C-254-03
PROYECTO DE SENTENCIA
Sentencia C-254/03
CONVENIO SOBRE ASISTENCIA ACCIDENTE NUCLEAR
O EMERGENCIA RADIOLOGICA-Suscripción
CONVENIO SOBRE ASISTENCIA ACCIDENTE NUCLEAR
O EMERGENCIA RADIOLOGICA-Adhesión
La posibilidad de adherir a la
Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica se encuentra autorizada por el propio texto del instrumento bajo
estudio. Ahora bien, el mecanismo de la adhesión, entendido como la
manifestación de la voluntad estatal tendente a adquirir los compromisos de un
convenio internacional, está previsto en los artículos 11 y 15 de la Convención
de Viena sobre el Derecho de los Tratados (Ley 32 de 1985), por lo cual puede
decirse que en relación con este asunto, el Estado ajusta su comportamiento a
los lineamientos legales pertinentes.
PROYECTO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO
INTERNACIONAL-Trámite de
aprobación
Dado que ni la Constitución ni la ley
determinan un procedimiento específico para la discusión y aprobación de leyes
que adoptan tratados internacionales, el procedimiento que debe adelantar el
Congreso es el corrientemente aplicado a los proyectos de leyes ordinarias. La
única exigencia constitucional que existe frente a las leyes que adoptan este
tipo de normatividad es que el primer debate del proyecto se surta en el Senado
de la República. En el caso de la Ley 766 de 2002, el primer debate del
proyecto, tuvo lugar en el Senado, por lo que puede afirmarse que respecto de
este requisito el procedimiento se ajusta a los cánones constitucionales. En
relación con el trámite restante, el proyecto de la referencia también cumplió
con las exigencias constitucionales y legales.
PROYECTO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO
INTERNACIONAL-Publicación
oficial
ENERGIA NUCLEAR-Importancia para el desarrollo humano
La importancia que para el desarrollo
humano contemporáneo tiene la energía nuclear. La energía nuclear tiene un
generoso campo de aplicación en el progreso de las ciencias naturales. La
tecnología de este siglo depende en gran medida de los desarrollos obtenidos
como consecuencia de la manipulación de las emanaciones radiológicas, los usos
pacíficos de la misma van desde las aplicaciones agrícolas hasta las
hidrológicas, pasando por la implementación médica, entre las más relevantes.
ENERGIA NUCLEAR-Poder destructivo por indebida manipulación
ACCIDENTE NUCLEAR-Obligación preventiva del Estado para
garantizar derecho a la vida/ACCIDENTE NUCLEAR-Medidas de protección al
medio ambiente
Cualquier esfuerzo estatal que tienda a
garantizar la supervivencia de los asociados frente a un eventual accidente
radiológico constituye una medida jurídicamente válida que se deriva de la
obligación constitucional de garantizar la efectividad de los derechos de las
personas, entre los cuales se encuentra el derecho a la vida. Adicionalmente, y
tomando como base la jurisprudencia pasada, la Corte adujo que la adopción de
medidas de protección dirigidas a contrarrestar los efectos nocivos de posibles
accidentes nucleares o emergencias radiológicas podía ser considerada como la
ejecución del deber constitucional de proteger el medio ambiente y de propender
a su conservación.
TRATADO INTERNACIONAL-Mecanismos de seguridad en el manejo de
energía nuclear
CONVENIO SOBRE ASISTENCIA ACCIDENTE NUCLEAR
O EMERGENCIA RADIOLÓGICA-Objeto
El objetivo global de la
Convención es el de dotar al Estado de mecanismos internacionales que le
permitan afrontar de manera eficiente una crisis por contaminación radiológica.
El acuerdo facilita la obtención de asistencia inmediata en caso de que una
emergencia nuclear tuviere lugar.
CONVENIO
SOBRE ASISTENCIA ACCIDENTE NUCLEAR O EMERGENCIA RADIOLOGICA-Comunicación entre Estados para manejo de crisis
Dado que el esfuerzo por
evitar la ocurrencia de tales eventos o por disminuir sus efectos se asume como
un compromiso internacional, en el que prima la cooperación de los Estados, de
suma importancia resulta que la Convención haga énfasis en la construcción de
canales de comunicación entre los Estados, por conducto del OIEA, que permitan
una actuación rápida y eficiente en el manejo de situaciones de crisis.
ACCIDENTE NUCLEAR-Notificación oportuna sobre posible
siniestros nucleares
CONVENIO SOBRE ASISTENCIA ACCIDENTE NUCLEAR
O EMERGENCIA RADIOLOGICA-Contribuye
a la realización de fines del Estado
CONVENIO SOBRE ASISTENCIA ACCIDENTE NUCLEAR
O EMERGENCIA RADIOLOGICA-Cooperación
entre Estados parte y la OIEA
Los primeros artículos no
tienen reparo alguno de constitucionalidad. Se contraen al establecimiento de
los compromisos adquiridos por el Estado Parte como consecuencia de la
manifestación del consentimiento en obligarse internacionalmente por el
tratado. Consagra un claro principio de cooperación entre los Estados Parte y
el Organismo, con el fin de facilitar la pronta y eficaz asistencia en caso de
que otro Estado la solicite como consecuencia de ocurrir un accidente nuclear o
una emergencia radiológica en su territorio. La cooperación incrementa su
efectividad si se permite, la suscripción de arreglos bilaterales o
multilaterales para reducir al mínimo las lesiones que pudieran resultar en
caso de que ocurriera un evento como el descrito.
CONVENIO
SOBRE ASISTENCIA ACCIDENTE NUCLEAR O EMERGENCIA RADIOLOGICA-Reembolso de gastos
CONVENIO
SOBRE ASISTENCIA ACCIDENTE NUCLEAR O EMERGENCIA RADIOLOGICA-Inmunidades y privilegios
TRATADO
INTERNACIONAL-Concesión de prerrogativas e
inmunidades
INMUNIDAD
DE ORGANISMOS INTERNACIONALES-Concesiones que no
quebrantan el concepto de soberanía
ORGANISMO
INTERNACIONAL-No pueden conferir inmunidades
absolutas
Los instrumentos
internacionales no pueden conferir inmunidades absolutas que impliquen la total
renuncia del Estado a utilizar los mecanismos de control y represión que le
sirven para conservar la soberanía en su propio territorio. La inmunidad que se
confiere al personal que actúa en nombre del Estado Parte que presta la
asistencia no es total sino que está limitada a los actos u omisiones en que se
incurra en cumplimiento de sus deberes. De lo previsto se tiene que no
cualquier conducta que realicen los miembros del Estado asistente o del
organismo internacional que preste su colaboración en el territorio nacional
está cubierta por dicha inmunidad.
CONVENIO
SOBRE ASISTENCIA ACCIDENTE NUCLEAR O EMERGENCIA RADIOLOGICA-Inmunidades restringidas solo a miembros que arriban al territorio
Nacional a prestar su colaboración
El numeral 6º del artículo
8º de la Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica señala que las prerrogativas e inmunidades conferidas por la
Convención no constituyen autorización para que el Estado solicitante extienda
tales beneficios a sus nacionales o residentes permanentes. La norma restringe
los privilegios, exclusivamente a favor de los miembros que arriban al
territorio nacional para asistir a las autoridades en caso de emergencia
nuclear.
CONVENIO
SOBRE ASISTENCIA ACCIDENTE NUCLEAR O EMERGENCIA RADIOLOGICA-Inmunidades no autorizan quebrantar al ordenamiento jurídico del
Estado solicitante
El numeral 7º del mismo
artículo establece que el ofrecimiento de las inmunidades no implica
autorización alguna para que el personal que las ostente quebrante el
ordenamiento jurídico del Estado solicitante. Este imperativo incluye la
prohibición de que el personal en misión intervenga en los asuntos internos del
Estado solicitante y constituye una garantía de respeto hacia el Estado de
derecho.
CONVENIO
SOBRE ASISTENCIA ACCIDENTE NUCLEAR O EMERGENCIA RADIOLOGICA-Exención de impuestos al personal que presta su asistencia
Respecto del artículo 8º de
la Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica, el literal b) del numeral 2º ofrece una exención de impuestos al
personal que actúe en misión de asistencia en el Estado solicitante. Esta
exención no incluye los impuestos que usualmente se pagan por la venta de
mercancías o prestación de servicios. Para la Sala, la exención se justifica
desde el punto de vista constitucional porque la asistencia prestada en caso de
emergencia nuclear se vería claramente perjudicada si, además del sacrificio
implícito a la colaboración ofrecida por los Estados o las organizaciones
asistentes, a éstos se les exigiera el pago de impuestos durante su estadía en
la zona afectada.
CONVENIO
SOBRE ASISTENCIA ACCIDENTE NUCLEAR O EMERGENCIA RADIOLOGICA-Privilegios para los equipos y bienes utilizados en la asistencia
El numeral 3º del mismo señala que el
Estado solicitante concederá una exención impositiva y una inmunidad de
embargo, secuestro o requisa para los equipos y bienes transportados al
territorio del Estado solicitante, mientras que el numeral 4º dice que el
Estado solicitante dispondrá lo necesario para devolverlos descontaminados si
así lo solicita la parte asistente. La Corte considera que estos privilegios,
concedidos a los equipos y bienes que ingresan al país con el propósito de ser
utilizados en labores de atención del accidente nuclear o la emergencia
radiológica son, no sólo constitucionales, sino necesarios, ya que de no
ofrecerse tales privilegios, muchos de los buenos propósitos de colaboración
podrían verse truncados a causa de la excesiva onerosidad de la asistencia.
CONVENIO SOBRE ASISTENCIA ACCIDENTE NUCLEAR
O EMERGENCIA RADIOLOGICA-Permisos
para transitar personas y equipos que presten su asistencia
CONVENIO SOBRE ASISTENCIA ACCIDENTE NUCLEAR
O EMERGENCIA RADIOLOGICA-Cooperación
entre estados para facilitar reclamaciones que surjan con ocasión de la
asistencia
CONVENIO SOBRE ASISTENCIA ACCIDENTE NUCLEAR
O EMERGENCIA RADIOLOGICA-Indemnizaciones
que surjan con ocasión de la asistencia
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Reclamaciones e indemnizaciones
El sistema de reclamaciones
e indemnizaciones previsto en la presente convención interesa al tema de la
responsabilidad patrimonial del Estado: de conformidad con el numeral segundo
del artículo estudiado, Colombia, como Estado solicitante en caso de ocurrir
una emergencia radiológica o un accidente nuclear, asumiría la responsabilidad
patrimonial por los perjuicios ocasionados como consecuencia de las acciones u
omisiones de personal extranjero que viniera a prestar su asistencia para
disminuir los efectos de la crisis.
RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL DEL ESTADO-Imputabilidad del daño
En principio, la
responsabilidad patrimonial del Estado se restringe a la que opera como
consecuencia de las acciones u omisiones de las autoridades públicas
nacionales. Es éste el primero y más sencillo entendimiento del artículo 90
constitucional. La jurisprudencia nacional ha recabado en ello al sentar la
tesis de que la base de la responsabilidad patrimonial del Estado la constituye
la imputabilidad del daño. En efecto, con fundamento en la jurisprudencia del
Consejo de Estado, la Corte Constitucional ha sostenido que la responsabilidad
patrimonial del Estado y de las demás personas jurídicas públicas se deriva de
la imputabilidad del perjuicio a una de ellas, lo cual impide extenderla a la
conducta de los particulares o a las acciones u omisiones que tengan lugar por
fuera del ámbito de la administración pública.
RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL DEL ESTADO-Daño antijurídico
La Corte no puede perder de
vista que la responsabilidad patrimonial del Estado funda sus bases en el
concepto de daño antijurídico. La jurisprudencia constitucional ha tomado como
base la del Consejo de Estado para subrayar la idea de que la antijuridicidad
del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por
la Administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la
víctima. De otro lado, la concepción del daño antijurídico a partir de la
consideración de que quien lo sufre no está obligado a soportarlo constituye
otra forma de plantear el principio constitucional según el cual, la igualdad
frente a las cargas públicas es sustento de la actividad de la administración
pública.
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Imputabilidad
El otro principio de
responsabilidad patrimonial del Estado es el de imputabilidad. De conformidad
con éste, la indemnización del daño antijurídico le corresponde al Estado
cuando exista título jurídico de atribución, es decir, cuando de la voluntad
del constituyente o del legislador pueda deducirse que la acción u omisión de
una autoridad pública compromete al Estado con sus resultados. Así pues, tanto
la jurisprudencia de la Corte Constitucional como la especializada del Consejo
de Estado han dedicado sus reflexiones a delimitar el alcance del artículo 90
de la Carta, al punto que podría decirse, a propósito del artículo 10 de la
Convención sub exámine, que si del texto de la Convención surge un título
jurídico constitucional del cual pudiera derivarse que el Estado asume cierta
responsabilidad por los perjuicios ocasionados durante la asistencia,
independientemente de que los mismos hayan sido causados por agentes
internacionales, el daño antijurídico debería ser indemnizado por el Estado
colombiano.
CONVENIO
SOBRE ASISTENCIA ACCIDENTE NUCLEAR O EMERGENCIA RADIOLOGICA-Régimen de indemnizaciones no se opone al régimen de responsabilidad
patrimonial del Estado
El régimen de
indemnizaciones previsto en los literales a, b y c del artículo 10 de la
Convención sobre Asistencia en caso de Accidentes Nucleares o Emergencias
Radiológicas no se opone al régimen de responsabilidad patrimonial del Estado
establecido en el artículo 90 de la Carta. Recogiendo los principios sentados
en este aparte, el Estado colombiano sería responsable por los daños
ocasionados por miembros de organizaciones y Estados que lo asistan.
CONVENIO
SOBRE ASISTENCIA ACCIDENTE NUCLEAR O EMERGENCIA RADIOLOGICA-Inmunidades no cobijan actuaciones subjetivas sino objetivas
Las inmunidades conferidas
al personal extranjero que asista a Colombia en caso de emergencia nuclear se
circunscriben a las actividades realizadas en cumplimiento de sus obligaciones.
Esta salvedad conduce a que la inmunidad no cobija actuaciones meramente
subjetivas que se salgan del marco de la función encomendada por el organismo
diplomático, pues es entendido que dicho privilegio se concede , “no en
beneficio de las personas, sino con el fin de garantizar el desempeño eficaz de
las funciones diplomáticas”.
RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL DEL ESTADO-Siempre y cuando no mediare
mala conducta deliberada
Colombia asumiría la
responsabilidad patrimonial de los daños a personas y bienes ocasionados por
los agentes de la parte asistente, siempre y cuando no mediare mala conducta
deliberada de los mismos. El concepto “mala conducta deliberada” no está
definido por la Convención bajo estudio. Para su correcto entendimiento debe
recurrirse al significado usual de los términos, lo cual conduce a admitir como
primera medida que el Estado sólo podría demandar la indemnización de los
perjuicios, o sólo se exoneraría de indemnizarlos en lugar del organismo o del
Estado asistente que los cause, cuando el agente del organismo o el Estado
asistente hubiere realizado la conducta dañosa de manera voluntaria e
intencionada, es decir, a propósito.
CAUSA
GRAVE-Se asimila al concepto de mala conducta
deliberada
A juicio de esta
Corporación, el concepto de mala conducta deliberada, que no tiene equivalente
específico en la legislación interna, corresponde a lo que en derecho
colombiano se conoce como “culpa grave”, la cual ha sido asimilado al dolo
civil. La culpa grave es entonces la modalidad de mayor entidad en la
estratificación de la culpa civil y consiste en aquella negligencia grave que
ni siquiera las personas negligentes o de poca prudencia suelen usar en sus
propios negocios. Como la definición de esta modalidad de culpa se asimila al
concepto de “mala conducta deliberada”, utilizado por la Convención para
delimitar la responsabilidad del Estado solicitante, entonces habría que
concluir que el Estado solicitante no se hace responsable por la culpa grave de
los agentes del organismo o del Estado asistente.
CULPA
GRAVE-Causal de pérdida de inmunidad diplomática
Frente a la consideración
de que los miembros del Estado o de la organización internacional asistente son
personal profesional altamente capacitado, entrenado en la solución de
emergencias de tipo radiológico, con conocimiento científico especializado y
con una misión específica y exclusiva de colaboración en las labores de
recuperación del territorio y de la población afectada, la culpa grave, entendida
como el incumplimiento deliberado y flagrantemente negligente de las
obligaciones asignadas por la misión de asistencia, debe ser considerada como
causal de pérdida de la inmunidad diplomática conferida por el artículo 8º de
la Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica. Ciertamente, en opinión de la Sala, dada la alta tecnificación de
los servicios prestados por el personal de asistencia en caso de emergencia
nuclear, pero, sobre todo, la especificidad de las funciones, las conductas que
pudieran ser catalogadas como flagrantemente negligentes, de mala conducta
deliberada o gravemente culposas, no deben calificarse como comportamientos
derivados de la misión de asistencia sino como hechos ajenos al cumplimiento de
la misma, lo cual, en desarrollo de las preceptivas del propio artículo 8º de
la Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica, implica la posibilidad de levantamiento de la inmunidad.
PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA-Uso opcional de la facultad que le
confiere la Convención
Reconociendo que el
Presidente de la República es el supremo director de las relaciones
internacionales y que al comprometer internacionalmente al Estado colombiano,
aquel ejerce una potestad discrecional que le confía la Constitución Política,
esta Sala considera constitucional que el jefe del Ejecutivo haga uso opcional
de la facultad que le confiere el literal a) del parágrafo 5º del artículo 10
de la Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica, en el sentido de manifestar, al momento de adherir a la
Convención, que Colombia no se considera obligada en todo o en parte por lo
dispuesto en el párrafo 2º de dicho artículo.
CONVENIO SOBRE ASISTENCIA ACCIDENTE NUCLEAR
O EMERGENCIA RADIOLOGICA-Exequibilidad
Referencia: expediente LAT-229
Revisión oficiosa de la Ley 766 del 31 de
julio de 2002 "Por medio de la cual se aprueba la ‘Convención sobre
asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica’ aprobada
en Viena el 26 de septiembre de 1986”
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Bogotá D.C., veinticinco (25) de marzo de
dos mil tres (2003).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
conformada por los magistrados doctores Eduardo Montealegre Lynett -quien la
preside-, Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda
Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy
Cabra, Álvaro Tafur Gálvis y Clara Inés Várgas Hernández, en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites
establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia, en
la revisión oficiosa de la Ley 766 del 31 de julio de 2002 "Por medio de
la cual se aprueba la ‘Convención sobre asistencia en caso de accidente
nuclear o emergencia radiológica’ aprobada en Viena el 26 de septiembre de
1986”.
I. ANTECEDENTES
En cumplimiento de lo dispuesto en el
numeral 10 del artículo 241 de la C.P., el 2 de agosto de 2002 la Secretaria
Jurídica de la Presidencia de la República remitió a la Corte Constitucional,
copia auténtica de la Ley 766 del 31 de julio de 2002 "Por medio de la cual
se aprueba la ‘Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o
emergencia radiológica’ aprobada en Viena el 26 de septiembre de 1986”.
Por Auto del 21 de agosto del mismo año, el
Magistrado Sustanciador asumió el conocimiento de la Ley de la referencia y
ordenó oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores para que certificara si
la persona que intervino en la suscripción de la convención tenía plenos
poderes para hacerlo. Así mismo, notificó a las Secretarías Generales de Cámara
y Senado para que remitieran toda la información concerniente al trámite
legislativo que se le había dado a la ley bajo estudio. Adicionalmente, se
ordenó comunicar la demanda al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio del
Medio Ambiente, al Instituto de Investigación e
Información Geocientífica, Minero-Ambiental y Nuclear –INGEOMINAS- y al
Instituto de Hidrología, meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM-. Por otro
lado, en dicho auto se ordenó la fijación en lista del negocio y el
traslado del expediente al despacho del señor Procurador General de la Nación,
para efectos de que rindiera el concepto de su competencia.
Cumplidos los trámites indicados para este
tipo de actuaciones, procede la Corte a pronunciar su decisión.
II. EL TEXTO DEL CONVENIO QUE SE REVISA Y DE
SU LEY APROBATORIA
DIARIO OFICIAL 44.889
LEY 766 31/07/2002
por
medio de la cual se aprueba la Convención sobre asistencia en caso de accidente
nuclear o emergencia radiológica, aprobada en Viena el 26 de septiembre de
1986.
El Congreso de la República
Visto el texto de la “Convención sobre asistencia en
caso de accidente nuclear o emergencia radiológica”, aprobada en Viena el 26 de
septiembre de 1986.
(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto
íntegro del Instrumento Internacional mencionado).
«CONVENCION SOBRE ASISTENCIA EN CASO DE ACCIDENTE
NUCLEAR
O EMERGENCIA RADIOLOGICA
Los Estados parte en la presente Convención,
Conscientes de que en cierto número de Estados se
están llevando a cabo actividades nucleares.
Teniendo en cuenta que, para asegurar un elevado nivel
de seguridad en las actividades nucleares, se han tomado y se están tomando
medidas de gran amplitud encaminadas a impedir accidentes nucleares y a reducir
al mínimo las consecuencias de tales accidentes, en caso de que ocurran.
