C-383-08
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-383/08
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Características del control constitucional
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Alcance del control constitucional
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Incumplimiento del requisito de anuncio previo
de votación/REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO
DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Vicio subsanable/LEY
APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL REMITIDA POR SEGUNDA VEZ-Remisión para
revisión
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN
TRAMITE LEGISLATIVO-Finalidad
La finalidad del anuncio es la de permitir
a los Congresistas saber con anterioridad cuales proyectos de ley o informes de
objeciones presidenciales serán sometidos a votación, suponiendo el conocimiento
pleno de los mismos y evitando, por ende, que sean sorprendidos con votaciones
intempestivas; asimismo facilita a los ciudadanos y organizaciones sociales que
tengan interés en influir en la formación de la ley y en la suerte de ésta,
ejercer sus derechos de participación política.
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN
TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Subsanación del vicio advertido
La Corte destaca que el trámite de
subsanación se llevó a cabo en la forma ordenada en el auto A-145 de 2007 y
dentro del plazo señalado por la providencia de esta corporación, siendo el
proyecto de ley correctamente sancionado por el Presidente de la República,
dentro del plazo constitucionalmente previsto y conservando el mismo número de
ley originalmente asignado.
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Cumplimiento del trámite legislativo
aplicable
CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y
PREVENIR LA EVASION FISCAL CON EL REINO DE ESPAÑA-Objetivos
El convenio aprobado mediante Ley 1082 de
2006 persigue dos propósitos fundamentales: El primero, prevenir de manera
efectiva la doble tributación, y el otro, reforzar la mutua colaboración entre
las autoridades tributarias de ambos países con el fin de asegurar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de tales personas,
referidos exclusivamente a los impuestos de renta y patrimonio, que son ambos
impuestos de carácter nacional. De esta manera los Estados firmantes buscan
ofrecer condiciones más favorables para el tráfico jurídico y de inversiones y
negocios entre los dos países, que se espera redunden en el crecimiento de
ambas economías, al tiempo que a través de la mutua cooperación, previenen que
tales condiciones puedan generar perjuicios a la efectiva recaudación de las
rentas tributarias legalmente debidas a cada uno de ellos.
CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y
PREVENIR LA EVASION FISCAL-Carácter
tributario/LEY APROBATORIA DEL CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y
PREVENIR LA EVASION FISCAL-Cumplimiento de trámite previsto tanto en
materia tributaria y como de tratado internacional
Referencia: expediente LAT-298.
Revisión
constitucional de la Ley 1082 de julio 31 de 2006, “Por medio de la cual se
aprueba el ‘Convenio entre el Reino de España y la República de Colombia para
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuesto
sobre la renta y sobre el patrimonio’ y su ‘Protocolo’, firmados en Bogotá D.C.
el 31 de marzo de 2005”.
Magistrado Ponente:
Dr. NILSON PINILLA PINILLA.
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de
dos mil ocho (2008).
La Sala
Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067
de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
El 8 de agosto de 2006, el Secretario Jurídico
de la Presidencia de la República remitió a esta corporación, en cumplimiento
de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución, fotocopia
auténtica de la Ley 1082 de julio 31 de 2006, “Por medio de la cual se
aprueba el ‘Convenio entre el Reino de España y la República de Colombia para
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuesto
sobre la renta y sobre el patrimonio’ y su ‘Protocolo’, firmados en Bogotá D.
C. el 31 de marzo de 2005”.
Mediante providencia de 24 de agosto de 2006,
el Magistrado sustanciador avocó el conocimiento del presente asunto y dispuso
oficiar a los Secretarios Generales del Senado de la República y de la Cámara
de Representantes, para que enviaran los antecedentes legislativos
correspondientes, documentos que se reunieron, finalmente, el 15 de noviembre
de 2006.
Mediante auto de 17 de noviembre de 2006 se
dispuso comunicar el inicio del proceso de control constitucional al Presidente
de la República, a la Presidenta del Congreso y a los Ministros de Relaciones
Exteriores y de Hacienda y Crédito Público, para los efectos legales
pertinentes. En la misma providencia se dispuso que por la Secretaría General
se procediera a la fijación en lista del proceso y se surtiera el traslado al
señor Procurador General de la Nación, para el concepto correspondiente.
Adelantado y concluido el correspondiente
estudio, mediante Auto Nº 145 de junio 13 de 2007, la Corte Constitucional
declaró que en el proceso de aprobación de la Ley 1082 la Cámara de
Representantes había incurrido en un yerro procedimental en el trámite del
anuncio a que hace referencia el artículo 160 Constitucional, por lo que ordenó
la devolución del proyecto a la respectiva cámara con el fin de que se
subsanara tal irregularidad.
Subsanada la irregularidad en la forma que
será objeto de análisis en esta providencia, la ley de la referencia fue
nuevamente sancionada y remitida a esta corporación por el señor Secretario
Jurídico de la Presidencia de la República, mediante oficio fechado el 30 de
octubre de 2007.
Cumplidos así los trámites previstos en el
Decreto 2067 de 1991, procede esta Corte a adoptar la decisión correspondiente.
II. TEXTO DE LA NORMA REVISADA
El texto del “Convenio entre el Reino de
España y la República de Colombia para evitar la doble imposición y prevenir la
evasión fiscal en materia de impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio” y
de su “Protocolo”, firmados en Bogotá el 31 de marzo de 2005 y de la ley
aprobatoria objeto de revisión, es el siguiente, según la publicación efectuada
en el Diario Oficial Nº 46.346, del 31 de julio de 2006:
LEY 1082 DE 2006
(julio 31)
por medio de la cual se aprueba el “Convenio
entre el Reino de España y la República de Colombia para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta
y sobre el patrimonio” y su “Protocolo”, firmados en Bogotá, D. C., el 31
de marzo de 2005.
El Congreso de la República
Visto el texto del “Convenio entre el
Reino de España y la República de Colombia para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio” y su “Protocolo”, firmados en Bogotá, D. C., el 31 de marzo de
2005, que a la letra dice:
(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia
del texto íntegro del Instrumento Internacional mencionado).
PROYECTO DE LEY NUMERO 70 DE 2005 SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Convenio
entre el Reino de España y la República de Colombia para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta
y sobre el patrimonio” y su “Protocolo”, firmados en Bogotá D. C., el 31 de
marzo de 2005.
El Congreso de la República
Visto el texto del “Convenio entre el
Reino de España y la República de Colombia para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio” y su “Protocolo”, firmados en Bogotá, D. C., el 31 de marzo de
2005, que a la letra dice:
(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia
del texto íntegro del instrumento internacional mencionado).
CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPUBLICA DE COLOMBIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN
FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO
El Reino de España y la República de
Colombia, deseando concluir un Convenio para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio, han acordado lo siguiente:
CAPITULO I
Ámbito de aplicación del convenio
Artículo 1°
Personas comprendidas
El presente Convenio se aplica a las
personas residentes de uno o de ambos Estados contratantes.
Artículo 2°
Impuestos comprendidos
1. El presente Convenio se aplica a los
Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio exigibles por cada uno de los
Estados contratantes, sus subdivisiones políticas o sus entidades locales,
cualquiera que sea el sistema de su exacción.
2. Se consideran impuestos sobre la Renta y
sobre el Patrimonio los que gravan la totalidad de la renta o del patrimonio o
cualquier parte de los mismos, incluidos los impuestos sobre las ganancias
derivadas de la enajenación de bienes muebles o inmuebles, los impuestos sobre
el importe de sueldos o salarios pagados por las empresas, así como los
impuestos sobre las plusvalías.
3. Los impuestos actuales a los que se
aplica este Convenio son, en particular:
a) En España:
i) El Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas;
ii) El Impuesto sobre Sociedades;
iii) El Impuesto sobre la Renta de no
Residentes;
iv) El Impuesto sobre el Patrimonio; y
v) Los impuestos locales sobre la renta y
sobre el patrimonio;
(denominados en lo sucesivo “Impuesto
español”);
b) En Colombia:
i) El Impuesto sobre la renta y
complementarios;
ii) El Impuesto sobre el patrimonio;
(denominados en lo sucesivo “impuesto
colombiano”).
4. El Convenio se aplicará igualmente a los
impuestos de naturaleza idéntica o análoga que se establezcan con posterioridad
a la firma del mismo y que se añadan a los actuales o les sustituyan. Las
autoridades competentes de los Estados contratantes se comunicarán mutuamente
las modificaciones que se hayan introducido en sus respectivas legislaciones
fiscales.
CAPITULO II
Definiciones
Artículo 3°
Definiciones generales
1. A los efectos del presente Convenio, a
menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente:
a) El término “España” significa el Reino
de España y, utilizado en sentido geográfico, comprende el territorio de Reino
de España, incluyendo sus aguas interiores y su mar territorial, así como las
áreas marítimas exteriores al mar territorial sobre las que, en virtud de su
legislación interna y de conformidad con el Derecho Internacional, España
ejerza o pueda ejercer en el futuro derechos de soberanía o jurisdicción
respecto del fondo marino, su subsuelo y aguas suprayacentes, y sus recursos
naturales, así como el espacio aéreo y el espectro electromagnético;
b) El término “Colombia” significa la
República de Colombia y, utilizado en sentido geográfico comprende además del
territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, la Isla de Malpelo y demás islas, islotes, cayos, morros, y bancos
que le pertenecen, así como, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua,
la plataforma continental y la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el
espectro electromagnético o cualquier otro espacio donde ejerza o pueda ejercer
soberanía, de conformidad con el Derecho Internacional o con las leyes
colombianas;
c) Las expresiones “un Estado contratante”
y “el otro Estado contratante” significan España o Colombia, según el contexto;
d) El término “persona” comprende las
personas físicas, las sociedades y cualquier otra agrupación de personas;
e) El término “sociedad” significa
cualquier persona jurídica o cualquier entidad que se considere persona
jurídica a efectos impositivos;
f) El término “empresa” se aplica a la
explotación de cualquier negocio;
g) Las expresiones “empresa de un Estado
contratante” y “empresa del otro Estado contratante” significan,
respectivamente, una empresa explotada por un residente de un Estado
contratante y una empresa explotada por un residente del otro Estado
contratante;
h) La expresión “tráfico internacional”
significa todo transporte efectuado por un buque o aeronave explotado por una
empresa cuya sede de dirección efectiva esté situada en un Estado contratante,
salvo cuando el buque o aeronave se exploten únicamente entre puntos situados
en el otro Estado contratante;
i) La expresión “autoridad competente”
significa:
(i) En España, el Ministro de Economía y
Hacienda o su representante autorizado;
(ii) En Colombia, el Ministro de Hacienda y
Crédito Público;
j) El término “nacional” significa:
(i) Una persona física que posea la
nacionalidad de un Estado contratante;
(ii) Una persona jurídica u otra sociedad o
asociación constituida conforme a la legislación vigente en un Estado
contratante;
k) El término “negocio” incluye la
prestación de servicios profesionales, así como cualquier otra actividad de
naturaleza independiente.
2. Para la aplicación del Convenio en
cualquier momento por un Estado contratante, todo término o expresión no
definida en el mismo tendrá, a menos que de su contexto se infiera una
interpretación diferente, el significado que en ese momento le atribuya la
legislación de ese Estado relativa a los impuestos que son objeto del Convenio,
prevaleciendo el significado atribuido por la legislación fiscal sobre el que
resultaría de otras ramas del Derecho de ese Estado.
Artículo 4°
Residente
1. A los efectos de este Convenio, la
expresión “residente de un Estado contratante” significa toda persona que, en
virtud de la legislación de ese Estado, esté sujeta a imposición en el mismo
por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro
criterio de naturaleza análoga, incluyendo también a ese Estado y a sus
subdivisiones políticas o entidades locales. Esta expresión no incluye, sin
embargo, a las personas que estén sujetas a imposición en ese Estado
exclusivamente por la renta que obtengan de fuentes situadas en el citado
Estado, o por el patrimonio situado en el mismo.
2. Cuando en virtud de las disposiciones
del apartado 1 una persona física sea residente de ambos Estados contratantes,
su situación se resolverá de la siguiente manera:
a) Dicha persona será considerada residente
del Estado donde tenga una vivienda permanente a su disposición; si tuviera una
vivienda permanente a su disposición en ambos Estados, se considerará residente
del Estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas
(centro de intereses vitales);
b) Si no pudiera determinarse el Estado en
el que dicha persona tiene el centro de sus intereses vitales, o si no tuviera
una vivienda permanente a su disposición en ninguno de los Estados, se
considerará residente del Estado donde viva habitualmente;
c) Si viviera habitualmente en ambos
Estados o no lo hiciera en ninguno de ellos, se considerará residente del
Estado del que sea nacional;
d) Si fuera nacional de ambos Estados, o no
lo fuera de ninguno de ellos, las autoridades competentes de los Estados
contratantes resolverán el caso de común acuerdo.
3. Cuando en virtud de las disposiciones
del apartado 1 una persona que no sea una persona física sea residente de ambos
Estados contratantes, se considerará residente del Estado en que se encuentre
su sede de dirección efectiva.
Artículo 5°
Establecimiento permanente
1. A los efectos del presente Convenio, la
expresión “establecimiento permanente” significa un lugar fijo de negocios
mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad.
2. La expresión “establecimiento
permanente” comprende, entre otros:
a) Las sedes de dirección;
b) Las sucursales;
c) Las oficinas;
d) Las fábricas;
e) Los talleres; y
f) Las minas, los pozos de petróleo o de
gas, las canteras o cualquier otro lugar de extracción de recursos naturales.
3. Una obra o un proyecto de construcción o
instalación, sólo constituyen establecimiento permanente si su duración excede
de seis meses.
4. No obstante las disposiciones anteriores
de este artículo, se considera que la expresión “establecimiento permanente” no
incluye:
a) La utilización de instalaciones con el
único fin de almacenar, exponer o entregar bienes o mercancías pertenecientes a
la empresa;
b) El mantenimiento de un depósito de
bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de
almacenarlas, exponerlas o entregarlas;
c) El mantenimiento de un depósito de
bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de que sean
transformadas por otra empresa;
d) El mantenimiento de un lugar fijo de
negocios con el único fin de comprar bienes o mercancías, o de recoger
información, para la empresa;
e) El mantenimiento de un lugar fijo de
negocios con el único fin de realizar para la empresa cualquier otra actividad
de carácter auxiliar o preparatorio;
f) El mantenimiento de un lugar fijo de
negocios con el único fin de realizar cualquier combinación de las actividades
mencionadas en los subapartados a) a e), a condición de que el conjunto de la
actividad del lugar fijo de negocios que resulte de esa combinación conserve su
carácter auxiliar o preparatorio.
5. No obstante lo dispuesto en los
apartados 1 y 2 cuando una persona, distinta de un agente independiente al que
será aplicable el apartado 6, actúe por cuenta de una empresa y tenga y ejerza
habitualmente en un Estado contratante poderes que la faculten para concluir
contratos en nombre de la empresa, se considerará que esa empresa tiene un
establecimiento permanente en ese Estado respecto de las actividades que dicha
persona realice para la empresa, a menos que las actividades de esa persona se
limiten a las mencionadas en el apartado 4 y que, de haber sido realizadas por
medio de un lugar fijo de negocios, no hubieran determinado la consideración de
dicho lugar fijo de negocios como un establecimiento permanente de acuerdo con
las disposiciones de ese apartado.
6. No se considera que una empresa tiene un
establecimiento permanente en un Estado contratante por el mero hecho de que
realice sus actividades en ese Estado por medio de un corredor, un comisionista
general o cualquier otro agente independiente, siempre que dichas personas
actúen dentro del marco ordinario de su actividad y que las transacciones entre
el agente y la empresa hayan sido efectuadas bajo condiciones independientes en
operaciones comparables.
7. El hecho de que una sociedad residente
de un Estado contratante controle o sea controlada por una sociedad residente
del otro Estado contratante, o que realice actividades empresariales en ese
otro Estado (ya sea por medio de establecimiento permanente o de otra manera),
no convierte por sí solo a cualquiera de estas sociedades en establecimiento
permanente de la otra.
CAPITULO III
Imposición de las rentas
Artículo 6°
Rentas inmobiliarias
1. Las rentas que un residente de un Estado
contratante obtenga de bienes inmuebles (incluidas las rentas de explotaciones
agrícolas o forestales) situados en el otro Estado contratante pueden someterse
a imposición en ese otro Estado.
2. La expresión ‘bienes inmuebles” tendrá
el significado que le atribuya el derecho del Estado contratante en que los
bienes estén situados. Dicha expresión comprende en todo caso los bienes
accesorios a los bienes inmuebles, el ganado y el equipo utilizado en las
explotaciones agrícolas y forestales, los derechos a los que sean aplicables
las disposiciones de derecho privado relativas a los bienes raíces, el
usufructo de bienes inmuebles y el derecho a percibir pagos fijos o variables
en contraprestación por la explotación, o la concesión de la explotación, de
yacimientos minerales, fuentes y otros recursos naturales. Los buques,
embarcaciones y aeronaves no tendrán la consideración de bienes inmuebles.
3. Las disposiciones del apartado 1 son
aplicables a los rendimientos derivados de la utilización directa, el arrendamiento
o aparcería, así como de cualquier otra forma de explotación de los bienes
inmuebles.
4. Las disposiciones de los apartados 1 y 3
se aplican igualmente a las rentas derivadas de los bienes inmuebles de una
empresa.
Artículo 7°
Beneficios empresariales
1. Los beneficios de una empresa de un
Estado contratante solamente pueden someterse a imposición en ese Estado, a no
ser que la empresa realice su actividad en el otro Estado contratante por medio
de un establecimiento permanente situado en él. Si la empresa realiza su
actividad de dicha manera, los beneficios de la empresa pueden someterse a
imposición en el otro Estado, pero sólo en la medida en que sean imputables a
ese establecimiento permanente.
