T-563-17
Sentencia T-563/17
ACCION DE TUTELA PARA ORDENAR RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PENSION
DE INVALIDEZ-Procedencia
excepcional
PERSONAS CON DISCAPACIDAD COMO SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION
CONSTITUCIONAL-Protección nacional e internacional
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL-Servicio público de
carácter obligatorio y derecho irrenunciable
DERECHO A LA
SEGURIDAD SOCIAL-Instrumentos internacionales que reconocen su
importancia
PENSION DE INVALIDEZ DE PERSONA CON ENFERMEDAD CRONICA,
DEGENERATIVA O CONGENITA-Reiteración de la sentencia SU-588/16
PENSION DE INVALIDEZ-Reglas establecidas por la Corte Constitucional para determinar la
fecha de estructuración de la invalidez en los casos de enfermedad
degenerativa, crónica o congénita
PENSION DE INVALIDEZ DE PERSONA CON ENFERMEDAD CRONICA,
DEGENERATIVA O CONGENITA-Fecha de estructuración de la invalidez desde el
momento de la pérdida permanente y definitiva de la capacidad laboral
PENSION DE INVALIDEZ DE PERSONA CON ENFERMEDAD CRONICA,
DEGENERATIVA O CONGENITA-Se deberán tener en cuenta las semanas cotizadas
con posterioridad a la fecha de estructuración del estado de invalidez
PENSION DE INVALIDEZ-Reglas
establecidas por la Corte Constitucional para determinar la fecha de
estructuración de la invalidez en los casos de enfermedad degenerativa, crónica
o congénita
(i) Que la solicitud pensional fue presentada por una persona
que padece una enfermedad congénita, crónica y/o degenerativa, (ii) que con
posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez fijada por la
autoridad médico laboral, la persona cuenta con un número importante de semanas
cotizadas; y, (iii) que los aportes fueron realizados en ejercicio de una
efectiva y probada capacidad laboral residual, es decir que, en efecto, la
persona desempeñó una labor u oficio y  que la densidad de semanas aportadas
permite establecer que el fin de la persona no es defraudar al Sistema.
PENSION DE INVALIDEZ DE PERSONA CON ENFERMEDAD CRONICA,
DEGENERATIVA O CONGENITA-Orden a Colpensiones iniciar trámites administrativos para
reconocer pensión de invalidez de accionante
Referencia: Expedientes T-6.191.422 y T-6.192.632
(acumulados)
Acciones de tutela
interpuestas por Esteban Daniel Reyes Avella (T-6.191.422) en contra de la
Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES- y por parte de la
Defensoría del Pueblo, Regional Casanare, en calidad de agente oficioso de
Cristhian Camilo Chaparro Corredor en contra de COLFONDOS PENSIONES Y CESANTÍAS
S.A. (T-6.192.632).
Magistrado
ponente:
CARLOS BERNAL
PULIDO
Bogotá, D.C.,
cuatro (4) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017).
La Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Alejandro Linares Cantillo, Luis
Guillermo Guerrero Pérez y Carlos Bernal Pulido, quien la preside, en ejercicio
de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, se dispone a
proferir la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los
siguientes fallos de tutela (acumulados): sentencia proferida por la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Bogotá el 5 de abril del 2017 (T-6.191.422),
que confirmó la providencia del 3 de marzo del año 2017 del Juzgado Diecisiete
Laboral del Circuito de Bogotá; y la sentencia del 30 de noviembre de 2016
dictada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Yopal (T-6.192.632),
confirmando la decisión del Juzgado Segundo Penal Municipal de Yopal, contenida
en el proveído del 19 de octubre del 2016. Esto dentro de las acciones de
tutela promovidas en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones (en
adelante COLPENSIONES) y la sociedad Colfondos Pensiones y Cesantías S.A.
(desde ahora COLFONDOS), respectivamente.
Los expedientes de la referencia fueron
escogidos para revisión y acumulados mediante Auto del 30 de junio del 2017,
proferido por la Sala de Selección número Seis[1].
I.
ANTECEDENTES
1.
Los
expedientes seleccionados y acumulados plantean un aspecto en común, esto es,
la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la seguridad social, la
salud, el mínimo vital y móvil y a la vida en condiciones dignas de los
accionantes, que se deriva de la falta de reconocimiento de la pensión de
invalidez, por el incumplimiento del requisito de cotización que contempla el
artículo 1 de la Ley 860 de 2003[2].
Sin embargo, cada expediente tiene antecedentes concretos que deben abordarse
de manera separada.
1.1. Expediente T-6.191.422
2.
Esteban
Daniel Reyes Avella nació el 12 de noviembre de 1991. Cuando tenía 4 años de
edad, estuvo involucrado en un accidente de tránsito, a causa del cual sufrió, “[…]
trauma raquimedular cervical[,] fractura de fémur bilateral [y]
luxación de C6-C7”[3].
Las secuelas del incidente fueron las siguientes:
“lesión medular
T11-T12 con diparesia [sic] de predominio mayor distal en MSI, y
paraplejia en mmII, vejiga e intestino neurogénicos […], lesión medular
T6 con paraplejia espástica y deformidad en columna lumbosacra […],
neuropatía nervio ulnar izquierdo a través del codo. Silla de ruedas activa”[4] (negrillas
propias).
3.
Pese
a lo anterior, Esteban Daniel culminó sus estudios de primaria y secundaria e
ingresó a un instituto tecnológico en la ciudad de Bogotá.
4.
El
1 de enero del año 2015, el señor Reyes Avella ingresó a trabajar en la empresa
Aduanamientos Ltda.
5.
En
desarrollo de sus labores, el accionante “[…] comenzó a padecer
SÍNDROME DEULNAR IZQUIERDO CODO Y BURSITIS DE HOMBRO BILATERAL”. Por esta
razón, fue incapacitado entre el 21 de junio y el 22 de diciembre de 2016, como
se da cuenta en la certificación expedida por COMPENSAR EPS[5].
6.
Al
haberse cumplido los primeros 180 días de incapacidad y habiéndose emitido
concepto de rehabilitación, la EPS remitió el caso a COLPENSIONES, para que
allí se procediera a realizar la calificación correspondiente. El 21 de
septiembre del 2016, el Grupo Médico Laboral de esta última entidad determinó
una pérdida de capacidad laboral del 63.69%, de origen “enfermedad” y de riesgo
“común”[6].
Se determinó como fecha de estructuración de la incapacidad el 17 de febrero de
1996, día en el que ocurrió el accidente de tránsito referido en el fundamento
jurídico (en adelante f.j.) 2, esto es, cuando el accionante tenía 4
años de edad. Para el momento de la calificación de la pérdida de capacidad
laboral, Esteban Daniel Reyes Avella había realizado aportes por un total de
85.89 semanas, discriminadas así[7]:
ENTIDAD LABORÓ
DESDE
HASTA
NOVEDAD
DÍAS
1 Aduanamientos
Ltda.
20150101
20150126
Tiempo de
servicios
26
1 Aduanamientos
Ltda.
20150201
20150308
Tiempo de
servicios
38
1 Aduanamientos
Ltda.
20150601
20150628
Tiempo de
servicios
28
1 Aduanamientos Ltda.
20150701
20161130
Tiempo de
servicios
510
7.
Con
fundamento en la calificación de pérdida de capacidad laboral, el accionante,
mediante petición del 31 de octubre de 2016[8], solicitó el reconocimiento de pensión
de invalidez. COLPENSIONES, por medio de la Resolución GNR 356636 del 25 de
noviembre del 2016, negó la solicitud. Esa decisión fue confirmada por la
entidad, por medio de las Resoluciones GNR 383390 del 19 de diciembre de ese
mismo año y VPB 4098 del 31 de enero del año 2017. La entidad estatal accionada
tuvo en cuenta la fecha de estructuración de la incapacidad y las siguientes
razones:
-      (i) El accionante no
cumplía los requisitos dispuestos por los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de
1993, debido a que no cotizó un mínimo de 26 semanas en el año anterior al
momento en el que se produjo el estado de invalidez.
