C-964-03
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-964/03
INHIBICION DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL-No
configuración
ACCIONES AFIRMATIVAS-Definición
MEDIDAS DE DISCRIMINACION
INVERSA O POSITIVA-Diferencia con las acciones afirmativas
MEDIDAS DE DISCRIMINACION
INVERSA O POSITIVA-Relación particular con el sexo o género
PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACION-Criterio sospechoso/DERECHO
A LA IGUALDAD-Criterio sospechoso
CRITERIO SOSPECHOSO-Definición
IGUALDAD REAL Y EFECTIVA-Alcance/IGUALDAD SUSTANCIAL-Alcance
ACCIONES AFIRMATIVAS Y MEDIDAS
DE DISCRIMINACION INVERSA O POSITIVA-Autorización expresa de la Constitución/ACCIONES
AFIRMATIVAS Y MEDIDAS DE DISCRIMINACION INVERSA O POSITIVA-Apelación a
categoría sospechosa
DERECHO A LA IGUALDAD-No toda utilización de
criterios en principio vedados, es discriminatoria
DERECHO A LA IGUALDAD-Medidas de discriminación
positiva en materia de genero
MEDIDAS DE DISCRIMINACION
INVERSA O POSITIVA-Requisitos para la validez y constitucionalidad
MUJER CABEZA DE FAMILIA-Medidas de discriminación
positiva a favor
ACCIONES AFIRMATIVAS-Autorización expresa de la
Constitución
ACCIONES AFIRMATIVAS-Tipos
DERECHOS DEL NIÑO-Incidencia en la
jurisprudencia sobre los beneficios que se otorgan a la mujer cabeza de familia
PREVALENCIA DE LOS DERECHOS DEL
NIÑO-Alcance
DERECHOS DEL NIÑO-Prevalencia
PREVALENCIA DE LOS DERECHOS DEL
NIÑO-Armonía
con normas internacionales
BENEFICIO DE PRISION
DOMICILIARIA-Justificación
de la medida
HOMBRE CABEZA DE FAMILIA-Derecho a la prisión
domiciliaria
HOMBRE CABEZA DE FAMILIA-Justificación del beneficio de
prisión domiciliaria
MUJER CABEZA DE FAMILIA-Antecedentes de la protección
especial en la Asamblea Nacional Constituyente
MUJER CABEZA DE FAMILIA-Regulación/MUJER CABEZA DE
FAMILIA-Concepto y medidas de protección
MUJER CABEZA DE FAMILIA-Grupo familiar está a su cargo
MUJER CABEZA DE FAMILIA-Medidas concretas de apoyo son
de diversa índole
MUJER CABEZA DE FAMILIA-Beneficios en relación con los
menores dependientes
MUJER CABEZA DE FAMILIA-Beneficios no excluyen las
obligaciones que a su favor deban cumplir personas naturales o jurídicas
NORMA ACUSADA-Objetivo de la ley no vulnera
el derecho a la igualdad dada la clara discriminación de las mujeres en
Colombia
DERECHO A LA IGUALDAD EN
BENEFICIO DE PRISION DOMICILIARIA-No vulneración
DERECHO A LA IGUALDAD DE TRATO
MUJER CABEZA DE FAMILIA-Beneficios específicos para
los menores dependientes deberán aplicarse para aquellos dependientes del
hombre
Referencia:
expediente D-4575
Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos
2 a 21 (parciales) de la Ley 82 de 1993, “por la cual se expiden normas para
apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia”
Actor: Fernando
Alberto Barros Rodríguez
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá D. C., veintiuno (21) de
octubre de dos mil tres (2003).
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los
requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
I.       ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad,
el ciudadano Fernando Alberto Barros Rodríguez presentó demanda contra los
artículos 2, a 21 (parciales) de la Ley 82 de 1993, “por la cual se expiden
normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia”.
Mediante auto del 24 de abril
de 2003, el Magistrado Sustanciador admitió la demanda y dispuso correr
traslado de la misma al Procurador General de la Nación para que rindiera el
concepto de rigor, ordenó fijar en lista las normas acusadas para asegurar la
intervención ciudadana y comunicar la iniciación del proceso al señor
Presidente de la República, y al Presidente del Congreso de la República, así
como también a los Ministros del Interior y de Justicia, de Hacienda y Crédito
Público de Protección Social, de Educación Nacional, y a la Directora del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-, a fin de que, de estimarlo
oportuno, conceptuaran sobre la constitucionalidad de las normas acusadas.
Así mismo ordenó invitar a la
Academia Colombiana de Jurisprudencia con el mismo fin.
Cumplidos los trámites ya relacionados,
propios de esta clase de procesos, y previo el concepto del Procurador General
de la Nación, procede la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.
II.      NORMAS DEMANDADAS
A continuación se transcribe el texto de
la norma demandada de conformidad con su publicación en el Diario Oficial No.
41.101 del 3 de noviembre de 1993. Se subrayan las expresiones demandadas.
“ LEY 82 DE 1993 ”
(noviembre 3)
por la cual se expiden normas
para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia.
El Congreso de Colombia,
DECRETA:
(…)
ARTICULO 2o. Para los efectos de la presente
Ley, entiéndese por "Mujer Cabeza de Familia", quien siendo
soltera o casada, tenga bajo su cargo, económica o socialmente, en forma
permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas
para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial,
síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de
ayuda de los demás miembros del núcleo familiar.
PARAGRAFO: Esta condición y la cesación de
la misma, desde el momento en que ocurra el respectivo evento, deberá ser declarada
por la mujer cabeza de familia de bajos ingresos ante notario,
expresando las circunstancias básicas de su caso y sin que por este concepto se
causen emolumentos notariales a su cargo.
ARTICULO 3o. A partir de la vigencia de la
presente Ley, y para todos los efectos, el Estado y la sociedad buscarán
mecanismos eficaces para dar protección especial a la mujer cabeza de
familia.
ARTICULO 4o. El Estado definirá mediante
reglamento el ingreso de la mujer cabeza de familia y de la familia a su
cargo al sistema de seguridad social, buscando la protección integral, cuyos
servicios se les prestarán en forma efectiva, bien sea con sistemas prepagados,
a crédito y por excepción de manera gratuita.
ARTICULO 5o. Los establecimientos
educativos prestarán textos escolares a los menores dependientes de mujeres
cabeza de familia que los necesiten, y, mantendrán servicios de intercambio en
sus bibliotecas a fin de garantizar el cumplimiento de esta obligación.
Para apoyar las bibliotecas de los
establecimientos que así lo hicieren, y más a aquellas que suministren o donen
los textos a los beneficiarios de este artículo, el Gobierno Nacional podrá
crear un Fondo Especial, el cual quedará facultado para apropiar también
recursos provenientes del sector privado.
ARTICULO 6o. En ningún caso podrá negarse
el acceso a los servicios de educación o de salud a los hijos o demás personas
dependientes de mujeres cabeza de familia con base exclusiva en esta
circunstancia.
ARTICULO 7o. Los establecimientos de
educación primaria y secundaria atenderán de preferencia las solicitudes de
ingreso de hijos o dependientes de mujeres cabeza de familia, siempre
que cumplan con los requisitos y que los resultados de sus exámenes y pruebas
sean por lo menos iguales a las de los demás aspirantes, a fin de no afectar el
principio de igualdad.
ARTICULO 8o. El Estado a través de sus
entes, de otros establecimientos oficiales o de los particulares, creará y
ejecutará planes y programas de capacitación gratuita y desarrollo de
microempresas industriales, comerciales y artesanales; empresas de economía
solidaria y empresas familiares, donde la mujer cabeza de familia
realice una actividad económica rentable.
Para tal efecto, el Servicio Nacional de
Aprendizaje, SENA, el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas,
DANCOOP, y los demás organismos de naturaleza similar existentes o que llegaren
a crearse, a nivel nacional, departamental o municipal, diseñaran planes y
programas dirigidos especialmente a la mujer cabeza de familia, para
lograr su adiestramiento básico.
ARTICULO 9º .Dentro del campo cultural del
desarrollo, el Gobierno Nacional establecerá y los Departamentos, los
Municipios y del Distrito Capital de Santafé de Bogotá podrán establecer en
favor de la mujer cabeza de familia o de quienes de ella dependan:
a). Acceso preferencial a los auxilios
educativos;
b).Servicio básico de textos y apoyo
educativo a las entidades de economía solidaria integradas en su mayoría por mujeres
cabeza de familia.
ARTICULO 10-. El Gobierno Nacional establecerá
estímulos especiales para el sector privado que cree, promocione o desarrolle
programas especiales de salud, educación, vivienda, seguridad social, crédito y
empleo para las mujeres cabeza de familia.
ARTICULO 11-. El Gobierno Nacional,
mediante reglamento, introducirá un factor de ponderación, que beneficie las
propuestas de la mujer cabeza de familia o de las personas jurídicas en
las cuales ella participe mayoritariamente, en los procesos de adquisición y
venta de bienes estatales y de contratación de servicios también con el Estado.
Dicho factor permitirá que se seleccione
la oferta de la mujer cabeza de familia o de la correspondiente persona
jurídica siempre que sea por lo menos igual a las de las demás proponentes.
ARTICULO 12-. Las entidades municipales o
distritales de vivienda, que en alguna forma reciban recursos del presupuesto
nacional o participen en programas que tengan financiación de dicho origen,
prestarán especial atención para que las mujeres cabeza de familia
constituyan o se asocien en organizaciones populares de vivienda; así mismo las
asesorarán para que puedan adquirirla a través de los diferentes planes
ofrecidos, como acceso a subsidios para obtener lotes con servicios.
ARTICULO 13-. Los municipios y el Distrito
Capital de Santafé de Bogotá, cuyos planes de vivienda reciban recursos del
presupuesto nacional, tendrán normas simplificadas que faciliten la
contratación administrativa de prestación de servicios o de ejecución de obras
con entidades que estén integradas mayoritariamente por mujeres cabeza
de familia. Dichas entidades serán asociaciones u organizaciones populares de
vivienda o las que se constituyan dentro del sector de la economía solidaria.
Es condición para este tratamiento que las utilidades o excedentes que se
obtengan se destinen a la adquisición o mejoramiento de la vivienda de las mujeres
asociadas, que sean cabeza de familia.
ARTICULO 14. El Gobierno Nacional promoverá, y
los departamentos, los municipios y el Distrito Capital podrán promover
programas y planes sociales de vivienda que le otorguen oportunidades de acceso
a las mujeres cabeza de familia.
El Gobierno Nacional podrá reglamentar el
acceso de las mujeres cabeza de familia a los programas de vivienda de
las Cajas de Compensación Familiar y a aquellos que se desarrollen con apoyo
empresarial.
ARTICULO 15-. Las entidades oficiales de
crédito y aquellas en las que el Estado tenga alguna participación, organizarán
programas especiales de crédito, asesoramiento técnico y vigilancia para las
empresas y programas que tengan por objeto apoyar a la mujer cabeza de
familia.
ARTICULO 16-. Los departamentos, los
municipios y el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, podrán promover y
financiar la creación y operación de entidades sin ánimo de lucro, que
coordinen las estrategias locales o regionales para apoyar a las mujeres
cabeza de familia.
ARTICULO 17-. Dentro del marco del
principio de igualdad, las entidades públicas que ofrezcan planes de desarrollo
social, deberán en su formulación y ejecución considerar lo que fuera
procedente en relación con las mujeres cabeza de familia.
ARTICULO 18-. Los beneficios establecidos
en esta Ley para las mujeres cabeza de familia y quienes de ellas
dependan, no excluyen las obligaciones de diversa índole que a su favor deban
cumplir personas naturales o jurídicas, ni eximen de las acciones para
exigirlas.
ARTICULO 19-. Dentro del campo social del
desarrollo se establece el derecho a exigir judicial y legalmente que un
porcentaje del salario, de los ingresos o del patrimonio de quien sea económica
y civilmente responsable de la mujer cabeza de familia o de alguien a su
cargo, se destine a atenderles sus necesidades básicas.
PARAGRAFO: Facúltase al Gobierno Nacional
para que dentro del término de un año contado a partir de la publicación de la
presente Ley dicte las disposiciones necesarias para la eficacia de este
artículo.
ARTICULO 20-. Dentro del campo político y
administrativo del desarrollo se dispone:
a). El Departamento Nacional de
Cooperativas acometerá un plan especial debidamente financiado con recursos
propios, del presupuesto nacional, provenientes de los particulares u
originados en el extranjero, para promover la constitución de organizaciones de
economía solidaria que afilien mayoritariamente a mujeres cabeza de
familia y que tengan por objeto la satisfacción de las necesidades básicas de
los respectivos núcleos familiares;
b). El acceso a líneas de crédito por
parte de microempresas, famiempresas y similares que tengan mayoría de mujeres
cabeza de familia.
Dichas líneas de crédito deben incluir
asesoramiento técnico y seguimiento operativo.
