T-513-07
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-513/07
DERECHO DE PETICION EN MATERIA PENSIONAL-Términos para resolver
INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DE PENSION DE
VEJEZ-Finalidad/INDEMNIZACION
SUSTITUTIVA DE PENSION DE VEJEZ-Naturaleza jurídica
INDEMNIZACION SUSTITUTIVA-Falta de regulación legal expresa respecto
de los términos para resolver sobre su reconocimiento/INDEMNIZACION
SUSTITUTIVA-Aplicación por analogía de los mismos términos en materia
pensional
DERECHO DE PETICION EN INDEMNIZACION
SUSTITUTIVA DE PENSION DE VEJEZ-Respuesta de fondo, clara, precisa y congruente
Referencia: expediente T-1568715
Accionante: Digna Emérita Díaz de Santana
Demandado: Seguro Social Pensiones
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
Bogotá D. C., nueve (9) de julio de dos mil siete
(2007)
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra y
Nilson Pinilla Pinilla, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo proferido por el
Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá, dentro de la acción de
tutela instaurada por Digna Emérita Díaz de Santana contra el Seguro Social
Pensiones.
I. ANTECEDENTES
1.
Fundamentos
Fácticos y Pretensiones
El seis de febrero de 2007 la señora Digna
Emérita Díaz de Santana instauró acción de tutela contra el Seguro Social –
Pensiones, por la presunta vulneración de su derecho de petición, como quiera
que el 10 de enero de 2007 radicó ante dicha entidad solicitud de
reconocimiento de la prestación correspondiente a la indemnización sustitutiva,
sin que a la fecha de presentación de la acción de amparo hubiera obtenido
respuesta.
La petición que da lugar a la presente
acción de tutela se elevó como consecuencia de la negativa que el 29 de
septiembre de 2006 el Seguro Social – Pensiones diera a la solicitud de pensión
de vejez que la accionante presentó el 15 de agosto del mismo año.
La actora considera, con base en
jurisprudencia de esta Corporación, que la falta de respuesta oportuna por
parte de la entidad demandada vulnera su derecho fundamental de petición, como
quiera que su ejercicio genera en la entidad a la que se dirige, el deber de
dar una respuesta adecuada, pronta, completa, oportuna y efectiva al ciudadano.
En consecuencia el actor solicita al juez
constitucional que ampare su derecho fundamental de petición y que, en
consecuencia, ordene al Seguro Social – Pensiones que decida de fondo la
petición instaurada el 10 de enero de 2007, relacionada con el reconocimiento y
pago de la indemnización sustitutiva a que cree tener derecho.
2. Pruebas que Obran en el Expediente.
En el expediente de tutela reposan las
siguientes pruebas:
-
Resolución del 29 de
septiembre de 2006 del Seguro Social – Pensiones por la cual se niega la
prestación por vejez solicitada por la asegurada Digna Emérita Díaz de Santana.
(Folio 3)
-
Copia de la solicitud
de indemnización sustitutiva. (Folio 4)
-
Fotocopia formulario de
solicitud de indemnización sustitutiva. (Folio 5)
II. SENTENCIA ÚNICA DE INSTANCIA
Mediante providencia del veintiuno de febrero de 2007,
el Juzgado 32 Civil del Circuito de Bogotá resolvió negar el amparo solicitado
por la accionante por considerar que no se había vencido el término que la
entidad accionada tenía para decidir sobre su petición.
En efecto, puso de presente que, según las leyes 700
de 2001 y 797 de 2003 y la jurisprudencia constitucional, en materia pensional
se cuenta con un término de cuatro meses para resolver de fondo las peticiones
formuladas y, en el caso de que la respuesta sea favorable, se cuenta con un
término máximo de seis meses para adelantar las diligencias para efectuar el
pago.
De esta forma, bajo la consideración de que la
petición se radicó el siete de enero de 2007, el término para decidir vence el
siete de mayo del mismo año, por lo que al momento de fallar el caso, éste se
encontraba vigente y no se había concretado ninguna vulneración al derecho
fundamental de petición de la accionante.
Ninguna de las partes impugnó la decisión.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia.
Es competente esta Sala de la Corte
Constitucional para revisar la decisión proferida dentro de la acción de tutela
de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución
Política, en concordancia con los artículos 33, 34 y 35 del Decreto 2591 de
1991.
