T-504-16
Sentencia T-504/16
ACCION DE TUTELA EN MATERIA PENSIONAL-Se
debe probar, así sea de forma sumaria, la existencia de un perjuicio
irremediable o la ineficacia del medio ordinario de defensa para su procedencia
DERECHO A MANTENER EL PODER ADQUISITIVO DE LA MESADA PENSIONAL E
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Carácter
universal
DERECHO A LA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL Y A MANTENER
EL PODER ADQUISITIVO DE LAS MESADAS PENSIONALES-Unificación
de jurisprudencia en Sentencia SU1073/12
REGIMEN DE TRANSICION PREVISTO EN EL ARTICULO 36 DE LA LEY 100/93-Reiteración de jurisprudencia
PENSION DE VEJEZ BAJO EL REGIMEN CONTEMPLADO EN EL ACUERDO 049 DE
1990-Posibilidad de acumular tiempos de servicios
prestados en entidades públicas cotizados en cajas o fondos de previsión social
con los aportes realizados al ISS
PENSION DE SOBREVIVIENTES EN EL ACUERDO 049 DE 1990
Para
consolidar el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes bajo las
directrices previstas en el Acuerdo 049 de 1990, se requiere que el afiliado
hubiera cotizado por lo menos 150 semanas dentro de los 6 años anteriores a la
fecha del deceso, o 300 semanas en cualquier época.
PRINCIPIO DE LA CONDICION MAS BENEFICIOSA AL TRABAJADOR-Aplicación del principio de favorabilidad en materia laboral
PRINCIPIO DE LA CONDICION MAS BENEFICIOSA EN MATERIA PENSIONAL-Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de
jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y
especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES PARA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Procedencia por desconocimiento del precedente constitucional
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES PARA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Orden a Colpensiones indexar la primera mesada pensional del actor
con base en la fórmula adoptada por la Sentencia T-098 de 2005
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y AL
MINIMO VITAL-Orden a Colpensiones reconocer y pagar
pensión de vejez y pagar mesadas dejadas de percibir
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, AL
MINIMO VITAL Y A LA VIDA DIGNA-Orden a Colpensiones
reconocer y pagar pensión de sobrevivientes
Referencia: Expedientes T-5.537.347, T-5.540.127 y
T-5.545.052 (Acumulados)
Demandantes: José Antonio Neira Buitrago, Jorge Eliécer
Lancheros y Carmen Teresa Blanco de Martínez
Demandados: Administradora Colombiana de Pensiones  -Colpensiones-,
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral y Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, Sala Laboral
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá, D.C., dieciséis
(16) de septiembre de dos mil dieciséis (2016)
La Sala Cuarta de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Gloria Stella Ortiz
Delgado, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En la revisión de los fallos de tutela proferidos por el
Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, dentro del expediente T-5.537.347; y
la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, dentro de los expedientes
T-5.540.127 y          T-5.545.052.
Los presentes expedientes fueron escogidos para revisión por la Sala
de Selección Número Cinco por medio de Auto del 27 de mayo de 2016, repartidos
a la Sala Cuarta de Revisión y, por presentar unidad en la materia, acumulados para
ser decididos en una misma sentencia.
I.
ANTECEDENTES DEL EXPEDIENTE T-5.537.347
1. La
solicitud
El demandante, José
Antonio Neira Buitrago, por intermedio de apoderado judicial, interpuso la
presente acción de tutela en contra de la Administradora Colombiana de
Pensiones, en adelante Colpensiones, por la presunta violación de sus derechos
fundamentales a la vida en condiciones dignas,
al mínimo vital, a la igualdad, al poder adquisitivo de las pensiones y a la
protección especial de las personas de la tercera edad en que, a su juicio,
incurrió la entidad demandada, al negarle la indexación de su primera mesada
pensional a la que considera tiene derecho.
2. Hechos
El demandante
los narra, en síntesis, así:
2.1. Laboró al
servicio de la empresa Genco Ltda y Cía S.A., desde el 6 de mayo de 1949 hasta
el 31 de diciembre de 1979 y, como consecuencia de lo anterior, le fue
reconocida una pensión de jubilación “de acuerdo a la normatividad vigente en
su momento.”.
2.2. Con posterioridad,
el 23 de julio de 1985, debido al cumplimiento de la edad exigida para
consolidar la pensión de vejez, le fue reconocida la aludida prestación
económica mediante Resolución No. 04942, en cuantía equivalente a $13.55800,
acto administrativo que fue proferido por el ISS.
2.3. Sin
embargo, quedó inconforme con el monto reconocido pues, en su sentir, no es
proporcional al ingreso que devengó durante su último año de servicio en la empresa,
dado que, para ese entonces, su asignación mensual equivalía a 4 salarios
mínimos[1],
como consta en la liquidación final de sus cesantías en la que se certificó que
su sueldo era de $12.54000 y, el promedio, teniendo en cuenta
todos los factores salariales, fue de $16.00000.
2.4. Debido a lo
anterior, radicó una petición ante la entidad demandada con la intención de que
le indexaran la primera mesada pensional y, por ende, se la reliquidaran, la
cual le fue negada mediante Resolución No. GNR 253306 del 20 de agosto de 2015.
2.5. Contra la
anterior decisión interpuso los recursos de reposición y apelación, sin que
prosperaran, pues la medida inicialmente adoptada fue confirmada mediante las
Resoluciones No. GNR 380476 del 29 de noviembre de 2015 y VPB 5074 del 2 de
febrero de 2016.
2.6. Postura que,
a su parecer, afecta ostensiblemente sus derechos fundamentales y lo motivó a
acudir al mecanismo de amparo previsto en el artículo 86 Superior, en procura
de obtener la protección de sus garantías constitucionales presuntamente
vulneradas por la entidad demandada al no reconocerle y realizarle la
respectiva indexación de su primera mesada pensional en aplicación a los
pronunciamientos contenidos en las Sentencias de Unificación 1073 de 2012 y 131
de 2013.
3.
Pretensiones
El demandante solicita
que le sean amparados sus derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital,
a la vida en condiciones dignas y al poder adquisitivo de las pensiones y, como
consecuencia de ello, se le ordene a Colpensiones indexar su pensión en
aplicación a los pronunciamientos contenidos en las Sentencias de Unificación
1073 de 2012 y 131 de 2013.
4. Pruebas
En el expediente
obran las siguientes pruebas:
-
Poder autenticado conferido por el actor a un
abogado (Folio 10 del cuaderno 2).
-
Copia ampliada de la cédula de ciudadanía del
señor José Antonio Neira Buitrago (Folio 12 del cuaderno 2), en la que consta
que nació el día 23 de enero de 1925 en la ciudad de Tenza, Boyacá.
-
Petición elevada por el actor ante Colpensiones
a efectos de que le sea reconocida la indexación de la primera mesada pensional
(Folios 13 al 16 del cuaderno 2).
-
Copia de la Resolución No. GNR 253306 del 20 de
agosto de 2015, proferida por la Gerente Nacional de Reconocimiento de
Colpensiones (Folios 17 al 20 del cuaderno 2).
-
Copia de la Resolución No. GNR 380476 del 26 de
noviembre de 2015, expedida por el Gerente Nacional de Reconocimiento (E) de
Colpensiones (Folios 21 al 23 del cuaderno 2).
-
Copia de la Resolución No. VPB 5074 del 2 de
febrero de 2016, proferida por la Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones
de Colpensiones (Folios 25 al 31 del cuaderno 2).
-
Copia de la liquidación del contrato de trabajo
que la empresa Genco Ltda Cía S.C.A le realizó al demandante por concepto de
pensión de jubilación (Folio 32 del cuaderno 2).
-
Copia de la liquidación de cesantías que se le
reconoció al actor luego de su retiro laboral (Folio 33 del cuaderno 2).
-
Copia de la liquidación de los intereses de
cesantía en favor del demandante (Folio 34 al 46 del cuaderno 2).
-
Copia de la Resolución No. 04942 del 23 de julio
de 1985 por medio de la cual le fue reconocida la pensión de vejez en favor del
señor Neira Buitrago (Folios 35 y 36 del cuaderno 2).
-
Copia del comprobante de pago a pensionados de
Colpensiones, expedido en favor del demandante correspondiente al mes de
febrero de 2014 (Folio 37 del cuaderno 2).
5. Respuesta
de la entidad accionada
Dentro de la
oportunidad procesal correspondiente Colpensiones, a través de su Vicepresidente
de Beneficios y Prestaciones, dio respuesta a los requerimientos señalados por
el actor en su escrito y, sobre el particular, solicitó al juez de tutela que
se declare la improcedencia de la acción como quiera que para dirimir el asunto
alegado el ordenamiento judicial prevé otros mecanismos de defensa judicial a
los cuales puede acudir.
II.
DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN
1. Decisión
de primera instancia
Mediante sentencia del 28 de Marzo de
2016, el Juzgado Quince Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Bogotá D.C., negó el amparo pretendido por el señor Neira, al considerar que
nuestro sistema jurídico prevé una serie de vías ordinarias que resultan
eficaces para decidir lo pretendido en sede de tutela las cuales solo pueden
ser desplazadas cuando el petente se encuentre expuesto a padecer un perjuicio
irremediable en sus prerrogativas fundamentales, situación que no fue probada
en el caso.
2.
Impugnación
El demandante impugnó el fallo proferido en primera instancia,
argumentando que el a-quo no tuvo en cuenta los derechos fundamentales
invocados y, además, incurrió en un error esencial de derecho frente al estudio
de la procedencia y efectividad de la acción de tutela como quiera que no
analizó los argumentos que sustentaron la violación alegada, así como tampoco su
avanzada edad (91 años), y que ya agotó todo el trámite administrativo ante la
entidad demandada.
3. Decisión
de segunda instancia
La decisión del a-quo,
fue confirmada mediante sentencia del 21 de abril de 2016, por la Sala
Penal del Tribunal Superior de Bogotá D.C., al considerar que en el caso del
actor no se demostró la ineficacia de los procedimientos ordinarios de defensa
judicial ni la supuesta afectación que sufre su mínimo vital con la ausencia o
tardanza en el pago del ajuste prestacional que pretende por medio de la
tutela.
En ese sentido,
aunque es cierto que el actor es considerado un sujeto de especial protección,
en razón a la edad, también lo es que goza de una mesada pensional que le
permite suplir sus necesidades básicas, sin que lograra demostrar la
insatisfacción de alguna de ellas con la falta del pago del valor resultante de
la indexación de su mesada que, a su juicio, le asiste.
Del mismo modo,
señaló que el actor no acreditó el cumplimiento del requisito de inmediatez y
de haber desplegado alguna actividad judicial tendiente a obtener la protección
de los derechos alegados en el recurso de amparo como quiera que dejó
transcurrir más de 30 años entre la fecha del reconocimiento pensional y el día
en que presentó su solicitud de indexación.
III. ANTECEDENTES
DEL EXPEDIENTE T-5.540.127
1. La
solicitud
El demandante, Jorge
Eliécer Lancheros, por intermedio de apoderado judicial, interpuso la presente
acción de tutela en contra de la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito de Bogotá D. C., y el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de la misma
ciudad, por
la presunta violación de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la igualdad, a la seguridad social y al debido
proceso en que, a su juicio, incurrieron las demandadas, al negarle el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez.
2. Hechos
2.1. Durante su
vida laboral prestó sus servicios a diferentes entidades, tanto de naturaleza
pública como privada, y estuvo afiliado al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones por intermedio del Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones,
alcanzando a cotizar 1.022 semanas. Especificadas de la siguiente manera:
ENTIDAD
PERIODO
LABORADO
SEMANAS
COTIZADAS
DETERGENTES
S.A.
Del 1 de junio
de 1979 al 20 de agosto de 1979
11.86
FÁBRICA DE
MUEBLES ARTECTO
Del 23 de
agosto de 1979 al 2 de septiembre de 1981
106.00
RECURSO LTDA
Del 2 de marzo
de 1982 al 30 de junio de 1982
17.29
ASESORÍAS Y
SERVICIOS TEMPORALES
Del 10 de
diciembre de 1982 al 11 de junio de 1985
130.71
MINISTERIO DE
PROTECCIÓN SOCIAL
Del 15 de
agosto de 1985 al 13 de febrero de 2000
755.71
TOTAL
DE SEMANAS
1022
2.2. Es
beneficiario del régimen de transición por edad, como quiera que nació el 12 de
julio de 1949, por lo que, a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993,
tenía más de 45 años y, al 25 de junio de 2005, más de 750 semanas cotizadas. Debido
a ello, en el año 2009, ante el cumplimiento de la edad mínima exigida en el
Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la pensión de vejez, procedió a solicitarla
pues acreditaba las 500 semanas cotizadas dentro de los 20 años anteriores a la
edad mínima requerida. Pedimento que, del confuso escrito de demanda, se
desprende que le fue negado, sin que su apoderado aclarara o manifestara las
razones aducidas por la entidad para adoptar tal determinación.
2.3. Más
adelante advierte el apoderado que, el 21 de agosto de 2009, el actor radicó una
nueva solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de vejez ante el Instituto
de Seguros Sociales. Entidad que, a su vez, mediante Resolución No. 034602 de
29 de septiembre de 2011, le negó la prestación como quiera que consideró que
no cumplía el requisito de edad exigido en la Ley 797 de 2003, norma que le era
aplicable toda vez que el asegurado se afilió a un fondo privado lo que impide
que conserve el régimen de transición.
2.4. Información
que el petente considera falsa pues, a pesar de que aparece inscrito en un
fondo privado de pensiones, lo cierto es que su traslado nunca se alcanzó a
perfeccionar o hacerse efectivo habida cuenta que, en la misma fecha de su
afiliación, procedió a retirarse, luego, solo estuvo vinculado un día, sin que
tal actuación hubiera alcanzado a nacer a la vida jurídica.
2.5. Con
posterioridad, Colpensiones expidió la Resolución GNR 258052 del 15 de octubre
de 2013, por medio de la cual, con fundamento en argumentos similares a la
negativa del ISS, negó la pensión de vejez. Determinación que no comparte el
actor y que lo motivó a elevar su petición ante los jueces ordinarios
laborales.
2.7. Así las
cosas, el caso fue asignado, en primera instancia, al Juzgado Octavo Laboral
del Circuito de Bogotá el cual mediante providencia del 25 de septiembre de
2015, absolvió a Colpensiones de todas las pretensiones de la demanda, a pesar
de que reconoció que el señor Lancheros no ha perdido el régimen de transición al
haberse afiliado por un día a un fondo privado.
Aclarado lo
anterior, el fallador de instancia fundamentó su determinación en la
imposibilidad de reconocer la pensión en aplicación del Acuerdo 049 de 1990,
pues el estudio de cara a tal aparte legal, impide acumular tiempos entre el
sector público y los cotizados al ISS.
2.8. Inconforme
con tal determinación, el demandante impugnó la sentencia cuyo estudio, en
segunda instancia, le correspondió a la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá D.C., cuerpo colegiado que confirmó la providencia del
a quo con fundamento en las mismas razones que sustentaron la negativa
inicial.
En efecto,
señaló el ad quem que no es posible acumular tiempos de servicios entre
el sector público y los cotizados al ISS, dentro del régimen pensional que
prevé el Acuerdo 049 de 1990, tal como lo ha manifestado la Corte Suprema de
Justicia en la sentencia No. 41277 del 15 de marzo de 2012 que, a su vez,
reiteró otras cuatro providencias dictadas por la misma corporación por lo que,
a su juicio, es un precedente jurisprudencial claro al ser incorporado en cinco
fallos.
2.9. El anterior
planteamiento, en el sentir del accionante, desconoce el precedente
jurisprudencial de la Corte Constitucional en torno al tema, principalmente, el
señalado, entre otras, en las Sentencia T-476, 518 y 596 de 2013 y la SU-769 de
2014. Situación que lo llevó a acudir directamente a la acción de tutela a
pesar de la existencia del recurso extraordinario de casación.
Como
justificación de tal determinación, adujo el actor, que la decisión ordinaria
no va a variar con la presentación del recurso de casación por cuanto quien lo
resuelve es el órgano que adoptó la postura rígida que acogieron los falladores
de instancia y que le impiden consolidar su aspiración prestacional y, además,
por sus condiciones de salud y su avanzada edad se le imposibilita esperar 8 o
10 años que, a su juicio, podría tardar la resolución del aludido trámite
extraordinario.
3.
Pretensiones
El demandante solicita
que le sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y al mínimo vital y, como consecuencia de ello, se dejen sin efectos
las sentencias ordinarias proferidas por los jueces laborales que estudiaron su
caso y se le ordene a Colpensiones realizar el reconocimiento y pago de la
pensión de vejez en aplicación del Acuerdo 049 de 1990 por ser beneficiario del
régimen de transición.
4. Pruebas
En el expediente
obran las siguientes pruebas:
-
Poder conferido por el actor a un abogado (Folio
20 del cuaderno 2).
-
Fotocopia de la Resolución No. 034602 del 29 de
septiembre de 2011 proferida por un asesor de la Vicepresidencia de Pensiones
(E) (Folios 21 al 23 del cuaderno 2).
-
Copia de la Resolución No. GNR 258052 del 15 de
octubre de 2013 (Folios 25 al 27 del cuaderno 2).
-
Copia de la certificación del fondo de pensiones
Porvenir (Folio 28 del cuaderno 2).
-
Copia del reporte de semanas cotizadas en pensiones
por el actor proferido por el ISS (Folio 30 del cuaderno 2).
-
Copia ampliada de la cédula de ciudadanía del
actor (Folio 31 del cuaderno 2).
-
Copia del certificado de nacimiento del
demandante (Folio 32 del cuaderno 2).
-
Copia de la respuesta que dio el Ministerio de
Protección Social al petente, respecto de su solicitud de tiempo de servicio y
factores salariales con esa entidad (Folios 33 al 41 del cuaderno 2).
-
CD con la sentencia proferida por el juez
ordinario, en primera instancia, dentro del proceso que promovió el actor
(Folio 42 del cuaderno 2).
-
CD con la providencia dictada, en segunda
instancia, por el fallador común en el proceso ordinario que adelantó el
demandante en contra de Colpensiones (Folio 43 del cuaderno 2).
-
Copia de la epicrisis del actor proferida por un
galeno del Hospital La Victoria (Folios 44 y 45 del cuaderno 2).
