SU454-20
Sentencia SU454/20
Referencia: Expediente T-7.678.666
Acción de tutela presentada por María
Alicia Murillo Murillo contra la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia -Sala de Descongestión No. 4­.
Magistrada ponente:
DIANA FAJARDO RIVERA
Bogotá, D.C., dieciséis
(16) de octubre de dos mil veinte (2020)
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por las y los magistrados,
Alberto Rojas Ríos, quien la preside, Diana Fajardo Rivera, Luis Guillermo
Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo,
Gloria Stella Ortiz Delgado, Cristina Pardo Schlesinger, Richard Ramírez
Grisales (e) y José Fernando Reyes Cuartas, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
I.
SENTENCIA
1.
En el proceso de revisión del fallo dictado, en primera
instancia, por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Decisión de Tutelas No. 1, el 25 de junio de 2019 y, en segunda instancia,
por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 24 de
septiembre de 2019, dentro de la acción de tutela promovida por María Alicia
Murillo Murillo contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia -Sala de Descongestión No. 4.
2.
El asunto de la referencia
fue allegado a la Corte Constitucional en virtud de lo ordenado por los
artículos 86, inciso 2, de la Constitución Política y 31 y 32 del Decreto 2591
de 1991. Mediante Auto del 26 de noviembre de 2019, la Sala de Selección Número
Once de la Corte Constitucional seleccionó el asunto[1] y, previo sorteo,[2] lo asignó al despacho de la magistrada Diana
Fajardo Rivera, para su sustanciación.
3.
En sesión del día 16 de
abril de 2020, y con fundamento en lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 61
del Reglamento Interno de la Corte Constitucional,[3] la Sala Plena decidió asumir el
conocimiento de este trámite.
II.
ANTECEDENTES
4.
La señora María Alicia
Murillo Murillo presentó acción de tutela contra la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia -Sala de Descongestión No.
4. En su concepto, dicha autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales
al no casar la providencia ordinaria proferida por la Sala de Descongestión
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali -Valle del Cauca,
en la que no le reconoció la sustitución pensional que reclamó en calidad de
compañera permanente del causante, Sebastián Torres Montaño. Desde su óptica,
el órgano de cierre realizó una interpretación de la disposición sustantiva aplicable
a su caso que es contraria al sentido y alcance constitucional fijado por esta
Corporación, a partir de los mandatos de igualdad y de prohibición de no
discriminación por razón del origen familiar.
5.
Sobre tal entendimiento, estimó que se
desatendió el hecho de que convivió con el pensionado durante los últimos siete
años de su vida y que, durante dicho periodo, simultáneamente, mantuvo vida
matrimonial con la señora Carmen Elvira Valencia de Torres, a quien
efectivamente sí se le otorgó en un porcentaje determinante la prestación
económica solicitada. Por tanto, invocó la intervención del juez constitucional
para que (i) fallara en “equidad”,[4]
(ii) dejara sin efectos la decisión cuestionada y (iii) profiriera
una nueva providencia, que atendiera los parámetros de decisión fijados por
esta Corte sobre la materia.
1. Hechos anteriores a la reclamación
pensional
6.
El 15 de mayo de 1963, el señor Sebastián
Torres Montaño empezó a trabajar con la extinta empresa Puertos de
Colombia, Terminal Marítimo de Buenaventura -FONCOLPUERTOS.[5] Durante su vinculación laboral, en
concreto, el 31 de octubre de 1985, el Área de Medicina Laboral de la empresa
determinó que presentaba una pérdida de la capacidad
laboral superior al 66%, producto del diagnóstico de cáncer de colón, y, por lo
tanto, era titular de la pensión de invalidez, en los términos del artículo 110
de la Convención Colectiva de Trabajo vigente.[6] Por virtud de esta circunstancia, el 30 de noviembre siguiente,
se le informó de la terminación del contrato de trabajo.[7] El 14 de febrero de 1986, el señor Sebastián Torres Montaño falleció.[8] No obstante, con posterioridad a este momento, se expidió la
Resolución 005170 del 24 de febrero de 1986, por medio de la cual se reconoció
a su favor la prestación económica mencionada, en cuantía de $95.737.87
mensuales, equivalente al 100% del promedio mensual de salarios devengados en
el último año efectivamente laborado.[9] El beneficio económico se haría efectivo a partir del día en que
finalizó formalmente la relación laboral del trabajador, esto es, el 2 de
diciembre de 1985.[10]
7.
A efectos de reclamar la
sustitución de dicha prestación, acudieron al trámite administrativo la señora Carmen Elvira Valencia de Torres (esposa[11] con quien el causante tuvo cinco hijos);[12] Sandra Margarita Torres Valencia (hija matrimonial del pensionado
fallecido y estudiante mayor de edad); Llaxunary, Edward Arley y Suly Johanna
Torres Murillo (hijos extramatrimoniales menores del causante, quienes
acudieron representados por su madre, María Alicia Murillo Murillo, compañera
permanente del fallecido).[13] Su requerimiento fue resuelto a través de la Resolución 007804
del 9 de febrero de 1987, en la cual el Terminal Marítimo de Buenaventura de la
empresa Puertos de Colombia, en aplicación del artículo 1 de la Ley 33 de 1973,
reconoció en favor de la esposa del asegurado el 50% de la prestación social, en
un valor equivalente a $47.868.94, y el 50% restante fue asignado
proporcionalmente a sus descendientes.[14] De manera progresiva, los hijos beneficiarios fueron perdiendo el
derecho pensional, dado que alcanzaron la mayoría de edad y no se acreditó, en
ningún caso, su condición de estudiantes. Por esta razón, el porcentaje de la
prestación que inicialmente les fue concedido quedó sin asignación en
septiembre de 2008.[15]
2. El proceso ordinario laboral
8.
El 6 de noviembre de 2008, en vista de que los
hijos de la señora María Alicia, quien aduce la calidad de compañera permanente,
dejaron de percibir el valor mensual proveniente del reconocimiento de la
sustitución pensional, suma destinada para atender las necesidades básicas del
hogar, la ciudadana, encontrándose “sin posibilidad de competir en el
mercado laboral”,[16] presentó demanda ordinaria laboral en
contra de la Nación -Ministerio de la Protección Social - Grupo Interno de
Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de la empresa Puertos de Colombia
-FONCOLPUERTOS.[17] Argumentó que convivió en unión marital de hecho con el señor
Sebastián Torres Montaño durante los últimos siete años de su vida; periodo
durante el cual se prestaron asistencia, socorro, así como ayuda mutua, e
instalaron su residencia en Buenaventura -Valle del Cauca.[18] En este término, explicó, el causante también mantuvo vida matrimonial
simultánea con la señora Carmen Elvira Valencia; no obstante, él siempre veló por
su manutención y la de sus tres hijos, brindándoles todo lo necesario para su
digna subsistencia.
9.
Sobre estos presupuestos y aclarando no haber
reclamado previamente su derecho a la sustitución pensional “por ignorar que
podía adelantar trámites administrativos y judiciales para lograr el
reconocimiento de la pensión en calidad de compañera permanente”[19] solicitó, ante la autoridad judicial laboral, (i) declarar
que fue la compañera permanente del señor Sebastián Torres Montaño “en forma
continua e ininterrumpida por espacio de 7 años de vida marital
extramatrimonial bajo el mismo techo y hasta el momento del deceso del
causante, ocurrido en febrero 14 de 1986”[20] y (ii) reconocer a su favor el 50% de la sustitución
pensional “en forma vitalicia”,[21] a partir del momento del deceso del asegurado y con derecho a
acrecimiento en caso de faltar algún beneficiario.[22] Además, como petición especial, solicitó la suspensión del
otorgamiento del 50% de la prestación cuya titularidad estaba en discusión,
hasta tanto la justicia resuelva el conflicto.[23]
10.
La demanda fue admitida por el Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Buenaventura, el 14 de noviembre de 2008, integrándose a
la misma, en calidad de litisconsorte necesario, a la cónyuge del pensionado y posteriormente
como demandada a la UGPP.[24] El 31 de mayo de
2012, la autoridad judicial negó las pretensiones
formuladas y dispuso que la pensión siguiera pagándose a la sustituta Carmen
Elvira Valencia, tal y como se venía haciendo.[25] Para arribar a esta postura, primero, determinó que la normativa
vigente aplicable para el momento del fallecimiento del causante era el artículo
1 de la Ley 12 de 1975.[26] Esta disposición establece que “[la] cónyuge supérstite o la
compañera permanente de un trabajador particular o de un empleado o trabajador
del sector público, y sus hijos menores o inválidos, tendrán derecho a la
pensión de jubilación del otro cónyuge si éste falleciere antes de cumplir la edad
cronológica para esta prestación, pero que hubiere completado el tiempo de
servicio consagrado para ella en la Ley, o en convenciones colectivas.”
11.
A partir de lo anterior aclaró, de un lado, que el
artículo 1 de la Ley 113 de 1985[27] dispuso que debía entenderse por cónyuge supérstite a la esposa
de la persona fallecida, siempre y cuando se hallare vigente el vínculo
matrimonial en la fecha de la muerte y, del otro, que en los términos del
artículo 2 de la Ley 12 de 1975 dicho derecho lo perdería la cónyuge
sobreviviente cuando por su culpa no hubiere vivido unida al cónyuge en el
momento de su fallecimiento, o cuando hubiere contraído nuevas nupcias o hecho
vida marital. Es decir, de la normatividad citada, explicó, podía desprenderse
que “el cónyuge por el sólo hecho de serlo tiene derecho a la pensión del
causante, salvo que se demuestre en el proceso que su conducta fue la que
originó la no convivencia con el de cujus al momento de su fallecimiento, pues
la convivencia no es un requisito del derecho sino un requisito de la pérdida
agravado con la culpa del cónyuge beneficiario. En otros términos, no se
preceptúa la pensión de jubilación como un derecho propio de la convivencia
efectiva al momento del fallecimiento sino como la prolongación de las
obligaciones de asistencia mutua entre los cónyuges, que se extiende con
posterioridad a la muerte del causante en virtud de la subsistencia del vínculo
matrimonial.”[28]
12.
El juzgado resaltó que estaba probado en el
proceso que la señora Carmen Elvira Valencia de Torres era la beneficiaria de
la prestación en calidad de cónyuge supérstite del causante por cuanto, en
primer lugar, acreditó que contrajo nupcias con el señor Sebastián Torres
Montaño el día 25 de septiembre de 1976[29] y, en segundo lugar, a partir de los elementos de juicio
disponibles, se tuvo conocimiento de que la sociedad conyugal no se liquidó,
pues no existía “anotación al margen de su disolución; presumiéndose
entonces que el vínculo estaba vigente al momento del fallecimiento de aquel.”[30] En este escenario, estimó el despacho que la demandante tenía la
carga de probar la pérdida de titularidad de este derecho, es decir, debía
evidenciar la ausencia de “convivencia entre los cónyuges sumada a la culpa
de aquella”,[31] situación que no se logró acreditar, pues desde la misma
formulación de la demanda y al realizársele el interrogatorio de parte confesó que
el causante convivió con ella y simultáneamente con su cónyuge, y que nunca
abandonó a ninguna de las dos, es decir, que no existió separación de hecho
entre los esposos, situación que impedía acceder a sus pretensiones.[32]
13.
El 5 de junio de 2012, la demandante presentó
recurso de apelación en contra de la anterior determinación.[33] En esencia, argumentó que la autoridad judicial (i) omitió
valorar las pruebas documentales y testimoniales allegadas al proceso; (ii) desconoció
que la Ley 12 de 1975, empleada para resolver el asunto, no le otorgó derechos
preferenciales a la cónyuge y, por el contrario, consagró como beneficiarios de
la sustitución pensional tanto a la esposa como a la compañera permanente, reconociendo,
inclusive, la posibilidad de compartir la prestación en casos que, como el
presente, la convivencia fuera simultánea, circunstancia que imponía abordar el
estudio de la reclamación con equidad, “sin
discriminar, respetando el concepto de familia, teniendo en cuenta la realidad
social de las compañeras permanentes y la protección del derecho a la seguridad
social en igualdad de condiciones”[34] y (iii) desatendió la jurisprudencia constitucional que
reconoce, de un lado, que el vínculo constitutivo de la familia, matrimonio o
unión de hecho, es indiferente para efectos de reconocimientos prestacionales,
pues el factor determinante “para establecer qué
persona tiene derecho a la sustitución pensional en casos de conflicto entre el
cónyuge supérstite y la compañera o compañero permanente es el compromiso de
apoyo afectivo y de comprensión mutua existente entre la pareja al momento de
la muerte de uno de sus integrantes”[35] y, del otro, la aplicación retrospectiva de la Carta de 1991 para
definir situaciones jurídicas pensionales que iniciaron su formación en la
Constitución derogada.
14.
El 31 de octubre de 2012, la Sala de
Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali
-Valle del Cauca- confirmó integralmente la decisión de primera instancia.[36] Consideró, de manera preliminar, que las normas que debían
revisarse para resolver el conflicto eran la Ley 90 de 1946 (artículo 55)[37] y el Decreto 3041 de 1966 (artículos 20 y 21),[38] teniendo en cuenta que la muerte del causante se presentó en el año
1986, es decir, con anterioridad a la vigencia de la Constitución de 1991. De
acuerdo con la primera disposición, la cónyuge ostentaba un derecho prevalente
a la sustitución pensional. Solo a falta de ella, sería “tenida como tal la mujer con quien el asegurado [hubiere] hecho vida marital durante los tres años
inmediatamente anteriores a su muerte, o con la que [hubiere] tenido
hijos, siempre que ambos hubieran permanecido solteros durante el concubinato”;[39] circunstancia que no se acreditaba en esta ocasión ante la ausencia
de prueba de la disolución del vínculo conyugal entre el señor Torres Montaño y
Carmen Elvira Valencia, por lo que dicha norma no podía ser aplicada para
resolver la cuestión. Por su parte, la segunda normativa estableció que el
derecho a la sustitución pensional por la muerte de un pensionado o trabajador
con derecho a pensión solo se establecía para la cónyuge sobreviviente y los
hijos huérfanos, sin que se previera a la compañera permanente como
beneficiaria de tal prestación.
15.
Sin embargo, la Sala aclaró que, esta exclusión
fue superada con la Constitución de 1991 en la que se eliminaron las
discriminaciones existentes entre el vínculo matrimonial y el de hecho,
contemplándose que la cónyuge y la compañera permanente gozaban de iguales
derechos. Inclusive, resaltó que, por vía jurisprudencial, en Sentencia T-110
de 2011,[40] se consagró la aplicación retrospectiva de los postulados de la
norma superior vigente para definir situaciones jurídicas del grupo poblacional
de compañeras permanentes cuyas parejas fallecieron en vigencia de la
Constitución de 1886. Sobre esta línea, indicó que debía aplicarse tal cláusula
de retrospectividad para evaluar la reclamación pensional de la demandante y,
en ese sentido, comprender que la disposición jurídica referida, que privaba a
la compañera permanente del derecho a la sustitución pensional, debía interpretarse
por el operador jurídico en el sentido de incluirla dentro de su ámbito de
protección, en los mismos términos con que se amparaba a la cónyuge supérstite.[41] En su concepto, no mediaban razones “para
no hacer extensivos los beneficios pensionales a quien [acreditara] la calidad
de compañero permanente del fallecido, debiendo por lo tanto establecer si la demandante
o la litisconsorte [demostraron] la convivencia efectiva con el causante, pues bien sabido
es, que la figura de la convivencia simultánea solo se estableció con la
entrada en vigencia del inciso 3 del literal b del artículo 13 de la Ley 797 de
2003, debiendo por lo tanto establecer cuál de las dos [probó] la ya referida
convivencia para efectos del reconocimiento.”[42]
16.
Valorado ello, señaló que compartía la postura del
a quo pues, al estudiar las
pruebas allegadas al proceso, estableció que aun cuando la actora mantuvo una
relación sentimental con el pensionado y tuvo con él tres hijos no fue quien lo
acompañó durante los dos últimos años de vida, tiempo en el cual su salud se
vio afectada por la enfermedad que padecía y que finalmente lo llevó a su
fallecimiento.[43] Por el contrario, fue Carmen Elvira Valencia, la esposa, quien permaneció
hasta el momento de su muerte con el causante, tan es así, que ésta se trasladó
a vivir con él a la ciudad de Cali durante varios meses, ya que requería de procedimientos
médicos diarios en dicha localidad, hasta que finalmente fue dado de alta,
consecuencia de su diagnóstico terminal por cáncer. En vista de lo anterior,
concluyó que no podía conceder el derecho a la demandante, pues la
litisconsorte era titular de aquél de manera preferente.[44]
3. El recurso extraordinario de
casación
17.
El 22 de enero de 2013, el apoderado judicial
de la señora María Alicia Murillo presentó recurso extraordinario de casación
contra la sentencia de segunda instancia antes referida.[45] Solicitó, en lo fundamental, casar la providencia recurrida para
que, “una vez constituida en sede de instancia, revoque la de primer grado y
en su lugar se acceda a las pretensiones contenidas en la demanda con la cual
se dio inicio al proceso.”[46] En concreto, pidió que se condenara a la demandada a pagar en
favor de la demandante el 50% de la sustitución pensional, en calidad de
compañera permanente del asegurado, sin perjuicio de que el otro 50% lo continuara
devengando la cónyuge del causante, dejando, en todo caso, a salvo el derecho
de acrecimiento en el evento de faltar alguna de las dos.[47] Como sustento de la inconformidad, invocó expresamente la causal
primera de casación laboral contenida en el artículo 60 del Decreto 528 de 1964[48] y demás normas que la modificaban o complementaban, entre ellas,
los artículos 7 de la Ley 16 de 1969[49] y el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991.[50]
18.
En concepto del apoderado, la sentencia atacada
incurrió en un cargo único: ser violatoria de la ley sustancial por vía
indirecta bajo la modalidad de aplicación indebida de las siguientes normas: artículo
55 de la Ley 90 de 1946;[51] artículos 20 y 21 del Acuerdo 224 de 1966,[52] aprobado por el Decreto 3041 de 1966;[53] artículo 1 de la Ley 12 de 1975;[54] artículos 1 y 2 de la Ley 113 de 1985;[55] artículo 12 de la Ley 171 de 1961;[56] artículos 4, 5, 13, 42, 49, 53 y 230 de la Constitución Política,
todos ellos en relación con el artículo 13 de la Ley 797 de 2003;[57] artículo 141 de la Ley 100 de 1993;[58] artículos 5 y 8 de la Ley 153 de 1887;[59] artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo y artículos 61 y
145 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social.
19.
Tal violación, explicó, tuvo origen en cuatro
“yerros fácticos”[60]: (i) dar por demostrado, sin estarlo, que el debate se
circunscribía a establecer si fue la demandante o la litisconsorte la que
acreditó convivencia efectiva con el causante, a efectos de determinar cuál de ellas
dos tenía derecho a la sustitución pensional en un 100%;[61] (ii) no dar por demostrado, siendo palmario, que la
discusión se centraba, por el contrario, en dilucidar que el causante convivió
simultáneamente tanto con su cónyuge como con su compañera permanente y que tal
circunstancia las convertía a ambas en beneficiarias legítimas de la prestación
económica, en proporciones iguales;[62] (iii) no dar por demostrado, siendo evidente, que el señor
Sebastián Torres Montaño, hasta la fecha de su fallecimiento, el 14 de febrero
de 1986, hizo vida marital y conformó una familia con la señora María Alicia
Murillo y (iv) dar por demostrado, sin ser verdadero, que la relación
existente entre la pareja Torres Murillo obedeció a un simple vínculo afectivo
que los unió por los hijos procreados, más no por un interés de estar juntos
como compañeros. Tales imprecisiones, aclaró, tuvieron lugar por no haberse
valorado adecuadamente elementos de juicio determinantes obrantes en el
proceso.
20.
Aclaró que los yerros enunciados se afianzaron
aún más pues, si bien fue con la vigencia del inciso 3 del literal b) del artículo
13 de la Ley 797 de 2003 que se reguló lo atinente a la convivencia simultánea del
causante con la cónyuge y la compañera permanente para efectos de acceder a la
sustitución pensional, ello no implicaba que “las situaciones consolidadas
con anterioridad quedasen huérfanas y no [pudieran] ser solucionadas
bajo la misma filosofía que orientó la expedición [de la normativa]”,[63] es decir, brindar igual trato a las familias constituidas por uniones
de hecho o vínculos matrimoniales, sin que hubiera lugar a discriminaciones por
razón del origen de su formación.
21.
Un desacertado entendimiento de lo anterior,
condujo a que el fallador de instancia, “pretextando la inexistencia de
normas legales”[64] dejara en completo desamparo a la compañera permanente, quien
real y efectivamente convivió con el causante, situación que válidamente le
permitía acceder en tal calidad al reconocimiento proporcional de la
prestación, conforme a criterios de justicia y equidad y, especialmente, a
partir de (i) la aplicación retrospectiva de la Carta de 1991, admisible,
por vía del artículo 4 superior, para enjuiciar situaciones jurídicas donde la garantía prestacional en discusión inició su configuración al
amparo de la Constitución de 1886, en tanto los sujetos asegurados de los
cuales se derivó el derecho fallecieron antes del 7 de julio de 1991, pero con
proyección de sus efectos en vigencia de la norma superior actual o (ii)
a través de la inaplicación de las disposiciones vigentes para cuando falleció
el causante que excluyeron del ámbito de protección a la demandante.[65]
22.
El 27 de noviembre de 2018, la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia -Sala de Descongestión No. 4-
no casó la sentencia proferida por la Sala de
Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Cali.[66] Determinó que el problema jurídico
consistía en determinar si había errado el Tribunal al establecer que la actora
no cumplía con los requisitos para ser beneficiaria de la sustitución pensional
reclamada, en su calidad de compañera permanente, teniendo en cuenta que el
causante convivió simultáneamente con ella y con su esposa. Para resolver lo
anterior, estimó que, en consideración a la fecha del deceso del causante y al
carácter irretroactivo de los mandatos prestacionales -incluso amparados en
principios constitucionales como el de la igualdad familiar-, la norma
aplicable al caso objeto de estudio, tal y como lo había dispuesto la autoridad
judicial demandada, era el Decreto 3041 de 1966, artículos 20 y 21, en concordancia
con el artículo 55 de la Ley 90 de 1946. Esta última norma, aclaró, contempló tres condiciones para que el
derecho a la prestación económica pudiera concedérsele a la compañera
permanente del causante, a saber: (i) que no hubiere cónyuge
supérstite; (ii) que la pareja hubiere hecho vida marital durante
los tres años inmediatamente anteriores a la muerte del asegurado, a menos que
hubieran procreado hijos comunes; y (iii) que ambos hubieren permanecido
solteros durante el concubinato.[67]
23.
Tales reglas, advirtió, no
fueron modificadas por el Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de
la misma anualidad, norma que regía al momento del fallecimiento del causante y
que consagraba, en sus artículos 20 y 21, el derecho de la prestación solicitada
solo a favor de la cónyuge supérstite y los hijos huérfanos. En estos términos,
comprendió que a la actora no le asistía derecho a la
prestación reclamada, dado que el occiso mantenía el vínculo conyugal vigente
con Carmen Elvira Valencia al momento de su deceso, en consecuencia, era ella y
no María Alicia Murillo quien tenía el derecho prevalente y excluyente a ser la
beneficiaria de la sustitución pensional.[68] Precisó que, en todo caso, (i) el derecho de la cónyuge no había
desaparecido con la entrada en vigencia de la Ley 12 de 1975;[69] (ii) si bien la Corte Constitucional en Sentencia C-482 de
1998[70] declaró inexequible la expresión “siempre que ambos hubieren
permanecido solteros durante el concubinato”, contenida en el artículo 55
de la Ley 90 de 1946, aclaró que tendría efectos retroactivos sólo a partir del
momento en que entró a regir la Constitución vigente, el 7 de julio de 1991. En
este asunto, dado que el fallecimiento del causante ocurrió el 14 de febrero de
1986, no resultaban aplicables los efectos de la mencionada sentencia y
(iii) a pesar de que erró el Tribunal en sus consideraciones al establecer
que operaba la aplicación retrospectiva de la Carta de 1991, no había lugar a
casar la sentencia, puesto que en instancia se llegaría al mismo resultado,
esto es, que la actora no tenía derecho a la prestación solicitada y, por ello,
debía absolverse a la demandada.[71]
4. La acción de tutela que origina
este proceso
24.
En criterio de la actora, la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Descongestión No. 4, con su fallo, incurrió en un defecto
sustantivo por dos razones: (i) contrariar directamente el artículo 42
de la Carta Política que reconoce “los efectos constitucionales protectores
para la condición de compañera permanente como integrante del núcleo familiar”[72] y (ii) desconocer el precedente de
esta Corte en torno al reconocimiento igualitario de la sustitución pensional
en beneficio de la cónyuge y la compañera permanente, conforme la cláusula general de no discriminación por
razón del origen familiar, consagrada en la Carta Política de 1991, de acuerdo
con la cual tanto las uniones de hecho como las matrimoniales cuentan con
la misma protección jurídica y gozan de idénticos derechos sin que pueda
establecerse ningún tipo de diferenciación o restricción por virtud de la causa
de formación.[73] En su concepto, tal mandato, conforme el artículo 4 superior, relativo
a la supremacía constitucional, debió ser aplicado retrospectivamente en su
caso dado que una interpretación vigente de esta Corporación lo habilita cuando
los efectos de la pensión reclamada empezaron
a generarse estando en vigor la Constitución de 1886, por ejemplo, con la
muerte del causante, pero continuaron produciendo consecuencias jurídicas en
vigencia de la actual Constitución.[74]
25.
Dicha cláusula
de retrospectividad, adujo, permitía corregir los efectos nocivos que las
disposiciones excluyentes, como la empleada en su caso para privilegiar la
condición de esposa del asegurado, produjeron sobre un segmento de la población
e interpretarlas en el sentido de incorporar a las compañeras permanentes
dentro de su ámbito de aplicación, en los mismos términos de protección en
favor de la cónyuge supérstite, máxime si en esta ocasión el causante mantuvo de manera coetánea a su relación matrimonial, una unión de hecho
con ella y en
ningún momento culminó ningún vínculo sentimental. Por tanto, el acceso a la
prestación debía ser otorgado proporcionalmente y no en forma exclusiva para
una de las parejas del asegurado, como desacertadamente fue abordado por los
jueces laborales que conocieron de la demanda ordinaria incoada.[75]
26.
Con fundamento en ello, el
27 de mayo de 2019, la señora María Alicia Murillo presentó acción de
tutela, solicitando el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad,
seguridad social, vida digna, mínimo vital y salud; la protección del principio
de favorabilidad en materia laboral, especialmente en lo relativo al pago
oportuno de pensiones, la protección a la familia constituida por vínculos
naturales o jurídicos y la salvaguarda de las personas de la tercera edad.[76] En consecuencia, pidió ordenar a la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia -Sala de Descongestión No.
4- dejar sin efectos la providencia del 27 de
noviembre de 2018 y, en su lugar, emitir una nueva decisión “reconociendo la
sustitución pensional deprecada, toda vez que está legitimada para acceder a
tal prestación”,[77] no siendo posible que la justicia la discriminara “con el no reconocimiento pensional por haber conformado una familia
de hecho simultáneamente a la conformada por vínculos jurídicos.”[78] Resaltó que la señora Carmen Valencia, esposa del causante,
falleció el 22 de octubre de 2014,[79] “quedando la pensión acéfalo (sic) desde la fecha de su muerte”,[80] lo que justificaba aún más el otorgamiento de la prestación pues,
además, permanecía en “situación económica de
pobreza absoluta”[81] y por su avanzada edad, 66 años, se le
dificultaba el ingreso al mercado laboral, careciendo a la fecha de recursos para
solventar autónomamente sus gastos, incluidos los que demandaba su enfermedad.[82]
5. Trámite de la tutela en las
instancias
27.
Mediante Auto del 14 de junio de 2019, la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisión de Tutelas
No. 1, asumió el conocimiento de la solicitud de
amparo, ordenó correr traslado a la autoridad judicial demandada y dispuso la vinculación de la UGPP, el Ministerio del
Trabajo y “las demás autoridades, partes e intervinientes del proceso
ordinario laboral radicado bajo el número 761093105003200800201”,[83] en calidad de terceros con interés legítimo en la actuación
constitucional.[84]
En el término de traslado, los convocados rindieron informe de la siguiente
manera:
28.
