C-812-07
PROYECTO DE SENTENCIA
Sentencia C-812/07
SEGUNDO PROTOCOLO DE LA CONVENCION DE LA
HAYA DE 1954 PARA LA PROTECCION DE LOS BIENES CULTURALES EN CASO DE CONFLICTO
ARMADO-Fines que persigue
El fin del Segundo Protocolo objeto de
estudio es el de reforzar la protección de los bienes culturales en caso de que
su integridad se vea amenazada por un conflicto armado. Este protocolo es
instrumento internacional adjunto a la Convención de La Haya para la protección
de bienes culturales en caso de conflicto armado, suscrita en la misma ciudad
en 1954, por lo que claramente se entiende que las medidas aquí consagradas
modifican en lo pertinente la Convención con un fin específico: mejorar y
actualizar los niveles de protección de los bienes mencionados. La protección
de los bienes culturales en el escenario de un conflicto armado es una
preocupación mundial creciente, especialmente desde que, en la segunda guerra
mundial, muchas de las joyas culturales de los países en conflicto fueron
destruidas como consecuencia de los ataques militares o desaparecieron tras las
sucesivas ocupaciones. La finalidad de proteger esos bienes culturales surge de
una dolorosa constatación histórica, a saber, que estos objetos -que en el
fondo materializan valores espirituales esenciales para el ser humano- han
sufrido graves daños en los distintos conflictos armados y que, debido al
perfeccionamiento de las técnicas de destrucción, se encuentran cada vez más
amenazados, por lo cual resulta imperioso protegerlos. El Segundo Protocolo
para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, objeto
de estudio en esta providencia, se encuentra en consonancia con la finalidad de
la Convención y persigue, como se ha dicho, tecnificar, reforzar, mejorar y
complementar las herramientas ofrecidas por la convención para la protección
del patrimonio cultural.
CONSTITUCIONALIDAD DEL PROTOCOLO-Toda norma que esté encaminada a
salvaguardar la identidad cultural debe considerarse, en principio, ajustada a
los mandatos de la Carta Política
CONSTITUCIONALIDAD DE LAS DISPOSICIONES QUE
INTEGRAN EL PROTOCOLO PARA LA PROTECCION DE LOS BIENES CULTURALES EN CASO DE
CONFLICTO ARMADO
LEY APROBATORIA DEL PROTOCOLO-Trámite legislativo/REQUISITO DE
ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO-Cumplimiento
Referencia: expediente LAT-306
Revisión oficiosa de la Ley 1130 de 2007,
por medio de la cual se aprueba el “segundo protocolo de la convención de La
Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto
armado, hecho en La Haya el 26 de marzo de 1999”.
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Bogotá D.C., tres (3) de octubre de dos mil
siete (2007)
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
conformada por los magistrados, doctores Rodrigo Escobar Gil -quien la
preside-, Jaime Araujo Rentería, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba
Triviño, Catalina Botero Marino, Marco Gerardo Monroy Cabra, Nilson Pinilla
Pinilla, Humberto Antonio Sierra Porto y Clara Inés Vargas Hernández, en
ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los
requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la
presente sentencia en la revisión oficiosa de la Ley 1130 de 2007, por
medio de la cual se aprueba el “segundo protocolo de la convención de La
Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto
armado, hecho en La Haya el 26 de marzo de 1999”.
I.
ANTECEDENTES
En cumplimiento de lo dispuesto en el
numeral 10 del artículo 241 de la C.P., el 22 de febrero de 2007, el Secretario
Jurídico de la Presidencia de la República remitió a la Corte Constitucional
copia auténtica de la Ley 1130 de 2007, por medio de la cual se aprueba el “segundo
protocolo de la convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes
culturales en caso de conflicto armado, hecho en La Haya el 26 de marzo de 1999”.
Por Auto del 22 de marzo de 2007, el
Magistrado Sustanciador asumió el conocimiento de la Ley de la referencia y
notificó a las Secretarías Generales de Cámara y Senado para que remitieran
toda la información concerniente al trámite legislativo dado a la ley bajo
estudio. Adicionalmente, se ordenó comunicar el proceso al Ministerio de
Relaciones Exteriores, al Ministerio de Defensa, a la Fiscalía General de la
Nación, a la Defensoría del Pueblo, a la Comisión Colombiana de Juristas y a la
Universidad El Rosario.
Cumplidos los trámites indicados para este
tipo de actuaciones, procede la Corte a pronunciar su decisión.
II.
TEXTO DEL
CONVENIO QUE SE REVISA Y DE SU LEY APROBATORIA
LEY 1130 DE 2007
(febrero 15)
Diario Oficial No. 46.543 de 15 de febrero de 2007
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por medio de la cual se aprueba el “Segundo Protocolo
de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales
en caso de conflicto armado”, hecho en La Haya el veintiséis (26) de marzo de
mil novecientos noventa y nueve (1999).
EL CONGRESO DE COLOMBIA
Visto el texto del “Segundo Protocolo de la Convención
de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de
conflicto armado”, hecho en La Haya el veintiséis (26) de marzo de mil
novecientos noventa y nueve (1999), que a la letra dice:
(Para ser trascrito: Se adjunta fotocopia del texto
íntegro del Instrumento Internacional mencionado).
Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954
para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, La
Haya, 26 de marzo de 1999
Las Partes,
Conscientes de la necesidad de mejorar la protección
de los bienes culturales en caso de conflicto armado y de establecer un sistema
reforzado de protección para bienes culturales especialmente designados;
Reiterando la importancia de las disposiciones de la
Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto
Armado, adoptada en La Haya el 14 de mayo de 1954, y haciendo hincapié en la
necesidad de completar esas disposiciones con medidas que refuercen su
aplicación;
Deseosas de proporcionar a las Altas Partes
Contratantes en la Convención un medio para participar más estrechamente en la
protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado median te el
establecimiento de procedimientos adecuados;
Considerando que las reglas que rigen la protección de
los bienes culturales en caso de conflicto armado deberían reflejar la
evolución del derecho internacional;
Afirmando que las reglas del derecho internacional
consuetudinario seguirán rigiendo las cuestiones no reguladas en las
disposiciones del presente Protocolo,
Han convenido en lo siguiente:
CAPITULO 1.
INTRODUCCIÓN.
ARTÍCULO 1o. DEFINICIONES.
A los efectos del presente Protocolo:
a) Por “Parte” se entenderá un Estado Parte en el
presente Protocolo;
b) Por “bienes culturales” se entenderán los bienes
culturales definidos en el artículo 1o de la Convención;
c) Por “Convención” se entenderá la Convención para la
Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, adoptada en La
Haya el 14 de mayo de 1954;
d) Por “Alta Parte Contratante” se entenderá un Estado
Parte en la Convención;
e) Por “protección reforzada” se entenderá el sistema
de protección reforzada establecido en los artículos 10 y 11;
f) Por “objetivo militar” se entenderá un objeto que
por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización, contribuye eficazmente a
la acción militar y cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización
ofrece en las circunstancias del caso una ventaja militar definida;
g) Por “ilícito” se entenderá realizado bajo coacción
o de otra manera, en violación de las reglas aplicables de la legislación
nacional del territorio ocupado o del derecho internacional;
h) Por “Lista” se entenderá la Lista Internacional de
Bienes Culturales bajo Protección Reforzada establecida con arreglo al apartado
b) del párrafo 1o del artículo 27;
i) Por “Director General” se entenderá el Director
General de la Unesco;
j) Por “Unesco” se entenderá la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura;
k) Por “Primer Protocolo” se entenderá el Protocolo
para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado
adoptado en La Haya el 14 de mayo de 1954;
ARTÍCULO 2o. RELACIÓN CON LA CONVENCIÓN.
El presente Protocolo complementa a la Convención en
lo relativo a las relaciones entre las Partes.
ARTÍCULO 3o. AMBITO DE APLICACIÓN.
1. Además de las disposiciones que se aplican en
tiempo de paz, el presente Protocolo se aplicará en las situaciones previstas en
los párrafos 1o y 2o del artículo 18 de la Convención y en el párrafo 1o del
artículo 22.
2. Si una de las partes en un conflicto armado no está
obligada por el presente Protocolo, las Partes en el presente Protocolo
seguirán obligadas por él en sus relaciones recíprocas.
Asimismo, estarán obligadas por el presente protocolo
en sus relaciones con un Estado parte en el conflicto que no esté obligado por
él, cuando ese Estado acepte sus disposiciones y durante todo el tiempo que las
aplique.
ARTÍCULO 4o. RELACIONES ENTRE EL CAPÍTULO 3 Y OTRAS DISPOSICIONES
DE LA CONVENCIÓN Y DEL PRESENTE PROTOCOLO.
Las disposiciones del Capítulo 3 del presente
Protocolo se aplicarán sin perjuicio de:
a) La aplicación de las disposiciones del Capítulo I
de la Convención y del Capítulo 2 del presente Protocolo;
b) La aplicación de las disposiciones del Capítulo II
de la Convención entre las Partes del presente Protocolo o entre una Parte y un
Estado que acepta y aplica el presente Protocolo con arreglo al párrafo 2o del
artículo 3o, en el entendimiento de que si a un bien cultural se le ha otorgado
a la vez una protección especial y una protección reforzada, sólo se aplicarán
las disposiciones relativas a la protección reforzada.
CAPITULO 2.
DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN.
ARTÍCULO 5o. SALVAGUARDIA DE LOS BIENES CULTURALES.
Las medidas preparatorias adoptadas en tiempo de paz
para salvaguardar los bienes culturales contra los efectos previsibles de un
conflicto armado conforme al artículo 3o de la Convención comprenderán, en su
caso, la preparación de inventarios, la planificación de medidas de emergencia
para la protección contra incendios o el derrumbamiento de estructuras, la
preparación del traslado de bienes culturales muebles o el suministro de una
protección adecuada in situ de esos bienes, y la designación de autoridades
competentes que se responsabilicen de la salvaguardia de los bienes culturales.
ARTÍCULO 6o. RESPETO DE LOS BIENES CULTURALES.
A fin de garantizar el respeto de los bienes
culturales de conformidad con el artículo 4o de la Convención:
a) Una derogación fundada en una necesidad militar
imperativa conforme al párrafo 2o del artículo 4o de la Convención sólo se
podrá invocar para dirigir un acto de hostilidad contra un bien cultural cuando
y durante todo el tiempo en que:
i) Ese bien cultural, por su función, haya sido
transformado en un objetivo militar; y
ii) No exista otra alternativa prácticamente posible
para obtener una ventaja militar equivalente a la que ofrece el hecho de
dirigir un acto de hostilidad contra ese objetivo;
b) Una derogación fundada en una necesidad militar
imperativa conforme al párrafo 2o del artículo 4o de la Convención sólo se
podrá invocar para utilizar bienes culturales con una finalidad que pueda
exponerles a la destrucción o al deterioro cuando y durante todo el tiempo en
que resulte imposible elegir entre esa utilización de los bienes culturales y
otro método factible para obtener una ventaja militar equivalente;
c) La decisión de invocar una necesidad militar
imperativa solamente será tomada por el oficial que mande una fuerza de
dimensión igual o superior a la de un batallón, o de menor dimensión cuando las
circunstancias no permitan actuar de otra manera;
d) En caso de ataque basado en una decisión tomada de
conformidad con el apartado a) se debe dar aviso con la debida antelación y por
medios eficaces, siempre y cuando las circunstancias lo permitan.
ARTÍCULO 7o. PRECAUCIONES EN EL ATAQUE.
Sin perjuicio de otras precauciones exigidas por el
derecho internacional humanitario en la conducción de operaciones militares,
cada Parte en el conflicto debe:
a) Hacer todo lo que sea factible para verificar que
los objetivos que se van a atacar no son bienes culturales protegidos en virtud
del artículo 4o de la Convención;
b) Tomar todas las precauciones factibles en la
elección de los medios y métodos de ataque para evitar y, en todo caso, reducir
lo más posible los daños que se pudieran causar incidentalmente a los bienes
culturales protegidos en virtud del artículo 4o de la Convención;
c) Abstenerse de decidir un ataque cuando sea de
prever que causará incidentalmente daños a los bienes culturales protegidos en
virtud del artículo 4o de la Convención, que serían excesivos en relación con
la ventaja militar concreta y directa prevista; y
d) Suspender o anular un ataque si se advierte que:
i) El objetivo es un bien cultural protegido en virtud
del artículo 4o de la Convención;
ii) Es de prever que el ataque causará incidentalmente
daños a los bienes culturales protegidos en virtud del artículo 4o de la
Convención, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y
directa prevista.
ARTÍCULO 8o. PRECAUCIONES CONTRA LOS EFECTOS DE LAS HOSTILIDADES.
En toda la medida de lo posible, las Partes en conflicto
deberán:
a) Alejar los bienes culturales muebles de las
proximidades de objetivos militares o suministrar una protección adecuada in
situ;
b) Evitar la ubicación de objetivos militares en las
proximidades de bienes culturales.
ARTÍCULO 9o. PROTECCIÓN DE BIENES CULTURALES EN TERRITORIO OCUPADO.
1. Sin perjuicio de las disposiciones de los artículos
4o y 5o de la Convención, toda Parte que ocupe total o parcialmente el
territorio de otra Parte prohibirá e impedirá con respecto al territorio
ocupado:
a) Toda exportación y cualquier otro desplazamiento o
transferencia de propiedad ilícitos de bienes culturales;
b) Toda excavación arqueológica, salvo cuando sea
absolutamente indispensable para salvaguardar, registrar o conservar bienes
culturales;
c) Toda transformación o modificación de la
utilización de bienes culturales con las que se pretenda ocultar o destruir
testimonios de índole cultural, histórica o científica.
2. Toda excavación arqueológica, transformación o
modificación de la utilización de bienes culturales en un territorio ocupado
deberá efectuarse, a no ser que las circunstancias no lo permitan, en estrecha
cooperación con las autoridades nacionales competentes de ese territorio
ocupado.
CAPITULO 3.
PROTECCIÓN REFORZADA.
ARTÍCULO 10. PROTECCIÓN REFORZADA.
Un bien cultural podrá ponerse bajo protección
reforzada siempre que cumpla las tres condiciones siguientes:
a) Que sea un patrimonio cultural de la mayor
importancia para la humanidad;
b) Que esté protegido por medidas nacionales
adecuadas, jurídicas y administrativas, que reconozcan su valor cultural e
histórico excepcional y garanticen su protección en el más alto grado; y
c) Que no sea utilizado con fines militares o para
proteger instalaciones militares, y que haya sido objeto de una declaración de la
Parte que lo controla, en la que se confirme que no se utilizará para esos
fines.
ARTÍCULO 11. CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN REFORZADA.
1. Cada Parte someterá al Comité una lista de los
bienes culturales para los que tiene intención de solicitar la concesión de la
protección reforzada.
2. La Parte bajo cuya jurisdicción o control se halle
un bien cultural podrá pedir su inscripción en la Lista que se establecerá en
virtud del apartado b) del párrafo 1o del artículo 27. Esta petición
comprenderá toda la información necesaria relativa a los criterios mencionados
en el artículo 10. El Comité podrá invitar a una Parte a que pida la
inscripción de ese bien cultural en la Lista.
3. Otras Partes, el Comité Internacional del Escudo
Azul y otras organizaciones no gubernamentales con la competencia apropiada
podrán recomendar al Comité un bien cultural específico. En ese caso, el Comité
podrá tomar la decisión de invitar a una Parte a que pida la inscripción de ese
bien cultural en la Lista.
4. Ni la petición de inscripción de un bien cultural
situado en un territorio, bajo una soberanía o una jurisdicción que
reivindiquen más de un Estado, ni la inscripción de ese bien perjudicarán en
modo alguno los derechos de las partes en litigio.
5. Cuando el Comité reciba una petición de inscripción
en la Lista informará de ella a todas las Partes. En un plazo de sesenta días,
las Partes podrán someter al Comité sus alegaciones con respecto a esa
petición. Esas alegaciones se fundarán exclusivamente en los criterios
mencionados en el artículo 10. Deberán ser precisas y apoyarse en hechos. El
Comité examinará esas alegaciones y proporcionará a la Parte que haya pedido la
inscripción una posibilidad razonable de responder antes de que se tome la
decisión. Cuando se presenten esas alegaciones al Comité, las decisiones sobre
la inscripción en la Lista se tomarán, no obstante lo dispuesto en el artículo
26, por mayoría de las cuatro quintas partes de los miembros del Comité
presentes y votantes.
6. Al tomar una decisión sobre una petición, el Comité
procurará solicitar el dictamen de organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, así como el de expertos particulares.
7. La decisión de conceder o negar la protección
reforzada sólo se puede basar en los criterios mencionados en el artículo 10.
8. En casos excepcionales, cuando el Comité ha llegado
a la conclusión de que la Parte que pide la inscripción de un bien cultural en la
Lista no puede cumplir con el criterio del párrafo b) del artículo 10, podrá
tomar la decisión de conceder la protección reforzada siempre que la Parte
solicitante someta una petición de asistencia internacional en virtud del
artículo 32.
9. Desde el comienzo de las hostilidades, una Parte en
el conflicto podrá pedir, por motivos de urgencia, la protección reforzada de
los bienes culturales bajo su jurisdicción o control, sometiendo su petición al
Comité. El Comité transmitirá inmediatamente esta demanda a todas las Partes en
el conflicto. En ese caso, el Comité examinará urgentemente las alegaciones de
las Partes interesadas. La decisión de conceder la protección reforzada con
carácter provisional se tomará con la mayor rapidez posible y, no obstante lo
dispuesto en el artículo 26, por mayoría de las cuatro quintas partes de los
miembros del Comité presentes y votantes. El Comité podrá conceder la
protección reforzada, a la espera del resultado del procedimiento normal de
concesión de dicha protección, siempre que se cumpla con las disposiciones de
los párrafos a) y c) del artículo 10.