5. Respuesta
de la entidad accionada
Dentro de la
oportunidad procesal correspondiente Colpensiones, a través de su
Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones dio respuesta a los requerimientos
señalados por el actor en su escrito y, sobre el particular, aunque
inicialmente advirtió que el petente agotó las vías judiciales que contempla la
justicia ordinaria laboral a efectos de obtener lo que persigue en sede de
tutela, situación que le permite a la entidad emitir un pronunciamiento de
fondo respecto de sus pretensiones, lo cierto es que, acto seguido, solicitó
que se declare la improcedencia de la acción de tutela habida cuenta que “no
es la vía adecuada para la reclamación del incremento pensional que pretende el
accionante, ya que ésta (sic) solamente procede ante la inexistencia de otro
mecanismo judicial (…)”[2]
Del mismo modo,
señaló la entidad que, atendiendo a las directrices jurisprudenciales dictadas
por esta Corte, no es competencia de juez constitucional realizar “análisis
de fondo frente al reconocimiento pensional de incremento por cónyuge a cargo
que solicita el accionante” pues ello implicaría desnaturalizar la tutela
al realizar, por medio de ella, una intromisión en la esfera del juez ordinario
competente de dirimir tales asuntos.
Finalmente,
indica que en el caso no se cumplen los requisitos exigidos por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005, necesarios para que proceda la
acción de tutela en contra de providencias judiciales y, por ende, no es viable
que se altere la determinación judicial adoptada por el Juzgado Octavo Laboral
del Circuito de Bogotá.
III.
DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN
1. Decisión
de primera instancia
Mediante sentencia del 17 de febrero de
2016, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, negó el
amparo pretendido por el señor Lancheros, al considerar que no agotó todos los
recursos que la jurisdicción ordinaria prevé habida cuenta que no interpuso el
recurso extraordinario de casación dentro del cual se podía haber requerido lo
que ahora persigue en sede de tutela.
Por tanto, con su conducta negligente
quebrantó el principio de subsidiariedad e impidió que el juez natural de la
controversia estudiara el caso y determinara si le asistía o no el derecho
pensional que establece el Acuerdo 049 de 1990.
2.
Impugnación
El demandante impugnó el fallo proferido en primera instancia,
argumentando que si bien no interpuso el recurso extraordinario de casación lo
cierto es que ello obedeció a que la postura de la Corte Suprema de Justicia es
rígida y la línea jurisprudencial manejada en torno al cómputo de semanas entre
el sector público y el ISS sigue firme en su tendencia de negar tal posibilidad
para quienes persiguen un reconocimiento pensional en aplicación del Acuerdo
049 de 1990.
Postura que, a
no dudarlo, permitía tener certeza de que no iban a prosperar sus pretensiones
y sí le implicaría un desgaste temporal en detrimento de sus derechos como
quiera que requiere con urgencia su prestación por no contar con otro ingreso
y, además, padecer múltiples enfermedades que lo exponen a sufrir un perjuicio
irremediable, dentro de las que se destacan, artrosis, diverticulitis,
afecciones al colon, hemorragia gastrointestinal y cefaleas.
Adicionalmente,
señaló que los falladores cuestionados en sus providencias incurrieron en un
defecto sustantivo y material que habilita la procedencia de la acción de
amparo contra las mismas por cuanto desconocieron los pronunciamientos que, en
torno al tema, ha proferido la Corte Constitucional y que permiten realizar el
cómputo de semanas entre las aportadas al ISS y las cotizadas en el sector
público.
Finalmente, alegó
el claro cumplimiento que, a su parecer, existe respecto de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela y, por ende, solicitó revocar la
determinación adoptada en primera instancia.
3. Decisión
de segunda instancia
La decisión del a-quo,
fue confirmada, mediante sentencia del 21 de abril de 2016, por la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que en el caso del actor
no agotó todos los recursos que el sistema natural prevé para dirimir su
controversia.
En efecto, adujo
el alto tribunal, que el demandante no demostró la rigidez que, aduce, sostiene
esa Corporación en torno al tema. Además el hecho de que tarde varios años su
resolución no justifica, en modo alguno, la omisión.
Por último, señaló
el ad quem el pronóstico negativo del resultado no constituye razón
suficiente para validar la equivocada decisión asumida por el petente y que
pretende sanear mediante el uso del recurso de amparo.
IV.
ANTECEDENTES DEL EXPEDIENTE T-5.545.052
1. La
solicitud
La demandante, Carmen
Teresa Blanco de Martínez, interpuso acción de tutela en contra de la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito de Cúcuta y el Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de la misma ciudad, por la presunta violación de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la igualdad, a
la seguridad social y al debido proceso en que, a su juicio, incurrieron las
demandadas, al negarle el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes.
2. Hechos
2.1. La
accionante contrajo nupcias con el señor Pablo Emilio Martínez Leal quien
durante su vida laboral realizó aportes con fines pensionales, por lo que, una
vez este último cumplió la edad mínima requerida en el Acuerdo 049 de 1990 (60
años) procedió, el 29 de junio de 1983, a solicitar el reconocimiento y pago de
la pensión de vejez.
2.2. Sin
embargo, según la demandante, la prestación económica aludida le fue negada a
su esposo por cuanto no reunía los requisitos exigidos, habida cuenta que durante
los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, solo cotizó 499 semanas,
siendo necesarias 500 en dicho lapso de tiempo.
2.3. No
obstante, refiere la actora, que tal información no es cierta como quiera que
dentro de su historial laboral no le tuvieron en cuenta unas semanas que cotizó
con el Banco de Colombia y con el Ejército Nacional. Por lo que, a su parecer, su
cónyuge sí tenía la cantidad de semanas exigidas en el régimen legal que le era
aplicable y que le permitían haber consolidado su derecho prestacional. A pesar
de lo anterior, el Instituto de Seguro Social se mantuvo en su negativa.
2.4. El 21 de
mayo de 2011 falleció el señor Martínez sin que le fuera reconocido el derecho
pensional que, al sentir de la actora, claramente le asistía, por lo que, en su
calidad de cónyuge y teniendo en cuenta que su esposo
cumplió con la densidad de semanas exigidas en el Acuerdo 049 de 1990, procedió
a solicitar ante la entidad demandada, el 12 de octubre de 2012, el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a su favor.
2.5. Prestación
económica que le fue negada, mediante Resolución GNR 045924 del 20 de marzo de
2013, con el argumento de que el 1 de enero de 1990 se le concedió al señor
Martínez Leal una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, ante el
cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 37 de la Ley 100 de
1993, en cuantía equivalente a $553.520.
2.6. Contra la
anterior decisión la petente interpuso los recursos de reposición y apelación
los cuales fueron resueltos en su oportunidad, confirmando la decisión
inicialmente adoptada.
2.7. Con
posterioridad, el 15 de agosto de 2014, la peticionaria solicitó a Colpensiones
la corrección del historial laboral de su difunto esposo, en el sentido de que
le adicionaran las semanas que la entidad bancaria que lo empleó, le pagó extemporáneamente,
correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de marzo de 1977 y el 29 de
junio de 1983, y las cuales fueron reconocidas por el empleador el 5 de abril
de 1988. Petición que fue reiterada el 24 de noviembre de 2014.
2.5. Pedimento
despachado de manera negativa por parte de Colpensiones pues, a su juicio, los
aportes fueron reconocidos para salud, información que, a solicitud de la señora
Blanco de Martínez, fue aclarada por la entidad bancaria al señalar, mediante
oficio del 17 de abril de 2015, que tales valores se expidieron para cumplir las
obligaciones pensionales.
2.6. Frente a lo
cual, el 19 de febrero de 2015, volvió nuevamente a solicitar el estudio de su
caso en aras de que le fuera reconocida la pensión de sobrevivientes
pretendida, en aplicación de los principios de favorabilidad y condición más
beneficiosa. Solicitud despachada negativamente mediante Resolución GNR 387859
del 30 de noviembre de 2015.
A juicio de Colpensiones,
no era posible conceder lo pretendido como quiera que el hecho generador de la
pensión se causó al momento del fallecimiento del causante, es decir, el 21 de
mayo de 2011, fecha para la cual se encontraba vigente la Ley 797 de 2003 y, al
aplicar la condición más beneficiosa, se evidenció que no cumple con los
requisitos que prevé la Ley 100 de 1993.
A lo que se
suma, que el cotizante en vida recibió un dinero por concepto de indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez por lo que, en aplicación de las directrices
constitucionales, no es posible que una persona perciba dos asignaciones
provenientes del tesoro público.
2.7. Ahora, de
los anexos allegados a su demanda de tutela se puede observar que la actora
inició un procedimiento ante la jurisdicción ordinaria laboral tendiente a que
le fuera reconocida la pensión de sobrevivientes, en aplicación del principio
de condición más beneficiosa y de progresividad de los derechos sociales.
Sin embargo, su
pedimento judicial fue despachado de manera negativa tanto en primera como
segunda instancia por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta y la
Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de la misma
ciudad, en providencias del 8 de septiembre de 2014 y 11 de noviembre de 2015,
respectivamente, por cuanto, al parecer de los falladores, no era posible, en
aplicación de los aludidos principios, realizar el salto normativo perseguido.
2.8. Inconforme
con lo anterior, la actora acudió a la acción de tutela, pues no comparte la
interpretación que, en su caso, le impartieron los operadores ordinarios al
principio de condición más beneficiosa.
3.
Pretensiones
La demandante solicita
que le sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo
vital, a la seguridad social y a la igualdad y, en consecuencia, se dejen sin
efectos las providencias judiciales que fueron dictadas dentro del proceso
ordinario laboral que adelantó con la intención de que le fuera reconocida la
pensión de sobrevivientes que, a su parecer, le asiste. Lo anterior, por
desconocer el precedente jurisprudencial que en torno al tema ha desarrollado la
Corte Constitucional. Consecuentemente pide que se revoquen los actos
administrativos proferidos por Colpensiones, por medio de los cuales le
denegaron el derecho pensional pretendido, disponiendo que, dentro de las 48
horas siguientes, se proceda a proferir unos nuevos en los que se reconozca la
prestación debidamente indexada.
4. Pruebas
-
Copia
simple del acta de audiencia de Decisión y Juzgamiento proferida por la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta dentro del proceso ordinario que
promovió la actora en contra de Colpensiones (Folios 21 al 23 del cuaderno 2).
-
Copia
simple del acta levantada en el proceso ordinario laboral que promovió la
petente en contra de Colpensiones, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito
de Cúcuta (Folios 24 al 27 del cuaderno 2).
-
Copia
de la Resolución No. GNR 387859, del 30 de noviembre de 2015, dictada por el
Gerente Nacional de Reconocimiento de la Vicepresidencia de Beneficios y
Prestaciones de Colpensiones (Folios 28 al 31 del cuaderno 2).
-
Copia
de la Resolución No. VPB 35457, del 20 de abril de 2015, proferida por el
Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones de Colpensiones (Folios 33 y 34
del cuaderno 2).
-
Copia
de la Resolución No. GNR 290830, del 01 de noviembre de 2013, expedida por la
Gerente Nacional de Reconocimiento de la Vicepresidencia de Beneficios y
Prestaciones de Colpensiones (Folios 36 y 37 del cuaderno 2).
-
Copia
de la Resolución No. GNR 045924, del 20 marzo de 2013, dictada por la Gerente
Nacional de Reconocimiento de la Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones
de Colpensiones (Folios 39 al 41 del cuaderno 2).
-
Copia
de la respuesta dada por Bancolombia a una petición que presentó la demandante
(Folio 43 del cuaderno 2).
-
Copia
simple de la nota debido patronal que expidió el Instituto de Seguro Social
respecto del valor que canceló el Banco de Colombia por concepto de aportes a
riesgos con fines pensionales (Folio 46 del cuaderno 2).
-
Copia
simple del cheque que giró el Banco de Colombia, pagadero a la orden del
Instituto de Seguro Social a efectos de cubrir los aportes pendientes de pago
del señor Martínez Leal (Folio 47 del cuaderno 2).
-
Copia
de la respuesta que dio el Ministerio de Defensa Nacional a una petición que
presentó la demandante respecto del periodo laborado para dicha entidad (Folio
48 del cuaderno 2).
-
Certificado
de factores salariales mes a mes proferidos por el Ministerio de Defensa
Nacional respecto del señor Martínez Leal (Folio 49 del cuaderno 2).
-
Copia
del certificado de información laboral No. 67713-15 (Folios 50 al 52 del
cuaderno 2).
-
Copia
simple del fallo de tutela que profirió, el 9 de junio de 2015, el Juzgado
Segundo Penal del Circuito para Adolescentes de Cúcuta (Folios 55 al 67 del
cuaderno 2).
-
Copia
simple del fallo de tutela que dictó, el 16 de enero de 2015, el Juzgado Sexto
Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta (Folios 70 al 76 del cuaderno 2).
-
Copia
del acta de declaración extra proceso adelantada por la demandante ante la
Notaría Quinta de Cúcuta (Folio 77 del cuaderno 2).
-
Copia
de la declaración juramentada rendida ante la Notaría Quinta de Cúcuta por las
señoras Fanny Cecilia Niño Sepúlveda y Graciela Niño Sepúlveda, bajo la
gravedad de juramento (Folio 78 del cuaderno 2).
-
Copia
del registro civil de defunción del señor Pablo Emilio Martínez Leal (Folio 79
del cuaderno 2).
-
Copia
del registro civil de matrimonio de la pareja conformada por Pablo Emilio
Martínez Leal y la demandante (Folio 80 del cuaderno 2).
-
Copia
del acta de bautismo de la peticionaria (Folio 81 del cuaderno 2).
-
Copia
de la partida de bautismo del señor Pablo Emilio Martínez Leal (Folio 82 del
cuaderno 2).
-
Copia
simple del documento de identificación del señor Martínez Leal (Folio 83 del
cuaderno 2).
-
Fotocopia
ampliada de la cédula de ciudadanía de la accionante (Folio 84 del cuaderno 2).
-
CD
con la audiencia de juzgamiento del procedimiento ordinario de segunda
instancia proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta
(Folio 85 del cuaderno 2).
5. Respuesta
de la entidad demandada
Dentro de la
oportunidad procesal correspondiente Colpensiones, a través de su
Vicepresidente Jurídico y Secretario General, dio respuesta a los señalamientos
efectuados por la actora en su escrito de tutela, solicitando que el recurso
interpuesto fuera declarado improcedente por las razones que, grosso modo, a
continuación se relacionan.
La actora ya
agotó las vías judiciales ordinarias para obtener la prestación económica que
persigue en sede de tutela, oportunidad en la que el operador judicial idóneo
estudió sus argumentos y los despachó de manera negativa, luego resulta
improcedente que se pretenda reemplazar las decisiones ordinarias fruto del uso
de los mecanismos establecidos por el legislador para obtener un derecho
prestacional por medio del procedimiento preferente y sumario sin la existencia
de una justificación válida.
Por
consiguiente, no puede admitirse que el juez constitucional desnaturalice la
acción de amparo permitiendo que con su uso se reconozcan derechos cuya competencia
recae en los falladores comunes y, menos aún, dejar sin efectos providencias
judiciales sin el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Sentencia C-590
de 2005.
V. DECISIONES
JUDICIALES QUE SE REVISAN
1. Decisión
de primera instancia
La Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia del 4 de
febrero de 2016, negó las pretensiones de la demanda al considerar que se
tornaba improcedente como quiera que la actora no agotó todos los recursos que
la ley prevé a efectos de ejercer su defensa, habida cuenta que no interpuso el
extraordinario de casación, renunciado consigo a la oportunidad de que el juez
natural se pronunciara respecto de sus peticiones.
Adicionalmente
dicha Corporación señaló que al momento de revisar las decisiones proferidas
por las autoridades judiciales demandadas encontró que estás se encontraban
ajustadas a la normatividad que regula la materia y a la jurisprudencia de esa
Corporación.
A lo que se suma
que con relación a la condición más beneficiosa, ello fue analizado en su
momento y denegado toda vez que para aplicarla debe hacerse el estudio de cara
a la norma inmediatamente anterior a la Ley 797 de 2003, entiéndase, la Ley 100
de 1993, en su forma original, requerimiento que tampoco se cumple. Medida que
fue soportada por el operador de instancia en el precedente jurisprudencial de
la Corte Constitucional, referido, entre otras, en la Sentencia T-228 de 2014.
Añadió que las decisiones
cuestionadas en sede de tutela son producto de la labor hermenéutica de los
jueces ordinarios y al juez constitucional le está vedado interferir en asuntos
del exclusivo resorte de los falladores naturales, como es la valoración de los
elementos probatorios en juego, por cuanto no puede intervenir en las funciones
asignadas por la Constitución y por el legislador a esas autoridades judiciales.
2.
Impugnación
El anterior
fallo fue impugnado por la parte demandante al señalar que el a quo profirió
una decisión apartándose de las pretensiones pues se limitó a negar el derecho
sin aplicar los principios constitucionales de favorabilidad de la ley, in
dubio pro operario y la condición más beneficiosa.
Adicionalmente,
la actora puso de presente las Sentencias T-566 de 2014 y T-1074 de 2012 de la
Corte Constitucional en las que se acudió al principio de favorabilidad para dar
aplicación al Acuerdo 049 de 1990, no obstante la vigencia de dos normas
posteriores.
Alegó también el
precedente jurisprudencial fijado en la Sentencia T-090 de 2009 en el que se
permitió la posibilidad de acumular tiempos de servicios entre los sectores
públicos y privados, según la interpretación dada al artículo 33 de la Ley 100
de 1993.
3. Decisión
de segunda instancia
La Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia del 14 de
abril de 2016, confirmó la decisión dictada, en primera instancia, por su
homóloga Laboral y, en consecuencia, denegó el amparo pretendido por la actora.
Como fundamento
de su determinación, señaló el fallador ad quem que la parte actora no
logró demostrar de qué manera se le ha vulnerado algún derecho fundamental
susceptible de ser protegido por el juez de tutela, máxime si se tiene en
cuenta que dentro del procedimiento ordinario laboral que promovió la
demandante, se le respetó todas las ritualidades y garantizó su debido proceso.
El hecho de que
la parte actora no comparta las determinaciones de las autoridades accionadas,
no implica que tales fallos vayan en contravía del ordenamiento jurídico, por
el contrario, dentro del plenario se evidenció que los juzgados demandados
desarrollaron una argumentación acorde con la situación planteada atendiendo
las normas que rigen la materia.
Finalmente, desestimó
la posibilidad de acudir a la acción de tutela con la intención de censurar las
actuaciones desplegadas por los funcionarios competentes toda vez que tal
mecanismo no hace las veces de tercera instancia, a lo que se suma que la
actora no agotó el recurso extraordinario de casación, previsto en el
procedimiento ordinario, el cual resultaba idóneo para alegar las supuestas
irregularidades que señala en la actual demanda.
