T-386-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T–386/11
ACCION DE TUTELA FRENTE A LA VULNERACION DE LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES OCURRIDA EN EL MARCO DE UNA RELACION LABORAL-Procedencia
DERECHO A LA ASOCIACION SINDICAL-Fundamental
FUERO SINDICAL-Mecanismo
de protección de los derechos de asociación y libertad sindical
TERMINACION UNILATERAL Y SIN JUSTA CAUSA
DEL CONTRATO DE TRABAJO POR PARTE DEL EMPLEADOR
En
suma, la jurisprudencia de la Corte ha reiterado en indicar algunos criterios
que le corresponde al juez de tutela tener en cuenta dadas las circunstancias
en cada caso a fin de establecer si la terminación unilateral y sin justa causa
de los contratos de un cierto número de trabajadores comporta o no una
violación al derecho de asociación sindical; esto, con el fin de evitar que el
empleo de esta facultad, concluya en una utilización irrestricta y, en
consecuencia, sirva como subterfugio para los empleadores con el objetivo de
permitir la infracción de las garantías iusfundamentales de los trabajadores. Como se observa, por la fecha en que fueron despedidos
los dos accionantes de la referencia, se fue presentando en forma progresiva la
desvinculación de los demás empleados sindicalizados pertenecientes a Restacafé
OMA S.A. Así, para la Sala es reprochable la actitud del empleador frente a
estos dos accionantes, puesto que en razón al ánimo de ejercer su derecho de
asociación y del trabajo, la respuesta de este fue desvincularlos en razón al
ejercicio legítimo de su derechos,  protegidos por la Carta Política y por los
instrumentos internacionales dentro del marco del bloque de constitucionalidad.
En el presente caso, la Sala debe hacer un llamado de atención acerca de la
actitud tomada por el empleador frente a la conformación del sindicato de
trabajadores de Restcafé Oma S.A., en el sentido de reiterar que el derecho de
asociación sindical y del trabajo, ha ido evolucionando de tal forma que hoy
cuenta con una amplia y completa protección, pues los logros alcanzados por el
sector obrero han sido significativos a lo largo de la historia sindical
colombiana, teniendo en cuenta lo difícil que ha resultado alcanzar los mismos,
en tanto esta clase de movimientos se han visto permeados por situaciones
colaterales como el propio conflicto armado. Así, la Corte ha señalado el
carácter fundamental de este derecho, como en la sentencia T-418 de 1992, donde
le atribuye tal connotación por la ubicación que tiene en la Constitución y por
las siguientes razones: a) Es un derecho que se considera inherente a la
condición humana; b) contribuye al perfeccionamiento del ser humano; c) sirve
para respetar al trabajador como tal, y d) para la realización de otros
derechos y libertades
DERECHO A LA ASOCIACION SINDICAL Y DERECHO
AL TRABAJO-Caso Sintra
Oma Colombia/DERECHO A LA ASOCIACION SINDICAL Y DERECHO AL TRABAJO-Orden
de reintegrar a trabajadores sindicalizados despedidos
Referencia: expediente T-2.916.590
Acción de tutela presentada por el señor
Jhon Fredy Pulido y otros, miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de
Restcafé OMA S.A. Sintraoma Colombia, contra la sociedad comercial Restcafé OMA
S.A.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., diecisiete (17) de mayo de
dos mil once (2011)
La
Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub - quien la preside – Nilson Pinilla Pinilla y Humberto Antonio Sierra
Porto, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la
Constitución Política, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En la revisión del fallo proferido por el Juzgado 48 Penal del
Circuito de Bogotá, que confirmó el dictado por el Juzgado 10 Penal Municipal
con Función de Garantías de esta ciudad en la acción de tutela incoada por los
señores Jhon Fredy Pulido , Ricardo  Andrés Rodríguez Daza, Javier Ladino
Rodríguez, Tatiana García Hoyos y Durley Patricia Ordoñez Pinto, miembros del
Sindicato nacional de Trabajadores de Restcafé Oma S.A., Sintra Ima Colombia,
contra la sociedad Restcafé Oma S.A.
El asunto llegó a la Corte por remisión que hizo el juzgado de
segunda instancia, según lo ordenado por los artículos 86 inciso 2º de la
Constitución y 32 del Decreto 2591 de 1991, siendo escogido para revisión por la
Sala de Selección No. 1 en enero 31 de 2011.
Posteriormente, el proyecto de fallo radicado por el Magistrado
ponente dentro del proceso de la referencia no fue acogido por los demás
integrantes de la Sala, por lo cual, en auto del siete (7) de julio de 2011, la
Secretaría General de la Corte Constitucional remitió el expediente al despacho
del Magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, para lo de su cargo como nuevo
ponente.
1. ANTECEDENTES
De
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33
del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Dos de la Corte
Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la
referencia.
De
conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión
procede a dictar la sentencia correspondiente.
1.1.    SOLICITUD
En agosto 27 de 2010, los señores John Fredy Pulido,
presidente y representante legal del Sindicato Nacional de Trabajadores de
Restcafé Oma S. A., en adelante Sintra Oma Colombia, Ricardo Andrés Rodríguez
Daza, Javier Ladino Rodríguez, Tatiana García Hoyos y Durley Patricia Ordóñez
Pinto, miembros de la misma organización sindical, a través de apoderada,
presentaron ante el Juez Penal Municipal de Bogotá (reparto), acción de tutela
contra la sociedad Restcafé Oma S. A., por estimar vulnerados los derechos de
asociación sindical, igualdad, trabajo, mínimo vital y vida, con base en los
hechos que a continuación son sintetizados.
1.2.
HECHOS
Manifiestan los accionantes que en mayo 25 de 2010, un
grupo de veinticinco trabajadores de la sociedad Restcafé Oma S. A., se
reunieron en asamblea a la 1:00 a.m. en las instalaciones de la Confederación
General del Trabajo C.G.T., con el propósito de fundar Sintra Oma Colombia.
1.2.1 Agregan que en dicha asamblea, se (i) aprobó el
nombramiento de la junta directiva; (ii) constató la asistencia mínima de
trabajadores que exige la legislación laboral; (iii) expresó el objeto de la
reunión;  (iv) aprobaron los estatutos y la creación de la comisión de reclamos
de esa organización sindical; y (v) determinó la afiliación a la Confederación
General del Trabajo, en adelante C.G.T.; habiendo concluido, se levantó la sesión.
1.2.2. Señalan que con la asesoría de la confederación, la
junta directiva del sindicato procedió a radicar y protocolizar la inscripción
de la personería jurídica en el registro sindical del Ministerio de la
Protección Social y a efectuar la correspondiente notificación a la empresa.
1.2.3. Comentan que ese mismo día, (i) a las 7:17 a. m.,
radicaron en Restcafé Oma S. A. escrito que expresaba la voluntad de conformar
el sindicato; (ii) a las 9:00 a. m., registraron el acta de constitución de la
organización sindical ante un inspector de trabajo de la Dirección Territorial
de Cundinamarca, con constancia de depósito de los estatutos y de la junta
directiva elegida, conforme al artículo 365 del C. S. T. y al fallo C-695 de
2008; y (iii) en julio 7 de 2010, realizaron el pago para efectos de
publicación en el Diario Oficial.
1.2.4. Indican que en reunión de la asamblea nacional, de
julio 15 de 2010, se conoció y aprobó el pliego de peticiones del sindicato
para ser presentado a la empresa Restcafé Oma S. A. e iniciar la etapa de
arreglo directo a través de la comisión negociadora elegida.
1.2.5. Observan que ese día, a solicitud de la C.G.T. y con
mediación del Ministerio de la Protección Social, se produjo una reunión de
acercamiento en la que la empresa expresó, (i) el “engaño” a que fueron
sometidos los trabajadores con la convocatoria de constitución del sindicato,
presentando una serie de renuncias dirigidas al jefe de recursos humanos, ante
lo cual la confederación adujo la posible comisión del delito de calumnia; y
(ii) la entrega de pasquines de desinformación, cuando en realidad contenían
instrucciones acerca de la legalidad del sindicato y el derecho de asociación
de los trabajadores, reunión en la que se dejó constancia de la voluntad de
dialogo y del compromiso de Restcafé Oma S. A. de permitir el desarrollo de la
actividad sindical.
1.2.6. Informan que en julio 26 de 2010 la empresa procedió
a despedir de manera injusta e ilegal a los señores Javier Ladino Rodríguez,
Tatiana García Hoyos, integrantes de la comisión de quejas, Ricardo Rodríguez
Daza, Durley Patricia Ordoñez Pinto y Ricardo Castro Ochoa, miembros activos
del sindicato, aduciendo “razones de estructuración administrativa, ventas y
mercadeo” que llevaron a “cancelar su contrato de trabajo sin justa
causa”.
1.2.7. Al respecto, consideran que la “única razón”
de la empresa para terminar la relación laboral, radica en que dichos empleados
se hubieran sindicalizado y no quisieran retirarse, propiciando con el despido
debilitamiento y escarmiento para quienes pretendieran el ingreso a la
organización sindical.
1.2.8. Manifiestan así mismo la negativa de Restcafé Oma S.
A. a recibir el pliego de peticiones, presentado en julio 27 de ese año por el
presidente y la secretaria del sindicato y el día siguiente en presencia de dos
agentes de policía y un representante de la C.G.T., motivo por el cual fue
enviado a través de correo certificado y se pidió al ministerio del ramo que
realizara el trámite respectivo.
1.2.9. Finalmente, aluden a la que llaman “implacable
persecución sindical” que la empresa viene adelantando contra los empleados
sindicalizados, quienes al persistir en la afiliación, han sido objeto de
despido de líderes, acoso laboral, practicas de desinformación y ofrecimientos
económicos, que buscan finalmente su retiro y la consiguiente desaparición de
la organización sindical.
1.2.10.A partir de los hechos enunciados, los accionantes
piden (i) el reintegro a los  cargos que venían desempeñando al momento de la
terminación de los contratos de trabajo, o a otro igual o similar; (ii) se
determine que no hubo solución de continuidad para todos los efectos legales,
salariales y prestacionales; (iii) se ordene a Restcafé Oma S. A. reconocer a
los empleados sindicalizados presentes y futuros, todos los beneficios
extralegales propios de la negociación colectiva, en aplicación del principio
de igualdad; (iv) se proteja el derecho de asociación sindical consagrado en el
artículo 39 superior; (v) se prevenga a la empresa empleadora para que cese los
actos atentatorios al derecho de asociación sindical; y (vi) se condene a la
accionada a pagar a los actores y a la organización sindical los perjuicios
causados por su proceder.
1.3.
TRASLADO Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Recibida la solicitud de tutela, el Juzgado 10 Penal
Municipal con Función de Control de Garantías, en auto del 27 de agosto de
2010, ordenó correr traslado a la empresa accionada para que se pronunciara
sobre el particular.
