T-204-17
Sentencia
T-204/17
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD EN
MATERIA PENSIONAL-Reiteración
de jurisprudencia
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO
DE PENSION DE VEJEZ-Improcedencia por existir otro medio de defensa
judicial
El proceso laboral
ordinario resulta ser el medio más idóneo y eficaz para la garantía de los
derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la entidad accionada, pues
se tiene que en el caso sub iudice: (i) no existe una grave amenaza de los derechos
fundamentales por cuanto el actor se encuentra laboralmente activo y
percibiendo ingresos para su sostenimiento y, al mismo tiempo la falta de pago
de la prestación no ha generado una grave afectación a su mínimo vital; (ii) el
actor incluso ya acudió a la jurisdicción ordinaria para que sea el juez
natural quien determine si existe o no lugar al reconocimiento de la pensión de
vejez en su favor; y, en consecuencia, (iii) no es posible sustentar la
ineficacia del proceso ordinario, en la medida en que actualmente se ha dado
trámite a la demanda y se ha programado para el próximo 15 de agosto del año en
curso, la audiencia de conciliación entre las partes procesales a fin de
definir el derecho pensional del actor.
Referencia: Expediente: T-5.871.578.
Asunto:
Acción de tutela instaurada por el señor Félix Arcesio Camilo contra la
Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá DC, cuatro (4) de abril de dos mil diecisiete
(2017).
La
Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo y Luis
Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, ha pronunciado la
siguiente:
SENTENCIA
Dentro
del proceso de revisión del fallo proferido por el Juzgado Séptimo Civil del
Circuito de Oralidad de Cali, dictado el 27 de julio de 2016, en la acción de
tutela instaurada por el señor Félix Arcesio Camilo contra la Administradora
Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones).
I. ANTECEDENTES
El señor Félix Arcesio Camilo, en
nombre propio, interpuso acción de tutela contra
Colpensiones invocando la protección de sus
derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, a la igualdad y la
seguridad social, los cuales considera vulnerados por la entidad accionada
quien negó el reconocimiento de la pensión de vejez en su favor.
1. Hechos
1.1 El señor Félix Arcesio Camilo nació el 4 de
abril de 1955, para la fecha de presentación de la acción de tutela contaba con
61 años de edad[1].
1.2. Al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, el 1
de abril de 1994, el señor Félix Arcesio Camilo, contaba con 39 años de edad y
15 años de servicios cotizados al Sistema de Seguridad Social.
1.3. De acuerdo con su historia laboral, el señor
Félix Arcesio Camilo ha realizado aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones
de manera ininterrumpida desde 1972, llegando a completar un total de 2.117,86
semanas cotizadas para el 30 de junio de 2016[2].
1.4. Cumplidos los 60 años de edad, el 9 de abril de
2015 el señor Félix Arcesio Camilo presentó solicitud ante Colpensiones con el
fin de que dicha entidad procediera al reconocimiento y pago de la pensión de
vejez correspondiente.
1.5. Mediante Resolución GNR 22378 del 27 de julio
de 2015, Colpensiones negó tal reconocimiento pensional tras considerar que, si
bien el señor Camilo cumplía con el requisito de semanas cotizadas, en todo
caso no cumplía con la edad necesaria pues no tenía 62 años de edad, siendo
éste uno de los requisitos exigidos por la Ley 100 de 1993[3].
1.6. Notificada la resolución, el señor Félix
Arcesio Camilo interpuso recurso de reposición. Sin embargo, mediante
Resolución GNR 308259 del 8 de octubre de 2015, Colpensiones confirmó su
decisión reiterando que, si bien cumplía los requisitos para ser beneficiario
del régimen de transición, pues para el momento de entrada en vigencia del Acto
Legislativo 01 de 2005 cumplía con las 750 semanas cotizadas, no contaba con la
edad necesaria para adquirir el beneficio pensional, es decir, los 60 años
previstos en el Decreto 758 de 1990 para el 31 de diciembre de 2014[4].
1.7. En virtud de tales consideraciones, el
accionante presentó recurso de apelación contra dicha decisión pero, mediante
Resolución VPB 1493 del 14 de enero de 2016, Colpensiones confirmó la decisión
de negar el reconocimiento pensional al considerar que, para proceder a tal
reconocimiento de acuerdo a las reglas contenidas en el Decreto 758 de 1990, el
accionante debía cumplir los requisitos de edad y semanas cotizadas para el 31
de julio de 2010, pero el señor Félix Arcesio Camilo sólo cumplía con el número
de semanas cotizadas[5].
