T-398-18
Sentencia T-398/18
ACCION DE
TUTELA PARA SOLICITAR PROTECCION DEL DERECHO AL AGUA-Procedencia excepcional
La acción de tutela procede para proteger el derecho
fundamental al agua potable: (i) cuando se usa para el consumo humano, (ii) por
la falta del recurso natural se puedan afectar otros derechos como la vida en
condiciones dignas y la salud, aunado a estar en presencia de sujetos de
especial protección constitucional y, (iii) si se evidencia que el
reclamante ha ejecutado algún tipo de actuación ante la empresa para resolver
la situación.
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Protección
constitucional/DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Protección
internacional
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Jurisprudencia constitucional
Al ser el agua una
necesidad y un elemento vital para la existencia humana, la jurisprudencia
constitucional le ha dado tres rasgos diferenciadores a este derecho
fundamental: “(i) universal, por cuanto todos y cada uno de los hombres
y mujeres, sin discriminación alguna, requieren de este recurso para su subsistencia;
(ii) inalterable, ya que en ningún
momento puede reducirse o modificarse más allá de los topes biológicos; y (iii) objetiva, puesto que  no tiene que ver con la percepción
subjetiva del mundo o  de subsistencia, sino que se instituye como una
condición ineludible de subsistencia para cada una de las personas que integran
el conglomerado social”.
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Contenido y normatividad
SUSPENSION DEL
SERVICIO DE ACUEDUCTO POR MORA EN EL PAGO Y LIMITES CONSTITUCIONALES-Reiteración de jurisprudencia
Al
interior de la Corte hay una jurisprudencia pacífica que en diferentes
escenarios reconoce que los sujetos de especial protección constitucional
tienen derecho a un mínimo de agua que no es susceptible de restricción alguna.
Por esta razón no es dable a una empresa prestadora del servicio público
domiciliario suspender por mora en el pago de las facturas el suministro de
agua potable, si con ello se impida a éstos sujetos de especial protección el
acceso al líquido vital, máxime si con dicha medida  se afectan otros
derechos fundamentales. Ahora bien, las empresas deben buscar alternativas
viables para que los usuarios que no pueden pagar la totalidad de sus deudas
cumplan con un cronograma de pagos, haciendo control periódico de los acuerdos
de pago suscritos con los beneficiarios.
DERECHO
FUNDAMENTAL AL AGUA POTABLE-Orden a Alcaldía Municipal efectúe la
reconexión del servicio de acueducto garantizando el mínimo de 50 litros de
agua al día en inmueble de accionante
Referencia:
Expediente T-6.725.607
Acción de tutela interpuesta por Óscar de Jesús Castaño Sánchez en
contra de la Secretaría de Servicios Públicos municipal de San Vicente Ferrer
de Antioquia
Magistrada
Ponente:
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil
dieciocho (2018)
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional conformada por
los Magistrados Cristina Pardo Schlesinger, quien la preside, José Fernando
Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241 numeral 9° de la Constitución Política, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
revisión de la sentencia del dieciséis (16) de enero de dos mil dieciocho (2018)
proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Rionegro –Antioquia-,
que confirmó en segunda instancia la decisión adoptada el treinta y uno (31) de
octubre de dos mil diecisiete (2017) por el Juzgado Promiscuo Municipal de San
Vicente Ferrer –Antioquia-, mediante la cual se negó la protección de los
derechos fundamentales invocados por el señor Óscar de
Jesús Castaño Sánchez contra la Secretaría de Servicios
Públicos del municipio de San Vicente Ferrer de Antioquia con vinculación oficiosa de la Alcaldía Municipal de San Vicente
Ferrer –Antioquia-.
De acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, el
artículo 33 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 55 del Acuerdo 02 de 2015,
la Sala de Selección Número Cinco de 2018 de la Corte Constitucional escogió
para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia[1].
De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de
1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud
El señor Óscar de Jesús Castaño
Sánchez, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela el 17 de octubre
de 2017 ante el Juzgado Promiscuo Municipal de San Vicente Ferrer -Antioquia-,
en la que solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la vida y al
mínimo vital del agua, presuntamente vulnerados por la Secretaría de Servicios Públicos del municipio de San Vicente Ferrer de
Antioquia, al suspenderse el suministro del preciado líquido[2].
El actor basa su solicitud en los siguientes hechos:
2. Hechos
2.1. Manifestó tener casi 70 años
de edad[3] y
residir en el primer piso de una humilde vivienda que perteneció a sus padres,
hoy fallecidos, ubicada en la Calle Riaño, sector de Palenque[4],
zona urbana del municipio de San Vicente Ferrer -Antioquia-[5].
2.2. Sostuvo que en el segundo
piso de la casa, habitó su hermano Jorge Rodrigo Castaño, quien le brindaba el agua
potable a través de una manguera hasta el momento en que vendió su cuota parte
a los hermanos Fabio y Olga Castaño, que como nuevos propietarios de la planta
superior, tiempo después de instalarse y ante algunas discusiones con el
accionante, se abstuvieron de continuar con el suministro del preciado líquido al
primer nivel de la manera como se venía haciendo por el anterior dueño[6].
2.3. Así mismo, afirmó que el
señor Fabio Arley Cardona Sánchez, Secretario de Servicios Públicos del municipio
donde reside, el 1° de septiembre de 2016 dio la orden de suspensión del
servicio de agua por falta de pago de 36 cuotas vencidas equivalentes a la suma
de $178.938.oo[7] discriminados de la siguiente
manera:
Total Acueducto
$50.330.oo
Total Alcantarillado
$8.964.oo
Total Aseo
$68.759.oo
Total otros cargos
$43.639.oo
Intereses Otros
$7.246.oo
Total a pagar al 10-09-2016
$178.938.oo
Fuente: Factura de Servicios No. 0011087,
impresa el 29 de agosto de 2016.
2.4. Ante tal situación, el 2 de septiembre de 2016 el
actor se acercó a las instalaciones de la Secretaría de Servicios Públicos del
municipio y solicitó  mediante derecho de petición (Const. Pol., Art. 23)
explicaciones sobre la suspensión del servicio y la exoneración del pago del
cargo por acueducto de $50.330.oo, toda vez que la entidad accionada no tiene
un contador para medir adecuadamente el consumo, así como tampoco se tiene constancia
de haber suscrito un contrato de condiciones uniformes[8].
2.5. Indicó que es una persona pobre, sola y
desamparada, de profesión barequero[9]
y que sobrevive con el poco sustento que obtiene de la venta de lotería; además,
en la actualidad se encuentra sin una gota de agua y la requiere para
subsistir. Finalmente adujo no tener recursos para pagar las facturas de agua
que la accionada le viene cobrando, hecho que motivó la suspensión del servicio[10].
3. Traslado y contestación de la demanda
El Juzgado Promiscuo Municipal de San Vicente Ferrer,
previo a la admisión de la acción de tutela dejó una constancia Secretaríal[11].
Acto seguido, se dio el trámite correspondiente a la acción de tutela, en la que
se vinculó oficiosamente a la Alcaldía Municipal de San Vicente Ferrer y se ordenó
correr traslado a las entidades para que ejercieran su derecho a la defensa[12].
3.1 Contestación de la Alcaldía Municipal de San
Vicente Ferrer
3.1.1. Pese a que el Juzgado de conocimiento mediante
Oficio No. 0691 de 18 de octubre de 2017 realizó la debida notificación a la
Alcaldía Municipal de San Vicente Ferrer de Antioquia representada legalmente por
el señor Alcalde, Roberto de Jesús Jaramillo Marín, ésta guardó silencio
durante el término de los dos días otorgados[13].
3.2 Contestación de la Secretaría de Servicios
Públicos del municipio de San Vicente Ferrer
3.2.1. El Secretario de Servicios Públicos del
municipio de San Vicente Ferrer dio contestación a la acción de tutela. En
primer lugar, indicó que en virtud del artículo 5° del Decreto 145 del 11 de
noviembre de 2014[14],
una de sus funciones es la de garantizar el cumplimiento de las obligaciones y
los deberes de los usuarios, y en procura de no incurrir en una falta
disciplinaria por un posible detrimento patrimonial le corresponde adelantar el
cobro de la prestación de los servicios públicos a los deudores morosos, con la
finalidad de que se encuentren al día con el pago de sus facturas[15].
