T-055-20
Sentencia T-055/20
ACCION DE TUTELA PARA RECLAMAR ESTABILIDAD
LABORAL REFORZADA DE PREPENSIONADO-Casos de personas próximas a pensionarse en contrato
de obra o labor
ALCANCE DE LA PROTECCION CONSTITUCIONAL AL PREPENSIONADO EN
CONTRATOS DE OBRA O LABOR
A efectos de
establecer el alcance de la protección constitucional de prepensionados, debe
recordarse que la misma no se traduce, per se, en una permanencia indefinida en
el empleo, así como tampoco puede desprenderse de ella una cláusula según la
cual las relaciones de trabajo son perennes. De ello se sigue que la
estabilidad laboral para las personas que cuenten con la condición de
prepensionados, no puede entenderse de manera absoluta dado que, en todo caso,
será importante analizar la naturaleza del vínculo y el contexto de la
terminación contractual. Así, en lo referido a la naturaleza jurídica del
contrato de obra o labor, regulado en el artículo 45 del Código Sustantivo del
Trabajo, habrá de asumirse que la relación laboral subsiste mientras no se haya
finalizado la obra para la cual fue contratado el trabajador. Esto porque las
personas que suscriben un negocio jurídico de estas características entienden,
desde el momento en que este empieza a surtir efectos, que la duración de la
labor es temporal o transitoria. De allí que deba existir claridad entre las
partes frente a la función específica que cumplirá el empleado.
ACCION DE TUTELA PARA REINTEGRO DE PREPENSIONADO EN CONTRATO DE OBRA
O LABOR-Requisitos
Cuando una
persona acuda a la acción de tutela con el objeto de lograr su reintegro a una
función que prestaba en vigencia de un contrato de obra o labor, alegando para
ello estar cerca de cumplir los requisitos exigidos por la ley para acceder a
su pensión de vejez, corresponderá al juez constitucional verificar: (i) si
cumple, en efecto, con la condición de prepensionada, y (ii) si la
desvinculación acaeció por la finalización cierta y efectiva de la obra para la
cual fue contratada, o, al contrario, esta aún se mantiene vigente.
ACCION DE TUTELA PARA REINTEGRO DE PREPENSIONADO EN CONTRATO DE OBRA
O LABOR-Improcedencia por cuanto accionante no cumplía los requisitos para ser considerado
prepensionado
Referencia:
Expedientes T-7.068.958 y          T-7.077.228 (Acumulados)[1].
Asunto:
Acciones de tutela interpuestas por Luis Eduardo Simbaqueba Ventura y Francisco
Orlando Rojas Contreras contra Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., y otros.
Magistrado
Ponente:
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Bogotá D.C., diecisiete (17) de febrero
de dos mil veinte (2020).
La Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alejandro
Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo y Luis Guillermo Guerrero Pérez,
quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales,
legales y reglamentarias, ha pronunciado la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los
fallos de tutela expedidos de conformidad con el artículo 86 de la Constitución
y el Decreto 2591 de 1991 por:
(i) El Juzgado Séptimo Municipal
de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá, el 17 de mayo de 2018, y por el Juzgado
Treinta y Dos Laboral del Circuito del mismo distrito judicial, el 29 de junio
de 2018, dentro del proceso de amparo iniciado por Luis Eduardo Simbaqueba
Ventura contra Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. (Expediente T-7.068.958).
(ii) El Juzgado Doce Municipal de
Pequeñas Causas Laborales de Bogotá, el 14 de agosto de 2018, y por el Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de la misma ciudad, el 2 de octubre de 2018,
dentro del proceso de amparo iniciado por Francisco Orlando Rojas Contreras
contra Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., y otros (Expediente T-7.077.228).
I. ANTECEDENTES
1. Expediente T-7.068.958
1.1. Hechos
1.1.1. El 16 de diciembre de
2012, el señor Luis Eduardo Simbaqueba Ventura fue contratado por la empresa
Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., a término fijo, por cuatro meses[2].
Luego de dos prórrogas, el contrato se extendió hasta el 15 de junio de 2013[3].
El 16 de junio de ese mismo año, las partes suscribieron un contrato de obra o
labor que duraría hasta el 11 de febrero de 2018[4]. El trabajador desempeñó
el cargo de conductor de recolección del proyecto de aseo y devengó un sueldo
básico mensual de $1.576.137 pesos m/cte.
1.1.2. El 8 de febrero de 2018,
la empresa accionada comunicó al actor que el contrato laboral finalizaría, en
virtud del literal d del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo[5],
porque el Convenio Interadministrativo que esa sociedad había suscrito con la Empresa
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá –EAB E.S.P.–, con el objeto de realizar
las actividades operativas para la prestación del servicio público de aseo en
la ciudad, había fenecido[6]. Ello porque, a través de
fallo judicial proferido por el Tribunal Administrativo de Cundimanarca,
Sección Primera, Subsección A, se declaró la nulidad de la ampliación del
objeto social de la EAB E.S.P., en lo que se refiere a la prestación del
referido servicio[7].
1.1.3. El 12 de febrero de 2018,
previa licitación liderada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos –UAESP–, cinco nuevos operadores entraron en funcionamiento para la
prestación del servicio al que con anterioridad se dedicaba Aguas de Bogotá
S.A. E.S.P. Estos operadores fueron: Promesa de Sociedad Futura Promoambiental
Distrito S.A.S. E.S.P., Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P., Ciudad Limpia
Bogotá S.A. E.S.P., Promesa de E.S.P. Futura Bogotá Limpia S.A.S., y Promesa de
Sociedad Futura Área Limpia S.A.S. E.S.P.[8]
1.1.4. El 23 de febrero de 2018,
ante la terminación del contrato, la empresa accionada adelantó la liquidación
del mismo y pagó al accionante la suma de $3.679.430 pesos m/cte.[9]
1.2. Demanda y pretensiones
1.2.1. El 26 de abril de 2018, Luis
Eduardo Simbaqueba Ventura interpuso acción de tutela contra la empresa Aguas
de Bogotá S.A. E.S.P.[10], al considerar vulnerados
sus derechos fundamentales, toda vez que la sociedad dio por terminado su
contrato laboral sin advertir que tenía la condición de prepensionado, pues le
faltaban menos de 100 semanas para adquirir el derecho a la pensión de vejez
–hecho que comunicó a su empleador el 24 de enero de 2018–[11].
1.2.2. Por lo anterior, con
fundamento en la jurisprudencia de este Tribunal[12],
el demandante solicitó: (i) la protección de sus derechos al trabajo, a la
seguridad social y a la estabilidad laboral reforzada; así como (ii) la
disposición de su reubicación –hasta el momento en que le sea reconocida e
incluida en nómina su pensión de vejez–, y (iii) el pago de los salarios y
prestaciones dejados de percibir con ocasión de su desvinculación.
1.3. Trámite procesal, contestación
de la tutela e intervenciones
1.3.1. El Juzgado Séptimo
Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá, mediante proveído del 3 de mayo de 2018, admitió la tutela y vinculó a
la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá –EAB E.S.P.– y
a la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones–. Solicitó, al
tiempo, los informes respectivos sobre los hechos que motivaron la presentación
de la acción.
1.3.2. La Empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá –EAB E.S.P.– solicitó denegar el
amparo[13]. Para ello advirtió
diversas situaciones: (i) que en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto
1834 de 2015 y teniendo en cuenta que se habían presentado tutelas masivas por
el mismo hecho, este caso debía ser remitido a la primera autoridad judicial
que conoció de un asunto idéntico[14]; (ii) que el accionante
nunca se vinculó laboralmente con esa entidad, sino con Aguas de Bogotá –su
filial–; (iii) que la figura del retén social es aplicable a eventos de
restructuración y/o liquidación, situación que no corresponde a su realidad; (iv)
que como a través de fallo judicial ya no puede dedicarse al proyecto de aseo,
la consecuencia lógica es que el contrato que el trabajador mantenía con Aguas
de Bogotá S.A. E.S.P., igualmente, culmine; (v) que la UAESP adelantó un nuevo
proceso licitatorio en el que fueron designadas nuevas entidades para la
prestación del servicio de aseo, proceso en el que no tuvo participación ni
injerencia; (vi) que, así mismo, aun cuando le ha propuesto a esos
adjudicatarios contratar el personal que laboraba para la sociedad Aguas de
Bogotá, la decisión de hacerlo es de ellos exclusivamente; y (vii) que la
acción de tutela no es el escenario idóneo para resolver controversias
contractuales, máxime cuando el actor no demostró la ocurrencia de un perjuicio
irremediable.
1.3.3. De otra parte, Aguas de
Bogotá S.A. E.S.P.[15], solicitó
declarar la improcedencia de la acción o, en su defecto, negar las pretensiones
del actor fundándose, básicamente, en que: (i) este contaba con la posibilidad
de solicitar la suspensión del proceso licitatorio que adelantaba la UAESP en
la jurisdicción contencioso administrativa, o, de acudir a la jurisdicción
ordinaria para reprochar su despido; y, (ii) su desvinculación obedeció a
razones legales porque la duración de su contrato estaba inescindiblemente
ligada a la existencia del Convenio Interadministrativo suscrito con la Empresa
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá –EAB E.S.P.–.
1.4. Decisiones de instancia
1.4.1. Mediante
sentencia del 17 de mayo de 2018[16], el Juzgado
Séptimo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá,
amparó los derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital y a la seguridad
social del            actor. Asimismo, ordenó a la sociedad Aguas de
Bogotá S.A. E.S.P., su reintegro laboral hasta tanto la pensión le fuese
reconocida por Colpensiones. También ordenó el pago de los salarios y
prestaciones sociales dejadas de percibir.
Como fundamento para tomar tal
determinación, adujo que el actor tenía la condición de prepensionado porque,
al momento de su desvinculación, contaba con 1237 semanas y por tanto solo le
restaba cotizar 63 semanas más para acceder al derecho. También afirmó que,
aunque el contrato finalizó por ministerio de la ley, la accionada no ha
desaparecido ni se encuentra en proceso de liquidación.
1.4.2. El apoderado
judicial de la accionada impugnó la decisión antedicha[17],
argumentando que la figura del retén social, de que trata el artículo 12
de la Ley 790 de 2002, solo aplica cuando una entidad se encuentre en proceso
de restructuración, fusión o liquidación. Lo que no acontece en este caso
concreto, en el que, por demás, el contrato finalizó por causa legal. Solicitó,
en tal sentido, revocar el fallo atacado.
1.4.3. Mediante
sentencia del 29 de junio de 2018, el Juzgado
Treinta y Dos Laboral del Circuito Bogotá D.C., decidió
confirmar la decisión[18], acudiendo a los mismos
argumentos jurídicos del a-quo.
2. Expediente T-7.077.228
2.1. Hechos
2.1.1. El 17 de diciembre de
2012, el señor Francisco Orlando Rojas Contreras fue contratado por la empresa
Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., a término fijo, por cuatro meses[19].
Luego de dos prórrogas, el contrato se extendió hasta el 16 de junio de 2013[20].
El 17 de junio de ese mismo año, las partes suscribieron un contrato de obra o
labor que duraría hasta el 11 de febrero de 2018[21].