El 19 de junio de 2019, la UGPP se pronunció
sobre los hechos objeto de controversia y solicitó, en forma principal, “rechazar
por improcedente”[85]
la acción de tutela y, subsidiariamente, la desvinculación del trámite por
falta de legitimación en la causa por pasiva.[86]
Para sustentar la primera pretensión, explicó que (i) la tutela incoada
no resulta procedente pues no se evidenció por cuenta de la autoridad judicial demandada
un actuar arbitrario, caprichoso o en “absoluta desconexión con el
ordenamiento jurídico”[87]
que habilitara la intervención excepcional del juez constitucional, quien no
puede interferir el ámbito de otras jurisdicciones para decidir cuestiones de
derecho que la Carta Política ha reservado al conocimiento de otros jueces de
la República. Se constató que todas las actuaciones procesales surtidas se
adelantaron en el marco de un escenario adecuado, con apego al debido proceso
y, especialmente, el fallo objeto de cuestionamiento se profirió de conformidad
con el orden interno; (ii) existe una decisión judicial en firme adoptada
por un órgano de superior jerarquía que definió, en sede ordinaria, la situación
pensional de la actora, es decir, una determinación que hizo tránsito a cosa
juzgada y se tornó, por tanto, inmutable y definitiva por lo que no podía ser
objeto de control judicial posterior en sede de tutela, caracterizada por ser subsidiaria
y residual, y (iii) la acción de tutela fue presentada casi siete meses después
de haberse emitido la decisión objeto de reproche, circunstancia contraria al
principio de inmediatez de la solicitud amparo y su propósito de protección actual
de derechos.[88]
29.
Para fundamentar la segunda posición, sostuvo que
“carece de aptitud procesal para ser parte de [la] acción de tutela,
toda vez que no existe relación directa entre los derechos fundamentales
acusados como vulnerados y la conducta de la UGPP, ya que esta entidad no fue
el órgano que presuntamente amenazó el derecho fundamental invocado, en la
medida que la solicitud que sirve de base para la presente acción desborda las
competencias que tiene hoy [el Ente estatal].”[89]
30.
En la misma fecha, el Ministerio del Trabajo contestó al requerimiento judicial, solicitando la improcedencia
del amparo y la
consecuente desvinculación de la actuación constitucional.[90] Señaló que (i) carece de legitimación en la causa
por pasiva toda vez que la entidad “no es ni fue la empleadora de [la]
accionante, lo que implica que no existe ni existió un vínculo de carácter
laboral entre [la] demandante y esta Entidad, y por lo mismo, no existen
obligaciones ni derechos recíprocos entre los dos, lo que da lugar a que haya
ausencia por parte [del] Ministerio, bien sea por acción u omisión, de
vulneración o amenaza de derecho fundamental alguno”;[91] (ii) no
hace parte de sus competencias dirimir conflictos, declarar derechos ni revocar
providencias judiciales (autos y sentencias) emitidas por la Rama Judicial,
conforme los artículos 485 y 486 del Código Sustantivo del Trabajo, tal como lo
pretende la actora.[92]
Sus funciones son de naturaleza administrativa laboral, no jurisdiccional y (iii)
las decisiones de los jueces de la República son
excepcionalmente cuestionables a través de la acción de tutela puesto que se
busca ante todo preservar el carácter subsidiario del mecanismo de amparo y garantizar
los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada, independencia y autonomía
judicial.
31.
El 20 de junio de 2019, el Ministerio de Salud y
Protección Social solicitó su desvinculación del trámite.[93]
Argumentó que (i) la tutela, de naturaleza subsidiaria, procede
excepcionalmente para cuestionar determinaciones proferidas por las autoridades,
en ejercicio de su función jurisdiccional. Solo cuando estas sean arbitrarias y
no merezcan, por tanto, “el carácter definitivo que le imprime la cosa
juzgada material a las decisiones judiciales.”[94] En este caso, no se
probó por la actora que la Corte Suprema de Justicia hubiera actuado caprichosa
o irregularmente, y (ii) de acuerdo con los Decretos 4107 de 2011[95] y 1194 de 2012,[96] el Ministerio tiene a
su cargo la atención de las reclamaciones y obligaciones de carácter laboral que
venían siendo asumidas por el Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del
Pasivo Social de la empresa Puertos de Colombia. Los asuntos de naturaleza
prestacional, tales como el reconocimiento de pensiones, se encuentran a cargo
exclusivo de la UGPP, a partir del 1 de diciembre de 2011.
32.
El señor Jorge Luis Martínez quien fue apoderado
judicial de Carmen Elvira Valencia, litisconsorte dentro del proceso laboral, ya
fallecida, en representación de dos de sus hijas, Marleny y Sandra Margarita
Torres Valencia, atendió el llamado judicial y solicitó la improcedencia de la
solicitud de amparo.[97]
Explicó que (i) la posibilidad de cuestionar una decisión judicial por
vía de tutela es extraordinaria y tiene lugar, principalmente, cuando se
constata que carece de fundamento objetivo, es arbitraria, caprichosa, contraria
al orden constitucional o legal vigente. En el caso de la accionante, quedó
demostrado que la sentencia objeto de cuestionamiento se ajustó a la realidad
probatoria, encontrando que la señora María Alicia Murillo no tenía derecho a
la sustitución pensional, a luz de la normativa aplicable a su reclamación;
ello sumado a que no logró identificar en forma razonable y suficiente las
supuestas irregularidades emanadas de tal determinación; y (ii) la
acción de tutela se presentó cinco meses después de la ejecutoria de la
providencia reprochada, incumpliéndose así uno de los presupuestos generales de
procedencia del amparo contra providencias judiciales, a la luz de la
jurisprudencia constitucional.
33.
Los demás involucrados en el
trámite de tutela guardaron silencio.
34.
El 25 de junio de 2019, la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisión de
Tutelas No. 1, negó las pretensiones de la accionante,
al estimar que no se configuró ninguna causal específica de procedibilidad de
la acción de amparo contra providencias judiciales, pues la Sala de Casación
Laboral decidió razonablemente el asunto, con los elementos probatorios allegados
al proceso, la normatividad y la jurisprudencia en la materia. En efecto, de
entrada, dicha Corporación arribó a la conclusión de que María Alicia Murillo
no tenía derecho a la sustitución pensional reclamada, en calidad de compañera
permanente del causante, puesto que cuando aquél falleció mantenía un vínculo
conyugal vigente con Carmen Elvira Valencia, siendo ella la titular prevalente
y excluyente de la prestación. Superado ello, aclaró que no era aplicable la Sentencia
C-482 de 1998[98]
para la solución del asunto, ya que ésta solo tendría efectos retroactivos a
partir del momento en que entró a regir la Constitución de 1991, es decir, el 7
de julio de 1991, y, en esta ocasión, la muerte del asegurado tuvo lugar en el
año 1986. En estas condiciones, advirtió que no había existido un actuar
arbitrario, sino una simple discrepancia o desacuerdo con el contenido de una
decisión, lo que no habilitaba “la interposición de la acción de
tutela, porque este mecanismo excepcional no fue diseñado como una instancia
adicional.”[99]
35.
En providencia del 24 de septiembre de 2019, la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia resolvió la impugnación presentada y confirmó la decisión
del a quo, al no advertir vulneración fundamental.[100] Explicó
que la autoridad judicial accionada realizó “de cara al cargo en que se
fundamentó la demanda de casación una legítima interpretación de la
normatividad y los precedentes jurisprudenciales, que gobiernan el asunto y a
partir de allí concluyó que no había lugar a acceder a la pensión de
sobrevivientes invocada por la demandante.”[101] Examinó
razonablemente, como le correspondía, la reclamación prestacional, a la luz de
la normativa aplicable, esto es, la Ley 90 de 1946 y el Decreto 3041 de 1966,
hallando que el asegurado al momento de su muerte mantenía un vínculo conyugal
vigente con la señora Carmen Elvira Valencia, siendo entonces dicha ciudadana,
y no la actora, la beneficiaria con mejor derecho. Descartada tal posibilidad
de reconocimiento, enfatizó que la Sentencia C-482 de 1998[102] era
inaplicable retroactivamente al asunto, pues ello solo era plausible a partir
de la entrada en vigor de la Carta Política de 1991, esto es, el 7 de julio de
1991 y en este caso el fallecimiento del causante había tenido lugar el 14 de
febrero de 1986.[103]
En vista de lo anterior, concluyó el Despacho que no había existido un actuar
irregular o caprichoso y que, en últimas, lo pretendido por la tutelante se
dirigía a cuestionar la posición jurídica adoptada por la demandada; finalidad
ajena al amparo.
6. Pruebas relevantes que obran en el expediente
36.
Por su extensión, se adjuntará un anexo a
la providencia en el que se sintetizarán las
principales piezas que obran en el expediente ordinario laboral contentivo del
proceso iniciado por la señora María Alicia Murillo Murillo contra la Nación
-Ministerio de la Protección Social- Grupo Interno de Trabajo para la Gestión
del Pasivo Social de la empresa Puertos de Colombia -FONCOLPUERTOS.
7. Trámite de la tutela en
sede de revisión
37.
Mediante Auto del 10 de junio de 2020, el pleno
de esta Corporación vinculó al contradictorio a la Sala de Descongestión
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en calidad de
autoridad judicial que profirió directamente la sentencia ordinaria de segundo
grado, recurrida en casación, y valorada por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Descongestión No. 4. Lo anterior, para que,
en el marco de sus competencias, se pronunciara, si así lo consideraba, sobre
los hechos y las pretensiones que dieron lugar a la formulación de la presente
solicitud de protección. A pesar del llamado judicial efectuado por la Sala Plena
no hubo respuesta alguna de su parte.
III.
Consideraciones
y fundamentos
1. Competencia
38.
La Sala Plena de la Corte Constitucional es
competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro de la acción de
tutela de la referencia, con fundamento en el inciso 3 del artículo 86 y el
numeral 9 del artículo 241 de la Constitución, en
concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y
61 del Reglamento Interno de la Corporación.
2. Presentación del asunto
objeto de revisión y formulación del problema jurídico
39.
El debate constitucional que
debe resolver la Sala Plena parte del cuestionamiento de la señora María Alicia
Murillo Murillo a la interpretación normativa realizada en el proceso ordinario laboral para resolver su requerimiento de sustitución
pensional, en calidad de
compañera permanente del pensionado fallecido.
40.
El juez de primera instancia y la Corte Suprema
de Justicia, en su Sala de Descongestión No. 4, consideraron
que, por virtud de las normas vigentes al momento del fallecimiento del
pensionado,[104]
la cónyuge supérstite, Carmen Elvira Valencia, tenía preferencia sobre quien
aducía la condición de compañera permanente, dado que mantenía un vínculo
matrimonial vigente con el causante al instante de su deceso, siendo, en
consecuencia, innecesario profundizar en aspectos como el invocado por la
actora relativos a la definición de un acceso proporcional a la prestación, en
razón al tiempo convivido con el asegurado, agregando la última autoridad judicial
que no era posible aplicar la Sentencia C-482 de 1998[105] para resolver el
requerimiento prestacional invocado porque esta solo tenía efectos retroactivos
a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991.
41.
El juez colegiado de segunda instancia afirmó
que, aunque las disposiciones aplicables para resolver la controversia
pensional eran anteriores a la Carta Política de 1991,[106] empleando retrospectivamente las cláusulas constitucionales, la
situación de la cónyuge supérstite y la de la compañera permanente debía
analizarse bajo el principio de igualdad. Sin embargo, estimó que no era dable
conferir la pensión a quien invocaba su condición de compañera, porque se había
demostrado que la cónyuge convivió con el causante hasta su fallecimiento, y la
posibilidad de conceder la prestación conjuntamente solo había sido posible con
la Ley 797 de 2003. Bajo este enfoque, el operador realizó una valoración
probatoria que lo llevó a conceder el beneficio reclamado en forma excluyente y
privilegiada a favor de la esposa
del causante.
42.
La peticionaria cuestionó, por vía de tutela, el
raciocinio empleado por la Corte Suprema de Justicia para negarle la prestación
sustitutiva. En su criterio, aunque la fuente normativa pensional aplicable para
juzgar su requerimiento prestacional era aquella en vigor de la Constitución de
1886, por cuanto el sujeto asegurado del que se derivó el derecho falleció el
14 de febrero de 1986, el sentido y alcance que el operador jurídico debía
otorgarle a la misma tenía que apartarse necesariamente de la comprensión
restrictiva imperante en la época y, en su lugar, ajustarse a los postulados de
la norma fundamental actual, en virtud de la cual la familia sustentada en un
vínculo jurídico y la que se origina en la unión de hecho merecen idéntica
protección. Esto por cuanto, los
efectos jurídicos de la prestación que solicitó empezaron a generarse estando
en vigor la Carta derogada, pero continuaron configurándose en vigencia de la nueva
Constitución, por lo que sus postulados gobernaban retrospectivamente la resolución
de su situación pensional, de cara al principio de igualdad y a la prohibición
de no discriminación por razón del origen familiar. Es decir, aunque la norma referida para resolver
el asunto era pre-constitucional impactaba en la preceptiva suprema actual y, por ende, exigía una hermenéutica
conforme a la misma, esto es, bajo la óptica de un tratamiento equivalente en
materia prestacional, máxime si la convivencia que sostuvo con el
causante fue simultánea respecto del vínculo matrimonial con su esposa por lo
que ambas tenían un derecho proporcional a la prestación, conforme a criterios de justicia y equidad.
43.
En el escenario esbozado, como el amparo se
dirige directamente contra una determinación proferida por una autoridad
judicial en ejercicio de su función jurisdiccional, se precisa analizar si la
acción constitucional es procedente formalmente, por satisfacer los requisitos
que para el efecto han sido sistematizados a partir de la Sentencia C-590 de
2005.[107]
De superarse tal examen, a la Sala Plena le corresponde asumir el siguiente
problema jurídico:
¿la
decisión de un juez laboral, en este caso de la Sala de Descongestión No. 4 de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de negar la sustitución
pensional a la compañera permanente del pensionado fallecido antes de la
Constitución de 1991, por el hecho de que para ese momento la norma sustantiva
aplicable privilegiaba la condición de cónyuge supérstite, incurre en defecto
sustantivo y/o desconocimiento del precedente porque omite tener en cuenta que
la Corte Constitucional ha considerado que debe darse una aplicación retrospectiva
a sus mandatos de trato igual a las diferentes formas de unión, bien sea las
constituidas por vínculos naturales o jurídicos, y de no discriminación por
razón del origen familiar, en aquellos casos en los que la situación pensional
tiene efectos luego de su entrada en vigencia?
44.
Para resolver el asunto, la Sala Plena: (i)
analizará la jurisprudencia sobre las condiciones generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, y (ii) examinará su
cumplimiento en el caso concreto. De superarse tal estudio, abordará su
procedencia material. Para tal efecto, (iii) reiterará la jurisprudencia
sobre las causales específicas de procedencia del recurso de amparo contra
decisiones judiciales, específicamente de aquellas pertinentes para resolver el
asunto; (iv) se referirá al precedente de esta Corporación sobre la
protección constitucional igualitaria en favor de las parejas conformadas por
compañeros o compañeras permanentes en materia del derecho a la sustitución
pensional, a luz del ordenamiento superior vigente, y, por último, (v)
decidirá sobre la viabilidad de acceder a la protección invocada.
3. Procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia
45.
La consolidada y actualmente pacífica línea
jurisprudencial construida por esta Corporación en torno a los mandatos
derivados de los artículos 86 y 229 de la Constitución Política y 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos,[108]
indica que las decisiones de los jueces de la República, en ejercicio de la
función jurisdiccional, pueden ser excepcionalmente cuestionadas a través de la
acción de tutela.[109] Luego de un debate importante al respecto, la Sentencia
C-590 de 2005[110]
sistematizó los supuestos explorados por la
jurisprudencia bajo las denominadas condiciones genéricas de procedencia y
causales específicas de procedibilidad de la acción de amparo contra
providencias judiciales.[111]
46.
Respecto a las condiciones
genéricas de procedencia de la acción de tutela, el
pronunciamiento en referencia consideró las siguientes: (i) que el
asunto sometido a conocimiento del juez tenga relevancia constitucional; (ii)
que el actor haya agotado antes de acudir a la acción de tutela los recursos
ordinarios y extraordinarios previstos por el legislador para la defensa de sus
derechos, sin perjuicio de que la intervención del juez constitucional se
solicite con la pretensión de evitar la consumación de un perjuicio
irremediable; (iii) la satisfacción del requisito de inmediatez, en
términos de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) que cuando se invoca
una irregularidad procesal, ésta tenga incidencia definitiva o determinante en
la decisión judicial que se cuestiona; (v) la identificación razonable,
por la persona interesada, de los hechos que generan la lesión y los derechos
quebrantados, y que, de haber sido posible, haya invocado dichos argumentos en
el proceso judicial; y, (vi) que no se trate de sentencias proferidas en
sede de tutela.[112]
Sobre estos requerimientos, que se dirigen en su
mayoría a preservar el carácter residual del mecanismo de amparo, la Corte ha
considerado, además, que la carga argumentativa de quien acude a la tutela para
cuestionar una providencia judicial, interpretada al amparo del principio de informalidad
propio de este mecanismo,[113]
se acentúa cuando el reparo se efectúa frente a decisiones de altas cortes.[114]
47.
En cuanto a las causales
específicas de procedibilidad, la Sentencia se refirió a los siguientes
defectos: (i) orgánico, (ii) procedimental absoluto, (iii)
fáctico, (iv) material o sustantivo, (v) error inducido, (vi)
decisión sin motivación, (vii) desconocimiento de precedente, y (viii)
violación directa a la Constitución. Su configuración, ha precisado la Corte,
no parte de una visión fragmentaria o parcelada de cada uno de ellos, dado que
es viable que una misma situación de lugar a que ellos concurran y que, ante
dicha comprobación, se imponga un amparo por parte del juez constitucional.[115]
4. Verificación de
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en el caso en
concreto
48.
Frente al caso
concreto, de entrada, esta Corporación establece que le corresponde adelantar
un juicio de constitucionalidad sobre el fondo del mismo, pues se encuentra
demostrada la superación de los requisitos generales de procedencia, como se
explica a continuación.
49.
Legitimación en la causa por activa y por
pasiva.[116] En este asunto se
satisface el requisito de legitimación en la causa por activa y por pasiva, dado
que, por un lado, la protección se invoca directamente por quien se considera afectada con la decisión judicial proferida por la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Descongestión No.
4, y, en ese sentido, ha solicitado el amparo de sus
derechos fundamentales, a fin de acceder a la sustitución pensional reclamada. Y,
del otro lado, el demandado es la Corporación de Justicia que decidió no casar la determinación judicial ordinaria
de segundo grado y que a juicio de la peticionaria incurrió en una violación del
debido proceso.
50.
Relevancia constitucional. Sin la pretensión de anticipar una
conclusión sobre la vulneración o amenaza efectiva de un derecho pues no sería
propio del análisis formal de procedencia, es indudable que el asunto planteado
por la accionante reviste dicha importancia, dado que involucra la posición de
la misma Constitución Política dentro del sistema jurídico y varios bienes
fundamentales.
51.
En concreto, del expediente de tutela se deriva
un debate que involucra la posible violación, entre otras, de las garantías
fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social y mínimo vital de
una ciudadana que alega que su situación jurídica pensional, en calidad de
compañera permanente, debió ser valorada y resuelta de cara a una
interpretación constitucional de la fuente normativa aplicable para juzgar su
requerimiento, esto es, conforme el principio de igualdad que rige en materia
prestacional y la cláusula general de no discriminación por razón del origen
familiar derivada de la Carta Política de 1991; mandatos que han sido empleados
por esta Corporación retrospectivamente para enjuiciar aquellos casos en
los que el derecho prestacional en discusión inició su configuración al amparo
de la Constitución derogada, pero sus efectos continuaron produciéndose en
vigor de la norma fundamental actual.
52.
Adicionalmente, el asunto en cuestión plantea
una tensión constitucional relevante constituida, presuntamente, por la falta
de aplicación de la ratio decidendi de una sentencia proferida en sede de
control abstracto por esta Corporación -C-482 de 1998-,[117] en la que se abordó una controversia sensible, desde la perspectiva
ius fundamental, relacionada con la necesidad de emplear los principios
de igualdad y no discriminación entre cónyuges y compañeras permanentes para efectos
de definir el acceso a la sustitución pensional cuya finalidad única es crear
un marco de protección para las personas que dependían afectiva y
económicamente del causante, permitiendo que puedan atender las necesidades
propias de su subsistencia y hacer frente a las contingencias derivadas de la
muerte del pensionado. Así las cosas, el debate que se propone en esta ocasión,
naturalmente se acercaría a la comprensión según la cual en escenarios
prestacionales como el mencionado el núcleo familiar, con independencia de su
causa de formación, se convierte en el interés jurídico a proteger.
53.
Subsidiariedad.
En el presente asunto se satisface este presupuesto, por
haberse agotado los recursos ordinarios y extraordinarios a disposición de la
actora. La peticionaria ha empleado los medios de defensa disponibles para
lograr que se reconozca a su favor la sustitución pensional, en calidad de
compañera permanente. Al respecto se evidencia que su pretensión la invocó
directamente ante la entidad que reconoce y paga la pensión, e hizo la reclamación
judicial en sede ordinaria laboral, obteniendo pronunciamientos adversos de las
instancias competentes. Ahora
bien, podría pensarse que cuenta con el recurso extraordinario de revisión para
atacar la decisión proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Descongestión No. 4;[118] sin embargo, dicha determinación no es
susceptible de ser controvertida por esa vía puesto que las razones que
fundamentan la solicitud de amparo no están comprendidas en ninguno de los
supuestos expresamente consagrados en la normativa aplicable para activar tal
dispositivo jurídico de defensa, lo que
desvirtúa de plano su idoneidad y eficacia para resolver el requerimiento que se
plantea en esta ocasión. Así pues, es la acción de tutela la única alternativa judicial para la defensa de los
intereses de la actora.
54.
Inmediatez.[119] En
este asunto se verifica el cumplimiento del requisito de defensa
oportuna, dado que entre la providencia judicial que se cuestiona en esta
instancia y la interposición de la presente acción de tutela transcurrieron 4
meses y 21 días¸ lapso que se
juzga razonable y proporcionado. Así, se tiene que la sentencia controvertida
es del 27 de noviembre de 2018, notificada
por edicto el 11 de diciembre de 2018 y debidamente ejecutoriada el 14 de
diciembre siguiente,[120] al tiempo que el mecanismo constitucional se formuló el 27 de mayo
de 2019.
55.
Trascendencia de la
presunta irregularidad procesal. En el asunto bajo examen el
cargo invocado no remite a un vicio de procedimiento, pues los cuestionamientos propuestos por la accionante
se dirigen a demostrar que el órgano judicial accionado resolvió el asunto
sometido a su juicio a partir de una interpretación que, según entiende, se
encuentra por fuera del marco constitucional de la Carta de 1991 y de la jurisprudencia de esta Corporación sobre
la materia.
56.
Formulación
razonable de la acción de tutela.[121] Atendiendo a la carga especial que recae sobre quien invoca una
solicitud de amparo contra autoridad judicial, por sus providencias, también se
concluye que se satisface este requisito. En la tutela, la peticionaria identificó
con claridad los presupuestos fácticos del caso; explicó detalladamente los
motivos por los cuales consideró que le han sido vulnerados sus derechos
fundamentales y las causas que la llevaron a solicitar su protección
constitucional, argumentos que, además, han hecho
parte de su línea de defensa a lo largo de su reclamación. En estos
términos, es posible identificar un problema jurídico preciso y de interés para
el juez constitucional.
57.
Que no se trate de tutela contra un fallo de
tutela. Está claro que la
decisión judicial atacada no es una sentencia de tutela. Así las cosas, satisfecha la última
exigencia formal de procedibilidad de la petición constitucional contra
providencias judiciales, se continuara con el estudio propuesto.
5. Estudio
de la procedencia específica de la presente acción de tutela
5.1. Caracterización
del defecto relevante para la resolución de este caso: defecto material o sustantivo
58.
Éste, también llamado “defecto material”,
configura la vía a través de la cual se adelanta el control de decisiones
judiciales que han sido adoptadas al margen del marco normativo aplicable a la
situación particular,[122]
con graves afectaciones sobre los derechos fundamentales de las, o alguna, de
las partes.[123] Además
de tener la finalidad objetiva de evitar la incorporación al ordenamiento de
actuaciones que desconocen el sistema jurídico,[124] esta “causal
especial” persigue el propósito subjetivo de salvaguardar los intereses
constitucionales de quienes los han visto trasgredidos, como consecuencia del
vicio de ilegalidad contenido en la providencia cuestionada.[125] Así pues, este defecto se materializa cuando la decisión
que toma la autoridad demandada desborda, de manera incontrovertible, el marco
de acción que la Carta Política y la ley le reconocen o, dicho en otras
palabras, se configura como resultado de una falencia o yerro que surge en
el proceso de interpretación o aplicación de los enunciados normativos al caso
sometido al conocimiento del respectivo juez.[126] Por ello
parte del “reconocimiento de que la
competencia asignada a las autoridades judiciales para interpretar y aplicar
las normas jurídicas, fundada en el principio de autonomía e independencia
judicial, no es en ningún caso absoluta.”[127]
59.
La Corte ha indicado que su comprobación como causal específica de
procedencia material de amparo, sin embargo, requiere de la incidencia del
error en la decisión, y de la afectación, por tal motivo, de los derechos
constitucionales. Esto implica que no cualquier divergencia frente al criterio
interpretativo de una decisión judicial configura un defecto sustantivo, solo
aquél que resulta desproporcionado, arbitrario y caprichoso.[128] Debe tratarse de
una irregularidad de tal entidad que haya
llevado a proferir una determinación que obstaculice o lesione irracionalmente
la efectividad de los derechos fundamentales.[129] En este sentido, el juez de tutela debe
respetar, por virtud de la autonomía e independencia judicial, el ejercicio de
interpretación adelantado por los jueces en el cumplimiento de su misión, salvo
en aquellos casos en los que dicha valoración no sea conforme a la Constitución
Política y, por tal motivo, sea irrazonable y afecte presupuestos básicos.[130] En estos eventos, tal actividad jurisdiccional injustificada
es susceptible de ser excepcionalmente atacada por vía de tutela, pues origina
una violación del derecho al debido proceso.
60.
Algunas decisiones, como la SU-574 de 2019,[131]
han presentado un listado extenso de posibilidades bajo las cuales una
providencia judicial adolece de este tipo de defecto;[132]
sin embargo, dado el alcance de la discusión en este caso, es importante
destacar que, dentro de dichos supuestos, se encuentra el del
desconocimiento por el fallador del alcance de un enunciado normativo fijado,
con efectos erga omnes, por la Jurisdicción Constitucional; y, esto es así dado
que la “norma” derivada por la Corte Constitucional de un enunciado
constituye la norma misma.[133] En el fallo
referido se indicó que tal supuesto tiene lugar “cuando se aplica una norma
cuya interpretación desconoce una sentencia con efectos erga omnes. En esta
hipótesis se aplica una norma cuyo sentido contraría la ratio decidendi de una
sentencia que irradia sus efectos a todo el ordenamiento jurídico.”[134]
5.2. Caracterización del defecto relevante para la
resolución de este caso: desconocimiento del precedente
61.
Este
defecto fue referido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005[135] a
través del siguiente ejemplo: “cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.” La relevancia del
respeto por el precedente dentro del orden jurídico se afinca en principios
tales como la seguridad jurídica, a través de la predictibilidad de las
decisiones judiciales, la igualdad, en virtud del cual situaciones similares
-en lo importante- deben recibir idéntica respuesta y por razones de
“disciplina judicial”, en la medida en que es necesario un mínimo de coherencia
en el sistema de justicia.[136] Su alcance ha sido precisado,
entre otras, en la Sentencia SU-432 de 2015[137] en la que, acogiendo lo
sostenido en la providencia T-292 de 2006,[138] la Sala Plena de la Corte
Constitucional expresó que: “[e]l precedente judicial es concebido como una
sentencia previa que resulta relevante para la solución de un nuevo caso bajo
examen judicial, debido a que contiene un pronunciamiento sobre un problema
jurídico basado en hechos similares, desde un punto de vista jurídicamente
relevante, al que debe resolver el juez. Como los supuestos de hecho similares
deben recibir un tratamiento jurídico similar, la sentencia precedente debería
determinar el sentido de la decisión posterior.”