Deseando fortalecer más la cooperación internacional
para el desarrollo y el uso seguros de la energía nuclear.
Convencidos de la necesidad de un marco de referencia
internacional que facilite la pronta prestación de asistencia en caso de
accidente nuclear o emergencia radiológica, para mitigar sus consecuencias.
Teniendo en cuenta la utilidad de los arreglos
bilaterales y multilaterales de asistencia mutua en esta esfera.
Teniendo en cuenta las actividades del Organismo
Internacional de Energía Atómica en el desarrollo de directrices relativas a
arreglos de ayuda mutua de urgencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica.
Acuerdan lo siguiente:
Artículo 1°
Disposiciones generales
1. Los Estados Parte cooperarán entre sí y con el
Organismo Internacional de Energía Atómica (en adelante denominado el
“organismo”), en conformidad con las disposiciones de la presente Convención,
para facilitar pronta asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica a fin de reducir al mínimo sus consecuencias y de proteger la vida,
los bienes y el medio ambiente de los efectos de las liberaciones radiactivas.
2. Para facilitar tal cooperación, los Estados Parte
podrán convenir arreglos bilaterales o multilaterales o, cuando proceda, una
combinación de ambos, para impedir o reducir al mínimo las lesiones y daños que
pudieran resultar en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica.
3. Los Estados Parte piden al Organismo que, actuando
en el marco de su Estatuto, ponga su mejor empeño, en conformidad con las
disposiciones de la presente Convención, en promover, facilitar y apoyar la
cooperación entre Estados Parte prevista en la presente Convención.
Artículo 2°
Prestación de asistencia
1. Si un Estado Parte necesita asistencia en caso de
accidente nuclear o emergencia radiológica, ya sea que ese accidente o
emergencia se origine o no dentro de su territorio, jurisdicción o control,
podrá pedir tal asistencia de cualquier otro Estado Parte, directamente o por
conducto del Organismo, así como asistencia del organismo o, si procede, de
otras organizaciones intergubernamentales internacionales (en adelante
denominadas “organizaciones internacionales”).
2. Todo Estado Parte que solicite asistencia deberá
especificar el alcance y el tipo de la asistencia solicitada y, de ser posible
suministrar a la parte que preste la asistencia la información que pueda ser
necesaria para que esa parte determine la medida en que está en condiciones de
atender la solicitud. En caso de que no sea posible para el Estado Parte
solicitante especificar el alcance y el tipo de la asistencia requerida, el
Estado Parte solicitante y la parte que preste la asistencia decidirán, en
consulta, el alcance y el tipo de la asistencia necesaria.
3. Cada Estado Parte al que se dirija una solicitud de
tal asistencia decidirá y notificará con prontitud al Estado Parte solicitante,
directamente o por conducto del Organismo, si está en condiciones de prestar la
asistencia solicitada, así como el alcance y los términos de la asistencia que
podría prestarse.
4. Los Estados Parte deberán, dentro de los límites de
sus capacidades, identificar y notificar al Organismo los expertos, el equipo y
los materiales con que se podría contar para la prestación de asistencia a
otros Estados Parte en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica, así
como los términos, sobre todo los términos financieros, en que podría prestarse
dicha asistencia.
5. Todo Estado Parte podrá solicitar asistencia
relacionada con el tratamiento médico o el reasentamiento temporal en el
territorio de otro Estado Parte de personas afectadas por un accidente nuclear
o emergencia radiológica.
6. El Organismo, en conformidad con su Estatuto y con
lo dispuesto en la presente Convención, responderá a la solicitud de asistencia
en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica formulada por un Estado
Parte o un Estado Miembro:
a) Facilitando los recursos apropiados asignados a
tales fines;
b) Transmitiendo prontamente la petición a otros
Estados y organizaciones internacionales que, según la información en poder del
Organismo, puedan tener los recursos necesarios; y
c) Si así lo pide el Estado solicitante, coordinando
en el plano internacional la asistencia que de esta forma pueda resultar
disponible.
Artículo 3°
Dirección y control de la asistencia
A menos que se acuerde otra cosa:
a) La dirección, el control, la coordinación y la
supervisión generales de la asistencia será responsabilidad, dentro de su
territorio, del Estado solicitante. La parte que preste asistencia deberá,
cuando la asistencia comprenda personal, designar en consulta con el Estado
solicitante la persona que estará a cargo del personal y el equipo suministrado
por ella, y que ejercerá la supervisión operacional inmediata sobre dicho
personal y equipo. La persona designada ejercerá tal supervisión en cooperación
con las autoridades apropiadas del Estado solicitante;
b) El Estado solicitante proporcionará, en la medida
de sus posibilidades, instalaciones y servicios locales para la correcta y
efectiva administración de la asistencia. También garantizará la protección del
personal, equipo y materiales llevados a su territorio por la parte que preste
asistencia, o en nombre de ella, para tal fin;
c) La propiedad del equipo y los materiales
suministrados por cualquiera de las dos partes durante los períodos de
asistencia no se verá afectada, y se asegurará su devolución;
d) El Estado Parte que suministre asistencia en
respuesta a una solicitud formulada en conformidad con el párrafo 5 del
artículo 2° coordinará esa asistencia dentro de su territorio.
Artículo 4°
Autoridades competentes y puntos de
contacto
1. Cada Estado Parte comunicará al Organismo y a otros
Estados Parte, directamente o por conducto del Organismo, sus autoridades
competentes y punto de contacto autorizado para formular y recibir solicitudes
de asistencia y para aceptar ofertas de asistencia. Esos puntos de contacto y
un punto de convergencia en el organismo deberán estar disponibles
permanentemente.
2. Cada Estado Parte informará prontamente al
Organismo de cualquier cambio que se produzca en la información a que se hace
referencia en el párrafo 1.
3. El Organismo suministrará regularmente y en forma
expedita a los Estados Parte, a los Estados Miembros y a las organizaciones
internacionales pertinentes la información a que se hace referencia en los
párrafos 1 y 2.
Artículo 5°
Funciones del Organismo
En conformidad con el párrafo 3 del artículo 1° y sin
perjuicio de otras disposiciones de la presente Convención, los Estados Parte
piden al organismo lo siguiente:
a) A copiar y difundir entre los
Estados Parte y los Estados Miembros información acerca de:
i) Los expertos, el equipo y los materiales que se
podrían facilitar en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica;
ii) Las metodologías, las técnicas y los resultados de
investigación disponibles en materia de respuesta a accidentes nucleares o
emergencias radiológicas;
b)  Prestar asistencia a todo Estado Parte o Estado
Miembro que la solicite, en relación con cualesquiera de las materias
siguientes o cualesquiera otras materias apropiadas:
i) Preparación tanto de planes de emergencia en caso
de accidentes nucleares y emergencias radiológicas como de la legislación
apropiada;
ii) Desarrollo de programas apropiados para la
capacitación del perso­nal que haya de atender a los accidentes nucleares y
emergencias radiológicas;
iii) Transmisión de solicitudes de asistencia y de información
pertinente en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica;
iv) Desarrollo de programas, procedimientos y normas
apropiados de vigilancia radiológica;
v) Realización de investigaciones sobre la viabilidad
de establecer sistemas apropiados de vigilancia radiológica;
c) Facilitar a todo Estado Parte o Estado Miembro que
solicite asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica
recursos apropiados asignados a los fines de efectuar una evaluación inicial
del accidente o emergencia;
d) Ofrecer sus buenos oficios a los Estados Parte y
Estados Miembros en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica;
e) Establecer y mantener el enlace con organizaciones
internacionales pertinentes con el fin de obtener e intercambiar información y
datos pertinentes, y facilitar una lista de tales organizaciones a los Estados
Parte, a los Estados Miembros y a las mencionadas organizaciones.
Artículo 6°
Confidencialidad y declaraciones públicas
1. El Estado solicitante y la parte que preste asistencia
deberán proteger el carácter confidencial de toda información confidencial que
llegue a conocimiento de cualquiera de los dos en relación con la asistencia en
caso de accidente nuclear o emergencia radiológica. Esa información se usará
exclusivamente con el fin de la asistencia convenida.
2. La parte que preste la asistencia hará todo lo
posible por coordinar con el Estado solicitante antes de facilitar al público
información sobre la asistencia prestada en relación con un accidente nuclear o
emergencia radiológica.
Artículo 7°
Reembolso de los gastos
1. Cualquier parte que preste asistencia podrá ofrecer
la asistencia sin gastos para el Estado solicitante. Al considerar la
posibilidad de ofrecer asistencia sobre esa base, la parte que preste
asistencia deberá tener en cuenta:
a) La naturaleza del accidente nuclear o emergencia
radiológica;
b) El lugar de origen del accidente nuclear o
emergencia radiológica;
c) Las necesidades de los países en desarrollo;
d) Las necesidades particulares de los países sin
instalaciones nu­cleares, y
e) Cualesquiera otros factores pertinentes.
2. Cuando la asistencia se preste total o parcialmente
sobre la base del reembolso, el Estado solicitante reembolsará a la parte que
preste asistencia los gastos contraídos a causa de los servicios prestados por
personas u organizaciones que actúen en nombre de la misma, y todos los gastos
vinculados con la asistencia en la medida que dichos gastos no sean sufragados
directamente por el Estado solicitante. A menos que se acuerde otra
cosa, el reembolso se hará efectivo con prontitud después de que la parte que
preste asistencia haya presentado su petición de reembolso al Estado
solicitante, y, respecto de gastos distintos de los gastos locales, será
libremente transferible.
3. Independientemente de lo dispuesto en el párrafo 2,
la parte que preste asistencia podrá en cualquier momento renunciar al
reembolso o acceder a su aplazamiento, en todo o en parte. Al considerar tales
renuncias o aplazamientos, las partes que presten asistencia tendrán
debidamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.
Artículo 8°
Privilegios, inmunidades y facilidades
1. El Estado solicitante concederá al personal de la
parte que preste asistencia y el personal que actúe en nombre de ella los
privilegios, inmunidades y facilidades necesarios para el desempeño de sus
funciones de asistencia.
2. El Estado solicitante concederá los siguientes
privilegios e inmunidades al personal de la parte que preste asistencia, o al
personal que actúe en nombre de ella, cuyos nombres hayan sido debidamente
notificados al Estado solicitante y aceptados por éste:
a) Inmunidad de prisión, detención y proceso judicial,
incluida la jurisdicción penal, civil y administrativa del Estado solicitante,
por actos u omisiones en el cumplimiento de sus deberes; y
b) Exención de impuestos, derechos u otros gravámenes,
excepto aquellos que normalmente están incorporados en el precio de las
mercancías o que se pagan por servicios prestados, en relación con el desempeño
de sus funciones de asistencia.
3. El Estado solicitante:
a) Concederá a la parte que preste asistencia la
exención de impuestos, derechos u otros gravámenes referentes al equipo y
bienes llevados al territorio del Estado solicitante por la parte que preste
asistencia con el fin de la asistencia, y
b) Concederá inmunidad de embargo, secuestro o requisa
de tales equipo y bienes.
4. El Estado solicitante asegurará la devolución de
tales bienes y equi­po. Si lo pide la parte que preste asistencia, el Estado
solicitante adoptará disposiciones, en la medida que ello le sea posible, para
la necesaria descontaminación, antes de su devolución, del equipo recuperable
que se haya utilizado en la asistencia.
5. El Estado solicitante facilitará la entrada en su
territorio nacio­nal, la permanencia en él y la salida del mismo, del personal
cuyos nombres se hayan notificado conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 y del
equipo y los bienes que se utilicen en la asistencia.
6. Nada de lo dispuesto en el presente artículo
obligará al Estado solicitante a conceder a sus nacionales o residentes
permanentes los privilegios e inmunidades previstos en los párrafos
precedentes.
7. Sin perjuicio de los privilegios e inmunidades,
todas las personas que gocen de tales privilegios e inmunidades en virtud del
presente artículo tienen el deber de respetar las leyes y los reglamentos del
Estado solicitante. También tendrán el deber de no interferir en los asuntos
internos del Estado solicitante.
8. Nada de lo dispuesto en el presente artículo
afectará a los derechos y obligaciones correspondientes a privilegios e
inmunidades concedidos en virtud de otros acuerdos internacionales o de las
reglas del derecho internacio­nal consuetudinario.
9. Al firmar, ratificar, aceptar o aprobar la presente
Convención, o al adherirse a la misma, todo Estado podrá declarar que no se
considera obligado en todo o en parte por los párrafos 2 y 3.
10. Todo Estado Parte que haya formulado una
declaración en conformidad con el párrafo 9 podrá retirarla en cualquier momento
notificándolo al depositario.
Artículo 9°
Tránsito de personal, equipo y bienes
Cada Estado Parte, a petición del Estado solicitante o
de la parte que preste asistencia, procurará facilitar el tránsito a través de
su territorio del personal, equipo y bienes debidamente reseñados en la
correspondiente notificación que se utilicen en la asistencia, para que entren
y salgan del Estado solicitante.
Artículo 10
Reclamaciones e indemnización
1. Los Estados Parte cooperarán estrechamente a fin de
facilitar la solución de demandas judiciales y reclamaciones en virtud de este
artículo.
2. A menos que se acuerde otra cosa, respecto de toda
muerte o lesión a personas, o de todo daño o pérdida de bienes, o de daños al
medio ambiente causados en el territorio de un Estado solicitante o en
cualquier otra zona bajo su jurisdicción o control durante la prestación de la
asistencia solicitada, el Estado solicitante;
a) No presentará ninguna demanda judicial contra la
parte que suministre asistencia ni contra personas u otras entidades jurídicas
que actúen en su nombre;
b) Asumirá la responsabilidad de atender a las
reclamaciones y demandas judiciales presentadas por terceros contra la parte
que suministre asistencia o contra personas u otras entidades jurídicas que
actúen en su nombre;
c) Considerará exenta de responsabilidad respecto de
las reclamaciones y demandas judiciales a que se refiere el apartado b), a la
parte que suministre asistencia o a las personas u otras entidades jurídicas
que actúen en su nombre, y
d) Indemnizará a la parte que suministre asistencia o
a las personas u otras entidades jurídicas que actúen en nombre, en los
siguientes casos:
i) Muerte o lesión de personal de la parte que
suministre asistencia o de personas que actúen en su nombre;
ii) Pérdida o daño de equipo o materiales no fungibles
relacionados con la asistencia;
Salvo en casos de mala conducta deliberada de los
individuos que hubieren causado la muerte, lesión, pérdida o daño.
3. Las disposiciones del presente artículo no
impedirán la indemnización prevista en virtud de cualquier acuerdo
internacional o ley nacional de cualquier Estado, que sea aplicable.
4. Ninguna de las disposiciones de este artículo
obligará al Estado solicitante a aplicar el párrafo 2 del artículo en todo o en
parte a sus nacionales o residentes permanentes.
5. Al firmar, ratificar, aceptar o aprobar esta
Convención, o al adhe­rirse a la misma, todo Estado podrá declarar:
a) Que no se considera obligado en todo o en parte por
el párrafo 2;
b) Que no aplicará el párrafo 2 del presente artículo,
en todo o en parte, en casos de negligencia flagrante de los individuos que
hubieren causado la muerte, lesión, pérdida o daño.
6. Todo Estado Parte que haya formulado una
declaración en con formidad con el párrafo 5 podrá retirarla en cualquier
momento notificándolo al depositario.
Artículo 11
Terminación de la asistencia
El Estado solicitante, o la parte que suministre
asistencia, podrá en cualquier momento, después de consultas apropiadas y
notificación por escrito, pedir la terminación de la asistencia recibida o
prestada en virtud de la presente Convención. Una vez que se formule tal
petición, las partes interesadas se consultarán para disponer la conclusión
correcta de la asistencia.
Artículo 12
Relación con otros acuerdos internacionales
La presente Convención no afectará a las obligaciones
ni a los derechos recíprocos que tengan los Estados Parte en virtud de los
acuerdos internacionales existentes que se relacionen con los asuntos que
abarca la presente Convención o en virtud de futuros acuerdos internacionales
concertados en conformidad con el objeto y la finalidad de la presente
Convención.
Artículo 13
Solución de controversias
1. En caso de controversia entre Estados Parte, o
entre un Estado Parte y el Organismo, relativa a la interpretación o aplicación
de la presente Convención, las partes en la controversia se consultarán
a fin de resolver la controversia por negociación o por cualquier otro medio
pacífico de solución de controversias que consideren aceptable.
2. En caso de que una controversia de esta naturaleza
entre Estados Parte no pueda ser resuelta al año de haberse formulado la
petición de consulta conforme a lo dispuesto en el párrafo 1, la controversia
deberá, a petición de cualquiera de las partes en la misma, someterse a
arbitraje o remitirse a la Corte Internacional de Justicia para que decida.
Cuando se someta una controversia a arbitraje, si dentro de un plazo de seis
meses a partir de la fecha de la petición, las partes en la controversia no
consiguen ponerse de acuerdo para organizarlo, cualquiera de ellas podrá pedir
al Presidente de la Corte Internacional de Justicia o al Secretario General de
las Naciones Unidas que nombre uno o más árbitros. En caso de conflicto entre
las peticiones de las partes en la controversia, la petición dirigida al
Secretario General de las Naciones Unidas tendrá prioridad.
3. Al firmar, ratificar, aceptar o aprobar la presente
Convención, o al adherirse a la misma, todo Estado podrá declarar que no se
considera obligado por uno cualquiera o por ninguno de los dos procedimientos
estipulados para la solución de controversias en el párrafo 2. Los demás
Estados Parte no quedarán obligados por el procedimiento estipulado para la
solución de controversias en el párrafo 2, con respecto a un Estado
Parte para el cual esté vigente tal declaración.
4. Todo Estado Parte que haya formulado una
declaración con arreglo al párrafo 3 podrá retirarla en cualquier momento
notificándolo al depositario.
Artículo 14
Entrada en vigor
1. La presente Convención estará abierta a la firma de
todos los Estados y de Namibia, representada por el Consejo de las Naciones
Unidas para Namibia, en la Sede del Organismo Internacional de Energía Atómica
en Viena, y en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, desde el 26 de septiembre
de 1986 y el 6 de octubre de 1986, respectivamente, hasta su entrada en vigor,
o durante doce meses, rigiendo de estos dos períodos el que sea más largo.
2. Cualquier Estado y Namibia, representada por el
Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, podrá expresar su consentimiento a
quedar obligado por la presente Convención, ya sea por firma, o por depósito de
un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación tras la firma efectuada
con sujeción a ratificación, aceptación o aprobación, o bien por depósito de un
instrumento de adhesión. Los instrumentos de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión se depositarán en poder del depositario.
3. La presente Convención entrará en vigor treinta
días después de que tres Estados hayan expresado su consentimiento a quedar
obligados por la misma.
4. En el caso de cada Estado que exprese
consentimiento a quedar obligado por la presente Convención tras su entrada en
vigor, la presente Convención entrará en vigor para ese Estado treinta días
después de la fecha de expresión del consentimiento.
5. a) La presente Convención estará abierta a la
adhesión, según se dispone en este artículo, por organizaciones internacionales
y organizaciones de integración regional constituidas por Estados sobe­ranos,
que tengan competencia respecto de la negociación, concertación y aplicación de
acuerdos internacionales en las materias abarcadas por la presente Convención;
b) En cuestiones comprendidas dentro de su
competencia, tales organizaciones, en su propio nombre, ejercerán los derechos
y cumplirán las obligaciones que la presente Convención atribuye a los Estados
Parte;
c) Al depositar su instrumento de adhesión, cada una
de tales organizaciones comunicará al depositario una declaración en la que se
indique el alcance de su competencia respecto de las materias abarcadas por la
presente Convención;
d) Tales organizaciones no tendrán voto alguno
adicional a los de sus Estados Miembros.
Artículo 15
Aplicación provisional
Todo Estado podrá, en el momento de la firma o en
cualquier otra fecha posterior antes de que la Convención entre en vigor para
ese Estado, declarar que aplicará la Convención provisionalmente.
Artículo 16
Enmiendas
1. Todo Estado Parte podrá proponer enmiendas a la
presente Convención. Las enmiendas propuestas se presentarán al depositario, el
cual las comunicará inmediatamente a todos los demás Estados Parte.
2. Si la mayoría de los Estados Parte pide al
depositario que convoque una conferencia para examinar las enmiendas
propuestas, el depositario invitará a todos los Estados Parte a asistir a tal
conferencia, la cual comenzará no antes de que hayan transcurrido treinta días
después de cursadas las invitaciones. Toda enmienda aprobada en la conferencia
por mayoría de dos tercios de todos los Estados Parte será objeto de un
protocolo que estará abierto a la firma de todos los Estados Parte en Viena y
Nueva York.
3. El protocolo entrará en vigor treinta días después
de que tres Estados hayan expresado su consentimiento a quedar obligados
por el mismo. Para cada Estado que, con posterioridad a la entrada en vigor del
protocolo, exprese su consentimiento a quedar obligado por el mismo, el
protocolo entrará en vigor para ese Estado a los treinta días de la fecha en
que haya expresado tal consentimiento.