El trabajador se desempeñó como operario de recolección y/o barrido en el
proyecto de aseo y devengó un sueldo básico mensual de $878.192 pesos m/cte.
2.1.2. El 8 de febrero de 2018,
la empresa accionada comunicó al actor que el contrato por obra o labor
finalizaría, en idénticas circunstancias que el accionante del caso
anteriormente expuesto, porque el Convenio Interadministrativo que esa sociedad
había suscrito con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá
–EAB E.S.P.– había fenecido[22].
2.2. Demanda y pretensiones
2.2.1. El 7 de mayo de 2018, Francisco
Orlando Rojas Contreras interpuso acción de tutela contra las entidades Aguas
de Bogotá S.A. E.S.P., Promesa de Sociedad Futura Promoambiental S.A.S.,
Limpieza Metropolitana S.A., Ciudad Limpia, Bogotá Limpia, Área Limpia S.A.S. y
la Alcaldía de Bogotá D.C.[23], al considerar
vulnerados sus derechos fundamentales toda vez que Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.,
dio por terminado su contrato laboral sin advertir que tenía la condición de
prepensionado, pues contaba con 59 años  de edad y había cotizado al Régimen de
Ahorro Individual con Solidaridad un total de 1.169 semanas.
Afirmó que el despido le produjo
un perjuicio irremediable, toda vez que se encuentra cancelando un crédito.
También señaló que convive con dos menores y que, aunque su compañera devenga
un salario mínimo, ese monto no es suficiente para atender los egresos del
hogar.
2.2.2. Por lo anterior, el
demandante solicitó la protección de sus derechos al trabajo, a la seguridad
social y al mínimo vital, para que, como consecuencia, se ordene a la empresa
Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., o a cualquiera de los nuevos operadores que se
encargan del servicio de aseo en la ciudad, su respectivo reintegro.
2.3. Trámite procesal,
contestación de la tutela e intervenciones
2.3.1. El Juzgado Doce Municipal
de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá,
mediante proveído del 16 de mayo de 2018[24],
admitió la tutela y solicitó a las autoridades accionadas los informes
respectivos sobre los hechos que motivaron la presentación de la acción. El 29
de mayo de 2018 esa autoridad judicial decidió amparar los derechos del
accionante, al considerar que cumplía con las condiciones fijadas por la
jurisprudencia de esta Corporación para ser un prepensionado[25].
Tal decisión fue impugnada por el representante legal de Aguas de Bogotá S.A.
E.S.P.[26].
El asunto fue repartido al Juez
Veinticuatro Laboral del Circuito de Bogotá D.C., quien, en providencia del 25
de julio de 2018, declaró la nulidad de todo lo actuado porque, en su sentir,
no se había notificado en debida forma a la Alcaldía de la ciudad y tampoco se
había vinculado a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
–UAESP–.
Así las cosas, el Juzgado Doce
Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá, en Auto del 1 de agosto de
2018, procedió de conformidad con lo ordenado y solicitó los respectivos
informes a que hubiere lugar. En síntesis, se aportó lo siguiente:
2.3.2. La Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP– solicitó denegar el
amparo o declararlo improcedente[27]. Adujo sobre el
particular: (i) que la designación de cinco nuevos operadores del servicio de
aseo correspondió a un proceso licitatorio que se sustentó, a su vez, en el
artículo 40[28] de la Ley 142 de 1994;
(ii) que quien fungió como                   directo empleador del accionante
tuvo la posibilidad de participar en el aludido proceso y por decisión autónoma
no lo hizo; (iii) que no oficia       como empleador del accionante ni de
ninguno de los trabajadores que hubiesen pertenecido a la nómina de Aguas de
Bogotá S.A. E.S.P.; y (iv) que si el actor encuentra reparos en la forma en que
fue desvinculado podrá acudir a la jurisdicción ordinaria laboral porque no
acredita un perjuicio irremediable.
2.3.3. De otra parte, mientras la
representante judicial de la Alcaldía de Bogotá remitía por competencia
la tutela a la EAB E.S.P.[29], Promoambiental
Distrito S.A.S. E.S.P.[30], Ciudad Limpia S.A.
E.S.P.[31], Área Limpia Distrito
Capital S.A.S. E.S.P.[32], y Limpieza
Metropolitana S.A. E.S.P.[33], manifestaban su
ausencia de legitimación en la causa por pasiva al no haber tenido vínculo
contractual alguno con el actor, pues Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., finalizó su
contrato y, por tanto, desde su perspectiva, es la única sociedad llamada a
responder por la presunta vulneración de sus derechos.
2.3.4. Por último, Aguas de
Bogotá S.A. E.S.P.[34], contestó la presente
acción adjuntando un escrito idéntico al presentado en el trámite del
expediente         T-7.068.958 (párrafo 1.3.3. supra).
2.4. Decisiones de instancia
2.4.1. Mediante
sentencia del 14 de agosto de 2018[35], el Juzgado
Doce Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá, amparó
los derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital y a la seguridad social
del accionante. En consecuencia, ordenó a la sociedad Aguas de Bogotá
S.A. E.S.P., su reintegro laboral hasta que se acredite su inclusión en nómina
de pensionados. También ordenó el pago de los salarios y prestaciones sociales
dejadas de percibir.
La autoridad judicial en mención
consideró que, en efecto, el accionante tenía derecho a la estabilidad laboral
reforzada para prepensionados, lo cual se derivaba de que para el momento en
que fue desvinculado del cargo de operario contaba con a) 59 años, 4
meses y 24 días de edad, y b) 1.169 semanas cotizadas a Colfondos.
Asimismo, afirmó que la finalización del proyecto de aseo no era razón
suficiente para dar por terminado el vínculo laboral, máxime cuando la entidad
accionada no había sido liquidada.
2.4.2. El apoderado
judicial de la accionada impugnó la decisión antedicha[36].
Resumió su posición en tres argumentos: (i) que la figura del retén social, dispuesta
por el legislador en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, solo aplica cuando
una entidad se encuentre en proceso de restructuración, fusión o liquidación, lo
que no acontece en este evento; (ii) que la terminación del contrato se dio en
aplicación del literal d del artículo 61 del Código Sustantivo del
Trabajo; y (iii) que el actor, en este caso, no cuenta con la calidad de prepensionado
por encontrarse afiliado al RAIS. Citando la Sentencia SU-003 de 2018, adujo
que si bien le faltan menos de tres años para cumplir la edad que le permitirá
acceder a la garantía de pensión mínima en ese Régimen (62 años), lo cierto es
que ya cuenta con las semanas para tal fin (1.150 según el artículo 65
de la Ley 100 de 1993). Así las cosas, como el despido no le
frustra su expectativa prestacional, solicitó revocar el fallo atacado.
2.4.3. Mediante
sentencia del 2 de octubre de 2018, el Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, decidió revocar la
decisión[37]. Como fundamento
argumentó que la situación a la que se vio expuesto el actor con el despido no
le supuso un perjuicio irremediable de carácter inminente y grave, que haga
necesaria la adopción de medidas urgentes para conjurarlo. Así, estimó que en
tanto el tutelante puede acudir a la jurisdicción ordinaria para elevar sus
pretensiones, el recurso de amparo deviene improcedente.
3.
Actuaciones en sede de revisión
3.1. En virtud de los hechos expuestos y con el objeto de adquirir más
elementos de juicio que permitieran definir el asunto, el magistrado
sustanciador consideró relevante requerir a la empresa Aguas de Bogotá S.A.
E.S.P., para que aportara, en detalle, información
relacionada con sus funciones actuales y el objeto que la llevó a contratar a
los accionantes. Asimismo, se solicitó a Luis Eduardo Simbaqueba Ventura y a Francisco Orlando Rojas Contreras informar a la Sala
sobre sus condiciones económicas y el estado actual de sus cotizaciones pensionales.
3.1.1. Información allegada
por Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.[38]
Mediante comunicación remitida a
la Secretaría General de esta Corporación el 29 de marzo de 2019, Dagoberto
Estupiñán Rueda, en su calidad de representante legal, manifestó que esa
sociedad continúa desarrollando su objeto social a partir de contratos de
servicios que ha suscrito con diferentes entidades para (i) el embellecimiento,
mantenimiento, cuidado y bordeo de los espejos de agua de la ciudad y (ii) la
capacitación de los habitantes         sobre el manejo de residuos y escombros,
así como sobre la importancia de no arrojar basuras a los cuerpos de agua.
Adujo que los proyectos vigentes a la fecha son: Canales – Sumideros,
Humedales, PTAR – Biosólidos, Vallados, Senderos, Peñaliza, Arboretto y Alcaldías
Locales. Si bien no explica en qué consiste cada uno de ellos, aduce que su
objeto es distinto al de barrido, limpieza, recolección de basura y disposición
final en relleno sanitario.
Adicionalmente, aportó: (i) acta
de visita administrativa a las instalaciones de la entidad, realizada por la
Personería Delegada para el Hábitat y los Servicios Públicos, donde se informa
que Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., ha suscrito diez convenios interadministrativos
con Alcaldías Locales de la ciudad. Representantes de la entidad informaron a
la Personera que el objeto de esos convenios era el de mitigar o erradicar
puntos críticos, para lo cual se realizan actividades de cerramientos a través
de la instalación de jardines, shuts, piedras puntudas y materas. (ii)
Certificado de existencia y representación legal emitido por la Cámara de
Comercio de Bogotá el 18 de marzo de 2019[39]. (iii) Copia de los
contratos de obra suscritos con los accionantes; se resalta que la causal
segunda de ambos acuerdos legales establecía que su término de duración estaba
condicionado “(…) a la existencia del Contrato Interadministrativo No.
1-07-10200-08009-2012 de 2012, celebrado [con] la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado S.A. E.S.P.”[40]. Y (iv) Copia en medio
digital del Contrato Administrativo referido y sus modificaciones, en cuyo
contenido –cláusula quinta– se decantaron las funciones que correspondían a la
sociedad Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.[41].
3.1.2. Información allegada
por Francisco Orlando Rojas Contreras (expediente T-7.077.228) [42]
Mediante comunicación remitida a
la Secretaría General de esta Corporación el 4 de abril de 2019, el actor
informó que en su núcleo familiar se encuentran su compañera permanente y dos
niños de 13 y 11 años; que no cuenta con ingresos permanentes; que sus gastos
mensuales ascienden aproximadamente a la suma de $1.100.000[43];
y que su pareja devenga un salario mínimo mensual legal vigente.
Como soportes probatorios, anexó
copia de los servicios públicos de su hogar[44], un reporte emitido por
la Administradora de Fondos de Pensiones Colfondos en el que se acredita que en
su cuenta individual tiene $41.268.588[45], los documentos de
identidad de los menores[46], un certificado de
estudio de los mismos[47], un certificado laboral
de su compañera permanente[48] y un comprobante
suscrito por Bancolombia S.A., que da cuenta de la existencia de un crédito hipotecario
tomado por el accionante y su compañera.
3.1.3. A través de oficio
remitido el 24 de abril de 2019 al despacho del magistrado sustanciador, el
citador de la Secretaría General de esta Corporación manifestó que los comunicados
dirigidos a Luis Eduardo Simbaqueba Ventura no fueron entregados debido a la
inexistencia de la dirección aportada[49].