62.
También ha advertido esta
Corporación que la fijación de una regla de decisión previa, con efectos
vinculantes para el caso posterior, exige la diferenciación entre aquello que
efectivamente tuvo incidencia en el pronunciamiento anterior, ratio
decidendi y, por lo tanto, posee fuerza normativa a futuro, de aquello sin
la trascendencia suficiente para ello, considerado doctrinalmente como obiter
dicta. En este escenario, la vinculación implica que el juez que considere
necesario apartarse del precedente, asuma la carga argumentativa requerida para
el efecto.[139] Así, como se afirmó en la providencia SU-432 de
2015,[140] el respeto por el
precedente comprende “tanto su seguimiento como su
abandono justificado”, en este
último caso con transparencia y suficiencia, demostrando
que la interpretación alternativa brindada
al asunto aporta un mejor desarrollo a los derechos y principios
constitucionales en tensión.[141]
63.
En la práctica jurídica
actual, el carácter vinculante y de fuente de derecho
de la jurisprudencia emanada de las altas cortes en sus respectivas
jurisdicciones se encuentra plenamente
reconocido en el ordenamiento interno.[142] Algunas
decisiones, han identificado hipótesis concretas bajo las cuales una autoridad
judicial puede desconocer, por ejemplo,
la jurisprudencia de esta Corte; una de ellas, atendiendo al objeto de este debate, surge cuando
el fallador desatiende el alcance “de
los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de
sus sentencias de tutela”,[143] proferidas
por la Sala Plena o por las distintas Salas de Revisión. En cuanto a las
decisiones emanadas de estas últimas, el desconocimiento del precedente solo se
configura cuando los fallos inadvertidos constituyan jurisprudencia en vigor.[144]
6. Los operadores jurídicos
deben valorar y resolver los requerimientos pensionales invocados por las
compañeras permanentes a la luz de los preceptos que gobiernan el orden
constitucional vigente. Reiteración de jurisprudencia
64.
El derecho irrenunciable al aseguramiento en
pensiones (Art. 48 de la CP), como garantía social constitucional, exige
particularmente un desarrollo legal y reglamentario del que se derive su
efectiva configuración y exigibilidad, como es propio de los principios que
reservan un amplio contenido prestacional. El carácter fundamental de este
derecho no deviene sólo de su incorporación normativa en la Carta Política,
sino, principalmente, de la realización de las condiciones dignas y justas en
las que se enmarca el desenvolvimiento del derecho fundamental al trabajo (Art.
25 de la CP). Por ello, desde sus primeros pronunciamientos esta Corporación ha
sido clara en establecer que, lejos de una perspectiva eminentemente
asistencial, la seguridad social no es una prerrogativa propiamente dicha, sino
el derecho estructurado sobre la base del reintegro a los trabajadores del
ahorro constante, producto de largos años de labores.[145] La sustitución pensional es una de las expresiones del
derecho fundamental a la seguridad social que tiene por objeto principal
brindar una especial protección de tipo económico a la familia del trabajador pensionado
que fallece para que pueda contar con los medios que le permitan llevar una vida decorosa.[146] Se trata de “un derecho que permite a una o varias personas entrar a
gozar de los beneficios de una prestación económica antes percibida por otra,
lo cual no significa el reconocimiento del derecho a la pensión sino la
legitimación para reemplazar a la persona que venía gozando de este derecho.”[147]
65.
En esencia, tal prestación tiene como
finalidad evitar que las personas allegadas al trabajador y beneficiarias del
producto de su actividad laboral queden por el simple hecho de su fallecimiento
en el desamparo o la desprotección. Es decir, busca que quienes dependían
económicamente del causante puedan seguir, tras su muerte, atendiendo las
necesidades materiales de subsistencia.[148]
Así, constituye una
garantía propia del Sistema de Seguridad Social edificada en cuatro principios:
el de solidaridad que lleva a brindar estabilidad económica y social a
los allegados del causante; el de reciprocidad, por cuanto de esta
manera el legislador reconoce en favor de ciertas personas una prestación
derivada de la relación afectiva, personal y de apoyo que mantuvieron con el asegurado;
el de universalidad del servicio público de la seguridad social, toda
vez que con la sustitución pensional se amplía la órbita de protección a favor
de quienes probablemente estarán en incapacidad de mantener las condiciones de
vida que llevaban antes del fallecimiento del causante;[149]
y el de imprescriptibilidad dado que el derecho a la pensión no
prescribe aun cuando existe un término
temporal para la reclamación de las prestaciones periódicas o las mesadas que dé él se derivan y que no han sido cobradas, pues en tal caso, se encuentran
sometidas a la regla general de tres años de prescripción.[150]
66.
El ordenamiento
jurídico ha creado un determinado orden de prelación respecto de las personas más
cercanas al causante para que reciban esta prestación económica, favoreciendo a
quienes dependían económicamente del asegurado y
compartían con él su vida. El Legislador “ha determinado que
los beneficiarios de dicha garantía sean los miembros de su grupo filial,
estableciendo un orden de prelación entre ellos.”[151]
En tratándose de la pareja del de cujus como acreedora de la sustitución
pensional, ciertos cuerpos normativos expedidos en
vigencia de la Constitución derogada de 1886 introdujeron el derecho a la
prestación sustitutiva pero de manera precaria en la medida en que excluyeron de
su titularidad a las compañeras permanentes o, por regla general, privilegiaron
de forma exclusiva a las cónyuges supérstites.[152] A contrario sensu, dicho panorama
de desprotección no gobernó la consagración del derecho
a la sustitución pensional al amparo del orden constitucional vigente.[153] En aplicación de la cláusula de no discriminación por razón
del origen familiar consignada expresamente en el artículo 13 de la Carta
Política de 1991 se contempló el tratamiento igualitario para las parejas constituidas tanto por vínculos naturales como jurídicos
sin prever diferenciaciones de ninguna naturaleza al momento de valorarse el
acceso a la prestación.[154]
Tal postura se afincó, a su vez, en el contenido normativo de los artículos 5[155] y 42 superiores.[156]
67.
Con el propósito de armonizar las normas
excluyentes que venían maltratando a un segmento de la población con las
disposiciones constitucionales actuales fundadas en un espíritu garantista, esta Corporación fijó
el criterio de la aplicación retrospectiva de la Constitución de 1991. Así
las cosas, las situaciones
jurídicas en las cuales la garantía prestacional en
discusión inició su configuración estando
en vigor la Constitución de 1886 y sus efectos continuaron produciéndose en
vigencia de la norma fundamental actual, deben ser juzgadas de
conformidad con sus postulados.[157]
Esto implica que los requerimientos
prestacionales impetrados por compañeras permanentes cuyas parejas
fallecieron en vigencia de la Carta derogada y, por consiguiente, causaron el
derecho a la sustitución pensional, no pueden ser negados por las entidades y autoridades responsables
con fundamento en normas que, conforme a una interpretación literal, las
excluyen del acceso al beneficio. Les corresponde enjuiciar tales solicitudes entendiendo que la protección que el ordenamiento legal le otorga a la cónyuge
sobreviviente comprende en los mismos términos materiales a la compañera permanente
pues, de lo contrario, se mantendrían los efectos
discriminatorios que se buscaron eliminar con el nuevo orden constitucional.[158] En otras palabras, deben
incorporar dentro del ámbito de aplicación de las normas que consagran la prestación a favor de la cónyuge a las compañeras permanentes que aún no gozan de la subrogación de la
pensión reconocida en vida a sus parejas y que han permanecido en un estado de
desamparo.[159]
68.
Para la Corte, una actuación contraria vulnera los
derechos a la seguridad social, mínimo vital e igualdad de estas personas. Esto
por cuanto no es jurídicamente admisible privilegiar un tipo de vínculo
específico al momento de definir quién tiene derecho a este beneficio,
especialmente si tanto las familias surgidas de nexos naturales como las que
son producto de relaciones matrimoniales enfrentan iguales desafíos a la muerte
de uno de sus miembros y “demandan por ende, requerimientos análogos de
protección por parte del Estado Constitucional”[160] para solventar su
subsistencia. Por tanto, el vínculo formal constitutivo de la familia, bien sea
el matrimonio o la unión marital de hecho, es indiferente para efectos del
reconocimiento del derecho lo que, de contera, implica que en aquellos casos en
los que, por ejemplo, surge un conflicto entre la cónyuge y la compañera
permanente el criterio que definirá la persona o las personas legitimadas para
gozar de la prestación producto del trabajo del ciudadano fallecido será
siempre el de la convivencia efectiva al momento de la muerte.[161] En términos
prácticos, el factor material concluyente para establecer quien o quienes tienen
la titularidad en estos casos es “el compromiso de apoyo afectivo y de
comprensión mutua existente entre la pareja al momento de la muerte de uno de
sus integrantes. Es por ello que la ley ha establecido la pérdida de este
derecho para el cónyuge supérstite que en el momento del deceso del causante no
hiciere vida en común con él, salvo la existencia de justa causa imputable a la
conducta del fallecido.”[162]
Solo de esta manera, se logran superar las manifiestas
injusticias e inequidades con que el ordenamiento jurídico anterior reguló las
relaciones entre compañeras permanentes.[163]
69.
Sobre esta materia y atendiendo el contenido de
la presente reclamación constitucional, resulta preciso destacar tres precedentes
relevantes. En estas oportunidades, la
Corte, enfrentada a situaciones fácticas similares a la presente, se pronunció sobre
(i) el alcance de disposiciones jurídicas excluyentes que aunque
derogadas seguían produciendo efectos discriminatorios en perjuicio de un
segmento poblacional y (ii) la situación jurídica de compañeras
permanentes cuyos requerimientos pensionales fueron juzgados con fundamento en estipulaciones
contempladas en normas que las privaban
del beneficio al amparo de la Constitución derogada. Es decir, la garantía
prestacional había iniciado su configuración en vigencia de esta norma
fundamental en tanto los sujetos asegurados de los cuales se derivó el
derecho fallecieron con anterioridad al 7 de julio de 1991, día en que entró a
regir la nueva Carta Política.[164]
70.
En la Sentencia C-482 de
1998[165]
se enjuició la constitucionalidad del artículo
55 (parcial) de la Ley 90 de 1946 para
efectos de definir si se ajustaba a la Constitución la exigencia allí contenida,
acerca de que la compañera supérstite debía conservar su estado de
soltería durante la unión marital de hecho para que pudiera reclamar
legítimamente la sustitución pensional.[166]
Para dar solución al debate propuesto, la Sala Plena, preliminarmente, hizo
referencia a la vigencia del texto acusado el cual fue derogado por el Decreto
1295 de 1994,[167]
toda vez que al referirse en su
artículo 49 a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes originada en un
riesgo profesional, remitió a lo estipulado en el artículo 47 de la Ley 100 de
1993 que no contempló la condición demandada. Pese a tal circunstancia, señaló la Corte que no podía declararse inhibida para
conocer sobre demandas relativas a normas derogadas del orden jurídico, en los
casos en los que, como sucedía en esta ocasión, seguían produciendo efectos en
el tiempo, pues “[s]i bien la
norma ya ha sido derogada, ella sigue regulando el reconocimiento de las
pensiones de sobrevivientes en favor de los compañeros permanentes, en los
casos en los que los fallecimientos han acaecido antes de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993.”
En tal virtud, adujo, le correspondía pronunciarse de fondo sobre su contenido.
71.
Estimó, en primer lugar, que,
conforme lo había reconocido previamente la jurisprudencia constitucional, el
criterio fundamental para determinar a quién le correspondía suceder en el
derecho pensional al difunto, en casos de conflicto entre la cónyuge y la
compañera permanente, era el de la convivencia efectiva al momento de la muerte
del causante, no teniendo mayor relevancia el tipo específico de vínculo
constitutivo de la familia.[168]
Sobre tal línea de entendimiento, consideró que la imposición prevista para que
el conviviente que sobreviviera pudiera gozar de la prestación generaba
situaciones lesivas del principio de igualdad; en especial del derecho a que la
familia conformada por compañeros permanentes recibiera un trato idéntico a aquella
derivada del contrato matrimonial, máxime si la necesidad y finalidad de la
sustitución pensional en ambos escenarios era la misma: lograr que el compañero
o el cónyuge supérstite preservara el nivel de vida que llevaba su hogar antes
de la muerte de su pareja. Es decir, evitarle a la persona sobreviviente las
posibles angustias económicas que generaba la pérdida de un ingreso para el
núcleo familiar.
72.
En estas condiciones, adujo
que, la diferenciación que introdujo la norma ubicó a las uniones de hecho en
una situación de clara desventaja con respecto a las familias surgidas del
matrimonio.[169]
Además, contempló tratos distintos inadmisibles al interior de las mismas
uniones maritales.[170]
Ello desconociendo que el objeto de la condición establecida fue, de acuerdo
con las concepciones de la época en que se expidió la Ley 90 de 1946, proteger
de manera especial la institución matrimonial. Sin embargo, “este fin ya no
se ajusta a una Constitución que proclama la igualdad del tratamiento a las
familias, sin importar si ellas nacen por vínculos jurídicos o naturales. De
esta manera, el fin ha devenido inconstitucional, lo que significa que la
diferenciación establecida en la norma demandada para poder acceder a la
pensión de sobrevivencia no supera el paso preliminar del examen de
proporcionalidad.”[171]
73.
En estos términos, declaró inexequible la
expresión acusada -siempre que ambos hubieren
permanecido solteros durante el concubinato-.
Como consecuencia de tal declaración y con el
objeto de restablecer los derechos conculcados de las compañeras permanentes,
cuyas parejas pensionadas fallecieron en vigencia de la Carta de 1991, incluyó expresamente una cláusula
de retroactividad al fallo, dándole efectos a partir
del 7 de julio de 1991, momento en que entró a regir la nueva Constitución.[172] A partir del alcance
anterior, la Sala Plena determinó que las personas a las que les fue negada la
prestación sustitutiva de la pensión en razón del aparte demandado, luego de la
entrada en vigencia de la actual Carta Política, tenían derecho a obtener su
reconocimiento para poder recibir las mesadas respectivas, salvo el caso de
aquellas respecto de las cuales ya hubiere operado el fenómeno de la
prescripción.[173]
74.
En la Sentencia
T-110 de 2011,[174] la Sala Novena de Revisión
analizó la situación de una mujer de 62 años que presentó acción de tutela
contra la Policía Nacional por considerar vulnerados sus derechos fundamentales
a la seguridad social y a la igualdad. La accionante relató que su compañero
permanente fue pensionado por jubilación el 26 de mayo de 1986; en 1990
falleció y en el año 1996 acudió a reclamar el reconocimiento de la sustitución
pensional tras haber convivido de forma continua y permanente con el causante
durante 25 años bajo unión marital de hecho. Explicó que antes del deceso de su
pareja este presentó una solicitud para que al momento de su muerte la pensión
sustitutiva fuera pagada a su favor. No obstante, la pretensión le fue negada bajo
el argumento de que la normatividad vigente a la fecha del fallecimiento del
asegurado no contemplaba dicho beneficio para las compañeras permanentes de los
miembros de la Institución Policial.[175] En vista de lo
ocurrido, en el año 2007, insistió en la prosperidad del requerimiento
prestacional, afirmando encontrarse aquejada por una dolencia e inmersa en una
precaria situación económica, pero nuevamente le fue denegado, con fundamento
en los planteamientos expuestos en la primera respuesta. En vista de esta negativa incoó el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el objeto de que se le concediera la
prestación sustitutiva y simultáneamente acudió a la intervención del juez constitucional.
75.
La Sala Novena de Revisión determinó que (i)
se encontraba probada la calidad de compañera permanente de la accionante al
momento del deceso de su pareja, conforme las pruebas testimoniales y
documentales aportadas al proceso de tutela y (ii) que a la fecha de la muerte del pensionado, del cual se pretendía
derivar el derecho reclamado, la norma aplicable era el Decreto 2247 de 1984 que
consagraba el derecho a la sustitución pensional en cabeza exclusiva de la
cónyuge supérstite y de los hijos.[176]
Aclarado ello, comprendió que en este caso debía darse aplicación
retrospectiva a la Constitución de 1991, en tanto la situación jurídica
pensional de la peticionaria había iniciado su formación en vigencia de la
Carta derogada de 1886, con el fallecimiento del causante, pero la disputa
sobre la definición del derecho a la prestación económica continuó en vigor de
la preceptiva constitucional vigente con las peticiones pensionales elevadas
por ella y con las respuestas dadas por la entidad demandada.[177] En tal virtud, la valoración
del requerimiento debía gobernarse por los postulados de la norma
fundamental actual, en virtud de la cual tanto las familias
constituidas por vínculos jurídicos como aquellas constituidas por vínculos
naturales, son igualmente dignas de respeto y de protección por parte del
Estado. Ello en términos prácticos implicaba que no podía realizarse una interpretación
literal de la proposición jurídica que privaba a las compañeras permanentes del
derecho sino comprenderla “en el sentido de
incluir a estas personas dentro de su ámbito de protección en los mismos
términos en que se ampara al cónyuge supérstite.”
76.
En esta línea, estimó que la entidad demandada negó
el reconocimiento prestacional omitiendo la aplicación de este mandato de
inclusión y así vulneró los derechos fundamentales a la
igualdad, seguridad social y mínimo vital de la tutelante. La conducta
desplegada se fundamentó en argumentos discriminatorios desde la óptica
constitucional y carentes de toda justificación en el ámbito legal que sometieron
a una persona de la tercera edad, afectada en su estado de salud y
perteneciente a uno de los segmentos más pobres de la población, a un tortuoso
desgaste que le impidió proveerse los recursos necesarios para su digna
subsistencia y la ubicó en un estado de total desprotección. En vista de ello, (i) concedió el amparo transitorio; (ii)
ordenó, de conformidad con la interpretación
constitucional sobre el asunto efectuada por esta Corporación, el pago del
100% de la sustitución pensional en favor de la tutelante, en tanto no se
acreditó por la demandada que existieran otros beneficiarios legítimos del
derecho. Ello junto con los acrecimientos y
actualizaciones a que hubiere lugar y (iii) dispuso que tal
reconocimiento se efectuaría a partir del 7 de julio de 1991, fecha desde la
cual debía entenderse que las normas jurídicas que consagran la prestación
sustituta únicamente a favor de la cónyuge comprenden también a las compañeras
permanentes. En relación con (iv) la cancelación del retroactivo correspondiente a las mesadas pensionales
dejadas de percibir por la peticionaria consideró que le correspondía al juez
administrativo, ante quien se estaba tramitando la causa, resolver en forma
definitiva dicho asunto, dentro del marco de su competencia.[178]
77.
En la
Sentencia SU-574 de 2019,[179] la Sala Plena se ocupó de
abordar el caso de una ciudadana que presentó acción de tutela contra la Sala de Descongestión Laboral No. 4 de la
Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla
y el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de la misma ciudad, al estimar
vulnerados sus derechos al debido proceso, seguridad social, igualdad y mínimo
vital como consecuencia de las decisiones adoptadas por esas autoridades
judiciales que desestimaron su
pretensión de obtener la sustitución pensional en calidad de compañera
permanente. La accionante adujo que aunque su pareja estaba casada, convivió
con él durante más de 17 años y formó una familia fruto de la cual nacieron 4
hijos. Tal unión permaneció vigente hasta el momento de su muerte, lo cual
ocurrió en 1984, es decir, un año después de haber sido pensionado por el
riesgo de vejez. Explicó que al momento del deceso del asegurado ni la cónyuge
ni ella reclamaron la prestación económica.[180] En su caso particular, porque no
existía en ese momento una ley que la protegiera como compañera permanente, ante
la existencia de una unión conyugal preexistente, por lo que solo presentó el
requerimiento prestacional en calidad de representante legal de sus hijos,
obteniendo respuesta favorable.
78.
En el año 2007, “ante la
vigencia de una nueva Constitución Política y la interpretación que de la misma
hace la Corte Constitucional” reclamó el derecho ante el ISS, entidad que
se lo negó con fundamento en lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 90 de 1946,
régimen bajo el cual no se otorgaba protección a las compañeras permanentes
cuando existía un vínculo matrimonial vigente con otra persona. En tal virtud, acudió
a un proceso ordinario laboral, dentro de cuyo trámite se vinculó a la esposa
del causante. En primera instancia, se reconoció la sustitución pensional en
favor de la cónyuge del asegurado en un porcentaje del 100%. Esta decisión se
tomó teniendo en cuenta que la norma aplicable era el artículo 55 de la Ley 90
de 1946 y que, pese a haberse probado la convivencia del causante con la actora
bajo una unión marital de hecho, también se había corroborado que mantuvo el
vínculo matrimonial con su esposa hasta la fecha de su muerte. Por todo ello,
concluyó que al no encontrase vigente para el instante del deceso la figura de
la división de la sustitución pensional entre compañera permanente y cónyuge,
de acuerdo a la cantidad de tiempo de convivencia, la única beneficiaria podía
ser la cónyuge.
79.
En segunda instancia, la
autoridad judicial confirmó la decisión del a quo, pues compartió el argumento en torno a que la
norma aplicable al caso era el artículo 55 de la Ley 90 de 1946, en su tenor
literal, y estimó que pese a encontrar probada la convivencia entre la
peticionaria y el asegurado, así como la existencia de tres hijos producto de
dicha unión, era un hecho cierto que este último se encontraba casado al
momento de su muerte, por lo que era su esposa la única acreedora de la
prestación, máxime si “no existía bajo dicha normatividad [Ley 90 de 1946]
la posibilidad de que a la compañera permanente y la cónyuge les [coexistiera]
derecho alguno frente a la pensión de sobrevivientes, como lo [pretendía]
la parte demandante en aplicación de la ley 100 de 1993.” Agregó que en la Sentencia C-482 de 1998 se declaró
inexequible la expresión “siempre que ambos
hubieren permanecido solteros durante el concubinato”, contenida en el
artículo 55 de la Ley 90 de 1946. Sin embargo, precisó que los fallos de la
Corte Constitucional sólo tenían efectos hacia el futuro, por lo que tal
declaratoria no se podía tener en cuenta para resolver el caso en estudio, como
quiera que la muerte del causante se produjo en 1984.
80.
La Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Descongestión No. 4, también dio
aplicación a la Ley 90 de 1946, en su texto original, para fundamentar que el
derecho a la sustitución pensional de la compañera permanente tenía un carácter
supletorio frente a la cónyuge supérstite, quien en este caso había demostrado
ser la acreedora excluyente de la prestación por conservar el vínculo conyugal
con el asegurado al momento de su fallecimiento y aclaró que “los preceptos de carácter prestacional [carecían], por regla general, de efecto
retroactivo, así [estuvieran] amparados en principios constitucionales
como la igualdad de las familias.” En criterio de la actora esta última determinación incurrió
en (i) defecto sustantivo pues la disposición aplicada para
enjuiciar su requerimiento, en su tenor original, contrariaba la Constitución
de 1991 y (ii) desconocimiento del precedente constitucional según
el cual si una norma expedida en vigencia de la Constitución de 1886 extendía
sus efectos legales a situaciones concretas en el marco de la Carta actual,
debía ser analizada a la luz de sus preceptos. Concretamente, dado que la
sustitución pensional gozaba de un carácter vitalicio, irrenunciable e
imprescriptible resultaba aplicable para resolver su requerimiento el régimen
legal actual, esto es, los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, esta última
norma modificada por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.
81.
En esta ocasión, la Sala
Plena determinó que las accionadas incurrieron en un defecto sustantivo y en un
desconocimiento del precedente constitucional al adoptar sus determinaciones
ordinarias. Frente al primer yerro, por cuanto aplicaron el
artículo 55 de la Ley 90 de 1946, norma vigente al momento del fallecimiento del
causante,[181] conforme a su texto original, desconociendo el
sentido y alcance dado por esta Corporación a dicha disposición, en calidad de
intérprete auténtico de la Carta Fundamental. Especialmente,
a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución les reconoce a
los operadores judiciales en el ejercicio de su misión, en esta oportunidad,
las autoridades públicas concernidas apoyaron su decisión en una interpretación
normativa contraria a la ratio decidendi contenida en la Sentencia C-482
de 1998; fallo que irradiaba sus efectos erga
omnes a todo el orden
jurídico y sus instituciones.[182]
82.
En ese proceso errado de apreciación del asunto
omitieron estimar que, incluso de no existir una sentencia de
constitucionalidad que fijara el alcance normativo de la disposición pensional
aplicable en este caso, tenían el deber de emplear, por encima de cualquier
precepto legal, los mandatos consagrados en la Carta de 1991, dado que la
materialización del derecho fue solicitada por la actora en 2007. Adicionalmente,
recordó que, de acuerdo con esta Corte, cuando una normativa priva a
las compañeras permanentes del derecho a la sustitución pensional, “el
operador jurídico debe interpretarla en el sentido de incluir a estas personas
dentro de su ámbito de protección en los mismos términos con que se ampara al
cónyuge supérstite o según los postulados de la Carta de 1991, de estar
probado, siquiera de forma sumaria, que las personas que concurren para recibir
la prestación tienen el derecho a que esta les sea sustituida en los términos y
condiciones de las normas aplicables; o inaplicar por inconstitucionalidad
las normas discriminatorias y, en su lugar, reconocer el derecho con fundamento
en disposiciones pensionales posteriores del mismo régimen que sí incluyan el
beneficio prestacional para los compañeros permanentes.”
83.
En relación con el segundo
yerro, advirtió que se desconoció el precedente contenido en la Sentencia T-110
de 2011, el cual estableció reglas jurisprudenciales para resolver el presente
asunto dado que en ambos casos el debate jurídico se relacionaba con la
aplicación de normas excluyentes anteriores a la Constitución de 1991 que
debían juzgarse de conformidad con los postulados de ésta. Es decir, situaciones
pensionales de las compañeras permanentes cuyas parejas fallecieron en vigencia
de la Carta Fundamental derogada pero las consecuencias jurídicas del derecho
causado siguieron su curso en vigor de la norma constitucional actual y, por
tanto, debían enjuiciarse de cara al principio de igualdad y conforme a la
prohibición constitucional de no discriminación por razón del origen familiar.[183] Sobre estas premisas, concluyó que el actuar de las
accionadas (i) privó a la tutelante de la prestación, aun cuando tenía derecho
a ella pues se probó, a partir de
las pruebas documentales y testimoniales aportadas al trámite judicial, su
calidad de compañera permanente supérstite del causante, la dependencia
económica y la convivencia entre ambos, y puntualizó que aun
cuando otras declaraciones allegadas daban cuenta de que la relación de la
cónyuge con el asegurado se mantuvo vigente hasta el final de sus días “dentro del proceso ordinario laboral no hubo el
suficiente despliegue probatorio en función de establecer el tiempo de
convivencia del [pensionado],
tanto con su esposa, como con la actora [ya] que al considerar que la
legislación aplicable dejaba por fuera a la compañera permanente, al no haberse
disuelto el vínculo matrimonial, no era necesario profundizar en otros
aspectos, como el señalado” y (ii) la sometió a un tortuoso desgaste
que afectó su subsistencia digna, agravada por su avanzada edad -71 años- y su delicada
condición de salud.
84.
En tal virtud, la Sala Plena
concedió la protección de los derechos fundamentales al debido proceso,
seguridad social, mínimo vital, igualdad y vida digna de la actora; dejó sin
efectos las decisiones ordinarias laborales objeto de cuestionamiento y ordenó
a la autoridad laboral de primer grado dictar una nueva providencia, que atendiera
los parámetros constitucionales de interpretación normativa en la materia y determinara
el tipo de convivencia
originada entre el asegurado, su cónyuge y la accionante, a fin de “establecer
en qué proporción y a partir de qué momento se materializa el derecho a la
sustitución pensional.” Ello teniendo en cuenta que la accionante era
beneficiaria de “la sustitución de la pensión del señor Mesías Ruíz Orozco,
como quiera que convivieron efectivamente y de dicha unión nacieron cuatro
hijos y la norma, tantas veces referida, establece que este hecho, por sí
mismo, le otorga ese derecho.” Se advirtió que para lograr tal cometido, la autoridad debía emplear
los deberes y poderes que el Código General del Proceso le concede en materia
de pruebas de oficio para así verificar los hechos alegados por las partes.[184]
85.