-      (ii) El accionante no
acreditó los requisitos para acceder a la pensión de invalidez que contempla el
Decreto 758 de 1990, primero, porque no tenía 150 semanas cotizadas dentro de
los 6 años anteriores a la fecha del estado de invalidez y, segundo, porque
tampoco cotizó 300 semanas “en cualquier época”.
-      (iii) El tutelante no
padecía de una enfermedad degenerativa, progresiva, catastrófica o congénita y,
por ende, la fecha en la que se emitió el dictamen de calificación no podía ser
tenida en cuenta para efectos de verificar el cumplimiento del requisito de las
semanas mínimas de cotización[9].
1.2. Expediente T-6.192.632
8.
Cristhian
Camilo Chaparro Corredor nació el 31 de agosto de 1990 y es hijo de la señora
María Priscila Corredor Alfonso. El 16 de junio del año 2012, sufrió un
accidente de tránsito que tuvo como consecuencias “[…] FRACTURA DE LA
DIÁFISIS DEL FEMUR, FRACTURA DE LA DIÁFISIS DE LA TIBIA, FRACTURA DE LA RÓTULA [Y]
EMBOLIA GRASA (TRAUMÁTICA)”[10].
Las secuelas del accionante fueron las siguientes:
“trastorno mental
secundario a enfermedad neurológica (isquemia cerebral), discapacidad
mental absoluta”[11] (negrillas
propias).
9.
La
Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta, mediante dictamen del 25
de junio del 2013, determinó una pérdida de la capacidad laboral del 91.05%, de
origen “accidente” y de riesgo “común”[12]. Para el momento de la fecha de
estructuración de la invalidez, Cristhian Camilo Chaparro Corredor había
realizado aportes por un total de 6 semanas[13].
10.
Se
señala en la acción que la madre del tutelante, María Priscila Corredor
Alfonso, “[…] para que su hijo pu[diera] contar con los servicios de
salud, le ha seguido cotizando al sistema teniendo como base el salario mínimo
mensual”[14].
En consecuencia, continuó haciendo aportes en nombre de su hijo - accionante -,
entre junio del 2009 y julio del 2016 (fecha de la calificación), para un total
de 222 semanas[15].
11.
El
8 de mayo del 2015, la parte actora solicitó a COLFONDOS el reconocimiento de
la pensión de invalidez.
12.
El
Comité de Calificación de Invalidez de la Unidad de Previsionales de COLFONDOS,
mediante escrito del 18 de diciembre del año 2015, le informó al accionante que
el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral fue de 79.80%, con fecha de
estructuración del 16 de junio del 2012, esto es, el día en que ocurrió el
accidente de tránsito referido en el f.j. 8.
13.
El
22 de julio del 2016, agotado el trámite correspondiente y sin que la parte
actora manifestara inconformidades con la calificación antes referida,
COLFONDOS objetó la reclamación de pensión de invalidez presentada por el
accionante. El fondo argumentó que Cristhian Camilo Chaparro Corredor no
cumplía con los requisitos del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, reformado por
el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, debido a que no acreditó la cotización de
50 semanas dentro de los tres años anteriores a la estructuración de la
invalidez, esto es, entre el 16 de junio de 2009 y el 16 de junio del año 2012,
periodo en el que, se dijo, únicamente se reportaron un total de 6 semanas
cotizadas[16].
14.
De
otro lado, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Yopal, en sentencia del 3
de agosto de 2016, declaró en interdicción judicial a Cristhian Camilo Chaparro
Corredor y nombró a María Priscila Corredor Alfonso (progenitora) como su
guardadora definitiva[17].
2. Pretensiones
15.
Los
dos accionantes solicitan la protección de los derechos fundamentales a la
seguridad social, la salud, el mínimo vital y móvil y a la vida en condiciones
dignas, presuntamente vulnerados por COLPENSIONES y COLFONDOS, respectivamente,
debido a la negativa de reconocer la pensión de invalidez a la que Esteban
Daniel Reyes Avella y Cristhian Camilo Chaparro Corredor consideran tener
derecho. En consecuencia, exigen que se ordene a las accionadas que reconozcan
y paguen dicha prestación social. Fundamentan sus pretensiones en las
siguientes razones:
16.
En
el caso de Esteban Daniel Reyes Avella (T-6.191.422), solicitó se tuviera en
cuenta la difícil situación económica que afronta su núcleo familiar y las
particularidades médicas registradas en su historia clínica, especialmente, el
hecho de que, actualmente, se encuentra en condición de discapacidad y no
cuenta con medios para ayudar a su familia.
17.
Agregó
que, si bien es cierto, los elementos “clave” para acceder a la pensión de
invalidez son la pérdida de capacidad laboral superior al 50% y un número
semanas de cotización igual o superior a 50 antes del momento de la
estructuración de la invalidez, también lo es que, según la jurisprudencia de
esta Corporación, en los casos de enfermedades crónicas, degenerativas y/o
congénitas (en adelante enfermedades CCD), la estructuración de la invalidez
puede fijarse desde la última cotización del aportante o en el momento en el
que se da la calificación, según el caso.
18.
Aseguró
que no es procedente ni lógico exigirle que hubiera cotizado unas semanas antes
de la fecha en la que se consideró estructurada la invalidez –febrero 17 de
1996–, debido a que, para ese momento, tenía cuatro años de edad y, por obvias
razones, no estaba en la posibilidad de realizar aporte alguno. Insistió en
que, en su caso, la fecha de estructuración de la invalidez “[…]
corresponde a la fecha de pérdida material de la capacidad laboral de manera permanente
y definitiva”[18]
y no a la fecha en la que ocurrió el accidente de tránsito señalado en el f.j.
2.
19.
La
Defensoría del Pueblo[19],
en el caso de Cristhian Camilo Chaparro Corredor (T-6.192.632), resaltó que
este padece de “incapacidad mental absoluta” y que su familia tiene
dificultades económicas para asumir los costos de sus cuidados personales.
Agregó que COLFONDOS negó el reconocimiento de la pensión de invalidez, sin
tener en cuenta que aquel tenía 21 años cuando sufrió el accidente de tránsito de
que trata el f.j. 8; es decir, que tenía una “corta vida laboral” y,
como tal, no se encontraba en la posibilidad de acreditar los requisitos que le
fueron exigidos. Para sustentar las pretensiones de la demanda, la Defensoría
invocó la “[…] decantada jurisprudencia de la Honorable Corte
Constitucional […]”[20].
No obstante, no identificó ninguna decisión concreta de la Corporación ni,
muchos menos, un precedente que hubiere sido desconocido.
20.
Finalmente,
en ambos casos, se adujo que los accionantes no cuentan con un medio de defensa
judicial idóneo y eficaz, en atención a las particularidades médicas y
económicas de sus núcleos familiares[21].
3. Respuesta de las partes accionadas
3.1. Expediente T-6.191.422
21.
En
el auto admisorio de la acción de tutela, del 23 de febrero de 2017[22],
se ordenó notificar de la solicitud de amparo a COLPENSIONES. Igualmente, se
previno a las partes de la aplicación de la presunción de que trata el artículo
20 del Decreto 2591 de 1991, ante la decisión de guardar silencio dentro del proceso
y no pronunciarse acerca de los hechos objeto de tutela.
22.
COLPENSIONES,
por conducto de la Vicepresidencia Jurídica, se opuso a la prosperidad
de las pretensiones de la tutela. Argumentó, por un lado, que no se cumplía con
el requisito de subsidiariedad, porque la parte actora contaba con un recurso
ante los jueces ordinarios y naturales de la causa y, por otra, que no era
competencia del juez de tutela pronunciarse de fondo acerca del reconocimiento
de una pensión de invalidez[23].