1.3.1.
Respuesta de Restcafé Oma S. A.
Mediante escrito de septiembre 2 de 2010, la sociedad
accionada, a través de apoderado, estimó improcedente la acción de tutela,
argumentando:
(i) Los accionantes no aportaron prueba de las
vulneraciones alegadas, reduciendo su análisis a la reproducción “desordenada”
de normas, apartes de sentencias y manifestaciones “retóricas”, que
no demuestran los supuestos de hechos narrados (cfr. T-732 de 2001).
(ii) Sintra Oma Colombia, desde su creación, ha
sufrido 63 retiros, los cuales han sido voluntarios, muchos de ellos por inconformidad
ante la forma como la organización sindical ha manejado las relaciones con la
empresa.
(iii) Los despidos se produjeron por necesidades del
servicio, puesto que “el negocio de cafeterías y restaurantes está
inescindiblemente ligado a distintas variables socioeconómicas que hacen
necesario acomodar la planta de personal en forma constante”, de manera que
ocurren retiros y vinculaciones periódicas, cuya dinámica no implica per se el
desconocimiento de derechos de los trabajadores afiliados al sindicato.
(iv) La terminación unilateral del contrato de trabajo
sin justa causa, indemnizada, es asunto legal “que escapa a la competencia
del juez constitucional”, por lo que el reintegro de los
trabajadores llevaría “al  absurdo de concluir que la norma legal que
permite tal conducta es inconstitucional” (cfr. T-546 y SU-879, ambas de
2000).
(v) La empresa no ha vulnerado el derecho de
asociación (T-441 de 1992), en la medida en que las 63 deserciones voluntarias
sindicales denotan que se ha garantizado, y que el despido ocurrido “no
puede poner en riesgo su existencia o funcionamiento”, siendo que “no
asciende siquiera al 7.5% de los retiros del sindicato”, además de que “ninguno
de los trabajadores despedidos gozaba de protección especial o se encontraba
aforado”.
(vi) La desvinculación de los cuatro trabajadores
sindicalizados no constituye violación del derecho a la igualdad, dado que la
empresa “frecuentemente retira o ingresa personal”, de manera que “con
respecto a un total de 447 trabajadores no tiene nada que ver con el tema
sindical y no se trata de una afectación a la columna vertebral del mismo”.
(vii) No reposa medio probatorio que acredite la
situación de indefensión de alguno de los trabajadores sindicalizados, con
ocasión de la terminación unilateral de los contratos de trabajo sin justa
causa,  que permita determinar la carencia de condiciones mínimas de
subsistencia o que se encuentre en riesgo la vida, siendo esto último una
afirmación irresponsable “que debe ser rechazada en forma vehemente”.
(viii) Los extrabajadores y la organización sindical
cuentan con la  jurisdicción laboral  para dirimir el conflicto presentado “con
ocasión de los despidos legalmente realizados o de las diferentes situaciones
que a diario se presentan dentro de la relación empresa - sindicato”,
mientras que al juez de tutela le está vedado “calificar la legalidad o
ilegalidad de los despidos, por ser estas atribuciones ajenas a su
competencia”.
1.4.
PRUEBAS DOCUMENTALES.
Obran en el expediente, entre otros, los
siguientes documentos relevantes.
1.4.1.
Copia del acta de constitución de la asociación
sindical, fechada el 25 de mayo de 2010.
1.4.2.          Copia del escrito de notificación de la constitución
de Sintraoma Colombia hecha a la entidad accionada, con fecha del 25 de mayo de
2010.
1.4.3.          Copia de la constancia del depósito ante el Ministerio
de la Protección Social del registro de inscripción del acta de constitución de
la organización sindical, con fecha 25 de mayo de 2010.
1.4.4.          Copia de la constancia del depósito ante el Ministerio
de la Protección Social de los estatutos de fundación de Sintraoma S.A.,
efectuada el 25 de mayo de 2010.
1.4.5.          Copia de las notificaciones de afiliación a la
organización sindical por parte de algunos trabajadores, hechas tanto a la
parte accionada como al Ministerio de Protección Social.
1.4.6.
Copia de la citación hecha por el Ministerio de la
Protección Social al representante legal de la organización sindical, para
efectos de realizar reunión de acercamiento co la empresa.
1.4.7.          Copia de un escrito donde Sintraoma Colombia solicita
al Ministerio de la Protección Social que entregue el pliego de peticiones a la
empresa Restcafé Oma S.A.
1.4.8.
Copia de los estatutos de
Sintraoma Colombia.
1.4.9. Copias de los escritos donde se le cancelan los
contratos de trabajo a los accionantes.
2. DECISIONES JUDICIALES
2.1.   SENTENCIA DE PRIMERA
INSTANCIA – JUZGADO 10 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ.
El Juzgado 10° Penal  Municipal con Función de Control
de Garantías de Bogotá, mediante fallo de septiembre 8 de 2010, declaró
improcedente la acción de tutela interpuesta, considerando que no obstante
presentarse subordinación de los empleados, tornando procedente la acción de tutela
contra particulares, “no se configura un perjuicio irremediable en disfavor
de los accionantes”, en tanto que (i) la desvinculación resultó de un
proceso de reestructuración administrativa, que por ya haber acaecido desvirtúa
la inminencia de un daño; (ii) el perjuicio que se hubiere causado se encuentra
mitigado por una indemnización, orientada a permitir la subsistencia de la
persona mientras obtiene un nuevo empleo; (iii) no se evidencia la urgencia de
la medida tutelar, porque los despidos se presentaron a finales de julio de
2010, “no solo para los aforados sino para otros que no lo eran”; y (iv)
la orden que pueda emitir el juez constitucional es “postergable”, por
ser de la órbita de la justicia ordinaria el reconocimiento de derechos
laborales derivados del fuero sindical.
Resaltó además el carácter residual y subsidiario de
la acción de tutela, al observar que las discrepancias presentadas entre las
partes “se deben dilucidar ante la jurisdicción laboral, pues esa es la
especialidad pertinente, ya que se está cuestionando la legalidad del acto de
constitución del sindicato; el número de integrantes; la causa del despido y la
legalidad del mismo; la calidad de cada uno de los desvinculados en lo atinente
al fuero sindical, el reintegro labora; el pago de indemnizaciones; la no
solución de continuidad en los contratos individuales de trabajo; los
beneficios extralegales derivados de la negociación colectiva y el derecho de
asociación”.
Estimó también que, (i) la indemnización reconocida
por el despido sin justa causa es concepto que desvirtúa la vulneración del
derecho al mínimo vital, al permitir temporalmente la subsistencia del
trabajador y su familia; (ii) el ejercicio probatorio acerca de la validez de
situaciones sindicales, debe ventilarse en el escenario pertinente, puesto que
no corresponde al juez constitucional decidir sobre estos asuntos, que “desdibuja
el carácter sumario y expedito de la acción de tutela”; y (iii) Restcafé
Oma S. A. debe abstenerse de realizar actos que pudieran atentar contra el
derecho de libre asociación sindical, pues si bien la norma laboral reviste de
facultades al empleador, no es absoluta ni puede ser utilizada de manera
arbitraria “en perjuicio de los más débiles y en detrimento de prerrogativas
superiores”.
2.2.   IMPUGNACIÓN.
Con escrito de septiembre 13 de 2010, la apoderada de
los accionantes impugnó la decisión del a quo, apoyada en apartes de
sentencias de la Corte  Constitucional relacionadas con el derecho y la
libertad de asociación sindical y la terminación unilateral del trabajo. Así
mismo, hizo acotación de las Leyes 26 y 27 de 1976 que ratificaron los
Convenios N° 87 y  98 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Estimó
en síntesis que:
(i) La organización sindical se encuentra en peligro
de perder la personería jurídica por debilitamiento, al pretender  Restcafe Oma
S. A. la reducción del número de afiliados con dádivas y amenazas a sus
trabajadores, logrando que “un importante número de ellos renunciara al
sindicato y otros como los accionantes fueran despedidos sin justa causa”.
(ii) La violación “flagrante, constante y lesiva”
del derecho de asociación  debe ser dirimida por el juez de tutela, dado que
por la vía ordinaria perdería inmediatez la decisión y se dejaría sin efecto la
protección solicitada.
(iii) El artículo 354 del C. S. T. establece como
causales que atentan contra el derecho de reunión y asociación, las dádivas,
las promesas y los despidos de personal sindicalizado, situaciones que promovió
la empresa accionada “con una supuesta restructuración”, sin haber
agotado la vía judicial de levantamiento del fuero sindical.
(iv) El derecho del empleador de finiquitar un
contrato de trabajo sin justa causa, no es absoluto; por  lo tanto, no puede
acudirse a él para atentar contra los derechos de asociación sindical, de
igualdad, al trabajo y a la vida.
(v) La acción constitucional busca proteger el derecho
de asociación y no controvertir la existencia de fuero sindical, ni el
reintegro de los trabajadores por esta causa, puesto que “los atropellos
ejercidos por la empresa” afectaron otros derechos, impidiendo el trabajo
en condición de afiliados a una organización sindical.
2.3.   SENTENCIA DE SEGUNDA
INSTANCIA – JUZGADO 48 PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ.
El Juzgado 48 Penal del Circuito de Bogotá, en
sentencia de octubre 15 de 2010, confirmó la del a quo, al concluir que
lo planteado por los accionantes es “típica discusión jurídica de carácter
laboral”.
Estimó la autoridad judicial que la decisión adoptada
por la empresa Restcafé Oma S. A., debe debatirse ante la jurisdicción laboral
a través de la acción de reintegro (artículos 117 y 118 del C. P. T.), la cual
contempla un procedimiento breve y sumario con el propósito de garantizar las
garantías propias del fuero sindical.
En este sentido encontró improcedente la tutela por
contar los accionantes con otro medio de defensa judicial y no evidenciarse
perjuicio irremediable, en tanto que el despido obedeció a restructuración
administrativa, ventas y mercadeo de la empresa, con reconocimiento de
indemnización.
Por otra parte, comparó la oscilación de retiros y
vinculaciones de trabajadores de la empresa, independientemente de la calidad
de sindicalizados o no, para determinar que el despido de los actores no buscó
el debilitamiento del sindicato, al ser el resultado de las variables
socioeconómicas propias del personal de cafeterías y restaurantes, además de
que el despido mencionado, por el número, no representa afectación frente al
total de deserciones sindicales ocurridas.
Observó además que la desafiliación al sindicato,
según pruebas allegadas, se ha producido por causas diferentes, producto del
libre ejercicio del derecho de asociación y no propiamente por el despido de
los accionantes, de manera que por el reintegro de éstos no “se lograría
restablecer el número mínimo de integrantes de la asociación”.