2. Sin perjuicio de las disposiciones del
apartado 3, cuando una empresa de un Estado contratante realice su actividad en
el otro Estado contratante por medio de un establecimiento permanente situado
en él, en cada Estado contratante se atribuirán a dicho establecimiento
permanente los beneficios que el mismo hubiera podido obtener de ser una
empresa distinta y separada que realizase las mismas o similares actividades,
en las mismas o similares condiciones y tratase con total independencia, con la
empresa de la que es establecimiento permanente.
3. Para la determinación del beneficio del
establecimiento permanente se permitirá la deducción de los gastos realizados
para los fines del establecimiento permanente, comprendidos los gastos de
dirección y generales de administración para los mismos fines, tanto si se
efectúan en el Estado en que se encuentra el establecimiento permanente como en
otra parte.
4. No se atribuirán beneficios a un
establecimiento permanente por razón de la simple compra de bienes o mercancías
por ese establecimiento permanente para la empresa.
5. A los efectos de los apartados
anteriores, los beneficios imputables al establecimiento permanente se
determinarán cada año por el mismo método, a no ser que existan motivos válidos
y suficientes para proceder de otra forma.
6. Cuando los beneficios comprendan rentas
reguladas separadamente en otros artículos de este Convenio, las disposiciones
de aquéllos no quedarán afectadas por las del presente artículo.
Artículo 8°
Transporte marítimo y aéreo
1. Los beneficios procedentes de la
explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional sólo pueden
someterse a imposición en el Estado contratante en que esté situada la sede de
dirección efectiva de la empresa.
2. Si la sede de dirección efectiva de una
empresa de transporte marítimo estuviera a bordo de un buque, se considerará
situada en el Estado contratante donde esté el puerto base del buque, o si no
existiera tal puerto base, en el Estado contratante del que sea residente la
persona que explota el buque.
3. Las disposiciones del apartado 1 se
aplican también a los beneficios procedentes de la participación en un “pool”,
en una explotación en común o en un organismo de explotación internacional.
Artículo 9°
Empresas Asociadas
1. Cuando:
a) Una empresa de un Estado contratante
participe directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de
una empresa del otro Estado contratante, o
b) Unas mismas personas participen directa
o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa de un
Estado contratante y de una empresa del otro Estado contratante, y en uno y
otro caso las dos empresas estén, en sus relaciones comerciales o financieras,
unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían
acordadas por empresas independientes, los beneficios que habrían sido
obtenidos por una de las empresas de no existir dichas condiciones, y que de
hecho no se han realizado a causa de las mismas, podrán incluirse en los
beneficios de esa empresa y someterse a imposición en consecuencia.
2. Cuando un Estado contratante incluya en
los beneficios de una empresa de ese Estado –y someta, en consecuencia, a
imposición– los beneficios sobre los cuales una empresa del otro Estado ha sido
sometida a imposición en ese otro Estado contratante, y ese otro Estado
reconozca que los beneficios así incluidos son beneficios que habrían sido
realizados por la empresa del Estado mencionado en primer lugar si las
condiciones convenidas entre las dos empresas hubieran sido las que se hubiesen
convenido entre empresas independientes, ese otro Estado practicará el ajuste
que proceda a la cuantía del impuesto que ha gravado esos beneficios. Para
determinar dicho ajuste se tendrán en cuenta las demás disposiciones del presente
Convenio y las autoridades competentes de los Estados contratantes se
consultarán en caso necesario.
Artículo 10
Dividendos
1. Los dividendos pagados por una sociedad
residente de un Estado contratante a un residente del otro Estado contratante pueden
someterse a imposición en ese otro Estado.
2. Sin embargo, dichos dividendos pueden
someterse también a imposición en el Estado contratante en que resida la
sociedad que paga los dividendos y según la legislación de ese Estado, pero si
el beneficiario efectivo de los dividendos es un residente del otro Estado
contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del:
a) 5 por 100 del importe bruto de los
dividendos.
b) 0 por 100 del importe bruto de los
dividendos si el beneficiario efectivo es una sociedad que posea directa o
indirectamente al menos el 20 por 100 del capital de la sociedad que paga los
dividendos.
Este apartado no afecta a la imposición de
la sociedad respecto de los beneficios con cargo a los que se pagan los
dividendos.
3. El término “dividendos” en el sentido de
este artículo significa los rendimientos de las acciones, de las acciones o
bonos de disfrute, de las partes de minas, de las partes de fundador u otros
derechos, excepto los de crédito, que permitan participar en los beneficios,
así como los rendimientos de otras participaciones sociales sujetas al mismo
régimen fiscal que los rendimientos de las acciones por la legislación del
Estado del que la sociedad que realiza la distribución sea residente.
4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2
no son aplicables si el beneficiario efectivo de los dividendos, residente de
un Estado contratante, realiza en el otro Estado contratante, del que es
residente la sociedad que paga los dividendos, una actividad empresarial a través
de un establecimiento permanente situado allí, y la participación que genera
los dividendos está vinculada efectivamente a dicho establecimiento permanente.
En tal caso, son aplicables las disposiciones del artículo 7°.
5. Cuando una sociedad residente de un
Estado contratante obtenga beneficios o rentas procedentes del otro Estado
contratante, ese otro Estado no podrá exigir ningún impuesto sobre los
dividendos pagados por la sociedad, salvo en la medida en que esos dividendos
se paguen a un residente de ese otro Estado o la participación que genera los
dividendos esté vinculada efectivamente a un establecimiento permanente situado
en ese otro Estado, ni someter los beneficios no distribuidos de la sociedad a
un impuesto sobre los mismos, aunque los dividendos pagados o los beneficios no
distribuidos consistan, total o parcialmente, en beneficios o rentas
procedentes de ese otro Estado.
Artículo 11
Intereses
1. Los intereses procedentes de un Estado
contratante y pagados a un residente del otro Estado contratante pueden
someterse a imposición en ese otro Estado.
2. Sin embargo, dichos intereses pueden
someterse también a imposición en el Estado contratante del que procedan y
según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los
intereses es un residente del otro Estado contratante, el impuesto así exigido
no podrá exceder del 10 por ciento del importe bruto de los intereses.
3. No obstante las disposiciones del
apartado 2, los intereses procedentes de un Estado contratante y pagados a un
residente del otro Estado contratante sólo podrán someterse a imposición en
este otro Estado si:
a) El beneficiario efectivo es un Estado
contratante, una de sus subdivisiones políticas o una de sus entidades locales;
o
b) Los intereses se pagan en relación con
la venta a crédito de mercancía o equipos a una empresa de un Estado
contratante; o
c) Los intereses se pagan por razón de
créditos concedidos por un banco o por otra institución de crédito residente de
un Estado contratante.
4. El término “intereses” en el sentido de
este artículo significa los rendimientos de créditos de cualquier naturaleza,
con o sin garantía hipotecaria o cláusula de participación en los beneficios
del deudor y, en particular, los rendimientos de valores públicos y los
rendimientos de bonos u obligaciones, incluidas las primas y lotes unidos a
esos títulos, así como cualesquiera otras rentas que se sometan al mismo
régimen que los rendimientos de los capitales prestados por la legislación
fiscal del Estado del que procedan las rentas. Las penalizaciones por mora en
el pago no se consideran intereses a efectos del presente artículo.
5. Las, disposiciones de los apartados 1 y
2 no se aplican si el beneficiario efectivo de los intereses, residente de un
Estado contratante, realiza en el otro Estado contratante, del que proceden los
intereses, una actividad empresarial por medio de un establecimiento permanente
situado en ese otro Estado, y el crédito que genera los intereses está
vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente. En tal caso se
aplicarán las disposiciones del artículo 7°.
6. Cuando por razón de las relaciones
especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo, o de las que
uno y otro mantengan con terceros, el importe de los intereses habida cuenta
del crédito por el que se paguen exceda del que hubieran convenido el deudor y
el acreedor en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este artículo
no se aplicarán más que a este último importe. En tal caso, el exceso podrá
someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado
contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio.
Artículo 12
Cánones o regalías
1. Los cánones o regalías procedentes de un
Estado contratante y cuyo beneficiario efectivo sea un residente del otro
Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. No obstante, dichos cánones o regalías
también podrán estar sometidos a imposición en el Estado contratante de donde
procedan y de acuerdo con la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario
efectivo de los cánones o regalías es un residente del otro Estado contratante,
el impuesto así exigido no podrá exceder del 10 por ciento del importe bruto de
los cánones o regalías
3. El término “cánones o regalías” en el
sentido de este artículo significa las cantidades de cualquier clase pagadas
por el uso, o la concesión de uso, de derechos de autor sobre obras literarias,
artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas o películas,
cintas y otros medios de reproducción de la imagen y el sonido, de patentes,
marcas de fábrica o de comercio, dibujos o modelos, planos, fórmulas o
procedimientos secretos, o por el uso, o la concesión de uso, de equipos
industriales, comerciales o científicos, o por informaciones relativas a
experiencias industriales, comerciales o científicas. Se considerarán incluidos
en este concepto los servicios prestados por asistencia técnica, servicios
técnicos y servicios de consultoría.
4. Las disposiciones del apartado 1 y 2 no
se aplican si el beneficiario efectivo de los cánones o regalías, residente de
un Estado contratante, realiza en el otro Estado contratante, del que proceden
los cánones o regalías, una actividad industrial o comercial por medio de un
establecimiento permanente situado en ese otro Estado, y el derecho o bien por
el que se pagan los cánones o regalías está vinculado efectivamente a dicho
establecimiento permanente. En tales casos se aplicarán las disposiciones del
artículo 7°.
5. Los cánones o regalías se considerarán
procedentes de un Estado contratante cuando el deudor sea un residente de ese
Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los cánones o regalías, sea o no
residente de un Estado contratante, tenga en uno de los Estados contratantes un
establecimiento permanente en relación con el cual se hubiera contraído la
obligación de pagar las regalías y que soporte la carga de los mismos, dichos
cánones o regalías se considerarán procedentes del Estado donde esté situado el
establecimiento permanente.
6. Cuando, por razón de las relaciones
especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo de los cánones
o regalías, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los
cánones o regalías habida cuenta del uso, derecho o información por los que se
pagan, exceda del que habrían convenido el deudor y el beneficiario efectivo en
ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este artículo no se
aplicarán más que a este último importe. En tal caso, el exceso podrá someterse
a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado contratante, teniendo
en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio.
Artículo 13
Ganancias de capital
1. Las ganancias que un residente de un
Estado contratante obtenga de la enajenación de bienes inmuebles tal como se
definen en el artículo 6°, situados en el otro Estado contratante, pueden
someterse a imposición en ese otro Estado.
2. Las ganancias derivadas de la
enajenación de bienes muebles que formen parte del activo de un establecimiento
permanente que una empresa de un Estado contratante tenga en el otro Estado
contratante, comprendidas las ganancias derivadas de la enajenación de dicho
establecimiento permanente (sólo o con el conjunto de la empresa), pueden
someterse a imposición en ese otro Estado contratante.
3. Las ganancias derivadas de la
enajenación de buques o aeronaves explotados en tráfico internacional o de
bienes muebles afectos a la explotación de tales buques o aeronaves, sólo
pueden someterse a imposición en el Estado contratante en que esté situada la
sede de dirección efectiva de la empresa.
4. Las ganancias que un residente de un
Estado contratante obtenga de la enajenación de acciones o de otros derechos de
participación cuyo valor se derive directa o indirectamente en más de un 50% de
bienes inmuebles situados en el otro Estado contratante, pueden someterse a
imposición en ese otro Estado.
5. Las ganancias derivadas de la
enajenación de cualquier otro bien distinto de los mencionados en los apartados
1, 2, 3 y 4 sólo pueden someterse a imposición en el Estado contratante en que
resida el transmitente.
Artículo 14
Servicios personales dependientes
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos 15, 17 y 18, los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares
obtenidos por un residente de un Estado contratante por razón de un empleo sólo
pueden someterse a imposición en ese Estado a no ser que el empleo se ejerza en
el otro Estado contratante. Si el empleo se ejerce de esa forma, las
remuneraciones derivadas del mismo pueden someterse a imposición en ese otro
Estado.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado
1, las remuneraciones obtenidas por un residente de un Estado contratante por
razón de un empleo ejercido en el otro Estado contratante sólo pueden someterse
a imposición en el Estado mencionado en primer lugar si:
a) El perceptor permanece en el otro Estado
durante un período o períodos cuya duración no exceda en conjunto de 183 días
en cualquier período de doce meses que comience o termine en el año fiscal
considerado, y
b) Las remuneraciones se pagan por, o en
nombre de, un empleador que no sea residente del otro Estado, y
c) Las remuneraciones no se soportan por un
establecimiento permanente que el empleador tenga en el otro Estado.
3. No obstante las disposiciones
precedentes de este artículo, las remuneraciones obtenidas por razón de un
empleo ejercido a bordo de un buque o aeronave explotado en tráfico
internacional, pueden someterse a imposición en el Estado contratante en que
esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa.
Artículo 15
Participaciones de consejeros
Las participaciones y otras retribuciones
similares que un residente de un Estado contratante obtenga como miembro de un
Consejo de Administración de una sociedad residente del otro Estado contratante
pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
Artículo 16
Artistas y deportistas
1. No obstante lo dispuesto en los
artículos 7° y 14, las rentas que un residente de un Estado contratante obtenga
del ejercicio de su actividad personal en el otro Estado contratante en calidad
de artista del espectáculo, actor de teatro, cine, radio o televisión, o
músico, o como deportista, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. No obstante lo dispuesto en los
artículos 7° y 14, cuando las rentas derivadas de las actividades personales de
los artistas del espectáculo o los deportistas, en esa calidad, se atribuyan no
ya al propio artista del espectáculo o deportista sino a otra persona, dichas
rentas pueden someterse a imposición en el Estado contratante donde se realicen
las actividades del artista del espectáculo o del deportista.
Artículo 17
Pensiones
Sin perjuicio de lo dispuesto en el
apartado 2 del artículo 18, las pensiones y remuneraciones análogas pagadas a
un residente de un Estado contratante por razón de un empleo anterior sólo
pueden someterse a imposición en ese Estado.
Artículo 18
Remuneraciones por función pública
1.
a) Los sueldos, salarios y otras
remuneraciones similares, excluidas las pensiones, pagadas por un Estado
contratante o por una de sus subdivisiones políticas o entidades locales a una
persona física por razón de servicios prestados a ese Estado o a esa
subdivisión o entidad, solo pueden someterse a imposición en ese Estado;
b) Sin embargo, dichos sueldos, salarios y
remuneraciones similares solo pueden someterse a imposición en el otro Estado
contratante si los servicios se prestan en ese Estado y la persona física es un
residente de ese Estado que:
(i) Es nacional de ese Estado; o
(ii) No ha adquirido la condición de
residente de ese Estado solamente para prestar los servicios.
2.
a) Las pensiones pagadas por un Estado
contratante o por una de sus subdivisiones políticas o entidades locales, bien
directamente o con cargo a fondos constituidos, a una persona física por razón
de servicios prestados a ese Estado o a esa subdivisión o entidad, sólo pueden
someterse a imposición en ese Estado;
b) Sin embargo, dichas pensiones sólo
pueden someterse a imposición en el otro Estado contratante si la persona
física es residente y nacional de ese Estado.
3. Lo dispuesto en los artículos 14, 15, 16
y 17 se aplica a los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares, y a
las pensiones, pagados por razón de servicios prestados en el marco de una
actividad empresarial realizada por un Estado contratante o por una de sus
subdivisiones políticas o entidades locales.
Artículo 19
Estudiantes
Las cantidades que reciba para cubrir sus
gastos de mantenimiento, estudios o formación práctica un estudiante o una
persona en prácticas que sea, o haya sido inmediatamente antes de llegar a un
Estado contratante, residente del otro Estado contratante y que se encuentre en
el Estado mencionado en primer lugar con el único fin de proseguir sus estudios
o formación práctica, no pueden someterse a imposición en ese Estado siempre
que proceda de fuentes situadas fuera de ese Estado.
Artículo 20
Otras rentas
1. Las rentas de un residente de un Estado
contratante, cualquiera que fuese su procedencia, no mencionadas en los
anteriores artículos del presente Convenio, se someterán a imposición
únicamente en ese Estado.
2. Lo dispuesto en el apartado 1 no es
aplicable a las rentas, distintas de las derivadas de bienes inmuebles en el
sentido del apartado 2 del artículo 6°, cuando el beneficiario de dichas
rentas, residente de un Estado contratante, realice en el otro Estado
contratante una actividad empresarial por medio de un establecimiento
permanente situado en ese otro Estado, y el derecho o bien por el que se pagan
las rentas esté vinculado efectivamente con dicho establecimiento permanente.
En tal caso, son aplicables las disposiciones del artículo 7°.
CAPITULO IV
Imposición del patrimonio
Artículo 21
Patrimonio
1. El patrimonio constituido por bienes
inmuebles en el sentido del artículo 6°, que posea un residente de un Estado
contratante y esté situado en el otro Estado contratante, puede someterse a
imposición en ese otro Estado.
2. El patrimonio constituido por bienes
muebles que formen parte del activo de un establecimiento permanente que una
empresa de un Estado contratante posea en el otro Estado contratante, puede
someterse a imposición en ese otro Estado contratante.
3. El patrimonio constituido por buques o
aeronaves explotados en tráfico internacional, así como por bienes muebles
afectos a la explotación de tales buques y aeronaves, sólo puede someterse a
imposición en el Estado contratante en que esté situada la sede de dirección
efectiva de la empresa.