3.2. Traslado de las pruebas
La Secretaría General de esta
Corporación puso a disposición de las partes y terceros vinculados a la
presente causa las pruebas recaudadas. Solo el apoderado judicial de la Empresa
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá –EAB E.S.P.– se pronunció al
respecto[50].
En lo relacionado con la manera
en que finalizó el vínculo contractual con ambos actores, reiteró los
argumentos que expuso en su contestación al trámite de tutela T-7.068.958
(párrafo 1.3.2 supra). Adicionalmente,       afirmó que, respecto al
caso del señor Rojas Contreras, su calidad de prepensionado no se acreditó pues
se encuentra cotizando al RAIS y ya completó las 1.150 semanas exigidas para
acceder a la pensión mínima en los       términos del artículo 65 de la Ley 100
de 1993. Llegó a esta conclusión porque, a partir de lo dispuesto por esta
Corte en la reciente Sentencia           SU-003 de 2018, al actor solo le resta
cumplir 62 años de edad para acceder al beneficio, de manera que el empleador
no ha frustrado su expectativa pensional.
II. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Sala es competente para
revisar las decisiones proferidas dentro de los expedientes de la referencia,
con fundamento en los artículos 86 y 241 –numeral noveno– de la Constitución
Política.
2. Procedencia de las acciones
de tutela
Previo al
estudio de fondo de los casos planteados en los escritos de amparo, debe verificarse
el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de las acciones de
tutela contemplados en el artículo 86 de la Carta Política y en el Decreto 2591
de 1991.
2.1. Legitimación en la causa
por activa
Se acreditó en ambos casos, pues,
conforme al artículo primero del Decreto 2591 de 1991[51],
los ciudadanos Luis Eduardo Simbaqueba Ventura y Francisco Orlando Rojas
Contreras instauraron de manera personal e independiente las acciones de tutela,
en su calidad de titulares de los derechos fundamentales presuntamente
afectados.
2.2. Legitimación en la causa
por pasiva
El artículo quinto del Decreto
2591 de 1991 dispone que la acción de tutela “(…) procede contra toda acción
u omisión de las autoridades públicas (…)” cuando quiera que con ello se
cause la vulneración o amenaza de           derechos fundamentales. Para
determinar el alcance de este supuesto, ha señalado esta Corporación que es
preciso indagar si la autoridad pública accionada goza de la aptitud legal necesaria
que la lleve a responder jurídicamente por la vulneración que se le endilga –en
el evento de comprobarse–.
Así, la empresa Aguas de Bogotá
S.A. E.S.P. –Empresa de Servicios Públicos Mixta, perteneciente a la Rama
Ejecutiva del Nivel Distrital– es la única legitimada en la causa por pasiva
para responder por la eventual vulneración de los derechos fundamentales invocados
por los señores Simbaqueba Ventura y Rojas Contreras. Esto por cuanto los
documentos que obran en el plenario la sitúan como empleadora directa de los
mismos, en cuya calidad dispuso la culminación de sus contratos sin atender,
aparentemente, su condición de prepensionados.
Ahora bien, la Sala estima que la
participación e intervención en la presente causa de entidades como la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y           Aseo
de Bogotá –EAB E.S.P.–, la Unidad Administrativa Especial                     de
Servicios Públicos –UAESP–, la Alcaldía de Bogotá, así como                       de
las sociedades  Ciudad Limpia S.A. E.S.P., Área Limpia Distrito         Capital
S.A.S. E.S.P., y Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P., es         importante
porque pueden suministrar al proceso –en calidad de             terceros­–
información relevante que conduzca a una solución razonable         del mismo.
2.3. Inmediatez
La acción de tutela, siguiendo
lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución Política, ha sido prevista
como un medio para lograr la “protección inmediata” de los derechos
fundamentales que se estimen vulnerados o amenazados –vía acción u omisión– por
cualquier autoridad pública o particular en los términos del artículo 42 del
Decreto 2591 de                         1991. Precisamente porque esa
protección debe procurarse de manera inmediata, corresponderá al accionante
interponerla dentro de un plazo razonable
contado a partir del momento en que la conculcación o amenaza acontece[52].
En
esta oportunidad, este Tribunal advierte que, en ambos casos, se cumple con el
requisito de inmediatez porque entre la fecha de la terminación de los
contratos laborales de los accionantes[53]
y el momento en el cual se interpusieron las acciones de tutela[54] no
trascurrieron más de tres meses, plazo que la Sala considera prudencial y
razonable.
2.4. Subsidiariedad
Este Tribunal, de
manera reiterada y uniforme, ha señalado que el recurso de amparo, como un
mecanismo sumario instituido con el fin de lograr la protección de derechos
fundamentales, no puede ser usado para sustituir los demás procedimientos
judiciales existentes en el ordenamiento jurídico –excepto si estos carecen de
idoneidad o eficacia, o si se está en presencia de un perjuicio irremediable–[55]. Reconocer el carácter residual de la acción permite la
preservación de las competencias legales atribuidas a las distintas
jurisdicciones[56].
Así, en
principio, la Corporación ha estimado que la acción de tutela no procede cuando
con su interposición se pretenda el reintegro laboral del actor[57] pues para ello el legislador previó mecanismos específicos dirigidos
a que el juez ordinario laboral o de lo contencioso administrativo conociera de
tales asuntos[58]. Sin embargo,
para el caso de quien alega tener la calidad de prepensionado, la Corte también
ha sostenido que, de forma excepcional, la acción será procedente si logra
demostrarse que con la desvinculación se pone en riesgo su mínimo vital por las
dificultades que le acarrearía obtener su sustento y el de su familia[59].
Esta circunstancia, acompañada de otras como la edad del tutelante, las
condiciones particulares de su núcleo familiar, su salud[60]
e, incluso, el tiempo que tardaría el medio de defensa judicial del que dispone
en resolver sus pretensiones, permitirán evaluar su eficacia[61].
La Sala estima que, en principio,
correspondería a los accionantes acudir a la jurisdicción ordinaria laboral
para que en ese escenario se analice la validez de la terminación de los
contratos de obra o labor que habían suscrito con el accionado. Esto por mandato
expreso del artículo segundo –numeral primero– del Código Procesal del Trabajo
y de la Seguridad Social[62] y porque la vinculación
laboral de los trabajadores se dio con una empresa de servicios públicos mixta que,
por disposición de los artículos 461 –inciso segundo– del Código de Comercio[63]
y 32 de la Ley 142 de 1994[64], se encuentra sujeta a
un régimen de derecho privado[65].
Este proceso ordinario, por
revestir de un mayor grado de complejidad en el desarrollo de sus etapas, dada
la naturaleza de los asuntos que debe resolver, toma un tiempo mayor al que se
destina en la resolución de una tutela. No obstante, ello no lo hace ineficaz per
se[66], pues habrá ocasiones en
que, para el demandante, por las condiciones en que se encuentra, sea
soportable esa espera. Debe tenerse en cuenta que el tiempo de duración de
aquellos procesos en todo el territorio nacional, según estudio realizado por
el Consejo Superior de la Judicatura[67], es, en promedio, de 366
días corrientes en la primera instancia[68] y de 168 en la segunda[69].
La Sala estima que, en los casos
sometidos a estudio, el medio ordinario carece de eficacia por las condiciones
particulares en que se encuentra cada accionante. En primer lugar, siguiendo un
razonamiento similar al efectuado en la Sentencia SU-003 de 2018, se advierte
que para el señor Simbaqueba Ventura, la existencia formal del proceso
ordinario laboral no garantiza de manera eficaz el amparo de sus prerrogativas
constitucionales. En efecto, al momento de la desvinculación, al referido señor
le faltaban 63 semanas para acreditar las 1.300 exigidas en el Régimen de Prima
Media, de manera que revisando los tiempos que en promedio tarda el proceso
ordinario laboral en emitir los fallos de primera y segunda instancia
(suponiendo que esta tenga lugar), se encontraría que el asunto,
presumiblemente, sería resuelto en cerca de 76 semanas (más o menos). Así, para
la Corte, la decisión del juez en tal escenario no tendría más que una finalidad
resarcitoria, pues la frustración de la expectativa pensional del trabajador, para
la fecha en que se resuelva el litigio, ya habría acontecido.
En segundo lugar, se observa que
en el caso del señor Rojas Contreras el asunto merece una resolución perentoria
teniendo en cuenta que es el responsable, en una importante medida, del
sostenimiento de su familia y que, con su desvinculación, contrario a lo
sostenido por el ad quem, sí se afectó su mínimo vital. Sobre el
particular, esta Sala advierte que el accionante aportó al proceso la
documentación suficiente para demostrar que aun cuando su compañera devenga un
salario mínimo legal mensual vigente, ello no le permite cubrir la totalidad de
los egresos con que cuenta el hogar –en el que se encuentran dos menores– teniendo
en cuenta, entre otros, los servicios públicos, la cuota mensual del crédito
hipotecario adquirido con Bancolombia S.A., la cuota de administración del
lugar donde residen y la adquisición de alimentos. Adicionalmente, debe
advertirse que, aunque el actor no hace parte de la tercera edad, tiene 61 años
de edad y por tanto es razonable pensar que se encuentra en dificultades para
incluirse nuevamente en el mercado laboral. De allí que conminarlo a que acuda
al proceso ordinario podría ser, en su caso, desproporcionado.
3. Problema jurídico y esquema
de resolución
Corresponde
a la Sala decidir sobre las acciones de tutela presentadas por Luis
Eduardo Simbaqueba Ventura y Francisco Orlando Rojas Contreras contra Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. Con ese fin, esta Corporación deberá definir si la
sociedad de economía mixta accionada vulneró los derechos a la estabilidad
laboral reforzada, al trabajo y a la seguridad social de los accionantes
–quienes alegan contar con la condición de prepensionados–, al dar por
finalizados sus respectivos contratos de obra o labor con fundamento en que el
proyecto de aseo al que estaban vinculados terminó.
Para resolver tal interrogante,
la Corte abordará el alcance de la estabilidad laboral reforzada de las personas
que, vinculadas a través de un contrato de obra o labor, ocupan empleos
transitorios y se encuentran próximas a cumplir los requisitos para obtener la
pensión de vejez. Posteriormente se analizará el caso concreto.
4. Alcance de la protección constitucional al prepensionado en los
contratos de obra o labor
4.1. La garantía de la
estabilidad laboral reforzada implica para el trabajador, en ciertas
circunstancias, el poder continuar desempeñando sus funciones siempre que la
causa que motivó la suscripción del contrato con el empleador se mantenga
vigente y no existan razones que deriven en la inviabilidad de su continuación.
Esta figura, definida en la forma que antecede, ha sido aplicada en favor del empleado
para proteger otros derechos fundamentales de los que es titular.
