T-167-09
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-167/09
ACCION DE TUTELA-Hecho superado por
haberse prestado atención médica a docente de la Isla de San Andrés
Referencia: expediente T-1.762.004
Acción de tutela instaurada por Leard Ignacio Saams Henry contra
Mejor Salud U. T.
Magistrado Ponente
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá D.C.
dieciocho (18) de marzo de dos mil nueve (2009)
La Sala Octava
de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los Magistrados Juan
Carlos Henao Pérez, Jorge Iván Palacio Palacio y Humberto Antonio Sierra Porto,
quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la
Constitución Nacional y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del fallo de tutela proferido por el
Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de San Andrés Isla, en la acción de tutela
instaurada por Leard Ignacio Saams Henry contra Mejor Salud U. T.
I. ANTECEDENTES
El ciudadano interpuso acción de tutela con el fin de obtener amparo
judicial de sus derechos fundamentales a la vida y a la salud, los cuales
habrían sido vulnerados por la entidad demandada con ocasión de la ocurrencia
de los hechos que a continuación resume la Sala de Revisión:
1.- El accionante, quien padece “glaucoma bilateral de largo data(Sic),
oclusión rama venosa superior y temporal OI[1]”, se
encontraba afiliado a la empresa Mejor Salud U. T., entidad encargada de
brindarle la prestación de los servicios de salud en su condición de docente
ubicado en el Departamento de San Andrés y Providencia.
2.- Como parte del tratamiento ofrecido por la entidad a la dolencia
sufrida por el accionante, éste “fue remitido al siguiente especialista:
Retinólogo, para ser examinado y valorado, por lo cual debe salir de la isla,
toda vez que en la isla no prestan dichos servicios”[2].
3.- Para terminar, el accionante señala que debido a inconvenientes
de orden administrativo, relacionados con la falta de la correspondiente
autorización por parte de la sucursal ubicada en la Ciudad de Bogotá de la
entidad demandada, al momento de promover el proceso judicial de amparo no
había sido aprobado su traslado al continente para la valoración médica.
Con fundamento en los hechos reseñados, el ciudadano solicitó al
juez de tutela como medida de amparo ordenar a la entidad demandada la
provisión de “lo necesario para que el señor LEARD pueda obtener todos los
servicios necesarios para la mejora de su salud visual”[3]
II. INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD DEMANDADA
Sobre el contenido de la contestación de demanda, la providencia
objeto de revisión señaló lo siguiente “El representante legal de la EPS
accionada en su contestación expresó en un Fax casi ilegible que, el contrato
de prestación de servicios de Salud, suscrito con la FIDUPREVISORA S. A., por
cesión el mismo, su manejo integral fue asumido por nuevos contratistas desde
el pasado (21) de Agosto de los cursantes, ó sea (Sic) desde antes que
se presentara esta acción de tutela”[4].
III. DECISIÓN JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN
Mediante providencia emitida el día 10 de septiembre de 2007, el
Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de San Andrés Isla resolvió declarar
improcedente la solicitud presentada por el ciudadano. Como fundamento de la
decisión adoptada, el fallador de instancia señaló que el derecho a la salud
sólo puede considerarse fundamental cuando quiera que, en el caso concreto,
guarde conexidad con el derecho a la vida, razón por la cual su reclamación por
vía judicial se encuentra delimitada a eventos precisos en los cuales la vida
de la persona se halla en grave riesgo. En cuanto a la pretensión de amparo
elevada, manifestó que ésta no resultaba procedente por cuanto “la EPS MEJOR
SALUD UT, en la actualidad no presenta contrato de prestación de servicios de
salud con la Fiduprevisora S. A., ya que, desde el pasado (21) de Agosto, antes
de presentarse esta acción de tutela los servicios los estaban prestando otras
entidades, de las cuales no se pudo obtener su dirección, dado que no fueron
aportadas por el accionante”. En consecuencia, en atención a que el ciudadano
no habría dirigido de manera adecuada la acción de tutela contra la EPS que al
momento de promover el proceso tenía la obligación de prestarle los servicios
de salud, negó la solicitud de protección.