3.2. Expediente T-6.192.632
23.
En
el auto admisorio de la acción de tutela, del 4 de octubre de 2016[24],
se ordenó notificar de la solicitud de amparo a COLFONDOS. Adicionalmente, se
advirtió a las partes que de “[…] no responder el escrito de tutela
con la información necesaria para resolver el asunto”[25], se daría
aplicación a la presunción de veracidad que regula el artículo 20 del Decreto
2591 de 1991.
24.
La
sociedad COLFONDOS no intervino dentro del proceso de tutela, esto es, guardó
silencio y no se pronunció acerca de la demanda de tutela.
4. Decisiones objeto de revisión
4.1. Expediente T-6.191.422
25.
El
Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia
del 3 de marzo de 2017[26],
negó las pretensiones, porque no se acreditó un ejercicio subsidiario de la acción
de tutela. Señaló que el debate “[…] debe trasladarse al juez
ordinario en la especialidad de la seguridad social […]”[27],
pues, la parte actora, a pesar de contar con otro mecanismo de defensa
judicial, no lo agotó de manera previa. En la decisión, se dijo, además, que
las pruebas aportadas al expediente no daban cuenta de la existencia de un
perjuicio irremediable o de que el accionante se encontrara privado de “[…]
medios para subsistir en condiciones dignas”[28].
26.
En
sentencia del 5 de abril de 2016, el Tribunal Superior de Bogotá - Sala
Laboral confirmó la decisión de primera instancia. Adujo que la acción de
tutela no era el escenario procesal para definir el derecho al pago de la
prestación económica que reclamaba la parte accionante, pues le correspondía
definirlo a los jueces ordinarios. Tuvo en consideración que la invalidez no le
había impedido al actor estudiar y trabajar, porque no se demostró un estado de
“postración absoluta” y, sobre todo, porque continuaba como “afiliado activo”
en el Sistema General de Seguridad Social (en adelante SGSS). Con fundamento en
esto, descartó la existencia de un perjuicio irremediable[29].
4.2. Expediente T-6.192.632
27.
El
Juzgado Segundo Penal Municipal de Yopal, mediante sentencia del 19 de
octubre de 2016[30],
declaró la improcedencia de la acción de tutela. Consideró que no era viable el
amparo, “[…] cuando el caso puede ser resuelto de manera idónea por
el juez ordinario de la causa a través de los mecanismos ordinarios
establecidos por la ley”[31];
en dicho asunto, ante los jueces laborales. Finalmente, manifestó que la parte
interesada no aportó pruebas tendientes a establecer la existencia de un
perjuicio irremediable.
28.
En
sentencia del 30 de noviembre de 2016[32],
el Juzgado Primero Penal del Circuito de Yopal confirmó la decisión de
primera instancia. Expuso que no se acreditó el requisito de inmediatez, debido
a que pasaron más de 22 meses entre la ocurrencia del accidente de tránsito y
la solicitud de reconocimiento de la pensión de invalidez. Igualmente,
consideró que existían otros medios de defensa, efectivos e idóneos, que debían
agotarse ante los jueces laborales. Finalmente, aseguró que no se configuraba
un perjuicio irremediable, primero, porque no estaba demostrado que Cristhian
Camilo Chaparro Corredor no pudiera trabajar y, segundo, porque el hecho de que
la madre del actor tuviera medios para pagar sus aportes demostraba, en
principio, que no tenía dificultades económicas.
5. Actuaciones en sede de revisión
29.
En
auto del 8 de agosto de 2017[33],
el magistrado sustanciador dispuso oficiar: (i) a COLFONDOS, para que
remitiera copia de los antecedentes médico laborales de Cristhian Camilo
Chaparro Corredor, una relación detallada de sus aportes e informara sobre la
devolución del monto de dinero acreditado en su cuenta individual de ahorro
pensional; (ii) a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del
Meta, para que remitiera copia íntegra de los antecedentes médico laborales del
caso; (iii) a COLPENSIONES, para que informara cuáles fueron los
criterios técnicos y jurídicos que utilizó para concluir que Esteban Daniel
Reyes Avella “[…] NO tiene una enfermedad degenerativa, progresiva,
catastrófica o congénita […]”[34] y cuáles fueron los que aplicó para
determinar la fecha de estructuración de la invalidez; (iv) al médico
Carlos Eduardo Rangel Galvis, al Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt y a
COMPENSAR EPS, para que verificaran el estado de la afiliación del señor Reyes
Avella y aportaran copia íntegra de sus antecedentes médico laborales; (v)
a las personas e instituciones médicas referidas en el numeral anterior, para
que informaran si, en su concepto, las enfermedades y patologías de Esteban
Daniel Reyes Avella pueden calificarse como enfermedades CCD; y (vi) a
la sociedad Aduanamientos Ltda., para que informara los periodos en que
contrató los servicios del señor Reyes Avella.
30.
La
Junta de Calificación de Invalidez del Meta remitió los documentos que soportan
el historial médico de Cristhian Camilo Chaparro Corredor. pero no se pronunció
sobre el concepto solicitado por el magistrado sustanciador.
31.
La
sociedad Aduanamientos Ltda. informó del vínculo laboral de Esteban Daniel
Reyes Avella y la necesidad de adoptar medidas especiales para el desempeño de
las funciones encargadas, por su difícil condición de salud.
32.
La
EPS COMPENSAR remitió los documentos solicitados por la Corte e informó que la
patología del señor Reyes Avella sí puede catalogarse como una enfermedad
crónica, según el concepto médico de uno de los profesionales adscritos a
la entidad prestadora de los servicios se salud[35].
33.
El
Instituto Roosevelt remitió la historia clínica de Esteban Daniel e informó que
“[…] las secuelas de [la] lesión traumática constituyen una
enfermedad de carácter crónico discapacitante […]” (Negrillas
propias)[36].
34.
COLPENSIONES
aportó la historia laboral actualizada de Esteban Daniel y remitió el concepto
emitido por la Dirección de Medicina Laboral, en el que se manifestó, entre
otras cosas, que “[…] el proceso de la intervención quirúrgica en
columna se podría considerar que es catastrófica […]”[37].
II.
CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
35.
Esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los
fallos de tutela proferidos dentro de los procesos de la referencia
(acumulados), con fundamento en lo dispuesto por el inciso 3° del artículo 86 y
el numeral 9 del artículo 241 de la Constitución Política, en concordancia con
los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema
jurídico
36.
Le
corresponde a la Sala establecer si se vulneran los derechos fundamentales a la
seguridad social, la salud, el mínimo vital y móvil y a la vida en condiciones
dignas de los accionantes cuando las entidades competentes niegan el
reconocimiento de una pensión de invalidez, al constatar que no se acredita el
número mínimo de semanas de cotización, que exige la normativa, antes de la
fecha de estructuración de la situación de invalidez, a pesar de que se señale
que aquella obedece a una enfermedad CCD.
3. Análisis del
caso concreto
37.
Para
resolver los problemas jurídicos propuestos, la Sala abordará las siguientes
temáticas: (i) procedencia de la acción de tutela, con particular
referencia a los requisitos de subsidiariedad y de inmediatez; (ii) el
derecho a la seguridad social; (iii) reiteración de las reglas relativas
al reconocimiento de la pensión de invalidez a personas que padecen
enfermedades CCD; (iv) subsunción de las reglas jurisprudenciales a los
casos concretos; y (v) solución y órdenes a proferir por la Sala.
3.1. Procedencia
de la acción de tutela
38.
De
conformidad con lo prescrito por el artículo 86 de la Constitución y las
disposiciones del Decreto 2591 de 1991, amén de la reiterada jurisprudencia de
esta Corte,  son requisitos para la procedencia de la acción de tutela los
siguientes: debe acreditarse legitimación en la causa (legitimación); debe
acreditarse un ejercicio subsidiario, respecto de otros recursos o medios de
defensa judiciales, salvo que se trate de un supuesto de perjuicio irremediable
(subsidiariedad); y, debe interponerse de manera oportuna (inmediatez). Los
tres requisitos antes enunciados se acreditan en el asunto de la referencia
(acumulados), tal y como se explica.