Por último, indicó que las afirmaciones acerca de
atropellos (acoso laboral, desinformación y ofrecimientos económicos), no
fueron soportadas para demostrar la persecución sindical y la desafiliación
masiva alegadas, como tampoco que hubo despido de los principales líderes de la
agremiación, “los cuales aún laboran para la empresa desempeñando diferentes
cargos”.
2.4.
ACTUACIONES SURTIDAS EN SEDE DE REVISIÓN.
En memorial recibido en la Secretaría de la Corte
Constitucional, el señor José Miguel Arango Isaza, actuando como apoderado de
la sociedad Restcafé OMA S.A., solicitó a esta Corporación que se abstuviera de
proferir una decisión de fondo frente a la tutela de la referencia, por cuanto “El
10 de febrero de 2011, la Asamblea Nacional del Sindicato de Sintraoma decide,
con la votación favorable de veinticinco (25) de los veintiséis (26)
participantes en la reunión, la disolución, liquidación y cancelación del
Sindicato”, para lo cual, adjunta el acta donde consta lo descrito.
En este orden de ideas, considera que ya no tiene
sentido pronunciare de fondo por cuanto la asociación sindical ya no existe y
el amparo resultaría ineficaz por la carencia actual de objeto.
3.      CONSIDERACIONES.
3.1.   COMPETENCIA Y
OPORTUNIDAD
La Sala Octava de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional con base en las
facultades conferidas por los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución,
es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el proceso de la
referencia. Además, procede la revisión en virtud de la selección realizada por
la Sala correspondiente y del reparto verificado en la forma establecida por el
reglamento de la Corporación.
3.2.   PROBLEMA
JURÍDICO
Para el caso que nos ocupa, debe la Sala entrar a
determinar si los despidos realizados sin justa causa a trabajadores
pertenecientes al sindicato, atentan contra los derechos fundamentales al
trabajo, al de asociación y al mínimo vital.
Para resolver la controversia la Sala reiterará la
jurisprudencia respecto de los siguientes temas: primero, la
procedencia excepcional de la acción de tutela ante la vulneración de los
derechos fundamentales ocurridas en el marco de una relación laboral; segundo,
el derecho fundamental a la asociación sindical; tercero, el fuero
sindical; cuarto, la terminación unilateral y sin justa causa del
contrato de trabajo por parte del empleador y por último se analizará el caso
concreto.
3.2.1. La procedencia de la acción de tutela ante la
vulneración de los derechos fundamentales ocurrida en el marco de una relación
laboral.
La jurisprudencia de esta Corporación ha reiterado que
la acción de tutela consagrada en el artículo 86 superior constituye una
garantía mediante la cual se pretende asegurar la existencia de un instrumento
judicial idóneo, encaminado a garantizar la protección de los derechos
fundamentales de  todas las personas.
Por regla general, la acción de tutela resulta
procedente cuando quiera que se pretenda la salvaguarda de las garantías
constitucionales en aquellos eventos en los que se encuentren en riesgo por
cuenta de la actuación de una autoridad pública o, en determinados supuestos,
con ocasión de la conducta de un particular.
Por regla general, la acción de tutela no procede
contra particulares. Pese a lo anterior, la Carta Política ha previsto ciertas
situaciones en las cuales la presunta violación de los derechos fundamentales
provenga de un particular cuando, primero, éste se encargue de la prestación de
un servicio público, en cuyo caso ha reiterado la Corte, el ámbito de la
igualdad entre los particulares se suspende o quebranta; segundo, cuando la
vulneración del derecho se deriva de una acción u omisión que vaya en
detrimento de las personas que tienen relación con él; y tercero, que el solicitante se halle en estado de
subordinación o indefensión frente a ese particular.
En la presente acción de tutela que se somete a
estudio, las diferencias que se presentan no se desarrollan en función de la
prestación del servicio público, sino a la relación entre la empresa y sus
trabajadores; sin embargo, la misma se inscribe en otra de las circunstancias
de procedencia de la tutela contra particulares, cual es la situación de
subordinación o indefensión en la que el tutelante se encuentre respecto de la
persona que abría afectado sus derechos.[1]
En reiteradas ocasiones, la Corte Constitucional ha
manifestado que dentro del vínculo que se presenta debido a la celebración de
un contrato de trabajo, el empleado se encuentra en situación de subordinación
frente a su patrono[2].
Esto, no sólo es consecuencia de la dinámica propia de este tipo de vínculos,
pues las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo han hecho énfasis en
que este elemento es uno de los requisitos indispensables, sumado a la
prestación personal del servicio y a la existencia de una contraprestación
económica a favor del trabajador, de los cuales depende la existencia de un
contrato de trabajo.
En ese sentido el artículo 23 de la citada norma,
define esta facultad, de la cual es titular el empleador, como aquella potestad
que autoriza “a éste para exigirle al trabajador el cumplimiento de órdenes, en
cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle
reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del
contrato”.
Es preciso señalar, que la Sala Plena de esta
Corporación mediante sentencia SU-342 de 1995[3],
ha establecido que para efectos de decidir la procedibilidad de la acción de
tutela en los casos en los cuales se trata de resolver una controversia que se
ha originado en el marco de una relación laboral, es menester tener en cuenta
el alcance de la supuesta infracción que pretende ser conjurada, y en esta
forma determinar, si se trata de la vulneración de los derechos u obligaciones
establecidos en normas legales, caso en los cuales, le compete a la
jurisdicción ordinaria decidir sobre estos litigios.
No obstante, esta Corporación en la sentencia citada
dispone que si lo que se busca con la iniciación del proceso judicial es
obtener el amparo de un derecho fundamental que ha sido infringido dentro de la
relación laboral, el asunto puede ser decidido por el juez de tutela debido a
la impostergable urgencia de garantizar la adecuada protección a estas
garantías.
Igualmente, la Corte Constitucional en sentencia T-920
de 2002[4]
manifestó que cuando se trata de despidos sin justa causa que afectan a
trabajadores sindicalizados, no en todos los casos este tipo de pretensiones
persigue exclusivamente una orden judicial de reintegro como medio para
conservar el empleo del cual fueron separados, lo cual, bien podría ser
decidido en principio por la jurisdicción laboral, sino que adicionalmente
mediante la interposición de la acción de tutela los ciudadanos buscan
recuperar su trabajo y hacer efectivo su derecho de asociación sindical, lo
cual pone en evidencia la relevancia constitucional de estos problemas
jurídicos.
Ahora bien, la jurisprudencia de esta Corporación, ha
reiterado que por regla general la tutela no es un mecanismo idóneo para
obtener el reintegro laboral, como así lo señaló la Sentencia T-768 de 2005[5], dado que
ésta es un mecanismo residual de protección subsidiaria de los derechos
presuntamente vulnerados. De allí, que el reintegro laboral deba tramitarse en
principio ante los jueces ordinarios, que son los encargados de resolver tales
pretensiones en el marco de procesos expresamente diseñados para ello.
Esta posición adoptada por la Corte, obedece a la
necesidad de respetar las competencias jurisdiccionales, evitar la indebida
intromisión del juez de tutela en los asuntos regularmente asignados a los
jueces por parte del legislador.
No obstante, esta Corporación ha hecho la salvedad de
que la acción de tutela es procedente en aquellos procesos de carácter laboral
cuando la sola existencia de un medio ordinario de defensa no se ofrece como
alternativa real de protección de los derechos constitucionales fundamentales
de los trabajadores. En estos casos, la protección ius fundamental se
permite por vía tutela si el mecanismo ordinario no resulta idóneo y eficaz
para evitar el perjuicio amenazante.
En el caso de los trabajadores aforados, es importante
recordar que la legislación laboral dispone de un mecanismo ágil y sumario
tendiente a obtener el reintegro de los trabajadores beneficiados con el fuero
sindical, de allí que el juez constitucional deberá ser cuidadoso al momento de
estudiar la procedencia de la solicitud de reintegro vía tutela, y determinar
que éste sea idóneo y eficaz para la protección del derecho.
3.2.2. El derecho fundamental a la asociación sindical.
El derecho de asociación sindical se encuentra
consagrado en los artículos 39, 53 y 93 de la Constitución Política, así como
también se encuentran incluidos en el texto constitucional: el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales[6],
el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[7], el artículo
16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[8], el Protocolo Adicional a
la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”[9], y los Convenios 87 y 98
de la Organización Internacional del Trabajo, aprobados por Colombia mediante
Leyes 26 de 1976 y 27 del mismo año[10].
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la
libertad de asociación sindical es una garantía que contiene dos elementos: por
un lado, es un derecho de carácter individual, pues de ninguna manera su
consagración en el texto constitucional apareja una renuncia subjetiva a favor
de una determinada colectividad; y por otro, como elemento distintivo de este
derecho tenemos que se trata de una libertad que en el curso de su ejercicio
pasa por una instancia colectiva que es, por supuesto, la misma organización
sindical.
En ese sentido, la Sala Plena de esta Corporación en
sentencia C-063 de 2008[11]
señaló que dentro del contenido del derecho objeto de estudio se encuentran los
siguientes elementos: “(i) libertad individual de organizar sindicatos; (ii)
libertad de sindicalización, ya que nadie puede ser obligado a afiliarse o a
desafiliarse a un sindicato; y, (iii) la autonomía sindical, que es la facultad
que tiene la organización sindical para crear su propio derecho interno[12]”.
Por su parte, la Sala Plena de la Corte[13] ha reiterado
que la libertad de asociación sindical constituye de manera autónoma un derecho
fundamental que resulta exigible por vía de tutela.
Sobre el particular, ha señalado que la libertad
objeto de análisis es una modalidad particular de la libertad de asociación, la
cual, debido a las relaciones sociales dentro de las cuales surge, cuenta con
un contenido específico que, a su turno, permite realizar una distinción
normativa y conceptual.
En ese sentido, mediante el reconocimiento de la
libertad de asociación sindical se busca asegurar a los trabajadores la
posibilidad de constituir de manera libre, organizaciones independientes
encargadas de hacer valer sus intereses dentro de los diferentes conflictos, de
naturaleza económica o jurídica, que suelen presentarse en las relaciones
laborales. Ahora bien, esta libertad cuenta con una especial protección que
pretende asegurar que dicho ejercicio ocurra sin ningún tipo de injerencias,
provenientes bien del Estado o de los empleadores, razón por la cual, el
funcionamiento de estas organizaciones no requiere de autorizaciones
administrativas o judiciales incompatibles con la facultad que pretende ser
amparada.
3.2.3. El fuero sindical
El artículo 39 de la Carta
Política, reconoce el fuero sindical como una garantía para que los
representantes sindicales puedan cumplir su gestión, que pretende proteger al
sindicato mismo antes a que a los miembros del mismo.
En efecto, dice dicha norma lo
siguiente:
“ARTICULO 39. Los
trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o
asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se
producirá con la simple inscripción del acta de constitución.