IV. PRUEBAS DECRETADAS POR LA SALA DE REVISIÓN
Mediante auto del primero (1°) de abril de dos mil ocho (2008) la
Sala de revisión ordenó poner en conocimiento de las entidades U. T. Norte,
Fersalud U. T. y Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el
contenido del expediente para que se pronunciaran sobre las pretensiones
formuladas por el accionante. Adicionalmente, les solicitó que proporcionaran
la información que reposara en sus despachos sobre la vinculación del ciudadano
al sistema de seguridad social y acerca de las actuaciones que hubieran sido
adelantadas para conjurar la vulneración de su derecho a la salud.
Aunado a lo anterior, la Sala solicitó al representante legal de la
entidad Mejor Salud U. T. información acerca de las prestaciones médicas que ha
ofrecido al accionante para la recuperación de su salud. Para terminar, se
requirió al ciudadano para que absolviera un cuestionario en el cual fueron
indagados asuntos específicos relacionados con la acción de tutela promovida.
4.1. Respuesta a la solicitud de pruebas
4.1.1.- En comunicación recibida por la Secretaría de esta
Corporación el día 7 de abril de 2008, el señor Edgar Alirio Ruiz Luengas,
representante legal de Mejor Salud U. T. dio respuesta a la solicitud de
pruebas realizada por esta Sala de revisión. En tal sentido, informó que el contrato
de prestación de servicios de salud que había sido suscrito con la
Fiduprevisora S. A. fue cedido a las entidades prestadoras Fersalud U. T. y U.
T. Norte a partir del día 21 de agosto de 2007. Por la razón indicada,
manifestó que la acción de tutela fue dirigida de manera inadecuada, toda vez
que en la actualidad el responsable del ofrecimiento de los servicios
requeridos es la empresa U. T. Norte. De manera puntual, señaló lo siguiente: “De
conformidad con lo anterior, corresponde a U. T. NORTE brindar la
información suficiente y necesaria relacionadas (Sic) con los servicios
que requirió a partir del mes de Agosto 20 del 2.007”.
4.1.2.- Mediante escrito presentado el día 7 de abril de 2008, el ciudadano
Fredy Huertas Bustamante, obrando en su calidad de apoderado general de la
sociedad Médicos Asociados S. A. –la cual hace parte de la Unión Temporal
Fersalud-, se pronunció sobre la solicitud de pruebas. Sobre el particular,
reiteró que la Fiduciaria La previsora S. A., entidad administradora del
patrimonio autónomo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
cedió el contrato de prestación de servicios originalmente suscrito con la
empresa Mejor Salud U. T. a las entidades Fersalud U. T. y U. T. Norte. En
cuanto a la vinculación del accionante, puso en conocimiento de la Sala la
siguiente información: “Una vez recibida la presente acción, procedimos a
verificar la existencia del docente Saams Henry dentro de nuestra base de datos
– misma (Sic) modificada mensualmente por la Fiduciaria La Previsora S.
A. según las distintas novedades del servicio de los docentes- encontrando que
el actor no se encuentra inscrito, es decir, no nos corresponde la prestación
de sus servicios asistenciales en salud, siendo U. T. NORTE el llamado a
responder por el asunto demandado, toda vez que el docente fue asignado a este
contratista por el administrador del Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio”.
4.1.3.- En oficio recibido el día 8 de abril de 2008, el señor Jorge
E. Peralta, actuando como representante de la Fiduciaria La Previsora S. A.,
reiteró a la Sala que la entidad había suscrito un contrato con Mejor Salud U.