39.
Con
relación al requisito de legitimación por activa, las acciones de tutela
fueron presentadas por Esteban Daniel Reyes Avella y por la Defensoría del
Pueblo en calidad de agente oficioso de Cristhian Camilo Chaparro Corredor,
previa solicitud de acción defensorial realizada por su progenitora y
guardadora definitiva María Pricila Corredor Alfonso[38]. Esta última
situación se regula en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, que le reconoce
a la Defensoría del Pueblo legitimación para ejercer la acción de tutela. En
ambos casos, son los titulares de los derechos que se invocan como vulnerados y
que consideran es atribuible a las omisiones de COLPENSIONES y COLFONDOS, de
reconocer las pensiones de invalidez, a las que consideran tener derecho.
40.
En
cuanto a la legitimación por pasiva, el artículo 5 del Decreto 2591 de
1991[39]
reconoce la procedencia del amparo contra autoridades públicas y particulares
por la vulneración de derechos fundamentales. En este caso, la acción de tutela
resulta procedente para demandar a la entidad y a la sociedad comercial que se
acciona en el proceso de la referencia, por las omisiones que se les imputa.
41.
Con
relación al requisito de subsidiariedad, los accionantes cuentan con
otro medio de defensa para la protección de sus derechos fundamentales, por
cuanto, de conformidad con lo prescrito por el artículo 2.4 del Código Procesal
del Trabajo y la Seguridad Social (modificado por los artículos 2 de la Ley 712
de 2001 y 622 de la Ley 1564 de 2012)[40],
los jueces laborales tienen competencia para pronunciarse acerca de las
pretensiones relacionadas con las pensiones de invalidez sub lite. Este
mecanismo judicial, si bien es idóneo para resolver el problema jurídico
propuesto, no resulta eficaz, en el presente asunto, si se consideran las
especiales condiciones de los tutelantes, en aplicación de la jurisprudencia
unificada de la Corporación[41].
42.
Para
la Sala, el análisis acerca de la efectividad del medio debe estar asociado a
la condición de vulnerabilidad de los tutelantes, en el caso en concreto,
mediante la acreditación de las siguientes tres condiciones, necesarias y
conjuntamente suficientes: (i) la pertenencia a un grupo de especial protección
constitucional, (ii) una situación de riesgo y (iii) la ausencia de capacidad
de resiliencia para esperar la finalización de la vía judicial ordinaria.
43.
El
primer aspecto se acredita en el presente asunto, si se tiene en cuenta que los
tutelantes son personas en situación de discapacidad, en atención a la
calificación de pérdida de capacidad laboral de que dan cuenta los f.j. 6
y 9 y, en el caso de Cristhian Camilo Chaparro Corredor, además, con fundamento
en la declaración de interdicción judicial por “discapacidad mental
absoluta”[42].
Esta situación es reconocida a nivel constitucional, legal, convencional y
jurisprudencial como de relevancia, lo que amerita considerarla como una
condición de especial protección constitucional. El artículo 13 de la
Constitución Política le impone al Estado el deber de proteger especialmente a
aquellas personas que por sus condiciones físicas o mentales se encuentran en
circunstancia de debilidad manifiesta y su artículo 47, el de adelantar una
política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos
físicos, sensoriales y psíquicos. Entre otras, la Ley 1306 de 2009, sobre “Protección
de Personas con Discapacidad Mental”, regula las obligaciones de la sociedad
y el Estado en relación con estas personas; por su parte, la Ley Estatutaria
1618 de 2013, “por medio de la cual se establecen las disposiciones para
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”,
tiene por objeto “garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los
derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de
inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de
discriminación por razón de discapacidad” (Art. 1). Así mismo, de la
Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra las personas con discapacidad (aprobada mediante la Ley
762 de 2002)[43]
y de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (aprobada
mediante la Ley 1346 de 2009) se deriva el deber de los Estados parte de
garantizar a las personas en condición de discapacidad el acceso a una justicia
material y efectiva y la protección especial de sus intereses e integridad
personales. Finalmente, uno de los fundamentos de la sentencia SU-558 de 2016,
a que se ha hecho referencia antes, es el carácter de sujetos de especial
protección de las personas en situación de discapacidad (cfr., numerales
20 a 23).
44.
La
condición de discapacidad, por una parte, no es suficiente para derivar que se
está en presencia de una persona en situación de vulnerabilidad. De otra parte,
para efectos del presente asunto, es una condición jurídicamente necesaria para
analizar la procedencia o no del reconocimiento de la pensión de invalidez; por
ello, no puede considerarse que, a su vez, sea suficiente para el análisis, en
particular acerca del cumplimiento del requisito de subsidiariedad de la acción
de tutela, pues, de lo contrario, supondría que la jurisdicción constitucional
sustituya siempre o casi siempre a la jurisdicción ordinaria en conflictos que
involucren a este tipo de sujetos de especial protección.
45.
La
segunda condición exige verificar que el sujeto de especial protección
constitucional se encuentre en una situación de riesgo, como consecuencia de
sus especiales condiciones fácticas. Este análisis permite reconocer las
desigualdades que existen dentro del grupo de especial protección de las
personas con discapacidad y que justifica una especial consideración acerca del
requisito de subsidiariedad en el ejercicio de la acción de tutela. En el
presente asunto, estas se acreditan si se tienen en cuenta las condiciones del
entorno económico y social de los accionantes: ambos viven en hogares que
carecen de capacidades para generar una renta constante[44]; en el caso de
Cristhian Camilo Chaparro Corredor, además, se constató que registra 31.99
puntos sobre 100 en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios
de Programas Sociales (SISBÉN)[45];
y, en el caso de Esteban Daniel Reyes Avella se constató que habita un inmueble
“en arriendo” con su madre y hermana de diez (10) años[46], que registra
53.30 puntos sobre 100 en el SISBÉN[47]
y que no cuenta con apoyo de una figura paterna[48].
46.
Para
la Sala, entre los diferentes elementos que se constatan, es especialmente
relevante la información que se obtiene del SISBÉN por cuanto, según la
metodología de calificación, permite “identificar de manera rápida y
objetiva a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad para focalizar
la inversión social y garantizar que esta sea asignada a quienes más lo
necesitan”[49].
Si bien, el puntaje no tiene un significado inherente, sí permite, por
una parte, considerar unas situaciones más gravosas que otras, en función de
aquel. Por otra, es un buen parámetro para determinar el mayor grado de
vulnerabilidad de las personas, en la medida en que puedan ser sujetos de los
programas sociales para los que se utiliza dicho puntaje. Por su afinidad con
las pretensiones de los tutelantes, se considera que un programa social afín es
el de “Beneficios Económicos Periódicos”, a cargo de COLPENSIONES, en el que se
define un puntaje máximo de 57.21 para las 14 ciudades principales del país, de
56.32 para las demás cabeceras y de 40.75 para el sector rural[50]. En el
presente asunto, ambos tutelantes acreditan el puntaje máximo que se exige.
47.
La
tercera condición supone verificar que la persona, por sí misma y con la ayuda
de su entorno familiar, no pueda garantizar sus condiciones de subsistencia, y,
a su vez, esperar la resolución de fondo de su pedimento ante la jurisdicción
ordinaria. En el presente asunto ninguno de los tutelantes tiene capacidad de
resiliencia. En primer lugar, su situación de discapacidad les imposibilita
realizar una actividad productora de renta de manera directa; en el caso
Cristhian Camilo Chaparro Corredor como consecuencia de su alto porcentaje de
pérdida de capacidad laboral y de su declaratoria de interdicción judicial; en
el caso de Esteban Daniel Reyes Avella, por haberse emitido concepto de
rehabilitación desfavorable, por parte de la EPS tratante, tal como se señala
en el f.j. 6. En segundo lugar, las condiciones del entorno económico y
social de los accionantes, acreditadas en el proceso, no permiten considerar
que los tutelantes puedan tener capacidad de resiliencia, para los fines
señalados y, a su vez, considerar, de manera razonable que puedan esperar la
resolución de fondo de su pedimento ante la jurisdicción ordinaria.