4.2. Así, acudiendo a tal
garantía (i) se ha propugnado por la defensa del derecho de asociación y por
tanto el legislador ha reconocido el fuero sindical del que gozan ciertos
trabajadores sindicalizados[70], especialmente en
contextos en los cuales con el despido se busca minar la posibilidad de que,
tanto el sindicato como sus miembros, ejerzan sus derechos[71];
(ii) se ha buscado salvaguardar el principio de la igualdad material, en el
sentido de impedir, vía legal[72] y jurisprudencial[73],
que por la exclusiva razón de la discapacidad de una persona, esta sea discriminada
y desvinculada de un empleo; (iii) se ha protegido, especialmente, a la mujer
embarazada y a la madre cabeza de familia como resultado del mandato contenido
en el artículo 43 Superior[74]; y (iv) se ha establecido,
prima facie, la imposibilidad de finalizar el contrato de quien está ad
portas de cumplir los requisitos exigidos por ley para pensionarse[75].
4.3. La protección para los
grupos antedichos nace a partir de fundamentos constitucionales distintos y, al
tiempo, su efectividad depende de que se acrediten requisitos disímiles. Por lo
que interesa a este asunto, la Sala profundizará en lo que
tiene que ver con el último grupo cuyo amparo tuvo su origen a partir de un
desarrollo legal. En efecto, la Ley 790 de 2002 –artículo 12–, previó, con
ocasión del Programa de Renovación de la Administración Pública a partir del
cual algunas entidades de la Rama Ejecutiva serían restructuradas o liquidadas[76],
un mecanismo de salvaguardia especial, denominado retén social. Esa
protección consistía, fundamentalmente, en que las personas que tenían la
expectativa de cumplir con los requisitos establecidos en la ley –edad y
semanas cotizadas– para pensionarse en el lapso de los tres años siguientes a
la promulgación de la norma[77] debían ser mantenidas,
durante el mayor tiempo posible, en sus cargos. El propósito era atender la necesidad
que existía de hacer eficiente el ejercicio de la administración pública, a
través de su reducción y fortalecimiento[78], sin que por ello se llegara
al extremo de sacrificar los derechos al trabajo, a la seguridad social y al
mínimo vital de quienes, encontrándose en condición de vulnerabilidad,
estuviesen prestando sus funciones en las entidades cuya estructura sufriría
modificaciones[79].
4.4. No obstante, a pesar de que
la protección legal nació para los trabajadores que se encontraban en la
situación descrita en el párrafo precedente, esta Corporación ha estimado que la
garantía de la estabilidad laboral reforzada para los prepensionados puede
aplicarse en otro tipo de contextos u escenarios, como serían aquellos en que se
haya desvinculado a un servidor público por razones distintas a la prevista en
el artículo 12 de la Ley 790 de 2002[80], o cuando lo propio haya
sucedido con un trabajador vinculado a una entidad de orden privado[81].
4.5. Por esta razón, conforme a
la regla prevista en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, esta Corporación
concluyó, en sus tempranos pronunciamientos, que para determinar si un trabajador
tenía la calidad de prepensionado, había que verificar si en los tres años
siguientes a la fecha de su desvinculación, lograría adquirir la edad y el
mínimo requerido de semanas para acceder al derecho si estaba afiliado al RPM,
u, obtendría el capital necesario                 para hacerse al beneficio
pensional si se encontraba en el RAIS[82]. En caso de que ello se
configurara y, por supuesto, luego de valorar las condiciones en que se produce
esa desvinculación, el juez constitucional debía ordenar el respectivo
reintegro que, en cualquier caso, no podía extenderse más allá de la fecha de
inclusión en nómina de la pensión de vejez debidamente reconocida[83].
4.6. Sin embargo, el alcance de
esta regla fue delimitado –para quienes se encuentran afiliados al RPM– por la
Sala Plena de esta Corporación en              la Sentencia SU-003 de 2018. En
esa providencia, este Tribunal se          propuso resolver dos problemas jurídicos.
En uno de ellos, buscaba definir     si: “(…) cuando
el único requisito faltante para acceder a la pensión de     vejez es el de
edad, dado que se acredita el cumplimiento del número mínimo de semanas de
cotización, puede considerarse que la persona en esta situación es beneficiaria
del fuero de estabilidad laboral reforzada de prepensionable”.
Al abordar de manera directa la
cuestión planteada, la Sala Plena consideró que, en tales eventos, la persona
no podrá ser beneficiaria del fuero mencionado dado que (i) el requisito de la
edad podrá cumplirlo de manera posterior, con o sin vinculación laboral vigente
y, en consecuencia, (ii) el empleador, con el despido, no está frustrando el
acceso a la prestación de vejez (párrafo 59). Esta interpretación se fundó en
que “la “prepensión” protege la expectativa
del trabajador de obtener su pensión de vejez, ante su posible frustración como
consecuencia de una pérdida intempestiva del empleo. Por tanto, ampara la
estabilidad en el cargo y la continuidad en la cotización efectiva al Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones (…)” (párrafo 62).
Habida
cuenta de esta última consideración, estas serían las situaciones que podrían
presentarse con quien asegure ser un prepensionado en el Régimen de Prima Media
con Prestación Definida:
Contexto de la persona[84]
Condición de prepensionado
a)
Está a tres años o menos de cumplir edad y semanas cotizadas.
Sí
b)
Está a tres años o menos de cumplir la edad, pero ya cuenta con las semanas
mínimas requeridas.
No
c)
Está a tres años o menos de completar las semanas, pero ya cuenta con la
edad.
Sí
d)
Está a tres años o menos de cumplir la edad, pero a más de tres años de
cumplir las semanas.
No
Así se observa que, de
conformidad con la postura unificada de la Corte, solo en los supuestos a
y c podrá asumirse que la persona cuenta con la condición de prepensionada,
pues allí el empleador estaría frustrándole, abiertamente, su derecho a acceder
a la pensión de vejez al impedir, con el despido, que continúe efectuando las
cotizaciones mínimas requeridas para tal fin.
4.7. Ahora bien, como ya se
manifestó, la Corte ha contemplado la posibilidad de que quien cotice al
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad pueda ser considerado un prepensionado.
Pero dado que los requisitos para acceder a la prestación de vejez en ese
sistema son sustancialmente distintos, la valoración que haga el juez
constitucional respecto a la aplicación de la estabilidad laboral reforzada
para ese tipo de afiliados debe tener en cuenta ese presupuesto[85].
De manera que podrá gozar de la calidad referida quien se encuentre a tres años
o menos de alcanzar el monto mínimo previsto para acreditar el derecho o,
acudiendo a la analogía con lo dispuesto para los afiliados al Régimen de Prima
Media, quien esté a tres años o menos de completar las semanas que le permitan
ser beneficiario de la garantía de la pensión mínima[86].
Así, si encontrándose en alguna
de las circunstancias anteriores un empleado es despedido, mutatis mutandis podría afirmarse que el
empleador frustró su expectativa pensional y por tanto procede el amparo,
fundamentalmente, de su derecho a la seguridad social.
4.8. No obstante, a efectos de
establecer el alcance de la protección constitucional antedicha, debe
recordarse que la misma no se traduce, per se, en una permanencia
indefinida en el empleo, así como tampoco puede desprenderse de ella una
cláusula según la cual las relaciones de trabajo son perennes. De ello se sigue
que la estabilidad laboral para las personas que cuenten con la condición de
prepensionados, no puede entenderse de manera absoluta dado que, en todo caso, será
importante analizar la naturaleza del vínculo y el contexto de la terminación
contractual[87].
4.9. Así, en lo referido a la
naturaleza jurídica del contrato de obra o labor, regulado en el artículo 45
del Código Sustantivo del Trabajo[88], habrá de asumirse que
la relación laboral subsiste mientras no se haya finalizado la obra para la
cual fue contratado el trabajador[89]. Esto porque las
personas que suscriben un negocio jurídico de estas características entienden,
desde el momento en que este empieza a surtir efectos, que la duración de la
labor es temporal o transitoria. De allí que deba existir claridad entre las
partes frente a la función específica que cumplirá el empleado.
4.10. La suscripción de un
contrato de obra presupone la confluencia de dos voluntades que, manifestándose
de manera libre y espontánea, es fuente de derechos y obligaciones. El pacto en
este escenario, para que sea manifestación de la autonomía, debe ejercerse sin
interferencia ni restricción en el querer de las partes, y sin que las
cláusulas de lo acordado desconozcan la Constitución Política o la ley[90].
Esto significa que ninguno de los firmantes puede pactar condiciones que
deriven en la trasgresión de sus derechos fundamentales.
4.11. Así, habiéndose suscrito un
contrato de obra con el pleno ejercicio de la autonomía, a las partes les
corresponderá cumplir con las obligaciones adquiridas hasta tanto subsista la
labor que le fue encomendada al empleado, quien aceptó prestar sus servicios en
esas condiciones. Tales obligaciones corresponden, principalmente, al
desarrollo de la función y a la retribución acordadas.
4.12. Ahora bien, si se asume,
bajo este presupuesto, que el requisito sine qua non para la
finalización del contrato es, precisamente, la culminación de la obra, esta
deberá acontecer de manera cierta. Con lo dicho se pretende evitar aquellas
prácticas en las que un empleador, para proceder con la desvinculación de un
trabajador, esgrime como razón el fin de la obra, empero, la función continúa, caso
en el cual es posible asumir que el rompimiento del vínculo adviene contrario a
derecho[91].
4.13. Para evitar estas
situaciones, estima la Corte, a manera de conclusión, que cuando una persona
acuda a la acción de tutela con el objeto de lograr su reintegro a una función
que prestaba en vigencia de un contrato de obra o labor, alegando para ello estar
cerca de cumplir los requisitos exigidos por la ley para acceder a su pensión
de vejez, corresponderá al juez constitucional verificar: (i) si cumple, en efecto,
con la condición de prepensionada, y (ii) si la desvinculación acaeció por la
finalización cierta y efectiva de la obra para la cual fue contratada, o, al
contrario, esta aún se mantiene vigente.
5. Casos concretos
5.1. Descendiendo a los asuntos
sometidos a estudio, corresponde a la Sala verificar si deben ser amparados los
derechos al trabajo, al mínimo vital y a la seguridad social de los
accionantes. Para esto habrá que estudiar si, en cada caso, cumplen con la
condición de prepensionados y si su desvinculación obedeció a la finalización
cierta de la obra o labor.
5.2. En el caso del señor Luis
Eduardo Simbaqueba Ventura (expediente T-7.068.958), se
encuentra que, aunque por edad y número de semanas cotizadas, para el momento
de la terminación del contrato que había suscrito con la empresa accionada, se
ubicaría en el supuesto a del cuadro consignado en el capítulo cuarto de
esta providencia, no es posible reconocerle la garantía de la estabilidad
laboral reforzada, en razón de la naturaleza de su vinculación laboral y de las
circunstancias en las que la misma se dio por terminada.
Así, con 60 años[92]
y 1.237 semanas cotizadas al Régimen de Prima Media con Prestación Definida[93]
para el momento de la terminación del vínculo laboral, el accionante alentaba
una pretensión de estabilidad laboral reforzada por cuanto, en su criterio, la
culminación de la relación contractual significaba, no solo la afectación
directa de su derecho al mínimo vital, sino una frustración cierta de su
expectativa pensional toda vez que, previsiblemente, en su condición de
desempleado, no lograría completar las 63 semanas que le hacían falta para
acreditar los requisitos exigidos por el artículo noveno de la Ley 797 de 2003.