Síntesis
de la regla de decisión: la sustitución pensional tiene por finalidad garantizarle a la familia del pensionado
fallecido los recursos necesarios para que pueda mantener un nivel de vida
similar al que llevaba cuando éste aún vivía. El régimen jurídico prevé que, en
aplicación de un determinado orden de prelación, las personas más cercanas, que
dependían con mayor intensidad del causante y compartían con él su vida,
reciban esta prestación. Tratándose de las compañeras permanentes como
beneficiarias, al amparo de la Constitución derogada se les otorgó una
protección precaria o nula, en la medida en que, por regla general, fueron
excluidas del acceso al beneficio. No obstante, tal situación fue superada con
la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 que se inspiró en la especial
protección a la institución familiar y destacó la igualdad imperante entre
cónyuges y compañeras permanentes. Ante el advenimiento de dicho tránsito de orden constitucional, esta Corporación
acogió el criterio de la retrospectividad para enjuiciar la situación jurídica de las compañeras permanentes que generaron su garantía prestacional en vigor de
la norma fundamental del 86, con la muerte del causante, pero cuyos efectos
siguieron produciéndose al amparo del orden vigente. Así, cuando tal
circunstancia ocurre, los requerimientos prestacionales incoados deben ser juzgados
de conformidad con los postulados de la Carta Política actual para proteger a quienes venían siendo abiertamente discriminados
por el orden jurídico anterior.
86.
En términos prácticos, esto implica que el
operador judicial (i) con el objeto de corregir los efectos nocivos que
algunas disposiciones excluyentes produjeron sobre un segmento poblacional, debe
integrar el ordenamiento superior (artículos 5, 13 y 42) de suerte que las normas
discriminatorias no sean empleadas en su tenor literal para resolver un caso y,
en su lugar, se interpreten en el sentido de incorporar a las compañeras
permanentes dentro de su ámbito de aplicación, en los mismos términos de
protección en favor de la cónyuge supérstite. En otras palabras, bajo el
razonamiento de que las normas que consagran la prestación a favor de la cónyuge
comprenden también a la compañera permanente y (ii) en caso de conflicto
debe resolverlo de acuerdo con la prohibición constitucional de no
discriminación por razón del origen familiar y la equidad de trato y protección
que el ordenamiento superior confiere a las parejas constituidas ya sea por
vínculos naturales o jurídicos. Esto es, comprendiendo
que la definición de quién o quiénes tienen
legítimamente la titularidad de la sustitución pensional se fundamenta únicamente
en el factor material de convivencia efectiva al momento de la muerte del pensionado, sin que tenga ninguna relevancia para el efecto
el vínculo formal constitutivo de la familia.[185]
7. El requerimiento prestacional invocado
por la actora debe ser valorado respetando el alcance y el sentido
constitucional de la normativa jurídica involucrada
87.
Se encuentra probado dentro del trámite de
tutela que el causante Sebastián Torres Montaño fue pensionado por invalidez
por la extinta empresa Puertos de Colombia, Terminal Marítimo de Buenaventura
-FONCOLPUERTOS y que falleció
el 14 de febrero de 1986 como consecuencia de un cáncer de colón. A raíz de su
muerte, se reconoció en favor de su cónyuge, Carmen Elvira Valencia, el 50% de
la sustitución pensional y el 50% restante inicialmente fue concedido en
beneficio de los descendientes del causante, quienes tras cumplir la mayoría de
edad y no acreditar su condición de estudiantes fueron perdiendo
progresivamente el derecho. A partir del entendimiento de que las mesadas
pensionales que recibieron en su momento los hijos de la señora María Alicia
Murillo estaban destinadas exclusivamente para la satisfacción de las
necesidades básicas del hogar, cuando las dejaron de percibir, la actora activó
un proceso ordinario laboral, a fin de obtener el reconocimiento de la parte de
la prestación que le correspondía, en calidad de compañera permanente del
asegurado. Aclaró que aunque tal reclamación no la efectuó al momento del
fallecimiento de su pareja “por ignorar que podía
adelantar trámites administrativos y judiciales para lograr el reconocimiento
de la pensión en [condición de tal]”,[186] era un hecho probado que tuvo tres hijos con el señor Sebastián
Torres, convivió con él en
unión marital durante siete años, en forma continua e
ininterrumpida y hasta el momento de su deceso, y este le brindó todo lo necesario para vivir dignamente, siendo entonces acreedora legítima de la prestación.
88.
En primera instancia, el Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Buenaventura, mediante decisión del 31 de mayo de 2012,
negó el derecho reclamado dado que encontró que, conforme a los artículos 1 y 2 de la Ley 12 de 1975 así como el artículo 1 de
la Ley 113 de 1985, Carmen Elvira Valencia tenía un
vínculo matrimonial vigente con el causante al momento de su deceso, lo que la
convertía en la titular prevalente de la prestación. En esa medida, se abstuvo de desplegar un debate valorativo en función de establecer el tiempo y el tipo de convivencia
del señor Torres Montaño con la actora al momento de su muerte, ya que al
considerar que la legislación normativa aplicable la dejaba por fuera, no era
necesario adentrarse en la definición de otros aspectos, como el señalado.
89.
En segunda instancia, la Sala de Descongestión
Laboral del Tribunal Superior del Distrito de Cali, a través de fallo del 31 de
octubre de 2012, aunque confirmó la determinación precedente adoptó una interpretación diversa del asunto. En su concepto, la
norma que debía revisarse para resolver el conflicto era
el Decreto 3041 de 1966 -artículos 20 y 21- teniendo en cuenta que la muerte
del causante se presentó en el año 1986, es decir, con anterioridad a la
vigencia de la Constitución de 1991. De acuerdo con estas disposiciones, el
derecho a la sustitución pensional por la muerte de un pensionado solo se
establecía para la cónyuge sobreviviente y los hijos huérfanos. Sin embargo,
una interpretación constitucional de tales normas, conforme a una aplicación
retrospectiva de la Carta Fundamental actual, permitía comprender que las previsiones que consagraban la prestación económica a favor
de la cónyuge comprendían también a la compañera permanente.
90.
Sobre tal entendimiento, aclaró que a pesar del
mandato de igualdad de trato entre las distintas formas de familia, imperante en
materia prestacional, no podía pasarse por alto que para la fecha de la muerte del señor Torres Montaño no se
encontraba vigente la figura de la división proporcional de la sustitución
pensional entre la compañera permanente y la cónyuge, de acuerdo a la cantidad
de tiempo de convivencia, por lo que debía establecerse en forma exclusiva cuál
de las dos podía gozar materialmente de la prestación, hallando que aun cuando la señora
María Alicia Murillo mantuvo una relación sentimental con el pensionado durante
varios años fue su esposa quien permaneció con él hasta el momento de su
muerte. En estos términos, era ella la única beneficiaria del derecho, siendo
irrelevante acercarse a una disputa probatoria encaminada a determinar, como lo
pretendía la actora, si le asistía el acceso a una porción de la prestación.
91.
El 27 de noviembre de 2018, la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Descongestión
No. 4, no casó la sentencia anterior. En su criterio, a
pesar del tránsito constitucional favorable que se produjo en materia de
sustitución pensional las disposiciones jurídicas
aplicables a quien reclamó la prestación eran las vigentes al momento del
fallecimiento del asegurado, no las expedidas en momento posterior a tal
acontecimiento, dado que los preceptos de carácter
prestacional no gozaban de alcance retroactivo así estuvieren fundados en
principios constitucionales como la igualdad de las familias. En otras palabras,
el advenimiento de una nueva Constitución que ofrecía idéntica protección a
todas las formas de uniones no conducía a la desaparición del régimen normativo expedido durante la
vigencia de la Constitución derogada que gobernaba la situación jurídica pensional
de la accionante.
92.
En este caso, estimó
que, la norma aplicable al asunto era el artículo 55 de la Ley 90 de 1946, régimen
bajo el cual no era viable jurídicamente brindarle protección a las compañeras permanentes cuando existía un
vínculo matrimonial vigente con otra persona. Es decir, su derecho a la sustitución pensional tenía un carácter supletorio y
condicional frente a la cónyuge pues, además, debían
conservar el estado de soltería durante la unión marital para que pudieran
reclamar legítimamente el beneficio. Tales parámetros
normativos, precisó, no fueron modificados por el
Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de la misma anualidad, que
consagró en sus artículos 20 y 21 el otorgamiento de la prestación solicitada solo
a favor de la cónyuge supérstite y los hijos. En estos términos, valoró que el causante mantenía un vínculo conyugal vigente con Carmen
Elvira Valencia al momento de su deceso, luego era ella quien tenía el derecho
prevalente y excluyente a ser la beneficiaria, no habiendo cabida para evaluar
probatoriamente si la accionante reunía los requisitos legales para gozar de un
porcentaje de la sustitución pensional. Aclaró que (i) la Sentencia
C-482 de 1998[187] solo tuvo efectos retroactivos a partir del momento en que entró a
regir la Constitución vigente por lo que tal declaratoria no se podía tener en cuenta para resolver el caso en
estudio, como quiera que la muerte del señor Torres Montaño se produjo el 14 de
febrero de 1986 y (ii) a pesar de que erró el Tribunal en sus
consideraciones al establecer que operaba la aplicación retrospectiva de la
Carta de 1991, no había lugar a casar la sentencia ordinaria de segundo grado,
puesto que en instancia se llegaría al mismo resultado, esto es, que la
accionante no tenía derecho a la prestación reclamada.
93.
El raciocinio jurídico
empleado por esta autoridad judicial fue objeto de cuestionamiento por parte de
la señora María Alicia Murillo quien acudió al amparo para manifestar su desacuerdo
con el sentido de la determinación. Desde su concepción, la Corporación
accionada resolvió su requerimiento prestacional a partir de una interpretación
normativa contraria y por fuera del marco constitucional de la Carta de 1991.
De acuerdo con sus postulados, en materia de sustitución pensional rige el
principio de igualdad entre cónyuges y compañeras permanentes, conforme la cláusula general de no discriminación por razón del
origen familiar. Una apreciación jurisprudencial vigente de esta Corte exige
que estos mandatos se apliquen retrospectivamente para definir aquellas
situaciones jurídicas pensionales que estaban en curso al momento de la entrada
en vigor de la norma fundamental actual. Es decir, prevé que los casos en los
que la garantía prestacional inició su formación en vigencia de la Carta de
1886, con el fallecimiento de los sujetos asegurados de los cuales se derivó el
derecho, pero las consecuencias jurídicas continuaron generándose o se
extendieron en vigencia de la Constitución del 91 deben ser enjuiciados de
conformidad con esta.[188]
94.
Por lo
anterior, adujo que, dado que el orden fundamental vigente impactaba la
definición de su requerimiento pensional, la disposición sustantiva prevista
para definir su caso debía ser aplicada bajo un sentido y alcance constitucional
que reconoce la necesidad de brindar un tratamiento normativo idéntico en
beneficio de las cónyuges y las compañeras permanentes, más aun cuando en su
caso había existido convivencia simultánea del causante respecto de ella y de
su esposa y, por ende, ambos tipos de uniones merecían una protección digna. En
otras palabras, el artículo 55 de la Ley 90 de 1946, anterior a la Constitución
de 1991 y ya derogado en su texto original, proyectaba o extendía sus efectos
legales discriminatorios aún en la actualidad por lo que su interpretación
debía ser conforme a los preceptos constitucionales vigentes. En tal virtud,
invocó el reconocimiento de la porción de la mesada pensional que le
correspondía en su condición de compañera del asegurado, destacando que la señora Carmen Elvira Valencia falleció el 22 de octubre de 2014,
“quedando la pensión acéfalo (sic) desde la fecha de su muerte.”[189]
95.
A partir de la línea de defensa esbozada por la
demandante, le corresponde a la Sala Plena realizar el juicio de
constitucionalidad concreto de la decisión judicial impugnada por vía de
tutela. En particular, debe establecer si la determinación adoptada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en
su Sala de Descongestión No. 4, se ajusta al
ordenamiento constitucional o si, por el contrario, constituye una lesión de los
derechos fundamentales de la señora María Alicia Murillo. Desde ya se advierte
que la autoridad accionada incurrió con su actuación en una violación del derecho
al debido proceso de la peticionaria, dando paso a la configuración de (i)
un defecto sustantivo y (ii) al desconocimiento del precedente
constitucional trazado por esta Corte, en su calidad de intérprete auténtica de la Constitución.
7.1. Análisis
de la causal denominada defecto sustantivo
96.
El operador judicial accionado al momento de
valorar la situación pensional de la actora hizo referencia al artículo 55 de
la Ley 90 de 1946 que no fue modificado por los artículos 20 y 21 del Decreto 3041 de 1966. De acuerdo con
ello, puede indicarse que respecto del contenido material aplicado en este caso
para juzgar el requerimiento prestacional incoado, como se explicó, existe un
pronunciamiento de esta Corporación plasmado en la
Sentencia C-482 de 1998.[190]
Allí, se enjuició la constitucionalidad parcial de la primera disposición, que
estableció el derecho a la sustitución pensional de la compañera permanente en un orden de precedencia
excluyente, de manera que solo a falta de cónyuge aquella pasaba a ocupar su
lugar para efectos de acceder al derecho siempre que, además, tanto ella como
su pareja “hubieren
permanecido solteros durante el concubinato.”
Aunque en tal ocasión se encontró que el texto sustantivo resaltado había sido derogado por el Decreto
1295 de 1994, éste continuaba produciendo efectos jurídicos discriminatorios en
el tiempo, particularmente, “regulando el reconocimiento de las pensiones de
sobrevivientes en favor de los compañeros permanentes, en los casos en los que
los fallecimientos [de los
causantes habían] acaecido antes
de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.” En tal virtud, se consideró, debía emitirse un
pronunciamiento de fondo en la materia, concluyéndose que  desde la entrada en vigor de la Constitución
de 1991 era evidente la
inconstitucionalidad del precepto acusado pues a la luz de sus postulados las cónyuges supérstites y compañeras permanentes se encuentran en pie
de igualdad. Esto implicaba comprender que respecto del derecho a la
sustitución pensional no resulta constitucionalmente admisible privilegiar un
tipo de vínculo formal específico al momento de definir la titularidad del
beneficio pues en estos escenarios el núcleo familiar, con independencia de su
causa de formación, se convierte en el interés jurídico a proteger.
97.
Es decir, la finalidad de la prestación
económica estaba vinculada “en la mayoría de los
casos a la satisfacción de las necesidades mínimas de las familias que han
perdido los ingresos que aportaba el miembro fallecido. Es decir, [responde] a las necesidades de seguridad social de
personas que se encuentran en un estado de debilidad manifiesta, a las cuales
debe atender de manera especial el Estado.” En estos términos,
se dispuso en la providencia que “[las compañeras permanentes] que, con
posterioridad al siete de julio de 1991 no hubieren podido sustituirse en la
pensión del fallecido, por causa de la aplicación del texto legal que ha sido
declarado [inexequible], podrán, a fin de que se vean restablecidos sus
derechos constitucionales conculcados, reclamar de las autoridades competentes
el reconocimiento de su derecho a la sustitución pensional.”
98.
Entendiendo lo anterior,
para la Sala Plena, evidentemente, al
momento en que se profirió la
sentencia de casación que se ataca, el 27 de noviembre de 2018, ya regía en el
orden jurídico una interpretación constitucional del postulado normativo que
gobernaba la resolución del requerimiento prestacional invocado por la accionante.
En concreto, se encontraba vigente la ratio decidendi de una sentencia
proferida en sede de control abstracto por esta Corte 20 años atrás, que
irradiaba sus efectos a todo el ordenamiento interno así como a las autoridades
públicas, pues fijó parámetros vinculantes de decisión con efectos erga
omnes relacionados con el proceso de aplicación de la norma utilizada
para resolver el caso sometido al conocimiento del operador judicial demandado.
99.
A pesar de ello y
reconociendo que los jueces en el cumplimiento de su misión jurisdiccional gozan de autonomía e independencia, la Sala de Descongestión No. 4 de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia contravino el sentido y el alcance que fue fijado por esta Corporación
respecto del artículo 55 de la Ley 90 de 1946. Ello por cuanto aplicó la
referida disposición sustantiva, vigente al momento del fallecimiento del
causante, conforme a su texto original y, en esa dirección, extendió los
efectos inconstitucionales emanados de su contenido inicial para comprender en
forma desacertada que el derecho a la sustitución pensional en favor de la
compañera permanente reclamante tenía un carácter accesorio
y condicional frente a la cónyuge quien ostentaba una
posición legal privilegiada. Lo
anterior desconociendo que tal aproximación normativa fue eliminada del régimen
jurídico interno en atención a su alcance discriminatorio y restrictivo y que, por
tanto, no podía emplearse como lineamiento para juzgar la situación pensional
de la peticionaria.
100.
En vista de lo anterior, la
autoridad judicial accionada desatendió la hermenéutica
constitucional del precepto en discusión, acogió una interpretación sustantiva
del mismo contraria a la establecida por este Tribunal; por ende, inaceptable y
perjudicial para los intereses legítimos de la accionante en atención a su
abierta contradicción con los
mandatos superiores de la Carta de 1991.[191] En otras palabras, no
apoyó su decisión en el alcance normativo adecuado, esto es, de cara a un entendimiento constitucional de la
norma en litigio. Tal comprensión del asunto no podía desconocerse, como lo
planteó el extremo pasivo de la tutela en su determinación, bajo el argumento de
que la Sentencia C-482 de 1998[192] gozaba de efectos retroactivos que no se hacían
extensivos para gobernar situaciones pensionales cuya consolidación fue previa a
la Carta Política vigente. Esta aproximación olvida que dicha providencia fijó el
sentido correcto que debía conservar una norma, a
partir de la Constitución de 1991 y en adelante.
Esto implica que el efecto de cosa juzgada que en tal escenario se dispuso
debía pesar sobre este precepto o la declaratoria de vinculatoriedad que se le
asignó al contenido de tal decisión orientaban hacia el futuro la actividad
jurisdiccional. Por ello, lo que debió considerar la accionada es que para el
momento en que se enfrentó al caso de la tutelante, en el año 2018, ya existía una
posición jurídica obligatoria que regía la resolución de la situación objeto de
debate por expreso mandato constitucional y de la cual, por tanto, no podía apartarse
injustificada y caprichosamente.
101.
A lo dicho debe agregarse
que, como se advirtió en la Sentencia SU-574 de 2019,[193] en ausencia de una interpretación concreta de la norma en cuestión, la
Sala de Descongestión No. 4 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia debió aplicar, por encima de cualquier precepto legal y para
definir adecuadamente el asunto sometido a su estudio, los mandatos superiores de
igualdad, solidaridad y dignidad humana, consagrados en la Constitución
Política de 1991, como quiera que la materialización del derecho a la
sustitución pensional fue solicitada por la actora en el año 2008, es decir, cuando
se encontraban rigiendo sus postulados. Precisamente “los eventos en los cuales una providencia
judicial sería inconstitucional por defecto sustantivo dan cuenta de cómo la
intervención del juez de tutela en estos casos responde, también, al ámbito
constitucional en el que se desenvuelve la independencia de los jueces. Según
el artículo 230 de la Carta, estas autoridades, en sus providencias, “están
sometidas al imperio de la ley”, de forma que sus decisiones serán tomadas con
estricta observancia de las disposiciones legales que resulten
indispensablemente aplicables, así como de los mandatos y derechos
constitucionales (Arts. 4 y 93 CP).”[194] La actividad judicial
debe desarrollarse necesariamente dentro del parámetro de la efectividad y
primacía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Es
decir, debe ceñirse al carácter normativo y supremo de la Constitución (artículos
2, 4 y 5 de la CP).[195]
102.
En estos términos, se
concluye que la autoridad judicial accionada estaba obligada a realizar un
examen de constitucionalidad de la disposición concernida, artículo 55 de la Ley 90 de 1946, para determinar el
derecho de la peticionaria a la sustitución pensional. Esto es, a la luz de los
postulados de la Constitución Política de 1991, específicamente, del artículo
42 el cual prescribe que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y
puede constituirse por vínculos naturales o jurídicos; sus relaciones se basan
en la igualdad de derechos, así como en el respeto recíproco entre todos sus
integrantes y el Estado y la sociedad están obligados a garantizar su
protección integral. No obstante, está demostrado que se apartó de este margen
normativo apropiado que gobernaba la valoración de la situación prestacional de
la actora, incurriendo de esta manera en la configuración de un defecto
sustantivo. Según esta Corte “el control
por vía de tutela de las providencias judiciales, que presuntamente se han
basado en una hermenéutica indebida, es restrictivo y excepcional. Como lo ha
señalado esta Corte, el amparo “no es un mecanismo para controvertir las
interpretaciones que los jueces hagan del ordenamiento jurídico,
sustituyéndolas por otras que el juez de tutela considere mejores o más adecuadas”,
sólo es procedente cuando la autoridad demandada le ha dado un sentido a las
disposiciones que desatiende valores constitucionales o que es abiertamente
irracional, lo que hace que la decisión sea contraria al orden jurídico.”[196]
103.
En atención a lo anterior,
en esta ocasión, podría, incluso, advertirse que la decisión de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Descongestión
No. 4., de excluir a quien aduce ostentar la condición
de compañera permanente de la sustitución pensional por aplicar la prevalencia
de la cónyuge en el derecho a acceder al beneficio, prevista en el artículo 55
de la Ley 90 de 1946, configuró una violación directa de la Constitución
Política. La Carta de 1991 establece expresamente que no son admisibles las
distinciones fundadas en el origen del vínculo familiar y, por tanto, prevé que
las determinaciones que en su vigencia mantengan estas diferenciaciones reproducen
un tratamiento discriminatorio infundado e
inadmisible, merecedor de reproche. Así las cosas, si un juez de la República se
enfrenta, como en esta oportunidad, a una providencia que ubica irrazonablemente
a las uniones de hecho en una situación de clara desventaja con respecto a las
familias surgidas del matrimonio debe declarar su inconstitucionalidad por
contrariar el propósito del actual Constituyente que proclama por un Estado
social de derecho igualitario.
7.2. Análisis de
la causal denominada desconocimiento del precedente constitucional
104.
Como se explicó en el
apartado 6 supra de esta providencia, una
entidad o autoridad judicial vulnera las garantías constitucionales a la
igualdad, seguridad social y mínimo vital de una persona cuando niega el
reconocimiento de la sustitución pensional que reclama en calidad de compañera
permanente, amparado en una norma jurídica que, conforme a una interpretación
literal, la priva del acceso al beneficio y privilegia el vínculo matrimonial.
En estos casos, conforme la jurisprudencia de esta Corporación sobre la
aplicación de la Constitución en el tiempo, deben aplicarse retrospectivamente
los postulados superiores de la Carta vigente para interpretar la disposición
restrictiva en el entendido de que las compañeras permanentes se encuentran en
la misma posición normativa que las cónyuges supérstites.[197] Es decir, corresponde, en estos escenarios, a la luz de la norma
suprema, ampliar el ámbito de aplicación del precepto
discriminatorio, comprendiendo que el derecho al reconocimiento de la
prestación sustitutiva no se establece exclusivamente para la cónyuge
supérstite, sino, además, para la compañera permanente, cuando quiera que el
pensionado fallezca. De esta forma se logra el
propósito del Constituyente del 91 de proteger a ese particular segmento
poblacional que venía siendo abiertamente marginado por el orden superior
anterior al amparo del cual causaron el derecho prestacional en debate, evitando
así que continúen viendo coartado su derecho a gozar de
la prestación, particularmente, impidiendo que los efectos normativos excluyentes
de la disposición empleada para la resolución de su requerimiento sigan extendiéndose
injustificadamente en la actualidad.
105.
En esta oportunidad, está probado que la garantía prestacional
en discusión  inició su formación en vigencia de la
Carta de 1886, con el deceso
del pensionado, del cual se pretende derivar el derecho, pero continuó su
configuración en el orden fundamental actual con la petición pensional elevada por
la actora y la negativa dada por la demandada. De
acuerdo con las reglas jurisprudenciales anteriores, esto implicaba que la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Descongestión No.
4, tenía que aplicar retrospectivamente las disposiciones de la Constitución
Política de 1991 para definir la situación jurídica pensional de la ciudadana. En concreto, a la luz de la Constitución en vigor, debía necesariamente interpretar
la norma jurídica que gobernaba la resolución del caso, artículo 55 de la Ley
90 de 1946, de manera extensiva, en
el sentido de incluir a la compañera reclamante de la prestación dentro de su
ámbito de protección, en los mismos términos en que se ampara a la cónyuge
supérstite.
106.
Sin
embargo, en contravía de la posición uniforme de esta Corte en la materia,
realizó una lectura literal de la
proposición jurídica en litigio, conforme las concepciones legales imperantes
en la época de su promulgación, y, en esta dirección, excluyó a la compañera
permanente del derecho a la sustitución pensional, comprendiendo erradamente
que dicha garantía debía establecerse en cabeza exclusiva de la cónyuge
sobreviviente por cuanto su titularidad sobre la prestación era prevalente. Es
decir, negó la solicitud de la señora María Alicia
Murillo, amparado en argumentos irrazonables desde la óptica constitucional
pues desconoció que las familias constituidas tanto por vínculos naturales como
jurídicos se encuentran en pie de igualdad.
107.
De conformidad con la fuerza normativa de la Carta Política y la jurisprudencia de
esta Corporación, el operador judicial accionado debió tener en cuenta
que comportamientos como los desplegados, en esta ocasión, “resultan abiertamente [contrarios]
al ordenamiento superior en
la medida que discriminan a los compañeros permanentes al privarlos de una
prestación que está dirigida a amparar al núcleo familiar, sin advertir que
tanto las familias surgidas de nexos naturales como las que son producto de
relaciones matrimoniales, enfrentan iguales desafíos a la muerte de uno de sus
miembros, y demandan por ende, requerimientos análogos de protección por parte
del Estado Constitucional.”[198]
108.
Esta posición fue recientemente reiterada en la
Sentencia SU-574 de 2019[199] en la que al estudiarse una situación fáctica similar a la que es
objeto de análisis se recordó, para la resolución del asunto, que una
determinación que excluye a las compañeras permanentes del beneficio a la sustitución
pensional con fundamento en un criterio discriminatorio vulnera sus derechos
fundamentales en cuanto, en claro quebrantamiento de los principios de
universalidad, reciprocidad y solidaridad que rigen al Sistema de Seguridad Social,
sumen en un estado de total desamparo a estas personas, contrariando el mandato
de especial protección que las autoridades de la República deben a grupos que han
sido históricamente segregados y marginados. De ahí que cuando se imparte una
decisión en tal sentido se incurre en un desconocimiento del precedente
constitucional que “adquiere un
carácter ordenador y unificador [pues] busca realizar los principios
de primacía de la
Constitución, igualdad, confianza legítima y debido proceso. Adicionalmente, se
considera indispensable como técnica judicial para mantener la coherencia del
sistema.”[200]
7.3. Las medidas
de protección que deben adoptarse a la luz de la violación constatada
109.
En este
sentido, y en atención a todo lo expuesto, ante la configuración de un defecto sustantivo y un
desconocimiento del precedente constitucional en la decisión judicial atacada
por vía de tutela concierne determinar, a continuación, el remedio
constitucional adecuado que permita restablecer los derechos fundamentales de
la señora María Alicia Murillo, conculcados con esta actuación.
110.
En esta oportunidad, la
peticionaria; persona afectada en su estado de salud, y
carente de recursos necesarios para su digna subsistencia, alega que ostenta la calidad de compañera
permanente del asegurado y precisa que mantuvo un vínculo sentimental con él
fruto del cual nacieron tres hijos. En esta medida, considera se encuentra
legitimada para ser beneficiaria de la sustitución pensional que reclama. Sin
embargo entiende que su condición de tal y, por ende, su titularidad sobre el
derecho no fueron valoradas debidamente al interior del proceso ordinario
laboral que presentó con dicho propósito. En su
concepto, en tal escenario judicial las distintas autoridades involucradas le
negaron la posibilidad de gozar de un derecho prestacional similar al reconocido
en favor de la cónyuge supérstite del asegurado y, especialmente, se
abstuvieron de aproximarse al debate de fondo que concurre en este caso, de
acuerdo con el cual el pensionado, en vida, conformó al tiempo dos familias que
dependían económica y afectivamente de él por lo que la prestación debe
asignarse proporcionalmente a las parejas con las que compartió, máxime si a la
luz de la jurisprudencia constitucional las compañeras permanentes y las
cónyuges gozan de iguales garantías en materia pensional.