Artículo 17
Denuncia
1. Todo Estado Parte podrá denunciar la presente
Convención notificándolo por escrito al depositario.
2. La denuncia surtirá efecto transcurrido un año a
partir de la fecha en que el depositario reciba la notificación.
Artículo 18
Depositario
1. El Director General del Organismo será el
depositario de la presente Convención.
2. El Director General del Organismo notificará
prontamente a los Estados Parte y a todos los demás Estados:
a) Cada firma de la presente Convención o de un
protocolo de enmienda;
b) Cada depósito de un instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión concerniente a la presente Convención o a un
protocolo de enmienda;
c) Toda declaración o retirada de la misma que se
efectúe en conformidad con los artículos 8°, 10 y 13;
d) Toda declaración de aplicación provisional de la
presente Convención que se efectúe en conformidad con el artículo 15;
e) La entrada en vigor de la presente Convención y de
toda enmienda a la misma, y
f) Toda denuncia que se haga con arreglo al artículo
17.
Artículo 19
Textos auténticos y copias certificadas
El original de la presente convención, cuyos textos en
árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se
depositará en poder del Director General del Organismo Internacional de Energía
Atómica, quien enviará copias certificadas del mismo a los Estados Parte y a
todos los demás Estados.
En testimonio de lo cual los infrascritos, debidamente
autorizados, firman la presente Convención, abierta a la firma según lo dispuesto
en el párrafo 1 del artículo 14.
Aprobada por la Conferencia General del Organismo
Internacional de Energía Atómica, en reunión extraordinaria, en Viena, a los
veintiséis días de septiembre de mil novecientos ochenta y seis».
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Santa Fe de Bogotá, D. C., 11 de julio de 2000.
Aprobado. Sométase a la consideración de honorable
Congreso Nacional para los efectos constitucionales.
(Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) Guillermo Fernández de Soto.
DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase la “Convención sobre asistencia
en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica”, aprobada en Viena el 26
de septiembre de 1986.
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, la Convención sobre asistencia en caso de
accidente nuclear o emergencia radiológica, aprobada en Viena el 26 de
septiembre de 1986, que por el artículo primero de esta ley se aprueba,
obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo
internacional respecto del mismo.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de
la fecha de su publicación.
El Presidente del honorable Senado de la República,
(siguen firmas)
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de julio de 2002.
ANDRES PASTRANA ARANGO
(siguen firmas)
III.- INTERVENCIONES
Intervención del Ministerio del Medio
Ambiente
En representación del Ministerio de la
referencia intervino en el proceso la abogada Astrid Marcela Carrillo Niño para
solicitar a la Corte que declare la exequibilidad de la Ley 766 y del Convenio
que por ella se aprueba.
En concepto de la interviniente, una de las
principales preocupaciones del mundo moderno es la proliferación de armas
nucleares. La posesión de más de 25.000 por parte de las dos potencias más
grandes del mundo (Estados Unidos y Rusia) hace pensar en el peligro al que
están sometidos la humanidad y el planeta. Agrega que los riesgos también se
presentan como consecuencia del uso pacífico de la energía nuclear, por lo que
resulta indispensable que la comunidad internacional establezca una regulación
destinada a coordinar y a estandarizar el uso de esta fuente de energía, con el
fin de ejercer un control efectivo que permita su manejo seguro.
Dice que la Convención a que se refiere la
Ley 766 incluye en su articulado normas que garantizan el cumplimiento de las
medidas de seguridad en el manejo de la energía nuclear y que permiten crear
mecanismos de dirección, coordinación y supervisión en caso de accidente y de
que cierta ayuda sea requerida.
Agrega que la OIEA (Organismo Internacional
de Energía Atómica) es la agencia encargada de promover el uso pacífico de la
energía nuclear, así como de aplicar el derecho nuclear en materia de
seguridad. Sostiene además que el objetivo de estandarizar los niveles de
seguridad en el manejo de la energía nuclear es proteger al medio ambiente, a
la población y a individuos particulares (trabajadores de campo) de los efectos
nocivos de la radiación ionizante.
Dice que la aplicación de la convención
debe hacerse en coordinación con la normatividad ambiental y que en esas
condiciones la Ley 766 de 2002 estaría acorde con los preceptos
constitucionales.
IV.- CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACION
En concepto del señor Procurador General de
la Nación no existe oposición entre el texto de la ley que se revisa, el
convenio aprobado por ella y el texto de la Carta Política, por lo que aquellas
deben ser declaradas exequibles.
La Procuraduría considera que la Ley
aprobatoria del Tratado fue tramitada con el cumplimiento de los requisitos de
forma exigidos por la Constitución y la ley, además de que no existe reparo
alguno en relación con sus sistema de suscripción pues Colombia, como Estado
parte de la Organización de Naciones Unidas, adherirá al convenio una vez se
hayan agotado los trámites internos de aprobación.
Subsiguientemente, el Ministerio Público
realiza un análisis material de la normatividad con el fin de determinar si
ésta se ajusta o no a lo dispuesto en la Carta Política. De conformidad con
dicho análisis, la Vista Fiscal concluye que el objetivo del convenio aprobado
en Viena es el de dotar al Estado colombiano de herramientas necesarias para
atender eventuales emergencias que pudieran producirse como consecuencia del
manejo pacífico de la energía nuclear. Agrega que en aras de dar cumplimiento a
los mandatos constitucionales, nuestro país debe estar actualizado en lo
relativo a “seguridad nuclear, planeación y asistencia en caso de
emergencias nucleares, responsabilidad civil por daño nuclear, manejo de
desechos radioactivos, protección física y transporte seguro de los materiales
nucleares y verificación y salvaguardias por parte del Organismo Internacional
de Energía Atómica, temas que constituyen el llamado derecho Nuclear”.
Advierte que la Constitución compromete al
Estado en la persecución de la atención en salud y del saneamiento ambiental,
lo cual se ve reflejado en las normas de la Convención destinadas a proteger a
los habitantes del país de los efectos nocivos de un accidente nuclear.
La Convención -al decir de la Procuraduría-
también provee al Estado de elementos indispensables para contrarrestar las
consecuencias devastadoras del uso militar de la energía nuclear, medidas que
se vuelven más necesarias si se repara en el incremento de la actividad
terrorista de grupos que amenazan con atentar contra la estabilidad
institucional a través de ese recurso.
V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Competencia
De acuerdo a lo establecido en el  numeral
10 artículo 241 de la Carta Política, esta Corte es competente para ejercer el
control integral y previo de la constitucionalidad de los tratados
internacionales y de las leyes que los aprueben. La Ley 766 del 31 de julio de
2002 aprueba la ‘Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o
emergencia radiológica’, , por lo que su revisión, tanto desde el punto de
vista material como formal es competencia de esta Corporación.
2. Suscripción del Convenio
De conformidad con el oficio  OAJ.CAT N°
32305 remitido a la Corte el 30 de agosto de 2002 por el Ministerio de
Relaciones Exteriores (folio 30), la Convención sobre la Asistencia en el Caso
de Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica fue suscrita en Viena el 26 de
Septiembre de 1986 por la Conferencia General del Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA). Dice el Ministerio que Colombia no participó en la
negociación ni suscribió el mencionado acuerdo -por lo que no hubo lugar a la
expedición de plenos poderes-, pero se espera que el Gobierno adhiera al
Convenio una vez concluyan los tramites constitucionales internos, último de
los cuales es la revisión del instrumento por parte de la Corte Constitucional.
La posibilidad de adherir a la Convención
sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica se
encuentra autorizada por el propio texto del instrumento bajo estudio, cuyo
artículo 14-2 advierte que “Cualquier Estado (...) podrá expresar su
consentimiento a quedar obligado por la presente Convención, ya sea por firma,
o por depósito de un instrumen­to de ratificación, aceptación o aprobación tras
la firma efectuada con suje­ción a ratificación, aceptación o aprobación, o
bien por depósito de un ins­trumento de adhesión. Los instrumentos de
ratificación, aceptación, aproba­ción o adhesión se depositarán en poder del
depositario”.
Ahora bien, el mecanismo de la adhesión, entendido
como la manifestación de la voluntad estatal tendente a adquirir los
compromisos de un convenio internacional, está previsto en los artículos 11 y
15 de la Convención de Viena[1]
sobre el Derecho de los Tratados (Ley 32 de 1985), por lo cual puede decirse
que en relación con este asunto, el Estado ajusta su comportamiento a los
lineamientos legales pertinentes.
En estos términos, según lo establecido por
el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno Nacional procederá a
suscribir el Convenio una vez se haya determinado su concordancia material con
las normas constitucionales vigentes.
3. El trámite de aprobación de la Ley 766
de 2002
De conformidad con la jurisprudencia
nacional, dado que ni la Constitución ni la ley determinan un procedimiento
específico para la discusión y aprobación de leyes que adoptan tratados
internacionales, el procedimiento que debe adelantar el Congreso es el
corrientemente aplicado a los proyectos de leyes ordinarias.
La única exigencia constitucional que
existe frente a las leyes que adoptan este tipo de normatividad es que el
primer debate del proyecto se surta en el Senado de la República. El inciso
final del artículo 154 de la Carta así lo dispone al señalar que “Los
proyectos de ley relativos a los tributos iniciarán su trámite en la Cámara de
Representantes y los que se refieran a relaciones internacionales, en el
Senado”.
En el caso de la Ley 766 de 2002, el primer
debate del proyecto, al cual se le asignó el número 071 de 2000 en el Senado,
tuvo lugar en esta célula legislativa, por lo que puede afirmarse que respecto
de este requisito el procedimiento se ajusta a los cánones constitucionales.
En relación con el trámite restante, el
proyecto de la referencia también cumplió con las exigencias constitucionales y
legales, según se desprende de la siguiente relación.
a) Trámite ante el Senado de la República
Los Ministros de Relaciones
Exteriores y de Minas y Energía, en representación del Gobierno Nacional,
presentaron ante el Senado de la República el proyecto de ley aprobatoria de la
Convención sobre Asistencia en caso de Accidente Nuclear o Emergencia
Radiológica con su respectiva motivación. La exposición de motivos y el texto del
Convenio se publicaron en la Gaceta del Congreso N° 344 del 25 de agosto de
2000.
Habiéndoselo
radicado con el número 071 del Senado, el proyecto fue repartido al Senador
Juan Gabriel Uribe V. para que presentara la ponencia de primer debate en la
Comisión Segunda. La ponencia fue publicada en la Gaceta N° 319 del 22 de junio
de 2001 (Pág. 4, folio 192).
La Comisión Segunda del Senado, en debate
realizado el 19 de junio de 2001, aprobó el proyecto de ley 071 por votación
unánime de 10 de sus 13 miembros, tal como consta en la certificación expedida
el 6 de agosto de 2002 por el Secretario General del Senado de la República
(folio 68).  De conformidad con la certificación del 28 de agosto de 2002,
expedida por el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado (folio
69), copia de la ponencia fue entregada a los senadores el mismo 19 de junio,
día en que se surtió el primer debate. El reparto de los documentos consta
también en la lista que aparece a folio 72 del expediente.
La publicación de la ponencia para segundo
debate se dio el 1º de octubre de 2001 en la Gaceta N° 505 del Congreso (folio
275). La ponencia estuvo a cargo del mismo Senador, Juan Gabriel Uribe V., y
recibió aprobación de la plenaria de esa cámara el 29 de noviembre de la misma anualidad,
con una votación unánime de 79 de los 102 senadores (Certificación del
Secretario General del Senado, folio 68).
b) Trámite ante la Cámara de
Representantes
Por su parte, la Cámara de Representantes
inició el debate sobre el proyecto 191 de 2000 -número con el cual fue
identificado el de la ley de la referencia en esa corporación- mediante la
publicación de la ponencia en la Gaceta N° 58 del 26 de marzo de 2002. Fue
designado como ponente el representante Edgar Ruiz Ruiz.
El debate en la Comisión Segunda de la
Cámara de Representantes ocurrió el día 22 de mayo de 2002 y tuvo como
resultado la aprobación del proyecto de la Ley de la referencia, con votación
unánime de 11 de sus miembros.
La ponencia para segundo debate fue
publicada en la Gaceta del Congreso N° 205 del 5 de junio de 2002 (folio 39).
El proyecto recibió la aprobación de la Plenaria de la Cámara de Representantes
el 18 de junio de 2002, por votación mayoritaria de los 147 Representantes que asistieron
a la sesión, según consta en la certificación expedida por el Secretario
General y que figura a folio 32 del expediente.
Finalmente, dando cumplimiento a lo
ordenado en el artículo 241-10 de la Constitución Política, el 2 de agosto de
2002 la Secretaría Jurídica de la Presidencia remitió a la Corte Constitucional
el texto de la Convención y de su Ley aprobatoria, la cual fue sancionada por
el Presidente el 31 de julio de 2002.
Hecho el anterior recuento, la Corte
considera que se ha dado cumplimiento a las exigencias constitucionales y
legales previstas para el trámite de aprobación y discusión de las leyes. El
proyecto que le dio origen recibió los cuatro debates constitucionales
previstos, dos en las comisiones constitucionales permanentes de cada cámara
(Art. 157-2 C.P.) y dos en las plenarias de las mismas (Art. 157-3 C.P.); tanto
el proyecto como las ponencias fueron publicados con anterioridad a los debates
que les dieron trámite (Art. 157-1 C.P.); entre el primero y segundo debate en
cada cámara transcurrieron no menos de ocho días, así como entre el debate en
el Senado y la iniciación del mismo en la Cámara de Representantes existió un
lapso mayor a los quince días (Art. 160 C.P.).
Así las cosas, desde el punto
de vista formal, la Ley de la referencia no tiene reparo alguno de
constitucionalidad.
4. Examen Material de la Convención
La Convención sobre asistencia en caso de
accidente nuclear o emergencia radiológica está dividida en 19 artículos y un
preámbulo de motivaciones.
Los dos primeros artículos
describen las características generales del sistema de asistencia en caso de
accidente nuclear o emergencia radiológica: precisan las condiciones en que
dicha asistencia debe proveerse -por parte de los países firmantes del acuerdo-
y señalan la forma en que la misma habrá de solicitarse. En la regulación de
estas disposiciones la Convención resalta la importancia del OIEA (Organismo
Internacional de Energía Atómica) como ente coordinador de las labores de
asistencia internacional en caso de emergencia nuclear. El artículo segundo
particulariza las obligaciones del Organismo frente a situaciones de
emergencia. Dice el Convenio que el Organismo responderá a la solicitud de
asistencia, “a) Facilitando los recursos apropiados asignados a tales fines;
b) Transmitiendo prontamente la petición a otros Estados y organiza­ciones
internacionales que, según la información en poder del Or­ganismo, puedan tener
los recursos necesarios; y c) Si así lo pide el Estado solicitante, coordinando
en el plano internacional la asistencia que de esta forma pueda resultar
disponible”.
En su artículo tercero la
Convención regula aspectos atinentes a la dirección,  coordinación, control y
supervisión de la asistencia internacional y a las obligaciones que por dicha
asistencia adquieren los Estados parte, en particular la relacionada con el
suministro de equipos, materiales y personal. En contexto con esta disposición,
el artículo cuarto de la Convención establece la forma en que los Estados parte
y el Organismo pueden establecer contactos a fin de hacer efectivos los
programas de asistencia.
El artículo 5º señala las
funciones que debe cumplir el Organismo dentro del plan general de asistencia
en caso de accidente nuclear.  Las funciones que por dicha posición le
corresponden tienen que ver, básicamente, con labores informativas, de
asistencia propiamente dicha, de facilitación, entre los Estados Parte que
soliciten o suministren asistencia en caso de accidente nuclear; así como
funciones de enlace entre los diferentes organismos que presten su colaboración
en este tipo de incidentes.
En el artículo 6º de la
Convención se consignan obligaciones de confidencialidad respecto de la
información circulante como consecuencia de la ocurrencia de una emergencia
radiológica. Dice el respectivo artículo que los Estados solicitante y
asistente deberán guardar la confidencialidad de la información que llegue a
conocimiento de cualquiera de las dos partes, información de la cual podrá
darse uso para efectos exclusivos de la asistencia. En el mismo marco, el
Estado que preste su asistencia deberá coordinar con el Estado solicitante el
tipo de información que podrá suministrar al público en relación con el
accidente nuclear o la emergencia radiológica.
El artículo 7º del instrumento que se
revisa consigna la opción de que la asistencia que se preste con ocasión de un
accidente radiológico sea gratuita u onerosa. La gratuidad -dice el primer
numeral del artículo- debe concederse en consideración a las condiciones
particulares del Estado que solicite asistencia. Así, por ejemplo, si el Estado
solicitante no tiene instalaciones nucleares o es un país en vía de desarrollo
o no es el país en cuyo territorio se produjo el foco de la emergencia
radiológica, podrían los Estados asistentes abstenerse de cobrar por sus
servicios de asistencia.
El servicio de asistencia con reembolso
está previsto en el numeral 2º del artículo 7º y determina que el Estado
solicitante pagará al Estado asistente los gastos en que éste haya incurrido, a
menos que los asuma directamente. También señala la disposición que dicho pago
debe hacerse prontamente, a menos que se decida otra cosa, y que el Estado
asistente puede retractarse del cobro o pactar su aplazamiento, lo cual se hará
teniendo en cuenta las posibilidades económicas de los países en vía de
desarrollo.
El artículo 8º de la Convención crea un
sistema de privilegios, inmunidades y facilidades para los miembros de los
Estados parte que efectúen labores de asistencia en caso de emergencia
radiológica, del cual se hará amplia referencia más adelante.
Por su lado, el artículo 9º advierte sobre
el compromiso de los Estados parte de facilitar el transporte de personal y
elementos necesarios para la asistencia requerida por el Estado solicitante.
La reglamentación contenida en el artículo
10º prescribe el régimen de reclamaciones e indemnizaciones a que haya lugar
como consecuencia de la asistencia prestada, regulación que también será objeto
de posterior análisis.
El artículo 11 hace alusión a
la facultad de los Estados solicitantes para pedir la terminación de la
asistencia, mientras que el 12 indica que la regulación de la Convención no
afectará acuerdos internacionales existentes que se refieran al asunto tratado
en ella.
Finalmente, los artículos 13,
14, 15, 16, 17 y 18 se refieren a los mecanismos de solución de conflictos como
consecuencia de la aplicación de la Convención sobre asistencia en caso de
accidente nuclear o emergencia radiológica, a la manera en que la misma
entraría en rigor, a la aplicación provisional del instrumento, a las
enmiendas, a la denuncia y a sus depositarios. La normatividad pertinente
prescribe entonces que las controversias serán resueltas de común acuerdo por
los Estados parte o acudiendo a un arbitraje internacional o a la Corte
Internacional de Justicia, en caso de que el acuerdo interpartes no haya sido
posible. Dice que para la entrada en vigencia del Convenio operan los
mecanismos tradicionales de firma, depósito, aceptación o adhesión. Afirma que
los Estados podrán aplicar provisionalmente la Convención, antes de la fecha en
que la misma entre en rigor y sostiene que los Estados podrán proponer
enmiendas a su texto. Dice el artículo 17 que los Estados podrán denunciar la
Convención y que el depositario del instrumento será el Director General del
Organismo, quien deberá, en calidad de tal, notificar a los Estados parte los
hechos que modifiquen los compromisos adquiridos por los dichos Estados.
5. Constitucionalidad de la
Convención
1. Consideraciones Generales
En reciente fallo la Corte
Constitucional se pronunció sobre la exequibilidad de la Convención sobre la
Pronta Notificación de Accidentes Nucleares[2]
adoptada simultáneamente a la Convención sobre Asistencia en caso de Accidente
Nuclear o Emergencia Radiológica, que hoy se estudia. Muchas de las
consideraciones vertidas en aquella ocasión sirven para sustentar la
constitucionalidad del instrumento internacional sub exámine.
La primera de ellas tiene que
ver con la importancia que para el desarrollo humano contemporáneo tiene la
energía nuclear. Sin contar con el aprovechamiento bélico de este recurso, la
energía nuclear tiene un generoso campo de aplicación en el progreso de las
ciencias naturales. La tecnología de este siglo depende en gran medida de los
desarrollos obtenidos como consecuencia de la manipulación de las emanaciones
radiológicas, al punto que -como se dijo en el fallo que se cita-[3] los usos pacíficos de
la misma van desde las aplicaciones agrícolas hasta las hidrológicas, pasando
por la implementación médica, entre las más relevantes. Nadie niega tampoco la
dependencia que la ingeniería ambiental, la industrial y la genética tienen de
la energía nuclear, sólo para mencionar algunos de los ejemplos más llamativos.
No obstante que los beneficios obtenidos
por la explotación de la energía nuclear son incalculables, no es menos cierto
que la humanidad se encuentra advertida acerca de los riesgos implícitos de
dicha manipulación. La providencia recogió ese temor al resaltar cómo la
indebida utilización de la fuerza radioactiva podría generar consecuencias
devastadoras para la especie humana. “La radiación ionizante generada en los
procesos de manipulación nuclear - se dijo- tiene la capacidad de
destruir la materia y, por tanto, de afectar negativamente la integridad física
de las especies, así como de deteriorar severamente el medio ambiente. Dadas
las características expansivas de la radiación, las consecuencias funestas de
la indebida manipulación de la energía nuclear no sólo afectan a los países en
donde dicha manipulación se produce sino que dañan la vida y los ecosistemas de
países vecinos”[4],
dice el fallo.