ARTICULO 21-. Lo establecido en
la presente Ley no impide que las mujeres cabeza de familia se
beneficien en la misma forma y en los mismos casos que determinen las normas
jurídicas en favor de la mujer en general.
III.    LA DEMANDA
El demandante, afirma que  las expresiones
“mujer” o “mujeres”, contenidas en los artículos 2 a 21 de la Ley 82 de 1993
vulneran el Preámbulo, así como los artículos 1, 2, 13, 42, 43 y 44
constitucionales, en la medida en que establecen una discriminación
injustificada entre las mujeres y los hombres cabeza de familia, así como entre
los niños que dependen de unos y otros, por lo que solicita a la Corte declarar
la inexequibilidad de las expresiones aludidas o en subsidio declarar su
exequibilidad condicionada “en el entendido que la ley se puede aplicar a los
hombres que se encuentren en la misma situación de una mujer cabeza de familia.
Afirma el actor, que el Preámbulo, como
parte integral de la Constitución Nacional, se encargó de garantizar a los
asociados la vigencia de un orden justo, el cual no se realiza al excluir a los
hombres cabeza de familia de los beneficios a que alude la Ley 82 de 1993.
En relación con la vulneración al artículo
1° de la Constitución, señala que, las disposiciones acusadas no desarrollan
este texto constitucional, pues no protegen de manera efectiva a todas las
personas que sean cabeza de familia, discriminando a los hombres que puedan
llegar a estar en la misma condición de las mujeres.
Frente al artículo 2 constitucional,
estima que, de conformidad con el concepto de justicia: “… si a la MUJER
CABEZA DE FAMILIA se le otorga una protección especial por parte de nuestro
Estado, al HOMBRE CABEZA DE FAMILIA, se le debe otorgar ese amparo porque la
situación que genera la protección se encuentra en los dos casos, y el sexo no
puede ser móvil determinante para otorgar el amparo comentado o simplemente
negarlo.”
Igualmente, estima que se vulneran los
artículos 42 y 43 superiores de los que se desprendería la igualdad de derechos
y deberes entre hombres y mujeres, sin que pueda establecerse ninguna
discriminación entre ellos.
Hace énfasis en que los apartes demandados
de la Ley 82 de 1993 vulneran igualmente el artículo 44 constitucional, toda
vez que el Legislador no tomó en cuenta que los derechos de los niños priman
sobre los derechos de los demás y por tanto es deber del Estado otorgarles una
protección especial por su situación de debilidad, por lo que afirma no
entender “cómo se estableció una discriminación respecto de los niños que están
al cuidado de una mujer con los niños que dependen de un hombre”.
Considera que el problema radica en que:“…
el Congreso de manera exegética y poco acorde a la realidad de nuestro Estado
ha venido utilizando el término MUJER en vez de simplemente desarrollar el
término CABEZA DE FAMILIA, puesto que la realidad nos indica que no solo la
mujer puede ser CABEZA DE FAMILIA, el hombre también puede ostentar esta
calidad…”.
Concluye que no existe una justificación
constitucional para establecer y mantener vigente esa discriminación y al
respecto cita la sentencia C-184 de 2003.
IV.    INTERVENCIONES
1.  Ministerio del
Interior y de Justicia
La entidad señalada
mediante apoderada judicial debidamente acreditada interviene en el presente
proceso con el fin de solicitar la declaratoria de exequibilidad de las
expresiones acusadas, a partir de las consideraciones que a continuación se
sintetizan.
Afirma, que, el
artículo 43 constitucional, aunque reconoce la igualdad de derechos y
oportunidades del hombre y la mujer, hace explícita la especial asistencia y
protección del Estado a la mujer cabeza de familia como consecuencia de su
situación de vulnerabilidad. Explica que fue en virtud de ese mandato
constitucional que se expidió la Ley 82 de 1993 y que en consecuencia la ley
únicamente podía referirse a la mujer cabeza de familia, cuando estableció las
disposiciones que materializan la protección ordenada por el Constituyente para
este tipo de mujeres.
Hace énfasis en que
lo que la Constitución ordena es proteger a la mujer cabeza de familia y no al
hombre que ostente tal calidad.
Precisa que el
respeto del artículo 13 constitucional no implica un trato igualitario para
todos los sujetos de derecho, sino que permite establecer frente a situaciones
diferentes consecuencias jurídicas distintas, tendientes a asegurar la igualdad
material.
Afirma, en este sentido que de acuerdo con
las estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE,
la mayoría de mujeres que se encuentran ingresando al mercado laboral
actualmente, son cabeza de familia y además debido a múltiples factores de tipo
social y económico:“…la mujer desde muy joven se ve enfrentada a la
obligación de responder por hijos, padres e inclusive por sus mismo cónyuges y
compañeros, ya no solamente en su papel de formadora de la niñez y la juventud;
sino como soporte económico de un núcleo conformado por personas que
definitivamente dependen de su exclusivo esfuerzo.”.  Así pues, darle
protección especial es simplemente el reconocimiento de una realidad social,
frente a la que el Estado debe actuar de manera consecuente. Cita al respecto
apartes de la Sentencia C-410 de 1995.
Finalmente, frente al cargo por presunta
vulneración del artículo 44 constitucional, estima que “los derechos de los
menores, son autónomos y propios de sus titulares, independientemente de la
relación de dependencia que éstos tengan con los adultos (padre o madre) u otro
adulto al cual se encuentren sujetos de cualquier manera”, por lo que
concluye que no asiste razón al demandante en invocar en este caso la
vulneración de dicha norma superior.
2. Ministerio de la Protección Social
La citada entidad mediante apoderada
judicial, debidamente acreditada interviene en el presente proceso para
defender la constitucionalidad de los artículos demandados, oponiéndose a las
pretensiones del actor, a partir de las consideraciones que enseguida se
sintetizan.
En relación con la
presunta violación del Preámbulo y los artículos 1 y 2 superiores, la
interviniente considera que no existe ninguna relación entre las disposiciones
acusadas y el contenido de los mismos, pues lo debatido es la expresión mujer
cabeza de familia y lo que dichas normas contienen es una serie de principios
referidos a la naturaleza y organización del Estado, así como a las relaciones
entre gobernantes y gobernados.
En relación con la
supuesta vulneración del artículo 13 superior recuerda que: “…la igualdad
está íntimamente relacionada con la justicia y con la equidad; y que la
igualdad supone que el legislador de un trato similar a quienes se encuentran
en condiciones similares, razón por la cual nuestros legisladores han tratado
de dar a las mujeres un equiparamiento en relación con los derechos y deberes
de los cuales eran, hasta hace pocos años, titulares y beneficiarios únicamente
los señores…”.
Respecto de la
violación del artículo 43 constitucional, afirma que precisamente en aras de
cumplir con el mandato constitucional claro y expreso establecido en su inciso
final de apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia, fue que el
legislador expidió la Ley 82 de 1993.
Frente al cargo
formulado contra el artículo 44 de la Constitución, advierte que  “en la
actualidad existen diferentes clases de familia y fue precisamente para lograr
una mejor protección de los menores abandonados por los padres (léase hombres)
que el legislador expidió la Ley 82 de 1993, mediante la cual se dan precisas
pautas para que los niños sean recibidos en establecimientos de educación,
salud y diseñó prerrogativas que les permiten tener un desarrollo normal,
armónico e integral bajo la protección del Estado y la sociedad…”.
3. Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar
La Directora General del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, participa en el presente proceso, para
solicitar que se declare la constitucionalidad de las disposiciones acusadas, en
el entendido, que “algunos beneficios y la protección especial que se
consagra en las mismas para la mujeres cabeza de familia se otorguen al hombre
cabeza de familia o a la persona que conforme a la ley ha de tener el cuidado
personal de la crianza y educación de los menores o impedidos –de acuerdo con
lo  señalado por el Código del Menor-, siempre y cuando así lo amerite  la
situación en particular” y que  serán las autoridades respectivas “en el ámbito
de sus competencias, las que en cada evento analicen los requisitos que
establece la ley 82 de 1983”.  Dicha solicitud la fundamenta en las
siguientes consideraciones.
En relación con la
vulneración del artículo 43 constitucional, considera relevante señalar que la
protección especial establecida en esta norma para la mujer cabeza de familia,
obedece a factores de carácter histórico que no pueden desconocerse, como lo ha
señalado la Corte Constitucional en diversas providencias, en donde ha
identificado los diferentes roles y estereotipos culturalmente asignados al
sexo femenino y al masculino que se han convertido en factores de
discriminación de la mujer en diferentes ámbitos de la vida familiar y social.
En ese orden de
ideas,:“la Ley 82 de 1993, adquiere relevancia como herramienta para exigir
de las autoridades públicas el respeto e igualdad que consagran los artículos
13 y 43 de la Carta Política y la protección de los intereses de las mujeres,
muy particularmente de la mujer cabeza de familia..:”.  Cita la sentencia
C-184/03, sobre el tema.
Hace énfasis en que: “…la condición de
hombre cabeza de familia, en la realidad social surge excepcionalmente frente a
la creciente expansión del fenómeno social de hogares con jefatura femenina…”,
de forma tal que, el artículo 43 superior y la Ley 82 de 1993, tienen como
razón de ser: “…la protección especial a las mujeres que ejercen la jefatura
del hogar, la protección especial de la niñez, el derecho fundamental de ésta
al cuidado en el seno de la familia y la protección especial de la institución
familiar como unidad básica de la sociedad (artículos 5, 42, 43 y 44
superiores).
Pone de presente igualmente que no
obstante aumentar cada vez más el número de hombres jefe de hogar o cabeza de
familia, los beneficios que se establecieron en el artículo 43 constitucional y
en la Ley 82 de 1993, no son aplicables automáticamente para el hombre. Aclara
en tal sentido que  la finalidad del legislador al expedir la citada
normatividad fue: “…la de avanzar hacia una sociedad menos desigual y un
orden social justo donde los sujetos privilegiados de protección son de manera
preferente las mujeres jefe de hogar y los niños…”.
Considera que la interpretación de las
disposiciones acusadas, debe partir entonces de la situación de los niños que
integran el núcleo familiar, bien sea que dependan del padre, de la madre, o de
la persona que conforme a la ley deba atender la crianza y educación de los
menores o impedidos, como sujetos privilegiados para quienes la Constitución y
los tratados internacionales establecen la primacía de sus derechos y la
garantía de sus intereses superiores.
En ese orden de ideas: “…Solo
excepcionalmente, es posible otorgar al hombre cabeza de familia o a la persona
que conforme a la ley ha de tener el cuidado personal de la crianza y educación
de los menores o impedidos, algunos beneficios de los previstos en la Ley 82 de
1993, a la madre cabeza de familia…”.
Afirma en ese mismo orden de ideas que no
se encuentra justificación posible para desatender la protección de los menores
por razón del sexo de quien ejerce la jefatura del hogar y que  por el
contrario cuando los menores no gozan del derecho a tener una familia, en los
términos del artículo 42 constitucional, la protección de los derechos de los
niños se hace mayormente exigible para efectos de garantizar su desarrollo
integral, sin que para ello se pueda apelar a estereotipos de ninguna índole.
Afirma entonces que la interpretación y
aplicación del artículo 43 superior y la Ley 82 de 1993, se debe efectuar a
partir de los valores y principios establecidos en la Constitución Política,
los tratados internacionales y la legislación especial de menores y que en
consecuencia, la mujer, el hombre o la persona que por ley deba tener el
cuidado personal de la crianza y educación del menor o personas impedidas y que
reclame beneficios por su condición de jefe de hogar deben demostrar que: “…son
personas que brindan los cuidados y el amor que los niños requieren para su
adecuado crecimiento y desarrollo integral…”.
Así pues, serán las autoridades
competentes, las que en cada evento, analicen las condiciones específicas del
caso para efectos de determinar la pertinencia o no de otorgar a los hombres
cabeza de familia, la protección especial y los beneficios que concede la Ley
82 de 1993; pero siempre en aras de proteger el interés superior de los menores
o del hijo impedido.
4.  Academia Colombiana de Jurisprudencia
El Presidente de la
Academia Colombiana de Jurisprudencia, atendiendo la invitación hecha por esta
Corporación, hizo llegar el concepto preparado por el académico Carlos Fradique
Méndez, en el que solicita a la Corte inhibirse para resolver de fondo la
demanda interpuesta, por no cumplirse en este caso con los requisitos para
adelantar el juicio de constitucionalidad.  En subsidio solicita que se declare
la exequibilidad de las expresiones acusadas, en el entendido que “para
que el Estado desarrolle el mandato contenido en el artículo 43 constitucional,
debe hacer referencia necesaria a la expresión Mujer o Mujeres cabeza de
familia”. Al respecto expresa las consideraciones que a continuación se
resumen.
Afirma que, en estricto sentido no se
cumplió en este caso con el requisito de identificar las normas acusadas, toda
vez que el actor se limita a solicitar que se declaren inexequibles las
expresiones mujer o mujeres, pero “olvida que las citadas expresiones tienen
diferentes alcances en cada uno de los artículos de la Ley 82 de 1993”.