3.2.2. Así pues, manifestó en el
caso particular, que la entidad a su cargo no ha desconocido los derechos del
accionante, ya que previamente a suspender el servicio en cuestión, se inició
una campaña utilizando diferentes medios de difusión (llamadas telefónicas[16], cuñas radiales[17],
cartas personalizadas[18], entre otros) en las que se
invitaba a los deudores morosos a estar al día con sus facturas, o en su
defecto, a suscribir acuerdos de pago[19] atendiendo sus posibilidades
financieras.
3.2.3. En virtud de lo anterior, el
26 de agosto de 2016 el actor acudió a las instalaciones de la Secretaría de
Servicios Públicos y expresó su voluntad de no pago, ni el deseo de suscribir un
acuerdo de pago por valor de $178.938.oo que correspondían a 36 cuotas vencidas
(3 años de atraso), por cuanto no requería del servicio; en consecuencia, la
accionada conforme a la Resolución 0132 del 1° de septiembre de 2016 emitida
por la Alcaldía Municipal de San Vicente Ferrer, en la que se ordenó la
suspensión del servicio de acueducto al accionado, dio la orden al fontanero para
hacer efectivo el corte[20].
3.2.4. Recordó por un lado, que el
señor Óscar de Jesús Castaño Sánchez ha sido un desgaste en lo que lleva en su
cargo como funcionario de la Secretaría, al mencionar que por 3 años disfrutó
del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo sin contraprestación alguna,
con la permisividad de las personas a cargo de las entidades; y por otro lado,
que el tutelante es beneficiario del estrato 1, facturándosele únicamente el
cargo básico, que menos los subsidios aplicados, hace que el recibo de pago, en
promedio, sea de $636 pesos por acueducto, $191 pesos por alcantarillado y $1.657
por aseo, sumas que en total no supera los $2.500.oo pesos mensuales. Al día de
la contestación de la tutela, la deuda ascendía a un valor de $296.692.oo[21] por 49 cuotas atrasadas.
3.2.5. También manifestó que el
monto cobrado al accionante tiene que ver con el costo que genera llevar el
líquido a los hogares, más del tratamiento de potabilización para que ésta sea
apta para el consumo humano, por tanto no se ha negado el acceso al agua
potable, ya que la Secretaría de Servicios Públicos tiene a su disposición un
punto en la planta de tratamiento y otro en la sede de la Alcaldía Municipal
para la toma de hasta 50 litros diarios; y hasta donde es sabido, el actor no
tiene problemas de movilidad para hacer los desplazamientos. Hizo énfasis en
que también la deuda incluye el servicio de aseo y el de alcantarillado[22].
4. Pruebas
relevantes que obran en el expediente
4.1. Copia de la
factura de servicios No. 11087 por valor de $178.938 impresa el 29 de agosto de
2016 por la Secretaría de Servicios Públicos del municipio de San Vicente
Ferrer, que contiene los datos del accionante y en la que se refleja que
pertenece al estrato 1 residencial (folio 15).
4.2. Copia de la
Resolución 0132 de 1º de septiembre de 2016 “por medio de la cual se
suspende el suministro del servicio de acueducto por no pago al señor Óscar de
Jesús Castaño Sánchez”, en consideración a que adeuda 36 meses en la
prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo por valor de
$178.938 (Folios 12 y 13).
4.3. Copia del
formato de suspensión de servicio del 1º de septiembre de 2016, con una observación
a mano que dice: “el suscriptor se acerca el 26 de agosto de 2016 aduciendo
no tener recursos para pagar por el servicio prestado durante 36 meses y ante
un posible acuerdo de pago dice que se le suspenda el servicio que no lo
necesita” (folio 14).
4.4. Copia de la factura de servicios No. 45873 expedida
en el mes de octubre de 2017, por valor de $296.692, impresa por la Secretaría
de Servicios Públicos del municipio de San Vicente Ferrer, en la que se refleja
un número de 49 cuentas vencidas (Folio 32).
5. Decisiones
judiciales objeto de revisión
5.1 Primera
instancia
5.1.1 El Juzgado
Promiscuo Municipal de San Vicente Ferrer, en providencia del 31 de octubre de
2017 negó las pretensiones invocadas por el señor Óscar de Jesús Sánchez,
consecuentemente no se le ampararon los derechos fundamentales a la vida y al
mínimo vital del agua, como tampoco se emitieron órdenes a las entidades
accionada y vinculada de restablecer el servicio suspendido sin su
correspondiente cancelación[23].
5.1.2. La
decisión se fundamentó, en primer lugar, en que no se hallaron elementos
facticos, ni material probatorio para acceder a lo pretendido por el accionante[24];
y en segundo lugar, que los cobros realizados por la accionada al usuario son
completamente legítimos desde un enfoque jurídico al tener un fin de propender
por su estabilidad financiera. Se dijo que: “En pro del principio de solidaridad
es posible el sostenimiento financiero para cumplir con la función estatal de
satisfacer las necesidades básicas de sus asociados”[25].
5.1.3. Se
mencionó que conforme al artículo 128 de la Ley 142 de 1994[26]
existe entre el usuario y el prestador un contrato consensual en virtud del
cual la empresa o ente prestador brinda un servicio a cambio de un precio en
dinero, definiendo incluso estipulaciones uniformes para usuarios
indeterminados; y que en caso de incumplimiento por parte del beneficiario del
servicio ante la falta de pago del precio, lógicamente ocasionaría la
obligación contractual y legal para el prestador de suspender el suministro del
agua[27].
5.1.4. Concluyó
que lo pretendido por el actor es que se le brinde un servicio de manera
gratuita sin ninguna obligación de pagar por ese servicio amparándose caprichosamente
en su avanzada edad e insuficiencia económica, aspectos que no quedaron
acreditados en sede de instancia, máxime cuando la entidad que representa le ha
abierto las puertas para llegar a un acuerdo de pago a lo que poca o ninguna
importancia le dio, como si quisiera demostrar bajo cualquier circunstancia que
debe ser exonerado de la obligación de pagar por el servicio sin detenerse a
pensar en las ínfimas tarifas que le fueron fijadas[28].
5.2 La Impugnación
5.2.1. Mediante escrito del 3 de noviembre de 2017 y
dentro del término estipulado en la ley, el actor recurre la sentencia
proferida por el juez promiscuo al estar en completo desacuerdo, ya que en su
sentir se le está obligando a pagar la deuda como obligación que tiene con el
municipio[29].
5.2.2. Trajo a colación que después de que su hermano
vendió el segundo piso de la casa, ante innumerables suplicas a la
Administración anterior, se accedió a dejar su vivienda con el mínimo vital de
agua que llegaba por una manguera de bajo calibre al domicilio. Endilgó al
nuevo alcalde y al nuevo Secretario de Servicios Públicos del municipio que
habita, una persecución en su contra para dejarlo sin el mínimo vital de agua,
reconociendo a su vez, que puede haber personas dentro del municipio más pobres
que él pero con ingresos fijos para sufragar el costo del agua[30].
5.3 Segunda instancia
5.3.1 El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Rionegro
-Antioquia-, en sentencia del 16 de enero de 2018 confirmó la decisión del juez
de primera instancia emitida el 31 de octubre de 2017, en la que negó las
pretensiones del actor. La decisión se fundamentó en que al no obrar en el
expediente prueba que permitiera inferir la precaria situación económica alegada
que justifique la intervención del juez constitucional, el asunto en
conocimiento se sustrae a una cuestión meramente económica que escapa de la
órbita de la tutela; además se puso de presente, que el accionante venía
disfrutando de tres años de servicio de agua sin contraprestación alguna y que
el actuar de la entidad accionada se ajustó al marco normativo[31].
5.3.2. A juicio del ad quem, el accionante no
quiso acceder al beneficio del acuerdo de pago propuesto por la demandada; en
esta medida, el Juez Constitucional no puede modificar estipulaciones
normativas que no comportan ningún efecto lesionador o discriminador[32].