2. Problema Jurídico.
Corresponde a la Sala determinar si el
Seguro Social – Pensiones vulneró el derecho fundamental de petición de la
accionante, como quiera que, a la fecha de interposición de la acción de
tutela, no había resuelto la solicitud de reconocimiento de la indemnización
sustitutiva por ella presentada. Para tal efecto la Sala reiterará la
jurisprudencia que esta Corporación ha establecido ampliamente en materia del
núcleo esencial del derecho de petición y de los términos para responder con
que cuentan las autoridades competentes en asuntos de derechos prestacionales
en el Sistema de Pensiones.
3. Derecho de Petición: Términos para
resolver en Materia Pensional.
El artículo 23 de la Constitución Política
radica en cabeza de todas las personas el derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a
obtener pronta resolución, a la vez que defiere en el legislador la tarea de
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas.
Sobre la posibilidad que tienen las
personas de elevar peticiones ante particulares, la Corte ha señalado lo
siguiente:
“[C]uando el derecho de petición se formula
ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el
particular presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad.
El derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la
administración. 2. Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para
obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera
inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no actúan
como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el Legislador
lo reglamente.”[1]
De otra parte, esta Corporación ha
precisado que el ejercicio del derecho de petición, de raigambre fundamental,
permite materializar otros derechos constitucionales como el acceso a la
información, la libertad de expresión y la participación política. De igual
forma, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el núcleo esencial del
derecho de petición consiste en la obtención de una respuesta oportuna, de
fondo, clara, precisa y congruente, la cual debe ser notificada al peticionario[2].
Así, en materia del derecho de petición, la
Corte ha establecido que hacen parte de su núcleo esencial:
“(i) la posibilidad cierta y efectiva de
presentar, de manera respetuosa, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la facultad
de obtener una respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos previstos en
el ordenamiento jurídico; (iii) el derecho a recibir una respuesta de fondo o
contestación material, lo que supone que la autoridad analice la materia propia
de la solicitud y se pronuncie sobre la totalidad de los asuntos planteados, es
decir, la correspondencia entre la petición y la respuesta, excluyendo fórmulas
evasivas o elusivas y; (iv) la pronta comunicación al peticionario sobre la
determinación adoptada, con independencia de que su contenido sea favorable o
desfavorable. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una
vulneración del derecho fundamental de petición”[3].
Ahora bien, respecto de los términos con
que cuentan las entidades encargadas de resolver solicitudes de reconocimiento
de prestaciones en el sistema de seguridad social en pensiones, esta
Corporación, en decantada jurisprudencia y a través de una interpretación
sistemática de las normas pertinentes contenidas en el Código Contencioso
Administrativo, el Decreto 656 de 1994 y la Ley 700 de 2001, ha establecido la
obligación de dar respuesta a las peticiones dentro de los quince días
siguientes al momento de su formulación, período en el que, si no es posible
decidir de fondo por la complejidad de la materia, deberá indicarse el plazo en
el que se satisfará el núcleo esencial del derecho de petición que, en todo
caso, no podrá exceder de cuatro meses. Finalmente, ha indicado la Corte que,
en caso de que la respuesta sea favorable, en el sentido del reconocimiento de
la prestación debida, el plazo máximo para tramitar el pago efectivo de la
prestación solicitada es de seis meses, contados desde el momento en que se
elevó la petición.
Sobre los términos para dar respuesta a las
peticiones en materia pensional, ha dicho la Corte:
“(i) 15 días hábiles para todas las
solicitudes en materia pensional –incluidas las de reajuste– en cualquiera de
las siguientes hipótesis: a) que el interesado haya solicitado información
sobre el trámite o los procedimientos relativos a la pensión; b) que la
autoridad pública requiera para resolver sobre una petición de reconocimiento,
reliquidación o reajuste un término mayor a los 15 días, situación de la cual
deberá informar al interesado señalándole lo que necesita para resolver, en qué
momento responderá de fondo a la petición y por qué no le es posible contestar
antes; c) que se haya interpuesto un recurso contra la decisión dentro del
trámite administrativo.
(ii) 4 meses calendario para dar respuesta
de fondo a las solicitudes en materia pensional, contados a partir de la
presentación de la petición, con fundamento en la aplicación analógica del
artículo 19 del Decreto 656 de 1994 a los casos de peticiones elevadas a
Cajanal;
(iii) 6 meses para adoptar todas las
medidas necesarias tendientes al reconocimiento y pago efectivo de las mesadas
pensionales, ello a partir de la vigencia de la Ley 700 de 2001.
