T-589-05
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-589/05
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia
excepcional y subsidiaria
VIA DE HECHO-Clases de defectos en la actuación/PERJUICIO
IRREMEDIABLE-Elementos para que se configure
DERECHOS DE PARTE CIVIL EN PROCESO PENAL-Concepción amplia de protección/DERECHOS
DE PARTE CIVIL EN PROCESO PENAL-No está prima facie limitada a lo económico
VICTIMAS Y PERJUDICADOS EN PROCESO PENAL-Interés en la verdad y la justicia
PARTE CIVIL
EN PROCESO PENAL-No interés en la obtención de
indemnización
DERECHOS A LA VERDAD Y LA JUSTICIA DE PARTE
CIVIL EN PROCESO PENAL/PAZ-Tiene
carácter de bien colectivo/DELITOS DE LESA HUMANIDAD-Afectación de
bienes jurídicos colectivos/PARTE CIVIL EN PROCESO PENAL-Actor popular
PARTE CIVIL EN PROCESO PENAL-Diferencia entre la
parte civil individual y la parte civil colectiva respecto de la modalidad del
daño
El ordenamiento procesal penal conforme a la modalidad de daño:
personal o colectivo, distingue a la parte civil en individual o popular. Esto
significa que cuando existe una afectación a un interés jurídico personal de
alcance moral o patrimonial, se legitima por parte de la ley procesal, la
participación de las víctimas o de los perjudicados a título de actor civil
individual, a contrario sensu, cuando el daño tiene ocurrencia sobre un derecho
colectivo, se otorga dicha capacidad procesal al Ministerio Público o a
cualquier ciudadano interesado en preservar su defensa, éste último, según la
ley, en calidad de actor civil popular.
PARTE CIVIL EN PROCESO PENAL-Presupuestos formales
Los presupuestos formales, esto es, que la demanda
mediante la cual se pretenda intervenir en el proceso penal, en aras de obtener
la reparación del daño, el esclarecimiento de la verdad o el logro del ideal de
la justicia, cumpla con unos requisitos mínimos de tipo formal que permitan la
constitución de una verdadera relación procesal entre los sujetos involucrados
en el juicio criminal. Dichos presupuestos se encuentran taxativamente
enumerados en el artículo 48 de la Ley 600 de 2000.
PARTE CIVIL EN PROCESO PENAL-Deber de acreditar una
finalidad constitucionalmente admisible
PARTE CIVIL EN PROCESO PENAL-Existencia de daño
real concreto y específico no necesariamente de contenido patrimonial/PARTE
CIVIL EN PROCESO PENAL-Presupuesto procesal indispensable de intervención/PARTE
CIVIL EN PROCESO PENAL-Determinación de interés legítimo para intervenir
Conforme a lo expuesto en diversas oportunidades por
esta Corporación, la determinación del daño no debe asimilarse a la formulación
de una pretensión exclusivamente reparatoria, indemnizatoria o patrimonial,
pues el concepto de daño que se exige para la constitución de parte civil, es
aquél que supone la existencia de una afectación de un interés jurídico que
supone necesariamente el efectivo restablecimiento del derecho de los afectados
con la conducta punible (C.P. art. 250-6). En ese orden de ideas, la Corte ha
reconocido que el restablecimiento del derecho de las víctimas o perjudicados,
no se limita simplemente a la obtención de una indemnización a manera de
reparación integral por el daño, sino que, comprende también, el derecho a
saber la verdad de lo ocurrido y a que se haga justicia.
PARTE CIVIL EN PROCESO PENAL-Determinación
de las exigencias para intervenir
Es innegable que la constitución de parte civil se somete al
cumplimiento de  tres (3) exigencias, a saber: (i) el señalamiento de los
presupuestos formales que permiten la consolidación de una verdadera relación
procesal entre los sujetos involucrados en el juicio criminal; (ii) la búsqueda
de una finalidad constitucionalmente admisible, o lo que es lo mismo, promover
el ejercicio de la acción en aras de salvaguardar los derechos de las víctimas
o los perjudicados a la verdad, a la justicia y a la reparación económica; y
finalmente, (iii) la necesidad de acreditar un daño concreto, real y específico
que legitime su participación en el proceso penal, o en otras palabras,
demostrar la existencia de una afectación a un interés jurídico susceptible de
protección constitucional y legal. Además de lo anterior, es preciso
puntualizar que en tratándose de un interés jurídico colectivo, cualquier
persona está legitimada para intervenir como actor civil popular siempre que se
pretenda proteger los “mínimos de civilidad”, esto es, los graves atentados
contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario o aquellas
conductas que  comprometan gravemente la paz o el uso racional de la fuerza
militar. En todo caso, a fin de evitar el uso de la constitución de parte civil
como herramienta de retaliación particular, le corresponde al actor popular
justificar que mediante su comportamiento existe un genuino compromiso con el
esclarecimiento de los hechos investigados y con la promoción y protección de
los valores jurídicos antes mencionados.
PARTE CIVIL EN PROCESO PENAL-Imposibilidad de rechazar de plano la
demanda por falta de señalamiento del domicilio
No podían las citadas autoridades judiciales rechazar
de plano la demanda de constitución de parte civil de la Asociación para la
Promoción Social Alternativa Minga, ante la falta de señalamiento del domicilio
de los perjudicados con la conducta punible, por las siguientes razones: Por
una parte, porque el Código de Procedimiento Penal establece que ante el
incumplimiento de dicho requisito la demanda deberá ser inadmitida,
confiriéndole la oportunidad legal al demandante para corregirla (C.P.P. arts.
48 y 51); y por la otra, porque las causales para rechazar de plano la demanda
son taxativas (C.P.P. art. 52) y dentro de las mismas, no se encuentra la
correspondiente a la ausencia de identificación del domicilio, la cual, según
se vio, se encuadra dentro de los denominados presupuestos formales para la
consolidación de la relación jurídica procesal.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Vía de hecho
por defecto sustantivo de las resoluciones que rechazaron de plano la
constitución de la parte civil popular
Referencia: expediente T-743267.
Peticionario: Asociación para la Promoción
Social Alternativa Minga.
Demandados: Fiscal Delegado de la Unidad de
los Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación y Fiscal 42 Delegado
ante el Tribunal Superior de Bogotá.
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL.
Bogotá, D.C., siete (7) de junio
de dos mil cinco (2005).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por
los Magistrados Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra y Humberto
Antonio Sierra Porto, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del fallo de
tutela proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
en relación con la acción tutelar impetrada por la Asociación para la Promoción
Social Alternativa Minga, contra el Fiscal Delegado de la Unidad de los
Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación y el Fiscal 42 Delegado
ante el Tribunal Superior de Bogotá.
I.       ANTECEDENTES.
1.      Demanda y pretensiones.
El señor Tito Augusto Gaitán Crespo, actuando en calidad de apoderado
judicial de la Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga, de
conformidad con poder otorgado por la representante legal de dicha
organización, señora Gloria Inés Florez Schneider, interpuso acción de tutela,
el día 7 de abril de 2003, al considerar que el Fiscal Delegado de la Unidad de
Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación y el Fiscal 42 Delegado
ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, vulneraron a dicha
ONG sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia[1].
Según el accionante, en la Unidad Nacional
de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General
de la Nación se adelanta una investigación penal por la conducta punible de concierto
para delinquir en concurso con otras modalidades punitivas, por el
desplazamiento forzado del que fueron víctimas los pobladores del Corregimiento
de La Gabarra (Muni-cipio de Tibú, región de El Catatumbo) por obra de las
Autodefensas de Colombia y cuya radicación es 536D.
Dentro de la mencionada investigación, la
representante legal de la Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga
-ONG que tiene entre sus objeti-vos la promoción y protección de los derechos
humanos-[2],
al considerar que la conducta investigada en dicho proceso lesionó el derecho
colectivo a la seguridad pública, otorgó poder a un abogado con
el propósito de constituirse en parte civil como actor popular. El propósito de
la mencionada actuación, no era otro que el de buscar “el establecimiento de
la verdad y justicia, como una forma de restablecer el derecho, no para saciar
vindicta alguna, sino para impedir con el contraestimulo de la reparación
integral del daño causado, cuyo parte fundamental es la verdad, la repetición
de crueles violaciones a los derechos humanos, fundamentadas, lamentablemente,
por la impunidad de la que gozan los responsables de estos hechos”. Según
aparece acreditado a folio 3° del presente expediente, la solicitud de
constitución de parte civil como actor popular tuvo lugar el día 8 de octubre
de 2002.
Frente a la petición incoada por el apoderado
de la ONG mencionada, el Fiscal Delegado de la Unidad de Derechos Humanos de la
Fiscalía General de la Nación a través de Resolución de fecha 19 de noviembre
de 2002, procedió a rechazar la demanda de constitución de
actor civil popular dentro del proceso penal de la referencia, por ausencia de
los requisitos establecidos en el artículo 48 de la Ley 600 de 2000 y por
presentarse una de las causales estipuladas en el artículo 52 ibídem. En dicha
decisión se indicó después de mencionar el contenido normativo de los artículos
45, 48 y 51[3]
del Código de Procedi-miento Penal lo siguiente:
“Con base en tales parámetros normativos se advierte que tales
requisitos no se encuentran satisfechos a cabalidad toda vez que no se señala
el domicilio de los perjudicados con la conducta punible, no se ha acreditado
la calidad de perjudicado del poderdante y por ende no se advierte la
legitimidad para actuar como perjudicado directo con el delito, ni en qué
afecta a su poderdante de manera directa la lesión a los bienes jurídicos
conculcados que se investigan dentro de este proceso.”
Y prosigue señalando que:
“Si bien es cierto el bien jurídico de la seguridad pública, es de
interés colectivo, también lo es que la acción civil popular, debe invocarse
por quien acredite sumariamente, la calidad de perjudicado con el delito y
hasta este momento, no se advierte como la ONG se lesiona con tales
conculcación (sic) a los intereses de la colectividad de la región afectada”.
Al interponerse contra dicha decisión el
recurso de apelación, el Fiscal 42 Delegado ante el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, mediante Resolución del 10 de marzo de 2003
confirmó el fallo impugnado al considerar que la Asociación para la Promoción
Social Alternativa Minga “no encaja dentro de la descripción realizada por
el artículo 45 del Código de Procedimiento Penal y que su demanda no puede
llenar los requisitos del artículo 48 del mismo código.// En virtud de lo
anterior, los perjudicados indirectos no tienen personería para intervenir como
parte civil dentro de este proceso.// Se repite por lo mismo que los únicos
legitimados para presentar dicha demanda y constituirse en parte civil son
aquellas personas o sus sucesores que hayan resultado heridas, muertas o
desplazadas, esto es, los sujetos pasivos del delito.// En virtud de lo
anterior se confirmará la decisión que rechazó la demanda de tutela de parte
civil popular por falta de legitimidad o titularidad de quienes la
presentaron”. Para llegar a la citada conclusión, la autoridad judicial
demandada afirmó que:
“(...) Lo cierto es que la demanda de parte
civil sí debe ser rechazada porque quienes pretenden constituirse en parte
civil no tienen legitimidad para ello.
Es nuestro deber precisar que la demanda de
parte civil dentro del proceso penal existe con la única y precisa finalidad de
restablecer los perjuicios ocasionados a los directos perjudicados con la
infracción.
El artículo 52 del Código de Procedimiento
Penal nos enseña que dicha demanda será rechazada cuando quien la promueve no
es el perjudicado directo con el delito, entendiéndose por tal a la víctima de
dicho delito, que para el caso presuntamente seria la familia de los
interesados con la infracción o incluso estos mismos (...)
De otro lado, es claro que la ONG referida
nada tiene que ver con la infracción, pues no fue la víctima de la misma de
manera directa. Aunque sus integrantes como cualquier colombiano hayan sufrido
una lesión moral en razón de la angustia o de la desesperanza que causan este
tipo de situaciones en el conglomerado social. En ese sentido concluimos que la
ONG no encaja dentro de la descripción realizada por el artículo 45 del Código
de Procedimiento Penal y que su demanda no puede llenar los requisitos del
artículo 48 del mismo código (...)”.
Para el accionante las decisiones de los fiscales demandados de
rechazar la demanda de parte civil constituyen una vía de hecho, pues a su
juicio la participación de la Asociación para la Promoción Social Alternativa
Minga como actor popular debía ser aceptada en la aludida investigación “porque:
a) se impetró en un proceso penal donde se investiga una afrenta a la seguridad
pública, concepto que de conformidad con los artículos 88 de la Constitución
Política y 4° de la Ley 472 de 1988 es un derecho colectivo; y b) la demanda
cumplía con los requisitos de ley, y si algún defecto formal contenía, tenía
que ser inadmitida, pero no rechazada de plano”.
En concepto del apoderado judicial de la ONG demandante, las decisiones
atacadas por esta vía, obedecen a una interpretación abusivamente caprichosa
del artículo 45 del Código de Procedimiento Penal. Señala que los fiscales
demandados restringen la acción civil popular al darle un tratamiento simétrico
e idéntico a la acción civil individual, pues entienden que sólo posee
legitimidad para interponerla quien haya sufrido un menoscabo o perjuicio
individual con la comisión del ilícito, lo cual a su juicio, es un desafuero
toda vez que la nota distintiva entre estas dos figuras radica, precisamente,
en que en la acción civil popular, otorga legitimidad procesal a todo
ciudadano para intervenir en los procesos en los que se investigan conductas
que han afectado de manera difusa a toda la sociedad, es decir, que han
lesionado derechos colectivos, razón por la cual, cualquier persona natural o
jurídica puede concurrir al proceso penal en representación del conglomerado
social.
Bajo este contexto, afirma que la jurisprudencia constitucional y la
misma Fiscalía General de la Nación ha aceptado que las ONG´S ambientales y de
defensa del patrimonio público intervengan como actores civiles populares en
los procesos que se investigan conductas que atentan contra el medio ambiente o
que están incursas en manifestaciones de corrupción pública, bajo el supuesto
de que este tipo de comportamientos por afectar a toda la sociedad, lesionan de
una forma u otra a todos los individuos que la integran y permiten que
cualquiera tenga la posibilidad de intervenir en el proceso penal, con el fin
-claro esta- de asegurar la efectiva reparación de los perjuicios causados a la
sociedad.