II. CONSIDERACIONES
1.     Competencia y procedibilidad
1.1. Competencia
La Sala Séptima de Revisión de
Tutelas es competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del
trámite de la referencia, en desarrollo de las facultades otorgadas en los
artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia
con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991, y en virtud de la
selección y del reparto verificado en la forma establecida por el Reglamento de
la Corporación[33].
1.2.
Requisitos de procedencia de la acción de
tutela
1.2.1.  Legitimación en la causa por activa
Acorde con el inciso 1º del artículo 86 de la
Constitución Política y el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la acción de
tutela es un mecanismo preferente y sumario que tiene toda persona para
solicitar, de manera directa o por quien actúe legítimamente a su nombre, la
protección inmediata de los derechos fundamentales
cuando éstos resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de las
autoridades públicas.
De igual manera, cabe destacar como una de
las características propias de la acción de tutela el carácter informal de la
misma cuando se indica que: “no limita las posibilidades de acudir a ella
por razones de nacionalidad, sexo, edad, origen de raza o capacidades
intelectuales, razón por la cual es factible que la ejerzan los niños, los
indígenas, los presos, los campesinos, los analfabetas y en general todo
individuo de la especie humana que se halle dentro del territorio colombiano”[34].
Por tanto, se encuentra
acreditada la legitimidad en la causa por activa en el presente asunto, por
cuanto el señor Óscar de Jesús Castaño, quien considera lesionados sus derechos
fundamentales por el accionar de una entidad pública, puso en marcha el aparato
jurisdiccional a través del mecanismo que le brinda la Constitución con la
interposición directa de la tutela en busca de que se protejan sus intereses iusfundamentales[35].
1.2.2.
Legitimación en la causa por pasiva
Frente a la legitimidad
en la causa por pasiva, dispone el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991, que es la condición de la persona (natural o jurídica) contra
quien se dirige la acción, de ser la llamada a responder por la presunta
vulneración del derecho fundamental amenazado.
Sobre el particular, la
Corte Constitucional, en sentencia T-1015 de 2006[36] ha referido
que:
“La legitimación pasiva en la
acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la persona contra quien
se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la
vulneración o amenaza del derecho fundamental. En la medida que refleja la
calidad subjetiva de la parte demandada en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso”.
Es importante resaltar que la Secretaría de
Servicios Públicos quien funge como accionada hace parte de la Alcaldía
Municipal de San Vicente Ferrer, quien fuera vinculada oficiosamente por el
juzgado de primera instancia, y por tanto se trata de la misma persona jurídica[37].
Para reafirmar lo anotado, se trae la
definición establecida en el numeral 14.14 del artículo 14 de la Ley 142 de
1994 que dice: “Prestación directa de servicios por un municipio. Es la que
asume un municipio, bajo su propia personalidad jurídica, con sus funcionarios
y con su patrimonio”. Lo anterior, en consonancia con el numeral 15.3 del
artículo 15[38]
de la ley en comento, no deja duda que es la Alcaldía Municipal de San Vicente
Ferrer a través de la Secretaría de Servicios Públicos del mismo municipio la
que debe garantizar la prestación del servicio de acueducto, alcantarillado y
aseo.
Por tanto, la Sala entiende que la tutela se
interpuso contra la Secretaría de Servicios Públicos, entidad que hace parte de
la Alcaldía Municipal de San Vicente Ferrer de Antioquia, que en los términos
del artículo 5º de la Ley 142 de 1994[39]
tiene a su cargo la prestación del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo
dentro del casco urbano del municipio, y que con su accionar al suspender el
suministro de agua potable, presuntamente vulneró los derechos fundamentales
del aquí tutelante.
1.2.3.
Inmediatez
En lo que respecta al requisito de inmediatez, el artículo 86 Superior
no establece un término de caducidad o prescripción para la acción de tutela.
En efecto es la jurisprudencia constitucional la que ha determinado en cada
caso en concreto, el período de tiempo prudencial desde que se presenta la
conducta u omisión que presuntamente vulnera los derechos del accionante hasta
la fecha de interposición de la acción[40].
La inmediatez tiene que conciliar entre el derecho constitucional a
presentar la  acción de tutela “en todo momento” y el fin que
busca la acción como medio de protección “inmediata” de los
derechos fundamentales. Es decir, debe existir necesariamente una correlación entre
la naturaleza expedita de la tutela y su interposición oportuna[41].
Como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional,
existen ciertos casos excepcionales en los que “(…) La vulneración es permanente en el tiempo y
que, pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto
de la presentación de la tutela, la situación es continua y actual”[42].
En el
presente caso, a partir de lo que se desprende del acervo probatorio, se
considera que el 1º de septiembre de 2016, momento en que se realizó la
suspensión del suministro del agua, se configuró la amenaza y presunta
vulneración al derecho fundamental alegado. Ahora, el actor reclamó el menoscabo
continuo en sus derechos fundamentales cerca de un año, un mes y dieciséis días
después de la fecha de la suspensión del servicio, pero dado que la situación permanece
en el tiempo, la Sala encuentra que se cumple con el requisito de inmediatez.
1.2.4.  Subsidiariedad
El artículo 86 de la Carta Política y el
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 han reconocido en la acción de tutela un mecanismo de protección de derechos fundamentales de carácter
residual y subsidiario, es decir que únicamente será procedente cuando el
afectado no tenga otro medio de defensa o cuando se utilice como un mecanismo transitorio para
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
En armonía con lo anotado, la Corte
Constitucional al estudiar la procedencia de la acción en aras de proteger el
derecho al agua le ha dado un carácter dual, de derecho fundamental y de derecho colectivo, según
el uso que se haga de la misma. De tal modo, que cuando se constata que la
protección pretendida busca salvaguardar el derecho al agua en su connotación
fundamental, la acción de amparo es el mecanismo indicado para el efecto; de lo
contrario, se debe acudir a la acción popular consagrada en la Ley 472 de 1998,
para la protección de los derechos colectivos[43].
Adicionalmente, la
connotación fundamental aludida tiene como característica que el preciado
líquido debe destinarse al consumo humano, así como de ostentar una naturaleza
subjetiva al estar ligada a otros derechos “como la salud, la vivienda y el
saneamiento ambiental, fundamentales para la dignidad humana”[44].
Por lo tanto, la acción
de tutela procede para proteger el derecho fundamental al agua potable: (i)
cuando se usa para el consumo humano, (ii) por la falta del recurso natural se
puedan afectar otros derechos como la vida en condiciones dignas y la salud, aunado
a estar en presencia de sujetos de especial protección constitucional[45] y, (iii) si
se evidencia que el reclamante ha ejecutado algún tipo de actuación ante la
empresa para resolver la situación[46].
Respecto de los sujetos de especial
protección constitucional, la Corte se pronunció recientemente en sentencia
T-104 de 2018[47]
en la que se indicó:
“Está conformada por aquellas personas
que debido a su condición física, psicológica o social particular, merecen una
acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad efectiva. Teniendo
en cuenta lo anterior, se puede concluir que en este grupo de especial
protección se encuentran “los niños, los adolescentes, los adultos mayores,
los disminuidos físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia,
las personas desplazadas por la violencia y aquellas que se encuentran en
extrema pobreza” (negrillas después del texto original).
En el caso sub
examine, la Sala encuentra acreditados los tres criterios jurisprudenciales
en la materia, ya que el accionante es un sujeto de especial protección
constitucional[48], que
ante la gestión infructuosa con el prestador del servicio reclama por el
derecho al agua para su uso personal, y porque ante la falta del recurso vital puede
verse afectada su vida y su salud.
Con base en lo expuesto anteriormente,
la Sala considera que la acción de tutela es el mecanismo judicial idóneo para
resolver la controversia que se plantea en esta oportunidad.
