T-335-98
Sentencia T-335/98
Sentencia
T-335/98
ACCION DE TUTELA-Improcedencia general pago de acreencias
laborales
DERECHO DE
PETICION-Pronta resolución
DERECHO DE
PETICION-No conlleva
respuesta favorable a la solicitud
ACCION DE TUTELA-Improcedencia por no ejercicio oportuno de
mecanismo de defensa judicial
Referencia:
Expedientes acumulados T-154443, T-157011, T-157831, T-158642.
Acciones de tutela
instauradas por Claudia María Sánchez Meza y otros contra el Fondo de Pasivo
Social de la Empresa Puertos de Colombia -FONCOLPUERTOS.
Magistrado Ponente:
Dr. FABIO MORÓN DÍAZ
Sentencia aprobada
en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los seis (6) días del mes de julio de mil
novecientos noventa y ocho (1998).
I. INFORMACION
PRELIMINAR.
CLAUDIA MARIA
SANCHEZ MEZA y otros, promovieron acción de tutela contra FONCOLPUERTOS,
solicitando la protección de sus derechos fundamentales de petición, igualdad,
debido proceso, reconocimiento de sus pensiones y pago oportuno de las  mismas.
El resumen de los
hechos y de las decisiones judiciales objeto de revisión, se expone a
continuación:
1. Expediente
154443
Claudia
María Sánchez Mejía y Dora María Gallardo Cuello, señalan en su escrito de
tutela que los señores Buenaventura Vicente Lara y Dionisio Casildo Cuello
Rendis fallecieron siendo su esposo y compañero permanente respectivamente. Los
fallecidos eran pensionados de la empresa Foncolpuertos, y desde su
fallecimiento sus respectivas viuda y compañera han iniciado los trámites para
obtener el reconocimiento de sustitución pensional y la entidad no ha procedido
a ello. Igualmente sostienen que no se han respondido las peticiones elevadas a
la entidad reclamando sus derechos. Solicitan que el juez de tutela ordene el
reconocimiento y pago  de sus prestaciones.
Las
sentencia de instancia, proferida por el Juzgado Quinto Penal Municipal de
Santa Marta, no concede la tutela a la señora Dora María Gallardo Cuello, pero
sí tutela petición e igualdad a Claudia María Sánchez  Meza, y ordena expedir
la resolución correspondiente y la realización del pago respectivo a partir de
enero de 1998.
2. Expediente 157011.
Pretende
el accionante, RAFAEL CASTRO MESTIZO, el cumplimiento del fallo proferido por
el juzgado 1º. Laboral del Circuito, sin que a la fecha la demandada hubiere
hecho la erogación correspondiente. Se violan sus derechos de igualdad,
petición y debido proceso. La Empresa Foncolpuertos informó que no aparece a
nombre del accionante radicación del fallo aludido. El Juzgado once civil del
circuito asume la primera y única instancia y decide tutelar el derecho de
petición oficiando a Foncolpuertos para que proceda a solicitar la documentación
que ante sus oficinas en Buenaventura radicó el accionante en procura del pago
de los rubros contenidos en los fallos proferidos por la justicia laboral
ordinaria en Buenaventura. Y acto seguido, procediera al pago en el menor
tiempo posible.
3. Expediente 157831.
A
través de apoderado, los demandantes, EDUARDO ALFONSO RODRIGUEZ ROSENTIL Y
ROMAN ANTONIO GOMEZ MAURY, señalan que desde agosto de 1997 presentaron sendas
peticiones ante Foncolpuertos, para obtener el reconocimiento y pago de la
“prima sobre prima” a que tienen derecho según las convenciones colectivas de
la empresa. A la fecha de interponer la tutela, la entidad no había dado
respuesta. Se conoce una respuesta  de la entidad, en donde responde no a los
petentes sino al Tribunal que de ser posible“ la viabilidad y legalidad de lo
solicitado la oficina de prestaciones económicas procederá al reconocimiento y
pago de lo adeudado a partir del mes de marzo de 1998”. El Tribunal no concede
la tutela, pues considera que el derecho de tutela se satisfizo con dicha
contestación.