48.
Al
acreditarse las condiciones de que trata el f.j. 42, en relación con
ambos tutelantes, se satisface el requisito de subsidiariedad de la acción y,
dado que el medio ordinario no es eficaz, en el presente asunto, el amparo, de
ser procedente, debe ser definitivo.
49.
Con
relación a la acreditación del requisito de inmediatez, su apreciación
se fundamenta en la valoración de las circunstancias del caso, para derivar
razones justificatorias de la posible “inactividad” de quien pide la protección
de sus derechos fundamentales[51].
En el caso del señor Chaparro Corredor, si bien entre la fecha de
estructuración de la incapacidad, que ocurrió el 16 de junio del año 2012, y el
inicio del trámite pensional, transcurrieron 2 años y 11 meses, lo cierto es
que la actuación presuntamente violatoria de los derechos fundamentales
alegados es la negativa del reconocimiento pensional. Entre este momento y la
presentación de la acción transcurrieron menos de tres meses, tiempo razonable
y prudencial. Se considera relevante, además, que entre la fecha de
estructuración de la incapacidad y la presentación de la acción de tutela se
adelantaron las gestiones judiciales necesarias para la declaratoria de
interdicción del tutelante, la cual concluyó con la sentencia del 3 de agosto
del año 2016. En lo que tiene que ver con el caso de Esteban Daniel Reyes
Avella, la Sala advierte que la acción de tutela se interpuso en un tiempo
razonable. En efecto, la última de las resoluciones cuestionadas por el
tutelante se dictó el 31 de enero del año 2017 y la acción de tutela se
interpuso el 23 de febrero de ese mismo año; es decir, dentro del mes siguiente
a los hechos objeto de la demanda.
3.2. El derecho a
la seguridad social
50.
Ha
señalado la Sala[52]
que la seguridad social es tanto un derecho fundamental social como un servicio
público. Además de su reconocimiento constitucional (art. 48), se consagra en
los artículos 45 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 19
del Protocolo de San Salvador y 9 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales[53].
Adicionalmente, impone a los Estados tres deberes concretos: (i) respetar, (ii)
cumplir y (iii) proteger.
51.
En
virtud del segundo, le corresponde al Estado facilitar, promover,  garantizar
el goce y el ejercicio del derecho, impedir la interferencia en su disfrute,
abstenerse de toda práctica o actividad que deniegue o restrinja el acceso en
igualdad de condiciones a una seguridad social adecuada[54]. Igualmente,
supone la obligación de implementar sistemas y procedimientos acordes con las
condiciones especiales de ciertos grupos en condiciones de vulnerabilidad o
debilidad, entre ellos las personas en situación de discapacidad.
52.
La
Ley 100 de 1993, además de organizar el Sistema General de Seguridad Social,
dispuso el reconocimiento de ciertas contingencias asegurables. La
imposibilidad de continuar trabajando como consecuencia de la pérdida total o
parcial de la capacidad laboral es una de ellas y se asegura por medio del
otorgamiento de una pensión de invalidez.
53.
Los
artículos 38[55]
y 39[56]
de la Ley 100 de 1993, reformados por la Ley 860 de 2003, determinan,
respectivamente, el estado de invalidez y los requisitos para acceder a la
prestación que de este se deriva. De otro lado, su artículo 41, modificado por
el Decreto 19 de 2012, establece el procedimiento y las autoridades competentes
para calificar el estado de invalidez. Por su parte, el artículo 3 del Decreto
1507 de 2014, que contiene el Manual Único para la Calificación de la
Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional[57], define la
forma de determinar la fecha de estructuración de aquel estado:
“Artículo 3.
Definiciones. Para efectos de la aplicación del Presente decreto, se
adoptan las siguientes definiciones:
[…]
Fecha de
estructuración: Se entiende como la fecha en que una persona pierde un grado o
porcentaje de su capacidad laboral u ocupacional, de cualquier origen, como
consecuencia de una enfermedad o accidente, y que se determina con base en la
evolución de las secuelas que han dejado éstos.
Para el estado de
invalidez, esta fecha debe ser determinada en el momento en el que la persona
evaluada alcanza el cincuenta por ciento (50%) de pérdida de la capacidad
laboral u ocupacional.
Esta fecha debe
soportarse en la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica
y puede ser anterior o corresponder a la fecha de la declaratoria de la pérdida
de la capacidad laboral. Para aquellos casos en los cuales no exista
historia clínica, se debe apoyar en la historia natural de la enfermedad. En
todo caso, esta fecha debe estar argumentada por el calificador y consignada en
la calificación. Además, no puede estar sujeta a que el solicitante haya estado
laborando y cotizando al Sistema de Seguridad Social Integral”.
54.
Por
otra parte, con fundamento en el parágrafo 1º del artículo 1 de la Ley 860 de
2003 y la sentencia C-020 de 2015, a las personas menores de 26 años solo les
es exigible haber realizado cotizaciones por un total de 26 semanas en el año
inmediatamente anterior al hecho causante de la invalidez o de su declaratoria[58].
55.
El
reconocimiento del derecho a la pensión de invalidez, de conformidad con la
normativa vigente, está sujeto a que se acredite, (i) un porcentaje de pérdida
de capacidad laboral igual o superior al 50%, producto de la calificación que
realice la autoridad médico laboral correspondiente, y (ii) que se
acredite haber cotizado, por lo menos, 50 semanas dentro de los 3 años
anteriores a la fecha de estructuración, o 26 semanas para el caso de las
personas menores de 26 años. En cuanto a la adecuación de esta última exigencia
a la Constitución Política, en casos concretos, esta Corte, mediante la
sentencia SU-558 de 2016 unificó su jurisprudencia, “respecto de la
capacidad laboral residual en el caso de enfermedades congénitas, crónicas y/o
degenerativas”, que, en los términos de la providencia de unificación,
corresponden a “patologías que debido a sus características, se presentan
desde el nacimiento o son de larga duración y progresivas, la evaluación no
resulta tan sencilla, puesto que el momento asignado como aquel en el cual se
perdió definitivamente la capacidad para laborar suele coincidir con el día del
nacimiento o uno cercano a este, así como con la fecha del primer síntoma de la
enfermedad o la del diagnóstico de la misma”. Esta tesis modula la
exigencia de acreditar, dentro de los 3 años anteriores a la fecha de
estructuración de la invalidez, el mínimo de semanas que exige el ordenamiento
jurídico, según, claro está, la edad del cotizante.
3.3. Existencia de
un precedente vinculante de la Corte Constitucional en la materia
56.
La
Sentencia SU-588 de 2016 unificó la jurisprudencia de la Corte en cuanto a la
adecuación constitucional del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por
el artículo 1 de la Ley 860 del año 2003, en los casos de personas en condición
de discapacidad que padecen enfermedades que pueden catalogarse como
congénitas, crónicas y/o degenerativas. En estos supuestos, es posible
considerar las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración
del estado de invalidez y hasta tanto se acredite la pérdida definitiva de la
capacidad laboral residual[59],
para efectos de acreditar el número mínimo que exige el ordenamiento jurídico
en cada caso concreto. Esta regla jurisprudencial se fundamenta en el siguiente
argumento:
“[...] esta
Corte ha precisado que se deberán tener en cuenta las semanas cotizadas con
posterioridad a la fecha de estructuración del estado de invalidez, en tanto
que, de lo contrario, se impondría a la persona una condición imposible de
cumplir y se estarían desconociendo una serie de principios de orden
constitucional tales como ‘(i) el principio de universalidad; (ii) el principio
de solidaridad; (iii) el principio de integralidad; (v) el principio de
prevalencia de la realidad en materia laboral y de seguridad social (art. 53,
CP), así como (v) la buena fe’. Además, con este proceder se estarían
vulnerando los derechos fundamentales de las personas en condición de
discapacidad, que son sujetos de especial protección constitucional, pues dicha
interpretación es, a todas luces, discriminatoria e implica que las personas
con enfermedades congénitas, degenerativas y/o crónicas, según las
circunstancias, no accederán a un derecho pensional”.