Así
las cosas, el demandante solicita la protección de los derechos al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia de la Asociación para la
Promoción Social Alternativa Minga, para lo cual pretende que el Fiscal 42
Delegado ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá anule la
Resolución de fecha 10 de marzo de 2003, por medio de la cual confirmó la
decisión proferida en primera instancia por el Fiscal Delegado de la Unidad de
los Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, y en su lugar,
profiera una Resolución que revoque la providencia censurada.
Finalmente,
el actor solicita en la demanda de tutela que el Fiscal Delegado de la Unidad
de los Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, profiera una
decisión admitiendo a la ONG como actor civil popular en la investigación cuya
radicación es 536D.
2.     Oposición a la demanda de tutela[4].
En respuesta a la solicitud de la autoridad judicial, el Fiscal
Delegado de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación
presentó escrito por medio del cual se opuso a las pretensiones de la demanda.
En su opinión, las respuestas a los argumentos del accionante están resumidos
en las decisiones de primera y segunda instancia que negaron el reconocimiento
de la Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga, como actor civil
popular dentro de la investigación con radicación 536D.
Por su parte, el Fiscal 42 Delegado ante el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, informó al despacho de instancia que la decisión
que se considera por parte del actor como constitutiva de una vía de hecho, no
podría ser otra distinta, pues la ley y la jurisprudencia indican que una
persona natural o jurídica sino es afectada directamente por el
delito no puede efectuar reclamaciones de índole económico respecto a dicha
conducta punible. En relación con la entidad demandante señaló: “[e]s
precisamente esta la situación de la Asociación MINGA, cuando además de no
haber recibido ningún perjuicio directo con el punible más allá del que recibimos
todos lo colombianos debido a la crisis de orden público por la que
atravesamos, ni siquiera tiene su sede en el territorio o espacio geográfico
donde ocurrieron los hechos”.
II.
TRÁMITE PROCESAL.
Decisión judicial que se revisa.
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, mediante
sentencia proferida el veintinueve (29) de abril de 2003, negó la tutela
interpuesta por las siguientes consideraciones:
-La acción de tutela se torna improcedente para controvertir la
interpretación de normas por parte de los funcionarios judiciales a menos que
ésta sea irracional o resulte contra evidente.
-En relación con la titularidad para ejercer la acción civil dentro
del proceso penal, reitera lo expuesto en la Sentencia proferida por esa misma
Corporación el 4 de febrero de 2003, según la cual la determinación de quien
tiene interés legítimo para intervenir en el proceso penal, corresponde al
juzgador y si se presenta disparidad de criterios entre los accionantes y los
funcionarios judiciales sobre el punto, la acción de tutela no está llamada a
servir de instancia adicional para resolver dicho tipo de conflictos.
-Frente a la interpretación abusiva del ordenamiento como lo
considera el accionante, el juez de instancia reitera lo expuesto en la Sentencia
C-228 de 2002, la cual después de referirse a los intereses adicionales a la
mera reparación económica que persigue la parte civil dentro del proceso penal,
señaló:
“No obstante, ello no significa que cualquier persona que alegue que
tiene un interés en que se establezca la verdad y se haga justicia pueda
constituirse en parte civil -aduciendo que el delito afecta a todos los
miembros de la sociedad- ni que la ampliación de las posibilidades de
participación a actores civiles interesados sólo en la verdad o la justicia
pueda llegar a transformar el proceso penal en un instrumento de retaliación
contra el procesado. Se requiere que haya un daño real, no necesariamente de
contenido patrimonial, concreto y específico, que legitime la participación de
la víctima o de los perjudicados en el proceso penal para buscar la verdad y la
justicia, el cual ha de ser apreciado por las autoridades judiciales en cada
caso.”
En esta medida, concluye que la interpretación hecha por los
funcionarios demandados, conforme a la cual el actor popular aún en los eventos
de lesiones a bienes jurídicos colectivos, debe demostrar que ha sufrido un
daño real, concreto y específico -no necesariamente patrimonial- es razonable
y, por lo  mismo, no puede constituirse en una vía de hecho.
4.     Material probatorio aportado al proceso y
recaudado en Sede de Revisión.
4.1. En el expediente obran como pruebas
que son relevantes en la presente causa, las siguientes:
·
Certificado de existencia y representación
legal de la Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga. (fls 17 y
18)
·
Copia de la demanda de constitución de actor
civil popular presentada por la Asociación para la Promoción Social Alternativa
Minga en la investigación radicada 536D. (fls. 19 a 25)
·
Copia de la Resolución proferida por el Fiscal
Delegado de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación
de fecha 19 de noviembre de 2002, por medio de la cual se rechazó en
primera instancia la demanda de constitución de actor civil popular presentada
dentro de la investigación penal 536D por parte de la Asociación para la
Promoción Social Alternativa Minga. (fls. 26-30).
·
Copia de la Resolución proferida por el Fiscal
42 Delegado ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de fecha
10 de marzo de 2003, por medio del cual se confirmó el fallo
anteriormente indicado. (fls. 31-38).
4.2. Para mejor proveer, esta Sala de
Revisión, mediante el Auto de septiembre de 2003, solicitó a la representante
judicial de la Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga que
informara:
“- En qué soporta su afirmación consistente en señalar que por parte
de la Fiscalía se han reconocido a las ONGS como actores civiles populares, en
relación con investigaciones que se surten por delitos contra los derechos o
intereses colectivos, especialmente, en torno a las conductas punibles contra
personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, los
recursos naturales y la administración pública.
-Qué material probatorio se presentó ante las autoridades judiciales
demandadas para solicitar el reconocimiento de su condición de actor civil
popular al interior del sumario 536D, destinados a demostrar su interés directo
en la investigación dada la supuesta lesión de los bienes o intereses
colectivos.”
En comunicación dirigida a la Sala Quinta de Revisión, el apoderado
judicial de la Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga, señaló
frente a la primera información solicitada, que en el proceso identificado con
el número 1656, se admitió al Comité Regional de Derechos Humanos “Joel
Sierra” por parte de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, en un
proceso penal en donde se conoció un punible contra la seguridad pública (fls
65 y subsiguientes).
En cuanto al segundo interrogante, el apoderado de la citada
Asociación, afirmó que: “No presentamos material probatorio distinto al
certificado de existencia y representación legal de la Asociación para la
Promoción Social Alternativa Minga, documento en el que consta que uno de los
fines sociales de esa entidad es la defensa y promoción de los derechos
humanos; pero es de resaltar, (...), que en el plenario 536D de la UNDH,
aparecen consignadas plurales menciones a Minga, pues esta fue la ONG que con
mayor insistencia denunció los hechos que dieron lugar a esa investigación y
demando protección para los habitantes del corregimiento de La Gabarra,
municipio de Tibú (N.S), y así aparece recogido de manera abundante dentro de
esa foliatura”. Se anexan cartas dirigidas a varias autoridades públicas y
personalidades internacionales denunciando los hechos acontecidos en el citado
municipio e informes de prensa que dan noticia de la acción que en defensa de
la comunidad ha asumido la citada asociación (fls. 69 a 106).
III.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Competencia.
1. A través de esta Sala de Revisión, la
Corte Constitucional es competente para revisar la sentencia proferida dentro
del proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Derechos constitucionales violados o amenazados.
2. La accionante solicita la protección
de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia.
Problema jurídico.
3. A partir de las circunstancias fácticas que dieron
lugar al ejercicio de la acción de tutela y de la decisión adoptada en la
respectiva instancia judicial, esta Sala de Revisión debe determinar, si el
Fiscal Delegado de la Unidad de los Derechos Humanos de la Fiscalía General de
la Nación y el Fiscal 42 Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá,
incurrieron en una vía de hecho en las Resoluciones de 19 de noviembre de 2002
y 10 de marzo de 2003, conforme a las cuales decidieron rechazar la
constitución de parte civil que interpuso la Asociación para la Promoción
Social Alternativa Minga, con el fin de obtener el reconocimiento de su
condición de actor civil popular dentro de la investigación penal número 536D
que se adelanta por la conducta punible de concierto para delinquir en concurso
con otras modalidades punitivas, todas vez que, en opinión de las citadas
autoridades judiciales, no se demostró por la ONG de la referencia, la
condición de perjudicada directa de la infracción penal, entendiéndose por tal
a las victimas o familiares de éstas que puedan invocar como única y precisa pretensión,
el resarcimiento de los perjuicios causados.
Para el efecto, esta Corporación se
detendrá en el estudio de las condiciones generales de procedencia de la acción
de tutela, cuando la misma se invoca contra una decisión judicial supuestamente
incursa en vía de hecho y, con posterioridad, adelantará un breve estudio
acerca de la jurisprudencia constitu-cional sobre los derechos de la parte
civil a la luz de la Constitución de 1991.
Reiteración de jurisprudencia en relación con la procedencia excepcional
de la acción de tutela por vías de hecho.
4. A partir de la Sentencia C-592 de 1993, la jurisprudencia
constitucional ha admitido reiteradamente la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra decisiones judiciales incursas en vías de hecho.
Concretamente, esta Corporación ha dicho:
"(...) La acción de tutela no es el
mecanismo judicial idóneo para controvertir las providencias judiciales, en
particular las que han hecho tránsito a cosa juzgada, salvo que las mismas sean
el resultado de una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,
contraria al orden jurídico preestablecido y violatoria de las garantías
constitucionales y legales que integran los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia(...)”[5].
Así mismo,  la Corte
Constitucional de manera reiterada ha sostenido que la procedencia de la acción
de tutela en contra de providencias judiciales, es excepcional, en razón de que
este mecanismo es de carácter subsidiario y no tiene la virtud de reemplazar
los procedimientos ordinarios, ni está concebido como medio alternativo,
adicional o complementario de éstos. Por lo tanto, el propósito de la tutela se
limita a la protección efectiva de los derechos fundamentales cuando no existe
otro medio ordinario de defensa, o cuando existiendo, esta se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjui-cio irremediable.
En
este sentido, la procedencia de la acción de tutela en contra de providencias
judiciales según el criterio de este Tribunal, se sujeta a la comprobación de
dos condiciones: “la violación de un derecho fundamental y la identificación
plena de la existencia de alguno de los eventos que constituyen causales de
procedibilidad en materia de acción de tutela contra providencias judiciales”[6].
5.
Bajo esta perspectiva, la jurisprudencia
constitucional ha identificado cuatro defectos que pueden dar lugar a la
existencia de una vía de hecho, a saber: Orgánico, sustantivo, fáctico o
procedimental. Sobre cada uno de ellos la Corte ha expuesto que:
“(...) a considerado que se presenta un
defecto orgánico cuando la autoridad que tiene a su cargo la dirección
del proceso y profiere la decisión de fondo, no es en realidad su juez natural.
Así mismo, el defecto sustantivo se configura en los casos en que la
decisión judicial es dictada con fundamento en una norma claramente inaplicable
al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su utilización puede
generar una inconstitucionalidad sobreviniente o, porque su contenido no guarda
relación de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha
aplicado. Por su parte, el defecto fáctico tiene lugar cuando las
pruebas que han sido aportadas al proceso resultan inadecuadas para tomar la
decisión, ya sea por ineptitud jurídica o por simple insuficiencia material.
Finalmente, el defecto procedimental se origina en una manifiesta
desviación de las formas propias del juicio que conduce a una amenaza o
vulneración de los derechos y garantías de alguna de las partes o de los demás
sujetos procesales con interés legítimo (...)”[7].
Finalmente, esta Corte ha sostenido que
existe perjuicio irremediable cuando se estructuran cuatro elementos básicos,
determinados por la Corte Constitucional en la sentencia T-225 de 1993[8]; a saber: El perjuicio
ha de ser inminente, las medidas para corregirlo deben ser urgentes, el daño
debe ser grave y su protección impostergable.
Reiteración de jurisprudencia acerca de los
derechos fundamentales de la parte civil en el proceso penal[9].
7.  A partir de la sentencia C-228 de 2002[10], la Corte
Constitucional estableció que la institución de la parte civil no se reduce al
objeto exclusivo de obtener una reparación de tipo patrimonial. A juicio de
esta Corporación los derechos a la dignidad humana, al acceso a la
administración de justicia, al buen nombre y a la honra (C.P. arts. 2°, 12, 15,
21 y 229), así como los principios constitucionales de participación y del
efectivo restablecimiento del derecho (C.P. arts. 1° y 250), le otorgan a la
parte civil como objetivos primordiales dentro del proceso penal la búsqueda
efectiva de la verdad y la justicia.
Desde esta perspectiva, como se sabe, la
Justicia Constitucional ha replanteado la lectura de los derechos de las
víctimas y de los perjudicados con las conductas punibles[11], pues se abandonó la
tradicional postura que veía en aquellos a unos sujetos procesales
exclusivamente legitimados para esgrimir una pretensión indemnizatoria, para en
su lugar establecer una visión más acorde con el moderno constitucionalismo y
el derecho interna-cional humanitario, conforme al cual los derechos de la
parte civil no se circunscriben únicamente a la reparación del daño causado con
el ilícito, sino que también involucran como contenido esencial la satisfacción
plena de los derechos a la verdad y a la justicia. Al respecto, en reciente
sentencia C-014 de 2004[12],
la Corte textualmente declaró:
“Hasta este momento, el concepto de víctima
ha sido privativo del derecho penal. En este campo, durante mucho tiempo, a las
víctimas se les reconoció una legitimidad ligada exclusivamente a sus intereses
patrimoniales: Ya que el delito genera un daño social y un daño particular de
connotaciones patrimoniales, las víctimas podían acceder al proceso penal sólo
en procura de la realización de sus expectativas económicas pero de la
reparación del daño social se ocupaba únicamente el Estado a través de sus
servidores.  Este era un espacio vedado para la víctima o el perjudicado con
una conducta punible pues se temía que si a él accedía la víctima, se
privatizara el ejercicio de la acción penal y el proceso se convirtiera en un
ámbito idóneo para retaliaciones y vindictas.