Afirma así mismo que el “concepto de la
violación” no puede expresarse de manera general y abstracta, pues según
la jurisprudencia de la Corte[1]
debe satisfacer unos requisitos mínimos, de forma tal que las razones que en
este sentido se expresen deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y
suficientes.[2]
Señala que: “…la manifestación de
manera general y abstracta de que unas palabras contenidas en una ley violan la
Constitución no es suficiente razón para declarar su inconstitucionalidad.  Las
palabras en cada artículo o párrafo del artículo pueden tener diferente alcance
y contenido, por lo que resulta obligatorio para el demandante presentar en
forma precisa las razones de la violación, puesto que de otra manera
correspondería a la Corte hacer de oficio el análisis de la presunta
violación…”.
Considera que el actor se limitó a
expresar que las normas acusadas violan el derecho a la igualdad, que tiene
infinidad de matices y concepciones políticas y filosóficas, sin precisar cuál
de todas esas concepciones es las que podría resultar vulnerada con las
expresiones acusadas; tampoco precisó en qué forma los artículos o párrafos de
la Ley 82 de 1993, pueden violar la Constitución.
Afirma de otra parte que la Ley 82 de 1993
se expidió por el Congreso, para cumplir con el mandato establecido en el
artículo 43 constitucional, de forma tal que es ilógico afirmar que el
cumplimiento de una orden de la Carta pueda violar su contenido, y que además,
el legislador para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia no
podía utilizar un término diferente al contenido en la Constitución.
En este sentido hace énfasis en que: “…La
Corte declaró exequible la expresión SIENDO SOLTERA O CASADA contenida en el
Art.2 de la ley 82 de 1993 y entendió que la expresión no se extiende al hombre
soltero o casado que se encuentre en condiciones similares a la mujer cabeza de
familia, por lo que debe entenderse que las expresiones MUJER cabeza de familia
o MUJERES cabeza de familia no resultan por si mismas contrarias a la
Constitución…”.
V.  CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE
LA NACIÓN
El Señor Procurador
General de la Nación allegó el concepto número 3251, recibido el 11 de junio de
2003, en el que solicita a la Corte declarar la exequibilidad  de los artículos
2, 3, 8, 10 a 17 y 19 a 21 de la Ley 82 de 1993; así como declarar la exequibilidad
condicionada de los artículos 4, 5, 6, 7, 9 y 18 de la citada Ley, en el
entendido, que los beneficios allí contemplados a favor de los menores
de edad dependientes de la mujer cabeza de familia se hagan extensivos a los
menores de edad dependientes del padre que ostente las condiciones de cabeza de
familia, en los términos del artículo 2 de la mencionada Ley; lo anterior de
conformidad con las siguientes consideraciones.
Señala que el
legislador al establecer un trato especial o diferencial en favor de la mujer
cabeza de familia no hizo otra cosa que desarrollar la Constitución Política,
cumpliendo con el mandato establecido en el inciso final del artículo 43
superior, que de manera categórica ordena al Estado apoyar de manera especial a
dichas mujeres.
En ese orden de
ideas, la afirmación del actor en el sentido de que los artículos acusados dan
a lugar a una discriminación entre el hombre y la mujer que se encuentren en la
misma situación de hecho, está fundada en una noción aritmética y formal de la
igualdad de trato ante la ley, contraria a lo dispuesto por el Constituyente
que adoptó la noción de igualdad material que significa que:  “…cuando las
personas que son destinatarias de la ley se encuentran en situaciones fácticas
que las diferencian de otras dentro del campo que es materia de la regulación,
el legislador debe atender tales situaciones, a fin de otorgarles un
tratamiento diferencial a una y a otras, para con ello realizar la justicia
material propia del Estado Social de Derecho, o sea, aquella justicia que
reconoce los derechos de cada quien en su específica realidad social,
económica, histórica y cultural.
Estima entonces, que
el artículo 43 constitucional, establece dos derechos distintos, amparados
ambos por el principio de igualdad, por un lado la igualdad de derechos y
oportunidades para el hombre y la mujer, y de otro lado el mandato impuesto al
Estado, en la segunda parte de la citada norma de apoyar de manera especial a
la mujer cabeza de familia.  Así las cosas este deber implica que las mujeres
sean destinatarias exclusivas de medidas legales de carácter especial con el
fin de eliminar la discriminación sexual que ha existido por años en la
sociedad.  Cita al respecto apartes de la sentencia C-184 de 2003.
Indica que las diferencias
entre el sexo femenino y el masculino radican en las particularidades de la
historia signada siempre por la discriminación y el marginamiento, lo que
justifica el trato diferencial, pues la situación fáctica de la mujer en lo
social, económico y cultural, es radicalmente distinta a la de los hombres.
Resalta, cómo esa circunstancia generó durante años el desconocimiento de los
derechos de la mujer en todos los campos sociales; así como el establecimiento
de estructuras de poder patriarcal, construidas sobre la base de la imagen
masculina, de forma tal que la mujer tuvo que esperar muchos años para que su
condición fuera reconocida jurídicamente, como un avance de la civilización
política, pero no obstante ese hecho, esa condición actualmente es solo de
carácter formal, pues la actividad femenina en varios campos de la vida social,
aún es mínima, lo que da lugar a que en la sociedad colombiana la
discriminación contra la mujer se mantenga vigente en el campo de la ciudadanía
civil y social, a pesar de los diversos procesos legislativos que han buscado
eliminar esta circunstancia.
Hace énfasis, en que:
“…Es en relación precisamente con los sectores de la comunidad
tradicionalmente discriminados en virtud de un igualitarismo ajeno a sus
particulares y reales condiciones de vida, que la filosofía política en que se
inspira el Estado Social de Derecho ha concebido una especie de discriminación
al revés de la hasta ahora vigente, la que por esa razón se ha denominado
discriminación positiva, en tanto prodiga un trato diferencial, no para
excluirlos de los beneficios de la vida social, como venía sucediendo antes,
sino todo lo contrario, para incluirlos en ellos, a partir de ese trato, de tal
manera que se compense el estado de vulnerabilidad al que una práxis social
inveterada ha sometido …”.
Señala que la Corte
Constitucional mediante sentencia C-184/03, afirmó que: “…fueron las
consideraciones generales acerca de la situación de la mujer en Colombia
realizadas por la Asamblea Nacional Constituyente las que llevaron a este
organismo a concretar varias protecciones a favor de ella, entre las cuales se
cuenta la dirigida especialmente a la gravosa situación que enfrentan las
mujeres cabeza de familia…”.
En ese sentido
considera que la presunta discriminación en contra del varón, cabeza de familia
no tiene fundamento, toda vez que la adopción de medidas especiales a favor de
la mujer cabeza de familia constituye la más cabal de las realizaciones
jurídicas del Estado Social de Derecho, uno de cuyos principales objetivos es
precisamente promover condiciones para que la igualdad sea real y efectiva,
adoptando medidas a favor de grupos discriminados o marginados, tal y como lo
establece el inciso final del artículo 43 superior.
Frente al cargo
formulado por presunta vulneración de los derechos de los niños que dependen
del padre, afirma que no todas las normas parcialmente acusadas contemplan
tratos diferenciales que den lugar a favorecimientos especiales respecto de los
menores a cargo de la mujer cabeza de familia, por tanto considera necesario
aclarar que: “…en este punto del examen de constitucionalidad de las normas
impugnadas, el juicio de igualdad que se venía adelantando, en el que se
comparaba la situación de la mujer cabeza de familia con la del hombre en igualdad
de circunstancias, se desplaza a un juicio de igualdad en que los términos de
la comparación son distintos…”.
En ese orden de
ideas, lo que se pretende es comparar la situación de dos grupos de menores,
uno, los que dependen de la madre cabeza de familia y otro, los que dependen
del padre que ostenta igual condición de cabeza de familia, frente al
reconocimiento de determinadas prerrogativas en materia de educación y salud, que
le son reconocidas a los primeros y negadas a los segundos, debido a que la
persona de la que dependen los últimos no es una mujer sino un hombre.
Considera que, frente al juicio de
igualdad en el que los términos de comparación son dos grupos de menores
enfrentados a idénticas circunstancias, esto es, dependientes de un padre o
madre cabeza de familia, es claro, que las normas acusadas comportan una
discriminación incompatible con la Constitución, toda vez que favorecer
solamente a un grupo de menores, lo que carece de razonabilidad, pues: “…la
negación de ciertos derechos fundamentales a un grupo determinado de niños por
la sola circunstancia de ser tales niños dependientes de su padre y no de su
madre, cuando este grupo se halla en igualdad de circunstancias al grupo de
niños que dependen de la mujer cabeza de familia, no guarda relación alguna con
la acción positiva del Estado…”.
Precisa que del mandato superior contenido en el artículo
44 constitucional, se desprende que todos los menores en Colombia,
independientemente de quien dependan, en virtud de su especial condición de
vulnerabilidad, deben beneficiarse de las medidas especiales propias de las
acciones positivas del Estado.  En ese sentido afirma que no se entiende cómo
las disposiciones a que alude niegan a un grupo de menores de edad, por la sola
circunstancia de ser ellos hijos de un hombre y no de una mujer el derecho a la
salud y a la educación.  Cita al respecto apartes de la sentencia C-184 de
2003, proferida por esta Corporación.
VI.    CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.      Competencia
De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 241, numeral 4° de la Constitución Política, la
Corte Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente,
sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues las
disposiciones acusadas hacen parte de una Ley de la República.
2.      La materia sujeta a examen
Para el actor las expresiones “mujer”
y “mujeres” contenidas en los artículos 2 a 21 de la Ley 82 de 1993
vulnera el preámbulo y los artículos 1, 2, 13, 42, 43 y 44 superiores por
cuanto i) establecerían una discriminación injustificada entre el hombre y la
mujer cabeza de familia, desconociendo el derecho que tienen hombres y mujeres
a un trato igual, y ii) establecerían una discriminación injustificada entre
los niños al cuidado de una mujer cabeza de familia y los niños al cuidado de
un hombre cabeza de familia, desconociéndose en este caso la primacía que
tienen los derechos de los niños.
El interviniente en representación de la
Academia Colombiana de Jurisprudencia solicita que la Corte se inhiba para
pronunciarse de fondo en relación con la demanda presentada, por cuanto en su
criterio el actor no cumplió con el requisito de expresar de manera concreta y
precisa el concepto de la violación respecto de cada una de las disposiciones
que acusa.
Éste como los demás intervinientes afirma que la Ley 82 de
1983 es un desarrollo del mandato de apoyo especial a la mujer cabeza de
familia contenido en el segundo inciso del artículo 43 constitucional por lo
que no puede considerarse que contraríe dicho texto superior ni que establezca
una discriminación entre hombres y mujeres vulneratoria del derecho de igualdad
(arts. 13 y 42 C.P.).
Los intervinientes hacen énfasis en que
dicho mandato atiende a la necesidad de realizar acciones positivas en favor de
la mujer -y en particular de la mujer cabeza de familia- sometida
históricamente a condiciones de desigualdad.
En relación con el cargo por la presunta
violación del artículo 44 superior, la interviniente en representación del
Ministerio del Interior y de Justicia afirma que no debe prosperar por cuanto
los derechos de los niños son autónomos de los de los mayores de los cuales
ellos dependen. La interviniente en representación del Ministerio de Protección
Social afirma que en este caso la protección de los derechos de los niños de la
mujer cabeza de familia está garantizada de acuerdo con la Constitución.
La interviniente por el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar considera por el contrario que en función
precisamente de asegurar la primacía de los derechos de los niños de debe
declarar la constitucionalidad condicionada de las disposiciones acusadas de la
Ley 82 de 1993 en el entendido que algunos de los beneficios y la protección
especial que se establece en la norma se otorgarán al hombre cabeza de familia
cuando de las circunstancias particulares, evaluadas por la autoridad
competente, se evidencie la necesidad de proteger el interés superior de los
niños o de los hijos impedidos.
El señor Procurador General de la Nación,
por su parte, considera que no asiste razón al demandante en cuanto al cargo
por la supuesta vulneración del principio de igualdad, por establecerse en la
Ley 82 de 1993 determinados beneficios exclusivamente a favor de la mujer
cabeza de familia. Explica que los mismos corresponden al desarrollo del
mandato constitucional de ofrecer una protección especial a la mujer cabeza de
familia y que en este sentido ninguna vulneración del texto superior puede
configurarse en estas circunstancias.
Precisa, empero, que en relación con los
beneficios que se establecen en la referida Ley 82 de 1993 a favor de las
personas que dependen de la mujer cabeza de familia, no cabe hacer ninguna
diferencia entre los niños que de ella dependan y los niños que dependan del
hombre que se encuentra en la misma situación de hecho, por lo que solicita que
se declare la constitucionalidad condicionada de los artículos 4, 5, 6, 7, 9, y
18 en el entendido que los beneficios que en ellos se establecen para las
personas dependientes de la mujer cabeza de familia se harán extensivos a los
menores de edad dependientes del hombre que se encuentra en la misma situación
de hecho de la mujer cabeza de familia.
