C-494-19
Sentencia
C-494/19
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADOS INTERNACIONALES Y SUS LEYES APROBATORIAS-Competencia
de la Corte Constitucional
LEY
APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Aspectos
formales
CONVENCION
DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS ENTRE ESTADOS-Validez
en la representación de un Estado
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA CONSULTA PREVIA-Jurisprudencia
constitucional/CONSULTA PREVIA-Criterios
utilizados para identificar en qué casos procede por existir una afectación
directa de los grupos étnicos
CONSULTA
PREVIA FRENTE A TRATADOS INTERNACIONALES-Reglas
jurisprudenciales
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADOS INTERNACIONALES Y LEYES APROBATORIAS DE
TRATADOS-Verificación de la realización de la
consulta previa a las comunidades étnicas
La
Corte constata que el protocolo y la ley aprobatoria objetos de control no han
debido someterse a consulta previa. Esto es así por dos razones. Primera, tales
instrumentos normativos no contienen medida alguna que implique una afectación
directa al territorio o a la identidad cultural de las comunidades titulares
del derecho a la consulta previa. Segunda, el contenido del tratado y de su ley
aprobatoria no surte ningún efecto diferenciado o específico en relación con
tales comunidades, sino que despliega sus efectos generales sobre el Estado y
sobre la sociedad en general. En efecto, las medidas previstas en dicho tratado
cobijan a las personas naturales y jurídicas que intervienen en el comercio
internacional de mercancías, sin distinción alguna y sin imponer ninguna
condición, favorable o desfavorable, a los sujetos titulares de la consulta
previa
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Suscripción
del tratado y aprobación presidencial
LEYES
APROBATORIAS DE TRATADOS INTERNACIONALES-Procedimiento
de formación previsto para leyes ordinarias/TRATADO INTERNACIONAL Y LEY
APROBATORIA-Cumplimiento de requisitos constitucionales y legales en su
trámite legislativo/LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS INTERNACIONALES-Trámite
legislativo
REQUISITOS
DE INICIACION DE TRAMITE EN SENADO, TERMINOS ENTRE DEBATES, PUBLICACIONES,
QUORUM Y ANUNCIOS DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO-Cumplimiento
LEY
APROBATORIA DE ACUERDO INTERNACIONAL-Sanción
presidencial/LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Remisión a la
Corte Constitucional
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Naturaleza
TRATADO
INTERNACIONAL-Representación del Estado
colombiano en proceso de negociación, celebración y suscripción
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Características
La
Corte ha reiterado de manera uniforme que el control de constitucionalidad de
los tratados internacionales y de sus leyes aprobatorias se caracteriza por
ser: (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la
aprobación del Congreso y a la sanción presidencial; (ii) automático,
pues deben ser enviados a la Corte Constitucional por el Presidente de la
República dentro de los 6 días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral,
puesto que el análisis de constitucionalidad abarca tanto los aspectos formales como
los materiales de la ley y del tratado; (iv) tiene fuerza de
cosa juzgada absoluta; (v) es un requisito sine qua non para
la ratificación del Acuerdo y (vi) tiene una función preventiva, en
tanto que su finalidad es garantizar la supremacía de la Constitución Política
y el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado
colombiano
TRATADO
INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Control material
El
control material de constitucionalidad consiste en confrontar el
contenido “del tratado internacional que se revisa y el de su ley
aprobatoria, con la totalidad de las disposiciones de la Constitución, para
determinar si se ajusta o no a la Carta Política” Es más, la Corte ha resaltado
que particularmente frente a tratados de naturaleza comercial o
económica, “se debe tener en cuenta que estos deben ser conformes con el
llamado bloque de constitucionalidad”. Así las cosas, según la jurisprudencia
constitucional, el control material de constitucionalidad en estos casos
implica un análisis de compatibilidad entre el tratado internacional y su ley
aprobatoria, de un lado, y la Constitución Política y los instrumentos que
integran el bloque de constitucionalidad en sentido estricto, del otro
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Alcance/TRATADO-Concepto
TRATADO
INTERNACIONAL EN BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Parámetros
de control constitucional
ORGANIZACION
MUNDIAL DEL COMERCIO-Finalidad/ORGANIZACION
MUNDIAL DEL COMERCIO-Funciones/ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO-Ámbito/ORGANIZACION
MUNDIAL DEL COMERCIO-Alcance
PROTOCOLO
INTERNACIONAL-Constitucionalidad
La
Corte advierte que las finalidades del protocolo sub examine referidas
en su preámbulo también son compatibles con la Constitución Política, en tanto
contribuyen a materializar los principios constitucionales de (i) la
internacionalización de las relaciones económicas (arts. 226 y 227 de la CP)
y (ii) el desarrollo, el bienestar y la prosperidad económica y
social (arts. 1, 2 y 334 de la CP
TRATADO
INTERNACIONAL-Finalidades de control
constitucional previo a ratificación del instrumento
Pues
bien, en tales términos, los fines del tratado sub examine resultan
compatibles con los principios descritos. En efecto, además de la facilitación
del comercio internacional a la que se hizo referencia en los párr. 62
y 63, el tratado busca “potenciar la asistencia y el apoyo para la
creación de capacidad”, con el fin de que los países menos adelantados y
en desarrollo miembros de la OMC, como Colombia puedan aplicar sus
disposiciones. Esto, a juicio de la Corte, se ajusta al mandato de intervención
del Estado en la economía para beneficiarse del desarrollo y, de esta manera,
promover la prosperidad general. Ello es así, pues, mediante la cooperación
internacional que pueden ofrecer los países desarrollados en los términos del
tratado sub examine, es posible crear las condiciones técnicas y de
infraestructura necesarias para que las operaciones de comercio internacional
de mercancías, efectivamente, se lleven a cabo con mayor agilidad y eficacia,
según los estándares previstos por la OMC para todos los países que adopten el
acuerdo, y, de esta manera, se genere una mayor y mejor dinámica de intercambio
comercial.
LEY
APROBATORIA DE ACUERDO INTERNACIONAL-Constitucionalidad
La
Corte advierte que tales artículos son compatibles con la Constitución
Política. El primero es conforme con la competencia prevista por el artículo
150.16 de la Constitución Política, según el cual le corresponde al
Congreso “aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con
otros Estados o con entidades de derecho internacional”. El segundo y el
tercero son también conformes con la consolidada jurisprudencia constitucional,
según la cual “la ley rige desde el momento en que se perfeccione el
vínculo internacional respectivo, precisión que responde a lo dispuesto en
general por el derecho internacional y la Constitución en materia de leyes
aprobatorias de tratados internacionales”
PROTOCOLO
DE ENMIENDA DEL ACUERDO DE MARRAKECH POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORGANIZACION
MUNDIAL DEL COMERCIO-Se ajusta a la
constitución
La
Corte advierte que lo convenido por los miembros de la OMC para enmendar el
Acuerdo sobre la OMC es compatible con la Constitución Política. Ello es así,
porque (i) expresa la voluntad de adoptar el protocolo sub
examine y de abrirlo a la aceptación de cada uno de los miembros, lo que
respeta los principios de soberanía nacional y de libre autodeterminación de
los pueblos en los que se basan las relaciones exteriores del Estado, de
conformidad con el artículo 9 de la Constitución Política. Además, (ii) la
voluntad de incorporar el AFC al Acuerdo sobre la OMC se ajusta al mandato de
promover la internacionalización e integración económica, social y política con
las demás naciones, previsto por los artículos 226 y 227 superiores, mediante
la celebración e implementación de acuerdos internacionales de naturaleza
comercial
TRATADO
INTERNACIONAL-Prohibición de formular reservas
ANEXO
DEL ACUERDO SOBRE FACILITACION DEL COMERCIO-Disposiciones
ANEXO
DEL ACUERDO SOBRE FACILITACION DEL COMERCIO-Es
compatible con la Constitución
La
Corte constata que este anexo es compatible con la Constitución Política, pues
busca facilitar la aplicación del AFC, en particular, de las disposiciones
relacionadas con la prestación de asistencia y apoyo para la creación de
capacidad en materia de facilitación del comercio en los países en desarrollo y
menos adelantados miembros de la OMC
Referencia:
Expediente LAT-448
Control de
constitucionalidad
del Protocolo
de enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización
Mundial del Comercio, adoptado por el Consejo General de la Organización
Mundial del Comercio en Ginebra, Suiza, el 27 de noviembre de 2014, y de la Ley 1879
de 9 de enero de 2018, por medio de la cual se aprueba dicho protocolo.
Magistrado ponente:
CARLOS BERNAL
PULIDO
Bogotá, D.C., veintidós
(22) de octubre de dos mil diecinueve (2019).
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales, en especial de la prevista por el artículo 241.10 de la
Constitución Política, profiere la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de
control de constitucionalidad del Protocolo de enmienda del Acuerdo de
Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio,
adoptado por el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio en
Ginebra, Suiza, el 27 de noviembre de 2014, y de la Ley 1879 de 9 de
enero de 2018, por medio de la cual se aprueba este protocolo.
I.
ANTECEDENTES
1.
El
12 de enero de 2018, la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República
remitió a la Secretaría General de esta Corte el oficio número OFI18-00002230/JMSC110200,
la fotocopia auténtica de la Ley 1879 de 9 de enero de 2018 y su exposición de
motivos[1].
2.
Mediante
el auto de 31 de enero de 2018, el magistrado sustanciador (i)  avocó
conocimiento para el estudio de la ley de la referencia; (ii)
decretó múltiples pruebas; (iii) corrió traslado al Procurador General de
la Nación; (iv) fijó en lista el proceso de la referencia; (v) ordenó
comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la República, al
Presidente el Congreso, a los Ministros de Relaciones Exteriores; de Comercio,
Industria y Turismo, y de Hacienda y Crédito Público; (vi) ordenó
comunicar a
los decanos de varias facultades de Derecho y presidentes o directores de
distintas asociaciones y organizaciones y, finalmente, (vii) suspendió
los términos en el presente asunto, según lo ordenado en el Auto 305 de 2017,
proferido por la Sala Plena de esta Corte.
3.
Por
medio de los autos de 5 de abril y 31 de mayo de 2018, el magistrado
sustanciador reiteró su solicitud de pruebas y ordenó que se diera cumplimiento
a las órdenes previstas en el auto de 31 de enero del mismo año.
4.
Mediante
el auto 209 de 25 de abril de 2019, la Sala Plena de la Corte Constitucional
ordenó levantar la suspensión de los términos en el presente asunto.
5.
Por
medio del auto de 5 de junio de 2019, el magistrado sustanciador decretó nuevas
pruebas[2].
6.
Mediante
el auto de 28 de junio de 2019, el magistrado sustanciador ordenó dar
cumplimiento a las órdenes 3, 4, 5 y 6 de la parte resolutiva del auto de 31 de
enero de 2018, relacionadas, respectivamente, con la fijación en lista del
proceso; el traslado al Procurador General de la Nación; la comunicación de la
iniciación del proceso al Presidente de la República, al Presidente el
Congreso, a los Ministros de Relaciones Exteriores; de Comercio, Industria y
Turismo, y de Hacienda y Crédito Público, y la comunicación a los decanos de
varias facultades de Derecho y presidentes o directores de distintas
asociaciones y organizaciones[3].
7.
Cumplidos
los trámites constitucionales y legales propios de esta clase de procesos, y
previo concepto del Procurador General de la Nación, procede la Corte a ejercer su
competencia de control de constitucionalidad del protocolo y de la ley
aprobatoria sub examine.
II.
NORMA
OBJETO DE CONTROL
8.
El
Protocolo
de enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización
Mundial del Comercio, adoptado por el Consejo General de la Organización
Mundial del Comercio en Ginebra, Suiza, el 27 de noviembre de 2014, fue
aprobado mediante la Ley 1879 de 9 de enero de 2018. Esta ley fue
publicada en el Diario Oficial número 50.471
del mismo día[4].
Su contenido se presentará, artículo por artículo, en la sección
correspondiente al examen material de constitucionalidad.
III.
INTERVENCIONES
9.
La Corte recibió seis escritos de intervención en el presente
asunto, de los cuales cuatro fueron presentados de manera extemporánea[5].
Tres de estos escritos solicitan la exequibilidad de la ley y del
protocolo sub
examine, dos
no formulan ninguna solicitud al respecto y uno, si bien considera que el
protocolo es compatible con la Constitución Política, pide solicitarle al
Gobierno una “declaración evolutiva” de este instrumento internacional. Los argumentos y las solicitudes de cada intervención se exponen a
continuación.
10.
Ministerio
de Comercio Industria y Turismo (MinCIT). En dos escritos
presentados el 27de noviembre de 2018 (durante la suspensión de términos a la
que se refiere el párr. 2 supra)[6]
y el 17 de julio de 2019 (dentro del término de fijación en lista del proceso
de la referencia)[7],
el MinCIT solicitó que la Corte declare la exequibilidad del protocolo sub
examine y su ley aprobatoria. En suma, el Ministerio consideró que: (i)
el protocolo y su anexo, el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (en
adelante, AFC), “son un desarrollo y mejora de disposiciones del GATT de
1994 (art. V, VIII y X), instrumento que fue en su momento declarado exequible
mediante sentencia C-137 de 1994”; (ii) “la facilitación del comercio es
uno de los ejes centrales de la política de comercio exterior del país”; (iii)
la representación del Estado colombiano en la aprobación del protocolo “se
hizo conforme a las disposiciones del Acuerdo de Marrakech por el que se
establece la Organización Mundial del Comercio y conforme a la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados”; (iv) la Ley 1879 de 2018 “cumplió
con todos los requisitos formales previstos en la Constitución Política”; (v)
las disposiciones del protocolo y del AFC se ajustan a la Constitución
Política, “en especial a los artículos 9, 29, 209, 226 y 227” y (vi)
la Corte, en otros pronunciamientos[8],
“ha declarado constitucionales las medidas destinadas a facilitar el
comercio internacional y el intercambio de mercancías entre las partes,
mediante la simplificación de los procedimientos aduaneros”.
11.
Asociación
Nacional de Empresarios de Colombia (Andi)[9]. La
Andi solicitó que la Corte declare exequible el protocolo sub examine y
su ley aprobatoria, por cuanto: (i) “no observa vicio alguno con respecto de
la suscripción del Tratado, ni con respecto del trámite del proyecto de ley en
el Congreso de la República”; (ii) “estima muy conveniente para el país
el contenido del Protocolo (…), porque facilita el comercio internacional” y
(iii) “encuentra que el contenido de dicho Tratado es acorde con la
Constitución Política, en particular, con lo dispuesto por el artículo 227,
toda vez que dicho Tratado propende por la integración económica y social de
Colombia con las demás naciones”.
12.
Ministerio
de Relaciones Exteriores[10].
La
Cancillería solicitó que la Corte declare exequible el protocolo sub examine
y su ley aprobatoria, porque “cumple a cabalidad con los presupuestos
constitucionales que inspiran las relaciones internacionales del Estado
colombiano”. En particular, señaló que “el objetivo de este tratado es
plenamente legítimo y coherente bajo la óptica de los artículos 226 y 227
constitucionales, en tanto su propósito es el de establecer reglas jurídicas
claras y consensuadas”. Así mismo, destacó que “mediante su
ratificación, el Gobierno está promoviendo la internacionalización de las
relaciones económicas del Estado colombiano, en estricto apego de los
principios de equidad, igualdad y reciprocidad”.
13.
Asociación
Nacional de Comercio Exterior (Analdex)[11].
Analdex
no solicitó de manera expresa la exequibilidad del protocolo sub examine
y su ley aprobatoria. Sin embargo, consideró que el AFC “desarrolla los
mandatos constitucionales, toda vez que i) promueve la internacionalización de
las relaciones políticas, económicas y sociales bajo los principios de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional (artículo 226 de la Constitución Política
- CP); ii) es un instrumento internacional idóneo para el cumplimiento de los
fines esenciales del Estado Social de Derecho (artículo 2º CP) y iii) respeta
la soberanía nacional (artículo 9º CP)”. Así mismo, destacó que el AFC “es
consistente con la política de inserción internacional y de profundización de
las relaciones comerciales de nuestro país con los mercados internacionales, en
consecuencia, debe ser aprobado en la medida en que desarrolla los preceptos
constitucionales y constituye un mecanismo de articulación económica, de
cooperación e integración, que busca impulsar un mayor crecimiento, desarrollo
y competitividad a través de asistencia técnica para la facilitación del
comercio”.
14.
Academia
Colombiana de Jurisprudencia[12].
La
Academia tampoco solicitó de manera expresa la exequibilidad del protocolo sub
examine y su ley aprobatoria. No obstante, concluyó que el AFC (i) “profundiza,
aclara y especifica algunas de las normas de la Organización Mundial del
Comercio que han sido aceptadas por Colombia y avaladas en su momento por la
Corte Constitucional” y (ii) “responde también a los principios
inspiradores del sistema multilateral de comercio frente a los cuales no ha
existido reparo de constitucionalidad alguno y al contrario, encuentran
sustento en las disposiciones sobre relaciones internacionales previstas en
nuestra Carta Política”.
15.
Academia
Colombiana de Derecho Internacional (Accoldi)[13]. Accoldi
consideró que, de manera general, es “pertinente respaldar la
constitucionalidad del Protocolo de Enmienda”, porque (i) surtió “en
debida forma los procedimientos de negociación, suscripción [e]
incorporación al derecho interno”; (ii) la Ley 1879 de 2018, mediante la
cual se aprobó dicho instrumento internacional, “cumple con los requisitos y
el trámite legislativo y es acorde con la Constitución Política de Colombia”
y (iii) es un tratado “que va en línea con la idea de desarrollo
económico de la Constitución Política de Colombia, la facilitación del comercio
y sus reformas están encaminadas a obtener un bajo costo en las transacciones
financieras para los comerciantes y a incrementar el flujo del comercio en el
mundo, lo cual es de interés para Colombia”. Sin embargo, estimó necesario “solicitarle
al Gobierno nacional que incluya en el instrumento de ratificación una
declaración mediante la cual se indique la posición de Colombia frente a la
necesidad de hacer una Interpretación Evolutiva del Protocolo, que dé cuenta
del surgimiento de la costumbre internacional que contiene los principales
principios de derecho comercial internacional y que da nuevo sentido a
elementos puntuales del instrumento”.
IV.
CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
16.
En
concepto presentado el 12 de agosto de 2019[14],
el Procurador General de la Nación solicitó que la Corte declare exequibles el
protocolo y la Ley 1879 de 2018 sub examine. En cuanto a los aspectos
formales del protocolo y su ley aprobatoria, el jefe del Ministerio Público
concluyó que “el trámite de negociación del instrumento internacional y su
procedimiento de aprobación por parte del Congreso de la República se ciñeron a
lo exigido y regulado por la Constitución Política”. Sobre los aspectos
materiales, destacó que: (i) la Ley 1879 de 2018 “se limita a aprobar
el Acuerdo sin introducir modificaciones a su texto, en cumplimiento del
numeral 16 del artículo 150 Superior”; (ii) el propósito y los objetivos
del protocolo “se ajustan a las expectativas constitucionales, promueven la
internacionalización de las relaciones mediante la celebración de acuerdos
(artículos 9, 226 y 227 de la Constitución Política) y la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (artículo 2
ibídem)” y (iii) el protocolo y el AFC contienen previsiones que “son
consonantes con las disposiciones y garantías constitucionales (en especial con
los artículos 13, 15, 20, 23, 29, 58, 113 y 209 de la Constitución Política),
respetan la jerarquía de las regulaciones internas conforme la soberanía e
independencia del Estado Colombiano (artículos 2, 4 y 9 ibídem), sobre las
bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional (artículos 226 y 227
Superiores)”; además, “fijan instancias, reglas y términos claros y
recíprocos para la aplicación del Instrumento, preservan el interés general y
no incorporan medidas discriminatorias o que impliquen una barrera
injustificada al comercio”.
V.
CONSIDERACIONES
1.
Competencia
17.
La
Corte Constitucional es competente para decidir sobre la exequibilidad del protocolo
y de la ley aprobatoria sub examine, según lo previsto por el artículo
241.10 de la Constitución Política[15].
Este
control implica el análisis de constitucionalidad tanto de los aspectos
formales como materiales de tales instrumentos normativos[16]. Por lo
tanto, la Corte tiene competencia para revisar la constitucionalidad, formal y
material, del tratado y de la ley sub examine.
2.
Problemas
jurídicos
18.
Habida
cuenta de la naturaleza de este asunto, la Corte responderá, en su orden, los
siguientes problemas jurídicos:
18.1.
¿El
protocolo y la ley aprobatoria sub examine satisfacen los requisitos
formales previstos por la Constitución Política y por la Ley 5 de 1992?
18.2.
¿El
protocolo y la ley aprobatoria sub examine son compatibles con la
Constitución Política?
3.     Control de
constitucionalidad sobre los requisitos formales
19.
La
Corte llevará a cabo el control de constitucionalidad sobre aspectos formales
del protocolo y de la ley aprobatoria sub examine en sus tres fases, a
saber: (i) la previa gubernamental, (ii) el trámite en el
Congreso de la República y (iii) la sanción presidencial y el
correspondiente envío de tales normativas a la Corte Constitucional.
3.1.
Fase
previa gubernamental
20.
El
control de constitucionalidad sobre los aspectos formales en esta fase del
procedimiento implica que la Corte verifique (i) la validez de la
representación del Estado colombiano en la negociación, la celebración y la firma
del protocolo[17];
(ii) si la aprobación de este tratado debía someterse a consulta previa
y, en tal caso, si esta se llevó a cabo[18],
y (iii) si dicho instrumento fue aprobado por el Presidente de la
República y fue sometido a consideración del Congreso[19].
21.
La
representación del Estado colombiano en la adopción del tratado es válida. El artículo 7 de
la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969[20] dispone
que “se considerará que una persona representa a un Estado”, si presenta
los “adecuados plenos poderes” (art. 7.1.a)[21]. No
obstante, el apartado c) del numeral 2 de ese mismo artículo dispone que “[e]n
virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se
considerará que representan a su Estado: (…) c) los representantes acreditados
por los Estados ante una organiza­ción internacional o uno de sus órganos, para
la adopción del texto de un tratado en tal organización u órgano”. En el caso
concreto, el protocolo sub examine fue adoptado por decisión del Consejo
General de la Organización Mundial del Comercio[22] (en adelante, OMC), que está integrado
por todos los Estados miembros de esa organización internacional, de la que
Colombia es parte desde el 30 de abril de 1995[23]. En tales términos, de acuerdo con la
certificación aportada al expediente de la referencia por el Ministerio de
Relaciones Exteriores[24],
la representación del Estado colombiano en la adopción de este tratado fue
ejercida por el representante permanente ante la
OMC, Gabriel André Duque Mildenberg; por lo tanto, se considera válida.
22.
El
protocolo y la ley aprobatoria sub examine no debían someterse a consulta
previa.
La
jurisprudencia constitucional ha reconocido que la consulta previa es un
derecho fundamental de las comunidades indígenas, tribales, rom, afrodescendientes
y raizales[25].
En atención a lo dispuesto por el artículo 6.1(a) del Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo[26],
la Corte ha señalado que la consulta previa es obligatoria, siempre que se
demuestre una “afectación directa” a los sujetos titulares de este
derecho, es decir, a dichas comunidades[27].
Además, la Corte ha señalado que (i) la consulta previa se aplica para
medidas legislativas o administrativas[28];
(ii) la afectación que da lugar a la obligatoriedad de la consulta
previa debe ser directa, que no accidental o circunstancial, es decir, (a)
de una entidad que altere “el estatus de la persona o de la comunidad, bien
sea porque le impone restricciones o gravámenes, o, por el contrario, le
confiere beneficios”[29],
o (b) cuando recae o tiene el potencial de surtir efectos directos sobre
el territorio de la comunidad o sobre los aspectos definitorios de su identidad
cultural. La Corte también ha concluido que (iii) con la consulta previa
se busca “materializar la protección constitucional (…) que tienen los
grupos étnicos a participar en la decisiones que los afecten”[30], así
como que (iv) este procedimiento debe adelantarse a la luz del principio
de buena fe, (v) debe ser oportuno y eficaz[31] y,
finalmente, (vi) que su omisión “constituye un vicio que impide
declarar exequible la Ley”[32].
23.
En
el marco del control de constitucionalidad de los tratados internacionales y de
sus leyes aprobatorias, la Corte ha reiterado que tiene el deber de verificar
si estos instrumentos han debido someterse a consulta previa y, en tal caso, si
esta se llevó a cabo[33].
A la luz de la jurisprudencia constitucional, solo es necesario someter a
consulta previa (i) los tratados internacionales que impliquen una
afectación directa a las comunidades indígenas, tribales, rom,
afrodescendientes y raizales[34]
y (ii) las medidas de orden legislativo y administrativo que se adopten
en desarrollo del tratado y que impliquen afectación directa para los mismos
sujetos[35].
En el primer caso, será obligatorio adelantar el procedimiento de consulta “antes
de que se presente la norma para su aprobación en el Congreso de la República”[36]. Por
el contrario, la Corte ha resaltado que no es necesario agotar la consulta
previa cuando (i) el tratado o las medidas que lo desarrollen no impliquen
dicha afectación directa sobre el territorio o sobre aspectos definitorios de
la identidad cultural de las comunidades titulares de este derecho[37]; (ii)
el tratado carezca de disposiciones que regulen de manera favorable o desfavorable
a tales sujetos, impongan limitaciones, gravámenes o beneficios particulares a
los mismos[38]
y (iii) el tratado solo contenga disposiciones generales que no alteren
el estatus de tales comunidades[39],
como aquellas que se refieren a las condiciones de libre comercio[40].
24.
Con
base en lo anterior, la Corte constata que el protocolo y la ley aprobatoria objetos
de control no han debido someterse a consulta previa. Esto es así por dos
razones. Primera, tales instrumentos normativos no contienen medida alguna que
implique una afectación directa al territorio o a la identidad cultural de las
comunidades titulares del derecho a la consulta previa. Segunda, el contenido
del tratado y de su ley aprobatoria no surte ningún efecto diferenciado o
específico en relación con tales comunidades, sino que despliega sus efectos
generales sobre el Estado y sobre la sociedad en general. En efecto, las
medidas previstas en dicho tratado cobijan a las personas naturales y jurídicas
que intervienen en el comercio internacional de mercancías, sin distinción
alguna y sin imponer ninguna condición, favorable o desfavorable, a los sujetos
titulares de la consulta previa.
25.
La
aprobación presidencial y el sometimiento del protocolo a consideración del
Congreso de la República se llevó a cabo conforme al artículo 189.2 de la Constitución
Política.
Este artículo prevé que le corresponde al Presidente de la República dirigir
las relaciones internacionales y celebrar tratados con otros estados que “se
someterán a la aprobación del Congreso”. En el caso concreto, la Corte
constata que el día 1 de septiembre de 2015, el Presidente de la República aprobó
el protocolo sub examine y ordenó someterlo a consideración del Congreso
de la República[41].
Fase previa gubernamental
Requisito
Cumplimiento
Validez
de la representación del Estado colombiano
Cumple
Consulta
previa
N/A
Aprobación
presidencial y sometimiento del tratado a consideración del Congreso
Cumple
3.2.
Trámite
ante el Congreso de la República
26.
La
Constitución Política no dispuso que las leyes aprobatorias de los tratados
internacionales deben someterse a un trámite especial, por lo que, en términos
generales, les corresponde el trámite previsto para las leyes ordinarias[42]. En este
sentido, el control de constitucionalidad sobre los aspectos formales en esta
fase del procedimiento implica que la Corte verifique el cumplimiento de los
requisitos constitucionales y legales relativos a (i) la presentación
del proyecto de ley ante el Senado de la República por parte del Gobierno
Nacional (art. 157 de la CP); (ii) la publicación oficial del proyecto
de ley aprobatoria (art. 156 de la Ley 5 de 1992); (iii) el inicio del
trámite legislativo en la respectiva comisión constitucional permanente del
Senado de la República (art. 154 de la CP); (iv) la publicación de la
ponencia para debate en las comisiones y en las plenarias (art. 157 y 185 de la
Ley 5 de 1992); (v) el anuncio previo de las votaciones (art. 160 de la
CP); (vi) la votación y las exigencias de quorum y mayorías (art. 145 y
146 de la CP); (vii) el lapso entre los debates (art. 160 de la CP), y,
finalmente, (viii) que el proyecto de ley no se hubiere considerado en
más de dos legislaturas (art. 162 de la CP).
27.
El
proyecto de ley fue presentado por el Gobierno Nacional ante el Senado de la
República.
El 4 de octubre de 2016, las ministras de Relaciones Exteriores y de Comercio,
Industria y Turismo presentaron el proyecto de ley aprobatoria del tratado sub
examine, junto con su exposición de motivos, en la Secretaría General del
Senado de la República, al cual se le asignó el número de radicación 152 de
2016 (Senado)[43].
En tales términos, la Corte constata que se cumplió con lo previsto por los
artículos 142.20 de la Ley 5 de 1992[44]
y 154 de la Constitución Política[45].
28.
El
proyecto de ley fue publicado antes de darle trámite en la respectiva Comisión.
El 4 de octubre de 2016, el Secretario General del Senado de
la República remitió copia del proyecto de ley 152 de 2016 (Senado) a la
Imprenta Nacional, para su publicación, que se llevó a cabo en la Gaceta del
Congreso No. 839 de 5 de octubre de 2016[46]. En tales términos, la Corte
constata que se cumplió con lo previsto por el artículo 157 de la Constitución
Política[47]
y 144 de la Ley 5 de 1992[48].
29.
El
proyecto de ley inició su trámite legislativo en la comisión constitucional
competente.
El 4 de octubre de 2016, el proyecto de ley 152 de 2016 (Senado) fue repartido
a la Comisión Segunda del Senado de la República[49]. En tales
términos, la Corte verifica que el proyecto de Ley cumplió con la exigencia
constitucional y legal relativa a que inicie su trámite en la comisión
constitucional competente, según lo previsto por el artículo 2 de la Ley 3 de
1992[50].
30.
Primer
debate. En el trámite, el debate y la aprobación del proyecto de ley en la
Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República se
observaron las exigencias constitucionales y legales. El 13
de octubre de 2016, el Secretario General de la Comisión Segunda Constitucional
Permanente del Senado de la República recibió el proyecto de ley 152 de 2016
(Senado) y lo remitió a la Mesa Directiva de la Comisión, para que designara el
ponente[51].
El 31 de octubre de 2016, en ejercicio de la competencia prevista por el
artículo 150 de la Ley 5 de 1992[52],
dicho órgano designó como ponente de este proyecto de ley al senador Marco
Aníbal Avirama Avirama[53].
30.1.    Informe
de ponencia[54]. El senador Marco
Aníbal Avirama Avirama le presentó su informe de ponencia para primer debate al
Secretario de la Comisión Segunda Constitucional Permanente[55].
Dicho informe fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 190 de 29 de marzo de
2017[56].
Con esto, la Corte constata que se observaron las exigencias previstas
por los artículos 160 de la Constitución Política[57],
así como 156[58]
y 157[59]
de la Ley 5 de 1992.
30.2.    Anuncio
previo.
El anuncio previo se llevó a cabo el día 19 de abril de 2017, tal como consta
en el Acta No. 18 del mismo día, publicada en la Gaceta del Congreso No. 448 de
7 de junio de 2017[60].
En dicha sesión, el Secretario de la Comisión, por solicitud del Presidente de
la misma, anunció el debate y la votación del proyecto de Ley sub examine
“para la próxima sesión”[61].
En tales términos, la Corte constata que en el caso concreto se cumplió la
exigencia prevista por el artículo 160 de la Constitución Política relativa al
anuncio previo[62].
30.3.    Debate
y aprobación. Tal como se anunció, el debate y la aprobación del
proyecto de ley sub examine se llevaron a cabo en la sesión de 2 de mayo
de 2017, como consta en el Acta No. 19 del mismo día, publicada en la Gaceta
del Congreso No. 448 de 7 de junio de 2017[63].
Tras revisar esta acta, la Corte considera satisfechos los siguientes
requisitos:
Requisito
Cumplimiento
Quorum deliberativo
La sesión
inició con la presencia de 7 de los 13 senadores de la Comisión Segunda Constitucional
Permanente. De esta manera, se cumplió con el requisito previsto por el
artículo 145 de la Constitución Política[64].
Quorum decisorio
El Secretario
de la Comisión verificó la presencia de 9 de los 13 senadores de la Comisión
Segunda Constitucional Permanente[65].
En tales términos, se satisfizo el requisito previsto en el artículo 145 de
la Constitución Política[66].
Aprobación de la proposición
positiva del informe de ponencia
Mediante “votación
nominal y pública”[67],
9 senadores votaron por el sí y ninguno por el no[68].
De
esta manera, se cumplieron las exigencias de los artículos 133 (votación
nominal)[69] y 146
(mayoría simple)[70] de la
Constitución Política.
Aprobación de la proposición
para omitir la lectura del articulado y el articulado del proyecto
Mediante  “votación
nominal y pública”[71],
9 senadores votaron por el sí y ninguno por el no[72].
De
esta manera, se observaron las exigencias de los artículos 133 (votación
nominal) y 146 (mayoría simple) de la Constitución Política.
Aprobación del título del proyecto y
del envío para segundo debate
Mediante “votación nominal y
pública”[73],
9 senadores votaron por el sí y ninguno por el no[74].
De
esta manera, se observaron las exigencias de los artículos 133 (votación
nominal) y 146 (mayoría simple) de la Constitución Política.
30.4.    Publicación
del texto aprobado. El texto del proyecto de ley sub
examine aprobado en el primer debate fue publicado en la Gaceta del
Congreso No. 361 de 19 de mayo de 2017[75].
Primer debate
Requisito
Cumplimiento
Publicación
del informe de ponencia
Gaceta del Congreso No. 190
de 29 de marzo de 2017
Cumple
Anuncio
previo
Acta No. 18 de 19 de abril de 2017
Gaceta del Congreso No. 448 de 7 de junio de 2017
Cumple
Debate
y aprobación
Acta No. 19 de 2 de mayo de 2017
Gaceta del Congreso No. 448 de 7 de junio de 2017
Cumple
Quorum
deliberativo
Cumple
Quorum
decisorio
Cumple
Votación
nominal y pública
Cumple
Aprobación
por la mayoría requerida
Cumple
Publicación
del texto aprobado
Gaceta del Congreso No. 361 de 19 de mayo de 2017
Cumple
31.
El
lapso entre el primer y el segundo debate satisface el término previsto en el
artículo 160 de la Constitución Política[76]. La
Corte constata que el primer debate se llevó a cabo el 2 de mayo de 2017, y el
segundo, tal como se expondrá en el párr. 32.6, el día 20 de septiembre
del mismo año, con lo cual se observó el lapso de 8 días entre el primer y el
segundo debate.
32.
Segundo
debate. En el trámite, el debate y la aprobación del proyecto de ley en la
Plenaria del Senado de la República se observaron las exigencias
constitucionales y legales. Tras recibir el proyecto de ley sub
examine en la Secretaría del Senado de la República, se mantuvo al senador
Marco Aníbal Avirama Avirama como ponente de esta iniciativa legislativa.
32.1.    Informe
de ponencia. El 19 de mayo de 2017, el senador Marco
Aníbal Avirama Avirama le presentó su informe de ponencia para segundo debate
al Secretario del Senado de la República[77].
Dicho informe fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 361 de 19 de mayo de
2017[78]. En
tales términos, la Corte constata que se cumplieron las exigencias
constitucionales y legales señaladas en los artículos 160 de la Constitución
Política, así como 156 y 157 de la Ley 5 de 1992.
32.2.    Anuncio
previo.
El anuncio previo se llevó a cabo el 15 de agosto de 2017, tal como consta en
el Acta No. 08 del mismo día, publicada en la Gaceta del Congreso No. 963 de 24
de octubre de 2017[79].
En dicha sesión, el Secretario del Senado, por solicitud del Presidente de esa
corporación, anunció el debate y la votación del proyecto de ley sub examine
“que serán considerados (…) en la Sesión Plenaria del honorable Senado de la
República siguiente a la del martes 15 de agosto de 2017”[80]. En
tales términos, la Corte constata que en el caso concreto se cumplió con la exigencia
prevista por el artículo 160 de la Constitución Política relativa al anuncio
previo.
32.3.    Debate
y aprobación. Tal como se anunció, el debate y la aprobación del
proyecto de ley sub examine se llevaron a cabo en la sesión del 16 de
agosto de 2017, como consta en el Acta No. 09 del mismo día, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 1171 de 11 de diciembre de 2017[81]. Tras
revisar esta acta, la Corte verifica lo siguiente:
Requisito
Cumplimiento
Quorum deliberativo
La sesión
inició con la verificación del quorum deliberativo, el cual se satisfizo, al
contar con la presencia de 92 de los 101 senadores de la República. En tales
términos, se cumplió con el requisito previsto en el artículo 145 de la
Constitución Política.
Quorum decisorio
Tras el debate
sobre el proyecto de ley sub examine, los senadores de la República
presentes eran 55. En tales términos, se satisfizo el requisito previsto en
el artículo 145 de la Constitución Política.
Aprobación de la proposición positiva
del informe de ponencia
Mediante
votación nominal y pública[82],
51 senadores votaron por el sí y 4 por el no[83].
De
esta manera se observaron las exigencias de los artículos 133 (votación
nominal) y 146 (mayoría simple) de la
Constitución Política.
Aprobación de
la proposición para omitir la lectura del articulado, aprobar el articulado
del proyecto, su título y que se le dé tramite en la Cámara
En relación
con la omisión de lectura del articulado, su votación en bloque, el título
del proyecto de ley y que este surta su trámite en la Cámara de
Representantes, la plenaria del Senado respondió afirmativamente[84],
sin que hubiera votación nominal.
32.4.    La
Plenaria del Senado corrigió la falta de votación nominal. La Corte constata que si bien la
votación de la
omisión de la
lectura del articulado, el articulado del proyecto, su título y que se le diera
trámite en la Cámara de Representantes no se sometió a votación nominal, esa irregularidad
fue corregida formalmente por la Plenaria del Senado. En efecto, de acuerdo
con el Acta número 17 de la sesión ordinaria del 19 de septiembre de 2017, el
Secretario del Senado anunció que el proyecto de ley número 152 de 2016 Senado
sería considerado en la siguiente sesión plenaria, “[p]ara corrección formal
de los procedimientos de acuerdo con el artículo segundo numeral 2 de la Ley 5ª
de 1992”[85]. Tal como se
anunció, esa corrección se realizó el 20 de septiembre de 2017, cuando el
proyecto fue nuevamente debatido y votado[86], como se
explica a continuación.
32.5.    Anuncio
previo.
Como se indicó, el anuncio previo correspondiente al nuevo debate se realizó el
día 19 de septiembre de 2017, tal como consta en el Acta No. 17 del mismo día,
publicada en la Gaceta del Congreso No. 54 de 22 de febrero de 2018[87]. En
dicha sesión, el Secretario del Senado, por solicitud del Presidente de esa
corporación, anunció el debate y la votación del proyecto de ley sub examine
“que serán considerados (…) en la sesión plenaria del Honorable Senado de la
República siguiente a la del martes 19 de septiembre de 2017”[88]. En
tales términos, la Corte constata que en el caso concreto se cumplió con la
exigencia prevista por el artículo 160 de la Constitución Política relativa al
anuncio previo.
32.6.     Debate
y aprobación. Tal como se anunció, el debate y la aprobación del
proyecto de ley sub examine se llevaron a cabo en la sesión de 20 de
septiembre de 2017, como consta en el Acta No. 18 del mismo día, publicada en
la Gaceta del Congreso No. 115 de 10 de abril de 2018[89]. Tras
revisar esta Acta, la Corte considera satisfechos los siguientes requisitos:
Requisito
Cumplimiento
Quorum deliberativo
La sesión
inició con la verificación del quorum deliberativo, el cual se satisfizo al
contar con la presencia de 82 de los 101 senadores de la República. En tales
términos, se cumplió con el requisito previsto en el artículo 145 de la
Constitución Política.
Quorum decisorio
Tras el debate
sobre el proyecto de ley sub examine, los senadores de la República
presentes eran 53. En tales términos, se satisfizo el requisito previsto en
el artículo 145 de la Constitución Política.
Aprobación de la proposición
positiva del informe de ponencia
Mediante
votación nominal y pública[90],
46 senadores votaron por el sí y 7 por el no[91].
De
esta manera, se observaron las exigencias de los artículos 133 (votación
nominal) y 146 (mayoría simple) de la
Constitución Política.
Aprobación de
la proposición para omitir la lectura del articulado, aprobar el articulado
del proyecto, su título y que se le dé tramite en la Cámara
Mediante
votación nominal y pública[92],
49 senadores votaron por el sí y 4 por el no[93].
De
esta manera, se observaron las exigencias de los artículos 133 (votación
nominal) y 146 (mayoría simple) de la Constitución Política.
32.7.     Publicación
del texto aprobado. El texto del proyecto de ley sub
examine aprobado en el segundo debate fue publicado en la Gaceta del
Congreso No. 909 de 11 de octubre de 2017[94].
Segundo debate
Requisito
Cumplimiento
Publicación
del informe de ponencia
Gaceta del Congreso No. 361
de 19 de mayo de 2017
Cumple
Anuncio
previo
Acta No. 17 de 19 de septiembre de 2017
Gaceta del Congreso No. 54 de 22 febrero de 2018
Cumple
Debate
y aprobación
Acta No. 18  de 20 de septiembre de 2017
Gaceta del Congreso No. 115 de 10 de abril de 2018
Cumple
Quorum
deliberativo
Cumple
Quorum
decisorio
Cumple
Votación
nominal y pública
Cumple
Aprobación
por la mayoría requerida
Cumple
Publicación
del texto aprobado
Gaceta del Congreso No. 909 de 11 de octubre de 2017
Cumple
33.
El
lapso entre el segundo y el tercer debate satisface el término previsto en el
artículo 160 de la Constitución Política. La Corte
constata que el segundo debate se llevó a cabo el día 20 de septiembre de 2017,
y el tercero, tal como se expondrá en el párr. 34.3, el día 31 de
octubre de 2017, con lo cual se observó el lapso de 15 días entre el segundo y
el tercer debate.
34.
Tercer
debate. En el trámite, el debate y la aprobación del proyecto de Ley en la
Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes se
cumplieron las exigencias constitucionales y legales. Tras
su aprobación por la Plenaria del Senado, el Presidente del Senado de la
República remitió a la Cámara de Representantes el proyecto de Ley No. 152 de
2016 (Senado)[95],
el cual fue radicado con el número 121 de 2017 (Cámara). Una vez recibido, el
Presidente de la Cámara de Representantes asignó dicho proyecto a la Comisión
Segunda Constitucional Permanente[96].
La Mesa Directiva de esta Comisión, en ejercicio de sus competencias legales,
designó como ponente de este proyecto de ley al representante Efraín Antonio
Torres Monsalvo[97].
34.1.    Informe
de ponencia. Tras su designación, el representante
Efraín
Antonio Torres Monsalvo presentó su informe de ponencia para tercer debate a la
Mesa Directiva de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara[98], el
cual fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 925 de 13 de octubre de 2017[99]. En
tales términos, la Corte constata que en el caso concreto se cumplieron
las exigencias previstas por los artículos 160 de la Constitución Política, así
como 156 y 157 de la Ley 5 de 1992.
34.2.    Anuncio
previo.
El anuncio previo se llevó a cabo el día 17 de octubre de 2017, tal como consta
en el Acta No. 12 del mismo día, publicada en la Gaceta del Congreso No. 1036
de 9 de noviembre de 2017[100].
En dicha sesión, el Secretario de la Comisión, por solicitud del Presidente de
la misma, anunció el debate y la votación del proyecto de ley sub examine
“para la próxima sesión”[101]. En
tales términos, la Corte constata que en el caso concreto se cumplió con la
exigencia prevista por el artículo 160 de la Constitución Política relativa al
anuncio previo.
34.3.    Debate
y aprobación. Tal como se anunció, el debate y la aprobación del
proyecto de ley sub examine se llevaron a cabo en la sesión de 31 de
octubre de 2017, como consta en el Acta No. 13 del mismo día, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 1160 de 7 de diciembre de 2017[102]. Tras
revisar esta acta, la Corte considera satisfechos los siguientes requisitos:
Requisito
Cumplimiento
Quorum deliberativo
La
sesión inició con la verificación del quorum deliberativo, el cual se
satisfizo al contar con la presencia de 11 de los 19 representantes a la
Cámara de la Comisión Segunda Constitucional Permanente. En tales términos,
se cumplió con el requisito previsto en el artículo 145 de la Constitución
Política.
Quorum decisorio
Tras
el debate sobre el proyecto de ley sub examine, los Representantes a
la Cámara presentes eran 11. En tales términos, se cumplió con el requisito
previsto en el artículo 145 de la Constitución Política.
Aprobación
de la proposición positiva del informe de ponencia
Mediante
“votación nominal y pública”[103],
10 representantes votaron por el sí y 1 por el no[104].
De esta manera, se observaron las exigencias de los
artículos 133 (votación nominal) y 146 (mayoría simple) de la Constitución
Política.
Aprobación
de la proposición del articulado del proyecto
Mediante
“votación nominal y pública”[105],
11 representantes votaron por el sí y 1 por el no[106].
De esta manera, se observaron las exigencias de los
artículos 133 (votación nominal) y 146 (mayoría simple) de la Constitución
Política.
Aprobación
del título del proyecto y del envío para cuarto debate
Mediante
“votación nominal y pública”[107]
11 representantes votaron por el sí y 1 por el no[108].
De esta manera, se observaron las exigencias de los
artículos 133 (votación nominal) y 146 (mayoría simple) de la Constitución
Política.
34.4.    Publicación
del texto aprobado. El texto del proyecto de ley sub
examine aprobado en el tercer debate fue publicado en la Gaceta del
Congreso No. 1157 de 7 de diciembre de 2017[109].
Tercer debate
Requisito
Cumplimiento
Publicación
del informe de ponencia
Gaceta del Congreso No. 925
de 13 de octubre de 2017
Cumple
Anuncio
previo
Acta No. 12 de 17 de octubre de 2017
Gaceta del Congreso No. 1036 de 9 de noviembre de
2017
Cumple
Debate
y aprobación
Acta No. 13 de 31 de octubre de 2017
Gaceta del Congreso No. 1160 de 7 de diciembre de
2017
Cumple
Quorum
deliberativo
Cumple
Quorum
decisorio
Cumple
Votación
nominal y pública
Cumple
Aprobación
por la mayoría requerida
Cumple
Publicación
del texto aprobado
Gaceta del Congreso No. 1157 de 7 de diciembre de
2017
Cumple
35.
El
lapso entre el tercer y el cuarto debate satisface el término previsto por el
artículo 160 de la Constitución Política. La Corte
constata que el tercer debate se llevó a cabo el día 31 de octubre de 2017, y
el cuarto, tal como se expondrá en el párr. 36.3, el día 14 de diciembre
del mismo año, con lo cual se observó el lapso de 8 días entre el tercer y el
cuarto debate.
36.
Cuarto
debate. En el trámite, el debate y la aprobación del proyecto de ley en la
Plenaria de la Cámara de Representantes se cumplió con las exigencias constitucionales
y legales. Tras recibir el proyecto de ley sub examine
en la Secretaría de la Cámara de Representantes, se mantuvo al representante
Efraín Antonio Torres Monsalvo como ponente de esta iniciativa legislativa.
36.1.    Informe
de ponencia. El 7 de noviembre de 2017, el representante  Efraín
Antonio Torres Monsalvo presentó su informe de ponencia para cuarto debate a la
Mesa Directiva de la Comisión Segunda Constitucional Permanente[110], el
cual fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 1157 de 7 de diciembre de 2017[111]. En
tales términos, la Corte constata que en el caso concreto se observaron
las exigencias constitucionales y legales señaladas en los artículos 160 de la
Constitución Política, así como 156 y 157 de la Ley 5 de 1992.
36.2.    Anuncio
previo.
El anuncio previo se llevó a cabo el día 13 de diciembre de 2017, tal como
consta en el Acta No. 273 del mismo día, publicada en la Gaceta del Congreso
No. 159 de 19 de abril de 2018[112].
En dicha sesión, el Secretario de la Cámara, por solicitud del Presidente de la
misma, anunció el debate y la votación el proyecto de Ley sub examine “para
la sesión plenaria del día jueves 14 de diciembre de 2017”. En tales
términos, la Corte constata que en el caso concreto se cumplió con la exigencia
prevista por el artículo 160 de la Constitución Política relativa al anuncio
previo.
36.3.    Debate
y aprobación. Tal como se anunció, el debate y la aprobación del
proyecto de ley sub examine se llevaron a cabo en la sesión del 14 de
diciembre de 2017, como consta en el Acta No. 274 del mismo día, publicada en
la Gaceta del Congreso No. 97 de 23 de marzo de 2018[113]. Tras
revisar esta acta, la Corte considera satisfechos los siguientes requisitos:
Requisito
Cumplimiento
Quorum deliberativo
La
sesión inició con la verificación del quorum deliberativo, el cual se
satisfizo al contar con la presencia de 134 de los 166 representantes a la
Cámara. En tales términos, se cumplió con el requisito previsto en el
artículo 145 de la Constitución Política.
Quorum decisorio
Tras
el debate sobre el proyecto de Ley sub examine, los Representantes a
la Cámara presentes eran 84[114].
En tales términos, se satisfizo el requisito previsto en el artículo 145 de
la Constitución Política.
Aprobación
de la proposición positiva del informe de ponencia
Mediante
“votación nominal y pública”[115],
79 representantes votaron por el sí y 5 por el no[116]. De esta manera, se observaron las exigencias de los
artículos 133 (votación nominal) y 146 (mayoría simple) de la Constitución
Política.
Aprobación
de la proposición del articulado del proyecto
Mediante
“votación nominal y pública”[117],
81 representantes votaron por el sí y 5 por el no[118]. De esta manera, se observaron las exigencias de los
artículos 133 (votación nominal) y 146 (mayoría simple) de la Constitución
Política.
Aprobación
del título y respuesta a la pregunta ¿Quiere la Plenaria de
la Cámara que este proyecto sea ley de la República?
Mediante
“votación nominal y pública”[119],
79 representantes votaron por el sí y 5 por el no[120]. De esta manera, se observaron las exigencias de los
artículos 133 (votación nominal) y 146 (mayoría simple) de la Constitución
Política.
36.4.    Publicación
del texto aprobado. El texto del proyecto de ley sub
examine aprobado en el cuarto debate fue publicado en la Gaceta del
Congreso No. 13 de 31 de enero de 2018[121].
Cuarto debate
Requisito
Cumplimiento
Publicación
del informe de ponencia
Gaceta del Congreso No. 1157
de 7 de diciembre de 2017
Cumple
Anuncio
previo
Acta No. 273 de 13 de diciembre de 2017
Gaceta del Congreso No. 159 de 19 de abril de 2018
Cumple
Debate
y aprobación
Acta No. 274 de 14 de diciembre de 2017
Gaceta del Congreso No. 97 de 23 de marzo de 2018
Cumple
Quorum
deliberativo
Cumple
Quorum
decisorio
Cumple
Votación
nominal y pública
Cumple
Aprobación
por la mayoría requerida
Cumple
Publicación
del texto final aprobado
Gaceta del Congreso No. 13 de 31 de
enero de 2018
Cumple
37.
Finalmente,
la Corte constata que el proyecto de ley sub examine no fue considerado en
más de dos legislaturas, con lo cual se cumplió con la exigencia prevista
por el artículo 162 de la Constitución Política[122]. En
efecto, el proyecto de ley fue radicado en el Congreso de la República el día 4
de octubre de 2016 (párr. 27), y finalizó su trámite con el debate y la
aprobación en cuarto debate llevada a cabo el 14 de diciembre
de 2017 (párr.
36.3).
Así, la consideración y el trámite del proyecto de ley objeto de control se
surtió en dos legislaturas, a saber: la primera, del 20 de julio de 2016 al 20
de junio de 2017, y la segunda, del 20 de julio de 2017 al 20 de junio de 2018.
Trámite ante el Congreso de la
República
Requisito
Cumplimiento
Presentación
del proyecto de ley por el Gobierno Nacional ante el Senado de la República
Cumple
Publicación
del proyecto de ley antes de darle curso
Cumple
Inicio
y trámite del proyecto de ley ante las Comisiones Constitucionales
Permanentes competentes
Cumple
Publicación
de los informes de ponencia en los cuatro debates
Cumple
Anuncios
previos en los cuatro debates
Cumple
Quorum
deliberativo en los cuatro debates
Cumple
Quorum
decisorio en los cuatro debates
Cumple
Aprobación
por la mayoría requerida en los cuatro debates
Cumple
Votación
nominal y pública en los cuatro debates
Cumple
Publicación
del texto aprobado en cada debate
Cumple
Lapso
de 8 días entre los debates de Comisión y Plenaria
Cumple
Lapso
de 15 días entre la aprobación del proyecto en el Senado y la iniciación del
trámite en la Cámara
Cumple
Publicación
del texto final aprobado
Cumple
Trámite
del proyecto en máximo dos legislaturas
Cumple
3.3.
Sanción
presidencial y envío a la Corte Constitucional
38.
El
control de constitucionalidad sobre los aspectos formales en esta fase del
procedimiento implica que la Corte verifique que el Presidente de la República
hubiere (i) sancionado la ley y (ii) la hubiere remitido a la
Corte Constitucional, dentro del término de 6 días previsto por el artículo
241.10 de la Constitución Política. En el caso concreto, el Presidente de la
República sancionó, el día 9 de enero de 2018, la ley aprobatoria del tratado sub
examine[123],
y la remitió a la Corte el día 12 de enero del mismo año[124]. En tales
términos, la Corte advierte que el trámite surtido en esta fase del
procedimiento satisfizo las exigencias constitucionales, así:
Sanción presidencial y envío a la
Corte Constitucional
Requisito
Cumplimiento
Sanción
presidencial
Cumple
Remisión
en término a la Corte Constitucional
Cumple
39.
En
respuesta al problema jurídico formulado en el párr. 18.1, la Sala
constata que el protocolo y la ley aprobatoria sub examine cumplieron
con los requisitos previstos por la Constitución Política y la Ley 5 de 1992.
Por lo tanto, la Sala procede a pronunciarse sobre la constitucionalidad del
contenido de las cláusulas que integran el protocolo objeto de control.
4.     Control de constitucionalidad
material del protocolo
40.
El
protocolo objeto de revisión es un instrumento normativo que busca facilitar el
comercio internacional de mercancías. Por esta razón, la Corte (i) determinará
la naturaleza, el alcance y los efectos del control de constitucionalidad
material respecto de los tratados en materia comercial; (ii) examinará
la compatibilidad general del tratado sub examine y de sus finalidades
con la Constitución Política, y, por último, (iii) revisará la
constitucionalidad de cada uno de los artículos que integran (a) la Ley
1879 de 2018, (b) el protocolo en cuestión y (c) el Acuerdo sobre
Facilitación del Comercio (AFC) anexado a dicho protocolo.
4.1.
Naturaleza
y alcance del control de constitucionalidad material de los tratados en materia
comercial
41.
El
artículo 241.10 de la Constitución Política prevé que es función de esta Corte
ejercer el control de constitucionalidad de los tratados internacionales y de
sus leyes aprobatorias. Esta competencia de la Corte Constitucional integra el
proceso de negociación, suscripción, aprobación y ratificación de los tratados
internacionales previsto por la Constitución Política[125].
42.
La
Corte ha reiterado de manera uniforme que el control de constitucionalidad de
los tratados internacionales y de sus leyes aprobatorias se caracteriza por
ser: (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior
a la aprobación del Congreso y a la sanción presidencial; (ii) automático,
pues deben ser enviados a la Corte Constitucional por el Presidente de la
República dentro de los 6 días siguientes a la sanción gubernamental; (iii)
integral, puesto que el análisis de constitucionalidad abarca tanto los
aspectos formales como los materiales de la ley y del tratado; (iv)
tiene fuerza de cosa juzgada absoluta; (v) es un requisito sine
qua non para la ratificación del Acuerdo y (vi) tiene una función
preventiva, en tanto que su finalidad es garantizar la supremacía de la
Constitución Política y el cumplimiento de los compromisos internacionales
adquiridos por el Estado colombiano[126].
43.
El
control material de constitucionalidad consiste en confrontar el contenido “del
tratado internacional que se revisa y el de su ley aprobatoria, con la
totalidad de las disposiciones de la Constitución, para determinar si se ajusta
o no a la Carta Política”[127].
Es más, la Corte ha resaltado que particularmente frente a tratados de
naturaleza comercial o económica, “se debe tener en cuenta que estos deben
ser conformes con el llamado bloque de constitucionalidad”[128]. Así las
cosas, según la jurisprudencia constitucional, el control material de
constitucionalidad en estos casos implica un análisis de compatibilidad entre
el tratado internacional y su ley aprobatoria, de un lado, y la Constitución
Política y los instrumentos que integran el bloque de constitucionalidad en
sentido estricto, del otro[129].
44.
A
su vez, el control material de constitucionalidad se ejerce frente a la ley aprobatoria
y al tratado internacional en su integridad. En efecto, este control comprende
el análisis de constitucionalidad del tratado en general y de sus finalidades[130], así como
de su contenido en particular, esto es, de las “disposiciones del
instrumento internacional y de su ley aprobatoria”[131]; en otros
términos, de “la integridad del texto, lo que incluye los anexos, pies de
página, al igual que cualquier otra comunicación entre las partes encaminada a
acordar algún sentido o alcance a los compromisos asumidos”[132]. Al
respecto, la Corte ha aclarado que, según el artículo 2 de la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados, por tratado se entiende “el acuerdo
internacional celebrado por escrito entre dos o más estados y regido por el
derecho internacional, que consta en un instrumento único, o en dos o más
instrumentos conexos, cualquiera que sea su denominación particular”[133]. Con este
fundamento, la Corte ha controlado la compatibilidad de los instrumentos
normativos, anexos y conexos, que tienen por objeto dar alcance a lo pactado en
el tratado[134].
45.
En
tales términos, el parámetro para llevar a cabo el control de
constitucionalidad material e integral de los tratados en materia comercial
está conformado por “la totalidad de las disposiciones de la Constitución
Política”[135] y de aquellos
instrumentos normativos que hacen parte del bloque de constitucionalidad en
sentido estricto[136].
Esto se justifica, en parte, porque los tratados internacionales
económicos, de inversión o comerciales tienen, “en general, la jerarquía
normativa de las leyes ordinarias”[137].
A su vez, el
objeto sobre el cual recae este control está integrado por los tratados
internacionales y sus leyes aprobatorias, así como por los demás instrumentos
normativos, anexos y conexos, destinados a “acordar algún sentido o alcance
a los compromisos asumidos”[138].
46.
Para
efectos de determinar el alcance del control de constitucionalidad en el
presente asunto, (i) la Corte debe armonizar su función de guarda de la
supremacía e integridad de la Constitución Política con la especial deferencia
que, por razones democráticas y técnicas, los artículos 189.2 y 150.16 ibídem
otorgan al Presidente de la República para que dirija las relaciones
internacionales y celebre tratados, y al Congreso de la República, para que
apruebe o impruebe estos instrumentos; (ii) sin pretender definir el
contenido y el alcance técnico de las cláusulas incluidas en el Acuerdo sub
examine, la Corte debe tener en cuenta los contenidos y los alcances
normativos de tales cláusulas, siempre que tengan relevancia constitucional
para efectos de determinar su compatibilidad con la Constitución Política; y,
finalmente, (iii) habida cuenta de la cosa juzgada absoluta que
reviste a esta decisión, así como de la función preventiva del control de
constitucionalidad en estos casos, la Corte tiene que proteger la
supremacía constitucional mediante un control eficaz de constitucionalidad.
47.
Con
base en lo anterior, la Corte examinará la compatibilidad del protocolo sub
examine y de la Ley 1879 de 2018 con la norma constitucional.
4.2.
Compatibilidad
general del protocolo sub examine con la Constitución Política
48.
El
tratado internacional sub examine, titulado Protocolo de enmienda del
Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del
Comercio, incorpora el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) al
Anexo 1A del Acuerdo de Marrakech (en adelante, Acuerdo sobre la OMC). Ese
anexo incluye los acuerdos multilaterales sobre el comercio de mercancías
adoptados en el seno de esa organización internacional, que son vinculantes
para todos sus miembros[139].
49.
Como
lo indicó esta Corte en la sentencia C-137 de 1995, que declaró exequibles el
Acuerdo sobre la OMC, sus anexos y su ley aprobatoria (Ley 170 de 1994), la OMC
es “el marco institucional común para el desarrollo de las relaciones
comerciales entre sus Miembros[[140]]
en los asuntos relacionados con los acuerdos e instrumentos jurídicos conexos e
incluidos” en dicho acuerdo. Su finalidad, en los términos de la sentencia
C-369 de 2002[141],
es “estimular el libre comercio entre los
países, sobre la base de reciprocidad y mutuas ventajas, la reducción de
aranceles aduaneros y otros obstáculos al comercio, así como la eliminación del
trato discriminatorio en las relaciones comerciales internacionales”.
50.
Para
lograr esos fines, la OMC, creada en 1994 por los miembros del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1947 (GATT, por su sigla en inglés), ha
adoptado una serie de normativas sobre comercio internacional que están
compiladas en la lista de anexos del Acuerdo sobre la OMC[142]. Esa
lista incluye acuerdos sobre comercio de mercancías, comercio de servicios,
derechos de propiedad intelectual, solución de diferencias y examen de
políticas comerciales, que constituyen los pilares sobre los cuales se
estructura el sistema multilateral de comercio.
51.
Cada
uno de estos acuerdos les confieren derechos a los países miembros de la OMC en
los temas que desarrollan y los obligan, en general, a “mantener políticas
comerciales transparentes y previsibles”[143],
con el fin de brindar “un marco estable y transparente para ayudar a los
productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores a llevar
adelante sus actividades”[144].
De hecho, el Acuerdo sobre la OMC y sus acuerdos anexos son considerados
como la fuente principal del derecho comercial internacional y constituyen “el
más complejo y profundo componente legal del derecho internacional económico”[145],
en la medida que abarcan un amplio espectro de áreas relacionadas con el
intercambio comercial entre países.
52.
Una
de esas áreas son los procedimientos de exportación, importación y tránsito de
mercancías, que constituyen el objeto principal del AFC. Este acuerdo
multilateral, el primero en ser negociado y adoptado en el marco de la OMC[146],  busca “reducir
los costos comerciales, que en su acepción más amplia incluyen todos los costos
que supone hacer llegar un bien desde el productor hasta el consumidor final”[147],
entre otros, “los costos asociados al transporte, los aranceles, las medidas
no arancelarias y los procedimientos comerciales ineficientes”[148].
53.
Para
lograrlo, el AFC contiene disposiciones que reducen los tiempos de espera de
las mercancías en las aduanas, disminuyen las barreras administrativas y, en
general, agilizan las operaciones comerciales internacionales. Con ellas, se
complementa lo dispuesto en los artículos V, VIII y X del GATT de 1994[149], que
regulan, respectivamente, (i) la libertad de tránsito, (ii) los
derechos y las formalidades referidas a la importación y la exportación de
mercancías y (iii) la publicación y aplicación de los reglamentos
comerciales. Además, el AFC les da un tratamiento especial y diferenciado a los
“países en desarrollo”[150] y “menos
adelantados”[151] miembros de la
OMC, que pueden decidir, de manera autónoma, cuándo comenzarán a aplicar cada
una de sus disposiciones.
54.
Este
tratamiento especial y diferenciado responde a la flexibilidad en el cumplimiento
de los compromisos adquiridos que el sistema multilateral de comercio de la
OMC, desde sus inicios, les ha otorgado a las economías en desarrollo y, en
especial, a los países menos adelantados, que solo deben asumirlos “en la
medida compatible con las necesidades de cada uno de ellos en materia de
desarrollo, finanzas y comercio o con sus capacidades administrativas e
institucionales”[152].
55.
En
suma, tal como lo indica el Informe sobre el Comercio Mundial 2015. Acelerar
el comercio: ventajas y desafíos de la aplicación del Acuerdo sobre
Facilitación del Comercio de la OMC, el AFC “representa un hito
importante, al crear un marco multilateral para reducir los costos del
comercio”. Así mismo, (i) “aumenta la seguridad jurídica ante los
cambios en las medidas [relacionadas con el comercio internacional]”;
(ii) “ayuda a adoptar enfoques similares o compatibles de los procedimientos
comerciales [en los países miembros de la OMC]” y (iii) “coordina
la prestación de apoyo de los [países] donantes a los países en desarrollo
con capacidad limitada”.
56.
De
acuerdo con las anteriores consideraciones, la Corte observa que, en términos
generales, el sistema multilateral de comercio que se gestó con la creación de
la OMC, y que se fundamenta en los diversos acuerdos de naturaleza comercial
incorporados al Acuerdo sobre la OMC, incluido el AFC, armoniza con los
mandatos superiores de internacionalización de las relaciones económicas del
Estado colombiano e integración económica con las demás naciones sobre bases de
equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, contenidos en los artículos 226
y 227 de la Constitución Política.
57.
Lo
anterior es evidente, por cuanto (i) el sistema normativo de la OMC
busca que sus miembros mantengan relaciones comerciales en un escenario dotado
de transparencia y seguridad jurídica, (ii) todos los miembros de la OMC
tienen las mismas obligaciones y los mismos derechos previstos en los acuerdos
de naturaleza comercial que los vinculan, (iii) estos acuerdos buscan
armonizar las disposiciones sobre comercio internacional que aplican los
miembros de la OMC y (iv) los países en desarrollo y menos adelantados
asumen sus compromisos de manera compatible con sus necesidades y capacidades
y, si es el caso, con la cooperación de los países con economías más
desarrolladas.
58.
Ahora
bien, el preámbulo del AFC se refiere, de manera concreta, a las finalidades
perseguidas por los miembros de la OMC con la adopción del instrumento
internacional sub examine, en los siguientes términos:
“Los
miembros,
Habida
cuenta de las negociaciones iniciadas en virtud de la Declaración
Ministerial de Doha;
Recordando
y reafirmando el mandato y los principios que figuran en el párrafo 27 de
la Declaración Ministerial de Doha (WT/MIN(01)/DEC/1) y en el Anexo D de la
Decisión relativa al Programa de Trabajo de Doha adoptada por el Consejo
General el 1º de agosto de 2004 (WT/L/579), así como en el párrafo 33 y en el
Anexo E de la Declaración Ministerial de Hong Kong (WT/MIN(05)/DEC);
Deseando
aclarar y mejorar aspectos pertinentes de los artículos V, VIII y X del GATT de
1994 con miras a agilizar aún más el movimiento, el levante y el despacho de
las mercancías, incluidas las mercancías en tránsito;
Reconociendo
las necesidades particulares de los países en desarrollo Miembros y
especialmente de los países menos adelantados Miembros y deseando potenciar la
asistencia y el apoyo para la creación de capacidad en esta esfera;
Reconociendo
la necesidad de una cooperación efectiva entre los Miembros en las cuestiones
relativas a la facilitación del comercio y el cumplimiento de los
procedimientos aduaneros;
Convienen en lo
siguiente:”
59.