Tal concepción relegó a la víctima a un
papel secundario en el proceso penal y a una intervención sustancialmente
limitada: Sólo podía concurrir al proceso cuando el presunto autor o partícipe
había sido identificado, su interés era exclusivamente patrimonial, sólo tenía
legitimidad para impugnar aquellas decisiones que afectaran esa pretensión
econó-mica y, por fuera de ello, estaba excluida de los espacios de discusión
inherentes al escla-recimiento de la verdad de lo acaecido y a la realización
de la justicia.
Ante ello, el panorama no podía ser más
desalentador: El titular del bien jurídico vulnerado con el delito tenía un
difícil acceso al proceso penal y, una vez en él, se le reconocían unas
facultades sustancialmente limitadas e incompatibles con esa calidad.  Además,
cuando no existían posibilidades de reparación del daño, su intervención
termina-ba por ser simplemente simbólica.
(...) Esta concepción de la víctima y de
sus derechos en el proceso penal fue puesta en crisis por el moderno
constitucionalismo. Asumiendo que las democracias constitucionales se fundan en
el respeto de la dignidad del ser humano y que este fundamento produce efectos
en todos los ámbitos de ejercicio del poder público y respecto de todas las
personas que en él se encuentran involucradas, se comprendió que los derechos
de las víctimas de una conducta punible no se agotaban en la reparación del
daño patrimonial causado con el delito, pues un Estado constitucional de
derecho es prioritariamente un Estado de justicia y la justicia, en el caso del
delito, no se agota simplemente en esa reparación patrimonial.  Por lo tanto,
se debían generar espacios para el reconocimiento a las víctimas de otros
derechos, pues éstos resultaban ineludibles, al menos si de lo que se trataba
era de hacer efectiva su dignidad y de realizar múltiples fines estatales que
tocan con ella.
Haciendo eco de esa tendencia universal
orientada a reconsiderar los derechos de las víctimas en el proceso penal, la
Corte, en la Sentencia C-228-02, Ms.Ps. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo
Montealegre Lynett, en la que modificó su jurisprudencia relativa a los
derechos de la parte civil en el proceso penal, tras un detenido análisis de
los derechos de las víctimas en el derecho internacional y comparado, concluyó
lo siguiente: “...tanto en el derecho internacional, como en el derecho
comparado y en nuestro ordenamiento constitucional, los derechos de las
víctimas y perjudicados por un hecho punible gozan de una concepción amplia–no
restringida exclusivamente a una reparación económica– fundada en los derechos
que ellas tienen a ser tratadas con dignidad, a participar en las decisiones
que las afecten y a obtener la tutela judicial efectiva del goce real de sus
derechos, entre otros, y que exige a las autoridades que orienten sus acciones
hacia el restablecimiento integral de sus derechos cuando han sido vulnerados
por un hecho punible. Ello sólo es posible si a las víctimas y perjudicados por
un delito se les garantizan, a lo menos, sus derechos a la verdad, a la justicia
y a la reparación económica de los daños sufridos”.
Con fundamento en dicha doctrina, la
jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido que a las víctimas y
perjudicados con la realización de un ilícito, les asiste en términos de la
Constitución Política de 1991, a fin de preservar el derecho a la dignidad de
la persona humana en el proceso penal, el legítimo interés de adjudicarse para
sí la protección en sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación
económica del daño. Estas garantías han sido definidas por la Corte[13], en los siguientes
términos:
- El derecho a la verdad consiste en
la posibilidad de la parte civil de conocer realmente los hechos constitutivos
de una infracción penal, esto es, de buscar la plena coincidencia entre la
verdad procesal y la verdad real. En ejercicio de esta atribución, las víctimas
o perjudicados se encuentran legitimados no sólo para conocer la naturaleza del
ilícito, sino también las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que
ocurrieron los hechos y los responsables de tales comportamientos.
- El derecho a la justicia se
manifiesta en la exigencia constitucional y legal de conferir a la parte civil
las herramientas necesarias para evitar la impunidad frente a la violación de
la ley criminal del Estado, pudiendo ésta reclamar de las autoridades
competentes el cumplimiento de su obligación de investigar lo sucedido,
perseguir a los autores y, en caso de hallarlos responsables, condenarlos con
sujeción a la ley.
- El derecho a la reparación del daño persigue
que todos los perjuicios causados a través del ilícito sean objeto de
compensación económica, la cual, en términos legales, sigue siendo la forma
tradicional como se resarce a la parte civil de la comisión de un delito[14].
8. Si bien por regla general se ha reconocido que le
asiste a la parte civil el interés en la preservación integral de los citados
derechos, es posible que, en ciertos casos, sólo esté interesada en el
establecimiento de la verdad o en el logro de la justicia y, por lo mismo, deje
de lado la obtención de una indem-nización. Así, por ejemplo, en sentencia
T-249 de 2003[15],
la Corte decretó la existencia de una vía de hecho por defecto sustantivo, al
negarse la Fiscalía General de la Nación a reconocer la condición de actor
civil popular a la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, órgano de la
Conferencia de Religiosos de Colombia, en la investigación que por delitos de
lesa humanidad se estaba adelantando contra un general en retiro del ejército.
En dicha intervención procesal a través de la constitución de parte civil, la
citada Comisión Intercongregacional pretendía esclarecer la verdad sobre los
hechos que rodearon el ataque a las comunidades de la región de Urabá. A este
respecto, en el fallo de la referencia, la Corte afirmó:
“El derecho a la verdad y a la justicia son
bienes jurídicos que tienen un marcado valor individual (víctima y sus
familiares), pero en ciertas circunstancias, adquieren carácter colectivo. Este
carácter colectivo tiene dimensiones distintas, alcanzando el nivel de la
sociedad cuando los cimientos de una sociedad civilizada y los mínimos
constitutivos del orden jurídico -paz, derechos humanos y restricción y uso
racional de la fuerza militar- se amenazan y está en entredicho el cumplimiento
de las funciones básicas del Estado (...)
La interpretación propuesta -aquella que
excluye el interés de la sociedad, por estar representando en el Estado-,
implica una restricción inadmisible del derecho a la verdad y a la justicia,
que cercena las posibilidades de paz en Colombia. Por lo mismo, genera una
restricción desproporcionada de los derechos de los residentes del país a
lograr la paz, ver protegidos sus derechos constitucionales y realizado el cumplimiento
de los deberes establecidos en el ordenamiento jurídico. Implica, finalmente,
negar la posibilidad de una participación efectiva en el control del ejercicio
del poder estatal”.
De igual manera, en la citada sentencia C-228 de 2002[16], la Corte propuso el
siguiente ejemplo que ilustra cómo el esclarecimiento de la verdad y el logro
de la justicia, van por lo general acompañados de la necesidad de preservar
derechos de contenido colectivo, tales como, la seguridad pública, la paz, el
patrimonio público o la moralidad administrativa, sin importar la obtención de
una indemnización. Sobre la materia, se dijo que:
“(...) es
posible que en ciertos casos, [que la parte civil] sólo esté interesada en el
establecimiento de la verdad o el logro de la justicia, y deje de lado la
obtención de una indemnización. Ello puede ocurrir, por citar tan sólo un
ejemplo, cuando se trata de delitos que atentan contra la moralidad pública, el
patrimonio público, o los derechos colectivos o donde el daño material causado
sea ínfimo –porque, por ejemplo, el daño es difuso o ya se ha restituido el
patrimonio público– pero no se ha establecido la verdad de los hechos ni se ha
determinado quién es responsable, caso en el cual las víctimas tienen un
interés real, concreto y directo en que se garanticen sus derechos a la verdad
y a la justicia a través del proceso penal”.
9.  Ahora bien, el ordenamiento procesal
penal conforme a la modalidad de daño: personal o colectivo, distingue a la
parte civil en individual o popular. Esto significa que cuando existe una
afectación a un interés jurídico personal de alcance moral o patrimonial, se
legitima por parte de la ley procesal, la participación de las víctimas o de los
perjudicados a título de actor civil individual, a contrario sensu,
cuando el daño tiene ocurrencia sobre un derecho colectivo, se otorga dicha
capacidad procesal al Ministerio Público o a cualquier ciudadano interesado en
preservar su defensa, éste último, según la ley, en calidad de actor civil
popular. Al respecto, el artículo 45 de la Ley 600 de 2000, dispone:
“Artículo 45. Titulares. La acción
civil individual o popular para el resarcimiento de los daños y perjuicios
individuales y colectivos causados por la conducta punible, podrá ejercerse
ante la jurisdicción civil o dentro del proceso penal, a elección de las personas
naturales o jurídicas perjudicadas, por los herederos o sucesores de aquellas,
por el Ministerio Público o por el actor popular cuando se trate de lesión
directa a bienes jurídicos colectivos. En este último evento, sólo podrá
actuar un ciudadano y será reconocido quien primero se constituya. El
actor popular gozará del beneficio de amparo de pobreza de que trata el Código
de Procedimiento Civil (...)”[17].
El artículo 47 de la Ley 600 de 2000, establece las reglas en cuanto
a la oportunidad para constituirse en parte civil, reconociendo que la misma
puede tener ocurrencia en cualquier momento dentro del desarrollo del proceso
penal. Aún cuando en un principio la citada disposición previó dos limitantes,
consistentes en exigir que dicha constitución (i) debería tener lugar a partir
de la resolución de apertura de instrucción y (ii) hasta antes de que se
profiriera sentencia de única o de segunda instancia, ambas res-tricciones
fueron declaradas inexequibles por esta Corporación. En un primer momento, en
sentencia C-760 de 2001[18],
se declaró inexequible la expresión: “y hasta antes de que se profiera
sentencia de única o de segunda instancia”, por cuanto la misma no había
sido aprobada por la Plenaria de la Cámara de Representantes, sino por la
Comisión de Conciliación previa proposición sustitutiva que modificó el
contenido de dicha disposición. En segundo término, mediante providencia C-228
de 2002[19],
se decretó la inexequibilidad del siguiente precepto normativo: “a partir de
la resolución de apertura de instrucción”, ya que el mismo le restringía a
la parte civil la posibilidad de actuar en la etapa de investigación previa, lo
cual, en términos de esta Corporación, conducía a “conculcar definitivamente
sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. [Toda vez que ellos]
dependen de que durante esa etapa se le permita a la parte civil intervenir
activamente aportando pruebas y cooperando con las autoridades judiciales y
conocimiento y controvirtiendo las decisiones que se adopten (...), en especial
la providencia mediante la cual se decide no abrir formalmente la
investigación”.
10.  Siguiendo la jurisprudencia
expuesta por esta Corporación y teniendo en cuenta lo previsto en los artículos
48, 51 y 52 de la Ley 600 de 2000, los requisitos para la constitución de parte
civil se pueden agrupar en las siguientes tres (3) grandes categorías de
exigencias procesales, a saber:
(i) Los presupuestos formales, esto es, que la demanda
mediante la cual se pretenda intervenir en el proceso penal, en aras de obtener
la reparación del daño, el esclarecimiento de la verdad o el logro del ideal de
la justicia, cumpla con unos requisitos mínimos de tipo formal que permitan la
constitución de una verdadera relación procesal entre los sujetos involucrados
en el juicio criminal. Dichos presupuestos se encuentran taxativamente
enumerados en el artículo 48 de la Ley 600 de 2000, conforme al cual la demanda
de constitución de parte civil deberá contener:
·
El nombre y domicilio del perjudicado con la
conducta punible.
·
El nombre y domicilio del presunto responsable,
si lo conociere.
·
El nombre y domicilio de los representantes o
apoderados de los sujetos procesales, si no pueden comparecer o no comparecen
por sí mismas.
·
La manifestación, bajo la gravedad de juramento,
que se entiende prestado con la presentación de la demanda, de no haberse
promovido proceso ante la jurisdicción civil, encaminado a obtener la
reparación de los daños y perjuicios ocasionados con la conducta punible[20].
·
Los hechos en virtud de los cuales se hubieren
producido los daños y perjuicios cuya indemnización se reclama.
·
Los fundamentos jurídicos en que se basen las
pretensiones formuladas.
·
Las pruebas que se pretendan hacer valer sobre el
monto de los daños, cuantía de la indemnización y relación con los presuntos
perjudicados, cuando fuere posible.
·
Los anexos que acrediten la representación
judicial, si fuere el caso.
·
La prueba de la representación de las personas
jurídicas, cuando ello sea necesario. Igualmente cuando quien pretende
constituirse en parte civil fuere un heredero de la persona perjudicada, deberá
acompañar a la demanda la prueba que demuestre su calidad de tal.
·
Cuando el demandado fuere persona distinta del
sindicado, en la demanda deberá indicarse el lugar donde aquél o su
representante recibirán notificaciones personales. En su defecto, deberá
afirmar bajo juramento, que se entenderá prestado con la presentación de la
demanda, que desconoce su domicilio.
El incumplimiento en el señalamiento y soporte de los presupuestos
formales que permiten la constitución de la parte civil, conforme a lo previsto
en el artículo 51 de la Ley 600 de 2000, conduce a la inadmisión de la demanda,
pudiendo las víctimas o perjudicados con el hecho punible subsanar sus
deficiencias en el término legalmente conferido. Al respecto, dispone la norma
en cita:
“El funcionario que conoce del proceso se abstendrá de admitir la
demanda, mediante providencia contra la que sólo procede el recurso de
reposición, cuando no reúna los requisitos previstos en este código. En tales
casos, en la misma decisión, el funcionario señalará los defectos que adolezca,
para que el demandante los subsane. No obstante haberse inadmitido la demanda,
mientras no haya precluido la oportunidad para constituirse en parte civil,
podrá formularse nuevamente la misma, con el lleno de los requisitos legales”.