111.
Está demostrado que los jueces que conocieron de la demanda
ordinaria laboral presentada por la peticionaria, al momento de evaluar las pruebas del proceso se
abstuvieron de hacerlo de cara a la posibilidad de que la sustitución pensional
pudiera ser asignada de manera equitativa a la compañera permanente y a la
cónyuge de acuerdo con el tiempo de convivencia efectiva de ambas con el causante.
En su criterio, la valoración probatoria efectuada debía
realizarse bajo el presupuesto de
que en el caso objeto de estudio
solo podía contemplarse la existencia de una convivencia singular, única, es
decir, conforme el convencimiento de que la prestación reclamada debía
asignarse de forma excluyente a una de las parejas del asegurado pues así lo
exigía una interpretación de la legislación normativa aplicable al asunto que
otorgaba prevalencia al vínculo matrimonial para efectos de acceder a la prestación
económica, no siendo, por consiguiente, necesario ahondar en si la accionante
acreditaba los requisitos legalmente establecidos para gozar de una porción de
la pensión. Ello constituía una discusión sin trascendencia frente a la
verdadera controversia material que jurídicamente debía orientar el análisis de
los elementos de juicio.
112.
Así las cosas, aunque
en sede ordinaria laboral si existió un despliegue probatorio el mismo no
apreció la posibilidad de que la actora pudiera ostentar legítima e
igualitariamente la titularidad sobre la prestación sustitutiva pues se partió
de una visión normativa en la que la compañera permanente gozaba de un derecho de
menor categoría que la cónyuge, es decir, que aquella debía ubicarse en un orden de precedencia
excluyente, de manera que solo a falta de cónyuge pasaba a ocupar su lugar para
efectos de acceder al derecho. Bajo dicha óptica, teniendo en cuenta que, en
esta oportunidad, no se había disuelto el vínculo matrimonial del causante, la aproximación
acertada del asunto, según los jueces laborales, consistía en reconocer que la titularidad
de la garantía prestacional recaía prevalentemente en la señora Carmen Elvira Valencia
quien había compartido con el asegurado sus últimos años de vida. En consecuencia, carecía
de toda relevancia adentrarse en una disputa sustancial como la planteada por
la tutelante en función de establecer probatoriamente el tiempo y el
tipo de convivencia del señor Torres Montaño, tanto con su esposa, como con ella
al momento de su muerte. Dicho enfoque de fondo no podía gobernar ni guiar el
sentido de las determinaciones por adoptar al interior de este escenario
judicial.
113.
En primera instancia, la
autoridad judicial concernida estimó que el causante hasta su muerte estuvo
casado y le sobrevivió su cónyuge quien, por consiguiente, tenía un acceso
prevalente a la sustitución pensional. En esta línea, no valoró las
apreciaciones de la tutelante según las cuales tanto ella como la señora Carmen
Elvira Valencia eran titulares legítimas del derecho por cuanto el asegurado
mantuvo una relación coetánea con ambas.
114.
En segunda instancia aunque
se comprendió que existía una garantía pensional igualitaria en beneficio de
las parejas constituidas por vínculos jurídicos y naturales, afirmó el Tribunal
de la causa que no era viable otorgarle a la peticionaria y a la esposa del pensionado
fallecido la sustitución reclamada simultáneamente dado que tal posibilidad no
se encontraba vigente para el momento en que se causó el derecho en discusión.
En consecuencia, centró el debate en la concesión del beneficio de manera
exclusiva para una de las dos y, bajo dicho entendimiento, privilegió la condición
de cónyuge.
115.
En sede de casación, el
órgano judicial accionado no tuvo en cuenta siquiera la convivencia de la
peticionaria con el asegurado, pues al realizar una interpretación de la cláusula
pensional aplicable para resolver el caso al margen de la Constitución de 1991
y de los precedentes constitucionales sobre la materia, comprendió que Carmen
Elvira era la titular prevalente y única de la sustitución pensional y, por
tanto, no trascendió, para la definición del asunto bajo su estudio, la calidad de compañera permanente de la actora la cual subsistió a
pesar de que su pareja conservaba un vínculo conyugal vigente con otra mujer.
116.      En vista de lo anterior, la Sala Plena debe
adoptar una decisión que valore la legítima pretensión de la accionante comprendiendo
que en las discusiones que surgen en torno a los posibles beneficiarios de una
prestación sustitutiva, en especial cuando se trata de la cónyuge o de la
compañera permanente, el criterio fundamental que debe considerar el operador
jurídico para asignar el beneficio es el elemento material de la convivencia
efectiva, sin que tenga ninguna relevancia el vínculo formal constitutivo de la
familia.[201] En tal virtud (i) se revocarán las
decisiones de tutela de instancia que negaron el amparo constitucional y, en su
lugar, se protegerán los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
seguridad social y mínimo vital de la actora; (ii) se dejarán
sin efectos las sentencias ordinarias laborales proferidas, en primera
instancia, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito
de Buenaventura, en segunda instancia, por la Sala de Descongestión Laboral del
Tribunal Superior de Cali y, en sede de casación, por la Sala de Descongestión
No. 4 de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y (iii) se le ordenará
al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Buenaventura que adopte una nueva decisión
en el caso de la señora María Alicia Murillo de
conformidad con la interpretación constitucional sobre el asunto efectuada por
esta Corporación. En especial, que se atenga a la hermenéutica que del artículo
55 de la Ley 90 de 1946 se fijó en la Sentencia C-482 de 1998[202] y a las reglas jurisprudenciales
señaladas en esta providencia.
117.
En dicho escenario, deberá determinar, en ejercicio de la potestad
oficiosa en materia probatoria que le asiste, el tiempo y el tipo de
convivencia que se dio entre el causante y la señora Carmen Elvira Valencia, en
calidad de cónyuge, y la actora, quien aduce ostentar la condición de compañera
permanente, para establecer, si hay lugar a ello, en qué proporción y a partir
de qué momento se materializa el derecho a la sustitución pensional de esta
última.[203] Tales circunstancias deberá valorarlas de cara a los presupuestos
de dependencia económica, compromiso de apoyo afectivo y de comprensión mutua
existentes al momento de la muerte del asegurado, trazados por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional.
8. Síntesis de la decisión
118.
La Sala Plena analizó la
acción de tutela formulada por la señora María Alicia Murillo Murillo contra la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Descongestión
No. 4, por haber negado el reconocimiento de la sustitución pensional que
reclamó en calidad de compañera permanente del señor Sebastián Torres Montaño, en
el marco de un proceso ordinario laboral que inició contra la Nación -Ministerio de la Protección Social- Grupo Interno de
Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de la empresa Puertos de Colombia
-FONCOLPUERTOS. En su criterio, en
tal escenario judicial la discusión giraba en torno a la aplicación constitucional
que debía realizarse de la fuente normativa pensional que gobernaba su
requerimiento comoquiera que aunque el derecho se había causado al amparo de la
Constitución derogada sus efectos se extendieron en el marco de la Carta de
1991 lo que implicaba un entendimiento normativo del asunto de conformidad con
los preceptos de igualdad de trato, la cláusula general de no discriminación
por razón del origen familiar y bajo la óptica de que la
sustitución pensional, a la luz de los mandatos supremos, se erige en una
prestación económica, cuya finalidad cardinal es proteger contra el desamparo a
la familia del causante, con independencia de su origen.
119.      Sin embargo, el órgano accionado resolvió la
controversia, de un lado, con un alcance hermenéutico inadecuado comoquiera que la decisión judicial que impartió se apoyó en una
interpretación contraria a la ratio decidendi de la Sentencia C-482 de
1998,[204]
con efectos erga omnes, que fijó el sentido constitucional bajo
el cual debía apreciarse la proposición jurídica en litigio y, del otro, se
apartó del precedente en la materia de acuerdo con el cual las
situaciones jurídicas pensionales que iniciaron su formación en vigencia de la
Constitución de 1886, con la muerte del causante, se encuentran gobernadas retrospectivamente
por los postulados de la norma fundamental actual cuando su configuración se ha
extendido en vigor de esta última.
120.
Tal bloqueo normativo y jurisprudencial
condujo a que la Corporación accionada excluyera a la actora de la sustitución
pensional por privilegiar la condición de cónyuge supérstite y, en
consecuencia, se abstuviera de valorar la pretensión de la accionante quien
invocaba un acceso proporcional a la prestación por concurrir en su caso el elemento material de convivencia, de manera
simultánea, por voluntad propia del causante, en cabeza de la cónyuge y de ella
como compañera permanente.
121.
En tal virtud, se dispuso
que el remedio adecuado en esta ocasión consistía en disponer la adopción de
una nueva determinación desde una aproximación que concibiera que tanto la
familia constituida por vínculos jurídicos como aquella constituida por
vínculos naturales, es igualmente digna de respeto y protección estatal pues no
existen razones que justifiquen un tratamiento diferente del asunto. Es decir, se dispuso que el juez
ordinario laboral de primera instancia debía desplegar una actuación que se acercara al debate de fondo que
planteó la tutelante en sede de amparo, esto es, que desde una visión
constitucional evaluara probatoriamente si aquella reunía los requisitos legalmente
contemplados para acceder a un porcentaje de la sustitución pensional pretendida,
teniendo en cuenta que en la apreciación inicial de los elementos de juicio se partió
de un enfoque según el cual debía necesariamente privilegiarse la condición de
cónyuge supérstite en el goce del beneficio.
IV.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR los fallos proferidos, en primera instancia, por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Decisión de Tutelas No. 1, el 25 de junio de 2019 y,
en sede de impugnación, por la Sala de Casación Civil de la misma
Corporación, el 24 de septiembre de 2019, en virtud de los cuales se negó el
amparo invocado por la señora María Alicia Murillo Murillo. En su lugar, CONCEDER  la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social y
mínimo vital de la accionante, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTOS las sentencias proferidas, en primera instancia,
por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Buenaventura, el 31 de mayo de 2012, en segunda instancia, por la Sala de
Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el
31 de octubre de 2012 y, en sede de casación, por la Sala de Descongestión No.
4 de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 27 de noviembre de
2018, dentro
del proceso ordinario laboral instaurado por María Alicia Murillo contra
la Nación -Ministerio de la Protección Social- Grupo Interno de Trabajo para la
Gestión del Pasivo Social de la empresa Puertos de Colombia -FONCOLPUERTOS, en el que solicitó
el reconocimiento de la sustitución pensional del causante  Sebastián Torres
Montaño.
TERCERO.- ORDENAR al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Buenaventura que adopte una nueva decisión en el caso de la señora María
Alicia Murillo contra la Nación -Ministerio de la Protección Social- Grupo
Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de la empresa Puertos de
Colombia -FONCOLPUERTOS de conformidad con la interpretación constitucional
sobre el asunto efectuada por esta Corporación. En especial, que se atenga a la
hermenéutica que del artículo 55 de la Ley 90 de 1946 se fijó en la Sentencia C-482 de
1998[205] y a
las reglas jurisprudenciales señaladas en esta providencia.
En dicho escenario, deberá
determinar, en ejercicio de la potestad oficiosa en materia probatoria que le
asiste, el tiempo y el tipo de convivencia que se dio entre el causante y la
señora Carmen Elvira Valencia, en calidad de cónyuge, y la actora, quien aduce ostentar la condición de compañera permanente, para
establecer, si hay lugar a ello, en qué proporción y a partir de qué momento
se materializa el derecho a la sustitución pensional de esta última. Tales circunstancias deberá valorarlas de cara a los presupuestos
de dependencia económica, compromiso de apoyo afectivo y de comprensión mutua
existentes al momento de la muerte del asegurado, trazados por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional.
CUARTO.- ORDENAR que, por la Secretaría General de la Corte Constitucional, se envíe
al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Buenaventura el expediente
contentivo del proceso laboral con número de radicación 761093105003200800201,
promovido por María Alicia Murillo contra la Nación -Ministerio de la
Protección Social- Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social
de la empresa Puertos de Colombia -FONCOLPUERTOS.
QUINTO.- LIBRAR las comunicaciones por la Secretaría General de la Corte
Constitucional, así como DISPONER las notificaciones a las partes, a través del juez de tutela
de primera instancia, previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Comuníquese y cúmplase,
ALBERTO ROJAS RÍOS
Presidente
RICHARD S. RAMÍREZ
GRISALES
Magistrado (e)
DIANA FAJARDO
RIVERA
Magistrada
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ
NAJAR
Magistrado
-Ausente con
excusa-
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ
LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO
REYES CUARTAS
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ANEXO
Pruebas relevantes que obran en el
expediente ordinario laboral
1. Tres fotografías en las que aparecen el
causante, Sebastián Torres Montaño, la señora María Alicia Murillo y dos de sus
hijos, Edward Arley y Suly Johana, compartiendo con el asegurado en su
cumpleaños.[206] Igualmente, documentos aportados por la demandante que, en su
concepto, demuestran que permanecía inscrita en el servicio médico de la
empresa Puertos de Colombia en calidad de beneficiaria del pensionado.
Concretamente, tres carnés, uno del FOPEP, otro del Fondo de Pasivo Social
-Ferrocarriles Nacionales de Colombia Programa Puertos de Colombia- y del Fondo
de Pasivo Social de la empresa Puertos de Colombia.[207]
2. Documentos de los cuales se desprende
que el 11 de febrero de 1986, esto es, tres días antes del fallecimiento del
señor Torres Montaño, la señora Carmen Elvira Valencia de Torres, en calidad de
cónyuge del causante, reclamó las prestaciones sociales causadas en favor del
extrabajador. Lo anterior, por expresa autorización del pensionado quien, el 10
de febrero de 1986, dirigió escrito al Cajero Pagador de la empresa Puertos de
Colombia, Terminal Marítimo de Buenaventura, en el cual indicó lo siguiente: “por
medio del presente memorial le estoy otorgando poder amplio y suficiente a la
señora Carmen Elvira Valencia identificada con la cédula de ciudadanía No.
29.216.869 de Buenaventura, para que en mi nombre y representación firme y
cobre los valores correspondiente (sic) a sueldos, primas, prestaciones legales
y extralegales y todo lo que me correspondan (sic) como trabajador de dicha
Empresa. Este poder es único e irrevocable. Asimismo bajo la gravedad del
juramento, afirmo que la persona a quien estoy autorizando es mi señora esposa”.[208]
3. Declaraciones juramentadas rendidas por
los señores Arturo Pretel Moreno y José María Rodríguez, el 8 y el 15 de abril
de 1986, respectivamente, ante el Juzgado Cuarto Civil Municipal de
Buenaventura, en las que afirmaron conocer “de vista, trato y comunicación”
a la señora María Alicia Murillo hace aproximadamente 4 años y aseguraron que hizo
vida en unión marital de hecho con el señor Torres Montaño, que dependía
económicamente de él y que tuvieron 3 hijos.[209]
4. Declaraciones juramentadas rendidas por
Doris Hernández Valoys y David Patersson, el 23 de mayo y el 3 de junio de
1986, en el orden respectivo, ante el Juzgado Segundo Civil Municipal de
Buenaventura en las cuales manifestaron conocer de vista, trato y comunicación
desde hace más de 9 y 10 años, respectivamente, a la señora Carmen Elvira
Valencia, quien contrajo matrimonio con el señor Sebastián Torres Montaño y fruto
de dicha unión tuvieron hijos.[210]
5. Declaración extraprocesal No. 4607
rendida, el 30 de julio de 2008, ante la Notaría Segunda del Circulo de
Buenaventura por los señores Rafael Antonio Moreno Cuero y Reinel Naboyan
Gamboa, en la cual manifestaron lo siguiente: “[q]ue conocemos de vista,
trato y comunicación desde TREINTA Y CINCO (35) Y VEINTE (20) años
respectivamente a la señora MARIA ALICIA MURILLO MURILLO, identificado (sic)
con la cédula de ciudadanía No. 31.374.860 de BUENAVENTURA, y por tal
conocimiento que de ella tenemos, sabemos y nos consta que convivió en unión
extramatrimonial bajo el mismo techo durante SIETE (07) años con el señor quien
en vida se llamó SEBASTIAN TORRES MONTAÑO (Q.E.P.D.), [quien] falleció
por muerte natural el día 14 de febrero de 1986 que de dicha unión procrearon
TRES (3) hijos de nombres EDWAR ARLEY, SULY JOHANA y YASUNARY TORRES MURILLO de
28, 27 y 25 años de edad respectivamente. Que SEBASTIAN TORRES MONTAÑO
(Q.E.P.D.), era quien le aportaba y suministraba a su compañera e hijos todo lo
necesario para el diario vivir, tal como alimentación, vivienda, vestuario,
medicinas, educación etc., dependiendo ellos económicamente de él en todo
sentido”.[211]
6. Oficio del Ministerio de la Protección
Social -Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de la
empresa Puertos de Colombia- Área de Pensiones-, del 4 de mayo de 2009, donde
se advierte expresamente que: “revisada la Historia Laboral del señor TORRES
MONTAÑO, se encontró la solicitud de inscripción de familiares en el servicio
médico fechada el 26 de junio de 1986, en el que relaciona a la señora CARMEN
ELVIRA, en calidad de cónyuge”.[212]
7. Testimonio del señor Eduardo Fernández
Velasco, del 12 de noviembre de 2009, rendido ante el juez del proceso
ordinario laboral de primera instancia, en el cual señaló que conoció al señor
Sebastián Torres Montaño desde el año 1979 dado que eran vecinos del Barrio
Bellavista de Buenaventura y desde entonces siempre tuvo conocimiento de que
vivía con la señora María Alicia Murillo, con quien tuvo tres hijos y todos
dependían económicamente de él. Aclaró que “en el momento que él murió [no
sabe] con quien estaba viviendo”[213] y que desconoce si tuvo otra mujer distinta a la mencionada pero,
en todo caso, “Alicia fue la única persona que [él le conoció]”,[214] con quien convivió durante seis o siete años, bajo el mismo techo.[215] Finalmente indicó que no conoció a Carmen Elvira Valencia.[216]
8. Testimonio de la señora Ofelia Marina
Cándelo Caicedo, del 12 de noviembre de 2009, rendido ante el juez del proceso
ordinario laboral de primera instancia, en el cual manifestó que conoció al
señor Sebastián Torres en 1978 dado que trabajaba en la empresa Puertos de
Colombia, al igual que su marido. Precisó que para el momento de su
fallecimiento se encontraba conviviendo con la señora María Alicia Murillo y
ello es así porque “prácticamente con ella fue que [lo conoció] a él”.[217] Afirmó que  vivieron bajo el mismo techo, durante siete años,[218] esto es, desde 1979 hasta que él murió en 1986 y que tanto ella
como sus tres hijos dependían económicamente del fallecido.[219] Culminó su declaración indicando que no
conoció a la señora Carmen Elvira Valencia ni supo si el el señor Torres
Montaño convivió con otra persona distinta a la mencionada.[220]
9. Testimonio de la señora Francia Elena
González, del 2 de febrero de 2010, rendido ante el juez del proceso ordinario
laboral de primera instancia, en el cual indicó que conoció al señor Sebastián
Torres Montaño hace más de 20 años, “ahí donde él vivía con la señora ALICIA”[221] y resaltó que al momento de su fallecimiento, por padecer de
cáncer, convivía con ella, a la que presentaba en sociedad como su “esposa”.[222] Vivían en el Barrio Bellavista de Buenaventura, tuvieron tres hijos
y aquella dependía económicamente del fallecido. Aseguró que no sabía si este
tenía otra pareja, pues solo conoció a la señora Murillo que, insistió, vivió
con él “bastante tiempo”,[223] hasta que murió; entierro al que concurrió. Señaló no saber quién
era la señora Carmen Elvira Valencia.[224]
10. Testimonio de la señora Rosilia Riascos
Riascos, del 2 de febrero de 2010, rendido ante el juez del proceso ordinario
laboral de primera instancia, por medio del cual adujo que conoció al señor
Sebastián Torres Montaño hace “unos ocho o diez años, él tenía parentesco
con [su] difunto esposo y [con ella]”[225] y afirmó que convivió con la señora María Alicia Murillo Murillo,
durante “unos ocho años”,[226] bajo el mismo techo, hasta el momento en que  falleció, sin que
tuviera conocimiento de la existencia de “otra mujer”.[227] Advirtió que el ciudadano, tras su muerte, fue velado en su casa,
en la vivienda de la señora María Alicia en el Barrio Bellavista de Buenaventura
quien corrió con los respectivos gastos. Esta última “era ama de casa,
dependía de lo que su marido le daba”,[228] proveniente de su trabajo en la empresa Puertos de Colombia. Afirmó
que la pareja tuvo tres hijos y no conoció a Carmen Elvira Valencia.[229]
11. Testimonio del señor Danilo Gil
Escobar, del 27 de abril de 2010, rendido ante el juez del proceso ordinario
laboral de primera instancia, en el cual declaró que conoció al señor Sebastián
Torres Montaño “desde los años 80”;[230] este convivió con la señora Carmen Elvira Valencia hasta el momento
de su fallecimiento, el cual fue producto de una larga y penosa enfermedad.
Adujo que fue atendido en el Hospital Departamental de Cali, donde estuvo
acompañado por su cónyuge y luego le dieron de alta, por lo que se quedó “con
unos familiares de doña Carmen en Cali”.[231] Tras morir fue velado en el Barrio Bellavista, “al lado de la
agencia de chance, la casa de doña Carmen, la esposa”[232] quien asumió los gastos correspondientes al entierro. Explicó que
la pareja tuvo hijos; todos dependieron económicamente del señor Torres Montaño
y desconoce si este tuvo otra mujer. Para finalizar, destacó no conocer a María
Alicia Murillo y que, aunque sabía de la existencia de unos hijos del fallecido
por fuera del matrimonio, no tuvo noticia de cuantos fueron ni de quien era su
madre.[233]
12. Testimonio del señor Diógenes
Buenaventura Asprilla, del 9 de junio de 2010, rendido ante el juez del proceso
ordinario laboral de primera instancia, en el cual informó que conoció al señor
Sebastián Torres Montaño en el Barrio Bellavista hace más de 40 años y sabe que
falleció por una enfermedad terminal que lo tuvo postrado en cama por varios
meses durante los cuales la señora Carmen Valencia y sus cinco hijos siempre lo
atendieron. La velación y los novenarios se llevaron a cabo en su vivienda
ubicada en el barrio mencionado. Adujo que, para el momento del deceso, vivía
con la señora Carmen Valencia a quien presentaba en sociedad y dependía
totalmente de él. Manifestó no saber de “otra compañera”,[234] “relación [o] convivencia marital diferente”[235] del señor Torres Montaño, desconocer la existencia de María Alicia
Murillo ni ser de su conocimiento que este hubiera tenido descendientes
distintos a los mencionados.[236]
13. Testimonio de la señora Graciela Torres
Montaño, del 27 de julio de 2010, rendido ante el juez del proceso ordinario
laboral de primera instancia, en el que mencionó que el señor Sebastián Torres
Montaño era su hermano y siempre vivieron juntos hasta que formó su hogar,
integrado por su esposa, por la persona que presentaba en sociedad y dependía
económicamente de él, esto es, la señora Carmen Elvira Valencia, con quien
convivió hasta el momento de su fallecimiento y quien lidió todo el tiempo, al
igual que ella, “con la enfermedad de él que fue más de dos años y medio”.[237] Indicó que tras su muerte fue velado en la residencia donde vivía
con su cónyuge quien corrió con los gastos del entierro. Explicó que durante su
padecimiento lo atendieron en la Clínica San Fernando y seis meses antes de su
deceso, primero, estuvo viviendo con su esposa en la casa de una prima en la
ciudad de Cali y posteriormente lo trasladaron a su vivienda en Buenaventura
donde estuvo postrado en una cama y fue permanentemente atendido por su
cónyuge. Afirmó que sabía que su hermano tuvo “unos hijos con una
señora de nombre ALICIA más no [recuerda] el apellido de ella”[238] y, es de su conocimiento, que nunca se fue a vivir definitivamente
con dicha ciudadana, pues “antes de él enfermarse prácticamente estaban
separándose pues él ya no iba más para la casa de ella”.[239]
Aseveró que, en efecto, previo a su
enfermedad, entre su consanguíneo y la señora María Alicia ya se habían
originado algunas dificultades y, por tal motivo, él le comentó un día que
había tomado la decisión de terminar con esa relación, pero seguía respondiendo
por los hijos allí habidos y continuaba visitándolos. De hecho, manifestó que,
durante el tiempo que este estuvo convaleciente en su cama, en ningún momento
solicitó la presencia de María Alicia. Destacó que su hermano y su esposa
estuvieron juntos hasta el día de su deceso, nunca pensó en abandonarla a ella
como tampoco a los hijos que de ese vínculo emanaron.[240]
14. Testimonio del señor Sixto Viveros
Delgado, del 27 de julio de 2010, rendido ante el juez del proceso ordinario
laboral de primera instancia, en el que aludió haber conocido al señor
Sebastián Torres Montaño en el Barrio Bellavista e indicó que su esposa, la
persona a la que presentaba en sociedad, era la señora Carmen Elvira Valencia,
con quien tuvo varios hijos y quien dependía económicamente de él. Adujo que
tras su fallecimiento fue velado donde convivió con su cónyuge. Señaló que
sabía, a partir de lo comentado por la gente, que el asegurado tuvo tres hijos
con una señora de nombre María Alicia Murillo a quien conocía dado que era
moradora del barrio que habitaba, pero sin que existiera amistad alguna entre
ambos; tampoco sabía el tipo de relación o unión existente entre esta última y
Sebastián. Destacó, en este punto, que desconocía si entre el fallecido y su
esposa se presentó alguna separación o divorcio, pero lo cierto es que “él
siempre vivió ahí en su casa hasta la hora de su muerte”.[241]
15. Interrogatorio realizado a la señora
María Alicia Murillo Murillo, el 8 de septiembre de 2010, por el juez del
proceso ordinario laboral de primera instancia. De manera preliminar, señaló
que residía en la carrera 44 No. 1A-33 del Barrio Bellavista de Buenaventura y que
su estado civil era soltera. Seguidamente adujo que sabía que el causante era
casado, pero que él mismo le dijo que “en esa relación había ciertos
problemas”.[242] Siguió su declaración manifestando que conoció la residencia donde
vivía la cónyuge de Sebastián Torres (aclaró, la declarante, que allí fue
velado el difunto) y que, incluso, cuando él estuvo enfermo, se acercó allí
para conocer su estado de salud.[243] Además que fue incluida por él en el servicio médico de la empresa
Puertos de Colombia y que aún contaba con el respectivo carné. Continuó
advirtiendo que tuvo tres hijos con el fallecido, que él vivía en la casa de la
señora Carmen Elvira y también en la suya, dormía una noche allá y la otra en
su vivienda; nunca abandonó a su esposa ni tampoco a ella, “en ningún
momento dejó a ninguna de las dos”.[244] A ella la “llevaba [a] reuniones sociales y en el momento
de la separación fue cuando él falleció”.[245] A partir de lo ocurrido, la señora Carmen Elvira cada quince días
le remitió dinero para que sufragara sus necesidades.[246]
16. Interrogatorio realizado a la señora
Carmen Elvira Valencia, el 8 de septiembre de 2010, por el juez del proceso
ordinario laboral de primera instancia, en el cual manifestó que su estado
civil era casada y residía en el Barrio Bellavista de Buenaventura, en la
carrera 44 No. 4-51. Informó distinguir, sin recordar desde cuándo, a la señora
María Alicia Murillo porque “fue amiga de [su] esposo”[247] y, más adelante, reconoció que dicha ciudadana sí vivió con su
cónyuge, sin que se acordara del tiempo durante el cual tal circunstancia tuvo
lugar, y sin que haya sido de su conocimiento si aquellos convivieron bajo el
mismo techo, pero aclarando que de “esa unión”[248] nacieron tres hijos.[249]
17. Oficio del 26 de octubre de 2010,
firmado por el Coordinador del Área de Pensiones del Grupo Interno de Trabajo
para la Gestión del Pasivo Social de la empresa Puertos de Colombia, a cargo
del Ministerio de la Protección Social, en el cual le informaron al Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Buenaventura, autoridad de primera instancia
dentro del proceso ordinario laboral, en respuesta a un requerimiento del 21 de
septiembre de 2010, que no reposaba en la historia laboral del señor Torres
Montaño ninguna certificación en torno a qué persona se encontraba inscrita
como beneficiaria del traspaso provisional de la mesada pensional del causante,
lo que indicaba que “no hizo uso de la prerrogativa establecida en la ley 44
de 1980”,[250] ni tampoco quién se encontraba suscrita como beneficiaria en el Censo
Nacional de Pensionados del fallecido.[251]
18. Declaración extraproceso rendida por
los ciudadanos Herminio Caicedo Valencia y Pedro Antonio Valencia Sinisterra,
el día 23 de mayo de 2019, ante la Notaría Primera del Círculo de Buenaventura,
en la que manifestaron la siguiente información: “Cuarto: Manifestamos bajo
la gravedad de juramento: Que conocemos de vista, trato y comunicación desde
hace veinte (20) y cuarenta (40) años respectivamente a la señora MARÍA ALICIA
MURILLO MURILLO, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No.