VI. FUNDAMENTOS
JURÍDICOS DE LA DECISIÓN
1. Competencia
A través de esta
Sala de Revisión, la Corte Constitucional es competente para revisar las
sentencias proferidas dentro de los procesos de la referencia, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución
Política, en concordancia con los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Procedibilidad de la Acción de Tutela
2.1.
Legitimación activa
El artículo 86
de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo
de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección
inmediata de sus derechos fundamentales.
En
consonancia con la norma superior, el artículo 10° del Decreto 2591 de 1991[3], establece lo
siguiente:
“La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y
lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.
Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el
titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa.
Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los
personeros municipales.” (Subrayado por fuera del texto
original)
En esta
oportunidad, la acción de tutela fue presentada por distintos abogados en
representación de los demandantes quienes les confirieron poderes autenticados
para representarlos en el curso del trámite de las presentes demandas, razón
por cual se encuentran legitimados para actuar en esta causa.
2.2.
Legitimación pasiva
La
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral y el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cúcuta, Sala Laboral, se encuentran legitimados como parte pasiva
en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5º y 42
del Decreto 2591 de 1991, debido a que se les atribuye la violación de los
derechos fundamentales en discusión.
3. Problema
Jurídico
Le corresponde
a esta Sala de Revisión dirimir tres asuntos cuyo origen se contrae a la
posibilidad de obtener el reconocimiento y pago de un derecho de índole
prestacional en sede de tutela. En efecto, en esta providencia la Corte debe
analizar distintas cuestiones, a saber:
En un primer
asunto (T-5.537.347) si al señor José Antonio Neira Buitrago le asiste el
derecho a la indexación de su mesada pensional de cara a preceptos
constitucionales y legales que, como aduce, suponen la necesidad de mantener el
poder adquisitivo de la moneda.
Respecto del
segundo asunto (T-5.540.127) si al señor Jorge Eliécer Lancheros le asiste el
derecho a obtener su pensión de vejez en aplicación del Acuerdo 049 de 1990 y con
base en distintas sentencias proferidas por este Tribunal que viabilizan el
cómputo de semanas entre el sector público y el ISS dentro de dicho régimen
legal.
Y, por último,
en un tercer caso (T-5.545.052) si la señora Carmen Teresa Blanco de Martínez
tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en
aplicación del principio de condición más beneficiosa.
Así las cosas,
para arribar a las respectivas conclusiones, esta Sala, con anterioridad al
desarrollo de los casos concretos, realizará un análisis jurisprudencial de los
siguientes temas:
(i) Procedencia del recurso de amparo para obtener el reconocimiento
y pago de un derecho de naturaleza prestacional, (ii) el derecho a
mantener el poder adquisitivo de la moneda y la indexación de la primera mesada
pensional, (iii) el régimen de transición que prevé la Ley 100 de 1993, (iv)
la pensión de vejez en el Acuerdo 049 de 1990 y la posibilidad de acumular
semanas en tal régimen, (v) la pensión de sobrevivientes en el Acuerdo
049 de 1990, (vi) el principio de la condición más beneficiosa y, por
último, (vii) la procedencia de la tutela en contra de providencias
judiciales.
4. La
procedencia del recurso de amparo para obtener el reconocimiento y pago de un
derecho de naturaleza prestacional
En repetidas
ocasiones este Tribunal ha ahondado en la posibilidad de acudir excepcionalmente
al recurso de amparo a efectos de dirimir un conflicto que, por su naturaleza
jurídica, puede ser resuelto a través de un mecanismo judicial ordinario.
En torno al
asunto, la Corte ha reiterado la regla general que contempla el artículo 86
Superior, según la cual, la tutela solo procede ante la inexistencia de un
procedimiento ordinario de defensa judicial al que pueda recurrir el ciudadano.
En ese sentido,
si la persona que alega la amenaza o vulneración de sus prerrogativas básicas,
dispone de otro medio de defensa judicial, le corresponde acudir a este para
solucionar su conflicto y, como consecuencia, la demanda de tutela que impetre,
desconociendo tal regla, deberá ser declarada improcedente.
Ahora, la
comentada disposición constitucional a la par de la precedida regla, contiene
una excepción que posibilita su uso, a pesar de la existencia del medio
ordinario de defensa, siempre y cuando el recurrente acredite que se encuentra
expuesto a un perjuicio irremediable que solo se puede evitar mediante la
adopción de una medida pronta, característica de la acción de tutela.
Por tanto, como
la excepción se fundamenta en la posibilidad real de que el recurrente se
encuentre frente a una situación límite que, a no dudarlo, lo exponga a padecer
un “perjuicio irremediable” en sus prerrogativas, esta Corte consideró
necesario indicar una serie de elementos que, de constatarse en el caso
concreto, permitirían al juez de tutela comprobar la existencia del aludido
riesgo y la necesidad de desplazar, de manera transitoria, las competencias del
fallador natural.
En ese sentido,
desde la Sentencia T-225 de 1993[4],
esta Corte señaló como criterios determinantes para tener certeza de que el
demandante se encuentra ante una situación apremiante que imponga acudir a la
tutela para evitar el perjuicio irremediable, los siguientes: la urgencia, la
inminencia, la gravedad y la impostergabilidad.
Respecto de los
mismos, en la precedida providencia se indicó:
“Con relación a la inminencia esta se presenta cuando existe una situación
"que amenaza o está por suceder prontamente”, caracterizándose por el
hecho de que el daño se puede desarrollar en un corto plazo, lo que hace que
deban tomarse medidas rápidas y eficaces con el propósito de evitar la
afectación de los derechos fundamentales de quien requiere el amparo.
Frente a “la urgencia”, se ha manifestado que se identifica con la
necesidad apremiante de algo que resulta necesario y sin lo cual se ven
amenazadas garantías constitucionales, lo que lleva a que una cosa se ejecute
pronto para evitar el daño.
En tratándose de “la gravedad”, se ha indicado que esta se evidencia
cuando la afectación o la vulneración de los derechos fundamentales de la
persona es mayúscula y le ocasiona un menoscabo o detrimento en esa misma
proporción. La gravedad se puede reconocer en la importancia que el
ordenamiento jurídico le concede a ciertos bienes jurídicos bajo su protección.
Y, finalmente, “la impostergabilidad” de la acción, se determina
dependiendo de la urgencia y de la gravedad de las circunstancias del caso
concreto, criterios que llevan a que el amparo sea oportuno, pues si se
pospone, corre el riesgo de que sea ineficaz.”
Ahora, frente a
la posibilidad de acudir a la tutela a efectos de solicitar un reconocimiento
prestacional, se debe acreditar por la persona, además de los precedidos
elementos, una serie de condiciones particulares, las cuales le corresponde al juez
constitucional, corroborar y ponderar y, sí se acreditan, permiten concluir que
existe una situación imperiosa que hace necesario adoptar una medida de amparo
transitoria o definitiva. Tales requerimientos son:
“(…)
(i)
Que se trate de una persona de la
tercera edad, considerada sujeto de especial protección;
(ii)
El estado de salud del solicitante y
su familia;
(iii)
Las condiciones económicas del
peticionario;
(iv)
Que la falta de pago de la prestación
o su disminución, genere un alto grado de afectación de los derechos
fundamentales, en particular, del derecho al mínimo vital;
(v)
Que el afectado haya desplegado
cierta actividad administrativa y judicial, tendiente a obtener la protección
de sus derechos, y
(vi)
Que el interesado acredite, siquiera
sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial ordinario es
ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente
afectados.”[5]
Lo anterior, por
cuanto se debe evitar el uso injustificado de la tutela mediante el
desplazamiento caprichoso de las competencias del juez común, pues un actuar
contrario desconocería: (i) la tutela judicial efectiva, (ii) el
derecho de quienes de manera diligente agotan los procesos comunes para el
amparo de sus derechos y, además, (iii) conllevaría promover la
congestión judicial.
5. El derecho a mantener el poder adquisitivo de la moneda y la
indexación de la primera mesada pensional
Sin duda alguna,
el fenómeno inflacionario implica que la moneda pierda su poder adquisitivo.
Previendo eso, el constituyente primario consagró dos disposiciones de rango
Superior que busca contrarrestar sus nefastos efectos.
Así las cosas,
por un lado, en el artículo 48 de la Carta Política señaló que “(…) La ley
definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su
poder adquisitivo constante.”. Y, por el otro, en el artículo 53 indicó: “
(…) El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de
las pensiones legales. (…)”
Precisamente son
tales postulados los que le han permitido a esta Corte dictar una serie de
providencias[6]
tendientes a adoptar las medidas adecuadas con el fin de evitar que, con tal
fenómeno, se le afecten los derechos de los pensionados, si no se les actualiza
la prestación reconocida.
Así las cosas,
es deber del Estado asegurar que las mesadas pensionales mantengan su valor
real, mediante su actualización, con independencia de la categoría, régimen o
la fecha en que el pensionado haya consolidado su status.
Resulta
importante aclarar lo anterior, por cuanto el tema ha sido objeto de posturas
disimiles en la rama judicial, pues, difieren las posiciones que al respecto
han sostenido la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional.
Sobre el
particular, la perspectiva del máximo órgano de la jurisdicción ordinaria ha
sido marcada por vaivenes, en tanto que ha pasado de fallos que reconocen el
derecho a otros que tajantemente lo niegan.
En efecto,
respecto de pensiones causadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Constitución Política de 1991, dicha Corporación negó la indexación solicitada por
el trabajador, con soporte en la ausencia de una disposición legal que la
consagrara. (Ver, entre otras, las Sentencias proferidas por la Sala de
Casación Laboral el 31 de mayo de 1988, el 8 de abril de 1991, el 13 de
noviembre de 1991 y el 20 de mayo de 1992).
En 1992,
reconocieron la existencia de la obligación de indexar la primera mesada
pensional del trabajador. Sin embargo, en el caso concreto, no otorgaron el
derecho económico habida cuenta que el demandante no cumplía los requerimientos
que, en su momento, consagraba la ley para adquirir el status de pensionado.
Más adelante, en
1996, dicho tribunal dictó el primer fallo en el que no solamente aceptó el
derecho de actualización, a modo de compensación, como consecuencia de la
depreciación de la moneda entre la fecha en que se retira el trabajador y el
día en el que cumple los requisitos pensionales, sino que también ordenó
indexar su mesada pensional. (Ver Sentencia del 8 de febrero de 1996, dictada
por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. M.P Jorge Iván
Palacio Palacio)
No obstante, en
1998, la Corte Suprema de Justicia varió su postura pasando a negar el derecho
en tanto que la pensión que gozaba el trabajador había surgido como resultado de
una conciliación que sostuvo con quien fuera su empleador, oportunidad en la
que no pactaron ningún mecanismo de corrección monetaria, luego, para dicha
Corporación, se tornaba indispensable respetar lo convenido. (Ver Sentencia del
1 de septiembre de 1998, proferida por la Sala de Casación Laboral. M.P. José
Roberto Herrera Vergara)
Planteamiento
que, además, fue reiterado en 1999, agregando que la indexación también es
improcedente cuando quien la pretenda haya adquirido su derecho pensional con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Disposición legal
que, a su juicio, fue la que reconoció, en su artículo 21, la actualización
salarial. (Ver Sentencia dictada el 28 de agosto de 1999 por la Sala de
Casación Laboral. M.P. Carlos Isaac Náder.)
Por su parte, la
Corte Constitucional, con ocasión de las tutelas masivas que se presentaron, con
fundamento en los diferentes criterios sostenidos por la Corte Suprema de
Justicia, emitió la Sentencia SU-120 de 2003[7].
En tal
oportunidad, este Tribunal concluyó que existía un vacío normativo respecto del
ingreso base de liquidación, el cual afectaba a las personas que habían
cumplido los requisitos de tiempo para acceder a la pensión, pero no la edad
mínima, luego, en tales casos, al sentir de esta Corte, se debía aplicar el
principio laboral de in dubio pro operario.
Adicionalmente, con
sustento en los artículos 25[8],
48[9],
53[10]
de la Carta Política, procedió a reconocer el derecho a la corrección monetaria
habida cuenta que aunque, aparentemente, no existiera una ley o un aparte
normativo que textualmente lo regulara, ello no constituía una razón válida
para denegarlo, pues no es posible que ante su inexistencia, se desconozca el
orden constitucional y la voluntad del constituyente primario.
Del mismo modo,
con sustento en el aludido argumento, desvirtuó los principios de autonomía de
la voluntad privada y de legalidad, que fueron acogidos por el máximo órgano de
la jurisdicción ordinaria al indicar que los postulados y principios de la
Carta prevalecen sobre cualquier otro que no tenga esa índole y, por
consiguiente, reconoció la indexación de la primera mesada pensional con
independencia de si son pensiones legales o convencionales, pues todos se ven
afectados por el fenómeno inflacionario y se les debe asegurar el mantenimiento
del poder adquisitivo de la moneda.
Temática que más
adelante fue estudiada en control abstracto, en la Sentencia C-862 de 2006, al revisar
la constitucionalidad del numeral 2° del artículo 260[11] del Código
Sustantivo de Trabajo.
En dicha
oportunidad, la Sala Plena concluyó que el derecho a la indexación de la
primera mesada pensional es universal, por ende, es aplicable a (i) todos
los pensionados, con independencia de que hayan consolidado su derecho con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, o, (ii) el
derecho haya surgido fruto de una convención, conciliación laboral o por el
cumplimiento de los requerimientos legales exigidos.
Para llegar a
tales conclusiones, la Corte acudió a los postulados superiores atrás reseñados,
al principio de in dubio pro operario y al concepto de equidad que prevé
el artículo 230 de la Carta[12]
como un criterio auxiliar de la actividad judicial.
Argumentación
que fue reiterada en la Sentencia de unificación SU-1073 de 2012, oportunidad
en la que se concluyó que las decisiones judiciales que negaron el aludido
derecho incurrieron en una de las causales específicas de procedencia de la
acción de tutela en contra de providencias judiciales por vulneración directa
de la Constitución Política y, en las que, además, la Corte determinó que para
los trabajadores pensionados con anterioridad a la Constitución de 1991, el
pago de la diferencia resultante luego de efectuar la actualización, debe
cubrir los tres años anteriores, contados a partir de la expedición de la
sentencia de tutela, con el fin de garantizar los principios de seguridad
jurídica por tratarse de un derecho por mucho tiempo incierto y con la
finalidad de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional en
consonancia con el principio de sostenibilidad fiscal[13].
Adicionalmente,
esta Corte ha aclarado que la entidad encargada de asumir el reconocimiento
debe efectuarlo de conformidad con la fórmula que estableció en la Sentencia
T-098 de 2005, la cual es descrita de la siguiente manera:
“La suma insoluta o dejada de pagar, será objeto de ajuste al valor,
desde la fecha en que se dejó de pagar hasta la notificación de esta sentencia
, dando aplicación a la siguiente fórmula:
R= Rh índice final
índice inicial
Donde el valor presente de la condena (R) se determina multiplicando
el valor histórico (Rh), que es lo dejado de pagar al pensionado, por el
guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor
vigente a la fecha de notificación de esta sentencia, entre el índice inicial,
que es el vigente al causarse cada mesada pensional.
Por tratarse de una obligación de tracto sucesivo, la entidad
demandada aplicará la fórmula separadamente, mes por mes, empezando por la
primera mesada pensional que devengó el actor sin actualizar, y para los demás
emolumentos (primas), teniendo en cuenta que el índice aplicable es el vigente
al causarse cada una de las prestaciones.”
Así pues, en tal providencia, esta Corte concedió el amparo
pretendido por cuanto no era admisible calcular el monto de la primera mesada
pensional con base en un ingreso que el actor percibió años antes de que le
fuera reconocida la pensión pues, al permitirse lo anterior, se vulneraría el
mandato superior de la equidad, el derecho a percibir una pensión mínima vital
calculada teniendo en cuenta los fenómenos inflacionarios y la consecuente
pérdida de poder adquisitivo del dinero, lo cual también comprometería los
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.
6. El régimen de transición que prevé la Ley 100 de 1993
El legislador, con la expedición de la Ley 100
de 1993, adoptó el Sistema General de Seguridad Social, dentro del que
contempló un componente encaminado a atender las expectativas pensionales de
las personas que se encontraban cotizando bajo los diferentes apartes
normativos que existían, los cuales eran administrados por distintas entidades.
En ese sentido, a efectos de resolver la
cuestión en litigio, resulta importante señalar que tal sistema también consagró
un régimen de transición con la intención de respetar las expectativas legítimas
de quienes aspiraban a consolidar su derecho pensional bajo un régimen
pensional previo y que le exigía unos requisitos menos gravosos a los
insertados en dicha ley.
En ese sentido, el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, estableció una excepción o permitió una transicionalidad en la aplicación
de tal norma, para quienes, al 1º de abril de 1994, acreditaran, (i) 35 años de
edad si es mujer o 40 años de edad si es hombre o, (ii) 15 años o más de
servicios cotizados.
Al grupo que se encontraba dentro de los
comentados requisitos, se le permitía consolidar su derecho pensional a la luz
de las disposiciones legales previas a la Ley 100 de 1993 o, en todo caso, la
que le resulte más favorable.
No obstante, es importante tener en cuenta que
si bien el régimen de transición parecía que iba a tener una duración continua,
lo cierto es que eso varió por medio del Acto Legislativo 01 de 2005, toda vez
que tal reforma impuso un periodo máximo de duración en el tiempo.
En efecto, por medio de la
mencionada enmienda constitucional, el Congreso de la República reformó el
artículo 48 de la Constitución Política y, por esa vía, eliminó definitivamente
el régimen de transición. Al respecto, el Acto Legislativo referido, en lo
pertinente, textualmente señaló:
“(…)
Parágrafo
transitorio 4º. El régimen de transición establecido en
la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá
extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que
estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su
equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto
Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014.
Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas
por este régimen serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y
demás normas que desarrollen dicho régimen
(…)”[14].
Sobre este punto, resulta importante destacar
que la Corte Constitucional en Sentencia T-652 de 2014[15],
al estudiar una solicitud de traslado pensional enfatizó respecto al alcance de
la disposición transcrita, lo siguiente:
“ (…) significa entonces que el régimen de transición pensional
perdió vigencia a partir del 31 de julio de 2010. Por lo tanto, las
personas que siendo beneficiarias de dicho régimen no lograron acreditar, antes
de la fecha señalada, los requisitos legales para acceder a la pensión de vejez
conforme con el régimen anterior al cual se encontraban afiliados, perdieron
cualquier posibilidad de pensionarse bajo el régimen de transición y, en
consecuencia, solo podrán adquirir su derecho de acuerdo con los lineamientos
de la Ley 100 de 1993 y las demás normas que la complementan o adicionan.
Cosa distinta sucede con los sujetos del régimen de transición que a
la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, esto es, a 25 de julio
de 2005, tenían al menos 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de
servicios, pues según el citado acto legislativo, no pierden el régimen de
transición el 31 de julio de 2010, sino que el mismo se extiende “hasta el año
2014”, concretamente, hasta el 31 de
diciembre de 2014[16].
En ese sentido, si cumplen con los requisitos pensionales del respectivo
régimen anterior al cual se encontraban afiliados antes de esta última fecha,
conservarán el régimen de transición; en caso contrario, perderán
definitivamente dicho beneficio, de tal suerte que deberán someterse a las
exigencias de la Ley 100 de 1993 para efectos de obtener su derecho pensional.
5.7. Así las cosas, ha de concluirse que superado el primer plazo
establecido por el Acto Legislativo 01 de 2005 para su desmonte definitivo, el
régimen de transición pensional estará vigente hasta el 31 de diciembre de
2014, solo para los sujetos de dicho régimen que tengan cotizadas al menos 750
semanas o su equivalente en tiempo de servicios a 25 de julio de 2005 y,
además, cumplan con los requisitos de pensión del régimen anterior al cual se
encontraban afiliados antes del 31 de diciembre de 2014.” (Subrayas propias)
Concluyó, la Sala de Revisión, en aquella
oportunidad, que el régimen de transición estaba llamado a desaparecer el 31 de
diciembre de 2014 y quienes son beneficiarios de dicho periodo transicional por
tiempo de servicios cotizados que se hayan trasladado o se trasladen al RAIS,
podrán hacer efectivo tal derecho solo hasta el 31 de diciembre de 2014.
Al respecto, la aludida providencia indicó:
“Como ya se
mencionó en el acápite precedente, en virtud de lo dispuesto en el Acto
Legislativo 01 de 2005, el régimen de transición está llamado a desaparecer
definitivamente a partir del 31 de diciembre de 2014. Por lo tanto, en
materia de traslado de régimen pensional, puede decirse que sus efectos se
extienden y repercuten sobre la única categoría de trabajadores que al
trasladarse del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de
prima media con prestación definida, siguen conservando el régimen de
transición, es decir, los beneficiarios por tiempo de servicios cotizados.
Lo anterior
significa entonces que, los sujetos del régimen de transición por tiempo de
servicios cotizados que se hayan trasladado o se trasladen del régimen de
ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación
definida, conservarán dicho beneficio solo hasta el 31 de diciembre de 2014,
de tal suerte que si antes de esa fecha no cumplen con los requisitos para
acceder a la pensión de vejez de acuerdo con las normas anteriores que los
cobijaban, pese a su retorno al régimen de prima media con la expectativa de
pensionarse en condiciones más beneficiosas, necesariamente les será
aplicada la Ley 100 de 1993 para tales efectos.”
Por consiguiente, resulta claro que en la
actualidad no existe el régimen de transición y, por ende, ninguno de sus
beneficios se aplica a los afiliados actuales del sistema pensional, salvo para
aquellos sujetos que eran beneficiarios por el tiempo de servicio cotizado y
que completaron los requisitos para acceder a la pensión antes al 31 de
diciembre de 2014.
7. La pensión de vejez en el Acuerdo 049 de 1990 y la posibilidad de
acumular semanas en tal régimen
Una de las previsiones legales que, con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 regulaba la pensión
de vejez, era el Decreto 758 de 1990, por medio del cual se aprobó el Acuerdo 049
de 1990, cuyo contenido exigía para efectuar el referido reconocimiento
prestacional, acreditar los siguientes requisitos:
“ARTÍCULO
12. REQUISITOS DE LA PENSIÓN POR VEJEZ. Tendrán derecho a la pensión de vejez
las personas que reúnan los siguientes requisitos:
a)
Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más
años de edad, si se es mujer y,
b)
Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos
veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber
acreditado un número de un mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas en
cualquier tiempo.”
Ahora bien, en la aplicación del comentado régimen se han
generado algunas divergencias como quiera que existían posturas que señalaban
que la densidad de semanas que se exigían en el acuerdo debían haberse
aportado, de manera exclusiva, al Instituto de Seguros Sociales, luego, no era
viable solicitar su aplicación si el afiliado efectuó parte de los aportes a
otras cajas pensionales.
Tal tesis se sustentaba en la consideración según la cual el
Acuerdo 049 de 1990 fue expedido por el Consejo Nacional de Seguros Sociales
Obligatorios con la finalidad de reglamentar únicamente las prestaciones
económicas reconocidas por tal institución, por lo que se impide el cómputo de
semanas cotizadas con otras entidades del sector oficial, pues esa posibilidad solo
estaba prevista en el régimen que contemplaba la Ley 71 de 1988.
Adicionalmente, se planteaba que el reconocimiento
prestacional acreditando 500 semanas dentro de los 20 años anteriores al
cumplimiento de la edad, se consagró como un método de transición para todos
aquellos trabajadores antiguos a quienes sus empleadores no les habían
concedido ninguna pensión.
También existía otra postura según la cual de la lectura del
artículo 12 del Decreto 758 de 1990 no se puede arribar a la conclusión de
exclusividad de aportes al ISS.
Tal exégesis, acudiendo a principios constitucionales como
el de favorabilidad, concluye que, ante la duda, se torna necesario adoptar la
interpretación que mejor se ajuste a los intereses del trabajador y, en ese
sentido, es viable que se admita el cómputo compartido de semanas, pues
finalmente, una medida así en nada va a generar un detrimento financiero, como
quiera que finalmente las entidades a las que se efectuaron los aportes todas
son estatales y, por ende, los montos van al erario público.
El anterior entendimiento se fortaleció con lo señalado en
el parágrafo 1º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, mediante el cual se dispuso:
“Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de que trata
el inciso primero del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las
semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al
Instituto de Seguros Sociales, a las cajas, fondos o entidades de seguridad
social del sector público o privado, o el tiempo de servicio como
servidores públicos cualquiera que sea el número de semanas cotizadas o tiempo
de servicio” (Subrayas propias)
La anterior
situación llevó a que muchas personas presentaran acciones de tutelas, en
virtud de las cuales esta Corte analizó la problemática frente a diversos casos
concretos, existiendo, inicialmente, disparidad de decisiones respecto a la
posibilidad de permitir el cómputo de semanas para el cumplimiento de las
exigencias señaladas en el Acuerdo 049 de 1990.
Sin embargo, con
posterioridad, se unificó el criterio y la Sala Plena consideró viable permitir
la acumulación de semanas cotizadas entre el sector oficial y el ISS a efectos
de consolidar el derecho pensional descrito en el Decreto 758 de 1990.
Ahora, resulta
importante tener en cuenta que las posturas que permitieron la posibilidad de
acumulación, en un inicio, solamente se aplican para el cumplimiento del
requisito que exigía 1000 semanas de cotización y no para demostrar las 500
cotizadas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad.
Respecto de la línea jurisprudencial manejada por esta
Corte, de manera previa a la unificación del criterio, puede observarse lo
indicado en la Sentencia T-201 de 2012[17], en torno a los casos concretos en los
que se solicitó, en sede de tutela, el cómputo de semanas para acreditar las
1000 exigidas en el Acuerdo 049 de 1990, pues en dicha providencia se
analizaron varios antecedentes en los que esta Corte, realizando un estudio
articulado de las disposiciones constitucionales y del sistema pensional
contemplado en la Ley 100 de 1993, permitió acumular periodos cotizados a
efectos de consolidar la pensión de vejez, con independencia de que el recaudo
lo haya efectuado de manera exclusiva el ISS, o en concurrencia con algún otro
fondo oficial.
No obstante,
como se indicó previamente, dicha exégesis no se aplicó, inicialmente, en los
casos en los que se pretendía la acumulación de semanas a efectos de solicitar
la prestación pensional en cumplimiento del requisito de 500 semanas de
cotización dentro de los 20 años anteriores a la edad mínima.
Lo anterior, a
pesar de que esta Corporación en la Sentencia T-637 de 2011[18], reconoció
de manera transitoria, el derecho pensional de vejez de quien, en esa
oportunidad, solicitó el cómputo de semanas para acreditar las 500 exigidas.
Sin embargo, con posterioridad, en la Sentencia T-201 de 2012[19], aclaró
dicho criterio y denegó la solicitud de acumulación de semanas entre el sector
oficial y el ISS de una persona que la requería para cumplir con el requisito
de 500 semanas cotizadas dentro de los 20 años anteriores a la edad mínima
requerida. En efecto, la providencia referida señaló:
“Así, como se anotó en precedencia, de acuerdo con la regla reiterada por esta Corte, sí es posible
acumular semanas cotizadas al ISS y a otras entidades de previsión social, para
otorgar pensiones de vejez bajo el Acuerdo 049 de 1990, en aplicación del
régimen de transición, cuando se cumplen los requisitos de 1000 semanas
de cotización y la edad requerida, que no es este caso, por lo cual se concluye
que no hay violación al derecho a la igualdad, pues la situación fáctica no es
equiparable.”
Contra dicha providencia se presentó solicitud de nulidad,
la cual fue estudiada por la Sala Plena de la Corte Constitucional mediante
Auto 024 de 2013 y despachada desfavorablemente.
Sin embargo, la
Sala Plena consideró necesario unificar su criterio y, con ese propósito, profirió
la sentencia SU 769 de 2014[20],
en la que, en lo que interesa a esta providencia, sentó la tesis según la cual el
cómputo de las semanas cotizadas “es un aspecto que quedó consagrado en la
Ley 100 de 1993 precisamente para dar solución a la desarticulación entre los
diferentes regímenes que durante un tiempo hizo imposible acumular tiempos de
servicio con diferentes empleadores, reduciendo notablemente la posibilidad de
los trabajadores para acceder a la pensión de vejez.”.
Por tanto, “es
posible acumular los tiempos de servicios cotizados a las cajas o fondos de
previsión social, con las semanas de cotización efectuadas al Instituto de
Seguros Sociales, por cuanto la exclusividad en los aportes a esta entidad se
trata de un evento no contemplado en el Acuerdo 049 de 1990.”.
Y, finalmente
indicó el fallo, que tal planteamiento es el “que mejor se ajusta a la
Constitución y a los principios de favorabilidad y pro homine, y que maximiza
la garantía del derecho fundamental a la seguridad social (…)”, como
consecuencia de lo anterior, concluyó que “(…) tal acumulación es válida no
solo para los casos en que fueron acreditadas 1000 semanas en cualquier tiempo,
sino también para los eventos en los que se demostró haber reunido un total de
500 semanas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad
requerida.”
8. La
pensión de sobrevivientes en el Acuerdo 049 de 1990
La pensión de
sobrevivientes, como prestación económica, está consagrada en distintos
regímenes legales y, por supuesto, en el actual Sistema General de Seguridad
Social, Ley 100 de 1993.
Su propósito se
encamina a asegurarles a los beneficiarios el mantenimiento del nivel de vida
que tenían antes del deceso del familiar cotizante, siquiera desde una
perspectiva económica, por lo que su reconocimiento tiene gran importancia
desde una esfera constitucional en tanto que, la mayoría de las veces, por
medio de su pago se asegura el cuidado de distintos derechos fundamentales
dentro de un marco de trato digno y justo[21].
En ese sentido, con
el pago de una mesada pensional generada con ocasión del reconocimiento de la
prestación de sobrevivientes, se pretende evitar al grupo familiar dependiente
financieramente del cotizante fallecido, una descompensación en su mínimo vital
y calidad de vida, habida cuenta que, con el deceso de su proveedor, es
factible que sobrevengan cargas económicas que no se encuentren en capacidad de
soportar.
Luego, por la
importancia de la prestación económica y la gran afectación que en varias
ocasiones le puede sobrevenir a los familiares dependientes del difunto,
resulta procedente que, atendiendo a las circunstancias particulares padecidas,
el juez constitucional profiera una determinación encaminada a amparar los
derechos fundamentales en riesgo.
Al respecto, ha
dicho la Corte, entre otras, en la Sentencia C-1094 de 2003[22]:
“(...) La pensión de sobrevivientes
constituye entonces uno de los mecanismos instituidos por el legislador para la
consecución del objetivo de la seguridad social… La finalidad esencial de
esta prestación social es la protección de la familia como núcleo fundamental
de la sociedad, de tal suerte que las personas que dependían económicamente del
causante puedan seguir atendiendo sus necesidades de
subsistencia[23],
sin que vean alterada la situación social y económica con que contaban en
vida del pensionado o afiliado que ha fallecido[24].” (Subrayas propias).
A modo de colofón, cabe señalar que el reconocimiento y
pago de la pensión de sobrevivientes guarda, en la mayoría de los casos, una
fuerte relación con algunos derechos fundamentales como el mínimo vital, la
seguridad social y la vida en condiciones dignas, puestos en peligro con la
ausencia súbita de los recursos que les proveía el causante a sus familiares o
con la reducción significativa de su calidad de vida, surgida a partir de no
contar con una fuente de ingresos que pueda suplir sus necesidades o con la
disminución considerable de los mismos, de modo tal que no les permita el
mantenimiento mínimo de sus requerimientos básicos o conlleve un cambio
sustancial en sus condiciones de vida.
Así pues, para
lograr el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes se exigió, en
el Acuerdo 049 de 1990, el cumplimiento de los requisitos de cotización previstos
para la pensión de invalidez, según se señaló en el artículo 25, norma que seguidamente
se transcribe:
“PENSIÓN
DE SOBREVIVIENTES POR MUERTE POR RIESGO COMÚN. Cuando la muerte del
asegurado sea de origen no profesional, habrá derecho a pensión de
sobrevivientes en los siguientes casos:
a) Cuando a la
fecha del fallecimiento, el asegurado haya reunido el número y densidad de
cotizaciones que se exigen para adquirir el derecho a la pensión de invalidez
por riesgo común y,
b) Cuando el
asegurado fallecido estuviere disfrutando o tenga causado el derecho a la
pensión de invalidez o de vejez según el presente Reglamento.”
En ese sentido,
la densidad de semanas que prevé el aludido acuerdo, para la pensión de
invalidez, fue fijada, en su artículo 6, de la siguiente manera:
“REQUISITOS
DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ. Tendrán derecho a la pensión de
invalidez de origen común, las personas que reúnan las siguientes condiciones:
a) Ser inválido
permanente total o inválido permanente absoluto o gran inválido y,
b) Haber
cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150)
semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de
invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier época, con anterioridad al
estado de invalidez.”
De tal manera
que para consolidar el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes
bajo las directrices previstas en el Acuerdo 049 de 1990, se requiere que el
afiliado hubiera cotizado por lo menos 150 semanas dentro de los 6 años
anteriores a la fecha del deceso, o 300 semanas en cualquier época.
Finalmente,
respecto de los beneficiarios de la mesada pensional, se indicó, en el artículo
27, lo siguiente:
“ARTÍCULO
27. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES POR MUERTE POR RIESGO COMÚN.
Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes por riesgo común, los
siguientes derecho habientes:
1. En forma
vitalicia, el cónyuge sobreviviente y, a falta de éste, el compañero o la
compañera permanente del asegurado.
Se entiende que
falta el cónyuge sobreviviente:
a) Por muerte
real o presunta;
b) Por nulidad
del matrimonio civil o eclesiástico;
c) Por divorcio
del matrimonio civil y,
d) Por
separación legal y definitiva de cuerpos y de bienes.
2. Los hijos
legítimos, naturales y adoptivos menores de 18 años, los inválidos de cualquier
edad, los incapacitados por razón de sus estudios, siempre que dependan
económicamente del asegurado y mientras subsistan las condiciones de minoría de
edad, invalidez y los estudiantes aprueben el respectivo período escolar y no
cambien o inicien nueva carrera o profesión por razones distintas de salud. La
invalidez será calificada por los médicos laborales del Instituto.
3. A falta de
cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos, tienen derecho en forma
vitalicia, los padres del asegurado, incluidos los adoptantes, que dependían
económicamente del causante.
4. A falta de
cónyuge, compañero o compañera permanente, hijos con derecho o padres, la
pensión corresponderá a los hermanos inválidos que dependían económicamente del
asegurado y hasta cuando cese la invalidez.”
9. El
principio de la condición más beneficiosa
Respecto del
principio de condición más beneficiosa puede decirse que este se aplica por el
fallador cuando exista una duda respecto de una sucesión normativa que implique
la verificación entre una norma derogada y una vigente.
En torno al tema,
la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, ha señalado las
siguientes características que permiten distinguir aquellas circunstancias en
las que se debe dar aplicación al referido principio:
“(…) la condición
más beneficiosa, se distingue porque: (i) opera en el tránsito legislativo, y
ante la ausencia de un régimen de transición; (ii) se debe cotejar una norma
derogada con una vigente, y (iii) el destinatario posee una situación jurídica
concreta, la cual es protegida, dado que con la nueva ley se le desmejora. Por
lo brevemente expuesto se concluye que, si bien todas las reglas en precedencia
son manifestaciones palpables de los postulados proteccionistas y tuitivos del
derecho laboral y de la seguridad social, difieren entre sí, porque, se
reitera,  la primera, se refiere al conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, la segunda  alude a
duda en la interpretación
de una norma  y,
la tercera, a la sucesión normativa, que implica la verificación entre una norma derogada y una
vigente.” [25] (Énfasis y subrayado en el original)
Teniendo en cuenta lo
anterior, para el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria la condición más beneficiosa
se distingue por tres aspectos: (i) porque opera en medio de un tránsito
legislativo y ante la ausencia de un régimen de transición, (ii) por
cuanto coteja la norma derogada con una vigente y, por último, (iii) cuando
el destinatario posee una situación jurídica concreta la cual debe ser
protegida dado que la nueva ley la desmejora.
Por tanto, en
todos aquellos casos en los que se evidencien los elementos señalados, le
corresponde a los operadores judiciales hacer uso del mencionado principio.
Si bien la Corte Suprema dentro de sus
fallos ordinarios ha admitido la aplicación de la condición más beneficiosa,
como se dijo, ello ha sido restringido a la disposición legal inmediatamente
anterior a la vigente para la fecha en que la persona acreditó el cumplimiento
de los requisitos legales mínimos, siempre y cuando acredite que realizó
aportes en el régimen anterior y que los mismos le permitían consolidar el
derecho bajo tal disposición, de no haberse adoptado el cambio legal posterior.
Es decir, si antes de que se produzca el tránsito legislativo
el afiliado completa el número mínimo de aportes para garantizar la pensión perseguida,
sin importar que no se haya producido el siniestro, a saber, invalidez o
muerte.
Al respecto, pueden observarse,
entre otras, las sentencias bajo radicación No. 32642 del 9 de diciembre de
2008[26] y No. 38674 del 25 de julio de 2012[27]
en las que se enfatizó, en la primera, en la posibilidad de acudir a la norma
inmediatamente anterior y en la prohibición que recae en los jueces de
desplegar un ejercicio histórico a fin de encontrar una norma diferente a la
antecedida derogada a efectos de darle una serie de efectos que denominó “plusultractivos”
y, en la segunda, en la que se destacó la necesidad de que el afiliado
cumpla con la densidad de semanas exigidas en la normatividad anterior que se
pretende aplicar.
En efecto, en la
sentencia del 9 de diciembre de 2008, la Corte Suprema de Justicia, estudió el
recurso extraordinario de casación contra una providencia proferida por el
Tribunal Superior de Medellín en la que se reconoció una pensión de
sobrevivientes en aplicación de dicho principio. Sin embargo, decidió casar la
sentencia por cuanto que la persona falleció en el 2013 y le denegaron el
derecho a sus beneficiarios por incumplimiento de los requisitos previstos en la
Ley 797 de 2003, y lo procedente era aplicar la Ley 100 de 1993 y no el Acuerdo
049 como lo entendió el Tribunal.
Como argumento
principal, la Corte Suprema adujo que no fue acertada la interpretación dada
por el fallador de instancia como quiera que no aplicó la norma derogada
inmediatamente anterior, entiéndase Ley 100 de 1993, sino que recurrió al
Acuerdo 049 de 1990. La postura del Tribunal fue desacertada, por las razones
que textualmente se transcriben:
“En otras
palabras, no es admisible aducir, como parámetro para la aplicación de la
condición más beneficiosa, cualquier norma legal que haya regulado el asunto en
algún momento pretérito en que se ha desarrollado la vinculación de la persona
con el sistema de la seguridad social, sino la que regía inmediatamente antes
de adquirir plena eficacia y validez el precepto aplicable conforme a las
reglas generales del derecho. Más explícitamente, un asunto al que ha de
aplicarse la Ley 797 de 2003, o la 860 del mismo año, si se considera más
rigurosa ésta frente a la norma reemplazada, es preciso establecer si se
satisficieron los requisitos y condiciones de la derogada disposición para, en
caso afirmativo, hacer valer la condición más beneficiosa. Lo que no puede el
juez es desplegar un ejercicio histórico, a fin de encontrar alguna otra
legislación, más allá de la Ley 100 de 1993 que haya precedido –a su vez- a la
norma anteriormente derogada por la que viene al caso, para darle un especie de
efectos “plusultractivos”, que resquebraja el valor de la seguridad jurídica.
He allí la razón por la cual la Corte se ha negado a aplicar la condición más
beneficiosa en los procesos decididos por las sentencias del 3 de diciembre de
2007 (rad. 28876) y 20 de febrero de 2008 (rad. 32642). (…) La regla de 2003, sin
lugar a dudas, hizo más rigurosos los requisitos y condiciones que estaban
vigentes hasta el 28 de enero de ese año, pues la fidelidad al sistema, en el
artículo 46 de Ley 100 de 1993 reemplazado por el hoy vigente, contemplaba dos
eventos: Uno, respecto de quien falleció siendo afiliado activo y cotizante,
caso en el cual suficiente resultaba haber pagado 26 semanas al momento de la
muerte. La otra, con relación a quien estuvo afiliado pero dejó de cotizar al
sistema, eventualidad en la que era necesario haber efectuado 26 semanas de
aportes en el año inmediatamente anterior a la defunción. Cualquiera de estas
opciones dadas, que rigieron hasta enero de 2003, eran mucho más flexibles que
las de la Ley 797. Luego, sí es
admisible que frente al cambio introducido por ésta, si un afiliado falleció
del 29 de enero de 2003 en adelante, en el supuesto de hallarse en alguna de
las dos situaciones planteadas por la norma derogada, habilitaba a sus
causahabientes para que se les reconociera la pensión de sobrevivientes en los
términos contemplados en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, en su texto
original, en virtud de la regla no explícita de la condición más beneficiosa. Lo que no cabía era acudir a una
legislación anterior a la Ley 100 de 1993, pues no está en discusión que el
causante falleció en vigencia de la Ley 797 de 2003, razón por la cual el
alcance dado por el Tribunal a la jurisprudencia que estructuró la regla de la
condición más beneficiosa, no es el que se acompasa con el sentido y la
hermenéutica de la misma Corte Suprema de Justicia, como ya se explicó”. (Negrillas
propias)
Ahora, no puede perderse de
vista que la postura asumida por la Corte Suprema de Justicia dista de la
acogida por la Corte Constitucional respecto de la posibilidad de aplicar un
régimen legal más antiguo al inmediatamente anterior, acudiendo para ello al
principio de condición más beneficiosa.
Al respecto, esta Corte, en la
Sentencia T-953 de 2014[28], estudió el caso
de una persona que solicitaba un reconocimiento pensional por invalidez en
aplicación del principio de condición más beneficiosa, procurando que se le
estudiara su solicitud de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990 y no con la
Ley 860 de 2003, la cual sirvió de soporte para que la entidad le negara su
derecho
En esa oportunidad, se
expusieron, de manera concreta, las posturas sostenidas por las dos Cortes y,
se arribó a la conclusión de que son contrarias en tanto que, para el máximo
juez de la jurisdicción ordinaria: “(…) en virtud de la
condición más beneficiosa no es posible aplicar un régimen que no sea
inmediatamente anterior, “pues dicho principio no se constituye en una patente de corso que
habilite a quien no cumple los requisitos de la normatividad que le es
aplicable, a efectuar una búsqueda histórica en las legislaciones anteriores
para ver cual se ajusta a su situación, pues, esto desconoce el principio según
el cual las leyes sociales son de aplicación inmediata y en principio rigen
hacia el futuro.
Esta postura se fundamenta principalmente en una acepción
de la condición más beneficiosa como un postulado que solo protege las
expectativas legítimas de los usuarios frente a cambios intempestivos de
normatividad. Bajo este entendimiento, la condición más beneficiosa únicamente
ampara al afiliado que tiene una confianza fundada de que al ocurrir el
siniestro (la discapacidad) podrá obtener la pensión de invalidez porque había
cotizado el número mínimo de semanas, pero no contaba con que se introdujera un
cambio en la regulación. Por eso se limita la protección frente a la primera
modificación normativa, porque la segunda ya no es sorpresiva y debe entenderse
que los afiliados deben acomodarse a las condiciones del nuevo régimen y
empezar a modular sus expectativas conforme al mismo.” [29]
Y, por el otro lado, para la
Corte Constitucional, sí es posible acudir a la condición más beneficiosa para
confrontar regímenes legales, a pesar de que no sea el inmediatamente anterior.
Ello es así, por cuanto para
este tribunal “no basta efectuar reformas legislativas sucesivas para
suprimir la protección de las expectativas legítimas. Una medida tal
desconocería la necesidad de tomar en consideración aspectos como la proximidad
entre el cambio legislativo que varió los presupuestos de reconocimiento de la
garantía pretendida y el instante en que la persona adquiriría definitivamente
la pensión, la intensidad del esfuerzo económico desplegado por el afiliado,
entre otros elementos indispensables para determinar una protección razonable y
proporcionada de los derechos eventuales como por ejemplo los índices de
desempleo, los niveles de informalidad laboral o la ausencia o presencia de
mecanismos de protección social supletorios.” [30]
Adicionalmente, se ha indicado
por la Corte que: “Esta
posición admite una definición más amplia de la condición más beneficiosa, no
solo como un mecanismo que protege a los usuarios de cambios intempestivos en
la regulación, sino también como un postulado que los ampara de situaciones
que en estricto sentido conducen a resultados desproporcionados en relación con
otros afiliados que cumpliendo requisitos menos exigentes tienen derecho a un
beneficio pensional, lo cual es incompatible con la Constitución. (Subrayas propias).
Por ende, la posición adoptada
por esta Corte respecto al tema no solo pretende
proteger a los usuarios de cambios intempestivos en la regulación, sino que
también los ampara de situaciones que, en estricto sentido, pueden resultar
desproporcionadas, pues evita que con un tránsito legislativo se genere una
afectación a los intereses legítimos de los afiliados que han aportado una
cantidad considerable de semanas y que se verían privados del derecho, en tanto
que la nueva medida permitiría el acceso al mismo a ciudadanos que han
satisfecho cargas de menor envergadura.
A modo de síntesis, cabe
señalar que el planteamiento que mejor se ajusta a los postulados superiores es
el que ha sostenido este Tribunal en su línea jurisprudencial como quiera que “(…) no solo protege las expectativas
legítimas de los ciudadanos de cambios normativos intempestivos, sino que
adicionalmente los ampara de situaciones que en estricto sentido conducen a
resultados desproporcionados respecto de otros usuarios que gozan de una
pensión completando presupuestos de menor exigencia [31]. Por tanto, limitar su uso a la norma
inmediatamente anterior, desconoce que la aplicación “fría” [32] de las reglas jurídicas puede conducir a
situaciones de inequidad, en las cuales una persona que realizó un gran
esfuerzo por aportar al sistema, en un contexto de desempleo e informalidad,
eventualmente puede quedarse sin acceder a algún derecho pensional, aun cuando
el sistema ampara a personas en situaciones menos gravosas, que inclusive
contribuyeron en menor medida a su sostenibilidad.”[33].
Por ende,
resulta acertado, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, efectuar
reconocimientos pensionales bajo disposiciones legales anteriores, en tanto que
el afiliado hubiese cotizado al sistema durante la vigencia de dichas normas y completado
las semanas mínimas que este preveía para consolidar el derecho pensional, si,
además, dentro de la solicitud no se advierten circunstancias que permitan entrever
que se persigue un fraude al sistema pensional.
10.
Procedencia de la tutela en contra de providencias judiciales
Como es bien
sabido, la acción de tutela en contra providencias judiciales, solo procede de
manera excepcional debido al carácter subsidiario que la caracteriza.
Lo anterior, se
sustenta en el hecho de que, de permitirse en todos los casos su procedencia, se
atentaría contra el ordenamiento jurídico, habida cuenta que cada procedimiento
ordinario posee los medios y recursos necesarios para garantizar el debido
proceso que debe primar en todas las actuaciones judiciales.
Así mismo, se
afectaría el debido acceso a la justicia de forma efectiva y, en ese sentido, recurrir
a la acción de tutela en contra de providencias judiciales y consentir, de
manera positiva, la intervención del juez constitucional en los asuntos cuya
injerencia recae, de manera exclusiva, en los juzgadores ordinarios, infringiría:
(i) el principio de la autonomía funcional de los jueces, previsto en
los artículos 228[34]
y 230[35]
de la Carta Suprema, (ii) el valor de la cosa juzgada de las sentencias
proferidas por las autoridades judiciales con el objeto de resolver de fondo la
controversia por la cual han acudido los ciudadanos a la justicia para su
solución y, (iii) el principio de la seguridad jurídica, el cual exige a
los administradores de justicia actuaciones legítimas y razonables.
En ese orden de
ideas, este tribunal constitucional ha previsto la procedencia excepcional del
mecanismo de tutela para controvertir el contenido y los efectos de los fallos
judiciales, señalando, que se torna viable el recurso de amparo, en tanto que
con la postura asumida por el juez ordinario en su providencia, se amenacen o
quebranten derechos o garantías fundamentales y, además, se acredite la
configuración de unos presupuestos generales y especiales consagrados, entre
otras, en la Sentencia C-590 de 2005[36].
La cual, con relación a las condiciones de índole general, las clasificó y citó
textualmente, así:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[37].
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir
del hecho que originó la vulneración[38].
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[39].
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible[40].
f. Que no se trate de sentencias de tutela[41].
Ahora bien, con
relación a los condicionamientos especiales que se han señalado y que también
fueron citados en la referida providencia, se ha indicado que el recurrente
debe demostrar el cumplimiento de al menos uno de ellos, los cuales son:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[42] o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[43].
i. Violación directa de la Constitución.”
Así las cosas, a
modo de conclusión, se ha definido por esta Corporación que solo en aquellos
casos excepcionales en los que con las actuaciones o decisiones dictadas en un
procedimiento común se atente contra garantías fundamentales y, por ende, se
contradiga el contenido superior impuesto en el artículo 2 de la Carta[44],
mediante el cual se señala que se debe propugnar por la realización y
efectividad de los derechos y principios consagrados en la Constitución, se
podrá recurrir al recurso de tutela en tanto que, además, se cumplan las
causales generales de procedibilidad indicadas anteriormente y alguno de los
condicionamientos específicos.
De acuerdo con
las anteriores consideraciones, la Sala entrará a decidir los casos concretos.
11. Casos concretos
11.1.
Expediente T-5.537.347
Al señor José
Antonio Neira Buitrago, le fue reconocida su pensión de jubilación mediante
Resolución No. 04942 de 23 de julio de 1985, una vez que se estableció que prestó
sus servicios a la empresa Genco Ltda y Cía S.A, desde el 6 de mayo de 1949
hasta el 31 de diciembre de 1979, prestación que fue asumida por parte del ISS.
Sin embargo, el
accionante se encontró inconforme con el valor asignado ($13.558,00),
por cuanto su salario, en el último cargo desempeñado, equivalía a cuatro (4)
sueldos mínimos de la época, lo que no se acompasa con lo que hoy percibe y,
por consiguiente, solicitó la indexación de su primera mesada pensional,
teniendo en cuenta que, con el tiempo transcurrido entre el momento en que dejó
de prestar sus servicios a la entidad y el día en que le fue reconocida su
prestación económica, se le afectó, según sostuvo, su poder adquisitivo, debido
al fenómeno inflacionario, y se le generó un perjuicio irremediable a su mínimo
vital.
Tal solicitud fue
negada mediante Resolución No. GNR 253306 del 20 de agosto de 2015. Decisión contra
la cual interpuso los recursos de reposición y apelación que, al ser resueltos,
confirmaron la determinación inicialmente adoptada. Postura que consideró vulneradora
de sus derechos fundamentales y que lo motivó a acudir a la acción de tutela,
máxime si se tiene en cuenta que, a su juicio, desconoce el precedente
jurisprudencial contenido en las Sentencias de Unificación 1073 de 2012 y 131
de 2013.
Entrando en el
fondo del asunto y de acuerdo con lo expresado en la parte motiva de esta
providencia, es preciso señalar que esta Corte tiene la posibilidad de
estudiarlo como quiera que como lo ha señalado en su jurisprudencia, destacándose
la Sentencia T-129 de 2008[45], en asuntos
que versen sobre indexaciones pensionales, no es viable exigir tal requisito
por cuanto la afectación perdura y se prolonga en el tiempo. Frente al
particular, señaló:
“(…) cuando se trata del reconocimiento del derecho a la
indexación de la primera mesada pensional el requisito de la inmediatez no es
aplicable, por cuanto se trata del desconocimiento de un derecho de
carácter constitucional que se ha prolongado en el tiempo y aún no se ha dado
su cumplimiento por no haberse reconocido del derecho a la actualización de la
primera mesada pensional.” (Subrayado por fuera del
texto original.)
Por lo anterior,
teniendo en cuenta que esta Sala de Revisión encuentra comprobado que los
derechos del actor, en la actualidad continúan siendo lesionados por el hecho
de que el valor de su mesada pensional no corresponde con aquel al que tiene
derecho de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, se torna inadmisible
la exigencia de tal requisito, pues el daño a sus garantías se prolonga con el
transcurso de tiempo.
En ese sentido,
la Corte puede concluir que los argumentos que sirvieron de base para que la
entidad demandada denegara el derecho pretendido por el señor Neira, son
contrarios a los postulados constitucionales, en los términos que han sido
valorados por la jurisprudencia de esta Corporación.
En efecto, no es
cierto que antes de la expedición de la Constitución Política de 1991 no
existiera un mandato supralegal que permitiera la indexación de la primera mesada
pensional, pues, como se indicó en la parte motiva de esta providencia, le correspondía
a los jueces laborales, haciendo uso de los conceptos de equidad y solidaridad
y de los principios de progresividad y de in dubio pro operario, actualizar
todas aquellas prestaciones económicas que, con ocasión del fenómeno
inflacionario, se hubiesen visto afectadas en su capacidad adquisitiva,
elementos que hacían parte de los presupuestos normativos aplicables en su
momento y que no necesariamente aparecieron con la entrada en vigencia de la
actual Carta.
Del mismo modo,
se debe precisar que debido a la avanzada edad del señor Neira (91 años),
resulta desproporcionado exigirle que acuda al mecanismo ordinario de defensa,
habida cuenta del prolongado tiempo que tomaría el lograr que por esa vía se
diriman sus pretensiones.
Así las cosas, a partir de las pruebas obrantes en el expediente, encuentra
esta Sala de Revisión, que la decisión administrativa, denegatoria de la
reclamación del demandante incurrió en un desconocimiento del precedente
sentado por esta Corporación, demostrado como se haya que su último salario fue
de $12.540, equivalente a cuatro salarios mínimos de la época y que su pensión
inicial se reconoció con un salario mensual equivalente al mínimo legal para el
año 1985.
Por lo anterior,
esta Sala de Revisión concluye que al demandante le asiste el derecho
pretendido y, por ende, procede el amparo de sus derechos fundamentales. En
consecuencia, esta Sala de Revisión revocará la sentencia de tutela dictada el
21 de abril de 2016 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que, a su
vez, confirmó la proferida el 28 de marzo de 2016 por el Juzgado Quince Penal
del Circuito de Bogotá.
En su lugar, ordenará a Colpensiones, que en el término de cuarenta y ocho horas (48), contadas a partir
de la notificación de la presente decisión, proceda a emitir
un acto administrativo en el que se indexe la primera mesada pensional del
señor José Antonio Neira Buitrago con base en la fórmula adoptada por la Sentencia
T-098 de 2005, y dentro del mismo término, empiece a hacer el pago
correspondiente. Precisando que la diferencia resultante en las mesadas
pensionales se aplicará hacia el futuro y, retroactivamente, solo se
reconocerán las diferencias de las mesadas causadas dentro de los tres años anteriores
a la fecha de expedición de la presente sentencia, en los términos de la SU-1073
de 2012 y 131 de 2013. Las demás diferencias se declaran prescritas.