4. Todos los demás elementos patrimoniales
de un residente de un Estado contratante solo pueden someterse a imposición en
ese Estado.
CAPITULO V
Métodos para eliminar la doble imposición
Artículo 22
Eliminación de la doble imposición
La doble imposición se evitará bien de
conformidad con las disposiciones impuestas por su legislación interna de los
Estados contratantes o conforme a las siguientes disposiciones:
a) Cuando un residente de un Estado
contratante obtenga rentas o posea elementos patrimoniales que, con arreglo a
las disposiciones de este Convenio puedan someterse a imposición en el otro
Estado contratante, el Estado contratante mencionado en primer lugar permitirá,
dentro de las limitaciones impuestas por su legislación interna:
i) La deducción o descuento del impuesto
sobre la renta de ese residente por un importe igual al impuesto sobre la renta
pagado en el otro Estado contratante;
ii) La deducción o descuento del impuesto
sobre el patrimonio de ese residente por un importe igual al impuesto pagado en
el otro Estado contratante sobre esos elementos patrimoniales;
iii) La deducción o descuento del impuesto
sobre sociedades efectivamente pagado por la sociedad que reparte los
dividendos correspondientes a los beneficios con cargo a los cuales dichos
dividendos se pagan, de acuerdo con su legislación interna.
Sin embargo, dicha deducción o descuento no
podrá exceder de la parte del impuesto sobre la renta o del impuesto sobre el
patrimonio, calculados antes de la deducción o descuento, correspondiente a las
rentas o a los elementos patrimoniales que puedan someterse a imposición en el
otro Estado contratante;
b) Cuando con arreglo a cualquier
disposición de este Convenio las rentas obtenidas por un residente de un Estado
contratante o el patrimonio que posea estén exentos de impuestos en dicho
Estado contratante, este podrá, no obstante, tomar en consideración las rentas
o el patrimonio exentos para calcular el impuesto sobre el resto de las rentas
o el patrimonio de ese residente.
CAPITULO VI
Disposiciones especiales
Artículo 23
No discriminación
1. Los nacionales de un Estado contratante
no estarán sometidos en el otro Estado contratante a ningún impuesto ni
obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean más gravosos que
aquellos a los que estén o puedan estar sometidos los nacionales de ese otro
Estado que se encuentren en las mismas condiciones, en particular con respecto
a la residencia. No obstante lo dispuesto en el artículo 1°, la presente
disposición se aplicará también a las personas que no sean residentes de uno o
de ninguno de los Estados contratantes.
2. Los establecimientos permanentes que una
empresa de un Estado contratante tenga en el otro Estado contratante no estarán
sometidos a imposición en ese Estado de manera menos favorable que las empresas
de ese otro Estado que realicen las mismas actividades. Esta disposición no
podrá interpretarse en el sentido de obligar a un Estado contratante a conceder
a los residentes del otro Estado contratante las deducciones personales,
desgravaciones y reducciones impositivas que otorgue a sus propios residentes
en consideración a su estado civil o cargas familiares.
3. A menos que se apliquen las
disposiciones del apartado 1 del artículo 9°, del apartado 6 del artículo 11, o
del apartado 5 del artículo 12, los intereses, cánones y demás gastos pagados
por una empresa de un Estado contratante a un residente del otro Estado
contratante serán deducibles para determinar los beneficios sujetos a
imposición de dicha empresa, en las mismas condiciones que si se hubieran
pagado a un residente del Estado mencionado en primer lugar. Igualmente, las
deudas de una empresa de un Estado contratante contraídas con un residente del
otro Estado contratante serán deducibles para la determinación del patrimonio
sometido a imposición de dicha empresa en las mismas condiciones que si se hubieran
contraído con un residente del Estado mencionado en primer lugar.
4. Las empresas de un Estado contratante
cuyo capital esté, total o parcialmente, poseído o controlado, directa o
indirectamente, por uno o varios residentes del otro Estado contratante, no se
someterán en el Estado mencionado en primer lugar a ningún impuesto u
obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean más gravosos que
aquellos a los que estén o puedan estar sometidas otras empresas similares del
Estado mencionado en primer lugar.
5. No obstante lo dispuesto en el artículo
2°, las disposiciones del presente artículo se aplican a todos los impuestos
cualquiera que sea su naturaleza o denominación.
Artículo 24
Procedimiento amistoso
1. Cuando una persona considere que las
medidas adoptadas por uno o por ambos Estados contratantes implican o pueden
implicar para ella una imposición que no esté conforme con las disposiciones
del presente Convenio, con independencia de los recursos previstos por el
Derecho Interno de esos Estados, podrá someter su caso a la autoridad
competente del Estado contratante del que sea residente o, si fuera aplicable
el apartado 1 del artículo 23, a la del Estado contratante del que sea
nacional. El caso deberá plantearse dentro de los tres años siguientes a la
primera notificación de la medida que implique una imposición no conforme a las
disposiciones del Convenio.
2. La autoridad competente, si la
reclamación le parece fundada y si no puede por sí misma llegar a una solución
satisfactoria, hará lo posible por resolver la cuestión mediante un acuerdo
amistoso con la autoridad competente del otro Estado contratante, a fin de
evitar una imposición que no se ajuste a este Convenio. El acuerdo será aplicable
independientemente de los plazos previstos por el Derecho Interno de los
Estados contratantes.
3. Las autoridades competentes de los
Estados contratantes harán lo posible por resolver las dificultades o las dudas
que plantee la interpretación o aplicación del Convenio mediante un acuerdo
amistoso. También podrán ponerse de acuerdo para tratar de evitar la doble
imposición en los casos no previstos en el Convenio.
4. Las autoridades competentes de los
Estados contratantes podrán comunicarse directamente entre sí a fin de llegar a
un acuerdo en el sentido de los apartados anteriores. Cuando se considere que
este acuerdo puede facilitarse mediante un intercambio verbal de opiniones,
este podrá realizarse a través de una comisión compuesta por representantes de
las autoridades competentes de los Estados contratantes.
Artículo 25
Intercambio de información
1. Las autoridades competentes de los
Estados contratantes intercambiarán la información que previsiblemente pueda
resultar de interés para aplicar lo dispuesto en el presente Convenio, o para
la administración o la aplicación del Derecho Interno relativo a los impuestos
de toda naturaleza o denominación exigibles por los Estados contratantes, sus
subdivisiones políticas o entidades locales, en la medida en que la imposición
así exigida no sea contraria al Convenio. El intercambio de información no está
limitado por los artículos 1° y 2°.
2. La información recibida por un Estado
contratante en virtud del apartado 1 será mantenida secreta de la misma forma
que la información obtenida en virtud del Derecho Interno de este Estado y sólo
se comunicará a las personas o autoridades (incluidos los tribunales y órganos
administrativos) encargados de la gestión o recaudación de los impuestos a los
que hace referencia el apartado 1, de los procedimientos declarativos o
ejecutivos relativos a estos impuestos o de la resolución de los recursos en
relación con los mismos. Estas personas o autoridades solo utilizarán esta
información para dichos fines. Podrán revelar la información en las audiencias
públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales.
No obstante lo anterior, la información
recibida por un Estado contratante podrá utilizarse con otros fines, cuando
dicha utilización esté permitida por las leyes del Estado que proporciona la
información y la Autoridad competente del mismo así lo autorice.
3. En ningún caso las disposiciones de los
párrafos 1° y 2° pueden interpretarse en el sentido de obligar a un Estado
contratante a:
a) Adoptar medidas administrativas
contrarias a su legislación o práctica administrativa o a las del otro Estado
contratante;
b) Suministrar información que no se pueda
obtener sobre la base de su propia legislación o en el ejercicio de su práctica
administrativa normal o de las del otro Estado contratante, y
c) Suministrar información que revele un
secreto empresarial, industrial, comercial o profesional o un proceso
industrial, o información cuya comunicación sea contraria al orden público
(ordre public).
4. Si un Estado contratante solicita
información conforme al presente artículo, el otro Estado contratante utilizará
las medidas para recabar información de que disponga con el fin de obtener la
información solicitada, aun cuando ese otro Estado pueda no necesitar dicha
información para sus propios fines tributarios. La obligación precedente está
limitada por lo dispuesto en el apartado 3 excepto cuando tales limitaciones
impidieran a un Estado contratante proporcionar información exclusivamente por
la ausencia de interés nacional en la misma.
5. En ningún caso las disposiciones del
apartado 3 se interpretarán en el sentido de permitir a un Estado contratante
negarse a proporcionar información únicamente porque esta obre en poder de
bancos, otras instituciones financieras, o de cualquier persona que actúe en
calidad representativa o fiduciaria o porque esté relacionada con derechos de
propiedad en una persona.
Artículo 26
Asistencia en la recaudación
1. Los Estados contratantes se prestarán
asistencia mutua en la recaudación de sus créditos tributarios. Esta asistencia
no está limitada por los artículos 1° y 2°. Las autoridades competentes de los
Estados contratantes podrán establecer de mutuo acuerdo el modo de aplicación
de este artículo.
2. La expresión “crédito tributario” en el
sentido de este artículo, significa todo importe debido en concepto de
impuestos de cualquier naturaleza o denominación exigibles por los Estados
contratantes, sus subdivisiones políticas o sus entidades locales, en la medida
en que esta imposición no sea contraria al presente Convenio o a cualquier otro
instrumento del que los Estados contratantes sean parte; la expresión comprende
igualmente los intereses, sanciones administrativas y costes de recaudación o de
establecimiento de medidas cautelares relacionados con dicho importe.
3. Cuando una deuda tributaria de un Estado
contratante sea exigible en virtud del Derecho de ese Estado y el deudor sea
una persona que conforme al Derecho de ese Estado no pueda impedir en ese
momento la recaudación, a petición de las autoridades competentes de dicho
Estado, las autoridades competentes del otro Estado contratante aceptarán dicho
crédito tributario a los efectos de su recaudación. Dicho otro Estado cobrará
el crédito tributario de acuerdo con lo dispuesto en su legislación relativa a
la aplicación y recaudación de sus propios impuestos como si se tratara de un
crédito tributario propio.
4. Cuando un crédito tributario de un
Estado contratante sea de naturaleza tal que ese Estado pueda, en virtud de su
Derecho Interno, adoptar medidas cautelares que aseguren su cobro, a petición
de las autoridades competentes de dicho Estado, las autoridades competentes del
otro Estado contratante aceptarán dicha deuda a los efectos de adoptar tales
medidas cautelares. Ese otro Estado adoptará las medidas cautelares de acuerdo
con lo dispuesto en su legislación como si se tratara de un crédito tributario
propio, aun cuando en el momento de aplicación de dichas medidas el crédito
tributario no fuera exigible en el Estado mencionado en primer lugar o su
deudor fuera una persona con derecho a impedir su recaudación.
5. No obstante lo dispuesto en los
apartados 3 y 4, un crédito tributario aceptado por un Estado contratante a los
efectos de dichos apartados, no estará sujeto en ese Estado a la prescripción o
prelación aplicables a los créditos tributarios conforme a su Derecho interno
por razón de la naturaleza de ese crédito tributario. Asimismo, un crédito
tributario aceptado por un Estado contratante a los efectos de los párrafos 3°
o 4° no disfrutará en ese Estado de las prelaciones aplicables a los créditos
tributarios en virtud del Derecho del otro Estado contratante.
6. Los procedimientos relativos a la
existencia, validez o cuantía del crédito tributario de un Estado contratante
no podrán incoarse ante los tribunales u órganos administrativos del otro
Estado contratante.
7. Cuando en un momento posterior a la
solicitud de recaudación realizada por un Estado contratante en virtud de los apartados
3 ó 4, y previo a su recaudación y remisión por el otro Estado contratante, el
crédito tributario dejará de ser:
a) En el caso de una solicitud presentada
en virtud del apartado 3, un crédito exigible conforme al Derecho Interno del
Estado mencionado en primer lugar y cuyo deudor fuera una persona que en ese
momento y según el Derecho de ese Estado no pudiera impedir su recaudación, o
b) En el caso de una solicitud presentada
en virtud del apartado 4, un crédito con respecto a la cual, conforme al
Derecho Interno del Estado mencionado en primer lugar, pudieran adoptarse
medidas cautelares para asegurar su recaudación las autoridades competentes del
Estado mencionado en primer lugar notificarán sin dilación a las autoridades
competentes del otro Estado ese hecho y, según decida ese otro Estado, el
Estado mencionado en primer lugar suspenderá o retirará su solicitud.
8. En ningún caso las disposiciones de este
artículo se interpretarán en el sentido de obligar a un Estado contratante a:
a) Adoptar medidas administrativas
contrarias a su legislación o práctica administrativa o a las del otro Estado
contratante;
b) Adoptar medidas contrarias al orden
público (ordre public);
c) Suministrar asistencia cuando el otro
Estado contratante no haya aplicado todas las medidas cautelares o para la
recaudación, según sea el caso, de que disponga conforme a su legislación o
práctica administrativa;
d) Suministrar asistencia en aquellos casos
en que la carga administrativa para ese Estado esté claramente desproporcionada
con respecto al beneficio que vaya a obtener el otro Estado contratante.
Artículo 27
Miembros de misiones diplomáticas y de
oficinas consulares
Las disposiciones del presente Convenio no
afectarán a los privilegios fiscales de que disfruten los miembros de las
misiones diplomáticas o de las oficinas consulares de acuerdo con las normas
generales del Derecho Internacional o en virtud de las disposiciones de
acuerdos especiales.
CAPITULO VII
Disposiciones finales
Artículo 28
Entrada en vigor
1. El presente convenio se ratificará en
cada uno de los Estados contratantes y los instrumentos de ratificación se
intercambiarán lo antes posible.
2. El Convenio entrará en vigor
transcurridos tres meses desde la fecha de recepción de la última notificación
a que se refiere el apartado 1 y sus disposiciones surtirán efecto:
a) En el caso de impuestos de devengo
periódico, respecto de los impuestos sobre la renta o sobre el patrimonio
correspondiente al año fiscal que comience o termine a partir del 30 de
diciembre del año de entrada en vigor del Convenio;
b) En los demás casos, el día de la entrada
en vigor del Convenio.
Artículo 29
Denuncia
El presente convenio permanecerá en vigor
en tanto no se denuncie por uno de los Estados contratantes. Cualquiera de los
Estados contratantes podrá denunciar el Convenio por vía diplomática,
transcurrido un plazo de cinco años a partir de la fecha de su entrada en
vigor, notificándolo por escrito al menos con seis meses de antelación al
término de cualquier año civil. En tal caso, el Convenio dejará de surtir
efecto:
a) En el caso de impuesto de devengo
periódico, respecto de los impuestos sobre la renta o sobre el patrimonio
correspondientes al año fiscal que comience transcurridos tres meses desde la
fecha en que se comunique la denuncia del Convenio;
b) En los demás casos, a los tres meses de
la fecha en que se comunique la denuncia del Convenio.
En fe de lo cual, los signatarios, debidamente
autorizados al efecto, han firmado el presente Convenio.
Hecho en doble ejemplar en Bogotá, D. C.,
el 31 de marzo en lengua española.
Por el Reino de España,
Miguel Angel Moratinos,
Ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación.
Por la República de Colombia,
Carolina Barco,
Ministra de Relaciones Exteriores.
PROTOCOLO
En el momento de proceder a la firma del
Convenio entre la República de Colombia y el Reino de España para evitar la
doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la
renta y sobre el patrimonio, los signatarios han convenido en las siguientes
disposiciones que forma parte integrante del Convenio:
I.
Lo establecido en este Convenio se
entenderá aplicable independientemente de lo previsto en la legislación interna
de los Estados contratantes.
II.
Se entenderá que este Convenio dejará de
aplicarse al impuesto sobre el patrimonio desde el momento en que en cualquiera
de los dos Estados contratantes deje de existir un impuesto sobre el patrimonio
líquido o neto.
III. Ad. artículo 3
En el caso de España en el concepto de
nacional se consideran incluidas las sociedades personalistas (partnerships)
IV. Ad. artículos 5 y 7
No se gravarán con el impuesto de remesas
las rentas y ganancias ocasionales de un residente de España, que realice su
actividad en Colombia a través de un establecimiento permanente situado en
Colombia.
V. Ad. artículo 7
En el caso de Colombia, el término
“beneficio empresarial” se refiere siempre a las utilidades obtenidas por las
empresas.
VI. Ad. artículo 10
1. En el caso de Colombia, la mención al
“impuesto así exigido” del apartado 2 de artículo 10, se refiere a la tarifa
especial para los dividendos o participaciones a que hace referencia el inciso
1° del artículo 245 del Estatuto Tributario, o sus modificaciones posteriores,
a las que se aplicarán los apartados 2a) o 2b) del artículo 10 en función del
porcentaje de participación.
2. No obstante lo previsto en el párrafo
anterior, cuando a los dividendos obtenidos por una empresa residente en España
procedentes de Colombia se les aplique el parágrafo 1° del artículo 245 del
Estatuto Tributario, o sus modificaciones posteriores, el artículo 10 se
aplicará de la siguiente forma:
a) La parte correspondiente al 35%
mencionado en el citado artículo se verá reducida según el apartado 2b) del
artículo 10 cuando los dividendos y utilidades repartidos a no residentes en
Colombia procedan de utilidades exentas del impuesto sobre la renta en cabeza
de la sociedad y siempre que dicha parte se invierta en la misma actividad
productora en Colombia durante un término no inferior a tres años.