Corresponde a la Corte en consecuencia
determinar si la expresiones “mujer” y “mujeres” acusadas en cuanto establecen
una serie de actuaciones positivas por parte del Estado que benefician
exclusivamente a las mujeres cabeza de familia y a las personas que de ellas
dependan, comportan i) la vulneración del derecho a la igualdad entre hombres y
mujeres (art 13 C.P.) y consecuentemente de las demás disposiciones superiores
que regulan las relaciones entre ellos, así como ii) la vulneración de los
derechos de los niños que dependen de un padre que se encuentre en la misma
situación de una mujer cabeza de familia.
3.  Consideraciones preliminares
Previamente la Corte considera necesario
efectuar algunas precisiones relativas a i) la solicitud de inhibición, ii) Las
acciones afirmativas y el principio de igualdad iii) El alcance del mandato
superior sobre la primacía del derecho de los niños y su incidencia en la
jurisprudencia sobre los beneficios que se otorgan a la mujer cabeza de familia,
y iv) Los antecedentes y el contenido y alcance de las disposiciones en las
que se contienen las expresiones acusadas, que resultan pertinentes para el
análisis de los cargos planteados en la demanda.
3.1 La solicitud de inhibición
El interviniente en representación de la
Academia Colombiana de Jurisprudencia solicita a la Corte inhibirse de hacer
pronunciamiento de fondo en el presente caso por cuanto el actor en la demanda
no habría cumplido con los requisitos señalados en el artículo 2 del Decreto
2067 de 1991.
En particular considera que el actor se
limitó a solicitar la declaratoria de inexequibilidad de unas expresiones
contenidas en los artículos 2 a 21 de la Ley 82 de 1993, sin precisar las
razones por las cuales respecto de cada artículo en los que ellas se contienen
resulta vulnerada la Constitución. Afirma además que el derecho a la igualdad
tiene infinidad de matices y concepciones políticas y filosóficas y que el
demandante “no indicó cuál de todas esas concepciones era la que podía resultar
violada con las palabras acusadas”.
Al respecto la Corte recuerda que en
reiterada jurisprudencia ha señalado que para que pueda darse curso al proceso
de constitucionalidad es necesario que el actor cumpla con los requisitos
señalados en el artículo 2 del decreto 2067, de 1991 por cuanto “los jueces a
quienes se les encomienda la delicada función de guarda de la integridad y
supremacía de la Carta, no pueden cumplir su tarea si no se les indica, al
menos en sencillo esbozo, las razones en que se funda el ciudadano para pedir
que una norma sea declarada contraria a los preceptos fundamentales”[3]. Así mismo
ha señalado que las razones en las que funda el actor la demanda deben ser
“claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”.[4]
En el presente caso la Corte constata que
el actor, contrariamente a lo afirmado por el interviniente, sí manifiesta las
razones por las cuales considera que las expresiones “mujer” y “mujeres”
contenidas en los artículos 2 a 21 de la Ley 82 de 1993 vulneran la
Constitución.  El actor considera en efecto que al reservarse exclusivamente a
la mujer cabeza de familia y a quienes de ella dependen los beneficios
establecidos por dichas normas, se están desconociendo tanto los derechos de
los hombres cabeza de familia, como de los menores que de ellos dependen y en
este sentido se estarían desconociendo los mandatos contenidos en el Preámbulo
y en los artículos 1, 2, 13, 42, 43 y 44 superiores. Textos respecto de los
cuales expresa en cada caso motivos concretos de vulneración.
Independientemente de que asista o no
razón al actor en sus afirmaciones, es claro entonces que éste cumplió con los
requisitos señalados en la ley para que pueda desarrollarse el juicio de
constitucionalidad, como se expresó por la Corte en el auto admisorio de la
demanda.
De otra parte cabe señalar que exigir al
demandante en este caso un completo análisis de la teoría de la igualdad
desbordaría el preciso alcance de los requisitos señalados en el artículo 2 del
Decreto 2067 de 1991.
La Corte entonces no accederá a la
solicitud de inhibición planteada y examinará los cargos formulados por el
actor en la demanda.
3. 2  Las medidas de discriminación
positiva y el principio de igualdad
Como lo señalan algunos de los
intervinientes, los mecanismos que establece la ley en la que se contienen las
expresiones acusadas son, en términos generales, acciones afirmativas. Con esta
expresión ha dicho la Corte se designan políticas o medidas dirigidas a favorecer
a determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las
desigualdades de tipo social, cultural o económico que los afectan, bien de
lograr que los miembros de un grupo subrepresentado, usualmente un grupo que ha
sido discriminado, tengan una mayor representación[5].
Partiendo de esta definición, ha explicado
la Corte que los subsidios en los servicios públicos, las becas y ayudas
financieras para estudiantes con recursos escasos o el apoyo económico a
pequeños productores, son acciones afirmativas. Pero también lo son, aquellas
medidas que ordinariamente se denominan de discriminación inversa o positiva, y
que se diferencian de las otras citadas por dos razones: 1) porque toman en consideración
aspectos como el sexo o la raza y 2) porque la discriminación inversa se
produce en una situación de especial escasez de bienes deseados, como suele
ocurrir en puestos de trabajo o cupos universitarios, lo que lleva a concluir
que el beneficio que se concede a ciertas personas, tiene como forzosa
contrapartida un perjuicio para otras.[6]
En relación con dichas medidas de
discriminación inversa y en particular en relación con aquellas que tienen como
fundamento el sexo o género la Corporación ha explicado que ellas están
expresamente autorizadas por la Constitución, no para marginar a ciertas
personas o grupos ni para perpetuar desigualdades, sino para aminorar el efecto
nocivo de las prácticas sociales que han ubicado a esas mismas personas o
grupos en posiciones desfavorables.
Al respecto la Corte en la Sentencia C-371
de 2000, al hacer la revisión constitucional del proyecto de ley estatutaria N°
62/98 Senado y 158/98 Cámara, "por la cual se reglamenta la adecuada y
efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes
ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43
de la Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones", explicó
lo siguiente:
“16-Ahora bien: al margen de lo
que ha sucedido en otros países, la pregunta que lógicamente surge es si a la
luz de nuestro ordenamiento constitucional es posible adoptar medidas de
discriminación inversa. O mejor, para centrar la pregunta en el asunto que
estudia la Corte, si el legislador puede otorgar un tratamiento preferencial en
la distribución de bienes, derechos o cargas, tomando como criterio para ello
la pertenencia a un determinado sexo. Tal respuesta, indudablemente, debe darse
a la luz del artículo 13 de la Constitución.
17- En el inciso primero de este artículo constitucional, se
recoge el principio general, según el cual "todas las personas nacen
libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades
y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua,
religión, opinión política o filosófica".
Si bien la igualdad formal no
es reacia a que se establezcan diferencias en el trato, pues ella debe ser
interpretada conforme a la conocida regla de justicia según la cual hay que
tratar igual a lo igual y desigual a lo desigual, sí supone que todos los
individuos, como sujetos de derechos, deben ser tratados con la misma
consideración y reconocimiento, y que, ante todo, un tratamiento distinto, debe
justificarse con argumentos de razonabilidad y proporcionalidad.
El principio de no
discriminación, por su parte, asociado con el perfil negativo de la igualdad,
da cuenta de ciertos criterios que deben ser irrelevantes a la hora de
distinguir situaciones para otorgar tratamientos distintos.
Estos motivos o criterios que
en la Constitución se enuncian, aunque no en forma taxativa, aluden a aquellas
categorías que se consideran sospechosas, pues su uso ha estado históricamente
asociado a prácticas que tienden a subvalorar y a colocar en situaciones de
desventaja a ciertas personas o grupos, vrg. mujeres, negros, homosexuales,
indígenas, entre otros.
Los criterios sospechosos son,
en últimas, categorías que "(i) se fundan en rasgos permanentes de las
personas, de las cuales éstas no pueden prescindir por voluntad propia a riesgo
de perder su identidad; (ii) han estado sometidas, históricamente, a patrones de
valoración cultural que tienden a menospreciarlas; y, (iii) no constituyen, per
se, criterios con base en los cuales sea posible efectuar una distribución o
reparto racional y equitativo de bienes, derechos o cargas sociales."[7]
El constituyente consideró,
entonces, que cuando se acude a esas características o factores para establecer
diferencias en el trato, se presume que se ha incurrido en una conducta injusta
y arbitraria que viola el derecho a la igualdad.
Respecto del principio de no
discriminación y de la utilización de características sospechosas como
criterios de distinción, esta Corporación señaló:
"La referencia
constitucional expresa a criterios vedados, tiene un contenido más amplio que
no se agota en la simple interdicción de esos factores, sino que implica
también una advertencia acerca de frecuentes e históricas causas generadoras de
desigualdad, opuestas, por lo demás, a la dignidad de la persona humana en que
se funda nuestra organización estatal (art. 1o.), y a la consecución de "un
orden político, económico y social justo" (preámbulo); en esa medida, se
puede afirmar que existe la decisión constitucional de remediar situaciones de
inferioridad fincadas en estereotipos o prejuicios sociales de reconocida
persistencia y que a la prohibición de discriminar se suma la voluntad de
erradicar esas conductas o prácticas arraigadas, que han ubicado a personas o a
sectores de la población en posiciones desfavorables. Se impone, entonces, el
compromiso de impedir el mantenimiento y la perpetuación de tales situaciones,
por la vía de neutralizar las consecuencias de hecho que de ellas se
derivan."[8]
En materia de género, por
ejemplo, esta Corporación ha identificado varias normas y conductas
discriminatorias. Así, ha encontrado que viola la igualdad, el consagrar  una
causal de nulidad del matrimonio que sólo se predica de la mujer[9];
el negar de plano a la población femenina el acceso a la única escuela de
cadetes del país[10]; que una entidad de seguridad
social permita a los hombres, y no a las mujeres, afiliar a sus cónyuges[11]; el exigir que el matrimonio se
celebre exclusivamente en el domicilio de la mujer[12];
que a ésta se le prohiba trabajar en horarios nocturnos.[13]
En todos estos eventos, la Corte ha concluido que las diferencias en el trato,
lejos de ser razonables y proporcionadas, perpetúan esteriotipos culturales y,
en general, una idea vitanda, y contraria a la Constitución, de que la mujer es
inferior al hombre.[14]
18- No obstante, lo anterior no
significa que para confirmar la existencia de un acto de discriminación, baste
el hecho de que se tenga en cuenta uno de esos criterios, pues el mismo
artículo 13 superior, en el inciso 2°, dispone que el "Estado promoverá
las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en
favor de grupos discriminados o marginados." [15]
Este inciso, entonces, alude a
la dimensión sustancial de la igualdad, "al compromiso Estatal de remover
los obstáculos que en el plano económico y social configuran efectivas
desigualdades de hecho. La igualdad sustancial revela, entonces, un carácter
remedial, compensador, emancipatorio, corrector y defensivo de personas y de
grupos ubicados en condiciones de inferioridad, mediante el impulso de acciones
positivas de los poderes públicos"[16].
Si bien pueden generar una desigualdad, lo hacen como medio para conseguir el
fin de una sociedad menos inequitativa y más acorde con el propósito consignado
en el artículo 2º de la Carta, de perseguir un orden justo.
Las acciones afirmativas,
incluyendo las de discriminación inversa, están, pues, expresamente autorizadas
por la Constitución y, por ende, las autoridades pueden apelar a la raza, al
sexo o a otra categoría sospechosa, no para marginar a ciertas personas o
grupos ni para perpetuar desigualdades, sino para aminorar el efecto nocivo de
las prácticas sociales que han ubicado a esas mismas personas o grupos en
posiciones desfavorables.
En síntesis, no toda
utilización de criterios en principio vedados es discriminatoria, pues como
bien lo ha afirmado esta Corte, "mal podría un Estado tratar de mejorar la
situación de un grupo marginado, sin expedir regulaciones que mencionen el
factor que provocó su segregación. Así, si la ley quiere mejorar la situación
de la mujer frente al hombre, o aquella de los indígenas frente a los blancos,
pues es obvio que la ley debe recurrir a clasificaciones étnicas o
sexuales".[17]
Pero en últimas, lo que sucede
es que en la discriminación inversa no se está utilizando el mismo criterio que
sirve de base a la discriminación injusta. Para ilustrar esta afirmación con un
ejemplo, mientras que en la discriminación que la Constitución prohibe, a X se
le otorga un tratamiento distinto por el simple hecho de ser mujer o ser negro,
en los casos de discriminación inversa un tratamiento preferencial se otorga
sobre la base de que X es una persona que ha sido discriminada (injustamente)
por ser mujer[18] o por ser negro.
19- Si bien la Corte se ha
pronunciado pocas veces acerca de medidas de discriminación positiva, una de
ellas ha sido en materia de género. En la sentencia C-410 de 1994 declaró
exequible la norma que establece una edad de jubilación para las mujeres, menor
que la de los hombres. En dicha providencia se dejó en claro que el legislador,
bien podía "tomar medidas positivas dirigidas a corregir las desigualdades
de facto, a compensar la relegación sufrida y a promover la igualdad real y
efectiva de la mujer en los ordenes económico y social."