2. Fundamentos
de la solicitud
2.1. Con fundamento en los anteriores hechos el
señor Félix Arcesio Camilo presentó acción de tutela por considerar que la
mencionada decisión de Colpensiones vulnera sus derechos fundamentales a la
igualdad, a la vida en condiciones dignas y a la seguridad social, además de
desconocer su condición de sujeto de especial protección constitucional por ser
un adulto mayor de 61 años de edad.
2.2. Como argumentos de su demanda, en primer lugar
sostuvo que ha venido cotizando por más de 42 años de manera ininterrumpida al
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y, por tal motivo, para el
primero de abril de 1994 ya contaba con más de mil semanas cotizadas, tal como
puede evidenciarse en su historia laboral. En virtud de esto, explicó que una
vez cumplidos los 60 años de edad se acercó a Colpensiones con el fin de que
dicha entidad reconociera y pagara la pensión de vejez a la que tiene derecho,
de acuerdo con las reglas contenidas en el Decreto 758 de 1990, pero tal
petición fue negada aduciendo que debía cumplir las exigencias consagradas en
la Ley 100 de 1993.
2.3. Aduce que en virtud de la decisión impartida
por la entidad se ha visto forzado a continuar trabajando a pesar de sufrir de
insuficiencia renal crónica, hipertensión y diabetes mellitus[6].
2.4. En este sentido, a través de la acción de
tutela solicita que se reconozca su condición de beneficiario del régimen de
transición por haber acreditado 15 años de servicio y, en consecuencia, que se
ordene a Colpensiones al pago de la pensión vejez.
3. Contestación
de la entidad accionada
El Vicepresidente encargado del Área Jurídica de
Colpensiones presentó escrito en el trámite de la presente actuación con el fin
de oponerse a las pretensiones formuladas por la accionante. En virtud de lo
anterior, solicitó al juez de tutela que declare la improcedencia de la acción
de amparo debido a que, en su concepto, no se demostró la existencia de un
perjuicio irremediable y el actor cuenta con los medios judiciales idóneos para
controvertir la decisión de la entidad a través del proceso ordinario laboral.
4. Sentencia objeto
de revisión
4.1. En sentencia del 27 de
julio de 2016 el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Oralidad de Cali decidió
declarar improcedente la acción de tutela formulada por el accionante al
considerar que, si bien el actor padece varias enfermedades, estas son
correlativas a su edad. Además, concluyó que “no es pregonable que se trate
de una persona de especial protección por parte del Estado, ni fue demostrado
una urgencia manifiesta, que desboque a este juez constitucional acceder al
amparo deprecado, contrario sensu es visible que el actor no está afectado en
su mínimo vital en cuanto percibe un salario superior al mínimo”[7].
5 Pruebas
relevantes que obran en el expediente
5.1. Pruebas aportadas por el accionante:
5.1.1. Copia de la Cédula de Ciudadanía del señor
Félix Arcesio Camilo[8].
5.1.2. Copia dela Historia Laboral del señor Félix
Arcesio Camilo emitida por Colpensiones[9].
5.1.3. Copia de la Historia Clínica del señor Félix
Arcesio Camilo emitida por la Nueva EPS[10].
5.1.4. Copia del acta de notificación de la
Resolución GNR 223785 del 27 de julio de 2015 por medio de la cual negó la
pensión de vejes a favor del señor Félix Arcesio Camilo[11].
5.1.5. Copia de la Resolución GNR 223785 del 27 de
julio de 2015 por medio de la cual negó la pensión de vejes a favor del señor
Félix Arcesio Camilo, emitida por Colpensiones[12].
5.2. Pruebas aportadas por la entidad accionada:
5.2.1. Copia de la
Resolución GNR 223785 del 27 de julio de 2015[13].
5.2.2. Copia de la Resolución GNR 308259
del 8 de octubre de 2015[14].
5.2.3. Copia de la Resolución VPB 1493
del 14 de enero de 2016[15].
II. ACTUACIONES ADELANTADAS EN SEDE DE
REVISIÓN
2.1.
Mediante escrito radicado ante esta Corporación el 13 de enero de 2017 el
Gerente Nacional de Doctrina de Colpensiones presentó escrito con el fin de
informarle al Magistrado Sustanciador que, una vez proferido el fallo del 27 de
julio de 2016 por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cali, el cual negó
el amparo de los derechos fundamentales invocados por el accionante Félix
Arcesio Camilo, el actor presentó “demanda ordinaria laboral de primera
instancia contra Colpensiones, la cual es de conocimiento del Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de Cali, bajo el radicado 7600-13105002-2016-00404-00, con
fijación del auto Admisorio de fecha 10-11-2016, en el petitorio de instancia
solicita como pretensiones en la demanda ordinaria, que se condene a
Colpensiones a liquidar y pagar Pensión de Vejez”[16].
