T-400-01
Sentencia T-400/01
Sentencia T-400/01
ACCION
DE TUTELA-Procedencia
excepcional pago de mesadas pensionales/DERECHO AL MINIMO VITAL DEL
PENSIONADO-Pago oportuno de mesadas
DERECHO
AL MINIMO VITAL DEL PENSIONADO-Presunción de afectación por ausencia prolongada en pago de
mesadas
Referencia:
expediente T- 426.972
Acción
de tutela instaurada por  Ana Josefa Paredes Vda. de Moncada. Contra el
Municipio de Pamplona, Departamento Norte de Santander
Procedencia:
Corte Suprema Sala de Casación Laboral
Magistrado
Ponente:
Dr.
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Sentencia aprobada en Bogotá
D.C., a los dieciocho (18) días del mes de abril de dos mil uno (2001).
La Sala Segunda de Revisión de
la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Alfredo Beltrán Sierra,
Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño, decide sobre el fallo
proferido por la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, dentro del proceso de
tutela instaurado por la señora Ana Josefa Paredes Viuda de Moncada en contra
del Municipio de Pamplona, Norte de Santander.
El expediente llegó a la Corte
Constitucional, por remisión que hiciera la Corte Suprema de Justicia Sala de
Casación Laboral, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del decreto 2591
de 1991. La Sala de Selección No. 3, por auto del trece (13) de marzo de 2001,
ordenó la selección del mencionado expediente para su revisión, que fue
recibido por el despacho del Magistrado ponente el veintidós (22) de marzo del
año en curso.
I.
ANTECEDENTES.
A. Hechos.
Los hechos que motivaron la
presente acción de tutela fueron los que a continuación se expresan:
1. La señora Ana Josefa Paredes
Vda. de Moncada, quien presentó acción de tutela por medio de apoderado
judicial, manifiesta que el Municipio de Pamplona le reconoció pensión de
sustitución, mediante Resolución 378 de 1980, para hacerse efectiva a partir
del 1 de mayo de 1980, fecha en la cual, murió su esposo Juan E. Moncada L.
2. Mediante el Acuerdo No. 077
del 16 de diciembre de 1998, el Concejo Municipal de Pamplona fijó el
presupuesto de rentas y gastos del Municipio para la vigencia fiscal de 1999.
Por lo tanto, el Alcalde Municipal contaba para ese año con el presupuesto que
permitía cumplir con el pago oportuno de las mesadas pensionales de jubilación,
pese a lo cual no se cumplió con la obligación de pagar la pensión a que tiene
derecho la solicitante.
3. La actora no determinó las
mesadas adeudadas, pero, dentro del expediente de tutela, se establece que los
meses adeudados se extienden desde diciembre de 1998 hasta noviembre de 2000,
hecho que es aceptado por la Oficina de Recursos Humanos del Municipio de
Pamplona (fl. 34)
4. Manifiesta la actora que en
su calidad de pensionada del Municipio de Pamplona, sólo cuenta con la pensión
de jubilación para el sustento propio y el de su familia, y que, la omisión en
el pago, vulnera su derecho a la vida digna.
5. Por su parte, la Secretaría
de Hacienda Departamental expresa que no ha sido posible pagar tales mesadas
pensionales por la difícil situación económica por la que atraviesa el
Departamento.
B. Pretensiones.
La actora hace una relación de
la jurisprudencia de la Corte Constitucional donde se protege los derechos
fundamentales a las personas de la tercera edad y se les garantiza el pago de
las mesadas pensionales, por tanto, afirma que con fundamento en ellas al
solicitar al juez de tutela, que ordene el pago de las mesadas a que tiene
derecho en su condición de pensionada del Municipio de Pamplona y las primas
adicionales, no sólo teniendo en cuenta los meses causados, sino los que en el
futuro se caucen.
C. Trámite procesal.
Una vez efectuado el reparto de
la acción de la referencia, le correspondió conocer al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Pamplona, Sala Civil, Familia, Laboral, que
ordenó la notificación al ente demandado y la practica de algunas pruebas,
allegándose la siguiente información:
En certificación del veinte
(20) de noviembre de 2000, el Secretario de Hacienda del Municipio de Pamplona
(fl 33), afirma que el Jefe de Recursos Humanos determina que la actora hace
parte de la nómina de pensionados del Municipio de Pamplona, desde el 6 de
octubre de 1980, mediante la Resolución No. 378.  Además, reconoce que las
mesadas pensionales adeudas van desde el mes de diciembre de 1998 a la fecha
(la certificación se expide el 20 de noviembre de 2000).
De igual forma, el Secretario
de Hacienda Departamental explica que no se han cancelado las mesadas
atrasadas, por que el municipio de Pamplona se encuentra atravesando una
crítica situación en cuanto a gastos de funcionamiento y, además, por que sobre
él pesan varias medidas de embargo, razón por la cual, no se ha hecho efectiva
la obligación de la actora.  Manifiesta que en la vigencia de 1999, sí existía
un rubro presupuestal para jubilaciones, pero no hay dinero efectivo en caja,
suficiente para cancelar las mismas.
