T-032-00
Sentencia T-032/00
Sentencia T-032/00
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional pago de acreencias
laborales
Referencia:
expediente T- 224175
Acción
de tutela instaurada por  Juan Córdoba Castro  contra EL Gobernador Del
Chocó.
Magistrado Ponente:
Dr. FABIO MORÓN DÍAZ
Santafé de Bogotá, D.C., enero veinticinco
(25) de dos mil (2000)
La Sala Séptima de  Revisión de Tutelas de
la Corte Constitucional, integrada por los H. Magistrados  Fabio Morón
Díaz, Vladimiro Naranjo Mesa y Antonio Barrera Carbonell, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente,
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo
adoptado por el Juez Primero Penal Municipal de Quibdó  dentro de la tutela
instaurada por Juan Córdoba Castro    contra el Gobernador del Chocó.
I.
ANTECEDENTES
1.     Hechos.
El actor, Señor JUAN CÓRDOBA CASTRO instauró
acción de tutela contra el Señor Gobernador del Departamento del Chocó, a
quien acusa de violar sus derechos a la vida, a la salud, al trabajo, al pago
oportuno y a la igualdad, derechos que, señala, deben ser protegidos conforme
lo ordena la Constitución Política; por lo cual solicita, que se le ordene al
demandado proceder a cancelarle los salarios, primas, vacaciones y horas extras
dejados de percibir durante el período de 1997 y parte de 1998 y se le conmine
a cancelarle los futuros de forma oportuna.
El demandante establece en su escrito de
tutela que labora como vigilante en las jornadas diurna y nocturna según el
turno que le sea asignado por sus superiores, y que la administración
departamental accionada le ha dejado de cancelar, sin mediar una causa justa,
las vacaciones correspondientes al año de 1997, los salarios de julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre del mismo año, los del período
comprendido de junio a diciembre de 1998, así como las correspondientes primas
semestrales y de final de año, y las vacaciones del mismo período, y los
festivos y dominicales laborados en ese año, hecho que le ha generado una
situación económica bastante difícil e insostenible pues es padre cabeza de
familia y debe asumir, como tal, las obligaciones alimentarias, de vestido, de
servicios públicos, de educación y las recreativas que demandan sus hijos
menores de edad y su cónyuge.
Igualmente relata que, en diversas
oportunidades le ha reclamado el pago de estos rubros al ente accionado,
obteniendo la respuesta que señala que si bien la administración tiene ciertas
obligaciones para con sus colaboradores no las puede asumir en forma correcta y
oportuna por carecer del presupuesto necesario para ello.
1.     Pruebas.
El demandante aporta como pruebas su acta
de posesión, documento que ampara la relación laboral que tiene con el ente
demandado, la certificación expedida por la Almacenista-Pagadora de la Asamblea
Departamental del Chocó en donde constan las acreencias laborales pendientes
con el actor, y un oficio suscrito por el Presidente de la Asamblea
Departamental del Chocó en donde se establece que las acreencias laborales
debidas al Señor Córdoba no le han podido ser pagadas por cuanto el
departamento atraviesa una difícil situación económica que no le ha permitido a
ese cuerpo colegiado recibir las transferencias a tiempo para atender todas sus
obligaciones (folio 11).
1.     Sentencia objeto de revisión.
En esta ocasión la Sala Octava de
Revisión de Tutelas revisa la sentencia de única instancia proferida el 30 de
enero de 1999, por el Juzgado Primero Penal Municipal de Quibdó, la cual
deniega las pretensiones elevadas por el actor.
El a-quo considera en su decisión,  que,
“aquí no miramos de soslayo la dura situación económica,
que como consecuencia de la no puntualidad en el pago de sus mesadas laborales,
afrontan los servidores del Departamento. Creemos que esas campanadas de
angustias, también nos cobija (sic), pues somos poseedores de una innegable
sensibilidad social, y como tal, que más quisiéramos que desde esta honrosa
labor, que procurar su superación inmediata y definitiva; empero, tampoco
podemos saltarnos las verjas establecidas por el orden imperante, donde existen
unas reglas de competencias y procedimientos establecidos a los que como ningún
otro servidor público debemos ceñir nuestras actuaciones.”