10. El Comité concederá la protección reforzada a un
bien cultural a partir del momento en que se inscriba en la Lista.
11. El Director General notificará sin espera al
Secretario General de las Naciones Unidas y a todas las Partes toda decisión
del Comité relativa a la inscripción de un bien cultural en la Lista.
ARTÍCULO 12. INMUNIDAD DE LOS BIENES CULTURALES BAJO PROTECCIÓN
REFORZADA.
Las Partes en un conflicto garantizarán la inmunidad
de los bienes culturales bajo protección reforzada, absteniéndose de hacerlos
objeto de ataques y de utilizar esos bienes o sus alrededores inmediatos en
apoyo de acciones militares.
ARTÍCULO 13. PÉRDIDA DE LA PROTECCIÓN REFORZADA.
1. Los bienes culturales bajo protección reforzada
sólo perderán esa protección:
a) Cuando esa protección se anule o suspenda en virtud
del artículo 14; o
b) Cuando y durante todo el tiempo en que la
utilización del bien lo haya convertido en un objetivo militar.
2. En las circunstancias previstas en el apartado b)
del párrafo 1o, ese bien sólo podrá ser objeto de un ataque:
a) Cuando ese ataque sea el único medio factible para
poner término a la utilización de ese bien mencionado en el apartado b) del
párrafo 1o;
b) Cuando se hayan tomado todas las precauciones
prácticamente posibles en la elección de los medios y métodos de ataque, con
miras a poner término a esa utilización y evitar, o en todo caso reducir al
mínimo, los daños del bien cultural.
c) Cuando, a menos que las circunstancias no lo
permitan, por exigencias de legítima defensa inmediata:
i) El ataque haya sido ordenado por el nivel más alto
del mando operativo;
ii) Se haya dado un aviso con medios eficaces a las
fuerzas adversarias, instándolas a poner un término a la utilización mencionada
en el apartado b) del párrafo 1o; y
iii) Se haya concedido un plazo razonable a las
fuerzas adversarias para regularizar la situación.
ARTÍCULO 14. SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DE LA PROTECCIÓN REFORZADA.
1. Cuando un bien cultural no satisfaga alguno de los
criterios enunciados en el artículo 10 del presente Protocolo, el Comité podrá
suspender o anular su protección reforzada retirándolo de la Lista.
2. En caso de violaciones graves del artículo 12 por
utilización de bienes culturales bajo protección reforzada en apoyo de una
acción militar, el Comité podrá suspender la protección reforzada de esos
bienes. Cuando esas violaciones sean continuas, el Comité podrá
excepcionalmente anular su protección reforzada retirándolo de la Lista.
3. El Director General notificará sin demora al
Secretario General de las Naciones Unidas y a todas las Partes en el presente
Protocolo toda decisión del Comité relativa a la suspensión o anulación de la
protección reforzada de un bien cultural.
4. Antes de tomar una decisión de esta índole, el
Comité ofrecerá a las Partes la posibilidad de que den a conocer sus pareceres.
CAPITULO 4.
RESPONSABILIDAD PENAL Y JURISDICCIÓN.
ARTÍCULO 15. VIOLACIONES GRAVES DEL PRESENTE PROTOCOLO.
1. Cometerá una infracción en el sentido de este
Protocolo toda persona que, deliberadamente y en violación de la Convención o
del presente Protocolo, realice uno de los siguientes actos:
a) Hacer objeto de un ataque a un bien cultural bajo
protección reforzada;
b) Utilizar los bienes culturales bajo protección
reforzada o sus alrededores inmediatos en apoyo de acciones militares;
c) Causar destrucciones importantes en los bienes
culturales protegidos por la Convención y el presente Protocolo o apropiárselos
a gran escala;
d) Hacer objeto de un ataque a un bien cultural
protegido por la Convención y el presente Protocolo;
e) Robar, saquear o hacer un uso indebido de los
bienes culturales protegidos por la Convención, y perpetrar actos de vandalismo
contra ellos.
2. Cada Parte adoptará las medidas que sean necesarias
para tipificar como delitos, con arreglo a su legislación nacional, las
infracciones indicadas en el presente artículo, y para sancionar esas
infracciones con penas adecuadas. Al hacer esto, las Partes se conformarán a
los principios generales del derecho y del derecho internacional, comprendidas
las normas que hacen extensible la responsabilidad penal individual a personas
que no han sido autoras directas de los actos.
ARTÍCULO 16. JURISDICCIÓN.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2o,
cada Parte adoptará las medidas legislativas necesarias para establecer su
jurisdicción respecto de las infracciones indicadas en el artículo 15, en los
siguientes casos:
a) Cuando la infracción se haya cometido en el
territorio de este Estado;
b) Cuando el presunto autor sea un nacional de este
Estado;
c) Cuando se trate de las infracciones indicadas en
los apartados a) a c) del primer párrafo del artículo 15, en caso de que el
presunto autor esté presente en el territorio de este Estado;
2. Con respecto al ejercicio de la jurisdicción, y sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28 de la Convención:
a) El presente Protocolo no excluye que se pueda
incurrir en responsabilidad penal individual ni que se ejerza la jurisdicción
en virtud del derecho nacional e internacional aplicable, y tampoco afecta al
ejercicio de la jurisdicción en virtud del derecho internacional
consuetudinario;
b) Excepto en el caso en que un Estado que no es Parte
en el presente Protocolo pueda aceptarlo y aplicar sus disposiciones con
arreglo al párrafo 2o del artículo 3o, los miembros de las fuerzas armadas y
los nacionales de un Estado que no es Parte en el presente Protocolo, salvo
aquellos de sus nacionales que sirven en las fuerzas armadas de un Estado que
es Parte en el presente Protocolo, no incurrirán en responsabilidad penal
individual en virtud del presente Protocolo, que además no impone ninguna
obligación relativa al establecimiento de jurisdicción con respecto a esas
personas ni a su extradición.
ARTÍCULO 17. PROCESAMIENTO.
1. La Parte en cuyo territorio se comprobase la
presencia del presunto autor de una de las infracciones enunciadas en los
apartados a) a c) del párrafo 1o del artículo 15, si no extradita a esa
persona, someterá su caso sin excepción alguna ni tardanza excesiva a las
autoridades competentes para que la procesen con arreglo a un procedimiento
conforme a su derecho nacional o, si procede, a las normas pertinentes del
derecho internacional.
2. Sin perjuicio, llegado el caso, de las normas
pertinentes del derecho internacional, a toda persona contra la que se instruya
un procedimiento en virtud de la Convención o del presente Protocolo se le
garantizará un tratamiento equitativo y un proceso imparcial en todas las
etapas del procedimiento con arreglo al derecho nacional e internacional, y en
ningún caso se le proporcionarán menos garantías de las que reconoce el derecho
internacional.
ARTÍCULO 18. EXTRADICIÓN.
1. Las infracciones indicadas en los apartados a) a c)
del párrafo 1o del artículo 15 se reputarán incluidas entre las que dan lugar a
extradición en todo tratado de extradición concertado entre Partes con
anterioridad a la entrada en vigor del presente Protocolo. Las Partes se
comprometen a incluir tales infracciones en todo tratado de extradición que
concierten posteriormente entre sí.
2. Cuando una Parte que subordine la extradición a la
existencia de un tratado reciba una solicitud de extradición de otra Parte con
la que no tenga concertado un tratado de extradición, la Parte intimada podrá,
a su elección, considerar que el presente Protocolo constituye la base jurídica
para la extradición con respecto a las infracciones indicadas en los apartados
a) a c) del párrafo 1o del artículo 15.
3. Las Partes que no subordinen la extradición a la
existencia de un tratado reconocerán las infracciones indicadas en los
apartados a) a c) del párrafo 1o del artículo 15 como casos de extradición
entre ellas, con sujeción a las condiciones estipuladas en la legislación de la
Parte requerida.
4. De ser necesario, a los fine s de la extradición
entre Partes se considerará que las infracciones indicadas en los apartados a)
a c) del párrafo 1o del artículo 15 se han cometido no sólo en el lugar en que
se perpetraron, sino también en el territorio de las Partes que hayan
establecido su jurisdicción de conformidad con el párrafo 1o del artículo 16.
ARTÍCULO 19. ASISTENCIA JUDICIAL RECÍPROCA.
1. Las Partes se prestarán la mayor asistencia posible
en relación con cualquier investigación, proceso penal o procedimiento de
extradición relacionados con las infracciones indicadas en el artículo 15,
comprendida la asistencia con miras a la obtención de las pruebas necesarias
para el procedimiento de que dispongan.
2. Las Partes cumplirán las obligaciones que les
incumban en virtud del párrafo 1o de conformidad con los tratados u otros
acuerdos de asistencia judicial recíproca que existan entre ellas. A falta de
esos tratados o acuerdos, las Partes se prestarán esa asistencia de conformidad
con su legislación nacional.
ARTÍCULO 20. MOTIVOS DE RECHAZO.
1. A los fines de la extradición, las infracciones
indicadas en los apartados a) a c) del párrafo 1o del artículo 15, y a los
fines de la asistencia judicial recíproca, las infracciones indicadas en el
artículo 15 no serán consideradas delitos políticos, delitos conexos a delitos
políticos ni delitos inspirados en motivos políticos. En consecuencia, no se
podrá rechazar una petición de extradición o de asistencia judicial recíproca
formulada en relación con una infracción de ese carácter por el único motivo de
que se refiere a un delito político o un delito inspirado en motivos políticos.
2 Ninguna disposición del presente Protocolo se
interpretará en e l sentido de que imponga una obligación de extraditar o de
prestar asistencia judicial recíproca, si la Parte requerida tiene motivos
fundados para creer que la petición de extradición por las infracciones
indicadas en los apartados a) a c) del párrafo 1o del artículo 15 o la petición
de asistencia judicial recíproca en relación con las infracciones del artículo
15 se han formulado con el fin de procesar o sancionar a una persona por
motivos de raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opiniones políticas, o
que el hecho de acceder a la petición podría perjudicar la situación de esa
persona por cualquiera de esos motivos.
ARTÍCULO 21. MEDIDAS RELATIVAS A OTRAS VIOLACIONES.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28 de la
Convención, cada Parte adoptará las medidas legislativas, administrativas o
disciplinarias que puedan, ser necesarias para que cesen los siguientes actos,
cuando sean perpetrados deliberadamente:
a) Toda utilización de bienes culturales en violación
de la Convención o del presente Protocolo;
b) Toda exportación y cualquier otro desplazamiento o
transferencia de propiedad ilícitos de bienes culturales desde un territorio
ocupado en violación de la Convención o del presente Protocolo;
CAPITULO 5.
PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES EN LOS CONFLICTOS
ARMADOS DE CARÁCTER NO INTERNACIONAL.
ARTÍCULO 22. CONFLICTOS ARMADOS DE CARÁCTER NO INTERNACIONAL.
1. El presente Protocolo se aplicará en caso de
conflicto armado que no tenga carácter internacional y que se haya producido en
el territorio de una de las Partes.
2. Este Protocolo no se aplicará en situaciones de
disturbios y tensiones internos, como por ejemplo tumultos, actos de violencia
aislados y esporádicos y otros actos de carácter similar.
3. No se invocará ninguna disposición del presente
Protocolo con miras. a menoscabar la soberanía de un Estado o la
responsabilidad que incumbe a un gobierno de mantener o restablecer por todos
los medios legítimos la ley y el orden en el Estado o de defender la unidad
nacional y la integridad territorial del Estado.
4. Ninguna disposición de este Protocolo menoscabará
la prioridad de jurisdicción de una Parte en cuyo territorio se produzca un
conflicto armado de carácter no internacional con respecto a las violaciones
indicadas en el artículo 15.
5. No se invocará ninguna disposición del Presente
protocolo como justificación para intervenir directa o indirectamente, sea cual
fuere el motivo, en el conflicto armado o en los asuntos internos o externos de
la Parte en cuyo territorio se haya producido ese conflicto.
6. La aplicación del presente Protocolo a la situación
mencionada en el párrafo 1o no producirá efecto alguno sobre el estatuto
jurídico de las partes en conflicto.
7. La Unesco podrá ofrecer sus servicios a las partes
en conflicto.
CAPITULO 6.
CUESTIONES INSTITUCIONALES.
ARTÍCULO 23. REUNIÓN DE LAS PARTES.
1. La Reunión de las Partes se convocará al mismo
tiempo que la Conferencia General de la Unesco y en coordinación con la Reunión
de las Altas Partes Contratantes, si esta reunión ha sido convocada por el
Director General.
2. La Reunión de las Partes adoptará su propio
Reglamento.
3. La Reunión de las Partes tendrá las siguientes
atribuciones:
a) Elegir a los miembros del Comité, con arreglo al párrafo
1o del artículo 24;
b) Aprobar los Principios Rectores elaborados por el
Comité con arreglo al apartado a) del párrafo 1o del artículo 27;
c) Proporcionar orientaciones para la utilización del
Fondo por parte del Comité y supervisarla;
d) Examinar el informe presentado por el Comité con
arreglo al apartado d) del párrafo 1o del artículo 27;
e) Discutir cualquier problema relacionado con la
aplicación de este Protocolo y formular recomendaciones cuando proceda.
4. El Director General convocará una Reunión
Extraordinaria de las Partes, si así lo solicita como mínimo la quinta parte de
ellas.
ARTÍCULO 24. COMITÉ PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES EN
CASO DE CONFLICTO ARMADO.
1. Por el presente artículo se crea un Comité para la
Protección de los Bienes Culturales 'en caso de Conflicto Armado. Estará
compuesto por doce Partes que serán elegidas por la Reunión de las Partes.
2. El Comité celebrará reuniones ordinarias una vez al
año y reuniones extraordinarias cuando lo estime necesario.
3. Al establecer la composición del Comité, las Partes
velarán por garantizar una representación equitativa de las distintas regiones
y culturas del mundo.
4. Las Partes miembros del Comité elegirán para que
las representen a personas competentes en las esferas del patrimonio cultural,
la defensa o el derecho internacional, y consultándose mutuamente tratarán de
garantizar que el Comité en su conjunto reúna las competencias adecuadas en
todas esas esferas.
ARTÍCULO 25. MANDATO.
1. Las Partes miembros del Comité serán elegidas por
un periodo de cuatro años y sólo podrán volver a ser elegidas inmediatamente
una sola vez.
2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1o, el
mandato de la mitad de los miembros nombrados en la primera elección concluirá
al finalizar la primera reunión ordinaria de la Reunión de las Partes celebrada
inmediatamente después de la reunión en la cual fueron elegidos. El Presidente
de la Reunión de las Partes designará por sorteo a estos miembros después de la
primera elección.
ARTÍCULO 26. REGLAMENTO.
1. El Comité adoptará su propio Reglamento.
2. La mayoría de los miembros constituirá quórum. Las
decisiones del Comité se tomarán por mayoría de dos tercios de los miembros
votantes.
3. Los miembros no participarán en las votaciones de
ninguna decisión relativa a bienes culturales que se vean afectados por un
conflicto armado en el que sean partes.
ARTÍCULO 27. ATRIBUCIONES.
1. Las atribuciones del Comité serán las siguientes:
a) Elaborar Principios Rectores para la aplicación del
presente Protocolo;
b) Conceder, suspender o anular la protección
reforzada a bienes culturales, y establecer, actualizar y promover la Lista de
Bienes Culturales bajo Protección Reforzada;
c) Vigilar y supervisar la aplicación del presente
Protocolo y fomentar la identificación de bienes culturales bajo protección
reforzada;
d) Examinar los informes de las Partes y formular
observaciones a su respecto, tratar de obtener precisiones cuando sea
necesario, y preparar su propio informe sobre la aplicación del presente
Protocolo para la Reunión de las Partes;
e) Recibir y estudiar las peticiones de asistencia
internacional con arreglo al artículo 32;
f) Determinar el empleo del Fondo;
g) Desempeñar cualquier otra función que le encomiende
la Reunión de las Partes.
2. El Comité ejercerá sus atribuciones en cooperación
con el Director General.
3. El Comité cooperará con las organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales internacionales y nacionales cuyos
objetivos son similares a los de la Convención, los de su Primer Protocolo y
los del presente Protocolo. Para que le asistan en el desempeño de sus
atribuciones, el Comité podrá invitar a que participen en sus reuniones, a
título consultivo, a organizaciones profesionales eminentes como las que
mantienen relaciones formales con la Unesco, comprendido el Comité
Internacional del Escudo Azul (CIEA) y sus órganos constitutivos. También se
podrá invitar a que participen a título consultivo a representantes del Centro
Internacional de Estudio de Conservación y Restauración de los Bienes Culturales
(Centro de Roma) (ICCROM) y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
ARTÍCULO 28. SECRETARÍA.
1. Prestará asistencia al Comité la Secretaría General
de la Unesco, que preparará su documentación y el orden del día de sus
reuniones y se encargará de la aplicación de sus decisiones.
ARTÍCULO 29. EL FONDO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES
EN CASO DE CONFLICTO ARMADO.