(...)
Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y
las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión.”
En ese sentido el artículo 405 del Código Sustantivo
del Trabajo, desarrolla esta disposición constitucional, y define el fuero
sindical como un mecanismo de protección de los derechos de asociación y libertad
sindical, que consiste en la garantía reconocida a algunos trabajadores “de no
ser despedidos, ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a
otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto, sin justa
causa, previamente calificada por el juez de trabajo”.
Por su parte la jurisprudencia de la Corte[14] ha reiterado
que “la garantía foral busca impedir que, mediante el despido, el traslado o el
desmejoramiento de las condiciones de trabajo, el empleador pueda perturbar
indebidamente la acción legítima que la Carta reconoce a los sindicatos.”[15]
Ahora bien, el artículo 406 del
Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el 57 de la Ley 50 de 1997, y
modificado por el artículo 12 de la Ley 584 de 2000, señala (i) cuáles son los
trabajadores a quiénes se les reconoce esta protección especial, y  (ii) cómo
se demuestra tal fuero:
“Artículo 406. Están amparados
por el fuero sindical:
“a) Los fundadores de un
sindicato, desde el día de su constitución hasta dos (2) meses después de la
inscripción en el registro sindical, sin exceder de seis (6) meses;
b) Los trabajadores que, con
anterioridad a la inscripción en el registro sindical, ingresen al sindicato,
para quienes el amparo rige por el mismo tiempo que para los fundadores;
c) Los miembros de la junta
directiva y subdirectivas de todo sindicato, federación o confederación de
sindicatos, sin pasar de cinco (5) principales y cinco (5) suplentes, y los
miembros de los comités seccionales, sin pasar de un (1) principal y un (1)
suplente. Este amparo se hará efectivo por el tiempo que dure el mandato y seis
(6) meses más, y
d) Dos (2) de los miembros de la
comisión estatutaria de reclamos, que designen los sindicatos, las federaciones
o confederaciones sindicales, por el mismo período de la junta directiva y por
seis (6) meses más, sin que pueda existir en una empresa más de una (1)
comisión estatutaria de reclamos.”
Adicional a los casos mencionados, se presenta el caso
del fuero del que gozan los trabajadores en medio de una negociación colectiva,
el cual se constituye en un instrumento garantista para la protección del
conflicto colectivo, éste es el llamado fuero circunstancial, el cual es
solicitado en el caso particular del actor.
El fuero circunstancial está consagrado en el
artículo 25 del decreto 2351 de 1965, el cual establece que: “Protección en
conflictos colectivos. Los trabajadores que hubieren presentado al patrono -hoy
empleador- un pliego de petición no podrán ser despedidos sin justa causa
comprobada, desde la fecha de la presentación del pliego y durante los términos
legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto.”
El citado artículo fue declarado exequible por la
Corte Constitucional mediante sentencia C-201 de 2002[16], que textualmente
señala:
“En el ámbito del derecho colectivo del trabajo, el
derecho de todos los trabajadores de negociar libre y voluntariamente con sus
empleadores las condiciones derivadas de la relación laboral, constituye un
elemento esencial de la libertad sindical, en la medida en que sirve de
instrumento para alcanzar mejores condiciones de vida y de trabajo de aquellos
a quienes representan las organizaciones sindicales.
En ejercicio de este derecho, y dado el carácter
dinámico de las relaciones laborales, los trabajadores pueden celebrar
convenciones colectivas con sus empleadores “para fijar las condiciones que
regirán los contratos de trabajo durante su vigencia”, al tenor del artículo
467 del C.S.T. Por su parte, el artículo 25 del Decreto de 1965 consagra la
institución denominada doctrinalmente “fuero circunstancial”, mecanismo que
busca proteger a los trabajadores que hubieren presentado al empleador un
pliego de peticiones, en el sentido de que éstos no pueden ser despedidos sin
justa causa comprobada, desde la fecha de la presentación del pliego y durante
los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto.”
La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
también se ha encargado del fuero circunstancial. Así, mediante sentencia  del
5 de octubre de 1998[17],
reconoció que esa protección del artículo 25 del decreto 2351 de 1965, incluye
todo el conflicto. En ella dice:
“El artículo 10 del decreto 1373 de 1966,
reglamentario de la norma transcrita (art. 25 citado) precisa que dicha
protección ‘comprende a los trabajadores afiliados al sindicato o a los no
sindicalizados que hayan presentado un pliego de peticiones, desde el momento de
su presentación al patrono hasta que se haya solucionado el conflicto colectivo
mediante la firma de la convención o del pacto, o quede ejecutoriado el laudo
arbitral, si fuere el caso”.
Igualmente esa Corporación en la citada sentencia,
cuando se procede en contra de lo señalado en el artículo 25 del decreto
2351/65, es terminante al señalar:
“Dicho en otros términos, el artículo 25 del decreto
2351 de 1965 establece claramente una protección especial, proscribiendo el
despido sin justa causa comprobada, como garantía  para el trabajador
involucrado en un conflicto colectivo con su patrono; y la violación de esta
norma a través de un despido,  que constituye así un acto ilegal e ilícito, no
debe producir efecto en perjuicio del trabajador”.[18]
La citada jurisprudencia de la Corte Suprema, modificó
el criterio que venía desde 1986. Es así, como antes se le otorgaba al
Ministerio del Trabajo la facultad para calificar las causas aducidas por el
empleador contra el trabajador amparado por el fuero circunstancial; pero esa
facultad fue anulada por el Consejo de Estado el 12 de septiembre de 1980, por
consiguiente la competencia le corresponde ahora a los jueces de trabajo.
Una vez precisada la competencia, los alcances de las
decisiones de la justicia laboral, en este aspecto, están fijados por la Corte
Suprema, en los siguientes términos:
“Por eso cuando el artículo 25 establece la
prohibición legal expresa de despedir sin justa causa comprobada a los
trabajadores, desde que presentaron el pliego hasta que se resuelva el
conflicto, el efecto no puede ser la indemnización, pues se estaría frente a la
repetición del resultado previsto en la disposición consagrada  en el artículo
8°, lo que  resulta a todas luces impropio, por lo que debe interpretarse la
norma de manera que produzca un resultado diferente, que corresponde al
expresado anteriormente de no producir la decisión patronal el efecto natural
de todo despido, aun injusto, que es la terminación del contrato. Esa
situación, que bien puede entenderse originada en la nulidad absoluta  o en la
ineficacia, que es la figura jurídica que se encuentra plasmada específicamente
en diversas disposiciones de naturaleza laboral, supone la continuidad del
vínculo contractual con todas sus consecuencias, lo que apareja el pago de los
salarios dejados de percibir con fundamento en el artículo 14º Código
Sustantivo del Trabajo,[19]
debido a que la ausencia del servicio se origina en una determinación del
empleador, con los aumentos y reajustes que se produzcan en el interregno, pago
de salarios que se proyectará hasta que se presente la reinstalación física del
trabajador en su cargo.”
Para concluir, el “fuero circunstancial” hace
referencia a una protección reforzada que se traduce en la continuidad de la
relación laboral, que obliga al pago de los salarios dejados de percibir y que,
como lo expresa la jurisprudencia de la Corte Suprema, no apunta hacia la indemnización
sino hacia la estabilidad laboral.[20]
Una vez ha sido concluida la exposición de los
fundamentos normativos que dan alcance al derecho fundamental a la asociación
sindical y las normatividad relativa al fuero circunstancial, procede la Sala a
analizar la facultad ofrecida a los empleadores, en virtud de la cual pueden
dar por terminado el contrato de trabajo sin justa causa, a la luz de las
consideraciones anteriores.
3.2.4. La terminación unilateral y sin justa causa del
contrato de trabajo por parte del empleador.
La Corte Constitucional ha sido enfática al señalar,
que una de las facultades características de los vínculos laborales consiste en
el derecho que asiste a cada una de las partes contratantes, en dar por
terminado el contrato de trabajo que ha sido suscrito.
En esta oportunidad se analizará el alcance de esta
potestad en cabeza del empleador, quien, de acuerdo con las restricciones
impuestas por el ordenamiento constitucional, puede dar por terminada la
relación laboral aún sin una justa causa.
Al respecto, el artículo 64 del Código Sustantivo del
Trabajo dispone que en aquellos eventos en los cuales el empleador decida
terminar el contrato de trabajo sin una justa causa, o cuando quiera que
promueva dicha terminación por parte del trabajador, debido a la ocurrencia de
alguna de las justas causas establecidas a favor del empleado, aquel deberá
cancelar una indemnización que pretende resarcir los daños que con su conducta
ha generado.
Al respecto, la Corte en la sentencia
T-436 de 2000[21]
se ha manifestado así:
“Bien es cierto que, entre las posibilidades del
empleador, a la luz de las disposiciones legales, está la de dar por terminado
de modo unilateral el contrato de trabajo, inclusive sin justa causa,
indemnizando al empleado, pero no se pierda de vista que el uso de la
atribución correspondiente, aun dentro de un criterio de amplia
discrecionalidad, mal puede implicar desconocimiento de claros y perentorios
mandatos de la Constitución, y de ninguna manera debe conducir, en un Estado
Social de Derecho, al sacrificio de prerrogativas inherentes a conquistas
logradas por la colectividad de los trabajadores, ni tampoco al olvido de los
derechos básicos de los mismos y sus asociaciones, garantizados en tratados
internacionales.
(...)
Así, la posibilidad de terminación unilateral que la
ley otorga al patrono en los contratos individuales de trabajo, no debe abrir
las puertas para que aquél, amparado en ella, prescinda, sin control ni medida
y de manera colectiva o masiva, de los servicios de los trabajadores bajo su
dependencia para mermar el número de miembros activos de los sindicatos” [22].
Sobre lo anterior, la Corte en sentencia T-1328 de
2001[23]
trató el tema del ejercicio abusivo que ejerce el empleador respecto de los
trabajadores, relacionado con la terminación de los contratos de trabajo, cuado
tal facultad se utilice para: “(i.) desconocer el derecho de los trabajadores a
constituir sindicatos, afiliarse a éstos o a permanecer en ellos, (ii.)
promover la desafiliación a dichas asociaciones, (iii.) adoptar medidas
represivas contra los trabajadores sindicalizados o que pretendan afiliarse al
sindicato, (iv.) obstaculizar o desconocer el ejercicio del derecho de huelga,
en los casos en que éste es garantizado, (v.) constreñir la libertad de
expresión o la escogencia de profesión y oficio,  o (vi.) burlar el derecho y
la posibilidad que se le reconoce a los sindicatos para representar a los
trabajadores e intervenir en defensa de sus propios intereses en todos los
casos en los que el empleador adopta decisiones o fija posturas que afectan o
interesan a la entidad sindical.”