31.374.860 de Buenaventura, y es gracias a este conocimiento directo que de
ella tenemos, que podemos dar fe en razón de que nos consta personalmente que:
dependía económicamente única y exclusivamente del señor quien en vida se llamó
SEBASTIAN TORRES MONTANO (Q.E.P.D), quien se identificaba con cédula de
ciudadanía No. 6.151.452 de Buenaventura, quien fue su COMPAÑERO PERMANENTE,
compartiendo techo, lecho y mesa de manera continua e ininterrumpida durante
Siete (7) años; que producto de esta unión procrearon tres (03) hijos
actualmente mayores de edad. Por tal razón manifestamos que era su COMPAÑERO
PERMANENTE, el encargado de suministrarle económicamente todos los aspectos
básicos y necesario (sic) para el diario vivir, tales como: vivienda, salud,
alimentación, vestuario, medicina, etc... y que actualmente la señor
(sic) MARIA ALICIA, se encuentra en precarias condiciones económicas ya que por
su edad no puede acceder fácilmente a un empleo, careciendo de recursos; además
nos consta que presenta diversos problemas de salud, a raíz de su avanzada
edad, inclusive, ha tenido que recurrir a nosotros los amigos para comprar los
medicamentos que necesita por su problema de Hipertensión, el cual tiene un
costo muy alto”.[252]
[1] Conformada
por los magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado y Alejandro Linares Cantillo,
bajo el criterio objetivo de “necesidad de
pronunciarse sobre una línea jurisprudencial.”
[2] El artículo
55, numeral 3, del Reglamento Interno de la Corporación establece: “Los
asuntos seleccionados por la respectiva Sala, serán sorteados entre los
Magistrados de la Corte de manera rotativa y por orden alfabético de apellidos,
quienes integrarán para resolverlos, las respectivas Salas de Revisión.”
[3] Acuerdo 02
del 22 de julio de 2015.
[4] Folio 2. En adelante, siempre que se haga mención a un
folio del expediente se entenderá que hace parte del cuaderno principal, a
menos que se diga expresamente otra cosa.
[5] Folios
160, 263 del cuaderno No. 1 y folios 30, 32, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 57, 68,
69, 95, 98 y 103 del cuaderno No. 2.
[6] Dicha
convención disponía que una persona se haría acreedora de una pensión mensual
por invalidez, equivalente al 100% del promedio mensual de salarios devengados
en el último año de servicio efectivo, cuando en concepto de los médicos de la
empresa hubiera perdido más del 66% de la capacidad laboral (Folio 118 del
cuaderno No. 1 y folios 64 y 67 del cuaderno No. 2).
[7] Folios
65 y 66 del cuaderno No. 2.
[8] La
fecha de la muerte se desprende de la copia del Registro Civil de Defunción
expedido el 16 de febrero de 1986 por la Notaría Única del Círculo de
Buenaventura -Valle del Cauca-. En el documento se indicó que el ciudadano
falleció a los 46 años de edad producto de un cáncer de colón y que su estado
civil al momento del fallecimiento era casado (Folios 74, 89 del
cuaderno No. 2 y folio 9 del cuaderno del proceso ordinario laboral).
[9] Folio
59 y folios 118 y 119 del cuaderno No. 1.
[10] Folios 68, 77, 95, 98 y 103 del cuaderno No. 2.
[11] La señora Carmen Elvira Valencia de Torres
nació el 2 de septiembre de 1941 en Istmina -Chocó- y contrajo matrimonio católico con el señor Sebastián
Torres Montaño el 25 de septiembre de 1976, de acuerdo con el Registro Civil de
Matrimonio expedido, el 7 de abril de 1986, por la Notaría Única del Círculo de
Buenaventura (Folios 116, 290, 292, 330 del cuaderno No. 1 y folios 6 y 83 del
cuaderno No. 2).
[12] Marleny, Sandra Margarita, Magaly, Diana
Maite y Milton Torres Valencia, nacidos
en Buenaventura el 6 de enero de 1962, el 9 de julio de 1966, el 19 de
diciembre de 1967, el 10 de enero de 1965 y el 16 de agosto de 1963,
respectivamente (Folios 100, 103 y folios 124, 266, 269, 270, 272, 274, 293 al
298, 320 y 325 del cuaderno No. 1).
[13] La señora María Alicia Murillo Murillo
nació en Buenaventura el 30 de enero de 1954. Sus hijos nacieron en Buenaventura, el 16 de septiembre
de 1983, 22 de julio de 1980 y 3 de septiembre de 1981, respectivamente (Folios
20, 21, folios 276 al 278, 308 al 310, 317, 323 del
cuaderno No. 1 y folios 10 al 13 del cuaderno del proceso ordinario laboral).
[14] En concreto, el 12.50% de la pensión se otorgó en beneficio de
Sandra Margarita Torres Valencia, en cuantía de $11.967.23 y el 37.50% restante
dividido entre Llaxunary, Edward Arley y Suly Johanna Torres Murillo, esto es,
12.50% para cada uno, suma total semejante a $35.901.70 (Folio 59, folios 36, 116 al 117 del cuaderno
No. 1 y folio 1 del cuaderno No. 2).
[15] Por medio de la
Resolución 1160 del 14 de agosto de 1997 se excluyó de la nómina de pensionados
a Sandra Margarita Torres Valencia tras alcanzar ampliamente la mayoría de
edad. Por ende, el derecho pensional de cada uno de los entonces menores de
edad Llaxunary,
Edward Arley y Suly Johanna Torres Murillo acreció al
16.66%. Con posterioridad, los
dos últimos ciudadanos cumplieron la mayoría de edad en los años 1998 y 1999,
respectivamente, y tras no acreditar su condición de estudiantes perdieron la
calidad de beneficiarios de la prestación. Por virtud de ello, mediante la Resolución 000635 del 5 de julio
de 2005, el entonces Ministerio de la Protección Social -Grupo Interno de
Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de la empresa Puertos de Colombia-, en aplicación del parágrafo 1 del artículo
1 de la Ley 33 de 1973, ordenó el acrecimiento del derecho prestacional en un
33.33% en beneficio de Llaxunary, quien pese a cumplir la mayoría de edad en el
año 2001 demostró encontrarse en un proceso de formación técnico-académica para
ese momento. Este hecho implicó que se reconociera, en adelante, a su favor la
suma mensual de $1.797.705.17, equivalente al 50% de la sustitución pensional.
En septiembre del año 2008, fue retirada de la nómina de pensionados al cumplir
25 años (Folios 34 al 41 y 156 del cuaderno No. 1).
[16] Folio 3 del cuaderno del proceso ordinario laboral.
[17] La demanda fue presentada por conducto de
apoderado judicial (Folios 1 al
8 del cuaderno del proceso ordinario laboral). De manera simultánea a la reclamación judicial, la
actora presentó solicitud administrativa de reconocimiento pensional. Por medio de la Resolución 020461 del 20
de diciembre de 2012, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social señaló que, de acuerdo con
las normas vigentes para el momento del fallecimiento del causante, esto es,
los artículos 1 y 2 de la Ley 33 de 1973, artículos 1 y 2 del Decreto 690 de
1974 y el artículo 4 de la Ley 44 de 1980, la cónyuge y los hijos del difunto
tenían derecho prevalente a reclamar la prestación. Sin embargo, “quienes se
[creyeran] con derecho a la sustitución de la pensión del fallecido”
podían reclamarla en un término de treinta días siguientes a la emisión de la Resolución
Provisional, en este caso a la No. 007804 del 9 de febrero de 1987 en la
que se reconoció la sustitución pensional a la esposa del causante en un
porcentaje igual al 50% y a cuatro de los descendientes en un valor equivalente
al 12.50% para cada uno. Pese a lo anterior, la entidad adujo que la
solicitante no se presentó oportunamente a reclamar el pago del beneficio
económico, en calidad de compañera permanente del pensionado, pues esperó para
ello hasta el año 2012. Además, si bien en el año de 1986 acudió a la
administración con el propósito de solicitar el reconocimiento prestacional, lo
hizo en representación de sus tres hijos, motivo por el cual, al no ajustarse
su actuación a los presupuestos legales, mal podía atribuírsele su condición de
beneficiaria actual del derecho (Folios
59, 60 y folio 78 del cuaderno No. 2).
[18] En la carrera 44 No. 1A-33, Barrio Bellavista.
[19] Folio 3 del cuaderno del proceso ordinario laboral.
[20] Folio 1 del cuaderno del proceso ordinario laboral.
[21] Ibídem.
[22] También (iii) pagar y liquidar en su
beneficio las mesadas pensionales insolutas, con los correspondientes reajustes
e indexaciones de la Ley 100 de 1993, desde el mes de septiembre de 2008 y
hasta que fuera incluida en la nómina de pensionados; y (iv) cancelar
los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
[23] En palabras de la parte demandante: “Si la señora Carmen Elvia (sic)
Valencia, en su condición de esposa llegare a percibir el 100% de la pensión en
comento, el Estado Colombiano no podrá garantizarle a la señora María Alicia
Murillo Murillo, el pago oportuno de la pensión reclamada en caso de que
resultare favorable las pretensiones de la demanda; es por esta razón que desde
el mismo auto admisorio de la demanda deberá el señor juez pronunciarse sobre
esta petición” (Folio 4 del cuaderno del proceso ordinario laboral).
[24] El 27 de febrero de 2012, la referida
autoridad judicial ordenó la debida integración al trámite laboral de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, en calidad de demandada. Lo anterior, como consecuencia de la
solicitud presentada por esta el 14 de febrero de 2012 en la que solicitó su
integración como parte al proceso ordinario laboral, en aras de garantizar su
derecho fundamental al debido proceso dado que, conforme al artículo 63 del
Decreto 4107 del 2 de noviembre de 2011, a partir del 1 de diciembre de 2011,
la entidad debía asumir el reconocimiento de las pensiones a cargo del Grupo Interno
de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de la empresa Puertos de Colombia.
Es decir, actualmente era de su competencia asumir la defensa judicial de los
asuntos prejudiciales y judiciales que estaban a cargo del citado Grupo Interno
(Folios 216 al 227 del cuaderno del proceso ordinario laboral).
[25] En palabras de la entidad demandada: “La
señora VALENCIA se encuentra activa en la nómina de pensionados cobrando la
suma mensual de $1.564.452,96, equivalente al 50%” (Folio 54 del cuaderno
del proceso ordinario laboral).
[26] “Por la cual
se dictan algunas disposiciones sobre régimen de pensiones de jubilación”.
[27] “Por la cual se adiciona la Ley 12 de
1975 y se dictan otras disposiciones”.
[28] Folio 235 del cuaderno del proceso
ordinario laboral.
[29] Según la
copia auténtica del registro civil de patrimonio.
[30] Folio 235 del cuaderno del proceso
ordinario laboral.
[31] Folio 236 del cuaderno del proceso
ordinario laboral.
[32] Para el Despacho, el hecho de que el
asegurado estuvo casado con la señora Carmen Elvira Valencia y convivió con
ella durante los últimos años de vida, sin que se hubiere presentado separación
de hecho entre ellos por época alguna fue ratificado por diversos testimonios
de personas rendidos a lo largo del trámite de primera instancia que aportaron
“datos creíbles dados sus vínculos familiares, de vecindad y de amistad con
el difunto” (Folio 240 del cuaderno del proceso ordinario laboral).
Adicionalmente, adujo que, tal circunstancia también se desprendió de los
medios de prueba documentales aportados al proceso por la misma demandante, sin
la capacidad probatoria de desvirtuar el vínculo matrimonial existente.
[33] Folios 244 al 267 del cuaderno del proceso
ordinario laboral.
[34] Folio 249 del cuaderno del proceso
ordinario laboral.
[35] Sentencia T-190 de 1993. M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[36] La impugnación fue inicialmente avocada por
la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga -Valle del
Cauca-, el 29 de junio de 2012, pero posteriormente remitida al Tribunal
Superior de Cali mediante Auto del 25 de septiembre siguiente, en cumplimiento
de las medidas de descongestión ordenadas en los Acuerdos No. 093 y 094 del 20
de septiembre de 2012 emitidos por la Presidencia de la Sala Administrativa del
Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca (Folios 273 al 283 del
cuaderno del proceso ordinario laboral).
[37] “Por la cual se establece el seguro
social obligatorio y se crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales”.
[38] “Por el cual se aprueba el reglamento
general del seguro social obligatorio de invalidez, vejez y muerte”.
[39] Enseguida la norma señala: “si en varias mujeres concurren estar
circunstancias, sólo tendrán un derecho proporcional las que tuvieren hijos del
difunto.”
[40] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[41] Para sustentar esta postura se hizo
referencia a la Sentencia del 23 de febrero de 2012 de la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Cali. M.P. Pedro González Escobar, Radicado 1385 en la que
se dijo: “Ahora, se debe destacar, que si bien la normatividad referida
reconocía como beneficiaria a la cónyuge y no a la compañera permanente, esta
Sala considera que es discriminatoria e injusta toda vez que la finalidad de la
pensión de sobrevivientes es atender las necesidades del que era el núcleo
familiar del causante al momento de su fallecimiento, en forma tal que sus
supervivientes no se vean desmejorados en su calidad de vida o, inclusive, vean
amenazados sus derechos fundamentales, por lo que resulta evidente que el
beneficiario real de la pensión se debe determinar con base en la convivencia
cierta y efectiva que es la que se busca proteger, independientemente del tipo
de unión o la existencia de vínculos formales. Es por lo anterior que, se
reitera, es procedente que la pensión de sobrevivientes consagrada en el
Decreto 3041 de 1966 para la cónyuge, se haga extensiva a la compañera (o)
permanente.”
[42] Folio 297 del cuaderno del proceso
ordinario laboral.
[43] De acuerdo con la autoridad judicial según
los testimonios ofrecidos durante el proceso “dicha relación continuó por el
vínculo afectivo que los unía a los hijos procreados en pareja, más no por que
hubiere un interés de estar como compañeros, máxime, cuando ninguno de los
testigos puede dar fe de que la demandante hubiere acompañado al causante
durante los dos últimos años de vida, tiempo en el cual, su salud se vio
afectada por la enfermedad que padecía y que finalmente lo llevó a su posterior
fallecimiento” (Folio 298 del cuaderno del proceso ordinario laboral).
[44] Para la autoridad judicial, estos hechos
resultaron confirmados por diversos testimonios rendidos en el curso de la
primera instancia de los que podía inferirse “en [sana] lógica que
fue la señora CARMEN ELVIRA VALENCIA DE TORRES [quien] fue siempre [la]
compañera [del causante] hasta el momento mismo de su fallecimiento”
(Folio 298 del cuaderno del proceso ordinario laboral).
[45] Tras adoptarse la decisión ordinaria de
segunda instancia, el Tribunal Superior de Cali remitió el proceso al Tribunal
Superior de Buga -Sala de Decisión Laboral- para que notificara en estrados la
determinación. Lo hizo el 14 de diciembre de 2012, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 4 del Acuerdo No. PSAA11-8268 del 28 de junio de 2011
expedido por la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura. El 22 de enero de 2013 se presentó el recurso extraordinario de
casación por la parte demandante ante la referida autoridad judicial quien
mediante Auto Interlocutorio del 6 de marzo siguiente concedió el recurso al
acreditarse los presupuestos de cuantía e interés jurídico para recurrir en
casación por lo que remitió el asunto a la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia. El 3 de julio de 2013 dicha Corporación admitió la
casación (Folios 300 al 315 del cuaderno del proceso ordinario laboral y folio
3 del cuaderno de casación).
[46] Folio 11 del cuaderno de casación.
[47] El recurso extraordinario fue sustentado
mediante escrito del 27 de agosto de 2013 obrante entre los folios 7 a 32 del
cuaderno de casación y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia señaló que la demanda de casación reunía los requisitos formales de
ley, el 25 de septiembre siguiente (Folio 34 del cuaderno de casación).
[48] “Por el cual se dictan normas sobre
organización judicial y competencia, se desarrolla el artículo 217 de la
Constitución, y se adoptan otras disposiciones”.
[49] “Por la cual se introducen unas
modificaciones a la Ley 16 de 1968 y a los Códigos Penal y de Procedimiento
Penal y se divide temporalmente la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia, en dos secciones”.
[50] “Por el cual se expiden normas
transitorias para Descongestionar los Despachos Judiciales”.
[51] “Por la cual se establece el seguro
social obligatorio y se crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales”.
[52] “Por el cual se expide el reglamento
general del seguro social”.
[53] “Por el cual se aprueba el reglamento
general del seguro social obligatorio de invalidez, vejez y muerte”.
[54] “Por la cual se dictan algunas
disposiciones sobre régimen de pensiones de jubilación”.
[55] “Por la cual se adiciona la Ley 12 de
1975 y se dictan otras disposiciones”.
[56] “Por la cual se reforma la Ley 77 de
1959 y se dictan otras disposiciones sobre pensiones”.
[57] “Por la cual se reforman algunas
disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y
se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales”.
[58] “Por la cual se crea el sistema de
seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.
[59] “Que adiciona y reforma los Códigos
nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887”.
[60] Folio 11 del cuaderno de casación.
[61] Premisa errada que condujo a concluir que la señora Valencia de Torres
era la titular exclusiva de la prestación por acreditar, en apariencia, ser la
única que hizo vida marital con el causante o que mantuvo un vínculo conyugal
vigente con él al momento de su fallecimiento.
[62] De ahí que la señora María Alicia Murillo
reclamara desde la presentación de la demanda el reconocimiento de la
sustitución pensional en un valor equivalente al 50% pues se partió siempre del
supuesto de que el causante también convivió con la señora Carmen Elvira
Valencia, hecho que jamás se desconoció ni se discutió y que fue, incluso,
confirmado por varios testimonios rendidos en el proceso de los que se podía
desprender que el pensionado, en vida, conformó dos familias que dependían
económica y afectivamente de él.
[63] Folio 19 del cuaderno de casación.
[64] Ibídem.
[65] Para sustentar su posición hizo referencia
a la Sentencia proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 20 de
septiembre de 2007. C.P. Jesús María Lemos Bustamante, Radicado
760012331000199901453-01 en la que, estando vigente para entonces la
normatividad que establecía una preferencia por la cónyuge supérstite en
materia de reconocimiento pensional sobre el derecho a la seguridad social de
la compañera permanente, brindó una interpretación garantista y en aplicación
de los principios constitucionales de justicia y equidad arribó a la conclusión
de que el derecho invocado en tal oportunidad por la compañera permanente debía
ser amparado (Folio 17 y folio 21 del cuaderno de
casación). Igualmente sustentó su postura en la Sentencia T-110 de 2011.
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[66] Se aclara que mediante decisión del 30 de
mayo de 2018, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
remitió el conocimiento del asunto a la Sala de Descongestión Laboral de la
misma Corporación, siguiendo de cerca lo dispuesto en la Ley 1781 de 2016, el
Reglamento de la Sala de Casación Laboral (Acuerdo 048 del 16 de noviembre de
2016) y el Acuerdo PCSJA17-10647 del 22 de febrero de 2017 emitido por el
Consejo Superior de la Judicatura (Folios 64 al 74 del cuaderno de casación).
[67] Explicó la autoridad judicial que la disposición que contenía estas reglas,
aunque fue consagrada para las pensiones por accidente o enfermedad
profesional, resultaba aplicable a las prestaciones por muerte común, en virtud
del artículo 62 de la Ley 90 de 1946.
[68] Puntualizó que un asunto de la misma
naturaleza al presente ya había sido resuelto por la Corte, entre otras, en la Sentencia
CSJ-SL del 9 de marzo de 2016. M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, Radicado
47.848 en la que la Corporación sostuvo lo siguiente: “En el caso de las
pensiones a cargo del Instituto de Seguros Sociales, como la de este asunto,
desde la L. 90/1946 existió en favor de la compañera permanente el derecho a la
pensión de «viudedad», denominada después «de sobrevivientes», a condición que:
(i) el afiliado no hubiere dejado cónyuge supérstite; (ii) el de cujus y su
derechohabiente se mantuvieren solteros durante el «concubinato»; (iii) la reclamante hubiera hecho vida marital,
durante los 3 años anteriores a la muerte de su compañero, a menos que hubieran
procreado hijos comunes (art. 55, L. 90/1946). El artículo que contenía estas
reglas, aunque fue consagrado para las pensiones por accidente o enfermedad
profesional, resultaba aplicable, en virtud de lo dispuesto en el art. 62 de la
misma ley, a las pensiones por muerte común. Tales disposiciones no fueron
modificadas por el Acuerdo 224/1966, aprobado por el Decreto 3041 del mismo
año, ni derogadas por el Decreto 433 de 1971.” Adicionalmente, la Sala de Casación Laboral
en sentencias CSJ-SL del 12 diciembre de 2007. M.P. Elsy del Pilar Cuello
Calderón, Radicado 31.613; CSJ-SL del 25 marzo de 2009. M.P. Gustavo José
Gnecco Mendoza, Radicado 34.401; CSJ-SL del 15 febrero de 2011. M.P. Jorge
Mauricio Burgos Ruiz, Radicado 37.552 y CSJ-SL del 24 septiembre de 2014. M.P.
Elsy del Pilar Cuello Calderón, Radicado 42.101, manifestó: “Ahora bien, un
examen contextualizado de la normatividad de la Ley 90 de 1946 que dejó
subsistente el Decreto Ley 433 de 1971, en punto a los beneficiarios de la
pensión lleva a concluir que el derecho de la entonces concubina, hoy llamada
compañera permanente, mantenía para 1983 el carácter supletorio que respecto de
las pensiones de sobrevivientes por riesgos profesionales tenía dispuesto el
artículo 55 de la Ley 90 de 1946, extendido a las pensiones de vejez por
expresa remisión del artículo 62 de esta ley, no derogado por el Decreto 433 de
1971. Entonces, la demandante, en el caso de demostrar que hacía vida marital
con Mejía Díaz, no tenía derecho a recibir la prestación suplicada, toda vez
que éste, hasta su muerte, estuvo casado y le sobrevivió su cónyuge, tal cual
se anotó por la propia actora. Son las leyes vigentes en esa fecha, pues, las
llamadas a resolver la controversia y no las expedidas en momento posterior a
tal hecho, porque los preceptos de carácter prestacional carecen, por regla
general, de efecto retroactivo, así estén amparadas en principios
constitucionales como la igualdad de las familias. Como lo anotó la Corte en el
fallo del 17 de junio de 1998, radicación 10634, que el Tribunal trae a
colación en apoyo de su conclusión y que explícitamente se refiere al artículo
55, pero de la Ley 90 de 1946, parcialmente declarado inexequible en fallo del
9 de septiembre de 1998 el derecho de la compañera de un afiliado que hubiere
fallecido como consecuencia de accidente de trabajo o de enfermedad
profesional, estuvo sometido a tres condiciones: 1) Que no hubiere dejado
cónyuge supérstite; 2) Que el de cujus y su derechohabiente se mantuvieran
solteros durante el concubinato; y 3) Que la reclamante hubiera hecho vida
marital, durante los 3 años anteriores a la muerte de su compañero, a menos que
hubieran procreado hijos comunes. Esa regla jurídica no
fue modificada por el Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de ese
año.”
[69] Adujo que así lo adoctrinó la Corporación
en la Sentencia CSJ-SL del 9 de marzo de 2016. M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo,
Radicado 47.848, reiterada recientemente por la CSJ-SL el 25 de septiembre de
2018. M.P. Omar de Jesús Restrepo Ochoa, Radicado 55.187, cuando señaló: “Este
condicionamiento no desapareció con la entrada en vigencia de la L. 12/1975,
pues si bien esta normativa estableció por primera vez el derecho de las
compañeras permanentes de sustituir las pensiones de jubilación a cargo directo
de los empleadores del sector público y privado, para el caso del Instituto de
Seguros Sociales, debe ser vista como una ratificación de una regulación ya
existente en punto a las prerrogativas de dichas mujeres. A ese respecto, esta
Sala en sentencia CSJ SL, 12 dic. 2007, rad. 31613, estimó que la L. 12/1975 no
«varió el derecho condicional de la mujer no casada».”
[70] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[71] Esta decisión fue notificada mediante
fijación de edicto el 11 de diciembre de 2018 y quedó ejecutoriada el 14 de
diciembre de 2018 (Folios 84 al 91 del cuaderno de casación).
[72] Folio 2.
[73] La accionante hizo referencia a la
Sentencia T-110 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y a la
providencia proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 20 de
septiembre de 2007. C.P. Jesús
María Lemos Bustamante, Radicado 760012331000199901453-01.
[74] En palabras de la accionante: “sin desconocer que el fallecimiento del causante [ocurrió] el
16 de febrero de 1986, lo cierto es que [se continuaron] generando
consecuencias jurídicas en vigencia de la Constitución de 1991, y esta es la
razón por la cual a toda costa debe preferirse los derechos fundamentales
consagrados en la Constitución de 1991” (Folio 5).
[75] En el escrito de tutela la parte accionante
señaló expresamente: “Incluso la H. Sala de la Corte al estudiar el recurso
extraordinario de casación no hizo suyo el estudio de la solicitud de
aplicación del artículo 4 superior, el que establece un mandato impostergable,
ante cualquier incompatibilidad entre los preceptos constitucionales y la ley u
otra norma de inferior jerarquía, debe aplicarse directamente la Constitución,
para que prevalecieran los derechos a la igualdad, a la familia y a la
seguridad social, y evitar que sigan produciendo efectos discriminatorios, la
cual otorga privilegios a la cónyuge y deja en una situación desfavorable a la
compañera permanente, quien pese a demostrar largos años de convivencia con el
causante y haber procreado tres (3) hijos, vea desconocidos sus derechos
fundamentales [los] cuales quedaron anulados ante la falta de regulación
de dicha realidad social de la convivencia simultanea entre esposos y
compañeros permanentes, que por fortuna en la actualidad es plenamente
reconocido y protegido por la ley como la jurisprudencia” (Folio 5 ).
[76] En palabras de la actora, resultaba imperioso la garantía de tales
derechos fundamentales ya que la determinación adoptada por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia se erigió en una “posición fría que
resulta abiertamente contraria al ordenamiento constitucional por discriminar a
la compañera permanente al privarla de una parte de la prestación social
dirigida a amparar al núcleo familiar formado por vínculos naturales, que al
igual que la unión que sostenía simultáneamente por vínculos jurídicos, ambas
relaciones enfrentan iguales sufrimientos, desvelos y desafíos (sic) a la falta
por muerte del padre y jefe del hogar” (Folio 5).
[77] En palabras textuales de la peticionaria: “En
el evento en que la Honorable Corte considere que la protección debe serle
otorgada a la accionante de manera directa, sírvanse, señores Magistrados
dictar el fallo sustitutivo otorgando la sustitución pensional en los términos
solicitados por la señora MARÍA ALICIA MURILLO MURILLO ante la justicia
ordinaria, o de acuerdo como se estime pertinente para garantizarle sus
derechos constitucionales fundamentales” (Folio 17).
[78] Folio 17 .