Para afianzar su posición respecto de los
efectos que pueden derivarse del uso indebido de la energía nuclear, la Corte
citó apartes de una célebre Opinión Consultiva de la Corte Internacional de
Justicia en donde se trató a profundidad el tema de la energía nuclear y sus
peligros intrínsecos. En dicho extracto se resaltó[5]:
“Con el propósito de dar aplicación a la ley en el caso
concreto, esta Corte no puede dejar de tener en cuenta ciertas características
diferenciales de las armas nucleares.
“La Corte
ha estudiado las definiciones de energía nuclear suministradas por varios
tratados internacionales. En ellas se dice que las armas nucleares son
instrumentos explosivos cuya energía deriva de la fusión o fisión del átomo. En
razón a su naturaleza, este proceso -en las armas nucleares que existen
actualmente- produce no solo cantidades inmensas de calor sino, también, una
poderosa y prolongada radiación. De conformidad con el material analizado por
la Corte, las dos primeras causas de lesión son ampliamente más poderosas que
el daño que podrían ocasionar otras armas, ya que el fenómeno de la radiación
es típico de las armas nucleares. Tales características hacen de este tipo de
armas, elementos potencialmente catastróficos. El poder destructivo de las
armas nucleares no encuentra límites espaciales ni temporales. Ellas
tienen el potencial suficiente para destruir la civilización y todo el
ecosistema del planeta.
“La
radiación desprendida por una explosión nuclear afectaría la salud, la
agricultura, los recursos naturales y la población asentada sobre extensas
áreas. Además, el uso de armas nucleares constituiría un serio peligro para
futuras generaciones. La radiación ionizante tiene el poder de dañar el medio
ambiente futuro, el alimento y el ecosistema marítimo, así como de generar
defectos genéticos y enfermedades en futuras generaciones.” (Opinión
Consultiva, Corte Internacional de Justicia. 8 de julio de 1996. Legalidad de
la amenaza o uso de armas nucleares)
La Corte Internacional de Justicia recogió
en esos términos la opinión universalmente aceptada de que la energía nuclear
es una herramienta de enorme utilidad para el progreso tecnológico y
científico, pero a la vez un arma de destrucción que virtualmente podría acabar
con la especie humana. La exposición de motivos presentada por el Gobierno a
propósito del trámite de la que sería la actual Ley 766 de 2002 hizo énfasis en
que accidentes como el de Chernobyl, ocurrido en 1986 en la antigua Unión
Soviética, y la proliferación del arsenal nuclear mundial son pruebas
fehacientes del peligro que la humanidad enfrenta por el manejo de este nuevo
recurso energético.
Teniendo en cuenta las consideraciones
precedentes, la Corporación ha sostenido que cualquier esfuerzo estatal que
tienda a garantizar la supervivencia de los asociados frente a un eventual
accidente radiológico constituye una medida jurídicamente válida que se deriva
de la obligación constitucional de garantizar la efectividad de los derechos de
las personas, entre los cuales se encuentra el derecho a la vida. Sobre este
particular la Corte dijo que cuando “el Estado adopta medidas que tienden a
ejercer un control óptimo de la actividad nuclear, o busca prevenir posibles
consecuencias desfavorables implícitas al ejercicio de la misma, no está
haciendo cosa distinta que proteger la vida y la integridad física de los
residentes en su territorio. En efecto, dado que uno de los fines esenciales
del Estado es el de proteger la vida y la integridad de los asociados (Art. 2º
C.P), resulta acorde con dicho cometido que en la legislación interna se
consagren prevenciones tendentes a minimizar los factores que con mayor riesgo
ponen en peligro tales garantías.”[6]
Adicionalmente, y tomando como base la
jurisprudencia pasada, la Corte adujo que la adopción de medidas de protección
dirigidas a contrarrestar los efectos nocivos de posibles accidentes nucleares
o emergencias radiológicas podía ser considerada como la ejecución del deber
constitucional de proteger el medio ambiente y de propender a su conservación.
La Corporación adujo que “la protección del medio ambiente constituye uno de
los principios que orientan la actividad estatal y, en tal virtud, el
legislador está obligado a adoptar las medidas necesarias para preservarlo.”
En el mismo sentido la jurisprudencia
reconoció la necesidad de que el Estado colombiano se comprometa en políticas
de protección del medio ambiente que consideren la posibilidad de contener la
propagación internacional de factores nocivos para el medio ambiente. Así
entonces, se hizo énfasis en “la necesidad de suscribir acuerdos
internacionales en que se establezcan normas ‘reguladoras de la conducta de
los estados que apunten a facilitar, hacer operativas y viables, en todo
sentido, las acciones que conciernen al referido manejo y aprovechamiento y a
asegurar la cooperación de los estados en lo que concierne a la protección del
ambiente y a contrarrestar las causas y efectos del deterioro ambiental’[7]. Este imperativo
jurisprudencial tiene sustento, precisamente, en la obligación derivada del
artículo 226 de la Constitución Política que obliga al Estado a promover la
internacionalización de las relaciones ecológicas sobre bases de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacionales.”
En cumplimiento de las
obligaciones expuestas y como antecedente directo del tratado que hoy se
revisa, el Estado colombiano ha suscrito tratados y convenios internacionales
que buscan reforzar los mecanismos de seguridad en el manejo de la energía
nuclear. Así, por ejemplo, bajo la vigencia de la Constitución de 1886,
Colombia suscribió el acuerdo por el cual se aprobó el Estatuto del Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA) (Ley 16 de 1960), organismo encargado
del manejo de la información relacionada con el uso pacífico de la energía
nuclear y con la detección de actividades que pudieran indicar el uso bélico de
la misma.
En el contexto latinoamericano
Colombia también suscribió el “Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares
en la América Latina” o Tratado de Tlatelolco (Ley 45 de 1971).  Mediante dicho
acuerdo, Colombia aceptó el compromiso de "utilizar exclusivamente con
fines pacíficos el material y las instalaciones nucleares" de su
jurisdicción (artículo 1º), lo cual implica renunciar a su uso bélico y el
ensayo o construcción de armas atómicas.  Así mismo, mediante la suscripción
del Tratado, Colombia se acogió a la creación de la OPANAL -Organismo para la
Proscripción de las armas Nucleares en la América Latina- que adquirió la
función de supervisión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por los
Estados Parte, en coordinación con la OIEA. Adicional a lo anterior,
“se firmaron el Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste
contra la Contaminación Radioactiva (Ley 478 de 1998) y el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (Ley
660 de 2001). Finalmente, mediante la Ley 728
de 2001, Colombia suscribió la Convención sobre la protección física de los
materiales nucleares, que pretende implantar mecanismos de vigilancia para
garantizar la protección física del material nuclear y el uso pacífico de la
energía atómica”. (Sentencia C-536 de 2002)
El anterior es el marco
teórico que ilustra la actividad del Estado en el campo de la energía nuclear.
Como corolario de dicha exposición, el Estado se encuentra compelido por la
Constitución para proveer los elementos necesarios que eviten la ocurrencia de
imprevistos nucleares, pero, además, debe diseñar políticas de cooperación
adecuadas que permitan reducir los efectos nocivos de posibles accidentes
nucleares.
Es entonces desde dicha
perspectiva que donde debe examinarse la Convención en estudio.
2. Contenido general de la
Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica
De conformidad con las
consideraciones precedentes y atendiendo al texto de la Convención sobre
Asistencia en caso de Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica, esta
Corporación estima que desde el punto de vista general las disposiciones
contenidas en el instrumento no quebrantan ninguna norma constitucional.
La Convención sobre Asistencia
en caso de Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica fue suscrita en Viena en
1986 en respuesta al accidente nuclear ocurrido en Chernobyl, Ucrania, el 26 de
abril del mismo año. La Convención entró a regir el 26 de febrero de 1987, esto
es, treinta días después que el tercer Estado manifestó su consentimiento de
quedar obligado por la convención (Art. 14).
El objetivo global de la
Convención es el de dotar al Estado de mecanismos internacionales que le
permitan afrontar de manera eficiente una crisis por contaminación radiológica.
El acuerdo facilita la obtención de asistencia inmediata en caso de que una
emergencia nuclear tuviere lugar. Luego de la notificación que se diere, en uso
de las herramientas conferidas por la Ley 702 de 2001 -que incorporó a la
legislación interna la Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes
Nucleares- el Estado colombiano estaría en disposición de recibir ayuda
internacional con el fin de mitigar las consecuencias que pudieran derivarse de
un accidente de tales características. La ayuda provendría tanto de Estados
Partes como de organismos internacionales que dedican sus esfuerzos a disminuir
los posibles daños generados por la radiación (Art. 2 Convención sobre
asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica)
Dado que el esfuerzo por
evitar la ocurrencia de tales eventos o por disminuir sus efectos se asume como
un compromiso internacional, en el que prima la cooperación de los Estados, de
suma importancia resulta que la Convención haga énfasis en la construcción de
canales de comunicación entre los Estados, por conducto del OIEA, que permitan
una actuación rápida y eficiente en el manejo de situaciones de crisis.
Al igual que se dijo respecto
de la Convención sobre la pronta notificación de accidentes nucleares, el
propósito central de la Convención sobre asistencia en caso de accidente
nuclear o emergencia radiológica es el de involucrar a los Estados de la
comunidad internacional en el manejo de posibles siniestros nucleares, dado que
los efectos de los últimos no respetan fronteras y se extienden, por lo
general, más allá del territorio del país donde originalmente ocurren.
En este sentido cabría citar
el reciente pronunciamiento de la Corte a propósito de la declaratoria de
exequibilida de la Ley 728 de 2001, por medio de la cual se aprobó la “Convención
Sobre la Protección Física de Materiales Nucleares”. Dijo la Corte en esa
ocasión:
“En
oposición al principio según el cual la soberanía de los Estados implica su
autodeterminación y la consecuente defensa de intereses particulares,
enmarcados dentro del límite de sus fronteras políticas, la degradación del medio
ambiente, al desbordar estas fronteras, se convierte en un problema global. En
consecuencia, su protección se traduce en un propósito conjunto de todos los
Estados, que a su vez se preparan para enfrentar un futuro común. (...) en
general, los distintos ecosistemas son multidimensionales y los elementos de
cada uno guardan una compleja interrelación, por lo que no contemplan fronteras
geopolíticas.”[8]
De esta manera, la Convención
sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica
contribuye a la realización de lo principales fines del Estado, como son el de
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los derechos consagrados en la Constitución (Art. 2º C.P.). Los
mecanismos adoptados por la Convención le permiten a las autoridades
colombianas hacer efectiva la protección del derecho a la vida de todas las
personas residentes en el país, así como otros derechos conexos como el de la
salud, o la dignidad humana.  Por virtud de la normatividad contenida en la
Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica, también se obtiene también la realización de principios
constitucionales como el de la protección de los recursos naturales de la
Nación (Art. 8º C.P.), la protección del ambiente sano y de la diversidad e
integridad del medio ambiente (Art. 79 ibídem), la prevención y control de los
factores de deterioro ambiental (Art. 80 ibídem), y la protección de los
ecosistemas fronterizos.
Del anterior recuento se
concluye que el objetivo central de la Convención bajo estudio, cual es el de
facilitar la asistencia internacional en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica, se ajusta a las previsiones constitucionales pertinentes.
3. Análisis articulado de
la Convención sobre Asistencia en caso de Accidente Nuclear o Emergencia
Radiológica
En lo que atañe a las
disposiciones particulares de la Convención, esta Corte realiza los siguientes comentarios.
Los primeros artículos (1º,
2º, 3º y 4º) no tienen reparo alguno de constitucionalidad. Se contraen al
establecimiento de los compromisos adquiridos por el Estado Parte como
consecuencia de la manifestación del consentimiento en obligarse internacionalmente
por el tratado. Lo más relevante de esta normatividad es que consagra un claro
principio de cooperación entre los Estados Parte y el Organismo, con el fin de
facilitar la pronta y eficaz asistencia en caso de que otro Estado la solicite como
consecuencia de ocurrir un accidente nuclear o una emergencia radiológica en su
territorio. La cooperación incrementa su efectividad si se permite, como lo
hace el numeral segundo del artículo 1º, la suscripción de arreglos bilaterales
o multilaterales para reducir al mínimo las lesiones que pudieran resultar en
caso de que ocurriera un evento como el descrito.
Estos artículos regulan los
mecanismos que deben emplearse para hacer la solicitud de asistencia por parte
del Estado solicitante, así como la forma en que la misma debe suministrarse.
Parte de la regulación se dirige a coordinar aspectos logísticos de la
solicitud y a establecer algunas competencias de dirección y control que
faciliten el manejo de la crisis y de las labores de ayuda. Entre los compromisos
adquiridos cabe destacar el suministro de personal, equipo y materiales por
parte del Estado solicitante y la necesidad permanente de trazar redes de
información que permitan mantener el control constante de la situación.
El artículo 5º delimita las
funciones que le competen al OIEA en su calidad de ente de coordinación y
promoción de la seguridad nuclear. Entre ellas se destacan las que tienden a
prevenir posibles emergencias nucleares, aquellas que promueven la extensión de
redes de apoyo previas a cualquier accidente y las que se ejercen en caso de
que el accidente tenga ocurrencia. La Corte no observa que dicho artículo
contradiga la Constitución en ningún aspecto. Por el contrario, la norma
permite diseñar las herramientas que se requieren para afrontar con éxito una
eventual emergencia nuclear.
Tampoco contrarían la
Constitución los artículos 6º y 7º de la Convención sobre asistencia en caso de
accidente nuclear o emergencia radiológica. El primero se limita a reforzar la
confidencialidad de la información que se reciba en ejercicio de las labores de
asistencia nuclear, lo cual es razonable dado que muchos de los elementos
involucrados en la emergencia podrían revelar datos comprometedores para la
seguridad del Estado, servir como evidencia de futuras investigaciones o  ser
parte del secreto industrial de las empresas encargadas del manejo de la
energía nuclear. No obstante, el Estado asistente puede proceder a la
publicación de dicha información, previa coordinación con el Estado solicitante.
El artículo 7º establece la
posibilidad de reembolso de los gastos en que se haya incurrido por razón de la
asistencia. La norma admite que dichos gastos sean asumidos por el Estado
asistente, lo cual podría hacerse en consideración a las condiciones
particulares del Estado solicitante, en especial –dice la norma- “a las necesidades
de los países en desarrollo”.
Inmunidades y privilegios
La constitucionalidad del
artículo 8º de la Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o
emergencia radiológica requiere una especial consideración. En principio la
norma dispone que el Estado solicitante concederá al personal del Estado
asistente los privilegios, inmunidades y facilidades que se requieran para
ejercer su labor. El numeral 2º establece una lista de privilegios, a saber:
i)
Inmunidad de prisión,
detención y proceso judicial, incluida la jurisdicción penal, civil y
administrativa del Estado solicitante, por actos u omisiones en el cumplimiento
de sus deberes;
ii)
Exención de impuestos,
derechos u otros gravámenes, excepto aque­llos que normalmente están
incorporados en el precio de las mer­cancías o que se pagan por servicios
prestados, en relación con el desempeño de sus funciones de asistencia.
El comentario que surge tiene
que ver con la gama de inmunidades y exenciones que favorecen a las personas
del organismo o del Estado asistente que prestan sus servicios al Estado
solicitante, ya que de la redacción de la norma podría pensarse que dichos
privilegios constituyen un atentado directo contra la soberanía nacional (Art.
9º C.P.).
Para comenzar es necesario
advertir que la jurisprudencia constitucional ha admitido la introducción de
cláusulas de inmunidad en los tratados internacionales como reconocimiento de
que las mismas son medios “que han existido para
asegurar la independencia de los representantes diplomáticos, y que se han
extendido a las organizaciones internacionales, a sus bienes y funcionarios
también para asegurar la autonomía de esas entidades.”[9].
Adujo en este contexto que la
institución de la inmunidad no es per se contraria al ordenamiento
jurídico.
Lo mismo subrayó cuando revisó la
exequibilidad de la Ley 464 de 1998 que aprobó el “Convenio Internacional de
las Maderas Tropicales”, suscrito en Ginebra en 1994. El artículo 17 de dicha
Convención esteblece un sistema de inmunidades y privilegios similar al que
contiene la Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o
emergencia radiológica. El numeral 3º de dicho artículo señala que “La
organización [Internacional de Maderas Tropicales] podrá concertar con uno o
más países acuerdos, que habrán de ser aprobados por el Consejo, sobre las
facultades, privilegios e inmunidades que sean necesarios para el debido
funcionamiento del presente Convenio.”
En relación con esta disposición, que
faculta a la Organización internacional para establecer regímenes de
inmunidades a favor de sus miembros, la Corte adujo que las inmunidades y
privilegios conferidos a miembros de organismos internacionales se ajustan a la
Carta Política siempre y cuando estén encaminadas a la “defensa, igualdad y soberanía del organismo de derecho
internacional de que se trate y de los Estados que acuerdan conceder dichas
prerrogativas[10].” La Corte agregó que de no hacerse tal salvedad, “[b]ajo
el manto de buenas intenciones patrocinadas por el Convenio, que la Corte
respeta y alienta, (...) cláusulas como la analizada pueden constituirse en el
germen de tratamientos diferenciales y privilegiados que den cabida a
injusticias y desequilibrios.”[11]
Dicha posición refrendó lo sostenido por la
Corte en la Sentencia C-137 de 1996 a propósito de la revisión constitucional
de la Ley 208 de 1995, por la cual se aprobó el “Estatuto del Centro
Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología”, hecho en Madrid en
1983.
Al igual que la Convención sobre el manejo
de maderas tropicales, el Estatuto del Centro Internacional de Ingeniería
Genética y Biotecnología cuenta con una norma destinada a regular los
privilegios e inmunidades de los miembros del Centro. El artículo 13 del
Estatuto prescribe, entre otras cosas, que “6. Los funcionarios del Centro
gozarán de las prerrogativas e inmunidades que dispone el Artículo V de la
Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas”, que “5.
Los representantes de los Miembros gozarán de las prerrogativas e inmunidades
que dispone el Artículo IV de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades
de las Naciones Unidas”, y que “7.  Los expertos del Centro gozarán de
las mismas prerrogativas e inmunidades estipuladas para los funcionarios del
Centro en el párrafo 6 que antecede.”
Frente a dichas disposiciones la Corte
sostuvo que las inmunidades conferidas a los miembros de un organismo
internacional son concesiones ofrecidas con fundamento en disposiciones de
derecho internacional que no quebrantan por sí mismas el concepto de soberanía
nacional[12].
Para ilustrarlo la Corte trajo a consideración las normas que integran la "Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las
Naciones Unidas" - aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de febrero de 1946-, y la "Convención
sobre los privilegios e inmunidades de los organismos especializados"
–aprobada por la misma asamblea el 21 de noviembre de 1947- y concluyó con que “el
otorgamiento de los privilegios anotados tiene asidero en el imperativo constitucional
en virtud del cual las relaciones internacionales del Estado colombiano deben
fundarse en el respeto de ‘los principios de derecho internacional aceptados
por Colombia’ (C.P. artículo 9).”
Con todo, la jurisprudencia
constitucional ha señalado que los instrumentos internacionales no pueden
conferir inmunidades absolutas que impliquen la total renuncia del Estado a
utilizar los mecanismos de control y represión que le sirven para conservar la
soberanía en su propio territorio. Por ello la Corte ha dicho que “ningún Estado constitucional estaría en capacidad jurídica
de otorgar plena inmunidad a todo agente de un gobierno extranjero o
representante de un organismo de derecho internacional, respecto de cualquier
actividad que cumpla en su territorio, pues ello implicaría sacrificar las
atribuciones que le competen como estado libre y soberano para asegurar la
defensa de los derechos de las personas sometidas a su jurisdicción”[13].
Pues bien,
teniendo en consideración los parámetros anteriores y descendiendo al caso
concreto, esta Corte debería declarar inexequibles las inmunidades incluidas en
la Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica si llegare a comprobar que la extensión de las mismas impide al
Estado colombiano ejercer su potestad soberana en aras de garantizar el orden
justo y la convivencia pacífica.
De una lectura inicial del
articulado podría pensarse que por virtud de la presente Convención, el
personal que preste asistencia en nombre de un Estado o de un organismo
internacional se encuentra amparado por inmunidad absoluta y, en consecuencia,
está exento de cumplir la Constitución y las leyes nacionales, ya que ninguna
autoridad del país podría disponer su detención ni su procesamiento cuando
quiera que las hubiere quebrantado.
La inmunidad otorgada por la
Convención, que abarca la jurisdicción penal, civil y administrativa, impediría
en estos términos elevar reclamación alguna por quebrantamiento del orden
jurídico interno, lo cual ciertamente desconocería la prevalencia de los
mandatos constitucionales (Art. 4º C.P.), la vigencia del Estado de derecho
(Art. 1º ibídem) y, en últimas, el orden justo, catalogado como uno de
los fines esenciales del Estado por el artículo 2º de la Carta.