Esta posición de la Corte ha sido reiterada en
sentencia T-920 de 2002[24],
cuando manifestó que si bien la norma citada ofrece un determinado ámbito de
discrecionalidad, en todo caso su reconocimiento en forma alguna puede oponerse
a lo dispuesto en el texto constitucional acerca de la protección a los derechos
fundamentales al trabajo, la igualdad y amparo contra la discriminación,
reiterando así las consideraciones desarrolladas en sentencia T-476 de 1998[25], la cual
analizó a profundidad la procedibilidad del reclamo de amparo de derechos
fundamentales por parte del trabajador que ha sido separado de su empleo debido
a la vinculación a un sindicato o a la realización de actividades relacionadas
con dicha agremiación.
En suma, la jurisprudencia de la Corte ha reiterado en
indicar algunos criterios que le corresponde al juez de tutela tener en cuenta
dadas las circunstancias en cada caso a fin de establecer si la terminación
unilateral y sin justa causa de los contratos de un cierto número de
trabajadores comporta o no una violación al derecho de asociación sindical;
esto, con el fin de evitar que el empleo de esta facultad, concluya en una
utilización irrestricta y, en consecuencia, sirva como subterfugio para los
empleadores con el objetivo de permitir la infracción de las garantías iusfundamentales
de los trabajadores.
Con fundamento en las consideraciones
hasta ahora desarrolladas, procede la Sala a resolver la petición de amparo interpuesta por el accionante.
4.
CASO CONCRETO.
4.1.   Exposición del caso
Por intermedio de apoderada judicial, los accionantes,
Jhon Fredy Pulido, Ricardo Andrés Rodríguez Daza, Javier Ladino Rodríguez,
Tatiana García Hoyos y Durley Patricia Ordoñez, solicitaron al juez de tutela
la protección de sus derechos fundamentales a la asociación sindical, al
trabajo y al mínimo vital, los cuales consideran vulnerados por la entidad
accionada al despedirlos estando aforados en razón a su pertenencia al
sindicato Sintra OMA Colombia.
Pues bien, relatan los actores que el 25 de mayo de 2010,
junto con otro grupo de trabajadores de Restacafé OMA S.A., en total  25
personas, se reunieron en las instalaciones de la Confederación General del
Trabajo (C.G.T.), con la finalidad de fundar el Sindicato Nacional de
Trabajadores de Restcafé OMA S.A. “SINTRAOMA COLOMBIA”. Posteriormente, se unió
otro número significativo de empleados de la misma empresa, completando al 11
de junio de 2010, un total de 52 personas sindicalizadas.
Por su lado, el apoderado de Restcafé OMA S.A.,
manifestó la carencia actual de objeto en la acción de tutela de la referencia,
debido a que el sindicato actualmente ya no existe, para lo cual adjuntó copia
del acta de disolución del sindicato.
Procede la Sala ahora a pronunciarse sobre la
protección solicitada por cada uno de los accionantes.
4.2.
El despido sin justa causa
con posterioridad a la terminación del fuero de fundadores.
La Sala considera necesario resaltar el hecho de que
los accionantes, Javier Ladino Rodríguez y Tatiana Hoyos, gozaban
del fuero propio de fundadores del sindicato, pues ellos se encontraban dentro
del grupo de 25 personas que el 25 de mayo de 2010, constituyeron formalmente
Sintra OMA Colombia. Este fuero, de acuerdo con el artículo 406 del C.S.T. los
cobijaba hasta 2 meses después de la inscripción en el registro sindical, el
cual se surtió en la misma fecha de la fundación ante las oficinas del
Ministerio de la Protección Social (fl. 29 Cdno. Ppal.). Sin embargo, el 26 de
julio de 2010, exactamente un día después de levantarse automáticamente el
fuero de los actores reseñados, el empleador procedió a dar por terminados sus
contratos de trabajo, lo que a juicio de la Sala constituye una indicio que
demuestra de manera suficiente, que el despido se produjo como una sanción a
estas personas en razón a su afiliación a Sintra OMA Colombia.
Infiere además la Sala que esta clase de acciones
constituyeron un factor más que suficiente para que los demás trabajadores, al
ser testigos de los despidos, decidieran desvincularse de la asociación
sindical, como una forma de proteger sus puestos de trabajo y no correr el
riesgo de ser desvinculados por la pertenencia al mismo.
Con base en lo anterior, para la Sala no es extraño
que debido al aumento considerable y sucesivo de deserciones presentadas por
parte de los miembros de Sintra OMA Colombia, éste no haya tenido otra salida
que disolverse. Se puede deducir entonces de lo afirmado, que una de las causas
de tal fenómeno fue el despido de alguno de sus miembros fundadores, como es el
caso de los accionantes Javier Ladino Rodríguez y Tatiana García Hoyos.
Deducción que se evidencia aún más con el cuadro que se expone a continuación,
donde se muestra la fecha de ingreso y deserción de cada trabajador
sindicalizado:
NOMBRE EMPLEADO
FECHA DE AFILIACIÓN A SINTRAOMA
FECHA DE RETIRO SINTRAOMA
1.
Sandra Sierra
26/06/10
8 de junio/10
2.
Ernestina Espindola
26/06/10
3.
Shely Yadina Torres
31/05/10
4.
Sandra Patricia Delgado
---------
5.
Doris Gil Olaya
26/05/10
6.
Guillermina Rodríguez
28/05/10
7.
Diana Sofía Vargas
26/05/10
8.
Zoraida Gómez
28/05/10
9.
Estrella Monroy Parra
26/05/10
10.
Ángela del Carmen Correa
26/05/10
11.
Sandra Herrera
26/05/10
12.
Sandra Isabel Bello
26/05/10
13.
Yazmín Ruiz Riaño
02/06/10
14.
Silverio Camargo
31/05/10
9 de junio /10
15.
Eric Mauricio Novoa
02/06/10
10 de junio/10
16.
Uriel Hernando Patarrollo
25/05/10
11 de junio /10
17.
Liliana Gaviria Pineda
26/05/10
24 de junio/10 (Renuncia)
18.
Edelmira Gutiérrez
26/05/10
25 de junio /10
19.
Carlos Rodríguez
25/05/10
29 de junio /10
20.
Diego Fabián Hilarión Amaya
25/05/10
21.
Laura Cely Romero León
31/05/10
9 de julio/10
22.
Luz Dary Vega Arévalo
02/06/10
14 de julio/10
23.
Maribel Martínez
21 de julio/10
24.
Luz Nelly Acosta
25/05/10
30 de julio/10
25.
Javier Zarate
---------
3 de agosto/10
26.
María Eugenia Castiblanco
31/05/10
27.
María Parra Vaca
31/05/10
28.
Ana Alicia Aguilar
26/05/10
29.
Sandra Pacheco
25/05/10
30.
Jaime Bladimir Paucar Tuero
26/05/10
4 de agosto/10
31.
Luz Dary Niño Cifuentes
02/06/10
32.
José Alfredo Castro Castro
25/05/10
33.
César Augusto Aldana Niño
26/05/10
34.
Daniel Leonardo Villamil
11/06/10
35.
Jeison Andrés Chávez
26/05/10
36.
Kelly Sánchez Pérez
31/05/10
37.
Edith Constanza Paipa
25/05/10
38.
Oscar Parra
31/05/10
5 de agosto/10
39.
Carlos Andrés Pérez
26/05/10
40.
María Nubia González
09/06/10
41.
Jovanny Alexander Alba
26/05/10
42.
Wilson Caro
31/05/10
43.
Karol Viviana Rivera
26/05/10
44.
Cristian Guillermo Beltrán
25/05/10
45.
William Salinas Cortés
02/06/10
46.
Jhonatan Orlando Caicedo
26/05/10
6 de agosto/10
47.
Oscar Hernán Fuentes
28/05/10
48.
Liliana Navas B.
02/06/10
11 de agosto/11
49.
Marisol Díaz Romero
02/06/10
50.
Yaneth Nieves Amado
26/05/10
51.
Luz Marina Forero Fandiño
28/05/10
52.
Sara Beatriz Rodríguez Peña
26/05/10
31 de agosto/10
Como se observa, por la fecha en que fueron despedidos
los dos accionantes de la referencia, se fue presentando en forma progresiva la
desvinculación de los demás empleados sindicalizados pertenecientes a Restacafé
OMA S.A.
Así, para la Sala es reprochable la actitud del
empleador frente a estos dos accionantes, puesto que en razón al ánimo de ejercer
su derecho de asociación y del trabajo, la respuesta de este fue desvincularlos
en razón al ejercicio legítimo de su derechos,  protegidos por la Carta
Política y por los instrumentos internacionales dentro del marco del bloque de
constitucionalidad[26].
En el presente caso, la Sala debe hacer un llamado de
atención acerca de la actitud tomada por el empleador frente a la conformación
del sindicato de trabajadores de Restcafé Oma S.A., en el sentido de reiterar
que el derecho de asociación sindical y del trabajo, ha ido evolucionando de
tal forma que hoy cuenta con una amplia y completa protección, pues los logros
alcanzados por el sector obrero han sido significativos a lo largo de la historia
sindical colombiana[27],
teniendo en cuenta lo difícil que ha resultado alcanzar los mismos, en tanto
esta clase de movimientos se han visto permeados por situaciones colaterales
como el propio conflicto armado.[28]
Así, la Corte ha señalado el carácter fundamental de este derecho, como en la
sentencia T-418 de 1992[29],
donde le atribuye tal connotación por la ubicación que tiene en la Constitución
y por las siguientes razones: a) Es un derecho que se considera inherente a la
condición humana; b) contribuye al perfeccionamiento del ser humano; c) sirve
para respetar al trabajador como tal, y d) para la realización de otros
derechos y libertades.
Igualmente, no es la primera vez que la Corte protege
los derechos de los trabajdores a la asociación sindical. En la sentencia T-476 de 1998, concedió el
amparo a los derechos fundamentales a la libre
asociación, a la negociación colectiva y al trabajo de cinco trabajadores que
se encontraban empleados en una sociedad anónima. Allí, de manera separada,
cada uno de los accionantes promovió un proceso de tutela debido a que sus
contratos de trabajo, suscritos a término indefinido, habían sido terminados
por decisión unilateral del empleador sin justa causa, ofreciendo la
correspondiente indemnización establecida en el Código Sustantivo del Trabajo.
En dicha oportunidad, la Corte concluyó
que el motivo real de la separación de los cargos que venían ocupando los
accionantes consistía en la decisión que éstos habían adoptado de adherirse a
la organización sindical de la empresa, y por ello, como medida de protección
de los derechos fundamentales infringidos, ordenó a la sociedad demandada
reintegrar a los demandantes a los cargos que ocupaban.