4. Expediente T-158642.
Mediante
resolución 0053 de enero 23 de 1979 se reconoció a la señora Amelis del Carmen
Morelos Montes como beneficiaria sustituta, en su condición de hija
incapacitada para trabajar en un porcentaje del 50% de la pensión de jubilación
que en vida disfrutaba su difunto padre Enrique Morelos Montes. A partir del
año 1982 la empresa demandada dejó de cancelarle las mesadas, “sin que exista
ninguna razón para hacerlo ni se le hubiere notificado nada al respecto a mi
patrocinada”, señaló el apoderado. Solicita la cancelación de todas las mesadas
que desde hace 15 años dejaron de pagarle. La accionada anexó la resolución
0767 de 1983, en donde consta que la resolución que concedía la pensión fue
modificada, en tanto la beneficiaria había contraído matrimonio y según lo
dispuesto en el decreto 690 de 1974 perdía el derecho a seguir disfrutando de
la pensión de su padre.
El
Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cartagena, concede la tutela por derecho
de petición con el fin de que se conteste una solicitud hecha por la actora en
mayo de 1997 en donde solicita reconocimiento y pago de sus prestaciones
dejadas de cancelar. La tutela es negada por los restantes conceptos. El
Tribunal Superior de Cartagena, revoca la decisión del a-quo y procede a
tutelar los derechos a la vida, la dignidad y la salud de la demandante,
aduciendo que, según las normas del decreto 690 de 1974“ la causal de pérdida
de la sustitución pensional se circunscribe a los menores de edad y a los
incapacitados para trabajar, pero no por razones de invalidez sino como
consecuencia de los estudios. El mandato no dispone que los inválidos pierden
el derecho a la prestación por casarse o hacer vida marital en forma pública”.
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
A. Competencia.
Según lo establecen
los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política, y el Decreto
2591 de 1991, la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos
proferidos al resolver acerca de las acciones instauradas en el asunto de la
referencia.
Por decisión de la
Sala de Selección, se dispuso acumular los expedientes anteriormente
relacionados, a fin de que fueran revisados por la Sala correspondiente.
B. Improcedencia
de la tutela para obtener el pago de acreencias laborales.
Una vez más tiene la
Corte la oportunidad de revisar los fallos de los jueces en asuntos de las
tutelas impetradas contra la Empresa Puertos de Colombia -en liquidación- y
corregir así la jurisprudencia por ellos sentada.
Lo ha hecho en
muchos casos, cuando ha expresado que, la acción de tutela, dada su naturaleza
subsidiaria y residual, no procede, en principio, para obtener el pago de
deudas que han surgido de las relaciones laborales, pues el ordenamiento
jurídico prevé para ello los recursos y los mecanismos ordinarios para
satisfacer este tipo de pretensiones (sentencias Nos. T-010 de 1998, T-575 de
1997 y T-207 de 1997 entre otras).
Se ha expresado así
la Corte Constitucional:
“Como se ha
dejado expuesto en las sentencias que han precedido este fallo, en las cuales
fueron estudiados casos esencialmente idénticos a los que ahora se revisan (ver
sentencias T-01 y T-126 de 1997, proferidas por esta misma Sala), se ha
estimado que los eventos en los cuales podría tener viabilidad la acción de
tutela para el fin mencionado son excepcionales, pues el juez constitucional
hace parte del sistema jurídico, no para duplicar, sustituir ni interferir las
funciones de los jueces ordinarios, sino para realizar el ordenamiento
superior. Por ello, con el propósito de verificar el acatamiento a los
principios y mandatos constitucionales en materia de derechos fundamentales,
debe procurar la coherencia y eficacia de las decisiones que los favorecen,
dando libre curso a la autonomía funcional de las instancias judiciales, en la
órbita de sus respectivas competencias, siempre que los procedimientos
previstos, frente al caso concreto y consideradas las circunstancias del
solicitante, sean eficaces para la real protección de tales derechos”(sentencia
T- 207 de 23 de abril de 1997, M. P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
En este orden de
ideas, siguiendo la jurisprudencia de la Corporación sobre la materia, no es
posible , a través del mecanismo de la tutela, obtener el pago de acreencias
laborales, por no haberse configurado los supuestos que desde la sentencia 01
de 1997 se han requerido; lo anterior, sin perjuicio de la obligación que tiene
la demandada de responder -afirmativa o negativamente-, las peticiones
respetuosas que se le formulen, pues es claro que la omisión de dicho deber
genera el desconocimiento del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta.