11.2. Expediente T-5.540.127
Este caso versa sobre la posibilidad de consolidar el derecho
pensional de vejez en aplicación del Acuerdo 049 de 1990, siempre y cuando se
permita el cómputo de semanas entre el sector público y el ISS.
En efecto, señaló el señor Jorge Eliécer Lancheros que, inicialmente
fue beneficiario del régimen de transición por edad, como quiera que, al 1 de
abril de 1994, tenía más de 45 años, el cual mantuvo pues, al 25 de junio de
2005, contaba con más de 750 semanas cotizadas y si bien se trasladó a un fondo
privado, lo cierto es que ello solo ocurrió por un día lo que, según afirma, no
permitió materializar su cambio de régimen y que el mismo cobrara vida
jurídica.
Debido a lo anterior, en el año 2009, procedió a solicitar el
reconocimiento prestacional bajo los parámetros de la precedida disposición
legal que exigía haber cotizado 500 semanas dentro de los 20 años anteriores al
cumplimiento de la edad mínima. Pedimento que le fue negado sin que su
apoderado indicara en el escrito de tutela las razones que justificaron la
determinación.
Sin embargo, luego de unas correcciones en su historia laboral, el
21 de agosto de 2009, volvió a solicitar ante el ISS la pensión de vejez, la
cual le fue negada, el 29 de septiembre de 2011, por cuanto el estudio de su
petición se realizó de cara a las exigencias contenidas en Ley 797 de 2003,
pues, para la entidad, con el traslado de régimen, el actor perdió los
beneficios del régimen de transición.
Determinación
que fue impugnada y confirmada por Colpensiones, el 15 de octubre de 2013, y
que lo motivó a elevar su petición ante los jueces ordinarios laborales
quienes, a pesar de descartar la pérdida del régimen de transición, señalaron
que, con fundamento en el precedente fijado por la Corte Suprema de Justicia,
no le asistía el derecho como quiera que la totalidad del tiempo solo lo
acreditaría teniendo en cuenta los periodos de servicios cotizados al ISS y al
sector público, cómputo que no es posible realizar si se invoca el Acuerdo 049
de 1990, como efectivamente se hacía.
Planteamiento
que, en sentir del demandante, desconoce el precedente jurisprudencial de la
Corte Constitucional en torno al tema, principalmente, el sentado en la
sentencia SU-769 de 2014 y que lo llevó a acudir a la acción de tutela para
cuestionar la decisiones de instancia, dejarlas sin efecto y, en consecuencia,
le sean amparados sus derechos y concedida la prestación de vejez que prevé el
acuerdo comentado.
De ese modo,
esta Sala de Revisión procedió a verificar el
cumplimiento de los requisitos generales que hacen viable la acción de tutela
contra providencias judiciales, constatando, que:
(i) resulta evidente la relevancia constitucional del asunto por
tratarse de la protección del derecho al mínimo vital, a la seguridad social y
al debido proceso,
(ii) el actor interpuso demanda ordinaria laboral tendiente a obtener lo
que persigue en sede de tutela, procedimiento adelantado en doble instancia.
Sin embargo, esta Corporación echa de menos la interposición del recurso
extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, dado que este
medio constituye un instrumento procesal idóneo al que podía recurrir para
obtener el reconocimiento prestacional alegado.
Por tanto,
aunque el actor cumple con los demás requisitos generales, a saber: la
inmediatez, identificación clara de los hechos que le generaron la vulneración
de sus garantías fundamentales y que la tutela no la dirige en contra de otra
sentencia de tutela. A lo que se suma que se invocaron dos de las causales
especiales de procedencia de la tutela en contra de providencias judiciales (i)
un defecto sustantivo y (ii) la falta de observancia y aplicación del
precedente constitucional. Esta Corte no puede dejar sin efectos las
providencias ordinarias cuestionadas, por la ausencia del agotamiento de todos
los mecanismos naturales de defensa judicial, entre los que se cuenta el
recurso extraordinario de casación.
Sin embargo, a
pesar de la improcedencia de la tutela frente a la protección del debido
proceso por la falta del cumplimiento de la totalidad de requisitos generales, esta
Corte no puede dejar de advertir que la finalidad de la precedida pretensión no
es otra que obtener el reconocimiento y pago de un derecho pensional el cual
tiene un carácter vitalicio e imprescriptible en sí mismo, a lo que se suma que
el actor también solicitó el amparo de otras prerrogativas como el mínimo vital
y la seguridad social, por lo que resulta, perfectamente válido que se emita un
pronunciamiento de fondo respecto de su solicitud prestacional, sin que
necesariamente quepa entrar a revisar las providencias ordinarias cuestionadas.
Al respecto, la
Sala Plena de esta Corporación en la Sentencia de Unificación 428 de 2016[46],
al estudiar un caso en el que un juez de tutela denegó el amparo del debido
proceso, por inmediatez, a una persona que lo consideró vulnerado con la
determinación ordinaria que le negó el reconocimiento y pago de una pensión, señaló
que, al margen del incumplimiento de un requisito general que viabilice la
procedencia de la tutela en contra de providencias judiciales, lo cierto es que
se trataba de una cuestión que perseguía el amparo de otras garantías que le
asisten y que continuaba sin disfrutar, por lo que procedió a efectuar el
reconocimiento prestacional perseguido. En efecto, indicó la providencia:
“En conclusión, coincide
la Sala Plena con las Salas de Casación Penal y Civil de la Corte Suprema de
Justicia, primera y segunda instancia de tutela, en que en el asunto sub-judice
no se cumple con la inmediatez como causal general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, por vulneración al derecho
fundamental al debido proceso.
5.4. No obstante la decisión de
confirmar la declaración de improcedencia de la presente acción dirigida contra
providencias judiciales, por vulneración al debido proceso, no es posible dejar de reconocer que aún subsiste la
violación de otros derechos fundamentales cuyo amparo se solicita.
En
efecto, la Sala Plena advierte que
persiste la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, seguridad
social en pensiones y al mínimo vital de María Luz Dary Urrego Bedoya, en la
medida en que esta última continúa sin disfrutar de la pensión de
sobrevivientes que reclama y a la que podría tener derecho, por lo que surge la
necesidad de dilucidar el fondo del asunto, en vista del carácter vitalicio y
de la imprescriptibilidad del derecho pensional, en sí mismo considerado,
respecto del cual, según lo tiene sentado la jurisprudencia, solo se afectan
las mesadas causadas y no reclamadas oportunamente.”
Por lo anterior,
esta Corte realizará un estudio respecto a si al actor le asiste el derecho
pensional pretendido, para lo cual empezará por aclarar que el petente en ningún momento perdió los beneficios del régimen de transición
con el traslado que realizó a un fondo privado por cuanto este solo se efectuó
por un día sin que cumpliera con los trámites siquiera formales del mismo, toda
vez que ello impone, entre otras, la aceptación por parte de la entidad, la que
no se hace de manera inmediata a la solicitud, la cual, en todo caso, se echa
de menos. Además, no cotizó ni una sola semana en el RAIS, por lo que no se
cumple con ningún parámetro que permita inferir que se está frente a una
afiliación real y efectiva[47].
Teniendo claro
lo anterior, para esta Sala de Revisión, al demandante le asiste el derecho
pensional pretendido por las razones señaladas en la parte motiva de esta
providencia las cuales reiteran la línea fijada por esta Corte según la cual es
viable realizar el cómputo de semanas entre el ISS y el sector público a
efectos de acreditar las condiciones exigidas en el Acuerdo 049 de 1990.
Lo anterior, por
cuanto el acuerdo aludido no descarta tal posibilidad, la cual, por lo demás, fue
consagrada en la Ley 100 de 1993, artículo 33, que permite acumular tiempos,
como una respuesta a la desarticulación entre los diferentes regímenes que
durante un tiempo hizo imposible sumar periodos de servicio con diferentes
empleadores, lo que redujo considerablemente la posibilidad de acceso a la pensión
de vejez.
Adicionalmente,
porque permitir tal acumulación de semanas es lo que mejor se acompasa con los
postulados superiores y con los principios de favorabilidad y de interpretación
pro homine.
En ese sentido, demostrado como
se halla al no haber sido cuestionado por la entidad demandada, que el actor
cuenta con una densidad de semanas considerables (1022 durante su vida laboral)
que le permiten acceder a la pensión de vejez señalada en el Acuerdo 049 de
1990. Adicionalmente, durante los veinte años anteriores al cumplimiento de la
edad mínima (1989 y 2009) acreditó cerca de 578 semanas y, en el tiempo en que
estuvo vigente el comentado aparte legal, había aportado, aproximadamente, 811
semanas.
Por lo anterior,
esta Sala de Revisión concluye que al demandante le asiste el derecho
pretendido y, por ende, cabe el amparo de sus derechos fundamentales. En
consecuencia, procederá a revocar parcialmente las decisiones que, en sede de
tutela, fueron proferidas en el sentido de declarar procedente el amparo
respecto a los derechos al mínimo vital y a la seguridad social y, en su lugar,
ordenará a Colpensiones, que en
el término de cuarenta y ocho horas (48), contadas a partir de la notificación
de la presente decisión, inicie los trámites
pertinentes, para que en el término máximo de un (1) mes, contado a partir de
la notificación de la presente providencia, reconozca de manera definitiva y
empiece a pagar al señor Jorge Eliécer Lancheros, la pensión de vejez cubriendo
todas aquellas mesadas causadas y dejadas de percibir, únicamente correspondientes
a los tres años anteriores a la presentación de esta tutela (15 diciembre de
2015), que para los efectos del reconocimiento constitucional que aquí se hace
se consideran no prescritas.
11.3. Expediente T-5.540.127
El presente asunto versa sobre la solicitud de reconocimiento y pago
de la pensión de sobrevivientes que presentó la señora Carmen Teresa Blanco de
Martínez, luego de que falleciera su esposo, el señor Pablo Emilio Martínez Leal,
quien realizó aportes con fines pensionales.
En efecto, señaló la peticionaria que su esposo, en el año de 1983,
cumplió los requisitos legales exigidos en el Acuerdo 049 de 1990 para obtener
el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, puntualmente, el relativo a
acreditar 500 semanas de cotización dentro de los 20 años anteriores al
cumplimiento de la edad mínima exigida.
Sin embargo, su pedimento fue denegado por el ISS, con el argumento
de que, el causante solamente tenía cotizadas 499 semanas en el aludido periodo.
Debido a lo anterior, y ante el deceso de quien fuera su esposo, el
21 de mayo de 2011, inició, el 12 de octubre de 2012, el trámite respectivo tendiente
a obtener el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a su favor, para
lo cual presentó una solicitud ante Colpensiones, entidad que le denegó su
derecho en tanto que, el señor Martínez, en vida, recibió una indemnización
sustitutiva de su derecho pensional por $553.520.
Contra tal decisión, interpuso los recursos de ley, los cuales le
fueron despachados de manera desfavorable.
Sin embargo, luego de adelantar una serie de actuaciones ante la
entidad bancaria para la que laboró su esposo y ante el Ejército Nacional de
Colombia, y que estas le realizaron los aportes pensionales correspondientes al
tiempo de servicios que prestó el señor Martínez Leal, procedió a solicitar la
corrección del historial laboral y, seguidamente, el 19 de febrero de 2015, pidió
la realización de un nuevo estudio de su petición prestacional de cara a los
principios laborales de favorabilidad y aplicación de la condición más
beneficiosa.
No obstante, su pretensión fue denegada una vez más, mediante
Resolución GNR 387859 del 30 de noviembre de 2015, con fundamento en que el
hecho que causa el supuesto derecho pensional, es la muerte del señor Martínez,
lo cual ocurrió en el año 2011, luego la disposición aplicable es la Ley 797 de
2003 y, en todo caso, si se analiza su asunto de cara a la condición más
beneficiosa, esta se predica respecto de la disposición inmediatamente
anterior, entiéndase, Ley 100 de 1993, frente a la cual no cumple los
requisitos del derecho reclamado.
Inconforme con lo anterior, acudió a la vía ordinaria laboral,
solicitando que sus pretensiones fueran estudiadas a la luz de los comentados
principios y, en consecuencia, se analizara su caso de conformidad con las
directrices contenidas en el Acuerdo 049 de 1990.
Sin embargo, a pesar de lo anterior, su pedimento fue denegado,
tanto en primera, como en segunda instancia, como quiera que según la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, la
aplicación del principio de condición más beneficiosa solo opera respecto de la
norma inmediatamente anterior a la que sirvió de sustento para resolver el
caso, cual es la Ley 797 de 2003, siendo imposible el salto legal pretendido.
Interpretación
con la que se encontró inconforme la demandante pues, a su parecer, desconoce
los señalamientos jurisprudenciales sostenidos por la Corte Constitucional y
que la motivaron a recurrir al recurso de amparo, siendo negada su protección.
Ahora, resulta
importante tener en cuenta que esta Sala de Revisión, al examinar el material
obrante en el expediente pudo establecer que el causante había realizado una
gran parte de sus aportes pensionales con anterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993 y a quien, además, le asistía el derecho pensional que
solicitó en el año 1983, toda vez que, en tal oportunidad, no se tuvieron en
cuenta los tiempos laborados para el Ministerio de Defensa y el Banco de
Colombia, razón por la cual solo tenía reportadas 499 semanas.
Adicionalmente, dicha
densidad de semanas, le permiten a la señora Blanco, cumplir con las exigencias
que el régimen legal consagraba en el Acuerdo 049 de 1990, para obtener el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, pues el afiliado tenía
más de 300 semanas con anterioridad a la fecha en que sobrevino su deceso.
Por tanto, este
es uno de aquellos casos en los que el operador judicial puede acudir al
principio de condición más beneficiosa a efectos de dilucidad el derecho a la
pensión de sobrevivientes, por ende, no se dará aplicación a la Ley 100 de 1993,
que modificó la Ley 797 de 2003, sino a las regulaciones del Acuerdo 049 de
1990, a pesar de que no sea la disposición inmediatamente anterior, por las
razones que se esbozaron en la parte motiva de esta providencia.
Ello es así,
toda vez que el peticionario se encontraba afiliado y cotizando bajo dicho
régimen y, además, alcanzó las semanas necesarias para consolidar el derecho
pensional pretendido durante el tiempo en que estuvo vigente tal disposición,
como quiera que con anterioridad al 1 de abril de 1994, cotizó más de 300
semanas.
De ese modo,
esta Sala de Revisión procedió a verificar el
cumplimiento de los requisitos generales que hacen viable la acción de tutela
contra providencias judiciales, constatando en el caso de la actora que:
(i) resulta de evidente relevancia constitucional por tratarse de la
protección del derecho al mínimo vital, a la seguridad social y al debido
proceso,
(ii) la actora interpuso demanda ordinaria laboral tendiente a obtener
lo que persigue en sede de tutela, procedimiento adelantado en doble instancia.
Sin embargo, esta Corporación echa de menos la interposición del recurso
extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, dado que este
medio constituye un instrumento procesal idóneo al que podía recurrir para
obtener el reconocimiento prestacional alegado.
Por tanto,
aunque cumple con los demás requisitos generales, a saber: la inmediatez, identificación
clara de los hechos que le generaron la vulneración de sus garantías
fundamentales y que la tutela no la dirige en contra de otra sentencia de
tutela. A lo que se suma que se invocaron dos de las causales especiales de
procedencia de la tutela en contra de providencias judiciales (i) un
defecto sustantivo y (ii) la falta de observancia y aplicación del
precedente constitucional. Esta Corte no puede dejar sin efectos las
providencias ordinarias cuestionadas, por la ausencia del agotamiento de todos
los mecanismos naturales de defensa judicial, entre los que se cuenta el
recurso extraordinario de casación.
Sin embargo, a
pesar de la improcedencia de la tutela frente a la protección del debido
proceso por la falta del cumplimiento de la totalidad de requisitos generales,
esta Corte no puede dejar de advertir que la finalidad de la precedida
pretensión no es otra que obtener el reconocimiento y pago de un derecho
pensional el cual tiene un carácter vitalicio e imprescriptible en sí mismo, a
lo que se suma que el actor también solicitó el amparo de otras prerrogativas
como el mínimo vital y la seguridad social, por lo que resulta, perfectamente
válido que se emita un pronunciamiento de fondo respecto de su solicitud
prestacional, sin que necesariamente se dejen sin efectos las providencias
ordinarias cuestionadas.
Al respecto, la
Sala Plena de esta Corporación en la Sentencia de Unificación 428 de 2016[48],
al estudiar un caso en el que un juez de tutela denegó el amparo del debido
proceso, por inmediatez, a una persona que lo consideró vulnerado con la
determinación ordinaria que le negó el reconocimiento y pago de una pensión,
señaló que, al margen del incumplimiento de un requisito general de viabilice
la procedencia de la tutela en contra de providencias judiciales, lo cierto es
que se trataba de una cuestión que perseguía el amparo de otras garantías que
le asisten y que continuaba sin disfrutar, por lo que procedió a efectuar el
reconocimiento prestacional perseguido. En efecto, indicó la providencia:
“En conclusión,
coincide la Sala Plena con las Salas de Casación Penal y Civil de la Corte
Suprema de Justicia, primera y segunda instancia de tutela, en que en el asunto
sub-judice no se cumple con la inmediatez como causal general de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por vulneración al derecho
fundamental al debido proceso.
5.4. No obstante la decisión de
confirmar la declaración de improcedencia de la presente acción dirigida contra
providencias judiciales, por vulneración al debido proceso, no es posible dejar de reconocer que aún subsiste la
violación de otros derechos fundamentales cuyo amparo se solicita.
En
efecto, la Sala Plena advierte que
persiste la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, seguridad
social en pensiones y al mínimo vital de María Luz Dary Urrego Bedoya, en la
medida en que esta última continúa sin disfrutar de la pensión de
sobrevivientes que reclama y a la que podría tener derecho, por lo que surge la
necesidad de dilucidar el fondo del asunto, en vista del carácter vitalicio y
de la imprescriptibilidad del derecho pensional, en sí mismo considerado,
respecto del cual, según lo tiene sentado la jurisprudencia, solo se afectan
las mesadas causadas y no reclamadas oportunamente.”