Por su parte, la Alcaldía
Municipal de Pamplona - N.S., en respuesta al oficio del despacho judicial,
establece el veinte (20) de noviembre de 2000 que "...los pagos de la
señora Ana Josefa Viuda de Moncada, se encuentran pendientes para cancelación
cuando exista disponibilidad de caja en la Secretaría de Hacienda, es de notar
que estos pagos no se han efectuado porque todos los ingresos del municipio se
encuentran embargados por ordenes de los diferentes despachos judiciales de
esta ciudad".
Por último, aparece escrito de
la Asociación de Jubilados del Municipio de Pamplona, fechado el dieciocho (18)
de noviembre de 2000, donde se comenta que la señora Ana Josefa Paredes de
Moncada actualmente se considera desafiliada de dicha asociación, sólo se tiene
la reseña de su nombre en el libro de inscripciones de socios en 1991, pero
desde hace algún tiempo no se ha tenido información alguna de ella, tampoco se
ha recibido dinero como afiliada en razón de su ausencia de la ciudad.
Establece que la administración municipal está en mora con los pensionados,
razón por la cual se han adelantado varios procesos laborales en diferentes
juzgados Civiles del Circuito de la ciudad, excepto la señora Ana Josefa Vda.
de Moncada, procesos que ya están por culminar.
D. Fallo de primera instancia.
Mediante sentencia del
veintisiete (27) de noviembre de 2000, el Tribunal Superior Sala Civil -
Familia - Laboral de Pamplona denegó el amparo solicitado en la acción de la
referencia.
Para el despacho judicial
mencionado, la acción de tutela presentada por la señora Ana Josefa Paredes
Vda. de Moncada era improcedente, por cuanto existen medios judiciales
alternativos ante la jurisdicción laboral, que la actora podía utilizar para
obtener el pago de las mesadas y las primas adicionales adeudadas y no reclamar
por vía de tutela.
E. Impugnación.
Mediante escrito que presentó
el apoderado de la actora, el 30 de noviembre de dos mil (2000), se impugnó la
decisión de primera instancia.  Manifiesta que la actora en ningún momento ha
solicitado la vinculación a la Asociación de Pensionados del Municipio, por
cuanto desde el deceso de su esposo en 1980, se radicó en Bogotá.
Reitera la protección de los
derechos a la vida, seguridad social, asistencia a las personas de la tercera
edad, salud e igualdad de la actora.  Solicita pago de las mesadas pensionales
y primas adicionales que se adeudan, toda vez que, por omisión de la Alcaldía
Municipal, no fue incluida en el listado de pensionados beneficiarios del
auxilio, dado por el Ministerio de Hacienda (fls. 47 y 49).
F. Fallo de segunda instancia.
En sentencia proferida el 25 de
enero de dos mil uno (2001), la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral, confirmó el fallo de primera instancia.
Para la Corte, no existe
vulneración al derecho de igualdad, por cuanto, el tratamiento que se le dio a
la actora en el curso del reconocimiento de la sustitución pensional, es el que
se aplica a todos los ciudadanos que se encuentran en igualdad de condiciones.
Además, señala que los documentos
que obran en el expediente de tutela de reconocimiento de la sustitución
pensional, pueden constituirse en título ejecutivo, si reúne las exigencias
legales de tal, en cuanto ser claro, expreso y exigible.  En consecuencia, para
lograr su efectividad, se debe acudir a los jueces laborales del circuito
mediante proceso ejecutivo, por lo tanto, la demandante dispone de otros medios
de defensa judicial, lo que hace improcedente la tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL.
Primera. Competencia.
La Sala Segunda de Revisión es
competente para decidir sobre el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 241, numeral 9°, de la Constitución, y 33 y 34 del
decreto 2591 de 1991.
Segunda. El asunto objeto de
discusión.
Ha de establecer esta Sala si,
en el presente caso, se hace procedente la acción de tutela para ordenarle a un
ente territorial que pague el valor de las mesadas pensionales y primas
adicionales adeudadas, como lo pretende la actora o, por el contrario, si ésta
es improcedente por la existencia de medios alternativos a los que la
recurrente podría acudir, para obtener lo pretendido mediante esta acción, tal
como se planteó por los jueces de conocimiento.