20- Ahora bien: aceptado que la
Constitución autoriza las medidas de discriminación inversa, se debe dejar en
claro que: 1) "la validez de estas medidas depende de la real operancia de
circunstancias discriminatorias. No basta, por ejemplo, la sola condición
femenina para predicar la constitucionalidad de supuestas medidas positivas en
favor de las mujeres; además de ello deben concurrir efectivas conductas o
prácticas discriminatorias"[19].
2) No toda medida de discriminación inversa es constitucional, como parece
sugerirlo una de las intervinientes. En cada caso habrá de analizarse si la
diferencia en el trato, que en virtud de ella se establece, es razonable y
proporcionada. 3) Las acciones afirmativas deben ser temporales, pues una vez
alcanzada la "igualdad real y efectiva" pierden su razón de ser”[20].
En relación con el
caso específico de las medidas de discriminación positiva a favor de la mujer
cabeza de familia la Corte tuvo ocasión de pronunciarse en la Sentencia C-184
de 2003 donde analizó la constitucionalidad del artículo 1° de la Ley 750 de
2002. En dicha sentencia la Corporación explicó al analizar un cargo por la
presunta vulneración del derecho a la igualdad, que constitucionalmente no es
admisible que un hombre cabeza de familia solicite que se le extienda una
medida adoptada por el legislador en apoyo a la mujer cabeza de familia, con
base en una supuesta vulneración del referido principio, por cuanto el artículo
43 de la Carta Política, tiene por finalidad servir de sustento constitucional
al Legislador y al Estado en general para que adopte medidas a favor de ese
grupo sin tener que extenderlo a otros, y en especial su punto de comparación
inmediato, el de los hombres en las mismas circunstancias.
Dijo la Corte:
“Las llamadas acciones
afirmativas fueron expresamente permitidas en la Carta para que el legislador
pudiera, sin violar la igualdad, adoptar medidas en favor de ciertas personas o
grupos, sin tener que extender el beneficio resultante a otras personas o
grupos que, por ello, se consideraran discriminadas. Esto se predica no sólo de
las mujeres, sino también de otros sujetos especialmente protegidos por la
Constitución. Por ejemplo, prima facie no podría una persona no discapacitada
solicitar que se le extiendan las medidas de protección establecidas para los
discapacitados (artículo 47, C.P.), alegando únicamente el derecho a la
igualdad de trato. Tampoco podría un adulto, invocando el mismo derecho, exigir
que se le extiendan las medidas consagradas en beneficio de las personas de la
tercera edad (artículo 46, C.P.). Cuando la Constitución protegió de manera
especial a ciertos sujetos, permitió que sólo ellos fueran destinatarios de
medidas específicas en su favor con el fin de avanzar hacia una sociedad menos
desigual y un orden justo (artículos 2 y 13 C.P.).
Por eso, es necesario distinguir entre dos grandes tipos de
acciones afirmativas adoptadas por el Estado, particularmente por el
legislador. En primer lugar, las acciones afirmativas pueden encontrar
fundamento en los incisos finales del artículo 13 de la Carta según los cuales
“el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados.  El Estado
protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica,
física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.” En estos casos,
el constituyente no indicó de manera específica quiénes podrían ser
beneficiarios de estas medidas favorables, sino que señaló criterios materiales
para justificarlas, como la marginación de un grupo o la debilidad manifiesta
de una persona por su condición económica. Por eso, el legislador puede escoger
los sujetos beneficiarios de tales acciones afirmativas. En segundo lugar, las
medidas favorables pueden encontrar soporte constitucional en varias normas
superiores que protegen de manera especial a ciertos sujetos, como sucede con
las personas de la tercera edad, (artículo 46, C.P. ), los discapacitados (art
47, C.P.), los adolescentes (art 45, C.P.), los niños y niñas (art 44, C.P.) y
las mujeres (art 43, C.P.), por citar algunos ejemplos. En estos casos, el
constituyente indica de manera expresa cual es el grupo de sujetos que puede
ser beneficiado por una acción afirmativa y, en ocasiones, en qué consiste
dicha acción, cuál es su finalidad o cuáles son las condiciones específicas en
que éstas son constitucionalmente justificadas.[21]
Así pues, constitucionalmente
no es admisible que un hombre cabeza de familia solicite que se le extienda una
medida adoptada por el legislador en apoyo a la mujer cabeza de familia, con
base en una supuesta vulneración al principio de igualdad, cuando precisamente
el artículo 43 de la Carta Política, tiene por finalidad servir de sustento
constitucional al Legislador y al Estado en general para que adopte medidas a
favor de ese grupo sin tener que extenderlo a otros, en especial su punto de
comparación inmediato, el de los hombres en las mismas circunstancias. No
obstante, la Corte ha señalado que las acciones afirmativas deben respetar la
Constitución para evitar, entre otros, que se conviertan en medidas
irrazonables o desproporcionadas,[22] que se traduzcan en
discriminaciones en perjuicio de otras personas o grupos, o que desconozcan los
derechos constitucionales de otros sujetos.[23] Como en este caso, la medida de
apoyo se funda en una cláusula constitucional que expresamente define a las
mujeres cabeza de familia como un grupo separado y distinto destinatario de
acciones afirmativas, y la medida no implica la distribución de un recurso
escaso, ni comporta en sí misma un perjuicio para otros sujetos que pudieran
aspirar a recibir, en lugar de la mujer cabeza de familia, el derecho especial
reconocido, la Corte no estima necesario entrar a aplicar estos parámetros en
el presente caso”[24].
3.3 El mandato superior sobre la primacía
de los derechos de los niños y su incidencia en la jurisprudencia sobre los
beneficios que se otorgan a la mujer cabeza de familia
De acuerdo con el artículo 44 superior:
“ Son derechos
fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener
una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la
cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos
contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta,
abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán
también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en
los tratados internacionales ratificados por Colombia.
La familia, la
sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus
derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su
cumplimiento y la sanción de los infractores.
Los derechos de los niños
prevalecen sobre los derechos de los demás”.
La Corte de manera reiterada[25] se ha
ocupado del alcance de dicho texto superior para resaltar la primacía de los
derechos de los niños y la especial obligación que tienen tanto el Estado, como
la sociedad y la familia de protegerlos.
Así en la sentencia
C-157 de 2002 respecto de dicho texto la Corte señaló lo siguiente:
“El primer aspecto a resaltar de esta norma es la doble
categorización que hace de las garantías contempladas para los menores. Por una
parte, en su inicio, el artículo establece que los derechos de los niños son
fundamentales. Este aspecto ha sido resaltado por la jurisprudencia
constitucional,[26] dándole las consecuencias
propias que en materia de protección y goce efectivo supone tal condición. Así,
por ejemplo, son varios los casos de tutela en los que se ha salvaguardado
decididamente los derechos de los niños en razón a su fundamentalidad.
El segundo aspecto general que ha de resaltarse es la
condición de prevalencia, otorgada por el inciso final de la norma a los
derechos de los niños. Esto es, en el caso en que un derecho de un menor se
enfrente al de otra persona, si no es posible conciliarlos, aquel deberá
prevalecer sobre éste. Ahora bien, como lo ha señalado la jurisprudencia
constitucional, ningún derecho es absoluto en el marco de un Estado social de
derecho, por lo que es posible que en ciertos casos el derecho de un menor
tenga que ser limitado. Sin embargo, el carácter prevalente de los derechos de
los niños exige que para que ello ocurra se cuente con argumentos poderosos.”[27]
Estas consideraciones hacen manifiesta no
sólo la importancia que tienen de por sí estos derechos, sino también que
cuando se encuentran irreconciliablemente enfrentados con otras garantías,
ellos deben primar.
Dicha primacía afirmada en la Constitución
en plena armonía con las normas internacionales y en particular la Convención
Sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, ratificada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991- ha sido tomada en
cuenta por la Corporación para determinar el alcance de los derechos de los
niños cuando ellos dependen de un núcleo familiar en el que solo uno de los
padres se encuentra presente, para concluir que el sexo del padre de quien
ellos dependen no puede privarlos de los derechos que les son reconocidos por
la ley.
Al respecto la
Corporación en la sentencia C-184 de 2003 donde decidió condicionar la
constitucionalidad del artículo 1 de la Ley 750 de 2002 que establecía la
posibilidad de otorgar la prisión domiciliaria exclusivamente a la mujer cabeza
de familia, explicó que cuando de lo que se trata no es de la situación de la
mujer cabeza de familia sino del derecho de los niños dicha prevalencia debe
ser tomada en cuenta por el Legislador.
Dijo la Corte:
“6.1. Teniendo en cuenta que una de las
justificaciones de la medida es proteger a los niños y personas dependientes en
el seno familiar, puede entonces replantearse el problema jurídico en los
siguientes términos: ¿Es contrario al artículo 44 superior una norma que
protege el derecho de los menores a recibir amor y cuidado cuando dependen de
una mujer cabeza de familia, pero no así a los que dependen de su padre, cuando
éste sea cabeza de familia?
Para que la respuesta a esta cuestión sea
negativa debe existir un criterio razonable y objetivo que justifique,
constitucionalmente, hacer tal distinción y no garantizar los derechos
fundamentales de los niños a tener una familia y al “cuidado y amor” (art. 44,
C.P.) cuando la persona cabeza de familia de quien dependen es el padre.
6.2. Luego de analizar las motivaciones
que llevaron al legislador a adoptar la medida de protección objeto de la
demanda en el presente proceso, considera la Corte que la razón que llevó a
excluir a los hombres del derecho en cuestión, antes que responder a una
decisión conciente de no querer conceder esta protección a los niños, responde
al hecho de que el problema social de dimensiones importantes lo constituyen
los grupos familiares que dependen únicamente de la mujer. En la medida que se
quería atender a una realidad específica (el número de mujeres de cabeza de
familia en prisión) no contempló el legislador casos diversos a ése. El
problema al que se enfrenta la sociedad con relación al género masculino en
torno a las responsabilidades en el hogar, antes que versar sobre cómo puede
hacer el Estado para apoyar a los hombres, tiene que ver con cómo puede hacer
el Estado para obligar a los padres a cumplir sus obligaciones básicas, como
ocurre en muchos casos, por ejemplo, con el deber de pagar una cuota
alimentaria.
El fenómeno de los padres cabeza de
familia, si bien no tiene la magnitud ni la dimensión del fenómeno de las
mujeres cabeza de familia, sí existe y, cada día, va en aumento. Según la
Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Profamilia, el 61% de los niños vive
con ambos padres. El 27% vive solamente con la madre, de los cuales el 23.3%
tienen el padre vivo y el 3.7% restante no. El 2.7% de los niños vive sólo con
el padre, de los cuales tan sólo el 0.3% tiene la madre muerta; en el 2.4% de
los casos la madre está viva.[28] En la medida en que las mujeres
han logrado ir superando los estereotipos y prejuicios, los hombres a su vez
han comenzado a desempeñar nuevos roles, como por ejemplo, participar
activamente en las actividades y labores que demanda la crianza de los hijos.
Los casos de hombres solos encargados de una familia con varios hijos no son
muy frecuentes, pero como se mostró, sí existen y en tales situaciones, si el
padre es condenado a una pena privativa de la libertad, los niños pueden quedar
en la misma condición de abandono en que se encontrarían los hijos de una mujer
cabeza de familia condenada a prisión. ¿Si la situación de abandono justifica
conceder un derecho especial a la mujer para poder garantizar los derechos del
niño, por qué no se justifica una medida similar en aquellos casos en que los
menores dependen, no económicamente, sino para su salud y su cuidado, de un
hombre? El legislador no abordó esta cuestión, pues su preocupación era un
problema social de gran envergadura, a saber: el número considerable de mujeres
cabeza de familia en prisión.
6.3. No existe por lo tanto, algún tipo de
finalidad a la cual se propenda al no contemplar una medida de protección para
los niños de un padre cabeza de familia. No fue un asunto objeto de debate.
Simplemente no se tuvo en cuenta esta situación. Ahora bien, quiere ello decir
que no se cumple siquiera con el primer requisito que se demanda de una norma
al analizar su razonabilidad, pues la medida no está encaminada hacia algún fin
legítimo. Nada justifica proteger a unos menores y desproteger a otros en las
mismas condiciones, tan sólo porque el sexo de la persona cabeza de la familia
a la cual pertenecen es distinto.
La decisión que debe tomar la Corte está
llamada a no promover ni el estereotipo que pesa en cabeza de las mujeres ni el
estereotipo que se proyecta en los hombres. Si el prejuicio en el caso de las
mujeres es que están “naturalmente” llamadas a encargarse de la crianza de los
hijos y a realizar las labores domésticas, el estereotipo reflejo en el caso de
los hombres es que su lugar está en las actividades de provisión de sustento
realizadas en la esfera pública y, por lo tanto, los asuntos del hogar y el
cuidado de los menores no son un asunto “para ellos”, ni siquiera en el caso de
los hijos propios.