Lo anterior, en criterio del fallador,
significa que la acción instaurada no puede prosperar por cuanto es
improcedente para dirimir un conflicto como el planteado, ya que el actor
cuenta con otros medios de defensa judiciales para hacer valer sus
pretensiones, y estos los encuentra en la jurisdicción ordinaria laboral; para
este tipo de pleitos, en donde se ven envueltas obligaciones dinerarias, el
juez constitucional resulta incompetente.
II. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS
Con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en armonía con los artículos
31, 33, 34 y 35 del Decreto-Ley 2591 de 1991,  esta Sala es competente para revisar
la sentencia de la referencia. Su examen se hace en virtud de la selección que
de la misma practicó la Sala de Selección de Tutelas Número Siete, mediante
auto de fecha 12 de julio de 1999, y del reparto que se efectúo de conformidad
con el reglamento de esta Corporación.
1. La Materia.
En esta oportunidad le corresponde a la
Sala revisar el fallo de única instancia producido en el proceso de la
referencia, el cual denegó la acción de tutela incoada por el Señor JUAN
CÓRDOBA CASTRO.
En el conflicto que se presenta, tiene
como origen el incumplimiento por parte del ente departamental accionado, de la
obligación de cancelar oportunamente los salarios y otros emolumentos de
carácter prestacional que se le deben al actor, argumentando para dicha omisión
la falta de disponibilidad presupuestal.
Bajo este supuesto, esta Sala debe entrar a determinar hasta qué
punto se ha visto afectado el mínimo vital del actor y el de su familia, y
además determinar hasta que punto se ha vulnerado su derecho a recibir un pago
oportuno y periódico de los salarios y demás sumas que le adeuda la
administración demandada.
2. Fundamentos Jurídicos.
El pago oportuno y periódico de los
salarios adeudados, al tenor de la jurisprudencia[1] que
ha proferido en diversas oportunidades esta Corporación,  se erige como un
derecho del trabajador y una correspondiente obligación por parte del
empleador. De esta forma, el incumplimiento de dichas obligaciones por parte de
éste último constituye una abierta violación de la Constitución ya que pone en
riesgo la remuneración mínima vital de que trata el artículo 53 de la
Constitución Política, y la garantía derivada del mismo en cuantos  refiere a
las de condiciones dignas y justas que deben rodear el trabajo según lo
previsto por el artículo 25 del mismo estatuto.
En anteriores oportunidades, y con base en
lo fallado en la Sentencia T-559 de 1998, sobre el estado inconstitucional de
las cosas en el Departamento del Chocó, esta Corte se ha ocupado por vía de
tutela, de conocer la difícil situación que atraviesa el Departamento del Chocó
y es así como ha involucrado a todas sus autoridades en posibles soluciones a
las crisis económica que padece frente a la omisión en el pago de salarios y
mesadas pensionales.
Pero no obstante no desconocer esta difícil
situación económica, no puede esta Sala, en esta ocasión, desconocer de tajo
las necesidades de los asociados y de sus familiares, ya que las entidades
públicas no pueden aducir la falta de apropiación presupuestal para justificar
el incumplimiento de las obligaciones que les corresponden.
Como regla general, la tutela no es el
mecanismo idóneo para obtener el pago de obligaciones originadas en la relación
laboral. Sin embargo, la jurisprudencia ha señalado concretas excepciones que
guardan relación con las específicas circunstancias de cada caso y con la
afectación de derechos fundamentales[2].
Para esta Sala de Revisión, es claro que la
persona requiere de un mínimo de elementos materiales para subsistir, es
decir de un mínimo vital, el cual se garantiza además, a través de la
consagración de otros derechos fundamentales en la Constitución como lo es la
dignidad humana.
Una prestación económica como el salario,
cuando se constituye en el único ingreso de la persona, y de quienes de ella
dependen, contribuye a la obtención de los medios indispensables de
supervivencia, y en esa medida, se convierte en recurso vital.