1. Por el presente artículo se crea un Fondo para los
siguientes fines:
a) Conceder ayuda financiera o de otra clase en apoyo
de medidas preparatorias o de otro tipo que se hayan de adoptar en tiempo de
paz con arreglo, entre otros, al artículo 5o, al párrafo b) del artículo 10 y
al artículo 30;
b) Conceder ayuda financiera o de otra clase en
relación con medidas de emergencia y medidas provisionales o de otro tipo que
se hayan de adoptar con miras a la protección de bienes culturales en periodos
de conflicto armado o de reconstrucción inmediatamente posteriores al fin de
las hostilidades con arreglo, entre otros, al párrafo a) del artículo 8o.
2. De conformidad con las disposiciones del Reglamento
Financiero de la Unesco, el Fondo se constituirá con carácter de fondo
fiduciario.
3. Los recursos del Fondo sólo se utilizarán para los
fines que el Comité decida con arreglo a las orientaciones definidas en el
apartado c) del párrafo 3o del artículo 23. El Comité podrá aceptar
contribuciones que hayan de ser destinadas exclusivamente a un determinado
programa o proyecto, a condición de que haya decidido ejecutar ese programa o
proyecto.
4. El Fondo constará de los siguientes recursos:
a) Contribuciones voluntarias aportadas por las
Partes;
b) Contribuciones, donaciones o legados aportados por:
i) Otros Estados;
ii) La Unesco u otras organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas;
iii) Otras organizaciones intergubernamentales o no
gubernamentales;
iv) Organismos públicos o privados, o particulares;
c) Todo interés que devenguen los recursos del Fondo;
d) Fondos recaudados mediante colectas e ingresos
procedentes de actos organizados en beneficio del Fondo; y
e) Cualesquiera otros recursos autorizados por las
orientaciones aplicables al fondo.
CAPITULO 7.
DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ASISTENCIA INTERNACIONAL.
ARTÍCULO 30. DIFUSIÓN.
1. Las Partes procurarán servirse de todos los medios
apropiados, y en particular de programas de educación e información, para
fomentar el aprecio y el respeto de los bienes culturales por parte del
conjunto de sus poblaciones.
2. Las Partes difundirán lo más ampliamente posible el
presente Protocolo, tanto en tiempo de paz como en tiempo de conflicto armado.
3. Toda autoridad militar o civil que en tiempo de
conflicto armado esté encargada de aplicar el presente Protocolo habrá de tener
pleno conocimiento de su texto. Con este fin, las Partes:
a) Incorporarán a sus reglamentos militares
orientaciones e instrucciones relativas a la protección de los bienes
culturales;
b) En colaboración con la Unesco y las organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales pertinentes, prepararán y llevarán a cabo
programas de formación y educación en tiempo de paz;
c) Por conducto del Director General, se comunicarán
recíprocamente información relativa a las leyes, disposiciones administrativas
y medidas adoptadas en relación con los apartados a) y b);
d) Por conducto del Director General, se comunicarán
lo antes posible recíprocamente las leyes y disposiciones administrativas que
adopten para garantizar la aplicación del presente Protocolo.
ARTÍCULO 31. COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
En casos de graves violaciones del presente Protocolo,
las Partes se comprometen a actuar conjuntamente por conducto del Comité o por
separado, en colaboración con la Unesco y las Naciones Unidas y de conformidad
con la Carta de las Naciones Unidas.
ARTÍCULO 32. ASISTENCIA INTERNACIONAL.
1. Toda Parte podrá pedir al Comité asistencia
internacional para los bienes culturales bajo protección reforzada, así como
ayuda para la preparación, elaboración o aplicación de las leyes, disposiciones
administrativas y medidas mencionadas en el artículo 10.
2. Toda Parte en un conflicto que no sea Parte en el
presente Protocolo, pero que acepte y aplique sus disposiciones con arreglo al
párrafo 2o del artículo 3o, podrá pedir al Comité una asistencia internacional
adecuada.
3. El Comité adoptará reglas para la presentación de
peticiones de asistencia internacional y determinará las formas que pueda
revestir está asistencia.
4. Se insta a las Partes a que, por conducto del
Comité, presten asistencia técnica de todo tipo a las Partes o partes en
conflicto que la pidan.
ARTÍCULO 33. ASISTENCIA DE LA UNESCO.
1. Las Partes podrán recurrir a la asistencia técnica
de la Unesco para organizar la protección de sus bienes culturales,
especialmente en relación con medidas preparatorias para salvaguardar bienes
culturales y con medidas preventivas y organizativas para situaciones de
emergencia y realización de catálogos nacionales de bienes culturales, o en relación
con cualquier otro problema derivado de la aplicación del presente Protocolo. La
Unesco prestará esa asistencia dentro de los límites de su programa y sus
posibilidades.
2. Se insta a las Partes a proporcionar asistencia
técnica bilateral o multilateral.
3. La Unesco está autorizada a presentar, por propia
iniciativa, propuestas sobre estas cuestiones a las Partes.
CAPITULO 8.
APLICACIÓN DEL PRESENTE PROTOCOLO.
ARTÍCULO 34. POTENCIAS PROTECTORAS.
El presente Protocolo se aplicará con el concurso de
las Potencias Protectoras encargadas de salvaguardar los intereses de las
Partes en conflicto.
ARTÍCULO 35. PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.
1. Las Potencias Protectoras interpondrán sus buenos
oficios siempre que lo juzguen conveniente en interés de los bienes culturales,
y especialmente cuando haya desacuerdo entre las Partes en conflicto sobre la
aplicación o interpretación de las disposiciones del presente Protocolo.
2. A este fin, cada Potencia Protectora podrá, a
invitación de una Parte o del Director General, o por propia iniciativa,
proponer a las Partes en conflicto que sus representantes, y en particular las
autoridades encargadas de la protección de los bienes culturales, celebren
eventualmente una reunión en el territorio de un Estado que no sea parte en el
conflicto. Las Partes en conflicto tendrán la obligación de hacer efectivas las
propuestas de reunión que se les hagan. Las Potencias Protectoras propondrán a
la aprobación de las Partes en conflicto el nombre de una personalidad
perteneciente a un Estado que no sea parte en el conflicto o presentada por el
Director General. Esta personalidad será invitada a participar en esa reunión
en calidad de Presidente.
ARTÍCULO 36. CONCILIACIÓN A FALTA DE POTENCIAS PROTECTORAS.
1. En todo conflicto en el que no se hayan designado
Potencias Protectoras, el Director General podrá ejercer sus buenos oficios o
actuar por cualquier otro medio de conciliación o mediación con el fin de
resolver las discrepancias.
2. A petición de una Parte o del Director General, el
Presidente del Comité podrá proponer a las Partes en conflicto que sus representantes,
y en particular las autoridades encargadas de la protección de los bienes
culturales, celebren eventualmente una reunión en el territorio de un Estado
que no sea parte en el conflicto.
ARTÍCULO 37. TRADUCCIONES E INFORMES.
1. Las Partes se encargarán de traducir el presente
Protocolo a las lenguas oficiales de sus países y de comunicar estas
traducciones oficiales al Director General.
2. Una vez cada cuatro años, las Partes presentarán al
Comité un informe sobre la aplicación del presente Protocolo.
ARTÍCULO 38. RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS.
Ninguna disposición del presente Protocolo respecto de
la responsabilidad penal de las personas afectará a la responsabilidad de los
Estados conforme al derecho internacional, comprendida la obligación de
reparación.
CAPITULO 9.
CLÁUSULAS FINALES.
ARTÍCULO 39. LENGUAS.
El presente Protocolo está redactado en árabe, chino,
español, francés, inglés y ruso, siendo los seis textos igualmente auténticos.
ARTÍCULO 40. FIRMA.
El presente Protocolo llevará la fecha del 26 de marzo
de 1999. Quedará abierto a la firma de todas las Altas Partes Contratantes en La
Haya desde el 17 de mayo de 1999 hasta el 31 de diciembre de 1999.
ARTÍCULO 41. RATIFICACIÓN, ACEPTACIÓN O APROBACIÓN.
1. El presente Protocolo será sometido a la
ratificación, aceptación o aprobación por las Altas Partes Contratantes que lo
hayan firmado, de conformidad con sus respectivos procedimientos
constitucionales.
2. Los instrumentos de ratificación, aceptación o
aprobación serán depositados ante el Director General.
ARTÍCULO 42. ADHESIÓN.
1. El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión
del resto de las Altas Partes Contratantes a partir del 1o de enero del año
2000.
2. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un
instrumento de adhesión ante el Director General.
ARTÍCULO 43. ENTRADA EN VIGOR.
1. El presente Protocolo entrará en vigor tres meses
después de haberse depositado veinte instrumentos de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión.
2. Ulteriormente, el Protocolo entrará en vigor para
cada una de las Partes tres meses después de la fecha en que hubieren
depositado el respectivo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión.
ARTÍCULO 44. ENTRADA EN VIGOR EN SITUACIONES DE CONFLICTO ARMADO.
Las situaciones previstas en los artículos 18 y 19 de la
Convención determinarán que las ratificaciones, aceptaciones, aprobaciones o
adhesiones del presente Protocolo depositadas por las partes en conflicto antes
o después de haberse iniciado las hostilidades o la ocupación, surtan efecto
inmediato. En esos casos, el Director General enviará, por la vía más rápida,
las notificaciones previstas en el artículo 46.
ARTÍCULO 45. DENUNCIA.
1. Toda Parte podrá denunciar el presente Protocolo.
2. La denuncia se notificará mediante un instrumento
escrito que será depositado ante el Director General.
3. La denuncia surtirá efecto un año después del
recibo del instrumento correspondiente. No obstante, si en el momento de
expirar este periodo de un año, la Parte denunciante se encontrase implicada en
un conflicto armado, los efectos de la denuncia quedarán en suspenso hasta el
fin de las hostilidades, y en todo caso mientras duren las operaciones de
repatriación de los bienes culturales.
ARTÍCULO 46. NOTIFICACIONES.
El Director General informará a todas las Altas Partes
Contratantes y a las Naciones Unidas del depósito de todos los instrumentos de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión previstos en los artículos 41 y
42, así como de las denuncias previstas en el artículo 45.
ARTÍCULO 47. REGISTRO ANTE LAS NACIONES UNIDAS.
En cumplimiento del artículo 102 de la Carta de las
Naciones Unidas, el presente Protocolo será registrado en la Secretaría de las
Naciones Unidas a instancia del Director General.
EN FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente
autorizados, han firmado el presente Protocolo.
Hecho en La Haya el 26 de marzo de 1999, en un solo
ejemplar que será depositado en los archivos de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y del cual se remitirán
copias certificadas conformes a todas las Altas Partes Contratantes.
Rama Ejecutiva del Poder Publico
Presidencia de la Republica
Bogotá, D. C., a 7 de marzo de 2002.
Aprobado. Sométase a la consideración del honorable
Congreso Nacional para los efectos constitucionales.
(FDO.) ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro de Relaciones Exteriores
(FDO.) GUILLERMO FERNÁNDEZ DE SOTO.
DECRETA:
Artículo 1o. Apruébase el “Segundo Protocolo de la
Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en
caso de conflicto armado”, hecho en La Haya el veintiséis (26) de marzo de mil
novecientos noventa y nueve (1999).
Artículo 2o. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el “Segundo Protocolo de la Convención de La
Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto
armado”, hecho en La Haya el veintiséis (26) de marzo de mil novecientos
noventa y nueve (1999), que por el artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará
al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional
respecto del mismo.
Artículo 3o. La presente ley rige a partir de la fecha
de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a los
Presentado al honorable Congreso de la República por
el Ministro del Interior y de Justicia, la Ministra de Relaciones Exteriores y la
Ministra de Cultura.
El Ministro del Interior y de Justicia,
SABAS PRETELT DE LA VEGA.
La Ministra de Relaciones Exteriores,
CAROLINA BARCO ISAKSON.
La Ministra de Cultura,
MARÍA CONSUELO ARAÚJO CASTRO.
Rama Ejecutiva del Poder Público
Presidencia de la República
Bogotá, D. C.,
Aprobado. Sométase a la consideración del honorable
Congreso Nacional para los efectos constitucionales.
(Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro de Relaciones Exteriores
(FDO.) GUILLERMO FERNÁNDEZ DE SOTO.
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Apruébase el “Segundo Protocolo de la Convención de La
Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto
armado”, hecho en La Haya el veintiséis (26) de marzo de mil novecientos
noventa y nueve (1999).
ARTÍCULO 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la
Ley 7ª de 1944, el “Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para
la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, hecho en La
Haya el veintiséis (26) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999), que
por el artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la
fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
ARTÍCULO 3o. La presente ley rige a partir de la fecha de su
publicación.
La Presidenta del honorable Senado de la República,
DILIAN FRANCISCA TORO TORRES.
El Secretario General del honorable Senado de la
República,
EMILIO RAMÓN OTERO DAJUD.
El Presidente de la honorable Cámara de
Representantes,
ALFREDO APE CUELLO BAUTE.
El Secretario General de la honorable Cámara de
Representantes,
ANGELINO LIZCANO RIVERA.
REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional,
conforme al artículo 241-10  de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de febrero de 2007.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro del Interior y de Justicia,
CARLOS HOLGUÍN SARDI.
La Ministra de Relaciones Exteriores,
MARÍA CONSUELO ARAÚJO CASTRO.
La Ministra de Cultura,
ELVIRA CUERVO DE JARAMILLO.
III.- INTERVENCIONES
1. Intervención del Ministerio de Cultura
En la oportunidad procesal prevista,
intervino en el proceso la abogada Janeth Bustos Salgar, apoderada judicial del
Ministerio de Cultura, para solicitar a la Corte Constitucional la declaración
de exequibilidad del instrumento internacional bajo estudio.
Advierte que el protocolo es un instrumento
adicional al Convenio suscrito en la Haya sobre protección de bienes culturales
y que su finalidad es afirmar los mecanismos de protección de dichos bienes por
parte de los Estados. Dichas medidas incluyen mecanismos de salvaguarda que
pretenden amparar los bienes culturales de los efectos nocivos del conflicto
armado.
Indica que la Convención sobre protección
de bienes culturales está vigente desde la Ley 340 de 1996 y fue declarada
exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-467 de 1997.
Sostiene que este protocolo incluye medidas
de reforzamiento de la protección de los bienes culturales, que operan tanto en
tiempos de paz como de guerra, respecto de bienes de interés cultural para la
humanidad y para el Estado firmante. La protección de dichos bienes se
garantiza mediante la inscripción de los mismos ante el Comité para la
protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado.  Igualmente,
el Protocolo insta a los Estados para que adopten medidas penales que permitan
la sanción de conductas que atenten contra dichos bienes.
Para el Ministerio de Cultura, el Protocolo
es un instrumento ajustado al ordenamiento constitucional, pues contribuye a la
conservación del patrimonio cultural de la Nación, así como constituye una
herramienta que efectiviza los fines del Estado. De la misma manera, el
Protocolo se relaciona y complementa el Convenio para la protección de los
bienes culturales en caso de conflicto armado, plasmado en la Ley 397 de 1997.
El Ministerio admite que dicho protocolo es
un instrumento importante para el ejercicio de su misión, en materia de
protección y conservación de la cultura nacional, pues permite garantizar la
guarda de los bienes que la constituyen, sobre todo en el marco del conflicto
armado que sufre el país.
2. Intervención del Ministerio de
Relaciones Exteriores
En representación del Ministerio de la
referencia, intervino en el proceso la abogada Solangel Ortiz Mejía, para solicitar
a la Corte que declare ajustada a la Carta la Ley 1130 de 2007, así como el
Acuerdo aprobado por ella.
En primer lugar, el Ministerio resalta la
importancia que dicho protocolo representa para la conservación de la identidad
cultural de la Nación y advierte que el instrumento se adjunta al Convenio
general sobre protección de los mismos bienes, suscrito en La Haya en 1954, así
como a los Convenios adicionales de Ginebra que igualmente contienen
disposiciones de protección a bienes culturales.
Desde el punto de vista formal, el
Ministerio manifiesta que la Ley 1130 fue aprobada con el pleno de los
requisitos establecidos en la Constitución y la ley.
Luego de hacer un análisis de la estructura
del Protocolo, el Ministerio manifiesta que desde el punto de vista sustantivo,
el instrumento se ajusta a los cánones constitucionales porque promueve la
internacionalización de las políticas comerciales, sociales y culturales de la
Nación e impulsa el logro de los fines del Estado, previstos en el artículo 2º
de la Carta.
El Protocolo no permite la intromisión de
otros Estados en la definición de las políticas interna de protección de los
bienes culturales, pero insta a un esfuerzo nacional por reforzar los
mecanismos de amparo de dichos bienes.
3. Intervención de la Defensoría del Pueblo
En intervención presentada dentro de la
oportunidad procesal, la Defensora Delegada para Asuntos Constitucionales,
Karin Irina Kuhfeldt Salazar, solicitó a la Corte declarar exequibles la Ley y
el Protocolo sometidos a estudio.
La Defensoría considera que desde el punto
de vista material la Ley 1130 de 2007 se ajusta a los artículos superiores que
promueven la preservación de la identidad cultural de la nación. A su juicio,
la celebración de la Convención y del Protocolo recuerda a la humanidad que los
bienes culturales deben estar exentos de los efectos de los conflictos armados,
sobre todo después de que la escalada de violencia de las dos guerras mundiales
pusiera de manifiesto la necesidad de preservar el patrimonio cultural de los
hombres.