Sin embargo, tal condición no es en sí misma suficiente para ordenar el
reintegro pretendido, si antes no se efectúa una debida valoración de la
naturaleza del contrato que mantenía y de la causa y contexto en que fue
desvinculado, a efectos de determinar si el actuar del empleador fue contrario
a derecho, o si, en cualquier caso, hay lugar a aplicar la jurisprudencia sobre
estabilidad laboral reforzada de quienes se encuentran próximos a cumplir las
condiciones para la pensión.
5.3. Lo primero que se advierte
es que la terminación del vínculo laboral respondió, como lo adujo Aguas de
Bogotá S.A. E.S.P., a la causal objetiva prevista en el literal d del
artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo. Esto se evidencia al verificar
que el contrato del señor Simbaqueba Ventura, suscrito el día 16[94]
de junio de 2013, contenía, en la cláusula segunda, una disposición del
siguiente tenor: “el término de duración del Contrato será el requerido para
la ejecución de la obra o labor contratada. Está condicionado a la existencia
del Contrato Interadministrativo No. 1-07-10200-08009-2012, celebrado entre LA
EMPRESA y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P., conforme lo
previenen las causales de terminación del citado contrato”.
Debe recordarse que el Contrato
Interadministrativo del que trata la cláusula aludida finalizó porque el objeto
social de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá –EAB E.S.P.–
se redujo con ocasión de un fallo proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundimanarca, Sección Primera, Subsección A. A partir de ese momento la empresa
Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., estaba impedida para continuar con la prestación
del servicio de aseo en la capital[95].
5.4. Así las cosas, la Corte encuentra:
(i) que en tanto la naturaleza jurídica del contrato de obra dicta que este
habrá de finalizar cuando culmine la labor para la cual fue contratada la
persona, quien se someta a sus reglas no debe prima facie generar
expectativas frente a la posibilidad de que la función, temporal por
antonomasia –como se advirtió– cambie su naturaleza y devenga permanente;
(ii) que el señor Simbaqueba Ventura aceptó, en uso de su libertad, que la
continuidad de su contrato dependiera de la subsistencia de la obra, aun a
pesar de que para cuando lo suscribió contaba con 55 años y por tanto estaba en
la capacidad de prever que en poco tiempo adquiriría la calidad de prepensionado;
y (iii) que es un hecho cierto y objetivo que la empresa accionada no puede
dedicarse en la actualidad a la prestación del proyecto de aseo al que estaba
vinculado el accionante.
5.5. Ligado al último punto,
advierte la Corte que, respecto a la específica pretensión esgrimida por el
accionante de ser reubicado en cualquiera de las plazas de la entidad
accionada, en este caso no cabe acceder a ello porque:
(i) Como se advirtió, el
trabajador prestaba sus funciones en una unidad de servicio que dejó de existir
como consecuencia de una orden judicial, de manera que no es pertinente
predicar que la obra o labor, o el requerimiento de los servicios, continúa.
Este caso es distinto al de aquellos donde los empleadores, no obstante afirmar
que la obra o labor culminó, contratan en esa misma actividad a otra persona[96],
al contrario, lo que ciertamente ha sido demostrado por la accionada es que no
subsiste la materia del trabajo que ejercía el tutelante[97].
La empresa no puede dedicarse actualmente en la capital de la República al
servicio de aseo, de manera que el contrato de obra o labor que había sido
suscrito con el accionante –y que dependía íntimamente del finiquitado contrato
que la accionada mantenía con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Bogotá–, perdió vigencia[98]. En tal sentido, no
puede predicarse que hubo ilicitud alguna en la decisión de dar por terminado
el vínculo, pues este acto jurídico cumplió con los requisitos para el efecto establecidos
en el Código Sustantivo del Trabajo.
(ii) De otra parte, si bien la
jurisprudencia constitucional ha garantizado, en algunas oportunidades, la
estabilidad laboral reforzada y ha dispuesto la reubicación de un empleado
cuando tal decisión supone materializar el principio de solidaridad previsto en
el artículo 95 Superior, para ello ha estudiado, en concreto, las
circunstancias en que se encuentran los empleadores y la eventual capacidad que
tengan para contratar nuevamente. Se ha advertido, a manera de subregla,
que “(…)
si la reubicación desborda la capacidad del empleador, o si impide o dificulta
excesivamente el desarrollo de su actividad o la prestación del servicio a su
cargo, el derecho a ser reubicado debe ceder (…). Sin embargo, [la persona jurídica
contratante] tiene la obligación de poner tal hecho en conocimiento del
trabajador, dándole además la oportunidad de proponer soluciones razonables a
la situación” [99].
Sobre esa base, esta Sala
advierte que Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., es una Empresa de Servicios Públicos
Mixta, perteneciente a la Rama Ejecutiva del orden distrital[100],
cuyo régimen jurídico se encuentra reglado en la Ley 142 de 1994. El capital
público aportado para su correcto funcionamiento asciende al 99%[101].
Si bien, precisamente por su calidad, puede nombrar empleados de conformidad
con las reglas del Código Sustantivo del Trabajo, debe planificar tal
contratación previa revisión de la disponibilidad presupuestal que le permita
cubrir el pago de salarios y prestaciones sociales. Estos últimos pagos
constituyen los llamados gastos de administración, que, en todo caso, son
objeto de una planificación específica atendiendo las posibilidades económicas
de la entidad.
Actualmente, podría sostenerse
que el haber dejado de atender el proyecto de aseo en Bogotá, supuso una
modificación drástica en la prestación de sus servicios a partir de lo cual su
planificación presupuestal, dirigida a conformar su planta de personal, está
llamada a variar. Esto si se advierte, como en efecto ha sido de conocimiento público,
que de los 3.700 trabajadores con que contaba en vigencia del proyecto aludido,
la entidad pasó a tener solo 650[102]. Por supuesto, ante
este panorama, la reubicación ordenada vía judicial, en este caso concreto,
significaría, en mayor o menor grado, un traumatismo para el accionado. Como
soporte de esta tesis, se encuentran algunas denuncias presentadas ante el
Concejo de Bogotá, según las cuales, algunos trabajadores, cuya reubicación en
la entidad fue ordenada previa instauración de un proceso de tutela, se
encontraban sin función alguna precisamente por la ausencia de vacantes donde
pudieran prestar sus servicios[103].
Esta dificultad práctica para
permitir a los trabajadores continuar vinculados laboralmente, pretendió
superarse por las entidades involucradas a través de la concertación. En
efecto, como fue señalado por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Bogotá –EAB E.S.P.– en su intervención ante esta Corte[104],
a través de reuniones efectuadas con las entidades Promesa de Sociedad Futura
Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P.,
Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P., Promesa de E.S.P. Futura Bogotá Limpia
S.A.S., y Promesa de Sociedad Futura Área Limpia S.A.S. E.S.P., se buscó que
los trabajadores que habían estado vinculados al proyecto de aseo con Aguas de
Bogotá S.A. E.S.P., pudieran suscribir un contrato de trabajo con estos nuevos
operadores. Tal búsqueda pretendía lograr una protección específica en favor de
aquellas personas que, de otra manera y ante la ausencia de plazas al interior
de la sociedad accionada, quedarían sin empleo. No obstante, aunque se logró la
contratación de una parte importante del personal, otro grupo de trabajadores
quedó desempleado.
Con todo, la Sala comprende que
la nueva búsqueda de vacantes en otras entidades hacía parte de las medidas
razonables por las que el demandado debía propender. Sin embargo, el que deba
emprender tal gestión no significa, correlativamente, que esté obligado a ejecutar
acciones que desborden su capacidad[105].
5.6. Por lo anterior, y teniendo
en cuenta las consideraciones expuestas en la parte dogmática de esta
providencia, la Sala concluye que no es viable garantizar la estabilidad
laboral reforzada del accionante precisamente porque aquella no responde a un
carácter absoluto. Así, no puede ordenarse, con base en su calidad de prepensionado,
ni el reintegro ni la reubicación.
5.7. En consecuencia, la Corte
revocará los fallos proferidos por el Juzgado Séptimo Municipal de Pequeñas
Causas Laborales de Bogotá, el 17 de mayo de 2018, y por el Juzgado Treinta y
Dos Laboral del Circuito de la misma ciudad, el 29 de junio de 2018, en el
sentido de negar el amparo deprecado[106].
5.8. Corresponde ahora a esta
Sala definir si el señor Francisco Orlando Rojas Contreras (expediente T-7.077.228),
a la luz de la jurisprudencia constitucional, cuenta o no con la calidad de prepensionado.
5.9. Debe recordarse en este
punto que el aludido ciudadano está afiliado al Régimen de Ahorro Individual
con Solidaridad ­–RAIS–. Así, al evaluar si una persona que pertenece al RAIS
es prepensionada, habría que tener presente si, de conformidad con la
información aportada por la AFP que corresponda, es previsible que esta logre
acceder al derecho pensional en los tres años siguientes a la desvinculación,
teniendo en cuenta la periodicidad con que realice las cotizaciones
obligatorias y voluntarias, en caso de que existan estas últimas (párrafo 4.7 supra).
Con el fin de acceder a esa
información, el Magistrado Sustanciador solicitó al actor un “(…) certificado emitido por
Colfondos en el que a) se relacione el monto total que compone su cuenta
individual, b) se especifique si con ello es suficiente para acceder a la
pensión de vejez, y c) en caso de que la respuesta al literal anterior sea
negativa, se estime el tiempo que tomaría al accionante hacerse beneficiario de
la prestación”[107]. En respuesta, el tutelante
aportó un reporte del estado de su cuenta en el que se indica que esta
asciende, en la actualidad, a $41.268.588[108].
Monto que, por las reglas de la experiencia, podría entenderse insuficiente
para pensionarse con base en lo previsto por el artículo 64 de la Ley 100 de
1993 en un lapso inferior a tres años.
5.10. Sin embargo, ha de
recordarse que estos afiliados, cuando no logran reunir el capital pensional,
cuentan con la posibilidad de disfrutar de la garantía de pensión mínima,
siempre que, (i) en el caso de los hombres, cumplan 62 años y coticen un mínimo
de 1.150 semanas y (ii) se demuestre que las pensiones, rentas y remuneraciones
que perciba el eventual peticionario, no sean superiores a la suma que
recibiría por concepto de la referida garantía, cuyo monto equivaldrá al
salario mínimo legal mensual vigente[109].
En el caso concreto, se advierte
que el accionante, si bien no cumple con el monto mínimo en su cuenta para
pensionarse de conformidad con el artículo 64 de la Ley 100 de 1993, ya superó
las semanas exigidas que le permitirán beneficiarse de la garantía de pensión
mínima, pues, en el último reporte allegado, Colfondos certificó que cuenta con
1.264 para tal efecto[110]. Así las cosas, el
actor se encuentra a la espera de cumplir los 62 años el 17 de septiembre de
2020[111]. Esta circunstancia, si
bien tiene ocurrencia en el marco del RAIS, es similar a la que se estudió en
el caso que fue resuelto por la Sala Plena en la Sentencia SU-003 de 2018
respecto de un afiliado al RPM. La Corte en tal ocasión afirmó que quien ya
acredita las semanas requeridas para pensionarse en el RPM, faltándole el
cumplimiento de la edad, no cuenta con el fuero de prepensionado. En ese mismo
sentido, podrá concluirse que, de acuerdo con lo señalado en el fundamento
jurídico 4.4 supra, el derecho pensional del señor Rojas Contreras no se
frustra, en tanto ya cuenta con las cotizaciones mínimas exigidas para acceder
a la garantía de la pensión mínima en el RAIS.