Por tanto, en
esta ocasión es procedente el uso del mecanismo de amparo en contra de los
actos administrativos que denegaron la prerrogativa reclamada por
desconocimiento del precedente jurisprudencial, a quien le asiste tal derecho bajo
el Acuerdo 049 de 1990, pues el afiliado cotizó en vigencia de dicha normatividad
y aportó las semanas mínimas requeridas para consolidar el derecho pensional y
no se advierten razones que permiten entrever que la actora tiene el ánimo, con
su petición, de defraudar el sistema pensional.
Así las cosas, a partir de las pruebas obrantes en el expediente,
encuentra esta Sala de Revisión, que la entidad demandada al negar el derecho
reclamado incurrió en un desconocimiento del precedente sentado por esta
Corporación.
Por lo anterior,
esta Sala de Revisión concluye que a la demandante le asiste el derecho
pretendido y, por ende, el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital
y a la seguridad social por las razones comentadas, mas no al debido proceso.
Por tanto, revocará
parcialmente las decisiones que, en sede de tutela, fueron proferidas en el
sentido de declarar procedente el amparo de los derechos al mínimo vital y a la
seguridad social y, en su lugar, ordenará a Colpensiones, que en el término de cuarenta y ocho horas
(48), contadas a partir de la notificación de la presente decisión, inicie los trámites pertinentes, para que en el término máximo de un
(1) mes, contado a partir de la notificación de la presente providencia,
reconozca de manera definitiva y empiece a pagar a la señora Carmen Teresa
Blanco de Martínez, la pensión de sobrevivientes cubriendo todas aquellas
mesadas causadas y dejadas de percibir, correspondientes a los tres años
anteriores a la presentación de esta tutela (12 de febrero de 2016) las cuales
se consideran no prescritas.
Del mismo modo,
ordenará a Colpensiones, que el valor pagado al esposo de la demandante por
concepto de indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, le sea descontado
de las mesadas insolutas.
VII.   DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR las sentencias
proferidas dentro del proceso de tutela, en primera instancia, por el Juzgado Quince Penal del Circuito de Bogotá, el 28 de marzo de 2015 y, en segunda instancia, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá D.C., 21 de abril de 2016. En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales al mínimo
vital, a la vida en condiciones dignas y a la seguridad social alegados por el señor José Antonio Neira Buitrago.
SEGUNDO.-
ORDENAR a Colpensiones, que en el término de cuarenta y ocho horas (48), contadas a partir
de la notificación de la presente decisión, proceda a emitir
un acto administrativo en el que se indexe la primera mesada pensional del
señor José Antonio Neira Buitrago con base en la fórmula adoptada por la
Sentencia T-098 de 2005, y dentro del mismo término, empiece a hacer el pago
correspondiente. Precisando que el reajuste resultante en las mesadas
pensionales se aplicará hacia el futuro y, retroactivamente, a las diferencias en
relación con las cuales no hubiese operado el fenómeno de la prescripción, tal y como se explicó en la parte considerativa de esta providencia.
TERCERO.- REVOCAR PARCIALMENTE las sentencias proferidas dentro del proceso de tutela, en primera
instancia, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el
17 de febrero de 2016 y, en segunda instancia, por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 21 de abril de
2016. En su lugar, TUTELAR los derechos
fundamentales al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas y a la seguridad
social alegados por el señor Jorge Eliécer Lancheros.
CUARTO- ORDENAR a Colpensiones que en el término
de cuarenta y ocho horas (48), contadas a partir de la notificación de la
presente decisión, inicie los trámites pertinentes,
para que en el término máximo de un (1) mes, contados a partir de la
notificación de la presente providencia, reconozca de manera definitiva y
empiece a pagar al señor Jorge Eliécer Lancheros, la pensión de vejez cubriendo
todas aquellas mesadas causadas y dejadas de percibir, correspondientes a los
tres años anteriores a la presentación de esta tutela (15 de diciembre de 2015),
las cuales no se consideran prescritas.
QUINTO.- REVOCAR PARCIALMENTE los fallos de
tutela proferidos, en primera instancia, por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 4 de febrero de 2016 y, en
segunda instancia, por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, el 14 de abril de 2016. En su lugar, TUTELAR los derechos al
mínimo vital, a la seguridad social, vida digna y debido proceso de la señora
Carmen Teresa Blanco de Martínez.
SEXTO.- ORDENAR a Colpensiones, que en el término de cuarenta y ocho horas
(48), contadas a partir de la notificación de la presente decisión, inicie los trámites pertinentes, para que en el término máximo de un
(1) mes, contado a partir de la notificación de la presente providencia,
reconozca de manera definitiva y empiece a pagar a la señora Carmen Teresa
Blanco de Martínez, la pensión de sobrevivientes cubriendo todas aquellas
mesadas causadas y dejadas de percibir, correspondientes a los tres años
anteriores a la presentación de esta tutela (12 de febrero de 2016), las cuales
no se consideran prescritas.
SÉPTIMO.- ORDENAR a Colpensiones, que el valor
cancelado al esposo de la demandante por concepto de indemnización sustitutiva
de la pensión de vejez, le sea descontado de las mesadas pensionales insolutas.
OCTAVO.- Por Secretaría General líbrense las comunicaciones previstas en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, cópiese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con
salvamento parcial de voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA
Secretaria
General
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DE LA
MAGISTRADA
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
A
LA SENTENCIA T-504/16
Referencia:
Expedientes T-5.537.347, T-5.540.127 y T-5.545.052 (Acumulados).
Accionantes: José
Antonio Neira Buitrago, Jorge Eliécer Lancheros y Carmen Teresa Blanco de
Martínez.
Accionados: Administradora
Colombiana de Pensiones −COLPENSIONES−, Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral y Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cúcuta, Sala Laboral.
Magistrado
Ponente:
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Con el
acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, presento a
continuación las razones que me conducen a salvar parcialmente mi voto
en la sentencia T-504 de 2016, aprobada por la
Sala Cuarta de Revisión en sesión del 16 de septiembre de 2016.
1.
En la providencia referenciada, esta Corporación analizó, en
sede de revisión, tres acciones de tutela en contra de COLPENSIONES y, en dos
casos, de las providencias de la jurisdicción ordinaria que negaron el
reconocimiento de derechos pensionales solicitados por los actores.
2. En el expediente T-5.537.347,
el accionante José Antonio Neira, de 91 años, reclamaba el amparo de sus
derechos fundamentales a la igualdad, mínimo vital, dignidad y poder
adquisitivo de las pensiones, los cuales consideró vulnerados por COLPENSIONES,
debido a la negativa de dicha entidad a su petición de indexar y reliquidar su
primera mesada pensional.
El derecho pensional del actor
había sido reconocido en 1985 por valor de $13.558. Pese a ello, el
peticionario manifestaba que dicho monto no era proporcional al ingreso que
había devengado durante su último año de servicios, dado que, para ese
entonces, su asignación mensual equivalía a cuatro salarios mínimos.
3. Con fundamento en tales
hechos, la Sala Cuarta de Revisión consideró que el
reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional era procedente a
través de la acción de tutela dada la avanzada edad del accionante. Por lo
tanto, la Corte revocó las sentencias de tutela de instancia y ordenó a
COLPENSIONES que, en el término de 48 horas a partir de la notificación de la
decisión, expidiera un acto administrativo que indexara la primera mesada
pensional del tutelante. También, señaló que dicho reajuste se aplicaría hacia
el futuro y, retroactivamente, a las diferencias en relación con las cuales no
hubiere operado la prescripción, de conformidad con la parte motiva del fallo
(es decir, por un término contado a partir de la expedición de la sentencia de
tutela).
4. En el
expediente T-5.540.127, el actor Jorge Eliécer Lancheros solicitó
la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la igualdad, a
la seguridad social y al debido proceso presuntamente vulnerados por
COLPENSIONES y por las autoridades judiciales demandadas. El accionante
requirió el reconocimiento y pago de su pensión de vejez ante el extinto ISS,
petición que fue denegada por la institución por considerar que el tutelante no
era beneficiario del régimen de transición dado que se trasladó a un fondo
privado de pensiones. En este sentido, estimó que el solicitante no cumplía con
los requisitos exigidos por la Ley 797 de 2003 para acceder al derecho
pensional pretendido.
Ante dicha circunstancia, el
peticionario acudió a la jurisdicción laboral ordinaria para solicitar el
reconocimiento de la aludida prestación económica. En primera instancia, el
juez admitió que el accionante no había perdido su derecho al régimen de
transición por haber estado afiliado durante un día a un fondo privado. Sin
embargo, denegó las pretensiones por considerar que el reconocimiento de la
pensión de vejez en aplicación del Acuerdo 049 de 1990, no permitía acumular
las semanas cotizadas en el sector público y ante el ISS. La anterior decisión
fue confirmada en segunda instancia.
5. En este caso,
la Sala Cuarta de Revisión estimó que la acción no cumplía con el requisito
de subsidiariedad exigido para la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, toda vez que el accionante no interpuso el recurso
extraordinario de casación, instrumento procesal idóneo al cual podía acudir
para obtener lo pretendido. De esta manera, sostuvo que el amparo era
improcedente frente a la presunta vulneración al debido proceso ocasionada por
la providencia acusada.
Sin embargo, la
sentencia T-504 de 2016 consideró que la acción de tutela era procedente para
la protección de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad
social del peticionario, a partir de una interpretación según la cual las
reglas jurisprudenciales establecidas en la sentencia SU-428 de 2016[49]
resultaban aplicables al caso analizado por la Sala de Revisión. De este modo,
estimó que el juez constitucional no podía dejar de advertir que lo pretendido
por el actor era el reconocimiento y pago de un derecho pensional cuyo carácter
es vitalicio e imprescriptible. Aunado a ello, tuvo en cuenta que el
peticionario había solicitado el amparo de otros derechos fundamentales
distintos del debido proceso, por lo cual esgrimió que era perfectamente válido
emitir “un pronunciamiento de fondo respecto de su solicitud prestacional
sin que necesariamente quepa entrar a revisar las providencias ordinarias
cuestionadas”.
Superada de este
modo la cuestión de la procedencia, la decisión de la cual me aparto analizó si
al accionante le asistía el derecho pensional reclamado. Al respecto, determinó
que el solicitante nunca había perdido los beneficios del régimen de transición
y, por consiguiente, satisfizo los requisitos exigidos por el Acuerdo 049 de
1990 para acceder a la pensión de vejez, pues acumuló 1022 semanas cotizadas
durante toda su historia laboral y 578 semanas en los 20 años anteriores a la
edad mínima requerida.
6. En el
expediente T-5.545.052, la solicitante Carmen Teresa Blanco de
Martínez acudió a la acción de tutela para el amparo de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la igualdad, a la seguridad social y al debido
proceso que, en su criterio, fueron vulnerados por las accionadas al negarle el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a la cual consideraba
tener derecho.
La accionante,
en su calidad de cónyuge supérstite de Pablo Martínez Leal, indicó que este
había solicitado el reconocimiento y pago de su pensión de vejez el 29 de junio
de 1983 y que dicha prestación fue negada por faltarle una semana de las 500
que requería cotizar en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad
mínima para acceder a su derecho pensional. No obstante, la tutelante manifestó
que no se tuvieron en cuenta algunos aportes que el causante había realizado
entre 1977 y 1983.
El causante
falleció el 21 de mayo de 2011 sin que se le hubiera otorgado la pensión de
vejez, motivo por el cual la actora solicitó ante COLPENSIONES el
reconocimiento de la respectiva pensión de sobrevivientes en dos ocasiones. La
entidad negó dicha petición en ambas oportunidades con fundamento en que el
causante no cumplía con los requisitos previstos en la Ley 797 de 2003 y adujo
que, al aplicar en su caso la condición más beneficiosa, tampoco satisfacía los
requerimientos de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto no tenía derecho a la
prestación. Además, señaló que al cónyuge de la tutelante se le había concedido
una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en 1990, en cuantía
equivalente a $553.520.
De forma
concomitante, la actora acudió a la jurisdicción ordinaria laboral. En primera
instancia, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta negó las
pretensiones de la señora Blanco mediante providencia del 8 de septiembre de
2014. Impugnada tal decisión, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cúcuta la confirmó a través de sentencia del 11 de
noviembre de 2015.
7. A partir de
estos antecedentes, la Sala Cuarta de Revisión concedió el amparo de los
derechos fundamentales de la accionante con base en consideraciones similares a
aquellas desarrolladas en la solución del  expediente T-5.540.127. En
este sentido, aunque estableció que el amparo no cumplía
con el requisito de subsidiariedad propio de la tutela (en la medida en que
la accionante disponía del recurso extraordinario de casación), consideró que
la acción era procedente para la protección de los derechos fundamentales al
mínimo vital y a la seguridad social de la actora.
Nuevamente, en
este caso se partió de la interpretación según la cual el precedente
establecido por la sentencia SU-428 de 2016[50]
resultaba aplicable al caso analizado. Por tanto, la Sala estimó que la actora
pretendía el reconocimiento y pago de un derecho pensional vitalicio e
imprescriptible, razón por la cual correspondía pronunciarse de fondo acerca de
su solicitud.
De este modo, la
providencia de la cual me aparto consideró que correspondía otorgar la pensión
de sobrevinientes a la accionante, con fundamento en el principio de condición más beneficiosa. En tal sentido, encontró
acreditado que el causante cumplió con el requisito de haber aportado 300
semanas en cualquier tiempo, el cual se encontraba contemplado en una norma
derogada previa, distinta de la inmediatamente anterior de la que se encuentra
en vigencia actualmente. Es decir, la Sala concedió efectos al régimen más
benéfico en el cual, presuntamente, cotizó el afiliado.
8.
Comparto la decisión de la Sala en relación con el expediente T-5.537.347.
Sin embargo, disiento de las órdenes que profirió la sentencia T-504 de 2016 en
relación con los dos expedientes restantes (T-5.540.127 y T-5.545.052), pues
estimo que las acciones de tutela presentadas en estos procesos eran
improcedentes por cuanto no cumplían con el requisito de subsidiariedad. De
este modo, el razonamiento acogido por la mayoría desnaturaliza la acción de
tutela contra providencias judiciales dado que desconoce abiertamente el
principio de subsidiariedad del amparo y desborda las competencias del juez
constitucional.
Además, la postura mayoritaria
confunde los requisitos de inmediatez y de subsidiariedad en la medida en que
equipara ambas exigencias, aunque sus contenidos son diferentes. De esta
manera, asume que la sentencia SU-428 de 2016, que se refirió al primero de los
presupuestos mencionados, es un precedente aplicable al segundo. A mi juicio,
dicha interpretación es equivocada.
Por otra parte, me aparto del
análisis que llevó a cabo la Sala respecto del expediente T-5.545.052 pues
considero que la actora no acreditó que el causante cumplía con los requisitos
para tener derecho a la aplicación de la condición más beneficiosa, toda vez
que no se demostró que aquel hubiera cotizado al amparo del régimen del Acuerdo
049 de 1990. A continuación, desarrollaré cada uno de los desacuerdos que
formulé anteriormente:
El razonamiento acogido por la
mayoría desnaturaliza el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela
contra providencias judiciales
9. En relación
con el requisito de subsidiariedad, la Corte Constitucional ha señalado que el
ordenamiento jurídico dispone de una serie de recursos y procesos que tienen
como propósito la protección de los derechos de las personas. En este orden de
ideas, desconocer el carácter subsidiario de la acción de tutela vaciaría de
contenido los otros mecanismos de defensa judicial que han sido dispuestos por
las normas constitucionales y legales para proteger tales garantías[51].
10. No obstante, la providencia de la cual me aparto
consideró que las acciones de tutela antes referidas eran procedentes para
garantizar derechos fundamentales diversos al debido proceso, pese a constatar
la inviabilidad de las solicitudes de amparo en contra de decisiones judiciales
(expedientes T-5.540.127 y T-5.545.052) respecto de la presunta vulneración al debido proceso ocasionada en cada caso
por las providencias atacadas.
Dicho criterio de análisis se basó en que la pretensión del accionante
materialmente correspondía al reconocimiento y pago de un derecho pensional de
carácter vitalicio e imprescriptible, además de haberse invocado la protección
de otros derechos fundamentales.
11. Al respecto, estimo que establecer como
regla general el razonamiento aplicado por la Sala para el caso de acciones de
tutela en contra de providencias judiciales que deciden sobre derechos
pensionales, desnaturaliza el carácter subsidiario del amparo y elimina la necesidad
de acudir al juez ordinario.
Por tanto, en mi criterio, la posibilidad de
emprender el estudio de fondo de una solicitud de reconocimiento y pago de una
prestación económica, que fue decidida por los jueces ordinarios y luego se
planteó a través de tutela contra providencia judicial debe ser
completamente excepcional, en atención a: (i) la jurisprudencia consolidada
sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales; (ii) la jurisprudencia en vigor sobre el carácter excepcional del
reconocimiento de derechos prestacionales a través de tutela; (iii) el derecho
al debido proceso de las partes y sujetos vinculados; y, por último, (iv) el
respeto por la cosa juzgada y la coherencia del ordenamiento jurídico.
Así mismo, considero que el análisis de
subsidiariedad de los expedientes referidos a acciones de tutela contra
providencias judiciales en la decisión de la referencia presenta dos problemas
adicionales: (i) se fundamenta en la sentencia SU-428 de 2016, la cual no
constituye un precedente aplicable para el asunto estudiado por la Sala en esta
oportunidad; y (ii) en últimas, prescinde completamente de analizar el
cumplimiento del requisito de subsidiariedad en los casos concretos, como se
explicará más adelante.
12. En primer lugar, es necesario destacar el carácter
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, el cual
se sustenta en el reconocimiento de los procesos ordinarios como ámbitos de
realización de los derechos fundamentales, el valor de la cosa juzgada, la
garantía del principio de seguridad jurídica y la autonomía e independencia que
caracterizan a la administración de justicia[52]. En consonancia con esa
excepcionalidad, la competencia del juez constitucional para conocer y
dilucidar el fondo del asunto sólo se activa cuando se comprueba la
concurrencia de los requisitos generales de procedencia del amparo.
Adicionalmente, se debe recordar que el requisito de
subsidiariedad presenta una connotación particular en materia de acciones de
tutela contra providencias judiciales, en la medida en que se debe evitar que
el amparo pretenda revivir oportunidades procesales vencidas y que no se emplee
como una instancia adicional.
13. En segundo lugar, la Corte Constitucional ha
sostenido que el reconocimiento de derechos pensionales a través de tutela
es extraordinario, habida cuenta de la existencia de mecanismos ordinarios
que se encuentran disponibles para que los asociados obtengan esas prestaciones
económicas. Además, la competencia de los jueces ordinarios para resolver tales
controversias y su especialidad para determinar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el Sistema General de Seguridad Social.
14. En tercer lugar, la excepcionalidad en la
interpretación que, en materia de subsidiariedad, aplicó la decisión
mayoritaria atiende a una especial valoración del derecho al debido proceso en
el trámite constitucional, pues las partes y sujetos vinculados intervienen y
ejercen su derecho de defensa en relación con una acción de tutela formulada en
contra de una providencia judicial, y resultan sorprendidos con una decisión
que desconoce los contornos del debate constitucional planteado, fundada en
aspectos con respecto de los cuales no pudieron pronunciarse dentro del
proceso.
15. Finalmente, es indispensable destacar la
importancia de la cosa juzgada, que dota de seguridad al ordenamiento jurídico
y es necesaria para la eficacia de las decisiones judiciales. En efecto,
resulta imperativo que los debates adelantados en sede judicial se cierren
definitivamente como presupuesto para la paz social, en atención a la
prevalencia del interés general y en aras de la satisfacción de los intereses
de las partes, quienes acuden a la jurisdicción para la resolución definitiva
del asunto concreto.
De este modo, el razonamiento que acogió la
mayoría de la Sala desconoce la garantía de cosa juzgada y afecta la coherencia
del ordenamiento jurídico, pues subsisten, por una parte, las decisiones
judiciales proferidas por los jueces ordinarios que hicieron tránsito a cosa
juzgada y en las que se determinó la inviabilidad de la pretensión y, por otra,
un fallo de tutela en el cual se concede la misma petición. En consecuencia, coexisten
decisiones judiciales definitivas sobre el mismo asunto con sentidos
contradictorios, pues en ningún momento se dejan sin efectos las sentencias
que denegaron la pensión de vejez y la de sobrevivientes en cada caso
respectivo.
16. Ahora bien, según la
providencia de la cual me aparto, la regla jurisprudencial que estableció la sentencia SU-428 de 2016[53] permite
justificar la superación del requisito de subsidiariedad en los casos
concretos. No obstante, estimo que no se trata de un
precedente aplicable para el asunto de la referencia puesto que la decisión de
unificación aludida se refiere únicamente a la posibilidad de analizar el fondo
de una solicitud de amparo, pese a que no procede la tutela contra providencia
judicial por no cumplirse con el requisito de inmediatez. En contraste, el
razonamiento empleado en el presente caso hace referencia a la
subsidiariedad de la acción de tutela y no a su inmediatez.
En este sentido, es pertinente resaltar que se trata de exigencias
diversas, pese a que la inobservancia de cada una de ellas torna improcedente
la tutela. Al respecto, se debe tener en cuenta que las consecuencias de
abordar cada uno de estos presupuestos varían según el escenario de la acción
de tutela del cual se trate, dada la existencia de reglas específicas para el
amparo en contra de providencias judiciales.
Al respecto, conviene precisar que la jurisprudencia constitucional
ha señalado que el cumplimiento del principio de inmediatez se debe analizar a
partir del momento en el cual se profiere la decisión judicial cuando se trate
de tales providencias, motivo por el cual la valoración de dicho presupuesto
parte de un parámetro específico para tales casos. Por tanto, el estudio del
requisito de inmediatez cuando se trata de acciones de tutela contra fallos
judiciales difiere de la generalidad de escenarios de solicitud de amparo.
En contraste, el requisito de subsidiariedad presenta un significado
similar tanto si se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales
como si se estudia una solicitud de amparo de otra índole. En consecuencia, no
cabía aplicar la misma lógica de la sentencia SU-428 de 2016 en el asunto de la
referencia dado que el cumplimiento de ambas condiciones de procedencia de la
tutela —a saber, la subsidiariedad y la inmediatez— se evalúa de una manera
distinta en cada caso.
Además,
la sentencia SU-428 de 2016 no
constituye un precedente aplicable a los casos que analizó la providencia
de la cual me aparto, por no tratarse de circunstancias fácticas idénticas, ya
que en aquella oportunidad se estudió la solicitud de reconocimiento de una
pensión de sobrevivientes que fue denegada en sede judicial por el
incumplimiento del requisito de fidelidad al sistema.
17. Con todo,
la sentencia T-504 de 2016 prescindió completamente de verificar el
requisito de subsidiariedad. En efecto, tras descartar la procedencia de la
tutela contra providencia judicial y su viabilidad respecto del debido proceso,
en ningún momento analizó si se satisfacía el mencionado presupuesto aunque no
se tratara de una acción dirigida a controvertir un fallo de una autoridad
jurisdiccional.
En otras
palabras, aún cuando la mayoría partió del supuesto de declarar la
improcedencia de la tutela contra providencia judicial y, pese a ello, estudiar
de fondo el amparo dirigido al reconocimiento y pago de una prestación económica
de la seguridad social, en todo caso debió verificar el cumplimiento de los
requisitos de procedencia de la acción de tutela previstos para este último
caso. Por tanto, la sentencia T-504 de 2016 debió estudiar la idoneidad y
eficacia de los medios judiciales de defensa en el caso concreto y analizar si
se satisfacía la exigencia de subsidiariedad.
18. En consecuencia, expongo mi desacuerdo con la decisión
de la Sala Cuarta de Revisión pues considero que desnaturaliza el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela, desconoce el carácter excepcional del
amparo contra providencias judiciales, vulnera el derecho al debido proceso de
las partes y sujetos vinculados y afecta principios tan relevantes como el de
cosa juzgada y el de coherencia del ordenamiento jurídico. Por último, aunque
el fallo del cual me aparto se fundamentó en una de las reglas contenidas en la
sentencia SU-428 de 2016 como un parámetro aplicable al caso, estimo que no
constituye un precedente para el asunto de la referencia por lo cual, en todo
caso, se debió analizar el cumplimiento del requisito de subsidiariedad.
En el expediente T-5.545.052,
la accionante no acreditó que el causante cumplía con los requisitos para tener
derecho a la aplicación de la condición más beneficiosa. Por ende, no existían
fundamentos para ordenar el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes
19. Como se explicó
anteriormente, la Sala Cuarta de Revisión concedió la protección invocada por
la señora Carmen Teresa Blanco de Martínez (expediente T-5.545.052) por estimar
que en su caso resultaba aplicable la condición más beneficiosa, pues consideró
demostrado que el causante (cónyuge de la accionante) había cotizado para
obtener su pensión de vejez al amparo del régimen del Acuerdo 049 de 1990. De
este modo, estimó acreditado que se cumplía con el requisito para obtener la
pensión de sobrevivientes estipulado en dicha norma, el cual consistía en haber
cotizado más de 300 semanas en cualquier tiempo.
20. No obstante, considero que la
decisión partió de la premisa según la cual el causante hizo aportes
pensionales en vigencia del Acuerdo 049 de 1990, la cual no estaba debidamente
demostrada. De hecho, de conformidad con las afirmaciones de la propia
accionante, su difunto cónyuge cotizó  únicamente hasta el año 1983. En este
sentido, era necesario que el fallo estableciera con plena claridad al amparo
de cuál norma se causó el derecho a la pensión de sobrevivientes y bajo la
vigencia de qué régimen pensional realizó sus aportes el afiliado.
21. Sobre este particular, la
Corte Constitucional ha señalado que la condición más beneficiosa “protege
la expectativa legítima del afiliado, o sus beneficiarios, de acceder a una
pensión cuando se han cumplido los requisitos para su reconocimiento con
base en una ley, pero ha existido un tránsito legislativo en el que no se
ha previsto un régimen de transición para el efecto.”[54] Sin
embargo, en el referido expediente no se acreditó el cumplimiento de tales
requisitos, dado que no se pueden tener expectativas legítimas derivadas de una
norma bajo la cual el afiliado jamás cotizó.
22. Adicionalmente, la sentencia
T-504 de 2016 no determinó varios factores que resultaban indispensables
para determinar la viabilidad de acceder a lo pretendido por la accionante,
pues no se estableció si efectivamente se corrigió la historia laboral del
afiliado, motivo por el cual no se tiene certeza del número de semanas que
aportó el cotizante y el momento en el que se hicieron tales aportes.
Por otra parte, debe advertirse
que al causante, en vida, le fue reconocida una indemnización sustitutiva de la
pensión de vejez por valor de $553.420 en el año 1990. Por tanto, la sentencia
debió determinar si la suma reconocida equivalía a las 494 semanas que
aparecían cotizadas por el afiliado antes de 1977 o si en ellas se incluyen los
aportes del Banco de Colombia que, según la accionante, se hicieron entre 1977
y 1983.
En otras palabras, únicamente era
posible reconocer la pensión de sobrevivientes a la actora sobre aquellos
aportes que no hubieran sido devueltos en la indemnización sustitutiva, es
decir, respecto de las semanas que no habían sido incluidas en la historia
laboral del accionante, en caso de verificarse que no se pagaron tales valores
en la indemnización.
23. De esta manera, expongo las
razones que me motivan a salvar parcialmente mi voto respecto de las
consideraciones formuladas en la decisión que, en esta oportunidad, ha tomado
la Sala Cuarta de Revisión.
Fecha ut supra,
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] En
efecto, el actor señala que el salario mínimo legal mensual vigente en el año
1979 correspondía a la suma de 3.45000.
[2] Folio 49 del cuaderno 3.
[3] Decreto 2591 de
1991: “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el
artículo 86 de la Constitución Política.”
[4] M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa.
[5] Corte
Constitucional de Colombia. Sentencia T-115 de 2011. M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto.
[6] Al respecto,
ver entre otras, las Sentencias: T-836 de 2010. M. P. María Victoria Calle
Correa y T-425 de 2007. M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
[7] M. P. Álvaro
Tafur Galvis.
[8] Constitución
Política de Colombia. Artículo 25: “El trabajo es un derecho y una
obligación social y goza, en todas sus modalidades de la especial protección
del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y
justas.”
[9] Constitución Política. Artículo 48: “La
Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará
bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que
establezca la Ley.
Se garantiza a todos los habitantes el derecho
irrenunciable a la Seguridad Social.
El Estado, con la participación de los particulares,
ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la
prestación de los servicios en la forma que determine la Ley.
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades
públicas o privadas, de conformidad con la ley.
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las
instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella.
La ley definirá los medios para que los recursos
destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante.” (Subrayado por fuera del texto original).
[10] Constitución Política de Colombia.
Artículo 53: “El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley
correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos
fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración
mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo;
estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre
derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el
adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la
maternidad y al trabajador menor de edad.
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y
al reajuste periódico de las pensiones legales.
Los convenios internacionales del trabajo debidamente
ratificados, hacen parte de la legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de
trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos
de los trabajadores.”
(subrayado por fuera del texto original)
[11] Código Sustantivo de
Trabajo. Derecho a la
Pensión. Artículo 260: “1. Todo trabajador que preste servicios a una misma
empresa de capital de ochocientos mil pesos ($ 800.000) o superior, que llegue
o haya llegado a los cincuenta y cinco (55) años de edad, si es varón, o a los
cincuenta (50) años si es mujer, después de veinte (20) años de servicios
continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este
Código, tiene derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación o pensión
de vejez, equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios
devengados en el último año de servicio.
2. El trabajador que se retire o sea
retirado del servicio sin haber cumplido la edad expresada tiene derecho a la
pensión al llegar a dicha edad, siempre que haya cumplido el requisito de los
veinte (20) años de servicio.” (Subrayado
por fuera del texto original).
[12] Constitución
Política de Colombia. Artículo 230: “Los jueces, en sus providencias, sólo
están sometidos al impero de la ley.
La equidad, la
jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son
criterios auxiliares de la actividad judicial.”
[13] “(…) La sostenibilidad fiscal debe orientar
a las ramas y órganos del poder público, dentro de sus competencias, en un
marco de colaboración armónica” (Subrayado por fuera del texto original)
[14] Parágrafo
transitorio cuarto del Acto Legislativo 01 de 2005.
[15] M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[16] Según el concepto No. 2194, del
10 de diciembre de 2013, emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado, C.P. William Zambrano Cetina, la expresión “hasta el año
2014” contenida en el parágrafo transitorio 4º del artículo 48 de la
Constitución Política, “es comprensiva y no excluyente del año allí
referido; además al no señalarse un día o un mes en ese año, se debe entender
que la aplicación del régimen de transición se puede hacer efectivo hasta el
último día de dicho año 2014”.
[17] M. P. Nilson
Elías Pinilla Pinilla.
[18] M. P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[19] M. P. Nilson
Elías Pinilla Pinilla.
[20] M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
[21] Al respecto,
puede consultarse la Sentencia T-124 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[22] M. P. Jaime Córdoba Triviño
[23] Al respecto esta Corporación había señalado
que el propósito perseguido por la Ley al establecer la pensión de
sobrevivientes, es la de ofrecer un marco de protección a los familiares del
afiliado o del pensionado que fallece, frente a las contingencias económicas
derivadas de su muerte.  Sentencia C-1176-01, M.P.  Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[24] Corte Constitucional. Sentencia C-002 de
1999, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[25] Sala de Casación Laboral, Corte Suprema de Justicia, Sentencia 40662 del
15 de febrero de 2011, M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve.
[26] M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón.
[27] Carlos Ernesto Molina Monsalve y Luis Gabriel
Miranda.
[28] M.P. María
Victoria Calle Correa.
[29] Corte
Suprema de Justicia, Sala Laboral, sentencia del treinta (30) de abril de dos
mil catorce (2014), rad. 57442 (MP Jorge Mauricio Burgos Ruíz). Esa posición ha
sido sostenida, entre otras, en las siguientes providencias: sentencia del
veintisiete (27) de agosto de dos mil ocho (2008), rad. 3315 (MP Luis Javier
Osorio López); sentencia del veintiuno (21) de julio de dos mil diez (2010),
rad. 41676 (MP Gustavo José Gnecco Mendoza); sentencia del cinco (5) de abril
de dos mil once (2011), rad. 40492 (MP Jorge Mauricio Burgos Ruíz); sentencia
del seis (6) de diciembre de dos mil once (2011), rad. 49291 (MP Luis Gabriel
Miranda Buelvas); sentencia del diez (10) de julio de dos mil trece (2013),
rad. 41619 (MP Elsy del Pilar Cuello Calderón).
[30] Corte
Constitucional de Colombia. Sentencia T-832A de 2013. M.P Luis Ernesto Vargas
Silva. En tal oportunidad, aunque si bien se estudió una solicitud de
reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes, la Corte sustentó su
planteamiento respecto de la aplicación de la condición más beneficiosa con
independencia del tipo de prestación que se pretendía, pues lo que realizó fue
la contra argumentación del planteamiento sostenido, en tal temática, por la
Sala de Casación Laboral que advierte que únicamente se puede aplicar el
aludido principio a favor de la norma inmediatamente anterior.
[31] Recuérdese
que la misma Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, ha sostenido que la
condición más beneficiosa no solo se fundamenta en la protección a la confianza
legítima, sino también en los principios constitucionales de proporcionalidad y
equidad. En el apartado 4.1.1 de esta providencia se citó la sentencia del
cinco (5) de julio de dos mil cinco (2005), rad. 24280 (MP Camilo Tarquino
Gallego), en la cual se explicó que “sería
una paradoja jurídica entender que quien había cotizado dentro del régimen
anterior con abundancia de semanas, como acontece con la actual demandante,
quede privada de la pensión por falta de las 26 semanas exigidas en el nuevo
régimen, ya que de antemano tenía consolidado un amparo para sobrellevar la
invalidez dentro del régimen antiguo, amparo éste que ni los principios
constitucionales tutelares del trabajo humano ni la justicia y la equidad
permiten desconocer”. Por lo que en el caso era necesario invocar la
condición más beneficiosa para efectos de aplicar una norma derogada, en
vigencia de la cual un reclamante había efectuado todas sus cotizaciones al
sistema.
[32] Este término fue utilizado
por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del trece
(13) de agosto de mil novecientos noventa y siete (1997), rad. 9758 (MP José
Roberto Herrera Vergara), para dar cuenta de una aplicación normativa que es
ajena a las circunstancias concretas de un caso en el cual se reclamaba la
aplicación de una norma derogada, para efectos del reconocimiento de una
pensión de sobrevivientes.
[33] Corte
Constitucional de Colombia. Sentencia T-953 de 2014. M.P María Victoria Calle
Correa.
[34] Constitución
Política de Colombia. Artículo 228: “La Administración de Justicia es
función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones
serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en
ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán
con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será
desconcentrado y autónomo.” Subrayado por fuera del texto
original.
[35] Constitución
Política de Colombia. Artículo 230: “Los jueces, en sus providencias,
sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia,
los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de
la actividad judicial.” Subrayado por fuera del texto original.
[36] M. P. Jaime
Córdoba Triviño.
[37] Corte
Constitucional. Sentencia T-504 de 2000. M. P. Antonio Barrera Carbonell.
[38] Corte
Constitucional. Sentencia T-315 de 2005. M. P. Jaime Córdoba Triviño.
[39] Corte
Constitucional. Sentencias T-008 de 1998. M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz y
SU-159 de 2000. M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
[40] Corte
Constitucional. Sentencia T-658 de 1998. M. P. Carlos Gaviria Díaz.
[41] Corte
Constitucional. Sentencias T-088 de 1999 M. P. José Gregorio Hernández Galindo
y SU-1219 de 2001. M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[42] Corte
Constitucional. Sentencia T-522 de 2001. M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[43] Corte
Constitucional. Sentencias T-162 de 2000. M. P. Jorge Iván Palacio Palacio,
SU-1184 de 2001 M. P. Eduardo Montealegre Lynett.
[44] Constitución Política de Colombia.
Artículo 2: “Son
fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un
orden justo.
Las autoridades de la República están
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” (Subrayado por fuera del texto original.)
[45] M. P. Humberto
Antonio Sierra Porto.
[46] M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo.
[47]
En
torno al tema puede observarse la Sentencia proferida por la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, con radicación No. 55050, del 22 de julio
de 2015. M.P. Rigoberto Echeverri Bueno.
[48] M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo.
[49] Sentencia SU-428 de 2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo. En este fallo, se analizó directamente si la actora tenía derecho a
una prestación económica derivada de la seguridad social pese a que se declaró
improcedente la tutela contra providencia judicial por cuanto no se cumplió con
el requisito de inmediatez.
[50] Sentencia SU-428 de 2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
[51]
Sentencia T-736 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[52]
Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[53]
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[54]
Sentencia T-401 de 2015.