La insuficiencia de los mecanismos creados
por la Convención de la Haya para la protección de bienes culturales, fruto de
los acontecimientos contemporáneos de violencia mundial –v.gr. la guerra de los
Balcanes y del Golfo Pérsico-, hizo necesaria su actualización mediante
instrumentos internacionales de mayor precisión. El Protocolo bajo estudio es
uno de ellos y quedó a disposición de los Estados en el marco de las celebraciones
del Centenario de la Primera Conferencia Internacional de Paz, que tuvo lugar
en esa ciudad holandesa.
El Protocolo en estudio se adjunta al texto
de la Convención principal, por lo que sólo puede ser suscrito por quienes
firmaron ésta última, y contiene una serie de medidas preventivas, entre las
que resalta la creación de un Fondo para la Protección de Bienes Culturales,
creado con ayudas voluntarias de los Estados Partes, encargado de suministrar
ayuda financiera destinada a apoyar las medidas de amparo.
El Protocolo también insta –sostiene- a la
ampliación de los canales de difusión de las medidas para la protección de los
bienes culturales, que implican la inclusión de las fuerzas armadas en el
debate y la modificación de los reglamentos militares en orden a señalar
conductas prohibidas en la materia.
La Defensoría del Pueblo hace un análisis
pormenorizado de cada uno de los capítulos que integran el Protocolo y resalta
las medidas concretas que el instrumento ofrece para lograr su fin. Igualmente,
resalta las normas de la Convención que fueron modificadas por el Protocolo y
que constituyen un avance en el esquema general de protección de los bienes
culturales.
En cuanto a las normas de rango penal, la
Defensoría del Pueblo indica que el Estado colombiano conserva su autonomía
para fijar las conductas reprochables, pero admite que el protocolo impone a
las Partes adoptar las medidas legislativas para tipificar las conductas
atentatorias de dichos bienes. Esta medida es válida para Colombia si se
considera el conflicto armado que actualmente pone en peligro la integridad
cultural de la Nación.
En cuanto a las normas del Protocolo que se
refieren a la Extradición, la Defensoría sugiere que el Estado colombiano debe
adecuar las normas del Código de Procedimiento Penal para permitir la
extradición de individuos que cometan delitos contra el patrimonio cultural,
pues la normativa actual impediría utilizar ese mecanismo de justicia. De igual
manera, considera que son viables las herramientas jurídicas previstas en el
Protocolo, que estimulan la creación de canales de cooperación judicial.
La Defensoría se refiere también a las
normas del Protocolo que permiten su aplicación en conflictos de carácter
interno, y advierte que ello no implica una vulneración del derecho doméstico,
sino una herramienta para que los Estados puedan aplicar las normas
protectoras. Con todo, siempre deberán respetarse las normas del derecho
internacional humanitario.
Del mismo modo, la Defensoría se refiere a
las normas de carácter operativo que buscan hacer realidad el control de la
protección de los bienes culturales afectados por enfrentamientos armados y da
importancia a las disposiciones que promueven la difusión de dicho instrumento.
Igualmente, hace referencia a las normas sobre aplicación y vigencia del
protocolo y resalta que todas son constitucionales.
4. Intervención de la Fiscalía General de la
Nación
El señor Fiscal General de la Nación, Mario
Iguarán Arana, intervino en el proceso para defender la constitucionalidad del
Protocolo y de su ley aprobatoria.
En primer lugar, el Fiscal General
considera que el Protocolo en estudio es un desarrollo del derecho
internacional humanitario, en tanto que busca proteger ciertos bienes de los
efectos de la guerra. En ese contexto, la Fiscalía hace una completa exposición
de las razones históricas que condujeron a la adopción de medidas normativas
como la que ahora se estudia, y que tienen que ver con la exclusión del
conflicto bélico de ciertos bienes de interés cultural. La intervención resalta
que el protocolo es un esfuerzo por establecer mecanismos de protección de
bienes culturales, que sin embargo no reemplaza las normas del derecho
consuetudinario en la materia, tal como lo reconoce la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, y que además complementa los compromisos ya adquiridos
por Colombia en este terreno.
Tras hacer un análisis justificativo
general del Protocolo en mención, la Fiscalía hace un estudio detallado del
compendio normativo, refiriéndose en particular a la posibilidad de que, sin
desmedro de la soberanía nacional, las disposiciones sobre protección de bienes
culturales se apliquen en conflictos internos. Relieva los niveles de
protección de bienes que el tratado impone a los Estados, dependiente del grado
de representación del bien en el patrimonio cultural de la humanidad. Llama la
atención sobre la naturaleza de los crímenes contra el patrimonio cultural que
consigna el Protocolo y admite que aunque algunos de ellos no están tipificados
en la legislación nacional, sí lo están en el Estatuto Penal Internacional, por
lo que son de competencia residual de la Corte Penal Internacional. En la
materia, acepta que la jurisdicción cobije a los nacionales de los países
firmantes que cometan delitos en otro país, principio derivado del de
jurisdicción universal, que habilita la persecución de individuos que han
cometido delitos contra la comunidad internacional.
La Fiscalía admite que la obligación de
adecuar la legislación interna a los principios generales del derecho
internacional en materia de protección de bienes culturales no contraría la
Constitución, pues ese sacrificio de la soberanía ha sido aceptado como válido
por la jurisprudencia constitucional.
En cuanto a las normas sobre extradición, la
Fiscalía considera que son disposiciones constitucionales y que promueven un
mecanismo de colaboración internacional contra el crimen que no afectan el
orden interno. Igualmente en tratándose de otros mecanismos de cooperación, el
hecho de que estén sujetos a la legislación interna garantiza su exequibilidad.
De manera general, estima que la consagración de estos mecanismos no mina la
soberanía de los Estados en la definición de su política criminal,
especialmente en cuanto que la extradición en materia de delitos que atentan
contra el patrimonio cultural no aplica, pues los mismos no pueden considerarse
como delitos políticos.
La Fiscalía también acepta que las normas
del Protocolo se apliquen al conflicto interno, pues desde la aprobación de los
Convenios de Ginebra de 1949 se admite que las normas sobre humanización de la
guerra involucran a todos los actores del conflicto. La imposición de unos
límites mínimos para la humanización de la guerra no implica cesión de ningún
grado de soberanía del Estado.
La Fiscalía considera que las normas sobre
la organización de las autoridades encargadas de poner en práctica los
mecanismos del Protocolo son constitucionales, en tanto que sólo buscan
materializar los contenidos del instrumento. Así mismo, las normas que buscan
difundir los propósitos y obligaciones del Protocolo y aquellas que consagran
la figura de las “potencias protectoras”, Estados que sirven de mediadores y
supervisores del cumplimiento de las normas derecho internacional humanitario.
En suma, el organismo estatal considera que
las normas que conforman el Protocolo aquí estudiado no se oponen en nada al
texto de la Constitución Política.
5. Intervención del Ministerio de Defensa
Nacional
Igualmente, en la oportunidad procesal
prevista, la abogada Sandra Marcela Parada Aceros, en representación del
Ministerio de Defensa Nacional, intervino ante la Corte para solicitar la
declaración de exequibilidad del Protocolo en cuestión.
Como los demás intervinientes, la
representante del Ministerio de Defensa sostiene que las normas constitutivas
del Protocolo bajo estudio hacen parte del derecho internacional humanitario,
que obliga a todas las partes que participan del conflicto armado,
independientemente de que hayan admitido su aplicación. Así, la fuerza de
dichas normas no deriva de su ratificación, sino de su aceptación universal. La
ilustración de la interviniente viene acompañada de abundante jurisprudencia
sobre el valor universal del derecho internacional humanitario.
El Ministerio manifiesta que el fin del
Protocolo es la protección de los bienes culturales, pero así mismo admite que
no existe claridad acerca de dicho concepto. Indica que la legislación española
ha intentado clasificarlo, para lo cual ha previsto algunas metodologías, pero
finalmente no existe un criterio unánime de definición.
La intervención del Ministerio menciona las
normas internacionales referidas a los bienes culturales y señala las
organizaciones del mismo orden encargadas de velar por su protección.
Igualmente, hace un recuento histórico de los hechos que promovieron la
creación de un convenio para la protección de bienes culturales y resalta
algunas de sus disposiciones del convenio. Finalmente, solicita que se tengan
por constitucionales la ley aprobatoria y el protocolo.
IV.- CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACION
En la oportunidad procesal prevista, el
señor Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, presentó el
concepto de rigor para solicitar a la Corte la declaración de exequibilidad del
Protocolo objeto de estudio.
Estima que el proceso de aprobación de la
Ley 1130 se ajustó a los preceptos legales y constitucionales. Advierte eso sí
que, no obstante que la ponencia para primer debate en la Comisión Segunda del
Senado se publicó el 9 de diciembre de 2005 y el anuncio inicial para primer
debate se hizo el 7 de diciembre, el 13 de diciembre fue nuevamente anunciado
el proyecto para ser debatido el 29 de marzo, cumpliendose el objetivo previsto
en la Constitución.
Similares consideraciones hace respecto del
debate del proyecto en la Plenaria del Senado, en donde a pesar de no haber
sido votado para dos fechas en que inicialmente se anunció, los anuncios
volvieron a hacerse, con lo cual se dio cumplimiento al artículo 8 del Acto
Legislativo 01 de 2003.
Desde el punto de vista material, el
Procurador hace un recuento de la normativa del Protocolo, tras lo cual
advierte que el texto es compatible con los preceptos constitucionales. En ese
sentido, el instrumento internacional patrocina la protección de las riquezas
culturales de la nación, busca regular la actuación de los actores armados y es
expresión del derecho internacional humanitario, por lo que se integra al
bloque de constitucionalidad.
Adicionalmente, el Procurador precisa que este
Protocolo es un importante mecanismo de impulso y consolidación de “las
relaciones multilaterales en materia de protección de los bienes culturales, lo
cual está en consonancia con los postulados constitucionales consagrados en los
artículos 226 y 227 de la Constitución, que orientan la política exterior del
Estado colombiano referentes a la internacionalización de las relaciones
políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional. En especial, el Protocolo atiende la
obligación constitucional del Estado de promover la integración económica,
social y política con las demás naciones, lo que fundamenta su celebración,
pues se presenta como una herramienta de integración entre varios Estados en
pro de encontrar mecanismos para prevenir, sancionar y eliminar los atentados
contra los bienes culturales, teniendo en cuenta el conflicto armado en el que
se encuentra Colombia, caracterizado por su continua violación al Derecho
Internacional Humanitario.”
Para la Procuraduría, el Protocolo bajo revisión no
atenta contra la soberanía estatal, porque mantiene incólume la decisión
autónoma del Estado de crear los tipos penales que sancionen las conductas
atentatorias del patrimonio cultural de la Nación y la humanidad.
En cuanto a la tipificación de los delitos
atentatorios de los bienes culturales, el Procurador advierte que “se debe
tener en cuenta que Colombia cuenta con legislación interna relacionada con la
protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, así, los artículos
154 y 156 de la Ley 599 de 2000 prevén como delitos la “destrucción y
apropiación de bienes protegidos” y la “destrucción o utilización ilícita de
bienes culturales y lugares de culto”, y, como ya se mencionaba en la aclaración
previa, la expresión “debidamente señalados con los signos convencionales”
contenida en el artículo 156 de la Ley 599 de 2000, fue declarada inexequible
“en razón a que el mandato de las normas que en virtud de los artículos 92 y
214 superiores, integran el bloque de constitucionalidad, los signos
convencionales de distinción no son necesarios para que sean protegidos los
bienes señalados en los tipos penales”[1].
Igualmente, considera legítimas las medidas adoptadas
por el Protocolo, que autorizan la extradición de los infractores de sus
normas, y la extensión de la protección al conflicto interno, en tanto que las
disposiciones que componen el instrumento no modifican el estatuto jurídico de
las partes en conflicto, sino que las comprometen con mínimos de respeto en
desarrollo de las actividades bélicas.
V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Competencia
De acuerdo a lo establecido en el numeral
10 artículo 241 de la Carta Política, esta Corte es competente para ejercer el
control integral de constitucionalidad de los tratados internacionales y de las
leyes que los aprueben. La Ley 1130 de 2007 aprueba el Segundo Protocolo de la
Haya sobre protección de bienes culturales en el marco de conflictos armados,
por lo que su revisión, tanto desde el punto de vista material como formal es
competencia de esta Corporación.
2. Suscripción del Convenio
Mediante aprobación ejecutiva impartida el
7 de marzo de 2002, el entonces Presidente de la República, Andrés Pastrana
Arango, autorizó y ordenó someter a aprobación del Congreso el Protocolo de la
referencia. Dicha autorización, cuya referencia consta en la Gaceta del
Congreso N° 559 –página 18, folio 91 del cuaderno N°3- ha sido considerada por la
Corte como requisito suficiente para garantizar la legitimidad de la
suscripción de un tratado internacional.
De conformidad con lo dicho en la Sentencia
C-251 de 1997, la aprobación presidencial subsana cualquier posible vicio de
procedimiento en el trámite de suscripción de un tratado internacional, en
tanto que la voluntad del jefe de Estado, como encargado de la dirección de las
relaciones internacionales del Estado, es la única válidamente reconocida para
comprometer la voluntad del mismo en el escenario internacional.
“…el Presidente dio su aprobación ejecutiva
al presente tratado y decidió someterlo a la aprobación del Congreso. Esta confirmación
presidencial, conforme al derecho de los tratados codificado en la Convención
de Viena de 1969, en su artículo 8º, subsana cualquier eventual vicio de
representación del Estado. Este principio es totalmente aplicable en el derecho
constitucional colombiano, puesto que corresponde al Presidente de la
República, como jefe de Estado, dirigir las relaciones internacionales y
celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o
Convenios (CP art. 189 ord 2º)”. (Sentencia C-251 de 1997 M.P. Alejandro
Martínez Caballero)
De conformidad con lo dicho, para la Corte
no existe objeción alguna acerca de la constitucionalidad de la aprobación del
acuerdo sometido a estudio.
3. El trámite de aprobación de la Ley 1130
de 2007
De acuerdo con el inciso final del artículo
154 de la Carta, “Los proyectos de ley relativos a los tributos iniciarán su
trámite en la Cámara de Representantes y los que se refieran a relaciones
internacionales, en el Senado”.
El proyecto de ley que culminó con la
expedición de la Ley 1130 de 2007 comenzó sus debates en el Senado de la
República, donde fue radicado por los señores Ministros del Interior y de
Justicia, de Relaciones Exteriores y de Cultura. En estas condiciones, se
cumplió con el requisito previsto en el artículo constitucional citado.
Igualmente, el restante proceso de
aprobación del Protocolo cumplió con los requisitos legales y constitucionales
establecidos, que no son otros que los indicados para la aprobación de las
leyes ordinarias, visto que la Carta no establece un tipo específico de
procedimiento para la adopción de leyes aprobatorias de tratados
internacionales.
Sobre el particular la Corte ha dicho:
“Cabe, señalar en relación a este último
aspecto que el procedimiento de expedición de las leyes aprobatorias de
tratados internacionales es el mismo de las leyes ordinarias, pues la
Constitución no previó un trámite especial para ellas, salvo en cuanto a  la
necesidad de iniciar su trámite en el Senado de la República, según lo
establece el inciso final del artículo 154 de la Carta”. (Sentencia C-334 de 2002
M.P. Álvaro Tafur Galvis )
Procede la Corte a demostrar el
cumplimiento de los demás requisitos de forma.
a) Trámite ante el Senado de la República
a.1. Los señores Ministros del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt
de la Vega; de Relaciones Exteriores, Carolina Barco Isakson, y de Cultura,
María Consuelo Araújo Castro, presentaron ante el Senado de la República, en
representación del Gobierno Nacional, el proyecto de Ley aprobatoria del “Segundo
Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los Bienes
Culturales en caso de Conflicto Armado”, hecho en La Haya el 26 de marzo de
1999.
a.2. La exposición de motivos del Gobierno, junto con el texto de
las disposiciones puestas a consideración del Congreso, fue publicada en la
Gaceta del Congreso N° 559 del 25 de agosto de 2005 (folios Pág. 12-10).
a.3.
El proyecto de ley, que se radicó con el número 71 de 2005, Senado, fue
repartido y asignado a los senadores Enrique Gómez Hurtado y Ricardo Varela
Consuegra, quienes presentaron ponencia favorable para primer debate ante la
Comisión Segunda del Senado. La ponencia fue publicada en la Gaceta N° 884 del
9 de diciembre de 2005 (folios 78 y 79).
a.4.
Tal como consta en el Acta N° 15 del 7 de diciembre de 2005, publicada en la
Gaceta del Congreso 124 del 17 de mayo de 2006, el Presidente de la Comisión
Segunda del Senado de la República solicitó al secretario general leer los
proyectos para anunciar, para la próxima sesión, que tendría lugar el 13 y 14
de diciembre de 2005.
a.5.
Dado que el 13 de diciembre no fue posible someter a votación el proyecto de la
Ley de la referencia, en dicha sesión se repitió el anuncio, tal como consta en
el Acta N° 16 de 2005, Publicada en la Gaceta N° 124 de 2006. En efecto, en el
punto VI de la sesión se informó acerca de los proyectos de ley que serían
votados en la sesión del martes 28 o miércoles 29 de marzo de 2006.
a.6.