Por esta razón los argumentos esbozados por
el ente demandado, es decir, la escasez de recursos económicos que presenta el
Departamento del Chocó, no es razón suficiente para justificar la falta de pago
de las obligaciones, que en este caso concreto, están siendo asumidas por el
Estado
No obstante esta Corporación haya
establecido, en reiteradas ocasiones[3]
que el  mecanismo extraordinario de la tutela no es viable para obtener el pago
de acreencias laborales, se presenta una excepción tratándose del pago del
salario cuando el patrono ha incurrido de manera sistemática en mora, pues la
práctica de omitir su pago oportuno, cuando es continuada,  sin lugar a dudas,
compromete el mínimo vital, cuestión que se presenta en el caso bajo examen, en
donde adicionalmente se le adeudan al actor otros emolumentos de carácter
laboral.
No puede esperarse, entonces, el actor él
poder acudir ante la jurisdicción ordinaria laboral a fin de ventilar sus
pretensiones pues este hecho supone un tiempo adicional, en todo caso mayor al
de la tutela, y quizás menos eficaz que la misma.
Lo anterior lleva  a la conclusión de esta
Sala el amparo constitucional de los derechos aludidos por el actor, los cuales
deben ser resarcidos con el pago de las sumas que se le adeudan al actor.
Además de ordenar el pago de las acreencias
laborales debidas, esta Sala prevendrá a la entidad demandada, en el sentido de
ordenarle adoptar con carácter permanente los correctivos presupuestales que
sean necesarios para asegurar el pago de  sus obligaciones salariales y para
que no vuelva a incurrir en la violación de los aludidos derechos.
La Sala Plena de esta Corporación en sesión
llevada a cabo el día 19 de enero de 2000, decidió levantar los términos
suspendidos en la sesión de 6 de octubre de 1999, para que cada Sala de
Revisión procediera a dictar el fallo correspondiente, conforme a las pautas
sentadas  por la sentencia SU-995 de diciembre 9 de 1999 (magistrado ponente
Dr. Carlos Gaviria Díaz), en materia de reclamos de salarios y  prestaciones
sociales, y en consecuencia es pertinente adoptar la respectiva sentencia.
DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR la sentencia
de única instancia proferida el doce (12) de enero de Mil Novecientos Noventa y
Nueve (1999),  por el Juzgado Primero Penal Municipal de Quibdó, y en su lugar
conceder la tutela de los derechos constitucionales fundamentales del Señor
JUAN CÓRDOBA CASTRO, a la dignidad humana, al pago oportuno, al trabajo y
al mínimo vital, vulnerados por el Departamento del Chocó a través de su
Gobernación.
Segundo. CONCEDER el amparo
constitucional a los derechos a la  dignidad humana, al pago oportuno, al
trabajo y al mínimo vital, vulnerados por la Gobernación del Chocó.
Tercero. ORDENAR el
pago de los salarios, prestaciones, primas, horas extras y vacaciones que se le
adeudan al actor de esta tutela, orden que deberá ser cumplida en un término de
48 horas contadas a partir de la notificación del presente fallo.
Cuarto.- PREVENIR a la
Gobernación del Departamento del Chocó para que en lo sucesivo le cancele a sus
empleados sus prestaciones, salarios, primas, horas extras, vacaciones y demás
acreencias laborales de forma oportuna, y así mismo, para que tome los
correctivos necesarios tendientes a lograr la obtención de una apropiación
presupuestal suficiente que garantice el cumplimiento de lo ordenado.
Quinto.- LÍBRENSE por
Secretaría, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del decreto 2591 de
1991.
Notifíquese, cópiese, publíquese,
comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase
FABIO MORÓN DÍAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
MARTHA V. SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]
Sobre el pago oportuno de la remuneración consultar Sentencias  T 167 de 1994
MP Hernando Herrera Vergara, T 015 de 1995 MP Hernando Herrera Vergara, T 063
de 1995 MP José Gregorio Hernández Galindo, T 146 de 1996 MP Carlos Gaviria
Díaz, T 437 de 1996 MP José Gregorio Hernández Galindo, T 210 de 1998 MP Fabio
Morón Díaz, T 211 de 1998 MP Fabio Morón Díaz, T 212 de 1998 MP Fabio Morón
Díaz, T 213 de 1998 MP Fabio Morón Díaz, T 220 de 1998 MP Fabio Morón Díaz.
[2]
Cfr.
sentencias T-010, T-035, T-047, T-139, T-166, T-332, T-335, T-364, T-418, T-423
y T-611 de 1998.
[3]
Ibidem.