(ii) Se debe acreditar que mediante la constitución de parte civil
se pretende satisfacer una finalidad constitucionalmente admisible, esto es,
velar por la debida protección y satisfacción de los derechos a la verdad, a la
justicia y a la reparación económica. Al respecto conviene reiterar que no es
exigible la concurrencia de dichas finalidades, pues  basta con el propósito de
obtener la defensa de al menos una de ellas. Sobre la materia, esta Corporación
textualmente declaró:
“Aun cuando
tradicionalmente la garantía de estos tres derechos le interesan a la parte
civil, es posible que en ciertos casos, ésta sólo esté interesada en el
establecimiento de la verdad o el logro de la justicia, y deje de lado la
obtención de una indemnización. Ello puede ocurrir, por citar tan sólo un
ejemplo, cuando se trata de delitos que atentan contra la moralidad pública, el
patrimonio público, o los derechos colectivos o donde el daño material causado
sea ínfimo –porque, por ejemplo, el daño es difuso o ya se ha restituido el
patrimonio público– pero no se ha establecido la verdad de los hechos ni se ha
determinado quién es responsable, caso en el cual las víctimas tienen un
interés real, concreto y directo en que se garanticen sus derechos a la verdad
y a la justicia a través del proceso penal”[21].
En idéntico sentido, esta Corporación en sentencia T-622 de 2002[22], al decretar la
existencia de una vía de hecho por defectos sustantivo y fáctico, en que
incurrió la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de Medellín,
por el hecho de haber precluido una investigación por los delitos de estafa y
fraude procesal pese a que los elementos de juicio, las reglas de la lógica y
los principios de la sana crítica demostraban manifiestamente lo contrario,
manifestó que:
“En consonancia con lo
anterior, para la Sala resulta clara la procedencia de la presente acción, como
quiera que, así el señor José Javier Zuloaga esté intentando mediante sendos
procesos ante la jurisdicción civil pronunciamientos sobre los hechos que
dieron lugar a la investigación penal que la accionada precluyó, y aunque en
tales procesos el actor podría estar pretendiendo obtener resarcimientos de
carácter económico, a aquel le asiste, además, el derecho fundamental de
exigirle a la Fiscalía General de la Nación que termine la investigación con la
señora Ochoa Marshall, y que de existir prueba para ello acuse a la infractora
de la ley penal como corresponde.
En efecto, porque en
el ordenamiento jurídico no existe procedimiento que permita a quien resulte
perjudicado por una infracción a la ley penal intentar el restablecimiento de
sus derechos fundamentales a la verdad y a la justicia, cuando la Fiscalía
General de la Nación, en una decisión de segunda instancia, se niega a
continuar con la investigación de los hechos delictivos, y opta por precluir la
actuación, como aconteció en el asunto objeto de revisión”.
Esta Corporación si bien le ha reconocido a las víctimas y
perjudicados con la comisión de una conducta punible, el derecho a constituirse
en parte civil con el propósito de realizar los derechos a la verdad, a la
justicia y a la reparación económica, no por ello dichos derechos pueden
considerarse garantías absolutas que olviden la realización de intereses de
mayor jerarquía, pues de ser ello posible se estaría convirtiendo el proceso
penal en un mecanismo exclusivo de retaliación. En apoyo de lo anterior, en
sentencia C-899 de 2003[23],
al declarar la constitucionalidad de algunos preceptos normativos previstos en
la Ley 600 de 2000, mediante los cuales se permite la extinción de la acción
penal por la indemnización integral de los daños ocasionados y se exige la
demostración de un daño para acceder en debida forma a la configuración de la
parte civil, la Corte Constitucional sostuvo que:
“La parte civil en el proceso penal no está habilitada para ejercer
sus derechos a la verdad y a la justicia hasta el extremo de convertir el
proceso penal en un mecanismo que persiga únicamente el castigo del infractor y
olvide intereses de mayor jerarquía. La jurisprudencia en cita permite entender
que el interés de la Corte es proteger los derechos de las víctimas hasta el
punto en que su satisfacción no sacrifique intereses de mayor rango como la
realización de la justicia material, la reparación del daño, el poder disuasivo
de la pena y la economía procesal, entre otros, intereses todos involucrados en
la indemnización como causal extintiva de la acción penal”.
(iii) Obsérvese cómo a pesar de que la jurisprudencia constitucional
reconoce que a la parte civil le asiste en el proceso penal, además del derecho
a la indemnización de perjuicios, los derechos a conocer la verdad y a realizar
el ideal de justicia, igualmente llama la atención sobre la necesidad de no
perder de vista que la apariencia en la satisfacción plena de dichos derechos,
sin el establecimiento de algún requisito adicional que preserve intereses de
mayor jerarquía, puede terminar convirtiendo a la acción civil en un mecanismo
exclusivo de venganza privada en donde el Estado asume un rol de simple
mediador. Es allí, precisamente, en la necesidad de preservar principios y
valores superiores de mayor envergadura, tales como la justicia material, el
restablecimiento integral, el poder disuasivo de la pena y la economía
procesal, en donde subyace el tercer requisito que legitima a las víctimas y
perjudicados en la constitución de parte civil, conforme al cual para que dicha
intervención resulte procesalmente válida, es indispensable demostrar la
existencia de un daño concreto, real y específico sobre un bien jurídico
objeto de protección que se pretenda amparar y restablecer a través del uso de
la acción civil.
A este respecto, en sentencia C-228 de
2002[24],
esta Corporación aclaró que la intención de preservar los derechos a la verdad
y a la justicia, no puede llegar al extremo de significar que: “cualquier
persona que alegue que tiene un interés en que se establezca la verdad y se
haga justicia pueda constituirse en parte civil (...) se requiere [para el
efecto] que haya un daño real, no necesariamente de contenido patrimonial,
concreto y específico, que legitime la participación de la víctima o de los
perjudicados en el proceso penal para buscar la verdad y la justicia, el cual
ha de ser apreciado por las autoridades judiciales en cada caso.[25]
Demostrada la calidad de víctima, o en general que la persona ha sufrido un
daño real, concreto y específico, cualquiera sea la naturaleza de éste, está
legitimado para constituirse en parte civil, y puede orientar su pretensión a
obtener exclusivamente la realización de la justicia, y la búsqueda de la
verdad, dejando de lado cualquier objetivo patrimonial. Es más: aun cuando esté
indemnizado el daño patrimonial, cuando este existe, si tiene interés en la
verdad y la justicia, puede continuar dentro de la actuación en calidad de
parte. Lo anterior significa que el único presupuesto procesal indispensable
para intervenir en el proceso, es acreditar el daño concreto, sin que se le
pueda exigir una demanda tendiente a obtener la reparación patrimonial”[26].
La exigencia de acreditar la existencia de un daño, de igual manera
se encuentra prevista en el artículo 48 de la Ley 600 de 2000, el cual, en lo
pertinente, dispone que: “La demanda de constitución de parte civil deberá
contener: (...) Los daños y perjuicios de orden material y moral que se le
hubieren causado, la cuantía en que se estima la indemnización de los mismos y
las medidas que deban tomarse para el restablecimiento del derecho, cuando
fuere posible”.
11. Ahora bien, conforme a lo expuesto
en diversas oportunidades por esta Corporación, la determinación del daño no
debe asimilarse a la formulación de una pretensión exclusivamente reparatoria,
indemnizatoria o patrimonial, pues el concepto de daño que se exige para la
constitución de parte civil, es aquél que supone la existencia de una
afectación de un interés jurídico que supone necesariamente el efectivo
restablecimiento del derecho de los afectados con la conducta punible (C.P.
art. 250-6).
En ese orden de ideas, la Corte ha reconocido que el
restablecimiento del derecho de las víctimas o perjudicados, no se limita
simplemente a la obtención de una indemnización a manera de reparación integral
por el daño, sino que, comprende también, el derecho a saber la verdad de lo
ocurrido y a que se haga justicia. Así, en sentencia C-228 de 2002[27], la Corte sostuvo que:
“En la Carta se refleja también una concepción amplia de la
protección de los derechos de las víctimas, que no está prima facie
limitada a lo económico. En efecto, el numeral 1 del artículo 250 superior,
establece como deberes de la Fiscalía General de la Nación el “tomar las
medidas necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho
y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito”. De ello
resulta que la indemnización es sólo uno de los posibles elementos de la
reparación a la víctima y que el restablecimiento de sus derechos supone más
que la mera indemnización. La Constitución ha trazado como meta para la
Fiscalía General el “restablecimiento del derecho”, lo cual representa una
protección plena e integral de los derechos de las víctimas y perjudicados. El
restablecimiento de sus derechos exige saber la verdad de lo ocurrido, para
determinar si es posible volver al estado anterior a la vulneración, así como
también que se haga justicia”.
Así las cosas, en diversas oportunidades, esta Corporación ha
protegido la constitución de parte civil cuando se acude a la misma con la
finalidad de obtener el restablecimiento pleno del derecho, distinto a la mera
reparación económica, esto es, cuando se pretende la búsqueda de la verdad y la
realización de la justicia. En todo caso, para que ello resulte procedente, es
indispensable que siempre exista una afectación o daño a un interés jurídico
susceptible de tutela judicial. A continuación se expone brevemente dicha línea
de la jurisprudencia constitucional:
- En sentencia T-275 de 1994[28],
la Corte reconoció que la parte civil en el proceso penal militar tiene derecho
no sólo al resarcimiento del daño, sino también al “restablecimiento del
derecho” y dentro de este concepto a lograr la satisfacción de la justicia y la
definición de la verdad. En el caso objeto de examen, esta Corporación
consideró que una madre tenía derecho a conocer la causa del fallecimiento de
su hijo, quien se desempeñaba como soldado voluntario en un batallón de
contraguerrilla, cuando a pesar de invocarse la existencia de un suicido, las
pruebas permitían suscitar un manto de duda sobre dicha conclusión. En la
citada providencia, la Corte manifestó:
“El Código de Procedimiento Penal incluye
dentro de los sujetos procesales a la Parte Civil.// Como se aprecia, el
artículo no sólo se refiere al resarcimiento del daño sino al
"restablecimiento del derecho" y dentro de este concepto está el
lograr lo justo; para ello se requiere respetar el derecho a la búsqueda de la
verdad por parte de las víctimas o los perjudicados.// La participación de las
víctimas o perjudicados en el proceso penal no se justifica solamente por la
perspectiva de lograr un bien patrimonial como reparación, sino, además, y
especialmente, por el derecho que tienen las personas de acercarse a la verdad.
Contribuir en la definición de la verdad y en el rechazo a la falsedad, es tan
importante como lograr lo válido, lo útil, lo interesante. El orden social
justo conlleva el asegurar "la justicia, la igualdad, el
conocimiento" (Preámbulo de la Carta). Una madre tiene justificación
cuando exige que se le aclare la causa del fallecimiento de su hijo,
especialmente si no aparecen razones o motivos para un suicidio. (...)
Este derecho de los familiares a conocer la
suerte de los suyos, sean desaparecidos o fallecidos, no se agota entonces con
la percepción visual del cadáver, ni se limita a una escueta información, ni
puede quedarse en una conclusión simplista, sino que el Estado debe facilitar
el acercamiento a la verdad permitiéndoles participar en el proceso penal.
Además, esta participación no sólo constituye un derecho fundamental de las
víctimas y perjudicados sino que puede ser muy importante para estructurar una
investigación eficaz, alcanzar la verdad y prevenir futuros ilícitos”.
- En sentencia T-536 de 1994[29],
la Corte resolvió un caso similar al planteado en esta oportunidad, en el cual
se negaba la intervención como parte civil popular a la Fundación para la
Defensa del Interés Público (FUNDE-PUBLICO), en la investigación que adelantaba
la Fiscalía por la posible comisión de conductas punibles relacionadas con la
celebración irregular de un contrato para el suministro de energía eléctrica
entre I.S.A. S.A. E.S.P. y unas sociedades privadas, la finalidad de dicho
negocio jurídico consistía en conjurar la crisis energética que condujo al país
a un prolongado racionamiento durante el año de 1992. A juicio de esta
Corporación, la decisión de la Fiscalía 257 de Bogotá de rechazar la
constitución de FUNDEPUBLICO como actor civil popular constituía una vía de
hecho, por cuanto la citada fundación al haber acreditado la afectación a un
bien colectivo, en este caso el patrimonio público, contrario a lo manifestado
por la Fiscalía, sí demostró que tenía la condición de perjudicado con
los hechos objeto de investigación. Así sostuvo que:
“El Código de Procedimiento Penal dispone
de un conjunto normativo integrado por los artículos 43, 44, 45, 46, 47, 48 49,
50, 55 y 56, que regulan la acción civil popular para el resarcimiento de los
daños y perjuicios colectivos causados por el hecho punible, la determinación
de las personas obligadas a indemnizar, la oportunidad de la constitución de
parte civil, los requisitos que debe contener la demanda respectiva, las reglas
relativas a su admisión e inadmisión, la condenación al pago de perjuicios y su
liquidación.(...)
Partiendo de la regulación normativa
contenida en el art. 43, se infiere que están legitimados en la causa para
instaurar la acción popular encaminada a obtener la reparación del daño o del
perjuicio infligido a un derecho o interés colectivo, el Ministerio Público, o
cualquier miembro de la comunidad, quien actúa no solamente movido por su
propio interés sino por el interés general que ésta representa.(...)
Es de anotar que los beneficiados con la
indemnización colectiva no son sólo las personas que se han hecho parte en el
proceso, sino todas aquéllas que han sido perjudicadas con el hecho ilícito y
que por lo tanto resultan favorecidas con dicha indemnización, según se deduce
del inciso 2o del artículo 56 del C.P.P., pues la norma no distingue entre
interesados que se han hecho parte en el proceso y los que no han concurrido al
mismo. Por lo tanto, entre todos los lesionados por el hecho punible que afecte
un derecho colectivo se debe distribuir la indemnización colectiva, cuyo monto
total corresponde al fondo que debe ser conformado y administrado por el
Defensor del Pueblo.