De acuerdo con lo previsto, la aprobación del proyecto de ley por parte de la
Comisión Segunda del Senado ocurrió en la sesión del  29 de marzo de 2006, tal
como consta en el Acta N° 17 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso
221 de 2006. La aprobación contó con el voto favorable de 12 de los 13 miembros
de la Comisión, según certificación del Secretario General de esa corporación,
constante en el primer folio del cuaderno de pruebas número 3.
a.7. La ponencia para segundo debate en la
Plenaria del Senado, y el informe correspondiente, fueron publicados en la
Gaceta del Congreso N° 116 de 2006 (folios 59 y ss, cuaderno de pruebas N° 4).
a.8. En cumplimiento del artículo 8º del
Acto Legislativo 01 de 2003 y tal como consta en el Acta N° 48 del 17 de mayo
de 2006, publicada en la Gaceta N° 151 de 2006, el proyecto fue anunciado para
que se sometiera a votación en la sesión que se celebraría el 30 de mayo de
2006.
a.9. Con todo, el 30 de mayo no se dio la
discusión ni se adelantó la votación. No obstante, en el Acta 49 del 30 de mayo
de 2006 (Gaceta del Congreso N° 188 de 2006, folio 108, cuaderno de pruebas N°
4), por instrucciones de la Presidencia del Senado de la República, la Secretaría
anunció de nuevo los proyectos que, en cumplimiento del Acto Legislativo 01 de
2003, se dicutirían y aprobarían en la siguiente sesión, programada para el 31
de mayo de 2006.
a.10. Según consta en el Acta N° 50 de la
siguiente sesión plenaria, realizada el 31 de mayo de 2006, (Gaceta del
Congreso 189 de 2006, folio 115 cuaderno de pruebas N° 4), el Congreso de la
República aprobó el proyecto por mayoría de sus miembros, según lo ratifica la
certificación expedida el 9 de abril de 2007 por el Secretario General del
Senado de la República (certificación del Secretario General del Senado, folio
1, cuaderno de pruebas #4).
b) Trámite
ante la Cámara de Representantes
b.1. El proyecto de ley de la referencia
fue radicado con el número 289/06 en la Cámara de Representantes. La ponencia
para primer debate se encuentra publicada en la Gaceta del Congreso N° 319 de
2006 (folios 5 y ss., cuaderno de pruebas N° 1) y el ponente designado fue el
representante a la cámara Gonzalo García Angarita.
b.2.
De conformidad con el texto del Acta N° 05 del 29 de agosto de 2006 (publicada en
la Gaceta del Congreso N° 474 de 2006), el proyecto de Ley 71/05 Senado, 289/06
Cámara se incluyó como anunciado en el punto VII del orden del día. No
obstante, en la misma sesión, el Presidente de la Comisión advirtió que este
proyecto, junto con otros igualmente anunciados, sería discutido en la “sesión
del martes próximo, previa citación.”
b.3.
Tal como consta en la publicación del Acta N° 07 del 5 de septiembre de 2006,
publicada en la Gaceta 474 de 2006, el proyecto fue nuevamente incluido para
primer debate en el punto VI del orden del día. Al finalizar la sesión, el
secretario hizo el anuncio de que el proyecto sería discutido y sometido a
votación en la siguiente sesión.
b.4. Tal como se previó en la sesión del 5
de septiembre de 2006, la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes
discutió y aprobó el proyecto de ley de la referencia en sesión del 12 de
septiembre de 2006. La aprobación contó con el voto favorable de 18
representantes, según certificación del Secretario General de la Comisión,
expedida el 29 de marzo de 2007. La votación consta en el Acta N° 08 del 12 de
septiembre de 2006 (folios 30 y ss del cuaderno de pruebas N° 2, Gaceta del
Congreso N° 475 del 22 de octubre de 2006).
b.5. La ponencia para segundo debate al
proyecto de la ley de la referencia fue publicada en la Gaceta N° 467 de 2006
(folios 57 y ss, cuaderno de pruebas N° 2), con ponencia del mismo
representante a la Cámara.
b.6. El anuncio de votación del proyecto de
ley que ordena el Acto Legislativo 01 de 2003 se hizo el 25 de octubre de 2006,
tal como consta en el Acta N° 21 de esa fecha, publicada en la Gaceta del
Congreso N° 609 de 2006 (página 16, folio 74, cuaderno de pruebas #1).
b.7. De acuerdo con el Acta N° 22 de la
sesión Plenaria del 31 de octubre de 2006, la Cámara de Representantes aprobó
el proyecto de la ley de esta referencia por mayoría de los 158 representantes
asistentes (Gaceta del Congreso N° 607 del 1º de diciembre de 2006, Pág 15,
folio 54, cuaderno de pruebas #1), según lo ratifica la certificación expedida
el 13 de abril de 2007 por el Secretario General de la Cámara de Representantes
(folio 3, cuaderno de pruebas #1).
c) Constitucionalidad del
trámite dado a la Ley 1130 de 2006
Hecho el recuento anterior, esta
Corporación considera que el proceso de aprobación de la Ley de la referencia
se ajustó a los trámites constitucionales y legales.
Para comenzar, esta Corte constata que el
proyecto de la Ley 1130 fue publicado en el Congreso antes de darle curso en la
comisión respectiva (art. 157-1 C.P.), aprobado en primer debate en las
correspondientes comisiones de cada cámara (art. 157-2 C.P.), aprobado en
segundo debate en las plenarias de cada cámara (art. 157-3 C.P.) y recibió la
debida sanción presidencial (art. 157-4 C.P.).
Entre el primero y segundo debate en cada
una de las cámaras transcurrió un tiempo no inferior a los ocho días, tal como
lo ordena el artículo 160 constitucional, así: la aprobación en primer debate
en la Comisión Segunda del Senado tuvo lugar el 29 de marzo de 2006, mientras
que la aprobación en la plenaria ocurrió el 31 de mayo del mismo año; del mismo
modo, la aprobación en primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara
ocurrió el 12 de septiembre de 2006, y el segundo debate tuvo lugar el 31 de
octubre del mismo año.
De otro lado, entre la aprobación del
proyecto en el Senado (31 de mayo de 2006) y la iniciación del debate en la
Cámara de Representantes (12 de septiembre de 2006) transcurrió un lapso no
inferior a los quince días, tal como lo ordena el artículo 160 de la Carta
Política.
A lo anterior se suma que las sesiones de
comisión y plenaria se realizaron con el cumplimiento del quórum requerido
y el proyecto fue aprobado por mayoría de los congresistas asistentes, tal como
lo ratifican las certificaciones expedidas por los respectivos secretarios
generales de las comisiones constitucionales permanentes y de las plenarias de
cada cámara y que previamente fueron relacionadas.
d) Cumplimiento del
requisito de anuncio del artículo 160 constitucional, tal como fue modificado
por el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003
En
relación con el cumplimiento del requisito del artículo 8º del Acto Legislativo
01 de 2003, la Corte Constitucional encuentra lo siguiente.
El
artículo de la norma citada dispone que “Ningún proyecto de ley será
sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya
anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la
presidencia de cada cámara o comisión en sesión distinta a aquella en la cual
se realizará la votación.”.
El fin de la norma, a la luz de la
jurisprudencia constitucional, es evitar que los congresistas se vean
sorprendidos por proyectos cuyo debate y aprobación ignoraban que iba a tener
lugar[2]. Según la Corte, el
objetivo del anuncio es “permitir a los Congresistas saber con anterioridad
cuales proyectos de ley o informes de objeciones presidenciales serán sometidos
a votación, suponiendo el conocimiento pleno de los mismos y evitando, por
ende, que sean sorprendidos con votaciones intempestivas”[3].
En cuanto a su trámite, la Corte ha dicho que la
obligación de las células legislativas es presentar los anuncios en una sesión
anterior a aquella en la cual se planea someter a votación el proyecto. La
calidad del anuncio, ha insistido la Corte, impone que se establezca con
certeza –determinada o determinable- la fecha en que la votación debe tener
lugar. Según la Corporación, “…del texto de la norma constitucional se
desprende que el anuncio constitucional a que se hace referencia debe cumplir
los siguientes requisitos[4]: a) El
anuncio debe estar presente en la votación de todo proyecto de ley. b) El
anuncio debe darlo la presidencia de la cámara o de la comisión en una sesión
distinta y previa a aquella en que debe realizarse la votación del proyecto.
c)La fecha de la votación debe ser cierta, es decir, determinada o, por lo
menos, determinable. d) Un proyecto de ley no puede votarse en una sesión
distinta a aquella para la cual ha sido anunciado”.
Ahora bien, la jurisprudencia ha precisado
al respecto que cuando no es posible realizar la votación en la fecha indicada
por el anuncio, la célula legislativa debe renovar el anuncio, es decir, debe
volver a hacerlo, con el fin de evitar el rompimiento de la cadena de anuncios
y de desnaturalizar la finalidad del requisito[5]. A ese
respecto dijo la Corporación:
“4- Cuando la votación de un proyecto se
aplaza indefinidamente, de manera que no se lleva a cabo en la sesión para la
cual fue anunciada, es deber de las mesas directivas continuar con la cadena de
anuncios; es decir, reiterar el anuncio de votación en cada una de las
sesiones que antecedan a aquella en que efectivamente se lleve a cabo la
aprobación del proyecto, toda vez que “no existe otro instrumento
constitucional que permita garantizar la efectiva realización del fin que se
pretende satisfacer mediante la formalidad del aviso, el cual -según se ha
visto- consiste en evitar que los congresistas y la comunidad en general sean
sorprendidos con votaciones intempestivas o subrepticias”. Si ello no tiene ocurrencia,
es decir, si no se cumple con la secuencia temporal del aviso cuando por
razones de práctica legislativa el debate y votación de un proyecto se aplaza
indefinidamente, se entiende que la votación se realizó en una sesión distinta
a la que fue anunciada, incumpliéndose el requisito previsto en el artículo 160
de la Carta Política[6].
“Sobre el particular, ha
señalado la Corte que, a pesar de presentarse el fenómeno de la ruptura de la
cadena de anuncios respecto de un proyecto de ley cuya votación se ha venido
aplazando indefinidamente, no se incurre en un vicio de inconstitucionalidad
por desconocimiento del artículo 160 Constitucional, cuando en la sesión
inmediatamente anterior a aquella en que se surte la aprobación del proyecto,
“el mismo fue específicamente anunciado para ser sometido a votación en dicha
sesión.”[7] Si esto último no tiene
ocurrencia, es decir, si además de romperse la cadena de anuncios el proyecto
aplazado indefinidamente se vota sin haberse anunciado tal hecho en la sesión
inmediatamente anterior, se entiende que se ha incumplido el requisito de “anuncio”
previo consagrado en el artículo 160 Superior. (Sentencia C-933/06 M.P. Rodrigo
Escobar Gil)”
En el caso sometido a revisión, la Corte
encuentra que los anuncios se hicieron en debida forma, tal como pasa a
explicarse:
a) Anuncio para primer debate en la
Comisión Segunda del Senado de la República.
El primer debate y votación del proyecto
ante la Comisión Segunda del Senado de la República iba a realizarse el 13 de
diciembre de 2005. El anuncio se hizo en la sesión del 7 de diciembre, en los
siguientes términos:
“En la sesión del día de hoy miércoles 7 de
diciembre, se anuncian para ser votados los días martes y miércoles 13 y
14 de diciembre de 2005 los siguientes proyectos de ley:
“(…)
“-Proyecto de ley número 71  de 2005
Senado, por medio de la cual se aprueba el Segundo Protocolo de la Convención
de la Haya de 1954 para a protección de los bienes culturales en caso de
conflicto armado, hecho en La Haya el veintiséis (26) de marzo de mil
novecientos noventa y nueve (1999)”.
No obstante, dado que la votación no se
celebró en esas fechas, en la sesión del 13 de diciembre se renovó el anuncio
para la sesión que sería realizada el martes 28 o el miércoles 29 de marzo
(Acta N° 16 de 2005). El texto del anuncio es el siguiente:
“Proyectos de ley para anunciar y ser
votados en la sesión del
martes 28 o miércoles 29 de marzo de 2006.
(…)
“-Proyecto de ley número 71  de 2005
Senado, por medio de la cual se aprueba el Segundo Protocolo de la Convención
de la Haya de 1954 para a protección de los bienes culturales en caso de
conflicto armado, hecho en La Haya el veintiséis (26) de marzo de mil
novecientos noventa y nueve (1999)”.
Finalmente, el proyecto fue votado el 29 de
marzo de 2006.
Ahora bien, en relación con la fórmula
utilizada para realizar el anuncio, la Corte tuvo oportunidad de pronunciarse
en la reciente Sentencia C-665 de 2007. En dicha providencia la Corte estudió
la exequibilidad del anuncio hecho en el proceso de aprobación de la Ley 1109
de 2006, aprobatoria de otro tratado internacional. La Corporación hizo alusión
al anuncio contenido, precisamente, en la sesión del 13 de diciembre de 2005,
constante en el acta N° 16, en donde se citó para la sesión del 28 o 29 de
marzo.
Pese a que, en principio, dicha fórmula no
permitía identificar con certeza la fecha de votación, la Corte entendió que
del contexto de la sesión podía establecerse que la sesión en que la votación
tendría lugar sería la primera votación del segundo periodo ordinario de la
legislatura, contexto que extrajo de la siguiente convocatoria, hecha por el
Presidente de la Comisión al final de la sesión.
“Toma la palabra el señor Presidente,
Senador JESÚS ÁNGEL CARRIZOSA FRANCO. Muy bien se levanta la sesión, por este
año muchas gracias y ya en el mes de marzo una vez se instale el Parlamento,
hemos llamado a sesiones a la semana siguiente. Así que una feliz navidad
nuevamente y un próspero año para todos.  Muchísimas gracias.”
El contexto del anuncio le
permitió a la Corte llegar a la Conclusión de que en la sesión del 13 de
diciembre sí se había anunciado para votación el proyecto en fecha determinada,
pues a pesar de la aparente ambigüedad de la expresión “28 o 29 de marzo”, la
convocatoria se realizó para la sesión subsiguiente del segundo periodo
ordinario de la legislatura, que según la numeración consecutiva de las actas
ocurrió el 29 de marzo.
El análisis de la Corte fue el
siguiente:
“Puede observarse, entonces,
que del contexto del Acta 16 del 13 diciembre de 2005, en cierre del primer
periodo y en vísperas de diciembre, la fecha de inicio de sesiones en marzo
quedó pendiente para el 28 o 29 del mismo mes. Posteriormente, el consecutivo
de Actas nos muestra que la sesión fue llevada a cabo el 29 de marzo de 2006, y
en ella fueron discutidos y votados lo proyectos de ley anunciados el 13 de
diciembre de 2005 (Acta 17 del 29 de marzo de 2006):
(…)
“En efecto, tal y como lo ha señalado la
jurisprudencia, la apelación al contexto del debate como elemento de
identificación del anuncio se predica tanto del anuncio, en sí mismo
considerado, como de la fecha de votación y de la intención misma de someter a
votación el proyecto específico[8]. En el caso en estudio,
se concluye que lo querido por la Comisión era que el debate y votación
tuvieran lugar la primera sesión del segundo periodo de la legislatura, tal y
como lo muestra el consecutivo del acta.
“Entonces, el anuncio fue hecho
previamente y en fecha determinable por ser la primera sesión que tendría lugar
el año siguiente, como en efecto sucedió.” (Sentencia C-665 de 2007 M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra)
Así entonces, aplicando el mismo criterio
que la Corte esbozó en la Sentencia C-665 de 2007, pues el anuncio ocurrió en
la misma sesión y en los mismos términos, la Corte considera en esta ocasión
que el requisito constitucional ha quedado cumplido.
Igualmente, la Corte observa que en el
presente caso el proyecto no fue votado la fecha en que inicialmente había sido
programado. No obstante, en aplicación de los criterios de la jurisprudencia,
las directivas de la Comisión Segunda del Senado actuaron en derecho al renovar
oportunamente el anuncio para votación, con lo cual impidieron la ruptura de la
cadena de anuncios.
b) Anuncio para segundo debate en la
Plenaria del Senado de la República.
Ante la Plenaria del Senado, el proyecto de
ley fue inicialmente programado para ser votado en la sesión del 30 de mayo de
2006. El anuncio cumplió con los requisitos de especificidad y determinabilidad
señalados en la jurisprudencia. La transcripción del anuncio es la siguiente:
“Por instrucciones de la Presidencia y de
conformidad con el Acto Legislativo número 001 de 2003, la Secretaría
anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.
“Sí señora Presidenta, honorables
Senadores, los proyectos para debatir y votar en la siguiente sesión son los
siguientes:
“(…)
“Proyectos para segundo debate:
“(…)
“• Proyecto de ley número 71 de 2005
Senado, por medio de la cual se aprueba el “Segundo Protocolo de la Convención
de La Haya de 1954 para la protección de los Bienes Culturales en caso de
Conflicto Armado, hecho en La Haya el veintiséis (26) de marzo de mil
novecientos noventa y nueve (1999).
“(…)
“Siendo las 2:20 p. m., la Presidencia
levanta la sesión y convoca para el día martes 30 de mayo de 2006, a las
3:00 p. m.
Pese a que el proyecto no fue sometido a
votación el 30 de mayo, la mesa directiva renovó el anuncio, impidiendo con
ello la ruptura de la cadena. En este sentido, el comportamiento de la Plenaria
se ajustó a las previsiones jurisprudenciales acerca de la necesidad de renovar
el anuncio cuando es imposible cumplirlo en la sesión para la cual había sido
programada la votación. El texto de este nuevo anuncio fue el siguiente:
“Por instrucciones de la Presidencia y de
conformidad con el Acto legislativo número 01 de 2003, la Secretaría anuncia
los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.
