo de 1954. En
ella, se indicó: “el Estado colombiano reconoce a la Iglesia católica como
persona jurídica de derecho público eclesiástico con potestad legislativa,
administrativa y jurisdiccional” y (ii) la Corte Constitucional,
mediante sentencia C-088 de 1994. (Obispo de la Diócesis de Duitama- Sogamoso.)
[12] Ver Sentencias, T-285 de 1994, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y T-653 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos.
[13] La
Corte Constitucional declaró exequible el artículo VII del Concordato el cual
reza: “El Estado reconoce plenos efectos civiles al matrimonio celebrado de
conformidad con las normas del Derecho Canónico. Para la efectividad de este
reconocimiento la competente autoridad eclesiástica transmitirá copia auténtica
del acta al correspondiente funcionario del Estado, quien deberá inscribirla en
el registro civil.” (Sentencia C-027 de 1993, M.P Simón Rodríguez Rodríguez)
[14] De
conformidad con lo establecido en el Concordato, ciertas disposiciones
constitucionales y la Ley Estatutaria 133 de 1994.
[15] La Corte
se refirió a la libertad de las iglesias para fijar sus propios criterios y
establecer los requisitos y exigencias que habrán de cumplir sus fieles, sin
que las autoridades del Estado puedan intervenir en su configuración ni en su
aplicación.
[16] Aquí enfatizó la Corte el derecho a la plena
autonomía de las iglesias para regular su régimen interno.
[17] En
esta sentencia concluyó la Corte que resulta inaceptable cualquier pretensión
de la autoridad civil por limitar su ejercicio o imponerles conductas que riñan
con los principios y postulados religiosos que las identifican. Adicionalmente
se refirió al inapropiado uso de la tutela para cuestionar las conductas
relacionadas con la práctica religiosa, dado que con ello se violenta las
garantías superiores de libertad de conciencia y de culto.
[18] En
dicha sentencia se hizo referencia a la independencia de la jurisdicción
eclesiástica para lo cual enfatizó en los artículos II, III y VIII del
concordato de 1974 aprobado por la Ley 20 del mismo año, como tratado de
derecho internacional público vigente, sobre la competencia exclusiva de los
Tribunales eclesiásticos en las causas de nulidad matrimonial, de ahí que solo
sea posible la intervención estatal para reconocer los efectos civiles generados por la
sentencia definitiva que declare la nulidad, contrario sensu se desconocerían
compromisos de derecho internacional público vigentes y avalados por esta
Corporación pues los principios pacta sunt servanda y de buena fe son
reconocidos en los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre Derechos
de los Tratados, de la cual Colombia es parte.
[19] La
Corte reiteró los argumentos de las sentencias T- 200 de 1995, M.P. José
Gregorio Hernández Galindo y T-946 de 1999, M.P.  Antonio Barrera
Carbonelly añadió que el
Estado está vedado para intervenir en los asuntos religiosos debido a que gozan
de autonomía para establecer su propio sistema de valores.
[20] Se
recordó la vigencia del concordato y reiteró el respeto que debe de existir
por parte de las autoridades estatales respecto a las reglas propias de las
organizaciones religiosas.
[21] Allí se plasmó
la independencia de la jurisdicción eclesiástica, siendo obligación del Estado
colombiano respetarla.
[22] Aseguró que lo contrario significaría regresar a tiempos ya
superados, en los que se podía invocar el Patronato (con sus distintos
mecanismos: recurso de fuerza en conocer, placet y exequatur regio, ius
appellationis de las sentencias eclesiásticas ante la autoridad real …) con el fin
de someter las decisiones eclesiásticas a la autoridad del príncipe (cfr. J.M
GONZÁLEZ DEL VALLE, Derecho Eclesiástico Español, cit, pp. 37-38).
[23] Artículo 13, Ley 133 de 1994: “Las iglesias y
confesiones religiosas tendrán, en sus asuntos religiosos, plena autonomía y
libertad y podrán establecer sus propias normas de organización, régimen
interno y disposiciones para sus miembros.(…)
Parágrafo.- El Estado reconoce la competencia
exclusiva de los tribunales eclesiásticos para decidir, lo relativo a la
validez de los actos o ceremonias religiosas que afecten o puedan afectar el
estado civil de las personas.”