Cuando las utilidades máximas susceptibles
de ser distribuidas a título de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia
ocasional sean superiores al 65 por 100 de las utilidades comerciales antes de
impuestos, se aplicará la misma regla prevista en el párrafo anterior de esta
letra a) sobre la diferencia entre dicha cantidad y las utilidades después de
impuestos;
b) La tarifa especial prevista para los
dividendos o participaciones a que hace referencia el inciso 1° del artículo
245 del Estatuto Tributario, o sus modificaciones posteriores, se verá reducida
según los apartados 2a) o 2b) del artículo 10 en función del porcentaje de
participación.
3. En el caso de España, se entienden
excluidas las sociedades de personas en la aplicación del apartado 2b).
VII. Ad. artículo 11
1. En el caso de Colombia, el término “el
impuesto así exigido” del apartado 2 del artículo 11 se refiere a la suma de
los impuestos sobre la renta (35%) y sobre las remesas, en aquellos casos en
los que la legislación interna de Colombia prevea la aplicación de estos dos
conceptos para los intereses cobrados por un no residente en Colombia.
2. En el caso de que Colombia, después de
firmado este presente Convenio, acordara con un tercer Estado un tipo impositivo
sobre intereses inferior al establecido en el artículo 11 o una exención
distinta a las contempladas en dicho artículo del presente Convenio, ese nuevo
tipo impositivo o exención se aplicará automáticamente al presente Convenio
como si constara expresamente en el mismo; surtirá efectos desde la fecha en la
que surtan efectos las disposiciones del Convenio firmado con ese tercer
Estado.
3. Se entiende incluido en este artículo
11.3 apartado b:
a) Los intereses derivados de los créditos
a corto plazo originados en la importación de mercancías y en sobregiros o
descubiertos bancarios;
b) Los intereses derivados de créditos
destinados a la financiación o prefinanciación de exportaciones;
c) Los intereses de los créditos para
operaciones de comercio exterior, realizados por intermedio de las
corporaciones financieras y los bancos constituidos conforme a las leyes
colombianas vigentes.
VIII. Ad. artículo 12
1. En el caso de Colombia, en relación con
la definición comprendida dentro del apartado 3 del artículo 12, se entenderá
que el concepto de asistencia técnica se refiere a la asesoría dada mediante
contrato de servicios incorporales, para la utilización de conocimientos
tecnológicos aplicados por medio del ejercicio de un arte o técnica.
2. En el caso de Colombia, el término “el
impuesto así exigido” del apartado 2 del artículo 12 se refiere a la suma de
los impuestos sobre la renta (35%) y sobre las remesas, en aquellos casos en
los que la legislación interna de Colombia prevea la aplicación de estos dos
conceptos para los cánones cobrados por un no residente en Colombia.
3. En el caso de que Colombia, después de
firmado este presente Convenio, acordara con un tercer Estado un tipo
impositivo sobre cánones o regalías inferior al establecido en el artículo 12
del presente Convenio, ese nuevo tipo impositivo se aplicará automáticamente al
presente Convenio como si constara expresamente en el mismo; surtirá efectos
desde la fecha en la que surtan efectos las disposiciones del Convenio firmado
con ese tercer Estado.
IX. Ad. artículo 13
En el caso de Colombia, la tributación de
las ganancias de capital mencionadas en este artículo se refiere a la suma de
los impuestos sobre la renta (35%) y sobre las remesas, en aquellos casos en
los que la legislación interna de Colombia prevea la aplicación de estos dos
conceptos para este tipo de rentas cobradas por un no residente en Colombia.
X. Ad. artículo 17
Las disposiciones de este artículo no se
aplicarán si el perceptor de la renta, siendo residente en un Estado
contratante, no está sujeto a imposición o está exento en relación con esta
renta de acuerdo con la normativa interna de ese Estado contratante. En este
caso, esta renta puede estar sujeta a imposición en el otro Estado contratante.
XI. Ad. artículo 22
1. Las expresiones “deducción o descuento”
tienen el mismo significado en España y en Colombia. La mención de ambos
términos en el artículo responde a cuestiones de terminología en la normativa
interna de ambos Estados.
2. Mientras la legislación colombiana no
permita la deducción del impuesto sobre patrimonio pagado en España, no se
aplicará el apartado a) ii) de este artículo sobre la eliminación de la doble
imposición para el impuesto sobre el patrimonio en ninguno de los dos Estados.
En fe de lo cual, los signatarios,
debidamente autorizados al efecto, han firmado el presente Protocolo.
Hecho en doble ejemplar en Bogotá, D. C.,
el 31 de marzo de 2005 en lengua española, siendo ambos textos igualmente
auténticos.
Por el Reino de España,
Miguel Angel Moratinos,
Ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación.
Por la República de Colombia,
Carolina Barco,
Ministra de Relaciones Exteriores.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
Presidencia de la República
Bogotá, D. C., 4 de mayo de 2005.
Aprobado. Sométase a la consideración del
honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.
(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) Carolina Barco Isakson.
DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase el “Convenio
entre el Reino de España y la República de Colombia para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta
y sobre el patrimonio” y su “Protocolo”, firmados en Bogotá, D. C., el 31
de marzo de 2005.
Artículo 2°. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Convenio entre el
Reino de España y la República de Colombia para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio” y su “Protocolo”, firmados en Bogotá, D. C., el 31 de marzo de
2005, que por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligarán al país a partir
de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de los
mismos.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir
de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a los…
Presentados al honorable Congreso de la
República por la Ministra de Relaciones Exteriores y el Ministro de Hacienda y
Crédito Público.
La Ministra de Relaciones Exteriores,
Carolina Barco Isakson.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Alberto Carrasquilla.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Bogotá, D. C., 4 de mayo de 2005.
Aprobado. Sométase a la consideración del
honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.
(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) Carolina Barco Isakson.
DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase el “Convenio entre
el Reino de España y la República de Colombia para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio” y su “Protocolo”, firmados en Bogotá, D. C., el 31 de marzo de
2005.
Artículo 2°. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Convenio entre el Reino
de España y la República de Colombia para evitar la doble imposición y prevenir
la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio”
y su “Protocolo”, firmados en Bogotá, D. C., el 31 de marzo de 2005, que por el
artículo 1° de esta ley se aprueba, obligarán al país a partir de la fecha en
que se perfeccione el vínculo internacional respecto de los mismos.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir
de la fecha de su publicación.
La Presidenta del honorable Senado de la
República,
Claudia Blum de Barberi.
El Secretario General del honorable Senado
de la República,
Emilio Ramón Otero Dajud.
El Presidente de la honorable Cámara de
Representantes,
Julio E. Gallardo Archbold.
El Secretario General de la honorable
Cámara de Representantes,
Angelino Lizcano Rivera.
REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte
Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de julio de
2006.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,
Carolina Barco Isakson.
La Viceministra General de Hacienda del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, encargada de las funciones del
Despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público,
María Cristina Gloria Inés Cortés Arango
III. INTERVENCIONES
1.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
En la oportunidad correspondiente el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público intervino mediante apoderada, para solicitar a la Corte
declarar exequible la Ley 1082 de 2006, que aprobó el convenio de la referencia.
En su escrito, la interviniente señala la importancia
de este tipo de acuerdos dentro del marco de la economía globalizada
actualmente imperante, así como la conveniencia de establecer medidas específicas
que eviten la doble tributación y faciliten la inversión de recursos
originarios de un país en las actividades productivas de otro(s). Así mismo,
resalta que convenios como el que aquí se revisa hacen parte de las acciones
que el Estado colombiano desarrolla para dar cumplimiento a los principios
contenidos en los artículos 9°, 226 y 227 de la Constitución Política, y para
alcanzar las metas de expansión comercial propuestas en el Plan Nacional de
Desarrollo entonces vigente (Ley 812 de 2003), de cuyo texto hizo una extensa
trascripción.
Finalmente indica que en el presente caso se cumplieron
a plenitud los requisitos formales que, de conformidad con lo establecido en la
Constitución Política, son aplicables a la negociación y la suscripción del
convenio y a su posterior aprobación mediante ley expedida por el Congreso de la
República, a partir de lo cual solicita a esta Corte declare la exequibilidad
del convenio en cuestión y de su ley aprobatoria.
2.
Ministerio de Relaciones Exteriores
Este Ministerio intervino, también mediante
apoderada, para pedirle a la Corte la declaratoria de exequibilidad de la Ley 1082
de 2006 y del convenio internacional que a través de ella se aprueba.
Esta participante indica en primer lugar
que el convenio fue suscrito en representación del Estado colombiano por la
entonces Ministra de Relaciones Exteriores, Carolina Barco Isakson, quien en
razón de su cargo, y de conformidad con lo dispuesto por la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados, no requiere de la presentación de plenos
poderes para representar al país en estos asuntos.
Resalta igualmente cómo los principios
generales que determinan el sistema tributario de los distintos países dan
lugar al fenómeno de la doble tributación y explica cuáles estrategias sirven
para controlarlo. A continuación expone ampliamente el contenido del convenio
suscrito con este propósito entre los gobiernos de Colombia y España.
Finalmente, esta interviniente destaca
también la pertinencia del convenio suscrito para contribuir a la realización
de los objetivos definidos en la Constitución Política para el manejo de las
relaciones internacionales de Colombia, e indica, de manera genérica, que el
respectivo proyecto de ley cumplió en debida forma en el Congreso de la
República la totalidad de los pasos requeridos por la Constitución y la ley para
un trámite legislativo de esta naturaleza. Por esto, concluye reiterando a la
Corte su solicitud de declarar exequible la Ley 1082 de 2006 y el convenio que
por ella se aprueba.
IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
En concepto número 4251, recibido en esta corporación
el 23 de enero de 2007, el Procurador General de la Nación solicitó “declarar
inexequibles el Convenio… y su ley aprobatoria, la Ley1082 de 2006”.
Sin entrar a conceptuar de fondo sobre el contenido
del convenio en cuestión, el Jefe del Ministerio Público fundó su solicitud en los
vicios de trámite que habría sufrido en el Congreso la Ley en cuestión, ya que
tanto en la plenaria del Senado de la República como en la Comisión Segunda Constitucional
de la Cámara de Representantes, dejó de cumplirse de manera adecuada el
requisito establecido en el actual texto del último inciso del artículo 160
constitucional, relativo al anuncio previo y en sesión distinta, de los
proyectos de ley que en la respectiva cámara o comisión serán sometidos a
votación.
Consideró el Procurador que dado que el trámite de
este proyecto de ley se vio afectado por el aludido vicio en dos oportunidades,
la primera de ellas antes de haber sido aprobado en el Senado de la República,
dicho vicio resulta insubsanable, circunstancia que sustentó su solicitud a la Corte
Constitucional para que declarara inexequible la ley que ahora se revisa.
V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
de la Corte Constitucional en materia de tratados y de leyes aprobatorias de
tratados
De conformidad con lo establecido en el
artículo 241 numeral 10 de la Constitución Política, corresponde a la Corte el
examen de constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes
aprobatorias de los mismos.
Según la doctrina pacíficamente sostenida
por esta Corte[1], dicho control se caracteriza
por ser (i) previo al
perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a
la sanción gubernamental; (ii) automático, pues la ley aprobatoria debe ser
enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte
Constitucional dentro de los seis (6) días siguientes a la sanción
gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto
los aspectos formales como los materiales de la ley y del tratado,
confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa
juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del
correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función
preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la
Constitución, como el cumplimiento de los compromisos internacionales del
Estado colombiano.
En cuanto al control por eventuales vicios
de procedimiento que la Corte ejerce sobre los tratados internacionales y las
leyes que los aprueban, según lo prescrito en el artículo 241 numeral 10 superior,
éste se dirige a examinar la validez de la representación del Estado colombiano
en los procesos de negociación y celebración del instrumento y la competencia
de los funcionarios en la negociación y firma del tratado, así como el
cumplimiento de las reglas relativas al trámite legislativo durante el estudio
y aprobación del correspondiente proyecto de ley en el Congreso de la
República.
Dada la naturaleza especial de las leyes aprobatorias
de tratados públicos, el legislador no puede alterar el contenido de éstos introduciendo
nuevas cláusulas, ya que su función consiste en aprobar o improbar la totalidad
del tratado[2]. Si éste es multilateral,
es posible hacer declaraciones interpretativas, y, a menos que estén
expresamente prohibidas, también se pueden introducir reservas que no afecten
el objeto y fin del tratado.[3]
En cuanto al examen de fondo, éste
consiste en juzgar las disposiciones del texto del tratado internacional que se
revisa y el de su ley aprobatoria, respecto de la totalidad de las disposiciones
del ordenamiento superior, para determinar si se ajustan o no a la
Constitución Política.
Precisado el alcance del control constitucional, pasa la
Corte a examinar la ley aprobatoria y el acuerdo de la referencia.
2. La
revisión formal de la Ley aprobatoria
2.1. Remisión de la ley
aprobatoria y del tratado por parte del Gobierno Nacional
El
Gobierno Nacional por conducto de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la
República, remitió a esta corporación el 8 de agosto de 2006, copia de la Ley 1082
de 31 de julio del mismo año, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio
entre el Reino de España y la República de Colombia para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuesto sobre la renta y
sobre el patrimonio’ y su ‘Protocolo’ firmados en Bogotá D. C. el 31 de marzo
de 2005” para su control constitucional, de conformidad con el artículo 241
numeral 10 de la Carta, dentro del término de los seis (6) días siguientes a su
sanción, previsto en la citada disposición superior.
Cumplida por segunda vez la sanción de este
proyecto de ley en cumplimiento a lo ordenado por el auto A-145 de 2007 de esta
corporación el 29 de octubre de 2007, la ley así sancionada fue remitida al día
siguiente a conocimiento de la Corte Constitucional.
2.2. Negociación y
celebración del acuerdo
De manera reiterada la Corte Constitucional
ha señalado que el trámite de revisión de los tratados internacionales y de sus
leyes aprobatorias incluye el examen de las facultades del Ejecutivo, respecto
de la negociación y firma del instrumento internacional respectivo.
En el presente caso, este instrumento fue suscrito por
la entonces Ministra de Relaciones Exteriores, que la Convención de Viena sobre
el Derecho de los Tratados[4] de manera expresa
considera como representante del Estado contratante para estos efectos, de
acuerdo con lo establecido en el numeral 2° de su artículo 7°. En consecuencia,
no era necesario que se le otorgaran plenos poderes para la suscripción del
convenio cuya constitucionalidad se revisa.
2.3. Aprobación
presidencial
El 4 de mayo de 2005 el Presidente de la República le
impartió su aprobación ejecutiva al “Convenio entre el Reino de España y la
República de Colombia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión
fiscal en materia de impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio’ y su ‘Protocolo”,
firmados en Bogotá el 31 de marzo del mismo año y ordenó someterlos a
consideración del Congreso de la República, para su aprobación, de conformidad
con lo previsto en el artículo 150, numeral 16 de la Constitución Política.
2.4. Trámite realizado en el
Congreso de la República para la formación de la Ley 1082 de 2006.
Salvo por la exigencia de iniciar el
trámite de los proyectos de leyes aprobatorias de tratados internacionales en
el Senado de la República (art. 154), la Constitución Política no estableció un
procedimiento especial para la expedición de este tipo de leyes, por lo cual
les corresponde el proceso de formación previsto para las leyes ordinarias,
regulado por los artículos 157 a 165 de la Carta, entre otros. Tampoco el
reglamento del Congreso, contenido en la Ley 5ª de 1992, prevé reglas
especiales, salvo las contenidas en su artículo 217.
Como resultado de lo ordenado en el auto A-145
de 2007 el trámite del Proyecto de Ley 070 de 2005 Senado y 243 de 2005 Cámara
se compone entonces de los debates originalmente realizados ante el Senado de la
República entre agosto y diciembre de 2005 y de los posteriormente cumplidos en
la Cámara de Representantes entre agosto y septiembre de 2007. A continuación la
Corte se refiere detalladamente a cada uno de ellos.
2.4.1. El trámite en el Senado
del proyecto de Ley 070 de 2005:
El Proyecto de Ley número 070 de 2005 fue presentado
al Senado de la República por intermedio de los entonces Ministros de Relaciones
Exteriores, Carolina Barco Isakson, y de Hacienda y Crédito Público, Alberto
Carrasquilla Barrera, el día 18 de agosto de 2005.
El texto original, junto con la respectiva exposición
de motivos, aparece publicado en la Gaceta del Congreso Nº 559 del 25 de agosto
de 2005, páginas 1 a 11. De esta manera, se cumplió con los requisitos de
iniciación del trámite en el Senado de la República previsto en el artículo 154
constitucional, y de publicación previa a la iniciación del trámite legislativo
en la comisión respectiva, conforme al artículo 157, numeral 1° ibídem.
2.4.1.1. Trámite ante la Comisión Segunda
Constitucional del Senado:
La ponencia para primer debate, fue presentada por los
Senadores Luis Guillermo Vélez Trujillo y Luis Alfredo Ramos Botero el 2 de
Noviembre de 2005 y fue publicada en la Gaceta del Congreso Nº 796 del 8 de
noviembre del mismo año, páginas 6 a 9.
En relación con el anuncio previo del proyecto, la
certificación de fecha 6 de septiembre de 2006, suscrita por el Secretario
General de la Comisión Segunda del Senado, informa a este respecto: "FECHA
DE ANUNCIO: Noviembre 9 de 2005 según consta en el Acta 11 de esa fecha,
publicada en la Gaceta Nº 123 de 2006".
La misma certificación da cuenta de que este proyecto
fue discutido y aprobado en primer debate el 16 de noviembre de 2005 y que el
quórum deliberatorio y decisorio estuvo integrado por 10 de los 13 senadores
que conforman dicha célula legislativa, según consta en el Acta Nº 12,
publicada en la Gaceta del Congreso Nº 123 de 2006.