“Sí señora Presidenta, los proyectos para
debatir y votar en la siguiente sesión plenaria son los siguientes:
“Proyecto de ley número 71 de 2005 Senado,
por medio de la cual se aprueba el Segundo Protocolo de la Convención de La
Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto
Armado” hecho en La Haya el veintiséis (26) de marzo de mil novecientos noventa
y nueve (1999)”
El nuevo anuncio se hizo para la sesión del
31 de mayo de 2006, fecha en la que finalmente fue aprobado. La célula
legislativa respetó la secuencia de anuncios.
“Siendo las 8:45 p.m. la Presidencia
levanta la sesión y convoca para el miércoles 31 de mayo de 2006, a las 3:00
P.M.”
La Corte considera que en este caso, el
anuncio manifestó expresamente su voluntad de dar por cumplido el artículo 160
de la Constitución, por lo que en términos de la formulación del anuncio no
existe reproche alguno.
c) Anuncio para primer debate en la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes
En reunión del 29 de agosto de 2006, el
subsecretario de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes dio lectura
al orden del día de esa sesión. En el punto VII del orden del día, el funcionario
señaló los proyectos que serían anunciados para primer debate.
VII
Anuncio de Proyectos de ley para primer
debate: artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003.
1. Proyecto de ley 289/2006 Cámara, 71/2005
Senado, por medio de la cual se aprueba el “Segundo Protocolo de la Convención
de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de
conflicto armado, hecho en La Haya el veintiséis (26) de marzo de mil
novecientos noventa y nueve (1999).
El anuncio se renovó al final de la sesión,
en los siguientes términos.
Hace uso de la palabra el Presidente,
honorable Representante Oscar Fernando Bravo Realpe, por el departamento de
Nariño:
Siguiente punto del orden del día señor
Secretario.
Hace uso de la palabra el señor
Subsecretario, doctor José Iván Jiménez Zuluaga:
Señor Presidente. Anuncio de proyectos
de ley para primer debate.
Hace uso de la palabra el Presidente,
honorable Representante Oscar Fernando Bravo Realpe, por el departamento de
Nariño:
Dígnese leerlos por favor.
Hace uso de la palabra el señor
Subsecretario, doctor José Iván Jiménez Zuluaga:
1. Proyecto de ley número 289/06 Cámara,
071/05 Senado, por medio de la cual se aprueba el segundo protocolo de la
convención de La Haya de 1954, para la protección de los bienes culturales en
caso de conflicto armado hecho en La Haya, el 26 de marzo de 1999.
(…)
Hace uso de la palabra el Presidente,
honorable Representante Oscar Fernando Bravo Realpe, por el departamento de
Nariño:
Estos proyectos van a hacer discutidos en
la sesión del martes próximo previa citación. Siguiente punto del orden del día señor
Secretario.
Tal como había sido anunciado en la sesión
del 29 de agosto, en la sesión del 5 de septiembre se formalizó el anuncio para
votación del proyecto de la ley de la referencia. Dice así el citado anuncio.
“Hace uso de la palabra la Secretaría
General, doctora Pilar Rodríguez Arias:
“Aprobada la proposición señor Presidente.
“Anuncio de los proyectos de ley para la
próxima Comisión.
“Hace uso de la palabra el Presidente,
honorable Representante Oscar Fernando Bravo Realpe:
“Incluya los dos de hoy y lee el que había
nuevo para tratar 3 proyectos de ley en la próxima sesión.
“Hace uso de la palabra la Secretaría
General, doctora Pilar Rodríguez Arias:
“Sí señor Presidente.
“(…)
“Proyecto de Ley número 289/2006 Cámara,
071/2005 Senado, por medio de la cual se aprueba el Segundo Protocolo de la
Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en
caso de conflicto armado. Hecho en La Haya el 26 de marzo de 1999.
“Autora: Ministra de Relaciones Exteriores,
doctora Carolina Barco; Ministro del Interior doctor Sabas Pretelt de la Vega.
“Anunciados los tres proyectos de ley señor
Presidente para la próxima comisión.
“Hace uso de la palabra el Presidente,
Oscar Fernando Bravo Realpe:
“Muy bien. Se levanta la sesión y se convoca
para dentro de 8 días.
“Muchas gracias.”
El proyecto fue efectivamente votado en la
siguiente sesión, que tuvo lugar el 12 de septiembre de 2006.
Luego de hecho en recuento de este anuncio,
la Sala observa que el mismo cumplió con los requisitos señalados por la
jurisprudencia.
A pesar de que la formulación del anuncio
no incluye el termino “votación”, la Corte entiende que la voluntad de la
Comisión era la de someter a votación en primer debate el proyecto de la ley de
la referencia, a efectos de dar cumplimiento al requisito del artículo 8 del
Acto Legislativo 01 de 2003. Ello se deduce del hecho de que en el primer
anuncio, efectuado en la sesión del 29 de agosto, se dejó expresa constancia de
que el mismo se hacía con el fin de someter a primer debate el proyecto de la
ley de la referencia y de dar cumplimiento al artículo 160 constitucional.
Además, porque, tal como lo ha sostenido la
jurisprudencia, el único anuncio que en el proceso de aprobación de las leyes
es obligatorio, según la normativa constitucional, es el anuncio a que hace
referencia el Acto Legislativo 01 de 2003, por manera que si la mesa directiva
de la Comisión dejó constancia expresa de que hacía el anuncio de un proyecto
de ley y esa constancia -era claro- se hacía con el fin de someterlo a primer
debate, es de concluir que la finalidad del anuncio hecho el 5 de septiembre
era el de someter a debate y votación el proyecto de la ley de la referencia.
En tercer lugar, porque, como lo ha dicho
la jurisprudencia, la utilización de la expresión “anuncio” en el contexto del
debate legislativo, cuando se refiere a proyectos de ley que van a ser
sometidos a debate, debe entenderse encaminada a dar cumplimiento al requisito
del artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, precisamente porque, como
atrás se dijo, éste es el único anuncio exigido en los trámites de aprobación de
las leyes. La Corte dijo sobre este particular:
“Con todo, de lo dicho por la
jurisprudencia es necesario tener en cuenta que la expresión “anuncio”,
consignada en la propia Constitución, cuando la misma se utiliza en los debates
legislativos con la finalidad de mencionar los proyectos que serán debatidos en
otra sesión, debe entenderse circunscrita principalmente al cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 160 constitucional, pues, como lo
estableció la Sentencia C-1040 de 2005, el aviso previo es requerido por la
Constitución Política únicamente para efectos del cumplimiento de dicha norma,
en tanto que el ordenamiento superior no lo impone para ninguno otro trámite”.
(Auto 311 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra)
Adicionalmente, de la lectura del acta del 5 de
septiembre se tiene que el Presidente de la Comisión solicitó al secretario, a
efectos de realizar el anuncio, agregar un tercer proyecto a los dos proyectos
que previamente habían sido anunciados con la voluntad expresa de dar
cumplimiento al artículo 08 del Acto Legislativo 91 de 2003. Los dos proyectos
iniciales eran, según el acta del 29 de agosto, el Proyecto de ley 289/2006
Cámara, 71/2005 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Segundo Protocolo
de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales
en caso de conflicto armado, hecho en La Haya el veintiséis (26) de marzo de
mil novecientos noventa y nueve (1999), y el Proyecto de ley 305/2006 Cámara, 198/2005
Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo para establecer la Red
Global de Desarrollo, hecho en Dakar, Senegal, el 23 de enero de 2005.”
A dichos dos proyectos, inicialmente anunciados en la
sesión del 29 de agosto, se adicionó el proyecto de Ley 300/2006 Cámara,
74/2005 Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio de Santa Cruz de la
Sierra Constitutivo de la Secretaría General Iberoamericana, adoptado en San
José de Costa Rica el 12 de mayo de 2004, y el Estatuto de la Secretaría
General Iberoamericana aprobado en San José Costa Rica el 20 de noviembre del
año 2004.
La orden expresa que el Presidente de la Comisión
impartió al Secretario de la misma para que adicionara el tercer proyecto a los
dos que previamente habían sido anunciados, con la intención manifiesta y
expresa de dar cumplimiento al Acto Legislativo 01 de 2003, denota la
intención, en este segundo anuncio, de dar cumplimiento nuevamente a dicha
exigencia, por lo que la Corte la considera cumplida.
Finalmente, el anuncio para la votación que
sería realizada “ocho días después” es un anuncio de fecha determinada,
por lo que no puede reprocharse que no se haya recurrido a la fecha exacta de
la sesión. Esta forma de hacer el anuncio es acorde con la exigencia de
determinación del mismo, y con el hecho de que los anuncios no tienen una frase
sacramental a la que deba acudirse para formalizarlo.
De lo dicho se entiende entonces que el
anuncio para primer debate en la Comisión de la Cámara se ajustó a las
exigencias constitucionales, tal como han sido interpretadas por la
jurisprudencia relacionada.
d) Anuncio para segundo debate en la
Plenaria de la Cámara de Representantes
El anuncio del proyecto para el segundo
debate en la Cámara de Representantes tiene las mismas características.
Efectivamente, el anuncio se hizo en la sesión plenaria del 25 de octubre de
2006 en los siguientes términos:
Dirección de la sesión por la Presidencia,
doctor Alfredo Cuello Baute:
Cuál es el orden señores citantes de
intervención, por favor los señores citantes mientras el Secretario anuncia
los proyectos del próximo martes.
En consideración la proposición, la
proposición del Representante Roosvelt Rodríguez, se abre su discusión, anuncio
que va a cerrarse, queda cerrada, ¿aprueba la Corporación?
El Secretario General, doctor Angelino
Lizcano Rivera informa:
Ha sido aprobada Presidente.
Le encarezco al doctor Roosvelt que me la
haga llegar a la Secretaría, para tramitarla.
Se anuncian los temas, proyectos y actas
para debatir el próximo martes a las tres de la tarde:
(…)
Proyecto de ley número 289 de 2006 Cámara,
71 de 2005 Senado
(…)
Señor Presidente, han sido anunciados los
temas que estarán en el Orden del Día del próximo martes a las tres de la
tarde.
Tal como se estableció en la sesión del 25
de octubre, el proyecto de la referencia fue votado y aprobado en la sesión del
siguiente martes, que se realizó el 31 de octubre de 2006. Efectivamente, el proyecto
se incluyó en el orden del día como proyecto programado para segundo debate,
junto con los 13 proyectos restantes que fueron anunciados en la sesión del 25
de octubre.
Nuevamente, esta Corporación considera que
independientemente de que el anuncio hecho el 25 de octubre no hubiera
manifestado de manera expresa que su objetivo era el de programar la votación
del proyecto de ley de la referencia, del contexto en que tuvo lugar el
anuncio, pero sobre todo de la aplicación de los criterios jurisprudenciales
sobre interpretación de los anuncios, es posible deducir que la finalidad de la
secretaría de la Plenaria era someter a votación, en la sesión del martes
siguiente, el proyecto de ley que es objeto de revisión. La utilización de la
expresión “para debatir” implica que hace referencia a debate, lo que involucra
los conceptos de discusión y votación del proyecto. Así lo indica el artículo
94 del Reglamento del Congreso al disponer que un debate es el “sometimiento
a discusión de cualquier proposición o proyecto sobre cuya adopción deba
resolver la respectiva Corporación”.
De acuerdo con todo lo dicho, esta
Corporación considera que en el trámite de los anuncios exigidos por el
artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, las directivas de comisiones y
plenarias respetaron la cadena de anuncios y no propiciaron, de manera alguna,
que el proyecto sometido a revisión fuera votado en una sesión distinta a
aquella en la cual los congresistas sabían que iba a ser votado.
Del mismo modo, la Corporación encuentra
que la forma en que se hicieron los anuncios gozó de la claridad y univocidad
exigidas por la jurisprudencia constitucional, al punto que siempre fue
entendido que el anuncio respectivo lo era para someter a votación en la
siguiente sesión el proyecto de la ley de esta referencia y con ello dar por
cumplido el requisito del artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003.
Concluido el análisis de forma del
procedimiento de aprobación del proyecto de la ley de la referencia, y
establecido que el mismo cumple con los requerimientos constitucionales y
legales, procede la Corte a hacer el estudio material del Protocolo.
4. El contenido material de la Ley 1130 de
2007 y la constitucionalidad del Protocolo
a) Estructura del Segundo
Protocolo para la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado
El Protocolo para la protección de bienes
culturales en caso de conflicto armado es un acuerdo de 47 artículos, dividido
en 9 capítulos.
El preámbulo del Protocolo señala la
motivación general de acuerdo y resalta, entre otras, la necesidad de mejorar y
reforzar los mecanismos de protección de los bienes culturales, inicialmente
plasmados en la Convención de La Haya para la protección de dicho patrimonio.
La finalidad del Protocolo es, en ultima instancia, la de conferir un mayor
grado de protección a los bienes culturales que podrían verse afectados por un
conflicto armado y, en este sentido, complementar las medidas adoptadas en la
Convención de La Haya, incorporadas a la legislación interna por la Ley 340 de
1996, declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-467 de
1997.
El capítulo I define términos básicos para
el recto entendimiento del Protocolo. Este incluye los conceptos de bienes
culturales, convención, alta Parte contratante, protección reforzada, objetivo
militar, ilícito, etc. Igualmente, determina el ámbito de aplicación del
Protocolo y las relaciones con la Convención a la cual se adjunta.
El capítulo II establece las medidas
preparatorias que los Estados deben adoptar para garantizar la protección de
los bienes culturales. Señala las obligaciones que por la adopción de dichas
medidas adquiere el Estado Parte, y precisa algunas medidas preventivas para
evitar la afectación de los bienes culturales por causa de un ataque armado.
En el capítulo III se desarrolla el tema de
la protección reforzada, y los requisitos que deben cumplirse para que la misma
se confiera a ciertos bienes culturales. Así mismo, regula la pérdida de dicha
protección.
La responsabilidad penal y la jurisdicción
son los temas del Capítulo IV. Allí, el Protocolo regula lo atinente a las
medidas que deben adoptar los Estados para sancionar las conductas dirigidas a
atacar bienes culturales protegidos por el Protocolo. Igualmente, el capítulo
contiene normativa relativa a la jurisdicción, el proceso, la extradición, la
asistencia judicial recíproca y los motivos de rechazo.
Cuando el conflicto armado no es
internacional, el Protocolo también prevé medidas de adopción. Estas están
reguladas en el capítulo V, que no obstante señala que dicho protocolo no será
aplicable en caso de situaciones de disturbios o tensiones internas, en
concordancia con el Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra.
En el capítulo VI se aborda la regulación
de los aspectos operativos del Protocolo, pues dicho capítulo regula la
formación del Comité para la Protección de los Bienes Culturales en caso de
Conflicto Armado y del Fondo para la Protección de Bienes Culturales en caso de
Conflicto Armado. El capítulo regula su funcionamiento y financiación.
El objetivo del capítulo VII es la difusión
con fines educativos de las normas del Protocolo. El capítulo VIII regula la
figura de las Potencias Protectoras –institución tomada del Protocolo I
Adicional a los Convenios de Ginebra- como entidades encargadas de salvaguardar
los intereses de las partes en conflicto.
Por último, el capítulo IX regula lo
atinente al perfeccionamiento y puesta en marcha del Protocolo.
b) Finalidad general del
Segundo Protocolo para la protección de bienes culturales en caso de conflicto
armado
El fin del Segundo Protocolo objeto de
estudio es el de reforzar la protección de los bienes culturales en caso de que
su integridad se vea amenazada por un conflicto armado. Tal como se ha
expuesto, este protocolo es instrumento internacional adjunto a la Convención
de La Haya para la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado,
suscrita en la misma ciudad en 1954, por lo que claramente se entiende que las
medidas aquí consagradas modifican en lo pertinente la Convención con un fin
específico: mejorar y actualizar los niveles de protección de los bienes
mencionados.
Tal como se lee en la exposición de motivos
del Protocolo, la protección de los bienes culturales en el escenario de un
conflicto armado es una preocupación mundial creciente, especialmente desde
que, en la segunda guerra mundial, muchas de las joyas culturales de los países
en conflicto fueron destruidas como consecuencia de los ataques militares o
desaparecieron tras las sucesivas ocupaciones.
Es célebre ya el saqueo de cientos de obras
de arte, perpetrado por Hitler y  Hermann Goering en Paris durante la ocupación
alemana, entre 1940 y 1944. Un cálculo aproximado da cuenta de que en ese
cuatrienio fueron hurtados más de 100.000 cuadros, esculturas y dibujos de
propiedad de particulares y museos. Recientemente, la guerra de Irak entregó un
oscuro saldo al registrar la pérdida de cientos de piezas arqueológicas de la
cultura mesopotámica, una de las reputadas cunas de la civilización. La
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
–UNESCO- calificó la pérdida como "una catástrofe terrible en
monumentos, museos, yacimientos, archivos y bibliotecas".
En los trabajos preparativos, la UNESCO se
refirió particularmente a los actos de barbarie cometidos en contra de la
identidad cultural de naciones en conflicto, concretamente, en la guerra de la
antigua Yugoslavia y en los conflictos en la Unión Soviética que tuvieron lugar
a finales de 1980 y principios de los 90’s.