Como consecuencia de la información
suministrada por la entidad accionada, el Magistrado Sustanciador, a través de
Auto del 17 de marzo de 2017, ordenó librar oficio al Juzgado Segundo Laboral
del Circuito de Cali a fin de que remitiera a la Sala:
“1.
Copia de la demanda laboral ordinaria promovida por el señor Félix Arcesio
Camilo contra Colpensiones, dentro del proceso identificado con número de
radicado 7600-13105002-2016-00404-00.
2.
Copia del Auto del 10 de noviembre de 2016, por medio del cual, el Juez Segundo
Laboral del Circuito de Cali admite la demanda laboral ordinaria promovida por
el señor Félix Arcesio Camilo contra Colpensiones, dentro del proceso con
número de radicado 7600-13105002-2016-00404-00” [17].
Así
como, al mismo tiempo, para que informara “cuál es el estado actual del
proceso ordinario laboral identificado con número de radicado 7600-13105002-2016-00404-00”[18].
No obstante lo anterior, vencido el término para dar
cumplimiento a la orden impartida por el Magistrado Sustanciador, no se recibió
respuesta alguna por parte del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali,
razón por cual se procedió a realizar una consulta del proceso a través del
Sistema de Información de la Rama Judicial[19], encontrando
que dentro del proceso Laboral Ordinario identificado con número de radicado 7600-13105002-2016-00404-00
promovido por el señor Félix Arcesio Camilo contra Colpensiones, el citado juzgado,
a través de auto del 14 de marzo de 2017, programó audiencia de conciliación
para el 15 de agosto del corriente.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Competencia
Esta Sala es competente para revisar la
decisión proferida en la acción de tutela de la referencia, con fundamento en
lo previsto en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política.
2. Cumplimiento
de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela
Teniendo
en cuenta que el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cali declaró
improcedente la acción de tutela impetrada por el señor Félix Arcesio Camilo, a
través del fallo del 27 de julio de 2016, tras considerar que la misma no
cumplía con el requisito de subsidiariedad, esta
Sala estima necesario verificar, en primer lugar si en el caso concreto, se
cumplen cada uno de los requisitos de procedencia de la acción de amparo
constitucional y, sólo un vez acreditados tales elementos, se procederá a plantear
y resolver el problema jurídico correspondiente.
2.1. Legitimación por activa
El artículo 86 de la Constitución Política establece
que la acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial al que puede acudir
“[t]oda” persona para reclamar ante los jueces la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales.
En desarrollo de lo anterior, y teniendo en cuenta
lo previsto en el artículo 10° del Decreto 2591 de 1991, en la jurisprudencia
constitucional se ha precisado que la acción de tutela puede ser incoada: (i)
de manera directa, es decir, cuando quien interpone la acción de tutela es el
titular de los derechos fundamentales que considera amenazados o vulnerados;
(ii) a través de representante legal, para el caso de los menores de edad, los
incapaces absolutos, las personas que han sido declaradas interdictas y las
personas jurídicas; (iii) a través de apoderado judicial, caso en el cual el
apoderado debe ostentar la calidad de abogado titulado y al escrito de tutela
se debe anexar el poder especial para el caso; y, finalmente, iv) por medio de
agente oficioso, cuando el afectado en sus derechos no está en condiciones
físicas o psicológicas de promover la acción de tutela por sus propios medios.
Conforme a lo anteriormente señalado, es evidente en
la actuación objeto de revisión, que el señor Félix Arcesio Camilo, como
titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados, se encuentra
legitimado para interponer la presente acción de tutela.
2.2. Legitimación por pasiva
Respecto de la legitimación en la causa por pasiva para la
acción de tutela los artículos 86 de la Constitución Política y 42 del Decreto
2591 de 1991 prevén que aquella se puede promover contra todas las autoridades
públicas y, también, contra los particulares que estén encargados de la
prestación de un servicio público, cuya conducta afecte gravemente el interés
colectivo o respecto de quienes el solicitante se halle en situación de
subordinación e indefensión.