Cualquier desconocimiento injustificado de
dichos plazos legales, en cualquiera de las hipótesis señaladas, acarrea la
vulneración del derecho fundamental de petición. Además, el incumplimiento de
los plazos de 4 y 6 meses, respectivamente, amenazan la vulneración del derecho
a la seguridad social. Todos los mencionados plazos se aplican en materia de
reajuste especial de pensiones como los pedidos en el presente proceso.”[4]
Así las cosas, la Sala concluye que en
materia pensional –por lo menos en los casos de reconocimiento, reajuste y
reliquidación de pensión de vejez, invalidez y de sobrevivientes-, permanece
incólume el término de quince días para dar respuesta a las peticiones
formuladas ante las entidades responsables, no obstante lo cual es posible que
éstas, en atención a la dificultad de la materia y previa notificación al
peticionario durante el lapso indicado, dispongan de un término superior que,
en todo caso, no puede exceder de cuatro meses, para satisfacer el núcleo
esencial del derecho de petición, a través de una respuesta de fondo, clara y
congruente; contando además con un término adicional de dos meses para hacer
efectivo el pago de la pensión en caso de que se haya reconocido la misma.
4. Indemnización Sustitutiva de la Pensión de Vejez:
Naturaleza Jurídica y Término para Resolver Solicitudes de Reconocimiento.
La indemnización sustitutiva de la pensión de vejez es
una prestación económica que se reconoce a favor de los afiliados al Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones, en el momento en que cumplen con la
edad mínima para pensionarse, pero aún no reúnen el requisito de las semanas
mínimas de cotización[5],
y se declaran en imposibilidad de seguir cotizando al sistema, de manera que no
se causa el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez[6].
Esta prestación económica, que se encuentra consagrada
en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993[7],
ha sido comprendida por esta Corporación como el derecho de reclamar, en
sustitución de las pensiones de invalidez, vejez o de sobrevivientes, una
indemnización equivalente a las sumas cotizadas debidamente actualizadas[8]. También ha sido
reconocida como una especie de ahorro que el trabajador hace durante una parte
de su vida laboral, como consecuencia de los aportes que realiza al Sistema
Integral de Seguridad Social en Pensiones, de suerte que se traduce en una
garantía frente a las contingencias de vejez, invalidez y muerte, en el evento
en que el afiliado no logre cumplir con las semanas mínimas de cotización para
adquirir su derecho a la pensión[9].
La jurisprudencia constitucional ha señalado que el
derecho al reconocimiento “de la pensión de invalidez, o en su defecto de la
indemnización sustitutiva, se encuentra en conexidad con el derecho a la vida,
la integridad física, el trabajo y la igualdad, entre otros, por cuanto a
través de dicha prestación, lo que pretende el Estado es dar cumplimiento al
mandato constitucional que impone como deber el de garantizar a todos los
habitantes "el derecho irrenunciable a la seguridad social”[10].
De otra parte, esta Corporación ha precisado el
alcance del contenido del artículo 37 en referencia, en el sentido de que la
consagración de la indemnización sustitutiva no comporta ni la obligación de
seguir trabajando hasta completar el mínimo de semanas cotizadas, ni la carga
de tener que renunciar a la expectativa de completar el tiempo de cotización,
bajo la necesidad imperiosa de tramitar el reconocimiento de la indemnización
sustitutiva, una vez alcanzada la edad mínima para acceder a la pensión de
vejez[11].
Por el contrario, la solicitud de reconocimiento de la
indemnización sustitutiva, que implica la renuncia a la pensión de vejez, es
una decisión libre del afiliado que puede ser tomada en cualquier tiempo, como
quiera que esta Corporación ha reconocido el carácter imprescriptible de dicha
prestación.
Sobre el particular, señaló la Corte:
“[C]abe precisar que el derecho a la
indemnización sustitutiva, como las demás prestaciones consagradas en el
sistema general de pensiones, es imprescriptible, en el sentido de que puede
ser reclamada en cualquier tiempo[12].