57.
Estos
supuestos, según se indica en la providencia de unificación, han sido conocidos
por la Corporación por dos vías. La primera, cuando la acción se interpone
contra las autoridades que profieren el dictamen de pérdida de la capacidad
laboral. La segunda, en el que se enmarca el caso de los tutelantes, cuando el
amparo se solicita en contra de las administradoras y aseguradoras que niegan
el reconocimiento pensional, la regla de unificación fue la siguiente:
“44.2. Ahora bien,
una vez la competencia es asumida por Colpensiones o las administradoras de
fondos de pensiones, (independientemente del régimen pensional), es decir,
cuando la persona solicita el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez,
a estas entidades les corresponderá verificar: (i) que la solicitud pensional
fue presentada por una persona que padece una enfermedad congénita, crónica y/o
degenerativa, (ii) que con posterioridad a la fecha de estructuración de la
invalidez fijada por la autoridad médico laboral, la persona cuenta con un
número importante de semanas cotizadas; y, (iii) que los aportes fueron
realizados en ejercicio de una efectiva y probada capacidad laboral residual,
es decir que, en efecto, la persona desempeñó una labor u oficio y  que la
densidad de semanas aportadas permite establecer que el fin de la persona no es
defraudar al Sistema.
De acreditarse
todo lo anterior, Colpensiones o la Administradora de Fondos de Pensiones
deberá elegir el momento desde el cual aplicará el supuesto establecido en el
artículo 39 de la Ley 100 de 1993, tal y como fue modificado por la Ley 860 de
2003. Dicha [sic]
instante podrá corresponder a la fecha en la que (i) se realizó la última
cotización; (ii) la de la solicitud pensional; o (iii) la de la calificación,
decisión que se fundamentará en criterios razonables, previo análisis de la
situación particular y en garantía de los derechos del reclamante. Es decir
que, a partir de dicho momento, realizará el conteo hacia atrás de las 50
semanas cotizadas dentro de los 3 años anteriores, para determinar si la
persona tiene o no derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez”.
3.4. Análisis de
subsunción de los casos en el precedente vinculante que se fijó en la Sentencia
SU-588 de 2016
58.
De
conformidad con el estudio comparativo siguiente, únicamente el caso de Esteban
Daniel Reyes Avella puede subsumirse en el precedente de unificación fijado por
la Corte Constitucional en la Sentencia SU-588 de 2016.
Regla abstracta
jurisprudencial (SU-588 de 2016)
Caso de Esteban
Daniel Reyes Avella
Acreditación de
la regla en el caso concreto
Regla 1. “(i) que la
solicitud pensional fue presentada por una persona que padece una enfermedad
congénita, crónica y/o degenerativa”. Estas últimas corresponden a “patologías
que debido a sus características, se presentan desde el nacimiento o son de
larga duración y progresivas, [...] suele coincidir con el día del nacimiento
o uno cercano a este, así como con la fecha del primer síntoma de la
enfermedad o la del diagnóstico de la misma”.
La fecha de estructuración de la
invalidez, según se observa en el dictamen emitido por COLPENSIONES[60],
corresponde al 17 de febrero de 1996, cuando el actor tenía 4 años de edad y
sufrió el accidente de tránsito de que da cuenta el f.j. 2.
Los efectos de la patología fueron
progresivos y se consolidaron a mediados del año 2016, tal como se indica en
los f.j. 5 y 6.
Además, la patología puede catalogarse
como crónica, según lo que conceptuaron el Instituto Roosevelt[61]
y la EPS COMPENSAR[62].
Cumple
Regla 2. “(ii) que con
posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez fijada por la
autoridad médico laboral, la persona cuenta con un número importante de
semanas cotizadas”.
Con posterioridad a la fecha de
estructuración, tal como se señala en el f.j. 6, el tutelante realizó
aportes por un total de 85.89 semanas.
Cumple
Regla 3. “(iii) que los
aportes fueron realizados en ejercicio de una efectiva y probada capacidad
laboral residual, es decir que, en efecto, la persona desempeñó una labor u
oficio y  que la densidad de semanas aportadas permite establecer que el fin
de la persona no es defraudar al Sistema”.
Los aportes posteriores a la fecha de
estructuración de la invalidez los realizó el tutelante gracias a su
capacidad laboral residual. Esto se hace evidente si se tienen en cuenta los
actos administrativos dictados por COLPENSIONES[63] y la
respuesta emitida por la sociedad Aduanamientos Ltda.[64], los cuales
dan cuenta de que el actor trabajó para esta última por un periodo cercano a
2 años, labor que no pudo continuar realizando como consecuencia de la
afección de que dan cuenta los f.j. 5 y 6.
Si bien, entre la fecha de
estructuración y la de calificación de invalidez transcurrió un periodo de 10
años, de los cuales solo 2 de ellos fueron de actividad laboral, tal
situación se debe a que la mayoría de esos años transcurrieron durante la
infancia y adolescencia del tutelante, periodo en el que adelantó estudios,
tal como se da cuenta en el f.j. 3.
En consideración a estas razones, no es
posible inferir que los aportes realizados hubiesen tenido por finalidad “defraudar
al Sistema”.
Cumple
Regla 4. La fecha a partir
de la cual se debe verificar el cumplimiento del supuesto de hecho que regula
el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley
860 de 2003, puede corresponder, a aquella en que “(i) se realizó la
última cotización; (ii) la de la solicitud pensional; o (iii) la de la
calificación”.
Si bien, los
tres supuestos que define la regla jurisprudencial están destinados al órgano
competente que debe dar aplicación a la disposición, en el presente asunto,
en cualquiera de ellos se acredita.
La última cotización que realizó el
tutelante fue el 30 de noviembre del 2016. En ese momento contaba con 86
semanas de cotización dentro de los 3 años anteriores.
La calificación de la invalidez  se
realizó el 21 de septiembre de 2016. Para ese momento, el tutelante contaba
con 74 semanas de cotización dentro de los 3 años anteriores.
El 31 de octubre de 2016 el tutelante
solicitó el reconocimiento de la pensión de invalidez. Para este momento,
contaba con 81.72 semanas de cotización dentro de los 3 años anteriores.
Cumple
59.
Por
otra parte, debe tenerse en cuenta en el caso de Esteban Daniel Reyes Avella,
según las pruebas aportadas al expediente, también contaba con más de 26
semanas cotizadas en el año anterior a la fecha de estructuración de la invalidez.
60.
En
el caso de Cristhian Camilo Chaparro Corredor, si bien se acredita que se
realizaron aportes, por un total de 222 semanas[65], con
posterioridad a la fecha de estructuración, tal como se señala en el f.j. 10,
no es posible inferir que la situación de que da cuenta el f.j. 8 pueda
considerarse un supuesto de “enfermedad congénita, crónica y/o degenerativa”,
en los términos que lo ha precisado la jurisprudencia. Por tanto, no se
satisface la regla jurisprudencial 1. Además, sin perjuicio de esta razón
suficiente, tampoco se satisface el cumplimiento de la regla jurisprudencial 2,
pues no se acredita que el tutelante hubiese hecho aportes, con posterioridad a
la fecha de estructuración, “en ejercicio de una efectiva y probada
capacidad laboral residual”. En primer lugar, en la acción de tutela, tal
como se indica en el f.j. 10, se reconoce que la madre del accionante, “[…]
para que su hijo pu[diera] contar con los servicios de salud, le ha
seguido cotizando al sistema teniendo como base el salario mínimo mensual”[66].