Contravendría además el claro
mandato constitucional contenido en el artículo 4º según el cual, “Es deber
de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las
leyes, y respetar y obedecer a las autoridades”, pues frente a la
imposibilidad de procesar y juzgar a un extranjero que prestase su colaboración
en un episodio de emergencia nuclear e infringiese el ordenamiento interno, la
consecuencia coercitiva de aquella disposición sería inaplicable.
No obstante, la lectura
completa del articulado permite extraer una conclusión distinta que, además,
resulta acorde con los lineamientos jurisprudenciales esbozados en la materia.
En primer lugar, la inmunidad
que se confiere al personal que actúa en nombre del Estado Parte que presta la
asistencia no es total sino que está limitada a los actos u omisiones en que se
incurra en cumplimiento de sus deberes. De lo previsto se tiene que no
cualquier conducta que realicen los miembros del Estado asistente o del
organismo internacional que preste su colaboración en el territorio nacional
está cubierta por dicha inmunidad.
En segundo término, el numeral
6º del artículo 8º de la Convención sobre asistencia en caso de accidente
nuclear o emergencia radiológica señala que las prerrogativas e inmunidades
conferidas por la Convención no constituyen autorización para que el Estado
solicitante extienda tales beneficios a sus nacionales o residentes
permanentes. La norma restringe los privilegios, exclusivamente a favor de los
miembros que arriban al territorio nacional para asistir a las autoridades en
caso de emergencia nuclear.
En tercer lugar, el numeral 7º
del mismo artículo establece que el ofrecimiento de las inmunidades no implica
autorización alguna para que el personal que las ostente quebrante el
ordenamiento jurídico del Estado solicitante. Este imperativo incluye la
prohibición de que el personal en misión intervenga en los asuntos internos del
Estado solicitante y constituye una garantía de respeto hacia el Estado de
derecho; normatividad ésta que también se encuentra regulada en el artículo XLI
de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, adoptada por el
ordenamiento interno mediante la Ley 6ª de 1972.
Debe hacerse notar por último
que las inmunidades conferidas por la Convención sobre asistencia en caso de
accidente nuclear o emergencia radiológica tienen un referente normativo
específico en la ya mencionada Convención sobre los Privilegios e Inmunidades
de los Organismos Especializados, aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 1947, e incorporada a la legislación interna por la Ley 62
de 1973.
En dicha Convención la
Organización de las Naciones Unidas fijó los criterios básicos sobre los cuales
se estructura la normatividad internacional relacionada con inmunidades y
privilegios de agentes y bienes en su tránsito internacional, al establecer las
denominadas “cláusulas tipo” o modelos normativos a los cuales
tradicionalmente se remiten los artículos concretos de los instrumentos
internacionales que desarrollen estos contenidos. En la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas
-Convenio al cual se remiten las disposiciones sobre inmunidades y
privilegios sub examine-, se establece con toda claridad que “los
privilegios e inmunidades no se otorgan a los representantes de los miembros en
su beneficio personal, sino a fin de garantizar su independencia en el
ejercicio de sus funciones relacionadas con los organismos especializados. En
consecuencia, un miembro tiene no solamente el derecho sino el deber de
renunciar a la inmunidad de sus representantes en todos los casos en que , a su
juicio, la inmunidad impediría el curso de la justicia y en que se pueda
renunciar a ella sin perjudicar la finalidad para la cual se otorga la inmunidad”(Artículo
V, sección 20).
Adicionalmente, la sección 23
del artículo VI de la misma convención sostiene que “Cada organismo
especializado cooperará en todo momento con las autoridades competentes de los
Estados miembros para facilitar la adecuada administración de la justicia,
asegurar el cumplimiento de los reglamentos de Policía y evitar todo abuso en
relación con los privilegios, inmunidades y facilidades que se mencionan en
este artículo”
De lo anterior se deduce que,
en aplicación de la normatividad prevista en la Ley 62 de 1973, la inmunidad
conferida por la Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o
emergencia radiológica a los miembros de los Estados y organizaciones
asistentes no es absoluta y, por tanto, no contraría los mandatos
constitucionales, en particular los referidos a la obligación estatal de
mantener el control de la soberanía nacional, pues la inmunidad puede ser
levantada cuando quiera que obstaculice la correcta administración de justicia.
De hecho, podría decirse que las disposiciones de la Convención sobre
asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica sobre
inmunidades personales coinciden normativamente con el modelo impuesto por las
cláusulas tipo de la  Convención sobre privilegios e inmunidades de las
Naciones Unidas.[14]
Resulta pertinente agregar que
la inmunidad prevista en el artículo estudiado no significa que el Estado
renuncie al derecho de resolver los conflictos surgidos como resultado de la
ejecución de las medidas de la Convención. La consecuencia del establecimiento
de tales inmunidades es que dichos conflictos deben resolverse mediante lo
mecanismos creados por el propio instrumento, que son los que regula el
artículo 13 de la Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o
emergencia radiológica.
Por último, respecto del
artículo 8º de la Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o
emergencia radiológica, el literal b) del numeral 2º ofrece una exención de
impuestos al personal que actúe en misión de asistencia en el Estado
solicitante. Esta exención no incluye los impuestos que usualmente se pagan por
la venta de mercancías o prestación de servicios. Para la Sala, la exención se
justifica desde el punto de vista constitucional porque la asistencia prestada
en caso de emergencia nuclear se vería claramente perjudicada si, además del
sacrificio implícito a la colaboración ofrecida por los Estados o las
organizaciones asistentes, a éstos se les exigiera el pago de impuestos durante
su estadía en la zona afectada. En tal sentido, debe decirse que la norma es
exequible.
Continuando con el análisis del artículo 8º
de la Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica, el numeral 3º del mismo señala que el Estado solicitante concederá
una exención impositiva y una inmunidad de embargo, secuestro o requisa para
los equipos y bienes transportados al territorio del Estado solicitante,
mientras que el numeral 4º dice que el Estado solicitante dispondrá lo
necesario para devolverlos descontaminados si así lo solicita la parte
asistente.
La Corte considera que estos privilegios,
concedidos a los equipos y bienes que ingresan al país con el propósito de ser
utilizados en labores de atención del accidente nuclear o la emergencia
radiológica son, no sólo constitucionales, sino necesarios, ya que de no
ofrecerse tales privilegios, muchos de los buenos propósitos de colaboración
podrían verse truncados a causa de la excesiva onerosidad de la asistencia.
El numeral 5º dispone que el Estado
solicitante favorecerá el ingreso del personal y de los bienes que le hayan
sido notificados como pertenecientes a la misión de asistencia –cosa por demás
lógica y necesaria, puesto que constituye la base de la colaboración-, mientras
que el numeral 8º sostiene que estas inmunidades y privilegios no afectarán
otras que hayan sido pactados en virtud de acuerdos internacionales o de reglas
de derecho internacional consuetudinario, lo cual implica un respeto por los
principios generales del derecho internacional como el pacta sunt servanda
y el de buena fe.
Sobre la constitucionalidad de los
numerales 6º y 7º se hizo manifestación implícita cuando se analizó el numeral
2º del artículo que se estudia, por lo que no es necesario volver sobre ellos.
Es claro que no pueden ser inconstitucionales normas que obligan a los miembros
de los Estados u organizaciones asistentes a cumplir con el ordenamiento
jurídico interno del país al que asisten. No obstante, a pesar de no haber sido
mencionados, los numerales 9º y 10 de este artículo también serán declarados
constitucionales, porque se limitan a señalar que los Estados podrán manifestar
que no se encuentran obligados a cumplir con las inmunidades y privilegios
conferidos por los numerales 2º y 3º del artículo 8º  de la Convención sobre
asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica, y que pueden
retractarse de dicha manifestación. Esta prerrogativa en nada contradice la
Constitución pues se contrae a reconocer que en esta materia, el Estado puede
incrementar la restricción de las inmunidades de conformidad con sus propias
circunstancias.
El artículo 9º de la Convención sobre
asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica consagra un
mínimo deber de solidaridad  internacional consistente en el permiso que
cualquiera de los Estados Parte dar para que por su territorio transiten
personas y equipos destinados a prestar asistencia en un país afectado por una
crisis nuclear. La norma no ofrece reparo de inconstitucionalidad, precisamente
por consagrar un deber de simple contenido humanitario.
Reclamaciones e
indemnizaciones
El artículo 10 de la Convención bajo
estudio regula un sistema de reclamaciones e indemnizaciones que opera con
ocasión de la asistencia en caso de emergencia nuclear. La descripción de los
numerales del artículo es la siguiente:
El numeral primero establece un principio
de cooperación entre los Estados para que los mismos faciliten la solución de
demandas judiciales y reclamaciones que surjan con ocasión de la asistencia, lo
cual no tiene ningún reparo desde el punto de vista constitucional.
El numeral 2º advierte que, a falta de
disposición en contrario, los daños a personas, bienes y al medio ambiente
causados en el Estado solicitante durante el trámite de la asistencia:
i)
no darán lugar a
demanda judicial del Estado solicitante contra la parte que suministre la
asistencia;
ii)
serán asumidos por el
Estado solicitante, y
iii)
se considerarán no
imputables a la parte asistente, pues el Estado solicitante considerará exenta
de responsabilidad a dicha parte respecto de reclamaciones y demandas
judiciales.
Con un sentido lógico respecto del literal
c) de la norma citada, la Corte interpreta que el Estado solicitante
considerará exenta de responsabilidad a la parte asistente siempre y cuando
dicha parte no haya sido la causante de la emergencia radiológica o del
accidente nuclear.
La norma señala además que el Estado
solicitante d) indemnizará a la parte que suministre la asistencia cuando i)
haya muerte o lesión del personal a su cargo y ii) pérdida o daño de equipos o
materiales no fungibles relacionados con la asistencia.
El inciso final del numeral 2º advierte, no
obstante, que las medidas adoptadas en dicho numeral no se harán efectivas si
media conducta deliberada de las personas que causen la muerte, las lesiones o
el daño. Los numerales 3, 4 y 5 serán objeto de estudio más adelante.
Por lo pronto, en relación con
los numerales 1 y 2, la Corte considera necesario hacer las siguientes
observaciones.
El régimen de reclamaciones e
indemnizaciones previsto en el artículo 10 de la Convención es subsidiario de
acuerdos a los que pudieran llegar los Estados parte, los cuales, de
realizarse, deben aplicarse prioritariamente.
El sistema de reclamaciones e
indemnizaciones previsto en la presente convención interesa al tema de la
responsabilidad patrimonial del Estado: de conformidad con el numeral segundo
del artículo estudiado, Colombia, como Estado solicitante en caso de ocurrir
una emergencia radiológica o un accidente nuclear, asumiría la responsabilidad
patrimonial por los perjuicios ocasionados como consecuencia de las acciones u
omisiones de personal extranjero que viniera a prestar su asistencia para
disminuir los efectos de la crisis.
La primera pregunta que debe
plantearse es cómo dicha reglamentación incide en el esquema de responsabilidad
previsto en el artículo 90 de la Constitución Política, pues la Carta
expresamente señala que el Estado colombiano es responsable patrimonialmente
por los daños antijurídicos que se produzcan como consecuencia de la acción u
omisión de las autoridades públicas.
Esta referencia a las
autoridades públicas haría pensar que las autoridades extranjeras o, incluso,
el personal de misiones extranjeras que no ejerciera funciones de autoridad
deberían quedar por fuera de esa garantía de responsabilidad que ofrece
Colombia en caso de ocurrir un perjuicio en su jurisdicción, por lo cual los
daños que se produzcan en territorio nacional por parte del Estado u organismo
solicitante no podrían ser imputados al tesoro nacional.
En principio, la
responsabilidad patrimonial del Estado se restringe a la que opera como
consecuencia de las acciones u omisiones de las autoridades públicas
nacionales. Es éste el primero y más sencillo entendimiento del artículo 90
constitucional. La jurisprudencia nacional ha recabado en ello al sentar la
tesis de que la base de la responsabilidad patrimonial del Estado la constituye
la imputabilidad del daño. En efecto, con fundamento en la jurisprudencia del
Consejo de Estado, la Corte Constitucional ha sostenido que la responsabilidad
patrimonial del Estado y de las demás personas jurídicas públicas se deriva de
la imputabilidad del perjuicio a una de ellas, lo cual impide extenderla a la
conducta de los particulares o a las acciones u omisiones que tengan lugar por
fuera del ámbito de la administración pública.
El concepto anterior se deduce
de los elementos estructurales del artículo 90 constitucional que,
interpretados por la jurisprudencia del Consejo de Estado, prescriben las dos
condiciones “indispensables para la procedencia de la declaración de la
responsabilidad patrimonial con cargo del Estado y demás personas jurídicas de
derecho público, a saber: el daño antijurídico y la imputabilidad del daño a
alguna de ellas.”
Siguiendo dichos lineamientos
la Corte subrayó que:
“...la
responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo
de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder
público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de
la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita
de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la
órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen
constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del Estado de
responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la
acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez
causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un
traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber
de indemnización.” (Sentencia C-333 de 1996, M.P. Dr. Alejandro Martínez
Caballero) (Subrayas fuera del original)
Y en otra ocasión sostuvo:
“...este
alto Tribunal, coincidiendo con la línea doctrinal elaborada por el Consejo de
Estado, en la Sentencia C-333 de 1996, se pronunció sobre el verdadero alcance
de esta norma, aclarando que la misma, al margen de establecer el imperativo
jurídico de la responsabilidad estatal, consagra también un régimen único de
responsabilidad, a la manera de una cláusula general, que comprende todos los
daños antijurídicos causados por las actuaciones y abstenciones de los entes
públicos y, por tanto, se proyecta indistintamente en el ámbito
extracontractual, precontractual y contractual.” (Sentencia C-892 de 2001, M.P.
Dr. Rodrigo Escobar Gil)
Ya que las disposiciones de
los literales a, b y c del artículo 10 de la Convención sobre asistencia en
caso de accidente nuclear o emergencia radiológica están diseñadas para operar
cuando el daño ocurra como consecuencia de la actividad o inactividad de
personal ajeno a la estructura de la administración pública nacional, habría
que concluir que, en principio, el Estado Colombiano estaría inhabilitado para
asumir la responsabilidad por dichos actos en virtud de que el perjuicio
generado por ellos no le sería imputable.
Sin embargo, la interpretación
anterior no es aceptable por diversas razones. En primer lugar, la Corte no
puede perder de vista que la responsabilidad patrimonial del Estado funda sus
bases en el concepto de daño antijurídico.  Este, que no halla definición en la
Constitución Política y fue adoptado de la legislación foránea y delimitado por
la doctrina constitucional[15],
ha sido entendido como aquel perjuicio ocasionado por la actividad lícita o
ilícita del Estado que afecta patrimonial o extrapatrimonialmente a una persona
que no está en la obligación jurídica de soportarlo.
La jurisprudencia constitucional
ha tomado como base la del Consejo de Estado para subrayar la idea de que la
antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la
conducta desplegada por la Administración sino de la no soportabilidad del daño
por parte de la víctima. En estos términos el Consejo de Estado dijo:
“Esta
concepción de daño antijurídico ha sido admitida por la jurisprudencia del
Consejo de Estado en nuestro país. Así, en múltiples oportunidades ese tribunal
ha definido el daño antijurídico como "la lesión de un interés legítimo,
patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de
soportar", por lo cual "se ha desplazado la antijuricidad de la causa
del daño al daño mismo". Por consiguiente, concluye esa Corporación,
"el daño antijurídico puede ser el efecto de una causa ilícita, pero
también de una causa lícita. Esta doble causa corresponde, en principio, a los
regímenes de responsabilidad subjetiva y objetiva"[16].
Así mismo, la Corte ha
sostenido que este concepto armoniza sistemáticamente con la regulación
constitucional de los derechos individuales, pues se entiende que ante el
incremento de la actividad del poder público se impone la necesidad de reforzar
los mecanismos de protección de los particulares, “al margen de cualquier
conducta culposa o ilícita de las autoridades”[17].
De otro lado, la concepción
del daño antijurídico a partir de la consideración de que quien lo sufre no
está obligado a soportarlo constituye otra forma de plantear el principio
constitucional según el cual, la igualdad frente a las cargas públicas es
sustento de la actividad de la administración pública. En efecto, el régimen de
responsabilidad patrimonial conocido como “de daño especial” prescribe
que gracias a la vigencia de principios constitucionales como la solidaridad
(Art. 1º C.P.) y la igualdad (Art. 13 C.P.), la sociedad está obligada a
indemnizar el daño excepcional o anormal ocurrido como consecuencia de la actividad
lícita del Estado, toda vez que rompería con el principio de equidad que dicha
actividad perjudicare sólo a algunos individuos, habiendo sido desplegada en
interés de la colectividad.
El otro principio de
responsabilidad patrimonial del Estado es el de imputabilidad. De conformidad
con éste, la indemnización del daño antijurídico le corresponde al Estado
cuando exista título jurídico de atribución, es decir, cuando de la voluntad
del constituyente o del legislador pueda deducirse que la acción u omisión de
una autoridad pública compromete al Estado con sus resultados.
Adicionalmente, la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que la imputación del daño no
debe confundirse con la causación material del mismo, dado el amplio espectro
de compromisos que el Estado adquiere en el ejercicio de sus funciones. Por
ello, al determinar la responsabilidad patrimonial del Estado "es
menester, que además de constatar la antijuricidad del [daño], el juzgador
elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un título jurídico
distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir,
la ´imputatio juris´ además de la imputatio facti´."[18]
De conformidad con dicha
tesis, “mientras en la responsabilidad fundada en el contrato, serán títulos
jurídicos de imputación, por ejemplo los mandatos de la buena fe, y la igualdad
y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza los contratos
conmutativos”(art. 28, ley 80 de 1993) en la extracontractual lo serán, además,
la falla  del servicio que es el título de imputación más frecuente, cualquiera
que sea el sistema que para su prueba se adopte; la culpa personal en nexo con
el servicio, prevista para citar algunas disposiciones, en el inciso 2° del artículo
90 de la C.N y en el artículo 77 del CCA; la igualdad de las personas ante la
Ley (art. 13 de la C.N, entre otros); el riesgo excepcional establecido, por
ejemplo por la Ley 104 de 1993 o en el decreto 444 del mismo año; el error
judicial y el anormal funcionamiento de la administración de justicia art. 40
del CPC, art. 414 del CPP, etc), la inconstitucionalidad de la Ley declarada
judicialmente, y principios de justicia de equidad como éste del no
enriquecimiento sin causa.”[19]
Así pues, tanto la
jurisprudencia de la Corte Constitucional como la especializada del Consejo de
Estado han dedicado sus reflexiones a delimitar el alcance del artículo 90 de
la Carta, al punto que podría decirse, a propósito del artículo 10 de la
Convención sub exámine, que si del texto de la Convención surge un
título jurídico constitucional del cual pudiera derivarse que el Estado asume
cierta responsabilidad por los perjuicios ocasionados durante la asistencia,
independientemente de que los mismos hayan sido causados por agentes
internacionales, el daño antijurídico debería ser indemnizado por el Estado
colombiano.
Pues bien, tal como lo dispone
el artículo 2º de la Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o
emergencia radiológica, ante la ocurrencia de un accidente nuclear o una
emergencia radiológica, todo Estado parte –para el caso específico, Colombia-
puede pedir asistencia a cualquier otro Estado parte o a otras organizaciones
internacionales con el fin de recibir la colaboración pertinente. Del texto de
la disposición se tiene que la asistencia prestada por el Estado o la
organización no tiene lugar sino mediante solicitud expresa del Estado
colombiano. En otros términos, si en la prestación de la asistencia llegare a
producirse un daño fruto de la actividad del personal extranjero asistente,
éste no podría atribuírsele más que a la labor de asistencia que, para el caso
de la presente Convención, habría sido solicitada por Colombia.
Por manera que el Estado no
podría argüir que su conducta no tiene incidencia alguna en la eventual
ocurrencia de perjuicios que pudieren causarse como consecuencia de las labores
de asistencia nuclear, dado que la presencia de personal extranjero se le
atribuye directamente a la decisión administrativa de solicitarla. Al ser
ejercida de conformidad con las autorizaciones de la Ley que aprobó el tratado
que se revisa, la manifestación de voluntad del Estado colombiano constituye
una decisión ejercida en desarrollo de una actividad lícita capaz de dañar a
particulares en rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas.
En consecuencia, la
responsabilidad del Estado prevista en la Convención tiene fundamento
primordial en el artículo 90 de la Constitución, ya que el daño ocasionado por
la parte asistente le sería imputable al Estado  al quedar obligado internacionalmente
por la Convención, dado que la colaboración técnica generadora del daño se
presta a nombre del Estado colombiano. La responsabilidad del Estado deriva de
una acción suya como es la petición de asistencia y por ello dicha
responsabilidad tiene sustento jurídico en el artículo 90 de la Constitución.
Pero esta no es la única
fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado. El establecimiento de un
régimen de inmunidades y de privilegios en cabeza de los miembros o
representantes del organismo internacional o del Estado asistente también
tienen repercusiones directas en las normas que vienen analizándose, ya que
puede convertirse en fuente de responsabilidad patrimonial del Estado.