Lo anterior, pone de presente la particularidad de que el actor
popular no sólo gestiona su propio interés sino el de las personas integrantes
de la comunidad o del grupo que sufren la lesión de su derecho o interés
colectivo. (...)
b) FUNDEPUBLICO, representado por el
abogado Germán Sarmiento Palacio, como actor popular detenta la legitimación
activa para demandar y constituirse como parte civil dentro del referido
proceso penal, en nombre propio y de los demás usuarios del servicio de energía
eléctrica.
c) La admisión de la demanda de parte civil simplemente requiere un
análisis acerca del cumplimiento de los requisitos formales a que alude el art.
46. Por lo tanto, no le es dable al juez o al fiscal, emitir anticipadamente un
juicio con respecto al perjuicio que hubieren podido sufrir el actor popular o
la colectividad con el hecho ilícito, ni en relación con cuestiones que atañen
al fondo del asunto, porque ello corresponde a un momento procesal diferente,
como es la sentencia”.
- En sentencia T-694 de 2000[30],
esta Corporación reiteró la misma línea jurisprudencial trazada hasta ese
momento, al amparar el derecho fundamen-tal al debido proceso en contra de la
Fiscalía 142 de Bogotá, quien pese a la interposición oportuna de un incidente
de nulidad omitió sin justificación alguna darle el trámite correspondiente,
permitiendo que una decisión de preclusión en relación con  los delitos de
estafa, hurto entre condueños y falsedad por ocultamiento de documento privado
quedara plenamente ejecutoriada. En dicha sentencia, la Corte aseguró que:
“[L]os derechos de participación y de acceso a la administración de
justicia, le confieren a la parte civil en el proceso penal una serie de
derechos y obligaciones similares, en principio, a los que ostentan los
restantes sujetos procesales. En consecuencia, debe entenderse que desde el
momento en el cual una persona es reconocida como “parte civil”, adquiere el
derecho a participar activamente en todas las diligencias que se realicen, lo
cual implica, entre otras cosas, el derecho a solicitar las pruebas que
considere conducentes para el esclarecimiento de la verdad o para demostrar la
responsabilidad del sindicado, así como el derecho a recurrir las decisiones
que afecten sus intereses”.
- En sentencia T-1267 de 2001[31],
la Corte fue enfática en sostener que de conformidad con la legislación
constitucional vigente, los derechos de las víctimas y de los perjudicados por
la comisión de una conducta punible no se circunscriben a la obtención de la
indemnización correspondiente sino que van hasta la averiguación de la verdad
de los hechos y a la realización del ideal de justicia insito al proceso penal.
Sobre el particular, se dijo que:
“[N]uestro
ordenamiento jurídico prevé que las personas afectadas por un hecho punible
pueden constituirse como parte civil en el proceso penal respectivo con el fin
de lograr el reconocimiento y pago de la indemnización por los perjuicios que
le fueron ocasionados. Es cierto que la regulación legal confiere a la parte
civil una pretensión esencialmente indemnizatoria, pero ello no excluye que
ésta pueda apelar una sentencia absolutoria, por las siguientes dos razones:
De un lado, las
víctimas de los delitos tienen un derecho a la verdad y a la justicia, que
desborda el campo de la simple reparación, tal y como lo ha señalado con
claridad la doctrina internacional en materia de derechos humanos, que es
relevante para interpretar el alcance de los derechos constitucionales (CP art.
93). Por ello, los derechos de las víctimas trascienden el campo puramente
patrimonial”.
- En sentencia T-622 de 2002[32],
la Corte puntualizó que la categoría de perjudicado comprende no sólo a quien
sufre un agravio económico, sino también a todos aquellos que resultan
afectados en un interés jurídico, cuando la finalidad que soporta el ejercicio
de la acción civil sea la obtención de la verdad o el logro del ideal de la
justicia. En la citada providencia, esta Corporación decretó la existencia de
una vía de hecho en la resolución de preclusión proferida por la Fiscalía 53 de
Medellín, al contrariar con su decisión las reglas de la lógica y los
principios de la sana crítica, y por ende, permitir la impunidad frente a los
delitos de fraude procesal y estafa que condujeron a la pérdida de todos los
bienes del denunciante por parte de su cónyuge. Esta Corporación, en la citada
providencia, textualmente declaró:
“[P]ara la Sala
resulta clara la procedencia de la presente acción, como quiera que, así el
señor José Javier Zuloaga esté intentando mediante sendos procesos ante la
jurisdicción civil pronunciamientos sobre los hechos que dieron lugar a la
investigación penal que la accionada precluyó, y aunque en tales procesos el
actor podría estar pretendiendo obtener resarcimientos de carácter económico, a
aquel le asiste, además, el derecho fundamental de exigirle a la Fiscalía
General de la Nación que termine la investigación con la señora Ochoa Marshall,
y que de existir prueba para ello acuse a la infractora de la ley penal como
corresponde.
En efecto, porque en
el ordenamiento jurídico no existe procedimiento que permita a quien resulte
perjudicado por una infracción a la ley penal intentar el restablecimiento de
sus derechos fundamentales a la verdad y a la justicia, cuando la Fiscalía
General de la Nación, en una decisión de segunda instancia, se niega a
continuar con la investigación de los hechos delictivos, y opta por precluir la
actuación, como aconteció en el asunto objeto de revisión. (...)
En consonancia con las anteriores
consideraciones la Sala procederá a revocar las decisiones de instancias para
en su lugar amparar los derechos fundamentales del actor al debido proceso y al
acceso a la justicia, con miras al esclarecimiento de la verdad y a la
realización de un orden justo; no sin antes llamar la atención de los
Juzgadores de instancia, como quiera que la decisión del Fiscal Tercero
Delegado a que se hace referencia no puede ser calificada de coherente,
razonada y sustentada en el ordenamiento, cuando lo que realmente denota es un
comportamiento arbitrario del Fallador, que agravia al actor y a la
administración de justicia.
Lo dicho, porque en el
Estado social de derecho en el que lo trascendente del procedimiento no son las
formalidades sino la realización de los derechos sustanciales –artículo 228
C.P.- el actor tenía derecho a ser oído, y a que sus peticiones fueran
atendidas con sujeción al ordenamiento jurídico. Es decir al actor le asiste el
derecho de exigir que los hechos que denunció sean cabalmente esclarecidos, y
que los responsables de las conductas punibles establecidas sean efectivamente
castigados”.
- En sentencia T-249 de 2003[33],
esta Corporación consideró que cualquier ciudadano se encuentra legitimado para
intervenir como actor civil popular en defensa de los derechos colectivos,
cuando se pretende esclarecer la verdad y realizar la justicia frente a la
comisión de conductas punibles que impliquen un atentado directo contra los
derechos humanos y el derecho internacional humanitario o que comprometan
gravemente la paz o el uso racional de la fuerza militar. En dicha oportunidad,
como anteriormente se expuso, la Corte decretó la existencia de una vía de
hecho por defecto sustantivo, al negarse la Fiscalía General de la Nación a
reconocer la condición de actor civil popular a la Comisión Intercongregacional
de Justicia y Paz, órgano de la Conferencia de Religiosos de Colombia, en la
investigación que por delitos de lesa humanidad se estaba adelantando contra un
general en retiro del ejército, frente a los hechos que rodearon el ataque a
las comunidades de la región de Urabá. La Corte, en dicha ocasión, sostuvo que:
“La referencia de la sentencia C-228 de 2002, transcrita en el fundamento
15 de esta sentencia, adquiere, luego de lo expuesto, un significado distinto.
Como se puede observar, la Corte sujetó el análisis del interés legítimo a la
naturaleza del bien jurídico protegido. Cuando quiera que el bien jurídico
supone una protección de los mínimos de civilidad –en principio y no de manera
exclusiva, respeto por los derechos humanos, respeto por el derecho
internacional humanitario y el respeto de la paz y seguridad colectiva -, el
interés que legitima la conformación de la parte civil no se limita a un
interés individual o de una comunidad determinada. En presencia de tales hechos
punibles, está en jaque la sociedad entera y el conocimiento de la verdad y el
logro de la justicia adquieren una mayor significación, pues se tornan en
condiciones básicas para mantener la concordia y la paz”.
- Finalmente, en sentencia T-114 de 2004[34], al decretar la
existencia de una vía de hecho contra el Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Palmira (Valle), quien decidió archivar arbitrariamente un juicio criminal que
se adelantaba por el delito de usura, con fundamento en un interpretación
irrazonable y desproporcional del término de caducidad de la acción penal; esta
Corporación tuvo la oportunidad de reiterar que la institución de la parte
civil no se reduce únicamente a la finalidad de obtener una indemnización, pues
mediante la misma se puede acceder al restablecimiento integral del derecho
mediante el esclarecimiento de la verdad y el logro de la justicia. A este
respecto, la Corte manifestó:
“Los derechos a la verdad, a la justicia y
a la reparación deben reconocerse en todos los procesos en que existan víctimas
o perjudicados con la comisión de una conducta punible. Desde luego, el alcance
de esos derechos será diferente según se trate de delitos de mayor o menor
gravedad, como lo ha advertido la Corte en los citados pronunciamientos. No
obstante, independientemente de que el alcance de esos derechos se matice de
acuerdo con la gravedad del comportamiento, de todas maneras, deben
reconocerse. Y ello ocurre incluso cuando se trata de delitos contra el orden
económico y social, como el de usura, pues en estos eventos, si bien el titular
del bien jurídico orden económico y social es el Estado, es perfectamente
posible que concurran personas perjudicadas con la infracción.
Así ocurre, por ejemplo, con las personas que, en razón de las
difíciles situaciones económicas en que se hallan, se ven forzadas a adquirir
préstamos de dinero y a pagar tasas de intereses superiores a las legalmente
permitidas.  Estas personas tienen legitimidad para concurrir al proceso que se
adelante, a instancias suyas, por el delito de usura.  Además, si lo tienen a
bien, pueden constituirse en parte civil.  De hacerlo, tienen derecho a que sus
legítimas expectativas sean tenidas en cuenta y a que sus derechos a la verdad,
a la justicia y a la reparación se reconozcan.  Y para ello es necesario que la
actuación se cumpla con estricto respecto de las garantías sustanciales y
procesales”.
Recogiendo los pronunciamientos previamente expuestos, es innegable
que cuando la finalidad que subyace en la constitución de parte civil es la
obtención del restablecimiento del derecho distinto a la mera reparación
económica, esto es, en aquellos casos en que se pretende el esclarecimiento de
la verdad y el logro de la justicia, conforme a la jurisprudencia
constitucional, la intervención de las víctimas o de los perjudicados en el
proceso penal a título de actor civil individual o popular únicamente resulta
procedente, cuando se demuestra que existe una afectación o daño a un interés
jurídico susceptible de tutela judicial, lo contrario, es decir, admitir
indistintamente la constitución de parte civil, sin acreditar la existencia de
dicho daño, convertiría al juicio criminal en un mecanismo de retaliación
contrario a principios y valores superiores de mayor envergadura, tales como la
justicia material, el restablecimiento integral, el poder disuasivo de la pena
y la economía procesal. Así se concluye, igualmente, de lo expuesto en la
sentencia C-228 de 2002[35],
al determinarse el alcance de los derechos de la parte civil en la Constitución
Política de 1991. Precisamente, en la citada providencia, se dijo que:
“[E]s posible
que en ciertos casos, [la parte civil] sólo esté interesada en el
establecimiento de la verdad o el logro de la justicia, y deje de lado la
obtención de una indemnización. (...)No obstante, ello no significa que
cualquier persona que alegue que tiene un interés en que se establezca la
verdad y se haga justicia pueda constituirse en parte civil –aduciendo que el
delito afecta a todos los miembros de la sociedad– ni que la ampliación de las
posibilidades de participación a actores civiles interesados sólo en la verdad
o la justicia pueda llegar a transformar el proceso penal en un instrumento de
retaliación contra el procesado. Se requiere que haya un daño real, no
necesariamente de contenido patrimonial, concreto y específico, que
legitime la participación de la víctima o de los perjudicados en el proceso
penal para buscar la verdad y la justicia, el cual ha de ser apreciado por las
autoridades judiciales en cada caso. (...) Lo anterior significa que el
único presupuesto procesal indispensable para intervenir en el proceso, es
acreditar el daño concreto, sin que se le pueda exigir una demanda tendiente a
obtener la reparación patrimonial”[36].
12.  Siguiendo esta línea de
argumentación, es indiscutible que la ausencia de una finalidad
constitucionalmente válida para la presentación de la demanda de constitución
de parte civil, así como la falta de demostración de un daño concreto, real y
específico sobre un interés jurídico susceptible de pro-tección, conducen al
rechazo de la citada demanda, pues se supone que en dichos casos quien promueve
la intervención procesal a título de actor civil individual o popular carece de
la condición de perjudicado directo con la conducta punible objeto de
investigación. Así, el artículo 52 de la Ley 600 de 2000, dispone que:
“La demanda será rechazada cuando esté acreditado que se ha
promovido independientemente la acción civil por el mismo demandante, que se ha
hecho efectivo el pago de los perjuicio, que se ha producido la reparación del
daño o que quien la promueve no es el perjudicado directo.
También procede el rechazo cuando la demanda se dirija contra el
tercero civilmente responsable y la acción se encuentre prescrita.
En cualquier momento del proceso, en que se acredite cualquiera de las
situaciones descritas, mediante providencia interlocutoria se dará por
terminada la actuación civil dentro del proceso penal”[37]
Desde esta perspectiva, se pregunta la Corte: ¿Cómo determinar al
perjudicado directo cuando se intenta la acción civil en interés de proteger un
derecho colectivo?
El citado interrogante fue resuelto por esta Corporación en
sentencia T-249 de 2003[38].