De acuerdo con lo anterior, en el presente caso la
acción resulta procedente toda vez que Colpensiones es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, vinculada al
Ministerio de Trabajo, sujeto de ser demandado a través de este
mecanismo de amparo de conformidad con lo previsto en el artículo 5 del Decreto
2591 de 1991 el cual establece que “[l]a acción de tutela procede contra toda acción u omisión
de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar
cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley”
2.3. Inmediatez
El artículo 86 de la Carta Política dispone que la
acción de tutela tiene como propósito la protección inmediata de
los derechos fundamentales cuando quiera que estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los
particulares en los casos previstos en la ley. Así, de acuerdo con esta regla
en la jurisprudencia se ha señalado que la procedencia de la acción de tutela
está sujeta al cumplimiento del requisito de inmediatez, el cual “implica
que es deber del accionante evitar que pase un tiempo excesivo, irrazonable o
injustificado desde que se presentó la actuación u omisión que causa la amenaza
o vulneración de las garantías constitucionales”, de modo que “[e]l
incumplimiento de la obligación ha llevado a que se concluya la improcedencia
de la acción, impidiendo la protección de los derechos invocados”[20].
En
ese orden de ideas, el requisito de inmediatez se entiende igualmente superado
en la presente causa toda vez que el actor promovió
la acción de tutela el 13 de julio de 2016[21] y el hecho
generador de la presunta vulneración de los derechos invocados tuvo lugar el 14
de enero de 2016, fecha en la cual, Colpensiones, a través de la Resolución VPB
1493, confirmó su decisión de negar el reconocimiento de la pensión de vejez[22].
En este
sentido, se colige que desde el momento de la presunta vulneración del derecho
a la presentación de la acción de tutela trascurrieron 6 meses, lo que
demuestra que la accionante procedió a solicitar el amparo en un término
razonable.
2.4. Subsidiariedad. Procedencia excepcional de la
acción de tutela frente a la existencia de otros medios de defensa judicial, en
el caso de reclamaciones pensionales. Reiteración de jurisprudencia
El mismo artículo 86 superior define la acción de
tutela como un mecanismo judicial de carácter subsidiario, al establecer que la
misma procederá cuando “el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable”. Bajo ese entendido, esta Corporación ha
estimado que en principio “en el caso del reconocimiento o restablecimiento
de derechos pensionales, la acción de tutela no es vía apropiada para reclamar
su protección, pues el tema es de competencia de la justicia ordinaria laboral
o contencioso administrativa, según el caso, además en cuanto se requiere la
valoración de aspectos litigiosos de naturaleza legal, que usualmente escapan a
la órbita de acción del juez de tutela”[23].
No obstante lo anterior, en la jurisprudencia
constitucional se han estructurado dos eventos en los cuales, si bien existiendo otros medios judiciales en el ordenamiento
jurídico, la acción de tutela resulta procedente para el reconocimiento de derechos
prestacionales, dichos eventos se dan cuando “(i) los medios
ordinarios de defensa judicial no son suficientemente idóneos y eficaces para
proteger los derechos presuntamente conculcados, y (ii) aun cuando tales medios
de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela como mecanismo
transitorio de protección, se producirá un perjuicio irremediable a los
derechos fundamentales.”[24].
Respecto a la procedencia excepcional de la acción
de tutela cuando el medio de defensa ordinario no resulta lo suficientemente
idóneo o eficaz para la protección de los derechos fundamentales, esta
Corporación también ha señalado que, con fundamento en el numeral 1 del
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, para determinar la idoneidad y la eficacia
del medio judicial ordinario el juez de tutela en todo caso, debe realizar una
valoración “en concreto” de las circunstancias particulares en las que
se encuentra el solicitante para, de esta manera, identificar si las
pretensiones formuladas trascienden del nivel legal, haciendo que la acción de
tutela pase a ser el medio más eficaz para la protección de las garantías
constitucionales.
En ese orden de ideas, la Corte ha identificado una
serie de circunstancias que debe verificar el juez constitucional para
determinar la procedencia excepcional de la acción de tutela en los eventos en
los cuales se pretende el reconocimiento de derechos pensionales, como son las
siguientes:
“a. Que se trate de sujetos de especial de
protección constitucional.
b. Que la falta de pago de la prestación o su
disminución, genere un alto grado de afectación de los derechos fundamentales,
en particular del derecho al mínimo vital,
c. Que el accionante haya desplegado cierta
actividad administrativa y judicial con el objetivo de que le sea reconocida la
prestación reclamada.
d. Que se acredite siquiera sumariamente, las
razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la
protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados”[25].