[79] Lo anterior se desprende de la copia del Registro Civil de Defunción
expedido por la Notaría Tercera del Círculo de Buenaventura, allegado al
expediente de tutela (Folio 28 ).
[80] Folio 4 del cuaderno de revisión.
[81] Para respaldar esta afirmación, aportó al trámite declaración
extraproceso rendida por los señores Herminio Caicedo Valencia y Pedro Antonio
Valencia Sinisterra, el día 23 de mayo de 2019, ante la Notaría Primera del
Círculo de Buenaventura (Folio 29 del cuaderno No. 1).
[82] Para probar este hecho la actora aportó al proceso Historia Clínica
de Enfermedades Crónicas de fecha 18 de febrero de 2019 de la cual se
desprende como diagnóstico principal detectado hipertensión esencial primaria y
adujo encontrarse vinculada al régimen subsidiado de salud en la entidad ASMET
SALUD (Folios 22 al 27, 29, 74 y folio 3 del cuaderno de revisión). También
allegó declaración extraproceso rendida por los señores Herminio Caicedo
Valencia y Pedro Antonio Valencia Sinisterra (Folio 29 del cuaderno No. 1).
[83] En concreto, la demandante María Alicia
Murillo Murillo y su apoderada, Flor Stella Cobo Arboleda; la litisconsorte
Carmen Elvira Valencia de Torres y su apoderado, Jorge Luis Martínez; la
demandada Nación -Ministerio de la Protección Social- Grupo Interno de Trabajo
para la Gestión del Pasivo Social de la empresa Puertos de Colombia -FONCOLPUERTOS
(la citación fue dirigida al Grupo de Administración de Entidades Liquidadas
-Dirección Jurídica del Ministerio de Salud y Protección Social-) y a su
apoderado, Alejandro Morales Dussan; la UGPP y su apoderado, Simón Eduardo
Acosta Ospina; la autoridad ordinaria de primera instancia, Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Buenaventura y quien fungió, en principio, como la
autoridad ordinaria de segunda instancia, Sala de Decisión Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Buga (Folios 32 al 43).
[84] Inicialmente la
acción de tutela fue repartida a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia, el 28 de mayo de 2019, quien mediante Auto del 29 de mayo
siguiente advirtió que, de acuerdo con el artículo 44 del Reglamento General de
la Corte Suprema de Justicia (Acuerdo 006 de 2002), lo procedente era la
remisión del asunto a la Sala de Casación Penal de la Corporación, lo que
ocurrió el 5 de junio de 2019. El 12 de junio siguiente el proceso fue
repartido a la Sala de Decisión de Tutelas No. 1 de la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia (Folios 30 al 43 y folios 106 al 108 del cuaderno No. 2).
[85] Folio 51.
[86] Folios 45 al 58.
[87] Folio 47.
[88] De acuerdo con la UGPP la decisión cuestionada se emitió el 27 de noviembre
de 2018 y la acción de tutela se presentó el 12 de junio de 2019, esto es, tomó
en cuenta la fecha en la que el proceso de amparo fue reasignado a la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[89] Folio 50 .
[90] Folios 61 al 69.
[91] Folio 62.
[92] Esta última disposición modificada por el artículo 20 de la Ley 584 de
2000, “Por la cual se
derogan y se modifican algunas disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo”.
[93] Folios 70 al 74.
[94] Folio 71.
[95] “Por el cual se determinan los objetivos
y la estructura del Ministerio de Salud y Protección Social y se integra el
Sector Administrativo de Salud y Protección Social”.
[96] “Por el cual se reglamenta el artículo 63 del Decreto-ley 4107 de 2011”.
[97] Folios 92 al 104.
[98] M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[99] Folio 115.
[100] La impugnación se presentó por parte de la
señora María Alicia Murillo Murillo mediante escrito del 23 de julio de 2019
sin sustentación alguna (Folio 128).
[101] Folio 7 del cuaderno de impugnación.
[102] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[103] En este punto, la autoridad judicial de instancia resaltó que frente a
la alegación de la accionante según la cual debía darse aplicación al
precedente contenido en la Sentencia T-110 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva debía tenerse en cuenta que (i) los fallos de tutela tenían
efectos inter partes y (ii) tal providencia había estudiado, en
todo caso, una situación fáctica diversa a la de la peticionaria.
[104] Para la autoridad judicial de primera
instancia los artículos 1 y 2 de la Ley 12 de 1975 y el artículo 1 de la Ley 113 de 1985, al tiempo que para la Sala
de Descongestión No. 4 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia el artículo 55 de la Ley 90 de 1946,
que no había sido modificado por el Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de la misma
anualidad el cual regulaba el asunto, en sus artículos 20 y 21.
[105] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[106] En concreto, los artículos
20 y 21 del Decreto 3041 de 1966.
[107] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[108] Que prevé la garantía del recurso judicial
efectivo e integra el bloque de constitucionalidad, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 93.1 de la Constitución Política.
[109] Esta postura no
ha sido ajena a intensos debates destinados a su comprensión y delimitación,
-propios de la puesta en marcha de una institución novedosa y de tal
trascendencia para el afianzamiento de la tradición constitucional colombiana a
partir de la Carta Política de 1991-, con el objeto de preservar su carácter
subsidiario y de garantizar el equilibrio entre los principios de seguridad
jurídica, cosa juzgada e independencia y autonomía judicial, por un lado; y la
supremacía constitucional y eficacia de los derechos fundamentales, por el
otro.
[110] M.P. Jaime Córdoba Triviño. En esta providencia la Corte resolvió una
demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 185 (parcial) de la Ley 906
de 2004, según el cual contra las sentencias de casación proferidas por la
Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal- no procedía acción alguna,
salvo la de revisión. La Sala resolvió declarar la inexequibilidad de la
expresión “ni acción” contenida en dicho enunciado, por considerar que:
“… es claro
para esta Corporación que una ley ordinaria no puede modificar o suprimir la Constitución
Política y con mayor razón uno de los mecanismos de protección de los derechos
fundamentales en ella consagrados; que la acción de tutela procede contra
decisiones judiciales en los casos en que esta Corporación ha establecido y con
cumplimiento de los presupuestos generales y específicos ya indicados; que al
proferir la Sentencia C-543-92, la decisión de la Corte no fue excluir la
tutela contra decisiones judiciales; que la procedencia de la acción de tutela
contra tales decisiones está legitimada no sólo por la Carta Política sino
también por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por la
Convención Americana de Derechos Humanos, en tanto instrumentos de derecho
internacional público que hacen parte del bloque de constitucionalidad y que
vinculan al Estado colombiano, y que los argumentos expuestos contra la
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son infundados
y, por lo mismo, fácilmente rebatibles.”
[111] Siguiendo lo expuesto en la
Sentencia SU-432
de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa, esta variación en la concepción de
la procedencia se empezó a proponer en las sentencias T-441 de 2003, T-462 de
2003 y T-949 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett y T-701 de 2004. M.P. (e)
Rodrigo Uprimny Yepes. Valga
la pena precisar, en este punto, que la acción de tutela contra providencias
judiciales no puede ser un mecanismo que sirva para que el juez constitucional
desplace al juez ordinario en la decisión de la respectiva causa. En efecto,
por esta vía no puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del
derecho legislado ni suplantar al juez natural en su función esencial como
funcionario de instancia. Lo que sin embargo sí habilita la solicitud de amparo
es la vigilancia de la aplicación judicial al caso concreto de los derechos
fundamentales y, en especial, del derecho al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia. En otras palabras, “se trata de una garantía excepcional,
subsidiaria y autónoma para asegurar, cuando todos los recursos anteriores han
fallado, que a las personas sometidas a un proceso judicial no les violen sus
derechos constitucionales fundamentales. No se trata entonces de garantizar la
adecuada aplicación del resto de las normas que integran el sistema jurídico o
de los derechos que tienen origen en la ley.” Al respecto, puede
consultarse la Sentencia C-590 de 2005. M.P Jaime Córdoba Triviño.
[112] Como se observa, se trata, entonces, de un
grupo de requisitos previos a la constatación de la presunta afectación o vulneración
de las garantías fundamentales. Por tanto, no admiten una valoración y/o
juzgamiento sobre el fondo del asunto, pues esto es propio del examen de los
presupuestos especiales de procedibilidad.
[113] Recientemente en la Sentencia
SU-056 de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido, reiterando lo considerado en la
providencia T-317 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, se sostuvo que: “(…)
Con todo, la naturaleza
de la acción de tutela es esencialmente informal y por ende, aún en los casos
de tutela en contra de providencia judicial, no le es dable al juez someter la
demanda a un excesivo formalismo que resulte en un límite para la protección de
los derechos fundamentales de quien la interpone. // 64.  Por
consiguiente, esta Corte ha sido enfática en señalar que la interpretación de
la demanda no puede hacerse en una forma tan rigurosa que le impida a los
accionantes el uso de la tutela para conseguir la protección de sus derechos
fundamentales.”
[114] En la Sentencia SU-050 de 2018. M.P.
Cristina Pardo Schlesinger, se dijo: “(…) esta Corporación ha reiterado que la
tutela contra providencias judiciales de altas Corporaciones es más
restrictiva. En ese sentido ha señalado que solo es procedente cuando es
definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos
fundamentales que han sido desarrollados por la Corte Constitucional o cuando
se genera una anomalía de tal entidad que es necesaria la intervención del juez
constitucional.” Para el efecto reiteró
lo sostenido en las providencias SU-917 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio; SU-573 de 2017. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo y SU-050 de 2017. M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva. Esta conclusión se funda en el rol de las Altas
Corporaciones, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, sobre los temas
de su propia competencia, y en la especialidad y condición de los jueces que
ponen término a procesos que también están diseñados para la garantía de los
derechos constitucionales.
[115] Al respecto, en la referida Sentencia
SU-432 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa, siguiendo a la Sentencia
T-701 de 2004. M.P. (e) Rodrigo Uprimny Yepes, se sostuvo: “(…) es importante señalar que, en relación con las
causales de procedencia de la tutela contra providencia judicial, la Corte ha
manifestado que no existe un límite indivisible entre estas, pues a manera de
ilustración, resulta claro que la aplicación de una norma inconstitucional o el
desconocimiento del precedente constitucional pueden derivar en un irrespeto
por los procedimientos legales; o, que la falta de apreciación de una prueba
puede producir una aplicación indebida o la falta de aplicación de
disposiciones normativas relevantes para la solución de un caso específico.”
[116] Al
tenor de lo previsto en el artículo 86.1 de la Constitución Política,
concordante con el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela
es un mecanismo judicial de defensa puesto a disposición de quien
considera que sus derechos fundamentales se encuentran amenazados o vulnerados,
con el objeto de reclamar, por sí mismo o por quien actúe a su nombre, que se
respete su posición por parte de quien está en el deber correlativo de
protección, bien sea una autoridad pública, bien un particular, bajo las condiciones
previstas por la Constitución y la ley. Este requisito debe analizarse respecto de todas las
acciones de tutela, con independencia de que la actuación cuestionada sea
judicial.
[117] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[118] Esto por cuanto, el artículo 30 de la Ley 712 de 2001, “Por
la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo” establece que dicho recurso procede contra las
sentencias ejecutoriadas de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
las Salas Laborales de los Tribunales Superiores y de los Jueces Laborales del Circuito dictadas en procesos ordinarios, únicamente en cuatro causales previstas en el artículo
31 así: “1.
Haberse declarado falsos por la justicia penal documentos que fueron decisivos
para el pronunciamiento de la sentencia recurrida. || 2. Haberse cimentado la
sentencia en declaraciones de personas que fueron condenadas por falsos
testimonios en razón de ellas. || 3. Cuando después de ejecutoriada la
sentencia se demuestre que la decisión fue determinada por un hecho delictivo
del juez, decidido por la justicia penal. || 4. Haber incurrido el apoderado
judicial o mandatario en el delito de infidelidad de los deberes profesionales,
en perjuicio de la parte que representó en el proceso laboral, siempre que ello
haya sido determinante en este. || Parágrafo. Este recurso también procede
respecto de conciliaciones laborales en los casos previstos en los numerales 1,
3 y 4 de este artículo. En este caso conocerán los Tribunales Superiores de
Distrito Judicial.”
[119] De la configuración de la acción de tutela
como mecanismo de protección inmediata de los bienes fundamentales, la
Corte ha concluido que, sin pretender la fijación de un término de caducidad,
su interposición debe efectuarse dentro un plazo razonable, en relación con la complejidad
del asunto y la situación particular del actor; y proporcionado, frente
a los principios de cosa juzgada, estabilidad jurídica e intereses de terceros
que podrían verse afectados por la decisión.
[120] Folio 84 del cuaderno de casación.
[121] En este requisito, no es indispensable que
la parte accionante etiquete de modo formalmente exacto e infalible el supuesto
defecto en el que estima que incurrió la actuación controvertida. Basta con
que, por la claridad y razonabilidad de la solicitud de amparo, sean
inteligibles las cuestiones y/o yerros de inconstitucionalidad alegados
respecto de la providencia demandada.
[122] Por supuesto, la referencia al marco
normativo abarca los postulados de la Constitución Política de 1991 la cual, de
acuerdo con el artículo 4 superior, “es norma de
normas.”
[123] Una exposición sobre el tema puede
consultarse, entre muchas otras, en las sentencias T-462 de 2003. M.P. Eduardo
Montealegre Lynett; C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-018 de 2008. M.P.
Jaime Córdoba Triviño; T-757 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; SU-432 de
2015. M.P. María Victoria Calle Correa; SU-416 de 2015. M.P. Alberto Rojas Ríos;
T-344 de 2015. M.P. (e) Myriam Ávila Roldán; T-453 de 2017. M.P. Diana Fajardo
Rivera; SU-050
de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-086 de 2018. M.P. Diana Fajardo
Rivera y SU-238
de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.
[124] Resulta pertinente recordar que la
referencia al sistema jurídico se realiza en sentido amplio, bajo una comprensión sistemática del mismo que abarca el
sometimiento de los jueces a la normatividad infraconstitucional, los
contenidos de la Carta Política, las disposiciones del bloque de
constitucionalidad y el valor jurídico del precedente constitucional sobre el
cual no hay dudas acerca de su vinculatoriedad. Desde sus primeros
pronunciamientos, este ha sido el criterio fijado por la Corte. Ver, por
ejemplo, entre otras, las sentencias C-018 de 1993. M.P. Alejandro Martínez
Caballero; C-225 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-037 de 1996. M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa y C-386 de 1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[125] Sentencia SU-226 de 2019. M.P. Diana
Fajardo Rivera.
[126] Como se advirtió en la Sentencia SU-050 de
2017. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva: “Entonces,
para que
la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto constituya un
defecto sustantivo, debe acreditarse que el funcionario judicial en forma
arbitraria y caprichosa desconoció lineamientos constitucionales y legales de
forma tal que produjo la vulneración o amenaza (sic) derechos fundamentales de
los sujetos procesales.”
[127] Sentencia SU-574 de 2019. M.P. Antonio José
Lizarazo Ocampo.
[128] Sentencias T-118A de 2013. M.P.
Mauricio González Cuervo; T-123 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y
SU-490 de 2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[129] Sobre la materia, consultar
las sentencias SU-241 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-432 de 2015.
M.P. María Victoria Calle Correa; SU-427 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez; SU-050 de 2017. M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva; T-453 de 2017. M.P. Diana Fajardo Rivera;
T-416 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera y T-008 de 2020. M.P. Diana Fajardo
Rivera.
[130] Una aproximación del asunto puede
observarse en la Sentencia SU-226 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera en la que
se dijo: “El operador judicial, así, goza de independencia para fallar de
conformidad con los supuestos de derecho que rigen la causa particular, sin que
el margen de interpretación y aplicación de éstos pueda estar mediado por prejuicios,
opiniones ajenas al ámbito jurídico, presiones de cualquier tipo, intereses, e
incluso pasiones personales.  En esa medida, los jueces de la República son
independientes para aplicar las fuentes del derecho, pero esto no los faculta
para separarse arbitrariamente de ellas, y menos aún para apartarse de
contenidos superiores, como el respeto de la dignidad humana (Art. 1 CP); la
garantía de la efectividad de los principios constitucionales (Art. 2 CP); la
primacía de los derechos (Art. 5 CP); y el acceso a una correcta administración
de justicia, en la que prevalezca el derecho sustancial y la justicia material
(Arts. 228 y 229 CP).” También pueden consultarse las sentencias C-836 de
2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil; SU-086 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera y
T-008 de 2020. M.P. Diana Fajardo Rivera.
[131] M.P.
Antonio José Lizarazo Ocampo.
[132] Otras decisiones,
como la SU-448 de 2011. M.P. Mauricio González Cuervo; SU-399 de 2012. M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto y SU-050 de 2017. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva,
también han desarrollado el contenido y campo de aplicación del defecto
sustantivo, a partir de la identificación de distintas hipótesis concretas en
las que éste puede configurarse. En igual sentido, pueden verse, entre muchas
otras, las sentencias SU-195 de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; SU-132
de 2013. M.P. (e) Alexei Julio Estrada; SU-915 de 2013. M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub; SU-917 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; SU-515 de 2013.
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; SU-566 de 2015. M.P. (e) Myriam Ávila Roldán;
SU-567 de 2015. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SU-499 de 2016. M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva; SU-649 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-210
de 2017. M.P. (e) José Antonio Cepeda Amarís; SU-632 de 2017. M.P. José
Fernando Reyes Cuartas; SU-072 de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas;
SU-116 de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[133] Al
respecto, en la Sentencia T-462 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre
Lynett se formuló en los siguientes términos: “cuando el fallador
desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción
constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos
precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa
juzgada respectiva.” Esta posición fue reiterada, entre otras, en la
Sentencia SU-432 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa.
[134] Corte Constitucional, Sentencias T-814 de 1999, T-842 de 2001, T-462 de 2003
y T-790 de 2010.
[135] M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[136] En la Sentencia SU-050 de 2017. M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva, replicando lo sostenido en la providencia SU-556 de 2014.
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, se afirmó: “La
vinculatoriedad del precedente jurisprudencial en las decisiones que adoptan
los jueces en sus providencias asegura la coherencia del sistema judicial pues
“permite determinar de manera anticipada y con
plena certeza la solución aplicada a un determinado problema jurídico, de
suerte que los sujetos están llamados a ajustar su actuar a las normas y reglas
que los regulan, en concordancia con la interpretación que se ha determinado
acorde y compatible con el contenido de la Constitución Política.”
[137] M.P.
María Victoria Calle Correa.
[138] M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[139] Entendiendo lo anterior, sólo cuando un
juez se aísla o se aparta de un precedente establecido y plenamente aplicable a
determinada situación jurídica, sin cumplir con la carga de justificación
razonable “incurre en la causal de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, referente al desconocimiento del precedente
judicial. Debido a que, con ese actuar, vulnera los derechos fundamentales a la
igualdad y al debido proceso de las personas que acudieron a la administración
de justicia”, lo que da lugar a la protección mediante el mecanismo
constitucional. Al respecto, ver la Sentencia T-296 de 2018. M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
[140] M.P. María Victoria
Calle Correa.
[141] Sobre el particular, en la Sentencia C-634 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, se
consideró lo siguiente: “Resulta válido que dichas autoridades, merced de la autonomía que
les reconoce la Carta Política, puedan en eventos concretos apartarse del
precedente, pero en cualquier caso esa opción argumentativa está sometida a
estrictos requisitos, entre otros (i) hacer explícitas las razones por las
cuales se [apartan] de la jurisprudencia en vigor sobre la materia objeto
de escrutinio judicial; y (ii) demostrar suficientemente que la interpretación
alternativa que se ofrece desarrolla de mejor manera los derechos, principios y
valores constitucionales. Esta opción, aceptada por la jurisprudencia de
este Tribunal, está sustentada en reconocer que el sistema jurídico colombiano
responde a una tradición de derecho legislado, la cual matiza, aunque no
elimina, el carácter vinculante del precedente, lo que no sucede con otros
modelos propios del derecho consuetudinario, donde el precedente es
obligatorio, basado en el principio del stare decisis.” En la misma línea
de argumentación, en la Sentencia SU-050 de 2017. M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva se estableció expresamente: “Entonces, los jueces no pueden
apartarse del precedente sin que exista una razón suficiente que justifique su
inaplicación en un caso concreto. Ello, dado que de acuerdo con la
jurisprudencia de esta Corporación el desconocimiento de precedentes
jurisprudenciales sin expresar una argumentación razonable puede llevar a la
existencia de un defecto sustantivo en una decisión judicial.”
[142] Las
decisiones de los órganos judiciales de cierre jurisdiccional, en cuanto
autoridades de unificación jurisprudencial, vinculan “a los tribunales y
jueces -y a sí mismas-, con base en los fundamentos constitucionales invocados
de igualdad, buena fe, seguridad jurídica, a partir de una interpretación
sistemática de principios y preceptos constitucionales (C-335 de 2008). Las
decisiones de otros órganos y autoridades judiciales, expresión viva de la
jurisprudencia, son criterio auxiliar de interpretación, de conformidad con el
artículo 230.2 de la Constitución.” Ver Sentencia C-816 de 2011. M.P.
Mauricio González Cuervo. En dicho fallo se advirtió, además: “Así, de la condición de “máximo tribunal
de la jurisdicción ordinaria”, de “tribunal supremo de lo contencioso
administrativo”, de “guarda de la integridad y supremacía de la Constitución”
que les fija la Constitución a la Corte Suprema de Justicia, el Consejo
de Estado y la Corte Constitucional, respectivamente, surge el encargo de
unificar la jurisprudencia en las respectivas jurisdicciones, tarea implícita
en la atribuciones asignadas a la primera como tribunal de casación, en la de
cierre jurisdiccional de lo contencioso administrativo del segundo, y en la
función de guardián de la Constitución y de revisor de las decisiones judiciales
de tutela de los derechos fundamentales que tiene la Corte Constitucional. Y de
tal deber de unificación jurisprudencial emerge la prerrogativa de conferirle a
su jurisprudencia un carácter vinculante. En otras palabras, el valor o fuerza
vinculante, es atributo de la jurisprudencia de los órganos de cierre, quienes
tienen el mandato constitucional de unificación jurisprudencial en su
jurisdicción.”
[143] En la Sentencia SU-050 de 2017. M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva, retomando lo preceptuado en la providencia T-1092 de 2007. M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto, la Sala Plena consideró que la jurisprudencia de la Corte Constitucional
puede ser desconocida de cuatro formas: “(i) aplicando disposiciones legales que han sido declaradas
inexequibles por sentencias de constitucionalidad; (ii) aplicando disposiciones
legales cuyo contenido normativo ha sido encontrado contrario a la
Constitución; (iii) contrariando la ratio decidendi de sentencias de
constitucionalidad; y (iv) desconociendo el alcance de los derechos fundamentales
fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus
sentencias de tutela.”
[144] Sobre el particular, ver las sentencias
T-1092 de 2007. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y T-597 de 2014. M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
[145] Ver
Sentencia C-546 de 1992. MM.PP. Ciro Angarita Barón y Alejandro Martínez
Caballero.
[146] En este punto se
aclara que, aunque suelen emplearse indistintamente
los términos sustitución pensional y pensión de sobrevivientes, existen
diferencias entre una y otra figura. Por un lado, la sustitución
pensional se refiere a la situación en la que, ante la muerte del
pensionado por vejez o invalidez, tiene lugar la subrogación de los miembros
del grupo familiar en el pago de la prestación que venía recibiendo su titular
y no la generación de una prestación nueva o diferente. De otra parte, la pensión
de sobrevivientes propiamente dicha se refiere al evento en el cual
muere la persona afiliada al Sistema de Pensiones y se genera a favor de sus
familiares una nueva prestación de la que no gozaba el causante. Como se observa, los presupuestos de
reconocimiento de estas prestaciones las hacen en principio, distintas. No
obstante, la jurisprudencia constitucional al momento de señalar sus
características generales no ha diferenciado entre una y otra, en tanto su
finalidad y propiedades esenciales son las mismas. Este aspecto se ve reforzado
con la expedición de la Ley 100 de 1993, en cuyo articulado se consagran estas
dos prestaciones bajo la misma disposición jurídica (Artículo 46), asignándoles
un mismo nombre: pensión de sobrevivientes. Sobre el particular, se puede
consultar la Sentencia T-683 de 2017. M.P. Diana Fajardo Rivera.
[147] Sentencia T-190 de 1993. M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[148] Como se mencionó expresamente en la
Sentencia SU-574 de 2019. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo, reiterando
literalmente lo dicho en la providencia T-190 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz: “Principios de justicia retributiva y de
equidad justifican que las personas que constituían la familia del trabajador
tengan derecho a la prestación pensional del fallecido para mitigar el riesgo
de viudez y orfandad al permitirles gozar post-mortem del status laboral del
trabajador fallecido.” Y
en esta última providencia se agregó: “El derecho a la pensión de jubilación
tiene como objeto no dejar a la familia en el desamparo cuando falta el apoyo
material de quienes con su trabajo contribuían a proveer lo necesario para el
sustento del hogar. El derecho a sustituir a la persona pensionada o con
derecho a la pensión obedece a la misma finalidad de impedir que sobrevenida la
muerte de uno de los miembros de la pareja el otro no se vea obligado a
soportar individualmente las cargas materiales y espirituales.”
[149] Al respecto, consultar la Sentencia C-336
de 2008. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. En aquella oportunidad se dijo
expresamente lo siguiente: “Asimismo,
es uno de los mecanismos establecidos por el legislador para realizar los derechos
de previsión social; su finalidad es la de crear un marco de protección para
las personas que dependían afectiva y económicamente del causante, permitiendo
que puedan atender las necesidades propias de su subsistencia y hacer frente a
las contingencias derivadas de la muerte del pensionado o afiliado. Como la
pensión de invalidez, la [sustitución
pensional] es una institución de la seguridad social favorable a quienes se
encuentran en situación involuntaria e insufrible de necesidad y requieren un
tratamiento diferencial positivo o protector que les permita un reconocimiento
digno e igualitario por parte de la sociedad.”
[150] Sobre este tema en particular, se pueden
consultar, entre muchas otras, las sentencias C-230 de 1998. M.P. Hernando
Herrera Vergara; C-430 de 1998. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-198 de 1999. M.P. Alejandro Martínez
Caballero; T-274 de 2007. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-527 de 2014. M.P.
María Victoria Calle Correa; SU-428 de 2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo; T-683 de 2017. M.P. Diana Fajardo Rivera y SU-574 de 2019. M.P.
Antonio José Lizarazo Ocampo.
[151] Sentencia SU-574 de 2019. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo,
replicando lo dicho en la Sentencia T-110 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[152] Como se reconoció en la Sentencia T-110 de
2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva: “En materia de sustitución pensional,
con anterioridad a la ley 100 de 1993 el ordenamiento jurídico colombiano
ofrecía una protección precaria a los compañeros permanentes. Así, en algunos
casos excluía definitivamente a este tipo de parejas de la referida prestación,
mientras que en otros subordinaba su otorgamiento a la falta de cónyuge
supérstite.”
[153] Al respecto, en la Sentencia T-190 de 1993.
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz se advirtió: “La Constitución de 1991 vino a
recoger la ya larga tendencia legislativa que reconoce derechos a la compañera permanente
por la muerte del trabajador, en la medida que otorga protección integral a
todas las familias, bien sea que estén constituidas por vínculos naturales o
jurídicos.” El artículo 47 de la Ley 100 de 1993, “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral
y se dictan otras disposiciones”,
modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, “Por la cual se
reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales
exceptuados y especiales” puso fin a la discriminación en materia
prestacional contra las personas que conviven en unión marital de hecho y sobre
esta realidad erigen una familia.
[154] Al respecto, en la Sentencia C-1033 de 2002.
M.P. Jaime Córdoba Triviño se dijo: “la igualdad que propugna la Carta entre
las uniones familiares surgidas de vínculos naturales y la conformada por
vínculos jurídicos, abarca no sólo al núcleo familiar como tal, sino también a
cada uno de los miembros que lo componen, puesto que estas disposiciones
guardan íntima relación con el artículo 13 Superior, que prescribe: “Todas las
personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y
trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua religión, opinión política o filosófica
(..)” (Subraya la Corte). Por consiguiente, ha señalado esta Corporación que el
legislador no puede expedir normas que consagren un trato diferenciado
en cuanto a los derechos y deberes de quienes ostentan la condición de cónyuge
o de compañero permanente, como tampoco entre los hijos habidos en matrimonio o
fuera de él.”