T. para la prestación de los servicios médico asistenciales requeridos por los
docentes ubicados en San Andrés, contrato que fue objeto de cesión a la empresa
U. T. Norte, razón por la cual “quien debe prestar los servicios médicos,
tratamientos, medicamentos, cirugías, etc. Sin que ello genere costos
adicionales que puedan implicar dobles pagos, además que fue (Sic) la
entidad médica asignada en virtud de la cesión contractual, es el contratista
U. T. DEL NORTE”.
4.2. Requerimiento judicial
En atención a que dentro del término concedido en el aludido auto de
pruebas la empresa U. T. Norte no remitió información alguna sobre las
prestaciones ofrecidas al accionante, mediante auto del 27 de enero de 2009, el
Magistrado Ponente requirió al representante legal de la entidad para que
ofreciera los datos solicitados por la Sala. Adicionalmente, solicitó al
Juzgado de primera instancia realizar la práctica de un interrogatorio de parte
al señor Leard Ignacio, con el objetivo de obtener información completa sobre
su situación de salud y el nivel de cumplimiento de las obligaciones oponibles
a U. T. Norte.
4.3. Respuesta al requerimiento judicial
4.3.1.- Mediante oficio recibido el día 5 de febrero de 2009, la
Ciudadana Clara García Tuñón, representante legal de la Unión Temporal del
Norte, informó lo siguiente: “El docente está siendo tratado por oftalmólogo
y retinólogo (Sic) en la Isla de San Andrés y la ciudad de Barranquilla.
Igualmente se le está manejando su hipertensión arterial. Se le ha prescrito
Timolol, medicamento que mantiene los ángulos abiertos para evitar el aumento
de la presión intraocular”.
4.3.2.- Dentro del término ofrecido al Despacho judicial de primera
instancia, fue remitida copia del interrogatorio practicado al señor Leard
Ignacio Saams Henry, en el cual el ciudadano informó las prestaciones médicas
que había recibido de la entidad U. T. Norte. Al ser indagado por las
circunstancias en las cuales le ha sido prestado el servicio de salud,
manifestó lo siguiente: “La entidad MEJOR SALUD U. T. no existe en la
actualidad en esta Isla, pero la que la reemplazó para los servicios médicos a
los docentes se llama SANTA MARÍA DEL MAR U. T., la cual me prestó los
servicios médicos que necesitaba para mi tratamiento”.
V. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.- Competencia
Es competente esta Sala de la Corte Constitucional para
revisar la decisión proferida dentro de la acción de tutela de la referencia de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución Política y en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991.
2.- Problema jurídico
Con el objetivo de resolver la controversia planteada a la Sala es
necesario determinar si las decisiones adoptadas por las empresas Mejor Salud U.
T. y U. T. Norte, por las cuales fueron negadas las autorizaciones requeridas
para la práctica de exámenes y tratamientos en el continente con fundamento en
razones de orden administrativo, constituyen una infracción del derecho
fundamental a la salud del accionante.
No obstante, observa la Sala que la pretensión perseguida mediante acción
de tutela ha sido atendida toda vez que, tal como se encuentra acreditado en el
expediente del proceso de la referencia, el ciudadano Saams Henry ha recibido
tratamiento médico en forma adecuada, tal como pasará a analizarse en el
acápite dedicado a la solución del caso concreto. En consecuencia, la Sala
procederá a realizar una breve reiteración jurisprudencial a propósito de la
figura conocida como carencia actual de objeto con fundamento en la cual
habrá de decidir si es procedente o no emitir un pronunciamiento de fondo sobre
la supuesta violación del derecho fundamental a la salud.
Carencia actual de objeto
De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, el fenómeno de
la carencia actual de objeto por hecho superado se presenta como consecuencia
de la vocación protectora que distingue a la acción de tutela como medio de
amparo de derechos fundamentales. En ese sentido, la finalidad central a la
cual se encuentra comprometida la acción consagrada en el artículo 86 superior se
extingue al momento en que la vulneración o amenaza cesa porque  ha ocurrido el
evento que configura tanto la reparación del derecho, como la solicitud al juez
de amparo. De ahí resulta que en estos eventos no haya lugar a un
pronunciamiento de fondo sobre la controversia planteada por cuanto la acción u
omisión que había sido exigida al demandado mediante la interposición de
demanda ha acaecido antes de la emisión de una orden judicial. Con
fundamento en lo anterior, la Corte ha indicado que existiendo carencia de
objeto “no tendría sentido cualquier orden que pudiera proferir esta Corte
con el fin de amparar los derechos del accionante, pues en el evento de
adoptarse ésta, caería en el vacío por sustracción de materia”[5].