La
Corte advierte que las finalidades del protocolo sub examine referidas
en su preámbulo también son compatibles con la Constitución Política, en tanto
contribuyen a materializar los principios constitucionales de (i) la
internacionalización de las relaciones económicas (arts. 226 y 227 de la CP) y (ii)
el desarrollo, el bienestar y la prosperidad económica y social (arts. 1, 2 y
334 de la CP).
60.
Primero,
la Corte advierte que las finalidades del tratado sub examine son
compatibles con la
internacionalización de las relaciones económicas. El artículo
226 de la Constitución Política prevé que “el Estado promoverá la
internacionalización de las relaciones políticas [y]
económicas (…)”, y el artículo 227 ibídem dispone
que “el
Estado promoverá la integración económica, social y política con las demás
naciones”.
Al respecto, la Corte reitera que, “en la actualidad, el proteccionismo
económico, que incita a los países a replegarse sobre sí mismos, ignorando los
flujos y reflujos del comercio internacional, sólo puede conducir a que los
países que lo llevan a cabo se sometan a sí mismos al ostracismo y se
conviertan en una especie de parias de la sociedad internacional. En este orden
de ideas, la internacionalización de las relaciones económicas se convierte en
un hecho necesario para la supervivencia y el desarrollo de los Estados que
trasciende las ideologías y los programas políticos”[153].
61.
La
Corte observa que este tratado tiene por finalidad (i) “agilizar aún más el
movimiento, el levante y el despacho de mercancías”, así como (ii) “una
cooperación efectiva entre los Miembros e la OMC
en las cuestiones relativas a la facilitación del comercio y el
cumplimiento de los procedimientos aduaneros”. En esa medida, la Corte
constata que mediante
este tratado se pretende “la integración económica del país que se impone
como consecuencia de la globalización de la economía global”[154].
62.
Lo
anterior se refleja en la adopción de medidas que buscan simplificar,
modernizar y armonizar los procesos de intercambio comercial de mercancías con
los demás países miembros de la OMC, en un marco de cooperación para
facilitar el comercio transfronterizo, intercambiar información y datos
aduaneros y promover la prestación de asistencia y ayuda para la implementación
de las disposiciones del acuerdo, entre otros objetivos.
63.
Al
respecto, la Corte reitera que las medidas de facilitación del comercio “se
ajustan a los postulados integracionistas de la Carta Política, en la medida en
que el intercambio bilateral de bienes y servicios exige la adopción de
procedimientos aduaneros eficientes, la sistematización de las aduanas, un
óptimo manejo del riesgo, así como la adecuación de los procedimientos
administrativos internos a las exigencias del comercio mundial”[155].
64.
Segundo,
la
Corte constata que las finalidades del tratado sub examine son
compatibles con los principios de desarrollo, bienestar y prosperidad
económica y social. El artículo 1 de la Constitución Política dispone que “Colombia
es un Estado social de derecho”, el artículo 2 ibídem prescribe que “son
fines esenciales del Estado: promover la prosperidad general (…) [y que] las
autoridades están instituidas (…) para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado”, y el artículo 334 ibídem instituye que el
Estado intervendrá en la economía “para conseguir (…) el mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes (…) y los beneficios del desarrollo”.
65.
Pues
bien, en tales términos, los fines del tratado sub examine resultan
compatibles con los principios descritos. En efecto, además de la facilitación
del comercio internacional a la que se hizo referencia en los párr. 62 y
63, el tratado busca “potenciar la asistencia y el apoyo para la creación de
capacidad”, con el fin de que los países menos adelantados y en desarrollo
miembros de la OMC, como Colombia[156],
puedan aplicar sus disposiciones. Esto, a juicio de la Corte, se ajusta al
mandato de intervención del Estado en la economía para beneficiarse del
desarrollo y, de esta manera, promover la prosperidad general. Ello es así,
pues, mediante la cooperación internacional que pueden ofrecer los países
desarrollados en los términos del tratado sub examine, es posible crear
las condiciones técnicas y de infraestructura necesarias para que las
operaciones de comercio internacional de mercancías, efectivamente, se lleven a
cabo con mayor agilidad y eficacia, según los estándares previstos por la OMC
para todos los países que adopten el acuerdo[157],
y, de esta manera, se genere una mayor y mejor dinámica de intercambio
comercial.
66.
En
tales términos, la Corte concluye que las finalidades globales del tratado sub
examine son conformes con la Constitución Política. Con todo, la Corte
advierte que la conclusión de este análisis global no compromete el análisis de
constitucionalidad de cada uno de los artículos de la Ley 1840 de 2017 ni de
las cláusulas que integran el tratado sub examine.
67.
Finalmente,
tal como se indicó en el párr. 15, si bien Accoldi respalda la
constitucionalidad general del protocolo, considera necesario solicitarle al
Gobierno que, al ratificar este instrumento internacional, incluya “una
declaración mediante la cual indique la posición de Colombia frente a la
necesidad de hacer una Interpretación Evolutiva del Protocolo, que dé cuenta
del surgimiento de la costumbre internacional que contiene los principales
principios del derecho comercial internacional y que [a su juicio] da
nuevo sentido a elementos puntuales del instrumento”, específicamente, a los
conceptos de “comercio internacional” y “facilitación del comercio”.
68.
A
juicio de la entidad interviniente, “es evidente que un término tan genérico
como ‘comercio internacional’ no puede tener la misma interpretación en 2014 [cuando
se adoptó el protocolo] y en 2019”, pues en 2014, “era mucho más
abstracto y en términos jurídico internacionales apenas se ajustaba a los aún
ligeros desarrollos que había tenido el derecho internacional en materia
comercial”. Así mismo, afirma que los principios del “nuevo derecho
internacional ambiental (…) dan un entendimiento complejo al concepto genérico
de ‘facilitación del comercio’ en el derecho internacional que no se tenía en
2014 para el tiempo de su adopción”. Para sustentar su solicitud, la
interviniente afirma que los tratados internacionales deben ser entendidos como
“instrumentos vivos que van evolucionando”, a medida que surgen o se
modifican normas de derecho internacional. En ese sentido, considera que “la
evolución de los principios específicos de derecho comercial internacional debe
entenderse como producto del desarrollo de una normatividad jurídica internacional
en materia de derechos humanos” y, por lo tanto, tales principios “son
hoy en día criterios constitucionales a la luz de los cuales es necesario
realizar la evaluación de constitucionalidad del Protocolo de Enmienda”.
69.
La
Corte advierte que la solicitud de la interviniente se fundamenta en
consideraciones subjetivas y ampliamente generales sobre el alcance que
convendría darle al protocolo sub examine. Sin embargo, tales argumentos
no se traducen en razones de constitucionalidad específicas que le permitan a
la Corte revisar la constitucionalidad global del tratado o de alguno de sus
componentes de cara a la solicitud formulada por la interviniente. En efecto,
lo expuesto en el párrafo anterior evidencia que las razones de Accoldi obedecen
a cuestiones de simple conveniencia relacionadas con la aplicación del
protocolo, en función de (i) las transformaciones que, en su criterio,
ha sufrido el derecho comercial internacional desde la adopción de dicho
instrumento y (ii) las modificaciones que pueda tener en el futuro.
Tales argumentos ponen de presente las incertidumbres de la interviniente sobre
el alcance y la naturaleza del tratado que se analiza y, a lo sumo, la
existencia de un debate doctrinario sobre la interpretación que se les debe dar
a ciertos conceptos relacionados con el comercio internacional, conforme
evolucionan las normas que les dan sustento. Sin embargo, no justifican, de
manera concreta, la necesidad de solicitarle a Gobierno colombiano que formule
una declaración en la que indique “la necesidad de hacer una Interpretación
Evolutiva del Protocolo”. Por lo anterior, la Corte no accederá a la
solicitud de la entidad interviniente.
4.3.
Control
de constitucionalidad del articulado de la Ley 1879 de 2018
70.
La Ley 1879 de 2018, “por
medio de la cual se aprueba el ‘Protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech
por el que se establece la Organización Mundial del Comercio’, adoptada por el
Consejo General de la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, Suiza, el
27 de noviembre de 2014”, contiene tres artículos. El primero
estipula que se aprueba el referido protocolo; el segundo, que de conformidad
con el artículo 1 de la Ley 7 de 1994, este instrumento “obligará a la
República de Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo
internacional respecto del mismo”, y, por último, el tercero, que esta ley
rige a partir de la fecha de su publicación.
71.
La
Corte advierte que tales artículos son compatibles con la Constitución Política.
El primero es conforme con la competencia prevista por el artículo 150.16 de la
Constitución Política, según el cual le corresponde al Congreso “aprobar o
improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o con entidades
de derecho internacional”. El segundo y el tercero son también conformes
con la consolidada jurisprudencia constitucional, según la cual “la ley rige
desde el momento en que se perfeccione el vínculo internacional respectivo,
precisión que responde a lo dispuesto en general por el derecho internacional y
la Constitución en materia de leyes aprobatorias de tratados internacionales”[158].
72.
En
tales términos, la Corte considera exequibles los tres artículos que integran
la Ley 1879 de 2018.
4.4.
Control
de constitucionalidad del protocolo sub examine
73.
El
protocolo sub examine consta de (i) seis numerales que indican lo
convenido por los miembros de la OMC para enmendar el Acuerdo de Marrakech, por
el que se establece esa organización internacional (en adelante, el Acuerdo
sobre la OMC), y (ii) un anexo que contiene el AFC, que se incorpora al
Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC[159].
74.
Según
el protocolo sub examine, los miembros de la OMC convinieron:
“1.
El Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC será enmendado, en el momento en que entre
en vigor el presente Protocolo de conformidad con el párrafo 4, mediante la
incorporación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio que figura en el
Anexo del presente Protocolo y que se insertará después del Acuerdo sobre
Salvaguardias.
2.
No podrán formularse reservas respecto de ninguna de las disposiciones del
presente Protocolo sin el consentimiento de los demás Miembros.
3.
El presente Protocolo está abierto a la aceptación de los Miembros.
4.
El presente Protocolo entrará en vigor de conformidad con el párrafo 3 del
artículo X del Acuerdo sobre la OMC.
5.
El presente Protocolo será depositado en poder del Director General de la
Organización Mundial del Comercio, quien remitirá sin dilación a cada uno de los
Miembros una copia autenticada de este instrumento y una notificación de cada
aceptación del mismo de conformidad con el párrafo 3[[160]].
6.
El presente Protocolo será registrado de conformidad con las disposiciones del
Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas[[161]]”.
75.
La Corte advierte que lo convenido
por los miembros de la OMC para enmendar el Acuerdo sobre la OMC es compatible
con la Constitución Política. Ello es así, porque (i) expresa la
voluntad de adoptar el protocolo sub examine y de abrirlo a la
aceptación de cada uno de los miembros, lo que respeta los principios de
soberanía nacional y de libre autodeterminación de los pueblos en los que se basan
las relaciones exteriores del Estado, de conformidad con el artículo 9 de la
Constitución Política. Además, (ii) la voluntad de incorporar el AFC al
Acuerdo sobre la OMC se ajusta al mandato de promover la internacionalización e
integración económica, social y política con las demás naciones, previsto por
los artículos 226 y 227 superiores, mediante la celebración e implementación de
acuerdos internacionales de naturaleza comercial.
76.
De otro lado, la Corte observa que (iii)
de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, “la reserva no es un
derecho absoluto sino relativo, cuyo ejercicio depende de los acuerdos
alcanzados por las partes en el respectivo instrumento internacional”[162]. En el asunto sub examine,
las partes del protocolo acordaron que no se podrán formular reservas sin el
consentimiento de los demás miembros de la OMC. Tal previsión se ajusta a lo
señalado por esta Corte, en el sentido de que la prohibición de reservas “no apareja una violación de los
derechos de los Estados que intervienen en [la] formación [de un tratado] o posteriormente se
adhieren a él, ni un desconocimiento a los principios de soberanía nacional o
autodeterminación de los pueblos para llevar a cabo sus relaciones exteriores”[163]. Por el contrario, como la propia Corte lo ha sostenido, “la posibilidad de que un tratado internacional
excluya absoluta o relativamente [como en el caso sub examine] la posibilidad de
formular reservas es una práctica internacional reconocida y aceptada por la
comunidad internacional, y recogida en los dos principales instrumentos
multilaterales sobre Derecho de los Tratados, práctica que, además, ha sido
avalada como constitucional por esta Corporación”[164].
77.
Finalmente, (iv) las
disposiciones sobre la entrada en vigor, el depósito y el registro del
protocolo sub examine remiten a dos instrumentos de derecho
internacional previamente aprobados por Colombia: la Carta de las Naciones
Unidas[165] y el
Acuerdo sobre la OMC[166].
Además, se ajustan a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados[167], en particular, a sus artículos 77[168] y 81[169], relacionados con el depósito y el
registro de los tratados internacionales, respectivamente. En esa medida,
responden a normas de derecho internacional que regulan estas materias, las
cuales han sido incorporadas al ordenamiento interno en ejercicio de la
libertad de configuración normativa del legislador en asuntos internacionales,
en particular, su facultad de aprobar los tratados que el Gobierno celebre con
otros Estados o entidades de derecho internacional, prevista por el artículo
150.16 superior.
78.
Con
base en lo anterior, la Corte declarará exequibles los seis numerales del
protocolo sub examine, que expresan lo convenido por los miembros de la
OMC para enmendar el Acuerdo sobre la OMC.
4.5.
Constitucionalidad
del AFC anexado al protocolo sub examine
79.
El
AFC anexado al protocolo sub examine consta de un preámbulo y tres
secciones que se refieren, respectivamente, a (i) procedimientos
administrativos aduaneros e información relacionada con estos procedimientos, (ii)
trato especial y diferenciado para los países en desarrollo y menos adelantados
miembros de la OMC y (iii) disposiciones institucionales y finales.
80.
Como
se indicó en el párr. 58, el preámbulo expresa la voluntad de los
países miembros de la OMC de aclarar y mejorar aspectos de los artículos V[170], VIII[171] y X[172] del GATT
de 1994[173],
para darles mayor agilidad al movimiento, el levante y el despacho de
mercancías; reconoce las necesidades de los países en desarrollo y menos
adelantados miembros; expresa el deseo de potenciar la asistencia y el apoyo
para la creación de capacidad en materia de comercio internacional en esos
países, y reconoce la necesidad de una cooperación efectiva en la facilitación
del comercio y el cumplimiento de los procedimientos aduaneros.
81.
La
Corte considera que el preámbulo del AFC es compatible con la Constitución
Política. En efecto, según lo ha dicho esta Corte, las previsiones
del preámbulo de un acuerdo internacional no son, en sí mismas, reglas
jurídicas, sino “un conjunto de criterios para la interpretación del [acuerdo]”[174].
En ese sentido, lo expresado por los miembros de la OMC en el preámbulo del
acuerdo sub examine indica tanto la voluntad como la necesidad de
facilitar el comercio internacional de mercancías y potenciar la asistencia y
el apoyo para la creación de capacidades en esta materia en los países en
desarrollo y menos adelantados miembros de esa organización internacional. Como
se indicó en los párr. 56 al 66, tales criterios concuerdan con
los mandatos superiores que promueven la internacionalización de las relaciones
económicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional (arts.
226 y 227 de la CP), así como con el desarrollo, el bienestar y la prosperidad
económica y social a los que se refieren los artículos 1, 2 y 334 ibídem.
En esa medida, se ajustan al ordenamiento constitucional.
82.
Con
base en lo anterior, la Corte declarará exequible el preámbulo del acuerdo sub
examine.
83.
La
Sección I del AFC, que abarca los artículos 1 al 12, se refiere a
dos temas centrales: (i) información sobre la importación, la exportación
y el tránsito de mercancías y (ii) procedimientos administrativos
relacionados con esas materias. A continuación, la Corte se referirá a la
constitucionalidad de cada uno de los artículos que integran la primera sección
del acuerdo sub examine.
84.
El
artículo 1 del AFC dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO
1: PUBLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
1
Publicación
1.1
Cada Miembro publicará prontamente la siguiente información, de manera no
discriminatoria y fácilmente accesible, a fin de que los gobiernos, los
comerciantes y otras partes interesadas puedan tener conocimiento de ella:
a)
los procedimientos de importación, exportación y tránsito (incluidos los
procedimientos en puertos, aeropuertos y otros puntos de entrada) y los
formularios y documentos exigidos;
b)
los tipos de los derechos aplicados y los impuestos de cualquier clase percibidos
sobre la importación o la exportación o en conexión con ellas;
c)
los derechos y cargas percibidos por o en nombre de organismos gubernamentales
sobre la importación, la exportación o el tránsito o en conexión con ellos;
d)
las normas para la clasificación o la valoración de productos a efectos
aduaneros;
e)
las leyes, los reglamentos y las disposiciones administrativas de aplicación
general relacionados con las normas de origen;
f)
las restricciones o prohibiciones en materia de importación, exportación o
tránsito;
g)
las disposiciones sobre sanciones por infracción de las formalidades de
importación, exportación o tránsito;
h)
los procedimientos de recurso o revisión;
i)
los acuerdos o partes de acuerdos con cualquier país o países relativos a la
importación, la exportación o el tránsito; y
j)
los procedimientos relativos a la administración de contingentes arancelarios.
1.2
Ninguna de estas disposiciones se interpretará de modo que exija la publicación
o suministro de información en un idioma distinto al del Miembro, salvo lo
dispuesto en el párrafo 2.2.
2
Información disponible por medio de Internet
2.1
Cada Miembro facilitará, y actualizará en la medida de lo posible y según
proceda, por medio de Internet lo siguiente:
a)
una descripción[175] de
sus procedimientos de importación, exportación y tránsito, incluidos los
procedimientos de recurso o revisión, en la que se informe a los gobiernos, los
comerciantes y otras partes interesadas de las medidas prácticas necesarias
para la importación, la exportación y el tránsito;
b)
los formularios y documentos exigidos para la importación en el territorio de
ese Miembro, para la exportación desde él y para el tránsito por él;
c)
los datos de contacto de su servicio o servicios de información.
2.2
Siempre que sea factible, la descripción a que se hace referencia en el
apartado a) del párrafo 2.1 también se facilitará en uno de los idiomas
oficiales de la OMC.
2.3
Se alienta a los Miembros a poner a disposición por medio de Internet
información adicional relacionada con el comercio, con inclusión de la
legislación pertinente relacionada con el comercio y demás elementos a que se
refiere el párrafo 1.1.
3
Servicios de información
3.1
Cada Miembro establecerá o mantendrá, dentro de los límites de los recursos de
que disponga, uno o más servicios de información para responder a las
peticiones razonables de información presentadas por gobiernos, comerciantes y
otras partes interesadas sobre las cuestiones abarcadas por el párrafo 1.1 y
suministrar los formularios y documentos exigidos que se mencionan en el
apartado a) de ese párrafo.
3.2
Los Miembros de una unión aduanera o que participen en un mecanismo de
integración regional podrán establecer o mantener servicios de información
comunes a nivel regional para cumplir con el requisito establecido en el
párrafo 3.1 en lo que respecta a los procedimientos comunes.
3.3
Se alienta a los Miembros a no exigir el pago de derechos por atender
peticiones de información y por suministrar los formularios y documentos
exigidos. En su caso, los Miembros limitarán la cuantía de sus derechos y
cargas al costo aproximado de los servicios prestados.
3.4
Los servicios de información responderán a las peticiones de información y
suministrarán los formularios y documentos dentro de un plazo razonable fijado
por cada Miembro, que podrá variar dependiendo de la naturaleza o complejidad
de la solicitud.
4
Notificación
Cada
Miembro notificará al Comité de Facilitación del Comercio establecido en virtud
del párrafo 1.1 del artículo 23 (denominado en el presente Acuerdo el
"Comité") lo siguiente:
a)
el lugar o lugares oficiales donde se haya publicado la información a que hacen
referencia los apartados a) a j) del párrafo 1.1;
b)
la dirección de Internet (URL) del sitio o sitios web a que se refiere el
párrafo 2.1; y
c) los datos de
contacto de los servicios de información mencionados en el párrafo 3.1”.
85.
La Corte constata que este artículo es
compatible con la Constitución Política. En efecto, las disposiciones
contenidas en él garantizan el acceso a información pública relacionada con el
comercio internacional, como los procedimientos que se adelantan ante las
autoridades aduaneras y las normas aplicables a la importación, la exportación
y el tránsito de mercancías. Esas medidas guardan armonía con el artículo 74 de
la Constitución Política, que prevé el derecho de toda persona a acceder a
documentos públicos, y con el principio de publicidad en el que se basa el
ejercicio de la función administrativa, previsto en el artículo 209 ibídem.
Así mismo, respetan (i) el derecho a la igualdad (art. 13 de la CP),
pues el artículo dispone que la publicación de la información se debe realizar “de
manera no discriminatoria y fácilmente accesible”; (ii) la
consagración del castellano como idioma oficial de Colombia (art. 10 de la CP),
al prever que no es posible exigir “la publicación o suministro de
información en un idioma distinto al del miembro”[176], y (iii) el derecho
de toda persona a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades y a
obtener una pronta resolución (art. 23 de la CP), al señalar que los servicios
de información de los países miembros “responderán a las peticiones de
información y suministrarán los formularios y documentos dentro de un plazo
razonable”. Además, se observa que el artículo analizado propugna por la
gratuidad en el acceso a la información pública, al alentar a los miembros a no
exigir el pago de derechos por atender las peticiones de información. Esa
prescripción se ajusta a lo señalado por esta Corte en el sentido de que “la
gratuidad en el ejercicio del derecho de petición constituye sin duda una
garantía acorde con el goce efectivo de un derecho fundamental, que permite el
acceso de todos a las autoridades, sin barrera de orden pecuniario”[177].
86.
La Corte también advierte que el
artículo analizado propugna por (i) la modernización de los canales de
acceso a la información, pues alienta a los miembros a facilitar información
por medio de internet; (ii) la integración regional, al permitir que los
miembros de una unión aduanera o mecanismo de integración regional establezcan
o mantengan servicios de información comunes, y (iii) la cooperación
internacional, al prever que esta información se comparta con gobiernos de
países miembros de la OMC y que se le notifiquen al Comité los lugares
oficiales, físicos y virtuales en los que se haya publicado. Todas estas
medidas son compatibles con el ordenamiento superior, pues buscan facilitarles
el acceso a información pública a quienes adelantan trámites relacionados con
el comercio internacional de mercancías, lo que cumple con el mandato de
promover la internacionalización de las relaciones económicas (arts. 226 y 227
de la CP).
87.
Con
base en lo anterior, la Corte declarará exequible el artículo 1 del
acuerdo sub examine.
88.
El
artículo 2 del AFC dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO
2: OPORTUNIDAD DE FORMULAR OBSERVACIONES, INFORMACIÓN ANTES DE LA ENTRADA EN
VIGOR Y CONSULTAS
1
Oportunidad de formular observaciones e información antes de la entrada en
vigor
1.1
Cada Miembro ofrecerá, en la medida en que sea factible y de manera compatible
con su derecho interno y su sistema jurídico, oportunidades y un plazo adecuado
para que los comerciantes y otras partes interesadas formulen observaciones
sobre las propuestas de introducción o modificación de leyes y reglamentos de
aplicación general relativos al movimiento, el levante y el despacho de las
mercancías, incluidas las mercancías en tránsito.
1.2
Cada Miembro se asegurará, en la medida en que sea factible y de manera
compatible con su derecho interno y su sistema jurídico, de que se publiquen
las leyes y los reglamentos de aplicación general nuevos o modificados
relativos al movimiento, el levante y el despacho de las mercancías, incluidas
las mercancías en tránsito, o de que se ponga de otra manera la información
sobre ellos a disposición del público, tan pronto como sea posible antes de su
entrada en vigor, a fin de que los comerciantes y otras partes interesadas
puedan tener conocimiento de ellos.
1.3
Quedan excluidas de los párrafos 1.1 y 1.2 las modificaciones de los tipos de
los derechos o de los tipos de los aranceles, las medidas que tengan efectos de
alivio, las medidas cuya eficacia resultaría menoscabada como resultado del
cumplimiento del párrafo 1.1 o 1.2, las medidas que se apliquen en
circunstancias urgentes o las modificaciones menores del derecho interno y del
sistema jurídico.
2
Consultas
Cada Miembro
preverá, según proceda, consultas regulares entre sus organismos que
intervienen en la frontera y los comerciantes u otras partes involucradas
ubicados dentro de su territorio”.
89.
La Corte constata que este artículo es
compatible con la Constitución Política. Esto es así, por cuanto sus
contenidos normativos desarrollan un fin esencial del Estado: facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan (art. 2 de la CP). En
efecto, estas medidas buscan que los comerciantes y otras personas interesadas
en las operaciones de comercio internacional no solo conozcan las normas
relacionadas con el movimiento, el levante y el despacho de mercancías, sino que
además puedan formular observaciones a las propuestas de introducción
o modificación de leyes y reglamentos de aplicación general relacionados con
esas materias. Además, se
garantiza el derecho de acceso a la información pública (art. 74 de la CP) y el
principio de publicidad de la función administrativa (art. 209 de la CP), en la
medida que cada país miembro de la OMC debe asegurarse de publicar las
nuevas leyes y reglamentos de aplicación general o las modificaciones normativas
correspondientes. Cabe
anotar que tales medidas también respetan el principio de soberanía nacional en
el que se fundamentan las relaciones exteriores del Estado (art. 9 de la CP), pues
el propio artículo advierte que se cumplirán “en la medida en que sea
factible y de manera compatible con [el] derecho interno y [el]
sistema jurídico” de cada miembro. De hecho, de manera razonable, excluye
ciertas modificaciones normativas y medidas, como las que se aplican en
circunstancias urgentes o las que representan cambios menores en el derecho
interno de los países miembros de la OMC.
90.
Con
base en lo anterior, la Corte declarará exequible el artículo 2 del
acuerdo sub examine.
91.
El
Artículo 3 del AFC dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO
3: RESOLUCIONES ANTICIPADAS
1.
Cada Miembro emitirá, en un plazo razonable y determinado, una resolución
anticipada para el solicitante que haya presentado una solicitud escrita que
contenga toda la información necesaria. Si un Miembro se niega a emitir una
resolución anticipada, lo notificará al solicitante por escrito y sin demora,
indicando los hechos pertinentes y el fundamento de su decisión.
2.
Un Miembro podrá negarse a emitir una resolución anticipada para el solicitante
si la cuestión que se plantea en la solicitud:
a)
ya está pendiente de decisión en un organismo gubernamental, tribunal de
apelación u otro tribunal al que el solicitante haya presentado el caso; o
b)
ya ha sido objeto de decisión en un tribunal de apelación u otro tribunal.
3.
La resolución anticipada será válida durante un plazo razonable después de su
emisión, salvo que hayan cambiado la ley, los hechos o las circunstancias que
justifiquen esa resolución.
4.
Cuando el Miembro revoque, modifique o invalide la resolución anticipada, lo
notificará al solicitante por escrito indicando los hechos pertinentes y el
fundamento de su decisión. Un Miembro solo podrá revocar, modificar o invalidar
resoluciones anticipadas con efecto retroactivo cuando la resolución se haya
basado en información incompleta, incorrecta, falsa o engañosa.
5.
Una resolución anticipada emitida por un Miembro será vinculante para ese
Miembro con respecto al solicitante que la haya pedido. El Miembro podrá
disponer que la resolución anticipada sea vinculante para el solicitante.
6.
Cada Miembro publicará, como mínimo:
a)
los requisitos para la solicitud de una resolución anticipada, incluida la
información que ha de presentarse y su formato;
b)
el plazo en que se emitirá la resolución anticipada; y
c)
el período de validez de la resolución anticipada.
7.
Cada Miembro preverá, previa petición por escrito del solicitante, una revisión
de la resolución anticipada o de la decisión de revocar, modificar o invalidar
la resolución anticipada[178].
8.
Cada Miembro se esforzará por poner a disposición del público cualquier
información sobre las resoluciones anticipadas que, a su juicio, tenga un
interés significativo para otras partes interesadas, teniendo en cuenta la
necesidad de proteger la información comercial confidencial.
9.
Definiciones y alcance:
a)
Una resolución anticipada es una decisión escrita que un Miembro facilita al
solicitante antes de la importación de la mercancía abarcada por la solicitud,
en la que se establece el trato que el Miembro concederá a la mercancía en el
momento de la importación con respecto a lo siguiente:
i)
la clasificación arancelaria de la mercancía; y
ii)
el origen de la mercancía[179].
b)
Se alienta a los Miembros a que, además de las resoluciones anticipadas
definidas en el apartado a), emitan resoluciones anticipadas sobre:
i)
el método o los criterios apropiados, y su aplicación, que han de utilizarse
para determinar el valor en aduana con arreglo a un conjunto determinado de
hechos;
ii)
la aplicabilidad de las prescripciones del Miembro en materia de desgravación o
exención del pago de los derechos de aduana;
iii)
la aplicación de las prescripciones del Miembro en materia de contingentes,
incluidos los contingentes arancelarios; y
iv)
cualquier cuestión adicional sobre la que un Miembro considere adecuado emitir
una resolución anticipada.
c)
Por solicitante se entiende el exportador, importador o cualquier persona que
tenga motivos justificados, o su representante.
d)
Un Miembro podrá exigir que el solicitante tenga representación legal o esté
registrado en su territorio. En la medida de lo posible, tales requisitos no
restringirán las categorías de personas que pueden solicitar resoluciones
anticipadas, y se prestará particular consideración a las necesidades
específicas de las pequeñas y medianas empresas. Esos requisitos serán claros y
transparentes y no constituirán un medio de discriminación arbitrario o
injustificable”.
92.
La Corte constata que este artículo es
compatible con la Constitución Política. En primer lugar, las medidas
contenidas en él son expresión de los principios de eficacia, economía y
celeridad de la función administrativa (art. 209 de la CP), ya que instan a que
las autoridades aduaneras emitan resoluciones sobre la clasificación
arancelaria y el origen de las mercancías antes de su importación, con el fin
de agilizar, facilitar y reducir los costos de los trámites aduaneros. En
segundo lugar, garantizan el principio de publicidad de la función
administrativa (art. 209 de la CP) y el derecho de acceso a la información
pública (art. 74 de la CP), al prever la publicación de los requisitos, el
plazo de emisión y el periodo de validez de una resolución anticipada, así como
de cualquier información que pueda tener un interés significativo. Cabe anotar
que esta información debe publicarse “teniendo en cuenta la necesidad de proteger
la información comercial confidencial”, lo que preserva las garantías
constitucionales en la recolección, tratamiento y circulación de datos (art. 15
de la CP). En tercer lugar, estas medidas garantizan el derecho de petición
(art. 23 de la CP) y el debido proceso administrativo (art. 29 de la CP), pues
la resolución anticipada debe emitirse, a solicitud del interesado, “en un
plazo razonable y determinado”. Además, si la decisión es negativa o la
autoridad decide revocar, modificar o invalidar la resolución, debe notificarlo
al solicitante “por escrito indicando los hechos pertinentes y el fundamento
de su decisión”, con la posibilidad de acceder a una revisión de esa
decisión. Finalmente, reconocer que las autoridades pueden negarse a emitir una
resolución anticipada porque el asunto está pendiente de decisión o ya ha sido
decidido por un organismo gubernamental o un tribunal garantiza los principios de eficacia
administrativa (art. 209 de la CP) y seguridad jurídica, que, como lo ha
expresado esta Corte, “está relacionada con la buena fe, consagrada en el
artículo 83 de la Constitución”[180]. Esto, por cuanto evita que
autoridades distintas tramiten y decidan un asunto que ya está tramitando o ha
sido resuelto por otra instancia judicial o administrativa.
93.
Con
base en lo anterior, la Corte declarará exequible el artículo 3 del
acuerdo sub examine.
94.
El
artículo 4 del AFC dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO
4: PROCEDIMIENTOS DE RECURSO O DE REVISIÓN
1.
Cada Miembro dispondrá que la persona a quien vaya dirigida una decisión
administrativa[181]
de la aduana tiene derecho, en su territorio, a lo siguiente:
a)
recurso administrativo ante una autoridad administrativa superior al
funcionario u oficina que haya emitido la decisión o independiente de ese
funcionario u oficina, o revisión administrativa por tal autoridad;
y/o
b)
recurso o revisión judicial de la decisión.
2.
La legislación de un Miembro podrá requerir que el recurso o revisión
administrativo se inicie antes del recurso o revisión judicial.
3.
Cada Miembro se asegurará de que sus procedimientos de recurso o revisión se
lleven a cabo de manera no discriminatoria.
4.
Cada Miembro se asegurará de que, en caso de que el fallo del recurso o la
revisión a que se hace referencia en el apartado a) del párrafo 1 no se
comunique:
a)
en los plazos establecidos en sus leyes o reglamentos; o
b)
sin demora indebida, el solicitante tenga derecho o bien a interponer un
recurso ulterior ante la autoridad administrativa o la autoridad judicial o
solicitar a esas autoridades una revisión ulterior, o bien a interponer
cualquier otro recurso ante la autoridad judicial[182].