Por estas razones la Corte también
reconocerá el derecho de prisión domiciliaria en los términos en que está
consagrado en la Ley 750 de 2002 a aquellos hombres que se encuentren en la
misma situación, de hecho, que una mujer cabeza de familia que esté encargada
del cuidado de niños, y cuya presencia en el seno familiar sea necesaria,
puesto que efectivamente los menores dependen, no económicamente, sino en
cuanto a su salud y su cuidado, de él. De esta manera la Corte asegura la
posibilidad de que se cumpla el deber que tienen los padres en las labores de
crianza de sus hijos alejándose así del estereotipo según el cual, el
cumplimiento de este deber sólo es tarea de mujeres y tan sólo a ellas se les
pueden reconocer derechos o beneficios para que cumplan con dichas labores. Con
esta decisión se asegura a la vez, que los titulares del derecho realmente se
lo merezcan, en razón a que es lo mejor en el interés superior del niño, no una
medida manipulada estratégicamente en provecho del padre condenado que prefiere
cumplir la pena en su residencia. Compete a los jueces penales en cada caso
velar porque así sea.
6.4. Entonces, considera la Corte que el
legislador no puede proteger exclusivamente los derechos al cuidado y amor de
los niños y niñas, dada su estrecha relación con sus derechos a la salud y con
su desarrollo integral, cuando éstos se ven expuestos a riesgos y cargas
desproporcionadas por la ausencia de la madre, puesto que dependen de ella por
ser la cabeza de la familia, y desentenderse completamente de los derechos de
los menores cuando dependen del padre.
Ahora bien, esta Corporación constata,
como se dijo, que el problema de los padres cabeza de familia que se encuentran
condenados a prisión, es menor frente al caso análogo de las mujeres. Por ello,
la medida se justifica constitucionalmente tan sólo en aquellos casos en que
los derechos de los menores podrían verse efectiva y realmente afectados. No
basta con que el hombre se encargue de proveer el dinero necesario para
sostener el hogar y asegurar así las condiciones mínimas de subsistencia de los
hijos. El hombre que reclame este derecho debe demostrar que, en verdad, ha
sido una persona que les ha brindado el cuidado y el amor que los niños
requieran para un adecuado desarrollo y crecimiento.
6.5. Constata la Corte que la norma
parcialmente acusada alude tanto a los hijos menores como a los mayores “con
incapacidad mental permanente”. Las consideraciones anteriores son extendibles
a estos últimos en virtud del artículo 42 de la Constitución según el cual los
principales deberes de los padres para con sus hijos subsisten “mientras sean
menores o impedidos”.
6.6. Por lo tanto, los apartes acusados
del artículo 1° de la Ley 750 de 2002, serán declarados exequibles en el
entendido de que el derecho puede cobijar también a los padres con hijos
menores o impedidos que, de hecho, se encuentran en la misma situación que los
hijos de una mujer cabeza de familia, cuando ello sea necesario para proteger,
en las circunstancias del caso, el interés superior del menor o del hijo
impedido.
Es de anotar que la protección consagrada
por la Ley 750 de 2002 para el caso de las mujeres es más amplia, por cuanto la
categoría mujer cabeza de familia, incluye también otras hipótesis, todas ellas
contenidas en la Ley 82 de 1993, que regula la figura”[29].
De dicha sentencia se
desprende que cuando se trata del derecho de los niños no es posible establecer
una diferencia entre los hijos que dependen de la mujer cabeza de familia
frente a los que dependen del hombre que se encuentra en la misma situación y
que el análisis de las medidas referidos a ellos en estas circunstancias deben
tener en cuenta la especial protección y el carácter preferente que tienen
frente a los derechos de los demás (art 44 C.P.)
3.4 Los antecedentes, contenido y alcance
de las disposiciones en las que se contienen las expresiones acusadas
De acuerdo con el
artículo 43 superior:
“La mujer y el hombre tienen
iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna
clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de
especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio
alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada.
El Estado apoyará de manera
especial a la mujer cabeza de familia”.
En relación con este
artículo la Corte ha explicado en varias ocasiones que el Constituyente de
1991consideró que era necesario introducir a la Constitución un artículo que
garantizara específicamente la igualdad de género, debido a la tradición de
discriminación y marginamiento al que se había sometido la mujer durante muchos
años, de la misma manera que al creciente número de mujeres que por diversos
motivos -en particular el conflicto armado -, se han convertido en cabezas de
familia[30].
Al respecto en la Asamblea Nacional
Constituyente los delegatarios ponentes sobre el tema señalaron lo siguiente:
“(…) es sólo hasta la época contemporánea –no hace muchos años–
que un movimiento a favor de la mujer consigue reivindicar la imagen de ésta ante
el mundo y lograr mejor su posición en la sociedad.
Sin embargo en naciones como la nuestra, el modelo de docilidad y
vulnerabilidad parece no haber sido rebasado, a diferencia de los países
desarrollados en los que gracias a dicho movimiento la mujer ha superado las
desigualdades sociales y ha pasado a ser parte integral y activa de la
comunidad a la que pertenece. Las estadísticas muestran como en nuestra Patria
la mujer tiene menos oportunidades de acceso a la salud, la protección y la
educación que el hombre. A su vez en el campo laboral, a pesar de que su
participación ha señalado cambios importantes en la estructura del mercado de
trabajo (41% en 1989) el 35% de la población femenina urbana percibe una
remuneración por debajo del sueldo mínimo, frente a un 16% de hombres que se
encuentran en la misma situación; y si miramos hacia el sector rural
encontramos mujeres que, sin ser dueñas de la tierra, trabajan sin paga –la
mayoría de las veces– pues su oficio es considerado como una labor de apoyo a su
marido, padres o hermanos. Igualmente el desempleo generado por la situación
económica actual recae con más fortaleza sobre ella: hoy en día el 55% de los
desempleados del país son mujeres.”[31]
Los Constituyentes tuvieron en cuenta
especialmente la gravosa situación que enfrentan las mujeres cabeza de familia
y sobre el particular expresaron:
“(…) diversos motivos, como la violencia –que ha dejado un
sinnúmero de mujeres viudas– el abandono del hogar por parte del hombre y la
displicencia de éste con respecto a la natalidad, han obligado a la mujer a
incorporarse a los roles de producción adquiriendo la responsabilidad de ser la
base de sustentación económica de su hogar, sin haber llegado jamás a
desprenderse de los patrones culturales que la confinan al espacio doméstico y
al cuidado de los hijos.
(…) Un número creciente de hogares tiene jefatura femenina. De
acuerdo con los patrones de separación la gran mayoría de éstos están
compuestos por mujeres jóvenes, con hijos todavía dependientes. Según la
encuesta nacional de hogares DANE (1981) un 17% de los hogares eran
monoparentales, de los cuales el 85% correspondían a mujeres; el censo de 1985
reporta un 17.9% de hogares en esta situación y según el Estudio Nacional de
Separaciones Conyugales, llevado a cabo por la Universidad Externado de
Colombia en 1986, el porcentaje de mujeres cabeza de familia es del 21%. Para
1985, la tasa global de participación de la población femenina clasificada por
el DANE en estado de miseria era del 22.5%, la más baja por sector social. La
situación de pobreza es dramática y tiende a profundizarse por las altas tasas
de dependencias concentradas en cabezas de mujeres solas, enfrentadas casi a
todas a gran inestabilidad laboral, baja remuneración y desprovistas del
sistema de seguridad social.”[32]
En desarrollo del mandato constitucional,
el Congreso de la República expidió la Ley 82 de 1993 mediante la cual definió
el concepto de “mujer cabeza de familia” y estableció algunas medidas concretas
de protección.
Sobre el particular en la Ponencia para
primer debate del proyecto de ley respectivo  se señaló lo siguiente:
“…En primer lugar cabe destacar la gran importancia que
poseen aquellas normas constitucionales que afrontan de manera directa el hecho
de que la real libertad no puede existir sin seguridad económica e
independencia.  Superar las principales necesidades socio-económicas de los
colombianos y brindar apoyo técnico e instructivo, debe convertirse en un
principio nacional que comprometa no solo la acción estatal sino también a los
particulares.  Y aquí es donde encuentro el mérito del proyecto: en concretar
de una manera cierta, seria y efectiva al Estado colombiano en la asunción de
la responsabilidad que tiene con la mujer cabeza de familia. La Constitución de
1886 solo mencionaba a la Familia en sus artículo 23 y 50.  De muy vieja data
en varios sectores se presentaron propuestas de reforma constitucional para
incluir en la Carta Política disposiciones expresas referidas a la familia y a
los asuntos relacionados con ella No en vano aconteció todo ello.
La Constitución de 1991 se caracteriza por ser generosa y
humanista en el reconocimiento de derechos, garantías y libertades, dedicando
buena parte a los llamados Derechos Sociales Económicos y Culturales. Allí se
plasman principios básicos que antes se encontraban incógnitos: la noción de
familia, las relaciones derivadas de ella, su importancia y en especial la
concreción de la protección que el Estado y la Sociedad deben brindar a la
familia y a cada uno de sus miembros en particular.
El proyecto busca desarrollar lo contemplado en el artículo
43 y hacer efectivo y real el apoyo que el Estado debe otorgar.  Debe existir
sin duda alguna, un cuadro de ayuda, que brinde oportunidades concisas para que
este significativo sector de la población colombiana, sector de indefensión,
comience a competir dentro de la mecánica social, económica y política de
nuestro país. Este sector desigual merece alternativas especiales dirigidas al
logro de la tan anhelada igualdad que consagra el artículo 3 de nuestra
Constitución.
El proyecto como tal propone
que el Estado asuma una serie de obligaciones frente a la mujer cabeza de
familia y frente a las personas que de ella dependan, relacionadas con los
campos como el de la salud, seguridad social, educación y capacitación,
vivienda, crédito y fomento empresarial, promoción de organizaciones
comunitarias entre otras…”.[33]
En cuanto a la definición del concepto de
la mujer cabeza de familia, el artículo 2° de la ley señala los siguiente:
“(…) entiéndase por mujer
cabeza de familia, quien siendo soltera o casada[34], tenga
bajo su cargo, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores
propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por
ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del
cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de los demás miembros
del núcleo familiar.”
Al respecto la Corte
ha explicado que una mujer es cabeza de familia cuando, en efecto, el grupo
familiar está a su cargo. Aunque en el mismo artículo se incluye un parágrafo
en el que se indica que la mujer deberá declarar ante notario dicha situación,
tanto cuando la adquiera como cuando la pierda, para efectos de prueba, no es
una condición que dependa de una formalidad jurídica. Con la categoría “mujer
cabeza de familia” se pretende apoyar a la mujer a soportar la pesada carga que
por razones, sociales, culturales e históricas han tenido que asumir,
abriéndoles oportunidades en todas las esferas de su vida y de su desarrollo
personal y garantizándoles acceso a ciertos recursos escasos, al tiempo que se
busca preservar condiciones dignas de vida a los menores y personas que se
encuentran en estado de debilidad manifiesta a cargo de ella[35].
Las medidas concretas de apoyo a la mujer
cabeza de familia establecidas en la Ley 82 de 1993 son de diversa índole. Así
además del llamado general al Estado y a la sociedad para que a partir de la
vigencia de la misma  busquen ”mecanismos eficaces para dar protección
especial a la mujer cabeza de familia” (art. 3°),  entre ellas
pueden citarse las siguientes: (i) la adopción de regla­mentos que garanticen
su ingreso a la seguridad social de la mujer cabeza de familia y de la familia
a su cargo (art. 4°), (ii) la creación de programas de capacitación gratuita y
desarrollo de microempresas industriales, comerciales y artesanales; empresas
de economía solidaria y empresas familiares, donde la mujer cabeza de familia
realice una actividad económica rentable (art. 8° y 20); iii) Acceso
preferencial a los auxilios educativos así como servicio básico de textos y
apoyo educativo a las entidades de economía solidaria integradas en su mayoría
por mujeres cabeza de familia (art. 9) iv) la fijación de estímulos para
que el sector privado cree programas especiales para las mujeres cabeza de
familia (art. 10); v) el establecimiento mediante reglamento de un factor de
ponderación, que beneficie las propuestas de la mujer cabeza de familia o de
las personas jurídicas en las cuales ella participe mayoritariamente, en los
procesos de adquisición y venta de bienes estatales y de contratación de
servicios también con el Estado. Factor que permitirá que se seleccione la
oferta de la mujer cabeza de familia o de la correspondiente persona jurídica
“siempre que sea por lo menos igual a las de las demás proponentes” (art.