Sobre el particular, en sentencia T-309 de 2006 esta Corporación manifestó lo
siguiente:
Esta Corporación, al interpretar el contenido y
alcance del artículo 86 de la Constitución Política, en forma reiterada ha
señalado que el objetivo de la acción de tutela se circunscribe a la protección
inmediata y actual de los derechos fundamentales, cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o
de los particulares en los casos expresamente consagrados en la ley.
Así las cosas, se tiene que el propósito de la
tutela, como lo establece el mencionado artículo, es que el Juez
Constitucional, de manera expedita, administre justicia en el caso concreto,
profiriendo las órdenes que considere pertinentes a la autoridad pública o al
particular que con sus acciones han amenazado o vulnerado derechos
fundamentales y procurar así la defensa actual y cierta de los mismos.
No obstante, cuando la situación de hecho que causa
la supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra
superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo más
apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto a que la decisión que
pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a todas luces
inocua, y por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto
para esta acción
Aunado a lo anterior, es necesario tener en cuenta que si bien la
carencia actual de objeto tiene como característica esencial que la orden del
juez de tutela, relativa a lo solicitado en la demanda de amparo, no surtiría
ningún efecto; este fenómeno no proviene de un único supuesto de hecho, pues puede
presentarse a partir de dos eventos que, a su vez, acarrean consecuencias
distintas: (i) el hecho superado y (ii) el daño consumado.
La carencia actual de objeto por hecho superado se da cuando en el
entre tanto de la interposición de la demanda de tutela y el momento del fallo
del juez de amparo se repara la amenaza o vulneración del derecho cuya
protección se ha solicitado. En este caso particular no es perentorio incluir
en la argumentación del fallo un análisis detallado a propósito de la
vulneración de los derechos fundamentales que se encuentra contenida en el
escrito de demanda. No obstante, en cualquier caso la autoridad judicial se
encuentra llamada a exponer las razones por las cuales ha concluido que no es
necesario emitir una orden judicial de protección debido a que la supuesta amenaza
ha sido conjurada. En ese sentido, la carga argumentativa principal que resulta
oponible al juez consiste en demostrar las razones por las cuales el hecho
causante por el cual fue iniciado el proceso de tutela ha cesado y, por
consiguiente, no resulta imperiosa una actuación de reparación, pues de no
contar con una demostración tal la actuación de la autoridad judicial
constituiría una denegación de justicia.
De otro lado, la carencia de objeto por daño consumado supone que no
se  ha reparado la vulneración del derecho, sino que, por el contrario, a raíz
de su falta de garantía se ha ocasionado el daño que se buscaba evitar con la
orden del juez de tutela. En estos casos resulta perentorio que el juez de
amparo se pronuncie sobre la vulneración de los derechos invocados en la
demanda, y sobre el alcance de los mismos. Igualmente, debe informar al
demandante o a los familiares de éste, sobre las acciones jurídicas de toda
índole, a las que puede acudir para la reparación del daño, así como disponer
la orden consistente en compulsar copias del expediente a las autoridades que
considere obligadas a investigar la conducta de los demandados cuya acción u
omisión causó el mencionado daño[6].
Con fundamento en las consideraciones anteriores, procederá la Sala
a examinar si, de acuerdo con los medios probatorios recaudados en el proceso
de tutela, se ha evitado la vulneración del derecho fundamental a la salud del
accionante por la cual fue interpuesta la acción de tutela, en cuyo caso habría
lugar a la declaración de la carencia actual de objeto por hecho superado. En
caso contrario, será necesario realizar un análisis de fondo del problema
jurídico planteado con el objetivo de establecer las medidas de protección
pertinentes.