5.11. Así las cosas, en esta
ocasión, la Corte modificará el fallo proferido por el Juzgado Segundo Laboral
del Circuito de Bogotá, el 2 de octubre de 2018, que revocó la sentencia
dictada el 14 de agosto de 2018 por el Juzgado Doce Municipal de Pequeñas
Causas Laborales de la misma ciudad[112], en el sentido de negar
el amparo, y no declarar su improcedencia, por las razones expuestas en esta
providencia.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de
la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR los
fallos proferidos por el Juzgado Séptimo Municipal de Pequeñas Causas Laborales
de Bogotá, el 17 de mayo de 2018, y por el Juzgado Treinta y Dos Laboral del
Circuito del mismo distrito judicial, el 29 de junio de 2018, dentro del
proceso iniciado por Luis Eduardo Simbaqueba Ventura contra Aguas de Bogotá
S.A. E.S.P. (Expediente             T-7.068.958), en el sentido de NEGAR
el amparo deprecado, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO.- MODIFICAR el
fallo proferido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, el 2 de
octubre de 2018, que revocó la sentencia dictada el 14 de agosto de 2018 por el
Juzgado Doce Municipal de Pequeñas Causas Laborales de la misma ciudad, dentro
del proceso iniciado por Francisco Orlando Rojas Contreras contra Aguas de
Bogotá S.A. E.S.P., y otros (Expediente T-7.077.228), en el sentido de NEGAR
el amparo, y no declarar su improcedencia, por las razones expuestas en esta
providencia.
TERCERO.- Por Secretaría General, LÍBRENSE las
comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese
y cúmplase.
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
Con
aclaración de voto
ANTONIO JOSÉ
LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Los expedientes T-7.068.958 y T-7.077.228 fueron seleccionados y acumulados por
la Sala de Selección Número 11, en Auto del 26 de noviembre de 2018.
[2]
Folios 51 - 52 del cuaderno de revisión del expediente (i).
[3]
Folios 53 - 54 del cuaderno de revisión del expediente (i).
[4]
Folio 12 del cuaderno principal del expediente (i). Según certificación
suscrita por el Coordinador de Nómina y Vinculación Laboral de Aguas de Bogotá
S.A. E.S.P.
[5]
Código Sustantivo del Trabajo, Artículo 61, numeral primero, literal d: “El
contrato de trabajo termina: (…) Por terminación de la obra o labor
contratada”.
[6]
Folio 21 del cuaderno principal del expediente (i).
[7]
Folios 40 - 63 del cuaderno principal del expediente (i). Para comprender mejor
la relación contractual de estas entidades, es preciso tener en cuenta que (a)
mediante Acuerdo No. 012 del 5 de septiembre de 2012, la Junta Directiva de la
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá –EAB E.S.P.–, modificó el
Acuerdo No. 11 del 13 de diciembre de 2010, en el sentido de ampliar su objeto
social incluyendo la prestación del servicio público de aseo; (b) esa misma
entidad, celebró el Contrato No. 17 de 2012 con la UAESP, para prestarlo; (c)
al tiempo, mediante Convenio Interadministrativo No. 1-07-10200-0809-2012, le
encargó a Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. esa función en la ciudad; (d) el Tribunal
Administrativo de Cundimanarca, Sección Primera, Subsección A, en fallo del 24
de agosto de 2017, declaró la nulidad de la ampliación del objeto que tuvo
lugar a través del Acuerdo No. 012 del 5 de septiembre de 2012; (e) como la EAB
E.S.P ya no podía dedicarse a ello, perdieron vigencia el Contrato No. 17 de
2012 y el Convenio No. 1-07-10200-0809-2012; (f) así las cosas, la UAESP tuvo
que iniciar un nuevo proceso licitatorio dirigido a asignar los nuevos
operadores que se encargarían, a futuro, del referido asunto.
[8]
Folios 203 - 205 del cuaderno principal del expediente (ii). Según copia de la
Resolución No. 02 de 2018 suscrita por la Directora General de la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP–.
[9]
Folio 13 del cuaderno principal del expediente (i).
[10]
Folio 33 del cuaderno principal del expediente (i).
[11]
Folios 1 - 10 del cuaderno principal del expediente (i). A folio 22 del mismo
cuaderno se encuentra copia de la comunicación remitida al empleador y recibida
por este.
[12]
El actor citó la Sentencia T-320 de 2016.
[13]
Folios 40 - 63 del cuaderno principal del expediente (i).
[14]
Afirma que las tutelas (más de 50 según informa) han sido promovidas, de mala
fe, por el sindicato Sintraseoab.
[15]
Folios 73 - 82 del cuaderno principal del expediente (i).
[16]
Folios 93 - 105 del cuaderno principal del expediente (i).
[17]
Folios 111 - 115 del cuaderno principal del expediente (i).
[18]
Folios 123 - 131 del cuaderno principal del expediente (i).
[19]
Folio 60 del cuaderno de revisión del expediente (i).
[20]
Folios 61 - 62 del cuaderno de revisión del expediente (i).
[21]
Folio 15 del cuaderno principal del expediente (ii). Según certificación suscrita
por el Coordinador de Nómina y Vinculación Laboral de Aguas de Bogotá S.A.
E.S.P.
[22]
Folio 14 del cuaderno principal del expediente (ii).
[23]
Folios 1 - 2 del cuaderno principal del expediente (ii).
[24]
Folio 32 del cuaderno principal del expediente (ii).
[25]
Folios 104 - 118 del cuaderno principal del expediente (ii).
[26]
Folios 124 - 127 del cuaderno principal del expediente (ii).
[27]
Folios 159 - 168 del cuaderno principal del expediente (ii).
[28]
“Por motivos de interés social y con el propósito de que la cobertura de los
servicios públicos de acueducto y alcantarillado, saneamiento ambiental,
distribución domiciliaria de gas combustible por red y distribución
domiciliaria de energía eléctrica, se pueda extender a las personas de menores
ingresos, la entidad o entidades territoriales competentes, podrán establecer
mediante invitación pública, áreas de servicio exclusivas, en las cuales podrá
acordarse que ninguna otra empresa de servicios públicos pueda ofrecer los
mismos servicios en la misma área durante un tiempo determinado. Los contratos
que se suscriban deberán en todo caso precisar el espacio geográfico en el cual
se prestará el servicio, los niveles de calidad que debe asegurar el contratista
y las obligaciones del mismo respecto del servicio. También podrán pactarse
nuevos aportes públicos para extender el servicio (…)”.
[29]
Folio 206 del cuaderno principal del expediente (ii).
[30]
Folios 75 - 78 del cuaderno principal del expediente (ii). Esta sociedad adujo
que en el presente caso no se estaba ante la figura de la sustitución patronal
de que trata el artículo 67 del Código Sustantivo del Trabajo. Esto porque
Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. no ha surtido un proceso de escisión, fusión o
transformación, al contrario, sigue existiendo como persona jurídica y sujeto
de obligaciones.
[31]
Folios 226 - 231 del cuaderno principal del expediente (ii).
[32]
Folios 243 - 245 del cuaderno principal del expediente (ii).
[33]
Folios 268 - 269 del cuaderno principal del expediente (ii). Esta última
sociedad indicó que el actor no remitió a sus oficinas copia alguna de su curriculum
vitae a efectos de ser tenido en cuenta para una vinculación laboral.
[34]
Folios 250 - 258 del cuaderno principal del expediente (ii).
[35]
Folios 270 - 277 del cuaderno principal del expediente (ii).
[36]
Folios 293 - 298 del cuaderno principal del expediente (ii).
[37]
Folios 305 - 312 del cuaderno principal del expediente (ii).
[38]
Folios 34 - 69 del cuaderno de revisión del expediente (i).
[39]
Folios 40 - 50 del cuaderno de revisión del expediente (i).
[40]
Folios 55 y 63 del cuaderno de revisión del expediente (i).
[41]
Tales funciones, entre otras, fueron las siguientes (teniendo
en cuenta las modificaciones que introdujese la cláusula cuarta del Otrosí No.
4): “1. Recolectar, transportar y descargar en el sitio de tratamiento o de
disposición final los residuos generados por usuarios residenciales y pequeños
productores. 2. Recolectar, transportar y descargar en el sitio de tratamiento
o de disposición final los residuos ordinarios generados por grandes
generadores. 3. Barrer y limpiar integralmente las vías, áreas y elementos que
componen el amoblamiento urbano público, incluyendo la recolección y el
transporte, hasta el sitio de disposición final, de los residuos generados por
estas actividades. Se entiende que lo relativo a los escombros y desechos de
construcción, se dará el tratamiento establecido en la Resolución 365 de 2013.
4. Corte de césped, en las vías y áreas públicas incluyendo la recolección y el
transporte al sitio de disposición final de los residuos generados por esta
actividad, en las zonas definidas por la UAESP, en los términos y condiciones
establecidos en la cláusula segunda parágrafo cuarto de este documento y en la
Resolución UAESP 365 de 2013. 5. Participar en las acciones de reciclaje que
organice el Distrito de Bogotá en el marco del Programa de Basura Cero, de
acuerdo con la disponibilidad de infraestructura y recursos por parte de AGUAS
DE BOGOTÁ. (…) 7. Asignar para la ejecución del contrato tanto el
personal que se requiera para mantener el “área limpia” capacitado en cuanto a
técnicas necesarias para el cabal desempeño de las obligaciones derivadas de
las actividades bajo su responsabilidad”.
[42]
Folios 71 - 110 del cuaderno de revisión del expediente (i).
[43]
Los discriminó así: “(a) $53.500 por concepto del servicio
público de agua (mensual, no bimensual); (b) $21.240 por concepto del servicio
público de gas; (c) $42.000 por concepto del servicio público de luz; (d)
$37.600 por concepto del servicio público de teléfono; (e) $32.000 por concepto
del servicio público de televisión; (f) $240.000 por concepto de la cuota del
crédito hipotecario para la adquisición de vivienda donde habitamos; (g)
$39.000 para el pago de la cuota de administración de la propiedad horizontal
donde residimos; (h) $8.750 por concepto de impuesto predial (se tomó la suma
global de $98.100 y se dividió entre los 12 meses del año; (i) aproximadamente
$500.000 en mercado para las personas que componen mi núcleo familiar; y (j)
otros gastos varios de más o menos $120.000 (transporte, útiles,
medicamentos)”.
[44]
Folios 75 - 81 del cuaderno de revisión del expediente (i).
[45]
Folios 82 - 88 del cuaderno de revisión del expediente (i).
[46]
Folios 93 - 94 del cuaderno de revisión del expediente (i).