11); vi) especial atención de las entidades municipales o distritales de
vivienda, que en alguna forma reciban recursos del presupuesto nacional o
participen en programas que tengan financiación de dicho origen (art. 12); vii)
planes especiales de vivienda (art 13 y 14 ), viii) programas especiales de
crédito, asesoramiento técnico y vigilancia para las empresas y programas que
tengan por objeto apoyar a la mujer cabeza de familia, por parte de las
entidades oficiales de crédito (art 15), así como el acceso a líneas de
crédito  por parte de microempresas, famiempresas y similares que tengan
mayoría de mujeres cabeza de familia (art. 20).
Es de anotar que la Ley 82 de 1993
protege a la mujer cabeza de familia, y al núcleo familiar que de ella dependa,
que se supone compuesto por los hijos menores propios y otras personas
incapaces o incapacitadas para trabajar[36].
En relación con dicho núcleo familiar la
ley establece determinados beneficios específicamente en relación con los
menores dependientes de la mujer cabeza de familia a los que: i) “Los
establecimientos educativos prestarán textos escolares …y, mantendrán servicios
de intercambio en sus bibliotecas a fin de garantizar el cumplimiento de esta
obligación” (art. 5); ii) En ningún caso podrá negarse el acceso a
los servicios de educación o de salud “con base exclusiva en esta
circunstancia” (Art 6); iii) Los establecimientos de educación
primaria y secundaria atenderán de preferencia las solicitudes de ingreso,
“siempre que cumplan con los requisitos y que los resultados de sus exámenes y
pruebas sean por lo menos iguales a las de los demás aspirantes, a fin de no
afectar el principio de igualdad; se dará  acceso preferencial a auxilios
educativos (art.7). iv) A lo que debe agregarse que los beneficios
establecidos en materia de seguridad social (art. 4) y acceso preferencial a
auxilios educativos (art. 9) se predica tanto de la mujer cabeza de familia
como de quienes de ella dependan.
La norma precisa así mismo que “Los
beneficios establecidos en esta Ley para las mujeres cabeza de familia y
quienes de ellas dependan, no excluyen las obligaciones de diversa índole que a
su favor deban cumplir personas naturales o jurídicas, ni eximen de las
acciones para exigirlas ( art. 18) y que “Dentro del campo social del
desarrollo se establece el derecho a exigir judicial y legalmente que un
porcentaje del salario, de los ingresos o del patrimonio de quien sea económica
y civilmente responsable de la mujer cabeza de familia o de alguien a su cargo,
se destine a atenderles sus necesidades básicas”(art. 19), norma que
igualmente puede llegar a aplicarse a los menores o de los hijos impedidos que
dependan de la mujer cabeza de familia.
4.  Análisis de
los cargos
Para el actor los
beneficios establecidos a favor exclusivamente de la mujer cabeza de familia y
de quienes dependan de ella vulnera el derecho a la igualdad de los hombres que
se encuentren en la misma situación de hecho de la mujer cabeza de familia, así
como los derechos de los niños que dependan de él.
Al
respecto la Corte hace las siguientes consideraciones.
.1 La Ausencia de vulneración del
principio de igualdad y consecuentemente de los demás textos constitucionales
invocados en relación con las disposiciones que establecen beneficios de manera
exclusiva para la mujer cabeza de familia
Como se desprende de las consideraciones
preliminares de esta Sentencia el legislador bien puede adoptar medidas de
protección de personas que integran grupos respecto de los cuales la
Constitución, expresamente, establece un mandato de apoyo especial, sin que
ello desconozca el principio de igualdad. En particular el Legislador puede
establecer como lo hizo en este caso medidas especiales para beneficiar a la
mujer cabeza de familia, por cuanto así expresamente lo ordena el segundo
inciso del artículo 43 superior.
En este sentido resulta claro para la
Corte que el cargo planteado por el actor en relación con el supuesto  trato
discriminatorio que  estaría dando a los hombres frente a las mujeres y que
implicaría el desconocimiento del Preámbulo y de los artículos 1, 2, 13, 42 y
43 superiores, por no establecerse para los hombres cabeza de familia los
mismos beneficios que para las mujeres en la misma situación, carece de
fundamento.
Al respecto en el debate en el Congreso de
la República se dejó en claro que el objetivo de la ley era precisamente el de
establecer una diferencia de trato a favor de la mujer cabeza de familia y que
ninguna vulneración al derecho a la igualdad podía endilgarse a este propósito,
dada la clara situación de discriminación a la que históricamente se han
enfrentado las mujeres en Colombia.
La Ponencia para
primer debate del proyecto respectivo expresó en efecto lo siguiente:
“…En primer lugar
debe manifestarse que el gran mérito del proyecto es retar al Estado colombiano
para que asuma las responsabilidades que le incumben con la mujer cabeza de
familia, que tiene la doble condición de ser uno de los mayores baluartes del
recurso humano de la patria y simultáneamente, un fenómeno social de muchos
padecimientos y de tremendo abandono institucional.
La mujer cabeza de familia es evidente en
el cotidiano trajinar de la Nación; está presente en la diversidad de regiones,
capas sociales, en la vida individual, en el liderazgo comunitario y, por
sobretodo, el esfuerzo de su abnegación y de su lucha se enfrenta a un
horizonte carente de respaldo colectivo.
El proyecto propone que el Estado asuma
obligaciones frente a la mujer cabeza de familia y las personas que de ella
dependan en campos tan importantes como la salud y la seguridad social, la
educación y la capacitación, la vivienda, la contratación administrativa, el
crédito, el fomento empresarial, la promoción de organizaciones comunitarias o
de economía solidaria, etc
Cualquier impugnación de
constitucionalidad que al proyecto pudiera formularse por la circunstancia de
establecer derechos de preferencia para la mujer cabeza de familia y sus
dependientes, se despejaría con la simple aseveración de que los estados de
indefensión y de precariedad para competir apenas se superan a medias con estas
normas, con las cuales, en consecuencia, en lugar de violar se cumple con el
artículo 13 de la Carta, que consagra el principio de igualdad.  A la luz de este
precepto, parece elemental que a los desiguales se les deban deparar
tratamientos especiales a fin de que todos queden iguales”.
En el mismo sentido se pronunció la Corte
en la Sentencia C-184 de 2003, al rechazar un cargo similar al que ahora se
plantea.
Dijo la Corte:
“5.2.1. El demandante sostiene que como hombres y mujeres
nacen libres e iguales y deben recibir el mismo trato y gozar de los mismos
derechos y oportunidades, según el artículo 13 de la Constitución, la medida a
favor de las mujeres cabeza de familia, también debió extenderse a los hombres
cabeza de familia, máxime si el artículo 43 de la Constitución señala que la
mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. Por ello estima que
la ley ha debido hablar de “persona” cabeza de familia y no tan sólo de
“mujer”.
5.2.2. Para la Corte, este cargo por violación al principio
de igualdad no prospera. No se pueden confundir dos derechos claramente
distintos, ambos protegidos por el principio de igualdad. El primer derecho
consiste en que los hombres y las mujeres sean tratados igual, es decir, impide
la discriminación por razones de sexo. El segundo derecho consiste en que las
mujeres, habida cuenta de una tradición de discriminación sexual que el
constituyente no sólo quiso abolir sino remediar, sean titulares de medidas
legislativas específicas en favor de ellas, no de los hombres. La norma acusada
constituye un desarrollo de este segundo derecho amparado por una concepción
sustantiva no formal de la igualdad, encaminada a que, como se recordó en la
Asamblea Constituyente,[37] se pase de una igualdad formal
ante la ley a una igualdad real ante la vida.
En este orden de ideas, el derecho  a la igualdad de trato
no exige, por sí solo, extender a un hombre un beneficio creado por el
legislador para desarrollar el derecho constitucional - específicamente
consagrado en el artículo 43 - en favor de las mujeres a recibir medidas de
apoyo o protección especial como un tipo de acción afirmativa. Ello sería ir
abiertamente en contra del propósito del constituyente”[38].
Pretender en efecto como lo hace el actor
que todos los beneficios establecidos en la Ley 82 de 1993 con el objeto de
ofrecer una protección especial a la mujer cabeza de familia, se reconozcan
simultáneamente al hombre, significaría vaciar de contenido el desarrollo del
mandato superior establecido en el artículo 43 superior.
Si todos los beneficios que se establecen
para la mujer cabeza de familia debieran otorgarse al hombre que se encuentra
en la misma situación, ningún efecto tendría entonces la protección especial
ordenada por el Constituyente para la mujer cabeza de familia.
No sobra señalar que a la luz
del principio de igualdad, soporte fundamental del concepto de Estado Social de
Derecho, se impone una acción de las autoridades y de la sociedad que no ha de
ser siempre neutra, y ello con el fin de lograr el equilibrio necesario en pro
de un sistema más justo y equitativo, fundado en la dignidad humana. De esta
forma, se espera, por el contrario, que se otorgue un trato especial a los
grupos sociales que se hallan en condiciones reales de indefensión o de
inferioridad[39].
Así las cosas para la Corte los cargos
planteados en este sentido por el actor no están llamados a prosperar y así se
señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.
4.2 La constitucionalidad condicionada de
los artículos que establecen beneficios específicos para los menores
dependientes de la mujer cabeza de familia
Ahora bien frente al cargo por la supuesta
vulneración del artículo 44 superior la Corte constata que en los artículos, 4,
5, 6, 7, 9, 18 y 19[40]
se hace mención especifica y se establecen beneficios para las personas
dependientes de la mujer cabeza de familia que han de entenderse necesariamente
aplicables a los menores que se encuentren a su cuidado. En el mismo sentido la
Corte constata que en el caso de los artículos 12 y 14[41] por
tratarse de medidas para facilitar el acceso a la vivienda, ha de entenderse
que se trata de beneficios que cobijan a los menores que de ella dependan.
Respecto de dichos beneficios la Corte no
encuentra que exista fundamento para establecer una diferencia de trato entre
los niños menores y los hijos impedidos que dependen de la mujer cabeza de
familia, frente a los que dependen del hombre que se encuentra en la misma
situación a que alude el artículo 2 de la Ley 82 de 1993[42].  En uno y
otro caso se trata de personas respecto de los cuales el Estado tiene una
obligación de protección especialísima. (arts. 13 y 44 C.P) y a los cuales no
puede discriminar en función del sexo de la persona de la cual dependan.
En su caso dada la situación de fragilidad
en que ellos se encuentran por la ausencia del padre o de la madre y la
necesidad de hacer prevalecer sus derechos, la Corte declarará la exequibilidad
condicionada de dichos artículos en el entendido que los beneficios que se
establecen en ellos a favor de las personas dependientes de la mujer cabeza de
familia deberán igualmente otorgarse a los hijos menores propios u otras
personas incapaces o incapacitadas para trabajar dependientes del hombre que,
de hecho, se encuentre en la misma situación de la mujer cabeza de familia, en
los términos a que alude el artículo 2. Debiendo igualmente darse aplicación en
ese caso al requerimiento establecido en el mismo artículo sobre la declaración
ante notario de la condición en que aquel se encuentra y de la casación de la
misma.
VII.   DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
R E S U E L V E:
Primero.- Declarar EXEQUIBLES, por los cargos formulados, las
expresiones “mujer”  y “mujeres” contenidas en  los
artículos 2, 3, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 20 y 21 de la Ley 82 de 1993 “por
la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de
familia ”
Segundo.- Declarar EXEQUIBLES, por los cargos formulados, las
expresiones “mujer”  y “mujeres” contenidas en  los
artículos 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 18, y 19 de la Ley 82 de 1993 “por la cual
se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia ”,
en el entendido, que los beneficios establecidos en dichos artículos a
favor de las personas dependientes de la mujer cabeza de familia se harán
extensivos a los hijos menores y a los hijos impedidos dependientes del hombre
que, de hecho, se encuentre en la misma situación que una mujer cabeza de
familia, en los términos y bajo el requerimiento del artículo 2 de la misma
Ley.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Presidenta
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General (e)
[1] Corte Constitucional,
Sentencias C-491-97. M.P. José Gregorio Hernández Galindo y C-142-01 M.P.
Eduardo Montealegre Lynett.
[2] Auto de Sala Plena, 244 de
2001.  M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[3] Sentencia C-955/00 M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.
[4] Sentencia C-   M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[5] Ver Sentencia C-371/00 M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[6] Ibidem Ver Sentencia C-371/00
M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[7] Corte Constitucional. Sentencia
C-481 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero. Ver además, entre otras, las
sentencias T-098 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-112 del 2000. M.P.
Alejandro Martínez Caballero.
[8] Corte Constitucional. Sentencia
C-410 de 1994. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[9] Corte Constitucional. Sentencia
C-082 de 1999. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[10] Corte Constitucional. Sentencia
T-624 de 1995. M.P. Jose Gregorio Hernández Galindo.
[11] Corte Constitucional. Sentencia
T-098 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[12] Corte Constitucional. Sentencia
C-112 del 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[13] Corte Constitucional. Sentencia
C-622 de 1997. M.P. Hernando Herrera Vergara.
[14] Ver otros casos de
discriminación en razón del sexo, en las sentencias T-326 de 1995 (M.P.
Alejandro Martínez Caballero), T-026 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa),
C-309 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), C-410 de 1996 (M.P. Hernando
Herrera Vergara).