2. Problema jurídico
De acuerdo con los hechos relacionados en precedencia, corresponde a esta Sala de Revisión
resolver el siguiente problema jurídico:
¿Vulnera la Alcaldía Municipal de San Vicente de
Ferrer –Antioquia-, a través de su Secretaría de Servicios Públicos, los
derechos fundamentales a la vida y al mínimo vital de agua del señor Óscar de
Jesús Castaño Sánchez de casi 70 años de edad, quien pertenece al régimen
subsidiado en salud y quien registra en el Sisbén un puntaje de 20,42, por la
suspensión del suministro de agua efectuada el 1º de septiembre de 2016 ante la
falta de pago de 36 cuotas atrasadas, y ante la poca voluntad en suscribir un
acuerdo de pago?
Para resolver el problema jurídico planteado se
analizarán a continuación los siguientes temas: (i) La protección del derecho
al agua. Reiteración jurisprudencial. (ii) El contenido del derecho fundamental
al agua y normatividad sobre la materia. Reiteración jurisprudencial. (iii) La
suspensión del suministro de agua por mora en el pago. Reiteración
jurisprudencial; posteriormente se dará solución al caso concreto.
3. La Protección del derecho al agua. Reiteración
jurisprudencial
3.1. La Constitución Política no contempla expresamente el derecho
fundamental al agua, en efecto, puntualmente sólo se hace referencia a este
líquido en los artículos 356, 357 (cap. 4, título XII) y 366 (cap. 5, título
XII). De todas formas, existen varias disposiciones constitucionales en las que
implícitamente se desprende su importancia y su carácter fundamental; es así
que el artículo 8º (título I) prevé la obligación del Estado y de las personas
de proteger las riquezas culturales y naturales del territorio colombiano, el
artículo 79 (cap. 3, título II) establece el derecho de toda persona a gozar de
un ambiente sano y el deber estatal de velar por la diversidad e integridad del
medio ambiente, como también el artículo 365 (cap. 5, título XII) dispone que
los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, y por
tanto se debe asegurar su prestación eficiente[49].
3.2. Es la misma Carta Política la que fija una serie de matices,
conforme al modo en que se aborda el estudio del derecho al agua. Por un lado, el agua como recurso hídrico es un componente del
derecho al medio ambiente sano, y por ende se asimila a un derecho colectivo
susceptible de protección constitucional[50]. De igual forma, se ha visto como un
servicio público esencial  a cargo del Estado[51].
3.3. El agua como componente del derecho a un ambiente sano fue
impulsado en el plano internacional en las últimas décadas del siglo pasado,
cuando surgió la necesidad de hacer explícito el derecho humano a acceder a un
mínimo de agua. Un primer avance se dio en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Agua[52],
en este escenario, la comunidad internacional estableció un vínculo entre el
acceso al agua y el ejercicio de otros derechos humanos de la siguiente manera:
“Todos los pueblos, cualquiera sea su estado de desarrollo y sus condiciones
sociales y económicas, tiene el derecho a disponer de agua potable en cantidad
y calidad suficiente para sus necesidades básicas. Es de reconocimiento
universal que la disponibilidad de dicho elemento por parte del hombre es
imprescindible para la vida y para su desarrollo integral como individuo o como
integrante del cuerpo social”[53].
3.4. La sentencia C-094 de 2015[54] que estudió la constitucionalidad
del Decreto 1111 de 1952[55]
hizo un valioso aporte al efectuar un recuento de varios pronunciamientos de la
comunidad internacional en materia de protección al medio ambiente donde se
resaltó el rol preponderante del Estado en la utilización, protección, conservación y
ordenación sostenible y razonable de los recursos hídricos con arreglo a las
necesidades y prioridades de la colectividad[56];
además de recalcar el carácter fundamental del derecho al agua[57].
3.5. Dentro de los pronunciamientos internacionales en materia de
protección al medio ambiente, se destaca la Observación
General 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las
Naciones Unidas de 2002, al afirmar que “El agua es un recurso natural
limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho
humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa
para la realización de otros derechos humanos”.
3.6. De lo anterior, se colige que el derecho al agua visto como
un derecho fundamental de naturaleza subjetiva puede coincidir con
otros derechos de rango constitucional como el derecho a la vida o el derecho a
la salud, cuando se trata en particular, del agua destinada al consumo
humano[58].
3.7. En ese sentido, desde un
comienzo la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha dado al agua una
significancia iusfundamental, si la misma se utiliza para el consumo
humano. De esta manera, en sentencia T-578 de 1992[59],
se afirmó:
“El
agua constituye fuente de vida y la falta de servicio atenta directamente con
el derecho fundamental a la vida de las personas. Así pues, el servicio público
domiciliario de acueducto y alcantarillado en tanto que afecte la vida de las personas (CP art.11),
la salubridad pública (CP arts. 365 y 366), o la salud (CP art. 49), es un
derecho constitucional fundamental”[60].
3.8. En un principio, el alto
Tribunal creó una conexión entre el goce del derecho al agua con el derecho a
la vida en condiciones dignas y el derecho colectivo a disfrutar de un ambiente
sano. Se dijo específicamente en sentencia T-379 de 1995[61]:
“Siendo el agua un elemento esencial
del ambiente, su preservación, conservación, uso y manejo está  vinculado
con el derecho que tienen todas las personas a gozar de un ambiente sano;
aparte de que la conservación de la calidad de las aguas, su aptitud,
disponibilidad y suficiencia para el consumo humano, se consideran esenciales
para asegurar el goce y vigencia de los derechos fundamentales a la salud y a
la vida y los demás que se derivan de estos”.
3.9.
Más recientemente, la Corte en sentencia C-220 de 2011[62] analizó la
constitucionalidad de algunos artículos de la Ley 9 de 1979[63], en donde reiteró la
naturaleza jurídica fundamental del derecho al agua potable, y estudió la
faceta tanto subjetiva como objetiva del mismo.
3.10.
Ahora bien, en lo que se refiere al agua bajo una óptica de ‘servicio público’,
la Constitución Política de 1991 fijó unos derroteros en los artículos 365 a 370; así, el artículo 365 establece que los
servicios públicos “son inherentes a la finalidad social del Estado. Es
deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del
territorio nacional”. Lo anterior, en concordancia con el
artículo 366 Superior[64]
que dispuso como fines sociales del Estado el mejoramiento de la calidad de
vida de la población y el bienestar general, lleva a un mejor
entendimiento del objetivo fundamental de dar solución a las necesidades
insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua
potable[65].
3.11. En desarrollo de los mencionados artículos,
el Legislador expidió la Ley 142 de 1994 “Por la cual se establece
el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones”. De la cual cabe destacar el artículo 5° que dice:
“Artículo 5o. Competencia de los municipios en cuanto a la
prestación de los servicios públicos. Es competencia de los municipios en
relación con los servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y
de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos:
5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los
servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica,
y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de
carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central
del respectivo municipio en los casos previstos en el artículo siguiente. (…)”
3.12 A su vez, el
artículo 15º-3 ibídem, brinda un panorama más específico en relación con
la prestación de los servicios públicos a cargo de los municipios, ya que
establece:
“Artículo 15. Personas que prestan servicios públicos. Pueden
prestar los servicios públicos (…) 15.3. Los municipios cuando asuman en forma
directa, a través de su administración central, la prestación de los servicios
públicos, conforme a lo dispuesto en esta Ley”.
3.13. En resumen, al ser el agua una necesidad y un elemento
vital para la existencia humana, la jurisprudencia constitucional le ha dado
tres rasgos diferenciadores a este derecho fundamental:
“(i) universal, por cuanto todos y cada uno de los hombres y
mujeres, sin discriminación alguna, requieren de este recurso para su
subsistencia; (ii) inalterable, ya que en ningún momento puede reducirse o
modificarse más allá de los topes biológicos; y (iii) objetiva, puesto
que  no tiene que ver con la percepción subjetiva del mundo o  de
subsistencia, sino que se instituye como una condición ineludible de
subsistencia para cada una de las personas que integran el conglomerado social”[66].
4. El contenido del derecho
fundamental al agua y normatividad sobre la materia. Reiteración
jurisprudencial
4.1. En relación con los fines esenciales del
Estado, la Corte Constitucional con apoyo en lo anotado en la Observación
General número 15[67], ha manifestado que para
garantizar el derecho fundamental al agua se deben tener en cuenta cinco
aspectos: disponibilidad, cantidad suficiente, calidad de agua, accesibilidad
física y accesibilidad económica[68].