Caso concreto
El accionante interpuso acción de tutela con el propósito de obtener
amparo judicial de sus derechos fundamentales a la vida y a la salud, los
cuales habrían sido infringidos por la empresa Mejor Salud U. T., entidad que
venía prestando los servicios médico asistenciales a los docentes ubicados en
el Departamento de San Andrés y Providencia, debido a que la empresa se habría
negado a autorizar a favor del accionante los desplazamientos al continente
requeridos para la práctica de exámenes y valoraciones relacionadas con el “glaucoma
bilateral” que padece. Aunado a lo anterior, el demandante solicitó la
emisión de una orden que le permita tener acceso a “todos los servicios necesarios
para la mejora de su salud visual”[7].
Durante el trámite de revisión, la Sala Octava hizo acopio de
determinado material probatorio que le permite concluir que el contrato en cuya
virtud la empresa Mejor Salud U. T. venía prestando el servicio de salud a los
docentes en el Departamento de San Andrés y Providencia fue objeto de cesión a la
Unión Temporal del Norte.
No obstante lo anterior, al ser requerido por la autoridad judicial
de primera instancia, el accionante manifestó “que la entidad MEJOR
SALUD U. T. no existe en la actualidad en esta Isla, pero la que la reemplazó
para los servicios médicos a los docentes se llama SANTA MARÍA DEL MAR U.
T., la cual me prestó los servicios médicos que necesitaba para mi
tratamiento”.
La manifestación realizada por el accionante permite a la Sala de
Revisión concluir que la amenaza que se cernía sobre su derecho fundamental a
la salud ha sido superada en atención a que, en primer lugar, ha recibido el
tratamiento médico requerido y, adicionalmente, se encuentra afiliado a una
empresa encargada de ofrecerle la prestación de los servicios de salud. Sobre
el particular, se encuentra que, según fue manifestado por el representante
legal de la Fiduciaria la Previsora S. A., entidad encargada de la
administración del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, “al
señor Saams Henry se le ha prestado la atención médica correspondiente
realizándosele (Sic) en Barranquilla la angiografía respectiva en ambos
ojos haciéndosele (Sic) las valoraciones del caso, estando la Historia
Clínica en San Andrés donde puede ser requerida”.
Como corolario de la exposición anterior, se observa que la amenaza
en contra del derecho fundamental a la salud del accionante ha sido superada,
razón por la cual un pronunciamiento en términos de fondo sobre la aludida
infracción resulta inocuo dada la desaparición del hecho que pretendía ser
corregido mediante la interposición de la acción de tutela. Por tal razón, la
Sala procederá a confirmar la sentencia emitida por el juzgado de primera
instancia mediante la cual se declaró improcedente la solicitud presentada por
el ciudadano.
VI. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Primero.- LEVANTAR la suspensión del término del trámite de revisión decretada mediante
auto del primero (1°) de abril de dos mil ocho (2008).
Segundo.- CONFIRMAR por las razones
contenidas en esta providencia, relacionadas con la acreditación de la carencia
actual de objeto por hecho superado, la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de San
Andrés Isla, en la acción de tutela instaurada por Leard Ignacio Saams Henry contra Mejor Salud U. T.
Tercero.- Por Secretaría líbrese la comunicación
prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y cúmplase.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado Ponente
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Cuaderno 1, folio 1
[2] Cuaderno 1, folio 1
[3] Cuaderno 1, folio 2
[4] Cuaderno 2, folio 24
[5] T-309 de 2006. Ver
también Sentencia T-972 de 2000, en la cual se presentaba carencia actual de
objeto por fallecimiento del actor, incluso antes de ser fallado el proceso en
sede ordinaria.
[6] Por ejemplo en
sentencia T-060 de 2007, se estudió el caso de un ciudadano que solicitó al
juez de tutela que ordenara el reconocimiento de un procedimiento médico que su
EPS le había negado, con el fin de impedir la amputación de sus piernas. Antes
de que el juez de amparo fallara, el estado de salud del demandante empeoró y
le fueron amputadas las piernas. En sede de Revisión la Corte demostró a
vulneración de los derechos fundamentales, ordenó compulsar copias a la
Fiscalía, a la Procuraduría y a la Superintendencia de Salud; y además advirtió
al demandante y a sus familiares sobre las acciones civiles y penales que
procedían en relación con el daño causado.
[7] Cuaderno 1, folio 2