Igualmente, en la sentencia T-998 de 2010[30], la Corte
estudió el caso de un trabajador que fue despedido sin justa causa con
indemnización por pertenecer a la asociación sindical de su empresa, la cual se
encontraba en proceso de negociación colectiva, por lo que consideraba que se
aplicaba el fuero circunstancial. Allí, en virtud a que se demostró que el
despido estaba directamente relacionado con la vinculación del accionante al
sindicato de la empresa, el Alto Tribunal Constitucional señaló “que
independiente de la existencia o no de dicho fuero, se observa, que la conducta
de la empresa accionada tuvo como motivo sancionar al accionante por su
adhesión a la organización sindical, que no sólo recayó en cabeza del mismo
sino frente a todos aquellos que se vincularon al sindicato, hasta el punto
que, posterior a este despido, los demás afiliados no tuvieron otra opción que
retirarse de la asociación.”
Ahora bien, la Sala pasa a tratar el caso de los
accionantes Ricardo Andrés Rodríguez y Durley Patricia Ordoñez,
pues al igual que los dos anteriores no estaban aforados al momento del
despido, pero tienen la particularidad de que no pertenecían al grupo
fundacional del sindicato.
Sobre el particular, la Sala encuentra que en estos
casos, también se evidencia la actividad desproporcionada del empleador para
con los trabajadores, por cuanto fueron despedidos exactamente el mismo día que
los dos anteriores. Es decir, la Sala considera probado que con su actuar,
Restcafé Oma S.A., vulneró el derecho de asociación sindical de Ricardo Andrés
Rodríguez y Durley Patricia Ordoñez, por cuanto sus despidos se produjeron
estando ellos vinculados al sindicato, en ejercicio legítimo de su derecho
fundamental y se evidencia además que esta clase de acciones se presentan como
una sanción por la participación de los accionantes en la conformación de la
organización en mención, lo cual constituye la manera más evidente de coartar e
impedir el derecho de libertad sindical y de paso el derecho al trabajo,
afectando por supuesto su mínimo vital.
Finalmente, la Sala concluye que para los casos
puestos a su consideración, los despidos fueron una consecuencia directa de la
afiliación de los accionantes a  Sintra OMA Colombia, pues en todos ellos es
incuestionable el quebrantamiento de sus derechos a la libertad sindical y al
trabajo, pues la organización se encontraba en un momento de auge, en la etapa
inicial de su desarrollo como instrumento para lograr objetivos en materia de
derechos laborales. Al respecto, la Sala encuentra lamentable que debido a las
acciones del empleador y a la masiva deserción de la organización sindical por
parte de otros trabajadores, por temor a correr la misma suerte de sus colegas,
Sintra OMA Colombia haya tenido que disolverse el 10 de febrero de 2011, tal
como consta en escrito allegado por el apoderado de la parte accionada.
Por todo lo expuesto, la Sala revocará las sentencias
de instancia y concederá la protección de los derechos fundamentales a la
libertad sindical, al trabajo y al mínimo vital de los accionantes. En su
lugar, ordenará a Restcafé Oma S.A., que en el término de cuarenta y ocho horas
a partir de la notificación de la presente sentencia, proceda a reintegrar en
los cargos que venían desempeñando a Ricardo Andrés Rodríguez, Javier Ladino
Rodríguez, Tatiana García Hoyos y Durley Patricia Ordoñez, sin solución de
continuidad.
Además, la Sala exhortará a Restcafé Oma S.A. para
que, de acuerdo a las consideraciones consignadas en esta providencia, se
abstenga de incurrir en conductas que obstaculicen o hagan nugatorio el
ejercicio del derecho de asociación sindical de los trabajadores que se
encuentran laborando a su servicio.
5.
DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR las sentencias proferidas por el Juzgado Décimo Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Bogotá, del 8 de septiembre de 2010 y del
Juzgado Cuarenta y Ocho Penal del Circuito de Bogotá, del 15 de octubre de
2010, proferidos en el asunto de la referencia, dentro de la acción de tutela
promovida por los señores Ricardo Andrés Rodriguez, Javier Ladino Rodríguez,
Tatiana García Hoyos y Durley Patricia Ordoñez, contra Restcafé OMA S.A. En
consecuencia, CONCEDER amparo a los derechos fundamentales al
trabajo, a la asociación sindical y al mínimo vital de los accionantes
SEGUNDO: ORDENAR a la empresa Restcafé OMA S.A. para que,
dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir del momento
de notificación de la presente providencia, proceda a reintegrar al cargo que
venían desempeñando los señores Ricardo Andrés Rodríguez, Javier Ladino
Rodríguez, Tatiana García Hoyos y Durley Patricia Ordoñez, sin solución de
continuidad.
TERCERO: EXHORTAR a
la empresa Restcafé OMA S.A. para que, de acuerdo con las consideraciones
consignadas en esta providencia, se abstenga de incurrir en conductas que
obstaculicen o hagan nugatorio el ejercicio del derecho de asociación sindical
de los trabajadores que se encuentran laborando a su servicio.
CUARTO: Por Secretaría líbrese la comunicación
prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
Con salvamento de voto
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
NILSON PINILLA PINILLA
A LA SENTENCIA T-386/11
Referencia: expediente T-2.916.590
Acción de tutela presentada por el señor John Fredy
Pulido y otros, miembros del  Sindicato Nacional de Trabajadores de Restcafé
Oma S. A. Sintra Oma Colombia, contra la sociedad Restcafé Oma S. A.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Fecha ut supra
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la
Corte Constitucional, me permito reiterar las razones que me llevan a apartarme
del fallo adoptado por la Sala Sexta de Revisión, para lo cual repito a continuación
los aspectos cardinales de los planteamientos expuestos en el proyecto que no
fue aprobado por la Sala Sexta de Revisión.
1.
Dimensión del derecho constitucional de asociación sindical
El
derecho de los trabajadores a organizar y constituir sindicatos reviste
cardinal importancia, pues permite unirse con el fin de defender sus intereses
y hacer efectivas sus garantías, obteniendo así el mejoramiento de sus
condiciones de trabajo, el reconocimiento de nuevos beneficios y la
reivindicación de prerrogativas emanadas de la Constitución, los convenios
internacionales, la ley y los acuerdos celebrados con los empleadores.[31]
La
Corte ha determinado las características que definen y encuadran esta realidad
laboral, como los efectos que pueden producir las conductas desplegadas,
propias de su dinámica[32]:
“4.1. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional,
el derecho de asociación sindical, garantizado en el artículo 39 de la
Constitución Política, presenta una dimensión individual[33], que se
traduce en la posibilidad que tienen los trabajadores de organizar sindicatos y
de ingresar, permanecer o retirarse de la organización sindical[34]; una dimensión
colectiva, vinculada a la idea básica de la libertad sindical y conforme a la
cual se garantiza tanto la autonomía para la conformación de las organizaciones
sindicales, con sujeción al orden legal y a los principios democráticos, y al
margen de toda intervención del Estado[35],
como la capacidad que tienen estas organizaciones para promover no sólo los
intereses laborales de sus afiliados, sino también su visión de la política
general en temas que afectan o convocan a los trabajadores[36], y una dimensión
instrumental, en la medida que la asociación sindical se crea ‘… sobre la base
de un vínculo jurídico, necesario para la consecución de unos fines que las
personas van a desarrollar en el ámbito de la formación social’[37], en
especial, la negociación y suscripción de una convención colectiva, con la
salvedad que en nuestro ordenamiento se predica de los sindicatos de empleados
públicos.[38]
4.2. Ha dicho la Corte que esas dimensiones del
derecho de asociación sindical comportan una protección especial al derecho de
los trabajadores para actuar colectiva y organizadamente en defensa de sus
intereses frente al empleador, así como una protección a las organizaciones
sindicales a fin de permitirles cumplir de manera efectiva con sus cometidos de
representación y promoción de los intereses de los trabajadores.[39]
Para la Corte, ello impone, por un lado, una conducta positiva, conforme a la
cual empleador y sindicato deben desarrollar una relación de interlocución[40],
y, por otro, la ausencia en el empleador de acciones u omisiones que puedan
tenerse como persecución sindical, bien sea porque afecten o limiten a los
trabajadores individualmente considerados en su decisión de asociarse,
permanecer o retirarse de un sindicato, o a la organización sindical en su
conjunto, minando su capacidad de representación y de acción o debilitando su
estructura.[41]
4.3. La Corte ha señalado que para la evaluación
constitucional de las conductas de los empleadores que sean violatorias del
derecho de asociación sindical cabe remitirse a los criterios que sobre el
particular se han fijado en la ley[42]
y en los tratados internacionales. Ha dicho la Corporación que, en ese
contexto, resultan contrarias al derecho de asociación sindical las conductas
del empleador que desconozcan el derecho de los trabajadores a constituir
sindicatos, o afiliarse a éstos; o que promuevan su desafiliación, o
entorpezcan o impidan el cumplimiento de las gestiones propias de los
representantes sindicales, o de las actividades que competen al sindicato, o
que adopten medidas represivas contra los trabajadores sindicalizados o que
pretendan afiliarse al sindicato en razón de dicha condición. También se afecta
ese derecho cuando se desconoce u obstaculiza por el empleador  el ejercicio del derecho a la negociación colectiva o del
derecho de huelga, en los casos en que ésta es permitida.
4.4.… las facultades que, de conformidad con la ley,
tiene el empleador en relación con sus trabajadores no pueden ser utilizadas
como instrumento de persecución sindical y que para que eso ocurra basta con
que conductas del empleador, en principio lícitas, como dar por terminados de
manera unilateral los contratos de trabajo de algunos empleados, o aplicar los
correctivos disciplinarios que sean del caso de acuerdo con el reglamento, se
conviertan en instrumentos de presión sobre la organización sindical, que
incidan, por ejemplo, en la reducción de sus afiliados, o en un clima de
aprehensión para potenciales integrantes, o en la inhibición de actividades
propias de la organización de los trabajadores. La Corte ha dicho que, incluso,
la medida que afecte a un sólo trabajador puede resultar relevante desde la
perspectiva de la afectación del derecho de asociación sindical, para lo cual
habrá de tenerse en cuenta el papel que esa persona cumple en la organización
sindical, o en las actividades de la misma, o el momento en el que se adopta la
medida y que pueda dar lugar a que ésta se reciba como una  retaliación. Así,
por ejemplo, en Auto 044 de 2002, la Corte señaló que “[n]o se descarta, (…) la
posibilidad de concluir que existe persecución sindical y violación del derecho
correspondiente cuando sólo se despide a un trabajador sindicalizado, en una
única oportunidad, pero se demuestra que dicho trabajador era de gran
importancia para la organización sindical por ser un dirigente o, sin serlo
formalmente, ejercer funciones de liderazgo en una negociación colectiva o una
huelga.”[43]
…   …   …
No quiere decir la Sala que el sólo ejercicio por el
empleador de las facultades que le reconoce la ley en orden a preservar los
cometidos propios de la empresa, cuando recae sobre personas sindicalizadas,
deba tenerse como una manifestación de persecución, a partir,  únicamente, de
la percepción subjetiva que al respecto tengan los trabajadores.