4.1.1. El atributo de la disponibilidad recalca que el abastecimiento del líquido a
cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos; además, que se
garantice su suministro constante, permanente y confiable[69]. En esta medida, se considera violatorio
de la disponibilidad, cuando la distribución de agua necesaria para suplir las
necesidades personales, es intermitente o discontinua.
En la sentencia T-616 de 2010[70],
que estudió el caso de un ciudadano que interpuso acción de tutela contra Empresas
Públicas de Medellín (EPM), en razón a que su vivienda habitada por su familia
no tenía acceso al servicio de agua potable y obtenía
el líquido vital de una tubería instalada que conectaba con un grifo de agua de
la casa vecina, la Corte estimó que el método
utilizado por el accionante para abastecerse del agua y satisfacer sus
necesidades básicas, no cumplía con los niveles mínimos de disponibilidad del
líquido en su hogar y, en esta medida, se protegió el derecho fundamental
reclamado[71].
4.1.2.
En referencia al elemento cantidad, el cual se refiere a una medida
cuantitativa del número de metros cúbicos de agua potable que necesita una
persona, la Organización Mundial de la Salud -OMS- estableció que la cantidad
mínima requerido por un sujeto al día -con variación en atención a la región, país,
el clima, los hábitos etc.- puede oscilar entre los 50 a 100 metros cúbicos. Al
respecto, a partir de lo anterior, la Corte ha establecido una cantidad de 50
metros cúbicos diarios indicando que: “(…) una cantidad suficiente de
agua abarca el recurso necesario para el saneamiento, usos personales y
domésticos (consumo, preparación de alimentos e higiene)”[72].
4.1.3.
La tercera característica hace relación a la calidad del preciado
líquido, el cual debe ser salubre y potable, es decir que “no ha de contener
microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una
amenaza para la salud de las personas. Además, el agua debería
tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico”[73].
Así,
en sentencia T-891 de 2014[74],
este alto Tribunal falló a favor de una comunidad indígena, que si bien recibía
el preciado líquido de forma continua y permanente no era apta para el consumo
humano; de igual manera, en el caso del fallo T-410 de
2003[75] se
protegieron los derechos fundamentales a la vida, la dignidad humana, la salud
y el ambiente sano de la comunidad al darse la orden a una empresa de servicios
públicos para que diera el tratamiento adecuado al agua por cuanto el líquido que
se distribuía no era potable y apto para el consumo humano, constituyendo un factor de riesgo
vulnerador de los derechos.
4.1.4.
El cuarto componente denominado accesibilidad se refiere a que las
instalaciones e infraestructura física donde se distribuye y garantiza el
acceso al agua, que debe ser cercana y segura para todos, y sin discriminación
alguna. Al respecto, la Observación General número 15 dice que:
“Se debe facilitar acceso al agua potable y al saneamiento
dentro del hogar o en sus cercanías inmediatas, y en una manera en que
haya un suministro regular de agua y no se deba dedicar demasiado tiempo para
recogerla. Por consiguiente, las obligaciones de derechos humanos de los
Estados en relación con el agua potable y el saneamiento no les imponen que
faciliten el acceso en cada casa. Sin embargo, el agua y las instalaciones
sanitarias deben estar muy cerca de cada hogar, centro de enseñanza y lugar de
trabajo, y deben encontrarse al alcance, de manera segura, de todos los
sectores de la población, teniendo en cuenta las necesidades de grupos
particulares, entre ellos las personas con discapacidades, los niños, las
personas de edad y las mujeres (…)”
Por lo
anterior, esta Corte ha considerado que se transgrede el derecho al agua cuando se impide el acceso a las
instalaciones necesarias y adecuadas para la prestación del servicio de
acueducto. Así ha ocurrido en múltiples ocasiones, verbigracia, las
entidades prestadoras que se niegan a instalar las acometidas correspondientes,
o cuando éstas imponen unos costos desproporcionados como condición para
suministrar la infraestructura de las redes locales o las acometidas
domiciliarias[76].
4.1.5.
El último de los componentes corresponde a un factor económico en el que el
agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance de todos.
Es decir, que los costos y cargos directos e indirectos para proveer el agua
deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de
otros derechos[77].
4.2.
Por lo anterior, para lograr una garantía efectiva del derecho fundamental al
agua es necesario que converjan los cinco elementos mencionados anteriormente y
se tengan en cuenta los parámetros proteccionistas constitucionales, sin
olvidar lo contenido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales
y Culturales, así como las recomendaciones que respecto de éste realiza el
Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales.
5.
La suspensión del suministro de agua por mora en el pago. Reiteración
jurisprudencial
5.1.
El artículo 128 de la Ley 142 de 1994 “por la cual se establece el
régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”
define al contrato de prestación de servicios públicos como un:
“Contrato
uniforme, consensual, en virtud del cual una empresa de servicios públicos los
presta a un usuario a cambio de un precio en dinero, de acuerdo a
estipulaciones que han sido definidas por ella para ofrecerlas a muchos
usuarios no determinados”.
A
renglón seguido, el mismo artículo agrega que:
“Hacen
parte del contrato no solo sus estipulaciones escritas, sino todas las que la
empresa aplica de manera uniforme en la prestación del servicio. Existe
contrato de servicios públicos aún cuando algunas de las estipulaciones sean
objeto de acuerdo especial con uno o algunos usuarios”.
5.2.
De la anterior noción, se destaca el carácter oneroso del servicio que consiste
en que una de las partes llamada suscriptor o usuario paga un valor en dinero a
la otra parte denominada prestador, a cambio de la prestación del servicio que
recibe; por lo tanto, al ser un contrato bilateral, entre las partes surge una
serie de obligaciones correlativas. Así pues, dentro de estas obligaciones hay
dos esenciales: una que recae
en el prestador que consiste en “la prestación continua de un servicio de buena calidad” y
otra en cabeza del cliente, que es el pago de un precio en dinero como
contraprestación por ese servicio recibido[78].
5.3.
Ahora bien, la consecuencia principal del incumplimiento en el pago del precio
por parte del suscriptor es la suspensión del servicio público que haga el
prestador en las condiciones previstas en la Ley, siendo en principio,
constitucionalmente aceptable. El sustento normativo se encuentra en el
artículo 130 de la Ley 142 de 1994 -modificado por artículo 18 de la Ley 689 de
2001-, el cual permite a los prestadores de servicios públicos suspender
el servicio público por la falta de pago en el término indicado por el
prestador (dos [2] períodos de facturación en el evento en que ésta sea
bimestral y de tres [3] períodos cuando sea mensual) y cuando se
comprueba un fraude a las conexiones, acometidas, medidores o líneas[79].
5.3.1.
Frente a la facultad de suspensión del servicio que tiene el prestador de
servicios públicos, la Corte reconoce que se cumple con los siguientes
objetivos: “(i) la de garantizar la prestación del servicio público a los
demás usuarios; (ii) la de concretar el deber de solidaridad, que es un
principio fundamental del Estado; y (iii) la de evitar que los propietarios no
usuarios de los bienes, sean asaltados en su buena fe por arrendatarios o
tenedores incumplidos en sus obligaciones contractuales”[80].
Al respecto, en la sentencia T-881 de 2002[81] que estudió
si la suspensión de un servicio público en establecimiento carcelario y
penitenciario transgredía derechos constitucionales por incumplimiento en el
pago de las facturas de consumo, esta Corte hizo énfasis en la importancia del
pago de las obligaciones contractuales, pues del cumplimiento oportuno del
usuario depende la prestación eficiente del suministro del servicio a la
comunidad. Así
pues, este medio que tienen a su alcance las empresas prestadoras se ha
considerado como una advertencia a los usuarios, que busca evitar el
incumplimiento en el pago como contraprestación al uso del servicio[82].
5.4. Esta facultad que deviene de la legislación, conocida
como derecho-deber, tiene unos límites constitucionales cuando su ejercicio
afecta los derechos fundamentales de las personas, porque no resulta admisible
bajo la norma superior preferir exclusivamente las bondades de ejercitar la
suspensión, y olvidar el respeto en el trato y dignidad de las personas, pues
tal como lo ha dicho la Corte anteriormente, “los usuarios de los servicios
públicos son personas, no un recurso del cual se puede periódicamente extraer
una suma de dinero”[83].