En la misma certificación, indica el Secretario
General que el día 15 de noviembre de 2005, previo a la fecha de la votación,
se entregó copia de la ponencia para primer debate a los Senadores que integran
la Comisión Segunda[5]. Se tiene entonces que el
proyecto fue válidamente tramitado por la correspondiente comisión legislativa.
2.4.1.2. Trámite ante la Plenaria del Senado de la
República:
La ponencia para segundo debate, fue presentada por
los mismos Senadores Luis Guillermo Vélez Trujillo y Luis Alfredo Ramos Botero el
día 18 de Noviembre de 2005 y fue publicada en la Gaceta del Congreso Nº 848
del 2 de diciembre del mismo año, en las páginas 15 a 19.
En relación con el anuncio previo del proyecto, la
certificación de fecha 2 de octubre de 2006, suscrita por el Subsecretario
General del Senado de la República, informa que se produjo el 6 de Diciembre de
2005, según consta en el acta 32 de esa fecha, publicada en la Gaceta Nº 29 de
2006.
De otra parte, según consta en el acta 33, publicada
en la Gaceta Nº 17 de 2006, este proyecto fue discutido y aprobado en segundo
debate por la plenaria del Senado el martes 13 de diciembre de 2005 y el quórum
deliberatorio y decisorio estuvo integrado por 99 de los 102 senadores que
conforman dicha corporación.
2.4.2. El trámite del Proyecto de Ley 070 de 2005 ante
la Cámara de Representantes:
Tal como quedó arriba anotado, mediante Auto Nº 145 de
junio 13 de 2007, la Sala Plena de esta corporación encontró que la Cámara de
Representantes había incurrido en un vicio de procedimiento subsanable en el
trámite de aprobación del proyecto de la ley de la referencia.
El vicio fue consecuencia del incumplimiento parcial
de las prescripciones del artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003 -art. 160
de la Constitución Política-, relativo al anuncio previo a la votación del
proyecto de ley.
En este caso la Corte observó que el anuncio hecho en la
Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes el 29
de marzo de 2006 no reunió las características necesarias para amparar
válidamente la votación posteriormente realizada el día 19 de abril del mismo
año, en aplicación del requerimiento constitucional en comento.
Las razones que justificaron esta determinación fueron
varias, entre ellas que el aviso se realizó sin señalar fecha para el debate y
votación de los proyectos anunciados, e incluso, que por el momento y circunstancias
en que se hizo el anuncio no se aclaró de manera suficiente que el objetivo de
éste era dar cumplimiento al requisito constitucional comentado, sometiendo a
debate y votación los proyectos anunciados. Se señaló también que el punto de anuncios
no estuvo incluido en el orden del día correspondiente a la sesión en que aquél
se efectuó, sino que tuvo lugar dentro del punto de proposiciones y varios,
todo lo cual disminuye la probabilidad de que tal anuncio hubiera sido
correctamente entendido, y sobre todo, de que cumpliera su finalidad, según lo
reiteradamente señalado por la jurisprudencia de esta corporación.
No obstante, dado que el vicio de inconstitucionalidad
detectado se configuró durante el trámite de este proyecto ante la Cámara de
Representantes y, según la jurisprudencia constitucional, este hecho permite
considerar que el defecto es saneable, la Corte devolvió la Ley 1082 al
Congreso de la República para que, en el término de 30 días, la Comisión
Segunda de la Cámara de Representantes procediera al saneamiento.
La Corte precisó que el saneamiento del vicio de
inconstitucionalidad no implicaba la nueva publicación de la ponencia, que ya
se había realizado de manera correcta antes de tener lugar el vicio que fuera
detectado, sino, únicamente, la realización del anuncio para primer debate en
las condiciones previstas por la Constitución, tras lo cual el trámite debería
proseguirse y agotarse según lo previsto en la Constitución y el Reglamento del
Congreso.
Procede entonces la Corte a verificar la corrección y
validez del trámite cumplido ante la Cámara de Representantes con el objeto de
subsanar la irregularidad detectada.
2.4.2.1. Trámite ante la Comisión Segunda
Constitucional de la Cámara de Representantes:
Como se recordará, la ponencia para primer debate, fue
presentada el 28 de marzo de 2006 por el Representante Oscar Suárez Mira, a
quien fue repartido el proyecto. Dicha ponencia fue publicada en la Gaceta del
Congreso Nº 55 del 31 de marzo de 2006, páginas 9 a 19.
La certificación de noviembre 16 de 2007, suscrita por
la Secretaria de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes informa que
el anuncio de votación de este proyecto se produjo el 1° de agosto de 2007,
según consta en la página 5 del acta Nº 03 de esa fecha, que fue adjuntada al
expediente en copia certificada por la misma Secretaria.
La misma certificación da cuenta de que este proyecto
fue discutido y aprobado en primer debate el día 14 de agosto de 2007 por
unanimidad de los asistentes, y que el quórum deliberatorio y decisorio estuvo
integrado por 16 de los 19 representantes que conforman dicha célula
legislativa, según consta en las páginas 5 a 8 del acta Nº 04 de la misma
fecha, que fue también arrimada al expediente en copia certificada por la misma
Secretaria.
2.4.2.2. Trámite ante la Plenaria de la Cámara de
Representantes:
La ponencia para segundo debate, fue presentada por el
representante Jairo Alfredo Fernández Quessep y fue publicada en la Gaceta del
Congreso Nº 453 de septiembre 17 de 2007, en las páginas 4 a 6.
En relación con el anuncio del proyecto previo a su
votación, la certificación de noviembre 21 de 2007, suscrita por el Secretario
General de la Cámara de Representantes informa que éste se produjo el día 18 de
septiembre de 2007, según consta en el acta 71 de la fecha, publicada en la
Gaceta Nº 529 de 2007.
De otra parte, de acuerdo con la misma certificación y
con el contenido del acta Nº 73 de la Cámara de Representantes, publicada en la
Gaceta Nº 550 de 2007 (páginas 27 y 28), este proyecto fue discutido y aprobado
en segundo debate por la mayoría de los asistentes durante la sesión del martes
25 de septiembre de 2007, en la que el quórum deliberatorio y decisorio estuvo
integrado por 146 de los representantes que integran esa corporación.
2.4.3.
Análisis particular sobre el
cumplimiento del requisito establecido en el último inciso del artículo 160
constitucional:
Como es sabido, el Acto Legislativo Nº 1 de
2003 introdujo un requisito adicional para el trámite de proyectos de ley y de
acto legislativo en el Congreso de la República consistente en que, previo a la
aprobación del proyecto en cada una de las comisiones constitucionales y en la
plenaria de las cámaras legislativas, debería realizarse en una sesión
diferente un anuncio sobre la intención de someter a votación el referido
proyecto en una fecha cierta. Este requerimiento fue incorporado al texto
constitucional bajo el siguiente texto: “Ningún proyecto de ley será
sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya
anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la
presidencia de cada cámara o comisión en sesión distinta a aquella en la cual
se realizará la votación”.
Desde la introducción de este requisito la
Corte ha explicado, de manera reiterada, cuál es el objetivo con que él fue
establecido. Para esta corporación, la finalidad del anuncio es la de “permitir
a los Congresistas saber con anterioridad cuales proyectos de ley o informes de
objeciones presidenciales serán sometidos a votación, suponiendo el
conocimiento pleno de los mismos y evitando, por ende, que sean sorprendidos
con votaciones intempestivas”[6].
También se ha explicado que el anuncio
citado “facilita a los ciudadanos y organizaciones sociales que tengan
interés en influir en la formación de la ley y en la suerte de ésta, ejercer
sus derechos de participación política (Artículo 40 C. P.) con el fin de
incidir en el resultado de la votación, lo cual es importante para hacer
efectivo el principio de democracia participativa (Artículos 1 y 3 C. P.)”[7].
Durante este tiempo la Corte ha construido
una clara línea jurisprudencial sobre la materia, que se ha sintetizado en
pronunciamientos como la sentencia C-576 de 2006 (M. P. Manuel José Cepeda
Espinosa) y el auto A-311 de 2006 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra). Con base
en dicha doctrina, la Corte examina a continuación la observancia de este
requisito durante el tránsito de este proyecto de ley por cada una de las
comisiones segundas constitucionales permanentes y por las plenarias de las
cámaras legislativas.
En la Comisión Segunda del Senado de la
República:
Tal como se señaló en el auto A-145 de 2007,
en este caso el anuncio se produjo en la sesión del 9 de noviembre de 2005, de
lo cual existe constancia en el acta Nº 11, publicada en la Gaceta Nº 123 de
fecha mayo 17 de 2006. Posteriormente el proyecto fue votado y aprobado, en la
sesión realizada el miércoles 16 de noviembre del mismo año 2005.
En lo referente a los términos del anuncio,
la citada acta permite observar que el punto IV del Orden del Día se refiere a “Proyectos
de ley para anunciar y ser votados en la sesión del día martes 15 de
noviembre de 2005” (página 1); sin embargo, al concluir dicha sesión y
previo a su levantamiento se anotó textualmente: “Se levanta la sesión y se
convoca para el próximo miércoles a las 10:00 a.m. sobre el debate
anunciado en la sesión, y por supuesto los proyectos que se han anunciado en
el día de hoy, para ser debatidos por la Comisión” (página 12; ninguna
de las subrayas es del texto original).
Como se indicó anteriormente, entiende esta
corporación que en esta etapa el anuncio de que se trata fue válidamente hecho,
ya que si bien inicialmente se refirió al martes 15 de noviembre, al
concluir la sesión quedó claro que la siguiente reunión de esta célula
legislativa tendría lugar el próximo día miércoles (que según se
verifica en el calendario del año 2005 corresponde al miércoles 16 de noviembre),
reiterándose además que en esa sesión se debatirían los proyectos que fueron
previamente anunciados en la sesión que concluye (la del 9 de noviembre de 2005),
como efectivamente ocurrió.
Así las cosas, considera la Corte que no
hubo rompimiento de la cadena de anuncios y que se cumplió con la finalidad de
advertir de manera previa y clara a los miembros de la correspondiente comisión,
sobre la fecha en que se discutiría y votaría el mencionado proyecto. También,
por cuanto el anuncio fue suficientemente explícito, ya que se empleó la
expresión “para anunciar y ser votados”, con lo cual no queda duda de que
el objetivo de este aviso era dar cumplimiento a la ya referida exigencia
constitucional.
Por todo ello, se entiende válidamente verificado,
en este paso, el requisito constitucional a que se viene haciendo referencia.
En la Plenaria del Senado de la República:
En este caso el anuncio se produjo en la
sesión del 6 de diciembre de 2005, de lo cual existe constancia en el acta Nº
32, publicada en la Gaceta Nº 29 de 2006. Posteriormente el proyecto fue votado
y aprobado en la sesión realizada el martes 13 de diciembre de 2005.
Consultada el acta Nº 32 correspondiente a
la sesión dentro de la cual se hizo dicho anuncio[8],
se observa que se hizo alusión a “Proyectos que se discutirán y debatirán en
la próxima sesión” (página 54), después de lo cual, al concluir
dicha sesión se informó: “Siendo las 12:20 p.m. la Presidencia levanta la
sesión y convoca para el miércoles 7 de diciembre de 2005 a las 3:00 p.m.”
(página 123), con lo cual quedó aclarada la fecha en que se produciría el
debate y votación de los proyectos anunciados en la misma sesión.
Sin embargo, según lo certificó el
Secretario General del Senado[9], la sesión convocada para
el miércoles 7 de diciembre de 2005 no se llevó a cabo, y la plenaria del
Senado sólo volvió a reunirse válidamente el martes 13 del mismo mes, sesión en
la cual se produjo el debate y aprobación del proyecto de ley objeto de
revisión, tal como consta en el acta Nº 33 de esa fecha (Gaceta 17 de 2006).
(Ninguna de las subrayas es del texto original).
Como se recordará, en su momento el
Procurador General de la Nación consideró que en esas circunstancias hubo
rompimiento en la cadena de anuncios, lo que causaría la inexequibilidad de la
ley aprobatoria. Sin embargo, en el auto A-145 de 2007 la Corte aceptó que este
anuncio resultaba válido en cuanto la fecha en que el debate y votación se
realizarían fue claramente determinable[10], siendo
posible entender de manera inequívoca en cuál sesión se daría cumplimiento a lo
anunciado. De otra parte, también resaltó la Corte, que por las condiciones en
que se produjo el aviso, éste cumplió adecuadamente el propósito de alertar a
los senadores y a la opinión pública sobre el debate y votación que en la
siguiente sesión se realizaría.
Dentro de este contexto, la Corte explicó que
en este caso el anuncio fue válidamente hecho, por cuanto en la sesión del
martes 6 de diciembre se habló de “la próxima sesión”, y no habiéndose
realizado la que fuera convocada para el siguiente día (miércoles 7 de
diciembre), la próxima sesión vino a ser entonces aquella en la que en
efecto se realizó el debate y votación de este proyecto, esto es, la del martes
13 de diciembre del mismo año. También por cuanto la expresión utilizada para
hacer el anuncio (“Proyectos que se discutirán y debatirán”, resulta
clara, inequívoca y suficiente para entender el propósito del mismo, ya que,
según lo ha resaltado la misma Corte, no se requiere a este respecto la
utilización de fórmulas sacramentales.
Por todo lo anterior, la Corte reitera que considera
válidamente surtido el requisito del anuncio previo a la votación del proyecto,
a que se refiere el inciso final del artículo 160 constitucional.
En la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes:
Durante el trámite legislativo adicional surtido
ante la Cámara de Representantes a efectos de subsanar los defectos encontrados
por esta Corte en el auto A-145 de 2007, el anuncio previo al primer debate en
la comisión correspondiente se efectuó en la sesión del miércoles 1° de agosto
de 2007, de lo cual existe constancia en el acta Nº 03, cuya copia auténtica
fue allegada al expediente por el Secretario de esa célula legislativa.
Posteriormente el proyecto fue votado y aprobado en la sesión realizada el martes
14 de agosto del mismo año 2007.
En este caso, encuentra la Corte que el
anuncio realizado el día 1° de agosto de 2007 tuvo las características
necesarias para amparar válidamente la votación realizada el martes 14 de
agosto del mismo año. Ello por cuanto, de una parte, aquél se hizo en términos
suficientemente claros y explícitos al hablar de “anuncio de los proyectos
de ley para primer debate en la próxima sesión de comisión”, lo que debió
permitir a los representantes asistentes entender claramente que se trataba de
dar cumplimiento al requisito establecido en el último inciso del artículo 160
constitucional. De otra, porque al haberse hecho referencia a la próxima
sesión, y haberse citado al concluir la reunión para “el próximo martes 14
de agosto a las 10:00 a.m.” se permitió a los escuchas enterarse claramente
cuando tendría lugar el debate y votación anunciados. Finalmente, y en adición
a ello, cabe señalar que al hacer el anuncio la Secretaria de la Comisión
aludió expresamente al hecho de que se pretendía subsanar un vicio de
procedimiento detectado por la Corte Constitucional mediante auto A-145 de
junio 13 de 2007, lo que también contribuye a enterar claramente a los miembros
de la comisión sobre el objetivo del anuncio.
Por todo lo anterior, concluye la Corte que
el anuncio realizado durante esta etapa del proceso legislativo fue válido y
cumplió a plenitud el objetivo constitucional por el que fue establecido.
En la Plenaria de la Cámara de
Representantes:
Como también se indicó, en este caso el
anuncio se produjo en la sesión del 18 de septiembre de 2007, de lo cual existe
constancia en el acta Nº 71, publicada en la Gaceta Nº 529 de 2007. A
continuación el proyecto fue votado y aprobado en la sesión del martes 25 de
septiembre del mismo año 2007.
En lo referente a los términos del anuncio,
en la citada acta se observa (Gaceta 529 de 2007, página 21) que el Secretario
General de la Cámara expresó: “Los proyectos son los siguientes Presidente,
para el próximo martes a las 3:00 de la tarde:”. A continuación se dio el uso
de la palabra al Subsecretario General, quien previamente a la lectura de la
correspondiente lista de proyectos reiteró “Se anuncian para el próximo
martes de conformidad con el artículo 160 de la Constitución”. Consta
además que dentro de la lista de proyectos anunciados se encontraba el “Proyecto
de ley número 243 de 2005 Cámara, 070 de 2005 Senado”.
De otra parte, al concluir la sesión en la
cual se efectuó el anuncio, el Vicepresidente de la Cámara de Representantes
convocó “para mañana a las 3:00 de la tarde para el debate de Control
Político y el martes proyectos que fueron anunciados” (no está
subrayado en el texto original), con lo que, en concordancia con el anuncio antes
efectuado, se reiteró cuándo se realizaría la sesión en que se debatirían y
votarían los proyectos anunciados. Tal como de hecho ocurrió, al realizarse la
sesión del martes 25 de septiembre de 2007
Por todo lo anterior observa la Corte que
en este paso se dio exacto y cabal cumplimiento al requisito establecido en el
inciso final del artículo 160 de la Constitución Política.
2.4.4. Sobre el trámite de subsanación del defecto
advertido:
En el auto A-145 de junio 13 de 2007, al
decidir la devolución a la Cámara de Representantes de la Ley 1082 de 2006 cuya
constitucionalidad se examina, la Corte Constitucional señaló la forma como debería
procederse a subsanar la irregularidad encontrada y el plazo dentro del cual
debía surtirse este trámite.
Concretamente, esta corporación ordenó que se
retomara el trámite del proyecto ante la Comisión Segunda Constitucional de esa
cámara iniciando con el anuncio previo a su debate y votación, a propósito de
lo cual se hizo constar que la publicación de la respectiva ponencia se había
hecho en forma correcta, por lo que no se hacía necesario repetirla. Para la
conclusión del trámite ante esta comisión legislativa se concedió un plazo de treinta
(30) días en sesiones ordinarias.