[15] Fuera de lo dispuesto en este
inciso del artículo 13 superior, hay eventos en los que es indispensable hacer
diferenciaciones en relación con el sexo. En materia laboral, pueden
presentarse casos en los que el sexo constituye una condición determinante en
el ejercicio profesional. Pero como bien lo señaló la Corte en la sentencia
T-026 de 1996, estas hipótesis son excepcionales, y se debe demostrar que
existe "una conexión necesaria y no de simple conveniencia entre el sexo
del trabajador y el cumplimiento del trabajo." Un ejemplo clásico que trae
a cuento la doctrina, es el del director de cine que necesita un actor para
desempeñar el papel de "galán". En dicho supuesto, mal podría
exigirse que se seleccione a una mujer o cuestionar la selección como
discriminatoria.
[16] Corte Constitucional. Sentencia
C-410 de 1994. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[17] Corte Constitucional. Sentencia
C-112 del 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[18] La misma Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer, dispone que: "La
adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal
encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre hombres y mujeres no se
considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención
(...)". (artículo 4°)
[19]Corte Constitucional. Sentencia
C-410 de 1994. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[20] Sentencia C-371 de 2000 M.P. Carlos Gaviria Díaz. S.V. de los
magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, Alejandro Martínez Caballero y Álvaro
Tafur  Galvis.
[21] Sobre los tipos de acciones afirmativas en
diversos países de Europa y América y su fundamento, ver “Les discriminations
positives” en Annuaire International de Justice Constitutionnelle (1997). Economica y Presses Universitaires
d ´Aix-Marseille. París,
1998.
[22] Las acciones afirmativas relativas a la
distribución de un recurso escaso (acceso a altos cargos del Estado) que puede
legítimamente introducir el legislador para favorecer a un grupo marginado,
guardan relación con un hecho mismo de exclusión relacionado con el beneficio que
se quiere otorgar. Así, por ejemplo, en la sentencia C-371 de 2000 (M.P. Carlos
Gaviria Díaz) se declaró constitucional buena parte de la ley por la cual se
reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles
decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público de conformidad
con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional y se dictan otras
disposiciones, en la cual se contemplan diferentes normas que constituyen
mecanismos de acción afirmativa a favor de la mujer. En esta ocasión la Corte
consideró, “(…) que el estímulo a la educación de las mujeres, que se impone,
además, para toda la población en general, es sin duda esencial, pero con ello
no se garantiza de manera eficaz el punto de llegada, o en otras palabras que
la mujer, en un lapso corto, realmente acceda a los cargos de mayor jerarquía y
de dirección en el poder público, que es en últimas el objetivo perseguido por
el legislador.” La Corte consideró que asegurar una cuota (un porcentaje) de
mujeres en el poder era una medida razonable y proporcionada para garantizar su
participación en un ámbito al cual les había sido tradicionalmente difícil
acceder. Salvaron parcialmente el voto los Magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz,
Álvaro Tafur Galvis y Alejandro Martínez Caballero. Aclaró su voto el
Magistrado Vladimiro Naranjo Mesa.
[23] En la sentencia C-112 de 2000 (M.P. Alejandro
Martínez Caballero) se consideró que “(…) si las autoridades recurren a un
criterio “sospechoso”, pero para tomar medidas de acción afirmativa, destinadas
a reducir la discriminación existente, es obvio que esas disposiciones no
pueden estar sometidas al mismo escrutinio judicial que en aquellos eventos en
que ese criterio ha sido utilizado para profundizar o perpetuar las
desigualdades. Por ello, esta Corporación ha indicado que las acciones
afirmativas están sometidas a una prueba intermedia del respeto a la igualdad,
en virtud de la cual es legítimo aquel trato diferente que está ligado de
manera sustantiva con la obtención de una finalidad constitucionalmente
importante.” Aclararon su voto a esta decisión los Magistrados Alfredo Beltrán
Sierra y José Gregorio Hernández Galindo.
[24] Sentencia C-184/03 M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa. A.V. M.
Jaime Araujo Rentería
[25]  Ver entre otras las sentencia T-531/92
M.P. Eduardo Cifuentes Muños, C-019/93 M.P. Ciro Angarita Barón, C-041/94 M.P.
eduardo Cifuentes Muñoz, T-442/94 M.P. Antonio Barrera Carbonell,  .T-597/93
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz,  C-157/02 M.P.
[26] Con relación a la fundamentalidad
de los derechos de las niñas y los niños ver entre otras las sentencias
T-402/92 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y SU-043/95 (M.P: Fabio Morón Díaz).
[27] Corte Constitucional, sentencia C-157 de
2002; M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En este caso se decidió que no
desconoce los derechos del menor, una norma legal al permitir su per­manen­cia
en un centro de reclusión, hasta los tres años, junto a su madre privada de la
libertad, siempre que condiciones de vida adecuadas y sistemas de protección
efectivos garanticen la prevalencia de los derechos de los niños y protejan el
interés superior del menor, el cual puede consistir en algunos casos en que el
menor sea separado de la madre por decisión del juez competente.
Aclaración especial de voto de los Magistrados Jaime Córdoba Triviño, Eduardo
Montealegre Lynett y Manuel José Cepeda Espinosa.
[28] Encuesta Nacional de Demografía y Salud,
Salud Sexual y Reproductiva en Colombia de Profamilia Bogotá, octubre de 2000.
p.13.
[29] Sentencia C- 184703 M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa. A.V. Jaime Araujo Rentería.
[30] Ver al respecto, entre otras,
las sentencias T-414/93,  C- 410/94 , C-034/99, C-371/00, C-184/03
[31] Gaceta Constitucional N° 85 de mayo 29 de
1991. Informe-Ponencia para Primer Debate en Plenaria. Derechos de la Familia,
el Niño, el Joven, la Mujer, la Tercera Edad y los Minusválidos.
Constituyentes: Jaime Benítez Tobón, Angelino Garzón, Guillermo Perry, Iván
Marulanda Gómez, Tulio Cuevas Romero y Guillermo Guerrero Figueroa.
[32] Gaceta Constitucional N° 85 de mayo 29 de
1991..
[33] Ponencia para primer debate  del Proyecto de Ley No.150 (Senado): “por
la cual se decretan normas de apoyo a la mujer cabeza de familia”. Gaceta
del Congreso No.112 del lunes 19 de octubre 1992.   Página 2.
[34] En la sentencia C-034 de 1999 M.P. Alfredo
Beltrán Sierra la Corte consideró que el artículo 2° de la Ley 82 de 1993 no
violaba el principio de igualdad así definiera “mujer cabeza de familia” sólo
en función de la mujer “soltera o casada”, dejando de lado otros estados
civiles como la unión libre, debido a que el estado civil no es lo esencial
para establecer tal condición, sino el hecho de estar al frente de una familia,
al cargo de niños o personas incapaces. Al respecto dijo la Corte:  “Por otra
parte, ha de tenerse en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo
42 de la Constitución Nacional, la familia puede constituirse o en virtud del
matrimonio “o por la voluntad responsable de conformarla” por la decisión libre
de un hombre y una mujer, es decir “por vínculos naturales o jurídicos”, razón
ésta por la cual resulta por completo indiferente para que se considere a una
mujer como “cabeza de familia” su estado civil, pues, lo esencial, de acuerdo
con la definición que sobre el particular adoptó el legislador en la norma
acusada, es que ella “tenga bajo su cargo, económica o socialmente, en forma
permanente, hijos menores  propios o de otras personas incapaces o
incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad
física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o
deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar”, lo
que significa que será tal, no sólo la mujer soltera o casada, sino también
aquella ligada en unión libre con un ‘compañero permanente’.”Corte
Constitucional, sentencia C-034/99 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
[35] Ver la Sentencia C- 184/03 M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa. A.V. M. Jaime Araujo Rentería.
[36].  Ver al respecto la Ponencia
para primer debate  del Poyecto de Ley No.150 (Senado): “por la cual se
decretan normas de apoyo a la mujer cabeza de familia”.   Gaceta del
Congreso No.112 del lunes 19 de octubre 1992  Página 2.
[37] Al respecto dijo el delegatario Horacio
Serpa Uribe en debate del 16 de abril de 1991 en la Comisión Primera “(…) el
tema que se discute le hace a uno recordar la famosa sentencia de Jorge Eliécer
Gaitán, la de que ‘el pueblo no demanda la igualdad retórica ante la ley sino
la igualdad real ante la vida’; a mí me parece que el sentido de la igualdad
sin duda debe preservar la oportunidad o la facilidad para que el Estado
empiece a propiciar situaciones de igualdad en el seno de la sociedad
colombiana.”
[38] Sentencia C- 184703 M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa A.V. Jaime Araujo Rentería.
[39] Sentencia T-255/01 M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.
[40] ARTICULO 4o.
El Estado definirá mediante reglamento el ingreso de la mujer cabeza de familia
y de la familia a su cargo al sistema de seguridad social, buscando la
protección integral, cuyos servicios se les prestarán en forma efectiva, bien
sea con sistemas prepagados, a crédito y por excepción de manera gratuita.
ARTICULO 5o. Los establecimientos
educativos prestarán textos escolares a los menores dependientes de
mujeres cabeza de familia que los necesiten, y, mantendrán servicios de
intercambio en sus bibliotecas a fin de garantizar el cumplimiento de esta
obligación.
Para apoyar las bibliotecas de
los establecimientos que así lo hicieren, y más a aquellas que suministren o donen
los textos a los beneficiarios de este artículo, el Gobierno Nacional podrá
crear un Fondo Especial, el cual quedará facultado para apropiar también
recursos provenientes del sector privado.
ARTICULO 6o. En ningún caso podrá negarse
el acceso a los servicios de educación o de salud a los hijos o demás
personas dependientes de mujeres cabeza de familia con base exclusiva en
esta circunstancia.
ARTICULO 7o. Los establecimientos de
educación primaria y secundaria atenderán de preferencia las solicitudes de
ingreso de hijos o dependientes de mujeres cabeza de familia, siempre
que cumplan con los requisitos y que los resultados de sus exámenes y pruebas
sean por lo menos iguales a las de los demás aspirantes, a fin de no afectar el
principio de igualdad.
ARTICULO 9º .Dentro del campo cultural del
desarrollo, el Gobierno Nacional establecerá y los Departamentos, los
Municipios y del Distrito Capital de Santafé de Bogotá podrán establecer en
favor de la mujer cabeza de familia o de quienes de ella dependan:
a). Acceso preferencial a los auxilios
educativos;
b).Servicio básico de textos y apoyo
educativo a las entidades de economía solidaria integradas en su mayoría por
mujeres cabeza de familia.
ARTICULO 18-. Los beneficios establecidos
en esta Ley para las mujeres cabeza de familia y quienes de ellas dependan,
no excluyen las obligaciones de diversa índole que a su favor deban cumplir
personas naturales o jurídicas, ni eximen de las acciones para exigirlas.
ARTICULO 19-. Dentro del campo social del
desarrollo se establece el derecho a exigir judicial y legalmente que un
porcentaje del salario, de los ingresos o del patrimonio de quien sea económica
y civilmente responsable de la mujer cabeza de familia o de alguien a su
cargo, se destine a atenderles sus necesidades básicas.
PARAGRAFO: Facúltase al Gobierno Nacional
para que dentro del término de un año contado a partir de la publicación de la
presente Ley dicte las disposiciones necesarias para la eficacia de este
artículo.   (subrayas fuera de texto)
[41] ARTICULO
12-. Las entidades municipales o distritales de vivienda, que en alguna forma
reciban recursos del presupuesto nacional o participen en programas que tengan
financiación de dicho origen, prestarán especial atención para que las mujeres
cabeza de familia constituyan o se asocien en organizaciones populares de
vivienda; así mismo las asesorarán para que puedan adquirirla a través de los
diferentes planes ofrecidos, como acceso a subsidios para obtener lotes con
servicios.
ARTICULO 14. El Gobierno
Nacional promoverá, y los departamentos, los municipios y el Distrito Capital
podrán promover programas y planes sociales de vivienda que le otorguen
oportunidades de acceso a las mujeres cabeza de familia.
El Gobierno Nacional podrá reglamentar el
acceso de las mujeres cabeza de familia a los programas de vivienda de las
Cajas de Compensación Familiar y a aquellos que se desarrollen con apoyo
empresarial.
[42] ARTICULO 2o. Para los efectos
de la presente Ley, entiéndese por "Mujer Cabeza de Familia", quien
siendo soltera o casada, tenga bajo su cargo, económica o socialmente, en forma
permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas
para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial,
síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de
ayuda de los demás miembros del núcleo familiar.
PARAGRAFO: Esta condición y la cesación de
la misma, desde el momento en que ocurra el respectivo evento, deberá ser
declarada por la mujer cabeza de familia de bajos ingresos ante notario,
expresando las circunstancias básicas de su caso y sin que por este concepto se
causen emolumentos notariales a su cargo.