[47]
Folios 91 - 92 del cuaderno de revisión del expediente (i).
[48]
Folio 95 del cuaderno de revisión del expediente (i).
[49]
Folio 145 del cuaderno de revisión del expediente (i).
[50]
Folios 121 - 127 del cuaderno de revisión del expediente (i).
[51] “Artículo 1º. Objeto. Toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales,
cuando quiera que éstos resulten vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale este
Decreto. Todos los días y horas son hábiles para
interponer la acción de tutela. // La acción de tutela procederá aún bajo los
estados de excepción. Cuando la medida excepcional se refiere a derechos, la
tutela se podrá ejercer por lo menos para defender su contenido esencial, sin
perjuicio de las limitaciones que la Constitución autorice y de lo que
establezca la correspondiente ley estatutaria de los estados de excepción”.
(Subrayado fuera del texto original).
[52]
Cfr. Sentencia T-212 de 2014.
[53]
11 de febrero de 2018. Los dos accionantes fueron desvinculados en esa fecha.
[54]
El señor Luis Eduardo Simbaqueba Ventura
interpuso la acción el 26 de abril de 2018. Por su parte, en un lapso casi
idéntico, el señor Francisco Orlando Rojas Contreras
hizo lo propio el siete de mayo del mismo año.
[55] Cfr. Sentencia T-
453 de 2009.
[56] Cfr. Sentencias T-129 de 2009, T-335 de 2009,
SU-339 de 2011 y T-664 de 2012.
[57]
Cfr. Sentencias T-198 de 2006 y T-1038 de 2007.
[58] Cfr. Sentencia T-351 de 2015.
[59]
Cfr. Sentencias
T-357 de 2016 y T-638 de 2016.
[60]
Cfr.
Sentencias T-456 de
1994, T-076 de 1996, T-160 de 1997, T-546 de 2001, T-594 de 2002, T-522 de
2010, T-595 de 2011 y T-269 de 2017, entre otras.
[61]
Cfr. Sentencia SU-003 de 2018.
En esa providencia esta Corte encontró que la acción de tutela de una persona
que alegaba ser prepensionada, devenía procedente porque fundaba su pretensión
de reintegro en que cumpliría 62 años en menos de los tres años siguientes
contados a partir de su desvinculación. Así, la Corte entendió que el acudir a
la jurisdicción contencioso administrativa implicaba, en ese caso concreto, una
demora tal que el fallo se proferiría con posterioridad al cumplimiento de la
edad relacionada. En tal sentido, ese proceso resultaba ineficaz a la luz de la
pretensión concreta que, entre otras cosas, requería una resolución perentoria.
[62] “La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades
laboral y de seguridad social conoce de: 1. Los conflictos
jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo”.
[63]
“Las sociedades de economía mixta se sujetan a las reglas del derecho
privado y a la jurisdicción ordinaria, salvo disposición legal en contrario”.
[64]
“Salvo en cuanto la Constitución Política o esta Ley dispongan expresamente lo
contrario, la constitución, y los actos de todas las empresas de servicios
públicos, así como los requeridos para la administración y el ejercicio de los
derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en
esta Ley, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado. // La regla
precedente se aplicará, inclusive, a las sociedades en las que las entidades
públicas sean parte, sin atender al porcentaje que sus aportes representen
dentro del capital social, ni a la naturaleza del acto o del derecho que se
ejerce. // Se entiende que la autorización para que una entidad pública haga
parte de una empresa de servicios públicos organizada como sociedad por
acciones, faculta a su representante legal, de acuerdo con los estatutos de la
entidad, para realizar respecto de la sociedad, las acciones y los derechos
inherentes a ellas todos los actos que la ley y los estatutos permiten a los
socios particulares”.
[65]
Cfr. Sentencia C-736 de 2007.
La vinculación de los trabajadores a este tipo de sociedades no se da “(…) mediante situación legal y reglamentaria, sino
mediante contrato de trabajo, al contrario de lo que sucede con los empleados
públicos”.
[66] Cfr. Sentencias T-576 de 2016 y T-494 de 2013.
[67]
Cfr. Consejo Superior de la Judicatura. Resultados del Estudio de
Tiempos Procesales. Bogotá, 2016. P. 134 – 155. Este análisis comprendió hasta
2.143 procesos que resolvieron los Juzgados Laborales de las regiones Andina,
Norte, Oriente, Pacífica y Bogotá.
[68]
Ibíd., p. 136.
[69]
Ibíd., p. 148.
[70]
Código Sustantivo del Trabajo, artículo 406: “Están amparados
por el fuero sindical: a) Los fundadores de un sindicato, desde
el día de su constitución hasta dos (2) meses después de la inscripción en el
registro sindical, sin exceder de seis (6) meses; // b) Los trabajadores que,
con anterioridad a la inscripción en el registro sindical, ingresen al
sindicato, para quienes el amparo rige por el mismo tiempo que para los
fundadores; // c) Los miembros de la junta directiva y subdirectivas de todo
sindicato, federación o confederación de sindicatos, sin pasar de cinco (5)
principales y cinco (5) suplentes, y los miembros de los comités seccionales,
sin pasar de un (1) principal y un (1) suplente. Este amparo se hará efectivo
por el tiempo que dure el mandato y seis (6) meses más; d) Dos (2) de los
miembros de la comisión estatutaria de reclamos, que designen los sindicatos,
las federaciones o confederaciones sindicales, por el mismo período de la junta
directiva y por seis (6) meses más, sin que pueda existir en una empresa
más de una (1) comisión estatutaria de reclamos. (…)”.
[71] Cfr., Sentencia SU-1067 del 2000, entre otras.
[72]
Ley 361 de 1997, artículo 26: “No discriminación a persona en situación de
discapacidad. En ningún caso la discapacidad de una persona, podrá ser
motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha
discapacidad sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en
el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona en situación de
discapacidad podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su discapacidad, salvo
que medie autorización de la oficina de Trabajo. // No obstante, quienes fueren
despedidos o su contrato terminado por razón de su discapacidad, sin el
cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a
una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio
de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con
el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen,
complementen o aclaren”.
[73] Constitución Política de
Colombia, Artículo 47. Cfr.,
Sentencia SU-049 de 2017, entre otras.
[74]
Constitución Política, artículo 43: “La mujer y el hombre tienen iguales
derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de
discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial
asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si
entonces estuviere desempleada o desamparada. // El Estado apoyará de manera
especial a la mujer cabeza de familia”.
[75]
Cfr., Sentencias C-044 de 2004, T-768 de
2005, T-587 de 2008, C-795 de 2009 y T-729 de 2010, entre otras. Verifíquese
la Convención Interamericana
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores –Artículo
quinto­–: “Queda prohibida por
la presente Convención la discriminación por edad en la vejez. // Los Estados Parte desarrollarán enfoques específicos
en sus políticas, planes y legislaciones sobre envejecimiento y vejez, en
relación con la persona mayor en condición de vulnerabilidad y aquellas que son
víctimas de discriminación múltiple, incluidas las mujeres, las personas con
discapacidad, las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de
género, las personas migrantes, las personas en situación de pobreza o
marginación social, los afrodescendientes y las personas pertenecientes a
pueblos indígenas, las personas sin hogar, las personas privadas de libertad,
las personas pertenecientes a pueblos tradicionales, las personas
pertenecientes a grupos étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos
y rurales, entre otros”.
[76]
Con ese Programa se buscaba “(…) renovar y modernizar la estructura de la
rama ejecutiva del orden nacional, con la finalidad de garantizar, dentro de un
marco de sostenibilidad financiera de la Nación, un adecuado cumplimiento de
los Fines del Estado con celeridad e inmediación en la atención de las
necesidades de los ciudadanos, conforme a los principios establecidos en el
artículo 209 de la C.N. y desarrollados en la Ley 489 de
1998”. (Artículo 1°).
[77]
No obstante, la norma plantea el conteo de los tres años a partir de la fecha
de su promulgación, esta Corte ha entendido que aquel debe principiar en el
momento en que se concreta la necesidad de suprimir el cargo público. Lo
anterior quiere decir que, si una persona es desvinculada del servicio, debe
verificarse si a partir de ese momento es viable concluir que le hacen falta 3
años o menos para acceder a la pensión. Esta interpretación ha sido asumida por
la Corte, entre otras, en la Sentencia SU-897 de 2012.
[78]
Proyecto de Ley Número 100 de 2002 Senado.
Gaceta No. 430 de 2002. En la exposición de motivos de la mentada Ley, se
manifestó que la necesaria reducción de la administración pública obedecía a
que era “(…) urgente devolver al Estado a una senda de
estabilidad macroeconómica y de inversión productiva, de manera que el sector
público, más que una pesada y amenazante carga para el país, recobre su papel
fundamental de contribuir al desarrollo nacional, dentro de claros principios
de austeridad y productividad de los recursos públicos”.
[79]
Cfr., Sentencia T-269 de 2017.
[80]
Cfr., Sentencias T-186 de 2013 y T-326 de 2014,
entre otras.
[81]
Cfr., Sentencia T-357 2016. En aquella
oportunidad esta Corte manifestó que “(…) la condición de prepensionado,
como sujeto de especial protección, no necesita que la persona que alega
pertenecer a dicho grupo poblacional se encuentre en el supuesto de hecho
propio de la liquidación de una entidad estatal y cobija incluso a los
trabajadores del sector privado que se encuentren próximos a cumplir los
requisitos para acceder a una pensión por lo que puede decirse que tiene la
condición de prepensionable toda persona con contrato de trabajo que le falten
tres (3) o menos años para reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio o
semanas de cotización para obtener el disfrute de la pensión de jubilación o
vejez”.
[82]
Aun cuando esta regla ha sido enunciada por esta Corporación, como ocurrió en
la reciente Sentencia SU-003 de 2018, lo cierto es que la Corte no ha ordenado
nunca el reintegro de un trabajador afiliado al RAIS. Esto porque nunca se ha
logrado demostrar que la persona se encuentre a tres años o menos de
pensionarse dado que las reglas de ese Régimen son disímiles.
[83]
Cfr., Sentencia T-357 de 2016.
[84]
Contando a partir del momento en que se produce la desvinculación.
[85] El
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad ­–RAIS– encuentra sustanciales
diferencias con el Régimen de Prima Media con Prestación Definida –RPM– en lo
que tiene que ver, principalmente, con la destinación de los aportes, los
requisitos para acceder a la pensión y el monto de la misma. Mientras en el RPM
las cotizaciones de sus afiliados son dirigidas a un fondo común de naturaleza
pública, administrado en la actualidad por Colpensiones, y los requisitos para
el reconocimiento de la pensión de vejez, así como para calcular su cuantía,
están definidos en la ley; en el RAIS los aportes de la persona constituyen una
cuenta individual de ahorro, administrada por una entidad de orden privado, y
el reconocimiento y monto de la misma prestación depende del capital acumulado
(que deberá, como mínimo, permitir el acceso a una pensión superior al 110% del
salario mínimo vigente a la fecha de expedición de la Ley 100 de 1993).