La necesidad de ajustar los procedimientos
de protección a las necesidades actuales, pero también la falta de operatividad
de las herramientas inicialmente diseñadas, obligó a la comunidad internacional
a elaborar el Segundo Protocolo para la protección de los bienes culturales. La
revisión de la Convención se inició en 1991 y condujo  a la elaboración de un
proyecto que recopiló la experiencia ganada en los conflictos recientes y en el
desarrollo de las leyes sobre protección de herencia cultural desde 1954. De
allí el acuerdo del protocolo, suscrito en 1999 en la Haya.
En relación con los textos de la Convención
de La Haya, la Corte Constitucional manifestó en su  momento que el objetivo de
este tipo de convenios era evitar el deterioro de la identidad cultural de la
humanidad, dependiente en muchos casos del patrimonio material representado en
los bienes culturales. Para la Corte, dichos instrumentos “pretenden evitar
estragos innecesarios en los conflictos armados, mediante la aplicación de
normas y de mecanismos de protección, que eviten daños en los bienes
culturales, los cuales son definidos en el primer artículo de la Convención.
Así, según esa disposición, son bienes culturales, cualquiera que sea su origen
y propietario, los bienes, muebles o inmuebles, que tengan una gran importancia
para el patrimonio cultural de los pueblos, los cuales pueden ser de muy
diversa índole, pues puede tratarse de monumentos arquitectónicos, obras de
arte, vestigios históricos, etc. Igualmente, deben incluirse en tal categoría
los edificios cuyo destino principal y efectivo sea conservar o exponer los
bienes culturales antes mencionados, como podría ser un museo, una biblioteca o
un archivo. También deben protegerse los llamados “centros monumentales”, que
son lugares que comprenden un número considerable de bienes culturales”[9].
Según dicha providencia, la finalidad de “proteger
esos bienes culturales surge de una dolorosa constatación histórica, a saber,
que estos objetos -que en el fondo materializan valores espirituales esenciales
para el ser humano- han sufrido graves daños en los distintos conflictos
armados y que, debido al perfeccionamiento de las técnicas de destrucción, se
encuentran cada vez más amenazados, por lo cual resulta imperioso protegerlos,
ya que, como lo señala el Preámbulo, ‘los daños ocasionados a los bienes culturales
pertenecientes a cualquier pueblo constituyen un menoscabo al patrimonio
cultural de toda la humanidad, puesto que cada pueblo aporta su contribución a
la cultura mundial.’ ”[10].
El Segundo Protocolo para la protección de
los bienes culturales en caso de conflicto armado, objeto de estudio en esta
providencia, se encuentra en consonancia con la finalidad de la Convención y
persigue, como se ha dicho, tecnificar, reforzar, mejorar y complementar las
herramientas ofrecidas por la convención para la protección del patrimonio
cultural.
c) Constitucionalidad general del Protocolo
sometido a revisión
Para la Corte Constitucionalidad, el
Protocolo sometido a estudio es exequible desde el punto de vista sustancial.
El objetivo general de este instrumento
internacional se ajusta plenamente a los fines del Estado, consignados en el
artículo 2º de la Carta Política. La protección de los bienes culturales de la
Nación es una de las formas en que el Estado puede “servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución (…); defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”[11].
El artículo 2º del Estatuto Superior
establece igualmente que las autoridades nacionales “están instituidas para
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de
los deberes sociales del Estado y de los particulares”, propósito que se ve
reflejado plenamente en la adopción de mecanismos de protección del patrimonio
cultural.
Del mismo modo, el propósito del convenio
refleja la obligación del Estado de proteger las “riquezas culturales y
naturales de la Nación” (art. 8º C.P.) y  exalta la obligación de
protección del patrimonio cultural, consagrada en el artículo 72 de la
Constitución al indicar que “el patrimonio cultural de la Nación está bajo
la protección del Estado (…)”, reflejo a su vez del deber de toda persona
de “proteger los recursos culturales y naturales del país”(art. 95-8 C.P.).
Esta concordancia de las normas del
Protocolo con el ámbito de protección cultural de la Constitución Política refleja
la intención del constituyente de resaltar los valores culturales como valores
de identificación nacional. Así lo resaltó la Corte al precisar que la
protección de la cultura constituye una prioridad por parte de las autoridades
públicas. La Corte ha sostenido que la identidad cultural de una Nación es
manifestación de la diversidad de sus comunidades, es expresión de la riqueza
humana y social de los pueblos y es instrumento de construcción de sociedades
organizadas, encaminadas al mejoramiento de sus relaciones. Por ello, dijo que
la “cultura fue reconocida en la Constitución de 1991 como un pilar
fundamental que requiere especial protección, fomento y divulgación del Estado.
En efecto, es amplio el conjunto de normas constitucionales que protegen la
diversidad cultural como valor esencial de nuestra Nación, de tal manera que
dicho bloque normativo, que también se ha denominado por la doctrina como la
Constitución Cultural[12],
entiende la cultura como valor, principio y derecho que deben impulsar las
autoridades”. Y sobre el mismo particular, añadió:
“Así, el artículo 2º superior, señaló como
fin esencial del Estado el de facilitar la participación de todos en la vida
cultural de la Nación. Los artículos 7º y 8º de la Carta dispusieron la
obligación del Estado de proteger la diversidad y riquezas culturales de la
Nación. El artículo 44 define la cultura como un derecho fundamental de los
niños. El artículo 67 señalaron que la educación es un derecho que busca
afianzar los valores culturales de la Nación. El artículo 70 de la Constitución
preceptúa que el Estado tiene la obligación de promover y fomentar el acceso a
la cultura de los colombianos, en tanto que la cultura y/o los valores
culturales son el fundamento de la nacionalidad colombiana. En esta misma línea,
el artículo 71 de la Constitución dispuso que el Estado creará incentivos para
fomentar las manifestaciones culturales. Ahora, la protección de los recursos
culturales no sólo es una responsabilidad a cargo del Estado sino que también
es un deber de los ciudadanos, en los términos previstos en el artículo 95,
numeral 8º, superior. De todas maneras, los artículos 311 y 313, numeral 9º, de
la Carta encomiendan, de manera especial, a los municipios, el mejoramiento
social y cultural de sus habitantes. Por su parte, el artículo 333 superior
autorizó al legislador a limitar válidamente la libertad económica cuando se
trata de proteger el patrimonio cultural de la Nación. Y, finalmente, con
especial relevancia para el análisis del asunto sometido a estudio de esta
Corporación, recuérdese que el artículo 72 de la Carta dispuso que “el
patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado, pero que
sólo “el patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la
identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e
imprescriptibles”
“La descripción anterior muestra que,
efectivamente, la protección del patrimonio cultural de la Nación tiene
especial relevancia en la Constitución, en tanto que éste constituye un signo o
una expresión de la cultura humana, de un tiempo, de circunstancias o
modalidades de vida que se reflejan en el territorio, pero que desbordan sus
límites y dimensiones. Entonces, la salvaguarda estatal del patrimonio cultural
de la Nación tiene sentido en cuanto, después de un proceso de formación,
transformación y apropiación, expresa la identidad de un grupo social en un
momento histórico".
(Sentencia C-742 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) (subrayas fuera del
original)
En desarrollo de esta perspectiva
jurisprudencial, toda norma que esté encaminada a salvaguardar la identidad
cultural debe considerarse, en principio, ajustada a los mandatos de la Carta
Política.
De otro lado, tal como lo indica el
Protocolo objeto de estudio, las normas que conforman dicho estatuto están
diseñadas para regir en condiciones de conflicto armado. Esta contextualización
implica que las disposiciones que integran el Protocolo hacen parte del derecho
internacional humanitario y que como tales deben ser respetadas en todo
momento, según las voces del artículo 217 de la Constitución. Así lo reconoció la
Corte en la Sentencia C-476 de 1997, mediante la que sometió a estudio la Convención
de La Haya de 1954. En ese entonces, la Corporación resaltó:
“…ninguna objeción constitucional se puede
hacer al contenido general de los instrumentos internacionales bajo revisión,
pues la protección de los bienes culturales es un mandato connatural a los
principios de derecho humanitario, tal como esta Corte lo señaló al declarar la
exequibilidad del artículo 53 del Protocolo I y del artículo 16 del Protocolo II,
normas que precisamente establecen que, sin perjuicio de las disposiciones de la
Convención que la Corte revisa en la presente ocasión, queda prohibido cometer
actos de hostilidad dirigidos contra los monumentos históricos, las obras de
arte o los lugares de culto que constituyen el patrimonio cultural o espiritual
de los pueblos, y utilizarlos en apoyo del esfuerzo militar, o tomar
represalias contra tales bienes”. (Sentencia C-476 de 1997 M.P. Alejandro
Martínez Caballero)
Dado entonces que las normas que integran
el Protocolo sobre protección de bienes culturales operan en condiciones de
conflicto armado, y que la protección de los bienes culturales es una prioridad
del ordenamiento jurídico nacional, la Corte concluye que en su concepción
general, el instrumento internacional analizado se acopla perfectamente a los
propósitos constitucionales.
d) Constitucionalidad
concreta de las disposiciones que integran el Protocolo bajo estudio.
Además de que el Acuerdo citado se ajusta
en sus aspectos generales a los preceptos constitucionales, la Corte encuentra
que también sus disposiciones concretas lo hacen.
Las disposiciones que integran el capítulo
1 del Protocolo se limitan a definir términos utilizados por el instrumento,
que en nada contrarían disposiciones de la Carta. Igualmente, señalan que este
Protocolo complementa la Convención de La Haya de 1954, lo cual es evidente
según el carácter aditivo de este instrumento.
El artículo 3º se limita a resaltar que el
Protocolo tiene aplicación en tiempo de paz y en los eventos consagrados en los
párrafos 1º y 2º del artículo 18 de la Convención y en el párrafo 1º del
artículo 22 del Protocolo. Estos consagran la aplicación de las normas sobre
protección de bienes culturales en caso de guerra declarada o de cualquier otro
conflicto armado que pueda surgir entre dos o más de las Altas Partes
Contratantes, aun cuando alguna de ellas no reconozca el estado de guerra.
Igualmente, en casos de ocupación de todo o parte del territorio de una Alta
Parte Contratante, aun cuando esa ocupación no encuentre ninguna resistencia
militar.
En cuanto a la referencia al artículo 22
del Protocolo, el mismo establece que sus normas tendrán aplicación en el
ámbito interno, cuando el conflicto no tenga carácter internacional, y que se
haya producido en el territorio de una de las partes. Tal como lo ha reiterado
la jurisprudencia, la aplicación en el ámbito interno de normas como las que
hacen parte del Protocolo no riñe con los postulados constitucionales, pues el
carácter de validez universal que les confiere su categorización como normas de
derecho internacional humanitario impone a los actores del conflicto armado el
respeto por los intereses allí protegidos, independientemente de que hubieran
suscrito directamente el convenio. Sobre ese particular, valga citar la
referencia que la Sentencia C-476 de 1997 hizo a las normas sobre aplicación en
caso de conflictos no internacionales.
“Según los artículos 18 y 19 de la
Convención, sus normas no sólo se aplican en los casos de guerras
internacionales sino también en los eventos de conflictos armados internos,
aspecto que no suscita ningún problema de constitucionalidad puesto que, como
se mostró largamente en la sentencia C-225 de 1995, relativa al Protocolo II de
Ginebra, conforme a la Constitución, las partes enfrentadas  en un conflicto
interno se encuentran obligadas a respetar las normas humanitarias relativas a
la conducción de las hostilidades  y a la protección de los bienes que no
tienen carácter militar. Además, esas normas no erosionan la soberanía del
Estado colombiano puesto que, al igual que sucede con el Protocolo II, la
aplicación de las disposiciones de la presente Convención no modifican el
estatuto jurídico de las partes en conflicto, lo cual significa que los alzados
en armas no adquieren el status de beligerantes por la mera aplicación de las
normas humanitarias, y siguen entonces sometidos al ordenamiento jurídico
interno del respectivo Estado”. (Sentencia C-476 de 1997 M.P. Alejandro
Martínez Caballero)
La Corte tampoco encuentra objeción en las
disposiciones del artículo 4º del Protocolo bajo estudio, dado que el mismo se
limita a señalar que la suscripción de este instrumento –específicamente del
capítulo 3 que hace referencia a la protección reforzada- no perjudica la aplicación
y reconocimiento de otras disposiciones relativas a la protección especial.
Ello con el fin de que se entienda que una no excluye la otra, es decir, que la
protección reforzada de bienes culturales no hace suponer la desaparición de la
protección general que ofrece el Protocolo a otros bienes.
En cuanto a las disposiciones del capítulo 2
–artículos 5 a 9- la Corte tampoco tiene objeción. Aquellas se refieren a las
medidas de protección de los bienes culturales, y a las medidas preventivas en
tiempo de paz que los Estados deben adoptar para enfrentar posibles ataques
militares. Señalan que los bienes culturales gozan de inmunidad y que no pueden
ser atacados militarmente, excepto en las circunstancias espacialísimas
descritas en el artículo 6º, referidas a que el ataque sea inevitable o
absolutamente necesario para alcanzar un fin militar. Resaltan la obligación de
los Estados en conflicto de minimizar los daños cuando de por medio haya bienes
culturales y de adoptar las medidas de prevención necesarias para evitar su
destrucción. Por último, las disposiciones regulan las medidas que debe adoptar
el Estado ocupante respecto de los bienes culturales del Estado ocupado, es
decir, los deberes de conservación en caso de ocupación militar.
En ninguna de dichas normas la Corte encuentra motivo
de inconformidad con la Constitución Política, pues hacen parte del tema
central del Protocolo, que es la defensa de los bienes culturales.
El capítulo 3 –artículos 11 a 14- hace referencia a
una protección reforzada que puede conferirse respecto de bienes de especial
interés cultural para la humanidad o para el Estado en cuyo territorio se
encuentran. Esta protección reforzada se confiere mediante la inscripción de
los bienes específicos en un listado que está a cargo del Comité para la Protección
de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado. La inscripción en la
lista a cargo del Comité concede inmunidad al bien inscrito en ella, lo que
impide que sea objeto de ataque. La protección reforzada puede retirarse,
cuando el bien incumpla con los requisitos de inscripción, pero también puede
suspenderse o anularse, cuando el Estado a cuyo cargo se encuentra incumpla con
las obligaciones de protección o lo utilice con fines militares. Las normas
previstas contienen obligaciones específicas sobre la forma en que debe
solicitarse la inscripción de los bienes y las causales de remoción de la
protección reforzada. La Corte no encuentra que ninguna de ellas contradiga los
textos de la Constitución Política.
El capítulo 4 del Protocolo se refiere, en sus
artículos 15 a 21, a la dimensión penal de las medidas de protección cultural.
El Protocolo define las que considera infracciones graves a los compromisos
adquiridos, entre las que se encuentra el ataque a bienes cobijados por
protección reforzada. No obstante, en aras de preservar el ámbito de soberanía
legislativa de los Estados Partes, el Protocolo conmina a cada Parte para que
ajuste su normativa legal a las exigencias de protección de bienes culturales y
tipifique, si no las tiene, las conductas que puedan considerarse vulneratorias
de los compromisos aquí adquiridos. Esta preceptiva del Protocolo en nada
contraría la Carta Política en tanto que la misma no implica la vulneración del
principio de soberanía nacional, sino que impulsa la modernización y
coordinación de la legislación penal en aras de sancionar las conductas
descritas en el acuerdo.
El artículo 16 se refiere a la jurisdicción de
juzgamiento de dichas conductas y reconoce, igualmente, la potestad soberana de
los Estados para someter a su jurisdicción las violaciones a las obligaciones
adquiridas. Ello cuando la infracción se haya cometido en territorio del
Estado, pero también, atendiendo al estatuto personal del derecho penal, cuando
la infracción haya sido cometida por un nacional del Estado, en otro
territorio. En virtud del principio de jurisdicción universal, el literal c)
del Protocolo autoriza al Estado para perseguir judicialmente la sanción del
autor de la infracción que esté presente en su territorio. Dicho principio no
pugna con los principios constitucionales colombianos, en virtud de lo dicho
precedentemente por la Corte Constitucional.
“El principio de jurisdicción universal,
que atribuye a todos los Estados del mundo la facultad de asumir competencia
sobre quienes cometan ciertos delitos que han sido especialmente condenados por
la comunidad internacional, tales como el genocidio, la tortura o el
terrorismo, siempre que tales personas se encuentren en su territorio nacional,
aunque el hecho no haya sido cometido allí. Este principio, cuyo carácter
consuetudinario no ha recibido general aceptación, ha sido, no obstante,
consagrado expresamente en varios convenios internacionales que vinculan a
Colombia, como las Convenciones contra la Tortura, contra el Genocidio, contra
el Apartheid y contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes; por ello, puede
afirmarse que, en este punto del desarrollo del derecho internacional, el
principio de jurisdicción universal opera cuando consta en un tratado.
“(…) se trata, en esencia, de un mecanismo
de cooperación internacional en la lucha contra ciertas actividades repudiadas
por la sociedad de naciones que, en esta medida, coexiste con las competencias
jurisdiccionales ordinarias de los Estados, sin imponerse sobre ellas; así se
dice expresamente en los múltiples tratados en los cuales se consagra”.
(Sentencia C-1189 de 2000 M.P. Carlos Gaviria Díaz)
El artículo 16 también señala que la adhesión al
Protocolo no afecta la posibilidad de someter a la jurisdicción nacional o
internacional la infracción de las normas que lo constituyen y tampoco afecta
la jurisdicción para el procesamiento de conductas atentatorias del derecho
internacional humanitario, lo que deja en claro que las medidas aquí adoptadas
no interfieren en los canales tradicionales de procesamiento penal. El literal
b) del artículo 16 regula, finalmente, la no aplicabilidad del Protocolo a los
miembros de las fuerzas armadas de estados que no forman parte del Convenio
para la protección de bienes culturales, lo que no obsta para que los mismos
sean procesados en virtud de otras disposiciones internacionales.