Tercera.  Procedencia
excepcional de la acción de tutela para ordenar el pago de mesadas pensionales
La regla general es que existen
otros medios de defensa judicial para el cobro de mesadas pensionales
atrasadas, pero la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, señala
que es procedente la acción de tutela de forma excepcional para proteger el
mínimo vital de los pensionados, si se prueba que se afectan derechos de rango
constitucional.  Por ello, la sentencia T-140 de 2000 proferida por el doctor
Alejandro Martínez Caballero, estableció algunos criterios, que permiten al
juez de tutela, en cada caso particular, determinar si es procedente conceder o
no la acción de tutela, dijo entonces la Corte:
a) El derecho
a la seguridad social, que puede hacerse efectivo a través del pago oportuno de
las mesadas pensionales, adquiere el rango de fundamental cuando su
incumplimiento vulnera o amenaza los derechos a la vida o a la salud del
pensionado. Sentencias  T-147 y T-156 de 1995, T-554 de 1998, T-658 de 1998,
SU-430 de 1998.
b) Por regla
general, el pago oportuno de las mesadas pensionales debe reclamarse a través
del proceso ejecutivo laboral. Sin embargo, en casos excepcionales, procede la
acción de tutela para proteger el mínimo vital del pensionado. Sentencias T-01
de 1997, T-118 de 1997, T-544 de 1998, T-387 de 1999, T-325 de 1999, T-308 de
1999.
c) El
concepto de mínimo vital o “mínimo de condiciones decorosas de vida”[1]
deriva del principio de dignidad humana y de los derechos al trabajo y a la
igualdad de los trabajadores y de los pensionados. Sentencias T-011 de 1998,
T-072 de 1998, T-384 de 1998 y T-365 de 1999, entre muchas otras.
d) La
valoración del mínimo vital del pensionado no es una calificación objetiva,
sino que depende de las situaciones concretas del accionante. Por consiguiente,
el concepto de mínimo vital no se identifica con el monto de las sumas
adeudadas o a “una valoración numérica de las necesidades biológicas mínimas
por satisfacer para subsistir, sino con la apreciación material del valor de su
trabajo”[2] De ahí pues que la
jurisprudencia ha considerado que  son factores importantes, pero no
exclusivos, para su análisis, la edad del pensionado y la dependencia económica
de la mesada pensional. Sentencias SU-995 de 1999 y T-011 de 1998.
e) La
cesación prolongada e indefinida de pagos de las mesadas pensionales “hace
presumir la vulneración del mínimo vital del trabajador, del pensionado y de
los que de ellos dependen”. De ahí pues que le corresponde a “la entidad
encargada de pagar esta prestación, desvirtuar tal presunción”[3].
Sentencias T-308 de 1999, T-259 de 1999 y T-554 de 1998.
f) El mínimo
vital de los pensionados “no sólo resulta vulnerado por la falta de pago de las
mesadas pensionales sino, también, por el retraso injustificado en la
cancelación de las mismas”[4]. Por consiguiente, a
través de la acción de tutela, la orden judicial que protege el derecho al pago
oportuno de la mesada pensional puede ser de dos formas: la reanudación del
pago (hacia el futuro) o la cancelación de las mesadas pensionales dejadas de
percibir (hacia el pasado). Sentencias T-299 de 1997, T-788 de 1998 y T-014 de
1999.
En el mismo sentido, se
pronuncian las sentencias de unificación de la Sala Plena SU-995 y SU-090 de
2000.
Cuarta.  Caso en concreto
La Sala considera que para el
caso en concreto, por lo expuesto, no se está frente a un perjuicio
irremediable, pues han transcurrido aproximadamente dos años, sin que la actora
haya presentado las reclamaciones de sus mesadas atrasadas, ante las
autoridades competentes.
Recuérdese que el perjuicio
irremediable, tal como ha sido analizado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, se determina así: “Para
determinar la irremediabilidad del perjuicio hay que tener en cuenta la
presencia concurrente de varios elementos que configuran su estructura, como la
inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de
derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que
hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para
la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales.  La
concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de
considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, como
mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la
protección de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran
amenazados.  Con respecto al término "amenaza" es conveniente
manifestar que no se trata de la simple posibilidad de lesión, sino de la probabilidad
de sufrir un mal irreparable y grave de manera injustificada.  La amenaza
requiere un mínimo de evidencia fáctica, de suerte que sea razonable pensar en
la realización del daño o menoscabo material o moral.”.  Sentencia T-225/93 proferida por el doctor
Vladimiro Naranjo Mesa.
En consecuencia, no se dan los
requisitos para que la presente acción de tutela prospere, por cuanto, la
actora puede acudir a otros medios de defensa judicial, para obtener lo
pretendido.  Por tanto, se confirma la decisión tomada por la Corte Suprema de
Justicia Sala de Casación Civil.
III. Decisión.
En mérito de lo expuesto, la
Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
CONFIRMAR la sentencia de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, proferida el veinticinco (25)
de enero de dos mil uno (2001), en la que se denegó la tutela solicitada por la
señora Ana Josefa Vda. de Moncada en contra del Municipio de Pamplona - Norte
de Santander.
Por Secretaria General,
líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del decreto 2591 de
1991.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado Ponente
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]
Sentencia SU-995 de 1995. M.P. Carlos Gaviria Díaz
[2]
Sentencia SU-995 de 1995. M.P. Carlos Gaviria Díaz
[3]
Sentencia T-259 de 1999. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[4] Sentencia
SU-090 de 2000.M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz