T-189-14
Sentencia T-189/14
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-A
través de apoderado judicial
LEGITIMACION POR ACTIVA DE
LA POLICIA NACIONAL COMO PERSONA JURIDICA
ACCION DE TUTELA PARA
RECONOCIMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ-Procedencia
excepcional
Con respecto a la pensión de invalidez, la Corte ha
precisado que quienes la requieren son
sujetos que sufren una discapacidad, ya sea física o mental, y que, en la
mayoría de los casos, precisan de esta prestación en razón a que se torna en el
único medio posible para subsistir, por ende, se logra deducir que son personas
que, debido a su situación de vulnerabilidad, merecen que el Estado les brinde
una especial protección. A pesar de la situación de debilidad manifiesta que
encierra la invalidez de quien aspira obtener una pensión en razón de tal
condición, el mecanismo constitucional sigue siendo de última ratio, por
ende, para que, a través de tal instrumento, se estudie la posibilidad de
reconocerle la prestación periódica, en su caso, deben converger, al menos, los
elementos antedichos. Ello tiene como finalidad acreditar que, aunque exista un
medio con mayor idoneidad que la tutela, esta sería la herramienta más eficaz
para precaver la conculcación de derechos fundamentales que deriva de la
omisión en el reconocimiento de la prestación pretendida.
PENSION DE INVALIDEZ PARA LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA-Régimen jurídico aplicable
El
Congreso expidió la Ley 923 de 2004 “Mediante la cual se señalan las
normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la
fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral
19, literal e) de la Constitución Política”. En el artículo 3,
numeral 3.5., de dicha Ley, para lo referente al reconocimiento de la pensión
de invalidez.
PENSION DE INVALIDEZ PARA LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA-Caso en que disminución de capacidad laboral está por encima del 50%
y es menor al 75%
La viabilidad
del reconocimiento de una pensión para cubrir el riesgo de la invalidez a favor
de las personas vinculadas a la Fuerza Pública por pérdidas de la capacidad
laboral iguales o superiores al 50%, sin que medie condición adicional, salvo que el dictamen médico laboral sea emitido por autoridad
competente. Ello se sustenta en la prevalencia dada por la Corte a la Ley 923
de 2004 frente a su decreto reglamentario.
PENSION DE INVALIDEZ PARA LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA-Régimen vigente
En la actualidad,
el régimen jurídico aplicable a los miembros de la Fuerza Pública, en lo que
respecta a la pensión de invalidez, se reduce exclusivamente a la Ley 923 de
2004. Así las cosas, para efectos del reconocimiento de dicha prestación, en
tales términos, se requiere una pérdida de capacidad laboral igual o superior a
50%, causada durante el servicio activo y dictaminada por el organismo médico
laboral legitimado para tal efecto.
DERECHO A LA SALUD DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA
PUBLICA-Obligación del Estado
de garantizarlo teniendo en cuenta su régimen especial
DERECHO AL MINIMO VITAL, A LA VIDA DIGNA, A LA
SALUD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL-Orden
a la Policía Nacional iniciar los trámites para reconocimiento y pago de
pensión de invalidez
DERECHO AL MINIMO VITAL, A LA VIDA DIGNA, A LA
SALUD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL-Orden
a la Policía Nacional afiliar al accionante al Sistema de Salud de la Policía
Nacional, a cargo de la Dirección de Sanidad de esa entidad
Referencia: expediente T-4.123.726
Demandante: Alberto Mario Castro Sáenz,
por conducto de apoderado judicial
Demandado: Dirección General de la Policía Nacional
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá, D.C., primero
(1) de abril de dos mil catorce (2014)
La Sala Cuarta
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Nilson Elías Pinilla
Pinilla, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En la revisión del fallo proferido, en segunda
instancia, por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que decidió la impugnación
presentada contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, en el
trámite de la acción de tutela promovida por Alberto Mario Castro Sáenz, por
conducto de apoderado judicial, contra la Dirección General de la Policía
Nacional.
El presente expediente fue escogido para su revisión por
la Sala de Selección Número Once por medio de auto del catorce (14) de
noviembre de 2013 y repartido a la Sala Cuarta de Revisión.
I.
ANTECEDENTES
1. La
solicitud
Mediante
apoderado judicial, Alberto Mario Castro Sáenz, promovió acción de tutela
contra la Dirección General de la Policía Nacional, como mecanismo transitorio,
con el propósito de obtener el amparo de los derechos fundamentales al mínimo
vital, a la salud y a la seguridad social, presuntamente vulnerados por esa
entidad al no reconocerle la pensión de invalidez, pese a contar con una
pérdida de capacidad laboral superior al 50%.
2. Hechos
El apoderado
judicial del demandante los narra, en síntesis, así:
2.1. Carlos
Alberto Castro Sáenz prestó sus servicios a la Policía Nacional, por más de
quince años, desde el 14 de febrero de 1996, hasta el 11 de abril de 2011,
fecha en la que fue destituido e inhabilitado, como consecuencia de un proceso
disciplinario en el que no pudo ejercer, en debida forma, su derecho de
defensa, por falencias en las notificaciones y por su estado de salud.
2.2. Dentro del
trámite de desvinculación, en diciembre de 2011, la correspondiente junta
médico laboral, a efectos de elaborar la respectiva calificación de retiro,
solicitó conceptos médicos de ortopedia y psiquiatría, de los cuales solo el
primero fue remitido con prontitud y carácter definitivo; mientras que el
segundo, se le hizo llegar el 21 de agosto de 2012, fecha hasta la cual
continuó recibiendo atención médica por esta especialidad.
2.3. Acopiados
tales documentos, en el municipio de Soledad-Atlántico, el 24 de septiembre de
2012, se llevó a cabo la Junta Médico Laboral de Policía No. 703, a través de
la cual le fue dictaminada una pérdida de capacidad laboral de 53.59%, de
origen común, por atrofia de cuádriceps en la rodilla derecha y psicosis
orgánica asociada a demencia tóxica.
2.4. En razón de
lo anterior, el 22 de noviembre de 2012, elevó petición al Director General de
la Policía Nacional solicitando el reconocimiento y pago de la pensión de
invalidez y la correspondiente vinculación al sistema de salud que administra
la Dirección de Sanidad de esa entidad.
2.5. No
obstante, mediante oficio del 26 de diciembre de 2012, esta le fue despachada
desfavorablemente, con fundamento en que, al tenor de lo dispuesto en el
artículo 30 del Decreto 4433 de 2004, no cumplía con los requisitos para ello,
por cuanto su invalidez no era superior al 75%.
2.6. Por otro
lado, aduce que como consecuencia de su desvinculación, tampoco ha sido posible
que la Dirección de Sanidad le brinde, en debida forma, la atención en salud
que demanda, toda vez que esta ha sido limitada a las patologías que dieron
lugar a su pérdida de capacidad laboral, para lo cual, además, debe soportar
toda una serie de cargas administrativas que, dadas sus condiciones, se tornan
insuperables.
2.7.
Actualmente, vive en la casa de su progenitora, subsistiendo de la caridad de
algunos familiares, y sin poder proveerle el sustento a sus tres hijos menores
de edad, Jesús Alberto de 12 años y las gemelas María Gabriela y María Daniela
de 8 años, los cuales están bajo el cuidado de su esposa, la cual “lo
abandonó”, por cuanto “no resistió su enfermedad y que lo hayan retirado
de la institución”.
3.
Pretensiones
El demandante
depreca el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud y a
la seguridad social y, por consiguiente, el reconocimiento y pago de su pensión
de invalidez, junto a la consecuente afiliación al sistema de salud que cobija
a los miembros de la Policía Nacional. Todo lo anterior, como mecanismo
transitorio.
4. Pruebas
A la demanda de
tutela, se anexaron los siguientes documentos:
-
Poder especial conferido al Dr. Carlos Eliécer
Cantillo Gracia por Alberto Mario Castro Sáenz, para presentar la acción de
tutela (folio 8 del cuaderno 2).
-
Copia simple de la cédula de ciudadanía de
Alberto Mario Castro Sáenz (folio 10 del cuaderno 2).
-
Extracto de historia laboral de Alberto Mario
Castro Sáenz, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional
el 12 de abril de 2012 (folio 12 a 14 del cuaderno 2).
-
Copia auténtica del Acta No. 703 de la Junta
Médico Laboral de Policía del 24 de septiembre de 2012 (folio 15 a 17 del
cuaderno 2).
-
Escrito con fecha 22 de noviembre de 2012,
dirigido al Director General de la Policía Nacional, sin sello de recibido, a
través del cual el apoderado del demandante solicita el reconocimiento y pago
de la pensión de invalidez (folio 18 a 24 del cuaderno 2).
-
Oficio de 26 de diciembre de 2012, del
Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, en el que el Jefe de Grupo de
Orientación e información niega las solicitudes del demandante (folio 25 a 26
del cuaderno 2).
-
Conceptos de valoración por psiquiatría y
ortopedia al paciente Alberto Mario Castro Sáenz (folio 27 a 28 del cuaderno
2).
-
Solicitud de 6 de enero de 2011, en la que María
Cecilia Vital Díaz, ex esposa del accionante, pide vacaciones para acompañar a
su cónyuge durante los tratamientos médicos a que será sometido (folio 29 del
cuaderno 2).
-
Constancias de servicios pendientes de
suministrar a Alberto Mario Castro Sáenz, expedidas el 7 de enero y 7 de
febrero de 2012 por el respectivo Coordinador Regional del Área de Medicina
Laboral de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional (folio 30 del
cuaderno 2).
-
Copia simple del Acta del 19 de octubre de 2011
de la Oficina de Control Interno de la Policía Nacional, sobre la notificación
personal a Alberto Mario Castro Sáenz, de la Resolución No. 03488 de 22 de
septiembre de 2011 del Ministerio de Defensa-Policía Nacional, por la cual se
ejecuta una sanción disciplinaria (folio 32 del cuaderno 2).
-
Copia simple de la Resolución No. 03488 de 22 de
septiembre de 2011 del Ministerio de Defensa-Policía Nacional, “por la cual
se ejecuta una sanción disciplinaria impuesta a un Subintendente retirado de la
Policía Nacional”, consistente en registrar el correctivo en su hoja de
vida (folio 33 del cuaderno 2).
-
Copia simple de la Resolución No. 01098 de 11 de
abril de 2011 del Ministerio de Defensa-Policía Nacional, “por la cual se
ejecuta una sanción disciplinaria impuesta a un Subintendente de la Policía
Nacional”, consistente en su destitución e inhabilidad para ejercer cargos
públicos (folio 33 del cuaderno 2).
-
Copia simple del registro civil de matrimonio
No. 3115158, que acredita la unión entre Alberto Mario Castro Sáenz y María
Cecilia Vital Díaz, inscrita el 11 de septiembre de 1999 (folio 35 del cuaderno
2).
-
Copias simples de los registros civiles de
nacimiento No. 29741308, 37330364 y 37330363, correspondientes a los menores de
edad Jesús Alberto, María Gabriela y María Daniela, respectivamente; hijos de
Alberto Mario Castro Sáenz y María Cecilia Vital Díaz (folio 36 a 38 del
cuaderno 2).
5. Oposición
a la demanda de tutela
Mediante auto de
26 de enero de 2013, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de
Oralidad, admitió la tutela y corrió traslado al Director General de la Policía
Nacional y al Jefe del Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa
Nacional, solicitándoles un informe con su versión respecto de los supuestos de
hecho en los que se sustentó la demanda.
En atención a
ello, el Jefe del Grupo de Orientación e Información del Ministerio de
Defensa-Policía Nacional, en oficio del 4 de febrero de 2013, se opuso a las
pretensiones del accionante, alegando que dicha institución cuenta con un
régimen prestacional especial, de carácter constitucional, que encuentra
desarrollo legislativo en el artículo 30 del Decreto 4433 de 2004[1],
por mandato de la Ley 923 de 2004[2].
Señaló que, en
virtud de ese marco normativo, para que proceda el reconocimiento de la pensión
de invalidez, se exige a los miembros de la Policía Nacional una pérdida de
capacidad laboral igual o superior a 75%, enfatizando que el accionante no
cumple con tal requisito, pues la correspondiente Junta Médico Laboral le dictaminó,
apenas, un 53.59%.
En lo que
respecta a la prestación del servicio de salud, advirtió que se trata de un
derecho que requiere la afiliación bajo el régimen de cotizaciones o como
beneficiarios de pensión o asignación de retiro, por lo que su exigibilidad,
para el caso del accionante, se encuentra supeditada al reconocimiento de la
pensión que reclama.
En el mismo
sentido, indicó que, en todo caso, el juez competente para dirimir este tipo de
controversias es el contencioso administrativo, por cuanto, a su juicio, no se
vislumbra un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela.
II. DECISIÓN
JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN
1. Decisión
de primera instancia
El Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Oralidad, en sentencia de 6 de febrero de
2013, rechazó por improcedente el amparo de los derechos fundamentales
invocados por el actor, luego de concluir que el escenario idóneo para ventilar
la controversia planteada es la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
teniendo en cuenta que, desde su perspectiva, del acervo probatorio allegado al
expediente, no se advierte la inminencia de un perjuicio irremediable que la
haga procedente como mecanismo transitorio.
2.
Impugnación
Por encontrarse
en desacuerdo con la decisión del a quo, el 18 de febrero de 2013, el
accionante presentó escrito de impugnación, por conducto del mismo apoderado
que incoó el proceso tuitivo, quien defendió la procedencia del amparo en el sub
examine, aduciendo la difícil situación socioeconómica por la que atraviesa
su poderdante, ya que, por su condición financiera y mental, no está en
capacidad de asumir un proceso contencioso-administrativo.
En cuanto a la
inminencia de un perjuicio irremediable, planteó una serie de interrogantes,
orientados a evidenciar que se trata de una persona con problemas mentales, que
ha tenido intentos suicidas, y que puede ser un peligro para otros individuos,
si no se le asiste y se le brinda la cobertura adecuada en seguridad social; además
de que no cuenta con los recursos necesarios para proveerse el sustento a sí
mismo y a sus tres hijos menores de edad.
Finalmente,
argumentó que la existencia de otros mecanismos de defensa no es óbice para que
el juez constitucional acuda al amparo de sus derechos fundamentales, dado que
se configuran los presupuestos del perjuicio irremediable.
3. Decisión
de segunda instancia
El Consejo de
Estado, Sección Quinta, en providencia de 12 de septiembre de 2013, modificó la
decisión de primera instancia, en el sentido de declarar la improcedencia de la
solicitud de tutela, en lugar de rechazarla por esta misma razón. Para ello,
reiteró lo dicho por el a-quo con respecto a la ausencia de un perjuicio
irremediable, precisando que “no obra prueba que el actor o su esposa no
cuenten con medio de subsistencia para su manutención o la de sus hijos”.
Advirtió que la jurisdicción
de lo contencioso administrativo es la competente para conocer de la
controversia planteada por el accionante, y que la falta de recursos económicos
para asumir un proceso de esa naturaleza no puede admitirse como una excusa
válida para desistir del mismo, teniendo en cuenta que nuestro ordenamiento
jurídico contempla la figura del amparo de pobreza.
III. PRUEBAS
ALLEGADAS A LA CORTE EN SEDE DE REVISIÓN
En sede de
revisión, esta Sala recibió correos electrónicos por parte del apoderado del
demandante, Dr. Carlos Eliécer Cantillo Gracia, en los que se allegaron
documentos, que fueron incorporados al presente expediente por conducto de la
Secretaría General de la corporación, mediante autos de 27 de marzo de 2014.
Dentro de ellos se destaca:
-
Declaración juramentada de la señora Luz Marina
Sáenz de Castro, madre del accionante, tomada el 27 de marzo de 2014 (folio 25
del cuaderno 1).
-
Sentencia de 16 de agosto de 2012, proferida por
el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Sincelejo-Sucre, en la que se
decreta “el divorcio civil de los cónyuges Cecilia Vital Díaz y Alberto
Castro Sáenz…” (folio 20 a 23 del cuaderno 1).
-
Resumen de historia clínica de Alberto Mario
Castro Sáenz, expedida por la E.S.E. Hospital Mental Universitario de
Risaralda, el 21 de marzo de 2012 (folio 15 a 18 del cuaderno 1).
-
Excusa del servicio No. 21008 de la Policía
Nacional, dada a Alberto Castro Sáenz, por quince días, para recibir atención
por psiquiatría (folio 19 del cuaderno 1).
IV.
CONSIDERACIONES
1.
Competencia
A través de esta Sala de Revisión
la Corte Constitucional es competente para revisar la sentencia proferida, el 12 de septiembre de 2013, por el Consejo de Estado, Sección Quinta,
que, en segunda instancia, conoció del fallo del Tribunal Administrativo del
Atlántico, dado el 6 de febrero de 2013, dentro del proceso de la
referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral
9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
2.
Procedibilidad de la acción de tutela
2.1.
Legitimación activa
El artículo 86
de la Carta establece que toda persona tendrá derecho
a acudir a la acción de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública. Precepto que es
desarrollado por el artículo 10º del Decreto Ley 2591 de 1991, el cual dispone
que:
“La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.
Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos
cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”
En esta oportunidad, la acción de tutela fue presentada por
Alberto Mario Castro Sáenz, por conducto de apoderado judicial, persona que
considera vulnerados sus derechos fundamentales, razón por la cual se encuentra
legitimada en la causa por activa.
2.2.
Legitimación pasiva
La Dirección
General de la Policía Nacional está legitimada en la causa como parte pasiva,
en la medida en que se le atribuye la presunta vulneración de los derechos
fundamentales cuyo amparo se demanda. Así como la Jefatura del Grupo de
Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional, entidad que fue
vinculada al trámite de esta tutela, de forma oficiosa, por el juez
constitucional de primera instancia.
3. Problema
jurídico
Corresponde a la Sala Cuarta de Revisión determinar si la Dirección
General de la Policía Nacional vulneró los derechos fundamentales al mínimo
vital, a la salud y a la seguridad social del señor Alberto Mario Castro Sáenz, al
negarle el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, junto a la consecuente
afiliación al sistema de salud que corresponde, basándose en el artículo 30 del
Decreto 4433 de 2004, que exige una pérdida de capacidad laboral de 75% o mayor.
Con el fin de
resolver el anterior planteamiento, la Sala abordará, desde la óptica de la
jurisprudencia de esta corporación, los siguientes aspectos: (i)
procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de la
pensión de invalidez; (ii) régimen jurídico aplicable a los miembros de
la Fuerza Pública para el reconocimiento de la pensión de invalidez; (iii)
breves precisiones sobre el derecho fundamental a la salud de los miembros de
la Fuerza Pública y; (iv) el caso concreto.
4.
Procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de la
pensión de invalidez. Reiteración de jurisprudencia
La acción de
tutela ha sido concebida como un mecanismo preferente y sumario a través del cual
las personas pueden reclamar la protección de sus derechos fundamentales cuando
no dispongan de otros instrumentos jurídicos, o cuando existiendo, estos no
sean ideales para evitar la consumación de un perjuicio irremediable, derivado
de la actuación o la omisión de las autoridades públicas y, excepcionalmente,
de los particulares, ya sea como medida definitiva o de forma transitoria; ello
se desprende de lo normado por el artículo 86 del Estatuto Superior.
Lo anterior
significa que ese instrumento tuitivo ostenta un carácter subsidiario o
residual. Luego, por regla general, no procede en temas que guardan relación
con el reconocimiento y pago de prestaciones periódicas, ya que es su juez
natural –ordinario o contencioso-administrativo, según el caso–, a través de
los procedimientos dispuestos para tal fin, el competente para asumir el
conocimiento de este tipo de controversias.
No obstante, la
Corte ha señalado que, en ciertos eventos, es posible que el juez
constitucional se inmiscuya en ese tipo de asuntos, siempre que converjan
determinados requisitos y cuando las circunstancias particulares del caso así
lo ameriten.
Así las cosas, con
respecto a la pensión de invalidez, la Corte ha precisado que “quienes la
requieren son sujetos que sufren una discapacidad, ya sea física o mental, y
que, en la mayoría de los casos, precisan de esta prestación en razón a que se
torna en el único medio posible para subsistir, por ende, se logra deducir que
son personas que, debido a su situación de vulnerabilidad, merecen que el
Estado les brinde una especial protección”[3].
Sin embargo, esa
sola circunstancia no logra desvirtuar la subsidiariedad que distingue a la
acción de tutela, pues se entiende que este tipo de prestaciones están llamadas
a cubrir el advenimiento de ciertas contingencias que minan, total o
parcialmente, la capacidad de trabajo del usuario y, por ende, la fuente
primordial de ingresos propios y del núcleo familiar, y que para hacerlas
exigibles, el legislador ha dispuesto mecanismos, de distinta índole.
Si se aceptara
que la disminución de las facultades, físicas o mentales, constituye razón
suficiente para activar la jurisdicción constitucional, el ordenamiento
enfrentaría la caótica aniquilación de las competencias atribuidas a los jueces
ordinarios y contenciosos en esa materia, pues es precisamente ese efecto
biológico el que recae sobre cualquiera que pretenda hacer valer tal beneficio.
Por tal motivo, para
que la tutela sea procedente en estos casos, se requiere, además:
“(i) que (…) sea presentada para evitar un perjuicio irremediable,
(ii) que la falta de reconocimiento de una prestación social vulnere algún
derecho fundamental como la vida, la dignidad humana o el mínimo vital y que
(iii) la negativa del reconocimiento se origine en actuaciones que por su
contradicción con los preceptos legales y constitucionales desvirtúen la
presunción de legalidad de las actuaciones de la administración pública o sea
evidentemente arbitraria en caso de que sea un particular quien preste este
servicio público”[4]
De lo anterior
se colige que, a pesar de la situación de debilidad manifiesta que encierra la
invalidez de quien aspira obtener una pensión en razón de tal condición, el
mecanismo constitucional sigue siendo de ultima ratio, por ende, para
que, a través de tal instrumento, se estudie la posibilidad de reconocerle la
prestación periódica, en su caso, deben converger, al menos, los elementos
antedichos. Ello tiene como finalidad acreditar que, aunque exista un medio con
mayor idoneidad que la tutela, esta sería la herramienta más eficaz para precaver
la conculcación de derechos fundamentales que deriva de la omisión en el
reconocimiento de la prestación pretendida.
Bajo esas
condiciones resulta oportuna y necesaria la intervención del juez
constitucional, pues, dados tales presupuestos fácticos, forzoso es concluir
que “someter a un litigio laboral, con las demoras y complejidades propias
de los procesos ordinarios, a una persona con notoria disminución de su
capacidad de trabajo, impedida para acceder a una labor debidamente remunerada,
resulta muy gravoso porque le ocasiona perjuicios para el desenvolvimiento
inmediato de su vida personal y familiar, menguando su calidad de vida”[5].
En lo que atañe
a la doctrina del perjuicio irremediable, este Tribunal, en reiteradas
oportunidades, ha precisado que este se caracteriza:
“(i) por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que
está por suceder prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o
menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran
intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el
perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea
impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden
social justo en toda su integridad”[6].
Es por ello que
la subsidiariedad que caracteriza la acción de amparo, de cara al
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, varía atendiendo a las
circunstancias propias de cada caso.
Entonces, para
saber si en el sub-lite es procedente la acción de tutela como mecanismo
principal, o como mecanismo transitorio, es menester confrontar los anteriores
postulados con las precisiones fácticas que se erigen en torno a la situación
concreta del accionante.
5. Régimen jurídico
aplicable a los miembros de la Fuerza Pública para el reconocimiento de la
pensión de invalidez
El artículo 216
de la Constitución Política señala que “la
fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y
la Policía Nacional”. Los dos siguientes artículos
disponen que su régimen prestacional lo determinará la ley.
En la misma
forma, el artículo 150 de la Carta establece en cabeza del Congreso de la
República la potestad de hacer las leyes y, al mismo tiempo, define las
funciones que a través de ellas ejerce; dentro de las que se encuentra, según
lo preceptúa en su numeral 19: “Dictar las normas generales, y señalar en
ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para
los siguientes efectos: (…) || e) Fijar el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y
de la Fuerza Pública” (negrillas propias).
De acuerdo con
esas premisas normativas, el Congreso expidió la Ley 923 de 2004 “Mediante
la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el
Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de
retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido
en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política”.
En el artículo 3,
numeral 3.5., de dicha Ley, para lo referente al reconocimiento de la pensión
de invalidez, estipuló:
“El derecho para acceder a la pensión de invalidez, así como su
monto, será fijado teniendo en cuenta el porcentaje de la disminución de la
capacidad laboral del miembro de la Fuerza Pública, determinado por los
Organismos Médico–Laborales Militares y de Policía, conforme a las leyes
especiales hoy vigentes, teniendo en cuenta criterios diferenciales de acuerdo
con las circunstancias que originen la disminución de la capacidad laboral. En
todo caso no se podrá establecer como requisito para acceder al derecho, una
disminución de la capacidad laboral inferior al cincuenta por ciento (50%) y el
monto de la pensión en ningún caso será menor al cincuenta por ciento (50%) de
las partidas computables para la asignación de retiro”
Luego, bajo ese
contexto, y en ejercicio de la facultad reglamentaria antes descrita, el
Gobierno expidió el Decreto 4433 de 2004 “por medio del cual se fija el
régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública”.
Tal Decreto, para
la pensión de invalidez del “Personal de Oficiales, Suboficiales y soldados
de las Fuerzas Militares y Oficiales, Suboficiales, miembros del nivel
ejecutivo y agentes de la Policía Nacional y alumnos de las escuelas de
formación”, contempló dos situaciones: el advenimiento de la
invalidez con el solo servicio activo; y su ocurrencia en razón de actos
meritorios del servicio, o por acción directa del enemigo, o en tareas de
mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto
internacional, o en accidente ocurrido durante la ejecución de un acto propio
del servicio.
Para el primer
caso, en el artículo 30 dispuso que:
“Cuando mediante Junta Médico Laboral o Tribunal Médico Laboral de
Revisión Militar y de Policía, al personal de Oficiales, Suboficiales, Soldados
Profesionales y personal vinculado para la prestación del servicio militar
obligatorio de las Fuerzas Militares, y de Oficiales, Suboficiales, miembros
del Nivel Ejecutivo, Agentes y personal vinculado para la prestación del
servicio militar obligatorio de la Policía Nacional se les determine una
disminución de la capacidad laboral igual o superior al setenta y cinco por
ciento (75%) ocurrida en servicio activo, tendrán derecho a partir de la fecha
del retiro o del vencimiento de los tres meses de alta cuando se compute como
tiempo de servicio, mientras subsista la incapacidad, a que el Tesoro Público
les pague una pensión mensual, que será reconocida por el Ministerio de Defensa
Nacional o por la Dirección General de la Policía Nacional, según el caso,
liquidada de conformidad con los porcentajes que a continuación se señalan, con
fundamento en las partidas computables que correspondan según lo previsto en el
presente decreto || 30.1 El setenta y cinco por ciento (75%), cuando la
disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al setenta y cinco por
ciento (75%) e inferior al ochenta y cinco por ciento (85%). || 30.2 El ochenta
y cinco por ciento (85%), cuando la disminución de la capacidad laboral sea
igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%) e inferior al noventa y
cinco por ciento (95%). || 30.3 El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas
partidas, cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al
noventa y cinco por ciento (95%)…”
Para el segundo,
el artículo 32 dispuso que:
“El personal de Oficiales, Suboficiales y Soldados de las Fuerzas
Militares, y de Oficiales, Suboficiales, Miembros del Nivel Ejecutivo y Agentes
de la Policía Nacional, que adquieran una incapacidad permanente parcial igual
o superior al cincuenta por ciento (50%) e inferior al setenta y cinco por
ciento (75%) ocurrida en combate, o actos meritorios del servicio, o por acción
directa del enemigo, o en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden
público o en conflicto internacional, o en accidente ocurrido durante la
ejecución de un acto propio del servicio, tendrá derecho a partir de la fecha
del retiro o del vencimiento de los tres meses de alta cuando se compute como
tiempo de servicio y mientras subsista la incapacidad a que el Tesoro Público
les pague una pensión mensual, que será reconocida por el Ministerio de Defensa
Nacional o por la Dirección General de la Policía Nacional, según el caso,
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las partidas dispuestas en el
presente decreto, siempre y cuando exista declaración médica de no aptitud para
el servicio y no tenga derecho a la asignación de retiro”
De las normas
transcritas se desprende una diferenciación entre aquellas situaciones de
origen común que puedan dar lugar a una pérdida de capacidad laboral, y
aquellas relacionadas con el ejercicio mismo –una suerte de invalidez de origen
profesional–.
Desde esa
perspectiva, se advierte que, indistintamente del nombre que el ejecutivo, en
uso de su potestad reglamentaria, le haya dado a las figuras de los citados
artículos, el Decreto en mención plantea (i) un escenario en el que a
los miembros de la Fuerza Pública se les reconoce una prestación periódica por
invalidez, sea de origen común o profesional, si estando en servicio activo les
sobreviene una pérdida de capacidad laboral superior o igual a 75%, en cuyo
caso se les aplica una tasa de retorno sobre las respectivas partidas
computables[7],
que va del 75% al 95%, dependiendo del grado de invalidez; (ii) y otro
en el cual, solo por causas profesionales, se les reconoce una prestación
periódica cuando la pérdida de capacidad oscila entre el 50% y el 70%,
aplicándose a esta una tasa de retorno fija del 50% sobre las correspondientes
partidas computables.