Por disposición del artículo
8º de la Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica, el personal que a solicitud de Colombia preste asistencia en caso
de accidente nuclear o emergencia radiológica recibe el régimen de inmunidades
previsto en el numeral 2º de la norma, que incluye la imposibilidad de
presentar demandas judiciales en su contra por actos cometidos en cumplimiento
de sus deberes. El establecimiento del régimen de inmunidades previsto impide
entonces que, frente a la ocurrencia de un daño patrimonial ocasionado por el personal
de asistencia, el particular perjudicado reclame la indemnización de perjuicios
ante las instancias nacionales.
Así entonces, ya que es el
propio legislador el que trunca el derecho al acceso a la administración de
justicia de los individuos que resultaren perjudicados por las acciones u
omisiones del personal extranjero que asistiere a Colombia en caso de
emergencia nuclear, no podría sostenerse con justicia que el Estado quede
exonerado de toda responsabilidad por dichos actos.
En virtud de que es la propia
ley la que limita el derecho a recibir la indemnización a través de los
mecanismos procesales nacionales, si el daño sufrido por el particular es de
aquellos que el mismo no está obligado a soportar, debe el Estado indemnizar
los perjuicios generados por el accionar de los entes extranjeros. La
imputabilidad del perjuicio en cabeza del Estado provendría entonces, no de la
ejecución material del acto perjudicial, sino de la voluntad del legislador de
impedir el resarcimiento por las vías judiciales ordinarias.
De lo analizado se tiene
entonces que el régimen de indemnizaciones previsto en los literales a, b y c
del artículo 10 de la Convención sobre Asistencia en caso de Accidentes
Nucleares o Emergencias Radiológicas no se opone al régimen de responsabilidad
patrimonial del Estado establecido en el artículo 90 de la Carta. Recogiendo
los principios sentados en este aparte, el Estado colombiano sería responsable
por los daños ocasionados por miembros de organizaciones y Estados que lo
asistan, toda vez que:
i)
La presencia del personal de asistencia en
territorio Colombiano es hecho imputable a la voluntad del mismo Estado,
ii)
El cumplimiento de esa actividad lícita -la
solicitud y la prestación de la asistencia- pueden llegar a lesionarse intereses
particulares, quebrantándose con ello principio de igualdad frente a las cargas
públicas. En ese sentido, corresponde hacer una equitativa distribución de
dichas cargas entre todos los contribuyentes a través del resarcimiento del
daño al perjudicado, con cargo al tesoro nacional, y;
iii)
Los perjudicados por eventuales daños ocurridos
durante la asistencia no tiene oportunidad de demandar directamente al autor
material de los perjuicios, como quiera que el personal asistente goza de
inmunidad internacional reconocida por el propio Estado.
Ahora bien, en concordancia
con lo dicho respecto del artículo 8º de la presente Convención, las
inmunidades conferidas al personal extranjero que asista a Colombia en caso de
emergencia nuclear se circunscriben a las actividades realizadas en
cumplimiento de sus obligaciones. Esta salvedad conduce a que la inmunidad no
cobija actuaciones meramente subjetivas que se salgan del marco de la función
encomendada por el organismo diplomático (Convención de Viena, Art. XXI,
literal c)), pues es entendido que dicho privilegio se concede , “no en
beneficio de las personas, sino con el fin de garantizar el desempeño eficaz de
las funciones diplomáticas”[20].
Así las cosas, si para que
Colombia asuma la responsabilidad patrimonial de los daños causados por la
parte asistente se requiere que el personal de la misión goce de inmunidad
diplomática, no podría sostenerse que los perjuicios ocasionados por actos
ajenos al servicio, que no están cobijados por la inmunidad, sean imputables al
tesoro nacional. Según esta lógica, los tres primeros literales del artículo 10
de la Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica no pueden ser aplicados en caso de que los perjuicios se produzcan
como consecuencia de acciones ajenas a las funciones de asistencia.
En aplicación del mismo
argumento, el Estado colombiano no puede obligarse a cumplir con los
compromisos previstos en el artículo 10 de la Convención sobre asistencia en
caso de accidente nuclear o emergencia radiológica si se ha comprobado que el
daño causado por el miembro del organismo o del Estado asistente lo fue por
actos de negligencia flagrante.
En efecto: sobre la aplicación
del régimen de responsabilidades, el inciso final del parágrafo 2º del artículo
10 la Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica hace la salvedad de que estas cláusulas resultan inoperantes cuando
exista mala conducta deliberada de los individuos que hubieren causado la
muerte, lesión, pérdida o daño. En cumplimiento de tal normatividad, Colombia
asumiría la responsabilidad patrimonial de los daños a personas y bienes
ocasionados por los agentes de la parte asistente, siempre y cuando no
mediare mala conducta deliberada de los mismos.
El concepto “mala conducta
deliberada” no está definido por la Convención bajo estudio. Para su
correcto entendimiento debe recurrirse al significado usual de los términos, lo
cual conduce a admitir como primera medida que el Estado sólo podría demandar
la indemnización de los perjuicios, o sólo se exoneraría de indemnizarlos en
lugar del organismo o del Estado asistente que los cause, cuando el agente del
organismo o el Estado asistente hubiere realizado la conducta dañosa de manera
voluntaria e intencionada, es decir, a propósito, según define el Diccionario
de la Real Academia de la Lengua el concepto “deliberado”.
A juicio de esta Corporación,
el concepto de mala conducta deliberada, que no tiene equivalente específico en
la legislación interna, corresponde a lo que en derecho colombiano se conoce
como “culpa grave”, la cual ha sido asimilado al dolo civil.
De conformidad con la
clasificación legal tradicional del término culpa, ésta comprende tanto las
modalidades de culpa grave o “negligencia grave”, que consiste en “no
manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes
o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios”, la culpa leve
o “descuido leve, descuido ligero” que consiste en la “falta de
aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus
negocios propios. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado
ordinario o mediano” y la culpa levísima, o aquella falta de “esmerada diligencia
que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios
importantes.”[21].
La culpa grave es entonces la
modalidad de mayor entidad en la estratificación de la culpa civil y consiste
en aquella negligencia grave que ni siquiera las personas negligentes o de poca
prudencia suelen usar en sus propios negocios. Como la definición de esta
modalidad de culpa se asimila al concepto de “mala conducta deliberada”,
utilizado por la Convención para delimitar la responsabilidad del Estado
solicitante, entonces habría que concluir que el Estado solicitante no se hace
responsable por la culpa grave de los agentes del organismo o del Estado
asistente.
¿Contravendría ésta conclusión
la tesis general esbozada según la cual, el Estado se responsabiliza por el
perjuicio irrogado por el agente diplomático que goza de inmunidad?
Esta Corte estima que no, por
las siguientes razones: frente a la consideración de que los miembros del
Estado o de la organización internacional asistente son personal profesional
altamente capacitado, entrenado en la solución de emergencias de tipo
radiológico, con conocimiento científico especializado y con una misión
específica y exclusiva de colaboración en las labores de recuperación del
territorio y de la población afectada, la culpa grave, entendida como el
incumplimiento deliberado y flagrantemente negligente de las obligaciones
asignadas por la misión de asistencia, debe ser considerada como causal de
pérdida de la inmunidad diplomática conferida por el artículo 8º de la
Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica.
Ciertamente, en opinión de la
Sala, dada la alta tecnificación de los servicios prestados por el personal de
asistencia en caso de emergencia nuclear, pero, sobre todo, la especificidad de
las funciones, las conductas que pudieran ser catalogadas como flagrantemente
negligentes, de mala conducta deliberada o gravemente culposas, no deben calificarse
como comportamientos derivados de la misión de asistencia sino como hechos
ajenos al cumplimiento de la misma, lo cual, en desarrollo de las preceptivas
del propio artículo 8º de la Convención sobre asistencia en caso de accidente
nuclear o emergencia radiológica, implica la posibilidad de levantamiento de la
inmunidad.
Con ello se abre la
posibilidad de juzgamiento de las personas del Estado u organismo asistente que
incurran en dolo, culpa grave o mala conducta deliberada y ocasione un
perjuicio.
Declaraciones del Estado
colombiano respecto de los literales a), b) y c) del párrafo 2º del artículo 10
Tomando como fundamento estas
consideraciones y teniendo en cuenta que el literal b) del parágrafo 5º del
artículo 10 de la Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o
emergencia radiológica autoriza al Estado parte a manifestar que no aplicará el
régimen de responsabilidades previsto en el parágrafo 2º en casos de
negligencia flagrante de los individuos que hubieren causado la muerte, lesión,
pérdida o daño, esta Sala considera que el Estado Colombiano debe hacer dicha
declaración al prestar el consentimiento en obligarse por el tratado objeto de
esta revisión constitucional.
Así las cosas, en la parte
resolutiva de esta providencia la Corte hará la precisión correspondiente con
el fin de que el Gobierno haga la declaración contenida en el literal b) del
parágrafo 5º del artículo 10 de la Convención sobre asistencia en caso de accidente
nuclear o emergencia radiológica, en el sentido que Colombia no aplicará el
párrafo 2º del artículo 10 de la Convención cuando medie negligencia flagrante
de los individuos que hubieren ocasionado el daño[22].
Sin embargo, reconociendo que
el Presidente de la República es el supremo director de las relaciones
internacionales y que al comprometer internacionalmente al Estado colombiano,
aquel ejerce una potestad discrecional que le confía la Constitución Política
(art. 189-2), esta Sala considera constitucional que el jefe del Ejecutivo haga
uso opcional de la facultad que le confiere el literal a) del parágrafo 5º del
artículo 10 de la Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o
emergencia radiológica, en el sentido de manifestar, al momento de adherir a la
Convención, que Colombia no se considera obligada en todo o en parte por lo
dispuesto en el párrafo 2º de dicho artículo.
Se hace dicho reconocimiento
porque la opción ofrecida por el a) del numeral 5º del artículo 10 de la
Convención, dota al Estado colombiano de mayores garantías en el evento en que
se produjeren los daños cuya indemnización regula todo el párrafo 2º de dicho
artículo.  En este sentido, la opción b) del numeral es la opción mínima que
puede admitirse desde el punto de vista constitucional, lo cual no obsta para
que el Estado escoja la opción a), que resulta ser más garantista.
Indemnización por daños
producidos por el Estado Solicitante
Ahora bien, el literal d) del
artículo 10 de la Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o
emergencia radiológica contiene otras disposiciones relacionadas con el régimen
de responsabilidad patrimonial del Estado durante la asistencia en caso de
accidente nuclear o emergencia radiológica.
La reglamentación del literal
d) hace alusión a los daños o perjuicios sufridos por la misión asistente del
país u organización internacional que colabore en la emergencia, y dispone que
el Estado solicitante indemnizará la:
i)
Muerte o lesión de
personal de la parte que suministre asistencia o de personas que actúen en su
nombre;
ii) Pérdida o daño de equipo o materiales no fungibles relacionados
con la asistencia;
La primera dificultad que
surge respecto del literal d) es si el Estado solicitante -en este caso
Colombia- podría extender su responsabilidad patrimonial a actos cometidos por
individuos ajenos a la Administración Pública. Esto por cuanto que la redacción
de las cláusulas de la Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear
o emergencia radiológica no distingue entre el daño ocasionado por agentes del
Estado o por simples particulares.
Frente a dicha inquietud esta
Sala considera que con fundamento en el literal b) del artículo 3º de la
Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica, el Estado solicitante asume la obligación de garantizar la
protección del “personal equipo y materiales llevados a su territorio por la
parte que preste asistencia, o en nombre de ella, para tal fin”. De dicho
compromiso se deduce que el Estado adquiere la obligación de responder por los
perjuicios sufridos por la Parte asistente y que, en tal virtud, ese compromiso
de seguridad sería el título de imputación que podría dar lugar a declarar la
responsabilidad patrimonial del Estado, de verificarse el daño antijurídico.
No obstante, de dicha posición
surge una inquietud y es que inmediatamente después de la redacción del literal
d), la  Convención dispone que el Estado solicitante indemnizará a la parte
asistente, siempre y cuando no medie mala conducta deliberada de los
individuos que causen la muerte, lesión, pérdida o daño.
Lo anterior significaría que
si el daño lo produce un particular, el Estado responde por incumplimiento de
su deber de custodia y protección; pero si lo produce uno de sus agentes, el
Estado responde patrimonialmente a menos que se compruebe que el causante
incurrió en mala conducta deliberada. Esta interpretación de la norma
exoneraría al Estado solicitante –en este caso Colombia- de la obligación de
indemnizar por el daño ocasionado con negligencia grave de su agente, lo cual
es contrario a los principios indemnizatorios derivados del artículo 90 de la
Constitución.
Como tal conclusión es
entonces contraria al deber de protección que asume el Estado frente al
personal, equipo y materiales llevados a su territorio por la parte asistencia
y, en segundo lugar, violatoria del principio jurídico según el cual nadie
puede alegar su propia culpa, esta Corte considera que la correcta
interpretación de dicho inciso es que el mismo sólo se aplica a los primeros
tres literales del parágrafo 2º del artículo 10, es decir, a los numerales a),
b) y c), que ya fueron estudiados.
Ciertamente, no resultaría
constitucional que el Estado se exonerara de responsabilidad para con el
afectado aduciendo que el agente suyo incurrió en mala conducta deliberada, si
de entrada se sabe que la responsabilidad del Estado Colombiano se funda exclusivamente
en la imputación y antijuridicidad del daño (Art. 90 C.P.). Por todas estas
razones, esta Sala estima que la disposición estudiada se halla conforme con la
Constitución Política siempre y cuando no se interprete aunada al inciso final
del párrafo 2º, pues ha quedado claro que este no se aplica al literal d).
Pasando ahora al estudio del
numeral 3º del artículo 10, la Convención bajo análisis dispone que las
indemnizaciones a que haya lugar como consecuencia de los daños surgidos
durante la asistencia no perjudicarán otras indemnizaciones previstas en
acuerdos internacionales distintos o en la Ley nacional del Estado. Esta medida
resulta constitucional en tanto que reconoce que los conflictos surgidos como
consecuencia de los perjuicios ocurridos entre sujetos de derecho internacional
pueden ser resueltos mediante mecanismos ofrecidos por el derecho internacional
y que, por tal razón, la normatividad sobre indemnizaciones prevista en la
Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica no implica la derogatoria de las vías ordinarias.
Tampoco ofrece reparo de
constitucionalidad el numeral 4º del artículo 10 en tanto que sostiene que
estas reglas indemnizatorias no eximen de responsabilidad a los nacionales o
residentes del Estado solicitante; ni son inconstitucionales los numerales 5º y
6º cuando prescriben que los Estados no están obligados a aceptar las
previsiones del parágrafo 2º de la Convención sobre asistencia en caso de
accidente nuclear o emergencia radiológica, al cual se ha hecho previa mención,
y que los mismos pueden modificar su posición respecto de dichas declaraciones
mediante el retiro de las mismas ante el depositario del instrumento. Estas
normas se limitan a reconocer la facultad que tienen los Estados para
comprometer su voluntad internacionalmente hasta el límite de sus propias
posibilidades jurídicas.
El artículo 11 de la
Convención señala que el Estado solicitante podrá pedir en cualquier momento la
terminación de la asistencia y que las partes interesadas se pondrán de acuerdo
para disponer su culminación. Esto en nada contraviene la Carta. Tampoco la
contradice el artículo 12, que advierte sobre la no afección de obligaciones
adquiridas en virtud de otros tratados internacionales, pasados o futuros,
concordantes con esta Convención. En este sentido, la norma reconoce que los
Estados conservan la posibilidad de firmar acuerdos independientes destinados a
reforzar los mecanismos de colaboración aquí esbozados.
Finalmente, los artículos 13,
14, 15, 16, 17, 18 y 19 regulan aspectos relacionados con la solución de
controversias, la entrada en vigor de la convención, su aplicación provisional,
sus enmiendas, la denuncia, el depositario y los textos auténticos y copias
certificadas. Dichas disposiciones hacen parte de la normatividad que
tradicionalmente se inserta en los instrumentos internacionales, la cual no
tiene que ver con el contenido material del mismo sino con su ejecución. Desde
un punto de vista genérico la Corte no estima que respecto de ellas existan
reparos de inconstitucionalidad, pues son normas tipo que no sufren
modificaciones significativas de un convenio a otro.
No obstante, es necesario
hacer la advertencia de que, a la luz de la jurisprudencia nacional, los
protocolos mediante los cuales se presenten enmiendas a la Convención bajo
estudio (Art. 16 Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o
emergencia radiológica) deben ser aprobados por el mismo procedimiento que lo
fue la convención original y sobre ellos debe ejercerse la revisión
constitucional por parte de esta Corporación.
Respecto del artículo 15 de la
Convención habría que precisar que el Estado colombiano no podría disponer la
aplicación provisional del instrumento por no cumplirse las condiciones del
artículo 224 de la Constitución, cuales son que se trate de tratados de
naturaleza económica o comercial.
En lo que hace al mecanismo
propuesto por la Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o
emergencia radiológica para resolver los conflictos jurídicos surgidos como
consecuencia de la interpretación o aplicación de la Convención, esta Corte no
tiene ninguna objeción. Es más, sobre dicho particular, la Corporación reitera
la posición asumida en algunos de los fallos en donde se estudió la constitucionalidad
de ciertos mecanismos de solución de conflictos propuestos por otros convenios
internacionales suscritos por el país.
Así, por ejemplo, la Corte se
mantiene en la posición asumida en la Sentencia C-358 de 1996 en donde se
analizó la Ley 246 de 1995, por la cual se aprobó el "Acuerdo entre el
Gobierno de la Republica de Colombia y el Gobierno del Reino Unido de la Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, por el cual se promueven y protegen las
inversiones".
El artículo 10 de la referida
convención prescribía que las diferencias surgidas en torno a su interpretación
o aplicación del mismo deberían ser resueltas por la vía diplomática, pero que
transcurridos tres meses siguientes a la fecha de notificación de la
diferencia, si no había acuerdo, lo serían por un tribunal de arbitraje.
En este caso la Corte estimó
que la disposición internacional se ajustaba a la costumbre internacional de
someter los conflictos entre los Estados a una etapa previa de mutuo arreglo,
luego de lo cual se podía recurrir a organismos internacionales de solución de
conflictos. En este sentido dijo la Corte:
“Las
disposiciones contenidas en los artículos 9° y 10 del Acuerdo sometido a la
revisión de la Corte, no hacen sino reiterar el principio de Derecho
Internacional consuetudinario según el cual el agotamiento de las vías
judiciales internas es prerrequisito para recurrir a cualquier forma de
jurisdicción internacional. Según este principio, a menos que las partes
acuerden otra cosa, los litigios referentes a inversiones internacionales deben
ser resueltos por las cortes nacionales. En tanto principio de derecho
internacional, en él se fundan las relaciones internacionales del Estado
colombiano (C.P., artículo 9°).
“(...)
“Por otra parte, la Corte considera que la
promoción de la internacionalización de las relaciones políticas, económicas,
sociales y ecológicas de que trata el artículo 226 de la Carta no sería posible
sin el recurso, en determinadas oportunidades, a los tribunales
internacionales.
“Debe
recordarse que, aun en la vigencia de la Constitución anterior, que no era tan
expresa como la actual en estas materias, la Corte Suprema de Justicia ya se
había ocupado del tema cuando, en la Sentencia de agosto 26 de 1976 (MP.
Guillermo González Charry), determinó que el Estado colombiano sí podía
someterse a leyes y tribunales extranjeros, siempre y cuando tal sometimiento
fuera autorizado por un tratado internacional aprobado por el Congreso de la
República.”(Sentencia C-358/96)
La misma opinión fue utilizada
por la Corte al analizar la exequibilidad de la Ley 169 de 1994, aprobatoria de
la "Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra
personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes
diplomáticos". En dicha oportunidad, a propósito de la disposición
contenida en el artículo 13 de dicha convención, “de no lograrse solución
directa a una controversia surgida entre los Estados Partes, relativa a la
interpretación o aplicación de las disposiciones de la Convención, mediante
negociaciones o aún del sometimiento de la controversia al arbitraje a petición
de uno de ellos, ésta contempla el otorgamiento de jurisdicción compulsiva a la
Corte Internacional de Justicia”, la Corte Constitucional sostuvo:
“Para la Corte, esta disposición no vulnera
la Constitución Política, por cuanto establece en forma expresa, la posibilidad
que tienen los Estados Partes, en caso de que estimen que la disposición
vulnera su ordenamiento interno, de declarar al momento de la firma o
ratificación de la Convención o de su adhesión a la misma, que no se obligan
por lo allí dispuesto. Por lo demás, la norma lo único que hace es desarrollar
los mecanismos de solución de controversias entre los Estados Partes, de manera
que pueda lograrse el propósito que se persigue a través de la Convención.