Así mismo, se señaló que a continuación la
Cámara de Representantes debería concluir el trámite legislativo correspondiente
sometiendo el proyecto a segundo debate ante la plenaria de esta cámara antes
del 16 de diciembre de 2007, después de lo cual el proyecto debería enviarse al
Presidente de la República para su correspondiente sanción dentro del término
previsto en la Constitución, para lo cual debería conservarse el mismo número de
ley originalmente asignado (Ley 1082 de 2006).
Cumplido el trámite de subsanación, la
Corte destaca que aquél se llevó a cabo en la forma ordenada por esta
corporación, ya que el auto A-145 de 2007 fue notificado al Presidente de la
Cámara de Representantes el día 28 de junio de 2007, fecha en la cual el
Congreso de la República no se encontraba en sesiones. Una vez iniciado el
nuevo período legislativo el 20 de julio siguiente, el trámite ante la Comisión
Segunda Constitucional de la Cámara se adelantó y concluyó el 14 de agosto de
2007, esto es, dentro del plazo señalado por la providencia de esta corporación
arriba mencionada.
De igual manera, se observa que el trámite
ante la plenaria de la Cámara de Representantes se realizó de manera correcta y
concluyó el 25 de septiembre de 2007, esto es, varios meses antes del plazo
máximo señalado por la Corte.
Finalmente, el proyecto de ley fue
correctamente sancionado por el Presidente de la República, dentro del plazo
constitucionalmente previsto y conservando el mismo número de ley originalmente
asignado.
2.5. Conclusión sobre el cumplimiento de
los requisitos constitucionales aplicables al trámite legislativo surtido por
este proyecto:
Frente al trámite cumplido en las cámaras
legislativas por el proyecto de ley 070 de 2005 – Senado / 243 de 2005 Cámara,
que vino a convertirse en Ley 1082 de 2006, el cual incluye las diligencias
realizadas en obedecimiento a lo ordenado por esta Corte en el auto A-145 de
2007 se observa lo siguiente:
El proyecto agotó de manera satisfactoria
los requisitos generales previstos en la Constitución y en el reglamento del
Congreso para la tramitación de un acto de esta naturaleza. En efecto, este
proyecto: (i) inició su trámite en el Senado de la República (art. 154 Const.);
(ii) fue publicado previamente al inicio del proceso legislativo; (iii) fue
aprobado tanto en primero como en segundo debate en cada una de las dos cámaras
que conforman el órgano legislativo, con el quórum y las mayorías exigidas por la
Constitución y el reglamento; (iv) las ponencias, tanto en comisiones como en
plenarias, fueron publicadas antes de iniciarse los respectivos debates; (v)
entre el primero y segundo debate realizado en cada cámara, así como entre la
aprobación del proyecto en la plenaria del Senado y la iniciación del trámite
en la Cámara de Representantes, transcurrieron los términos mínimos previstos
en el texto constitucional (art. 160); (vi) fue sancionado por el Presidente de
la República una vez concluido el trámite legislativo adicional cumplido con el
fin de subsanar las irregularidades detectadas por esta corporación; (vii) fue
enviado para su revisión de constitucionalidad a esta Corte, dentro de los seis
(6) días siguientes a esta última sanción presidencial.
En consecuencia, bajo todos estos
respectos, la Ley 1082 de 2006 debe ser considerada exequible, en lo que se
refiere a la validez del trámite legislativo.
3. Análisis material sobre el contenido del
convenio aprobado mediante Ley 1082 de 2006:
3.1. Objetivo y aspectos generales
De acuerdo con el contenido de su título,
el “Convenio entre el Reino de España y la República de Colombia para evitar
la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuesto sobre
la renta y sobre el patrimonio”, aprobado mediante Ley 1082 de 2006
persigue dos propósitos fundamentales: El primero de ellos es prevenir de
manera efectiva la doble tributación que usualmente afecta a las personas que
simultáneamente mantienen vínculos personales, laborales o de otro tipo con dos
distintos Estados. El otro es reforzar la mutua colaboración entre las
autoridades tributarias de ambos países con el fin de asegurar el cumplimiento
de las obligaciones tributarias por parte de tales personas, el cual suele dificultarse
si no existe comunicación efectiva entre dichas autoridades, e incluso como
resultado de la existencia de ventajas como las que este mismo convenio busca fortalecer
(garantía de que no habrá doble tributación).
De esta manera los Estados firmantes buscan
ofrecer condiciones más favorables para el tráfico jurídico y de inversiones y
negocios entre los dos países, que se espera redunden en el crecimiento de
ambas economías, al tiempo que a través de la mutua cooperación, previenen que
tales condiciones puedan generar perjuicios a la efectiva recaudación de las
rentas tributarias legalmente debidas a cada uno de ellos. Con estos propósitos,
diversos países han usado desde hace décadas esta herramienta, tanto a nivel de
convenios bilaterales como de carácter multilateral, sin embargo, hasta la
fecha Colombia apenas ha participado de unas pocas de estas iniciativas[11].
Desde esta perspectiva, estima la Corte que
el tratado cuya constitucionalidad se revisa es un mecanismo válido para el
cumplimiento de los fines del Estado colombiano y se enmarca sin dificultad
dentro de los objetivos que la Constitución le asigna al manejo de las
relaciones internacionales y a la suscripción de tratados con otros Estados y/o
organismos de derecho internacional (cfr. artículos 9°, 150 num. 16°, 189 num.
2°, 224 y 226 de la Constitución Política). También, en cuanto España, que es
el otro Estado firmante de este tratado, es usualmente considerado en América
Latina como un miembro más de dicha comunidad, puede entenderse que la
suscripción de este instrumento contribuye al logro de los objetivos de
integración regional a que se refieren particularmente los artículos 9° y 227
ibídem.
En relación con el objetivo del convenio es
del caso precisar que no resulta contrario a ninguna de las disposiciones constitucionales
relevantes en relación con el tema tributario, como son principalmente los
artículos 338, 345 y 363. Por lo demás, es claro que las disposiciones de este
convenio no entrañan, en manera alguna la creación de nuevas obligaciones o
cargas tributarias para los ciudadanos colombianos o las personas residentes en
Colombia, sino por el contrario, la posibilidad de racionalizar tales cargas
frente a las ya anotadas circunstancias de eventual doble imposición.
De otra parte, frente a la restricción contenida
en el artículo 294 constitucional de conformidad con la cual “La ley no
podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con los
tributos de propiedad de las entidades territoriales” es pertinente señalar
que, como bien lo aclara su artículo segundo, este convenio se refiere
exclusivamente a los impuestos de renta y patrimonio, que en el derecho
colombiano son ambos impuestos de carácter nacional. Por lo tanto, es claro que
este tratado no implica en modo alguno, contravención a lo previsto en el citado
artículo 294 constitucional.
También es pertinente resaltar que si bien
la evitación de la doble imposición puede implicar el reconocimiento como
descuento o deducción por parte de las autoridades tributarias colombianos de
lo cancelado por iguales conceptos a las autoridades españolas, lo que en ciertos
casos puede traducirse en menores recaudos totales para el tesoro colombiano,
esta posibilidad ha sido incorporada al derecho interno mediante una norma de
carácter legal (Ley 1082 de 2006). Por ello es del caso concluir que ha sido
adoptada por el órgano constitucionalmente competente (art. 338), habiendo
además sido estudiada por iniciativa del Gobierno Nacional (art. 154 ibídem),
todo lo cual cumple, de manera simultánea, con las prescripciones
constitucionales pertinentes, tanto en materia tributaria, como en lo
relacionado con su carácter de tratado internacional.
Finalmente, reforzando con ello la
viabilidad constitucional de este tipo de estipulaciones internacionales, es
claro que dicha ventaja no se concede de manera unilateral, sino por el
contrario, dentro de un marco de reciprocidad, por cuanto de la misma manera
podrá hacerse valer como descuento o deducción ante las autoridades tributarias
españolas, dentro del marco de este convenio, lo que hubiere sido pagado en
Colombia por tales conceptos.
3.2. Contenido particular del tratado que
se revisa
El convenio objeto de revisión consta de 29
artículos distribuidos en siete distintos capítulos, a saber: Ámbito de
aplicación (arts. 1° a 2°), Definiciones (arts. 3° a 5°), Imposición de las
rentas (arts. 6° a 20), Imposición del patrimonio (art. 21), Métodos para
eliminar la doble imposición (art. 22), Disposiciones especiales (arts. 23 a
27) y Disposiciones finales (arts. 28 y 29). Por su parte, el Protocolo anexo
al final, contiene en total once estipulaciones de carácter interpretativo que
introducen precisiones frente a varias de las cláusulas de este convenio.
Del análisis individual de las
estipulaciones contenidas en este instrumento internacional y en su protocolo, observa
la Corte que ninguna de ellas resulta violatoria de algún precepto
constitucional. Por el contrario, entiende que todas ellas constituyen
mecanismos idóneos para el logro de los objetivos antes señalados, además de lo
cual, como se indicará en el lugar correspondiente, contienen salvaguardas que
preservan la vigencia de importantes principios del derecho colombiano, varios
de ellos contenidos en la Constitución Política. A continuación la Corte
realiza el estudio particular de cada una de estas disposiciones.
3.3. La exequibilidad de las disposiciones
de este tratado
Los artículos 1° a 5° de este convenio, que
a continuación se analizan, se ocupan de determinar y delimitar el campo de
aplicación del mismo.
Sin embargo, antes de ello, es pertinente
mencionar la cláusula I del Protocolo a este convenio, en la cual se precisa
que “Lo establecido en este Convenio se entenderá aplicable
independientemente de lo previsto en la legislación interna de los Estados
contratantes”.
Lo anterior significa, tal como ocurre con
la generalidad de los tratados internacionales, que aquellas situaciones
contempladas por este convenio que antes de su vigencia se hubieren regulado íntegramente
por una ley interna, se regirán ahora, en lo pertinente, por las disposiciones
especiales contenidas en el convenio que se analiza. Ello resulta adecuado y
congruente con el propósito de los tratados internacionales, y por lo mismo
exequible, frente al marco constitucional aplicable en relación con el tema.
Las disposiciones iniciales de este
convenio tienen el siguiente contenido:
El artículo 1° establece que este convenio
se aplicará a las personas residentes en uno o ambos de los Estados
contratantes, lo que se ve complementado con el contenido del artículo 4° en el
que se establecen reglas claras y precisas para determinar quiénes deben
considerarse residentes de uno u otro Estado.
De manera concordante, el artículo 2° explica
y detalla a cuáles de los impuestos existentes en la legislación tributaria de
los Estados signatarios se aplicará el convenio, que son aquellos que en la
terminología aplicable en ambos países se conocen de manera genérica como
impuesto de renta y de patrimonio. La norma agrega en su parte final que este
convenio se aplicará también a los nuevos impuestos de naturaleza idéntica o
análoga a los de renta y patrimonio que las leyes de cada Estado signatario pudieren
crear en el futuro, bien sea para sustituir los actualmente existentes o en
adición a ellos.
También, el punto II del Protocolo final
advierte que este convenio dejará de aplicarse al impuesto al patrimonio desde
el momento en que este concepto desaparezca de la legislación de al menos uno
de los Estados signatarios.
Por su parte, el artículo 5° define y establece
detalladas reglas en torno al término establecimiento permanente, que es
análogo aunque más amplio, que el de establecimiento de comercio, de uso
corriente y larga tradición en el derecho colombiano[12].
Este término junto con el de residente, son usados de manera recurrente a lo
largo del texto de este convenio para construir las distintas reglas sobre su
aplicación, especialmente lo relativo a en qué lugar deben cumplirse de manera
preferente las obligaciones tributarias que un determinado negocio genere y que
en principio se refieran a ambos Estados.
El artículo 3° contiene las demás definiciones
de términos o expresiones de uso corriente a lo largo del texto contractual,
entre ellas España, Colombia, estado contratante, sociedad, empresa, tráfico
internacional, autoridad competente, y otras semejantes, a lo cual debe
añadirse la precisión contenida en el punto III del Protocolo.
En relación con todas estas normas (arts.
1° a 5° del Convenio y cláusulas I a IV del Protocolo), además de resaltar su
necesidad y pertinencia, se observa que ninguna de ellas ni de las definiciones
allí contenidas incluye elementos que contraríen de manera alguna la preceptiva
constitucional colombiana. Por ello, puede decirse desde ya que la Corte
considera exequibles las disposiciones de los dos primeros capítulos de este
convenio, así como aquellas del protocolo que se relacionan con ellas.
El Capítulo III sobre “Imposición de las
Rentas”, contiene prolijas y detalladas reglas en relación con el territorio y
la forma en que serán gravados los beneficios provenientes de cada uno de los
siguientes temas: rentas inmobiliarias (art. 6°), beneficios empresariales
(art. 7°)[13], transporte marítimo y
aéreo (art. 8°), empresas asociadas (art. 9°), dividendos (art. 10)[14],
intereses (art. 11)[15], cánones o regalías
(art. 12)[16], ganancias de capital
(art. 13)[17], servicios profesionales
dependientes (art. 14), participación de consejeros (art. 15), artistas y deportistas
(art. 16), pensiones (art. 17)[18], remuneraciones por función
pública (art. 18), estudiantes (art. 19) y otras rentas (art. 20).
Inmediatamente a continuación se encuentra
el Capítulo IV sobre “Imposición del Patrimonio” compuesto por un solo
artículo, el 21, que contiene reglas precisamente sobre el tema de impuesto al
patrimonio.
Algunas de estas disposiciones incluyen, en
los casos en que se consideró necesario, definiciones complementarias sobre el
alcance de los términos que delimitan el campo de acción de cada una de ellas,
además de las ya citadas notas aclaratorias contenidas en el Protocolo inserto
al final de este convenio.
Dentro de estas reglas se destacan también
algunas disposiciones como las contenidas en los artículos 10, 11 y 12, a
partir de las cuales si un determinado ingreso es gravado en el territorio en
el que se produjo y no en aquel del cual es residente el receptor, habrá límites
cuantitativos para dicho gravamen, regla que en consecuencia se superpone a
aquella conforme a la cual se determinaría, en condiciones normales, el monto
del impuesto.
En lo que respecta a la exequibilidad de
estas reglas (arts. 6° a 21 del Convenio y cláusulas IV a X del Protocolo), habiéndose
determinado previamente que el propósito de este tratado internacional se
ajusta a la Constitución, la Corte no tiene tampoco reparo alguno en relación
con ellas.
Esto es consecuencia de su carácter
instrumental en relación con el convenio examinado, en cuanto tales
disposiciones se limitan a describir las distintas situaciones a partir de las
cuales pueden presentarse situaciones de eventual doble tributación, y a
establecer las reglas conforme a las cuales se determinará ante cuál de los
Estados signatarios deberán cumplirse las correspondientes obligaciones
tributarias. Por lo demás, se trata de reglas claras, explícitas y
suficientemente comprehensivas, todo lo cual facilitará la efectiva aplicación
de este convenio.
El Capítulo V, compuesto únicamente por el
artículo 22 del convenio, trata precisamente sobre las reglas y métodos a partir
de los cuales podrá evitarse la doble tributación, que es el objetivo central
de este convenio[19]. Estas reglas resultan
claras y pertinentes, y en cuanto hacen posible el logro de un propósito que
como se ha visto, es acorde con nuestro ordenamiento constitucional, deben considerarse
igualmente exequibles.
El Capítulo VI sobre Disposiciones
Especiales contiene reglas relacionadas con la no discriminación frente a los contribuyentes
que sean residentes del otro Estado (art. 23), el procedimiento aplicable frente
a los desacuerdos que puedan surgir en la aplicación de este convenio (art. 24),
el intercambio de información entre las autoridades de los Estados contratantes
(art. 25), la asistencia en la recaudación tributaria (art. 26) y el régimen especial
aplicable a los miembros de misiones diplomáticas y consulares (art. 27),
normas frente a las cuales la Corte no encuentra circunstancias que afecten su
exequibilidad.
La cláusula contenida en el artículo 23
establece un conjunto de reglas de carácter bilateral conforme a las cuales las
autoridades competentes en uno y otro país dispensarán a los nacionales del
otro Estado que deban tributar ante ellas un tratamiento semejante al que darían
a sus propios nacionales.
Por su parte, el artículo 24 establece las
facilidades necesarias para que los Estados suscriptores procuren lograr
acuerdos amistosos cuando quiera que un residente de uno de ellos considere que
el otro Estado no aplica correctamente las cláusulas de este convenio, caso en
el cual, las autoridades del Estado del que sea residente el inconforme le
colaborarán en buscar ante sus homólogas del otro país la solución al caso planteado.
El mismo artículo prevé también la
posibilidad de buscar un entendimiento en cuanto a la forma como debe
interpretarse una disposición de este convenio o la manera como puede resolverse
una situación que no se encuentre expresamente contemplada en él, y en general,
de comunicarse de manera permanente, a fin de llegar a acuerdos sobre todos
estos aspectos.
El artículo 25 establece los mecanismos necesarios
para el intercambio entre las autoridades de los Estados suscriptores de la
información que pueda resultar de interés para la mejor aplicación de este
convenio. Lo anterior se complementa con el mutuo compromiso de utilizar la
información así intercambiada únicamente para los efectos relacionados con este
convenio, manteniendo además su confidencialidad con respecto a terceros,
excepto cuando se trate de tribunales o autoridades administrativas que la
requieran en ejercicio de sus funciones, o de otros usos autorizados por las leyes
del respectivo país. Este artículo contiene también disposiciones
complementarias relativas a las formas de reserva usualmente reconocidas por el
Derecho Internacional y/o por el derecho interno de los países signatarios, lo
que garantiza, en lo pertinente los derechos a la intimidad, al buen nombre y a
la reserva documental de que trata el artículo 15 de la Constitución Política.