En segundo lugar, es razonable deducir que es poco probable que el actor
hubiere contado con capacidad laboral residual para efectuar los aportes que se
registran luego de la calificación de invalidez (f.j. 9), si se tiene en
cuenta que la pérdida de capacidad laboral fue del 91.05%.
61.
En
conclusión, la Sala amparará el derecho fundamental social a la seguridad
social de Esteban Daniel Reyes Avella y dejará sin efectos las sentencias de
tutela dictadas dentro del expediente T-6.191.422. En consecuencia, ordenará a
COLPENSIONES que reconozca la pensión de invalidez que se solicita. En el caso
de Cristhian Camilo Chaparro Corredor,  revocará las decisiones del expediente
T-6.192.632, al haberse acreditado los requisitos de procedibilidad de la acción
y, seguidamente, dado que no se constató la vulneración de los derechos
fundamentales invocados, se negará la tutela, por las consideraciones expuestas
en la providencia.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR las sentencias del
3 de marzo y del 5 de abril de 2017, dictadas por el Juzgado Diecisiete Laboral
del Circuito de Bogotá y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, en el
expediente T-6.191.422, que promovió Esteban Daniel Reyes Avella en contra de
la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, por las
consideraciones expuestas en esta providencia.
Segundo. - AMPARAR el
derecho fundamental a la seguridad social de Esteban Daniel Reyes Avella, en
los términos expuestos en esta decisión.
Tercero.- ORDENAR a COLPENSIONES
que, en un término de treinta (30) días, contados a partir de la notificación
de esta sentencia, inicie los trámites administrativos necesarios para
reconocer la pensión de invalidez a Esteban Daniel Reyes Avella.
Cuarto.- EXHORTAR a Esteban Daniel
Reyes Avella para que preste la colaboración que sea requerida por
COLPENSIONES, siempre que los requerimientos se compadezcan con su estado de
salud y sus limitaciones físicas o se presenten las ayudas y apoyos necesarios
para hacerlo.
Quinto.- REVOCAR las providencias
del 19 de octubre y del 30 de noviembre de 2016, dictadas por el Juzgado Segundo
Penal Municipal de Yopal y el Juzgado Primero Penal del Circuito de Yopal, en
el expediente T-6.192.632, que promovió la Defensoría del Pueblo, Regional
Casanare, en calidad de agente oficioso de Cristhian Camilo Chaparro Corredor
en contra de COLFONDOS PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., por las razones expuestas en
esta decisión. En su lugar, NEGAR la acción de tutela, por lo aquí
expuesto.
Sexto. -LÍBRESE por Secretaría
General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto ley 2591 de
1991.
Comuníquese y
cúmplase.
CARLOS BERNAL
PULIDO
Magistrado
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Magistrado
ROCÍO LOAIZA
MILIÁN
Secretaria General
(e)
[1] La Sala de
Selección número seis estuvo integrada por las Magistradas Gloria Stella Ortiz
Delgado y Diana Fajardo Rivera.
[2] “Por la cual
se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en
la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones”.
[3] Folio 16, Cdno. 1
del expediente T-6.191.422.
[4] Ibídem.
[5] Folio 29, Cdno. 1
del expediente T-6.191.422.
[6] Folios 15 a 19,
Cdno. 1 del expediente T-6.191.422.
[7] Folio 21, Cdno. 1 del expediente T-6.191.422.
[8] Folio 24, Cdno. 1
del expediente T-6.191.422.
[9] Folios 21 a 28,
Cdno. 1 del expediente T-6.191.422.
[10] Folio 9, Cdno. 1
del expediente T-6.192.632.
[11] Folio 1, Cdno. 1
del expediente T-6.192.632.
[12] Folios 9 a 12,
Cdno. 1 del expediente T-6.192.632.
[13] Folios 17 (v),
Cdno. 1 del expediente T-6.192.632.
[14] Folio 2, Cdno. 1 del expediente
T-6.192.632.
[15] Folio 21, Cdno. 1
del expediente T-6.192.632.
[16] Folio 17(v),
Cdno. 1 del expediente T-6.192.632.
[17] Folio 8, Cdno. 1
del expediente T-6.192.632.
[18] Folio 11, Cdno. 1
del expediente T-6.191.422.
[19] Es del caso
precisar que la Defensoría del Pueblo interpuso la acción de tutela por
solicitud de la señora María Priscila Corredor Alfonso, madre y guardadora
definitiva de Cristhian Camilo Chaparro Corredor.
[20] Folio 2, Cdno. 1
del expediente T-6.192.632.
[21] Folio 3, Cdno. 1
del expediente T-6.192.632 y folio 3, Cdno. 1 del expediente T-6.191.422.
[22] Folio 50, Cdno. 1
del expediente T-6.191.422.
[23] Folio 53, Cdno. 1
del expediente T-6.191.422.
[24] Folio 29, Cdno. 1
del expediente T-6.192.632.
[25] Ibídem.
[26] Folios 61 a 69,
Cdno. 1 del expediente T-6.191.422.
[27] Folio 66, Cdno. 1
del expediente T-6.191.422.
[28] Folio 67, Cdno. 1
del expediente T-6.191.422.
[29] Folio 9, Cdno. 2
del expediente T-6.191.422.
[30] Folios 32 a 34,
Cdno. 1 del expediente T-6.192.632.
[31] Folio 34, Cdno. 1
del expediente T-6.192.632.
[32] Folios 55 a 58,
Cdno. 1 del expediente T-6.192.632.
[33] Folios18 y 19,
Cdno. 3 del expediente T-6.191.422.
[34] Folios 22 y 28
del Cdno. No. 1 del expediente de tutela 11001-31-05-017-2017-00121-00
(T-6.191.422).
[35] Folio 32, Cdno. 3 del expediente T-6.191.422.
[36] Folio 122, Cdno. 3 del expediente T-6.191.422.
[37] Folio 133, Cdno. 3
del expediente T-6.191.422.
[38] Folio 1, Cdno. 1 del expediente
T-6.192.632.
[39] “Artículo 5o.
Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela procede contra toda
acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace
violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley.
También procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con
lo establecido en el Capítulo III de este Decreto. La procedencia de la tutela
en ningún caso está sujeta a que la acción de la autoridad o del particular se
haya manifestado en un acto jurídico escrito”.
[40] “Competencia
General. La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de
seguridad social conoce de: [...] 4. Las controversias relativas a la
prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los
afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades
administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los
relacionados con contratos”.
[41] En lo atinente a
este aspecto, en la Sentencia SU-558 de 2016, la Corporación unificó su
jurisprudencia en relación con el alcance del artículo 39 de la Ley 100 de
1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 860 del año 2003, en los casos de
personas en condición de discapacidad que padecen enfermedades CCD. En dicha
providencia se señaló, como una crítica a la decisión de los jueces de
instancia lo siguiente: “la Sala Plena de esta Corporación no comparte los
argumentos esgrimidos por el juez de instancia, en tanto, omitió analizar si, a
la luz de las particulares circunstancias del accionante, el medio de defensa
es eficaz e idóneo para resolver la situación jurídica planteada”. De
hecho, en la providencia, si bien se consideró que existía un mecanismo
judicial idóneo, se señaló que este, “no parece efectivo atendiendo a las
condiciones específicas del señor Ramos Robayo [tutelante]”.
[42] Folios 7 y 8 del
Cdno. 1 del expediente T-6.192.632.
[43] De conformidad
con su artículo I.1, “El término ‘discapacidad’ significa una deficiencia
física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que
limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida
diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social”.
[44] Folios 2 del
Cdno. 1 del expediente T-6.192.632 y 3 del Cdno. 1 del expediente T-6.191.422.