Así, la indemnización sustitutiva, sólo se sujeta a las normas de prescripción
desde el momento en que ha sido reconocida por la entidad responsable, previa
solicitud del interesado, quien, como se anotó, puede libremente optar bien por
elevar el requerimiento para el reconocimiento de esta prestación, o bien por
continuar cotizando hasta cumplir los requisitos para acceder a la pensión de
vejez”[13].
Ahora bien, respecto del término con que cuentan las
entidades responsables para responder las solicitudes de reconocimiento y pago
de la indemnización sustitutiva, es pertinente precisar que esta Corporación,
en Sentencia T-981 de 2003, señaló que en el caso de esta específica
prestación, frente a la ausencia de regulación expresa sobre la materia, eran
igualmente aplicables los términos establecidos en materia pensional como
consecuencia de la aplicación analógica y sistemática de las normas consagradas
en el Código Contencioso Administrativo, el Decreto 656 de 1994 y la Ley 700 de
2001[14].
Si bien en el presente caso la Sala reitera la
solución que en dicha providencia adoptó la Corte, es pertinente precisar,
respecto de los términos para decidir que, por regla general, las entidades responsables
cuentan con quince días para dar respuesta a la solicitud de reconocimiento de
la indemnización sustitutiva, no obstante lo cual, en atención a la complejidad
de la materia, es posible que en dicho lapso indiquen la imposibilidad de
atender el requerimiento y precisen la fecha en que tendrá lugar la efectiva
realización del derecho de petición.
Sobre el particular, señaló esta Corporación:
“En relación con la oportunidad de la
respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver
las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6__ del
Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser
posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular
deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la
contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término
será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o
la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional
ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder
dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será
ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes”[15].  (Subraya y negrilla fuera de texto)
En efecto, son el grado de dificultad y la complejidad
de la materia a resolver los criterios que definirán la extensión de la
dilación en la respuesta, para cuya determinación no existen reglas estrictas y
predeterminadas, sino que serán las particularidades de cada caso concreto las
que indiquen la necesidad de extender en el tiempo la realización del núcleo
esencial del derecho de petición.
Ahora bien, en materia de pensiones, si bien se
reconoce la complejidad en la determinación de los derechos prestacionales, el
legislador y la jurisprudencia constitucional han señalado términos perentorios
de los cuales no puede exceder la respuesta debida, en atención a la conexidad,
en esta específica materia, del derecho de petición con los derechos a la
seguridad social y el mínimo vital, entre otros.
En este sentido ha señalado la Corporación:
“En sentencia T-170 de 2000, M.P. Alfredo
Beltrán Sierra, acudió como parámetro normativo al artículo 6 del Código
Contencioso Administrativo.[16]
A falta de otros plazos legales y mientras el legislador expidiera la
correspondiente normatividad, la Corte optó por aplicar la norma general que
regula el derecho de petición y que dispone un plazo de 15 días para dar
respuesta a las peticiones de carácter general o particular. No obstante,
la Corte fue consciente de la dificultad de un término de tiempo tan corto para
resolver sobre peticiones pensionales, asunto que por su complejidad fáctica y
normativa amerita un plazo mayor. Por ello, la Corte dejó en claro que el plazo
de 15 días podía extenderse hasta cuatro meses, esto mediante
aplicación analógica del artículo 19 del Decreto 656 de 1994,[17]
disposición que fija un plazo máximo para responder peticiones en materia
pensional por parte de las entidades administradoras de pensiones, siempre y
cuando la administración informara al interesado sobre la imposibilidad de
resolver de fondo su petición dentro del plazo general dispuesto por el Código
Contencioso Administrativo para responder peticiones”[18]. (Subraya y Negrilla fuera de texto)
Así las cosas, en los casos de solicitud de
reconocimiento de indemnización sustitutiva, la Sala reitera la aplicación
extensiva que en la Sentencia T-981 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett)
se hiciera de los términos que la jurisprudencia constitucional ha indicado en
materia pensional, esto es, quince días para responder o, en razón de la complejidad
de la solicitud, para informar al interesado el término de la respuesta, que en
todo caso no podrá ser superior a cuatro meses, término en el que se deberá dar
una solución de fondo, que en caso de ser positiva dará lugar a dos meses
adicionales para hacer efectivo el pago de la prestación solicitada.