El artículo 26 contiene los mecanismos a
partir de los cuales los Estados firmantes de este convenio se comprometen a
prestarse mutua colaboración en el cobro o recaudo de los créditos tributarios
a su favor, compromiso que no se limita a los temas y/o los sujetos a que se
refieren sus artículos 1° y 2°, sino que podrá extenderse a todas las materias
tributarias.
Este artículo contiene las reglas
necesarias para la correcta aplicación de dichos mecanismos de colaboración,
así como las advertencias sobre los límites y excepciones aplicables en
relación con ellos, dentro de los cuales se destaca el relativo a la manifiesta
desproporción entre el costo administrativo de dicha gestión de cobro y el
beneficio que el otro Estado puede obtener por ella. En lo que atañe a los
compromisos que en desarrollo de esta cláusula asume Colombia, considera la
Corte que tales exclusiones consultan de manera adecuada los criterios
inspiradores de la función administrativa contenidos en el artículo 209
constitucional, así como las demás normas superiores aplicables.
Por último, el artículo 27 advierte que las
disposiciones de este convenio no afectan los privilegios fiscales que con
anterioridad a él y en virtud del Derecho Internacional disfrutaran los miembros
de las misiones diplomáticas y consulares de los Estados signatarios.
Examinadas las anteriores normas, la Corte
estima que todas ellas resultan razonables dentro de un convenio de esta
naturaleza y son conducentes a la adecuada ejecución y cumplimiento del mismo. Por
lo demás, ninguna de estas disposiciones contiene renuncias a los derechos de
los ciudadanos ni de las autoridades colombianas, ni tampoco confiere a los
ciudadanos y autoridades españolas privilegios o prerrogativas especiales que
resulten contrarias a la Constitución Nacional.
Por el contrario, todas ellas se basan en
el principio de reciprocidad, por lo que los ciudadanos de uno y otro Estado
gozarán de los mismos privilegios, ventajas y facilidades, particularmente las conducentes
a evitar la doble tributación con ocasión de las actividades económicas que ellos
adelanten y de las cuales pueda resultar su eventual sujeción a imposición
tributaria en ambos Estados. Así mismo, las autoridades de ambos países tendrán
iguales obligaciones, ventajas y prerrogativas para facilitar a sus ciudadanos
el ejercicio de los derechos que este tratado les confiere, así como para
luchar de manera efectiva contra la evasión fiscal en sus respectivos
territorios.
Finalmente, los artículos 28 y 29 integran
el Capítulo VII sobre Disposiciones Finales. Estas dos últimas normas regulan
de manera clara los temas de entrada en vigor del convenio y de su eventual
terminación, de acuerdo con los principios del Derecho Internacional Público, y
en particular, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados[20],
por lo que encuentra la Corte que también estas estipulaciones resultan
exequibles en lo que se refiere a su contenido material.
4. Conclusión
Realizado el análisis de este convenio,
tanto en su aspecto formal como material, estima la Corte que en todo se ajusta
a los preceptos constitucionales. Ello es así por cuanto, de una parte, se han
cumplido los requisitos procedimentales exigidos por la Constitución y la ley
para integrar el ordenamiento jurídico interno; y de otra, los objetivos y el
contenido del convenio sometido a control constitucional, que como quedó dicho,
busca facilitar a los ciudadanos y empresas de los países signatarios los
instrumentos que les permitan no ser sujetos de doble imposición tributaria por
parte de ambos Estados, se avienen sin dificultades al contenido de los
preceptos superiores aplicables.
VI. DECISION
En mérito
de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- DECLARAR exequible el “Convenio entre el Reino de España y la
República de Colombia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión
fiscal en materia de impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio” y su “Protocolo”,
firmados en Bogotá D.C. el 31 de marzo de 2005.
Segundo.- DECLARAR exequible la Ley 1082 de 2006 “Por medio de la
cual se aprueba el ‘Convenio entre el Reino de España y la República de
Colombia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en
materia de impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio’ y su ‘Protocolo’,
firmados en Bogotá D.C. el 31 de marzo de 2005”.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Presidente
AUSENTE CON EXCUSA
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO
DE VOTO A LA SENTENCIA C-383 DE 2008 DEL MAGISTRADO JAIME ARAÚJO RENTERÍA
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Incumplimiento del requisito de anuncio
previo de votación y en sesión diferente/REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE
VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Vicio
insubsanable (Salvamento de voto)
Referencia: Expediente LAT-298
Revisión
Constitucional de la Ley 1082 de julio 31 de 2006 “Por medio de la cual se
aprueba el ´Convenio entre el Reino de España y la República de Colombia para
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuesto
sobre la renta y sobre el patrimonio´y su ´Protocolo´, firmados en Bogotá D.C.
el 31 de marzo de 2005”.
Magistrado Ponente:
NILSON PINILLA PINILLA
Con el respeto acostumbrado por las
decisiones de esta Corte, me permito salvar mi voto a la presente decisión, por
cuanto en mi concepto la Ley 1082 de 2006 adolece de un vicio de forma
insubsanable, por cuanto en el trámite de aprobación de esta Ley se incurrió en
vicios de procedimiento toda vez que tanto en la plenaria del Senado de la
República como en la Comisión Segunda Constitucional de la Cámara de
Representantes, dejó de cumplirse en debida forma el requisito establecido en
el inciso final del artículo 160 de la Constitución, referente al anuncio
previo y en sesión diferente, de los proyectos de ley que en la respectiva
cámara o comisión serán sometidos a votación. Por tanto y al no haberse
cumplido en debida forma con el anuncio para votación establecido en el inciso
final del artículo 160 de la Carta Política, acorde con el principio
democrático y de publicidad del procedimiento legislativo, la citada ley ha
debido ser declarada inexequible.
En este orden de ideas, me permito reiterar los
argumentos con base en los cuales sostengo que el requisito del anuncio previo
para votación con el lleno de todas las exigencias constitucionales es
fundamental para la validez de las normas jurídicas y su falta constituye un
vicio insubsanable. A este respecto me referiré (i) en primer lugar, al
problema de teoría del derecho respecto de la producción de las normas
jurídicas, la validez de las mismas, y su importancia en el control
constitucional; y (ii) en segundo lugar, a la naturaleza del anuncio previo
para votación de los proyectos como requisito constitucional.
1. El problema de la producción de las normas
jurídicas, la validez de las mismas, y su importancia en el control
constitucional
El problema de la producción de las normas jurídicas
dentro de un sistema jurídico, el cual apareja a su vez el de la validez de las
normas jurídicas, supone una posición de principio de teoría y filosofía del
derecho, que tiene importantes consecuencias teóricas y prácticas para el tema
del control constitucional.
Se hace necesario entonces tomar una postura clara de
teoría y filosofía del derecho, en relación con el concepto de norma jurídica,
el cual entraña el concepto de validez de las mismas, lo cual a su vez conlleva
necesariamente la pregunta por el modo de producción jurídico-institucional de
las normas. De este modo, tenemos que en un sistema jurídico es fundamental
determinar en primer término, qué es norma jurídica, elemento básico y esencial
del derecho, como el concepto de “célula” para la biología. Por ello, la
primera parte de teoría del derecho se encuentra dedicada al análisis y
determinación de lo que es norma jurídica, parte esencial de la cual, es la
pregunta de cuándo un enunciado normativo hace parte del sistema jurídico, o en
otros términos, a la pregunta por la validez de los preceptos jurídicos[21].
Esta problemática corresponde a la teoría de las normas y aborda la parte
estática del derecho[22].
No obstante, el derecho no está compuesto por una sola
norma sino por una pluralidad de normas jurídicas. En consecuencia, la segunda
parte de la teoría del derecho es la que se refiere a la teoría del
ordenamiento jurídico que aborda la parte dinámica de las normas[23].
En esta parte se encuentra el análisis de lo que son las antinomias jurídicas,
para resolver las cuales hay que acudir a los criterios de vigencia en el
tiempo y/o jerarquía de los enunciados jurídicos validos, así como los
problemas de unidad, coherencia y plenitud de los ordenamientos jurídicos.
Vista la estructura fundamental de la teoría del
derecho, es claro entonces que el primer problema fundamental del sistema
jurídico es la determinación de qué es una norma jurídica, cuándo una norma
nace al ordenamiento jurídico, o en otros términos, qué normas pertenecen y
cuáles no al sistema jurídico, problema que se encuentra analítica e intrínsecamente
ligado al problema de la validez de la norma jurídica, el cual es un problema
tan fundamental y esencial en el derecho que es anterior al problema de la
vigencia y de la eficacia de las normas, puesto que la respuesta a este primer
interrogante permite esclarecer la cuestión de la carta de nacimiento o
naturaleza jurídica propiamente dicha de las normas, la pertenencia de
las normas a un sistema jurídico, o con otras palabras, la cuestión del reconocimiento
de las normas como jurídicas o pertenecientes a un sistema jurídico, es decir,
como enunciados normativos jurídicos-positivos.
En este orden de ideas, aparece claro que la pregunta
fundamental en el derecho es la pregunta por la existencia y validez de las
normas jurídicas, por qué es norma jurídica, cuestiones que determinan la
teoría de los actos jurídicos y la teoría de la nulidad en el derecho, desde la
inexistencia de norma, la nulidad de la norma, hasta la existencia de norma con
vicio o sin vicio de producción o formación. De manera que el cuestionamiento
esencial en el derecho es entonces el de cómo surgen las normas en el mundo
jurídico, esto es, cuándo una norma ha surgido correctamente en el mundo
jurídico, es decir, con el lleno o cumplimiento de todos los requisitos establecidos
para su creación. Este cuestionamiento corresponde exactamente a la pregunta
por la validez.
La pregunta por la validez de las normas jurídicas, es
decir, por la cuestión de si un enunciado normativo es norma jurídica, o en
otros términos, si  pertenece al sistema jurídico, de conformidad con las
reglas prefijadas por el propio sistema para su reproducción, es la pregunta
fundamental que se debe hacer en el derecho, para posteriormente, y sólo si es
contestada afirmativamente esta pregunta por la validez, se pueda continuar
preguntando por la vigencia y la eficacia de las normas jurídicas válidas.
Esta característica propia de las normas jurídicas
como válidas, es lo que llevó  a Hans Kelsen a afirmar que el derecho pertenece
al mundo del “deber ser” y no al mundo del “ser”, ya que la
pregunta por el derecho es la pregunta por la validez de la norma jurídica, es
decir, por la existencia deontológica, y no la pregunta por la existencia
fenomenológica de las cosas, lo que condujo al filósofo del derecho austriaco a
sostener que por ello mismo la lógica formal no funciona para el derecho, por
cuanto su finalidad es la constatación de una correspondencia con un fenómeno
del mundo del ser, mientras que en cambio en el derecho de lo que se trata es de
constatar si una norma es válida, es decir de si existe en el mundo del derecho
o del “deber ser” y ello de acuerdo con aquellas reglas que estipulan y
prevén los presupuestos para su producción jurídica[24].
Así mismo, esta característica de la validez, propia del derecho, es lo que
permite explicar, según Kelsen, que se puedan encontrar normas válidas que se
opongan entre sí y sin embargo sigan siendo válidas.
A este respecto, hay que recordar que el sistema
jurídico es como el ave fénix que se crea y se reproduce a sí mismo, y contiene
por tanto normas que estipulan la forma de la reproducción de las normas
jurídicas, las cuales Hart denomina “reglas secundarias”[25].
Así mismo, a este problema fundamental del derecho acerca de la determinación
de la pertenencia o no de una norma a un sistema jurídico de conformidad con
las normas o reglas previstas por el propio sistema para su reproducción, es lo
que Hart identificó como el problema del reconocimiento de las normas jurídicas
como tales, a cuyo problema contribuyó con su teoría de la “regla de
reconocimiento y validez jurídica”[26].
Así entonces, el derecho será válido siempre y cuando satisfaga los
requisitos que se establecen para la producción del mismo derecho y que están
señalados por las reglas de producción del derecho en la Constitución.
Lo anterior, lo ejemplifica el filósofo del Derecho H.L.A. Hart de la
siguiente manera: “Si se plantea la cuestión sobre si una cierta  regla es
jurídicamente válida, para resolverla debemos usar un criterio de validez
suministrado por otra regla. ¿Es válida esta pretendida ordenanza del County
Council de Oxfordshire? Sí:  porque fue dictada en ejercicio de potestades
conferidas y de acuerdo con el procedimiento especificado, por un decreto del
Ministerio de Salud Pública. A este primer nivel, el decreto suministra los
criterios para apreciar la validez de la ordenanza.  Puede no haber necesidad
práctica de seguir adelante; pero existe la posibilidad de hacerlo.  Podemos
cuestionar la validez del decreto y apreciarla en términos de la ley que
faculta al Ministro a adoptar tales medidas“[27]
Así también nuestra Constitución contempla para la producción de normas
con fuerza de ley, por ejemplo, el requisito de publicación previa del proyecto
de ley (inc.1 art. 157 CN);  cuatro (4) debates, dos en cada una de las
cámaras, y en cada una de ellas un primero en la comisión correspondiente y un
segundo en plenaria (inc. 2 art. 57, 165); la existencia de quórum
deliberatorio y de determinadas mayorías (p.e. art. 153); el cumplimiento del
anuncio de votación del proyecto en cuestión, con el cumplimiento de los
requisitos establecidos por la propia Carta (art. 160 C.P); términos
específicos entre cada debate en cada Cámara y entre los debates en una y otra
Cámara (art. 160); límites de trámite en los periodos legislativos (art. 162),
la sanción presidencial (art.168), entre otros.
Ahora bien, cuando se hace control de
constitucionalidad, éste apunta en primerísimo lugar a comprobar la validez de
la norma jurídica, a constatar si se respetó o no el camino demarcado por el
propio sistema jurídico, esto es, los procedimientos de producción del derecho,
para que pueda catalogarse tal norma como norma válida. El control
constitucional en este aspecto no es por tanto cosa de poca monta, ya que
cuando el constituyente dice que exige ciertos requisitos para poder otorgar
carta de validez a las normas jurídicas, al Tribunal Constitucional le
corresponde controlar y verificar que dichos requisitos se hayan respetado y
cumplido a cabalidad. Por tanto esta labor es de suma importancia, este control
constitucional sobre la forma de producción de las normas jurídicas y sobre la
validez de las mismas, es lo más importante, porque a partir de este control se
debe determinar qué norma es reconocida como válida, es decir, qué norma
pertenece al sistema jurídico, o en otros términos, qué enunciado normativo es
en realidad norma jurídica. En este sentido, el control constitucional formal
no es una cuestión de simple formalismo, por cuanto no puede existir derecho
sin que se respeten las condiciones procedimentales de formación de las normas
jurídicas preestablecidas por el propio ordenamiento, lo cual es una
característica fundamental de un Estado de Derecho.
La pregunta por la validez jurídica de las normas y el
control constitucional respecto de dicha validez jurídica, sigue siendo por
tanto un tema de trascendental importancia para el derecho y esto es
precisamente lo que controla en primera instancia el Tribunal Constitucional,
la pregunta sobre cuáles enunciados normativos pertenecen efectivamente o no al
ordenamiento jurídico. Todos los demás temas son por tanto posteriores al tema
de la validez, es decir, el tema de la vigencia, de la eficacia y el análisis
de si el contenido sustancial de la norma es acorde o no con la Constitución.
Es por esta razón que la producción del Derecho y sus formas, permiten
entender al pueblo que el producto realizado está acorde con el objetivo
popular y con la misma existencia del Estado, y les otorga una presunción de
validez.  Los trámites y cauces en los cuales se encamina la producción
normativa deviene de la misma legitimidad que el pueblo otorga al producto
final, es decir el Derecho.
En consecuencia, sólo pueden valorarse o reconocerse como válidas y
legítimas las reglas de obligación si provienen de las reglas de reconocimiento
y de su aplicación adecuada. Situación del Estado de Derecho totalmente
contraria al Estado absolutista donde el único criterio para identificar algo
como derecho era aquello sancionado por el rey.   En palabras más sencillas,
debe decirse que la manera para identificar el derecho aceptado por los
individuos esta basada en aquel derecho que provenga o sea el resultante de las
reglas de reconocimiento o formas de producción establecidas en la
Constitución.
Cualquier otra cosa que se obtenga como resultado sin el cumplimiento
de estas reglas de reconocimiento constitucionales no puede avalarse como
derecho legítimo aceptado por los individuos. Es decir, existe la posibilidad
de que el legislador produzca “derecho” sin el cumplimiento de las reglas de
reconocimiento.  Evento en el cual, este “derecho” no es válido, a la luz de
poder político en cabeza del pueblo.
En síntesis, la suplantación de la forma de producción de derecho, sin
dudas elimina la legalidad y legitimidad que éste debe tener, afecta
inmediatamente su validez y hace no obligatorio su cumplimiento.  Y esto es
así, por cuanto es el propio derecho el que determina su forma de producción y
ello es la garantía que el pueblo mismo tiene que la producción de parámetros
de convivencia social pacífica se realice acorde con lo preestablecido por él
mismo, en cabeza del Estado de Derecho y su ordenamiento jurídico y no por
fruto del capricho o el deseo de quien produzca normas, lo que estaría más
cercano a la vivencia del Estado absolutista y el poder de dictar parámetros de
un ente diferente del soberano.