Por lo tanto, será a partir de las anteriores reglas legales
constitucionales y legales, así como de las subreglas jurisprudenciales, que
esta Sala procederá a realizar una valoración “en concreto” de las
circunstancias particulares del presente caso a efectos de verificar el
cumplimiento de los requisitos de procedibilidad excepcional de la acción de
tutela, advirtiendo que lo que se pretende a través de la acción constitucional
es el reconocimiento del derecho a una pensión.
2.4.1. Como primera medida, esta Sala encuentra que
si bien el señor Félix Arcesio Camilo es una persona de 61 años de edad, lo
cierto es que en la jurisprudencia de esta Corporación ya se ha definido que
son personas de la tercera edad aquellas que superan la expectativa de vida de
los colombianos de acuerdo a la estadística fijada por el DANE, la cual
corresponde actualmente a los 73.95 años de edad[26].
En ese orden de ideas, solamente cuando se supera esa edad, la acción de tutela
puede llegar a ser el mecanismo principal, y no subsidiario pues, en tal caso,
la jurisdicción ordinaria efectivamente no resulta ser el medio más eficaz y
expedito para la garantía de los derechos presuntamente vulnerados o
amenazados.
Así entonces, en el presente caso, se tiene que el
actor en realidad no es un sujeto de especial protección constitucional en
razón de su edad pues, si bien cuenta con 61 años de edad, en todo caso, no es
una persona de la tercera edad y, en consecuencia, no resulta desproporcionado
ni mucho menos contrario a sus derechos exigirle acudir ante el juez natural
para resolver conflictos relativos a su derecho pensional.
En
igual sentido se ha pronunciado esta Corporación en sentencias como la T-138 de
2010, en dicha oportunidad, este Tribunal al señalar que “trasladar
la definición de la Ley 1276 de 2009 para los propósitos que se vienen
analizando –precisar el concepto de “tercera edad” para admitir que el
reconocimiento del derecho a la pensión de vejez pueda hacerse excepcionalmente
vía tutela-, implicaría aceptar una definición que está incluso por debajo del
parámetro básico del sistema general de pensiones. Esto no tendría sentido
porque llevaría al absurdo de permitir que por la vía excepcional de la tutela
se estudien reconocimientos de pensiones de quienes, según la regla general,
aún no tendrían derecho a ella”[27].
2.4.2. Adicionalmente, se encuentra que en el caso
concreto, la decisión administrativa emitida por Colpensiones de negar el
reconocimiento de la pensión de vejez en favor del señor Félix Arcesio Camilo,
no ha generado un alto grado de afectación de sus derechos fundamentales en la
medida en que, tal como el mismo actor lo afirma en la acción de tutela, y
también se destacó en sede de instancia, se encuentra laboralmente activo a
pesar de las enfermedades que padece.
En ese orden de ideas, se entiende que en la
actualidad el actor percibe ingresos suficientes para garantizar su
sostenimiento, conclusión que igualmente encuentra sustento en lo que esta Sala
pudo constatar al consultar el Registro Único de Afiliación- RUAF y encontrar
que el señor Camilo efectivamente se encuentra afiliado al régimen
contributivo, y no subsidiado, de salud.
2.4.3. Así mismo, de los distintos elementos de
prueba que obran en el expediente se desprende que, si bien el señor Félix
Arcesio Camilo llevó a cabo cierta actividad administrativa ante Colpensiones con
el fin de obtener el reconocimiento de la pensión de vejez, dichas actuaciones
no resultan suficientes para considerar que la acción de tutela sea el
mecanismo más idóneo para la garantía de sus derechos pensionales, más aún si
se tiene en cuenta que, en el presente caso, el actor actualmente se encuentra
desplegando actividades judiciales tendientes a obtener el pago de la
prestación pensional en su favor. De acuerdo con la información suministrada
por Colpensiones y confirmada por esta Sala a través de una consulta hecha en
la página de la Rama Judicial con la que se pudo constatar que, una vez
proferido el fallo del juez de tutela el cual negó el amparo de los derechos a
través de este mecanismo, el accionante efectivamente acudió a la jurisdicción
laboral para que sea el juez natural quien valore el cumplimiento de los
requisito legales y ordene el pago de la pensión de vejez si hubiere lugar a
ello.
En relación con lo anterior se tiene que, una vez
admitida la demanda laboral ordinaria por el Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Cali, la misma autoridad judicial, a través de Auto del 14 de marzo
de 2017, fijó fecha de audiencia de conciliación entre las partes en el
proceso, programado para el 15 de agosto de 2017.