[155] “El Estado
reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables
de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad.”
[156] “La familia es el núcleo fundamental de
la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión
libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad
responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección
integral de la familia. (…) Las relaciones familiares se basan en la igualdad
de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus
integrantes.”
[157] En la Sentencia T-110 de 2011. M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva se señaló que una postura contraria “permitiría arribar
al absurdo de que para [las y los compañeros permanentes] continúa en
vigor la Constitución del 86, y no la del 91, lo que de contera apareja la
violación del principio de supremacía constitucional de la Carta del 91, y del
artículo 380 superior que dispone la derogatoria de la norma fundamental de
1886.” Por ello, agregó: “la situación jurídica de aquellos compañeros
permanentes cuyas parejas fallecieron en vigencia de la Carta de 1886 es
similar en términos materiales a la posición normativa en que se encuentran las
personas beneficiarias de pensionados que murieron en vigencia de la norma
fundamental del 91, debiendo preferirse en el caso de los primeros una
aplicación retrospectiva de la Constitución del 91 por parte del operador
jurídico.”
[158] Como se mencionó puntualmente en la
Sentencia T-110 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva: “Lo anterior, como
se observa, se ajusta a la jurisprudencia del Tribunal sobre la aplicación de
la Constitución en el tiempo, en tanto, se itera, “la Corte Constitucional ha
señalado que las disposiciones de la Constitución Política de 1991 se aplican
retrospectivamente a aquellas situaciones jurídicas que estaban en curso al
momento de entrada en vigencia de la nueva Carta.” Es decir, que iniciaron
su configuración antes del 7 de julio de 1991, momento en que entró a regir la
norma fundamental actual.
[159] Esta Corporación ha dictado algunos precedentes
constitucionales relevantes en los cuales se ha empleado retrospectivamente
la Carta Política de 1991 para enjuiciar las peticiones de sustitución
pensional impetradas por las o los compañeros permanentes. En efecto, en las
sentencias T-1009 de 2007. M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-932 de 2008. M.P.
Rodrigo Escobar Gil; T-584 de 2009. M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y T-098
de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez, la Corte Constitucional determinó
expresamente que una entidad obligada a satisfacer el derecho a la sustitución
pensional, vulnera las garantías constitucionales a la igualdad, a la seguridad
social y al mínimo vital de un compañero o compañera permanente, cuya pareja
falleció en vigencia de la Constitución de 1886, cuando niega el reconocimiento
de la prestación económica amparado en una norma jurídica que, conforme a una
interpretación literal, los excluye del anotado beneficio. Ello por cuanto las
peticiones de este grupo de personas deben necesariamente resolverse de
conformidad con la cláusula de no discriminación en razón del origen familiar
que fue consagrada expresamente en la norma fundamental de 1991. En dichos
procesos de tutela la garantía prestacional había iniciado su configuración en
vigencia de la Constitución de 1886 en tanto los sujetos asegurados de los
cuales se derivó el derecho fallecieron antes del 7 de julio de 1991.
Concretamente, el compañero permanente pensionado de las accionantes falleció
en los años 1985, 1968, 1970 y 1982, respectivamente. Adicionalmente, en estos
pronunciamientos la Corte adoptó dos formas distintas pero compatibles de
proteger los derechos conculcados, ambas igualmente razonables y eficaces. En
las sentencias T-584 de 2009 y T-098 de 2010 se inaplicaron las normas
discriminatorias y, en su lugar, se ordenó reconocer el derecho con fundamento
en disposiciones pensionales posteriores del mismo régimen que sí incluían el
beneficio prestacional para las compañeras permanentes. A su turno, en las sentencias
T-1009 de 2007 y T-932 de 2008 los asuntos fueron resueltos con fundamento en
la regla constitucional derivada de los artículos 5, 13 y 42 constitucionales,
según la cual, toda norma jurídica que excluya a las compañeras permanentes del
derecho a la sustitución pensional debe interpretarse en el sentido de entender
que la misma les otorga una protección idéntica a aquella que es conferida en
favor de las cónyuges supérstites.
[160] Sentencia T-110 de 2011. M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[161] En estos términos se consagró expresamente
en la Sentencia T-190 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[162] Sentencia T-190 de 1993. M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz. Allí se agregó: “En consecuencia, en el hipotético caso de
la negación de este derecho a la compañera permanente bajo el argumento de un
vínculo matrimonial preexistente, pero disociado de la convivencia efectiva -
v.gr. por el abandono de la esposa debido a la carga que representaba el
cónyuge limitado físicamente -, se configuraría una vulneración del derecho de
igualdad ante la ley en perjuicio de quien materialmente tiene derecho a la
sustitución pensional.”
[163] Sobre este tema en particular, puede
consultarse la Sentencia SU-574 de 2019. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo que
constituye precedente aplicable por su cercanía con la situación fáctica y
jurídica que es objeto de examen en esta oportunidad.
[164] La Sala Plena advierte que, en esta
ocasión, no se traerán como referencia otro tipo de precedentes relacionados,
por ejemplo, con la definición del acceso proporcional a la sustitución
pensional en casos de convivencia simultánea entre la compañera permanente, la
cónyuge y el causante en sus últimos años de vida dado que, como se ha venido
mencionando, esta circunstancia no fue valorada de fondo por los jueces
ordinarios laborales al concebir que el debate puesto a su conocimiento debía
centrarse en el reconocimiento excluyente de la prestación reclamada en
atención a la legislación normativa aplicable a la controversia. Sin embargo,
de manera ilustrativa, se precisa que esta Corporación se ha pronunciado sobre
tal materia, entre muchas otras, en las sentencias C-081 de 1999. M.P. Fabio
Morón Diaz; C-1094 de 2003. M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-1035 de 2008. M.P.
Jaime Córdoba Triviño; T-301 de 2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-217
de 2012. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-278 de 2013. M.P. Mauricio González
Cuervo; C-336 de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo; T-641 de 2014. M.P. (e)
Martha Victoria Sáchica Méndez; T-018 de 2014. M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez; T-046 de 2016. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y T-090 de 2016. M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. En dichas providencias, se ha insistido en la importancia de que
los conflictos que se presenten entre la cónyuge y la compañera permanente,
quienes alegan haber convivido conjuntamente con el asegurado, por cuenta de su
derecho a ser reconocidas como beneficiarias de la sustitución pensional o de
la pensión de sobrevivientes se resuelvan considerando el contenido garantista
de la Constitución Política de 1991, que protege, en condiciones de igualdad, a
las familias que el causante constituyó por vínculos naturales o jurídicos. En
algunos de tales fallos mencionados se ha establecido, inclusive, que las disputas prestacionales que se originen entre la
cónyuge y la compañera permanente de pensionados fallecidos antes del 7 de
julio de 1991 cuyas sustituciones pensionales se rigieran por normas dictadas
en vigencia de la Constitución de 1886 deben resolverse bajo esa misma
perspectiva, esto es, dentro del tratamiento equivalente que el nuevo marco
constitucional les confiere tanto a las familias constituidas de hecho como a
aquellas surgidas del matrimonio.
[165] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[166] El artículo 55 de
la Ley 90 de 1946 establecía que la compañera permanente podía, a falta de
viuda, sustituir en el derecho pensional al compañero que fallecía, siempre y
cuando ambos hubiesen convivido durante los tres años anteriores a la muerte -o
hubieran tenido hijos-, y hubiesen permanecido en soltería durante el tiempo de
la unión de hecho. En aquella oportunidad, la demandante indicó que el aparte
de la norma acusada -“siempre que ambos hubieren permanecido solteros
durante el concubinato”-, apoyándose en la Sentencia T-190 de 1993. M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz, discriminaba a la familia producto de la unión de
hecho, toda vez que sujetaba el derecho a la sustitución pensional por la
muerte del compañero -causada por accidente o enfermedad profesional- al
cumplimiento de un requisito que vulneraba el derecho a la igualdad, puesto que
la Constitución Política otorga igual protección a todas las familias,
independientemente de si son producto de unión jurídica o de unión natural.
Además, el texto demandado desconocía la obligación de brindar protección a la
familia, consagrada en el artículo 42 superior y el artículo 48 que garantiza
la universalidad del acceso a la seguridad social.
[167] “Por el cual se determina la
organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales”.
[168] Para el efecto, se transcribieron in
extenso, algunos apartes relevantes de la Sentencia T-190 de 1993. M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[169] En palabras de la Sala Plena: “En
efecto, una persona que ha contraído nupcias en diferentes ocasiones -
alternadas por sentencias de divorcio - sí podría ser beneficiaria de la
pensión de sobrevivencia, si su última unión nace del matrimonio. De esta
manera, se llega a la situación paradójica de que dos personas que han
construido proyectos personales de vida con diferentes parejas, y algunos de
esos proyectos los han formalizado legalmente, recibirían un tratamiento
diferente en lo relacionado con el derecho a la sustitución pensional, de
acuerdo a la circunstancia de si su última unión fue de hecho u originada en el
matrimonio.”
[170] Por ejemplo: “En punto a la sustitución
pensional es distinta la situación de la persona que conforma una unión de
hecho después de haber estado casado, o de que su compañero lo hubiese estado,
que la de la persona que ha convivido en distintas ocasiones con diferentes
personas, sin que ni ella ni su última pareja - el que fallece - hubieren
alguna vez contraído matrimonio. En el primer caso, el compañero supérstite no
podría ser beneficiario de la pensión de sobreviviente, pero en el segundo no
habría obstáculo para que lo fuere.”
[171] Para sustentar esta postura, se recordó que
en la Sentencia T-553 de 1994. M.P. José Gregorio Hernández Galindo, esta
Corporación ya había manifestado que era inconstitucional una diferenciación
como la discutida. En el caso en cuestión se demandaba la renuencia del ISS
para inscribir como beneficiaria de sus servicios de salud a la compañera
permanente del afiliado, en razón a que éste 40 años atrás había estado casado
con otra mujer y no había formalizado jurídicamente la respectiva separación.
La decisión se fundamentó en el artículo 60 del Decreto 3063 de 1989. La Corte
decidió inaplicar las condiciones allí contenidas por considerarlas
vulneradoras del derecho a la igualdad, y ordenar la adscripción de la
compañera permanente a los servicios de salud. Al respecto, dijo: “En otros
términos, según la indicada norma, para poder extender la prestación de
servicios de salud a su compañero o compañera permanente, según el caso, el
afiliado debe acreditar que no tiene cónyuge o que el vínculo jurídico con éste
ha desaparecido, pero únicamente por los medios formales a que se ha hecho
alusión. No obstante, la Constitución Política ha introducido un cambio
cualitativo en la apreciación de las prerrogativas que corresponden a quienes
hacen vida marital, otorgando valor y efectos jurídicos a la convivencia
efectiva de la pareja. Esta, como se ha dicho, genera derechos, los cuales no
pueden ser desconocidos por razón de vínculos matrimoniales previos aunque
despojados de la concreción efectiva en que consiste una actual y verdadera
vida de casados.”
[172] Lo anterior, obedeció a dos razones
fundamentales. La primera, entendiendo que desde la entrada en vigor de la
Constitución de 1991 era evidente la inconstitucionalidad del precepto acusado,
puesto que en la Carta se le dio expresamente igual valor a las uniones de
hecho y a las uniones originadas en el matrimonio. Y la segunda, que el derecho
a la sustitución pensional está vinculado en la mayoría de los casos a la
satisfacción de las necesidades mínimas de las familias que han perdido los
ingresos que aportaba el miembro fallecido. Es decir, el derecho responde a las
necesidades de seguridad social de personas que se encuentran en un estado de
debilidad manifiesta, a las cuales debe atender de manera especial el Estado.
[173] En palabras textuales de la Corte: “Las personas que, con posterioridad al siete de julio de
1991 no hubieren podido sustituirse en la pensión del fallecido, por causa de
la aplicación del texto legal que ha sido declarado inconstitucional, podrán, a
fin de que se vean restablecidos sus derechos constitucionales conculcados,
reclamar de las autoridades competentes el reconocimiento de su derecho a la
sustitución pensional.” Una aproximación similar puede observarse en
la Sentencia C-1126 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Allí, se
enjuició la constitucionalidad del artículo 34 del Decreto Ley 611 de 1977 que
reconocía el derecho a la pensión de sobrevivientes a favor de la cónyuge supérstite,
pero excluía del mismo a la compañera permanente del causante adscrito o
vinculado al Ministerio de Defensa Nacional. Para la Corte, tal disposición era
incompatible con los artículos 5, 13 y 42 de la Carta Política de 1991 por lo
que, con el propósito de armonizar la norma acusada con las disposiciones
constitucionales del 91, lo procedente era proferir un fallo aditivo mediante
el cual la protección que el ordenamiento legal otorga a la cónyuge
sobreviviente se ampliara en los mismos términos a la compañera permanente, a
partir del 7 de julio de 1991. En otras palabras, la Sala Plena determinó que
desde dicha fecha las peticiones pensionales impetradas por compañeras
permanentes, cuyas parejas pensionadas fallecieron en vigencia de la Carta actual,
debían resolverse entendiendo que las normas que consagraban la prestación a
favor de la cónyuge, también las comprendían a ellas. Según esta Corporación: “Los compañeros y
compañeras permanentes, al igual que los cónyuges, de los empleados públicos y
trabajadores oficiales de las entidades descentralizadas, establecimientos
públicos o empresas industriales y comerciales del estado, adscritos o
vinculados al Ministerio de Defensa Nacional que con posterioridad al 7 de
julio de 1991 tuvieren derecho al reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, a pesar de que el artículo 34 del Decreto 611 de 1977 o el
artículo 49 del Decreto 2701 de 1988 los excluyera, podrán, como consecuencia
de esta providencia, y a fin de que se vean restablecidos sus derechos constitucionales
vulnerados, solicitar que les sea reconocida dicha pensión y reclamar de las
autoridades competentes las mesadas que se causen a partir de la notificación
de esta sentencia.” En la misma línea, pueden consultarse las sentencias
C-309 de 1996. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-464 de 2004. M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra y C-121 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez en las cuales se
estudió la constitucionalidad de normas excluyentes que se encontraban vigentes
para el momento del fallecimiento del causante y se incluyó una cláusula de
retroactividad a partir del 7 de julio de 1991, día en que entró a regir la
nueva Constitución Política para proteger los derechos de las compañeras
permanentes a quienes les fue negada la sustitución pensional con fundamento en
estas normas que aunque derogadas, en algunos casos, continuaban produciendo
efectos discriminatorios. En tales decisiones, la Corte se ocupó únicamente de
la situación jurídica de las personas que adquirieron el derecho con
posterioridad a la Carta del 91 y, por ello, vinculó expresamente los efectos
retroactivos de sus sentencias a este grupo poblacional.
[174] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[175] En este caso se trataba del Decreto 1214 de
1990, “Por el cual se reforma el Estatuto y el Régimen Prestacional del
Personal Civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional”.
[176] “Por el cual se modifica el Estatuto de Personal Civil
del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional”. En criterio de la Sala esta normativa era el sistema de seguridad vigente a 23
de marzo de 1990, fecha en la que falleció el causante asegurado, y no el
Decreto 1214 de 1990, como lo indicó la entidad accionada, pues este último
solo entró en vigor el 8 de junio de 1990.
[177] De acuerdo con la Sala: “Precisado lo anterior, la Sala reitera que nos
encontramos en una situación jurídica que habiendo iniciado su formación en
vigencia de la Constitución de 1886, se encuentra gobernada por la norma
fundamental de 1991 en tanto su configuración se extendió en vigor de esta última.
Al respecto es dable señalar que: (i) el decreto 2247 de 1984 continúa
produciendo efectos jurídicos en el caso concreto ya que su artículo 118, en
armonía con el 116, consagra el derecho al reconocimiento de una sustitución
pensional a favor de los beneficiarios de un empleado público del cuerpo civil
de la Policía Nacional con derecho a pensión o en goce de esta, como es el caso
del señor Serrato Lozano; por manera que para resolver las peticiones elevadas
en cualquier tiempo por quienes se consideren acreedores del derecho allí
consignado –como lo pretende la actora-, debe atenderse al aludido decreto y;
(ii) como ya se anunció, el derecho a la sustitución pensional es una garantía de carácter
imprescriptible, e incorpora una obligación de tracto sucesivo de tipo
vitalicio, todo lo cual habilita su reclamo actual por tratarse de un derecho
no extinguido que continúa proyectado sus efectos al presente.”
[178] En estos términos aclaró: “Asimismo, si a ello hubiere lugar, el juez
de la causa contencioso administrativa, establecerá lo pertinente al monto
definitivo de la prestación, el valor del retroactivo de conformidad con la
prescripción especial consagrada en el artículo 147 del decreto 2247 de 1984,
así como las eventuales compensaciones al momento de dictar sentencia dentro
del trámite que se surte actualmente entre las mismas partes aquí implicadas en
el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué.”
[179] M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[180] De acuerdo con la accionante, la esposa del
causante no convivió con él los últimos años de su vida, por lo que no se
presentó a reclamar la sustitución pensional, pues sólo hasta el año 2008 se
enteró de la muerte del pensionado.
[181] De acuerdo con la Sala Plena: “la norma vigente al momento de la muerte del señor Ruíz
Orozco, el 13 de marzo de 1984, era la Ley 90 de 1946, por medio de la cual se
estableció el seguro social obligatorio y se creó el Instituto Colombiano de
Seguros Sociales, en tanto este era el sistema de seguridad social vigente para
los trabajadores previstos en el artículo 1º del Decreto 3041 de 1966, mediante
el cual el Presidente de la República aprobó el reglamento general del seguro de
invalidez, vejez y muerte, expedido por el Consejo Directivo del Instituto
Colombiano de Seguros Sociales mediante el Acuerdo 224 de 1966 y que establecía como beneficiaria a
la compañera permanente, a falta de viuda, siempre y cuando hubiera hecho vida
marital durante los tres años inmediatamente anteriores a  la muerte del
pensionado, o hubiera tenido hijos, solamente si el pensionado y su compañera
hubieran permanecido solteros durante el concubinato.” Y agregó puntualmente: “Pues, el referido Acuerdo 224 de 1966
(Decreto 3041 de 1966), en su artículo 21 solamente estableció el monto de la
pensión de sobrevivientes a favor del cónyuge. Y la Ley 12 de 1975, que
dictó algunas disposiciones sobre el régimen de pensiones de jubilación y
estableció por primera vez el derecho de las compañeras permanentes de
sustituir las pensiones de jubilación a cargo directo de los empleados del
sector público y privado, no se ocupó de regular situaciones como la que se
analiza en este asunto, es decir, la reclamación de la sustitución de la
prestación por parte de la esposa del asegurado, cuyo vínculo matrimonial no se
disolvió, y de la compañera permanente” (Resaltado fuera del texto original).
[182] Esta providencia,
se aclaró, fue emitida aproximadamente 11 años antes de que se profiriera la
sentencia de primera instancia dentro del proceso ordinario laboral incoado por
la peticionaria, es decir, en el 2010.
[183] En palabras de la Sala Plena: “En las dos situaciones, las compañeras permanentes reclaman
la sustitución de la pensión derivada del fallecimiento de los asegurados,
antes de la entrada en vigencia de la nueva Carta, pero la petición les es
negada en razón de que al momento del desceso (sic) se encontraban vigentes
disposiciones que daban prelación al vínculo matrimonial. Aunque
las vías de resolución en cada caso son diferentes, pues en la Sentencia T-110
de 2011 se acude a la acción de tutela inmediatamente después de agotar los
recursos de la vía gubernativa y en el asunto que se revisa se adelantó un
proceso ordinario hasta la sede de casación, lo cierto es que en uno y otro el
problema jurídico a resolver es análogo, pues se trata de resolver si con las
actuaciones administrativas o judiciales se vulneraron derechos fundamentales
de las demandantes, quienes habían constituído un [vínculo] familiar de
hecho con los pensionados y, por tanto, tendrían derecho a la sustitución
pensional en igualdad de condiciones que quienes hubieran tenido con ellos un [vínculo]
conyugal de orden legal, en aplicación de los postulados de la Constitución de
1991.”
[184] De igual modo, la Sala Plena le ordenó a la
autoridad ordinaria laboral de primera instancia decretar una medida de
carácter provisional de manera inmediata, consistente en el pago de mesadas
pensionales compartidas entre la cónyuge y la compañera permanente, en
porcentajes iguales, encaminada a asegurar el mínimo vital y vida en
condiciones dignas de la actora, hasta que en el curso del proceso se contara
con mejores elementos de juicio que le permitieran modificarla o ajustarla, o
hasta adoptar la decisión definitiva. Lo anterior, como quiera que estaba claro para esta Corporación
que la actora tenía derecho a la sustitución pensional, y esta debía
otorgársele en proporción al tiempo convivido efectivamente con el causante.
[185] Como se advirtió en la Sentencia C-482 de
1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz: “para la
determinación de quién es el llamado a sustituir al pensionado fallecido [no] tiene mayor relevancia el tipo específico de
vínculo constitutivo de la familia afectada por la muerte del jubilado.”
[186] Folio 3 del cuaderno del proceso ordinario laboral.
[187] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[188] En su criterio: “es la única manera de
proteger los derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social y a la
familia de la compañera” (Folio 6).
[189] Folio 4 del cuaderno de revisión.
[190] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[191] Justamente en la Sentencia T-086 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa se dijo: “Recuerda la Corte que la procedencia de un
defecto sustantivo fundado en un grave error en la interpretación, es realmente
excepcional, en la medida en que se requiere demostrar de manera
incontrovertible, que la decisión judicial es manifiestamente irrazonable y
contraria al orden jurídico. No es suficiente entonces que se discrepe de la
posición de un tribunal en un aspecto, o que se piense que la norma tiene un
contenido distinto al que se valoró, o que se prefiera una interpretación
diferente a la acogida en la providencia cuestionada, sino que se requiere que
sea evidente la orientación arbitraria del juez en la causa, que se sale del
razonable margen de interpretación autónoma que la Constitución le ha confiado.”
[192] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[193] M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[194] Sentencia SU-226 de 2019. M.P. Diana
Fajardo Rivera.
[195] Sobre el particular, puede consultarse la Sentencia SU-050 de 2017. M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[196] Sentencia SU-226
de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.
[197] Conforme se indicó en la Sentencia T-110 de
2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva: “la protección ofrecida por la
Constitución de 1991 a todas las forma[s] de familia, debe entenderse desde la
expedición de la misma, y por lo tanto las normas jurídicas que contradigan
dicho postulado, deberán ser interpretadas, de cara al caso concreto, conforme
con los principios constitucionales.”
[198] Sentencia T-110 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[199] M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[200] Sentencia T-296 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. En aquella
oportunidad, se señaló lo siguiente: “En la práctica jurídica actual, las
instancias de unificación de jurisprudencia son ineludibles, debido a que el
Derecho es dado a los operadores jurídicos a través del lenguaje, herramienta
que no tiene contenidos semánticos únicos. Por tanto, el Derecho es altamente
susceptible de traer consigo ambigüedades o vacíos que pueden generar diversas
interpretaciones o significados. Eso genera la necesidad de que, en primer
lugar, sea el juez el que fije el alcance de éste en cada caso concreto y, en
segundo lugar, haya órganos que permitan disciplinar esa práctica jurídica en
pro de la igualdad.”
[201] Siguiendo de cerca lo reseñado en la Sentencia SU-574 de
2019. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo, el hecho de la convivencia “por sí mismo, [otorga el] derecho” a la
sustitución pensional. En
términos similares se reconoció en la Sentencia T-553 de 1994. M.P. José
Gregorio Hernández Galindo al afirmar puntualmente que: “el hecho real y
probado de [la] larga convivencia crea derechos indiscutibles a [favor
de la compañera permanente] según las disposiciones constitucionales.” Y
agregó: “la Constitución Política
ha introducido un cambio cualitativo en la apreciación de las prerrogativas que
corresponden a quienes hacen vida marital, otorgando valor y efectos jurídicos
a la convivencia efectiva de la pareja.”
[202] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[203] Se reitera que este mismo remedio
constitucional fue adoptado recientemente por esta Corporación en la Sentencia
SU-574 de 2019. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo en la que se establecieron
reglas de decisión útiles para resolver el presente asunto.
[204] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[205] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[206] Folios 65 y 66 del cuaderno del proceso
ordinario laboral.
[207] Folios 14 al 16 del cuaderno del proceso
ordinario laboral.
[208] Folios 77, 79, 80 y 81 del cuaderno No. 2.
[209] Folios 125 y 126 del cuaderno No. 1.
[210] Folios 87 y 88 del cuaderno No. 2.
[211] Folio 23 del cuaderno del proceso ordinario laboral.
[212] Folios 63 y 64 del cuaderno del proceso
ordinario laboral.
[213] Folio 103 del cuaderno del proceso
ordinario laboral.
[214] Folio 103 del cuaderno del proceso
ordinario laboral.
[215] El testigo indicó que el causante falleció
de una enfermedad, sin precisar cuál, en su parecer, en el año 1985 entre
febrero y marzo.
[216] Folios 102 al 105 del cuaderno del proceso
ordinario laboral.
[217] Folio 106 del cuaderno del proceso
ordinario laboral.
[218] Precisó que en el año de 1979 ella ya veía
a la pareja Torres Murillo juntos en su casa y en 1980 ya habían procreado un
hijo.
[219] Afirmó que su fallecimiento se produjo en
el año 1986 sin saber el motivo de la muerte ni el lugar de su ocurrencia.
[220] Folios 105 al 109 del cuaderno del proceso
ordinario laboral.
[221] Folio 125 del cuaderno del proceso
ordinario laboral.
[222] Folio 126 del cuaderno del proceso
ordinario laboral.
[223] Folio 126 del cuaderno del proceso
ordinario laboral.
[224] Folios 124 al 127 del cuaderno del proceso
ordinario laboral.
[225] Folio 128 del cuaderno del proceso
ordinario laboral.
[226] Folio 129 del cuaderno del proceso
ordinario laboral.
[227] Folio 128 del cuaderno del proceso
ordinario laboral.
[228] Folio 129 del cuaderno del proceso
ordinario laboral.
[229] Folios 127 al 131 del cuaderno del proceso
ordinario laboral.
[230] Folio 139 del cuaderno del proceso
ordinario laboral.
[231] Folio 140 del cuaderno del proceso
ordinario laboral.
[232] Folio 140 del cuaderno del proceso
ordinario laboral.
[233] Folios 139 al 141 del cuaderno del proceso
ordinario laboral.
[234] Folio 144 del cuaderno del proceso
ordinario laboral.
[235] Folio 146 del cuaderno del proceso
ordinario laboral.
[236] Folios 143 al 147 del cuaderno del proceso
ordinario laboral.
[237] Folio 151 del cuaderno del proceso
ordinario laboral.
[238] Folio 152 del cuaderno del proceso
ordinario laboral.
[239] Folio 153 del cuaderno del proceso
ordinario laboral.
[240] Folios 150 al 155 del cuaderno del proceso
ordinario laboral.
[241] Folios 155 al 160 del cuaderno del proceso
ordinario laboral.
[242] Folio 162 del cuaderno del proceso
ordinario laboral.
[243] Sobre la enfermedad del señor Sebastián
Torres precisó que a él, primero, lo operó en Buenaventura el Doctor Trujillo,
médico de la Armada en ese entonces. De ahí salió aparentemente bien pero como
no le hicieron ninguna clase de exámenes volvió a recaer y fue trasladado a la
ciudad de Cali. Allí estuvo tres meses hospitalizado, el médico le dio otros
tres meses más de vida y finalmente falleció.
[244] Folio 163 del cuaderno del proceso
ordinario laboral.
[245] Folios 163 y 164 del cuaderno del proceso
ordinario laboral.
[246] Folios 161 al 164 del cuaderno del proceso
ordinario laboral.
[247] Folio 165 del cuaderno del proceso
ordinario laboral.
[248] Folio 165 del cuaderno del proceso
ordinario laboral.
[249] Folios 164 al 166 del cuaderno del proceso
ordinario laboral.
[250] Folio 175 del cuaderno del proceso
ordinario laboral.
[251] Folio 175 del cuaderno del proceso
ordinario laboral.
[252] Folio 29 del cuaderno No. 1.