5.
Cada Miembro se asegurará de que se comuniquen a la persona a que se hace
referencia en el párrafo 1 los motivos en que se base la decisión
administrativa, a fin de permitir a esa persona recurrir a procedimientos de
recurso o revisión cuando sea necesario.
6. Se alienta a
cada Miembro a hacer que las disposiciones de este artículo sean aplicables a
las decisiones administrativas emitidas por un organismo competente que
interviene en la frontera distinto de las aduanas”.
95.
La Corte advierte que este artículo es
compatible con la Constitución Política. En efecto, el deber de comunicar las
decisiones de las autoridades aduaneras a las personas a las que se dirigen,
indicándoles los motivos en los que se basan, y la posibilidad de interponer
recursos en contra de esas decisiones son manifestaciones del derecho al debido
proceso en las actuaciones administrativas (art. 29 de la CP). Además, la
posibilidad de solicitar la revisión de estas decisiones ante una autoridad
judicial garantiza el derecho de acceso a la administración de justicia de sus
destinatarios (art. 229 CP). Cabe anotar que, según este artículo, los procedimientos
de recurso o revisión deben llevarse a cabo de manera no discriminatoria, lo
que garantiza el derecho a la igualdad (art. 13 de la CP), y con la posibilidad
de interponer un recurso o solicitar una revisión ulteriores, si la decisión
correspondiente no se profiere en los plazos previstos, lo cual busca garantizar
el cumplimiento de los términos procesales (art. 228 de la CP) y la celeridad
en el ejercicio de la función administrativa (art. 209 de la CP). Finalmente,
el artículo “alienta” a los miembros a que las decisiones de los
organismos que intervienen en la frontera distintos a las aduanas[183] cuenten con procedimientos de
recurso o revisión administrativa o judicial, pero no obliga a implementar
tales procedimientos. De esta manera, respeta la soberanía nacional (art. 9 de
la CP) y la libertad de configuración normativa del legislador (art. 150 de la
CP) en relación con los recursos que procede interponer en contra de las
decisiones de las autoridades administrativas.
96.
Con
base en lo anterior, la Corte declarará exequible el artículo 4 del
acuerdo sub examine.
97.
El
artículo 5 del AFC dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO
5: OTRAS MEDIDAS PARA AUMENTAR LA IMPARCIALIDAD, LA NO DISCRIMINACIÓN Y LA
TRANSPARENCIA
1
Notificaciones de controles o inspecciones reforzados
Cuando
un Miembro adopte o mantenga un sistema para emitir notificaciones u
orientaciones a sus autoridades competentes a fin de elevar el nivel de los
controles o inspecciones en frontera con respecto a los alimentos, bebidas o
piensos que sean objeto de la notificación u orientación para proteger la vida
y la salud de las personas y los animales o para preservar los vegetales en su
territorio, se aplicarán las siguientes disciplinas con respecto a la forma de
emitir, poner fin o suspender esas notificaciones y orientaciones:
a)
el Miembro podrá, según proceda, emitir la notificación o la orientación sobre
la base del riesgo;
b)
el Miembro podrá emitir la notificación o la orientación de modo que se aplique
uniformemente solo a los puntos de entrada en que se den las condiciones
sanitarias y fitosanitarias en que se basan la notificación o la orientación;
c)
el Miembro pondrá fin a la notificación o a la orientación o las suspenderá,
sin demora, cuando las circunstancias que dieron lugar a ellas ya no existan, o
si las circunstancias modificadas pueden atenderse de una manera menos
restrictiva del comercio; y
d)
cuando el Miembro decida dar por terminadas la notificación o la orientación o
suspenderlas, publicará sin demora, según proceda, el anuncio de la terminación
o la suspensión de la notificación o la orientación de manera no
discriminatoria y fácilmente accesible, o informará al Miembro exportador o al
importador.
2
Retención
Un
Miembro informará sin demora al transportista o al importador en caso de que
las mercancías declaradas para la importación sean retenidas a efectos de
inspección por la aduana o cualquier otra autoridad competente.
3
Procedimientos de prueba
3.1
Previa petición, un Miembro podrá dar la oportunidad de realizar una segunda
prueba en caso de que el resultado de la primera prueba de una muestra tomada a
la llegada de mercancías declaradas para la importación dé lugar a una
constatación desfavorable.
3.2
Un Miembro publicará, de manera no discriminatoria y fácilmente accesible, los
nombres y direcciones de los laboratorios en los que pueda realizarse la
prueba, o facilitará esa información al importador cuando se le dé la
oportunidad prevista en el párrafo 3.1.
3.3 Un Miembro
considerará los resultados de la segunda prueba realizada, en su caso, en
virtud del párrafo 3.1, a efectos del levante y despacho de las mercancías y,
cuando proceda, podrá aceptar los resultados de dicha prueba”.
98.
La Corte constata que este artículo es
compatible con la Constitución Política. En primer lugar, las medidas relacionadas
con la emisión, suspensión y terminación de notificaciones u orientaciones
destinadas a elevar el nivel de control o inspección en frontera de alimentos, bebidas
o piensos[184] armonizan
con: (i) la facultad que tiene el legislador para regular el control de
calidad de los bienes que se ofrecen a la comunidad (art. 78 de la CP); (ii)
la obligación, a cargo del Estado, de proteger la vida y la salud de las
personas y la diversidad e integridad del ambiente (arts. 2, 11, 49, 79 y 80 de
la CP) y (iii) los principios de eficacia y publicidad de la función
administrativa (art. 209 de la CP). Ello es así, porque estas medidas buscan: (a)
prevenir el ingreso de bienes que pongan en riesgo la salud y el medioambiente
y (b) facilitar el ingreso, cuando las circunstancias de riesgo estén
superadas o puedan atenderse de una manera menos restrictiva del comercio,
previa publicación o información de la decisión correspondiente. En segundo
lugar, el deber de informar sobre la retención de mercancías declaradas para
importación le garantiza el debido proceso al transportista o importador y
asegura la transparencia en la actuación de las autoridades aduaneras (art. 29
de la CP), pues permite que aquel se entere de los procedimientos de control
que estas efectuarán sobre las mercancías importadas. Finalmente, los
procedimientos de prueba realizados a las mercancías con el fin de determinar el
riesgo que representan para la vida, la salud de las personas y los animales o la
preservación de las especies vegetales también son respetuosos del debido proceso, en la
medida que permiten realizar una segunda prueba, si la primera es desfavorable,
y considerar los resultados de esta segunda prueba, para efectos del levante y
despacho de las mercancías. Además, garantiza los principios de publicidad e
igualdad en el acceso a la información, al prescribir la publicación, “de
manera no discriminatoria y fácilmente accesible”, de los datos de los
laboratorios en donde se pueden realizar dichas pruebas (art. 209 de la CP).
99.
Con
base en lo anterior, la Corte declarará exequible el artículo 5 del
acuerdo sub examine.
100.
El
artículo 6 del AFC dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO
6: DISCIPLINAS EN MATERIA DE DERECHOS Y CARGAS ESTABLECIDOS SOBRE LA
IMPORTACIÓN Y LA EXPORTACIÓN O EN CONEXIÓN CON ELLAS Y DE SANCIONES
1
Disciplinas generales en materia de derechos y cargas establecidos sobre la
importación y la exportación o en conexión con ellas
1.1
Las disposiciones del párrafo 1 serán aplicables a todos los derechos y cargas
distintos de los derechos de importación y de exportación y de los impuestos a
que se refiere el artículo III del GATT de 1994 establecidos por los Miembros
sobre la importación o la exportación de mercancías o en conexión con ellas.
1.2
Se publicará información sobre los derechos y cargas con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 1. Esta información incluirá los derechos y cargas que se
aplicarán, la razón de tales derechos y cargas, la autoridad responsable y
cuándo y cómo se ha de efectuar el pago.
1.3
Se otorgará un plazo adecuado entre la publicación de los derechos y cargas
nuevos o modificados y su entrada en vigor, salvo en circunstancias urgentes.
Esos derechos y cargas no se aplicarán hasta que se haya publicado información
sobre ellos.
1.4
Cada Miembro examinará periódicamente sus derechos y cargas para reducir su
número y diversidad cuando sea factible.
2
Disciplinas específicas en materia de derechos y cargas de tramitación aduanera
establecidos sobre la importación y la exportación o en conexión con ellas
Los
derechos y cargas aplicables a la tramitación aduanera:
i)
se limitarán al costo aproximado de los servicios prestados para la operación
de importación o exportación específica de que se trate o en conexión con ella;
y
ii)
no tienen por qué estar relacionados con una operación de importación o
exportación específica siempre que se perciban por servicios que estén
estrechamente vinculados con la tramitación aduanera de mercancías.
3
Disciplinas en materia de sanciones
3.1
A los efectos del párrafo 3, se entenderá por "sanciones" aquellas
impuestas por la administración de aduanas de un Miembro por la infracción de
sus leyes, reglamentos o formalidades de aduana.
3.2
Cada Miembro se asegurará de que las sanciones por la infracción de una ley,
reglamento o formalidad de aduana se impongan únicamente a la persona o
personas responsables de la infracción con arreglo a sus leyes.
3.3
La sanción impuesta dependerá de los hechos y las circunstancias del caso y
será proporcional al grado y la gravedad de la infracción cometida.
3.4
Cada Miembro se asegurará de mantener medidas para evitar:
a)
conflictos de intereses en la determinación y recaudación de sanciones y
derechos; y
b)
la creación de un incentivo para la determinación o recaudación de una sanción
que sea incompatible con lo dispuesto en el párrafo 3.3.
3.5
Cada Miembro se asegurará de que, cuando se imponga una sanción por una
infracción de las leyes, reglamentos o formalidades de aduana, se facilite a la
persona o personas a las que se haya impuesto la sanción una explicación por
escrito en la que se especifique la naturaleza de la infracción y la ley, reglamento
o procedimiento aplicable en virtud del cual se haya prescrito el importe o el
alcance de la sanción por la infracción.
3.6
Cuando una persona revele voluntariamente a la administración de aduanas de un
Miembro las circunstancias de una infracción de las leyes, reglamentos o
formalidades de aduana antes de que la administración de aduanas advierta la
infracción, se alienta al Miembro a que, cuando proceda, tenga en cuenta ese
hecho como posible circunstancia atenuante cuando se dicte una sanción contra
dicha persona.
3.7 Las
disposiciones del presente párrafo se aplicarán a las sanciones impuestas al
tráfico en tránsito a que se hace referencia en el párrafo 3.1”.
101.
La Corte advierte que este artículo es
compatible con la Constitución Política. En efecto, las reglas o disciplinas
generales a las que se refiere (i) desarrollan el principio de
publicidad de la función administrativa (art. 209 de la CP), pues prevén que se
informe cuáles derechos y cargas se aplicarán a la importación y exportación de
mercancías, su fundamento, la autoridad encargada de recaudarlos y la forma de
realizar el pago. Así mismo, (ii) garantizan la buena fe en la actuación
de las autoridades públicas (art. 83 de la CP), al prever un plazo entre la
publicación de los derechos y cargas nuevos o modificados y su entrada en vigor.
Esto, a su vez, protege las expectativas legítimas de importadores y
exportadores con respecto a las erogaciones en que deben incurrir por tales
conceptos. Finalmente, (iii) el examen periódico que tiene como fin
reducir tanto la cantidad como los tipos de derechos y cargas que se aplican en
los trámites de importación y exportación responde a los principios de economía
y celeridad en la función administrativa (art. 209 de la CP), pues busca
facilitar y agilizar dichos trámites, mediante la disminución de los pagos que
se deben realizar por esos conceptos. Cabe anotar que esta prescripción,
además, respeta la libertad de configuración normativa del legislador en
materia aduanera (art. 150 de la CP), al disponer que dicha reducción se
realizará “cuando sea factible”. En cuanto a las disciplinas
específicas, se observa que garantizan el principio de economía de la función
administrativa (art. 209 de la CP), al limitar tales derechos y cargas al costo
aproximado de los servicios vinculados con la tramitación aduanera.
102.
Ahora bien, las disciplinas en
materia de sanciones, por una parte, responden a la potestad sancionatoria de
la administración pública[185] y, por
otra, garantizan el debido proceso (art. 29 de la CP), en especial los
principios de culpabilidad, proporcionalidad, imparcialidad y legalidad, al
disponer que tales sanciones (i) se impongan solo a la persona o las personas
responsables, (ii) dependan de los hechos y circunstancias del caso, (iii)
sean proporcionales a la infracción cometida, (iv) eviten los conflictos
de intereses en su determinación y recaudo, (v) se explique al infractor
la naturaleza de la infracción y el procedimiento aplicable y (vi) tengan
en cuenta la revelación voluntaria de la infracción como una circunstancia
atenuante.
103.
Con
base en lo anterior, la Corte declarará exequible el artículo 6 del
acuerdo sub examine.
104.
El
artículo 7 del AFC dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO
7: LEVANTE Y DESPACHO DE LAS MERCANCÍAS
1
Tramitación previa a la llegada
1.1
Cada Miembro adoptará o mantendrá procedimientos que permitan la presentación
de la documentación correspondiente a la importación y otra información
requerida, incluidos los manifiestos, a fin de que se comiencen a tramitar
antes de la llegada de las mercancías con miras a agilizar el levante de las
mercancías a su llegada.
1.2
Cada Miembro preverá, según proceda, la presentación anticipada de documentos
en formato electrónico para la tramitación de tales documentos antes de la
llegada.
2
Pago electrónico
Cada
Miembro adoptará o mantendrá, en la medida en que sea factible, procedimientos
que permitan la opción de pago electrónico de los derechos, impuestos, tasas y
cargas recaudados por las aduanas que se devenguen en el momento de la
importación y la exportación.
3
Separación entre el levante y la determinación definitiva de los derechos de
aduana, impuestos, tasas y cargas
3.1
Cada Miembro adoptará o mantendrá procedimientos que permitan el levante de las
mercancías antes de la determinación definitiva de los derechos de aduana,
impuestos, tasas y cargas, si esa determinación no se efectúa antes de la
llegada, o en el momento de la llegada o lo más rápidamente posible después de
la llegada y siempre que se hayan cumplido todas las demás prescripciones
reglamentarias.
3.2
Como condición para ese levante, un Miembro podrá exigir:
a)
el pago de los derechos de aduana, impuestos, tasas y cargas determinados antes
de o a la llegada de las mercancías y una garantía para la cuantía que todavía
no se haya determinado en forma de fianza, depósito u otro medio apropiado
previsto en sus leyes y reglamentos; o
b)
una garantía en forma de fianza, depósito u otro medio apropiado previsto en sus
leyes y reglamentos.
3.3
Esa garantía no será superior a la cuantía que el Miembro requiera para
asegurar el pago de los derechos de aduana, impuestos, tasas y cargas que
finalmente deban pagarse por las mercancías cubiertas por la garantía.
3.4
En los casos en que se haya detectado una infracción que requiera la imposición
de sanciones pecuniarias o multas, podrá exigirse una garantía por las
sanciones y las multas que puedan imponerse.
3.5
La garantía prevista en los párrafos 3.2 y 3.4 se liberará cuando ya no sea
necesaria.
3.6
Ninguna de estas disposiciones afectará al derecho de un Miembro a examinar,
retener, decomisar o confiscar las mercancías o a disponer de ellas de
cualquier manera que no sea incompatible por otros motivos con los derechos y obligaciones
de los Miembros en el marco de la OMC.
4
Gestión de riesgo
4.1
Cada Miembro adoptará o mantendrá, en la medida de lo posible, un sistema de
gestión de riesgo para el control aduanero.
4.2
Cada Miembro concebirá y aplicará la gestión de riesgo de manera que se eviten
discriminaciones arbitrarias o injustificables o restricciones encubiertas al
comercio internacional.
4.3
Cada Miembro concentrará el control aduanero y, en la medida de lo posible,
otros controles en frontera pertinentes, en los envíos de alto riesgo y
agilizará el levante de los de bajo riesgo. Un Miembro también podrá
seleccionar, aleatoriamente, los envíos que someterá a esos controles en el
marco de su gestión de riesgo.
4.4
Cada Miembro basará la gestión de riesgo en una evaluación del riesgo mediante
criterios de selectividad adecuados. Esos criterios de selectividad podrán
incluir, entre otras cosas, el código del Sistema Armonizado, la naturaleza y
descripción de las mercancías, el país de origen, el país desde el que se expidieron
las mercancías, el valor de las mercancías, el historial de cumplimiento de los
comerciantes y el tipo de medio de transporte.
5
Auditoría posterior al despacho de aduana
5.1
Con miras a agilizar el levante de las mercancías, cada Miembro adoptará o
mantendrá una auditoría posterior al despacho de aduana para asegurar el
cumplimiento de las leyes y reglamentos aduaneros y otras leyes y reglamentos
conexos.
5.2
Cada Miembro seleccionará a una persona o un envío a efectos de la auditoría
posterior al despacho de aduana basándose en el riesgo, lo que podrá incluir
criterios de selectividad adecuados. Cada Miembro llevará a cabo las auditorías
posteriores al despacho de aduana de manera transparente. Cuando una persona
sea objeto de un proceso de auditoría y se haya llegado a resultados
concluyentes, el Miembro notificará sin demora a la persona cuyo expediente se
audite los resultados, los derechos y obligaciones de esa persona y las razones
en que se basen los resultados.
5.3
La información obtenida en la auditoría posterior al despacho de aduana podrá
ser utilizada en procedimientos administrativos o judiciales ulteriores.
5.4
Cuando sea factible, los Miembros utilizarán los resultados de la auditoría
posterior al despacho de aduana para la aplicación de la gestión de riesgo.
6
Establecimiento y publicación de los plazos medios de levante
6.1
Se alienta a los Miembros a calcular y publicar el plazo medio necesario para
el levante de las mercancías periódicamente y de manera uniforme, utilizando
herramientas tales como, entre otras, el Estudio de la Organización Mundial de
Aduanas (denominada en el presente Acuerdo la "OMA") sobre el tiempo
necesario para el levante[186].
6.2
Se alienta a los Miembros a intercambiar en el Comité sus experiencias en el
cálculo de los plazos medios de levante, en particular los métodos utilizados,
los escollos detectados y los efectos que puedan tener en la eficacia.
7
Medidas de facilitación del comercio para los operadores autorizados
7.1
Cada Miembro establecerá medidas adicionales de facilitación del comercio en
relación con las formalidades y procedimientos de importación, exportación o
tránsito, de conformidad con el párrafo 7.3, destinadas a los operadores que
satisfagan los criterios especificados, en adelante denominados operadores
autorizados. Alternativamente, un Miembro podrá ofrecer tales medidas de
facilitación del comercio a través de procedimientos aduaneros de
disponibilidad general para todos los operadores, y no estará obligado a
establecer un sistema distinto.
7.2
Los criterios especificados para acceder a la condición de operador autorizado
estarán relacionados con el cumplimiento, o el riesgo de incumplimiento, de los
requisitos especificados en las leyes, reglamentos o procedimientos de un
Miembro.
a)
Tales criterios, que se publicarán, podrán incluir:
i)
un historial adecuado de cumplimiento de las leyes y reglamentos de aduana y
otras leyes y reglamentos conexos;
ii)
un sistema de gestión de los registros que permita los controles internos
necesarios;
iii)
solvencia financiera, incluida, cuando proceda, la prestación de una fianza o
garantía suficiente; y
iv)
la seguridad de la cadena de suministro.
b)
Tales criterios:
i)
no se elaborarán ni aplicarán de modo que permita o cree una discriminación
arbitraria o injustificable entre operadores cuando prevalezcan las mismas
condiciones; y
ii)
en la medida de lo posible, no restringirán la participación de las pequeñas y
medianas empresas.
7.3
Las medidas de facilitación del comercio que se establezcan en virtud del
párrafo 7.1 incluirán por lo menos tres de las siguientes medidas[187]
a)
requisitos reducidos de documentación y datos, según proceda;
b)
bajo índice de inspecciones físicas y exámenes, según proceda;
c)
levante rápido, según proceda;
d)
pago diferido de los derechos, impuestos, tasas y cargas;
e)
utilización de garantías globales o reducción de las garantías;
f)
una sola declaración de aduana para todas las importaciones o exportaciones
realizadas en un período dado; y
g)
despacho de las mercancías en los locales del operador autorizado o en otro
lugar autorizado por la aduana.
7.4
Se alienta a los Miembros a elaborar sistemas de operadores autorizados sobre
la base de normas internacionales, cuando existan tales normas, salvo en el
caso de que estas sean un medio inapropiado o ineficaz para el logro de los
objetivos legítimos perseguidos.
7.5
Con el fin de potenciar las medidas de facilitación del comercio establecidas
para los operadores, los Miembros darán a los demás Miembros la posibilidad de
negociar el reconocimiento mutuo de los sistemas de operadores autorizados.
7.6
Los Miembros intercambiarán en el Comité información pertinente sobre los
sistemas de operadores autorizados en vigor.
8
Envíos urgentes
8.1
Cada Miembro adoptará o mantendrá procedimientos que permitan el levante rápido
por lo menos de aquellas mercancías que hayan entrado a través de instalaciones
de carga aérea a quienes soliciten ese trato, manteniendo al mismo tiempo el
control aduanero[188]. Si
un Miembro utiliza criterios[189] que
establezcan limitaciones sobre qué personas pueden presentar solicitudes, el
Miembro podrá, con sujeción a criterios publicados, exigir, como condiciones
para la aplicación del trato descrito en el párrafo 8.2 a los envíos urgentes
del solicitante, que este:
a)
cuente con una infraestructura adecuada y asegure el pago de los gastos
aduaneros relacionados con la tramitación de los envíos urgentes, en los casos
en que el solicitante cumpla las prescripciones del Miembro para que esa
tramitación se lleve a cabo en una instalación especializada;
b)
presente antes de la llegada de un envío urgente la información necesaria para
el levante;
c)
pague tasas cuyo importe se limite al costo aproximado de los servicios
prestados en el marco del trato descrito en el párrafo 8.2;
d)
ejerza un alto grado de control sobre los envíos urgentes mediante la seguridad
interna, la logística y la tecnología de seguimiento, desde que los recoge
hasta que los entrega;
e)
proporcione el servicio de envíos urgentes desde la recepción hasta la entrega;
f)
asuma la responsabilidad del pago de todos los derechos de aduana, impuestos,
tasas y cargas por las mercancías ante la autoridad aduanera;
g)
tenga un buen historial de cumplimiento de las leyes y reglamentos de aduana y
otras leyes y reglamentos conexos;
h)
satisfaga otras condiciones directamente relacionadas con el cumplimiento
efectivo de las leyes, reglamentos y formalidades del Miembro, que atañan
específicamente a la aplicación del trato descrito en el párrafo 8.2.
8.2
A reserva de lo dispuesto en los párrafos 8.1 y 8.3, los Miembros:
a)
reducirán al mínimo la documentación exigida para el levante de los envíos
urgentes de conformidad con el párrafo 1 del artículo 10 y, en la medida de lo
posible, permitirán el levante sobre la base de una presentación única de
información sobre determinados envíos;
b)
permitirán el levante de los envíos urgentes, en circunstancias normales, lo
más rápidamente posible después de su llegada, siempre que se haya presentado
la información exigida para el levante;
c)
se esforzarán por aplicar el trato previsto en los apartados a) y b) a los
envíos de cualquier peso o valor reconociendo que a un Miembro le está
permitido exigir procedimientos adicionales para la entrada, con inclusión de
declaraciones y documentación justificante y del pago de derechos e impuestos,
y limitar dicho trato basándose en el tipo de mercancía, siempre que el trato
no se aplique únicamente a mercancías de valor bajo, tales como los documentos;
y
d)
preverán, en la medida de lo posible, un valor de envío o una cuantía
imponible de minimis respecto de los cuales no se recaudarán derechos
de aduana ni impuestos, salvo en el caso de determinadas mercancías prescritas.
No están sujetos a la presente disposición los impuestos internos, como los
impuestos sobre el valor añadido y los impuestos especiales sobre el consumo,
que se apliquen a las importaciones de forma compatible con el artículo III del
GATT de 1994.
8.3
Nada de lo dispuesto en los párrafos 8.1 y 8.2 afectará al derecho de un Miembro
a examinar, retener, decomisar o confiscar mercancías, denegar su entrada o
llevar a cabo auditorías posteriores al despacho, incluso en relación con el
uso de sistemas de gestión de riesgo. Además, nada de lo dispuesto en los
párrafos 8.1 y 8.2 impedirá a un Miembro exigir, como condición para el
levante, la presentación de información adicional y el cumplimiento de
prescripciones en materia de licencias no automáticas.
9
Mercancías perecederas[190]
9.1
Con el fin de prevenir pérdidas o deterioros evitables de mercancías
perecederas, y siempre que se hayan cumplido todas las prescripciones
reglamentarias, cada Miembro preverá que el levante de las mercancías
perecederas:
a)
se realice en el plazo más breve posible en circunstancias normales; y
b)
se realice fuera del horario de trabajo de la aduana y de otras autoridades
competentes en circunstancias excepcionales en que proceda hacerlo así.
9.2
Cada Miembro dará la prioridad adecuada a las mercancías perecederas al
programar los exámenes que puedan ser necesarios.
9.3
Cada Miembro adoptará disposiciones para almacenar de forma adecuada las
mercancías perecederas en espera de su levante o permitirá que un importador
las adopte. El Miembro podrá exigir que las instalaciones de almacenamiento
previstas por el importador hayan sido aprobadas o designadas por sus
autoridades competentes. El traslado de las mercancías a esas instalaciones de
almacenamiento, incluidas las autorizaciones para que el operador pueda
trasladar las mercancías, podrá estar sujeto, cuando así se exija, a la
aprobación de las autoridades competentes. Cuando sea factible y compatible con
la legislación interna, y a petición del importador, el Miembro preverá los
procedimientos necesarios para que el levante tenga lugar en esas instalaciones
de almacenamiento.
9.4 En caso de
demora importante en el levante de las mercancías perecederas, y previa
petición por escrito, el Miembro importador facilitará, en la medida en que sea
factible, una comunicación sobre los motivos de la demora”.
105.
La Corte constata que este artículo es
compatible con la Constitución Política. En efecto, en concordancia con el
objetivo general del acuerdo sub examine, las disposiciones relacionadas
con la tramitación previa a la llegada de las mercancías; el pago electrónico;
la separación entre el levante y la determinación definitiva de derechos,
impuestos, tasas y cargas; el establecimiento y publicación de los plazos
medios de levante; la facilitación del comercio para los operadores autorizados;
los envíos urgentes y las mercancías perecederas tienen un mismo fin: agilizar los
trámites relacionados con la importación, la exportación y el tránsito de
mercancías. En particular, tales preceptos armonizan con los principios de
eficacia, economía, celeridad y publicidad de la función administrativa (art.
209 de la CP), concretamente, de la ejercida por las autoridades aduaneras,
quienes deben actuar de manera rápida, eficiente y transparente, evitando
incurrir en costos y procedimientos innecesarios que dificulten el comercio
internacional de mercancías y garantizando el debido proceso en tales
actuaciones (art. 29 de la CP). Estas medidas se ajustan al ordenamiento superior
y permiten cumplir el mandato de promover la integración e internacionalización
de las relaciones económicas (arts. 226 y 227 de la CP).
106.
La Corte advierte, además, que los
requisitos para acceder a la condición de operador autorizado respetan la libertad
de configuración normativa del legislador (art. 150 de la CP), pues el artículo prevé que “estarán
relacionados con el cumplimiento, o el riesgo de incumplimiento, de los
requisitos especificados en las leyes, reglamentos o procedimientos de un Miembro”.
Además, garantizan el derecho a la igualdad (art. 13 de la CP), al advertir que no pueden crear “una
discriminación arbitraria o injustificable entre operadores” ni restringir “la
participación de las pequeñas y medianas empresas”.
107.
Por su parte, las medidas
relacionadas con la gestión del riesgo y la auditoría posterior al despacho de
aduana, además de agilizar los trámites aduaneros, buscan asegurar el control
de calidad de las mercancías objeto de comercio internacional (art. 78 de la CP) y el cumplimiento de las leyes y
los reglamentos aduaneros (arts. 2 y 4 de la CP). Así mismo, como garantía del derecho a la igualdad (art. 13 de la CP), se prevé que la gestión del riesgo
evite “discriminaciones arbitrarias o injustificables” y se base en “criterios
de selectividad adecuados”, por ejemplo, el país de origen, la naturaleza
de las mercancías, su valor y el medio de transporte utilizado. Esos
mismos criterios se aplican a la auditoría posterior al despacho de aduana, que
debe realizarse “de manera transparente”, en consonancia con el debido
proceso (art. 29 de
la CP) y los principios en los que se basa
la función administrativa (art. 209 de la CP). Finalmente, la posibilidad de que la información obtenida en
esta auditoría sea utilizada en procesos administrativos o judiciales responde
al deber que tienen las autoridades de coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado (arts. 209 y 113 de la CP).
108.
Con
base en lo anterior, la Corte declarará exequible el artículo 7 del
acuerdo sub examine.
109.
El
artículo 8 del AFC dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO
8: COOPERACIÓN ENTRE LOS ORGANISMOS QUE INTERVIENEN EN LA FRONTERA
1.
Cada Miembro se asegurará de que sus autoridades y organismos encargados de los
controles en frontera y los procedimientos relacionados con la importación, la
exportación y el tránsito de mercancías cooperen entre sí y coordinen sus
actividades para facilitar el comercio.
2.
En la medida en que sea posible y factible, cada Miembro cooperará, en
condiciones mutuamente convenidas, con otros Miembros con los que tenga una
frontera común con miras a coordinar sus procedimientos en los puestos
fronterizos para facilitar el comercio transfronterizo. Esa cooperación y
coordinación podrá incluir:
a)
la compatibilidad de los días y horarios de trabajo;
b)
la compatibilidad de los procedimientos y formalidades;
c)
el establecimiento y la utilización compartida de servicios comunes;
d)
controles conjuntos;
e) el
establecimiento del control en puestos fronterizos de una sola parada”.
110.
La Corte constata que este artículo se
ajusta a la Constitución Política. En efecto, al disponer que las autoridades y
los organismos encargados de los controles y procedimientos aduaneros en las
fronteras “cooperen entre sí y coordinen sus actividades para facilitar el
comercio”, garantiza el mandato superior que obliga a las autoridades
administrativas a coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de
los fines del Estado (art. 209 de la CP), en este caso, de la
internacionalización de las relaciones económicas, mediante la facilitación del
comercio transfronterizo. Además, armoniza con el mandato de integración
económica con las demás naciones (art. 227 de la CP), al prever que, en lo
posible, exista una cooperación entre países que tienen una frontera común, con
el fin de “coordinar
sus procedimientos en los puestos fronterizos para facilitar el comercio
transfronterizo”, mediante horarios de trabajo y
procedimientos compatibles, servicios comunes, controles conjuntos, entre otras
medidas de cooperación.
111.
Con
base en lo anterior, la Corte declarará exequible el artículo 8 del
acuerdo sub examine.
112.
El
artículo 9 del AFC dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO
9: TRASLADO DE MERCANCÍAS DESTINADAS A LA IMPORTACIÓN BAJO CONTROL ADUANERO
Cada Miembro
permitirá, en la medida en que sea factible, y siempre que se hayan cumplido todas
las prescripciones reglamentarias, que las mercancías destinadas a la
importación sean trasladadas en su territorio bajo control aduanero desde la
oficina de aduanas de entrada hasta otra oficina de aduanas en su territorio en
la que se realizaría el levante o el despacho de las mercancías”.
113.
La Corte advierte que este artículo se
ajusta a la Constitución Política. En efecto, esta disposición asegura el
cumplimiento de los deberes a cargo del Estado y de los particulares y la
obediencia a las autoridades (arts. 2 y 4 de la CP), al prever que el tránsito
de tales mercancías por el territorio nacional se realice bajo el control de
las autoridades aduaneras y se ajuste a los reglamentos correspondientes. Bajo
esas condiciones, además, se garantiza el tránsito de las mercancías, desde la
oficina de aduanas de entrada hasta la oficina de aduanas en la que se
realizará su levante o despacho, en armonía con la libertad de circulación a la
que se refiere el artículo 24 de la Constitución.
114.
Con
base en lo anterior, la Corte declarará exequible el artículo 9 del
acuerdo sub examine.
115.
El artículo 10 del AFC dispone
lo siguiente:
“ARTÍCULO
10: FORMALIDADES EN RELACIÓN CON LA IMPORTACIÓN, LA EXPORTACIÓN Y EL TRÁNSITO
1
Formalidades y requisitos de documentación
1.1
Con miras a reducir al mínimo los efectos y la complejidad de las formalidades
de importación, exportación y tránsito y a reducir y simplificar los requisitos
de documentación para la importación, la exportación y el tránsito y teniendo
en cuenta los objetivos legítimos de política y otros factores como el cambio
de las circunstancias, las nuevas informaciones pertinentes, las prácticas
comerciales, la disponibilidad de técnicas y tecnologías, las mejores prácticas
internacionales y las contribuciones de las partes interesadas, cada Miembro
examinará tales formalidades y requisitos de documentación y, sobre la base de
los resultados del examen, se asegurará, según proceda, de que esas
formalidades y requisitos de documentación:
a)
se adopten y/o apliquen con miras al rápido levante y despacho de las
mercancías, en particular de las mercancías perecederas;
b)
se adopten y/o apliquen de manera que se trate de reducir el tiempo y el costo
que supone el cumplimiento para los comerciantes y operadores;
c)
sean la medida menos restrictiva del comercio elegida, cuando se disponga
razonablemente de dos o más medidas alternativas para cumplir el objetivo o los
objetivos de política en cuestión; y
d)
no se mantengan, total o parcialmente, si ya no son necesarios.