5. Caso Concreto.
En el presente caso, se tiene que el 10 de enero de
2007 la accionante elevó una petición de reconocimiento de indemnización
sustitutiva, sin que a la fecha de interposición de la acción de tutela, esto
es, el seis de febrero de 2007, el Seguro Social – Pensiones hubiera dado
respuesta a la misma.
Siguiendo la jurisprudencia constitucional reiterada
en esta providencia, se encuentra que en el presente caso existe una clara
vulneración del derecho fundamental de petición de la actora, como quiera que
transcurrió un término superior a quince días sin que la entidad demandada
respondiera de fondo la solicitud, diera información sobre el estado de la
petición o informara el término en el que iba a dar solución de fondo a la
petición formulada.
Así las cosas, la Sala tutelará el derecho fundamental
de petición de la accionante y ordenará a la entidad demandada que, si no lo ha
hecho, dé respuesta a la solicitud elevada de manera que satisfaga el derecho
de petición mediante una respuesta de fondo, clara, precisa y congruente, en
atención a que, adicionalmente, desde el momento de la formulación de la
petición hasta la fecha han transcurrido más de cuatro meses, por lo que ya se
encuentra vencido el término máximo para responder.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la Sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Dos
Civil del Circuito de Bogotá por las razones expuestas en esta providencia y,
en su lugar, CONCEDER la tutela del derecho de petición de la señora
Digna Emérita Díaz de Santana.
SEGUNDO: ORDENAR al Seguro Social Pensiones que dentro del término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas,
contadas a partir de la notificación de esta providencia, responda, si aún no
lo ha hecho, la solicitud de reconocimiento y pago de la prestación económica
por concepto de indemnización sustitutiva, elevada por la accionante el 10 de
enero de 2007 y qué, si no lo ha hecho, disponga
TERCERO: Líbrense las comunicaciones de que trata el artículo
36 del decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese,
insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y Cúmplase.
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado Ponente
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]
Corte Constitucional, Sentencia T-1160 A de 2001, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[2]
Cfr. Corte Constitucional, Sentencias T-1160 A de 2001, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa, T-51 de 2007, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[3]
Corte Constitucional, Sentencia T-350 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[4]
Corte Constitucional, SU-975 de 2003, MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[5]
De acuerdo con el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, para tener el derecho a la
pensión de vejez, el afiliado debe reunir los siguientes requisitos: i) Haber
cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si
es hombre y ii) haber cotizado un mínimo de mil (1.000) semanas en cualquier
tiempo.
[6]
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-972 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[7]
ART. 37.—Indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Las
personas que habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no
hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas, y declaren su imposibilidad de
continuar cotizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una
indemnización equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal
multiplicado por el número de semanas cotizadas; al resultado así obtenido se
le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya
cotizado el afiliado.
[8]
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-624 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[9] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-981 de 2003, M.P. Eduardo
Montealegre Lynett.
[10] Ver entre otras las sentencias T-888/01, T-609/02, T-259/03 y
T-495/03.
[11] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-972 de 2006, M.P. Rodrigo
Escobar Gil.
[12] Sobre la imprescriptibilidad de los derechos prestacionales de la
seguridad social en pensiones y la posibilidad de reclamarlas en cualquier
tiempo ver, entre otras, las Sentencias C-230 de 1998, M.P. Hernando Herrera
Vergara y C-624 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[13] Corte Constitucional, Sentencia T-972 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar
Gil.
[14] Cfr. Corte Constitucional, T-981 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre
Lynett.
[15] Corte Constitucional, Sentencia T-1160 A de 2001, M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[16] C.C.A. ART. 6º—Las peticiones se resolverán o contestarán dentro de
los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo. Cuando no fuere
posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se deberá informar así
al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la
fecha en que se resolverá o dará respuesta. || Cuando la petición haya sido
verbal, la decisión podrá tomarse y comunicarse en la misma forma al
interesado. En los demás casos será escrita.
[17] Decreto 656 de 1994, “por el cual se establece el régimen jurídico
y financiero de las sociedades que administren fondos de pensiones”. Artículo
19º. El Gobierno nacional establecerá los plazos y procedimientos para que las
administradoras decidan acerca de las solicitudes relacionas con pensiones por
vejez, invalidez y sobrevivencia, sin que en ningún caso puedan exceder de
cuatro (4) meses.”
[18] Corte Constitucional, Sentencia T-602 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán
Sierra.