Con base en lo
anterior, los casos puestos a consideración se decidirán así:
Se revocará la
providencia revisada en el expediente T-157831 que negó la tutela por cuanto no
existía violación del derecho de petición; las peticiones de los actores tienen
casi un año de presentadas y lo que la entidad respondió, ya vencido el término
legal para hacerlo, no cumple con la exigencia de prontitud y eficacia que trae
el artículo 23 de la Carta, por cuanto como se indicó en el resumen de los
hechos, la entidad no solo dilata sino que responde vagamente sobre lo
realmente solicitado. Se ordenará entonces que en el término de cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a este proveído la demandada de respuesta de fondo,
afirmativa o negativa a las peticiones incoadas.
En el expediente
T-157011, la instancia, sin mayores argumentaciones sobre lo realmente
pretendido por el actor, vale decir, el cumplimiento por vía de tutela de una
sentencia laboral que condena a Foncolpuertos al pago de sumas de dinero por
diferentes conceptos, concede el derecho de petición, pero lo que ordena es
oficiar a Foncolpuertos para que a su vez solicite la documentación necesaria
para pagar una suma de dinero reconocida en una sentencia proferida en un
proceso ordinario laboral.
Se equivocó la
sentencia revisada en tutelar un derecho que no estaba violado, pero además
utilizó hábilmente el contenido del artículo 23 constitucional para idear una
orden ajena a la garantía supuestamente concedida. Ignoró con su proceder que
la ley ha establecido para el cobro de las obligaciones de dar, el proceso
ejecutivo, que es la vía judicial adecuada para obtener el pago que el actor
reclama. En varias sentencias la Corte ha dejado claro que el mecanismo de la
tutela no es apto para el cobro de dineros ni para hacer cumplir sentencias que
consagran obligaciones de dar(Cfr. T-403 de 1996. M. P. Dr. Vladimiro Naranjo
Mesa).
En sentencia
proferida recientemente por la Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional se reiteró tal doctrina en los siguientes términos:
“Cuando se trata
exclusivamente del pago de sumas dinerarias ordenado en una sentencia judicial
emanada de la jurisdicción laboral, es pertinente dar aplicación al artículo 19
del decreto 111 de 1996 que compiló las normas de la ley 38 de 1989, artículo
16; y los artículos 6 y 55 de la ley 179 de 1994 , en concordancia con el
artículo 177 del Código Contencioso Administrativo que alude al procedimiento
que debe seguirse para el cumplimiento de las sentencias judiciales contra la
Administración.”(T- 084 de
1998. M. P. Antonio Barrera Carbonell)
La sentencia de
instancia por lo tanto se revocará en todas sus partes.
En el caso T-
154443, también será necesario revocar la decisión de instancia, la cual
equivocadamente, en aras de amparar el derecho de petición e igualdad ordena
expedir la resolución correspondiente a la sustitución pensional reclamada y
consecuencialmente dispone que el pago se realice a partir de enero de 1998. Se
le recuerda al fallador, que el juez de tutela al garantizar el derecho de
petición  solo impulsa la resolución pronta  de una determinada  solicitud que
se encuentre en mora de producirse, pero no avanza hasta el punto de
inmiscuirse en competencias ajenas a él y que dependen de la autoridad
administrativa. Así pues, en eventos similares, cuando es manifiesta la
violación al derecho de petición sólo se ordena dar respuesta, afirmativa o
negativa, de manera pronta y eficaz como lo preve el artículo 23 de la
Constitución. “No puede tomarse como parte del derecho de petición una
prerrogativa que lleve forzosamente a que la Administración defina de  manera
favorable las pretensiones del solicitante”(T-119-1993).