En dicha providencia se decidió, en primer lugar, reconocer que en cada caso
les corresponde a las autoridades judiciales competentes analizar la existencia
de un interés jurídico concreto, a partir no sólo de la determinación de
un perjuicio patrimonial cuantificable, sino también del bien jurídico
protegido y de su lesión por el hecho punible. Y, en segundo término, que dicho
interés en tratándose de derechos colectivos, radica en cualquier
persona cuando mediante su intervención como actor civil popular se pretende
proteger los “mínimos de civilidad”, esto es, los graves atentados contra los
derechos humanos y el derecho internacional humanitario o aquellas conductas
que  comprometan gravemente la paz o el uso racional de la fuerza militar. En
todo caso, en dicha hipótesis, el actor popular debe acreditar que lejos de
intentar la constitución de parte civil con un mera intención vindicativa, en
su actuación subyace “un genuino compromiso con el esclarecimiento de los
hechos investigados y con la promoción y protección de los valores jurídicos
antes mencionados”.
En la citada sentencia, esta Corporación
textualmente declaró:
“[D]ebe advertirse que el
actor popular -en casos de graves atentados contra los derechos humanos y el
derecho internacional humanitario y una grave puesta en peligro de la paz
colectiva- deberá reunir condiciones que aseguren que no se trata de una
persona con mera intención vindicativa, sino que demuestre un genuino
compromiso con el esclarecimiento de los hechos investigados y con la promoción
y protección de los valores jurídicos antes mencionados. (...)
El derecho a la verdad y a la
justicia son bienes jurídicos que tienen un marcado valor individual (víctima y
sus familiares), pero en ciertas circunstancias, adquieren carácter colectivo.
Este carácter colectivo tiene dimensiones distintas, alcanzando el nivel de la
sociedad cuando los cimientos de una sociedad civilizada y los mínimos
constitutivos del orden jurídico -paz, derechos humanos y restricción y uso
racional de la fuerza militar- se amenazan y está en entredicho el cumplimiento
de las funciones básicas del Estado. (...)
Por otra parte, debe
destacarse que, dada la gravedad de las denuncias y el supuesto carácter
sistemático y planificado de las mismas, resulta desproporcionado exigir que
una comunidad aislada (y posiblemente, en extremo temerosa) comprenda la
dimensión de un “ataque sistemático” contra la población civil. En punto a los
delitos de lesa humanidad, dada la exigencia internacional de sistematicidad
y planificación, es natural que sean personas ajenas a la comunidad, con
capacidad para observar un espectro mayor, quienes estén en situación de
identificar y denunciar la comisión de tales hechos. Por lo mismo, también les
asiste un interés genuino.
Por las consideraciones anteriores y las expuestas en la presente
sentencia, la Corte revocará la respetable decisión del Fiscal General de la
Nación y ordenará que admita la demanda de parte civil presentada por el
ciudadano Javier Giraldo Moreno”.
A manera de resumen de todo lo expuesto, es innegable que la
constitución de parte civil se somete al cumplimiento de  tres (3) exigencias,
a saber: (i) el señalamiento de los presupuestos formales que permiten la
consolidación de una verdadera relación procesal entre los sujetos involucrados
en el juicio criminal; (ii) la búsqueda de una finalidad constitucionalmente
admisible, o lo que es lo mismo, promover el ejercicio de la acción en aras
de salvaguardar los derechos de las víctimas o los perjudicados a la verdad, a
la justicia y a la reparación económica; y finalmente, (iii) la necesidad de
acreditar un daño concreto, real y específico que legitime su participación en
el proceso penal, o en otras palabras, demostrar la existencia de una
afectación a un interés jurídico susceptible de protección
constitucional y legal.
Además de lo anterior, es preciso puntualizar que en tratándose de
un interés jurídico colectivo, cualquier persona está legitimada para
intervenir como actor civil popular siempre que se pretenda proteger los
“mínimos de civilidad”, esto es, los graves atentados contra los derechos
humanos y el derecho internacional humanitario o aquellas conductas que
comprometan gravemente la paz o el uso racional de la fuerza militar. En todo
caso, a fin de evitar el uso de la constitución de parte civil como herramienta
de retaliación particular, le corresponde al actor popular justificar que
mediante su comportamiento existe un genuino compromiso con el esclarecimiento
de los hechos investigados y con la promoción y protección de los valores
jurídicos antes mencionados.
13.  Visto lo anterior,
esta Corporación procederá a determinar si, en el caso concreto, el Fiscal
Delegado de la Unidad de los Derechos Humanos de la Fiscalía General de la
Nación y el Fiscal 42 Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá incurrieron
en la vía de hecho que se les imputa o, por el contrario, sus actuaciones se
ajustaron a los lineamientos constitucionales y legales vigentes al momento de
adoptar su decisión.
Caso concreto.
14. La presente acción de tutela tiene como objeto la protección
de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia de la Asociación para la Promoción Social
Alternativa Minga, los cuales fueron supuestamente vulnerados por el Fiscal
Delegado de la Unidad de los Derechos Humanos de la Fiscalía General de la
Nación y el Fiscal 42 Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá.
La causa de la
vulneración a las citadas garantías fundamentales se encuentra en las
Resoluciones de 19 de noviembre de 2002 y 10 de marzo de 2003, mediante las
cuales las citadas autoridades judiciales decidieron rechazar de
plano la intervención del accionante a título de actor civil popular en
el sumario radicado bajo el número 536D, que se adelanta por la conducta
punible de concierto para delinquir en concurso con otros hechos
delictivos, que tuvieron ocasión en el corregimiento de la Gabarra,
jurisdicción del Municipio de Tibú (Norte de Santander), por obra de las
Autodefensas Unidas de Colombia.
En la demanda de
constitución de parte civil, se apela por la Asociación para la Promoción
Social Alternativa Minga a la condición de actor civil popular en
defensa del derecho colectivo a la seguridad pública, como interés jurídico
desconocido y vulnerado por la comisión de las conductas punibles investigadas
en contra de las Autodefensas Unidas de Colombia y, por lo mismo, susceptible
de salvaguarda ante las instancias judiciales.
Además de identificar
el hecho punible objeto de investigación, y de demostrar cómo su naturaleza
jurídica se encuadra en los bienes jurídicos objeto de protección a través de
los denominados derechos colectivos, el accionante invoca como finalidades
constitucionales en aras de legitimar su intervención como actor civil popular
en el proceso de la referencia, no sólo el interés de obtener el
esclarecimiento de la verdad, sino también la realización de la justicia. Así,
en la citada demanda de constitución de parte civil, se afirma que:
“(...) Según la
sentencia constitucional C-228 de 3 de abril de 2002, una pretensión legítima
de la parte civil en el proceso penal es impulsar y controlar el proceso (sic)
en búsqueda de la verdad de los hechos y la punición de los responsables (...)
Acogiendo entonces la
doctrina constitucional contenida en ese fallo, no formulamos aquí ninguna
ponderación de perjuicios patrimoniales pues ellos deben ser resarcidos a
quienes han padecido daños subjetivos.
Señor Fiscal, asumimos
como aspiración única de nuestra actuación en este proceso el establecimiento
de la verdad y la justicia, como una forma de restablecer el derecho, no para
saciar vindicta alguna, sino para impedir con el contraestimulo de la
reparación integral del daño causado, cuya parte fundamental es la verdad, la
repetición de crueles violaciones a los derechos humanos, fomentadas,
lamentablemente, por la impunidad de que gozan los responsables de este tipo de
hechos”.
En las Resoluciones de
19 de noviembre de 2002 y 10 de marzo de 2003, el Fiscal Delegado de la Unidad
de los Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación y el Fiscal 42
Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, decidieron rechazar de plano la
demanda de constitución de parte civil de la Asociación para la Promoción
Social Alternativa Minga, con fundamento en las razones que a continuación se
enumeran:
(i)
Por
no haber señalado el domicilio de los perjudicados con las conductas punibles.
(ii)
Por
no acreditar la calidad de perjudicado directo de los hechos punibles objeto de
investigación, entendiéndose por tal “a la víctima de dicho delito, que para el
caso presuntamente sería la familia de los lesionados con la infracción o
incluso éstos mismos”.
(iii)
Porque
la demanda de parte civil dentro del proceso penal existe “con la única
finalidad de restablecer los perjuicios ocasionados a los directos perjudicados
con la infracción”.
15. De acuerdo con las circunstancias
fácticas del caso y los argumentos expuestos en los fundamentos 4 a 12 de esta
providencia, encuentra la Corte que la acción de tutela está llamada a
prosperar, por las consideraciones que a continuación se exponen:
- En primer lugar,
porque la falta de señalamiento del domicilio de los perjudicados con la
conducta punible, no constituye un requisito que habilite a las autoridades
judiciales para rechazar de plano la demanda de constitución de parte civil
(C.P.P. art. 52). En efecto, dicho señalamiento de conformidad con el
ordenamiento procesal penal, obedece a un presupuesto formal que permite
consolidar la relación jurídica procesal entre los sujetos involucrados en el
juicio criminal (C.P.P. art. 48). De ahí que, acudiendo a la técnica procesal
referente al control de admisibilidad de las demandas, ante la ausencia del
citado presupuesto, los fiscales demandados en lugar de rechazar de plano la
demanda, tan sólo debieron abstenerse de admitirla, confiriéndole al demandante
la oportunidad de subsanar dicha deficiencia procesal, en el término legalmente
previsto para el efecto (C.P.P. art. 51).
Así las cosas, era
obligación de las autoridades judiciales demandadas proferir previamente una
decisión de inadmisión, en donde no sólo se señalara el defecto que
impedía admitir dicha demanda, es decir, la falta de identificación del
domicilio de los perjudicados con la conducta punible, sino que también se
estableciera la oportunidad legal para proceder a su corrección. Al respecto,
dispone el artículo 51 de la Ley 600 de 2000:
“El funcionario que
conoce del proceso se abstendrá de admitir la demanda, mediante providencia
contra la que sólo procede el recurso de reposición, cuando no reúna los
requisitos previstos en este código[39].
En tales casos, en la misma decisión, el funcionario señalará los defectos que
adolezca, para que el demandante los subsane. (...)”. (Subrayado por fuera del
texto original).
En este orden de
ideas, no podían las citadas autoridades judiciales rechazar de plano la
demanda de constitución de parte civil de la Asociación para la Promoción
Social Alternativa Minga, ante la falta de señalamiento del domicilio de
los perjudicados con la conducta punible, por las siguientes razones: Por una
parte, porque el Código de Procedimiento Penal establece que ante el
incumplimiento de dicho requisito la demanda deberá ser inadmitida,
confiriéndole la oportunidad legal al demandante para corregirla (C.P.P. arts.
48 y 51); y por la otra, porque las causales para rechazar de plano la demanda
son taxativas (C.P.P. art. 52) y dentro de las mismas, no se encuentra la
correspondiente a la ausencia de identificación del domicilio, la cual, según
se vio, se encuadra dentro de los denominados presupuestos formales para
la consolidación de la relación jurídica procesal. Sobre la materia, en
sentencia T-526 de 1994[40],
la Corte manifestó:
“d) Las causales de rechazo de la demanda
están taxativamente señaladas en el artículo 50[41] y por implicar el
rechazo una especie de sanción al demandante no le es permitido legalmente al
juez o fiscal invocar motivos o causales distintos a los que expresamente prescribe
la ley”.
En apoyo de lo
anterior, el citado artículo 52 del Código de Procedimiento Penal, establece
las siguientes causales que legitiman el rechazo de plano de la demanda
dirigida a la constitución de parte civil, a saber:
“La demanda será rechazada
cuando esté acreditado que se ha promovido independientemente la acción civil
por el mismo demandante, que se ha hecho efectivo el pago de los perjuicios,
que se ha producido la reparación del daño o que quien la promueve no es el
perjudicado directo.// También procede el rechazo cuando la demanda se dirija
contra el tercero civilmente responsable y la acción civil se encuentre
prescrita.(...)”.
Partiendo de las
anteriores consideraciones, es innegable que las Resoluciones mediante las
cuales se decidió rechazar de plano la demanda de constitución de parte civil,
invocando como causal la falta de identificación del domicilio de los
perjudicados, están incursas en una manifiesta vía de hecho por defecto
sustantivo, pues es evidente que las citadas decisiones judiciales fueron
dictadas con fundamento en una norma claramente inaplicable al caso concreto,
cuyo contenido no guardaba ningún tipo de conexidad material con los
presupuestos de hecho a los cuales se aplicó[42].
En efecto, previendo
la ley procesal la inadmisión de la demanda como consecuencia jurídica por la
indeterminación del domicilio de los perjudicados, es claro que las
Resoluciones acusadas no podían, en su lugar, decretar el rechazo de plano
previsto en el artículo 52 del Código de Procedimiento de Penal, ya que, según
se vio, su contenido normativo no resulta aplicable ante la falta de
señalamiento de los presupuestos formales de la demanda, como lo es,
precisamente, el referente al domicilio de los perjudicados, sino tan sólo ante
circunstancias especiales y excepcionales previstas en la ley, que implican la
inexistencia de un interés jurídico objeto de tutela judicial, a saber: (i) la
simultaneidad en el ejercicio de la acción civil por parte del mismo demandante,
(ii) el hecho de haberse producido la reparación del daño, (iii) promover la
acción civil por quien carece de la condición de perjudicado directo y (iv)
encontrarse la misma debidamente prescrita.
De donde resulta que,
la aplicación de la citada norma a un presupuesto de hecho con el cual no
guardaba ninguna relación de conexidad, conduce a que las Resoluciones acusadas
se encuentren indiscutiblemente incursas en vía de hecho por defecto
sustantivo, comprometiéndose mediante dichos actos, a juicio de esta
Corporación, los derechos fundamentales de la asociación demandante al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia (C.P. arts. 29 y 229).
Se desconoció el
derecho fundamental al debido proceso, por cuanto las autoridades judiciales
demandadas al rechazar de plano la demanda, cuando en su lugar debieron
inadmitirla, se desviaron por completo de la observancia de las formas
procesales previstas en la ley para adelantar el trámite de constitución de
parte civil (C.P. art. 29). De igual manera, se sustrajeron al debido
acatamiento del derecho de acceso a la administración de justicia (C.P. art.