1.2
El Comité elaborará procedimientos para el intercambio por los Miembros de
información pertinente y de las mejores prácticas, según proceda.
2
Aceptación de copias
2.1
Cada Miembro se esforzará, cuando proceda, por aceptar copias impresas o
electrónicas de los documentos justificantes exigidos para las formalidades de
importación, exportación o tránsito.
2.2
Cuando un organismo gubernamental de un Miembro ya posea el original de un
documento de ese tipo, cualquier otro organismo de ese Miembro aceptará, cuando
proceda, en lugar del documento original una copia impresa o electrónica
facilitada por el organismo en cuyo poder obre el original.
2.3
Ningún Miembro exigirá el original ni copia de las declaraciones de exportación
presentadas a las autoridades aduaneras del Miembro exportador como requisito
para la importación[191].
3
Utilización de las normas internacionales
3.1
Se alienta a los Miembros a utilizar las normas internacionales pertinentes, o
partes de ellas, como base para sus formalidades y procedimientos de
importación, exportación o tránsito, salvo disposición en contrario en el
presente Acuerdo.
3.2
Se alienta a los Miembros a participar, dentro de los límites de sus recursos,
en la preparación y el examen periódico de las normas internacionales
pertinentes por las organizaciones internacionales apropiadas.
3.3
El Comité elaborará procedimientos para el intercambio por los Miembros de
información pertinente, y de las mejores prácticas, en relación con la
aplicación de las normas internacionales, según proceda.
El
Comité también podrá invitar a las organizaciones internacionales pertinentes
para que expongan su labor en materia de normas internacionales. En su caso, el
Comité podrá identificar normas específicas que tengan un valor particular para
los Miembros.
4
Ventanilla única
4.1
Los Miembros procurarán mantener o establecer una ventanilla única que permita
a los comerciantes presentar a las autoridades u organismos participantes la
documentación y/o información exigidas para la importación, la exportación o el
tránsito de mercancías a través de un punto de entrada único. Después de que
las autoridades u organismos participantes examinen la documentación y/o
información, se notificarán oportunamente los resultados a los solicitantes a
través de la ventanilla única.
4.2
En los casos en que ya se haya recibido la documentación y/o información
exigidas a través de la ventanilla única, ninguna autoridad u organismo
participante solicitará esa misma documentación y/o información, salvo en
circunstancias de urgencia y otras excepciones limitadas que se pongan en
conocimiento público.
4.3
Los Miembros notificarán al Comité los detalles del funcionamiento de la
ventanilla única.
4.4
Los Miembros utilizarán, en la medida en que sea posible y factible, tecnología
de la información en apoyo de la ventanilla única.
5
Inspección previa a la expedición
5.1
Los Miembros no exigirán la utilización de inspecciones previas a la expedición
en relación con la clasificación arancelaria y la valoración en aduana.
5.2
Sin perjuicio de los derechos de los Miembros a utilizar otros tipos de
inspección previa a la expedición que no estén abarcados por el párrafo 5.1, se
alienta a los Miembros a no introducir ni aplicar prescripciones nuevas
relativas a su utilización[192].
6
Recurso a agentes de aduanas
6.1
Sin perjuicio de las importantes preocupaciones de política de algunos Miembros
que mantienen actualmente una función especial para los agentes de aduanas, a
partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo los Miembros no introducirán
el recurso obligatorio a agentes de aduanas.
6.2
Cada Miembro notificará al Comité y publicará sus medidas sobre el recurso a
agentes de aduanas. Toda modificación ulterior de esas medidas se notificará y
se publicará sin demora.
6.3
En lo que respecta a la concesión de licencias a agentes de aduanas, los
Miembros aplicarán normas transparentes y objetivas.
7
Procedimientos en frontera comunes y requisitos de documentación uniformes
7.1
Cada Miembro aplicará, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 7.2,
procedimientos aduaneros comunes y requisitos de documentación uniformes para
el levante y despacho de mercancías en todo su territorio.
7.2
Nada de lo dispuesto en el presente artículo impedirá a un Miembro:
a)
diferenciar sus procedimientos y requisitos de documentación sobre la base de
la naturaleza y el tipo de las mercancías o el medio de transporte;
b)
diferenciar sus procedimientos y requisitos de documentación para las
mercancías sobre la base de la gestión de riesgo;
c)
diferenciar sus procedimientos y requisitos de documentación con el fin de
conceder la exoneración total o parcial de los derechos o impuestos de
importación;
d)
aplicar sistemas de presentación o tramitación electrónica; o
e)
diferenciar sus procedimientos y requisitos de documentación de manera
compatible con el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias.
8
Mercancías rechazadas
8.1
Cuando la autoridad competente de un Miembro rechace mercancías presentadas
para su importación porque no cumplen los reglamentos sanitarios o
fitosanitarios o los reglamentos técnicos prescritos, el Miembro permitirá al
importador, con sujeción a sus leyes y reglamentos y de modo compatible con
ellos, reexpedir o devolver al exportador o a otra persona designada por el
exportador las mercancías rechazadas.
8.2
Cuando se ofrezca la opción prevista en el párrafo 8.1 y el importador no la
ejerza dentro de un plazo razonable, la autoridad competente podrá adoptar otra
forma de proceder con respecto a tales mercancías no conformes.
9
Admisión temporal de mercancías y perfeccionamiento activo y pasivo
9.1
Admisión temporal de mercancías
Cada
Miembro permitirá, de conformidad con lo dispuesto en sus leyes y reglamentos,
que se introduzcan en su territorio aduanero mercancías con suspensión total o
parcial condicional del pago de los derechos e impuestos de importación si
dichas mercancías se introducen en su territorio aduanero con un fin
determinado, están destinadas a la reexportación dentro de un plazo determinado
y no han sufrido ninguna modificación, excepto la depreciación y el deterioro
normales debidos al uso que se haya hecho de ellas.
9.2
Perfeccionamiento activo y pasivo
a)
Cada Miembro permitirá, de conformidad con lo dispuesto en sus leyes y
reglamentos, el perfeccionamiento activo y pasivo de mercancías. Las mercancías
cuyo perfeccionamiento pasivo se haya autorizado podrán reimportarse con
exoneración total o parcial de los derechos e impuestos de importación de
conformidad con las leyes y reglamentos del Miembro.
b)
A los efectos del presente artículo, el término "perfeccionamiento
activo" significa el régimen aduanero que permite introducir en el
territorio aduanero de un Miembro, con suspensión condicional, total o parcial,
de los derechos e impuestos de importación, o con la posibilidad de
beneficiarse de una devolución de derechos, ciertas mercancías para su
transformación, elaboración o reparación y posterior exportación.
c) A los efectos
del presente artículo, el término "perfeccionamiento pasivo"
significa el régimen aduanero que permite exportar temporalmente mercancías en
libre circulación en el territorio aduanero de un Miembro para su transformación,
elaboración o reparación en el extranjero y reimportarlas luego”.
116.
La Corte constata que este artículo es
compatible con la Constitución Política. Las medidas relacionadas con las
formalidades y los requisitos de documentación, la aceptación de copias, la
ventanilla única, la inspección previa a la expedición de las mercancías[193], los procedimientos comunes en
frontera, los requisitos de documentación uniformes, las mercancías rechazadas,
la admisión temporal de mercancías y el perfeccionamiento activo y pasivo
buscan agilizar los trámites aduaneros, con el fin de facilitar el comercio
internacional de mercancías. Este propósito se ajusta a la Constitución, en la
medida que materializa el mandato superior de promover la integración y la
internacionalización de las relaciones económicas (arts. 226 y 227 de la CP),
mediante la aplicación de disposiciones que simplifican los requisitos y
trámites relacionados con el comercio internacional de mercancías. Además, la simplificación
de estos procedimientos armoniza con los principios de eficacia, economía y celeridad
de la función administrativa (art. 209 de la CP), al permitir que las
operaciones aduaneras se lleven a cabo de una manera ágil e, incluso, con
menores costos para los comerciantes y operadores aduaneros, como lo señala el
literal b) del numeral 1.1.
117.
De otro lado, se observa que las
medidas relacionadas con aceptación de copias, procedimientos en frontera
comunes y requisitos de documentación uniformes, mercancías rechazadas,
admisión temporal de mercancías y perfeccionamiento activo y pasivo garantizan expresamente la libertad
de configuración normativa del legislador en asuntos aduaneros (art. 150 de la
CP). En efecto, según estas disposiciones, nada impide que un país miembro
solicite “certificados, permisos o licencias como requisito para
la importación de mercancías controladas o reguladas”; diferencie
sus procedimientos y requisitos de documentación con base en “la naturaleza y
el tipo de las mercancías o el medio de transporte”, “la gestión de riesgo” o
“de manera compatible con el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias
y Fitosanitarias”
y aplique “sistemas
de presentación o tramitación electrónica” de
documentos. Además, prevén que la reexpedición o devolución de las
mercancías rechazadas, la introducción de mercancías con suspensión del pago de
derechos e impuestos de importación y el perfeccionamiento activo y pasivo de
las mercancías se realicen con sujeción a las “leyes y reglamentos” de
cada país miembro.
118.
Ahora bien, las medidas relacionadas
con la utilización de normas internacionales para determinar las formalidades y
los procedimientos de importación, exportación o tránsito de mercancías también
armonizan con el ordenamiento superior. En efecto, el acuerdo “alienta”,
mas no obliga, a los miembros a utilizar tales normas, lo que garantiza el
respeto de la soberanía nacional en la que se fundamentan las relaciones
exteriores del Estado (art. 9 de la CP) y la libertad de configuración
normativa del legislador en los asuntos aduaneros (art. 150 de la CP). De otro
lado, se promueve la cooperación internacional en esta materia, mediante la
participación en la preparación y el examen de esas normas, lo que, a su vez,
permite la integración y la internacionalización de las relaciones económicas
del Estado colombiano (arts. 226 y 227 de la CP).
119.
La
Corte también advierte que la prohibición de introducir el recurso obligatorio
a agentes de aduana[194]
busca que las personas interesadas en adelantar trámites correspondientes a las
operaciones de exportación, importación y tránsito de mercancías lo hagan de
manera ágil y económica, sin necesidad de acudir a dichos agentes en todos los
casos[195].
Esta medida tampoco desconoce la Constitución; al contrario, se ajusta al
precepto constitucional según el cual la función administrativa está al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en
principios como igualdad, economía y celeridad (art. 209 de la CP). Esto, por
cuanto, al no tener que acudir obligatoriamente a los servicios de los agentes
de aduana, los usuarios de los servicios de comercio exterior pueden adelantar
sus trámites de manera directa ante las autoridades aduaneras, con ahorro en
tiempo y en costos. Ahora bien, el artículo respeta la libertad de
configuración normativa en materia aduanera (art. 150 de la CP), ya que
reconoce la potestad que tienen los países miembros para adoptar medidas
relacionadas con el agenciamiento aduanero. Además, garantiza la publicidad de estas
medidas y la aplicación de normas objetivas y transparentes en la concesión de
licencias a los agentes de aduana, en armonía con los principios en los que se
fundamenta la función administrativa (art. 209 de la CP).
120.
Con
base en lo anterior, la Corte declarará exequible el artículo 10 del
acuerdo sub examine.
121.
El
artículo 11 del AFC dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO
11: LIBERTAD DE TRÁNSITO
1.
Los reglamentos o formalidades que imponga un Miembro en relación con el
tráfico en tránsito:
a)
no se mantendrán si las circunstancias u objetivos que dieron lugar a su
adopción ya no existen o si las circunstancias u objetivos modificados pueden
atenderse de una manera menos restrictiva del comercio que esté razonablemente
a su alcance;
b)
no se aplicarán de manera que constituyan una restricción encubierta al tráfico
en tránsito.
2.
El tráfico en tránsito no estará supeditado a la recaudación de derechos o
cargas relativos al tránsito, con excepción de los gastos de transporte y de
las cargas imputadas como gastos administrativos ocasionados por el tránsito o
como costo de los servicios prestados.
3.
Los Miembros no buscarán, adoptarán ni mantendrán limitaciones voluntarias u
otras medidas similares respecto del tráfico en tránsito. Esto se entiende sin
perjuicio de los reglamentos nacionales y los arreglos bilaterales o
multilaterales existentes y futuros relativos a la reglamentación del
transporte y compatibles con las normas de la OMC.
4.
Cada Miembro concederá a los productos que pasarán en tránsito por el
territorio de cualquier otro Miembro un trato no menos favorable que el que se
les concedería si fueran transportados desde su lugar de origen hasta el de
destino sin pasar por dicho territorio.
5.
Se alienta a los Miembros a poner a disposición, cuando sea factible,
infraestructuras físicamente separadas (como carriles, muelles de atraque y
similares) para el tráfico en tránsito.
6.
Las formalidades, los requisitos de documentación y los controles aduaneros en
relación con el tráfico en tránsito no serán más gravosos de lo necesario para:
a)
identificar las mercancías; y
b)
asegurarse del cumplimiento de las prescripciones en materia de tránsito.
7.
Una vez que las mercancías hayan sido objeto de un procedimiento de tránsito y hayan
sido autorizadas para continuar desde el punto de partida en el territorio de
un Miembro, no estarán sujetas a ninguna carga aduanera ni serán objeto de
ninguna demora ni de restricciones innecesarias hasta que concluyan su tránsito
en el punto de destino dentro del territorio del Miembro.
8.
Los Miembros no aplicarán reglamentos técnicos ni procedimientos de evaluación
de la conformidad en el sentido del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al
Comercio a las mercancías en tránsito.
9.
Los Miembros permitirán y preverán la presentación y tramitación anticipadas de
los documentos y datos relativos al tránsito antes de la llegada de las
mercancías.
10.
Una vez que el tráfico en tránsito haya llegado a la oficina de aduanas por la
que sale del territorio de un Miembro, esa oficina dará por terminada la
operación de tránsito sin demora si se han cumplido las prescripciones en
materia de tránsito.
11.
Cuando un Miembro exija una garantía en forma de fianza, depósito u otro
instrumento monetario o no monetario[196] apropiado
para el tráfico en tránsito, esa garantía se limitará a asegurar el
cumplimiento de requisitos derivados de ese tráfico en tránsito.
12.
Una vez que el Miembro haya determinado que se han satisfecho sus requisitos en
materia de tránsito, la garantía se liberará sin demora.
13.
Cada Miembro permitirá, de manera compatible con sus leyes y reglamentos, el
establecimiento de garantías globales que incluyan transacciones múltiples
cuando se trate del mismo operador o la renovación de las garantías sin liberación
para envíos subsiguientes.
14.
Cada Miembro pondrá a disposición del público la información pertinente que
utilice para fijar la garantía, incluidas las garantías para una transacción
única y, cuando proceda, para transacciones múltiples.
15.
Cada Miembro podrá exigir la utilización de escoltas aduaneras o convoyes
aduaneros para el tráfico en tránsito solo en circunstancias de alto riesgo o
cuando no pueda asegurarse el cumplimiento de las leyes y reglamentos de aduana
mediante la utilización de garantías. Las normas generales aplicables en
materia de escoltas aduaneras o convoyes aduaneros serán publicadas con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 1.
16.
Los Miembros se esforzarán por cooperar y coordinarse entre ellos con miras a
reforzar la libertad de tránsito. Esa cooperación y esa coordinación podrán
incluir, pero no exclusivamente, un entendimiento sobre:
a)
las cargas;
b)
las formalidades y los requisitos legales; y
c)
el funcionamiento práctico de los regímenes de tránsito.
17. Cada Miembro
se esforzará por nombrar un coordinador nacional del tránsito al que podrán
dirigirse todas las peticiones de información y las propuestas de otros
Miembros relacionadas con el buen funcionamiento de las operaciones de
tránsito”.
122.
La Corte advierte que este artículo
se ajusta a la Constitución Política, pues las medidas que prevé guardan
relación con los principios en los que se fundamenta la función administrativa
(art. 209 de la CP). En efecto, este artículo busca, entre otras cosas, (i) que
los reglamentos y las formalidades relacionadas con el tráfico en tránsito no
constituyan una medida restrictiva del comercio ni una restricción encubierta a
dicho tráfico, lo que armoniza con el principio de transparencia; (ii) que
el tráfico en tránsito no esté sujeto a mayores costos, en armonía con el
principio de economía; (ii) que los productos en tránsito tengan “un trato no
menos favorable que el que se les concedería si fueran transportados desde su
lugar de origen hasta el de destino sin pasar por dicho territorio”, como expresión
del principio de igualdad; (iii) que dicho
tráfico no esté sometido a obstáculos técnicos y sea objeto de un procedimiento
aduanero ágil, en consonancia con el principio de celeridad, y (v) que
se publique la información relacionada con las garantías exigidas a dicho
tráfico y las normas aplicables sobre escoltas o convoyes aduaneros, lo que
garantiza el principio de publicidad.
123.
Además, (i) están encaminadas
a facilitar el comercio internacional de mercancías, fin que se ajusta a la
Constitución, como se ha señalado en esta providencia, y (ii) promueven
la cooperación internacional para reforzar la libertad de tránsito entre los
países miembros, en armonía con el mandato de internacionalización de las
relaciones económicas (art. 226 de la CP). Así mismo, se observa que, de manera
general, estas disposiciones garantizan la libre circulación de los medios de
transporte en los que estas mercancías son movilizadas, una vez han sido
autorizadas por las autoridades aduaneras para realizar dicho tránsito entre
los puntos de partida y de destino ubicados en el territorio nacional. La Corte
observa que la posibilidad de realizar dicho tránsito en nada se opone a la
Constitución. Por el contrario, garantiza el deber constitucional de acatar las
leyes y obedecer a las autoridades (art. 4 de la CP) y a la libertad de circulación
prevista en el artículo 24 superior.
124.
Finalmente,
las medidas relacionadas con las limitaciones al tráfico en tránsito (numeral
3) y el establecimiento de garantías globales o la renovación de garantías (numeral
13) son respetuosas de la libertad de configuración normativa del legislador en
materia aduanera (art. 150 de la CP), al prever que se adoptarán,
respectivamente, “sin perjuicio de los reglamentos nacionales y los
arreglos bilaterales o multilaterales existentes y futuros” y “de manera
compatible con [las]
leyes y reglamentos” del país miembro.
125.
Con
base en lo anterior, la Corte declarará exequible el artículo 11 del tratado
sub examine.
126.
El
artículo 12 del AFC dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO
12: COOPERACIÓN ADUANERA
1
Medidas para promover el cumplimiento y la cooperación
1.1
Los Miembros coinciden en la importancia de asegurar que los comerciantes sean
conscientes de sus obligaciones en materia de cumplimiento, de alentar el
cumplimiento voluntario para que los importadores puedan rectificar su
actuación sin ninguna sanción en circunstancias adecuadas y de aplicar medidas
en materia de cumplimiento con objeto de iniciar medidas más rigurosas respecto
de los comerciantes que no cumplan[197].
1.2
Se alienta a los Miembros a intercambiar información sobre las mejores
prácticas de gestión del cumplimiento de los procedimientos aduaneros, incluso
en el marco del Comité. Se alienta a los Miembros a cooperar en materia de
orientación técnica y de asistencia y apoyo para la creación de capacidad a los
efectos de administrar las medidas en materia de cumplimiento y mejorar su
eficacia.
2
Intercambio de información
2.1
Previa solicitud, y a reserva de las disposiciones del presente artículo, los
Miembros intercambiarán la información prevista en los apartados b) y/o c) del
párrafo 6.1 a fin de verificar una declaración de importación o exportación en
los casos concretos en los que haya motivos razonables para dudar de la
veracidad o exactitud de la declaración.
2.2
Cada Miembro notificará al Comité los datos de su punto de contacto para el
intercambio de esta información.
3
Verificación
Un
Miembro solamente formulará una solicitud de intercambio de información después
de haber llevado a cabo procedimientos apropiados de verificación de una
declaración de importación o exportación y después de haber examinado la
documentación pertinente que esté a su disposición.
4
Solicitud
4.1
El Miembro solicitante presentará una solicitud por escrito, en papel o por
medios electrónicos, y en un idioma oficial de la OMC mutuamente acordado u
otro idioma mutuamente acordado al Miembro al que se dirija dicha solicitud,
incluyendo:
a)
el asunto de que se trata incluido, cuando proceda y esté disponible, el número
que identifique la declaración de exportación correspondiente a la declaración
de importación en cuestión;
b)
los fines para los que el Miembro solicitante recaba la información o la
documentación, junto con los nombres y los datos de contacto de las personas a
las que se refiere la solicitud, si se conocen;
c)
en caso de que el Miembro al que se dirige la solicitud lo requiera,
confirmación[198] de
que se ha realizado la verificación, cuando proceda;
d)
la información o la documentación específica solicitada;
e)
la identidad de la oficina de donde procede la solicitud;
f)
referencias a las disposiciones del derecho interno y del sistema jurídico del
Miembro solicitante que regulan la recopilación, protección, utilización,
divulgación, conservación y destrucción de la información confidencial y los
datos personales.
4.2
Si el Miembro solicitante no está en condiciones de cumplir lo dispuesto en
cualquiera de los apartados del párrafo 4.1, lo indicará en la solicitud.
5
Protección y confidencialidad
5.1
A reserva de lo dispuesto en el párrafo 5.2, el Miembro solicitante:
a)
conservará de forma estrictamente confidencial toda la información o
documentación facilitada por el Miembro al que se dirija la solicitud y le
otorgará al menos el mismo nivel de protección y confidencialidad que esté
previsto en el derecho interno y el sistema jurídico del Miembro al que se
dirija la solicitud, descrito por él conforme a lo establecido en el apartado
b) o c) del párrafo 6.1;
b)
proporcionará la información o documentación solamente a las autoridades de
aduana encargadas del asunto de que se trate y utilizará la información o
documentación solamente para el fin indicado en la solicitud, a menos que el
Miembro al que se dirija la solicitud acepte otra cosa por escrito;
c)
no revelará la información ni la documentación sin la autorización expresa por
escrito del Miembro al que se dirija la solicitud;
d)
no utilizará ninguna información o documentación no verificada proporcionada
por el Miembro al que se dirija la solicitud como factor decisorio para aclarar
dudas en ningún caso concreto;
e)
respetará las condiciones establecidas para un caso específico por el Miembro
al que se dirija la solicitud en lo que respecta a la conservación y
destrucción de la información o la documentación confidencial y los datos
personales; y
f)
previa petición, informará al Miembro al que se dirija la solicitud de las
decisiones y medidas adoptadas con respecto al asunto como consecuencia de la
información o la documentación facilitadas.
5.2
Es posible que el derecho interno y el sistema jurídico del Miembro solicitante
no le permitan cumplir alguno de los apartados del párrafo 5.1. De ser así, el
Miembro solicitante lo indicará en la solicitud.
5.3
El Miembro al que se dirija la solicitud otorgará a cualquier solicitud, así
como a la información sobre la verificación, recibida en virtud del párrafo 4,
al menos el mismo nivel de protección y confidencialidad que otorga dicho
Miembro a la información similar propia.
6
Facilitación de información
6.1
Prontamente, y a reserva de lo dispuesto en el presente artículo, el Miembro al
que se dirija la solicitud:
a)
responderá por escrito, ya sea en papel o por medios electrónicos;
b)
facilitará la información específica indicada en la declaración de exportación
o importación, o la declaración, en la medida en que se disponga de ello, junto
con una descripción del nivel de protección y confidencialidad que se requiera
del Miembro solicitante;
c)
facilitará, si se solicita, la información específica presentada como
justificación de la declaración de exportación o importación que figure en los
siguientes documentos, o los documentos, en la medida en que se disponga de
ello: la factura comercial, la lista de embalaje, el certificado de origen y el
conocimiento de embarque, en la forma en que se hayan presentado, ya sea en
papel o por medios electrónicos, junto con una descripción del nivel de
protección y confidencialidad que se requiera del Miembro solicitante;
d)
confirmará que los documentos facilitados son copias auténticas;
e)
facilitará la información o responderá de otro modo a la solicitud, en la
medida de lo posible, dentro de los 90 días contados a partir de la fecha de la
solicitud.
6.2
Antes de facilitar la información, el Miembro al que se dirija la solicitud
podrá exigir, con arreglo a su derecho interno y su sistema jurídico, una
garantía de que determinada información no se utilizará como prueba en
investigaciones penales, procedimientos judiciales o procedimientos no
aduaneros sin la autorización expresa por escrito del Miembro al que se dirija
la solicitud. Si el Miembro solicitante no está en condiciones de cumplir este
requisito, deberá indicarlo al Miembro al que se dirija la solicitud.
7
Aplazamiento o denegación de una solicitud
7.1
El Miembro al que se dirija una solicitud podrá aplazar o denegar, en todo o en
parte, la solicitud de que se facilite información y comunicará al Miembro
solicitante los motivos para proceder de este modo, cuando:
a)
ello sea contrario al interés público según se define en el derecho interno y
el sistema jurídico del Miembro al que se dirija la solicitud;
b)
su derecho interno y su sistema jurídico impidan la divulgación de la
información. En ese caso, proporcionará al Miembro solicitante una copia de la
referencia concreta pertinente;
c)
el suministro de información pueda constituir un obstáculo para el cumplimiento
de las leyes o interferir de otro modo en una investigación, enjuiciamiento o
procedimiento administrativo o judicial en curso;
d)
las disposiciones del derecho interno y del sistema jurídico del Miembro que
regulan la recopilación, protección, utilización, divulgación, conservación y
destrucción de la información confidencial o los datos personales exijan el
consentimiento del importador o el exportador y ese consentimiento no se dé; o
e)
la solicitud de información se reciba después de la expiración del período
legal prescrito para la conservación de documentos en el Miembro al que se
dirija la solicitud.
7.2
En los casos previstos en los párrafos 4.2, 5.2 o 6.2, la ejecución de la
solicitud quedará a discreción del Miembro al que se dirija dicha solicitud.
8
Reciprocidad
Si
el Miembro solicitante estima que no podría satisfacer una solicitud similar si
esta fuera hecha por el Miembro al que la dirige, o si aún no ha puesto en
aplicación el presente artículo, dejará constancia de este hecho en su
solicitud. La ejecución de la solicitud quedará a discreción del Miembro al que
se dirija dicha solicitud.
9
Carga administrativa
9.1
El Miembro solicitante tendrá en cuenta las repercusiones en materia de
recursos y costos que suponga para el Miembro al que se dirija la solicitud la
respuesta a las solicitudes de información. El Miembro solicitante tomará en
consideración la proporcionalidad entre su interés desde el punto de vista
fiscal en presentar la solicitud y los esfuerzos que tendrá que hacer el
Miembro al que se dirija la solicitud para facilitar la información.
9.2
Si un Miembro recibe de uno o más Miembros solicitantes un número de
solicitudes de información que no puede atender o una solicitud de información
que no puede atender dado su alcance, y no está en condiciones de responder a
dichas solicitudes en un plazo razonable, podrá solicitar a uno o más Miembros
solicitantes que establezcan un orden de prioridad con objeto de convenir en un
límite que sea práctico conforme a las limitaciones de sus recursos. A falta de
un enfoque mutuamente acordado, la ejecución de esas solicitudes quedará a discreción
del Miembro al que se dirijan sobre la base de su propio orden de prioridad.
10
Limitaciones
El
Miembro al que se dirija la solicitud no estará obligado a:
a)
modificar el formato de sus declaraciones o procedimientos de importación o
exportación;
b)
pedir documentos que no sean los presentados con la declaración de importación
o exportación conforme al apartado c) del párrafo 6.1;
c)
iniciar investigaciones para obtener la información;
d)
modificar el período de conservación de tal información;
e)
instituir la documentación en papel cuando ya se haya instituido el formato
electrónico;
f)
traducir la información;
g)
verificar la exactitud de la información; o
h)
proporcionar información que pueda perjudicar los intereses comerciales
legítimos de empresas públicas o privadas concretas.
11
Utilización o divulgación no autorizadas
11.1
En caso de incumplimiento de las condiciones de uso o divulgación de la
información intercambiada en virtud del presente artículo, el Miembro
solicitante que reciba la información comunicará prontamente los detalles de
ese uso o divulgación no autorizados al Miembro que facilitó la información y:
a)
adoptará las medidas necesarias para subsanar el incumplimiento;
b)
adoptará las medidas necesarias para impedir cualquier incumplimiento en el
futuro; y
c)
notificará al Miembro al que se haya dirigido la solicitud las medidas
adoptadas en virtud de los apartados a) y b).
11.2
El Miembro al que se haya dirigido la solicitud podrá suspender las
obligaciones que le corresponden en virtud del presente artículo con respecto
al Miembro solicitante hasta que se hayan adoptado las medidas previstas en el
párrafo 11.1.
12
Acuerdos bilaterales y regionales
12.1
Nada de lo dispuesto en el presente artículo impedirá que un Miembro concluya o
mantenga un acuerdo bilateral, plurilateral o regional para compartir o
intercambiar información y datos aduaneros, con inclusión de información y
datos proporcionados sobre una base rápida y segura, por ejemplo de forma
automática o antes de la llegada del envío.
12.2 Nada de lo
dispuesto en el presente artículo se interpretará de modo que altere o afecte
los derechos y obligaciones que correspondan a un Miembro en virtud de tales
acuerdos bilaterales, plurilaterales o regionales o que rija el intercambio de
información y datos aduaneros en el marco de otros acuerdos de esa naturaleza”.
127.
La Corte constata que este artículo es
compatible con la Constitución Política. Las disposiciones contenidas en este
artículo permiten el intercambio de información relacionada con dos asuntos: (i)
las mejores prácticas de gestión del cumplimiento de los procedimientos
aduaneros por parte de los comerciantes (numeral 1) y (ii) la
verificación de las declaraciones de importación o exportación, cuando haya
motivos razonables para dudar de su veracidad o exactitud (numerales 2 al 12).
En ambos casos, el intercambio de información busca promover la cooperación internacional
en materia aduanera y, de ese modo, facilitar el comercio internacional de
mercancías, fin último del acuerdo sub examine, que se ajusta al mandato
constitucional de promover la internacionalización de las relaciones económicas
(art. 226 de la CP). Además, estas disposiciones no impiden que se concluyan o
mantengan acuerdos bilaterales, plurilaterales o regionales sobre la materia,
lo que respeta el mandato superior de promover la integración económica con las
demás naciones, en especial con los países de América Latina y el Caribe (art.
227 de la CP), así como la competencia del Presidente de la República para
dirigir las relaciones internacionales (art. 183.1 de la CP).
128.
Ahora bien, la Corte observa que las
medidas de cooperación adoptadas el numeral 1 pretenden asegurar el
cumplimiento de las obligaciones aduaneras por parte de los comerciantes, es
decir, que sus actuaciones se ajusten a las normas que regulan los
procedimientos aduaneros y obedezcan las decisiones de las autoridades competentes.
Tales medidas no riñen con el ordenamiento superior; por el contrario, armonizan
con el precepto constitucional según el cual tanto nacionales colombianos como
extranjeros deben acatar las leyes y respetar y obedecer a las autoridades
(art. 4 de la CP). Además, buscan mejorar la eficacia de las medidas orientadas
al cumplimiento de las obligaciones de los comerciantes, con la incorporación
de mejores
prácticas de gestión del cumplimiento de los procedimientos aduaneros, lo cual atiende a los principios en los que se
fundamenta la función administrativa (art. 209 de la CP).
129.
Así
mismo, la Corte encuentra ajustadas a la Constitución las medidas contenidas en
los numerales 2 al 12, por las siguientes razones. En primer lugar, el artículo
advierte que la solicitud de intercambio de información para verificar la
veracidad o exactitud de una
declaración de importación o exportación solo se puede formular después de que
la autoridad aduanera haya adelantado procedimientos de verificación de la
declaración y haya examinado la información de la que disponga. Tal previsión
atiende al principio de eficacia de la función administrativa (art. 209 de la CP), en la medida
que, de manera razonable, exige una actuación diligente de las autoridades
nacionales, que deben realizar las gestiones que les corresponden para
determinar la veracidad y exactitud de las declaraciones, antes de solicitar la
cooperación de las autoridades aduaneras de otros países.
130.
En
segundo lugar, dicha información debe compartirse dentro de ciertos límites, en
armonía con los principios de circulación restringida, finalidad, confidencialidad,
veracidad y temporalidad que orientan la administración de datos personales[199]. En
cuanto a la circulación restringida, el artículo dispone que la información o
documentación se proporcionará “solamente a las autoridades de aduana
encargadas del asunto de que se trate”; sobre la finalidad, que se
utilizará “solamente
para el fin indicado en la solicitud”;  en cuanto  a la confidencialidad,
que se “conservará
de forma estrictamente confidencial” y no se revelará “sin la
autorización expresa por escrito del Miembro al que se dirija la solicitud”; en materia de
veracidad, que “no [se] utilizará ninguna información o
documentación no verificada” y en cuanto a la temporalidad, que se
respetarán las condiciones de “conservación y destrucción de la
información o la documentación confidencial y los datos personales”.  Así
las cosas, las medidas sobre protección y confidencialidad de la información
contenidas en este artículo no vulneran la Constitución; en cambio, se ajustan
al respeto por las garantías constitucionales que las autoridades deben
observar en la recolección, el tratamiento y la circulación de datos (art. 15 de la CP).