Tampoco lo expresado quiere decir que el hecho de
pertenecer a un sindicato o de estar amparado por un fuero, haga inmunes a los
trabajadores frente a las disposiciones que lícitamente decida adoptar el
empleador en el curso normal de su actividad.
Pero si implica que la conducta del empleador tiene
repercusiones constitucionales cuando la percepción de los trabajadores sobre
su carácter antisindical, tiene base objetiva, a partir de la cual pueda
concluirse, razonadamente, la existencia de una afectación de la libertad
sindical.”
Así,
los derechos constitucionales de asociación y libertad sindical comportan
entonces el ejercicio ponderado de los derechos del empleado, frente a los del
empleador hacia los fines de la empresa, donde el sindicado será el instrumento
de comunicación y articulación de la relación laboral constituida.
2. La terminación unilateral del
contrato de trabajo sin justa causa
2.1. Conforme a los principios y los fines
contemplados en los artículos 25 y 53 de la Constitución, el legislador ha
regulado el contrato individual de trabajo, estableciendo las distintas formas
como puede ser terminado. Así mismo, a partir del artículo 116 superior, ha
determinado las funciones judiciales y la jurisdicción encargada de asumir y
dirimir las diferencias que puedan surgir con ocasión de su aplicación.
Por consiguiente, no corresponde al juez
constitucional examinar las condiciones y circunstancias de las relaciones
entre el empleador y el trabajador, salvo que en el estudio de los casos
concretos se plantee la violación de derechos constitucionales, cuya protección
no pueda obtenerse por otra vía judicial. Sobre este tema la Corte ha dispuesto[44]:
“Los conflictos que se originan con motivo del
contrato de trabajo, entre los patronos y los trabajadores, pueden implicar la
violación de derechos fundamentales de éstos, o el desconocimiento de derechos
fundados o que tienen origen en normas de rango legal.  Cuando el conflicto
atañe a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional
fundamental su solución corresponde al juez de tutela; en cambio cuando la
controversia se origina directa o indirectamente del contrato de trabajo y
naturalmente versa sobre la violación de derechos de rango legal, consagrados
en la legislación laboral, su solución corresponde al juez laboral.”
2.2. En
particular, esta corporación[45]
se ha referido a la facultad que la ley reconoce al empleador para dar por
terminado de manera unilateral y sin justa causa el contrato de trabajo, la
cual, sin embargo, no puede ser utilizada para limitar o menoscabar otros
derechos del trabajador, como los de asociación y libertad sindical:
“Bien es cierto que, entre las posibilidades del
empleador, a la luz de las disposiciones legales, está la de dar por terminado
de modo unilateral el contrato de trabajo, inclusive sin justa causa,
indemnizando al empleado, pero no se pierda de vista que el uso de la
atribución correspondiente, aun dentro de un criterio de amplia
discrecionalidad, mal puede implicar desconocimiento de claros y perentorios
mandatos de la Constitución, y de ninguna manera debe conducir, en un Estado Social
de Derecho, al sacrificio de prerrogativas inherentes a conquistas logradas por
la colectividad de los trabajadores, ni tampoco al olvido de los derechos
básicos de los mismos y sus asociaciones, garantizados en tratados
internacionales.
…   …   …
Así, la posibilidad de terminación unilateral que la
ley otorga al patrono en los contratos individuales de trabajo, no debe abrir
las puertas para que aquél, amparado en ella, prescinda, sin control ni medida
y de manera colectiva o masiva, de los servicios de los trabajadores bajo su
dependencia para mermar el número de miembros activos de los sindicatos.”
2.3.
Adicionalmente, la Corte ha dicho que cuando se acude a la atribución legal de
manera desproporcionada y con el propósito de desarticular la organización
sindical, es procedente la protección por medio de la acción de tutela. Para
dilucidar qué buscaba el empleador al
momento de declarar la terminación de los contratos de trabajo, y en especial
si entorpece el ejercicio del derecho sindical, esta corporación[46] ha dispuesto
que deben identificarse y ponderarse, en cada caso y entre otros, los
siguientes factores concurrentes:
“(i.) El número de trabajadores sindicalizados
despedidos, pues es posible establecer distinciones entre la terminación del
contrato laboral que se aplica a un número reducido de empleados y el que
cobija a una porción mayor que, evidentemente, por ese solo hecho, pone en
peligro la estabilidad y existencia misma de la organización sindical.
(ii.) El papel de los empleados sindicalizados que se
despiden, puesto que también es posible establecer diferencias en las
consecuencias que produce el despido de simples afiliados a la organización, de
algunos de sus activistas de base o el de los propios miembros de los cuadros
directivos -que necesariamente se encargan de la representación del sindicato y
la promoción de sus intereses-.
(iii.) La frecuencia con que el empleador acude al
ejercicio de su facultad de terminación unilateral del contrato sin justa
causa: sin duda, el despido tiene un efecto mayor sobre la solidez del
sindicato cuando se ejerce en repetidas ocasiones.
(iv.) La oportunidad en que el empleador decide
realizar los despidos, pues la estabilidad y capacidad de representación de una
organización sindical no es indiferente al hecho de que la terminación de los
contratos de sus afiliados ocurra en vísperas de la expiración de la convención
colectiva vigente, o en tiempos en los que precisamente el sindicato y el
empleador discuten acerca de algunas de las condiciones de trabajo existentes;
(v.) El grado de impacto que los despidos tienen en
los demás trabajadores sindicalizados, el cual se aprecia, en ocasiones, en el
posterior retiro de otros afiliados o en el enrarecimiento del ambiente de
trabajo dentro de una empresa. Así, además de la intranquilidad que genera
entre los empleados agremiados, ésta práctica revela la ineficacia de la
agrupación para defender los intereses de sus afiliados.  Sin duda, se
desalienta y desnaturaliza la existencia de un sindicato o la pertenencia de
los trabajadores al mismo, pues ‘aquellos que ya están afiliados pueden pensar
en la conveniencia de su retiro de la asociación para conservar el puesto -lo
que no es difícil suponer que ocurra en una situación de desempleo tan grave
como la que vive el país-, y los que aún no se han asociado lo pensarán dos
veces’[47];
y,
(vi.) Finalmente, es necesario comprobar el animus con
el que el empleador actúa. Este es un elemento fundamental dentro del ejercicio
de ponderación que se propone, pues revela la  intención con la que obra el
patrono al acudir a la terminación unilateral, sin justa causa, de los
contratos de trabajo de sus trabajadores sindicalizados. Así, resulta
inaceptable que éste, prevaliéndose de una atribución legal intente desmembrar
al sindicato, desestimular la afiliación de los trabajadores al mismo, o perseguir
a sus miembros -tal y como lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte-,
pues en todos estos eventos es evidente que la facultad contenida en la ley se
convierte en un instrumento que desconoce derechos fundamentales de los
trabajadores.
Ahora bien: la
apreciación de estos elementos concurrentes debe hacerse de manera conjunta y
al funcionario competente corresponderá valorarlos para definir si
efectivamente el despido sin justa causa de trabajadores sindicalizados,
vulnera los derechos del sindicato y los de sus afiliados, desconociendo las
garantías reconocidas por la Constitución sobre la materia. Por esta vía, se
busca establecer criterios objetivos de ponderación que, como se dijo antes, no
obstante reconocer la posibilidad legal con la que cuenta el empleador para
terminar unilateralmente y sin justa causa el contrato de trabajo, impidan que
el animus con el cual se ejerce tal facultad se convierta en una forma -directa
o indirecta- de violación de los derechos de un sindicato expresado, entre otras
maneras, a través de la libertad de asociación sindical, en los términos ya
referidos…”
2.4. En
principio, corresponde a la jurisdicción ordinaria laboral resolver las
controversias que surjan en torno a la terminación unilateral del contrato de
trabajo sin justa causa.
Sin
embargo, cabría el amparo constitucional cuando el empleador utiliza esa
facultad para “(i.) desconocer el
derecho de los trabajadores a constituir sindicatos, afiliarse a éstos o a
permanecer en ellos, (ii.) promover la desafiliación a dichas asociaciones,
(iii.) adoptar medidas represivas contra los trabajadores sindicalizados o que
pretendan afiliarse al sindicato, (iv.) obstaculizar o  desconocer el ejercicio
del derecho de huelga, en los casos en que éste es garantizado, (v.) constreñir
la libertad de expresión o la escogencia de profesión y oficio, o (vi.) burlar
el derecho y la posibilidad que se le reconoce a los sindicatos para
representar a los trabajadores e intervenir en defensa de sus propios intereses
en todos los casos en los que el empleador adopta decisiones o fija posturas
que afectan o interesan a la entidad sindical” [48].
Aun
cuando no es tarea del juez de tutela establecer si se trató de una situación
relacionada con el artículo 47 del C.S.T., si fue despido colectivo que habría
requerido la autorización previa de las autoridades del trabajo, o si se
desconoció o no el fuero sindical, debe no obstante determinar, con miras a la
protección del derecho de asociación sindical, si la decisión del empleador cuenta
con soporte fáctico que le proporcione una base distinta del objetivo de
persecución, esto es, indagar sobre la situación objetiva que produjo la
terminación unilateral de los contratos de trabajo.
Lo anterior, sin perjuicio de la informalidad que
reviste la acción de tutela, requiere amplio soporte y debate probatorio, que desbordaría su ámbito de aplicación,
por lo cual resulta evidente que el asunto habría de ventilarse a través de las
acciones comunes, previstas en el ordenamiento procesal a efectos de dilucidar
los extremos objeto de controversia. De esta remisión a la vía ordinaria
laboral, se exceptuarían aquellos asuntos susceptibles de ser tratados por
separado, de los cuales pueda inferirse la posible vulneración de un derecho
fundamental, en cuyo sería procedente la acción constitucional como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable[49].
3. Análisis del caso concreto
Por sus características y tal como acertadamente fue
determinado en las instancias, el presente caso no puede dilucidarse en sede de
tutela, que debe contraerse a determinar si hay o no una violación de derechos
fundamentales, que no tenga otra vía judicial expedita para contrarrestarla,
siendo ostensible su existencia en la jurisdicción ordinaria laboral, de manera
que entrar ahora a decidir de fondo sobre lo demandado en procura del amparo
constitucional, implicaría un flagrante desconocimiento de la subsidiaridad de
la acción de tutela.