En
relación con este aspecto, es importante mencionar la sentencia C-150 de 2003[84], la cual sostuvo que en algunas
situaciones particulares, la afectación de las condiciones de vida de los
usuarios trasciende y no resulta admisible realizar
la suspensión del servicio, toda vez que compromete ostensiblemente los
derechos fundamentales y existiría una carga desproporcionada sobre el usuario,
si se compara con los beneficios que supone la suspensión del mismo[85].
5.5. En consecuencia, las prohibiciones impuestas por la
jurisprudencia constitucional cuando una entidad prestadora de aquellas a las
que hace referencia el artículo 15 de la Ley 142 de 1994 que realiza la
suspensión de los servicios públicos domiciliarios en cumplimiento del artículo
130 de la ley en comento (modificado por artículo 18 de la Ley 689 de 2001) son
dos: (i) no violar las garantías del debido proceso, (ii) no desconocer las
garantías constitucionales de los sujetos de especial protección constitucional,
o no hacer cortes en hospitales, colegios, cárceles u otros establecimientos
que gozan de protección, o no afectar gravemente las condiciones de vida de la
comunidad[86].
5.6. Ahora bien, aparte de las dos limitaciones mencionadas
previamente, respecto del derecho a la suspensión del suministro de agua
potable que las empresas prestadoras tienen frente a la falta de pago de las
facturas, existe un tratamiento diferencial que éstas deben seguir cuando el
usuario del servicio: “(i) es un sujeto de especial protección
constitucional; (ii) el motivo de la morosidad es involuntario e incontrolable;
y (iii) la suspensión del servicio implica la vulneración de otros derechos
fundamentales”[87].
En lo que respecta al tratamiento diferencial, específicamente
en lo atinente a que el ‘motivo de la morosidad sea involuntario e
incontrolable’, la Corte ha mencionado que existe una presunción
a favor del usuario cuando se comprueba que pertenece al nivel I del Sisbén; en
estos casos se les exonera de la carga de informar al prestador del servicio,
los hechos o circunstancias que han hecho imposible el pago, y por lo tanto,
las razones de estar en mora[88].
Entonces, en el evento de cumplirse con todos los aspectos
anotados, los prestadores tienen la obligación de sopesar las circunstancias
especiales del usuario previo a efectuar el corte del servicio y, al mismo
tiempo, el suscriptor debe poner en conocimiento de la entidad la imposibilidad
de pagar los consumos, la presencia de sujetos de especial protección dentro de
la vivienda y la necesidad del servicio para el goce de derechos como la vida
en condiciones dignas, la salud o la igualdad, entre otros[89].
5.7.
Sin embargo, es una equivocación asumir que la restricción de la suspensión del
servicio del preciado líquido en cabeza del prestador es una vía para que el
usuario se desentienda de la obligación de pago derivada del vínculo
contractual. En virtud del escenario planteado, algunas empresas de servicios
públicos domiciliarios, en aras del respeto a los derechos fundamentales, siguiendo
la recomendación de la OMS, le permiten al suscriptor moroso acceder a un
mínimo de 50 litros diarios de agua por persona (mínimo vital de agua), sin
perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que como usuario le correspondan;
en esa medida el deudor debe encontrar los medios para pagar los saldos
insolutos con el prestador y llegar a un acuerdo de pago[90].
5.8.
Con ocasión de un caso similar fallado recientemente por esta Sala, en la
sentencia T-188 de 2018[91]
se protegieron los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna de una
mujer de la tercera edad y con un precario estado de salud por sus múltiples
enfermedades, ya que la suspensión del servicio de agua por mora en el pago que
hizo la empresa de servicios públicos vulneró los derechos en mención.
5.9. Así
las cosas, al interior de la Corte hay una jurisprudencia pacífica que en
diferentes escenarios reconoce que los sujetos de especial protección
constitucional tienen derecho a un mínimo de agua que no es susceptible de
restricción alguna. Por esta razón no es dable a una empresa prestadora del
servicio público domiciliario suspender por mora en el pago de las facturas el
suministro de agua potable, si con ello se impida a éstos sujetos de especial
protección el acceso al líquido vital, máxime si con dicha medida  se afectan otros
derechos fundamentales. Ahora bien, las empresas deben buscar alternativas
viables para que los usuarios que no pueden pagar la totalidad de sus deudas
cumplan con un cronograma de pagos, haciendo control periódico de los acuerdos
de pago suscritos con los beneficiarios[92].
6.  Caso concreto
6.1. Para recapitular, se tiene que el accionante tiene
casi 70 años de edad y  vive solo, que acudió directamente a la acción de
tutela para solicitar la protección de los derechos fundamentales a la vida y
mínimo vital de agua presuntamente vulnerados por la Alcaldía municipal de San
Vicente Ferrer     -Antioquia– (el municipio ejerce como prestador directo del
servicio público de acueducto, alcantarillado y aseo), al suspender el
suministro de agua potable en su vivienda por falta de pago[93].
6.2. A su vez, la Secretaría de Servicios Públicos del
municipio de San Vicente de Ferrer (Antioquia), sostuvo que actuó con apego y
respeto al debido proceso, porque le dio al usuario la oportunidad de suscribir
un acuerdo de pago, y le garantizó el acceso al mínimo vital de agua autorizando
la toma de hasta 50 litros de agua al día en la Planta de Tratamiento de Agua
Potable o en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, teniendo en cuenta que
el accionante no tiene problemas para realizar los desplazamientos; por otro
lado indicó que la suspensión del preciado líquido se dio por falta de pago de
36 cuotas atrasadas[94] en cumplimiento de un
acto administrativo proferido por la Alcaldía Municipal que ordenaba la
suspensión[95].
6.3. En primera instancia, el Juez Promiscuo Municipal
de San Vicente Ferrer negó las pretensiones del accionante porque no encontró
elementos de juicio que demostraran la condición de sujeto de especial
protección constitucional; y consideró que la entidad accionada actuó
legítimamente dentro del marco normativo protegiendo su sostenibilidad
financiera[96].
6.4. En la segunda instancia, promovida por el
accionante, el Juez Segundo Civil del Circuito de Rionegro (Antioquia) confirmó
la decisión adoptada en primera instancia; agregó que al no obrar en el
expediente prueba fehaciente que permitiera inferir la incapacidad económica
del actor, el asunto se sustraía a la esfera de una controversia meramente
económica, poniendo de presente que el señor Castaño Sánchez venía disfrutando
de tres años del servicio de agua sin dar contraprestación alguna[97].
6.5. De acuerdo con lo anterior,
la Sala se dispone a verificar el cumplimiento de los requisitos jurisprudenciales
para que el accionante, pese a la falta de pago obtenga la protección
constitucional al suministro de agua potable por este medio constitucional[98], a saber:
“(i) en la vivienda resida al menos un sujeto especialmente
protegido (por ejemplo, un menor de edad, una persona gravemente enferma, o de
la tercera edad), que (ii) la suspensión del servicio público puede aparejar el
desconocimiento de los derechos constitucionales de ese sujeto, y que (iii) el
incumplimiento de las obligaciones facturadas se debe a circunstancias
involuntarias, insuperables e incontrolables”.
6.5.1. En primer lugar, se tiene de
las pruebas que obran en el expediente de instancia y las obtenidas en las
bases de datos de acceso público del Sisbén[99]
y del Adres[100] que
la vivienda objeto de suspensión del suministro de agua potable[101] es habitada por el accionante, sujeto de
especial protección constitucional en razón a su edad y condiciones
socioeconómicas por pertenecer al régimen subsidiado en salud con Savia Salud
EPS-S y tener un puntaje de 20.42 en el Sisbén.
6.5.2. En segundo lugar, son muy
evidentes las consecuencias de
la falta de agua en una persona, pues la imposibilidad de acceder al agua
potable por el accionante afecta el normal desarrollo de actividades diarias
como la higiene y aseo personal, aseo de habitaciones o la misma ingesta y preparación de alimentos. Así pues, la suspensión del preciado
líquido trae consigo la vulneración de los derechos constitucionales de este
sujeto[102].