131.
En
tercer lugar, estas medidas respetan la soberanía nacional en la que se
fundamentan las relaciones exteriores del Estado (art. 9 de la CP) y la libertad
de configuración normativa del legislador en materia aduanera (art. 150 de la CP), ya que es
posible aplazar o denegar la solicitud de información o documentación cuando
contraríe, interfiera u obstaculice el cumplimiento del derecho interno del
miembro al que se dirige, concretamente, cuando: (i) facilitar la
información “sea contrario al interés público”; (ii) pueda
obstaculizar “el cumplimiento de las leyes o interferir (…) en una
investigación, enjuiciamiento o procedimiento administrativo o judicial en
curso”;
(iii)
el derecho interno y el sistema jurídico del miembro al que se dirige la
solicitud impidan “la divulgación de la información”; (iv) “exijan el
consentimiento del importador o el exportador y ese consentimiento no se dé” o (v) “la solicitud de
información se reciba después de la expiración del período legal prescrito para
la conservación de documentos”. De igual manera, la prescripción según
la cual el
miembro al que se dirija la solicitud podrá exigir “una garantía de que
determinada información no se utilizará como prueba en investigaciones penales,
procedimientos judiciales o procedimientos no aduaneros” sin la
autorización expresa del miembro al que se dirija la solicitud respeta la
soberanía nacional y se ajusta a la Constitución, en la medida que el AFC no es
un tratado de cooperación judicial, sino de naturaleza estrictamente comercial.
132.
En
cuarto lugar, las medidas contenidas en este artículo armonizan con los
principios de equidad y reciprocidad en los que se basa la promoción de la
internacionalización de las relaciones económicas (art. 226 de la CP), ya que prevén
que el miembro solicitante le otorgue a la información o documentación aduanera
suministrada “al
menos el mismo nivel de protección y confidencialidad” previsto en las
normas del miembro que la suministra y que deje constancia de que “no podría
satisfacer una solicitud similar si esta fuera hecha por el Miembro al que la
dirige”,
en caso de que así lo estime. De esta manera, se garantiza que el miembro solicitante
use la información y los documentos compartidos con sujeción a los principios
mencionados en el párr. 130 y que el miembro al que se dirige la
solicitud decida si suministra o no la información solicitada, en caso de que
el solicitante no pueda darle el mismo trato a la información o los documentos
que, eventualmente, el miembro al que se dirige la solicitud le pueda requerir.
133.
En
quinto lugar, estas disposiciones garantizan los principios de economía y
eficacia de la función administrativa (art. 209 de la CP),
al prescribir, entre otras cosas, que el miembro que solicita la información tenga
en cuenta las repercusiones económicas y fiscales que su solicitud le genera al
miembro al que dirige la solicitud, así como los esfuerzos administrativos que este
debe desplegar para darle respuesta. De igual manera, armonizan con los
principios de buena fe y eficacia en las actuaciones de las autoridades
públicas (arts. 83 y 209 de la CP), al disponer que si se incumplen las
condiciones de uso y divulgación de la información, el solicitante “comunicará
prontamente los detalles de ese uso o divulgación no autorizados al Miembro que
facilitó la información” y adoptará las medidas necesarias para “subsanar
el incumplimiento” e “impedir cualquier incumplimiento en el
futuro”.
134.
Finalmente,
la Corte observa que este artículo armoniza con los principios de
internacionalización de las relaciones económicas e integración económica
(arts. 226 y 227 de la CP), al prever que nada de lo dispuesto en él impedirá concluir o
mantener acuerdos bilaterales, plurilaterales o regionales para compartir o
intercambiar información y datos aduaneros ni se interpretará de modo que
altere o afecte los derechos y obligaciones que correspondan en virtud de tales
acuerdos “o que rija el intercambio de información y datos aduaneros en el
marco de otros acuerdos de esa naturaleza”.
135.
Con
base en lo anterior, la Corte declarará exequible el artículo 12 del
acuerdo sub examine.
136.
Las
decisiones adoptadas por esta Corte en relación con la constitucionalidad de
los artículos que integran la Sección I del acuerdo sub examine
se resumen en el siguiente cuadro:
Sección I del AFC
Disposición analizada
Decisión
Artículo 1
Exequible
Artículo 2
Exequible
Artículo 3
Exequible
Artículo 4
Exequible
Artículo 5
Exequible
Artículo 6
Exequible
Artículo 7
Exequible
Artículo 8
Exequible
Artículo 9
Exequible
Artículo 10
Exequible
Artículo 11
Exequible
Artículo 12
Exequible
137.
La
Sección II del acuerdo contiene disposiciones relacionadas con el trato
especial y diferenciado que el AFC les otorga a los países en desarrollo y
menos adelantados miembros de la OMC. Debido a la unidad temática que existe
entre los 10 artículos que componen esta sección, la Corte analizará su
constitucionalidad en conjunto.
138.
Los
artículos 13 al 22 del AFC disponen lo siguiente:
“ARTÍCULO
13: PRINCIPIOS GENERALES
1.
Los países en desarrollo y menos adelantados Miembros aplicarán las
disposiciones que figuran en los artículos 1 a 12 del presente Acuerdo de
conformidad con la presente Sección, que se basa en las modalidades acordadas
en el Anexo D del Acuerdo Marco de julio de 2004 (WT/L/579) y en el párrafo 33
y el Anexo E de la Declaración Ministerial de Hong Kong (WT/MIN(05)/DEC).
2.
Deberá prestarse asistencia y apoyo para la creación de capacidad[200] a
fin de ayudar a los países en desarrollo y menos adelantados Miembros a aplicar
las disposiciones del presente Acuerdo, de conformidad con su naturaleza y
alcance. El alcance de las disposiciones del presente Acuerdo y el momento de
aplicarlas guardarán relación con las capacidades de aplicación de los países
en desarrollo y menos adelantados Miembros. Cuando un país en desarrollo o
menos adelantado Miembro continúe careciendo de la capacidad necesaria, no se
exigirá la aplicación de la disposición o las disposiciones de que se trate
hasta que se haya adquirido la capacidad de aplicación.
3.
Los países menos adelantados Miembros solo tendrán que asumir compromisos en la
medida compatible con las necesidades de cada uno de ellos en materia de
desarrollo, finanzas y comercio o con sus capacidades administrativas e
institucionales.
4.
Estos principios se aplicarán de conformidad con las disposiciones enunciadas
en la Sección II.
ARTÍCULO
14: CATEGORÍAS DE DISPOSICIONES
1.
Hay tres categorías de disposiciones:
a)
La categoría A contiene las disposiciones que un país en desarrollo Miembro o
un país menos adelantado Miembro designe para que sean aplicadas en el momento
de la entrada en vigor del presente Acuerdo o, en el caso de un país menos
adelantado Miembro, en el plazo de un año contado a partir de la entrada en
vigor, según lo establecido en el artículo 15.
b)
La categoría B contiene las disposiciones que un país en desarrollo Miembro o
un país menos adelantado Miembro designe para que sean aplicadas en una fecha
posterior a un período de transición después de la entrada en vigor del
presente Acuerdo, según lo establecido en el artículo 16.
c)
La categoría C contiene las disposiciones que un país en desarrollo Miembro o
un país menos adelantado Miembro designe para que sean aplicadas en una fecha
posterior a un período de transición después de la entrada en vigor del
presente Acuerdo y que requieren la adquisición de capacidad de aplicación
mediante la prestación de asistencia y apoyo para la creación de capacidad,
según lo establecido en el artículo 16.
2.
Cada país en desarrollo y país menos adelantado Miembro designará por sí mismo,
a título individual, las disposiciones que vaya a incluir en cada una de las
categorías A, B y C.
ARTÍCULO
15: NOTIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE LA CATEGORÍA A
1.
En el momento de la entrada en vigor del presente Acuerdo, cada país en
desarrollo Miembro aplicará sus compromisos de la categoría A. Los compromisos
designados para su inclusión en la categoría A formarán parte integrante del
presente Acuerdo.
2.
Todo país menos adelantado Miembro podrá notificar al Comité las disposiciones
que haya designado para su inclusión en la categoría A hasta un año después de
la entrada en vigor del presente Acuerdo. Los compromisos de cada país menos
adelantado Miembro designados para su inclusión en la categoría A formarán
parte integrante del presente Acuerdo.
ARTÍCULO
16: NOTIFICACIÓN DE LAS FECHAS DEFINITIVAS PARA LA APLICACIÓN DE LA CATEGORÍA B
Y LA CATEGORÍA C
1.
Con respecto a las disposiciones que un país en desarrollo Miembro no haya
designado para su inclusión en la categoría A, el Miembro podrá retrasar su
aplicación de conformidad con el procedimiento establecido en el presente
artículo.
Categoría
B para los países en desarrollo Miembros
a)
En el momento de la entrada en vigor del presente Acuerdo, cada país en
desarrollo Miembro notificará al Comité las disposiciones que haya designado
para su inclusión en la categoría B y sus correspondientes fechas indicativas
para la aplicación[201].
b)
A más tardar un año después de la entrada en vigor del presente Acuerdo, cada
país en desarrollo Miembro notificará al Comité sus fechas definitivas para la
aplicación de las disposiciones que haya designado para su inclusión en la
categoría B. Si un país en desarrollo Miembro, antes de que venza este plazo,
considera que necesita un plazo adicional para notificar sus fechas
definitivas, podrá solicitar que el Comité prorrogue el plazo lo suficiente
para que pueda notificar sus fechas.
Categoría
C para los países en desarrollo Miembros
c)
En el momento de la entrada en vigor del presente Acuerdo, cada país en
desarrollo Miembro notificará al Comité las disposiciones que haya designado
para su inclusión en la categoría C y sus correspondientes fechas indicativas
para la aplicación. A efectos de transparencia, las notificaciones que se
presenten incluirán información sobre la asistencia y apoyo para la creación de
capacidad que el Miembro requiera para la aplicación[202].
d)
En el plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente
Acuerdo, los países en desarrollo Miembros y los Miembros donantes pertinentes,
teniendo en cuenta los arreglos ya vigentes, las notificaciones presentadas en
cumplimiento del párrafo 1 del artículo 22 y la información presentada de
conformidad con el apartado c) supra, proporcionarán al Comité información
sobre los arreglos mantenidos o concertados que sean necesarios para la
prestación de asistencia y apoyo para la creación de capacidad a fin de hacer
posible la aplicación de la categoría C[203]. El
país en desarrollo Miembro participante informará prontamente al Comité de esos
arreglos. El Comité invitará también a los donantes no miembros a que
proporcionen información sobre los arreglos existentes o concertados.
e)
Dentro de los 18 meses siguientes a la fecha de la presentación de la
información estipulada en el apartado d), los Miembros donantes y los
respectivos países en desarrollo Miembros informarán al Comité de los progresos
realizados en la prestación de asistencia y apoyo para la creación de
capacidad. Cada país en desarrollo Miembro notificará, al mismo tiempo, su
lista de fechas definitivas para la aplicación.
2.
Con respecto a las disposiciones que un país menos adelantado Miembro no haya
designado para su inclusión en la categoría A, los países menos adelantados
Miembros podrán retrasar la aplicación de conformidad con el procedimiento
establecido en el presente artículo.
Categoría
B para los países menos adelantados Miembros
a)
A más tardar un año después de la entrada en vigor del presente Acuerdo, todo
país menos adelantado Miembro notificará al Comité sus disposiciones de la
categoría B y podrá notificar sus correspondientes fechas indicativas para la
aplicación de esas disposiciones, teniendo en cuenta la máxima flexibilidad
prevista para los países menos adelantados Miembros.
b)
A más tardar dos años después de la fecha de notificación estipulada en el
apartado a) supra, cada país menos adelantado Miembro hará una notificación
al Comité con objeto de confirmar las disposiciones que haya designado y de
notificar sus fechas para la aplicación. Si un país menos adelantado Miembro,
antes de que venza este plazo, considera que necesita un plazo adicional para
notificar sus fechas definitivas, podrá solicitar que el Comité prorrogue el
plazo lo suficiente para que pueda notificar sus fechas.
Categoría
C para los países menos adelantados Miembros
c)
A efectos de transparencia y con objeto de facilitar la concertación de
arreglos con los donantes, un año después de la entrada en vigor del presente
Acuerdo cada país menos adelantado Miembro notificará al Comité las
disposiciones que haya designado para su inclusión en la categoría C, teniendo
en cuenta la máxima flexibilidad prevista para los países menos adelantados
Miembros.
d)
Un año después de la fecha estipulada en el apartado c) supra, los países
menos adelantados Miembros notificarán información sobre la asistencia y el
apoyo para la creación de capacidad que el Miembro requiera para la aplicación[204].
e)
A más tardar dos años después de la notificación prevista en el apartado
d) supra, los países menos adelantados Miembros y los Miembros donantes
pertinentes, teniendo en cuenta la información presentada de conformidad con el
apartado d) supra, proporcionarán al Comité información sobre los arreglos
mantenidos o concertados que sean necesarios para la prestación de asistencia y
apoyo para la creación de capacidad a fin de hacer posible la aplicación de la
categoría C[205]. El
país menos adelantado Miembro participante informará prontamente al Comité de
esos arreglos. El país menos adelantado Miembro notificará, al mismo tiempo,
las fechas indicativas para la aplicación de los compromisos correspondientes
de la categoría C abarcados por los arreglos de asistencia y apoyo. El Comité
invitará también a los donantes no miembros a que proporcionen información
sobre los arreglos existentes y concertados.
f)
A más tardar 18 meses después de la fecha de la presentación de la información
estipulada en el apartado e), los Miembros donantes pertinentes y los
respectivos países menos adelantados Miembros informarán al Comité de los
progresos realizados en la prestación de asistencia y apoyo para la creación de
capacidad. Cada país menos adelantado Miembro notificará al Comité, al mismo
tiempo, su lista de fechas definitivas para la aplicación.
3.
Los países en desarrollo Miembros y los países menos adelantados Miembros que,
por falta de apoyo de donantes o por falta de progresos en la prestación de
asistencia y apoyo para la creación de capacidad, tengan dificultades para
comunicar las fechas definitivas para la aplicación dentro de los plazos
establecidos en los párrafos 1 y 2 deberán notificarlo al Comité lo antes
posible antes de que expiren esos plazos. Los Miembros acuerdan cooperar para
ayudar a resolver esas dificultades, teniendo en cuenta las circunstancias
particulares y los problemas especiales del Miembro de que se trate. El Comité
adoptará, según proceda, medidas para hacer frente a las dificultades,
incluida, cuando sea necesario, la de prorrogar los plazos para que el Miembro
de que se trate notifique sus fechas definitivas.
4.
Tres meses antes de que venza el plazo estipulado en el apartado b) o e) del
párrafo 1 o, en el caso de un país menos adelantado Miembro, el apartado b) o
f) del párrafo 2, la Secretaría enviará un recordatorio a un Miembro si este no
ha notificado una fecha definitiva para la aplicación de las disposiciones que
haya designado para su inclusión en la categoría B o C. Si el Miembro no invoca
el párrafo 3 o, en el caso de un país en desarrollo Miembro, el apartado b) del
párrafo 1 o, en el caso de un país menos adelantado Miembro, el apartado b) del
párrafo 2, para prorrogar el plazo y sigue sin notificar una fecha definitiva
para la aplicación, ese Miembro aplicará las disposiciones en el plazo de un
año después de que venza el plazo estipulado en el apartado b) o e) del párrafo
1 o, en el caso de un país menos adelantado Miembro, el apartado b) o f) del
párrafo 2, o el plazo prorrogado en virtud del párrafo 3.
5.
A más tardar 60 días después de las fechas para la notificación de las fechas
definitivas para la aplicación de las disposiciones de la categoría B y la
categoría C de conformidad con el párrafo 1, 2 o 3, el Comité tomará nota de
los anexos que contengan las fechas definitivas de cada Miembro para la
aplicación de las disposiciones correspondientes a las categorías B y C, con
inclusión de las fechas establecidas de conformidad con el párrafo 4, y esos
anexos formarán parte integrante del presente Acuerdo.
ARTÍCULO
17: MECANISMO DE ALERTA TEMPRANA: PRÓRROGA DE LAS FECHAS PARA LA APLICACIÓN DE
LAS DISPOSICIONES DE LAS CATEGORÍAS B Y C
1.
a)
Todo país en desarrollo Miembro o país menos adelantado Miembro que considere que
tiene dificultades para aplicar una disposición que haya designado para su
inclusión en la categoría B o la categoría C en la fecha definitiva establecida
con arreglo al apartado b) o e) del párrafo 1 del artículo 16 o, en el caso de
un país menos adelantado Miembro, el apartado b) o f) del párrafo 2 del
artículo 16, deberá notificarlo al Comité. Los países en desarrollo Miembros lo
notificarán al Comité a más tardar 120 días antes de que expire la fecha para
la aplicación. Los países menos adelantados Miembros lo notificarán al Comité a
más tardar 90 días antes de esa fecha.
b)
En la notificación al Comité se indicará la nueva fecha en la que el país en
desarrollo o país menos adelantado Miembro prevé que podrá aplicar la
disposición de que se trate. En la notificación también se indicarán las
razones de la demora prevista en la aplicación. Esas razones podrán incluir
necesidades de asistencia y apoyo para la creación de capacidad que no se
hubieran previsto antes o de asistencia y apoyo adicionales para ayudar a crear
capacidad.
2.
Cuando el plazo adicional para la aplicación solicitado por un país en
desarrollo Miembro no supere los 18 meses o el plazo adicional solicitado por
un país menos adelantado Miembro no supere los tres años, el Miembro solicitante
tendrá derecho a ese plazo adicional sin que el Comité adopte más medidas.
3.
Cuando un país en desarrollo o un país menos adelantado Miembro considere que
requiere una primera prórroga más larga que la prevista en el párrafo 2 o una
segunda prórroga u otra posterior, presentará al Comité una solicitud en la que
figure la información descrita en el apartado b) del párrafo 1 a más tardar 120
días en el caso de un país en desarrollo Miembro y 90 días en el de un país
menos adelantado Miembro antes de que expire la fecha definitiva inicial para
la aplicación o la fecha de la posterior prórroga o prórrogas.
4.
El Comité considerará con ánimo favorable la posibilidad de acceder a las
solicitudes de prórroga teniendo en cuenta las circunstancias específicas del
Miembro que presente la solicitud. Esas circunstancias podrán incluir
dificultades y demoras en la obtención de asistencia y apoyo para la creación
de capacidad.
ARTÍCULO
18: APLICACIÓN DE LA CATEGORÍA B Y LA CATEGORÍA C
1.
De conformidad con el párrafo 2 del artículo 13, si un país en desarrollo
Miembro o un país menos adelantado Miembro, después de haber cumplido los
procedimientos establecidos en el párrafo 1 o 2 del artículo 16 y en el
artículo 17, y en caso de que no se haya concedido la prórroga solicitada o de
que de otro modo el país en desarrollo Miembro o el país menos adelantado
Miembro se enfrente a circunstancias imprevistas que impidan la concesión de
una prórroga en virtud del artículo 17, estima, por sí mismo, que sigue
careciendo de la capacidad para aplicar una disposición de la categoría C, ese
Miembro notificará al Comité que no tiene capacidad para aplicar la disposición
pertinente.
2.
El Comité establecerá un Grupo de Expertos inmediatamente, y en cualquier caso
a más tardar 60 días después de que el Comité haya recibido la notificación del
país en desarrollo Miembro o país menos adelantado Miembro pertinente. El Grupo
de Expertos examinará la cuestión y formulará una recomendación al Comité en un
plazo de 120 días a partir de la fecha en que se haya determinado su
composición.
3.
El Grupo de Expertos estará compuesto de cinco personas independientes que
tengan amplios conocimientos en las esferas de la facilitación del comercio y
la asistencia y apoyo para la creación de capacidad. La composición del Grupo
de Expertos asegurará el equilibrio entre nacionales de países en desarrollo y
países desarrollados Miembros. Cuando se trate de un país menos adelantado
Miembro, el Grupo de Expertos comprenderá al menos un nacional de un país menos
adelantado Miembro. Si el Comité no puede llegar a un acuerdo sobre la
composición del Grupo de Expertos en un plazo de 20 días a partir de la fecha
de su establecimiento, el Director General, en consulta con el Presidente del
Comité, determinará la composición del Grupo de Expertos de conformidad con los
términos del presente párrafo.
4.
El Grupo de Expertos examinará la estimación hecha por el propio Miembro de que
le falta capacidad y formulará una recomendación al Comité. Al examinar la
recomendación del Grupo de Expertos relativa a un país menos adelantado
Miembro, el Comité, según proceda, adoptará medidas que faciliten la
adquisición de capacidad para la aplicación sostenible.
5.
El Miembro no estará sujeto a los procedimientos previstos en el Entendimiento
sobre Solución de Diferencias en relación con esa cuestión desde el momento en
que el país en desarrollo Miembro notifique al Comité que no tiene capacidad
para aplicar la disposición pertinente hasta la primera reunión del Comité
después de que este haya recibido la recomendación del Grupo de Expertos. En
esa reunión, el Comité examinará la recomendación del Grupo de Expertos. En el
caso de un país menos adelantado Miembro, los procedimientos previstos en el
Entendimiento sobre Solución de Diferencias no se aplicarán con respecto a la
disposición correspondiente desde la fecha en que ese país haya notificado al
Comité que no tiene capacidad para aplicar la disposición hasta que el Comité
adopte una decisión sobre la cuestión, o dentro de los 24 meses siguientes a la
fecha de la primera reunión del Comité mencionada supra, si ese período es
menor.
6.
En los casos en que un país menos adelantado Miembro pierda su capacidad para
aplicar un compromiso de la categoría C, podrá informar al Comité y seguir los
procedimientos establecidos en el presente artículo.
ARTÍCULO
19: CAMBIOS ENTRE LAS CATEGORÍAS B Y C
1.
Los países en desarrollo Miembros y los países menos adelantados Miembros que
hayan notificado disposiciones de las categorías B y C podrán transferir
disposiciones entre dichas categorías mediante la presentación de una
notificación al Comité. Cuando un Miembro proponga transferir una disposición
de la categoría B a la categoría C, el Miembro proporcionará información sobre
la asistencia y el apoyo requeridos para crear capacidad.
2.
En el caso de que se requiera un plazo adicional para aplicar una disposición
transferida de la categoría B a la categoría C, el Miembro:
a)
podrá recurrir a las disposiciones del artículo 17, incluida la posibilidad de
obtener una prórroga automática; o
b)
podrá solicitar que el Comité examine la solicitud del Miembro de que se le
conceda más tiempo para aplicar la disposición y, de ser necesario, asistencia
y apoyo para la creación de capacidad, con inclusión de la posibilidad de un
examen y de una recomendación por el Grupo de Expertos en virtud de lo
dispuesto en el artículo 18; o
c)
deberá solicitar, en el caso de un país menos adelantado Miembro, la aprobación
del Comité de toda nueva fecha para la aplicación que sea posterior en más de
cuatro años a la fecha inicial notificada para la categoría B. Además, el país
menos adelantado Miembro seguirá teniendo recurso al artículo 17. Queda
entendido que un país menos adelantado Miembro que haya hecho tal transferencia
requerirá asistencia y apoyo para la creación de capacidad.
ARTÍCULO
20: PERÍODO DE GRACIA PARA LA APLICACIÓN DEL ENTENDIMIENTO RELATIVO A LAS
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS POR LOS QUE SE RIGE LA SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS
1.
Durante un período de dos años después de la entrada en vigor del presente
Acuerdo, las disposiciones de los artículos XXII y XXIII del GATT de 1994,
desarrolladas y aplicadas por el Entendimiento relativo a las normas y
procedimientos por los que se rige la solución de diferencias, no se aplicarán
a la solución de diferencias contra un país en desarrollo Miembro en relación
con ninguna de las disposiciones que ese Miembro haya designado para su
inclusión en la categoría A.
2.
Durante un período de seis años después de la entrada en vigor del presente
Acuerdo, las disposiciones de los artículos XXII y XXIII del GATT de 1994,
desarrolladas y aplicadas por el Entendimiento relativo a las normas y
procedimientos por los que se rige la solución de diferencias, no se aplicarán
a la solución de diferencias contra un país menos adelantado Miembro en
relación con ninguna de las disposiciones que ese Miembro haya designado para
su inclusión en la categoría A.
3.
Durante un período de ocho años después de que un país menos adelantado Miembro
aplique una disposición de la categoría B o C, las disposiciones de los
artículos XXII y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas por el
Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la
solución de diferencias, no se aplicarán a la solución de diferencias contra
ese país menos adelantado Miembro en relación con esa disposición.
4.
No obstante el período de gracia para la aplicación del Entendimiento relativo
a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias,
antes de presentar una solicitud de celebración de consultas de conformidad con
el artículo XXII o XXIII del GATT de 1994, y en todas las etapas de los
procedimientos de solución de diferencias con respecto a una medida de un país
menos adelantado Miembro, todo Miembro dará una consideración particular a la
situación especial de los países menos adelantados Miembros. En este sentido,
los Miembros ejercerán la debida moderación al plantear cuestiones en el marco
del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la
solución de diferencias concernientes a países menos adelantados Miembros.
5.
Durante el período de gracia concedido en virtud del presente artículo, cada
Miembro dará, previa solicitud, a los demás Miembros oportunidades adecuadas
para celebrar debates con respecto a cualquier cuestión relativa a la
aplicación del presente Acuerdo.
ARTÍCULO
21: PRESTACIÓN DE ASISTENCIA Y APOYO PARA LA CREACIÓN DE CAPACIDAD
1.
Los Miembros donantes acuerdan facilitar la prestación de asistencia y apoyo
para la creación de capacidad a los países en desarrollo y países menos
adelantados Miembros en condiciones mutuamente convenidas, bilateralmente o por
conducto de las organizaciones internacionales apropiadas. El objetivo es
ayudar a los países en desarrollo y países menos adelantados Miembros a aplicar
las disposiciones de la Sección I del presente Acuerdo.
2.
Habida cuenta de las necesidades especiales de los países menos adelantados
Miembros, se deberá prestar a estos países asistencia y apoyo específicos a fin
de ayudarlos a crear una capacidad sostenible para aplicar sus compromisos. A
través de los mecanismos de cooperación para el desarrollo pertinentes y de
conformidad con los principios de asistencia técnica y apoyo para la creación
de capacidad a que se hace referencia en el párrafo 3, los asociados para el
desarrollo se esforzarán por prestar asistencia y apoyo para la creación de
capacidad en esta esfera de manera que no se pongan en peligro las prioridades
de desarrollo existentes.
3.
Los Miembros se esforzarán por aplicar los siguientes principios para
proporcionar asistencia y apoyo para la creación de capacidad en relación con
la aplicación del presente Acuerdo:
a)
tener en cuenta el marco general de desarrollo de los países y regiones
receptores y, cuando sea pertinente y procedente, los programas de reforma y
asistencia técnica en curso;
b)
cuando sea pertinente y procedente, incluir actividades para abordar los
desafíos regionales y subregionales y promover la integración regional y
subregional;
c)
asegurarse de que en las actividades de asistencia se tengan en cuenta las
actividades de reforma en la esfera de la facilitación del comercio en curso en
el sector privado;
d)
promover la coordinación entre los Miembros y entre estos y otras instituciones
pertinentes, incluidas las comunidades económicas regionales, para asegurar que
la asistencia sea lo más eficaz posible y se obtengan los máximos resultados de
ella. Con este fin,
i)
la coordinación, principalmente en el país o región donde haya de prestarse la
asistencia, entre los Miembros asociados y los donantes y entre los donantes
bilaterales y multilaterales, deberá tratar de evitar las superposiciones y
duplicaciones de los programas de asistencia y las incongruencias en las actividades
de reforma mediante una estrecha coordinación de las intervenciones en materia
de asistencia técnica y creación de capacidad;
ii)
en el caso de los países menos adelantados Miembros, el Marco Integrado
mejorado para la asistencia relacionada con el comercio en apoyo de los países
menos adelantados deberá formar parte de este proceso de coordinación; y
iii)
los Miembros también deberán promover la coordinación interna entre sus
funcionarios encargados del comercio y del desarrollo, tanto en las capitales
como en Ginebra, para la aplicación del presente Acuerdo y la asistencia
técnica;
e)
fomentar la utilización de las estructuras de coordinación existentes a nivel
de países y regiones tales como mesas redondas y grupos consultivos, para
coordinar y vigilar las actividades de aplicación; y
f)
alentar a los países en desarrollo Miembros a que presten asistencia para la
creación de capacidad a otros países en desarrollo Miembros y a los países
menos adelantados Miembros y a que consideren dar apoyo a esas actividades
cuando sea posible.
4.
El Comité celebrará al menos una sesión específica al año para:
a)
celebrar debates sobre cualesquiera problemas relacionados con la aplicación de
disposiciones o partes de disposiciones del presente Acuerdo;
b)
examinar los avances en la prestación de asistencia y apoyo para la creación de
capacidad para respaldar la aplicación del Acuerdo, entre otros con respecto a
los países en desarrollo o menos adelantados Miembros que no estén recibiendo
asistencia y apoyo para la creación de capacidad adecuados;
c)
intercambiar experiencias e información sobre los programas de asistencia y
apoyo para la creación de capacidad y de aplicación en curso con inclusión de
los desafíos que se encaren y los éxitos que se obtengan;
d)
examinar las notificaciones de los donantes, según se indica en el artículo 22;
y
e)
examinar el funcionamiento del párrafo 2.
ARTÍCULO
22: INFORMACIÓN SOBRE ASISTENCIA Y APOYO PARA LA CREACIÓN DE CAPACIDAD QUE SE
DEBE PRESENTAR AL COMITÉ
1.
A fin de ofrecer transparencia a los países en desarrollo Miembros y los países
menos adelantados Miembros acerca de la prestación de asistencia y apoyo para
la creación de capacidad para la aplicación de la Sección I, cada Miembro
donante que preste asistencia a países en desarrollo Miembros y países menos
adelantados Miembros para la aplicación del presente Acuerdo presentará al
Comité, en el momento de la entrada en vigor del presente Acuerdo y
posteriormente una vez al año, la siguiente información sobre la asistencia y
el apoyo para la creación de capacidad que haya desembolsado en los 12 meses
precedentes y sobre los que se haya comprometido a desembolsar en los próximos
12 meses, cuando esta última información esté disponible[206]
a)
una descripción de la asistencia y del apoyo para la creación de capacidad;
b)
la situación y cuantía comprometida y desembolsada;
c)
el procedimiento para el desembolso de la asistencia y el apoyo;
d)
el Miembro beneficiario o, cuando sea necesario, la región beneficiaria; y
e)
el organismo encargado de la aplicación en el Miembro que presta la asistencia
y el apoyo.
La
información se presentará siguiendo el modelo que figura en el Anexo 1. En el
caso de los miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
(denominada en el presente Acuerdo la "OCDE"), la información que se
presente puede basarse en información pertinente del Sistema de notificación
por parte de los países acreedores de la OCDE. Se alienta a los países en
desarrollo Miembros que se declaren en condiciones de prestar asistencia y
apoyo para la creación de capacidad a que presenten la información que se
indica supra.
2.
Los Miembros donantes que presten asistencia a los países en desarrollo
Miembros y a los países menos adelantados Miembros presentarán al Comité lo
siguiente:
a)
los puntos de contacto de sus organismos encargados de prestar asistencia y
apoyo para la creación de capacidad relacionada con la aplicación de la Sección
I del presente Acuerdo, con inclusión, cuando sea factible, de información
sobre esos puntos de contacto en el país o la región donde haya de prestarse la
asistencia y el apoyo; y
b)
información sobre el proceso y los mecanismos para solicitar asistencia y apoyo
para la creación de capacidad.
Se
alienta a los países en desarrollo Miembros que se declaren en condiciones de
prestar asistencia y apoyo a que presenten la información que se
indica supra.
3.
Los países en desarrollo Miembros y los países menos adelantados Miembros que
tengan la intención de recurrir a la asistencia y el apoyo para la creación de
capacidad relacionados con la facilitación del comercio presentarán al Comité
información sobre el o los puntos de contacto de la o las oficinas encargadas
de coordinar y establecer las prioridades de dicha asistencia y dicho apoyo.
4.
Los Miembros podrán facilitar la información a que se hace referencia en los
párrafos 2 y 3 a través de referencias en Internet y actualizarán la
información según sea necesario. La Secretaría pondrá toda esa información a
disposición del público.
5. El Comité
invitará a las organizaciones internacionales y regionales pertinentes (tales
como el Banco Mundial, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, las comisiones regionales de las
Naciones Unidas, la OCDE, la OMA o sus órganos subsidiarios y los bancos
regionales de desarrollo) y a otros órganos de cooperación a que proporcionen
la información a que se hace referencia en los párrafos 1, 2 y 4”.
139.
La Corte advierte que los artículos
13 al 22 del AFC son compatibles con la Constitución Política. En primer lugar,
estos artículos atienden al mandato superior de promover la
internacionalización de las relaciones económicas sobre bases de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional (art. 226 de la CP). En efecto, las
medidas contenidas en ellos propugnan por darles un trato equitativo a los
países en desarrollo y menos adelantados que no cuentan con las condiciones necesarias
para aplicar las disposiciones de la Sección I del AFC. Dicho trato se
manifiesta en la posibilidad de que esos países (i) difieran la entrada
en vigor de tales disposiciones, mientras adquieren las capacidades necesarias
para aplicarlas; (ii) reciban asistencia y apoyo por parte de países que
sí cuentan con esas capacidades y que están en condiciones de ayudarlos a
crearlas, y (iii) no sean sometidos a los procedimientos de solución de
diferencias previstos en el AFC[207],
durante un periodo de gracia posterior a la entrada en vigencia de tales
disposiciones.