A juicio de la
Corte, ese trato diferencial vulnera la Constitución, pues, exige una serie de
requisitos complejos a los miembros de la fuerza pública para acceder a la
pensión de invalidez, los cuales, en últimas, resultan desfavorables, si se les
compara con los del Sistema General de Pensiones o con los parámetros fijados
por la propia norma reglamentada, Ley 923 de 2004.
Al respecto, en
Sentencia T-391 de 2011[8],
este Tribunal sostuvo:
“Así dispuesta, esta norma constituía un lineamiento ineludible por
parte del Ejecutivo, que en ejercicio de sus labores regulativas dispuso
mediante el Decreto 4433 de 2004 requisitos para el acceso a la pensión de
invalidez menos favorables de los establecidos por el Legislador en la ley
habilitante, la 923 de ese mismo año. Como fue enfáticamente explicado, de
acuerdo con dicha ley no es admisible un requisito que exija una pérdida de la
capacidad laboral inferior al 50% para el reconocimiento de esta prestación
pensional lo que significa, contrario sensu, que el margen de protección
delineado por el Legislador, en ejercicio de sus atribuciones democráticas,
oscila entre el 50 y el 100% de disminución de la capacidad laboral valorada
por la Junta Médica o Tribunal Médico Laboral respectivo, sin otro
condicionamiento adicional”
Ello quiere
decir que el Gobierno se extralimitó en su facultad reglamentaria al
condicionar el reconocimiento de la pensión de invalidez de los miembros de la
Fuerza Pública a la estructuración de una pérdida de capacidad laboral igual o
superior a 75%, cuando la correspondiente Ley Marco lo que señaló fue que el
porcentaje de invalidez exigido para causar el derecho a dicha prestación no
podía ser inferior al 50%.
De tales
planteamientos se colige“la viabilidad del
reconocimiento de una pensión para cubrir el riesgo de la invalidez a favor de
las personas vinculadas a la Fuerza Pública por pérdidas de la capacidad
laboral iguales o superiores al 50%, sin que medie condición adicional”[9], salvo que el dictamen médico laboral sea emitido por autoridad
competente. Ello se sustenta en la prevalencia dada por la Corte a la Ley 923
de 2004 frente a su decreto reglamentario.
Bajo un criterio
similar, mediante sentencia del 28 de febrero de 2013[10], la Sala
Plena del Consejo de Estado declaró la nulidad del artículo 30 del Decreto 4433
de 2004, argumentando, entre otras cosas:
“… Como puede
observarse, si por Ministerio de la ley no existe el derecho al reconocimiento
y liquidación de la pensión de invalidez, cuando la disminución de la capacidad
laboral sea inferior al 50%; a contrario sensu, cuando tal disminución sea
igual o superior a este porcentaje, surge el derecho a la obtención y
reconocimiento de la misma. De tal manera que si esa fue la decisión del
legislador, ella no puede ser variada sino por la propia ley, sin el
desconocimiento de los derechos adquiridos y, en tal virtud, no puede
predicarse la validez de una norma que en desarrollo de los dispuesto en una
Ley Marco, señale en detrimento de sus beneficiarios, requisitos superiores a
los establecidos por esa ley.
De la
confrontación entre lo dispuesto por el artículo 3° numeral 3.5 de la Ley 923
de 2004, y el contenido del artículo 30 del Decreto 4433 de 2004, surge que
mientras aquél establece que no se tiene el derecho a la pensión de invalidez o
al sueldo de retiro correspondiente cuando la disminución de la capacidad
laboral sea inferior al 50%, el artículo 30 del Decreto 4433 de 2004 al señalar
que se tiene derecho al reconocimiento y liquidación de esa prestación social
cuando la incapacidad laboral de los servidores públicos allí mencionados sea igual
o superior al 75% cuando ella ocurra en servicio activo, en realidad lo que
establece es que cuando sea inferior a ese porcentaje del 75%, no existe el
derecho. Es decir mediante ese Decreto que dice desarrollar lo dispuesto en la
Ley Marco 923 de 2004, se está creando una norma distinta a la que estableció
el artículo 3° numeral 3.5 de la Ley mencionada, norma que, además excluye del
derecho a quienes deberían ser beneficiarios del mismo.
Por tanto, el
artículo 30 del Decreto 4433 de 2004 adolece de un vicio insubsanable de
nulidad, pues fue expedido por el Presidente de la República fuera de la órbita
competencial que expresamente le señaló el Congreso de la República en la Ley
923 de 2004, artículo 3° numeral 3.5 y, por consiguiente, resulta contrario a
derecho y carente de validez…”
De ese contexto
se infiere que, en la actualidad, el régimen jurídico aplicable a los miembros
de la Fuerza Pública, en lo que respecta a la pensión de invalidez, se reduce
exclusivamente a la Ley 923 de 2004, como lo sugirió la Corte en la sentencia
anotada. Así las cosas, para efectos del reconocimiento de dicha prestación, en
tales términos, se requiere una pérdida de capacidad laboral igual o superior a
50%, causada durante el servicio activo y dictaminada por el organismo médico
laboral legitimado para tal efecto.
6. Breves
precisiones sobre el derecho a la salud de los miembros de la Fuerza Pública
La salud es un
derecho fundamental autónomo[11]
y, al mismo tiempo, un servicio público que el Estado tiene el deber de
suministrar a sus asociados, para lo cual ha dispuesto una serie de
herramientas, mecanismos e instituciones de carácter legal, orientadas a
satisfacer este fin constitucional consagrado en el artículo 49 superior.
Por tal motivo,
el Legislador expidió el Sistema General de Seguridad Social en Salud,
contemplado, principalmente, en la Ley 100 de 1993 y sus respectivas
modificaciones.
Sin embargo, este
no cobijó a toda la sociedad, pues, por ejemplo, excluyó de su cobertura a los
miembros de la Fuerza Pública, según lo preceptuado por el artículo 279 ibídem.
Por tal motivo,
el Presidente de la República expidió el Decreto-Ley 1795 de 2000, “Por el
cual se estructura el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional”, que, en su artículo 23, definió quiénes tendrán la calidad de
afiliados del mismo.