[24] Sentencia  C-027 de 1993 (M.P. Simón Rodríguez Rodríguez)
[25] “El Concordato es un tratado
internacional entre dos partes, (en este caso entre el Estado Colombiano y la
Santa Sede) donde la mayoría de sus cláusulas están dirigidas a que se cumplan
dentro del territorio colombiano, especialmente por quienes pertenecen a la
Iglesia Católica, Apostólica y Romana, a los sacerdotes y jerarcas de esta Iglesia
por un lado y por el otro, a las autoridades de la República”. Sentencia C- 027
de 1993, M.P. Simón Rodríguez Rodríguez.
[26] Corte Constitucional, Sentencia T- 192 de
2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[27] Ver Sentencia T-200 de 1995, M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.
[28] Corte Constitutional. Sentencia C-088-94.  M. P. Fabio Morón
Díaz.
[29] M.P. Fabio Morón
Díaz.
[30] Sentencia
T- 998 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño
[31] Los principios pacta sunt
servanda y de buena fe son reconocidos en los artículos 26 y 27 de la
Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de la cual Colombia es
parte.
[32] Corte Constitucional, Auto 331 de 2015,
M.P. Mauricio González Cuervo.
[33] Ib.
[34] Ver,
Sentencia T- 200 de 1995, M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.
[35] Sentencia T- 1083 de 2002: “Aunque el
familiar que interpuso la tutela en nombre del menor también demandaba la
protección del derecho a la igualdad, por el trato discriminatorio que recibió
por la negativa del sacerdote a darle la comunión, la Corte negó el amparo
de este derecho, reiterando así el precedente sobre la autonomía de las
iglesias para determinar lo relativo a la administración de los sacramentos,
ámbito en el cual aquellas pueden establecer tratos desiguales frente a los
cuales el estado no tiene injerencia alguna.” (Negrilla fuera del texto)
[36] M.P.
María Victoria Calle Correa.
[37] Sentencia
658 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
[38] Ver Sentencia
T-465 de 1994 que indicó: “La Corte Constitucional ratifica en esta ocasión
la doctrina de la convivencia de los derechos, es decir, la tesis de que pueden
hacerse compatibles sobre la base de que, siendo relativos, su ejercicio es
legítimo mientras no lesione ni amenace otros derechos, ni atente contra el
bien general. En la medida en que ello acontezca, se torna en ilegítimo.”
(negrillas fuera del texto original)
[39] En virtud a los principios pacta sunt
servanda y de buena fe reconocidos en los artículos 26 y 27 de la convención de
Viena sobre derechos de los tratados, y de la cual Colombia es parte.
[40]
La Corte Constitucional ha declarado la improcedencia de la tutela como
mecanismo para ordenar a las autoridades eclesiásticas el bautizo de menores
(T-200 de 1995, M.P.
José Gregorio Hernández Galindo), la celebración de matrimonios (T-946 de 1999, M.P. Antonio Barrera Carbonell) o su anulación
(T-998 de 2002, M.P. Jaime
Córdoba Triviño).
[41] En
relación con el concepto de núcleo esencial de los Derechos Fundamentales, ver
la Sentencia C-756 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, reiterado en la C-511 de 2013, en la cual la Corte expresó:
“el núcleo esencial de un derecho
fundamental como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que es o lo
convierte en otro derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica al derecho
fundamental y sin lo cual se le quita su esencia fundamental”.
[42] A menos que las autoridades eclesiásticas
afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos.
[43] Ver la sentencia C-099 de 2001.
[44] Corte Constitucional, Sentencia C-1150 de 2003 (M.P.
Eduardo Montealegre Lynett).