[86]
Ley 100 de 1993, artículo 65. “Los afiliados que a los sesenta y dos (62)
años de edad si son hombres y cincuenta y siete (57) si son mujeres, no hayan
alcanzado a generar la pensión mínima de que trata el artículo 35 de
la presente Ley, y hubiesen cotizado por lo menos mil ciento cincuenta semanas
(1.150), tendrán derecho a que el Gobierno Nacional, en desarrollo del
principio de solidaridad, les complete la parte que haga falta para obtener
dicha pensión. // Parágrafo: Para efectos del cómputo de las semanas a que se
refiere el presente artículo se tendrá en cuenta lo previsto en los parágrafos
del artículo 33 de la presente Ley”.
[87]
Cfr., Sentencias T-269 de 2017 y C-588 de 1995. En la segunda Sentencia,
se advirtió que: ““Las relaciones
laborales no son perennes o indefinidas, pues tanto el empleador como el
trabajador, en las condiciones previstas en la ley y en el contrato tienen
libertad para ponerles fin. La estabilidad, por lo tanto, no se refiere a la
duración infinita del contrato de trabajo, de modo que aquélla se torne en absoluta,
sino que, como lo ha entendido la doctrina y la jurisprudencia, ella sugiere la
idea de continuidad, a lo que dura o se mantiene en el tiempo.”
[88]
Código Sustantivo del Trabajo, artículo 45: “El contrato de
trabajo puede celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure la
realización de una obra o labor determinada, por tiempo indefinido o para
ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio”.
[89]
Cfr., Sentencias T-1046 de 2008 y T-669 de 2009, entre otras.
[90]
Cfr., Sentencia C-016 de 1998. “la restricción de la autonomía de las partes para
establecer las condiciones que regirán su relación laboral, no implica que ésta
se anule por completo, pues en ejercicio de la misma y de la libertad
contractual de las cuales son titulares, pueden alcanzar un acuerdo de
voluntades que rija una específica situación laboral, y optar para el efecto
por una de las alternativas que prevé la ley, siempre y cuando tal acuerdo se
establezca acogiendo y respetando, primero los postulados básicos del paradigma
de organización jurídico-política por la que optó el Constituyente, el del
Estado social de derecho, y segundo, la normativa jurídica de orden público que
rige ese tipo de relaciones, la cual como se anotó antes prevalece y se superpone
a sus voluntades”.
[91] Cfr., Sentencia T-221 de 2007, T-1046 de 2008, T-669 de 2009 y T-513 de
2015.
[92]
Folio 11 del cuaderno principal del expediente (i). El
accionante nació el seis de octubre de 1957 de acuerdo con su cédula de
ciudadanía.
[93]
Folios 14 - 20 del cuaderno principal del expediente (i). Copia del reporte de
semanas cotizadas a Colpensiones. El mismo está actualizado al 9 de marzo de
2018.
[94]
Folio 55 del cuaderno de revisión del expediente (i).
[95]
Folios 173 - 202 del cuaderno principal del expediente (ii). En fallo del 24 de
agosto de 2017, adicionado por la misma autoridad judicial en providencia del
26 de octubre de 2017, se dispuso lo siguiente: “SEGUNDO.- DECLÁRESE la
nulidad parcial del Acuerdo No. 12 del 5 de septiembre de 2012 “por el cual se
modifica parcialmente el Acuerdo No. 11 del 13 de septiembre de 2010”,
proferido por la Junta Directiva de la EAAB S.A. E.S.P., en cuanto hace a la
ampliación del objeto social de la empresa a la prestación del servicio público
de aseo y a las demás normas relacionadas  con dicho servicio. // La decisión
de nulidad parcial surtirá efectos seis (6) meses después de la ejecutoria de
la presente sentencia”. Debe recordarse en este punto que, en tanto la Empresa
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá –EAB E.S.P.– había ampliado su
objeto social, incluyendo en él la prestación del servicio de aseo, suscribió
el Contrato Interadministrativo No.
1-07-10200-08009-2012 con la empresa Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.
(accionada en esta causa) para todo lo relacionado con la recolección de
basuras en la capital. Así, con la eliminación del servicio de aseo del objeto
social de la EAAB S.A. E.S.P., por descontado operó la pérdida de vigencia del
contrato interadministrativo referido, de manera que la consecuencia inmediata
fue que Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. perdió la competencia para ejercer esas
funciones que, en todo caso, previo proceso licitatorio, fueron asignadas a
cinco nuevos operadores.
[96]
Cfr., Sentencia T-513 de 2015.
En este asunto, aun cuando el accionante no alegaba contar con la condición de
prepensionado, pues, se trataba de una persona en condición de discapacidad que
había sido desvinculada de su empleo sobre la base de la finalización de la
obra o labor, la Corte advirtió que tal obra continuaba y por tanto no procedía
la desvinculación en los términos que había ocurrido. (Fundamento Jurídico
6.3). Sobre el particular, revísese, además, la Sentencia T-503 de 2015 y los
fundamentos que sirvieron de base para amparar los derechos del accionante. Uno
de ellos fue el hecho de que subsistían “(…) la materia de
trabajo y las causas que lo originaron en razón del objeto social de la empresa
usuaria”.
[97]
Cfr., Sentencia T-357 de 2016. En esa providencia se citó una regla de
la Corte, expuesta en anteriores pronunciamientos (en particular en la
Sentencia C-016 de 1998), según la cual en aquellos contratos con términos
distintos al indefinido “el simple deseo de no prorrogarlos al vencimiento del plazo no
justifica la terminación de los mismos, cuando aquellos tienen por objeto el
desempeño de labores de carácter permanente y el empleado ha cumplido a
cabalidad con sus funciones” y agregó, que “siempre
que subsista la materia del trabajo y el empleado haya cumplido
satisfactoriamente sus funciones, el contrato debe ser renovado, pues el
solo vencimiento del plazo no es suficiente para legitimar la decisión del
patrono de no renovarlo”. (Negrilla fuera de texto).
[98]
Cfr., Sentencias T-1210 de
2005, T-069 de 2007 y T-082 de 2012. En este último fallo, en uno de los dos
casos que revisó, si bien la Corte tomó medidas en favor de una mujer
embarazada que fue desvinculada en el marco de un contrato de obra o labor que
había suscrito con el demandado, no ordenó la reubicación de esta toda vez que
ese referido negocio jurídico había dependido de un contrato de interventoría
previo que el accionado había pactado con un tercero y que había perdido
vigencia. La Corte en esa oportunidad resaltó que el reintegro o la reubicación
de una persona no procedían, entre otros escenarios, “cuando la existencia
de la relación laboral entre la mujer gestante y el empleador, dependía
íntimamente de la subsistencia de un contrato previo celebrado por el empleador”.
Este precedente podría invocarse en esta oportunidad, aun cuando el tutelante
alegue contar con la condición de prepensionado.
[99]
Cfr. Sentencias T-1040 de 2001, T-256 de 2003, T-1183 de 2004, T-434 de
2008, T-1207 de 2008, T-003 de 2010, T-269 de 2010, T-057 de 2016, T-632 de
2016 y T-703 de 2016. Así ha ocurrido, por ejemplo, en casos donde se
compromete el derecho al mínimo vital de trabajadores cuya salud se encuentra
diezmada. Cuando ello ha acontecido, la Corte ha sentenciado que un mecanismo
efectivo para evaluar la razonabilidad de la reubicación, es analizar “(…) 1) el tipo de
función que desempeña el trabajador, 2) la naturaleza jurídica y 3) la
capacidad del empleador”.
[100] Cfr., Sentencia C-736 de 2007.
[101]
Estados Financieros 2018-2017. Recuperado de:
http://www.aguasdebogota.co/wp-content/uploads/2019/04/Estados-Financieros-2018-2017-Aprobados.pdf
[102]
El Espectador (24 de junio de 2018). El proyecto de Aguas de Bogotá para seguir
viviendo. Recuperado de https://www.elespectador.com/noticias/bogota/el-proyecto-de-aguas-de-bogota-para-seguir-viviendo-articulo-796341
[103]
El Espectador (14 de junio de 2018). Empleados reintegrados a Aguas de Bogotá
dicen que los tienen en una bodega y sin funciones. Recuperado de https://www.elespectador.com/noticias/bogota/empleados-reintegrados-aguas-de-bogota-dicen-que-los-tienen-en-una-bodega-y-sin-funciones-articulo-794392
[104] Párrafo I, 1.3.2.
[105] En la
Sentencia T-478 de 2019, la Corte se
pronunció sobre un caso de similares características. En concreto, se revisó una acción de tutela instaurada
por una persona que padecía una enfermedad catastrófica y que, no obstante
ello, su contrato de obra fue finalizado en idénticas circunstancias a las que
son estudiadas en esta oportunidad, esto es: porque la empresa accionada ya no
se encontraba a cargo del servicio de aseo, del que hacía parte el tutelante,
en la ciudad capital. En esa oportunidad la Corte decidió amparar el derecho y
ordenar a la empresa Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. el reintegro de la persona, en
consideración al amplio desarrollo jurisprudencial que protege a los
trabajadores que han sido afectados por limitación física alguna, con el objeto
de que estos no sean discriminados. Esto ocurrió sobre la base de haberse
demostrado tres situaciones: (i) que el tutelante, en efecto, sufría una
condición médica al momento en que se produce la desvinculación, (ii) que el
empleador conocía tal enfermedad, y (iii) que a pesar de lo antedicho, no
solicitó el permiso correspondiente al Ministerio del Trabajo al momento de
poner fin a la relación laboral (esto último porque, como lo ha reconocido la
Corte, la finalización de la obra o labor no exonera de tal obligación). Sobre
el particular, la Sala estima que no se está desconociendo ese pronunciamiento
al negar, con fundamento en lo expuesto en los párrafos dedicados al estudio
del caso del señor Simbaqueba Ventura, la garantía de la estabilidad laboral
reforzada de este último. Esto porque las reglas jurisprudenciales aplicadas en el caso estudiado por la
Sentencia T-478 de 2019, en
particular, aquella que indica la imposibilidad de desvincular a una persona sin
contar con el permiso de la autoridad de trabajo, ha sido definida para las
personas con afecciones en su salud (no para quien alegue la calidad de prepensionado)
en virtud de lo dispuesto por la jurisprudencia y por el artículo 26 de la Ley
361 de 1997.
[106] Párrafo I, 1.4.
[107] Auto de pruebas,
artículo segundo.
[108] Párrafo I, 3.1.2.
[109]
Ley 100 de 1993, artículo 84. “Cuando la suma de las pensiones, rentas y remuneraciones
que recibe el afiliado o los beneficiarios, según el caso, sea superior a lo
que le correspondería como pensión mínima, no habrá lugar a la garantía estatal
de pensión mínima”.
[110]
Si bien en el primer reporte se señalaba un total de 1.169 semanas, en el nuevo
certificado, aportado en sede de revisión, se observan periodos laborados,
previos a 1987, que no habían sido tenidos en cuenta. Lo que permite pensar que
mientras se surtía el trámite de tutela operó una corrección de tal
información.
[111] Folio 88 del cuaderno
de revisión del expediente (i). El accionante nació el 17 de septiembre
de 1958 de acuerdo con su cédula de ciudadanía.
[112] Capítulo I, 2.4.