Dentro de esa
categoría destacó al personal sometido al régimen de cotización, entre los que
sobresalen: los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional en
servicio activo, y aquellos en goce de asignación de retiro o pensión, cuya
atención estará a cargo de la Dirección de Sanidad que corresponda, según el
caso.
En ese orden de
ideas, aquellos que, ostentando tal calidad, adquieran una pensión de invalidez
tienen derecho a beneficiarse de todos los servicios médicos y asistenciales
que se desprendan del régimen especial de salud del que gozan los miembros de
la Fuerza Pública, razón por la cual el estatus de pensionado conlleva la
afiliación al sistema de salud que administra la respectiva Dirección de
Sanidad, bien sea la de la Policía Nacional o la de las Fuerzas Militares, de
conformidad con la institución a la cual se hayan prestado los servicios.
7. Caso
concreto
Alberto Mario
Castro Sáenz, por conducto de apoderado judicial, impetró acción de tutela en
contra de la Dirección General de la Policía Nacional, al considerar vulnerados
sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud y a la seguridad social,
luego de que tal entidad le negara el reconocimiento de su pensión de invalidez
por no acreditar una pérdida de capacidad laboral de 75% o más. Dentro del
trámite tutelar se vinculó al Jefe de Prestaciones Sociales del Ministerio de
Defensa.
Insistió en la
necesidad de tal prestación por cuanto: en la actualidad, vive de la caridad de
algunos familiares, en la casa de su progenitora, quien pertenece a la tercera
edad y carece de ingresos económicos para proveerse el sustento; su esposa lo
abandonó debido a la difícil situación por la que atraviesa; y, además, se
encuentra incapacitado para prodigarle a sus tres hijos menores de edad los
recursos necesarios para la subsistencia.
Por su parte, el
jefe del Grupo de Orientación e Información del Ministerio de Defensa-Policía
Nacional refirió que al actor no le asiste derecho a la prestación reclamada,
debido a que no alcanza el grado de invalidez de que trata el artículo 30 del
Decreto 4433 de 2004, razón por la cual tampoco puede ser afiliado al sistema
especial de salud dispuesto para los pensionados de la Fuerza Pública.
De lo manifestado
por las partes y de las pruebas que reposan en el expediente, la Sala encuentra
acreditado que el demandante prestó sus servicios profesionales a la Policía
Nacional por aproximadamente 16 años y que, durante tal período, le sobrevino
una pérdida de capacidad laboral de 53.59%, dictaminada, en su examen de
retiro, mediante Junta Médico Laboral No. 703 del 24 de septiembre de 2012[12],
autorizada por el Director de Sanidad de dicha institución.
Igualmente, que
es padre de tres hijos, todos menores de edad[13];
de cuya madre se encuentra divorciado, según se desprende de la sentencia de 16
de agosto de 2012 del Juzgado Promiscuo Primero de Familia de Sincelejo[14].
Así mismo, que habita
en la vivienda de su progenitora, Luz Marina Sáenz de Castro, de acuerdo a lo
señalado en la demanda de tutela y en la declaración extrajudicial aportada por
esta en sede de revisión, de la que se desprende, además, la precaria situación
por la que atraviesan, ya que, ni ella ni su hijo, cuentan con los recursos
necesarios para garantizarse, de forma suficiente, unas condiciones de vida
digna.
Al efecto, es
preciso tener en cuenta lo afirmado por dicha progenitora en cuanto a que: “durante
los 16 años que duró en esa institución [Policía Nacional] veló por su esposa,
hijos y me solventaba mi situación económica también. Que después lo retiraron
de manera injusta, (…) me tocó recogerlo porque su esposa lo había dejado, me
lo entregaron con problemas mentales y adicción a los estupefacientes”[15].
En el mismo
instrumento[16],
la señora Sáenz puso de manifiesto una serie de gastos que, dadas sus
condiciones, difícilmente ella y su hijo pueden asumir, –el primero por su
invalidez; y la segunda por su edad–, y que incluyen: arriendo ($250.000), “servicios
públicos generales” ($116.000) y alimentación ($300.000); sin contar los medicamentos
que, mensualmente, deben costear  en razón de sus enfermedades ($150.000), los
cuales debe consumir de por vida, y que sufraga apelando a la caridad de
algunos familiares, habida cuenta que el accionante no goza de afiliación al
sistema de salud.
Lo anterior
reviste mayor credibilidad si se tiene en cuenta que la madre del demandante pertenece
al régimen subsidiado en salud, desde el 1 de diciembre de 2012[17], lo cual ofrece
un claro indicio de su precaria capacidad económica; apreciación que se
refuerza con las afirmaciones efectuadas por el propio accionante en su escrito
inicial no fueron controvertidas por la parte pasiva, motivo por el cual, en
virtud del principio de buena fe, merecen ser abordadas bajo la óptica de la
presunción de veracidad.
De otra suerte, en
lo que respecta a los tres hijos del actor no puede decirse lo mismo, toda vez
que en el expediente reposa una solicitud del 6 de enero de 2011[18],
dirigida por la señora María Cecilia Vital Díaz al Comandante de Policía del
Departamento de Córdoba en turno, identificándose como Subintendente de esa
entidad, en la que le solicita que le autoricen 10 días de vacaciones para
atender a su, en ese entonces, esposo –Alberto Mario Castro Sáenz. De ello se
colige que ésta dispone de una fuente de ingresos para prodigarle la
subsistencia a los mencionados menores de edad, pues no advierte la Sala la
existencia de un medio de convicción que conduzca a concluir que tal situación
haya variado.
Sin embargo,
ello no quiere decir que, de forma preliminar, deba descartarse el amparo
constitucional, toda vez que el entorno fáctico del accionante es en sí mismo complejo,
pues de las circunstancias antes descritas se advierte la inminencia de un
perjuicio irremediable, cristalizado en la conculcación de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a una vida en condiciones dignas, a la salud y
la seguridad social, lo cual torna procedente la acción de tutela, pues, a
pesar de que este cuenta con otros mecanismo de defensa para hacer valer sus
pretensiones, estos carecerían de la eficacia suficiente para precaver el daño
que se cierne sobre sus garantías superiores; máxime si se considera que su
discapacidad y su condición socioeconómica lo convierten en un sujeto de
especial protección constitucional.