En los casos que
involucra el mencionado expediente, advierte esta Sala que los derechos de
petición fueron atendidos en debida forma por la entidad accionada, y que lo
que resta es el reconocimiento de las respectivas sustituciones; es a ello a lo
que erradamente la sentencia de instancia se refiere cuando concede igualdad y
petición ordenando el posterior reconocimiento. Por ello, es pertinente
recordar la jurisprudencia reiterada de esta Corporación que ha sostenido:
“La protección
del derecho a la seguridad social de las personas no entraña la posibilidad de
reconocimiento de los derechos pensionales de las personas por parte del juez
de tutela. La acción de tutela es un instrumento idóneo para solicitar el pago
de una pensión ya reconocida por la institución de seguridad social respectiva.
En este evento el peticionario es titular de un derecho reconocido como
fundamental por esta Corporación. Sin embargo, cuando se trata de una pensión
que aún no ha sido reconocida, el particular tiene derecho a obtener una
decisión por parte de la administración con base en su derecho fundamental de
petición, sin que ello lo libere de la obligación de cumplir con el trámite
legal previsto para el reconocimiento.”(T- 093 de 1995).
En el proceso
T-158642 se revive una situación consolidada desde 15 años y que ahora por
virtud de las expectativas que ofrece la tutela, se intenta resurgir.
Independientemente de los derechos comprometidos, el punto involucra la esencia
y razón misma de la figura de la tutela que desde la sentencia C-543 de 1992,
viene perfilándose así:
“La Corte ha
señalado que dos de las características esenciales de esta figura en el
ordenamiento jurídico colombiano son la subsidiariedad y la inmediatez: la
primera por cuanto tan sólo resulta procedente instaurar la acción en subsidio o
a falta de instrumento constitucional o legal diferente, susceptible de ser
alegado ante los jueces, esto es, cuando el afectado no disponga de otro medio
judicial para su defensa, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable
(artículo 86, inciso 3°, de la Constitución); la segunda, puesto que la acción
de tutela ha sido instituída como remedio de aplicación urgente que se hace
preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho
objeto de violación o amenaza.[1] Luego no es propio de la acción de tutela
el sentido de medio o procedimiento llamado a reemplazar los procesos
ordinarios o especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la
fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de
instancia adicional a las existentes, ya que el propósito específico de su
consagración, expresamente definido en el artículo 86 de la Carta, no es otro
que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y supletoria en
orden a la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales.
“En otros
términos, la acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución
eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la
transgresión o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el
sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado
ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es decir, tiene
cabida dentro del ordenamiento constitucional para dar respuesta eficiente y
oportuna a circunstancias en que, por carencia de previsiones normativas
específicas, el afectado queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara
indefensión frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho
fundamental.
“ (...).
“La acción de
tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o
complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea
el último  recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la
Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la
Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico
para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales”.