De esta manera, el acceso al agua se torna en
indispensable para garantizar los derechos fundamentales del accionante quien
no tiene la posibilidad de realizar las mencionadas actividades; y que además
desempeña un oficio –al parecer en la informalidad[103]-
del cual obtiene lo necesario para su congrua subsistencia[104].
6.5.3. Acorde con lo anotado en la respuesta allegada
en sede de instancia por la entidad accionada, es reprochable que el accionante
haya mantenido un comportamiento poco colaborador al notarse la falta de
voluntad para llegar a un acuerdo de pago por las facturas vencidas, que en la
actualidad acumulan aproximadamente 60 meses adeudados[105];
pese a lo anterior, al constatarse su nivel 1 de Sisbén (puntaje de 20.42) es
necesario presumir que la falta de pago se debe a una situación involuntaria,
insuperable y fuera de su control.
6.6. Por otro lado, si bien es cierto la accionada, en
el traslado de la tutela aseguró que el accionante tenía a su disposición el
mínimo vital de agua en dos puntos (Planta de tratamiento o en la Alcaldía
municipal) a su elección[106], esta medida resulta
desproporcionada; ya que significa imponerle al actor la obligación de desplazarse
todos los días desde su lugar de residencia hasta el punto de su preferencia y
cargar con 50 kilos de peso (es equivalente en peso de los 50 litros de agua)
más el peso del recipiente a utilizar, situación que podría generar un
menoscabo a su salud, teniendo en cuenta su edad.
6.7. En este escenario, al constatarse el cumplimiento
de los presupuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional se
concluye que existió una vulneración a los derechos fundamentales a la vida y
el acceso al agua potable del accionante. Por esta razón se ordenará el restablecimiento
normal del servicio de agua potable en el primer piso de la vivienda en la que
reside actualmente, condicionado al cumplimiento oportuno de un acuerdo de pago
que deberá suscribir el accionante con la entidad accionada, sin que el mismo
afecte el mínimo vital de agua.
Entre tanto, en el interregno que lleve suscribir el
acuerdo, toda vez que el accionante es una persona sola, la Alcaldía a través de su Secretaría
deberá disponer el suministro mínimo de 50 litros diarios de agua. Así mismo,
se ordenará a Óscar de Jesús Castaño Sánchez que dentro de los quince días
siguientes a la notificación de este proveído, se acerque a las instalaciones
de la Alcaldía Municipal de
San Vicente Ferrer - Secretaría de Servicios Públicos Municipal con el fin de
suscribir un acuerdo de pago que se acomode a su condición económica y
consecuentemente, se obligará a  cumplirlo cabalmente en los términos allí
establecidos.
III.
DECISIÓN
La facultad de suspender el
servicio público de acueducto por falta de pago se encuentra limitada cuando se
reúnen los siguientes presupuestos: i) quien la soporta es un sujeto de
especial protección constitucional; (ii) la suspensión del servicio implica la
vulneración de otros derechos fundamentales; y (iii) el motivo de la morosidad
es involuntario e incontrolable. En estos casos, las entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios
deben analizar las especiales circunstancias del usuario previo a llevar acabo
la suspensión del servicio y lograr conciliar un acuerdo de pago sin afectar el
mínimo vital del beneficiario.
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución Política.
RESUELVE
PRIMERO.-
REVOCAR la sentencia del dieciséis (16) de
enero de dos mil dieciocho (2018) proferida por el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Rionegro (Antioquia), que confirmó en segunda instancia la decisión
adoptada el treinta y uno (31) de octubre de dos mil diecisiete (2017) por el
Juzgado Promiscuo Municipal de San Vicente de Ferrer (Antioquia) que negó el
amparo deprecado por el accionante en la presente acción de tutela. En su
lugar, CONCEDER el
amparo de los derechos fundamentales a la vida digna y al mínimo vital de agua
pretendidos por el señor Óscar de Jesús Castaño Sánchez.
SEGUNDO.-
ORDENAR a la Alcaldía Municipal de San Vicente Ferrer (Antioquia) que a
través de su Secretaría de Servicios Públicos Municipal, dentro del término de diez (10) días siguientes a la
notificación de esta providencia, se efectué la reconexión del servicio público
domiciliario de acueducto en el primer piso del inmueble en el que reside el
peticionario e instale un reductor de flujo o similar que garantice el mínimo
de 50 litros de agua al día, mientras se logra conciliar las medidas para
instalar un medidor de agua y la forma en la que se cancelará la deuda, acuerdo
que deberá celebrarse en un plazo máximo de cuatro (4) meses, contados a partir
de la notificación de esta providencia. Asimismo, el
restablecimiento normal del suministro de agua en la vivienda estará
condicionado a que se cumpla el acuerdo de pago que tenga en cuenta la actual situación
económica del actor de manera que lo pactado no afecte su mínimo vital y
se tenga en cuenta su capacidad de pago actual.
TERCERO.-
ORDENAR a Óscar de Jesús Castaño Sánchez que dentro de los cuatro (4) meses siguientes
a la notificación de este proveído, se acerque a las instalaciones de la Alcaldía Municipal de San Vicente Ferrer
(Antioquia) - Secretaría de Servicios Públicos Municipal con el fin de
suscribir un acuerdo de pago que se acomode a su condición económica y
consecuentemente cumplirlo cabalmente en los términos allí establecidos.
CUARTO.- ADVERTIR a la Alcaldía Municipal de San Vicente Ferrer
(Antioquia) - Secretaría de Servicios Públicos Municipal, que una vez se llegue
a un acuerdo de pago con el accionante atendiendo sus especiales condiciones, y
éste sea incumplido, podrá actuar de conformidad con la legislación vigente, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la
presente sentencia.
QUINTO.- LIBRAR las
comunicaciones –por la Secretaría General de la Corte Constitucional–, así
como DISPONER las
notificaciones a las partes –a través del Juez de tutela de instancia–,
previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese y cúmplase.
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES
CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaría General
[1] El expediente de la referencia fue seleccionado para su revisión
por la Sala de Selección de Tutelas Número Cinco, conformada por la Magistrada Diana
Fajardo Rivera y el Magistrado Alberto Rojas Ríos, mediante auto del veintiuno
(21) de mayo de dos mil dieciocho (2018), debidamente notificado por la Secretaría
General  por estado No. 09 del siete (07) de junio del mismo año.
[2] Expediente T-6.725.607, cuaderno 1, folio 2.
[3] La edad referida, se toma a partir de la afirmación
realizada en la demanda de tutela realizada por el accionante.
[4] Exactamente en la carrera 30 No. 34-116.
[5] Expediente T-6.725.607, cuaderno 1, folio 1.
[6] Ibídem.
[7] Expediente T-6.725.607, cuaderno 1, folios 1 y 14.
[8] Expediente T-6.725.607, cuaderno 1, folios 1, 15 y 16.
[9] Dícese de la persona que barequea, que es aquella actividad que se contrae
al lavado de la arena por medios manuales sin ninguna ayuda de maquinaria o
medios mecánicos y con el objeto de separar y recoger metales preciosos
contenidos en dichas arenas.
[10] Expediente T-6.725.607, cuaderno 1, folios 1 y 2.
[11] La constancia Secretaríal de fecha 17 de octubre de 2017, indica
que pese a que al accionante se le manifestó que debía aportar los documentos
mencionados en el escrito de tutela, tales como derecho de petición y las
direcciones para efectos de notificación, así como copia de la tutela para el
archivo y traslado; transcurrido un tiempo prudencial no allegó ninguno de los
requerimientos efectuados.
[12] Expediente T-6.725.607, cuaderno 1, folios 4 y 5.
[13] Expediente T-6.725.607, cuaderno 1, folio 7 y 34.
[14] “Adaptar y velar por la adopción del reglamento para la prestación
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo,
promulgado por el Gobierno Nacional para garantizar el cumplimiento de deberes
y obligaciones de los usuarios y la entidad”.
[15] Expediente T-6.725.607, cuaderno 1, folio 8.
[16] Ibídem.