[45] La verificación
de la información relativa al SISBÉN se realizó por el despacho del Magistrado
sustanciador, al ser información pública y estar disponible en el portal www.sisben.gov.co. La última modificación del puntaje fue
del 4 de marzo de 2015.
[46] Folio 3 del Cdno.
1 del expediente T-6.191.422.
[47] La verificación
de la información relativa al SISBÉN se realizó por el despacho del Magistrado
sustanciador, al ser información pública y estar disponible en el portal www.sisben.gov.co. La última modificación del puntaje fue
del 24 de agosto de 2013.
[48] Folios 31(v),
32(v) y 37 del Cdno. 1 del expediente T-6.191.422.
[49] Tomado del portal
www.sisben.gov.co, preguntas
frecuentes, “¿Para qué se usa el Sisbén?”. De conformidad con el
Documento CONPES social 117 de agosto 25 de 2008, por medio del cual se
actualizaron los criterios para la determinación, identificación y selección de
beneficiarios de programas sociales (o, más conocido, como SISBÉN III), el
SISBÉN es el principal instrumento de focalización individual. El SISBÉN III,
tal como en dicho documento se indica, se enmarca en “un enfoque
multidimensional de pobreza”, que tiene por objeto definir un “índice de
estándar de vida”, que permita su comparación interpersonal. Como índice de
estándar de vida, “especifica un conjunto de bienes, servicios y
características del hogar que son considerados valiosos por la sociedad. El
conjunto de bienes y servicios representados en el índice aportan información
sobre las distintas cosas que una persona puede ser o hacer dadas sus
características y las de su entorno”. El índice está conformado por tres
dimensiones: salud, educación y vivienda, e incorpora variables relacionadas
con la vulnerabilidad individual y contextual. Con relación a las primeras,
tiene en cuenta “las necesidades de las personas de avanzada edad y de los
niños, las condiciones de maternidad o discapacidad” y, con relación a las
segundas, considera, “tasa de homicidios, oferta de servicios de salud y
educación a nivel municipal, tasa de mortalidad infantil del municipio”. La
inclusión de estas últimas variables se justifica en el hecho de que, “La
conversión de bienes y servicios en estados y acciones que constituyen la vida
puede ser diferente dependiendo de las características personales o del
ambiente social y natural”. Es importante precisar, en todo caso, que en
este momento se encuentra en periodo de implementación el SISBÉN IV, cuyos
elementos generales de actualización se contienen en el documento CONPES social
3877 de diciembre 5 de 2016.
[50] Disponibles en el portal www.sisben.gov.co, “Puntos de corte de los programas
sociales”. Los beneficios económicos periódicos, en los términos del
artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005, que adicionó algunos incisos y
parágrafos al artículo 48 de la Constitución Política, corresponden a servicios
sociales complementarios, inferiores al salario mínimo, destinados a personas
de escasos recursos que no cumplan con las condiciones requeridas para tener
derecho a una pensión.
[51] Entre otras, la
jurisprudencia unificada de esta Corporación ha considerado las siguientes,
como razones válidas: (i) la especial situación personal del tutelante; (ii) si
la vulneración de los derechos fundamentales, presumiblemente, se extiende en
el tiempo; (iii) la entidad de la vulneración alegada; (iv) la actuación de la
persona o ente contra la que se dirige la tutela; y (v) los efectos de la
eventual protección de los derechos. Cfr. Sentencia SU-391 de 2016.
[52] Sentencia T-380
de 2017.
[53] Con relación a
esta disposición, en la Observación General 19 del Comité de Derechos
Económicos Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas, se
afirma que, “El derecho a la seguridad social incluye el derecho a no ser
sometido a restricciones arbitrarias o poco razonables de la cobertura social
existente, ya sea del sector público o del privado, así como del derecho a la
igualdad en el disfrute de una protección suficiente contra los riesgos e
imprevistos sociales.”.
[54] Ibídem.
[55] “Artículo 38.
Estado de invalidez. Para los efectos del presente capítulo se considera
inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no
provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad
laboral.”
[56] “Artículo 39.
Requisitos para obtener la pensión de invalidez.  Tendrá derecho a la pensión
de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo
anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones: // 1. Invalidez
causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los
últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración.
// 2.  Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50)
semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho
causante de la misma. // Parágrafo 1. Los menores de veinte (20) años de edad
sólo deberán acreditar que han cotizado veintiséis (26) semanas en el último
año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria”
(negrillas propias).
[57] Esta norma es
aplicable a la situación de los tutelantes, por cuanto las solicitudes de
pensión de invalidez se presentaron en los años 2015, para el caso de Cristhian
Camilo Chaparro Corredor, y 2016, en el caso de Esteban Daniel Reyes Avella.
[58] En esta sentencia
se resolvió lo siguiente: “Declarar EXEQUIBLE el parágrafo
1º del artículo 1º de la Ley 860 de 2003 ‘por la cual se reforman algunas
disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y
se dictan otras disposiciones’, EN EL ENTENDIDO de que se aplique,
en cuanto sea más favorable, a toda la población joven conforme a los
fundamentos jurídicos 60 y 61 de la parte motiva de esta sentencia”. En el
último fundamento jurídico que se señala se indica lo siguiente: “61. Por lo
cual, para remediar el déficit de protección, la Corte declarará exequible la
norma acusada, con la condición de que se extienda lo allí previsto en materia
de pensiones de invalidez hacia toda la población joven, definida esta última
razonablemente conforme lo señalado en esta sentencia, y en la medida en que
resulte más favorable al afiliado. En los casos concretos, sin embargo,
mientras la jurisprudencia constitucional no evolucione a la luz del principio
de progresividad, la regla especial prevista en el parágrafo 1º del artículo 1
de la Ley 860 de 2003 debe extenderse favorablemente, conforme lo ha señalado
hasta el momento la jurisprudencia consistente de las distintas Salas de
Revisión de la Corte Constitucional; es decir, se debe aplicar a la población
que tenga hasta 26 años de edad, inclusive.”
[59] Con relación a
esta expresión, en la sentencia SU-588 de 2016 se señala lo siguiente: “Respecto
de la capacidad laboral residual, esta Corte ha indicado que se trata de la
posibilidad que tiene una persona de ejercer una actividad productiva que le
permita garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas, pese a las
consecuencias de la enfermedad. En consideración de este elemento, a la
Administradora de Fondos de Pensiones le corresponde comprobar que el
beneficiario trabajó y, producto de ello, aportó al Sistema durante el tiempo
que su condición se lo permitió o que consideró prudente (en el caso de las
enfermedades únicamente congénitas). De la misma manera, tendrá que corroborar
si los aportes realizados se hicieron con la única finalidad de acreditar las
50 semanas exigidas por la norma o si, por el contrario, existe un número
importante de cotizaciones que resulten de una actividad laboral efectivamente
ejercida. El análisis de lo anterior busca evitar el fraude al sistema general
de pensiones y, a su vez, garantiza la sostenibilidad fiscal del mismo, en
tanto que, si una persona ha cotizado durante varios años de manera
ininterrumpida o, en su defecto, lo ha hecho de forma interrumpida, pero
durante periodos de tiempo importantes, es fácil deducir que los aportes se han
hecho gracias a la capacidad laboral residual con la cual ha podido ejercer un
oficio que le ha permitido garantizar para sí y para su familia un mínimo vital”.
[60] Folios 14 y 19,
Cdno. 1 del expediente T-6.191.422.
[61] Folio 122 del
Cdno. 1 del expediente T-6.191.422.
[62] Folio 32 del Cdno.
1 del expediente T-6.191.422.
[63] Folios 21, 24 y
27, Cdno. 1 del expediente T-6.191.422.
[64] Folio 30, Cdno. 1
del expediente T-6.191.422.
[65] Folio 21, Cdno. 1
del expediente T-6.192.632.
[66] Folio 2, Cdno. 1
del expediente T-6.192.632.