Así las cosas, en
el sub examine, resulta oportuna la intervención del juez constitucional
para conjurar la vulneración de los derechos fundamentales del actor, la cual
se originó en la conducta desplegada por los funcionarios de la Policía
Nacional, en el sentido de negarle el reconocimiento y pago de su pensión de
invalidez, contrariando así las razones expuestas en la parte de motiva de esta
providencia.
Para la Sala es
claro que cuando la Policía Nacional despachó negativamente la solicitud
pensional de Alberto Mario Castro Sáenz, el 26 de diciembre de 2012, y se opuso
a la demanda de tutela, el 4 de febrero de 2013, aun a pesar de la posición que
sobre el particular había decantado la Corte, lo hizo bajo la convicción de
haberse sujetado a la legalidad, al ceñirse al tenor literal del artículo 30
del Decreto 4433 de 2004, que exigía para tal efecto una pérdida de capacidad
laboral superior o igual a 75%.
Empero, ya la
Sala ha dicho que tal precepto exige unos requisitos menos favorables que la
norma que reglamenta o, inclusive, que el mismo Sistema General de Seguridad
Social en Pensiones –tal como también se expuso en el acápite de
consideraciones de esta sentencia–, por lo que la sola invalidez en una
proporción igual o superior al 50%, según lo dispone el artículo 3, numeral
3.5., de la Ley 923 de 2004, sería fundamento suficiente para acceder al
reconocimiento de la Pensión reclamada.
Sin embargo, en
aras de disipar cualquier óbice normativo, que sobre el particular se infiera, es
oportuno señalar que, a esta instancia, el referido artículo 30 resulta
inoponible, bajo cualquier criterio, a los intereses del demandante, toda vez
que, como ya se había precisado, tal disposición fue declarada nula por el
máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativa, desde la antedicha
sentencia de 28 de febrero de 2013, con lo cual se desvirtúa la presunción de
legalidad que revisten las decisiones administrativas fundadas en esa
preceptiva.
En lo referente
a la atención en salud que requiere el señor Alberto Mario Castro Sáenz para su
recuperación, o la eventual vulneración que pueda derivar de las omisiones
denunciadas por él respecto de los estamentos que intervienen en el sistema de
salud de la Policía Nacional, la Sala no hará precisión alguna, porque, a este
punto, está demostrado que su situación demanda atención
médica especial y que lo que se busca con la demanda de tutela es el
reconocimiento de la pensión de invalidez que le asiste al accionante y, como
corolario de ello, la afiliación al subsistema de salud que cobija a los
miembros de la fuerza pública.
En este orden de
ideas, teniendo en cuenta las especiales circunstancias que rodean el caso del
demandante y que este acreditó una pérdida de capacidad laboral de 53.59%, de
origen común, contraída durante el servicio activo, según lo afirmado por el
órgano médico laboral competente para tal efecto, la Sala amparará sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la vida digna a la salud y a la seguridad
social y, así mismo, ordenará a la Dirección General de la Policía Nacional,
como mecanismo definitivo, el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez,
de conformidad con lo estipulado en al artículo 3, numeral 3.5., de la Ley 923
de 2004, junto con su consecuente afiliación al sistema especial de salud
dispuesto para los pensionados de esa entidad.
V. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.-
REVOCAR la sentencia de segunda instancia del Consejo
de Estado, Sección Quinta, proferida el 12 de septiembre de 2013, que declaró
la improcedencia de la solicitud de tutela, modificando la del Tribunal
Administrativo del Atlántico, que en decisión de 6 de febrero de 2013, resolvió
rechazar por improcedente el amparo invocado por el actor y, en su lugar, CONCEDER
el amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna, a
la seguridad social y a la salud de Alberto Mario Castro Sáenz.
SEGUNDO.-
ORDENAR a la Dirección General de la Policía
Nacional que, en el término de 48 horas, contadas a partir de la notificación
de esta providencia, inicie los trámites tendientes al reconocimiento y pago de
la pensión de invalidez del señor Alberto Mario Castro Sáenz a partir de la
fecha del dictamen que determinó el porcentaje de disminución de la capacidad
laboral, mientras subsista el estado de invalidez que así lo permite. En todo
caso, el término efectivo a partir del cual se generarán los pagos no podrá
superar los 15 días hábiles.
TERCERO.- ORDENAR
a la Dirección General de la Policía Nacional que
en, el término de 48 horas, contadas a partir de la notificación de esta
providencia, afilie la señor Alberto Mario Castro Sáenz al Sistema de Salud de
la Policía Nacional, a cargo de la Dirección de Sanidad de esa entidad.
CUARTO.- Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, cópiese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON
ELÍAS PINILLA PINILLA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] Por medio del cual se
fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública.
[2] Mediante la cual se
señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de
los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el
artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política.
[3] Sentencia T-200 de
2011, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
[4] Sentencia T-091 de
2012, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[5] Sentencia T-938 de
2008, M. P., Nilson Elías Pinilla Pinilla.
[6] Sentencia T-207 de
2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[7] Que para efectos
prácticos serían el equivalente al ingreso base de liquidación de que trata el
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.
[8] M. P. Humberto
Antonio Sierra Porto.
[9] Sentencia T-391 de
2011, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[10] Expediente 2007-00061-00,
C. P. Berta Lucía Ramírez de Páez.
[11] Sentencia T-760 de
2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[12] Folio 15 a 17 del
cuaderno 2.
[13] Folio 36 a 38 del
cuaderno 2.
[14] Folio 7 a 10 del
cuaderno 1.
[15] Folio 12 del cuaderno
2.
[16] Ibídem.
[17] Tal como se advierte
de consulta efectuada a la Base de Datos Única de Afilaidos –BDUA– del Fosyga
el 31 de marzo de 2014.
[18] Folio 29 del cuaderno
2.