140.
Así
mismo, permiten que cada país en desarrollo o menos adelantado defina cuándo
comenzará a aplicar las disposiciones de la Sección I del AFC, con base
en criterios de conveniencia nacional, esto es, en una medida compatible con sus
necesidades en materia de desarrollo, finanzas y comercio y con sus capacidades
administrativas e institucionales. Cabe agregar que los plazos concedidos para
que estos países comiencen a aplicar tales disposiciones son amplios y
flexibles, pues permiten la concesión de prórrogas cuando, a pesar de haber
cumplido con los procedimientos previstos para la obtención de asistencia y
apoyo, siguen careciendo de la capacidad necesaria. Incluso, en los casos excepcionales
a los que se refiere el artículo 18, se prevé la integración de un grupo de
expertos encargado de examinar la falta de capacidad y de formular las
recomendaciones correspondientes para adquirirla. Tales medidas reafirman el
trato equitativo que el acuerdo les da a estos países en atención a su
situación particular.
141.
En segundo lugar, estos artículos armonizan
con los principios de soberanía nacional, respeto por la autodeterminación de
los pueblos y buena fe en las relaciones internacionales (art. 9 de la CP). Ello es así, porque cada país en
desarrollo o menos adelantado puede (i) designar, por sí mismo y a
título individual, las disposiciones de la Sección I del AFC que
incluirá en las categorías A, B o C y (ii) transferir disposiciones
entre las categorías B y C. En efecto, esas facultades se ejercen sin ningún
tipo de injerencia de otros países o de instancias de la OMC. Obedecen,
simplemente, al criterio de cada país en desarrollo o menos adelantado con
respecto a las necesidades que debe satisfacer o las capacidades que debe crear
antes de comenzar a aplicar tales disposiciones. Ahora bien, estos países deben
notificarle al Comité las disposiciones que hayan incluido en cada categoría,
así como sus fechas indicativas y definitivas de aplicación. Esa obligación, lejos
de afectar su soberanía, responde a los mandatos superiores de integración e
internacionalización de las relaciones económicas (arts. 226 y 227 de la CP), pues permite coordinar las tareas
propias de la implementación del AFC en el marco de la OMC.
142.
En tercer lugar, las medidas
relacionadas con la prestación de asistencia y apoyo para la creación de
capacidad en los países en desarrollo y menos adelantados se enmarcan en los
principios de soberanía, cooperación internacional, equidad, reciprocidad y
conveniencia nacional (arts. 9 y 226 de la CP). En efecto, el acuerdo señala que esta asistencia y apoyo (i)
responde a las necesidades especiales de tales países (equidad y conveniencia
nacional), (ii) se dará en condiciones mutuamente convenidas por los
países donantes y los países receptores (soberanía y reciprocidad), (iii)
se prestará por medio de mecanismos de cooperación para el desarrollo
(cooperación internacional) y (iv) procurará no poner en peligro las
prioridades de desarrollo de los países receptores (equidad y conveniencia
nacional). Además, advierte que en la prestación de dicha asistencia y apoyo se
aplicarán principios que, entre otras cosas, buscan respetar el marco general
de desarrollo de los países receptores, promover la integración regional y
subregional, así como la coordinación entre países y entre los funcionarios
encargados del comercio y el desarrollo. Tales objetivos se ajustan a los
mandatos de integración e internacionalización de las relaciones económicas
previstos por la Constitución (arts. 226 y 227 de la CP).
143.
De igual manera, las disposiciones
que obligan a los países donantes y receptores a presentar ante el Comité
información relacionada con la asistencia y el apoyo que suministren y
requieran, respectivamente, armonizan con los mandatos superiores de
integración e internacionalización de las relaciones económicas sobre bases de
equidad, reciprocidad y conveniencia nacional (arts. 226 y 227 de la CP). En
efecto, tales medidas buscan, de un lado, que las partes interesadas, en
particular a los países en desarrollo y menos adelantados, tengan acceso a
información transparente sobre la asistencia y el apoyo requeridos para
implementar las disposiciones de la Sección I del acuerdo (como su
descripción, cuantía y procedimiento para el desembolso) y, de otro, facilitar
la coordinación de las tareas relacionadas con el suministro de esa ayuda, por
ejemplo, mediante el suministro de información sobre los puntos de contacto de
los organismos encargados de prestar asistencia y apoyo y sobre el proceso y
los mecanismos implementados para solicitarlos.
144.
Con
base en lo anterior, la Corte declarará exequibles los artículos 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 del acuerdo sub examine.
145.
Las
decisiones adoptadas por esta Corte en relación con la constitucionalidad de
los artículos que integran la Sección II del acuerdo sub examine
se resumen en el siguiente cuadro:
Sección II del AFC
Disposición analizada
Decisión
Artículo
13
Exequible
Artículo 14
Exequible
Artículo 15
Exequible
Artículo 16
Exequible
Artículo 17
Exequible
Artículo 18
Exequible
Artículo 19
Exequible
Artículo 20
Exequible
Artículo 21
Exequible
Artículo 22
Exequible
146.
La
Sección III del AFC, compuesta por los artículos 23 y 24, contiene
disposiciones institucionales y finales. A continuación, la Corte analizará la
constitucionalidad de cada uno de estos artículos.
147.
El
artículo 23 del AFC dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO
23: DISPOSICIONES INSTITUCIONALES
1
Comité de Facilitación del Comercio
1.1
En virtud del presente Acuerdo se establece un Comité de Facilitación del
Comercio.
1.2
El Comité estará abierto a la participación de todos los Miembros y elegirá a
su Presidente. El Comité se reunirá según sea necesario y conforme a lo
previsto en las disposiciones pertinentes del presente Acuerdo, pero al menos
una vez al año, para dar a los Miembros la oportunidad de consultarse sobre
cualquier cuestión relacionada con el funcionamiento del presente Acuerdo o la
consecución de sus objetivos. El Comité desempeñará las funciones que le sean
asignadas en virtud del presente Acuerdo o por los Miembros. El Comité
establecerá sus normas de procedimiento.
1.3
El Comité podrá establecer los órganos auxiliares que sean necesarios. Todos
esos órganos rendirán informe al Comité.
1.4
El Comité elaborará procedimientos para el intercambio por los Miembros de
información pertinente y de las mejores prácticas, según proceda.
1.5
El Comité mantendrá un estrecho contacto con otras organizaciones
internacionales en la esfera de la facilitación del comercio, tales como la
OMA, con el objetivo de lograr el mejor asesoramiento disponible a efectos de
la aplicación y administración del presente Acuerdo y para evitar toda
duplicación innecesaria de la labor. Con tal fin, el Comité podrá invitar a
representantes de esas organizaciones o sus órganos auxiliares a:
a)
asistir a las reuniones del Comité; y
b)
examinar cuestiones concretas relacionadas con la aplicación del presente
Acuerdo.
1.6
El Comité examinará el funcionamiento y la aplicación del presente Acuerdo a
los cuatro años de su entrada en vigor, y periódicamente a partir de entonces.
1.7
Se alienta a los Miembros a que planteen ante el Comité cuestiones relacionadas
con asuntos relativos a la implementación y aplicación del presente Acuerdo.
1.8
El Comité alentará y facilitará la celebración de debates ad
hoc entre los Miembros sobre cuestiones específicas relacionadas con el
presente Acuerdo, con miras a llegar con prontitud a una solución mutuamente
satisfactoria.
2
Comité Nacional de Facilitación del Comercio
Cada Miembro
establecerá y/o mantendrá un comité nacional de facilitación del comercio o
designará un mecanismo existente para facilitar la coordinación interna y la
aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo”.
148.
La Corte constata que este artículo es
compatible con la Constitución Política. En efecto, la creación de los comités a los que se refiere este artículo constituye
un medio idóneo para alcanzar los objetivos del acuerdo sub examine,
que, como se ha expuesto a lo largo de esta providencia, armonizan con el
ordenamiento superior. En particular, la existencia de estos comités permite
coordinar la aplicación de las disposiciones del AFC y las actividades de
cooperación requeridas para la creación de capacidad en los países en
desarrollo y menos adelantados miembros de la OMC. En tal sentido, las medidas
contenidas en este artículo se ajustan a los principios en los que se
fundamentan las relaciones exteriores del Estado colombiano (arts. 9, 226 y 227
de la CP).
149.
Con
base en lo anterior, la Corte declarará exequible el artículo 23 del
acuerdo sub examine.
150.
El
Artículo 24 del AFC dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO
24: DISPOSICIONES FINALES
1.
A los efectos del presente Acuerdo, se entiende que el término
"Miembro" abarca a la autoridad competente del Miembro.
2.
Todas las disposiciones del presente Acuerdo son vinculantes para todos los
Miembros.
3.
Los Miembros aplicarán el presente Acuerdo a partir de la fecha de su entrada
en vigor. Los países en desarrollo Miembros y los países menos adelantados
Miembros que opten por recurrir a las disposiciones de la Sección II aplicarán
el presente Acuerdo de conformidad con la Sección II.
4.
Todo Miembro que acepte el presente Acuerdo después de su entrada en vigor
aplicará sus compromisos de las categorías B y C calculando los períodos
pertinentes a partir de la fecha en que entre en vigor el presente Acuerdo.
5.
Los Miembros de una unión aduanera o de un arreglo económico regional podrán
adoptar enfoques regionales para facilitar la aplicación de las obligaciones
que les corresponden en virtud del presente Acuerdo, incluso mediante el
establecimiento de órganos regionales y el uso de estos.
6.
No obstante la Nota interpretativa general al Anexo 1A del Acuerdo de Marrakech
por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, nada de lo
dispuesto en el presente Acuerdo se interpretará en el sentido de que reduce
las obligaciones que corresponden a los Miembros en virtud del GATT de 1994.
Además, nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo se interpretará en el
sentido de que reduce los derechos y las obligaciones que corresponden a los
Miembros en virtud del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y el
Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.
7.
Todas las excepciones y exenciones[208] amparadas
en el GATT de 1994 serán de aplicación a las disposiciones del presente
Acuerdo. Las exenciones aplicables al GATT de 1994 o a cualquier parte de él,
concedidas de conformidad con los párrafos 3 y 4 del artículo IX del Acuerdo de
Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y de
cualesquiera enmiendas del mismo en la fecha de entrada en vigor del presente
Acuerdo, serán de aplicación a las disposiciones del presente Acuerdo.
8.
Salvo disposición expresa en contrario en el presente Acuerdo, para las
consultas y la solución de las diferencias en el ámbito del mismo serán de
aplicación las disposiciones de los artículos XXII y XXIII del GATT de 1994,
desarrolladas y aplicadas por el Entendimiento sobre Solución de Diferencias.
9.
No podrán formularse reservas respecto de ninguna de las disposiciones del
presente Acuerdo sin el consentimiento de los demás Miembros.
10.
Los compromisos de la categoría A de los países en desarrollo Miembros y los
países menos adelantados Miembros que se anexen al presente Acuerdo de
conformidad con los párrafos 1 y 2 del artículo 15 formarán parte integrante
del presente Acuerdo.
11. Los
compromisos de las categorías B y C de los países en desarrollo Miembros y los
países menos adelantados Miembros de los que haya tomado nota el Comité y que
se anexen al presente Acuerdo de conformidad con el párrafo 5 del artículo 16
formarán parte integrante del presente Acuerdo”.
151.
La Corte constata que este artículo es
compatible con la Constitución Política, en particular, con los mandatos de
internacionalización de las relaciones económicas e integración económica
mediante la celebración de tratados (arts. 226 y 227 de la C.P.). Esto es así,
por las siguientes razones: (i) explicar que el término miembro abarca a
la autoridad competente de cada miembro de la OMC facilita el entendimiento de
las disposiciones del acuerdo; (ii) las medidas sobre el carácter
vinculante y la vigencia de las disposiciones del AFC a las que se refieren los
numerales 3, 4, 10 y 11 guardan correspondencia con lo previsto en la Sección
II, que esta Corte encontró ajustada al ordenamiento superior, y permiten
determinar el momento a partir del cual se harán efectivas, por lo que
facilitan el entendimiento y la aplicación del acuerdo; (iii) considerar
que los contenidos del AFC no reducen las obligaciones ni los derechos que
corresponden a los miembros de la OMC en virtud del GATT de 1994, el Acuerdo
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias busca armonizar el acuerdo sub examine con
esos instrumentos internacionales suscritos en el marco de la OMC, que, en su
momento, fueron examinados y declarados exequibles por esta Corte[209]; en esa medida, se facilita la
aplicación de las disposiciones sobre comercio internacional de mercancías
adoptadas en el marco de esa organización; (iv) de igual manera, prever
que las excepciones y exenciones amparadas en el GATT de 1994 y las
disposiciones del Entendimiento sobre solución de diferencias se aplicarán al
acuerdo sub examine busca armonizar sus contenidos con esos instrumentos
internacionales suscritos en el marco de la OMC, que ya fueron examinados y
declarados exequibles por esta Corte[210], y
facilita la aplicación de las disposiciones sobre comercio internacional de
mercancías adoptadas en el marco de esa organización; (v) la posibilidad
de que los miembros de una unión aduanera o arreglo económico regional adopten
enfoques regionales para aplicar el AFC armoniza con el mandato superior de
promover la integración económica con las demás naciones (art. 227 de la C.P.)
y (vi), como se indicó en el párr. 76, la prohibición de formular
reservas sin el consentimiento de los demás miembros no viola los derechos de
los Estados parte del acuerdo ni desconoce los principios de soberanía nacional
y autodeterminación de los pueblos.
152.
Con
base en lo anterior, la Corte declarará exequible el artículo 24 del
acuerdo sub examine.
153.
Las
decisiones adoptadas por esta Corte en relación con la constitucionalidad de
los artículos que integran la Sección III del acuerdo sub examine
se resumen en el siguiente cuadro:
Sección III del AFC
Disposición analizada
Decisión
Artículo
23
Exequible
Artículo 24
Exequible
154.
Finalmente, el AFC incluye un anexo
(identificado como Anexo 1), que contiene el modelo para realizar las
notificaciones a las que se refiere el párrafo 1 del artículo 22 del acuerdo sub
examine, es decir, la comunicación al Comité de información relacionada con
la asistencia y el apoyo para la creación de capacidad que los miembros donantes
les presten a los países en desarrollo y menos adelantados.
ANEXO 1: MODELO
PARA LAS NOTIFICACIONES EN VIRTUD DEL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 22
Miembro donante:
Período abarcado
por la notificación:
Descripción
de la asistencia técnica y financiera y de los recursos para la creación de
capacidad
Situación
y cuantía comprometida/ desembolsada
País
beneficiario/ Región beneficiaria (cuando sea necesario)
Organismo
encargado de la aplicación en el Miembro que presta la asistencia
Procedimiento
para el desembolso de la asistencia
155.
La Corte constata que este anexo es
compatible con la Constitución Política, pues busca facilitar la aplicación del
AFC, en particular, de las disposiciones relacionadas con la prestación
de asistencia y apoyo para la creación de capacidad en materia de facilitación
del comercio en los países en desarrollo y menos adelantados miembros de la
OMC.
156.
Síntesis
de la decisión. La
Corte efectuó el control de constitucionalidad del Protocolo de
enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización
Mundial del Comercio, adoptado por el Consejo General de la Organización
Mundial del Comercio en Ginebra, Suiza, el 27 de noviembre de 2014, y de la Ley 1879
de 9 de enero de 2018, por medio de la cual se aprueba este protocolo.
Este control incluyó el análisis de constitucionalidad de los aspectos
formales y materiales de tales normativas, de acuerdo con el artículo 241.10 de
la Constitución Política.
157.
Debido
a la naturaleza del asunto que se examinó, la Corte formuló dos problemas
jurídicos: (i) ¿el protocolo y la ley aprobatoria sub examine cumplieron
con los requisitos formales previstos por la Constitución Política y por la Ley
5 de 1992?, y (ii) ¿el protocolo y la ley aprobatoria sub examine
son compatibles con la Constitución Política?
158.
En
relación con el primer problema jurídico, la Corte concluyó que el tratado y su
ley aprobatoria cumplieron con los requisitos formales en sus tres fases, a saber:
(i) la previa gubernamental, (ii) el trámite en el Congreso de la
República y (iii) la sanción presidencial y el correspondiente envío de
tales normativas a la Corte Constitucional.
159.
En
cuanto a la fase previa gubernamental, la Corte constató que (i) la
representación del Estado colombiano en la adopción del tratado fue válida; (ii)
el protocolo y su ley aprobatoria no debían someterse a consulta previa y
(iii) la aprobación presidencial y el sometimiento del tratado a
consideración del Congreso de la República se llevó a cabo conforme al artículo
189.2 de la Constitución Política.
160.
En
relación con el trámite en el Congreso de la República, la Corte
constató que el proyecto de ley (i) fue presentado por el Gobierno
Nacional ante el Senado de la República; (ii) fue publicado antes de
darle trámite en la respectiva comisión; (iii) inició su trámite
legislativo en la comisión constitucional competente; (iv) en cada una
de las cámaras legislativas, se observaron las exigencias constitucionales y
legales para su trámite, debate y aprobación, y (v) no fue considerado
en más de dos legislaturas.
161.
Sobre
la sanción presidencial y el envío del tratado y su ley aprobatoria a la Corte
Constitucional, la Corte constató que (i) el Presidente de la
República sancionó la ley aprobatoria del tratado el día 9 de enero de 2018 y (ii)
la remitió a la Corte el día 12 de enero del mismo año, esto es, dentro del
término de 6 días previsto por el artículo 241.10 de la Constitución Política.
162.
Ahora
bien, en relación con el segundo problema jurídico, la Corte estudió: (i)
la compatibilidad general del tratado y de sus finalidades con la Constitución
Política y (ii) la constitucionalidad de cada uno de los artículos que
integran (a) la Ley 1879 de 2018, (b) el protocolo en cuestión y (c)
el AFC anexado a dicho protocolo.
163.
La
Corte constató que las finalidades del tratado son compatibles con la
Constitución, en tanto contribuyen a la materialización de los principios
constitucionales de (i) internacionalización de las relaciones económicas
(arts. 226 y 227 de la CP) y (ii) el desarrollo, el bienestar y la
prosperidad económica y social (arts. 1, 2 y 334 de la CP). Además, advirtió
que el tratado, en su conjunto, es idóneo para cumplir sus finalidades.
164.
Así
mismo, la Corte concluyó que cada uno de los artículos que integran la Ley 1879
de 2018, el protocolo en cuestión y el AFC anexado a dicho protocolo son
compatibles con la Constitución Política y, por lo tanto, los declaró
exequibles.
165.
Sobre
la Ley 1879, la Corte indicó que (i) el artículo primero desarrolla la
competencia del Congreso prevista
en el artículo 150.16 de la Constitución Política y (ii) los artículos
segundo y tercero, referidos al perfeccionamiento del vínculo internacional y a
la vigencia de la ley, respectivamente, se ajustan a la jurisprudencia
constitucional sobre el momento en el cual entran a regir las normas.
166.
En
cuanto al protocolo, la Corte indicó que sus seis numerales se ajustan a (i) los
principios de soberanía nacional y libre autodeterminación de los pueblos, previstos
por el artículo 9 de la Constitución Política; (ii) el mandato de
promover la internacionalización e integración económica, social y política con
las demás naciones, previsto por los artículos 226 y 227 superiores, (iii) las
normas de derecho internacional que regulan la entrada en vigor, el depósito y
el registro de los tratados y (iv) la libertad de configuración
normativa del legislador en asuntos internacionales, en particular, su facultad
de aprobar los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o entidades
de derecho internacional, prevista por el artículo 150.16 superior.
167.
En relación con el AFC anexado al
protocolo, la Corte concluyó que su preámbulo armoniza con los mandatos
superiores que promueven la internacionalización de las relaciones económicas
sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional (arts. 226 y 227
de la CP), así como con el desarrollo, el bienestar y la prosperidad económica
y social a los que se refieren los artículos 1, 2 y 334 ibídem.
168.
La
Corte también constató que los 24 artículos del AFC se ajustan a la totalidad de
las disposiciones de la Constitución Política y de los instrumentos normativos
que hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto.
Particularmente, concluyó que estas normas armonizan, entre otros preceptos
superiores, con la soberanía nacional en la que se fundamentan las relaciones
exteriores del Estado (artículo 9 de la CP); el derecho a la igualdad (art. 13
de la CP); el respeto de las garantías constitucionales en la circulación de
datos (artículo 15 de la CP); el derecho a presentar peticiones respetuosas a
las autoridades (artículo 23 de la CP); el derecho al debido proceso (artículo
29 de la CP); el derecho de acceso a documentos públicos (art. 74 de la CP); la
buena fe en las actuaciones de las autoridades públicas (art. 83 de la CP); la libertad de configuración
normativa del legislador (art. 150 de la CP); los principios en los que se
fundamenta la función administrativa (art. 209 de la CP); la promoción de la
internacionalización de las relaciones económicas sobre bases de
equidad, reciprocidad y conveniencia nacional (art. 226 de la CP) y la
promoción de la integración económica con las demás naciones (art. 227 de la
CP).
169.
Finalmente,
la Corte constató que el Anexo 1 del AFC, que contiene el modelo para realizar
las notificaciones a las que se refiere el párrafo y del artículo 22 de ese
acuerdo, es compatible con la Constitución Política, pues busca facilitar la aplicación de las
disposiciones relacionadas con la prestación de asistencia y apoyo para la
creación de capacidad en materia de facilitación del comercio en los países en
desarrollo y menos adelantados miembros de la OMC.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Plena de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Declarar EXEQUIBLES el “Protocolo
de enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización
Mundial del Comercio”, adoptado por el Consejo General de la Organización
Mundial del Comercio en Ginebra, Suiza, el 27 de noviembre de 2014, y la Ley 1879 de 2018 por medio de la cual se aprobó dicho tratado
internacional.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y
cúmplase,
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Presidenta
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
(Con aclaración de voto)
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con aclaración de voto
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO
MAGISTRADO CARLOS BERNAL PULIDO
A LA SENTENCIA C-494/19
JUICIO DE
RAZONABILIDAD-Aplicación (Aclaración de voto)
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE TRATADOS Y LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Jurisprudencia
constitucional (Aclaración de voto)
Referencia:
Expediente LAT-448
Magistrado
Ponente: Carlos
Bernal Pulido
En atención a la decisión adoptada, de
forma mayoritaria, por la Sala Plena de la Corte Constitucional en el
expediente LAT-448, me permito presentar Aclaración de Voto.
1.
La Corte Constitucional debió continuar la línea jurisprudencial establecida en
la Sentencia C-252 de 2019, para ejercer el control material e integral del
protocolo sub examine mediante un test de razonabilidad e idoneidad. Este
suponía valorar si, de acuerdo con los conocimientos existentes en
el momento en que se aprobó el proyecto de ley contentivo del protocolo sub
examine, era posible avizorar la ineptitud de su adopción para contribuir a
la obtención de los fines que pretendía, y, además, si las medidas particulares
que contemplaba guardaban una relación de causalidad plausible con la
realización de sus fines. Este umbral de idoneidad tenía como propósito evitar
decisiones arbitrarias y caprichosas del Legislador, es decir, decisiones que
no tuviesen un mínimo de racionalidad y, por tanto, desconocieran la
Constitución.
2. La continuación de dicha
jurisprudencia suponía dos consecuencias relevantes en el proceso de adopción y
revisión de constitucionalidad de los futuros tratados internacionales de
naturaleza comercial:
3. (i) Que el Legislador debiera
contar con información suficiente respecto de los impactos que su suscripción
pudiera traer para el país, pues solo de esa manera sería posible valorar si
las medidas contenidas en el protocolo serían plausiblemente aptas para lograr
sus fines. A partir de este estándar, por tanto, al momento de valorar la
constitucionalidad de este tipo de instrumentos, la Corte respetaría el margen
amplio de apreciación del Gobierno y el Legislativo acerca de la conveniencia
de celebrar este tipo de acuerdos y aquellos posibles problemas de orden
práctico acerca de la oportunidad o efectividad de su adopción.
4. (ii) Que la Corte ejerciera
una labor de revisión de constitucionalidad más adecuada y racional, pues
la falta de idoneidad solo podría tener como causa (a) el hecho de que
no fuese posible apreciar que el Gobierno, durante el trámite de negociación y
adopción del protocolo, hubiere tenido en cuenta los impactos y hubiere
valorado la conveniencia de su celebración o (b) que no existiere un
mínimo de evidencia empírica, con un alto grado de certeza, que demostrara que
la suscripción del tratado no era plausible para alcanzar los fines que
perseguía.
Con el debido respeto,
Carlos Bernal Pulido
Magistrado
[1] Cdno. 1, fls. 1 y ss.
[2] Cdno. 2, fls. 265 y 266.
[3] Cdno. 2, fl. 274.
[4]
Página electrónica: http://www.svrpubindc.imprenta.gov.co. Consultada el 22 de agosto de 2019.
[5]
El Ministerio de Relaciones Exteriores, la Asociación Nacional
de Comercio Exterior (Analdex) y la Academia Colombiana de Jurisprudencia
presentaron sus escritos de intervención el 18 de julio de 2019, esto es, un
día después de vencido el término de fijación en lista del proceso de la
referencia. Así lo informó la Secretaría General, en comunicación de 19 de
julio de 2019. Cfr. Cdno. 2, fl. 337. La Academia Colombiana de Derecho Internacional
(Accoldi) radicó su intervención el día 5 de septiembre de 2019, es decir, más
de dos meses después de vencido el término de fijación en lista. Cfr. Cdno. 2,
fls. 348 al 358.
[6] Cdno. 2, fls. 228 al 257.
[7] Cdno. 2, fls. 303 al 312.
[8] El MinCIT cita como ejemplos las
sentencias C-750 de 2008 y C-335 de 2014.
[9] Cdno. 2, fls. 299 a 302.
[10] Cdno. 2, fls. 319 al 322.
[11] Cdno. 2, fls. 329 al 332.
[12] Cdno. 2, fls. 334 al 336.
[13] Cdno. 2, fls. 349 al 358.
[14] Cdno. 2, fls. 338 al 345.
[15]
Art. 241.10 de la CP. La Corte Constitucional es competente para decidir
definitivamente sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales y
de sus leyes aprobatorias.
[16] Sentencias C-468 de 1997, C-400 de 1998,
C-924 de 2000, C–576 de 2006, C-184 de 2016 y C-252 de 2019, entre otras.
[17]
Esta Corte ha reiterado que el control de constitucionalidad de los tratados
internacionales y sus leyes aprobatorias incluye el examen de las facultades
del representante del Estado colombiano en la negociación, celebración y firma
del tratado internacional. Cfr. Sentencias C-582 de 2002, C-933 de 2006,
C-534 de 2008, C-537 de 2008, C-039 de 2009, C-378 de 2009, C-047 de 2017,
C-214 de 2017, C-048 de 2018 y C-252 de 2019.
[18]
Esta Corte ha reiterado que el control de constitucionalidad de los tratados
internacionales y sus leyes aprobatorias incluye verificar si dichos
instrumentos normativos han debido someterse a consulta previa. Cfr.
Sentencias C-750 de 2008, C-915 de 2010, C-027 de 2011, C-1021 de 2012, C-217
de 2015, C-157 de 2016, C-184 de 2016, C-214 de 2017, C-048 de 2018 y C-252 de 2019.
[19]
Cfr. Art. 241.10 de la CP.
[20] Incorporada al ordenamiento jurídico
colombiano mediante la Ley 32 de 1985. Cfr. Art. 9 de la CP. “Las
relaciones del Estado se fundamentan en (…) el reconocimiento de los principios
del derecho internacional aceptados por Colombia”.
[21] El artículo 7 de esta Convención prevé
que también se considera que representa al Estado “la persona que ejerce tal
función de conformidad con “la práctica seguida por los estados interesados,
o de otras circunstancias”, de las cuales cuáles se deduce que la intención
del Estado “ha sido considerar a esa persona” como su representante
(art. 7.1.b). A su vez, el artículo 7.2 prevé que, en virtud de sus funciones,
representan al Estado, (i) “los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y
Ministros de relaciones exteriores, para la ejecución de todos los actos
relativos a la celebración de un tratado”; (ii) “los Jefes de
misión diplomáticas, para la adopción del texto de un tratado entre el Estado
acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados”; (vi)
“los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia
internacional o ante una organización internacional o uno de sus órganos, para
la adopción del texto de un tratado en tal conferencia. Organización u órgano”.
[22] Cdno. 1. Fl. 51.
[23]
El 30 de abril de 1995 entró en vigor la Ley 170 de 1994,
mediante la cual el Congreso de la República aprobó el Acuerdo por el que se
establece la Organización Mundial de Comercio.
[24] Cdno. 2. fls. 272 y 273.
[25]
Este reconocimiento tiene como fundamento normativo el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual integra el
bloque de constitucionalidad en sentido estricto (art. 93 de la CP), así como
los derechos de participación, reconocimiento y protección de la diversidad
étnica y cultural de tales comunidades, previstos por la Constitución Política
(art. 1, 7, 70 y 330 de la CP).
[26]
Convenio de la OIT. Art. 6.1. “Al aplicar las disposiciones del presente
Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados,
mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus
instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o
administrativas susceptibles de afectarles directamente”.
[27]
Sentencias C-615 de 2009, C-915 de 2010 y C-187 de 2011.
[28]
Sentencia C-767 de 2012.
[29]
Sentencias C-030 de 2008, C-461 de 2008, C-750 de 2008 y
C-175 de 2009.
[30]
Cfr. Sentencias C-169 de 2001, SU-383 de 2003 y C-187 de
2011.
[31]
Sentencia C-767 de 2012.
[32]
Sentencias C-461 de 2008, C-175 de 2009, C-767 de 2012 y
C-359 de 2013.
[33]
Ob. Cit. 6.
[34]
Sentencia C-750 de 2008.
[35]
Sentencias C-027 de 2011.
[36]
Sentencia C-214 de 2017.
[37]
Sentencias C-1051 de 2012 y C-217 de 2015. Cfr. Sentencia C-915 de 2010.
“En esta oportunidad, la Corte concluyó que la consulta previa no era
necesaria porque el acuerdo no estaba dirigido especialmente a las comunidades
indígenas y su objeto tampoco se situaba mayormente sobre un territorio
indígena”.
[38]
Sentencias C-047 de 2017 y C-214 de 2017.
[39]
Id. Cfr. Sentencia C-048 de 2018
[40]
Sentencia C-214 de 2017.
[41]
Cdno. 1. Fl. 52.
[42] Sentencias C-047 de 2017 y C-048 de 2018.
[43] Cdno. 1. Fls. 3 al 37 vto. y Cdno. Pruebas. Fls. 1 a 35 vto.
[44] Art. 142 de la Ley 5 de 1992. “Iniciativa
privativa del gobierno. Sólo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa
del Gobierno, las leyes referidas a las siguientes materias: 20. Leyes aprobatorias
de los Tratados o Convenios que el Gobierno celebre con otros Estados o con
entidades de derecho internacional”.
[45] Art. 154 de la CP. “Los proyectos de ley relativos a los tributos
iniciarán su trámite en la Cámara de Representantes y los que se refieran a
relaciones internacionales, en el Senado”.
[46] Cdno. Pruebas. Fl. 38 al 62.
[47] “Ningún proyecto será ley sin los siguientes requisitos: (…) haber
sido publicado por el Congreso, antes de darle curso en la Comisión respectiva”.
[48] “Recibido un proyecto, se
ordenará por la Secretaría su publicación en la Gaceta del Congreso”.
[49]
Cdno. Pruebas. Fl. 37.
[50] Art. 2 de la Ley 3 de 1992. “Tanto en
el Senado como en la Cámara de Representantes funcionarán Comisiones
Constitucionales Permanentes, encargadas de dar primer debate a los proyectos
de acto legislativo o de ley referente a los asuntos de su competencia. Las
Comisiones Constitucionales Permanentes en cada una de las Cámaras serán siete
(7) a saber: Comisión Segunda. Compuesta por trece (13) miembros en el Senado y
diecinueve (19) miembros en la Cámara de Representantes, conocerá de: política
internacional; defensa nacional y fuerza pública; tratados públicos; carrera
diplomática y consular; comercio exterior e integración económica; política
portuaria; relaciones parlamentarias, internacionales y supranacionales,
asuntos diplomáticos no reservados constitucionalmente al Gobierno; fronteras;
nacionalidad; extranjeros; migración; honores y monumentos públicos; servicio
militar; zonas francas y de libre comercio; contratación internacional”.
[51] Cdno. Pruebas. Fl. 64.
[52] Art. 150 de la Ley 5 de 1992. “La
designación de los ponentes será facultad de la Mesa Directiva de la respectiva
Comisión. Cada proyecto de ley tendrá un ponente, o varios, si las conveniencias
lo aconsejan. En todo caso habrá un ponente coordinador quien además de
organizar el trabajo de la ponencia ayudará al Presidente en el trámite del
proyecto respectivo. (…) Cuando la ponencia sea colectiva la Mesa Directiva
debe garantizar la representación de las diferentes bancadas en la designación
de los ponentes”.
[53] Cdno. Pruebas. Fl. 64.