[45] Artículo 32. Derecho de
petición ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales. Toda persona podrá ejercer
el derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante
organizaciones privadas con o sin personería jurídica, tales como sociedades,
corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas,
cooperativas, instituciones financieras o clubes.\\ Salvo norma legal especial,
el trámite y resolución de estas peticiones estarán sometidos a los principios
y reglas establecidos en el Capítulo I de este título. \\ Las organizaciones
privadas solo podrán invocar la reserva de la información solicitada en los
casos expresamente establecidos en la Constitución Política y la ley. \\ Las
peticiones ante las empresas o personas que administran archivos y bases de
datos de carácter financiero, crediticio, comercial, de servicios y las
provenientes de terceros países se regirán por lo dispuesto en la Ley
Estatutaria del Hábeas Data. \\ Parágrafo 1°. Este derecho también
podrá ejercerse ante personas naturales cuando frente a ellas el solicitante se
encuentre en situaciones de indefensión, subordinación o la persona natural se
encuentre ejerciendo una función o posición dominante frente al peticionario.
\\ Parágrafo 2°. Los personeros municipales y distritales y la
Defensoría del Pueblo prestarán asistencia eficaz e inmediata a toda persona
que la solicite, para garantizarle el ejercicio del derecho constitucional de
petición que hubiere ejercido o desee ejercer ante organizaciones o
instituciones privadas. \\ Parágrafo 3°. Ninguna entidad privada
podrá negarse a la recepción y radicación de solicitudes y peticiones
respetuosas, so pena de incurrir en sanciones y/o multas por parte de las
autoridades competentes.
[46] Ahora bien, para ofrecer educación religiosa y moral el
Estado debe celebrar acuerdos con las iglesias y confesiones religiosas que por
su ámbito, extensión y número de adherentes tengan notorio arraigo en Colombia,
ya que las que reunen tales condiciones son las que en mayor medida, están
presentes en dichos establecimientos. Si se trata de la Religión Católica será
un Convenio Internacional porque la Iglesia Católica es sujeto de derecho
internacional, por ende la regulación de sus relaciones con el Estado, bien
puede enmarcarse dentro del marco establecido en el artículo 226 de la
Constitución, en el sentido de que estas relaciones se adopten sobre "bases
de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional".
[47] Sentencia C-027 de 1993 (M.P. Simón Rodríguez Rodríguez).
[48] Ver,
entre otras, las Sentencias: T-334 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-192 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis y C-951 de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica
Méndez.
[49] En este sentido
las sentencias T-501 y C-543 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández
Galindo.
[50] Sentencias
T-1124 de 2005, Alfredo Beltrán Sierra; T-215 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio;T-425 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez;
T-920 de 2012, M.P. Nilson Pinilla Pinilla y
T-311 de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[51] Artículo 1598 1 del Código Canónico establece que: “(…)
el juez mediante decreto, debe permitir bajo pena de nulidad, que las partes y
sus abogados examinen en la cancillería del tribunal las actas que aún no
conoce; e incluso se puede entregar copia de las actas a los abogados que la
pidan; no obstante, en las causas que afectan al bien público, el juez para
evitar peligros gravísimos, puede decretar que algún acto no sea manifestado a
nadie, teniendo cuidado de que siempre quede a salvo el derecho de defensa”
[52] Ver, entre otras, las Sentencias: T-317 de 2005 y T-495 de
2001; ambas del M.P. Rodrigo Escobar Gil ; T-570 de 1992, M.P. Jaime Sanin Greiffenstein
y T-675 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[53] Sentencias: SU-225 de 2013; M.P. Alexei Julio Estrada y T-317 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[54] Ver sentencias T-988 de 2007 y T-585 de 2010, ambas
del M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y
T-200 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.
[55] Sentencia
SU-225 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.
[56] Ya no entendido
como la situación a partir de la cual los factores que dieron lugar a
la interposición de la acción de tutela fueron superados por cualquier motivo (Ver
Sentencias: SU-225
de 2013, M.P.
Alexei Julio Estrada; T-630 de 2005, M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa; T-597 de 2008, M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra;
T-170 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-100 de 1995,
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa ; T-570
de 1992, M.P. Jaime Sanin Greiffenstein; T-675 de 1996,
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa ) sino
que limita su campo de aplicación a aquellos eventos en los que dicha situación
tuvo lugar con ocasión al obrar de la entidad accionada.