[17] Expediente T-6.725.607, cuaderno 1, folio 11.
[18] Expediente T-6.725.607, cuaderno 1, folio 10.
[19] Ibídem.
[20] Expediente T-6.725.607, cuaderno 1, folios 12 y 13.
[21] Expediente T-6.725.607, cuaderno 1, folios 8, 9 y 32.
[22] Expediente T-6.725.607, cuaderno 1, folio 9.
[23] Expediente T-6.725.607, cuaderno 1, folio 45.
[24] Expediente T-6.725.607, cuaderno 1, folio 37.
[25] Expediente T-6.725.607, cuaderno 1, folio 39.
[26] “Por la cual se establece el
régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones”
[27] Expediente T-6.725.607, cuaderno 1, folio 40.
[28] Expediente T-6.725.607, cuaderno 1, folios 42 y 43.
[29] Expediente T-6.725.607, cuaderno 1, folio 47.
[30] Expediente T-6.725.607, cuaderno 1, folio 47.
[31] Expediente T-6.725.607, cuaderno 1, folios 55, 56 y 57.
[32] Expediente T-6.725.607, cuaderno 1, folio 56.
[33] Acuerdo 02 de 2015.
[34] Ver sentencia T-459 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández
Galindo.
[35] El artículo 86 de la Constitución
Política de Colombia señala que toda persona tendrá acción de tutela para
reclamar ante los jueces, en todo momento y en todo lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales.
[36] M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[37] Expediente T-6.725.607, cuaderno 1, folios 5 y 7.
[38] Artículo 15. Personas que prestan
servicios públicos. Pueden prestar los servicios públicos: 15.3. Los municipios cuando asuman en forma directa, a
través de su administración central, la prestación de los servicios públicos,
conforme a lo dispuesto en esta Ley.
[39] “Por la cual se establece el
régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”
[40] Ver sentencia T-036 de 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[41] Ver sentencia T-601 de 2017, M.P. José Fernando Reyes
Cuartas.
[42] Ver sentencia T-164 de 2017, M.P. Alejandro
Linares Cantillo.
[43] Ver sentencia T-242 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[44] Ver sentencia T-103 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[45] Ver sentencia T-104 de 2018, M.P.
Cristina Pardo Schlesinger.
[46] Ver sentencia T-163 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[47] M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[48] En sede de revisión, el Despacho de la
Magistrada Sustanciadora accedió a la base de dato de público conocimiento, en
la web del Departamento Nacional de Planeación -DNP-, encontrando que el
accionante se encuentra inscrito en el Sisbén con un puntaje de 20.42 con ficha
No. 3221. De igual manera, accedió a la base de datos del Adres, página web administrada
por el Ministerio de Salud y Protección Social encontrando que el actor es
usuario del régimen subsidiado en Savia Salud EPS-S. (Datos tomados el
12-07-2018)
[49] Ver sentencia T-100 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
[50] Ver artículo 79, Constitución
Política de Colombia.
[51] Ver artículo 366, Constitución Política de Colombia.
[52] Celebrada en Mar de Plata, Argentina, entre el 14 y 25
de marzo de 1977.
[53] Ver sentencia T-100 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
[54] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[55] “Por el cual se provee a la
conservación y mejor aprovechamiento de las aguas del Lago de Tota y se
reconoce el carácter de utilidad pública a unas obras”.
[56] Se mencionan: la Declaración de Estocolmo
de 1972, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de Mar de Plata de
1977, la Conferencia Internacional sobre el Agua y Desarrollo Sostenible de
París de 1998, la Conferencia de Rio de Janeiro de 2002, la Declaración de
Johannesburgo del 2002; y a nivel regional la Declaración Centroamericana del
Agua de San José de Costa Rica de 1998.
[57] Ver sentencia T-100 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
[58] Ver sentencia T-103 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[59] M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[60] Ver sentencia T-232 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[61] M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[62] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[63] “Por la cual se dictan medidas
sanitarias”
[64] ARTICULO 366. El bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del
Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las
necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de
agua potable.
[65] Ver sentencias T-163 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo; T-601 de 2017, M.P. José Fernando Reyes Cuartas; entre otras.
[66] Ver sentencia T-100 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
[67] Contenido en el “Informe del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Sobre el Alcance y
el Contenido de las Obligaciones Pertinentes en Materia de Derechos Humanos
Relacionados con el Acceso Equitativo al Agua Potable y el Saneamiento que
Imponen los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos”.
[68] Ver sentencia T-242 de 2013, M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[69] Ver Observación General número 15, título II, párrafos 10, 11 y 12.
[70] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[71] Ver sentencia T-100 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
[72] Ver sentencias T-016 de 2014, MP.
Alberto Rojas Ríos; T-891 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa; T-139 de
2016, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; entre otras.
[73] Observación
General Nº 15, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las
Naciones Unidas.
[74] M.P. María Victoria Calle Correa.
[75] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[76] Ver sentencias T-279 de 2011 y T-242 de 2013, M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva; T-790 de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub;
T-100 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos; entre otras.
[77] Ver sentencia T-100 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos; T-103
de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[78] Ver sentencia T-530 de 2012, M.P: Adriana María Guillen
Arango.
[79] Ver artículo 140 de la Ley 142 de
1994, modificado por el artículo 19 de la Ley 689 de 2001.
[80] Ver sentencias T-717 de 2010, M.P.
María Victoria Calle Correa; T-242 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva;
T-188 de 2018, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; entre otras.
[81] M.P.
Eduardo Montealegre Lynett.
[82] Ver sentencia T-242 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[83] Ver sentencia T-717 de 2010, M.P. María Victoria
Calle Correa.
[84] En esa oportunidad, la Corte Constitucional se
pronunció sobre la constitucionalidad de los artículos 18 y 19 de la ley 689 de
2001, que modificaban los artículos 130 y 140, respectivamente de la Ley 142 de
1994, referentes a la suspensión del servicio público en los casos de
incumplimiento sucesivo del pago del mismo.
[85] Ver sentencia C-150 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa (SV Jaime Araújo Rentería y SVP Alfredo Beltrán Sierra y Clara Inés
Vargas Hernández).
[86] Ver sentencias T-573 de 2013, M.P. Alberto Rojas
Ríos; T-394 de 2015, M.P. Myriam Ávila Roldan; T-188 de 2018, M.P. Cristina
Pardo Schlesinger; entre otras.
[87] Ver sentencia T-761 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
[88] Ver sentencias T-717 de 2010, M.P: María Victoria Calle
Correa; y T-199 de 2014, M.P. Alberto Rojas Ríos.
[89] Ver sentencia T-163 de 2014, M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[90] Ver sentencias T-546 de 2009, M.P. María Victoria
Calle Correa; T-740 de 2011, M.P. Humberto Sierra Porto; T-790 de 2014, M.P.
Jorge Iván Pretelt Chaljub; entre otras.
[91] M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[92] Ver sentencia T-188 de 2018, M.P: Cristina Pardo Schlesinger
[93] Expediente T-6.725.607, cuaderno 1, folios 1, 2, y 3.
[94] El valor adeudado a la fecha de suspensión era de $178.938,
según factura No. 011087.
[95] Expediente T-6.725.607, cuaderno 1, folios 8 a 32.
[96] Expediente T-6.725.607, cuaderno 1, folios 33 a 45.
[97] Expediente T-6.725.607, cuaderno 1, folios 52 a 57.
[98] Ver sentencia T-717 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa.
[99] Sistema de Selección de Beneficiarios Para Programas Sociales.
[100] Administradora de los Recursos del Sistema General del
Sistema General de Seguridad Social en Salud.
[101] Expediente T-6.725.607, cuaderno 1, folios 1, 14, 15 y 32.
[102] Expediente T-6.725.607, cuaderno 1, folio 1.
[103] Aseveración que no se encuentra demostrada en el expediente, pero
que de los hechos se puede inferir.
[104] Expediente T-6.725.607, cuaderno 1, folio 1, 2, y 3.
[105] Expediente T-6.725.607, cuaderno 1, folios 15 y 32.
[106] Expediente T-6.725.607, cuaderno 1, folio 9.