229), pues a partir de una mera deficiencia de orden procedimental,
desconocieron el derecho que le asiste a la Asociación para la Promoción Social
Alternativa Minga de que la actividad jurisdiccional concluya con una decisión
de fondo en torno a las pretensiones que por ella han sido planteadas[43].
Finalmente es preciso
aclarar que si bien la Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga,
no pudo corregir la demanda en cuanto a la falta de señalamiento del domicilio
de los perjudicados dentro del trámite de constitución de parte civil, pues al
haber sido rechazada de plano la demanda, se pretermitió dicha oportunidad
procesal, en todo caso, encuentra esta Corporación, que la citada deficiencia procesal,
fue acreditada en el escrito de sustentación de la apelación contra la
Resolución del 19 de noviembre de 2002, mediante la cual se rechazó la demanda
de constitución de parte civil[44].
- En segundo término,
el hecho punible objeto de investigación, esto es, el concierto para
delinquir, corresponde a una modalidad punitiva dirigida a preservar y
restablecer el bien jurídico de la seguridad y tranquilidad pública. Así lo
reconoce expresamente el artículo 340 de la Ley 599 de 2000[45], al tipificar dicho
comportamiento dentro del capítulo primero, título XII, correspondiente a los “delitos
contra la seguridad pública”.
De acuerdo a la
naturaleza del bien jurídico tutelado, el mismo corresponde a un derecho o
interés colectivo, conforme lo establece el artículo 88 de la Constitución Política,
en armonía con lo previsto en el artículo 4° de la Ley 472 de 1998. Esta última
disposición, determina que:
“Son derechos e
intereses colectivos, entre otros, los relacionados con: (...) g) La
seguridad y salubridad públicas”[46]
Según lo ha reconocido
esta Corporación[47],
las víctimas o los perjudicados con la comisión de una conducta punible, para
constituirse legalmente en parte civil, deben acreditar la existencia de un
daño concreto, real y específico que legitime su participación en el proceso
penal, o en otras palabras, demostrar la ocurrencia de una afectación a un interés
jurídico personal o colectivo susceptible de protección
constitucional y legal. En este contexto, si bien en términos del artículo 52
de la Ley 600 de 2000, la ausencia de dicho requisito permite rechazar de
plano la demanda, pues se supone que en dichos casos quien promueve la
intervención procesal a título de actor civil individual o popular carece de la
condición de perjudicado directo con la conducta punible objeto de
investigación[48],
ello no ocurre en el asunto bajo examen, por las siguientes razones:
En primer término, es
preciso resaltar que la conducta punible objeto de investigación es el
concierto para delinquir, la cual conforme al artículo 340 del Código Penal se
trata de una modalidad punitiva contraria a la seguridad pública, por lo
que es fácil comprender que la comisión de dicho hecho punible envuelve una
afectación manifiesta a un interés jurídico colectivo, tal como lo
reconocen los artículos 88 Superior y 4° de la Ley 472 de 1998. Mas no se trata
tan sólo de reconocer que existe un daño contra un derecho colectivo, pues es
claro que una lesión frente a los mismos, como lo dispone el artículo 45 de la
Ley 600 de 2000, legitima la intervención de las víctimas o de los perjudicados
a título de actor civil popular[49].
En la demanda de
constitución de parte civil presentada por la Asociación para la Promoción
Social Alternativa Minga, se invoca el reconocimiento de su condición de actor
civil popular, pues el restablecimiento pretendido mediante dicha
intervención procesal, es lograr la defensa y preservación del derecho
colectivo a la seguridad pública, el cual supuestamente se encuentra
comprometido por la posible comisión de la conducta punible de concierto para
delinquir en el corregimiento de La Gabarra presuntamente por obra de las
Autodefensas Unidas de Colombia. Así, en la página 3 de la citada demanda, se
afirma:
“Como podemos ver, es
una realidad conceptual en un Estado de Derecho -en este evento refrendada por
la Carta Política y la ley-, que el valor seguridad pública es un bien
colectivo, de aquellos que por imperativo constitucional podrán ser objeto de
defensa a través de las acciones populares. // Como vemos, de acuerdo a las
previsiones del legislador y los hechos, la conducta investigada en este
proceso lesionó el derecho colectivo a la seguridad pública.// Esa constatación
permite disipar, y no por inferencia o deducción lógica, doctrinal o jurisprudencial,
sino por previsión legal, que el punible de paramilitarismo afecta el derecho
colectivo a la seguridad pública, por lo cual en los procesos que esa conducta
se investiga es totalmente legítimo instaurar acciones civiles populares,
máxime cuando es este proceso la expresión criminal paraestatal produjo
gravísimo daño a la seguridad pública, a la convivencia democrática y a
múltiples derechos fundamentales de miles de compatriotas de El catatumbo. //
Por estas cortas consideraciones, reclamo se dé admisión y se reconozca como
actor civil popular a la ONG de defensa de los derechos humanos Asociación para
la Promoción Social Alternativa Minga, teniendo presente que la acción civil
popular no persigue intereses subjetivos, sino proteger a la comunidad en su
conjunto y respecto de sus conculcados derechos e intereses colectivos, lo que
permite que sea interpuesta por cualquier persona a nombre de la comunidad sin
exigirse ningún otro requisito sustancial de legitimación”.
Como se expuso en las
consideraciones generales de esta providencia, al recoger la doctrina
constitucional expuesta desde el año 2002, es indiscutible que en tratándose de
un interés jurídico colectivo, cualquier persona está legitimada para
intervenir como actor civil popular siempre que se pretenda preservar los
“mínimos de civilidad”, esto es, prevenir los graves atentados contra los
derechos humanos y el derecho internacional humanitario o aquellas conductas
que  comprometan gravemente la paz o el uso racional de la fuerza militar. En
todo caso, a fin de evitar que el ejercicio de la constitución de parte civil
se convierta en un instrumento de retaliación particular, le corresponde al
actor popular justificar que mediante su comportamiento existe un genuino
compromiso con el esclarecimiento de los hechos investigados y con la promoción
y protección de los valores jurídicos antes mencionados.
En el caso sub-examine
ambos requerimientos se encuentran plenamente acreditados, como se demostrará a
continuación:
(i) Por una parte,
porque mediante la intervención procesal en calidad de actor civil popular, la
Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga pretende restablecer a
favor de toda la colectividad los “mínimos de civilidad” que fueron
comprometidos a partir de los graves atentados contra los derechos humanos y el
derecho internacional humanitario atribuibles presuntamente a las Autodefensas
Unidas de Colombia en la región de La Gabarra, jurisdicción del Municipio de
Tibú (Norte de Santander). Ténganse en cuenta que dentro de las conductas
punibles que fueron objeto de concierto para delinquir y que se investigan por
parte de la Fiscalía, se encuentran, entre otras, la desaparición forzada, la
tortura, el desplazamiento forzado y la extorsión; modalidades punibles que
envuelven un ataque sistemático contra la población civil y que, por lo mismo,
se reconocen internacionalmente como delitos de lesa humanidad (Ley 742 de
2002, art. 7°)[50].
(ii) Por otra parte,
porque del material probatorio que acompaña la presente acción de amparo
constitucional, se concluye que el demandante ha demostrado un genuino interés
por establecer la verdad y lograr la justicia en relación con los hechos
acaecidos en la zona de La Gabarra, jurisdicción del Municipio de Tibú, a
partir de marzo de 1999. Esta Corporación no puede desconocer que la Asociación
para la Promoción Social Alternativa Minga ha asumido -en concreto- el deber ciudadano
de informar a las distintas autoridades del Estado sobre la ocurrencia de
graves violaciones a los derechos humanos de los residentes en la citada zona,
al igual que no ha dudado en señalar a los presuntos responsables de dichos
comportamientos (C.P. art. 95-4 y 95-7)[51].
De donde resulta que, a juicio de la Corte, la constitución de parte civil
-como actor popular- es finalmente una prueba de su intención real, y no
meramente vindicativa, de lograr la protección y respeto de los derechos
humanos en Colombia.
Con fundamento en lo
expuesto, encuentra esta Corporación que no le asiste razón a los fiscales
demandados cuando mediante las Resoluciones de noviembre 19 de 2002 y 10 de
marzo de 2003, decretaron de plano el rechazo de la demanda de constitución de
parte civil en calidad de actor popular de la Asociación para la
Promoción Social Alternativa Minga, pese a que los requisitos que convalidan su
intervención procesal, conforme a la doctrina constitucional reiterada sobre la
materia, se encontraban plenamente acreditados.
Así las cosas, las
Resoluciones acusadas están incursas en vía de hecho por defecto sustantivo,
pues como se expuso en sentencia T-468 de 2003[52],
dicho defecto opera, entre otras causales, cuando la decisión que se
controvierte se aparta manifiestamente de las pautas de obligatorio
cumplimiento que en la interpretación de un derecho ha fijado esta Corporación,
como sucede en el presente caso, en torno al alcance de los derechos
fundamentales que le asiste a la parte civil en el proceso penal. Precisamente,
en el citada providencia se expuso que:
“[E]s claro que pueden existir discrepancias razonables sobre el
alcance de los derechos fundamentales; sin embargo, la seguridad jurídica
obliga a que sólo la doctrina constitucional proferida por esta Corporación
pueda tener fuerza vinculante y obligatoria en el ordenamiento jurídico, por
provenir del órgano jurisdiccional al que se le ha confiado la guarda de la
supremacía e integridad de la Carta Fundamental (C.P. art. 241). Por esta
razón, según se ha visto, la Corte ha aceptado que la tutela procede contra
aquellas decisiones judiciales que se aparten de la doctrina por ella fijada
sobre el alcance de un derecho fundamental”.
- Finalmente, los
fiscales demandados incurrieron igualmente en una vía de hecho por defecto
sustantivo, al rehusarse a reconocer que la acción civil en el proceso penal
lejos de tener como única finalidad la obtención de una reparación económica,
también puede promoverse, como se hizo en este caso, para lograr el
esclarecimiento de la verdad y la aplicación efectiva de la justicia, pues
mediante dicha interpretación, se desconoce el alcance de la cosa juzgada
constitucional que en sentencia C-228 de 2002[53], determinó que el artículo 137 del
Código de Procedimiento Penal, referente a las finalidades que se pueden
invocar a través de la constitución de parte civil, era exequible bajo el entendido que dicho sujeto procesal no sólo tiene derecho al
resarcimiento de los perjuicios causados, sino también “a la verdad y a la
justicia en los términos de la presente sentencia”. Con este propósito, en la
parte motiva de la citada sentencia, se manifestó que:
“De lo anterior surge que tanto en el
derecho internacional, como en el derecho comparado y en nuestro ordenamiento
constitucional, los derechos de las víctimas y perjudicados por un hecho
punible gozan de una concepción amplia -no restringida exclusivamente a una
reparación económica- fundada en los derechos que ellas tienen a ser tratadas
con dignidad, a participar en las decisiones que las afecten y a obtener la
tutela judicial efectiva del goce real de sus derechos, entre otros, y que
exige a las autoridades que orienten sus acciones hacia el restablecimiento
integral de sus derechos cuando han sido vulnerados por un hecho punible. Ello
sólo es posible si a las victimas y perjudicados por un delito se les
garantizan, a lo menos, sus derechos a la verdad, a la justicia y a la
reparación económica de los daños sufridos. (...)
Aun cuando
tradicionalmente la garantía de estos tres derechos le interesan a la parte
civil, es posible que en ciertos casos, ésta sólo esté interesada en el
establecimiento de la verdad o el logro de la justicia, y deje de lado la
obtención de una indemnización. Ello puede ocurrir, por citar tan sólo un
ejemplo, cuando se trata de delitos que atentan contra la moralidad pública, el
patrimonio público, o los derechos colectivos o donde el daño material causado
sea ínfimo -porque, por ejemplo, el daño es difuso o ya se ha restituido el
patrimonio público- pero no se ha establecido la verdad de los hechos ni se ha
determinado quién es responsable, caso en el cual las víctimas tienen un
interés real, concreto y directo en que se garanticen sus derechos a la verdad
y a la justicia a través del proceso penal”.
En este sentido, si
bien la demanda de constitución de parte civil es susceptible de rechazo de
plano, cuando no existe plena concordancia entre las finalidades
constitucionalmente admisibles de la misma y el interés que se promueve por el
demandante, ya que, en estos casos, se entiende que quien invoca un propósito
distinto carece de la condición de perjudicado directo con la conducta punible
objeto de investigación (C.P.P. art. 52). En el asunto bajo examen, dicho
rechazo no era procedente, pues según se vio, las finalidades pretendidas por
la Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga eran esclarecer la
verdad y a su vez lograr la aplicación efectiva de la justicia frente a los
hechos ocurridos en la zona de La Gabarra atribuibles presuntamente a las
Autodefensas Unidas de Colombia; fines inherentes a la parte civil en el
proceso penal acordes con el constitucionalismo moderno y reconocidos en una
sentencia condicionada de exequibilidad por parte de esta Corporación.
16. Por todo lo anterior, y
frente al caso en concreto, esta Sala de Revisión
revocará el fallo instancia que negó la protección constitucional
invocada por el actor, y en su lugar, concederá el amparo impetrado, por las
razones expuestas en esta providencia.
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR la sentencia del veintinueve (29) de abril
de 2003, proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, mediante la cual se denegó el amparo solicitado y, en su lugar, TUTELAR
los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y al
debido proceso de la Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga.
Segundo.  DECLARAR SIN NINGUN VALOR NI
EFECTO, por resultar
violatorias de los derechos señalados, las Resoluciones de 19 de noviembre de
2002 y 10 de marzo de 2003 proferidas por el Fiscal Delegado de la Unidad de
los Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación y el Fiscal 42
Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, conforme a las razones expuestas
en esta providencia.