[57] Reiterada
en Sentencia T-130 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[58] Sentencias
: T-188 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-721 de 2001, M.P. Juan Carlos Henao Pérez; y T-442 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[59] SU-225
de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.
[60] El Concordato, como se ha reiterado por esta Corporación, es un
tratado internacional vigente en el orden internacional y en el orden interno
colombiano, celebrado entre la República de Colombia y la Santa Sede como
sujeto de Derecho Internacional Público. El reconocimiento de esa condición
constituye la aceptación de una realidad jurídica, histórica y cultural que el
Estado no puede desconocer.
[61]El artículo 42 constitucional, inciso 6 establece que la decisión
en estos trámites gozan de todos los efectos civiles.
[62] En la Sentencia T-998 de 2002 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
sostuvo la Corte: “De acuerdo con el Concordato, como tratado de
derecho internacional público vigente, el Estado se ha comprometido a reconocer
la independencia y autonomía de las autoridades eclesiásticas y de allí que en
materia de procesos de nulidad de matrimonio católico sólo le sea posible
reconocer los efectos civiles generados por la sentencia definitiva que declare
la nulidad.  Por fuera de ese efecto, cualquier cuestionamiento del
proceder de las autoridades eclesiásticas, y de los Tribunales Eclesiásticos,
entre ellas, debe plantearse ante esa jurisdicción y no ante las autoridades
civiles colombianas. De lo contrario, se estarían desconociendo compromisos de
derecho internacional público vigentes y avalados por esta Corporación pues los
principios pacta sunt servanda y de buena fe son reconocidos en los artículos
26 y 27 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, de la cual
Colombia es parte. En las condiciones expuestas, al Tribunal Eclesiástico
Regional de Cali no puede dársele el tratamiento de un particular en los
términos del artículo 86 de la Constitución Política pues se trata de una
autoridad eclesiástica sometida a las jerarquías de la Iglesia Católica como
persona de derecho público eclesiástico y no a las autoridades colombianas.”
[63] Al respecto, el Canon 1598, dispone: “§
1.  Una vez recibidas las pruebas, el juez, mediante decreto debe
permitir, bajo pena de nulidad, que las partes y sus abogados examinen en la
cancillería del tribunal las actas que aún no conocen; e incluso se puede
entregar copia de las actas a los abogados que la pidan; no obstante, en las
causas que afectan al bien público, el juez, para evitar peligros
gravísimos, puede decretar que algún acto no sea manifestado a nadie,
teniendo cuidado de que siempre quede a salvo el derecho de defensa.”
(Negrillas fuera del texto original)
[64] Sobre la inmunidad de sujetos de derecho
internacional y la inexistencia de un carácter absoluto en este tema, ver, por
ejemplo, la sentencia SU-443 de 2016, M.P: Gloria Stella Ortiz Delgado.
[65] El canon citado precia: “e incluso puede
entregar copia de las actas a los abogados que la pidan …”
[66] Finalmente la
accionada entregó las copias a la peticionaria pero en obedecimiento a la orden
de tutela proferida por el Juez de segunda instancia. Esta Corte ha señalado
que cuando cesa la trasgresión de un derecho fundamental con ocasión al
cumplimiento de un fallo judicial, se desvirtúa  la ocurrencia de un “hecho superado”.
[67]
“§
1.  Una vez recibidas las pruebas, el juez, mediante decreto debe
permitir, bajo pena de nulidad, que las partes y sus abogados examinen en la
cancillería del tribunal las actas que aún no conocen; e incluso se puede
entregar copia de las actas a los abogados que la pidan; no
obstante, en las causas que afectan al bien público, el juez,
para evitar peligros gravísimos, puede decretar que algún acto no sea
manifestado a nadie, teniendo cuidado de que siempre quede a salvo el
derecho de defensa.” (Negrilla y subraya fuera del texto original)