El artículo 17 del Protocolo se limita a garantizar el
debido proceso a todo individuo procesado por la violación de las normas sobre
protección de bienes culturales, y a comprometer al Estado en el rápido
juzgamiento de la conducta. Ello, antes que ir en contra de la Carta Política,
secunda la protección del debido proceso consagrada en el artículo 29 superior.
Por su parte el artículo 18 establece la posibilidad
de aplicar la extradición para la sanción de los autores de delitos contra
bienes culturales en los términos del Protocolo, previsión que no contraviene la
Constitución, pues la extradición es una figura admitida por el ordenamiento
Superior –art. 35 C.P.-. Tampoco contradice la Constitución el hecho de que el
Protocolo aquí suscrito incluya las infracciones indicadas en los apartados a)
y c) como infracciones merecedoras de extradición en los tratados que hayan
sido suscritos por los Estados Parte. La inclusión de dichas conductas, en tanto
que hayan sido adecuadamente tipificadas por los correspondientes Estados,
responde al diseño de la política criminal del Estado, que en este caso se
manifiesta mediante la suscripción inicial del Convenio y posterior de este
segundo Protocolo, por lo que en manera alguna puede reprocharse por razón de
ellas el Estado decida extraditar al responsable del delito.
No sobra advertir, además, que normas de similar
contenido ya fueron encontradas ajustadas a la Constitución por esta
Corporación, tal como ocurrió con las disposiciones sobre extradición
contenidas en la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 31 de octubre
de 2003. En relación con dicha convención, la Corte consideró que disposiciones
similares a las que ahora se analizan eran exequibles porque reflejaban el
interés de cooperación internacional en la lucha contra el delito, reflejado en
el artículo 35 de la Carta[13].
De igual manera, en Sentencia
C- 673 de 2002, al revisar la constitucionalidad de la Convención sobre
protección física de materiales nucleares, la Corte entendió que no contrariaba
la constitución una norma que ordenaba incluir ciertos delitos en el marco de
los tratados de extradición suscritos por el Estado firmante. Al respecto, la
Corporación dijo:
“La Corte no encuentra ningún reparo de
constitucionalidad respecto de las referidas disposiciones pues son desarrollo
de la figura de la extradición, incorporada al texto constitucional mediante el
Acto Legislativo No. 1 de 1997. Vale la pena recordar que el fundamento de esta
figura en el ordenamiento colombiano es la cooperación internacional, lo cual
coincide con la Convención que se revisa, y su fin es el de “impedir que una
persona que ha cometido un delito en el exterior burle la acción de la
justicia, refugiándose en un país distinto de aquel en el que se cometió el
delito. En efecto, una de las causas que ha dado origen al nacimiento de esta
figura de cooperación internacional ha sido el interés de los Estados en lograr
que los delitos cometidos en su territorio ya sea total o parcialmente, no
queden en la impunidad.” Por lo anterior, bien puede el Estado colombiano
comprometerse a incorporar en su legislación los delitos consagrados en la
Convención para efectos de la extradición, con el propósito de hacer efectiva
la cooperación internacional en la prevención y castigo de tales conductas que,
como se sabe, tienen hondas repercusiones a nivel mundial”. (Sentencia
C-673 de 2002 M.P. Jaime Araújo Rentería) (subrayas fuera del original)
Tampoco contraviene la Constitución la
norma del artículo 19 que consagra la asistencia judicial recíproca entre
países para la persecución de los infractores de las normas de protección a
bienes culturales. Con ocasión de la revisión de la Convención de las Naciones
Unidas Contra la Corrupción, la Corte dijo en la citada Sentencia C-172 de 2006
que la colaboración judicial recíproca es un mecanismo acorde con el mandato
constitucional de integración internacional. A juicio de la Corte, dichas vías
de asistencia jurisdiccional, en la medida en que estén dispuestas de manera
que se respeten el espectro de autonomía de los Estados, armonizan con “la
obligación de los Estados Parte de prestar cooperación ante actos de
repercusión transnacional y la integridad de sus propias legislaciones,
especialmente respecto de aquellas normas que garantizan el derecho al debido
proceso”[14]. En
esas condiciones, tal como lo ha sentado la Corte, mientras la cooperación
judicial se haga en los términos de la juridicidad, es plenamente viable como
manifestación del interés de integración del Estado Colombiano en la lucha
contra el delito internacional. Por ello la Corporación recalcó que “la
asistencia judicial en materia penal está acorde con la Constitución, más aún
si en el tratado –como en el presente Convenio- se establece que ésta se debe
dar de conformidad con la legislación nacional.”[15]
El artículo 20 del Protocolo precisa que los
comportamientos que dan origen a la extradición y que suscitan la asistencia
judicial recíproca no pueden definirse por ningún país firmante como delitos
políticos, por lo que tampoco puede negarse la extradición con esa sola razón.
No obstante, en reconocimiento del principio de soberanía del Estado firmante,
pero también de igualdad y no discriminación, el citado artículo establece que
el Estado requerido puede negarse a extraditar o a prestar asistencia judicial
si considera que estas medidas persiguen el juzgamiento de un sospechoso por
razones distintas a las legítimamente consideradas como perseguibles en virtud
del Protocolo. En estas condiciones, el Protocolo sigue la tendencia
internacional[16]
de considerar que el compromiso de extraditar debe cumplirse sobre la base de
que la extradición no afecte la dignidad del extraditado. En efecto, de acuerdo
con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un Estado puede
válidamente formular su negativa a extraditar cuando sospeche que tal medida
abandona al extraditado a un trato cruel, inhumano o degradante en el país
solicitante[17].
La Corte considera, en consecuencia, que el artículo 20 es exequible.
Igualmente, considera que lo es el artículo 21, que se
limita a reconocer que en la legislación interna los Estados deben adoptar las
medidas necesarias para establecer sanciones que ataquen efectivamente las
conductas descritas en el Protocolo como vulneratorias del patrimonio cultural.
Esta norma mantiene vivo el propósito de que las legislaciones internas, en
ejercicio de su total soberanía, enfrenten los efectos nocivos de la violencia
en los bienes protegidos por su interés cultural, desde todos los frentes
posibles.
El capítulo 5 está integrado únicamente por el
artículo 22 del Protocolo y se refiere a la aplicabilidad del Instrumento en el
conflicto interno. Dado que las normas del Protocolo hacen parte del derecho
internacional humanitario, es lógico –como ya se adelantó- que comprometan a
todos los actores del conflicto, independientemente de que hubieran suscrito o
ratificado el acuerdo. Así, cabe reiterar lo dicho por la Corte en la Sentencia
C-225 de 2995, cuando señaló:
“En el caso colombiano, estas normas
humanitarias tienen además especial imperatividad, por cuanto el artículo 214
numeral 2º de la Constitución dispone que "en todo caso se respetarán las
reglas del derecho internacional humanitario". Esto  significa que, como
ya lo señaló esta Corporación, en Colombia no sólo el derecho internacional
humanitario es válido en todo tiempo sino que, además, opera una incorporación
automática del mismo "al ordenamiento interno nacional, lo cual, por lo
demás, es lo congruente con el carácter imperativo que, según ya fue explicado,
caracteriza a los principios axiológicos que hacen que este cuerpo normativo
integre el  ius cogens.[18]"
Por consiguiente, tanto los integrantes de los grupos armados irregulares como
todos los funcionarios del Estado, y en especial todos los miembros de la
Fuerza Pública quienes son destinatarios naturales de las normas humanitarias,
están obligados a respetar, en todo tiempo y en todo lugar, las reglas del
derecho internacional humanitario, por cuanto no sólo éstas son normas
imperativas de derecho internacional (ius cogens) sino, además, porque
ellas son reglas obligatorias per se en el ordenamiento jurídico y deben
ser acatadas por todos los habitantes del territorio colombiano. Y no podía ser
de otra manera, pues las normas de derecho internacional humanitario preservan
aquel núcleo intangible y evidente de los derechos humanos que no puede ser en
manera alguna desconocido, ni siquiera en las peores situaciones de conflicto
armado. Ellos encarnan aquellas "consideraciones elementales de
humanidad", a las cuales se refirió la Corte Internacional de Justicia, en
su sentencia de 1949 sobre el estrecho de CORFO”. (Sentencia C-225 de 1995 M.P.
Alejandro Martínez Caballero)
Así las cosas, atendiendo a la Jurisprudencia citada y
como sobre el artículo 22 del Protocolo ya se refirió párrafos atrás, a esta
altura la Corte se limita a reconocer su exequibilidad.
Ahora bien, la Corte no tiene reparo alguno respecto
de la exequibilidad del capítulo 6 y de los artículos 23 a 29, que lo integran.
Estas normas se limitan a regular aspectos burocráticos para el control del
régimen de protección de bienes culturales. Regulan las reuniones que deben
celebrar las partes contratantes; ordenan la creación del Comité para la
Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado, su
organización, su composición, sus atribuciones; regulan lo relativo al Fondo
para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, que
tiene a cargo el apoyo financiero de las maniobras destinadas a proteger los
bienes culturales, y regulan su financiación y sostenimiento. Para la Corte,
estos aspectos del Protocolo se refieren a asuntos de funcionamiento interno
del Instrumento internacional, por lo que su relación con el régimen
constitucional colombiano es meramente circunstancial y no lo contraviene.
Tampoco se oponen los artículos 30 a 33 del Protocolo
–capítulo 7- que hacen referencia a la divulgación de sus normas, a la cooperación
y asistencia internacional y de la Unesco. Estas medidas, que buscan extender
el conocimiento de la protección de los bienes culturales a nivel mundial
constituyen importantes herramientas para el logro del objetivo del Protocolo,
porque buscan diseminar su conocimiento en todos los rincones del mundo. En ese
sentido, las disposiciones no podrían ser menos concordantes con el texto de la
Carta Política.
El capítulo 8, referido a la intervención de las
Potencias Protectoras, recoge la figura de un Estado que no siendo parte en el
conflicto, pero que, habiendo sido designado por una parte, es aceptado por la
otra, y está dispuesto a cumplir con las obligaciones que le establece el
derecho internacional o el convenio respectivo en el que se consagra su
participación.
Tal como lo ha dicho la Corte, el concepto de
Potencias Protectoras es “una categoría clásica del derecho humanitario pues
se encuentra asociada a las Convenciones de Ginebra de 1949 y al Protocolo I,
sobre todo en relación con el cuidado de los prisioneros de guerra, puesto que
en principio se trata de Estados neutrales encargados de velar por el respeto
de los derechos de los cautivos. De manera más genérica, se entiende entonces
por Potencia protectora un Estado que no es parte en un conflicto armado y que,
habiendo sido designado  por una parte en el conflicto y aceptado por la parte
adversa, desempeña funciones  mediadoras y de supervisión a fin de que se logre
el mayor cumplimiento de las normas humanitarias[19]. Debido a la
dificultad para que a veces se logre la intervención de un Potencia protectora
aceptada por las partes enfrentadas, las normas humanitarias también prevén que
determinados organismos internacionales puedan asumir el papel asignado en
principio a estas Potencias protectoras. Así, el artículo 5º del Protocolo I de
Ginebra señala que esa función puede ser cumplida por el Comité Internacional
de la Cruz Roja o por cualquier  otra organización que presente las mismas garantías
de  imparcialidad  y  eficacia”[20].
Ahora bien, en caso de que la intervención de las
Potencias Protectoras no sea efectiva para lograr la conciliación en un
conflicto armado o cuando no se hayan acordado los buenos oficios de dichas
potencias, el Protocolo prevé la intervención del Director General de la UNESCO
para los fines conciliatorios previstos y, en ultima instancia, la del Director
del Comité.
A juicio de la Corte, la figura de las "potencias
protectoras" no vulnera la Constitución Política en tanto que la admisión
del procedimiento conciliatorio depende de la voluntad del Estado, sin contar
con que su único propósito es intervenir en la solución de un posible conflicto
derivado de la aplicación o interpretación del Protocolo.
Los artículos 37 y 38 no ofrecen reparo alguno de constitucionalidad,
pues se refieren, simplemente, a la traducción de los informes y del Protocolo
y a que ninguna de las normas del Protocolo exime de responsabilidad
patrimonial al Estado, en los términos del derecho internacional.
Finalmente, las cláusulas del capítulo 9 del Protocolo
revisado, artículos 39 a 46, regulan aspectos operativos del Instrumento,
relativos a su procedimiento de suscripción y perfeccionamiento. Se trata de
cláusulas tipo que tradicionalmente se incluyen en este tipo de acuerdos y que
por estar referidas a trámites internos del Protocolo no contrarían los
preceptos constitucionales.
Del análisis previo esta Corte concluye que
el texto del acuerdo de promoción de inversiones que se sometió a estudio es
concordante con las normas constitucionales pertinentes y, por tanto, debe
declararse su exequibilidad, así como la de la ley que le dio su aprobación.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de Colombia, en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero: Declarar EXEQUIBLE el  “segundo protocolo
de la convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales
en caso de conflicto armado, hecho en La Haya el 26 de marzo de 1999.
Segundo: Declarar EXEQUIBLE la Ley 1130 de 2007, por la
cual se aprueba el segundo protocolo de la convención de La Haya de 1954
para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado,
hecho en La Haya el 26 de marzo de 1999.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase
e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
RODRIGO ESCOBAR GIL
Presidente
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
CATALINA BOTERO MARINO
Magistrada (E)
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA C-812 DE 2007 DEL MAGISTRADO JAIME
ARAUJO RENTERIA
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN
TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Omisión constituye vicio insubsanable
(Salvamento de voto)
DELITO POLITICO-Exclusión ilegítima (Salvamento de voto)
Referencia: expediente LAT-306
Revisión oficiosa de la Ley 1130 de 2007,
por medio de la cual se aprueba el “segundo protocolo de la convención de La
Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto
armado, hecho en La Haya el 26 de marzo de 1999”
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERADO MONROY CABRA
Con el respeto acostumbrado por las decisiones
mayoritarias de esta Corporación, me permito manifestar mi discrepancia frente
a la decisión adoptada en la presente sentencia, con fundamento en las
siguientes consideraciones:
1. En primer lugar, considero que en el trámite de
aprobación del proyecto de la ley aprobatoria del Protocolo de la referencia,
el Congreso de la República incurrió en un defecto procedimental al no dar
plena aplicación a la exigencia de los anuncios de la votación del proyecto,
exigida como requisito constitucional por el Acto Legislativo 01 de 2003.
Por consiguiente, considero en el presente caso existe
un vicio de procedimiento en el trámite de la ley sub examine, por
cuanto no se cumplió en debida forma con el requisito de anuncio previo exigido
por el artículo 160 de la Constitución Nacional, requisito que exige el aviso
previo y en sesión diferente de la fecha en la cual se efectuará la discusión y
votación de un proyecto de ley.
Como lo he sostenido reiteradamente, el vicio
procedimental por ausencia del cumplimiento de este requisito es insubsanable
por ser una exigencia de origen constitucional que se encuentra fundamentada en
la garantía de la transparencia y participación en el procedimiento
democrático.
2. En segundo lugar, discrepo del contenido material
de la presente ley aprobatoria en su artículo 20, en cuanto excluye como
delitos políticos, para fines de extradición o de asistencia judicial, las
violaciones al protocolo contempladas por el artículo 15 de la misma ley, en
razón a que considero que no se puede legítimamente excluir de manera absoluta
la configuración de este tipo de delitos, dada su misma naturaleza y su
reconocimiento en un Estado constitucional de Derecho, en relación con las
actuaciones previstas por la ley bajo examen.
Con fundamento en la razón expuesta, salvo mi voto a
la presente decisión.
Fecha ut supra.
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
[1] Comunicado de
prensa de 25 de abril de 2007, en relación con la Sentencia C-291 de 2007.
[2] Cfr. Sentencia C-644 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil
[3] Cfr. Auto 038 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y
Sentencia C-533 de 2004 M.P. Álvaro Tafur Galvis
[4] Cfr. Sentencia C-576 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa SV
Jaime Araújo Rentería
[5] Sentencia C-309 de 2007 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[6] Cfr. las Sentencias C-930 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y
C- de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[7] Sentencia C- de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[8] C-276 de 2006
[9] Sentencia C-467 de 1997 M.P.  Alejandro
Martínez Caballero
[10] Ídem
[11] Art. 2º Constitución Política
[12] Este concepto se encuentra desarrollado
por Pizzorusso, Alessandro.
Lecciones de Derecho Constitucional. Centro de Estudios Constitucionales.
Madrid. 1984. Tomo I. Páginas 193 y siguientes.
[13] Sentencia C-172 de 2006 M.P. Jaime
Córdoba Triviño
[14] Ídem
[15] Idem.
[16] Mikael Poutiers, “L’extradition des auteurs d’infractions
internationales”, Droit International Pénal, París, 2000, p. 940.
[17] Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia del 7 de julio de
1989, asunto Soering, Serie A, núm. 161.
[18] Sentencia C-574/92.
M.P Ciro Angarita Barón.
[19] Sobre la regulación de las funciones de  las Potencias
protectoras, ver los artículos 2º y 5º del Protocolo I
[20] Sentencia C-476 de 1996 M.P. Alejandro Martínez Caballero