“A
lo anterior, debe agregarse lo que se anotó en esta providencia en relación con
la reserva introducida a esta disposición por el Congreso de la República y
encontrada ajustada a la normatividad constitucional por esta Corporación como
se anotó, en cuanto a que ‘esta reserva es consecuencia de aquella formulada
respecto del artículo 8o. de la Convención, como quiera que se pretende la
coherencia con aquellas disposiciones del citado instrumento internacional que
vulneren o quebranten los mismos preceptos superiores’”
Así pues, analizado el
procedimiento de resolución de conflictos propuesto por la Convención sobre
asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica, esta Corte no
encuentra que exista ningún vicio de inconstitucionalidad. Además, el artículo
13 de la Convención se fundamenta en la voluntad de los Estados Parte, o del
Estado Parte y el Organismo para elegir la negociación y cualquier otro medio
de solución de conflictos que consideren aceptable. Esta regla respeta la
soberanía de los Estados y la independencia de los Organismos que prestan la
asistencia.
Con fundamento en las
consideraciones precedentes, esta Corporación considera que la “Convención
sobre Asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica”
aprobada en Viena el 26 de septiembre de 1986, así como su respectiva ley
aprobatoria, esto es, la Ley 766 de 2002, deben ser declaradas exequibles.
De todos modos, se entiende
que la Ley aprobatoria de la Convención sobre Asistencia en caso de accidente
nuclear o emergencia radiológica no entra a regir de manera automática, sino
que está sujeta a la condición que el Presidente de la República, en uso de las
facultades constitucionales que se derivan de la circunstancia de ser el
supremo director de las relaciones internacionales, proceda a adherir dicha
Convención con lo cual manifiesta su consentimiento en obligarse
internacionalmente por este Instrumento.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Corte Constitucional de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Primero: Declarar EXEQUIBLE la “Convención sobre
asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica” aprobado
en Viena el veintiséis (26) de septiembre de mil novecientos ochenta y seis
(1986).
Segundo: Declarar EXEQUIBLE la Ley 766 de 2002,
aprobatoria de la “Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear
o emergencia radiológica”.
Tercero: DECLARAR que el Presidente de la República, al
adherir a la presente Convención, deberá tener en cuenta las consideraciones
consignadas en esta Sentencia, específicamente las que conforman el capítulo
denominado “Declaraciones del Estado colombiano respecto de los literales
a), b) y c) del párrafo 2º del artículo 10”.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
LUIS EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Presidente
JAIME ARAÚJO RENTERIA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
Salvamento de
voto a la Sentencia C-254/03
PROYECTO DE LEY-Debate no implica intervención de todos los
miembros (Salvamento de voto)
PROYECTO DE LEY-Requisito de aprobación (Salvamento de
voto)
Referencia: expediente LAT-229
Revisión oficiosa de la ley 766 de 31 de
julio de 2002, “por medio de la cual se aprueba la ‘Convención sobre
asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica’ aprobada
en Viena el 26 de septiembre de 1986”.
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
El suscrito magistrado se aparta de la decisión
mayoritaria de la Corte Constitucional.  Respetuosa pero objetivamente, expongo
los motivos de mi discrepancia.  Considero que esta Corporación avaló
nuevamente la aprobación de otro tratado internacional, sin que se hubiera
publicado previamente el informe de ponencia respectivo en la Gaceta del
Congreso, indispensable para darle primer debate y decidir acerca de la
aprobación del tratado (Ley 5ª de 1992, art. 157).  Como se observa en el
aparte denominado “a) Trámite ante el Senado de la República”, en los párrafos
sexto y séptimo de la página 14 de la sentencia de la cual me aparto, se dice
que el proyecto de ley fue aprobado en primer debate en la Comisión Segunda
Constitucional Permanente del Senado el día diecinueve (19) de junio de 2001,
mientras que el informe de ponencia para dicho debate fue publicado sólo hasta
el día veintidós (22) del mismo mes en la Gaceta del Congreso No. 319.  En el
mismo sentido se constata que en el aparte denominado b) Trámite ante la Cámara
de Representantes, en los párrafos 3 y 4 de la página 15 de la misma sentencia,
se dice que el proyecto de ley fue aprobado en primer debate en la Comisión
Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes el día
veintidós (22) de mayo de 2002, mientras que el informe de ponencia para dicho
debate fue publicado sólo hasta el día cinco (5) de junio en la Gaceta del
Congreso No. 205
El motivo que me lleva a salvar mi voto en esta
ocasión es exactamente igual al que me indujo a hacerlo frente a las sentencias
C-760 y C-916 de 2001, razón por la cual transcribo in íntegrum los
argumentos esbozados en dichas oportunidades.
“Ahora bien, podría ponerse en
duda que la Constitución imponga al Congreso la obligación de publicar
previamente el informe de ponencia para iniciar el primer debate en comisión,
pues la Carta no contiene una regla específica que así lo ordene.  Sin embargo,
este argumento –acogido por la sentencia- no es aceptable, pues el análisis de
constitucionalidad del procedimiento parlamentario no puede realizarse
exclusivamente a partir del cumplimiento de reglas constitucionales
específicas, contenidas en la parte orgánica de la Constitución.
“El debate parlamentario es el momento en el cual se
concreta y se hace efectiva la representación popular en el procedimiento de
creación legislativa.  En la medida en que es precisamente en ese momento que
los congresistas ejercen su mandato como representantes de diversas corrientes
políticas y filosóficas y de los intereses de sus electores, el desarrollo
regular de un debate parlamentario es un aspecto fundamental para que nuestra
democracia sea verdaderamente representativa (C.N. art. 1º), y permita
garantizar la efectividad de los derechos de participación política de los
electores (C.N. art. 40).  Para lograr este objetivo, es necesario que antes de
iniciar el debate los congresistas sean plenamente concientes de las
repercusiones sociales, políticas y jurídicas del texto sometido a su aprobación,
y la publicación previa del estudio presentado por el ponente en el informe
tiene esta finalidad.
“La relevancia constitucional del debate
parlamentario, y la importancia que éste tiene para darle legitimidad a toda la
organización del Estado, ameritan que el control constitucional que efectúa la
Corte deba hacerse desde una óptica más amplia que la simple comparación con
las normas orgánicas plasmadas positivamente en la parte orgánica de la
Constitución.  Es indispensable que en el análisis de constitucionalidad del
procedimiento parlamentario, y en particular en la evaluación del debate, se
tengan en cuenta todos aquellos valores, principios y reglas necesarios para
encaminar el sistema de representación popular en el legislativo hacia la realización
de los objetivos constitucionales.
“Estos valores y principios que se encuentran en la
parte dogmática de la Constitución, y en especial el principio democrático,
adquieren vigencia mediante la realización del procedimiento parlamentario que,
como cualquier procedimiento, se lleva a cabo mediante la aplicación de reglas
y trámites específicos.  Ante la imposibilidad de regular detalladamente el
procedimiento parlamentario en el texto de la Carta Fundamental, pero conciente
de la necesidad de evaluar su constitucionalidad concretando estos valores y
principios constitucionales al procedimiento parlamentario, la jurisprudencia
de esta Corporación ha integrado las disposiciones legales orgánicas que lo
regulan, como parámetros determinantes en el análisis de constitucionalidad de
dicho procedimiento.[23]
“En todo caso, aun aceptando la aplicabilidad de las
reglas contenidas en la Ley Orgánica del Reglamento del Congreso al análisis de
constitucionalidad, podría ponerse en duda la obligatoriedad de la publicación
previa de la ponencia como condición necesaria para la iniciación del primer
debate, pues de acuerdo con el artículo 156 de dicho estatuto el presidente de
la comisión puede autorizar que se reproduzca el texto de la ponencia entre sus
miembros, para efectos de agilizar el debate.  Esta conclusión, a la cual llega
la sentencia de la cual disentimos, es consecuencia de una lectura ligera del
texto, que si bien permite que el presidente de la respectiva comisión otorgue
dicha autorización, aclara que la reproducción mecánica puede hacerse sin
perjuicio de su “posterior y oportuna” publicación en la Gaceta del Congreso.
Al respecto la disposición dice textualmente:
‘“ARTICULO 156. Presentación y
publicación de la ponencia. El informe será presentado por escrito, en original
y dos copias al secretario de la Comisión Permanente. Su publicación se hará en
la Gaceta del Congreso dentro de los tres (3) días siguientes.  Sin embargo, y
para agilizar el trámite del proyecto, el Presidente podrá autorizar la
reproducción del documento por cualquier medio mecánico, para distribuirlo
entre los miembros de la Comisión; ello, sin perjuicio de su posterior
y oportuna reproducción en la Gaceta del Congreso.”
“Ahora bien,
para determinar cuándo es oportuna la publicación en la Gaceta, es suficiente
leer la primera frase del artículo siguiente, que regula las condiciones y el
trámite necesarios para iniciar el primer debate.  En efecto, el artículo 157
establece a renglón seguido:
‘“ARTICULO 157. Iniciación del debate.
La iniciación del primer debate no tendrá lugar antes de la publicación del
informe respectivo.  No será necesario dar lectura a la ponencia, salvo que
así lo disponga, por razones de conveniencia, la Comisión.  El ponente, en la
correspondiente sesión, absolverá las preguntas y dudas que sobre aquélla se le
formulen, luego de lo cual comenzará el debate.  Si el ponente propone debatir
el proyecto, se procederá en consecuencia sin necesidad de votación del
informe. Si se propone archivar o negar el proyecto, se debatirá esta propuesta
y se pondrá en votación al cierre del debate.”
‘“Al debatirse un proyecto, el ponente
podrá señalar los asuntos fundamentales acerca de los cuales conviene que la
Comisión decida en primer término.” (resaltado fuera de texto)
“Esta exigencia del legislador orgánico, según la cual
la distribución de copias de la ponencia entre los miembros de la comisión no
exime de la publicación previa al debate, no es un mero formalismo carente de
relevancia constitucional.  El informe es el resultado de un estudio efectuado
por el ponente, quien ha sido delegado por la presidencia de la respectiva
comisión como responsable del trámite del proyecto.  La publicación previa de
las conclusiones de tal estudio en la Gaceta tiene como propósito ilustrar
sobre la conveniencia o inconveniencia, e incluso acerca de la
constitucionalidad o inconstitucionalidad del proyecto que se va a debatir.
Sin embargo, la publicación no sólo se dirige a los miembros de la comisión,
sino a los demás congresistas que no conforman la respectiva célula legislativa
y a la comunidad en general, para que ejerzan su derecho a participar
políticamente en el debate.
“No se puede desconocer –como parece haberlo hecho la
Corte en esta oportunidad- que los debates parlamentarios son públicos, y que
interesan no sólo a los miembros de una determinada comisión, sino a la
generalidad de la comunidad política, que todos los ciudadanos tienen derecho a
conocer y a participar activamente durante todo el transcurso del proceso
parlamentario.  Así mismo, tampoco se puede dejar de tener en cuenta que la
sola presentación del texto de un proyecto de ley, en muchos casos extenso y
con un lenguaje técnico extraño al común de la población, resulta insuficiente
para garantizar la efectiva participación de grandes sectores de la población
en decisiones que de hecho los afectan, y que es una obligación constitucional
de todas las autoridades de la República “facilitar la
participación de todos” en la toma de tales decisiones (C.N.
art. 2º).  Es por ello que la publicación previa del informe de ponencia
constituye una garantía indispensable para comunicar oportunamente al público
en general la importancia, conveniencia o inconveniencia o eventualmente la
inconstitucionalidad del proyecto sometido a primer debate, presentando el
texto de tal forma que toda la comunidad pueda hacerse una idea de las
repercusiones que tiene su aprobación.
“Si se permite que el estudio que hace el ponente en
su informe se haga público sólo después de que el respectivo debate se ha
llevado a cabo, cuando ya no hay oportunidad de que la sociedad se manifieste,
cerrando el acceso a dicho estudio a unos pocos congresistas, se está
restringiendo el derecho de participación política de los ciudadanos y de los
demás congresistas, específicamente, el de tener iniciativa en las
corporaciones públicas (C.N. art. 40.5).  Esta Sentencia, en cambio, ha dado un
aval a la posibilidad de restringir de facto este derecho fundamental,
al estimar que un proyecto pueda ser ley de la República sin el debido
cumplimiento de un mecanismo de publicidad que garantiza la participación
efectiva de toda la comunidad en las decisiones que las afectan mediante el
acceso oportuno al informe de ponencia de un proyecto de ley con su previa
publicación en la Gaceta del Congreso, en aras de preservar un criterio errado
de eficiencia en la creación de leyes.  Lo que resulta preocupante es que esta
práctica parlamentaria se ha vuelto sistemática, y que esta Corporación la está
avalando de manera reiterada en sus sentencias.”
Fecha Ut Supra,
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
Salvamento de voto a la Sentencia C-254/03
DEBATE
PARLAMENTARIO-Carencia (Salvamento de voto)
PROYECTO
DE LEY-No sometimiento a cuarto debate por
desconocimiento de proposiciones (Salvamento de voto)
LEY-Vicio se predica del trámite legislativo/CODIGO DE PROCEDIMIENTO
PENAL-Vicio se predica del procedimiento de aprobación (Salvamento de voto)
PROYECTO
DE LEY-Proposiciones sustitutivas que suprimen
(Salvamento de voto)
DEBATE
PARLAMENTARIO-Importancia (Salvamento de voto)
PROCEDIMIENTO
PARLAMENTARIO-Importancia/PROCEDIMIENTO
PARLAMENTARIO-Participación de fuerzas políticas y sociales/PROCEDIMIENTO
PARLAMENTARIO-Análisis constitucional no se centra en la materia
(Salvamento de voto)
Tal como lo hicimos en
oportunidades anteriores al salvar el voto respecto de las sentencias C-760 de
2001 y C-916 de 2001, los suscritos magistrados, con el respeto debido a las
sentencias de la Corte Constitucional, ahora debemos reiterar las razones por
las cuales salvamos el voto de aquellas sentencias, que desde el punto de vista
jurídico son las mismas que nos llevan a apartarnos ahora de lo resuelto en la
Sentencia C-254 de 25 de marzo de 2003, mediante la cual se declara la exequibilidad
de la “Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica”, suscrita en Viena el 26 de septiembre de 1986, y aprobada
mediante Ley 766 de 2002.
En efecto, examinado el
expediente encontramos que, de nuevo, la Corte Constitucional incurre a nuestro
juicio en un error al considerar como exequible la ley aprobatoria de un
convenio internacional, sin que previamente se hubiere publicado la ponencia
respectiva en la Gaceta del Congreso, requisito este indispensable para que se
le pueda dar primer debate al proyecto de ley respectivo, según lo previsto de
manera clara e inequívoca por el artículo 157 de la Ley 5ª de 1992.
A este respecto, conforme a la
síntesis que en la Sentencia C-254 de 25 de marzo de 2003 se hace sobre el
trámite del proyecto de ley 071 de 2000 – Senado -, se encuentra que la
ponencia presentada a consideración de la comisión Segunda del Senado de la
República por el senador Juan Gabriel Uribe V., fue publicada en la Gaceta del
Congreso 319 de 22 de junio de 2001 (página 4 folio 192), sobre la cual se
abrió y cerró el debate el mismo día 19 de junio de 2002, fecha en la cual se
le impartió aprobación según la certificación expedida el 6 de agosto de 2002
por el Secretario General del Senado de la República.  Es decir, en este caso
no se le dio cumplimiento a las precisas exigencias que para el trámite de los
proyectos de ley han de cumplirse según lo preceptuado por los artículos 156 y
157 de la Ley 5ª de 1992, lo que, de suyo, lleva entonces a concluir que
también fue quebrantado el artículo 157 de la Constitución Política.
Así las cosas, la Corte
debería haber declarado la inexequibilidad de la Ley 766 de 31 de julio de
2002, aprobatoria de la “Convención sobre asistencia en caso de accidente
nuclear o emergencia radiológica”, suscrita el Viena el 26 de septiembre de
1986 y, como así no se hizo, reiteramos lo expresado en nuestro salvamento de
voto a la Sentencia C-760 de 2001, en la que manifestamos lo que sigue:
“Ahora bien, podría ponerse
en duda que la Constitución imponga al Congreso la obligación de publicar
previamente el informe de ponencia para iniciar el primer debate en comisión,
pues la Carta no contiene una regla específica que así lo ordene.  Sin embargo,
este argumento –acogido por la sentencia- no es aceptable, pues el análisis de
constitucionalidad del procedimiento parlamentario no puede realizarse
exclusivamente a partir del cumplimiento de reglas constitucionales específicas,
contenidas en la parte orgánica de la Constitución.
“El debate parlamentario es el momento en el cual se
concreta y se hace efectiva la representación popular en el procedimiento de
creación legislativa.  En la medida en que es precisamente en ese momento que
los congresistas ejercen su mandato como representantes de diversas corrientes
políticas y filosóficas y de los intereses de sus electores, el desarrollo
regular de un debate parlamentario es un aspecto fundamental para que nuestra
democracia sea verdaderamente representativa (C.N. art. 1º), y permita
garantizar la efectividad de los derechos de participación política de los
electores (C.N. art. 40).  Para lograr este objetivo, es necesario que antes de
iniciar el debate los congresistas sean plenamente concientes de las
repercusiones sociales, políticas y jurídicas del texto sometido a su
aprobación, y la publicación previa del estudio presentado por el ponente en el
informe tiene esta finalidad.
“La relevancia constitucional del debate parlamentario,
y la importancia que éste tiene para darle legitimidad a toda la organización
del Estado, ameritan que el control constitucional que efectúa la Corte deba
hacerse desde una óptica más amplia que la simple comparación con las normas
orgánicas plasmadas positivamente en la parte orgánica de la Constitución.  Es
indispensable que en el análisis de constitucionalidad del procedimiento
parlamentario, y en particular en la evaluación del debate, se tengan en cuenta
todos aquellos valores, principios y reglas necesarios para encaminar el
sistema de representación popular en el legislativo hacia la realización de los
objetivos constitucionales.
“Estos valores y principios que se encuentran en la
parte dogmática de la Constitución, y en especial el principio democrático,
adquieren vigencia mediante la realización del procedimiento parlamentario que,
como cualquier procedimiento, se lleva a cabo mediante la aplicación de reglas
y trámites específicos.  Ante la imposibilidad de regular detalladamente el procedimiento
parlamentario en el texto de la Carta Fundamental, pero conciente de la
necesidad de evaluar su constitucionalidad concretando estos valores y
principios constitucionales al procedimiento parlamentario, la jurisprudencia
de esta Corporación ha integrado las disposiciones legales orgánicas que lo
regulan, como parámetros determinantes en el análisis de constitucionalidad de
dicho procedimiento.[24]
“En todo caso, aun aceptando la aplicabilidad de las
reglas contenidas en la Ley Orgánica del Reglamento del Congreso al análisis de
constitucionalidad, podría ponerse en duda la obligatoriedad de la publicación
previa de la ponencia como condición necesaria para la iniciación del primer
debate, pues de acuerdo con el artículo 156 de dicho estatuto el presidente de
la comisión puede autorizar que se reproduzca el texto de la ponencia entre sus
miembros, para efectos de agilizar el debate.  Esta conclusión, a la cual llega
la sentencia de la cual disentimos, es consecuencia de una lectura ligera del
texto, que si bien permite que el presidente de la respectiva comisión otorgue
dicha autorización, aclara que la reproducción mecánica puede hacerse sin
perjuicio de su “posterior y oportuna” publicación en la Gaceta del Congreso.
Al respecto la disposición dice textualmente:
‘“ARTICULO 156. Presentación y
publicación de la ponencia. El informe será presentado por escrito, en original
y dos copias al secretario de la Comisión Permanente. Su publicación se hará en
la Gaceta del Congreso dentro de los tres (3) días siguientes.  Sin embargo, y
para agilizar el trámite del proyecto, el Presidente podrá autorizar la
reproducción del documento por cualquier medio mecánico, para distribuirlo
entre los miembros de la Comisión; ello, sin perjuicio de su posterior y
oportuna reproducción en la Gaceta del Congreso.”
“Ahora bien, para determinar cuándo es
oportuna la publicación en la Gaceta, es suficiente leer la primera frase del
artículo siguiente, que regula las condiciones y el trámite necesarios para
iniciar el primer debate.  En efecto, el artículo 157 establece a renglón
seguido:
‘“ARTICULO 157. Iniciación del debate.
La iniciación del primer debate no tendrá lugar antes de la publicación del
informe respectivo.  No será necesario dar lectura a la ponencia, salvo que así
lo disponga, por razones de conveniencia, la Comisión.  El ponente, en la
correspondiente sesión, absolverá las preguntas y dudas que sobre aquélla se le
formulen, luego de lo cual comenzará el debate.  Si el ponente propone debatir
el proyecto, se procederá en consecuencia sin necesidad de votación del
informe. Si se propone archivar o negar el proyecto, se debatirá esta propuesta
y se pondrá en votación al cierre del debate.”
‘“Al debatirse un proyecto, el ponente
podrá señalar los asuntos fundamentales acerca de los cuales conviene que la
Comisión decida en primer término.” (resaltado fuera de texto)
“Esta exigencia del legislador orgánico, según la cual
la distribución de copias de la ponencia entre los miembros de la comisión no
exime de la publicación previa al debate, no es un mero formalismo carente de
relevancia constitucional.  El informe es el resultado de un estudio efectuado
por el ponente, quien ha sido delegado por la presidencia de la respectiva
comisión como responsable del trámite del proyecto.  La publicación previa de
las conclusiones de tal estudio en la Gaceta tiene como propósito ilustrar
sobre la conveniencia o inconveniencia, e incluso acerca de la
constitucionalidad o inconstitucionalidad del proyecto que se va a debatir.