Tercero. Para efectos de restablecer los derechos protegidos
por esta sentencia de tutela, se ORDENA al Fiscal Delegado de la Unidad
de los Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación que, en el término
de 48 horas a partir de la notificación de la presente providencia, proceda a
admitir la demanda de constitución de parte civil presentada por la Asociación
para la Promoción Social Alternativa Minga, en calidad de actor civil popular,
dentro del expediente cuya radicación es 536D.
Cuarto. LEVANTAR la suspensión de términos ordenada en el
presente proceso.
Quinto. LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, insértese en la
gaceta de la Corte Constitucional y Cúmplase.
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado Ponente
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
HACE CONSTAR:
Que
el H. Magistrado doctor HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO, no firma la presente
sentencia, por encontrarse en comisión de servicios en el exterior.
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1]             Poder
especial para la interposición de la acción de amparo constitucional (artículo
10 del Decreto 2591 de 1991), visible a folio 1° del expediente del presente
proceso.
[2]             Certificado
de existencia y representación Legal de la citada Asociación visible a folio 17
del presente expediente.
[3]             El
artículo 45 se refiere a los titulares de la acción civil individual o
popular, el artículo 48 a los requisitos que debe cumplir quien pretenda
constituirse en parte civil dentro del proceso penal y el artículo 52 trata
sobre el rechazo de la demanda.
[4]             El juez
de instancia mediante providencia del 10 de abril de 2003, procedió a notificar
la presente demanda de tutela al Fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de la
Fiscalía General de la Nación y al Fiscal 42 Delegado ante el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá.
[5]             Véase: Sentencia
T-1169 de 2001. M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[6]             Véase: Sentencia
T-056 de 2004. M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra
[7]             Sentencia
T-082 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[8]             Aplicados
igualmente en las sentencias: T-015 de 1995 y T-468 de 1999.
[9]             Es
pertinente aclarar que el fallo en cuestión se limitará a reiterar la postura
que la Corte Constitucional ha asumido a partir del control de
constitucionalidad abstracto y concreto a la Ley 600 de 2000, Código de
Procedimiento Penal mediante el cual se está tramitando la causa criminal que
dio origen a la expedición de las Resoluciones de 19 de noviembre de 2002 y 10
de marzo de 2003, supuestamente incursas en vía de hecho. Por lo tanto, esta
Sala de Revisión no hará pronunciamiento alguno en relación con la Ley 906 de
2004, nuevo Código de Procedimiento Penal, pues su aplicación se circunscribe
al juzgamiento de los hechos punibles cometidos a partir del 1° de enero de
2005 (artículo 533).
[10]           Ms.Ps.
Eduardo Montealegre Lynett y Manuel José Cepeda Espinosa. Con este
pronunciamiento se consolidó una línea jurisprudencial ya planteada en las
sentencias C-740 de 2001, C-1149 de 2001 y SU-1184 de 2001.
[11]           Valga la
ocasión para recordar que los conceptos de parte civil, víctima y perjudicado
son distintos. La “víctima” es la persona respecto de la cual se
materializa la conducta típica, mientras que la categoría de “perjudicado”
la tienen todas las personas que en alguna medida han sufrido un daño, así no
se sea de contenido patrimonial, como consecuencia directa de la comisión del
delito. Finalmente, la “parte civil” es la institución jurídica
que le permite a las víctimas o perjudicados, dentro de los cuales se
encuentran los sucesores de las primeras, participar como sujetos procesales en
el proceso penal.
[12]           M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[13]           Véase,
Sentencia C-228 de 2002. (Ms.Ps. Eduardo Montealegre Lynett y Manuel José
Cepeda Espinosa) y sentencia SU-1184 de 2001. (M.P. Eduardo Montealegre
Lynett).
[14]           Dispone,
al respecto, el artículo 45 de la Ley 600 de 2000: “La acción civil
individual o popular para el resarcimiento de los daños y perjuicios
individuales y colectivos causados por la conducta punible, podrá ejercerse
ante la jurisdicción civil o dentro del proceso penal, a elección de las
personas naturales o jurídicas perjudicadas, por los herederos o sucesores de
aquéllas, por el Ministerio Público o por el actor popular cuando se trate de
lesión directa a bienes jurídicos colectivos (...)“.  (Subrayado por fuera
del texto original).
[15]           M.P.
Eduardo Montealegre Lynett.
[16]           Ms.Ps.
Eduardo Montealegre Lynett y Manuel José Cepeda Espinosa.
[17]           Subrayado
por fuera del texto original. La citada disposición en cuanto a la titularidad
para constituirse en parte civil debe complementarse con la lectura de lo
previsto en el artículo 137 de la Ley 600 de 2000, conforme a la declaratoria
de inexequibilidad y de exequibilidad condicionada de algunos de sus preceptos
normativos en sentencia C-228 de 2002. La norma en cuestión determina que: “Con
la finalidad de obtener el restablecimiento del derecho y el resarcimiento del
daño ocasionado por la conducta punible, el perjudicado o sus sucesores, a
través de abogado, podrán constituirse en parte civil dentro de la actuación
penal..[En el entendió de que la parte civil tiene derecho al resarcimiento,
a la verdad y a la justicia en los términos de la presente sentencia (C-228 de
2002)].// En todo proceso por delito contra la administración pública, será
obligatoria la constitución de parte civil a cargo de la persona jurídica de
derecho público perjudicada. Si el representante legal de esta última fuera el
mismo sindicado, la Contraría General de la República o las Contralorías
Territoriales, según el caso, deberán asumir la constitución de parte civil; en
todo caso, cuando los organismos de control fiscal lo estimen necesario en orden
a la transparencia de la pretensión podrán intervenir como parte civil. //
Cuando la perjudicada sea la Fiscalía General de la Nación, estará a cargo del
Director Ejecutivo de la Administración Judicial o por el apoderado especula
que designe”.
[18]           Ms.Ps.
Marco Gerardo Monroy Cabra y Manuel José Cepeda Espinosa.
[19]           Ms.Ps.
Eduardo Montealegre Lynett y Manuel José Cepeda Espinosa.
[20]           Disposición
declarada exequible a través de la sentencia C-899 de 2003 (M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra), con fundamento en que el principio de eficiencia de la
Administración de Justicia impide que se patrocine el ejercicio simultáneo de
dos acciones en cuyo objeto subyace la misma finalidad.
[21]           Sentencia
C-228 de 2002. Ms.Ps. Eduardo Montealegre Lynett y Manuel José Cepeda Espinosa.
[22]           M.P.
Álvaro Tafur Galvis.
[23]           M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra.
[24]           Ms.Ps.
Eduardo Montealegre Lynett y Manuel José Cepeda Espinosa.
[25]            Esta posibilidad no resulta del todo extraña en nuestro
sistema penal, como quiera que el legislador penal previó, por ejemplo, para
los eventos de lesiones a bienes jurídicos colectivos la constitución de un
actor civil popular. La acción civil popular dentro del proceso penal está
prevista en el artículo 45 de la Ley 600 de 2000, que dice: Artículo 45.-Titulares.
“La acción civil individual o popular para el resarcimiento de los daños
y perjuicios individuales y colectivos causados por la conducta punible,
podrá ejercerse ante la jurisdicción civil o dentro del proceso penal, a
elección de las personas naturales o jurídicas perjudicadas, por los herederos
o sucesores de aquéllas, por el Ministerio Público o por el actor popular
cuando se trate de una lesión directa a bienes jurídicos colectivos. En
este último evento, sólo podrá actuar un ciudadano y será reconocido quien
primero se constituya. El actor popular gozará del beneficio del amparo de
pobreza de que trata el Código de Procedimiento Civil. Si el titular de la
acción indemnizatoria no tuviere la libre administración de sus bienes y optare
por ejercerla en el proceso penal, se constituirá en parte civil mediante
demanda presentada por su representante legal.” (subrayado fuera de texto).
Esta acción ha sido empleada por ONG’S en casos de lucha contra la corrupción.
Ver, Estudios Ocasionales CIJUS, “Acceso a la justicia y defensa del interés
ciudadano en relación con el patrimonio público y la moral administrativa”,
Ediciones Uniandes, Bogotá, Marzo, 2001.
[26]           Subrayado
por fuera del texto original.
[27]           Ms.Ps.
Eduardo Montealegre Lynett y Manuel José Cepeda Espinosa.
[28]           M.P.
Alejandro Martínez Caballero.
[29]           M.P.
Antonio Barrera Carbonell.
[30]           M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[31]           M.P.
Rodrigo Uprimny Yepes.
[32]           M.P.
Álvaro Tafur Galvis.
[33]           M.P.
Eduardo Montealegre Lynett.
[34]           M.P.
Jaime Córdoba Triviño
[35]           Ms.Ps.
Eduardo Montealegre Lynett y Manuel José Cepeda Espinosa.
[36]           Subrayado
por fuera del texto original.
[37]           Subrayado
por fuera del texto original.
[38]           M.P.
Eduardo Montealegre Lynett.
[39]           Se
refiere a los requisitos previstos en el artículo 48 de la Ley 600 de 2000,
entre ellos, “el nombre y domicilio del perjudicado con la conducta
punible”.
[40]           M.P.
Antonio Barrera Carbonell.
[41]           Correspondiente
al artículo 52 de la Ley 600 de 2000.
[42]           En
sentencia SU-119 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda espinosa), esta Corporación
afirmó: “(...) La Corte Constitucional ha señalado en su jurisprudencia que
el defecto sustantivo que convierte en vía de hecho una sentencia judicial,
opera cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente
inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo  (i.) porque ha sido
derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii.)
porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de
aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii.) porque su aplicación al
caso concreto es inconstitucional, (iv.) porque ha sido declarada inexequible
por la propia Corte Constitucional o, (v.) porque, a pesar de estar vigente y
ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica  a la cual se
aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen
efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador (...)”.
(Subrayado por fuera del texto original). En el mismo sentido, se pueden
consultar, entre otras, las sentencias: T-302 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre
Lynett); T-300 de 2003 (M.P. Jaime Córdoba Triviño); T-025 de 2003 (M.P. Clara
Inés Vargas Hernández); T-901 de 2002 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra); T-895
de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis); T-020 de 2002 (M.P. Jaime Araujo Rentería);
T-937 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa); T-974 de 2003 (M.P. Rodrigo
Escobar Gil).
[43]           Sobre el
contenido esencial del derecho de acceso a la administración de justicia, se
puede consultar la sentencia C-426 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[44]           Precisamente,
en el citado escrito de sustentación de la apelación, el apoderado de la
Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga, manifestó: “(...)
como es posible que los instructores entienda que la precisión sobre el
domicilio del demandante contenida en el certificado de existencia y
representación legal de la persona jurídica que apodero, no es suficiente para
satisfacer uno de los requisitos formales de la demanda, entonces, para suplir
esa omisión, me permito indicar que el domicilio de mi poderdante es la ciudad
de Bogotá D.C. y como lo indiqué en el líbelo el lugar en el que recibirá
notificaciones es la calle 19 No. 4-88 oficina 12-03 de esta ciudad”. Folio
30 del cuaderno No. 1.
[45]           Código
Penal.
[46]           Subrayado
por fuera del texto original.
[47]           Véase,
entre otras, las sentencia C-228 de 2002 y T-249 de 2003.
[48]           Dispone
la norma en cita: “La
demanda será rechazada cuando esté acreditado que se ha promovido
independientemente la acción civil por el mismo demandante, que se ha hecho
efectivo el pago de los perjuicios, que se ha producido la reparación del daño
o que quien la promueve no es el perjudicado directo.// También procede
el rechazo cuando la demanda se dirija contra el tercero civilmente responsable
y la acción civil se encuentre prescrita.(...)”. (Subrayado por fuera del texto
original).
[49]           Previamente
se expuso que el
ordenamiento procesal penal según la modalidad de daño: personal o colectivo,
distingue a la parte civil en individual o popular. Esto significa que cuando
existe una afectación a un interés jurídico personal de alcance moral o
patrimonial, se legitima por parte de la ley procesal, la participación de las
víctimas o de los perjudicados a título de actor civil individual,
a contrario sensu, cuando el daño tiene ocurrencia sobre un derecho
colectivo, se otorga dicha capacidad procesal al Ministerio Público o a
cualquier ciudadano interesado en preservar su defensa, éste último, según la
ley, en calidad de actor civil popular.
[50]           Mediante la Ley 742 de 2002, se
aprobó el Estatuto de Roma constitutivo de la Corte Penal Internacional. Allí,
en el artículo 7°, se reconocen los delitos de lesa humanidad frente a los
cuales se anhela una conciencia de la humanidad en la lucha por su
erradicación. Al respecto, dispone la norma en cita: ”Artículo 7°. Crímenes
de lesa humanidad. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por
“crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa
como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y
con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud;
d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de
derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual,
prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra
forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o
colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales,
nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo
3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al
derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente
párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición
forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de
carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten
gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.
[51]           Así
aparecen en el expediente: (i) Copias de la cartas dirigidas al Ministro de
Defensa Nacional, al Comandante General de la Quinta Brigada del Ejercito
Nacional, al Procurador Delegado para los derechos Humanos, al Jefe de la Oficina
en Colombia del Alto Comisado de las Naciones Unidas para los DDHH y al Jefe de
la Unidad Nacional de DDHH de la Fiscalía General de la Nación, informando las
graves violaciones a los derechos humanos en la zona de La Gabarra y; (ii)
Copias de las editoriales de los periódicos: El Espectador y La Opinión, en
donde se informa la acerca de la iniciativa de la Asociación para la Promoción
Social Alternativa Minga, en la defensa de los derechos de las personas que
habitan la citada zona. Así, por ejemplo, en la editorial de El Espectador, se
informa que: “El 4 de junio el general Alberto Bravo Silva, comandante de la
V Brigada, le respondió a una ONG que también había prevenido sobre los planes
siniestros de los paras -la Asociación para la Promoción Social Alternativa
Minga- que la situación estaba bajo control y que una masacre resultaba
imposible”. (Folio 79 del cuaderno principal).
[52]           M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[53]           Ms.Ps.
Eduardo Montealegre Lynett y Manuel José Cepeda Espinosa.