(…)
“Se comprende, en
consecuencia, que cuando se ha tenido al alcance un medio judicial ordinario y,
más aún, cuando ese medio se ha agotado y se ha adelantado un proceso, no puede
pretenderse adicionar al trámite ya surtido una acción de tutela, pues al tenor
del artículo 86 de la Constitución, dicho mecanismo es improcedente por la sola
existencia de otra posibilidad judicial de protección, aún sin que ella haya
culminado en un pronunciamiento definitorio del derecho. Bien puede afirmarse
que, tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el
medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos
orígenes. En el sentir de esta Corte, nadie puede alegar que careció de medios
de defensa si gozó de la oportunidad de un proceso y menos todavía si tomó
parte en él hasta su conclusión y ejerció los recursos de que disponía. Pero,
claro está, si pese a las ocasiones de defensa dentro del proceso y a las
posibilidades de impugnación del fallo que le otorgaba el sistema jurídico en
obedecimiento a claros principios constitucionales (artículos 29 y 31 de la
Carta), el interesado se abstuvo de utilizar los mecanismos a su disposición,
tampoco puede acudir a la institución de la tutela como última tabla de
salvación de sus pretensiones, por cuanto ello implica el alegato de su propia
incuria contra el principio universalmente aceptado y desvirtúa el carácter
subsidiario de la acción. Sobre el tema ha declarado la Corte Constitucional a
propósito de casos concretos:
"Quien no ha
hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que la ley le ofrece
para obtener el reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se abandona
voluntariamente a las consecuencias de los fallos que le son adversos. De su
conducta omisiva no es responsable el Estado ni puede admitirse que la firmeza
de los proveídos sobre los cuales el interesado no ejerció recurso constituya
transgresión u ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasión
propicia. Es inútil, por tanto, apelar a la tutela, cual si se tratara de una
instancia nueva y extraordinaria, con el propósito de resarcir los daños
causados por el propio descuido procesal"[2]
La actora, en la
tutela interpuesta, manifiesta que a pesar de los 15 años que han transcurrido
nunca se enteró de la decisión tomada por la empresa, afirmación que se
desvirtúa al conocer en el expediente copia de la resolución 0767 de 1983 en
donde aparece la notificación hecha en debida forma desde abril del mismo año.
Es casi temeraria la presentación de esta tutela, induciendo a error al juez de
tutela, para hacer pretensiones que no tienen respaldo jurídico ni fáctico.
En un caso de
similares connotaciones, pero en donde no mediaba el paso del tiempo y en donde
sí se advirtió inicialmente una amenaza cierta y actual a un derecho
fundamental, la Corte dijo:
“Dicho en términos
más específicos: la condición material de fondo que exige la ley para obtener
el derecho a la sustitución pensional consiste en la dependencia económica del
titular del derecho. El decreto 1160 de 1989 -fundado en la ley 71 de 1988-
presume que se encuentran en esta situación las siguientes personas: 1) los
hijos menores de 18 años, 2) los hijos inválidos de cualquier edad y 3) los
estudiantes de 18 años o más que dependan económicamente del causante. De
acuerdo con esto, la peticionaria debía demostrar: 1) que era inválida y 2) que
dependía económicamente del titular del derecho, esto es de su madre.
“En estas
condiciones, corresponde a la peticionaria la carga de la prueba que desvirtúa
la presunción de independencia dada por el matrimonio. Los hijos casados se
presumen desligados económicamente de sus padres.(T- 058 de 1995)”.
Ninguna de esas
consideraciones se hicieron en la sentencia de segunda instancia, la cual se
revocará puesto que en este caso no hay ni amenaza cierta, ni perjuicio irremediable
que haga urgente conceder el amparo solicitado; sí es claro, en cambio, que la
actora dejó pasar - y bastante- el tiempo dentro del cual pudo atacar las
decisiones que le fueron en su momento desfavorables.
DECISIÓN
Con base en las
expuestas consideraciones, la Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR
el fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá en el expediente T-157831
y en su lugar CONCEDER el derecho de petición a los señores EDUARDO
RODRÍGUEZ Y ROMÁN ANTONIO GÓMEZ MAURY. Foncolpuertos deberá responder de fondo
las peticiones de los actores, en el término de 48 horas contadas a partir de
la notificación de la presente providencia.
Segundo. REVOCAR
los fallos proferidos por el Tribunal Superior de Cartagena, Juzgado Quinto
Penal Municipal de Santa Marta y Juzgado Once Civil del Circuito de Santa Fe de
Bogotá, en los expedientes T-158642, T-154443 y T-157011, respectivamente. En
su  lugar, se niegan las tutelas.
Por Secretaría
líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del decreto 2591 de
1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
FABIO MORÓN DÍAZ
Magistrado Ponente
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALENAO
Secretaria General
[1]  Cfr. Corte
Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-01 Abril 3 de mil
novecientos noventa y dos (1992)
[2] Cfr.
Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión.  Fallo No. T-520. 16 de
Septiembre de 1992.