Sin embargo, la publicación no sólo se dirige a los miembros de la comisión,
sino a los demás congresistas que no conforman la respectiva célula legislativa
y a la comunidad en general, para que ejerzan su derecho a participar
políticamente en el debate.
“No se puede desconocer –como parece haberlo hecho la
Corte en esta oportunidad- que los debates parlamentarios son públicos, y que
interesan no sólo a los miembros de una determinada comisión, sino a la
generalidad de la comunidad política, que todos los ciudadanos tienen derecho a
conocer y a participar activamente durante todo el transcurso del proceso
parlamentario.  Así mismo, tampoco se puede dejar de tener en cuenta que la
sola presentación del texto de un proyecto de ley, en muchos casos extenso y
con un lenguaje técnico extraño al común de la población, resulta insuficiente
para garantizar la efectiva participación de grandes sectores de la población
en decisiones que de hecho los afectan, y que es una obligación constitucional
de todas las autoridades de la República “facilitar la participación de todos”
en la toma de tales decisiones (C.N. art. 2º).  Es por ello que la publicación
previa del informe de ponencia constituye una garantía indispensable para
comunicar oportunamente al público en general la importancia, conveniencia o
inconveniencia o eventualmente la inconstitucionalidad del proyecto sometido a
primer debate, presentando el texto de tal forma que toda la comunidad pueda
hacerse una idea de las repercusiones que tiene su aprobación.
“Si se permite que el estudio que hace el ponente en
su informe se haga público sólo después de que el respectivo debate se ha
llevado a cabo, cuando ya no hay oportunidad de que la sociedad se manifieste,
cerrando el acceso a dicho estudio a unos pocos congresistas, se está
restringiendo el derecho de participación política de los ciudadanos y de los
demás congresistas, específicamente, el de tener iniciativa en las
corporaciones públicas (C.N. art. 40.5).  Esta Sentencia, en cambio, ha dado un
aval a la posibilidad de restringir de facto este derecho fundamental, al
estimar que un proyecto pueda ser ley de la República sin el debido
cumplimiento de un mecanismo de publicidad que garantiza la participación
efectiva de toda la comunidad en las decisiones que las afectan mediante el
acceso oportuno al informe de ponencia de un proyecto de ley con su previa
publicación en la Gaceta del Congreso, en aras de preservar un criterio errado
de eficiencia en la creación de leyes.  Lo que resulta preocupante es que esta
práctica parlamentaria se ha vuelto sistemática, y que esta Corporación la está
avalando de manera reiterada en sus sentencias.”
Fecha ut supra.
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
Aclaración
de voto a la Sentencia C-254/03
PRECEDENTE JUDICIAL-Ponderación de valores y principios
(Aclaración de voto)
Al afirmar el alcance de los
precedentes judiciales, la Corte ha establecido que no basta con que un juez
mantenga una interpretación divergente de aquella contenida en la
jurisprudencia aplicable al caso, para que pueda apartarse de la misma, sino
que es necesario realizar una ponderación en concreto de los valores y
principios constitucionales involucrados, y específicamente, en lo que tiene
que ver con la afectación de la seguridad jurídica que se deriva de un cambio
de jurisprudencia. Así, una vez establecido un precedente en materia
constitucional, no basta con insistir en una interpretación divergente para que
resulte admisible el cambio de jurisprudencia, sino que es necesario, además,
una especial ponderación de los elementos a los que se ha hecho referencia, de
modo que, por ejemplo, no resultaría admisible que los jueces colegiados se
aparten de los precedentes al amparo de mayorías coyunturales, si no hay una
probabilidad razonable de que, superada la ponderación anterior, la
interpretación en la que fundan su decisión pueda imponerse y consolidarse como
nueva doctrina, de tal manera que se cumpla, en particular en las instancias
supremas, con la función de unificar la jurisprudencia, y en el caso de la
Corte Constitucional, con el deber de fijar el sentido obligatorio que tienen
los textos constitucionales.
PROYECTO DE LEY-Vicio de trámite por falta de
publicación de la ponencia (Aclaración de voto)
Mantengo mi criterio en torno a
la existencia de un vicio grave en el trámite de un proyecto cuando se inicia
el debate sin que previamente haya sido publicada en la gaceta del Congreso la
respectiva ponencia. Estimo equivocada la posición del mayoría y abogo porque
el legislativo, en desarrollo de se capacidad de autocontrol, decida en lo
sucesivo actuar con mayor rigor en relación con un requisito de publicidad que
no tiene un carácter meramente formal sino que estimo de la mayor significación
dentro del proceso democrático de formación de la voluntad legislativa.
PROYECTO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO
INTERNACIONAL-Garantía de
publicación previa del informe de ponencia (Aclaración de voto)
Referencia:
expediente LAT–229
Revisión oficiosa de la Ley 766 del 31 de julio de 2002 “Por medio
de la cual se aprueba la ‘Convención sobre asistencia en caso de accidente
nuclear o emergencia radiológica’ aprobada en Viena el 26 de septiembre de
1986”.
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
No obstante que considero que la falta de
publicación oficial de la ponencia de un proyecto de ley antes de que se de
curso al debate respectivo es un vicio de procedimiento que debería traducirse
en la inexequibilidad de la ley así tramitada, y que tal vicio está presente en
el trámite de la ley objeto de revisión, he votado de
manera concurrente con la mayoría la exequibilidad del proyecto de la
referencia, a partir de la consideración que sobre la materia existe un
precedente consolidado y que la doctrina que el mismo contiene debe ser acatada
incluso por quienes discrepamos de su sentido.
En efecto, en decisiones
mayoritarias respecto de las cuales siempre me he apartado en salvamento de
voto, de manera reiterada, esta Corporación ha sostenido, que: “... la falta
de publicación de la ponencia para primer debate, antes de su aprobación,
configura un vicio de procedimiento que afecta la constitucionalidad de la
correspondiente ley...” , salvo cuando el Congreso ha recurrido “... a
la posibilidad excepcional prevista  por el inciso segundo del artículo 156 de
la Ley 5 de 1992, según la cual es posible que, para agilizar el trámite de un
proyecto, el Presidente de la comisión respectiva autorice la copia de la
ponencia y su distribución previa a los miembros de la comisión, sin perjuicio
de que la ponencia sea publicada posteriormente, y en forma oportuna, en la
Gaceta del Congreso[25]...” Tal interpretación, en la medida en
que ha sido reiterada por quien obra como intérprete autorizado de la
Constitución, ha pasado a formar parte del sentido de las disposiciones
constitucionales que regulan el trámite legislativo, por manera que los
operadores jurídicos pueden obrar con la convicción de que cuando lo hacen en
consonancia con esa interpretación, están actuando de conformidad con la
Constitución. Sobre el particular la Corte ha expresado:
“La interpretación que lleva a cabo la Corte no
es externa al texto de la Carta, como que ésta demanda de la misma para poder
actualizarse en el espacio y en el tiempo históricos. Las sentencias de la
Corte Constitucional, en este sentido, por ministerio de la propia
Constitución, son fuentes obligatorias para discernir cabalmente su contenido.
La interpretación de la Corte Constitucional, a diferencia de la jurisprudencia
de los demás jueces, en cuanto desentraña el significado de la Constitución, no
puede tener valor opcional o puramente ilustrativo, puesto que sirve de
vehículo insustituible para que ella adquiera el status activo de norma de
normas y como tal se constituya en el vértice y al mismo tiempo en el eje del
entero ordenamiento jurídico.” [26]
El anterior razonamiento está
fundamentado en un sistema conforme al cual los jueces, y no en menor medida el
juez constitucional, deben actuar respetando sus propias decisiones
precedentes, y en el cual, los operadores jurídicos pueden confiar
legítimamente en que ello sea así.
Al afirmar el alcance de los
precedentes judiciales, la Corte ha establecido que no basta con que un juez
mantenga una interpretación divergente de aquella contenida en la
jurisprudencia aplicable al caso, para que pueda apartarse de la misma, sino
que es necesario realizar una ponderación en concreto de los valores y
principios constitucionales involucrados, y específicamente, en lo que tiene
que ver con la afectación de la seguridad jurídica que se deriva de un cambio
de jurisprudencia. A este respecto, cabe acoger en este asunto, los criterios
que la Corte fijó para establecer el alcance normativo de la doctrina probable
contenida en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.  En efecto, la
fuerza vinculante del precedente proviene, inicialmente, de la autoridad
otorgada constitucionalmente al órgano encargado de establecerlo, en segundo
lugar, del carácter decantado
de la interpretación que dicha autoridad hace del ordenamiento positivo, y, en
tercer lugar, del deber de los jueces de respeto tanto del principio de
igualdad como del principio de buena fe que obliga también a la rama
jurisdiccional, prohibiéndole actuar contra sus propios actos.[27]
Así, una vez establecido un
precedente en materia constitucional, no basta con insistir en una
interpretación divergente para que resulte admisible el cambio de
jurisprudencia, sino que es necesario, además, una especial ponderación de los
elementos a los que se ha hecho referencia, de modo que, por ejemplo, no
resultaría admisible que los jueces colegiados se aparten de los precedentes al
amparo de mayorías coyunturales, si no hay una probabilidad razonable de que,
superada la ponderación anterior, la interpretación en la que fundan su
decisión pueda imponerse y consolidarse como nueva doctrina, de tal manera que
se cumpla, en particular en las instancias supremas, con la función de unificar
la jurisprudencia, y en el caso de la Corte Constitucional, con el deber de
fijar el sentido obligatorio que tienen los textos constitucionales.
Por las anteriores
consideraciones, no obstante que discrepo de las razones expuestas por la
mayoría para declarar la exequibilidad de este proyecto en función del trámite
legislativo, emito mi voto concurrente en acatamiento del precedente.
Lo anterior no obsta para que
mantenga mi criterio en torno a la existencia de un vicio grave en el trámite
de un proyecto cuando se inicia el debate sin que previamente haya sido
publicada en la gaceta del Congreso la respectiva ponencia. Estimo equivocada
la posición del mayoría y abogo porque el legislativo, en desarrollo de se
capacidad de autocontrol, decida en lo sucesivo actuar con mayor rigor en
relación con un requisito de publicidad que no tiene un carácter meramente
formal sino que estimo de la mayor significación dentro del proceso democrático
de formación de la voluntad legislativa.
Insisto en mi posición, pese a
lo reiterado de la jurisprudencia en sentido contrario, porque considero que
están presentes en torno a este tema los elementos que justificarían un cambio
de jurisprudencia.
En efecto, tal como hemos
sostenido con los magistrados con quienes en anteriores oportunidades hemos
salvado el voto, si bien, para agilizar el trámite de los proyectos de ley y
permitir una mejor información en torno a los mismos, antes de los debates, es
posible distribuir el texto de las ponencias en fotocopia, ello no exime de la
obligación de publicarlo oportunamente, esto es, antes de que empiece el debate
respectivo. A este respecto hemos expresado en reiterados salvamentos de voto:
“Esta exigencia del legislador orgánico,
según la cual la distribución de copias de la ponencia entre los miembros de la
comisión no exime de la publicación previa al debate, no es un mero formalismo
carente de relevancia constitucional.  El informe es el resultado de un estudio
efectuado por el ponente, quien ha sido delegado por la presidencia de la
respectiva comisión como responsable del trámite del proyecto.  La publicación
previa de las conclusiones de tal estudio en la Gaceta tiene como propósito
ilustrar sobre la conveniencia o inconveniencia, e incluso acerca de la
constitucionalidad o inconstitucionalidad del proyecto que se va a debatir.
Sin embargo, la publicación no sólo se dirige a los miembros de la comisión,
sino a los demás congresistas que no conforman la respectiva célula legislativa
y a la comunidad en general, para que ejerzan su derecho a participar
políticamente en el debate.
“No se puede desconocer –como parece
haberlo hecho la Corte en esta oportunidad- que los debates parlamentarios son
públicos, y que interesan no sólo a los miembros de una determinada comisión,
sino a la generalidad de la comunidad política, que todos los ciudadanos tienen
derecho a conocer y a participar activamente durante todo el transcurso del
proceso parlamentario.  Así mismo, tampoco se puede dejar de tener en cuenta
que la sola presentación del texto de un proyecto de ley, en muchos casos
extenso y con un lenguaje técnico extraño al común de la población, resulta insuficiente
para garantizar la efectiva participación de grandes sectores de la población
en decisiones que de hecho los afectan, y que es una obligación constitucional
de todas las autoridades de la República “facilitar la participación de
todos” en la toma de tales decisiones (C.N. art. 2º).  Es por ello que la
publicación previa del informe de ponencia constituye una garantía
indispensable para comunicar oportunamente al público en general la
importancia, conveniencia o inconveniencia o eventualmente la inconstitucionalidad
del proyecto sometido a primer debate, presentando el texto de tal forma que
toda la comunidad pueda hacerse una idea de las repercusiones que tiene su
aprobación.
“Si se permite que el estudio que hace el
ponente en su informe se haga público sólo después de que el respectivo debate
se ha llevado a cabo, cuando ya no hay oportunidad de que la sociedad se
manifieste, cerrando el acceso a dicho estudio a unos pocos congresistas, se
está restringiendo el derecho de participación política de los ciudadanos y de
los demás congresistas, específicamente, el de tener iniciativa en las
corporaciones públicas (C.N. art. 40.5).  Esta Sentencia, en cambio, ha dado un
aval a la posibilidad de restringir de facto este derecho fundamental, al
estimar que un proyecto pueda ser ley de la República sin el debido
cumplimiento de un mecanismo de publicidad que garantiza la participación
efectiva de toda la comunidad en las decisiones que las afectan mediante el
acceso oportuno al informe de ponencia de un proyecto de ley con su previa
publicación en la Gaceta del Congreso, en aras de preservar un criterio errado
de eficiencia en la creación de leyes.  Lo que resulta preocupante es que esta
práctica parlamentaria se ha vuelto sistemática, y que esta Corporación la está
avalando de manera reiterada en sus sentencias.”[28]
A lo anterior puede agregarse
que la previa publicación del contenido de la ponencia, que con frecuencia
incorpora importantes modificaciones a los proyectos inicialmente presentados,
además de la certeza que brinda acerca de los textos que serán sometidos a
debate, permite que los congresistas acudan al mismo, con una mejor
ilustración, producto de la anticipada investigación y reflexión sobre las
materias que serán objeto de discusión e, incluso de la consulta de las mismas
con eventuales interesados. Ese previo espacio de reflexión que garantiza a los
congresistas la exigencia de la publicación oportuna de la ponencia, tiene
particular significación en el proceso de formación de una voluntad legislativa
auténticamente democrática. Pues no es la misma la situación de quienes han
tenido la ocasión de conocer los textos antes de que se inicie el debate, que
la de quienes se enteran de los mismos sólo en el momento en el que se inicia
su discusión y únicamente tienen la oportunidad de leerlos en el curso mismo de
los debates. Tal práctica, según la cual las ponencias se distribuyen en
fotocopia en el momento de iniciar el debate, permite que los congresistas se
vean sorprendidos por textos nuevos, que no conocían de antemano y cuya
asimilación debe hacerse en circunstancias de apremio.
Por las anteriores consideraciones, insisto
en que la necesidad de preservar el carácter democrático de las decisiones del
Congreso en el contexto de una democracia participativa haría necesario, en
este caso, un cambio de jurisprudencia, aún cuando, por razones de seguridad
jurídica debiera, eventualmente,  acudirse a fórmulas de inexequibilidad
diferida para permitir al Congreso adecuar el trámite legislativo a la nueva
posición que se adoptaría sobre la materia.
Mientras se obtiene un consenso lo suficientemente
amplio para este propósito, acato la decisión mayoritaria y aclaro el sentido
de mi voto.
Fecha ut supra,
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
[1]  Suscrita el 23 de mayo de 1969
[2] Sentencia C-536/02
[3] “Verdaderamente notables son las aplicaciones pacíficas de la
tecnología nuclear en el panorama científico del siglo XXI. En el área de la
agricultura, por ejemplo, la tecnología nuclear se utiliza para controlar la
propagación de plagas mediante la producción de insectos estériles; se
utiliza también para irradiar el material genético de ciertas semillas con el
fin de mejorar la calidad de las mismas e incrementar las cosechas, así como
para prolongar los períodos de conservación de los alimentos. En hidrología, la
energía nuclear permite ubicar, clasificar y medir las características
fundamentales de las corrientes de agua. En medicina, la energía nuclear se
emplea para desarrollar vacunas, mientras que, gracias a la radiación, es
posible formular cierto tipo de diagnósticos sin acudir a técnicas invasivas.
Los avances en la materia permiten combatir ciertas variedades de cáncer,
detectar mediciones de hormonas, enzimas, virus, proteínas y fármacos, entre
otros. Los resultados obtenidos en materia de medio ambiente han permitido el avance
en los métodos de detección y análisis de elementos contaminantes.  Se usa en
la industria para realizar el seguimiento de determinados procesos y detectar
la dinámica de los mismos, velocidad, movimiento de líquidos, filtraciones,
etc.; para realizar mediciones sin contacto físico o para recopilar datos
estrucutales de las edificaciones sin destrucción del material. La tecnología
nuclear se emplea también para determinar la edad de formaciones geológicas y
arqueológicas y para calcular la de fósiles orgánicos. Los resultados en
materia de manipulación genética se encuentran, además, a la orden del día.”
(Consultar http://www.cchen.cl/37/index.php?docp=7&cla=#1.
Comisión Chilena de Energía Nuclear) (Sentencia C-536 de 2002, nota al pie 3)
[4] Sentencia C-536 de 2002
[5]  La siguiente es una adaptación hecha por
la ponencia, del texto original en inglés.
[6] Sentencia C-536 de 2002
[7] Ibídem
[8] Sentencia C-671 de 2001. M.P. Jaime Araújo Rentería
[9] Ver, entre otras, las sentencias C-203 de 1995, C-137 de 1996 y
C-200 de 1997.
[10] Sobre el particular se puede consultar la reiterada
jurisprudencia de la Corte; en particular, las sentencias C-203 de 1995 y C-
442 de 1996.
[11] Sentencia C-200 de 1999
[12] "Por otra parte, las disposiciones que consagran privilegios
e inmunidades a favor del Organismo creado y de sus directivos y dignatarios se
enmarcan dentro de los principios del Derecho Internacional, reconocidos por
Colombia según el artículo 9 de la Constitución Política. (...) No puede
decirse que la consagración de estos privilegios e inmunidades vulneren el
derecho a la igualdad (Artículo 13 C.P.), respecto de personas colombianas, ya
que, como la Corte lo ha señalado reiteradamente, la igualdad se predica de
situaciones iguales, de tal modo que las diferencias de trato pueden admitirse
cuando se encuentran justificadas. En el caso de los funcionarios y
representantes de organismos internacionales, las normas especiales acordadas
entre los estados miembros y la protección que se les brinda tienen su razón de
ser en la función que cumplen, como integrantes de delegaciones diplomáticas"
(Sentencia C-203 de 1995)
[13] Sentencia C-137 de 1996
[14]
Cfr. Arts. V (Sección 13), VI (Sección 19),
[15] Cfr. Sentencia C-333 de 1996
[16] Consejo de Estado. Sentencia del 13 de julio de 1993. Loc-cit.
[17] Sentencia C-333/96
[18]Consejo de Estado. Loc-Cit.
[19] Sentencia del Consejo de Estado de mayo 8 de 1995, Expediente
8118., Consejero Ponente Juan de Dios Montes Hernández.
[20] Ley 6ª de 1972, Convención de Viena, Considerandos.
[21] Cfr. Art. 63, Código Civil
[22] Cfr. www.iaea.org. Esta
opción ya ha sido adoptada por algunos de los Estados Parte de la Convención
sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica como es
el caso de Austria, China, Finlandia, Irak, Italia, Pakistán, Suecia y Estados
Unidos; éste último sometido a la condición de que, en virtud del principio de
reciprocidad, el Estado asistente reconozca el mismo tratamiento a los
ciudadanos de dicha nación.Otros Estados Parte han suscrito
la Convención haciendo uso de la opción a) del numeral 5 del artículo 10, la
cual permite manifestar que el Estado no se encuentra obligado con el
cumplimiento del numeral 2 de dicho artículo. Entre los Estados que han hecho
tal declaración se encuentran la República de Argentina, Canadá, Francia,
India, Irán, Israel, República de Corea, Mónaco, Nicaragua, Perú, Arabia
Saudita, España y Sri Lanka.
[23] Ver entre otras las Sentencias C-013/93 (M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz); C-222/97 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo); C-155/98 (M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa).
[24] Ver entre otras las Sentencias C-013/93 (M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz); C-222/97 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo); C-155/98 (M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa).
[25] Sentencia C-951/01. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[26]             Sentencia  SU-640-1998.  M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[27]             Sentencia C-836-2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil
[28]        Salvamento
de Voto Sentencia C-953/2001