[54]
Art. 160.4 de la CP. “Todo Proyecto de Ley o
de Acto Legislativo deberá tener informe de ponencia en la respectiva comisión
encargada de tramitarlo, y deberá dársele el curso correspondiente.” Cfr.
Sentencia C-1040 de 2015. “De acuerdo con la
jurisprudencia de esta Corporación, el informe de ponencia no sólo resulta
obligatorio para el inicio de la discusión parlamentaria en las comisiones
respectivas, sino que de igual manera debe exigirse su presentación antes de
iniciar el debate en las plenarias de cada Cámara. Así lo reconoció la Corte en
sentencia C-1039 de 2004, al establecer que a través del cumplimiento de este
requisito, se persigue agilizar el trámite de los proyectos de ley o de reforma
constitucional mediante la publicidad de su contenido, permitiendo a los
congresistas conocer con anterioridad las materias que serán objeto de debate y
votación, a fin de alcanzar un estado de racionalidad deliberativa y decisoria.
En este orden de ideas, se apeló a lo previsto en el artículo 185 de la Ley 5ª
de 1992, conforme al cual “En la discusión y aprobación de un proyecto en segundo debate se
seguirá, en lo que fuere compatible, el mismo procedimiento establecido para el
primer debate”, como soporte normativo para extender su aplicación
normativa”.
[55]
Cdno. Pruebas. Fl. 71 al 99. Dicho informe contiene sus
consideraciones generales sobre la iniciativa, el resumen del articulado del
proyecto, la proposición de aprobar la ponencia en el primer debate, así como
los tres artículos del proyecto de ley.
[56]
Cdno. Pruebas. Fls. 108 al 119.
[57] Art. 160.4 de la CP. Cfr. Sentencia
C-1040 de 2015. “Todo Proyecto de Ley o de
Acto Legislativo deberá tener informe de ponencia en la respectiva comisión
encargada de tramitarlo, y deberá dársele el curso correspondiente (…) De
acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, el informe de ponencia no
sólo resulta obligatorio para el inicio de la discusión parlamentaria en las
comisiones respectivas, sino que de igual manera debe exigirse su presentación
antes de iniciar el debate en las plenarias de cada Cámara. Así lo reconoció la
Corte en sentencia C-1039 de 2004, al establecer que a través del cumplimiento
de este requisito, se persigue agilizar el trámite de los proyectos de ley o de
reforma constitucional mediante la publicidad de su contenido, permitiendo a
los congresistas conocer con anterioridad las materias que serán objeto de
debate y votación, a fin de alcanzar un estado de racionalidad deliberativa y
decisoria. En este orden de ideas, se apeló a lo previsto en el artículo 185 de
la Ley 5ª de 1992, conforme al cual “En la discusión y aprobación de un proyecto en segundo debate se
seguirá, en lo que fuere compatible, el mismo procedimiento establecido para el
primer debate”, como soporte normativo para extender su aplicación
normativa”.
[58] Art. 156 de la Ley 5 de 1992. “El
informe será presentado por escrito, en original y dos copias, al Secretario de
la Comisión Permanente. Su publicación se hará en la Gaceta del Congreso”.
[59] Art. 157 de la Ley 5 de 1992. “Iniciación del debate. La iniciación del primer debate
no tendrá lugar antes de la publicación del informe respectivo. No será
necesario dar lectura a la ponencia, salvo que así lo disponga, por razones de
conveniencia, la Comisión. El ponente, en la correspondiente sesión, absolverá
las preguntas y dudas que sobre aquélla se le formulen, luego de lo cual
comenzará el debate. Si el ponente propone debatir el proyecto, se procederá en
consecuencia sin necesidad de votación del informe. Si se propone archivar o
negar el proyecto, se debatirá esta propuesta y se pondrá en votación al cierre
del debate”.
[60] Cdno. 1. Fls. 198 al 213 vto. El proyecto de ley también
había sido anunciado en la sesión anterior, esto es, la de 5 de abril de 2017.
Así consta en el Acta Número 17, publicada en la Gaceta del Congreso 447 del 7
de junio de 2017.
[61] Cdno. Pruebas. Fls. 204 vto. y 205.
[62] Art. 160 de la CP. “ningún proyecto de ley será sometido a votación
en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado”. La misma disposición prevé que el deber de llevar a
cabo el anuncio previo a la votación está a cargo del Presidente de la Cámara o
de la Comisión respectiva, y, en todo caso, debe surtirse “en sesión
distinta a aquella en la cual se realizará la votación”. Cfr.
Sentencias C-644 de 2004, C-305 de 2010 y C-214 de 2017. En estas sentencias,
la Corte ha desarrollas siguientes sub reglas en relación las características
del anuncio previo: (i) no exige el uso de fórmulas sacramentales; (ii)
debe determinar la sesión futura en que tendrá lugar la votación del proyecto; (iii)
la fecha de esa sesión posterior ha de ser cierta, determinada o, por lo menos,
determinable; (iv) debe llevarse a cabo una “cadena de anuncios por
aplazamiento de la votación”; y (v) se dará por satisfecho el
requisito de “anuncio previo del debate cuando a pesar de no efectuarse la
votación en la fecha prevista, finalmente ésta se realiza en la primera ocasión
en que vuelve a sesionarse”.
[63] Cdno. Pruebas. Fls. 209 al 210 vto.
[64] Art. 145
de la CP. “El
Congreso pleno, las Cámaras y sus comisiones no podrán abrir sesiones ni
deliberar con menos de una cuarta parte de sus miembros. Las decisiones sólo
podrán tomarse con la asistencia de la mayoría de los integrantes de la
respectiva corporación, salvo que la Constitución determine un quorum
diferente.” Cfr. Sentencias C-322 de 2006 y C-750 de 2008.
[65] Id.
[66] Id. Sentencia
C-337 de 2015. La Corte ha reiterado que la
existencia del quorum deliberativo mínimo “no permite per se que los parlamentarios
asistentes adopten decisión alguna (…) por lo tanto (…) las decisiones sólo
podrán tomarse con la mayoría de los integrantes de la respectiva corporación,
salvo que la Constitución determine un quorum diferente”. Por
lo tanto, dicha disposición dispone “como regla general un quorum decisorio que
corresponde a la mitad más uno de los integrantes habilitados de cada
corporación o comisión, quienes deben estar presentes durante todo el proceso
de votación para manifestar su voluntad y resolver válidamente sobre cualquier
asunto sometido a su estudio”.
[67]
Cdno. 1. Fl. 138 vto.
[68]
Cdno. 1. Fl. 210 y Cdno. Pruebas. Fl. 160.
[69] Art. 133 de la CP. “Los miembros de cuerpos
colegiados de elección directa representan al pueblo, y deberán actuar
consultando la justicia y el bien común. El voto de sus miembros será nominal y
público, excepto en los casos que determine la ley”.
[70] Art. 146 de la CP. “En el Congreso
pleno, en las Cámaras y en sus comisiones permanentes, las decisiones se
tomarán por la mayoría de los votos de los asistentes, salvo que la
Constitución exija expresamente una mayoría especial.” Sentencia C-047 de
2017. “La Corte ha dejado claro que, en los casos de proyectos de leyes
aprobatorios de tratados internacionales, la mayoría que se exige para que se
surta su aprobación es la mayoría simple”. Cfr. Sentencias C-089 de
2014, C-750 de 2008, C-322 de 2006 y C-008 de 1995.
[71]
Cdno. 1. Fl. 139.
[72]
Cdno. 1. Fl. 210 y Cdno. Pruebas. Fl. 160.
[73]
Cdno. 1. Fl. 139.
[74]
Cdno. 1. Fl. 210 vto. y Cdno. Pruebas. Fl. 161.
[75]
Cdno. 1. Fl. 191 vto. y Cdno. Pruebas. Fl. 156.
[76] Art. 160 de la CP. “Entre el primero
y el segundo debate deberá mediar un lapso no inferior a ocho días, y entre la
aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la
otra, deberán transcurrir por lo menos quince días”.
[77]
Cdno. Pruebas. Fls. 121 al 143. Dicho informe contiene sus
consideraciones generales sobre la iniciativa, el resumen del articulado del
proyecto, la proposición de aprobar la ponencia en el segundo debate, así como
los tres artículos del proyecto de ley.
[78]
Cdno. 1. Fls. 186 al 191 vto. y Cdno. Pruebas. Fls. 145 al 156.
[79]
Cdno. 1. Fl. 136 (CD).
[80]
Id.
[81]
Cdno. Pruebas. Fls. 173 al 180.
[82]
Cdno. Pruebas. Fl. 170.
[83]
Cdno. Pruebas. Fls. 178 y 179.
[84]
Cdno. Pruebas. Fl. 179.
[85]
Cdno. Pruebas. Fl. 183. Ley 5 de 1992, artículo 2. “Principios de
interpretación del reglamento. En la interpretación y
aplicación de las normas del presente Reglamento, se tendrán en cuenta los
siguientes principios: (…) // 2. Corrección formal de los
procedimientos. Tiene por objeto subsanar los vicios de
procedimiento que sean corregibles, en el entendido que así se garantiza no
sólo la constitucionalidad del proceso de formación de las leyes, sino también
los derechos de las mayorías y las minorías y el ordenado adelantamiento de las
discusiones y votaciones”.
[86]
Cdno. Pruebas. Fl 187. En el Acta no. 18 de  la sesión del 20 de septiembre de
2017, consta la información que, al respecto, le dio el Secretario del Senado a
la Plenaria: “El asunto a corregir es, de acuerdo con el ponente, el Senador
Avirama, una corrección de un trámite que le faltó votación nominal, y dice el
señor ponente para la corrección, ‘apruébese en segundo debate, ante la
Plenaria del honorable Senado de la República, el Proyecto de ley 152 de 2016
Senado, por medio de la cual, se aprueba el protocolo de enmienda del acuerdo
de Marrakech, por el cual, se establece la Organización Mundial del Comercio
Adoptado por el Consejo General de (sic) Organización Mundial del
Comercio en Ginebra, Suiza, el 27 de noviembre de 2014”. Se había votado por
votación ordinaria y toca votarlo por votación nominal, por mandato”.
[87] Cdno 2. Fl. 271 (CD).
[88] Id.
[89] Cdno. Pruebas. Fls. 187 al 189.
[90]
Cdno. Pruebas. Fl. 183.
[91]
Cdno. Pruebas. Fls. 187 y 188.
[92]
Cdno. Pruebas. Fl. 183.
[93]
Cdno. Pruebas. Fls. 188 y 189.
[94]
Cdno. Pruebas. Fl. 181.
[95]
Cdno. Pruebas. Fl. 192.
[96]
Cdno. Pruebas. Fl. 194.
[97]
Cdno. Pruebas Fl. 196.
[98]
Cdno. Pruebas. Fls. 200 al 208.
[99]
Cdno. Pruebas. Fls. 212 al 214.
[100]
Cdno. 1. Fl. 59 (CD).
[101]
Id.
[102]
Cdno. Pruebas. Fls. 243 al 250.
[103]
Cdno. 1. Fl. 61 vto.
[104]
Cdno. Pruebas. Fl. 248.
[105]
Cdno. 1. Fl. 62.
[106]
Cdno. Pruebas. Fl. 249.
[107]
Cdno. 1. Fl. 62 vto.
[108]
Cdno. Pruebas. Fl. 249.
[109]
Cdno. Pruebas. Fl. 241.
[110]
Cdno. Prubeas. Fls. 223 al 231.
[111]
Cdno. Pruebas. Fls. 235 al 242.
[112]
Cdno. 1. Fl. 222 (CD).
[113]
Cdno Pruebas. Fls. 261 al 273.
[114]
Id.
[115]
Cdno. 1. Fl. 57.
[116]
Cdno Pruebas. Fl 265.
[117]
Cdno. 1. Fl. 57.
[118]
Cdno. Pruebas. Fl 268.
[119]
Cdno. 1. Fl. 57.
[120]
Cdno. Pruebas. Fl 270.
[121]
Cdno. 1. Fl. 59 (CD).
[122] “Ningún proyecto podrá ser considerado en más de dos
legislaturas”.
[123] Cdno. 1. Fl. 40.
[124] Cdno. 1. Fl. 1.
[125] Sentencia C-446 de 2009. “Para la
suscripción de un convenio que comprometa al Estado colombiano, se deben agotar
diversas etapas sucesivas en la que intervienen las distintas ramas del poder
público para su perfeccionamiento –por tratarse de un acto complejo–”.
[126] Sentencias C-468 de 1997, C-400 de 1998, C-924 de 2000, C–576 de
2006 y C-184 de 2016, entre otras.
[127] Sentencias C-446 de 2009
[128] Sentencias C-031 de 2009 y C-150 de 2009. En el
control constitucional de tratados en materia comercial: “[S]e debe tener en
cuenta que estos deben ser conformes con el llamado “bloque de constitucionalidad”,
muy especialmente, respecto a aquellas normas que tienen rango de ius cogens,
es decir, en los términos del artículo 53 de la Convención de Viena de 1969,
[es decir] aquellas disposiciones imperativas de derecho internacional general
aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional de Estados en su
conjunto como normas “que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser
modificada por una norma ulterior de derecho internacional que tenga el mismo
carácter”.
[129] Sentencia C-225 de 1995.
[130] Ver, por ejemplo, sentencias C-008 de 1997, C-864 de
2006, C-031 de 2009, C-446 de 2009, C-123 de 2012, C-169 de 2012, C-199 de
2012.
[131] Sentencia C-199 de 2012.
[132] Sentencias C-446 de 2009 y C-031 de 2009.
[133] Sentencia C-446 de 2009.
[134] Ver. Sentencias C-249 de 1994, C-294 de 2002, C-750
de 2008 y C-169 de 2012.
[135] Id. Cfr. Sentencia C-150 de 2009. “El control
material por parte de la Corte del tratado internacional y de su ley
aprobatoria, consiste, como se ha mencionado, en confrontar las disposiciones
del instrumento internacional y de su ley aprobatoria, con la totalidad de los
preceptos constitucionales, para determinar su coherencia o no con  la Carta
Política”.
[136] Sentencias C-031 de 2009 y C-150 de 2009.
[137] Sentencias C-446 de 2009. “Los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia
económica y comercial o aquellos relacionados con el derecho comunitario, no ostentan
esa jerarquía normativa superior ni constituyen parámetros de
constitucionalidad, ya que responden exclusivamente a aspectos económicos,
comerciales, fiscales, aduaneros, de inversiones, etc., y son por ese hecho
ajenos al bloque de constitucionalidad. En consecuencia no son normativa de
contraste en el análisis constitucional que adelanta esta Corporación”.
[138] Sentencias C-446 de 2009 y C-031 de 2009.
[139]
El carácter vinculante de estos acuerdos está expresamente previsto en el
numeral 2 del artículo II del Acuerdo sobre la OMC, en los siguientes términos:
“Los acuerdos y los instrumentos jurídicos conexos
incluidos en los Anexos 1, 2 y 3 (denominados en adelante “Acuerdos Comerciales
Multilaterales”) forman parte integrante del presente Acuerdo y son vinculantes
para todos sus Miembros”.
[140] Actualmente, la
OMC está compuesta por 164 miembros, “que representan más del 98% del
comercio internacional” (Fuente: OMC).
[141]
Esta sentencia declaró la exequibilidad del Cuarto
Protocolo Anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios y de la Ley
671 de 2001, que lo aprobó.
[142]
La lista de anexos del Acuerdo sobre la OMC está compuesta de la siguiente
manera: Anexo 1, integrado por los anexos 1A (acuerdos multilaterales sobre el
comercio de mercancías), 1B (Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios y
Anexos) y 1C (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual Relacionados con el Comercio); Anexo 2 (Entendimiento Relativo a
las Normas y Procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias);
Anexo 3 (Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales) y Anexo 4 (acuerdos comerciales
plurilaterales). Los acuerdos multilaterales son: el Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (conocido como GATT de 1994), el Acuerdo
sobre la Agricultura, el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias, el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido, el Acuerdo sobre
Obstáculos Técnicos al Comercio, el Acuerdo sobre las Medidas en materia de
Inversiones relacionadas con el Comercio, el Acuerdo relativo a la Aplicación
del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de
1994, el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, el Acuerdo sobre Inspección
Previa a la Expedición, el Acuerdo sobre Normas de Origen, el Acuerdo sobre
Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación, el Acuerdo sobre
Subvenciones y Medidas Compensatorias, el Acuerdo sobre Salvaguardias y, con la
adopción del protocolo sub examine, el Acuerdo sobre Facilitación del
Comercio. Los acuerdos plurilaterales, que son vinculantes para los miembros de
la OMC que los hayan aceptado, son: el Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves
Civiles, el Acuerdo sobre Contratación Pública, el Acuerdo Internacional de los
Productos Lácteos y el Acuerdo Internacional de la Carne de Bovino.
[143]
Organización Mundial de Comercio. La OMC en pocas palabras. Ginebra, 2018.
Disponible en https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/inbrief_s/inbr_s.pdf
[144]
Ibídem
[145]
JACKSON, John. Soberanía, la OMC y los fundamentos cambiantes del derecho
internacional. Madrid: Marcial Pons. 2009. Al respecto, véase también, CONDON,
Bradly J. El derecho de la Organización Mundial de Comercio: tratados, jurisprudencia
y práctica. Londres: Cameron May. 2008.
[146]
Fuente: OMC. Los demás acuerdos multilaterales incluidos en el Anexo 1A del
Acuerdo sobre la OMC fueron adoptados de manera conjunta con dicho acuerdo.
[147]
Organización Mundial de Comercio. Informe sobre el Comercio Mundial 2015.
Acelerar el comercio: ventajas y desafíos de la aplicación del Acuerdo sobre
Facilitación del Comercio de la OMC. Ginebra, 2015. Disponible en: https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/wtr15_s.htm
[148]
Ibídem. Este informe señala que la aplicación plena del AFC tiene potencial
para reducir los cotos del comercio internacional de mercancías en un 14,3 %,
en promedio.
[149]
Como se indicó en la nota al pie 148, el GATT de 1994 es uno de los acuerdos
multilaterales sobre el comercio de mercancías incluidos en la lista de anexos
del Acuerdo de la OMC.
[150]
El AFC no contiene ninguna definición de país en desarrollo. Además, de acuerdo
con información publicada en la página web de la OMC (https://www.wto.org/spanish/tratop_s/devel_s/d1who_s.htm),
en esa organización internacional, “no existe
ninguna definición de países ‘desarrollados’ o ‘en desarrollo’. Los Miembros
pueden decidir por sí mismos si son países “desarrollados” o “en desarrollo”.
[151]
El AFC no contiene ninguna definición de país menos adelantado. No obstante, de
acuerdo con información publicada en la página web de la OMC (https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/org7_s.htm),
esa organización internacional “reconoce como
países menos adelantados (PMA) a los países que han sido designados de esa
manera por las Naciones Unidas”.
[152]
Acuerdo sobre la OMC, artículo XI, numeral 2.
[153] Sentencia C-358 de 1996.
[154] Sentencia C-309 de 2007.
[155]
Sentencia C-031 de 2009.
[156]
De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de ley
que dio origen a la ley aprobatoria del acuerdo sub examine, Colombia
está en la categoría de país en desarrollo. Cfr. Cdno. 1, fls. 21 al 36.
[157]
Según información suministrada por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo en su escrito complementario de intervención, presentado el 17 de julio
de 2019, a esa fecha, el AFC había sido ratificado por 145 de los 164 miembros
de la OMC. Cfr. Cdno. 2, fl. 303 al 312.
[158] Sentencias C-446 de 2009 y C-578 de 2002. Cfr. Art. 1
de la Ley 7 de 1944. “Los Tratados, Convenios,
Convenciones, Acuerdos, Arreglos u otros actos internacionales aprobados por el
Congreso, de conformidad con los artículos 69 y 116 de la Constitución, no se
considerarán vigentes como Leyes internas, mientras no hayan sido
perfeccionados por el Gobierno en su carácter de tales, mediante el canje de
ratificaciones o el depósito de los instrumentos de ratificación, u otra
formalidad equivalente”.
[159] El Protocolo,
adoptado tras la Decisión del Consejo General de la OMC que figura en el
documento WT/L/940, fue hecho en Ginebra el 27 de noviembre de 2014, en un solo
ejemplar y en los idiomas español, francés e inglés. El documento WT/L/940 se
puede consultar en internet, en:
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=s:/WT/L/940.pdf
[160]
Según esta norma, las enmiendas al Acuerdo sobre
la OMC o a los acuerdos comerciales multilaterales de los anexos 1A y 1C que no
están enumeradas en los párrafos 2 y 6, y que, por su naturaleza, puedan
alterar los derechos y obligaciones de los miembros “surtirán efecto para los Miembros que las hayan aceptado tras su
aceptación por dos tercios de los Miembros, y después, para cada uno de los
demás Miembros, tras su aceptación por él”.
[161]
Este artículo prevé que “[t]odo tratado y todo acuerdo internacional
concertados por cualesquiera Miembros de las Naciones Unidas después de entrar
en vigor esta Carta, serán registrados en la Secretaría y publicados por ésta a
la mayor brevedad posible”. Además, que “[n]inguna de las partes
en un tratado o acuerdo internacional que no haya sido registrado conforme a
las disposiciones del párrafo 1 de este Artículo, podrá invocar dicho tratado o
acuerdo ante órgano alguno de las Naciones Unidas”.
[162] Sentencia C-991 de 2000.
[163] Ibídem.
[164] Sentencia C-322 de 2006.
[165] Aprobada mediante
la Ley 13 de 1945
[166] Aprobado mediante
la Ley 170 de 1994, declarada exequible en la sentencia C-137 de 1995.
[167] Aprobada mediante
la Ley 406 de 1997, declarada exequible en la sentencia C-400 de 1998
[168]
Este artículo prevé que el depositario de un tratado
internacional “podrá ser uno o más Estados, una organización internacional o
el principal funcionario administrativo de tal organización”. En el asunto sub
examine, ese depositario es el Director General de la OMC, quien es el
encargado de dirigir la Secretaría de esa organización internacional.
[169]
De acuerdo con el numeral 1 de este artículo, “[lpor elacional.izacido de dirigir la Secretara OMC, nizacias
materias artro depende de que exista el consentimiento de los demapor
elacional.izacido de dirigir la Secretara OMC, nizacias materias artro depende
de que exista el consentimiento de los demall]os
tratados, después de su entrada en vigor, se transmitirán a la Secretaría de
las Naciones Unidas para su registro o archivo e inscripción, según el caso, y
para su publicación”.
[170]
El artículo V se refiere a la libertad de tránsito de las mercancías a través del territorio de una parte
contratante, cuando el paso por dicho territorio constituya solo una parte de
un viaje completo que comienza y termina por fuera de las fronteras de la parte
contratante por cuyo territorio se efectúe dicho tránsito. Para tales efectos,
el tráfico de esa clase se denomina “tráfico en tránsito”.
[171]
El artículo VIII prevé los derechos y las formalidades relacionadas con la
importación y la exportación de mercancías.
[172]
El artículo X contiene medidas relacionadas con la publicación y la aplicación
de los reglamentos comerciales,
incluidas leyes, decisiones judiciales y disposiciones administrativas de
aplicación general que cualquier parte contratante haya puesto en vigor, así como
acuerdos vigentes relacionados con la política comercial internacional.
[173]
Así se conoce al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio de 1994, que hace parte del Acuerdo sobre la OMC, y que se basa en el
texto del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio original,
denominado GATT de 1947.
[174] Sentencia C-578 de 2002.
[175]
La nota al pie 1 del AFC señala: “Cada
Miembro tiene la facultad discrecional de indicar en su sitio web las
limitaciones legales de esta descripción”.
[176]
El artículo
prevé que la descripción de los procedimientos de importación, exportación y
tránsito también se facilitará en uno de los idiomas oficiales de la OMC
(español, inglés o francés), siempre que sea factible.
[177]
Sentencia C-951 de 2014.
[178]
La nota al pie 2 del AFC dispone: “De
conformidad con este párrafo: a) se podrá prever una revisión, sea antes o
después de que se hayan adoptado medidas sobre la base de la resolución, por el
funcionario, la oficina o la autoridad que haya emitido la resolución, una
autoridad administrativa superior o independiente, o una autoridad judicial; y
b) ningún Miembro estará obligado a ofrecer al solicitante la posibilidad de
recurrir al párrafo 1 del artículo 4”.
[179]
La nota al pie 3 del AFC prevé: “Se
entiende que una resolución anticipada sobre el origen de una mercancía puede
ser un dictamen del origen a los efectos del Acuerdo sobre Normas de Origen
cuando la resolución cumpla las prescripciones del presente Acuerdo y del
Acuerdo sobre Normas de Origen. De manera análoga, un dictamen del origen de
conformidad con el Acuerdo sobre Normas de Origen puede ser una resolución
anticipada sobre el origen de una mercancía a los efectos del presente Acuerdo
en los casos en que la resolución cumpla las prescripciones de ambos Acuerdos.
Los Miembros no están obligados a establecer en el marco de esta disposición
estipulaciones adicionales a las establecidas de conformidad con el Acuerdo
sobre Normas de Origen en relación con el dictamen del origen, siempre que se
cumplan las prescripciones de este artículo”.
[180] Sentencia C-836 de 2001.
[181]
La nota al pie 4 del AFC señala: “En
el marco de este artículo, por decisión administrativa se entiende una decisión
con efectos jurídicos que afecta a los derechos y obligaciones de una persona
específica en un caso dado. Se entenderá que, en el marco de este artículo, una
decisión administrativa abarca las medidas administrativas en el sentido del
artículo X del GATT de 1994 o la no adopción de medidas o decisiones
administrativas de conformidad con lo dispuesto en el derecho interno y el
sistema jurídico de un Miembro. Para abordar los casos en que no se adopten
medidas o decisiones, los Miembros podrán mantener un mecanismo administrativo
o un recurso judicial alternativos con objeto de disponer que la autoridad
aduanera emita prontamente una decisión administrativa, en lugar del derecho a
recurso o revisión previsto en el apartado a) del párrafo 1”.
[182]
La nota al pie 5 del AFC dispone: “Nada
de lo dispuesto en el presente párrafo impedirá a un Miembro reconocer el
silencio administrativo respecto del recurso o la revisión como una decisión en
favor del solicitante de conformidad con sus leyes y reglamentos”.
[183] Por ejemplo, las autoridades sanitarias o la Policía.
[184]
De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, la
palabra “pienso” se refiere a alimento para el ganado.
[185]
Esta Corte ha definido la potestad sancionatoria
de la administración pública como “la facultad de imponer sanciones de tipo
correctivo y disciplinario, encaminada a reprimir la realización de acciones u
omisiones antijurídicas en las que incurren tanto los particulares como los
funcionarios públicos, que surge como un instrumento eficaz para facilitar el
ejercicio de las funciones públicas y un medio para asegurar la consecución de
los fines estatales”. Al respecto, cfr. sentencias C-214 de 1994, C-229 de
1995 y SU-1010 de 2008.
[186]
La nota al pie 6 del AFC prevé: “Cada
Miembro podrá determinar el alcance y los métodos de los cálculos del plazo
medio necesario para el levante según sus necesidades y capacidades”.
[187]
La nota al pie 7 del AFC dispone: “Se
considerará que una medida enumerada en los apartados a) a g) del párrafo 7.3
se ofrece a los operadores autorizados si es de disponibilidad general para
todos los operadores”.
[188]
La nota al pie 8 del AFC señala: “Cuando
un Miembro ya disponga de procedimientos que concedan el trato previsto en el
párrafo 8.2, esta disposición no exige que dicho Miembro establezca
procedimientos distintos de levante rápido”.
[189]
La nota al pie 9 del AFC prevé: “Tales
criterios para la presentación de solicitudes, de haberlos, se añadirán a los
requisitos establecidos por el Miembro para operar con respecto a todas las
mercancías o envíos que hayan entrado a través de instalaciones de carga
aérea”.
[190]
La nota al pie 10 del AFC prevé: “A
los efectos de esta disposición, las mercancías perecederas son aquellas que se
descomponen rápidamente debido a sus características naturales, especialmente
si no existen condiciones adecuadas de almacenamiento”.
[191]
La nota al pie 11 del AFC señala: “Nada
de lo dispuesto en el presente párrafo impide a un Miembro solicitar documentos
tales como certificados, permisos o licencias como requisito para la
importación de mercancías controladas o reguladas”.
[192]
La nota al pie 12 del AFC prevé: “Este
párrafo se refiere a las inspecciones previas a la expedición abarcadas por el
Acuerdo sobre Inspección Previa a la Expedición, y no impide las inspecciones
previas a la expedición con fines sanitarios y fitosanitarios”.
[193]
El artículo 1.3 del Acuerdo sobre Inspección Previa a la
Expedición, que está incluido en el Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC, define
dicha inspección como “todas las actividades relacionadas con la verificación de la calidad, la
cantidad, el precio -incluidos el tipo de cambio de la moneda correspondiente y
las condiciones financieras- y/o la clasificación aduanera de las mercancías
que vayan a exportarse al territorio del Miembro usuario”.
[194]
El artículo 12 del Decreto 2883 de 2008 define a los agentes
de aduana como “las personas
jurídicas autorizadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para
ejercer el agenciamiento aduanero, actividad auxiliar de la función pública
aduanera de naturaleza mercantil y de servicio, orientada a garantizar que los
usuarios de comercio exterior que utilicen sus servicios cumplan con las normas
legales existentes en materia de importación, exportación y tránsito aduanero y
cualquier operación o procedimiento aduanero inherente a dichas actividades”.
[195]
El artículo 11 Decreto 2883 de 2008 permite la actuación
directa ante las autoridades aduaneras. No obstante, las importaciones y exportaciones deben tramitarse a través
de una agencia de aduanas, “cuando se trate de envíos fraccionados o
múltiples que sumados superen los mil dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica (USD1.000) [para importaciones y tránsitos aduaneros] o los
diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD10.000) [para
exportaciones]”. También deben acudir a estas agencias las personas
naturales y jurídicas que realicen importaciones y tránsitos aduaneros, cuando
se trate de envíos fraccionados o múltiples que superen “el valor FOB de
cinco mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD5.000) en la
jurisdicción de las Administraciones de Arauca, Inírida, Leticia, Puerto Asís,
Puerto Carreño, San Andrés, Tumaco o Yopal, y demás administraciones que
establezca la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”.
[196] La nota al pie 13 del AFC dispone: “Nada de lo establecido en esta disposición
impedirá a un Miembro mantener los procedimientos existentes que permitan que
el medio de transporte se pueda utilizar como garantía para el tráfico en
tránsito”.
[197]
La nota al pie 14 del AFC señala: “Esto
tiene como objetivo general disminuir la frecuencia de los casos de
incumplimiento y, por lo tanto, reducir la necesidad de intercambiar
información a los efectos de lograr la observancia”.
[198]
La nota al pie 15 del AFC prevé: “Esto
puede incluir información pertinente sobre la verificación realizada en virtud
del párrafo 3. Esa información quedará sujeta al nivel de protección y
confidencialidad especificado por el Miembro que lleve a cabo la verificación”.
[199] Sentencia C-1011 de 2008.
[200]
La nota al pie 16 del AFC dispone: “A
los efectos del presente Acuerdo, ‘asistencia y apoyo para la creación de
capacidad’ podrá consistir en asistencia técnica, financiera o cualquier otra
forma mutuamente acordada de asistencia que se preste”.
[201]
La nota al pie 17 del AFC prevé: “En
las notificaciones que se presenten también podrá incluirse la información
complementaria que el Miembro que notifica estime apropiada. Se alienta a los
Miembros a que proporcionen información sobre el organismo o entidad interno
encargado de la aplicación”.
[202]
La nota al pie 18 del AFC señala: “Los
Miembros también podrán incluir información sobre los planes o proyectos
nacionales de aplicación en la esfera de la facilitación del comercio, el
organismo o entidad interno encargado de la aplicación y los donantes con los
que el Miembro pueda tener un arreglo vigente para la prestación de
asistencia”.
[203]
La nota al pie 19 del AFC dispone: “Esos
arreglos se basarán en condiciones mutuamente convenidas, bilateralmente o por
conducto de las organizaciones internacionales apropiadas, de conformidad con
el párrafo 3 del artículo 21”.
[204]
La nota al pie 20 del AFC señala: “Los
Miembros también podrán incluir información sobre los planes o proyectos
nacionales de aplicación en la esfera de la facilitación del comercio, el
organismo o entidad interno encargado de la aplicación y los donantes con los
que el Miembro pueda tener un arreglo vigente para la prestación de
asistencia”.
[205]
La nota al pie 21 del AFC prevé: “Esos
arreglos se basarán en condiciones mutuamente convenidas, bilateralmente o por
conducto de las organizaciones internacionales apropiadas, de conformidad con
el párrafo 3 del artículo 21”.
[206]
La nota al pie 22 del AFC señala: “La
información facilitada reflejará el hecho de que la prestación de asistencia y
apoyo para la creación de capacidad está determinada por la demanda”.
[207]
En esta materia, el AFC remite a los artículos XXII y XXIII
del GATT de 1994, que fueron desarrollados por el Entendimiento sobre la
solución de diferencias. Dicho entendimiento, que figura dentro de los anexos
al Acuerdo de la OMC, fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la
sentencia C-137 de 1995.
[208]
La nota al pie 23 del AFC prevé: “Esto
incluye el párrafo 7 del artículo V y el párrafo 1 del artículo X del GATT de
1994 y la nota al artículo VIII del GATT de 1994”.
[209] Sentencia C-137 de 1995.
[210] Ibídem.