2. El anuncio previo como requisito constitucional para votación de los proyectos de ley
(Artículo 160 C. P)
Respecto de la trascendencia constitucional del
requisito establecido en el artículo 160 constitucional, esta Corte ha
manifestado:
“El inciso final del artículo 160 de la
Constitución Política dispone que ningún proyecto de ley será sometido a
votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado.  En
el mismo sentido, establece que el aviso de que un proyecto será sometido a
votación lo dará la presidencia de cada Cámara o comisión en sesión distinta a
aquella en la cual se realizará la votación.
Como lo ha señalado la jurisprudencia de esta
Corporación sobre la materia,[28] el
anuncio de la votación pretende hacer eficaces valores y principios
constitucionales primordiales para la actividad legislativa.  En efecto, el
anuncio permite que los congresistas conozcan con la debida antelación qué
proyectos de ley van a ser sometidos a votación, requisito indispensable para
la concreción del principio de publicidad propio de la actividad congresional
y, por ende, para la adecuada formación de la voluntad democrática al interior
de las cámaras. Además, el cumplimiento del requisito mencionado facilita la
actuación de los ciudadanos y las organizaciones sociales en el trámite de
aprobación de los proyectos de ley, lo cual materializa la democracia
participativa y el ejercicio de los derechos políticos previstos en el artículo
40 C.P.
Este precedente ha previsto, además, las condiciones
fácticas requeridas para acreditar el cumplimiento de la obligación del anuncio
de la votación.  Así, resultará comprobado el requisito cuando (i) el anuncio
de la votación de un proyecto de ley se realiza en sesión anterior y, por ende,
distinta a la que se lleve a cabo la aprobación de la iniciativa (ii) la
Presidencia de la cámara correspondiente informa expresa y claramente a sus
integrantes que determinado proyecto de ley será sometido a votación en sesión
posterior; y (iii) la fecha de esa sesión posterior para la cual fue convocada
la votación sea determinada o, al menos, determinable.
En el mismo sentido, la Corte ha estimado que el
incumplimiento del requisito mencionado es un vicio de naturaleza insubsanable,
que acarrea la inexequibilidad de la disposición.  Ello debido a que se trata
de una instancia del procedimiento legislativo prevista de forma expresa por la
Carta Política.  Por ende, hace parte de las disposiciones que conforman el
parámetro superior para la validez del procedimiento legislativo destinado a la
creación de normas jurídicas, por lo cual debe ser aplicada de forma preferente
en virtud del principio de supremacía constitucional (Art. 4 C.P.).
Bajo la misma perspectiva y de conformidad con lo
expresado anteriormente, esta exigencia busca hacer eficaces tanto el principio
de publicidad y transparencia en el trámite legislativo, como la democracia
participativa y el respeto de las minorías parlamentarias. Así, se trata de un
presupuesto formal relevante para la adecuada formación de la voluntad
democrática de las cámaras legislativas, esto es, que hace parte del mínimo de
requisitos exigibles para que el procedimiento de formación de las leyes cumpla
con sus propósitos constitucionales.
Por último, la omisión del anuncio para la votación es
un vicio de procedimiento que afecta el trámite subsiguiente puesto que, en
atención del principio de consecutividad, la validez de cada una de las etapas
del procedimiento para la formación de las leyes depende, a su vez, de la
validez de las actuaciones antecedentes.  En esa medida, no sería posible
aplicar la facultad de subsanación prevista en el parágrafo del artículo 241
C.P.
( … ) La Sala insiste en que el requisito para el
procedimiento legislativo previsto en el inciso final del artículo 160 C.P.
obliga a que al interior de las cámaras legislativas sean anunciados, de
manera específica, cierta y expresa, cuáles son los proyectos de ley que serán
sometidos a votación en la siguiente sesión y la fecha, determinada o
determinable, en que se realizará esa reunión (…)”[29](Negrilla fuera de texto)
En conclusión, el cumplimiento del anuncio previo con
el lleno de las exigencias constitucionales hace efectivo al interior del
trámite parlamentario de leyes y actos legislativos una serie de principios
constitucionales, dentro de los que se realza el Estado Social de derecho.
Principios éstos que pretenden que los congresistas conozcan qué
proyectos van a ser sometidos a debate y votación.  Lo anterior, como resultado
del principio de contradicción, pilar de las sociedades democráticas, el cual
busca que las normas que rigen la sociedad sean debatidas, discutidas y
posteriormente sean votadas. Para lo anterior, es indispensable que los
congresistas conozcan de manera cierta y clara en qué momento del trámite
parlamentario los proyectos serán debatidos, discutidos y votados.
Ahora bien, de no cumplirse dicho conocimiento
antecedente por parte de los congresistas, no existiría la idónea formación de
la ley o del acto legislativo como expresión de la voluntad democrática. Esto
por cuanto dicho desconocimiento impediría la oportunidad de debatir, discutir
y hasta votar dichos proyectos por parte de los congresistas. En consecuencia,
la norma resultante de un proceso que adolece del requisito señalado, no
responde a la expectativa cierta de los asociados quienes depositan su
confianza en los órganos del Estado, en este caso el Congreso, de que las
normas se guiarán por los causes de producción que la Constitución, como norma
de normas, establece para su fabricación.
Adicionalmente, otras cuatro razones fortalecen y
ratifican la exigencia, dentro del trámite de aprobación de una ley, del
requisito establecido en el artículo 160 Constitucional.  Estas son:
a.  La Constitución Política de Colombia establece en
su artículo 183 las causales de pérdida de  investidura de los congresistas;
dentro de las cuales se encuentra la señalada en el numeral segundo que indica:
“Por la inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis reuniones
plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley
o mociones de censura. “  (Negrilla fuera de texto)
Así las cosas, el ordenamiento superior prevé que un
congresista de la República puede perder su investidura por el hecho de no
asistir en un mismo período de sesiones a seis reuniones plenarias en las que
se voten proyectos de ley.  En este orden de ideas, el anuncio previo de los
proyectos de ley que serán debatidos y votados en sesión posterior cierta y
determinada (artículo 160 constitucional) es sin duda una garantía que la misma
norma superior estableció para los congresistas, los cuales, conocedores de que
un proyecto se debatirá y votará en sesión posterior cierta y determinada y, de
las consecuencias señaladas en el artículo 183 numeral 2 de la Constitución,
asumen las responsabilidades que la propia Constitución y la ley les exigen.
Por el contrario, el no cumplimiento del anuncio
previo de que trata el artículo 160 constitucional, deja sin sustento la
garantía constitucional que la norma superior ha otorgado a los congresistas
para que asuman sus funciones con la responsabilidad que les es debida.  En
otras palabras, el no cumplimiento del requisito esbozado impediría exigir
responsabilidad a los congresistas con base en el artículo 183 numeral 2
constitucional, por falta de conocimiento de la reunión plenaria en la que se
votaría un proyecto de ley.
b. En este mismo orden de ideas, cualquier ciudadano
necesita conocer, de manera cierta y determinada, cuándo se va a votar un
proyecto de ley que lo puede afectar, ya que se debe legislar consultando el
interés general. Lo anterior, con el propósito de que pueda hacer valedero el
principio constitucional de participación en las decisiones políticas en cabeza
de todos los ciudadanos, consagrado entre otros artículos en el 2, 40, 103,
153, 154, 155, 159 de la Constitución Nacional.  Así las cosas, el ciudadano
puede ejercer no sólo la vigilancia y el control social sobre la producción de
las normas jurídicas que le van a ser aplicadas sino que igualmente puede
participar de manera activa en la toma de esas decisiones, lo cual es un
presupuesto del ordenamiento jurídico democrático y la cultura participativa.
Así pues, el desconocimiento del anuncio previo
expresado en la norma constitucional ya mencionada con anterioridad, impide que
el ciudadano vigile y controle socialmente la producción de las normas
jurídicas y que participe, como lo señala la Constitución Política, y asista,
como  lo permite el artículo 71 de la Ley 5ª de 1992 al desarrollo de las
sesiones y toma de decisiones por parte del Congreso. Específicamente, el
ciudadano, carecería del conocimiento respecto de la sesión cierta en la cual
se va a debatir y aprobar un proyecto de ley que sin dudas le incumbe.
c.  El artículo 160 de la Constitución al exigir que
ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente de aquella
que previamente se haya anunciado y que por consiguiente dicho aviso debe
realizarse en sesión distinta a aquella en la cual se realiza la votación, en
realidad lo que está señalando es un prerrequisito de competencia del
Congreso de la República para votar proyectos de ley y actos legislativos.
En otras palabras, la Constitución establece que el
Congreso de la República, sea las comisiones o sea las Cámara en pleno, será competente
para votar un proyecto de ley, como en el presente caso, solamente y de
manera única cuando se haya efectuado en debida forma el anuncio de que trata
el artículo 160 constitucional.  De no ser así, el congreso carece de la
competencia constitucional necesaria para votar un proyecto de ley. Lo anterior
por falta del anuncio previo exigido en la norma de la Constitución
mencionada.
Por tanto, si el Congreso vota un proyecto de ley sin
la realización o la mala realización del anuncio previo, tantas veces
mencionado, estaría actuando por fuera de las competencias asignadas
constitucionalmente y por consiguiente el acto constituye una irregularidad
superlativa a la luz de la Constitución por ser contrario a ésta, lo cual
acarrea una sanción mayor por no respetar el procedimiento establecido, sanción
ésta consistente en la expulsión del ordenamiento jurídico.
Así pues, al señalar la Constitución de manera expresa
una prohibición – que ningún proyecto de ley será sometido a votación en
sesión diferente de aquella que previamente se haya anunciado y que por
consiguiente dicho aviso debe realizarse en sesión distinta a aquella en la
cual se realiza la votación – su no cumplimiento genera de manera inmediata
la incompetencia del Congreso de la República – comisiones o Cámara en pleno –
para votar dicho proyecto de ley. En consecuencia, de votarse un proyecto de
ley sin el cumplimiento pleno de los requisitos exigidos para el anuncio previo
para votación consagrado en el artículo 160 constitucional se estaría violando
la prohibición constitucional anotada, se estaría actuando sin competencia y
dicho acto traería consigo un vicio mayor que aparejaría como sanción su
expulsión del ordenamiento jurídico.
d. Adicionalmente, el inciso adicionado al artículo
160 por el Acto Legislativo 01 del 2003, consagra que “(e)l aviso de que un
proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada Cámara o
comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación”
(negrilla fuera de texto), con el fin de darle mayor seriedad, solemnidad y
certeza a la determinación de la sesión en la cual se llevará a cabo la
votación.
De conformidad con esta disposición superior es claro
que la obligación del anuncio para votación tiene que ser realizada por la
presidencia de cada Cámara o de la comisión correspondiente, de lo cual resulta
evidente que el cumplimiento de este requisito constitucional es tan importante
que el mismo constituyente no se lo dejó a cualquier persona sino que lo asignó
al propio presiente(a) de cada Cámara o de la comisión respectiva.
A juicio de la Corte, la exigencia de que el anuncio
lo haga la presidencia de cada Cámara o comisión trae importantes consecuencias
jurídicas a saber: (i) en primer lugar, que si el anuncio no lo hace la
presidencia de cada Cámara o comisión, entonces no existe anuncio alguno; (ii)
en segundo lugar, que si se llega a presentar una discrepancia entre lo
anunciado por la presidencia frente a lo anunciado por el secretario, prevalece
en todo momento el anuncio hecho por la presidencia; (iii) en tercer lugar, que
esta función se le otorgó a la presidencia de la Cámara o comisión
correspondiente, con el fin de que no existiera duda respecto de cuándo se va a
votar de forma cierta y determinada el proyecto legislativo, al otorgarle mayor
seriedad, solemnidad y certeza al anuncio.
Pues bien, en síntesis la exigencia constitucional
establecida en el artículo 160 determina como norma de producción del derecho,
que “ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a
aquella que previamente se haya anunciado.  El aviso de que un proyecto será
sometido a votación lo dará la presidencia de cada Cámara o comisión en sesión
distinta a aquella en la cual se realizará la votación“
Así las cosas, requisitos de producción del derecho,
como el del anuncio previo,  establecido en la propia Constitución hace que el
vicio que respecto de éste se presente sea insubsanable, por la alta
trascendencia que al interior de un Estado de Derecho posee la decisión popular
vertida en la Constitución Política, al optar por  la forma de producción del
derecho que va a seguir.
3. Con fundamento en lo anterior, el
suscrito magistrado reitera, como lo he sostenido en innumerables
oportunidades, que la exigencia de cumplimiento del anuncio para votación
contenido en el artículo 160 Superior no es un simple formalismo sino que es de
fundamental importancia en un Estado constitucional y democrático de Derecho
puesto que atañe directamente al problema de la validez de las normas jurídicas
y de su legitimidad democrática, y que su falta o irregularidad constituye un
vicio procedimental insubsanable por ser una exigencia de origen constitucional
que insisto, se encuentra fundamentada en la exigencia de validez de las normas
jurídicas y en la garantía de la transparencia y la participación en el
procedimiento democrático de creación de leyes.
En consecuencia, discrepo de la
declaratoria de exequibilidad adoptada en la presente sentencia.
Fecha ut supra.
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
[1]
Ver sentencia C-468 de 1997 (M. P. Alejandro Martínez Caballero). Esta doctrina
ha sido ampliamente reiterada por esta corporación, ver entre otras las
sentencias C-682 de 1996 (M. P. Fabio Morón Díaz), C-924 de 2000 (M. P. Carlos
Gaviria Díaz) y más recientemente C-718 de 2007 (M. P. Nilson Pinilla Pinilla).
[2]
Según lo dispuesto en el artículo 204 del Reglamento
del Congreso, los proyectos de ley aprobatorios de tratados internacionales se
tramitan por el procedimiento legislativo ordinario o común, con las
especificidades establecidas en la Carta (sobre la iniciación del trámite de la
ley en el Senado de la República, artículo 154, Const.) y en el reglamento
sobre la posibilidad del presentar propuestas de no aprobación, de aplazamiento
o de reserva respecto de Tratados y Convenios Internacionales (art. 217 de la
Ley 5ª de 1992).
[3]
Ver artículo 19 de la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los
Tratados.
[4] Adoptada como legislación
interna mediante Ley 32 de 1985.
[5]
Con la certificación, el Secretario General de la Comisión Segunda
Constitucional Permanente anexa fotocopia de la constancia de entrega de la
ponencia a los senadores de la Comisión Segunda de fecha 15 de noviembre de
2005.
[6]
Cfr. Auto A-038 de 2004 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa), sentencia C-533 de
2004 (M. P. Álvaro Tafur Galvis) y auto A-311 de 2006 (M. P. Marco Gerardo
Monroy Cabra).
[7]
Auto A-089 de 2005 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[8] Gaceta 29 del 10 de
febrero de 2006.
[9] Ver certificación de
fecha 1° de noviembre de 2006 (folio 61 del cuaderno principal del expediente).
[10]
La Corte ha resaltado que la fecha par la cual se hace el anuncio debe ser
determinada, pero ha aceptado que ésta sea determinable. Cfr. sobre este
aspecto, entre otras, las sentencias C-644 de 2004 (M. P. Rodrigo Escobar Gil),
C-780 de 2004 (M. P. Jaime Córdoba Triviño); C-1040 de 2005 (Ms. Ps. Cepeda
Espinosa, Escobar Gil, Monroy Cabra, Sierra Porto, Tafur Galvis y Vargas
Hernández); C-576, C-649 y C-863 de 2006 (las tres últimas M. P. Manuel José
Cepeda Espinosa), y los autos A-089 de 2005 (M. P. Manuel José Cepeda E.),
A-311 de 2006 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y A-013 de 2007 (M. P. Álvaro
Tafur Galvis).
[11]
A este respecto puede destacarse la Decisión 578 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente desde mayo de 2004 y contentiva del
“Régimen para evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal”,
aplicable entre Colombia y los demás países miembros de la subregión.
[12] Artículo
515 del Código de Comercio (Decreto 410 de 1971).
[13] Ver en relación con este
artículo las notas IV y V del Protocolo.
[14]
Ver sobre este tema las precisiones contenidas en la nota VI del Protocolo, en
lo que respecta a la aplicación del Estatuto Tributario colombiano.
[15] Ver nota VII del
Protocolo.
[16] Ver nota VIII del
Protocolo.
[17] Ver nota IX del
Protocolo.
[18] Sobre el alcance de este
artículo ver nota X del Protocolo.
[19] A propósito de los
conceptos de descuento y deducción sobre los cuales se basan los mecanismos
previstos en el convenio para evitar la doble tributación, la nota XI del Protocolo
aclara que estos dos términos tienen el mismo alcance en los derechos español y
colombiano.
[20] Incorporada
al derecho interno colombiano mediante Ley 32 de 1985.
[21] Sobre el concepto y la
validez de las normas jurídicas ver Hans Kelsen, Contribuciones a la Teoría
Pura del Derecho, Fontamara, México, 1992, Págs. 52-60, 62-65. Así mismo,
Riccardo Guastini, Distinguiendo, estudios de teoría y metateoría del
derecho, Editorial Gedisa, Barcelona, 1999, págs. 92-110, 307-343.
[22] Norberto Bobbio, Teoría
del Derecho, Editorial Temis, 2007, Págs. 3-139.
[23] Ibidem, Págs. 143-265.
[24] Sobre este tema
consultar Hans Kelsen, Teoría Pura del Derecho, Porrua, 1998.
[25] Ver H.L.A. Hart, El
concepto del Derecho, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Págs. 99-125.
[26] Ver H.L.A. Hart, El
concepto del Derecho, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Págs.
125-137.
[27] Ibidem, Pág. 133.
[28] Cfr. Corte
Constitucional, Sentencias C-533/04, C-644/04,  C-333/05,  C-400/05, y
C-473/05.
[29] Corte
Constitucional Sentencia C- 930 de 2005.