2.4.4. Por último, se tiene que en el presente caso,
el accionante no acreditó siquiera sumariamente las razones por las cuales ese
medio judicial ordinario no es el mecanismo más eficaz e idóneo para la
protección de los derechos fundamentales invocados con ocasión del
reconocimiento y el pago de la pensión de vejez. De hecho, se reitera que el
señor Félix Arcesio Camilo interpuso demanda laboral contra la entidad a fin de
ver reconocido su derecho pensional, demanda que, luego de cumplir los
requisitos procesales, fue admitida por el Juez Segundo Laboral del Circuito de
Cali, quien incluso ya fijó audiencia de conciliación. Lo cual quiere decir que
el mecanismo ordinario en efecto es eficaz para que en el caso concreto se
valore por el juez natural de la causa si el señor Camilo cumple o no los
requisitos legales exigidos para declarar la existencia de su derecho pensional
y, en consecuencia, si es del caso ordene a la entidad accionada el
reconocimiento y el pago de la pensión de vejez correspondiente.
Con base en las anteriores consideraciones, se
concluye que el proceso laboral ordinario resulta ser el medio más idóneo y
eficaz para la garantía de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados
por la entidad accionada, pues se tiene que en el caso sub iudice: (i)
no existe una grave amenaza de los derechos fundamentales por cuanto el actor
se encuentra laboralmente activo y percibiendo ingresos para su sostenimiento
y, al mismo tiempo la falta de pago de la prestación no ha generado una grave
afectación a su mínimo vital; (ii) el actor incluso ya acudió a la jurisdicción
ordinaria para que sea el juez natural quien determine si existe o no lugar al
reconocimiento de la pensión de vejez en su favor; y, en consecuencia, (iii) no
es posible sustentar la ineficacia del proceso ordinario, en la medida en que
actualmente se ha dado trámite a la demanda y se ha programado para el próximo
15 de agosto del año en curso, la audiencia de conciliación entre las partes
procesales a fin de definir el derecho pensional del actor.
En virtud de tales consideraciones y, como quiera que
la presente acción de tutela no supera el requisito de subsidiariedad, la Sala
procederá a confirmar la sentencia proferida en primera instancia por el
Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Oralidad de Cali dictada el 27 de julio de
2016, a través de la cual, se declaró su improcedencia.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de
la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO:
CONFIRMAR
la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Séptimo Civil del
Circuito de Oralidad de Cali, el 27 de julio de 2016 a través de la cual se
declaró IMPROCEDENTE la acción de tutela impetrada por el señor Félix
Arcesio Camilo contra Colpensiones.
SEGUNDO: Por la
Secretaría, líbrese la comunicación de que trata el artículo 36 del decreto
2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
LUIS
GUILLEMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
ROCÍO
LOAIZA MILIÁN
Secretaría
General
[1] La acción de tutela fue presentada el 13 de junio de 2016.
[2] Cuaderno 2, folios 7-12.
[3] Cuaderno 2, folios 30-31.
[4] Cuaderno 2, folios 32-33.
[5] Cuaderno 2, folios 34-36.
[6] Historia Clínica del señor Félix Arcesio Camilo emitido por la
Nueva EPS: Cuaderno 2, folios 13-19.
[7] Cuaderno 2, folio48.
[8] Cuaderno 2, folio 6.
[9] Cuaderno 2, folios 7-12.
[10] Cuaderno 2, folios 13-19.
[11] Cuaderno 2, folio 20.
[12] Cuaderno 2, folios 21-22.
[13] Cuaderno 2, folios 30-31.
[14] Cuaderno 2, folios 32-33.
[15] Cuaderno 2, folios 34-36.
[16] Cuaderno 1, folios 15-21.
[17] Cuaderno 1, folios 37-38.
[18]
Ibídem.
[19] Consulta
llevada a cabo por el despacho el 31 de marzo de 2017.
[20] Sentencia T-172 de 2013, M.P: Jorge Iván Palacio Palacio.
[21] Cuaderno
2, folio 24.
[22] Cuaderno 2, folios 34-36.
[23]
Sentencia T-262 de 2014, M.P: Nilson Pinilla Pinilla.
[24]
Sentencia T-185 de 2007.
[25] Sentencias
T-722 de 2002, T-1069 de 2012, T 326 de 2013.
[26] https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/8Tablasvida1985_2020.pdf
[27]
M.P: Mauricio González Cuervo.