Desde la primera instancia, la Juez 10ª Penal con
Función de Control de Garantías de Bogotá, en su sentencia de septiembre 8 del
mismo año, que mereció ser confirmada íntegramente por el ad quem, había
expresado:
“Si existen otros mecanismos judiciales o
administrativos de defensa para conjurar la violación que pueden ser utilizados
por el actor, y ellos son adecuados para tutelar los derechos presuntamente
vulnerados, este debe ser el camino a seguir por el demandante. Ahora bien, los
asuntos litigiosos y de carácter legal (cualquiera sea su especialidad –penal,
civil, laboral, administrativo, agrario, etc.), deben ser ventilados ante la
jurisdicción común, donde las actuaciones que se surtan, pueden ser controvertidas
por la intervención activa de las partes y mediante los recursos que para cada
caso prevé la legislación.
…   …  …
De otra parte, se evidencia una discusión de orden
probatorio que indudablemente atañe a la justicia ordinaria, ello se asevera en
atención a las afirmaciones esbozadas por las partes intervinientes y al
material documental allegado, pues los unos afirman algunas situaciones y los
otros las controvierten…”
Evidentemente, no procede efectuar en esta revisión un
pronunciamiento de fondo sobre el comportamiento desarrollado por Restcafé Oma
S. A., particularmente en cuanto a las razones de los despidos y la actitud
ante la organización sindical.
Ello habrá de ventilarse ante la jurisdicción
ordinaria laboral, si allá es demandado por los interesados, para establecer si
se consumó violación del ordenamiento legal que imponga, consecuentemente, el
restablecimiento de derechos fundamentales individuales o colectivos que
hubieren podido resultar conculcados, como se afirma que lo fue la libertad de “constituir
sindicatos o asociaciones” (art. 39 Const.), tema que bien puede
esclarecerse en el ámbito de la jurisdicción respectiva.
Lo que obra en el proceso que permitiere deducir
quebrantamiento de derechos fundamentales, como el recién citado, y generase
perjuicios irremediables, por ejemplo a partir de los denominados “atropellos
ejercidos por la empresa”, que sí comportarían la protección constitucional
del derecho de asociación sindical y un examen propio de esta corporación, se
encuentra, en este expediente, en la órbita de escuetas aseveraciones y
eventuales hechos indicadores no probados. Por tales circunstancias, no cabe en este caso una ponderación
detallada de cada uno de los criterios que la Corte ha identificado para
establecer si tras el ejercicio por el empleador de la facultad de dar por
terminado sin justa causa unos contratos de trabajo, se escondía un propósito
de persecución sindical.
Al no haberse desvirtuado, en la precariedad
probatoria de esta acción, las explicaciones de la empresa accionada, o al
menos contarse con indicios que permitieren abrigar alguna inferencia sólida,
la cual denotara una intensión distinta a la necesidad de terminar
unilateralmente contratos de trabajo, por el descenso periódico en la afluencia
de clientes, mal puede asumirse, en este ámbito subsidiario, que el despido de
los accionantes afiliados al sindicato haya tenido como propósito la
desmembración o el debilitamiento de éste, ni la afectación de otros derechos
fundamentales.
Insiste
esta corporación que solo muy excepcionalmente, por la afectación contra
personas que merecen especial protección dadas sus circunstancias de debilidad
manifiesta, o la inminencia de perjuicios irremediables, o la ineptitud de las
vías regulares, corresponde al juez de tutela determinar la irregularidad de la
terminación de los contratos de trabajo sin justa causa;  o si se violó el
fuero sindical o el derecho de constituir sindicatos; o si es procedente el
reintegro de los trabajadores despedidos; o si se trató de un despido sin
previa autorización de las autoridades del trabajo, asuntos para los cuales los
interesados pueden acudir a la jurisdicción ordinaria laboral.
El ordenamiento jurídico ha previsto una serie de
instrumentos, administrativos y judiciales, para sancionar al empleador y hacer
efectivos los derechos del trabajador, pero dado el carácter subsidiario de la
acción de tutela, no corresponde resolver a través de ella un tema litigioso
así planteado.
Son estas razones las que, en síntesis, explican el
sentido de mi ponencia inicial, que sigo sustentando como el enfoque acertado
para dilucidar y resolver el caso, pero la discrepancia en el entendimiento de
los otros integrantes de la Sala, conllevó el subsiguiente voto negativo en
relación con el pronunciamiento mayoritario, ante el cual dirijo este
salvamento.
Con mi habitual respeto,
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
[1] Sentencia T-920 de 2002.
MP. Rodrigo Escobar Gil.
[2] Sentencias T-960 de
2004, T-335 de 2004, T-905 de 2002, T-033 de 2001, T-890 de 2000, T-500 de
2000, T-523 de 1998, entre otras.
[3] MP. Antonio Barrera
Carbonell.
[4] MP. Rodrigo Escobar Gil.
[5] MP. Jaime Araújo
Rentería.
[6] En el artículo 8 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, los
Estados Partes se comprometen, entre otras cosas, a garantizar “el derecho
de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con
sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para
promover y proteger sus intereses económicos y sociales....”.
[7] En el artículo 22 del Pacto
Internacional de derechos Civiles y Políticos se dispone que “(…) toda persona tiene derecho
a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y
afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.”
[8] Artículo 16.  Libertad de Asociación  1. Todas
las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos,
religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos
o de cualquiera otra índole./  2. El ejercicio de tal derecho sólo
puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias
en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la
seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o
los derechos y libertades de los demás. /3.  Lo dispuesto en este artículo
no impide la imposición de restricciones legales, y aun la privación del
ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de
la policía.
[9] El artículo 8 del
Protocolo de San Salvador dispone que los Estados Partes garantizarán “el
derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su
elección para la protección y promoción de sus intereses...”.
[10] En el
artículo 11 del Convenio 87, estipula: "Todo miembro de la Organización
Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el presente Convenio se
obliga a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a
los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del derecho de
sindicación". Por su parte, en el artículo 1 del Convenio 98, relativo a
la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación
colectiva, se dispone: "1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada
protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la
libertad sindical en relación con su empleo. /2. Dicha protección deberá
ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto: /a) sujetar el
empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a
la de dejar de ser miembro de un sindicato; /b) despedir a un trabajador o
perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su
participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el
consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo".
[11] MP. Clara Inés Vargas
Hernández.
[12] Sentencia T-656 de 2004
MP. Jaime Córdoba Triviño.
[13] Sentencias C-1491 de 2000, C-385
de 2000, C-085 de 1994, entre otras.
[14] Sentencias T-326 de
1999, SU-036 de 1999, T-728 de 1998, T-297 de 1994, C-593 de 1993.
[15] Sentencia C-381 de 2002
[16] MP. Jaime Araújo
Rentería. (se declaró exequible solo por los cargos que se le hicieron en la
demanda, es decir, en cuanto no cobija a los empleados públicos).
[17] M.P. Germán Valdés
[18] Sentencia T-326-02
MP. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[19] Se refiere al salario
sin prestación de servicio
[20] Sentencia T-326-2002 MP. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[21] MP. José Gregorio Hernández
Galindo.
[22] Sentencia
T-436 de 2000.MP. José Gregorio Hernández.
[23] MP. Manuel José Cepeda Espinoza.
[24] MP. Rodrigo Escobar Gil.
[25] MP. Fabio Morón Díaz.
[26] Decisiones
87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo.
[27] “Al
llegar al poder en 1930 el partido liberal, comenzó una “época de oro” del
sindicalismo colombiano. Algunos de sus hechos más sobresalientes son: (i) En
1931 se expidió la Ley 83 sobre organización sindical, a través de la cual se
definió lo que sería el sindicato base, se realizó la distinción entre
sindicatos gremiales e industriales y se establecieron normas sobre declaración
de huelgas. (ii) La ey 10 de 1934 define por primera vez lo que se entiende por
contrato de trabajo. (iii) En 1948, mediante el Código legislativo Núm. 2158,
se expidió el Código Procesal del Trabajo”.  ALEXANDER, Robert J. El movimiento
obrero en América Latina. México, Editorial Roble, 1967, p. 411.
[28] Así
lo estableció el Comité de libertad de la Organización Internacional del
Trabajo en su informe número 333 de 2004, en el cual analiza el caso presentado
por varios sindicatos colombianos que denunciaban actos de persecución
sindical.
[29] M.P.
Simón Rodríguez Rodríguez.
[30] M.P.
Jorge Ignacio Pretelt.
[31] Crf., entre otras, T-251
de abril 16 de 2010, y C-311 mayo 3 de 2007, en ambas M. P. Nilson Pinilla
Pinilla.
[32] C-657 de septiembre 18
de 2009, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[33] “Sentencia T-1328 de
2001.”
[34]“Hoy, en Colombia, un
trabajador puede estar afiliado a más de una organización sindical (Sentencias
C-797, T-1756 y T-1758 de2000)”
[35]“Sentencia T-441 de 1992”
[36]“Sentencia T-1328 de
2001”
[37]“Sentencias T-1328 de
2001 y  T-441 de 1992.”
[38]“Cfr. Sentencia T-764 de
2005”
[39]“Idem”
[40]“Ver Sentencia T-1328 de
2001”
[41]“Cfr. Sentencia T-764 de
2005”
[42]“El
inciso 2, del numeral 2 del art. 354 del C.S.T., modificado por el art. 39 de
la Ley 5a. de 1990, hace un listado de los actos que se consideran atentatorios
contra el derecho de asociación sindical, por parte del empleador: a) Obstruir o dificultar la afiliación de su personal a una
organización sindical de las protegidas por la ley, mediante dádivas o
promesas, o condicionar a esa circunstancia la obtención o conservación del
empleo o el reconocimiento de mejoras o beneficios; / b) Despedir, suspender o
modificar las condiciones de trabajo de los trabajadores en razón de sus
actividades encaminadas a la fundación de las organizaciones sindicales; / c)
Negarse a negociar con las organizaciones sindicales que hubiere presentado sus
peticiones de acuerdo con los procedimientos legales; / d) Despedir,
suspender o modificar las condiciones de trabajo de su personal sindicalizado,
con el objeto de impedir o difundir el ejercicio del derecho de asociación, y /
e) Adoptar medidas de represión contra los
trabajadores por haber acusado, testimoniado o intervenido en las
investigaciones administrativas tendientes a comprobar la violación de esta
norma.”
[43] Auto 044 de 2002.
[44] SU-342 de agosto 2 de
1995, M. P. Antonio Barrera Carbonell; SU-998 agosto 2 de 2000, M. P. Alejandro
Martínez Caballero; T-1328 de diciembre 19 de 2005 y T-491 de mayo 13 de 2005, en
ambas M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[45] T-436/00 (abril 13), M.
P.  José Gregorio Hernández Galindo.
[46] T-1328/01 citada.
[47]“Cfr, Sentencia T-436 de
2000.”
[48] T-1328 de 2001, citada.
[49] Cfr. T-920 de octubre 30
de 2002, M. P. Rodrigo Escobar Gil.